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Timestamp: 2019-08-17 13:17:05
Document Index: 289104783

Matched Legal Cases: ['artículo 214', 'artículo 31', 'artículo 31', 'Artículo 31', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 28', 'artículo 18', 'artículo 28', 'artículo 404', 'artículo 24']

Las Rozas de Madrid : Las Rozas - Denuncian al Secretario General del Ayuntamiento de Las Rozas por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias
Ayuntamiento Las Rozas, Ayuntamiento Las Rozas de Madrid, Noticias Políticas Las Rozas, Sindicato Manos Limpias,
El Sindicato Manos Limpias ha presentado denuncia contra el Secretario del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, José Manuel Barroso Rodríguez, y cuantas otras personas pudieran resultar responsables, por presunto delito continuado de prevaricación y tráfico de influencias.
Según el Sindicato el citado Secretario prevaliéndose de su condición presuntamente ha venido percibiendo mensualmente además de su sueldo otras cantidades por hacer su trabajo en Plenos y Comisiones, favoreciendo el cobro de tales cantidades por otros funcionarios. Además de ello, el Sindicato afirma que presuntamente percibía sobresueldos cuando había elecciones llegando a cobrar en el mes de julio de 2009 más de 16.000 euros con cargo a los impuestos de los contribuyentes de Las Rozas.
AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN QUE POR TURNO CORRRESPONDA DE MAJADAHONDA
Contra el Secretario del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, JOSE MANUEL BARROSO RODRIGUEZ, y cuantas otras personas pudieran resultar responsables, por presunto delito continuado de prevaricación y tráfico de influencias.
El origen tuvo lugar el 3 de noviembre de 2005, día en que se dictó un Decreto de Alcaldía, elaborado por la Secretaría General, a propuesta de la Concejala de Personal, mediante el cual se aprobó con carácter general un sistema ilegal de indemnizaciones por asistencias a Organos Colegiados, sin el preceptivo informe previo de la Intervención exigido por el artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Se adjunta copia del Decreto como doc. nº 1).
El denunciante cree que el Alcalde dictó la resolución de buena fe, inducido y confiado por el hecho de que fue el Secretario municipal, fedatario público y asesor legal de la Corporación, quien lo redactó y lo sometió a su firma.
El Interventor municipal, en informe de fecha 14 de noviembre de 2005, relativo a las nóminas del mismo mes, formuló sobre el Decreto citado el siguiente reparo:
“Sobre las percepciones asignadas a funcionarios por asistencia a órganos colegiados, aprobadas por Decreto de Alcaldía de fecha 3/11/05, se informa que el artículo 31 del R.D. 462/2002 que sirve de base a su concesión, no es aplicable por referirse a asistencias a tribunales y órganos de selección de personal. Por otro lado el citado Decreto se basa en legislación inexistente, puesto que el artº 31 del Real Decreto 462/2002 no contiene un apartado 3º. Por ello, en el citado Decreto, se establecen unos conceptos retributivos no contemplados en la vigente legislación sobre función pública”.
Y finaliza el informe diciendo:
Es de hacer constar que los reparos que se producen a las nóminas del mes de noviembre, deben ser trasladados a la Alcaldía para que, en caso de no ser aceptados, sean llevados a Pleno de la Corporación, según lo dispuesto en los artículos 215 a 218” (de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales). (Se adjunta copia del informe como doc. nº 2)
El reparo del Interventor no fue atendido por la Concejala de Personal, ni fue tramitado al Pleno conforme dispone la citada Ley. Muy por el contrario, para las nóminas del mes de diciembre se elaboraron por el Secretario de la Corporación certificaciones de las asistencias a las sesiones de órganos colegiados con carácter retroactivo desde el mes de julio, y la Concejala de Personal ordenó su inclusión en las nóminas del mes, por lo que fueron abonadas, percibiendo el Sr. Secretario alrededor de 5.000 € sólo en concepto de atrasos. (Se adjuntan documentos nºs 3 y 4).
