Source: http://hrlibrary.umn.edu/cerd/spanish/Sguatemala2010.html
Timestamp: 2018-02-21 00:51:11
Document Index: 415788785

Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'artículo 16', 'artículo 10', 'artículo 14', 'artículo 9', 'artículo 65']

2. El Comité acoge con satisfacción el informe periódico presentado por Guatemala y los esfuerzos realizados por el Estado parte en presentar sus informes puntualmente. El Comité aprecia la oportunidad de continuar el diálogo con el Estado parte y expresa su reconocimiento por el diálogo que mantuvo con la delegación y por la forma extensa en que se respondió, de forma oral y escrita, tanto a la lista de cuestiones como a las preguntas planteadas oralmente por los miembros. Asimismo, se destaca la composición diversa de la delegación.
3. El Comité celebra la continua colaboración del Estado parte con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) desde que se estableció en el país en enero de 2005. El Comité toma nota de la colaboración brindada por la ACNUDH al Estado parte en la preparación de los 12° y 13° informes periódicos.
4. El Comité observa con beneplácito el establecimiento de políticas, acuerdos gubernativos y acciones administrativas tendientes a promover y a coordinar las políticas públicas en materia indígena, acogiendo con especial satisfacción las siguientes:
(a) La Política Pública para la Convivencia y la Eliminación del Racismo y la Discriminación Racial en 2006.
(b) El Programa Nacional de Resarcimiento con el objetivo de cumplir las recomendaciones de la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala, entre ellas la de atender a las víctimas civiles de conflicto armado interno, de las cuales 83% fueron mayas.
(c) El Acuerdo Gubernativo N° 22-2004 que establece a través de la Dirección General Bilingüe Intercultural (DIGEBI) del Ministerio de Educación la generalización del bilingüismo y la obligatoriedad de idiomas nacionales como política lingüística nacional. Se establece la obligatoriedad de la enseñanza y práctica de la multiculturalidad e interculturalidad en el aula en los idiomas maya, garífuna o xinca y/o español.
5. El Comité toma nota del compromiso contraído por el Estado parte de promover la igualdad de derechos de los pueblos indígenas durante el proceso del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos y alienta al Estado parte a cumplir dicho compromiso.
6. Al Comité le preocupa, tal y como lo ha reconocido la delegación del Estado parte, la falta de datos estadísticos adecuados respecto a la composición demográfica de la población guatemalteca, en particular de los pueblos mayas, xinka y garífuna. El Comité recuerda que dicha información es necesaria para evaluar la aplicación de la Convención y supervisar las políticas en favor de los pueblos indígenas.
El Comité recomienda al Estado parte que continúe mejorando la metodología de recolección de datos para el próximo censo en 2012 para que se refleje la complejidad étnica de la sociedad guatemalteca teniendo en cuenta el principio de autoidentificación, de conformidad con su Recomendación general Nº 8 (1990) y con los párrafos 10 a 12 de las directrices relativas al documento específicamente destinado al Comité que deben presentar los Estados partes de conformidad con el párrafo 1 del artículo 9 de la Convención (CERD/C/2007/1). En este sentido, el Comité solicita al Estado parte que incluya en su próximo informe periódico datos estadísticos desglosados de la composición de la población con base en el censo que se realizará en 2012.
