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Timestamp: 2020-05-24 22:01:35
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Matched Legal Cases: ['artículo 89', 'artículo 86', 'artículo 89', 'artículo 88', 'artículo 86', 'artículo 2', 'artículo 89', 'artículo 93', 'artículo 2', 'artículo 86', 'artículo 89', 'artículo 89', 'artículo 89', 'artículo 93']

Recortes de Prensa Jueves 12 Febrero 2009
Malas noticias del Tribunal Supremo
Nota del Editor 12 Febrero 2009
El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación contra fallo desestimatorio del TSJG contra los artículos 2 y 13 del Decreto 124/2007, de 28 de junio, de la Junta de Galicia, por el que se regula el uso y la promoción del gallego en el sistema educativo.
"Recurso Num.: 685/2008 RECURSO CASACION
Ponente Excmo. Sr.D. Ramón Trillo Torres
Secretaría de Sala: Ilma. Sra. Dña. Mercedes Fernández-Trigales Pérez
PRIMERO.- Por la Procuradora de los Tribunales Dª. María Luz Albácar Medina, en nombre y representación de la "Asociación Gallega por la Libertad del Idioma" (AGLI), se ha interpuesto recurso de casación contra la Sentencia de 21 de noviembre de 2007, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Sección Primera), dictada en el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales nº 3/2007, sobre impugnación de los artículos 2 y 13 del Decreto 124/2007, de 28 de junio, de la Junta de Galicia, por el que se regula el uso y la promoción del gallego en el sistema educativo.
SEGUNDO.- Por Providencia de fecha 11 de julio de 2008 se acordó conceder a la parte recurrente el plazo de diez días para que formulara alegaciones sobre la posible causa de inadmisión del recurso -defectuosa preparación del mismo- opuesta por la representación procesal de la recurrida Junta de Galicia en su escrito de personación ante esta Sala. El mencionado trámite ha sido evacuado por la parte recurrente.
PRIMERO.- La Sentencia impugnada desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la "Asociación Gallega por la Libertad del Idioma" (AGLI) contra los artículos 2 y 13 del Decreto 124/2007, de 28 de junio, de la Junta de Galicia, por el que se regula el uso y la promoción del gallego en el sistema educativo.
SEGUNDO.- En relación con la causa de inadmisión -por defectuosa preparación- opuesta por la recurrida al tiempo de comparecer ante este Tribunal, hay que señalar, que como esta Sala tiene reiteradamente declarado, el articulo 86.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, dispone que las sentencias que, siendo susceptibles de casación por aplicación de los apartados precedentes, hayan sido dictadas por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia sólo serán recurribles en casación si el recurso pretende fundarse en infracción de normas de Derecho estatal o comunitario europeo que sea relevante y determinante del fallo recurrido, siempre que hubieran sido invocadas oportunamente en el proceso o consideradas por la Sala sentenciadora, preceptuando el artículo 89.2 de la expresada Ley, a propósito del escrito de preparación, que en el supuesto previsto en el artículo 86.4 habrá de justificarse que la infracción de una norma estatal o comunitaria europea ha sido relevante y determinante del fallo de la sentencia.
La vigente Ley de esta Jrisdicción no hace sino ratificar y ampliar, pues, una consolidada doctrina jurisprudencia! surgida bajo el imperio de la Ley anterior (Autos de 14 de junio, 5 y 20 de julio, 17 de noviembre y 4 de diciembre de 1998 y 16 de marzo, 17 de mayo y 21 de junio de 1999, entre otros muchos).
TERCERO.- En el recurso examinado, el escrito de preparación no se ajusta a lo que dispone el artículo 89.2, pues en el mismo se dice lo siguiente: "El motivo en que va a fundamentarse el recurso de casación es el establecido en el artículo 88.1 apartado d) de la LJCA. Y a efecto de lo dispuesto en el artículo 86.4 de la LJCA en relación con su art. 89.2, se expresa que ninguna de las normas del Ordenamiento Jurídico infringidas por la Sentencia –que fueron las que se invocaron por esta parte a lo largo del proceso en fundamento de su pretensión- emanan de la Comunidad Autónoma que dictó los preceptos del Decreto que se impugnan (arts. 2 y 13 del Decreto n° 124/2007 de 28 de Junio, por el que se regula el uso y promoción del gallego en el sistema educativo), ya que al tratarse el presente recurso sobre vulneración de derechos fundamentales, las normas infringidas son las que consagran los mismos, en concreto, el articulo 14 de la Constitución (principio de igualdad), con relación a los artículos 3 y 27 del mismo cuerpo legal, y, ya que la Sentencia impugnada entiende como no vulnerados por los reseñados preceptos del consignado Decreto autonómico, ello determina y justifica que la infracción de las meritadas normas constitucionales ha sido relevante y determinante del fallo de la resolución judicial objeto de recurso. Por otro lado, la Sentencia impugnada tampoco resuelve la cuestión litigiosa expresada en la improcedente obligación del uso de la lengua regional en las comunicaciones entre el personal docente que determina el artículo 2 del Decreto reseñado, y que determina la vulneración de los derechos fundamentales invocados por esta parte".
Por tanto, es evidente que no se ha efectuado el juicio de relevancia exigido por el artículo 89.2, pues aunque en el escrito de preparación del recurso se citan los concretos preceptos constitucionales que se entienden infringidos, en modo alguno se justifica que la infracción de una norma de Derecho estatal o comunitario europeo haya tenido relevancia, determinando el fallo recurrido. A dichos efectos, no basta la cita de las normas que se reputan infringidas, ni tampoco una mera afirmación apodíctica de su pretendida infracción, sino que debe razonarse que la infracción de las expresadas normas ha sido relevante y determinante del fallo, haciendo explícito cómo, por qué y de qué forma la infracción de una norma estatal ha influido y ha sido determinante del fallo, lo que lleva a la conclusión de que el presente recurso debe ser inadmitido, de conformidad con lo previsto en el artículo 93.2.a), en relación con el 89.2, de la mencionada Ley, por haber sido defectuosamente preparado.
