Source: https://www.pequenasnoticias.com.ar/Boletines/2019/03/BPN_652/BPN_652.htm
Timestamp: 2019-06-25 16:22:19
Document Index: 349900665

Matched Legal Cases: ['artículo 36', 'artículo 116', 'artículo 116', 'Artículo 116', 'Artículo 75', 'Artículo 36', 'artículo 2066', 'Artículo 2066', 'artículo 12']

Boletín de Pequeñas Noticias Nº 652
14 de Marzo de 2019 - Nº: 652
Ya se apeló el primer amparo federal contra Consorcio Participativo
Ayer, la letrada patrocinante del coordinador de la Comisión de Consorcios de la Comuna 3 presentó su apelación a la declaración de incompetencia del fuero federal para el amparo realizado El tema central de debate girará sobre lo que cada parte entienda por "redes interjurisdicciones".
[BPN-14/03/19] Ayer, Andrés Zulberti, coordinador de la Comisión de Consorcios de la Comuna 3, presentó la apelación a la declaración de incompetencia que resolvió el juez federal Marcelo Gota para entender en la demanda contra la Plataforma Oficial Consorcio Participativo...
La Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias solicitó a la titular del Juzgado N° 21 en lo Contencioso Administrativo y Tributario que rechace la acción de amparo solicitado por ADEPROH La jueza había invitado a todas aquellos que tengan un interés jurídico relevante a integrar el proceso.
Veinte días de vacaciones
Tomó 14 días de vacaciones y reclama las horas extras
Los defectos se dividen en "principales" y "secundarios" En el caso del hallazgo de defectos principales se debe inexorablemente clausurar parcial o totalmente la instalación Para corregir los defectos secundarios se disponen de 90 días corridos La idea de crear este nuevo procedimiento nació en julio de 2017, nueve meses antes de que Sergio Abrevaya presentara su proyecto de Ley 6110.
APH volvió a la carga contra el último acuerdo
La Asociación Civil de Propietarios de inmuebles de Renta y Horizontal presentó ante el Ministerio de Producción y Trabajo una solicitud de Pronto Despacho a su reclamo presentado el 26 de diciembre contra el último acuerdo salarial del sector.
Una legisladora de Evolución presentó una iniciativa para crear un Registro de Asociaciones de Defensa del Consumidor que podrán participar de un Consejo Consultivo de la dirección general que se ocupa de ese tema En tema de consorcios podrán participar siete entidades y quedaran afuera –entre otros- la Liga del Consorcista y las comisiones de consorcios de las comunas.
El mismo día yo sufría otro accidente en un ascensor
Manejan todo como un feudo
Nos sentimos rehenes de esta situación por 4 años más
El 13 de marzo se apeló el dictamen del juez que consideró incompetente a la justicia federal para entender en el caso.
[BPN-14/03/19] Ayer, Andrés Zulberti, coordinador de la Comisión de Consorcios de la Comuna 3, presentó la apelación a la declaración de incompetencia que resolvió el juez federal Marcelo Gota para entender en la demanda contra la Plataforma Oficial Consorcio Participativo.
De esta lucha judicial se destaca que es la primera que hace pie en el Fuero Federal. Se subraya que es la primera porque en las dos presentadas en la justicia contenciosa administrativa local se reservaron el derecho de elevarlo a la Justicia Federal en caso de que los resultados sean adversos. La primera fue iniciada el pasado 17 de agosto por la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI) y la segunda la iniciaron el 7 de septiembre una empresa de servicios, Plataforma de Pagos SA, y un particular, Sebastián Luis Ianini. De acuerdo a información que obra en poder de Pequeñas Noticias, luego de la reglamentación, el número de causas judiciales podría aumentar.
El 15 de febrero, Zulberti presentó un amparo federal para que el Gobierno de la CABA (GCABA) sea obligado a abstenerse de recolectar y tratar informáticamente datos por medio de la Plataforma Oficial Consorcio Participativo de los cuales es titular por su condición de propietario de una unidad funcional en un consorcio en la CABA <ver nota>.
Once días después, el juez Gota resolvió declarar la incompetencia del Juzgado a su cargo para entender en la demanda que realizó Andrés Zulberti contra la Aplicación Consorcio Participativo y remitirla a la oficina de asignación de causas de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA <ver nota>.
A grandes rasgos el tema central, tanto de la declaración de incompetencia como de la posterior apelación, gira alrededor del concepto "redes interjurisdicciones" que menciona el artículo 36º de la Ley 25.236 (Ley Nacional de Protección de Datos Personales).
