Source: http://www.losreportesdelichi.com/site/dr-duque-corredor-dirige-detallado-mensaje-a-padrino-lopez-esto-fue-lo-que-le-dijo-carta-completa/
Timestamp: 2017-04-26 08:01:47
Document Index: 95215099

Matched Legal Cases: ['artículo 242', 'artículo 139', 'artículo 332', 'artículo 10', 'artículo 328', 'artículo 332', 'artículo 332', 'artículo 55', 'artículo 53', 'artículo 57']

Dr. Duque Corredor dirige detallado mensaje a Padrino López . Esto fue lo que le dijo. (+Carta completa) | Los Reportes de Lichi
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El ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Román J. Duque Corredor, dirigió nuevamente este miércoles una carta al actual Ministro de la Defena, Vladimir Padrino López, en ocasión de los sucesos recientemente ocurridos en Venezuela, durante la manifestación del 19 A, la cual dejó el lamentable saldo de 3 muertos.
El abogado – también Individuo de Número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y Miembro de la Comisión Andina de Juristas-recuerda en su misiva todos los derechos que poseen los ciudadanos venezolanos y advierte detalladamente en su texto la responsabilidad que asume Padrino López al actuar como funcionario de tan alto rango en las manifestaciones públicas.
…”debe saber que como Ministro usted responde solidariamente de todas las decisiones del Consejo de Ministros donde hubiere concurrido, salvo que hubiere hecho constar su voto adverso negativo, como lo establece el artículo 242, constitucional. Y que como funcionario público, además, usted es responsable por abuso o desviación de poder como se lo indica el artículo 139, de la misma Constitución. Igualmente, usted como Ministro del Poder Popular para la Defesa, sabe que entre sus competencias no corresponde a su Despacho la seguridad ciudadana civil, como lo señalan el artículo 332, constitucional, en concordancia, con el artículo 10º, del Decreto antes mencionado”.
También debe saber que la Guardia Nacional tiene como responsabilidad básica la conducción de las operaciones exigidas para el mantenimiento del orden interno, pero que el mantenimiento y el restablecimiento del orden público, es competencia del cuerpo uniformado de policía nacional. Y sobre todo, como funcionario público, usted tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución y que responde civil, penal, administrativa o disciplinariamente por la violación de los derechos garantizados en la Constitución, conforme sus artículos 25 y 139, de la Constitución, y 8º del anteriormente mencionado Decreto.
En recientes declaraciones, del 17 de abril de este año, usted y otras autoridades militares, calificaron de traidores a la patria y de terroristas a quienes expresen su oposición al gobierno al cual usted sirve, o su disentimiento con el proyecto que su mismo gobierno califica de “revolución socialista”. Y más grave aún, usted llamó “golpistas” y traidores a la patria, a los diputados que expresaron su contradicción a ese proyecto. Descalificación esta suya que comprende también a quienes hemos ejercido el derecho de expresar libremente nuestro pensamiento en contra de dicho proyecto.
Tales afirmaciones constituyen ostensiblemente, por ser un hecho notorio comunicacional, una grave y flagrante violación de la prohibición que usted tiene como miembro de la Fuerza Armada de tener militancia política y de no servir a persona o parcialidad política alguna, según el texto terminante del artículo 328, de la Constitución. E igualmente la justificación de la represión de las protestas públicas en contra de su gobierno, que usted como Ministro del Poder Popular para la Defensa manifestó, compartiendo las afirmaciones que en el mismo sentido profirió el Presidente de la República, y, mucho más grave aún fue el anuncio de armar la denominada “milicia bolivariana” para controlar el orden público de las protestas convocadas por la oposición democrática y la sociedad civil para el día de hoy. Por cuanto usted sabe que la tal “milicia bolivariana” no es un órgano de seguridad ciudadana, ni tiene competencia, por tanto, para mantener y restablecer el orden público. Con lo cual pública y manifiestamente usted infringió el artículo 332, de la Constitución, al conferir a la susodicha milicia competencia de seguridad ciudadana, no siendo un órgano de carácter civil. Pero aún más, usted la instruyó para reprimiera las protestas, cuando ello no es sino el ejercicio del derecho de de reunión, de expresión y de manifestación, que consagra la Constitución, en sus artículos 53, 57 y 68. Con lo cual la violación de esos derechos por usted es mucho más patente, cuando la propia Constitución, en su artículo 332, impone a los órganos de seguridad ciudadana, en los casos del mantenimiento del orden público, de respetar la dignidad y derechos humanos, sin discriminación alguna.
