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Timestamp: 2019-04-25 16:37:51
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Matched Legal Cases: ['artículo 68', 'artículo 67', 'artículo 27', 'artículo 70', 'artículo 25', 'artículo 63', 'artículo 63', 'artículo 63', 'artículo 1']

Resolución de la corte interamericana de derechos humanos1
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CASO TRABAJADORES CESADOS DEL CONGRESO (Aguado Alfaro y otros) VS. PERÚ
1. La Sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas (en adelante “la Sentencia”) dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte”, “la Corte Interamericana” o “el Tribunal”) el 24 de noviembre de 2006 en el caso Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú.
2. La solicitud de interpretación de la Sentencia, presentada por uno de los representantes de las víctimas, y declarada inadmisible por la Corte Interamericana el 30 de noviembre de 2007, por no adecuarse a lo previsto en los artículos 67 de la Convención y 29.3 y 59 del Reglamento del Tribunal entonces vigente2.
3. La Resolución de la entonces Presidenta de la Corte de 8 de junio de 2009, mediante la cual decidió convocar a una audiencia privada en la sede de la Corte, con el propósito de que el Tribunal obtuviera información de la República del Perú (en adelante “el Estado” o “Perú”) sobre todas las medidas de reparación ordenadas en la Sentencia y las respectivas observaciones de la Comisión Interamericana y de los intervinientes comunes.
4. La audiencia celebrada el 8 de julio de 2009 durante el LXXXIII Período Ordinario de Sesiones del Tribunal en su sede3, así como los documentos presentados por la Comisión y el Estado durante la audiencia.
5. La Resolución dictada el 20 de noviembre de 2009, mediante la cual el Tribunal declaró:
1. Que el Estado ha dado cumplimiento a sus obligaciones dispuestas en el punto resolutivo sexto de la Sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas dictada por el Tribunal el 24 de noviembre de 2006, en cuanto al pago de las cantidades fijadas en el párrafo 154, por concepto de costas (punto resolutivo sexto de la Sentencia y párrafos 157 a 161 de la misma).
2. Que mantendr[ría] abierto el procedimiento de supervisión de cumplimiento de los puntos pendientes de acatamiento total, a saber:
a) garantizar a las 257 víctimas el acceso a un recurso sencillo, rápido y eficaz, para lo cual deberá constituir a la mayor brevedad un órgano independiente e imparcial que cuente con facultades para decidir en forma vinculante y definitiva si esas personas fueron cesadas regular y justificadamente del Congreso de la República o, en caso contrario, que así lo determine y fije las consecuencias jurídicas correspondientes, inclusive, en su caso, las compensaciones debidas en función de las circunstancias específicas de cada una de esas personas, a la mayor brevedad (punto resolutivo cuarto de la Sentencia y párrafos 148, 149 y 155 de la misma), y
b) pagar de manera inmediata la cantidad fijada a favor de las 257 víctimas, por concepto de daño inmaterial (punto resolutivo quinto de la Sentencia y párrafos 151, 156 y 158 a 161 de la misma).
Y Res[olvió]
1. Requerir al Estado del Perú que adopte todas las medidas que sean necesarias para dar efectivo y pronto acatamiento a los puntos pendientes de cumplimiento de la Sentencia […], señalados en el punto declarativo segundo [de la Resolución].
2. Solicitar al Estado del Perú que presente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a más tardar el 1 de marzo de 2010, un informe en el cual indique todas las medidas adoptadas para cumplir con las reparaciones ordenadas por esta Corte que se encuentran pendientes de cumplimiento, de acuerdo con lo señalado en los párrafos considerativos 29, 41 y 55 [de la Resolución].
3. Solicitar a los intervinientes comunes de los representantes de las víctimas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que presenten las observaciones que estimen pertinentes al informe del Estado mencionado en el punto resolutivo anterior, en el plazo de cuatro y seis semanas, respectivamente, contado a partir de la recepción de dicho informe.
