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Timestamp: 2017-10-24 05:55:59
Document Index: 112899934

Matched Legal Cases: ['Artículo 727', 'Artículo 728', 'Artículo 729', 'Artículo 730', 'artículo 108', 'artículo 109', 'artículo 109', 'artículo 130', 'artículo 131', 'artículo 131', 'artículo 147', 'artículo 153', 'artículo 160', 'artículo 200', 'artículo 206', 'artículo 208', 'artículo 210', 'artículo 220', 'artículo 221', 'artículo 222', 'artículo 223', 'artículo 226', 'artículo 227', 'artículo 230', 'artículo 231', 'artículo 232', 'artículo 234', 'artículo 248', 'artículo 249', 'artículo 252', 'artículo 253', 'artículo 264', 'artículo 291', 'artículo 335', 'artículo 335', 'artículo 337', 'artículo 175', 'Artículo 175', 'artículo 188', 'artículo 190', 'artículo 191', 'artículo 315', 'Artículo 315', 'artículo 316', 'Artículo 316', 'artículo 323', 'artículo 329', 'Artículo 329', 'artículo 340', 'Artículo 340', 'artículo 341', 'Artículo 341', 'artículo 10', 'artículo 50', 'artículo 63', 'artículo 64', 'artículo 24', 'Artículo 24', 'artículo 31', 'Artículo 31', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 138', 'artículo 121', 'artículo 97', 'artículo 147', 'artículo 165', 'Artículo 7', 'Artículo 7', 'artículo 26', 'artículo 3', 'artículo 259', 'artículo 262', 'Artículo 262', 'artículo 305', 'artículo 308', 'artículo 315', 'artículo 317', 'artículo 317', 'artículo 326', 'artículo 329', 'artículo 330', 'artículo 332', 'artículo 334', 'artículo 334', 'artículo 335', 'artículo 336', 'artículo 337', 'artículo 340', 'artículo 342', 'artículo 342', 'artículo 343', 'artículo 344', 'artículo 345', 'artículo 345', 'artículo 346', 'artículo 347', 'artículo 348', 'artículo 348', 'artículo 349', 'artículo 349', 'artículo 350', 'artículo 351', 'artículo 352', 'artículo 354', 'artículo 356', 'artículo 366']

Libro 3 Título 5
LIBRO TERCERO TITULO CINCO
Artículo 727.- Repatriación.-Las sentencias de la jurisdicción nacional, en las que se impongan penas privativas de libertad podrán ser ejecutadas en el país de origen o nacionalidad de la o del sentenciado. Así mismo, las sentencias de justicia penal extranjera que impongan penas privativas de libertad a ecuatorianos, podrán ser ejecutadas en el Ecuador, de conformidad con los instrumentos internacionales o al amparo del principio de reciprocidad internacional.
Artículo 728.- Reglas.- Además de las previstas en los instrumentos internacionales, la repatriación activa o pasiva se someterá a las siguientes reglas:
1. Corresponderá decidir el traslado de la persona sentenciada al Ministerio rector en materia de justicia y derechos humanos, decisión que se pondrá en conocimiento de la o el juez de Garantías penitenciarias para su ejecución.
2. La ejecución de la sanción impuesta en sentencia se regirá por las normas del régimen penitenciario del Estado que se lo trasladará para su cumplimiento.
3. En ningún caso, se podrá modificar la duración de la pena privativa de libertad, pronunciada por la autoridad judicial extranjera.
Artículo 729.- Condiciones para el traslado y el cumplimiento de condenas para extranjeros.-El traslado del sentenciado es posible si se cumplen las siguientes condiciones:
1. Tener sentencia firme o definitiva.
2. Ser nacional del Estado en el que cumple la pena.
3. Que la duración de la pena, que el ciudadano condenado debe cumplir, sea de por lo menos seis meses, al día de la recepción de la petición.
4. Que los actos u omisiones que han dado lugar a la condena deben constituir una infracción penal en ambos Estados.
5. Que la persona privada de libertad o su representante, en razón de su edad o de su estado físico mental, tenga la voluntad de ser trasladada, siendo informada previamente de las consecuencias legales.
6. Que los Estados manifiesten expresamente su aprobación para el traslado.
Artículo 730.- Exoneración de multas en caso de repatriación.-En los casos en que en la sentencia se prevea el pago de multa o reparación integral el Organismo Técnico, previo informe técnico, podrá solicitar a la o al juez de Garantías Penitenciarias la reducción o exoneración de la multa o del pago de la reparación integral cuando se establezcan razones humanitarias debidamente motivadas o se haya demostrado la imposibilidad de pago.
PRIMERA: En lo no previsto en este Código se deberá aplicar lo establecido en el Código Orgánico de la Función Judicial y el Código de Procedimiento Civil, si es aplicable con la naturaleza del proceso penal acusatorio oral.
SEGUNDA: En referencia a las infracciones cometidas en las comunidades indígenas se deberá proceder conforme a lo dispuesto en la Constitución de la República, en los tratados e instrumentos internacionales ratificados por el Estado, en el Código Orgánico de la Función Judicial y en la leyes respectivas.
TERCERA: En los casos de repatriación de personas extranjeras sentenciadas en el Ecuador, las obligaciones de pago de multas quedan extinguidas, de conformidad con los convenios internacionales referentes a esta materia.
CUARTA: En lo referente a infracciones contra la administración aduanera, cuando el valor de las mercancías no exceda de los montos previstos para que se configure el tipo penal, no constituye delito y será sancionada como contravención administrativa por la autoridad aduanera con el cincuenta por ciento de la multa máxima establecida para cada delito.
PRIMERA: Los procesos penales, actuaciones y procedimientos de investigación que estén tramitándose cuando entre en vigencia este Código, seguirán sustanciándose de acuerdo con el procedimiento penal anterior hasta su conclusión, sin perjuicio del acatamiento de las normas del debido proceso, previstas en la Constitución de la República, siempre que la conducta punible esté sancionada en el presente Código.
SEGUNDA: Las audiencias establecidas en el Libro II, Procedimiento de este Código, entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.
TERCERA: Los procesos, actuaciones y procedimientos en materia de ejecución de penas privativas de libertad que estén tramitándose cuando entre en vigencia este Código, seguirán sustanciándose conforme al Código de Ejecución de Penas y demás normas vigentes al tiempo de su inicio y hasta su conclusión.
CUARTA: Los procesos, actuaciones y procedimientos de repatriación que estén tramitándose cuando entre en vigencia este Código, seguirán sustanciándose de acuerdo con las normas nacionales e internacionales vigentes al tiempo de su inicio y hasta su conclusión.
QUINTA: Los procesos, actuaciones y procedimientos de adolescentes infractores que estén tramitándose cuando entre en vigencia este Código, seguirán sustanciándose conforme con el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y demás normas vigentes al tiempo de su inicio y hasta su conclusión sin perjuicio del acatamiento de las normas del debido proceso previstas en la Constitución de la República.
SEXTA: El Consejo de la Judicatura, en un plazo de ciento cincuenta días contados a partir de la publicación en el Registro Oficial de este Código, organizará la aplicación del procedimiento especial contemplado en el Libro II, Procedimiento, y serán los juzgados de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, en donde funcionen, los que asuman la competencia de las causas que estén tramitándose en procesos contravencionales contra la mujer y la familia en las Comisarías de la Mujer y la Familia, Comisarías Nacionales e Intendencias de Policía. En los lugares donde no existan estos juzgados especializados será competente la o el juzgador de familia, mujer, niñez y adolescencia o el de contravenciones, según el caso y en ese orden.
SÉPTIMA: El Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, como política de salud pública y en el plazo de noventa días contados desde su conformación, iniciará en los centros de privación de libertad, el proceso de evaluación médica a las personas privadas de libertad que, en el cumplimiento de su condena, hayan desarrollado un trastorno mental, debidamente comprobado. Con base en el informe emitido por el Organismo Técnico, la o el Juez de garantías penitenciarias dispondrá el traslado de estas personas a un centro de salud mental a fin de que procedan con el tratamiento adecuado. Las y los servidores que incumplan esta disposición serán sancionados de acuerdo con la ley.
OCTAVA: La Fiscalía General del Estado, en coordinación con las instituciones involucradas en el sistema, dictará y aprobará los reglamentos para la regulación, implementación y dirección del sistema nacional de protección y asistencia de víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal y del Sistema especializado integral de investigación de medicina legal y ciencias forenses, en el plazo máximo de sesenta días, contados desde la publicación de este Código en el Registro Oficial.
NOVENA: El Consejo de la Judicatura dictará los reglamentos necesarios para la implementación, aplicación y cumplimiento de las normas establecidas en el Libro II, Procedimiento, de este Código, en el plazo máximo de ciento cincuenta días, contados desde la publicación de este Código en el Registro Oficial.
DÉCIMA: El Consejo de la Judicatura implementará los centros de mediación para adolescentes y dictará los reglamentos necesarios para su implementación, en el plazo máximo de ciento cincuenta días, contados desde la publicación de este Código.
DÉCIMO PRIMERA: El Presidente de la República, en el plazo máximo de sesenta días, contados desde la publicación de este Código en el Registro Oficial conformará el Organismo Técnico del Sistema de Rehabilitación Social, y nombrará a quien lo presidirá.
DÉCIMO SEGUNDA: En el plazo máximo de sesenta días, contados a partir de su conformación, el Organismo Técnico del Sistema de Rehabilitación Social dictará el reglamento para la implementación, aplicación y cumplimiento de las normas establecidas en el Libro III, Ejecución, de este Código.
