Source: https://es.scribd.com/document/299870940/Victimas-en-El-Proceso-Penal-Colombiano
Timestamp: 2019-04-20 04:19:00
Document Index: 103005535

Matched Legal Cases: ['artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 25', 'artículo 9', 'artículo 93', 'artículo 8', 'artículo 2', 'artículo 25', 'artículo 250', 'artículo 132', 'artículo 311', 'artículo 250', 'artículo 207', 'artículo 11', 'artículo 79', 'artículo 250', 'artículo 284', 'artículo 284', 'artículo 12', 'artículo 344', 'artículo 344', 'artículo 344', 'artículo 356', 'artículo 344', 'artículo 344', 'artículo 357', 'artículo 356', 'artículo 356', 'artículo 355', 'artículo 356', 'artículo 358', 'artículo 357', 'artículo 11', 'artículo 250', 'artículo 397', 'artículo 333', 'artículo 333', 'artículo 275', 'artículo 327', 'artículo 327', 'artículo 327', 'artículo 327', 'artículo 331', 'artículo 27', 'artículo 11', 'artículo 206', 'artículo 344', 'artículo 344']

Cargado por J Eduardo Arboleda
Derecho de las Victimas a la verdad, justicia, reparación y no repetición en el proceso penal colombiano
Las facultades probatorias de las
víctimas en el proceso penal colombiano*
Ponencia preparada conjuntamente con el profesor Javier Coronado, de la Facultad
de Ciencias Jurídicas de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Pontificia Universidad
Javeriana, Bogotá D.C., Colombia.
** Director del Departamento de Derecho Procesal y del Doctorado en Ciencias Jurídicas de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana
(Bogotá D.C., Colombia).
1.	Introducción: el proceso penal como escenario
de encuentro víctima-victimario hacia la
El esquema de proceso está directamente influido por el modelo político de
organización que adopte el Estado; de esta manera, un esquema de Estado
Social y Democrático de Derecho impone al derecho procesal la construcción de un sistema que se fundamente en el respeto a la dignidad humana y la
garantía efectiva y real de valores superiores como igualdad, libertad, justicia
y paz. Con él se pretende conjurar los peligros que genera la autotutela como
medio de resolver los conflictos; así el Estado asume el monopolio de la
justicia, estructurando fórmulas heterocompositivas, con las que se prohíbe
expresamente a las personas hacer justicia por propia mano y se encomienda
a un tercero, situado supra partes, la solución pacífica de los conflictos que
se generen en la sociedad1. Esta vinculación entre justicia y paz hace que el
proceso aparezca, en principio, como la mejor alternativa, al excluir la autotutela, en la construcción y mantenimiento de la paz social, pero no una paz
vacía, la paz por la paz, sino una paz basada en la justicia2.
Asumimos, como punto de partida, una cosmovisión del proceso judicial
como un escenario de diálogo fundamentado en una razón anamnética y
enmarcado en las coordenadas de verdad, justicia y reparación. Desde esta
“Del proceso penal propio de un Estado represor para con las conductas ilícitas
debe avanzarse –SOLÉ RIERA, Jaume. La tutela de la víctima en el proceso penal,
Ed. Bosch, Barcelona, 1997, p. 12– hacia un proceso penal encaminado a velar por
la tutela efectiva de los derechos y libertades recogidos en la Norma Fundamental”.
Javeriana (Bogotá D.C., Colombia).
Director del Departamento de Derecho Procesal y del Doctorado en Ciencias Jurídicas de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana
Cfr. NICETO ALCALA –ZAMORA Y CASTILLO, “Causas y Efectos Sociales
del Derecho Procesal (civil y Penal)”, en Estudios de Teoría General e Historia del
Proceso (1945-1972), Tomo 2, Números 12-30, Universidad Nacional Autónoma,
Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 1974, pp. 139 y ss.
Las facultades probatorias de las víctimas en el proceso penal colombiano
óptica el proceso penal se revela como un encuentro afectante y conflictivo
entre las víctimas, la sociedad, y los victimarios, el cual se inicia con el delito,
continua durante el proceso y, por recreación, prepara y aboca la fase posterior: la sanción3.
La palabra encuentro expresa una idea mitad pesimista, mitad optimista
de la relación interhumana. Etimológicamente supone el hecho de topar
con otro hombre de un modo más o menos hostil; cuando un hombre se
encuentra con otro alcanza efectivamente su plenitud como ser humano, sin
perder su propia configuración, comparte con los demás una situación de
convivencia en la cual los demás están implicados en él interviniendo en su
situación con su propia situación, y son los demás hombres los que, en una o
en otra forma, se han entreverado, y han intervenido, en su vida4.
El encuentro interhumano no se produce siempre de la misma manera.
Siguiendo a Lain Entralgo5, el acto de encontrarse un hombre con otro puede
tipificarse de diversos modos según como se mire. En primer lugar, por la
intensidad de la relación que entre uno y otro se establece, el encuentro interhumano puede ser: no afectante cuando no conmueve a quienes participan
en él (indiferencia afectiva), y rápida y definitivamente se olvida (fugacidad
de la huella mnémica); o afectante cuando hace que quienes se encuentran
participen en la situación vital creada y deja en sus participantes una huella
mnémica más o menos duradera.
En segundo lugar, por el sentido vital que tiene el encuentro para quienes
se encuentran; puede ser dilectivo, si es grato y se realiza en el ámbito de lo
que genéricamente se conoce como amor, o conflictivo, si, por el contrario, no
es grato, y se hace realidad en el marco de aversión o el odio.
En tercer lugar, por lo que el ser humano con el que se encuentra signifique.
Así, puede considerarse al otro como un objeto, haciendo caso omiso de su
condición de persona; como persona cognoscible, si lo que se pretende es solo
saber quién es; y como persona amada, cuando no basta sólo con saber quién
es, sino que es necesario darse al «otro» por el mero hecho de ser hombre.
El proceso penal, como lo hemos dicho, se presenta como el escenario de
encuentro, iniciado con la comisión del delito, entre las víctimas, la sociedad
Cfr. BERISTAIN IPIÑA, Antonio. Criminología y Victimología. Alternativas Recreadoras al delito, Editorial Leyer, Santafé de Bogotá, 1999, p. 214.
ZUBIRI, Xavier. Sobre el Hombre, Alianza Editorial, Fundación Xavier Zubiri,
Madrid, 1998, p. 234.
LAIN ENTRALGO, Pedro. Teoría y Realidad del Otro, Alianza Editorial, Madrid
1983, pp. 408 y ss.
el ser humano se presenta a la vez deficiente e indigente7 y es a partir de esta revelación cuando es posible observar una actitud social básica: la reclamación o protesta que el hombre está dispuesto a formular frente a los demás. 148. 219. como la generalmente mutua victimación (por omisión. a diferencia de lo que ocurre en los modelos tradicionales. como una experiencia. Con fundamento en lo dicho. Esta actitud puede llegar a generar verdaderos conflictos que obligan a pensar en el diseño de un mecanismo de atención social que se ocupe de su satisfacción y la supere buscando nuevas formas de convivencia: el proceso (judicial y extra-judicial). p. afecta sus intereses vitales y llega a perdurar por mucho tiempo. por «falta» de la acción debida) de dos o más personas (consecuencia de la situación social y de la finitud. afectante y conflictivo. desagradable. Valencia 1994. Galaxia Gutemberg. como lo dice BERISTAIN. también por ser persona. 342 y 343. libertad y culpabilidad de toda mujer y de todo hombre). pues influye en el curso de la existencia de sus protagonistas. y el (los) victimario (s). Nueva Criminología desde el Derecho Penal y la Victimología. porque para ser plenamente él mismo. necesita de los demás y sólo en virtud de esta circunstancia alcanza su plenitud como ser humano. la consideración del proceso penal desde esta dimensión encuentra su punto de partida en la esencia misma del hombre. en muchas ocasiones. una de las cuales padece mayor o mucho mayor perjuicio que la otra. un encuentro afectante y conflictivo. Un encuentro en el que las víctimas. Se presenta como un espacio en el que se debe procurar un encuentro creativo entre los protagonistas del suceso criminal que constituya el punto de partida para la reconstrucción del tejido social quebrantado por el delito8. quizá toda la vida. Ediciones Nobel. Revisión de una vida intelectual. Cfr. pp. En este sentido el proceso en general y concretamente el penal debe entenderse como un escenario en el que se desarrolla un encuentro interhumano. ¿Qué es el hombre? Evolución y sentido de la vida.Julio Andrés Sampedro Arrubla con y por sus representantes. influyendo en ellos y siendo ineludiblemente influido por ellos. orientado a la re-creación de nuevas formas de convivencia futura. se concibe como un comportamiento del delincuente y también de sus circunstantes y circunstancias. Para comprender esta nueva dimensión del proceso penal es fundamental no perder de vista que el delito. el hombre está constitutivamente abierto “a lo otro” y a “los otros”6. Editorial Tirant lo Blanch. Madrid. Hacia la recta final. puedan desempeñar el rol Cfr. de esta manera. 6 7 8 633 . p. que causa daño a personas concretas y/o a la sociedad. Pedro. 1999. LAIN ENTRALGO. y. Pedro. Antonio. 1998. Barcelona. LAIN ENTRALGO. Por ser persona el hombre está y no puede estar solo. considerado como tal y en cuanto ser que convive con los demás. Círculo de Lectores.
