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Timestamp: 2018-02-25 17:31:20
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El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha asegurado este jueves en una nueva carta a Mariano Rajoy que "si el Gobierno del Estado persiste en impedir el diálogo y continúa la represión", el Parlament "podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de independencia que no votó el día 10". Con ello el presidente catalán insiste en la idea de continuar adelante con su plan independentista al tiempo que reconoce que la semana pasada no se declaró formalmente la secesión. La respuesta del presidente de la Generalitat al presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, lejos de abrir una puerta al diálogo no hace sino activar completamente la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución.
Las medidas para implementar el 155 se aprobarán en un Consejo de Ministros extraordinario que se reunirá este sábado. El Gobierno ha constatado “a las diez horas de esta mañana, la negativa del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont a atender el requerimiento que le fue remitido el pasado 11 de octubre y en el que se reclamaba que informara de forma clara y precisa si alguna autoridad de Cataluña había procedido a declarar la independencia de esa comunidad autónoma y se le instaba a restituir el orden constitucional alterado”, dice el comunicado de respuesta del Gobierno. La consecuencia es que continuará los trámites previstos en el artículo 155 de la Constitución “para restaurar la legalidad en el autogobierno de Cataluña”.
Puigdemont no ha querido valorar en su misiva la oferta de diálogo en el seno del Congreso que le lanzó el Gobierno ni la posibilidad de convocar unas elecciones autonómicas para evitar la aplicación del artículo 155 de la Constitución que restaría autogobierno a Cataluña. La carta va en la misma línea que la enviada el pasado lunes. Puigdemont destaca que el diálogo que pide debería traducirse en una reunión con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
En su nueva carta, Puigdemont sí subraya explícitamente que en su comparecencia del 10 de octubre el Parlament "no votó" ninguna declaración de independencia y recalca que su "suspensión continúa vigente", antes de añadir: "Pese a todos estos esfuerzos y nuestra voluntad de diálogo, que la única respuesta sea la suspensión de la autonomía indica que no se es consciente del problema y que no se quiere hablar". Con estos argumentos la Generalitat intentará frenar, como mínimo unos días, la aplicación inmediata del artículo 155 de la Constitución.
La prisión provisional por un presunto delito de sedición aplicada a los líderes de la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural es utilizada por Puigdemont para insistir en la idea de que el Gobierno no quiere una solución política para Cataluña. "Tampoco ha sido atendida la petición de revertir la represión. Al contrario, se ha incrementado y ha comportado la entrada a prisión del presidente de Omnium Cultural y el presidente de la Asamblea Nacional Catalana, entidades de acreditada trayectoria cívica, pacífica y democrática", dice la misiva.
Ante la finalización del plazo para contestar el requerimiento y la amenaza de la aplicación del artículo 155 de la Constitución con unas consecuencias imprevisibles, el Gobierno y el PSOE lanzaron el miércoles a Puigdemont un último salvavidas. Ambos se comprometieron a paralizar el mecanismo de intervención en Cataluña si el president convoca cuanto antes unas elecciones autonómicas que "restablezcan el orden legal". Por su parte, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se entrevistó con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, a quien prometió informar de las medidas concretas que adoptará si finalmente activa el 155.
El Consejo de Ministros extraordinario de este sábado “aprobará las medidas que elevará al Senado a fin de proteger el interés general de los españoles, entre ellos los ciudadanos de Cataluña y restaurar el orden constitucional en la Comunidad Autónoma”. El Gobierno agradece el apoyo de las distintas formaciones políticas “con las que está cerrando en estos momentos una respuesta mayoritaria y consensuada al desafío secesionista”. Sendas delegaciones del Gobierno y del PSOE se reunieron a partir de las diez de la mañana, una vez conocida la respuesta de Puigdemont, para negociar estas medidas que también serán sometidas a la deliberación de Ciudadanos. El ministro portavoz Íñigo Méndez de Vigo ha leído el texto de respuesta del Gobierno en el Congreso, con alguna modificación.
