Source: http://cronica.diputados.gob.mx/Ve23mar2017.html
Timestamp: 2017-09-24 06:47:22
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Versión estenográfica de la sesión ordinaria del jueves 23 de marzo de 2017
De diputadas y de diputados, con retiro de iniciativas; de diversas autoridades, contestaciones a puntos de acuerdo; de la Secretaría de Hacienda y del Coneval, con informes; de la Cámara de Senadores, con minutas; de diputado, con separación de grupo parlamentario
Minuto de silencio por el fallecimiento de la periodista Miroslava Breach Velducea
Minuto de silencio por el 23 aniversario del fallecimiento de Luis Donaldo Colosio Murrieta
Ulises Ramírez Núñez, PAN
Eva Florinda Cruz Molina, PRD
Magdalena Moreno Vega, Morena
Juan Alberto Blanco Zaldívar, PAN
Sergio López Sánchez, PRD
Elías Ojeda Aquino, Morena
Azul Etcheverry Aranda, PRI
Por el que se adiciona una fracción V al artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social y por el que se reforma el artículo 40 de la Ley General de Desarrollo Social, posicionamiento de los grupos parlamentarios
Votación del dictamen que adiciona una fracción V al artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social
Votación del dictamen que reforma el artículo 40 de la Ley General de Desarrollo Social
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 300 diputadas y diputados, por lo tanto, diputada presidenta, hay quórum.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez (11:55 horas): Se abre la sesión.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se dispensa su lectura tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido, por favor, en la curul del diputado Virgilio Caballero. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza (desde la curul). Muchas gracias, presidenta. Para presentar y expresar nuestro enojo, nuestra protesta, nuestra indignación por este nuevo asesinato de una periodista, Miroslava Breach, que fue corresponsal de La Jornada durante 15 años y fue asesinada ayer en Chihuahua.
Pedirle a través de este recurso al gobernador que no deje pasar esto –el gobernador de Chihuahua– como un crimen más. ¿Cuántos periodistas más deben ser asesinados para que pueda llevarse a cabo una investigación seria? Estamos con La Jornada y lamentamos enormemente esta pérdida. Gracias.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado. Sus expresiones han quedado registradas. Sonido por favor en la curul del diputado Ángel Hernández de la Piedra.
El diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra (desde la curul): Muchas gracias, presidenta, en ese mismo sentido. El día de hoy a las 07:15 horas fue despojada de su vida la periodista Miroslava Breach. La periodista Miroslava se convierte en la tercera periodista asesinada en menos de un mes junto con Ricardo Mounli Cabrera, asesinado en Veracruz apenas el domingo pasado y Cecilio Pineda Birto, en Guerrero, el 2 de marzo.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos había documentado 122 homicidios de periodistas a nivel nacional desde el año 2000, de los cuales 20 se han registrado en el estado de Veracruz. A esta cifra hay que sumar ahora el asesinato de Miroslava.
En esta Cámara de Diputados, Morena ha puesto sobre la mesa el tema de las agresiones a la violencia que sufren los periodistas, de los cuales las proposiciones con punto de acuerdo respecto a los casos de Rubén Espinosa Becerril, Nadia Vera, Anabel Flores Salazar, Francisco Pacheco Beltrán e Iris Velázquez, siguen pendientes o fueron desechadas.
El pleno de esta Cámara no debe quedarse únicamente en el discurso condenando los actos de violencia contra los periodistas. Debemos vigilar que las autoridades encargadas de castigar estos crímenes hagan su trabajo y reforzar el marco jurídico, para ampliar la protección a los periodistas para que puedan ejercer su profesión sin el miedo latente en el que viven hasta el día de hoy. Es cuanto, diputada.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada Hortensia Aragón.
La diputada Hortensia Aragón Castillo (desde la curul): Muchas gracias, presidenta. Quisiera decirles, comentarles a mis compañeros diputados y diputadas, que Miroslava Breach Valducea, fue una mujer ejemplar no sólo porque fue una periodista honesta que hizo siempre su trabajo de la mejor manera, que se vinculó siempre con el tema de los derechos humanos, que estuvo hasta el día de ayer escribiendo sobre el crimen organizado y la violencia que se ha recrudecido en el estado de Chihuahua.
Ella escribió en muchos periódicos, y actualmente escribía para El Norte de Ciudad Juárez, y La Jornada. Una mujer que se hacía cargo de su hijo y se hacía cargo de hacer bien su trabajo; por hacer bien su trabajo el día de hoy recibió ocho impactos de bala.
Yo les pido no un minuto de silencio para Miroslava Breach, sino para todos los periodistas que por hacer bien su trabajo, están siendo callados de la manera más vil, como se puede silenciar a alguien.
Es por esos sentimientos encontrados, de manera lamentable, porque yo fui enterada hace días, de que había sido amenazada de muerte. Y debiera de haber solicitado la protección que se requería para ella, y esos sentimientos encontrados me obligan a plantear que no puede ser lo que se está viviendo en el corazón de la comunicación de la sociedad, lo que hoy tenemos.
Esta Cámara de Diputados y diputadas, está obligada, señora presidenta, a hacer algo, y conmino a los grupos parlamentarios, todos, a que se presente una acción concreta que permita proteger y garantizar el trabajo de los y las periodistas en México. Lamento mucho, mucho, no haberlo dicho a tiempo. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Hortensia Aragón. Desde luego se obsequia el minuto de silencio para tener lugar a ello en el transcurso de la sesión.
Han solicitado la palabra un número importante de diputados, a los que voy a ir dando conforme lo han ido solicitando. Sonido, por favor, en la curul del diputado César Alejandro Domínguez Domínguez.
El diputado César Alejandro Domínguez Domínguez (desde la curul): Muchas gracias, presidenta. Primero condenar este hecho, como diputado del estado de Chihuahua condeno el suceso para nuestra amiga Miroslava.
A Miroslava Breach Belducea me tocó tratarla en dos ocasiones, en dos momentos, pues, de mi vida política, cuando tuve la oportunidad de ser en dos ocasiones diputado local. A Miroslava la caracterizaba su periodismo crítico, la caracterizaba su periodismo firma, la caracterizaba ser una persona echada para adelante, defensora de las instituciones cuando ella consideraba que había que defenderlas, pero también crítica de las mismas cuando consideraba hacerlo de acuerdo a su formación periodística.
Lamentamos profundamente este hecho porque es el segundo que se presenta en los últimos cinco meses en Chihuahua, y en las mismas características. Primero fue Jesús Adrián, de GRD Noticias, saliendo igual de su casa, lo privaron de la vida un sábado. Hoy es Miroslava saliendo de su casa, con ocho impactos de bala que la privan de la vida.
Y es, para nosotros –reitero– doloroso, lamentable, de que regresemos en Chihuahua otra vez a estos escenarios de dolor, a estos escenarios de inseguridad.
Lo plantee cuando presenté el posicionamiento para solicitar la instalación del Consejo Estatal de Seguridad Pública por lo mismo, porque se presentan síntomas que se presentaron en la época más difícil que tuvimos en Chihuahua y esto es lo que no queremos que suceda. La coordinación institucional es lo mejor que debe de pasar y ahorita no existe. El trabajo en equipo es lo mejor que debe de hacerse y ahorita nadie nos convoca.
Por eso reitero el llamado respetuoso a los tres órdenes de gobierno para investigar este hecho, pero particularmente al gobernador del estado, al licenciado Javier Corral Jurado, para reiterarle la petición que le he formulado, que nos invite a platicar, a dialogar, para poder construir una estrategia de seguridad que sea eficaz, para poder hacer las reformas, si tenemos que hacerlas, desde esta Cámara de Diputados, para atender el problema de inseguridad, y si tenemos que colaborar con él, en temas de gestión de recursos, estamos para eso, pero necesitamos que el gobernador nos convoque a este diálogo que tengo desde el 23 de enero pidiéndole y no lo ha realizado. Muchas gracias, y nuestro pésame a la familia de nuestra amiga Miroslava Breach Velducea. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Diputado Domínguez Domínguez, queda asentada su expresión en el Diario de Debates. Sonido, por favor, en la curul del diputado Luis Fernando Mesta Soule.
El diputado Luis Fernando Mesta Soule (desde la curul): Sí. Muy buenos días. En Chihuahua estamos consternados los diputados chihuahuenses, los chihuahuenses, de haber perdido a una amiga del gobierno del estado, una amiga de los chihuahuenses y una gran reportera.
Por eso exigimos y solicitamos no sólo al gobierno del estado, sino también al gobierno federal y a todas las instituciones que tomen en cuenta estos sucesos para poder investigar a fondo y lograr que se lleve a justicia a quienes hayan perpetrado estos crímenes.
También exigimos que en esta Cámara se aprueben –las solicitudes– las iniciativas que se han presentado de los mandos mixtos, que pueden ayudar a reducir y proteger, reducir este tipo de crímenes y proteger a los que en el ejercicio de su profesión nos llevan a cabo una función tan importante para la sociedad.
Creo que debemos –me sumo al minuto de silencio, a las exigencias de justicia y a la exigencia de lo que nos toca hacer en esta Cámara. Hay que votar lo que tenemos que votar para que estas cosas, estas situaciones se reduzcan. Gracias.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Mesta. Queda también asentada su expresión. Sonido, por favor, en la curul del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez.
El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (desde la curul): Gracias, señora presidenta. El motivo de mi intervención es para expresar que, a pesar de las constantes denuncias que hemos realizado por la crisis que vive el sector salud en el estado de Chiapas, el secretario de Salud, el doctor Francisco Ortega Farrera, insiste en actuar con opacidad, con corrupción y, lo peor, que ahora reprimiendo a las y los trabajadores.
Es por ello que le exijo al gobierno del estado de Chiapas que, ante la incompetencia y complicidad del actual secretario, ordene su inmediato cese, su inmediata renuncia. Ni la salud del pueblo de Chiapas ni los derechos laborales de las y los trabajadores pueden estar en manos de hombres viles, corruptos e incompetentes. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Rafael Santiago. Sonido, por favor, en la curul de la diputada María Candelaria Ochoa Avalos.
La diputada María Candelaria Ochoa Avalos (desde la curul): Gracias, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, en apenas cuatro días, tres atentados a periodistas, de los cuales dos están muertos. Fueron asesinados con balas certeras para acallar a voces críticas.
En Veracruz el caso de Ricardo Monlui es lamentable, porque Veracruz es el estado que más asesinatos de periodistas tiene. Ayer Miroslava, hoy Miroslava y también el atentado contra la periodista Alma, en Sinaloa. Los estados en donde se dan estos asesinatos son estados que no son precisamente seguros para los periodistas, pero ninguno de este país.
El día de ayer tuvimos reunión de la Comisión Especial de los Asesinatos a Periodistas y le pedí a la presidenta que le solicitara al fiscal un listado completo de los asesinatos de periodistas por estado, pero además el estado de las investigaciones, porque se dice luego que son asesinatos porque los robaron, porque les quisieron quitar el carro, etcétera, y son asesinatos certeros contra voces.
Por ello quiero pedirle de manera pública en este Congreso, a la presidenta, que comparezca el fiscal especial en la materia, para que nos explique las medidas de protección a los y las periodistas. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Candelaria Ochoa. Sus expresiones quedan asentadas y se dará cuenta de ello para la comparecencia. Sonido, por favor, en la curul del diputado Agustín Basave Benítez.
Agustín Francisco de Asís Basave Benítez (desde la curul): Gracias, presidenta. Me sumo desde luego a la preocupación expresada por compañeras y compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra, en el tema de los periodistas asesinados, pero quiero recordar a esta soberanía también en otro tema, que hoy hace 23 años fue asesinado Luis Donaldo Colosio y que no debemos los mexicanos olvidar esta efeméride, que no veo en el orden del día, por la sencilla razón de que no solamente mataron a un buen mexicano, sino porque ese crimen impune marcó, a mi juicio, el inicio de una espiral de descomposición en el tema de la violencia, que junto con otros factores –es un asunto desde luego multifactorial– ha llevado a México a donde estamos ahora precisamente con esta violencia desbocada.
El mensaje que se envió hace 23 años fue: Todo se vale y si es posible asesinar impunemente a alguien que apuntaba hacia el vértice del poder, es posible asesinar a cualquiera impunemente. Solamente quiero que se registre eso, presidenta, muchas gracias.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Basave. Quedan asentadas sus expresiones.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido, por favor, en la curul de la diputada Claudia Sánchez.
La diputada Claudia Sánchez Juárez (desde la curul): Diputada, para hacer manifiesta la preocupación que ese grupo parlamentario de Acción Nacional y, particularmente, los diputados mexiquenses tenemos respecto de la operación de recursos federales en el Estado de México, en las próximas elecciones.
Quiero decirle y hacer un recordatorio a esta asamblea, que Luis Miranda, quien se autodenomina operador político del gobierno federal y que actualmente lo está haciendo manifiesto, está desviando recursos para la operación política del gobierno federal.
En el Partido Acción Nacional seremos observadores y seremos acompañantes de la ciudadanía, porque en esta ocasión, por primera vez, se tiene la posibilidad de darle alternancia a este estado, que tanto lo necesita.
Me es importante manifestarle que el día de hoy el dirigente de nuestro partido, Ricardo Anaya Cortés, presentará una denuncia ante la Fepade, a partir del video que circula en redes sociales, en donde aparece una exdiputada federal del PRI del Estado de México, Maricruz Cruz Morales, desviando recursos de programas sociales federales hacia la Central Campesina Independiente, organización vinculada con el PRI.
No vamos a permitir que la dignidad de los ciudadanos mexiquenses se vea trasgredida por el uso de programas que tienen que ser permanentes y que no solo tienen que llegar en época electoral.
Los diputados de Acción Nacional vamos a luchar y vamos a estar presentes en estas elecciones, haciendo que la voluntad del pueblo mexiquense se dé a través del voto libre. Muchísimas gracias.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Queda asentada su expresión en el Diario de Debates, diputada Claudia Sánchez y, desde luego, los integrantes de la Junta de Coordinación Política han tomado también conocimiento.
La diputada Yulma Rocha Aguilar (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido en la curul de la diputada Yulma Rocha.
La diputada Yulma Rocha Aguilar (desde la curul): Gracias, presidenta. También para que quede manifiesto en esta asamblea, que los gobiernos no se pueden paralizar o truncar sus acciones por los temores electorales de un partido político, en este caso de Acción Nacional en el Estado de México, donde su candidata está colocada en el tercer lugar de las preferencias electorales.
Los programas sociales tienen mecanismos de protección y blindaje electoral. Nosotros le recomendaríamos a Acción Nacional, que en lugar de estos pronunciamientos se vaya a trabajar con su candidata, para ver si así levanta en las preferencias electorales. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Queda asentada su expresión. Continuamos con comunicaciones oficiales.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Se recibieron...
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido, por favor, en la curul de la diputada Mayra Enríquez.
