Source: https://transparencia.org.ve/project/proyecto-de-ley-organica-de-hacienda-publica-estadal-exposicion-de-motivos/
Timestamp: 2019-04-26 12:28:54
Document Index: 345763558

Matched Legal Cases: ['Artículo 156', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'in fine', 'artículo 9', 'Artículo 34', 'artículo 9', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'in fine', 'Artículo 66', 'Artículo 67', 'Artículo 68', 'Artículo 69', 'Artículo 70', 'Artículo 71', 'artículo 151', 'Artículo 72', 'Artículo 73', 'in fine', 'Artículo 74', 'Artículo 75', 'Artículo 76', 'Artículo 77', 'Artículo 78', 'Artículo 79', 'artículo 36', 'Artículo 80', 'Artículo 81', 'Artículo 82', 'Artículo 83', 'Artículo 84', 'Artículo 85', 'Artículo 86', 'Artículo 87', 'Artículo 88', 'Artículo 89', 'in fine', 'Artículo 90', 'artículo 9', 'Artículo 91', 'in fine', 'Artículo 92', 'Artículo 93', 'Artículo 94', 'Artículo 95', 'Artículo 96', 'Artículo 97', 'Artículo 98', 'Artículo 99', 'Artículo 100', 'Artículo 101', 'Artículo 102', 'Artículo 103', 'Artículo 104', 'Artículo 105', 'Artículo 106', 'Artículo 107', 'Artículo 108', 'Artículo 109', 'Artículo 110', 'Artículo 111', 'Artículo 112', 'Artículo 113', 'Artículo 114', 'Artículo 115', 'Artículo 116', 'Artículo 117', 'Artículo 118', 'Artículo 119', 'Artículo 120', 'Artículo 121', 'artículo 167', 'Artículo 122', 'Artículo 123', 'artículo 167', 'Artículo 124', 'Artículo 125', 'Artículo 126', 'Artículo 127', 'Artículo 128', 'artículo 156', 'Artículo 129', 'Artículo 130', 'artículo 156', 'Artículo 131', 'Artículo 132', 'Artículo 133', 'Artículo 134', 'Artículo 135', 'Artículo 136', 'Artículo 137', 'Artículo 138', 'Artículo 139', 'Artículo 140', 'Artículo 142', 'Artículo 143', 'Artículo 144', 'artículo 156', 'Artículo 145', 'Artículo 146', 'Artículo 147', 'Artículo 148', 'Artículo 149', 'Artículo 150', 'Artículo 151', 'Artículo 152', 'Artículo 153', 'Artículo 154', 'Artículo 155', 'Artículo 156', 'Artículo 157', 'Artículo 158', 'Artículo 159', 'Artículo 160', 'Artículo 161', 'Artículo 162', 'Artículo 163', 'Artículo 165', 'Artículo 166', 'Artículo 167', 'Artículo 168', 'Artículo 169', 'Artículo 170', 'Artículo 171', 'Artículo 172', 'Artículo 22', 'Artículo 173', 'Artículo 174', 'Artículo 175', 'Artículo 176', 'Artículo 177', 'Artículo 178', 'Artículo 179', 'Artículo 180', 'Artículo 181', 'Artículo 182', 'Artículo 183', 'Artículo 184', 'Artículo 185', 'Artículo 186', 'Artículo 187', 'Artículo 188', 'Artículo 189', 'Artículo 190', 'Artículo 191', 'Artículo 192', 'Artículo 193', 'Artículo 194', 'Artículo 195', 'Artículo 196', 'Artículo 198', 'Artículo 199', 'Artículo 200', 'Artículo 201', 'Artículo 202', 'Artículo 203', 'Artículo 204', 'Artículo 205', 'Artículo 206', 'Artículo 207', 'Artículo 208', 'Artículo 209', 'Artículo 210', 'Artículo 211', 'Artículo 212', 'Artículo 213', 'Artículo 214', 'Artículo 215', 'Artículo 216', 'Artículo 217', 'Artículo 218', 'Artículo 219', 'Artículo 220', 'Artículo 221', 'Artículo 222', 'Artículo 223', 'Artículo 224', 'artículo 222', 'Artículo 225', 'Artículo 226', 'Artículo 227', 'Artículo 228', 'Artículo 229', 'Artículo 230', 'Artículo 231', 'artículo 239', 'Artículo 232', 'Artículo 233', 'Artículo 234']

Proyecto de Ley Orgánica de Hacienda Pública Estadal exposición de motivos | Transparencia Venezuela
Proyecto de Ley Orgánica de Hacienda Pública Estadal exposición de motivos
Aprobada en Primera Discusión el 31 de mayo del 2016
Sancionar una ley que desarrolle la hacienda pública estadal como lo ordena la Disposición Transitoria Cuarta, necesariamente implica referirse a la regulación de los bienes, ingresos y obligaciones de los estados, así como a todo lo relativo a su administración, conservación y disposición, tomando muy en cuenta la adopción constitucional de la descentralización como política nacional, conciliada con el cometido coordinador y de armonización asignado en el ámbito tributario al Poder Nacional en el numeral 13 del Artículo 156 de
En la categoría de “recargos sobre los tributos de la Nación”, se asigna una potestad legislativa limitada únicamente a la fijación de un porcentaje adicional a las alícuotas establecidas por la República, dentro de los rangos y lineamientos consagrados por la ley nacional. Corresponderá al Poder Nacional la recaudación del tributo y su administración a las entidades estadales, en la porción que les corresponda en función del factor de conexión que establezca la ley nacional. En esta categoría se encuentra el Impuesto al Ejercicio de la Actividad Turística.
De “tributos de rendimiento cedido”, que podrán adoptar la modalidad de cesión total como es el caso del Impuesto a la Venta de Combustibles Derivados de Hidrocarburos, o parcial como pueda ser cualquiera que decida implementar en el futuro el legislador nacional. Estos tributos son creados y regulados por la ley nacional, correspondiendo a los Estados en forma exclusiva o coordinada con la Nación, su recaudación, en tanto que su administración corresponderá a cada entidad estadal en los términos y en función de los factores de conexión establecidos en la ley nacional.
Artículo 1.- La presente ley tiene por objeto desarrollar la Hacienda Pública Estadal, su administración financiera, control interno y los principios y mecanismos que rigen la creación e instrumentación de las fuentes de ingresos de los estados, en un todo conforme a los principios y normas de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Artículo 2.- La Hacienda Pública Estadal comprende los bienes, ingresos y obligaciones que conforman el activo y el pasivo de cada estado y todos los demás bienes e ingresos cuya administración les corresponde.
Artículo 3.- El Tesoro Estadal está conformado por el dinero y valores del estado y por las obligaciones a su cargo.
Artículo 4.- La administración financiera de la Hacienda Pública Estadal comprende el conjunto de sistemas, órganos, normas y procedimientos que intervienen en la adquisición y administración de bienes públicos, en la captación de ingresos públicos y en su disposición para el cumplimiento de los fines del estado.
Artículo 5.- La administración financiera de la Hacienda Pública Estadal se ejerce en cada estado de manera coordinada, con la de los demás entes político territoriales, sin perjuicio de la autonomía que la Constitución de la República les reconoce para la gestión de las materias de sus competencias y para la creación, recaudación e inversión de sus ingresos. La administración financiera de la Hacienda Pública Estadal se llevará a cabo con arreglo a los siguientes extremos:
Fortalecer la integridad territorial, no pudiendo en caso alguno, implicar privilegios económicos o sociales, ni suponer la existencia de barreras fiscales que impidan u obstaculicen la libre circulación de personas, bienes y servicio
Artículo 6.- Los sistemas de administración de bienes, planificación, presupuesto, tesorería, crédito público, contabilidad y tributario, regulados en esta Ley; conforman la administración financiera de la Hacienda Pública de los Estados. Dichos sistemas estarán interrelacionados y cada uno de ellos actuará bajo la coordinación de un órgano rector, pudiendo concurrir en un mismo órgano varios sistemas.
Artículo 7.- El Gobernador o Gobernadora es el o la responsable de la Hacienda Pública Estadal y le corresponde la dirección y coordinación de su administración financiera, sin perjuicio del control que corresponde ejercer a los órganos competentes de conformidad con la ley. En ejercicio de aquellas funciones, el Gobernador o Gobernadora dirigirá y supervisará la implementación y mantenimiento de los sistemas que integran la Hacienda Pública Estadal de conformidad con lo establecido en la Constitución, en esta ley, y en lo que resulte aplicable de otras leyes nacionales.
Artículo 8.- El sistema de control interno de la Hacienda Pública Estadal comprende el conjunto de normas, órganos y procedimientos de control, integrados a los procesos de la administración financiera, así como la auditoría interna. El sistema de control interno contará con un órgano rector distinto al del resto de los sistemas que integran a la administración financiera de la Hacienda Pública Estadal, cuyo funcionamiento deberá garantizar un margen razonable de autonomía en resguardo de la objetividad de su gestión, y actuará coordinadamente con el Sistema de Control Externo a cargo de la Contraloría General de la República y de la Contraloría General del Estado. El sistema de control interno tiene por objeto promover la eficiencia en la captación y uso de los recursos públicos, el acatamiento de las normas legales en las operaciones del estado, la confiabilidad de la información que se genere y divulgue sobre los mismos; así como mejorar la capacidad administrativa para evaluar el manejo de los recursos del estado y garantizar razonablemente el cumplimiento de la obligación de los funcionarios de rendir cuenta de su gestión.
Artículo 9.- Están sujetos a las regulaciones de esta Ley, con las especificidades que la misma establece, los entes u organismos que conforman el sector público estadal, enumerados seguidamente:
Artículo 10.- Los estados gozarán de los privilegios y prerrogativas de carácter fiscal y procesal acordados por ley a la República, salvo disposición expresa en contrario. En consecuencia, sus bienes, rentas, derechos y acciones no estarán sujetos a embargos, secuestros, hipotecas, ejecuciones interdictales ni, en general, a medidas preventivas o ejecutivas. Los funcionarios públicos o quienes ejerzan la representación de las entidades estadales, que no hagan valer los privilegios y prerrogativas de las cuales aquellas se encuentren investidas, serán responsables de los perjuicios que se ocasionen a los respectivos patrimonios públicos.
Artículo 12.- Los bienes del dominio público estadal son inalienables e imprescriptibles, salvo que se proceda a su desafectación a solicitud del Gobernador o Gobernadora dirigida al Consejo Legislativo y este mediante Acuerdo con el voto favorable de las dos terceras (2/3) partes de sus integrantes, así lo decida. En el expediente administrativo de desafectación debe constar la opinión del Procurador del Estado, del Contralor del Estado y del Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas.
Artículo 13.- La adquisición, administración, conservación, custodia, mejora, restitución, desincorporación y demás operaciones que tengan por objeto bienes estadales se rigen por esta ley y por las leyes y reglamentos estadales que se dicten en esta materia en cada entidad, así como por la ley nacional sobre bienes públicos en lo que resulte aplicable.
