Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-706-de-septiembre-11-de-2012?documento=jurcol&contexto=jurcol_cd60ed2e0ba70118e0430a0101510118&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-19 23:10:39
Document Index: 384085741

Matched Legal Cases: ['artículo 67', 'artículo 140', 'artículo 29', 'artículo 39', 'artículo 466', 'artículo 66', 'artículo 67', 'artículo 3', 'artículo 86', 'artículo 140']

﻿ Sentencia T-706 de septiembre 11 de 2012
SENTENCIA T-706 DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2012
CONTENIDO:DERECHO DE LOS SINDICATOS DE CONOCER LA INFORMACIÓN PROVENIENTE DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS CON EL FIN DE GARANTIZAR EL DEBIDO PROCESO Y EL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD. A LAS AUTORIDADES PÚBLICAS COMO AL LEGISLADOR, LES ESTÁ VEDADO ADOPTAR DECISIONES QUE AFECTEN EL DERECHO A LA LIBERTAD SINDICAL SIN BRINDAR LA DEBIDA INFORMACIÓN PARA QUE LOS AFECTADOS PUEDAN DE ESTA FORMA PODER EJERCER EL DERECHO DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN. LOS SINDICATOS TIENEN EL DERECHO DE ACCEDER A LA INFORMACIÓN VERAZ E IMPARCIAL QUE REQUIERAN, MÁS AÚN CUANDO CON LA MISMA SE COMPROMETAN LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES QUE REPRESENTAN O SE PONGA EN RIESGO LA EXISTENCIA MISMA DE LA PERSONA JURÍDICA SINDICAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIO DE PUBLICIDAD, DERECHO AL DEBIDO PROCESO, SINDICATO, ACCESO A LA INFORMACIÓN, ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO
Sentencia T-706 de septiembre 11 de 2012
Ref.: expediente T-3395565
El 24 de octubre de 2011, el Vicepresidente Nacional del Sindicato Sinaltrametal(1), instauró acción de tutela contra la empresa Prodenvases Crown S.A. y el Ministerio de la Protección Social - Dirección Territorial del Atlántico - Grupo de Prevención, Inspección, Vigilancia y Control (actualmente Ministerio del Trabajo), por considerar que éstos con sus actuaciones y omisiones vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, a la asociación sindical, a la igualdad y al trabajo, atendiendo los siguientes hechos:
1.1. El 8 de septiembre de 2011, la representante legal de la sociedad Prodenvases Crown S.A. presentó ante la dirección territorial del Atlántico del Ministerio de la Protección Social, solicitud de autorización para el cierre definitivo de la planta que esa sociedad tiene en la ciudad de Barranquilla, por problemas técnicos y financieros que imposibilitan continuar con su funcionamiento. La petición se fundó en los numerales 1º, 2º y 3º del artículo 67 de la Ley 50 de 1990.
1.2. Mediante Auto 94 del 12 de octubre de 2011, el Director Territorial del Atlántico de dicho ministerio, comisionó a un inspector del trabajo para que iniciara las diligencias preliminares por la solicitud de cierre de la planta ubicada en Barranquilla de la sociedad Prodenvases Crown S.A.
1.6. Explica el actor que en la diligencia del 18 de octubre de 2011, solicitó la nulidad de la audiencia preliminar por violación al debido proceso con fundamento en el artículo 140-8 del Código de Procedimiento Civil, habida cuenta que en ningún momento la empresa le corrió traslado de la petición de cierre a la Organización Sindical Sinaltrametal(2).
1.7. Dicha solicitud de nulidad fue negada por el inspector de trabajo, aduciendo que según el numeral 6º del memorando 99344 del 8 de abril de 2011 expedido por el Viceministro de Relaciones Labores del Ministerio de la Protección Social(3), Sinaltrametal hace parte de la diligencia y, por ende, los documentos y la información que requiera le serían puestos a su disposición. No obstante, el actor señala que tal irregularidad viola el numeral 2º del capítulo segundo de tal memorando, en la medida que no mediaron los requerimientos necesarios para llevar a cabo la diligencia preliminar, es decir, se presentó una indebida notificación. Manifiesta que hasta el 24 de octubre de 2011, Sinaltrametal aún no recibía copia del traslado de la solicitud de cierre definitivo, sus anexos y reformas.
