Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/resolucion-180224-de-febrero-15-de-2007-resolucion?documento=legcol&contexto=legcol_759920422d93f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-19 23:03:54
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Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 2', 'artículo 2', 'artículo 116', 'artículo 12', 'artículo 116', 'artículo 112', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 1173', 'artículo 112', 'artículo 116', 'artículo 112', 'artículo 116', 'artículo 112', 'artículo 5', 'artículo 68', 'artículo 58', 'artículo 488', 'artículo 68', 'artículo 68', 'artículo 320', 'artículo 140', 'artículo 567', 'artículo 330', 'artículo 1434', 'artículo 826', 'artículo 832', 'artículo 831', 'artículo 831', 'artículo 833', 'artículo 834', 'artículo 836', 'artículo 836', 'artículo 515', 'artículo 686', 'artículo 686', 'Artículo 839', 'artículo 87', 'artículo 686', 'artículo 687', 'artículo 684', 'artículo 1677', 'artículo 838', 'Artículo 840', 'artículo 82', 'artículo 525', 'artículo 526', 'artículo 7', 'artículo 530', 'artículo 60', 'artículo 530', 'artículo 60', 'artículo 688', 'artículo 538', 'artículo 531', 'artículo 61', 'artículo 833', 'Artículo 835', 'artículo 145', 'artículo 566', 'artículo 559', 'artículo 1173', 'artículo 2', 'artículo 868', 'artículo 820', 'artículo 832', 'artículo 5', 'artículo 826', 'artículo 832', 'artículo 830', 'artículo 836', 'artículo 836', 'artículo 2', 'artículo 75', 'artículo 75']

﻿ RESOLUCIÓN 180224 DE FEBRERO 15 DE 2007
RESOLUCIÓN 180224 DE 15 DE FEBRERO DE 2007
CONTENIDO:ENTIDADES PÚBLICAS. SE EXPIDE EL REGLAMENTO INTERNO DE COBRO COACTIVO DE LA CARTERA A FAVOR DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PLANEACIÓN Y DESARROLLO, MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, COBRO COACTIVO POR PARTE DE LA ENTIDAD PÚBLICA
VIGENCIA:DEROGADA POR LA RESOLUCIÓN 90430 DE 2014 ARTÍCULO 2º DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
RESOLUCIÓN 180224 DE 2007
“Por la cual se adopta el reglamento interno del recaudo de cartera del Ministerio de Minas y Energía”.
(Nota: Derogada por la Resolución 90430 de 2014 artículo 2º del Ministerio de Minas y Energía)
en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, especialmente las conferidas por el artículo 116 de la Constitución Política, el artículo 12 de la Ley 6ª de 1992, el numeral 1º de la Ley 1066 del 29 de julio de 2006, los decretos 70 de 2001 y 4473 de 2006, y
Que el artículo 116 de la Constitución Política señala que excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo no les será permitido la instrucción de sumarios ni juzgar delitos;
Que la Ley 6ª de 1992 mediante el artículo 112 otorgó la facultad de cobro coactivo a las entidades públicas del orden nacional, entre ellas a los ministerios;
Que el artículo 5º del Decreto 70 de 2001 le otorga facultades al Ministro de Minas y Energía para expedir reglamentos en cumplimiento de la ley y crear grupos internos de trabajo;
Que mediante Resolución 8-0575 del 18 de junio de 2002 se crea el grupo interno de trabajo de jurisdicción coactiva del Ministerio de Minas y Energía;
Que el numeral 1º del artículo 2º de la Ley 1066 de 2006 establece que las entidades públicas que tengan que recaudar rentas o caudales públicos del nivel nacional deberán expedir mediante normatividad de carácter general, por parte de la máxima autoridad o representante legal de la entidad pública, el reglamento interno del recaudo de cartera;
Que en virtud de lo anterior, se hace necesario la adopción del reglamento interno del recaudo de cartera para el Ministerio de Minas y Energía, conforme a los principios que regulan la administración pública, con el fin de realizar su gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna, para obtener el cumplimiento de las deudas exigibles a favor del ministerio;
ART. 1º—Adoptar el reglamento interno del recaudo de cartera del Ministerio de Minas y Energía, en los términos señalados en el Decreto 624 de 1989-estatuto tributario, tal como lo señala el artículo 5º de la Ley 1066 de 2006, el cual estará compuesto por los siguientes capítulos:
1.1. Finalidad del reglamento
1.3. Concepto y finalidad de la jurisdicción coactiva
2. Trámite para el proceso de cobro
2.1.1. Competencia funcional
4. De los recursos e intervención de la jurisdicción contenciosa administrativa
5.2.4. Apelación de autos que decretan la nulidad.
6.5.5. Depósitos de dinero que trata el artículo 1173 del Código de Comercio
6.5.6. Garantías bancarias o pólizas de cumplimiento.
7.4. Intereses en el proceso coactivo.
8. Anexos-Modelos
8.1. Anexos 1-Mandamiento de pago
8.2. Anexos 2-Resolución ordenando seguir adelante la ejecución.
Este reglamento tiene como finalidad orientar el trámite de las actuaciones administrativas y procesales que deben seguirse para el cobro por jurisdicción coactiva en el Ministerio de Minas y Energía, responsable del recaudo de las obligaciones a su favor y de la Nación, en cumplimiento del artículo 112 de la Ley 6ª de 1992, Ley 1066 de 2006 y su Decreto Reglamentario 4473 de 2006 que dispuso el procedimiento descrito en el Decreto 624 de 1989-estatuto tributario, Código Civil, Código Contencioso Administrativo, Código de Procedimiento Civil, Código de Comercio y demás normas concordantes que facultan a la entidad para que directamente haga efectivos los créditos a su favor, teniendo en cuenta que se trata de un privilegio exorbitante de la administración pública que consiste en que la administración, sin necesidad de acudir a los estrados jurisdiccionales, puede hacer efectivos los créditos exigibles a su favor o de la Nación.
El fundamento y desarrollo de la jurisdicción coactiva, está basado en la siguiente normatividad: La Constitución Política de 1991, en su artículo 116, inciso 3º, estableció que excepcionalmente la ley podrá atribuir funciones jurisdiccionales, en materias precisas, a determinadas autoridades administrativas. La Ley 6ª en su artículo 112 facultó a las entidades del orden nacional y a otras, para el cobro por jurisdicción coactiva de los créditos exigibles a su favor, la Ley 1066 de 2006 por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública, su Decreto Reglamentario 4473 de 2006 facultó a los representantes legales para expedir su reglamento interno del recaudo de cartera y la Resolución 18-0575 del 18 de junio de 2002 que creó el grupo de jurisdicción coactiva y asignó sus funciones y delegó el cobro de los créditos exigibles por jurisdicción coactiva a favor del ministerio en el coordinador del grupo de trabajo de jurisdicción coactiva.