(a) que instaure mecanismos adecuados, de conformidad con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio Nº 169 de la OIT, para llevar a cabo consultas efectivas con las comunidades que puedan verse afectadas por proyectos de desarrollo y explotación de recursos naturales con el objetivo de obtener su consentimiento libre, previo e informado. En ese sentido el Comité recuerda al Estado parte que la ausencia de reglamentación del Convenio Nº 169 no es impedimento para que se lleven a cabo procesos de consulta previa. El Comité a la luz de su Recomendación general Nº 23 (1997) (párr. 4, inc. d) recomienda que el Estado parte consulte a la población indígena interesada en cada etapa del proceso y que obtenga su consentimiento antes de la ejecución de los proyectos de extracción de recursos naturales;
(b) que reforme el marco legal que rige la explotación de recursos naturales de manera que se establezcan mecanismos de consulta previa con las poblaciones afectadas sobre el impacto de dichas explotaciones sobre sus comunidades;
(c) que acelere el proceso de adopción de la Ley de Consultas a los Pueblos Indígenas presentada por los pueblos indígenas, así como la reforma a la Ley de Minería en la cual se establece un capítulo dedicado a las consultas previo al otorgamiento de licencias de explotación minera;
(d) que se garantice que se lleven a la práctica los métodos alternos de resolución de conflictos, creados por la secretaría de asuntos agrarios tales como la mediación, la negociación, la conciliación y el arbitraje. Además, que la aplicación de estos mecanismos esté de acuerdo con los estándares internacionales en materia de derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas, específicamente con el Convenio Nº 169 de la OIT y con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas;
(e) que se intensifiquen las mesas de diálogo donde representantes de la secretaría de asuntos agrarios participan activamente en diferentes espacios de interlocución con los pueblos indígenas, garantizando que en las mismas se produzcan acuerdos concretos, viables y verificables, que sean efectivamente implementados;
(f) que en los casos excepcionales en que se considere necesario el traslado y el reasentamiento de los pueblos indígenas, el Estado vele por el respeto de las disposiciones recogidas en el artículo 16.2 del Convenio Nº 169 de la OIT y el artículo 10 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, incluyendo el consentimiento dado libremente y con pleno conocimiento de causa, una indemnización justa y equitativa y se aseguren lugares para la reubicación dotados de servicios básicos, como agua potable, electricidad, medios de lavado y saneamiento, y servicios adecuados, entre otros escuelas, centros de atención sanitaria y transportes.
18. El Comité recomienda al Estado parte a que acelere el proceso de adopción del proyecto de ley que autorice al Gobierno a reconocer la competencia de la declaración del artículo 14 de la Convención.
19. A la luz de su Recomendación general Nº 33 (2009) sobre el seguimiento de la Conferencia de Examen de Durban, el Comité recomienda al Estado parte que tenga en cuenta la Declaración y el Programa de Acción de Durban, aprobados en septiembre de 2001 por la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, así como el Documento final de la Conferencia de Examen de Durban, celebrada en Ginebra en abril de 2009, al incorporar la Convención en su legislación nacional. El Comité pide al Estado parte que, en su próximo informe periódico, incluya información concreta sobre los planes de acción y demás medidas adoptadas para aplicar la Declaración y el Programa de Acción de Durban en el ámbito nacional.
20. El Comité invita al Estado parte a que actualice su documento básico de conformidad con las directrices armonizadas sobre la preparación de informes bajo tratados internacionales de derechos humanos, en particular aquellos relativos al documento básico común, tal y como fue adoptado en la quinta reunión intercomités de los órganos de tratados de derechos humanos que tuvo lugar en junio de 2006 (HRI/MC/2006/3)
22. Con arreglo al párrafo 1 del artículo 9 de la Convención y al artículo 65 del reglamento enmendado del Comité, el Comité pide al Estado Parte que informe sobre la aplicación de las recomendaciones del Comité que figuran en los párrafos 7, 9 y 14 , dentro del plazo de un año a partir de la aprobación de las observaciones presentes.
23. El Comité desea asimismo señalar la atención del Estado parte la particular importancia de las recomendaciones 8 y 11 y pide al Estado parte que en su próximo informe periódico incluya información detallada sobre las medidas concretas que haya adoptado para aplicarlas.
24. El Comité recomienda al Estado Parte que presente sus informes periódicos 14 y 15 en un solo documento antes del 17 de febrero de 2013 tomando en consideración las directrices relativas al documento específicamente destinado al Comité (CERD/C/2007/1). El informe debe contener información actualizada y responder a todos los puntos comprendidos en las observaciones finales.