4. Continuar supervisando los puntos pendientes de cumplimiento de la Sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas dictada por el Tribunal el 24 de noviembre de 2006.
6. Los escritos de 18 y 26 de marzo y 22 de junio de 2010, mediante los cuales el Estado se refirió al cumplimiento de la Sentencia.
7. Los escritos de 7 de diciembre de 2009, 26 de enero, 2 de marzo, 2 de junio, 22 de octubre y 12 de noviembre de 2010, mediante los cuales los intervinientes comunes de los representantes de las víctimas (en adelante, “los intervinientes”) presentaronobservaciones acerca del estado de cumplimiento de la Sentencia.
8. La comunicación de 1 de julio de 2010, mediante la cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) presentó sus observaciones acerca del estado de cumplimiento de la Sentencia.
B) Solicitud de adopción de medidas provisionales
9. El escrito recibido por correo electrónico el 14 de julio de 2010, mediante el cual el señor Adolfo Fernández Saré y otras ocho personas sometieron ante la Corte Interamericana una solicitud de medidas provisionales, en los términos de los artículos 63.2 de la Convención Americana y 27 del Reglamento de la Corte, con el propósito de que se dispusiera su “reincorporación laboral al Congreso de la República del Perú mientras los funcionarios del Estado cumplan con ejecutar el Punto Resolutivo No. 4 de la Sentencia”; y que el Estado “les brind[ara] atención médica integral a través del Seguro Social denominado [ESSALUD] a cada una de las víctimas y sus familiares más cercanos […] en tanto se resuelva de manera definitiva el presente caso”.
10. La nota de la Secretaría de la Corte de 20 de julio de 2010, mediante la cual se informó al señor Fernández Saré que se daría el trámite correspondiente a su solicitud de medidas provisionales una vez que el Tribunal recibiera el original del escrito mencionado o, en su defecto, un facsimilar en que constara la firma de todos los solicitantes. El original del escrito de solicitud de medidas provisionales y sus anexos fueron recibidos el 2 de noviembre de 2010. Seguidamente, siguiendo instrucciones del Presidente del Tribunal, dicho escrito fue transmitido a la Comisión, al Estado y a los intervinientes comunes para que presentaran observaciones al respecto.
11. Los escritos de 11 y 12 de noviembre de 2010, mediante los cuales el Estado, por un lado, y los intervinientes comunes y la Comisión Interamericana, por otro, remitieron sus observaciones sobre la solicitud de medidas provisionales (supra Visto 11). No obstante, sólo el Estado se refirió de manera específica a la solicitud de medidas provisionales, mientras que la Comisión y los intervinientes comunes se refirieron al cumplimiento de la Sentencia.
A) Supervisión de cumplimiento de Sentencia
Es una facultad inherente a las funciones jurisdiccionales de la Corte el supervisar el cumplimiento de sus decisiones.
El Perú es Estado Parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana”) desde el 28 de julio de 1978 y reconoció la competencia obligatoria de la Corte el 21 de enero de 1981.
El artículo 68.1 de la Convención Americana estipula que “[l]os Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes”. Para ello los Estados deben asegurar la implementación a nivel interno de lo dispuesto por el Tribunal en sus decisiones4.
En virtud del carácter definitivo e inapelable de las sentencias de la Corte, según lo establecido en el artículo 67 de la Convención Americana, éstas deben ser prontamente cumplidas por el Estado en forma íntegra y dentro del plazo establecido para tal efecto.
La obligación de cumplir lo dispuesto en las sentencias del Tribunal corresponde a un principio básico del derecho sobre la responsabilidad internacional del Estado, respaldado por la jurisprudencia internacional, según el cual los Estados deben acatar sus obligaciones convencionales internacionales de buena fe (pacta sunt servanda) y, como ya ha señalado esta Corte y lo dispone el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, aquéllos no pueden, por razones de orden interno, dejar de asumir la responsabilidad internacional ya establecida. Las obligaciones convencionales de los Estados Partes vinculan a todos los poderes y órganos del Estado5.