El Interventor del Ayuntamiento ante esta situación, de su puño y letra dejó escrito en la hoja resumen de nómina de funcionarios, la siguiente frase:
“Falta el estado de variaciones y justificantes. SE REITERA REPARO DEL MES ANTERIOR”.
(Se adjunta copia de la citada hoja de resumen de nómina de los funcionarios integrados, donde se contienen los pagos por el concepto de asistencias como doc. nº 5).
En los sucesivos meses y hasta la actualidad se ha seguido manteniendo el sistema de cobros ilegales por asistencias citado. (Se acompañan doc. nºs. 6 a 9 de varios meses acreditativos de que eso es así), sirviendo de cobertura en cada uno de los meses el certificado del Secretario acreditando quien asiste a las sesiones, para la aprobación de los pagos, sin hacer en ninguno de los meses transcurridos la más mínima advertencia sobre su ilegalidad, prevaricando y enriqueciéndose con las percepciones de los importes arbitrariamente fijados, que en su caso, son siempre los más elevados, oscilando entre los 1.000 a 1.500 euros mensuales.
Asimismo, se ha mantenido el mismo sistema en las aprobaciones mensuales de la nómina, siempre elaborada y suscrita por la Concejala de Personal, tal como puede apreciarse en las hojas resúmenes de los meses de diciembre de 2010 y enero de 2011 que se acompañan como doc. nºs. 10 y 11.
Por tanto, desde el mes de noviembre de 2005 hasta la actualidad, en el Ayuntamiento de las Rozas de Madrid se vienen aprobando y abonando mensualmente dentro de cada nómina, sobresueldos por el concepto de asistencias a órganos colegiados, que sobre todo en el caso del Secretario del Ayuntamiento promotor del sistema y principal beneficiado de su cobro mensual, son totalmente ilegales y suponen una reiterada actividad prevaricadora y de tráfico de influencias, prevaliéndose de que en virtud de su cargo actúa como Asesor jurídico de la Corporación con la apariencia del principio de legalidad que debe presidir sus actos, para enriquecerse injustamente a costa de la Hacienda Municipal de forma continuada.
A título informativo del Juzgado, se aportan convocatorias a las sesiones de Comisiones de Gobierno y Plenos de los meses de marzo y abril de 2011, como documentos nºs. 12 a 23, en las que puede apreciarse que en todos los casos las sesiones tienen lugar DENTRO DEL HORARIO LABORAL DEL AYUNTAMIENTO.
El artículo 31 del R.D. 462/2002, que sirve de base jurídica al Decreto de Alcaldía de fecha 3 de noviembre de 2005, dice textualmente lo siguiente:
“Artículo 31. Fijación de las asistencias de los colaboradores de los tribunales y órganos de selección de personal.
Los Ministerios de Administraciones Públicas y Hacienda regularán, dentro del régimen de resarcimiento previsto en la disposición adicional sexta del presente Real Decreto, el abono de asistencias a los colaboradores técnicos, administrativos y de servicios a que se refiere el artº 29 de este Real Decreto.
De modo que, como bien advertía el Interventor municipal en su informe de fecha 14 de noviembre de 2005, no es aplicable a las indemnizaciones por asistencias a órganos colegiados, un precepto relativo a asistencias a tribunales y órganos de selección de personal.
Pero lo más grave es que el apartado 3º del artº 31 citado, que constituye parte del soporte jurídico del citado Decreto de Alcaldía NO EXISTE.
Por tanto, el Secretario del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, sometió a la firma del Alcalde – el documento tiene el membrete de Secretaria General- un Decreto basado en legislación inaplicable e inexistente y maniobró y utilizó su influencia para que tal Decreto fuese aplicado por un interés directo y personal de enriquecimiento ilícito.
Además de su actuación inicial para aprobar el Decreto, en cada uno de los meses transcurridos hasta la actualidad ha desarrollado su actividad delictiva continuada, certificando cada mes las asistencias para que se aprobara su inclusión en cada nómina mensual y lograr así el cobro de importantes cantidades económicas.