DÉCIMO TERCERA: La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, la Comisión de Tránsito del Ecuador y los gobiernos autónomos descentralizados que hayan asumido la competencia en materia de tránsito, dictarán la normativa para la ejecución de la pena no privativa de libertad, en el plazo máximo de sesenta días, contados desde la publicación de este Código en el Registro Oficial.
DÉCIMO CUARTA: El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, en coordinación con el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia y el Ministerio de Inclusión Económica y Social, en el plazo de ciento cincuenta días contados desde la publicación de este Código en el Registro Oficial, dictará y aprobará la reglamentación correspondiente para que las o los niños que se encuentren al cuidado de una persona privada de la libertad en los centros de privación de libertad sean reubicados en establecimientos adecuados a sus derechos o bajo el cuidado de un familiar cercano, garantizando el contacto permanente con sus progenitores privados de libertad.
DÉCIMO QUINTA: La autoridad competente en materia de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, en el plazo de noventa días a partir de la publicación de este Código en el Registro Oficial, emitirá la tabla de cantidades de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización para producción o tráfico de mínima, mediana, alta y gran escala, con el fin de establecer la normativa referente a las cantidades establecidas en la Sección sobre los delitos por producción o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. En los casos de tenencia para el consumo, hasta que se emita la tabla correspondiente, se aplicará la Resolución No. 001 CONSEP-CD-2013, publicada en el Segundo Suplemento No. 19 de 20 de junio de 2013.
DÉCIMO SEXTA: El Consejo de la Judicatura, en el plazo máximo de noventa días a partir de la publicación de este Código en el Registro Oficial, asignará los recursos humanos y económicos necesarios para poner en funcionamiento las disposiciones contenidas en el presente Código, Inclusive, en lo que respecta a la creación de nuevas judicaturas, al archivo de los medios técnicos de las audiencias, al sistema de turnos y horario judicial especial en las unidades de flagrancia y a la creación y funcionamiento de los centros de mediación en materia de adolescentes infractores.
DÉCIMO SÉPTIMA: El Consejo de la Judicatura, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Fiscalía General del Estado y Defensoría Pública, en el plazo máximo de treinta días a partir de la publicación de este Código en el Registro Oficial, iniciará la capacitación de las y los juzgadores, fiscales, al personal de la Policía Nacional, personal civil especializado, servidoras y servidores judiciales, personal que conforma el Sistema Nacional de Rehabilitación Social, defensores públicos y defensores privados con la normativa legal contenida en el presente Código Orgánico Integral Penal.
DÉCIMO OCTAVA: En atención a lo dispuesto en el presente Código, el Consejo de la Judicatura en el plazo de ciento cincuenta días, desde la publicación de este Código Orgánico Integral Penal, establecerá un sistema de correo electrónico exclusivo para las notificaciones electrónicas en los procesos judiciales. Las y los servidores judiciales, sin perjuicio de la notificación física, quedarán obligados a notificar por este medio las providencias, resoluciones y actos administrativos, decretos, autos y sentencias. Su incumplimiento será sancionado de conformidad con lo dispuesto en el Código Orgánico de Función Judicial.
DÉCIMO NOVENA: El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos en coordinación con el Consejo de la Judicatura, en el plazo de ciento cincuenta días, contados desde la publicación en el Registro Oficial de este Código, pondrá en funcionamiento los dispositivos de vigilancia electrónica y su respectiva plataforma.
VIGÉSIMA: En el plazo máximo de sesenta días contados desde la publicación de este Código en el Registro Oficial, la Defensoría Pública implementará la Unidad de Defensa Jurídica de Víctimas, con el fin de garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que, por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no puedan contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos.
VIGÉSIMO PRIMERA: Hasta que se nombren a las y los jueces de garantías penitenciarias, el conocimiento de los procesos de ejecución de las sentencias penales condenatorias así como el control y supervisión judicial del régimen penitenciario, el otorgamiento de libertad condicional, libertad controlada, prelibertad y medidas de seguridad de los condenados le corresponderá al Ministerio encargado de los asuntos de justicia y derechos humanos.
VIGÉSIMO SEGUNDA: En un plazo máximo de ciento ochenta días contados a partir de la publicación del presente Código en el Registro Oficial, el Consejo de la Judicatura de manera conjunta y coordinada con el Ministerio de Salud Pública y la Fiscalía General del Estado, cumplirán con el proceso de acreditación de peritos especializados en cada una de las ramas de la salud.
VIGÉSIMO TERCERA: En el plazo de ciento ochenta días contados a partir de la publicación de este Código, el Consejo de la Judicatura creará las oficinas técnicas con profesionales en medicina psicología y trabajo social, para garantizar la intervención integral de las personas.
PRIMERA: Sustitúyanse en todas las disposiciones del ordenamiento jurídico nacional en lo que diga:
1. "Código Penal", por "Código Orgánico Integral Penal"
2. "Código de Procedimiento Penal", por "Código Orgánico Integral Penal"
3. "Código de Ejecución de Penas", por "Código Orgánico Integral Penal"
4. "Juezas y jueces penales ordinarios" o "juezas y jueces penales", por "juezas y jueces de garantías penales"
5. "Imputado" por "procesado" y en la que diga "imputados", por "procesados"
6. "Ofendido" por "víctima" y en la que diga "ofendidos", por "víctimas"
SEGUNDA: En el Código Orgánico de la Función Judicial, refórmense las siguientes disposiciones:
1. En el artículo 108 después del numeral 8, agréguese el siguiente numeral:
"9. Quien no notifique oportunamente providencias, resoluciones y actos administrativos, decretos, autos y sentencias."
2. En el artículo 109, sustitúyase el numeral 8 por el siguiente: "8. Haber recibido condena en firme como autor o cómplice de un delito doloso reprimido con pena de privación de la libertad."
3. En el artículo 109, agréguense los siguientes numerales: "17. No comparecer a una audiencia, excepto por caso fortuito o fuerza mayor.
18. No citar o notificar a las personas investigadas cuando lo han solicitado en las investigaciones previas; o, a las personas procesadas, en las investigaciones procesales, por delitos de ejercicio público de la acción."
4. En el artículo 130, sustitúyase el numeral 7, por el siguiente:
"7. Disponer la comparecencia de las partes procesales, testigos y peritos, cuya presencia sea necesaria para el desarrollo del juicio, por medio de la Policía Nacional. Esta medida no podrá tener una duración superior a veinticuatro horas, pero podrá reiterarse cuantas veces sea necesario hasta que se dé cumplimiento a la orden de comparecencia, sin perjuicio de que la jueza o el juez imponga la multa de dos salarios básicos unificados del trabajador en general, salvo caso fortuito o fuerza mayor."
5. En el artículo 131, sustitúyase el numeral 5 por el siguiente:
"5. Sancionar a las y a los defensores privados que no comparezcan a cualquier audiencia judicial, con multa de dos salarios básicos unificados del trabajador en general, salvo caso fortuito o fuerza mayor."
6. En el artículo 131, agréguese el siguiente numeral: "6. Aplicar las demás sanciones que este Código y otras normas establezcan."
7. A continuación del artículo 147, agréguese el siguiente artículo:
"Art.- 147.1.- Sistema único de coordinación de audiencias y diligencias.- Se crea el Sistema único de coordinación de audiencias y diligencias compuesto por un sistema informático integrado y personal técnico asignado por cada uno de los órganos que participan en el proceso, que permita la coordinación eficaz entre los sujetos, partes y órganos auxiliares para el cumplimiento oportuno de las audiencias y diligencias procesales, para observar estrictamente los plazos en las diferentes etapas del proceso. El Consejo de la Judicatura dictará los reglamentos necesarios para regular su estructura y funcionamiento."
8. En el artículo 153, numeral 1, sustitúyase la palabra "absolutoria" por la frase "ratificatoria de inocencia."
9. Luego del artículo 160, agréguese el siguiente artículo:
"Art.- 160.1.- Del sorteo de las causas.-En todo cuerpo pluripersonal de juzgamiento, sean Salas de la Corte Nacional, de las Cortes Provinciales o Tribunales que cuenten con más de tres miembros para su conformación, se determinará a las o a los juzgadores que deberán conocer la causa, mediante el sistema de sorteo determinado por el Consejo de la Judicatura."
10. Sustitúyase el artículo 200 por el siguiente:
"Art.- 200.- Número y requisitos.-El número de las o los conjueces de la Corte Nacional de Justicia y la Sala especializada a la cual serán asignados, será determinado por el Consejo de la Judicatura en coordinación con el Presidente de la Corte Nacional de Justicia. Las y los conjueces provendrán del concurso de selección de las y los jueces de la Corte Nacional que no fueron titularizados de acuerdo con la nota obtenida. En caso de que no se cuente con el número suficiente del banco de elegibles de conjuezas y conjueces de la Corte Nacional, se procederá a designar a las y a los jueces a partir del nivel octavo de la carrera judicial.
Las y los conjueces, tendrán las mismas responsabilidades y régimen de incompatibilidad que las y los jueces titulares; desempeñarán sus funciones a tiempo completo con dedicación exclusiva. En las Cortes Provinciales, Tribunales y demás órganos pluripersonales de juzgamiento, la subrogación de las o los jueces se la realizará por sorteo, de entre los otros titulares que conforman el órgano pluripersonal. En caso de no contar con suficientes miembros, se sorteará de entre los miembros no titularizados, conforme con los criterios y disposiciones dictadas por el Consejo de la Judicatura. Siendo este el único mecanismo de subrogación, las disposiciones comunes a este artículo y que se contrapongan, se entienden como no escritas."