La diputada Mayra Angélica Enríquez Vanderkam (desde la curul): Muchas gracias, presidenta. Lo que aquí se ha planteado es la denuncia por el uso de los recursos públicos con fines políticos, partidistas, electorales en el estado de México.
En ningún momento se planteó que se analizaran encuestas y creo que este no es tema de esta asamblea. Lo que nos corresponde, como diputados, como diputadas, es cuidar que el recurso público se aplique debidamente, y hay un video circulando en las redes sociales donde queda patente que ese recurso está utilizado para apoyar la campaña política de un partido que es el PRI.
Lamento mucho que la diputada del PRI haga este señalamiento, en lugar de preocuparse porque se cumpla con la ley y porque se respete la legalidad, sobre todo, porque esa es su encomienda principal.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Continúe la Secretaría con comunicaciones oficiales.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Se recibieron de los diputados Alma Carolina Viggiano Austria, David Sánchez Isidoro, Mariana Benítez Tiburcio, Laura Nereida Plascencia Pacheco y Clemente Castañeda Hoeflich, solicitudes de retiro de iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Se recibieron de diversas autoridades 12 contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y por la Comisión Permanente, que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria con su trámite.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Remítanse a las comisiones correspondientes para su conocimiento, y a los promoventes, según corresponda.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Segundo Informe Semestral 2016 del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes que contiene el desglose de las operaciones efectuadas por motivo de las transferencias de bienes propiedad del Gobierno Federal.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Se recibió oficio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, por el que informa que se encuentran disponibles para su consulta, en la página electrónica, los informes finales de la Evaluación de Procesos del Programa de Apoyo a la Educación Indígena 2016, y de la Evaluación Integral de las Políticas de Fomento y Desarrollo del Sector Social de la Economía.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Se recibieron de la Cámara de Senadores las siguientes minutas:
1. Con proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 12 de octubre como Día de la Nación Pluricultural.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a la Comisión de Gobernación para dictamen.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: 2. Con proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 21 de marzo de cada año como el Día Nacional del Síndrome de Down.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Presente.
Por medio de la presente me permito informar a usted que el pasado 14 de marzo del presente el diputado Manuel Espino Barrientos solicitó separarse de este grupo parlamentario para asumir la condición de diputado sin partido por así convenir a sus intereses.
Por lo anterior, y con fundamento en el artículo 6, fracción XII del Reglamento de la Cámara de Diputados, le solicito informar a las instancias correspondientes para la actualización de registros parlamentarios y administrativos a los que haya lugar. Anexo copia simple de dicha solicitud del diputado Espino Barrientos. Sin más por el momento. Agradezco sus atenciones. Atentamente, firma diputado federal Clemente Castañeda Hoeflich. Es cuanto.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: De enterado. Comuníquese y actualícense los registros parlamentarios.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Solicito a las diputadas y los diputados ponernos de pie para brindar un minuto de silencio por el asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea, quien se desempeñaba como corresponsal del periódico La Jornada.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tomen asiento. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido, por favor, en la curul de la diputada Brenda Velázquez.
La diputada Brenda Velázquez Valdez (desde la curul): Muchas gracias, presidenta. El 9 de diciembre del año pasado fue asesinado el periodista Jesús Adrián Rodríguez, en Chihuahua. El 3 de marzo de este año, Cecilio Pineda Brito, en Guerrero. La semana pasada, el 19 de marzo, Ricardo Monlui, en Veracruz. Y hoy amanecemos con la lamentable noticia del homicidio de la periodista Miroslava Breach, en Chihuahua. México es el quinto lugar donde resulta más peligroso ejercer el periodismo, según datos de la Unesco.
Respecto de estos homicidios se ha pronunciado el alto comisionado de las Naciones Unidas y la Unión Europea, entre otros organismos internacionales para condenar los asesinatos de estos periodistas. Es verdaderamente lamentable que tengamos en México un problema tan grave de represión y de limitación a derechos fundamentales como son la libertad de expresión, el derecho a la información y a difundir la misma.
Derechos que están reconocidos en nuestra Carta Magna y que se ven afectados con tanta frecuencia, que hemos visto la necesidad de crear instituciones, mecanismos, comisiones legislativas, etcétera, y el problema no solo se corrige sino que parece empeorar.
En Acción Nacional condenamos estos asesinatos y hacemos un llamado enérgico al gobierno de la República para que de una vez por todas se ponga fin a la violencia contra los periodistas en México y se garantice su vida, seguridad e integridad y el libre ejercicio de su labor periodística. Exigimos a la Feadle atraiga el caso y que se castigue a los responsables.
Como presidenta de la Comisión de dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, hemos estado trabajando fuertemente en este tema, ayer nos reunimos con los fiscales, el procurador de Tamaulipas y dos fiscales del estado de México y ya están pactadas otras reuniones con diferentes fiscales, procuradores y de derechos humanos de toda la República Mexicana. La próxima semana vamos a traer al fiscal para que comparezca ante nuestra comisión y exigir cuentas de estos lamentables asesinatos que han pasado. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Velázquez, queda asentada su expresión.
El diputado Guadalupe Acosta Naranjo (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido en la curul del diputado Acosta Naranjo.
El diputado Guadalupe Acosta Naranjo (desde la curul): Muchas gracias, presidenta. Una atenta sugerencia, en estos momentos en todas las sesiones se utiliza el recurso de hablar desde nuestra curul sobre temas de importancia local o nacional. Sería conveniente que la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva, volviera a abrir el tema de la agenda nacional, para la discusión de diversos temas y no tener que usar el recurso un poco artificioso, y yo la entiendo a usted, de pedir desde la curul para poder manifestar nuestra opinión sobre temas de importancia local o nacional.
El Congreso de la Unión, una de sus funciones es discutir la situación política nacional y que cada quien fije postura. Es una atenta sugerencia para que un punto del orden del día, que siempre existía en el Congreso y que hoy ha desaparecido en esta Legislatura, sea reabrir los temas de importancia nacional para que las distintas expresiones parlamentarias se manifiesten sobre ellos.
Es un grave error haber cancelado el tema de la agenda nacional que era una tradición del Congreso mexicano. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Acosta Naranjo. Los integrantes de la Junta de Coordinación Política han escuchado su expresión y desde luego creo que es un tema importante el que comenta. Gracias.
El diputado Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido por favor en la curul del diputado Antonio Ixtlahuac Orihuela.
El diputado Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela (desde la curul): Gracias, presidenta. Sumado a las expresiones del diputado Agustín Basave, yo le pediría también que le pudiéramos conceder un minuto de silencio a la muerte de Luis Donaldo Colosio a 23 años acaecido, personaje importante de la política, por lo tanto también le pido que le pueda otorgar este pleno y esta Cámara de Diputados a Luis Donaldo Colosio Murrieta un minuto de silencio.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sí, diputado, se otorga el minuto de silencio en honor de la memoria de Luis Donaldo Colosio, y quizá este sea el momento oportuno. Solicito a las diputadas y diputados ponernos de pie para brindar un minuto de silencio por la memoria de Luis Donaldo Colosio.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se recibió del diputado Francisco Xavier Nava Palacios, del Grupo Parlamentario del PRD, iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 4o, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
Se recibió de la diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario de Morena, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7o. de la Ley del Sistema Público de Radio Difusión del Estado mexicano. Túrnese a la Comisión de Radio y Televisión, para dictamen.
Se recibió de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
Se recibió del diputado Jesús Sesma Suárez, iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 17 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en materia de compra consolidada de medicamentos, por pare del Instituto Mexicano del Seguro Social y del ISSSTE, y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde. Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.
Se recibió del diputado Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del PRD, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 60 Bis, 3, de la Ley General de Vida Silvestre, y 420 del Código Penal Federal. Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Justicia, para dictamen.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene el uso de la palabra por cinco minutos, la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 12 y 19 de la Ley General de Educación. Iniciativa suscrita por ella y por el diputado Camacho y demás diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.
La diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz: Con el permiso de la Mesa Directiva, honorable asamblea. Apreciadas y apreciados compañeros, la iniciativa que hoy vengo a presentar propone reformar la fracción V del artículo 12 y adicionar un segundo párrafo al artículo 19 de la Ley General de Educación.
Esta iniciativa es producto de un profundo trabajo de reflexión entre diversos miembros del Grupo Parlamentario del PRI, entre los que destacan nuestro coordinador, el doctor César Camacho Quiroz, así como compañeros integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Los libros de texto gratuitos han sido uno de los principales estandartes de la política educativa mexicana. Es una política sui generis del período revolucionario que ha tenido un papel destacado en el México contemporáneo. A lo largo de un complejo proceso histórico el Estado mexicano ha logrado hacerse de los medios legales, institucionales y humanos necesarios para editar, producir y distribuir libros de texto gratuitos con la convicción que además de un derecho social, es un vehículo que faculte el diálogo y la equidad en la escuela. Desde 1960 a la fecha, la Conaliteg ha entregado más de 5 mil millones de libros, sólo en el actual ciclo escolar se distribuyeron cerca de 200 millones.
Los libros se entregan en propiedad a los estudiantes, lo que requiere que la SEP cada ciclo escolar emprenda la renovación total de la producción con el fin de atender la matrícula existente, ser parte de la afirmación que los alumnos conservan los libros una vez finalizado el ciclo escolar, sin embargo, la experiencia nos dice que esto no es así.
En algunos países desarrollados se espera que los libros de texto gratuitos duren tres, cuatro e incluso más años y que pasen de generación en generación. En México es una realidad diferente, al término de cada ciclo escolar, miles de libros de texto gratuitos en buen estado son desechados, de esta manera terminan en la basura miles de millones de pesos.
Reconocemos diversos esfuerzos de carácter local y nacional que promueven el reciclaje del papel y pese a ello, no existe una política de carácter nacional bien estructurada y definida que incluya la participación de todos los actores.
La propuesta de la presente iniciativa, tiene como objetivo central promover y fomentar el uso responsable y el aprovechamiento y reutilización de los libros de texto gratuitos. Desde luego estamos conscientes de que hay libros de trabajo en los cuales los alumnos realizan anotaciones y por ello no son ni serán susceptibles de ser reutilizados.
También proponemos que se deberá analizar e impulsar el rediseño de libros y materiales, de tal forma que permita la separación de los cuadernillos de trabajo de los libros de texto o la generación de nuevas formas de interacción en clase para potenciar el contenido educativo impreso.
Estamos convencidos de que esta propuesta reportará valiosos y diversos beneficios, entre ellos: aprovechamiento de los recursos educativos y pedagógicos existentes, ahorro de papel y cuidado ambiental, ahorro presupuestal y fomento de una cultura del cuidado de los libros. Consideramos necesario elevar a Ley General de Educación los conceptos: uso o empleo responsable, aprovechamiento y reutilización de libros de texto gratuitos.
Estimadas compañeras, apreciados compañeros, estamos convencidos de que los libros de texto son instrumentos de gran valía, que guían el proceso de enseñanza-aprendizaje. La problemática planteada en la presente iniciativa concierne a la sociedad en su conjunto, cualquier libro que se reutilice contribuye a la aspiración social de fortalecer la cultura del cuidado del medio ambiente y desarrollo sustentable.
Consideramos de gran importancia, utilidad, pertinencia y necesidad las reformas que se proponen en esta iniciativa. Reiteramos que esta propuesta no constituye en ningún momento la pérdida de la gratuidad de los libros de texto que se proporcionan a los alumnos; por el contrario, reconocemos la valía de la gratuidad de los libros de texto y los diversos materiales educativos. Y el Grupo Parlamentario del PRI reafirma su compromiso con este concepto.
Usar responsablemente, reutilizar, aprovechar son verbos que en la actualidad tienen un valor importante. Estoy convencida de que no hay acción más noble y responsable que contribuir al desarrollo sostenible del planeta. Con su respaldo a esta iniciativa lograremos juntos dejar una huella verde más firme en el camino de esta legislatura. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Ortiz Lanz. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.
Saludamos con gusto la presencia de alumnos, acompañados por su profesor Sergio Serrano, de la Preparatoria 4 Vidal Castañeda y Nájera de la UNAM, que hoy nos acompañan, invitados por el diputado José Santiago López. Sean ustedes bienvenidos.
Igualmente, saludamos a los estudiantes provenientes de la Universidad Marista de la ciudad de Mérida, Yucatán, invitados por el diputado Pablo Gamboa Miner. Sean ustedes bienvenidos.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Ulises Ramírez Núñez, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 83 de la Ley General de Población.
El diputado Ulises Ramírez Núñez: Con su permiso, ciudadana presidenta. Compañeros diputados, vengo a presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 83 de la Ley General de Población, bajo los siguientes argumentos.
Para nadie es un secreto el problema que nuestros connacionales están teniendo en Estados Unidos, producto de las políticas del nuevo presidente, Donald Trump. Cientos de compatriotas están siendo repatriados, están siendo muchos de ellos vejados en sus derechos humanos, están desintegrando sus familias, están haciendo cacerías en sus centros de trabajo y esto ha provocado un flujo muy importante de compatriotas que están regresando a nuestras ciudades, a sus centros donde nacieron y esto ha provocado una altísima preocupación en diferentes regiones de todo el país.
Por ello, al hacer una revisión de la Ley General de Población encontramos que en el artículo 83, particularmente en el capítulo quinto encontramos que faltaba incluir en el trabajo de la planeación de vincular todas las actividades del gobierno estatal y municipal para apoyar a todos estos connacionales, faltaba en el artículo 83. Por eso estamos haciendo esta adición para incluir en el capítulo quinto, artículo 83, una modificación para quedar como sigue.
Artículo 83. El gobierno federal, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipales, deberá
1. Implementar programas que garanticen la atención integral de mexicanos repatriados, poniendo especial énfasis en que sean orientados en materia de salud, educación y vivienda;
2. Facilitar la acreditación de la nacionalidad mexicana, la regularización migratoria y la revalidación de estudios;
3. Impulsar programas que faciliten la inserción de los repatriados en el mercado laboral, o en actividades productivas, y
4. Promover la inserción social de las personas mexicanas repatriadas al territorio nacional, así como sus vínculos sociales y culturales, en aras de que su regreso sea digno, productivo y benéfico, en provecho del bienestar familiar y del desarrollo regional y nacional.
Las entidades federativas establecerán oficinas de atención a mexicanos repatriados, con objeto de concentrar y facilitarles el acceso a la información, programas y apoyos. Con ello se pretende integrar a los tres órdenes de gobierno en el proceso de repatriación de nuestros connacionales. Espero contar con su respaldo.
También señalar, ciudadana presidenta, está enlistado también un punto de acuerdo, que he suscrito y espero también tener su respaldo, para apoyar la economía de las familias mexicanas ante el constante incremento del gas LP. Por su atención, muchísimas gracias.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Ulises Ramírez. Túrnese a la Comisión de Población, para dictamen.
