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Timestamp: 2018-04-19 21:18:47
Document Index: 270153742

Matched Legal Cases: ['artículo 325', 'ARTÍCULO 325', 'ARTÍCULO 325', 'artículo 225', 'artículo 325', 'Artículo 325']

Gaceta: LXIII/2SPR-17/72507
Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto que reforma el artículo 325 del Código Penal Federal.
La iniciativa plantea aumentar las sanciones para los servidores públicos que retarden o entorpezcan maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia cuando se trate de un caso de feminicidio: para ello se propone un aumento en la penalidad por la comisión de este delito, la cual pasaría de seis a doce años (se aumentan tres y cuatro años respectivamente); asimismo, se propone que la sanción pecuniaria oscile entre los dos mil y tres mil días multa (se aumentan mil quinientos días al mínimo y al máximo) y que el periodo de destitución e inhabilitación para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos sea de ocho a quince años (se aumentan cinco años al mínimo y al máximo).
SYNOPSIS: The initiative proposes to increase the penalties for civil servants who maliciously delay or obstruct or negligently prosecute or administer justice in the case of a case of feminicide: for this purpose, an increase in the penalty for the commission of this crime is proposed, Which would increase from six to twelve years (three and four years respectively); Likewise, it is proposed that the pecuniary sanction oscillate between two thousand and three thousand days fine (they increase one thousand five hundred days to the minimum and to the maximum) and that the period of dismissal and disqualification to carry out another employment, charge or public commission is eight to fifteen years (five years are increased to the minimum and to the maximum).
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 325 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL
DAVID MONREAL ÁVILA, Senador de la República, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I; 164 numeral 1 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 325 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, al tenor de la siguiente:
El derecho a la vida, visto más allá de su complejidad teórica, es un pilar fundamental y cimiento que da origen y estabilidad a otros derechos. Su protección se ha procurado desde diversos ámbitos, ya que siendo inherente al ser humano como derecho natural, esta prerrogativa ha sido recogida por instrumentos internacionales, Constituciones y demás normas encargadas de garantizar el respeto irrestricto a los derechos fundamentales.
Cuando se habla de un derecho de tal magnitud, es obligado aseverar que aunado a su exigibilidad erga omnes, le es propio a todo ser humano sin distinción alguna, es decir, en un primer momento se entiende que es igual de válida y protegida la vida tanto del varón como de la mujer. Lo anterior se afirma en razón a que históricamente se ha tratado de forma injusta a la mujer, al grado de no considerársele como igual en determinados contextos, menoscabando gravemente sus derechos.
En este sentido, Silverio Tapia refiriéndose a los derechos humanos de la mujer, dice que “la marcada desigualdad que ha existido entre hombres y mujeres, básicamente en el ejercicio de sus derechos, ha tratado de ser justificada a lo largo de la historia, para ello se han invocado múltiples causas atribuidas, en su conjunto, a las diferencias naturales, a los patrones de conducta sustentados en la tradición y en la pluralidad de costumbres y culturas”. [*] La desigualdad entre géneros es un obstáculo que se ha superado paulatinamente, no obstante, problemas como la discriminación han intensificado los distintos tipos de violencia que existen contra la mujer. A pesar de los avances ideológicos, hoy podría erguirse como impensable la prevalencia de comportamientos violentos e irracionales contra la mujer, pero la realidad es frustrante.