Las funciones del Secretario del Ayuntamiento de las Rozas, son funciones reservadas a los funcionarios habilitados estatales y, difícilmente puede encontrarse en la legislación sobre la función pública española, un caso en que encuentren definidas de una forma tan clara.
El Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional y, en la delimitación de las funciones reservadas establece que:
1.- Son funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones Locales:
a.- La de secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo.
2. La responsabilidad administrativa de las funciones enumeradas en el apartado anterior está reservada a funcionarios en posesión de la habilitación de carácter nacional……”
a.-La preparación de los asuntos que hayan de ser incluidos en el orden del día de las sesiones que celebren el Pleno, la Comisión de Gobierno decisoria y cualquier otro órgano colegiado de la Corporación en que se adopten acuerdos que vinculen a la misma, de conformidad con lo establecido por el alcalde o presidente de la Corporación y la asistencia al mismo en la realización de la correspondiente convocatoria, notificándola con la debida antelación a todos los componentes del órgano colegiado.
b.-Custodiar desde el momento de la convocatoria la documentación íntegra de los expedientes incluidos en el orden del día y tenerla a disposición de los miembros del respectivo órgano colegiado que deseen examinarla.
c.-Levantar acta de las sesiones de los órganos colegiados referidos en el apartado a) y someter a aprobación al comienzo de cada sesión el de la precedente. Una vez aprobada, se transcribirá en el libro de actas autorizada con la firma del Secretario y el visto bueno del Alcalde o Presidente de la Corporación.
d.-Transcribir al libro de resoluciones de la Presidencia las dictadas por aquélla y por los miembros de la Corporación que resuelvan por delegación de la misma.
e.-Certificar de todos los actos o resoluciones de la Presidencia y los acuerdos de los órganos colegiados decisorios, así como de los antecedentes, libros y documentos de la entidad.
f.-Remitir a la Administración del Estado y a la de la Comunidad Autónoma, en los plazos y formas determinados reglamentariamente, copia o, en su caso, extracto de los actos y acuerdos de los órganos decisorios de la Corporación, tanto colegiados como unipersonales.
g.-Anotar en los expedientes, bajo firma, las resoluciones y acuerdos que recaigan.
h.-Autorizar, con las garantías y responsabilidades inherentes, las actas de todas las licitaciones, contratos y documentos administrativos análogos en que intervenga la entidad.
i.-Disponer que en la vitrina y tablón de anuncios se fijen los que sean preceptivos, certificándose su resultado si así fuera preciso.
j.-Llevar y custodiar el registro de intereses de los miembros de la Corporación y el inventario de bienes de la entidad.
a.- La emisión de informes previos en aquellos supuestos en que así lo ordene el Presidente de la Corporación o cuando lo solicite un tercio de Concejales o Diputados con antelación suficiente a la celebración de la sesión en que hubiere de tratarse el asunto correspondiente. Tales informes deberán señalar la legislación en cada caso aplicable y la adecuación a la misma de los acuerdos en proyecto.
b.- La emisión de informe previo siempre que se trate de asuntos para cuya aprobación se exija una mayoría especial. En estos casos, si hubieran informado los demás jefes de servicio o dependencia u otros asesores jurídicos, bastará consignar nota de conformidad o disconformidad, razonando esta última, asumiendo en este último caso el firmante de la nota la responsabilidad del informe.
c.-La emisión de informes previos siempre que un precepto legal expreso así lo establezca.
d.- Informar, en las sesiones de los órganos colegiados a que asista y cuando medie requerimiento expreso de quien presida, acerca de los aspectos legales del asunto que se discuta, con objeto de colaborar en la corrección jurídica de la decisión que haya de adoptarse. Si en el debate se ha planteado alguna cuestión sobre cuya legalidad pueda dudarse podrá solicitar al Presidente el uso de la palabra para asesorar a la Corporación.
e.- Acompañar al Presidente o miembros de la Corporación en los actos de firma de escrituras y, si así lo demandaren en sus visitas a autoridades o asistencia a reuniones, a efectos de asesoramiento legal.”
