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Timestamp: 2018-07-17 11:38:58
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Ley 3/2015, de 23 de marzo de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de La Rioja - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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LEY 3/2015, DE 23 DE MARZO DE LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE LA RIOJA (BOR NÚM. 41 DE 27)
BOE 90 de 15 Abril
El artículo 9.10 del Estatuto de Autonomía de La Rioja ( RCL 1982, 1575 ) , aprobado por Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio, atribuye a la Comunidad Autónoma de La Rioja la competencia para el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de cámaras agrarias de comercio e industria, entidades equivalentes y cualquier otra corporación de derecho público representativa de intereses económicos y profesionales, todo ello en el marco de la legislación básica del Estado.
Mediante Real Decreto 1689/1994, de 22 de julio ( RCL 1994, 2573 ) , y en virtud de lo establecido en la disposición transitoria octava del Estatuto de Autonomía de La Rioja, se verificó el traspaso a esta comunidad de funciones y servicios del Estado en materia de cámaras oficiales de comercio, industria y navegación, incluyendo las funciones de tutela que, sobre el ejercicio de la actividad de las cámaras oficiales de comercio, industria y navegación, venía realizando la Administración general del Estado.
Asimismo, la competencia que se ejerce en materia de cámaras de comercio e industria se ve reforzada por su competencia exclusiva en materia de ordenación y planificación de la actividad económica, y de fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma, dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional (artículo 8.Uno.4 del Estatuto de Autonomía de La Rioja). Esta competencia exclusiva tiene su reflejo, al mismo tiempo, en otras competencias sectoriales, entre las que destacan a los efectos de esta Ley aquéllas en materia de comercio interior (artículo 8.Uno.6), turismo (artículo 8.Uno.9), industria (artículo 8.Uno.11) o agricultura, ganadería e industrias agroalimentarias (artículo 8.Uno.19).
Por una parte, aquellos países continentales que las configuraron como corporación de derecho público, considerándose en alguna forma como Administración Pública, en aplicación de los principios de descentralización y colaboración de los particulares en el cumplimiento de los fines de la Administración, con adscripción oficial por ejercicio de actividad y ámbito territorial. Este fue el modelo adoptado en España desde su creación en 1886 hasta la regulación que estableció la Ley de Bases de 1911, vigente durante el siglo XX, modelo refrendado en la Ley 3/1993, de 22 de marzo ( RCL 1993, 965 ) .
El modelo continental adoptado en España, de adscripción oficial y no voluntaria, se recogió en la Ley 3/1993, de 22 de marzo. La situación económica motivó en 2010, mediante Real Decreto-Ley 13/2010, de 3 de diciembre ( RCL 2010, 3104 ) , el cambio de modelo de adscripción oficial a modelo de adscripción voluntaria, alterando el sistema de financiación obligatorio de las Cámaras, al desaparecer el recurso cameral permanente y establecer un sistema de aportaciones voluntarias. Por último, mediante Ley 4/2014, de 1 de abril ( RCL 2014, 492 ) , Básica de las Cámaras, el legislador básico ha optado por un modelo de adscripción oficial y universal de empresarios integrados en el censo público de empresas y una financiación basada en las aportaciones voluntarias de los asociados y los recursos que se obtengan por la prestación de servicios y gestión de convenios con entidades públicas o privadas, y su participación activa en la gestión de planes Cameral de Internacionalización y de Competitividad.
La Rioja, mediante Ley 1/2010, de 16 de febrero ( LLR 2010, 38 ) , procedió al desarrollo legislativo en esta materia, estableciendo la organización y funcionamiento de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de La Rioja, en el marco de la ley básica de estas corporaciones de derecho público determinado en la Ley 3/1993, de 22 de marzo.
La aprobación de la Ley 4/2014, de 1 de abril, ha establecido un nuevo marco estatal básico de estas corporaciones públicas, dictado en el ejercicio de las competencias atribuidas al Estado en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución (RCL 1978, 2836; ApNDL 2875) española en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, así como en el artículo 149.1.6.ª en materia de legislación procesal, en cuanto se somete a la jurisdicción contencioso-administrativa, previo recurso administrativo ante la Administración tutelante, las resoluciones de las cámaras oficiales dictadas en ejercicio de sus funciones administrativas y de la competencia atribuida al Estado sobre la legislación básica del régimen jurídico de las administraciones públicas en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución española.
El capítulo IV de la Ley regula el régimen electoral, estructurándose en dos secciones. La sección 1.ª establece el marco normativo que le es de aplicación al régimen electoral y los derechos de sufragio activo y pasivo, así como el censo público de empresas como instrumento básico del censo electoral. La sección 2.ª establece los principios generales del procedimiento electoral que a estos efectos y sin perjuicio del desarrollo reglamentario necesario debe tener en cuenta las disposiciones de la legislación básica contenidas en la Ley 4/2014, de 1 de abril, y las normas establecidas en el Real Decreto 1133/2007, de 31 de agosto ( RCL 2007, 1772 ) , en cuanto no se oponga a lo establecido en aquélla.
