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Timestamp: 2019-07-22 07:33:06
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El balance adecuado entre la objeción de conciencia y el acceso al aborto legal y seguro
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Juan Sebastián Rodríguez Alarcón1
La objeción de conciencia es reconocida como una de las formas de manifestación del derecho a la libertad de conciencia y religión, la cual supone un conflicto entre un deber legal y una convicción moral de la persona que le impide cumplir con dicho deber por motivos religiosos, morales, políticos, filosóficos o éticos (Bejarano, 2013). El derecho a la objeción de conciencia a la prestación de servicios de salud supone que los profesionales de la salud tienen la posibilidad de negarse a prestar ciertos servicios de salud por considerarlos contrarios a sus convicciones personales (CIDH, 2011). Pese a que los prestadores de salud en su calidad de personas naturales pueden ejercer éste derecho, la objeción de conciencia puede implicar la restricción o anulación de los derechos de las mujeres. Es por esta razón que el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia debe ser limitado en los casos en que suponga un riesgo para el acceso del derecho a la vida y la salud reproductiva de las mujeres.
El derecho internacional de los derechos humanos, particularmente en lo que refiere a los estándares desarrollados por los cuerpos de monitoreo de tratados internacionales de las Naciones Unidas (“UNTMB” por sus siglas en inglés), el Sistema Interamericano y el Sistema Europeo de Derechos Humanos, al igual que las legislaciones comparadas de diversos países en América Latina, han regulado la objeción de conciencia en la prestación de servicios de salud reproductiva2. En aras de hacer un recuento y análisis de tales estándares, el presente artículo se encuentra divido en cuatro partes. En primer lugar el artículo ofrece una lectura de los estándares internacionales en materia de garantía del derecho a la salud, y en consecuencia, en materia de salud reproductiva. En segundo lugar el artículo presenta la forma en que el derecho internacional de los derechos humanos ha reconocido y regulado la objeción de conciencia, su alcance y límites al derecho. En tercer lugar, el artículo hace una lectura de los avances de regulación de la objeción de conciencia en Colombia, Argentina, Uruguay y México D.F.; y con base en dichos estándares, presenta una lectura del actual proyecto de ley en curso en Chile, el cual busca despenalizar el aborto en circunstancias específicas.
La protección del derecho a la salud en el derecho internacional de los derechos humanos
El derecho a la salud supone un derecho fundamental el cual debe ser garantizado a todas las personas sin ningún tipo de discriminación. Éste se encuentra consagrado dentro del alcance del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante ‘Convención Americana’), el cual supone la obligación de los Estados de desarrollar progresivamente los derechos consagrados en las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura contenidas en la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA, 1978; Courtis, 2005). Adicionalmente, el derecho a la salud se encuentra protegido en el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derecho Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual consagra la salud como un bien público que el Estado debe reconocer, proteger y garantizar (OEA, 1988).
En el marco del Sistema Universal de Derechos Humanos, el reconocimiento del derecho a la salud se da en varios instrumentos legales internacionales. El artículo 25(1) de la Declaración Universal de Derechos Humanos consagra el derecho a la salud como un nivel de vida adecuada que asegure, “la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”3. Por su parte, el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante ´PIDESC´) y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (en adelante ´Convención CEDAW´) garantizan en su artículo 12 el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (Asamblea General de las Naciones Unidas (1981); 1976a).
La obligación de respetar el derecho a la salud exige que los Estados se abstengan de poner trabas a las medidas adoptadas por la mujer para conseguir sus objetivos en materia de salud (Véase Comité CEDAW, 1999). Así, el Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de las Naciones Unidas en su Observación General Nº 14, estableció que “el cumplimiento de las obligaciones que se derivan para los Estados del derecho a la salud de las mujeres, requiere específicamente que “se supriman todas las barreras que se oponen al acceso de la mujer a los servicios de salud (…) en particular en la esfera de la salud sexual y reproductiva” (negrillas fuera del texto original) (Naciones Unidas, 2011). Cuando un profesional de la salud ejerce el derecho a la objeción de conciencia, pese a que éstos cuentan con la legítima libertad de hacerlo, el ejercicio del mismo debe ser cuidosamente limitado ya que este puede servir como barrera para acceder a los servicios de salud reproductiva.