Por tanto, el Secretario del Ayuntamiento de las Rozas de Madrid, tiene conferidas legalmente las funciones de asistir a las sesiones de todos los órganos colegiados del Ayuntamiento e informar en ellas sobre los aspectos legales sobre los que sea requerido.
Esta reserva legal constituye el contenido del puesto de trabajo del Secretario del Ayuntamiento y en base a este contenido, dentro de la relación de puestos de trabajo municipal tiene atribuido el correspondiente complemento específico, en aplicación de lo regulado en el Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de retribuciones de los funcionarios de Administración Local, que en su artículo 4.1.dice que el complemento específico está destinado a retribuir las condiciones particulares de algunos puestos de trabajo en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, incompatibilidad, responsabilidad, peligrosidad o penosidad. En ningún caso podrá asignarse más de un complemento específico a cada puesto de trabajo, aunque al fijarlo podrán tomarse en consideración conjuntamente dos o más de las condiciones particulares mencionadas que puedan concurrir en un puesto de trabajo.
El mismo Real Decreto en su artículo 1 deja claro que los funcionarios de Administración Local no podrán percibir retribuciones o contraprestaciones distintas a las determinadas en el, por ningún otro concepto, ni siquiera por confección de proyectos, dirección o inspección de obras o presupuestos, asesorías o emisión de dictámenes o informes.
Delimitadas las funciones del Secretario, visto que por ellas percibe el correspondiente complemento específico o, en su caso el complemento de productividad a que fuera acreedor y también que está prohibida la percepción de retribuciones o contraprestaciones diferentes a las reguladas legalmente, hemos de analizar la aplicación del régimen de indemnizaciones por asistencias, para perfilar definitivamente la actividad prevaricadora y de tráfico de influencias del Sr. BARROSO RODRIGUEZ en su calidad de Secretario del Ayuntamiento de Las Rozas.
El Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, como su propio nombre indica, regula las INDEMNIZACIONES por razón del servicio. La palabra indemnización se refiere a la compensación por el daño recibido.
Obviando lo ya indicado anteriormente sobre la falta de cobertura legal del Decreto de Alcaldía de 3 de noviembre de 2005, el artículo 28.1 de este Real Decreto fija de forma imperativa que las asistencias por la concurrencia, personal o por representación, a reuniones de Órganos colegiados de la Administración y Órganos de Administración de Organismos públicos se abonarán, EXCEPCIONALMENTE, en aquellos casos en que así se autorice por el Ministro de Hacienda. Es decir, la norma no permite establecer sistemas generales que configuren la indemnización como un concepto retributivo más, como así se ha establecido en el Ayuntamiento de las Rozas, sino que EXCEPCIONALMENTE se abonarán en casos determinados.
El Tribunal Supremo, en su Sentencia de fecha 13 de julio de 2007 (RJ\2007\6720), resolviendo recurso de casación EN INTERES DE LA LEY , estableció la siguiente jurisprudencia en su Fundamento de Derecho Primero:
“Cierto es que en dicha tarea el art. 28.1 y concordantes dan un amplio margen de apreciación a la Administración; pero eso, como es bien sabido, no implica decisión libre, en el sentido de no sometida a Derecho y al control jurídico correspondiente. Ese margen de apreciación queda delimitado por los criterios que expresamente determina la norma y por los que se derivan de los principios que subyacen y explican la institución de que se trata, lo cuales se deben buscar en la integración de la norma en su contexto normativo, amen de por los principios generales del derecho.
Entre las determinaciones expresas del art. 28.1 y concordantes, está la esencial de constituir, de crear, el derecho a la indemnización por asistencia a órganos colegiados, Y es esencial porque obliga a la Administración a aplicar ese derecho, adoptando las medidas generales y las decisiones singulares precisas al efecto, cuando así se derive de las normas referidas y en los términos que quepa inferir de las mismas.
La otra determinación expresa es el criterio de la excepcionalidad.
