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Timestamp: 2019-08-24 17:36:54
Document Index: 337940311

Matched Legal Cases: ['artículo 345', 'artículo 23', 'artículo 195', 'artículo 199', 'artículo 345', 'ARTÍCULO 345', 'artículo 36', 'artículo 199', 'Artículo 199', 'artículo 8', 'artículo 10']

Desde 2017 la definición contenida en los acuerdos municipales de la actividad de servicios para efectos de ICA perdió su vigencia por decaimiento
En esta oportunidad se consultó a la entidad sobre la aplicabilidad del artículo 345 de la Ley 1819 de 2016, que cambió la definición de la actividad de servicios gravados con el impuesto de industria y comercio, pues, en su criterio, con dicha modificación quedan gravadas las profesiones liberales, en contravía de lo dispuesto por el numeral 5 del artículo 23 del Código de Comercio.
1. Para efectos de dar respuesta, partió la DAF recordando que "El hecho generador del impuesto de Industria y Comercio desde la Ley 14 de 1983 es la realización de actividades industriales, comerciales o de servicios en la respectiva jurisdicción municipal. Así lo reiteró el artículo 195 del decreto ley 1333 de 1986:
ARTICULO 195. El impuesto de industria y comercio recaerá, en cuanto a materia imponible, sobre todas las actividades comerciales, industriales y de servicio que se ejerzan o realicen en las respectivas jurisdicciones municipales(…)".
2. Ahora bien, para efectos del impuesto de industria y comercio, el legislador definió qué se entiende por actividades industriales, comerciales y de servicios y la definición de actividad de servicios prevista en el artículo 199 del Decreto Ley 1333 de 1986 fue modificada por el artículo 345 de la Ley 1819 de 2016 así:
ARTÍCULO 345. DEFINICIÓN DE LA ACTIVIDAD DE SERVICIOS GRAVADOS CON EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. El artículo 36 de la Ley 14 de 1983, compilado en el artículo 199 del Decreto-ley 1333 de 1986, quedará así:
Artículo 199. Se consideran actividades de servicio todas las tareas, labores o trabajos ejecutados por persona natural o jurídica o por sociedad de hecho, sin que medie relación laboral con quien los contrata, que genere contraprestación en dinero o en especie y que se concreten en la obligación de hacer sin, importar que en ellos predomine el factor material o intelectual.
En esta oportunidad se consultó a la autoridad tributaria que se pronunciara respecto de los factores que se pueden detraer de la base de retención, ello teniendo en cuenta que las disposiciones reglamentarias no fueron compiladas en el Decreto Único Tributario (1625 de 2016).
Puntualmente la duda trata sobre las disposiciones relativas a la deducción por pagos de intereses en créditos de vivienda (artículos 2º y 3º del Decreto 4713 de 2005) y las reglas para el caso del crédito de vivienda que se otorgó a varias personas y la forma como se aplicaba la deducción (artículo 8 del Decreto 3750 de 1986), disposiciones que como se anotó anteriormente no fueron compiladas en el DUT.
Para dar respuesta al interrogante, señaló la DIAN luego de citar el Art. 3.2.1.1. del DUT (derogatoria integral) que las normas relativas al sector hacienda que versen sobre las mismas materias que no se encuentren compiladas en el Decreto Único 1625 de 2016 están derogadas y no pueden ser aplicadas.
Finalmente, recordó la entidad que dentro del proyecto de reglamentación se incorporó lo siguiente:
Como es de su conocimiento, el artículo 10 del Estatuto Tributario establece las condiciones para considerar para efectos fiscales, cuando una persona natural es residente en Colombia, esta norma fue modificada por el Art 2 de la ley 1607 de 2012 consignando los criterios de días calendarios dentro de un periodo cualquiera de trescientos sesenta y cinco días (365) calendario de permanencia en el país de forma consecutiva.
En esta oportunidad se le consultó a la administración Tributaria en virtud del Principio de Favorabilidad, si es posible incluir cómputo de días de permanencia de un extranjero en el territorio nacional, dos periodos en un mismo año gravable, es decir parte en el año 2012 y parte en el año 2013?
Para dar respuesta al interrogante, la DIAN procedió a realizar un análisis profundizando en lo siguiente:
1. Antes de las modificaciones de la ley 1607 de 2012 el Art 10 del E.T., el Art 1° del Decreto 187 de 1975, exigía que para alcanzar el estatus de residente la magnitud del tiempo estaba circunscrita al periodo fiscal, según la cual el año, periodo o ejercicio impositivo, en materia de impuesto sobre la renta y complementarios, era el mismo año calendario desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre.
