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Timestamp: 2016-10-24 11:03:39
Document Index: 381100343

Matched Legal Cases: ['artículo 74', 'artículo 102', 'artículo 49', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 46', 'artículo 49', 'artículo 48', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'artículo 134', 'Artículo 134', 'artículo 131', 'Artículo 131', 'artículo 134', 'artículo 134', 'Artículo 20', 'artículo 51', 'artículo 49', 'Artículo 11', 'artículo 134', 'artículo 206', 'artículo 34', 'Artículo 34', 'artículo 33', 'Artículo 26', 'artículo 125', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 33', 'Artículo 20', 'Artículo 49', 'Artículo 1']

⭐LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES A TRAVÉS DE CLÁUSULAS SOCIALES DE GÉNERO EN LA CONTRATACIÓN Y LAS SUBVENCIONES PÚBLICAS
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Francisco Javier Mora Villalobos
1 LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES A TRAVÉS DE CLÁUSULAS SOCIALES DE GÉNERO EN LA CONTRATACIÓN Y LAS SUBVENCIONES PÚBLICAS Santiago Lesmes Zabalegui INTRODUCCIÓN Esta guía tiene como objetivo facilitar la información que ayude a la integración de la perspectiva de género en las contrataciones y las subvenciones públicas. Para ello se expondrán las diversas posibilidades de incorporar criterios sociales en materia de igualdad entre mujeres y hombres, susceptibles de ser aplicadas en el ámbito de la contratación y de las subvenciones de las diferentes Administraciones Públicas con independencia de su ámbito: estatal, autonómico, local, organismos autónomos y empresas públicas. La normativa estatal y comunitaria en materia de contratos públicos, al igual que la legislación de subvenciones públicas, contienen diversas referencias a la inclusión de criterios sociales en diversas fases del procedimiento de adjudicación y ejecución de los contratos y las subvenciones públicas. Asimismo existe diversa normativa autonómica y sectorial que alude expresamente al abordaje de temáticas sociales como discapacidad, medioambiente, accesibilidad, inserción sociolaboral, responsabilidad social. En materia de igualdad efectiva de hombres y mujeres, existen algunas referencias de interés, tanto normativas como prácticas, y a diferentes niveles -Estado, Comunidades Autónomas, entidades locales-, relativas a la igualdad entre mujeres y hombres en las subvenciones y en los contratos públicos, a las que aludiremos y que analizaremos en el contenido de la guía. El presente documento propone y analiza una visión transversal e instrumental de la contratación pública y de las subvenciones públicas, y tiene como fin la incorporación de criterios relativos a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. En este sentido, a través del mismo, se plantean los siguientes objetivos específicos: 1) Potenciar el empleo de mujeres y de mujeres en puestos de responsabilidad a través de su contratación para la ejecución de subvenciones y contratos públicos. 2) Asegurar o valorar las obligaciones legales en materia de género, como por ejemplo el Plan para la Igualdad de mujeres y hombres en aquellas empresas obligadas a ello. 3) Incorporar en la ejecución de las subvenciones y los contratos públicos requerimientos básicos en materia de igualdad de mujeres y hombres, como la utilización de un uso no sexista del lenguaje o la promoción de valores de igualdad y corresponsabilidad social de mujeres y hombres. 4) Considerar como un valor añadido las propuestas de las empresas que integren la perspectiva de género y vayan más allá de las obligaciones legales en materia de igualdad de mujeres y hombres. 12 5) Sensibilizar tanto a los órganos de contratación (e instructores en el caso de subvenciones) como a las empresas licitadoras y/o adjudicatarias de las subvenciones y los contratos públicos acerca de la igualdad de mujeres y hombres. El planteamiento se realiza con plena salvaguarda de los principios básicos de la adjudicación de las subvenciones públicas y de los contratos públicos (igualdad de trato, libre concurrencia y no discriminación) y absoluta conformidad con la normativa vigente, que refrenda expresamente la incorporación de criterios sociales. A QUIÉN VA DIRIGIDA? La presente guía está diseñada para ayudar a los técnicos y técnicas responsables de la redacción de Pliegos de Contratación y bases reguladoras de las subvenciones públicas a incorporar en los mismos la perspectiva de género. También se dirige a los cargos públicos y cargos de responsabilidad al objeto de que puedan analizar, planificar y dirigir su implantación en sus respectos ámbitos competenciales. Por último se plantea como una herramienta útil para las áreas y técnicos o técnicas de igualdad. ESTRUCTURA DE LA GUÍA El contenido se estructura partiendo de las distintas posibilidades de incorporación de cláusulas sociales de género, según las diferentes fases del procedimiento de adjudicación: I) CONTRATACIÓN PÚBLICA. 1. Fase de Preparación: 1.1.Elección del Objeto del Contrato Prohibición para Contratar Solvencia Técnica. 2. Fase de Adjudicación: 2.1. Criterios de Adjudicación Criterio de Preferencia. 3. Fase de Ejecución: Condiciones de Ejecución. II) SUBVENCIONES PÚBLICAS. 1. Fase de Preparación: 1.1. Prohibición para ser beneficiario/a Condición de entidad beneficiaria Composición del órgano instructor. 2. Fase de Concesión. 3. Fase de Ejecución: Obligaciones. 2 Cada una de estas posibilidades, se aborda explicando el concepto, incluyendo una descripción y análisis jurídico, esgrimiendo ejemplos y buenas prácticas, y por último planteando una propuesta aplicativa.3 1. C 1. CONTRATACIÓN PÚBLICA 1.1. FASE DE PREPARACIÓN ELECCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO CONCEPTO Y ANÁLISIS La elección del objeto del contrato con perspectiva de género supone una manifestación inicial y expresa del órgano de contratación por adquirir un producto, ejecutar una obra o prestar un servicio incorporando en la propia definición de dicho contrato y en su posterior contenido, cuestiones relativas a la igualdad entre mujeres y hombres. No nos referimos a contratos que específicamente promuevan la igualdad en su contenido y objetivo (por ejemplo, un Servicio de Atención a mujeres víctimas de violencia de género), sino a aquellos que en principio parecen ajenos a las cuestiones sociales (un contrato de limpieza, por ejemplo). Al respecto, la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público señala inequívocamente la posibilidad de introducir criterios sociales: "las principales novedades afectan a la previsión de mecanismos que permiten introducir en la contratación pública consideraciones de tipo social y medioambiental". Lo propio manifiesta la Directiva Comunitaria 2004/18/CE: la presente Directiva... clarifica las posibilidades con que cuentan las entidades adjudicadoras para atender las necesidades de los ciudadanos afectados, sin excluir el ámbito medioambiental o social siempre y cuando dichos criterios estén vinculados al objeto del contrato". Además, la legislación ha manifestado de forma expresa que los contratos públicos pueden y deben estar al servicio de políticas públicas de carácter social, por lo que resulta factible la definición social del objeto del contrato, siempre que se cumpla el requisito establecido en el artículo 74.1 de la LCSP: "el objeto de los contratos deberá ser determinado", así como la norma general descrita en el artículo LCSP: "en los contratos del sector público podrán incluirse cualesquiera pactos, cláusulas y condiciones, siempre que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico y a los principios de buena administración". Esta cuestión concreta la aborda la Comunicación Interpretativa de la Comisión Europea, de 15 de octubre de 2001, COM (2001) 566 final, sobre la legislación comunitaria de contratos públicos y las posibilidades de integrar aspectos sociales en dichos contratos, cuyo primer apartado indica: 1.1. Definición del objeto del contrato. La primera ocasión de integrar aspectos sociales en un contrato público se presenta en la fase inmediatamente anterior a la aplicación de las Directivas pertinentes, es decir, en el momento de la elección del objeto del contrato o, simplificando, cuando se plantea la pregunta qué deseo construir o comprar como Administración pública? En esta fase, los poderes adjudicadores gozan de una buena oportunidad para tener en cuenta los aspectos sociales y escoger un producto o servicio que se corresponda con sus objetivos sociales. Aunque la Comunicación Interpretativa no posee valor normativo sí tiene un indudable interés referencial, y nos deja muy claro que cabe preguntarse en el momento de elegir el objeto del contrato qué desea contratar o comprar la administración pública correspondiente. Y la respuesta es que resulta posible y legal contratar "un servicio de limpieza con perspectiva de género o con medidas de conciliación entre la vida personal, laboral y familiar". 