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Timestamp: 2020-01-25 14:21:37
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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 2ª de lo Penal, 24 de Enero de 2005 - Jurisprudencia - VLEX 31683580
Conoce la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de los recursos de casación en el fondo interpuestos por el licenciado J.A.Q.R., contra la sentencia de Nº 223 S.I. de 14 de octubre de 2002, dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, mediante la cual previa revocatoria de la sentencia de 2 de octubre de 2001, proferida por el Juzgado Sexto de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, condenó a V.W.R.G. y a C.H.R.R., a la pena de ocho (8) años de prisión como autores del delito de lavado de dinero.
Como quiera que los recursos presentados reunían las formalidades de ley, los mismos fueron admitidos mediante resoluciones de 21 de noviembre de 2003 (fs. 7030-7031) y 14 de enero de 2004 (fs. 7033-7034). La audiencia oral y pública se realizó el día 13 de julio de 2004 ( fs. 7067-7108).
Según refiere el recurrente, el día 12 de diciembre de1997, el licenciado GUSTAVO CÁRDENAS, Director Ejecutivo de la Unidad de Investigación Financiera de la Policía Técnica Judicial, remitió a la Fiscalía Segunda Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, un informe relativo a la operación de investigación y análisis policial, denominada LETICIA.
En el contenido del referido informe, se alude al manejo de cuentas bancarias y otros activos patrimoniales, por parte de miembros de la familia R., de origen colombiano, todos descendientes del ciudadano C.R.A..
Con fundamento en el documento en referencia, el agente fiscal inició la fase de instrucción sumarial, en cuyo contexto recabó una gran cantidad de información financiera de los miembros de la Familia Rivera, requirió informes sobre sus antecedentes penales en Colombia y Ecuador, a consecuencia de lo cual dispuso, recibir indagatoria a los señores C.H.R. RAMOS y V.W.R.G..
Concluida la fase de instrucción y remitido el expediente al ente jurisdiccional, el Juzgado Sexto de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, dictó auto de vocación a juicio contra los prenombrados R.R. y R.G., como presuntos infractores de las disposiciones legales contenidas en el Capítulo V, Título VII del Libro II del Código Penal.
Surtida la etapa plenaria, el Juzgado A-quo mediante sentencia de 2 de octubre de 2001, absolvió a los procesados de los cargos formulados en su contra. En virtud del recurso vertical de apelación interpuesto por el Fiscal Segundo Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, al decidir la alzada condenó tanto a C.H.R. RAMOS como a V.W.R.G., a la pena de ocho (8) años de prisión como responsables del delito de lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
En atención a que el licenciado J.A.Q.R., presentó separadamente, conforme lo exige la técnica casacionista, los recursos de casación a favor de sus representados C.H.R. RAMOS y V.W.R.G., pasamos a exponerlos de esa misma forma.
RECURSO PRESENTADO A FAVOR DE CAMILO HENRY
RIVERA RAMOS (fs. 6995-7005)
Se trata de un recurso de casación en el fondo, dentro del que se invocan dos causales: El error de derecho en la apreciación de la prueba que ha influido en lo dispositivo del fallo impugnado e implica infracción de la ley sustancial penal y la violación directa de la ley Sustancial Penal, lo cual ha influido en lo dispositivo del fallo impugnado, ambas consagradas en el numeral 1 del artículo 2430 del Código Judicial.
La primera causal invocada se apoya en tres motivos. El primero de ellos, guarda relación con la valoración errónea que hizo el Ad-quem de los documentos relativos al Informe Financiero y P. elaborado por la Unidad de Investigación Financiera de la Policía Técnica Judicial, específicamente lo concerniente al movimiento financiero en dos cuentas bancarias del señor C.H.R. RAMOS (fs. 6755-6908), de donde se "deducen" indicios para establecer que los fondos respectivos proceden del narcotráfico y que fueron manejados por el procesado, a sabiendas de esa circunstancia.
