Source: http://patasarribavlc.blogspot.com/2016/01/el-cambio-constitucional-del-psoe-que.html
Timestamp: 2017-11-22 10:45:43
Document Index: 197327222

Matched Legal Cases: ['artículo 135', 'artículo 135', 'artículo 135', 'artículo 8', 'Artículo 8', 'Artículo 158', 'Artículo 128', 'Artículo 128', 'artículo 290', 'Artículo 103', 'artículo 290', 'artículo 290']

PATAS ARRIBA: El cambio constitucional del PSOE que nos somete a la esclavitud de la deuda es ilegal
En contra tanto del derecho internacional como estatal, el Gobierno de Zapatero, con el acuerdo del PP, cambia en septiembre de 2011 la Constitución Española, dando “prioridad absoluta” al reembolso de la deuda (artículo 135.3) ante cualquier otra necesidad. Este cambio de la Constitución Española promulgada por el Rey, que entró en vigor al publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 27 de septiembre de 2011, especifica en una disposición adicional que la Ley Orgánica prevista en el artículo 135 “contemplará los mecanismos que permitan el cumplimiento del límite de deuda a que se refiere el artículo 135.3 de la Constitución Española.” |2| No puede ser más claro: la prioridad al servicio de la deuda, es decir, la esclavitud de la deuda, es la clave de la reforma.
Esta modificación, hecha a toda prisa en un mes, permite reducir los gastos en Educación y Sanidad, precarizando aún más al pueblo español, todo ello para reforzar las garantías a los acreedores de la deuda española. Se trata de una concesión inédita a los acreedores, un paso más para garantizar su supremacía y satisfacer sus prerrogativas en el edificio constitucional. El acuerdo entre PSOE y PP endurece aún más los gravosos límites al déficit y al endeudamiento público fijados en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE de 1997. De hecho, constitucionalizar la “prioridad absoluta” del pago de los intereses y del capital de la deuda sobre otras inversiones es muy grave, ya que con ello se sacrifican otros objetivos constitucionales como la satisfacción de derechos sociales. Introducirlo en la Constitución enseña el carácter cerrado de la ideología neoliberal vigente excluyendo modelos alternativos y alejándonos del alcance democrático que esperamos encontrar inscrito en la Carta Magna. Vivimos en una democracia liberal donde la Constitución blinda la Monarquía y se aleja cada vez más de una democracia de los pueblos. Dicha Constitución de 1978, fuertemente tutelada por sectores vinculados al franquismo durante su elaboración, pone al ejército como guardián del orden constitucional en su artículo 8.
Artículo 8 de la Constitución española: Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.
Artículo primero de la Constitución española: 1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
Artículo 158 de la Constitución española:: 1. En los Presupuestos Generales del Estado podrá establecerse una asignación a las Comunidades Autónomas en función del volumen de los servicios y actividades estatales que hayan asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español.
También, recordamos que el Artículo 128, abriendo el Título VII de la Constitución rotulado «Economía y Hacienda», subordina al interés general toda la riqueza del país, de forma que nadie puede ser privado de sus bienes y derechos si no es por causa justificada de utilidad pública o interés social. Por cierto, la riqueza producida por el país que va hacia fuera para llenar los bolsillos de los acreedores debería subordinarse al interés general y el Estado no debería recortar en gastos sociales para el servicio de la deuda.
Artículo 128 de la Constitución española:: 1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.
Articulo 135 antes del cambio |3|:
1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. 2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados miembros. Una ley orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario.