Los Estados Partes en la Convención deben garantizar el cumplimiento de las disposiciones convencionales y sus efectos propios (effet utile) en el plano de sus respectivos derechos internos. Este principio se aplica no sólo en relación con las normas sustantivas de los tratados de derechos humanos (es decir, las que contienen disposiciones sobre los derechos protegidos), sino también en relación con las normas procesales, tales como las que se refieren al cumplimiento de las decisiones de la Corte. Estas obligaciones deben ser interpretadas y aplicadas de manera que la garantía protegida sea verdaderamente práctica y eficaz, teniendo presente la naturaleza especial de los tratados de derechos humanos6.
A.1) Recurso sencillo, rápido y eficaz para la determinación de derechos
En cuanto a la obligación establecida en el punto resolutivo cuarto de la Sentencia (supra Visto 5), el Estado ha manifestado que “viene cumpliendo con las gestiones pertinentes” para el cumplimiento de la Sentencia; que se ha reunido con los intervinientes para implementar una comisión que permita responder a lo requerido en la Sentencia y que ha informado al Poder Legislativo que la misma debe estar integrada por dos representantes del Estado (del Ministerio de Justicia y del Congreso) y un representante de los trabajadores. En cuanto al extremo referido a la asesoría legal gratuita a favor de las víctimas, el Estado informó que la Dirección General de Defensa Pública realizó la designación de defensores públicos para el apoyo legal a favor de las 257 víctimas, señalando que se nombraron 10 defensores públicos que obrarán de forma gratuita, en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 149 de la Sentencia. El Estado informó, adicionalmente, que la nueva Comisión Especial7 se encuentra ejerciendo funciones desde el 16 de julio de 2010, y su finalidad es “garantizar a las 257 víctimas del caso el acceso a un recurso sencillo, rápido y eficaz”. Según el Estado dicha Comisión está “constituida en función de los preceptos que ordena la Resolución de Supervisión [de Cumplimiento]” de 20 de noviembre de 2009 dictada en el presente caso. El Estado además señaló que una vez instalada la Comisión Especial el 23 de agosto de 2010, se solicitó al Ministerio de Justicia que la ratifique y reconozca y que la misma estaría conformada por delegados del Congreso de la República, del Ministerio de Justicia, delegados de las víctimas y un Presidente. De conformidad con lo informado por el Estado, la Comisión Especial tiene plazo de noventa días calendario para emitir un Informe Final, plazo que habría vencido el 23 de noviembre de 20108, aunque el Estado no ha informado al Tribunal ese resultado. Con posterioridad a la instalación de la Comisión Especial, se procedió a solicitar al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil las direcciones actuales de las 257 víctimas a efectos de notificar a todas las víctimas de dichos actos y garantizar el debido proceso. El Estado indicó que el pasado 5 y 29 de octubre de 2010 se realizaron audiencias públicas donde se ha otorgado el uso de la palabra para que, de manera voluntaria, las personas hagan uso de esa posibilidad. Según lo informado, 69 víctimas de la Sentencia solicitaron el uso de la palabra para exponer sus reclamos ante dicha “Comisión Especial”9. El Estado indicó que dichas audiencias están siendo registradas para remitirlas posteriormente a este Tribunal. Además, el Estado agregó que la Comisión Especial ha visto la necesidad de abrir una nueva fecha para la realización de otra audiencia pública, que está con “fecha abierta”, a fin de “lograr escuchar a todas las víctimas que falten de hacer uso de la palabra y que deseen expresar […] alternativas de solución en sus casos concretos”.