cit. Editorial Temis. p. pero regresa al pasado.. de manera oficial y definitiva. La noción del proceso como el escenario de encuentro interhumano nos lleva a considerar el proceso penal como un escenario. y el (los) victimario (s) como responsable principal del delito. 1996. para impedir que su maldad radical se BERISTAIN IPIÑA. que tiene su natural continuación en el escenario procesal. 168. Vicenç. La intervención de la justicia supone una reconstrucción de hechos con un criterio ético. 9 10 634 . MANTILLA PINEDA. p. Editorial Icaria. la una con la otra. Cultura de Paz y gestión de conflictos. Como queda dicho. 244. y transformarlo en justicia. la sociedad por y con sus representantes. como sostiene Fisas. aprehender el hecho delictivo. El proceso judicial trasciende el tiempo. como humanos que se relacionan y se reconocen y se aceptan12. Filosof ía del Derecho. Editorial Temis. Barcelona. considerado en función del derecho que califica y regula el comportamiento recíproco y correlativo de los mismos10. propicio para el encuentro víctimas-victimarios en orden a alcanzar la reconciliación. con el delito se inicia un encuentro interhumano. p. En este sentido el proceso penal es una relación jurídica. pp. como consecuencia de la aproximación entre los diversos protagonistas del suceso criminal. Antonio.Las facultades probatorias de las víctimas en el proceso penal colombiano central que les corresponde. pues nace del acto como fuente empírica y de la norma como fuente ideal. acto y relación son sociológicamente nada más que dos aspectos de un mismo fenómeno. Bogotá D. sus actos se desarrollan en el presente. como lo afirma Mantilla Pineda. Criminología y Victimología. Cuando un sujeto actúa e interfiere en el ámbito de acción de otro (encuentro afectante) se genera una relación jurídica que no es más que una relación social en función del derecho. se construye sobre mecanismos que comprometen a las partes de un conflicto. y los victimarios. Cfr. 1998. Santafé de Bogotá. la cual se presenta como una potencialidad que. colabore en las respuestas a las víctimas como sujetos que se restauran. siendo el primero el aspecto dinámico y el segundo el aspecto estático11. 12 FISAS. entendida como el vínculo que se establece entre las víctimas. La relación jurídica es la síntesis dialéctica de acto y de norma. 169. no para quedarse en él sino para reconocerlo y a partir de allí constituir el futuro. en donde. la sociedad con sus representantes asuman una nueva actitud orientada por criterios constructivos que les permita. 11 BERISTAIN IPIÑA. Antonio.C. como afirma Beristain9. Benigno. 1996. 214-215. el cual está destinado a generar efectos en el mundo derecho. Filosof ía del Derecho. calificarlos. de los varios que pueden existir. Op. Alternativas Recreadoras al delito. se genera un nexo..
2002. 95. el medio y el fin de la justicia14. Garapon. El proceso judicial organiza un encuentro creativo en el que el papel del victimario se invierte. no ocurriendo lo mismo a las víctimas. El fallo judicial libera la memoria y es condición ineludible para el olvido. Con todo. sino que los fija en la conciencia colectiva al dar una versión oficial y definitiva de ellos. de lo contrario se caería en la impunidad generando un sufrimiento adicional a las víctimas e impidiendo el proceso de interiorización del crimen en el victimario. detiene simbólicamente el curso del mal13. 635 . advierte A. la copresencia de todas las partes en un mismo lugar y en torno a una misma cuestión. en el encuentro procesal se produce una escena invertida del suceso inicial. El proceso penal. en ocasiones el victimario puede estar privado de su libertad o en el mejor de los casos sometido a una situación que por regla general resulta victimizante. que la sentencia no reproduce los hechos pasados. por lo 13 GARAPON. Utilizar el escenario judicial como un Instrumento para la superación de la barbarie implica trascender la visión tradicional de la justicia en el que el delito es visto mas como una violación a la ley del Estado que como lo que es: un conflicto social y humano el cual es necesario reparar para reconstruir el tejido social. Es la memoria la que entrega a la institución judicial los casos recuperados del pasado. Por esto. pero generando roles diversos frente a la primera confrontación generada por la comisión de la conducta punible. mientras que las víctimas sería deseable que pudiesen por lo menos declarar libremente en busca de una oportunidad que les permita superar su trauma y la soledad en que pueden se pueden ver sumidas. Pone fin al relato. “La Justicia y la inversión moral del tiempo”. Garapon. sostiene A. Antonie. Unesco 25 marzo de 1998/La Sorbone 26 de marzo de 1998. Foro Internacional Memoria e Historia. p. como escenario de encuentro. Editorial Granica. Se trata de plantear una nueva dimensión de la justicia en la que en lugar de acudir al castigo. se abra el expediente y se pueda exigir la acción de la justicia. especialmente en casos de delitos graves generadores de macrovictimación. hace posible la reunión de las víctimas y de los victimarios. Solo haciendo verdad sobre hechos de barbarie y sometiéndolos a la justicia es posible reconocerlos. 14 Ibídem.. se mire más a la sanción como construcción social y al delito como depositario de nuevas oportunidades para la convivencia pacífica. poniéndose de acuerdo respecto a valores comunes.Julio Andrés Sampedro Arrubla desvanezca en el tiempo. entendido únicamente como pena de prisión. en ¿Por qué Recordar?. 98. p. pero no puede forzar más que el encuentro físico en dirección a la reconciliación sin que pueda garantizarla. Barcelona. constituye a la vez la condición.
seguridad. De esta manera. Se trata de construir nuevas relaciones entre las partes enfrentadas. surge el procedimiento probatorio como un instrumento de dialogo fundamental. 636 . bienestar. gracia. unidad. p. Se busca sanar las heridas y transformar las vivencias. 1996.. Op. Barcelona: José María Bosch Editor S. cit. relaciones justas. la justicia (igualdad. restitución) y la paz (armonía. 244. revelación. apoyo. la justicia y el perdón. como el lugar de encuentro entre víctimas y victimarios hacia la reparación y la reconciliación. se hacen titulares de un derecho fundamental a la prueba. Dicho contenido. se hace necesario repensar el espacio judicial como el escenario para la verdad y la justicia. iii) el solicitante de la prueba debe estar en posibilidad de participar en su práctica. Regresar al pasado para reconocerlo. de manera abstracta. como convocados (litigantes) principales que son en el encuentro procesal. en términos generales. 18 y 19. honestidad. El derecho a la prueba es “…aquel que posee el litigante consistente en la utilización de los medios probatorios necesarios para formar la convicción del órgano jurisdiccional acerca de lo discutido en el proceso”16. Es en la proposición. Cultura de paz y gestión de conflictos. ha sido reconocido que la vulneración de los postulados mencionados atrás conlleva la lesión de los derechos de debido proceso y de defensa (de 15 FISAS. la misericordia (aceptación. claridad). la admisión y la ejecución de la prueba en donde se concreta la interacción comunicativa de los convocados al escenario judicial. para superarlas mediante la verdad. de tal forma que si las malas relaciones están en la base del conflicto.. no para quedar presos de él. es un espacio social donde se encuentran la verdad (reconocimiento. De hecho. el cual les posibilita contar su historia y..Las facultades probatorias de las víctimas en el proceso penal colombiano cual. ii) dichas solicitudes deben ser admitidas si fueron presentados en debida manera y respetan los límites inherentes a la actividad probatoria. respeto)15. pp. salud). especialmente el odio y el rencor. 17 Ibídem. compasión. En este contexto. las nuevas estarán en la base de la solución. liberar su carga de sufrimiento. El derecho a la prueba en el proceso civil. corrección. 21 y 22. Joan. y desde allí construir el futuro. 16 ICÓ JUNOY.A. como escribe Vicenç Fisas. así como por la jurisprudencia nacional. es protegido por las normas adjetivas. pp. La reconciliación es potencialidad. y iv) los demás interesados en el trámite también deben estar facultados para intervenir en la práctica del medio suasorio y utilizarlo para convencer al funcionario judicial de sus propias alegaciones17. de esta forma. la garantía en comento implica el respeto por los siguientes postulados: i) las partes del litigio deben estar en posibilidad de formular solicitudes probatorias. Vicenç. Las victimas.
M. y. desde una óptica crítica. en consecuencia. 7901. es posible señalar que permanece sin resolver las problemáticas derivadas de la falta de legislación en la materia.	Los fundamentos del derecho a probar de las víctimas En el ámbito europeo. A continuación serán abordadas las diferentes manifestaciones del derecho a probar de la víctima. No se puede hacer justicia si no se permite a las víctimas explicar las circunstancias del delito y aportar pruebas de forma comprensible para las autoridades competentes…”.. T-589 de 1999. 2. considera que “.Julio Andrés Sampedro Arrubla conformidad con los artículos 29 de la Constitución Política. el apoyo y la protección de las víctimas de delitos. SU-087 de 1999. C-798 de 2003.P. Al respecto. C-1270 de 2000. así como en algunos escenarios de terminación anticipada del proceso penal y en el incidente de reparación integral. En efecto. Igualmente. Los Estados miembros garantizarán a la víctima la posibilidad de ser oída durante las actuaciones y de facilitar elementos de prueba” (artículo 10°)19. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 05001-31-10-0062000-00751-01. no es posible llegar a idéntica conclusión. relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal. Lo anterior. en punto de las facultades probatorias de las víctimas. Sin embargo. establece que “1. T-694 de 2000. es posible denotar cómo la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa. a pesar de algunos esfuerzos aislados por reivindicar la garantía en comento. como será advertido por el presente escrito. M.34. al momento de examinar el derecho a probar de la víctima en el proceso penal. las facultades probatorias de los perjudicados por el delito brillan por su ausencia en el texto de la ley 906 de 2004 y. y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). durante las etapas de investigación y juzgamiento. T-555 de 1999.P. T-171 de 2006. en la que son presentados algunos aspectos que. donde igualmente estaba 18 19 637 . en el parecer del autor. en lo que refiere a la jurisprudencia. La citada Directiva sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo de Europa. así como al desconocimiento de las finalidades que debe tener el proceso judicial en el Estado Social de Derecho18. Carlos Ignacio Jaramillo). merecen una profunda reflexión por parte de la justicia y de la academia colombiana. pueden ser ilustrativas las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: T-504 de 1998. pueden ser consultadas las siguientes providencias de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia: sentencia de casación del 28 de junio de 2005 (proceso No. por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos. Carlos Ignacio Jaramillo) y del 29 de junio de 2007 (proceso No.
