Source: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2002sp/Grenada.11765b.htm
Timestamp: 2017-10-21 02:52:20
Document Index: 59639867

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 19', 'e contrario', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 29', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 27', 'artículo 31', 'artículo 4']

OPINION CONCURRENTE DEL MIEMBRO DE LA COMISION HÉLIO BICUDO [87]
8 Se tiene la impresión de que la tolerancia expresa del artículo 4, inciso 2, de la Convención Americana revela exclusivamente la adopción de una posición política de conciliación entre las Partes contratantes a los efectos de la aprobación de la disposición más general, relativa al derecho a la vida.
13. Cabría recordar que en los años de 1998 y 1999, los Estados Unidos de América fue el único país del mundo en que conste que se ha ejecutado a jóvenes menores de 18 años. A este propósito cabe señalar que ese país es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos --desde septiembre de 1992—y que el inciso 5 del artículo 6 de ese pacto estipula que no se impondrá la pena de muerte a menores de 18 años ni a mujeres en estado de gravidez. Si bien al ratificar el aludido Pacto el Senado estadounidense emitió una reserva en relación con esa disposición, hoy existe consenso internacional en cuanto a la nulidad de esa reserva a la luz de lo dispuesto en el literal “c” del artículo 19 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Ésta, en suma, confiere al Estado la facultad de formular reservas siempre que las mismas no sean incompatibles con el objeto y el propósito del tratado.
14. En junio de este año (2000) en el Estado de Texas (EE.UU.) fue ejecutado Shaka Sankofa, antes conocido como Gary Graham, condenado por un crimen que habría cometido cuando tenía 17 años de edad. Fue ejecutado después de 19 años de espera en el pabellón de la muerte, pese a las solicitudes formalmente presentadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Gobierno de los Estados Unidos a fin de que se suspendiera el acto extremo hasta que se decidiese sobre la queja presentada en su nombre ante la aludida Comisión, pues existían serias dudas sobre la autoría del delito atribuido a la víctima. El hecho de que ese pedido no fuera tenido en cuenta por el Gobierno estadounidense, que no podría escapar a la competencia de la CIDH, en el ámbito de la protección de los derechos humanos en el Hemisferio, según la Declaración Americana, provocó un comunicado de prensa en que se deplora y condena ese procedimiento, totalmente contrario al sistema interamericano de protección de los derechos humanos. [88]
15. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, proclamada en Belém do Pará el 9 de junio de 1994, prohibe la imposición de la pena de muerte a la mujer. Es lo que se deduce de lo dispuesto en su artículo 3, en que se afirma “toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado”, y se repite, en el artículo siguiente, que entre sus derechos figura “el derecho a que se respete su vida”. Entre los deberes del Estado incluye asimismo la Convención de Belém do Pará el de “abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación”. Ahora bien, con la afirmación de que toda mujer tiene derecho a la vida, y a una vida libre de violencia, negándose al Estado el derecho de realizar cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer, parece evidente que la Convención de Belém do Pará prohibe la aplicación de la pena de muerte a la mujer. No se puede ver en las disposiciones citadas una discriminación en relación con los hombres o los niños y jóvenes, y no cabe argumentar la llamada discriminación positiva, pues ésta existe para preservar derechos inherentes a la calidad de una persona, a fin de preservar derechos que solamente a ella pertenecen. Por ejemplo, la mujer grávida o con hijos tiene derechos propios de su condición de gestante y de madre que no se extienden, evidentemente, a los hombres. Por otra parte, una medida de discriminación positiva tiene que orientarse a realizar la igualdad entre grupos de personas entre las cuales subsisten desigualdades de hecho, en forma temporal y proporcionada. No existe una desigualdad entre hombres y mujeres en lo que hace al derecho a la vida. Y de todos modos, la imposición de la pena de muerte no es una medida proporcionada, como veremos más adelante. Cuando se trata de derechos comunes –como el derecho a la vida—no se puede hablar de discriminación positiva. En ese caso, todos son iguales ante la ley. Naturalmente, al prohibirse la imposición de la pena de muerte a las mujeres, se tiene en cuenta, no solamente su condición femenina, sino sobre todo su calidad de persona humana.