34 Tampoco debe extrañar que un objeto contractual sea mixto o múltiple, o que exista un objeto principal y otro adicional, resultando indiferente si la característica social es prioritaria o accesoria. Sirva como aclaración la Directiva 2001/78/CE de la Comisión de 13 de septiembre de 2001 que regula la utilización de formularios normalizados en la publicación comunitaria de los anuncios de contratos públicos (nomenclatura CPV), en cuyo cuadro relativo al objeto del contrato, permite incorporar no uno sino varios objetos contractuales. Cabe, por último, advertir que debe relacionarse esta cuestión con los criterios de adjudicación, ya que estos deben estar vinculados al objeto del contrato, tal como señala el artículo 102 de la LCSP, por lo que algunas interpretaciones advierten que si deseamos incluir la perspectiva de género como criterio de adjudicación será imprescindible que figure en el propio objeto del contrato, razón por la que cabe abundar en la importancia de definir el objeto del contrato con características relativas a la igualdad de mujeres y hombres. Lo abordaremos con detalle en dicho apartado. REFERENCIAS Y EJEMPLOS Ejemplo 1: El Acuerdo del Consejo de Gobierno Vasco, sobre incorporación de criterios sociales, ambientales y otras políticas públicas en la contratación de la administración de la comunidad autónoma y de su sector público, aprobado por el Gobierno Vasco el 29 de abril de 2008, y que resulta de obligado cumplimiento en todos los contratos del Gobierno Vasco, sus Departamentos, empresas públicas y organismos autónomos, señala lo siguiente: III.2. LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA DEFINICIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL. 1. Cuando la perspectiva de género constituya una característica técnica del objeto del contrato, se incluirá expresamente en la definición de su objeto, por ejemplo, «Es objeto del contrato la contratación del diseño de un plan de movilidad urbana con perspectiva de género». 2. Asimismo, cuando la naturaleza del objeto del contrato lo permita, se incluirá en su definición la admisión de variantes relativas a la perspectiva de género. Ejemplo 2: 4 Otra referencia sumamente interesante la encontramos en la Guía para la Inclusión de cláusulas contractuales de carácter social, elaborada por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat de Cataluña y aprobada por unanimidad el 19 de marzo de Su valor reside en que se trata no solo de un dictamen aprobado por unanimidad por el órgano que debe velar por la legalidad en la contratación administrativa de la Generalitat, sino que además han adoptado un formato de guía, procurando la extensión y aplicación de sus propuestas. I. CLÁUSULAS A INCLUIR ESPECÍFICAMENTE EN CONTRATOS CON OBJETO VINCULADO DIRECTAMENTE A ACCIONES PÚBLICAS DE FOMENTO DE LA OCUPACIÓN O A ACCIONES POSITIVAS DE GÉNERO A. Posibles cláusulas a incluir para la definición del objeto del contrato "Constituye el objeto del contrato xxxx, con perspectiva de género".5 Ejemplo 3: Igualmente se refiere a la concreción del objeto contractual, a través de las especificaciones técnicas, la Instrucción para la incorporación de cláusulas sociales en la contratación del Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz, aprobada en Junta de Gobierno del 18 de Julio de PRESCRIPCIONES TECNICAS 2. En todos aquellos contratos en los que se prevea la realización o producción de soportes informativos, deberá garantizarse que se hace un uso no sexista del lenguaje y de las imágenes. 3. Cuando los contratos contemplen el desarrollo de actividades formativas, el diseño, difusión y ejecución de las mismas deberá incorporar la perspectiva de género. Incorporan la perspectiva de género, entre otras, las siguientes acciones: - El diagnóstico diferenciado de necesidades de mujeres y hombres. - La adopción de medidas para que exista una representación equilibrada de ambos sexos. - La adopción de medidas para conseguir la participación de la mujer en sectores en los que se encuentre infrarrepresentada. - La adopción de medidas que faciliten la conciliación con la vida familiar. PROPUESTA APLICATIVA Cuando la perspectiva de género constituya una finalidad y una característica del objeto del contrato, se incluirá expresamente en la definición de su objeto una referencia a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres PROHIBICIÓN PARA CONTRATAR CONCEPTO Y ANÁLISIS La segunda de las posibilidades se refiere a la incorporación de criterios de exclusión o prohibiciones para contratar. Así pues, cabe preguntarse si es posible prohibir la participación (inadmitir) en el proceso de licitación a aquellas empresas que -por ejemplo- incumplieran la normativa en materia de igualdad entre mujeres y hombres. La Ley de Contratos del Sector Público, señala lo siguiente: Articulo 49. Prohibiciones de contratar. 1. No podrán contratar con el sector público las personas en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes: c) Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia de disciplina de mercado, en materia profesional o en materia de integración laboral y de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad o por infracción muy grave en materia social, incluidas las infracciones en materia de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto...6 El artículo 49.1.c) se refiere a la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, y para interpretarlo acudimos a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, cuya Disposición Adicional Decimocuarta, señala: Disposición adicional decimocuarta. Modificaciones de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social. El texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, queda modificado como sigue: Uno. Se añade un nuevo apartado, el 13, al artículo 7, con la siguiente redacción: «13. No cumplir las obligaciones que en materia de planes de igualdad establecen el Estatuto de los Trabajadores o el convenio colectivo que sea de aplicación.» Dos. Se modifican los apartados 12 y 13 bis del artículo 8 y se añade un nuevo apartado 17, quedando redactados en los siguientes términos: «12. Las decisiones unilaterales de la empresa que impliquen discriminaciones directas o indirectas desfavorables por razón de edad o discapacidad o favorables o adversas en materia de retribuciones, jornadas, formación, promoción y demás condiciones de trabajo, por circunstancias de sexo, origen, incluido el racial o étnico, estado civil, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación sexual...» «13 bis. El acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad y orientación sexual y el acoso por razón de sexo, cuando se produzcan dentro del ámbito a