11. Sustitúyase el inciso segundo del artículo 206 por el siguiente: "Sobre la base de los estudios técnicos, una Corte Provincial podrá funcionar con un número inferior a las salas especializadas de la Corte Nacional. El Consejo de la Judicatura de acuerdo con el modelo de gestión y al informe de viabilidad que para el efecto se realice, determinará las respectivas competencias de acuerdo con la ley, así como el sistema de trabajo."
12. En el artículo 208, sustitúyase el numeral 1 por el siguiente: "1. Conocer, en segunda instancia, los recursos de apelación y nulidad, incluso los que provengan de sentencias dictadas en procesos contravencionales y los demás que establezca la ley."
13. Sustitúyase el inciso segundo del artículo 210 por el siguiente: "La Presidenta o el Presidente podrá integrar la Sala a la que pertenece."
14. Sustitúyase el artículo 220 por el siguiente: "Art.- 220.- Tribunales de garantías penales.-En cada provincia habrá el número de juzgadores que determine el Consejo de la Judicatura para que integren los Tribunales de Garantías Penales. Las o los juzgadores serán competentes para conocer y resolver los procesos penales que se les asigne. El Consejo de la Judicatura deberá determinar la localidad de la residencia y de la circunscripción territorial en la que ejercen competencia los Tribunales. En caso de no establecerlo, se entenderá que es provincial."
15. Sustitúyase el numeral 1 del artículo 221, por el siguiente: "1. Sustanciar la etapa de juicio y dictar sentencia en todos los procesos de ejercicio público de la acción, cualquiera que sea la pena prevista para el delito que se juzga, exceptuándose los casos de fuero y aquellos que deban tramitarse por el procedimiento directo, o los que determine la ley."
16. Sustitúyase el artículo 222, por el siguiente:
"Art.-222.-Asignación de causas.- Para el conocimiento de cada causa, el Consejo de la Judicatura deberá establecer el sistema de sorteo, mediante el cual se determine las o los tres juzgadores que conformarán el Tribunal; de igual forma, por sorteo se seleccionará a la o al juez ponente quien presidirá el Tribunal y será competente para conocer las acciones por daños y perjuicios y demás atribuciones que establezca la Ley."
17. Sustitúyase el artículo 223 por el siguiente:
"Art.- 223.- Reemplazo de miembros del Tribunal. En caso de ausencia u otro impedimento de las o los juzgadores que conforman el Tribunal, su reemplazó será mediante sorteo entre las o los juzgadores designados por el Consejo de la Judicatura, para conformar los Tribunales de Garantías Penales. Cuando no se cuente con el número suficiente de juzgadores para integrar el Tribunal de Garantías Penales, se determinará su reemplazo, mediante sorteo entre los miembros que conforman el respectivo banco de elegibles, conforme con el Sistema establecido por el Consejo de la Judicatura."
18. Sustitúyase el Parágrafo IV, de la Sección IV, del Capítulo III, del Título III, por el siguiente:
"PARÁGRAFO IV
JUEZAS Y JUECES DE GARANTÍAS PENALES
Art.- 224.- Jueza o juez de garantías penales.-En cada provincia habrá el número de juezas y jueces de garantías penales que determine el Consejo de la Judicatura, el que señalará la localidad de su residencia y la circunscripción territorial en la que tengan competencia. En caso de no establecerse tal determinación se entenderá que la competencia es provincial. Estos jueces conocerán, sustanciarán y dictarán sentencia, según sea el caso, en los procesos penales que les asigne la ley.
Art.- 225.-Competencia.-Las y los jueces de garantías penales, además de las competencias atribuidas en el Código Orgánico Integral Penal, son competentes para:
1. Garantizar los derechos de la persona procesada y de la víctima durante las etapas procesales, conforme con las facultades y deberes que le otorga la ley.
2. Ordenar y practicar los actos probatorios urgentes que requieran autorización.
3. Dictar las medidas cautelares y de protección.
4. Sustanciar y resolver los procedimientos de ejercicio privado de la acción penal.
5. Sustanciar y resolver los procedimientos abreviados y directos.
6. Sustanciar y resolver las causas en todos aquellos procesos de ejercicio público de la acción penal que determine la ley.
7. Conocer y resolver los recursos de apelación que se formulen contra las sentencias dictadas por las juezas y jueces de contravenciones en el juzgamiento de infracciones contra la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor.
8. Los demás casos que determine la ley."
19. En el artículo 226, elimínese la frase "penales de lo militar, de lo policial."
20. Elimínese el artículo 227.
21. Sustitúyase el artículo 230 por el siguiente:
"Art.- 230.- Competencia de las juezas y jueces de garantías penitenciarias.-En las localidades donde exista un centro de rehabilitación social habrá, al menos, una o un juez de garantías penitenciarias.
Las y los jueces de garantías penitenciarias tendrán competencia para la sustanciación de derechos y garantías de personas privadas de libertad con sentencia condenatoria, en las siguientes situaciones jurídicas:
1. Todas las garantías jurisdiccionales, salvo la acción extraordinaria de protección.
2. Resolver las impugnaciones de cualquier decisión emanada de la autoridad competente relativas al régimen penitenciario.
3. Conocer y sustanciar los procesos relativos al otorgamiento de los regímenes semiabierto y abierto.
4. Las resoluciones que concedan la inmediata excarcelación por cumplimiento de la pena.
5. La unificación y prescripción de las penas emanadas por la administración de justicia penal, tanto nacional como extranjera.
6. Controlar el cumplimiento y la ejecución del indulto presidencial o parlamentario.
7. Cumplir con las disposiciones establecidas en el Protocolo facultativo a la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en lo que corresponde.
8. Las violaciones al estatus de liberado de las personas que han cumplido la pena y cualquier discriminación por pasado judicial de estas personas. En las localidades donde no existan jueces de garantías penitenciarias, la competencia será de cualquier juez.
9. Conocer y resolver la situación jurídica de las personas privadas de la libertad cuando se haya promulgado una ley posterior más benigna.
10. Las demás atribuciones establecidas en la ley." 22. Sustitúyase el artículo 231 por el siguiente:
"Art.- 231.- Competencia de las juezas y los jueces de contravenciones.- En cada distrito habrá el número de juezas y jueces de contravenciones que fije el Consejo de la Judicatura, con la determinación de la localidad de su residencia y de la circunscripción territorial en la que tengan competencia. En caso de no establecerse esta determinación, se entenderá que es cantonal. Serán competentes para:
1. Conocer los hechos y actos de contravenciones de violencia contra la mujer o miembro del núcleo familiar, siempre que en su jurisdicción no existan juezas o jueces de violencia contra la mujer o miembro del núcleo familiar.
2. Conocer las contravenciones tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal.
3. Conocer las infracciones a las normas de la Ley Orgánica de Defensa al Consumidor.
4. Conocer las diligencias preprocesales de prueba material en materia penal y civil, la notificación de los protestos de cheques y la realización de actuaciones procesales que le sean deprecadas o comisionadas.
5. El Consejo de la Judicatura determinará el número de juezas y jueces de contravenciones de conformidad con las necesidades del servicio.
6. Ejercer las demás atribuciones que establezca la ley. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados serán competentes para conocer y sustanciar las contravenciones establecidas en ordenanzas municipales e imponer las correspondientes sanciones que no impliquen privación de libertad." 23. Sustitúyase el artículo 232 por el siguiente:
"Art.- 232.- Competencia de las juezas y jueces de violencia contra la mujer o miembro del núcleo familiar.-En cada cantón, tomando en cuenta criterios de densidad poblacional, prevalencia y gravedad de la violencia, habrá el número de juezas y jueces de violencia contra la mujer o miembro del núcleo familiar que establezca el Consejo de la Judicatura, con la determinación de la localidad de su residencia y de la circunscripción territorial en la que tengan competencia. Serán competentes para:
1. Conocer los hechos y actos de violencia y las contravenciones de violencia contra la mujer o miembro del núcleo familiar. Cuando se apliquen medidas de protección previstas en la ley pertinente, simultáneamente la o el juzgador podrá fijar la pensión de alimentos correspondiente que, mientras dure esta medida, deberá satisfacer el agresor, tomándose en cuenta las necesidades de subsistencia de las personas perjudicadas por la agresión. Le corresponderá también a la o al juez ejecutar esta disposición en caso de incumplimiento.
2. Ejercer las demás atribuciones que establezca la ley. El Consejo de la Judicatura creará oficinas técnicas con profesionales en medicina, psicología, trabajo social; para garantizar la intervención integral."
24. Al final del numeral 4 del artículo 234, sustitúyase la frase "adolescentes infractores; y," por "adolescentes infractores.". Además, a continuación de este numeral agréguese el siguiente inciso:
"Conocer y resolver en primera instancia las causas relativas a los adolescentes infractores en los cantones en los que no exista juez o jueza de adolescentes infractores."
25. Sustitúyase el artículo 248, por el siguiente: "Art.- 248.- Voluntariado social.- Las o los jueces de paz desempeñarán sus funciones como un voluntariado para el servicio de la comunidad. El Consejo de la Judicatura establecerá un sistema de incentivos para las y los jueces de paz tales como, cursos de capacitación, becas para estudios en el país o en el extranjero, reconocimiento público por el buen desempeño, entre otros."
26. Sustitúyase el artículo 249, por el siguiente: "Art.- 249.- Jurisdicción y competencia.-Habrá juezas y jueces de paz en aquellas parroquias rurales en que lo soliciten los respectivos gobiernos parroquiales. En los barrios, recintos, anejos, comunidades y vecindades rurales, habrá juezas y jueces de paz cuando lo soliciten conforme con las disposiciones dictadas por el Consejo de la Judicatura. Asimismo, el Consejo de la Judicatura determinará la circunscripción territorial en la cual ejercerán sus funciones las juezas y jueces de paz, así como su organización."
