Source: http://www.enerproseguridad.com/camaras-de-vigilancia.html
Timestamp: 2018-06-24 08:59:56
Document Index: 31835943

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 20', 'artículo 5', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 6', 'artículo 83', 'artículo 5', 'artículo 4', 'artículo 61', 'artículo 13']

ENERPRO Seguridad - Cámaras de Vigilancia - VideoVigilancia
Cámaras de Vigilancia - VideoVigilancia
Sin embargo, a diferencia de la videovigilancia desarrollada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que cuenta con legislación específica que la regula, la única regulación existente en el ámbito privado, la Ley 23/1992 de 30 de julio, de Seguridad Privada no contiene indicaciones precisas en materia de protección de datos. Y es evidente, y así lo ha subrayado en distintas sentencias el Tribunal Constitucional, que la videovigilancia es un medio particularmente invasivo y por ello resulta necesaria tanto la concurrencia de condiciones que legitimen los tratamientos, como la definición de los principios y garantías que deben aplicarse. Por todo ello, y con la finalidad de adecuar estos tratamientos a la ley Orgánica 15/ 1999 se dictó la Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras.
02. ¿cuándo Deben Aplicarse Las Normas Sobre Protección De Datos A Los Tratamientos De Imágenes?
• Tales actividades se refieran a datos de personas identificadas o identificables.
• Se cuente con el consentimiento del titular de los datos personales.
• Se dé alguna de las circunstancias previstas por el artículo 6.2 LOPD u 11.2 LOPD que resulten de aplicación a este tipo de medios:
• No se aplica al tratamiento de imágenes en el ámbito personal y doméstico, entendiéndose por tal el realizado por una persona física en el marco de una actividad exclusivamente privada o familiar.
• Al tratamiento de imágenes por los medios de comunicación en el ejercicio legítimo de los derechos que les confiere el artículo 20 de la Constitución Española.
03. ¿cómo Deben Tratarse Las Imágenes?
• En cualquier caso el uso de sistemas de videovigilancia deberá ser respetuoso con los derechos de las personas y el resto del Ordenamiento jurídico.
04. Captación Y Tratamiento De Imágenes Con Fines De Seguridad
Este cumplimiento se proyectará sobre distintos aspectos:
04. (01) Obligaciones E Inscripción De Ficheros
04. (02) Deber De Informar
La información en la recogida de los datos es un elemento esencial del derecho a la protección de datos y por tanto su cumplimiento resulta ineludible. Sin embargo las especiales características que se dan en la videovigilancia comportan el diseño de procedimientos específicos para informar a las personas cuyas imágenes se capten. La Instrucción 1/2006 incorpora un distintivo informativo cuyo uso y exhibición es obligatoria. El distintivo se ubicará como mínimo en los accesos a las zonas vigiladas, sean estos exteriores o interiores. Debe tenerse en cuenta que si el lugar vigilado dispone de varios accesos se debe colocar en todos ellos al objeto de que la información sea visible con independencia de por donde se acceda.
• La existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información.
El impreso deberá estar disponible existiendo cuando menos la posibilidad de imprimirlo a petición del afectado. La información del impreso podrá incorporarse al cartel anunciador y sustituirlo únicamente en aquellos casos en los que por su contenido y por la ubicación del mismo la información resulte legible e inteligible.
04. (03) Contrato De Acceso A Los Datos Por Cuenta De Terceros
• Instalación y/o mantenimiento técnico de los equipos y sistemas de videovigilancia sin acceso a las imágenes. En este caso la empresa de seguridad no posee la condición de encargado de tratamiento correspondiendo al responsable, que la contrató, la adaptación de la instalación a los requisitos normativos. Ello, sin perjuicio de la eventual responsabilidad de la empresa por incumplir el deber de asesoramiento previsto en el artículo 5 LSP.
• Instalación y/o mantenimiento de los equipos y sistemas de videovigilancia con utilización de los equipos o acceso a las imágenes. Únicamente en este segundo caso, la empresa de seguridad será considerada encargada del tratamiento y la obligatoriedad de cumplir con las obligaciones de los dispuesto por el artículo 12 LOPD.
