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Timestamp: 2016-10-27 01:55:45
Document Index: 198906754

Matched Legal Cases: ['Artículo 29', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 38', 'artículo 38']

⭐OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC) LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES ANTE LAS EMPRESAS DE TELEFONÍA, GAS Y ELECTRICIDAD.
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1 OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC) LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES ANTE LAS EMPRESAS DE TELEFONÍA, GAS Y ELECTRICIDAD. ESTUDIO DE CUESTIONES JURÍDICAS2 3 OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC) LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES ANTE LAS EMPRESAS DE TELEFONÍA, GAS Y ELECTRICIDAD. ESTUDIO DE CUESTIONES JURÍDICAS María Ángeles Parra Lucán Carlos Lalana del Castillo4 Edita: Ayuntamiento de Zaragoza Área de Acción Social y Servicios Públicos Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) ESTUDIO DE: María Ángeles Parra Lucán, Catedrática de Derecho Civil Carlos Lalana del Castillo, Profesor Titular de Derecho Civil Departamento de Derecho Privado. Universidad de Zaragoza COLABORA: Fernando Tirado Aznar, Jefe Unidad Jurídica de Información y Asesoramiento de Consumo. Ayuntamiento de Zaragoza Maquetación e impresión: Sansueña Industrias Gráficas Depósito Legal: Z5 SUMARIO PRESENTACIÓN INTRODUCCIÓN I. RECLAMACIÓN DE DEUDAS A LOS CONSUMIDORES POR PAR TE DE LAS EMPRESAS DE TELEFONÍA Prescripción de la posible reclamación de deudas a los con- sumidores por parte de las empresas de telefonía Interrupción de la prescripción Acreditación de la existencia de la deuda A) La empresa debe acreditar la existencia de la deuda B) Posibilidad de reclamar ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información C) Es nula, por abusiva, una cláusula del contrato por la que el consumidor reconozca, previamente, su conformidad absoluta con la documentación elaborada por el empresario 36 D) Es suficiente el listado de consumos presentado por la empresa para considerar acreditada la deuda? E) Excepciones que puede oponer el consumidor para negarse apagar a) Prescripción o pago b) Extinción del contrato c) Cambio de operador y baja en el anterior d) Falta de prestación del servicio e) Prestación defectuosa del servicio F) Es diferente cuando la empresa que presta el servicio ha cedido a una empresa de gestión de cobros los recibos impagados? II.REQUISITOS PARA LA INCLUSIÓN EN FICHEROS DE INFOR MACIÓN Ficheros de solvencia patrimonial Requisitos para el tratamiento de datos relativos al cumplimiento de obligaciones dinerarias facilitados por el acreedor 49 A) Un deber de información previa a la inclusión a cargo del acreedor6 B) Un deber de notificación a los interesados y a cargo del responsable del fichero de los datos de carácter personal registrados, en el plazo de treinta días desde dicho registro C) Sólo podrán ser objeto de tratamiento los datos que respondan con veracidad a la situación de la deuda en cada momento concreto a) Existencia previa de una deuda cierta, vencida, exigible, que haya resultado impagada b) Que no hayan transcurrido seis años desde la fecha en que hubo de procederse al pago de la deuda o del vencimiento de la obligación o del plazo concreto si aquélla fuera de vencimiento periódico c) Requerimiento previo de pago a quien corresponda el cumplimiento de la obligación Actuación de la Agencia Española de Protección de Datos y su revisión por los Tribunales A) Criterios de la Agencia Española de Protección de Datos.. 56 B) Sujetos responsables C) En especial, los casos de cesión de datos a empresas para la gestión del cobro Responsabilidad civil por inclusión en registros de solvencia patrimonial A) Compatibilidad del procedimiento sancionador y de la reponsabilidad civil por daños B) La jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo sobre derechos de la personalidad y solvencia patrimonial C) En especial, la doctrina jurisprudencial sobre la inclusión errónea en un registro de morosos D) La relevancia del cumplimiento de la normativa de protección dedatos E) Sujetos responsables III. ANÁLISIS JURÍDICO DE LA PRÁCTICA DE LAS EMPRESAS SU MINISTRADORAS DE GAS Y ELECTRICIDAD DE DENEGAR EL ACCESO AL SERVICIO EN CASOS DE ADQUISICIÓN O ARREN DAMIENTO DE VIVIENDA Introducción Posibilidad de consideración como