Saludamos a estudiantes del Bachillerato Universal Prepa Sí, que hoy asisten a este salón de plenos, invitados por la diputada Cecilia Guadalupe Soto González. Sean ustedes bienvenidos. Igualmente saludamos, con mucho gusto, a alumnos de ciencias políticas de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, invitados por el diputado Raúl Domínguez Rex. Sean ustedes bienvenidos.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Eva Cruz Molina, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Eva Florinda Cruz Molina: Con su permiso, diputada presidente. Como miembro de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, vengo ante esta tribuna a presentar la iniciativa que amplía los derechos de las mujeres que trabajan y la buena crianza de un gran número de mexicanos.
Diputadas y diputados, por primera vez en la historia de este Congreso, este pleno está representado por 42.6 por ciento de mujeres, de ustedes compañeras mujeres espero contar con su voto incondicional para este dictamen positivo de esta iniciativa.
Al 57.4 por ciento de hombres, les quiero recordar que cada conquista de las mujeres ha contado siempre con la sensibilidad de los hombres, y les pido que no olviden que cada uno de ustedes nació del vientre de una mujer. Hagamos lo mismo con las mujeres gestantes y lactantes que trabajan, ampliemos sus derechos, espero contar con su sensibilidad, estimados diputados, también para un dictamen favorable.
El artículo 123 constitucional ha tenido 27 reformas desde el año de 1929 hasta febrero de 2017, pero sobre el tema que nos ocupa sólo ha tenido una reforma, la que amplía de 4 semanas como descanso obligatorio por razones de la gestación hasta 12 semanas.
Desde esta reforma de 1974 ya llevamos 43 años, no esperemos pasar otro medio siglo para reconocer lo que ha recomendado la Organización Internacional del Trabajo. La recomendación es, los miembros deberán procurar extender la duración de la licencia de maternidad a 18 semanas, por lo menos. La iniciativa que propongo, propongo 18 semanas de descanso obligatorio para las mujeres gestantes y lactantes, 6 semanas antes del parto y 12 semanas después del parto.
En términos de lactancia materna se fortalece el derecho de las mujeres a la lactancia de sus hijos, previsto en el mismo artículo 123 constitucional, en términos del cuidado y desarrollo integral infantil.
Propongo que las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación.
Gozarán forzosamente de 6 semanas de descanso, antes del parto, y 12 semanas después del parto, debiendo percibir su salario íntegro.
En el periodo de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos.
Además, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayuda para lactancia, del servicio de guarderías infantiles.
En la Ciudad de México, desde 2015, además de las 12 semanas constitucionales, conceden 18 semanas adicionales con el 40 por ciento de su retribución.
Espero, compañeras diputadas y compañeros diputados, verme favorecida con su voto para esta iniciativa, ya que las mujeres que trabajan necesitan del apoyo de nosotros los diputados y diputadas. Y no olviden, los hombres, que nacieron del vientre de una mujer. Gracias, presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Eva Cruz Molina. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Jesús Sesma Suárez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley General del Sistema Nacional de Salud Pública, a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, suscrita por el propio diputado Jesús Sesma y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Jesús Sesma Suárez: Muy buenos días, compañeros y compañeras. Con la venia de la Presidencia. El día de hoy el Partido Verde viene a presentar una iniciativa que pretendemos o estamos casi seguros que todas las fuerzas políticas aquí representadas nos apoyarán.
Y tiene qué ver con los excesos de los funcionarios públicos. Cada vez es más común saber de los excesos en los que caen los altos funcionarios públicos, tanto de la federación como de los estados, utilizando artículos de lujo para cuestiones personales y de trabajo, o haciendo uso de sus personas subordinadas, que nada tienen que ver con el trabajo que desempeñan.
La gente está harta. En todos lados se comentan estos abusos. La gente no es insensible a lo que están viviendo sus gobernantes, sobre todo en esta época en que hay una crisis a nivel mundial y también a nivel nacional económicamente.
Se desatiende la seguridad pública. Es necesario que los funcionarios públicos dejen de contar con privilegios que dañan el erario público y que provocan que otras áreas importantes de gobierno, como es la seguridad pública, queden sin atenderse.
No más policías, no más soldados como escoltas personales. Una gran cantidad de policías federales o locales, así como soldados y marinos están siendo utilizados como escoltas personales de funcionarios públicos federales, estatales y municipales.
Ciertos secretarios de Estado tienen más de nueve elementos utilizando a marinos, como ya lo comentamos, y no hay ningún fundamento de por qué los estén protegiendo o ante quienes.
Solo algunos funcionarios deben contar con escoltas por la naturaleza del trabajo que desempeñan. ¿A quiénes nos referimos? Al Presidente de la República, gobernadores, procurador general de la república, comisionado nacional de la Seguridad Pública, secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, fiscales generales estatales y directores de policías estatales. Solo ellos deberían tener o contar con escoltas. El que quiera seguridad privada debe pagar por ella.
Debemos acabar con estos privilegios para que los policías, marinos, soldados que se dedican y protegen a la sociedad lo hagan y no hagan nada más uso de esa protección a estos funcionarios.
Un ejemplo de ello, y me refiero a que posiblemente todos aquí lo conocen, es la Ciudad de México. Quienes han podido estar en Polanco, por ejemplo, se reúnen en restaurantes, en cafeterías una gran cantidad de políticos y siempre acompañados de una gran cantidad de escoltas. Lo peor de todo es que la mayoría de estas escoltas son policías, soldados o marinos que cobran del erario público.
Esta legislatura va a tener que ser comparada con la anterior y con la que sigue. Con la anterior, por ser una legislatura que sacó las reformas estructurales que tanto necesitaba nuestro país. Y con la que sigue seguramente por ser recordada con todo lo que viene de las complicaciones que tienen que sacar.
Y esta legislatura, lamentablemente, pudiese ser una con una opacidad en temas de seguridad, y hay que decirlo, no es un tema nada más de esta iniciativa que tiene que ver con las iniciativas de seguridad interior que son de urgencia para poderlas sacar o de mando único. Los recortes presupuestales y los problemas económicos están evitando la aprobación de muchas iniciativas necesarias para la gente como las que ya mencionamos.
Y la propuesta concreta del Partido Verde, respecto a esto, es que con excepción del presidente de la República, de los gobernadores, del procurador General de la República, del comisionado nacional de Seguridad Pública, de los secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina y los titulares de las fiscalías generales y de los cuerpos policiacos de las entidades federativas, queda estrictamente prohibido que cualquier funcionario público cuente con escoltas pertenecientes a las policías estatales, municipales o del Estado Mayor Presidencial.
Existen otras iniciativas, como ya mencionamos, y que esperemos que haya una voluntad política de todos los grupos parlamentarios para poderlas sacar y esperemos que esta iniciativa que presenta el día de hoy el Grupo Parlamentario del Partido Verde, pueda tener la venia de todos ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Gracias a la Presidencia.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Jesús Sesma Suárez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Defensa Nacional, para dictamen.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Magdalena Moreno Vega, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Iniciativa suscrita por los diputados Norma Rocío Nahle García, Virgilio Dante Caballero Pedraza, Rodrigo Abdala Dartigues, del Grupo Parlamentario de Morena, al igual que por la diputada Magdalena Moreno Vega.
La diputada Magdalena Moreno Vega: Con su venia, señora presidenta; compañeras y compañeros diputados. El propósito de la inviolabilidad de los senadores y diputados en los Congresos constituyentes del siglo XIX y XX, así como del Constituyente permanente en su momento, fue salvaguardar la libertad de expresión manifestada en el desempeño de sus cargos y por ende jamás podrían ser reconvenidos por ellas, por lo que en ningún momento por la expresión de sus ideas no podrán considerárseles como trastornadores del orden público y apologistas de un delito.
Habrá que recordar que la constante en los siglos mencionados, fue la clausura de varios Congresos, la persecución y encarcelamiento de legisladores. Así, Carlos María Bustamante, Fray Servando Teresa de Mier, Juan Bautista Morales y José María Luis Mora, por instrucciones de Agustín de Iturbide fueron encarcelados en 1822; y con Victoriano Huerta, 84 diputados fueron encarcelados en 1913.
La doctrina constitucional y la práctica jurisprudencial coinciden en señalar que esta inmunidad es una garantía institucional en favor del Congreso y no un privilegio personal de los legisladores. El fuero constitucional solo opera a favor de los legisladores por las opiniones que manifiesten en el desempleo de sus cargos.
La inviolabilidad o inmunidad del legislador está llamada a cumplir la importante función de garantizar la total y absoluta libertad de palabra de aquel no como un derecho subjetivo otorgado a quien desempeña la función legislativa, sino como un instrumento que tiende a proteger la integridad de la corporación legislativa.
Es decir, es u instrumento jurídico del que fue dotado el Poder Legislativo directamente por el Constituyente, pero que se ejerce por los representantes que periódicamente lo encarnan. Luego entonces el fuero constitucional no es un privilegio, mucho menos sinónimo de impunidad.
En México ¿quiénes gozan del fuero e inmunidad procesal? El presidente de la República, los gobernadores de los estados y el jefe de gobierno de la Ciudad, los secretarios de despacho federales y estatales, los diputados y senadores del Congreso de la Unión, los diputados de los 32 Congresos de las entidades federativas, los miembros del Poder Judicial de la Federación, así como los miembros de los 32 tribunales superiores de justicia de los estados, los consejeros de la judicatura federal y las 32 entidades federativas, el procurador general de la República y los procuradores de justicia de los estados, los integrantes de los ayuntamientos y alcaldías de las 32 entidades federativas, los servidores públicos de los organismos a que la Constitución de la República y de los estados les otorgue autonomía.
Así, atendemos al ámbito federal, estatal y municipal. Son miles de servidores públicos que gozan de fuero e inmunidad procesal. El respeto al estado de derecho y la igualdad ante la ley no puede ser socavado por los servidores públicos que gozan de fuero constitucional.
Es por ello que en nuestra propuesta se conserva la inmunidad parlamentaria. Consiste en que los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas ni procesados o juzgados por ellas, y se conserva que el presidente de cada Cámara vele por el respeto de la inmunidad constitucional de sus miembros y por la inviolabilidad del recinto donde se reúne a sesionar.
En tratándose de los diputados y senadores del Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados de la sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, los diputados de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, el fiscal general de la república, así como el consejero presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, podrán ser sujetos de responsabilidad penal durante el tiempo de su encargo por la comisión de delitos en términos que establezca la ley.
Por otra parte el artículo 112 constitucional establece que no se requerirá declaración de procedencia de la Cámara de Diputados cuando alguno de los servidores públicos a que hace referencia el artículo 111 incurra en la comisión de delitos.
Los servidores públicos enumerados en el artículo 111 de la ley fundamental, serán sujetos de responsabilidad penal por incurrir en conductas ilícitas y, por ende, no gozarán de la protección que actualmente otorga la Constitución de la república.
Por lo antes expuesto los ciudadanos y servidores públicos estarán sujetos al mismo ordenamiento jurídico penal por la comisión del delito. Nadie gozará de privilegios; todos, sin excepción, si incurrieran en hechos ilícitos, tendrán el trato igual ante la ley penal. Esperamos que todos los grupos parlamentarios con su voto favorable apoyen esta iniciativa. Es cuanto.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Moreno Vega. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Macedonio Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Gracias, señora presidenta. Tanto entre los individuos como entre las naciones la vida es un péndulo. Los seres humanos y las comunidades de las que formamos parte oscilamos constantemente de un extremo y otro, en lo ideológico, en lo práctico y en la manera de concebir el mundo, en la forma de pretender resolver esta compleja problemática.
Tal vez el justo medio nunca lo encontremos, pero miren, en el camino construimos. “En el camino, como decía Borges, encontramos a veces la felicidad”. En materia de convivencia nacional, el planeta tierra ha oscilado entre el nacionalismo extremo y la globalización.
La segunda guerra mundial, y la primera, nos mostraron cómo los nacionalismos exacerbados contaminados de imperialismo acabaron con naciones enteras, con regiones completas del mundo y con millones de vidas, de tal manera que después de estas dos contiendas hubo un consenso universal para poder convivir a través de organizaciones internacionales, en particular las Naciones Unidas, y se dieron regionalmente intentos muy sanos y con resultados específicos como la Unión Europea de poder estructurar organizaciones supranacionales que permitieron a los países convivir.
En última instancia es un flujo constante, como decía Heráclito, en búsqueda por el justo medio, que aunque insisto, no es posible encontrar, debemos procurar hallarlo de alguna manera.
Es por eso que ahora el tema de convivencia internacional, vengo a presentar una propuesta a título personal, y a nombre de la fracción a la que pertenezco, para que México pueda constituir parte de parlamentos internacionales.
Ya existe en Europa un Parlamento Europeo, ya está la Constitución de Costa Rica, en la de Honduras, en la de El Salvador, en la de República Federal de Alemania la posibilidad de que esas naciones constituyan estructuras supranacionales de índole parlamentario, De tal manera que viendo cómo ahora el mundo después de una tendencia sobre la globalización se está enconchando de nuevo, no voy a mencionar naciones ni individuos de recuerdo ominoso, pero viendo que se está, el nacionalismo exacerbado, multiplicándose con el riesgo de reproducirse, creo que es momento amigos, amigas de intuir en nuestra Constitución, en particular a través de una adición al artículo 39, la posibilidad de que México forme parte de un parlamento mundial.
Ya sé que no está a la vista, ya sé que no será inmediato, pero creo esta legislatura puede pasar a la historia como una legislatura que hizo una aportación extraordinaria para evitar el exacerbado nacionalismo.
No quiero decir con esto que el nacionalismo sea algo malo, su principal teórico, el filósofo alemán Johann Gottfried von Herder lo dijo: nacionalismo consiste en la convivencia pacífica de naciones en este mundo. Lo que pasa es que la convivencia a veces traspasa los límites del respeto y de la honorabilidad, de la dignidad. Es cuando los países en su pretensión de ser únicos e irrepetibles ven con desprecio a los demás y dejan de respetarlos.
De tal manera que abogo por un parlamento internacional, abogo por una comunidad mundial que resuelva los problemas de toda una humanidad que de esta forma se vea impelida a tener más integración política, económica y social.
Esta iniciativa obviamente no es exclusivamente mía. Hace tiempo fue presentada en esta Cámara por un excelso legislador, maestro mío, don Juventino Castro, fue presentada con otros términos, otras palabras, pero aquí estuvo y desafortunadamente entiendo que precluyó con la muerte de este legislador, ha sido difundida por organizaciones civiles de orden mundial, por juristas como Francisco Plancarte y García Naranjo, de tal manera que no soy el único que pretende que México suscriba este tipo de organizaciones internacionales, de tal manera que la presento con mucho respeto esta tarde y les pido eventualmente su apoyo. Gracias, y buenas tardes.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Tamez Guajardo. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
Saludamos a alumnos y maestros de las escuelas primarias de la Zona Escolar 160, del distrito seis, de Puebla, invitados por la diputada Xitlalic Ceja García. Sean ustedes bienvenidos.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Luis Manuel Hernández León, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 183 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
El diputado Luis Manuel Hernández León: Con su permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, me dirijo a esta asamblea para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 183 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, cuya finalidad es otorgar una segunda prórroga para pagos de amortización de capital e intereses cuando un trabajador deje de prestar sus servicios en el sector gubernamental.