Por otra parte, aunque la Sala advierte en el escrito de preparación el esbozo de la formulación de un motivo de casación al amparo del art. 88.1.c), por infracción de las normas reguladoras de la sentencia (incongruencia omisiva), al señalar en aquel escrito la "Asociación Gallega por la Libertad del Idioma" (AGLI) que la sentencia impugnada tampoco resuelve la cuestión litigiosa expresada en la improcedente obligación del uso de la lengua regional en las comunicaciones entre el personal docente que determina el artículo 2 del Decreto reseñado, y que determina la vulneración de los derechos fundamentales invocados por esta parte", lo cierto es que tampoco se podría sustentar la admisión del recurso con base en él, puesto que no ha sido desarrollado en el escrito de interposición.
CUARTO.- No obstan a esta conclusión las alegaciones vertidas por la parte recurrente en el trámite de audiencia pues el artículo 86.4 condiciona la recurribilidad de las sentencias dictadas por los Tribunales Superiores de Justicia -que sean susceptibles de casación- a que el recurso, es decir, el escrito de interposición del mismo, pretenda fundarse en infracción de normas de Derecho estatal (o comunitario europeo) que sea relevante y determinante del fallo recurrido, y es justamente tal condicionamiento, en cuanto afecta a la impugnabilidad de la sentencia, el que determina que en el articulo 89.2 se exija al recurrente justificar en el trámite inicial del procedimiento impugnatorio -en el escrito de preparación del recurso- que la infracción de las normas jurídicas hábiles, que en su día podrán hacerse valer como fundamento del recurso de casación, ha sido relevante y determinante de la sentencia. En otras palabras, el juicio de relevancia tiene su sede propia en el escrito de preparación del recurso, cumpliendo la función de acotar las infracciones normativas que habrán de servir para articular los motivos de casación y haciendo explícito cómo, porqué y de qué forma ha influido y ha sido determinante del fallo.
A lo que debe añadirse que la inobservancia del artículo 89.2 afecta a la sustancia misma del escrito de preparación -no se trata de un defecto formal- razón por la que no puede subsanarse en actuaciones posteriores sin desnaturalizar su significado.
QUINTO.- Por otra parte, se ha de tener en cuenta que la carga que al recurrente impone el artículo 89.2 no debe ser confundida con la sucinta exposición, también necesaria, de los requisitos de forma a que se refiere el artículo 89.1, a lo que ha de añadirse que es jurisprudencia de esta Sala, a propósito del significado de la expresada carga procesal, que no se trata de articular en el escrito preparatorio del recurso el motivo o motivos que han de servir de fundamento al recurso de casación, lo que constituye el contenido propio del escrito de interposición, sino de anunciar la norma o normas jurídicas concretas, de derecho estatal o comunitario europeo, que la parte recurrente entiende han sido infringidas por la sentencia y de justificar, eso sí, que su infracción, que en la fase de preparación se da por supuesta, es relevante y determinante del fallo.
Por lo demás, la circunstancia de que se haya tenido por preparado el recurso en la instancia no cambia las cosas, ya que el sistema de recursos es el establecido en la ley, a lo que debe añadirse que aunque la defectuosa preparación del recurso debe examinarse por la Sala de instancia, es al Tribunal Supremo a quien corresponde definitivamente pronunciarse al respecto.
SEXTO.- Al ser inadmisible el recurso de casación, las costas procesales causadas deben imponerse a la parte recurrente, como dispone el artículo 93.5 de la Ley Jurisdiccional, declarándose que la cantidad máxima a reclamar en concepto de honorarios de letrado por la parte recurrida es de 1.000 euros, atendida la actividad profesional desarrollada por dicho letrado en este recurso de casación, al igual que esta Sala ha resuelto en supuestos similares.
LA SALA ACUERDA: declarar la inadmisión del recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la "Asociación Gallega por la Libertad del Idioma" (AGL1) contra la Sentencia de 21 de noviembre de 2007, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Sección Primera), dictada en el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales n° 312007; con imposición a la parte recurrente de las costas procesales causadas en este recurso, señalándose como cantidad máxima a reclamar por la parte recurrida en concepto de honorarios de letrado, la cantidad de 1.000 euros.
Lo mandó la Sala y firman los Magistrados Excmos. Srs. al inicio designados".
Y nosotros, como siempre, dejamos aquí constancia del atropello, sin llegar a entender la necesidad de explicar a algunos juristas, salvo que se tratara de marcianos, de qué modo las autonomías que han hecho impropia la lengua española, conculcan los derechos constitucionales de los español-hablantes. El equipo legal estudia el fallo y determinará los pasos a seguir. Y si algún alma caritativa cree que vale la pena lo que hacemos, y además tiene algo de parné (con ambas propiedades, debe tratarse de un especimen sumamente raro), puede hacer su donativo en la cuenta de la asociación.
J. Cacho El Confidencial 12 Febrero 2009
En la tarde del martes, en plena comparecencia en el Congreso del presidente Zapatero, alguien se acercó a la cabecera de la bancada popular que ocupa Mariano Rajoy para soplarle al oído la especie de que el ministro de Justicia, Fernández Bermejo, y el juez Garzón, habían compartido fin de semana de caza y francachela en una finca de Torres, pueblo natal del magistrado en Jaén, el líder del PP levantó la mano pidiendo prudencia: “Alto ahí y que nadie se mueva. Esto hay que comprobarlo bien, que estos son capaces de tendernos una trampa, incluso de colar un doble de Garzón en la montería para que nos metamos en un charco”.
Más que la petición del levantamiento del secreto de sumario y la comparecencia en el Congreso del fiscal general del Estado para que explique "el trato desigual" que otorga a los distintos partido, la decisión que se antoja más grave de las adoptadas por el PP es la ruptura de la interlocución con el ministerio de Justicia: “Por sentido de la responsabilidad, el PP no seguirá en el pacto por la Justicia suscrito con el Gobierno mientras Fernández Bermejo sea ministro de Justicia”. Algo que supone la ruptura de todos los consensos y parece abocar al país a una crisis sistémica de proporciones desconocidas.
El oportunismo del socialismo zapaterino no conoce límites. Y ahí debe residir el quid de su éxito. Conforma un torbellino que acaba por banalizar y digerir hasta las más zafias de sus maniobras.
Cristina Losada Libertad Digital 12 Febrero 2009
¿Existe una sinergia entre el nazionalismo institucional y los nazionalistas ultraviolentos?