que alcanzan las facultades de dirección empresarial,cualquiera que sea el sujeto activo del mismo, siempre que, conocido por el empresario, éste no hubiera adoptado las medidas necesarias para impedirlo.» «17. No elaborar o no aplicar el plan de igualdad, o hacerlo incumpliendo manifiestamente los términos previstos, cuando la obligación de realizar dicho plan responda a lo establecido en el apartado 2 del artículo 46 bis de esta Ley.» 6 Por lo tanto, la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, modifica el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, lo que afecta de forma directa al artículo 49.1 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público. En consecuencia, se añaden a la LCSP diversas prohibiciones para contratar expresamente referidas a la igualdad entre mujeres y hombres, que con carácter imperativo implica que están incursas en una prohibición para contratar con las Administraciones Públicas las empresas que hubieran sido sancionadas con carácter firme por infracción muy grave por: Incumplimiento de las obligaciones que en materia de planes para la igualdad de mujeres y hombres se establecen en el Estatuto de los trabajadores y trabajadoras o el convenio colectivo aplicable. Decisiones discriminatorias por razón de sexo, directas o indirectas desfavorables o adversas en materia de retribuciones, jornadas, formación, promoción y demás condiciones de trabajo. Acoso sexual o por razón de sexo en el trabajo. No elaborar o no aplicar el Plan para la Igualdad de mujeres y hombres, o incumplir manifiestamente los términos previstos, cuando exista la obligación de hacerlo.7 Lamentablemente, la aplicación efectiva de esta prohibición es más compleja: No es suficiente que -por ejemplo- no se elabore el Plan para la Igualdad de mujeres y hombres, sino que se requiere la existencia de una infracción muy grave y que haya recaído una sanción o condena firme. Además, el órgano de contratación es incompetente para incoar el expediente sancionador, ya que el artículo 48 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, establece dichas competencias en función de las cuantías: a propuesta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a la autoridad competente a nivel provincial, hasta euros; al Director General competente, hasta euros; al Ministro de Trabajo e Inmigración hasta euros y al Consejo de Ministros, a propuesta del de Trabajo e Inmigración, hasta euros. Pero incluso entonces es preciso declarar que dicha infracción grave, sancionada firmemente, constituye una prohibición para contratar. Al respecto indica el artículo LCSP: La competencia para fijar la duración y alcance de la prohibición de contratar en... el supuesto contemplado en la letra c) del mismo apartado corresponderá al Ministro de Economía y Hacienda, que dictará resolución a propuesta de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado. La prohibición así declarada impedirá contratar con cualquier órgano de contratación. Ya por último, añadamos que las prohibiciones tienen carácter de numerus clausus y el órgano de contratación no puede incluir una cláusula de prohibición diferente a las establecidas, ni ampliar su redacción. Así pues, esta prohibición para contratar no opera de forma automática por la mera concurrencia de los incumplimientos referidos, ni le corresponde al órgano de contratación prohibir la participación de aquellas empresas licitadoras que incurrieran en los supuestos antedichos. REFERENCIAS Y EJEMPLOS Ejemplo: 7 El Acuerdo del Consejo de Gobierno Vasco sobre incorporación de criterios sociales, ambientales y otras políticas públicas en la contratación de la administración de la comunidad autónoma y de su sector público, aprobado por el Gobierno Vasco el 29 de abril de 2008, y que resulta de obligado cumplimiento en todos los contratos del Gobierno Vasco, sus Departamentos, empresas públicas y organismos autónomos, señala: VI.2. APRECIACIÓN DE LA EXISTENCIA DE PROHIBICIONES DE CONTRATAR RELACIONADAS CON EL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y DE CARÁCTER SOCIAL. Los órganos de contratación apreciarán directamente la existencia de prohibiciones de contratar relacionadas con el incumplimiento de obligaciones laborales y de carácter social en los casos en que así lo disponga la legislación contractual. En los casos en los que, conforme a lo señalado en la legislación de contratos, para la apreciación de la prohibición sea necesaria una declaración previa, los órganos de contratación, y en general cualquier órgano administrativo que tenga conocimiento del hecho, darán traslado del mismo al órgano competente para la adopción, en su caso, de dicha declaración. VI.3. COMPROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES Y DE CARÁCTER SOCIAL. 1. El Departamento competente en materia de empleo pondrá los medios necesarios para la comprobación del cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales por las empresas vinculadas con8 la contratación pública, especialmente en materia de contratar personas con discapacidad, de prevención de riesgos laborales y de mantener un porcentaje de empleo fijo. PROPUESTA APLICATIVA Aún siendo plenamente legal y factible técnicamente, cabe decir que el hecho de incorporar una referencia expresa a las prohibiciones para contratar señaladas en la LCSP no resulta de interés, pues se trataría más de una acción de sensibilización que de la consecución de resultados SOLVENCIA TÉCNICA CONCEPTO Y ANÁLISIS La solvencia técnica se encuentra regulada en los artículos 63 a 68 de la LCSP, y supone un requisito para participar en la licitación, por el que las empresas deben acreditar que cuentan con experiencia, personal y medios técnicos para ejecutar debidamente el contrato. Consiste en un análisis previo de aptitud, una garantía que las administraciones públicas establecen para determinar la admisión o no de la empresa concurrente a la licitación, puesto que así sólo puedan resultar adjudicatarias aquellas que acrediten su capacidad para prestar con calidad el contrato. En consecuencia, nos interesa analizar si es admisible jurídica y técnicamente el incorporar requisitos de solvencia con perspectiva de género y por lo tanto que sean admitidas a la licitación exclusivamente las empresas con una determinada capacidad y experiencia en materia de igualdad entre mujeres y hombres. En primer lugar, debemos señalar que no puede hacerse como norma general ni para todos los contratos, puesto que vulneraría los principios básicos de igualdad, no discriminación y libre concurrencia de las entidades licitadoras. No obstante, sí existen supuestos concretos en los que resulta posible exigir una solvencia técnica en materia social, concretamente cuando la especificidad del contrato contemple dicha temática, lo que lógicamente conllevará la exigencia de una solvencia técnica determinada. En estos casos no solo es lógico requerir experiencia acreditada sobre igualdad entre mujeres y hombres., sino que resulta obligado, pues el órgano de contratación debe asegurarse de que la empresa adjudicataria se halle en condiciones de ejecutar correctamente la prestación. Por lo tanto, no podremos utilizar el requisito de solvencia técnica con carácter general, pero sí será admisible legalmente cuando resulte justificado exigir esa experiencia en materia de género conforme a la naturaleza y el contenido del contrato. Esto es, cuando para ejecutarlo correctamente sean imprescindibles conocimientos técnicos y humanos específicos en dicho ámbito y así aparezca señalado en el pliego. Sirvan los siguientes como ejemplos a los que resultaría aplicable: 8 Contratación para impartir formación en materia de género e igualdad. Contratación de un dispositivo de inserción laboral de mujeres desempleadas. Contratación de la gestión de un centro de atención a mujeres víctimas