El artículo 4o. de nuestra Constitución establece, en su párrafo séptimo, que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa, la ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.
En congruencia con lo anterior, el artículo 4 de la Ley del ISSSTE establece que los préstamos hipotecarios y financiamiento en general para la vivienda, en sus modalidades de adquisición en propiedad de terrenos o casas habitación, construcción, reparación, ampliación, etcétera, sí como para el pago de pasivos adquiridos por estos conceptos, son prestaciones de carácter gratuito.
Asimismo, de acuerdo con lo que establece el primer párrafo del artículo 183 de esta ley, se prevé que en el caso de que el trabajador acreditado quede desempleado se le pueda otorgar una prórroga por un plazo máximo de 12 meses sin causar intereses moratorios, situación que le otorga una protección ante el desempleo para pago de los créditos hipotecarios otorgados por el Fovissste.
Lo anterior puede parecer una ayuda para los trabajadores al servicio del Estado, y de hecho lo es, sin embargo esta norma no es equitativa con los derechos de los que gozan los trabajadores que se acogen al régimen de seguridad social previsto en el apartado A del artículo 123 constitucional. Lo anterior se hace evidente cuando analizamos que en la Ley del Infonativ se advierte que cuando un trabajador hubiere recibido crédito del instituto, este le otorgará a partir de la fecha en que haya dejado de percibir ingresos salariales, prórrogas en los pagos de la amortización que tenga que hacer por concepto de capital e intereses ordinarios.
Se establece además en este precepto, que durante dichas prórrogas los pagos de principal y los intereses ordinarios que se generan se capitalizarán al saldo insoluto del crédito, indicando también que las prórrogas que se otorguen al trabajador no podrán ser mayores de 12 meses cada una, sin exceder en su conjunto más de 24 meses, las cuales terminarán anticipadamente cuando el trabajador inicie una nueva relación laboral.
Como podemos corroborar, los trabajadores al servicio del Estado que dejan de prestar sus servicios carecen de las mismas oportunidades de prórroga para los pagos de amortización, que aquellos que se acogen al apartado A del artículo 123 de nuestra Carta Magna.
En Nueva Alianza estamos comprometidos a mejorar las condiciones de vida de todos los trabajadores del país sin importar a qué régimen pertenezcan, por este motivo consideramos indispensable y posible mejorar la redacción del artículo 183 de la Ley del ISSSTE, para favorecer a los trabajadores en los casos ya mencionados.
Así, se busca que cuando un trabajador deje de prestar sus servicios les sea otorgada prórroga hasta por dos ocasiones, sin causar intereses en los pagos de amortización por concepto de capital e intereses. Lo anterior señalando que las dos prórrogas no podrán ser consecutivas y que cada una de ellas tendrá un plazo máximo de 12 meses, sin que puedan exceder en su conjunto más de 24.
Compañeras y compañeros, estamos convencidos en que coincidirán con la postura que en Nueva Alianza tenemos en ayudar a mejorar la calidad de vida de los trabajadores de nuestro país. A todos nuestros compañeros legisladores y, particularmente, a los que tenemos origen sindicalista, les solicitamos su apoyo y su respaldo a la iniciativa para favorecer a los trabajadores de México. Muchas gracias por su atención.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Hernández León. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados.
La diputada Refugio Trinidad, Garzón Canchola: Muchas gracias, diputada presidenta. Buenos días y buenas tardes a todos. Compañeros legisladores, a los invitados que nos acompañan en este recinto y a las personas que nos hacen el honor de seguirnos a través del Canal del Congreso.
En esta ocasión hago uso de esta tribuna para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos del Reglamento de la Cámara de Diputados, misma que solicito a la Presidencia sea insertada en sus términos en el Diario de los Debates.
Quiero explicar el objetivo que tiene la propuesta y los motivos que me impulsan a hacerlo. El objetivo es fortalecer el debate parlamentario, estimular la participación de las y los diputados, la discusión y aprobación de los proyectos que se presentan en este pleno, así como el enriquecer el debate parlamentario mediante la reforma al Reglamento, que inhiba la ausencia de los legisladores durante las sesiones del pleno, considerando que esta ausencia es un agravio a la representación que ostentamos como funcionarios.
Para nadie es secreto la molestia que genera en los ciudadanos la ausencia de los diputados durante la sesión del pleno y no puede ser de otra forma debido a la naturaleza de la actividad legislativa que tiene la Cámara de Diputados y siendo esta nuestra responsabilidad. Legislar es la tarea fundamental del Poder Legislativo y, para ello, la Constitución Política establece la obligación del Congreso General de reunirse en dos periodos de sesiones ordinarias al año.
Bajo este mandato constitucional, el Reglamento de la Cámara dispone que las sesiones del pleno preferentemente se realicen los días martes y jueves de cada semana. Asimismo, prohíbe que las reuniones de las comisiones empaten con las sesiones del pleno.
Sin embargo, la costumbre ha superado al marco jurídico y las comisiones en su mayoría convocan a sesión el mismo día y hora de la sesión del pleno, razón principal de la ausencia de los legisladores durante las sesiones, aquí en este recinto.
Ante tal circunstancia, es indispensable robustecer el Reglamento y en este sentido recalcar en las obligaciones de las comisiones y de los comités a cumplir con el marco jurídico, considerando que el pleno es el órgano de máxima decisión de la Cámara y que este parlamento se integra de 500 diputados y diputadas. Entonces, no es dable conceder que los curules se encuentren vacíos, cuando se supone que la obligación de cada uno de nosotros es asistir y permanecer en las sesiones a las que somos convocados.
Hacer lo contrario indigna al cargo que representamos, como representantes populares, tomando en cuenta que en esta soberanía se toman decisiones que impactan en la vida de los mexicanos. Por ello, la ética del legislador debe conducir la vida de la Cámara.
Sin embargo, la falta de regulación eficaz permite que se vote sin conocer el contenido de dictámenes, por lo que considero necesario incorporar la excusa del legislador para votar cuando por ausencia desconozca el dictamen y otorgar la facultad a la Presidencia de la Mesa Directiva, de recursar, recusar, perdón, a quien debiendo excusarse no lo hiciere.
Para el caso de las votaciones nominales, el presidente de la Mesa Directiva solicitará el bloqueo automático del acceso a los y las legisladoras ausentes, durante la discusión que sea por un periodo mayor de 30 minutos, algo que ocurre con frecuencia durante las votaciones nominales o a mano alzada, para los que no conocen el término de votación nominal.
Es la generación de la duda respecto del resultado de alguna votación, para obligar a que se reponga el procedimiento, dando con ello tiempo a convocar de manera urgente a los diputados y diputadas integrantes de un determinado grupo parlamentario para alcanzar el voto a conveniencia de éste, mayoriteando la votación.
Desde luego que éste es un acto desleal, por lo que también propongo el bloqueo de acceso al salón de sesiones desde el momento que dé inicio la votación nominal hasta el momento en que quede resuelta en definitiva la votación de que se trate.
Es decir, si habiendo duda de la votación y se requiera de una nueva votación, ésta se efectúa en un clima de democracia.
Como pueden ver, la intención de la presente iniciativa es dignificar la actividad parlamentaria que genere mayor certidumbre, un piso parejo en el desarrollo de nuestra actividad en este recinto, y con ello generar mayor confianza en la ciudadanía. Es cuanto y muchas gracias.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Refugio Trinidad Garzón. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para su dictamen.
Saludamos con mucho gusto a representantes del municipio Santiago el Pinar, de Chiapas, invitados por el diputado Diego Valera. Sean ustedes bienvenidos. De igual forma saludo a estudiantes y profesores de la preparatoria, plantel sur, de la Universidad Autónoma de Querétaro, invitados por el diputado Braulio Guerra Urbiola. Bienvenidos.
Así como alumnos del Centro de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios número 6 de la delegación Tláhuac de la Ciudad de México, invitados por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano. Sean todos bienvenidos. Saludamos la presencia del grupo Mujeres de Corazón, invitados por la diputada Bárbara Botello, que hoy nos acompaña.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Juan Alberto Blanco Zaldívar, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, iniciativa suscrita por el diputado Blanco Zaldívar y Juan Corral Mier, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
El diputado Juan Alberto Blanco Zaldívar: Buenos días, compañeras diputadas y compañeros diputados. Saludo a la gente que nos acompaña a través del Canal del Congreso en su edición de este día.
Antes de empezar quiero, una vez más, mandar nuestro más sentido pésame por la irreparable pérdida de Miroslava Breach Velducea, compañera amiga de Chihuahua; periodista de La Jornada del Norte, de Ciudad Juárez. Madre de familia, toda una emprendedora. Segundo periodista asesinado de Chihuahua en los últimos cuatro meses. A través de este medio les hacemos llegar a sus familiares y amigos nuestro más sentido pésame.
Para empezar, quiero agradecerle y reconocer al diputado Juan Corral Mier, compañero diputado de la bancada, por contribuir, de hecho tener la idea de esta iniciativa. Para Acción Nacional el municipio es el eje de la estructura política nacional y espacio privilegiado para el desarrollo del país.
Por ello, consideramos esencial que la promoción de esta iniciativa para que se dote a los gobiernos municipales de estructura y personal, que esté a la altura, que pueda ayudar al desarrollo de la comunidad es esencial.
El gobierno municipal, como primera instancia de administración pública y la más cercana a la ciudadanía, es también el espacio donde se pueden llevar a cabo los procesos democráticos esenciales, favoreciendo la participación ciudadana en la vida pública.
Sin embargo, debemos reconocer que el desarrollo y el desencanto que ha tenido la democracia en nuestro país es una realidad. La ciudadanía está cansada, decepcionada y la razón es clara: no se pueden creer y no se sienten tomados en cuenta en esta acción democrática que estamos teniendo.
No es garantía de desarrollo ni mejoramiento de las condiciones de la vida de la población y ahí es donde el gobierno municipal juega un papel fundamental para que haya eficacia y legitimidad en los gobiernos más cercanos a la ciudadanía.
El problema de la mayoría de los gobiernos municipales es que están muy lejos de tener verdaderos procesos para la definición de políticas públicas. Ello, sin duda, entorpece sus labores y merma el cumplimiento de los objetivos de los gobiernos municipales.
En el PAN, consideramos importante construir un marco normativo que rija a los gobiernos municipales, acorde a las necesidades de la ciudadanía. Se trata pues, de impulsar la planeación y una política pública con visión de largo plazo, a la cual se asignen los recursos humanos y materiales necesarios para el desempeño de la operación de todos los programas que los municipios tienen al alcance.
En ese sentido, la presente iniciativa propone la profesionalización del personal municipal como una alternativa efectiva que abona a la eficiencia y a la transparencia de los gobiernos municipales. El objetivo es que el personal que elabora de la mano de los alcaldes, las gentes cercanas, las gente que tiene en las que descansar su trabajo tengan conocimientos, habilidades y actitudes para cumplir con sus funciones.
Por ello, se hace necesario un programa de capacitación permanente y asesoría que permita contar con servidores públicos estables y profesionales en los asuntos públicos locales. El Servicio Profesional de Carrera Municipal, que es lo que estamos proponiendo hoy en esta iniciativa, contribuirá, entre otras cosas, a la optimización de los recursos públicos federales, a fin de que beneficien al mayor número de habitantes y éste es un objetivo primordial en tiempos de recortes presupuestarios como los que hoy estamos viviendo en México, por supuesto que se requiere de un procedimiento claro en el proceso de reclutamiento del personal, la selección y los concursos de ascenso, así como los incrementos salariales que sean claros y transparentes.
Seguramente la opinión pública sobre el Servicio Civil de Carrera será positiva, pues significará que quien ostente un cargo lo obtiene gracias a su capacidad y preparación y no por otro tipo de prácticas desleales o ventajosas.
Adicional a lo anterior, se dotaría a los municipios de mayores oportunidades en el ejercicio de la administración pública municipal, dándoles mayores atribuciones al municipio en la materia, ya que contarán con recursos económicos necesarios para la creación de programas, mejorando la infraestructura en áreas de capacitación e invirtiendo en las áreas más urgentes y necesarias que cada municipio tenga.
Con este proyecto se abre un espectro amplio de grandes ventajas para los municipios, sin hacer a un lado que cada uno tiene una identidad y forma y naturaleza propia que en algunos casos, muy seguramente los procesos de adaptación y aplicación de esta reforma llevarán tiempos y acciones diferentes, pero que son necesarios acorde a las necesidades que vive el país.
Señoras y señores diputados, Acción Nacional concibe la política como una gran oportunidad para ayudar y servir al hombre y a la comunidad a la cual pertenecemos, más que para ser un dominio sobre los demás.
En congruencia, hoy pongo a su consideración la presente iniciativa. Es tiempo de que hagamos valer el pleno respeto a la autonomía municipal y brindemos las herramientas necesarias a las alcaldías para la justa profesionalización de su personal y el cumplimiento de sus objetivos planteados.
La reforma al artículo 115 constitucional que hoy estamos promoviendo, será sin lugar a dudas un parteaguas en la administración pública municipal. Es cuanto, señora diputada presidenta, muchas gracias.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Juan Blanco. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
Saludamos con mucho gusto al profesor Cayetano Armenta, a la profesora María Elena Rubio, a la licenciada Miriam Armenta Rubio, de Guasave, Sinaloa que hoy nos acompañan, invitados por el diputado Jesús López Rodríguez. Sean ustedes bienvenidos.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Sergio López Sánchez, de Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2 de la Ley del Banco de México.
El diputado Sergio López Sánchez: Muchas gracias. Con su permiso, diputada presidenta. Presentaré tres iniciativas en esta exposición. Presento iniciativa que reforma el artículo 2 de la Ley del Banco de México, la iniciativa que reforma el artículo 12 de la Ley de zonas Económicas Especiales y el proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Minera.
Hoy México se enfrenta a un contexto interno y externo complejo. En este ambiente algunas de las reformas estructurales que fueron propuestas por la actual administración federal, presentan problemas de instrumentación y otras de maduración en un ambiente institucional complejo y debilitado.
Se estima que sólo una de las reformas estructurales, en especial la hacendaria, presenta resultados relativamente positivos en términos de captación tributaria, pero reporta serios problemas en términos de transparencia y destino de los recursos.
También hay serios problemas en términos de eficiencia del gasto. El gasto presenta una trayectoria creciente en los últimos años, pero tiene un impacto prácticamente nulo en términos de crecimiento económico. En suma, el gasto crece pero no crece la inversión ni la economía.
