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Timestamp: 2020-04-03 11:50:56
Document Index: 373205806

Matched Legal Cases: ['artículo 203', 'artículo 236', 'artículo 1', 'artículo 18', 'artículo 19', 'artículo 20', 'artículo 21', 'artículo 22', 'artículo 23', 'artículo 24', 'artículo 55', 'artículo 56', 'artículo 57', 'artículo 97', 'artículo 98', 'artículo 100', 'artículo 103', 'artículo 236', 'artículo 92', 'artículo 3', 'artículo 203', 'artículo 1', 'artículo 25']

Sentencia nº 562 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 4 de Mayo de 2012 - Jurisprudencia - VLEX 369403786
Número de Expediente: 12-0471
El 30 de abril de 2012, se recibió en esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el Oficio S/N de la misma fecha, suscrito por el ciudadano H.R.C.F., en su condición de Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, anexo al cual remitió un ejemplar del DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO, LOS TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS, dictado con base en la Ley que Autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley, en las Materias que se Delegan, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.009, Extraordinario, del 17 de diciembre de 2010, con el propósito de obtener el pronunciamiento de esta Sala Constitucional acerca de la constitucionalidad de su carácter orgánico, conforme se ordena en el artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
El instrumento jurídico remitido a esta Sala Constitucional, a los fines de revisar la constitucionalidad de su carácter orgánico, lo constituye el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras, dictada por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela con fundamento en el artículo 236.8 constitucional y el artículo 1.9 de la Ley que Autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las Materias que se delegan, en C.d.M., cuyo articulado se estructura de la forma como sigue:
El Capítulo II del mismo Título se denomina “Principios Rectores”, que abarca las disposiciones consagradas en los artículos 18 al 24 del instrumento jurídico analizado. Tales normas aluden a los principios que rigen al trabajo como hecho social y proceso fundamental para alcanzar los f.d.E., la satisfacción de las necesidades materiales, morales e intelectuales del pueblo y la j.d. de la riqueza (artículo 18); el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales (artículo 19); el principio de igualdad y equidad de género en el ejercicio del trabajo (artículo 20); el principio de no discriminación en el trabajo basabas en razones de raza, sexo, edad, estado civil, sindicalización, religión, opiniones políticas, nacionalidad, orientación sexual, personas con discapacidad u origen social que menoscabe el derecho al trabajo (artículo 21); el principio de primacía de realidad sobre las formas o apariencias (artículo 22); los principios que articulan el sistema de justicia laboral y la legislación procesal sobre la materia (artículo 23) y el reconocimiento de la concepción constitucional sobre el trabajo como proceso fundamental para alcanzar los fines esenciales del Estado en tanto criterio que orienta la correcta aplicación de este Decreto Ley (artículo 24).
Por su parte el Capítulo II desarrolla lo relativo al Contrato de Trabajo, señalando que el mismo “(…) es aquel mediante el cual se establecen las condiciones en las que una persona presta sus servicios en el p.s.d.t. bajo dependencia, a cambio de un salario justo, equitativo y conforme a las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y esta Ley” (artículo 55); asimismo se señalan las obligaciones de las partes (artículo 56) y el régimen supletorio aplicable en caso de que en el contrato de trabajo no hubiere estipulaciones expresas respecto al servicio que deba prestarse y a la remuneración (artículo 57).
Que el Título III denominado “De la J.D. de la Riqueza y las Condiciones de Trabajo”, regula lo relativo al “Salario” en su Capítulo I, estableciendo en su Sección Primera, las “Disposiciones Generales” que contienen entre otras la protección de la familia y el ingreso (artículo 97), el derecho al salario (artículo 98), la libre estipulación del mismo y disponibilidad de éste (artículos 99 y 101), su fijación (artículo 100) y, su irrenunciabilidad (artículo 103), entre otras.
El Título V el cual se desarrolla entre los artículos 293 y 351 “De la Formación Colectiva, Integral, Continua y Permanente de los Trabajadores y las Trabajadoras en el Proceso Social de Trabajo”, en su “Capítulo I”, denominado “Disposiciones Generales”, propugna la educación y el trabajo como los procesos fundamentales para la creación y j.d. de la riqueza, la producción de los bienes y servicios, para la construcción de una sociedad de iguales.
El articulado contenido en el Título VII “Del derecho a la participación protagónica de los trabajadores, trabajadoras y sus organizaciones sociales”, recoge el Capítulo I “De la libertad Sindical” y la sección primera se encuentra referida a las “Disposiciones Fundamentales”, la l.s., a la autonomía sindical, los derechos individuales de la l.s., los derechos colectivos de la l.s., prohibición de prácticas antisindicales, prohibición de injerencia patronal, solicitud de afiliación, derecho de asociación de patronos y patronas.
Seguidamente, en la Sección Segunda, titulada “De la Protección de la Libertad Sindical” se hace alusión al ámbito de protección en su dimensión individual y colectiva, las prácticas antisindicales como conductas discriminatorias o lesivas de los derechos de l.s., el procedimiento ante las prácticas antisindicales, el procedimiento ante la negativa de afiliación de un trabajador o trabajadora a un sindicato.