de violencia de género.9 Contratación de la consultoría para el diseño de acciones de sensibilización sobre igualdad de mujeres y hombres. Contratación de la consultoría para la redacción de un Plan para la Igualdad de mujeres y hombres. Contratación para la realización de un diagnóstico de políticas para la conciliación en las empresas. Contratación para el diseño de un plan de movilidad urbana con perspectiva de género. Esta posibilidad ha sido reconocida por el Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Europeas, y por la Comunicación Interpretativa de la Comisión Europea, de 15 de octubre de 2001, COM (2001) 566 final, sobre la legislación comunitaria de contratos públicos y las posibilidades de integrar aspectos sociales en dichos contratos. En su apartado Integración de aspectos sociales al comprobar la capacidad técnica de los candidatos o licitadores se dice lo siguiente: Si el contrato requiere aptitudes específicas en materia social, es lícito exigir una experiencia concreta como criterio de capacidad y conocimientos técnicos para demostrar la solvencia de los candidatos. Las pruebas que permiten exigir las Directivas sobre contratos públicos sólo ofrecen la posibilidad de tener en cuenta la «solvencia social» de la empresa si ésta demuestra la capacidad técnica de la empresa, a tenor de lo anteriormente señalado, para ejecutar un determinado contrato. Respecto al sistema de acreditación es preciso que en el pliego se concreten los criterios objetivos y cuantificables que se utilizarán para la admisión, así como el nivel de capacidades específicas requeridas (relación de servicios prestados, personal, formación, volumen de facturación...). Para que el requerimiento de solvencia técnica no incurra en restricciones que vulneren la libre concurrencia, deberán evitarse las exigencias sobre certificaciones específicas aunque sean oficiales (Entidades acreditadas en Igualdad de Oportunidades, o Familiarmente Responsables), aunque sí es posible incluirlas cuando vengan acompañadas de la expresión "o equivalente" (analogía del artículo de la LCSP) y la persona o entidad licitadora pueda acreditar el cumplimiento de la solvencia por cualquier otro medio de prueba. 9 REFERENCIAS Y EJEMPLOS Ejemplo 1: Citamos de nuevo el Acuerdo del Consejo de Gobierno, sobre incorporación de criterios sociales, ambientales y otras políticas públicas en la contratación de la administración de la comunidad autónoma y de su sector público, aprobado por el Gobierno Vasco el 29 de abril de 2008: VI SELECCIÓN DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y REQUISITOS DE CAPACIDAD Y SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL VI.4. EXPERIENCIA, CONOCIMIENTOS Y MEDIOS TÉCNICOS 1. Si el objeto contractual requiere aptitudes específicas en materia social, de igualdad de mujeres y hombres u otras políticas públicas, en la carátula del pliego de cláusulas administrativas particulares se exigirá como requisito de solvencia técnica o profesional la concreta experiencia, conocimientos y medios técnicos en las referidas materias que requiera su cumplimiento, conforme a lo establecido en los artículos 17 a 19 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.10 Ejemplo 2: Y en el ámbito de la inserción sociolaboral, sirva como ejemplo la Instrucción para la incorporación de cláusulas sociales en los contratos públicos del Ayuntamiento de Avilés, aprobada en el Pleno municipal celebrado el 16 de julio de 2009: Artículo 26. General. Conforme indican los artículos 67 y 68 de la LCSP, la solvencia técnica y profesional supone un requisito sine qua non para participar en la licitación, ya que las empresas deben acreditar fehacientemente que cuentan con experiencia, personal y medios técnicos para ejecutar debidamente el contrato, se trata así de un análisis previo de aptitud que determina la admisión o no de la empresa a la licitación. A efectos de acreditación de la solvencia en los contratos a que se refiere esta Instrucción se tendrá en cuenta lo regulado en este capítulo. Artículo 27. Solvencia en materia social. Si el objeto contractual requiere aptitudes específicas en materia social, se exigirá como requisito de solvencia técnica o profesional, la debida experiencia, conocimientos, y medios técnicos y humanos en la referida temática social, conforme a lo establecido en los artículos 67 a 69 LCSP. Artículo 28. Acreditación de la solvencia. 1. En ningún caso los requisitos de carácter social sobre la solvencia supondrán una limitación a la concurrencia sino que deberán analizar la aptitud de los licitadores para ejecutar debidamente el contrato. Así, se plantea como sistema garantista el permitir a los licitadores presentar cuanta documentación estimen oportuna sin perjuicio de la valoración que el órgano de contratación haga de la misma. 2. No se podrá utilizar el requisito de solvencia técnica o profesional en materia social con carácter general, sino que deberá señalarse en qué contratos resulta adecuado, siempre que resulte justificado conforme a la naturaleza, el objeto y el contenido del contrato. Por lo tanto se deberá omitir si los conocimientos técnicos y experiencia en la materia social no resultan imprescindibles para la perfecta ejecución del contrato, e incluirlo en todo caso si resulta necesaria. 10 PROPUESTA APLICATIVA Cuando el contenido y la finalidad contractual requiera aptitudes específicas en materia de igualdad entre mujeres y hombres, en la carátula del pliego de cláusulas administrativas particulares se exigirá como requisito de solvencia técnica o profesional la concreta experiencia, conocimientos y medios técnicos en dicha materia, conforme a lo establecido en los artículos 63 a 68 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.11 1.2. FASE DE ADJUDICACIÓN CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CONCEPTO Y ANÁLISIS Se refiere a los criterios de adjudicación el artículo 134 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, lo que supone otra de las novedades específicas relacionadas con la incorporación de cláusulas sociales: Artículo 134. Criterios de valoración de las ofertas. 1. Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa deberá atenderse a criterios directamente vinculados al objeto del contrato, tales como la calidad, el precio, la fórmula utilizable para revisar las retribuciones ligadas a la utilización de la obra o a la prestación del servicio, el plazo de ejecución o entrega de la prestación, el coste de utilización, las características medioambientales o vinculadas con la satisfacción de exigencias sociales que respondan a necesidades, definidas en las especificaciones del contrato, propias de las categorías de población especialmente desfavorecidas a las que pertenezcan los usuarios o beneficiarios de las prestaciones a contratar, la rentabilidad, el valor técnico, las características estéticas o funcionales, la disponibilidad y coste de los repuestos, el mantenimiento, la asistencia técnica, el servicio postventa u otros semejantes. Igualmente, el artículo 131 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, faculta al órgano de contratación para considerar las variantes o mejoras que ofrezcan las personas o entidades licitadoras cuando hayan de tenerse en cuenta criterios distintos del precio. Mediante esta posibilidad puede incorporarse una cláusula en los Pliegos que permita a las entidades licitadoras presentar mejoras o variantes referidos a la ejecución del contrato con perspectiva de género. Artículo 131. Admisibilidad de variantes o mejoras 1. Cuando en la adjudicación hayan de tenerse en cuenta criterios distintos del precio, el órgano de contratación podrá tomar en consideración las variantes o mejoras que ofrezcan los licitadores, siempre que el pliego de clausulas administrativas particulares. 