Así mismo, ha sido definida en la jurisprudencia de la Corte Constitucional como “un ‘privilegio exorbitante’ de la administración, que consiste en la facultad de cobrar directamente, sin que medie intervención judicial, las deudas a su favor, adquiriendo la doble calidad de juez y parte, cuya justificación se encuentra en la prevalencia del interés general, en cuanto dichos recursos se necesitan con urgencia para cumplir eficazmente los fines estatales” (1) .
Como se expresó en el capítulo I de este documento, para el caso de las entidades del orden nacional, está en normatividad diversa: artículo 116 de la Constitución y artículo 112 de la Ley 6ª de 1992, Ley 1066 de 2006, Decreto 4473 de 2006, otorgan competencia al representante legal de la entidad, quien a su vez puede delegarla en un funcionario que considere competente, para el caso del Ministerio de Minas y Energía está delegada mediante Resolución 18-0575 del 18 de junio de 2005 al coordinador del grupo de jurisdicción coactiva.
Para exigir el cobro coactivo, el Ministro de Minas y Energía mediante Resolución 18-0575 del 18 de junio de 2005, delegó esta competencia al coordinador del grupo de jurisdicción coactiva.
La competencia por razón del territorio en los procesos ejecutivos por jurisdicción coactiva que adelante el ministerio, se determina por el domicilio del funcionario ejecutor y corresponde al coordinador del grupo de jurisdicción coactiva de la entidad.
El procedimiento de cobro coactivo en el Ministerio de Minas y Energía, se inicia e impulsa en todas sus etapas de oficio.
2.4. Normas aplicables.
El artículo 5º de la Ley 1066 de 2006, por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública, determinó que todas las entidades públicas que tienen a su cargo la facultad del cobro coactivo, deben aplicar para el cobro de sus obligaciones, el procedimiento descrito en las normas del estatuto tributario - Decreto 624 de 1989, desarrollado en los artículos 823 y siguientes, los vacíos que se presenten de interpretación se resuelven con las normas del Código Contencioso Administrativo, Código de Procedimiento Civil, y en los casos expresos como es el de medidas cautelares se remite al Código de Procedimiento Civil.
El título ejecutivo para efectos del procedimiento administrativo coactivo, es una condición para que una obligación pueda hacerse cumplir coactivamente por las entidades del Estado. El artículo 68 del Código Contencioso Administrativo y los artículos 488 y 562 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 58 de la Ley 610 solo constituyen título ejecutivo la obligación expresa, clara y exigible.
De conformidad con lo señalado en el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo previsto en el artículo 68 del Código Contencioso Administrativo, solo pueden demandarse por vía del cobro coactivo las obligaciones que reúnan las siguientes características:
• Que la obligación sea expresa: Quiere decir que se encuentre debidamente determinada, especificada y patente.
• Que sea clara: Esto es que sus elementos aparezcan inequívocamente señalados, tanto su objeto (crédito) como sus sujetos (acreedor y deudor).
• Que sea exigible: Significa que únicamente es ejecutable la obligación pura y simple, o que habiendo estado sujeta a plazo o a condición suspensiva, se haya vencido aquel o cumplido esta.
• Que el documento constituya plena prueba contra el deudor: La plena prueba es la que por sí misma obliga al juez a tener por probado el hecho a que ella se refiere, o en otras palabras, la que demuestra sin género alguno de duda la verdad de un hecho, brindándole al juez la certeza suficiente para que decida de acuerdo con ese hecho. Por consiguiente, para que el documento tenga el carácter de título ejecutivo deberá constituir plena prueba contra el deudor, sin que haya duda de su autenticidad y sin que sea menester complementarlo con otro elemento de convicción.
2.5.1. Títulos ejecutivos que prestan mérito ejecutivo.
Por expresa remisión del estatuto tributario, los títulos ejecutivos para el caso del Ministerio de Minas y Energía, que prestan mérito ejecutivo para el cobro por jurisdicción coactiva están señalados taxativamente en las normas. Es así como el artículo 68 del Código Contencioso Administrativo, prevé:
“ART. 68.—Títulos ejecutivos. Prestan mérito ejecutivo en las ejecuciones por jurisdicción coactiva, siempre que en ellos conste una obligación clara, expresa y actualmente exigible, los siguientes documentos:
“4. Los contratos, las pólizas de seguro y las demás garantías que otorguen los contratistas a favor de entidades públicas, que integrarán título ejecutivo con el acto administrativo de liquidación final del contrato, o con la resolución ejecutoriada que decrete la caducidad, o la terminación según el caso (2) .
Además de los títulos ejecutivos de derecho público que estableció el Decreto-Ley 1 de 1984, deben tenerse en cuenta que existen otros títulos creados mediante normas especiales posteriores que le dan mérito ejecutivo a otros documentos de la administración que se entiende, deben estar respaldados por el acto o actos administrativos correspondientes, respecto de los cuales se haya cumplido el trámite de la notificación y agotamiento de la vía gubernativa, de conformidad con lo previsto por los artículos 44 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.
Los títulos ejecutivos contra deudores solidarios: Según la jurisprudencia, para vincular el deudor solidario al proceso de cobro, debe habérsele notificado previamente el título de ejecución, “(...) pues no puede confundirse el acto procesal de notificación del mandamiento de pago, con el título ejecutivo, ya que el primero es el medio a través del cual es posible la vinculación del deudor solidario al proceso de cobro, y el segundo la causa material que justifica tal vinculación, es decir el acto contentivo de la obligación clara expresa y exigible, cuyo cobro se pretende”.
En virtud de lo anterior, cuando se pretenda ejecutar a deudores solidarios, antes de expedir el mandamiento de pago se creará el título ejecutivo, acto que se hará mediante resolución motivada contra la cual procede el recurso de reconsideración, según los artículos 720 y 722 del estatuto tributario. En dicha providencia se identificará al deudor principal y al solidario; se indicarán los hechos que originan la responsabilidad, el concepto, período, cuantía total de la obligación y cuantía por la que se vincula al responsable solidario.
Para el caso del Ministerio de Minas y Energía, el funcionario competente para expedir la resolución que constituye título ejecutivo contra un deudor solidario es el coordinador del grupo de jurisdicción coactiva.
• Cuando los recursos interpuestos en la vía gubernativa o las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho se haya decidido en forma definitiva.
• Por muerte o enfermedad grave del representante o curador ad litem que esté actuando en el proceso y que carezca de apoderado judicial (para este proceso de jurisdicción coactiva no se contempló figura del curador ad litem).
