Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2005/A055-05.htm
Timestamp: 2017-11-20 13:42:42
Document Index: 269043466

Matched Legal Cases: ['artículo 86', 'artículo 153', 'artículo 154', 'artículo 3', 'artículo 153', 'artículo 153', 'artículo 36', 'artículo 153', 'artículo 153', 'artículo 49', 'artículo 230', 'artículo 86', 'artículo 153', 'artículo 154', 'artículo 153', 'artículo 154', 'artículo 153', 'artículo 153', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 86', 'artículo 153', 'artículo 38', 'artículo 38']

Auto 055/05
NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Improcedencia para revivir un debate concluido/ACCION DE TUTELA-Autonomía e independencia de los jueces
El artículo 86 de la Carta Política dispone que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar por el restablecimiento de sus derechos fundamentales, vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública, siempre que el afectado no cuente con un medio ordinario de impugnación.
PROCESO DISCIPLINARIO-Consonancia entre los cargos formulados y la condena proferida a Magistrada del Tribunal Administrativo
ACCION DE TUTELA-Acatamiento de órdenes impartidas por los jueces de instancia
NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Improcedencia para la sentencia T-1160/04
Referencia: Solicitud de nulidad de la sentencia T-1160 de 2004
Acción de tutela instaurada por Elvira Pacheco Ortiz contra la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura -T-936.492-
Bogotá D. C., ocho (8) de marzo de dos mil cinco (2005).
Procede la Sala Plena de la Corte Constitucional a resolver la solicitud de nulidad de la sentencia T-1160 de 2004 proferida por la Sala Octava de Revisión.
La señora Elvira Pacheco Ortíz, Magistrada del H. Tribunal Contencioso Administrativo de Bolívar, mediante apoderado judicial, instauró acción de tutela en contra de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del H. Consejo Superior de la Judicatura, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad.
“De las pruebas aportadas al expediente se pueden tener como ciertas las siguientes actuaciones y decisiones:
e) El 22 de mayo del 2002 la Sala Jurisdiccional Disciplinaria accionada resolvió sancionar a la actora por su responsabilidad con la violación a los deberes consagrados en los numerales 2º y 3º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996 y absolverla de la presunta transgresión al artículo 154.10 ejusdem, esto último, en cuanto no se comprobó que la misma hubiera comprometido u ofrecido su voto para la escogencia del Secretario de la Corporación. (..).
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca declaró improcedente la acción de tutela instaurada por la Magistrada Pacheco Ortiz, fundada en que “en este caso no se cumplen las previsiones de urgencia, celeridad y eficiencia (..) previstos en el artículo 3° del Decreto 2591 de 1991”.
Confrontó el A quo la expedición de la providencia que puso fin al proceso disciplinario seguido contra la actora -5 de septiembre de 2002-, con la fecha de presentación de la demanda de tutela -8 de agosto de 2003-, y concluyó que la afectada acudió tardíamente al recurso constitucional estatuido para la protección de los derechos fundamentales.
Por su parte, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en Sala de Conjueces, confirmó la decisión, para el efecto sostuvo que los hechos en los que la accionada basó su decisión “fueron lo suficientemente analizados y valorados sin que pueda pensarse que con ello se hubiese desconocido algún derecho a la accionante”.
La Sala Número Siete seleccionó y repartió el asunto que se reseña, y la Sala Octava, en sesión del 18 de noviembre del año 2004, resolvió confirmar parcialmente las decisiones que revisó.
Previamente declaró procedente la acción, como quiera que la actora no podía sino acudir al Juez de tutela para reclamar sobre el restablecimiento de sus derechos fundamentales, y dada la proyección de la sanción impuesta en la valoración de su desempeño como servidora pública, y en su situación prestacional.
Sostuvo también, que si bien la sanción impuesta a la actora por la Sala Jurisdiccional demandada “guarda consonancia con el cargo que a la misma le había sido formulado” el fallo disciplinario no cumple en su totalidad con la carga de desvirtuar la inocencia de la funcionaria.
