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Timestamp: 2019-10-16 06:32:04
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Matched Legal Cases: ['artículo 93', 'artículo 108', 'artículo 107', 'artículo 108', 'artículo 261', 'artículo 4', 'artículo 108', 'artículo 108', 'artículo 108', 'artículo 1', 'artículo 107', 'artículo 108', 'artículo 107', 'artículo 108', 'artículo 267', 'artículo 107', 'artículo 108', 'artículo 339', 'ARTÍCULO 108', 'artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 10', 'artículo 14', 'artículo 15', 'Artículo 15', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'artículo 20', 'Artículo 20', 'artículo 23', 'Artículo 23', 'Artículo 25', 'artículo 26', 'artículo 27', 'Artículo 27', 'artículo 10', 'artículo 20', 'artículo 14']

Reglamento (UE) nº 734/2013 del Consejo, de 22 de julio de 2013, que modifica el Reglamento (CE) nº 659/1999 por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE
Reglamento CE 734/2013, 22 julio, derogado conforme dispone el anexo I del Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea («D.O.U.E.L.» 24 septiembre) el 14 de octubre de 2015.
(1) En el contexto de una rigurosa modernización de las normas sobre ayudas estatales para contribuir tanto a la aplicación de la estrategia Europa 2020 para el crecimiento (1) como al saneamiento presupuestario, el artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) debe aplicarse eficaz y uniformemente en toda la Unión. El Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo (2) codificó y reforzó la práctica previa de la Comisión para incrementar la seguridad jurídica y apoyar el desarrollo de la política de ayudas estatales en un entorno transparente. Sin embargo, a la vista de la experiencia acumulada en su aplicación y de acontecimientos recientes, tales como la ampliación de la Unión y la crisis económica y financiera, ciertos aspectos del Reglamento (CE) nº 659/1999 deben modificarse para permitir a la Comisión ser más efectiva.
(2) Con el fin de evaluar la compatibilidad con el mercado interior de las ayudas estatales notificadas o ilegales, sobre la cual la Comisión tiene competencia exclusiva a tenor del artículo 108 del TFUE, es conveniente garantizar que la Comisión tiene poder, a efectos de la aplicación de las normas sobre ayudas estatales, para solicitar toda la información de mercado necesaria de cualquier Estado miembro, empresa o asociación de empresas si tiene dudas sobre la compatibilidad de la medida en cuestión con las normas de la Unión y por ello ha iniciado un procedimiento de investigación formal. En particular, la Comisión hará uso de esta facultad en aquellos casos en que resulte necesaria una evaluación sustancial compleja. Al decidir si hace uso de esta facultad, la Comisión debe tener debidamente en cuenta la duración de la instrucción.
(3) Para evaluar la compatibilidad de una medida de ayuda tras la incoación del procedimiento de investigación formal, en particular en lo que respecta a casos técnicamente complejos sujetos a una evaluación sustancial, la Comisión debe tener capacidad, mediante simple petición o mediante una decisión, de solicitar a cualquier Estado miembro, empresa o asociación de empresas que le entregue toda la información de mercado necesaria para completar su evaluación, si la información facilitada por el Estado miembro en el curso de la instrucción no es suficiente, teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.
(4) Habida cuenta de las relaciones especiales entre los beneficiarios de la ayuda y los Estados miembros en cuestión, la Comisión solo debe poder solicitar información a un beneficiario de la ayuda de acuerdo con el Estado miembro interesado. La comunicación de información por el beneficiario de la medida de ayuda en cuestión no constituye una base jurídica para negociaciones bilaterales entre la Comisión y el beneficiario en cuestión.
(5) La Comisión debe seleccionar a los destinatarios de las solicitudes de información basándose en criterios objetivos en función de cada caso, pero garantizando al mismo tiempo que la solicitud se envía a un muestreo de empresas y asociaciones de empresas, de modo que la colección de respuestas recibidas sea representativa de cada categoría. La información solicitada debe consistir concretamente en datos fácticos de la sociedad y el mercado y análisis basados en hechos del funcionamiento del mercado.