Desgraciadamente el hecho de cambiar su Constitución para imponer retrocesos sociales no es inédito. Cabe mencionar el caso de México, décimo país en producción petrolífera donde se tramitó en 2013 un proyecto de reforma energética que preveía modificaciones constitucionales de los artículos 25, 26 y 27 de la Carta Magna para entregar el petróleo a empresas transnacionales y así privatizar la mayor empresa de México, Pemex |4| (Petróleos Mexicanos). Pero también, se cambian las Cartas Magnas de países para imponer un techo de déficit, un equilibrio presupuestario o un techo de gasto público. Estos principios van en dirección opuesta a otras constituciones en el mundo como la de Ecuador, que pone de relieve la prohibición de socializar deudas privadas |5| - lo que justamente está ocurriendo en España – o que prevé que el Estado sólo puede recurrir “al endeudamiento público si los ingresos fiscales y los recursos procedentes de la cooperación internacional son insuficientes” (artículo 290, párrafo 1). Cabe destacar que la Constitución vigente de Bolivia prohíbe la privatización del agua, o que la de Costa Rica obliga a que el gasto público en educación no sea inferior, en ningún caso al 8% del PIB. Estos logros han sido posibles gracias a movilizaciones sociales o también gracias a una asamblea constituyente, como en el caso de Ecuador y Bolivia. Al contrario, el cambio constitucional del Estado español impone la obligación de pagar deudas aunque sean ilegítimas. Por si fuera poco se prevé multar al Estado si no cumple con los compromisos de déficit o endeudamiento.
Artículo 103 de la Carta de Naciones Unidas: En caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los Miembros de las Naciones Unidas en virtud de la presente Carta y sus obligaciones contraídas en virtud de cualquier otro convenio internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas por la presente Carta.
Como dice el jurista Renaud Vivien: “Recordemos que los estados tienen la obligación de respetar los textos internacionales que protegen los derechos humanos y que esta obligación de respetar, proteger y promover los DDHH prevalece sobre cualquier otro acuerdo. (…) O sea, un acuerdo cuya aplicación conlleva una violación de los DDHH y de la soberanía de un Estado es nulo. La deuda contraída en el marco de este acuerdo es por lo tanto ilegítima. Esta deuda no ha de ser reembolsada y las condiciones ligadas al préstamo han de ser rechazadas por los poderes públicos.” |6|
Estas obligaciones legitiman al Estado para que ponga fin a las condiciones impuestas por el FMI o la Comisión Europea. La violación del derecho es algo habitual por parte de los acreedores, pero tenemos argumentos jurídicos sólidos para enfrentarla.
|1| « Ce qui se passe actuellement, est une révolution silencieuse, à petits pas, vers une gouvernance économique plus forte. Les Etats membres ont accepté — et j’espère qu’ils l’ont bien compris — d’octroyer aux institutions européennes d’importants pouvoirs en matière de surveillance. » M. José Manuel Barroso, président de la Commission européenne. Discours à l’Institut européen de Florence, 18 juin 2010. http://www.monde-diplomatique.fr/2012/02/DUFRESNE/47427#nb3
|2| Ver el Boletín Oficial del Estado (BOE), 27 de septiembre de 2011. http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/27/pdfs/BOE-A-2011-15210.pdf
|3| Ver: http://portaljuridico.lexnova.es/legislacion/JURIDICO/30531/constitucion-espanola-aprobada-por-las-cortes-el-31-de-octubre-de-1978-ratificada-el-6-de-diciembre#A0135_00
|4| Cabe recordar que esta empresa es pública desde que el Presidente Lázaro Cárdenas decretó la expropiación de 17 compañías petroleras a favor de la Nación en 1938.
|5| La Constitución ecuatoriana prohíbe la “estatalización de las deudas privadas”. (artículo 290, párrafo 7) y prevé que el Estado solo puede recurrir “al endeudamiento público si los ingresos fiscales y los recursos procedentes de la cooperación internacional son insuficientes” (artículo 290, párrafo 1).
|6| Leer Renaud Vivien, “Algunas pistas jurídicas para calificar una deuda pública de ilegítima”, 25 de abril de 2013. http://cadtm.org/Algunas-pistas-juridicas-para. Lo que sigue a continuación, y que se refiere al derecho internacional, se inspira en este texto.