Consecuente con lo expuesto la Sala Octava resolvió:
“Primero. CONFIRMAR PARCIALMENTE las sentencias proferidas por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y Superior de la Judicatura el 28 de mayo y el 26 de agosto del año en curso, para decidir la acción de tutela instaurada por Elvira Pacheco Ortiz contra la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
Segundo. ORDENAR a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura i) que declare, en las 48 horas siguientes a la notificación de esta decisión, la nulidad de la sentencia proferida el 22 de mayo de 2002 –radicación 19990427 A 187-, en lo atinente a la sanción impuesta a la actora como autora responsable de transgredir los deberes señalados en el numeral 2° del artículo 153 de la Ley 270 de 1996; ii) que, una vez en firme la anterior decisión, profiera el fallo nuevamente, esta vez individualizando los actos o conductas atribuibles a la Magistrada del H. Tribunal Contencioso Administrativo de Bolívar, doctora Elvira Pacheco Ortíz, que desconocieron sus deberes de honorabilidad, solicitud, celeridad, eficiencia, moralidad, lealtad e imparcialidad, y que la harían, en consecuencia, merecedora de una sanción; y ii) que, de no ser posible esto último, porque los actos y conductas no ocurrieron o no están probados, absuelva a la nombrada de los cargos formulados por desconocer el numeral 2° del artículo 153 en cita y adicione la sentencia del 22 de mayo de 2002 adecuando la sanción al incumplimiento de los deberes previstos en el numeral 3° del mismo artículo y normatividad, únicamente.
Tercero. Por Secretaría, líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991”.
Fundó el juez de revisión su decisión confirmatoria en el poder de apreciación del sentenciador, que le permitió a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura disciplinar a la actora, al adquirir el convencimiento de que las dificultades de su esposo -en razón de su condición de litigante ante el Tribunal del que la actora es integrante- influyeron en el desempeño de las labores que le fueron confiadas. Expuso la Sala:
“Compete a las autoridades disciplinarias enjuiciar las conductas que impiden el desarrollo de las funciones públicas, en este orden de ideas la Sala accionada bien podía sancionar a la actora –como efectivamente aconteció- por dar lugar a “bochornosos enfrentamientos, discusiones y altercados”; porque los servidores públicos están en el deber de dar un tratamiento cortés a sus compañeros y a sus subordinados y de compartir sus tareas con espíritu de solidaridad y unidad de propósito –Ley 270 de 1996 numeral 3, artículo 153-.
El 24 de enero del año en curso, mediante escrito recibido en la Secretaría General de esta Corporación, la señora Elvira Pacheco Ortíz, por intermedio de apoderado, solicita la nulidad parcial de la Sentencia T-1160 de 2004, “por considerar que es violatoria del derecho fundamental del debido proceso, derecho que le fue vulnerado a la actora por el Consejo Superior de la Judicatura y no fue tutelado en el fallo emanado de esa alta Corporación”.
Advierte que su solicitud se orienta “exclusivamente contra el ordinal Primero de la sentencia transcrita en cuanto ordenó “CONFIRMAR PARCIALMENTE las sentencias proferidas por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y Superior de la Judicatura el 28 de mayo y el 26 de agosto del año en curso, para decidir la acción de tutela instaurada por Elvira Pacheco Ortiz contra la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura”; puesto que al parecer del Juez constitucional “la accionada no incurrió en vía de hecho al disciplinar a la actora por infringir el numeral 3° del artículo 153 de la Ley 270 de 1996”.
Aduce el apoderado que la Sala Octava vulneró el derecho fundamental de su representada al debido proceso, i) porque fundada en la discrecionalidad de que gozan los jueces disciplinarios “para enmarcar las conductas que entorpecen las actividades de los servidores públicos”, pasó por alto que la Sala Jurisdiccional accionada quebrantó las reglas de la sana crítica; e ii) hizo suyos los argumentos del juez disciplinario que “aseveran que la disciplinada de manera conciente y voluntaria permitió que “influencias externas afectaran sus relaciones laborales, al punto de originar bochornosos enfrentamientos, discusiones y altercados”.
Agrega que la Sala Octava no podía fundar su decisión en que los hechos descorteses y bochornosos, “que efectivamente ocurrieron”, fueron propiciados u originados por su poderdante, “pues estos sentimientos que estarían únicamente en el fuero interno de la investigada no fueron investigados y mucho menos plenamente demostrados en el trámite disciplinario”.