abusiva de la práctica de denegar el acceso al servicio por impagos de cliente anterior7 3. Derecho de los consumidores de acceso a los servicios A) En general B) Derechos generales de los usuarios C) Derechos esenciales de los consumidores de energía eléctrica y gas Situación jurídica y derechos en caso de cambio de titularidad del contrato. Subrogación en el contrato (requisitos, pagos exigibles al consumidor) A) Subrogación del contrato B) Exigencia por las empresas suministradoras de gas y electricidad de que el solicita te pague las facturas del inquilino o dueño anterior Contratación del suministro; derechos de acceso y otros derechos exigibles al consumidor, en función de la existencia de puntos de suministro y otras circunstancias A) Formas de contratación B) Proceso de contratación C) Atención post venta D) Suministro eléctrico E) Suministro de gas LEGISLACIÓN Leyes generales Normativa básica del suministro de electricidad Normativa básica del suministro de gas BIBLIOGRAFÍA Bibliografía sobre inclusión en registros de morosos Bibliografía sobre condiciones generales Bibliografía sobre prescripción Bibliografía sobre gas y electricidad DIRECTORIO Organismos públicos Principales operadores de telecomunicaciones Electricidad Gas8 9 PRESENTACIÓN Los servicios de telefonía, suministro de gas y electricidad son servicios básicos y necesarios de uso común y generalizado para la población, que generan numerosas consultas y reclamaciones en las OMICs y en las Asociaciones de Consumidores. Factores tales como la liberalización de los mercados de las telecomunicaciones y de los sectores energéticos (gas y electricidad), además del incremento de las tarifas, la aparición en el mercado de variadas ofertas y promociones derivadas de la gran competencia en telefonía y la complejidad de la normativa aplicable en España, en continuo cambio por la implementación en nuestro ordenamiento jurídico de las Directivas comunitarias de la Unión Europea, todo ello en un marco de grave crisis económica y de desempleo, han puesto de manifiesto cierta inseguridad jurídica y desprotección de los consumidores en estos sectores de la actividad, a pesar de la existencia de organismos reguladores (CMT y CNE) 1, y de la adhesión de las empresas operadoras en telefonía al Sistema de Arbitraje de Consumo. El Ayuntamiento tiene suscrito un Convenio de colaboración con la Universidad de Zaragoza para la prestación de servicios a las diferentes Áreas de gestión de la Administración municipal en el ejercicio de sus competencias. La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) ha contado con la colaboración profesional de dos prestigiosos profesores de nuestra Facultad de Derecho para la elaboración de un dictamen que aporte claridad y orientación jurídica sobre los criterios a seguir en la atención de determinadas consultas y reclamaciones de los usuarios, que han experimentado un notable incremento en los últimos años, tal como se refleja en las Memorias anuales de la OMIC. En este sentido, en 2010, del total de consultas y reclamaciones formuladas ante la OMIC, en torno al 34% se refirieron a telecomunicaciones y el 10% a servicios de suministro de gas y electricidad. Se ha considerado conveniente profundizar en tres aspectos de la problemática planteada por los usuarios de la OMIC: La reclamación de deudas a los consumidores por parte de las empresas de telefonía. La prescripción. 1 Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Comisión Nacional de la Energía. 710 La inclusión de los consumidores en ficheros de información sobre solvencia patrimonial y de registros de morosos por presuntas deudas contraídas con las compañías de servicios. La práctica de la denegación de acceso a los servicios de gas y electricidad por parte de las compañías en los casos de cambio de titularidad de uso y/o propiedad de inmuebles. En una línea de divulgación de este excelente trabajo, y en cumplimiento de los fines que se le asignan por Ley a las OMICs 2 se edita esta publicación que esperamos sea de gran utilidad para todos los interesados. Zaragoza, 13 de junio de 2011 Fernando Tirado Aznar Jefe Unidad Jurídica de Consumo. Dirección OMIC 2 Ley 16/2006, de 28 de diciembre, de Protección y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragón. Artículo 29.Funciones de las oficinas de información al consumidor. Son funciones de estas oficinas: Informar, ayudar y orientar a los