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Timestamp: 2018-05-25 16:42:16
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UNPFIP Network: Informe sobre los derechos de pueblos indígenas en México
Informe sobre los derechos de pueblos indígenas en México
México goza de una gran riqueza y diversidad cultural que se sustenta en sus pueblos y comunidades. La población indígena se estima en 12 millones 25 mil 947 de personas, que constituye el 10.1% del total del país. El número de mujeres indígenas asciende a 6 millones 146 mil 479, mientras que los hombres indígenas suman 5 millones 879 mil 479. El Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales estima 68 agrupaciones lingüísticas, que tienen a su vez distintas variantes.1
Las causas de la exclusión y discriminación hacia los pueblos son multifactoriales. Por una parte, están las causales históricas que se remontan al período colonial y al intento de exterminio y explotación de las poblaciones indígenas. Un segundo momento, está ligado al surgimiento del Estado Nación mexicano y a sus políticas asimilacionistas, que buscaron integrar a los pueblos y comunidades a las instituciones del Estado mexicano, con el objetivo de imponer una sola cultura, idioma y un territorio nacional único. Bajo este referente los pueblos fueron concebidos como objetos de tutelaje y no como sujetos de derechos. A pesar de que estas visiones han sido superadas al menos en el discurso, y que en la actualidad existe un conjunto de derechos reconocidos para los pueblos y comunidades indígenas, la brecha entre el reconocimiento y la garantía efectiva de sus derechos sigue siendo enorme.
Estas normas permiten que los contratistas de los proyectos negocien directamente sobre el destino de los terrenos con quienes ostenten títulos o derechos sobre los mismos, como pueden ser el caso de ejidos y comunidades campesinas e indígenas.8 Sin embargo, esta negociación no toma en cuenta las condiciones de vulnerabilidad histórica en que se encuentran las comunidades y las asimetrías de poder económico en relación con las empresas. Durante esta fase el Estado mexicano no interviene para proteger los derechos de las comunidades, en cambio sí lo hace para garantizar la certeza jurídica de estos contratos, otorgándoles el carácter de “cosa juzgada” por vía judicial.
En el marco de las reformas estructurales impulsadas bajo la actual administración, se han promovido en el país las Zonas Económicas Especiales (ZEE). Se trata de áreas geográficas dentro del territorio nacional con atribuciones especiales en materia fiscal, económica, política y social para impulsar actividades productivas de diferentes tipos de industria, principalmente manufactura y servicios17. La Autoridad Federal responsable de esta política es el expresidente de un lobby empresarial, lo cual evidencia, además de conflicto de interés, un claro ejemplo de puerta giratoria18 y de la lógica económica que esta autoridad imprimirá sobre el territorio de las poblaciones afectadas19. Para operar esta política, la Ley contempla la figura de un Administrador Integral (ente público o privado) quien tendrá facultades de control y acceso de todo tipo de bienes y personas a la zona, adjudicación de licencias y contratos con particulares para actividades de producción, suministro de servicios y actividades de seguridad y vigilancia (inciso XII del artículo 33 de la LFZEE). Es decir que este Administrador Integral determinará los casos que puedan ser considerados como peligros para la seguridad de la Zona, entre ellos, la oposición a los proyectos o las demandas sociales por acceso a los recursos naturales o defensa de los derechos humanos.
La suma de estas y otras medidas favorecen aún más la proliferación indiscriminada de megaproyectos en el país23 y con ello las violaciones sistemáticas a los derechos de los pueblos y comunidades. A esto se suma una débil regulación de las evaluaciones de impacto ambiental y social24 y la ausencia de beneficios justos y equitativos para las comunidades afectadas. De igual manera, el marco jurídico lesivo a los derechos es resultado de las formas autoritarias y mono culturales con que las autoridades mexicanas toman las decisiones, desde una sola forma de ser y estar en el mundo, cuyos efectos trascienden unilateralmente a la diversidad cultural de México.
