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Timestamp: 2020-01-19 19:03:32
Document Index: 292259747

Matched Legal Cases: ['artículo 18', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 79', 'artículo 106', 'artículo 19']

ARCHIVO DE NOTAS – EL MONITOR DE LA JUSTICIA
CARCELES EN ARGENTINA: PEOR EL REMEDIO QUE LA ENFERMEDAD
La realidad carcelaria de nuestro país viene atravesando un proceso de hacinamiento que derivó en la reciente declaración de la emergenciapenitenciaria por el término de tres años. La grave situación que la justifica queda demostrada con los datos estadísticos publicados por la Procuración Penitenciaria y el sistema nacional de estadísticas sobre ejecución de la pena.
El servicio penitenciario federal dispone de 32 unidades distribuidas en 13 provincias y cuenta con una capacidad para alojar a 12.235 personas. Sin embargo, en mayo de este año se alcanzó el récord histórico de 14.291 personas alojadas en los centros de detención. Este número es alarmante si tenemos en cuenta que hace diez años la cifra era de 9247 personas y que solo en los últimos 3 años aumentó más de 3200 detenidos. Según indicó el ministro de Justicia Germán Garavano, esto se debe “a la exitosa política de seguridad pública que está llevando a cabo el Gobierno”.
La sociedad no quiere libres a los que cometieron un delito, pero no hay que agotar ahí el análisis. Debemos hacer el esfuerzo de pensar qué hacemos con estas personas. El procurador penitenciario, Francisco Mugnolo, ha dicho que “si las cárceles se convierten en depósitos humanos crece el número de personas que son devueltas a la sociedad peor de lo que entraron”. En este sentido termina siendo peor el remedio que la enfermedad.
JUICIOS EN AUSENCIA: ¿UNA NUEVA FORMA DE JUZGAR DELITOS DE LESA HUMANIDAD?
En un año marcado por la campaña electoral, la sanción de una ley que contemple la posibilidad de realizar un juicio oral sin la comparecencia del imputado parece tomar fuerza en la Cámara de Diputados, donde ya tuvo lugar la primera reunión de la Comisión de Legislación Penal, presidida por Gabriela Burgos, con la importante presencia de miembros de la DAIA, AMIA y altos funcionarios del gobierno nacional.
Son varios los países del mundo que contemplan en su legislación esta herramienta procesal que posibilita al juez dictar una sentencia cuando el imputado no se haya presentado en la causa por estar prófugo o no se logra su extradición. De esta forma, los sistemas jurídicos de Italia y Francia permitieron que Erich Priebke y Alfredo Astiz respectivamente fueran juzgados y condenados en ausencia.
Actualmente se estima que son más de 70 las causas por delitos de lesa humanidad paralizadas sin sentencia ya que nuestra legislación solo permite al juez llevar adelante la instrucción cuando el imputado no está presente. De incorporarse al sistema jurídico argentino este instituto procesal propuesto para casos de genocidio, crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, terrorismo internacional, narcotráfico, lavado de dinero y trata de personas, podrá llevarse a cabo el juicio oral designándole al rebelde un defensor oficial. También permite para garantizar el derecho de defensa, una vez que el acusado condenado este a derecho, la posibilidad de solicitar la revisión del juicio con un nuevo tribunal.
Por su parte los antecedentes de la Suprema Corte en casos de pedido de extradición de criminales sentenciados en el extranjero, condicionan la extradición siempre que se garantice que será sometido a un nuevo juicio en su presencia, en consonancia con la ley 24.767.
La controversia jurídica por la constitucionalidad sobre esta figura procesal ajena a nuestra tradición, genera argumentos irreconciliables de ambos lados de la biblioteca.
Por un lado están los que se basan entre la lectura literal del artículo 18 de la Constitución Nacional que consagra el derecho de defensa, el debido proceso, y entre la ponderación del derecho de las víctimas a conocer la verdad y a evitar la impunidad.
En tal sentido, se ubican quienes se oponen a esta iniciativa que cuestionan que se vulneran garantías mínimas constitucionales del acusado como es el derecho a ser oído, designar un defensor de su confianza y hallarse presente en el juicio en su contra. En este grupo se encuentra el ex juez de la Corte Suprema Zaffaroni quien lo considera inviable en nuestro sistema judicial. Además, cuestionan que pueda aplicarse para juzgar los acusados iraníes del atentado terrorista más grave que sufrió nuestro país ya que la ley penal no puede aplicarse retroactivamente en virtud de lo establecido por nuestra Constitución Nacional al prescribir que nadie puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, gozando en tal caso dicha sentencia de ilegitimidad.
En sentido contrario, está la postura de quienes sostienen la constitucionalidad, consideran que es una facultad del legislador determinar los criterios de política criminal, argumentan que ha sido receptado por el tribunal de La Haya hace más de 10 años, que el ordenamiento internacional permite este instituto en casos de violación a los derechos humanos y que finalmente su funcionalidad radica en que permitirá que los Estados que amparen a genocidas condenados cooperen para no sufrir sanciones económicas por parte de las Naciones Unidas y organismos de crédito.
El debate recién arranca, y veremos finalmente qué posición se impone, si la que interpreta la Constitución en forma literal o la que considera que no implementar el juicio en ausencia es consagrar la impunidad.
1 DE MAYO: DIA DE LOS TRABAJADORES Y DE LA CONSTITUCION NACIONAL
Hoy, además del día del trabajador, se conmemoran 166 años de la sanción de la primera Constitución Nacional, en la provincia de Santa Fe.
En el año 2003, y mientras la Argentina quería salir de la crisis social, económica y política en la que se encontraba, el Congreso sancionó la ley 25.863 que declaró este día en conmemoración de la sanción de nuestra primera ley fundamental que fue la síntesis de la esencia de la Argentina hecha ley y el fin de la tiranía de la ley.
En la historia de nuestro país encontramos presente la antinomia de las fracciones políticas en pugna que transitan como líneas paralelas, que únicamente cuando la crisis nos inunda logran dejar de lado el yo, para empezar a pensar en el todos. Esto fue lo que ocurrió después de la Revolución de Mayo de 1810 cuando fue imperiosa la necesidad de dictar una norma suprema para todo el territorio argentino con la finalidad constituir la unión nacional, afianzar la justicia y consolidar la paz interior, como indica el preámbulo.
La Constitución no nació por unanimidad, también hubo una grieta de origen generada en este caso por Buenos Aires que rechazaba la forma de representación y la nacionalización de la renta aduanera. Por tal motivo, en la reunión que se realizó en Santa Fe participaron diputados de todas las provincias menos los de Buenos Aires, que finalmente y luego de siete años aceptaron la norma fundamente de 1853.
Aquella Constitución tuvo la influencia de Juan Bautista Alberdi y particularmente de su trabajo Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, que constituye un estudio de las leyes naturales de la existencia y de muchas constituciones como la de los Estados Unidos, lo que llevo a la crítica del propio Domingo Faustino Sarmiento que llegó a decir que era una mera copia.
También este año se cumplen 25 años de la última reforma Constitucional de 1994, la cual tuvo entre sus logros modernizar las instituciones, fortalecer el federalismo, limitar el presidencialismo, generar mecanismos de control como el Consejo de la Magistratura, consagrar el derecho a un ambiente sano, los derechos de los consumidores e incorporar con un nuevo orden jerárquico los Tratados internacionales suscriptos por Argentina entre tantas otras reformas.
Hoy es un día para recordar aquella gesta de 1853 con la obligación de reflexionar sobre si el país que pensaron y los valores que anhelaron para nosotros nuestros padres fundadores se reflejan hoy en nuestra sociedad.
En los tiempos difíciles que nos encontramos, por el bien de la Patria, y siguiendo la recomendación de Alberdi plasmada en el capítulo XXXIV de su obra, debemos volver a ver la carta de navegación que es la Constitución, como camino seguro y la brújula que se necesita para llegar a buenl puerto, volviendo los ojos a ella, siguiendo el camino que traza y eligiendo un capitán que sepa observarla. Está claro que mientras esto no ocurra seguiremos hacia rumbos desconocidos.
DEFINIR UN NORTE: LOS JUECES BAJO LA LUPA
La apertura del año judicial por parte del flamante presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, fue eje de todos los medios en los últimos días. El primer discurso de la cabeza del máximo tribunal, ante la atenta mirada de sus pares, se resumió en su frase “los argentinos están perdiendo confianza en el Poder Judicial”.
Ahora bien, sobre el eufórico titular debemos pensar qué puede aportarnos con claridad esta nueva dirección de la Corte.
El avasallamiento de la Justicia no parece tener fin y el momento actual es uno de los más críticos de la historia. Ya no solo se liberan delincuentes por la puerta giratoria, sino que ahora jueces y fiscales se someten a procesos e investigaciones por su mal accionar.
Al escuchar a Rosenkrantz llamando a los jueces a recuperar la confianza de la ciudadanía cabe cuestionarse hacia dónde vamos, porque decir “existe la sospecha de que servimos a intereses diferentes al derecho” no es ninguna novedad.
Nos falta vislumbrar el rumbo que debemos tomar todos los profesionales del derecho frente a un sistema que ya colapsó y que nadie parece tener en claro cuál es la forma de recuperarlo.
Fue importe el discurso de Rosenkrantz pero de nada sirve quedarnos en una serie de titulares mediáticos si no definimos un norte y un horizonte de salida de esta profunda crisis.
¿Cuál es el plan de acción para que los argentinos vuelvan a confiar en la Justicia? ¿Cómo hacemos los integrantes del sistema para no perder nuestros valores y ser parte del derrotero? ¿Qué hará el máximo tribunal para atender estas cuestiones? Estos son algunos de los interrogantes que debemos plantearnos y que deberemos respondernos.
Por el momento, podemos comenzar sabiendo que tal como alguna vez digo el excéntrico pianista alemán Johannes Brahms “La confianza perdida es difícil de recuperar, porque la confianza no crece como las uñas” y el Poder Judicial tampoco.
QUE PUEDE CAMBIAR EN LA CORTE CON LA GESTION DE ROSENKRANTZ
En la apertura del año judicial el presidente Carlos Rosenkrantz presentó la política de gobierno abierto de la Corte, que incluye entre otras medidas la publicación de un informe estadístico que analiza su desempeño. En el informe se detallan los casos resueltos en 2018 y el volumen de expedientes ingresados, que llegó a 36.584. De éstos casi la mitad (15.534) son expedientes previsionales, lo que demuestra claramente los graves problemas del sistema previsional argentino que derivan en masivos reclamos por reajustes jubilatorios. A tal punto las causas previsionales abarrotaron los pasillos de la Corte que superaron en 2018 a la totalidad de causas de todas las materias ingresadas en 2017, cuando el número de causas ascendió a 14.712. Como consecuencia, el número de causas en trámite pasó de 16.070 en 2017 a 36.584 el año pasado. A modo de comparación, con una población 8 veces mayor a la Argentina, la Corte Suprema de Estados Unidos tramita unos 80 juicios al año y recibe casi 8.000 apelaciones. Una cantidad promedio similar recibe la Corte Suprema de México.
Otro aspecto a destacar es que nuestros jueces supremos dictaron 6.814 sentencias en 2018, lo que representa 32 sentencias por día (exceptuando los días de la feria judicial en enero y julio). En otras palabras, hubo 6 fallos por día por cada magistrado. Sin embargo, este valor se reduce considerablemente si observamos que en 2.838 sentencias se rechaza el recurso interpuesto sin más fundamento que por falta de agravio federal suficiente o defectos de forma. Descontando esas sentencias y suponiendo que estos recursos no existieran, la cantidad de fallos promedio por día se reduce a menos de 4. La atomización de criterios y la división interna entre los jueces del máximo tribunal se observa también en la forma de resolver las causas. Apenas el 18% del total de sentencias en 2018 fueron decisiones unánimes, y solo en el 6% se revocó lo resuelto por otros magistrados. Otro dato curioso es que julio representó el mes con menor cantidad de sentencias, debido a la media feria judicial, y que octubre fue el mes con más fallos alcanzando un total de 794. Sobre el manejo del dinero público, Rosenkrantz comunicó que se está trabajando en modificar el reglamento de compras y contrataciones que data de 1972. La Corte Suprema tuvo un presupuesto de un poco más de ocho mil millones de pesos en 2018 para su funcionamiento y el pago del salario de sus 4.732 agentes, que represento el 80% de su presupuesto según surge de la acordada 29/2017. Además, posee un fondo anticíclico de unos 17 mil millones de pesos en plazos fijos distribuidos entre el Banco Nación y el Banco Ciudad, los cuales el año pasado fueron parte de la disputa con el Poder Ejecutivo ante el pedido de la Corte de nuevos fondos para hacer frente a los aumentos salariales.
El rol de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, además de actuar como cabeza del Poder Judicial, debe ser velar por la protección del federalismo, el sistema republicano y sentar jurisprudencia en aquellos conflictos de interés para la sociedad. No abocarse al tratamiento de más de 30 mil causas donde se cuestionan los fallos de tribunales inferiores. En este mismo sentido el ex juez Carlos Fayt ya en 2005 había manifestado que “hay que disminuir la cantidad a no más de 200 expedientes, esa inundación perjudica la calidad, el máximo tribunal se parece ya a un almacén de ramos generales”. Rosenkrantz parece haber tomado esta apreciación al mencionar la adopción de otra medida inédita en la historia de la Corte: la creación de una agenda de causas trascendentes, donde los cinco supremos por unanimidad definieron un temario de 11 temas a resolver de alto contenido económico y social. Veremos si la Corte puede concentrarse más en los grandes conflictos jurídicos sin resolver que aún tenemos los argentinos. Y como dijo su Presidente, superar la crisis de legitimidad que la afecta.