El capítulo VI establece el régimen jurídico en cuanto a las normas jurídicas de aplicación en su actividad público-administrativa y del derecho privado en el régimen patrimonial y actividad de contratación. Se someten a aprobación de la Administración de tutela el Reglamento de Régimen Interior y la facultad de aquélla de someter a autorización la adquisición de compromisos de gasto en la situación de presupuesto prorrogado. Se establece igualmente la posibilidad de suspender la actividad de los órganos de gobierno de la Cámara en caso de vulneraciones graves o reiteradas del ordenamiento o de imposibilidad manifiesta de cumplir las competencias que tienen encomendadas, y, en su caso, su disolución, así como la resolución de los distintos recursos administrativos que puedan interponerse en la esfera de la actuación administrativa pública cameral.
Artículo . Objeto
1. La Cámara tendrá las funciones de carácter público-administrativo a que se refiere el apartado 1 del artículo 5 de la Ley 4/2014, de 1 de abril ( RCL 2014, 492 ) , Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, entre las que se integran las que se deriven de los planes de internacionalización y competitividad, y desarrollar aquellas otras que se relacionan en el apartado 2 del artículo 5 de la misma Ley, en la forma y con la extensión que reglamentariamente se determine.
Artículo 6. Delegación de competencias y encomienda de gestión
Artículo 7. Memoria anual
3. El número de las vocalías de cada uno de los grupos determinados en los apartados anteriores será establecido por la Administración tutelante, garantizando en todo caso que, como mínimo, dos tercios de éstas correspondan a los representantes de todas las empresas integradas en el censo electoral de la Cámara elegidos por sufragio libre, igual, directo y secreto.
Artículo 11. El presidente y los vicepresidentes
1. El presidente de la Cámara ostentará la representación de ésta, la Presidencia de todos sus órganos colegiados, y será responsable de la ejecución de sus acuerdos. Podrá delegar y revocar por escrito el ejercicio de sus funciones en las vicepresidencias, salvo la relativa a la Presidencia del Pleno y del Comité Ejecutivo, y, en defecto de aquéllas, en los miembros del Comité Ejecutivo; ello sin perjuicio de los casos previstos de su sustitución. Cuando se trate de funciones meramente ejecutivas, podrá efectuar por escrito dicha delegación en el director gerente de la Cámara.
Artículo 12. Pérdida de la condición de miembro del Pleno y del Comité Ejecutivo
g) Por la declaración del concurso de acreedores, cuando, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Concursal ( RCL 2003, 1748 ) , el empresario pierda o quede suspendido en las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio y, en cualquier caso, cuando se dicte resolución de apertura de la liquidación del concurso.
Si el órgano correspondiente de la Cámara, en el supuesto anterior, no iniciase el procedimiento para el cese que proceda en el plazo fijado, podrá ser requerido por la Administración tutelante para que proceda a ello. En el supuesto de que se desatendiese el requerimiento para la incoación del oportuno procedimiento, ésta podrá subrogarse en las facultades de la Cámara, a fin de velar por la correcta composición de sus órganos de gobierno.
4. Las vacantes resultantes como consecuencia de lo establecido en los apartados anteriores se cubrirán de acuerdo con el procedimiento que al efecto se establezca en el Reglamento de Régimen Interior, y los elegidos para ocupar vacantes lo serán sólo por el tiempo que reste para cumplir el mandato regular durante el cual se hubiera producido la vacante.
Artículo 13. El secretario general
Artículo 14. El director gerente
Artículo 15. Personal al servicio de la Cámara
Artículo 18. Adscripción a la Cámara
Artículo 19. Censo público de empresas
La Cámara elaborará el censo público de empresas del que formarán parte las personas físicas o jurídicas expresadas en el artículo anterior, a cuyos efectos contará con la información, datos o censos consecuentes en aplicación de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 4/2014, de 1 de abril ( RCL 2014, 492 ) , y sus disposiciones reglamentarias, con las obligaciones de gestión y confidencialidad de los datos que legalmente le son de aplicación.
Artículo 20. Censo electoral
Artículo 22. Procedimiento electoral
Artículo 23. Garantías del proceso
b) Los recursos que pueda obtener de las administraciones públicas para atender el coste de los servicios públicos administrativos o la gestión de programas que, en su caso, le sean encomendados, y los derivados de los convenios de colaboración que pueda celebrar con aquéllas.
Artículo 25. Presupuestos y fiscalización
Artículo 26. Contabilidad
Artículo 27. Operaciones especiales
Artículo 28. Normativa de aplicación
Artículo 29. Contratación y régimen patrimonial
2. Cuando se trate de las funciones públicas de carácter administrativo a que se refiere la Ley 4/2014, de 1 de abril ( RCL 2014, 492 ) , Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, la Cámara se regirá por el régimen jurídico de aplicación al ejercicio de dicha actividad.
Artículo 30. Tutela
Artículo 31. Aprobaciones
1. Corresponde a la Administración tutelante la aprobación del Reglamento de Régimen Interior de la Cámara, así como sus modificaciones. Se considerará aprobado si, transcurridos tres meses desde la entrada de la solicitud en el Registro General de la Administración tutelante, conforme a lo dispuesto en los artículos 46 y siguientes de la Ley 4/2005, de 1 de junio ( LLR 2005, 141 ) , ésta no ha formulado objeciones en su contra.
Artículo 32. Suspensión y disolución de los órganos de gobierno
Artículo 33. Reclamaciones y recursos
Disposición transitoria primera. Desarrollo de la Ley
Disposición transitoria segunda. Reglamento de Régimen Interior
A la entrada en vigor de la presente Ley quedarán derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la misma, especialmente la Ley 1/2010, de 16 de febrero ( LLR 2010, 38 ) .