Source: http://www.razonesypersonas.com/2017/08/regulacion-del-fonasa-sin-fines-de-lucro.html?showComment=1511027787007
Timestamp: 2020-08-14 14:50:23
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Razones y personas: repensando Uruguay: Regulación del FONASA: ¿sin fines de lucro?
Regulación del FONASA: ¿sin fines de lucro?
"Carretillas" de Manuel, bajo licencia CC BY 2.0.
La regulación del sector salud, y del FONASA en particular, es de fundamental importancia. El gasto en el sector salud representa aproximadamente el 9% del PIB en Uruguay, y es esperable que esta cifra siga creciendo por diferentes motivos como el envejecimiento poblacional. El Fondo Nacional de Salud (FONASA), creado en 2007, ha expandido su cobertura a diversos colectivos, cubriendo actualmente más de dos tercios de la población[1]. El FONASA recibe aportes ligados a los salarios por parte trabajadores y empresas, y contribuciones del estado vía rentas generales que cubren la diferencia entre sus ingresos y egresos. En 2016 el estado contribuyó con aportes de rentas generales por alrededor del 1% del PIB. Quizás debido a la importancia de esta cifra, la mayor parte de la discusión pública sobre el FONASA ha estado centrada en el “déficit” y los aportes del estado. Sin embargo, en este artículo no voy a referirme al tamaño, causas o justicia del “déficit”, sino que quiero focalizarme en los aspectos de la eficiencia y regulación de este mercado, aspectos que usualmente quedan relegados en el debate. En particular, en este artículo planteo que hay motivos para pensar que es posible mejorar la regulación del FONASA. En este sentido, propongo implementar cambios en la regulación basados en dos aspectos: el cambio en el régimen legal de empresas “sin fines de lucro” para incentivar mejoras de eficiencia de los proveedores de salud, y el uso de información detallada de los usuarios para calcular los costos que enfrentan realmente los proveedores.
El FONASA funciona de una forma muy similar a un sistema de “vouchers” donde el estado brinda a los beneficiarios un cupón para que estos se afilien al proveedor privado que deseen. Estos proveedores son llamados oficialmente Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMCs), aunque popularmente son conocidos como “mutualistas”. En el esquema vigente, los ingresos de las IAMCs por FONASA se constituyen fundamentalmente (89%) por los pagos mensuales que reciben por cada beneficiario (conocidos como cápitas). La regulación actual brinda pocos incentivos a la mejora de eficiencia de los proveedores. En la forma en la que se computan las cápitas, éstas terminan generalmente convalidando todos los costos incurridos por los proveedores, sean estos eficientes o no. De hecho, actualmente algunas mutualistas exhiben cifras negativas en su balance y por lo tanto solicitan incrementos del valor de las cápitas en la negociación con el regulador[2]. En este contexto, el debate sobre la regulación del sector parece haber estado centrado en cuál es el valor de la cápita que hace que no haya IAMCs con balances en rojo, en vez de pensar cuál es el valor óptimo de las cápitas y qué regulación debe aplicarse para que cada IAMC obtenga retornos razonables y se promueva la eficiencia. En el sistema actual pueden convivir IAMCs con balances en rojo con otras con altos excedentes entre costos e ingresos, lo que impone un costo más elevado al sistema.
Actualmente las IAMCs son organizaciones “sin fines de lucro” y por lo tanto se supone que no deberían obtener “ganancias” sino simplemente cubrir sus costos operativos y de capital. Contrariamente a lo buscado, y al no transparentar sus ganancias, este régimen hace más difícil saber si las “mutualistas” están obteniendo beneficios extra-normales o no. Por ejemplo, si una IAMC tiene ingresos que superan ampliamente a sus costos reales no puede reportar este excedente como ganancia. En esta situación, dicha IAMC podría trasladar estas ganancias extra-normales a costos relacionados a inversiones innecesarias, o a salarios de médicos o de jerarquías administrativas de la institución. De hecho, existen actualmente elementos que sugieren que algunas instituciones estarían distribuyendo las ganancias que obtienen a través de salarios, por ejemplo, de los cargos gerenciales. De acuerdo a la información del Ministerio de Salud Pública[3], en el año 2016 más de 60 personas cobraron más de medio millón de pesos por mes, y seis de ellas cobraron salarios superiores al millón de pesos mensuales. Aún cuando algunos de estos funcionarios ocupan cargos gerenciales, sus salarios están muy por encima de lo que habitualmente reciben gerentes en otros sectores de la economía en Uruguay.[4] Trasladar las ganancias extra-normales a costos vía sueldos o inversiones innecesarias, además, genera rigidez al sistema dado que estos rubros son poco flexibles a cambios en los costos o ingresos.