En cuanto a los principios y criterios implícitos inferidos del sentido de la institución y del contexto normativo en que se integra, podemos argumentar como sigue:
Las indemnizaciones por asistencia que nos ocupan se distinguen claramente del resto de indemnizaciones contempladas en el RD 462/2002 ( RCL 2002, 1393) . Mientras estas últimas atienden a las circunstancias de tiempo o lugar en que se desarrolla el trabajo (viajes, traslado de domicilio, alojamiento, comida) y, por ende, buscan compensar económicamente los perjuicios, fundamentalmente económicos, que tales circunstancias implican; las indemnizaciones por asistencia atienden, no a las circunstancias objetivas del trabajo encomendado, sino a éste en sí mismo, a las funciones o tareas que conlleva, y, por eso, su fin no es compensar perjuicios objetivos ocasionados por los hechos o condiciones que circundan el desempeño del trabajo, sino compensar la realización misma de las funciones que el trabajo encomendado integra.
Esta distinción de naturaleza y sentido institucional explica la remisión que el art. 28.1 RD 462/2002 hace a la autoridad administrativa, en orden a la implementación de las indemnizaciones por asistencia a órganos colegiados; pues, así como en las otras indemnizaciones aludidas, el dato objetivo del perjuicio y la normalmente fácil valoración económica del mismo permiten una determinación precisa en la norma, en las asistencias de que se trata, la consecución del fin compensatorio buscado y la propia materialización del sentido jurídico de la institución, requieren de apreciaciones casuísticas que la norma no puede recoger en toda su amplitud y detalle (pero que sí puede y debe, como hemos visto, orientar y sujetar).
Ahora bien, esa misma naturaleza institucional que exige una remisión a un cierto margen de apreciación administrativa casuística, impone límites, en forma de criterios vinculantes, a la actuación administrativa.
Sintetizando en relación a lo que importa al caso, podemos decir que los criterios a seguir por la Administración, en la aplicación del art. 28.1 citado, son dos, uno que se puede formular de forma positiva y otro que cabe enunciar negativamente; a saber:
1.- Debe declararse el derecho a indemnización cuando la asistencia a órganos colegiados implique funciones y/o tareas que no se encuentren expresamente recogidas en el contenido funcional del puesto que ocupa el interesado y que no se puedan considerar como una extensión razonable y coyuntural del mismo, atendiendo a su naturaleza y significado dentro de la estructura organizativa de que se trate.
La llamada a la excepcionalidad que hace el art. 28.1 marca este camino. En efecto, la excepcionalidad significa aquí que ha de evitarse indemnizar las asistencias a órganos colegiados que no sean claramente ajenas al desempeño del puesto de trabajo que ocupa aquel a quienes tales asistencias se encomiendan. La concurrencia a tales órganos es, frecuentemente, una actividad consustancial al desarrollo de puestos de trabajo en la Administración, esté o no recogida como tal en los instrumentos que describen esos puestos; y, por eso, se precisa una cautela y un rigor especiales a la hora de indemnizar por esa actividad, so pena de desvirtuar el esquema de los puestos de trabajo y de ocasionar ENRIQUECIMIENTOS INJUSTOS; y es a esa cautela y rigor a lo que quiere la norma obligar cuando llama a la excepcionalidad.
Pero esa llamada tiene otra dimensión íntimamente relacionada con la expresada, al perseguir el mismo fin de una aplicación justa y proporcionada de la indemnización por asistencia a órganos colegiados, dimensión que da lugar al segundo criterio anunciado:
2.- No debe declararse el derecho a la indemnización por asistencia a órganos colegiados, cuando la compensación justa que la institución busca pueda lograrse por otros cauces previstos en la normativa funcionarial aplicable; es decir, cuando estén previstas compensaciones específicas, en el marco o no de otros conceptos retributivos, para el desempeño de esas funciones que, por su naturaleza, podrían entrar en el criterio positivo expresado precedentemente.”
Aplicando los criterios establecidos por el Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de Granada, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, dictó la Sentencia de 11 May. 2009, Nº de Sentencia: 234/2009, repitiendo en su Fundamento de Derecho Segundo la doctrina fijada por el Tribunal Supremo.
