Source: https://es.scribd.com/doc/286145225/Tribunal-Constitucional-05811-2015-HC
Timestamp: 2018-05-24 04:31:54
Document Index: 187164246

Matched Legal Cases: ['artículo 201', 'artículo 202', 'artículo 202', 'artículo 84', 'artículo 61', 'artículo 44', 'artículo 43', 'artículo\n59', 'artículo 139', 'artículo 201', 'artículo 202', 'artículo 35', 'artículo 25', 'artículo 2', 'artículo 25', 'artículo 44', 'artículo 159', 'artículo 1', 'artículo 6', 'artículo 159', 'artículo 44', 'artículo 5', 'artículo 10', 'artículo 202', 'artículo 18', 'artículo 298', 'artículo 19', 'artículo 202', 'artículo 18', 'artículo 201', 'artículo 202', 'artículo 201', 'artículo 202', 'artículo 201', 'artículo 8', 'artículo 18', 'artículo 202', 'artículo 202', 'artículo 202', 'artículo 18', 'artículo 201', 'artículo 44', 'artículo 8', 'artículo 4', 'artículo 159', 'artículo 14', 'artículo 25', 'artículo 139', 'artículo 2', 'artículo 159', 'artículo 33', 'artículo 202', 'artículo 201', 'artículo 8', 'artículo 35', 'artículo 139', 'artículo 200', 'artículo 44', 'artículo 159', 'artículo 25']

Tribunal Constitucional 05811 2015 HC
Descripción: Sentencia del TC sobre Nadine Hererdia Alarcón
Sentencia del TC sobre Nadine Hererdia Alarcón
EXP N.° OD81 I -2015-PHC
En Lima, a los 20 días del mes de octubre de 2015. el Pleno del Tribunal
Ramos Núñez, Sardón de Taboada, Ledesma Narváez y Espinosa-Saldaña Barrera,
Ramos Núñez, Sardón de Taboada, Ledesma Narváez y Espinosa-Saldaña Barrera, que
Recursos de agravio constitucional interpuestos por el procurador público a
cargo de la defensa jurídica del Ministerio Público y el Fiscal Provincial de la Primera
Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delito de lavado de activos y
pérdida de dominio, contra la sentencia de fojas 1407, de fecha 14 de agosto de 2015,
Justicia de Lima, que declaró fundada la demanda de hábeas corpus de autos.
Con fecha 16 de febrero de 2015, doña Nadine Heredia Alarcón interpuso
demanda de hábeas corpus contra el Fiscal Titular de la Primera Fiscalía
Supraprovincial Corporativa especializada en delitos de lavado de activos y pérdida de
dominio del Ministerio Público, solicitando que se declare nula y sin efecto legal la
Resolución N.° 1 del 29 de enero de ese año, emitida en la carpeta de investigación
resolución fiscal o judicial emitida en la carpeta de investigación fiscal 480-2014, y el
archivamiento de dicha investigación preliminar.
Se alega que a través de la resolución cuestionada, el Ministerio Público reabre,
en su opinión, de manera irracional y arbitraria una nueva investigación penal en su
contra por la presunta comisión del delito de lavado de activos, sobre hechos que ya han
sido materia de investigación en la carpeta fiscal 122-2009, por la Segunda Fiscalía
Provincial Especializada en Criminalidad Organizada, razón por la cual solicita se tutele
presunción de inocencia comprende la interdicción constitucional de la sospecha
permanente. De ahí que resulte irrazonable que una persona se halle en un estado
permanente de investigación fiscal o judicial. Sin embargo, refiere que si bien es cierto
EXP N.° 05811-2015-PHC
existencia de una causa proae y la búsqueda razonable de la comisión de un ilícito
\ cosa decidida, quedando abierta la posibilidad de reabrir la investigación solo si se
esentan dos supuestos que se sustentan en el principio de seguridad jurídica: a)
nisterio Público, o, b) cuando la investigación ha sido deficientemente realizada.
Agrega la demandante que a través de la carpeta fiscal 122-2009, el Ministerio
Público la investigó a profundidad por los mismos hechos por los que hoy, nuevamente,
se pretende investigarla a través de la carpeta fiscal 480-2014, pese a que en la primera
investigación, luego de once meses y de la realización de todas las diligencias
por parte del Fiscal Superior competente, más aún cuando, en dicha oportunidad, la
procuraduría pública no solicitó ningún tipo de acto de investigación u ofrecimiento de
pruebas adicionales. Asimismo, refiere que en la carpeta fiscal 122-2009, sí se llegó a
analizar el delito de lavado de activos, procediéndose a desestimar su existencia como
que amerite una nueva investigación penal.
El procurador público a cargo de la Defensa Jurídica del Ministerio Público
contestó la demanda y solicitó que sea declarada improcedente, por estimar que la
pretensión demandada carece de contenido constitucionalmente protegido, y que no
existe ni afectación ni amenaza al derecho a la libertad individual en la medida en que
los actuados aún se encuentran en sede fiscal. Asimismo, sostiene que la demandante
pretende evitar que se le investigue por la presunta comisión del delito de lavado de
activos. Refiere que no existe inminencia de lesión de su derecho a la libertad
solo presume que el fiscal demandado, al instaurar investigación preliminar en su
contra, la va a encontrar responsable de la comisión del delito de lavado de activos,
Señala que la investigación preliminar en la carpeta fiscal 480-2014 nace a partir
despacho del fiscal emplazado, razón por la cual era necesario determinar o desvirtuar
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con la libertad personal, y que la decisión adoptada en la carpeta fiscal 122-2009 no
constituye cosa decidida, dado que fue deficientemente desarrollada, pues no se efectuó
una pericia contable que permitiese verificar si existía o no un desbalance patrimonial
n los sujetos sometidos a investigación; ni se efectuó una investigación que abarque el
rigen de los fondos con los que se habrían efectuado los depósitos en las cuentas
ancarias de Nadine Heredia Alarcón.
El Cuadragésimo Tercer Juzgado Penal de Lima, mediante sentencia de fecha 8
d junio de 2015, declaró fundada en parte la demanda por afectación del derecho al
d bido proceso (ne bis in ideen) en el extremo referido al inicio de investigación
p eliminar contra la demandante con el propósito de determinar la procedencia y destino
de los ingresos analizados en la investigación 122-2009; en consecuencia, nula la
Resolución N.° 1 del 29 de enero de 2015, emitida en la carpeta fiscal 480-2014, y
nulos todos los actos posteriores que se deriven de la referida investigación fiscal. Por
otro lado, ordenó al Ministerio Público que se abstenga de continuar investigando sobre
los hechos que ya han merecido investigación en la carpeta fiscal 122-2009, entre el
periodo del 20 de octubre de 2005 al 5 de marzo de 2009; y declaró infundada la
demanda en lo demás que contiene. A consideración del juez constitucional de primer
grado, la investigación llevada a cabo a través de la carpeta fiscal 122-2009 y su
resultado ostentan la condición de cosa decidida, dado que fue revisada en dos
instancias que llegaron a la misma conclusión de declarar no ha lugar a formular
la ilicitud de los hechos denunciados, puesto que a través de la carpeta fiscal 122-2009
se archivó la investigación por haberse acreditado el origen lícito de las transferencias
de dinero hacia doña Nadine Heredia Alarcón entre el 20 de octubre de 2005 y el 5 de
La Sala superior competente confirmó la apelada en el extremo referido a la
inviabilidad de la prosecución de indagaciones efectuadas en la carpeta fiscal 122-2009;
la revocó en el extremo que declaró infundada la demanda, y, reformándola, declaró
fundada la pretensión accesoria. En consecuencia, declararon nula la Resolución N.° 1
examen de algunas vertientes argumentativas expresadas por la fiscalía en la carpeta
de la investigación y la propia carpeta 480-2014 afectarían el derecho de defensa y
resultarían irregulares, dado que la investigación efectuada por el fiscal emplazado no
TRI• UNAL CONSTITUCIONAL
indica a qué delito se encontrarían vinculados los fondos considerados ilícitos, además
Mediante resolución de fecha 4 de setiembre de 2015, la Sala superior aclara la
la carpeta fiscal 480-2014 comprende tanto a doña Nadine Heredia Alarcón corno a los
demás investigados en dicha carpeta.
El procurador público a cargo de la defensa jurídica del Ministerio Público y el
vulneración del orden constitucional
A través de la STC 02748-2010-11C/TC y la STC 01711-2014-HC/TC, el
Tribunal Constitucional estableció como doctrina jurisprudencia' vinculante la
constitucional destinado a la revisión judicial de procesos penales sobre lavado
Tribunal Constitucional es asegurar una interpretación del ordenamiento jurídico
conforme a la Constitución. Lo previsto en la Constitución y lo que se
vez, el parámetro a la labor de todo intérprete vinculante de la Constitución.
Ahora bien, lo señalado implica tener presente varios aspectos, entre ellos que la
Constitución contiene un conjunto de disposiciones que no pueden ser
comprendidas de manera aislada entre sí. Por lo mismo, las diferentes
disposiciones constitucionales deben ser leídas de manera sistemática, ya sea
tratados de los cuales el Perú es parte.
En este sentido, conviene tener presente lo señalado en la Cuarta Disposición
Final y Transitoria de la Constitución, la cual obliga a desarrollar una
comprensión de esta misma Constitución y del ordenamiento jurídico peruano de
EXP N.° 0581 I-2015-PHC
el Perú es parte. A ello debe añadirse corno también cuenta en esta
interpretación la jurisprudencia emitida por los organismos con interpretación
vinculante de esos tratados, tal como bien lo señala el artículo V del Título
Preliminar del Código Procesal Constitucional.
En esa misma línea de pensamiento, existen pronunciamientos del Tribunal
Constitucional donde incluso se ha dicho que una interpretación literal y aislada
de una disposición constitucional puede más bien ser una alternativa
una interpretación sistemática de lo previsto en varias disposiciones
constitucionales y de lo recogido a nivel convencional, para luego así habilitar
una interpretación donde no se deja exenta de control de constitucionalidad la
actuación del Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral.
Precisamente, cuando este Tribunal afirmó (STC 02663-2009-HC/TC,
fundamento 9) que "en aplicación del artículo 201 de la Constitución, más allá
de los supuestos establecidos en el artículo 202 de la misma, es competente para
revisar, vía RAC, las sentencias estimatorias que bajo el pretexto de proteger
ciertos derechos fundamentales, convaliden la vulneración real de los mismos o
la aplicación fraudulenta de la Constitución; todo ello, en abierta contravención
de los dispositivos, principios y valores materiales de la Constitución", realizó
una interpretación del inciso 2 del artículo 202 según el principio de unidad de la
estimatoria no implica necesariamente que sea conforme a la Constitución. Su
verificación está por tanto abierta al control por parte del Tribunal
Constitucional a través del recurso de agravio constitucional; más aún, cuando se
este Tribunal, dicho recurso procede también, inclusive cuando se trate de
siguientes casos: a) tráfico ilícito de drogas, b) lavado de activos, c) terrorismo
los delitos de tráfico ilícito de drogas y lavado de activos constituyen ilícitos de
carácter nIoriofeosivo, en la medida que ponen en estado de alarma y peligro a las bases
sociales y amenazan la propia existencia del Estado. Es por ello, que la obligación
constitucional del Estado peruano, (...) 'no debe agotarse en la mera descripción típica
as en el Código Penal y en las leyes especiales, criminalizando
el delito de tráfico ilícito de drogas [y sus derivaciones], con penas severas
además para llegar a tal cometido debe procurarse el establecimiento de procedimientos
de investigación eficientes, es decir, que objetivamente demuestren resultados cada vez
más eficaces; lo contrario, significaría incurrir en una infracción constitucional por parte
relacionados con el delito de tráfico ilícito de drogas y/o lavado de activos,
excepcionalmente, la Procuraduría del Estado correspondiente se encuentra habilitada
independientemente del plazo— para la interposición de un recurso de agravio
constitucional especial, el mismo que deberá ser concedido por las instancias judiciales.
Esta doctrina1urisprudencial establecida en aplicación del artículo VI del Título
Preliminar del Código Procesal Constitucional se refiere no solo a casos de
tráfico ilícito de drogas, sino también al delito de lavado de activos en tanto
delito autónomo. Ello puede apreciarse en las consideraciones vertidas en los
fundamentos 2, 8, 11, 15, 16, así como en los puntos 2 y 3 de la parte resolutiva
Constitucional ha considerado al delito de lavado de activos también como un
delito autónomo. Por ello, en la sentencia se alude al "tráfico ilícito de drogas
y/o lavado de activos", y lo hizo "consciente de la problemática del país y de la
política de interés nacional de lucha contra el tráfico ilícito de drogas y la
jurídico, sino también para la sociedad.
En el caso concreto se trata de un proceso de hábeas corpus relacionado con una
investigación fiscal por la presunta comisión del delito de lavado de activos. La
comisión de este delito ha sido considerado por el Tribunal Constitucional como
pluriofensivo, dado que afecta diferentes y específicos bienes constitucionales
- La credibilidad y transparencia del sistema financiero (artículo 84 de la
Constitución): los capitales financieros se colocan ahí donde el sistema
económico a través de los instrumentos financieros legales.
- La libre competencia (artículo 61 de la Constitución): ningún agente
económico del sistema financiero que obtiene sus activos de manera legal
que cuentan con activos originados en ilícitos.
- La estabilidad y seguridad del Estado (artículo 44 de la Constitución): la
sofisticación cada vez más creciente de las formas de "legalizar" dinero
proveniente de actividades ilícitas de un particular o de organizaciones
EXP N ° 05811-2015-PHC
- El sistema democrático (artículo 43 de la Constitución): toda democracia
se asienta no solo en la libertad, igualdad y propiedad, sino también en la
estimulación permanente de creación de riqueza como señala el artículo
59 de la Constitución; sin embargo, la creación de riqueza a la que se
- La administración de justicia (artículo 139 de la Constitución), por
ostensiblemente el proceso de investigación llevado a cabo por las
Por ello, este Tribunal considera que, en aplicación del artículo 201, de una
interpretación sistemática del artículo 202 de la Constitución y conforme a lo
expuesto en los párrafos precedentes, es competente para revisar, vía recurso de
agravio constitucional, específicas sentencias estimatorias en los siguientes
casos: a) tráfico ilícito de drogas, b) lavado de activos; y, c) terrorismo.
De otro lado, la investigación de lavado de activos iniciada contra la demandante
debe dilucidar si se ha afectado el artículo 35 de la Constitución, que establece
origen de (los) recursos económicos (de las organizaciones políticas)";
disposición constitucional que es desarrollada por la Ley 28094, Ley de Partidos
Delimitación de la pretensión materia de los recursos de agravio constitucional
- Contiene una motivación aparente al haber expresado erróneamente
que la investigación recaída en la carpeta fiscal 480-2014, vulnera el
LXI) N.° 05811-2015-P18C
No ha tornado en consideración que las actuaciones del Ministerio
Público son postulatorias y en ningún caso decisorias, por lo que no
existe amenaza o violación del derecho a la libertad personal.
No motiva las razones por las que estima la demanda de hábeas
Desconoce la legislación y doctrina nacional, así como las sentencias
imputación necesaria en la investigación o diligencias preliminares en
el delito de lavado de activos y la autonomía del delito previo en
relación con este delito.
sobre la institución de la cosa decidida.
sentencia de vista no hace un adecuado análisis para verificar la existencia o no
de los tres elementos que constituyen la cosa decidida y el ne bis in ídem, pues:
que ha existido una investigación seria y objetiva de todas las transacciones
económicas de la demandante; c) no se distingue la temporalidad concreta de los
hechos entre las dos investigaciones fiscales seguidas contra doña Nadine
Heredia Alarcón; y, d) no se ha considerado que las personas comprendidas en
constitucional, se aprecia que la pretensión de la parte emplazada está destinada
debidamente motivada, conforme a la Constitución, la ley y la jurisprudencia.
aprecia que son varias las objeciones que se alegan con relación a la regularidad
de la emisión de la sentencia de segundo grado, principalmente vinculadas con
la justificación brindada para estimar la demanda de hábeas corpus.
Por ello, es importante recalcar la línea jurisprudencia) de larga data que este
Tribunal Constitucional tiene con relación a la procedibilidad del hábeas corpus,
se desprende del propio Texto Constitucional. Así,
el atájenlo 200, inciso 1, de la Constitución establece expresamente que el hábeas
presunta afectación del derecho a la libertad individual o de sus derechos conexos puede
dar lugar al análisis del fondo de la materia cuestionada mediante el hábeas corpus, pues
personal. Por ello, el articulo 5, inciso 1, del Código Procesal Constitucional prevé que
demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente
Que respecto a la procedencia del hábeas corpus, este Tribunal, en reiterada
la eventual violación o amenaza de violación a los derechos constitucionales conexos,
ello ha de ser posible siempre que exista conexión entre estos derechos y el derecho a la
libertad personal, de modo que la amenaza o violación al derecho constitucional conexo
incida también, en cada caso, en una afectación directa y concreta en el derecho a la
libertad individual". (ATC 02293-2014-HC/TC, este criterio ha sido también
En tal sentido, para este Tribunal queda claro que la revisión de los procesos de
hábeas corpus, necesariamente debe involucrar una amenaza o afectación del
derecho a la libertad individual o de algún derecho que presente conexidad
recurrente con la siguiente argumentación:
la pretensión encuadra dentro de los alcances del inciso 13 de[l artículo 25 del Código
norma específicamente se refiere a actos policiales, ello no excluye a cualquier ente
persecutor que, tenga como fin, la apertura de una investigación penal, toda vez que la
protección de la noma, entendemos, se sustenta en el artículo I de la Constitución en
concordancia con el inciso 1 del artículo 2, en cuanto garantizan la dignidad, la
integridad moral, física, como el bienestar de toda persona residente, nacional o no, en
EXP N.° 058 I 1-2015-H-1C
Como es de verse, la justi 'catión aludida aparenta razonabilidad en términos
jurídicos, dado que la Sala Penal para procesos con reos libres de la Corte
Superior de Justicia de Lima efectúa una interpretación extensiva del supuesto
contenido en el inciso 13 del artículo 25 del Código Procesal Constitucional, con
relación a la tutela que se pudiese brindar a través del proceso de hábeas corpus,
entendiendo que dicho supuesto incluye al Ministerio Público en su calidad de
titular de la acción penal, persecutor del crimen. Sin embargo, es importante
sujeta solo al ejercicio del derecho de acción, pues su especial naturaleza tuitiva
requiere de la exposición y meridiana acreditación de hechos cuya presunta
amenaza o lesión recaiga directamente en el contenido constitucionalmente
Ministerio Público en la investigación preliminar del delito, al abrir investigación y
emitir dictámenes se encuentra vinculadas al principio de interdicción de la
concreto del derecho materia de tutela de hábeas corpus. Las actuaciones del Ministerio
Público (...) son postulatorias y en ningún caso decisorias sobre lo que la judicatura
En tal sentido, aun cuando la interpretación efectuada por la Sala revisora
pareciera razonable en términos jurídicos, ello no termina por justificar la
procedibilidad de la demanda de hábeas corpus de autos, pues su finalidad es
cuestionar la ampliación de investigaciones dispuestas por un fiscal en el
suficientemente, la existencia de alguna amenaza o afectación de su derecho a la
libertad individual, o algún derecho conexo con ella que, en términos reales,
fojas 14 de la demanda que la actuación fiscal que denuncia no incide de manera
pretensión no se encuentra referida en forma directa al contenido
Lo expuesto constituiría razón suficiente para declarar la improcedencia de la
demanda de habeas corpus. Sin embargo, pese a cuán discutible resulta que la
presupuestos para reconvertir el proceso en uno de amparo y así emitir
Jg‘"‘
excepcional figura de la reconversión son los de suplencia de queja deficiente o
el de adecuación de las formalidades al logro de los fines de los procesos
un error o una omisión en el petitorio de su demanda y se sustenta en el artículo
III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, que exige al juez
constitucional la relativización de las formalidades, presupuestos y requisitos
cuando así lo justifique el cumplimiento de los fines de los procesos
En este sentido, conviene observar que, en principio, más que hacer frente a una
ante la alegación de la vulneración del principio-derecho ne bis in idem a través
de la apertura de una segunda investigación fiscal por lavado de activos a doña
Nadine Heredia Alarcón. Siendo ese el derecho invocado y la investigación el
supuesto acto lesivo, estamos, pues, ante una pretensión que en puridad debería
reglas establecidas por mismo Tribunal para la reconversión de procesos.
Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la reconversión debe
constitucionales de primera instancia, mas sí para los de segunda y última
instancia; fi) deberá observar que el plazo de prescripción de la demanda no
haya vencido; iii) deberá verificar la legitimidad para obrar del demandante; iv)
en ningún caso se podrá variar el petitorio ni la fundamentación fáctica de la
una necesidad apremiante de evitar la ocurrencia de un daño irreparable en los
derechos fundamentales involucrados; y, vii) deberá preservar el derecho de
febrero de 2015 contra la Resolución 1 del 29 de enero de 2015, en la que se
abre una nueva investigación fiscal contra la accionante. En el amparo contra
resoluciones judiciales, el plazo para interponer una demanda es de 30 días
hábiles (artículo 44 del Código Procesal Constitucional), de modo que la
demandante también habría cumplido con el requisito de presentar su demanda
-DE -ígual modo, no exis variación del petitorio o fundamentación fáctica del
precisar que la definición respecto del cuestionamiento de una doble apertura de
investigación fiscal a la demandante (ne bis in ídem en el ámbito fiscal), así
como el interés público que supone dicha investigación, dado el presunto
ejercido plenamente su derecho de defensa. En consecuencia, habiéndose
cumplido los requisitos para proceder a la reconversión del presente proceso,
Análisis extraordinario de la pretensión: principio ne bis in idem y las investigaciones
El análisis que corresponde efectuar sobre los actuados se centra en determinar
si es legítimo en términos constitucionales investigar por segunda vez a la
demandante respecto a los hechos vinculados a presuntos depósitos dinerarios
que ha venido recibiendo en sus cuentas bancarias, dado que, según ha sostenido
a lo largo del presente proceso, estos hechos ya han investigados a través de la
carpeta fiscal 122-2009, en la que luego de once meses y de la realización de
dicha oportunidad la procuraduría pública solicitara algún acto de investigación
Al respecto, cabe precisar que este Tribunal ha establecido que la decisión fiscal
a) La posición constitucional del Ministerio Público, lo encumbra como el único órgano
persecutor autorizado a promover el ejercicio público de la acción penal, es decir,
ostenta el monopolio acusatorio que le asigna el artículo 159° de la Constitución
Politica, en otras palabras, es el fiscal quien decide qué persona debe ser llevada ante los
tribunales por la presunta comisión de un delito; b) Si bien las resoluciones de archivo
del Ministerio Público no están revestidas de la calidad de la cosa juzgada, sin embargo,
tienen la naturaleza de cosa decidida que las hace plausibles de seguridad jurídica. Este
Tribunal ha serialado en precedente sentencia (Exp. N° 0413-2000-AA/TC. FJ. 3. Caso:
transgresión o amenaza, necesariamente se impone el otorgamiento de la tutela
jet CA nE( Ñ
Se trata, entonces, de una decisión discrecional que implica una valoración de hechos e
interpretación de disposiciones en mérito de la cual se decide si se está técnicamente en
condiciones de ejercer la acción penal y cuál es el modo más adecuado de hacerlo, pero
sin soslayar que, los actos del Ministerio Público, no se legitiman, 'desde la perspectiva
constitucional, en sí misma, sino a partir del respeto pleno del conjunto de valores,
conformidad con el artículo 1° de la Constitución'''. (STC 2725-2008-11FICITC,
Sin embargo, dicho estatus se adquiere únicamente si la investigación fiscal ha
cumplido, en términos razonables, con agotar la actividad necesaria para definir
constitucionalmente legítimo el ejercicio de las facultades de investigación del
Ministerio Público, pese a existir un archivamiento primigenio, en dos
autoridad.[ La justificación de una nueva investigación del Ministerio Público debe
la primera investigación, hubieran permitido variar el sentido de la primera decisión].
De este modo, una segunda investigación, proceso o procedimiento solo puede estar
autoridad y que hagan posible o que revelen la necesidad de una nueva investigación de
la conducta ilícita. Por tanto, la nueva investigación, proceso o procedimiento no puede
decisión y que tiene la calidad de cosa juzgada o cosa decidida. [...].
b) Cuando se aprecia de manera objetiva que la primera investigación, proceso o
procedimiento ha sido deficientemente realizado. [Una segunda investigación
encuentra] su justificación en la necesidad de que la primera decisión sea obtenida en el
marco de una investigación, proceso o procedimiento jurídicamente válido. Es decir,
corresponde verificar de manera objetiva sí la primera investigación, proceso o
para el esclarecimiento de la [presunta] conducta ilícita, a fin de que la decisión definida
y definitiva válidamente produzca la calidad de cosa juzgada o cosa decidida. Por tanto,
una primera decisión obtenida en el marco de una investigación, proceso o
considerado como jurídicamente válido". (Cfr. 2493-2012-PA/TE, fundamento 6).
En el presente caso, corresponde evaluar cuáles fueron los términos del
archivamiento de la investigación desarrollada en la carpeta fiscal 122-2009, a
fin de verificar si existe o no lesión al principio ne bis in ¡dein y, por lo tanto, si
es o no posible una segunda investigación por parte del Ministerio Público.
el ne bis in ídem es un principio que informa la potestad sancionadora del Estado, el
infracción pese a la existencia de identidad de sujeto, hecho y fundamento. Con ello se
En el caso de autos, el Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Especializada en
Criminalidad Organizada, don Eduardo Octavio Castañeda Garay, mediante
Disposición Fiscal de fecha 22 de abril de 2010, declaró no ha lugar a la
formalización de denuncia penal contra doña Nadine Heredia Alarcón, por
anuales de impuesto a la renta presentadas durante la investigación y las
judiciales de los investigados Ilan Paul Heredia Alarcón (investigación
archivada por lavado de activos) y Arturo José Belaunde Guzmán (denuncias
por delitos de estafa y falsedad genérica, falsificación documentaria, falsedad
ideológica, fe pública y receptación), consideró lo siguiente:
precisando la Ley 27765 —Ley de Lavado de Activos— que el origen ilícito referido debe
guardar correspondencia con los delitos tráfico ilícito de drogas, terrorismo, delitos
contra la administración pública, secuestro, extorsión, proxenetismo, trata de personas,
tráfico ilícito de migrantes, defraudación tributaria, contra el patrimonio en su forma
agravada, delitos aduaneros u otros similares que generen ganancias ilegales —siendo los
criterios de similitud la complejidad de las conductas ilícitas y la forma organizada de
criminalidad— no se encuentra en la información analizada en el presente caso, respecto
del investigado Belaunde Guzmán, vinculación ninguna con los ilícitos a los que se
Activos, por lo que, en atención al principio de legalidad establecido en nuestra
Constitución Política, las conductas desarrolladas por éste resultan atípicas,
las transferencias de dinero que, por su modalidad, motivaron la presente investigación
formas típicas de conversión, transferencia, adquisición, utilización, guarda, custodia,
recepción, ocultamiento o tenencia de dinero, bienes, efectos y ganancias de origen
ilícito propias del delito de Lavado de Activos; en consecuencia esta Fiscalía
Especializada, en uso de sus atribuciones conferidas en el Decreto Legislativo 052 —Ley
Orgánica del Ministerio Público—"
EXP N.° 05811-2015-M4C
Procuradora Pública Especializada en Delitos de
Contra dicha decisión,
Lavado de Activos y Procesos de Pérdida de Dominio, doña Amelia Julia
Príncipe Trujillo, promovió una queja de Derecho, la cual fue resuelta por el
Fiscal Superior Penal de Lima, don Mateo G. Castañeda Segovia, mediante
Disposición Fiscal de fecha 5 de julio de 2010, que confirmó la decisión del
En cuanto a que `no se ha efectuado una adecuada investigación de los hechos' y a que
honorarios profesionales, ello no significa que esté actuando necesariamente dentro del
marco de legalidad', esta Fiscalía Superior considera que la investigación preliminar en
investigación de delitos lavado de activos, investigaciones delicadas en las cuales
asimismo precisar durante la investigación y especialmente al final de ella cual es la
dineros han salido o no de las empresas para las que supuestamente prestó servicios
profesionales la investigada, pudiendo tratarse de empresas fachada', esta Fiscalía
Superior considera que el Fiscal Provincial decide su estrategia de la investigación y
dentro de ella y de acuerdo a sus avances puede disponer la realización de pericias
contables decidiendo también el objeto de ellas, es él quien debe decidirlo; no se
deciden pericias de fórmula o de ritual investigativo, sino cuando resulta necesario y útil
al éxito de la investigación, en el presente caso, no existe delito precedente ni la
precisión de una imputación concreta en tomo a alguna conducta de lavado de activos
[...I es absolutamente prescindible la pericia reclamada por la Procuraduría Pública del
En cuanto al extremo [de no haberse solicitado vía carta rogatoria las declaraciones de
los representantes de las empresas a las que prestó servicios la investigada], tenernos
cartas rogatorias solicitando información y recibir la declaración de los representantes
con la cooperación judicial internacional y no contestan ninguno de los pedidos
realizados. Esta situación no puede mantenerse en forma indefinida y habiendo
transcurrido un tiempo suficientemente razonables el Fiscal Provincial debía resolver la
investigación, como asi lo hizo.
[...] [Respecto de las denuncias en contra de Arturo Belaunde Guzmán por delitos de
estafa, falsedad genérica, falsificación de documentos, falsedad ideológica y fe pública]
constituirían delito precedente que exige el delito de lavado de activos debido a que el
Esta interpretación no es de recibo, pues [...] [cuando el artículo 6 de la Ley 27765] se
refiere a otros delitos similares se debe interpretar similares en gravedad y además que
generen ganancias patrimoniales ilícitas. Por esta razón se excluyen los delitos que
la investigación preliminar no encontramos elementos ni información de delitos
SEXTO: Finalmente, en cuanto al argumento que no se habría 'tenido en cuenta su
escrito presentado el 28 de abril de 2010, donde solicitó ahondar las investigaciones
respecto de lo publicado e 5 de abril en el diario el Correo bajo el título Cónyuge de
()llanta Hutnala recibió dinero desde una firma venezolana fantasma', [...1 esta
Fiscalía Superior considera que resulta sorprendente que se presenten escritos cuando
las investigaciones ya concluyeron e incluso existía resolución y además resulta extraflo
que se presente una publicación periodística luego de 23 días de conocida; sin embargo,
entramos a merituarlo, se trata de un recorte periodístico se escribe que 'Nadine
Heredia recibió en su cuenta bancaria 7,962 dólares de parte de VENEVAL el 30 de
marzo de 2007, seis años después de la cancelación formal de las operaciones de esta
compañia', esta información periodística no afecta la investigación realizada ni sus
resultados, es una situación que en todo caso debe ser aclarada por The Daily Journal,
pero por si sola carece de mérito suficiente para significar la comisión del delito de
lavado de activos por parte de Nadine Heredia Alarcón.
sus argumentos con los actuados y los fundamentos de la resolución impugnada de la 2a
Fiscalía Provincial FECOR, se llega a la conclusión que el recurso debe desestimarse;
correspondiente acción penal —ni causa probable para continuar la investigación
preliminar— no habiéndose llegado a evidenciar con medios probatorios idóneos que los
investigados hayan materializado en algún momento las conductas prohibidas de
conversión, transferencia, adquisición, utilización, guarda, custodia, recepción,
actividades ilícitas como el Tráfico Ilícito de Drogas u otro delito precedente
Como es de verse, la conclusión a la que llegaron el Fiscal Provincial y el Fiscal
dos razones importantes por las que, luego de once meses, se declaró no ha
claridad la ilicitud de los hechos investigados y la falta de investigación de un
hecho que podría haber coadyuvado a esclarecer definitivamente los presuntos
hechos ilícitos materia de dicha primera investigación. Al respecto, si bien
resulta cierto que el Fiscal Provincial opinó a favor de no formular denuncia en
contra de doña Nadine Heredia Alarcón y los otros ciudadanos investigados, no
licitud de los movimientos financieros de la investigada, pues su decisión se
justifica únicamente en vincular el delito de lavado de activos a conductas
típicas que podrían evidenciar la existencia de delitos fuente como lo son los
"delitos tráfico ilícito de drogas, terrorismo, delitos contra la administración
pública, secuestro, extorsión, proxenetismo, trata de personas, tráfico ilícito de
migrantes, defraudación tributaria, contra el patrimonio en su forma agravada,
favor de doña Nadine Heredia Alarcón, más aún cuando la procuraduría solicitó
una pericia contable, a fin de aclarar sus ingresos económicos, que no llegó a ser
(1sOCA D1‘
EXP N.° OD811-2015-PHC
Asimismo, se aprecia que la conclusión a la que arribó el Fiscal Superior
evidencia, por un lado, una la falta de identificación de un delito fuente en la
investigación, y por otro lado, no justifica las razones por las que no evalúa el
pedido de la procuraduría respecto de investigar un depósito bancario efectuado
a favor de doña Nadine Heredia Alarcón por una empresa venezolana que
presuntamente, para el 30 de marzo de 2007, ya no operaba; motivación que a
todas luces evitó aclarar la licitud o ilicitud de los ingresos de la demandante.
En tal sentido, se aprecia que la investigación desarrollada en la carpeta fiscal
inamovible, pues se decidió su arehivamiento sin ponderar, entre otros
elementos, la complejidad que implica este tipo de indagaciones, el número de
demandante; hechos que necesariamente requieren de una investigación
exhaustiva, pues es necesario determinar el origen de dicho ingreso económico,
Transnacional t, la Convención Interamericana contra la Corrupción, las Reglas y
Prácticas de Control de las Operaciones Bancarias, elaboradas por el Comité de
Basilea, y las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional
para Sudamérica, en cuanto sean aplicables, que exigen de los países firmantes
Por ello, este Tribunal considera que la segunda investigación desarrollada en la
emplazado dispuso la ampliación de la investigación, identificando nuevos
hechos y material probatorio que no fueron materia de investigación en la
transferencias bancarias), y ha identificado también otros sujetos. Así, la Carpeta
Fiscal 122-2009: Nadine Heredia Alarcón, Han Paúl Heredia Alarcón, Antonia
Alarcón Cubas de Heredia, Lino Gregorio Bejarano Miranda, Arturo José
Belaunde Guzmán, Eladio Mego Guevara, Maria Esther Zúñiga Loayza, Rocío
del Carmen Calderón Vinatea y Victoria del Rosario Morales Erroch. Y la
Carpeta Fiscal 480-2014: Nadine Heredia Alarcón, han Paúl Heredia Alarcón,
Antonia Alarcón Cubas de Heredia, Lino Gregorio Bejarano Miranda, Giuliana
del Carmen Belaunde Lossio, Arturo José Belaunde Guzmán, Eladio Mego
I Ratificado por el Perú mediante Resolución Legislativa 27527, del 8 de octubre de 2001. La Convención
Guevara, María Esther úñiga Loayza, Rocío del Carmen Calderón Vinatea,
Calderón, Santiago Gastañadui Ramírez, Maribel Amelita Vela Arévalo, Todo
Grapf S.A.C., Instituto para la promoción de la identidad y el desarrollo
nacional, Carlos Gabriel Arenas Gómez Sánchez, Martín Antonio Belaunde
En suma, este Tribunal advierte que la segunda investigación, desarrollada en la
la investigación fiscal en contra de la demandante, razón por cual corresponde
De acuerdo con el artículo 159 de la Constitución, corresponde al Ministerio
Público conducir desde su inicio la investigación del delito, así como ejercitar la
acción penal de oficio o a petición de parte. El contenido normativo de esta
disposición en el marco del Estado Constitucional alude a la existencia de una
verdadera obligación constitucional de los representantes del Ministerio Público
de asumir desde el inicio la conducción y/o dirección de la investigación del
delito, y ejercitar la acción penal pública de oficio o a petición de parte. Esta
diligencia y responsabilidad, a fin de que las conductas ilícitas no queden
impunes. En efecto, siendo el Ministerio Público cl que por mandato
constitucional posee la prerrogativa de la investigación, le corresponde practicar
vinculación de los imputados con los hechos delictivos, y esta actividad termina
cuando la causa está tan aclarada que el fiscal puede decidir si debe o no
formalizar la denuncia o la investigación preparatoria. Lo aquí señalado permite
además cumplir con la disposición constitucional que exige la protección de los
bienes jurídicos de los ciudadanos y de la sociedad (artículo 44 de la
Constitución), en los plazos señalados por ley.
Sin embargo, el Ministerio Público no goza de discrecionalidad absoluta o
ilimitada en el cumplimiento de su obligación constitucional, sino que le es
(expresos e implícitos) contenidos en la Constitución y en el marco de los
principios de razonabilidad e interdicción de la arbitrariedad que informan todo
EXP N ° 0o8 I 1-2015-PHC
NADINE HEREDIA A LARCÓN
proceso, procedimiento e investigación, tanto respecto del imputado cuanto
también en beneficio de la parte agraviada. Por ello, los representantes del
Ministerio Público en sus actuaciones y/o decisiones deben observar
obligación de todos los poderes públicos (que incluye al Ministerio Público)
fundamentales y, por tanto, del carácter servicial del Estado para con ellos, en tanto que
la persona humana se proyecta en él como el fin supremo (art. I de la Constitución).
y protección de los derechos fundamentales se encuentran todos los poderes públicos, es
decir, los entes que forman parte del Estado, independientemente de su condición de
órgano constitucional, legal o administrativo, y los grados e intensidad de autonomía
funciones del Ministerio Público no puede ni debe validar la existencia de
investigaciones permanentes en el tiempo, pues ello implicaría un uso excesivo
sospecha, producto de una ineficiente o inconclusa investigación. Por ello, es
necesario que una investigación fiscal cumpla con márgenes razonables que
permitan eliminar la presunción de ilicitud de un hecho investigado, con el
Así, por ejemplo, una investigación de lavado de activos requiere del fiscal a
ingreso de dinero al sistema financiero sin justificación aparente; sin que ello
recolección de mayores elementos de prueba que permitan dilucidar la licitud o
ilicitud de dicho patrimonio; siendo esta parte de la investigación una etapa
principios constitucionales, se indague con profundidad y se reúnan los
investigación de delitos complejos determine con claridad si existe o no un
Así, aun cuando en el presente caso el ejercicio de las funciones del fiscal
que una segunda investigación por la presunta existencia de hechos ilícitos pudo
pericia contable, a determinar con certeza la procedencia (lícita o ilícita) del
dinero depositado a favor de doña Nadine Heredia Alarcón, lo cual hubiera
DE‘,
LXP N.° 05811-2015-PHC
uación jurídica. Por ello, a juicio de este Tribunal, es
necesario notificar al Órgano de Control Interno del Ministerio Público con la
presente sentencia a fin de que realice una investigación sobre la conducta
determine si existió o no omisión de funciones al encarar dicha investigación.
Finalmente, un punto importante a tratar también viene a ser el alcance de los
efectos de una sentencia constitucional, a propósito de la resolución aclaratoria
definitivo de la carpeta fiscal 480-2014, comprendiendo tanto a doña Nadine
Heredia Alarcón como a los demás investigados en ella.
En principio, las sentencias judiciales en general, característica que comparten
idea es que el Tribunal Constitucional, en alguna ocasión, ha denegado un
excepción, en los que determinado acto afecte de manera homogénea a otros
referencia la sentencia del caso Arellano Serquén (Exp. No 2579-2003-HD)
peruana el concepto de "Estado de cosas inconstitucionales", el cual había
sido anteriormente adoptado por la justicia constitucional colombiana. Según
violación de un número plural y significativo de personas, de modo tal que el
'Así lo consideró el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente 1969-201 1-PHC/TC que
contsponde aun habeas corpus interpuesto contra el auto de apertura de instrucción que se dictó para el procesamiento
penal de los hechos relacionados con los sucesos del penal de la isla El Frontón ocurridos en 1986. El recurrente
solicitaba que se aplique de manera automática a todos los coprocesados lo resuelto en favor de otro procesado
El Tribunal Constitucional decretó en la referida sentencia que al declararse el
específico o genérico a un (o unos) órgano(s) público(s), a fin de que realicen o
dejen de realizar una acción u omisión, per se, violatoria de derechos
constitucional en el cual se origina la declaración. De este modo, se extienden
realización de un acto u omisión se hubiese derivado o generado una violación
En el caso que motivó la adopción del "estado de cosas inconstitucionales", el
Tribunal Constitucional identificó como acto violatorio de los derechos de la
recurrente (y de otras personas situadas en la misma situación), la negativa del
encontraban sujetos a proceso de ratificación ante el citado órgano copia del
Informe de la Comisión Permanente de Evaluación y Ratificación, referente a
aplicación de un reglamento inconstitucional.
En el caso descrito, la situación calificada como inconstitucional por cl TC,
misma situación. Conforme al criterio reseñado, el Tribunal Constitucional
podría extender los efectos de sus sentencias constitucionales siempre que se
sujetos aunque estos no hayan sido parte en el proceso. Así, por ejemplo, si en la
reclusión de un determinado establecimiento penitenciario no cumplen los
estándares mínimos, la sentencia podrá ser extensiva para todos los demás
investigaciones fiscales podría ser aplicado este criterio siempre que se trate
de una violación constitucional que afecte por igual a todos los coprocesados.
Así, por ejemplo, si en la sentencia de habeas corpus se determina que el
(Teodorico Bernabé Montoya) en otro proceso de habeas corpus, en el que el Poder Judicial a través de sentencia
Cfr Botero Marino,CataJing La acción de tutela en el ordenamiento constitucional colombiano. Bogotá, Escuela
—órgano juris cional atenta contra el propio del juez predeterminado por ley,
— resulta evidente que ello no solo afectará al demandante, sino a todas las
los que la violación al derecho constitucional de un procesado no significa
necesariamente que los demás procesados se encuentren en la misma
situación. Por ejemplo, si se determina que ha habido una violación del plazo
razonable del proceso, esta dificilmente podría ser extendida a los demás
procesados, en tanto la determinación de la presunta violación de este derecho
En el caso de autos se aprecia que ante un pedido de aclaración de la sentencia
de segundo grado del Procurador Público a cargo de la defensa jurídica del
Ministerio Público, el Ad quem decide expedir la Resolución de fecha 4 de
planteada solo por la favorecida Nadine Heredia Alarcón, no es menos cierto que, este
cuenta no solo los perjuicios denunciados por la favorecida, sino también, la validez de
la citada carpeta fiscal, ya que, desde una perspectiva constitucional, está afectada de
N° 480-2014, inevitablemente, comprende tanto a la demandante Nadine Heredia
Alarcón como a los demás investigados en la misma, pudiendo ello desprenderse del
extremo resolutivo de la Resolución N° 1097, en cuanto ordena: "(...) archivar,
corresponda...", y así también de las consideraciones expuestas a continuación por los
señores jueces superiores Súmar Calmet y Vigo Zevallos; por ende, a fin de evitar
confusiones posteriores, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 406° del Código
Nadine Heredia Alarcón como a los demás investigados en ella (...)" (sic) (el
constitucional que emitió con fecha 14 de agosto de 2015 a favor de los otros
investigados en la carpeta fiscal 480-2014, justificando su decisión en la
existencia de un vicio de nulidad insalvable en dicha investigación, la cual
supuestamente se encontraría sustentada en la sentencia que emitió; sin
embargo, se aprecia que la motivación que expuso se encuentra destinada a
carpeta fiscal 480-2014, pues, según sostiene,
que el D.L 1106 le da autonomía al llamado delito de 'Lavado de Activos', empero
consideramos que ello solo meramente declarativo toda vez que la autonomía (que se le
consecuentemente en no tener claro el delito fuente (o de origen) torna la investigación
;90G Oc¿
vacía, ya que la propia Ley da un catálogo definido de los delitos que se
pueden relac a ar con los capitales ilícitos que se insertan en la economía regular y
[...] la información proporcionada por el ciudadano [denunciante]: es solo una noticia,
no una investigación periodística y, consecuentemente, no reporta elementos, indicios o
datos de mínima consistencia como para aperturar investigación alguna; en ese sentido
sostenibilidad de la imputación (en este caso) periodística, y si se trata de una
investigación periodística la que se recoge: verificar la sostenibilidad de la imputación,
decisiones de su superior, respecto al archivamiento de tal proceso (carpeta fiscal 12209), califica los argumentos de este y, siguiendo los criterios según su parecer, de
Fiscal'): amplía la investigación a partir de lo que se aprecia como indicios de la
comisión de evento criminoso;
Por aplicación del artículo 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, cl Sr. Fiscal
Provincial: está impedido de revisar la decisión de un superior, en consecuencia ampliar
o hacer investigación a partir de considerar impropio, por diversas razones, una
conclusión de su superior jerárquico: violenta el estado de derecho, toda vez que le está
vedado tal conducta por ministerio de la ley (por más que se afinque en sentencia del
sustenta su decisión de investigar, aun cuando aparatoso y mediático resulten su
afirmaciones; este Colegiado debe agregar que la decisión del Sr. Fiscal: no precisa ni
que existirían entre los actos de movimiento dinerario descubierto, con alguno de
los delitos del catálogo establecido por el artículo 10 del DL 1106, ni de su
vinculación con los ciudadanos que implica es decir no señala, y menos da razones,
respecto a si investigará a partir del delito de narcotráfico, terrorismo o cualquier
proveniente del catálogo fijado por la ley. [...]" (sic, f. 1411 revés y 1412).
Como es de verse, los argumentos principales para invalidar la investigación de
la carpeta fiscal 480-2014 no contienen razones jurídicas objetivas sobre la labor
del fiscal emplazado. Todo lo contrario, inician con una justificación subjetiva
respecto de la autonomía del delito de lavado de activos, para luego restar
validez a la investigación, pues, a su juicio, no resulta suficiente el acopio de
información periodística, sino que necesariamente el fiscal debería determinar el
la carpeta fiscal 480-2014 se inició como consecuencia de una denuncia de parte
y luego de tomar conocimiento de diversas noticias periodísticas, ello no resta la
legitimidad a la apertura de la referida investigación fiscal, ni mucho menos
representante del Ministerio Público, este está obligado a promover el inicio de
una investigación a fin de dilucidar si existe o no sospecha de haberse cometido
legalidad, más aún cuando, luego de efectuar diversas indagaciones al respecto,
consideró pertinente disponer la ampliación de la investigación dada la
En el caso de doña Nadine Heredia Alarcón, la presunta violación del ne bis in
idem, que en su momento la Sexta Sala Penal de Lima declaró a su favor, no
constituye un asunto que pueda ser extendido de manera automática a todos los
demás coprocesados, puesto que en cada caso deberá evaluarse si han sido
también objeto de una segunda investigación, y además, si concurren los
sentido, no se aprecia que la justificación expuesta por el Ad quem permita
evidenciar razonabilidad alguna para disponer la ampliación de los efectos de la
sentencia de habeas corpus respecto de los otros investigados, razón por la cual
corresponde también declarar su nulidad.
1 REVOCAR la sentencia del 14 de agosto de 2015 y su resolución aclaratoria del 4
de la Corte Superior de Justicia de Lima, así como la sentencia del 8 de junio de
2015, emitida por el Cuadragésimo Tercer Juzgado Penal de Lima, y, en
consecuencia, DECLARAR INFUNDADA la demanda promovida por doña
Nadine Heredia Alarcón, que debe ser entendida como una de amparo.
2. Notificar al Órgano de Control Interno del Ministerio Público con la presente
sentencia a fin de que realice una investigación sobre la conducta funcional de los
fiscales que tuvieron a su cargo la carpeta fiscal 122-2009, y determine si existió o
no omisión de funciones en el desarrollo de dicha investigación.
razones que la justifican. Aún así, desearía formular algunas precisiones alrededor de la
admisión del recurso de agravio constitucional.
La disposición constitucional que determina la competencia de este Tribunal para
artículo 202 de la Constitución, el cual establece que: "Corresponde al Tribunal
Constitucional conocer, en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias
de hábeas corpus, amparo, hábeas data, y acción de cumplimiento".
Tras la sistematización de la legislación procesal constitucional, ocurrida hace poco más
de diez años, el desarrollo de aquel precepto de la Ley Fundamental quedó plasmado en
el artículo 18 del Código Procesal Constitucional, que, en lo aqui corresponde destacar,
prevé: "Contra la resolución de segundo grado que declara infundada o improcedente la
(...)". Se habilitó al Tribunal Constitucional, así, a revisar integralmente las decisiones
Como se ha puesto en evidencia en la audiencia llevada a cabo esta comprensión
legislativa de la expresión "resoluciones denegatorias" no es nueva. Se remonta a la
vigencia de la Constitución de 1979, cuyo artículo 298.2 contemplaba una fórmula
semejante a propósito de la procedencia del recurso de casación, que es el que abría (y
también definía) la competencia del extinto Tribunal de Garantías Constitucionales.
Desde hace algún tiempo, sin embargo, se ha puesto en tela de juicio la adscripción de
un siunificado con tales alcances. Tal vez la innovación más significativa en materia de
los presupuestos de procedencia del RAC haya sido el criterio que se enunció en el
precedente que contuvo la STC 4853-2004-PA/TC. Allí se expresó que
"El órgano judicial correspondiente deberá admitir de manera excepcional, vía
recurso de agravio constitucional, la revisión por parte de este Colegiado de una
decisión estimatoria de segundo grado cuando se pueda alegar, de manera
irrefutable, que tal decisión ha sido dictada sin tomar en cuenta un precedente
competencias que establece el artículo VII del C.P.Const. En cualquier caso, el
Tribunal tiene habilitada su competencia, ante la negativa del órgano judicial, a
través del recurso de queja a que se contrae el artículo 19 del Código Procesal
Constitucional" (Fund. N° 40).
Al parecer, la ratio subyacente de esta ampliación pretoriana de los supuestos de
"...restablecer la violación del orden jurídico constitucional producido a
consecuencia de una sentencia estimatoria de segundo grado en el trámite de un
constitucional que haya resultado violado con la decisión judicial y
pronunciándose sobre el fondo de los derechos reclamados" (Fund. N° 40).
Las críticas, pese a la unanimidad con que el precedente antes citado fue aprobado por
el Pleno del Tribunal no se hicieron esperar. La regla vinculante según la cual
correspondía interponerse el recurso de agravio constitucional incluso contra sentencias
Tribunal que aprobó la STC 3908-2007-PA/TC nunca cuestionó la ratio en la que el
precedente que dejaba sin efecto se inspiró. Antes bien, dándola por cierta, dispuso que
el cuestionamiento de una sentencia que declaraba fundada la demanda no debía
realizarla este Tribunal, mediante la interposición del RAC, sino en la propia justicia
proceso de hábeas corpus, amparo, hábeas data y cumplimiento ha sido emitida
en contravención de un precedente vinculante establecido por este Tribunal,
(corresponde la) interposición de un nuevo proceso constitucional y no la
interposición del recurso de agravio constitucional, pues el constituyente en el
inciso 2) del artículo 202.° de la Constitución y el legislador en el artículo 18.°
del Código Procesal Constitucional han precisado que la expresión 'resoluciones
denegatorias' sólo comprende las resoluciones de segundo grado que declaran
infundada o improcedente la demanda de hábeas corpus, amparo, hábeas data y
El sosiego aparentemente alcanzado con la reforma pronto llegó a su fin. Solo un par de
años después, una sentencia de habeas corpus a favor de una persona procesada por el
delito de tráfico ilícito de drogas, nuevamente reabrió el debate. La ratio que inspiró el
precedente establecido en la STC 4853-2004-PA/TC —"evitar que por 'defecto', se
de "constitucionalidad", en la práctica contienen, según se indica: "un uso fraudulento
de la Constitución o bajo el manto protector de los derechos fundamentales, se pretenda
convalidar la vulneración de aquellos o una situación en la que se ha configurado un
abuso de derecho" [STC 2663-2009-PHC/TC, Fund. 6)]—, forzó a este Tribunal a
"...en aplicación del artículo 201° de la Constitución, más allá de los supuestos
establecidos en el artículo 202° de la misma, es competente para revisar, vía
derechos fundamentales, convaliden la vulneración real de los mismos o
de los dispositivos, principios y valores materiales de la Constitución" [Fund. N°
La autocomprensión del Tribunal corno órgano de control de la constitucionalidad del
sistema, en base al artículo 201 de la Constitución —y no por efecto de una
interpretación distinta del artículo 202.2 de la Ley Fundamental— lo impulsó afirmar
"Si corresponde al Tribunal Constitucional la protección del orden
procesales idóneos para tal efecto, para evitar que por "defecto", se terminen
de "constitucionalidad", en la práctica contienen un uso fraudulento de la
Constitución o bajo el manto protector de los derechos fundamentales, se
pretenda convalidar la vulneración de aquellos o una situación en la que se ha
instancia, en aplicación del artículo 201° de la Constitución, este Tribunal
ante la vulneración del orden constitucional, en particular, de lo dispuesto en el
artículo 8° de la Constitución, lo cual incluso tiene su correlato en las
obligaciones que el Estado Peruano ha asumido en relación al combate del
Tráfico Ilícito de Drogas en particular, y del crimen organizado transnacional, en
Poco tiempo después a esta excepción se agregó otra. En la STC 2748-2010-PA/TC, el
Tribunal volvió a insistir que, excepcionalmente, correspondía interponer el RAC contra
estatal contra el tráfico ilícito de drogas, agregando a este el delito de lavado de activos.
Al igual que en la STC 2663-2009-PHC, la incorporación de ambos delitos —expresaría
el Tribunal— obedecía a la necesidad "... de concretizar esta obligación constitucional de
prevenir y sancionar eficazmente el tráfico ilícito de drogas y sus derivaciones (art. 8 de
la Constitución)" [cf. también la SIC 04750-2007-PHC/TC]. Y para que en lo sucesivo
se tuviera en cuenta, este criterio fue revestido de la condición de "doctrina
inmediata por todos los jueces de la República, conforme al artículo VI del Título
Preliminar del Código Procesal Constitucional" [punto resolutivo N° 2, STC 27482010-PA/TC].
En fin, a estos dos supuestos de excepción -tráfico ilícito de drogas y/o lavado de
activos-, mediante la STC 1711-2014-PHC/TC el Tribunal añadió una excepción más.
También declaró que correspondía conocer del RAC interpuestos contra sentencias
estimatorias dictadas en casos relacionados con el terrorismo, pues también el Estado
tenía "... obligaciones constitucionales de lucha frontal contra el terrorismo", así corno
"obligaciones internacionales contraídas por el Estado Peruano mediante la ratificación
de tratados, corno la Convención Internacional para la represión del financiamiento del
Se podrá, hasta aquí, ya visibilizar el sinuoso camino transitado por el RAC. También
los recovecos que justificaban las excepciones al artículo 18 del Código Procesal
Constitucional. En mi opinión, todos estos problemas podrían ser superados si
volviéramos a tomarnos en serio el artículo 202.2 de la Constitución y discutiéramos sus
Abogo, si ese fuera el caso, por no apegamos a una interpretación constitucional
originalista —cualquiera sean sus variantes: textualismo, contextualismo, subjetivismo—,
y me inclino más bien en dilucidar los alcances del artículo 202.2 de la Ley
Fundamental en clave actual, es decir, que entienda a la Constitución corno un
documento vivo, La Constitución es, lo sabe todo estudiante de Derecho, un texto
dotado de fuerza normativa al que es inmanente una pretensión de vigencia
ella solemnemente proclama. Ha de ser interpretada, pues, como una Constitución viva
—a living Constitution, ein lebende Verfassung, Costituzione vivente— y postulados
acomodados a la evolución cultural y social de nuestra comunidad política, cuya
civilizada y armónica convivencia aspira a regir] .
Evolución de lo Justicia Constitucional. p. 1337.
No niego que el originalismo sea persuasivo y detrás de él subyazca una mayor certeza
del derecho. Pero es la certeza de la inamovilidad social —como expresara el Juez
norteamericano Holmes—, la seguridad alrededor de una concepción de la justicia
petrificada y, en la medida que es capaz de periclitar en sus propósitos, coqueta con las
aventuras revolucionarias. Como nuevamente recuerda el Juez Holmes, la Constitución
no puede caracterizarse por ser una fuerza opresora o el intento autocrático del pasado
que está detrás de cada acto constituyente, no puede justificarse porque condene a sus
miembros a la esclavitud, sino porque es capaz de liberarlos en la afirmación de su
gobernar a los vivos, sino para facilitar que los vivos se gobiernen a sí mismos2.
Interpretar a la Constitución como un documento que contiene los poros necesarios y
cualquier tipo de cambio, ni alberga la aventura de que sus intérpretes terminen
imponiéndonos sus preferencias o valores personales. Requiere la exposición de razones
—las mejores razones posibles—, a partir del conjunto de principios y valores que la
Constitución contiene, para recrear el marco en el que se desarrolla nuestra convivencia.
Una base sustancial de argumentación constitucional que impida que se favorezca la
transformación de la interpretación constitucional en puros juegos retóricos3. Una
interpretación, por tanto, que sea capaz de hallar el sentido de lo constitucionalmente
"correcto" —que no es exactamente lo que es demostrable, sino la existencia de razones
que resulten explicables, convincentes y hasta cierto punto previsibles—, a través de un
jurídicas, y no acaso, la sensación de que sc trata de una decisión por decisión
Se trata, en definitiva, dejar de estigmatizar que los órganos de la jurisdicción
constitucional empleen la interpretación mulativa, pues como se afirmó en el Caso
Rhodes v. Chapman (1981), el significado de la Constitución cambia con el objeto de
reflejar "la evolución de los estándares de decencia que marcan el progreso de una
sociedad en proceso de maduración".
No voy a incidir, en este caso, sobre este asunto, pues me demandaría más tiempo del
que reglamentariamente dispongo. Solo dejaré anotado que una interpretación del
Rune. Constaucionalisn2o y democracia. México: Fondo de Cultura Económica, 1999 pp. 217-262.
3 Entre otros, CI IIASSONI, Picrluigi y TRIBE, Laurence Una Cuestión de interpretación. Los tribunales federales y
4 HESSE, Konrad. "La Interpretación constitucional". En Escritos de Derecho Constitucional. Madrid: Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales, 2012. Traducción de CRUZ VILLALÓINI, Pedro y AZPITARTE SÁNCHEZ,
artículo 202.2 de la Constitución, en los términos que se formuló en el precedente que
contuvo la STC 4853-2004-PA/TC, rompe ciertamente con la tradición legislativa y la
opinio juris de nuestra comunidad jurídica, pero no es incompatible con el marco de
También quisiera indicar, con independencia de lo hasta ahora dicho, que el marco de
las excepciones al artículo 18 del Código Procesal Constitucional, formuladas en
aplicación del artículo 201 de la Ley Fundamental, no puede ni debe considerarse
cenada. Las obligaciones constitucionales de represión de cierto tipo de criminalidad no
se circunscribe al tráfico ilícito de drogas, terrorismo o lavado de activos. La
persecución penal de otros ilícitos, derivados, por ejemplo de la violación de de
derechos humanos, conforme al artículo 44 de la Constitución, podría ser una de ellas.
Sobre la reapertura del procedimiento de investigación fiscal y su incidencia en el
Constitución no reconoce expresamente este derecho, tal omisión no implica que este no
contenido implícito del derecho al debido proceso, y que se puede derivar de los
en la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución, que dispone que en la
interpretación de los derechos que la Constitución reconoce, debamos acudir al Derecho
Internacional de los Derechos Humanos. Y el artículo 8.4 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, recuerda que una de las garantías procesales de todo "C..)
inculpado absuelto por una sentencia firme [es que] no podrá ser sometido a nuevo
Es sugestiva la explicación que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dado
sobre los alcances de lo que es una decisión "definitiva". Esta se adquiere si, "de
acuerdo con la expresión tradicional, ha adquirido la calidad de cosa juzgada. Este es el
caso cuando dicha decisión sea irrevocable, es decir, cuando no hay recursos ordinarios
adicionales que estén disponibles o cuando las partes han agotado dichos recursos o han
En nuestro Continente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, órgano
responsable de la interpretación y aplicación de la Convención Americana, ha precisado
f EDIL. Caso SergeyZoIoLukhin vs. Russia. Sentenciade 10 de febrero de 2009, párrafo 107.
que este derecho no es de carácter absoluto. No se afecta su contenido, según la
La actuación del tribunal que conoció el caso y decidió sobreseer o
absolver al responsable de una violación a los derechos humanos o al
derecho internacional obedeció al propósito de sustraer al acusado de
de conformidad con las debidas garantías procesales, o
Cuando no hubo la intención real de someter al responsable a la
acción de la justicia. Una sentencia pronunciada en las
nuevos hechos o pruebas que puedan permitir la determinación de
los responsables de violaciones a los derechos humanos, y más aún,
de los responsables de crímenes de lesa humanidad, pueden ser
la justicia, los derechos de las víctimas y la letra y espíritu de la
Convención Americana desplaza la protección del ne bis in idem7 .
Al análisis de la Corte también han llegado casos en los que la reapertura del proceso ha
estado asociada a la falta de pruebas al momento en que se realizó la investigación en el
enjuiciado más de una vez se ha fundamentado en el hecho que existen otros bienes
jurídicos cuya optimización se persigue mediante la investigación. Así, por ejemplo, en
materia de investigación de graves violaciones a los derechos humanos, la Corte ha
"si aparecen nuevos hechos o pruebas que puedan permitir la determinación de
los responsables de violaciones a los derechos humanos, y más aún, de los
responsables de crímenes de lesa humanidad, pueden ser reabiertas las
juzgada, puesto que las exigencias de la justicia, los derechos de las víctimas y la
letra y espíritu de la Convención Americana desplaza la protección del ne bis in
ídem"'.
La regla que se infiere de este caso es, en mi opinión, que tenemos la obligación de
ponderar los diversos bienes jurídicos que se encuentran presentes en el desarrollo del
7 Corte IDEE Caso Alinonacid Arellano vs. Chile. Sentencia de 26 de septiembre de 2006, párrafo 154.
'Ibídem.
proceso. Un temperamento similar también ha acogido el sistema europeo de protección
de derechos humanos, solo que en este caso la regulación de las excepciones a la
prohibición de doble investigación se han contemplado en el artículo 4 del Protocolo 7,
que complementa el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y
de las Libertades Fundamentales. Allí se precisa:
1. Nadie podrá ser perseguido o condenado penalmente por los tribunales
del mismo Estado, por una infracción por la que ya hubiera sido absuelto
2. Lo dispuesto en el párrafo anterior no impedirá la reapertura del proceso,
Así, pues, el derecho a no ser sometido a doble procedimiento persecutorio por los
jurídicos9, admite ciertas limitaciones.
Por cierto, este derecho no solo garantiza la doble persecución judicial. Despliega
también sus efectos en la etapa prejurisdiccional de los procesos penales, en aquella
fase del proceso penal en el cual al Ministerio Público le corresponde concretizar el
mandato constitucional previsto en el artículo 159° de la Constitución"). Sus
La extensión del ámbito de protección de este derecho a los actos de la función fiscal se
debe a que algunos de esos tienen carácter jurisdiccional. En particular, aquellas
decisiones fiscales que resuelven no promover la acción penal a través de una denuncia
o requerimiento de instrucción, en los supuestos que se estime que los hechos que se
típicamente jurisdiccionales y, por tanto, son inmutables e irreductibles'', criterio que
El Comité de Derechos Humanos, por ello, ha recordado que la mayoría de Estados diferencian entre lo que es la
reanudación de un proceso penal por circunstancias excepcionales, y lo que resulta la incoación de un nuevo proceso,
lo cual está prohibido por el Pacto Internacional. Ver: CD11. Observación General Número 13. Comentarios
Generales sobre el artículo 14 del PIDCP. UN. Doc. IIRI/GEN/I/Rev.7 at 154 (1984), párrafo 19.
CIDH. Informe N° 1/95, relativo al caso 11.006 del 7 de febrero de 1995.
propósito de dispensarles de protección constitucional, no supone que se trate de actos
de naturaleza análoga. De hecho, la jurisprudencia del Tribunal ha reconocido que los
actos del Ministerio Público no generan la garantía de la cosa juzgada, pues ella es
privativa de la función judicial. Sin embargo, el Tribunal ha reconocido que los actos
la resolución, que los hechos investigados no configuran ilícito penal13.
precisado que no generará cosa decidida las resoluciones fiscales que no se pronuncien
reabrir la investigación si es que se presentan los siguientes supuestos:
anterioridad por el Ministerio Público; o
b) Cuando la investigación ha sido deficientemente realizada' 4.
De manera, pues, que la decisión fiscal de archivar una investigación no tiene una
protección absoluta. Además de las razones ya indicadas, también tiene que ver con el
hecho de que los actos del Ministerio Público son de carácter postulatorio. Esto supone
que los actos fiscales, de formalizarse la denuncia, están sujetos a escrutinio judicial,
correspondiéndole al juez penal ser el garante de la legalidad de la actuación fiscal. En
Ese ha sido el contexto en el que se ha reabierto la investigación iniciada contra la
Sin embargo, tras dicha reapertura de la investigación fiscal, quedan dos cosas
con el número de veces que, so pretexto de una deficiente investigación fiscal, esta
constitucionalmente protegido del derecho al ne bis in idem, en su dimensión procesal,
condena la reapertura múltiple de investigaciones fiscales carentes de proporcionalidad.
Parte del hecho que entre el papel monopólico del Ministerio Público en materia de
investigación y los derechos de las personas, debe haber un cuidadoso equilibrio, que no
deben dejarse influenciar ni por la presión política ni mediática. Y que su ámbito de
protección tampoco puede quedar a merced de la negligencia fiscal, en cualquiera de sus
situación indefinida de vulnerabilidad. Por ello, ha de observar un plazo razonable, que
EXP. N.° 05811-2015-PHC/TC
Estoy de acuerdo con que la demanda es INFUNDADA, pero considero que no debió
ser reconvertida en una de amparo sino mantenerse como una de hábeas corpus, en tanto
el último párrafo del artículo 25 del Código Procesal Constitucional señala lo siguiente:
"También procede el hábeas corpus en defensa de los derechos constitucionales
EXP. N.° 05811-2015-PHOTC
singular del Exp. N.° 04617-2012-PA/TC (auto de fecha 18 de noviembre de 2014), como
es la grave violación a la independencia judicial por algunas altas autoridades del Estado,
representantes de partidos políticos y específicos medios de comunicación, entre otros, que
reflejan una práctica no democrática y antijurídica de presionar a los jueces durante la
,tramitación de un proceso para que fallen en un determinado sentido.
Cuando los jueces decidimos cómo se resuelve un caso concreto, mediático o no, no lo
hacemos porque una autoridad política nos amenaza con una acusación constitucional,
porque lo exige un determinado partido político o porque así lo quiere un ciudadano, sino
porque la Constitución y las leyes, aplicables a todos los peruanos por igual, ya han
establecido en gran medida cuáles son los contenidos normativos que resultan aplicables en
un caso y eso es lo que los jueces y juezas de este país debemos hacer respetar. Nuestra
obligación jurídica y moral es defender el Derecho que parte desde la Constitución y de
Ninguna manera los puros intereses políticos de una persona o determinado grupo de
personas. Lo que nuestras autoridades, representantes políticos, medios de comunicación y
opinión pública en general deben hacer es fortalecer a una institución como el Tribunal
mediante la crítica objetiva de sus decisiones, una vez que estas se han publicado.
Seguidamente expresaré algunas consideraciones sobre: i) la importancia del respeto a la
independencia judicial y su relación con derechos como a la crítica de las resoluciones
judiciales y a la libertad de expresión; ii) las obligaciones constitucionales del Ministerio
Público; y, iii) el principio ne bis in ídem en el caso concreto.
i) Independencia judicial "externa", crítica de resoluciones y libertad de expresión
1. Tiene dicho el Tribunal Constitucional (Exp. N.° 00004-2006-PUTC FJ 18) que la
dimensión externa de la independencia judicial, exige que la autoridad judicial, en el
‘)0.1cA
desarrollo de la función jurisdiccional, no pueda sujetarse a ningún interés que provenga
de fuera de la organización judicial en conjunto, ni admitir presiones para resolver un
depender de la voluntad de otros poderes públicos (Poder Ejecutivo o Poder Legislativo,
por ejemplo), partidos políticos, medios de comunicación o particulares en general, sino
tan solo de la Constitución y de la ley que sea acorde con ésta.
2. Ahora bien, la exigencia de que el juzgador, en el ejercicio de la función jurisdiccional,
no admita la influencia de otros poderes o personas, sean públicos o privados, no implica
que el juez goce de una discreción absoluta en cuanto a las decisiones que debe asumir,
juzgador solo se encuentre sometido a la Constitución y a la ley expedida conforme a
ésta, tal como se desprende de los artículos 45 y 146, inciso 1), de la Constitución, que
aten con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen
(...)"; y "El Estado garantiza a los magistrados judiciales: 1. Su independencia. Sólo
están sometidos a la Constitución y la ley", respectivamente.
3. Lo expuesto no implica que la actuación de los jueces, en tanto que autoridades, no
pueda ser sometida a crítica. Ello se desprende, de una parte, por lo establecido en el
artículo 139, inciso 20, de la Constitución, que dispone que toda persona tiene derecho
"de formular análisis y críticas de las resoluciones y sentencias judiciales, con las
limitaciones de ley", el mismo que, como es de público conocimiento, es ejercido
comunicación y doctrina nacional. Asimismo, tal derecho a la crítica se deduce del
artículo 2, inciso 4, del mismo cuerpo normativo, según el cual toda persona tiene
derecho a la libertad de opinión, expresión y difusión del pensamiento. Sin embargo,
tales derechos tienen límites. Uno de ellos es precisamente que su ejercicio no pueda
servir para orientar o inducir a una determinada actuación del juez, pues este solo se
encuentra vinculado por la Constitución y la ley que sea conforme a esta.
componente mediático que ha generado la atención de la opinión pública en general,
información y opinión sobre la actividad del Tribunal Constitucional y de sus
Manuel Aragón,' la faceta positiva se refiere a que con dicha publicidad se robustece el
1 ARAGÓN, Manuel. "Independencia judicial y libertad de expresión". Derecho Privado y Constitución. N.°
control social que sobre el poder jurisdiccional, como todo poder público, debe
realizarse en todo Estado democrático de Derecho, lo que "redunda, sin duda alguna, en
beneficio de la misma justicia y, más específicamente, en un reforzamiento de la
legitimación de los jueces"? Lo positivo de la publicidad de un caso judicial mediático
es que acerca la justicia constitucional a los ciudadanos de a pie, mostrándoles la forma
de protección de sus derechos fundamentales, así como los limites que tienen y deben
5. La fase negativa tiene que ver con que dicha afluencia de información y opinión sobre la
"condenado" a una persona y se busca que los jueces actúen conforme a dichos juicios.
_ respectiva audiencia pública, algunos congresistas ya habían "investigado", "procesado"
y "concluido" que la demanda de autos debía ser desfavorable a la accionante y que si
los magistrados del Tribunal Constitucional resolvían en sentido contrario iban a ser
objeto de un procedimiento de acusación constitucional. Esa es una conducta que
constituye una clara afectación de la independencia judicial.
función jurisdiccional con independencia y apego a la Constitución y a la ley se
este órgano constitucional. En dicha legitimidad y autoridad resulta importante la
confianza por parte de la opinión pública, pese a que, algunas veces, dicha opinión es
frágil y voluble. Es por ello, que "la fe en la opinión pública debe alimentarse, cultivarse
y sostenerse permanentemente. Es mucho más difícil conquistarla que perderla. Un
patrimonio de respeto construido durante años puede ser perdido por un solo
pronunciamiento infeliz que alimente las sospechas sobre la parcialidad política de
7. Finalmente, es necesario mencionar que las críticas abusivas y sin fundamento a los
por su desempeño judicial y, además, puede constituir "uno de los sutiles mecanismos
destinados a ejercer una influencia ilícita en el ejercicio de su función jurisdiccional,
ídem p.260.
decisione politica. Atti del seminario di Otranto — Leoce svoltosi 1145 giugno 2004, p.121.
especialmente evidente cuando la expresión y/o información afectan abiertamente al
prestigio profesional del operador jurídico poniendo en cuestión su actuación
ii) Las obligaciones constitucionales del Ministerio Público
8. No cabe duda de la importancia que el Ministerio Público tiene en el Estado
Constitucional. Conforme al artículo 159, incisos 1, 4 y 5 de la Norma Fundamental,
corresponde al Ministerio Público: "1. Promover de oficio, o a petición de parte, la
acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el
derecho", "4. Conducir desde su inicio la investigación del delito (...)"; y, "Ejercitar la
acción penal de oficio o a petición de parte".
Al respecto, se ha sostenido que "el Ministerio Público se rige por dos grandes
principios de actuación, el de legalidad, en cuya virtud los fiscales actúan con sujeción a
la Constitución, a las leyes y a las demás normas del ordenamiento jurídico vigente; y el
de imparcialidad en mérito al cual los fiscales actuar con plena objetividad e
independencia en defensa de los intereses que le están encomendados".5 Es por ello que
el Ministerio Público debe ser visto desde una doble perspectiva: "(...) el Fiscal
formalmente es parte, y como tal figura en el proceso promoviendo la acción penal,
interés público, no parcial, de la realización de la justicia".6
De la revisión de autos, estimo que no está en tela de juicio la relevante intervención
que actualmente viene desempeñando el Ministerio Público. Sin embargo, si apreciamos
evidente que dicha actuación fiscal no ha sido uniforme. Es por ello, que el Tribunal
Constitucional ha resuelto notificar con la presente sentencia al Órgano de Control del
Ministerio Público a fin de que se realice una investigación sobre la conducta funcional
existió o no omisión de funciones al realizar dicha investigación.
Cuando un fiscal asume la función de investigación, no adquiere un ámbito de
MARTINEZ ALARCÓN, María Luz. La independencia judicial. Madrid, Centro de Estudios Políticos y
5 CUBAS VILLANUEVA, Víctor. "Comentarios al articulo 158 de la Constitución". En: La Constitución
comentada. Lima, Gaceta Jurídica, Tomo III, 2013. p.480.
SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho procesal penal. Lima, Grijley, ed. 2006, p.235.
investigados sine die (sin plazo y sin fecha). De allí la importancia de que el trabajo
fiscal sea realizado correctamente, mediante una escrupulosa investigación, una sola vez.
Dicha regla general admite excepciones, pero el Ministerio Público debe tener claro que
éstas son singularidades que raramente deben ocurrir cuando se ha evidenciado que una
primera investigación fiscal fue defectuosa (con las graves sanciones que debe acarrear
investigación, han aparecido nuevos medios probatorios cuya obtención resultaba
imposible al momento de tal investigación. Sólo así se pueden realizar una segunda
investigación fiscal legítima.
investigación sobre la base de la cual determinará si existen elementos suficientes que
constitucionales que como el de interdicción de la arbitrariedad proscriben: a)
actividades caprichosas, vagas e infundadas desde una perspectiva jurídica; b) decisiones
despóticas, tiránicas y carentes de toda fuente de legitimidad; y c) lo que es contrario a
los principios de razonabilidad y proporcionalidad jurídica (Exp. N.° 06167-2005PHC/TC FJ 30).
iii) El principio ne bis in ídem en el caso concreto
La acreditación de la vulneración del principio ne bis in idem en el ámbito fiscal,
ige la verificación de una triple identidad entre dos investigaciones fiscales: mismas
rsonas (y no grupos genéricos de personas), mismos hechos (minuciosamente
detallados) y mismo fundamento jurídico.
investigación fiscal seguida contra la demandante (480-2014) no vulnera el principio ne
bis in idem, en la medida que tal actuación, vista como una unidad (lo que incluye las
respectivas ampliaciones), ha identificado nuevas personas, así como hechos nuevos y
material probatorio que no fueron materia de análisis en la primera investigación fiscal
(122-2009), como por ejemplo, el Reporte IUF N.° 025-2015-DAO-IUF-SBS de fecha
25 de mayo de 2015, más allá de haberse considerado también que la primera
investigación fiscal fue deficientemente realizada.
aludido Reporte IUF N.° 025-2015-DA0-1UF-SBS, expedido por la Unidad de
"1. Respecto a la Cuenta de Ahorros Dólares (...) del BCP, a nombre de Nadine Heredia Alarcón, se
conoce que en el periodo 20/10/2005 y 05/03/2009 recibió ingresos por un monto total de USD
216,062, sin embargo, la mencionada persona presentó como parte de su declaración indagatoria,
un monto de USD 168,700. Adicionalmente, se han identificado inconsistencias entre la numeración
2. El Crédito Hipotecario N.° (...) otorgado por el BCP favor de Nadine Heredia Alarcón habría
sido cancelado en forma anticipada en un periodo de 06 años (...) aun cuando el contrato establecía
hasta 15 años. Del monto total pagado, ascendente a USD 122,831, el 87% (USD 106,955) provino
de los fondos ingresados en la cuenta de ahorros dólares (...) sobre los cuales se ha detectado ciertas
inconsistencias en relación al sustento presentado durante su declaración indagatoria (...). Asimismo,
existencia de nuevos elementos de prueba que deberán ser merituados por el Ministerio
Público conforme a sus competencias constitucionales y legales.
AZ MUÑOZ
TO DEL MAGISTRADO ESPINOSA-SALDAÑA
Comparto el sentido de la decisión adoptada por mis colegas en este caso, pero
mi punto de vista, sustentan esta decisión.
Hoy la principal responsabilidad de un juez constitucional, como intérprete de cierre de
la Constitución, es la concretización de los principios, valores y derechos recogidos en
dicha Constitución, o, en su caso, de la lectura sistemática o convencionalizada de esa
Constitución, o de lo que pueda inferir al respecto.
Ahora bien, esta labor de concretización, y lo que se desarrolla dentro de este escenario
(constitucionalización del Derecho, constitucionalización de la política,
convencionalización del Derecho), se hace mediante el uso de diferentes instrumentos
interpretativas manipulativas, etcétera), y con atención a ciertos recaudos.
En esto último debemos ser claros: reconocer que incluso el quehacer político deba en
un Estado Constitucional tenga que desarrollarse de acuerdo con parámetros
constitucionales (constitucionalización de la política), ello no significa habilitar un
impulso a una politización de la justicia, alternativa a través de la cual se intentaría
dirigir la actuación de los juzgadores y juzgadoras.
comunicación social, cuya cabal actuación hay que avalar, sin importar que ella
involucre, entre otras cosas, una crítica a como se viene desarrollando la labor
jurisdiccional de algunos jueces y juezas. Sin embargo, el capricho, la intención de
las labores de una entidad o el interés de perjudicar la credibilidad ciudadana de alguna
se debe buscar cooptar o dirigir su labor. Menos aún, descalificar su quehacer, máxime
Querer mediatizar la independencia o la imparcialidad de los jueces es, máxime en
ciertos contextos como los aquí descritos, debilitar la institucionalidad de un Estado en
de injusta y abusivamente vulnerar su buena reputación.
dador tiene además el e
Corresponde entonces invocar a la clase política de todo país, así como a quienes
dirigen los diferentes medios de comunicación, no perder de vista este tipo de
constitucionales admite límites, que van más allá de la propia restricción del juzgador.
La tarea interpretativa de este tipo de jueces (zas) admite los límites asignados, en
primer lugar, a quien es autoridad (racionalidad, razonabilidad, deber de motivación,
corrección funcional). Aunado a ello, conviene tener en cuenta el carácter jurisdiccional
de la labor de estas autoridades, y lo que ello involucra (negación de juicios de calidad u
oportunidad, respeto a congruencia procesal, alcances de la convencionalización del
Derecho, respeto a la especificidad técnica de algunas materias, reconocimiento del
carácter dificil y hasta trágico de ciertos casos que deben resolver). Ahora bien, un
límite de vital relevancia a esta labor interpretativa es, además de los ya aquí reseñados,
el de lo que se busca interpretar: lo previsto en el texto de la Constitución, lo que puede
inferirse razonablemente de dicho texto, o la que pueda deducirse de una interpretación
sistemática o convencionalizada de dicha constitución.
En este punto, se hace necesario señalar que un recurso de agravio constitucional atípico
constitucional puede realizar sin ir más allá de los límites al ejercicio de sus funciones.
Lo expuesto, sin embargo, no excluye a que algún juzgador (a), en función a las características de cierto
caso en particular, pueda, sed() cada ordenamiento jurídico especifico, ser recusado o, lo que
en cuenta si estamos ante supuestos de afectación a la dimensión objetiva de la imparcialidad (vinculación
con el objeto del proceso), a su dimensión subjetiva (relación con los sujetos del proceso), o a una
Conviene incidir sobre este último aspecto, el de la apariencia de imparcialidad, conecto desarrollado por
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en este sentido Delcourt c. Bélgica (1970), Piersack c.
Bélgica (1984); Hauschildt c. Dinamarca (1989); entre otros), la Comisión Interamericana (desde sus
Nicaragua (1997), Tribunal Constitucional c. Perú (2001), Baruch Iveher c. Perú (2001); entre otros); asi
En estos casos, es fácil acreditar como en puridad no existe interés o vinculación entre los (as)
juzgadores(as) y las partes o el objeto del proceso. Sin embargo, podrían afectar la actuación
jurisdiccional de esos juzgadores(as) y, lo que es más grave, la credibilidad ciudadana en las labores de
in-Inanición de justicia.
Esta apariencia de imparcialidad, en mérito a que actualmente se encuentra completamente
convencionalizada, habilita, muy a despecho de una lectura literal del artículo 33 inciso 3 del Código
eventual vinculación de los juzgadores(as) con las partes o con sus abogados, pudiendo ser esa relación en
mérito a consideraciones de amistad como de enemistad. Ello lamentablemente no fue reconocido en este
proceso por nuestro Tribunal Constitucional, en mérito a una decisión que se definió con el voto decisorio
EXP. N.° 05811-2015-HC/TC
`t..-.—esfecíficos, terne t.! para ello en consideración la existencia de ciertos mandatos
Al respecto, es cierto que el artículo 202, inciso 2, de la Constitución establece la
competencia del Tribunal Constitucional para "Honocer, en última y definitiva
instancia, las resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas data, y
acción de cumplimiento" (cursivas nuestras), entendiéndose por "resoluciones
improcedente o infundada la demanda. Sin embargo, necesario es anotar cómo no cabe
disposición, siempre y cuando, tal corno ya se aclaró, existan otras disposiciones
constitucionales y convencionales que también merecen ser tomadas en cuenta al
Efectivamente, como este órgano colegiado ha señalado:
"[E]l operador jurisdiccional debe considerar que la Constitución no es una
norma (en singular), sino, en realidad, un ordenamiento en sí mismo, compuesto
cláusulas, no ha de entenderlas como si cada una de ellas fuera compartimentos
sentido, cuyo núcleo básico lo constituyen las decisiones políticas fundamentales
expresadas por el Poder Constituyente. Por ello, ha de evitarse una interpretación
de la Constitución que genere superposición de normas, normas contradictorias o
redundantes" (STC Exp. N° 0005-2003-Al; f. j. 23)
"[L]as normas constitucionales no pueden ser comprendidas como átomos
desprovistos de interrelación, pues ello comportaría conclusiones incongruentes.
Por el contrario, su sistemática interna obliga a apreciar a la Norma Fundamental
como un todo unitario, como una suma de instituciones poseedoras de una lógica
integradora uniforme" (STC Exp. N° 0008-2003-Al; f. j. 5)2
En esa misma línea, tal como se señala en la sentencia del presente caso, existen
interpretación literal y aislada de una disposición constitucional puede más bien ser una
interpretación sistemática de lo previsto en varias disposiciones constitucionales y de lo
recogido a nivel convencional, para luego así habilitar una interpretación donde no se
02730-2006-PA/TC, f. j. 6; Exp. N° 1091-2002En similar sentido, cfr. además las SSTC Exp.
j. 4; Exp. N' 05854-2005-AA/TC, ff. jj. 15 y 16, y Exp. N° 4587-2004-AA/TC, f. j. 70.b.
O,ICA Dk-‘
a■S
---de constitucionalidad la actuación del Jurado Nacional de
Al respecto, el artículo 201 de la Constitución peruana vigente señala que el Tribunal
Constitucional es el intérprete vinculante final de nuestra Constitución ("órgano de
control de la Constitución"), disposición que fundamenta de mejor forma las
competencias del Tribunal Constitucional desarrolladas por la ley (Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional y Código Procesal Constitucional).
Por ello mismo, puede afirmarse coherentemente que, desde una interpretación
sistemática de la Constitución consigo misma, apelando al criterio interpretativo de
"unidad de la Constitución", así como en base a una comprensión de la Constitución
conforme con ciertos tratados, el articulo 202 de la Constitución debe entenderse como
el reconocimiento de un conjunto básico o elemental de competencias reconocidas al
orgánico, o que jurisprudencialmente encuentren fundamento en los demás artículos de
la Constitución o en los tratados de derechos humanos (atendiendo así, desde luego, al
fenómeno de la convencionalización de los ordenamientos jurídicos de cada Estado en
Mi preocupación, destinada a que el Tribunal Constitucional peruano con su actual
composición fije una posición con respecto a los llamados recursos de agravio atípicos
ha sido reiterada Así lo demuestran nuestros fundamentos de voto en las SSTC 01652013-PA, 3386-2013-PA, 4456-2012-PA, 0283-2013-PA, 2317-2013-PA, 2191-2012PA, 4704-2013-PHD, 0893-2012-PA, 0342-2013-PA, 0765-2012-PA, 4545-2012-PHC,
2693-2011-PA, 7026-2013-PA, 2940-2013-PA, 7230-2013-AA, 3196-2014-AA, 08962014-AA, 0860-2013-AA, 0920-2012-AA, 1253-2013-HC, 6377-2013-AA y 68332013-PA; pero sobre todo en el informe que sobre el particular presenté al Pleno del
Tribunal, en abril de 2015, el cual, lamentablemente, aún no se ha debatido. Allí, por
cierto, se propone una justificación para consolidar la constitucionalidad y la legalidad
de algunos de esos recursos de agravio atípicos, en base a consideraciones
nuestra opinión, por lo menos varios de los supuestos de recurso de agravio
constitucionales específicos o en convenciones sobre derechos humanos.
tráfico ilícito de drogas y/o el lavado de activos (STC Exp. N° 2748-2010-PHC)
encontró su fundamento en el artículo 8 de la Constitución ("El Estado combate y
sanciona el tráfico ilícito de drogas. Asimismo, regula el uso de los tóxicos sociales"), y
en diversos tratados internacionales, tales como la Convención Única de 1961 sobre
Psicotrópicas de 1971; la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito
es y Sustancias Psicotrópicas de 1988; y la Convención Internacional
epresión 1 financiamiento del terrorismo.
Por su parte, el RAC a favor de la lucha contra el terrorismo (STC Exp. N° 1711-2014PI-IC) se sustentó en el articulo 44 de la Constitución ("Son deberes primordiales del
población de las amenazas contra su seguridad"), así como en la Convención Americana
contra el Terrorismo; la Convención Internacional para la represión del financiamiento
del terrorismo, y también en previa jurisprudencia del propio Tribunal sobre la materia
(STC Exp. N° 0010-2002-AI).
habilitación constitucional para entrar a conocer el fondo del recurso de agravio puesto
a su consideración. Al respecto, se debe reconocer que si bien en la STC Exp. N° 27482010-PHC, ya antes citada, se reconoció inicialmente la posibilidad de presentar
ofreció estuvo relacionado con el delito de tráfico ilícito de drogas, como puede
distinguirse sin dificultad al leer su fundamentación.
Siendo así, es necesario preguntarnos si la Constitución peruana vigente o algunos
tratados ratificados por el Perú contienen algunos mandatos que, tal como ha ocurrido
con los supuestos ya reconocidos de RAC excepcional, obliguen a este órgano
Al respecto, encuentro que, a partir de la Constitución y de diversas convenciones
duda también al Tribunal Constitucional, a luchar enfática y decididamente contra la
corrupción, contra el crimen organizado y, en este contexto, también contra el lavado de
Considero entonces que la Constitución establece con claridad, en el segundo párrafo
del artículo 35 de la Carta de 1993, que la ley establece normas orientadas a asegurar el
funcionamiento democrático de los partidos políticos, y la transparencia en cuanto al
origen de sus recursos económicos. En esa misma línea se encuentra también lo
regulado en la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción] y en la
Convención Interamericana contra la corrupción'', tratados ratificados por el Perú, los
cuales también hacen referencia expresa a la lucha contra el lavado de activos. En este
sentido, y en la línea de una comprensión convencionalizada de la Constitución peruana
internacionales, en la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción, y la
Convención Interamericana contra la corrupción. Es más, y sobre el nefasto fenómeno
Aprobada por el Congreso de la República, mediante Resolución Legislativa N° 28357, de 5 de octubre
de 2004, ratificada por el Decreto Supremo N° 075-2004-RE.