El segundo motivo hace alusión en la errónea apreciación que hizo el Tribunal de segunda instancia del Informe Policial de Inteligencia, visible de fojas 37 a 39, en el que se afirma que el procesado estuvo vinculado penalmente en la República de Ecuador, como responsable del trasiego de 353.68 kilos de cocaína, deduciendo el Ad-quem indicios de ese documento, sin que haya sido acompañado de la prueba respectiva.
El tercer motivo expuesto por el casacionista tiene relación con el error en la apreciación de la prueba en que incurre el Segundo Tribunal Superior de Justicia, al valorar el informe expedido por la Fiscalía General de Colombia, visible a fojas 6384-6385, en el que se señala que según la Secretaría Colectiva de la Dirección General de Fiscalías, en ese país se sigue investigación contra C.H.R.R., por delito de enriquecimiento ilícito, en etapa preliminar, derivando indicios de ese documento, sin que haya prueba alguna que acredite ese supuesto hecho.
Como disposiciones legales infringidas cita el artículo 982 del Código Judicial, en concepto de violación directa por omisión, puesto que, para que un hecho pueda generar indicios, deberá estar debidamente probado en el expediente, situación que no se da en este caso.
Sostiene el recurrente que la vulneración de la norma se da cuando el Juzgador de segunda instancia deriva indicios de los documentos que obran de fojas 6805-6815, sin que se funde en prueba acreditada en autos, sino en su apreciación.
A juicio del recurrente, del sólo manejo de las sumas de dinero depositadas en las cuentas bancarias de su representado, no se puede deducir que dichos fondos provengan de actividades del narcotráfico; como tampoco se puede colegir del Informe Policial de Inteligencia (fs. 37-39) que haya sido sancionado por el delito contra la salud pública relacionado con drogas, en la República de Ecuador, sino se aportó la sentencia respectiva o una certificación de la autoridad judicial competente.
Agrega que tampoco se pueden deducir indicios del Informe expedido por la Fiscalía General de Colombia (fs. 6384-6385), pues este documento no acredita que su representado haya sido sancionado en la República de Colombia por delito contra la salud pública.
Igualmente estima violado el artículo 1999 del Código Judicial en concepto de violación directa por omisión, pues el Juzgador de segunda instancia le reconoce al Informe Policial de Inteligencia la categoría de prueba del sumario, para establecer que el procesado fue sancionado por delito contra la salud pública (drogas), cuando la norma señala que ese elemento sólo sirve de base para iniciar la instrucción sumarial respectiva.
En cuanto al artículo 2041 del Código Judicial que cita como infringido en concepto de violación directa por omisión, señala que tal violación se da porque el Segundo Tribunal Superior, al ponderar el Informe Policial, visible de fojas 37-39, le confirió valor probatorio como diligencia del sumario, a pesar de que dicho informe fue confeccionado por funcionario policial, que no tiene la categoría de funcionario de instrucción.
Sostiene el censor, que como consecuencia de la violación de las normas adjetivas antes citadas, se produce la violación del artículo 263-B del Código Penal, en concepto de indebida aplicación, dado que no se demostró fehacientemente que el procesado C.H.R.R., haya incurrido en la conducta descrita en la norma.
Como segunda causal invoca la "Violación Directa de la ley Sustancial Penal, lo cual ha influido en lo dispositivo del fallo impugnado".
El único motivo en que se apoya esta causal guarda relación con que el Segundo Tribunal Superior de Justicia le impuso al procesado la pena de ocho (8) años de prisión como autor del delito de lavado de dinero, aún cuando al momento de dictar la sentencia (14 de octubre de 2002), la ley que tipificaba esa conducta punible había sido derogada, desconociendo de esa forma una garantía procesal penal.
Como disposición legal infringida cita el artículo14 del Código Penal en concepto de violación directa por omisión, en la medida en que esa norma expresamente dispone que la ley penal que prive el carácter criminoso a un hecho definido como tal, suprima una pena o modifique favorablemente para el reo las disposiciones penales, se aplicará de oficio, desde que entre en vigencia.