24. El Derecho Internacional presupone disposiciones que están por encima del Estado. Como destaca el ilustre jurista italiano Norberto Bobbio, el universalismo --que el Derecho Internacional pretende normatizar-- resurge hoy, en especial después de la segunda guerra mundial y de la creación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), no sólo como creencia en un derecho natural eterno, como voluntad de constituir un derecho positivo único del desarrollo social histórico (como el derecho natural y el estado de naturaleza), sino en cuanto a su fin. Y considera que la idea del Estado mundial único es la idea límite del universalismo jurídico contemporáneo, esto es, la constitución de un derecho positivo universal. [89]
26. Según Norberto Bobbio, las reglas fundamentales para la solución de las antinomias son tres: a) criterio cronológico; b) criterio jerárquico, y c) criterio de la especialidad. [90]
28. Es imposible argumentar que la aceptación de la pena de muerte en el párrafo 2 del artículo 4 de la Convención Americana es una disposición especial en relación con el derecho “general” a la vida. Ni mucho menos que al aceptar la pena de muerte, ella fue considerada como un caso particular de pena y no configura una violación del derecho a la vida ni infringe la prohibición de la tortura u otro tratamiento cruel o inhumano.
Humanos, recogiendo el sentimiento ampliamente mayoritario expresado en el curso de los debates sobre la prohibición de la pena de muerte, concorde con las más puras tradiciones humanistas de nuestros pueblos, declaramos solemnemente nuestra firme aspiración de ver erradicada de inmediato del ámbito americano la aplicación de la pena de muerte, y nuestro indeclinable propósito de realizar todos los esfuerzos posibles para que, a corto plazo, pueda suscribirse un Protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos -Pacto de San José, Costa Rica- que consagre la definitiva abolición de la pena de muerte y coloque una vez más a América en la vanguardia de la defensa de los de Las Delegaciones abajo firmantes, participantes de la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos rechos fundamentales del hombre [Actas y Documentos, OEA -serv. K-XVI-12, Washington, D.C., 1973; en adelante Actas y Documentos (repr.1978, esp. pág. 161, 195, 296 y 449/441)].
32. Coincide con tales expresiones lo señalado por el Relator de la Comisión, en el sentido de que en este artículo la Comisión dejó constancia de su firme tendencia a la supresión de la pena (de muerte) (Actas y Documentos, supra n. 296).
37. Sin embargo, cuando se decreta la pena de muerte se rompe abrupta y violentamente la referida armonía serial; se da un salto del plano temporal al no-tiempo de la muerte.
40 En suma, la opción por la pena de muerte es de tal orden que, como señala Simmel, matiza todos los contenidos de la vida humana, pudiendo decirse que es inseparable de un halo de enigma y de misterio, de sombras que a la luz de la razón no le es dado disipar: querer encuadrarla en soluciones penales equivale a despojarla de su significado esencial para reducirla a la violenta desagregación física de un cuerpo (citando a Miguel Reale, en O Direito como Experiência).
41. De ahí la conclusión del eminente filósofo jurista Miguel Reale, analizada a la luz de sus valores semánticos: el concepto de pena y el concepto de muerte son entre sí lógica y ontológicamente irreconciliables, y por lo tanto “pena de muerte” es una “contradictio in terminis” cf. O direito como experiência, Saraiva, 2a. ed., Sao Pablo, Brasil).
44 Cabe agregar que el artículo 29(b), de la Convención Americana establece, en esa misma línea de pensamiento, que ninguna disposición de la Convención puede interpretarse en el sentido de “limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados partes”. Es oportuno, a ese propósito, leer el informe de la CIDH sobre Suriname y las Opiniónes Consultivas OC-8/87 y OC-9/87 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
48. La Corte concluyó que la extradición a un país que admite la pena de muerte no constituiría una violación del derecho a la vida ni del derecho a la integridad personal, pues la pena de muerte en sí no ha sido prohibida expresamente por la Convención Europea. No obstante, la posibilidad de que el reo pase años en detención a la espera del momento --por otra parte totalmente imprevisible-- de la ejecución de la pena --el llamado “síndrome del pabellón de la muerte” --fue considerada por la Corte como constitutiva de un tratamiento cruel y, por consiguiente, violatorio del derecho a la integridad personal.