Los intervinientes comunes manifestaron que en marzo de 2010 rechazaron la propuesta de la Procuraduría Pública Especializada Supranacional del Ministerio de Justicia de constituir una “Comisión Especial” compuesta por tres miembros, por no ajustarse a lo ordenado por la Corte en su Resolución de 20 de noviembre de 2009. Posteriormente, informaron que el 31 de marzo de 2010 recibieron una nueva comunicación de la Procuraduría reiterando la solicitud para que se requiriera a los representantes de las víctimas la designación de sus representantes en la “Comisión Especial” por , pero especificando que “ésta estaría compuesta, ya no por cuatro, sino por cinco miembros: dos designados por el Estado (uno por el Congreso de la República y otro por el Ministerio de Justicia), dos por los representantes de las víctimas, y el quinto – destinado a presidirla- por ambas partes, de común acuerdo”. El 7 de abril los representantes de las víctimas comunicaron a la Procuraduría la designación de sus dos representantes en la mencionada Comisión. El Estado también nombró a sus dos representantes el 9 de abril de 2010. Así, el 20 de abril de 2010 se instaló la Comisión Especial oficialmente y se acordó la designación del presidente, quien aceptó el cargo en agosto de 2010. Ese mismo mes fue aprobado el reglamento de la “Comisión Especial” y desde entonces se han sostenido diversas reuniones en el marco de la misma; se ha acordado la discusión de criterios de reparación; se ha solicitado información al Congreso respecto de la situación de cada víctima y se han convocado audiencias públicas para que tengan oportunidad de expresar personalmente lo que estimen pertinente, plantear inquietudes y proponer sus propios criterios de reparación.
Por su parte, la Comisión Interamericana consideró que la decisión de integrar una nueva “Comisión Especial” encargada de velar por el cumplimiento de sentencia “constituye un avance notable en el prolongado proceso de cumplimiento”. Igualmente, la Comisión hizo notar que, “transcurrido el plazo para que se cumpliera con la creación de un órgano independiente y para que éste hubiese adoptado decisiones finales, no se cuenta con una expectativa de puesta en práctica y resolución de la obligación establecida por la Corte, en un plazo razonable”. En cuanto al mecanismo para brindarle asesoría legal gratuita a la parte lesionada del presente caso, la Comisión destacó la falta de información respecto de la forma en que los defensores públicos asignados podrían participar en la defensa de los intereses de las víctimas ante la “Comisión Especial”.
En su Resolución anterior (supra Visto 5), la Corte enfatizó las características del órgano que debía crear el Estado para cumplir con lo establecido en el punto resolutivo cuarto de la referida Sentencia para la determinación de los derechos de las víctimas. En esta oportunidad el Tribunal valora que el Estado y los representantes hayan iniciado la formalización de una nueva “Comisión Especial” que se encargaría de la determinación de las consecuencias jurídicas correspondientes y, en su caso, las compensaciones debidas a cada una de las víctimas, habiéndose ya determinado que las víctimas fueron cesadas irregular e injustificadamente del Congreso. Tal “Comisión Especial”, según informaron los intervinientes, ya habría comenzado a funcionar. Al recordar que esta obligación estatal debió constituirse en un recurso rápido y sencillo, cuyas decisiones finales debían adoptarse dentro del plazo de un año desde la notificación de la Sentencia, y luego de la resolución dictada hace un año, la Corte espera que el procedimiento acordado y establecido llegue a buen término a la brevedad posible. Por otro lado, el Tribunal valora la designación de defensores públicos para dar asesoría legal a las víctimas y solicita información al Estado acerca de la forma en que este mecanismo se estaría implementado.
A.2) Pago de daños inmateriales
En relación con el pago de las cantidades establecidas a favor de las 257 víctimas por concepto de daños inmateriales (punto resolutivo quinto de la Sentencia), el Estado se limitó a informar acerca de gestiones y comunicaciones realizadas durante el año 2009 ante el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Economía y Finanzas, entre otras instancias públicas, para concretar su cumplimiento.