(6) La Comisión, como iniciadora del procedimiento, debe ser responsable de comprobar tanto la transmisión de información por parte de los Estados miembros, las empresas o las asociaciones de empresas, así como la confidencialidad invocada para su divulgación.
(7) La Comisión debe poder garantizar el cumplimiento de las solicitudes de información destinadas a empresas o asociaciones de empresas, cuando proceda, mediante multas y multas coercitivas proporcionadas. Al establecer los importes de las multas y multas coercitivas, la Comisión debe tener debidamente en cuenta los principios de proporcionalidad y oportunidad, en particular con respecto a las pequeñas y medianas empresas. Deben protegerse los derechos de las partes a las que se les haya solicitado información dándoles la oportunidad de dar a conocer sus puntos de vista antes de cualquier decisión que les imponga multas sancionadoras o multas coercitivas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea debe gozar de competencia jurisdiccional plena respecto a dichas multas o multas coercitivas a tenor del artículo 261 del Tratado.
(8) Teniendo debidamente en cuenta los principios de proporcionalidad y oportunidad, la Comisión debe poder reducir el importe de las multas coercitivas o eximir totalmente de su pago, cuando los destinatarios de las solicitudes de información faciliten la información solicitada, incluso una vez expirado el plazo.
(9) Las multas y las multas coercitivas no son de aplicación a los Estados miembros, ya que estos tienen la obligación de cooperar lealmente con la Comisión, de conformidad con el artículo 4 del Tratado de la Unión Europea (TUE), y de facilitarle toda la información que la Comisión necesite para el desempeño de sus funciones en el marco del Reglamento (CE) nº 659/1999.
(10) Para salvaguardar los derechos de defensa del Estado miembro interesado, deben suministrar copia de las solicitudes de información enviadas a otros Estados miembros, empresas o asociaciones de empresas y poder presentar sus observaciones sobre los comentarios recibidos. Se les comunicará además el nombre de las empresas y asociaciones de empresas solicitadas, y en qué medida estas entidades no han mostrado un interés legítimo en que se proteja su identidad.
(11) La Comisión debe tener debidamente en cuenta los intereses legítimos de las empresas respecto a la protección de sus secretos comerciales. La Comisión no podrá utilizar información confidencial que le hayan facilitado en las respuestas que no pueda agregarse o convertirse en anónima en ninguna decisión, salvo que haya obtenido previamente su autorización para poder revelarla al Estado miembro afectado.
(12) Para los casos en los que esa información clasificada como confidencial no parezca estar amparada por el secreto profesional, es conveniente establecer un mecanismo por el cual la Comisión pueda decidir en qué medida esa información puede revelarse. Todas las decisiones por las que no se acepte una denuncia de que esa información es confidencial deben indicar un período al término del cual la información se hará pública, de forma que los terceros interesados puedan hacer uso de la protección judicial de que dispongan, incluidas las medidas provisionales.
(13) La Comisión debe poder, por propia iniciativa, examinar información sobre ayuda ilegal, cualquiera que sea la fuente, con objeto de garantizar la observancia del artículo 108 del TFUE y, en particular, de la obligación de notificación y de la cláusula de efecto suspensivo establecida en el artículo 108, apartado 3, del TFUE, y evaluar su compatibilidad con el mercado interior. En ese contexto, las denuncias son una fuente de información esencial para detectar las infracciones a las normas de la Unión en materia de ayudas estatales.
(14) Para mejorar la calidad de las denuncias presentadas a la Comisión y al mismo tiempo incrementar la transparencia y la seguridad jurídica, es conveniente definir las condiciones que deben cumplir los denunciantes para poner a disposición de la Comisión información relativa a la supuesta ayuda ilegal y de esta forma poner en marcha el examen preliminar. Las solicitudes que no cumplan estas condiciones deben considerarse información general de mercado y no deben acarrear necesariamente investigaciones de oficio.
(15) Se debe pedir a los denunciantes que demuestren que son partes interesadas a tenor del artículo 108, apartado 2, del TFUE y del artículo 1, letra h), del Reglamento (CE) nº 659/1999. Se les debe exigir también que entreguen cierta cantidad de información de forma que la Comisión disponga de competencia para delimitar una disposición de aplicación. Con objeto de no desmotivar a los posibles denunciantes, las disposiciones de ejecución deben tener en cuenta que las exigencias a la parte interesada para que presente una denuncia no representen una carga excesiva.
(16) Por razones de seguridad jurídica, es conveniente establecer plazos de prescripción para la imposición y ejecución de multas y multas coercitivas.
(17) Con el fin de garantizar que la Comisión trata cuestiones similares con coherencia en todo el mercado interior, procede completar las competencias actuales de la Comisión introduciendo una base jurídica específica para iniciar investigaciones en sectores de la economía o en ciertos instrumentos de ayuda a través de varios Estados miembros. Por razones de proporcionalidad, y habida cuenta de la gran carga administrativa impuesta por estas investigaciones, solo deben realizarse estudios sectoriales cuando la información disponible confirme la sospecha razonable de que las medidas de ayuda estatales en un sector particular pueden restringir considerablemente o distorsionar la competencia en el mercado interior en varios Estados miembros, o que medidas de ayuda estatal existentes en un sector concreto en varios Estados miembros no son compatibles con el mercado interior, o han dejado de serlo. Estos estudios permitirán a la Comisión actuar de manera eficaz y transparente en lo relativo a las ayudas estatales horizontales y obtener una visión previa global del sector de que se trate.
(18) La aplicación coherente de las normas sobre ayudas estatales requiere la instauración de mecanismos de cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros y la Comisión. Esta cooperación es válida para todos los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros que aplican el artículo 107, apartado 1, y el artículo 108 del TFUE, en todos los contextos. En particular, conviene que los órganos jurisdiccionales nacionales puedan solicitar a la Comisión información o dictámenes sobre aspectos de la aplicación de las normas sobre ayudas estatales. Por otra parte, también debe dotarse a la Comisión de la facultad para presentar observaciones escritas u orales ante los órganos jurisdiccionales instados a aplicar el artículo 107, apartado 1, o el artículo 108 del TFUE. Al asistir a este respecto a los órganos jurisdiccionales nacionales, la Comisión debe actuar de conformidad con su deber de defensa del interés público.
(19) Las observaciones y opiniones de la Comisión deben entenderse sin perjuicio del artículo 267 del TFUE y no vinculan jurídicamente a los órganos jurisdiccionales nacionales. Las mismas deben presentarse en el marco de las normas y prácticas procesales nacionales, incluidas las de salvaguardia de los derechos de las partes, en pleno respeto de la independencia de los órganos jurisdiccionales nacionales. Las observaciones presentadas por la Comisión por propia iniciativa se limitarán a los casos que sean importantes para la aplicación coherente del artículo 107, apartado 1, y del artículo 108 del TFUE, en particular los casos que sean significativos para la ejecución o la evolución de la jurisprudencia de la Unión en materia de ayudas estatales.
(20) En aras de la transparencia y la seguridad jurídica, se debe hacer pública la información sobre las decisiones de la Comisión. Por ello es conveniente publicar las decisiones por las que se imponen multas o multas coercitivas, dado que afectan a los intereses de las fuentes de que se trate. La Comisión, al publicar sus decisiones, debe respetar las normas relativas al secreto profesional, incluida la protección de toda información confidencial y datos de carácter personal, de conformidad con el artículo 339 del TFUE.
(21) La Comisión, en estrecha relación con el Comité consultivo sobre ayudas estatales, debe poder adoptar disposiciones de aplicación que establezcan normas detalladas relativas a la forma, el contenido y otros criterios de las denuncias presentadas de conformidad con el Reglamento (CE) nº 659/1999.
(22) Por consiguiente, el Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo debe modificarse en consecuencia.