Una intervención del 155 “muy muy limitada”
El PSOE de Pedro Sánchez quiere una intervención "muy muy limitada a la prestación de los servicios públicos, que no deben verse afectados en su funcionamiento" y durante el tiempo "más breve posible", como ha explicado el secretario de Organización, José Luis Ábalos, en comparecencia en la sede del partido en la calle Ferraz. El PSOE respalda la activación del 155 tras la respuesta de Carles Puigdemont, toda vez que "la democracia y el Estado de derecho no pueden ceder ante esa inadmisible amenaza" de votar una declaración unilateral de independencia, pero subraya que hasta que se aprueben definitivamente las medidas del 155 por el pleno del Senado están "abiertas todas las ventanas" para que el presidente catalán dé marcha atrás.
Fernando Martínez-Maillo, coordinador nacional del PP, ha abierto la puerta a que el Gobierno despoje al presidente de la Generalitat de la competencia que le permite decidir cuándo serán los próximos comicios autonómicos en Cataluña. "La facultad de convocar elecciones es de Puigdemont, hasta que deje de tenerla", ha advertido. Esa es una de las medidas que baraja el Ejecutivo en sus negociaciones con el PSOE y con Ciudadanos. Los tres integrantes del frente constitucionalista consideran que el adelanto electoral aliviaría la tensión del enfrentamiento institucional que mide al Gobierno y al Govern, aunque difieren en los plazos de su aplicación.
Pablo Iglesias se ha mostrado en contra de la aplicación del 155 porque en su opinión la consecuencia sería "echar más leña al fuego" a la crisis catalana. "Aplicar el 155 después de que no haya habido declaración de independencia supondría una involución democrática", ha afirmado el secretario general de Podemos, muy crítico con el denominado frente constitucional que forman PP, PSOE y Ciudadanos.
"Una democracia no puede aceptar chantajes. No aceptamos chantajes el 23-F, no aceptamos chantajes con el terrorismo y no aceptamos chantajes ahora", ha afirmado Albert Rivera. "No hay ninguna novedad", ha añadido el presidente de Ciudadanos, que ha criticado que la Generalitat no se ha movido de su posición en todas estas semanas y ha acusado al Govern de situarse fuera de la ley.
Camilo S. Baquero/Anabel Diez
Con información de Elsa García de Blas, Pere Ríos, Juan José Mateo, José Marcos y J.J. Gálvez.
Luego de reunirse en consejo de ministros la mañana de este miércoles en Madrid, Mariano Rajoy exhortó al presidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont, a que explique la confusa proclama secesionista que hizo el martes desde Barcelona.
Después de reunirse de urgencia con el consejo de ministros, el presidente español, Mariano Rajoy, le pidió este miércoles al presidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont, que aclare si declaró la independencia de Cataluña en una sesión celebrada este martes en el parlamento regional en Barcelona.
Separatistas catalanes firmaron este martes una "proclama ambigua" que unos interpretaron como declaración de independencia y otros como un gesto de apertura a un período de diálogo, lo que no sentó bien al sector más radical de los independentistas que esperaba el anuncio formal de la "república catalana".
Puigdemont dijo también en su alocución que suspendía varias semanas la independencia de esta región del noreste español para tener la oportunidad de entablar un diálogo político con Madrid para desescalar el conflicto.
En su comparecencia de este miércoles, Rajoy enfatizó que su llamado al gobierno catalán pretende "ofrecer certezas a los españoles, especialmente a los catalanes" y poner fin "a un período de inestabilidad y quiebra de la convivencia". Por ahora, el gobierno español no ha dado un plazo al catalán para que responda a su requerimiento, aunque indicó que lo anunciará esta tarde.
La respuesta que ofrezca Barcelona "marcará el futuro de los acontecimientos", agregó Rajoy en una breve declaración a periodistas.
En función de la respuesta que el ejecutivo catalán traslade al Gobierno español se aplicará el artículo 155 de la Constitución, que otorga al Gabinete central la facultad de asumir directamente funciones desempeñadas por las autoridades autonómicas y convocar elecciones en esta región.
El discurso del presidente catalán se produjo 10 días después de celebrarse un referéndum por la independencia en Cataluña que el gobierno central trató de evitar –a veces por medio de la fuerza policial– dado que violaba la ley española. Madrid no ha reconocido los resultados del proceso, en el que votaron poco más del 40% de la población con derecho al voto.
