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Timestamp: 2020-08-09 10:11:14
Document Index: 222150244

Matched Legal Cases: ['artículo 42', 'artículo 143', 'artículo 3', 'artículo 25', 'artículo 5', 'artículo 75', 'artículo 13']

Resolución de 10 de mayo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio en materia de gestión electoral con la Comunidad Autónoma de La Rioja
Segunda Supuestos de concurrencia electoral
Octava Vigencia, eficacia, extinción, modificación y consecuencias en caso de incumplimiento
Habiéndose suscrito el 28 de marzo de 2019 el Convenio en materia de gestión electoral entre la Administración General del Estado (Ministerio del Interior) y la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho Convenio, que figura como anexo a esta Resolución.
Convenio en materia de gestión electoral entre la Administración General del Estado (Ministerio del Interior) y la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja
Y de otra, doña Begoña Martínez Arregui, Consejera de Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior del Gobierno de La Rioja, nombrada mediante Decreto del Presidente de La Rioja número 7/2015, de 10 de julio (BOR de 11 de julio de 2015), y facultada para la firma del presente Convenio en virtud del artículo 42.1.k) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, del Gobierno e Incompatibilidades de sus miembros, y autorizada para su aprobación por acuerdo de Consejo de Gobierno de 13 de octubre de 2017, por el que se delega la facultad para la aprobación de Convenios que celebre la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja y sus organismos públicos.
Primero.Que el principio de cooperación y colaboración consagrado, de manera implícita en la Constitución Española, y en el artículo 143 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, es un criterio informador que debe presidir las relaciones entre Estado y las Comunidades Autónomas en beneficio de ambos –SSTC 64/1982, 71/1983 y 104/1988–, sin que éste implique la extensión de las competencias estatales –SSTC 18/1982, 880/1985 y 96/1986–.
Segundo.Que de acuerdo con el principio de lealtad institucional, establecido en el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las Administraciones Públicas deberán respetar en su actuación y relaciones, entre otros, los siguientes principios: buena fe, confianza legítima y lealtad institucional; responsabilidad por la gestión pública; y cooperación, colaboración y coordinación.
Tercero.Que la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, establece que lo dispuesto en esta ley se entiende sin perjuicio del ejercicio de las competencias reconocidas, dentro del respeto a la Constitución y a la presente ley orgánica, a las Comunidades Autónomas por sus respectivos Estatutos en relación con las elecciones a las respectivas Asambleas Legislativas. Asimismo, dispone que, en aplicación de las competencias que la Constitución reserva al Estado, se aplican también a las elecciones a Asambleas Legislativas de Comunidades Autónomas convocadas por éstas, los siguientes artículos del título I de esta Ley Orgánica: 1 al 42; 44; 44 bis; 45; 46.1, 2, 4, 5, 6 y 8; 47.4; 49; 50 1, 2 y 3; 51.2 y 3; 52; 53; 54; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 65; 66; 68; 69; 70.1 y 3; 72; 73; 74; 75; 85; 86.1; 87.2; 90; 91; 92; 93; 94; 95.3; 96; 103.2; 108.2 y 8; 109 a 119; 125 a 130; 131.2; 132; 135 a 152. Los restantes artículos del título I de esta Ley tienen carácter supletorio de la legislación que en su caso aprueben las Comunidades Autónomas, siendo de aplicación en las elecciones a sus Asambleas Legislativas en el supuesto de que las mismas no legislen sobre ellos.
La Ley 3/1991, de 21 de marzo, de elecciones a la Diputación General de La Rioja, regula el régimen de elecciones a la Diputación General, desarrollando las previsiones estatutarias conforme a las peculiaridades de la Comunidad Autónoma, dentro del marco establecido en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Quinto.Que la normativa en vigor establece determinadas obligaciones para el Estado con independencia de la naturaleza autonómica o estatal de la convocatoria electoral (como por ejemplo, gestión del censo electoral, voto de los españoles residentes en el exterior, actuaciones postales…) y que por lo tanto no son actuaciones objeto del presente Convenio.