consumidores para el adecuado ejercicio de sus derechos, así como ejercer la actividad de mediación. Elevar, a instancia de las partes interesadas, solicitud de dictamen o, en su caso, de arbitraje al órgano correspondiente, acompañando a la citada solicitud información completa y detallada de la cuestión. Suministrar, a través de los órganos correspondientes del Departamento que tenga atribuida la competencia en materia de consumo, la información requerida por las distintas Administraciones públicas. Realizar tareas de educación y formación en materia de consumo. Facilitar a los consumidores los datos e información sobre la regulación de los precios y condiciones de los productos o servicios de uso o de consumo común, ordinario y generalizado. Disponer la documentación técnica y jurídica sobre temas de consumo, así como potenciar su investigación y estudio. 811 INTRODUCCIÓN Los servicios de suministro de agua, gas, electricidad y calefacción, los de comunicaciones tales como correos, teléfonos, telégrafos y otros servicios de telecomunicaciones que tengan incidencia directa en la prestación de servicios de uso general, así como los servicios de reparación, mantenimiento y garantía de aquellos bienes y servicios relacionados con los anteriores que, por su naturaleza, puedan requerir de los mismos, y los servicios de la sociedad de la información están incluidos en el Catálogo de productos y servicios de uso o consumo común, ordinario y generalizado y de bienes de naturaleza duradera regulado por Real Decreto 1507/2000, de 1 de septiembre, lo que les otorga por ello un nivel especial de protección prioritaria a cargo de los poderes públicos a efectos del ejercicio de los derechos de los consumidores y usuarios previstos en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre TELEFONÍA Derechos de los Usuarios Carta de Derechos del Usuario de los servicios de comunicaciones electrónicas. En el ámbito comunitario, los derechos específicos de los usuarios de telecomunicaciones se recogen principalmente en la Directiva 2002/22/ CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva del servicio universal). El Reglamento aprobado por el Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, que complementó la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de dicha Directiva, entre otras, reconoció importantes derechos a los usuarios finales, estableciendo, además, el procedimiento de resolución de controversias entre usuarios finales y operadores. 1 Real Decreto 1507/2000, de 1 de septiembre, por el que se actualizan los catálogos de productos y servicios de uso o consumo común, ordinario y generalizado y de bienes de naturaleza durarera, a efectos de lo dispuesto, respectivamente, en los artículos 2, apartado 2, y 11, apartados 2 y 5, de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y normas concordantes. 912 Sin perjuicio de las competencias que tienen las Comunidades Autónomas en materia de protección general de consumidores y usuarios, el 22 de mayo de 2009, por Real Decreto 899/2009, (BOE de 30 de mayo) se aprobó la carta de derechos del usuario de los servicios de comunicaciones electrónicas que, manteniendo los derechos ya existentes, incluye nuevas garantías en las relaciones con los operadores, elevando así el alto nivel ya existente de protección de los usuarios. Los usuarios finales de servicios de comunicaciones electrónicas son los titulares de los derechos reconocidos en dicha disposición, que entró en vigor el 30 de agosto de 2.009, quedando los operadores obligados a respetarlos. Derechos de los Usuarios Finales Derecho a obtener una conexión de red telefónica pública desde una ubicación fija Derecho a obtener una conexión a la red telefónica pública desde una ubicación fija, que posibilite el acceso funcional a Internet, y acceder a la prestación del servicio telefónico, así como al resto de prestaciones incluidas en el servicio universal, con independencia de su localización geográfica, a un precio asequible y con una calidad determinada. Servicios que se incluyen en el ámbito del servicio universal. Derecho a celebrar contratos y a rescindirlos, así como a cambiar de operador Derecho a celebrar contratos y a rescindirlos, así como a cambiar de operador de forma segura y rápida, con conservación del número telefónico. En particular, incluye el derecho a resolver el contrato anticipadamente, sin penalización, en supuestos de modificación del mismo por el operador por motivos válidos especificados en aquél y sin perjuicio de otras causas de resolución unilateral. Celebración de los contratos. Contenido de los contratos. Extinción de los contratos. Modificaciones contractuales. Depósitos de garantía. Procesos de cambio de operador. Derecho a la información veraz Derecho a la información veraz, eficaz, suficiente, transparente y actualizada sobre las condiciones ofrecidas por los operadores y las garantías legales. 