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Timestamp: 2019-03-21 11:42:08
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Víctor López Velarde Santibáñez | El Juego de la Suprema Corte
Las propuestas de trabajo de los aspirantes a la presidencia de la Suprema Corte
El arribo de la cuarta transformación, como se le ha denominado popularmente al cambio de administración, llega de la mano junto con sustanciales cambios dentro de la Suprema Corte que sin duda repercutirá en aspectos no menores del Poder Judicial de la Federación.
El noviembre pasado concluyó el encargo del ahora ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz, una partida que se ha resentido notablemente en el campo de la doctrina jurídica por las grandes aportaciones al derecho a raíz de las resoluciones y sentencias surgidas bajo su ponencia, debiéndole en gran medida tanto la reforma de derechos humanos de 2011 como el afianzamiento del control de convencionalidad como uno de las herramientas más efectivas en la labor judicial para garantizar la protección más amplia.
Asimismo, en unos cuantos meses concluye el encargo de la ministra Margarita Luna Ramos, quien también durante estos 15 años se caracterizó por una postura un tanto más formalista y conservadora, por lo que con ella y Cossío dejando de formar parte de la Corte se pierde un importante equilibrio que tenía lugar en la dinámica del Pleno de nuestro máximo tribunal.
En medio de estos cambios, concluye el periodo como presidente del ministro José María Aguilar Morales, quien seguirá siendo parte de la Corte, y deberá ser sustituido en el cargo por alguno de sus pares. Los aspirantes a ocupar tal posición son los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Arturo Zaldívar. Los cuales presentaron sus respectivas propuestas y líneas de trabajo, mismas que se pueden consultar aquí, y que permiten ponderar el giro administrativo que predominará tanto en la Suprema Corte como en el Consejo de la Judicatura Federal en los siguientes años.
Pardo Rebolledo hace énfasis en la necesidad de un Poder Judicial independiente que esté al servicio del Estado y la sociedad, estableciendo que en este escenario de cambios es necesario que las instituciones públicas deben generar políticas que tomen al gobernado como el principal centro de sus decisiones. En ese sentido, a su juicio, el Poder Judicial debe acompañar esta evolución sin perder su autoridad o autonomía en las decisiones que en su interior acontezcan. Y, para ello, se requiere que los ciudadanos tengan mayor confianza en el Poder Judicial, de modo que sus resoluciones se perciban con un mayor nivel de legitimidad, pues, en pos de lograr un desarrollo y paz social es necesario que los juzgadores realicen su trabajo de manera imparcial, pero también con un elevado sentido humano.
Otras de las propuestas que se incluyen en su proyecto, es acabar con cualquier práctica de influentísimo para que quienes obtengan puestos en cargos judiciales no sólo sea gente altamente calificada para ejercer la función, sino que sea gente que se gane la mención con méritos propios. Incluso menciona construir modelos de sanción y medidas de disciplina que eviten aun la desviación más mínima. Llama la atención la mención a que también el personal que no ejerce una función jurídica dentro del Poder Judicial debe estar altamente capacitada en áreas administrativas y recursos humanos.
Vale la pena destacar, que la austeridad es un eje importante de los cuatro candidatos y que responde a las exigencias de la sociedad plasmadas en la elección del pasado 2 de julio. De tal manera, que el ministro Pardo se comprometió a redistribuir el gasto y recortar aquellos que resulten innecesarios, de modo que la ciudadanía perciba que el presupuesto destinado a los funcionarios públicos que labora en estas instancia se utilice de manera eficiente lo cual repercute en una mejor perspectiva del Poder Judicial hacia su exterior, lo que fortalece su legitimidad ante la ciudadanía.
Para lograr lo anterior, propone crear un modelo de gerencia judicial que se encargue de desempeñar las actividades administrativas de manera que el poder judicial se enfoque únicamente en cumplir a cabalidad con su obligación de impartir justicia. Rebolledo considera también que algunas de las herramientas para fortalecer la confianza en la actividad diaria que llevan a cabo los jueces son la publicidad y la comunicación de modo que haya un mayor entendimiento social respecto las resoluciones que se dictan día con día.
En otros aspectos, también hace una propuesta de fortalecer la preparación de jueces en las instituciones que les permitan desarrollar habilidades necesarias para juzgar tanto con perspectiva de género como para conciliar conflictos de acuerdo al nuevo paradigma de justicia. Del mismo modo considera pertinente depurar la magnitud de asuntos que llegan a la Suprema Corte de modo que solo conozca de los asuntos más trascendentes para poder agilizar su labor, expandiendo las competencias de los Tribunales Colegiados.
La propuesta de Peréz Dayán también apuesta por la independencia del Poder Judicial fortaleciendo su carácter garante como un contrapeso clave para así defender tanto la democracia como la división de poderes establecido en la Constitución mexicana.
Al igual que el resto de sus competidores, también entiende la necesidad de establecer confianza con la ciudadanía a través de un efectivo ejercicio de rendición de cuentas, de modo que se pueda supervisar con total transparencia la manera en que se utilizan los recursos públicos dentro la estructura de este poder.
Sin embargo, considera que una de las principales prioridades para conseguir un sistema judicial fuerte es potencializar la unidad de todos las instancias que lo integran y así robustecer su labor como garantes de la Constitución, pero respetando en todo momento la autonomía de todos estos órganos jurisdiccionales.
A su vez, propone que desde la Suprema Corte se combata la impunidad, corrupción, los abusos de autoridad y las violaciones a los derechos humanos, por lo que la autonomía que pretende fortalecer debe erradicar esas malas prácticas sin complicidad desde el interior del sistema judicial y eliminando aquellos criterios que dejan en condición de vulnerabilidad a los más desprotegidos.
El ministro Pérez Dayán también considera necesario mejor la eficiencia administrativa con la que se desempeña el personal que opera día a día en estos tribunales, lo que no sólo incluye a aquellos que se desenvuelven en la labor jurídica, sino que también los que realicen actividades técnicas deben estar lo suficientemente capacitados
Debido a la importancia que tiene la difusión del conocimiento jurídico, propone que dentro de la Suprema Corte se cree la secretaria ejecutiva de la cultura jurídica integrada por áreas que compartan ese mismo fin, de tal manera que se fortalezcan aquellas temáticas que compartan un mismo fin a la vez que se optimizan los recursos destinados para ese objetivo.
Una de sus propuestas más llamativas tiene que ver con el tema de derechos humanos y acceso a la justicia, lo cual conlleva en restructura el área de atención ciudadana de la Suprema Corte para que los usuarios tengan a su alcance tanto los medios legales como la información para el correcto ejercicio de sus derechos. También hace mención a la inclusión de personas con discapacidad y de género para eliminar barreras que permitan una mayor pluralidad en el poder judicial, así como el óptimo uso de medios de comunicación o nuevas tecnologías para informar con lenguaje cercano las resoluciones más relevantes y robustecer así la confianza con la ciudadanía.
En su propuesta, Ortiz Mena es bastante explícito respecto reconocer el reclamo de la ciudadanía manifestado en las urnas durante la jornada electoral de julio el año pasado, lo cual conlleva a que las instituciones públicas reduzcan y moderen sus gastos además que sean más eficientes en el cumplimiento de sus funciones.
En ese aspecto, Ortiz Mena asegura que aunque el poder judicial debe mantenerse independiente a los cambios políticos, institucionales y económicos que conlleva la llegada del nuevo poder ejecutivo federal, otra manera de perder su legitimidad consistiría en ignorar las demandas razonables de una sociedad que exige austeridad a una labor que siempre ha sido asociada a los excesos y privilegios como lo es la jurisdiccional, por lo que mantener la autonomía no implica desconocer las transformaciones que tendrán lugar en el contexto social.
Señala que uno de sus principales objetivos será fortalecer las actividades de la comisiones de vigilancia y disciplina para generar programas de prevención y sanción a todo acto de corrupción para así incentivar ese escenario de transparencia en todas las instancias que pertenecientes al poder judicial.
Con el fin de acercar a la Suprema Corte y al Consejo de la Judicatura a la ciudadanía, se pretende operar bajo un principio de máxima publicidad, de modo que sus resoluciones estén al alcance de la ciudadanía por medio de medios digitales, incluso traducirlos a lenguas indígenas para hacer de la actividad judicial un asunto inclusivo. Además de ello, se pretende que durante su presidencia se realicen diversos diagnósticos respecto al funcionamiento de los órganos judiciales en el país, promoviendo la participación de agentes externos al poder judicial tal y como la academia o la sociedad civil para que evalúen diversos aspectos de funcionamiento su gestión administrativa, eficiencia judicial y políticas laborales.