• Vigilancia y protección de bienes, establecimientos, espectáculos, certámenes o convenciones.
• Instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad.
• Explotación de centrales para la recepción, verificación y transmisión de las señales de alarmas y su comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como prestación de servicios de respuesta cuya realización no sea de la competencia de dichas Fuerzas y Cuerpos.
• Planificación y asesoramiento de las actividades de seguridad contempladas por la Ley.
• Es un contrato cuyo contenido se determina atendiendo a las circunstancias concretas de la prestación de servicios. No basta con reiterar las cláusulas del artículo 12 LOPD, debe reflejarse la realidad de la prestación y adoptarse las decisiones que garanticen el cumplimiento de la norma.
• Existe un deber de diligencia en la comprobación de las condiciones que reúne el encargado. En materia de videovigilancia con fines de seguridad privada ello obliga, a verificar las condiciones de cumplimiento de la LOPD por parte de la empresa de seguridad y si reúne los requisitos legales que habilitan para la prestación de estos servicios.
• No cabe la subcontratación con terceros salvo que: 1. Se atribuya al encargado poder de representación suficiente para celebrar estos contratos en nombre del responsable.
2. Se autorice en el contrato a subcontratar con una determinada empresa específica o bien se trate de una autorización genérica con la obligación de contar con la posterior autorización del responsable.
3. Además de contar con capacidad de subcontratar en cualquiera de los dos casos anteriores, se formalice un contrato de acceso a los datos por cuenta de terceros entre el encargado y el subcontratista.
4. Se garantice siempre el cumplimiento de las instrucciones del responsable.
• Debe recordarse que el artículo 6 de la Ley de Seguridad Privada fija una obligación adicional y los contratos de prestación de los distintos servicios de seguridad deberán en todo caso consignarse por escrito y comunicarse al Ministerio del Interior, con una antelación mínima de tres días a la iniciación de tales servicios.
• Por último, no debe olvidarse que en los casos en los que la empresa de seguridad con motivo de su prestación no acceda a las imágenes deberá aplicarse lo dispuesto por el artículo 83 del RDLOPD. En efecto, cuando exista una prestación de servicios sin acceso a datos personales el contrato de prestación de servicios recogerá expresamente la prohibición de acceder a los datos personales y la obligación de secreto respecto a los datos que el personal hubiera podido conocer con motivo de la prestación del servicio.
04. (04) Medidas De Seguridad
El responsable de la instalación deberá adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de las imágenes y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. Por tanto, quien haya contratado los servicios de una empresa de seguridad, ya sea una empresa, una comunidad de propietarios, etc., debe cumplir con el deber de garantizar la seguridad de las imágenes en los términos establecidos por la LOPD y su Reglamento de desarrollo.
Por Ej. puede darse el caso de que la captación de imágenes desborde el marco de la vigilancia y se utilice con fines de selección de personal o para verificar la respuesta a determinados estímulos, en psicología o medicina, con lo que el nivel de seguridad sería medio o alto.
Asimismo cualquier persona que por razón del ejercicio de sus funciones tenga acceso a los datos deberá observar la debida reserva, confidencialidad y sigilo en relación con las mismas. El responsable deberá informar a las personas con acceso a los datos del deber de secreto a que se refiere el apartado anterior.
04. (05) Cancelación De Oficio De Las Imágenes
04. (06) Empresas De Seguridad
• El art. 20 del RSP establece la obligación de formalizar, y notificar a la autoridad competente, un contrato cuando se preste un servicio de seguridad. En el ámbito de la videovigilancia la falta de cumplimiento de dicha obligación supone una falta de legitimación para el tratamiento por parte de la empresa de seguridad.
• La empresa de seguridad privada que realice operaciones de instalación o mantenimiento de los servicios de vigilancia mediante cámaras debe garantizar que tales sistemas cumplan con los requisitos de la LOPD y de la Instrucción 1/2006. En particular su pericia técnica será muy relevante en aspectos como:
1. Inscripción del fichero ante el Registro General de Protección de Datos.
2. La ubicación de distintivos informativos.
3. La definición del espacio vigilado y la orientación de las videocámaras.
4. La adopción de las medidas de seguridad.
• La ausencia de contrato tendrá como consecuencia la falta de legitimación de la instalación.