51. De ese modo, la prohibición absoluta, contenida en la Convención Europea, de la tortura o las penas o tratamientos inhumanos o degradantes, muestra que el artículo 3 aludido consagra uno de los valores fundamentales de las sociedades democráticas. Se destaca en esa sentencia que tiene el mismo sentido la disposición del Pacto Internacional de 1966 relativo a los derechos civiles y políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, al proteger, en toda su extensión y profundidad, los derechos de la persona humana. Se trata, concluye, de una norma internacionalmente aprobada.
52. Es cierto que el concepto de penas o tratamientos inhumanos o degradantes depende de todo un conjunto de circunstancias. No es por otro motivo que se debe tener el máximo cuidado para asegurar un justo equilibrio entre las exigencias del interés general de la comunidad y los imperativos mayores de salvaguardia de los derechos humanos del individuo, en forma de principios inherentes al conjunto de la Convención Europea.
54. A su vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya afirmó, en ese sentido, que “el derecho a la vida y su garantía y respecto por los Estados no puede ser concebido de modo restrictivo. El mismo no sólo supone que a nadie se le puede privar arbitrariamente de la vida (obligación negativa). Exige de los Estados, todavía más, tomar todas las providencias apropiadas para postergarla y preservarla (obligación positiva)” (cf. Repertorio de Jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, 1998, Washington College of Law, American University, 1/102).
55. No fue por otro motivo que la Corte Europea, en la decisión mencionada, consideró que la Convención es, incontestablemente “un instrumento vivo que ha de interpretarse (...) a la luz de las condiciones de vida actual [para determinar si es preciso considerar un tratamiento o una pena como inhumanos o degradantes a los fines del artículo 3 la Corte no puede dejar de recibir la influencia de la evolución y las normas comúnmente aceptadas de la política penal de los Estados miembros del Consejo de Europa en este terreno”.
56. Realmente, para saber si la pena de muerte, en razón de modificaciones actuales, tanto de derecho nacional como de Derecho Internacional, constituye un tratamiento prohibido por el artículo 3, es preciso tener en cuenta los principios que rigen la interpretación de la Convención. En este caso, tanto de la Convención Europea como de la Convención Americana: “nadie puede ser sometido a torturas o tratamientos inhumanos, crueles o degradantes” (artículo 3 de la Convención Europea); “nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes” (artículo 5, inciso 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).
57. En la misma línea de pensamiento, al evaluar el caso Irlanda c. Reino Unido, la Corte Europea ya decidió que “la Convención prohibe en términos absolutos la tortura y las penas o tratamientos inhumanos o degradantes, cualesquiera que sean las imputaciones formuladas contra la víctima”. El artículo 3 no prevé restricciones “...sólo se tienen en cuenta las nociones de ‘tortura’ y de ‘tratamientos inhumanos o degradantes’, excluyéndose las ‘penas inhumanas o degradantes’”.
58. Más recientemente, en la Opinión Consultiva OC-16/99, del 1º de octubre de 1999, solicitada por los Estados Unidos Mexicanos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto al derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal, la Corte estimó útil “recordar que en el examen realizado, en su oportunidad, sobre el articulo 4 de la Convención Americana, advirtió que la aplicación e imposición de la pena capital está limitada en términos absolutos por el principio según el cual [nadie] podrá ser privado de la vida arbitrariamente”. Tanto el articulo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como el articulo 4 de la Convención, ordenan la estricta observancia del procedimiento legal y limitan la aplicación de esta pena a “los más graves delitos”. En ambos instrumentos existe, pues, una clara tendencia restrictiva a la aplicación de la pena de muerte hacia su supresión final.