27. Elimínese el artículo 252. 28. Sustitúyase el artículo 253 por el siguiente: "Art.- 253.- Atribuciones y deberes.- Las juezas y jueces de paz tendrán las siguientes atribuciones y deberes:
1. Conocer y resolver, sobre la base de la conciliación y la equidad, los conflictos individuales, comunitarios, vecinales y obligaciones patrimoniales de hasta cinco salarios básicos unificados del trabajador en general, que se sometan a su conocimiento, de conformidad con lo previsto en la ley de la materia.
2. Serán competentes para conocer las contravenciones que no impliquen privación de la libertad.
3. En casos de violencia contra mujeres, niños, niñas y adolescentes los jueces y juezas de paz remitirán el expediente al juez o autoridad competente de su respectiva jurisdicción. En ningún caso conocerán ni resolverán sobre los mismos.
4. Si en el transcurso del proceso una de las partes pone en conocimiento de la jueza o juez de paz que el caso materia del conflicto se halla ya en conocimiento de las autoridades de una comunidad, pueblo o nacionalidad indígena se procederá de conformidad con lo dispuesto en los artículos 344 y 345 de este Código. La justicia de paz no prevalecerá sobre la justicia indígena."
29. Sustitúyase el literal b) del numeral 8 del artículo 264 por el siguiente: "b) Establecer o modificar la sede, modelo de gestión y precisar la competencia en que actuarán las salas de las cortes provinciales, tribunales penales, tribunales de lo contencioso administrativo y tributarios juezas y jueces de primer nivel, excepto la competencia en razón del fuero. Una misma sala o juzgador de primer nivel, podrá actuar y ejercer al mismo tiempo varias competencias."
30. En el segundo inciso del artículo 291, elimínese la frase: "a pedido de la máxima autoridad y". 31. En el artículo 335, sustitúyase el numeral 10 por el siguiente: "10. Ausentarse a cualquier audiencia o diligencia judicial, en la que su presencia sea necesaria para el desarrollo del juicio, salvo por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado."
32. En el artículo 335, agréguese el siguiente numeral:
"11. Las demás prohibiciones establecidas en este Código."
33. A continuación del número 5 del artículo 337, agréguese el siguiente número:
"6. Cuando no comparezcan a cualquier audiencia o diligencia judicial, en la que su presencia sea necesaria para el desarrollo del juicio, salvo por caso fortuito o fuerza mayor. La suspensión durará dos meses."
TERCERA: En el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones refórmense las siguientes disposiciones:
1. Sustitúyase el artículo 175 por el siguiente:
"Artículo 175.-Infracción aduanera.-Son infracciones aduaneras las contravenciones y faltas reglamentarias previstas en el presente Código. Para la sanción de contravenciones y faltas reglamentarias bastará la simple trasgresión a la norma. En el caso de que se ingrese o se intente extraer del territorio aduanero ecuatoriano, mercancía no apta para el consumo humano, el director distrital ordenará su inmediata destrucción a costo del propietario, consignante, tenedor o declarante de ser este identificado y localizable, de otra forma, será pagado por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador."
2. En el artículo 188, elimínese la frase "tipificados en el presente Código."
3. En el artículo 190, después de literal m), agréguese los siguientes literales: "n) Las conductas de receptación y defraudación aduanera tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal, respecto de mercancías cuya cuantía sea igual o inferior a ciento cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en general. o) Las conductas de contrabando tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal, respecto de mercancías cuya cuantía sea inferior a diez salarios básicos unificados del trabajador en general."
4. En el artículo 191, agréguese el siguiente literal:
"g) En los casos de los literales n y o; con una multa equivalente a tres veces el valor de la mercancía materia de la infracción."
CUARTA: En el Código Tributario refórmense las siguientes disposiciones:
1. Sustitúyase el artículo 315 por el siguiente:
"Artículo 315.- Clases de infracciones.- Para efectos de su juzgamiento y sanción, las infracciones tributarias se clasifican en contravenciones y faltas reglamentarias. Constituyen contravenciones las violaciones de normas adjetivas o el incumplimiento de deberes formales, constantes en este Código y otras leyes. Constituyen faltas reglamentarias las violaciones de reglamentos o normas secundarias de obligatoriedad general."
2. Sustitúyase el artículo 316 por el siguiente:
"Artículo 316.- Elementos constitutivos.- Para la sanción de las contravenciones y faltas reglamentarias, bastará la transgresión de la norma."
3. En el artículo 323, elimínese el literal i) y el literal j).
4. Sustitúyase el artículo 329 por el siguiente:
"Artículo 329.-Cómputo de las sanciones pecuniarias.-Las sanciones pecuniarias se impondrán en proporción al valor de los tributos que, por la acción u omisión se trató de evadir o al de los bienes materia de la infracción. Cuando los tributos se determinen por el valor de las mercaderías o bienes a los que se refiere la infracción, se tomará en cuenta su valor de mercado en el día de su comisión. Las sanciones pecuniarias por contravenciones y faltas reglamentarias se impondrán de acuerdo con las cuantías determinadas en este Código y demás leyes tributarias."
5. Sustitúyase el artículo 340 por el siguiente:
"Artículo 340.- Prescripción de la acción.-Las acciones por las contravenciones y faltas reglamentarias prescribirán en tres años contados, desde que fueron cometidas."
6. Sustitúyase el artículo 341 por el siguiente:
"Artículo 341.-Prescripción de las penas pecuniarias.- Las penas pecuniarias, prescribirán en cinco años contados desde la fecha en la que se ejecutoríe la resolución o sentencia que la imponga y se interrumpirá por la citación del auto de pago, en la misma forma que las obligaciones tributarias."
QUINTA: En la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno refórmense las siguientes disposiciones:
1. En el inciso cuarto del numeral 11 del artículo 10, elimínese, al final del inciso, la frase "caso contrario se considerará defraudación."
2. Sustitúyase el numeral 3 del artículo 50 por el siguiente:
"3. La falta de entrega del comprobante de retención al contribuyente será sancionada con una multa equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de la retención."
3. Elimínese el último inciso del artículo 63.
4. Elimínese el segundo inciso del artículo 64.
SEXTA: En la Ley de Migración refórmense las siguientes disposiciones:
1. Sustitúyase el artículo 24 por el siguiente: "Artículo 24.- Si el extranjero sujeto a la acción de deportación está detenido, la jueza o juez de contravenciones previo al inicio del procedimiento, solicitará al juez o jueza de garantías penales la adopción de las medidas cautelares y de protección aplicables en el Código Orgánico Integral Penal."
2. Sustitúyase el artículo 31 por el siguiente: "Artículo 31.-Cuando la orden de deportación no pueda efectuarse por tratarse de un apátrida, por falta de documentos de identidad u otra causa justificada, la jueza o juez de contravenciones actuante, lo pondrá a disposición de la o el juez de garantías penales para que sustituya la prisión preventiva por algunas de las medidas cautelares y de protección establecidas en el Código Orgánico Integral Penal, mientras se logre la ejecución de la orden de deportación. Transcurrido el plazo de tres años sin que se ejecute la orden de deportación se regularizará su permanencia en el país."
3. En el inciso primero del artículo 37, sustitúyase la frase "Código de Procedimiento Penal" por la frase "Código Orgánico Integral Penal."
4. En el artículo 37, en el numeral IV, al final del inciso primero reemplácese la frase "en el Capítulo III del Título IV del Código Penal", por la frase "en el Código Orgánico Integral Penal."
SÉPTIMA: En el primer inciso del segundo innumerado del artículo 138 de la Ley de Minería, sustitúyase la frase "con las penas aplicables al delito de perjurio" por la frase "con el Código Orgánico Integral Penal."
OCTAVA: Sustitúyase el artículo 121 de la Ley Orgánica de Instituciones del Sistema Financiero por el siguiente:
"Art.- 121.-Las personas naturales o jurídicas que no forman parte del sistema financiero y no cuenten con el respectivo certificado expedido por la Superintendencia de Bancos, quedarán expresamente prohibidas de realizar operaciones reservadas para las instituciones que integran dicho sistema, especialmente la captación de recursos del público, exceptuando la emisión de obligaciones cuando esta proceda al amparo de la Ley de Mercado de Valores. Tampoco podrán hacer propaganda o uso de avisos, carteles, recibos, membretes, títulos o cualquier otro medio que sugiera que el negocio de dicha persona es de giro financiero o de seguros. La Superintendencia expedirá el reglamento sobre esta materia. En el caso que, a juicio de la Superintendencia, se pueda presumir que existe una infracción a lo dispuesto en este artículo, la Superintendencia tendrá, respecto de los presuntos infractores las mismas facultades de inspección que esta ley confiere respecto de las instituciones controladas. La Superintendencia ordenará la suspensión de las operaciones financieras que se realicen en contravención a este artículo. Además, aplicará a las personas que las efectúen una multa equivalente al diez por ciento (10%) de las operaciones de captación de fondos del público que estas hayan realizado, la que no podrá ser inferior, en ningún caso, al equivalente a 10.000 UVCs. La imposición de sanciones, en ningún caso relevará al infractor del cumplimiento de las obligaciones asumidas."
NOVENA: En la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, refórmense las siguientes disposiciones:
1. Sustitúyase al artículo 97 por el siguiente:
"Art.- 97.- Se instituye el sistema de puntaje aplicado a las licencias de conducir, para los casos de comisión de infracciones de tránsito, de conformidad con esta Ley y el Reglamento respectivo. Las licencias de conducir se otorgarán bajo el sistema de puntaje; al momento de su emisión, el documento tendrá puntos de calificación para todas las categorías de licencias de conducir aplicables para quienes la obtengan por primera vez, procedan a renovarla o cambiar de categoría. Las licencias de conducir serán otorgadas con treinta puntos para su plazo regular de vigencia de cinco años, y se utilizará un sistema de reducción de puntos por cada infracción cometida."