El Título X denominado “Disposiciones Transitorias, Derogatorias y Final”, regula en primer lugar las disposiciones transitorias, regulando la “Primera” de ellas la denominada tercerización estableciendo un lapso de tres años para que los patronos se ajusten a esta prohibición. La “Segunda” todo lo referente a la transición del antiguo régimen de prestaciones sociales y el nuevo. La “Tercera”, la aplicación de la nueva jornada de trabajo. La “Cuarta” la aplicación y organización del nuevo sistema organizaciones sindicales. La “Quinta” la transformación de las agencias de empleo. La “Sexta”, la continuidad de los Directores del Trabajo en las entidades del trabajo por el periodo por el cual fueron designados y la “Séptima”, establece la creación del C.S.d.T..
El “Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras” fue dictado por el ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, en C.d.M., en ejercicio de la facultad legislativa conferida en el numeral 8 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de conformidad con los artículos 1°, cardinal 9 de la Ley que Autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley, en las Materias que se Delegan, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.009, Extraordinario, del 17 de diciembre de 2010.
3. Mediante la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, un nuevo régimen para el derecho a prestaciones sociales reconocido en el artículo 92 de esta Constitución, el cual integrará el pago de este derecho de forma proporcional al tiempo de servicio y calculado de conformidad con el último salario devengado, estableciendo un lapso para su prescripción de diez años. Durante este lapso, mientras no entre en vigencia la reforma de la ley seguirá aplicándose de forma transitoria el régimen de la prestación de antigüedad establecido en la Ley Orgánica del Trabajo vigente. Asimismo, contemplará un conjunto de normas integrales que regulen la jornada laboral y propendan a su disminución progresiva, en los términos previstos en los acuerdos y convenios de la Organización Internacional del Trabajo suscritos por la República
Sino que además en su contenido, se regula el derecho al trabajo, consagrado en distintos segmentos de nuestra Constitución como un derecho humano fundamental, pero además como un proceso fundamental para alcanzar los f.d.E., en los precisos términos del artículo 3 del Texto Constitucional, el cual establece que “el Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución. La educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines”.
Observa esta Sala, que la Constitución de 1999 pretende reforzar las conquistas que -de forma progresiva- se han alcanzado en nuestro país, en el régimen jurídico del trabajo, tanto público como privado, dada la universalidad de los derechos fundamentales y su condición expansiva, que no excluye, sino por el contrario, integra, a grupos o comunidades en el disfrute de éstos, y que viene a sumarse al poco más de medio centenar de Convenios Internacionales del Trabajo, que se han suscrito; en especial, los relativos a la libertad del trabajo (Convenios números 29, de 1930 y 105, de 1957, sobre el trabajo forzoso u obligatorio), a la igualdad (Convenios número 100, sobre igualdad de remuneración, 1951 y número 111, sobre la discriminación-empleo y ocupación-, 1958) y a la l.s. (Convenios número 87, sobre la l.s. y protección del derecho de sindicación, 1948, y número 98, sobre el derecho de sindicación y protección colectiva, 1949), así como los demás Convenios que cubren una amplia gama de materias, que van desde el empleo, política social, administración del trabajo, relaciones profesionales, condiciones de trabajo, hasta la seguridad social. (Vid. E.M.Q. y F.I., Ob.cit, p.49).
. (Sentencia de esta Sala N° 790/02)
Esta Ley, tiene por objeto proteger al trabajo como hecho social y garantizar los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, creadores de la riqueza socialmente producida y sujetos protagónicos de los procesos de educación y trabajo para alcanzar los f.d.E. democrático y social de derecho y de justicia, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el pensamiento del padre de la p.S.B..
Regula las situaciones y relaciones jurídicas derivadas del proceso de producción de bienes y servicios, protegiendo el interés supremo del trabajo como proceso liberador, indispensable para materializar los derechos de la persona humana, de las familias y del conjunto de la sociedad, mediante la j.d. de la riqueza, para la satisfacción de las necesidades materiales, intelectuales y espirituales del pueblo
Para el ejercicio de la democracia sindical, los estatutos y reglamentos de las organizaciones sindicales establecerán la alternabilidad de los y las integrantes de las directivas y representantes mediante el sufragio universal, directo y secreto. Los y las integrantes de las directivas y representantes sindicales que abusen de los beneficios derivados de la l.s. para su lucro o interés personal, serán sancionados o sancionadas de conformidad con la ley. Los y las integrantes de las directivas de las organizaciones sindicales estarán obligados u obligadas a hacer declaración jurada de bienes.
En ese orden de ideas, luego de analizar los fundamentos teóricos anotados, y sin que ello constituya pronunciamiento sobre la constitucionalidad del contenido de la normativa sometida a consideración de esta Sala Constitucional por el ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, con base en las anteriores consideraciones, este M.T. se pronuncia, conforme a lo previsto en el artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el cardinal 9 del artículo 1 de la Ley que Autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las Materias que se Delegan y en el artículo 25.14 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en el sentido de declarar la constitucionalidad del carácter orgánico del “Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras”, y así se declara.
Exp. Nº. AA50-T-2012-0471
Decisión nº S-N de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Ejecución de Falcon (Extensión Coro), de 16 de Octubre de 2006