Source: http://www1.umn.edu/humanrts/cases/espanol/Smexico129-99.html
Timestamp: 2015-07-29 22:06:12
Document Index: 143344538

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 7', 'artículo\n8', 'artículo 11', 'artículo 19', 'artículo 25', 'artículo 19', 'artículo 34', 'artículo 57', 'artículo 46', 'artículo 46']

Beatriz and Celia Gonzalez Perez v. Mexico, Caso 11.565, Informe Nº 129/99, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.106 Doc. 3 rev. en 232 (1999). I. RESUMEN
1. El 16 de enero de 1996, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión" o "la CIDH") recibió una denuncia presentada por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, en adelante "los peticionarios") en la cual se alega la responsabilidad internacional de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante "el Estado", "el Estado mexicano", o "México") por la detención ilegal, violación y tortura de las hermanas Ana, Beatriz y Celia González Pérez, indígenas tzeltales, así como la posterior falta de investigación y reparación de tales hechos. Los peticionarios alegan que los hechos denunciados configuran la violación de varios derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la "Convención Americana"): derecho a la integridad personal (artículo 5); libertad personal (artículo 7); garantías judiciales (artículo
8); protección de la honra y de la dignidad (artículo 11); derechos del niño
(artículo 19); y protección judicial (artículo 25).
2. Conforme a la denuncia, el 4 de junio de 1994 un grupo de militares detuvo ilegalmente en el estado de Chiapas, México, a las hermanas
Ana, Beatriz, y Celia González Pérez y su madre Delia Pérez de González para
interrogarlas, y las mantuvo privadas de su libertad durante dos horas. Los
peticionarios alegan que durante dicho lapso las tres hermanas fueron separadas
de su madre, golpeadas y violadas en reiteradas ocasiones por los militares;
que el 30 de junio de 1994 se presentó la denuncia al Ministerio Público
con base en un examen médico ginecológico; que la misma fue corroborada ante
dicha institución por la declaración de Ana y Beatriz, las dos hermanas mayores;
que el expediente fue trasladado a la Procuraduría General de Justicia Militar
en septiembre de 1994; y que ésta decidió finalmente archivar el expediente
ante la falta de comparecencia de las mismas a declarar nuevamente y a someterse
a pericias ginecológicas. Los peticionarios sostienen que el Estado faltó a su obligación de investigar los hechos denunciados, castigar a los responsables
y reparar las violaciones.
4. La CIDH concluye en este informe que el caso reúne los requisitos previstos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana. Por lo tanto, la Comisión decide declarar que el caso es admisible, notificar la decisión a las partes y continuar con el análisis de los méritos relativos a las supuestas violaciones a los artículos 5, 7, 8, 11, 19 y 25 de la Convención Americana. Al mismo tiempo, se pone a disposición de las partes para iniciar el trámite de solución amistosa y decide publicar el presente informe. II. TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN
5. La Comisión asignó el número 11.565 al caso y solicitó información al Estado mexicano sobre las partes pertinentes de la denuncia el 18 de enero de 1996. Luego de recibir las observaciones de los peticionarios el 13 de mayo de 1996, la CIDH las transmitió al Estado mexicano el 10 de septiembre de 1996. El Estado remitió sus observaciones a la Comisión el 24 de octubre de 1996, que las trasladó a los peticionarios. 6. La CIDH solicitó información actualizada sobre el caso a los peticionarios el 13 de noviembre de 1998 y, ante la falta de respuesta, reiteró tal solicitud el 19 de marzo de 1999. Los peticionarios presentaron información sobre el caso el 27 de mayo de 1999, y el Estado mexicano hizo lo propio el 14 de julio de 1999. Finalmente, los peticionarios presentaron observaciones adicionales el 7 de septiembre de 1999. 7. El 4 de octubre de 1999 se celebró una reunión de trabajo sobre el presente caso en la sede de la Comisión, con presencia de los peticionarios y representantes del Estado, en la cual se recibió información actualizada sobre las posiciones de las partes en cuanto a la admisibilidad y el fondo de la denuncia.
8. La denuncia recibida en la CIDH alega que el 4 de junio de 1994, aproximadamente a las 2:30 p.m., integrantes del Ejército Federal Mexicano detuvieron arbitrariamente a la señora Delia Pérez de González y a sus hijas Ana, Beatriz y Celia, y que las interrogaron con el objeto de hacerles confesar su pertenencia al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).2 Destacan que las mujeres se comunican en el idioma de la etnia tzeltal y que su conocimiento del castellano es muy limitado, en virtud de lo cual tuvieron dificultad para comprender las preguntas que les formularon. Los peticionarios alegan que luego separaron a la madre de sus hijas, y que se llevaron a Ana, Beatriz y Celia a una habitación de madera donde las golpearon y violaron en reiteradas ocasiones en presencia de unos 30 militares, la mayoría de los cuales participaron de dichos actos. Conforme a la petición, las cuatro mujeres fueron liberadas a las 4:30 p.m. del mismo día, luego de ser amenazadas de muerte para que no denunciaran los hechos. 9. Los peticionarios alegan que las mujeres permanecieron escondidas varias semanas por el temor de las represalias con que les habrían amenazado
los militares. El 29 de junio de 1994, una doctora calificada practicó un
médico ginecológico a cada una de las tres hermanas y constató que persistían
las huellas de la violación, a más de 20 días de los hechos denunciados.
prueba médica se acompañó a la denuncia formulada el 30 de junio de 1994 a
la Procuraduría General de la República en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
El 30 de agosto de 1994, Ana y Beatriz González Pérez ratificaron y ampliaron
su denuncia ante dicha autoridad, así como ante un "alto funcionario de la Procuraduría General de la República", dentro de la Averiguación Previa 64/94 que se había iniciado con base en la denuncia. Agregan los peticionarios
que la menor de las hermanas, Celia, no compareció debido a que no pudo superar
el temor por lo que había sufrido; en virtud de ello, la madre quedó en su
para acompañarla. 10. El 2 de septiembre de 1994, el Ministerio Público Federal decidió remitir la Averiguación Previa 64/94 a la Procuraduría General de Justicia
Militar "por incompetencia en razón de la materia". Los peticionarios sostienen que cumplieron con el requisito de interponer los recursos internos
idóneos disponibles en México para solucionar la situación denunciada; y
la cesión de competencia a favor de las autoridades militares fue una violación
de la propia Constitución mexicana, así como del deber de investigar los
violatorios. Al respecto, expresan lo siguiente:
11. Los peticionarios sostienen que la averiguación iniciada y luego archivada por el Ministerio Público militar no reúne los requisitos
de idoneidad e imparcialidad, esenciales para cualquier investigación sobre
violaciones de derechos humanos. En tal sentido, observan que el Boletín
38 de la Secretaría de Defensa Nacional (en adelante "la SEDENA") del 3 de julio de 1994 acerca de los hechos que motivaron la denuncia, "rechaza enérgicamente las falsas imputaciones hechas a personal militar, reservándose el derecho de proceder legalmente en contra de las personas o entidades que difaman a nuestra institución". Agregan que la Procuraduría de Justicia Militar es una institución sometida jerárquicamente al titular de la SEDENA.
Lo anterior implica una violación y agresión igual o más grave que la sufrida el 4 de junio de 1994, por lo que no puede ser válida
la propuesta del Ejército de reiniciar ellos la investigación, desestimando
las ya hechas por el Ministerio público Federal. Más aún si ellos cuentan
con testimonio de los propios soldados que "interrogaron" a las ofendidas y aceptan haber estado en tiempo, contexto y oportunidad para
cometer la agresión. Básicamente lo único que no aceptan en su testimonio,
es haberlas violado, pero aceptan haberlas detenido, interrogado y otros
hechos, que incluso por su contradicción permiten suponer que las declarantes
dicen la verdad y los soldados mienten. Sin embargo todo ello se desestimó
y nunca se procesó a ninguno de ellos.4
14. Los peticionarios manifiestan que los abusos denunciados en este caso forman parte de un problema general en México, e invocan en dicho
contexto la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar
violencia contra la mujer ("Convención de Belém do Pará").5 Igualmente, los peticionarios alegan que los hechos caracterizan una violación de los derechos del niño protegidos en el artículo 19 de la Convención Americana:
En el ámbito militar, los reclamantes no han presentado a la SEDENA denuncia alguna contra los fiscales a cargo de la investigación,
pese a que tienen derecho a ello y a que, de acreditarse algún ilícito
parte del Ministerio público Militar, procedería un juicio de responsabilidad
judicial militar ante los tribunales del fuero de guerraEn virtud de las severas sanciones que un juicio de esta índole podría acarrear,
no se trata de una mera formalidad de la cual estén relevados los reclamantes,
ni se han agotado los recursos disponibles en el fuero militar conforme
a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos.
El que este caso corresponda primordialmente al fuero de guerra no quiere decir, sin embargo, que las interesadas carezcan de recursos
efectivos en el ámbito civil federal. De acuerdo al artículo 34 del Código
Penal"quien se considere con derecho a la reparación del daño, que no pueda obtener ante el juez penal, en virtud de no ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público, sobreseimiento o sentencia absolutoria, podrá recurrir a la vía civil en los términos de la legislación correspondiente". Si los reclamantes consideran que el proceso no se apegó a los derechos humanos y las libertades fundamentales, nada obsta para que demanden judicialmente el ejercicio de la acción penal en este caso, lo cual también correspondería resolver a los tribunales ordinarios y no a los tribunales del fuero militar.7
17. Posteriormente, el Estado amplía sus alegatos y expresa que la Oficina de Quejas y Atención a la Ciudadanía realizó una investigación con base en el artículo publicado en el periódico La Jornada el 17 de junio de 1994, e informó a la SEDENA acerca de las declaraciones de varias
personas respecto a los hechos. El Estado afirma que la autoridad militar ordenó
de junio de 1994 una investigación "a efecto de determinar si con motivo de los hechos de referencia hubo infracción a la Disciplina Militar"(sic). Agrega además lo siguiente:
19. Menciona el Estado la solicitud de diversas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos para que se designe a una mujer como
fiscal especial en el caso. Por otra parte, informa que el Procurador General
de Justicia Militar designó a una fiscal militar y a "personal médico femenino" para asistirla en "el esclarecimiento de los hechos en cuestión"; y que dicho funcionario militar "solicitó y obtuvo" que el Agente del Ministerio Público Federal en Chiapas "declinara en definitiva la competencia en favor del Fuero de Guerra, por ser asunto de esta materia". El Estado describe las actuaciones del Procurador General de Justicia Militar en estos
Recabó la ampliación de las declaraciones de los civiles que presenciaron los hechos, quienes en síntesis manifestaron que en ningún
momento hubo maltrato de obra o de palabra por parte del personal militar
en contra de las supuestas agraviadas, mucho menos ataque sexual alguno.
Recabó la ampliación de las declaraciones del personal militar involucrado,
ante la presencia de su respectivo defensor de oficio, quien ofreció
pruebas de confrontación y careos, entre sus defendidos y las supuestas
ofendidas, prueba que no fue posible desahogar por la inasistencia de
supuestas agraviadas, contándose con personal de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos como observadores en la práctica de las diligencias
practicadas,
a petición de la Fiscal Militar, así como con peritos traductores del Instituto
Nacional Indigenista, médicos legistas con especialidad en ginecología,
todos ellos civiles y de la jurisdicción. Citó a la Licenciada MARTHA GUADALUPE FIGUEROA MIER y al Sr. ROGER MALDONADO BAQUEIRO, (énfasis en el original) supuestos representantes legales de las ofendidas, compareciendo únicamente la citada en primer término, notablemente molesta, altanera e intimidante, pero con extremo nerviosismo (sic). En razón de lo anterior, el Jefe de Averiguaciones Previas de Justicia Militar concluyó que la imputación en contra del personal militar es total y manifiestamente falsa.10
20. Más adelante, el Estado realiza un detallado análisis de la averiguación previa militar, que incluye las declaraciones de varias personas, que coinciden en cuanto a la buena conducta de los uniformados y que niegan que los hechos hubieran sucedido.11 El análisis del Estado prosigue con el título denominado "Consideraciones sobre la competencia del fuero de guerra para conocer de los hechos". Bajo dicho título, el Estado indica que "la existencia del Fuero de Guerra obedece a la naturaleza misma del Instituto Armado y a su peculiar modo de vida", y explica que los supuestos que hacen procedente la intervención de dicho fuero
son los siguientes: que el autor de la violación a la ley sea miembro de las
fuerzas armadas; que el militar esté en servicio o realizando actos relativos
al mismo; y que la infracción a la ley sea en contra de la disciplina militar.
Luego el Estado los aplica al caso bajo estudio:
En lo relativo al tercer elemento, que la infracción a la ley o delitos en contra de la disciplina militar, al respecto el Código
de Justicia Militar es muy explícito, al establecer en su artículo 57,
siguiente: Son delitos contra la disciplina militar () II. Los del orden común o federal cuando haya concurrido cualquiera de las circunstancias
que en seguida se expresan: a) Que fueran cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo (énfasis en el original).12
21. Prosigue el Estado con un análisis de jurisprudencia mexicana relativa a la competencia del fuero militar, y argumenta que la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública es plenamente compatible con la Constitución de México.13 Además de la ley fundamental, el Estado cita las normas legales mexicanas que considera
aplicables al presente caso, que incluyen la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea, la Ley Federal
de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y la Ley de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos. Concluye el Estado que el presente caso "se fundamenta en supuestos vagos e indicios, pero no en prueba plena alguna, señalándose como principal indicio, una nota periodística y una denuncia presentada ante Autoridad incompetente". (Mayúscula en el original)
22. El Estado cuestiona en una comunicación posterior la demora de los peticionarios en presentar información a la CIDH sobre el caso, y expresa
en tal sentido que "un retraso de esta magnitud, bajo ninguna circunstancia puede ser justificable, especialmente tratándose de hechos como los que se alegan".14 Agrega que "la propia CNDHdeterminó dar por concluido el expediente respectivo a raíz precisamente de la inactividad y falta de cooperación de los denunciantes", pero a pesar de ello "reitera su voluntad de continuar con las investigaciones si los peticionarios estuvieran dispuestos a cooperar con las autoridades".15
27. De lo anterior resulta que los representantes de las supuestas víctimas tuvieron acceso al recurso idóneo de la jurisdicción interna y lo interpusieron en tiempo y forma pero, en definitiva, el proceso derivó en la paralización de la investigación, y luego en su archivo. Los peticionarios alegan que están exentos de acudir a la jurisdicción militar, debido a que plantearon la denuncia ante la autoridad competente, y que la instancia de la Procuraduría General de Justicia Militar carece de la imparcialidad necesaria para la investigación de los hechos. 28. Es un hecho no controvertido que la denuncia ante el Ministerio Público en Chiapas fue presentada con un certificado del examen médico ginecológico, de acuerdo al cual se constataron las lesiones propias de los hechos de violación alegados por los peticionarios;19 el Estado mexicano no objetó la validez de dicho documento en el trámite del presente caso. La CIDH observa además, de manera preliminar, que han transcurrido cinco años desde que se presentó dicha denuncia ante las autoridades en México, sin que hasta la fecha de adopción del presente informe se haya establecido de manera definitiva cómo sucedieron los hechos; en consecuencia, tampoco se ha identificado a los presuntos responsables. Sin embargo, estas cuestiones serán analizadas en la etapa procesal oportuna, junto con los demás alegatos relativos a los derechos a las garantías judiciales y a la tutela judicial efectiva.20
30. En virtud de la aplicación al presente caso del artículo 46(2)(b) de la Convención Americana, no corresponde analizar el requisito del artículo 46(1)(b) del instrumento internacional citado. La Comisión estima que en el presente caso, bajo las circunstancias analizadas, la petición fue presentada dentro de un plazo razonable a partir de la fecha en que los hechos fueron denunciados en México. c. Duplicación de procedimientos y cosa juzgada
33. El Estado mexicano solicitó el archivo del presente caso debido a la demora de los peticionarios para responder a la información
suministrada por aquél el 24 de octubre de 1996. El Estado manifestó:
Dilaciones como las ocurridas en el presente caso, vician los procedimientos ante la Comisión y contravienen el espíritu de la Convención Americana. Si bien dicha Convención no establece expresamente plazos para concluir el conocimiento de un caso, ni prevé una figura parecida a la de la caducidad de la instancia, tanto el espíritu, como los principios generales del derecho sí establecen deberes de equidad, buena fe y transparencia. Convalidar casos que manifiestan tal falta de interés, no sólo respecto de la jurisdicción interna sino incluso respecto de la propia jurisdicción interamericana, cuestionaría severamente dichos deberes.21
37. La Comisión concluye que tiene competencia para conocer de este caso y que la petición es admisible de conformidad con los artículos 46 y 47 de la Convención Americana. 38. Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos, y sin prejuzgar sobre el fondo de la cuestión, LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,
4. Ponerse a disposición de las partes con el fin de alcanzar una solución amistosa fundada en el respeto a los derechos humanos consagrados en la Convención Americana e invitar a las partes a pronunciarse sobre tal posibilidad; y 5. Publicar esta decisión e incluirla en su informe Anual para la Asamblea General de la OEA.
1 Nombres ficticios. La verdadera identidad de las presuntas víctimas y de sus familiares se mantiene en reserva por solicitud expresa de los peticionarios, y de conformidad con la práctica de la Comisión ante denuncias de hechos como los caracterizados en el presente caso, cuya publicación puede afectar la dignidad y el honor de las personas (Ver, por ejemplo, Informe Anual de la CIDH 1996, Informe Nº 38/96, Caso 10.506  X e Y, Argentina, págs. 52 a 78). Además, una de las supuestas víctimas era menor de edad en el momento en que habrían ocurrido
las violaciones. En su nota del 2 de mayo de 1999, los peticionarios manifestaron
2 Grupo armado disidente que protagonizó una rebelión en Chiapas en 1994. La "Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas", que entró en vigor el 11 de marzo de 1995, define al EZLN como "el grupo de personas que se identifica como una organización de ciudadanos mexicanos, mayoritariamente indígenas, que se inconformó por diversas causas y se involucró en el conflicto armado iniciado el 1o. de enero de 1994". A la fecha de aprobación de este informe, seguía el conflicto y las negociaciones para la paz en Chiapas permanecían
4 Comunicación de CEJIL del 27 de mayo de 1999, págs 5 y 6. 5 México depositó el instrumento de ratificación de la Convención de Belém do Pará el 12 de noviembre de 1998.
Que desde el tiempo en que llegaron los militares a mi casa siempre se han portado bien con la gente;
que nunca he visto que la gente que pasa por ahí tenga algún problema
los militares; que los militares únicamente les piden a la gente que pasa
por ahí su credencial y les revisan sus bolsas; que nunca he escuchado
rumor de que los militares que están en el puesto junto a mi casa, se hayan
aprovechado de mujeres
Que no observó que los soldados hubieran golpeado a las muchachas, ya que entonces lo hubiera manifestado
a la autoridad, que no ha sido asesorado por nadie para lo que está diciendo,
que tampoco ha sido amenazado, ni tampoco le han dado dinero para que
como lo hace, que en ese día no estaba tomado
Idem, págs. 26 y 27. 14 Comunicación del Estado del 14 de julio de 1999, pág. 1.
18 Al respecto, los peticionarios manifiestan que "el delito de violación, en este caso tumultuaria y en contra de tres mujeres incluída una menor, es originalmente y por definición un delito del orden común y no una falta contra la disciplina militar" (comunicación del 28 de agosto de 1996, pág. 4). Por su parte, el Estado sostiene que los militares se encontraban en servicio el día de los hechos, ya que "en tiempo de paz también puede afectarse la seguridad interior del país" (comunicación del 24 de octubre de 1996, pág. 14); que es "lógico que la competencia se dé para el Fuero de Guerra"; y que el "órgano del fuero castrense competentedespués de haber realizado una profunda y exhaustiva investigación a través de una averiguación previa, concluyó sobre la inexistencia de los hechos imputados". (ídem, pág. 22) 19 Los peticionarios sostienen lo siguiente: