Source: https://hayderecho.expansion.com/2020/05/31/el-tribunal-constitucional-y-la-acotacion-del-articulo-155/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-tribunal-constitucional-y-la-acotacion-del-articulo-155
Timestamp: 2020-08-14 15:41:24
Document Index: 181990788

Matched Legal Cases: ['artículo 155', 'artículo 155', 'Artículo 155', 'artículo 155', 'artículo 155', 'artículo 155', 'artículo 155']

El Tribunal Constitucional y la acotación del artículo 155 - Hay Derecho
El Tribunal Constitucional y la acotación del artículo 155
31 mayo, 2020 /3 Comentarios/en Blog /por Eduard Ariza Ugalde
La intervención de la Generalitat de Catalunya, el 28 de octubre de 2017, supuso la aplicación de un precepto constitucional hasta entonces inédito: el enigmático art. 155 CE.
Ya años antes, en la época álgida del procés, cuando los excesos del gobierno autonómico empezaron a abrir la puerta a su posible aplicación, los políticos independentistas hablaban del 155 CE como si de un residuo del estado de excepción franquista se tratara. Personalmente, no salía de mi asombro cada vez que oía a algún conocido, independentista o no, hablar con miedo a esta medida. A más de uno me costó convencerlo de que sólo se trataba de una intervención político-institucional y, sobre todo, administrativa de una autonomía. En ningún caso sufriríamos toques de queda ni militarización de los civiles.
Quizás ande errado, pero me da la sensación de que en el resto de España también existió cierta confusión entre los arts. 155 y 116 CE. De ahí, las reticencias para aplicarlo. Reticencias, por cierto, bien explotadas por los dirigentes independentistas en la retroalimentación del miedo al precepto.
Luego llegó el 155 CE, y, no sólo quedaron huérfanas de cumplimiento las fatídicas profecías, sino que, con la Administración Autonómica de nuevo atenta a las preocupaciones cotidianas, entre otras cosas, se desbloquearon los pagos adeudados a los municipios. Así, mientras en público muchos alcaldes independentistas se rasgaban las vestiduras, en privado hacían palmas con las orejas. La pela es la pela, que se dice por aquí.
Por supuesto, no todo el mundo estaba contento. Más pronto que nadie, el Grupo Confederal de Podemos en el Congreso de los Diputados, seguido por la Diputació Permanent del Parlament de Catalunya, interpusieron sendos recursos contra las medidas vehiculares del art. 155 CE, principalmente: los Acuerdos del Consejo de Ministros de 17 y 21 de octubre de 2017, donde, respectivamente, se aprobaban el requerimiento al gobierno autonómico para que aclarara si había proclamado la independencia (el famoso discurso de proclamo y suspendo de Puigdemont era en verdad un desafío para la interpretación) y, en su caso, exigirle la vuelta a la senda constitucional; y las medidas concretas del art. 155 CE, refrendadas, posteriormente, por el Acuerdo del Pleno del Senado de 27 de octubre, también recurrido.
El TC afea a los recurrentes la inclusión en su recurso de numerosas medidas sin fuerza o valor de ley, como los Reales Decretos 942 a 946/2017, que concretaron el cese de los miembros del gobierno catalán, así como otras disposiciones con rango de Orden Ministerial. Recuerda el Alto Tribunal que, cuando una norma carece de fuerza de ley, debe impugnarse por los cauces correspondientes ante la jurisdicción ordinaria.
Los recursos fueron resueltos y desestimados en su práctica totalidad por las SSTC 89 y 90/2019, de 2 de julio. Ambos fallos, más allá de los pormenores concretos del caso, fijan el alcance y contenido del texto constitucional en lo que a la intervención autonómica se refiere.
“[El 155] no se trata de un control de naturaleza competencial como el que el bloque de constitucionalidad atribuye en determinados supuestos al Estado respecto de las comunidades autónomas. Se trata del uso de la coerción estatal que da lugar a una injerencia en la autonomía de las comunidades autónomas, la cual quedará temporalmente constreñida en mayor o menor grado, según la concreta situación lo requiera” (STC 89/2019 FJ 4.a y véase también STC 90/2019 FJ 4º.b).
El art. 155 CE convierte al Gobierno y al Senado, pues, en garantes de la pervivencia del Orden Constitucional, ante la subversión al mismo por parte de una o varias CCAA. La lógica que lo rige es la de la necesidad (SSTC 89/2019 FJ 4ºb y 90/2019 FJ. 6º).
“entre las «medidas necesarias» pueden llegar a estar, en atención a las circunstancias, las de carácter sustitutivo mediante las que la cámara apodere al Gobierno para i) subrogarse en actuaciones o funciones concretas de competencia autonómica, u ii) ocupar el lugar, previo desplazamiento institucional, de determinados órganos de la comunidad autónoma.” (SSTC 89/2019 FJ 10º).
Entre estos desplazamientos se incluye la posibilidad de cesar al gobierno autonómico, competencia en principio reservada a la Asamblea Legislativa de la CA, o asumir el lugar de aquel para disolver a la última llamando a elecciones autonómicas.
De este modo, el Alto Tribunal desestima los argumentos de los recurrentes, quienes negaban la posibilidad de subrogarse por parte del Gobierno de la Nación en el poder autonómico, apegándose interesadamente a la literalidad del art. 155.2 CE, que habla “dar instrucciones a todas las autoridades de las CCAA”. En su razonamiento, encontramos cierta acogida tácita de la doctrina de los implied powers, acuñada por el juez Marshall en el caso McCulloch v. Maryland (1819) -reafirmada en 1824 por la Corte Suprema de EE.UU, caso Gibbons v. Ogden, y adoptada abiertamente entre otras por la Corte Suprema Australiana en el caso D’Emden v. Pedder (1904) y la Corte Internacional de Justicia en el caso Bernadotte.
Esta doctrina afirma que el mandato constitucional o legal de un objetivo debe incluir, dentro de los límites constitucionales y legales, todas las facultades necesarias para llevarlo a cabo, aunque no estén literalmente expresadas en su texto. De otro modo, sería imposible cumplir con el propósito teleológico de la norma. Por tanto, si el art. 155 CE pretende habilitar al Gobierno y al Senado para restaurar el orden constitucional en España, a fortiori, hay que asumir que los habilita tácitamente del necesario haz de potestades para cumplir con este objetivo, dentro de los límites constitucionales.
¿Cuáles son esos límites? En primer lugar, los procedimentales: la presentación del requerimiento que debe ser desatendido por la autoridad autonómica, como ocurrió en el caso catalán (STC 89/2019 FJ 7º) y la posterior aprobación de las medidas propuestas por el gobierno por la mayoría absoluta del Pleno del Senado que otorga a las mismas “fuerza de ley” (STC 89/2019, FJ 4º). Es verdad que el 155 CE no puede ser inmediato, es decir, saltarse el requerimiento, pero nada impide recurrir a otras herramientas constitucionales en caso de urgencia, como el art. 116 CE, o algunos preceptos de la Ley 36/2015 de Seguridad Nacional o, inclusive, de la LO 5/2005, de la Defensa Nacional.
En cuanto a los límites materiales, el Alto Tribunal señala que, si bien el 155 CE se basa en la injerencia competencial e institucional de la autonomía, esta debe ser respetuosa en todo momento con el orden constitucional -léanse DDFF- y hace especial hincapié en el respeto a la separación de poderes:
“el Gobierno no puede quedar autorizado por el Senado para ejercer, en este procedimiento, las potestades legislativas ordinarias que corresponden ya a las Cortes Generales, ya al Parlamento autonómico” (STC 89/2019 FJ 10º)
Estos límites, junto a la racionalidad de la necesidad, se convierten en un parámetro de corrección funcional (STC 89/2019 FJ 11º), de cuya evaluación el TC se erige en garante (STC 90/2019 FJ 7º). Además se apostilla la imposibilidad de imponer un 155 CE indefinido en el tiempo o disolver la autonomía sin remisión. Después de todo, el art. 2 CE, fundamenta, en efecto, la constitución, “en la indisoluble unidad de la Nación Española”, pero también “reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones”:
“el Senado ha de precisar en su propio acuerdo, bien el término, bien la condición resolutoria de la intervención estatal […] sin perjuicio de que las concretas medidas incluidas en el acuerdo pudieran ser objeto, llegado el caso, de prórroga o de renovación, previa solicitud del Gobierno y aprobación del Senado.” FJ 4º.d
Como decía al principio, el TC desestimó por entero ambos recursos, salvo una cuestión relativa al apartado E.3 aprobado en el Acuerdo del Senado. Se consideró dañoso a su párrafo segundo para la seguridad jurídica, al establecer que serían ineficaces las publicaciones en el Boletín Oficial de la CA, cuando no hubiesen sido autorizadas o prohibidas por el gobierno.
