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Timestamp: 2017-04-27 03:15:40
Document Index: 262839767

Matched Legal Cases: ['artículo\n200', 'artículo 236', 'artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 19', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'artículo 200', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 64', 'Artículo 66', 'Artículo 67', 'Artículo 68', 'Artículo 69', 'Artículo 71', 'Artículo 72', 'Artículo 74', 'artículo 937', 'artículo 857', 'Artículo 75', 'artículo 1369', 'Artículo 76', 'Artículo 77', 'Artículo 79', 'Artículo 80', 'Artículo 81', 'Artículo 82', 'Artículo 83', 'Artículo 84', 'Artículo 85', 'Artículo 86', 'Artículo 87', 'Artículo 90', 'Artículo 91', 'Artículo 92', 'Artículo 93', 'Artículo 94', 'Artículo 95', 'Artículo 96']

DEL DECRETO CON FUERZA DE LEY DE REGISTRO PUBLICO Y DEL NOTARIADO
Con la Constitución Bolivariana se abre un camino para modernizar las instituciones del sector público
y esa apertura nos ofrece todas las posibilidades de adaptación del ordenamiento jurídico a los notables cambios de hoy, entre
ellas el acceso a las nuevas tecnologías para alcanzar la automatización. Esto significa darle prioridad a la seguridad jurídica
en aquellos espacios institucionales que requieren con urgencia cambios profundos en el orden estructural, político, económico
y social. Uno de esos ámbitos institucionales es el actual sistema registral y notarial venezolano, signado por la idea
y la práctica tradicional de coleccionar manualmente en libros o protocolos los documentos que sirven para constituir, modificar
o extinguir los derechos inscribibles de los ciudadanos. En este sistema todo viene organizado según los nombres de los propietarios,
pero se siente la vulnerabilidad de todas aquellas transacciones relacionadas con el tráfico de bienes y derechos reales,
pues están expuestos a la alteración y forjamiento, a la doble titulación y a los peligros de la simulación. Asimismo, la
desvinculación existente entre los registros de inmuebles y un sistema catastral no permite mantener una base de datos con
la información territorial indispensable para la planificación y el desarrollo de la riqueza nacional.
De igual forma, la función notarial ha quedado marcadamente rezagada desde el punto de vista jurídico conceptual,
limitando la actividad de los notarios a la autenticación de firmas en documentos privados. Las corrientes doctrinales imperantes
elevan la función que deben desempeñar los notarios públicos, convirtiéndolos en garantes de la seguridad jurídica de los
actos y negocios que se realizan entre los particulares y entre éstos y el Estado.La Asamblea Nacional autorizó al
Poder Ejecutivo para que dicte normas y procedimientos, en el marco de la Ley Habilitante, orientadas a la automatización
de los procesos registrales y notariales y aquellos que otorguen seguridad jurídica y garanticen los principios de libertad
contractual y de legalidad de los derechos de las personas, de los actos, de los contratos y negocios jurídicos, de las sociedades
mercantiles y de los bienes sometidos al régimen de publicidad en los registros y notarías.
Modernización conceptual de las instituciones registrales. Con fundamento en el diagnóstico sobre el estado
actual del sistema registral y notarial de Venezuela, el Ejecutivo Nacional ha determinado que el principal escollo se encuentra
en su marco jurídico conceptual, dado que no contempla mecanismos dinámicos y eficientes que garanticen una verdadera publicidad
de los bienes registrados y una adecuada seguridad jurídica de los mismos.
El propósito fundamental de los Registros y Notarías es garantizar, mediante la publicidad registral, la certeza
y la seguridad jurídica de los bienes o derechos inscritos, otorgándoles la presunción de verdad legal, oponible a terceros.
Los asientos registrales están bajo la salvaguarda de los Tribunales y producen todos sus efectos mientras no se declare su
inexactitud. Para alcanzar tales objetivos, la normativa incorpora los siguientes conceptos:
a. El sistema de folio real. Es indispensable adoptar el método de inscripción como sistema de registro que
consiste en realizar un resumen de cada acto o negocio jurídico registrable e insertarlo en asientos digitables que constituyen
el tracto sucesivo de los bienes y derechos reales inscritos. Esto permite que la información registral se encuentre actualizada
permanentemente, sin necesidad de recurrir al estudio de todos los antecedentes desde su constitución. A este sistema se le
denomina doctrinariamente sistema registral de folio real.
Tomando en cuenta que el sistema de folio real únicamente se puede aplicar a los inmuebles y derechos reales
una vez que se hayan actualizado los catastros municipales, se adoptó un principio flexible conforme al cual el sistema de
folio real se pondrá en práctica, progresivamente, cuando los catastros permitan al Ministerio del Interior y Justicia impartir
la orden correspondiente a través de una Resolución.
b. El sistema de folio personal. Este sistema se adopta para el Registro Mercantil y para el Registro Civil
porque en ambos casos se está ante un registro de personas y resulta inaplicable el sistema de folio real.
c. Función registral especializada por materia. Para una organización y administración eficiente de la jurisdicción
registral administrativa, es indispensable que cada Registro conozca de una materia especializada, sea inmobiliaria, mercantil
d. Asignación de número de matrícula a cada bien y derecho inscrito. Cada bien o derecho inscrito se identificará
de manera inequívoca asignándole una matrícula que se conformará tanto por números como por letras en orden consecutivo ascendente.
De esta forma se sustituirá en materia inmobiliaria el sistema de folio personal actualmente vigente. e. Uso de las nuevas tecnologías de la información. Se considera de interés público el uso de medios tecnológicos
en la función registral y notarial para que los trámites de recepción, inscripción y publicidad de los documentos sean practicados
con celeridad, sin menoscabo de la seguridad jurídica. La Ley establece que los asientos registrales y la información registral
emanada de los soportes electrónicos del sistema registral venezolano surtirán todos los efectos jurídicos que corresponden
a los documentos públicos.
f. La accesibilidad económica a los servicios registrales y notariales. Para que la revisión conceptual y
los adelantos tecnológicos surtan los efectos de fortalecimiento de la función social que representa la seguridad jurídica,
es preciso que los aranceles que paguen los usuarios por los servicios registrales y notariales respondan a una permanente
atención y examen cuidadoso de la estructura de costos de esos servicios.