La interrupción se producirá a partir del hecho que la origine, pero si este sucede estando el expediente al despacho, surtirá efectos a partir de la notificación de la providencia que se pronuncie seguidamente. Durante la interrupción no correrán términos y no podrá ejecutarse ningún acto procesal, con excepción de las medidas urgentes y de aseguramiento (CPC, art. 168).
El albacea, el cónyuge, el curador de la herencia yacente y los herederos serán notificados como lo prevén los numerales 1º y 2º del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, en la dirección denunciada por la parte para recibir notificaciones personales; la parte mediante telegrama dirigido al mismo lugar, cuando en la sede del despacho existe el servicio, y en su defecto como lo dispone los citados numerales.
Si la parte favorecida con la interrupción actúa en el proceso después de que esta produzca, sin que alegue la nulidad prevista en el numeral 5º del artículo 140, esta quedará saneada (CPC, art. 169).
• Por acuerdo de pago de las obligaciones entre el deudor o un tercero y el Ministerio de Minas y Energía.
La competencia para decretar la prescripción de la acción de cobro será del coordinador del grupo de jurisdicción coactiva.
• Cuando se ha presentado una solicitud de restitución de términos en relación con un acto administrativo, en virtud de la situación presentada en el artículo 567 del estatuto tributario y hasta la ejecutoria de la providencia que resuelva la petición.
En eventos indicados anteriormente, no se suspende el proceso de cobro, el funcionario ejecutor puede adelantar las acciones propias del proceso, como continuar con la investigación de otros bienes, decretar sus embargos, practicar su secuestro, ordenar su avalúo, siempre y cuando el bien que fue objeto de la suspensión de la diligencia de remate, no cubra la totalidad del crédito objeto del proceso.
Para el caso de sumas de dinero embargadas dentro del proceso y existieren títulos judiciales, estos no se aplicarán hasta tanto haya decisión definitiva sobre la revocatoria, la restitución de términos o los fallos de la jurisdicción contenciosa administrativa. Si no se propusieron excepciones y tampoco hay pendiente decisión sobre alguna de las tres circunstancias anteriores, se aplicaran los títulos.
— Por la notificación del mandamiento de pago: El término de prescripción empieza a contar nuevamente a partir de la notificación en debida forma del mandamiento.
— Por el otorgamiento de facilidad de pago: El término de prescripción de la acción de cobro se interrumpe desde la notificación de la resolución que concede la facilidad de pago y empezará a correr nuevamente desde la ejecutoria de la resolución que declare el incumplimiento.
— Por la admisión del deudor en acuerdo de reestructuración.
A partir de la providencia de admisión del acuerdo de reestructuración, se interrumpe el término de prescripción de la acción de cobro, y comenzará a contarse nuevamente a partir de la notificación de la providencia que declara su terminación.
El cobro por jurisdicción coactiva es viable si siempre y cuando no hayan cesado los efectos del acto administrativo que se pretende ejecutar, pues, la exigibilidad del acto administrativo es uno de los presupuestos básicos del proceso de cobro coactivo.
En este sentido la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado ha expresado:
“ART. 66.—Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo, pero perderá su fuerza ejecutoria en los siguientes casos:
Recibidos los documentos que sirvan al cobro ejecutivo coactivo de la obligación, el funcionario competente dejará constancia de la fecha de recibo (indicando en su orden día, mes y año) número y fecha del documento, clase de documentos, oficina de origen y número de folios; formará el expediente, lo radicará y revisará que contenga los siguientes documentos:
Básicamente, es una oportunidad en la que se invita a los deudores morosos a pagar en forma voluntaria, bien de manera inmediata o a través de la concertación de fórmulas que incluyen la expedición de facilidades de pago o acuerdos de pago, la s obligaciones a su cargo, evitando el desgaste o el costo que para la administración significa adelantar el proceso de cobro por jurisdicción coactiva.
Correo electrónico o fax: Si el deudor dispone de medios electrónicos como un correo electrónico o fax , a través de estos se le enviará una invitación formal, para recordarle de la obligación a su cargo o de la sociedad que representa, la necesidad de su pronta cancelación sin necesidad de adelantar acciones jurídicas; en esta comunicación se le informará sobre el funcionario a cuyo cargo está el cobro, sitio en donde puede atendérsele, número telefónico, correo electrónico de contacto, número de fax, plazo límite para efectuar el pago de la obligación y la advertencia que si no concurre a la citación, la entidad se verá en la necesidad de adelantar el proceso coactivo respectivo.
Requerimiento a través del correo: Si efectuados los procedimientos anteriormente señalados y el deudor hace caso omiso, se procederá entonces a enviar un oficio, a la dirección que reposa en el expediente, señalándole la resolución que presta mérito ejecutivo, la cuantía del valor adeudado, el número de la cuenta y entidad a favor de la cual se debe efectuar el pago y la fecha límite para realizar el mismo; advirtiéndole que debe enviar a la respectiva oficina de jurisdicción coactiva copia del recibo de consignación, donde conste el pago.
Igualmente, se concede la posibilidad de presentarse dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la comunicación, ante la oficina de jurisdicción coactiva, quien tiene la competencia para celebrar acuerdos de pago con los deudores morosos.
En caso de no pago de la obligación o de no realizarse un acuerdo de pago, se continúa con el proceso agotando las etapas contempladas en la ley.
Ver acápite de modelos Nº 1.
• La identificación plena del deudor o deudores, con su nombres y apellidos, razón social, cédula de ciudadanía o NIT según el caso.
• Número del expediente del cobro coactivo.
• Identificación del título señalando la clase de documento valor del capital, los intereses, concepto, período, fecha de expedición.
• Orden de pagar una suma líquida de dinero a favor del Ministerio de Minas y Energía-tesoro nacional, especificando el capital y la tasa de interés desde cuando se hicieron exigibles hasta el momento en que se efectúe el pago total de la obligación.
• La orden expresa de pagar dentro de los 15 días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, la deuda con sus respectivos intereses (E.T., art. 830).
• La posibilidad de proponer excepciones dentro del término de los 15 días señalados para el pago (E.T., arts. 830 y 831).
• En el mandamiento de pago no se decretarán medidas cautelares, estas se tramitarán en providencia separada conforme lo estipulado en este documento.
Este tipo de notificación la establece el artículo 330 del Código de Procedimiento Civil y 48 del Código Contencioso Administrativo para los actos administrativos. En consecuencia es válida la notificación del mandamiento de pago por este medio esto es, cuando el deudor manifiesta que conoce la orden de pago o lo menciona en escrito que lleva su firma o proponga excepciones. En este caso se tendrá notificado personalmente el deudor, en la fecha de presentación del escrito respectivo.
