Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2001-01632-29576-de-noviembre-12-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_09cebc27faaa014ae0530a010151014a&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-12-10 00:31:43
Document Index: 209587965

Matched Legal Cases: ['artículo 86', 'artículo 177', 'artículo 176', 'artículo 129', 'artículo 37', 'artículo 212', 'artículo 51', 'artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 185', 'artículo 168', 'artículo 229', 'artículo 227', 'artículo 388', 'artículo 55', 'artículo 171', 'artículo 115', 'artículo 43', 'artículo 308', 'Artículo 30', 'artículo 109', 'artículo 1613']

﻿ SENTENCIA 2001-01632/29576 DE NOVIEMBRE 12 DE 2014
SENTENCIA 2001-01632 DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2014
CONTENIDO:LESIONES PERSONALES CAUSADAS A TAXISTA POR UNIFORMADO DE LA POLICÍA NACIONAL CON ARMA DE DOTACIÓN OFICIAL GENERA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. SE TIENE QUE EL DAÑO ANTIJURÍDICO PUEDE SER OCASIONADO POR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEFINIDAS COMO PELIGROSAS POR LA LEY O LA JURISPRUDENCIA. SI DICHAS ACTIVIDADES SON DESARROLLADAS POR AGENTES ESTATALES, EL EVENTUAL DAÑO QUE PUEDAN CAUSAR SERÁ IMPUTABLE A LA ADMINISTRACIÓN A TÍTULO DE RIESGO EXCEPCIONAL. TAMBIÉN SE HA CONSIDERADO QUE EN AQUELLAS OCASIONES EN LAS QUE LA ACTIVIDAD PELIGROSA HUBIERE SIDO DESPLEGADA DE MANERA NEGLIGENTE O IMPRUDENTE, EL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE YA NO SERÍA OBJETIVO POR RIESGO EXCEPCIONAL, SINO SUBJETIVO POR FALLA EN EL SERVICIO.
TEMAS ESPECÍFICOS:MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL, FALTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, RESPONSABILIDAD POR RIESGO EXCEPCIONAL, ARMAS DE DOTACIÓN DE LA FUERZA PÚBLICA, TEORÍA DEL RIESGO EXCEPCIONAL
Sentencia 2001-01632/29576 de noviembre 12 de 2014
Radicación: 25000-23-26-000-2001-01632-01(29576)
Actor: Fredy Alberto Amaya Sanchez y otros
Resuelve la Subsección el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia proferida por la Sala de Descongestión de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 21 de octubre de 2004, por medio de la cual se accedió parcialmente a las súplicas de la demanda, así:
“1. DECLARESE [sic] la falta de legitimación en la causa por activa del señor JOAQUÍN ALVARO [sic] REYES SANCHEZ, de conformidad con lo expuesto en el acápite de legitimación en la causa.
2. DECLARESE [sic] no probada la excepción de concurrencia de culpas, expuesta por la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional.
3. DECLARESE [sic] responsable administrativamente a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL, por los hechos objeto de esta demanda, y conforme a las consideraciones expuestas en este proveído.
4. Como consecuencia de la anterior declaración, CONDÉNASE a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL, a pagar a favor de:
1. PERJUICIOS MORALES:
— FREDY ALBERTO AMAYA SÁNCHEZ, por concepto de daños morales, la cantidad de cien salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia (100 smlmv).
— ANA BEATRIZ SÁNCHEZ vda. DE REYES, por concepto de daños morales cincuenta salarios mínimos mensuales legales vigentes para la fecha de ejecutoria de la presente sentencia (50 smlmv).
— JOSÉ ORLANDO AMAYA SÁNCHEZ por concepto de daños morales veinticinco salarios mínimos mensuales legales vigentes para la fecha de ejecutoria de la presente sentencia (25 smlmv).
— DORIS AMAYA SÁNCHEZ, por concepto de daños morales veinticinco salarios mínimos mensuales legales vigentes para la fecha de ejecutoria de la presente sentencia (25 smlmv).
2. DAÑO A LA VIDA O DE RELACIÓN [sic]:
— FREDY ALBERTO AMAYA SÁNCHEZ, por concepto de daños a la vida en relación, la cantidad de cien salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia (100 smlmv).
3. PERJUICIOS MATERIALES
— DAÑO EMERGENTE, la suma de ciento dieciséis mil ochocientos setenta y ocho pesos ($ 116.878).
— LUCRO CESANTE FUTURO Y CONSOLIDADO: Lo [sic] que resulten probados en el trámite incidental, de conformidad con lo expresado en la parte considerativa de esta providencia.
6. DESE cumplimiento al presente proveído de conformidad con lo establecido en los artículos 176 y 177 del CCA, para efectos de su ejecución”.
El 26 de julio de 2001, por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa establecida en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, el señor Fredy Alberto Amaya Sánchez, Ana Beatriz Sánchez vda. de Reyes, José Orlando Amaya Sánchez, Joaquín Álvaro Reyes Sánchez y Doris Amaya Sánchez, formularon demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, contra de la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, solicitando que se hagan las siguientes declaraciones y condenas (fl. 6, cdno. ppal.):
“DECLÁRESE que LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL, es administrativamente responsable por los perjuicios materiales, morales y fisiológicos causados al señor FREDY ALBERTO AMAYA SÁNCHEZ (lesionado), a sus padres, señores PEDRO JOSÉ AMAYA y ANA BEATRIZ SÁNCHEZ vda. de REYES, a sus hermanos JOSÉ ORLANDO AMAYA SÁNCHEZ, JOAQUÍN ÁLVARO REYES SÁNCHEZ y DORIS AMAYA SÁNCHEZ y a sus sobrinas CLAUDIA EDITH RÍOS REYES y JENNY ALEXANDRA RÍOS REYES, por las graves lesiones sufridas en la humanidad de FREDY ALBERTO AMAYA SÁNCHEZ, en los hechos ocurridos el día 26 de septiembre de 1999, en la ciudad de Bogotá D.C., como consecuencia de la falla o falta presunta del servicio o de la administración.
1. Consecuencialmente, CONDENESE [sic] a LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL, a pagarles a los anteriores o a quien represente legalmente sus derechos, como reparación del daño ocasionado por las graves lesiones que sufrió FREDY ALBERTO AMAYA SÁNCHEZ, por concepto de PERJUICIOS MORALES SUBJETIVOS, la cantidad, en moneda legal colombiana, que resulte equivalente al valor de hasta DOS MIL GRAMOS ORO (2.000 gr Au), para cada uno de ellos, liquidados a la cotización más alta vigente en el mercado para el metal precioso, certificado por el BANCO DE LA REPÚBLICA, por la fecha en que quede en firme la respectiva providencia que ponga fin definitivamente al proceso.
2. Consecuencialmente a la declaración solicitada en el numeral primero (1º), CONDENESE [sic] a LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL, a pagarle al lesionado señor FREDY ALBERTO AMAYA SÁNCHEZ, o a quien represente legalmente sus derechos, como reparación del daño ocasionado, por concepto de PERJUICIOS MATERIALES O PATRIMONIALES, en su modalidad de LUCRO CESANTE Y DAÑO EMERGENTE, actuales y futuros, una cantidad, en moneda legal colombiana, no inferior a DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 2.226.200.OO), teniendo en cuenta su edad al momento del hecho y el salario que devengaba y los gastos económicos que ha implicado la grave afectación de la salud.
3. Del mismo modo, a la declaración solicitada en el numeral primero (1º) CONDENESE [sic] a LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL, al pago a favor del lesionado, señor FREDY ALBERTO AMAYA SÁNCHEZ o a quien represente legalmente sus derechos, como reparación del daño ocasionado, por concepto de DAÑO PERSONAL ESPECIAL, EN SU VIDA DE RELACIÓN Y DAÑO FISIOLÓGICO, la cantidad que, en moneda legal colombiana, sea equivalente al valor de hasta DIEZ MIL GRAMOS ORO (10.000 gr Au) liquidados a la cotización más alta vigente en el mercado para el metal precioso, certificada por el Banco de la República, por la fecha en que quede en firme la respectiva providencia que ponga fin definitivamente al proceso.
4. Se condene a la demandada al pago del ajuste al valor de dichas condenas en términos del artículo 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo, desde la fecha del daño hasta la fecha del pago definitivo de las obligaciones.
5. Se CONDENE a LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL, a pagar intereses corrientes sobre los valores que se reconozcan a título de perjuicios materiales, liquidados por el periodo transcurrido desde la fecha del daño hasta el día de la ejecutoria del fallo definitivo, según lo certifique la Superintendencia Bancaria.
El Gobierno Nacional - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, dará cumplimiento a la sentencia que le ponga fin a la presente demanda, dentro de los términos del artículo 176 y 177 de CCA.
Para fundamentar el anterior petitum, la actora explicó que el 26 de septiembre de 1999, el agente de policía Manuel Giovanny Pinilla asesinó al civil Fredy Alberto Amaya —estando en servicio y con su arma de dotación oficial—, ante el incumplimiento por parte de este, de la orden de bajar el volumen de la música que oía en un parque público en compañía de sus amigos.
Con el objetivo de demostrar lo anterior, adjuntó, entre otras pruebas documentales: registros civiles de nacimiento, matrimonio y defunción; copia de la investigación penal seguida contra Fredy Alberto por atentar contra un empleado oficial; facturas por gastos médicos; y un contrato de compraventa de un vehículo automotor.
Adicionalmente solicitó oficiar al juzgado 51 de instrucción penal militar para que arrime copia del proceso 1307 seguido contra el subteniente Pinilla, y a la secretaría de tránsito y transporte para que certifique la propiedad del vehículo de placas SHC865.
Finalmente solicitó la recepción de algunos testimonios y la práctica de pruebas técnicas para evaluar las secuelas médicas de las lesiones sufridas por Fredy Alberto.