En el derecho internacional, la objeción de conciencia es reconocida como una de las formas de manifestación del derecho a la libertad de conciencia y religión, la cual supone un conflicto entre un deber legal y una convicción moral de la persona que le impide cumplir con dicho deber por motivos religiosos, morales, políticos, filosóficos o éticos (Bejarano, 2013). Cuando se manifiesta la objeción de conciencia, las obligaciones legales que son oponibles son solo aquellas que se encuentran enmarcadas en el ordenamiento jurídico, más no cualquier otra obligación con la que pueda enfrentarse la persona. Así, el rol de la objeción de conciencia no es el de cuestionar la validez del deber jurídico legal, sino el de extraerse de dicha obligación para balancear y/o acomodar la diversidad de conciencias de las personas en el sistema jurídico.
Para que se configure la objeción de conciencia, las convicciones que sean manifestadas como sustento del ejercicio de la objeción de conciencia deben ser profundas, sinceras y que no sean fácilmente modificables (Comisión de Derechos Humanos, 1989; TEDH, 2011; Corte Constitucional de Colombia, 2009; Bejarano, 2013). En consecuencia, para que se genere una situación en la que una persona decida ejercer la objeción de conciencia, el conflicto que se presenta deber ser irresoluble. Conforme lo establece Castrillón y Bejarano, “[l]a contradicción entre el deber jurídico y la conciencia del objetor debe ser absoluta pues no se trata de un simple enfrentamiento entre dos mandatos, sino de la total contradicción entre órdenes que se le imponen al individuo” (Bejarano, 2013).
En el Sistema Interamericano, el artículo 12 de la Convención Americana reconoce el derecho a la libertad de conciencia y religión, el cual protege la capacidad de conservar, cambiar, profesar y divulgar las convicciones morales de las personas y/o su religión. Por su parte, el artículo 18(1) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en adelante “PIDCP”) protege el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y religión y establece que “este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza”.
Un análisis conjunto del artículo 12 de la Convención Americana, junto con los estándares desarrollados en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “Corte IDH”) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “CIDH”), permiten establecer que el derecho a la libertad de conciencia y de religión es un derecho mediante el cual las personas pueden conservar, cambiar y/o profesar su religión o convicciones morales personales (Corte IDH, 2001). Dicho derecho no puede ser limitado, sin embargo su manifestación sí puede ser limitada (Véase OEA, 1978: art. 27.2). Tales limitaciones deben ser previamente establecidas por la ley y deben garantizar la seguridad, el orden y la salud, lo cual implica el respeto y la garantía de los derechos y libertades de terceros (Véase OEA, 1978: art. 12.3; Asamblea General de las Naciones Unidas, 1976b: art. 18).
El derecho a la objeción de conciencia no es absoluto y tiene límites establecidos por ley
En el campo de la prestación de servicios de salud reproductiva, la manifestación de la libertad de conciencia y religión mediante la objeción de conciencia, implica que los profesionales médicos tienen la facultad de negarse a proveer ciertos servicios de salud por considerarlos contrarios a sus convicciones morales personales (CIDH, 2011). Sin embargo, tal libertad tiene un límite cuando éste afecta el ejercicio del derecho a la salud de terceros.
El artículo 12(3) de la Convención Americana establece que “la libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás.” (OEA, 1978). Por su parte, el artículo 18(1) del PIDCP dispone que “la libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás” (Asamblea General de Naciones Unidas, 1976a). A partir de ambos artículos se desprende que el derecho a la libertad de conciencia y religión no puede ser suspendido (Véase OEA, 1978: art. 27.2), sin embargo la manifestación de la conciencia y religión puede ser limitada (Véase OEA, 1978: art. 27.2; Asamblea General de las Naciones Unidas, 1976b; Comité de Derechos Humanos, 1993; Bejarano, 2013; Cabal, 2014; Dickens, 2000). Tales limitaciones deben estar prescritas por la ley y deben basarse en el objetivo de proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral pública, o los derechos y libertades de las personas (Véase OEA, 1978; Asamblea General de las Naciones Unidas, 1976b; Comité de Derechos Humanos, 1993; Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, 1950; Bejarano, 2013; Cabal, 2014; Dickens, 2000). Así, las obligaciones que establece la ley pueden ser objetadas mientras el ejercicio del derecho no suponga la violación de los derechos de terceros, incluyendo el derecho a la vida y la salud de las mujeres (Véase Asamblea General de las Naciones Unidas, 1976b; Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, 1950; Bejarano, 2013; Cabal, 2014; Dickens, 2000).