Artículo 14.- Los bienes inmuebles pertenecientes al dominio privado de los estados susceptibles de ser enajenados, podrán serlo previa y expresa autorización del Consejo Legislativo dada con conocimiento de causa y de dictamen de la Contraloría General del Estado. No será necesario el cumplimiento de estos requisitos, cuando se trate de productos elaborados precisamente para su venta al público.
Artículo 15.- El Ejecutivo del Estado puede enajenar bienes muebles del dominio privado que a su juicio no sean necesarios para el servicio público, previa consideración del informe del correspondiente órgano de control interno, conforme a las disposiciones legales.
Artículo 16.- La adquisición de los bienes muebles que sean necesarios para el uso público o el servicio oficial del estado, y la de bienes inmuebles en todo caso, se hará por el Gobernador o Gobernadora, previo informe favorable del correspondiente órgano de control interno, conforme a las disposiciones normativas aplicables.
Artículo 17.- Los estados no podrán donar ni dar en usufructo o comodato bienes inmuebles de su dominio privado, salvo a entes públicos para la ejecución de programas y proyecto de interés público en materia de desarrollo económico o social. En cada caso se requerirá, a solicitud motivada del gobernador o de la gobernadora, autorización del Consejo Legislativo dada con el voto de las dos terceras (2/3) partes de sus integrantes.
Artículo 18.- Ni el Gobernador o Gobernadora de Estado, ni el Secretario o Secretaria General, ni los Secretarios o Secretarias Sectoriales del Ejecutivo, ni el Procurador o Procuradora General del Estado, ni los integrantes del Consejo Legislativo en ejercicio de su mandato podrán por sí mismos, ni por medio de personas interpuestas, comprar ni vender bien alguno del estado para el cual prestan sus servicios o ejercen funciones, ni celebrar con él contratos.
Artículo 19.- Todo aquél que tenga conocimiento acerca bienes, derechos o acciones de cualquier género pertenecientes al estado, ocultos o desconocidos, o que por cualquier circunstancia estén indebidamente poseídos por particulares, deberá denunciarlos ante el Ejecutivo del Estado. En caso de que la denuncia resulte cierta y procedente, reconociéndosele al estado la titularidad de derechos sobre el objeto de la misma, el denunciante podrá ser remunerado con un porcentaje del valor de los bienes denunciados, en los términos en que lo establezca la ley estadal de que se trate.
Artículo 20.- Son ingresos de los estados:
Los percibidos por concepto de precios público.
Los dividendos y demás participaciones que le correspondan por su suscripción o participación en el capital de empresas de cualquier género.
Artículo 21.- Los ingresos estadales se clasificación en ingresos ordinarios y extraordinarios.
Artículo 22.- La administración de los ingresos del estado se rige por las disposiciones de esta Ley y por las leyes y reglamentos especiales que le conciernen, incluidos los nacionales en lo que resulten aplicables.
Artículo 23.- Los estados y los entes creados por ellos, no podrán celebrar operaciones de crédito público externo o en moneda extranjera, ni garantizar obligaciones de terceros.
Artículo 24.- En los contratos celebrados por los estados, no podrán estos obligarse a renunciar al cobro de sus tributos, así como tampoco a solicitar ni a obtener la liberación del pago de impuestos nacionales o municipales. Tales estipulaciones serán nulas de pleno derecho.
Artículo 25.- Salvo los casos de excepción previstos en la ley, los ingresos de los estados deben ser enterados directamente por el deudor o contribuyente, en la Oficina Estadal del Tesoro, previas las formalidades legales del caso.
Artículo 26.- Cuando conforme a la ley algún tributo haya de pagarse indirectamente por medio de especies fiscales, la recepción del tributo se hará por la Oficina encargada del expendio de la especie de que se trate en la forma que determine la Ley, y el mismo contribuyente hará la liquidación del derecho en la forma que se indique para cada caso, a reserva de la revisión que se practicará por medio de los empleados fiscalizadores.
Artículo 27.- Al ser exigible una deuda o tributo a favor del estado, el deudor o contribuyente, o la persona que en su defecto designe la ley, están obligados, salvo disposiciones especiales, a declarar ante el empleado competente, en la misma fecha en que sea exigible el derecho, los datos necesarios para que se haga la liquidación a su cargo, y a suministrar, además, todos los otros datos que por las leyes o reglamentos especiales se exijan, y con las formalidades que éstos determinen.
Artículo 28.- Sin perjuicio del cobro ejecutivo establecido en la ley, el retardo en el cumplimiento de las obligaciones relativas a acreencias no tributarias de los estados generará intereses moratorios calculados a la tasa mensual que fije la ley estadal, en un todo conforme a lo previsto en la legislación nacional aplicable y se causarán desde el día siguiente a la fecha en que el pago se haya hecho exigible, hasta la fecha en que se efectúe. En materia tributaria, el régimen de causación y cálculo de los intereses moratorios se regirá por lo dispuesto en el Código Orgánico Tributario, tanto respecto de los que se causen a favor del Tesoro Estadal como a favor de los contribuyentes por pagos indebidos de tributos.
Artículo 29.- Las multas que apliquen los órganos a cargo de la administración de la Hacienda Pública Estadal serán impuestas en virtud de resolución motivada que dicte el funcionario autorizado para imponerla previa audiencia del interesado, en un todo conforme a los establecido en la ley respectiva. La imposición de multas deberá estar precedida del levantamiento del acta en la que se hagan constar en forma expresa y detallada todos los hechos relacionados con la infracción, la cual deberá firmar el funcionario actuante y el contraventor.
Artículo 30.- Los créditos no tributarios a favor de los estados prescriben por diez (10) años, contados a partir de la fecha en la cual el pago se hizo exigible. La prescripción se interrumpe por el requerimiento del cobro, hecho personalmente o mediante publicación en la Gaceta Estadal respectiva o por la admisión de la demanda, todo ello sin perjuicio de las disposiciones señaladas en el Código Civil sobre la materia.
Artículo 31.- Constituyen el pasivo de la Hacienda Pública Estadal:
Las acreencias o derechos reconocidos administrativamente a favor de terceros de conformidad con los procedimientos legales aplicables y las obligaciones del estado por sentencia definitivamente firme.
Artículo 32.- Salvo los lapsos de prescripción más cortos previstos en el Código Civil y en leyes fiscales especiales, todo crédito contra el estado prescribe por diez (10) años contados desde la fecha del acto que da origen a la acreencia. Esta prescripción se interrumpe por demanda legalmente notificada o por gestión administrativa, en los casos en los que sea admisible este procedimiento.
Articulo 33.- Se entiende por entes descentralizados funcionalmente sin fines empresariales a los señalados en los numerales 2, 3 y 6 del artículo 9, que no realizan actividades de producción de bienes o servicios destinados a la venta.
Artículo 34.- Se entiende por entes descentralizados funcionalmente con fines empresariales a aquellos señalados en el artículo 9 de esta ley, cuya actividad principal es la producción de bienes o servicios destinados a la venta y cuyos ingresos o recursos provengan fundamentalmente de esa actividad.
Artículo 35.- Las leyes estadales y demás actos por los cuales se crearen sociedades, fundaciones o asociaciones civiles por parte de los estados o se decidiere su participación en ellas, deberán especificar los ingresos de dichos entes, así como su naturaleza y origen, de conformidad con lo dispuesto en la ley respectiva.
Artículo 36.- Los bienes pertenecientes a los entes descentralizados funcionalmente no estarán sometidos al régimen de los bienes de los estados que establece esta ley, y sus ingresos y erogaciones no se considerarán como rentas y gastos de los estados ni estarán sometidos al régimen presupuestario del ente territorial.
Artículo 37.- En la Ley de Presupuesto de los estados sólo figurarán como rentas, las cantidades líquidas que, conforme a su régimen especial, deben entregar los institutos autónomos y otros entes descentralizados al Tesoro Estadal, y como gastos, las cantidades con que el Tesoro Estadal contribuye a la creación o funcionamiento de aquéllos.
Artículo 38.- Salvo lo que dispongan las leyes o reglamentos especiales, los funcionarios encargados de la administración y manejo de los entes descentralizados funcionalmente de los estados, se considerarán como empleados de Hacienda y estarán sujetos a las mismas prescripciones que respecto de esa categoría de funcionarios establece la ley nacional.
Artículo 39.- Los entes descentralizados funcionalmente de los estados no gozarán, en cuanto a su patrimonio, de las prerrogativas acordadas por la ley a los estados, a menos que por sus leyes o actos de creación se les otorguen especialmente.
Artículo 40.– A los fines previstos en esta Ley, el ejercicio económico financiero de los estados, comenzará el primero de enero y terminará el treinta y uno de diciembre de cada año.
Artículo 41.- El Gobernador o Gobernadora de Estado deberá encargar, bajo su dirección, a órganos rectores, la conducción de cada uno de los sistemas que componen la administración de la hacienda pública estadal. El desarrollo e instrumentación de cada uno de estos sistemas deberá responder al contenido de esta ley, así como a criterios de centralización normativa y desconcentración operativa.
Artículo 42.- La legislación estadal relativa a cada sistema de Administración Financiera de la Hacienda Pública deberá ajustarse a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Ley, la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público y las leyes nacionales especiales y reglamentos que las desarrollen, así como a las disposiciones técnicas dictadas por los órganos rectores nacionales en lo que le sea aplicable.
Artículo 43.- Los funcionarios encargados de la administración financiera del sector público estadal, estarán sometidos al régimen de responsabilidades civiles, penales, administrativas y disciplinarias que fije la ley estadal, así como la ley nacional en lo que resulte aplicable.
Artículo 44.- Los estados responderán patrimonialmente por los daños que causen con ocasión del funcionamiento de sus servicios por acción, por falta u omisión; queda a salvo el derecho del particular para exigir la responsabilidad del funcionario y el derecho del estado de actuar contra este, de conformidad con las leyes que regulan la materia.
Artículo 45.- El Sistema de Administración de Bienes estará integrado por el conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos que rigen la adquisición, conservación, enajenación, custodia, disposición, restitución, desincorporación y demás operaciones que tengan por objeto los bienes que conforman el patrimonio de los estados.
Artículo 46.- La adquisición, conservación, enajenación, custodia, disposición, restitución, desincorporación y demás operaciones de los bienes del estado corresponden al Gobernador o Gobernadora de Estado, quien podrá asignar a cualquiera de las dependencias de la Gobernación, la administración de alguno o algunos de dichos bienes, según su naturaleza, las necesidades de cada ramo y las competencias que tengan atribuidas, de modo que cada bien quede expresamente adscrito a tales fines a alguna de esas dependencias.
Artículo 47.- A efectos de ejercer la tutela administrativa de los bienes públicos, los estados crearán un órgano rector, sin perjuicio de los controles a ser ejercidos por el órgano rector del control interno y externo. El órgano rector a cargo del Sistema de Administración de Bienes tendrá las siguientes atribuciones:
Establecer normas de contratación que aseguren un tratamiento justo para los contratistas y proveedor.