En definitiva, ya se ha normalizado el art. 155 en nuestro ordenamiento constitucional, pero su máximo guardián, el TC nos invita a no frivolizar con su posible aplicación, anticipando la inconstitucionalidad de cualquier abuso. Únicamente debe emplearse en casos de flagrante alteración y desobediencia reiterada de la Constitución, por parte de una CA, y en ningún otro.
Etiquetas: Artículo 155, Cataluña, Derecho Constitucional
https://i2.wp.com/hayderecho.expansion.com/wp-content/uploads/2020/04/Constitución-española-3.jpg?fit=750%2C296&ssl=1 296 750 Eduard Ariza Ugalde https://hayderecho.expansion.com/wp-content/uploads/2018/09/hay-derecho-expansion.jpg Eduard Ariza Ugalde2020-05-31 15:30:082020-05-31 13:03:51El Tribunal Constitucional y la acotación del artículo 155
31 mayo, 2020 en 21:07
Tal como está el texto constitucional, queda a la libre interpretación de cualquiera su contenido lleno de contradicciones. No es el momento de entrar en ellos, pero sí de apuntar unas cuantas cuestiones de interés:
1ª.- En el momento de aprobarse la Constitución no existían las CC.AA. Existían unas llamadas “preautonomías” de dudosa identidad jurídica que, en función de los pactos, habían recibido ya promesas competenciales. El artº 2 reconoce “el derecho” a la autonomía (lo que supone que no están) para, después, en el artº 137 dice que “el Estado se organiza (debía decir “se organizará”) territorialmente …. y en las CC.AA. “que se constituyan” (en el futuro), de acuerdo con el artº 143 (que no voy a reproducir).
2ª.- El Estado y sus poderes no consta que se divida a su vez en “mini-estados” autonómicos ya que la organización territorial sólo se planteaba por “acercar “la gestión” al ciudadano (algo que se ha revelado ineficaz). Es decir, la titularidad competencial pertenece constitucionalmente al Estado que delega la gestión en unidades territoriales autonómicas de representación estatal. Todos los recursos se aportan desde el Estado y es el Estado el que provee de los mismos (tanto a nivel de recursos humanos como de infraestructuras, equipamientos y dotaciones).
3ª.- Todos los cargos públicos de las CC.AA. son en esencia empleados públicos y, por lo tanto, están sujetos a lealtad institucional (no “confianza” personal como ocurre normalmente). Por tanto, se les requiere para que cumplan su función con arreglo a las leyes de la nación (la normativa autonómica tiene carácter local para temas locales y está subordinada a la C.E. y a las leyes).
4ª.- El Estado tiene el derecho y el deber de controlar y regular su funcionamiento en línea con los principios y valores de la C.E.
Los partidos buscan el poder y para ello estuvieron dispuestos a dar contrapartidas de autogobierno y competenciales a cambio de apoyo parlamentario. Algo que ha venido marcando todos estos años de la política en España, todo ello influido además por un sistema electoral injusto, desigual y discriminatorio (todo ello anticonstitucional). Existía también el viejo proyecto socialista de Suresnes 1974 defendiendo “la autodeterminación de los pueblos de España” (apoyado por poderes de más allá del Atlántico) que coincidía con los movimientos soberanistas o independentistas larvados en cada región española.
El artº 155 que no preveía la deriva de fragmentación de la nación, sí establece con claridad: “Si una C.A. no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le imponga….etc.” (tampoco se preveía la colisión de legalidades) permite al Estado, del que dependen las CC.AA. su intervención administrativa (gestión) o política (insubordinación que diría el Sr. Iglesias de los empleados públicos del Estado).
Como vemos hay mucha tela que cortar en el mundo constitucional y en las sentencias a que ha dado lugar en todo estos años.
1 junio, 2020 en 20:08
Me temo que el articulista y yo lo vemos muy diferente.
Quiero empezar recomendando que se lean las STC a las que hace referencia el artículo (en realidad bastaría con STC 89/2019, la STC 90/2019 no aporta prácticamente nada).
Después es cuando se puede proceder a analizar un poco lo que el TC ha querido escribir para pretender que es “constitucional” lo que se ha perpetrado en base al artículo 155.
– STC 89/2019, FJ 10) Lo que leo es que el artículo 155.2 es papel mojado, sobra. Mejor cito al TC: “Se trata de una posibilidad, no un límite a la actuación de los órganos constitucionalmente llamados a la aplicación del art. 155 CE. ”
Repito: Según el TC => El 155.2 es una posibilidad, como tantas otras (abajo pongo un ejemplo). Se ve que pusieron esa y no otra porque sí, porque era lo que les rellenaba mejor el hueco del papel… Así que ni es necesaria ni aporta nada.