Si el mandamiento de pago ya fue notificación y el ejecutado fallece, se continúa con el proceso con sus herederos en la forma prevista en el Código de Procedimiento Civil.
Entre tanto, si el mandamiento de pago ha sido notificado y el ejecutado fallece, se debe proceder a notificar a los herederos de conformidad con lo establecido en el artículo 1434 del Código Civil, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 826 del estatuto tributario.
Cuando la irregularidad hubiera recaído sobre la notificación del mandamiento de pago, una vez declarada, toda la actuación procesal se retrotraerá a la diligencia de notificación inclusive, lo cual significa que todas las providencias posteriores a ella son nulas y habrá necesidad de rehacerlas. Las únicas actuaciones que no se afectan por la irregularidad procesal en cuestión son las medidas cautelares, las que se mantendrán incólumes, pues se tomarán como previas.
2.17. Término para pagar o proponer excepciones.
El escrito de excepciones debe presentarse personalmente en la oficina de cobros coactivos del Ministerio de Minas y Energía y anexar la prueba de representación para las personas jurídicas, el poder en caso de apoderado judicial y las pruebas en que se apoye los hechos alegados, según el caso, de conformidad con lo estipulado en los artículos 555 al 559 del estatuto tributario.
El término para resolver las excepciones: Dentro del mes siguiente a la fecha de presentación del escrito de excepciones, el coordinador del grupo de jurisdicción coactiva, mediante resolución resolverá las excepciones.
Si fuere necesario ordenará pruebas, bien sea porque se solicitaron o el funcionario ejecutor las decretó de oficio, estas se practicarán conforme lo establece el Código de Procedimiento Civil, pero en todo caso las excepciones se resolverán en el término de un mes tal como lo señala el artículo 832 del estatuto tributario.
No obstante el artículo 831 del estatuto tributario establece taxativamente las excepciones que se pueden proponer dentro del proceso administrativo coactivo, teniendo en cuenta que los títulos ejecutivos base del proceso coactivo en esta entidad corresponden a actos administrativos debidamente ejecutoriados, que al haber agotado la vía gubernativa gozan de presunción de legalidad, por lo tanto, al presentarse la excepción señalada en el numeral 5º del artículo 831 del estatuto tributario, daría lugar a la suspensión del proceso y no a la terminación y levantamiento de las medidas cautelares tal como lo indica el artículo 833 del mismo Estatuto, además en el Ministerio todos los procesos de cobro coactivo se inician única y exclusivamente con el título ejecutivo debidamente ejecutoriado.
1. Que se encuentran probadas las excepciones respecto de la obligación y en la providencia se dará por terminado el proceso y se levantan las medidas cautelares.
Contra la resolución que rechaza las excepciones propuestas y ordena seguir adelante con la ejecución, procede únicamente el recurso de reposición ante el mismo funcionario que la profirió, dentro del mes siguiente a su notificación, quien a su vez tendrá un mes, contado a partir de su interposición en debida forma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 834 del estatuto tributario
Una vez ejecutoriada la resolución que ordena seguir adelante con la ejecución, el funcionario ejecutor, deberá presentar una liquidación provisional, particularmente en relación con intereses, conversión a moneda nacional con el fin de tener certeza del monto que se pretende recuperar con el remate, pues luego de producido el remate se elaborará una nueva liquidación para establecer en ese momento la liquidación definitiva.
Las costas pueden ser definidas como aquella erogación económica que corresponde efectuar a la parte que resulte vencida en el proceso. Esta carga comprende, por una parte, las expensas, es decir, todos aquellos gastos necesarios para el trámite del proceso como honorarios del secuestre, peritos, gastos de transporte, copias, viáticos, etc.
Si el deudor ejecutado guarda silencio, el ministerio continuará con la ejecución, para lo cual se expedirá el acto administrativo en tal sentido, es decir, ordenando continuar con la ejecución según lo ordena el artículo 836 del estatuto tributario. Dicha providencia se dictará al mes siguiente al vencimiento del término para pagar, en ella se ordena avaluar y rematar los bienes embargados y secuestrados o de los que posteriormente lleguen a serlo, practicar la liquidación del crédito y condenar en costas al deudor. Contra este acto administrativo no procede recurso alguno.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 836 del estatuto tributario, si vencido el término para excepcionar no se hubieren propuesto excepciones, o las propuestas no fueron probadas o el deudor no hubiere pagado, se debe proceder a proferir la resolución ordenando la ejecución y el remate de los bienes embargados y secuestrados, contra esta resolución no procede ningún recurso.
Ver modelo 2 - Anexos.
Mediante resolución, el funcionario ejecutor podrá previa o simultáneamente decretar el embargo y secuestro preventivo de los bienes que haya comprobado sean propiedad del deudor, la cual no se notifica.
• Medidas cautelares dentro del proceso, se pueden decretar en cualquier etapa del proceso, después de notificad o el mandamiento de pago.
Tal como lo prevé el artículo 515 del Código de Procedimiento Civil, el secuestro de bienes sujetos a registro, tanto el previo como el decretado en el proceso, solo se practicará una vez se haya inscrito el embargo y siempre que en la certificación del registrador aparezca el demandado como su propietario. En todo caso, debe perfeccionarse antes de que se ordene el remate; en el evento de levantarse el secuestro se aplicará lo dispuesto en el parágrafo 3º, artículo 686, ibídem.
“Persecución de derechos sobre el bien cuyo secuestro se levanta. Levantado el secuestro de bienes muebles no sujetos a registro quedará insubsistente el embargo. Si se trata de bienes sujetos a aquel embargados en proceso de ejecución, dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto favorable al opositor, que levante el secuestro, o se abstenga de practicarlo en razón de la oposición, podrá el ejecutante expresar que insiste en perseguir los derechos que tenga el ejecutado en ellos, caso en el cual se practicará el correspondiente avalúo; de lo contrario se levantará el embargo”.
Cuando exista otro embargo registrado: En este caso, si el crédito que originó el anterior embargo es de grado inferior al de fisco, el funcionario ejecutor continuará con el procedimiento, informando de ello al juez respectivo y si este lo solicita, pondrá a su disposición el remanente del remate.
Si el embargo que originó el anterior es de grado superior al del fisco, el funcionario ejecutor se hará parte del proceso ejecutivo y velará porque se garantice la deuda con el remanente del bien embargado.
Los recursos que sean embargados permanecerán congelados en la cuenta bancaria del deudor hasta tanto sea admitida la demanda o el ejecutado garantice el pago del 100% del valor en discusión, mediante caución bancaria o de compañías de seguros. En ambos casos, la entidad ejecutora debe proceder inmediatamente, de oficio o petición de parte, a ordenar el desembargo.