JUAN JULIO ALFAYA Periodista Digital 12 Febrero 2009
Hace ya tiempo leí en "El árbol y las nueces", de Carmen Gurruchaga e Isabel San Sebastián, una frase de siniestro y jesuítico Arzalluz que define claramente la sinergia entre los nazionalistas institucionales y los nazionalistas violentos. Dice así: "No conozco ningún pueblo que haya alcanzado su liberación sin que unos arreen y otros discutan. (...) Unos sacuden el árbol, pero sin romperlo, para que caigan las nueces, y otros las recogen para repartirlas". Las palabras de Arzalluz fueron pronunciadas en una reunión secreta del ex-jesuita con ETA. Ya saben que ETA tiene la manía de grabar, anotar y archivar absolutamente todo lo que se dice en sus reuniones, asumiendo el riesgo que esto supone para la banda terrorista en caso de que dicho material sea intervenido por la policía, que es lo que sucedió en este caso.
UPyD insinúa que existe "un reparto de tareas entre el nacionalismo que reparte subvenciones y el ultraviolento". Yo creo que están en lo cierto, salvo que los nazionalistas de ambos estilos no son tan tontos como para dejar el menor rastro que demuestre el más mínimo vínculo organizativo entre ellos. A mi entender, los papeles están repartidos de la siguiente manera:
1º EL NAZIONALISMO INSTITUCIONAL: Está representado por el BNG y su sindicato CIG.
2º LA TRAMA SUBVENCIONADA: Está constituida por las mil y una organizaciones subvencionadas por la Junta de Galicia tipo Mesa por la Normalización Lingüística, que preside Carlos Callón, los grupúsculos pseudoculturales, las publicaciones que no venden ni un solo ejemplar, las editoriales en gallego, etc.
3º LOS GRUPOS ULTRAVIOLENTOS: Éstos no mantienen ninguna relación organizativa con el BNG ni con la CIG, pero realizan el trabajo sucio del nazionalismo institucional atemorizando y acosando a quienes defendemos la libertad y la democracia como si fuésemos nosotros los verdaderos responsables de la violencia desencadenada por ellos y sólo por ellos.
El comunicado de prensa de UPyD dice textualmente: "No queremos sospechar la existencia de un reparto de tareas entre el nacionalismo que reparte subvenciones y molinos de viento y el nacionalismo ultraviolento que trata de evitar la existencia de cualquier oposición civil y democrática". Pues un servidor tiene la absoluta seguridad de que este reparto de tareas existe y es tan real como la mala leche y la paranoia de Carlos Callón, pero los lazos organizativos entre unos y otros nunca se podrán demostrar porque, a diferencia de las detalladas actas de las reuniones de ETA con sus colaboradores, aquí no existe nada de eso.
Verán cómo en un futuro asistiremos al crecimiento de grupos neonazis muy bien organizados cuyos actos violentos nunca van a ser condenados ni cuestionados por los nazionalistas institucionales, del mismo modo que Galicia Bilingüe todavía no ha condenado ni se ha cuestionado, ¡¡¡a estas alturas!!!, el hecho de que el PPdeG no haya hecho el menor atisbo de denuncia o corrección de su Ley de Normalización Lingüística de 1983, a pesar de que esta reivindicación está en la base ideológica de la asociación cívica bilingüista.
Ya es hora de que alguien diga cuatro verdades imprescindibles sobre lo que funciona, en lugar de dedicarse a satisfacer a los grupos con intereses creados y a decir dulzuras al oído del contribuyente esperando que sus descendientes paguen la factura.
GEES Libertad Digital 12 Febrero 2009
Con las tormentas financieras del otoño, los grandes del mundo más Zapatero se reunieron en el G20. Ante el alborozo general y pasadas las fiebres de la reconstrucción del capitalismo, acordaron poca cosa, pero dijeron que una era esencial y que de ella no se desviarían: no habría proteccionismo. El comunicado de la cumbre del 15 de noviembre de 2008, dice así: "Subrayamos la importancia crítica de rechazar el proteccionismo y de no girarnos hacia nosotros mismos en tiempos de incertidumbre financiera".
Desde entonces, al grito de guerra "hay que actuar y hay que hacerlo ahora", la mayoría de las naciones civilizadas, y las que vamos dejando de serlo, han puesto en marcha un programa mercantilista que haría ruborizarse a Colbert, el precursor del invento. Por de pronto, no hay banco occidental que no haya incluido en sus cuentas de ingresos partidas de dinero público en los últimos meses. Bien es cierto que no es lo mismo la entrega sin condiciones de la cartera de los contribuyentes que se ha hecho en España al préstamo con interés que ha hecho Francia. En ello hemos demostrado que podemos ser aún más estatistas que los franceses, pero eso sí sin obtener contrapartida alguna para quien hace el esfuerzo económico. Faltaría más.
Además de lo anterior han florecido los planes de estímulo porque nadie va a ser más papista que el Papa, y como los Estados Unidos han echado las piernas por alto no se ve razón para que los que tradicionalmente son menos dinámicos y menos confiados en la economía de mercado sean más ortodoxos que los americanos. Comenzaron por ayudar a dos de las tras grandes compañías automovilísticas y han terminado por repartir una barbaridad de dinero entre diversos grupos de presión, empresas cercanas al poder y alguna que otra infraestructura. En la UE parecía que la vigencia de los tratados comunitarios que tienen como esencia el mercado único y la prohibición de las ayudas de Estado salvo en concretas circunstancias iba a impedir la marea. Pero no. Hete aquí que Sarkozy va a entregar préstamos notables a las empresas que fabrican los coches franceses, a cambio de que no se lleven las plantas a la República Checa que, casualidades de la vida, resulta que preside este semestre la UE. La Europa rica no contenta con dejar esperar largo tiempo a la del Este antes de integrarla y de arreglárselas para pagar menos a los funcionarios UE que proceden del otro lado del antiguo telón de acero, se dedica ahora a aplicar las reglas básicas de la Unión de aquella manera, no se vayan a creer que son miembros de pleno derecho.
En este contexto se convocan dos cumbres de la UE adicionales para tratar el asunto en marzo y mayo. Pero es irrelevante firmar comunicados y hasta tratados si no se tiene la más mínima intención de cumplirlos cuando no conviene.
