Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2003-01797-de-diciembre-5-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_f8fdd441ca3102b0e0430a01015102b0&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-23 05:31:56
Document Index: 291181649

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 146', 'artículo 68', 'artículo 12', 'artículo 5', 'artículo 416', 'artículo 9', 'artículo 58', 'artículo 146', 'artículo 146', 'artículo 55', 'artículo 53']

﻿ Sentencia 2003-01797 de diciembre 5 de 2013
SENTENCIA 2003-01797 DE 05 DE DICIEMBRE DE 2013
CONTENIDO:ACUERDOS CONVENCIONALES DEFINIDOS CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY 100 DE 1993. SE REITERA, QUE SEGÚN EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY 100 DE 1993, DEBE SER CLARO QUE SE MANTIENEN LOS DERECHOS EXTRALEGALES SIEMPRE Y CUANDO LA SITUACIÓN SE HAYA CONSOLIDADO CON ANTERIORIDAD A LA VIGENCIA DE LA CITADA LEY, ES DECIR, QUE SE ENTIENDEN INCLUIDAS LAS CONVENCIONES COLECTIVAS APLICADAS IRREGULARMENTE A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS PRECISAMENTE PORQUE LES EXTIENDEN PRESTACIONES SUPERIORES A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES APLICABLES A ÉSTOS Y EN TAL SENTIDO CONSTITUYEN DERECHOS ADQUIRIDOS QUE DEBEN SER RESPETADOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:AUTONOMÍA UNIVERSITARIA, CONVENCIÓN COLECTIVA, PENSIÓN DE VEJEZ, RÉGIMEN PENSIONAL DE TRANSICIÓN, RECTORÍA DEL RÉGIMEN PRESTACIONAL DE EMPLEO, BENEFICIARIO DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA
Sentencia 2003-01797 de diciembre 5 de 2013
Ref.: Expediente 080012331000200301797 02
Número interno: 2066-2013
Consiste en determinar si el acto administrativo mediante el cual el rector de la Universidad del Atlántico le reconoció al señor Gustavo Borras Rojas la pensión de jubilación aplicando la Convención Colectiva del Trabajo suscrita por esa institución educativa, se ajusta o no a la legalidad.
• Resolución 604 de 28 de abril de 1993, proferida por el rector de la Universidad del Atlántico y el gerente de la caja de previsión de la misma entidad, que reconocieron al demandado la pensión de jubilación, en cuantía equivalente al 100% del salario devengado en el último año de servicio, efectiva a partir del 1º de abril de 1993, aplicando la Convención Colectiva de Trabajo (fl. 21).
• De acuerdo con la copia de la cédula de ciudadanía visible a folio 22 del expediente, y del registro civil que obra a folio 369, el señor Gustavo Borras Rojas, nació el 18 de enero de 1938.
• De acuerdo con el certificado laboral de 28 de abril de 1993 de agosto de 1995, suscrito por el rector de la Universidad del Atlántico y el gerente de la caja de previsión social, el demandado prestó sus servicios como profesor de tiempo completo, desde el 15 de julio de 1961, hasta el 30 de marzo de 1993, día en que se le aceptó la renuncia (fl. 378).
• A través de la Resolución 604 de 28 de abril de 1993, el rector de la Universidad del Atlántico y el gerente de la caja de previsión de la misma entidad, le reconocieron al señor Gustavo Borras Rojas la pensión de jubilación a partir del 1º de abril de 1993 en cuantía igual al 100% de su último sueldo devengado. Al efecto, consideró (fl. 21):
Que el profesor Gustavo Borras Rojas, laboró como profesor de tiempo completo en la facultad de ciencias económicas, el período comprendido del 15 de julio de 1961 al 30 de marzo de 1993.
Que el profesor Gustavo Borras Rojas, presentó renuncia voluntaria de su cargo.
Que por Resolución 473 de marzo 30 de 1993, se le aceptó la renuncia, para gozar de su pensión de jubilación a partir del 1º de abril de 1993.
Que hasta la fecha de aceptación de su renuncia, el profesor Gustavo Borras Rojas, laboró en la Universidad del Atlántico un tiempo de 8.917 días.
Que el profesor Gustavo Borras Rojas, reúne suficientemente los requisitos establecidos de acuerdo a su calidad de empleado público de régimen especial tiene derecho a gozar su pensión de jubilación tal como lo establece el artículo 68 del Decreto 1848 de 1969 y la Convención Colectiva de 1976.