La reducción deberá producirse antes de que se decrete el remate, mediante auto que se comunicará al deudor y al secuestre si lo hubiere, siempre y cuando la reducción no implique división del bien. No habrá reducción de embargo respecto de bienes cuyo remanente se encuentre solicitado por autoridad competente.
2. Llegado al sitio donde debe practicarse la diligencia, debe informar acerca del objeto de la misma para que se le permita el acceso. Como el acto administrativo de secuestro supone tácitamente la orden de allanamiento, si hay imposibilidad de ingresar al lugar o si sus moradores se oponen o no se encuentran, procede el ingreso aun en contra de la voluntad de los habitantes, como también si no se encuentra la persona en el lugar, valiéndose de la fuerza pública.
3. Luego el funcionario ejecutor procede primero a identificar los bienes objeto de la medida. Si se trata de secuestrar un inmueble, debe hacer su reconocimiento para verificar que coincidan los linderos y demás especificaciones.
Para llevar a cabo esta práctica, previamente el funcionario ejecutor deberá solicitar a la secretaría general, mediante comunicación que se expida el certificado de disponibilidad presupuestal que autorice el pago de los honorarios provisionales del secuestre, una vez expedido el CDP, se procederá a proferir el auto que designe al secuestre y señale el lugar, fecha y hora de la diligencia.
3.3. El secuestre y honorarios.
El secuestre es el depositario de los bienes, el cual será escogido dentro de la lista de auxiliares de la justicia, o de las personas idóneas, que reúnan los requisitos que dicho cargo exige, para lo cual se seguirán las normas del Código de Procedimiento Civil artículos 8º al 11.
Es un mecanismo estructurado para evitar que en la diligencia de secuestro se atente contra intereses legalmente protegidos de personas que no tienen por qué verse sometidas a los efectos nocivos de la diligencia, razón por la cual el artículo 686 del Código de Procedimiento Civil contempla tres aspectos importantes, como son:
• La protección de los tenedores cuyo derecho proviene de la persona contra quien se decretó la medida.
• La oposición del tenedor quien deriva sus derechos de un tercero poseedor quien la formula a nombre de este, y
• La del tercero poseedor directamente.
En la misma diligencia que ordena el secuestro se practicarán las pruebas conducentes y se decidirá la oposición presentada, salvo que existen pruebas que no se puedan practicar en la misma diligencia, caso en el cual se resolverá dentro de los cinco (5) días siguientes a la terminación de la diligencia. Artículo 839-2 estatuto tributario adic. Ley 6ª de 1992, artículo 87.
Cuando no se pueda llevar a cabo la práctica del secuestro por prosperar la oposición o se levanta la medida cautelar, se presentan una serie de consecuencias, las cuales están señaladas en el parágrafo 3º del artículo 686 del Código de Procedimiento Civil, el cual ordena en su inciso 1º, que:
En el proceso de jurisdicción coactiva debe aplicarse lo dispuesto en el artículo 687 del Código de Procedimiento Civil norma de carácter general aplicable a toda diligencia de embargo o de secuestro, también existe la posibilidad de levantar estas clases de medidas, mediante el otorgamiento de caución que garantice el pago de la obligación.
El artículo 684 del Código de Procedimiento Civil que desarrolla lo señalado en el artículo 1677 del C.C., prevé la hipótesis de bienes inembargables por diversas consideraciones, como la protección de la cosa pública, el evitar perjuicios a la comunidad, reconocer el valor afectivo de ciertos bienes o privar a un ejecutado de lo estrictamente necesario para una decorosa subsistencia.
Cuando haya lugar a comisiones, los funcionarios investidos de jurisdicción coactiva deberán conferirlas de preferencia a otro funcionario de la misma clase, esto es, de la misma jurisdicción coactiva, de igual o inferior categoría, sin perjuicio de que puedan comisionar a los jueces municipales de la jurisdicción ordinaria, vale decir, civiles o promiscuos.
El avalúo de los bienes embargados lo hará la administración teniendo en cuenta el valor comercial y lo notificará personalmente o por correo.
Si el deudor no estuviere de acuerdo, podrá solicitar dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación, un nuevo avalúo con intervención de un perito particular designado por la administración, caso en el cual el deudor deberá cancelar los honorarios. Estatuto tributario parágrafo artículo 838.
3.10.1. Requisitos:
6. Que en el momento de fijarse la fecha del remate, no obre dentro del proceso la constancia de haberse demandado ante el Contencioso Administrativo la resolución que rechazó las excepciones y ordenó seguir adelante la ejecución, pues en tal evento no se puede proferir el auto fijando fecha para remate, sino de suspensión de la diligencia, conforme a los artículos 835, en concordancia con el 818, inciso final del estatuto tributario.
La administración efectuará el remate de los bienes directamente o a través de entidades de derecho público o privado. Artículo 840 estatuto tributario modificado Ley 788 de 2002, artículo 82.
De acuerdo con el artículo 525 del Código de Procedimiento Civil el remate se anuncia al público por aviso que expresará:
• Fecha y hora en que ha de iniciar la licitación.
• Bienes materia del remate con indicación de su clase, especie y cantidad, si son muebles, si son inmuebles la matrícula de su registro, el lugar de ubicación, nomenclatura o nombre y a falta del último requisito, sus linderos.
• Avalúo correspondiente a cada bien o grupo de bienes y la base de la licitación.
• Porcentaje que deba consignarse para hacer postura.
El porcentaje que debe consignarse para hacer postura en la subasta es del cuarenta por ciento (40%) del avalúo del respectivo bien, de conformidad con el artículo 526 del Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, quien sea único ejecutante o acreedor ejecutante de mejor derecho, podrá rematar por cuenta de su crédito los bienes materia de la subasta, sin necesidad de consignar el porcentaje, siempre que aquel equivalga por lo menos al veinte por ciento (20%) del avalúo, en caso contrario se consignará la diferencia.
Llegados el día y la hora para el remate, el encargado de realizar la subasta, anunciará en alta voz las ofertas a medida que se hicieren. Transcurridas al menos dos (2) horas desde el comienzo de la licitación, el encargado de realizar la subasta adjudicará al mejor postor los bienes materia de la misma, luego de haber anunciado por tres (3) veces que de no existir una oferta mejor la declarará cerrada.
Si tampoco se presentan postores en esta ocasión, se repetirá la licitación las veces que sea necesario, y para ellas la base seguirá siendo del cuarenta por ciento (40%) del avalúo.
Se aprobará el remate, si dentro de los tres (3) días siguientes a la diligencia, el rematante consigna el saldo del precio del bien rematado. Vencido el término sin que se hubiere hecho la consignación y el pago del impuesto que prevé el artículo 7º de la Ley 11 de 1987, se improbará el remate y se decretará la pérdida de la mitad de la suma depositada para hacer postura, a título de multa (CPC, art. 529).