La modernización de los servicios registrales y notariales implica alcanzar los siguientes objetivos, previstos
en la normativa propuesta:
1. Creación del Registro Inmobiliario. El Registro Inmobiliario tiene por objeto dar seguridad jurídica y
publicidad registral a la inscripción y anotación de los actos y contratos relativos a los atributos del dominio y demás derechos
reales que afectan los bienes inmuebles. Para que su inscripción surta efectos oponibles frente a terceros, los derechos inmobiliarios
deberán inscribirse en la jurisdicción registral que corresponda al inmueble.
2. Reestructuración de los Registros Mercantiles. Actualmente los Registros Mercantiles no cuentan con una
legislación propia que establezca sus procedimientos registrales y, además, sus competencias se encuentran dispersas en otras
instituciones, como es el caso de los Registros Subalternos. De acuerdo con la propuesta de Ley, el Registro Mercantil se
organizará y estructurará de manera que en él se inscriban aquellos actos previstos en la Ley mediante los cuales se constituyan,
modifiquen o se extingan las condiciones legales de los comerciantes, las sociedades mercantiles y demás sujetos señalados,
así como los actos y contratos relativos a los mismos. También se desarrolla en esta normativa el parágrafo único del artículo
200 del Código de Comercio, que ha sido letra muerta desde su incorporación en 1955, para poner en práctica un sistema mínimo
de control de la constitución y funcionamiento de las sociedades mercantiles, otorgando al Registrador Mercantil facultades
para evitar que se constituyan sociedades con capital insuficiente o que los aportes sean fraudulentamente inflados para engañar
al público con capitales inexistentes. También se adoptan normas para resolver controversias doctrinales y jurisprudenciales
respecto a varias materias.
3. Creación del Registro Civil. En el Registro Civil deben aparecer inscritos todos los ciudadanos venezolanos
y las afectaciones al estado civil en cuanto al nacimiento, el matrimonio y la defunción. Estas inscripciones se practicarán
con fundamento en los documentos que expidan los órganos que por Ley actúen como auxiliares. Se incorpora al Registro Civil
la inscripción de las sociedades y asociaciones civiles, fundaciones y corporaciones de carácter privado, las cuales han sido
trasladadas desde el antiguo Registro Subalterno, convertido ahora en registro inmobiliario puro. El Registro Civil mantendrá
un registro de los ciudadanos venezolanos mayores de edad en ejercicio de sus derecho electorales y esa información será puesta
a disposición del Consejo Nacional Electoral, cuando así lo requiera ese órgano constitucional.
4. Automatizar los procedimientos y Sistemas Registrales y Notariales. Se ha previsto como medida prioritaria
la implantación de un sistema automatizado, tanto para la gestión jurídica registral como para la gestión contable y administrativa,
que requieren los procesos institucionales.
5. Ampliación del Sistema Notarial. El notariado es una función pública que el Estado puede delegar en los
abogados que cumplen los requisitos establecidos en la Ley. Los notarios están autorizados para otorgar autenticidad a los
hechos o actos jurídicos ocurridos en su presencia física o a través de medios electrónicos, indicando en este último caso
los instrumentos mediante los cuales le otorga presunción de certeza al acto.
6. Capacitación de los Funcionarios Registrales y Notarios Públicos. En virtud de la innovación de los procedimientos
que introduce la automatización de los procesos registrales y notariales, corresponde al servicio autónomo de la Dirección
Nacional de Registros y del Notariado velar por la capacitación técnica, formación jurídica y la especialización profesional
de estos funcionarios. En tal sentido la normativa propuesta prevé que el Ministerio del Interior y Justicia, en coordinación
con el Ministerio de Educación, Cultura Deportes, promoverá la incorporación de la materia registral y notarial en los pensa
de estudios de las universidades e institutos de formación técnica, así como la capacitación continua de los registradores
y notarios en instituciones especializadas.
El proceso de reforma registral se iniciará a partir de la promulgación de este Decreto Ley con el registro
Inmobiliario. Le sucederán el Registro Mercantil y el Registro Civil, pero esto no impide que el Ministro del Interior y Justicia
ordene la reforma y modernización simultánea de varios tipos de registro. Igual sucederá con la entrada en vigencia del nuevo
notariado. Lo importante es que no debe transcurrir en ningún caso más de dos años entre el inicio de cada uno de los procesos
de modernización previstos. De igual manera se fija el plazo de dos años, a partir de la publicación en la Gaceta Oficial
de la designación de la Comisión Coordinadora, para el llamado a concurso de oposición de la personas que ocuparán los cargos
de registradores y notarios.
Este Decreto Ley constituye un cuerpo normativo que incorpora al ordenamiento jurídico venezolano los principios
modernos que se requieren para instaurar la seguridad jurídica en las instituciones registrales y revitalizar el ejercicio
de la función notarial. Ello solamente podrá lograrse con una visión congruente del ámbito de la seguridad jurídica patrimonial,
civil y pública para estar en el marco de los países de vanguardia en procesos registrales y notariales automatizados.HUGO
CHAVEZ FRIASPresidente de la República
En ejercicio de la atribución que le confiere el numeral 8 del artículo 236 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela y de conformidad con lo dispuesto en el literal f, numeral 4, del artículo 1° de la Ley No. 4 que
Autoriza al Presidente de la República para Dictar Decretos con Fuerza de Ley en las Materias que se Delegan, publicada en
la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 37.076, de fecha 13 de noviembre del año 2000, en Consejo de
Artículo 1°. El Objeto de este Decreto Ley es regular la organización, el funcionamiento, la administración
y las competencias de los registros y de las notarías.