Sin embargo, a las empresas de seguridad, tengan o no la condición de encargados, les compete el deber de asesorar a los particulares sobre la adecuación a la normativa de protección de datos de las instalaciones de videovigilancia. La Agencia Española de Protección de Datos en el desarrollo de su actividad notificará de oficio las incidencias detectadas a la autoridad gubernativa para su conocimiento y eventual actuación en aplicación de la Ley de Seguridad Privada.
05. Supuestos Específicos
En algunos casos el empleo de técnicas que implican captación de imágenes poseen características específicas a pesar de que estén vinculadas a la seguridad privada:
05. (01) Acceso A Edificios Y Salas De Juego
La realización de controles de acceso a los edificios puede comportar la captación de imágenes. Generalmente se articulan mediante controles en los cuales el afectado se identifica, se obtiene su imagen y se emite un carné, pase o tarjeta de identificación. En estos casos, los datos de carácter personal son recabados por servicios de seguridad tanto en edificios públicos como privados, así como en establecimientos, espectáculos, certámenes y convenciones.
• El responsable del fichero asumirá el cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en la LOPD:
1. Tendrá la consideración de responsable del fichero la persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, u órgano administrativo por cuya cuenta se efectúe la realización del servicio de seguridad.
2. La Instrucción 1/1996 permite también que la empresa de seguridad tenga la consideración de responsable del fichero.
• La recogida de datos efectuada se limitará a la finalidad de realizar controles de acceso.
• Deberá informarse de conformidad con lo establecido en el artículo 5 LOPD.
• Los datos personales no podrán ser utilizados para otros fines ni cedidos fuera de los casos expresamente establecidos en la ley, salvo consentimiento del afectado.
• Los datos serán cancelados cuando haya transcurrido el plazo de un mes, contado a partir del momento en que fueron recabados.
• El responsable del fichero garantizará la adopción de las medidas de seguridad que correspondan.
• Tendrá la consideración de responsable del fichero la sociedad explotadora del casino de juego o la empresa titular de la sala de bingo.
• Deberá cumplirse con el deber de información en la recogida de datos.
• Los datos de carácter personal deberán ser destruidos cuando haya transcurrido el plazo de seis meses, contado a partir de la fecha del último acceso.
05. (02) Entidades Financieras
• Las imágenes estarán exclusivamente a disposición de las autoridades judiciales y de las dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a las que facilitarán inmediatamente aquellas que se refieran a la comisión de hechos delictivos.
• El contenido de los soportes será estrictamente reservado, y las imágenes grabadas únicamente podrán ser utilizadas como medio de identificación de los autores de delitos contra las personas y contra la propiedad.
• En principio las imágenes sólo podrán ser visualizadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los Jueces y Tribunales, por la Inspección de la Agencia Española de Protección de Datos en ejercicio de sus competencias y por el personal legitimado por la Ley de Seguridad Privada.
• En estos ficheros, debido a las anteriores restricciones, el derecho de acceso de los afectados no es posible, sin perjuicio de que quepa invocar en su caso la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos.
• La cancelación se produce transcurridos quince días desde la grabación, salvo que hubiesen dispuesto lo contrario las autoridades judiciales o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes.
• En lo no específicamente previsto por el Reglamento de Seguridad Privada se aplicará el régimen de la LOPD y de la Instrucción 1/2006.
• La presencia de información específica disponible para el público que, eventualmente puede sustituir a la prevista en la Instrucción 1/2006.
• Que los empleados o responsables de la entidad bancaria no accedan a las imágenes en cuyo caso les es de plena aplicación la Instrucción 1/2006. Se exceptúan los casos en los que la entidad disponga de personal propio con la categoría de director de seguridad conforme a Ley de Seguridad Privada y a su Reglamento de desarrollo.