Ya está bien de declarar, como han hecho virtualmente todos que no se iban a privilegiar aproximaciones demagógicas, populistas o ideológicas, sino que se iba a actuar de acuerdo con criterios prácticos que son los que funcionan. Es mentira. Se está poniendo en marcha no el keynesianismo, sino el colbertismo. Ya es más que hora de que alguien diga cuatro verdades imprescindibles sobre lo que funciona, en lugar de dedicarse a satisfacer a los grupos con intereses creados y a decir dulzuras al oído del contribuyente esperando que sus descendientes paguen la factura. Uno: Hay que reducir impuestos que promocionen el ahorro, la inversión, la creación de empresas y de empleos. Dos. Hay que suprimir costes innecesarios de la economía, no siendo el menor el que afecta a la generación de energía, por ejemplo nuclear. Tres. Hay que controlar – o sea, reducir– el gasto público. Cuatro. Aunque en esto el BCE ha actuado mejor que la Reserva Federal americana, la política monetaria debe ser de control de la inflación, que hoy puede encontrarse moderada artificialmente pero que debido a las onerosas inyecciones de dinero público preparan un entorno futuro de dos dígitos en cuanto al incremento de los precios.
Por desgracia, la situación de desesperación y depresión que se advierte en la ciudadanía europea, y en especial española, procede de la insistencia de los gobernantes en el error mientras se advierte ya la catástrofe de las medidas emprendidas. Por eso, no viene mal resucitar las cada vez más preclaras palabras del gran optimista que fue Ronald Reagan adaptadas al momento presente: "Recesión es cuando tu vecino pierde el empleo, depresión es cuando tú pierdes el empleo y recuperación es cuando Zapatero pierde el suyo". El que miente y no sabe, que no insista por favor, que se largue.
El Plan E consolida las malas inversiones y dilapida el ahorro de los españoles
El Observatorio de Coyuntura del Instituto Juan de Mariana analiza la eficacia de las medidas aprobadas por el Gobierno para recuperar la economía -enmarcadas en el Plan E- y concluye que son iniciativas nocivas que empeorarán la situación e hipotecaran el futuro de los españoles.
Libertad Digital 12 Febrero 2009
Durante su comparecencia en el Congreso esta semana, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha insistido en la eficacia de su política económica para combatir la profunda crisis que sufre España. Sin embargo, las medidas aprobadas hasta el momento no han solventado ni solventarán la actual situación.
Esta es la conclusión que se extrae del boletín del Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana (OCE), correspondiente al segundo trimestre de 2008, analiza en profundidad las claves del plan de estímulo impulsado por el Ejecutivo tras las elecciones generales del pasado marzo.
El informe revela que "en realidad, se trata de un proyecto keynesiano, basado en el incremento del gasto público, que, curiosamente, toma prestadas algunas de las malas iniciativas puestas en marcha por la Administración de EEUU".
Según el OCE, el plan del Gobierno está compuesto por dos grupos de medidas: Las que serían beneficiosas si llevaran aparejada una reducción drástica del gasto público y las que, en cualquier caso, resultan nocivas para la economía nacional. "El problema es que, en ambos casos, se produce una distorsión en el uso de los recursos, apuntalando las malas inversiones y dilapidando el escaso ahorro de los españoles, por lo que en nada contribuirán a atenuar la crisis".
Prueba de ello es el creciente déficit público que sufre y seguirá sufriendo el país, con el consiguiente incumplimiento del Pacto de Estabilidad que rige en la UE, así como el aumento del diferencial entre la deuda pública española y la alemana, que también irá en aumento. A continuación, el OCE evalúa las primeras medidas anticrisis presentadas por el ministro de Economía, Pedro Solbes:
1. Devolución de 400 euros del Impuesto sobre la Renta (IRPF):
Al igual que hizo Bush, el Gobierno español devolvió a cada trabajador 400 euros para tratar de estimular el consumo y reanimar la economía. El OCE defiende que las rebajas fiscales son unas de las pocas iniciativas que puede adoptar el Estado para aliviar la crisis, ya que menos impuestos implica más renta disponible para amortizar la carga de las deudas y, en definitiva, para ahorrar e invertir en los proyectos productivos desatendidos durante la etapa del boom.
Sin embargo, precisamente por ello, el objetivo de la rebaja fiscal no debe ser estimular el consumo y, mucho menos, debe implementarse en un contexto de déficit público, ya que por ambas vías el ahorro nacional termina dilapidándose en partidas que alejan la recuperación económica. Una rebaja adecuada de la tributación debe pasar, primero, por reducir el gasto público y, luego, sin renunciar al equilibrio presupuestario, por incentivar fiscalmente el ahorro, por ejemplo eliminando la tributación por plusvalías y permitiendo deducir por completo la reinversión empresarial.
2. Eliminación anticipada del Impuesto sobre el Patrimonio:
La eliminación de este impuesto deja un sabor amargo por motivos análogos a la devolución de los 400 euros: Se efectúa sin reducciones de gasto, lo que implica que el déficit público se financiará con cargo al ahorro de los españoles. Así, la descapitalización de la estructura productiva que tiende a provocar los impuestos sobre la riqueza sólo queda postergada vía un incremento de los pasivos públicos.
3. Ampliación de las hipotecas:
Con esta medida, el Gobierno pretendió suprimir los costes administrativos para prolongar el plazo de las hipotecas, con la finalidad de minorar la cuota hipotecaria. La eliminación de sobrecostes artificiales sobre las transacciones voluntarias siempre resulta positiva (salvo por la pérdida de recaudación que no va acompañada por una reducción del gasto), ya que permite que los intercambios se lleven a cabo con mayor facilidad.
En cualquier caso, si la medida se dirige a reducir los impagos hipotecarios y así salvar a los bancos de la bancarrota, conviene tener presente que un repunte del desempleo no va a impedir el impago merced a una cuota hipotecaria ligeramente inferior y que, en todo caso, los bancos y cajas se enfrentan, a medio plazo, a un impago mucho más pernicioso, como es el de los 450.000 millones de créditos a promotores y constructores (cuantía que debe ponerse en relación con un capital de la entidades de crédito de apenas 200.000 millones).
El problema de los impagos hipotecarios vendrá más adelante, conforme el desempleo se convierta en endémico, precisamente por impedir la reestructuración de la actividad productiva, vía un mayor gasto y endeudamiento público.
El aval que presta el Tesoro a la titulizaciones de préstamos a pymes nace con la intención de extender el grifo del crédito. Se trata de una medida que no soluciona nada y, además, tiene visos de empeorar las cosas. La restricción crediticia (credit crunch, tal y como avanzó el OCE el pasado verano) no se produce por la desconfianza de los bancos hacia sus potenciales deudores, sino por una continuada erosión de sus balances, origen esencial de la crisis de liquidez que sufre desde mediados de 2007 el mercado interbancario internacional.