2. Sustitúyase el artículo 147 por el siguiente:
"Art.- 147.- El juzgamiento de los delitos de tránsito establecidos en el Código Orgánico Integral Penal, corresponderá en forma privativa a las juezas y jueces de tránsito dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales, o a quienes hagan sus veces, y a las demás instancias determinadas en el Código Orgánico de la Función Judicial.
Para el juzgamiento de las contravenciones en materia de tránsito establecidas en el Código Integral Penal, se crearán los Juzgados de Contravenciones de Tránsito, en las capitales de provincia y en los cantones que lo ameriten, bajo la jurisdicción de la Función Judicial. Para el control y ejecución de las contravenciones de tránsito establecidos en el Código Orgánico Integral Penal, serán competentes los Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales, Municipales y Metropolitanos de la circunscripción territorial donde haya sido cometida la contravención, cuando estos asuman la competencia; y la Comisión de Tránsito del Ecuador en su jurisdicción.
Cuando el Agente de Tránsito del Gobierno Autónomo Descentralizado vaya a sancionar una contravención que implique privación de libertad, podrá requerir inmediatamente la asistencia de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador para la detención del infractor."
3. Sustitúyase el artículo 165.1 por el siguiente:
"Art.- 165.1.- En casos de accidentes de tránsito para garantizar la seguridad ciudadana, los agentes civiles de tránsito en los sitios en que los Gobiernos Autónomos Descentralizados ejerzan las competencias o la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), de acuerdo con su jurisdicción, tomarán procedimiento y deberán elaborar el parte de accidente de tránsito correspondiente. Los vehículos detenidos por accidentes de tránsito serán trasladados a los patios de retención vehicular, que estarán a cargo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados que han asumido la competencia, de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (ANRCTTTSV) o de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) en sus respectivas jurisdicciones, para continuar con la cadena de custodia que servirá para las diligencias de ley pertinentes."
4. Sustitúyase la Disposición General VIGESIMAPRIMERA por la siguiente:
"VIGESIMAPRIMERA: En lo no previsto en la presente Ley, se deberá observar lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal, Código Orgánico de la Función Judicial y el Código de Procedimiento Civil, si es aplicable, con la naturaleza del proceso penal acusatorio oral."
5. Agréguese a continuación de la Disposición General VIGESIMASEXTA la siguiente disposición general:
"VIGESIMASEPTIMA.-La Agencia Nacional de Tránsito, en un plazo de noventa días asegurará el cien por ciento de cobertura del transporte público y comercial en todo el territorio ecuatoriano, en especial para el sector rural. Para el efecto determinará las condiciones en el Reglamento respectivo."
6. Sustitúyase la Disposición transitoria VIGESIMASEGUNDA por la siguiente:
"VIGESIMASEGUNDA.-La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, formará y capacitará agentes civiles para ejercer sus competencias de control del tránsito a nivel nacional. Una vez que disponga de los servidores públicos necesarios para tales efectos, estos relevarán a la Policía Nacional y a sus unidades dependientes en sus actividades de control del tránsito e investigación de accidentes de tránsito, debiendo este personal ser reasignado a otras funciones según las necesidades institucionales de la Policía Nacional.
Hasta que lo anterior ocurra, el Servicio de Investigaciones y Accidentes de Tránsito (SIAT), de la Policía Nacional, seguirá funcionando como lo venían haciendo hasta que la Oficina de Investigaciones de Accidentes de Tránsito (OIAT) de la Comisión de Tránsito del Ecuador asuma sus competencias. Las Jefaturas Provinciales y Subjefaturas de Control de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía Nacional, seguirán funcionando como organismos de control y vigilancia del tránsito y seguridad vial, dentro de sus límites jurisdiccionales con sujeción a las resoluciones de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial y de conformidad con esta Ley, hasta que, los Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales, Metropolitanos o Municipales y la Comisión de Tránsito del Ecuador asuman sus competencias dentro de sus jurisdicciones."
DÉCIMA: En la Ley para Reprimir el Lavado de Activos, refórmense las siguientes disposiciones:
1. Elimínese en el Artículo 7 literal f) la letra "y".
2. Agréguese en el Artículo 7 el siguiente literal:
"h) La Superintendenta o Superintendente de Economía Popular y Solidaria."
DÉCIMO PRIMERA: En la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, sustitúyase todo el Capítulo Segundo del Título Quinto por el siguiente:
DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y DEL PROCEDIMIENTO
Art.- 89.- De las sanciones.- El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este capítulo, se sancionarán con:
2. Suspensión temporal de la calificación.
3. Comiso de sustancias.
Art.- 90.- Registro y reporte.-Las personas naturales y jurídicas calificadas, así como aquellas que manejan medicamentos que contengan sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, mantendrán un registro actualizado de su producción, comercialización y utilización, debiendo reportar los datos reales sobre su elaboración, existencia y venta, dentro del plazo de los diez primeros días del mes siguiente. El incumplimiento de esta obligación será sancionada con multa de un salario básico unificado del trabajador en general.
Art.- 91.- Cambio de datos.-Las personas naturales y jurídicas calificadas comunicarán documentadamente en el plazo de treinta días los cambios referentes a: representante legal, representante técnico, bodegueros, denominación social, reforma de estatutos, domicilio; suspensión definitiva de actividades y de utilización de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y medicamentos que las contengan. El incumplimiento de esta obligación será sancionada con multa de un salario básico unificado del trabajador en general.
Art.- 92.-Inspección previa para destrucción de sustancias.-Las personas naturales y jurídicas calificadas solicitarán al CONSEP una inspección, previo a la destrucción de las sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y medicamentos que las contengan. El incumplimiento de esta obligación será sancionada con multa de dos salarios básicos unificados del trabajador en general.
Art.- 93-Notificación de arribo.-El importador de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y medicamentos que las contengan, informará al CONSEP con setenta y dos horas de anticipación el arribo de la sustancia correspondiente. El incumplimiento de esta obligación será sancionada con multa de un salario básico unificado del trabajador en general.
Art.- 94.- Venta a personas naturales o jurídicas no calificadas.-La persona natural o jurídica calificada que venda sustancias catalogadas sujetas a fiscalización a personas naturales o jurídicas que no cuenten con la calificación otorgada por el CONSEP, será sancionada con multa de uno a diez salarios básicos unificados del trabajador en general.
Art.- 95.- Notificación de siniestros.-Las personas naturales y jurídicas calificadas notificarán al CONSEP cuando existan derrames, pérdidas o cualquier otro siniestro ocurrido con las sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y medicamentos que las contengan, dentro del término de veinticuatro horas. El incumplimiento de esta obligación será sancionada con multa de dos salarios básicos unificados del trabajador en general.
Art.- 96.- Exceso de cupo.-Las personas naturales y jurídicas calificadas no podrán exceder el cupo anual autorizado por el CONSEP para el manejo de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y medicamentos que las contengan. El incumplimiento de esta obligación será sancionada con multa de uno a diez salarios básicos unificados del trabajador en general.
Art.- 97- Movilización sin guía de transporte.-Las personas naturales y jurídicas calificadas deben obtener una guía de transporte otorgada por el CONSEP, la misma que portará durante la movilización de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y medicamentos que las contengan, fuera de la jurisdicción cantonal. El incumplimiento de esta obligación será sancionada con multa de uno a diez salarios básicos unificados del trabajador en general.
Art.-98.-Autorización de importación o exportación.-Las personas naturales y jurídicas calificadas como importadores o exportadores solicitarán al CONSEP, previo al embarque, la autorización para la importación o exportación de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, mezclas o medicamentos que las contengan, detallando los términos de identificación, peso o volumen, concentración y demás requisitos establecidos en el reglamento. El incumplimiento de la autorización previa para la importación o exportación, será sancionada con multa equivalente al doble del valor en aduana de las sustancias y comiso de las sustancias importadas. Los excesos en la importación, que superen: el rango establecido por la autoridad aduanera nacional para mercancías al granel y los errores máximos permitidos en la verificación de peso, será sancionada con multa equivalente al doble del valor en aduana de las sustancias en exceso y comiso de la sustancia excedida.
Art.- 99.- Obligaciones generales.-Las instituciones, dependencias y servidores del sector público y las personas naturales o jurídicas del sector privado están obligadas a suministrar la información y a prestar la colaboración que determina esta Ley o que establezcan las autoridades a las que compete su aplicación. El incumplimiento de esta obligación, será sancionada con multa de dos salarios básicos unificados del trabajador en general.
Art.- 100.- Reincidencia.-La reincidencia en el incumplimiento de las obligaciones establecidas en este capítulo, será sancionada con el doble de la multa establecida en la última resolución y con suspensión temporal de la calificación por el plazo de cuarenta y ocho horas.
Art.- 100-a.- Responsabilidad solidaria.- Si las multas por faltas administrativas se impusieren a establecimientos, empresas o personas jurídicas de derecho privado, sus representantes legales, propietarios o administradores serán solidariamente responsables del pago.
Art.- 100-b.- Competencia.- El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este capítulo, serán sancionadas administrativamente por los Directores Regionales del CONSEP de acuerdo a su jurisdicción y por el Director Nacional de Asesoría Jurídica en la provincia de Pichincha. La resolución de los Directores Regionales y del Director Nacional de Asesoría Jurídica, se podrá apelar en última instancia, en el plazo de quince días ante el Secretario Ejecutivo del CONSEP, quien se pronunciará dentro del plazo de sesenta días. Las sanciones administrativas serán establecidas de conformidad con el procedimiento administrativo común, establecido en el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva; sin perjuicio de las sanciones civiles y penales a que haya lugar. Las sanciones por faltas administrativas deberán ser canceladas en el término de tres días, contados a partir de la notificación de la resolución respectiva.
