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Timestamp: 2017-05-23 03:04:56
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Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 10', 'Artículo 11']

Informe de Misión de Mireille Fanon Mendes-France, Observadora Internacional. Juicio de Cañete. Diciembre 2010 - Le blog du Collectif de soutien au Peuple Mapuche en France
Fanon-Mendès-France*
Cañete es una pequeña ciudad de la región del Bio-bio y de la Araucana en la que se abre 6 de
diciembre de 2010 la primera audiencia reservada a la audición de los testigos protegidos en el marco del proceso iniciado el pasado 8 de noviembre contra 12 militantes o personas cercanas a la
CAM 1 juzgadas por actos de “resistencia” llevados a cabo
entre 2005 y 2009 con el objetivo de recuperar sus tierras.
que se deje de recurrir a la llamada ley antiterrorista (ley 18.134) adoptada por la dictadura militar de Pinochet. Tras una
larga huelga de hambre, el pasado mes de julio el gobierno anunció que no recurriría más a ella, lo que sigue sin cumplirse,
que no se recurra a la justicia militar para juzgar a civiles (hay que recordar que este recurso a jurisdicciones militares
está en contradicción con las reglamentaciones internacionales),
Los mapuche han sido desposeídos de sus tierras desde principios del siglo XX. El ejército chileno comenzó esta
colonización que prosiguió con la de las empresas forestales las cuales hoy ocupan casi íntegramente el territorio mapuche, que en unos años se ha visto reducido ¡de 10.000.000 hectáreas a
A estas empresas forestales (que centran toda su producción en el eucalipto y el pino cuyo cultivo erosiona los
suelos, las aguas y capas subterráneas, y favorece su contaminación) se añaden la del salmón y el desarrollo del proyecto de las centrales hidroeléctricas, incluido el de la construcción de un
aeropuerto regional.
La destrucción generalizada del ecosistema perjudica a la sociedad mapuche tanto en el plano de su vida cotidiana
como en el de las estrechas relaciones que mantienen con la cosmogonía y su entorno.
Sin dejar reivindicar el derecho que tienen sobre sus tierras, viven en una pobreza extrema y son víctimas de
discriminaciones denunciadas por organizaciones e instituciones tanto nacionales como internacionales, entre ellas la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados chilena. La única
respuesta de los sucesivos gobiernos chilenos es criminalizar sus reivindicaciones y considerarlos terroristas.
Hay que recordar que ante la dominación colonial y la violencia ejercida sobre los pueblos
colonizados, entre ellos el pueblo mapuche, la Asamblea General de la ONU manifestó su convicción de que “... el proceso de liberación es irresistible e irreversible, y que, para evitar
graves crisis, hay que poner fin al colonialismo y a todas las prácticas de segregación y de discriminación 2 …”, lo que supone una conminación que deben seguir todos Estados que mantienen a pueblos bajo dominio colonial.
Además, esta misma Asamblea no se privó de proclamar “ el apasionado deseo de libertad de
todos los pueblos dependientes y el decisivo papel de estos pueblos en su acceso a la independencia 3 ”.
En lo que concierne al derecho internacional, el pueblo mapuche está en su derecho de reivindicar su
derecho a disponer de sí mismo y a disponer libremente de sus recursos naturales. Disponer de sus riquezas significa que no se puede despojar a ningún pueblo de su entorno a beneficio de nadie.
Aquí se trata, efectivamente, de la afirmación de que el derecho al medio ambiente y a los que éste produce pertenece y debe pertenecer a los pueblos. Algo de lo que es excluido el pueblo mapuche .
No olvidemos que “Nosotros, pueblos de las Naciones” en la
Carta 4 de las Naciones Unidas hemos pedido que se establezcan
unas relaciones internacionales basadas esencialmente en la voluntad de “ proclamar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la
igualdad de los derechos 5 ”.
Esta intención se traduce en la adopción simultánea 6 de dos Pactos relativos uno a los derechos civiles y
políticos, y otro a los derechos económicos, sociales y culturales.