La demanda fue admitida el 23 de agosto de 2001 (fl. 25, cdno. ppal.), y notificada personalmente a la Policía Nacional el 27 de septiembre siguiente (fl. 28, cdno. ppal.). El 11 de octubre de 2001, la demandada contestó ateniéndose a lo que resulte probado en el proceso y oponiéndose a las pretensiones de la demanda, las cuales, en caso de prosperar, deberían declarar una concurrencia de culpas por cuanto “los hechos se produjeron con intervención demostrada de ambas partes, pues como consta en la denuncia realizada por el subteniente Manuel Giovanny Pinilla Rojas, el señor Fredy Alberto Amaya Sánchez, el día 26 de septiembre de 1999 reincidió en la alteración del [sic] de la tranquilidad publica [sic], conllevando así las llamadas de atención que corresponden, sin que el señor Amaya Sánchez acatara la orden y respondiendo de manera ruda y agreste en ambas ocasiones” (fl. 36, cdno. ppal.). Al efecto, solicitó oficiar a la estación de Fontibón adscrita al departamento de policía Bacatá para que arrime el informe rendido por los hechos en los que se basó la demanda.
Habiéndose dado traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión el 12 de agosto de 2004 (fl. 85, cdno. ppal.), el 31 de agosto siguiente, el apoderado de la parte demandante solicitó condenar a la entidad demandada por la falla en el servicio en la que incurrió su funcionario al utilizar —de manera abusiva—, su arma de dotación. En efecto, “Así se considerara que la circunstancia que origina el incidente fuera una posible agresión a un agente (lo cual no esta [sic] probado), la Policía Nacional no esta [sic] legitimada para desenfundar sus armas de dotación y disparar contra la humanidad de los ciudadanos, máxime cuando no existe grado de proporcionalidad alguna entre la agresión y la reacción del agente de la Policía Nacional”.
El primero de septiembre de 2004, el apoderado de la parte demandada arrimó su escrito de alegatos subrayando que en el sub lite se configuró la culpa exclusiva y determinante de la víctima pues “fue su actitud agresiva y de ataque frontal contra los uniformados, lo que ocasionó que estos desenfundaran sus armas de dotación y se presentara el forcejeo que concluyó con el disparo y las conocidas consecuencias (...). Fue el [sic] quien junto con todos sus acompañantes se expuso imprudentemente al peligro que representaba el estar en contraposición y confrontación directa con la autoridad y las normas de convivencia ciudadanas” (fl. 92, cdno. ppal.).
Finalmente, el 23 de septiembre del mismo año, el representante del Ministerio Público arrimó su concepto de rigor solicitando aceptar parcialmente las pretensiones de la demanda, negando los perjuicios solicitados por las sobrinas por no encontrar probado el vínculo afectivo ni la dependencia económica de estas con respecto a la víctima (fl. 104, cdno. ppal.).
En esa misma fecha, el expediente fue remitido para fallo al tribunal de descongestión en cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo 2567 proferido por la autoridad competente.
El 21 de octubre de 2004, la Sala de Descongestión de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia accediendo parcialmente a las súplicas de la demanda (fl. 117, cdno. ppal.). En efecto por un lado, declaró la falta de legitimación en la causa por activa con respecto a Joaquín Álvaro Reyes Sánchez por no encontrar probado su interés. Y por el otro, encontró probada la falla en el servicio, pues “el agente de policía subteniente Pinilla Rojas, propinó el disparo en el parietal izquierdo del señor Amaya, en el momento en que se encontraba en servicio con el arma de dotación oficial del señor agente de la policía”, sin razón suficiente de exculpación.
El 8 y 9 de noviembre de 2004, tanto la parte demandada como el actor interpusieron sendos recursos de apelación(1) (fls. 146 y 147, cdno. ppal.), los cuales fueron concedidos el 18 de noviembre siguiente (fl. 149, cdno. ppal.), y admitidos por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 2 de diciembre de 2005 (fl. 163, cdno. ppal.).
El 22 de junio de 2005, el apoderado de la Policía Nacional, al sustentar el recurso de apelación, insistió en los argumentos sostenidos en otras etapas procesales (fl. 158, cdno. ppal.), mientras el 24 de junio siguiente, la actora solicitó reconocer la legitimación en la causa por activa del señor Pedro José Amaya como padre de la víctima, con el fin de que le sean concedidos los perjuicios solicitados (fl. 160, cdno. ppal.).
Habiéndose dado traslado a las partes para alegar el 28 de marzo de 2006 (fl. 165, cdno. ppal.), el 19 de abril siguiente la actora concluyó que existe material probatorio suficiente para exonerar de toda responsabilidad a la Policía Nacional por cuanto los daños fueron consecuencia del cumplimiento de un deber constitucional y legal que se imponía verificar al uniformado que hizo uso de su arma de dotación (fl. 166, cdno. ppal.), mientras que la parte actora y el Ministerio Público guardaron silencio (fl. 168, cdno. ppal.).
El proceso entró a esta corporación para fallo, el 28 de abril de 2006.
7. Solicitud para celebrar audiencia de conciliación.
El 17 de abril de 2013, el Magistrado sustanciador convocó a audiencia de conciliación(2), que una vez surtida(3), se vio frustrada por ausencia de ánimo conciliatorio de las partes (fl. 339, cdno. ppal.).
8. La competencia de la Subsección.
El artículo 129 del CCA, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998 referido a la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia(4), dice que la corporación, en la Sala Contenciosa Administrativa, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales, en el mismo sentido del artículo 212 de CCA, subrogado por el artículo 51 del Decreto 2304 de 1989. Así, la corporación es competente para conocer del asunto, en virtud del recurso de apelación interpuesto por las partes(5), en proceso con vocación de segunda instancia ante el Consejo de Estado(6).
Cumplidos los trámites propios de la segunda instancia, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado(7), procede la Subsección a resolver el asunto sometido a su consideración de acuerdo con el siguiente esquema: 1) El régimen de responsabilidad aplicable; 2) Los hechos probados; 3) La valoración probatoria y conclusiones; 4) La liquidación de perjuicios; y 5) La condena en costas.
1. El régimen de responsabilidad aplicable.
A partir de la expedición de la Constitución de 1991, la responsabilidad del Estado se define de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 90 en virtud del cual, el Estado será patrimonialmente responsable por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión imputable a sus agentes. En efecto, dos son los postulados que fundamentan dicha responsabilidad: i) El daño antijurídico, y ii) la imputación del mismo a la administración, “sin que sea posible predicar la existencia y necesidad y/o valoración y análisis de otro tipo de componentes a efectos de configurar la responsabilidad”(8). Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho que “la fuente de la responsabilidad patrimonial del Estado es un daño que debe ser antijurídico, no porque la conducta del autor sea contraria al derecho, sino porque el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, razón por la cual se reputa indemnizable”(9).
Sobre la noción de daño antijurídico, esta Sección ha definido que “consistirá siempre en la lesión patrimonial o extrapatrimonial que la víctima no está en el deber jurídico de soportar”(10). En este sentido, el daño ocasionado a un bien jurídicamente tutelado, impone el deber de indemnizar el consecuente detrimento con el objetivo de garantizar el principio de igualdad ante las cargas públicas.
En lo relativo a la imputación, se entiende que se trata de la “atribución de la respectiva lesión”(11); en consecuencia, “la denominada imputación jurídica (imputatio iure o subjetiva) supone el establecer el fundamento o razón de la obligación de reparar o indemnizar determinado perjuicio derivado de la materialización de un daño antijurídico, y allí es donde intervienen los títulos de imputación que corresponden a los diferentes sistemas de responsabilidad que tienen cabida tal como lo ha dicho la jurisprudencia en el artículo 90 de la Constitución Política”(12).
Al respecto, esta Sección ha reiterado que:
“la imputación fáctica supone un estudio conexo o conjunto entre la causalidad material y las herramientas normativas propias de la imputación objetiva que han sido delineadas precisamente para establecer cuándo un resultado, en el plano material, es atribuible a un sujeto. De otro lado, la concreción de la imputación fáctica no supone por sí misma, el surgimiento de la obligación de reparar, ya que se requiere un estudio de segundo nivel, denominado imputación jurídica, escenario en el que el juez determina si además de la atribución en el plano fáctico existe una obligación jurídica de reparar el daño antijurídico; se trata, por ende, de un estudio estrictamente jurídico en el que se establece si el demandado debe o no resarcir los perjuicios bien a partir de la verificación de una culpa (falla), o por la concreción de un riesgo excepcional al que es sometido el administrado, o de un daño especial que frente a los demás asociados es anormal y que parte del rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas”(13).
En este sentido, se tiene que el daño antijurídico puede ser ocasionado por el desarrollo de actividades definidas como peligrosas por la ley o la jurisprudencia. En efecto, “la jurisprudencia de la Sala ha señalado que tratándose de la producción de daños originados en el despliegue —por parte de la entidad pública o de sus agentes— de actividades peligrosas, es aquel a quien corresponde jurídicamente la guarda de la actividad quien quedará obligado a responder por los perjuicios que se ocasionen por la realización del riesgo creado”(14).
Si dichas actividades son desarrolladas por agentes estatales, el eventual daño que puedan causar será imputable a la administración a título de riesgo excepcional. Al respecto, esta Sección explica que “En cuanto a la aplicación de la teoría del riesgo excepcional, ha sido reiterada la tesis según la cual, en los eventos en que el daño es producido por cosas o actividades peligrosas (armas de dotación oficial, vehículos automotores, conducción de energía eléctrica, etc.) el régimen aplicable es de carácter objetivo, porque el factor de imputación es el riesgo grave y anormal al cual el Estado expone a los administrados. De tal manera, que basta la realización del riesgo creado por la administración para que el daño resulte imputable a ella”(15).
No obstante lo anterior, también se ha considerado que en aquellas ocasiones en las que la actividad peligrosa hubiere sido desplegada de manera negligente o imprudente, el régimen de responsabilidad aplicable ya no sería objetivo por riesgo excepcional, sino subjetivo por falla en el servicio.
En el sub lite se trata de un daño antijurídico ocasionado con arma de dotación oficial por parte de personal adscrito a la Policía Nacional. Sin embargo, el análisis del régimen de responsabilidad aplicable, como se verá más adelante, debe abordarse a título de responsabilidad subjetiva por falla en el servicio, por encontrar probado el uso excesivo de la fuerza durante el desarrollo de una orden de neutralización de escándalo público.