05. (03) Cámaras Con Acceso A La Vía Pública
La legitimación para el uso de instalaciones de videovigilancia se ciñe a la protección de entornos privados. La prevención del delito y la garantía de la seguridad en las vías públicas corresponden en exclusiva a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por tanto la regla general es la prohibición de captar imágenes de la calle desde instalaciones privadas.
• La utilización de instalaciones de videovigilancia en la vía pública se reserva a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en lugares públicos.
• El artículo 4.3 de la Instrucción 1/2006 no constituye una habilitación para captar imágenes en espacios públicos.
• El responsable del fichero adecuará el uso de la instalación de modo que el impacto en los derechos de los viandantes sea el mínimo posible.
• En ningún caso se admitirá el uso de prácticas de vigilancia más allá del entorno objeto de la instalación y en particular en lo que se refiere a los espacios públicos circundantes, edificios contiguos y vehículos distintos de los que accedan al espacio vigilado.
• La señalización garantizará en todo caso los derechos de los afectados.
• Las indicaciones de uso y seguridad facilitados al personal contendrán de modo expreso instrucciones específicas que garanticen un uso adecuado y proporcional de los recursos.
05. (04) Cámaras Conectadas A Internet
• El uso de tales cámaras comporta riesgos adicionales cuando no se configura adecuadamente el uso del programa y/o el entorno de comunicaciones.
• La configuración por defecto del software puede no reunir las garantías de seguridad facilitando el acceso abierto a las imágenes por cualquiera. Deberá revisarse si las funciones de identificación y autenticación se encuentran activadas con el fin de evitar accesos de terceros a las imágenes y de garantizar que sólo acceden los usuarios autorizados.
• Asimismo, la grabación digital permite un uso fácil de las imágenes.
• Es irrelevante el medio técnico empleado. La instalación de cualquier sistema de videovigilancia con fines de seguridad requiere la participación de una empresa de seguridad debidamente autorizada por el Ministerio del Interior.
• El sistema deberá cumplir con el nivel de seguridad que corresponda conforme al RDLOPD y en particular: 1. Se contará con procedimientos de identificación y autenticación de los usuarios del sistema y no se permitirá el acceso de terceros no autorizados.
2. Se garantizará la seguridad en el acceso a través de redes públicas de comunicaciones.
3. Se tendrá en cuenta la naturaleza de la instalación al definir las obligaciones del personal.
05. (05) Entornos Escolares Y Menores
La captación de imágenes en entornos escolares no se encuentra vedada pero requiere adoptar ciertas cautelas. La instalación de cámaras de videovigilancia en un centro escolar con el fin de controlar conductas que puedan afectar a la seguridad ha de ser una medida proporcional en relación con la infracción que se pretenda evitar y, en ningún caso, debe suponer el medio inicial para llevar a cabo funciones de vigilancia. La utilización de estos sistemas debe ser proporcional al fin perseguido, que en todo caso deberá ser legítimo. La instalación de cámaras de videovigilancia sería una medida proporcional y justificada si se cumplen los siguientes requisitos:
• Que se trate de una medida susceptible de conseguir el objetivo propuesto.
• Que no exista otra medida mas moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia.
• Que la misma sea ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto.
• La zona objeto de videovigilancia será la mínima imprescindible abarcando espacios públicos como accesos o pasillos.
• En ningún caso podrán instalarse estos medios en espacios protegidos por el derecho a la intimidad como baños, vestuarios o aquellos en los que se desarrollen actividades cuya captación pueda afectar a la imagen o a la vida privada como los gimnasios.
• Salvo en circunstancias excepcionales, no resulta admisible la captación de imágenes con fines de control de asistencia escolar.
• El uso de videocámaras con fines de seguridad en espacios de juego, aulas y otros ámbitos en los que se desarrolla la personalidad de los menores sólo podrán ser objeto de grabación en presencia de circunstancias excepcionales, justificadas por la presencia de un riesgo objetivo y previsible para la seguridad de los menores.
05. (06) Espacios Públicos De Uso Privado
• En ningún caso resulta admisible la instalación de cámaras en baños o vestuarios.