Promover la corrección y equidad del proceso de contratación pública y la confianza de la sociedad.
Artículo 48.- El Sistema de Planificación Estadal está integrado por el conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos que rigen el proceso de planificación de la gestión administrativa de los entes y órganos del sector público estadal.
Artículo 49.- La actividad de planificación estadal debe ser estratégica, democrática, participativa y de consulta abierta, debiendo ser coherente y complementaria a la llevada a cabo a nivel nacional. La actividad de planificación estadal se regirá por esta ley, por las demás leyes nacionales que se dicten sobre la materia y por las leyes estadales que la desarrollen.
Artículo 50.- El órgano rector del Sistema de Planificación Estadal, deberá en el cumplimiento de sus funciones seguir los lineamientos dictados por el Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas.
Artículo 51.- Corresponden al órgano rector del Sistema Estadal de Planificación, las siguientes atribuciones:
Servir de unidad central de acopio, procesamiento y racionalización de la información estadística de la entidad estadal.
Artículo 52.- Para el logro de los fines previstos en este Capítulo, el órgano rector del Sistema de Panificación Estadal asistirá al Gobernador o Gobernadora de Estado a elaborar el Plan de Desarrollo Económico y Social del Estado, el Plan Operativo Anual Estadal y los planes institucionales, sectoriales e intersectoriales. Tal asistencia será prestada adicionalmente, respecto de los planes señalados en las leyes nacionales y los que el Ejecutivo Estadal decida establecer en forma armónica con aquéllos.
Artículo 53.- El Plan de Desarrollo Económico y Social del Estado será concebido y elaborado para períodos de cuatro años, debiendo ser presentado con fines informativos al Consejo Legislativo durante el último trimestre del primer año para el que ha sido elegido o elegida el Gobernador o Gobernadora de Estado.
Artículo 54.- El Plan de Desarrollo Económico y Social del Estado contribuirá a la armonización y jerarquización de los objetivos, estrategias, políticas y programas y/o proyectos de todas las instancias del gobierno estadal. Este instrumento deberá concretar en el ámbito de cada entidad estadal, de manera coherente y en lo que sea pertinente y aplicable, el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación.
Artículo 55.- El Plan de Desarrollo Económico y Social del Estado contendrán básicamente los siguientes aspectos:
Los instrumentos legales y estructuras organizativas requerida.
Artículo 56.- El Plan Operativo Anual del Estado se constituye en el programa de acción del Ejecutivo Estadal que contendrá el conjunto de previsiones y acciones políticas, sociales y económicas que este desarrollará durante el año que cubre cada período presupuestario dentro de las previsiones del Plan de Desarrollo Económico y Social del Estado.
Artículo 57.- El Plan Operativo Anual del Estado contendrá fundamentalmente los siguientes aspectos:
Los objetivos generales y específicos, así como la definición de las líneas estratégicas globales y sectorial.
Artículo 58.- Los organismos del sector público estadal formularán sus presupuestos en función de sus planes operativos sectoriales, institucionales e intersectoriales elaborados anualmente. Los planes institucionales, sectoriales e intersectoriales a corto, mediano y largo plazo son referidos a la actividad de una institución y de uno o varios sectores, destinados a alcanzar los objetivos particulares dentro del marco de referencia que le señale el Plan de Desarrollo Económico y Social del Estado.
Artículo 59.- Corresponderá al Gobernador o Gobernadora de Estado, coordinar los planes y programas de la administración estadal con los que elaboren el Poder Nacional y las administraciones municipales que formen parte de la jurisdicción del estado, así como velar porque estos se armonicen entre sí. A tal fin, dará a conocer a los entes nacionales y municipales ubicados en su jurisdicción, los proyectos a ejecutar. En este sentido, oirá la opinión de dichos entes político territoriales, con el objeto de realizar una compatibilización satisfactoria tomando en cuenta los recursos disponibles.
Artículo 60.- El Gobernador o Gobernadora de Estado, al rendir anualmente cuenta de su gestión ante el Contralor o Contralora del Estado comprenderá dentro de su informe lo relativo al cumplimiento de las metas de ejecución de los programas, así como de los correctivos tomados. En esta materia específica, el Gobernador o Gobernadora de Estado también informará al Consejo Legislativo y al Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas. Estos consejos analizarán el referido informe y enviarán sus conclusiones y recomendaciones al Gobernador o Gobernadora del estado. El Plan de Desarrollo Económico y Social del Estado deberá ser ajustado por el Ejecutivo Estadal para mantener su permanencia. Las reformas que sufra dicho Plan serán participadas al Consejo Legislativo y al Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas.
Artículo 61.- El Sistema Presupuestario Estadal está integrado por el conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos que rigen el proceso presupuestario de los entes y órganos del sector público estadal.
Artículo 62- Los presupuestos públicos de los entes del sector público estadal deberán expresar los planes nacionales y estadales, elaborados dentro de las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación aprobadas por la Asamblea Nacional, en aquellos aspectos que exigen, por parte del sector público estadal, captar y asignar recursos conducentes al cumplimiento de las metas de desarrollo económico, social e institucional de la entidad estadal.
Artículo 63.- El órgano rector del Sistema Estadal de Presupuesto tendrá las siguientes atribuciones:
Participar en la formulación de los aspectos presupuestarios de la política financiera del sector público estadal.
Participar en la elaboración del presupuesto consolidado del sector público estadal.
Preparar el proyecto de Ley de Presupuesto a ser presentado para su sanción por el Consejo Legislativo y todos los informes que sean requeridos por las autoridades competente.
Evaluar la ejecución de los presupuestos aplicando las normas y criterios establecidos por la legislación estadal, y en lo que resulte aplicable, por la legislación nacional y las normas técnicas respectiva.
Artículo 64.- Los funcionarios y demás trabajadores al servicio de los entes y órganos cuyos presupuestos se rigen por esta ley, están obligados a suministrar las informaciones que requiera el órgano rector del Sistema Presupuestario Estadal, así como a cumplir las normas e instructivos técnicos que emanen de él.
Artículo 65.- El órgano rector del Sistema Presupuestario Estadal preparará anualmente el presupuesto consolidado del sector público estadal, el cual presentará información sobre las transacciones netas que realizará este sector con el resto de la economía y contendrá, como mínimo, la información siguiente:
Los aspectos básicos de los presupuestos de cada uno de los entes descentralizados funcionalmente sin fines empresarial.
La consolidación de los ingresos y gastos públicos y su presentación en agregados institucionales útiles para el análisis económico-
Artículo 66.- Las operaciones de crédito público que celebren los entes que conforman el sector público estadal se regirán por las disposiciones d esta Ley, su reglamento, por la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público en lo que resulte aplicable, así como por las leyes especiales, decretos, resoluciones y convenios relativos a cada operación.
Artículo 67.- En cada estado operará un órgano rector del Sistema de Crédito Público Estadal que tendrá por misión asegurar la existencia de políticas de endeudamiento, así como una eficiente programación, utilización y control de los medios de financiamiento que se obtengan mediante operaciones de crédito público. A tales efectos, el órgano rector del Sistema de Crédito Público Estadal tendrá las siguientes atribuciones:
Participar en la formulación de los aspectos crediticios de la política financiera del sector público estadal.
Mantener y administrar un sistema de información sobre el mercado de capitales que sirva para el apoyo y orientación a las negociaciones que se realicen para emitir empréstitos o contratar préstamos, así como como para intervenir en las mismas.
Dictar las normas técnicas que regulen la negociación, contratación y autorización de préstamo.
Artículo 68.- Las obligaciones provenientes de la deuda pública o los títulos que representen prescriben a los diez (10) años, los intereses o los cupones representativos de estos prescriben a los tres (3) años. Ambos lapsos se contarán desde las respectivas fechas de vencimiento de las obligaciones.
Artículo 69.- Los funcionarios y demás trabajadores al servicio de los entes regidos por esta Ley, están obligados a suministrar la información que requiera el órgano rector del Sistema de Crédito Público Estadal, así como a cumplir las normas e instrucciones que de él emanen.
Artículo 70.- Las operaciones de crédito público realizadas en contravención de las disposiciones legales que establezcan prohibiciones o formalidades autorizatorias se considerarán nulas y sin efectos, sin perjuicio de la responsabilidad personal de quienes las realicen. Las obligaciones que se pretenda derivar de dichas operaciones no serán oponibles al Estado ni a los demás entes públicos.
Artículo 71.- Las controversias que surjan con ocasión a la celebración de operaciones de crédito público, serán competencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político Administrativa, sin perjuicio de las estipulaciones que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se incorporen en los respectivos documentos contractuales.
Artículo 72.- El Sistema de Tesorería Estadal está integrado por el conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos a través de los cuales se presta el servicio de tesorería.
Artículo 73.- El servicio de tesorería, en lo que se refiere a las actividades de custodia de fondos, percepción de ingresos, realización de pagos, transferencias, inversiones, administración de fondos y demás actividades que le son propias, se extenderá hasta incluir todo el sector público estadal centralizado y los entes descentralizados del estado sin fines empresariales, en la medida en que se cumpla una evolución progresiva y consistente de la modalidad y atributos funcionales del servicio consagrado en esta Ley.
Artículo 74.- En cada estado operará un órgano rector del Sistema de Tesorería Estadal que actuará como unidad especializada para la gestión financiera del Tesoro, la coordinación de la planificación financiera del sector público estadal y las demás actividades propias del servicio de tesorería estadal, con la finalidad de promover la optimización del flujo de caja del Tesoro, bajo la modalidad de cuenta única del tesoro.
Artículo 75.- Corresponden al órgano rector del Sistema de Tesorería Estadal las atribuciones siguientes:
Artículo 76.- El órgano rector del Sistema de Tesorería Estadal dictará las normas e instrucciones técnicas necesarias para el funcionamiento del servicio y propondrá las normas reglamentarias pertinentes y para ello seguirá en lo que resulten aplicables las normas e instrucciones que en esta materia se dicten a nivel nacional.
Artículo 77.- El estado mantendrá una cuenta única del Tesoro Estadal. En dicha cuenta se centralizarán todos los ingresos y pagos de los entes integrados al Sistema de Tesorería Estadal, los cuales se ejecutarán a través del Banco Central de Venezuela y de los bancos comerciales nacionales de conformidad con los convenios que al efecto se celebren.
Artículo 78.- Las existencias del Tesoro Estadal estarán constituidas por la totalidad de los fondos integrados a él, independientemente de donde se mantengan. Dichas existencias forman una masa indivisa a los fines de su manejo y utilización en los pagos ordenados conforme a la ley. No obstante, podrán constituirse provisiones de fondos de carácter permanente a los funcionarios que determine el ordenamiento jurídico estadal.