En el marco del Sistema Universal, la Observación General N° 22 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (en adelante “CDH”) interpretó y desarrolló el alcance del artículo 18 del PIDCP, el cual consagra el derecho a la libertad de conciencia y religión (CDH, 1993). La Observación General N° 22 distingue la libertad de pensamiento, conciencia y religión, de la libertad de manifestar la propia religión o las creencias. Dicha observación establece que la libertad de pensamiento, conciencia, religión y creencias no admite ningún tipo de limitación, mientras que la libertad de manifestar la propia religión o creencias puede ser limitada, siempre y cuando dichas restricciones se encuentren prescritas en la ley y tengan la finalidad de garantizar la seguridad, el orden, la salud o moral pública, incluyendo los derechos y libertades de terceros (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1976b; CDH, 1993). La misma argumentación la sostuvo el CDH en el caso Yoon y otros vs. Corea, dónde el CDH determinó que el Estado tiene la obligación de garantizar y respetar las creencias y manifestaciones que se derivan de la conciencia de la persona; sin embargo, “el derecho a manifestar la religión o creencias propias no implica como tal el derecho a rehusarse a cumplir con todas las obligaciones de la ley” (CIDH, 2007).
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas (CEDAW), en su Recomendación General N°24, establece que los Estados tienen el deber de abstenerse de crear mayores obstáculos que no le permitan a las mujeres acceder a los servicios de salud que solo éstas requieren (Comité CEDAW, 1999). Por su parte, el Relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y la Recomendación General N° 24, se estableció que “[l]a negativa de un Estado a prever la prestación de determinados servicios de salud reproductiva a la mujer en condiciones legales resulta discriminatoria” (Naciones Unidas, 2000). Así, “si los encargados de prestar servicios de salud se niegan a prestar esa clase de servicios por razones de conciencia, deberán adoptarse medidas para que remitan a la mujer a otras entidades que prestan esos servicios” (Comité CEDAW, 1999).
En las observaciones finales a Hungría en 2013 hechas por el Comité CEDAW, se estableció que el Estado debe asegurarse que la objeción de conciencia se mantenga como una facultad de manifestación individual, en lugar de una facultad en cabeza de las personas jurídicas (Comité CEDAW, 2013). En las recomendaciones del Comité CEDAW a los Estados de Italia, Croacia y Eslovaquia, el Comité solicitó a los Estados garantizar el acceso a los servicios de salud reproductiva en los hospitales públicos, adecuar la regulación con el fin que se garantice el acceso a la información a las mujeres sobre las alternativas que tienen a su disposición, y garantizar la remisión de los pacientes que requieran los servicios de salud reproductiva para garantizar el acceso al servicio de salud (Comité CEDAW, 1997; 1998; 2008).
El CDH en las recomendaciones finales a Polonia en 2010, llamó la atención sobre la falta de acceso a los servicios de salud reproductiva y recomendó al Estado “adoptar normas que prohíban el uso y la aplicación indebidas de la “cláusula de conciencia” por parte de profesionales médicos” (Comisión de Derechos Humanos, 2010). Por su parte, el Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) en las observaciones finales ofrecidas a Polonia en 2009, manifestó su preocupación por el hecho que las mujeres deban recurrir a abortos inseguros ante la negativa de los médicos e instituciones a prestar servicios de aborto legal al ejercer la objeción de conciencia. Al respecto, el Comité DESC instó al Estado a tomar las medidas necesarias para garantizar la remisión en los casos de objeción de conciencia con el fin de garantizar la prestación del servicio de salud (Comité DESC, 2009).