Pugidemont propuso este martes al parlamento regional “suspender durante unas semanas la declaración de independencia para entrar en una etapa de diálogo, sin el cual no es posible llegar a una solución acordada”.
"Todas estas voces merecen ser escuchadas y todas nos han pedido que abramos un tiempo de diálogo, y, por responsabilidad y respeto, lo hago", añadió.
¿Hacia una reforma constitucional?
Después del anuncio de Rajoy, el secretario general del principal partido de la oposición (PSOE), Pedro Sánchez, declaró el apoyo de los socialistas en su requerimiento de aclaratoria a Puigemont, y que acordó con Rajoy abrir el debate para una reforma de la Constitución, un tema al que el partido conservador en el gobierno ha mostrado su oposición en el pasado.
La vicepresidenta española Soraya Sáenz de Santamaría dijo después que el líder catalán “no sabe dónde está, a dónde va ni con quién quiere ir”.
Sáenz añadió que el gobierno central no puede aceptar la validación del gobierno catalán de su ley de referéndum ya que fue suspendida por el Tribunal Constitucional, y tampoco los resultados de la votación del 1 de octubre debido a que fueron ilegales y carentes de garantías.
Añadió que Puigdemont ha expuesto a Cataluña “a la mayor fractura, la mayor división y la mayor intranquilidad que han tenido en toda su historia”.
Este miércoles, y ante la confusión creada por la ambigüedad de la proclama, el gobierno catalán se adelantó a señalar que fue un "acto simbólico".
El portavoz del ejecutivo catalán, Jordi Turull, dijo que se trató de un "acto simbólico en el que todos firmamos el que es nuestro compromiso de declarar la independencia".
El Gobierno de Mariano Rajoy ha aprobado este sábado convocar elecciones adelantadas en Cataluña en un plazo de seis meses o "en cuanto se recupere la normalidad"; cesar al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al vicepresidente, Oriol Junqueras, y a todos sus consejeros; que la administración catalana actúe bajo las directrices de los distintos ministerios; y dar capacidad de veto al Ejecutivo central frente a cualquier iniciativa aprobada en el Parlament catalán, que seguirá abierto pero no podrá proponer candidato a la presidencia. La intervención de esas competencias concretas del Govern al amparo del artículo 155 de la Constitución debe ser aprobada ahora por mayoría absoluta en el Senado, que previsiblemente validará el plan gubernamental en un pleno extraordinario que se celebrará el próximo viernes.
El Gobierno ha decidido aplicar el artículo 155 de la Constitución española en Cataluña para restaurar la legalidad; celebrar elecciones con normalidad; asegurar la neutralidad institucional; mantener el bienestar social y el crecimiento económico; y asegurar los derechos y las libertades de todos los catalanes, según ha enumerado Rajoy, que ha subrayado que "no se suspende la autonomía de Cataluña, se cesa a las personas que la han puesto en riesgo".
"El Gobierno tuvo muchas oportunidades de aplicar antes el artículo 155, pero preferimos actuar con prudencia, responsabilidad y sentido común, intentando que se produjera una rectificación", ha dicho el presidente, que asume personalmente la competencia de disolver el Parlament. "No se pueden hacer peor las cosas que como las ha hecho en las últimas fechas la Generalitat de Cataluña", ha añadido Rajoy, que al optar por convocar elecciones en seis meses ha contentado a su partido, el PP, frente a Pedro Sánchez, el líder del PSOE, que le pidió que lo hiciera en enero. "No era nuestro deseo ni nuestra intención aplicar el artículo 155. Lo hacemos porque ningún Gobierno, de ningún país democrático, puede aceptar que se ignore la ley, que se viole la ley, que se cambie la ley y que todo ello se haga pretendiendo imponer sus criterios a los demás", ha argumentado Rajoy durante una rueda de prensa en la que le han arropado todos los ministros de su Gobierno. Y ha recalcado: "Estas medidas han sido consensuadas con el PSOE y con Ciudadanos. Agradezco su apoyo, que no interpreto como un apoyo al Gobierno, que también, sino como un apoyo al Estado de derecho".