Otro gran problema es que ese gasto viene acompañado de un endeudamiento creciente, a pesar de que los ingresos crecen. El asunto se hace más complejo si observamos la trayectoria del saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, el cual en 2014 representaba 42 por ciento del PIB, y al mes de diciembre de 2016 llegó a 50 por ciento del PIB. Esto es realmente preocupante porque los niveles de endeudamiento crecen y la justificación que posibilitó flexibilizar el déficit, no se verifica.
El Banco de México y la Secretaría de Hacienda no toman medidas contundentes ante este problema y sólo coincide en proyectar a la baja las expectativas de crecimiento de la economía mexicana.
Por todo lo anterior, es importante promover urgentemente un cambio normativo que dé lugar y sustento a un cambio de estrategia de la política económica.
México debe alinear la política fiscal con la política monetaria para impulsar de manera consistente y con ejes de crecimiento endógeno, un mayor impulso a la economía mexicana.
Es necesario complementar la reforma hacendaria con una reforma monetaria con el fin de habilitar al Banco de México de más instrumentos para promover el crecimiento de la economía, sobre todo por los pobres resultados obtenidos en términos de crecimiento y desarrollo económicos de nuestro país en los últimos 20 años.
Para resolver este problema presentamos esta reforma monetaria con el fin de habilitar al Banco de México de instrumentos robustos para apoyar la economía real, el mercado interno, la inversión y el empleo.
El Estado en cualquier economía del mundo debe de ser robusto y garantizar estabilidad y crecimiento económico mediante el uso adecuado de instrumentos fiscales, monetarios y financieros.
El Estado debe posibilitar que nuestras instituciones y las políticas que de ellas emanen, promuevan la economía real de tal manera que los agentes económicos incrementen la inversión, el empleo, el ingreso, el consumo, el ahorro en un contexto de apertura económica y competitividad productiva; debe propiciar desarrollo económico en un ambiente de estrecha vigilancia de la evolución de los agregados fiscales, monetarios, inflación, nivel de las reservas y el tipo de cambio.
El Estado debe perseguir, alcanzar y sostener crecimiento económico real al menos del doble de lo que a la fecha se ha logrado y deber verlo como una consecuencia de la evolución estable del mercado interno y de los fundamentales macroeconómicos. Si el perfil de los indicadores reflejan estabilidad real, la consecuencia inmediata es la presencia de crecimiento económico convirtiendo este proceso en un círculo virtuoso.
Por todo lo anterior, es prioritario que el Estado mexicano cuente con un banco central autónomo que contemple dentro de sus importantes objetivos la promoción del crecimiento económico.
La presente iniciativa tiene por objeto facultar al Banco de México para promover el crecimiento de la economía, con la finalidad de lograr un sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos.
Adicionalmente informo que presento dos iniciativas más, la primera reforma al artículo 12 de la Ley de Zonas Económicas Especiales con el fin de incorporar e incrementar los insumos nacionales a los procesos productivos de las zonas.
La segunda, con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Minera en materia de consulta indígena. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias diputado Sergio López Sánchez, quien presentó en una misma intervención tres iniciativas.
Por lo que hace a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2 de la Ley del Banco de México, túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
Por la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 12 de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, túrnese a la Comisión de Economía, para dictamen.
Y respecto a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Minera, túrnese también a la Comisión de Economía, para dictamen.
Saludamos la presencia de alumnos de nivel preparatoria del Colegio La Florida de la Ciudad de México, quienes acuden a este salón de pleno, invitados por la diputada María Ávila Serna. Sean ustedes bienvenidos.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Elías Ojeda Aquino, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adicione el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Elías Ojeda Aquino: Con su venía, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, a propósito del 79 aniversario de la expropiación petrolera, ocurrido hace unos días, cabe hacer una reflexión sobre las reformas a la Constitución y a las maneras previstas en el mismo texto para modificar su contenido.
Hasta ahora se han publicado 231 decretos, 699 reformas y casi 1 millar de modificaciones a 114 de los 136 artículos, es decir, una transformación de más del 80 por ciento de la versión original de la Constitución proclamada en 1917.
Esto demuestra abuso, que se ha hecho de las reformas a la Carta Magna. No sólo es una numeraria, que francamente resulta excesiva, sino que representa un viraje de 180 grados sobre el contenido, sobre las decisiones políticas fundamentales que ha realizado primero el partido de Estado, el PRI, durante todo el siglo XX y desde los años 90 ese instituto político aliado con partidos satélite o aquellos que siempre han buscado revertir las conquistas fundamentales de la Revolución Mexicana.
Baste ver las reformas constitucionales que han sido el eje del Pacto contra México y que han resultado desastrosas para el país, como la mal lograda reforma educativa y la reforma energética. En nuestro marco normativo se impide hacer una revisión del procedimiento y del contenido de las reformas constitucionales.
Después de la reforma constitucional, en materia de derechos humanos, del año 2011 se introdujeron una serie de candados que impiden a los ciudadanos ejercer actos de revisión del contenido reformador de la Constitución.
Primero, en el artículo 35, fracción VIII, numeral 3, impide realizar consultas populares sobre casi cualquier tema, por considerar que tiene efectos sobre la economía nacional. Es relativa a la forma de gobierno o a la seguridad nacional. Todas las tentativas que se hicieron al recolectar millones de firmas para solicitar una consulta fueron rechazadas por la Suprema Corte simplemente porque el texto constitucional lo prohíbe.
Por otro lado, en la nueva Ley de Amparo, en su artículo 61 señala que el juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución. Esto deja a los gobernados en estado de indefensión ante los abusos y la dictadura de la mayoría parlamentaria, sin importar que con sus votaciones se modifiquen decisiones políticas fundamentales.
La rectoría del Estado sobre la economía y la propiedad de los hidrocarburos, el gas y el petróleo, son un ejemplo claro cómo unos cuantos pueden votar en contra del interés popular mayoritario y otorgarle privilegios a una minoría, y aun peor, a las empresas extranjeras y hasta ahora nada puede hacerse porque ha quedado inscrito en la Constitución.
En tal virtud, propongo que se adicione un tercer párrafo al artículo 135 constitucional, donde se tenga la oportunidad de impugnar violaciones al procedimiento de reformas a nuestra Carta Magna, así como la infracción, restricción o menoscabo a las decisiones políticas fundamentales, mediante los medios de control constitucional como son el juicio de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, que son mecanismos procesales que tienden a reivindicar el espíritu garantista de nuestro país.
Por ello, una reforma constitucional que permita el control a la Constitución y sus modificaciones, es indispensable. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Ojeda Aquino. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 213 y 244 del Reglamento de la Cámara de Diputados, iniciativa que suscribe la diputada Ramírez Nachis, María Victoria Mercado Sánchez y el diputado Carlos Lomelí Bolaños, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La diputada Rosa Alba Ramírez Nachis: Buenas tardes, queridos compañeros. A quienes nos siguen por el Canal del Congreso y al pueblo de México, el día de hoy, a título de mis compañeros y el mío propio, presentamos ante ustedes esta iniciativa con el firme propósito de que la transparencia y la rendición de cuentas se haga propia de esta honorable Cámara de Diputados.
La confianza debe ser la base que sostiene a nuestra democracia, esa confianza hacia los servidores públicos y representantes de esta Cámara de Diputados no es inherente al hecho de ser diputados, se debe ganar por el cumplimiento de nuestras obligaciones día a día.
Hace algunos años, el 15 de septiembre de 2012, en que se conmemoró el Día Internacional de la Democracia, se dio a conocer la declaración sobre transparencia parlamentaria. Esta declaración sobre transparencia parlamentaria se constituyó como un llamado a los Parlamentos nacionales y a los órganos legislativos subnacionales para poder promover la cultura de la transparencia.
La apertura parlamentaria en nuestro país ha sido una exigencia de los ciudadanos, pues cada día demandan más y más información de lo que sucede dentro de esta Cámara de Diputados.
Ciertamente esta oportunidad de transparentar la rendición de cuentas hoy le permite a los ciudadanos cotejar lo que sucede con el dinero del pueblo de México. Sin embargo, el pueblo de México considera que le hemos fallado y hay diversas organizaciones, entre ellos la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa, que señala que en este Continente Americano, al que nosotros pertenecemos, únicamente el 51 por ciento de aprobación en transparencia legislativa se proyecta hacia los gobernados, en este parámetro se incluye al pueblo de México.
Ciertamente, nuestro país incrementó un poco, pues aumentó del 39.5 al 54.10 por ciento, sin embargo, esto fue un avance muy pequeño en razón de lo que demanda el pueblo de México.
Gracias a la oportuna aplicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, hoy los ciudadanos pueden accesar a los portales y realizar el seguimiento. Sin embargo, en el Reglamento de la Cámara de Diputados no se ha actualizado, para que sea la rendición de cuentas oportuna y completa para los mexicanos que lo consulten.
Por ello, considero importante proponer a esta asamblea la armonización del Reglamento de la Cámara de Diputados, a fin de precisar y hacer del conocimiento de los ciudadanos el cumplimiento de la obligación de la norma antes citada.
Mediante la modificación del artículo 213 y 244 del Reglamento de esta Cámara, nos permitirá la oportunidad de precisar la información que se pondrá a disposición del público, los tiempos en que se debe actualizar, para que sean acordes con las leyes de transparencia y acceso a la administración pública.
Es necesario que en temas de transparencia y rendición de cuentas estemos nosotros a la vanguardia, porque con ello enviaremos un mensaje preciso a los ciudadanos, de que en esta casa del pueblo se predica con el ejemplo.
No es tan difícil, compañeras y compañeros, pero sí existen serias deficiencias que nos recriminan y nos ponen en las primeras planas de los medios informativos para criticarnos y exponernos.
No hay necesidad, hagamos que lo que parece turbio se convierta en transparente y que quede ahí para que todos puedan constatar, que lo que se hace en esta Cámara de Diputados es servirle a los mexicanos, con transparencia y con honradez, pues para muestra basta un solo botón.
He de decirles, que en la subrogación de los servicios de aseo y limpieza, en esta Cámara de Diputados, año con año se erogan más de 30 millones de pesos. Sin embargo, no se sabe cómo, a quién ni en qué consisten los contratos que se adquieren con este personal de prestación de servicios.
Y lo peor de todo es que ni siquiera se tiene un señalamiento puntual de indagatoria de cómo se supervisa el cumplimiento del contrato de ambas partes y únicamente se limitan a contestar que el cumplimiento es exclusivamente a través de la observación, de los medios oculares.
Entonces, no hagamos cosas buenas que parezcan malas, seamos transparentes. Esto es tarea de todos y el pueblo de México nos lo va a agradecer. Muchas gracias, presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Rosa Alba Ramírez Nachis. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para dictamen.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Carlos Gutiérrez García, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 76 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
El diputado Carlos Gutiérrez García: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, en esta ocasión nos dirigimos a esta asamblea para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones III y VII del artículo 76 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, cuya finalidad era robustecer el marco normativo que regula los requisitos comerciales del comercio por Internet para brindar mayor seguridad en este tipo de transacciones.
Todos hemos hecho compras por Internet, esta práctica se ha vuelto cada vez más común. Y si para nuestra generación y la que nos antecede se ha vuelto una herramienta útil para las transacciones. Para las nuevas generaciones se ha convertido en la forma primordial de comercio. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el comercio electrónico es el proceso de compra, venta o intercambio de bienes, servicios e información a través de las redes de comunicación.
El comercio electrónico ha tenido un incremento sostenido a nivel mundial y nuestro país no ha sido ajeno a este crecimiento.
En México, según estimaciones de la Asociación Mexicana de Internet, el comercio electrónico ha registrado un crecimiento sostenido superior al 42 por ciento desde el año 2011. Alrededor de 45 millones de mexicanos utilizan Internet y más de 17 millones realizan compras por este medio.
La misma asociación menciona que en 2012 el 44 por ciento de los internautas mexicanos compraron algún producto o servicio por Internet en un sitio mexicano, lo cual representó un 9 por ciento con respecto al año anterior.
En la legislación nacional corresponde a la Ley Federal de Protección al Consumidor promover y proteger sus derechos, así como procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.
En ese sentido la referida ley establece en su artículo 1, fracción VII, que la real y efectiva protección al consumidor en las transacciones efectuadas a través del uso de medios convencionales, electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, y la adecuada utilización de los datos aportados constituyen un principio básico de las relaciones de consumo.
En ese orden de ideas, la ley cuenta con un capítulo 8o. Bis referente a los derechos de los consumidores en las transacciones efectuadas por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología.
La fracción II del artículo 76 de la ley vigente menciona que en las transacciones efectuadas los proveedores proporcionarán su domicilio físico, números telefónicos y demás medios a los que pueda acudir el propio consumidor para presentarles sus reclamaciones o solicitarles sus aclaraciones.
En Nueva Alianza consideramos que existe un vacío legal con solo la presentación de estos requisitos, ya que no conocemos mayores datos de la persona y del bien o servicio a comprar. Es por este motivo que resulta inaplazable fortalecer la información y los requisitos mínimos para proteger efectivamente a los consumidores.
En este sentido proponemos que se incluyan también el nombre o denominación social, la dirección física y virtual, los datos de contacto, como teléfono y correo electrónico, el precio de los productos o servicios; así como las condiciones para la compra, transporte y entrega de los mismos productos.
Todo lo anterior, a efecto de concertar una compra-venta virtual segura para el consumidor. Es una realidad que las transacciones virtuales en nuestro país no se encuentran del todo reguladas y aún carecen de obligaciones jurídicas adecuadas y pertinentes. Por esa razón, se aplica la legislación civil y mercantil de forma supletoria para cumplir con los requisitos que hacen legal la compra-venta.
En Nueva Alianza, queremos dar certeza jurídica a todos los consumidores del país, por ello proponemos que se incorpore una fracción al artículo 76 Bis de la ley, en el que se establezca que el proveedor deberá abstenerse de utilizar estrategias de venta o publicitarias que no proporcionen al consumidor información clara, segura y suficiente sobre los servicios ofrecidos, en particular, tratándose de prácticas de mercadotecnia dirigidas a la población vulnerable, incorporando mecanismos que adviertan cuando la información no sea apta para esa población.
Las y los diputados turquesa estamos comprometidos con el bienestar y el desarrollo de todos los mexicanos, por ello, como parte de nuestra agenda legislativa, buscamos proteger los derechos del consumidor, mejorar la información de mercados y garantizar el derecho a la realización de operaciones comerciales, claras y seguras.
En Nueva Alianza estamos decididos a robustecer nuestro marco legal para tener un comercio electrónico más confiable. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Carlos Gutiérrez García. Túrnese a la Comisión de Economía, para dictamen.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Saludamos la presencia de alumnos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la Facultad de Derecho y Criminología. Invitados por el diputado Baltazar Martínez Montemayor. Bienvenidos, muchas gracias por su presencia.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra por cinco minutos, la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
La diputada Melissa Torres Sandoval: Con su venia, diputada presidenta. A decir del Inegi en los últimos cinco años, se ha registrado un aumento de la esperanza de vida en México, siendo que para el año 2015 la media nacional se ubicó en 76 años de edad, esta cifra revela la transformación de la composición demográfica en el país.