Artículo 79.- No se podrá destinar específicamente el producto de algún ramo de ingreso con el fin de atender el pago de determinados gastos, ni predeterminarse asignaciones presupuestarias para atender gastos de entes o funciones estadales específicas, salvo las afectaciones constitucionales, las previstas en el artículo 36 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público en lo que resulten aplicables, las permitidas por esta ley y las que creen las leyes nacionales a través de las cuales se asignen tributos o establezcan participaciones en los tributos nacionales a favor de los estados.
Artículo 80.- Los fondos del Tesoro Estadal podrán ser colocados en las instituciones financieras en términos y condiciones de seguridad y rendimiento financiero adecuados.
Artículo 81.- Los funcionarios y oficinas encargados de la liquidación de ingresos deben ser distintos e independientes de los encargados del servicio de tesorería y en ningún caso estos últimos pueden estar encargados de la liquidación y administración de ingresos.
Artículo 82.- Las oficinas de ordenación de pagos deben ser distintas e independientes de las que integran el Sistema de Tesorería Estadal y en ningún caso estas últimas podrán liquidar ni ordenar pagos contra el Tesoro Estadal.
Artículo 83.– Los funcionarios o empleados de los entes integrados al servicio de tesorería están obligados a suministrar las informaciones que requiera el órgano rector del Sistema de Tesorería Estadal, así como a cumplir las normas e instrucciones que emanen de él.
Artículo 84.- El Sistema de Contabilidad Pública Estadal comprende el conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos técnicos que permiten valorar, procesar y exponer los hechos económico-financieros que afecten o puedan llegar a afectar el patrimonio de los estados o de sus entes descentralizados funcionalmente.
Artículo 85.- El Sistema de Contabilidad Pública Estadal tendrá por objeto:
Artículo 86.- El Sistema de Contabilidad Pública Estadal será único, integrado y aplicable a todos los órganos del estado y sus entes descentralizados funcionalmente; estará fundamentado en las normas generales de contabilidad dictadas por la Contraloría General de la República y en los demás principios de contabilidad de general aceptación válidos para el sector público.
Artículo 87.- El Sistema de Contabilidad Pública Estadal podrá estar soportado en medios informáticos. Los requisitos de integración, seguridad y control que al respecto el sistema debe presentar se alcanzarán entre otros aplicando las disposiciones normativas que rijan en esta materia al Sistema de Contabilidad Pública Nacional.
Artículo 88.- Por medios informáticos se podrán generar comprobantes, procesar y transmitir documentos e información y producir los libros Diario y Mayor y demás libros auxiliares. El reglamento de esta Ley establecerá los mecanismos de seguridad y control que garanticen la integridad y preservación de los documentos e informaciones.
Artículo 89.- Corresponde al órgano rector del Sistema de Contabilidad Pública Estadal:
Coordinar la actividad y vigilar el funcionamiento de las oficinas de contabilidad de los órganos del estado y de sus entes descentralizados sin fines empresarial.
Elaborar las cuentas económicas del sector público estada.
Dictar las normas e instrucciones técnicas necesarias para la organización y funcionamiento del archivo de documentación financiera de la Administración Estada En dichas normas podrá establecerse la conservación de documentos por medios informáticos, para lo cual deberán aplicarse los mecanismos de seguridad que garanticen su estabilidad, perdurabilidad, inmutabilidad e inalterabilidad.
Artículo 90.- Los entes a que se refieren los numerales 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 9 de esta Ley suministrarán al órgano rector del Sistema de Contabilidad Pública Estadal los estados financieros y demás información de carácter contable que este les requiera, en la forma y oportunidad que este determine.
Artículo 91.- El Gobernador o Gobernadora de Estado al presentar su Cuenta al Contralor o Contralora General del Estado, incluirá la Cuenta General de Hacienda, que habrá de contener, como mínimo:
Los estados de ejecución del presupuesto del estado y de sus entes descentralizados funcionalmente sin fines empresarial.
Los estados que demuestren los movimientos y situación del Tesoro Estadal.
Un informe que presente la gestión financiera consolidada del sector público estadal durante el ejercicio y muestre los resultados operativos, económicos y financieros y un anexo que especifique la situación de los pasivos labo
Artículo 92.- El Sistema Tributario Estadal está integrado por el conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos que rigen la creación y recaudación de tributos por parte de los estados, en un todo conforme con las disposiciones constitucionales y legales establecidas por los Poderes Nacional y Estadal.
Artículo 93.- El órgano rector de la Administración Tributaria Estadal deberá estar dotado de autonomía técnica y financiera y su máxima autoridad será designada por el Gobernador o Gobernadora de Estado, todo de conformidad con las normas previstas en la ley estadal correspondiente. Los estados podrán organizar sus servicios para la recaudación de sus tributos constitucionales y asignados bajo la forma jurídica que les resulte más apropiada.
Artículo 94.- El órgano rector de la Administración Tributaria Estadal tendrá las funciones que corresponden a la Administración Tributaria Nacional, según las normas contenidas en el Código Orgánico Tributario. En especial, tendrá las siguientes competencias:
Asumir respecto de los tributos estadales las mismas potestades de gestión, fiscalización y recaudación que la ley atribuya a la Administración Tributaria Nacional.
Autorizar la emisión, rehabilitación, circulación, anulación y destrucción de especies fiscales y disponer lo relativo a formularios, publicaciones y demás formatos y formas requeridos para asegurar su expendio y verificar su existen.
Participar en la fijación de las metas de recaudación, de conformidad con la política fiscal del Ejecutivo Estada
Artículo 95.- Es competencia de los estados a ser ejercida a través de sus Administraciones Tributarias la fiscalización, gestión y recaudación de sus tributos propios, sin perjuicio de las delegaciones que pueda otorgar a favor de otras entidades estadales, municipales o de la República. Estas competencias no podrán ser delegadas a particulares.
Artículo 96.- Las administraciones tributarias de los estados colaborarán entre sí y con las de la República y municipios en todos los órdenes de gestión, inspección y revisión de los tributos.
Artículo 97.- Cuando mediante sus actividades de fiscalización los estados conocieren hechos con trascendencia tributaria para otras administraciones lo comunicarán a estas.
Artículo 98.- El Sistema de Control Interno Estadal tiene por objeto asegurar el acatamiento de las normas legales, salvaguardar los recursos y bienes que integran el patrimonio público de los estados, asegurar la obtención de información administrativa, financiera y operativa útil, confiable y oportuna para la toma de decisiones, promover la eficiencia de las operaciones y lograr el cumplimiento de los planes, programas y presupuestos, en concordancia con las políticas prescritas y con los objetivos y metas propuestas, así como garantizar razonablemente la rendición de cuentas.
Artículo 99.- El Sistema de Control Interno Estadal a ser adoptado por cada organismo del sector público estadal será integral e integrado, abarcará los aspectos presupuestarios, económicos, financieros, patrimoniales, normativos y de gestión, así como la evaluación de programas y proyectos, y estará fundado en criterios de economía, eficiencia y eficacia.
Artículo 100.- El Sistema de Control Interno Estadal funcionará coordinadamente con el de control externo a cargo de Contraloría General del Estado y la Contraloría General de la República y se sujetará a lo dispuesto en esta materia por la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.
Artículo 101.- Corresponde a la máxima autoridad de cada organismo o entidad del sector público estadal la responsabilidad de establecer y mantener un sistema de control interno que se adecue a la naturaleza, estructura y fines de su organización, bajo los postulados contenidos en esta Ley. Dicho sistema incluirá los elementos de control previo y posterior incorporados en el plan de organización y en las normas y manuales de procedimientos de cada ente u órgano, así como la auditoría interna.
Artículo 102.- La auditoría interna es un servicio de examen posterior, objetivo, sistemático y profesional de las actividades administrativas y financieras de cada ente u órgano, realizado con el fin de evaluarlas, verificarlas y elaborar el informe contentivo de las observaciones, conclusiones, recomendaciones y el correspondiente dictamen. Dicho servicio se prestará por una unidad especializada de auditoría interna de cada ente u órgano, cuyo personal, funciones y actividades deben estar desvinculadas de las operaciones sujetas a su control.
Artículo 103.- El órgano rector del Sistema de Control Interno Estadal, estará dotado de autonomía funcional y administrativa.
Artículo 104.- Son atribuciones del órgano rector del Sistema de Control Interno Estadal:
Vigilar la aplicación de las normas que dicten los órganos rectores de los sistemas de administración financiera del sector público estadal e informarles los incumplimientos observado.
Comprobar la ejecución de las recomendaciones de las unidades de auditoría interna, adoptadas por las autoridades competentes.
Artículo 105.- El órgano rector del Sistema de Control Interno Estadal podrá contratar estudios de consultoría y auditoría bajo condiciones preestablecidas, en cuyo caso deberá planificar y controlar la ejecución de los trabajos y cuidar la calidad del informe final, como requisitos de indispensable cumplimiento para poder asumir como suyos dichos estudios.
Artículo 106.- El órgano rector del Sistema de Control Interno Estadal podrá solicitar de los organismos sujetos a su ámbito de competencia, las informaciones y documentos que requiera para el cumplimiento de sus funciones, así como tener acceso directamente a dicha información y documentos en las intervenciones que practique. Los funcionarios y autoridades competentes prestarán su colaboración a esos efectos y estarán obligados a atender los requerimientos del órgano rector.
Artículo 107.- El órgano rector del Sistema de Control Interno Estadal deberá informar:
Al Gobernador o Gobernadora de Estado, acerca de su gestión y de la gestión financiera y operativa de los organismos comprendidos en el ámbito de su competen
A la Contraloría General del Estado, sobre los asuntos comprendidos en el ámbito de su competencia, en la forma y oportunidad que ese organismo lo requiera.
Artículo 108.- Las relaciones fiscales de entre los estados y de estos con la República, los Municipios, el Distrito Capital estarán regidas por los principios de integridad territorial, autonomía, coordinación, cooperación, solidaridad interterritorial y subsidiariedad.
Artículo 109.- Para la efectividad y eficacia en la coordinación administrativa entre los estados y de estos con la República, los municipios, Distrito Capital y distritos metropolitanos deberán en sus relaciones recíprocas:
Prestar la cooperación y asistencia activa que las administraciones puedan requerir para el cumplimiento de sus cometido.
Facilitar a las otras administraciones información sobre la propia gestión, que sea relevante para el adecuado desarrollo por estas de sus cometidos.
Artículo 110.- Las autoridades públicas, así como los particulares, están obligadas a prestar su concurso a los empleados de inspección, fiscalización, administración y recursos de ingresos estadales y, en tal sentido, a denunciar hechos que impliquen fraude o cualquier otro delito contra la Hacienda Pública Estadal y quedan sujetas a las sanciones aplicables conforme a lo dispuesto en las leyes nacionales.
Artículo 111.- Los jueces, los registradores, los notarios y demás funcionarios públicos deberán prestar gratuitamente los oficios legales a su ministerio a favor de los estados, en los actos o diligencias en que deben intervenir en favor de los estados, en los actos o diligencias en que deben intervenir por razón de sus funciones, a solicitud de las autoridades estadales competentes.