1.10. En ese orden de ideas, el accionante solicita el amparo de los derechos constitucionales al debido proceso, a la asociación sindical, a la igualdad y al trabajo, y que en consecuencia, “se declare la nulidad de la actuación administrativa surtida dentro del expediente de cierre de la planta de Barranquilla, radicado bajo el número 6307 del 8 de septiembre de 2011, y en su lugar se disponga que la actuación para la diligencia preliminar se surtirá una vez hayan sido notificadas todas las organizaciones sindicales previo traslado con sus respectivos anexos, fijándose una fecha y hora para la nueva audiencia preliminar”.
2.1. El Director Territorial del Atlántico del Ministerio de la Protección Social y el Inspector de Trabajo del Grupo de Prevención, Inspección, Vigilancia y Control de la misma territorial, en escrito conjunto dieron respuesta a la acción de tutela solicitando negar el amparo por improcedente, para lo cual señalaron que el señor Martín José Polo Jiménez en su calidad de Vicepresidente de la organización sindical Sinaltrametal participó en la diligencia preliminar y se le puso a disposición toda la documentación pertinente, dándosele cumplimiento al procedimiento que establece el memorando 99344 del 8 de abril de 2011 expedido por el Viceministro de Relaciones Labores del Ministerio de la Protección Social.
Por último, adujeron que el Ministerio de la Protección Social entregó directamente a Martín José Polo Jiménez el día 24 de octubre de 2011 a las 8:20 am, la copia y los anexos de la petición de cierre definitivo de la planta de Barranquilla, para que puedan conocer el caso y ejercer sus derechos(4).
2.2. Por medio de apoderada judicial, el representante legal de Prodenvases Crown S.A. solicitó negar el amparo constitucional, arguyendo que desde el primer momento que radicó la solicitud de autorización de cierre definitivo de la planta de Barranquilla, adelantó campañas con todos los empleados sindicalizados o no sindicalizados, para comunicarles las razones que tornan insalvable dicha planta(5).
Indicó que de acuerdo con los listados de afiliados a las organizaciones sindicales de la empresa, se pudo observar que los afiliados que pertenecen a Sintraprodenvases Crown son exactamente los mismos de Sinaltrametal(6), es más, Martín Polo Jiménez es vicepresidente de la subdirectiva Barranquilla de Sintraprodenvases Crown.
El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla – Sala Laboral, mediante sentencia del 11 de noviembre de 2011, negó por improcedente la protección deprecada por el accionante, al estimar que si bien la agremiación sindical no fue notificada de las diligencias administrativas, “no puede pasar por desapercibido la Sala que el objeto de la diligencia administrativa lo era el ‘acta de visita solicitud de cierre’, es decir una diligencia preliminar y su notificación a las partes cumplía con la finalidad de que éstas ‘intervengan en el desarrollo de la diligencia garantizando con ello el principio de contradicción y defensa, propios de la actuación administrativa’, situación que en efecto sucedió por parte de la agremiación Sinaltrametal (...) pues nótese que se dejó plena constancia dentro del trámite administrativo que ‘los señores de Sinaltrametal hacen parte de la presente diligencia y será colocado a su disposición la documentación pertinente”. Con esa línea argumentativa, consideró que no se vulneró el derecho fundamental al debido proceso porque Sinaltrametal estuvo presente en la diligencia del 18 de octubre de 2011, con lo cual se cumplió el objetivo procesal. Además, la empresa luego le entregó copia de la solicitud de cierre de la planta de Barranquilla y sus anexos.
La Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral, mediante sentencia del 7 de febrero de 2012, confirmó la denegatoria de amparo al estimar que no se existe vulneración al debido proceso porque el sindicato accionante elevó solicitud ante la Defensoría del Pueblo – Regional Atlántico, que data del 5 de octubre de 2011, por medio de la cual pidió acompañamiento para la diligencia que se llevaría a cabo el 18 de octubre de ese mismo año, lo que significa que de antemano conocía que la diligencia se iba a realizar. Además, de acuerdo con la copia del acta de tal diligencia, el accionante asistió en calidad de representante de Sinaltrametal. Agregó que las normas consignadas en el memorando 99344 del 11 de abril de 2011, no fueron desconocidas porque la organización sindical estuvo presente en la diligencia administrativa. Finalizó diciendo que no existía un claro parámetro para diferencias la situación de Sintraime frente al sindicato actor, por lo cual no existe prueba frente a la vulneración del derecho a la igualdad.
