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Timestamp: 2018-09-26 06:24:46
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“Les rociaron gasolina”, aseguran familiares de presos muertos en Policarabobo | Proiuris
“Les rociaron gasolina”, aseguran familiares de presos muertos en Policarabobo
Responsabilizan a agentes del cuerpo de seguridad estatal de la muerte de 68 reos tras el incendio que ocurrió el 28 de marzo
A través de una llamada telefónica, a las 2:30 de la madrugada del 28 de marzo de 2018, Jhon Eder Flores Zárate le pidió auxilio a su madre, Carmen Zárate: “No sabemos si salimos vivos de esta”. A las 6:30 am, otro de los reos que logró sobrevivir al incendio en la sede de Policarabobo confirmó a la familia que Flores Zárate había muerto.
“Esos muchachos tenían un conflicto desde el lunes. Ellos exigían que los trasladaran y esa petición se convirtió luego en una amenaza de muerte. Los policías se vengaron de la peor manera, rociándoles gasolina”, dijo Carmen Zárate.
Luego de la muerte de su hijo, creó un grupo de apoyo con el resto de familiares de los presos que fallecieron en el siniestro.
“No hubo tiempo para una despedida formal, no tuve ni tiempo de darle la bendición por última vez, con un beso en la frente como acostumbraba”, sostuvo Zárate.
Flores Zárate tenía 26 años de edad y era el menor de tres hermanos. Llevaba un año recluido en la comandancia por estar presuntamente involucrado en un homicidio. Dejó cuatro hijos menores de edad en orfandad.
“Dejen que se mueran esos perros”
José Luis Sánchez, tío de Carlos Alberto Sánchez Viloria, también fallecido en el siniestro, relató que muchos de los sobrevivientes clamaron por atención inmediata, pero los oficiales pasaron por alto la solicitud y les rociaron gasolina para acelerar la propagación del fuego.
Sánchez refirió que luego de los hechos, una parte de la población fue trasladada al internado judicial de Carabobo, conocido como Tocuyito, situado en la ciudad de Valencia.
“Ellos van a contar todo, la cifra de muertos no es la que dice el gobierno”, sostuvo sin querer precisar más detalles al respecto.
Sánchez indicó que en la Comandancia general de Carabobo, la pernocta cuesta 2 millones de bolívares. “Esto permite que las mujeres y niños se queden todo un fin de semana”, acotó.
También denunció que lo ocurrido obedece a la pésima actuación de los funcionarios que rigen los calabozos policiales “porque sobornan a las familias con altas sumas de dinero para que los muchachos puedan sobrevivir entre rejas”, aseveró.
El Tribunal 4to de Control de Carabobo decretó la detención judicial preventiva de cinco funcionarios destacados en el centro de detención preventiva de la comandancia de Carabobo, luego de los hechos registrados el pasado 28 de marzo en ese recinto, donde perecieron 66 privados de libertad y dos mujeres que se encontraban de visita.
Los funcionarios quedaron identificados como: José Luis Rodríguez, sub director de la Comandancia; José Antonio Carrera Loaiza; el supervisor jefe Aníbal Antonio Padrón Pacheco y los oficiales José Rafael Colina y Sergio Rodríguez, según informó ayer, el fiscal general de la República, Tarek William Saab.
Al subdirector del cuerpo policial se le imputó homicidio calificado a título de dolo eventual en grado de coautor, previsto y sancionado en el artículo 406, numeral 1 del Código Penal, con los agravantes de los artículos 77, ordinales 3 y 10 del Código Penal, omisión al socorro, previsto y sancionado en el artículo 438 del Código Penal y el delito de introducción de arma de fuego y municiones en retenes policiales, tipificado y sancionado en el artículo 122 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, así como corrupción propia, contemplado en el artículo 64 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la Corrupción.
A José Antonio Loaiza se le imputó homicidio calificado a título de dolo eventual en grado de coautor, tipificado y sancionado en el artículo 406, numeral 1, del Código Penal, omisión al socorro, previsto y sancionado en el artículo 438 del Código Penal, y el delito de introducción de arma de fuego y municiones en retenes policiales, contemplado y sancionado en el artículo 112 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones.
Mientras que José Rafael Colina, Sergio Enrique Rodríguez, y Aníbal Antonio Padrón Pacheco fueron privados de libertad por el delito de corrupción propia, previsto y sancionado en el artículo 64 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la Corrupción.
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