Artículo 112.- La potestad tributaria que corresponde a los Estados es distinta y autónoma de las potestades reguladoras que esta Constitución o las leyes atribuyan al Poder Nacional o Municipal sobre determinadas materias o actividades.
Artículo 113.- Las leyes nacionales tomando en consideración las propuestas y opiniones y planes que formule el Consejo Federal de Gobierno, transferirán a los estados competencias atribuidas constitucionalmente al Poder Nacional. Una vez promulgada las leyes de transferencia, los estados deberán en el plazo que las mismas habrán de especificar, asumir la competencia transferida.
Artículo 114.- Las leyes nacionales a través de las cuales se transfieran competencias a los estados y definan los mecanismos para su instrumentación, deberán dictarse tomando en consideración y respetando entre otros, las siguientes principios y condiciones:
Régimen mínimo que deberá contener la ley de reversión de la competencia o servicio, en caso de que esta tenga lugar
Artículo 115.- No se podrán transferir competencias del Poder Nacional sin que exista la adecuada previsión de recursos fiscales para ejercerlas. Tales previsiones podrán provenir de fuentes de ingresos preexistentes del estado, o de nuevas asignaciones de recursos hechas por el Poder Nacional, debiendo responder, en cualquier caso, al principio de suficiencia y en el mediano plazo, al de corresponsabilidad.
Artículo 116.- Los mecanismos a ser adoptados a los fines de instrumentar el proceso de transferencia de competencias deben quedar claramente establecidos en la ley, atendiendo a principios de transparencia, simplicidad y control.
Artículo 117.- A fin de desarrollar y fortalecer institucionalmente a las entidades estadales, con el propósito de facilitar y hacer eficiente el proceso de transferencia de competencias, el Poder Nacional brindará apoyo técnico y cuando sea necesario de cofinanciamiento a los estados, en la medida en que estos asuman las competencias y en función de su situación financiera.
Artículo 118.- La transferencia efectiva de competencias del Poder Nacional al Poder Estadal podrá instrumentarse de manera gradual, atendiendo, entre otros, a la naturaleza de su objeto y a las diferencias que registre cada entidad en cuanto a capacidad para su adecuado ejercicio.
Artículo 119.- Cuando la prestación de competencias transferidas a los estados por el Poder Nacional, no sea apropiada, el Consejo Federal de Gobierno propondrá a la Asamblea Nacional su reversión a la República mediante ley. La reasignación de competencias podrá comprender la transferencia de las fuentes de recursos dirigidas al financiamiento de la competencia de que se trate. Estas medidas serán temporales hasta que se produzca el fortalecimiento institucional de los estados.
Artículo 120.- La determinación del porcentaje a ser aplicado sobre el total de la estimación anual de ingresos ordinarios en la Ley de Presupuesto de la República a los fines de calcular el monto de la partida de Situado Constitucional, deberá ser consultada por el Ejecutivo Nacional al Consejo Federal de Gobierno y a la Comisión Permanente de Finanzas y estar plenamente justificada y soportada al momento de presentar el proyecto de Ley de Presupuesto de la República.
Artículo 121.- En caso de variaciones de los ingresos de la República que impongan una modificación en el Presupuesto Nacional, se efectuará un reajuste proporcional al Situado Constitucional. En caso de que las variaciones en los ingresos se traduzcan en un excedente de los ingresos ordinarios respecto de los originalmente presupuestados, corresponda a cada estado una participación por concepto de Situado Constitucional respecto de ellos, en la cuota parte determinada en función de los criterios previstos en el numeral 4 del artículo 167 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Dichos recursos deberán ser remitidos por el Ejecutivo Nacional conjuntamente con los recursos que por concepto de Situado Constitucional hayan sido calculados originalmente a partir del momento en que estos se vean superado por aquellos.
Artículo 122.- El Ejecutivo Nacional remitirá el Situado Constitucional a los por dozavos los primeros siete (7) días de cada mes en la porción que corresponda a cada estado conforme a la Constitución de la República y a la ley.
Artículo 123.- En ningún momento podrá transferirse recursos por concepto de Situado Constitucional afectados a un destino prestablecido por el Poder Nacional. Los estados gozarán de plena autonomía para la administración de esos ingresos sin más limitaciones que las derivadas del numeral 4 del artículo 167 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Artículo 124.- Las inversiones que se financien con recursos del Situado Constitucional deben guardar plena coherencia y armonía con los distintos instrumentos de planificación que rijan en la entidad, así como responder a los lineamientos impartidos, entre otros, en cuanto a las áreas prioritarias por el Consejo Federal de Gobierno y el Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas.
Artículo 125.- El Gobernador o Gobernadora de Estado deberá informar semestralmente al Consejo Federal de Gobierno acerca de la ejecución de los proyectos de inversión que estén siendo financiados con recursos provenientes del Situado Constitucional.
Artículo 126.- Serán acumulados en las cuentas de las entidades estadales y municipales en el Fondo para la Estabilización Macroeconómica los montos que habrían correspondido al Situado Constitucional y a las asignaciones económicas especiales, derivados del excedente resultante entre el ingreso ordinario y los gastos ejecutados, efectivamente producidos. A los efectos de este artículo, el Ejecutivo Nacional, con las porciones resultantes correspondientes a cada una de las entidades estadales y municipales, adquirirá, por cuenta de éstas, divisas al Banco Central de Venezuela, las transferirá al Fondo para la Estabilización Macroeconómica e informará a dichas entidades el monto correspondiente.
Artículo 127.- El Fondo para la Estabilización Macroeconómica mantendrá los recursos aportados en cuentas separadas de los estados, así como la parte proporcional que a cada uno de ellos corresponda por los rendimientos obtenidos por concepto de las inversiones efectuadas.
Artículo 128.- Adicionalmente a las asignaciones económicas especiales instrumentadas por ley nacional en materia de minas e hidrocarburos, la Asamblea Nacional con fundamento en lo establecido por el numeral 16 del artículo 156 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, podrá establecer transferencias de recursos del Poder Nacional a los estados, cuya fuente la constituya la administración por su parte de tierras baldías, bosques, suelos, aguas y otras riquezas naturales. Tales transferencias en su conjunto deben conformar un sistema coherente y armónico al que se denomina asignaciones económicas especiales.
Artículo 129.- Serán beneficiarios de las asignaciones económicas especiales únicamente los estados en cuyo territorio se encuentren ubicados los recursos naturales enumerados en el artículo anterior, quedando a discreción del legislador nacional la calificación como destinatarios adicionales de las mismas a aquellas entidades estadales que carezcan de tales bienes.
Artículo 130.- Las asignaciones económicas especiales en lo que respecta a los estados en cuyo territorio existen riquezas de las mencionadas en el numeral 16 del artículo 156 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el reparto y distribución de los recursos que se asignen conformen al sistema de asignaciones económicas, deberá responder fundamentalmente al aporte que cada entidad efectúe, así como estar dirigida, al menos, en un 50% a proyectos de inversión relacionados con las actividades de las que tales recursos provengan u a otros que también se consideren prioritarios en la entidad.
Transferencias canalizadas a través del Fondo de Compensaciónn Interterritorial
Artículo 131.- La oportunidad de transferencia de recursos de la República al Fondo de Compensación Interterritorial y de este a los estados, deberá ocurrir en función del ingreso al Tesoro Nacional de los recursos que lo componen bajo una frecuencia mensual.
Artículo 132.- Sin perjuicio de lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las transferencias, asignaciones y subvenciones que se consagren en una ley nacional o que se incluyan ocasionalmente en el Presupuesto de la República a favor de los estados, deberán obedecer en su cuantía, periodicidad y destino, entre otros factores, a las competencias constitucionalmente atribuidas o transferidas y asumidos por dichas entidades.
Artículo 133.- El conjunto de transferencias que se cree a nivel nacional a favor de los estados, deberá guardar plena coherencia en cuanto a la cuantía de recursos que representen, el destino al que vayan dirigidas, los objetivos con ellas perseguidos y los órganos administrativos encargados de su administración y control.
Artículo 134.- Las transferencias que al ser creadas por ley queden afectadas a destinos específicos, deberán ser empleadas al propósito que legalmente les haya sido atribuido, so pena de incurrir los encargados de su administración en responsabilidades administrativas, civiles y penales, en un todo conforme a lo dispuesto en la ley nacional.
Artículo 135.- En los términos que establezca la ley, las transferencias podrán ser incrementadas en su cuantía en función del esfuerzo fiscal que registre anualmente cada estado, según mediciones efectuadas por el Consejo Federal de Gobierno.
Artículo 136.- Los recursos que perciban los estados a través de transferencias provenientes del Poder Nacional, incluidos los que conforman las participaciones en los tributos nacionales regulados en esta Ley u en otras dictadas por el Poder Nacional, no podrán ser destinadas al pago de deuda derivada de la celebración de operaciones de crédito público, salvo el caso de las provenientes de la contratación de obras, servicios o adquisiciones cuyo pago total o parcial se estipule realizar en el transcurso de uno o más ejercicios posteriores a aquél en que se haya causado el objeto del contrato y estén dirigidas a inversión.
Artículo 137.- El régimen tributario estadal se rige por:
Los tratados o convenios internacionales suscritos o que se suscriban en el futuro por la República Bolivariana de Venezuela.
La presente Ley Orgánica.
La legislación nacional relativa a la asignación, armonización y coordinación de tributos específicos que dicte el Poder Naciona
El Código Orgánico Tributario y las demás leyes relativas a la administración financiera del sector público o a la administración tributaria nacional, en cuanto sean aplicables.
Artículo 138.- No podrá exigirse el pago de tributos estadales que no hubieren sido establecidos mediante ley.
Artículo 139.- La Ley estadal que regula un tributo deberá contener:
Los plazos y formas de la declaración de ingresos o de hechos imponibles.
Las demás particularidades que señalen las leyes nacionales y estadales que transfieran tributos.
Artículo 140.- La ley estadal que cree un tributo fijará el lapso para su entrada en vigencia que no podrá ser inferior a sesenta (60) días continuos contado a partir de su publicación en Gaceta Oficial Estadal. En ausencia del mismo, se entenderá fijado en sesenta (60) días continuos contado a partir de su publicación en Gaceta Oficial Estadal.
Recaer o utilizar hechos imponibles sustancialmente similares a los de los tributos que corresponden a la República o a los municipios.
Artículo 142.- Sin perjuicio de que la ley nacional especial de asignación de un tributo pueda establecer factores de conexión más acordes con la naturaleza del tributo específico que se asigne, los estados al dictar las leyes de creación o instrumentación de tributos, deberán, según apliquen, respetar los siguientes principios:
Parágrafo Único: Se entiende por establecimiento permanente una sucursal, oficina, fábrica, taller, instalación, almacén, tienda, obra en construcción, instalación o montaje, centro de actividades, minas, canteras, instalaciones y pozos petroleros, bienes muebles ubicados en la jurisdicción de un estado; el suministro de servicios a través de máquinas y otros elementos instalados en el estado o por empleados o personal contratado para tal fin, las agencias, representaciones de mandantes ubicadas en el extranjero, sucursales y demás lugares de trabajo mediante los cuales se ejecute la actividad, en jurisdicción del estado.
