Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/C-140-18.htm
Timestamp: 2019-06-25 04:11:26
Document Index: 281073345

Matched Legal Cases: ['artículo 241', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 17']

C-140-18
LICENCIA DE PATERNIDAD REMUNERADA-Cosa juzgada material
La Corte concluyó que se presentó el fenómeno jurídico de la cosa juzgada material en sentido amplio, pues las disposiciones demandas ya habían sido objeto de estudio en la sentencia C-383 de 2012 por los mismos cargos planteados en esta oportunidad, además, la declaratoria de exequibilidad condicionada de la norma demandada en la referida providencia se había realizado por razones de fondo y no había variado el contexto fáctico o normativo desde el momento en que se expidió dicha sentencia, ni se habían producido reformas constitucionales frente a los preceptos que sirvieron de base para sustentar la decisión.
En la sentencia C-744 de 2015 se reiteraron las reglas jurisprudenciales de verificación de la existencia de cosa juzgada que establecen que ésta se configura cuando: “(i) se proponga estudiar el mismo contenido normativo de una proposición jurídica ya estudiada en una sentencia anterior; (ii) se presenten las mismas razones o cuestionamientos (esto incluye el referente constitucional o norma presuntamente vulnerada), analizados en ese fallo antecedente; y (iii) no haya variado el patrón normativo de control”. Es decir, para que se constante el fenómeno se requieren tres elementos: (i) identidad de objeto; (ii) identidad de causa petendi; y (iii) subsistencia del parámetro de constitucionalidad, esto es, que no exista un cambio de contexto o nuevas razones significativas que de manera excepcional hagan procedente la revisión, lo que la jurisprudencia ha referido como un nuevo contexto de valoración”.
COSA JUZGADA FORMAL Y MATERIAL, COSA JUZGADA ABSOLUTA Y RELATIVA Y COSA JUZGADA APARENTE-Conceptos
La existencia de esta modalidad de cosa juzgada exige acreditar los siguientes requisitos, recogidos en la sentencia C-073 de 2014:“(i) Que exista una sentencia previa de constitucionalidad sobre una disposición con idéntico contenido normativo a la que es objeto de demanda, esto es, que los “efectos jurídicos de las normas sean exactamente los mismos”. (ii) Que exista identidad entre los cargos que fundamentaron el juicio de constitucionalidad que dio lugar a la sentencia proferida por esta Corporación y aquellos que sustentan la nueva solicitud. (iii) Que la declaratoria de constitucionalidad se haya realizado por razones de fondo. (iv) Que no se hayan producido reformas constitucionales frente a los preceptos que sirvieron de base para sustentar la decisión; y que se esté ante el mismo contexto fáctico y normativo. En efecto, como en reiteradas ocasiones lo ha señalado este Tribunal, el juez constitucional tiene la obligación de tener cuenta los cambios que se presentan en la sociedad, pues puede ocurrir que un nuevo análisis sobre normas que en un tiempo fueron consideradas exequibles a la luz de una nueva realidad ya no lo sean”.
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad prevista en el artículo 241, numeral 4 de la Constitución Política, la ciudadana Eliana Patricia Goyeneche Jiménez demanda el artículo 1 (parcial) de la Ley 1822 de 2017“[p]or medio de la cual se incentiva la adecuada atención y cuidado de la primera infancia, se modifican los artículos 236 y 239 del Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones”.
Mediante Auto de 26 de octubre de 2017[1], proferido por la Magistrada sustanciadora, se decidió: (i) admitir la demanda, (ii) suspender los términos del proceso, según lo considerado en el numeral 2 del Auto 305 de 2017, y, (iii) una vez reanudado el mismo, correr traslado al Procurador General de la Nación[2], fijar en lista la disposición acusada por el término de 10 días, y comunicar la iniciación del proceso al Presidente de la República, al Presidente del Congreso[3] y a la Nación - Ministerios de Justicia y del Derecho y del Trabajo. De igual forma, con el objeto de que emitieran concepto técnico sobre la demanda de la referencia[4], se decidió invitar al proceso a las facultades de Derecho de las universidades Javeriana, del Rosario, Nacional, Libre y Externado de Colombia; y a la Defensoría del Pueblo, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral y a Profamilia. Mediante Auto 366 de 13 de junio de 2018, proferido por la Sala Plena de la Corporación, se levantó la suspensión de términos.[5]
1. La accionante considera que el enunciado del parágrafo 2 del artículo 1 de la Ley 1822 de 2017, vulnera los siguientes cinco artículos de la Constitución Política: 13 (derecho a la igualdad), 15 (derecho a la intimidad personal y familiar, y buen nombre), 16 (derecho al libre desarrollo de la personalidad), 42 (que considera a la familia como núcleo fundamental de la sociedad), y 44 (sobre la prevalencia de los derechos de los menores de edad).