que es transversal a todos los ordenamientos adjetivos en el estado social de derecho. previsto que “Los Estados miembros garantizarán a la víctima la posibilidad de ser oída durante las actuaciones y de facilitar elementos de prueba”. hacer valer sus intereses”20. de manera que puedan hacer planteamientos. la víctima se convirtió en una prueba testimonial y. Lo anterior. Argentina (Sentencia de 30 de octubre de 2008) Al respecto. Reparaciones y Costas). Sentencia de 27 de noviembre de 2008 (Fondo. aportar pruebas. Corte Interamericana de Derechos Humanos. véanse: SAMPEDRO ARRUBLA. sino también en consideración a otros dos aspectos que serán abordados a continuación: la conexión entre el derecho a probar con los derechos fundamentales de la víctima y las posibles divergencias entre las finalidades que tiene el proceso penal para ella y las que tiene para la Fiscalía General de la Nación. el artículo 11 del Código de Procedimiento Penal. Panamá (Sentencia de 12 de Agosto de 2008) y Bayarri vs. pues el estado hizo suyo el conflicto con el victimario y se reservó el derecho de reaccionar a su acontecer a través de la pena. Por su parte. señala con claridad que las víctimas tienen derecho a “que se les facilite el aporte de pruebas” (literal d). El derecho penal sustantivo centró su atención en el delincuente y. Venezuela (Sentencia de 29 de agosto de 2002) (Reparaciones y Costas). al interior del proceso penal. 2. Heliodoro Portugal vs. al momento de interpretar la garantía contenida en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos (relativo a la “Protección Judicial”). justicia y reparación Con la modernidad. Colombia. las víctimas perdieron el protagonismo que la antigüedad les permitió tener en la solución del conflicto suscitado por el delito. En igual sentido. Julio Andrés.1	Conexión con los derechos de verdad. a lo mucho. no sólo como un corolario de la relación entre el derecho al debido proceso y el derecho a probar. Caso Valle Jaramillo y otros vs. tiene definido que “…el Estado debe asegurar que los familiares de las víctimas tengan pleno acceso y capacidad de actuar en todas las etapas e instancias de dichas investigaciones y procesos. “Apuntes para una rehumanización de la justicia penal: en busca de un modelo re-creativo del sistema penal 20 21 638 . en Colombia. pueden ser consultados los casos Caracazo Vs. conviene mencionar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos. recibir informaciones.Las facultades probatorias de las víctimas en el proceso penal colombiano Con relación al sistema interamericano. formular alegaciones y. en síntesis. se le permitió presentar una pretensión económica21. norma que debe orientar la aplicación de todas las disposiciones de la misma legislación.
individual o colectivamente. es decir. pp. 229 y 250). la posibilidad de conocer lo que sucedió y en buscar una coincidencia entre la verdad procesal y la verdad real…2. El derecho a la reparación del daño que se le ha causado a través de una compensación económica.P. Para los fines del presente escrito. Para llegar a la anterior conclusión. justicia y reparación se desprendían de desde las víctimas”. pp. 269-272.Julio Andrés Sampedro Arrubla Fue sólo hasta el 29 de noviembre de 1985 que la comunidad internacional asumió el compromiso de redescubrir a la víctima. han sufrido daños como consecuencia de conductas contrarias a la legislación penal vigente. en el marco del proceso penal. 116. Además. 155-159 en: Revista Universitas profesores No. el juez constitucional consideró que tal reconocimiento obedecía a un desarrollo natural de mandatos que encuentran consagración positiva en la Constitución (específicamente. Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder de la Asamblea General de Naciones Unidas. esto es. El derecho a que se haga justicia en el caso concreto. Álvaro. y consignó la necesidad de garantizar a su favor ciertos derechos22. y BURGOS MATA. Bogotá (Colombia). 21. com/victimologia-pdf-d53569633 22 Véase: Asamblea General de Naciones Unidas. El instrumento en comento definió que son víctimas todas las personas que. M. Véase: Corte Constitucional de la República de Colombia. pues en ella la Corte Constitucional advirtió que la Carta Política imponía el respeto por tres garantías autónomas23: “1. en los artículos 1º. 2º. Manuel José Cepeda Espinosa. El derecho a la verdad. tiene su hito en la sentencia C-228 de 2002. conviene advertir cómo dicha declaración señaló que “Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas”. el derecho a que no haya impunidad…3. pp. Sentencia C-228 del 3 de abril de 2002. 15. en primer lugar. en particular “Permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones siempre que estén en juego sus intereses…” (numeral 6°). la Alta Corte sostuvo que los derechos de verdad. En Colombia. La victimología. que es la forma tradicional como se ha resarcido a la víctima de un delito”. 153-172. el reconocimiento de los derechos de las víctimas. Julio-diciembre de 2008. Consultado el 3 de julio de 2011 en: http://ebookbrowse. 23 639 . cuando la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder de la Asamblea General de Naciones Unidas (Resolución 40/34).
).1). Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. y el derecho a la reparación. la Corte Constitucional advirtió la relación inescindible entre el derecho a probar y los derechos de verdad. por acreditar las exigencias contenidas en el artículo 9° del Código Penal. Julio Andrés Sampedro Arrubla. 72-76. el derecho a la justicia resulta inconcebible al margen de una posibilidad real de incidir probatoriamente en el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades. se presentó un acontecer normativo que le permitió a la Corte. 2010. el proceso penal no es otra cosa que el medio para acreditar Específicamente. en el que se inscriben los derechos a la verdad. fueron sentadas las bases de un sistema procesal de tendencia acusatoria y que. De esta manera. está inescindiblemente vinculado con la posibilidad de probar. 24 25 640 . sofisticar los descritos planteamientos sobre los derechos de las víctimas: la introducción del nuevo sistema de enjuiciamiento criminal25. a la justicia y a la reparación de las víctimas. siguiendo su perspectiva. 3 del año 2002. En ese marco. el delito constituye un comportamiento que. pp. debían orientar la interpretación de los derechos y deberes consagrados en ella24. en ejercicio de su función de controlar la constitucionalidad de las leyes. la Corte se refirió a la Declaración Americana de Derechos del Hombre (artículo XVIII. según el artículo 93 de la Carta Política. la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 8). se encuentra en una relación directa con el derecho a probar.2	El proceso penal de la víctima es diferente del proceso penal de la Fiscalía General de la Nación En términos abstractos. pero el resultado final no fue coherente con esa postura y el juez constitucional se vio forzado a intervenir. a través de la sentencia C-454 de 2006. Con posterioridad al referido fallo. El derecho a conocer la verdad sobre los hechos que entrañan el agravio a la víctima. Grupo Editorial Ibáñez y Depalma. dicho sistema buscaría una apuesta preferencial por las víctimas. debe ser sancionado. fue desarrollado a través de la ley 906 de 2004. A través del Acto legislativo No. Según lo planeado por quienes trabajaron en el proceso de reforma.Las facultades probatorias de las víctimas en el proceso penal colombiano los estándares internacionales sobre derechos humanos que. para la Fiscalía General de la Nación. y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 2. justicia y reparación integral: “La efectividad del derecho a acceder a la justicia. Las víctimas y el sistema penal. posteriormente. Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 25). cuando se ejerce en el proceso penal. 2. se consolida a partir de la determinación de la responsabilidad por el hecho punible”.
y. ello no implica en el sistema colombiano que las víctimas carezcan de derechos de participación (artículos 1 y 2 C. aprehenda. a excepción de los eventos de aplicación del principio de oportunidad). Al ejercer dicha acción no sólo representa los intereses del Estado sino también promueve los intereses de las víctimas. con el victimario y con el proceso penal no sea la misma. la providencia en comento sería la encargada de establecer una de las restricciones más abruptas al derecho a probar de los perjudicados por el delito. juzgamiento y castigo. con independencia de si reúne las exigencias legales para su persecución. la legislación en comento señala que “Cuando sea procedente. Así pues. como también puede ser un escenario para ser escuchada. Vistas las anteriores consideraciones. independientemente de la responsabilidad penal” (subraya y negrilla fuera del texto original). para conseguir la imposición de la pena (esto. en caso de ser así. la sentencia C-209 de 2007 de la Corte Constitucional reconoció que “…En esencia. En consideración a lo anterior. si ello fuere posible. En ese sentido. el Fiscal es el titular de la acción penal. enjuicie o condene al autor del injusto…”. mal haría en razonarse que la víctima puede ejercer sus facultades probatorias a través de la Fiscalía General de la Nación. el proceso penal puede ser un medio para conseguir que los autores o participes del punible sean sancionados. Por este motivo. si bien el numeral 7° del artículo 250 de la Constitución le asigna a la Fiscalía General de la Nación el deber de “Velar por la protección de las víctimas”. 26 En particular. Para la víctima.) en el proceso penal…”. la Fiscalía General de la Nación y los jueces deberán adoptar las medidas necesarias para hacer cesar los efectos producidos por el delito y las cosas vuelvan al estado anterior. en lo que a ella concierne. en materia de la garantía del restablecimiento del derecho. el delito constituye una alteración de su proyecto vital. Pol. Sin embargo. paradójicamente. Sin embargo. es inevitable que su relación con el delito. es posible advertir que. con base en precedentes anteriores26. el inciso 2° del artículo 132 de la ley 906 de 2004 señala que “la condición de víctima se tiene con independencia de que se identifique. conocer las circunstancias que rodearon la comisión del punible o para conseguir las medidas necesarias para resarcir los perjuicios que le fueron causados.Julio Andrés Sampedro Arrubla que una conducta puesta en su conocimiento reúne las características del delito y. la Corte se refirió a las sentencias C-873 de 2003 y C-591 de 2005. de modo que se restablezcan los derechos quebrantados. 641 .