Concluye entonces, que “si no se probó que la autoría de los hechos mencionados eran responsabilidad de la Magistrada sancionada, menos pudo probarse lo que tenía en su fuero interno respecto de situaciones no originadas por ella”.
Se detiene en los testimonios de los doctores Angulo Bossa, Matson Carballo y Pareja Emiliani, al igual que en la declaración de la servidora Magnolia Marín, y dice fundar en la apreciación de los mismos su inconformidad con la decisión, de una parte porque la Sala Octava trae a colación declaraciones desestimadas por el juez disciplinario, y de otra en razón de que en sede de revisión no se encontraron “reparos a estas probanzas”.
Insiste en que su representada fue víctima y no victimaria, y que si la misma no puso a las autoridades disciplinarias al tanto de lo ocurrido en el Tribunal Contencioso Administrativo de Bolívar, fue porque el ofensor “se acercó a ofrecer disculpas por ello”, lo que a su parecer demuestra que no la animaban “sentimientos de animadversión, mala voluntad o antipatía”.
Para concluir sostiene que el derecho fundamental al debido proceso de la actora fue quebrantado, en cuanto “contrariando las reglas del derecho probatorio se le da el valor de confesión a la declaración que rinde la sancionada”, y también porque los jueces, disciplinario y constitucional, no apreciaron la totalidad de las pruebas que se practicaron durante el proceso disciplinario.
En consecuencia, solicita “decretar la nulidad parcial del fallo de la referencia (..) y amparar el derecho del debido proceso de la actora en el fallo disciplinario”.
Corresponde a esta Corporación determinar si la Sala Octava de Revisión, al proferir la sentencia T-1160 de 2004 quebrantó la garantía constitucional al debido proceso de la Magistrada del H. Tribunal Contencioso Administrativo de Bolívar Elvira Pacheco Ortiz, como lo advierte su apoderado, porque, de ser esto así la sentencia tendría que ser anulada.
Lo anterior, en cuanto el apoderado de la nombrada asegura que no está probado que la actora de manera “conciente y voluntaria permitió que influencias negativas externas afectaran su relaciones laborales al punto de originar hechos “bochornosos enfrentamientos discusiones y altercados”, y, si bien dice reconocer que los hechos por los que se disciplinó a su representada “efectivamente ocurrieron”, asegura que la Sala Octava ha debido considerar que la sancionada fue victima y no victimaria. A la par que controvierte, en general, la estimación del juez disciplinario sobre lo ocurrido, como también la apreciación de la Sala Octava sobre tal estimación.
Ahora bien, dado el carácter excepcional de las nulidades que pueden afectar decisiones ejecutoriadas, corresponde a la Corporación determinar previamente si resulta procedente entrar a decidir de fondo la solicitud a que se hace referencia y, en caso de serlo, si la Sala Octava quebrantó los derechos fundamentales de la accionada, como lo asegura su apoderado.
2.1 La solicitud de nulidad se formuló oportunamente
De conformidad con lo previsto en el artículo 49 del Decreto 2067 de 1991, las nulidades que afectan los trámites que se adelantan ante esta Corporación deberán alegarse antes de las decisiones, salvo que acontezcan con posterioridad, esto es que se originen en la sentencia o durante su ejecutoria, casos en que la oportunidad de alegar las irregularidades advertidas fenece en los tres días siguientes, a aquel en que los afectados las conocieron o debieron conocerlas.
Es claro entonces que las nulidades que podrían haberse generado al proferir la sentencia T-1160 de 2004, o durante el trámite de su notificación, tenían que alegarse entre el 24 y el 26 de enero del año en curso, como efectivamente ocurrió, toda vez que la Secretaría de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura remite fotocopias de los oficios enviados el 21 de enero de 2005 y recibidos el 23 siguiente, con el objeto de notificarles a las partes la decisión.
De modo que la solicitud que se estudia, en razón de la oportunidad en que fue presentada, podría ser considerada, como quiera que el apoderado de la actora interpuso la nulidad que se resuelve tan pronto como conoció la decisión.
2.2 La solicitud es improcedente porque la actora pretende revivir un debate judicial concluido
a) Atendiendo a los principios de seguridad y certeza jurídica, que le imprimen seriedad a las decisiones y hacen realidad la autonomía e independencia de los jueces, las controversias sometidas al conocimiento de las autoridades judiciales concluyen de una vez, de modo que no se puede volver sobre las pretensiones definidas por una sentencia ejecutoriada, así se hubieren desestimado –artículo 230 C.P.-.