Para el juez la Aplicación Oficial Consorcio Participativo, "pese a ser utilizada en Internet y ser accesible desde cualquier lugar del mundo, no sería una ‘red interjurisdiccional’ en los términos del Art. 36º de la Ley de Protección de Datos Personales".
Sin embargo, para la apelación "no es cierto que la definición de redes interjurisdiccionales no resulte aplicable a la web ‘Consorcio Participativo’ habida cuenta de que se trata de información que el GCBA procesará a través de internet y por ende forzosamente debe concluirse que cae dentro de la descripción del Art. 36 ya referido".
La letrada patrocinante de Zulberti, Dra. Gabriela Alejandra Maldonado, explicó: "Lo que debe dilucidarse es, de acuerdo al marco cognoscitivo propio de toda pretensión de esta índole, si los derechos consagrados por la Ley Nacional de Protección de Datos Personales a esta parte resultan afectados o restringidos con motivo de la implementación de un aplicación del tipo de Consorcio Participativo mediante una ley que pretende imponer obligaciones a los administradores pero que en definitiva viene a apropiarse de la recolección y el procesamiento de datos informáticos de los consorcistas, entre los cuales se incluye al actor".
Agregó a continuación: "Ninguno de los argumentos ensayados por el a quo posee virtualidad a los fines de la incompetencia apelada. Consecuentemente la cuestión, a mi criterio, aparece evidente como de puro derecho toda vez que en definitiva corresponde resolver si frente a la presencia de una red interjurisdiccional encabezada por el GCBA, el actor puede accionar ante los Juzgados Federales habida cuenta de lo que ordena el Art. 36º de la Ley de Protección de Datos Personales, y atendiendo a que se invoca la violación de derechos allí consagrados de forma expresa. En razón de ello estimo que no resulta necesario un mayor debate y prueba para poder resolver la presente cuestión, ya que sólo corresponde determinar si Consorcio Participativo es o no una red interjurisdiccional en los términos del Art 36º ya citado, que impone claramente un punto de conexión objetiva, ajeno al carácter público o privado del titular de la base de datos, así como también a su carácter local o nacional en aquellos casos".
Para finalizar concluyó: "Esta parte ha sido privada de la garantía del juez natural mediante una argumentación meramente aparente y errónea, que llega al extremo de vaciar de contenido la norma del Art. 36º de la Ley de Protección de Datos Personales, pretendiendo distinguir en aquellos casos en los cuales el Congreso de la Nación no lo ha hecho, dado que el concepto ‘red interjurisdiccional’ es de carácter eminentemente objetivo y se configura sin perjuicio de la condición de derecho público o privado del titular de la base de datos, en este caso el GCBA"
El 26 de febrero el juzgado se declaró incompetente.
[BPN-14/03/19] El pasado 26 de febrero, el juez federal Marcelo Gota resolvió declarar la incompetencia del Juzgado a su cargo para entender en la demanda que realizó Andrés Zulberti contra la Aplicación Consorcio Participativo <ver nota> y remitirla a la oficina de asignación de causas de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA a los fines de su asignación y posterior tramitación.
La medida fue apelada ayer, 13 de marzo <ver nota>.
El juez en su resolución se basó íntegramente en el dictamen de fiscal general Rafael A. Espinóla que entendió que la justicia Federal será competente en ‘las causas en las que la Nación fuere parte’ y en las ‘cuestiones de distintas vecindad’. Su resolución se basó en dos fallos y el artículo 116º de la Constitución Nacional [1].
Textualmente expresó: "No se advierte que resulte aplicable al caso las disposiciones del Art. 36º de la Ley de Habeas Data 25.326 [2], en cuanto a la competencia del Fuero Federal: a) cuando la acción se interponga en contra de archivos de datos públicos de organismos nacionales, y b) cuando los archivos de datos se encuentren interconectados en redes interjurisdiccionales, nacionales o internacionales, Disposición que importa la aplicación del artículo 116º [de la] Constitución Nacional, en cuanto establece que será competente la Justicia Federal en ‘las causas en que la Nación fuere parte’ y en las ‘cuestiones de distintas vecindad’".
Sintetizó: "No se verifica en el caso ninguno de los dos supuestos que contempla la norma ut supra y a los que se hiciera referencia precedentemente, en tanto no se pretende la rectificación, actualización o supresión de los datos del actor contenidos en archivos de datos públicos de organismos nacionales conectados interjurisdiccionalmente".