Finalidad y medios electrónicos Artículo 2°. Este Decreto Ley tiene como finalidad garantizar la seguridad jurídica, la libertad contractual
y el principio de legalidad de los actos o negocios jurídicos, bienes y derechos reales, mediante la automatización progresiva
de sus procesos registrales y notariales.
Para el cumplimiento de las funciones registrales y notariales, de las formalidades y solemnidades de los
actos o negocios jurídicos, podrán aplicarse los mecanismos y la utilización de los medios electrónicos consagrados en la
Artículo 3°. Todo documento que se presente ante los Registros y Notarías, deberá ser redactado y tener el
visto bueno de abogado debidamente colegiado y autorizado para el libre ejercicio profesional.
Artículo 4°. Todos los soportes físicos del sistema registral y notarial actual se digitalizarán y se transferirán
progresivamente a las bases de datos correspondientes.
Artículo 5°. La firma electrónica de los Registradores y Notarios tendrá la misma validez y eficacia probatoria
que la ley otorga a la firma autógrafa.
Artículo 6°. EL Ministerio del Interior y Justicia, en coordinación con el Ministerio de Educación, Cultura
y Deportes, promoverá la incorporación de la materia registral y notarial en los pensa de estudios de institutos de formación
técnica y universitaria, así como la capacitación continua de los Registradores y Notarios en instituciones especializadas.
Artículo 7°. Con el fin de garantizar el fiel cumplimiento de su función, los Registros deberán observar en
sus procedimientos los principios registrales enunciados en el presente Decreto Ley.
Artículo 8°. La presentación de un documento dará por iniciado el procedimiento registral, el cual deberá
ser impulsado de oficio hasta su conclusión, siempre que haya sido debidamente admitido.
Artículo 9°. Todo documento que ingrese al Registro deberá inscribirse con prelación a cualquier otro título
presentado posteriormente.
Artículo 10. Los bienes y derechos inscritos en el Registro deberán estar definidos y precisados respecto
a su titularidad, naturaleza, contenido y limitaciones.
Artículo 11. De los asientos existentes en el Registro, relativos a un mismo bien, deberá resultar una perfecta
secuencia y encadenamiento de las titularidades del dominio y de los demás derechos registrados, así como la correlación entre
las inscripciones y sus modificaciones, cancelaciones y extinciones.
Artículo 12. Sólo se inscribirán en el Registro los títulos que reúnan los requisitos de fondo y forma establecidos
Artículo 13. La fe pública registral protege la verosimilitud y certeza jurídica que muestran sus asientos.
La información contenida en los asientos de los Registros es pública y puede ser consultada por cualquier persona.
Artículo 14. Se crea la Dirección Nacional de Registros y del Notariado como servicio autónomo, sin personalidad
jurídica, que depende jerárquicamente del Ministro del Interior y Justicia. El titular del servicio autónomo es el Director
Nacional de Registros y del Notariado.
1. La integración y fuentes ordinarias de ingresos.
2. El grado de autonomía presupuestaria, administrativa, financiera y de gestión.
3. Los mecanismos de control a los cuales quedará sometido.
4. El destino que se dará a los ingresos obtenidos en el ejercicio de la actividad y el de los excedentes
al final del ejercicio fiscal.
5. La forma de designación del titular que ejercerá la dirección y administración, y el rango de su respectivo
Artículo 15. El Presidente de la República, en Consejo de Ministros, a solicitud del Ministro del Interior
y Justicia, fijará los aranceles que cancelarán los usuarios por los servicios registrales y notariales, de conformidad con
el estudio de la estructura de costos de producción de cada proceso registral y notarial.
Las operaciones registrales y notariales y la recaudación de los respectivos aranceles se efectuarán mediante
sistemas automatizados. Régimen funcionarial
Artículo 16. Los Registradores y Notarios, así como los funcionarios de sus respectivas dependencias ocupan
cargos de confianza y por lo tanto son de libre nombramiento y remoción, de conformidad con lo establecido en el presente
Decreto Ley y en el reglamento correspondiente.
Artículo 17. Cada Registro estará a cargo de un Registrador Titular, quien será responsable del funcionamiento
de su dependencia. La elección de los Registradores Titulares se efectuará mediante concurso de oposición para cada especialidad
registral, conforme a lo establecido en el reglamento correspondiente, y su nombramiento estará a cargo del Ministro del Interior
3. Los demás deberes que la ley les imponga. Responsabilidad y fianza
Artículo 19. El Registrador Titular responderá disciplinaria, administrativa, civil y penalmente por sus actos.
Para entrar en posesión de su cargo, el Registrador Titular deberá prestar fianza bancaria o de empresa de seguros, a favor
de la República y a satisfacción del Servicio Autónomo. Prohibiciones
1. Calificar documentos en los cuales sean parte directa o indirectamente, así como aquellos en los que aparezcan
su cónyuge, ascendientes, descendientes o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad como interesados,
presentantes, representantes o apoderados. 2. Redactar documentos por encargo de particulares.
3. Ejercer cualquier profesión o actividad remunerada, a excepción de los supuestos establecidos en el Reglamento
del presente Decreto Ley.
4. Autorizar la inscripción de documentos cuando existan medidas cautelares o de aseguramiento de bienes.
5. Tramitar documentos que no hayan cancelado los tributos correspondientes.
6. Las demás establecidas en la ley. Suplente
Artículo 21. La Dirección Nacional de Registros y del Notariado designará un Registrador Suplente para que
sustituya al Titular en las ausencias temporales. El Registrador Suplente deberá cumplir los mismos requisitos que se establecen
para los Registradores Titulares.
Artículo 22. Cada Registro podrá tener Registradores Auxiliares para cumplir las funciones que le delegue
el Registrador Titular, de conformidad con lo establecido en el Reglamento del presente Decreto Ley.