Art.- 100-c.- Prescripción.-Las faltas administrativas y las sanciones previstas en este capítulo prescriben en el plazo de noventa días."
DÉCIMO SEGUNDA: En la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, sustitúyase el artículo 26 por el siguiente:
"Art. 26.-Informes de auditoría y su aprobación. Los informes de auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades, tendrán el contenido que establezcan las normas de auditoría y más regulaciones de esta Ley, incluyendo la opinión de los auditores, cuando corresponda, y la referencia al período examinado. Estos informes serán tramitados desde la emisión de la orden de trabajo de la auditoría, hasta la aprobación del informe en el plazo máximo de ciento ochenta días improrrogables. Los informes, luego de suscritos por el director de la unidad administrativa pertinente, serán aprobados por el Contralor General o su delegado en el término máximo de treinta días improrrogables y serán enviados a las máximas autoridades de las instituciones del Estado examinadas de manera inmediata."
DÉCIMO TERCERA: En la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, sustitúyase el artículo 3 por el siguiente:
"Art. 3.- Ámbito de Aplicación.- Se consideran miembros del núcleo familiar el cónyuge o la cónyuge, a la pareja en unión de hecho o unión libre, conviviente, ascendientes, descendientes, hermanas, hermanos, parientes hasta el segundo grado de afinidad y personas con las que se mantenga, o haya mantenido vínculos familiares, íntimos, afectivos, conyugales, de convivencia, noviazgo o cohabiten."
DÉCIMO CUARTA: En el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia refórmense las siguientes disposiciones:
1. Al final del artículo 259 agréguese la frase "y los Juzgados de Adolescentes Infractores."
2. Sustitúyase el artículo 262 por el siguiente:
"Artículo 262.-Competencia de los Jueces de Adolescentes Infractores. Corresponde a los Jueces de Adolescentes Infractores dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales, el conocimiento y resolución de los asuntos relacionados con la responsabilidad del adolescente que trata los Libros Cuarto y Quinto. En los cantones en los que no exista juez de adolescentes infractores corresponderá el conocimiento de las causas al juez de la Familia, mujer, niñez y adolescencia."
3. A continuación del artículo 305 agréguese el siguiente artículo:
"Art. 305-a.- Comprobación de edad e identidad. La comprobación de la edad e identidad de los adolescentes se realizará antes de la primera audiencia, para lo cual se recurrirá a:
1. Cualquier documento público de identificación; o,
2. La prueba científica pertinente realizada por un perito. En caso de negativa del adolescente a la realización de la prueba científica, el fiscal solicitará orden judicial para la práctica de la pericia garantizando el debido proceso. En ningún caso se decretará la privación de libertad para efectos de comprobar la edad o identidad."
4. En los artículos 306, 308 y 327 sustitúyase la frase "la ley penal" por "el Código Orgánico Integral Penal."
5. Sustitúyase el inciso segundo del artículo 308 por el siguiente: "No se tomará medidas si existen causas de inculpabilidad o causas de exención de responsabilidad."
6. En el artículo 315 sustitúyase la palabra "abogados" por "defensores públicos o privados."
7. En el artículo 317, inciso tercero, después de la palabra "destruido." agréguese lo siguiente: "La sentencia original o copia certificada de la misma se conservará para mantener un registro con fines estadísticos, para una posible interposición del recurso de revisión."
8. Sustitúyase el último inciso del artículo 317 por el siguiente: "Con excepción de los adolescentes sentenciados por delitos con pena privativa de libertad superior a diez años, el certificado de antecedentes penales no contendrá registros de infracciones cometidas mientras la persona era adolescente. Quién lo realice estará sujeto a las sanciones de Ley."
9. 10. En el artículo 326, sustitúyase la palabra "Director" por la de "Coordinador."
11. En el artículo 329 elimínese la frase "preliminar o a la."
12. En el artículo 330 sustitúyase los literales a y b por los siguientes:
"a) De los adolescentes que no cumplen catorce años de edad, en el juzgamiento de delitos de robo con resultado de muerte, homicidio, asesinato, femicidio, sicariato, violación, secuestro extorsivo, genocidio, lesa humanidad y delincuencia organizada.
b) De los adolescentes que cumplen catorce años, en el juzgamiento de delitos sancionados en el Código Orgánico Integral Penal con pena privativa de libertad de más de cinco años."
13. En el artículo 332 elimínese la palabra "inculpado" y reemplácese la frase "de los artículos 2246, 2247 y 2248 del Código Civil" por "del Código Civil referentes a la fianza."
14. Elimínense los artículos 333, 338, 341, 353, 355 y 358. 15. Sustitúyase el artículo 334 por el siguiente:
"Art. 334.- El ejercicio de la acción. El ejercicio de la acción para el juzgamiento del adolescente corresponde únicamente al fiscal. Las infracciones de acción privada se tratarán como de acción penal pública. Las reparaciones integrales procederán sin necesidad de acusación particular."
16. A continuación del artículo 334, agréguese los siguientes artículos:
"Art. 334-a.- Prescripciones. El ejercicio de la acción en los casos de delitos prescribirá en tres años y las contravenciones en treinta días desde su cometimiento. Las medidas socioeducativas prescribirán en el mismo tiempo de su imposición. En ningún caso será menor de seis meses desde el día en que se ejecutorió la sentencia."
"Art. 334-b. Delitos conexos. En el caso de que existan delitos conexos, se impondrá la medida socioeducativa del delito más grave."
17. En el artículo 335 sustitúyase la palabra "enjuiciado" por "procesado" y "el ofendido" por "la víctima." 18. Sustitúyase el artículo 336 por el siguiente: "Art. 336.- Fiscales de adolescentes infractores. Los fiscales de adolescentes infractores tienen las siguientes atribuciones:
1. Dirigir la investigación preprocesal y procesal.
2. Decidir si se justifica el ejercicio de la acción penal según el mérito de su investigación.
3. Procurar las formas de terminación anticipada del proceso, en los casos que proceda.
4. Decidir la remisión, en los casos que proceda.
5. Solicitar el ingreso al sistema de protección de víctimas, testigos y otros sujetos procesales.
6. Dirigir la investigación de la Policía en los casos que instruye.
7. Las demás funciones que se señala en la Ley." 19. Sustitúyase el artículo 337 por el siguiente:
"Art. 337. La víctima.-La víctima podrá denunciar los hechos al fiscal, participar en el proceso e interponer los recursos, cuando lo crea necesario para la defensa de sus intereses."
20. Sustitúyase el artículo 340 por el siguiente:
"Art. 340.- Etapas.-El proceso para el juzgamiento del adolescente tiene estas etapas:
3. Juicio."
21. En la Sección Primera del capítulo segundo, Título IV, del Libro Cuarto sustitúyase "La etapa de investigación procesal" por "Investigación previa e Instrucción."
22. Sustitúyase el artículo 342 por el siguiente:
"Art. 342.-Investigación previa. Antes de iniciar la instrucción, el fiscal podrá investigar los hechos que por cualquier medio lleguen a su conocimiento en el que se presuma la participación de un adolescente. La investigación previa no excederá de cuatro meses en los delitos sancionados con pena privativa de libertad de hasta cinco años, ni de ocho meses en aquellos sancionados con pena superior a cinco años. Transcurridos los plazos señalados el fiscal, en el plazo de diez días, ejercerá la acción penal o archivará la causa, y en caso de no hacerlo, dicha omisión se considerará como infracción leve de acuerdo con el Código Orgánico de la Función Judicial. Dentro de los plazos previstos para la investigación, el fiscal solicitará al juzgador competente señale día y hora para la audiencia de formulación de cargos, siempre que existan los elementos suficientes. La audiencia de formulación de cargos se desarrollará de acuerdo con las reglas del Código Orgánico Integral Penal."
23. A continuación del artículo 342 insértese los siguientes artículos:
"Art. 342-a.-Audiencia de calificación de flagrancia. En los casos de infracción flagrante, dentro de las veinticuatro horas desde que tuvo lugar la aprehensión, se realizará la audiencia oral ante el juzgador competente, en la que se calificará la flagrancia y la legalidad de la aprehensión. El fiscal formulará cargos y de ser pertinente solicitará las medidas cautelares y de protección que el caso amerite.
Art. 342-b.- Trastorno mental. El adolescente que padezca trastorno mental permanente o transitorio y cometa una infracción, no será responsable penalmente, empero, será el juzgador competente quien dictará una medida de seguridad proporcional, previo informe psiquiátrico de un profesional designado por el fiscal. El juzgador competente mantendrá la ejecución de la medida impuesta o decretará su revocatoria, de oficio o a petición de parte, en audiencia, con informe de un médico psiquiatra designado para el efecto."
24. Sustitúyase el artículo 343 por el siguiente: "Art. 343.- Duración de la instrucción. La etapa de instrucción durará cuarenta y cinco días improrrogables, contados a partir de la fecha de la audiencia de formulación de cargos, sin perjuicio de que el fiscal señale un plazo menor para su conclusión. En caso de delito flagrante, la instrucción no excederá de treinta días. Si aparecen en el proceso datos de los que se presuma la participación de otro adolescente en el hecho investigado, el fiscal solicitará audiencia para la vinculación. La instrucción se mantendrá abierta por un plazo adicional de veinte días, por una sola vez, contados a partir de la audiencia de vinculación que se efectuará dentro del plazo previsto para la instrucción. La audiencia se llevará a cabo con la participación directa del adolescente y su defensor público o privado. El fiscal que incumpla los plazos señalados en este artículo, será sancionado en la forma prevista en la Ley."
