Source: https://boletinjuridico.gtt.es/impuesto-sobre-el-incremento-del-valor-de-los-terrenos-de-naturaleza-urbana-consulta-general-0012-13-de-la-subdireccion-general-de-tributos-locales-de-4-de-abril-de-2013/
Timestamp: 2017-09-21 01:36:34
Document Index: 177420775

Matched Legal Cases: ['artículo 107', 'artículo 4', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 109', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 108', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 12', 'artículo 110', 'artículo 88', 'artículo 170']

Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Consulta General 0012-13 de la Subdirección General de Tributos Locales de 4 de abril de 2013)
La fórmula empleada por el Ayuntamiento para la determinación de la base imponible del IIVTNU en el caso objeto de consulta se ajusta a los establecido en el art. 107 del TRLHL. En la regulación vigente no se encuentra la previsión de que la base imponible sea el incremento real del valor de los terrenos en cada caso concreto, sino que es el incremento que resulte de lo establecido en el propio precepto legal. El incremento de valor viene dado por la aplicación sobre el valor del terreno, que es el valor a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), de unos porcentajes, que están en función del período durante el cual se ha generado dicho incremento. Se trata, por tanto, de un incremento de valor (base imponible) determinado objetivamente, sin atender a las circunstancias concretas de cada terreno. No hay una comparación entre unos valores inicial y final, o entre un valor de adquisición y enajenación.
En abril de 2010 la consultante vendió un inmueble urbano. El ayuntamiento practicó liquidación por el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Para la determinación de la base imponible aplica al valor catastral del terreno en el momento del devengo un porcentaje de incremento y el resultado lo multiplica por el número de años en que la consultante ha sido propietaria del inmueble.
1.- ¿Es correcto el cálculo para la determinación de la base imponible que hace el Ayuntamiento? ¿No sería más correcta la determinación de la base imponible aplicando el porcentaje de incremento para conocer el valor inicial del terreno y de ahí calcular el aumento de valor que ha experimentado el mismo?
2.- ¿Puede obligar el Ayuntamiento a presentar la autoliquidación del mencionado impuesto únicamente con el impreso y los cálculos realizados por su departamento fiscal o debe facilitar impresos en blanco o, en su caso, programas de ayuda, para que los contribuyentes elaboren su propia autoliquidación?
El artículo 107 del TRLRHL regula la base imponible del IIVTNU, estableciendo, en la redacción vigente en el momento del devengo del caso planteado en la consulta:
Posteriormente, el artículo 4 del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, dio nueva redacción al apartado 3 de dicho artículo 107, con efectos desde el 1 de abril de 2012.
1.- Respecto de la primera cuestión planteada, la consultante pretende aplicar la siguiente fórmula para la determinación del incremento de valor del terreno:
Si el valor catastral corregido del terreno en el momento de la transmisión es 153.710,99 euros y se indica que el incremento ha sido del 2,9% ¿cuál debería ser el valor inicial hace 7 años, cuando adquirió el inmueble, para que con una tasa del 2,9% de incremento llegue a ese valor actual?
Valor actual = valor inicial + (valor inicial x 0,029 x 7), de donde, valor inicial = 127.773,06 euros.
Incremento de valor = valor actual – valor inicial = 153.710,99 – 127.773,06 = 25.937,93 euros = base imponible.
Mientras que el Ayuntamiento practicó la siguiente liquidación:
Valor catastral del terreno en el momento de la transmisión (devengo) = 307.421,98 euros.
Porcentaje de reducción por procedimiento de valoración colectiva de carácter general (art. 107.3) = 50 %.
Valor catastral corregido = 153.710,99 euros.
Base imponible = 153.710,99 x 0,029 x 7 = 31.203,33 euros.
En la regulación vigente no se encuentra la previsión de que la base imponible sea el incremento real del valor de los terrenos en cada caso concreto, sino que es el incremento que resulte de lo establecido en el propio precepto legal.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley (artículo 107.1, párrafo 2º), para la determinación del incremento de valor del terreno, deben tenerse en cuenta dos factores: uno, el valor del terreno en el momento del devengo; y dos, el porcentaje que corresponda aplicar sobre el mismo.
En el caso de transmisiones de la propiedad, en cuanto al valor del terreno en el momento del devengo (que, de acuerdo con el artículo 109, es la fecha de la transmisión), es el valor que tenga determinado en dicho momento a efectos del IBI, es decir, el valor catastral en la fecha de la transmisión de la propiedad (artículo 107.2 del TRLRHL).
Con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 107 del TRLRHL, los ayuntamientos pueden establecer una reducción del valor catastral en los supuestos de modificación de los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general.