2. La posibilidad de que los licitadores ofrezcan variantes o mejoras se indicará en el anuncio de licitación del contrato precisando sobre que elementos y en que condiciones queda autorizada su presentación. 11 También la normativa comunitaria de contratos públicos se refiere a los criterios sociales a la hora de valorar las ofertas. Así, el considerando 1 de la Directiva 2004/18/CE afirma que: la presente Directiva está basada en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en particular, la relativa a los criterios de adjudicación que clarifica las posibilidades con que cuentan las entidades adjudicadoras para atender las necesidades de los ciudadanos afectados, sin excluir el ámbito medioambiental o social siempre y cuando dichos criterios estén vinculados al objeto del contrato, no otorguen a la entidad adjudicadora una libertad de elección ilimitada, estén expresamente mencionados y se atengan a los principios fundamentales enumerados en el considerando 2.12 Y el considerando 46: A fin de garantizar la igualdad de trato, los criterios de adjudicación deben permitir comparar las ofertas y evaluarlas de manera objetiva. Si se reúnen estas condiciones, determinados criterios de adjudicación económicos y cualitativos, como los que se refieren al cumplimiento de las exigencias medioambientales, podrán permitir que el poder adjudicador satisfaga las necesidades del público afectado, tal como se definieron en las especificaciones del contrato. En estas mismas condiciones, el poder adjudicador podrá regirse por criterios destinados a satisfacer exigencias sociales que, en particular, respondan a necesidades definidas en las especificaciones del contrato propias de las categorías de población especialmente desfavorecidas a las que pertenezcan los beneficiarios/usuarios de las obras, suministros y servicios que son objeto del contrato. Como podemos comprobar, en la redacción del Considerando 46 de la normativa comunitaria aparece reproducida casi literalmente el artículo 134 LCSP. Y además, como se indica en la exposición de motivos de la LCSP se acogen sin reservas las directrices de la Directiva 2004/18/CE, por lo que sería ilógico que existiera colisión con lo que ésta señala para los criterios de adjudicación. En consecuencia, cabe afirmar la compatibilidad de los criterios sociales de adjudicación con la Directiva 2004/18/CE y su validez legal, en consonancia con el artículo 134 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público. Nos encontramos en la fase de comparación y valoración de las propuestas de las personas o entidades licitadoras, lo que determinará la empresa adjudicataria, por lo que se plantea que la igualdad entre mujeres y hombres forme parte del baremo que evaluará las ofertas presentadas. Tanto los criterios de adjudicación como la posibilidad de incluir mejoras, no suponen en absoluto una restricción de la competencia, puesto que cualquier empresa, con independencia de su tipología, objeto social o características previas podrá ser valorada sobre dichos conceptos o criterios a través de los compromisos planteados en su propuesta técnica. 12 REFERENCIAS Y EJEMPLOS Ejemplo 1: La Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de mujeres y hombres, aprobada por el Parlamento Vasco, señala expresamente la posibilidad de valorar entre los criterios de adjudicación la integración de la perspectiva de género en la oferta presentada : Artículo 20. Medidas para eliminar desigualdades y promover la igualdad. 2. Sin perjuicio de otras medidas que se consideren oportunas, las administraciones públicas vascas, en la normativa que regula las subvenciones y en los supuestos en que así lo permita la legislación de contratos, incluirán entre los criterios de adjudicación uno que valore la integración de la perspectiva de género en la oferta presentada y en el proyecto o actividad subvencionada. En los mismos supuestos, entre los criterios de valoración de la capacidad técnica de los candidatos o licitadores y, en su caso, entre los requisitos que deberán reunir los beneficiarios de subvenciones, valorarán la trayectoria de los mismos en el desarrollo de políticas o actuaciones dirigidas a la igualdad de mujeres y hombres. Asimismo, con sujeción a la legislación de contratos y a lo previsto en el apartado siguiente, se contemplará, como condición de ejecución del contrato, la obligación del adjudicatario de aplicar, al realizar la prestación, medidas tendentes a promover la igualdad de hombres y mujeres.13 Ejemplo 2: El Acuerdo del Consejo de Gobierno, sobre incorporación de criterios sociales, ambientales y otras políticas públicas en la contratación de la administración de la comunidad autónoma y de su sector público del Gobierno Vasco, establece a su vez: CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. VII.1. DE CARÁCTER SOCIAL. 3. La integración de la perspectiva de género en la oferta presentada se valorará como criterio de adjudicación cuando, habida cuenta de la naturaleza y características de la prestación de la que se trate, dicha integración suponga que se incrementan las ventajas comparativas que la oferta contiene para la mejor satisfacción del objeto del contrato en lo referido a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, siempre y cuando los aspectos a valorar no se encuentren exigidos en el pliego de prescripciones técnicas como características obligatorias de la prestación. En este sentido, se podrán valorar aspectos tales como el desglose por sexos de los resultados y conclusiones de estudios y estadísticas, el desglose y contenido de las acciones previstas en la oferta presentada dirigidas a promover la igualdad de mujeres y hombres, la atención a las peculiaridades sociales, psicológicas o fisiológicas de las mujeres en la configuración de un servicio o de las características técnicas de un bien y otros criterios objetivos análogos debidamente especificados en el pliego de cláusulas administrativas particulares. Ejemplo 3: Un caso relevante es el de la Comunidad Foral de Navarra (única Comunidad Autónoma con legislación propia en materia de contratos públicos), ya que a través de la Ley Foral 1/2009, de 19 de febrero, se modificó expresamente el artículo 51 de la Ley Foral 6/2006, de Contratos Públicos de Navarra, relativo a los criterios de adjudicación del contrato, para incorporar expresamente los criterios sociales y entre ellos la igualdad entre mujeres y hombres : Art. 51. Criterios de adjudicación del contrato 1. Los criterios en los que se basará la adjudicación de los contratos serán: a) Exclusivamente el precio ofertado. b) En los restantes casos, para determinar la oferta más ventajosa se utilizarán criterios vinculados al objeto del contrato como la calidad o sus mecanismos de control, el precio, el valor técnico de la oferta, la posibilidad de repuestos, las características estéticas y funcionales, las características medioambientales, el coste de funcionamiento, la rentabilidad, el servicio posventa y la asistencia técnica, la fecha de entrega y el plazo de entrega o ejecución, u otras semejantes. 