(Se aportan copias de las sentencias citadas como documentos nºs. 24 y 25).
Queda pues demostrado, con la legislación y jurisprudencia citadas que el Secretario del Ayuntamiento de las Rozas de Madrid, experto jurista, en contra de lo dispuesto en las leyes y en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, ha utilizado su posición dominante como fedatario y asesor legal de la Corporación, para enriquecerse mensualmente prevaricando y usando sus influencias de forma continuada al certificar y maniobrar para que se aprobaran y pagaran importes económicos en su nómina de cada mes a los que no tiene derecho, perjudicando los intereses económicos del Ayuntamiento en el que presta sus servicios y en último extremo a los ciudadanos que sufragan con sus impuestos los gastos municipales.
Pero para que quede totalmente demostrada la actividad prevaricadora y de tráfico de influencias del citado funcionario, su voracidad económica a la hora de percibir importes de forma ilegal infringiendo los procedimientos legalmente establecidos, y favoreciendo a aquellas personas que son proclives a su persona, pasaremos a describir los hechos acaecidos con motivo de las elecciones al Parlamento Europeo del 7 de junio de 2009.
El Decreto de Alcaldía de 10 de junio de 2009, elaborado por la Secretaria General – véase el membrete del Decreto – (cuya copia se acompaña como doc. nº 26), dice textualmente:
“Vista la propuesta formulada por la Secretaría General, con el Vº Bº del Sr. Alcalde, en relación con las asignaciones de carácter extraordinario y graciable que el Ayuntamiento otorga, para el mejor funcionamiento del proceso electoral, al personal que ha intervenido y prestado sus servicios en el Proceso Electoral del día 7 de junio de 2009.
1º.- Aprobar el gasto ocasionado por los trabajos de carácter extraordinario realizados con motivo de las elecciones al Parlamento Europeo de 7 de junio de 2009, con arreglo a la relación de personal que la Secretaria General adjunta.
2º.- Aprobar, igualmente, el gasto relativo al personal adscrito a la Policía Local que ha participado en el proceso electoral fuera de su jornada ordinaria.
3º.- Aprobar. Igualmente, el gasto relativo al personal adscrito a SAMER que ha participado en el proceso electoral fuera de su jornada ordinaria.”
Sorprendentemente, el Decreto está firmado por el Secretario, con el Vº Bº del Alcalde, lo que es un síntoma de la influencia del funcionario y de quien manejaba la situación, actuando el Alcalde de buena fe.
Al Decreto se unen varias relaciones de personal, de las que destaca la relativa al personal colaborador - funcionario y laboral - que totaliza un importe de 46.222,32 €.
En la relación aparece en primer lugar, el Secretario JOSE MANUEL BARROSO RODRIGUEZ, con una asignación por importe de 2.648,94 €
En la misma nómina del mes de julio en la que se hacen efectivas esas percepciones, por Decreto de Alcaldía de 30 de junio de 2009, se le asigna a D. JOSE MANUEL BARROSO RODRIGUEZ, un complemento de productividad de 6.088,36 € (Se adjunta copia como documento nº 27).
Y además en la misma nómina se le abonaron las indemnizaciones por asistencias a las que venimos haciendo alusión anteriormente.
En total, en la nomina del mes de julio, en la que no se cobra la paga extraordinaria, el Secretario del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, JOSE MANUEL BARROSO RODRIGUEZ, percibió haberes por mas de DIECISEIS MIL EUROS (16.000 €).
El Decreto citado, atribuye asignaciones de carácter extraordinario y graciable, concepto inexistente dentro del sistema retributivo de los funcionarios españoles y ajeno a la normativa laboral.
Lo que la ley prevé, cuando se dan los supuestos para ello, es la concesión de gratificaciones por servicios extraordinarios en el caso del personal funcionario y el cobro de horas extraordinarias en el caso del personal laboral.