Así pues. para que el procesado reciba una justa retribución y la víctima pueda acceder a la reparación. a la evaluación y cuantificación de los daños causados y a la asistencia y protección de las víctimas” (subraya fuera del texto original). control jurídico y verificación técnico científica de las actividades que desarrolle la policía judicial…” (artículo 311 de la ley 906 de 2004). véanse las sentencias T-275 de 1994 y C-454 de 2006. conviene recordar que los derechos de justicia y de acceso a la justicia de los perjudicados por el delito comprenden la facultad de participar en las decisiones que los afectan27. señala indiscriminadamente que a las víctimas les asiste el derecho “A ser oídas…” (Literal d). En efecto. coordinación.1	Incidencia en el diseño y desarrollo de la investigación Sin perjuicio de que la víctima puede adelantar su propia actividad investigativa (aspecto que será explorado más adelante). la Fiscalía General de la Nación es el órgano encargado de investigar los hechos que tienen las características de un delito y que llegan a su conocimiento por los diferentes medios señalados por el legislador (artículo 250 de la Carta). 642 . En consecuencia. el numeral 3° del artículo 207 de la ley 906 de 2004 señala que “En desarrollo del programa metodológico de la investigación. es preciso resaltar que el artículo 11 de la ley 906 de 2004. Al respecto.	Las facultades probatorias de la víctima durante la investigación 3.Las facultades probatorias de las víctimas en el proceso penal colombiano 3. norma rectora de la actuación. al descubrimiento de los elementos materiales probatorios y evidencia f ísica. De hecho. compete a los fiscales delegados “…la dirección. en el estado colombiano. Además. No es necesario adelantar mayores elucubraciones para advertir que el diseño y desarrollo de la investigación tiene implicaciones considerables en la realización de las garantías fundamentales de la víctima. a la individualización de los autores y participes del delito. el fiscal ordenará la realización de todas las actividades que no impliquen restricción a los derechos fundamentales y que sean conducentes al esclarecimiento de los hechos. la Fiscalía debería considerar las manifestaciones que presente la víctima y que se encuentren relacionadas con el diseño y ejecución de la investigación. la obtención de uno u otro elemento material probatorio puede ser determinante para el esclarecimiento de los hechos o para la demostración de los elementos constitutivos de la responsabilidad penal y. por consiguiente. 27 Al respecto.
el término que tiene para resolver. la víctima se encuentra en capacidad de adelantar su propia investigación como corolario de la relación entre el derecho a probar y las garantías fundamentales que fueron relacionadas atrás.Julio Andrés Sampedro Arrubla A pesar de lo anterior. Antes bien. a los registros de las actuaciones adelantadas durante la fase de indagación o investigación preliminar se resquebraje la estructura del sistema penal acusatorio. proferida dentro del proceso T-33999. Para el efecto. sean efectivamente atendidas las solicitudes presentadas por la víctima. nada obsta para que 643 . la Sala de Decisión de Tutelas Número 2 de la referida Corporación definió que “ La Sala no evidencia que con la autorización de permitir a las víctimas acceder. Así pues. dictado al interior del proceso 37596. con miras a conseguir el desarchivo de las diligencias. existen a lo menos dos providencias de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema que han reconocido la posibilidad de que la víctima obtenga sus propias evidencias. en la práctica. Así pues. 3. es preciso diseñar un sistema de sanciones específicas para los fiscales que hagan caso omiso de las solicitudes probatorias de la víctima. esto es. denotó que si el artículo 79 de la ley 906 de 2004 y la sentencia C-1154 de 2006 autorizaban a la víctima para aportar elementos de convicción a la Fiscalía. ello posibilita el goce pleno de los derechos de dicho interviniente. mediante auto del 7 de diciembre de 2011. En igual sentido. mediante la obtención de copia. De hecho. la Sala señaló que “…si constitucionalmente se habilita a la víctima para su participación activa en la fase de indagación. al conocer de primera mano los elementos probatorios recaudados por la fiscalía. así como con la participación activa que debe tener al interior del proceso penal colombiano. con el propósito de que la Fiscalía ordene y ejecute cierta actividad de investigación. evidencia f ísica e información…”. mediante providencia del 22 de noviembre de 2007. sería oportuno precisar el trámite que debe seguir la Fiscalía cuando recibe algún requerimiento de este tipo.2	La posibilidad de que la víctima ejecute actividades de investigación Como se advertía en líneas anteriores. con lo cual podrá contribuir al aporte de otros que solidifiquen la eventual formulación de la imputación y de la acusación”. nada obsta para que adelante su propia investigación y recaude elementos materiales probatorios. Igualmente. el Código de Procedimiento Penal no prevé disposición alguna tendiente a que. la forma en que debe comunicar dicha decisión y la manera de discutir una posible decisión adversa.
644 . C-516 de 2007. en estricto sentido. de modo que pueda realizar sus derechos de verdad.1	La víctima debe ser citada a las audiencias de control de legalidad previo y/o posterior sobre actos de investigación Como ha sido denotado por la Corte Constitucional. así como de los estándares internacionales en materia de protección de derechos humanos. específicamente los que hacen referencia al derecho a un recurso judicial efectivo (artículos 8º y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos). justicia y reparación integral28. no puede conllevar a que la Fiscalía General de la Nación evada su obligación constitucional de reunir los elementos materiales probatorios necesarios para esclarecer los hechos delictivos. tales como registros. Con todo. so pena de adoptar determinaciones contrarias a sus intereses (V. 2º.Las facultades probatorias de las víctimas en el proceso penal colombiano “…igual lo haga en situaciones diversas con el objeto de coadyuvar en la tarea del ente acusador. C-250 de 2011 y C-260 de 2011. a pesar de ser atinadas en punto a la facultad de la víctima de emprender sus propias actividades de investigación. por su condición. Por último.3	La víctima y las decisiones del Juez de Control de Garantías con efectos probatorios 3. por regla general. C-979 de 2005. C-209 de 2007. pueden ser consultadas las sentencias C-228 de 2002. En particular.3. Igualmente. 15. en el parecer de este escrito. C-454 de 2006. tuvo contacto directo con el delito y de primera mano e inmediatamente puede recopilar elementos que con el paso del tiempo tienden a perderse”. 229 y 250). imponga a la víctima la carga de reunir cierta y determinada evidencia. máxime que. por esa vía. imponen la obligación de garantizar. archivo de las diligencias o solicitud de preclusión ante el juez de conocimiento) 3. es preciso advertir que. el reconocimiento de la posibilidad de que la víctima adelante sus propias pesquisas. y. la jurisprudencia ha concluido la existencia del referido deber a partir del contenido del numeral 28 Al respecto. C-1154 de 2005. allanamientos e interceptaciones. la intervención de la víctima a lo largo del proceso penal. el texto de la Carta Política (artículos 1º. 21. dichas determinaciones de la Sala de Casación Penal no definen si la víctima se encuentra en posibilidad de adelantar actuaciones con un grado considerable de afectación a los derechos fundamentales de los asociados. gr. las providencias en comento tienen efectos inter partes y no obedecieron al propósito de unificar la jurisprudencia nacional.
3. Sin embargo. la ley fijará los términos en que podrán intervenir las víctimas en el proceso penal y los mecanismos de justicia restaurativa” (Subraya y negrilla fuera del texto original). 31 En ese sentido. cuando fuere necesario para evitar el desconocimiento de las características esenciales del sistema procesal introducido por el Acto Legislativo número 3 de 200229. el decreto de medidas cautelares sobre bienes.3. C-250 de 2011 y C260 de 2011.Julio Andrés Sampedro Arrubla 7° del artículo 250 constitucional.2	La posibilidad de solicitar la práctica de pruebas anticipadas Originalmente. los jurados. Así pues. la defensa o el Ministerio Público. 645 . En efecto. la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de la disposición. Velar por la protección de las víctimas. 29 Esta posición fue reiterada posteriormente mediante la sentencias C-250 de 2011 y C-260 de 2011. la práctica de pruebas anticipadas. para solicitar. 30 Al respecto. en consecuencia. la reanudación de las diligencias. tal limitación sólo ha sido defendida en la audiencia de juicio oral. con el propósito de que sus consideraciones sean escuchadas por el juez de control de garantías. los testigos y demás intervinientes en el proceso penal. como será desarrollado más adelante. en un escenario donde siempre se ha procurado la intervención de los perjudicados por el delito31. y. al momento de practicar las pruebas30. la Corte Constitucional ha definido que la participación de la víctima sólo puede ser restringida. es oportuno tener en cuenta que la víctima se encuentra en capacidad de acudir directamente ante el Juez de Control de Garantías. a través de la sentencia C-209 de 2007. en audiencia preliminar. máxime cuando se tiene que tales actuaciones serían adelantadas en audiencia preliminar y. es inevitable concluir que la víctima debe ser debidamente citada a las audiencias de control de legalidad previo y/o posterior sobre actos de investigación. reformado por el Acto Legislativo número 3 de 2002: “… En ejercicio de sus funciones la Fiscalía General de la Nación. el numeral 2° del artículo 284 de la ley 906 de 2004 contemplaba que la prueba anticipada sólo podía ser solicitada por la Fiscalía. específicamente. pueden ser consultadas las sentencias C-209 de 2009. deberá: … 7. la imposición de medidas de aseguramiento. Lo anterior.