Ortiz Mena estima que para que la Suprema Corte pueda funcionar adecuadamente como tribunal constitucional es necesario depurar la cantidad de asuntos sobre los cuales tiene conocimiento. De tal manera que, teniendo una carga más delimitada, pueda emitir con mayor agilidad criterios sustantivos. Ya que es común que los ministros de la Corte destinen sus esfuerzos a resolver y pronunciarse respecto asuntos que terminan siendo desechados por no reunir los requisitos de procedencia y, por ende, no propician criterios de interpretación constitucional, por lo que la idea sería generar mecanismos normativos internos para liberar a la Corte de tales casos y, de esta manera, pueda enfocarse únicamente en aquellos asuntos de índole propiamente constitucional.
Por último, vale destacar, que Ortiz Mena declara que aunque el respeto a las resoluciones judiciales es importante para garantizar la independencia judicial, es necesario que estas decisiones estén alineadas con los criterios de protección a derechos humanos emitidos por la Suprema Corte de acuerdo al marco constitucional, por lo que uno de los principales artistas en su función será fortalecer la capacitación de los encargados de impartir justicia para que resuelvan los asuntos protegiendo en todo momento los derechos humanos y velando por la perspectiva de género, entre otras cuestiones relevantes.
Arturo Zaldívar refleja en su propuesta que está muy consciente que el cambio de presidente de la Corte se da en un contexto político crítico al poder judicial desde el discurso público. Es el único de los candidatos que hace una mención explícita a la recién promulgada Ley Federal de Remuneraciones la cual implica un conflicto al interior del poder judicial respecto al marco institucional que la propia Constitución establece. Por ello considera, que el máximo desafío de quien ostente tal cargo, será defender la independía judicial sin propiciar una cruzada con los demás poderes o la ciudadanía.
Sin embargo, la defensa de la autonomía judicial no será efectiva en tanto que el poder judicial quede plenamente legitimado ante la sociedad, por lo que el primer paso será reconocer que hay cuestiones necesarias de corregir en su interior, mostrándose sensibles ante los reclamos de la ciudadanía ante el contexto político que se avecina. Añade que la mala reputación que tiene hoy día el sistema judicial está relacionada con un mal ejercicio de transparencia, por lo que a partir de ahí es necesario implementar programas de austeridad de modo que el presupuesto se refleje en una impartición de justicia pronta e imparcial.
Considera, a su vez, que es necesario tomar en cuenta las recomendaciones de la sociedad civil respecto a que para acceder a un cargo judicial se apele a un sistema meritocrático que priorice las capacidades y perfiles antes que los vínculos o relaciones familiares.
Así, de acuerdo al contexto actual, Zaldívar propone establecer diálogos de comunicación con los demás poderes para defender la independencia del poder judicial, de manera que se puedan intercambiar puntos de vista de manera respetuosa. Justo, Zaldívar menciona que en el marco de expansión constitucional en el que nos encontramos, desde la reforma a derechos humanos en 2011, es necesario democratizar la justicia. Lo cual implica que debe abrirse y vincularse con elementos de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales o con movimientos sociales para no encerrase en sí mismo y caer en las mismas prácticas. La independencia judicial no está exenta de la rendición de cuentas, fomentando el diálogo con la comunidad que está destinada a servir y transparente en todo momento respecto a su actuar.
El ministro Zaldívar plantea que se debe concebir al juez como un agente de cambio, renovación e impacto social, por lo cual se debe apelar a nuevos sistemas de selección de manera que los nuevos jueces no sólo conozcan el sistema normativo vigente, sino que sean capaces de utilizar herramientas de vanguardia como el control difuso de convencionalidad y demás fuentes de derecho internacional de modo que se armonice con la protección necesaria a los derechos humanos que el sistema jurídico requiere actualmente. Ello repercutirá positivamente en la percepción que la sociedad tiene del poder judicial otorgándole un matiz más humano y cercano a la actualidad. La Suprema Corte debe abrirse a atender audiencias públicas con expertos en diversas materias ajenos al saber jurídico o los amicus curiae de modo que la impartición de justicia se vuelva una cuestión abierta e inclusiva.
