Source: http://www.suin.gov.co/viewDocument.asp?id=20034511
Timestamp: 2020-08-04 22:15:44
Document Index: 283877899

Matched Legal Cases: ['artículo 19', 'artículo 43', 'artículo 153', 'artículo 44', 'artículo 311', 'artículo 151', 'artículo 189', 'artículo 111', 'artículo 125', 'artículo 356', 'artículo 356', 'artículo 2', 'artículo 357', 'artículo 39', 'artículo 189', 'artículo 14', 'artículo 150', 'artículo 2', 'Artículo 22', 'Artículo 16', 'Artículo 57', 'Artículo 57', 'Artículo 64', 'Artículo 74', 'Artículo 76', 'Artículo 88', 'Artículo 111']

C-617 de 2002
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020034511CC-SENTENCIAC617200208/08/2002CC-SENTENCIA_C_617__2002_08/08/2002200345112002SENTENCIA C-617/02 LEY-Contenido de materias orgánica y ordinaria LEY-Conexidad temática razonable en materias orgánica y ordinaria SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-Fijación de servicios a cargo por ley ordinaria SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-Reglamentación de criterios de distribución por ley ordinaria FONDO NACIONAL DE REGALIAS EN SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-Exclusión de recursos FONDO NACIONAL DE REGALIAS-Destinación específica de recursos por la Constitución MUNICIPIO NO CERTIFICADO-Competencias de los departamentos en el sector de la educación DEPARTAMENTO FRENTE A MUNICIPIO NO CERTIFICADO-Función DEPARTAMENTO FRENTE A MUNICIPIO NO CERTIFICADO-Límites en administración de recursos y contratación de docentes DEPARTAMENTO FRENTE A MUNICIPIO NO CERTIFICADO-Necesidad de facilitar participación de todos en decisiones que les afectan CONGRESO DE LA REPUBLICA-Inconstitucionalidad de facultad reglamentaria del Ejecutivo ante reserva legal LEY ORGANICA-Reglamentación LEY-Reserva legal en expedición no permite reglamentación por el Gobierno SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-Explicación de razones para giro directo por Ejecutivo a entidades de aseguramiento o instituciones prestadoras de salud PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS-Funciones de inspección y vigilancia no delegables en particulares ENTIDADES TERRITORIALES EN SERVICIOS PUBLICOS-Contratación de control, inspección y vigilancia con entidades públicas CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EN SERVICIOS PUBLICOS-Prestación de control, inspección y vigilancia CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EN SERVICIOS PUBLICOS-Delegación temporal SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-Delegación contratada para el control del servicio de educación o vigilancia sobre capacidad para prestación del servicio de salud SERVICIOS PUBLICOS DE EDUCACION Y SALUD EN SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-Delegación en control, inspección y vigilancia POTESTAD REGLAMENTARIA-Ejercicio en cualquier tiempo aunque legislador establezca un término FUERZA PUBLICA-Sostenimiento corresponde exclusivamente al Estado SERVICIOS PUBLICOS EN SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-Prestación por entidades administrativas en forma asociada REGIMEN DE CARRERA DOCENTE EN SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-Facultad al Gobierno para reformulación REGIMEN DE CARRERA DOCENTE EN SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-Aplicación de nuevo régimen Referencia: expediente D-3898
Andrés De Zubiría Samper.CONSTITUCIONALIDADAlfredo Beltrán SierraDemanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 2, 6, 16, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 39, 42, 56, 57, 60, 64, 72, 74, 76, 88, 111, parciales, de la Ley 715 de 2001, "Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros."D3898Identificadores20020034512true53089Versión original20034512Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 2, 6, 16, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 39, 42, 56, 57, 60, 64, 72, 74, 76, 88, 111, parciales, de la Ley 715 de 2001, "Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros."
DEMANDA }de inconstitucionalidad en contra de los artículos 2, 6, 16, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 39, 42, 56, 57, 60, 64, 72, 74, 76, 88, 111, parciales, de la Ley 715 de 2001, "Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros."
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política, el ciudadano Andrés De Zubiría Samperdemandólos artículos 2, 6, 16, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 39, 42, 56, 57, 60, 64, 72, 74, 76, 88, 111, parciales, de la Ley 715 de 2001 "Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros."
Parágrafo 1. No formarán parte del Sistema General de Participacioneslos recursos del Fondo Nacional de Regalías, y los definidos por el artículo 19 de la Ley 6 de 1992 como exclusivos de la Nación en virtud de autorizaciones otorgadas al Congreso por una única vez en el artículo 43 transitorio de la Constitución Política.