Por ello, hoy más que nunca es necesario tomar medidas urgentes para atender las necesidades de este grupo atareo que crece a una gran velocidad. Los adultos mayores se encuentran muchas veces en una franca situación de vulnerabilidad; la falta de políticas públicas y una legislación deficiente, provoca que sufran discriminación, aislamiento y vulneración a sus derechos humanos.
Uno de los problemas que enfrentan es el de no poder acceder a un crédito u otros servicios financieros, lo que supone una lesión a su independencia económica y un freno a su desarrollo personal y a la plena inclusión en sus comunidades.
Igualmente, existe un numeroso grupo de adultos mayores que trabajaron bajo un esquema en el cual no contaban con seguridad social y que hoy en día no cuentan con una pensión que les provea de los recursos necesarios para conservar un nivel de vida digno.
Las y los diputados de Encuentro Social creemos que es nuestra responsabilidad crear propuestas que contribuyan a erradicar todas las formas de discriminación, en este caso, la discriminación por edad. Es nuestro deber incentivar a la sociedad para fortalecer la independencia, la capacidad de decisión y el desarrollo personal y comunitario de los adultos mayores.
Al respecto, en septiembre de 2016 el pleno de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México aprobó la reforma que crea un nuevo tipo de hipotecas que se constituye sobre un inmueble, vivienda habitual y propia de un adulto mayor, para garantizar el capital que le concede una entidad financiera para cubrir sus necesidades económicas de vida. Dicha hipoteca, es decir la hipoteca inversa, garantiza el capital prestado que puede ser dispuesto mediante pagos periódicos durante el resto de su vida.
En el estado de México se legisló sobre la materia en 2013 y en Jalisco, por su parte, el Congreso local reformó y adicionó diversos artículos para regular la denominada hipoteca pensionaria en el Código Civil.
La facultad para legislar sobre cualquier modalidad de hipoteca está constitucionalmente conferida a las Legislaturas de los estados y a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, sin embargo es competencia de este Congreso legislar en materia de comercio y servicios financieros.
Por lo anterior, esta iniciativa propone que esta Legislatura se sume a la labor de los congresos de los estados en los cuales ya se legisló sobre la hipoteca inversa, para que la figura se encuentre prevista en una ley mercantil. Se trata de una medida que busca empoderar a este grupo vulnerable. Es muestra de reconocimiento al trabajo y las aportaciones que los adultos mayores han hecho a nuestra sociedad.
Las y los diputados de Encuentro Social, reafirmamos nuestro compromiso para seguir trabajando a favor de los adultos mayores. Sabemos que son un pilar fundamental en las familias mexicanas y su bienestar es responsabilidad de todos. Es cuanto.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Melisa Torres Sandoval. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
Saludamos con gusto a alumnos de la Escuela Primaria Gabriela Mistral, de la Unidad Habitacional El Rosario, de Tlalnepantla; los mejores promedios que asisten acompañados por su directora Susana Zurita, a invitación de la diputada Angélica Mondragón Orozco. Sean ustedes bienvenidos.
Igualmente a estudiantes del Centro Universitario Continental de Pachuca, Hidalgo, invitados por la diputada María Gloria Hernández Madrid.
Así como a alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de León, Guanajuato, invitados por la diputada Daniela de los Santos Torres. Todos sean bienvenidos.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene el uso de la palabra por cinco minutos la diputada Evelyng Soraya Flores Carranza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 13 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niñas y Adolescentes, suscrita por la misma diputada e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde.
La diputada Evelyng Soraya Flores Carranza: Con la venia de la presidencia. Antes que nada envío un saludo a la niña Valeria Plascencia Cabrera, representante del distrito 2 de Jalisco, en el pasado Parlamento Infantil organizado por esta Cámara de Diputados, y como te lo prometí hace semanas, presento esta iniciativa de ley que es una inquietud general tuya y de todos los que participaron.
Compañeras y compañeros diputados, quero iniciar preguntando si alguno de ustedes recuerda los temas o los resultados de las pasadas consultas infantiles en México. Esta iniciativa de ley busca ampliar el derecho a la participación de la infancia y brindar reconocimiento a que su opinión sea tomada en cuenta en el proceso de toma de decisiones sobre las problemáticas que enfrenta la niñez en México y en todo el mundo.
Recordemos que con la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos del Niño, desde 1989, ellos pasaron a ser sujetos de derecho, y por eso hoy los adultos conocemos cuáles son las necesidades de la infancia.
Recordemos que en este sentido la ONU ha señalado que si bien muchos niños que nacen hoy podrán disfrutar de grandes oportunidades que no estaban disponibles hace 25 años, lo cierto es que no todos tendrán la misma situación de crecer sanos e instruidos ni de ser capaces de desarrollar todo su potencial y de convertirse en ciudadanos que participen plenamente en sus sociedades.
Lo anterior, nos obliga a encontrar soluciones y que los gobiernos generen los mecanismos necesarios para que las niñas, niños y adolescentes puedan acceder al ejercicio pleno de sus derechos a través de su reconocimiento en la ley.
Es en este contexto que diferentes países han realizado esfuerzos para conocer las necesidades de los menores a través de encuestas o consultas directas a las niñas, niños y adolescentes, mismas que han permitido a los gobiernos saber con mayor precisión cuáles son sus preocupaciones y cuáles son los derechos que desean que se protejan de mejor manera por parte del Estado.
Es de destacar que en América Latina el interés de las niñas, niños y adolescentes por participar en las decisiones y en el proceso de diseño de políticas públicas se ha incrementado en los últimos años. No obstante sigue siendo baja su intervención en estas materias.
Resulta pertinente observar que los jóvenes están liderando nuevas formas de participación, expresión y apropiación ciudadana a través de las redes sociales, representando uno de los mayores retos de la gobernabilidad democrática en América Latina.
En cuanto a México, debemos señalar que desde el año de 1997 a la par de los procesos electorales se han realizado ejercicios de participación y consultas infantiles con la finalidad de generar una cultura cívica entre los niños y adolescentes.
Los resultados de los que han expresado en cada uno de estos espacios de participación son compartidos por el INE, y diversas instituciones nacionales e internacionales, así como organizaciones y grupo de personas que se dedican a trabajar por el bienestar de la niñez y de la adolescencia mexicana.
Eventos como el pasado X Parlamento Infantil 2017, pone en evidencia el interés de participación, pero también la necesidad de conocer y crear una política bajo la sensibilidad y la visión de las niñas, niños y adolescentes.
Falta cerrar el círculo virtuoso que estos ejercicios de participación de la niñez mexicana han generado, dando un paso adelante para garantizar que las opiniones y puntos de vista de los menores sean realmente tomados en cuenta en el diseño, formulación e implementación de políticas públicas.
Bajo esta lógica, en el Partido Verde consideramos imprescindible vincular los mecanismos de participación de la infancia de entre 10 y 17 años para el diseño y ejecución de las políticas públicas, así como la creación o perfeccionamiento del marco legal vigente, dando una interpretación más amplia al derecho de los menores a ser oídos y tomados en cuenta por las autoridades.
En virtud de lo aquí expuesto, la iniciativa que hoy presento ante ustedes pretende que se garantice a las niñas, niños y adolescentes de México no sólo su derecho a la participación, sino el derecho a que su opinión sea tomada en cuenta para la creación de leyes y políticas públicas, lo cual permitirá que los menores participen en la solución de los problemas en forma activa y no sólo como espectadores y/o denunciantes. Es cuanto.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Túrnese a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Azul Etcheverry Aranda, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 21 de la Ley General de Turismo.
La diputada Azul Etcheverry Aranda: Con su venia, señora presidenta. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o. y 6o.; y adiciona al artículo 10o. de la Ley que crea el Fideicomiso que Administra el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.
Antes de entrar de lleno al contenido de la iniciativa permítanme darles un antecedente que seguramente muchos de ustedes recordarán. El Programa Bracero 1942-1964 es quizás el ejemplo más relevante que existe por su dimensión y su duración de los programas de trabajadores temporales a nivel mundial.
Los antecedentes inmediatos del Programa Bracero fueron el sistema de contratación conocido como el Enganche y las deportaciones masivas de las décadas de los 20 y de los 30. El primer acuerdo bilateral del que se tenga noticia data de 1909, el último año de mandato de Porfirio Díaz, con el presidente de los Estados Unidos, William Taff.
En los primeros años de sus administraciones firmaron un convenio por la exportación de mil trabajadores que deberían ir a laborar a los campos de betabel, una industria que se considera como prioritaria para el gobierno americano, dada la ausencia de los climas adecuados para la producción de caña de azúcar.
El programa Bracero tuvo notables ventajas, la primera fue acabar con el sistema de enganche, la contratación dejó de ser un negocio particular y pasó a depender de programas oficiales de carácter bilateral.
La segunda fue el reconocimiento explícito por parte de Estados Unidos, de la existencia de un mercado de trabajo binacional, es decir no había que ir a otros países o continentes a buscar trabajadores. Desde muchas décadas pasadas se daba un flujo de trabajadores entre México y Estados Unidos.
La tercera ventaja fue su carácter temporal, los trabajadores iban y regresaban. Este punto es fundamental porque es un elemento de coincidencia plena con los dos gobiernos involucrados.
Hay que señalar que el programa Bracero funcionó a lo largo de 22 años, tuvo sus altas y sus bajas pero no se puede decir que fue un convenio bilateral que funcionó durante dos décadas y movilizó a más de 5 millones de trabajadores. Esto no es un fracaso, de ahí la generación de acuerdo de trabajadores migratorios temporales que buscaba al campo y a la industria en Norteamérica. Con esto se buscaba reparar un error cometido por el gobierno al no entregar a sus legítimos beneficiarios el producto de esfuerzo de su trabajo en los Estados Unidos.
El 25 de mayo de 2005 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex trabajadores migratorios mexicanos, la cual establece que el Ejecutivo federal elaborará fideicomisos de administración de dicho fondo.
El fideicomiso tendrá por finalidad otorgar un apoyo social, en los términos establecidos en esta ley, a los ex trabajadores migratorios mexicanos que hayan presentado sus servicios en los Estados Unidos de América durante los años de 1942 y 1964. Los beneficiarios, además de los ex trabajadores migratorios, serán en su caso sus cónyuges o concubinas que acrediten su calidad mediante resolución jurídica, o hijos o hijas o legítimos herederos que sobrevivan y que cumplan con los requisitos a los que se refiere la ley. Con la creación de este marco jurídico el Estado mexicano reconoce la legitimidad y justicia sobre los derechos adquiridos de nuestros paisanos migrantes.
A más de 10 años de su implementación se han logrado avances, no obstante no han sido suficientes, por lo que resulta imprescindible flexibilicen los requisitos para obtener este derecho.
Derivado de la creación de dicha ley en 2006, el gobierno federal levantó un censo, dando un total de 222 mil trabajadores, de los cuales 190 mil ex trabajadores braceros han recibido de manera justa su apoyo social.
Esta ley no considera compensación, indemnización o retribución alguna, por lo que el tenor de la iniciativa entra en concordancia con la defensa de los derechos de los trabajadores.
El reconocimiento de los derechos que asiste a los ex trabajadores braceros sobre los cinco diferentes tipos de documentos reconocidos como probatorios, según el texto actual de la ley en vigor son:
1. Contrato individual de trabajo, celebrado por cualquier compañía o contratante en los Estados Unidos de América, al amparo del Programa de Trabajadores Migratorios Mexicanos 1942-1964;
2. Comprobante de pago emitido por el contratante referido en el inciso a) anterior;
3. Tarjeta de identificación consular 1-100 en plástico en el papel, en el número social Security administration derivado del contrato de trabajo del Programa Bracero entre 1942 y 1964, debidamente certificado por una Oficina del Social Security Administration o, en su caso, certificado a través de la constancia de expedición ante la Embajada de los Estados Unidos de América en México, o de sus consulados en el territorio nacional;
5. Mención honorífica expedida por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos de América, que forzosamente vincule al ex trabajador migratorio mexicano con el Programa Bracero 1942-1964.
En el texto actual de la ley en vigor se constituye un gran avance y, en otro sentido, el no reconocimiento del derecho que pudiera asistir a los segmentos mencionados representa las limitaciones de los vacíos y las ausencias que permean en su texto.
Es así, que la presente iniciativa busca contribuir a brindar una solución de fondo e integral sobre la problemática existente y derivada por la creación del fideicomiso en 2006, en el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.
Con la presente reforma se pretende flexibilizar los requisitos para que todos los trabajadores ex braceros cumplan con los requisitos que marca la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos. Con conclusión se debe saldar la deuda histórica que se tiene con nuestros trabajadores ex braceros.
Y por lo anterior expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, el proyecto de decreto que reforma los artículos 2o. y 6o., y adiciona el artículo 10o. de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para los Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Etcheverry.
La diputada Etcheverry presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2 y 6 y adiciona un artículo 10 a la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para los Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
Saludamos, con gusto, a un grupo de ex braceros que trabajaron en Estados Unidos, de 1942 a 1964, invitados por el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín. Sean ustedes bienvenidos a este recinto parlamentario.
Saludamos también a alumnos de primaria de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Urbana Federal Profesor J. Jesús Romero Flores, de Michoacán, invitados por el diputado Marko Antonio Cortés Mendoza. Sean ustedes bienvenidos.
De igual manera, damos la bienvenida a jóvenes Red Poblana, invitados por el diputado José Lorenzo Rivera Sosa.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: El siguiente punto del orden del día es la discusión de dos dictámenes de la Comisión de Desarrollo Social. El primero, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 11, de la Ley General de Desarrollo Social. Y el segundo, con proyecto de decreto que se reforma el artículo 40 de la Ley General de Desarrollo Social.
De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario para los dos dictámenes, diputadas y diputados, quienes harán uso de la palabra por cinco minutos cada uno.
Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social tiene el uso de la voz el diputado Justo Federico Escobedo Miramontes, hasta por cinco minutos.
El diputado Justo Federico Escobedo Miramontes: Con su venia, señora presidenta. Honorable asamblea, en el Grupo Parlamentario de Encuentro Social concebimos al desarrollo humano integral a partir de colocar a la persona humana con toda su dignidad en su dimensión personal y colectiva en su interrelación con el medio ambiente.
No coincidimos con aquellas que anteponen una visión antropocéntrica utilitarista, en la que la naturaleza se encuentra disponible para la satisfacción de las necesidades de la humanidad. Por el contrario, pensamos que la relación del ser humano con la naturaleza debe partir del deber ético de cuidar el entorno para asegurar el futuro de la comunidad.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social 2014, en México hay 55.3 millones de mexicanos en situación de pobreza; 2 millones más en comparación con el mismo estudio del año 2012. Destacan por su vínculo con el medio ambiente los 14.8 millones de mexicanos que tienen carencias por la calidad de espacios de la vivienda, y los 25.4 millones de mexicanos que no tienen acceso completo a los servicios básicos en las viviendas.