Rodrigo Escobar Gil. configuraba un evento de omisión legislativa relativa. pues el juez constitucional advirtió que la no inclusión de los perjudicados por el delito en la disposición. la víctima ejercería la controversia probatoria a través del fiscal. enfatizó las especificidades de esa confrontación entre dos partes: el acusador y el acusado. 646 . la posibilidad de intervención directa es mayor en las etapas previas o posteriores al juicio. termina por ser insuficiente e incompleto frente a ciertas situaciones que también se han debido integrar a sus presupuestos fácticos…”32. 13 de marzo de 2002. por el hecho de ser pruebas practicadas hasta antes de instalada la audiencia de juicio oral.Las facultades probatorias de las víctimas en el proceso penal colombiano en el entendido de que la víctima también puede solicitar la práctica de las pruebas en comento. las pruebas anticipadas deben ser practicadas “…en audiencia pública y con observancia de las reglas previstas para la práctica de pruebas en el juicio”. y en esa medida. o que habiéndolo incluido. es oportuno preguntarse si. Así pues. conviene recordar que la sentencia C-209 de 2007 definió la constitucionalidad de la restricción en comento. Sentencia C-185 de 2002. quien debería escuchar sus observaciones al respecto. Lo anterior. De esta manera. es oportuno advertir que. específica y concreta. pues la misma sentencia C-209 de 2007 dejó en claro que. al interior del juicio oral. la víctima podría solicitar su práctica. y menor en la etapa del juicio”. según el numeral 4° del referido artículo 284. la providencia en comento señaló que “…los elementos definitorios de la participación de la víctima como interviniente especial en las diferentes etapas del proceso penal depende de la etapa de que se trate. Al respecto. toda vez que “…cuando el constituyente definió que la etapa del juicio tuviera un carácter adversarial. es decir. no desaparecen las razones que condujeron a la Corte a razonar que la víctima no podía participar directamente del debate. Sin embargo. y por lo tanto delegó en el legislador la facultad de configurar esas etapas procesales”. M. pero no podría intervenir en ella. el constituyente no fijó las características de las demás etapas del proceso penal. Con todo. dejando de lado la posibilidad de confrontación de varios acusadores en contra del acusado…Por otra parte. de la que éste ha excluido determinado ingrediente o condición jurídica que resulta imprescindible a la materia allí tratada. una “…acción normativa del legislador.P. 32 Corte Constitucional de la República de Colombia.
por definición. 3. la prueba anticipada ocurre fuera del juicio oral. hoy por hoy. a partir de la sentencia C-396 de 2007. consideró que “…es lógico sostener que el funcionario judicial que tiene a su cargo conciliar el eficientísimo y el garantismo del derecho penal. la Fiscalía debería manifestarlo con fundamento en la garantía de lealtad procesal (artículo 12 de la ley 906 de 2004) y el juez de control de garantías sería el funcionario llamado a ejecutar tal actividad. sin lugar a dudas. relativa a los eventos donde la Fiscalía no se encuentra convencida del valor suasorio de la prueba solicitada por la víctima y procede a practicarla de forma inadecuada. no tiene sustento alguno pretender aplicar esa misma tesis en la etapa procesal en la que no existen partes. podría concluirse que no existe previsión constitucional alguna que prohíba la participación de la víctima en su práctica. la Corte Constitucional definió que el juez de control de garantías se encuentra en posibilidad de decretar pruebas de oficio. ni debate en torno a la validez y eficacia de la prueba dirigida a demostrar supuestos abiertamente contradictorios…”. aqueja al juicio oral.3.Julio Andrés Sampedro Arrubla Toda vez que. debe favorecer la eficacia de la investigación penal como método escogido por las sociedades civilizadas para sancionar el delito y materializar la justicia en el caso concreto. ni controversia de pruebas. Ahora. 647 . En ese sentido. en aquellos eventos donde no se encuentre de acuerdo. puede decretar pruebas de oficio cuando considere estrictamente indispensable para desarrollar su labor”. partiendo de las anteriores consideraciones. en tanto que debe preservar los derechos y libertades individuales que consagra la Constitución y. en procura de los derechos fundamentales de la víctima Como se advertía en líneas anteriores.3	El empleo de la prueba de oficio. En ese sentido. de no ser de reciba la argumentación presentada acerca de la posibilidad de que la víctima practique la prueba anticipada. conviene recordar aquí lo definido a través de la sentencia C-396 de 2007: “…la justificación de la pasividad probatoria del juez de conocimiento encuentra respaldo constitucional desde la perspectiva de la neutralidad judicial y la igualdad de armas entre las partes en el sistema penal acusatorio. cuando resulte necesario para garantizar los derechos de los intervinientes al interior de la investigación penal. Este planteamiento. al mismo tiempo. evitaría que se produzca la problemática que.
cuando adviertan la ausencia de los medios probatorios suficientes para resolver. Manuel José Cepeda Espinosa). sin perjuicio de que la Fiscalía realice el descubrimiento fuera de audiencia dentro de los tres días siguientes a la audiencia de acusación (inciso 1° del artículo 344).P. defensa. Oscar Julián.P. Por vía de ejemplo. p. Javier Zapata. Jaime Córdoba Triviño). T-188 del 15 de marzo de 2007 (M.1	Audiencia de formulación de acusación En términos generales.P. salvo cuando ha sido solicitado el descubrimiento de un elemento material probatorio especifico (inciso 2° del artículo 344). Bogotá: Ediciones Nueva Jurídica. Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. T-821 del 5 de octubre de 2007 (M.P. Proceso No. Luis Ernesto Vargas). 4.P. contradicción y objetividad35. El texto de la ley 906 de 2004 señaló que el procedimiento en comento sería desarrollado por la Fiscalía durante la audiencia de formulación de acusación (inciso 1° del artículo 344) y por la defensa en la audiencia preparatoria (numeral 2° del artículo 356).	Las facultades probatorias de la víctima en la etapa de juzgamiento 4. 2007. ordenen su práctica de oficio y no profieran decisiones inhibitorias. imparcialidad.gr.P. pueden ser denotadas aquí las sentencias T-025 del 22 de enero de 2004 (M. el descubrimiento es un mecanismo para garantizar que cada uno de los partícipes del proceso penal tenga acceso a los elementos de prueba que poseen los demás. Esto. T-1135 del 14 de noviembre de 2008 (M. igualdad. Sentencia del 21 de febrero de 2007. Al respecto. al interior de audiencias preliminares donde puedan resultar afectados los derechos de verdad. Manuel José Cepeda Espinosa).P. GUERRERO. Fundamentos Teórico Constitucionales del Nuevo Proceso Penal.P. garantías de carácter fundamental33. justicia y reparación de la víctima. legalidad. Mauricio González Cuervo). 33 34 35 648 . de adelantar tal actuación durante el juicio oral (inciso 4° del artículo 344). así debería ocurrir al momento de resolver sobre las solicitudes efectuadas por la víctima (V. Así pues. T-114 del 12 de enero de 2004 (M. Álvaro Tafur Galvis).Las facultades probatorias de las víctimas en el proceso penal colombiano Partiendo de lo anterior. cuando esta última no ha logrado obtener un elemento de convicción indispensable para sustentar su pretensión. solicitud de reanudación de las diligencias). 25920. T-520A del 31 de julio de 2009 (M. excepcional. T-458 del 15 de junio de 2010 (M. 292. con miras a “…evitar que se introduzcan pruebas en sede de juzgamiento sobre las cuales no se pueda conformar un contradictorio adecuado…”34. Catalina Botero). M. se trata de un procedimiento que garantiza la vigencia de los principios de debido proceso. lealtad. y de la posibilidad.
no es del todo claro si los operadores judiciales deben seguir sus consideraciones. en sentir del ente acusador. niegan su teoría del caso. de modo simplemente ejemplificativo. pues la Alta Corte consideró que “…la víctima tiene la carga de hacer causa común con la Fiscalía. cuando definió que los elementos materiales probatorios obtenidos por la víctima debían ser descubiertos durante la audiencia de formulación de acusación. en el entendido de que esta es la titular de la acción penal. en la formación de las pruebas. en la eventualidad de que se habilitase la posibilidad de que la víctima. por citar ejemplos. En este supuesto de probable ocurrencia. Solamente hasta el 7 de diciembre de 2011. dado que la víctima no puede intervenir en la formación de la prueba se llegaría al absurdo de imponer a la Fiscalía. Con relación al auto de la Corte. 649 . Piénsese. descubrieran. el Código de Procedimiento Penal no reguló la oportunidad procesal para que la víctima descubriera los elementos de convicción que se encontraban en su poder. solicitaran y participaran en la práctica. Sin embargo. no existía claridad sobre si el descubrimiento debía producirse en la audiencia de acusación o durante la audiencia preparatoria. pues desde tal perspectiva la igualdad de los dos contrarios no existiría y no habría lugar a aplicar las reglas de un proceso como es debido. con independencia de la Fiscalía. De esta manera. Lo anterior. conviene denotar que se trata de una providencia tiene efectos inter partes y no obedeció al propósito de unificar la jurisprudencia nacional. la dueña de la acusación (acto que garantiza los derechos de la víctima) y la única llamada a introducir las pruebas”. sino a través de la Fiscalía. a efectos de resolver el vacío legislativo sobre el descubrimiento probatorio de la víctima. previstas exclusivamente para las dos partes opuestas. mediante auto proferido al interior del proceso número 37596. tanto en la academia. probablemente. la obligación de practicar una prueba que iría en contra de sus pretensiones”.Julio Andrés Sampedro Arrubla No obstante lo anterior. postulase y lograse el decreto de pruebas que. En ese sentido. la Sala de Casación Penal esbozó una solución. en primer lugar. como en la práctica judicial. se permitiera que terceros ajenos a los dos adversarios postularan teorías del caso y. enunciaran. De esta manera. porque no previó la posibilidad de que la víctima adelantara su propia investigación (temática abordada en líneas anteriores). la providencia justificó su posición basada en los inconvenientes prácticos de permitir que la víctima adelantara su descubrimiento de manera autónoma: “El juicio se desdibujaría si. atinentes al interrogatorio y contrainterrogatorio. el auto en comento fue más allá y señaló que dicho descubrimiento no sería adelantado directamente por la víctima. de manera independiente. quien tiene la carga de demostrar su acusación.