Artículo 143.- Los estados podrán celebrar convenios entre sí y con las demás entidades políticoterritoriales, así como los Distritos Metropolitanos con el fin de lograr la armonización tributaria, evitar la doble o múltiple imposición y propiciar la coordinación tributaria. Dichos convenios entrarán en vigencia en la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado o en la fecha posterior que en ellos se indique. Los acuerdos que en ese sentido se celebren deberán serlo en el marco de lo dispuesto en esta Ley y en cualquier otra que dicte el Poder Nacional con propósitos armonizadores.
Artículo 144.- Las leyes que dicte la Asamblea Nacional con fundamento en lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 156 de la Constitución de la República, con fines de armonización y coordinación del ejercicio de las potestades tributarias de los estados, deberán ser consultadas oportunamente con los estos a través de sus Consejos Legislativos.
Artículo 145.- Los estados sólo podrán acordar beneficios fiscales en los casos y con las formalidades previstas en las leyes. La ley estadal que autorice al Gobernador o Gobernadora de Estado a conceder exoneraciones, especificará los presupuestos necesarios para que procedan y las condiciones a las cuales se sujeta el beneficio. El plazo máximo de duración de la exoneración o rebaja será de cuatro (04) años; vencido el término de la exoneración o rebaja, el Gobernador o Gobernadora de Estado podrá renovarla hasta por el plazo máximo fijado en la ley estadal o, en su defecto, el previsto como máximo en este artículo. Estos beneficios fiscales no podrán ser consagrados ni prorrogados en el último año de la gestión gubernamental. En caso de que se decida la eliminación o modificación del beneficio fiscal antes de que se cumpla el plazo para el cual fue consagrado, dicho plazo deberá dejarse cumplir hasta su vencimiento.
Artículo 146.- Los tributos de los estados se clasifican en tributos constitucionales y tributos asignados. Son tributos constitucionales los que atribuye a los estados directamente la Constitución de la República. Son tributos asignados los que cree la ley nacional para que su producido sea administrado por los estados o respecto de los cuales tengan potestad de crearlos y administrarlos. Los tributos asignados pueden adoptar, entre otras modalidades, las de tributos de delegación amplia; recargos sobre tributos del Poder Nacional y; tributos de rendimiento cedido, total o parcialmente.
Artículo 147.- Los estados sólo podrán crear y recaudar los tributos constitucionales, en los términos previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como en pleno acatamiento de las leyes nacionales contentivas de medidas de armonización y coordinación. En lo que respecta a los tributos asignados, la legislación estadal que los regule deberá respetar las disposiciones que en relación al tributo de que se trate establezca la ley nacional de asignación y el resto de la legislación nacional que le resulte aplicable.
Artículo 148.- En el caso de tributos asignados de delegación amplia, corresponderá a la ley estadal, desarrollar los supuestos objetivos, subjetivos, temporales, especiales, cuantitativos y demás elementos constitutivos de la relación jurídico tributaria. La regulación e implementación de estos tributos deberá enmarcarse dentro de los parámetros que al respecto establezca esta Ley o la ley nacional que efectúa la delegación correspondiente.
Artículo 149.- Los tributos de rendimiento cedido son los creados y regulados por la ley nacional, cuyo producido es atribuido, total o parcialmente, a los estados. En el caso de los tributos cedidos, cada estado asumirá por delegación de la República, la recaudación, fiscalización y liquidación de los mismos, sin perjuicio de la colaboración que pueda establecerse entre ambas administraciones, todo ello de acuerdo con lo especificado en esta Ley o en la ley que fije el alcance y condiciones de la cesión.
Parágrafo Único: Se entiende por rendimiento cedido el importe de la recaudación líquida, derivada de las deudas tributarias correspondientes a los distintos tributos cuyo rendimiento ha sido cedido a favor de cada estado, en función de los factores de conexión u otros criterios que señala esta Ley, y/o la ley especial de asignación del tributo cuyo rendimiento se cede.
Artículo 150.- Son recargos sobre los tributos del Poder Nacional los porcentajes adicionales a las alícuotas que, dentro de los parámetros que disponga la ley nacional, los estados queden autorizados a establecer mediante ley estadal como elemento único, sobre tributos nacionales, en función del factor de conexión establecido por la ley nacional de asignación.
Artículo 151.- El Poder Público Nacional podrá reasumir mediante ley, tributos asignados a los estados. Tal potestad sólo podrá ejercerse, cuando se produzca la asignación de nuevas fuentes de financiamiento a los estados que les garantice la compensación efectiva de sus ingresos, de manera que no se menoscabe la capacidad de la entidad para atender adecuadamente sus competencias, sin interrupciones y en condiciones por lo menos similares a como venía ejerciéndolas.
Artículo 152.- Los estados sólo podrán gravar con sus tributos constitucionales y asignados, la agricultura, la cría, la pesca y la actividad forestal en la oportunidad, forma y medida que lo permita la ley nacional.
Artículo 153.- El conocimiento de las consultas formuladas respecto de la legislación reguladora de los tributos constitucionales y asignados, así como de las reclamaciones y recursos interpuestos en sede administrativa contra los actos dictados por las administraciones tributarias estadales respecto de ellos, tanto si se trata de cuestiones de hecho como de derecho, corresponderá:
Cuando se trate de tributos constitucionales y asignados de los estados, a sus propios órganos administrativos.
Cuando se trate de tributos de rendimiento cedido, a los órganos administrativos competentes del Poder Nacional.
Artículo 154.- Sin perjuicio de los convenios de cooperación que puedan celebrarse entre las distintas entidades político-territoriales, la investigación y fiscalización y determinación de los tributos estadales, corresponderán:
a.- Cuando se trate de tributos constitucionales y asignados a los estados, a sus propios órganos administrativos.
b.- Cuando se trate de tributos de rendimiento cedido totalmente, a los órganos administrativos competentes de los estados.
c.- Cuando se trate de tributos de rendimiento cedido parcialmente, a los órganos administrativos competentes de la República en forma coordinada y conjunta con los de los estados.
d.- Cuando se trate de recargos establecidos sobre tributos de la República, a los órganos administrativos competentes de esta, en forma coordinada y conjunta con los de los estados.
Artículo 155.- Las resoluciones de los órganos administrativos de los estados, podrán ser objeto de recurso contencioso tributario en los términos establecidos en el Código Orgánico Tributario.
Artículo 156.- Los estados podrán crear tasas con ocasión a la utilización privativa de bienes de su dominio público, así como por la prestación por su parte de servicios públicos o la realización de actividades de su competencia en régimen de Derecho Público, que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos, cuando se presente cualquiera de las circunstancias siguientes:
Artículo 157.- Cuando la República transfiera a los estados bienes de dominio público, servicios o competencias actividades, cuya utilización o percepción sea susceptible de ser gravada con tasas, estas se considerarán tributos de delegación amplia en favor de los respectivos estados, susceptibles de ser por estos implementados según lo requiera la situación específica de que se trate y, dentro de los principios y parámetros que dispone esta Ley y la ley de transferencia. Por el contrario, calificarán como tributos constitucionales, las tasas que se exijan con ocasión a competencias atribuidas originariamente por la Constitución a los estados.
Artículo 158.- Son peajes las tasas que se cobren por el uso del dominio público estadal constituido por vías de comunicación terrestres y obras accesorias construidas con el mismo fin, tales como puentes, túneles o canales ubicados dentro del territorio de los estados y cuya conservación a éstos corresponda. También calificarán como peajes, sólo que bajo la categoría de tributos asignados los que se exijan respecto de las carreteras y autopistas nacionales, así como por puertos y aeropuertos comerciales cuya infraestructura sean bienes del dominio público de la Nación.
Artículo 159.- Los recursos provenientes del cobro de tasas, constituyen una excepción al Principio de la Unidad del Tesoro, específicamente en lo que respecta a la no afectación de ramos de ingresos a fin de atender el pago de determinados gastos. Lo recaudado por los estados por concepto de peaje, se invertirá en la conservación, reparación, rehabilitación, ampliación, mantenimiento, administración y aprovechamiento de la vía de comunicación estadal con ocasión a la cual aquél se exija, de la vía alterna o de otras. En caso de tratarse de tasas exigidas con ocasión de servicios o uso de carreteras y autopistas nacionales o de puertos y aeropuertos de uso comercial cuya infraestructura sea del dominio público de la Nación lo recaudado deberá ser destinado al mantenimiento de la infraestructura.
Artículo 160.- En la creación y cobro de peajes, los estados deberán respetar los principios básicos establecidos en esta ley con respecto a los tributos en general y a las tasas en particular.
(a) Inversión efectuada por acondicionamiento y la necesaria para mantener la vía en buenas condiciones.
(b) El tiempo previsto para la recuperación de la inversión. (c) La distancia que cubre la vía de que se trate.
(d) La distancia entre peajes.
(e) El tipo de vía con ocasión al cual se exige. (f) El promedio diario de tránsito (PDT).
(g) La prestación de servicios de seguridad y asistencia vial, tales como asistencia de grúas y ambulancias.
(h) El promedio de las tarifas cobradas por otros estados por distancias similares. (i) El peso del vehículo y su carga o en su defecto el número de ejes del vehículo. (j) El uso al que se destine el vehículo.
Parágrafo Único: En caso de que la administración de las vías de comunicación terrestre se lleve a cabo a través del régimen de concesiones, los parámetros señalados en este artículo serán igualmente considerados al momento de convenir la contraprestación del concesionario, sin romper el equilibrio económico- financiero de la relación contractual.
Artículo 161.- La renta de timbre fiscal comprende los ramos de ingresos siguientes:
Parágrafo Primero: Los estados podrán elaborar las planillas sustitutivas del papel sellado o estampilla, con el objeto de recaudar los tributos correspondientes, y ordenar su enteramiento mediante el pago en las Oficinas Receptoras de Fondos Estadales en todos los casos que no sea posible la utilización de la especie fiscal.
Parágrafo Segundo: Quedan exceptuadas de la aplicación de esta disposición las operaciones realizadas con instituciones financieras del Sector Público con ocasión a instrumentos crediticios vinculados a programas sociales.
Artículo 162.- Los estados podrán exigir el ramo de timbre fiscal establecido en sus respectivas leyes, cuando alguno de lo siguientes factores de conexión tenga lugar respecto de ellos:
En el caso de la emisión de órdenes de pago, cheques, transferencias o cualesquiera otros medios de pago utilizados por parte de entes u órganos del sector público estadal o municipal, por el estado emisor o en cuya jurisdicción se encuentre el municipio.
En el caso del Impuesto de salida del país, el tributo será exigido por el Estado en cuyo territorio se encuentre ubicado el puerto o aeropuerto desde el cual emigre el pasa.