Dentro de sus propuestas se destacan la iniciativa de mejorar la calidad argumentativa de las sentencias, concibiendo éstas como herramientas de comunicación social de manera que no sólo sean comprensivas hacia el interesado, sino que permitan a la sociedad interesarse e inmiscuirse en la manera en que las resoluciones judiciales impactan diariamente su vida.
Daños punitivos o el atinado reentendimiento de la Corte del daño moral
Durante muchos años, la separación entre las familias del civil law y common law fue bastante latente en la doctrina jurídica universal y justamente en México, al alinearse su sistema jurídico con los principios del derecho romano-germánico, parecía que la distancia con el derecho anglosajón era abismal. Razón por la que se percibía imposible que dentro de la lógica de la justicia mexicana se aplicaran conceptos o lineamientos de dicha corriente.
Sin embargo, a raíz de la reforma al sistema penal en 2008 y la reforma de derechos humanos en 2011, no es tan descabellado afirmar que nuestro ordenamiento jurídico parece decidido a poner fin a este divorcio entre common law y civil law que ha regido nuestro sistema. Ya que si bien la base del derecho mexicano sigue siendo fiel al derecho romano germánico, se ha abierto la puerta a tomar ciertos elementos del derecho anglosajón, tales como la oralidad de los juicios en materia penal y, gracias a una reciente sentencia de la Suprema Corte, invocar un principio característico del derecho estadounidense como lo son los daños punitivos en el marco legal del país.
Esta decisión puso sobre la mesa una nueva jurisprudencia que actualiza un modelo paradigmático respecto a la reparación del daño moral derivada de la responsabilidad civil que estuvo arraigado por muchos años. Lo cual abre la puerta a que los jueces del ordenamiento civil puedan sancionar con indemnizaciones compensatorias a empresas derivado de actividades negligentes de éstas.
Así, al resolver el amparo directo 30/2013, la Corte dio luz verde a la aplicación de la figura de daños punitivos en el país ampliando así el método para cuantificar el alcance del daño moral, lo cual es relevante dado que antes de tal resolución no existía un método exacto o preciso para determinar la cantidad adecuada a pagar por una afectación al daño moral en el país.
Tras una serie de apelaciones impulsadas por las partes se determinó inicialmente que la empresa estaría condenada a pagar una suma de 8 millones de pesos basándose en lo indicado por el artículo 1916 del Codigo Civil para el Distrito Federal. El cual establece que el juez competente debe determinar el monto contemplando la condición socioeconómica de la víctima, lo cual restringe a que las indemnizaciones millonarias solo tengan lugar cuando el dañado tenga un estatus socioeconómico elevado.
Los padres del fallecido impugnaron tal resolución mediante amparo solicitando que la Suprema Corte tuviera conocimiento del caso, de modo que consideró que tal artículo era discriminatorio al no estar alineado al artículo 1º constitucional que garantiza la igualdad al condicionar el monto de acuerdo a la situación económica de la víctima, aterrizando así la figura de daños punitivos en la sentencia.
El caso sobre el cual versa esta sentencia inicia después de que un joven muere dentro de las instalaciones del Hotel Mayan Palace Acapulco tras usar el servicio del kayack que ofrecía el hotel en el lago artificial. Lo que sucedió fue que accidentalmente la balsa se volteó y, al estar el agua electrificada, resultó en la muerte del sujeto en cuestión. Los padres del fallecido inician un proceso demandando la reparación del daño por la muerte de su hijo. En un inicio la empresa procuró defenderse argumentando que al firmar el contrato de hospedaje, el usuario aceptaba usar los servicios bajo su responsabilidad y liberaba al hotel de cualquier responsabilidad derivada de los riegos de accidente que pudieran originarse por usar estos.
Sin embargo, desde primeras instancias se resolvió que la empresa era responsable de la muerte de la víctima, ya que si bien el contrato de hospedaje libera de responsabilidad al hotel asumiendo el riesgo que conlleva realizar cierta actividad. Esta liberación de responsabilidad se refiere a incidentes que puedan ocurrir por cuestiones de fuerza mayor o en respuesta a las mismas limitaciones del usuario –como, por ejemplo, que se meta a una alberca honda sin saber nadar-. Sin embargo, en este caso, el riesgo se configuró a partir de la negligencia del hotel por no tener sus instalaciones en óptimas condiciones para ser usadas de manera segura por los huéspedes.