El comportamiento más atroz e irracional contra la mujer es el feminicidio, hecho que más allá de su definición legal, es considerada como “la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión”. [*]
Al analizar las cifras sobre violencia contra las mujeres se debe partir del entendimiento que dichas cifras reflejan sólo el porcentaje mínimo de los hechos de violencia de género En muchos países estos hechos no son reportados en su totalidad por el temor a represalias; por la inexistencia de un acceso eficiente de las víctimas de violencia de género a mecanismos judiciales o de otra naturaleza para prevenir y/o sancionar la violencia y por la existencia de una discriminación estructural que facilita ataques en contra de las mujeres, al obstaculizar la prevención e investigación de los hechos. [*]
La violencia y la discriminación contra la mujer son problemáticas que día con día viven miles de víctimas, situación que se creería impensable en un sistema que ha adoptado una infinidad de instrumentos protectores de derechos humanos y adecuado su normatividad para ese fin. La protección a la persona tiene sus orígenes en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, [*] instrumento que representa un verdadero acto de organización internacional, pues tuvo como finalidad primordial que sus principios fueran observados por el mayor número posible de Estados. En cuanto a la protección de la mujer, este instrumento resulta ser el principal referente, pues establece el reconocimiento de la libertad e igualdad en dignidad y derechos, el principio de no discriminación, el derecho a la vida, la libertad y seguridad de la persona, así como la prohibición de penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Otro aspecto interesante en esta Declaración, es que establece el derecho de toda persona a que se le reconozca su personalidad jurídica, para posteriormente enunciar la igualdad ante la ley sin distinción alguna. Asimismo, en armonía con los demás principios, establece que la persona tiene derecho a un recurso para combatir violaciones a sus derechos fundamentales, cuestión que en el caso de la mujer, le asiste para hacer exigible el respeto a sus derechos humanos.
Para fortalecer los principios instituidos en la Declaración referida, más adelante se dio paso a la adopción de dos importantes instrumentos de naturaleza vinculante: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos [*] y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales [*]. Estos Pactos en su conjunto hicieron énfasis en la no discriminación ni distinción alguna (incluida la que se hace por razón de sexo), retoman la importancia de que los Estados garanticen un recurso efectivo en caso de violentar el goce de derechos y libertades de la persona, incluyendo además, la no exención de las personas que violenten esos derechos en ejercicio de sus funciones oficiales.
Asimismo, el primer Pacto no omite enunciar la igualdad entre hombres y mujeres, establece con certeza que es inaceptable privar de la vida a otro de forma arbitraria, protegiendo así el máximo valor. Retoma el principio de igualdad ante la ley sin distinción alguna, es decir, que los Estados Parte se comprometen a prohibir toda clase de discriminación. En lo particular, el segundo Pacto reconoce el derecho de toda persona a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, cuestión que para el caso de la mujer, se traduce en que es inaceptable toda conducta que menoscabe su estado de bienestar.
Por otro lado, el Sistema de Naciones Unidas tiene un instrumento que específicamente se encargó de reconocer explícitamente los derechos humanos de la mujer, prohibiendo en su contenido toda clase de discriminación por razones de sexo. Se trata de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer [*] (CEDAW por sus siglas en ingles), la cual a grandes rasgos “busca modificar los patrones de conducta, tanto de hombres como de mujeres, para eliminar las prácticas y conductas basadas en la idea de superioridad o inferioridad de cualquiera de los dos sexos”. [*]
La importancia de la CEDAW radica también en que se dedica a definir la expresión “violencia contra la mujer”, establece que los Estados deben condenar toda clase de discriminación. Asimismo, deben asegurar el desarrollo de la mujer, con la finalidad primordial de que pueda ejercer sus derechos humanos en igualdad de condiciones con el hombre, así como acelerar la igualdad de facto, lográndose esto con la supresión de las normas desiguales una vez alcanzada la igualdad de oportunidad y trato.
El Sistema Interamericano de Derechos Humanos no es la excepción, pues dentro de su marco protector se encuentra uno de los instrumentos más importantes en la materia: la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer [*] (Convención “Belem do Pará”). Este instrumento resulta ser la base para la protección del derecho de la mujer a una vida libre de violencia. Su importancia también radica en que se ha establecido que los Estados pueden incurrir en violaciones a los derechos de las mujeres si no toman medidas de carácter legislativo u omiten ejecutar políticas públicas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia.