Pero como en ambos casos, existe un procedimiento reglado para su concesión y los importes que se deberían abonar han de calcularse para cada caso en la forma establecida, lo que se hizo fue atribuir importes en función de la cercanía al Secretario. Así a una auxiliar de Secretaria se le abonaron cerca de dos mil euros y a otra que no trabajaba allí, cerca de la cuarta parte.
El Convenio Regulador de las Condiciones de Trabajo del Personal Funcionario del Ayuntamiento de las Rozas de Madrid, vigente en esas fechas, establece en su capítulo quinto la regulación de las condiciones económicas, y en su artículo 18 fija que los servicios extraordinarios a que se refiere el presente artículo, deberán ser previamente encomendados por el Jefe del Servicio, con el Visto Bueno del Concejal de Personal…………. La valoración de las cantidades a percibir por este concepto se propondrán por la Comisión de Seguimiento. (Se adjunta copia del citado artículo como doc. nº 28 ).
Como puede apreciarse, en el Decreto no se alude en el caso del personal funcionario a la valoración de la Comisión de Seguimiento, ni al Visto Bueno previo de la Concejala de Personal, porque las cantidades atribuidas a los funcionarios de la relación lo fueron a tanto alzado, y como dice el Decreto de forma graciable.
Por su parte, el Convenio Regulador de las Condiciones de Trabajo del Personal Laboral del Ayuntamiento de Las Rozas, en su artículo 28.B) establece que cada hora de trabajo que se realice sobre la duración máxima de la semana ordinaria de trabajo, se abonará al 75% sobre el precio hora para cada grupo y nivel, cuando se trate de horas extraordinarias realizadas en días laborables. Cuando tengan lugar en fines de semana, festivos o nocturnas, estas se abonarán al 150% sobre el precio hora establecido para cada grupo y nivel……………. Se notificará al comité de empresa mensualmente las horas realizadas, las causas, su fórmula de compensación y las personas que las realizan. (Dto. nº 29).
Es decir, para el personal laboral debe hacerse una cuantificación de las horas extraordinarias realizadas, de forma individual y en función del grupo y nivel al que pertenezca el trabajador, lo cual no se hizo.
Se evita al Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento, no se hacen los trámites reglamentarios, se evita el Visto Bueno de la Concejala de Personal y a la Intervención, para en definitiva, no pagar por los conceptos legales de gratificación por servicios extraordinarios en el caso de los funcionarios y horas extraordinarias en el supuesto del personal laboral e INVENTARSE por la Secretaria un nuevo concepto retributivo: la asignación de carácter extraordinario y graciable y así repartir prebendas a su antojo.
Como el Secretario D. JOSE MANUEL BARROSO RODRIGUEZ viene actuando con total impunidad, imponiendo su posición dominante y favoreciendo a su círculo más próximo – El Tesorero de Las Rozas es un caso único en la Comunidad de Madrid que asiste a las sesiones de la Junta de Gobierno -, las citadas asignaciones graciables fueron abonadas en su totalidad.
Esto ocurrió respecto a las elecciones al Parlamento Europeo de 2009, pero otro tanto sucedió en las elecciones anteriores.
Estos hechos pueden ser constitutivos de un
ILICITO PENAL.
A tenor de lo preceptuado en el Código Penal sobre el delito de prevaricación.
Se regula en el art. 404 C.P., en cuanto que establece que «a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictase un resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años». El bien jurídico protegido es, el correcto funcionamiento de la administración pública y, como tal, hay que entender la obligación de ésta de servir con objetividad los intereses generales, con pleno sometimiento a la Ley y al Derecho (art. 103 C.E.) y, por otro lado, el sometimiento al principio de legalidad y a los fines que la justifican (art. 106 C.E.). En cuanto al sujeto activo de este delito, como ha declarado el T.S. en su jurisprudencia (S.T.S. 26 de marzo de 1992 y de 7 de febrero de 1997), sólo puede serlo una autoridad o funcionario.
Se admite, así mismo, la participación a título de inductor, cooperador necesario o cómplice (S.T.S. 52/1994 de 18 de enero).
