Source: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=20021593
Timestamp: 2019-07-21 21:42:26
Document Index: 408064303

Matched Legal Cases: ['artículo 206', 'artículo 206', 'artículo 206', 'artículo 206', 'Artículo 206', 'artículo 206', 'artículo 80', 'Artículo 206']

C-332 de 2013
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020021593CC-SENTENCIAC332201305/06/2013CC-SENTENCIA_C_332__2013_05/06/2013200215932013Sentencia C-332/13 ((Bogotá D.C., junio 5) DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA NORMAS SOBRE JURAMENTO ESTIMATORIO EN CODIGO GENERAL DEL PROCESO- Cosa juzgada constitucional respecto del parágrafo e inciso cuarto del artículo 206 de a Ley 1564 de 2012 COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL- Jurisprudencia constitucional/ COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL- Definición/ COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL- Alcance/ COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL ABSOLUTA- Concepto/ COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL RELATIVA- Concepto En reiteradas oportunidades este tribunal ha definido a la cosa juzgada constitucional como "el carácter inmutable de las sentencias de la Corte Constitucional", valga decir, cuando se configura la cosa juzgada constitucional, porque ha habido un pronunciamiento de fondo sobre la exequibilidad de determinado precepto legal, no es posible volver a ocuparse del tema. La cosa juzgada constitucional puede ser absoluta o relativa. Es absoluta "cuando el pronunciamiento de constitucionalidad de una disposición, a través del control abstracto, no se encuentra limitado por la propia sentencia, es decir, se entiende que la norma es exequible o inexequible en su totalidad y frente a todo el texto Constitucional". Es relativa "cuando el juez constitucional limita en forma expresa los efectos de la decisión, dejando abierta la posibilidad para que en un futuro se formulen nuevos cargos de inconstitucionalidad contra la norma que ha sido objeto de examen, distintos a los que la Corte ya ha analizado". La cosa juzgada constitucional relativa, es más compleja cuando la Corte ha declarado la exequibilidad de la norma acusada. En este caso es posible presentar nuevas demandas contra la misma norma, pero con fundamento en diferentes cargos. Por lo tanto, para constatar la existencia de la cosa juzgada constitucional relativa, es menester verificar que la nueva controversia verse sobre el mismo contenido normativo de la disposición ya examinada y que los cargos planteados sean idénticos a los propuestos en la ocasión anterior. COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL ABSOLUTA- Excepciones al alcance /COSA JUZGADA RELATIVA IMPLICITA- Alcance/ COSA JUZGADA APARENTE- Concepto/ DOCTRINA DE LA CONSTITUCION VIVIENTE- Concepto Existen tres situaciones especiales en torno de la cosa juzgada constitucional, a saber: la cosa juzgada relativa implícita, la cosa juzgada aparente y la doctrina de la Constitución viviente. La cosa juzgada relativa implícita se puede presentar en dos eventos: (i) cuando se declara "la exequibilidad de una disposición legal solamente desde el punto de vista formal, caso en el cual la cosa juzgada operará en relación con este aspecto quedando abierta la posibilidad para presentar y considerar nuevas demandas de inconstitucionalidad por su contenido material"; y (ii) cuando "al declarar la exequibilidad de una norma [la Corte] haya limitado su decisión a un aspecto constitucional en particular o a su confrontación con determinados preceptos de la Carta Política, situación en la cual la cosa juzgada opera solamente en relación con lo analizado y decidido en la respectiva sentencia". La cosa juzgada aparente se configura si "pese al silencio que se observa en la parte resolutiva de la sentencia, existen en su parte motiva referencias suficientes para concluir que, en realidad, la Corte limitó su análisis únicamente a los cargos que le fueron planteados en la demanda, o a la confrontación de la norma acusada con el contenido de unos determinados preceptos constitucionales". La doctrina de la Constitución viviente plantea "una posibilidad, en todo caso excepcionalísima, de someter nuevamente a análisis de constitucionalidad disposiciones sobre las cuales existe un pronunciamiento de exequibilidad, en la que dicha opción concurre cuando en un momento dado, a la luz de los cambios económicos, sociales, políticos, e incluso ideológicos y culturales de una comunidad, no resulte sostenible, a la luz de la Constitución, -que es expresión, precisamente, en sus contenidos normativos y valorativos, de esas realidades-, un pronunciamiento que la Corte haya hecho en el pasado, con fundamento en significaciones constitucionales materialmente diferentes a aquellas que ahora deben regir el juicio de Constitucionalidad de una determinada norma".