En este sentido, la Convención en comento también establece lo que debe entenderse por violencia contra la mujer en su primer artículo, siendo “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. Por lo anterior, se dio un avance significativo, pues aunado al reconocimiento prima facie del derecho a la vida, empieza a visualizar que la muerte como producto de la violencia de género es un extremo que debe evitarse en todo momento.
Como es posible notar, posterior a la exposición de los principales instrumentos internacionales protectores de derechos humanos, la mujer tiene una protección muy amplia, y se ha obligado a los Estados a que actúen en pro de sus derechos, pues tienen el deber de atender diversas medidas para materializarlos. Sin embargo, si bien algunas directrices han sido contempladas en la legislación nacional, hay retos pendientes, pues persiste una cultura de indiferencia ante actos que menoscaban flagrantemente los derechos de la mujer, y peor aún, estas actitudes son práctica común de las autoridades.
México se ha caracterizado por cooperar en el consenso de distintos instrumentos internacionales, a pesar de ello el contexto real por el que atraviesa el país, más que por voluntad, lo ha obligado a tomar medidas conducentes, las cuales siguen un proceso de transición hacia una verdadera justicia pronta completa y expedita, específicamente en materia de feminicidios.
En principio, la propia Constitución Federal es la que protege los derechos humanos, estableciendo que se reconocen a todas las personas sin distinción alguna, tanto los contenidos en ese ordenamiento como los establecidos en los Tratados Internacionales en los que el país es parte. Asimismo, instituye el principio pro persona, el cual implica básicamente que las autoridades tienen la obligación de interpretar esos derechos humanos procurando la protección más amplia a la persona.
La norma fundamental retoma derechos como la no discriminación, la igualdad, el derecho a la salud y a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de la persona, los cuales a todas luces implican una protección a la mujer a fin de que esta no se vea violentada en su esfera de derechos. Además, la Carta Magna establece una serie de garantías judiciales, que en el caso de cualquier tipo de violencia contra la mujer, es oportuno inferir que le asisten y protegen como víctima, aunado al ejercicio de su derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla.
Por otro lado, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, normatividad de observancia en toda la República Mexicana, está sustentada en los principios constitucionales de igualdad entre la mujer y el hombre, el respeto a la dignidad humana de las mujeres, la no discriminación y la libertad. Esta Ley contiene definiciones torales para entender la importancia de los derechos humanos de la mujer, pues en específico interesan temas como la violencia institucional y la violencia feminicida, problemas que enmarcan una terrible realidad.
Una vez que se entendió a la violencia feminicida como el extremo de la violencia de género, cabe apuntar que fue hasta el año 2012 cuando en el país se tipifico el feminicidio en el Código Penal Federal, reforma que marcó el rumbo y la perspectiva para atender una problemática tan grave como la privación de la vida por razones de género. El tipo penal consta de dos hipótesis, la primera es general y sanciona la conducta de privar de la vida a la mujer, bajo condiciones específicas, tales como la concurrencia de una razón de género. La segunda, que es objeto de la presente iniciativa, contempla la responsabilidad de los servidores públicos por una incorrecta actuación en la procuración o administración de justicia cuando se trate de un caso de feminicidio.
Sobre la primera hipótesis vale la pena decir que el Código Penal Federal, le otorga una naturaleza diferente al feminicidio respecto del homicidio, pues el primero tiene la característica de ser un delito complejo, es decir, se encarga de proteger un conjunto de bienes jurídicos (la vida, la dignidad, acceso a una vida libre de violencia); por tanto, se trata de un delito altamente lesivo para la sociedad. Asimismo, este delito no se agota, como en el caso del homicidio, con la sola privación de la vida, sino que además se ha establecido la concurrencia de alguna razón de género, pues este elemento puede determinar que la conducta desplegada por el sujeto activo fue motivada por al menos una de las circunstancias enumeradas mediante fracciones en la redacción del tipo penal.