Agrega el recurrente que la regla anterior fue omitida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, al aplicar al procesado la pena establecida en el artículo 263-B del Código Penal, a pesar de que al momento de dictarse la sentencia, ya había sido derogada por el artículo 8 de la Ley Nº 41 de 2 de octubre de 2000.
De igual modo estima violado el censor, el artículo 8 de la Ley Nº 41 de 2 de octubre de 2000, en concepto de violación directa por omisión, dado que esta norma deroga el artículo 263-B del Código Penal, luego entonces; de haber aplicado esa norma, no hubiese sancionado a su representado.
RECURSO DE CASACIÓN PRESENTADO A FAVOR DE V.W.R.G. (fs. 7006-7019)
El letrado defensor invoca tres causales de fondo a saber:
El error de derecho en la apreciación de la prueba que ha influido en lo dispositivo del fallo impugnado e implica infracción de la ley sustancial penal (numeral 1 del artículo 2430 del Código Judicial).
El error de hecho sobre la existencia de la prueba que ha influido en lo dispositivo del fallo impugnado e implica infracción de la ley sustancial penal (numeral 1 del artículo 2430 del Código Judicial).
Violación directa de la ley sustancial penal, lo cual ha influido en lo dispositivo del fallo impugnado (numeral 1 del artículo 2430 del Código Judicial).
La primera causal se sustenta en tres motivos. El primero hace referencia a la errónea valoración que hizo el Ad-quem de los documentos relativos al Informe Financiero y P. elaborado por la Unidad de Investigación Financiera de la Policía Técnica Judicial, específicamente lo concerniente al movimiento financiero de ciertas cuentas bancarias a nombre de A.R.G., que constituye una identidad falsa, pues su verdadera identidad corresponde a V.W.R.G..
A juicio del censor el error se produce cuando el Juzgador deduce indicios de ese documento, cuando en el proceso no existe prueba alguna de la que se pueda derivar un nexo entre las citadas cuentas y actividades vinculadas a drogas ilícitas.
El segundo motivo tiene que ver con la errada apreciación que hace el Juzgador de segunda instancia, al deducir indicios del Informe Policial de Inteligencia visible de fojas 37-39, en el que se afirma que el procesado R.G. fue condenado en la República de Brasil como responsable del trasiego de drogas ilícitas, sin embargo, no se acompaña la prueba que acredite tal hecho.
El tercer motivo constituye el error en la apreciación de la prueba en que incurre el Segundo Tribunal Superior de Justicia, según sostiene el recurrente, al derivar indicios para establecer que el procesado ha sido declarado responsable del trasiego de drogas ilícitas en Colombia, del informe expedido por la Fiscalía General de Colombia, visible a fojas 6384-6385, en el que se señala que según la Secretaría Colectiva de la Dirección General de Fiscalías, en ese país se sigue investigación contra V.W.R.G., por el delito de infracción de la Ley 30/86, en etapa preliminar, sin que haya prueba alguna que respalde ese supuesto hecho.
Como disposiciones adjetivas infringidas cita los artículos 982, 1999 y 2041 del Código Judicial, todos en concepto de violación directa por omisión, y como disposición sustantiva, el artículo 263-B del Código Penal, en concepto de indebida aplicación.
Los argumentos utilizados por el recurrente para sustentar cada una de las infracciones de estas normas legales son exactamente los mismos que esbozó al momento de explicar el concepto de infracción de las normas invocadas como violadas en la primera causal aducida en el recurso interpuesto a favor del señor C. H.R.R., por tanto consideramos innecesario repetirlos.
La segunda causal, es decir, "El error de hecho sobre la existencia de la prueba que ha influido en lo dispositivo del fallo impugnado e implica infracción de la ley sustancial penal (numeral 1 del artículo 2430 del Código Judicial), se apoya en un sólo motivo, que se refiere a que el Segundo Tribunal no tomó en cuenta, ni valoró el documento visible de fojas 6,324 a 6,333, consistente en copia debidamente autenticada de la resolución de 25 de mayo de 1999, dictada por el Juzgado 12 de lo Penal, del Guayas, mediante la cual se sobresee a V.W.R.G. dentro de la investigación relativa al hallazgo de la droga de marras en Ecuador.