Julián Arturo Polo EcheverriCONSTITUCIONALIDADMAURICIO GONZÁLEZ CUERVOPor medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposicionesD9514Identificadores20020021594true36697Versión original20021594Identificadores
Norma demandada: Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones
Sentencia C-332/13
((Bogotá D.C., junio 5)
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA NORMAS SOBRE JURAMENTO ESTIMATORIO EN CODIGO GENERAL DEL PROCESO-Cosa juzgada constitucional respecto del parágrafo e inciso cuarto del artículo 206 de a Ley 1564 de 2012
En reiteradas oportunidades este tribunal ha definido a la cosa juzgada constitucional como "el carácter inmutable de las sentencias de la Corte Constitucional", valga decir, cuando se configura la cosa juzgada constitucional, porque ha habido un pronunciamiento de fondo sobre la exequibilidad de determinado precepto legal, no es posible volver a ocuparse del tema. La cosa juzgada constitucional puede ser absoluta o relativa. Es absoluta "cuando el pronunciamiento de constitucionalidad de una disposición, a través del control abstracto, no se encuentra limitado por la propia sentencia, es decir, se entiende que la norma es exequible o inexequible en su totalidad y frente a todo el texto Constitucional". Es relativa "cuando el juez constitucional limita en forma expresa los efectos de la decisión, dejando abierta la posibilidad para que en un futuro se formulen nuevos cargos de inconstitucionalidad contra la norma que ha sido objeto de examen, distintos a los que la Corte ya ha analizado". La cosa juzgada constitucional relativa, es más compleja cuando la Corte ha declarado la exequibilidad de la norma acusada. En este caso es posible presentar nuevas demandas contra la misma norma, pero con fundamento en diferentes cargos. Por lo tanto, para constatar la existencia de la cosa juzgada constitucional relativa, es menester verificar que la nueva controversia verse sobre el mismo contenido normativo de la disposición ya examinada y que los cargos planteados sean idénticos a los propuestos en la ocasión anterior.
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL ABSOLUTA-Excepciones al alcance/COSA JUZGADA RELATIVA IMPLICITA-Alcance/COSA JUZGADA APARENTE-Concepto/DOCTRINA DE LA CONSTITUCION VIVIENTE-Concepto
Existen tres situaciones especiales en torno de la cosa juzgada constitucional, a saber: la cosa juzgada relativa implícita, la cosa juzgada aparente y la doctrina de la Constitución viviente. La cosa juzgada relativa implícita se puede presentar en dos eventos: (i) cuando se declara "la exequibilidad de una disposición legal solamente desde el punto de vista formal, caso en el cual la cosa juzgada operará en relación con este aspecto quedando abierta la posibilidad para presentar y considerar nuevas demandas de inconstitucionalidad por su contenido material"; y (ii) cuando "al declarar la exequibilidad de una norma [la Corte] haya limitado su decisión a un aspecto constitucional en particular o a su confrontación con determinados preceptos de la Carta Política, situación en la cual la cosa juzgada opera solamente en relación con lo analizado y decidido en la respectiva sentencia". La cosa juzgada aparente se configura si "pese al silencio que se observa en la parte resolutiva de la sentencia, existen en su parte motiva referencias suficientes para concluir que, en realidad, la Corte limitó su análisis únicamente a los cargos que le fueron planteados en la demanda, o a la confrontación de la norma acusada con el contenido de unos determinados preceptos constitucionales". La doctrina de la Constitución viviente plantea "una posibilidad, en todo caso excepcionalísima, de someter nuevamente a análisis de constitucionalidad disposiciones sobre las cuales existe un pronunciamiento de exequibilidad, en la que dicha opción concurre cuando en un momento dado, a la luz de los cambios económicos, sociales, políticos, e incluso ideológicos y culturales de una comunidad, no resulte sostenible, a la luz de la Constitución, -que es expresión, precisamente, en sus contenidos normativos y valorativos, de esas realidades-, un pronunciamiento que la Corte haya hecho en el pasado, con fundamento en significaciones constitucionales materialmente diferentes a aquellas que ahora deben regir el juicio de Constitucionalidad de una determinada norma".
Demanda de inconstitucionalidad: en contra del inciso cuarto y del parágrafo del artículo 206 de la Ley 1564 de 2012, "Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones".
El actor, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad prevista en los artículos 40.6, 241 y 242 de la Constitución Política, instauró demanda solicitando la declaratoria de inconstitucionalidad del inciso cuarto y del parágrafo del artículo 206 de la Ley 1564 de 2012, cuyo texto -con lo demandado en subrayas- es el siguiente:
Artículo 206.Juramento estimatorio.
En reiteradas oportunidades este tribunal[1] ha definido a la cosa juzgada constitucional como "el carácter inmutable de las sentencias de la Corte Constitucional"[2], valga decir, cuando se configura la cosa juzgada constitucional, porque ha habido un pronunciamiento de fondo sobre la exequibilidad de determinado precepto legal, no es posible volver a ocuparse del tema[3].