En cuanto a la acción típica, consiste ésta en dictar una resolución arbitraria en un asunto administrativo, a sabiendas de su injusticia. Dos requisitos ha de reunir, pues, la acción, de un lado, que se dicte resolución y, de otro, que ésta sea arbitraria a sabiendas de su injusticia. En cuanto a la resolución, como tal ha de entenderse un acto administrativo, ya sea expreso o tácito, escrito u oral, que suponga una declaración de voluntad y de contenido decisorio, si bien no es necesario que cierre definitivamente el procedimiento principal.
Así mismo, la resolución ha de ser arbitraria, es decir, no adecuada a la legalidad. Dicha arbitrariedad puede venir determinada tanto por actos reglados como discrecionales -desviación de poder-, en todo caso, la resolución debe cumplir el límite mínimo de relevancia penal, es decir, no basta la mera ilegalidad, sino que ha de ser «manifiestamente contraria a la Ley» (S.T.S. 27 de mayo de 1992
Así pues, se comete el delito de prevaricación previsto en el artículo 404 del Código Penal vigente cuando la autoridad o funcionario, teniendo plena conciencia de que resuelve al margen del ordenamiento jurídico y de que ocasiona un resultado materialmente injusto, actúa de tal modo porque quiere este resultado y antepone el contenido de su voluntad a cualquier otro razonamiento o consideración, esto es con intención deliberada y plena conciencia de la ilegalidad del acto realizado, o sea concurriendo los elementos propios del dolo (STS. 443/2008 de 1.7).
A tenor de lo preceptuado en el Código Penal sobre el delito de tráfico de influencias.
Tipifica aquellos supuestos en los que se ejerce presión por parte de autoridad o funcionario público sobre otra autoridad o funcionario público, sobre los que se tiene una situación de prevalimiento, con el fin de conseguir la resolución que se desea. El sujeto activo, por tanto, es la autoridad o funcionario público cuyo concepto, a efectos penales, viene contemplado en el artículo 24 del Código Penal, concepto que también debe predicarse del sujeto pasivo que estará constituido por aquel funcionario o autoridad cuya voluntad aparece viciada por la conducta del primero.
Las que se adjuntan en los documentos 1 a 33, ambos inclusive.
Solicitamos que se requiera al Excmo. Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid para que entregue la siguiente documentación:
- Decreto de Alcaldía de 3 de noviembre de 2005 (Nº 1166)
- Informe del Interventor de fecha 14 de noviembre de 2005, sobre nóminas.
- Expedientes de aprobación y gasto de las nóminas de mes de noviembre y diciembre de 2005 con sus justificantes.
- Certificaciones mensuales emitidas por el Secretario General del Ayuntamiento JOSE MANUEL BARROSO RODRIGUEZ, acreditativas de las asistencias a sesiones de Organos Colegiados municipales y los resúmenes mensuales de percepciones por este concepto, desde el mes de noviembre de 2005, hasta la actualidad.
- Expedientes de aprobación y gasto de las nominas de los meses de julio de 2009, enero y febrero de 2011, con sus justificantes y aprobaciones del gasto.
- Expediente de gastos de los pagos al personal por su participación en las elecciones al Parlamento Europeo de 2009.
- Expediente de gastos de los pagos al personal por su participación en las elecciones generales de 2008.
- Expediente de gastos de los pagos al personal por su participación en las elecciones municipales de 2007.
- Convenios Colectivos del personal funcionario y laboral vigente desde 2007 hasta la actualidad.
- Certificación expedida por el Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento de las Rozas, en la que consten las cantidades realmente percibidas por los asistentes a las sesiones de los Organos Colegiados, desde el mes de diciembre de 2005 hasta la actualidad.
SOLICITO de ese Juzgado admita la presente denuncia por ser conforme a Derecho.
Es justicia que pido en Madrid, a 30 de mayo de 2011.
OTRO SI DIGO: Que es intención de esta parte denunciante, ratificarse ante Su Señoría y transformar la denuncia en querella.
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