Los Registradores Auxiliares tendrán las mismas incompatibilidades, prohibiciones, responsabilidades y obligaciones
establecidas para los Registradores Titulares.
Artículo 23. La misión de los Registros es garantizar la seguridad jurídica de los actos y de los derechos
inscritos, con respecto a terceros, mediante la publicidad registral.
Artículo 24. La publicidad registral reside en las bases de datos del sistema automatizado de los Registros,
en la documentación archivada que de ellas emanen y en las certificaciones que se expidan. Efectos jurídicos
Artículo 25. Los asientos e información registrales contenidos y emanados oficialmente del sistema registral
surtirán todos los efectos jurídicos que corresponden a los documentos públicos. Valor fiscal de los bienes inscritos
Artículo 26. Los Registros podrán actualizar de oficio el valor fiscal de los bienes inscritos, cuando a ese
efecto el Ministerio correspondiente y las Oficinas de Catastro de los Municipios del país, en su caso, remitan esos datos
Artículo 27. La organización de los Registros es responsabilidad del Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio
del Interior y Justicia, a través de la Dirección Nacional de Registros y del Notariado.
Artículo 28. En el Distrito Metropolitano de Caracas funcionarán las bases de datos que consolidarán y respaldarán
la información de todas las materias registrales correspondientes a los Registros del país, sin perjuicio de los respaldos
que se puedan establecer en otras entidades a los fines de salvaguardar la información contenida en la base de datos nacional.
Artículo 29. La Dirección Nacional de Registros y del Notariado determinará las entidades regionales donde
se mantendrán las bases de datos que consolidarán y respaldarán la información de todas las materias correspondientes a los
Registros. Cada Registro mantendrá un sistema de información donde residirán los datos de su especialidad registral y los
demás que señale el Reglamento del presente Decreto Ley.
Artículo 30. Las imágenes de los testimonios notariales y de los documentos judiciales y administrativos que
ingresan al Registro serán digitalizadas y relacionadas tecnológicamente por el sistema. Estas imágenes serán incorporadas
en la base de datos y podrán ser consultadas de manera simultánea con los asientos registrales relacionados.
Artículo 31. Los sistemas, programas, aplicaciones y demás componentes informáticos que sirven de plataforma
tecnológica a la operación registral en todo el país, en sus vertientes jurídicas, administrativas, contables y de comunicaciones,
son propiedad de la República. Solamente serán permitidos aquellos cambios y usos de otros sistemas de información autorizados
por la Dirección Nacional de Registros y del Notariado.
Artículo 32. En las zonas urbanas o rurales donde existan levantamientos catastrales, las inscripciones de
bienes y de derechos se practicarán de conformidad con el sistema denominado folio real, de manera que los asientos electrónicos
registrales tendrán por objeto los bienes y no sus propietarios.
En las zonas urbanas o rurales donde no existan levantamientos catastrales, las inscripciones de bienes y
derechos se practicarán conforme al sistema denominado folio personal.
Artículo 33. Las inscripciones de bienes y de derechos se identificarán con un número de matrícula y se practicarán
en asientos automatizados que deben mostrar de manera simultánea toda la información vigente que sea relevante para la identificación
y descripción del derecho o del bien, la determinación de los propietarios y las limitaciones, condiciones y gravámenes que
Artículo 34. Para la identificación de los bienes y de los derechos inscritos, el sistema registral asignará
matrículas en orden consecutivo ascendente de manera automatizada, sin que estas matrículas puedan usarse nuevamente hasta
tanto el asiento registral de ese bien o derecho se haya extinguido o cancelado. La matrícula podrá ser alfanumérica, según
las necesidades de clasificación de los bienes y los derechos que rijan la materia registral.
Artículo 35. La recepción, identificación y anotación de los documentos, la digitalización de imágenes, la
verificación del pago de tributos, la determinación de la clase y cantidad de operaciones, así como la automatización de estos
procesos serán desarrolladas en el Reglamento del presente Decreto Ley. Devolución de los documentos inscritos
Artículo 36. Los documentos serán devueltos al interesado una vez que sean debidamente inscritos. El Registrador
hará constar los datos relativos a su inscripción.
Artículo 37. El Registrador expedirá certificaciones sobre todos los actos y derechos inscritos, su descripción,
propietarios, gravámenes, cargas legales y demás datos. CAPITULO IV
Artículo 39. En caso de que el Registrador rechace o niegue la inscripción de un documento o acto, el interesado
podrá intentar recurso jerárquico ante la Dirección Nacional de Registros y del Notariado, la cual deberá, mediante acto motivado
y dentro de un lapso no mayor a diez (10) días hábiles, confirmar la negativa o revocarla y ordenar la inscripción.
Si la Administración no se pronunciare dentro del plazo establecido se entenderá negado el recurso, sin perjuicio
de la responsabilidad del funcionario por su omisión injustificada.
El administrado podrá interponer recurso de reconsideración o acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa
para ejercer los recursos pertinentes. En caso de optar por la vía administrativa esta deberá agotarse íntegramente para poder
acudir a la vía jurisdiccional.
Artículo 40. Al momento de calificar los documentos, el Registrador Titular se limitará exclusivamente a lo
que se desprenda del título y a la información que conste en el Registro, y sus resoluciones no prejuzgarán sobre la validez
de título ni de las obligaciones que contenga.
Artículo 41. La inscripción no convalida los actos o negocios jurídicos inscritos que sean nulos o anulables
conforme a la Ley. Sin embargo, los asientos registrales en que consten esos actos o negocios jurídicos solamente podrán ser
anulados por sentencia definitivamente firme.
Artículo 42. Se anotarán las demandas y medidas cautelares sobre la propiedad de bienes y derechos determinados,
y cualesquiera otras sobre la propiedad de derechos reales, o en las que se pida la constitución, declaración, modificación
o extinción de cualquier derecho real sobre inmuebles.