El acervo probatorio está integrado por las pruebas aportadas directamente por las partes, por las ordenadas por el a quo, y por las decretadas y practicadas en segunda instancia.
Con respecto a las pruebas trasladadas(16) de los procesos penales, el uno iniciado en contra del civil Amaya(17) y cuya copia auténtica se anexó a la demanda, y el otro adelantado contra el uniformado Pinilla(18) cuyo traslado se solicitó en la demanda, se les dará valor probatorio de acuerdo con lo dicho en el artículo 185 del CPC —por remisión directa del artículo 168 del Código Contencioso Administrativo—, en virtud del cual, “las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica, y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella”. En el sub lite, los procesos primitivos se adelantaron el primero contra quien en el presente proceso obra como demandante, y el segundo contra un miembro de la Policía Nacional, parte demandada en el proceso que ahora se decide; en consecuencia, los testimonios que allí reposan serán valorados en su integridad pues la demandada asistió e intervino en su práctica, situación que haría inocua la ratificación de la que habla el artículo 229 del CPC(19). No obstante lo anterior, ni las versiones libres ni las indagatorias que reposen en dichos expedientes serán tenidas en cuenta por carecer del requisito de juramento considerado indispensable —en los términos del artículo 227 del CPC—, para ser apreciadas como declaración de terceros.
Realizada la anterior precisión, pasa la Subsección a hacer la relación de las pruebas que considera útiles y pertinentes para fallar.
Sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se causaron las lesiones que sufrió el señor Fredy Alberto, reposan las siguientes pruebas:
— Folio 27 del cuaderno 3 de pruebas: oficio 864/TAHUM-ESFON suscrito el 12 de octubre de 1999 por el comandante de la estación novena de Fontibón en respuesta a la solicitud elevada por la Juez 51 de Instrucción Penal Militar, en la que se lee: “En atención al oficio de la referencia, procedente de esa jefatura en donde solicitan determinar el servicio que le correspondió prestar al señor ST. Pinilla Rojas Manuel Gionany [sic] para el día 260999, me permito informar a ese despacho que el mencionado oficial según consta en la minuta de vigilancia, empezó primer (1º) [sic] el día 250999 a las 20:00 horas y terminaría turno a las 06:00 horas del día 260999 de ahí en adelante pasaría a descansar en su turno de franquicia. En cuanto al sitio de facción o jurisdicción según la minuta le correspondió realizar primer turno como comandante de CAI u oficial de vigilancia, en la Moto Susuki 500 cc, de siglas 03-484, con el PT. Tellez Quiroga Cesar [sic], con el indicativo de Versalles Uno, servicio para el cual le fue dotado de una pistola Jericó 97313419 con dos proveedores y 15 cartuchos cada uno”.
— Folio 8 del cuaderno 3 de pruebas: informe de novedad rendido el 26 de septiembre de 1999 por el comandante CAI Versalles subteniente Manuel Giovanny Pinilla Rojas en el que se lee: “Respetuosamente me permito informar a mi coronel la novedad ocurrida el 26-09-99 con el señor Fredy Alberto Maya [sic] Sanches [sic] (...) quien se encuentra imputado por la comisión del presunto delito de violencia contra empleado oficial, lesiones personales y asonada, en razón de que el día de hoy 16-09-99, siendo aproximadamente las 03:00 horas en que me encontraba de servicio de primer turno como oficial de vigilancia de la zona novena - Fontibón, en compañía del patrullero Tellez Quiroga Cesar [sic] Augusto, fuimos enviados por el operador de turno del CAD (Centro Automático de Despacho de la Policía Nacional), a la calle 32 con cra 117, para que conociéramos un caso de escándalo público y perturbación a la tranquilidad, efectivamente me trasladé al sitio donde precisamente funciona un parque recreativo encontrando un grupo aproximadamente diez personas entre ellas dos mujeres y mi denunciado a [sic] estas personas se encontraban ingiriendo bebidas embriagantes, haciendo escándalo y escuchando música a alto volumen con el pasacintas de un vehículo taxi de servicio público, color amarillo marca Daewo de placas SHC-865 de propiedad del imputado, procedí a llamarles la atención y a pedirles que se retiraran del lugar, en ese momento le bajaron el volumen a la música y nosotros nos retiramos del sitio y continuamos con el servicio de vigilancia. Habiendo transcurrido aproximadamente treinta minutos, nuevamente fuimos reportados por la central para que nos trasladáramos al mismo lugar a conocer un caso de riña, efectivamente así lo hice, al llegar al sitio encontré que habían como cinco personas más que las que inicialmente habían sido objeto de llamado de atención y otro vehículo tipo camioneta LUV color café, del cual no fue posible tomar datos. Tan pronto llegamos en esta segunda oportunidad al sitio, pues yo me bajé de la moto con mi arma de dotación en la mano (una pistola marca Jericó, calibre 9 milímetros), al pedirles que le bajaran el volumen a la música, como habían hartos [sic], se portaron agresivos y renuentes al mandato policivo y particularmente, el imputado me dijo “que viene a joder tombo [sic] hijueputa [sic] luego quién es usted para nosotros tener que hacerle caso, si es tan varón pues sáquenos de aquí o le hacemos tragar ese fierro” refiriéndose a mi arma de dotación. Comoquiera que esas personas estaban bajo efectos de alcohol, no le presté mucha atención al comportamiento despectivo que asumieron en ese momento, fue cuando el señor Amaya Sánchez se me acercó, me encaró y con su cuerpo me golpeó, luego me pegó un cabezazo en la cara, a la altura de la boca labio superior, ocasionándome una herida, al golpearme sentí dolor y sangrado, fue cuando yo llevé mi mano izquierda a la cara, porque quedé un poco aturdido por el golpe. Mi denunciado aprovechando ese momento me agarró el brazo derecho donde yo tenía el arma, con su mano izquierda y con su mano derecha, me agarró la pistola y comenzó a gritarle a sus acompañantes: quitémosle esta mierda y le damos, que ellos son varones es con esta mierda, y a mí me da o le doy, en ese momento, se me vino encima [sic] una parte de sus acompañantes y yo al verme reducido a la impotencia y que efectivamente ya había perdido mi condición de fuerza por la desproporción numérica de personas, lo único que hice fue halar con fuerza mi brazo derecho para evitar que me desarmaran y me mataran con mi misma arma y simultáneamente el imputado también haló mi arma de dotación y en ese forcejeo se produjo un disparo que trajo como consecuencia una lesión en la humanidad del imputado a la altura del parietal izquierdo (...)”.
— Folio 66 del cuaderno 3 de pruebas: Diligencia de declaración rendida por el señor José Erlinton Peña Castellanos el 25 de octubre de 1999 ante la fiscalía, en el que se lee: “Esto sucedió entre una y media de la mañana a dos y cuarto de la mañana del día 26 de septiembre en el barrio la aldea [sic] nos encontrábamos en el parque escuchando música estábamos con un grupo de amigos del colegio me acuerdo, de Mabel no sé el apellido, Alejandro, Jorge, Giovany Aguilar Salinas y había más gente pero no conocidos míos, cuando se acercaron dos agentes de la policía quienes se movilizaban en una moto y nos solicitaron que le bajáramos el volumen al carro y no [sic] nos retiráramos del parque, por que [sic] el equipo del carro estaba alto, los policías se retiraron y regresaron los mismos dos policías alrededor de 15 a 20 minutos después, se bao bajo [sic] el agente agresor quien estaba de parrillero, él se bajó y nos dijo que nos retiráramos de ahí pero ya nos lo dijo en forma altanera, nosotros ya le habíamos bajado el volumen al radio del carro y ahí nos encontrábamos platicando entre nosotros, entonces Fredy le preguntó que por que [sic] nos tocaba retirarnos si ya le habíamos bajado el volumen al radio y no nos encontrábamos bebiendo, entonces el agente contestó de manera altanera que por que [sic] se le daba la gana y el agente le solicitó los papeles del carro al Fredy en una manera altanera, entonces Fredy scao [sic] los papeles y se los entregó al compañero del agente y le dijo que él se los entregaba al otro compañero por que él si [sic] sabía pedir las cosas de buena manera, el señor agente se ofendió y le pegó un bofetón a Fredy, entonces Fredy se fue hacia el agente y le dijo que para que [sic] era abusivo que no tenía derecho a pegarle que aprovechaba por que tenía un uniforme ahí discutieron por eso por que [sic] el agente le había pegado a Fredy, mientras se encontraban en la discusión el agente le pegaba a Fredy le dio un segundo cachetadón, entonces Fredy vuelve y le reclama que por que que [sic] le pega que si se sentía muy varón por que tenía un uniforme en ese momento duraron un rato discutiendo alrededor [sic] de unos dos minutos, entonces Fredy da media vuelta da la espalda al policía y sale caminando y el policía sale detrás de él le coge la mano derecha lo voltea y le pega el disparo en la cabeza, lo encañona en la cabeza y le dispara al lado izquierdo, Fredy se va hacia el piso (...)”.