• Si bien puede resultar justificable el uso de técnicas de videovigilancia en lugares de ocio ésta deberá respetar los derechos de las personas:
1. No grabando conversaciones.
2. No utilizando las imágenes con fines comerciales o promocionales salvo autorización del afectado, y en particular para su emisión a través de Internet.
• En espacios como gimnasios, balnearios o “Spa” etc., pueden captarse imágenes susceptibles de afectar a los derechos a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de datos. Deberán tenerse en cuenta estas circunstancias respetando tales derechos no captándose imágenes de personas identificadas o identificables en los lugares en los que se realiza materialmente la práctica deportiva o se reciban este tipo de servicios.
05. (07) Taxis
La instalación de dispositivos de videovigilancia en los taxis requiere que la cámara la instale una empresa de seguridad privada, que deberá de obtener la autorización del Ministerio del Interior y si la cámara graba deberá de notificarlo previamente a la Agencia Española de Protección de Datos, para su inscripción en el Registro General de la misma, cumpliéndose los demás extremos previstos por la Instrucción 1/2006.
06. Otros Usos Relacionados Con La Seguridad
La legislación vigente habilita para el uso de videocámaras en el contexto de la seguridad pública, la seguridad ciudadana y la prevención del delito, el control y la ordenación del tráfico y la seguridad vial, y la garantía de la seguridad en espectáculos deportivos:
06. (01) Videocámaras De Las Fuerzas Y Cuerpos De Seguridad
• Competencias de las Comisiones de Garantías de la Videovigilancia respecto del informe previo a la autorización, y demás competencias atribuidas por la Ley y el reglamento que la desarrolla.
• Autorización de las instalaciones fijas y de la utilización de videocámaras móviles.
• Registro de instalaciones autorizadas.
• Principio de proporcionalidad en la utilización de las videocámaras en su doble versión de idoneidad y de intervención mínima.
1. La idoneidad determina que sólo podrá emplearse la videocámara cuando resulte adecuado, en una situación concreta, para el mantenimiento de la seguridad ciudadana, de conformidad con lo dispuesto en la Ley.
2. La intervención mínima exige la ponderación, en cada caso, entre la finalidad pretendida y la posible afectación por la utilización de la videocámara al derecho al honor, a la propia imagen y a la intimidad de las personas.
3. La utilización de videocámaras exigirá la existencia de un razonable riesgo para la seguridad ciudadana, en el caso de las fijas, o de un peligro concreto, en el caso de las móviles.
4. No se podrán utilizar videocámaras para tomar imágenes ni sonidos del interior de las viviendas, ni de sus vestíbulos, salvo consentimiento del titular o autorización judicial, ni en lugares en lugares públicos, abiertos o cerrados, cuando se afecte de forma directa y grave a la intimidad de las personas, así como tampoco para grabar conversaciones de naturaleza estrictamente privada.
• Puesta de las imágenes captadas a disposición de la autoridad administrativa o judicial competente.
• Periodo para la conservación de las imágenes y destrucción de las mismas.
• Señalización de las zonas vigiladas.
• Ejercicio de los derechos de acceso y cancelación.
• Infracciones y sanciones relacionadas con el desarrollo de la actividad policial.
• Creación de los ficheros mediante una disposición de carácter general publicada en el diario oficial que corresponda.
• Inscripción ante el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos.
• Adopción de medidas de seguridad y documentación de las mismas.
• Comunicaciones de datos a cesionarios distintos de las autoridades administrativas o judiciales competentes, en relación con las infracciones o delitos eventualmente registrados.
• Contratos de acceso a los datos por cuenta de terceros.
• Infracciones y sanciones relacionadas con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999.
• Instalaciones fijas de videocámaras que realicen las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en sus inmuebles, siempre que éstas se dediquen exclusivamente a garantizar la seguridad y protección interior o exterior de los mismos.
• Las unidades de Policía Judicial reguladas en la legislación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuando, en el desempeño de funciones de policía judicial en sentido estricto, realicen captaciones de imágenes y sonidos mediante videocámaras, se regirán por la Ley de Enjuiciamiento Criminal y por su normativa específica.