Artículo 43. El Registro Inmobiliario tiene por objeto la inscripción y anotación de los actos o negocios
jurídicos relativos al dominio y demás derechos reales que afecten los bienes inmuebles. Además de los actos señalados con anterioridad y aquellos previstos en el Código Civil, en el Código de Comercio
y en otras leyes, en el Registro Inmobiliario se inscribirán también los siguientes actos: Los documentos que contengan declaración,
transmisión, limitación o gravámenes de la propiedad; todo contrato, declaración, transacción, partición, adjudicación, sentencia
ejecutoriada, o cualquier otro acto en el que se declare, reconozca, transmita, ceda o adjudique el dominio o propiedad de
bienes o derechos reales o el derecho de enfiteusis o usufructo; la constitución de hogar; los contratos, declaraciones, transacciones,
sentencias ejecutoriadas y otros actos que se establezcan sobre inmuebles, derechos de uso, habitación o servidumbre o se
constituyan anticresis, hipotecas o se divida, se traslade o reduzca alguno de esos derechos; los documentos que limiten de
cualquier manera la libre disposición de inmuebles; las declaraciones, los denuncios, los permisos, los contratos, los títulos,
las concesiones y los demás documentos que conforme a las leyes en materia de minas, hidrocarburos y demás minerales combustibles
deban registrarse; los contratos de opción para adquirir derechos sobre inmuebles; las donaciones cuando tengan por objeto
bienes inmuebles; y la separación de bienes entre cónyuges cuando tenga por objeto bienes inmuebles o derechos reales. Catastro
Artículo 44. El Catastro Municipal será fuente de información registral inmobiliaria. Requisitos mínimos
Artículo 45. Toda inscripción que se haga en el Registro Inmobiliario relativa a un inmueble o derecho real
2. Identificación completa de las personas naturales o jurídicas y de sus representantes legales. 3. Descripción del inmueble, con señalamiento de su ubicación física, medidas, linderos y número catastral.
4. Los gravámenes, cargas y limitaciones legales que pesen sobre el derecho que se inscriba o sobre el derecho
que se constituya en un nuevo asiento registral.
Artículo 46. En las siguientes inscripciones relativas al mismo inmueble no se repetirán los datos previstos
en el numeral 3 del artículo precedente, pero se hará referencia a las modificaciones que indique el nuevo título y del asiento
en que se encuentre la inscripción.
2. Identificación de la persona que lo presenta. 3. Naturaleza del acto jurídico que deba inscribirse.
Artículo 48. La organización del Registro Mercantil, que podrá estar integrada por registros mercantiles territoriales
y por un Registro Central, será definida en el reglamento correspondiente. Objeto Artículo 49. El Registro Mercantil tiene por objeto:
1. La inscripción de los comerciantes individuales y sociales y demás sujetos señalados por la ley, así como
la inscripción de los actos y contratos relativos a los mismos de conformidad con la ley.
2. La inscripción de los representantes o agentes comerciales de establecimientos públicos extranjeros o sociedades
mercantiles constituidas fuera del país, cuando hagan negocios en la República.
Artículo 50. La inscripción de un acto en el Registro Mercantil y su posterior publicación, cuando ésta es
requerida, crea una presunción iuris et de iure sobre el conocimiento universal del acto inscrito.
Artículo 51. La sola inscripción del comerciante individual en el Registro Mercantil permite presumir la cualidad
de comerciante. Esta presunción únicamente podrá ser desvirtuada por los terceros que tengan interés, con efectos para el
Artículo 52. La Dirección Nacional de Registro y del Notariado podrá crear boletines oficiales del Registro
Mercantil, en los cuales se podrán publicar los actos que el Código de Comercio ordena publicar en los periódicos. La publicación
realizada a través de estos boletines surtirá los mismos efectos legales. Su régimen de publicación, edición, distribución
y venta se define en el Reglamento del presente Decreto Ley.
Artículo 53. La acción para demandar la nulidad de una asamblea de accionistas de una sociedad anónima o de
una sociedad en comandita por acciones, así como para solicitar la nulidad de una reunión de socios de las otras sociedades
se extinguirá al vencimiento del lapso de un año, contado a partir de la publicación del acto registrado.
Artículo 54. Corresponde al Registrador Mercantil vigilar el cumplimiento de los requisitos legales establecidos
para la constitución y funcionamiento de las compañías anónimas y de las sociedades de responsabilidad limitada, de conformidad
con el parágrafo único del artículo 200 del Código de Comercio. A tal efecto, el Registrador Mercantil deberá cumplir, entre
otras, las siguientes obligaciones:
1. Rechazar la inscripción de las sociedades con capital insuficiente, aplicando criterios de razonabilidad
relacionados con el objeto social.
2. Asegurar que los aportes en especie tengan el valor declarado en el documento de constitución, en los aumentos
de capital, en las fusiones o en cualquier otro acto que implique cesión o aporte de bienes o derechos, a cuyo efecto se acompañará
un avalúo realizado por un perito independiente y colegiado.
3. Exigir la indicación de la dirección en donde tenga su asiento la sociedad, el cual se considerará su domicilio
a todos los efectos legales.
4. Homologar o rechazar el término de duración de la sociedad, respetando la manifestación de voluntad de
los socios, a menos que la duración sea estimada excesiva.
Artículo 56. Los actos sujetos a inscripción sólo serán oponibles a terceros de buena fe desde su publicación.La
falta de inscripción no podrá ser invocada por quien esté obligado a realizarla.
Artículo 57. Los registradores calificarán la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos cuya inscripción
se solicite, así como la capacidad y legitimación de los que otorguen o suscriban el documento presentado.
Artículo 58. El contenido del registro se presume exacto y válido, pero la inscripción no convalida los actos
y contratos nulos.