1013 Derecho a información veraz, eficaz, suficiente, transparente y actualizada. Comunicaciones comerciales. Derecho a recibir servicios de comunicaciones electrónicas con garantías de calidad Derecho a recibir servicios de comunicaciones electrónicas con garantías de calidad, así como a recibir información comparable, pertinente y actualizada sobre la calidad de los servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público. Obligaciones sobre calidad y facturación. Derecho a la continuidad del servicio, y a una indemnización en caso de interrupciones Derecho a indemnización por la interrupción temporal del servicio telefónico disponible al público. Derecho a compensación por la interrupción temporal del servicio de acceso a Internet. Determinación de los usuarios afectados por una interrupción del servicio telefónico móvil o de acceso a Internet móvil. Responsabilidad por daños. Suspensión temporal por impago del servicio telefónico fijo. Interrupción definitiva por impago del servicio telefónico fijo. Derecho a una facturación desglosada y a la desconexión de determinados servicios Derecho a una facturación desglosada, a la desconexión de determinados servicios y a elegir el medio de pago de los servicios entre los comúnmente utilizados en el tráfico comercial. Facturación de los servicios de comunicaciones electrónicas. Facturación desglosada del servicio telefónico. Integración de otros cargos en la factura de los servicios de comunicaciones electrónicas. Derechos de desconexión a determinados servicios Medios de pago. Derecho a una atención eficaz por el operador Servicio de atención al cliente de los operadores. Derecho a unas vías rápidas y eficaces para reclamar Controversias entre operadores y usuarios finales. 1114 Derecho a prestaciones especiales para personas con discapacidad y de renta baja Medidas para garantizar la accesibilidad al servicio por las personas con discapacidad. Garantía del carácter asequible del servicio universal. Derecho a una especial protección en la utilización de servicios de tarificación adicional Servicios de tarificación adicional. Derecho a la protección de datos de carácter personal Obligaciones de los Usuarios Finales Los usuarios finales de servicios de comunicaciones electrónicas, en sus relaciones con los operadores, deben cumplir las siguientes obligaciones: Contraprestación económica por el suministro del servicio y cumplimiento del resto de condiciones contractuales Los usuarios tienen la obligación de entregar al operador la contraprestación económica pactada en el contrato, una vez haya recibida la prestación en los términos previstos en el mismo. La ausencia de tal contraprestación conlleva las consecuencias previstas en el propio contrato, sin perjuicio de las condiciones y requisitos establecidos en los artículos 19 y 20 del Real Decreto: (primero suspensión temporal y, posteriormente, interrupción definitiva). Los usuarios finales están asimismo obligados al cumplimiento del resto de condiciones que figuren válidamente en los contratos que celebren con los operadores. Uso del servicio para los fines previstos en el contrato Para ser titulares de los derechos reconocidos a los usuarios finales, la utilización del servicio de comunicaciones electrónicas se hace en los términos establecidos en el contrato. Los usuarios que actúen como revendedores del servicio, no son titulares de los derechos reconocidos en este reglamento, sin perjuicio de los que le puedan corresponder en virtud del contrato y del resto de normativa aplicable. Utilización de aparatos autorizados Los usuarios finales deben utilizar equipos y aparatos cuya conformidad haya sido evaluada según la normativa vigente, sobre evaluación de la conformidad de aparatos de telecomunicaciones. Configuración de equipos y mantenimiento de la red más allá del punto de terminación de red 1215 Para una correcta recepción del servicio de