El artículo 530 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 60 de la Ley 794 de 2003, faculta al funcionario ejecutor para invalidar el remate en el evento de incumplimiento de las formalidades prescritas en los artículos 523 al 528 del Código de Procedimiento Civil, entre otras las siguientes:
• No señalar fecha, hora y lugar del remate.
• No haber allegado certificado de tradición y libertad del inmueble actualizado, expedido dentro de los cinco (5) días anteriores a la fecha prevista para la diligencia de remate.
Pagado oportunamente el precio y cumplidas las formalidades previstas en los artículos 523 al 528 del Código de Procedimiento Civil, el funcionario ejecutor aprueba el remate mediante auto en el cual de conformidad con el artículo 530 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 60 de la Ley 794 de 2003, debe disponer lo siguiente:
• La expedición de copia del acta de remate y del auto aprobatorio. Si son bienes sujetos a registro dicha copia será inscrita y protocolizada en la notaría correspondiente al lugar del proceso, y copia de la escritura pública será agregada luego al expediente.
• La comunicación al secuestre para que entregue los bienes debe hacerse conforme al artículo 688 del Código de Procedimiento Civil
El auto que aprueba el remate es apelable en el efecto diferido, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 538 del Código de Procedimiento Civil
En la diligencia de entrega no serán admitidas oposiciones de ninguna naturaleza, ni el secuestre podrá, en ningún caso, alegar derecho de retención (artículo 531, modificado por el artículo 61 de la Ley 794 de 2003 y 688 del CPC).
Para garantizar la satisfacción de las obligaciones objeto del proceso y al rematante el disfrute del bien o derecho adquirido en la licitación se surten los siguientes trámites:
Para fijar los honorarios de los auxiliares de la justicia, se aplicarán las tarifas dispuestas para el efecto por el Consejo Superior de la Judicatura. Acuerdo 1518 de 2002, fija los honorarios, individualizando la cantidad dentro de los límites que se le trazan, basado en la complejidad del proceso, cuantía de la pretensión, si es el caso, y duración del cargo entre otros.
Pretensiones patrimoniales inferiores al equivalente a quince (15) smlm Entre dos (2) y veinte (20) smldv
Pretensiones patrimoniales comprendidas desde los quince (15) smlm, inclusive, hasta el equivalente a noventa (90) smlm Entre diez (10) y cien (100) smldv
Pretensiones superiores a noventa (90) smlm Entre veinte (20) y trescientos (300) smldv
Sin cuantía (única instancia) Entre 2 (dos) y sesenta (60) smldv
Sin cuantía (segunda instancia) Entre 2 (dos) y trescientos (300) smldv
4.1. De los recursos.
El artículo 833-1 del estatuto tributario dispone que dentro del proceso administrativo del estatuto tributario, las providencias que se dicten no pueden ser recurridas, por considerarse de trámite, excepto los que en forma expresa se señalen en este procedimiento para las actuaciones definitivas, como es el caso de las siguientes resoluciones:
La única providencia del proceso coactivo administrativo susceptible de ser demandada ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, es la resolución que ordena seguir adelante la ejecución, cuando ha declarado no probadas las excepciones propuestas por el ejecutado. Artículo 835 del estatuto tributario.
En el caso que el ejecutado no proponga excepciones, la resolución que ordena continuar con la ejecución no puede ser demandada ante la jurisdicción, por no ser procedente.
La suspensión de la diligencia de remate se ordenará mediante auto, lo que implica para el funcionario ejecutor abstenerse de dictar providencia que fija fecha para su realización pero si tal evento ya hubiere ocurrido, la suspensión se producirá a más tardar antes de la diligencia de remate.
De acuerdo con el artículo 145 del Código de Procedimiento Civil, en cualquier estado del proceso, antes de decretar el embargo definitivo, el funcionario ejecutor deberá declarar de oficio las nulidades insaneables que observe. Si la nulidad fuere saneable, ordenará ponerla en conocimiento de la parte afectada por auto que le será notificado como lo indica el artículo 566 del estatuto tributario.
Si dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación, dicha parte no alega la nulidad, esta quedará saneada y el proceso continuará su curso; en caso contrario, el juez (funcionario ejecutor) la declarará.
El coordinador del grupo de jurisdicción coactiva del Ministerio de Minas y Energía, es el competente para expedir la resolución motivada, concediendo las facilidades de pago o acuerdos de pago.
El deudor interesado en obtener una facilidad de pago deberá presentar una solicitud por escrito conforme lo indica el artículo 559 del estatuto tributario, la cual contendrá por lo menos los siguientes datos:
• Concepto: Resolución de mandamiento de pago.
• Señalar la garantía ofrecida para respaldar la deuda cuando existan medidas cautelares, indicando con precisión qué garantía ofrece, con su respectivo avalúo y certificación de tradición si se trata de un bien inmueble.
Recibida la petición, se procederá a verificar y analizar por el funcionario ejecutor los documentos y requisitos necesarios aportados para expedir la resolución de facilidad de pago, en caso de que estos se encuentren debidamente cumplidos, si no es así, se concederá al solicitante no mayor de un (1) mes para que adicione, aclare, modifique o complemente su escrito.
6.4.1. Concesión de plazos.
Las facilidades de pago, por tratarse de la concesión de plazos adicionales al deudor, se deberá tener en cuenta las siguientes circunstancias.
6.4.1.1. Concesión de plazos sin garantía.
• En el evento de que el deudor, por razón de su actividad deba enajenar o afectar en cualquier forma el dominio del bien o bienes denunciados, deberá informar al grupo de cobro coactivo del Ministerio de Minas y Energía, indicando el bien o bienes adicionales o complementarios que ofrece en reemplazo del anterior o anteriores, para lo cual se verificará la propiedad de los nuevos bienes denunciados y su avalúo, con el fin de establecer que con dicha operación el deudor no queda en estado de insolvencia.
La garantía debe constituirse a favor del Ministerio de Minas y Energía y perfeccionarse antes del otorgamiento de la facilidad de pago.
6.5.1. Garantías personales. Para el caso de las garantías personales, se considerarán satisfactorias aquellas cuyo valor sea igual o superior al monto de la obligación principal, más los intereses, calculados para el plazo, entendiendo por obligación principal la correspondiente al capital e intereses de mora, liquidados hasta la fecha de expedición de la resolución que concede la facilidad.