Por último agregó: "Prima para el caso la regla que consagra que son ‘causas contencioso administrativas’ y corresponderá intervenir a los tribunales locales de ‘todas aquellas en que una autoridad administrativa, legitimada a estar en juicio, sea parte, cualquiera que sea su fundamento, origen, tanto en el ámbito del derecho público como derecho privado. La competencia contenciosa administrativa y tributaria es de orden público’".
Por último, ya dirigiéndose al Juez, opinó: "el Tribunal a cargo de V.S. resulta incompetente para entender en estas actuaciones"
[1] Constitución Nacional, Capítulo Segundo, Atribuciones del Poder Judicial, Artículo 116º: "Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación, el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, y por las leyes de la Nación, con la reserva hecha en el inc. 12 del Artículo 75: y por los tratados con las naciones extranjeras: de las causas concernientes a embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros: de las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima: de los asuntos en que la Nación sea parte: de las causas que se susciten entre dos o más provincias; entre una provincia y los vecinos de otra; entre los vecinos de diferentes provincias; y entre una provincia o sus vecinos, contra un Estado o ciudadano extranjero".
[2] Artículo 36º de la Ley 25.326 (Protección de Datos Personales), Competencia: "Será competente para entender en esta acción el juez del domicilio del actor; el del domicilio del demandado; el del lugar en el que el hecho o acto se exteriorice o pudiera tener efecto, a elección del actor. Procederá la competencia federal: a) cuando se interponga en contra de archivos de datos públicos de organismos nacionales, y b) cuando los archivos de datos se encuentren interconectados en redes interjurisdicciones, nacionales o internacionales".
Gabriel Mormandi, presidente de la Asociación Civil de Propietarios de Inmuebles de Renta y Horizontal (APH).
[BPN-14/03/19] El pasado 7 de marzo, la Asociación Civil de Propietarios de Inmuebles de Renta y Horizontal (APH) presentó ante el Ministerio de Producción y Trabajo una solicitud de Pronto Despacho a su reclamo presentado el 26 de diciembre contra el último acuerdo salarial del sector. Así lo comunicó el día anterior en su página institucional de Facebook.
Acompañó su publicación con la imagen de un fragmento de la presentación que habría realizado. En ella figura el número de expediente EX.2018-58958458-APN-DGDMT-MPYT.
Bajo el título "Oscuro acuerdo entre sindicato y cámara de administradores" develó que el 26 de diciembre había denunciado ante el Ministerio de Trabajo una "maniobra inconsulta y deliberadamente perjudicial para los propietarios/consorcistas". Es la primera referencia que se tiene de este reclamo ya que APH no lo había difundido ni en su sitio institucional ni por las redes sociales.
Lo que sí comunicó fue un reclamo anterior. Puntualmente el 2 de agosto pasado, anunció que le solicitó al Ministro de Trabajo, Jorge Triaca tres cosas: que se abstenga de homologar el acuerdo paritario al que arribaron los encargados de edificios de propiedad horizontal, que desafecte de la mesa paritaria a las tres entidades de administradores y que se abra la negociación para modificar ese convenio colectivo. El por entonces Ministerio desoyó los reclamos de APH y homologó el acuerdo, no desafectó a las tres entidades de administradores y no llamó a modificar el Convenio del sector. APH había adelantado que en el caso de que se rechace su presentación recurrirán a la Justicia Nacional del Trabajo [1].
A continuación recordó: "Las cámaras de administradores con personería gremial [2] y la Federación de Encargados [3], han resuelto el 17 y 18 de diciembre de 2018, aumentar anticipadamente los salarios para el año 2019 en un 23%, dividido en 11.5 % para el mes de marzo y 11,50 % para el mes de mayo; también un aumento porcentual para ambas partes -empleador/trabajador- con destino a seguro de retiro".
Agregó también algunos números: "A modo de reflexión para comprender el cómplice desinterés de quienes están en la mesa de negociación paritaria, y de homologarse el acuerdo por nosotros impugnado, en el lapso de 17 meses (enero 2018 a mayo 2019) el promedio de aumento salarial de un encargado sería de casi el 49%, más los $ 6.000 no remunerativos que se abonaron durante el año pasado. A su vez, los jubilados durante todo el 2018 tuvieron un incremento del 29%".
Sin embargo es de aclarar que en enero de 2018 las cuatro categorías de la escala salarial de un encargado permanente con y sin vivienda promediaban los 17.630 pesos y en mayo de 2019 llegará a los 31.820 pesos y eso representa un aumento del 80,49%. Por su parte el haber mínimo de un jubilado en enero de 2018 estaba en 7.246 pesos mensuales y en mayo percibirá 10.400 pesos lo que representa un incremento para ese período de 43,52%.