comunicaciones electrónicas, es responsabilidad del abonado la correcta configuración de los equipos y aparatos, así como el mantenimiento de los elementos de red que, por situarse en un lugar posterior al punto de terminación de red, correspondan al usuario final, salvo que se haya previsto otra cosa en el contrato. Suministro de datos personales exigidos por la legislación vigente A los efectos de la obligación de identificación en la contratación de servicios de telefonía móvil prepago, previstos en la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones, los usuarios finales deben suministrar al operador los datos personales necesarios. Reclamaciones (procedimiento de resolución de conflictos) Por Real Decreto 899/2009, de 22 de mayo se aprobó la carta de derechos del usuario de servicios de comunicaciones electrónicas. Sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas en materia de protección general de consumidores y usuarios, dicho Real Decreto regula el régimen de protección específica de los usuarios de servicios de comunicaciones electrónicas. Entre otras circunstancias, se recoge el procedimiento de resolución de controversias entre los usuarios finales y los operadores, indicando que las reclamaciones se pueden presentar ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, sin perjuicio de los procedimientos de mediación o resolución de controversias que, en su caso, hayan establecido los órganos competentes en materia de consumo de las Comunidades Autónomas. La Orden ITC/1030/2007 de 12 de abril, todavía en vigor, reguló el procedimiento de resolución de las reclamaciones por controversias entre usuarios finales y operadores de servicios de comunicaciones electrónicas. Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones es un organismo público regulador independiente de los mercados nacionales de comunicaciones electrónicas y de servicios audiovisuales. Fue creada por el Real Decreto-Ley 6/1996, de 7 de junio, de Liberalización de las Telecomunicaciones. Dicho Real Decreto-Ley fue convalidado mediante la Ley 12/1997, de 24 de abril, de Liberalización de las Telecomunicaciones, a través de la cual se ampliaron y perfilaron las funciones que fueron inicialmente atribuidas a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y se definió una nueva composición del Consejo que ejercita dichas funciones. La Ley 12/1997 fue derogada al entrar en vigor la vigente Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, en cuyo artículo 48 1316 se establece el régimen jurídico, patrimonial y presupuestario de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, así como su objeto y funciones, y la composición de su Consejo. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones es un organismo público dotado de personalidad jurídica y plena capacidad pública y privada (artículo 48.1 de la Ley 32/2003), así como de patrimonio propio, independiente del patrimonio del Estado (artículo de la Ley 32/ 2003). La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones tiene por objeto el establecimiento y supervisión de las obligaciones específicas que hayan de cumplir los operadores en los mercados de telecomunicaciones y el fomento de la competencia en los mercados de los servicios audiovisuales, conforme a lo previsto por su normativa reguladora, la resolución de los conflictos entre los operadores y, en su caso, el ejercicio como órgano arbitral de las controversias entre los mismos (artículo 48.2 de la Ley 32/2003). Procedimiento de reclamaciones y denuncias para los usuarios de telecomunicaciones Todos los usuarios de telecomunicaciones pueden presentar una reclamación cuando consideren que sus derechos han sido vulnerados. Los usuarios también tienen derecho a denunciar los incumplimientos del Código de Conducta para la prestación de Servicios de Tarificación Adicional de voz ( ) y de números cortos de telefonía móvil SMS Premium: Código de conducta de servicios : Resolución de 23 de julio de 2004, modificada por la Resolución de 29 de junio de Texto consolidado Código de Conducta 80X. Código de conducta de los números cortos de telefonía móvil SMS Premium: Resolución de 29 de junio de 2009 modificada por la Resolución de 17 de junio de Texto consolidado Código de Conducta SMS Premium. Cómo formular una reclamación o una denuncia Procedimiento de presentación de Reclamaciones En primera instancia el usuario debe dirigirse al