2. Los órganos de contratación utilizarán los criterios más adecuados al interés público al que responde el contrato. Y así: a) El precio ofertado se empleará como criterio de adjudicación con carácter exclusivo, cuando aquel constituya el único elemento determinante. En todo caso, los contratos de concesión se adjudicarán a la oferta más ventajosa. b) De acuerdo con los requerimientos recogidos en el artículo 49, y previa definición en los pliegos de cláusulas administrativas, podrán incorporar criterios referidos a las características sociales de la oferta presentada. c) También previa la definición en los pliegos de cláusulas administrativas, y con la finalidad de satisfacer las necesidades de categorías de población especialmente desfavorecida que figuren como usuarias o beneficiarias de las prestaciones a contratar, se incorporarán criterios que respondan a dichas necesidades, tales como los dirigidos a las personas discapacitadas, las desfavorecidas del mercado laboral, las precarizadas laboralmente, las dirigidas a favorecer la igualdad entre mujeres y hombres, al 1314 cumplimiento de las Convenciones de la OIT, o a garantizar los criterios de accesibilidad y diseño universal para todas las personas. Ejemplo 4: También se refiere a criterios de adjudicación en materia de género la Guía para la Inclusión de cláusulas contractuales de carácter social, elaborada por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat de Cataluña y aprobada por unanimidad el 19 de marzo de 2010: I. CLÁUSULAS A INCLUIR ESPECÍFICAMENTE EN CONTRATOS CON OBJETO VINCULADO DIRECTAMENTE A ACCIONES PÚBLICAS DE FOMENTO DE LA OCUPACIÓN O A ACCIONES POSITIVAS DE GÉNERO C. Posibles cláusulas a incluir como criterio de adjudicación: "Se valorará especialmente las empresas que favorecen la estabilidad en el empleo, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la integración social de los colectivos más desfavorecidos y las que acrediten experiencia e idoneidad técnica y de medios propios en el desarrollo de la prestación objeto del contrato". Los factores a tener en cuenta para establecer los baremos de puntuaciones pueden ser los siguientes: El hecho de que la empresa adscriba a la ejecución del proyecto, como mínimo, un X% de mujeres. Ejemplo 5: Características de género como criterios de adjudicación, también se incorporan en la Instrucción para la incorporación de criterios sociales en los contratos públicos del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, aprobada en mayo de 2010: Artículo 11. Clausulados aplicables a los criterios de adjudicación de carácter social. C) Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres: Hasta 20 puntos. Se baremará hasta un máximo de 20 puntos la integración de medidas específicas para la igualdad entre mujeres y hombres en la oferta presentada, desglosándose la puntuación en uno o varios de los siguientes apartados: 1. Se valorará hasta 10 puntos al licitador que se comprometa a contratar para la ejecución del contrato a un mayor número de mujeres, siempre que sea superior al establecido como condición de ejecución y siempre que el porcentaje sobre el total de la plantilla sea al menos cinco puntos superior al porcentaje medio recogido por género y rama de actividad en la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística para el sector correspondiente. El resto obtendrán una puntuación decreciente y proporcional, conforme a la siguiente fórmula: P = (NM / MOM) X 10. Resultando: P (Puntuación obtenida) = NM (número de mujeres que se compromete a contratar el licitador para la ejecución del contrato) / MOM (mejor oferta de los licitadores sobre el número de mujeres que se compromete a contratar). 2. Se valorará hasta 5 puntos al licitador que se comprometa a contratar para la ejecución del contrato a un mayor número de mujeres en puestos de responsabilidad. Esta cláusula se aplicará especialmente en aquellos sectores de actividad notoriamente feminizados. El resto de licitadores obtendrán una puntuación proporcional conforme a la siguiente fórmula: P = (NMR / MOR) X 5. Resultando: P (Puntuación obtenida) = NMR (número de mujeres en puestos de responsabilidad que se compromete a contratar el licitador para la ejecución del contrato) / MOR (mejor oferta de los licitadores sobre el número de mujeres en puestos de responsabilidad que se compromete a contratar). 3. Se valorará hasta 5 puntos la incorporación en la propuesta de un Plan de igualdad específico que el licitador se compromete a aplicar en la ejecución del contrato y que detalle sus políticas de igualdad en 1415 cuanto al acceso al empleo, clasificación profesional, calidad y estabilidad laboral, duración y ordenación de la jornada laboral, u otras. 4. Se valorará hasta 10 puntos, las medidas concretas de conciliación entre la vida personal, laboral y familiar que el licitador se compromete a aplicar para la plantilla que ejecute el contrato, y que mejoren los mínimos establecidos en la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres. El licitador deberá presentar una propuesta técnica señalando calendario y sistema de evaluación sobre medidas concretas, tales como: cheque servicio o acceso a recursos que faciliten la atención de menores o personas dependientes; mejoras sobre la reducción de jornada, excedencias, permisos de paternidad o maternidad; flexibilización, adaptación o reasignación de servicios y horarios; u otras. PROPUESTA APLICATIVA 1. Conforme al artículo 134 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, los órganos de contratación en la redacción de los pliegos de cláusulas administrativas de los contratos públicos, siempre que esté directamente vinculado al objeto del contrato, incluirán un criterio de adjudicación relativo a la integración de la perspectiva de género en la oferta presentada y que tendrá una ponderación entre el 5% y el 20% sobre el total del baremo, pudiéndose incluir en dichos pliegos alguna o algunas de las siguientes cláusulas administrativas, u otras de carácter similar: El número y porcentaje previsto de mujeres beneficiarias o usuarias del contrato. El número y porcentaje de mujeres que empleará laboralmente la persona o entidad licitadora para ejecutar o prestar el contrato. El número y porcentaje de mujeres que se compromete a emplear laboralmente la persona o entidad licitadora en puestos de responsabilidad. 15 El compromiso de presentar un informe de impacto de género con indicadores y datos desglosados por sexo de las personas beneficiarias o usuarias del contrato, así como de la plantilla que ejecutará el mismo, detallando el contenido de las medidas de igualdad aplicadas. El compromiso de la persona o entidad licitadora de aplicar acciones específicas relacionadas con la igualdad de mujeres y hombres en la ejecución o prestación del contrato (formación, selección, atención, promoción, conciliación, representación, contribución al empoderamiento de las mujeres, atención a las peculiaridades sociales, psicológicas o fisiológicas de las mujeres, etc.). El compromiso de diseñar y aplicar un Plan para la Igualdad de mujeres y hombres específico en el marco de ejecución del contrato, y que detalle sus políticas para la igualdad en cuanto al acceso al empleo, clasificación profesional, calidad y estabilidad laboral, duración y ordenación de la jornada laboral, u otras. El compromiso de realizar acciones de prevención de riesgos laborales y salud laboral con perspectiva de género y adaptadas a las características diferenciadas de sexo. La realización de acciones de sensibilización y formación con la plantilla que ejecutará el contrato acerca de los derechos en materia de igualdad, y de conciliación recogidos en la16 normativa vigente y el convenio de empresa o convenio colectivo del sector correspondiente 2. Todos los compromisos adquiridos por la persona o entidad licitadora o en materia de igualdad de mujeres y hombres deberán ser debidamente acreditados en el marco de ejecución del contrato y se consideran obligaciones contractuales de carácter esencial, por lo que su incumplimiento podrá suponer la imposición de penalidades económicas y pudiera dar lugar a resolver el contrato por incumplimiento culpable conforme al artículo 206.g) de la LCSP CRITERIO DE PREFERENCIA CONCEPTO Y ANÁLISIS La Disposición Adicional 6ª de la Ley de Contratos del Sector Público establece la preferencia en la adjudicación de los contratos públicos para cuatro tipos de empresas licitadoras: las que tengan en su plantilla un número de trabajadores y trabajadoras con discapacidad superior al 2 por ciento; aquellas dedicadas específicamente a la promoción e inserción laboral de personas en situación de exclusión social; las entidades sin ánimo de lucro en el caso de las prestaciones de carácter social o asistencial; y las organizaciones de Comercio Justo, cuando el objeto del contrato admita esta alternativa. Disposición Adicional Sexta. Contratación con empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad o en situación de exclusión social y con entidades sin ánimo de lucro. 