Parágrafo Único: Quedan exceptuadas de la aplicación de esta disposición las operaciones realizadas con instituciones financieras del Sector Público con ocasión a instrumentos crediticios vinculados a programas sociales.
Artículo 163.- El uso de especies fiscales no será obligatorio en los escritos referentes a los actos del estado civil, ni en las diligencias relacionadas con la celebración del matrimonio, ni en otros casos que disponga la ley estadal.
Artículo 165.- Se entiende por minerales no metálicos no reservados por la Constitución al Poder Nacional, entre otros, las piedras de construcción, adorno o de cualquier especie, que no sean preciosas, el mármol, pórfido, caolín, magnezita, fósforo, feldespato guano, las arenas, pizarras, arcillas, calizas, puzolanas, turbas y sustancias terrosas.
Artículo 166.- De los volúmenes de minerales no metálicos no reservados por la Constitución de la República al Poder Nacional, ostrales de perlas y salinas extraídos de cualquier yacimiento o reservorio ubicados en territorio de un estado, este tendrá derecho a una participación como regalía.
Artículo 167.- Respecto de las personas que realicen las actividades de exploración y explotación de minerales no metálicos no reservados por la Constitución de la República al Poder Nacional, salinas y ostrales de perlas, los estados podrán crear, entre otros, un impuesto la parte de la extensión superficial otorgada por los estados a aquellos fines, que no estuviere en explotación se pagará un impuesto por cada km2 o fracción del mismo, por cada año transcurrido. Este impuesto se incrementará anualmente hasta que venza la transferencia del derecho a explorar y explotar, se alcance la explotación total del área o alcance un acumulado porcentual a ser determinado por la ley estadal, lo que ocurra primero.
Artículo 168.- La legislación estadal, en atención a los principios constitucionales relativos al deber del Estado de fortalecer las actividades económicas de los pueblos indígenas en el marco del desarrollo local sustentable, podrá establecer beneficios fiscales con respecto al tributo previsto en esta Sección, cuando los hechos generadores del mismo tengan lugar en territorios demarcados como hábitat indígena. De igual manera podrá establecer beneficios en relación al cálculo de la regalía.
Artículo 169.- A partir de la entrada en vigencia de esta ley y según lo disponga las leyes estadales que las creen, los Estados podrán exigir una contribución especial por mejoras a los sujetos pasivos que se beneficien con un aumento del valor de sus bienes inmuebles, que exceda del 60%, como consecuencia de la realización de una obra pública o de la prestación de un servicio público financiado por el Estado y que sea de evidente interés para la comunidad.
Artículo 170.- A los efectos del artículo anterior, se considerarán obras y servicios financiados por los Estados:
Artículo 171.- Las cantidades recaudadas por contribuciones especiales por mejoras sólo podrán destinarse a sufragar los gastos de la obra o servicio por cuya razón se hubiesen exigido, sin perjuicio de lo dispuesto en otro sentido por esta Ley.
Artículo 172.- Son sujetos pasivos de las contribuciones especiales las personas naturales y jurídicas y las entidades a que se refiere el Artículo 22 del Código Orgánico Tributario, especialmente beneficiadas por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios estadales que originan la obligación de contribuir.
Artículo 173.- Se consideran personas especialmente beneficiadas por la realización de obras o establecimientos o ampliación de servicios que incrementen el valor de los bienes inmuebles, los propietarios de los mismos.
Artículo 174.- La base para el cálculo de las cuotas a repartir por concepto de contribución especial está constituida como máximo por el 60% del costo que el estado soporte por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios, pero, en cualquier caso, la cuota que corresponda sufragar a cada contribuyente no podrá exceder del 30% del mayor valor que resulte para los bienes de su propiedad o para su explotación empresarial. El costo en referencia estará integrado, entre otros, por los siguientes conceptos:
Artículo 175. – El costo total presupuestado según los parámetros establecidos en el artículo anterior tendrá el carácter de simple previsión. Si el costo real excediera del previsto se tomará el primero a efectos del cálculo de las cuotas tributarias correspondientes.
Artículo 176.- La base imponible de las contribuciones especiales se repartirá entre los sujetos pasivos beneficiados, teniendo en cuenta la clase y naturaleza de las obras y servicios, con sujeción, conjunta o separada, entre otras, a los siguientes criterios: la ubicación de los inmuebles, los metros lineales de fachada, sus superficies, el volumen edificable de los mismos y el valor catastral a efectos del Impuesto sobre Inmuebles Urbanos o del Impuesto sobre Predios Rurales.
Artículo 177.- En el supuesto de que las leyes o tratados internacionales concedan beneficios fiscales, las cuotas que puedan corresponder a sus beneficiarios, no serán distribuidas entre los demás contribuyentes.
Artículo 178.- A los fines de la determinación de la cuota correspondiente a cada contribuyente, el estado levantará un plano parcelario de las propiedades colindantes o inmediatas a la obra o servicio y obtendrá del municipio correspondiente la tasación de los inmuebles que según tal determinación sean susceptibles de la aplicación de la contribución porque se presuma van a ser afectados favorablemente en su valor económico como consecuencia de la obra o servicio financiados por el estado.
Artículo 179.- Contra la tasación o avalúo, y contra la determinación de la contribución especial podrá interponerse Recurso Jerárquico, en los términos establecidos en el Código Orgánico Tributario.
Artículo 180.- Determinada la cuota a satisfacer, el estado podrá conceder de oficio o a solicitud del sujeto pasivo, el fraccionamiento o aplazamiento del pago de aquélla.
Artículo 181.- En el caso de la obligación de pago de las contribuciones especiales, se considera ocurrido el hecho imponible en el momento en que las obras se hayan ejecutado o el servicio haya comenzado a prestarse. Si las obras fueran fraccionables, el hecho imponible se producirá para cada uno de los sujetos pasivos desde que se hayan ejecutado las correspondientes a cada tramo o fracción de la obra que directamente los beneficie.
Artículo 182.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, una vez aprobada la ley de creación de la contribución especial concreta, el estado podrá exigir por anticipado el pago de las contribuciones especiales en función del importe del costo previsto para el año siguiente. No podrá exigirse el anticipo de una nueva anualidad sin que hayan sido ejecutadas las obras para las cuales se exigió el correspondiente anticipo.
Artículo 183.- El momento en que se considera ocurrido el hecho imponible de las contribuciones especiales se tendrá en cuenta a los efectos de determinar la persona obligada al pago, aún cuando para el momento de la entrada en vigencia de la ley de creación figurase como sujeto pasivo otra persona y se le haya impuesto a la misma el pago por anticipado de cuotas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior. Si los pagos anticipados hubieran sido efectuados por personas que no tuvieran la condición de sujetos pasivos en la fecha del acaecimiento del hecho imponible o bien excedieran de la cuota individual definitiva que les corresponda, la Administración Tributaria del estado practicará, de oficio o a petición de parte, la pertinente devolución.
Artículo 184.- Cuando la persona que haya figurado como sujeto pasivo para el pago anticipado de las cuotas, transmita sus derechos sobre los bienes o explotaciones, las obligaciones pendientes de pago se transmitirán al adquirente. Quien transmita los referidos derechos, estará obligado a dar cuenta a la Administración Tributaria estadal de la transmisión efectuada, dentro del plazo que fije la ley estadal. Si no lo hiciera, dicha Administración podrá dirigir la acción para el cobro, contra quien figuraba como sujeto pasivo en el respectivo expediente.
Artículo 185.- Cuando las obras y servicios de la competencia estadal sean realizadas o prestados por un estado con la colaboración económica de otra entidad, y siempre que puedan ser impuestas contribuciones especiales con arreglo a lo dispuesto en la ley, la gestión y recaudación de las mismas se hará por la entidad que convencionalmente tome a su cargo la dirección de las obras o el establecimiento o ampliación de los servicios. En cualquier caso, las entidades involucradas deberán uniformar criterios y efectuar una sola determinación al contribuyente.
Artículo 186.- Se asigna a los estados, en los términos aquí establecidos, la creación, administración y aprovechamiento de los siguientes tributos:
Recargo al Impuestos al Ejercicio de la Actividad Turística
Impuesto a las ganancias fortuitas
Artículo 187.- El Impuesto a las Compras al Detalle, grava la adquisición onerosa de bienes muebles corporales, así como la percepción a título oneroso de servicios independientes ocurridas en el territorio de un estado por parte de quien califique como consumidor o perceptor final.
Artículo 188.- Califican como contribuyentes del Impuesto General a las Compras al Detalle, quienes adquieran o perciban, a título oneroso, bienes o servicios gravados, de quienes hayan sido certificados por el estado en el que ocurra el hecho imponible, como comerciantes minoristas.
Artículo 189.- El hecho imponible se considerará ocurrido en un estado determinado cuando:
En caso de la contratación de servicios cuya percepción no sea inmediata, o sea requeridos telefónicamente, por internet o mecanismos similares el hecho imponible se considerará configurado en el estado donde se encuentre el establecimiento permanente del prestador del servicio.
Artículo 190.- La base imponible para el cálculo del Impuesto General a las Compras al Detalle es el precio de adquisición del bien o la contraprestación pagada por los servicios percibidos, según el caso, y siempre que ese valor no sea inferior al corriente en el mercado, caso en el cual, la base imponible será este último precio.
Artículo 191.- La alícuota impositiva que los estados pueden establecer en su respectiva Ley de Impuesto General a las Compras al Detalle no podrá exceder de un cinco por ciento (5%) y será establecida cada año en la Ley de Presupuesto del estado para el correspondiente ejercicio financiero-económico.
Artículo 192.- El hecho imponible de impuesto sobre actos jurídicos documentados está constituido por la autenticación, protocolización o inscripción de actos o negocios jurídicos documentados que se efectúe por mandato legal o por voluntad del interesado por ante Notaría Pública, Registro Público, Registro Mercantil, Registro Principal o Registro Administrativo nacional, estadal o municipal.
Artículo 193.- No están sujetos a este impuesto:
Artículo 194.- Están exentos de los impuestos contemplados en esta sección:
Los actos derivados de procesos expropiatorios por causa de utilidad pública.
Artículo 195.- El impuesto previsto en esta sección se exigirá con arreglo a la verdadera naturaleza jurídica del acto o contrato involucrado, cualquiera sea la denominación que las partes le hayan dado, prescindiendo de los defectos, tanto de forma como intrínsecos, que puedan afectar a su validez y eficacia.
Artículo 196.- El impuesto sobre actos jurídicos documentados será exigido por el estado en cuyo territorio se ubique la correspondiente Notaría Pública, Registro Principal, Registro Mercantil, Registro Público u oficina pública por ante el cual se inscriba el acto o negocio jurídico.
Articulo 197.- En los términos que se establezcan en la ley estadal, está obligado al pago de impuesto, a título de contribuyente, independientemente de las estipulaciones establecidas por las partes:
1) En las trasmisiones de bienes muebles y derechos de toda clase, el adquirente.
2) En la constitución de derechos reales, aquél a cuyo favor se realice el acto.
3) En la constitución de fianzas, el deudor afianzado.
4) En la constitución de arrendamientos de bienes muebles, el arrendatario.
5) En la concesión administrativa, el concesionario.
6) En los actos y contratos administrativos equiparados a la concesión, el beneficiario.
7) En la inscripción de un documento que no tenga un contenido patrimonial, quien lo presente ante la Notaría, Registro u Oficina Administrativa.
Artículo 198.- El impuesto se causará y, por tanto, será exigible al autenticarse, protocolizarse o inscribirse formalizarse el acto o negocio jurídico documentado sujeto a gravamen.
Artículo 199.- Si el acto o negocio jurídico documentado estuviere sujeto a una condición suspensiva no se liquidará el impuesto hasta que aquélla se cumpla, haciéndose constar el aplazamiento de la liquidación en la autenticación, protocolización o inscripción. Una vez cumplida la condición, el pago del tributo deberá efectuarse dentro del plazo que establezca la ley estadal. Si la condición fuese resolutoria, se exigirá el impuesto, a reserva de que, si la condición se cumple, se haga la oportuna devolución según las reglas que contemplen las leyes estadales.
Artículo 200.- Cuando un mismo acto o contrato comprenda varias convenciones, sujetas a impuesto, perfectamente individualizables, se exigirá el derecho señalado a cada una de ellas, salvo en los casos en que se determine expresamente otra disposición en la ley estadal.
Artículo 201.- Cuando el acto o negocio jurídico documentado implique transmisiones patrimoniales o involucre intereses patrimoniales, la base imponible estará constituida por el valor de mercado del objeto del acto, el importe de la contraprestación pactada o la cuantía involucrada, según el caso. Se presume como valor de mercado el declarado en el documento de que se trate.
Parágrafo Primero: Sólo cuando existan fundados indicios de que el valor declarado no es auténtico, podrá la Administración Tributaria Estadal estimarlo, para lo cual tomará en cuenta, entro otros criterios, el promedio del valor dado a bienes de similares características en cuanto a ubicación, tamaño y clase, que hayan sido objeto de autenticación o protocolización durante los seis meses anteriores a la transacción gravada. La Administración Tributaria Estadal deberá motivar debidamente su estimación.
Parágrafo Segundo: Únicamente serán deducibles a efectos de la determinación de la base imponible, las cargas que disminuyan el valor de mercado de los bienes, más no las deudas, aunque estén garantizadas con prenda o hipoteca sobre dichos bienes.
Artículo 202.- Dependiendo de la naturaleza del acto jurídico documentado, la ley estadal podrá establecer como tributo a pagar una cantidad fija expresada en Unidades Tributarias o aplicar sobre la base imponible alícuotas entre el cero punto uno por ciento (0.1%) y el tres por ciento (3%). Esta última modalidad será la aplicable a aquellos actos jurídicos documentados que supongan transmisiones patrimoniales, en tanto que se utilizará el monto fijo expresado en Unidades Tributarias en caso contrario. (Ej. En el alquiler de un carro que se autentique la base imponible.
Artículo 203.- Se consideran transmisiones patrimoniales:
1) Las transmisiones de la propiedad de bienes y derechos que formen parte del patrimonio de las personas naturales o jurídicas.
2) La constitución de los derechos reales de uso y disfrute, tales como el usufructo, la habitación, la servidumbre o la renta vitalicia.
3) La constitución de garantías sobre una transacción patrimonial onerosa.
4) La constitución de concesiones administrativas.
5) Las adjudicaciones en pago para extinguir deudas y las adjudicaciones expresas en pago de asunción de deudas.
Artículo 204.- Se equipararán a las concesiones administrativas, a los efectos del impuesto, los actos y negocios administrativos, cualquiera que sea su modalidad o denominación, en los que se otorguen facultades de gestión de servicios públicos o se atribuya el uso privativo o el aprovechamiento especial de bienes de dominio o uso público, que origine un desplazamiento patrimonial a favor de particulares.
Artículo 205.- Cuando un mismo acto o negocio jurídico comprenda varias operaciones sin que sea posible precisar la base imponible de cada una de ellas.
Artículo 206.- Los estados estarán a cargo de la gestión, liquidación y recaudación del impuesto contemplado en esta sección y deberán instruir a Registradores y Notarios para que colaboren con ellos en la ejecución de esas tareas.
Artículo 207.- Los bienes y derechos transmitidos a través de un acto o contrato sujeto al impuesto, quedarán afectados, cualquiera que sea su poseedor, al cumplimiento de la obligación del pago del impuesto, salvo que aquél resulte ser un tercero protegido por la fe pública registral o se justifique la adquisición de los bienes de buena fe y justo título en establecimiento mercantil o industrial, en el caso de bienes muebles no registrables. La afectación la harán constar los Notarios o Registradores por medio de la oportuna advertencia en los documentos que autoricen. No se considerará protegido por la fe pública registral el tercero cuando en la Notario o Registro conste expresamente la afectación.
Artículo 208.- El impuesto a los actos y negocios jurídicos documentados se exigirá sin perjuicio del ejercicio por parte de los estados de su derecho a requerir la utilización de especies fiscales con ocasión a la autenticación, protocolización o inscripción de los mismos. Los Notarios Públicos, Registradores y funcionarios administrativos encargados de aquél tipo de trámite, deberá exigir el uso de la especie fiscal que corresponda según la ley estadal vigente y aplicable.
Artículo 209.- Se asigna a los estados el gravamen a las ganancias fortuitas obtenidas por concepto de juegos y apuestas lícitas, loterías e hipódromos.
Artículo 210.- Calificará como contribuyente el beneficiario de la ganancia fortuita.
Artículo 211.- La base imponible de este impuesto estará conformada por el monto del premio obtenido.
Artículo 212.- El estado que tendrá derecho a exigir el tributo será aquel en el que se encuentre domiciliado el pagador del premio.
Artículo 213.- El pagador del premio actuará como agente de retención, debiendo retener el monto correspondiente, en la oportunidad establecida por la ley estadal de su domicilio.
Artículo 214.- Las ganancias obtenidas por juegos o apuestas lícitas, estarán gravadas con una alícuota máxima del treinta y cuatro por ciento (34%).
Artículo 215.- Los premios de loterías y de hipódromos se gravarán como una alícuota máxima del dieciséis por ciento (16%).
Artículo 216.- El hecho imponible del impuesto a las actividades de juegos de envite y azar lo constituye la posesión con propósito de explotación, operación y organización, en general de juegos de envite y azar, tales como loterías, casinos, salas de bingo, máquinas traganíqueles y espectáculos hípicos.
Artículo 217.- Se entenderá por máquinas o mobiliario destinado a la explotación, operación y organización, en general de juegos de envite y azar, tales como loterías, casinos, salas de bingo, máquinas traganíqueles y espectáculos las que se encuentren en posesión de quienes ejerzan aquellas actividades y a disposición del público jugador. Entre esas máquinas y mobiliario se encuentran:
Artículo 218.- Están sometidos al régimen impositivo previsto en esta Ley, las personas naturales, jurídicas o entidades económicas, que posean la maquinaria a que se refiere el artículo que se dediquen a la realización de las siguientes actividades:
Artículo 219.- A los efectos de esta Ley, serán responsables solidarios del pago del impuesto:
Las instituciones oficiales de beneficencia pública y asistencia social, por las actividades efectuadas por los operadores de juegos de lotería
Artículo 220.- Las alícuotas impositivas, aplicables a la base imponible de las actividades gravadas con el impuesto establecido en esta Ley, serán las siguientes:
Artículo 221.- El impuesto previsto en esta Ley será determinado por períodos de imposición de un mes calendario.
Artículo 222.- Constituye el hecho imponible del impuesto la venta al detalle, en estaciones de servicios, de combustibles derivados de hidrocarburos. Se entiende por combustibles derivados de hidrocarburos a efectos de este impuesto la gasolina, el diésel y los lubricantes.
Artículo 223.- La base imponible para el cálculo del impuesto será el precio oficial al que se produzca la venta del combustible derivado de hidrocarburos de que se trate fijado por la autoridad competente. El monto del impuesto deberá ser soportado por el comprador, sin que constituya un obstáculo para ello la fijación de precios máximos oficiales para la venta del combustible objeto de la operación gravada, en tanto la autoridad nacional competente al fijar dichos precios deberá considerar la inclusión del importe del tributo a serle trasladado al consumidor final.
Artículo 224.- Calificará como contribuyente del impuesto toda persona que realice ventas gravadas de conformidad con lo dispuesto con el artículo 222 de esta Ley.
Artículo 225.- Cada estado tendrá derecho al rendimiento del impuesto previsto en esta subsección, en función de la ubicación de la estación de servicio en la que se haya registrado la venta del combustible al consumidor final.
Artículo 226.- Los estados crearán un recargo de que no superará el 50% de la contribución al turismo previsto en la Ley Orgánica de Turismo.
Artículo 227.- La implementación del recargo previsto en el artículo anterior por parte de cada estado será exigible a los prestadores de servicios turísticos en cuyo territorio se encuentre ubicada la infraestructura turística respecto de la cual presten sus servicios o en cuya jurisdicción sea prestado el servicio.
Artículo 228.- Lo recaudado por concepto del recargo a la contribución de turismo habrá de ser destinado por el estado beneficiario a proyectos, actividades e inversiones del mismo tipo de aquellos a los que debe destinarlos INATUR o el órgano que lo reemplace, para lo cual los estados habrán de tomar en cuenta los lineamientos y planificación nacional en materia turística.
Artículo 229.- Los estados en un plazo de un (1) año contado a partir de la entrada en vigencia de esta Ley, deberán ajustar al contenido de la misma toda su legislación en materia de administración financiera de sus haciendas públicas, así como su legislación tributaria.
Artículo 230.- Dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de las leyes estadales a las que se refiere el artículo anterior, los estados deberán crear y poner en funcionamiento los órganos rectores de cada uno de los sistemas a que se refiere esta ley, a cuyo cargo se encontrará la administración financiera de cada entidad.
Artículo 231.- A partir del ejercicio económico financiero siguiente a aquel en el que hayan entrado en vigencia las leyes estadales a las que se refiere el artículo 239 de esta Ley y puesto en funcionamiento los órganos rectores de cada uno de los sistemas regulados por la misma, la administración financiera de los estados deberá regirse por lo establecido en esta Ley y en las leyes estadales, en lo que respecta a esta materia.
Artículo 232.- Los estados deberán adaptar la legislación que hayan promulgado en ejecución de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, a los principios, parámetros y limitaciones contenidos en esta ley.
Artículo 233.- Quedan derogadas todas las disposiciones contrarias a la presente Ley.
Artículo 234.- Esta ley entrará en vigencia con su publicación en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
Dado en Caracas, a los (…) días del mes de (…) de dos mil …. Año 2016 de la Independencia, 157 de la Federación. Cúmplase,