Source: https://www.scribd.com/document/45699609/Gaceta-Oficial-Veracruz-Poder-Judicial
Timestamp: 2018-04-26 19:49:55
Document Index: 7084906

Matched Legal Cases: ['artículo 23', 'artículo 56', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 6', 'Artículo 7', 'artículo 6', 'artículo 6']

Description: Gaceta que contiene los criterios relevantes del Poder Judicial de Veracruz en torno al Derecho de Acceso a la Información.
Gaceta que contiene los criterios relevantes del Poder Judicial de Veracruz en torno al Derecho de Acceso a la Información.
Xalapa-Equez., Ver. Núm. 294
Xalapa-Enríquez, Ver., viernes 17 de septiembre de 2010.
ACUERDO NÚMERO 091 POR EL QUE SE AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER., A VENDER TERRENOS PERTENECIENTES AL FUNDO LEGAL.
folio 1454
ACUERDO P/E/J-246 POR EL QUE SE INICIA LA RESCISIÓN
DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA CELEBRADO ENTRE EL
GOBIERNO DEL ESTADO Y EL C. JULIO CÉSAR GRAJALES SÁNCHEZ, RESPECTO DE UN TERRENO UBICADO EN LA RESERVA TERRITORIAL DE XALAPA, VER.
folio 1445
ACUERDOS POR LOS QUE SE AUTORIZA A LOS AYUNTAMIENTOS DE TAMIAHUA Y XICO, VER., A PARTICIPAR DENTRO DEL P ROGRAMA T U C ASA , A TRAVÉS DEL FONHAPO Y LA SEDESOL.
folios 1455 y 1456
CRITERIO RELEVANTE RELACIONADO CON EL JUICIO PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS 2JP/2010.
folio 1447
ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN, VER., A CELEBRAR LA FIRMA DEL ANEXO DE EJECUCIÓN CON EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE CONAGUA, Y CON EL EJECUTIVO ESTATAL PARA INTRODUCIR LA RED DE DRENAJE Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA
SE CONVOCA A LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA OBRA SISTEMA INTEGRAL ESPECIALIZADO DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE A BAJA VELOCIDAD Y NIVEL DE RUIDO CONTRALADO PARA LA SALA DE CONCIERTOS.
folio 1464
folio 1477
éste, hágase por medio de una publicación en la Gaceta Oficial del estado y en el periódico de mayor circulación en el lugar en que se ubica el inmueble que nos ocupa, para que surta sus efectos de notificación personal de acuerdo a lo establecido por el artículo 23 fracción II de la Ley para la Enajenación de Predios de Interés Social, haciéndole saber que dispone de un término improrrogable de quince días naturales contados a partir de que surta sus efectos la notificación, para que exprese lo que a sus intereses convenga, ofrezca pruebas y formule alegatos en su defensa, lo que deberá hacer ante esta Dirección, ubicada en Ignacio de la Llave número nueve, colonia Represa del Carmen de esta ciudad capital. Así lo acordó y firma: El director general, José Antonio Flores Vargas.
Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz-Llave.—Presidencia.
ser promovido por violación a estas disposiciones. En efecto, de conformidad con la doctrina de la ampliación de los derechos humanos, el juicio de protección no se constriñe a proteger los ocho artículos citados a través de la fracción II del artículo 56, sino que resulta procedente aun por violaciones cometidas a disposiciones no incluidas dentro de los preceptos mencionados, siempre y cuando éstas consignen una explicación, reglamentación, limitación o ampliación de los derechos humanos propiamente dichos; y ésta es una de las características más aceptadas por este tipo de derechos: el que son progresivos. El término “derechos humanos” no es restrictivo sino por el contrario, extensivo, es decir, que si bien los derechos humanos se identifican en los ocho artículos señalados de la Constitución, pues éstos los enuncian en forma sistemática, esto no quiere decir que el contenido de otros preceptos constitucionales ubicados en la llamada parte dogmática u orgánica de la Constitución no puedan ser considerados como derechos humanos del gobernado. Misma salvedad que de forma genérica existe para todos los derechos humanos, cuando se reconoce a nivel constitucional, en el párrafo tercero del artícu-lo 4° que son objeto de protección todos los derechos humanos que el pueblo de Veracruz se reserva, y que se reproduce en el artículo 2 inciso j) de la Ley del Juicio de Protección; es decir que existen derechos humanos en penumbra, que se irán integrando al ámbito protector.” Juicio de Protección de Derechos Humanos 2JP/2010. Silvia Watty Urquidi. Viernes veintisiete de agosto de dos mil diez. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl de la Huerta Valdés. Secretario: Ricardo Morales Carrasco.