Artículo 59. La declaración de inexactitud o nulidad de los asientos del Registro Mercantil no perjudicará
los derechos de terceros de buena fe adquiridos conforme a derecho.
Artículo 60. El Registro Mercantil es público y cualquier persona puede obtener copia simple o certificada
de los asientos y documentos, así como tener acceso material e informático a los datos.
Artículo 61. En materia registral mercantil se aplicarán los principios del Registro Inmobiliario, en tanto
resulten compatibles con la naturaleza y con los fines de la publicidad mercantil.
Artículo 62. La organización del Registro Civil, que podrá estar integrada por registros civiles territoriales
y por un Registro Civil Central, será definida en el reglamento correspondiente. Actos registrables
1. Las partidas de nacimiento, matrimonio y defunción.
2. Las sentencias de divorcio.
3. La separación de cuerpos y bienes. 4. La nulidad de matrimonio. 5. Los reconocimientos de filiación
6. Las adopciones.
8. Las interdicciones e inhabilitaciones civiles.
10. La designación de tutores, curadores o consejos de tutela. 11. La sentencia que declare la ausencia o presunción de muerte.
12. Los títulos académicos, científicos y eclesiásticos y los despachos militares.
13. Los demás previstos en la ley.
Artículo 64. El Registro Civil, a través de una sección registral, inscribirá los actos de constitución, modificación,
prórroga y extinción de las sociedades civiles, asociaciones, fundaciones y corporaciones de carácter privado.
Artículo 66. Son responsables en su jurisdicción de informar al Registro Civil los nacimientos, matrimonios,
defunciones y todo hecho que afecte el estado civil de las personas:
1. Las Jefaturas Civiles.
2. Las Alcaldías.
3. Los Hospitales, Clínicas y Centros de Salud.
4. Los Consulados venezolanos.
5. Los Procuradores, Tribunales y Consejos del Niño y del Adolescente.
6. Las Instituciones Educativas.
7. Las Fuerza Armada Nacional, en cuanto corresponda a la emisión de Despachos Militares.
8. Los órganos de Seguridad Ciudadana.
9. Las demás que indique la ley.
Artículo 67. Los Notarios son funcionarios de la Dirección Nacional de Registros y del Notariado que tienen
la potestad de dar fé pública de los hechos o actos jurídicos ocurridos en su presencia física o a través de medios electrónicos,
indicando en este último caso los instrumentos mediante los cuales le otorga presunción de certeza al acto.
Artículo 68. Cada Notaría estará a cargo de un Notario, quien será responsable del funcionamiento de su dependencia.
La elección de los Notarios se efectuará mediante concurso de oposición, conforme a lo establecido en el reglamento correspondiente,
y su nombramiento estará a cargo del Ministro del Interior y Justicia.La remuneración de los Notarios será fijada por
Resolución del Misterio del Interior y Justicia.
Artículo 69. El Notario gozará de autonomía e independencia en el ejercicio de su función. El control disciplinario
de los Notarios es competencia de la Dirección Nacional de Registros y del Notariado, conforme a lo establecido en el reglamento
Artículo 71. Los requisitos para el ejercicio del cargo de Notario se establecen en el Reglamento del presente
Artículo 72. No podrán ejercer el Notariado:
1. Los militares en servicio activo, los ministros de los cultos, los dirigentes o activistas políticos. 2. Las personas con impedimento físico permanente que los imposibilite para el ejercicio de las funciones
3. Las personas en ejercicio privado de cualquier profesión, a excepción de los supuestos establecidos en
el Reglamento del presente Decreto Ley.
4. Los abogados en el libre ejercicio de su profesión.
5. Las personas declaradas en estado de atraso, quiebra o interdicción, mientras no sean rehabilitadas.
6. Las demás establecidas en la Ley.
1. Autorizar actos o negocios jurídicos en los que tengan interés personal, sus respectivos cónyuges y sus
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 2. Autorizar actos o negocios relativos a personas jurídicas o entidades en las que los parientes por consanguinidad
o afinidad mencionados en el numeral anterior, tengan o ejerzan cargos como directores, gerentes, administradores o representantes
3. Autorizar actos o negocios jurídicos en los que tengan interés los intérpretes o testigos instrumentales.
Competencia territorial Artículo 74. Los Notarios son competentes en el ámbito de su jurisdicción para dar fe pública de todos los
actos, hechos y declaraciones que autoricen con tal carácter, particularmente de los siguientes:
1. Documentos, contratos y demás negocios jurídicos, unilaterales, bilaterales y plurilaterales. 2. Poderes, sustituciones, renuncias y revocatorias, con excepción de las sustituciones, renuncias y revocatorias
que se efectúen en los expedientes judiciales.
3. Justificaciones para perpetua memoria, con excepción de lo señalado en el artículo 937 del Código de Procedimiento
4. Protestos de los títulos de crédito, de conformidad con lo previsto en el Código de Comercio.
5. Otorgamiento de testamentos abiertos, de conformidad con los artículos 852 al 856 del Código Civil.
6. Presentación y entrega de testamentos cerrados, con expresión de las formalidades requeridas en los numerales
1°, 2° y 3° del artículo 857 del Código Civil.
7. Apertura de testamentos cerrados, de conformidad con lo previsto en los artículos 986 al 989 del Código
Civil y 913 al 920 del Código de Procedimiento Civil. El Notario tendrá potestades para realizar los actos que se atribuyen
al Registrador Subalterno en el Código Civil.
8. Capitulaciones matrimoniales.
9. Autorizaciones de administración separada de comunidad conyugal.
10. Autorizaciones de administración de bienes de menores e incapaces.
11. Otorgamiento de hipotecas mobiliarias y prendas sin desplazamiento de posesión.
12. Otorgamiento de cualquier caución o garantía civil o mercantil.
13. Constancias de cualquier hecho o acto a través de inspección extrajudicial.
14. Transcripciones en acta o por cualquier medio de reproducción o de grabación del contenido de archivos
públicos o de documentos privados, siempre y cuando no esté expresamente prohibido en el primer caso o lo autorice el dueño
o depositario del documento en el segundo caso.