— Folio 35 del cuaderno 3 de pruebas: Diligencia de declaración rendida por el señor patrullero César Augusto Téllez Quiroga el 19 de noviembre de 1999 ante el Juzgado 51 de Instrucción Penal Militar adscrito a la inspección general de la Policía Nacional, en el que se lee: “Me encontraba realizando primer turno de vigilancia que va de las 20:00 horas a las 07:00 horas, en compañía del señor St. Pinilla Rojas Manuel Giovanni, esa noche se encontraba el señor subteniente Pinilla como oficial de vigilancia de la jurisdicción de Fontibón, siendo aproximadamente las 03:00 horas la central de radio del CAD nos reportó un caso de escándalo en la vía pública en la calle 32 con carrera 117. Al llegar al lugar de los hechos, encontramos que un grupo de personas aproximadamente diez se encontraban escuchando música a alto volumen e ingiriendo bebidas embriagantes ya que tenían una botella de aguardiente en sus manos que posteriormente nos brindaron un trago, al acercarnos a ellos para hacerles el requerimiento de que le bajaran volumen [sic] al pasa cintas de un vehículo taxi daewo [sic] y que se retiraran del parque ya que en este no debían ingerir bebidas embriagantes y estaban haciendo mucho escándalo, les explicamos que los vecinos habían colocado la queja, ellos nos respondieron que inmediatamente se retirarían del parque y procedieron a subirse al vehículo taxi y lo prendieron, en ese momento nosotros nos retiramos del lugar de los hechos. Aproximadamente en el transcurso de treinta minutos la central de radio nos reportó un caso de riña y escándalo en la misma dirección, al llegar al lugar de los hechos encontramos un número de personas mayor que la primera vez y un vehículo camioneta color café, estaba también el taxi y este otro vehículo. En ese momento se encontraban discutiendo una pareja la cual la mujer era de características cabello claro piel blanca y estatura mediana, que se encontraba llorando y discutiendo al parecer con el esposo. Procedimos a manifestarles exactamente a todos, que como no habían querido acatar el llamado de atención los íbamos a llevar a la estación, que por favor nos permitieran los documentos de identidad y una requiza [sic], en ese momento, el propietario del vehículo taxi en este caso el señor Fredy Amaya se alteró un poco manifestando que otra vez habíamos llegado a joder y que no se iba a retirar del parque, encarando una discusión con el señor ST. Pinilla Rojas expresándose con palabras soeces decía que otra vez vino a joder tombo [sic] hijueputa [sic], nosotros del parque no nos vamos a retirar y esa pistola que tiene en la mano se la vamos a hacer tragar y dirigiéndose a sus demás acompañantes manifestaba que nos quitaran las armas y que con esas mismas nos dieran o que nos las iba a hacer tragar. En ese momento el señor Fredy Amaya empezó a empujar con el cuerpo al señor ST. Pinilla y a su vez incitando a sus acompañantes para que lo ayudaran, seguidamente, lo golpeó con la cabeza a la altura de la boca y a su vez lo tomó de las manos al teniente, en ese momento me fue imposible apoyarlo ya que a mi alrededor habían tres personas la cual [sic] una de ellas me estaba zarandeando del cargador de una Uzi que yo llevaba y en cuestión de segundos en el forcejeo que se estaba produciendo con el señor Fredy Amaya y el señor ST. Pinilla, alcancé a observar que cada uno estaba halando de la pistola, fue cuando escuché el disparo y seguidamente el señor Fredy Amaya cayó al suelo, en ese momento el señor ST. Pinilla quedó como anonadado por unos segundos y seguidamente se avalanzó [sic] sobre el cuerpo del lesionado para tratar de subirlo al taxi y llevarlo a un centro asistencial que ero lo que me manifestaba [sic]”.
— Folio 62 del cuaderno 2 de pruebas: providencia proferida el 6 de octubre de 2000 dentro del sumario 442694 seguido por la fiscalía delegada 221 de la unidad segunda de delitos contra la administración pública y de justicia seguido contra el señor Fredy Alberto Amaya, en la que se lee: “Ciertamente, la lesión que presenta el denunciante no es indicativa de que la intención del implicado haya tenido por objeto obstaculizar el desarrollo de sus funciones (...). Como corolario de lo anterior, debe concluirse que los hechos denunciados e imputados a Fredy Alberto Amaya Sánchez resultan atípicos frente al delito de violencia contra empleado oficial, por lo cual este despacho se abstendrá en primer término de imponer medida de aseguramiento en su contra en lo que hace a su situación jurídica, al no reunirse los presupuestos del artículo 388 del CPP. (...) RESUELVE: PRIMERO: ABSTENERSE de imponer medida de aseguramiento alguna en contra de Fredy Alberto Amaya Sánchez de condiciones civiles y personales conocidas en autos, atendiendo lo expuesto en la parte motiva de esta providencia”.
— Folio 247 del cuaderno 3 de pruebas: providencia proferida el 21 de junio de 2001 dentro del sumario 1307 seguido por el Juzgado 141 de Instrucción Penal Militar contra el subteniente Manuel Giovanni Pinilla Rojas, en la que se resuelve imponer medida de aseguramiento en su contra, en el que se lee: “La prueba testimonial allegada al expediente es unánime en relatar la forma en como realizó inicialmente el procedimiento el oficial cuando llegó al parque La Aldea y requirió verbalmente a los particulares, que en actitud irrespetuosa hacia los demás departían perturbando la tranquilidad de los residentes. El oficial aplicó el Código Nacional de Policía cuando de manera respetuosa solicitó que procedieran a bajarle el volumen del radio y se retiraran del lugar, cumpliendo con su función de conducir y enseñar a los ciudadanos en su comportamiento diario en comunidad. Posteriormente se hace presente de nuevo Pinilla Rojas pero el proceso es claro en señalar que su comportamiento fue opuesto al que asumió en un primer momento, no acorde con su investidura y sus funciones y desde un comienzo en actitud agresiva, se baja de la moto empuñando el arma de dotación oficial, una pistola marca Jericho [sic], acercándose al grupo y especialmente a Fredy Amaya propietario del vehículo taxi con el fin de solicitarle documentos y practicar una requisa. Justifica el haber sacado el arma por razones de seguridad pero consideramos que si es cierto la cantidad de personas que se encontraban en el lugar, según lo dicho por él mismo, y que había una riña en el lugar, el procedimiento no era enfrentar solo esta situación sino pedir apoyo, pero en verdad y teniendo en cuenta que nadie [sic] de los presentes se encontraban armados no justifica el juzgado el comportamiento del oficial ante unas personas que se encontraban haciendo ruido en un parque residencial. Es clara la función de los miembros de la Institución en estos casos cuando deben recurrir a métodos disuasivos únicamente, ya que las normas(20) no le permiten comportamiento diferente” (subrayado fuera de texto).
Sobre el daño que sufrió el señor Fredy Alberto, reposan las siguientes pruebas:
— Folio 49 del cuaderno 2 de pruebas: resultados del examen realizado por el grupo clínico forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el que se examinó al señor Fredy Alberto el 2 de octubre de 1999 quien se encontraba en el Hospital Simón Bolívar, en el que se lee: “Examen de lesiones personales: Equimosis severo(s) y edema(s) severo(s) en ambos (as) región perioribitaria según historia clínica 79845325 Hospital Simón Bolívar que refiere: DX. Fractura parietal izquierda. Hematoma intracerebral el cual se drena. Se realiza esquirlectomía craneal e injerto dural. El paciente se halla afásico. Hemiparesia derecha de predominio braquial comprende y obedece órdenes verbales. Conclusiones: Mecanismo causal: P.A.F. se fija incapacidad médico-legal provisional de 40 días. El paciente debe volver en 2 meses a partir de la fecha para determinar posibles secuelas”.
— Folio 176 del cuaderno 3 de pruebas: resultados del examen realizado por el grupo clínico forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el que se examinó al señor Fredy Alberto el 31 de enero de 2000, en el que se lee: “Hoy al examen médico-legal presenta: conciente [sic], alerta, orientado en espacio y persona, desorientado en tiempo; se moviliza en silla de ruedas, cicatriz de 10x2 cm deprimida con alopecia ostensible en cuero cabelludo área parietotemporal izquierda. Paresia facial derecha discreta no ostensible. Afasia motora. Paresia de miembros superiores e inferiores derechos, con hipotonía muscular, hiperreflexiva y fuerza de aproximadamente 3/5, sin atrofia muscular. No logra realizar marcha independiente por la hemiparesia derecha. Refiere visión normal. Otoscopia bilateral de aspecto normal. Refiere intenso dolor en cara interna de rodilla derecha (parestesia) y sensación de frío en pierna y pie derechos (parestesia). Con base en lo anterior se dictamina: se ratifica como definitiva la incapacidad médico-legal de cuarenta (40) días fijada en primer reconocimiento 9910020248. Como secuelas presenta deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente dada por cicatriz ostensible. Perturbación funcional del órgano de la locomoción, perturbación funcional de miembros superior e inferior derechos, perturbación funcional del órgano del sistema nervioso central y perturbación funcional del órgano del lenguaje de carácter a definir en 6 meses en tercer reconocimiento para el cual se requiere copia actualizada de historia clínica que incluya últimos controles de neurología y terapias. Para descartar otras secuelas si las hubiere se requiere valoración por psiquiatría forense previo el envío de las diligencias sumariales, historia clínica y reconocimiento previos” (subrayado fuera de texto).
— Folio 197 del cuaderno 3 de pruebas: resultados del examen realizado por el grupo de psiquiatría y psicología del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el que se examinó al señor Fredy Alberto el 5 de julio de 2000, en el que se lee: “Historia familiar y personal. El núcleo familiar primario está compuesto por los padres, cuatro hijos y dos sobrinas. Describe a su padre como “un poquito de mal genio”, es pensionado y atiende las necesidades del hogar, la madre es ama de casa, es descrita como “muy noble, muy buen [sic]” (...) Discusión. El examinado Fredy Alberto Amaya presenta un adecuado desarrollo y estructuración de su personalidad es así como logra un adecuado desempeño escolar, laboral, social, de interés y relaciones interpersonales. En las anteriores condiciones se producen las lesiones cerebrales (ya descritas) luego de la cuales se evidencia alteraciones motoras (hemiparesia), de lenguaje, y síntomas como mareo dificultad de expresión y comprensión déficit para el manejo espacial, afecto y de memoria, lo anterior lo lleva a la imposibilidad de seguir realizando su trabajo, de continuar con [sic] realizando deporte y sosteniendo relaciones interpersonales de la misma forma, la percepción de sus limitaciones lo conducen a presentar aún más depresión, esta condición es irreversible, por lo extenso y profundo de sus alteraciones se configura la perturbación psíquica permanente. Conclusión. El examinado Fredy Alberto Amaya Sánchez presenta una perturbación psíquica permanente como consecuencia de las lesiones personales que se investigan” (subrayado fuera de texto).