4 Aprobada por el Congreso de la República, mediante Resolución Legislativa N° 26757, de 5 de marzo
de 1997, ratificada por Decreto Supremo N° 012-97-RE
EXP. N.° 05811-2015-HCETC
"La corrupción es e sí misma un fenómeno social que, no puede soslayarse, se
encuentra dentro y fuera de la administración del propio Estado, la política
apuntada deberá establecer el nexo entre Estado y sociedad civil, en la medida
que la defensa del "programa" constitucional, exige una actuación integral.
por su naturaleza, exige combatir toda forma de corrupción; en tal sentido, el
constituyente ha establecido mecanismos de control político parlamentario
(artículos 97 y 98 de la Constitución), el control judicial ordinario (artículo 139
de la Constitución), el control jurídico constitucional (artículo 200 de la
Constitución), el control administrativo, entre otros.
El proceso de lucha contra cualquier forma de corrupción -tanto aquéllas
vinculada al aparato estatal como las que coexisten en el ámbito de la sociedad
civil- obliga a los clásicos poderes del Estado, a los cuales se suma el Tribunal
Constitucional en el cumplimiento del deber de la jurisdicción constitucional
fortalecer las instituciones democráticas, evitando con ello, un directo atentando
contra el Estado social y democrático de Derecho, así como contra el desarrollo
En ese sentido el Tribunal Constitucional, en tanto, supremo intérprete de la
Constitución, le corresponde también instalarse en una posición de defensa y
soporte de la misma, que permita la consolidación de un proyecto normativo de
superación de cualquier forma de crisis de la convivencia social y política, de los
distintos intereses de trascendencia pública, que posibiliten su gestión
responsable y el restablecimiento de una ética social.
Proyecto que adquiere una dimensión jurídica propia en los principios
constitucionales de transparencia y publicidad, cuya consolidación permitirá
cooperación entre el Estado y los distintos agentes sociales, en el cumplimiento
del deber constitucional de respetar, cumplir y defender la Constitución y el
ordenamiento jurídico de la Nación (artículo 44° de la Constitución). Pues, sólo
de esta forma se posibilitará la creación y consolidación de un entorno ético
fundamental que rechace enérgicamente la tolerancia social con respecto a todas
las formas posibles de corrupción y de irregularidad en la gestión de los intereses
públicos" (STC Exp. N° 0009-2007-PI y 0010-2007-PI, ff. jj. 53-58)
constitucional atípico. Ahora bien, conviene tener presente como
odas partes del mundo hoy se enfrentan también a otras actividades
derechos más elementales de amplios sectores de la
población, muchos de ellos en situación de vulnerabilidad. Frente a dicha perniciosa
realidad, los Estados han acordado convenios y aprobado legislación específica que
personas; de tráfico ilícito de migrantes; de pornografía infantil; de genocidio,
desaparición forzada y tortura; de tráfico ilícito de armas; o de tráfico ilícito de drogas.
También conviene destacar la existencia de delitos que vienen afectando a nuestro país
de manera alarmante, como es el caso del ya mencionado tráfico ilícito de drogas, pero
también el terrorismo, la minería ilegal, el proxenetismo, el secuestro, el sicariato, el
marcaje o reglaje, los delitos contra la administración pública, etcétera.
En todos estos casos, así como en otros similares, no solo estamos la vulneración o
puesta en peligro de bienes del máximo valor, sino que existe un alto riesgo de que la
criminalidad organizada se valga de medios antijurídicos para librarse de la persecución
y la sanción criminal. Frente a ello, ni la comunidad internacional ni el Estado peruano
deben quedarse impávidos. Por el contrario, puede constatarse como se han generado
formas de colaboración y estrategias de lucha orgánica contra los grupos criminales, tal
contra el terrorismo y tráfico ilícito de drogas así como diversos tratados y convenios
que tienen como objetivo perseguir y enfrentar específicamente los delitos arriba
mencionados, siendo especialmente destacable la existencia de la Convención de las
Resolución de la Asamblea General 55/25, 15 de noviembre de 20005; así como, en el
ámbito interno, la Ley contra el Crimen Organizado, Ley N° 30077; la Ley de Lavados
de Activos, Ley N° 27765 (D), y el Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado
de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado, Decreto
Legislativo N° 1106.
En atención a todo ello, este Tribunal Constitucional determina que, atendiendo y
obedeciendo los mandatos constitucionales y convencionales antes señalados, se
constitucional a favor de la lucha contra la corrupción, a favor de la lucha contra el
5 Ratificada por e] Estado peruano mediante R. Leg. N° 27527, del 8 de octubre de 2001, y vigente (junto
incipalmente la libertad personal, pero también se puede
incluir en esta relación a otr s derechos, en los cuales destacan especialmente el debido
Ahora bien, y como punto de partida para la revisión de este tema, debe reconocerse
La Constitución ha asignado al Ministerio Público una serie de funciones
constitucionales, entre las cuales destaca la facultad de ejercitar la acción penal ya
sea de oficio o a pedido de parte, tal como dispone el artículo 159°, inciso 5, de la
Constitución. Si bien es una facultad discrecional reconocida por el poder
constituyente al Ministerio Público, es obvio que esta facultad, en tanto que el
Ministerio Público es un órgano constitucional constituido y por ende sometido
a la Constitución, no puede ser ejercida, irrazonablemente, con
entablen los miembros del Ministerio Publico y, en consecuencia, se afectaría el
cumplimiento de la labor que el mismo ordenamiento jurídico peruano les encomienda.
Es así que el Tribunal ha realizado el esfuerzo por postular algunos criterios que deben
límites que el derecho en cuestión le pueda imponer.
Es oportuno anotar en este punto que el control de la actuación del Ministerio Público,
corno el de cualquier otro órgano constitucional autónomo, debe encontrarse claramente
ceñida al criterio interpretativo de corrección funcional.
Este Tribunal no puede invadir las competencias de los órganos constitucionales
autónomos, tal corno por ejemplo dejara sentado en la RTC 00791-2014-AA. Por ende,
no puede decidir si corresponde abrir investigación fiscal o no hacerlo, en clave de
Corresponde poner de relieve que se han señalado como los principios que deben guiar
a) interdicción de la arbitrariedad;
b) legalidad en la función constitucional; y
EXP. N.° 05811-2015-HUTC
ón con el principio de interdicción de la arbitrariedad, este Tribunal ha
atribuido al fisca .: que realice la investigación sobre la base de la cual determinará
caprichosas, vagas e infundadas desde una perspectiva jurídica; b) decisiones
Toda vez que la demandante ha recurrido a la vía del proceso de habeas corpus, y
aunque aquí ya se ha optado en reconvertir esta controversia en un amparo, corresponde
analizar aquí en primer lugar cómo ha sido tratada la alternativa del hábeas corpus
Control de actuaciones fiscales por medio del hábeas corpus
Ministerio Público son solo postulatorias y en ningún caso decisorias (Exps. N.os 40522007-PHC/TC; 5773-2007-PHC/TC, 2166-2008-PHC/TC, 07961-2006-PHC/TC, 55702007-PHC/TC, 0475-2010-PHC/TC, entre otros). Ello quiere decir que, de cara ala
general, no corresponde ejercerlo por la vía del proceso constitucional. Se tiene dicho
también que excepcionalmente podrá hacerse mediante un proceso de habeas corpus en
cuanto se vulnere o se configure una afectación a la libertad personal o se afecte un
derecho conexo, en la línea del artículo 25 del Código Procesal Constitucional, para lo
cual se exige conexidad entre la alegada vulneración del debido proceso (u otro derecho
conexo) y la amenaza a la libertad personal, amenaza que tendrá que ser cierta e
inminente. El resultado de este razonamiento es que son muy pocos los casos de hábeas
recurriendo para ello a exigir siempre la aplicación de determinados principios. El
control de la actuación fiscal se sustenta, básicamente, en dos tipos de argumentación:
que incide sobre el debido proceso y descarta la vinculación con
habeas corpus frente a actos arbitrarios del Ministerio Público (STC 06167-20051-1C/TC y 02725-2008-PHC/TC, entre otras), se han reconocido tres criterios que deben
seguir los fiscales en su actuación. Estos son los criterios de interdicción de la
arbitrariedad, legalidad en la función constitucional y respeto del debido proceso y la
aunque no se desprende claramente del Código o de la jurisprudencia, es la de
concretas sino en los derechos9. Dicho con otras palabras, bastaría que en abstracto se
debido proceso por ejemplo, que naturalmente se vinculan a la libertad personal. Así
entendido el problema, en aquellos casos no se requeriría mayor acreditación de
hábeas corpus contra actuaciones fiscales.
también puede no ser así, corno sucede en el caso de que se vulnere ese derecho en el
La segunda respuesta a este problema parte de una crítica a la argumentación en torno a
la "influencia en la decisión judicial", crítica que se formula en el caso Mejía
Valenzuela (01887-2010-PHC/TC). Allí se intentó superar esta forma de entender la
conexidad inicialmente invocada, buscando generar una construcción distinta que
habilite el control de actuaciones fiscales en el hábegs corpus.
En dicho caso el Tribunal Constitucional partió asumiendo que le corresponde realizar
un control "estrictamente constitucional, más no funcional" de la actividad fiscal. En esa
línea, señaló que el respeto a un debido proceso se extiende a la labor de los fiscales,
presenten en dicho contexto podían ser objeto de su control.
Sin embargo, al momento de establecer el parámetro de conexidad, se señaló que podían
Luego, según este criterio, era posible optar entre alegar libertad personal o un derecho
GARCÍA CA VERO, Percy. La relación de conexidad en el hábeas corpus conexo. En: Anuario de
ento de interponer un habeas corpus contra actuación fiscal, sin
editar la conexidad entre ambos que exige el Código.
principio, debieran verse todas las violaciones o amenazas de violación al debido
relacionados a actuaciones fiscales donde se produce una vulneración del debido
libertad personal. Ante aquellos casos, el proceso de amparo es idóneo para otorgar
tutela adecuada ante la posible arbitrariedad de los miembros del Ministerio Público con
la vulneración de algún aspecto del debido proceso, destacando entre ellos el non bis in
ídem (de, por ejemplo, la apertura de una investigación, el plazo razonable de la
investigación y la motivación).
casos como Vásquez Paulo (STC 02493-2012-PA/TC), donde ha quedado establecido
que en el amparo frente a actuaciones fiscales no se requiere acreditar algún tipo de
Cabe aclarar, en todo caso, que la arbitrariedad, entendida como actuación de autoridad
carente de justificación objetiva, se vincula de forma especial al debido proceso, mas no
necesariamente serán solamente derechos de orden procesal los que puedan ser
vulnerados por una actuación fiscal. De afectarse otros derechos, no incluidos dentro de
lo considerado por el articulo 25 del Código Procesal Constitucional, el amparo también
será el proceso idóneo para dilucidar si existe o no una afectación a esos derechos
Ahora bien, y con respecto del non bis in ídem, para poder acreditar su violación o
amenaza de violación debe partirse necesariamente de reconocer el carácter de cosa
decidida de la investigación fiscal primigenia, en tanto se haya presentado una decisión
por la cual el fiscal a cargo de la investigación haya valorado que "no ha lugar a
formular la denuncia penal". Sin embargo, no podrá hablarse de cosa decidida si
estamos ante una investigación incompleta o viciada.
Cierto y necesario es afirmar que una persona no puede ser objeto de múltiples
mismos hechos una y otra vez sin que pueda hablarse de una actuación arbitraria por
parte del Ministerio Público. Ahora bien, y como ya se señalara, aquello no implica que
el Ministerio Público no pueda abrir una nueva investigación frente a evidencias
relevantes no tomadas en cuenta en el archivamiento de la primera investigación o
nuevos, o se justifique incluso desde el mismo Ministerio Público una actuación
deficiente de los fiscales que siguieron la primera investigación, parece razonable iniciar
una nueva investigación que no sea idéntica a la anterior, o que no tenga los vicios que a
esta se le imputa. Ello debe hacerse, claro está, tomando los recaudos necesarios para
evitar que una investigación fiscal se mantenga indefinidamente abierta sin hechos
nuevos o vicios que justifiquen esta situación.
Sobre la reconversión del proceso de Amparo
que encontrarnos ante la violación o amenaza de violación a la libertad personal,
estamos aquí ante la alegación de una vulneración del ejercicio del derecho al non bis in
ideo?. Ello tendría como acto lesivo el inicio de una segunda investigación a la señora
En aplicación del principio, clave en el ámbito procesal constitucional, de suplencia de
pasar a reconvertir esta pretensión para así habilitar su resolución en sede de Amparo,
respecto. En tanto y en cuanto considero que aquí esas reglas se han cumplido a
cabalidad, resulta conveniente y atendible la reconsideración planteada, salvo mejor
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