Además, tratándose de las atribuciones conferidas por los artículos 241 y 243 de la Constitución Política, es claro que las sentencias que profiere esta Corte no admiten recursos, ya fueren “procesos de constitucionalidad en estricto sentido (control abstracto), [o] que aludan a la revisión de los fallos de instancia en materia de protección a los derechos constitucionales fundamentales”[8].
Sin embargo, el artículo 86 de la Carta Política dispone que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar por el restablecimiento de sus derechos fundamentales, vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública, siempre que el afectado no cuente con un medio ordinario de impugnación.
En este orden de ideas, atendiendo a la necesidad de compaginar la seguridad y certeza de las decisiones que competen a esta Corte con la vigencia de un orden justo, se ha encontrado factible que esta Corporación estudie en Sala Plena sentencias proferidas por las Salas de Revisión acusadas de quebrantar gravemente las garantías constitucionales o de arrogarse la competencia de modificar la jurisprudencia constitucional ya unificada, cuidando al máximo de no revivir el proceso, porque hacerlo además de restarle seriedad a los trámites que se surten ante esta Corte, soslaya la autonomía e independencia de los jueces constitucionales de revisión.
En consonancia con lo expuesto esta Corte reiteradamente ha rechazado por improcedentes, las solicitudes de nulidad que pretenden, en realidad, obtener un pronunciamiento de la Sala Plena sobre lo resuelto por las Salas de Revisión, así aduzcan violación del debido proceso, en cuanto “no es aceptable que la nulidad se use como instrumento para revivir el caso ya resuelto, ni como recurso”[9] . Señala la Corte:
“(..) de ninguna manera es admisible que una persona descontenta por el sentido del fallo que la afecta pretenda inferir una nulidad de las mismas circunstancias desfavorables en que ella queda por haberle sido negadas sus pretensiones, tal como acontece en este caso. Toda sentencia desfavorable disgusta y molesta a quien no fue beneficiado por la decisión que contiene, pero de esa molestia y disgusto no puede deducirse irresponsablemente una vulneración del debido proceso por el solo hecho de que se trata de una providencia definitiva contra la cual no procede ningún recurso.
En tales eventos, cuando se acude a la nulidad de manera desesperada, se desfigura su sentido y se quebranta la seguridad jurídica”. (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Auto 033 del 22 de junio de 1995)”.[10].
b) La actora instauró acción de tutela, con miras al restablecimiento de sus derechos fundamentales a la igualdad, a la honra, al trabajo, al debido proceso, a la presunción de inocencia y al acceso a la justicia, porque la Sala Jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura “i) la sancionó sin realizar “un verdadero juicio de identidad”; ii) la disciplino por cargos que no le fueron formulados; y iii) fundamentó sus decisiones “en una confesión que ni siquiera obra en la realidad procesal” –comillas en el texto-[11].
No obstante la Sala Octava, al estudiar el proceso disciplinario adelantado contra la actora, encontró consonancia entre los cargos formulados y la condena más adelante proferida, y consideró acorde con las reglas de la sana crítica la estimación probatoria del juez disciplinario, atinente a los hechos que le merecieron a la servidora ser sancionada por omitir dar un tratamiento cortés a sus compañeros y subordinados -numeral 3° del artículo 153 de la Ley 270 de 1996-; a la vez que echó de menos la individualización de los hechos, comportamientos o conductas atribuibles a la Magistrada Pacheco Ortíz que le permitieron a la Sala accionada sancionarla por infringir el numeral 2° de la Ley en cita. Expuso la Sala:
“5.1 Consonancia entre los cargos y la condena
a) Como lo indican los antecedentes, el 7 de mayo de 2001, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura resolvió proferir auto de cargos “contra la Magistrada del Tribunal Contencioso Administrativo de Bolívar, como autora probablemente responsable disciplinariamente a título de dolo, por su eventual incumplimiento de los deberes como funcionaria relacionados con el desempeño de las funciones con honorabilidad, moralidad e imparcialidad y por dar un tratamiento descortés a los compañeros y subordinados, en los términos de los artículos 153.2 y 3 de la Ley 270 de 1996 y 38 de la Ley 200 de 1995[12], e incurrir en la prohibición señalada en el numeral 10 del artículo 154 de la Ley 270 de 1996 (..)”[13]
Más adelante, en referencia a las afirmaciones de la Magistrada Pacheco, sobre el escrito aludido, la Sala en cita considera –negrilla fuera del texto:
No se puede decir entonces, que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura sancionó a la actora por cargos que no le fueron formulados con la antelación necesaria para contradecirlos, probar y alegar en su favor, puesto que, habiendo sido llamada a responder i) “por su eventual incumplimiento de los deberes como funcionaria relacionados con el desempeño de las funciones con honorabilidad, moralidad e imparcialidad”; ii) “por dar un tratamiento descortés a los compañeros y subordinados”; y iii) “por comprometer u ofrecer su voto, o insinuar que escogerá ésta o aquella persona al hacer nombramientos”, fue sancionada –como quedó expuesto- “como consecuencia de su responsabilidad en la violación de los deberes consagrados en los números 2° y 3° del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, y absolverla de la presunta transgresión al artículo 154.10 ejusdem” –se destaca-.