• Competencia para fijar el régimen prestacional de los empleados del orden territorial
La Constitución Política de 1991 no otorga a otras autoridades la facultad de expedir normas sobre prestaciones sociales, solo el Congreso de la República puede fijar las normas generales a las que se sujeta el Gobierno Nacional para establecer los requisitos y condiciones del reconocimiento de la pensión de jubilación de los empleados públicos(3) por lo que, es ilegal cualquier disposición, de carácter departamental o municipal, como las ordenanzas, acuerdos municipales, resoluciones o acuerdos de establecimientos públicos, nacionales o departamentales, que regulen la materia; o por vía de convenciones colectivas de trabajo.
La Ley 4ª de 1992, en el artículo 12, dispuso que: “El régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales será fijado por el Gobierno Nacional, con base en las normas, criterios y objetivos contenidos en la presente ley”(4).
• Convención Colectiva suscrita por la Universidad del Atlántico
Los representantes de la Universidad del Atlántico y los del Sindicato de Trabajadores del ente educativo suscribieron Convención Colectiva de Trabajo el 5 de abril de 1976, en la que establecieron el régimen salarial y prestacional del personal docente y administrativo, y de los trabajadores de la universidad (fl. 41).
d) El monto de la pensión mensual de jubilación será equivalente al cinco por ciento (5%) del mayor salario mensual de su categoría por cada año de servicio sin el tope máximo legal (negrillas de la Sala).
• Naturaleza de la vinculación del demandado
A su vez, el artículo 5º del Decreto 3135 de 1968(5), determinó que los servidores de los establecimientos públicos, entre otros, tendrían la calidad de empleados públicos con excepción de “los trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras públicas”.
En el caso que nos ocupa, se evidencia que el señor Gustavo Borras Rojas, desempeñaba el cargo de docente universitario, y este no tiene funciones destinadas a la construcción y sostenimiento de obras públicas, por lo que se entiende que siempre ostentó la calidad de empleado público.
• Aplicación de convenciones colectivas
“Los sindicatos de empleados públicos no pueden presentar pliegos de peticiones ni celebrar convenciones colectivas(6), pero los sindicatos de los demás trabajadores oficiales tienen todas las atribuciones de los otros sindicatos de trabajadores, y sus pliegos de peticiones se tramitarán en los mismos términos que los demás, aun cuando no pueden declarar o hacer huelga” (negrilla fuera de texto).
El artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo, fue modificado con la entrada en vigencia de los convenios internacionales de la OIT 151 “sobre la protección del derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública”, y 154 “sobre el fomento de la negociación colectiva”, adoptados por la Legislación Nacional mediante las Leyes 411 de 1997(7) y 524 de 12 de agosto de 1999(8), respectivamente(9).
De esta forma, la Corte reafirmó la competencia de las autoridades constitucionalmente establecidas en el orden nacional y territorial para fijar las condiciones laborales de quienes están vinculados al Estado mediante una relación legal y reglamentaria e instó al legislador para que regule los mecanismos de concertación de los empleados públicos, con el objeto de garantizar su derecho a la negociación colectiva dentro de los límites que imponen su papel dentro del Estado(10).
• Situaciones definidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993
Así, la norma es clara al establecer que se mantienen los derechos “extralegales” siempre y cuando la situación se haya consolidado con anterioridad a su vigencia, es decir, que se entienden incluidas las convenciones colectivas aplicadas irregularmente a los empleados públicos precisamente porque les extienden prestaciones superiores a las establecidas en las normas legales aplicables a estos y en tal sentido constituyen derechos adquiridos que deben ser respetados.
De conformidad con el material probatorio allegado al expediente se evidencia que la fuente del reconocimiento prestacional del demandado fue la Convención Colectiva del 5 de abril de 1976, pues a pesar de ser empleado público se dio estricto cumplimiento al artículo 9º de dicha Convención.