En estos momentos, la banca no está pensando en cómo rentabilizar sus exiguos saldos de caja, sino en aprovecharlos para sobrevivir en un contexto de escasa liquidez y con fuertes desembolsos en el horizonte. La medida del Gobierno, por tanto, no cambia esta situación de partida y no resolverá la restricción de crédito a la economía real.
De hecho, aunque lo lograra, sólo facilitaría un arbitraje de riesgos no respaldado por ahorro real, sino por los avales del Estado, esto es, con la promesa de rapiñar riqueza futura del sector productivo de la economía para respaldar unos proyectos que pueden no ser ni siquiera rentables.
De este modo, el OCE advierte de que el aval del Estado a este tipo de titulizaciones produce, en realidad, una desviación de los flujos de ahorro hacia circuitos mucho más arriesgados de lo que los ahorradores están dispuestos a financiar a costa de atacar impositivamente el capital acumulado para respaldar los eventuales impagos crediticios.
5. Privilegios para el sector de la construcción:
Durante el segundo trimestre del pasado año, el Ejecutivo aprobó rebajas del IVA para la rehabilitación de viviendas, incrementó, en un primer momento, hasta 5.000 millones de euros el aval del ICO sobre titulizaciones de préstamos hipotecarios y mantuvo su compromiso electoral de construir 150.000 viviendas de protección oficial anuales.
Por un lado, las rebajas fiscales siguen sin acompañarse de reducciones drásticas del gasto público, con lo que el déficit seguirá en aumento. Por otro, España presenta un claro excedente de viviendas, de modo que carece de todo sentido la construcción de nuevos pisos subvencionados o evitar la caída de precios inflados adquiriendo, por ejemplo, viviendas sobrantes a los promotores a precios muy por encima de lo que justifican sus fundamentales.
Todo ello, tan sólo contribuye a retrasar el necesario ajuste del sector, impide la recolocación de los factores productivos y dilapida el escaso ahorro necesario para iniciar la tan ansiada recuperación económica.
6. Recolocación de parados:
El Gobierno comenzó la actual legislatura destinando 201 millones de euros a contratar a 1.500 orientadores en las Oficinas Públicas de Desempleo para facilitar la recolocación de parados. Asimismo, también anunció una ayuda de 350 euros mensuales durante 90 días para determinados parados de difícil recolocación.
El primer error del plan es considerar que el desempleo puede solventarse con más agentes dedicados a buscar puestos de trabajo. El problema es que la falta de empleo se debe esencialmente a la ausencia de ahorro para constituir nuevos proyectos empresariales. Además, en cualquier caso, se trata de una medida inadecuada que debería dejarse a la iniciativa privada para comprobar si es realmente útil y necesaria.
Por otro lado, la ayuda de 350 euros mensuales a los parados tan sólo disminuye su disposición a buscar trabajo (y, sobre todo, a buscarlo por salarios bajos, tal y como será necesario en muchos casos tras el estallido de la burbuja), y nuevamente contribuye a dilapidar los ahorros que capta el Estado a través del gasto corriente en consumo y, por tanto, retrasa la recuperación.
7. Obra pública:
El Gobierno insiste en reactivar el sector de la construcción mediante la aceleración de las ejecuciones de obra pública (cifrado en unos 12.000 millones de euros) y el denominado Plan E, que pretende inyectar más de 8.000 millones de euros a los ayuntamientos para el inicio de obras puntuales.
En este caso, el Ejecutivo desvía el ahorro de los españoles hacia bienes de capital, cuya escasez no es la causante de la crisis. Con este plan, España apuesta por más obra pública, pero dejará de invertir en otros bienes que pueden ser más necesarios ahora mismo, como todos los relacionados para reducir nuestro galopante déficit exterior (próximo al 10% del PIB anual).
8. Mejora del tratamiento fiscal de la deuda:
Por último, durante el segundo trimestre de 2008, Solbes anunció que los no residentes no tendrían que tributar por los intereses de la deuda pública. La idea es favorecer la afluencia de ahorro extranjero para el endeudamiento de las Administraciones. Conviene recordar que el Estado no paga los intereses de la deuda con cargo a la rentabilidad que ha generado su inversión precedente, sino con nuevos impuestos, cuya recaudación, por tanto, es hasta cierto punto independiente del éxito de sus proyectos.
Desde el Observatorio se insiste en la necesidad del ahorro para facilitar la recuperación económica, pero en ningún caso que éste sea captado y dilapidado por el Estado en iniciativas que, en realidad, suponen un despilfarro de recursos.
La citada reforma, en la medida en que facilitará que el Estado dilapide mayor cantidad de ahorro privado, sólo puede ser valorada de manera negativa. Además, no deja de resultar frustrante que, siendo el Ejecutivo consciente de que la mejora sobre la fiscalidad del ahorro facilita su emergencia, restrinja este tipo de medidas a su endeudamiento particular, y no al de familias y empresas.
Juan Manuel Blanco El Confidencial 12 Febrero 2009
*Juan Manuel Blanco es profesor titular de Análisis Económico en la Universidad de Valencia
Eduardo García Serrano Minuto Digital 12 Febrero 2009
Con motivo del desmantelamiento por el juez Garzón de una trama de corrupción en cinco municipios “peperos” de la provincia de Madrid con el patrón mafioso habitual: halago, concesión del favor deseado y promesa que siempre encierra una amenaza para conseguir recalificaciones urbanísticas y el cobro de comisiones ilegales, el secretario general del PSOE madrileño, un tal Tomás Gómez, ha declarado que “decir PP es sinónimo de corrupción a todos los niveles”. Y lo dice él, que es un mandarín regional del partido más corrupto de la historia política de España, pues no hace falta remontarse a los seculares orígenes del Partido Socialista para constatar que el PSOE es la escoria de la política y que su memoria es el recuerdo de toda infamia, pasada, presente e, incluso, futura.
Desde 1982 hasta 1996 el PSOE de Tomasito Gómez llenó de estafadores y de ladrones las arcas del Estado. La corrupción socialista desbordó los rebosaderos de lo tolerable y acabaron en la cárcel hampones del PSOE con responsabilidades políticas en instituciones fundamentales del Estado: el Director General de la Guardia Civil, el Gobernador del Banco de España, la Directora General del BOE, el Síndico de la Bolsa de Madrid, el ministro del interior, el Secretario de Estado de Interior y algún que otro miembro destacado del sindicato chapero UGT por el robo perpetrado por la PSV a los trabajadores españoles.
¿Qué el PP es un partido corrupto? Seguro lo es. Tan seguro, don Tomasito Gómez, como que su partido, el PSOE, es la encarnación de la corrupción, es la corrupción misma, el la corrupción en carne mortal. Usted, don Tomasito, con sus declaraciones sobre lo corrupto que es el PP, demuestra tener la memoria corrompida y ser, al decir de Ortega, un hemipléjico político y un completo imbécil según la máxima orteguiana que nos enseña que ser de izquierdas o ser de derechas es una de las muchas maneras que el hombre tiene de ser idiota.
Por eso, en una Nación dividida entre izquierdas, derechas y separatistas, sacar la corrupción de la ecuación del Poder es un imposible metafísico, ya que para el pueblo español, que hoy yace en una postura de ruina y abandono mientras su casta política chapotea toda ella en un fangal de privilegio, el que roba siempre es el “otro”. O sea, el del partido al que yo no voto, y si a uno de los míos le pillan in fraganti siempre me quedará el socorrido recurso dialéctico del “y tu más”
Hemos aceptado la corrupción como una realidad inevitable. Nadie escapa a su pérfida adulación o a su aduladora perfidia que ha convertido la política española en una cloaca en la que los cargos sólo significan dinero, las elecciones soborno y la administración saqueo. Cuánto hace que vivimos en esta mentira? Desde que nadie aceptar que los ideales democráticos, manipulados en España por una caterva de rufianes que no vale su pan, se han convertido, a hechos consumados, en el refugio de la corrupción y el caso de las satrapías autonómicas.
Esos ideales democráticos que sintetiza con brillantez Aristóteles en su impagable Política: “El dinero como fundamento y meta del comercio. La virtud como medida y meta de la actuación política. Incremento del bienestar de todos. Generoso desempeño del hombre con su riqueza. Participación de todos en el proceso político y transmisión periódica del Poder a un hombre de virtud sobresaliente”
Negreira denuncia que la Mesa reciba más dinero que las entidades benéficas
R.R. > A CORUÑA El Ideal 12 Febrero 2009
Carlos Negreira visitó ayer el Hogar de Sor Eusebia, donde aprovechó para anunciar la creación de un Observatorio Gallego sobre la Pobreza y de una red de recursos de emergencia, además de criticar que el Ayuntamiento haya congelado las ayudas a las instituciones benéficas.
El cabeza de lista del Partido Popular por A Coruña, Carlos Negreira, realizó ayer una visita a la asociación benéfica Hogar de Sor Eusebia, donde lamentó que el alcalde no haya valorado suficientemente la labor que vienen desarrollando en la ciudad estas organizaciones. Al hilo de este tema, criticó que este año la mayoría de estas entidades, como Cáritas, la Cocina Económica o Padre Rubinos, sigan recibiendo la misma ayuda económica que en años anteriores pese al incremento de la demanda.
“Es un clamor la indignación que puede tener cualquier persona cuando ve que se dedican 80 millones para gastos de protocolo y de relaciones públicas del señor Losada y no se dedica ni un solo euro más para las instituciones sociales”, apuntó el portavoz popular, que explicó, además, que “mientras que la Cocina Económica recibe 6.000 euros, la Mesa recibe 12.000 y la Fundación Luis Seoane, 375.000 euros”.
Negreira quiso dejar claro que “el PP no tiene nada contra la cultura”, pero que 2009 “es el año en el que muchas personas van a necesitar comer, cubrir sus necesidades básicas y van a tener dificultades”.
Propuestas > El cabeza de lista por A Coruña presentó las propuestas de su partido destinadas a las personas necesitadas. Negreira informó de que el PP creará un Observatorio Gallego sobre la Pobreza para realizar estudios que aporten nuevas ideas eficaces de cómo erradicar este fenómeno. “Es fundamental tener claramente diagnosticada la situación en la que vivimos”, afirmó el portavoz. “A veces las administraciones vivimos de espaldas a muchas realidades porque no se conoce de verdad lo que está aconteciendo en su área metropolitana”, añadió.
Del mismo modo, Negreira anunció la formación de una red de recursos de emergencia en todas las ciudades para garantizar el bienestar social durante la crisis. “Una red que esté perfectamente interconectada de forma que podamos apoyar a todas las entidades mucho mejor porque conoceremos su actividad y los recursos que movilizaremos”, manifestó.
Otra sentencia avala la objeción de conciencia a la asignatura
MANUEL PLANELLES - Sevilla El País 12 Febrero 2009
Los magistrados del Tribunal Supremo no lo tenían claro. Más de dos días llevaban discutiendo si se podía o no objetar a Educación para la Ciudadanía. Pero en la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) no había dudas. El 28 de enero esta sala dictó que una familia de Granada tenía derecho "a ejercer la objeción de conciencia frente" a esta asignatura. Ese mismo 28 de enero, a eso de las 13.30, los magistrados del Supremo llegaron a la conclusión de que "no existe el derecho a la objeción de conciencia" y que la asignatura no alcanza "a lesionar el derecho fundamental de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones".
La Sala Tercera del TSJA -de la que forman parte al menos dos jueces vinculados al Opus Dei y que sistemáticamente ha reconocido el derecho a la objeción- no aguardó al pronunciamiento del Supremo. Prefirió seguir amparando a los insumisos. "Lo lógico y lo razonable hubiese sido que esperaran a las deliberaciones del Supremo", señala María Luisa Balaguer, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga. Aquel 28 de enero el Supremo estaba analizando precisamente otra sentencia del TSJA que respaldaba a unos objetores.
Que los magistrados andaluces no esperaran a conocer la decisión del Supremo puede ser ilógico. Pero es legal, según reconoce Balaguer. En primer lugar, porque para que se siente jurisprudencia el Supremo tiene que dictar dos sentencias en el mismo sentido. Además, este tribunal, a diferencia del Constitucional, no tiene la obligación de publicar en el BOE sus fallos, con lo que el TSJA puede argumentar que desconoce sus decisiones. Y en último lugar, porque los magistrados andaluces siempre podrían ampararse en la "independencia judicial" e ignorar los pronunciamientos de órganos superiores, "siempre que haya un razonamiento legal", añade Balaguer.