Estos dos Pactos tienen un artículo común que hubiera debido comprometer la
naturaleza y la forma de las relaciones internacionales si a los gobiernos o a las instituciones internacionales no los movieran los desafíos del poder, de la dominación y del beneficio. No sólo
en virtud de este artículo común los pueblos pueden disponer libremente de sí mismos, determinar su estatuto político y garantizar su desarrollo económico, social y cultural 7 , sino que además pueden disponer libremente de sus
riquezas y de sus recursos naturales, sin ser privados de sus propios medios de subsistencia 8 .
Si este Artículo 1 reafirma el derecho de todos los pueblos a disponer de sí mismos, obliga los
Estados partes a facilitar la realización de este derecho y a respetarlo, porque el derecho de autodeterminación es una regla del derecho internacional legalmente reconocido, consagrado por la
Carta de la ONU como el derecho de todo pueblo a sustraerse a la dominación colonial 9.
Este derecho 10 debería ser la garantía de una sociedad plural y democrática, según la formulación contenida en la reivindicación a favor de nuevo
orden económico internacional de 1974 11 . No es el caso en lo que concierne al pueblo mapuche,.
Efectivamente, el gobierno chileno los discrimina, los criminaliza y los condena aunque el principio
inalienable del derecho de los pueblos a disponer de sí mismos (que forma parte del derecho consuetudinario) consagrado por la Carta de las Naciones Unidas y reafirmado por la Resolución 2625
(XXV) de la Asamblea General 12 precisa que “ todo Estado debe abstenerse de
recurrir a cualquier medida de coerción que prive de su derecho a la autodeterminación […] a los pueblos [...] ».
La población mapuche a la que se niega la soberanía ve ignorado de facto su
derecho al desarrollo. Este derecho al desarrollo, definido en la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo 13 , pone el acento en el desarrollo en tanto que derecho de los pueblos en primer lugar y del individuo en segundo. Con esta
Declaración el derecho al desarrollo está en el centro de los derechos humanos y se interesa por la independencia entre los derechos económicos, sociales, políticos y culturales.
Si se considera el desarrollo un derecho de los pueblos, ya sea de los individuos o de las naciones, de ahí se
sigue que los gobiernos tienen la obligación de apoyar las políticas que favorecen el desarrollo. Esta obligación implica que los derechos enunciados en la Declaración no pueden se alienados,
amputados o suplantados. Este enfoque significa que teniendo en cuenta la interdependencia de los derechos humanos, el derecho al desarrollo necesita un progreso simultáneo hacia la realización
de los diferentes derechos (derechos civiles y políticos, sociales, económicos y culturales). En esta perspectiva, el derecho al desarrollo sobreentiende que el progreso y las políticas
establecidas hacia la realización de un derecho particular no se deben hacer en detrimento del compromiso hacia otras.
Esta concepción de la noción del desarrollo desde el punto de vista de los derechos de los pueblos
es el primer añadido calificativo fundamental surgido de la integración de una perspectiva fundada en los derechos humanos al desarrollo. Visto así, la pobreza resultante de las opciones
políticas impuestas por los Estados o las instituciones financieras internacionales es “ una violación de los derechos humanos ” 14 .
Pero este 6 de diciembre, ante el tribunal del distrito de Canete, hay doce mapuche, en prisión preventiva desde
hace 19 meses, que se sientan apretados en un banquillo dispuesto tras los cinco abogados que los representan, dos de ellos designados por el Estado. Ante ellos está el juez; a su derecha, ¡tres
fiscales acompañados de uno de los abogados de las compañías forestales!
El juez confirma que durante los próximos días se escuchará a testigos “protegidos”. Salen todos los mapuche,
excepto Victor Llanquileo que es cuestionado directamente por el primer testigo.
Esta primera audición permite asistir a una parodia de justicia. Durante el interrogatorio de los testigos (se
escuchará a cuatro en dos días) el único objetivo del fiscal y de la acusación era demostrar que estos doce militantes son terroristas que montaron una empresa del crimen organizado.
Este interrogatorio es una auténtica mascarada.
Las pruebas aportadas por este testigo son tan vagas y no personalizadas que podrían concernir a cualquier otro
El juez, consciente de su imprecisión, acude en su ayuda, sustituido por el fiscal que dicta sus respuestas al
testigo interrogándolo de tal manera que solo tiene que aprender la parte de la pregunta que comprende la respuesta esperada por la acusación.
Cuando un abogado de la defensa pone de relieve una contradicción en su testimonio, el juez orienta de nuevo las
respuestas del testigo.
Durante el contra interrogatorio la defensa se interesa por la declaración que debería estar firmada por el
testigo. Sigue un intercambio surrealista en el que el juez acaba por precisar que, por desgracia, ¡este elemento simplemente se ha debido de borrar! El testigo acaba por reconocer que no sabe
La acusación deslegitima cada pregunta hecha por los abogados de la defensa con el pretexto de que podría permitir
la identificación del testigo y pondría en peligro su vida, y ello fueran cuales fueran los elementos a los que se refiriera la pregunta.
Este testigo padece un problema de oído lo que obliga a suministrarle un casco suplementario.
La defensa trata de saber si este testigo ha reconocido a alguien porque no parece saber de quién se habla.
Confiesa que no ha reconocido a nadie (tiene un problema de vista) aunque durante su declaración había confesado todo lo contrario.
Confiesa que tiene problemas para aclararse las ideas cuando bebe, lo que le había hecho cuando tuvieron lugar los
Ante tantas imprecisiones la acusación trata de reencauzarla precisando al testigo que leyó su declaración y la
firmó ¡con una cruz!
Afirma a la defensa que no ha leído su declaración del 14 de enero de 2009, no sabe siquiera si la ha visto
impresa, ni siquiera si ha oído el ruido de la impresora.
La defensa se extraña de no haber tenido acceso al testimonio de este testigo y precisa que este último no se
puede tener en cuenta puesto que él mismo participó en los actos por los que son juzgados los acusados, pero el fiscal afirma que este testigo es apto para ser escuchado y precisa que él es libre
de integrar los elementos que juzgue pertinentes para llevar a cabo su acusación.
Para apuntalar mejor su “derecho”a integrar los elementos que juzgue pertinentes y asegurar mejor la credibilidad
de este testigo, el fiscal orienta sus respuestas, incluso las sugiere.
no se acuerda de nada de la declaración del 9 de abril en la que mintió a propósito de la identificación de una
El fiscal, ayudado por el juez, rechazó todas estas observaciones con el pretexto de que responder a ellas
permitiría identificar al testigo y pondría su vida en peligro.
La defensa poseía unos elementos, que proporcionaban una nueva prueba, que permitían deslegitimar a este testigo
ya que durante su servicio militar en 2004 fue acusado de robos y tuvo que abandonar su unidad.
Por toda respuesta el fiscal afirma que la defensa no deja de intimidar al testigo para obtener su
Añade que la defensa carece de anticipación porque hubiera debido pensar en producir una nueva prueba. Durante el
protocolo de acuerdo la defensa no había aceptado pedir una nueva prueba, por tanto esta información no se puede tener en cuenta.
Tres testigos, tres momentos de denegación de derecho y del imperio de la ley que incumben a todas las personas
que obran por la justicia.
Al actuar así el juez no respetó el derecho a la defensa16 y, por consiguiente, a un juicio justo y equitativo. Todas las decisiones tomadas para no permitir a la defensa obtener una respuesta se basan en elementos
reprensibles.
Desde ese momento, la defensa estaría habilitada para pedir que la decisión fuera examinada por un tribunal de
apelación, que debería basarse en la norma del abuso de poder judicial discrecional para proceder a la revisión judicial. En efecto, el poder judicial discrecional se debe
ejercer equitativa, sabia e imparcialmente, a falta de lo cual la decisión tomada en primera instancia correría el fuerte riesgo de ser invalidada debido al abuso de poder judicial
discrecional .
El juez formuló estos desagradables comentarios y dio muestras de una flagrante parcialidad interrumpiendo los
interrogatorios, deslegitimando las preguntas de la defensa, dificultando el derecho a la defensa y el trabajo de los abogados.
Hay que denunciar, además, el hecho de que la mayoría de las comunicaciones concernientes a los testigos se
transmitieron muy tardíamente a los abogados, traba suplementaria para su trabajo y el derecho a la defensa.
El juez y los fiscales cometieron intencionadamente el delito de soborno de un testigo ya que obtuvieron unas
declaraciones falsas (testigo 25 y 26) utilizado ofertas (testigo 26). Este acto supone, ni más ni menos, corrupción.
También hay que añadir que, como funcionarios de la justicia chilena, tanto el juez como los fiscales cometieron
el delito de prevaricación al faltar, por mala fe, a los deberes de su empleo.
El objetivo esencial es amordazar a la defensa y definitivamente hacer pasar a los militantes mapuche por
terroristas a los que se debe aplicar una ley excepcional.
Estos métodos de soborno de testigos y de prevaricación se han utilizado en muchos procesos
políticos tanto en Estados Unidos (entre otros, durante el proceso de Mumia Abu Jamal 17 en el que se sobornó a los testigos y cuando se desdijeron de sus testimonios fueron amenazados de muerte o de represalias) como por
el Estado de Israel, que utiliza frecuentemente el soborno a testigos para hacer condenar a dirigentes políticos palestinos (por ejemplo, a Marwan Barghouti 18 ), pero también a simples ciudadanos palestinos, como Salah Hamouri 19 .
Se encuentran cuestionadas aquí la instrumentalización de lo que constituye el derecho, pero también las
manipulaciones del derecho y más generalmente de los derechos a beneficio de una ideología que quiere legalizar unas prácticas liberticidas contrarias a todas las normas internacionales de
Y para ello esta ideología impone la idea de que el terrorismo amenaza absolutamente todas las esferas de la
sociedad, particularmente cuando hombres y mujeres reivindican sus derechos fundamentales, entre ellos su derecho a la soberanía y a su tierra. Entonces, se presenta y se asimila a estas personas
a una amenaza, y a partir de entonces llevar a cabo una lucha contra ellos ofrece un nuevo marco legítimo, aunque esta lucha se base en toda una serie de medidas liberticidas y atentatorias
contra los derechos humanos, medidas incompatibles con todo Estado democrático o que se afirma democrático.
En definitiva, esta lucha contra el terrorismo, sea cual sea su forma y gravedad, tiene el objetivo de obstruir,
de limitar, de impedir, incluso de eliminar el ejercicio de derechos fundamentales y más precisamente a criminalizar todo tipo de actividad, incluidas las que tiene por base la motivación
Con esta lucha contra el llamado terrorismo, el derecho nacional o internacional aparece claramente con la función
no de cambiar los regímenes jurídicos o de mejorarlos, sino de ser utilizada, cada vez más, como un instrumento de represión político-ideológica y de puesta en tela de juicio de unos derechos
Ante esto es ante lo que se encuentran los mapuche que llevan a cabo una lucha ejemplar para recuperar sus tierras
de las que han sido expoliados.
* Mireille Fanon-Mendès-France es miembro de la Fundación Frantz Fanon, miembro de la Asociación
Internacional de Juristas Demócratas, y observadora Internacional designada por el Colectivo de Apoyo al Pueblo Mapuche en Francia (www.collectif.mapuche.over-blog.com) y por France
Libertés-Fundación Danièle Mitterrand (www.france-libertes.org).
1Coordinacion Arauco
2Resolución 1514 (XV) de la A. G.,
(1961) «Declaración sobre la concesión de independencia a los países y pueblos coloniales».
4 Preámbulo de la Carta de las
Naciones Unidas, 26/06/1945.
6 16 de diciembre de
7 Artículo 1, Pacto Internacional
de los Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culrurales.
8 Articulo 2, Pacto Internacional
9 Resolución 1514 de
10 En lo que se desprende de los
dos Pactos Internacionales de 1966.
11 Declaración de la Asamblea
12 24 de octubre de 1970;
Declaración relativa a los principios del derecho internacional referentes a las relaciones amistosas y de cooperación entre los Estados conforme a la Carta de las Naciones Unidas.
13 Adoptada por la Asamblea
General en su Resolución 41/128, el 4 de diciembre de 1986.
14Declaración sobre el derecho al
desarrollo, adoptada por la Asamblea General en su Resolución 41/128 del 4 de diciembre de 1986.
Artículo 7: T odas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin distinción a una igual protección de
Artículo 8: Todas las personas tiene derecho a un recurso efectivo ante las jurisdicciones nacionales competentes
contra loa actos que violan los derechos fundamentales que le son reconocidos por la constitución o por la ley.
Artículo 10: Toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a que su causa sea escuchada equitativa y públicamente
por un tribunal independiente e imparcial que decidirá o bien sus derechos y obligaciones, o bien lo bien fundado de toda acusación en materia penal dirigida contra ella.
Artículo 11: Toda persona acusada de un acto delictivo se supone inocente hasta que su culpabilidad haya sido
legalmente establecida en el curso de un proceso público en el que le hayan sido garantizadas todas las garantías necesarias para su defensa.
16 Pacto internacional relativo a los
1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y las cortes de jsuticia. Toda persona tiene derecho que su
causa sea escuchada equitativa y públicamente por un tribunal compente, independiente e imparcial establecido por la ley, que decididrá lo bien fundado de toda acusación en materia penal dirigida
2. Toda persona acusada de una infracción penal es supuestamente inocente hasta que se establezca legalmente su
3. Toda persona acusada de una infracción penal tiene derecho, en plena igualdad, al menos a las siguientes
a) a ser informada, en el plazo más breve posible, en una lengua en la que comprenda y de manera detallada, de la
naturaleza y de los motivos de la acusación presentada contra ella;
b) a disponer del tiempo y de las facilidades necesarias para la preparación de su defensa y a comunicarse con el
asesor de su elección;
d) a estar presente en el proceso y a defenderse a sí misma o a tener la asistencia de un defensor elegido por
ella; si no tiene defensor, a ser informada de su derecho a tener uno y cada vez que lo exija el interés de la justicia, a verse atribuido de oficio un defensor, sin costas, si no tiene los
medios de remunerarlo;
e) a interrogar o a hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparación y el interrogatorio de los
testigos de la defensa en las mismas condiciones que los testigos de la acusación;
f) a hacerse asistir gratuitamente por un intérprete si no comprende o no habla la lengua empleada en la
5. Toda persona declarada culpable de una infracción tiene derecho a hacer examinar por una jurisdicción superior
la declaración de culpabilidad y la condena, conforme a la ley.
6. Cuando una condena penal definitiva es ulteriormente anulada o cuando se concede la gracia porque un nuevo
hecho o recientemente revelado demuestra que se ha producido un error judicial, la persona que ha sufrido la pena en razón de esta condena será indemnizada, conforme a la ley, a menos que se
demuestre que la no revelación en tiempo útil del hecho desconocido le es imputable en todo o en parte.
7. Nadie puede ser perseguido en razón de una infracción por la que ya haya sido absuelto o condenado por un
veredicto definitivo conforme a la ley y al procedimiento penal de cada país.
17 Véase la página web de la
campaña por la liberación de Mumia Abu Jamal: www.free mumia .org/
18 Véase la página web de la
campaña para la liberación de Marwan Barghouti: www.liberez barghouti .com/
19 Véase la página web
de la campaña para la liberación de Salah Hamouri: www. salah - hamouri .fr/ -
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante
una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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