3.1. En múltiples oportunidades esta corporación ha precisado que la acción de tutela es improcedente, como mecanismo principal y definitivo, para proteger derechos fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos, ya que para controvertir la legalidad de ellos el ordenamiento jurídico prevé las acciones contencioso-administrativas, en las cuales se puede solicitar desde la demanda como medida cautelar la suspensión del acto(7). Dicha improcedencia responde a los factores característicos de residualidad y subsidiariedad que rigen esta acción de origen constitucional.
3.2. No obstante, la jurisprudencia constitucional ha trazado dos subreglas excepcionales en las cuales el carácter subsidiario de la acción de tutela no impide su utilización a pesar de existir mecanismos alternos de defensa judicial al alcance del interesado. Esas subreglas se sintetizan en que procede excepcionalmente la tutela contra actos administrativos (i) cuando el accionante la ejerce como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable(8), el cual debe cumplir con los requisitos de ser inminente, de requerir medidas urgentes, de ser grave y de ser impostergable(9); y, (ii) cuando el medio de defensa existe, pero en la práctica es ineficaz para amparar el derecho fundamental cuya protección se invoca y que en caso de no ser garantizado con prontitud, se traduce en un claro perjuicio para el accionante.
4.1. La Constitución Política consagra en el artículo 29, el derecho fundamental al debido proceso, que comprende una serie de garantías con las cuales se busca sujetar a reglas mínimas sustantivas y procedimentales, el desarrollo de las actuaciones adelantadas por las autoridades en el ámbito administrativo o judicial, con el fin de proteger los derechos e intereses de las personas vinculadas, pues es claro que el debido proceso constituye “un límite material al posible abuso de las autoridades estatales”(10).
4.2. Refiriéndose específicamente a la naturaleza del derecho al debido proceso administrativo, la jurisprudencia de esta corporación lo definió como “(…) la regulación jurídica que de manera previa limita los poderes del Estado y establece las garantías de protección a los derechos de los administrados, de modo que ninguna de las actuaciones de las autoridades públicas dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas siempre a los procedimientos señalados por la ley”(11). Así las cosas, el debido proceso administrativo se convierte en una manifestación del principio de legalidad, conforme al cual toda competencia ejercida por las autoridades públicas debe estar previamente señalada por la ley, como también las funciones que les corresponden y los trámites a seguir antes y después de adoptar una determinada decisión(12). Por lo tanto, se debe indicar que tal derecho no existe solamente para impugnar una decisión de la administración, sino que se extiende desde las diligencias preliminares, durante toda la actuación administrativa que se surte para expedir una decisión y posteriormente en el momento de su comunicación e impugnación(13).
Al tener el proceso administrativo una concepción regida por actos independientes pero concatenados con miras a la obtención de un resultado final o acto definitivo que regule situaciones jurídicas concretas, podemos decir que cada acto, ya sea el que desencadena la actuación, los preliminares, los instrumentales o intermedios, el que le pone fin, el que comunica este último y los destinados a resolver los recursos procedentes por la vía gubernativa, deben responder al derecho fundamental del debido proceso. Pero como mediante el procedimiento administrativo se logra el cumplimiento de la función administrativa, el mismo, adicionalmente a las garantías estrictamente procesales que debe contemplar, debe estar presidido por los principios constitucionales que gobiernan la función pública que son los de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad (art. 209 superior), los cuales deben respetar y acatar irrestrictamente todos aquellos que ejercen actuaciones administrativas.
4.3. En forma adicional, es importante resaltar que en Sentencia T-800A de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), la Corte explicó que la existencia del derecho al debido proceso administrativo, como mecanismo de protección de los administrados, se concreta en dos garantías mínimas, a saber: “(i) en la obligación de las autoridades de informar al interesado acerca de cualquier audiencia, diligencia o medida que lo pueda afectar; y (ii) en que la adopción de dichas decisiones, en todo caso, se sometan por lo menos a un proceso sumario que asegure la vigencia de los derechos constitucionales de defensa, contradicción e impugnación”. De esta manera, se busca garantizar el principio de publicidad de los actos que adopta la administración y el derecho de defensa que le asiste a los administrados para que puedan controvertir las decisiones que les son adversas a sus intereses. Y es que el principio de publicidad se realiza a través de las notificaciones como actos de comunicación procesal, es decir, del derecho a ser informado de las actuaciones administrativas que conduzcan a la creación, modificación o extinción de una situación jurídica, bien sea en etapa preliminar o propiamente en la actuación administrativa.