Sin embargo. de conformidad con la Carta Política (artículos 1º. y tal participación sólo fue limitada por el constituyente en sede de juicio oral. en la práctica. en punto del descubrimiento probatorio de la víctima. Lo anterior. la ley 906 de 2004 no contemplaba la posibilidad de que la víctima solicitara el descubrimiento de un elemento material específico durante la audiencia de formulación de acusación. sino que va abiertamente en contra de su parte resolutiva. Lo anterior. 2º. En efecto. por regla general. en el entendido de que la víctima podría presentar dicha solicitud. 15. al momento de practicar las pruebas. pues encontró configurada una omisión legislativa que generaba una desigualdad injustificada 650 . así como de los estándares internacionales en materia de protección de derechos humanos. la Corte Constitucional declaró la exequibilidad del artículo 344 de la referida legislación. pues desconoce que la relación de la víctima con el delito. hoy por hoy. esta sí con efectos que trascienden a las partes (artículos 243 de la Carta Política y 48 de la ley 270 de 1996). la víctima se encuentra facultada para intervenir a lo largo del trámite. a la par de la Fiscalía y la defensa. en el entendido de que “…los representantes de las víctimas en el proceso penal. Sin embargo. como ha sido definido por la jurisprudencia de control de constitucionalidad.Las facultades probatorias de las víctimas en el proceso penal colombiano En segundo lugar. 21. conviene denotar que el auto no sólo sugiere que la Fiscalía adelante el descubrimiento probatorio de la víctima. parece ser la de que los elementos probatorios de los perjudicados por el delito deben ser exhibidos durante la audiencia de formulación de acusación. específicamente. De hecho. Por último. pueden realizar solicitudes probatorias en la audiencia preparatoria. en igualdad de condiciones que la defensa y la fiscalía”. el auto bajo examen no sólo desconoce la parte motiva de las providencias de la Corte Constitucional. sino que también sea la vocera de sus solicitudes probatorias. la posición mayoritaria entre los funcionarios judiciales. es preciso señalar que se trata de una providencia contraria a la participación que debe tener la víctima al interior del proceso penal. es lamentable la posición adoptada por la Sala a través del auto del 7 de diciembre de 2011. en este acápite conviene denotar que. específicamente los que hacen referencia al derecho a un recurso judicial efectivo (artículos 8º y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos). a través de la sentencia C-209 de 2007. a pesar de que a través de la sentencia C-454 de 2006. Al respecto. con el victimario y con el proceso penal no es la misma (asunto abordado en líneas anteriores). En general. 229 y 250). la Corte Constitucional declaró la constitucionalidad del artículo 357 de la ley 906 de 2004. con independencia de la Fiscalía General de la Nación. en virtud de dicha providencia. en sus origines.
y. el numeral 4° del artículo 356 de la ley 906 de 2004 señala que. el juez dispondrá que “…las partes manifiesten si tienen interés en hacer estipulaciones probatorias. en igualdad de condiciones que la defensa y la fiscalía”. el juez constitucional determinó que la víctima debía estar en posibilidad de hacer observaciones sobre el procedimiento de descubrimiento de los elementos probatorios (artículo 356 de la ley 906 de 2004). finalmente. el artículo 355 del Código de Procedimiento Penal ha señalado que la representación de la víctima puede asistir a la audiencia preparatoria. 4. el rechazo o la inadmisibilidad de los medios de prueba. al cabo de la cual se reanudará la audiencia para que la Fiscalía y la defensa se manifiesten al respecto” 651 . Sin embargo. justicia y reparación integral de la víctima.. es decir. No obstante lo anterior. frente a los “.Julio Andrés Sampedro Arrubla entre los actores del proceso penal y que envolvía el incumplimiento del deber de configurar una intervención efectiva de la víctima en el proceso penal. luego de encontrar configuradas omisiones legislativas relativas contrarias a los artículos 250.. En este caso decretará un receso por el término de una (1) hora.acuerdos celebrados entre la Fiscalía y la defensa para aceptar como probados alguno o algunos de los hechos o sus circunstancias” (parágrafo del artículo 356 de la ley 906 de 2004)? En efecto. Así pues. la jurisprudencia constitucional fue la encargada de reivindicar la participación de la víctima durante la audiencia. 29 y 229 de la Carta. visto el diseño original de la referida codificación. Así pues. En igual sentido. dicha providencia fue pionera en advertir la relación inescindible entre el derecho a probar y los derechos de verdad. Como fue denotado en líneas anteriores. relativo a la audiencia preparatoria. no le asignaban facultad alguna.2 Audiencia preparatoria Desde su expedición. era dif ícil dilucidar cuál era el propósito de dicha asistencia. pues las disposiciones del Título III. con el fin de conocerlos y estudiarlos (artículo 358). de solicitar la exhibición de las evidencias durante la audiencia preparatoria. bajo el entendido de que “…los representantes de las víctimas en el proceso penal. en punto de las facultades probatorias de la víctima durante la audiencia preparatoria: ¿qué participación debe tener frente a las estipulaciones probatorias. de solicitar la exclusión. existe un aspecto que no ha sido abordado por la jurisprudencia. en el parecer de este escrito. a través de la providencia C-209 de 2007. en desarrollo de la audiencia. pueden realizar solicitudes probatorias en la audiencia preparatoria. la sentencia C-454 de 2006 la Corte declaró la constitucionalidad del artículo 357 de la ley 906 de 2004. con el tiempo.
Julio Andrés. sería desconocido el derecho de la víctima a ser oída. 4. inexplicable en una codificación que (por lo menos en sus orígenes) procuró la participación activa de la víctima a lo largo del proceso penal. con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. Mildred. según el estado actual de la jurisprudencia constitucional. De esta manera. C-250 de 2011 y C260 de 2011.3	Audiencia de juicio oral El texto de la ley 906 de 2004 no contempló expresamente la posibilidad de que la víctima participara en la práctica de la prueba. Sin embargo. terminó lesionando gravemente sus derechos de verdad. 2003. justicia y reparación integral38. a pesar de que el vacío pudo ser resuelto por los operadores jurídicos a favor de la víctima. dicha hermenéutica implicaría que la víctima no tenga la posibilidad de pronunciarse sobre un aspecto de trascendencia para la realización de su derecho a la verdad. De esta manera. Jaime Enrique. el entendimiento bajo examen implicaría una limitación injustificada de la participación de la víctima al interior del proceso penal. así como su relación inescindible La disposición en comento señala que “Toda persona tiene derecho a ser oída. Corporación Excelencia en la Justicia. SAMPEDRO.cej. RIVEROS.co/publicaciones/libros/2599-balance-de-los-primeros-cinco-anosde-funcionamiento-del-sistema-penal-acusatorio-en-colombia 36 37 38 652 . pues ésta sólo puede verse restringida durante la audiencia del juicio oral37. En efecto. fiscal o de cualquier otro carácter” (subraya y negrilla fuera del texto original). independiente e imparcial. pues como corolario de las estipulaciones probatorias habrá hechos que no serán esclarecidos durante el desarrollo del juicio oral. al interior del juicio oral. Legis. Anteproyecto de Código de Procedimiento Penal. En: http:// www. 95 y ss. Al respecto. establecido con anterioridad por la ley. o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil. Dicha omisión. Balance de los Primeros Años del Sistema Penal Acusatorio en Colombia.C. en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella. por un juez o tribunal competente. Bogotá D. Véanse: GRANADOS. partiendo del contenido del literal d) del artículo 11 de la ley 906 de 2004 (norma rectora de la actuación) y de considerar los contenidos mínimos del derecho a probar. Además. pp. la norma podría ser interpretada en el sentido de que la víctima no se encuentra en posibilidad de pronunciarse sobre las estipulaciones probatorias.org. laboral. contemplado en los artículos 11 de la ley 906 de 2004 (literal el literal d) y 8° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos36. pueden ser consultadas las sentencias C-209 de 2009. Juan David y HARTMANN.Las facultades probatorias de las víctimas en el proceso penal colombiano (subraya y negrilla fuera del texto original).
pues el juez constitucional ya había reconocido la relación inescindible entre el derecho a probar y las garantías fundamentales de la víctima. para los comprometidos con la defensa de los derechos de las víctimas fue motivo de satisfacción cuando. esto no fue así. por el contrario. quien debe oír al abogado de la víctima. 391 y 395). Igualmente.Julio Andrés Sampedro Arrubla con las garantías fundamentales de debido proceso y contradicción. 653 . en la práctica. antes y durante el juicio oral”. En ese sentido. esta consideración había llevado a la Corte a declarar la exequibilidad condicionada de algunas disposiciones de la ley 906 de 2004. en todo caso. En primer lugar. a través de la sentencia C-454 de 2006 (asunto denotado en líneas anteriores). es preciso advertir que el texto de la Constitución Política no legitima que la víctima sea excluida de fase alguna del trámite y. éste podrá aportar a la Fiscalía observaciones para facilitar la contradicción de los elementos probatorios. Así. Lo anterior. a través de las consideraciones contempladas en la sentencia C-454 de 2006 y que han sido examinadas en acápites anteriores del presente escrito. el artículo 250 de la Carta señala que “…la ley fijará los términos en que podrán intervenir las víctimas en el proceso penal…” (subraya y negrilla fuera del texto original). en el año 2007. para evitar la impunidad y acreditar el hecho generado de la obligación resarcitoria. los artículos 378. En consecuencia. consistió en que “…su participación directa en el juicio oral implica una modificación de los rasgos estructurales del sistema penal acusatorio que comporta una alteración sustancial de la igualdad de armas y convierte a la víctima en un segundo acusador o contradictor en desmedro de la dimensión adversarial de dicho proceso”. por ejemplo. define que el legislador debe garantizar su participación a lo largo de todo el proceso penal. el mismo júbilo no fue causado cuando la Alta Corte resolvió la exequibilidad de las normas acusadas y consideró que. Por este motivo. la Corte Constitucional admitió una demanda de constitucionalidad contra las disposiciones de la ley 906 de 2004 que reglaban el juicio oral y desconocían la participación de la víctima en el debate probatorio (específicamente. máxime cuando la argumentación presentada por la Corte Constitucional para justificar la restricción a la intervención de la víctima durante el juicio oral. Sin embargo. a los perjudicados por el delito les fue negado el acceso al escenario donde son esclarecidos los hechos presuntamente constitutivos del delito. fue coartada la posibilidad de que incidieran en la determinación de la responsabilidad penal. Precisamente. Lo anterior. los derechos de la víctima serían salvaguardados en tanto “…el conducto para culminar en esta etapa final del proceso el ejercicio de sus derechos es el fiscal.