1. Los órganos de contratación podrán señalar en los pliegos de clausulas administrativas particulares la preferencia en la adjudicación de los contratos para las proposiciones presentadas por aquellas empresas publicas o privadas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un numero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por ciento, siempre que dichas proposiciones igualen en sus términos a las mas ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirvan de base para la adjudicación. Si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la proposición mas ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por ciento, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. 2. Igualmente podrá establecerse la preferencia en la adjudicación de contratos, en igualdad de condiciones con las que sean económicamente mas ventajosas, para las proposiciones presentadas por aquellas empresas dedicadas específicamente a la promoción e inserción laboral de personas en situación de exclusión social, reguladas en la Disposición Adicional Novena de la Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad, valorándose el compromiso formal del licitador de contratar no menos del 30 por ciento de sus puestos de trabajo con personas pertenecientes a los siguientes colectivos, cuya situación sera acreditada por los servicios sociales públicos competentes: a) Perceptores de rentas mínimas de inserción, o cualquier otra prestación de igual o similar naturaleza, según la denominación adoptada en cada Comunidad Autónoma. 3. En la misma forma y condiciones podrá establecerse tal preferencia en la adjudicación de los contratos relativos a prestaciones de carácter social o asistencial para las proposiciones presentadas por entidades sin animo de lucro, con personalidad jurídica, siempre que su finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y figuren inscritas en el correspondiente registro oficial. En este supuesto el órgano de contratación podrá requerir de estas entidades la presentación del detalle relativo a la descomposición del precio ofertado en función de sus costes. 1617 4. Los órganos de contratación podrán señalar en los pliegos de clausulas administrativas particulares la preferencia en la adjudicación de los contratos que tengan como objeto productos en los que exista alternativa de Comercio Justo para las proposiciones presentadas por aquellas entidades reconocidas como Organizaciones de Comercio Justo, siempre que dichas proposiciones igualen en sus términos a las mas ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirvan de base para la adjudicación. El criterio de preferencia opera como una cláusula específica, cuya incorporación en los pliegos de cláusulas suele reproducir de forma más o menos literal el texto de la D.A. 6ª. Y si bien debe destacarse el valor referencial de sus contenido, cabe advertir que esta cláusula establecida resulta muy poco efectiva, puesto que en la práctica se establece como una fórmula de desempate, aplicable solamente en los casos en que dos o más ofertas obtengan idéntica puntuación en la fase de valoración de las propuestas técnicas, algo realmente excepcional en la contratación pública. REFERENCIAS Y EJEMPLOS Ejemplo 1: La propia Ley Orgánica 3/2007, de 30 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se refiere al criterio de preferencia en su artículo 34.2.: Artículo 34. Contratos de la Administración General del Estado. 2. Los órganos de contratación podrán establecer en los pliegos de cláusulas administrativas particulares la preferencia en la adjudicación de los contratos de las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, cumplan con las directrices del apartado anterior, siempre que estas proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios objetivos que sirvan de base a la adjudicación y respetando, en todo caso, la prelación establecida en el apartado primero de la disposición adicional octava del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio. Ejemplo 2: 17 También se refiere a este criterio de preferencia con perspectiva de género la Guía para la Inclusión de cláusulas contractuales de carácter social, elaborada por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat de Cataluña y aprobada por unanimidad el 19 de marzo de 2010, establece la igualdad de mujeres y hombres como un criterio de preferencia: II. CLÁUSULAS A INCLUIR EN TODO TIPO DE CONTRATOS B. Posibles cláusulas a incluir como criterio de adjudicación adicional. Tendrá preferencia en la adjudicación del contrato la proposición presentada por empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, cumplan las medidas destinadas a promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo establecidas de conformidad con lo que prevé el artículo 33 de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, siempre que dicha proposición iguale en sus términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios objetivos que sirven de base para la adjudicación.18 PROPUESTA APLICATIVA La incorporación en los Pliegos de una cláusula de preferencia es plenamente legal, pero la constituir en la práctica un criterio de desempate su aplicación es inexistente y no comporta utilidad, salvo en el ámbito de la sensibilización FASE DE EJECUCIÓN: OBLIGACIONES CONCEPTO Y ANÁLISIS La normativa de contratos públicos, tanto la nacional como la comunitaria se refieren de forma expresa a las condiciones de ejecución de carácter social, que en la práctica se configuran como auténticas obligaciones que todas las personas o entidades licitadoras aceptan por el simple hecho de presentar su propuesta, y que la posterior adjudicataria deberá cumplir preceptivamente en la fase de ejecución del contrato. Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo: Artículo 26. Condiciones de ejecución del contrato Los poderes adjudicadores podrán exigir condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato siempre que éstas sean compatibles con el Derecho comunitario y se indiquen en el anuncio de licitación o en el pliego de condiciones. Las condiciones en que se ejecute un contrato podrán referirse, en especial, a consideraciones de tipo social y medioambiental. Y la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, es todavía más explícita: Articulo 102. Condiciones especiales de ejecución del contrato. 