06. (02) Videocámaras Con Fines De Control De Tráfico
• Las cámaras deberán utilizarse con respeto al principio de proporcionalidad en su doble versión de idoneidad y de intervención mínima.
• Corresponderá a las Administraciones públicas con competencia para la regulación del tráfico, autorizar la instalación y el uso de estos dispositivos.
• La resolución que ordene la instalación y uso de los dispositivos fijos de captación y reproducción:
1. Identificará genéricamente las vías públicas o los tramos de aquellas cuya imagen sea susceptible de ser captada.
2. Las medidas tendentes a garantizar la preservación de la disponibilidad, confidencialidad e integridad de las grabaciones o registros obtenidos.
3. El órgano encargado de su custodia y de la resolución de las solicitudes de acceso y cancelación.
En cualquier caso, en el caso de estas videocámaras resulta de plena aplicación el conjunto de lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en particular: • Creación de los ficheros mediante una disposición de carácter general publicada en el diario oficial que corresponda.
• Satisfacción de los derechos de las personas.
• Señalización del espacio vigilado.
06. (03) Espectáculos Deportivos
El artículo 61 del Real Decreto 769/1993, de 21 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento para la Prevención de la violencia en los espectáculos deportivos contempla la existencia de circuitos cerrados de televisión. Estos circuitos contarán con cámaras fijas y móviles.
• Las cámaras fijas controlarán el exterior e interior del recinto, cubriendo las zonas de acceso y las gradas y proporcionando una visión total de aquél.
• Las cámaras móviles se situarán en los espacios que el Coordinador de Seguridad estime necesario controlar especialmente en cada acontecimiento deportivo.
• El circuito cerrado de televisión dispondrá, asimismo, de medios de grabación para registrar las actitudes de los asistentes y el comportamiento de los grupos violentos.
• El titular de la instalación será responsable del fichero.
• Deberán cumplirse todas las previsiones de la Instrucción 1/2006.
07. Uso De Videocámaras Con Fines De Control Empresarial
• El tratamiento se limitará a las finalidades previstas por el Estatuto de los Trabajadores, y/o en todo caso a finalidades legítimas reconocidas por la normativa vigente, debiendo cumplir en este último caso adicionalmente las previsiones específicas que sean de aplicación.
• Respetarán de modo riguroso el principio de proporcionalidad:
1. Se adoptará esta medida cuando no exista otra más idónea.
2. Las instalaciones, en caso de utilizarse, se limitarán a los usos estrictamente necesarios captando imágenes en los espacios indispensables para satisfacer las finalidades de control laboral.
3. No podrán utilizarse estos medios para fines distintos de los propios del control laboral salvo que se trate de fines legítimos y se adopten las medidas pertinentes para el cumplimiento de la normativa que les sea de aplicación.
• Tendrán en cuenta los derechos específicos de los trabajadores respetando:
1. Los derechos a la intimidad y el derecho fundamental a la protección de datos en relación con espacios vetados a la utilización de este tipo de medios como vestuarios, baños, taquillas o zonas de descanso.
2. El derecho a la propia imagen de los trabajadores.
3. La vida privada en el entorno laboral no registrando en particular las conversaciones privadas.
• Se garantizará el derecho a la información en la recogida de las imágenes: 1. Con información específica a la representación sindical. 2. Mediante el cartel anunciador y el impreso establecidos por la Instrucción 1/2006. 3. Mediante información personalizada.
• Se procederá en su caso a la creación y/o inscripción del correspondiente fichero.
• Se garantizará la cancelación de las imágenes en el plazo máximo de 30 días y únicamente podrán conservarse aquellas que registren una infracción o incumplimiento de los deberes laborales.
• Se garantizarán los derechos de acceso y cancelación.
• Se formalizarán en su caso contratos de acceso a los datos por cuenta de terceros.
• Se adoptarán las correspondientes medidas de seguridad.
08. Otros Tratamientos
08. (01) Tratamientos En Entornos Escolares Con Fines Distintos De La Seguridad
• Se aplican los principios generales de la LOPD.