5.1. El artículo 39 de la Constitución Política, establece el derecho de los trabajadores a organizar y constituir sindicatos con el fin de defender sus intereses y hacer efectivas sus garantías, obteniendo así el mejoramiento de sus condiciones laborales, el reconocimiento de nuevos beneficios, la reivindicación de prerrogativas emanadas de la Carta Fundamental, de los convenios internacionales, la ley y los acuerdos celebrados con los empleadores, al igual que la representación colectiva en defensa de los intereses de todos los trabajadores afiliados(14).
(i) Un concepto bivalente(15), ya que de una parte es un derecho de carácter individual que comporta la facultad de trabajadores y empleadores para constituir los organismos que estimen convenientes, afiliarse o desafiliarse y solicitar su disolución cuando lo estimen pertinente; y, de otra, constituye un derecho de carácter colectivo, pues una vez constituida la organización a la cual se le reconoce personería jurídica, ésta goza de independencia, autonomía y derechos propios que la identifican. Estos caracteres se apoyan en los artículos 2º y 7º del Convenio 87 de la OIT.
(iii) El poder de las organizaciones de trabajadores de determinar el objeto que persiguen, las condiciones de admisión, permanencia, retiro o exclusión de sus miembros, régimen disciplinario interno, órganos de gobierno y representación, constitución, manejo de patrimonio, causales de disolución y liquidación, así como su estructura, organización, funcionamiento y planes de acción que convengan a sus intereses(16).
(vi) La inhibición para las autoridades públicas, incluyendo al legislador, de adoptar regulaciones, decisiones o adelantar acciones que tiendan a obstaculizar el disfrute del derecho a la libertad sindical, máxime cuando los representantes de organizaciones sindicales están legitimados para ejercer la defensa de éstas y para interponer acciones o recursos dirigidos a defender los intereses de los trabajadores afiliados(17).
Al ser las organizaciones sindicales personas jurídicas reconocidas con la simple inscripción del acta de constitución, son titulares, entre otros, de los derechos fundamentales del acceso a la información veraz e imparcial que las afecte (art. 20 superior) y del debido proceso en toda actuación administrativa (art. 29 ibídem).
6.2.2. El Código Sustantivo del Trabajo, en la segunda parte que refiere al Derecho Colectivo del Trabajo, y más puntualmente en el Título II que trata sobre los conflictos colectivos de trabajo, y dentro de éste el Capítulo IX, hace mención específica al cierre de empresas. El artículo 466 de dicho código, el cual fue subrogado por el artículo 66 de la Ley 50 de 1990, señala que “las empresas que no sean de servicio público no pueden clausurar labores, total o parcialmente, en forma definitiva o temporal, sin previa autorización del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (actual Ministerio del Trabajo), salvo fuerza mayor o caso fortuito, y sin perjuicio de las indemnizaciones a que haya lugar por razón de contratos de trabajo concertados por un tiempo mayor. Para tal efecto, la empresa deberá presentar la correspondiente solicitud y en forma simultánea informar por escrito a sus trabajadores tal hecho”.
Por su parte, el artículo 67 de la Ley 50 de 1990 exige a todo empleador, bien sea persona natural o jurídica, la obligación de solicitar al Ministerio del Trabajo la autorización para proceder a efectuar despidos colectivos para terminar labores total o parcialmente, o para suspender actividades hasta por 120 días, casos en los cuales debe explicar los motivos y acompañar la solicitud de las correspondientes justificaciones que incluyen como causal los temas técnicos y financieros que pongan en riesgo o hagan inviable continuar con la empresa o sucursal. Este precepto es reflejo de la garantía que el legislador consagró a favor de los asalariados, para que no sean despedidos en bloque sin que medie la intervención de la autoridad pública como presupuesto ineludible para hacerlo y la debida defensa a través de los recursos de ley en oposición al cierre temporal o definitivo(18).
Ahora bien, el entonces Ministerio de la Protección Social, consciente de la necesidad de establecer y ajustar los parámetros que rigen los trámites administrativos de solicitudes de autorización de despidos colectivos de trabajadores, terminación total o parcial de labores, suspensión temporal de actividades hasta por 120 meses, entre otros, expidió el memorando 99344 del 8 de abril de 2011, a través del cual impartió instrucciones específicas sobre el procedimiento administrativo a los directores territoriales e inspectores de trabajo que manejen esos temas.