Instancia: Sala Constitucional Registro: 12/2010. Origen: Juicio de Protección de Derechos Humanos 2JP/2010. Dictado: El viernes veintisiete de agosto de dos mil diez. Materia: Constitucional. “DERECHOS HUMANOS QUE PROTEGE EL JUICIO DE
PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS. SE EXTIENDE A TODA LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO. Tradicionalmen-
Instancia: Sala Constitucional Registro: 13/2010. Origen: Juicio de Protección de Derechos Humanos 2JP/2010. Dictado: El viernes veintisiete de agosto de dos mil diez. Materia: Constitucional. “EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN COMO DERECHO HUMANO. El artículo 6° párrafo tercero, de la Constitución local, que es el basamento constitu-
te la doctrina ha establecido que la Constitución para su estudio se divide en parte orgánica y parte dogmática, y que los derechos humanos se encuentran agrupadas en la parte dogmática de la Carta Magna que comprende de los artículos 4 al 10 y 15; esto no quiere decir que el juicio de protección solamente puede
cional del Derecho de Acceso a la Información en el Estado de Veracruz, se explicita precisamente en el 67 fracción IV de dicho ordenamiento, donde se establece al órgano constitucional autónomo encargado de garantizarlo y las bases a las que se sujetará, por lo que debido a su cercanía conceptual: garantizar aquel derecho, deben de ser analizados de manera conjunta, cuando es precisamente el último precepto el que consigna una explicación, reglamentación, limitación o ampliación de aquel derecho humano propiamente dicho, ya que aún cuando es cierto que se encuentra ubicado en la parte orgánica de la Constitución y se refiere a las bases con las que deberá estar conforme el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información para garantizar el derecho a la información y protección de datos personales, por lo que si dicho órgano constitucional autónomo dicta un acto en contra de un particular, con lo cual se aparta de dichas bases, su actuación irregular colisiona con el párrafo tercero del artículo 6° constitucional que establece como derecho humano, al Derecho de Acceso a la Información; por lo que el afectado siendo un particular puede deducir en su caso, el juicio de protección. A mayor abundamiento, en el propio Artículo 7.1 de la Ley de Transparencia indica lo siguiente: “…1. Para la interpretación de esta ley y de las solicitudes de información pública, se privilegiará la definición del derecho de acceso a la información, conforme a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (Pacto de San José), la Carta Democrática Interamericana de la Organización de los Estados Americanos y los demás instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano, así como la interpretación que de los mismos hayan realizado los órganos internacionales especializados.” De donde se puede apreciar a simple vista que el ámbito espacial de protección del Derecho de Acceso a la Información se encuentra con una fundamentación y motivación reforzada, al exigirse a las autoridades en la materia, como la Sala Constitucional, que es la última garante estatal de dicho derecho humano, que tenga que recurrir al ámbito internacional, con lo que se puede deducir que en esta materia su amplitud es extensiva”. Juicio de Protección de Derechos Humanos 2JP/2010. Silvia Watty Urquidi. Viernes veintisiete de agosto
de dos mil diez. Unanimidad de votos. Ponente, Raúl de la Huerta Valdés; secretario, Ricardo Morales Carrasco.