En el marco del Sistema Interamericano, en el caso Artavia Murillo vs. Costa Rica, la Corte IDH al analizar si la prohibición total de la fertilización in vitro era violatoria del derecho a la vida, determinó que los “Estados son responsables de regular y fiscalizar la prestación de los servicios de salud para lograr una efectiva protección de los derechos a la vida y a la integridad personal” y que “la falta de salvaguardas legales para tomar en consideración la salud reproductiva puede resultar en un menoscabo grave del derecho a la autonomía y la libertad reproductiva” (Corte IDH, 2012)4.
Dicho estándar supone que los Estados tienen una obligación internacional de regular la prestación de los servicios de salud en los casos en que la vida o la integridad de las personas se encuentren en peligro. Adicionalmente, en el campo de la salud reproductiva, los Estados tienen la obligación de garantizar que las mujeres puedan recibir en todo momento los cuidados de salud necesarios en los casos en que la vida y la integridad de la persona estén amenazadas, inclusive en los casos en que la libertad de conciencia y religión de los profesionales médicos se conviertan en una barrera para acceder a los servicios de salud requeridos.
El informe sobre ‘Acceso a la información en materia reproductiva desde una perspectiva de derechos humanos’, preparado por la CIDH, reconoce la objeción de conciencia de los médicos y la forma en que dicha manifestación puede entrar en tensión con la libertad de los pacientes. En estos casos, la CIDH determinó que “el equilibrio entre los derechos de los profesionales de la salud y los derechos de los pacientes se mantiene a través de la referencia”5. El mismo informe preparado por la CIDH incorpora estándares desarrollados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia, establecidos en la Sentencia T-209 de 2008, la cual ha desarrollado ampliamente la objeción de conciencia en el campo de la prestación de servicios de salud reproductiva. Al respecto, la Corte Constitucional de Colombia ha establecido que:
“La objeción de conciencia no es un derecho del cual son titulares las personas jurídicas o el Estado, sólo es posible reconocerlo a personas naturales
En caso de que un médico alegue la objeción de conciencia, está en la obligación de proceder a remitir a la mujer a otro médico que sí puede realizar el servicio médico solicitado, sin perjuicio de que posteriormente se determine si la objeción de conciencia era procedente y pertinente a través de los mecanismos establecidos por la profesión médica
La objeción de conciencia es una decisión individual y no institucional o colectiva
La objeción de conciencia aplica sólo a prestadores directos y no a personal administrativo
La objeción de conciencia procede cuando se trate realmente de una convicción de carácter religioso debidamente fundamentada y debe presentarse por escrito, siguiendo el médico que la invoca la obligación de remitir inmediatamente a la mujer a un médico que pueda proporcionar el servicio en salud reproductiva requerido, ello con la finalidad de impedir que la negación constituya una barrera en el acceso a la prestación de servicios de salud reproductiva” (Corte Constitucional de Colombia, 2008).
Adicionalmente, en Sentencias C-355 de 2006, T-946 de 2008 y T-388 de 2009, la Corte Constitucional Colombiana ha desarrollado que los hospitales y clínicas donde los médicos objeten conciencia deben garantizar médicos que no objeten conciencia y presenten el servicio (Corte Constitucional de Colombia, 2006; 2009b). En los casos de emergencia, el prestador de salud deberá en todo caso prestar el servicio médico sin ninguna excepción. Adicionalmente, en materia judicial, los jueces, notarios y demás oficiales públicos no pueden objetar consciencia para limitar el acceso al aborto; y el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud deben investigar los hospitales y clínicas e interponer las sanciones requeridas en los casos en que la anterior normativa no esté siendo cumplida.
En el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Comité de Expertas/os del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, “Convención de Belém do Pará” (MESECVI), adoptó la Declaración sobre violencia contra las Mujeres, Niñas y Adolescentes y sus Derechos Sexuales y Reproductivos. Dicha Declaración reconoce que “en el Sistema Interamericano, la Convención de Belém do Pará y el Protocolo de San Salvador consagran expresamente la obligación de los Estados de brindar adecuada protección a las mujeres y la obligación de garantizar que las mujeres accedan a los servicios de salud sin discriminación”. Respecto a la objeción de conciencia, la Declaración reconoce que “el acceso a los servicios de salud en general, y a los servicios de interrupción del embarazo en particular, debe ser confidencial y la objeción de conciencia del personal de la salud no puede resultar en ningún caso en una vulneración de los derechos humanos de las mujeres” (OEA, 2014).
De los estándares internacionales presentados anteriormente se concluye que pese a que el derecho internacional de los derechos humanos protege la objeción de conciencia, existen límites prescritos por la ley para el ejercicio del derecho (Véase TEDH, 2001). Para evitar que la manifestación de la conciencia se convierta en una barrera de acceso a los servicios de salud, los médicos prestadores directos de los servicios de salud, en efecto tienen la facultad de negarse a proveer ciertos servicios de salud por considerarlos contrarios a sus convicciones morales personales, (Véase CIDH, 2011) no obstante las prestadores de salud no cuentan con tal facultad en los casos de emergencia (Véase Consejo de Europa, 2010). Adicionalmente, los pacientes deben ser siempre informados oportunamente sobre la objeción de conciencia del prestador de salud y deben ser referidos a otro proveedor que garantice en todo caso el procedimiento médico (Véase Consejo de Europa, 2010)6. En todos los casos el Estado debe asegurarse que la objeción de conciencia se mantenga como una facultad de manifestación individual en lugar de una facultad en cabeza de las personas jurídicas (Comité CEDAW, 2013).
La regulación de la objeción de conciencia en la Argentina, el Uruguay y México D.F.
Los recientes avances en materia de aborto en ciertos países de la región han permitido que se desarrollen regulaciones para el balance adecuado del derecho a la objeción de conciencia de los profesionales médicos, y el derecho a la vida y la salud de las mujeres. Un ejemplo de tales regulaciones, son el caso de Colombia, Argentina, Uruguay y México D.F, los cuales han desarrollado estándares ampliamente comprensivos en la materia.
En Argentina el aborto es legal en los casos en que el embarazo es un riesgo para la vida o la salud de la mujer, o en los casos de violación (Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, 2012). Desde el 2003, el Congreso Argentino ha desarrollado regulaciones en materia de objeción de conciencia en el campo de la salud reproductiva (Argentina, 2002; 2003; Ministerio de Salud Argentino, 2010). El Programa Nacional en Salud Sexual y Reproductiva en el artículo 2 reconoce el derecho a la objeción de conciencia de los médicos en su calidad de personas naturales, al igual que reconoce el ejercicio de la objeción de conciencia de instituciones públicas y privada por motivos confesionales. En estos casos, la ley establece que los centros de salud privados deberán referir al paciente a otro Centro que garantice la atención médica de manera que no se afecte la prestación del servicio requerido. Además, las instituciones que hagan ejercicio de la objeción de conciencia deberán reportar la misma ante las autoridades sanitarias locales (Argentina, 2002).
Desde el 2012 el aborto es permitido en Uruguay sin ningún tipo de restricción hasta la semana 12 del embarazo (Uruguay, 2012a). Después de ese momento el aborto se encuentra permitido en casos de malformaciones del feto que sean incompatibles con la vida extrauterina, en casos en que el embarazo genere un riesgo a la salud o la vida de la mujer, y en casos de violación. El Decreto 3715 de 2012 reglamenta la objeción de conciencia, reconoce el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales médicos y técnicos que intervengan directamente en la prestación del servicio, (Uruguay, 2012b) y obliga al profesional médico a referir personalmente al paciente a otro médico que asegure la prestación del servicio médico requerido. Conforme a la ley, la objeción de conciencia no puede darse durante la prestación de servicios post-aborto, ni para la negación de acceso a la información relacionada con el procedimiento de aborto.
Para ejercer el derecho a la objeción de conciencia, la manifestación deberá hacerse por escrito ante la institución y dirigida a la dirección técnica de cada institución; a su vez, en cualquier momento esta podrá ser revocada. De manera particular, la objeción de conciencia puede darse de manera directa o tácita. En los casos en que esta sea tácita, la manifestación se extenderá en las diferentes instituciones donde el profesional médico trabaje.
Uruguay reconoce la objeción de conciencia institucional, dándole reconocimiento propio a la conciencia colectiva de las personas jurídicas. En el contexto Uruguayo, la ley ha denominado a esta figura como la “objeción de ideario”, la cual permite a las instituciones privadas objetar conciencia. En los casos en que la institución ejerza tal facultad, la petición deberá ser motivada y evidencia, y debe posteriormente presentada a la Junta Nacional de la Salud, 15 días después de haber sido publicada la ley. Seguidamente el Ministerio de Salud Pública dictará la decisión sobre la misma. De manera explícita, la ley establece que en todo caso la objeción de conciencia no podrá excluir a los prestadores médicos en los casos exceptuados en los que el aborto se encuentra permitido. No obstante, la institución deberá referir el paciente a otra institución que garantice la prestación del servicio médico.
Desde el 2007, México D.F. permite el aborto sin ninguna restricción hasta la semana 12 del embarazo (México, 2009: art. 58 y 59)7. En materia de regulación, los profesionales médicos pueden objetar conciencia mientras estos refieran el paciente a un médico que no objete conciencia. Para efectuar el derecho, los profesionales médicos deberán escribir un documento motivando las razones por las que deciden ejercer el derecho a la objeción de conciencia, el cual debe ser dirigido ante el comité de bioética del hospital. En todo caso, los objetores de conciencia no podrán ejercer este derecho en casos de emergencia y los hospitales públicos tienen el deber de contar con personal no objetor de conciencia que garantice en todo momento el acceso efectivo al procedimiento médico (Secretaría de Salud de la Ciudad de México, 2008).
Regulación de la objeción de conciencia en Chile conforme al proyecto de ley N° 1230-362
El actual mensaje de N° 1230-362, mediante el cual la Presidente de la República inicia un proyecto de ley que regula la despenalización del aborto en tres causales, radicado en el mes de enero de 2015, establece en su “artículo 119 ter” el reconocimiento de la objeción de conciencia individual a médicos cirujanos (Chile, 2015). La regulación contempla que la objeción de conciencia debe ser expresada por escrito previamente. Posteriormente el médico deber informar al director(a) del establecimiento de salud tal manifestación, y el establecimiento de salud que la mujer requirente es referida, debe contar con un profesional que no objete conciencia y garantice la prestación del servicio médico. Conforme al artículo, solo las personas naturales podrán ejercer este derecho excluyendo de esta manera las personas jurídicas.
La ley es clara en establecer que en casos de emergencia, tales como en casos donde la mujer requiera un aborto de modo inmediato o no exista otro médico que pueda realizar la intervención, el médico inicial deberá prestar el servicio médico, prevaleciendo así el derecho a la vida y salud del paciente sobre el derecho a la objeción de conciencia del profesional médico. Finalmente, en materia de regulación operativa, la ley hace un llamado al Ministerio de Salud, el cual deberá dictar los protocolos necesarios para la ejecución del derecho una vez la ley entre en vigor.
Una lectura de los estándares internacionales desarrollados por el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho comparado, permite interpretar que el artículo propuesto por el proyecto de ley en materia de objeción de conciencia incorpora gran parte de tales estándares internacionales y del derecho comparado en la legislación propuesta. No obstante, el texto difiere de los estándares anteriormente presentados en ciertos aspectos. En primer lugar, el texto del actual proyecto de ley reconoce el derecho a la objeción de conciencia a los médicos cirujanos, sin embargo no contempla demás personal de salud que interviene directamente en la prestación del servicio y que puede interponer barreras para el acceso al servicio de salud (Centro de Derechos Reproductivos, 2014). Adicionalmente, siguiendo los estándares de la Corte Constitucional de Colombia, la ley no contempla que los jueces, notarios y demás oficiales públicos no pueden objetar conciencia para limitar el acceso al aborto. Finalmente, el proyecto de ley no contempla que en todos los casos, los hospitales públicos cuenten con la obligación de contar con personal no objetor de conciencia que garantice el acceso al procedimiento, ni tampoco contempla sanciones para quienes no cumplan lo establecido por la ley en materia de objeción de conciencia. De acuerdo a como lo establece el proyecto de ley, será tarea del Ministerio de Salud chileno, regular las especificadas del ejercicio del derecho de manera que su reglamentación incorpore los estándares restantes.
