Source: https://doctrina-administrativa.vlex.es/vid/resolucion-18-diciembre-2018-760060617
Timestamp: 2019-02-19 03:19:39
Document Index: 122158354

Matched Legal Cases: ['artículo 19', 'artículo 98', 'artículo 1', 'artículo 1280', 'artículo 3', 'artículo 57', 'artículo 98', 'artículo 60']

Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Mijas n.º 3 a inscribir una escritura de compraventa. - Doctrina Administrativa - VLEX 760060617
PODER OTORGADO EN EL EXTRANJERO: el Notario es quien da el juicio de suficiencia y de la necesaria equivalencia, por lo que, si el Registrador disiente de la equivalencia apreciada ha de haber una motivación expresa, adecuada y suficiente, probando el Derecho extranjero, sin que sea suficiente una manifestación genérica.
Visto por Francisco José Castaño Bardisa, Registrador de la Propiedad número tres de Mijas, el procedimiento registral identificado con el número de entrada 6333/2018, iniciado como consecuencia de presentación en el mismo Registro, por don José Ordóñez Cuadros de los documentos que obran en dicho procedimiento, en virtud de solicitud de inscripción.
Un documento público extranjero no dictado por un órgano judicial es título para inscribir el hecho o acto de que da fe siempre que cumpla los siguientes requisitos: a) Que el documento ha sido otorgado por autoridad extranjera competente conforme a la legislación de su Estado, b) Que la autoridad extranjera haya intervenido en la confección del documento desarrollando funciones equivalentes a las que desempeñan las autoridades españolas en la materia de que se trate y surta los mismos o más próximos efectos en el país de origen, c) Que el hecho o acto contenido en el documento sea válido conforme al ordenamiento designado por las normas españolas de Derecho internacional privado, d) Que la inscripción del documento extranjero no resulte manifiestamente incompatible con el orden público español
Teniendo en cuenta lo antes expresado, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria y a tenor de lo dispuesto en los artículos 7 y 8 del Real Decreto 1039/2003, de 1 de agosto, confirmo la calificación del registrador sustituido y me remito a la posibilidad de interponer recurso gubernativo o judicial en los términos que se indican en la nota de calificación dictada en su día por el Registrador sustituido
(…) Primero. Disposiciones legales aplicables y Resoluciones de esa Dirección General. Se invocan como tales los siguientes:
Sexto. Interés general del recurso. Este recurrente quiere, por último, poner de relieve la importancia que puede tener la resolución de este recurso, pues es difícilmente entendible para los operadores jurídicos de zonas turísticas que en unos Registros valgan los poderes suecos, noruegos y daneses y en otros no se consideren equivalentes a los españoles y, por tanto, no valgan, situación que es la que se está produciendo en la Costa del Sol malagueña
La cuestión que se plantea en el presente expediente hace referencia al alcance de la calificación registral de un poder otorgado en Suecia que el notario español juzga suficiente para la autorización de una escritura pública, con expresión del juicio exigido en el artículo 98 de la Ley 24/2001.
Como afirmó la Resolución de esta Dirección General de 14 de septiembre de 2016, en materia de ley aplicable a la representación no resulta de aplicación el Reglamento (CE) 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, en cuanto su artículo 1.2.g, excluye de su ámbito de aplicación (además de los supuestos de representación orgánica), la posibilidad para un intermediario de obligar frente a terceros a la persona por cuya cuenta pretende actuar, por lo que estará asimismo excluida su representación documental.
Procede por tanto examinar la valoración documento público extranjero de representación con arreglo a la legislación española, teniendo en cuenta, que el derecho español exige, en ciertos casos (como en el supuesto del artículo 1280.5 del Código Civil), que conste en documento público el poder que «(…) tenga por objeto un acto redactado o que deba redactarse en escritura pública, o haya de perjudicar a tercero» (cfr. artículo 3 de la Ley Hipotecaria).
Con el alcance expuesto, la regla de la equivalencia de funciones excluye los documentos extrajudiciales generados en aquellos sistemas en los cuales la intervención de los mismos, aun cualificada, corre a cargo de quienes no tienen encomendada la función, y sin que sea posible en tales supuestos su adecuación mediante la actuación del notario español (artículo 57 de la Ley 29/2015, de 30 de junio, de cooperación jurídica internacional en materia civil).
Como ya señalara este Centro Directivo en Resolución de 23 de febrero de 2015, la utilización de apoderamientos otorgados fuera de España es constante en la práctica notarial habida cuenta de la internacionalización de las relaciones económicas. Puede considerarse por tanto habitual y en ningún caso excepcional.
Desde la perspectiva formal, la legalización, la apostilla en su caso, cuando no se produzca la excepción de ambos –por ejemplo, en el Reglamento (UE) 2016/1191, en su ámbito de aplicación–, constituyen un requisito para que el documento autorizado ante funcionario extranjero pueda ser reconocido como auténtico en el ámbito nacional.
También ha puesto de relieve este Centro Directivo que este juicio de equivalencia no es lo mismo que el juicio de suficiencia del artículo 98 de la Ley 24/2001, aunque cuando se realiza expresamente éste para el acto o negocio que se autoriza implica cabalmente aquél. Y que, siendo juicios distintos, el de suficiencia y el de equivalencia, aquél cuando se produce de forma expresa necesariamente ha de implicar el de que el poder es equivalente.
En el caso de este expediente se expresa por el notario español que se le ha exhibido el poder, con identificación de la notaria extranjera interviniente, debidamente apostillado, que contiene facultades suficientes para comprar bienes inmuebles y que considera «además, que reúne requisitos equivalentes a los exigidos por la legislación española, al haber sido autorizado por notario en desarrollo de funciones equivalentes a las del notario español y contener juicio de identidad y de capacidad de los otorgantes». Así, la escritura pública de compraventa presentada a inscripción reseña el conjunto de aspectos del documento representativo extranjero que son necesarios para calificar su eficacia formal, pues resultan no sólo los datos de identificación del documento sino también el hecho de que se encuentra redactado en doble columna en idioma inglés y español, así como que está apostillado. Además, contiene un juicio notarial de suficiencia de las facultades representativas acreditadas, así como un juicio explícito respecto de los requisitos materiales que permiten afirmar –parafraseando el citado artículo 60 de la Ley 29/2015– que la notaria extranjera ha intervenido en la confección del documento desarrollando funciones equivalentes a las que desempeñan las autoridades españolas en la materia de que se trata y surte el poder que autoriza los mismos o más próximos efectos en el país de origen y por tanto es susceptible de adecuarse al ordenamiento jurídico español.