Por otro lado, la utilización de armas, o de sustancias tóxicas, por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, en el control de las referidas protestas, de carácter pacífico, para impedir el derecho a manifestar en las calles, violan los límites de necesidad, conveniencia, oportunidad y proporcionalidad, que se imponen a la utilización de tales armas o sustancias, en el artículo 55, de la Constitución. La represión ejercida el día de hoy, por la Guardia Nacional, y en otros días anteriores, en contra de las protestas, mediante las armas y sustancias en cuestión, por su omisión o comisión, como Ministro, violaron estos límites de evitar su uso injustificado y desproporcionado, que ocasionó víctimas fatales.
Debo señalarle también, que el derecho de reunión y de manifestación, se rige por la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones de diciembre de 2010. Y las únicas restricciones constitucionales que se establece es que las reuniones o manifestaciones sean de carácter pacífico y sin armas. Por lo que, las manifestaciones prohibidas son las manifestaciones violentas, es decir, aquellas que generan deliberadamente daño a la integridad de las personas o daño a propiedades y constituye delito. Por otra parte, La Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones de diciembre de 2010, establece que toda intención de reunión o manifestación debe ser informada con al menos veinticuatro horas de anticipación a la primera autoridad civil de la jurisdicción con indicación del lugar o itinerario escogido, día, hora y objeto general que se persiga. Y que las autoridades en el mismo acto del recibo de la participación deberán estampar en el ejemplar que entregan a los organizadores, la aceptación del sitio o itinerario y hora.
Por tanto, la figura de permiso para el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica no se encuentra contemplada en nuestra legislación. Por tanto, es evidente que la sentencia de la Sala Constitucional Nº 276 del 24.04.2014, atenta contra las garantías constitucionales del derecho de reunión, al establecer que toda manifestación pública está sujeta a la previa autorización de las autoridades políticas, puesto que el artículo 53, exime del permiso previo el derecho de toda persona de reunirse, pública o privadamente; y su artículo 57, que consagra el derecho a la libre expresión, bajo cualquier forma, sin que pueda establecerse un control o censura previos; y tampoco la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones lo establece.
Aparte de lo anterior, el gobierno, como se señaló, mediante Decreto Nº 1014 del 26 de junio de 2014, creó la Brigada Especial contra las Actuaciones de los Grupos Generadores de Violencia (BEGV), como un organismo especial para neutralizar y controlar las actividades de los grupos generadores de violencia, que, por su discrecionalidad, permite calificar de violenta cualquier conducta de quienes, en ejercicio de su derecho de reunión y de manifestación, expresen su descontento en forma pública en contra del gobierno, cuya finalidad es intimidar la protesta popular. No cabe, duda, pues, que la creación de la Brigada Anti Protestas y la sentencia del 24 de abril de 2014 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, son ambas violaciones al derecho de manifestación que es consustancial a la naturaleza humana como lo es el derecho a reclamar. Razón por la cual, los Obispos, reclamaron por la criminalización generalizada, por parte del Estado, del derecho a manifestar y protestar, que es más lesivo, cuando el poder judicial, que se supone debe garantizar la prevalencia de los derechos humanos, contribuye con esa criminalización.
Finalmente, un derecho humano fundamental es el juzgamiento de toda personas por su juez natural, que en el caso de los ciudadanos son los jueces civiles y no los jueces militares; razón por la cual estos jueces no pueden conocer de las supuestas faltas o delitos que pudieran cometer los civiles que resulten responsables de alteración del orden público en las protestas. Ello de acuerdo con los artículos 49, numeral 4 y 261, de la Constitución. Y mucho menos calificar de delitos militares como el de traición a la patria, de rebelión o sublevación, tales hipotéticos y supuestos delitos cometidos por diputados o jóvenes estudiantes en sus protestas contra el gobierno.
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