En forma adicional, los numerales 2.1 y 2.2 del memorando hacen referencia a los requerimientos para las diligencias preliminares, dentro de las cuales se encuentra la visita administrativa y probatoria que adelanta el inspector del trabajo, la cual “(...) debe programar con suficiente anterioridad y comunicarla a las partes (empresa, trabajadores no sindicalizados y organizaciones sindicales) para que éstas intervengan en el desarrollo de la diligencia garantizando con ello el principio de contradicción y defensa propios de la actuación administrativa. (...)”. En estos numerales se insiste en el hecho de la notificación previa y con suficiente tiempo de antelación a los representantes de todas las organizaciones sindicales activas en la empresa solicitante, ya que la ausencia de enteramiento se traduce en un menoscabo del derecho fundamental al debido proceso administrativo.
Por último, importante señalar que en el desarrollo de toda esta etapa preliminar se siguen las reglas procedimentales establecidas en el Código Contencioso Administrativo, para que se surta con acato a las formas propias de una actuación administrativa. En especial, cabe mencionar que el artículo 3º del Código Contencioso Administrativo vigente para la época (D. 1°/84) establece que “[l]as actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción (...)”. Más adelante el mismo artículo indica que “[e]n virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer sus decisiones mediante las comunicaciones, notificaciones o publicaciones que ordenan este código y la ley” y que “[e]n virtud del principio de contradicción, los interesados tendrán oportunidad de conocer y de controvertir esas decisiones por los medios legales (…)”.
Pues bien, vistas así las cosas, la Sala de Revisión observa que la actuación administrativa se adelantó con vulneración del derecho fundamental al debido proceso, habida cuenta que no se respetaron ni acataron con rigor las formas propias establecidas en los numerales 1.6 y 2.2 del memorando 99344 del 8 de abril de 2011 expedido por el Viceministro de Relaciones Laborales del otrora Ministerio de la Protección Social, así como tampoco se tuvieron en cuenta los principios de contradicción y publicidad que informan todas las actuaciones administrativas.
1. REVOCAR las decisiones proferidas por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla el 11 de noviembre de 2011, y por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 7 de febrero de 2012, dentro del trámite de la acción de tutela instaurada por Martín José Polo Jiménez, en su condición de Vicepresidente Nacional del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Metal, Metalmecánica, Metalúrgica, Siderúrgica y afines “Sinaltrametal”, contra Prodenvases Crown S.A. y el Ministerio de la Protección Social - Dirección Territorial del Atlántico - Grupo de Prevención, Inspección, Vigilancia y Control (actualmente Ministerio del Trabajo). En su lugar, concederá el amparo a los derechos fundamentales de debido proceso administrativo, libertad sindical e igualdad.
2. ORDENAR al Director Territorial de Atlántico del Ministerio del Trabajo, o a quien haga sus veces que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, retrotraiga el trámite administrativo de cierre de la planta en la ciudad de Barranquilla que presentó la empresa Prodenvases Crown S.A., hasta la etapa previa a la visita administrativa, con el fin de que proceda a notificar a “Sinaltrametal” de la petición que elevó la empresa y de la fecha en que se programaría la nueva diligencia preliminar donde se le garanticen los derechos de contradicción y de defensa, según fue explicado a lo largo de este proveído.
3. ORDENAR que por Secretaria General de la Corte se remita el expediente a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla, quien se encargará de vigilar el cumplimiento de la sentencia.
(1) A folios 13 a 17 del cuaderno principal, se observa copia de la solicitud de inscripción en el registro sindical del Ministerio de la Protección Social, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Metal, Metalmecánica, Metalúrgica, Siderúrgica y afines “Sinaltrametal”. Tal solicitud está fechada del 22 de septiembre de 2009 y ese mismo día fue recibida por el Ministerio de la Protección Social – Dirección Territorial de Bolívar. Así mismo, se observa que el señor Martín José Polo Jiménez ocupa el cargo de Vicepresidente dentro de la composición de la junta directiva de la organización sindical.
(2) Cfr. folios 18 a 21 del cuaderno 1.
(3) Cfr. folios 22 a 31 del cuaderno 1.
(4) Cfr. folio 44 del cuaderno principal.
(5) A folios 90 a 119 del cuaderno principal, se observan comunicaciones de fecha 8 de septiembre de 2011, en las cuales se le notifica individualmente a los trabajadores sobre la solicitud de cierre de la plante de Barranquilla que se radicó ante el Ministerio de la Protección Social.