departamento o servicio especializado de atención al cliente de su operador, en el plazo de un mes desde el momento en que se tenga conocimiento del hecho que la motive. En el caso de una reclamación de facturación, desde la fecha de recepción de la factura. Los usuarios pueden presentar sus reclamaciones ante el operador por vía telefónica, a través de Internet, por correo postal, o directamente 1417 en sus oficinas comerciales. En todo caso, el operador debe aceptar la presentación telefónica de reclamaciones. En todos los contratos debe figurar el teléfono de atención al público, la dirección electrónica y la página web del operador, así como la dirección postal de la oficina comercial del operador y del departamento de atención al cliente. Cuando los usarios presenten la reclamación, el operador está obligado a facilitarle un número de referencia que permitirá verificar el día de la solicitud de baja y tener constancia de la misma. Cuando la reclamación se presente por vía telefónica, el usuario tiene derecho a solicitar un documento que acredite la presentación y contenido de la queja o reclamación mediante cualquier soporte que permita tal acreditación. Si en el plazo de un mes el usuario no hubiera recibido respuesta del operador o la respuesta no le satisface, puede acudir a las siguientes vías: Juntas Arbitrales de Consumo (JAC) Se trata de un procedimiento para usuarios finales que sean personas físicas. Es rápido, sencillo, gratuito y voluntario para las partes, que posee normativa reguladora propia 2. Puede acudirse a ellas tanto si se tiene conocimiento de que el operador se encuentra previamente sometido a las Juntas Arbitrales como si no, aunque lo más probable es que si no lo estaba previamente tampoco se someta en esta ocasión. Para saber si su operador está sometido a las Juntas Arbitrales puede acudirse a la web del Instituto Nacional de Consumo (INC). La Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio Los usuarios pueden presentar sus reclamaciones ante esta Oficina en el supuesto de que el operador no se someta a las Juntas Arbitrales de Consumo o si se desea acudir directamente, sin reclamar previamente ante dichas Juntas. Los usuarios finales que sean empresas deben acudir directamente a esta vía. El procedimiento para presentar estas reclamaciones se explica a continuación: 2 Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo. Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje. 1518 Procedimiento para presentar reclamaciones ante la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones Para presentar una reclamación ante la Oficina es preciso que el usuario haya reclamado previamente ante su operador. El plazo para acudir a esta vía es de tres meses contados desde la respuesta del operador o la finalización del plazo de un mes que tiene para responder. Si se trata de una persona física que ha acudido a las Juntas Arbitrales en el plazo de estos tres meses y el operador se niega a someterse a ellas, con dicha negativa se vuelve a abrir el plazo de tres meses para reclamar ante esta Oficina. La Oficina tramita y resuelve las reclamaciones sobre los derechos específicos de los usuarios de telecomunicaciones, para cualquier servicio: telefonía fija, móvil y acceso a Internet. Ejemplos: Disconformidad con la factura recibida Negativa o demora de alta o de baja por su operador Negativa a la portabilidad de número Preselección no solicitada Cambio de operador no solicitado Incumplimiento de ofertas por el operador Averías o interrupciones del servicio. Una vez realizados los trámites oportunos, la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones dicta resolución sobre la cuestión planteada. Cuando sea favorable al usuario, puede incluir la restitución de derechos vulnerados o la obligación de devolución de cantidades indebidamente cobradas. La Oficina tiene un plazo para resolver de seis meses, contados desde la fecha en que se presenta la reclamación ante ella. Esta resolución agota la vía administrativa y contra ella puede interponerse recurso contencioso-administrativo. Las reclamaciones pueden presentarse por escrito o por vía telemática, a través de la página web. Las reclamaciones formuladas por escrito pueden dirigirse a la Oficina de Atención al Usuario y pueden presentarse ante la propia Oficina, en la C/ Capitán Haya, n.