Por último el titular de APH llamó a adherir a su entidad: "Nosotros defendemos a cada uno de los propietarios, vos ayúdanos y adheríte...".
El ex Ministerio de Trabajo
Como dato menor es de señalar que si bien el titular de APH, Dr. Gabriel Mormandi, se dirige al Ministerio de Trabajo, éste desde septiembre del año pasado fue situado bajo la órbita del Ministerio de Producción con el nombre de Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo. Pequeñas Noticias acerca a sus lectores una breve reseña de la historia de esa repartición del Estado Nacional.
Luego de la reforma de la Constitución en 1949, el presidente Juan Domingo Perón creó nuevos ministerios, entre ellos el Ministerio de Trabajo y Previsión, cuyo primer titular fue el sindicalista José María Freire.
En 1958, la Ley de Ministerios Nº 14.439 cambió la denominación de ese departamento de Estado por la de Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, determinando su nueva competencia y estructura interna, estructura que se mantuvo -con algunas variaciones- hasta el año 1966.
En octubre de 1966, la dictadura reorganizó el gabinete, llevando al Ministerio de Trabajo a la categoría de Secretaría de Trabajo de la Nación, dentro del Ministerio de Economía y Trabajo.
En el año 1971, a través de la Ley Nº 19.064, se produce una modificación de la organización ministerial, por el que surge nuevamente el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
El 10 de diciembre de 1999 -y a partir de la sanción de la Ley Nº 25.233 (Art. 22º)- quedó establecido su competencia y se sustituyó el antiguo nombre por el de Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos.
A partir de 21 de febrero de 2002, con la sanción del Decreto Nº 355/02 modificatorio de la Ley de Ministerios, se cambió el nombre por el de Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
El 5 de septiembre de 2018, el presidente Mauricio Macri anunció que el ministerio pasaría al rango de secretaría dentro del Ministerio de Producción, que fue renombrado como Ministerio de Producción y Trabajo. El cambio se hizo efectivo el 5 de septiembre de 2018
[1] BPN Nº 637 del 10/08/18: "APH pidió a Triaca que se abstenga de homologar el acuerdo".
[2] Las entidades de administradores que firman los convenios colectivos del sector de la propiedad horizontal son: la Asociación Inmobiliaria Edificios Renta y Horizontal (AIERH), la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI) y la Unión Administradores de Inmuebles (UADI).
[3] Federación Argentina de Trabajadores de Edificios Renta y Horizontal (FATERyH).
¿Puede un propietario de manera independiente solicitar una auditoría a la administración?
Lamentablemente el administrador (que está desde los inicios del edificio) se encuentra en connivencia con el Consejo de Propietarios, un grupo de personas que son las únicas que se presentan en las reuniones de asamblea con carta poder de las otras unidades. No avisan cuándo cortan el agua, no avisan cuándo hay inspección de gas, manejan todo como un feudo entre unos pocos.
El edificio muestra que ha tenido un mínimo mantenimiento por no decir casi nulo. Chapuzas que "arreglan" una y otra vez, sin repararlas a conciencia pero sí para agrandar las expensas.
La administración es un órgano del consorcio. Como tal, es mandataria del mismo, como persona jurídica; y no de los propietarios de forma individual. Al tener esta configuración que responde a la ficción de la persona ideal, cuyo reconocimiento se institucionalizo en el Código Civil y comercial, no es posible que un propietario, de modo individual audite al administrador. Ya que no hay un vínculo contractual con éste que legitime esta medida, sino con el edificio.
Análisis paralelo merece el tratamiento de su otra inquietud, respecto a la presunta "manipulación" de la voluntad de la asamblea por un puñado de propietarios. En esta instancia, creo que resulta indiferente si son del consejo o no. Aquí podrían entrar en juego herramientas de limitación de algún abuso del tipo manifestado. Por ejemplo, hay reglamentos que ponen un límite al número de poderes por el que cada persona puede representar a otros propietarios en el marco de la asamblea. Otro ejemplo que puede ser útil es "la forma" que el reglamento exija a esos poderes. Por último (no es que esto agote el tema, sino que esta no resultó la pregunta principal), hay mayorías calificadas que requieren cierta cantidad de votos y ante la insuficiencia, el código da remedios legales como la notificación por medio fehaciente a los ausentes, quienes deberían manifestar oposición por el mismo medio. Claro que, en algún punto, la indiferencia y la falta de compromiso que, lamentablemente, resulta una constante en las "reuniones de consorcio" que tanta mala fama tienen, resultará en una obstaculización crónica a la resolución del dilema por Ud. Planteado.