Los intervinientes comunes manifestaron que el Estado no dispuso el pago de las indemnizaciones dentro de la Ley de Presupuesto de 2009, a pesar de que durante la audiencia se comprometió a satisfacer la deuda a más tardar el 31 de diciembre de 2009. Resaltaron que el Estado no ha cumplido a pesar de existir diversos requerimientos que, para tal efecto, le ha formulado la Defensoría del Pueblo y de los requerimientos judiciales y sanciones que ha impuesto al Ministerio de Justicia el Poder Judicial en el proceso de ejecución que algunas víctimas siguen actualmente en el fuero interno. Reiteraron que el Estado pretende justificar su incumplimiento amparándose en la legislación interna, pues “la falta de correlato de crédito presupuestario [señalado por el Ministerio de Economía y Finanzas], por deficiencia de la gestión del Estado, no resulta una razón válida para no cumplir con el pago de los montos”. Alegaron que son los trabajadores los que han tenido que soportar el incumplimiento, apelando a múltiples iniciativas ante el Poder Judicial, en algunos casos mediante medidas cautelares para obtener pagos parciales mediante embargo y remate de algunos bienes estatales. En otros casos se obtuvo el dictado de un requerimiento del 27 Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia al Ministerio de Justicia para que cancele esa deuda. También manifestaron su preocupación porque el 3 de mayo de 2010 el Presidente de la República remitió al Congreso de la República el Proyecto de Ley Nro. 4006/2009-PE, para que “se establezca, entre otras cosas, que el cumplimiento de las sentencias supranacionales no se ajuste al plazo decidido en las sentencias dictadas por los órganos respectivos (por ejemplo en el caso de la referencia, un año contado a partir de su notificación), sino que éste se sujete a las normas de derecho interno y, en particular, a los términos del Texto Único Ordenado de la Ley que regula el procedimiento Contencioso Administrativo (Decreto Supremo Nro. 013-2008-JUS) y el artículo 70 de la Ley Nro. 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, que considera plazos sustantivamente mayores, que pueden extenderse hasta cinco años”. Los intervinientes comunes alegaron que estas disposiciones son contrarias al deber asumido por el Estado al ratificar la Convención Americana.
Los intervinientes solicitaron, además, que la Corte declare el incumplimiento por parte del Estado de lo ordenado en la Sentencia y que el Estado “ha cometido una nueva violación” del derecho reconocido en el artículo 25.2.c) de la Convención, por lo que solicitaron que “disponga los remedios y medidas de reparación que correspondan”, y que informe al respecto a la Asamblea General de la OEA.
Los intervinientes comunes aportaron una comunicación de 16 de diciembre de 2009 de la Defensoría del Pueblo dirigida al Presidente del Consejo de Ministros, mediante la cual aquélla observó el incumplimiento del Estado, que persiste “tanto respecto al monto expresamente determinado en el fallo de la Corte por concepto de daño inmaterial […] como por el monto a determinar (en caso de que se verifique el cese irregular) por el “órgano independiente e imparcial” al que se refiere el numeral 4” de los puntos resolutivos de la Sentencia. En consecuencia, la Defensoría recomendó que se adopten las medidas necesarias a fin de “autorizar al Ministerio de Economía y Finanzas a que asigne los recursos presupuestales para dar cumplimiento a la sentencia […], así como a lo dispuesto por la Cuadragésima Quinta Disposición Final de la Ley del Presupuesto del Sector Público para el ejercicio fiscal 2009”.
La Comisión observó que “no consta acción efectiva” para cumplir con lo dispuesto y espera que los obstáculos para la realización de los pagos puedan ser superados a la brevedad posible. También expresó su preocupación respecto de la información recibida sobre el proyecto de ley que “pretendería condicionar el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado de buena fe, a normas de derecho interno del Estado responsable de la violación que dio lugar a la medida de reparación”. Asimismo Observó entonces que no constan los esfuerzos realizados a fin de completar los enlaces y coordinaciones internas que permitan hacer efectiva la medida de reparación ordenada, de modo que las gestiones sean un esfuerzo efectivo [para] mitigar la violación de derechos humanos que han sufrido las víctimas y no meramente la ejecución de acciones formales”.