En cuanto al significado del término “se aplicará el porcentaje anual” contenido en el primer párrafo del apartado 4 del artículo 107, hay que señalar que “aplicar un porcentaje” implica no una, sino dos operaciones aritméticas: multiplicar la cantidad tomada como base por una cifra y el resultado dividirlo por 100. Así, aplicar el porcentaje del 20% a la cantidad de 1.000 euros implica multiplicar 1.000 por 20 y el resultado (20.000) dividirlo por 100, dando como resultado final 200 euros.
– El artículo 108.2 define, para el mismo Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, la cuota íntegra como el “resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.” El apartado 3 de este mismo artículo señala que “la cuota líquida del impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra, en su caso, la bonificación a que se refiere el apartado siguiente.”
La regla 2ª del artículo 107.4 del TRLRHL establece que “el porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo será el resultante de multiplicar el porcentaje anual aplicable a cada caso concreto por el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto el incremento de valor.”
La operación aritmética comprendida en esta regla 2ª es la siguiente, sin que la ley permita otra distinta:
Valor del terreno en el momento del devengo x porcentaje anual x número años.
Esta es la fórmula empleada por el Ayuntamiento para la determinación de la base imponible del IIVTNU en el caso objeto de consulta.
En consecuencia, la fórmula para la valoración del incremento del valor del terreno empleada por la consultante, no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 107 del TRLRHL, careciendo totalmente de cobertura legal.
2.- Respecto de la segunda cuestión planteada, relativa a la autoliquidación, a pesar de que el supuesto planteado en la consulta corresponde a un caso de declaración por el contribuyente y posterior liquidación por la Administración tributaria, se señala que:
Cuando los ayuntamientos no establezcan el sistema de autoliquidación, las liquidaciones del impuesto se notificarán íntegramente a los sujetos pasivos con indicación del plazo de ingreso y expresión de los recursos procedentes.”
A estos efectos, el artículo 12 del TRLRHL establece:
El IIVTNU tiene dos sistemas de gestión, dependiendo de lo establecido en la ordenanza fiscal reguladora del mismo:
– Presentación de la declaración tributaria correspondiente y posterior liquidación por parte del Ayuntamiento en función de los elementos tributarios declarados por el sujeto pasivo.
En estos supuestos, el plazo de presentación de la declaración es de treinta días hábiles en los casos de actos “inter vivos”, como es el supuesto de la consulta, debiendo adjuntarse el documento en el que figuren los actos o contratos sujetos al impuesto.
La liquidación que practique el Ayuntamiento ha de notificarse al sujeto pasivo, indicando el plazo de ingreso y los recursos que procedan contra la misma.
– Presentación de una autoliquidación tributaria por el sujeto pasivo. El artículo 110.4 del TRLRHL habilita a los Ayuntamientos para establecer, si así lo desean, el régimen de autoliquidación, lo que conlleva la determinación e ingreso de la deuda tributaria en los plazos mencionados para el régimen de liquidación administrativa.
Por tanto, será la ordenanza fiscal del Ayuntamiento la que establezca el sistema de gestión de este impuesto: declaración o autoliquidación.
Si la ordenanza fiscal reguladora del impuesto del Ayuntamiento correspondiente, establece que los sujetos pasivos están obligados a presentar declaración-liquidación, en ese caso, el contribuyente debe presentar la correspondiente autoliquidación e ingresar el importe de la deuda tributaria.
En cuanto al modelo para la presentación de la declaración o autoliquidación, el artículo 88 del Reglamento general de las actuaciones y de los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, establece en su apartado 5 que:
“5. La Administración tributaria pondrá a disposición de los obligados tributarios, cuando hayan sido previamente aprobados, los modelos normalizados de autoliquidación, declaración, comunicación de datos, solicitud o cualquier otro medio previsto en la normativa tributaria, preferentemente por medios telemáticos, así como en las oficinas correspondientes para facilitar a los obligados la aportación de los datos e informaciones requeridos o para simplificar la tramitación del correspondiente procedimiento.”
Por tanto, no hay ninguna norma legal ni reglamentaria que obligue a la Administración tributaria a aprobar modelos normalizados de autoliquidación, declaración, comunicación de datos o solicitud, ni a establecer programas de ayuda para la cumplimentación de los mismos. Pero, en el caso de que apruebe dichos modelos normalizados, el sujeto pasivo debe utilizar los mismos para el cumplimiento de su obligación tributaria.
Todo ello, sin perjuicio de que el contribuyente pueda acompañar cualquier otro documento o justificante que estime oportuno para la defensa de sus intereses.
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