El primer punto para trabajar en la mejora de la regulación del FONASA está ligado a cómo mejorar el cálculo de las cápitas para tener una mejor medida del costo esperado por individuo. Un aspecto central en el sector salud es que no todas las personas son iguales en términos de riesgos y costos. Esto implica que cada IAMC enfrenta diferentes costos actuales y esperados dependiendo de las características de sus afiliados[5]. Actualmente, el valor de la cápita depende solo de la edad y el sexo del beneficiario. El problema de esto es que se utiliza y genera poca información para entender los costos de las IAMCs y su heterogeneidad. Existe todavía una parte relevante de la variación entre proveedores en costos y factores de riesgo de sus afiliados que no se ve reflejada en las cápitas. Personas del mismo sexo y tramo etario generan diferentes costos de atención a diferentes proveedores al menos por dos motivos. Por un lado, diferentes beneficiarios del mismo sexo y tramo etario pueden presentar marcadas diferencias en los patrones de riesgo asociadas a sus condiciones particulares de salud[6]. Por otro lado, los costos de atención para personas con el mismo perfil de riesgo pueden variar en distintas instituciones por motivos de eficiencia y calidad de estas instituciones. De esta forma, las diferentes situaciones financieras que exhiben las IAMCs pueden esconder tanto diferentes perfiles de riesgo de los beneficiarios que se atienden o diferencias en sus costos por eficiencia o calidad. Diseñar una regulación eficiente para el sector implicaría, primero, poder diferenciar estos factores y separarlos, para poder entender si la situación financiera de las IAMCs está ligada a factores de selección de riesgo o a factores de eficiencia, costos y/o calidad.
A la hora de pensar esta regulación basada en el uso de información detallada a nivel de beneficiario y de proveedores, es fundamental poder comenzar a estimar los factores de riesgo de los individuos y sus costos de atención a partir de sus perfiles clínicos. Para avanzar en este objetivo, es necesario profundizar el trabajo en al menos tres dimensiones. La primera es continuar la construcción de bases de datos adecuadas con la información de las historias clínicas de los beneficiarios del FONASA. La segunda dimensión es establecer mecanismos claros y comprobables de reporte de costos que sean compatibles con la información de las historias clínicas electrónicas. La tercera dimensión es generar estándares de procedimientos, tiempos y costos para la atención de diferentes condiciones de salud que aseguren niveles de atención de calidad adecuada. La presencia de estos protocolos de atención, de información de costos relevada consistentemente e información de historias clínicas electrónicas permitirá, en base a estudios estadísticos, entender los costos asociados a los diferentes perfiles de riesgo de los beneficiarios de cada IAMC. Una vez que se disponga de estimaciones adecuadas de estos costos, se podrá hacer más eficiente la determinación de las cápitas. Adicionalmente, permitirá comparar sistemáticamente costos entre instituciones a la hora de pensar la eficiencia y calidad del sistema[7].