Y de ahí se deduce que otra posibilidad “constitucional” habría sido torturar y ajusticiar a los líderes autonómicos… ¿Empieza ya a verse el por qué algunos podemos tener miedo a que se aplique el 155 tal como admite el TC? No estoy exagerando.
– STC 89/2019, FJ 12) Lo que leo es que con el 155 no ha de respetarse derecho humano o constitucional alguno. Mejor cito al TC: “se trata de un derecho de configuración legal en el marco de la propia Constitución y de las leyes, con lo que mal puede ser alegado en defensa de quien, ocupando el poder merced a lo legalmente dispuesto, vulnera la propia ley”
Repito: Un delincuente (aquí es que ni se molesta a aplicar el principio de inocencia) no tiene ningún derecho. Ergo cabe torturarle, ajusticiarle (o lo que sea).
Esto, demócratas, es constitucional según el TC: Los afectados por el 155 mal pueden alegar derecho alguno de un ordenamiento que expresamente menosprecian. Así que se puede hacer cualquier cosa con ellos.
Resumiendo: El TC considera constitucional todo lo que haya autorizado el Senado en base al 155 (que no es ninguna garantía, recordemos que hay presos políticos -Amnistía internacional ha vuelto a pedir recientemente la liberación de “los Jordis”- y que una de las acusaciones que los llevó a prisión está representada ahí)… salvo anular lo publicado en un Diario Oficial… porque eso es competencia del TC y por ahí ya no pasan, claro.
Espero no ser el único que se pregunte cómo puede haber sido posible esta barbaridad… Sospecho que tiene que ver con el delito de rebelión. Está tipificado como tal (art. 472.6 del CP):
“Sustituir por otro el Gobierno de la Nación o el Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma, o usar o ejercer por sí o despojar al Gobierno o Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma, o a cualquiera de sus miembros de sus facultades, o impedirles o coartarles su libre ejercicio, u obligar a cualquiera de ellos a ejecutar actos contrarios a su voluntad.”
Así que supongo que se prefirió que el TC intentara “blanquear” la “presunta” rebelión de Rajoy y compañía (sabemos que la rebelión requiere alzamiento violento y público… que viene a ser lo que hiceron los agentes -armados- del “a por ellos”) a hacer unas sentencias que parecieran propias de una democracia.
Para finalizar querría recomendar la lectura de la sinopsis oficial del artículo 155: https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=155&tipo=2 , donde se puede apreciar que la constitución basa el 155 en la “coerción federal”, que nada tiene que ver con lo que cabe en el 155 según el TC (que no es que admita “intervención o ejecución federal”, más bien es “un vale todo”).
NOTA: Aprovechen que la última actualización de esa página es de 2018… Me da que cuando la vuelvan a actualizar poco va a quedar de la “coerción federal” y demás contextualización.
2 junio, 2020 en 00:24
Todo el comentario de MGonzalo viene a demostrar la vulnerabilidad interpretativa de un texto mal construido y que, por ello, necesitaría una revisión y actualización que lo mejorara y, sobre todo, lo aclarara en sus preceptos. En su momento tuvo su utilidad: la reconciliación nacional pero, en la realidad, muy pocos de los que lo votaron se lo habían leído y el momento tampoco era el apropiado para su crítica por muy constructiva que fuese. Gran parte de los constitucionalistas saben donde están sus debilidades y sus posibles correcciones, pero pocos las explicitan o las hacen públicas.
Estamos en un “carajal” jurídico de primer orden donde el primer afectado es el propio TC que no tiene base clara en que apoyar sus sentencias. De ahí las redacciones más o menos alambicadas de sus resoluciones.
La raíz de la situación estriba en la jerarquía normativa del Estado en relación con la de las CC.AA. En teoría los “estatutos” y las leyes autonómicas no deben modificar la Constitución pero la realidad es que lo hacen gran parte de las normas. Sin mala fe, sólo con la interpretación de cada cual. En estos meses lo estamos comprobando.
Todavía si no se hubiese eliminado el recurso previo de inconstitucionalidad, podríamos evitar desmanes jurídicos flagrantes, pero desde que el ejecutivo se apropió del Estado (de los otros poderes y de sus instituciones), sólo queda un triste remedo de lo que iba a ser una democracia consolidada. Casos no faltan para probarlo y sus consecuencias son la inseguridad jurídica y un estado de Derecho muy cuestionable.
Administración pública y coronavirus: reproducción tribuna en EM de nuestra... ¿Reconstruir incendiando? Sobre la Comisión de reconstrucción del Congre...