También es importante apuntar que las tierras y territorios de los pueblos indígenas no se encuentran delimitados y reconocidos legalmente, ni el derecho a la propiedad y posesión colectiva sobre las tierras y territorios de los pueblos indígenas así como de aquellos que usan tradicionalmente, a pesar de que así lo exige el Convenio 169 de la OIT (Art. 14.1.2), lo que propicia que los conflictos agrarios y las luchas por la defensa de la tierra y los territorios indígenas en el país sigan siendo numerosos. También persiste la destrucción de ecosistemas con relevancia cultural, económica y social y de los que viven numerosos pueblos indígenas, ocasionada por sistemas de apropiación de la tierra que los discrimina (según las autoridades porque no saben usar las tierras, las permiten ociosas) y un ambiente de impunidad que permite la ocupación de tierras y tala de forma ilegal, arbitraria y en muchas ocasiones con violencia29. El despojo que actualmente prevalece en gran parte de los territorios rurales afecta de manera especial a las poblaciones indígenas, quienes gozan de un vínculo particular con su territorio y basan su vida social, cultural y organizativa en la posesión y administración de la tierra de forma comunal. La fragmentación y pulverización30 de la tierra que predomina en las zonas rurales, que se acrecentó con la reforma al artículo 27 constitucional y que se agrava con las reformas en materia energética, pone en riesgo la supervivencia física y cultural de los pueblos como tales.31
En los 90s, el Estado mexicano adoptó el Convenio 169 de Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (Convenio 169 de la OIT), el cual reconocía los derechos de los Pueblos indígenas a la libre determinación. Situación que tuvo efecto en 1991 pero se mantuvo bajo la lógica del gobierno de firmar y ratificar todos los convenios en materia de derechos humanos con la finalidad de intentar quedar bien en el exterior, tradición en la cual ha sido consecuente hasta ahora.
La reforma llevó a una serie de denuncias ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y recursos judiciales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) promovidos por comunidades y organizaciones indígenas y de la sociedad civil ante el incumplimiento de las principales demandas de los pueblos que habían sido recogidas en los Acuerdos de San Andrés33.
En Chiapas, la consolidación de la autonomía zapatista se hizo pública en agosto de 2003, al presentar un nuevo nivel organizativo de carácter regional con la formación de los Caracoles desde los que fungen las Juntas de Buen Gobierno (JBG, estructuras rotativas integradas por delegadas y delegados de los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas). Cabe subrayar que desde 1994, las comunidades zapatistas se agruparon en Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ), gobernados por un Consejo Autónomo formado por representantes de las comunidades. Dichos MAREZ se superponen geográfica y políticamente a los municipios constitucionales, y de forma paralela a la oficial, deciden su propia organización educativa, de salud y jurídica. La conformación de cinco Caracoles se presentó como un nuevo nivel en su organización autónoma.
En esta misma secuencia, «Otra reforma que infiere directamente es la Constitucional de fecha 10 de junio de 2011, específicamente al artículo 1° en materia de Derechos Humanos haciendo el énfasis del principio pro persona, situación que da pauta a tener un marco de mayor argumentación para la defensa de derechos, pero que no representa los cambios legislativos esperados y exigidos para el reconocimiento pleno de los derechos de los Pueblos indígenas, ya que como hemos comentado el derecho interno enuncia derechos, limitándolos, mutilado su ejercicio, a pesar de que están estipulados y reconocidos en instrumentos internacionales y que el Estado se ha comprometido a cumplirlos plenamente»37
El 1º de enero de 2017, desde el caracol de Oventik, el Congreso Nacional Indígena (CNI) confirmó públicamente su decisión de “nombrar un Concejo Indígena de Gobierno con representantes hombres y mujeres de cada uno de los pueblos, tribus y naciones que lo integran. (...) Que este concejo se proponga gobernar este país. (...) Este consejo lo presidirá una mujer indígena del CNI, (...) o sea que tenga sangre indígena y conozca su cultura. O sea que tiene como vocera a una mujer indígena del CNI que será candidata independiente a la presidencia de México en las elecciones del año 2018.” Con esta nueva iniciativa, los pueblos indígenas del país siguen buscando formas alternativas para sobrevivir como pueblos ante lo que consideran parte de “la tempestad y ofensiva capitalista que no cesa sino que se vuelve cada día más agresiva y se ha convertido en una amenaza civilizatoria no sólo para los pueblos indígenas y campesinos sino para los pueblos de las ciudades que deben también crear formas dignas y rebeldes para no ser asesinados, despojados, contaminados, enfermados, esclavizados, secuestrados o desaparecidos” 39. Quedará por ver si esta iniciativa logra florecer sin ser objeto de represión.