º (Madrid), o por las vías del artículo 38 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 1619 Los ciudadanos que dispongan de firma electrónica también pueden presentar y consultar sus reclamaciones por vía telemática, a través de la página web, en el apartado Presentación Telemática de Reclamaciones. El escrito de reclamación debe contener: Nombre y apellidos del interesado o la persona que lo represente. Domicilio para recibir notificaciones. Solicitud que se hace con hechos y razones, aportando toda la documentación que el usuario considere relevante para apoyar la pretensión, en el caso de reclamaciones de facturación, será necesario presentar la factura o facturas a las que se hace referencia. Lugar, fecha y firma del solicitante o autorizado. Órgano al que se dirige la reclamación. En este caso, se trata de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. En el escrito de reclamación debe acreditarse que se ha reclamado previamente ante el operador. Para ello basta con el número de referencia que el operador está obligado a facilitar. Procedimiento de presentación de denuncias Los usuarios que dispongan de firma electrónica pueden presentar reclamaciones y denuncias por vía telemática Reclamaciones La Ley reconoce a los usuarios de telecomunicaciones un conjunto de derechos. Cuando cualquiera de estos derechos sea vulnerado, los usuarios pueden presentar una reclamación. A modo de ejemplo, los usuarios pueden reclamar sobre las siguientes cuestiones: Disconformidad con la factura recibida Negativa de alta o de baja por su operador Negativa a la portabilidad de número Preselección no solicitada Cambio de operador no solicitado Incumplimiento de ofertas por el operador Averías o interrupciones del servicio Las reclamaciones pueden tratar sobre cualquier servicio de telecomunicaciones (telefonía fija, móvil y acceso a Internet). Las que se resuelvan a favor del usuario, podrán obligar a los operadores a reconocer los derechos vulnerados o a la devolución de las cantidades indebidamente facturadas. 1720 Denuncias sobre servicios de tarificación adicional ( y SMS Premium) Existe un Código de conducta para la prestación de Servicios de Tarificación Adicional, numeración (consultar Texto consolidado del Código de Conducta 80X y otro para los servicios SMS Premium (consultar texto consolidado del Código de Conducta SMS Premium), al que obligatoriamente están sometidos todas las empresas que ofrecen estos servicios. Este Código establece obligaciones relacionadas con la publicidad, los contenidos, la duración máxima de las llamadas y la información sobre los precios, que tienen como objetivo la protección de los derechos de los usuarios. El incumplimiento de las obligaciones del Código de Conducta da lugar a la suspensión del servicio de tarificación adicional, y a la retirada del número telefónico correspondiente. Cualquier ciudadano que tenga conocimiento de que un servicio de tarificación adicional está incumpliendo alguna de las obligaciones establecidas en el Código de Conducta, puede denunciarlo ante la Administración. Si la queja del usuario se refiere a la solicitud de devolución de importes facturados indebidamente por llamadas a estos servicios, debe presentar una reclamación. Presentación denuncias Cómo presentar una Denuncia sobre un servicio de tarificación adicional ( SMS Premium) Cualquier ciudadano que tenga conocimiento de que un servicio de tarificación adicional está incumpliendo alguna de las obligaciones establecidas en el Código de conducta, puede denunciarlo ante la Administración. Texto consolidado Código de Conducta SMS 80X. Texto consolidado Código de Conducta SMS Premium. Si la queja del usuario se refiere a la solicitud de devolución de importes facturados indebidamente por llamadas a estos servicios, debe presentar una reclamación. El órgano administrativo competente para atender las denuncias por incumplimiento del Código de Conducta es la Comisión de Supervisión de Servicios de Tarificación Adicional. Las denuncias dirigidas a dicha Comisión pueden presentarse ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información en la C/ Capitán Haya n.º (Madrid), o por las vías del artículo 38 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que en su punto cuatro indica que las solicitudes, escritos y comunicaciones que los ciudadanos dirijan a los órganos de las Administraciones públicas pueden presentarse: 18 Mostrar más
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