EXTINCION DE DOMINIO: NADIE TIENE LOS VOTOS
Publicada en TN
El Gobierno sabe que en ninguna cámara del Congreso tiene mayoría para imponer su proyecto de extinción de dominio y también sabe que una oposición atomizada difícilmente pueda rechazar un DNU como éste en un año electoral.
HABEMUS CODIGO PROCESAL PENAL
A partir de su publicación en el Boletín Oficial, entrará en vigencia primero en Jujuy y Salta y luego paulatinamente en el resto del país el nuevo Código Procesal Penal Federal que remplazará al Código Levene, vigente en nuestro país desde 1991.
La vorágine de sucesos y acontecimientos ocurridos durante el ultimo mes del año, hizo que casi nadie reparara en la ley más importante del 2018, que se sancionó en el Congreso Nacional el 6 de diciembre pasado. Esta ley supone un punto de partida para la reforma del Código que rige los procesos penales a nivel nacional, cuya última reforma integral fue en 2014, pero su implementación fue suspendida cuando asumió Mauricio Macri y Alejandra Gils Garbó aún estaba al frente del Ministerio Público Fiscal. En aquel entonces el argumento era que no estaban dadas las condiciones para la implementación, pero el tiempo demostró otra realidad.
Históricamente fueron las provincias las que marcaron el rumbo en nuestro país. Primero avanzando con reformas constitucionales y después con las leyes de enjuiciamiento criminal, incorporando reformas integrales y el cambio al sistema acusatorio mucho antes que la Nación. En esa línea, quizás el cambio más notorio que trae este nuevo Código es el giro en la forma que adquiere la persecución penal en Argentina, a partir del cual deja de ser el único país de América Latina con un sistema inquisitivo en sus procesos.
Esta reforma procesal implica un cambio cultural que se discute en el mundo jurídico de nuestro país desde hace 30 años. En esta renovada comprensión del proceso penal, los jueces tendrán un nuevo papel e indefectiblemente deberán cambiar sus prácticas, acercándose más al debido proceso que encomienda la Constitución Nacional.
Con la suspensión del Código aprobado durante la gestión de la expresidenta Cristina Fernández la estrategia del Gobierno cambió y se empezaron a promover leyes como la figura del arrepentido, el agente revelador, la ley de derechos de las víctimas y de responsabilidad empresarial, entre otras reformas que fueron votadas en el Congreso y ahora ensambladas a este nuevo Código.
Pero no todo es color de rosa. Desde la oposición denuncian que se reducirán garantías como el principio de inocencia y la libertad al modificarse cuestiones relativas a la prisión preventiva y al establecimiento de medidas de coerción cuando se dicta una sentencia condenatoria.
Finalmente con esta modificación al Código de forma (como se dice a los procesales) se le otorga al sistema judicial nuevas herramientas. Dependerá ahora en los magistrados federales la responsabilidad de mejorar su imagen ante la sociedad, estar a la altura de las circunstancias y satisfacer la demanda de justicia, pero por lo menos este nuevo año comienza con la certeza que habemus Código Procesal Penal.
VIOLENCIA EN LAS CANCHAS: EMBARRADOS POR UNA LEY
UN CIBERDELITO MADE IN CHACO
Una empresa con sede en el estado de Florida (Estados Unidos) y oficinas en Buenos Aires, que ofrece el servicio de casa de cambio virtual y operaciones de compra venta de bienes activos, fue víctima de un ataque informático sin precedentes realizado desde nuestro país.
Validarse y realizar operaciones en este tipo plataforma no es una tarea fácil: se verifica los datos del usuario en dos bases de datos de Estados Unidos y la oficina de control de activos extranjeros verifica si el usuario está relacionado al lavado de activos y/o el financiamiento de terrorismo y el sistema World Check.
Los investigadores concluyen que el ataque informático fue realizado con tecnología de avanzada, a tal punto que traspaso las capacidades de la empresa, teniendo como resultado el robo de más de 500 Ethereum (ETH) una moneda virtual que funciona como el peso o el dólar que tiene un valor de mercado fluctuante de acuerdo a la oferta y demanda, cuya defraudación al momento del hecho se estimó en 430 mil dólares.
El autor engañando sobre la ubicación real donde se encontraba realizó el primer ataque supuestamente desde Reino Unido y al día siguiente desde Suiza logrando evadir la seguridad de la empresa. Esto le permitió obtener acceso a las cuentas de los usuarios que le dieron lugar a la suma mencionada.
Cuando pretendió seguir estafando a la empresa mediante el uso de tarjetas robadas provenientes de Estados Unidos y Bahamas, posiblemente adquiridas en el submundo de la Dark Web, se le solicitó una validación que consta de una fotografía, la cual accedió y afortunadamente para los investigadores se encontraba con la misma remera que al momento de allanamiento.
Cuando desde la empresa detectaron que el posible ciberdelincuente podría provenir del Chaco, se realizó la denuncia en la Policía de delitos informáticos de dicha Provincia lo que derivó en una investigación que terminó en un allanamiento en una propiedad en Resistencia, logrando detener al autor del hecho investigado que al ser atrapado confesó el hecho y manifestó que se pudo lograr gracias a que persona – que se presume de origen español-, encontró un agujero en la empresa.
Con el devenir de la revolución informática en las que nos encontramos se empezó desde el derecho a hablar tanto del nuevo derecho a la intimidad informática como a la necesidad de agiornar las normas para adecuarse a las nuevas modalidades delictivas. Esto llevó a que en el 2008 se modificara el Código Penal incorporando la estafa informática cuyo fraude consiste en utilizar técnicas de manipulación informática que alteren el normal funcionamiento de un sistema informático o la transmisión de datos causando un perjuicio patrimonial a una persona.
Seguramente para no ser extraditado a los Estado Unidos -donde también es investigado el hecho por el FBI-, el imputado aceptará en un proceso de juicio abreviado una pena de 2 años de prisión la cual deberá efectuar detenido por estar cumpliendo una pena por lesiones leves al momento de este hecho.
Esta sentencia de la justicia de Chaco por el robo de criptomonedas marca el comienzo de una nueva era en la escala de delitos informáticos. La Justicia deberá estar al nivel de la exigencia de los nuevos delitos: desde el norte argentino se muestra que cuando existe voluntad es posible encontrar a los responsables y atender los actuales desafíos.
LA CONCILIACION LABORAL EN BUENOS AIRES, UNA HERRAMIENTA PENDIENTE
Publicada en Parlamentario.com
NO HAY REPUBLICA SIN DIVISION DE PODERES
La máxima autoridad de la cartera de Justicia desató un escándalo al referirse a la situación judicial de Cristina Kirchner cuando manifestó que “nunca es bueno que se detenga a un ex presidente”.
Pero no es la primera vez que Garavano tiene problemas con sus declaraciones. Vale recordar el contexto del aborto, donde tras el revés que recibió por parte de la sociedad y el Congreso, el ministro sentenció: “La posición mía personal es evaluar la posibilidad de directamente despenalizar a la mujer en cualquier supuesto, entendiendo que no debe ser en ningún caso objeto del derecho penal, y también la posibilidad de que se pueda interrumpir el embarazo en aquellos casos en que haya inviabilidad del feto”.
Es decir, el Ministro de Justicia de la Nación, el Ministro de todos, el ministro del cambio, es un abortista irreductible, quien pese a haber sido testigo, como lo fuimos todos los argentinos, de un largo debate y una conclusión final respecto del apego de nuestra Nación a la defensa de las “dos vidas”, con la expresión del pueblo en las calles rechazando el aborto y los representantes del pueblo votando en plena libertad, contra su implementación, no tiene mejor idea a los pocos días de saldado ese debate, intenta meter por la ventana el aborto, mediante la reforma del Código Penal.
* Director http://www.elmonitordelajusticia.com
CUANDO LA CORRIDA SE CONVIERTE EN DELITO
Tras la estampida cambiaria y la crisis económica que generó una devaluación del orden del 40%, ahora estamos ante pequeñas corridas “invisibles” que se generan todos los días. Algo está pasando para que las reservas del Banco Central hayan caído más de 14 mil millones de dólares de enero a la fecha y para que se hayan liquidado en promedio 200 millones de dólares diarios para contener la divisa estadounidense. El gobierno tiene la ley en la mano para analizar si esto realmente obedece a la combinación de factores externos e internos, o bien hay intencionalidad.
La memoria histórica registra cicatrices de estampidas cambiarias con características muy similares a la ocurrida. Muchas de esas hoy serían delito. Un antecedente ineludible en la historia democrática de nuestro país es lo que podríamos llamar “la madre de las corridas”, ocurrido sobre el final del gobierno de Alfonsín. En esta ocasión se sostuvo que determinados formadores de precio buscaron condicionar al expresidente generando un desconcierto generalizado debido al aumento de productos, dando lugar a un “golpe de mercado” en palabras de un conocido periodista.
Como se ha dicho, esta situación genera una grieta entre la democracia y el marcado, de la que pocos se benefician y millones se perjudican. Esta situación no puede ser ajena al derecho penal por la grave afectación a los intereses colectivos, en especial al bien jurídico lesionado por este tipo de conductas que es a priori el orden público económico.
La crisis financiera internacional del 2008 y las recomendaciones del GAFI hicieron que durante el gobierno de la expresidente Cristina Kirchner se sancionaran tres leyes que tratan el tema. Se trata de las leyes 26683 y 26733 que incorporan al Código Penal los delitos contra el orden económico y financiero, en especial el articulo 309 que castiga con prisión de 1 a 4 años a quien realizare transacciones u operaciones que hicieren subir, mantener o bajar el precio de valores negociables. Además, la ley 27126, que con su decreto reglamentario 1311/15, le dio atribuciones a la Agencia Federal de Inteligencia para realizar la inteligencia criminal, detectar y prevenir estampidas cambiarias, golpes de mercado que constituyen atentados contra el orden institucional, económico, financiero y la vida democrática.
Como antecedente judicial tenemos la denuncia por realizar operaciones especulativas hecha en el año 2014 por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) contra los directivos de 7 bancos y la petrolera Shell cuando era su CEO Juan José Aranguren, a quienes se les imputo actuar en forma organizada y con la intencionalidad de subir el tipo de cambio. Tiempo después en el 2016 con el curso de la causa el fiscal Emilio Guerberoff quien había impulsado la denuncia entendió que no se había cometido delito y se sobreseyó al entonces Ministro de Energía.
Sería oportuno que la Justicia investigue las razones del comportamiento anormal del mercado de divisas y a qué obedece los cientos de millones de dólares que semanalmente el Banco Central vende para contender el dólar, a fin de determinar si hay o no intencionalidad en la devaluación del peso. Si se comprueba la comisión de delitos y nadie resulta responsable de las consecuencias, inundará la impunidad y en cualquier momento se volverán a desatar las mismas conductas en perjuicio de la sociedad.
Habiéndose conocido que el presidente de la Corte Suprema de la Nación en los últimos once años, Ricardo Lorenzetti, dejará de ocupar su cargo, analizamos el legado del tercer presidente con mayor permanencia en el cargo en la historia del máximo tribunal y también el tercero en llegar desde el ejercicio profesional. Para saber cómo piensa un magistrado basta con leer sus sentencias y para desentrañar a Ricardo Lorenzetti es imprescindible leer sus discursos de apertura del año judicial. Del 2008 a la fecha ha hecho uso siempre del artículo 5 del reglamento para la Justicia Nacional, salvo en 2017 que prudencialmente prefirió no hacerlo por el contexto signado por las acusaciones de Elisa Carrió y las designaciones por DNU de los jueces Rosatti y Rosenkrantz. Con una oratoria perfecta cada marzo exponía maravillosamente desde el atril los problemas de la sociedad y la justicia. A salón lleno de funcionarios se escuchan las reflexiones de repetidos común denominadores sobre lo que hay que hacer, resaltando lo que se hizo y con un claro mensaje tanto para los miembros de la familia judicial como para la clase política. Del bicentenario a la fecha nunca dejó de hablar sobre la importancia de los nuevos juicios de lesa humanidad y el trabajo llevado a cabo por la Corte. Quedó como un recuerdo indeleble el hecho que le tocó vivir, en el que “el mono” como le dicen sus amigos, tuvo que escapar para salvar su vida una mañana de 1976. Amante del término contrato social y de los principios que de él derivan, en ocho oportunidades trató el concepto de igualdad, siete veces desarrolló la importancia del debido proceso, el de acceso a la justicia, el Estado de Derecho, la justicia rápida y su favorito: la protección del ambiente. En seis de sus discursos trató el tema del problema de la violencia doméstica en la sociedad y elaboró el concepto de un poder judicial contramayoritario y activo, pero no que gobierne, sino que le ponga límites a las decisiones de las mayorías cuando contradicen a la Constitución. También esbozo la idea de mantener una línea jurisprudencial que proteja los derechos de los trabajadores y los jubilados. Obsesionado por dejar un legado palpable resaltó durante los años 2010 al 2013 la importante transformación informática llevada a cabo en el Poder Judicial de la Nación, y entre los años 2012 y 2016 la incorporación al tratamiento judicial de nuevos temas, como la protección de los consumidores y usuarios entre otros. Para el devenir del 2014 empezó a tratar el tema de la lucha contra la impunidad y el narcotráfico. Y en 2016, ya sin Cristina Fernández en el poder, cuando la sociedad pedía a gritos dejar atrás a jueces como Oyarbide, esbozó la necesidad de una estructura que apoye las causas de corrupción para acelerar los procesos. En la apertura del presente año judicial, con su obligación de cuerpo de defender la investidura de los magistrados cercado por los discursos del presidente Macri y la gobernadora Vidal en cuanto a la necesidad de transformar la Justicia, Lorenzetti lanzó un proceso de reforma integral de los poderes judiciales mientras le advierte al poder político que la Corte ha hecho reformas que no se trasladaron al resto de los poderes judiciales. Argumenta que propuestas sobran, aunque faltan políticas de Estado, madurez institucional y acuerdos políticos. Cuando ingresó en 2004 los tribunales estaban abarrotados de ahorristas que reclamaban por el corralito. Hoy la situación es muy distinta, y para la mayoría de las encuestas, la Justicia es una de las instituciones con peor imagen. Éste es uno de los mayores desafíos pendientes para revertir que dejará Lorenzetti a Carlos Rosenkrants, el próximo presidente a partir del 1 de octubre. Se acercan nuevos tiempos en la Corte que abren interrogantes sobre el devenir de la Justicia. (*) Director de El Monitor de la Justicia. (Fuente www.perfil.com).
DIA DEL ABOGADO: ¿PROFESION EN CRISIS?
Hoy se conmemora el día del abogado en homenaje al tucumano Juan Bautista Alberdi uno de los juristas más notables que dio esta tierra y autor intelectual de nuestra Constitución Nacional.
Pero hoy la imagen del abogado se encuentra muy alejada del legado del prócer. Los medios se hacen hoy eco de jueces de dudosa moral como el doctor Melazo u Oyarbide, que desprestigiaron la investidura del magistrado y la de la profesión en su conjunto, haciendo que en la actualidad casi el 80 por ciento de la sociedad no crea en la justicia
Pero ¿cuál es el origen de esta crisis? En primer lugar la pobre enseñanza en las facultades de Derecho, y en segundo lugar los engranajes de la justicia: sus operadores -tanto empleados judiciales como abogados de la matrícula- se encuentran en deuda con una sociedad que ni en la causa de los cuadernos (donde la prueba a priori parece avasalladora) creen que va haber justicia.
Las Universidades de Derecho, que han proliferado enormemente en los últimos años, tienden a la superproducción de abogados pero no a la ponderación de atributos asociados a una sociedad justa. Hoy está olvidado el legado de un prócer olvidado como José Manuel de Estrada quien no solo enseñaba a los futuros abogados sobre ciencias jurídicas sino sobre lo fundamental de los valores.
La sociedad necesita una nueva generación de abogados en todos los ámbitos, que cumplan la alta funciona social que la profesión les otorga
Tenemos que ser conscientes que por este camino no podemos seguir yendo porque van a seguir sobrando abogados pero faltando modelos a seguir, como el jurista uruguayo Eduardo Couture quien en uno de sus libros desarrolla los mandamientos que debe cumplir un buen profesional del derecho en el ejercicio de su profesión y en el décimo nos dice: ama tu profesión, trata de considerar la abogacía de tal manera, que el día en que tu hijo te pida consejo sobre su destino, consideres un honor para ti, proponerle que se haga abogado. Proveer de Conformidad. Será Justicia.
NORBERTO OYARBIDE Y LOS ARRPENTIDOS A MEDIAS
En el mes del arrepentido, donde por Comodoro Py desfilaron gran parte de los máximos exponentes de la patria empresaria, volvió a verse por los pasillos a quien trabajara allí durante los últimos 21 años: el polémico exjuez federal Norberto Oyarbide. Era tanta la cantidad de empresarios arrepentidos que se hizo eco en los medios la posibilidad de que al exmagistrado se le ofrezca un acuerdo de colaboración con el fiscal, después de que manifestara “que lo apretaron del cogote”. Sin dudas es la pieza que parece faltar en la investigación judicial para mostrar la impunidad judicial garantizada en aquel entonces y en la cual Oyarbide siempre fue una pieza clave, ya que la mayor parte de las causas de corrupción “por sorteo” caían en su juzgado. Norberto Oyarbide: “Expliqué quiénes me apretaron el cogote para sacar las causas de los Kirchner” Pero Oyarbide solo podrá ser un arrepentido a título personal, ya que la ley en su artículo 3 impide a aquellos funcionarios susceptibles de un proceso de juicio político, según manda la Constitución Nacional, la posibilidad de adherirse a los beneficios de la ley. El extitular del Juzgado Federal Nº 5 fue uno de ellos. Hasta los primeros días de agosto Oyarbide estaba tranquilo en su departamento en la calle Rodríguez Peña del barrio Recoleta y disfrutando de una jubilación en neto de 176 mil pesos, pero las cosas cambiaron rápidamente. Fue indagado en la causa más resonante de los últimos años y ahora si se demuestra que cometió prevaricato en la firma de sus sentencias, los fiscales podrían pedir que se aplique el instituto de cosa juzgada írrita y reabrir las causas donde sobreseyó a distintos funcionarios que hoy son cosa juzgada. Son tiempos en los que empieza el paralelismo y la comparación. A Bonadío se lo asemeja con el juez Moro de Brasil o con Antonio Di Pietro de Italia, y al caso se lo etiqueta con un nombre –el “Cuadernogate”, el “Caso de los cuadernos” o el “Gloriagate” – en una clara similitud con el LavaJato o el Mani Pulite. Qué es la Ley del Arrepentido y cómo funciona La diferencia radica acá sobre los que aportan datos para la búsqueda de la verdad. Mientras allá hay empresarios condenados tras haber aportado información a la investigación y haber tenido un rol protagónico en la misma, acá la estrategia es buscar el abrazo de la figura del arrepentido, decir poco y mostrarse ante la opinión pública como víctimas de aprietes de funcionarios K para evitar el encarcelamiento, pero con poca intención real de querer colaborar con la Justicia. Hay un peligro latente que Bonadío deberá resolver: la figura del arrepentido votada por el Congreso en 2016 le sirvió -hasta ahora- para destrabar la investigación, pero deberá pulirse el cómo, cuándo y con quien usarla, para no alejarse de la naturaleza de la ley. Porque si todos terminan arrepentidos y no va a haber condenados en esta historia de los cuadernos, entonces el sistema otra vez habrá fracasado.
¿QUE VA A PASAR EN LOS HOSPITALES MUNICIPALES CON EL ABORTO?
Publicada en Ambito
La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal lanzó una importante alarma en las últimas horas. “Los hospitales tendrán problemas para atender los abortos”, indicó en una reunión con su gabinete. El sistema de salud bonaerense, claro está, no se ha caracterizado en los últimos años por su excelencia y la aprobación de la ley del aborto el próximo 8 de agosto en el Senado podría sumar una situación aún más grave. Junto a esto, se abre otro interrogante que no se ha atendido y que nos plante que sucederá en los municipios.
Vale aclarar que estas unidades de salud corren por cuenta y cargo de las estructuras municipales exclusivamente. Si bien la salud es una materia provincial, son muchos los municipios que han planteado esquemas de salud municipales para atender las demandas de sus vecinos. Y un ejemplo de eso es San Isidro. El municipio de Gustavo Posse -con su padre Melchor médico y pediatra como antecesor- es un foco importante en materia de salud pública municipal: con tres hospitales (el Central “Melchor Angel Posse”, el Ciudad de Boulogne y el Hospital Municipal Materno Infantil) invierte gran parte de su presupuesto en la materia.
EL MEDICO QUE SE NIEGA A REALIZAR UN ABORTO, ¿PODRIA SER UN DELINCUENTE?
Como ejemplo se puede citar la sanción penal con la imputación de la figura clásica del homicidio del artículo 79 del Código penal, el cual expresa la frase conocida por todos “el que matare a otro…”.
En igual sentido, el artículo 106 párrafo tercero del Código actual plantea otro supuesto de responsabilidad penal para quien no protege la vida humana –como el abandono de persona–, castigándose al que incumpliere un deber de actuar para que el resultado no acontezca. En estos casos, se prevén penas de hasta 15 años si, por ejemplo, por su omisión ocurriese la muerte de aquella persona.
Lo alarmante y novedoso en la futura norma, radica en que ahora el ordenamiento penal castiga no ya la muerte del ser humano, sino la no provocación de la muerte de la persona en el vientre materno, con la pena de prisión si como resultado la persona gestante no hubiere podido acceder a un aborto en los casos legalmente autorizados.
En la figura de abandono de persona, lo prohibido no es el resultado positivo (matar) sino no omitirlo, es decir, quien tiene el deber jurídico para que no tenga lugar el efecto típico y no hace nada. En cambio, en el caso de la media sanción, lo prohibido es no interrumpir la muerte del ser humano en el vientre materno, por lo que pasaríamos de un sistema penal que castiga al que provocare la muerte por comisión o por omisión a un sistema penal que castigaría la no comisión, siendo los médicos los principales autores de estos delitos.
La norma, para que sea válida, tiene que ser una derivación racional del derecho; por eso esta situación deberá replantearse. Si no, el médico que no realiza un aborto será el nuevo delincuente del Código Penal.
La sociedad ve en los médicos sinónimos de salud y vida, y no quiere médicos presos por no realizar abortos, por respetar el juramento hipocrático adoptado por la Asociación Médica Mundial, que textualmente enuncia su misión de mantener el máximo respeto por la vida humana desde el momento de la concepción. Incluso bajo amenaza.
* Lucas Pietro Schorr es director de El Monitor de la Justicia
EL ESTADO COMIENZA A PROTEGER A VICTIMAS DE DELITOS
El gobierno se siente seducido por los decretos. A los polémicos decretos firmados por el presidente de la Nación en diciembre de 2015 con la designación de los jueces de la Corte, que luego tuvo que retrotraerse por su inconstitucionalidad, se suman en cada receso legislativo otros tantos que tratan temas complejos y polémicos, como el mega decreto que deroga 19 leyes y modifica 140. Esta vez, el comienzo de año nos dejó el Decreto 182/2018 firmado por Mauricio Macri conjuntamente con Germán Garavano y volvió a resurgir la polémica.
El texto en cuestión aborda la creación de una comisión de expertos para la reforma parcial del Código Civil y Comercial vigente, que tendrá la tarea de elevar al Poder Ejecutivo un anteproyecto de ley para la reforma y actualización del Código en el plazo de seis meses.
Ahora bien, por sobre la formalidad de lo que el decreto establece, los argumentos que motivan una nueva reforma no se comprenden: ¿es necesario trabajar sobre un Código aprobado por el Congreso hace apenas tres años? ¿Cuál es la necesidad jurídica de atender la reforma reciente de una legislación que trajo aparejadas grandes modificaciones y que hoy repetir su revisión podría entorpecer la labor cotidiana de los abogados y confundir a los ciudadanos? ¿Acaso es el Código otro de los pesares de la herencia del gobierno K, o hay elementos argumentativos que avalen el cambio a tan poco tiempo de su creación?
Son varios los interrogantes que surgen, pero no se puede concebir de manera aislada esta búsqueda de reforma en este momento particular. En tal sentido, vale recordar que el actual Código sigue estableciendo el inicio del primer derecho humano que es la vida desde la concepción y el Gobierno ya permitió que se instale el tema del aborto en la agenda legislativa, mediática y sus voceros ya anunciaron que el Presidente no lo vetaría, aunque dice estar a favor de la vida.
Podemos preguntarnos entonces, ¿la rapidez del decreto para modificar el cuerpo legal busca que se permita el cambio de consideración del inicio de la vida, para darle ahora sí argumento jurídico a los abortistas? ¿Será esto lo que impulsa al Gobierno a querer el cambio del artículo 19, el cual establece que la existencia de la persona humana comienza con la concepción? ¿Es una imposición de los organismos internacionales a los que el Gobierno está fuertemente alineado, como el fondo de la población de la ONU que promueve el aborto en los países miembros? Sea por estos supuestos, o por el destierro de todo lo que tenga que ver con el pasado kirchnerista, no queda claro qué atiende, ni qué persigue.
La vida humana no debería ser un tema negociable, que pueda estar sometido a una encuesta Duranbardesca. Habrá que estar atentos si este intento de reforma busca modificar la consideración sobre el inicio de la vida quedando Macri como el Presidente del aborto, o sólo busca con argumentos jurídicos superadores modificar el Código que dejó el kirchnerismo.
LA EXTINCIÓN DE DOMINIO UNA HERRAMIENTA QUE TODAVIA NO FUNCIONA
Desde la resistencia jurídica apuntaron a la dudosa constitucionalidad del proyecto y a la posibilidad de quitarle la titularidad patrimonial a un sujeto sin condena criminal de culpabilidad, con el solo hecho de ser llamado a indagatoria. Esto generó una nueva polémica y varios cuestionamientos. Incluso sectores de “Justicia 2020”, como Ricardo Gil Lavedra, coordinador general del Programa, alertaron que el proyecto carecía de sistematicidad y racionalidad.
Publicada en La Nación: https://www.lanacion.com.ar/2113251-la-extincion-de-dominio-una-herramienta-que-todavia-no-funciona
MARCHAS Y RECLAMOS: COMPETENCIA DISPARATADA DE DELITOS
En otra sintonía, si se lograra descubrir se quiso es instigar a cometer delitos contra las instituciones en forma preorganizada, el Código prevé penas de hasta 6 años. Como referencia de lo planteado, fue por este delito – entre otros – que Luis D’Elia fue condenado a cuatro años de prisión el pasado noviembre.
Publicada en Clarin: https://www.clarin.com/opinion/marchas-reclamos-competencia-disparatada-delitos_0_Syxp0VEXG.html
Lucas Prieto Schoor es abogado. Director de http://www.elmonitordelajusticia.com
Publicada en Clarin: https://www.clarin.com/opinion/codigo-derecho-laboral-constitucion-pide_0_HJpNGx8bG.html
Publicada en El Cronista: https://www.cronista.com/columnistas/La-Justicia-necesita-un-cambio-urgente-20171127-0035.html
LA ESPERANZA DE LA NUEVA JUSTICIA TIENE NOMBRE PROPIO
Hace años que por cuestiones de la política cubrir cargos de defensores oficiales, fiscales y jueces en la Provincia de Buenos Aires es imposible. La Comisión de Acuerdo del Senado Bonaerense, por donde pasan esos pliegos, está muy lejos de honrar su nombre, y hasta diciembre seguirá por la misma vía, momento de la asunción de los nuevos representantes.
Con este panorama hay algo que parece fundamental y que da esperanzas a futuro. La gran elección de Cambiemos en la provincia le permitió obtener un importante numero de bancas -y lograr la mayoría- para esperanzarse que con los nuevos legisladores y la coordinación de la gobernadora María Eugenia Vidal los cambios y las reformas que se necesitan lleguen con mayor celeridad.
En lo que a los números se refiere el escenario es preocupante. Según diversas fuentes hay 508 cargos de magistrados vacantes a nivel provincial. De estos, 319 ya tienen terna asignada, mientras que 151 están en Concurso ante el Consejo de la Magistratura, y 38 esperan el trabajo de la Cámara Alta provincial.
Con esta situación lejos se está de brindar un servicio de Justicia independiente, que muchos políticos pregonan y quienes nos relacionamos con la justicia deseamos. Esta es una de las deudas de la democracia moderna de nuestro país que venimos pagando con injusticia y vidas humanas.
Ahora bien, ¿cuál es la lógica jurídica para que esto ocurra? ¿Por qué los senadores cuando nombran un juez no observan la carta Magna que ordena seguir “los criterios objetivos de evaluación que privilegien la solvencia moral, la idoneidad y el respeto por las instituciones democráticas y los derechos humanos”? ¿Qué justifica que a veces se imponga un buen contacto a un curriculum impecable? ¿Por qué se demora tanto en nombrar los reemplazos de las vacantes que en definitiva no hacen más que afectar a la Justicia? ¿Cómo se le explica a la gente la demora por falta de voluntad política o por un excesivo sistema burocrático?
Confío que el desarrollo de Vidal y los nuevos nombres propios de las Cámaras provinciales buscarán este nuevo camino. Queremos Jueces independientes e imparciales, que tomen decisiones sin injerencias del poder político y que decidan sin presiones de ningún grupo. Es el momento indicado para pensarlo y tenemos los nombres propios para lograrlo.
Publicada en Telam: http://www.telam.com.ar/notas/201711/218358-la-esperanza-de-la-nueva-justicia-tiene-nombre-propio.html
Terminó la elección legislativa 2017. Finalmente Esteban Bullrich se impuso a Cristina Kirchner, pero ambos -junto a Gladys González- tendrán su lugar en la Cámara Alta a partir de diciembre de este año. En este contexto es imperioso analizar y pensar la necesidad de la ex presidente de exponerse a un comicio que en ningún momento la ubico como posible ganadora (ni el más optimista relacionaba una victoria K tras la imposición, por 20 mil votos, de la elección de agosto).
Y en este sentido, la única razón viable para representar a su figura en el Senado tiene que ver con la necesidad de obtener, nuevamente, sus fueros. Sabida es su compleja situación judicial y conocido el avance de la Justicia con los nombres propios relacionados con el proceso político anterior: desde Julio López y sus bolsos, pasando por Lázaro Baez y sus construcciones y llegando hasta el mismo Rey de la Salada, en este contexto son muchos los podrían ubicar a la ex mandataria con un comprometedor futuro.
En igual sentido, Maximiliano Rusconi, abogado del diputado Julio De Vido ha sabido anticipar los sucesos que se vendrán. “Si Julio (De Vido) es culpable, Cristina (Kirchner) también”, expresó el defensor en la estrategia para despegar a su defendido y ligar el futuro a la líder de Unidad Ciudadana. Ahora bien, ¿es posible pensar el futuro de un espacio político como el kirchnerismo sin el goce de sus fueros? ¿Se podrá imaginar algún nombre propio que no tenga complicaciones judiciales?¿está la Justicia realizando su trabajo como corresponde? ¿o estamos frente a una “persecución política”? Estos son algunos de los interrogantes que se plantean en términos generales y que parece prudente analizar.
En primera instancia, es alarmante lo que se sigue conociendo y reafirmando de todos los funcionarios K. En segundo lugar, es claro y evidente que si cae el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, conoceremos lo más salvaje y brutal que ha dejado ese gobierno y seguramente reafirmaremos la instancia judicial de Cristina, que muchos intuimos. Es en De Vido, donde podemos conocer el mayor desenlace de interrogantes hacia el futuro. Es que en ese nombre propio es donde se pone el mayor énfasis desde las últimas semanas electorales y desde donde se perfila la mira desde estos días post electorales. Con el pedido de desafuero trabajándose en el Congreso y con la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados buscando dar dictamen a los pedidos de los jueces Luis Rodríguez y Claudio Bonadio como estandarte de esto mismo, el ex ministro K presentó la renuncia a la presidencia de la comisión de Energía de la Cámara Baja y solicitó un pedido de licencia a su cargo, en una clara maniobra que busca correr el foco de atención.
Lo cierto es que en esta oportunidad -contrariamente al alejamiento del cargo por “inhabilidad moral” presentado antes en el Congreso- las voces más duras de Cambiemos y de toda la oposición al gobierno anterior expresaron que ya están dadas las condiciones para desafuerarlo y que tras eso su detención es inminente. Si bien, esta idea parece lejana, la celeridad con la que se mueven en la Cámara hace prestar una mayor atención.
En definitiva solo resta esperar. Será una semana compleja para el ex ministro y seguramente también sean días de mucha intensidad para todos aquellos que no hicieron las cosas como debían en su paso por la gestión nacional. Lo único que queda claro, es que sea el nombre que sea y presente el cargo que presente, el kirchnerismo parece que no sobrevive sin fueros. Y en busca de ellos se lanzaron porque como dijo su conductora “acá no se termina nada, acá comienza todo”.
Publicada en El Cronista: https://www.cronista.com/columnistas/El-kirchnerismo-y-la-necesidad-de-fueros-20171025-0017.html
En el escenario numérico al dato es alarmante. Los cargos vacantes a nivel provincial son 508. De estos, 319 ya tienen terna asignada, mientras que 151 están en Concurso ante el Consejo de la Magistratura y 38 esperan el trabajo de la Cámara Alta provinical.
Ahora bien, ingenuamente me pregunto ¿cuál es la lógica jurídica para que esto ocurra? Si todos sabemos que cuando los senadores nombran un juez no observan la carta Magna que ordena seguir “los criterios objetivos de evaluación que privilegien la solvencia moral, la idoneidad y el respeto por las instituciones democráticas y los derechos humanos”. ¿Por qué se demora tanto en nombran los reemplazos de las vacantes que en definitiva no hacen más que afectar a la Justicia? ¿Cómo se le explica a la gente la demora por falta de voluntad política o por un excesivo sistema burocrático?