De acuerdo a como ha sido expuesto, el derecho internacional de los derechos humanos reconoce el derecho a la libertad de conciencia y religión (Véase OEA, 1978; Asamblea General de las Naciones Unidas, 1976b; Comité de Derechos Humanos, 1993; CIDH, 2011). Pese a que el ejercicio de éste derecho no admite limitación alguna, su manifestación puede ser limitada (Comité de Derechos Humanos, 1993; OEA, 1978; Asamblea General de las Naciones Unidas, 1976b) por la ley cuando el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia se convierte en una barrera de acceso a los servicios de salud reproductiva (Comité de Derechos Humanos, 1993; OEA, 1978; Asamblea General de las Naciones Unidas, 1976b).
Determinar si la persona puede ejercer y acceder a los servicios de salud que requiere, no solo depende de la decisión del paciente que desea acceder al procedimiento, sino también de la garantía de un profesional que garantice el servicio público de salud de manera segura, diligente y oportuna (Véase Corte Constitucional de Colombia, 2006). Por su parte, la provisión del servicio de salud debe estar siempre garantizada por el Estado, de manera que exista un profesional de la salud que provea el servicio. No obstante, pese a la existencia de éste deber, en el campo de la salud reproductiva, los médicos tienen la legitima posibilidad de negarse a proporcionar ciertos servicios de salud cuando éstos consideran son contrarios a sus convicciones más personales (Véase CIDH, 2011). Es en estos casos que los médicos pueden ejercer su derecho a la objeción de conciencia.
Dado que la manifestación de la conciencia del prestador médico no puede afectar el derecho a la salud de terceros, en el caso de los servicios de salud, el profesional que objete conciencia tiene siempre la obligación de remitir al paciente a otro profesional médico que garantice la prestación del servicio requerido (Véase CIDH, 2011; Cook, 2009). Adicionalmente, en los casos en que el prestador médico por motivos de su conciencia niegue la prestación del servicio médico requerido, este deberá siempre cumplir con la obligación de brindar la información necesaria para garantizar que el paciente acceda oportunamente al procedimiento de salud requerido (Véase CIDH, 2011; Cook, 2009).
En los casos de urgencia manifiesta, donde exista un grave riesgo a la salud y la vida de la mujer, los cuales requieren ser tratados oportunamente por personal debidamente calificado; la atención médica es urgente y requiere ser tratada en la mayor brevedad posible sin ningún tipo de dilación. De manera específica, el médico que por motivo de su conciencia objete conciencia, en todo caso deberá prestar el servicio médico requerido (Véase Consejo de Europa, 2010).
Una lectura de los estándares que brinda el derecho internacional de los derechos humanos, los cuales incorporan los estándares desarrollados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia, permiten interpretar que son éstos los estándares más comprensivos en la materia. Tales estándares ofrecen una guía avanzada que permite el correcto balance entre el derecho a la objeción de conciencia y los derechos reproductivos de las mujeres. En el contexto chileno, pese a que el actual proyecto de ley en curso consagra la regulación de la objeción de conciencia, es importante que en su futura regulación se garantice que la misma no se convierta en un obstáculo para que las mujeres accedan a los servicios de salud reproductiva, particularmente en materia de acceso al aborto legal y seguro.
Argentina (2002), Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (Ley Nº25673/03), Buenos Aires, Congreso Argentino, 21 de noviembre.
Argentina (2003), Reglamentación de la Ley 25673 sobre Salud Sexual y Procreación Responsable (Decreto 1282/03), Boletín Oficial, Buenos Aires, mayo.