6.2.3. Administrar, ejerciendo las facultades señaladas en el artículo 153 de la ley 115 de 1994, las instituciones educativas y el personal docente y administrativo de los planteles educativos, sujetándose a la planta de cargos adoptada de conformidad con la presente ley. Para ello, realizará concursos, efectuará los nombramientos del personal requerido, administrará los ascensos, sin superar en ningún caso el monto de los recursos disponibles en el Sistema General de Participacionesy trasladará docentes entre los municipios, preferiblemente entre los limítrofes, sin más requisito legal que la expedición de los respectivos actos administrativos debidamente motivados.
Los docentes que laboran en áreas rurales de difícil acceso podrán tener estímulos consistentes en bonificación, capacitación y tiempo, entre otros,de conformidad con el reglamento que para la aplicación de este artículo expida el Gobierno Nacional. (...)
42.15 Establecer,dentro del año siguiente a la vigencia de la presente ley, el régimen para la habilitación de las instituciones prestadoras de servicio de salud en lo relativo a la construcción, remodelación y la ampliación o creación de nuevos servicios en los ya existentes, de acuerdo con la red de prestación de servicios pública y privada existente en el ámbito del respetivo departamento o distrito, atendiendo criterios de eficiencia, calidad y suficiencia.
42.18Reglamentar el uso de los recursos destinados por las entidades territoriales para financiar los tribunales seccionales de ética médica y odontológica.
El control y vigilancia de la generación, flujo y aplicación de los recursos destinados a la salud está a cargo de la Superintendencia Nacional de Salud y se tendrá como control ciudadano en la participación en el Consejo Nacional en Salud, con voz pero sin voto.El Gobierno reglamentará la materia. (...)
No menos del veinte por ciento (20%) del monto de las rentas cedidas que se destinen a gastos de funcionamiento, podrán financiar las funciones de asesoría y asistencia técnica, inspección, vigilancia y control del Régimen Subsidiado y salud pública, de acuerdo con las competencias establecidas en el artículo 44 de la presente ley. En caso de no acreditar la capacidad técnica establecida o que sus resultados no sean satisfactorios, según evaluación y supervisión realizada por la Superintendencia Nacional de Salud,el Departamento contratará dichos procesos con entidades externas.
La Nación podrá girar los recursos del Sistema General de Participaciones y del Sistema General de Seguridad Social en Salud directamente a las entidades de aseguramiento o las instituciones prestadoras de servicios de salud, cuando las entidades territoriales no cumplan con las obligaciones propias del ejercicio de las competencias establecidas en la presente Leyde acuerdo a la reglamentación que el Gobierno Nacional expida sobre la materia.
74.14.1.Apoyar con recursos la labor que realiza la fuerza pública en su jurisdicción.
76.16.1.Apoyar con recursos la labor que realiza la fuerza pública ante su jurisdicción.
La prestación de los servicios en la forma asociada,tendrá un término mínimo de cinco años durante los cuales la gestión, administrativa y prestación de los servicios, estará a cargo de una unidad administrativa sin personería jurídica con jurisdicción interterritorial.
111.2.Se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República, por el término de seis (6) meses contados a partir de la vigencia de la presente ley para expedir un nuevo régimen de carrera docente y administrativa para los docentes, directivos docentes, y administrativos, que ingresen a partir de la promulgación de la presente ley, que sea acorde con la nueva distribución de recursos y competencias y con los recursos.
Considera el demandante que las normas acusadas violan los artículos 1º, 13, 38, 150, 151, 189, 211, 217, 218, 287, 311 y 357 de la Constitución Política. Las razones de violación, el actor las agrupa de la siguiente forma : 1) Vulneración del Sistema General de Participaciones - SGP-; 2) Violación de la autonomía municipal; 3) Imposibilidad de reglamentar las leyes orgánicas; 4) Inspección y vigilancia de la educación y salud son indelegables en los particulares; 5) Ausencia de facultad extraordinaria expresa al Ejecutivo en el sector de la salud; 6) El sostenimiento de la fuerza pública es competencia exclusiva de la Nación; 7) Vulneración del derecho de asociación de las entidades territoriales; y, 8) Violación del principio de igualdad. Se resumen los conceptos de violación de cada uno de los aspectos señalados por el actor, así :
2. La violación de la autonomía municipal la expone el actor respecto de las expresiones demandadas de la Ley 715, artículos 6, 16, 23, que le otorgan facultades al departamento para adoptar decisiones sobre los municipios. Señala que "el departamento no es una entidad superior al municipio o distrito (...) en la Constitución de 1991 en Colombia en el nivel territorial debe prevalecer el nivel local", y así lo consagró el artículo 311 de la Carta. En consecuencia, los artículos, en las expresiones demandadas, al hacer depender a los municipios de los departamentos, se contrarían abiertamente las normas que consagran la autonomía territorial y municipal, artículos 1º, 287 y 311 de la Constitución. Trajo a colación algunos pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre este tema : sentencias C-600ª de 1995; C-545 de 1993.