Sexto.Que cada una de las Administraciones es responsable de su proceso electoral y ostenta la competencia de anunciar los avances de participación, los datos de participación y los resultados provisionales respectivos. No obstante, ambas partes se comprometen a colaborar con el objetivo de utilizar los recursos necesarios de una manera eficiente, facilitando así una gestión electoral coordinada en aquellos elementos que resulten comunes a todos los procesos electorales.
El objeto del presente Convenio es determinar actuaciones de colaboración en materia de gestión de procesos electorales que permitan a la Administración General del Estado y a la Comunidad Autónoma de La Rioja gestionar de manera eficaz y eficiente los recursos públicos necesarios para la gestión de los procesos electorales, tanto en los supuestos de concurrencia electoral como en aquellos casos en los que no se produzca dicha concurrencia.
I. Mesa electoral común. En el marco de la responsabilidad que corresponde a ambas Administraciones en la correcta dotación de medios y recursos a los miembros de las Mesas electorales, las partes entienden que la coordinación de actuaciones hace conveniente la asunción de determinadas obligaciones por el Ministerio del Interior, ya que con motivo de la existencia de una Mesa común para los casos de concurrencia, prevista en el artículo 25.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, no se genera un incremento de gasto electoral para éste con respecto al supuesto de que las elecciones de su competencia se celebrasen por separado. A ello se une que la eficacia de la gestión aconseja la asunción de determinadas actuaciones por una sola Administración.
1.2 Mesas administradas electrónicamente (MAE). Si el Ministerio del Interior decidiese la instalación de MAEs y teniendo en cuenta la conveniencia de hacer un uso compartido de las tecnologías aplicadas a la gestión electoral, estas herramientas tendrán en cuenta la concurrencia electoral allí donde se produzca. La Comisión de Seguimiento podrá acordar el alcance de dicha implantación (lugar y número de Mesas).
2.1 Urnas, cabinas y soportes señalizadores. El Ministerio del Interior prestará las urnas necesarias para el proceso autonómico, previa solicitud de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Esta solicitud deberá incorporar una previsión de necesidades y habrá de comunicarse directamente a la Delegación del Gobierno en La Rioja. La Comunidad Autónoma deberá devolver el material prestado en perfecto estado y, en su caso, asumirá el coste de los desperfectos que hubieran podido producirse en el mismo.
A estos efectos, las partes acuerdan que el total de desperfectos que se produzcan en las urnas utilizadas en ambos procesos se prorrateará como corresponda al número de procesos que se celebren y a la competencia estatal y/o autonómica de cada uno de ellos. Así, si se produce la concurrencia electoral entre un proceso estatal y uno autonómico, la Comunidad Autónoma de La Rioja asumirá el coste de la mitad de los desperfectos que se produzcan. Si fueran dos procesos autonómicos y uno estatal, la Comunidad Autónoma de La Rioja asumirá las dos terceras partes del coste correspondiente a los desperfectos, y así sucesivamente con las distintas posibilidades que pudieran producirse.
Este coste será devuelto bien mediante ingreso en el Tesoro Público o bien en forma de nuevo material (nuevas urnas con las mismas características a las prestadas) que habrá de devolverse a la Delegación del Gobierno en La Rioja o a los Ayuntamientos que ésta indique, en los tres meses siguientes a la celebración de las elecciones.
2.2 Impresos y sobres electorales. El Ministerio del Interior asumirá el coste de la fabricación y distribución del material electoral impreso común a los procesos concurrentes según lo previsto en el artículo 5.4 y el anexo 11 del Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, de regulación complementaria de los procesos electorales.
2.3 Manual de instrucciones para los miembros de las Mesas electorales. El Ministerio del Interior asumirá el coste de la elaboración, fabricación y distribución del Manual de Instrucciones para los miembros de las Mesas electorales que, una vez supervisado por la Junta Electoral Central, será aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros y por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma. En su elaboración se tendrán en cuenta las consideraciones que sobre su contenido pueda realizar la Comunidad Autónoma de La Rioja.
2.4 Distribución del material. Al objeto de agilizar y optimizar la gestión electoral, la Delegación del Gobierno en La Rioja coordinará con la Comunidad Autónoma de La Rioja la distribución del material electoral.