Sin profundizar en el estudio de lo anterior, es momento de centrarse en lo dispuesto por la segunda hipótesis, la cual quedó establecida con la finalidad de reprochar a todo servidor público las acciones que obstaculicen la correcta procuración o administración de justicia al tratarse de un caso de feminicidio. La normatividad penal, al igual que otros ordenamientos como la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, obligan en el fondo a los servidores públicos a conducirse bajo diversos principios legales, aunado a que en todo momento deben velar, por mandato constitucional, por la protección de los derechos humanos y el respeto a sus garantías judiciales.
En concreto, el último párrafo del artículo en comento responsabiliza “al servidor público que retarse o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia”, entendiendo que la acción de retardar implica que el servidor público hace una cosa después del tiempo debido, lo deja para más tarde de lo normal, y el verbo entorpecer implica dificultar, obstaculizar el desarrollo normal de un proceso, haciendo que se pierda la agilidad y la eficacia.
Parecería impensable que pese a la constante capacitación para que Agentes del Ministerio Publico y jueces actúen adecuadamente frente a los casos concretos, incluidos aquellos en que sea necesaria la perspectiva de género, violenten y falten gravemente a la protección de los derechos humanos; sin embargo, con frecuencia se dan casos en que principios rectores como la certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a los derechos humanos, quedan inertes en la norma.
Esta situación pone en duda, en el caso del Poder Judicial, la efectividad de las acciones encomendadas al Consejo de la Judicatura Federal, pues de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, debe incorporar la perspectiva de género en el desempeño de sus atribuciones con el objetivo de garantizar, tanto a las mujeres como a los hombres, el ejercicio y goce de sus derechos humanos, en igualdad de condiciones, velando que así también lo hagan los órganos a su cargo.
Por lo que hace a la procuración, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, esta debe especializar a los agentes del Ministerio Público, peritos, policías federales ministeriales y en general al personal que atiende a víctimas de delitos en: derechos humanos y género, la aplicación de perspectiva de género en las averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con discriminación, violencia de género y feminicidios. Asimismo, alude a que deben erradicarse los estereotipos sobre el rol social de las mujeres, una práctica común que prevalece en gran parte del sistema; también mandata que los programas y cursos permanentes se encaminen a la debida investigación y persecución de los delitos cometidos contra niñas y mujeres.
Como es posible inferir, el marco jurídico nacional no es omiso en señalar las características de una procuración y administración de justicia correcta, no obstante prevalecen vicios que constantemente desembocan en violaciones a los derechos de la mujer. Se condena enérgicamente la existencia de actos atroces que atentan contra la integridad física y psicológica, la vida y la seguridad de la mujer, pero también es altamente reprochable que no sean perseguidos ni sancionados con la perspectiva correcta por aquellos que tiene la obligación de hacerlo.
De acuerdo con datos nacionales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, [*] entre las mujeres jóvenes de 15 a 29 años, el 10% de las defunciones registradas en 2015 fueron por homicidio, lo que representa en este grupo de edad la primera causa de muerte. Asimismo, se estima que de 2013 a 2015, fueron asesinadas siete mujeres diariamente en el país, mientras que entre 2001 a 2006 era de 3.5. Estas cifras reflejan una lamentable tendencia sobre decesos de mujeres en México, pues gran parte de estas se han dado por la privación arbitraria de la vida, situación coincidente con los altos índices de violencia feminicidio registrada en el país.
En este sentido, una investigación de la asociación civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en colaboración con la plataforma CONNECTAS y el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ, por sus siglas en inglés), tras la solicitud de información realizada a cada una de las Procuradurías y Fiscalías de los 32 estados, sobre el número de homicidios dolosos violentos contra mujeres, pidiendo se especificara la causa de la muerte, así como si los cuerpos tenían rastros de violencia sexual, mutilaciones y quemaduras, revelo que “de enero de 2012 a junio de 2016 habían sido asesinadas en forma violenta en todo el país 9 mil 581 mujeres, pero sólo 1,887 de esos crímenes fueron tipificados como feminicidios, que equivalen al 19 por ciento”. [*] Esta aseveración es la temida realidad a la que se enfrenta el país, las mujeres además de ser víctimas de una violencia generalizada y creciente, los ofendidos o familiares deben lidiar con la impunidad y el desdén de las autoridades, una situación que evidentemente es violatoria de sus derechos humanos y obstaculiza la consolidación del Estado de Derecho.