quien pretende demostrar en juicio la solidez probatoria de unos cargos criminales. frente al que puede llegar a tener para la Fiscalía (asunto explicado con detenimiento en líneas anteriores). Pues bien. la Corte secundó la exclusión de la víctima de la práctica probatoria. ya que. y por el otro. la sentencia C-209 de 2007 legitimó injustificadamente una restricción claramente lesiva de los derechos 654 . tal como lo debe hacer el ente acusador. la Corte desconoció que. en atención al significado que tiene el delito y el proceso penal para la víctima. el juez constitucional equiparó las pretensiones que podría tener la víctima al interior del proceso penal. representen los intereses de los perjudicados por el delito. así como la víctima puede pretender la imposición de una condena para el acusado. y por otra. en ese sentido. no puede ser de recibo la solución ofrecida por la Corte Constitucional. que el nuevo diseño no corresponde a un típico proceso adversarial entre dos partes procesales que se reputa se encuentran en igualdad de condiciones. conviene traer aquí las siguientes consideraciones de la sentencia C-591 de 2005. quien busca demostrar su inocencia. no era necesaria una regulación abstracta y profética sobre el particular. por un lado. en la práctica. Lo anterior. evitando situaciones donde quedara en desventaja. y. en el parecer del presente escrito. la Corte desconoció que. el juez no es un mero árbitro del proceso. un acusado. por una parte. podía ser utilizado como motivo para limitar la participación de la víctima en el juicio oral. cabe recordar. Esto. pues la reforma constitucional en comentó no instauró un modelo típicamente adversarial y. en el sentido de que la Fiscalía debe escuchar al apoderado de víctima durante la práctica probatoria. en consecuencia. con las de la Fiscalía General de la Nación. en cada caso. En tercer lugar. introducido en Colombia a través del acto Legislativo número 2 de 2003. máxime cuando nuestra legislación no contempla mecanismo sancionatorio alguno que conmine a los fiscales delegados para que. Así pues. el juez de conocimiento podía fungir como guardián de los derechos fundamentales del acusado. a través de tal apreciación. Lo anterior. en el parecer de este escrito. en primer lugar. lo que es más grave. En cuarto lugar. paradójicamente citadas en el fallo de 2007: “Además. con miras a evitar que la defensa tuviera que enfrentar un segundo acusador. En efecto. un ente acusador. intervienen activamente en el curso del mismo el Ministerio Público y la víctima”. Por esta misma consideración. no es muy claro si el carácter adversarial del sistema de enjuiciamiento criminal. es posible que su intervención se encuentre encaminada al esclarecimiento de hechos o circunstancias (que pueden no ser relevantes para la teoría el caso de la Fiscalía).Las facultades probatorias de las víctimas en el proceso penal colombiano En segundo lugar.
Esto. En efecto. surgió una oportunidad para que la Corte reconsiderara su posición o. o entre ésta y su apoderado. y que en su calidad de “parte” le corresponde dirigir la acusación. puede por esa vía convertirla en un segundo acusador o contradictor. teniendo en cuenta que la Fiscalía es la autoridad a la que se ha asignado la misión constitucional de promover la acción penal. además de que originó una antinomia normativa. fue presentada una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 397 de la ley 906 de 2004. Con todo. es el Fiscal quien debe aducirlo en el juicio oral. a lo menos. Sin embargo. ¿qué hacer cuando el funcionario no se encuentra de acuerdo con la práctica del elemento de convicción peticionado por la víctima. En ese sentido. ¿cómo garantizar que la práctica que haga del mismo cumplirá con las expectativas de la víctima? Con posterioridad al fallo de 2007. y.Julio Andrés Sampedro Arrubla fundamentales de la víctima. es ella quien tiene la potestad de trazar la ruta a seguir. por supuesto asumiendo las consecuencias y responsabilidades inherentes al ejercicio de la función pública en caso de 655 . porque lo considera inútil. pues “ …la exclusión prevista en la norma se justifica si se tiene en cuenta que la participación directa de la víctima. Visto lo anterior. a través de la sentencia C-260 de 2011. en el sentido de que la Fiscalía debe escuchar a la representación de la víctima durante la práctica probatoria. cuyos inconvenientes prácticos no se han hecho esperar: la víctima se encuentra facultada para recaudar elementos materiales probatorios y solicitar su aducción como prueba. en todo caso. impertinente o inadmisible?. afectando el principio de igualdad de armas en desmedro de los derechos del imputado…”. la Sala considera que. es posible denotar que la última de las providencias reconoce las dificultades prácticas que pueden resultar de la solución ofrecida por la Corte Constitucional. pues en el año 2011. No obstante lo anterior. morigerara sus efectos negativos. por no contemplar a la víctima entre quienes se encuentran facultados para hacer preguntas complementarias. la Corte declaró la exequibilidad de la disposición. ¿debe ser conminado a presentarlo en juicio?. es oportuno traer aquí el siguiente fragmento de la sentencia: “La Corte no desconoce que entre la Fiscalía y la víctima. exponer su teoría del caso y defenderla durante el juicio oral. en consecuencia. una vez terminados los interrogatorios de las partes. los cuestionamientos presentados por el presente escrito en punto de la sentencia C-209 de 2007 son extensivos a la sentencia C-260 de 2011. aun para formular preguntas complementarias. pueden presentarse divergencias de criterio acerca de cuál debe ser la mejor estrategia para promover y desarrollar el proceso en cada una de sus etapas. pero no puede participar de su práctica y. de la misma manera.
seguramente por no tratarse de un asunto propio del examen de constitucionalidad. puede resultar inocua.1	Preclusión del trámite Originalmente. y. 5.	Las facultades probatorias de la víctima en algunos escenarios de terminación anticipada 5. luego de que el juez constitucional advirtiera que se trata de una decisión con efectos sobre los derechos fundamentales de la víctima y que “la controversia de la solicitud del fiscal tal como ha sido regulada por el artículo 333. el artículo 333 definía que en ningún evento habría lugar a solicitar o practicar pruebas. De esta manera. por el contrario. en el entendido de que “…las víctimas pueden allegar o solicitar elementos materiales probatorios y evidencia f ísica para oponerse a la petición de preclusión del fiscal”. que si pretende utilizar dicha declaración. con el propósito de resolver la solicitud de preclusión del trámite. es posible presentar dos observaciones sobre la puesta en marcha de la facultad probatoria.Las facultades probatorias de las víctimas en el proceso penal colombiano incumplimiento de los deberes funcionales en relación con la protección efectiva de los derechos de las víctimas”. o que no se presentan las circunstancias alegadas por el fiscal”. disciplinaria). nada se opondría a que la víctima solicite al juez de conocimiento que reciba las declaraciones y. es oportuno denotar que el condicionamiento del fallo hizo alusión a “elementos materiales probatorios y evidencia f ísica”. la Alta Corte reconoce que alguna consecuencia desfavorable debe surgir para el fiscal delegado. originada en el fallo de la Corte Constitucional. Sin embargo. la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de la disposición. En el parecer del presente escrito. dicha práctica evitaría 656 . no especifica a qué tipo de responsabilidad se hace referencia (penal. si no se permite la práctica de pruebas que muestren que sí existe mérito para acusar. En primer lugar. en consecuencia. podría aludirse que la víctima no podría solicitar que el juez de conocimiento escuche en audiencia a los posibles testigos de la conducta punible. a través de la sentencia C-209 de 2007. Sin embargo. tendrá que documentar su contenido fuera de audiencia y aportar su registro. en el evento en que incumpla su obligación de velar por los intereses de la víctima. Lo anterior. civil. Sin embargo. De esta manera. partiendo de la definición consignada en el artículo 275 de la ley 906 de 2004. para oponerse a la solicitud de preclusión.
” Similar consideración presentó la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en el auto del 7 de diciembre de 2011. es posible que. hasta que haya sido culminada la actividad (con independencia de los resultados obtenidos). En ese sentido.1 Aplicación del principio de oportunidad En punto del control que ejerce el juez de control de garantías en la aplicación del principio de oportunidad. En segundo lugar. que es frecuentemente utilizada por las normas adjetivas para descartar la controversia probatoria.Julio Andrés Sampedro Arrubla que la víctima deba enfrentar las dificultades asociadas a entrevistarse. esto obraría en procura del derecho de contradicción que asiste a los sujetos procesales e intervinientes. la vigencia del principio de legalidad. para garantizar el derecho que la jurisprudencia constitucional le confiere a la víctima. proferido dentro del proceso número 37596: “…Si la Fiscalía pude en audiencia de preclusión 657 . y garantizaría una real percepción y comprensión del medio suasorio. con intervención del juez de control de garantías (V. búsquedas selectivas en bases de datos). la sentencia C-209 de 2007 advirtió que “…aun cuando la expresión “de plano” generalmente se emplea para indicar la ausencia de debate probatorio.gr. El juez resolverá de plano y contra esta determinación no procede recurso alguno”. incluso. Con todo. 5. el artículo 327 de la ley 906 de 2004 señala que “…la víctima y el Ministerio Público podrán controvertir la prueba aducida por la Fiscalía General de la Nación para sustentar la decisión. encuentra la Corte que el contenido del artículo desvirtúa esta conclusión. Además. En estos eventos. en el sentido de que la víctima debe estar en posibilidad de pronunciarse sobre los elementos de convicción suministrados por la Fiscalía e. sin desconocer las competencias definidas por la ley 906 de 2004 y. por su cuenta. será preciso que el juez de conocimiento ordene la suspensión del trámite. la víctima deba adelantar una actividad investigativa que exige un procedimiento especifico. la jurisprudencia se ha encargado de decantar que el citado artículo 327 debe ser interpretado. Como podrá advertir el lector. por parte del funcionario judicial. como quiera que el texto mismo del artículo 327 prevé que la víctima y el Ministerio Público “podrán controvertir la prueba aducida. se trata de una disposición de dif ícil interpretación. a la par que incluye la expresión “El juez resolverá de plano”. con los posibles testigos. de aducir sus propios elementos de prueba para oponerse a la aplicación del principio de oportunidad. pues reconoce que la víctima se encuentra en posibilidad de debatir los elementos materiales probatorios empleados la Fiscalía. en general. para obtener el elemento que servirá para ponerse a la solicitud de preclusión.