Somos un complejo de ocho torres y en el reglamento de copropiedad dice que la constructora hasta el 2022 es la designataria del administrador.
Estamos en manos de un señor que no cumple con muchas de sus obligaciones y hay inconsistencias en las liquidaciones hace años.
Hemos formado un consejo pero lamentablemente algunos integrantes están a su favor y nos desconocen a los otros integrantes del consejo.
La constructora no nos da respuesta alguna ya que de las 194 unidades funcionales aun tiene 66 por vender y prefiere que administre este señor.
Mientras tanto no tenemos acceso a la documentación, creemos que los coeficientes de liquidación están mal, inclusive los cambia sin dar explicación.
Hemos hecho un censo y de los 128 propietarios, 60 por lo menos desean reemplazarlo, pero no tenemos herramientas y no podemos auditarlo porque el se rehusa a pagarla.
Nos sentimos rehenes de esta situación por 4 años más.
Si pueden asesorarnos se los agredecere.
Mariana [Wilde / Pcia. de Buenos Aires]
El tema que Ud. refiere merece el tratamiento en forma particular, dado que es un caso muy complejo, y dentro del acotado marco que brinda este prestigioso diario digital, los profesionales que tratamos de aclarar un poco las dudas de los consultantes, debemos ser muy cuidadosos con las respuestas. Debido a ello lo responderé en forma general, sugirièndole que contraten a un profesional para que diseñe la estrategia en este caso. La circunstancia que Ud. refiere fue una constante bajo el imperio de la Ley 13.512, en donde convivieron reglamentos de propiedad horizontal con cláusulas leoninas y abusivas, que excedían los límites máximos de cualquier tipo de contratación, en este caso, la imposición de un administrador por períodos de 10 o más años, que hacían imposible que los propietarios pudieran removerlos en una asamblea debiendo recurrir a la justicia.
Es por ello que el legislador, conociendo esta problemática, introdujo el artículo 2066º en el Código Civil y Comercial [1], entendiendo que de esta manera "se pone fin a esa corruptela de parte de los titulares de las empresas constructoras o propietarias del terreno, o titulares individuales o condóminos, que al tener la facultad de redactar el reglamento, con un manifiesto ejercico abusivo de sus derechos, se reservaban por plazos de hasta 10 años -y a veces renovables por otros diez- la administraciòn de un consorcio..." [2].
Con el artículo citado, el Código Civil y Comercial marca los plazos de extinción de su mandato.
Esperando haber podido rsponder a su consulta , los salduo muy Atte.
[1] Artículo 2066.- Designación y remoción. El administrador designado en el reglamento de propiedad horizontal cesa en oportunidad de la primera asamblea si no es ratificado en ella. La primera asamblea debe realizarse dentro de los noventa días de cumplidos los dos años del otorgamiento del reglamento o del momento en que se encuentren ocupadas el cincuenta por ciento de las unidades funcionales, lo que ocurra primero.
[2] Gabás Alberto A. Propiedad Horizontal , editorial Hammurabi, junio 2018, pág 351.
Pequeña Noticias:
Gracias por la información tan valiosa y les pido si son tan amables de evacuame una duda.
¿Cuántos años deben trabajar un encargado para tener 20 días de vacaciones?
Hola Mary, interpreto que estamos hablando de un trabajador mensualizado de jornada completa o de media jornada. En el artículo 12 inciso c) del convenio habla sobre las vacaciones:
Para saber la cantidad de días de vacaciones que le corresponde a un trabajador se debe tener en cuenta la antigüedad al 31 de diciembre del año del cual se tomará las vacaciones. Si a esa fecha la antiguedad es de 10 años y 1 mes ya le corresponden los 20 días hábiles de vacaciones.
Hola Pequeñas Noticias:
Los consulto por las horas extras abonadas por el administrador ante el reclamo de un encargado.
Tomó 14 días de vacaciones y reclama las horas extras por ese período.
Tiene 1 hora extra todos los días. ¿Corresponde abonar durante su ausencia por vacaciones 14 hs extras?
Es bastante común esa consulta.
El valor de un día de vacaciones tiene dentro horas extras y feriados (un promedio de los últimos seis meses) más todos los ítems fijos que se abonan mensualmente.
Por lo tanto en el período de vacaciones es imposible que pueda hacer horas extras porque está ausente y -como comenté antes- el valor de las horas extras que se hayan realizado forman parte del valor de un día de vacaciones, motivo por el cual las está cobrando indirectamente.
Número de Edición: 652 [ DCLII ] [1ª Edición]