Por lo expuesto, a través de la presente iniciativa se plantea que sean aumentadas las sanciones para los servidores públicos que retarden o entorpezcan maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia cuando se trate de un caso de feminicidio: para ello se propone un aumento en la penalidad por la comisión de este delito, la cual pasaría de seis a doce años (se aumentan tres y cuatro años respectivamente); asimismo, se plantea que la sanción pecuniaria oscile entre los dos mil y tres mil días multa (se aumentan mil quinientos días al mínimo y al máximo) y que el periodo de destitución e inhabilitación para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos sea de ocho a quince años (se aumentan cinco años al mínimo y al máximo).
Lo anterior se propone toda vez que a diferencia de la figura básica contenida en la fracción VII del artículo 225 del Código sustantivo (Delito cometido contra la administración de justicia), que establece las mismas sanciones que se contemplan en la hipótesis vigente, objeto de la presente iniciativa, es un hecho que los daños por la conducta contenida en el último párrafo del artículo a reformar, trascienden a graves violaciones a los derechos humanos de la víctima del feminicidio y los ofendidos, debilitando también la ya desgastada confianza de la sociedad en los servidores públicos encargados de procurar y administrar justicia en el país.
Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente:
ÚNICO.- Se REFORMA el último párrafo del artículo 325 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
Artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia se le impondrá pena de prisión de seis a doce años y de dosmil a tres mil días multa, además será destituido e inhabilitado de ocho a quince años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia se le impondrá pena de prisión de seis a doce años y de dos mil a tres mil días multa, además será destituido e inhabilitado de ocho a quince años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 21días del mes de junio de 2017.
[*] Véase en Cameras Selva, Claudia C. (coord.), Eliminación de la violencia contra la mujer, México, Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), 2005, p. 33.
[*] Citado por la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), en el Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio), Panamá, documento disponible en: http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/ProtocoloLatinoamericanoDeInvestigacion.pdf
[*] Cantón, Santiago, 2013, “La evolución del sistema interamericano de derechos humanos en la protección de los derechos humanos de las mujeres en las Américas”, en Alcoceba, Amparo y Quispe, Florabel (coords.), Feminicidio: El fin de la impunidad, Valencia, Tirant lo Blanch.
[*] Adoptada como una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948 en Paris.
[*] Adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 2200 A (XXI), el 16 de diciembre de 1996; México se adhiere al Pacto el 24 de marzo de 1981, y se publica el Decreto Promulgatorio en el Diario Oficial el 20 de mayo de 1981.
[*] Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966, México se adhiere al Pacto el 23 de marzo de 1981, y se publica el Decreto Promulgatorio en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1981.
[*] Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1976, entró en vigor en septiembre de 1981, tras ser ratificada por diversos países. Suscrita por México el 17 de julio de 1980 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1981.
[*] Rodríguez Huera, Gabriela, “La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)” (Fascículo 6), texto que forma parte de la Colección del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos (Obra Completa), México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2015, p.17.
[*] Adoptada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en 1994, Suscrita por México en 1995, ratificada el 12 de noviembre de 1998 y publicado el Decreto Promulgatorio en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 1999.
[*] Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), “Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la mujer (25 de noviembre)”, Aguascalientes, Ags., 23 de noviembre de 2016, consultado el 16/06/2017 [en línea], disponible en: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/violencia2016_0.pdf
[*] Duran, Valeria, Las muertas que no se ven: el limbo de los feminicidios, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, consultado el 16/06/2017 [en línea], información disponible en: http://contralacorrupcion.mx/web/femimicidiosocultos/index.html
http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=72507