Tras establecer que, en efecto, la empresa había incurrido en negligencia al ser responsable de la muerte de la víctima, la lógica de la sentencia discutida fue establecer el alcance de la responsabilidad del hotel con relación a la afectación a la esfera jurídica de los padres de la víctima.
La Suprema Corte esbozó un análisis en que se distingue la diferencia entre la responsabilidad contractual y extracontractual que derivan de una relación contractual, refiriéndose que la primera emana de un acuerdo de voluntades que ha sido transgredido por alguna de las partes, en tanto que la segunda se desprende del incumplimiento de una obligación de no dañar a terceros.
Así, pues, para que se genere responsabilidad contractual basta con que alguna de las partes incumpla con una de las claúsulas pactadas en el contrato; por ejemplo, se hubiera hablado de responsabilidad contractual si la víctima no hubiese pagado el precio del servicio en el tiempo pactado o si el hotel no le hubiera proveído de habitación una vez que el cliente firmó el acuerdo de voluntades. En cambio, en la responsabilidad del extracontractual se debe determinar si la responsabilidad es subjetiva u objetiva. En el primer supuesto, existe un dolo o negligencia al momento de provocar el daño, en tanto que en el segundo aunque no exista esa mala intención, el daño de cualquier modo se produce.
Lo anterior cobra sentido ya que aunque en dicho caso existía un contrato que establecía y limitaba los derechos/obligaciones entre las partes, el daño moral se configura a partir de una responsabilidad extracontactual del prestador de servicios al incurrir en descuido o negligencia al ofertar dicho servicio sin que se cumplieran con las condiciones óptimas para que los usuarios puedan utilizarlo de manera segura.
Esta obligación, pues, no venía expresamente enunciada en el contrato dado que rebasaba los propios límites de esa relación contractual. Al regirse por leyes encargadas de regular la actividad de estos prestadores de servicios, el hotel debía operar de acuerdo a los lineamientos de tal normatividad garantizando la seguridad de los usuarios. De tal manera que en este caso no se incumplió una obligación establecida en el contrato de hospedaje, sino en una de carácter genérico. En el entendido de que aunque el incumplimiento afectó directa y exclusivamente a la víctima, es claro que todos los huéspedes del hotel durante esa fecha corrían el mismo riesgo, por lo que aquí la controversia no radica en un acuerdo de voluntades exclusivo entre víctima y empresa, sino que el incumplimiento de tal obligación para con el fallecido también puso en situación de riesgo a todos los usuarios del hotel independientemente del contrato que hayan firmado con la empresa.
La sentencia indica claramente que para que se pueda fijar responsabilidad, se debe tener probado el daño como cierto, lo cual en este caso quedó comprobado debido al negligente mantenimiento del hotel a sus instalaciones. Ahora bien, la premisa del daño moral parte de reparar las lesiones o afectaciones de carácter extrapatrimonial; es decir, que no son susceptibles de ser valuados en dinero, tales como la imagen o los sentimientos.
Los daños punitivos vienen a ampliar la reparación que se le pueda dar al daño moral, ya que mientras éste básicamente busca que el responsable pague una cantidad que de algún modo se entiende es suficiente para subsanar el daño causado, el objetivo de la figura del daño punitivo es castigar al infractor para que no vuelva a incurrir en la acción sancionada y además persuadir a otros posibles infractores de no hacerlo.
La manera como la Suprema Corte llegó a utilizar esta figura para resolver la controversia fue partiendo del derecho a una justa indemnización, pues se debía determinar cuál sería una compensación justa que de algún modo modo subsanara el daño ocasionado a los sentimientos de las personas. Aunque se entiende que esto puede ser subjetivo dado su naturaleza extrapatrimonial, se parte de los principios del derecho internacional en que la naturaleza de la compensación debe saciar la necesidad de justicia de los afectados, valuando desde una perspectiva cualitativa y no necesariamente cuantitativa.