2. Para la demandante el apartado normativo cuestionado prevé un tratamiento discriminatorio, con sustento en una categoría sospechosa, que limita la titularidad del derecho a la licencia por paternidad. Sostiene que no solo se sacrifica el interés superior de los menores recién nacidos, sino que también se desconoce una garantía laboral de la que debe gozar todo padre. Señala que la discriminación se presenta “por razones del vínculo natural o jurídico entre los padres del menor dejando de lado que pueda existir una relación familiar, natural y/o jurídica del niño con cada uno de sus padres de forma independiente sin que sea menester que estos últimos sostengan una relación o compromiso sentimental o legítimo entre ellos”. Argumenta que la diferenciación se funda en un rasgo permanente de los progenitores, relacionado con el vínculo natural o jurídico existente entre ellos, dejando de lado la relación más importante, cuya protección subyace a la licencia por parto, (existente entre el recién nacido y sus padres, a quienes conjuntamente la Ley les confiere la patria potestad). Al respecto precisó:
3. Precisa la ciudadana que en virtud del derecho a la igualdad de trato, no es dable brindar un tratamiento diferente a lo que merece ser tratado de manera similar, situación que se configura en este caso. Por lo anterior, solicitó declarar la inconstitucionalidad de la disposición demandada o, subsidiariamente, la exequibilidad condicionada, “en el entendido de que sus preceptos también cobije a todos los que sean padres, sin condicionar a estos a tener o mantener una relación estable, sentimental o un vínculo jurídico con la madre de su hijo.”
1. En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 242-2 y 278-5 de la Constitución Política, el Procurador General de la Nación, mediante concepto 6428 del 08 de agosto de 2018, solicitó a la Corte declarar la inexequibilidad de la expresión “permanente”, contenida en el inciso 1º del parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 1822 de 2017, y la exequibilidad condicionada del artículo 1º, parágrafo 2º, inciso 2º de la misma norma, en el entendido de que “la licencia remunerada de paternidad opera en forma independiente de la relación o vínculo que exista entre los padres.”
2. El Ministerio Público señala que en la sentencia C-273 de 2003 se estudió una norma similar a la que ahora se demanda, en la que se reconoció que la licencia de paternidad debe reconocerse independientemente de la relación que exista entre los padres del menor de edad. Así mismo, relacionó las sentencias C-174 de 2009, C-663 de 2009 y C-383 de 2012, relacionadas con la licencia de paternidad, para concluir que dicha garantía tiene como finalidad la de permitir al padre participar en el cuidado del hijo y proteger al menor recién nacido, por lo que la única condición exigible es la de demostrar ser el padre del menor de edad. En consecuencia, concluyó que “no es un requisito la convivencia de esposos o compañeros permanentes al momento del nacimiento del hijo para que se configure este derecho, porque el objetivo de la licencia de paternidad es el goce del derecho fundamental que tienen los niños a recibir amor de sus padres, por tanto, siguiendo esta línea interpretativa, no se puede castigar a los hijos de los padres que no tiene (SIC) una sociedad conyugal o una unión marital de hecho vigente a la fecha del nacimiento, privándolos con ello del amor y el cuidado a que tienen derecho”.
2. Cuestión Previa. Existencia de cosa juzgada material
2. Que se trate de un mismo sentido normativo, esto es, que el contenido material del texto examinado sea similar a aquel que fue declarado inexequible por razones de fondo, teniendo en cuenta el contexto dentro del cual se inscribe la norma examinada, ya que su significado y sus alcances jurídicos pueden variar si el contexto es diferente;[17]
3. Que el texto legal, supuestamente reproducido, haya sido declarado inconstitu-cional por “razones de fondo”, lo cual hace necesario analizar la ratio decidendi del fallo anterior;[18]
4. Que subsistan las disposiciones constitucionales que sirvieron de referencia en la sentencia anterior de la Corte.[19]
3. Las disposiciones demandadas fueron analizadas en la Sentencia C-383 de 2012 bajo los mismos cargos que formula la actora en esta oportunidad, por lo que se configura la cosa juzgada material en sentido amplio
[6] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[7] Suscrito por la profesora Ingrid Duque Martínez, folios 36 a 43.
