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Timestamp: 2018-09-20 08:24:10
Document Index: 212087701

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 49', 'artículo 62', 'artículo 48', 'artículo 3', 'in fine', 'artículo 1']

Ley 5/2004, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2005. TÍTULO IV. DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (Vigente hasta el 01 de Enero de 2006).
1. El Gobierno, a propuesta del consejero de Economía y Hacienda, establecerá el importe que deberá presentar, a 31 de diciembre de 2005, el saldo vivo de la Deuda de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, con la limitación de que dicho saldo no podrá superar el correspondiente a 1 de enero de 2005.
No obstante lo anterior, el Gobierno podrá determinar un saldo vivo de la Deuda de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias superior al correspondiente a 1 de enero de 2005, siempre y cuando la deuda viva conjunta, a 31 de diciembre de 2005, de las universidades canarias y demás sujetos comprendidos en el artículo 2.1.c) de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, fuere, como máximo, la existente a 1 de enero de 2005, o aquella que resulte de las variaciones en la composición del sector público a que se refiere el precepto antes señalado.
3. El límite señalado en el párrafo primero del apartado 1, podrá ampliarse, por la cuantía del endeudamiento autorizado en el ejercicio 2004 que no hubiera sido formalizado antes del 31 de diciembre de dicho año, así como por la cuantía que sea autorizada con arreglo a lo previsto en la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
4. Cumplido por el Gobierno el trámite a que se refiere el apartado 1, se entenderá concedida la autorización para realizar operaciones de endeudamiento a largo plazo durante el año 2005.
5. Durante el ejercicio 2005, no se autorizarán operaciones de endeudamiento para los organismos autónomos.
6. En su caso, la variación neta de las operaciones extrapresupuestarias a que se refiere el artículo 49 de la presente Ley se considerará incluida en la cifra de saldo vivo de la Deuda que establezca el Gobierno, con arreglo a lo establecido en el apartado 1 anterior.
2. La duración de los contratos que se celebren al amparo de lo dispuesto en el apartado anterior no excederá del 31 de diciembre de 2005. No obstante, podrá pactarse la prórroga expresa de aquéllos por un plazo no superior a diez meses.
2. Las operaciones a que se refieren las letras h), i) y j) del apartado 1 del artículo 62-bis de la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, no computarán dentro de la cifra del saldo vivo de la deuda que establezca el Gobierno con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 48 de la presente Ley.
El consejero de Economía y Hacienda, excepcionalmente, podrá autorizar anticipos de tesorería a las empresas y fundaciones públicas, a iniciativa de los órganos correspondientes de las mismas y a propuesta de las consejerías a las que se encuentren adscritas las empresas o fundaciones.
Estos anticipos tendrán carácter de a cuenta de los recursos consignados en los estados de gastos de la presente Ley y deberán ser cancelados dentro del ejercicio presupuestario 2005.
Véase la O [CANARIAS] 27 abril 2005, por la que se regula el procedimiento de concesión y cancelación de anticipos de tesorería a las empresas y fundaciones públicas («B.O.I.C.» 16 mayo).
1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias puede prestar avales durante el ejercicio 2005 para las operaciones de crédito exterior o interior que se concreten con las entidades financieras hasta un importe máximo 48.573.158 euros.
b) A la entidad de Derecho Público Puertos Canarios, por importe máximo de 4.000.000 de euros, para inversiones en el presente ejercicio, sólo si su materialización no supone un incumplimiento del objetivo de estabilidad previsto en el apartado 2 del artículo 3 de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria.
c) A otras administraciones, entidades de Derecho Público, empresas públicas e instituciones sin fines de lucro, por importe máximo de 5.000.000 de euros.
d) A empresas públicas para financiar operaciones de adquisición de suelo destinadas a la construcción de viviendas protegidas, por importe máximo de 5.000.000 de euros.
e) A sociedades mercantiles para financiación de infraestructuras de telecomunicaciones, por importe máximo de 3.000.000 euros.
f) A Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, S.A., para financiar operaciones de infraestructura, por un importe máximo de 2.000.000 euros.
7. En el supuesto de que llegara a hacerse efectiva su obligación como avalista, la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias quedará automáticamente subrogada en todos los derechos que el acreedor tenía contra el avalado, comprometiéndose éste a abonar a la Tesorería de la Comunidad Autónoma la cantidad no satisfecha y abonada a la entidad de crédito prestamista, así como a indemnizar a la misma, en su caso, por los restantes conceptos señalados en el artículo 1.838 del Código Civil, que se hubieran devengado con carácter preferente a cualquier otra obligación asumida, sin perjuicio de las existentes hasta la fecha y de los supuestos de prelación de créditos legalmente reconocidos.