En un sentido amplio, el derecho a una justa indemnización viene garantizado y regulado en el artículo 1916 del Código Civil del Distrito Federal, en el cual se establece el derecho a recibir una justa indemnización por un daño moral resentido (ya sea sentimientos, honra o reputación). No obstante, se consideró que la última porción del párrafo de dicho artículo era discriminatoria ya que aunque se indicaba que debía evaluarse la capacidad económica del infractor y su grado de responsabilidad al causar el daño, el juez también debía considerar la situación económica de la víctima, lo cual ponía un candado a que las sanciones fueran millonarios para personas que no tuvieran un estatus económico privilegiado.
Tal disposición es discriminatoria porque pareciera condicionar a que la víctima tuviera un futuro “pleno” o “prometedor” monetariamente hablando para que el monto de la indemnización fuera elevado, por lo que valuar la situación económica de la víctima para establecer tal cantidad es contrario al derecho a la igualdad.
Por lo tanto, esta sentencia de la Suprema Corte es valiosa y sienta un gran precedente para futuras controversias por daño moral porque no se limita a calcular una cantidad de dinero para efectos de reparar la afectación a la esfera jurídica de los ofendidos, sino que se tomaron en cuenta tanto los derechos lesionados como la capacidad económica del responsable. De tal manera que además de reparar el daño, éste fuera castigado de acuerdo a la teoría de los daños punitivos. Esto es, siguiendo la lógica de que se debe sancionar severamente a quien ha causado un daño y, al mismo tiempo, fomentar una cultura de prevención para que tal situación no vuelva a repetirse.
En virtud de la promulgación de la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes, expedida el pasado 16 de julio del año 2016, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) promovió una acción de inconstitucionalidad impugnando los artículos 72, fracción II inciso a); 119, fracción XI; y 122 de tal ley arguyendo que eran contrarios al ordenamiento constitucional y violatorios de derechos fundamentales tales como la libertad personal, libertad de tránsito, presunción de inocencia y sistema de justicia penal para adolescentes en general.
La controversia planteada radica en que tales artículos contemplan la prisión preventiva para adolescentes equiparándola con la figura de internamiento preventivo (que se deberá utilizar como sinónimo de acuerdo al objetivo de la ley), los cuales de acuerdo al planteamiento de la CNDH viola derechos de adolescentes sujetos a un proceso penal consagrados principalmente en el artículo 18 constitucional.
Ante el razonamiento de la CNDH, la Suprema Corte resolvió, en primer lugar, en el entendido de que el artículo 18 constitucional impuso al Estado mexicano la obligación de establecer un sistema de justicia penal para adolescentes “aplicable a quien se le atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito y tengan entre 12 y 18 años de edad al momento de haberlo cometido”, que aunque la redacción reconoce la posibilidad de establecer medidas proporcionales de acuerdo al caso concreto, no menciona medidas precautorias específicas ni prohíbe la prisión preventiva para adolescentes.
De ahí que la mayoría de los ministros de la Corte consideró que el internamiento preventivo para adolescentes es constitucional, puesto que no se puede interpretar el mencionado artículo 18 de manera aislada de los demás artículos que establecen las bases del sistema penal mexicano. De tal manera que si tal disposición constitucional no establece ninguna restricción para aplicar la prisión preventiva en la justicia penal para adolescentes, por lo tanto, deberá seguirse lo indicado por los artículos 19 y 20 de la Constitución. Los cuales mencionan la prisión preventiva, pero no restringen a los menores de edad, de ahí que es válido que se pueda utilizar esta medida para un adolescente que se hayan visto involucrado en la comisión de un delito. No obstante, la Corte establece ciertos matices para que pueda tener lugar esta medida otorgándole un carácter excepcional y sólo en el supuesto de que no exista una medida menos restrictiva de derechos.
La lógica de esta resolución consiste, entonces, que el modelo de justicia adolescente no se limita a los preceptos contemplados en el artículo 18 constitucional. Pues, en ese caso, por ejemplo, no se podría detener a un adolescente al cometer un delito en flagrancia, al ser éste un supuesto establecido en el artículo 16 constitucional o, asimismo, a un adolescente detenido por un delito no le aplicarían los plazos de las detenciones judiciales establecidas en el artículo 19 también de la norma suprema.
