Source: https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/40381
Timestamp: 2020-02-19 05:34:30
Document Index: 175412031

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 8', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 62', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 8', 'artículo 2', 'artículo 3', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 8']

Gaceta: LXII/1SPO-121/40381
Propone reformar el primer párrafo del artículo 1; el primer párrafo del artículo 2, el primer párrafo del artículo 3 y el primer párrafo del artículo 8; y se adiciona un cuarto párrafo al artículo 2 y un segundo párrafo al artículo 3, todos de la Ley General de Educación, a fin que la Ley General de Educación consigne el principio universalmente reconocido del interés superior de la niñez como criterio rector que oriente la política y los servicios educativos.
Adicionalmente propone que el derecho a la educación deba ser de calidad y que fomente el respeto a su dignidad, impulse sus capacidades, desarrolle sus potencialidades y les prepare para la consecución de su proyecto de vida, en apego de los principios de democracia, paz, respeto y ejercicio de los derechos humanos. De esta forma se establece que atendiendo al principio rector del interés superior de la niñez, ningún interés podrá estar por encima del derecho a la educación de niñas, niños y adolescente que les impida el acceso a los servicios educativos, instalaciones e infraestructura para recibir educación en días escolares.
La reforma propone por otra parte que conforme al interés superior de la niñez, niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a una educación de calidad que fomente el respeto a su dignidad humana, impulse sus capacidades, desarrolle sus potencialidades y les prepare para el logro de su proyecto de vida, en apego de los principios de democracia, paz, respeto y ejercicio de los derechos humanos de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales.
La suscrita ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ Senadora de la República a la LXII Legislatura, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN,al tenor de la siguiente:
En México en materia educativa, particularmente la que reciben niñas, niños y adolescentes coexisten por una parte el derecho a recibir educación preescolar, primaria, secundaria y media superior; y, por otra el principio universalmente reconocido del Interés Superior de la Niñez.
Partiendo de éstos principios, los cuales derivan no sólo de nuestro texto constitucional sino de los tratados internacionales en la materia, se puede afirmar que es obligación para todas las autoridades -federales, estatales, del Distrito Federal y de los municipios- que en la toma de sus decisiones se encuentran obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar estos principios.
Ello significa que no sólo las decisiones de las autoridades, sino el actuar o los intereses de las personas tanto físicas como morales no pueden estar por encima de estos derechos fundamentales.
A nivel internacional existe un amplio consenso en el hecho de que la protección de la niñez no debe obviada. En la Opinión Consultiva OC-17/2002, “Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño”, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que:
“…un mundo que descuida de sus niños, que destruye el encanto de su infancia dentro de ellos, que pone un fin prematuro a su inocencia, y que les somete a toda suerte de privaciones y humillaciones, efectivamente no tiene futuro. Por tanto, es importante que los estados tomen todas las medidas necesarias para prevenir que los niños queden expuestos a castigos denigrantes o corporales, a la humillación, al acoso y a la violencia, en especial a manos del personal que trabaja dentro de las instituciones educativas y que son responsables de los niños.
Cabe señalar que tanto las resoluciones como los pronunciamientos que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de observancia obligatoria para el Estado Mexicano, de conformidad con lo que establece el artículo 1º de nuestra Constitución, así como lo dispuesto por el artículo 62 de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual el Estado mexicano ha reconocido su competencia.
La propia Corte Interamericana ha establecido que el principio del interés superior de la niñez, “implica que el desarrollo de los niños y el pleno ejercicio de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño”.
Parte fundamental de este bloque de protección lo es la Convención sobre los Derechos de la Niñez que establece en el artículo 3 que “todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, atenderán siempre al interés superior del niño”.
Dicho principio se encuentra reconocido en nuestra Constitución en el artículo 4, donde se establece que: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado debe velarse y cumplirse con el principio de interés superior de la niñez, garantizando sus derechos de manera plena. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.
Es decir, este principio implica la satisfacción integral de sus derechos por parte no sólo de la persona a que se encuentra a cargo de la o el menor, sino además que las autoridades legislativas, administrativas y judiciales se encuentran obligadas a sujetar su conducta y sus decisiones al bienestar de niñas, niños y adolescentes.
La Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, señala que: “La protección que tienen los niños y las niñas tiene como objetivo lograr su desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad”.
Sin embargo, la realidad nos demuestra que tanto el derecho a recibir educación como el interés superior de la niñez, se encuentran afectados por factores que limitan, anulan o menoscaban su progresividad.
La deserción escolar; el bullying; la discriminación; el cierre de escuelas por la intolerancia religiosa; los usos y costumbres o las marchas y huelgas de maestros donde miles de niñas y niños están siendo afectados por la suspensión de clases; son alguno de los factores que afectan estos derechos y de los cuales el Estado mexicano no puede desentenderse.
Recientemente y derivada de los compromisos asumidos en el Pacto por México se ha dado inicio a la llamada reforma educativa, en la cual a raíz de la reforma al artículo 3º se establecen las bases para que en materia educativa se puedan contar con un Servicio Profesional Docente con escuelas de tiempo completo; la creación del Instituto Nacional de Evaluación que medirá el desempeño de los docentes y el cual deberá regir sus actividades con apego a los principios de independencia, transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión.
Si bien es cierto que esta reforma sienta bases para un mejor desarrollo educativo en el país, el derecho a la educación, así como el interés superior del menor, siguen siendo derechos ausentes en nuestro marco legal.
Muestra de ello lo podemos encontrar en la Ley General de Educación donde el principio del interés superior de la niñez no se encuentra consignado en el texto de la Ley.
Por tanto la iniciativa que ponemos a la consideración de esta Soberanía propone que en la Ley General de Educación consigne como criterio rector que oriente la política y los servicios educativos, el interés superior de la niñez y que partiendo de éste principio fundamental, no pueda estar por encima del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes, cualquier interés gremial, particular o de grupo que les impida el acceso a los servicios educativos, instalaciones e infraestructura para recibir educación en días escolares.
Adicionalmente proponemos que el derecho a la educación debe ser de calidad y que fomente el respeto a su dignidad, impulse sus capacidades, desarrolle sus potencialidades y les prepare para la consecución de su proyecto de vida, en apego de los principios de democracia, paz, respeto y ejercicio de los derechos humanos.
Finalmente no podemos hablar de una reforma educativa, si el interés superior de la niñez no es el principio rector de quienes tiene la responsabilidad de educar a la niñez de nuestro país.
Por estas razones presento a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN.
ÚNICO. Se reforma el primer párrafo del artículo 1º; el primer párrafo del artículo 2º, el primer párrafo del artículo 3º y el primer párrafo del artículo 8º; se adiciona un cuarto párrafo al artículo 2º y un segundo párrafo al artículo 3º, todos de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:
Artículo 1o.- Esta Ley regula la educación que imparten el Estado -Federación, entidades federativas y municipios-, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios. Es de observancia general en toda la República y las disposiciones que contiene son de orden público e interés social atendiendo al interés superior de la niñez como base en todas las decisiones y actuaciones de las autoridades que integran el sistema Educativo Nacional.
Artículo 2o.- Todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad y, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables.
Atendiendo al principio rector del interés superior de la niñez, ningún interés podrá estar por encima del derecho a la educación de niñas, niños y adolescente que les impida el acceso a los servicios educativos, instalaciones e infraestructura para recibir educación en días escolares.
Artículo 3o.- El Estado está obligado a prestar servicios educativos de calidad para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria y la secundaria. Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la función social educativa establecida en la presente Ley.
Conforme al interés superior de la niñez, niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad que fomente el respeto a su dignidad humana, impulse sus capacidades, desarrolle sus potencialidades y les prepare para el logro de su proyecto de vida, en apego de los principios de democracia, paz, respeto y ejercicio de los derechos humanos de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales.
Artículo 8o.- El criterio que orientará a la educación que el Estado y sus organismos descentralizados impartan -así como toda la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica que los particulares impartan- Atenderá en todo momento el interés superior de la niñez, se basará en los resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia y sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia especialmente la que se ejerce contra las mujeres, niñas y niños, debiendo implementar políticas públicas de Estado orientadas a la transversalidad de criterios en los tres órdenes de gobierno.