En el Censo de Población y Vivienda 2010 se identificó que en poco más de 28 millones de viviendas en México, es decir, cerca del 15 por ciento se cocinaba con leña o carbón, ello se debe en gran medida a las profundas desigualdades de infraestructura y desarrollo de capacidades institucionales en los gobiernos locales.
De acuerdo con el Inegi, en un total de dos mil 457 municipios y órganos político administrativos de la Ciudad de México, se desprende que 43 municipios de los estados de Oaxaca, Puebla, Veracruz, Chiapas, México, Guerrero, Michoacán y San Luis Potosí, no disponen de servicios de agua potable para los habitantes, solo 827 municipios y delegaciones cuentan con los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.
Esto representa solo el 34 por ciento del total, mil 628 municipios, es decir, el 67 por ciento, no cuentan con servicios de tratamientos de aguas residuales municipales. Solo 680 municipios que representan el 27 por ciento implementan programas locales orientados a la gestión sustentable de servicios de agua potable y saneamiento.
Asimismo, el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2016, arrojó lo siguiente: solo en seis entidades federativas se aplican programas o acciones en materia de administración pública sostenible. Nada más nueve estados aplican programas de auditoría ambiental.
En tal sentido, Encuentro Social apoya toda iniciativa que busque satisfacer las necesidades de las familias sin comprometer el futuro de las próximas generaciones. Por otra parte, somos conscientes de la importancia que tiene la armonización de las leyes, ya que ello permite a los ciudadanos, sin importar su formación profesional o su carencia de ella, entender por igual de la manera más clara los conceptos vertidos en las normas jurídicas que nuestro honorable Congreso de la Union emite.
Es por ello que las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario de Encuentro Social votaremos en favor de los dictámenes que ahora nos ocupan por los siguientes motivos.
Primero. Se incorpora dentro de los objetivos de la política nacional de desarrollo social lo relacionado con la promoción del desarrollo sostenible y sustentable en el ejercicio de los derechos sociales.
Segundo. Se armoniza la Ley General de Desarrollo Social a la reforma constitucional en materia de política de la Ciudad de México al eliminar la referencia puntual que hace a la Asamblea Legislativa, a modo de generar una referencia a nivel de Legislatura de las demás entidades federativas.
Así, el Estado mexicano va a estar obligado a lo siguiente. Atender las necesidades materiales de la población más vulnerable por su condición socioeconómica, pero al mismo tiempo a cuidar el medio ambiente para no comprometer la viabilidad de desarrollo para las generaciones venideras.
Asimismo, a cumplir cabalmente con los principios constitucionales de legalidad y de certeza, de tal manera que al actualizar el orden jurídico nacional se busca que la sociedad comprenda y tenga completa seguridad de los márgenes de actuación en el marco del estado de derecho de sus acciones y de sus omisiones.
Un país con mejores leyes para todos es posible. Hagámoslo nosotros. Muchas gracias; es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Escobedo Miramontes. Esta Presidencia desea saludar la presencia en este recinto de alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la benemérita Universidad Autónoma de Puebla, invitados por la diputada Xitlalic Ceja García. Sean ustedes bienvenidos a este recinto parlamentario.
Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos el diputado Ángel García Yáñez.
El diputado Ángel García Yáñez: Con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados, me dirijo a esta honorable asamblea para manifestar, a nombre de mi grupo parlamentario, nuestra anuencia con el dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social.
Agradecemos que acompañaran esta propuesta de Nueva Alianza que tiene como finalidad promover el desarrollo sostenible y sustentable de los derechos sociales que son consideramos derechos humanos con implicación en todos los ámbitos.
En Nueva Alianza estamos convencidos de que mejorar el bienestar de las personas es el principal objetivo de la política. El desarrollo social constituye la posibilidad de satisfacer las necesidades y las aspiraciones humanas en relación a la salud, a la educación, a la alimentación, a la vivienda, a la seguridad social, al empleo y sal salario, así como la igualdad y la equidad. Es decir, que implica una evolución o cambio positivo en la vida de los individuos para que bajo los principios de equidad, justicia social, tolerancia, responsabilidad, participación, sustentabilidad y sostenibilidad, se reduzca la pobreza a través del desarrollo económico y humano.
El desarrollo social incluye también el derecho a disfrutar de una vida sana, productiva y en armonía con la naturaleza. Desafortunadamente los esfuerzos en esta materia no han sido suficientes.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, 9.5 por ciento de la población nacional vive en pobreza extrema.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, enlistan a México como la segunda nación más desigual a nivel mundial, y la décima segunda en Latinoamérica.
Por ello en Nueva Alianza consideramos necesario actualizar nuestra política social a fin de que integre en sus objetivos el desarrollo sostenible y sustentable, con el objeto de incrementar los estándares de la calidad de vida de los mexicanos.
Las políticas de desarrollo sostenible y la sustentabilidad ambiental deben propiciar la armonización entre el proceso económico y la conservación de la naturaleza, favoreciendo un balance entre la satisfacción de necesidades actuales y de las futuras generaciones.
Compañeras y compañeros, debemos ser responsables y propiciar acciones sustantivas que promuevan una cultura de la sustentabilidad y la sostenibilidad. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada, presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias diputado García Yáñez. Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Marbella Toledo Ibarra.
La diputada Marbella Toledo Ibarra: Con su venia, diputada presidenta. Buenas tardes diputadas y diputados, legislar es la honrosa tarea de crear leyes justas que permitan la convivencia armónica entre todos.
Una relación de respeto entre gobierno y gobernados, por eso las leyes que aquí se generen y votemos, deben garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas y los derechos sociales de la comunidad. Los derechos humanos naturales son aquellos inherentes a las personas como la vida, la libertad, el respeto a la dignidad, entre otros.
En el caso de los derechos sociales surgen ante la necesidad de cumplir la ley en aquellos aspectos en los que las personas puedan sentirse desprotegidas como el trabajo social, la vida en familia, el derecho a la vivienda digna, el acceso a los servicios de salud, el derecho a la educación.
Sobre el particular cabe decir que los derechos a que se refiere esta iniciativa, se encuentran protegidos bajo múltiples tratados internacionales, por ejemplo, por el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El reconocimiento constitucional a estos derechos implica que todos deben ser salvaguardados por nuestro país. Desde esta perspectiva podríamos decir que el principal objetivo del derecho social es intervenir en situaciones de exclusión, discriminación, explotación y desigualdad para velar por la protección de las personas afectadas.
Sin embargo, no podemos dejar de lado que actualmente en nuestro país existen alrededor de 55 millones de pobres. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, cuyos datos revelan que la pobreza aumentó en los últimos seis años, lo que significa que estos millones de mexicanos no tienen cubiertas sus necesidades básicas y tampoco tienen la oportunidad de mejorar sus condiciones de vida, lo que da origen a que nuestro país tenga riesgo, no sólo de sufrir crisis humanitarias y económicas, sino también crisis en el medio ambiente.
En el presente dictamen se propone incluir una fracción V al artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social, y así promover el desarrollo sostenible y sustentable en el ejercicio de los derechos sociales, para que de esta manera además de que el Estado garantice el derecho social sea responsable de garantizar también la administración eficiente y responsable de los recursos naturales sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras de atender sus propias necesidades.
Compañeros legisladores, si bien es cierto que esta iniciativa persigue un fin noble el desafío que tenemos por delante es de gran magnitud, pues no debemos olvidar nunca que el verdadero propósito del desarrollo es construir condiciones donde la asistencia social ya no sea necesaria.
Los diputados ciudadanos apoyamos en sentido positivo este dictamen, en el que se establece un equilibrio entre las políticas de gobierno, los gobernados, los derechos sociales y el uso responsable de los derechos naturales. De esta manera refrendamos nuestro compromiso social de legislar por las causas más justas y a favor de los que más lo necesitan, porque hacer lo correcto es amar a México. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Toledo Ibarra. Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario de Morena tiene el uso de la palabra por cinco minutos la deputada Norma Xochitl Hernández Colín.
La diputada Norma Xochitl Hernández Colín: Con su venia, diputada presidenta. El artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social establece los objetivos de la política nacional de desarrollo social, entre los que destacan: la generación de condiciones que aseguren el disfrute de los derechos sociales, la superación de la discriminación y la exclusión social, proveer un desarrollo económico con sentido social, fortalecer el desarrollo regional equilibrado y garantizar formas de participación social.
Sin embargo, hasta la fecha los objetivos han sido omisos en mencionar cuál es su articulación con otras ramas relacionadas con el desarrollo social, como la economía y la ecología, y también cómo garantizar los derechos ambientales.
Actualmente no se dispone de cuáles son sus características en cuanto a la exigibilidad de estos derechos y a la responsabilidad del Estado para garantizarlos a través de la creación de diversos tipos de política.
Este dictamen que hoy vamos a votar propicia una mejor distribución de recursos económicos atendiendo las necesidades sociales, particularmente las de los grupos vulnerables. El tema de desarrollo sostenible y sustentable representa la interconexión orgánica de tres campos de conocimiento: el económico, el social y el ecológico, lo que implica un proyecto de transformación de la organización económica y social y actual, que debe ser reconocido por la legislación en materia de desarrollo social con el efecto de mejorar la calidad de vida de las personas a través de la creación de políticas de desarrollo social sólidas e interrelacionadas con los factores que le son propios al desarrollo.
Respecto a la reforma al artículo 40 de la Ley General de Desarrollo Social, comento lo siguiente. El 29 de enero de 2016 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declararon reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma política de la Ciudad de México. Con las reformas al artículo 22 de la Constitución federal se reconoce a la Ciudad de México como una entidad federativa, con plena autonomía en lo concerniente a su régimen interior y a su organización social, política y administrativa. Estipula que para su régimen interior adoptará las formas de gobierno republicano, representativo, democrático y laico.
Entre otros temas, el citado artículo dispone las bases fundamentales para la composición, funcionamiento y labor del poder que se encargará de elaborar la parte legislativa de la ciudad, al que denomina como Legislatura de la Ciudad de México, proveyendo un cambio de denominación y de atribuciones con respecto al cuerpo colegiado que el artículo 8o del estatuto de gobierno reconoce como Asamblea Legislativa.
Con respecto a la transformación de la naturaleza jurídica y de denominación, el artículo Décimo Cuarto Transitorio del decreto establece que a partir de su entrada en vigor todas las referencias que se hagan al Distrito Federal se entenderán hechas a la Ciudad de México, sin embargo, tal estipulación no se realiza en el mismo sentido cuando se habla de Asamblea Legislativa.
Lo anterior implica que los ordenamientos jurídicos que de manera específica hagan referencia a la Asamblea Legislativa, deben ser reformados para que este país cuente con un orden jurídico armónico.
Este proceso de armonización permite contar con leyes compatibles entre sí, que se encuentren encaminadas en un mismo sentido, que hablen sobre los mismos temas, en los mismos términos con los que se provea certeza jurídica a quienes se ubican bajo estos supuestos.
En atención a lo anterior, el pasado 18 de octubre presenté la iniciativa que reforma el artículo 40 de la Ley General de Desarrollo Social, con la intención de eliminar la referencia de Asamblea Legislativa para generar una referencia común hacia las legislaturas de las entidades federativas, naturaleza que ya es reconocida en la Ciudad de México.
Con lo anterior, se preserva el espíritu de la reforma de la naturaleza jurídica de la Ciudad de México, se evita la remisión a una institución que cambiará denominación y se ejerce la labor parlamentaria que nos conmina a generar un ordenamiento jurídico armónico.
Lo anterior, compañeras y compañeros legisladores, solicito su apoyo para la aprobación de los dictámenes que se presentan en la Comisión de Desarrollo Social, por tratarse de temas que favorecen el ejercicio de los derechos sociales, culturales y ambientales y por tratarse de temas relacionados directamente con la creación de un orden jurídico relacionado entre sí. Es cuanto.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Hernández Colín. Esta Presidencia saluda la presencia en este recinto de estudiantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, campus Zona Verde, invitados por el diputado Marco Antonio Gama Basarte. Sean ustedes bienvenidos a este recinto parlamentario.
Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado José Alberto Couttolenc Buentello.
El diputado José Alberto Couttolenc Buentello: Con la venia de la Presidencia. A mediados del siglo pasado, el ser humano viajó por primera vez al espacio. Desde ahí observaron un planeta verde, dominado no por la actividad ni la infraestructura humana, sino por un conjunto de ecosistemas con multiplicidad de climas y delicados balances.
Sin embargo, la sobrepoblación y la constante depredación de los recursos naturales están modificando radicalmente nuestro medio ambiente. Esta nueva realidad difícil de esquivar debe ser primero reconocida y, luego, enfrentada.
No podemos negar que en los últimos 50 años, la humanidad ha dado pasos extraordinarios en diversos sectores, como la salud, la educación, transporte, comunicación, a veces que representan mejoras para nuestra calidad de vida, que indudablemente nos transmiten esperanza.
A pesar de lo anterior, los mismos procesos a través de los cuales se han generado mucho de estos adelantos, han provocado también tendencias negativas en nuestro planeta, como quiénes habitamos en él y ya esto no lo podemos seguir tolerando.
En este orden de ideas, cabe destacar un cierto sentido de emergencia, tanto en los gobiernos nacionales como en las diversas instituciones multilaterales. Debemos estar conscientes que es imposible separar las cuestiones del desarrollo económico con aquellas que involucran el medio ambiente.
Con base en lo anterior, podemos afirmar que muchas formas de desarrollo agotan y erosionan los recursos medioambientales, mientras que por otra parte se debe entender que el deterioro del entorno natural puede representar un obstáculo serio para el desarrollo económico.
Y así es como surge el concepto de desarrollo sustentable, el cual se define como la satisfacción de las necesidades de una generación presente, sin, y resaltar sin, comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Asimismo, el desarrollo sustentable tiene la importante misión de lograr un equilibrio entre el desarrollo económico, el desarrollo social y el medio ambiente.
Por lo anterior expuesto, es que el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México votará a favor del presente dictamen, ya que en la propuesta que está a discusión se considerará el desarrollo sustentable y el cuidado del medio ambiente como aspectos primordiales de la política nacional del desarrollo social.
Por otra parte, y como ya sabemos, hace casi un año fue aprobada la reforma política para la Ciudad de México, sus alcances y repercusiones son múltiples, dichos cambios fueron implementados, en primer lugar, para darle una mayor autonomía a la ciudad más importante de nuestro país, y en segundo lugar, para brindarles mayores derechos a los ciudadanos de esta urbe.
En este sentido, y como ya comentamos al principio, uno de los cambios más significativos consiste en que la Asamblea Legislativa desaparecerá para convertirse en un Congreso local, por lo cual adquirirá la facultad de aprobar y rechazar reformas constitucionales, como el resto de los Congresos locales.