La cosa juzgada constitucional puede ser absoluta o relativa. Es absoluta "cuando el pronunciamiento de constitucionalidad de una disposición, a través del control abstracto, no se encuentra limitado por la propia sentencia, es decir, se entiende que la norma es exequible o inexequible en su totalidad y frente a todo el texto Constitucional"[4]. Es relativa "cuando el juez constitucional limita en forma expresa los efectos de la decisión, dejando abierta la posibilidad para que en un futuro se formulen nuevos cargos de inconstitucionalidad contra la norma que ha sido objeto de examen, distintos a los que la Corte ya ha analizado"[5].
Para verificar que la nueva controversia versa sobre el mismo contenido normativo de la disposición ya examinada, es menester "revisar el contexto normativo en el que se aplica la disposición legal desde el punto de vista de la Constitución viviente"[7].
La cosa juzgada relativa implícita[9] se puede presentar en dos eventos: (i) cuando se declara "la exequibilidad de una disposición legal solamente desde el punto de vista formal, caso en el cual la cosa juzgada operará en relación con este aspecto quedando abierta la posibilidad para presentar y considerar nuevas demandas de inconstitucionalidad por su contenido material"; y (ii) cuando "al declarar la exequibilidad de una norma [la Corte] haya limitado su decisión a un aspecto constitucional en particular o a su confrontación con determinados preceptos de la Carta Política, situación en la cual la cosa juzgada opera solamente en relación con lo analizado y decidido en la respectiva sentencia".
La cosa juzgada aparente se configura si "pese al silencio que se observa en la parte resolutiva de la sentencia, existen en su parte motiva referencias suficientes para concluir que, en realidad, la Corte limitó su análisis únicamente a los cargos que le fueron planteados en la demanda, o a la confrontación de la norma acusada con el contenido de unos determinados preceptos constitucionales"[10].
La doctrina de la Constitución viviente plantea "una posibilidad, en todo caso excepcionalísima, de someter nuevamente a análisis de constitucionalidad disposiciones sobre las cuales existe un pronunciamiento de exequibilidad, en la que dicha opción concurre cuando en un momento dado, a la luz de los cambios económicos, sociales, políticos, e incluso ideológicos y culturales de una comunidad, no resulte sostenible, a la luz de la Constitución, -que es expresión, precisamente, en sus contenidos normativos y valorativos, de esas realidades-, un pronunciamiento que la Corte haya hecho en el pasado, con fundamento en significaciones constitucionales materialmente diferentes a aquellas que ahora deben regir el juicio de Constitucionalidad de una determinada norma"[11].
Declarar EXEQUIBLE el parágrafo único del artículo 206 de la Ley 1564 de 2012, bajo el entendido de que tal sanción -por falta de demostración de los perjuicios que conduce a la negación de las pretensiones- no procede cuando la causa de la misma sea imputable a hechos o motivos ajenos a la voluntad de la parte, ocurridos a pesar de su obrar diligente.
Esta sanción tiene finalidades legítimas, tales como preservar la lealtad procesal de las partes y condenar la realización de demandas "temerarias" y "fabulosas"[13] en el sistema procesal colombiano. En este marco, la sanción se fundamenta en la violación de un bien jurídico muy importante como es la eficaz y recta administración de justicia[14], que no solamente se condena penalmente, sino también con la imposición de sanciones al interior del propio proceso civil a través del sistema de responsabilidad patrimonial de las partes cuyo punto cardinal es el artículo 80 de acuerdo con el cual "Cada una de las partes responderá por los perjuicios que con sus actuaciones procesales temerarias o de mala fe cause a la otra o a terceros intervinientes. Cuando en el proceso o incidente aparezca la prueba de tal conducta, el juez, sin perjuicio de las costas a que haya lugar, impondrá la correspondiente condena en la sentencia o en el auto que los decida".
Estarse a lo resuelto ... (inciso 4 y parágrafo ) Artículo 206 LEY_1564_2012_12/07/2012
[1]Ver, entre otras, las siguientes Sentencias C-028 de 2006.C-061 de 2010, C-079, C-220 y C-393 de 2011, C-241 y C-254 A de 2012.
[2]Cfr. Sentencia C-028 de 2006.
[3]Cfr. Sentencia C-079 de 2011.
[5]Cfr. Sentencias C-310 de 2002, C-647 de 2006, C-516 de 2007, C-469 de 2008, C-149, C-406 y C-729 de 2009, C-061, C-819 y C-978 de 2010 y C-542 de 2011.
[6]Cfr. Sentencia C-228 de 2009.
[7]Cfr. Sentencia C-220 de 2011.
[9]Cfr. Sentencias C-153 de 2002 y C-798 de 2003.
[12]Ver, en especial, el punto 3.8.2.4. de la sentencia.
[13]Informe de ponencia para primer debate Proyecto de Ley Número 159 de 2011 Senado, 196 de 2011 Cámara.
[14]Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Proceso No. 21422, Magistrado Ponente: Jorge Luis Quintero Milanes, Sentencia del diez (10) de agosto de dos mil cinco (2005).