15. Celebración de asambleas, reuniones o manifestaciones, dejando las constancias personales, gráficas y
sonoras del caso.
16. Transacciones que ocurran en medios electrónicos.
17. Apertura de libros de asambleas de propietarios, actas de Juntas de Condominios, sociedades y Juntas Directivas.
18. Autenticar firmas autógrafas, electrónicas y huellas digitales.
19. Las demás que le atribuyan otras leyes.
Artículo 75. Los Notarios igualmente son competentes para archivar, en los casos en que fuere procedente,
los instrumentos privados a que se contrae el artículo 1369 del Código Civil; archivar los documentos relativos a los contratos
de venta con reserva de dominio, a los efectos de la fecha cierta de los mismos; extender y autorizar actas notariales, a
instancia de parte, que constituyan, modifiquen o extingan un acto o negocio jurídico. Estas actas deben incorporarse cronológicamente
en el archivo físico o electrónico notarial.
Artículo 76. Los Notarios expedirán copias certificadas o simples de los documentos y demás asientos que reposen
en su oficina, siempre que las copias se soliciten con indicación de la clase de actos o de sus otorgantes, circunstancias
éstas que se harán constar en la correspondiente nota de certificación. También podrán expedir copias de documentos originales
por procedimientos electrónicos, fotostáticos u otros semejantes de reproducción. Publicidad notarial
Artículo 77. La publicidad notarial reside en las bases de datos del sistema automatizado de las Notarias,
en la documentación archivada que de ellas emanen y en las certificaciones que se expidan.
2. Informar a las partes del contenido, naturaleza, trascendencia y consecuencias legales de los actos o negocios
jurídicos otorgados en su presencia, así como de las renuncias, reservas, gravámenes y cualquier otro elemento que afecten
los bienes o derechos referidos en el acto o negocio jurídico. El Notario dejará constancia en el acto del cumplimiento de
esta obligación y su omisión lo hace responsable civil, penal y administrativamente.
3. Actuar de manera imparcial y objetiva en relación con todas las personas que intervengan en los actos o
negocios jurídicos otorgados en su presencia.
4. Realizar las diligencias que le encomienden autoridades judiciales o administrativas, de acuerdo con la
Documento notarial Artículo 79. Documento notarial es el otorgado en presencia del Notario o funcionario consular en el ejercicio
de funciones notariales, dentro de los límites de su competencia y con las formalidades de Ley.
Artículo 80. Las actas notariales son documentos que tienen por finalidad comprobar, a solicitud de parte
interesada, hechos, sucesos o situaciones que le consten u ocurran en su presencia.
Artículo 81. El otorgante que estuviere impedido para suscribir un documento notarial con su firma, lo hará
a ruego o estampará su huella digital al pie del documento y el Notario dejará constancia en el acto.
Artículo 82. La Dirección Nacional de Registros y del Notariado llevará un Archivo y una Base de Datos Notarial,
cuyas funciones y finalidades estarán establecidas en el reglamento del presente Decreto Ley.
Artículo 83. Corresponde a la Dirección Nacional de Registros y del Notariado ejercer el régimen disciplinario
de los Registradores y Notarios, de conformidad con las disposiciones del presente Título. A tal efecto el Director Nacional
podrá designar una Comisión Disciplinaria que se encargará de la sustanciación de los expedientes disciplinarios, la imposición
de sanciones y la ejecución de las mismas. Clases de sanciones
Artículo 84. Las sanciones consistirán en suspensión o destitución del cargo. Suspensiones hasta por un mes
Artículo 85. Se impondrá a los Registradores o Notarios, según sea el caso, una suspensión hasta por un mes
de acuerdo con la gravedad de la falta, cuando:
1. Notificados por la Dirección Nacional de Registros y del Notariado actuaren sin estar al día en la garantía
exigida por este Decreto Ley.
2. Actuaren con desapego o falta de interés a los lineamientos, las directrices y las exigencias de la Dirección.
4. Incurran en descuido o negligencia en la guarda y conservación de los documentos o datos informáticos que
deben custodiar.
Artículo 86. Se impondrá a los Registradores y Notarios, según sea el caso, suspensión de uno a seis meses,
según la gravedad de la falta, cuando:
1. Atrasen durante más de tres meses y por causa injustificable la tramitación de cualquier documento.
4. Transcriban, reproduzcan o expidan documentos sin ajustarse al contenido del documento transcrito o reproducido.
5. Incumplan alguna disposición, legal o reglamentaria, que les imponga deberes y obligaciones sobre la forma
en que deben ejercer la función notarial.
Artículo 87. Se impondrá a los Registradores y Notarios, según sea el caso, sanciones desde seis meses y hasta
por tres años, cuando:
1. Cumplido alguno de los supuestos previstos en el artículo anterior, esto produzca daños o perjuicios materiales
1. Autoricen actos o negocios jurídicos cuyos otorgamientos no hayan presenciado y estén obligados a ello
3. Modifiquen o alteren, mediante notas marginales o cualquier otro mecanismo, elementos esenciales del acto
o negocio autorizado, con perjuicio para algún otorgante.
Artículo 90. En el caso de los procedimientos iniciados mediante denuncia, ésta deberá ser presentada ante
la Dirección Nacional de Registros y del Notariado, o ante la Comisión designada para actuar como órgano disciplinario. La
denuncia deberá indicar los hechos correspondientes y las pruebas que se invocan como fundamento. Notificación y comparecencia
Artículo 91. Una vez iniciado el procedimiento mediante el auto respectivo, la Dirección Nacional de Registros
y del Notariado, o en su caso la Comisión Disciplinaria designada, notificará al Registrador o Notario sometido a procedimiento
disciplinario para que comparezca el quinto día hábil de su notificación, en el lugar y hora indicados, y ser informado por
el órgano disciplinario del contenido de la denuncia o de la investigación iniciada de oficio en su contra. En esa oportunidad
de comparecencia se le fijará la fecha de la audiencia oral y pública para oír sus descargos y presentar sus pruebas y alegatos
de defensa. La notificación personal del Registrador o Notario se hará mediante boleta, telegrama o fax, de cuya recepción
se dejará constancia en el expediente.