2.5 Voto CERA. Con el objeto de garantizar la gratuidad del voto de los electores residentes en el extranjero de acuerdo con lo previsto en el artículo 75 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, el Ministerio del Interior instará al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación el uso de apartados de correos específicos que permitan el franqueo en destino para estos electores, de modo que no deban adelantar pago alguno por el envío de su voto a la Oficina o Sección Consular. Asimismo, el Ministerio del Interior, teniendo en cuenta que se trata de un sobre de uso común para los procesos concurrentes, asumirá el coste de la fabricación de los modelos de sobres específicos para cada país de residencia que pudieran ser necesarios para hacer efectivos estos envíos a franquear en destino.
En aquellos países donde no haya sido posible la apertura de apartado de Correos la Administración General del Estado asumirá igualmente la devolución al elector del coste del envío (que es único para todos los procesos concurrentes en los que los electores CERA puedan votar) mediante giro postal a la dirección proporcionada por éste.
Cuando no exista concurrencia con un proceso estatal en el que los electores CERA puedan votar, la Comunidad Autónoma de La Rioja asumirá el coste de la devolución y el de la fabricación de sobres.
El Ministerio del Interior, salvo en los supuestos en los que la concurrencia solo se produzca con elecciones locales (en las que este procedimiento no es de aplicación) se compromete a poner a disposición de la Comunidad Autónoma de La Rioja el servicio de atención telefónica a los solicitantes del procedimiento de voto accesible regulado en el Real Decreto 1612/2007, de 7 de diciembre, por el que se regula un procedimiento de voto accesible que facilita a las personas con discapacidad visual el ejercicio del derecho de sufragio.
4. Acondicionamiento de locales. La Delegación del Gobierno en La Rioja precisará y determinará coordinadamente con la Comunidad Autónoma la distribución de tareas y costes relativos al acondicionamiento de locales electorales.
En el caso de la Junta Electoral Provincial, ambas Administraciones, a quienes en virtud del artículo 13.2 de la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio, les corresponde dotarla de medios (comunicaciones, hardware y software para gestión de candidaturas y escrutinio…), instarán a aquella el uso de los que ya disponga la Administración de Justicia, así como a utilizar el local donde habitualmente esté ubicada la Audiencia Provincial.
Si la concurrencia electoral del proceso autonómico solo se produjese con las elecciones locales, como proceso de competencia estatal, la Comunidad Autónoma de La Rioja asumirá la dotación de medios necesarios para la Junta Electoral de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
En todo caso, el Ministerio del Interior pone a disposición de la Comunidad Autónoma de La Rioja sus aplicaciones informáticas de apoyo a las Juntas tanto para la gestión de las candidaturas, como para la realización del escrutinio general o definitivo.
La Comunidad Autónoma de La Rioja facilitará, en caso necesario, la instalación de medios complementarios por el Ministerio del Interior, y permitirá que las comunicaciones con todas las Juntas Electorales del territorio de la Comunidad Autónoma se realicen a través de la infraestructura de comunicaciones propia de las sedes judiciales en que se ubican dichas Juntas.
2.1 Selección y nombramiento. El representante de la Administración será único en aquellas localidades donde así lo acuerden ambas Administraciones. Su designación deberá ser consensuada entre el Delegado del Gobierno en La Rioja y la Comunidad Autónoma de La Rioja, procurando que sean preferentemente empleados públicos, salvo en circunstancias debidamente justificadas.
2.2 Retribución. La retribución de los representantes de la Administración únicos correrá a cargo de ambas Administraciones al 50%, de forma que la contribución que perciba el representante de la Administración por su participación en los procesos electorales, estatales y autonómicos no podrá superar, en ningún caso, el tope máximo establecido en las instrucciones económico-administrativas del Ministerio del Interior.
El Ministerio del Interior asumirá el coste del seguro de los representantes de la Administración únicos que no sean empleados públicos.
2.4 Formación. La Comunidad Autónoma de La Rioja colaborará con la Delegación del Gobierno en La Rioja en la organización de las sesiones de formación necesarias para los representantes de la Administración que actúen como representantes únicos para ambas Administraciones.