El garante deberá tener un patrimonio líquido por lo menos tres (3) veces superior a la deuda garantizada y no podrá ser deudor del Ministerio, deberá presentar además relación detallada de sus bienes en que está representado su patrimonio, anexando la prueba de propiedad de los mismos y haciendo compromiso expreso de no enajenarlos ni afectar su dominio en cualquier forma, durante el tiempo de vigencia de la facilidad y acompañada de un estimado valor comercial de los bienes que integran la relación que está presentando, de lo cual el funcionario ejecutor deberá dejar constancia expresa en el acto administrativo que concede la facilidad de pago.
6.5.2. Garantías admisibles. Para efectos de garantizar el pago de las obligaciones que se cobran a través del proceso de cobro coactivo, se consideran garantías admisibles aquellas constituidas que tengan un valor, establecido con base en criterios técnicos y objetivos, que sean suficientes para cubrir el monto de la obligación y que ofrezca un respaldo jurídicamente eficaz al pago de la obligación garantizada, otorgando al ministerio mejor derecho para obtener el pago de la obligación. Entre las garantías admisibles que pueden ser ofrecidas por los solicitantes de facilidades de pago se encuentran las siguientes:
6.5.3. Hipoteca. Con el fin de garantizar el monto de la obligación, el ejecutado puede constituir a favor del Ministerio de Minas y Energía hipoteca sobre un bien de su propiedad, la cual será constituida por el valor que determine el funcionario ejecutor, con el cual considera se puede garantizar el monto de la obligación y los intereses, de acuerdo al plazo solicitado, para el efecto, el solicitante deberá presentar el certificado de tradición y propiedad del bien, el certificado del avalúo catastral y el certificado de avalúo del bien a hipotecar. Los gastos de constitución y registro de la escritura pública de hipoteca a favor del Ministerio de Minas y Energía, serán asumidos por el solicitante.
6.5.4. Prenda. Igualmente para garantizar el cumplimiento de la obligación se puede constituir contrato de prenda sobre bienes muebles de propiedad del solicitante o de su garante. Esta prenda puede ser con la tenencia material del bien otorgado como garantía o sin tenencia, si la prenda ofrecida es de esta última clase, debe otorgarse póliza de seguro que ampare los bienes pignorados contra todo riesgo, endosada a favor del Ministerio de Minas y Energía.
Para la aceptación de esta garantía es indispensable que el solicitante de la facilidad de pago presente documentos auténticos que acrediten que el bien ofrecido es de su propiedad, para aquellos casos en que el bien no es sujeto a registro, para el caso de bienes muebles sujetos a registro, ejemplo vehículos, el solicitante deberá presentar con la solicitud certificado de tradición y libertad del vehículo, lo mismo que el certificado de avalúo del mismo.
Previa a la expedición de la providencia que concede la facilidad de pago, el solicitante debe presentar el registro de pignoración a favor del Ministerio de Minas y Energía, con la póliza de seguro respectiva.
6.5.5. Depósitos de dinero de que trata el artículo 1173 del Código de Comercio. Cuando se deposite una suma de dinero en garantía del cumplimiento de la obligación, el depositario Ministerio de Minas y Energía solo estará obligado a hacer la restitución en cuanto al exceso del depósito sobre lo que el deudor deba pagar en razón del crédito garantizado.
6.5.6. Garantías bancarias o pólizas de cumplimiento de compañías de seguro o instituciones financieras. El aval bancario, o la póliza de una compañía de seguros, es una garantía ofrecida por una entidad autorizada por el Gobierno Nacional, para respaldar el pago de las obligaciones por parte del deudor. La entidad que otorgue la garantía debe indicar claramente el monto y el concepto de la obligación garantizada y el tiempo de vigencia, mediante la expedición de una póliza de seguros o de un aval bancario.
El funcionario ejecutor del ministerio debe verificar, que quien firmó la póliza en representación de la entidad aseguradora, tiene la facultad para ello, mediante la certificación de representación legal expedida por este mismo organismo y que la póliza cumpla con los requisitos establecidos en el Código de Comercio, lo mismo que debe exigir la constancia del pago de la prima correspondiente.
6.5.7. Libranza. El interesado podrá solicitar se le acepte como garantía para el pago de la obligación una libranza certificada y aprobada por el pagador de la entidad donde presta sus servicios el deudor o el tercero, mediante el cual este lo autoriza a descontar de su salario, cuotas periódicas hasta la concurrencia de la suma adeudada y a consignar mensualmente a favor del Ministerio de Minas y Energía el valor de la cuota acordada.
El funcionario ejecutor del grupo de cobro coactivo del ministerio podrá declarar el incumplimiento de la facilidad de pago y dejar sin vigencia el plazo concedido, cuando el deudor incumpla el pago de dos (2) cuotas, en las respectivas fechas de vencimiento.
Igualmente en dicha resolución deberá dejarse constancia, cuando se constituyeron garantías personales, que el ministerio se reserva el derecho de perseguir al garante y al deudor simultáneamente, a fin de obtener el pago total de la deuda.
PAR.—No obstante la Ley 1066 del 29 de julio de 2006, estableció beneficios para los contribuyentes deudores y que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, posee normatividad interna que permite efectuar rebajas o condonaciones de intereses a los deudores, sobre las obligaciones cobradas por el grupo de cobro coactivo del ministerio, no son aplicables estos beneficios, toda vez que el valor de las mismas hacen parte de los ingresos corrientes de la Nación y por eso no se tiene poder de disposición sobre ellas.