[8] Corte Constitucional, sentencia C-008 de 2017. MP Gloria Stella Ortiz Delgado; AV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Al respecto ver también: C-228 de 2009. MP. Humberto Antonio Sierra Porto; C-228 de 2015. MP. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[9] Corte Constitucional, sentencia C-774 de 2001. MP Rodrigo Escobar Gil; AV Manuel José Espinosa. Esta decisión ha sido reiterada en muchas ocasiones para explicar los diferentes casos y circunstancias en las que se expresa el fenómeno de la cosa juzgada constitucional.
[16] Corte Constitucional. Sentencia C-064 de 2018. MP. José Fernando Reyes Cuartas.
[17] Ver entre otras las sentencias C-427 de 1996. MP: Alejandro Martínez Caballero, donde la Corte señaló que el fenómeno de la cosa juzgada material se da cuando se trata, no de una norma cuyo texto normativo es exactamente igual, es decir, formalmente igual, sino cuando los contenidos normativos son iguales; C-551 de 2001, MP: Álvaro Tafur Galvis, donde la Corte declaró que había ausencia de cosa juzgada formal o material respecto de los artículos 16 numeral 1° y artículo 17 inciso 2° de la Ley 599 de 2000, pues no se trataba de contenidos normativos idénticos; C-1064/01, MP: Manuel José Cepeda Espinosa, donde la Corte examinó el fenómeno de la cosa juzgada constitucional en relación con omisiones legislativas.
[18] Corte Constitucional, C-774 de 2001, MP: Rodrigo Escobar Gil, donde la Corte analizó el fenómeno de la cosa juzgada constitucional.
[19] En la sentencia C-447 de 1997, MP. Alejandro Martínez Caballero, donde la Corte sostuvo que “la cosa juzgada material no debe ser entendida como una petrificación de la jurisprudencia sino como un mecanismo que busca asegurar el respeto al precedente. Todo tribunal, y en especial la Corte Constitucional, tiene la obligación de ser consistente con sus decisiones previas. Ello deriva no sólo de elementales consideraciones de seguridad jurídica -pues las decisiones de los jueces deben ser razonablemente previsibles- sino también del respeto al principio de igualdad, puesto que no es justo que casos iguales sean resueltos de manera distinta por un mismo juez. (…) Por ello la Corte debe ser muy consistente y cuidadosa en el respeto de los criterios jurisprudenciales que han servido de base (ratio decidendi) de sus precedentes decisiones. Esto no significa obviamente que, en materia de jurisprudencia constitucional, el respeto al precedente y a la cosa juzgada constitucional deban ser sacralizados y deban prevalecer ante cualquier otra consideración jurídica, puesto que ello no sólo puede petrificar el ordenamiento jurídico sino que, además, podría provocar inaceptables injusticias.”
[20] Corte Constitucional. Sentencia C-096 de 2003. MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
[21] Corte Constitucional, sentencia C-311 de 2002. MP Manuel José Cepeda Espinosa.
[24] Corte Constitucional. Sentencia C-073 de 2014. MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez. AV. Nilson Pinilla Pinilla. SPV. Mauricio González Cuervo y Alberto Rojas Ríos.
[25] En los casos en los que la Corte Constitucional ha declarado la existencia de cosa juzgada material en sentido amplio, la fórmula utilizada en la parte resolutiva de la sentencia ha sido la de estarse a lo resuelto en la providencia que analizó previamente el contenido normativo demandado y, en consecuencia, declarar la exequibilidad o la exequibilidad condicionada de la disposición analizada. Al respecto pueden consultarse, entre otras, las sentencias C-310 de 2002. MP. Rodrigo Escobar Gil; C-096 de 2003. MP. Manuel José Cepeda Espinosa; C-259 de 2008. MP. Jaime Córdoba Triviño; C-073 de 2014. MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez. AV. Nilson Pinilla Pinilla. SPV. Mauricio González Cuervo y Alberto Rojas Ríos; C-433 de 2017. MP. Antonio José Lizarazo Ocampo. AV. Alberto Rojas Ríos, Cristina Pardo Schlesinger, Gloria Stella Ortiz Delgado, Antonio José Lizarazo Ocampo. SPV. Carlos Bernal Pulido, Alejandro Linares Cantillo, Gloria Stella Ortiz Delgado.
[26] Corte Constitucional. Sentencia C-383 de 2012. AV. Nilson Pinilla Pinilla. SV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.