Con esta situación claramente nos encontramos lejos de la Justicia independiente que muchos políticos pregonan y que quienes nos relacionamos con la justicia deseamos. Esta es una de las deudas de la democracia moderna de nuestro país que venimos pagando con injusticia y vidas humanas.
EL INTERMINABLE CASO GARCIA BELSUNCE
EL PAIS DEL VIVA LA PEPA
¿Se acuerdan cuando nos sorprendíamos porque algunos manifestantes cortaban las calles de la ciudad y provocaban un caos para todo el resto de la ciudadanía? ¿Tenemos presente cuando los reclamos absurdos se hacían propios del Microcentro y colapsaban absolutamente todos los servicios para el buen funcionamiento de la city?
Bueno si usted no lo recuerda es lógico pero a la vez preocupante. La parte de lógica tiene que ver con que en la actualidad hay situaciones que superan aquellas realidades y exponen otras aun peores. En la actualidad, ya no nos sorprendemos por cortes de calles por reclamos políticos o sociales. Hoy en día tenemos que alertarnos, como nos muestran las agendas mediáticas, porque llegó el momento en que cada uno hace lo que quiere, y en esa línea hay dos realidades imposibles de disimular para darle fuerza a este pensamiento.
En primer lugar, los adolescentes que toman colegios para oponerse a la reforma educativa que se plantea. Ya van varios días que las clases no se desarrollan con normalidad en algunos centros educativos, y si bien comprendo el planteo de ambas partes, las formas que eligen los estudiantes no son las correctas y siguen la linea del “hacemos lo que queremos”.
Lo segundo y aun más sólido para la teoría del cada uno hace lo que quiere es la insólita toma de mapuches del Juzgado de Esquel y su pedido para que el juez deje la causa por el Caso Maldonado. Por si no se entiende: un grupo de chicos deciden no tener clases y hacemos como si nada, y un grupo de indios deciden avanzar y presionar a un juez y seguimos haciendo como si nada. Esto es grave. Gravisimo.
Y la verdad es que me preocupa la tranquilidad con la que dejamos pasar estas situaciones. Nos desesperabamos por los cortes de calles y el colapso de la ciudad y no planteamos discusión alguna con los que avanzan sobre valores fundamentales de nuestra sociedad como son la educación y la Justicia.
Así es muy complejo pensar en un futuro de optimismo y esperanza para todos. Si no somos nosotros los que exijimos, en primera instancia, que se acaben con los hacer lo que queremos de cada uno de los grupos sociales que conforman nuestra comunidad estamos perdidos. Tenemos nosotros, casi como obligación moral, ser lo que nos animemos a gritar que no queremos un país en el que “viva la pepa”. Debemos ser conscientes que es ahora el momento para exigir y exigirnos seriedad y compromiso. Es obligación comprometernos e intentar salvar lo que nos queda o hacer que esto sea, finalmente, el país del “viva la pepa”. En cualquier instancia será responsabilidad nuestra.
Publicada en El Cronista Comercial: https://www.cronista.com/columnistas/Aplazados-todos-20170921-0014.html
LA NECESIDAD DE NUEVA JUSTICIA ES UN DESAFIO CON MIRAS AL 2020
Según una encuesta de Management & Fit se dio a conocer que “la Justicia” y el “Poder Judicial” tienen la peor confianza en la sociedad, con solo el 17.5 y 24.1% con mucha o algo de confianza, respectivamente. Estos números, nos ponen en la obligación de reflexionar qué le pasa a estas instituciones y qué hacemos cada uno de los componentes de la sociedad para intenta volver a ubicarla en un lugar de valoración y respeto.
Asimismo, la misma encuesta arroja que casi el 50 por ciento de la sociedad no le tiene nada de confianza a la Justicia y en este disparador el principal eje de trabajo para nuestro futuro. Así como se habla de los cambios en la política –y sus dirigentes- estimo que es importante empezar a hablar de la posibilidad de cambio real y concreto que tenemos que tener los abogados, fiscales y jueces que hacen que hoy estemos en un lugar “mal considerado” por nuestra sociedad.
En ese sentido, el proyecto del ministro de Justicia, Germán Garavano, de trabajo con miras al 2020 (con la denominación de Justicia 2020) puede ser el puntapié necesario para que cada uno de nosotros encuentre un rol indispensable en la recuperación de estas instituciones. En esa línea, recordar los principios de este esquema de trabajo –y contrarrestarlos con los números de la encuesta- pueden ser la salvación: “Una justicia cercana a la comunidad, moderna, transparente e independiente”, versa como eje principal de este lugar de trabajo. Y nos alienta a todos cuando nos propone ser un espacio de dialogo con el objetivo de elaborar, implementar y evaluar políticas para dar con una justicia que resuelva conflictos y genere resultados relevantes para la sociedad.
Así lo creo y entiendo que es la única salida para volver a tener una Justicia sana y coherente, porque así nos lo están exigiendo los ciudadanos y porque de esa manera tenemos que hacerlo todos desde el lugar que nos toca. Sin importar el pasado, atendiendo el presente y sabiendo que tenemos un desafío por delante que se resume en una necesidad pero que se expone como un desafío, con fecha en el horizonte del 2020.
LA VICTORIA EN LAS CARCELES
Las Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligaroias (PASO) 2017 tiene un resultado poco conocido por muchos: el voto de los procesados. La creación del Registro de Electores Privados de Libertad tiene sus nacimientos a raíz de la causa “Mignone”, donde se discutió el derecho Constitucional a sufragar de las personas detenidas sin condena.
El debate llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación quien confirmo el pretendido derecho y desde aquel entonces los procesados pueden votar. Mediante el sistema de boleta única, estas personas ejercen su sufragio y se le adjudica el mismo según el último domicilio que figura en el documento del detenido.
Con esta realidad, el pasado domingo volvieron a emitir su voto, y acá también hay resultados para anlizar. De los 15 mil presos que se encuentran procesados sin condena firme habilitados para votar solo lo hicieron en un 30% , de los cuales el 74% votó a la fórmula de Cristina Fernandez de Kirchner y Jorge Taiana, bajo el signo de Unidad Ciudadana y solo el 7% acompañó a Esteban Bullrich y Gladys Gonzalez por Cambiemos.
Una de las razones de la impopularidad de la formula oficial parece tener su origen en las recientes sanciones legislativas promovidas por el Gobierno que limitó en varios delitos las excarcelaciones y salidas transitorias. Y es un deber nuestro analizar y buscar razones para entender este tipo de sufragio y la voluntad de estos procesados, como se lo hace con el resto de la sociedad tras cualquier comicio.
Como venimos desarrollando hace varios escritos: si resocializar al delincuente es un objetivo real, tenemos que hacerlo también con este acto. Y saber que todavía nos quedan los condenados, donde algunos ya se muestran abiertos a someterlo a debate.
EL FIN DE LA PUERTA GIRATORIA…¿Y AHORA?