61. El ilustre internacionalista y actual presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (1999/2001) en ese voto concurrente señala que “las propias emergencias y consolidación del corpus juris del Derecho Internacional de los Derechos Humanos se deben a la reacción de la conciencia jurídica universal ante los recurrentes abusos cometidos contra los seres humanos, frecuentemente convalidados por la ley positiva: con esto, el Derecho vino al encuentro del ser humano, destinatario último de sus normas de protección”.
62. En el mismo sentido, advierte el autor del voto concurrente, “ha apuntado la jurisprudencia de los dos tribunales internacionales de derechos humanos en operación hasta la fecha, por cuanto los tratados de derechos humanos son, efectivamente, instrumentos vivos, que acompañan la evolución de los tiempos y del medio social en que se ejercen los derechos protegidos”.
65. Cabe agregar, además, que en reunión realizada por representantes de los órganos de supervisión internacionales basados en tratados de derechos humanos (los llamados “human rights treaty bodies"), se señaló que los procedimientos convencionales forman parte de un amplio sistema internacional de los derechos humanos, que tiene como postulado básico la indivisibilidad de los derechos humanos (civiles, políticos, económicos, sociales y culturales). A fin de asegurar en la práctica la universalidad de los derechos humanos, la referida reunión recomendó la “ratificación universal”, a más tardar en el año 2000, de los seis tratados centrales de derechos humanos de las Naciones Unidas (los dos pactos de Derechos Humanos, las Convenciones sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial y de discriminación de la mujer, la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y la Convención sobre los Derechos del Niño) y de los tres convenios de la OIT referentes a los derechos humanos básicos. En la reunión se advirtió seguidamente que el incumplimiento, por los Estados partes del deber de ratificar, constituía una violación de las obligaciones convencionales internacionales, y que la invocación de la inmunidad estatal a este respecto equivaldría a un “double-standard” que penalizaría a los Estados que cumplieran debidamente tales obligaciones (Cançado Trindade, Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos, vol. 1, Fabris ed., L997, págs. 199/200).
66. El artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados impide invocar normas de derecho interno para justificar el incumplimiento de una obligación internacional. Además, una disposición internacional debe ser interpretada de buena fe, conforme al sentido ordinario de sus términos (artículo 31, de la Convención de Viena, del 23 de mayo de 1969: “Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido ordinario que haya de atribuirse a sus términos en el contexto de los mismos y teniendo en cuenta su objeto y fin"). En consecuencia, debe tratar de valorizar cada uno de los términos, no pudiendo interpretarse como no escritos (doctrina del “efecto útil”).
70. En esta perspectiva, disposiciones como la ya mencionadas (artículo 4(2) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) deben ceder a favor de instrumentos jurídicos que protejan mejor los intereses de las víctimas de violaciones de derechos humanos.
[88] Comunicado de Prensa N° 9/00, Washington D.C. 28 de junio de 2000:
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos deplora la ejecución de Shaka Sankofa previamente conocido como Gary Graham. en el Estado de Texas, el 22 de junio de 2000. El Sr. Sankofa fue ejecutado a pesar de las solicitudes formalmente presentadas par la Comisión a los Estados Unidos con el fin de que se suspendiese su ejecución, hasta tanto se hubiese decidido sobre una queja presentada en su nombre ante la Comisión. En 1993, la Comisión recibió una queja en nombre del Sr. Sankofa, conforme a la cual Estados Unidos, como Estado Miembro de la Organización de los Estados Americanos, había violado los derechos humanos del Sr. Sankofa consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre incluyendo su derecho a la vida, previsto en el articulo I de ese instrumento. En particular, se sostuvo que el Sr. Sankofa fue sentenciado a muerte por un crimen que, según se alega, fue cometido cuando tenia 17 anos de edad, que era inocente de dicho crimen y que había sido sujeto a procedimientos en los cuales no se dio cumplimiento a los estándares internacionales sobre debido proceso.
[89] Teoria do Ordenamento Jurídico. Universidad de Brasilia, 1991, pág. 164.
[90] Obra citada 2, pág. 92.