La Corte observa que, tras el tiempo transcurrido desde el dictado de la Sentencia, los pagos ordenados por concepto de daño inmaterial no han sido satisfechos por el Estado, a pesar de lo requerido por el Tribunal y de lo manifestado por el Estado durante la audiencia y en sus escritos. Es necesario destacar que a pesar de la previsión en la Ley de Presupuesto de 2009 al respecto, el Ministerio de Economía y Finanzas haya comunicado que no se cuenta con los fondos necesarios, tal como lo ha hecho notar la propia Defensoría del Pueblo (supra Considerando 13). La Corte reitera que es imprescindible que el Estado realice las gestiones que falten para efectuar dichos pagos a la mayor brevedad posible. Asimismo, dado que el Estado ha incurrido en mora, deberá informar sobre las gestiones emprendidas para el efectivo cumplimiento de este punto resolutivo, así como acerca de las previsiones aplicables para cubrir los respectivos intereses moratorios, de conformidad con el párrafo 161 de la Sentencia.
El artículo 63.2 de la Convención dispone que, “[e]n casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas”, la Corte podrá, en los asuntos que esté conociendo, “tomar las medidas provisionales que considere pertinentes”.
El señor Fernández Saré fundamentó su solicitud de medidas provisionales (supra Visto 10), en que las víctimas habían sido cesadas hace más de 18 años, que el proceso tiene una duración de más de doce años, que algunas han muerto y que la gran mayoría se encuentra en delicado estado de salud y que no pueden atender por sí mismos sus afecciones por carecer de recursos económicos para ello.
Los intervinientes comunes no remitieron observaciones en relación con esta solicitud de medidas provisionales.
La Comisión Interamericana no se refirió en específico a la solicitud de medidas provisionales y se remitió a lo expresado en sus observaciones sobre cumplimiento de Sentencia.
El Estado solicitó a la Corte que “declare improcedente el pedido de adopción de medidas provisionales interpuesto”, por considerar que “no existe una situación de gravedad y urgencia capaz de causar daños irreparables al [grupo] de ex – trabajadores del Congreso de la República” que la presentó. El Estado agregó que la referida solicitud de medidas provisionales se refiere a que “se brinde atención médica integral a través del Seguro Social denominado ‘ESSALUD’, a cada una de las víctimas y a sus familiares más cercanos […] en tanto no se resuelva de manera definitiva el caso[,] punto que no es materia” de los puntos resolutivos de la Sentencia. Indicó que en el escrito de solicitud de medidas provisionales no se hace “mención individualizada de la situación concreta de los 257 y/o 36 víctimas que [la] suscriben” y que no se ha logrado demostrar la existencia de los presupuestos para ordenar las medidas provisionales establecidos en el artículo 63.2 de la Convención. El Estado recalcó que las medidas solicitadas son a favor de un grupo de personas y no del total de 257 trabajadores y precisó información actual acerca de la situación de éstas, la cual fue reportada por la oficina de Recursos Humanos del Congreso de la República, especificando que actualmente en el Congreso de la República trabajan 24 personas de las 257 víctimas; que de las 233 víctimas restantes, 45 serían trabajadoras independientes, 29 estarían trabajando para diversas instituciones del Estado, 103 estarían desempleados, 3 habrían fallecido, 2 personas estarían en el extranjero y habría 2 cesantes. Dicha información habría permitido concretar e identificar la situación concreta de 208 víctimas del presente caso.