— Folio 406 del cuaderno 3 de pruebas: resultados del examen realizado por el grupo clínico forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el que se examinó al señor Fredy Alberto el 31 de octubre de 2001, en el que se lee: “Conclusión. Según dictamen 200001311048 y valoración clínica realizadas el 31 de octubre de 2001 se concluye el carácter de las secuelas. 1. Perturbación funcional del órgano de la locomoción de carácter permanente. 2. Perturbación funcional del órgano de la prensión de carácter permanente. 3. Perturbación funcional de miembro superior e inferior derecho de carácter permanente. 4. Perturbación funcional del órgano del sistema nervioso central de carácter permanente. 5. Perturbación funcional del órgano del lenguaje de carácter permanente. Para dictaminar sobre secuelas psiquiátricas es indispensable valoración por psiquiatría forense con copia del sumario” (subrayado fuera de texto).
— Folio 1 del cuaderno 4 de pruebas: resultados del examen realizado por el grupo de psiquiatría y psicología del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el que se examinó al señor Fredy Alberto el 20 de mayo de 2004, en el que se lee: “Discusión. En el presente estudio forense de Freddy [sic] Alberto Amaya Sánchez se encuentra que su psiquismo está crónicamente alterado (...) Su salud física se alteró profundamente el día de los hechos, cuando recibió una herida con arma de fuego en parietal izquierdo, le practicaron drenaje de hematoma subdural y esquirlectomía, tuvo hemorragia subaracnoidea y edema cerebral, ha recibido hasta hace pocos meses múltiples tratamientos médicos. Su funcionamiento mental se alteró a raíz de las lesiones sufridas, se torno [sic] ansioso, inestable, inseguro, estuvo varios meses sin poder hablar y su actividad actual es escasa. En especial resaltamos los hallazgos directos encontrados en el examen forense: a) en la evaluación semiológica neurológica se detectan alteraciones de su marcha, reflejos, coordinación motora y sensibilidad. b) En el examen mental se observan alteraciones de su ideación, atención, memoria, comunicación, actitud, afecto, nivel cultural y prospección que configuran un cuadro de secuelas crónicas relacionadas con el trauma físico que sufrió. Conclusión. En ese examen psiquiátrico forense se encuentra que Freddy Alberto Amaya Sánchez presenta un cuadro de perturbación psíquica permanente correlacionable [sic] con los hechos investigados, es urgente que reanude los tratamientos neurológicos, psicológicos y fisioterapéuticos que estaba recibiendo” (subrayado fuera de texto).
— Folio 91 del cuaderno 2 de pruebas: contrato de compraventa suscrito el 22 de noviembre de 1999 entre Fredy Alberto Amaya en su calidad de vendedor y Jorge Armando Suárez en su calidad de comprador de un vehículo taxi de servicio público identificado con las placas SHC865 por un valor de $ 20.000.000.
— Folio 130 del cuaderno 2 de pruebas: oficio suscrito el 11 de octubre de 2002 por la coordinadora de la unidad de apoyo legal de la empresa de Servicios Especializados de Tránsito y Transporte, en la que se lee: “En atención a su oficio radicado en nuestras oficinas el día 8 de octubre de 2002, mediante el cual solicita información sobre la propiedad del vehículo de placas SHC805, me permito relacionar la siguiente cadena de traspasos: El señor Freddy Alberto Amaya Sánchez realizó matrícula inicial el 31 de julio de 1998 según licencia de tránsito 97-11001557988. El 7 de noviembre de 1999 el citado señor realizó traspaso del automotor a Jorge Armando Suárez Rojas según licencia de tránsito 99-11001756225, quien a su vez efectuó traspaso a favor de Carmen Lucila Acosta de Díaz el 13 de febrero de 2001 mediante licencia de tránsito 01-11001946564. La señora Lucila Acosta realizó traspaso a favor del SIAT Ltda. el 18 de abril de 2002 según licencia de tránsito 11001150902A, este último traspaso a favor de Calmira Sánchez Deleñis”.
— Folio 68 del cuaderno 2 de pruebas: factura de venta 0409295 emitida por el Hospital Simón Bolívar el 23 de diciembre de 1999 en la que consta que el paciente Fredy Alberto Amaya Sánchez realizó una consulta ambulatoria por un valor de $ 13.600 de los cuales $ 9.520 fueron pagados por el Fondo Financiero Distrital, para un total pagado por el paciente de $ 4.080.
— Folio 67 del cuaderno 2 de pruebas: factura de venta 0468958 emitida por el Hospital Simón Bolívar el 29 de febrero de 2000 en la que consta que el paciente Fredy Alberto Amaya Sanchez recibió una terapia ocupacional por un valor de $ 40.200 de los cuales $ 28.140 fueron pagados por el Fondo Financiero Distrital, para un total pagado por el paciente de $ 12.060.
— Folio 73 del cuaderno 2 de pruebas: factura de venta 14-74 emitida por la fábrica de muebles Juan Alejando el 15 de abril de 2000 en la que consta que el señor Fredy Amaya compró una cama de tablas por un valor de $ 160.000.
— Folio 69 del cuaderno 2 de pruebas: factura de venta DM15- 0021253 emitida por la empresa Calzado B.L. y DM Ltda. el 29 de abril de 2000 en la que consta que alguien pagó $ 29.000 por unos tenis de lona.
— Folio 72 del cuaderno 2 de pruebas: factura de venta 007388 emitida por la empresa Espumlandia Ltda. el primero de junio de 2000 en la que consta que el señor Fredy Amaya compró una lámina por un valor de $ 69.000.
— Folio 74 del cuaderno 2 de pruebas: factura de venta 22412 emitida por la óptica Real María E. de Jiménez el 22 de febrero sin especificar el año, en la que consta que el paciente Fredy Amaya pagó por un servicio no especificado un valor de $ 60.000.
— Folio 70 del cuaderno 2 de pruebas: remisión 22456 emitida por la empresa Colchones Zabra sin fecha legible en la que consta que la señora Yudy Porras recibió un producto que le costó $ 226.900.
— Folio 71 del cuaderno principal: factura de venta 45942 emitida por la empresa Ortopédicos Futuro en la que consta que la señora Yudy Porras compró una plastilina para ejercicios por un valor de $ 10.000.
— Folio 75 del cuaderno 2 de pruebas: recibo 0417 emitido por el Gimnasio Mixto Bad Boys el primero de agosto de 2000 en el que consta que el señor Fredy Amaya pagó $ 25.000 por la utilización de las instalaciones durante un mes.
3. La valoración probatoria y conclusiones.
El acervo probatorio así constituido, permite tener por demostrados los siguientes hechos:
— Que el 26 de septiembre de 1999, el subteniente Manuel Giovany Pinilla Rojas, encontrándose prestando primer turno de vigilancia junto con el patrullero César Augusto Téllez Quiroga, respondió a la orden emitida por el Centro Automático de Despacho que consistió en conocer un caso de escándalo público y perturbación a la tranquilidad, procediendo a dirigirse al lugar de los hechos para solicitar a las personas que allí se encontraban, que bajaran el volumen y se retiraran del lugar.
— Que 20 minutos después de dicha advertencia, los uniformados recibieron otra orden emitida por dicho centro, que consistió en conocer un caso de riña en la vía pública en el mismo lugar al que habían acudido con anterioridad. Al llegar, efectivamente una pareja estaba peleando, pero en lugar de atender la riña, los uniformados solicitaron a quienes allí se encontraban —que eran los mismos a quienes minutos antes habían solicitado bajar el volumen del radio del carro y abandonar el parque—, los papeles del carro advirtiendo que los trasladarían a la estación por haber desobedecido la orden de procurar la tranquilidad del vecindario.
— Que el dueño del taxi, señor Fredy Amaya, ofendido por la actitud de los uniformados realizó una serie de amenazas directas contra el subteniente Pinilla Rojas quien se encontraba con su arma de dotación en la mano, desenfundada y desasegurada.
— Que en circunstancias difíciles de esclarecer, el señor Fredy Amaya resultó gravemente herido por fractura parietal izquierda, con bala percutida con el arma del subteniente Pinilla Rojas, lo que le produjo una incapacidad médico-legal definitiva de cuarenta (40) días y las siguientes secuelas: 1) deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente dada por cicatriz ostensible; 2) perturbación funcional del órgano de la locomoción; 3) perturbación funcional de miembros superior e inferior derechos; 4) perturbación funcional del órgano del sistema nervioso central de carácter permanente; 5) perturbación funcional del órgano del lenguaje de carácter permanente; 6) perturbación psíquica permanente.
— Que contra del señor Fredy se abrió investigación penal por el delito de violencia contra empleado oficial y lesiones personales, pero la autoridad competente se abstuvo de imponer medida de aseguramiento.
— Que contra del subteniente Pinilla Rojas se abrió investigación penal militar por el delito de lesiones personales en el cuerpo del señor Fredy Amaya, durante la cual, el juez competente resolvió imponerle medida de aseguramiento ante la ausencia de justificación del comportamiento asumido con respecto a un grupo de personas desarmadas que se encontraban haciendo ruido en un parque residencial.
De acuerdo con lo que ha establecido esta Sección, al estudiar los procesos de reparación directa es indispensable abordar primeramente, lo relativo a la existencia o no del daño y si el mismo puede o no considerarse antijurídico; solo bajo la premisa de la existencia del daño antijurídico se ha de “realizar la valoración del otro elemento de la responsabilidad estatal, esto es, la imputación del daño al Estado, bajo cualquiera de los distintos títulos que para el efecto se ha elaborado”(21).
En el sub lite, la incapacidad médico-legal definitiva de cuarenta (40) días y la deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente dada por cicatriz ostensible; la perturbación funcional del órgano de prensión de carácter permanente; la perturbación funcional del órgano de locomoción de carácter permanente; la perturbación funcional de los miembros superior e inferior derechos de carácter permanente; la perturbación funcional del órgano del sistema nervioso central de carácter permanente; la perturbación funcional del órgano del lenguaje de carácter permanente; y la perturbación psíquica permanente; lesiones todas sufridas por el joven Fredy Alberto y certificadas a través de sendos informes rendidos por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, son suficientes para acreditar el daño antijurídico del cual se derivan los perjuicios cuya reparación solicitan él y sus familiares.
Ahora, desde el plano de la imputación, corresponde determinar si las lesiones sufridas por el joven Fredy Alberto son imputables a la entidad demandada, o si por el contrario, son atribuibles a una causa extraña.