El segundo punto es realizar cambios en la regulación del FONASA con el objetivo de generar mayores incentivos a la eficiencia de los proveedores. Esto implica modificar la regulación de la gestión y del régimen de empresas “sin fines de lucro” en el cual se encuentran los proveedores. Con la regulación actual, los proveedores ya conocen prácticamente todos los ingresos que tendrán por FONASA una vez que saben el valor de las cápitas y el número de afiliados. Debido a esto, y dado su carácter de instituciones “sin fines de lucro”, tienen generalmente incentivos a gastar todos estos ingresos sin mejorar la eficiencia. En este sentido, es fundamental que los proveedores reporten sus ganancias (o excedentes) de forma correcta y que así exista información sobre sus niveles de eficiencia. Para ello, en primer lugar la regulación debe promover la profesionalización de la gestión de las IAMCs de tal forma de que no existan incentivos a repartir sus ganancias en sueldos. En segundo lugar, la regulación debe lograr que las empresas revelen sus ganancias y tengan incentivos a mejorar a partir de permitir que retengan una parte de las ganancias de eficiencia que logren obtener. En tercer lugar, ya que ni el regulador ni la sociedad quieren que estos proveedores obtengan beneficios extranormales a costa de reducir la calidad de la atención o imponer otros costos a la sociedad, es necesario pensar en formas de regulación que establezcan mecanismos, como los ya planteados de la protocolización, para asegurar la calidad.
Un tipo de regulación que ha sido utilizada de forma exitosa internacionalmente es la basada en los llamados “corredores de riesgo”, que tienden a ser más transparentes y eficaces a la hora de mejorar la eficiencia de los proveedores. Un sistema de “corredores de riesgo” implica una regulación que explicita las ganancias de estas empresas en vez de convalidar sus costos, los cuales pueden encubrir ineficiencias. Esta regulación establece un rango objetivo con un máximo y un mínimo para la tasa de ganancia de los proveedores. El pago a los proveedores en estos sistemas se implementa en dos etapas. En la primera etapa cada proveedor recibe cápitas que reflejan los costos esperados de asistencia de cada uno de sus usuarios. Estas cápitas deben reflejar correctamente los costos esperados y para ello deben ser calculadas tomando en cuenta los aspectos reseñados en los párrafos anteriores. Sin embargo, los proveedores pueden todavía obtener diferentes resultados económicos, dado que el gasto efectivo por usuario puede ser diferente al esperado por factores no observados a la hora de determinar las cápitas (por ejemplo porque las condiciones de salud de los afiliados se manifiesten diferentes a lo que era esperado de acuerdo a sus perfiles de riesgo). Por ello, en una segunda etapa, se realizan ajustes al final de cada año a los ingresos recibidos por cada proveedor utilizando el rango objetivo. Estos ajustes permiten que los proveedores obtengan una tasa de ganancia igual a la tasa mínima fijada por el regulador más un porcentaje de la diferencia entre su resultado y dicho mínimo, nunca superando la tasa máxima. Así, la regulación permite a los proveedores quedarse con una parte del beneficio generado por sus mejoras de eficiencia.
En síntesis, hay elementos para pensar que la regulación del FONASA puede y debe mejorar. En este artículo se propone una imagen objetivo para avanzar a una regulación más eficiente para el FONASA. Esta nueva regulación debería basarse en la generación de más información sobre los perfiles de riesgo de los beneficiarios, protocolos e información fidedigna sobre costos, y en la utilización de “corredores de riesgo” para ajustar las realizaciones de los vectores de riesgo asociados a los individuos. En este sentido, la regulación propuesta requiere de estudios que permitan establecer evidencia sobre aspectos fundamentales, como por ejemplo funciones actuariales que predigan costos esperados a partir de perfiles de riesgo de los beneficiarios. Por lo tanto, esta regulación tiene una imagen objetivo de mediano plazo, pero impone el comenzar a trabajar en el corto plazo en las condiciones necesarias para su implementación, fundamentalmente asociadas a la recolección de información y su análisis estadístico. Entender cómo la regulación puede contribuir a la eficiencia de un sistema que seguirá demandando más recursos parece ser una tarea fundamental, más aún cuando hay razones para pensar que hay mucho espacio para mejorar.
Agradezco los comentarios y sugerencias de Braulio Zelko y Mariana Zerpa. Las opiniones vertidas son de mi entera responsabilidad.
[1] En este artículo se hace referencia al FONASA en un sentido genérico y comunmente usado del término, aún cuando en algunos casos en realidad se hace referencia al Sistema Nacional Integrado de Salud.
[2] Ver http://www.elpais.com.uy/informacion/mutualistas-deficit-anual-us-millones.html
[3] Datos calculados a partir de la información pública disponible en http://www.msp.gub.uy/publicaci%C3%B3n/bases-scarh-2012-2016
[4] Vale notar que esto no es exclusivo del sector salud, sino que también sucede en otros sectores como la educación donde las empresas son también declaradas “sin fines de lucro” y también exhiben salarios extremadamente elevados (el caso reciente del Colegio José Pedro Varela es una clara ilustración de este asunto).
[5] Incluso, las IAMCs intentan influir en qué tipo de perfil de riesgo tienen sus afiliados a través de los montos y estructura de sus órdenes y tickets y de la publicidad dirigida a ciertos grupos de la población.
[6] Por ejemplo, dos personas de la misma edad y género pueden tener diferentes costos debido a que una tenga diabetes u otra condición de salud crónica y la otra no. Dado que las personas seleccionan a qué IAMC afiliarse en base a sus preferencias y la información sobre los proveedores de la que disponen, beneficiarios con diferentes tipos de perfiles de riesgo pueden distribuirse de forma heterogénea entre los diferentes proveedores.
[7] Una forma de comenzar con la implementación del relevamiento de toda esta información en el corto plazo puede ser utilizar los pagos asociados a metas de cumplimiento como mecanismo para impulsar la recolección de la información y fijación de estándares.
Publicado por Sebastián Fleitas at 0:02
Anónimo 13 de agosto de 2017, 20:00
Buena propuesta, me pregunto en dónde entrarían los seguros privados que están dentro del sistema del FONASA cobrando una prima extra. A su vez, es posible pensar en una evolución hacia un sistema más á la Beveridge en Uruguay? Saludos.
Anónimo 10 de octubre de 2017, 17:20
Interesante planteo, pero dado que la mutualista más grande del sistema es gestionada por el sector público (ASSE), creo que si no se incluye la misma en el análisis y propuestas de cambios de gestión, ningún cambio será efectivo.
Antes de la creación del Fonasa, el sistema funcionaba con un sector de gestión pública, los hospitales, financiado por el estado, y un sector privado, las mutualistas que se financiaban con los aportes de sus socios. Algunas mutualistas tuvieron problemas y cerraron, mientras otras se desarrollaron y captaron más socios incrementando su fuente de recursos.
Todos tenían cobertura de salud, unos pagaban directamente al prestador y a otros les pagaba el estado.
Con la reforma que creo el Fonasa, ahora todos las cuotas de los afiliados las paga el estado, lo cual lleva a que se produzca el esperado déficit, que no ha parado de crecer, y seguramente haga inviable el sistema.
Esta reforma de la salud, siguió el camino inverso a la reforma del sistema de jubilaciones y pensiones, con la creación de las AFAPS.
Antes todas las jubilaciones las pagaba el BPS, como ahora paga todas las cuotas FONASA, y como eso producía un déficit creciente, que hacía inviable el sistema, se implementó la reforma haciendo que el BPS pague en forma exclusiva algunas jubilaciones, y otras solo un porcentaje, y las AFAPS, pagan la otra parte mediante el cobro de un aporte por parte de sus afiliados. Las AFAPS vendrían a ser las mutualistas del sistema previsional, y BPS vendría a ser el prestador público o el equivalente a ASSE.
Es realmente difícil de entender como si se implementó una solución para evitar el quiebre del BPS en el rubro previsional, luego en el rubro sanitario se implementó una reforma en el sentido contrario, que volvió a recrear la inviabilidad del BPS, a través de la financiación del FONASA
Anónimo 18 de noviembre de 2017, 14:56
Hola me gustaria saber de donde sacaste el dato de cuanto es el gasto en salud (9% PBI).Gracias
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