Desde los años noventa el gobierno federal ha implementado distintos programas como PROCEDE, RRAJA y FANAR42 que, disfrazados de procesos de regularización para los núcleos agrarios y ejidales que no tienen título de propiedad, otorgan certificados de posesión de la tierra. Con ello se cede el dominio pleno con el que cuentan los territorios de las comunidades indígenas y se afecta la colectividad de las tierras agrarias y los territorios indígenas. Así se abre paso a los megaproyectos, pues se facilita la compra y renta de las tierras. Si bien acceder a estos programas es voluntario, en varios estados de la república estos programas son señalados como las únicas opciones de las comunidades.
La CNDH también observó la “existencia de transgresiones a los derechos humanos a un medio ambiente sano, a la seguridad jurídica y legalidad, así como a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas; derivadas de la falta de elaboración y/o publicación de los programas de manejo de las áreas naturales protegidas de competencia federal”45. Lo anterior ha ocasionado que las ANP sean instrumentos de política pública en materia ambiental poco eficaces para lograr los objetivos por los que fueron creadas. Muchas ANP en México no son operativas, ya sea por falta o deficiencia en los planes de manejo o porque la población del lugar no fue considerada al momento de la creación de las mismas. De tal manera que en la actualidad más que ser nichos de protección de la biodiversidad representan meros simuladores de protección que a largo plazo repercuten de manera negativa en la conservación de los ecosistemas.
Las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas en detrimento de su patrimonio biocultural51 han sido objeto de análisis por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación en su visita a México en 2011, quien recomendó la moratoria de los permisos OGM52.
Es por ello que el proceso de consulta toma gran relevancia en la implementación de megaproyectos, pues es mediante este con el que se da la voz a los pueblos y se les permite decidir si apoyan o no la entrada de megaproyectos, y participar en el diseño de los proyectos. Aunque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho a la consulta y los tratados internacionales que la incluyen, hasta el día de hoy México no aplica dicha legislación y los principios que rigen este derecho, violando de forma sistemática este derecho de las comunidades y pueblos indígenas, pues no son consultados para leyes o proyectos que potencialmente vulneren sus territorios y derechos. Por el contrario, las consultas son realizadas a modo de las autoridades y sólo como formalidad, pues no se busca que las comunidades participen activamente o entiendan el alcance de las afectaciones.
No obstante, aunque las acciones emprendidas por las comunidades han permitido proteger sus territorios, la crisis de derechos humanos que vive el Estado mexicano y con ella la corrupción e impunidad prevalecientes en México, ha traído como resultado en varios casos que las resoluciones judiciales que favorecen su derecho al territorio y la expulsión de megaproyectos de los mismos no se respeten. Las empresas responsables no responden a los daños que provocan al medio ambiente, a la salud y al territorio en general. La captura del Estado por los intereses económicos de las empresas les permite operar libremente en diversas partes del país con respaldo incluso de las autoridades mexicanas que fomentan un falso modelo de desarrollo que no protege a las comunidades. Como consecuencia, la marginación y pobreza de las comunidades y pueblos indígenas se acrecenta promoviendo la destrucción de sistemas culturales, económicos y sociales de cientos de comunidades, y en muchos casos, provocando la migración de los miembros de las comunidades.
Entre las reformas constitucionales en materia de derechos humanos publicadas en 2011, se encuentra la del Artículo 103 fracción I, la cual impone al Poder Judicial de la Federación la tarea de brindar protección frente a la violación de los derechos humanos provocadas ya sea por acción o por omisión. Con dicha reforma, el juicio de amparo - aunque ya se utilizaba para reclamar actos violatorios a la Constitución-, se constituyó en el recurso más utilizado por los pueblos y comunidades Indígenas para buscar protección de sus derechos, especialmente los relacionados con la libre determinación y autonomía, así como con la defensa de su territorio frente los diferentes despojos que enfrentan. Los juicios promovidos por comunidades antes de la vigencia de la reforma constitucional mencionada, fueron utilizando los procedimientos previstos en la Ley Agraria, e incluso la vía de prescripción adquisitiva prevista en el Código Civil, como lo hicieron comunidades de la Sierra Tarahumara que viven una situación particular.68
Un siguiente obstáculo es la realización de dictámenes o estudios ambientales que ayuden a probar las afectaciones sufridas y o que se podrían ocasionar por la construcción y operación de la obra (nexo causal), actividad o megaproyecto, ya que este tipo de estudios son difíciles de realizar y además son costosos.70 Un aspecto que es importante resaltar sobre la violación de los derechos de los Pueblos, es que en los juicios en que intervienen, tienen que desahogar pruebas en materia de antropología social, a fin de demostrar su pertinencia cultural e inclusive se les exige demuestren que pertenecen a un pueblo indígena, violando con ello el derecho que tienen a la autodefinición y adscripción reconocido por el Artículo 1.2 del Convenio 169 de la OIT y el Artículo 2º de la Constitución.