Artículo 92. Llegados el día y la hora para la celebración de la audiencia oral y pública, se dará lectura
de los hechos imputados, se oirán los descargos y defensas del funcionario investigado, así como las declaraciones de testigos
y peritos. Igualmente, se recibirá cualquier tipo de prueba lícita que se produzca a favor o en contra del Registrador o Notario.
Artículo 93. La decisión del órgano disciplinario, sea la imposición de una sanción determinada o la absolución,
deberá ser tomada el mismo día de la audiencia oral y se le informará al funcionario en ese mismo acto. La decisión motivada
será publicada dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la audiencia celebrada.
Artículo 94. De las decisiones tomadas conforme al procedimiento disciplinario regulado en el presente Capítulo
se podrán ejercer los recursos establecidos en la ley que rige los procedimientos administrativos.
Artículo 95. Firme la decisión de una suspensión o destitución, se ordenará su publicación en la Gaceta Oficial
Artículo 96. La acción disciplinaria prescribe en el término de dos (2) años, contados a partir del momento
en que el órgano disciplinario tuvo conocimiento del hecho. La prescripción se interrumpe con la notificación al funcionario
investigado. Una vez practicado este acto y mientras se tramita el proceso, no correrá lapso de prescripción alguno. DISPOSICIONES DEROGATORIAS
Primera. Se deroga la Ley de Registro Público de fecha 5 de octubre de 1999, publicada en la Gaceta Oficial
Número 5.391 Extraordinario del 22 de octubre de 1999.
Segunda. El Reglamento de Notarias Públicas dictado el 11 de noviembre de 1998, publicado en la Gaceta
Oficial Número 36.588, de fecha 24 de noviembre de 1998; y el Decreto Ley de Arancel Judicial dictado el 5 de octubre de 1999,
publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria Número 5.391, de fecha 22 de octubre de 1999, permanecerán en vigencia y se
aplicarán en cuanto no contravengan las disposiciones contenidas en el presente Decreto Ley, hasta tanto el Ejecutivo Nacional
dicte las que hayan de reemplazarlos
Primera. El Ejecutivo Nacional dictará todos los Reglamentos que sean necesarios para desarrollar el presente
Decreto Ley, en un lapso de ciento ochenta (180) días continuos, contados a partir de su publicación en la Gaceta Oficial
Segunda. El Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio del Interior y Justicia, dentro de un lapso
de ciento ochenta (180) días continuos, contados a partir de la publicación del presente Decreto Ley en la Gaceta Oficial
de la República Bolivariana de Venezuela, tomará las medidas conducentes para la creación del Servicio Autónomo Dirección
Tercera. El Ministro del Interior y Justicia, en un lapso de treinta (30) días continuos contados a partir
de la publicación del presente Decreto Ley en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, designará una Comisión
con el fin de coordinar el proceso de reforma y modernización de los Registros y Notarias regulados por el presente Decreto
Ley, esta Comisión será el órgano responsable de gestionar el proceso de transición de la actual estructura administrativa
al servicio autónomo que este Decreto Ley establece.
Cuarta. El proceso de reforma y modernización de los Registros y Notarias se iniciará desde la fecha en
que sea publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, la Resolución mediante la cual se designe
la Comisión señalada en la Disposición anterior
Quinta. El Ministerio del Interior y Justicia determinará, mediante Resolución, los tipos de registros
que han de ser sometidos al proceso de reforma y modernización, atendiendo al siguiente orden:
1º Registro Inmobiliario.
2º Registro Mercantil.
3º Registro Civil.
En ningún caso podrán transcurrir más de dos (2) años entre el inicio de los procesos de reforma y modernización
de cada uno de los tipos de registros previstos en esta Disposición. El mismo criterio se aplicará para el llamado a concurso
de oposición de las personas que ocuparán los cargos de Registradores, en los Registros sometidos al proceso de reforma y
modernización. El Ministerio del Interior y Justicia podrá ordenar la reforma y modernización simultánea de varios tipos
Sexta. El Ministro del Interior y Justicia determinará, mediante Resolución, las zonas del país en las
cuales se llevará a cabo el proceso de reforma y modernización de las Notarias el cual se realizará en un lapso de dos (2)
años contados a partir de la publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela de la designación de
la Comisión Coordinadora. El mismo criterio se aplicará para el llamado a concurso de oposición de las personas que ocuparán
los cargos de Notario, en las Notarias sometidas al proceso de reforma y modernización.
Séptima. Hasta tanto se desarrollen completamente los procesos de reforma y modernización de los Registros
y Notarias, los gastos operativos y de inversión que se requieran para el funcionamiento y modernización de la Dirección Nacional
de Registros y del Notariado serán incluidos en los presupuestos ordinarios y extraordinarios del Ministerio de Interior y
Octava. Hasta tanto se encuentren debidamente levantados los catastros referidos en el presente Decreto
Ley, el Ministro del Interior y Justicia determinará, mediante Resolución, las zonas donde se mantendrá provisionalmente el
sistema de folio personal para los correspondientes Registros.
Unica. El presente Decreto Ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta
Dado en Caracas , a los trece del mes de noviembre de dos mil uno. Años 191º de la Independencia y 142º
de la Federación.(L.S.)
Este instrumento Legal viene a sustituir la Ley de finales de siglo
y provee entre otras cosas del marco legal para proceder a la Modernización del estamento registral venezolano, el cual se
encontraba demasiado vetusto e impractico en su traginar cotidiano