La Corte comprende los graves problemas que pueden haber afectado a las víctimas como consecuencia de los hechos del presente caso y, luego, de la mora en el acatamiento por parte del Estado de las obligaciones resultantes de la Sentencia. No obstante, el objeto de la solicitud está parcialmente vinculado a la obligación impuesta al Estado en el punto dispositivo cuarto de la Sentencia10, por cuanto la restitución laboral podría ser una de las eventuales consecuencias jurídicas del cese irregular de algunos de los trabajadores, lo cual está por determinarse en el ámbito interno (supra Considerando 8). En ese sentido, no es aplicable el artículo 63.2 de la Convención. Por otro lado, y en atención a que el Estado ya ha declarado que las víctimas fueron cesadas irregular e injustificadamente de sus trabajos, es de suponer que en múltiples casos sufrieron perjuicios económicos y que quedaron excluidos de determinados regímenes de seguridad social. De tal manera, el Tribunal estima que en este caso no corresponde atender la solicitud de medidas provisionales para procurar servicios de salud para las víctimas, sin perjuicio de las acciones que a la brevedad pueda adoptar el Estado, en atención a sus respectivas disposiciones constitucionales y legales y en cumplimiento de las obligaciones generales establecidas en el artículo 1.1 de la Convención Americana, para garantizar que las víctimas del presente caso tengan acceso a servicios de salud, a través de instituciones o programas estatales, al menos mientras su situación no sea plenamente definida y en consideración de que han transcurrido cuatro años desde que este Tribunal ordenara la determinación de las consecuencias de su cesación laboral.
en ejercicio de sus atribuciones y de conformidad con los artículos 63.2, 67 y 68.1 de la Convención Americana, 12.3 y 30 de su Estatuto y 5, 19, 27, 31 y 69.4 de su Reglamento,
1. Que mantendrá abierto el procedimiento de supervisión de cumplimiento de los puntos pendientes de acatamiento total, a saber:
a) garantizar a las 257 víctimas el acceso a un recurso sencillo, rápido y eficaz, para lo cual deberá concluir el proceso de constitución a la mayor brevedad de un órgano independiente e imparcial que cuente con facultades para decidir en forma vinculante y definitiva si esas personas fueron cesadas regular y justificadamente del Congreso de la República o, en caso contrario, que así lo determine y fije las consecuencias jurídicas correspondientes, inclusive, en su caso, las compensaciones debidas en función de las circunstancias específicas de cada una de esas personas, a la mayor brevedad (punto resolutivo cuarto de la Sentencia y párrafos 148, 149 y 155 de la misma), y
1. Requerir al Estado del Perú que adopte todas las medidas que sean necesarias para dar efectivo y pronto acatamiento a los puntos pendientes de cumplimiento de la Sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, dictada en el caso Trabajadores Cesados del Congreso de la República, señalados en el punto declarativo primero.
2. Desestimar la solicitud de medidas provisionales presentada por el señor Adolfo Fernández Saré y otras personas, en los términos señalados en el párrafo considerativo vigésimo segundo de esta Resolución.
3. Requerir al Estado del Perú que presente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a más tardar el 30 de marzo de 2011, un informe en el cual indique todas las medidas adoptadas para cumplir con las reparaciones ordenadas por esta Corte que se encuentran pendientes de cumplimiento.
4. Requerir a los intervinientes comunes de los representantes de las víctimas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que presenten las observaciones que estimen pertinentes al informe del Estado mencionado en el punto resolutivo anterior, en los plazos de cuatro y seis semanas, respectivamente, contados a partir de la recepción de dicho informe.
5. Requerir al Estado que, con posterioridad a la presentación del informe requerido en el punto dispositivo cuarto, continúe informando a la Corte cada tres meses acerca de las medidas adoptadas para cumplir con las reparaciones ordenadas.
6. Requerir a la Comisión Interamericana y los intervinientes comunes de los representantes que presenten las observaciones que estimen pertinentes a los informes estatales, en los plazos de cuatro y seis semanas, respectivamente, contados a partir de la recepción del informe.
7. Continuar supervisando los puntos pendientes de cumplimiento de la Sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas dictada por el Tribunal el 24 de noviembre de 2006.