1. Campaña institucional. Teniendo en cuenta que ello no supone incremento de gasto alguno para el Ministerio del Interior, este incluirá en las campañas institucionales que tiene previsto realizar, la alusión a todos los procesos concurrentes. Además, el Ministerio del Interior cede estas campañas institucionales para su adaptación y difusión por la Comunidad Autónoma de La Rioja, siempre que la adaptación que se realice haga referencia también a las elecciones de competencia estatal y mantenga la imagen institucional del Gobierno de España/Ministerio del Interior.
3. Transporte de electores. El coste del trasporte gratuito para los electores correrá a cargo de la Comunidad Autónoma y la Delegación del Gobierno en La Rioja, con cargo al presupuesto electoral del Ministerio del Interior, al 50%.
4. Información sobre jornada laboral y permisos. La Comunidad Autónoma de La Rioja informará al Ministerio del Interior, a medida que se vayan aprobando, sobre las disposiciones autonómicas que se adopten en materia de jornada laboral y permisos de las personas que intervienen en el proceso electoral.
5. Decretos de convocatoria. El Ministerio del Interior pondrá a disposición de la Comunidad Autónoma de La Rioja las instrucciones que elabore el «Boletín Oficial del Estado» para la publicación del Decreto de convocatoria de las elecciones autonómicas.
6. Papel de la Delegación del Gobierno en La Rioja. El desarrollo y ejecución de lo previsto en los presentes criterios se realizará de forma coordinada por la Comunidad Autónoma de La Rioja y la Delegación del Gobierno.
1. Material electoral. En virtud del principio de colaboración administrativa, la Comunidad Autónoma de La Rioja podrá solicitar a la Administración General del Estado el material electoral (urnas, cabinas, soportes señalizadores etc.) que se estime necesario para la celebración de las Elecciones a la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma, y en los términos que se establezcan por ambas Administraciones. En el caso de que se produzcan desperfectos en estos materiales, la Comunidad Autónoma asumirá el coste de los mismos bien mediante ingreso en el Tesoro Público o bien mediante la devolución de nuevo material en los tres meses siguientes a la celebración del proceso.
En el caso de los impresos y documentación electoral reutilizable, fabricados por la Administración General del Estado, se determinará en qué casos concretos procede su utilización por parte de la Comunidad Autónoma y esta asumirá la devolución del mismo en los términos establecidos en el párrafo anterior.
La Comunidad Autónoma de La Rioja asumirá con cargo a la partida presupuestaria 14.10.1812.227.05 los costes generados por los compromisos adquiridos en el presente Convenio.
La aportación económica que realice la Comunidad Autónoma de La Rioja de acuerdo con lo previsto en este Convenio se realizará mediante ingreso en el Tesoro Público. Estos ingresos podrán dar lugar a generaciones de crédito en la aplicación presupuestaria 16.01.924M.227.05 del presupuesto del Ministerio del Interior.
– La persona titular de la Consejería de Presidencia, Relaciones Instituciones y Acción Exterior de la Comunidad Autónoma o persona en quien delegue.
a) Articular la colaboración entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de La Rioja en materia de gestión electoral, para contribuir a una mayor eficacia y eficiencia en dicha gestión, a través de la homogeneización de criterios técnicos, de la optimización de recursos, así como del intercambio de información sobre los procesos electorales;
Ambas Administraciones elaborarán un informe en un plazo de seis meses desde la celebración del proceso electoral correspondiente, sobre la coordinación de actuaciones prevista en el presente Convenio. Este informe incluirá en todo caso una valoración económica cuando dicha coordinación tenga alguna repercusión para el presupuesto electoral. Dicho informe se presentará y será aprobado en la Comisión de Seguimiento.
Las dudas o controversias que surjan entre las partes sobre los efectos, interpretación o resolución del mismo que no puedan resolverse por conciliación en la Comisión de Seguimiento, serán sometidas a los tribunales competentes de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Se acuerda resolver el Convenio suscrito por los firmantes el 14 de enero de 2014 y prorrogado el 28 de noviembre de 2017 dando lugar a su liquidación y extinción desde su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» previa inscripción en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal.
Desde la fecha en que el presente Convenio adquiera eficacia jurídica, sustituirá en su totalidad al firmado por las partes en fecha 14 de enero de 2014, Convenio que por consiguiente se declara resuelto, liquidado y extinto.
Y en prueba de conformidad, firman el presente documento, por triplicado, en el lugar y fecha al principio indicados.