En tanto con la nueva regulación de la Ley 1607 de 2012 se incluyeron factores adicionales como la permanencia continua o discontinua en el país por más 183 días año calendario (no año fiscal) incluyendo los días de entrada y de salida del país, durante un periodo cualquiera de 365 días calendario consecutivos, en el entendido que, cuando la permanencia continua o discontinua en el país recaiga sobre más de un año o periodo gravable, se considerará que la persona es residentes a partir del segundo año o periodo gravable; es decir que tendría efectos solo para los hechos ocurridos a partir del año gravable 2013.
La Superintendencia de Sociedades establece los requisitos de las actas de las S.A.S. con accionista único
En el mencionado oficio, la Superintendencia señala que a pesar que la norma remita eventualmente a la aplicación de aquello previsto para las sociedades comerciales en el Código de Comercio, no resulta posible determinar la existencia de una reunión dado que para esto se requiere la presencia de dos o más accionistas. Bajo este entendido, la existencia de un presidente y secretario resulta innecesario, por lo que basta la firma del único accionista o su representante en el Acta que se levante.
¿Tiene fundamento legal el cobro de la contribución por valorización por beneficio general?
En esta oportunidad correspondió al Consejo de Estado decidir la legalidad de las modificaciones que incorporó el Concejo Municipal de Montería a su Estatuto de Rentas con relación a la contribución de valorización mediante el acuerdo 007 del 2008 y 010 del 2011. A continuación resumimos las dos consideraciones más importantes de la Corporación sobre el particular:
¿Puede entenderse como una desnaturalización de la contribución por valorización que esta grave el beneficio general ocasionado?
Como es sabido, la contribución por valorización es un gravamen real que se funda en el beneficio que recibe un predio por la ejecución de una obra pública y la condición de que el mismo sea directo o general depende del impacto que la obra o conjunto de obras tenga sobre la propiedad.
La DAF da a conocer algunos criterios en relación con el ICA en la prestación de servicios públicos domiciliarios
Como es conocido, el impuesto de Industria y Comercio ICA es un tributo de carácter territorial que grava las actividades comerciales, industriales y de servicios ejercidas o realizadas en las jurisdicciones municipales (Ley 14 de 1983). Dicho lo anterior, la Dirección de Apoyo Fiscal fue consultada sobre la liquidación de los ingresos que percibe una Empresa de Servicios Públicos de acueducto y alcantarillado provenientes de un operador, a título de participación y arrendamientos de los servicios que presta.
La Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios debe liquidar el ICA de la siguiente manera:
¿Sabes cuál es el órgano competente para ejercer las facultades de fiscalización y liquidación de la estampilla pro-Universidad de la Guajira?
Como es de su conocimiento, con la expedición de la Ley 71 de 1986, se autorizó la creación y emisión de la estampilla Pro-Universidad de la Guajira destinada a actividades relacionadas con la compra de terrenos propios, a la construcción y a la financiación de dicha universidad. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha manifestado que las leyes que crean tributos deben establecer todos los elementos del mismo, sin embargo, en aquellos tributos de carácter territorial la ley puede limitarse a autorizar el tributo. En el último caso, serán las corporaciones de representación popular de las entidades territoriales las que desarrollen y establezcan algunos elementos del tributo. Lo anterior, sin exceder el marco impuesto por la ley (Sentencia C-084 de 1995).
Fuente Aliada: Tax &Legal
Como es sabido, antes de la expedición de la reforma tributaria (Ley 1819 de 2016) se establecía que la firmeza de la liquidación privada era de 6 meses por las declaraciones tributarias de personas naturales que pertenecieron a la categoría de empleados o trabajadores por cuenta propia y que la presentaron por el sistema IMAS.
Así las cosas, se le consultó a la DIAN si es aplicable el término de firmeza de 3 años previsto en el Articulo 714 del Estatuto Tributario, en el evento en que se solicite una devolución o compensación de una suma originada de una declaración presentada por ese sistema de determinación.
Para resolver el interrogante, la Administración precisó, que si el contribuyente solicitó una devolución o saldo a favor, ya habiendo operado dicha firmeza en la declaración, el término de firmeza aplicable será de 3 años contados desde la fecha de la solicitud de dicha solicitud.
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