Instancia: Sala Constitucional Registro: 14/2010. Origen: Juicio de Protección de Derechos Humanos 2JP/2010. Dictado: El viernes veintisiete de agosto de dos mil diez. Materia: Constitucional. “DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, DEBE
MATERIALIZARSE EN LA MODALIDAD SOLICITADA, SIEMPRE QUE SEA POSIBLE. La Sala Constitucional
observa que, en ocasiones, las autoridades administrativas que realizan un control de legalidad tienen competencia para resolver asuntos en que indirectamente están involucrados los derechos humanos, lo que sucede en el caso del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, cuyas resoluciones guardan una relación estrecha con las tensiones que, en algunos casos, se producen entre el derecho a la información (artículo 6º párrafo tercero constitucional) y el derecho a la intimidad personal (artículo 6° párrafo primero constitucional), cuyo estudio lo abordan desde un punto de vista legal, a diferencia de lo que sucede en el juicio de protección de derechos humanos, que se hace desde una visión constitucional. La validez de las resoluciones administrativas, en que se encuentran indirectamente involucrados los derechos humanos, depende de la correcta o incorrecta interpretación y aplicación de todo el sistema normativo que vincula a la autoridad administrativa competente, de lo cual deriva que en el supuesto de que, en ejercicio del control de legalidad que se le ha encomendado, aplique las leyes de la materia en forma irrazonable, capaz de poner en riesgo manifiesto el goce efectivo de alguno de los derechos legales, internacionales y/o constitucionales implicados, se generará una violación al principio de legalidad. Las solicitudes de acceso a la información implican, en los términos de los artículos 4, 56 fracción IV y 57.1, de la Ley de Transparencia, que la información generada, administrada o en posesión de los sujetos obligados es un bien
público, y que toda persona tiene derecho a obtenerla en los términos y con las excepciones que dicha ley indique; esos términos implican las modalidades de su obtención, que pueden ser por consulta directa, copias simples, certificadas u otro tipo de medio. Es decir el derecho de acceso a la información implica no solo la obligación del sujeto obligado de otorgarla, sino otorgarla en la modalidad que requiere el peticionario, siempre que sea posible lo anterior. Es el derecho de acceso a la información su género, y su especie la modalidad: volver asequible la información en la forma que se solicita. Por lo que se reitera, si en forma genérica se tiene el derecho de acceso a la información pública que se generan por los sujetos obligados, también se tiene el derecho de que ese acceso se dé en la modalidad, en la forma que se pide, con las limitaciones que se indiquen al respecto.” Juicio de Protección de Derechos Humanos 2JP/2010. Silvia Watty Urquidi. Viernes veintisiete de agosto de dos mil diez. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl de la Huerta Valdés. Secretario: Ricardo Morales Carrasco. Solicito a usted de la manera más atenta, que por su trascendencia y a fin de darle la difusión debida, tal Criterio Relevante se publique en la Gaceta Oficial del estado, acompañando un disquete que contiene dicho Criterio. Sin otro particular, le reitero mi atenta consideración. Atentamente Sufragio efectivo. No reelección Xalapa-Enríquez, Ver., 30 de agosto de 2010 El presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura Magistrado Reynaldo Madruga Picazzo Rúbrica.
EDICTOS Y ANUNCIOS ———
LICENCIADO JORGE VINICIO GARCÍA USCANGA NOTARÍA PÚBLICA NO. 5.—COSAMALOAPAN, VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Por instrumento número 17,893 de fecha 5 de agosto de 2010, los señores Sara Parra Uscanga, Ángela María Jiménez Parra y Silvio Rafael Jiménez Parra, iniciaron la tramitación extrajudicial con intervención del suscrito notario, de la sucesión intestamentaria a bienes del señor Silvio Jiménez Martínez, quien fuera vecino de la ciudad de Alvarado, Veracruz de Ignacio de la Llave. Lo que se hace del conocimiento público por medio de dos publicaciones de diez en diez días en la Gaceta Oficial del estado y periódico El Dictamen. Cosamaloapan, Ver., 23 de agosto de 2010 El notario adscrito a la Notaría número Cinco, licenciado Jorge Vinicio García Uscanga.—Rúbrica. Septiembre 8—17 3194
Por instrumento número 17,989 de esta fecha, otorgado en esta notaría a mi cargo, en atención al escrito de esta misma fecha 20 de agosto de 2010, firmado por los señores Doroteo, Carballo Sosa, María Isabel, Doroteo Antonio, Arturo, Adelina, Marisela, César, y Tony, de apellidos Carballo Leyva, se inició con intervención del suscrito, la tramitación en vía extrajudicial, de la sucesión intestamentaria a bienes de la señora Adelina Leyva Rodríguez, quien falleció en la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social de Orizaba, Veracruz, a las 4:45 horas del día 23 de noviembre de 2005, pero cuyo domicilio era en la ciudad de Tres Valles, Veracruz. Lo que se hace del conocimiento público por medio de dos publicaciones de diez en diez días en la Gaceta Oficial del estado y periódico El Dictamen.
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