Lo mismo ocurrió en el Juicio de Amparo de tres comunidades del Pueblo Tutunaku en contra del del Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 que pretende imponerse en la Sierra Norte de Puebla,79 en el que el Juez Segundo de Distrito de Amparo en materia administrativa, Lic. Eduardo León Sandoval otorgó también la suspensión del citado proyecto en tanto se dicta sentencia. Tiempo después, el Juzgador salió también del tribunal sin que se diera mayor explicación al respecto.
Monseñor Raúl Vera ha denunciado a los centros de reclusión en el país como centros de exterminio. En Chiapas, lo cierto es que existe una situación estructural de discriminación contra personas indígenas detenidas. Los casos enviados mediante llamadas telefónicas, cartas, y de modo personal de familiares de las víctimas describen una situación preocupante violatoria a los derechos humanos. Desde la tortura a las personas indígenas detenidas, a violaciones al debido proceso, violaciones a las garantías judiciales como falta de traductores en sus idiomas, presencia real de abogados defensores, así como imposición de trabajos forzados, extorsión, amenazas de muerte, agresiones físicas y psicológicas para el control de población e incluso autogobierno.
Es sin duda en el análisis sobre el acceso a derechos económicos, sociales y culturales donde es más visible la situación de exclusión y discriminación hacia los pueblos y comunidades indígenas por parte del Estado y otros agentes involucrados en el respeto a estos derechos. En el estado de Chiapas, por ejemplo, la situación de conflicto social se complementa por la ausencia de la capacidad del Estado mexicano de garantizar la inclusión de las demandas básicas de los pueblos indígenas a su estructura institucional; apartando a las comunidades de sus derechos fundamentales como acceso a la justicia, a derechos laborales y a la salud y a la no discriminación racial, cultural y de género.
Lo anterior nos permite suponer que en la Sierra Tarahumara ocurren más casos de muerte materna de los que la estadística oficial reporta, ya que no se cuenta con acceso oportuno a los servicios de salud.En el tema de sobrevivencia infantil la Tarahumara ocupa el último lugar de todas las regiones indígenas del país y el penúltimo lugar en el índice de educación; esto es: Chihuahua es la entidad de la república con mayores brechas interétnicas en sobrevivencia infantil: en nuestro estado los niños y niñas indígenas tienen 30.4% menos posibilidades de sobrevivir que las niñas y niños no indígenas. Mientras que en “la mayoría de las regiones [indígenas] el índice de sobrevivencia infantil es 10% a 16% inferior en los indígenas, respecto a la población no indígena” (PNUD-CDI, 2006: 185), en la Sierra Tarahumara esta diferencia alcanza el 34.3%, ocupando el último lugar en el contexto nacional. El índice de sobrevivencia infantil para población no indígena de la Sierra Tarahumara es también el más bajo de las 25 regiones indígenas del país.
En este contexto de violaciones de derechos humanos, de impunidad y de corrupción, resulta además que México es un país peligroso para las personas defensoras de los derechos ambientales, ya que quienes realizan labores de defensa de estos derechos, incluyendo otros derechos relacionados como son el derecho a la salud, a la vivienda, a la información y participación sufre un riesgo alto de agresiones y ataques. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) ha monitoreado del año 2010 a julio de 2016 un total de 303 casos de ataques a estas personas defensoras de derechos humanos. En el periodo de julio de 2015 a junio de 2016 correspondiente al análisis del último informe del CEMDA se registraron 63 casos de ataques a personas defensoras de derechos humanos ambientales en México, mostrando una persistencia y continuidad de las agresiones a las personas defensoras de estos derechos. Las entidades federativas con los números más altos de agresiones a defensores ambientales, y por lo tanto con mayor riesgo para ejercer esta actividad, son el Estado de México, Sonora, Oaxaca, Puebla, Colima y Campeche. En estos seis estados se concentran más de dos terceras partes de las agresiones registradas (43 casos), siendo las más comunes las dirigidas a personas en lo individual (139), puesto que las agresiones a organizaciones de la sociedad civil y comunidades se efectúan en una cantidad menor.