Asamblea General de las Naciones Unidas (1948), Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada el 10 de diciembre, A.G. Res. 217 A (III).
Asamblea General de las Naciones Unidas (1976)a, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión el 16 de diciembre de 1966, A.G. Res. 2200A (XXI), entrada en vigor 3 de enero de 1976.
Asamblea General de las Naciones Unidas (1976)b, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado 16 de diciembre 1966, A.G. Res. 2200A (XXI), entrada en vigor 23 de marzo de 1976.
Asamblea General de las Naciones Unidas (1981), Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión el 18 de diciembre de 1979, A.G. Res. 34/180.
Bejarano Ricaurte, A. y Castrillón Pérez, M. (2013), La objeción de conciencia institucional frente al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, ser. doc. trab. N°4 Grupo Derecho Interés Público Universidad de los Andes Facultad Derecho [en línea] [Nueva York, 30 de septiembre de 2015] http://gdip.uniandes.edu.co/index.php?modo=resultados&id=3.
Cabal, L. y otros (2014), “Striking a Balance: Conscientious Objection and Reproductive Health Care From The Colombian Perspective Health and Human Rights”, Health and Human Rights, vol.16, Nº 2, septiembre, [en línea] [Nueva York, 22 de septiembre 2015] http://www.hhrjournal.org/2014/09/30/striking-a-balance-conscientious-objection-and-reproductive-health-care-from-the-colombian-perspective/
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1 Juan Sebastián Rodríguez Alarcón es abogado para el Programa Global Legal del Centro de Derechos Reproductivos - NY. Juan Sebastián es abogado de la Universidad de los Andes, Colombia y cuenta con un LL.M en investigación de la Universidad de McGill.
2 La objeción de conciencia no ha sido objeto de un amplio número de pronunciamientos por parte del derecho internacional de los derechos humanos, por ende las fuentes que sustentan este artículo y las reglas jurídicas que se desprenden se basan en estándares internacionales de derechos humanos desarrollados en el sistema interamericano, el sistema universal y el sistema europeo de derechos humanos, al igual que el derecho interno y la sobresaliente doctrina. Tal fundamentación tiene base en el artículo 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, la cual permite acudir a otras fuentes de interpretación complementarios de derecho; al igual que el artículo 38(1) del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia que incluye las decisiones judiciales y la doctrina como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho internacional.
3 De acuerdo al artículo 25(1) de la Asamblea General de las Naciones Unidas (1948) “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios…”. (subrayado fuera del texto original).
4 Gretel Artavia Murillo y otros peticionarios alegaron que la prohibición absoluta de practicar la fecundación in vitro (FIV) vigente en Costa Rica constituía una injerencia arbitraria en los derechos a la vida privada y familiar y a formar una familia, ya que el Estado les impidió el acceso a un tratamiento que les hubiera permitido superar su situación de desventaja respecto de la posibilidad de tener hijas o hijos biológicos, y que este impedimento tenía un impacto desproporcionado en las mujeres. La Corte determinó que la prohibición general de practicar la FIV por parte del Estado costarricense violó los artículos 5.1 (derecho a la integridad física, psíquica y moral), 7 (derecho a la libertad), 11.2 (derecho a la vida privada y familiar) y 17.2 (derecho a contraer matrimonio y fundar una familia) en relación con el artículo 1.1 (obligación de respetar los derechos) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
5 De acuerdo al párr. 95 de CIDH (2011): “[S]i una mujer requiere información sobre otros servicios de salud reproductiva legales, y el profesional de la salud tiene sus propias convicciones respecto de la utilización de dichos servicios, está en la obligación de referir a la paciente a otro proveedor de salud que pueda proveer dicha información y servicios. Con la finalidad de no generar barreras en el acceso a los servicios”.
6 De acuerdo al párr. 95 de CIDH (2011): “[S]i una mujer requiere información sobre otros servicios de salud reproductiva legales, y el profesional de la salud tiene sus propias convicciones.¨
7 En México la facultad de regulación sobre el aborto se deriva a cada estado.