(6) A folios 82 a 84 del cuaderno principal, se observa una relación de la totalidad de los afiliados a Sintraprodenvases Crown y a Sinaltrametal, en la cual se corroboran que son los mismos en ambas organizaciones sindicales. igualmente, que Martín Polo Jiménez ocupa el cargo de Vicepresidente de la Subdirectiva Barranquilla de Sintraprodenvases Crown.
(7) Al respecto, se pueden consultar las sentencias T-368 de 2008 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-244 de 2010 (MP Luis Ernesto Vargas Silva) y T-800A de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
(8) Esta subregla de procedencia excepcional de la acción de tutela la contempla el artículo 86 de la Constitución Política.
(9) En Sentencia T-225 de 1993 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), se explicaron los elementos que ha de tener el perjuicio irremediable:
(10) Sentencia T-1095 de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández) y T-800A de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
(11) Sentencia T-982 de 2004 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
(12) La Sala Plena de esta Corporación, mediante Sentencia C-1189 de 2005 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), señaló que“[e]l debido proceso tiene un ámbito de aplicación que se extiende a todos los tipos de juicios y procedimientos que conlleven consecuencias para los administrados, de manera que a éstos se les debe garantizar la totalidad de elementos inherentes a este derecho fundamental. De otra parte, y específicamente en lo que hace relación con los procedimientos administrativos, es necesario precisar que el derecho con que cuentan los ciudadanos, relativo a la posibilidad de controvertir las decisiones que se tomen en dicho ámbito es consubstancial al debido proceso. Si bien ambas son garantías que se derivan del principio de legalidad, son dos caras de la misma moneda, esto es, mientras que el derecho a cuestionar la validez de las decisiones funge como garantía posterior, las garantías propias del derecho fundamental al debido proceso, tales como (i) el acceso libre y en igualdad de condiciones a la justicia; (ii) el acceso al juez natural; (iii) la posibilidad de ejercicio del derecho de defensa (con los elementos para ser oído dentro del proceso); (iv) la razonabilidad de los plazos para el desarrollo de los procesos; y, (v) la imparcialidad, autonomía e independencia de los jueces y autoridades, son elementos que deben ser garantizados durante el desarrollo de todo el procedimiento, y apuntan, principalmente, a brindar garantías mínimas previas. En efecto, los elementos del debido proceso arriba enumerados buscan garantizar el equilibrio entre las partes, previa la expedición de una decisión administrativa. Por el contrario, el derecho a cuestionar la validez de la misma, hace parte de las garantías posteriores a la expedición de la decisión por parte de la autoridad administrativa, en tanto cuestiona su validez jurídica”
(13) Sentencias, T-545 de 2009 (M.P. María Victoria Calle Correa), T-715 de 2009 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-178 de 2010 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) y T-800A de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
(14) Sentencia T-251 de 2010 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla).
(15) A dicho concepto refieren las sentencias T-535 de 2009 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), T-251 de 2010 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla) y T-386 de 2011 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), entre otras.
(16) El tema fue originalmente planteado desde la Sentencia C-797 de 2000 (M.P. Antonio Barrera Carbonell).
(17) Sentencia C-797 de 2000 (M.P. Antonio Barrera Carbonell) y T-535 de 2009 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
(18) Sobre este artículo, la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral, en sentencia de fecha 7 de abril de 1997, indicó que “(…) en caso de que el empleador necesite hacer despidos colectivos de trabajadores deberá solicitar autorización previa al Ministerio de Trabajo explicando los motivos y acompañando las correspondientes justificaciones e igualmente deberá comunicar en forma simultánea, por escrito, a sus trabajadores, la solicitud. El mismo artículo dice que el despido colectivo sin previa autorización del Ministerio no produce efecto alguno y que en ese caso resulta aplicable el artículo 140 del CST. // De acuerdo con la norma que se comenta y el principio de legalidad que gobierna el acto administrativo, le corresponde al Ministerio de Trabajo y no al juez laboral revisar la regularidad formal y la justificación de la solicitud de despido colectivo y establecer que los trabajadores han recibido la comunicación del empleador, cuya razón de ser es garantizar su participación en la actuación administrativa para que puedan ejercer su derecho de defensa. La oposición al despido colectivo se debe ejercer en esa actuación y por medio de los recursos y las acciones que la ley establece contra los actos administrativos”.