Por consiguiente, y una vez que se ha tenido en cuenta que el accionado fue pensionado en su condición de empleado público al amparo de disposiciones convencionales, procede la sala a establecer si se reúnen los siguientes requisitos, con el ánimo de determinar si es viable, a pesar de la ilegalidad del reconocimiento, salvaguardar su situación pensional:
“Por lo tanto, se declarará la exequibilidad del inciso primero del artículo acusado, así como del inciso segundo, en la parte que reconoce el derecho a pensionarse con arreglo a las disposiciones municipales o departamentales en materia de pensiones de jubilación extralegales, para quienes con anterioridad a la vigencia de este artículo hayan cumplido los requisitos exigidos en dichas normas. Ello con fundamento en la garantía de los derechos adquiridos, reconocida por el artículo 58 superior, por tratarse de situaciones adquiridas bajo la vigencia de una ley anterior al nuevo régimen de seguridad social (L. 100/93).
No sucede lo mismo con la expresión contenida en el citado inciso segundo acusado, en virtud de la cual tendrán igualmente derecho a pensionarse con fundamento en las disposiciones señaladas, quienes cumplan “dentro de los dos años siguientes” los requisitos exigidos en dichos preceptos para pensionarse. A juicio de la Corte, ello quebranta el ordenamiento superior, ya que equipara una mera expectativa con un derecho adquirido (...)”. Resaltas fuera de texto.
En torno a la anterior situación, esta corporación mediante sentencia de 7 de octubre de 2010, precisó(11):
— En la Sentencia C- 410 de 1997 la Corte no moduló los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad del aparte en estudio, razón por la cual, ha de entenderse que ellos son ex nunc. Lo anterior implica que deben avalarse las situaciones que durante la vigencia del texto inicial del artículo 146 de la Ley 100 de 1993 se adquirieron”.
En este orden de ideas, en el caso concreto, y de conformidad con el material probatorio allegado al expediente, se concluye que el demandado estaba en el régimen de transición (pues al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 en el orden territorial —jun. 30/95— contaba con más de 40 años de edad), de igual modo cumplió los requisitos para acceder a la pensión con fundamento en la convención colectiva antes de la entrada en vigencia del régimen general de pensiones en el sector territorial, y, además, obtuvo dicho reconocimiento dentro del mismo término, pues la resolución acusada data del 28 de abril de 1993; razón por la cual, al tenor de lo manifestado en el acápite anterior, a pesar de la irregularidad de su prestación, es viable amparar su derecho con fundamento en lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993.
Así las cosas, el proveído impugnado que negó las súplicas de la demanda debe ser confirmado.
CONFÍRMASE la Sentencia de 28 de septiembre de 2012, por la cual el Tribunal Administrativo del Atlántico negó las súplicas de la demanda dentro del proceso promovido por la Universidad del Atlántico contra el señor Gustavo Borras Rojas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
(3) Corte Constitucional, en Sentencia C-510 de 14 de julio de 1999, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
(4) Decreto 1919 de 2002 determina que el régimen prestacional de los empleados territoriales es el dispuesto para los empleados de la rama ejecutiva.
(5) El aparte del artículo que le permitía a los establecimientos públicos precisar las actividades que podían ser desempeñadas por personas vinculadas mediante contrato de trabajo fue declarado inexequible por la Corte Constitucional a través de la Sentencia C-484 de 1995
(6) La Corte Constitucional en Sentencia C-110 de 1994 consideró que tal restricción tiene fundamento en lo dispuesto por el artículo 55 de la Constitución que establece excepciones al ejercicio del derecho de asociación.
(7) Con análisis de constitucionalidad en la Sentencia C-377 de 1998.
(8) Con análisis de constitucionalidad en la Sentencia C-161 de 2000.
(9) Teniendo en cuenta lo anterior, al amparo de lo establecido en el artículo 53, inciso 4º de la Constitución Política, dichos convenios forman parte de nuestra legislación interna.
(10) “(...) La Corte no desconoce que el problema del ejercicio del derecho de los sindicatos de empleados públicos a la negociación colectiva radica en que no existen mecanismos legales apropiados para hacer cumplir este derecho. Es más, el legislador no ha desarrollado el procedimiento para que estos sindicatos puedan iniciar la concertación, garantizar que las peticiones o los reclamos sean recibidos y atendidos por la administración pública. Ni se ha establecido cuál es la autoridad pública competente para pronunciarse cuando se desconoce, sin motivo el derecho de negociación colectiva. Tampoco existen los mecanismos legales que garanticen que las solicitudes de los sindicatos de empleados públicos, después de la etapa de concertación, se reflejen en los proyectos de ley de presupuesto o en las leyes de carrera administrativa.
(11) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, sentencia de 7 de octubre de 2010, Expediente 250002325000200408779-02 (1484-2009).