El Reglamento (CE) nº 659/1999 queda modificado como sigue:
1) El título del Reglamento se sustituye por el texto siguiente:
REGLAMENTO (CE) Nº 659/1999 DEL CONSEJO, DE 22 DE MARZO DE 1999, POR EL QUE SE ESTABLECEN NORMAS DETALLADAS PARA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 108 DEL TRATADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA
2) El título del artículo 5 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 6 bis Solicitud de información efectuada a otras fuentes
Artículo 6 ter Multas y multas coercitivas
1. La Comisión podrá, si lo considera necesario y proporcionado, imponer mediante decisión a las empresas o asociaciones de empresas multas de hasta un 1% del volumen de negocios total realizado durante el ejercicio social anterior cuando, de forma deliberada o por negligencia grave:
a) faciliten información incorrecta o engañosa en respuesta a una solicitud presentada en aplicación del artículo 6 bis, apartado 6;
b) faciliten información incorrecta, incompleta o engañosa en respuesta a una solicitud cursada mediante decisión adoptada conforme al artículo 6 bis, apartado 7, o no faciliten la información en el plazo fijado.
Las multas coercitivas no superarán el 5% del volumen de negocios medio diario realizado durante el ejercicio social anterior por cada día laborable de retraso, contado a partir de la fecha que se fije en la decisión, hasta que faciliten información completa y correcta tal como solicitó o exigió la Comisión.
4) En el artículo 7, se añaden los apartados siguientes:
5) En el artículo 10, los apartados 1 y 2 se sustituyen por el texto siguiente:
6) El título del capítulo siguiente se inserta después del artículo 14:
«CAPÍTULO III BIS PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN».
7) El título del artículo 15 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 15 bis Plazo de prescripción para la imposición de multas y multas coercitivas
Artículo 15 ter Plazos de prescripción para la ejecución de multas o multas coercitivas
b) dure la suspensión del cobro por vía ejecutiva en virtud de una decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.».
«Artículo 16 Ayuda abusiva
Si la Comisión considera que la parte interesada no respeta la obligación de recurrir al formulario de denuncia, o que los hechos y las cuestiones de Derecho expuestas por la parte interesada no presentan razones suficientes que muestren, sobre la base de un primer examen, la existencia de ayuda ilegal o ayuda abusiva, informará de ello a la parte interesada y le pedirá que presente sus observaciones al respecto en un plazo determinado que normalmente no será superior a un mes. Si la parte interesada no da a conocer su opinión en el plazo fijado, se supondrá que se ha retirado la denuncia. La Comisión informará al Estado miembro interesado cuando se considere que una denuncia ha sido retirada. La Comisión enviará al denunciante una copia de la decisión sobre un asunto relativo a la cuestión objeto de la denuncia.».
11) Se inserta el siguiente capítulo después del artículo 20:
Artículo 20 bis Investigaciones por sectores económicos y por instrumentos de ayudas
La Comisión deberá motivar la investigación y la elección de los destinatarios en todas las solicitudes de información enviadas con arreglo al presente artículo. La Comisión publicará un informe acerca de los resultados de su investigación sobre determinados sectores económicos o sobre instrumentos particulares de ayuda en varios Estados miembros y podrá pedir a los Estados miembros y a las empresas o asociaciones de empresas interesadas que le remitan sus observaciones.
12) Se inserta el siguiente capítulo después del artículo 23:
Artículo 23 bis Cooperación con los órganos jurisdiccionales nacionales
Antes de presentar formalmente sus observaciones, la Comisión comunicará su intención al Estado miembro interesado. Solamente con objeto de preparar sus observaciones, la Comisión podrá solicitar al órgano jurisdiccional competente del Estado miembro que le transmita toda la documentación a disposición del órgano jurisdiccional necesaria para evaluar el asunto.».
«Artículo 25 Destinatario de las decisiones
14) En el artículo 26, se inserta el apartado siguiente:
15) El artículo 27 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 27 Medidas de aplicación
c) la forma, el contenido y otros pormenores de las denuncias presentadas de conformidad con el artículo 10, apartado 1, y con el artículo 20, apartado 2;
d) los plazos y al cómputo de estos;
e) el tipo de interés contemplado en el artículo 14, apartado 2.».
el 22 de julio de 2013.
Comunicación de la Comisión, Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, de 3 de marzo de 2010, COM(2010) 2020 final.