3. Sobre la imposibilidad de reglamentación por el ejecutivo de leyes orgánicas, el actor señala que las expresiones acusadas de los artículos 22, 24, 27, 39, 42, 57, 64, 62 y 72 de la Ley 715 autorizan al Gobierno Nacional para reglamentar algunos aspectos de la de la citada Ley. Sin embargo, en su concepto, las leyes orgánicas sólo pueden ser reglamentadas a través de leyes ordinarias, de acuerdo con el contenido textual del artículo 151 de la Constitución ("a las cuales estará sujeto el ejercicio de la actividad legislativa") y, señala que así lo ha interpretado la Corte Constitucional en varios pronunciamientos. Sobre las leyes orgánicas, el actor expone cuáles son sus características y lo dicho por la Corte en algunas sentencias. Sintetiza el concepto de violación así: "Las leyes Orgánicas son desarrolladas o reglamentadas a través de leyes ordinarias, esto último se deduce del contenido normativo del artículo 189 de la Constitución en donde se enuncia como atribución del Presidente de la República el de "(...) ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de decretos, resoluciones y órdenes para la cumplida ejecución de las leyes" (numeral 11), concluyéndose que esta facultad reglamentaria del jefe del Ejecutivo Nacional es con relación a las leyes ordinarias, puesto que, como lo destaca la jurisprudencia C-528/95 (sic) de la H. Corte, en las leyes Orgánicas se condiciona es al Congreso para ´la expedición de otras leyes sobre la materia que tratan´." También hace referencia a la sentencia C-028 de 1997, sobre la facultad reglamentaria del Ejecutivo.
8. Sobre la acusación de que el artículo 111, numeral 2, en lo acusado, viola el principio de igualdad, por las facultades extraordinarias al Gobierno que allí se conceden, para que expida un régimen de carrera docente y administrativa, el señor Procurador considera que no hay violación de este principio, por las siguientes razones : el régimen de carrera corresponde establecerlo a la ley, en los términos del artículo 125 de la Constitución. En este sentido, la carrera se erige como un sistema que armoniza los principios que rigen la función pública, consagrados en el preámbulo y en los artículos 1, 2, 122, 131 y 209 de la Constitución.
2.4.2 El desarrollo del actual artículo 356 de la Carta no exige que se haga a través de una ley orgánica, sino, de una ordinaria. En efecto, el inciso primero dice "Salvo lo dispuesto por la Constitución,la ley, a iniciativa del Gobierno, fijará los servicios a cargo de la Nación y de los Departamentos, Distritos y Municipios. Para efecto de atender los servicios a cargo de éstos y a proveer los recursos para financiar adecuadamente su prestación, se crea el Sistema General de Participaciones de los Departamentos, Distritos y Municipios." (se subraya)
A lo largo de todo el artículo 356 citado se hace referencia ala ley, sin la exigencia de orgánica, para el desarrollo de los demás aspectos en esta disposición.
1. Para el actor, lo demandado del parágrafo 1 del artículo 2 de la Ley 715, al establecer que no formarán parte del Sistema General de Participaciones los recursos del Fondo Nacional de Regalías,viola el artículo 357 de la Constitución, como quedó modificado por el Acto Legislativo 01 de 2001, pues, el inciso tercero de esta norma sólo excluyó los tributos que se arbitren por medidas de estados de excepción.
En este sentido, no hay violación de la autonomía de las entidades territoriales que se encuentran cobijadas bajo la clasificación de no certificadas, puesto queson entidades que, bajo determinadas circunstancias temporales, no cumplen los requisitos determinados en la ley de certificación, pero que, una vez los reúnan, pueden llegar a ser certificadas. Llegado ese momento, gozarán del grado de autonomía igual al que tienen los certificados, y los departamentos dejarán de tener la injerencia que les permite la Ley 715 de 2001, en los preceptos acusados, que establecen que en esta clase de municipios (no certificados), los departamentos podrán realizar traslados de docentes entre los municipios (art. 6, numeral 6.2.3); que los recursos serán administrados por el departamento (art. 16) y que esta clase de municipios o corregimientos departamentales "no podrán vincular o contratar docentes, directivos docentes ni funcionarios administrativos para el sector educativo, o contratar bajo cualquier modalidad personas o instituciones para la prestación del servicio : dicha función será exclusiva del respectivo departamento" (art. 23).