La reforma política de la Ciudad de México modificó 54 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y seguramente modificará diversos ordenamientos, tal es el caso de la Ley General de Desarrollo Social.
Por lo anteriormente expuesto, la promovente de la iniciativa nos pretende reformar el artículo 40 de la Ley General de Desarrollo Social, en dicha iniciativa se pretende eliminar la referencia puntual a la Asamblea Legislativa, para generar una referencia común hacia las legislaturas de las entidades federativas.
Compañeras y compañeros, nuestra realidad jurídica y social es dinámica y cambiaria, en tal sentido debemos estar atentos y vigilantes para tratar de que nuestras normas no pierdan vigencia y sean útiles a la sociedad, solo de esta forma podremos garantizar la certeza jurídica que nuestro país requiere para seguir moviéndonos hacia adelante. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Couttolenc Buentello. Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática tiene el uso de la palabra la diputada Erika Irazema Briones Pérez. Y antes esta Presidencia desea saludar la presencia en este recinto de estudiantes de la Universidad La Salle de Saltillo, invitados por el diputado Armando Luna Canales. Bienvenidos a este recinto parlamentario. Adelante, diputada Erika Irazema Briones.
La diputada Erika Irazema Briones Pérez: Gracias, presidenta, con su permiso. El dictamen que hoy nos ocupa en este pleno es una oportunidad para la reflexión de dos temas fundamentales: el desarrollo sustentable y la política social.
En los últimos años hemos notado cambios drásticos en nuestro entorno. Los constantes daños a nuestros ecosistemas que han llevado a inclemencias climáticas atípicas, inclusive desastrosas.
Estos son los gritos desesperados de un planeta que exige atención y medidas eficientes para su protección y cuidado.
Dados estos acontecimientos, es necesario replantear nuestra manera de ver las cosas y de implementarlas. Se necesita apostar por las energías limpias y renovables, así como acciones que tiendan a un equilibrio natural, sin generar grandes afectaciones a los bosques, a nuestros campos, a todos nuestros recursos naturales.
Ése es el significado de la sostenibilidad y sustentabilidad. La relación entre los conceptos de sustentabilidad y política social están mucho más cercanos de lo que creemos. Parecieran cosas distintas, porque el sistema de centralización de la administración pública pocas veces implementa acciones o programas planteados para diferentes regiones de nuestro país.
Somos un país diverso que es necesario implementar estos principios en la política social, pero al momento de la planeación de la política social se olvidan de las herramientas para superar la pobreza.
Puede, incluso, estar a la mano de las comunidades más necesitadas. Sin embargo, al ser un modelo único no se consideran estos factores, por lo que imponen un esquema que inclusive atenta contra los recursos naturales.
El derecho a un medio ambiente sano es un derecho constitucional. El ejemplo de ayudar a conservar el equilibrio ecológico con acciones que el mismo modo incluya la disminución de la pobreza.
Por otro lado, la política social en nuestro país debe renovarse. Las políticas existenciales se han convertido en un instrumento electoral utilizado a favor de quienes quieren mantenerse en el poder, ya sea como personas o como partidos. Por este motivo debemos impulsar un cambio sistemático en la percepción y aplicación de los programas sociales en México.
El dictamen a discusión parece una propuesta concreta y acertada para iniciar ese cambio generacional y de perspectiva, para garantizar derechos a la educación, a la salud, a la alimentación nutritiva y de calidad, y disfrutar de un medio ambiente sano.
El trabajo y la seguridad social con un enfoque de equilibrio ecológico, y no solo eso, también de prosperidad ambiental, utilizando y reutilizando; aprovechando los recursos naturales sin generar daños irreparables a nuestro planeta.
En el Grupo Parlamentario del PRD votaremos a favor del presente dictamen en congruencia con nuestra agenda legislativa. Las políticas y acciones que promueven la sustentabilidad y son y serán bienvenidas, siempre y cuando no afecten los derechos sociales de las y los mexicanos.
Nuestra postura también incluye, como ya he mencionado, la intención de llamar a cerrar filas al oportunismo electoral. Sobre todo, en estos tiempos se debe dejar de lucrar con las necesidades de las familias y con las carencias en el hogar.
El siguiente ámbito que nos corresponde es el de actualizar nuestra legislación acorde a las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas o, en su caso, de los mecanismos jurídicos ya actualizados.
Es precisamente lo que pretende el segundo dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo Social y en el cual el Grupo Parlamentario del PRD acompaña en esta propuesta de naturaleza necesaria para homologar y reconocer a la Ciudad de México como una entidad federativa y no como un distrito federal.
Aprovecho únicamente para recordar que la política social es una suma de esfuerzos de los Poderes de la Unión y de los niveles del gobierno. Por ello, debe ser responsable, eficiente y realmente solucionar las condiciones de pobreza de manera definitiva y no temporal. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Briones Pérez. Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, tiene el uso de la palabra por cinco minutos, el diputado Hugo Alejo Domínguez.
El diputado Hugo Alejo Domínguez: Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros. La Ley General de Desarrollo Social tiene por objeto garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en nuestra Constitución, asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social.
Bajo este tenor, la Ley General de Desarrollo Social establece que son objetivos de la política nacional de desarrollo social, hacer efectivo el ejercicio y disfrute de los derechos sociales a través del acceso de las y los mexicanos a la alimentación, a la educación, a la salud, a la seguridad social, a los servicios básicos, a la vivienda digna y a promover un desarrollo económico con sentido social que propicie y conserve el empleo, eleve el nivel de ingreso y mejore su distribución, fortalecer el desarrollo regional equilibrado y garantizar formas de participación social en la formulación, ejecución, instrumentación, evaluación y control de los programas de desarrollo social.
Sin embargo, en el marco de los grandes objetivos de la política nacional de desarrollo social, también es fundamental incorporar los principios de desarrollo sostenible y sustentable, en las políticas y los programas de desarrollo social, a fin de contar con alternativas que nos permitan asegurar el bienestar de las generaciones presentes sin poner en riesgo el bienestar de las generaciones futuras.
No debemos olvidar que el desarrollo sostenible exige el compromiso con una gestión y una política económica racional, una administración pública eficaz y previsible, la integración de las cuestiones ambientales en el proceso de adopción de decisiones y el avance hacia un gobierno más democrático.
Por otro lado, el desarrollo sustentable se refiere a la administración eficiente y racional de los recursos, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras. Debemos actuar no solo con carácter urgente sino también como un compromiso que ha de ser sostenido y sustentable y que debe mantenerse inquebrantable en el futuro.
En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional estamos profundamente convencidos de que el desarrollo económico y el desarrollo social son componentes del desarrollo sostenible y sustentable que se fortalecen mutuamente, lo cual debe constituir el marco de nuestros esfuerzos encaminados a lograr una mejor calidad de vida para todos los mexicanos.
Por ello, consideramos pertinente la modificación propuesta que adiciona una fracción V al artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social, reforma que estimaos necesaria si queremos que la política nacional de desarrollo social tenga como objetivo fundamental el alcanzar un desarrollo sostenible y sustentable, para que las personas disfruten de todos sus derechos y para que estos sean exigibles en el marco de la ley.
Por otra parte, consideramos también viable el dictamen que reforma el artículo 40 de la Ley General de Desarrollo Social a efecto de eliminar la denominación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal contenida en dicha disposición, con el fin de establecer una referencia común hacia las Legislaturas de las entidades federativas, naturaleza que ya le es reconocida al Poder Legislativo de la Ciudad de México.
El objeto que se persigue es congruente con la reforma a los artículos constitucionales publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016, que modifica el régimen político y la naturaleza jurídica del Distrito Federal a fin de que se convierta en una entidad federativa más.
En particular con la reforma al artículo 122 constitucional, se reconoce a la Ciudad de México como una entidad federativa, con plena autonomía en lo concerniente a su régimen interior y a su organización social, política y administrativa.
Se estipula la composición y funcionamiento del órgano que ejercerá el Poder Legislativo de la ciudad, al que denomina como Legislatura de la Ciudad de México, proveyendo un cambio de denominación con respecto a la denominación actual contenida en la Ley General de Desarrollo Social. El objetivo de estos dos dictámenes que hoy discutimos, no son menores, compañeras y compañeros diputados.
Como sociedad hemos fallado en atender más eficazmente a las necesidades más apremiantes de las personas, de sus familias y de sus comunidades. Es momento de cambiar el rumbo, es momento de hacer que las reformas que aquí aprobamos tengan un impacto positivo en toda la sociedad. Es cuanto.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Hugo Alejo Domínguez. Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, tiene el uso de la palabra por cinco minutos la diputada Dora Elena Real Salinas.
La diputada Dora Elena Real Salinas: Con su permiso, señora presidenta; compañeras y compañeros diputados, buenas tardes. Pensar sosteniblemente es actuar responsable. Socialmente todo desarrollo es un proceso que mejora la calidad de vida de las personas, pero sólo el desarrollo sostenible fomenta la prosperidad, las oportunidades económicas y el bienestar social, sin comprometer a las futuras generaciones.
Por eso el desarrollo de la sociedad debe de ser viable económicamente, responsable con el medio ambiente y socialmente justo.
Los diputados del PRI nos comprometimos en nuestra plataforma electoral del 2015, a elevar las condiciones de vida de los mexicanos, de manera sostenible, sustentable y responsable. Por eso legislamos para impulsar un México garante del medio ambiente con estricto control y regulación del impacto ambiental que tiene las actividades productivas del país y con un crecimiento sustentable, ordenado e incluyente, y alcanzar un desarrollo ecológicamente sustentable, viable y sostenible, desde la perspectiva económica y que asegure el bienestar y la justicia social para los mexicanos.
Ya lo dijo Enrique Peña Nieto, la participación de la sociedad, la consistencia entre políticas públicas, un enfoque de derecho, un compromiso con la certidumbre para generar valor y una visión sostenible del desarrollo son elementos esenciales para lograr el desarrollo con igualdad.
Por eso su gobierno ha recuperado el crecimiento de la productividad que hace sostenible el crecimiento de la economía, los salarios y el bienestar. Logrado la cobertura de agua potable en un 92.5 por ciento en beneficio de 110 millones de habitantes. Invertido más de 63 mil millones de pesos en el campo, y se estima rebasar la meta sexenal, de tener 500 mil hectáreas de riego tecnificado de la cuales hoy 450 mil ya cuentan con este sistema.
Disminuyó la deforestación en un 41 por ciento plantando 200 millones de árboles por año, de los cuales sobreviven 6 de cada 10, y logrando producir 20 por ciento de la energía a partir de fuentes limpias, respecto a la meta de 35 por ciento planteada para el 2024.
En este sentido, los diputados priistas aprobamos incorporar la definición de desarrollo urbano sustentable con el propósito de asegurar el mejoramiento y crecimiento de los centros de población para que se ejecuten con estricta observancia, con el cuidado del medio ambiente.
Asegurar que en la planificación, construcción o rehabilitación de infraestructura deportiva financiada con recursos públicos, se observen criterios de sustentabilidad y pertinencia.
Obligar a las autoridades competentes a promover la incorporación de contenidos ecológicos en los ciclos escolares, subrayadamente en el nivel básico. Garantizar el aprovechamiento sustentable de la energía y las obligaciones en materia de energías limpias, así como la reducción de emisiones contaminantes de la industria eléctrica, y fijar normas básicas e instrumentos de gestión para ordenar el uso del territorio y los asentamientos humanos del país.
Ahora nos corresponde establecer como criterio de desarrollo de las personas y de sus derechos sociales una visión sostenible en consonancia con el cuidado al medio ambiente. Impulsar un desarrollo social que genere previsión y que tenga claridad sobre los indicadores que deben mantenerse para engrandecer sus alcances, al tiempo que procure la administración eficiente y racional de los recursos. Permitirá un correcto desempeño de la política nacional en la materia.
Votaremos a favor del dictamen que incorpora una fracción al artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social, para promover el desarrollo sostenible y sustentable en el ejercicio de los derechos sociales, generando un mayor enfoque en las políticas públicas que instrumenten y desarrollen las dependencias y entidades en la materia.
También lo haremos a favor del que reforma el artículo 40 de la Ley General de Desarrollo Social, para armonizar el nombre de la Ciudad de México. Impulsar el desarrollo nacional es una responsabilidad que hoy exige el máximo aprovechamiento de los recursos, pero también implica asegurarlos para el mañana.
Parafraseando a Mijaíl Gorbachov, trabajemos para que, cuando las generaciones futuras juzguen a las que vivieron antes, no pasemos a la historia como aquella que pudo hacer algo pero no le importó. Por eso debemos actuar en beneficio de la nación de esta generación y de las futuras. Muchas gracias. Es cuanto.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Real Salinas. Esta Presidencia saluda la presencia en este recinto de la Asociación de Mujeres Trabajando con el Corazón, del estado de Guanajuato, invitados por la diputada Bárbara Botello.
De igual forma saludamos la presencia de alumnos de la Universidad Tecnológica de Tulancingo, Hidalgo, invitados por el diputado Cesario Jorge Márquez Alvarado. Sean todos ustedes bienvenidos a este recinto parlamentario.
Agotada la lista de oradores consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentran suficientemente discutidos en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si los dos dictámenes se encuentran suficientemente discutidos en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Suficientemente discutidos en lo general y en lo particular.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del primer proyecto de decreto.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del primer proyecto de decreto.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: ¿Falta alguna diputada o diputado por emitir su voto? Está abierto todavía el sistema.
¿Alguna compañera o compañero que falte de emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónica. Presidenta, se emitieron 389 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Aprobado en lo general y en lo particular por 389 votos, el proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, del segundo proyecto de decreto.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, del segundo proyecto de decreto.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: ¿Falta alguna diputada o diputado por emitir su voto? Está abierto el sistema. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Perdón, está la diputada Tamayo. Está abierto, está abierto el sistema. A favor. No le reconoce la huella. ¿Falta alguien más? Está abierto. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Presidenta, se emitieron 384 votos en pro, 0 en contra. No votó la diputada Tamayo, ¿sí votó? Trescientos ochenta y tres votos. Torreblanca a favor. Jesús Valencia, ¿sentido de su voto?
El diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: A favor. No entró tu voto, ¿verdad? A ver, Torreblanca sí voto en el tablero. Valencia no votó en tablero, ¿verdad? Bien. Jesús Valencia, ¿votaste en tablero? Señora presidenta, 384 votos a favor y 0 en contra. A ver, un voto más, ¿nombre?
La diputada Olga María Esquivel Hernández (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Son 385 votos a favor.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Aprobado en lo general y en lo particular por 385 votos el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 40 de la Ley General de Desarrollo Social. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: Se recibieron oficios de la Junta de Coordinación Política, en relación a cambio de integrantes y de juntas directivas de comisiones, que se encuentran disponibles en las pantallas de sus curules. En votación económica, se pregunta si son de aprobarse. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez (15:26 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 28 de marzo de 2017, a las 11:00 horas. Que tengan excelente tarde.