En esta ocasión cita como violado el artículo 780 del Código Judicial, en concepto de violación directa por omisión, pues no toma en cuenta el documento aludido, a pesar de que la norma considera como medios de prueba los documentos e indicios.
De igual forma invoca como violado el artículo 985 del Código Judicial, también en concepto de violación directa por omisión, dado que al no tomar en cuenta la referida prueba, dejó de apreciar la convergencia y gravedad de los indicios que de esa pieza se derivan.
Agrega el impugnante que al no resultar responsable su representado del delito de trasiego de drogas en Ecuador, no se puede establecer un nexo entre su patrimonio y actividades relacionadas con drogas.
Como corolario de lo anterior, estima violado el artículo 263-B del Código Penal, en concepto de indebida aplicación, pues no se demostró que el procesado haya realizado la conducta descrita en esa norma.
La tercera causal que aduce el casacionista es la "violación directa de la ley sustancial penal, lo cual ha influido en lo dispositivo del fallo impugnado", prevista en el numeral 1 del artículo 2430 del Código Judicial.
Esta última causal se sustenta en un sólo motivo, y es que el Segundo Tribunal Superior al momento de dictar la sentencia de segunda instancia (14 de octubre de 2002) se amparó en la ley derogada, que tipificaba esa conducta como punible, infringiendo de ese modo, una garantía procesal penal.
Como disposición legal conculcada cita el artículo14 del Código Penal en concepto de violación directa por omisión, en la medida en que esa norma expresamente dispone que la ley penal que prive el carácter criminoso a un hecho definido como tal, suprima una pena o modifique favorablemente para el reo las disposiciones penales, se aplicará de oficio, desde que entre en vigencia.
La regla anterior fue omitida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, al aplicar al procesado la pena establecida en el artículo 263-B del Código Penal, a pesar de que al momento de dictarse la sentencia, ya había sido derogada por el artículo 8 de la Ley Nº 41 de 2 de octubre de 2000.
De igual modo estima violado el recurrente el artículo 8 de la Ley Nº 41 de 2 de octubre de 2000, en concepto de violación directa por omisión, dado que esta norma deroga el artículo 263-B del Código Penal, luego entonces, de haber aplicado esa norma, no hubiese sancionado a su representado.
OPINIÓN DEL PROCURADOR
Mediante Vista Fiscal N° 43 de 12 de abril de 2004, el señor P. General de la Nación, solicita que no se case la sentencia, en atención a que el casacionista no logró demostrar la existencia de algún vicio de injuridicidad que la afecte.
Sostiene el señor P. que los argumentos expuestos en procura de demostrar la existencia de vicios de injuridicidad son idénticos, así como las normas que se invocan como infringidas y el concepto de la infracción, con la única diferencia, que en el recurso presentado a favor del señor V.W.R.G., se aduce una causal adicional, por tanto, decide examinar en forma conjunta las causales que resultan iguales, y por separado la tercera causal.
En relación a la primera causal, en la que se cuestiona el valor conferido al Informe elaborado por la Unidad de Investigación Financiera de la Policía Técnica Judicial (fs. 37-39) y al Informe expedido por la Fiscalía General de Colombia (fs. 6,384-6,385) bajo el argumento que de los mismos no se derivan indicios de que los fondos manejados por ambos procesados, proceden de actividades del narcotráfico, pues no se acompañaron las pruebas idóneas; comparte el máximo representante del Ministerio Público los razonamientos esbozados por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, en el sentido de que, para sancionar a una persona por el delito de lavado de dinero, producto del narcotráfico, no es necesario que dicha persona haya sido condenada previamente, como autor o cómplice de delitos relacionados con drogas, ya que, se trata de normas autónomas,
Agrega la Vista, que del contenido del artículo 263-B, en el que se señala que, el que sin haber participado en la ejecución de delitos relacionados con drogas, realice a sabiendas, transacciones por sí o por interpuesta persona, en establecimientos financieros, bancarios, comerciales o de cualquier otra naturaleza, con dineros, títulos, valores u otros recursos financieros provenientes de las referidas actividades ilícitas, se desprende que no existe tal condición o requisito de prejudicialidad.