De acuerdo con el acervo probatorio referenciado ad supra, es evidente la falla en el servicio cualesquiera hubieren sido las circunstancias de tiempo, modo y lugar finalmente constatadas por las autoridades competentes. En efecto, si las lesiones hubieren sido consecuencia de que el arma se disparara cuando el uniformado trataba de evitar que el civil se apoderara de ella en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, la falla se concreta en el incumplimiento del deber propio que consiste en acatar el decálogo de seguridad con las armas de fuego puesto a disposición de quienes prestan servicios a las Fuerzas Militares y de Policía; en efecto, el subteniente Pinilla, de acuerdo con las órdenes administrativas contenidas en dicho decálogo, sabía que debía manejar cuidadosa y responsablemente su arma de dotación.
Ahora, si por el contrario las lesiones fueron el resultado de la acción consciente del uniformado de neutralizar a su contrincante de riña, la falla se concreta por el desconocimiento del mandato de los artículos 4º, 29 y 30 del Código Nacional de Policía(22), que resultó en el uso desproporcionado de la fuerza al no mediar juicio alguno de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad(23). Al respecto, “no debe perderse de vista que los miembros de la fuerza pública no solo reciben suficiente instrucción y preparación en el ejercicio de esta actividad, al punto de estar obligados a observar las indicaciones sobre el manejo mecánico y las medidas de seguridad, sino que también son capacitados para actuar en operativos oficiales, al punto que ese nivel de instrucción les debe permitir solventar situaciones como la ocurrida en el sub lite, de manera que cuando se advierte que estos actuaron de manera irregular en el cumplimiento de sus funciones y durante un servicio oficial obviando los procedimientos para los cuales han sido preparados, se confirma una falla del servicio que debe declararse”(24).
4. La liquidación de perjuicios.
La jurisprudencia tiene decantado, que el daño moral resarcible es aquél cierto, personal y antijurídico, y su tasación depende entonces, de su intensidad, la cual deberá estar probada en cada caso y liquidada en salarios mínimos. En efecto, es numerosa la producción jurisprudencial y doctrinaria que coincide, en su mayoría, en la inconveniencia, dentro del ámbito jurídico y del sistema económico, de la formulación e imposición de elementos o variables objetivas que permitan una medición dineraria predefinida del valor dañoso. Lo anterior, por cuanto dicha función precisamente se encuentra en cabeza del juez quien goza de discrecionalidad judicial, facultad también conocida como arbitrium judicis, o arbitrio juris.
Es en este escenario en el que cobra importancia la función del juzgador, quien en el marco de dicha discrecionalidad, deberá hacer una valoración integral del acervo probatorio con el fin de establecer la medida compensatoria que considere más apropiada para aliviar el dolor sufrido por quienes ponen en funcionamiento el aparato jurisdiccional del Estado, tasando los perjuicios en términos de precio, es decir, en salarios mínimos(25).
No obstante lo anterior, y con el fin de garantizar el derecho a la igualdad, la Sala Plena de la Sección Tercera unificó su jurisprudencia en torno a los perjuicios morales a reconocer a la víctima directa y sus familiares en caso de lesiones personales(26), advirtiendo que la tasación tendrá fundamento en el dolor o padecimiento causados. Al efecto fijó como referente la valoración de la gravedad o levedad de la lesión reportada por la víctima, de acuerdo con lo establecido en la siguiente matriz:
Gravedad de la lesión Víctima directa y relaciones afectivas conyugales y paterno-filiales Relación afectiva del 2º de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos) Relación afectiva del 3º de consanguinidad o civil Relación afectiva del 4º de consanguinidad o civil Relaciones afectivas no familiares – terceros damnificados
En el sub lite, la parte actora solicitó le sean reconocidos perjuicios morales “como reparación del daño ocasionado por las graves lesiones que sufrió Fredy Alberto Amaya Sánchez”. Así, y con respecto a los alegados por el propio Fredy Alberto, esta Subsección los reconocerá en 100 smlmv por la aflicción que produce haber sido víctima de abuso de autoridad.
Ahora, en lo que se refiere a los alegados por los familiares, se adjuntaron las siguientes pruebas:
— Folio 9 del cuaderno 2 de pruebas: registro civil de defunción en el que consta que Joaquín Álvaro Reyes Zamudio murió el 18 de abril de 1963.
— Folio 10 del cuaderno 2 de pruebas: registro civil de nacimiento en el que consta que Doris Amaya Sánchez nació el 29 de julio de 1971, siendo hija de Ana Beatriz Sánchez y Pedro José Amaya.
— Folio 6 del cuaderno 2 de pruebas: registro civil de nacimiento en el que consta que Fredy Alberto Amaya Sanchez nació el 3 de enero de 1976, siendo hijo de Ana Beatriz Sánchez vda. de Reyes y Pedro José Amaya.
— Folio 8 del cuaderno 2 de pruebas: registro civil de nacimiento en el que consta que José Orlando Amaya Sánchez nació el 15 de mayo de 1985 hijo de Ana Beatriz Sánchez y Pedro José Amaya.
— Folio 7 del cuaderno 2 de pruebas: registro civil de matrimonio en el que consta que Pedro José Amaya contrajo matrimonio el 16 de diciembre de 1989 con Ana Beatriz Sánchez.
— Folio 11 del cuaderno 2 de pruebas: registro civil de nacimiento en el que consta que Claudia Edith Ríos Reyes nació el 25 de agosto de 1983, siendo hija de Gloria Yaneth Reyes Sánchez y Carlos Ríos Arévalo.
— Folio 12 del cuaderno 2 de pruebas: registro civil de nacimiento en el que consta que Jenny Alexandra Ríos Reyes nació el 2 de julio de 1982, siendo hija de Gloria Yaneth Reyes Sánchez y Carlos Ríos Arévalo.
— Folio 13 del cuaderno 2 de pruebas: registro civil de defunción en el que consta que Gloria Yaneth Reyes Sánchez (hija de Álvaro Reyes y Beatriz Sánchez) falleció el 11 de agosto de 1988.
De los anteriores documentos se tiene que Ana Beatriz Sánchez vda. de Reyes contrajo un primer matrimonio con Álvaro Reyes, del que nació Gloria Yaneth Reyes Sánchez quien a su vez procreó dos hijas con Carlos Ríos Arévalo: Claudia Edith y Jenny Alexandra Ríos Reyes. Gloria Yaneth murió en el año 1988.
Posteriormente, Ana Beatriz Sánchez vda. de Reyes contrajo matrimonio con Pedro José Amaya, unión de la que nacieron tres hijos: Doris, Fredy Alberto y José Orlando Amaya Sánchez.
En este orden de ideas, Ana Beatriz Sánchez y Pedro José Amaya son los padres de Fredy Alberto; Gloria Yaneth (+), Doris y José Orlando son hermanos de Fredy Alberto; y Claudia Edith y Jenny Alexandra Ríos Reyes, son sobrinas de Fredy Alberto.
Establecido como está el parentesco con los registros civiles, y por no haberse desvirtuado la presunción de aflicción, esta Subsección encuentra probado el perjuicio moral sufrido por los padres (incluido el señor Pedro José en su calidad de padre probada con los registros civiles de nacimiento que reposan en el plenario a pesar de no haber sido reconocido como tal por el a quo), y por los hermanos del joven Fredy Alberto, y los reconocerá en la suma equivalente a 100 smlmv para los primeros y 50 smlmv para los segundos —de acuerdo con la matriz de tasación indicada más arriba—, “por cuanto las reglas de la experiencia(27) hacen presumir que el sufrimiento de un pariente cercano causa un profundo dolor y angustia en quienes conforman su núcleo familiar, en atención a las relaciones de cercanía, solidaridad y afecto, además de la importancia que dentro del desarrollo de la personalidad del individuo tiene la familia como núcleo básico de la sociedad”(28).
Ahora, ante la ausencia de prueba de aflicción de las sobrinas (que no se presume), esta Subsección comparte la negativa del a quo al reconocimiento de los perjuicios por estas alegado, como también confirmará la falta de legitimación en la causa por activa del señor Joaquín Álvaro Reyes Sánchez(29), por cuanto no se cumplió con el deber de probar la calidad con la que acudió al proceso.
En conclusión, los perjuicios morales se reconocerán de la siguiente manera:
Fredy Alberto Amaya Sánchez (lesionado) 100 smlmv
Ana Beatriz Sánchez (madre) 100 smlmv
Pedro José Amaya (padre) 100 smlmv
Doris Amaya Sánchez (hermana) 50 smlmv
José Orlando Amaya Sánchez (hermano) 50 smlmv
4.1. Los perjuicios materiales(30).
En cuanto al daño emergente presente o consolidado, esta Subsección comparte la apreciación del a quo y se limitará a actualizar la cifra reconocida en primera instancia correspondiente a $ 116.878, que a precios constantes de hoy asciende a $ 171.188(31).
En lo que respecta al daño emergente futuro, esta Subsección(32) por considerar que las lesiones sufridas por Fredy Alberto generaron un perjuicio de carácter cierto(33), ordenará a la Policía Nacional, proporcionar lo que los médicos tratantes consideren necesario para su rehabilitación física, psicológica y psiquiátrica; esto incluye todas las terapias que requiera con el objetivo de superar las limitaciones físicas y mentales relacionadas con la deformidad que afecta su cuerpo de carácter permanente dada por cicatriz ostensible; la perturbación funcional del órgano de prensión de carácter permanente; la perturbación funcional del órgano de locomoción de carácter permanente; la perturbación funcional de los miembros superior e inferior derechos de carácter permanente; la perturbación funcional del órgano del sistema nervioso central de carácter permanente; la perturbación funcional del órgano del lenguaje de carácter permanente; y la perturbación psíquica permanente, además de los medicamentos que al efecto le sean formulados y los procedimientos médico-quirúrgicos requeridos(34).
Lo anterior, por cuanto ya se ha dicho que cuando “se tiene establecido el carácter cierto del daño, consistente en este caso, en las secuelas en la salud de la víctima como consecuencia de la lesión producida por la entidad pública demandada (...), deberán ser atendidas médicamente cuando las condiciones de salud del lesionado así lo demanden, lo cual sin duda le generará erogaciones pecuniarias —perjuicio— que de no ser por el daño sufrido, no tendría la necesidad de sufragar”(35).