8. Solicitar a la Secretaría del Tribunal que notifique la presente Resolución al Estado, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los intervinientes comunes de las víctimas, y al señor Adolfo Fenández Saré.
Rhadys Abreu Blondet Alberto Pérez Pérez
1 El Juez Diego García-Sayán no participó en la deliberación y firma de esta Resolución, en razón de su nacionalidad peruana, en los términos de los artículos 19 del Estatuto y 19 del Reglamento de la Corte. En consecuencia, para efectos de la supervisión de cumplimiento de Sentencia en este caso, el señor Vicepresidente del Tribunal, Juez Leonardo A. Franco, ha actuado como Presidente en Ejercicio.
2 Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros). Vs. Perú. Solicitud de Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de Noviembre de 2007 Serie C No. 174.
3 A esta audiencia comparecieron los señores Francisco Ercilio Moura y Javier Mujica Petit, del Centro de Asesoría Laboral del Perú (CEDAL), intervinientes comunes de los representantes; por la Comisión Interamericana, la señora Lilly Ching Soto, asesora; y por el Estado, la señora Delia Muñoz Muñoz, Procuradora Pública Especializada Supranacional, el señor Rodolfo Reyna Salinas, Asesor del Presidente del Congreso de la República, el señor Edgar Chauca López, Jefe de Asesoría Jurídica del Congreso de la República, la señora Erika Ramos Arteaga, Asesora de la Procuraduría Pública Especializada Supranacional, el Embajador Moisés Tambini de Valle, Jefe de la Misión Diplomática del Perú en Costa Rica, y los señores Gustavo Lembcke y David Tejada, Ministro y Segundo Secretario de la Embajada del Perú en Costa Rica, respectivamente.
4 Cfr. Caso Baena Ricardo y otros. Competencia. Sentencia de 28 de noviembre de 2003. Serie C No. 104, párr. 60; Caso Tristán Donoso Vs. Panamá. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 1 de septiembre de 2010, considerando tercero, y Caso De la Cruz Flores Vs. Perú. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 1 de septiembre de 2010, considerando tercero.
5 Cfr. Responsabilidad internacional por expedición y aplicación de leyes violatorias de la Convención (arts. 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-14/94 de 9 de diciembre de 1994. Serie A No. 14, párr. 35; Caso Tristán Donoso Vs. Panamá. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. supra nota 5, considerando quinto, y Caso De la Cruz Flores Vs. Perú. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia, supra nota 5, considerando quinto.
6 Cfr. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Competencia. Sentencia de de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de septiembre de 1999, párr. 37; Caso Tristán Donoso Vs. Panamá. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. supra nota 5, considerando sexto, y Caso De la Cruz Flores Vs. Perú. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia, supra nota 5,, considerando sexto.
7 La referida Comisión Especial está presidida por el señor Carlos Blancas Bustamente, elegido el 26 de julio de 2010 durante la reunión de la Comisión Especial que tuvo lugar en las oficinas de la Procuraduría Supranacional. Ver: Anexo 13 del escrito del Estado del 9 de noviembre de 2010 (expediente de supervisión de cumplimiento, folios XX).
8 Cfr. Anexo 14 del escrito presentado por el Estado el 9 de noviembre de 2010 (expediente de supervisión de cumplimiento, folios xx).
9 Cfr. Anexos 17 y 18 al escrito presentado por el Estado el 9 de noviembre de 2010, los cuales contienen listados de las personas que solicitaron el uso a palabra durante las audiencias públicas convocadas por la “Comisión Especial” (expediente de supervisión de cumplimiento, folios xx).
10 En similar sentido ver Raxcaco Reyes y otros. Solicitud de Ampliación de Medidas Provisionales respecto de Guatemala. Resolución de la Corte Interamericana de 2 de Febrero de 2007, considerando veintiuno. Ver también De la Cruz Florez, Resolución de la Corte de 1 septiembre de 2010, considerando 77.