Podemos contemplar que de algún modo, la Corte trató de conseguir un balance entre los derechos e intereses de la víctima de un delito y los del imputado –cuando éste se trata de un menor de edad-. Por una lado, al permitir el internamiento preventivo, se resguarda la seguridad de la víctima u ofendido entendiéndose que puede ser una medida óptima para que pueda tener un apropiado acceso a la justicia sin que su esfera jurídica corra riesgo durante el proceso. Más si se considera que el propio artículo 20 constitucional establece la facultad de solicitar las medidas y providencias que se estimen necesarias para la protección y restitución de sus derechos.
En tanto que para el adolescente infractor, la propia ley contiene una restricción que eleva el estándar para que se aplique el internamiento preventivo, al indicar que no se puede aplicar a un menor de 14 años, que se deberá implementar sólo como recurso excepcional y, en su caso, por delitos que merezcan una pena privativa de la libertad, además de que el juez deberá justificar que no hay una medida menos lesiva de derechos de acuerdo al caso concreto.
La lógica argumentativa de la Corte es que el mencionado artículo 18 de la Constitución establece las bases del sistema penitenciario en el país y legitima la medida de prisión preventiva, por lo que aunque dicho artículo contenga un apartado especial que hace énfasis al sistema de justicia para adolescentes, esto no exime a los adolescentes de que se les apliquen las demás medidas y supuestos contemplados en tal disposición constitucional. Esto se debe a que se trata de reglas que se deberán aplicar a cualquier individuo sujeto a un proceso penal independientemente de su condición, salvo que tengan alguna discapacidad mental y queden eximidos de que se les impute responsabilidad penal.
En caso de que la Constitución hubiese destinado un artículo que abordara exclusivamente la justicia para adolescentes, entonces, la discusión sería distinta. Pues ahí habría que analizar si en efecto las medidas contempladas por los artículos 16, 18, 19 y 20 constitucionales tendrían inferencia alguna en acciones delictivas llevadas a cabo por adolescentes.
El espíritu de la redacción constitucional (más específicamente en su artículo 20) refleja una intención de conseguir un equilibrio procesal entre las partes, ya sea que se trate de la víctima o del imputado, se protejan sustancialmente sus derechos fundamentales, además de los que les corresponden por estar sujetos a un proceso penal.
En ese sentido, se podría presentar un contexto en que para conseguir tal objetivo, sea necesario ordenar la prisión preventiva de un adolescente con el fin de resguardar la integridad de la víctima o, si lo vemos desde la otra cara de la moneda, no procederá la privación provisional de la libertad del adolescente acusado en caso de que no exista ninguna medida menos restrictiva de derechos o no se trate de un delito grave.
Vale destacar que si bien la Corte en un primer momento no se inclinó a favor del interés superior del menor, en el entendido de que la pérdida de su libertad podría ser perjudicial para su óptimo desarrollo y bienestar psicológico, sobre todo si tomamos en cuenta que la edad es una categoría sospechosa de acuerdo al artículo 1º constitucional y, por ende, los juzgadores están obligados a hacer un ejercicio de interpretación que ofrezca una protección más amplia al sujeto en cuestión. Sin embargo, visto desde otro ángulo, se podría decir que se respetó el criterio anteriormente apuntado, si traemos a colación el elevado estándar que se requiere para que se autorice revocar provisionalmente la libertad de un menor de edad, al justificarse sólo en caso de que la esfera jurídica de la víctima se vea amenazada o para la propia protección del menor en casos de crimen organizado.
Así, la Corte, en vez de considerar que el sistema de justicia adolescente era autónomo del resto del sistema de justicia penal, apostó por un equilibrio entre las partes de modo que no se deje en total indefensión a la víctima y asegurar que ésta participe de manera activa dentro del proceso y, al mismo tiempo, que el acusado pueda tener una sólida oportunidad de réplica, por lo que de acuerdo al razonamiento planteado, el internamiento preventivo de un adolescente puede ser necesario para conseguir ese balance en los casos más graves.
La discusión sigue sobre la mesa y las implicaciones de esta decisión permearán de manera significativa en el actual sistema penal acusatorio, valdrá la pena analizar si la Corte actúo contrario a los derechos fundamentales de los adolescentes o si, por el contrario, procuró proteger en la mayor medida posible el interés superior del menor, pero sin descuidar los intereses y necesidades de una víctima que tiene una parte importante en este sistema penal acusatorio.