1. Los órganos de contratación podrán establecer condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato, siempre que sean compatibles con el derecho comunitario y se indiquen en el anuncio de licitación y en el pliego o en el contrato. Estas condiciones de ejecución podrán referirse, en especial, a consideraciones de tipo medioambiental o a consideraciones de tipo social, con el fin de promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral, eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en dicho mercado, combatir el paro, favorecer la formación en el lugar de trabajo, u otras finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para el empleo, definida en el articulo 125 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, o garantizar el respeto a los derechos laborales básicos a lo largo de la cadena de producción mediante la exigencia del cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo. Tengamos en cuenta que además de la referencia expresa a eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer, el texto indica: u otras finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para el empleo definida en el artículo 125 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. Y si acudimos al artículo del Tratado, comprobamos que estas finalidades consisten en una mano de obra formada y cualificada, mercados laborales adaptados al cambio, y a un alto nivel de empleo y de protección social, la igualdad entre el hombre y la mujer, un alto nivel de protección y de mejora de la calidad del medio ambiente, la elevación del nivel y de la calidad de vida, y la cohesión económica y social. Por lo que esta referencia reitera la anterior y se refuerza el señalamiento a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Además, la relación del artículo es meramente ejemplificativa, pues comienza señalando que en especial podrán referirse a, por lo que no existe obstáculo alguno para que podamos incorporar como obligación o exigencia de ejecución contractual cualquier cuestión relacionada con la igualdad entre mujeres y hombres. Su legalidad es incuestionable, y tan sólo cabe señalar las siguientes advertencias: 1819 Deben respetar los principios del derecho comunitario, y muy especialmente no establecer condiciones discriminatorias para las entidades licitadoras, en particular para empresas de otros estados miembros. Las condiciones de carácter social deben estar relacionadas con la ejecución del contrato, por lo que no se pueden establecer obligaciones sobre el conjunto de la empresa contratista, sino sólo sobre la parte de ella (o la plantilla) que va a ejecutar el contrato público en cuestión. Deberá siempre indicarse en el anuncio de licitación que el contrato incluye condiciones especiales de ejecución de carácter social. La propuesta de una persona o persona o entidad licitadora que no aceptara las condiciones de ejecución sería inadmitida, y la entidad contratista que al prestar el contrato incumpliera dichas condiciones podría incurrir en una falta grave, ser sancionada, o incluso rescindirse el contrato. REFERENCIAS Y EJEMPLOS Ejemplo 1: Ley Orgánica 3/2007, de 30 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: Artículo 33. Contratos de las Administraciones públicas. Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, a través de sus órganos de contratación y, en relación con la ejecución de los contratos que celebren, podrán establecer condiciones especiales con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, de acuerdo con lo establecido en la legislación de contratos del sector público. Artículo 34. Contratos de la Administración General del Estado. 1. Anualmente, el Consejo de Ministros, a la vista de la evolución e impacto de las políticas de igualdad en el mercado laboral, determinará los contratos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos que obligatoriamente deberán incluir entre sus condiciones de ejecución medidas tendentes a promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, conforme a lo previsto en la legislación de contratos del sector público. En el Acuerdo a que se refiere el párrafo anterior podrán establecerse, en su caso, las características de las condiciones que deban incluirse en los pliegos atendiendo a la naturaleza de los contratos y al sector de actividad donde se generen las prestaciones. Ejemplo 2: 19 Y precisamente para el desarrollo del artículo 34 de la Ley Orgánica 3/2007, de 30 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el Consejo de Ministros adoptó con fecha 19 de octubre de 2007, el Acuerdo por el que se fijan directrices para la inclusión en los contratos públicos de condiciones dirigidas a promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, entre cuyo contenido se destaca la inclusión en los contratos de condiciones especiales de ejecución en los contratos públicos dirigidas a promover la igualdad. Tercero. Inclusión en los contratos de condiciones especiales de ejecución dirigidas a promover la igualdad. 1. Al amparo de lo establecido en el artículo 33 de la citada Ley Orgánica 3/2007, y siempre que a la vista de las características del contrato y del sector de actividad en que se inserta resulte adecuado, los órganos de contratación, teniendo en cuenta las disposiciones del derecho comunitario, incluirán en los20 pliegos condiciones especiales de ejecución dirigidas a promover la igualdad entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo. 2. En el caso de que entre las condiciones especiales de ejecución se incluya la obligación de que entre el personal que vaya a ejecutar la prestación objeto del contrato se encuentre un porcentaje mínimo de mujeres, se observarán las siguientes reglas: - dicha obligación y porcentaje deberán estar referidos a las nuevas contrataciones de personal que sean eventualmente necesarias para cumplir el contrato, sin afectar, por tanto, a los trabajadores que ya pertenezcan a la empresa - el porcentaje de participación de mujeres se fijará atendiendo a las características del contrato y del sector de actividad a que éste se refiera así como a la disponibilidad efectiva de trabajadoras en el mismo, tomando como referencia a tales efectos los datos de la EPA correspondientes al mes de diciembre del año inmediatamente anterior al de la adjudicación del contrato. - para conocer la disponibilidad de mano de obra femenina en el sector de actividad u ocupación de que se trate, se estará a lo que el servicio público de empleo correspondiente certifique sobre la existencia o no de mujeres demandantes de empleo. Cuarto. Publicidad de las condiciones especiales de ejecución de los contratos dirigidas a promover la igualdad. Las medidas que, para promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, se incluyan entre las condiciones de ejecución de los contratos que celebren la Administración General del Estado y sus organismos públicos deberán indicarse en los correspondientes anuncios de licitación, a fin de que los potenciales licitadores tengan conocimiento de las mismas. Ejemplo 3: La Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de mujeres y hombres, aprobada por el Parlamento Vasco, también señala expresamente la posibilidad de valorar entre los criterios de adjudicación la integración de la perspectiva de género en la oferta presentada : Artículo 20. Medidas para eliminar desigualdades y promover la igualdad. 2. Sin perjuicio de otras medidas que se consideren oportunas, las administraciones públicas vascas, en la normativa que regula las subvenciones y en los supuestos en que así lo permita la legislación de contratos, incluirán entre los criterios de adjudicación uno que valore la integración de la perspectiva de género en la oferta presentada y en el proyecto o actividad subvencionada. En los mismos supuestos, entre los criterios de valoración de la capacidad técnica de los candidatos o licitadores y, en su caso, entre los requisitos que deberán reunir los beneficiarios de subvenciones, valorarán la trayectoria de los mismos en el desarrollo de políticas o actuaciones dirigidas a la igualdad de mujeres y hombres. Asimismo, con sujeción a la legislación de contratos y a lo previsto en el apartado siguiente, se contemplará, como condición de ejecución del contrato, la obligación del adjudicatario de aplicar, al realizar la prestación, medidas tendentes a promover la igualdad de hombres y mujeres. Ejemplo 4: 20 En la legislación autonómica, destacamos en primer lugar la Ley Foral de Contratos de Navarra, por tratarse no de una norma sectorial de igualdad sino de la ley de contratación pública, así como por el detalle de su relación temática y la referencia a la obligación de adoptar medidas de promoción de la igualdad de sexos: Artículo 49. Requerimientos de carácter social o medioambiental en la ejecución de los contratos. Mostrar más
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