• El consentimiento para el tratamiento de datos de los menores se encuentra regulado en el artículo 13 RDLOPD y exige la autorización paterna, materna o del representante legal cuando se trate de menores de edad.
• Debe definirse con precisión la finalidad para la captación de tales imágenes, que en todo caso respetará el principio de proporcionalidad y adecuación, y en particular los usos adicionales con fines promocionales o de marketing, memorias escolares de actividad, o websites públicos del centro.
• Deben informarse adecuadamente y respetarse los derechos de los trabajadores afectados por el uso de videocámaras como monitores, profesores, personal de limpieza etc.
• Deberá garantizarse la seguridad y el secreto, en particular cuando el acceso a las imágenes se produzca online.
• En aquellos casos en los que se facilite acceso a un colectivo, como el de todos los padres de un aula:
1. Deberán definirse los perfiles de acceso que, por ejemplo, debería limitarse a los entornos en los que se encuentren sus hijos, nunca a otras aulas. 2. Deberá informarse a los padres de las responsabilidades que les incumben por el acceso a los datos.
08. (02) Videoporteros
Por tanto, en aquellos casos en los que la utilización de videoporteros se limite a su función de verificar de la identidad de la persona que llamó al timbre y a facilitar el acceso a la vivienda, no será de aplicación la normativa sobre protección de datos. Sin embargo, si el servicio se articula mediante procedimientos que reproducen y/o graban imágenes de modo constante, y resultan accesibles ya sea a través de Internet o mediante emisiones por la televisión de los vecinos, y en particular cuando el objeto de las mismas alcance al conjunto del patio y/o a la vía pública colindante, resultará de plena aplicación la Instrucción 1/2006
08. (03) Investigación Científica Y Usos Afines
08. (04) Promoción Turística Y Finalidades Relacionadas
08. (05) Reglas Generales
• Deberá contarse con una habilitación legal o requerir el consentimiento de los afectados.
• Si se trata de entornos en los que puedan captarse imágenes de trabajadores, deberán tenerse en cuenta que las normas laborales contienen criterios y garantías respecto de sus derechos y deberes.
• Se informará de la existencia de instalaciones destinadas a captar las imágenes y su finalidad turística o promocional y no podrán utilizarse para finalidades distintas.
• Se adoptarán las oportunas medidas de seguridad.
• En los casos en los que las imágenes sean libremente accesibles en Internet es recomendable establecer políticas de privacidad estableciendo, de modo particular, las condiciones de uso para los terceros.
09. Derechos De Las Personas
• Requiere aportar como documentación complementaria el aportar una imagen actualizada que permita al responsable verificar y contrastar la presencia del afectado en sus registros.
• Resulta prácticamente imposible acceder a imágenes sin que pueda verse comprometida la imagen de un tercero. Por ello puede facilitarse el acceso mediante escrito certificado en el que, con la mayor precisión posible y sin afectar a derechos de terceros, se especifiquen los datos que han sido objeto de tratamiento.
• Si se ejerciese el derecho de acceso ante el responsable de un sistema que únicamente reproduzca imágenes sin registrarlas deberá responderse en todo caso indicando la ausencia de imágenes grabadas.
• La cancelación solicitada por el afectado se rige por lo previsto en la LOPD sin especialidad alguna.
• No debe olvidarse que conforme a las previsiones del RDLOPD en caso de denegación de un derecho deberá indicarse expresamente la posibilidad de reclamar su tutela ante el Director de la Agencia Española de Protección de Datos.
La utilización de instalaciones de videovigilancia para captar, grabar o reproducir imágenes relativas a personas identificadas o identificables constituye una práctica que puede afectar a los derechos fundamentales y en particular al derecho fundamental a la protección de datos. Por ello es conveniente tener en cuenta algunas recomendaciones que se deducen del contenido de esta guía:
• La elección de este tipo de medios debe responder siempre al principio de proporcionalidad descartándose la videovigilancia cuando existan medidas menos lesivas para los derechos fundamentales.
• El análisis de la proporcionalidad de la medida será especialmente riguroso en entornos sensibles ya sea por la naturaleza de los sujetos objeto de la vigilancia, como los menores en ámbitos como el escolar, ya sea porque en ellos se den manifestaciones de vida privada, como en locales de ocio o gimnasios.