Cabe señalar que las Procuradurías a nivel local ni federal investigan de manera diligente las agresiones a las que son víctimas las personas defensoras dejando estos hechos en la impunidad y mandando un mensaje de que las mismas pueden cometerse al no haber sanción alguna. De ahí que el Estado mexicano debe abstenerse de intervenir en el ejercicio de los derechos de las y los defensores ambientales y, al mismo tiempo, debe realizar todo lo que esté a su alcance para hacer que esta labor pueda ejercerse de manera libre. El papel del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en la protección de personas defensoras de los derechos humanos ambientales ha sido limitado en virtud de los recursos materiales y humanos; además, este organismo no puede resolver las situaciones de fondo que provocan la conflictividad social y ambiental. Es importante mencionar que existe una gran desconfianza de las personas defensoras de ingresar al Mecanismo y sea el Estado quien les brinde protección cuando este actor es al que identifican muchas veces como su agresor y como el que violenta sus derechos colectivos83.
En los casos a que se refiere el presente informe han ocurrido diferentes afectaciones a causa de la defensa que las comunidades y pueblos están haciendo de sus derechos, principalmente, de sus territorios y bienes naturales. En el caso Presa Hidroeléctrica Las Cruces hubo varios intentos de intimidación, de persecución por parte de gente encapuchada. Hay persecución hacia los líderes, tentativa de debilitar al movimiento y hasta hubo un asesinato; en el caso Violación a los derechos de comunidades equiparables a pueblos indígenas en Jalacingo, en 2015, la representante común en el juicio de amparo recibió amenazas por parte del presidente municipal de Jalacingo, quien estaba a favor del proyecto y de las empresas; en el caso Energía Eólica del Sur, existen múltiples agresiones y ataques a personas defensoras, principalmente a los líderes que exigen el respeto de sus derechos como comunidad indígena, agresiones que se intensificaron cuando la comunidad presentó el amparo, cuando el juez ordenó la suspensión del proyecto y en el proceso de consulta indígena, al día de hoy las amenazas continúan; en el caso Acueducto Independencia, las agresiones por la defensa sus derechos colectivos han sido constantes para las personas de la Tribu Yaqui, tales como criminalización a sus principales voceros, agresiones físicas, amenazas, incluso a sus familias, así como enfrentamientos y hostigamientos por grupos armados en territorio de la Tribu; en los casos de las comunidades rarámuri de la Sierra Tarahumara, ha habido asesinatos y desplazamiento contra representantes y defensores comunitarios de las comunidades de Choréachi y Coloradas de la Virgen, varios más se encuentran amenazados, incluyendo representantes de Alianza Sierra Madre, A. C., organización no gubernamental que acompaña a las comunidades.84 Asimismo, derivado del caso Proyecto Turístico Barrancas del Cobre y de la lucha jurídica que libró la comunidad de Bosques de San Elías Repechique contra el aeropuerto construido sobre su territorio, se han generado calumnias y amenazas en contra de representantes comunitarios y el Gobierno del Estado de Chihuahua, durante la administración del Gobernador Javier Duarte, desplegó formas de difamación y hostigamiento contra Consultoría Técnica Comunitaria, A. C., organización que acompaña a las comunidades afectadas por el proyecto turístico, manteniendo abierta durante varios años una auditoría mediante la cual fiscalizaba sus ingresos y egresos.
Con las nuevas leyes energéticas del 2014, el Estado promueve la instalación de presas hidroeléctricas para la generación de electricidad, por empresas particulares en una gran cantidad de ríos. La mayoría de pueblos indígenas después de haber sufrido los efectos de la instalación de hidroeléctricas a mediados del siglo pasado se oponen fuertemente a su construcción. Las grandes hidroeléctricas inundan pueblos enteros, expulsan a las poblaciones y las relocalizan en sitios que no son su tierra natal y en donde no tienen una historia en el lugar. Las mini hidroeléctricas, aunque menos invasivas despojan a los pueblos del río que es parte de su cultura, construyen obras que afean el paisaje y tiran una gran cantidad de árboles para la distribución de la energía generada. También afectan el ecosistema, las zonas de cultivos, la existencia de peces y moluscos. Los pueblos chinantecos, mazatecos, mixes, zapotecos y zoques de Oaxaca; los nahuas, totonacos, otomíes y tepehuas de Puebla; los popolucas, totonacos y nahuas de Veracruz; los coras de Nayarit, los zoques de Chiapas, por mencionar sólo algunos, luchan en contra de la instalación de estos proyectos en los ríos que son parte de su territorio.
Las comunidades rurales e indígenas en México enfrentan muchos obstáculos - estructurales e institucionales- para acceder a información de cualquier naturaleza, incluyendo la información que está en poder del gobierno. La "brecha digital" así como la discriminación basada en la clase social, el género, la etnia o el área de residencia son factores determinantes sobre quién puede ejercer el derecho de acceso a la información. Estas desigualdades se ven exacerbadas por el Sistema Nacional de Transparencia (SNT) que no prevé los obstáculos a los que se enfrentan las personas y las comunidades en situación de marginalidad en el ejercicio de sus derechos. El SNT privilegia a aquellos que están conectados digitalmente, son urbanos y educados, y relega a los que carecen de ese privilegio a una posición en la que el ejercicio del derecho de acceso a la información no es viable. Al responder o realizar las solicitudes de información, no se presta asistencia técnica ni ningún mecanismo de apoyo con la finalidad de facilitar la formulación de las mismas y de garantizar que estén dirigidas a los órganos de gobierno apropiados.
VI. Adoptar de medidas con enfoque diferencial, que garanticen la participación de la mujer indígena en los procesos de toma de decisión, así como medidas especiales para su protección./
VII. Garantizar el mejoramiento de las condiciones económicas y sociales de los pueblos indígenas, entre otras esferas, en la educación, el empleo, la capacitación y el readiestramiento profesionales, la vivienda, el saneamiento, la salud y la seguridad social.
Alerta Temprana Red, Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. (Limeddh), Fundación Diego Lucero A.C., Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (AFADEM FEDEFAM), Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), el Observatorio Nacional de Prisiones México (ONP México), la Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos (RUMODH), el Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo A.C., la Asociación de Derechos Humanos del Estado de México (ADHEM), Comité de Familiares de Personas desaparecidas en México, Alzando Voces y Comité de Defensa de Derechos Humanos CHOLOLLAN, Actuar Familiares contra la Tortura, Centro de Derechos Humanos “Antonio Esteban”, Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad (EN VERO), Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna A.C., Frente Mexicano Pro Derechos Humanos (FREMEXDEHU), Zihuame. Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa AC, Frente Indígena y Campesino de México (FICAM), Coordinadora Nacional Plan de Ayala, (CNPA MN), Organización Campesina Independiente de Oaxaca (OCIO), Defensa Estratégica en Derechos Humanos A.C. (CDEDH AC), Movimiento Campesino Regional Independiente (MOCRI - CNPA MN), Agencia Internacional de Prensa Indígena (AIPIN), Asociación Mexicana de Abogados del Pueblo (AMAP).
Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGO DH) Consejo
Tiyat Tlali en Defensa del Territorio.
Campeche, Chiapas, Querétaro, Hidalgo, San Luis Potosí, Sonora, Jalisco, Estado de México, Durango, Veracruz y Nayarit) se habían introducido modificaciones en las constituciones estatales, mismas que quedaron desactualizadas, mientras que algunos de los estados que lo hicieron con posterioridad (como en Durango, Jalisco, Puebla, Sinaloa, San Luis Potosí y Morelos) solamente trasladaron el contenido del artículo 2 constitucional a sus cuerpos constitucionales y delegaron el desarrollo de estos derechos a leyes secundarias. Cfr. López Bárcenas, Francisco, Legislación y derechos indígenas en México, “CEDRESSA”, Cámara de Diputados, México, 2009, apartado sobre “Los derechos indígenas en las legislaciones estatales”, pp. 152-180.
43 La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas señala que administra actualmente 182 áreas naturales de carácter federal que representan 90,839,521.55 hectáreas del territorio nacional y apoya 384 Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación, con una superficie de 413,103 hectáreas. Información disponible en: http://sig.conanp.gob.mx/website/pagsig/datos_anp.