Ante este panorama los expertos constitucionalistas consultados por este periódico no tienen claro qué ocurrirá a partir de ahora. El TSJA podría seguir dictando sentencias a favor de la objeción, que teóricamente serían luego tumbadas una a una por el Supremo, que ya ha fijado su posición, aunque todavía no ha hecho pública la sentencia sobre este asunto. "Sería una postura pueril", afirma Balaguer.
Conferencia organizada por la asociación cívica Coruña Liberal
http://www.corunaliberal.es 12 Febrero 2009
Conferencia organizada por la asociación cívica Coruña Liberal en la que se explica por qué la historiografía sobre la que se basa el proyecto de ingeniería social llamado 'normalización lingüística' en Galicia es un conjunto de mitos insostenibles, una construcción fraudulenta contra la libertad de los ciudadanos, a la vista de los hechos y los documentos.
Este viernes, 13 de febrero a las 20:30 en el aula sociocultural de Caixa Galicia en c/Médico Rodríguez (esquina Juan Flórez), conferencia a cargo de Andrés Freire, filólogo clásico, promotor de la iniciativa ciudadana 'Tan gallego como el gallego' de la que surgieron las asociaciones cívicas Galicia Bilingüe y Mesa por la Libertad Lingüística que se oponen a la llamada "normalización lingüística" y a la lógica que anima el polémico decreto educativo 124/2007, tan ampliamente contestado por la ciudadanía gallega.
Andrés Freire desvela con datos y hechos los falsos mitos sobre los que se ha construido el nacionalismo lingüístico gallego, datos que son voluntariamente ignorados por la casta intelectual y educativa de Galicia. Su perspectiva es la de un lingüista que trata de aplicar la lógica y el conocimiento histórico a unos prejuicios y mitos del galleguismo que no resisten un mínimo análisis.
Para Coruña Liberal es importante que los coruñeses dispongan de esos datos escamoteados desde el poder con el fin de enriquecer y fortalecer el debate de quienes luchan por la libertad e igualdad lingüística en nuestra tierra. Se trata de disponer de armas contra las mentiras del /establishment/ cultural gallego, cómodo con una mitología que les garantiza sus desmesuradas prebendas e influencia.
Lea al final el artículo El día que “La Coruña” desapareció
Por Andrés Freire La ilustración liberal N10 Dic2001
Los fanáticos gallegos
EDURNE URIARTE ABC 12 Febrero 2009
La gran diferencia entre los fanáticos españoles y los de nuestros países vecinos es que los de aquí están amparados por el poder Y lo digo esta vez por los fanáticos que atacaron el domingo a los manifestantes que exigían la libertad de elección lingüística en Galicia. Lo grave es que estos fanáticos agredieran violentamente a manifestantes pacíficos. Lo gravísimo es que un partido del Gobierno gallego, el BNG, los amparara. Y lo incomprensible y lamentable en la Europa democrática es que el partido del Gobierno de la nación mantenga pactos con estos radicales y reproduzca en Galicia el sucio juego de las dos partes del conflicto.
En una línea perfectamente batasuna, Quintana acusó a Feijóo de fomentar «los incidentes», es decir, las agresiones violentas de los fanáticos, con su «odio al gallego». Que es exactamente lo que dicen los totalitarios vascos para depurar a quienes defienden el derecho a usar el español. El problema español es que este Le Pen gallego recibe todos los parabienes de la izquierda en el poder. Y mientras en Francia organizan movilizaciones generales para alejar de las instituciones a políticos como estos, en España, el PSOE pacta, acuerda y se entiende con ellos.
José Blanco condenó las agresiones del domingo. Pero no se le pasó por la cabeza romper con el partido que ampara las agresiones. Y, lo que es igual de grave, añadió la teoría del conflicto, con aquello de que él se rebela contra aquellos «que quieren imponer exclusivamente el gallego o exclusivamente el castellano». O sea, que, para Blanco, los violentos totalitarios que atacaron a los manifestantes son comparables a los que exigen el derecho a poder usar el español.
Es la misma historia del País Vasco y de Cataluña y demuestra lo que algunos estamos advirtiendo desde hace mucho tiempo. Que hay un extremismo antidemocrático independiente del terrorismo, que va a sobrevivir al terrorismo y que se ha instalado en las instituciones o en los aledaños de las instituciones de esas regiones. Con la complacencia de la izquierda democrática que convive tranquila y feliz con los Le Pen españoles.
Carnaval lingüístico
FERNANDO GONZÁLEZ MACÍAS La Opinión 12 Febrero 2009
Si lo que pretendía Galicia Bilingüe con la manifestación del otro día en Santiago era incorporar el asunto del idioma al debate electoral, habrá que reconocer que lo está consiguiendo. Más allá de condenar con o sin matizaciones, con mayor o menor contundencia, los incidentes ocasionados por los radicales, los dirigentes de los principales partidos se han visto obligados a tomar postura en relación con la política lingüística, convencidos como están socialistas y populares de que su actitud en la guerra idiomática puede influir en la voluntad de una buena porción de electores a día de hoy indecisos, a los que está tentando el partido de Rosa Díez, que, al igual que el Bloque, pero por el otro lado, en esto tiene las ideas muy claras. Pero es que, además, y esto es lo nuevo, los políticos están siendo ahora interpelados sobre algo tan íntimo como la lengua que emplean en su vida privada o por qué razón eligen un idioma u otro en sus comparencias públicas. Sorprende comprobar que han perdido el miedo a quitarse la careta y a que se les pueda reprochar su comportamiento por políticamente incorrecto. Deben pensar que las cosas están cambiando.
El número dos del PSOE, el lugués José Blanco (al que algunos llaman despectivamente Pepino), no tuvo empacho en confesar el otro día que, siendo el gallego su idioma materno, él siempre emplea el castellano en público, incluso en Galicia, por una actitud de rebeldía. Dice que está en contra de las imposiciones de unos y de otros, aunque no menta a nadie. De lo que dice y, sobre todo de lo que da a entender, se deduce que Blanco no está de acuerdo con algunas cosas que ahora mismo están ocurriendo en su tierra. O tal vez intuye que la línea que la Xunta está siguiendo en asuntos de lengua no sintoniza con una parte de las bases del partido que él pastorea.