Ahora bien, el fallo en comento indica que la actora también infringió el numeral 2° del artículo 153 en comento, sin que el sentenciador haya expuesto los fundamentos de su determinación, antes por el contrario, conforme lo indica la decisión, la actora i) “se declaró impedida en cada uno de los asuntos litigiosos gestionados por su consorte en la Corporación” y ii) no “influyó, medió o intervino a favor de ediciones relacionadas con los asuntos en los que aparecía como apoderado el señor Castilla Cuesta” –se destaca-.
Al respecto cabe precisar que el sentenciador se detiene en el comportamiento escrupuloso que deben observar los funcionarios judiciales “en cada una de sus actuaciones, de manera que su proceder en todo orden demuestre ser merecedor de la dignidad y majestad que implica el ejercicio de funciones jurisdiccionales, evitando a como de lugar actuaciones que puedan comprometer la honorabilidad y la moralidad en el ejercicio de sus funciones”; con miras a que los “funcionarios pertenecientes a las altas colegiaturas (..) por su alta investidura”, sean tomados como “ejemplo de pulcritud, rectitud y honorabilidad en todas sus actuaciones, de modo que su conducta intachable en el ejercicio de sus funciones se presente como modelo de comportamiento tanto frente a sus inmediatos compañeros y subordinados como ante las demás autoridades jurisdiccionales dentro del ámbito de su jurisdicción”; empero no individualiza hechos materiales, comportamientos o conductas, debidamente probadas y atribuibles a la Magistrada Pacheco Ortiz, y no realiza un juicio de valor que comprometa la honorabilidad, solicitud, celeridad, eficiencia, moralidad, lealtad e imparcialidad, de la misma.
Dentro de este contexto es dable precisar que las normas que disciplinan conductas establecen el fundamento legal, que debe enmarcar los juicios de valor sobre los actos o conductas de los servidores, que permiten a las autoridades sancionarlos atendiendo a la gravedad de la falta o absolverlos, en función de la contrariedad del hecho demostrado con los principios que impone la disposición; de suerte que la Sala accionada no puede tener como infringido por la actora el numeral 2° del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, sin indicar los hechos que lo demuestran, porque el carácter abierto de una norma sancionataria no significa la inexistencia del hecho punible, ni excusa al sentenciador de su prueba[14].
De manera que la entidad accionada incurrió en vía de hecho al sancionar a la actora por incurrir en comportamientos contrarios a los valores antes relacionados, habida cuenta que el artículo 29 de la Carta Política dispone que los inculpados tienen derecho a ser tenidos como inocentes, hasta que no se les demuestre lo contrario y la accionada no individualizó los actos o comportamientos que a su juicio contrariaron las previsiones de la norma, ni se detuvo en su prueba”.