LOS MOSSOS, EN MANOS DE INTERIOR
El plan que le ha enviado el Gobierno al Senado para asumir competencias del Govern especifica que los Mossos quedarán bajo el control del Ministerio de Interior. De hecho, especifica que se dispondrá el cese del consejero de Interior, "y en su caso", de las autoridades dependientes, en referencia a Josep Lluís Trapero, el jefe de la policía autonómica.
"Los órganos o autoridades creados o designados por el Gobierno podrán acordar el despliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en Cataluña, coordinando la actuación de los Mossos", establece el plan enviado por el Ejecutivo a la Cámara Alta. "En el caso de que sea necesario, los Mossos serán sustituidos por efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". Y subraya: "[Si se cesa al jefe de los Mossos] el ejercicio de sus funciones corresponderá a los órganos o autoridades creados o designados por el Gobierno de la Nación".
Los representantes del Ejecutivo comparecerán en el Senado cada dos meses para dar cuenta de la gestión en Cataluña. El Gobierno aún debe decidir si crea un organismo colegiado para coordinar los trabajos del Govern, o nombra a un representante para desempeñar esa labor.
En un documento en el que resume las razones por las que aplicar el artículo 155, el Ejecutivo ha señalado directamente a Puigdemont y a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, al subrayar que considera que las "máximas autoridades gubernamentales y parlamentarias" de Cataluña han protagonizado un "incumplimiento manifiesto, contumaz y deliberado (...) a través de la puesta en marcha de un proceso de secesión". El equipo de asesores jurídicos de Rajoy observa una "desobediencia rebelde" en la acción de los dos líderes independentistas y de sus socios en el proceso de ruptura, toda una indicación de los posibles delitos en los que podrían haber incurrido las autoridades catalanas. Y por eso, argumentan en La Moncloa, la activación del artículo 155 de la Constitución se justifica en aplicación de sus dos presupuestos: que una Comunidad no cumpla con sus obligaciones o que actúe gravemente en contra del interés general de España.
La activación del artículo 155 de la Constitución solo cuenta con un precedente en la historia de la democracia española: en 1989, el Gobierno de Felipe González amenazó con su aplicación al de Canarias, pero logró frenar la rebelión fiscal de ese Ejecutivo autonómico antes de tramitar su puesta en marcha en el Senado.
Ahora, la tramitación de las medidas en la Cámara Alta, que durará casi una semana, abre la última ventana de oportunidad para que el conflicto institucional que enfrenta al Gobierno y al Govern se solucione sin la intervención de las competencias de la Generalitat. Tanto el PP, como el PSOE y Ciudadanos, los tres socios del frente constitucionalista, observan la convocatoria adelantada de elecciones autonómicas como la mejor respuesta a la creciente tensión política, institucional y social que se vive en Cataluña. Puigdemont, en principio, rechaza esa opción y amenaza con declarar la independencia en el Parlament. Rajoy, además, ha recalcado este sábado que solo el Senado puede detener ya la aplicación del artículo 155. En consecuencia, la cuenta atrás ha comenzado: las medidas arbitradas por el Consejo de Ministros para asumir competencias concretas de la Generalitat tendrán plena vigencia en menos de una semana.
Anabel Diez/Juan Jose Mateo
Barcelona:La Fundación Bancaria La Caixa y CriteriaCaixa trasladan su sede social a Palma
La Fundación Bancaria La Caixa ha acordado trasladar de Barcelona a Palma la sede social tanto de este organismo como de CriteriaCaixa, la sociedad de la que es accionista único y que gestiona el patrimonio de la entidad, “mientras se mantenga la actual situación en Catalunya”.
En un comunicado, la Fundación que preside Isidre Fainé ha informado de que el nuevo domicilio social de estas dos entidades estará situado en la Plaça Weyler, 3, de Palma, con el fin de “preservar sus intereses empresariales y sociales, así como su operativa normal”.
El cambio de sede se prolongará “en tanto se mantenga la actual situación en Catalunya”
La incertidumbre jurídica que está provocando la deriva independentista ha llevado a un buen número de empresas, muchas de ellas cotizadas, a mover sus sedes sociales fuera de Catalunya, con el objetivo de garantizar que seguirán operando bajo el paraguas de las autoridades europeas en caso de una hipotética declaración de secesión.
Theresa May, irritada con los tuits de Trump sobre el atentado de Londres: “Especular no ayuda a nadie”