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Timestamp: 2017-08-21 10:10:09
Document Index: 321484636

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 133', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 30', 'artículo 57']

BOE.es - Documento BOE-A-2017-1612
Documento BOE-A-2017-1612
«BOE» núm. 40, de 16 de febrero de 2017, páginas 10644 a 10648 (5 págs.)
BOE-A-2017-1612
En el recurso interpuesto por doña A. N. A. C., procuradora de los tribunales, en nombre y representación de «Unicaja Banco, S.A.», contra la nota de calificación extendida por la registradora de la Propiedad de Almería número 3, doña Isabel María Maldonado Vilela, por la que no se practica la prórroga de unas anotaciones preventivas de embargo.
En el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Almería se siguen autos de ejecución de títulos no judiciales número 972/2012 en los que recayó diligencia de ordenación, de fecha 12 de septiembre de 2016, por la que se acordó la prórroga por cuatro años de determinadas anotaciones de embargo en su día acordadas, dando lugar al mandamiento de la misma fecha del letrado de la Administración de Justicia, don M. M. M., dirigido al Registro de la Propiedad de Almería número 3.
Presentada la referida documentación en el Registro de la Propiedad de Almería número 3, fue objeto de la siguiente nota de calificación: «Registro de la Propiedad de Almería número tres Acuerdo recaído en este Registro de la Propiedad Número Tres de Almería, sobre la calificación del documento autorizado en Almería por Juzgado Primera Instancia Número 7 Almería, el día 12/09/2016, número 972/2012, presentado en este registro el día veintiocho de Septiembre del año dos mil dieciséis, con el asiento 768 del Diario 61. Hechos I El día veintiocho de septiembre del año dos mil dieciséis con el Asiento 768 del Diario 61, fue presentado el mandamiento referido en el encabezamiento. II Con esta fecha y en relación al contenido del mandamiento que resulta afectado por la calificación en los términos que se reflejan en los fundamentos de Derecho siguientes y que en este lugar se dan por reproducidas en evitación de repeticiones, recayó el siguiente acuerdo: El documento que se califica está firmado electrónicamente y no tiene ningún signo externo que permita asegurar que es auténtico y no una mera fotocopia (artículo 3 Ley Hipotecaria y Resoluciones de la DGRyN de fechas 19 de abril de 1972 y 11 de julio de 2011 y 16 de julio de 2012). Conforme a lo dispuesto en el artículo 133 del Reglamento Hipotecario, queda archivado en el legajo de esta oficina ejemplar del mandamiento. Fundamentos de Derecho Los anteriormente expresados. Acuerdo No se practica la anotación en virtud de los Fundamentos de Derechos antes expresados. Contra la anterior calificación (…) Almería, diecisiete de octubre de dos mil dieciséis. La Registradora (firma ilegible). Fdo. Isabel María Maldonado Vilela».
Contra la anterior nota de calificación, doña A. N. A. C., procuradora de los tribunales, en nombre y representación de «Unicaja Banco, S.A.», interpuso recurso el día 22 de noviembre de 2016 en virtud de escrito en el que alega, resumidamente, lo siguiente: Que en todas y cada una de las hojas del mandamiento consta un pie del que resulta el código seguro de verificación; Que, de acuerdo con las indicaciones contenidas en dicho pie, se procede a la comprobación de la autenticidad de la copia en la dirección de internet que se reseña, descargándose una copia idéntica a la presentada ante el Registro, de donde resulta la autenticidad de la presentada en su día; Que la calificación reconoce que el documento está firmado electrónicamente, afirmando que carece de signo externo del que resulte su autenticidad, pero esta afirmación es errónea al constar en el mismo el código seguro de verificación, indicándose que dicho código permite la verificación de la integridad de la copia en determinada dirección de internet. Además, al pie de página informa de la identidad del firmante, así como de la hora de la firma electrónica, el número de páginas del documento y finalmente un código de barras que permite la más fácil consulta del documento, y Que es de aplicación la doctrina de la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 6 de marzo de 2012.
Notificada la interposición del recurso al Juzgado de Primera Instancia número 7 de Almería, realizó alegaciones mediante escrito de fecha 29 de noviembre de 2016. De dichas alegaciones, resulta que el letrado de la Administración de Justicia de dicho Juzgado, don M. M. M., resumidamente, manifiesta: Que es la persona competente para emitir las alegaciones en cuanto autoridad que ha expedido el título; Que el mandamiento expedido debe ser cumplimentado por cuanto goza de las garantías legales, pudiendo comprobar su autenticidad mediante consulta del código seguro de verificación al ser elaborado a través del portal electrónico, firmado y autorizado digitalmente y remitido al procurador de los tribunales vía «lexnet», y Que el documento no consta en soporte papel al haber sido confeccionado electrónicamente, lo que impide estampar sello de clase alguna.
1. Generado electrónicamente un mandamiento de prórroga de anotación preventiva de embargo practicada en su día sobre distintas fincas y remitido del mismo modo a la procuradora de la parte actora, ésta procede a su traslado a soporte papel y a su presentación en el Registro de la Propiedad. El documento presentado presenta pie en cada una de sus tres hojas del que resulta su código seguro de verificación (CSV), la advertencia de que permite la verificación de la integridad de la copia del documento electrónico en determinada dirección, la afirmación de que el documento incorpora firma electrónica reconocida de conformidad con la Ley 59/2013, de 19 de diciembre, de firma electrónica, así como la identidad del firmante, fecha y hora. Finalmente, el documento incorpora en el pie código de barras correspondiente al código seguro de verificación.
La registradora no practica la anotación ordenada porque, a su juicio, no resulta la autenticidad de la copia presentada a los efectos del artículo 3 de la Ley Hipotecaria. La recurrente afirma que el código seguro de verificación es el elemento externo que requiere la registradora y que permite determinar la autenticidad del documento.
2. En primer lugar, en cuanto al valor jurídico del documento firmado electrónicamente, ya ha señalado este Centro Directivo en la Resolución de 1 de octubre de 2015 que «en nuestro Ordenamiento no existe duda sobre la equivalencia de valor jurídico de la firma electrónica y la firma manuscrita. En este sentido es clara la disposición del artículo 3.4 de la Ley 59/2003 de Firma Electrónica cuando dispone que la firma electrónica reconocida tendrá respecto de los datos consignados en forma electrónica el mismo valor que la firma manuscrita en relación con los consignados en papel. Se sigue así la Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 1999 por la que se establece un marco comunitario para la firma electrónica. Pero es que además, desde un punto de vista técnico, la utilización de la firma electrónica reconocida tiene ventajas respecto a la manuscrita ya que permite identificar al firmante y asegura la integridad del documento que se firma, ya que detecta cualquier cambio ulterior de los datos firmados y está vinculada al firmante de manera única y a los datos a que se refiere y ha sido creada por medios que el firmante puede utilizar, con un alto nivel de confianza, bajo su exclusivo control basada en un certificado reconocido y generada mediante un dispositivo seguro de creación de firma (artículos 3.3 y 3.4 de la Ley 59/2003 de Firma Electrónica)».
De acuerdo a lo entonces expresado: «El código generado electrónicamente permite contrastar la autenticidad del documento, de conformidad con el artículo 30.5 de la Ley 11/2007. Éste constituye la simple referencia lógica –alfanumérica o gráfica– que identifica, dentro de la sede electrónica, cada documento electrónico, previamente autorizado, también en forma electrónica. Es una referencia o identificador que hace posible ‘‘contrastar la autenticidad del documento, mediante el acceso a los (correspondientes) archivos electrónicos’’, siempre que el documento haya sido objeto de autorización, mediante alguno de los sistemas de firma previsto por la Ley».
De lo anterior resulta que: «… teniendo el soporte del documento electrónico carácter de prueba documental, e imponiéndose la presunción general del carácter real y auténtico del documento electrónico, al igual que rige esa presunción para los documentos en papel, conforme a los artículos 3 de la Ley de Firma Electrónica, 319, 320 y 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y especialmente en esta materia, a la vista de la presunción de legalidad del artículo 57 de la Ley 30/1992».
Madrid, 31 de enero de 2017.–El Director General de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gálligo.