antijurídico y culpable de un declarado penalmente responsable…”39. la víctima es quien detenta la titularidad sobre la pretensión que será resuelta por el juez de conocimiento. ante la ausencia de una disposición que aclarara que. allegar o solicitar elementos materiales probatorios y evidencia f ísica. en consecuencia. la jurisprudencia constitucional tiene definido que “…el incidente adquiere un valor inmenso. En efecto. como también fue resaltado en líneas anteriores. quien puede oponerse a esa pretensión y. se la habilita cuando la Fiscalía acude al principio de oportunidad del artículo 327…”. la discusión ha versado acerca de las disposiciones que deben reglar la producción y práctica de los medios de prueba. la Corte Constitucional sostuvo que el incidente es “…acción civil. a través de la sentencia C-409 de 2009. 658 . con miras a evitar la vulneración de los derechos fundamentales de la víctima. una vez declarado un sujeto penalmente responsable…”. y. mediante 39 Corte Constitucional. dejando de ser un procedimiento sobre cuestiones accesorias o secundarias y al contrario. así como en consideración a algunas jurisprudencias donde se ha defendido la aplicación de las normas de procedimiento civil. al final del proceso penal. Igualmente. para reclamar ni más ni menos que la reparación integral de la víctima por el daño causado por el hecho típico. es preciso recordar que el juez de control de garantías se encuentra en posibilidad de decretar y practicar pruebas. son reiteradas aquí las observaciones presentadas con anterioridad. en particular para la víctima.	Las facultades probatorias de la víctima en el incidente de reparación integral Con relación al incidente de reparación integral. 6. en este punto. con esa finalidad. Así pues. Igualmente. serían aplicadas las normas contempladas en el Código de Procedimiento Penal. dentro del proceso penal. Sentencia C-409 de 2009. puede ser consultada la sentencia C-979 de 2005. en el incidente de reparación integral. en el incidente de reparación integral. En consecuencia. En igual sentido. con relación a la intervención de la víctima en la audiencia que tramita la solicitud de preclusión del trámite. Lo anterior. La misma participación. constituyendo la oportunidad final. con la opción de controvertir la prueba aducida por la acusación.Las facultades probatorias de las víctimas en el proceso penal colombiano (artículo 331) tiene la obligación de garantizar la presencia e intervención de la víctima. única. De esta manera. no es de extrañar que los artículos 102 y 103 de la ley 906 de 2004 le confieran plenas facultades probatorias. brevísima.
Lo anterior. a pesar de las anteriores consideraciones. la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia aseguró que “…se trata. porque el artículo 27 de la ley 906 de 2004 sólo autoriza a los operadores judiciales para que acudan a las normas que reglan el procedimiento civil en materias no regladas. En tercer lugar. Pues bien. los sujetos procesales e intervinientes deben adelantar el descubrimiento de los elementos materiales probatorios que serán utilizados por ellos. En segundo lugar. la práctica probatoria en el incidente de reparación integral debe estar orientada por las disposiciones contenidas en la ley 906 de 2004 (Capítulo III del Título IV del Libro III). satisfacción y garantías de no repetición40. durante la primera de las audiencias que integran dicha etapa del proceso. y que “…la acción de reparación integral es una acción civil al final del proceso penal…”. con anterioridad al debate probatorio. Al respecto. el penal sí regula los derechos y deberes de los representantes de tales entidades. también se encuentran legitimados para participar de la práctica probatoria. durante el incidente de reparación integral. 346. rehabilitación. Además. en primer lugar. y el Código claramente normas tendientes a regular la producción y práctica de la prueba. pues es claro que. conviene recordar cómo la reparación integral de la víctima puede implicar la adopción de mecanismos de restitución. por regla general. de un mecanismo procesal independiente y posterior al trámite penal propiamente dicho…”. En ese sentido. a diferencia del ordenamiento adjetivo civil. 347 y 356 a la estructura el incidente. será preciso que la víctima revele los elementos materiales 40 En ese sentido. entonces. 345. puede ser consultada la sentencia C-979 de 2005 de la Corte Constitucional. no puede ser obviado que. so pena de que los elementos no revelados no puedan ser aducidos por ellos durante la tercera de las audiencias que integran dicho trámite. adaptando las normas contenidas los artículos 344. Esto. el incidente de reparación integral no puede escapar a las normas sobre la actividad probatoria consignadas en el Código de Procedimiento Penal. Esto. Como corolario de lo anterior. también es preciso denotar que. además de la víctima y los civilmente responsables (incluido el condenado). 34145). en atención a que los perjuicios a resarcir fueron causados por una infracción penal. la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio Público. 659 .Julio Andrés Sampedro Arrubla sentencia del 13 de abril de 2011 (Proceso No. en el parecer del presente escrito. las pruebas presentadas al interior del incidente de reparación integral pueden estar encaminadas a conseguir medidas que escapan a los conceptos del derecho civil.
pueden existir vacíos que deberán ser suplidos por las normas adjetivas civiles (Código de Procedimiento Civil o Código General del Proceso). 21. es preciso reconocer que. y durante la segunda audiencia. En ese sentido. Fiscalía General de la Nación y Ministerio Público). rehabilitación. pues la garantía en comento implica “…la adopción de todas las medidas necesarias tendientes a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. contemplado en el artículo 11 de la ley 906 de 2004 (literal c) y con sustento en los artículos 1°. el juez penal no podría reconocer a la víctima “suma superior a la indicada en el juramento estimatorio. así como en diferentes tratados de derechos humanos ratificados41. especialmente. por parte de uno de los citados a declarar dentro del trámite. puede ser consultada la sentencia C-228 de 2002 de la Corte Constitucional. En efecto. Con todo. y a devolver a la víctima al estado en que se encontraba antes de la violación” (subraya y negrilla fuera del texto original). Lo anterior. en primer lugar.Las facultades probatorias de las víctimas en el proceso penal colombiano probatorios que utilizaría para fundamentar su pretensión resarcitoria. indemnización. resultaría claramente vulnerado el derecho a la reparación integral de la víctima. dicha integración debe ser respetuosa de las normas contenidas en el Código de Procedimiento Penal y. 660 . al interior de la ley 906 de 2004. de los principios rectores y garantías procesales. así deberá ocurrir cuando los intervinientes soliciten la exhibición de un documento. Esto. Lo anterior. 2°. supondría que el juez no pueda ordenar todas las medidas que resulten necesarias para resarcir a la víctima. salvo los perjuicios que se causen con posterioridad a la presentación de la demanda o cuando la parte contraria lo objete”. terceros civilmente responsables. satisfacción y garantías de no repetición a 41 En ese sentido. le correspondería hacerlo a los demás intervinientes que pretendan aducir elementos de convicción al proceso (defensa. 229 y 250 de la Constitución. también por vía de ejemplo. es preciso descartar la aplicación del juramento estimatorio en el incidente de reparación integral (artículo 206 del Código General del Proceso). la aplicación del juramento estimatorio en el incidente de reparación integral. pues en caso de implementar el medio probatorio en comento. Sin embargo. Por vía de ejemplo. medidas de restitución. así como del descubrimiento extemporáneo. 15. ante causas no imputables a la parte afectada (inciso final del artículo 344 y artículos 346). sin perjuicio de que el juez de conocimiento autorice el descubrimiento fuera de audiencia (artículo 344 de la ley 906 de 2004). De esta manera.
cuando el legislador lo ha indicado de manera clara y expresa. aplicar el juramento estimatorio en el incidente de reparación integral. La lex praevia exige que la conducta y la sanción antecedan en el tiempo a la comisión de la 42 Al respecto. Esto. Dicho principio otorga seguridad jurídica y hace efectivos los derechos de las personas implicadas. consistente en que “si la cantidad estimada excediere en el cincuenta por ciento (50%) la que resulte probada. no puede ser obviado que el juramento estimatorio comporta una sanción. por vía de la integración normativa. ocurridos a pesar de su obrar diligente.Julio Andrés Sampedro Arrubla favor de la víctima (dimensión individual del derecho). es decir que sea determinada y no determinable. cuando la causa de la misma sea imputable a hechos o motivos ajenos a la voluntad de la parte. dicha institución sólo puede ser aplicada por los operadores judiciales. antes de proferida una disposición que señale explícitamente tal posibilidad. de conformidad con lo resuelto por la sentencia C-157 de 2013 de la Corte Constitucional. sino también plenamente. De esta manera. La Corte ha señalado que el principio de legalidad exige “(i) que el señalamiento de la sanción sea hecho directamente por el legislador. esto no impide que el legislador diseñe mecanismos que permitan la gradación de la sanción. puede ser consultada la sentencia C-454 de 2006 de la Corte Constitucional. como el señalamiento de topes máximos o mínimos”. en caso de aplicar la institución jurídica. lo que por supuesto no ocurriría. En consecuencia. presentadas por la Corte Constitucional en la sentencia C-853 de 2005: “Uno de los principios del debido proceso es el de legalidad[5] que garantiza a las personas que van a ser objeto de sanción conocer con anticipación las conductas que son reprochables y las sanciones que habrán de imponerse. se condenará a quien la hizo a pagar a la otra parte una suma equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia”43. Obviamente. Además. En ese sentido. es oportuno traer aquí las siguientes consideraciones. así como la adopción de medidas encaminadas a restaurar. (iii) que la sanción se determine no sólo previamente. 661 . En efecto. supondría una vulneración al principio de legalidad (una de las garantías del debido proceso). (ii) que este señalamiento sea previo al momento de comisión del ilícito y también al acto que determina la imposición de la sanción. la lex scripta y la lex certa. 43 La referida sanción no procede cuando la falta de demostración de los perjuicios. el principio de legalidad está integrado por tres elementos esenciales: la lex praevia. indemnizar o readaptar los derechos de las comunidades directamente afectadas por las violaciones ocurridas (dimensión colectiva del derecho)42.
y la lex certa alude a que tanto la conducta como la sanción deben ser determinadas de forma que no hayan ambigüedades.Las facultades probatorias de las víctimas en el proceso penal colombiano infracción. es decir. que estén previamente señaladas. 662 . significa que los aspectos esenciales de la conducta y de la sanción estén contenidas en la ley. la lex scripta. en materia de ius puniendi.
Documentos similares a Victimas en El Proceso Penal Colombiano
Mx Eva Lu a Sistema Penal
tecnicas-de-litigacion-oral-.docx
Más de J Eduardo Arboleda
HONORARIOS CONALBOS.pdf
Honores Nuevo