4.1.2. Lucro cesante(36).
En cuanto al lucro cesante consolidado se tiene que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses certificó una incapacidad definitiva de 40 días. Así mismo, hay pruebas suficientes que dan cuenta de la actividad económica a la que se dedicaba Fredy Alberto —conductor de taxi—, sin que exista certeza de lo que dicha actividad le reportaba, razón por la cual se liquidarán los perjuicios con base en el salario mínimo actual por cuanto una persona laboralmente activa no puede devengar un salario menor al mínimo vigente, salario que hoy asciende a $ 616.000.
A dicho valor, de acuerdo con la posición reiterada de la Sala(37), se debe aumentar un 25% por concepto de prestaciones sociales, y el total, que asciende a $ 770.000, será la cifra que se utilice para indicar el salario base para la liquidación ya que no se disminuirá monto alguno por cuanto la incapacidad durante esos 40 días (1 mes y 10 días)(38) fue considerada definitiva por la autoridad competente.
Entonces, para la liquidación del período consolidado y establecer así lo que Fredy Alberto dejó de percibir durante su incapacidad, se aplicará la fórmula matemático-actuarial utilizada por la jurisprudencia para la liquidación de dicho perjuicio, donde “i” es una constante y “n” corresponde al número de meses trascurridos que duró la incapacidad(39):
S = $ 1.024.922 cifra que se reconocerá en favor de la víctima.
En cuanto al lucro cesante futuro, dada la ausencia de prueba que certifique el porcentaje de invalidez sufrido por el señor Fredy Alberto, pero ante la certeza de la afectación de su fuerza de trabajo, esta Subsección condenará en abstracto para que en trámite incidental se establezca a través de la prueba que se considere idónea para el efecto, el porcentaje de disminución de la capacidad laboral, y pueda así liquidarse el perjuicio debido a título de lucro cesante futuro teniendo en cuenta la vida probable de la víctima y el salario mínimo mensual vigente a la fecha de ejecutoria de la presente providencia.
Ahora bien, del texto de la demanda se tiene que los actores solicitaron el reconocimiento del “daño personal especial, en su vida de relación y daño fisiológico” en favor de la víctima, por las lesiones permanentes debidamente acreditadas, por lo que procede esta Subsección a reconocerlos, con base en la posición unificada de la Sala, que describe el daño a la salud “como perjuicio inmaterial diferente al moral que puede ser solicitado y decretado en los casos en que el daño provenga de una lesión corporal, puesto que el mismo no está encaminado al restablecimiento de la pérdida patrimonial, ni a la compensación por la aflicción o el padecimiento que se genera con aquel, sino que está dirigido a resarcir económicamente —comoquiera que empíricamente es imposible— una lesión o alteración a la unidad corporal de la persona, esto es, la afectación del derecho a la salud del individuo (...) En consecuencia, el daño moral satisface la indemnización de la órbita interna y aflictiva del ser humano; el daño a la salud garantiza un resarcimiento más o menos equitativo y objetivo en relación con los efectos que produce un daño que afecta la integridad psicofísica de la persona”(40).
Al respecto, ha sido posición reiterada de esta corporación entender que este tipo de daño reconoce las afectaciones a la integridad psicofísica de la víctima, que se refieren no solo a la modificación de la unidad corporal, sino a “las consecuencias que la misma genera, razón por la que sería comprensivo de otros daños como el estético, el sexual, el psicológico, entre otros”(41).
En relación con la condena impuesta por concepto de daño a la salud, el fallador de primera instancia reconoció estos perjuicios en cuantía de 100 SMMLV.
Al respecto, la Sala en sentencia de unificación(42) explicó:
Igual o superior al 1% e inferior al 10% 10 SMMLV”
— La pérdida o anormalidad de la estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica (temporal o permanente).
Ahora, ante la falta de prueba del porcentaje de invalidez se impone al juez de conocimiento, dentro de su arbitrio, cuantificar los daños con base en las pruebas que reposen en el plenario, por lo que en el presente asunto se decidirá así:
Variable probada Valoración de acuerdo con las circunstancias y pruebas explicadas en la parte motiva Cuantificación
La pérdida o anormalidad de la estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica (temporal o permanente) Perturbación funcional del órgano de prensión de carácter permanente 10
La anomalía, defecto o pérdida producida en un miembro, órgano, tejido u otra estructura corporal o mental Deformidad que afecta su cuerpo de carácter permanente dada por cicatriz ostensible 10
La exteriorización de un estado patológico que refleje perturbaciones al nivel de un órgano Perturbación funcional del órgano de locomoción de carácter permanente 25
La reversibilidad o irreversibilidad de la patología Perturbaciones todas de carácter permanente 10
La restricción o ausencia de la capacidad para realizar una actividad normal o rutinaria Perturbación funcional del órgano del sistema nervioso central de carácter permanente; perturbación psíquica permanente 20
Excesos en el desempeño y comportamiento dentro de una actividad normal o rutinaria Perturbación funcional de los miembros superior e inferior derechos de carácter permanente; perturbación psíquica permanente 25
Las limitaciones o impedimentos para el desempeño de un rol determinado Perturbación funcional del órgano del lenguaje de carácter permanente; perturbación psíquica permanente 20
La edad 23 años al momento de los hechos 20
Por tanto, la Sala reconocerá al actor por daño a la salud, la suma equivalente a 140 SMLMV. Lo anterior, por cuanto la Sala unificó su posición con respecto a la prueba conducente para tasar este tipo de daños, aclarando que “a la luz de la evolución jurisprudencial actual, resulta incorrecto limitar el daño a la salud al porcentaje certificado de incapacidad, esto es, a la cifra estimada por las juntas de calificación cuando se conoce. Más bien se debe avanzar hacia un entendimiento más amplio en términos de gravedad de la afectación corporal o psicofísica, debidamente probada dentro del proceso, por cualquiera de los medios probatorios aceptados, relativa a los aspectos o componentes funcionales, biológicos y psíquicos del ser humano. Para lo anterior el juez deberá considerar las consecuencias de la enfermedad o accidente que reflejen alteraciones al nivel del comportamiento y desempeño de la persona dentro de su entorno social y cultural que agraven la condición de la víctima (...). Básicamente, se cambia de una concepción primordialmente cuantitativa en donde el criterio de tasación consiste en un porcentaje, a una concepción cualitativa del daño objetivo, en la que lo que predomina es la noción de gravedad de la alteración psicofísica, frente a la cual existe libertad probatoria. Sobre este punto la Sala ha de insistir en que no hay en la Constitución o en la normatividad infraconstitucional fundamento alguno para constituir los dictámenes sobre porcentajes de invalidez de las juntas de calificación de invalidez en prueba única e incontestable de la gravedad del daño”(43).
5. La condena en costas.
Teniendo en cuenta la actitud asumida por las partes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 que modifica el artículo 171 del CCA, y dado que no se evidencia temeridad ni mala fe de las partes, la Subsección se abstendrá de condenar en costas.
MODIFICAR la sentencia apelada, esto es, la proferida por la Sala de Descongestión de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 21 de octubre de 2004, la cual quedará así:
1. Declarar la falta de legitimación en la causa por activa del señor Joaquín Álvaro Reyes Sánchez.
2. Declarar no probada la excepción de concurrencia de culpas alegada por la parte demandada.
3. Declarar administrativamente responsable a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, por las lesiones personales de las que fuera objeto el joven Fredy Alberto Amaya Sánchez en hechos ocurridos el 26 de septiembre de 1999 en la ciudad de Bogotá.
4. Condenar a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, a pagar por concepto de prejuicios morales los siguientes montos en favor de los demandantes, al valor del salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria de la presente providencia, así:
5. Condenar a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, a pagar por concepto de perjuicios materiales a título de daño emergente consolidado, la suma de $ 171.188 en favor de Fredy Alberto Amaya Sánchez.
6. Condenar a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, al pago de todo lo que los médicos tratantes consideren necesario para la rehabilitación física, psicológica y psiquiátrica de Fredy Alberto Amaya Sánchez, de acuerdo con lo dicho en la parte motiva de esta providencia, a título de daño emergente futuro.
7. Condenar a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, a pagar por concepto de lucro cesante consolidado la suma de $ 1.024.922.
8. Condenar en abstracto a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional para que en trámite incidental se tasen los perjuicios materiales a título de lucro cesante futuro debidos al señor Fredy Alberto Amaya Sánchez de acuerdo con las reglas establecidas en la parte motiva de esta providencia.
9. Condenar a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, al pago del valor correspondiente a 140 smlmv por concepto de daño a la salud en favor del señor Fredy Alberto Amaya Sánchez.
10. Negar las demás súplicas de la demanda.
11. Dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia conforme al artículo 115 del CPC.
12. En firme esta providencia envíese el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo, previas las anotaciones de rigor.
Magistrados: Enrique Gil Botero—Jaime Orlando Santofimio Gamboa—Olga Mélida Valle de De la Hoz.
1 El 23 de noviembre la actora arrimó escrito desistiendo del recurso interpuesto (fl. 150, cdno. ppal.), y el 30 de noviembre siguiente solicitó tener como no escrito el desistimiento (fl. 151, cdno. ppal.).
2 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 640 de 2001.
3 Para el desarrollo de dicha audiencia, el Ministerio Público arrimó concepto 236 de 2013 en el que consideró “viable un acuerdo conciliatorio en el que se reconozca indemnización por concepto de perjuicios morales a favor del lesionado, sus padres y hermanos; perjuicios fisiológicos a favor del lesionado; perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente y de lucro cesante a favor del lesionado” (fl. 207, cdno. ppal.).
4 Es preciso advertir que el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011 dice que el nuevo código “solo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.