De conformidad con lo establecido en el numeral 3º del artículo 2º del Decreto 4473 del 15 de diciembre de 2006, para la clasificación de la cartera correspondiente a las obligaciones cobradas a través del proceso administrativo de cobro coactivo del ministerio se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
7.1. Obligaciones corrientes. Son todas aquellas obligaciones pendientes de pago que ingresan al grupo de cobro coactivo para su recaudo, sin importar su cuantía las cuales reúnen alguna de las siguientes características:
a) Obligaciones cuya fecha de ejecutoria no es mayor de dos (2) años;
f) Fue tenida en cuenta la obligación dentro de procesos que se adelantan contra el deudor en otros despachos judiciales, para ser canceladas con el producto del remate de los bienes embargados o fue reconocida nuestra obligación como remanentes dentro del proceso;
7.2. Obligaciones de difícil cobro. Dentro de esta categoría se clasifican todas aquellas obligaciones cuya cuantía supere los dos (2) salarios mmlv, cuya fecha de ejecutoria está entre dos (2) y cinco (5) años y que además reúnan alguna de las siguientes características:
b) Obligaciones, que a pesar de haberse ubicado el deudor no tiene solvencia económica que pueda garantizar la obligación;
c) No ha sido posible ubicar bienes para embargar que garanticen el pago de la obligación o el valor de los ubicados no cubren ni siquiera el monto de los intereses generados;
d) Ha sido imposible ubicar al deudor a pesar de haberse agotado la búsqueda ante otras entidades, especialmente las suministradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN;
e) El deudor es una persona jurídica que se encuentra en proceso de liquidación obligatoria, concordato o acuerdo de reestructuración y sus pasivos superan a los activos;
f) El deudor es una persona natural que se encuentra en proceso concordatario, e igualmente sus pasivos superan a los activos;
g) Se comunicó a despachos judiciales donde se adelanta proceso contra el deudor y nos tuvieron en cuenta, pero el proceso no ha llegado a la etapa de remate, o existen obligaciones con mayor derecho reconocidas dentro del proceso, ejemplo las de los juzgados laborales y de familia;
h) A pesar de existir bienes ubicados, estos no garantizan el pago de la obligación si se tiene en cuenta que son mayores los costos que generaría para la administración el continuar con las diligencias de secuestro y remate de los bienes que el beneficio obtenido;
i) A pesar de haber sido embargado el salario del deudor, los descuentos son irrisorios frente al monto de la obligación;
7.3. Obligaciones irrecuperables. Se clasifican en esta categoría aquellas obligaciones que reúnan cualquiera de las siguientes características o circunstancias:
c) Aquellas obligaciones menores de dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes sumados sus intereses, siempre que tengan tres (3) o más años de antigüedad, esta cuantía será objeto de ajuste anual conforme al procedimiento establecido en el artículo 868 del estatuto tributario;
f) El deudor principal se encuentre fallecido, sin haber dejado bienes que garanticen la obligación, siempre y cuando se cuente con la partida de defunción, y no ha sido posible ubicar a los herederos o estos no poseen bienes para garantizar la obligación;
PAR. 1º—Las obligaciones que se encuentren clasificadas dentro de la categoría de las irrecuperables serán objeto de estudio por parte del grupo de cobro coactivo, con el fin de declarar mediante resolución motivada la remisibilidad de que trata el artículo 820 del estatuto tributario.
Modelo 1-Mandamiento de pago
El coordinador del grupo de jurisdicción coactiva del Ministerio de Minas y Energía, en uso de sus atribuciones legales conferidas por la Ley 1066 de 2006, artículo 832 y siguientes del Decreto 624 de 1989-estatuto tributario y la Resolución 18-0575 del 18 de junio de 2002, y
Que mediante Resolución número … firmada por … y constancia de ejecutoria (fecha y nombre del funcionario que firma), en la cual consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible a favor; (entidad ejecutora) y en contra de (personal natural o jurídica), por concepto de … en cuantía de (letras y números). Título que presta mérito ejecutivo de conformidad con los artículos 68 del Código Contencioso Administrativo y 562 del Código de Procedimiento Civil;
Que este despacho es competente para conocer de la ejecución de acuerdo con la Ley 6ª de 1992, artículo 5º de la Ley 1066 de 2006, Decreto 4473 del 2006 y Resolución 18-0575 de 2002;
Por lo expuesto, el coordinador del grupo de jurisdicción coactiva del Ministerio de Minas y Energía,
ART. 1º—Librar mandamiento de pago por vía ejecutiva de jurisdicción coactiva a favor del Ministerio de Minas y Energía y en contra de …, número identificación…, por la suma …, más los intereses legales que se causen hasta el pago de la obligación y las costas, que se originen dentro del Proceso Coactivo Nº … (art. 836-1).
ART. 2º—El pago deberá efectuarse dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de notificación de la presente providencia, término dentro del cual podrá proponer las excepciones legales a que haya lugar (E.T., arts. 830 y 831).
ART. 3º—Notifíquese este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, previa citación para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la misma, vencidos los cuales se procederá a notificar por correo conforme a lo dispuesto por el artículo 826 y en concordancia con los artículos 566 y 269 del estatuto tributario.
Coordinador grupo de jurisdicción coactiva.
El coordinador del grupo de jurisdicción coactiva del Ministerio de Minas y Energía, en uso de sus atribuciones legales conferidas por la Ley 1066 de 2006, artículo 832 y siguientes del Decreto 624 de 1989 - estatuto tributario y la Resolución 18-0575 del 18 de junio de 2002, y
Que mediante Resolución número … de fecha … debidamente ejecutoriada, se constituyó deudor a …;
Que mediante Resolución número … de fecha… debidamente ejecutoriada, se libró mandamiento de pago a favor del Ministerio y en contra de … identificado con NIT o CC... Por la suma de … el día …
PAR.—El valor de la obligación causará el interés legal establecido en la Ley 68 de 1923 y se liquidarán hasta el momento de pago de la misma, para efecto de las obligaciones diferentes a impuestos, tasas y contribuciones fiscales y parafiscales;
Que ha transcurrido el término de 15 días hábiles, contados a partir de la notificación del mandamiento de pago, sin que el deudor haya realizado el pago ni presentado las excepciones que prevé el artículo 830 del estatuto tributario;
Que el Proceso Coactivo número … se adelanta conforme a los trámites de ley y no existieron irregularidades procesales pendientes de resolver, es procedente dictar orden de seguir adelante con la ejecución tal como lo dispone el artículo 836 del estatuto tributario;
En virtud de lo anterior, el coordinador del grupo de jurisdicción coactiva,
ART. 1º—Ordenar seguir adelante con la ejecución contra …, identificada con NIT…, por las razones expuestas en la parte motiva de este acto.
ART. 2º—Ordenar avaluar y rematar los bienes embargados y secuestrados o los que posteriormente lleguen a serlo.
ART. 3º—Proceder a liquidar el crédito.
ART. 4º—Condenar en costas al ejecutado, previa su tasación.
ART. 5º—Ordenar la aplicación de los títulos de depósito judicial que se encuentren pendientes y los que posteriormente alleguen al proceso.
ART. 6º—Notificar la presente resolución por correo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 565 y 566 del estatuto tributario.
ART. 7º—Contra la presente resolución no procede recurso alguno, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 836 del estatuto tributario.
Coordinador del grupo de jurisdicción coactiva.
(Nota: Derogado por la Resolución 90430 de 2014 artículo 2º del Ministerio de Minas y Energía)
ART. 2º—La dependencia competente asignará un número consecutivo de resoluciones para efecto de los actos administrativos que en virtud de este reglamento debe expedir el grupo interno de jurisdicción coactiva.
(2) El numeral 4º de esta disposición debe entenderse tácitamente derogado conforme a lo dispuesto en el artículo 75 del estatuto de contratación administrativa. En consecuencia, los contratos, pólizas de seguros y demás garantías que otorguen los contratistas a favor de entidades públicas, que integran el título ejecutivo, ya no se tramitan por la jurisdicción coactiva, sino por el procedimiento indicado en el artículo 75 de la Ley 80 de 1993, es decir, ante la jurisdicción contenciosa administrativa.