Es claro, por consiguiente, que mediante la sentencia T-1160 de 2004 esta Corte puso fin a la acción de tutela instaurada por la Magistrada Elvira Pacheco Ortiz contra la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura, por violación de sus derechos fundamentales dentro del proceso que le fue iniciado el 16 de septiembre de 1999, porque la Sala Octava encontró válido que con base en las pruebas recaudadas, estimadas en conjunto, el sentenciador accionado haya llegado a la convicción de que la nombrada no logró “sustraer o marginar sentimientos de animadversión, mala voluntad o antipatía como consecuencia de las actuaciones de su esposo y que estas actitudes se hayan hecho evidentes con ocasión del ejercicio de funciones propias de su cargo”.
Se observa entonces que mediante la sentencia que la actora pretende controvertir quedó definido que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura no quebrantó las garantías constitucionales de la Magistrada Pacheco Ortiz, al haber encontrado uniformes, coherentes y firmes las declaraciones de terceros, apreciadas con la propia versión de la implicada y la documentación anexa al plenario, no se podría entonces, so pretexto de resolver un recurso de nulidad, volver sobre si la actora permitió que influencias negativas externas dieran lugar a los “hechos bochornosos enfrentamientos discusiones y altercados”, que afectaron las relaciones laborales dentro del H. Tribunal Contencioso Administrativo de Bolívar, así la Magistrada disciplinada funde su solicitud en el artículo 29 de la Carta.
Lo anterior, en cuanto la norma en mención, en consonancia con los artículos 228, 229 y 230 del ordenamiento superior no dan lugar a reabrir un debate probatorio culminado, mediante una solicitud como la de nulidad, que precisamente excluye esa posibilidad –como quedó explicado-; toda vez que una vez revisadas las decisiones de los jueces de instancia, en los términos del artículo 86 de la Carta Política, a las partes no les queda sino acatar las órdenes impartidas, sin dilatar su ejecución.
En este orden de ideas, la solicitud de la actora, en cuanto pretende reabrir el debate probatorio que dio lugar a que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura la disciplinó por infringir el numeral 3° del artículo 153 de la Ley 270 de 1996 no será considerada y así se declarará.
PRIMERO. RECHAZAR por improcedente la solicitud de nulidad de la Sentencia T-1160 de 2004, proferida por la Sala Octava de Revisión.
SEGUNDO. Comuníquese a la actora y a su apoderado la presente decisión, y adviértase que contra esta decisión no procede recurso alguno.
Que el H. Magistrado doctor HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO, no firma la presente providencia, por haber sido aceptado su impedimento para intervenir en esta decisión.
[1] “El 15 de julio de 1999 el Procurador Distrital de Cartagena resolvió abstenerse de abrir investigación contra el Secretario General del Tribunal Administrativo de Bolívar, por entorpecimiento del proceso adelantado contra el señor Ramón Torres Serna, pero resolvió enviar copia del disciplinario al Consejo de la Judicatura Seccional Bolívar, Sala Disciplinaria para lo de su cargo , en razón de que “de la versión libre y espontánea recepcionada al Doctor ARTURO MATSON CARBALLO existen incriminaciones con los Doctores ELVIRA PACHECO ORTIZ Magistrada del Tribunal Administrativo de Bolívar y RAUL CASTILLA, abogado litigante” –irregularidades en el trámite electoral contra el señor Ramón Torres Sierra, siendo demandante Emilio Building Sierra-.
[8] M.P. Jorge Arango Mejía Auto de 10 de marzo de 1999, en igual sentido auto A006 de 2004 M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[9] Auto 0074A de 1999 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[11] Sentencia T-1160 de 2004 M. P. Alvaro Tafur Galvis, -punto 3. de los antecedentes, La demanda-.
[12] “Constituye falta disciplinaria y por lo tanto da lugar a acción e imposición de la sanción correspondiente el incumplimiento de los deberes, el abuso o extralimitación de los derechos y funciones, la incursión en prohibiciones, impedimentos, inhabilidades y conflictos de intereses” –artículo 38 Ley 200 de 1995-.
[13] Mediante providencia del 9 de julio de 2000, la Sala accionada abrió investigación contra la Magistrada del Tribunal Contencioso Administrativo de Bolívar, Elvira Pacheco Ortiz “por las faltas señaladas en los artículos 153.3 y 154.10 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 38 de la Ley 200 de 1995”.
[14] Sobre la existencia de normas sancionatorias que a la autoridad le corresponde completar, se pueden consultar entre otras las sentencias C-827 de 2001, C-127 de 1993, y C- 133 de 1999.