En la opinión F. se señala que el examen pormenorizado del manejo de las cuentas Bancarias (ingresos y egresos) tanto en el Banco Exterior como en BANCOMER, a nombre de C.H.R.R., durante los años 1993-1997, demuestra de forma precisa, las numerosas transacciones y sumas de consideración cuya procedencia no fueron justificadas y que fueron traspasadas y retiradas de cuentas bancarias en las que figuraban como titulares C.H.R. RAMOS y V.W.R.G. y otras en las que este último era el signatario asignado.
Se sostiene en el concepto F. que, del peritaje financiero efectuado por la Unidad de Investigación Financiera de la Policía Técnica Judicial, se destaca que en varias ocasiones los procesados efectuaron depósitos entre febrero de 1995 y enero de 1996, por sumas inferiores a los Bl. 10,000.00, logrando evitar de esa forma el control bancario.
Por otro lado, y en relación a los cuestionamientos esbozados por el recurrente contra el Informe Policial de Inteligencia que obra de fojas 37 a 39, reitera el señor P. que el delito de lavado de dinero es un delito autónomo, independiente del delito de tráfico de drogas. Por tanto, no era necesario, a efectos de comprobar el ilícito que nos ocupa, aportar sentencia condenatoria contra C.H.R. RAMOS y V.W.R.G., en las Repúblicas de Ecuador y Brasil, respectivamente, para demostrar el delito. Señala asimismo, que el referido documento reúne las cualidades y condiciones para ser considerado como un medio probatorio idóneo.
El informe destaca el hecho que los procesados R.R. y R.G., se encuentran vinculados a decomisos de drogas tanto en Ecuador como en Brasil, e incluso utilizando identidades falsas, como es el caso de éste último, que abrió cuentas bajo el nombre de A.R.G..
Consta igualmente en el expediente un informe emitido por la Fiscalía General de Colombia, que certifica que contra V.W.R.G., cursa un expediente por el delito de infracción de la Ley 30/86, y contra C.H.R.R., se sigue un proceso por enriquecimiento ilícito.
En opinión del señor P., los referidos informes constituyen pruebas idóneas de las cuales derivan indicios contra los procesados, que se ven corroborados con el Informe Técnico de la Unidad de Investigación Financiera de la Policía Técnica Judicial, peritaje que detalla el registro de cuantiosas sumas de dinero, a través de diversas cuentas, cuya procedencia lícita no fue justificada.
En ese sentido, estima el máximo representante de la vindicta pública, que el recurrente no logró acreditar la infracción de los artículos 982, 1999 y 2041 del Código Judicial, puesto que el Juzgador le confirió a los referidos informes y peritajes el valor que les corresponde en derecho.
En cuanto a la causal de "violación de la ley sustancial penal", se indica en la Vista que si bien, al momento de dictarse la resolución impugnada, el artículo 263-B del Código Penal había sido derogado, no comparte los razonamientos ni el principio penal invocado por el casacionista, en la medida en que una correcta interpretación de la Ley Nº 41 de 2000, permite colegir que la conducta penal de lavado de dinero no desapareció del Código punitivo, sino que, por el contrario, de conformidad con las nuevas modalidades delictivas, la conducta fue complementada y perfeccionada, adicionándose al tipo penal conocido como blanqueo de capitales otros verbos rectores y conductas, norma que ahora corresponde al artículo "389" dentro del Capítulo VI del Título XII del Libro II del Código Penal, denominado "Blanqueo de Capitales".
De lo anterior concluye el Procurador que el artículo 14 del Código Penal no ha sido violado, dado que el carácter criminoso de la conducta no fue privada o destipificada, sino que sufrió una modificación, perfeccionando y complementando su contenido.#
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