44 CNDH, Recomendación General número 26, Falta y/o actualización de los programas de manejo en las ANP de carácter federal y su relación con el goce y disfrute de diversos derechos humanos párrafo 228, 13 de abril de 2016.
65 Artículos 45, 109, 110, 113 fracción II y 420 respectivamente, del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado el 5 de marzo de 2014. Este último artículo establece que: [C]uando se trate de delitos que afecten bienes jurídicos propios de un pueblo o comunidad indígena o bienes personales de alguno de sus miembros, y tanto el imputado como la víctima, o en su caso sus familiares, acepten el modo en el que la comunidad, conforme a sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos proponga resolver el conflicto, se declarará la extinción de la acción penal, salvo en los casos en que la solución no considere la perspectiva de género, afecte la dignidad de las personas, el interés superior de los niños y las niñas o del derecho a una vida libre de violencia hacia la mujer. En estos casos, cualquier miembro de la comunidad indígena podrá solicitar que así se declare ante el Juez competente.
un resultado parcialmente favorable debido a que, en su sentencia, la SCJN sobreseyó el amparo en lo relativo al reclamo de falta de consulta para aprobar y constituir el Fideicomiso. Por esa razón y por la falta de aplicación de los estándares internacionales en la constitución del Consejo consultivo y operación del mismo, las comunidades de Huitosachi, Mogótavo y Bacajípare han presentado una petición ante la CIDH, por violación a los derechos reconocidos en la CADH., ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sentencia dictada en el año 2012, declaró que se había violado su derecho a la consulta y ordenó a las partes en el fideicomiso la constitución del Consejo consultivo con la participación de Huitosachi y las demás comunidades afectadas por el proyecto. A cuatro años de que se dictó la sentencia, el Consejo consultivo no se ha constituido El Gobierno del Estado ha preferido tener un Consejo ciudadano regulado por la Ley Estatal de Turismo, en cuyas ﬁnalidades no está la solución de los planteados hasta ahora por las Comunidades en las 13 reuniones que se han llevado a cabo a partir de que se dictó la sentencia por parte de la SCJN. por lo que continúa sin garantizarse el derecho a la consulta de las Comunidades y los componentes del proyecto ya se encuentran operando.
aprovechamiento forestal otorgado a Coloradas de los Chávez y por el reconocimiento de sus derechos ancestrales al territorio, fueron asesinadas dos personas de la comunidad de Choréachi que desempeñaban un papel activo en la lucha por su territorio. Tal situación les obligó a solicitar medidas cautelares ante la CIDH para uno de los líderes amenazados y para una de las viudas, con sus respectivos núcleos familiares. A raíz de los homicidios, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares dentro del procedimiento identiﬁcado como MC-60-14. Coloradas de la Virgen también ha enfrentado hostigamiento y amenazas de muerte contra sus autoridades tradicionales y de los principales liderazgos comunitarios a causa de su lucha por el respeto de sus derechos territoriales y recursos naturales. Tales amenazas han sido dirigidas también en contra del personal de Alianza Sierra Madre A.C (ASMAC), lo que les obligó a acudir al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos del Gobierno mexicano. Durante el primer semestre de 2016 han sido asesinadas tres miembros de la Comunidad y un líder comunitario, dos de ellos eran parte en el juicio agrario antes mencionado. En los dos casos, los agresores son los que intentan despojar del territorio y recursos forestales a los indígenas. Tanto en Coloradas de la Virgen, como en Choréachi, están ligados a la delincuencia organizada y utilizan a sus grupos armados, para intimidar y sembrar el terror entre sus habitantes, provocando con ello el desplazamiento forzado de representantes de ambas comunidades. En Choréachi, una constante es la impunidad de los responsables de privación de la vida de Jaime Subías Ceballos y Socorro Ayala, ocurridos en septiembre y noviembre de 2013, respectivamente.74 Mientras que en Coloradas de la Virgen permanece impune el asesinato de Víctor Carrillo, hijo de uno de los representantes de la Comunidad en la lucha por su territorio,75 así como el asesinato de Elpidio Torres Molina, uno de los representantes de la Comunidad en el juicio agrario que se tramita en el expediente número 374/2009, ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 5, quien además desempeñaba el cargo de Comisario de Policía de la propia Comunidad.
Posted by chantlaca at 7:30 PM
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