4. Sobre los artículos 39 y 72 de la misma Ley, no obstante que el cargo esgrimido por el actor es igual al de los artículos acabados de analizar, para la Corte, tal como lo observó el señor Procurador, resultan inconstitucionales, pues, desconocen los artículos 150, numeral 8, y 189, numeral 22, de la Constitución. Además, el artículo 39 viola los artículos de la Constitución sobre la carrera administrativa (art. 125) y la unidad de materia (art. 158), como pasa a explicarse :
Sin embargo, en los artículos 39, en lo acusado, y 72 de la Ley 715, se observa que el legisladorle entregó a la facultad reglamentaria del Presidente una competencia que sólo le corresponde al Congreso. Para llegar a esta conclusión basta leer el contenido de los mencionados artículos 39 y 72.
4. Para la Corte no hay duda de que resultan inconstitucionales las normas legales que permitan a los particulares ejercer las funciones de control, inspección y vigilancia de la prestación de los servicios públicos, por ser asuntos cuya competencia está en cabeza del Presidente de la República. Es decir, existe reserva constitucional en el Presidente para el ejercicio de estas funciones. Tratándose de los servicios públicos en salud y educación, la Constitución señala en los numerales 21 y 22 del artículo 189, que corresponde al Presidente de la República "21. Ejercer la inspección y vigilancia de la enseñanza conforme a la ley. 22. Ejercer la inspección y vigilancia de la prestación de los servicios públicos." Competencia exclusiva, en cabeza de las autoridades y no de particulares, que se repite por la Constitución en otras disposiciones : artículos 48, 67, 365, entre otros.
¿Por qué Porque los convenios interadministrativos no violan la Constitución, ni siquiera si el objeto del convenio corresponde, como en los casos que se estudian, al ejercicio del control del servicio público de la educación, o a la inspección, vigilancia y control del régimen subsidiado y salud pública.
En efecto, a esta clase de convenios entre entidades de la administración pública se refirió la Corte Constitucional, en la sentencia C-727 de 2000, al examinar la exequibilidad del artículo 14 de la Ley 489 de 1998, disposición que previó que la delegación de las funciones de los organismos y entidades administrativas del orden nacional a favor de entidades descentralizadas o entidades territoriales, si la autoridad competente decide adoptar esta determinación"deberá acompañarse de la celebración de convenios en los que se fijen los derechos y obligaciones de las entidades delegante y delegataria", y la delegación debe ser de carácter temporal. Explicó esta providencia que estos convenios desarrollan la colaboración armónica a que se refiere la Constitución en los artículos 113 y 209.
3. La Corte comparte lo expresado por los intervinientes y el señor Procurador en cuanto a la no vulneración del artículo 150, numeral 10, de la Constitución, porque el artículo se refiere a la facultad reglamentaria y no a la concesión de facultades extraordinarias. Y el hecho de que el legislador establezca un término al Ejecutivo, no impide que el Gobierno ejerza la facultad reglamentaria en cualquier tiempo. Esto fue explicado ampliamente por la Corte en la sentencia C-805 de 2001, en los siguientes términos :
Ni resulta aceptable el argumento de la interviniente en el sentido de que las disposiciones son constitucionales porque las normas no se refieren a recursos sino al apoyo a la misma, bajo los principios de solidaridad y concurrencia. Para desechar este argumento, basta leer que las normas acusadas, tanto referidas a los departamentos como a los municipios, utilizan la expresión "Apoyar conrecursos la labor que realiza la fuerza pública en su jurisdicción."
Primero : Declarar exequible la expresión "los recursos del Fondo Nacional de Regalías", contenida en el parágrafo 1 del artículo 2º, de la Ley 715 de 2001.
Exequible la expresión ... ("y trasladará docentes entre los municipios" ) Artículo 22 LEY_715_2001_21/12/2001
Inexequible (Numeral 14. ) Artículo 16 LEY_715_2001_21/12/2001
Exequible la frase ... ("El Gobierno reglamentará la materia" del parágrafo 1. ) Artículo 57 LEY_715_2001_21/12/2001
Inexequible la parte ... (Parágrafo 1. ) Artículo 57 LEY_715_2001_21/12/2001
Exequible la frase ... ("de acuerdo a la reglamentación que el Gobierno Nacional expida sobre la materia" contenida en el Inciso 2. ) Artículo 64 LEY_715_2001_21/12/2001
Inexequible (Numeral 14. ) Artículo 74 LEY_715_2001_21/12/2001
Inexequible (Numeral 16. ) Artículo 76 LEY_715_2001_21/12/2001
Exequible la expresión ... ("tendrá un término mínimo de cinco años" ) Artículo 88 LEY_715_2001_21/12/2001
Exequible la parte ... (Numeral 2. ) Artículo 111 LEY_715_2001_21/12/2001
SALVAMENTOparcial de voto a la Sentencia C-617/02