• En caso de utilizar la videovigilancia con fines de seguridad privada deberá recurrirse siempre a empresas de seguridad.
• El responsable, empresa, institución, comunidad de propietarios etc. debe ser diligente en la elección de la empresa de seguridad que le preste servicios que deberá reunir todos los requisitos legales para ello.
• La empresa de seguridad debería asesorar diligente y lealmente a quien requiera sus servicios incluyendo dicho asesoramiento en las cuestiones relativas a la normativa de protección de datos.
• En el ámbito laboral deberá garantizarse el respeto de los derechos de los trabajadores.
• En cualquier caso, el responsable y el encargado deberán velar por el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales y cualquier otra norma aplicable.
¿El uso de una videocámara para grabar imágenes de la vida familiar esta sometido a la Instrucción 1/2006?
No, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de los datos de carácter personal, y por tanto también lo dispuesto en la Instrucción no se aplica al tratamiento de imágenes por personas físicas en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas, incluidos actos sociales como celebraciones escolares o colectivas.
Ahora bien, si las videocámaras se instalan con la finalidad de garantizar la seguridad de la vivienda sí deberá cumplirse lo dispuesto en la Instrucción 1/2006, particularmente cuando se trate de espacios comunes en comunidades de vecinos, urbanizaciones privadas o cuando afecte al personal que presta sus servicios en el interior del domicilio.
Resulta imprescindible formalizar un contrato con la empresa de seguridad teniendo en cuenta que si accede a las imágenes o utiliza los equipos e instalaciones tendrá la condición de encargado del tratamiento. Por otra parte, existen obligaciones como garantizar los derechos de los titulares de las imágenes y la seguridad de los sistemas.
No, la señal debe identificar la zona vigilada de modo que no se produzca el acceso de las personas sujetas a la videovigilancia sin la oportunidad de conocer la existencia de las videocámaras. Esto no supone en ningún caso identificar la ubicación concreta de cada cámara.
El objetivo de la Instrucción es que se utilice siempre que exista una instalación de videovigilancia con fines de seguridad. Sin embargo nada excluye el que el procedimiento de información que establece la Instrucción 1/2006 pueda resultar efectivo en otros contextos.
Como regla general es imprescindible que se identifique al responsable. En determinados entornos, como la entrada de una tienda o pequeño negocio, en los que el responsable es el propietario del establecimiento la simple ubicación del cartel permite establecer la identidad del responsable. Pero si no se dan estas circunstancias, o el espacio se presta a confusión, como en un centro comercial cuando sea muy difícil identificar quien es el responsable del tratamiento, no serviría la mera mención de existencia de un sistema de videovigilancia y se exigiría que contuviese la identificación del mismo, tal y como dispone el art. 3 de la Instrucción 1/2006.
¿La captación de imágenes en un entorno escolar se encuentra sujeta a la Instrucción 1/2006?
Debe distinguirse entre las finalidades propias de la seguridad de otras finalidades. En el primer caso, la instalación de videocámaras en accesos, patios, o zonas públicas de un colegio no destinadas a finalidades docentes, el criterio aplicable es el de la Instrucción 1/2006. No ocurrirá así en instalaciones dedicadas a fines docentes, como las aulas en los que en principio no parece que la seguridad pueda ser un criterio legitimador. Por tanto en éste último caso, se requerirá el consentimiento de los titulares de los datos personales que, cuando sean menores de 14 años deberá prestarse por sus padres o representantes legales sin perjuicio del deber adicional de respeto a los derechos del personal que preste sus servicios en el aula.
Así, por ejemplo, cuando el responsable del tratamiento sea una Comunidad de Propietarios o similar, deberá designarse la persona o personas concretas (por ejemplo conserje y presidente) que puedan visionar las imágenes. Los circuitos cerrados de televisión visionados por todos los propietarios resultan desproporcionados y pueden constituir una infracción.
Patrullas y Servicio
Acuda con custodia
¿No se puede costear
Operatividad de Enerpro