5 “La competencia del juez de segunda instancia se encuentra limitada por el alcance del respectivo recurso de alzada (...) [Es así como], si la apelación debe entenderse interpuesta únicamente en relación con aquello que en el fallo impugnado resultare perjudicial o gravoso para el recurrente, el juez de la segunda instancia está en el deber de respetar y de mantener incólume, para dicho recurrente único —y con ello para el resto de las partes del proceso—, los demás aspectos de ese fallo que no hubieren sido desfavorables para el impugnante o frente a los cuales él no hubiere dirigido ataque o cuestionamiento alguno, puesto que la ausencia de oposición evidencia, por sí misma, que el propio interesado no valora ni estima como perjudiciales para sus intereses los aspectos, las decisiones o las materias del fallo de primera instancia que de manera voluntaria y deliberada no recurrió, precisamente por encontrarse conforme con ellos”. Consejo de Estado; Sala Plena de Sección Tercera; Sentencia de Unificación del 9 de febrero de 2012; Exp. 21060.
6 De acuerdo con lo consignado en el Decreto 597 de 1988, la cuantía requerida para que un proceso tuviera vocación de doble instancia —cuando la demanda fuera interpuesta en el año 2000—, era de $ 26.390.000. En el sub lite, la mayor pretensión superaba los $ 2.000.000.000, suma alegada como perjuicios materiales por los demandantes.
7 Al momento de la presentación de la demanda, el 26 de julio de 2001, no habían transcurrido los dos años de los que habla la norma para que la acción de reparación directa se encuentre caducada, por cuanto los hechos ocurrieron el 26 de septiembre de 1999.
8 Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 30 de agosto de 2007; Exp. 15932.
9 Corte Constitucional; Sentencia C-333 de 1996.
10 Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 13 de agosto de 2008; Exp. 17042.
11 Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 30 de agosto de 2007; Exp. 15932.
12 Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 12 de julio de 1993; Exp. 7622.
13 Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 9 de junio de 2010; Rad. 1998-0569.
14 Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 17 de marzo de 2010; Exp. 18567.
15 Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 15 de marzo de 2001; Exp. 11222.
16 Ver sentencias en igual sentido pronunciadas por el mismo despacho que hoy resuelve el asunto: Exp. 26489, 26604, 24676, 25087 y 24964.
17 Sumario 442694 de la fiscalía delegada 221 de la unidad segunda de delitos contra la administración la administración pública y de justicia (obra en los fls. 14 a 66, cdno. 2 pbas.).
18 Sumario 1307 de la fiscalía 142 penal militar (obra en el cdno. 3 pbas.).
19 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 24 de noviembre de 2005; Exp. 13305. Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 29 de febrero de 2012; Exp. 23412. Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 7 de febrero de 2011; Exp. 19038. Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 8 de junio de 2011; Exp. 17990. Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 23 de mayo de 2012; Exp. 22681.
20 Artículo 30 del Código Nacional de Policía modificado por el artículo 109 del Decreto 522 de 1971: “Para preservar el orden público la policía empelará solo medios autorizados por ley o reglamento y escogerá siempre, entre los eficaces, aquellos que causen menor daño a la integridad de las personas y de sus bienes. Tales medios no podrán utilizarse más allá del tiempo indispensable para el mantenimiento del orden o su restablecimiento”.
21 Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 18 de febrero de 2010; Exp. 17885.
22 Decreto 1355 de 1970, por el cual se dictan normas sobre policía. ART. 4º—En ningún caso la policía podrá emplear medios incompatibles con los principios humanitarios. ART. 29.—Solo cuando sea estrictamente necesario, la policía puede emplear la fuerza para impedir la perturbación del orden público y para restablecerlo. Así, podrán los funcionarios de policía utilizar la fuerza: a) Para hacer cumplir las decisiones y las órdenes de los jueces y demás autoridades; b) Para impedir la inminente o actual comisión de infracciones penales o de policía; c) Para asegurar la captura del que debe ser conducido ante la autoridad; d) Para vencer la resistencia del que se oponga a orden policial que deba cumplirse inmediatamente; e) Para evitar mayores peligros y perjuicios en caso de calamidad pública; f) Para defenderse o defender a otro de una violencia actual e injusta contra la persona, su honor y sus bienes; g) Para proteger a las personas contra peligros inminentes y graves. ART. 30.—(modificado por el art. 109 del D. 522/71). El nuevo texto es el siguiente: Para preservar el orden público la policía empleará solo medios autorizados por ley o reglamento y escogerá siempre entre los eficaces, aquellos que causen menor daño a la integridad de las personas y de sus bienes. Tales medios no podrán utilizarse más allá del tiempo indispensable para el mantenimiento del orden o su restablecimiento. Salvo lo dispuesto en la ley sobre régimen carcelario, las armas de fuego no pueden emplearse contra fugitivo sino cuando este las use para facilitar o proteger la fuga.
23 Ver, Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 26 de mayo de 2010; Exp. 18888.
24 Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 23 de abril de 2008; Exp. 16525.
25 Por lo tanto, es preferible seguir los precedentes jurisprudenciales que sirven al juez para tasar de la manera más justa e igualitaria los perjuicios morales, que tratar de imponer metodologías cuya aplicación en la jurisdicción contencioso administrativa no es dable de manera automática, ya que ha de mediar un mínimo análisis y estudio sobre los objetivos que se persiguen con su aplicación, los procedimientos que se requieren para que su implementación sea adecuada, y los resultados esperados con la misma. Ver por ejemplo, lo dicho en la sentencia de Corte Constitucional, C-176 de 2007.
26 Consejo de Estado; Sala Plena de Sección Tercera; Sentencia del 28 de agosto de 2014; Exp. 31172.
27 Sobre el carácter de la presunción bajo las reglas de la experiencia el tratadista Gustavo Humberto Rodríguez manifestó: “La presunción como regla de experiencia. La acción humana va siempre acompañada de conocimiento. El hombre conoce la realidad en la cual actúa, por medio de dos instrumentos: la experiencia y la ciencia. Con la experiencia conoce empíricamente, objetivamente, llevando por la observación a que se ve impelido por la acción. Con la ciencia sistematiza sus conocimientos, profundiza críticamente en ellos, los verifica y los explica metódicamente. El análisis empírico lo lleva a formular juicios de experiencia; el científico lo conoce a expresar juicios científicos, que serán absolutos mientras la misma ciencia no los desvirtúe. A su vez, los juicios o reglas de la experiencia, en virtud de ese carácter meramente empírico o práctico, solo expresan un conocimiento inconcluso o de probabilidad. La experiencia es un conjunto de verdades de sentido común, dentro de las cuales hay muchos grados que lindan con el científico”. Rodríguez, Gustavo Humberto. Presunciones. Pruebas Penales Colombianas Tomo II. Ed. Temis, Bogotá 1970. Pág. 127 y ss. Reimpresión 2002. En Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 28 de enero de 2009; Exp. 18073.
28 Ver, entre otras, sentencias de: 11 de agosto de 1994, Exp: 9546; 8 de septiembre de 1994, Exp. 9407; 16 de junio de 1995, Exp. 9166, 8 de agosto de 2002, Exp. 10952 y de 20 de febrero de 2003, Exp. 14515.
29 No hay registro civil de nacimiento a su respecto.
30 “Ahora bien, de conformidad con el artículo 1613 del C.C., el daño material comporta el daño emergente y el lucro cesante; doctrinaria y jurisprudencialmente se ha sostenido que tanto el daño emergente como el lucro cesante, pueden a su vez presentar las variantes de consolidado y futuro. Por perjuicio consolidado se entiende aquel que existe, es el perjuicio cierto, que “ya se exteriorizó”, es “una realidad ya vivida”. En tratándose del daño emergente, consiste en los desembolsos, egresos, o gastos efectuados; si se trata del lucro cesante, consiste en que “se haya concluido la falta del ingreso”. Se considera perjuicio no consolidado aquella disminución del patrimonio de la víctima que sobrevendrá, es futuro; esta categoría se concreta en los desembolsos, egresos o gastos aún no efectuados (daño emergente futuro) y, en los ingresos que dejarán de percibirse (lucro cesante futuro)”; Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 2 de febrero de 2001; Exp. 18983.
31 Ra = Rh 116,878 * índice final (mayo 2014) 116,80555 / índice inicial (octubre 2004) 79,74837.
32 Como ya lo ha hecho en otras ocasiones, ver por ejemplo: Consejo de Estado; sentencia del 14 de marzo de 2012; Exp. 22575 y Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 20 de marzo de 2013; Exp. 24550.
33 Al respecto, se ha dicho que “El perjuicio indemnizable, entonces, puede ser actual o futuro, pero, de ningún modo, eventual o hipotético. Para que el perjuicio se considere existente, debe aparecer como la prolongación cierta y directa del estado de cosas producido por el daño, por la actividad dañina realizada por la autoridad pública”; Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 4 de diciembre de 2006; Exp. 13168.
34 Ver, Corte Constitucional; Sentencia T-732 de 2009.
35 Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 30 de agosto de 2007; Exp. 15724.
36 “El daño emergente supone, por tanto, una pérdida sufrida, con la consiguiente necesidad para el afectado de efectuar un desembolso si lo que quiere es recuperar aquello que se ha perdido. El daño emergente conlleva que algún bien económico salió o saldrá del patrimonio de la víctima. Cosa distinta es que el daño emergente pueda ser tanto presente como futuro, dependiendo del momento en que se haga su valoración. De este modo, el reconocimiento y pago que la parte actora solicita de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde el momento en que se produce la suspensión del demandante en el ejercicio de sus funciones, no puede catalogarse como una modalidad del daño emergente, sino de lucro cesante. Este último corresponde, entonces, a la ganancia frustrada, a todo bien económico que, si los acontecimientos hubieran seguido su curso normal, habría ingresado ya o lo haría en el futuro, al patrimonio de la víctima”; Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 4 de diciembre de 2006; Exp. 13168.
37 Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia de 4 de octubre de 2007; Exp. 16.058 (acumulado 21112); y sentencia de 11 de noviembre de 2009; Exp. 18849
38 Lo que equivale a 1.33 meses.
39 S=Ra (1+ i)n – 1/i
40 Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 14 de septiembre de 2011; Exp. 19031.
41 Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 14 de septiembre de 2011; Exp. 19031.
42 Consejo de Estado; Sala Plena de Sección Tercera; sentencia del 28 de agosto de 2014; Exp. 31172.
43 Consejo de Estado; Sala Plena de Sección Tercera; sentencia del 28 de agosto de 2014; Exp. 28804.