El presidente Touriño, por su parte, ya no oculta algo que era más que sabido: reconoce que es "castellano-hablante en lo personal". Vamos, que no habla gallego en la intimidad; sólo en público. Emplear la lengua de Rosalía cuando interviene en el Parlamento, en un acto oficial o en los medios de comunicación vendría a ser para él como una carga que va en el cargo, una mera obligación institucional. Es lo que hace muchos años el profesor Alonso Montero denunciaba como el uso ritual del gallego por parte de gentes que en realidad no tenían, ni tienen, ningún compromiso con el idioma propio de Galicia. Los por algunos tildados de españolistas, es decir, los contrarios a lo que consideran imposición política del gallego en las aulas y en otros ámbitos, se atreven a calificar de hipócrita y farisaica la conducta de una gran parte de nuestra clase dirigente, a un lado y a otro del espectro ideológico, en lo que atañe a las lenguas. Se rigen por una especie de doble moral. Desde el cargo o la posición institucional que ocupan apoyan el idioma gallego, legislan en su favor, subvencionan su empleo, pero no lo usan ni en su entorno laboral, ni en sus relaciones personales ni familiares. Lo terrible es que saben que lo sabemos y que, por un enfermizo mecanismo de complicidad colectiva, lo perdonamos.
VIAJE DE SEIS PARLAMENTARIOS BELGAS AL CORAZÓN DEL MIEDO
Los políticos belgas se han declarado "impresionados" por la presión cotidiana que sufren sus colegas vascos del PP y el PSE
JOSÉ MARI REVIRIEGO BILBAO El Correo 12 Febrero 2009
Los políticos belgas que han visitado estos días Euskadi han explicado esta mañana en Bilbao sus vivencias tras haber pasado tres días conviviendo con concejales del PP y el PSE. La delegación, compuesta por cuatro partidos francófonos (socialista, liberal, democristiano y verdes), elaborará a su regreso un informe con las conclusiones de su viaje que presentarán al Parlamento de su país.
"Contaremos en Bélgica que en Euskadi los amenazados viven una situación excepcional, algo que no ocurre en ninguna otra parte de la Europa democrática", han explicado sus representantes. Los políticos belgas se han declarado "impresionados" por la presión cotidiana que sufren sus colegas vascos del PP y el PSE. Un concejal socialista belga ha asegurado que los electos amenazados de Euskadi viven bajo una "atmósfera del plomo".
Para la delegación, que ha visitado las localidades Arrasate-Mondragón, San Sebastián, Hernani, Lazkao, Vitoria o Bilbao, entre otras, Euskadi es un región económica próspera, rica y con poco paro y "con una autonomía bastante amplia", lo que a su juicio, hace incomprensible que "se pueda justificar la violencia".
Georges Dallemgne, diputado del partido del centro humanista, ha explicado además que en Europa "no hay información suficiente" sobre la realidad que viven los políticos vascos, quienes les han pedido "que no se hable de movimiento independentistas cuando se hable de ETA, sino de banda terrorista".
Marie Nagy, concejal en Bruselas de Los Verdes, ha podido constatar durante su visita a Euskadi que los concejales "tienen mucho miedo a exponer su opinión y compartir una discusión política", aunque ha destacado también su "convicción democrática", que hace que "sigan luchando y haciendo un trabajo político a veces en condiciones humanas difíciles, que afecta también a sus familias y amigos".
Por su parte, el diputado federal del partido socialista Jean Cornil ha destacado la "humillación e indignación" que ha experimentado durante su visita y que ha querido exponer en cinco anécdotas vividas junto con las víctimas.
Según ha explicado, mantuvo en San Sebastián un encuentro con la viuda de un abogado a la que "le hubiera gustado comprar flores a su marido pero el florista o no se las quiso vender o se las vendía más caras". Cornil ha descrito también cómo los escoltas de los concejales del PP tenían que comprobar los bajos de los coches en busca de bombas o cómo en Lazkao, el concejal popular tenía que acudir al pleno mientras miembros de la izquierda radical portaban pancartas llamándole "traidor y ladrón".
Cornil ha considerado "sorprendente" que en Mondragón se expongan las fotos de "los asesinos de ETA" junto con una bandera "de un partido radical, con el símbolo de Palestina y una esvástica con una estrella israelí". "Esto en Bélgica sería impensable y hubiera estado prohibido por la ley", ha indicado.
Por último, el concejal del partido socialista Jean Spinette, ha destacado el contraste entre "el fuerte símbolo de la democracia" que representa Gernika y la "situación de protección que tienen que vivir muchos electos". El político belga ha reconocido haber disertado sobre política con miembros de la izquierda radical pero ha dicho no poder comprender porque si él ha podido hacerlo "a la salida hay unos concejales con protección". "Es una pregunta que de la que no he recibido respuesta", ha lamentado.
El 3 de junio de 1997 tuvo lugar en el Parlamento español una sesión que merece no quedar en el olvido. Se reunían los padres de la patria con el fin de discutir una propuesta de ley del Parlamento gallego para modificar oficialmente el nombre de dos provincias españolas, La Coruña y Orense, que pasarían a partir del momento en que fuera tramitada la ley a ser denominadas A Coruña y Ourense. No se trataba de la última ocurrencia del cantonalismo periférico, sino que era una solicitud unánime del Parlamento gallego, que fue aprobada también casi unánimemente por su homónimo español (306 votos a favor y una abstención).
Quien lo impone, una coalición de políticos ágrafos e intelectuales para quienes la defensa de su cultura no es otra cosa que el mantenimiento de su sueldo, arguye que "como esto es Galicia, aquí en gallego", a pesar de que cierto pudor debería hacerles recordar que ese argumento en nada difiere del "en España, habla español". El espíritu es el mismo: siempre gente que se arroga el derecho de imponer cómo uno tiene que hablar, cómo tiene que opinar, cómo tiene que ser. La diferencia está en la lengua. En el caso del español, además de la pujanza que le dan sus centenares de millones de hablantes, tenemos un vehículo cultural de 800 años, que ha sido trabajado y modelado por incontables generaciones de escritores, creadores, gramáticos, traductores. Sus palabras son fruto de un esfuerzo secular por expresar el mundo, no capricho de un comisario político-lingüístico. En ellas está inscrita la historia de Galicia como rincón atlántico, occidental, excristiano, post-romano, ibérico, cuasiportugués y español. Renunciar a ellas implica el repudio de toda esa historia, con el fin declarado de hablar una lengua que los otros no entiendan, y que es tan gallega como el esperanto.