25. Sustitúyase el artículo 344 por el siguiente:
"Art. 344.- Conclusión de la Instrucción. Concluida la instrucción, si no se determina la existencia de la infracción investigada o la responsabilidad del adolescente, el fiscal emitirá su dictamen abstentivo por escrito y de manera motivada en un plazo máximo de cinco días solicitando al juzgador competente dicte el sobreseimiento. En este caso, cesará de inmediato cualquier medida cautelar que se dispuso en contra del adolescente. En el caso que se determine la existencia del delito y se considere que el adolescente participó en el hecho, solicitará al juzgador competente señale día y hora para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en la que el fiscal emitirá su dictamen acusatorio."
26. Sustitúyase el inciso primero del artículo 345 por el siguiente:
"Art. 345.- Conciliación. El fiscal podrá promover la conciliación siempre que el delito sea sancionado con penas privativas de libertad de hasta diez años."
27. En el inciso tercero del artículo 345, elimínese la frase "de Niñez y Adolescencia."
28. En el artículo 346 elimínese la frase "de la Niñez y Adolescencia."
29. Sustitúyase el artículo 347 por el siguiente:
"Art. 347.- Conciliación promovida por el juzgador. El juzgador competente podrá promover un acuerdo conciliatorio, siempre que el delito sea sancionado con penas privativas de libertad de hasta diez años. Este se propondrá en la Audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Si se logra el acuerdo conciliatorio, constará en acta conforme al artículo anterior."
30. En el artículo 348 sustitúyase el inciso segundo y tercero por los siguientes: "El acuerdo conciliatorio alcanzado en audiencia de evaluación y preparatoria de juicio o la aprobación por parte del juzgador del acuerdo promovido por el fiscal son obligatorios y una vez cumplidos a cabalidad, ponen término al proceso. En caso de incumplir las obligaciones contenidas en el acuerdo, el juzgador competente continuará sustanciando el procedimiento inicial. El período de cumplimiento de las obligaciones contraídas en la conciliación, no se imputará para el cómputo de la prescripción de la acción. Si una o más de las víctimas no aceptan la conciliación, continuará el enjuiciamiento y subsistirá su derecho a resarcimiento."
31. A continuación del artículo 348, agréguese los siguientes artículos:
"Art. 348-a.- Mediación penal. La mediación permite el intercambio de opiniones entre la víctima y el adolescente, durante el proceso, para que confronten sus puntos de vista y logren solucionar el conflicto que mantienen. Podrá referirse a la reparación, restitución o resarcimiento de los perjuicios causados; realización o abstención de determinada conducta; y, prestación de servicios a la comunidad. Procederá en los mismos casos de la conciliación."
Art. 348-b.- Solicitud. En cualquier momento hasta antes de la conclusión de la etapa de instrucción, cualquier sujeto procesal podrá solicitar al juzgador, someter el caso a mediación. Una vez aceptado, el juzgador remitirá a un centro de mediación especializado. Los padres, representantes legales o responsables del cuidado del adolescente participarán en la mediación en conjunto con los sujetos procesales.
Art. 348-c.- Reglas generales. La mediación se regirá por las siguientes reglas:
1. Existencia del consentimiento libre, informado y exento de vicios por parte de la víctima y la aceptación expresa, libre y voluntaria del adolescente.
2. Si existe pluralidad de adolescentes o de víctimas, el proceso continuará respecto de quienes no concurren al acuerdo.
3. En caso de no llegar a un acuerdo, las declaraciones rendidas en la audiencia de mediación no tendrán valor probatorio alguno.
4. El Consejo de la Judicatura llevará un registro cuantitativo y sin datos personales del adolescente y sus familiares, en el cual dejará constancia de los casos que se someten a mediación y los resultados de la misma.
5. La mediación estará a cargo de mediadores especializados acreditados por el Consejo de la Judicatura.
6. El Consejo de la Judicatura organizará centros de mediación para asuntos de adolescentes.
7. Las notificaciones se efectuarán en la casilla judicial, domicilio judicial electrónico o en un correo electrónico señalado por los sujetos procesales.
8. El acta de mediación se remitirá al juzgador que derivó la causa al centro de mediación respectivo.
Art. 348-d.- Efectos de la mediación. Una vez cumplido el acuerdo, el juzgador declarará extinguida la acción penal. En caso de incumplimiento, se continuará con el proceso inicial. Los plazos del acuerdo no se imputarán para el cómputo de la prescripción del ejercicio de la acción."
32. Sustitúyase el artículo 349 por el siguiente:
"Art.- 349.- Suspensión del proceso a prueba. El fiscal, hasta en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, podrá proponer la suspensión del proceso a prueba, si existe el consentimiento del adolescente y se trata de delitos sancionados con pena privativa de libertad de hasta diez años. Presentada la petición, el juzgador convocará a audiencia y si la víctima asiste, será escuchada. La presencia del defensor del adolescente es un requisito de validez. El período de suspensión del proceso a prueba, no se imputa para el cómputo de la prescripción de la acción."
33. A continuación del artículo 349, insértese el siguiente:
"Art. 349-a.- Auto de suspensión.- El auto de suspensión del proceso a prueba contendrá:
1. La relación circunstanciada de los hechos y la determinación del tipo penal.
2. La medida socioeducativa de orientación y apoyo psico socio familiar.
3. La reparación del daño causado, de ser el caso.
4. Las condiciones o plazos de las obligaciones pactadas, que no pueden ser inferiores a la cuarta parte del tiempo de la posible medida a aplicarse en caso de encontrarse responsable del delito y nunca será mayor a la tercera parte de la misma.
5. El nombre de la institución responsable de brindar la orientación o apoyo psico socio familiar y las razones que lo justifican.
6. La obligación del adolescente de informar al fiscal de cambios en el domicilio, lugar de trabajo o centro educativo."
34. En el artículo 350, elimínese la frase "de la Niñez y Adolescencia."
35. Sustitúyase el artículo 351 por el siguiente: "Art. 351.- Remisión con autorización judicial. Cabe remisión en las infracciones sancionadas con penas privativas de libertad de hasta cinco años, cuando se cumplan los siguientes requisitos:
1. Que se cuente con el consentimiento del adolescente.
2. Que al adolescente no se le haya impuesto una medida socio educativa o remisión anterior por un delito de igual o mayor gravedad. Por la remisión el adolescente será conducido a cualquier programa de orientación y apoyo psico socio familiar, servicios a la comunidad o libertad asistida. La remisión no implica el reconocimiento de la infracción por parte del adolescente y extingue el proceso siempre y cuando se cumpla integralmente el programa. El juzgador podrá conceder la remisión del caso a petición del fiscal o del adolescente. La petición se propondrá en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. En caso de que la víctima asista a la audiencia, será escuchada por el juzgador. El auto que concede la remisión contendrá la relación circunstanciada de los hechos y los fundamentos legales; la determinación del programa de orientación al que es remitido y su duración."
36. Sustitúyase el artículo 352 por el siguiente:
"Art. 352.-Remisión fiscal. Si la infracción investigada es de aquellas sancionadas con pena privativa de libertad de hasta dos años y si se ha remediado a la víctima los perjuicios resultantes de la infracción, el fiscal podrá declarar la remisión del caso y archivar el expediente."
37. En la Sección Tercera del capítulo segundo, Título IV, del Libro Cuarto, sustitúyase "La audiencia preliminar" por "audiencia de evaluación y preparatoria de juicio."
38. Sustitúyase el artículo 354 por el siguiente:
"Art. 354.- Acusación fiscal. El fiscal solicitará al juzgador, señale día y hora para la realización de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en la que decidirá si existen méritos suficientes para proceder al juzgamiento del adolescente. Esta audiencia se realizará dentro de un plazo mínimo de seis y máximo de diez días contados desde la fecha de la solicitud. La acusación fiscal deberá cumplir los requisitos previstos en el Código Orgánico Integral Penal."
39. Sustitúyase el artículo 356 por el siguiente:
"Art. 356.- Audiencia de Evaluación y preparatoria de juicio. La Audiencia de Evaluación y preparatoria de juicio se desarrollará de conformidad con las siguientes reglas:
1. Instalada la audiencia, el juzgador solicitará a los sujetos procesales se pronuncien sobre los vicios formales respecto de lo actuado. De ser pertinentes, se subsanarán en la misma audiencia.
2. El juzgador resolverá sobre cuestiones de procedibilidad, prejudicialidad, competencia y cuestiones de procedimiento que pueden afectar la validez del proceso. La nulidad se declarará siempre que pueda influir en la decisión del proceso o provoque indefensión. Toda omisión hará responsable a los juzgadores que en ella incurren, quienes serán condenados en las costas respectivas.
3. El juzgador concederá la palabra a la fiscalía para que exponga los fundamentos de su acusación. Luego intervendrá la víctima, de estar presente y el defensor del adolescente.
4. En esta audiencia se podrá presentar propuestas de conciliación, suspensión del proceso a prueba o remisión.
5. Concluida la intervención de los sujetos procesales, si no hay vicios de procedimiento que afecten la validez procesal continuará la audiencia, para lo cual las partes deberán:
a) Anunciar las pruebas que serán presentadas en la audiencia de juicio, formular solicitudes y planteamientos que estimen relevantes referidos a la oferta de prueba realizada por los demás intervinientes.
b) Solicitar la exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba, de conformidad con lo previsto en la Ley, que estén encaminados a probar hechos notorios o que por otro motivo no requieran prueba. El juzgador se pronunciará en forma motivada rechazando la objeción o aceptándola y en este último caso, declarará qué evidencias son ineficaces hasta ese momento procesal excluyendo la práctica de medios de prueba ilegales.
c) Los acuerdos probatorios se realizarán por mutuo consenso entre las partes o a petición de una de ellas cuando el hecho sea innecesario probar, inclusive sobre la comparecencia de los peritos para rendir testimonio sobre los informes presentados.
6. En ningún caso el juzgador ordenará la práctica de pruebas de oficio.
7. Concluidas las intervenciones de los sujetos procesales, el juzgador anunciará de manera verbal su resolución de sobreseer o convocar a audiencia de juicio; y, dentro de las cuarenta y ocho horas la resolución anunciada será remitida por escrito y motivada.
8. Al final, se sentará la razón de la realización de la audiencia que recoge la identidad de los comparecientes y la resolución del juzgador. En caso de aceptarse una forma anticipada de terminación o suspensión del proceso, el juzgador procederá de acuerdo a lo previsto en las normas para la remisión, la suspensión a prueba y la conciliación."
40. Sustitúyase la Sección Cuarta del Capítulo Segundo, del Título IV, del libro Cuarto denominada "La audiencia de Juzgamiento" por la siguiente:
Art. 359.- Audiencia de Juicio.-La audiencia de juicio se sustentará sobre la base de la acusación fiscal. El juzgador especializado en adolescentes infractores declarará instalada la audiencia de juicio, en el día y hora señalados, con la presencia del fiscal de adolescentes infractores, el adolescente, conjuntamente con su defensor privado o público. Si al momento de instalar la audiencia, el adolescente se encuentra ausente, se sentará razón de este hecho y se suspenderá la audiencia hasta contar con su presencia. El juzgador dispondrá las medidas necesarias para asegurar su comparecencia. En caso de no comparecer todos los testigos o peritos convocados a rendir testimonio, el juzgador preguntará a las partes procesales la pertinencia de continuar la audiencia con los que estén presentes escuchando sus argumentos. Finalmente, el juzgador decidirá la continuación o no de la audiencia.
El día y hora señalados, el juzgador instalará el juicio oral, concediendo la palabra tanto a la fiscalía, a la víctima de estar presente, y a la defensa del adolescente para que presenten sus alegatos de apertura, antes de proceder a la presentación y práctica de las pruebas. La práctica de pruebas se desarrollará según las reglas previstas en el Código Orgánico Integral Penal.
Art. 360.- Alegatos de cierre.- Concluida la prueba, el juzgador concederá la palabra para alegar sobre la existencia del delito, la responsabilidad del adolescente y la medida socioeducativa aplicable, de acuerdo con el siguiente orden y disposiciones:
1. El fiscal y la defensa expondrán, en ese orden, sus argumentos o alegatos. Si la víctima lo requiriere intervendrá luego del fiscal. Habrá derecho a la réplica.
2. El juzgador delimitará en cada caso, la extensión máxima del tiempo de intervención para los argumentos de conclusión, en atención al volumen de la prueba vista en la audiencia y la complejidad de los cargos resultantes de los hechos contenidos en la acusación.
3. Una vez presentados los alegatos, el juzgador declarará la terminación del debate y deliberará para anunciar la sentencia oral sobre la responsabilidad y la medida socioeducativa.
4. En caso de que se ratifique la inocencia del adolescente, el juzgador dispondrá su inmediata libertad si está privado de ella, levantará todas las medidas cautelares impuestas y emitirá sin dilación las órdenes correspondientes. La orden de libertad procederá inmediatamente incluso si no se ha ejecutoriado la sentencia o se interponen recursos.
Art. 361.- La sentencia.-La decisión oral del juzgador especializado en adolescentes infractores será reducida a escrito en sentencia. La sentencia contendrá tanto la motivación de la existencia de la infracción, la responsabilidad o no del adolescente, así como la determinación de la medida socioeducativa y la reparación integral a la víctima, cuando corresponda. El juzgador ordenará la notificación con el contenido de la sentencia, dentro del plazo de tres días posteriores a la finalización de la audiencia de juicio. A partir de esta, correrá el término para presentar las impugnaciones correspondientes de acuerdo a lo previsto en la Ley.
Art. 362.- Requisitos de la sentencia.- La sentencia contendrá:
1. La indicación del juzgador especializado en adolescentes infractores, el lugar, la fecha y hora en que se emite; los nombres y los apellidos del adolescente y los demás datos que sirvan para identificarlo.
2. La enunciación de las pruebas practicadas y la relación precisa y circunstanciada del hecho punible y de los actos del adolescente que el juzgador considere probados.
3. La decisión del juzgador, con la exposición motivada de sus fundamentos de hecho y de derecho.
5. La indicación y duración de la medida socioeducativa; y, su forma de cumplimiento, cuando corresponda.
6. La reparación integral y su forma de cumplimiento.
7. La existencia o no de una indebida actuación por parte del fiscal o defensor privado o público. En tal caso se notificará la sentencia al Consejo de la Judicatura para el trámite correspondiente.
8. La orden de destruir las muestras de las sustancias por delitos de producción o tráfico ilícitos de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.
9. La disposición a los Centros de adolescentes infractores o Unidades zonales de desarrollo integral para adolescentes infractores de la obligación de reportar informes de seguimiento y de control de la medida impuesta.
10. La firma del juzgador.
Art. 363.-Existencia de varios adolescentes sentenciados.-Si son varios los adolescentes sentenciados, el juzgador debe referirse en la sentencia a cada uno de ellos e indicar si son autores o cómplices; o, ratificar su inocencia. En este último caso, ordenará la cesación de todas las medidas cautelares.
Art. 363-a.- Notificación.-Las resoluciones adoptadas por el juzgador especializado en adolescentes infractores que restrinjan la libertad o aquellas que declaren la caducidad, suspensión, revocatoria o la sustitución del internamiento preventivo, sobreseimiento, prescripción, así como la sentencia que declare la responsabilidad o confirmen la inocencia, se notificarán de manera obligatoria al Ministerio encargado de los asuntos de justicia y derechos humanos, y cuando sea pertinente a la Policía Especializada en Niñez y Adolescencia y a la Dirección Nacional de Migración.
Art. 363-b.- Tiempo de la medida socioeducativa. El juzgador especializado en adolescentes infractores determinará con precisión el tiempo y el modo de la medida socioeducativa que el adolescente deberá cumplir. Para efectos de computar la sanción cuentan todos los días del año. Se entiende que el día tiene veinticuatro horas y el mes treinta días. El tiempo que dure el internamiento preventivo se computará a la medida socioeducativa. Cuando en el internamiento preventivo se agote el tiempo dispuesto en la medida socioeducativa, el juzgador la declarará extinguida y ordenará la libertad inmediata del adolescente, sin que sea necesario otro documento o requerimiento para que esta se haga efectiva.
Art. 363-c.- Oportunidad para ejecutar la medida socioeducativa.-La medida socioeducativa se cumplirá una vez que esté ejecutoriada la sentencia. Ninguna adolescente embarazada, cualquiera que sea su período de gestación, podrá ser privada de su libertad ni ser notificada con sentencia, sino noventa días después del parto. En ningún caso se aplicarán medidas socioeducativas privativas de libertad a adolescentes que tengan discapacidad total permanente que limite su desempeño.
Art. 363-d.- Reparación en la sentencia.-Toda sentencia condenatoria contemplará la imposición de una o varias condiciones a la reparación integral de la víctima, de conformidad con las siguientes reglas:
1. La víctima deberá ser identificada y no requiere haber participado activamente durante el proceso.
2. La reparación se discutirá en la audiencia de juicio.
3. Si hay más de un responsable, el juzgador determinará la modalidad de la reparación en función de las circunstancias de la infracción y del grado de participación como autor o cómplice, y si el delito fue cometido de manera dolosa o culposa.
4. En los casos en los que las víctimas son reparadas por acciones de carácter constitucional, el juzgador se abstendrá de aplicar como sanción las formas de reparación determinadas judicialmente.
5. Si la reparación es cuantificable en dinero, para fijar el monto se requiere la justificación necesaria.
6. La obligación de reparar monetariamente a la víctima tiene privilegio de primera clase frente a otras obligaciones del adolescente. El juzgador utilizará los mecanismos previstos en la ley para el cobro de deudas.
7. El juzgador podrá determinar las modalidades de pago, si voluntariamente aceptan el adolescente condenado y la víctima.
8. En ningún caso la modalidad del pago de la reparación monetaria puede llevar al adolescente o a su representante legal a una situación económica que le impida su digna subsistencia.
Art. 363-e.- Mecanismos de reparación integral. Los mecanismos de reparación integral individual o colectiva son:
1. La restitución de la situación que existía de no haberse cometido el hecho ilícito.
2. Las indemnizaciones de daños materiales e inmateriales, se refiere a la compensación por todo perjuicio que resulte como consecuencia de una infracción y que es evaluable económicamente.
3. Medidas de satisfacción de carácter no pecuniario encaminadas a reparar el daño inmaterial causado a la víctima.
4. Las garantías de no repetición, se orientan a la prevención de violaciones de derechos y la creación de condiciones suficientes para evitar la reiteración de las mismas. Se identifican con la adopción de las medidas necesarias para evitar que las víctimas sean afectadas con la comisión de nuevas infracciones del mismo género."
41. Sustitúyase el artículo 366 por el siguiente: "Art. 366. Recursos. Los recursos de apelación, nulidad, hecho, casación y revisión proceden de conformidad con el Código Orgánico Integral Penal."
42. Elimínese el Título V del Libro Cuarto y su contenido. 43. Después del Título IV del Libro Cuarto, agréguese el siguiente Libro: