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Timestamp: 2019-02-16 17:17:13
Document Index: 327877817

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'artículo 196', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34']

G.O. 23729
Por la cual se Instituye la Igualdad de Oportunidades
LA ASAMBLEA LEGISLA TIV A
Política pública del Estado sobre la Igualdad de Oportunidades
Artículo 1. Esta Ley se fundamenta en los siguientes principios:
1. Prohibición de toda discriminación basada en el sexo; igualdad ante la ley y demás derechos individuales y sociales, y garantías fundamentales que consagra la
Constitución Política que obliga al Estado a legislar sin discriminación y a aplicar igualitariamente las leyes a las personas individuales y a los colectivos.
2. Garantía de los derechos básicos de las humanas e igualdad de trato y oportunidades de desarrollo social, contemplados en la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que obliga al
Estado a condenar la discriminación de género y a establecer políticas públicas para
e1iminarla.
3. Condena de todo tipo de violencia contra las mujeres contemplada en la Convención
Interamericana para Prevenir, Erradicar y Sancionar toda Clase de Violencia contra la Mujer, y que obliga al Estado a proteger a este sector social de los actos violentos, violatorios de sus derechos humanos.
4. Protección de los derechos humanos y garantías fundamentales de las niñas y niños, establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño. que compromete al
Estado a tomar las medidas apropiadas para garantizar la protección a la infancia sin discriminación.
5. Equidad, justicia y respeto a la vida humana, consagrados en la Declaración
6. Respeto a los derechos que consagran las diversas legislaciones nacionales y declaraciones y convenciones internacionales, sobre la materia.
Artículo 2. El objetivo de la presente Leyes el desarrollo de la política pública antidiscriminatoria de género por parte del Estado, tendiente a:
1. Lograr la integración plena de las mujeres panameñas al proceso de desarrollo político, económico, social y cultural del país.
2. Propiciar el desarrollo de estrategias y acciones que permitan, con equidad social, la plena incorporación de las mujeres al proceso de desarrollo sostenible del país.
3. Fomentar la creación de estructuras y mecanismos institucionales, que posibiliten la formulación de políticas públicas con perspectiva de género y garanticen la coordinación, ejecución y evaluación de programas y medidas, destinados a las mujeres.
4. Contribuir a la democratización plena del país, mediante la participación de las mujeres en todos los procesos y toma de decisiones, que inciden en su vida individual y colectiva.
5. Sensibilizar y capacitar a los funcionarios y funcionarias en la perspectiva de género, en la naturaleza de las relaciones intergenéricas y en diversos enfoques, que permitan variar las concepciones tradicionales que tienden a excluir a las mujeres del ámbito público limitándolas al privado.
6. Capacita, tanto a los hombres como a las mujeres, en la visión intergenéricas para promover igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la sociedad, incluyendo las relaciones de igualdad dentro de la familia.
Artículo 3. Los siguientes términos utilizados en esta Ley y en sus reglamentos, se entenderán con las definiciones del presente glosario.
Androcentrismo. Manifestación del sexismo que se expresa cuando un estudio, un análisis, una investigación o ley, se enfoca desde la perspectiva masculina únicamente, y presenta la experiencia masculina como central, única y relevante a la experiencia humana,
Discriminación. Trato desigual.
Discriminación contra la mujer. De acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer:
1. Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo cuyo objeto o resultado sea menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio, por parte de la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, civil u otra.
2. La existencia de leyes, reglamentos, resoluciones o cualquier otro acto jurídico, cuyo espíritu, contenido o efectos, contengan ventajas o privilegios del hombre sobre la mujer.
3. La existencia de circunstancias o situaciones fácticas que desmejoren la condición de la mujer y, aunque amparadas por el derecho, sean producto del medio, la traición o la idiosincrasia individual o colectiva.
4. El vacío o deficiencia, legal o reglamentario, en un determinado sector donde intervenga la mujer, que obstruya o niegue sus derechos.
Educación sexista. Instancia de socialización que contempla y refuerza el trato desigual entre las mujeres y los hombres, que se traduce 'en asignación de funcione y actividades distintas tomando como parámetro el sexo, con privilegio de la condición de un sexo sobre el otro.
Equidad. Condición que permite a la persona en desventaja participar en igualdad de condiciones.
Estereotipo. Ideas, prejuicios, creencias y opiniones, preconcebidos e impuestos por el medio social y cultural, que se aplican en forma general a todas las personas pertenecientes a la categoría a la que hacen referencia, como nacionalidad, etnia, edad o sexo.
Estereotipo sexual. Idea que se fija y se perpetúa con respeto a las características que presuponemos propias de uno u otro sexo y genera la desigualdad entre ellos e impide el logro de los objetivos de desarrollo e igualdad entre los seres humanos.
Género. Término que denomina la construcción social de las identidades diferenciada de mujeres y hombres. Consiste en la adscripción de identidades, roles y valores diferenciales entre mujeres y hombres, los que se expresan como desigualdades sociales.
Igualdad Política. Condición política que reconoce a las mujeres los mismos derechos y deberes ciudadanos que a los hombres.
Perspectiva de género. Es la que incluye los intereses, derechos, necesidades, realidades y puntos de vista de mujeres y hombres en cada aspecto, a nivel de una política, plan o programa. Forma de ver y entender las múltiples formas de subordinación y discriminación que, frente a los hombres, experimentan las mujeres de distintas edades, etnias, razas o condiciones socioeconómicas, o por discapacidades, preferencias sociales, ubicaciones geográficas y otras, dando lugar a la diversidad entre las mujeres que influye en la manera como se experimenta, dicha subordinación y discriminación,
Roles. Tareas o papeles que se le asignan a una persona en una sociedad.
Sexismo. Actitud o acción que subvalora, excluye, subrepresenta y estereotipa a las personas por su sexo. Contribuye a la creencia de que las funciones y roles diferentes asignados a hombres y mujeres son consecuencia de un orden natural, inherentes a las personas por el sólo hecho de haber nacido de sexo masculino o femenino.
Sexo. Condición biológica natural. Diferencia física y anatómica o de constitución de cada persona según sea de sexo femenino o masculino.
Socialización. Proceso mediante el cual la persona aprende los patrones de conducta que son aceptados, obligados, permitidos o prohibidos en una sociedad. Mecanismo por el cual, a través de distintas instancias, se reproducen, perpetúan y legitiman las condiciones materiales e ideológicas prevalecientes en el sistema social.
Socialización de roles. Proceso mediante el cual una persona recibe y aprende la asignación de roles sociales que se consideran propios de su sexo.
Subordinación de la mujer. Sometimiento de la mujer al control y autoridad del hombre o de las estructuras patriarcales. Pérdida del control sobre diversos aspectos de su vida, tales como su sexualidad, su capacidad reproductiva o su capacidad de trabajo.
Violencia de género. Formas que perpetúan la dicotomía entre las mujeres y los hombres y que aseguran la interioridad de un género sobre el otro. Tales formas violan derechos humanos como el derecho a la vida, a la libertad, a la integridad física, menta y moral, así como la seguridad de la persona y su dignidad. Esta forma de discriminación inhibe seriamente las habilidades de las mujeres para disfrutar de los derechos y libertades sobre la base de la igualdad con los hombres.
Artículo 4. Se instituye, como política pública del Estado, que el principio de igualdad de oportunidades para las mujeres regirá en todas las acciones, medidas y estrategias que implemente el gobierno:
1. Eliminar los obstáculos estructurales y legales que violentan la condición humana de las mujeres y que la mantienen en un plano de desigualdad en el ámbito público y privado.
2 Establecer tribunales y otras instituciones públicas par la protección efectiva del sexo femenino contra todo acto de discriminación.
3. Velar porque las autoridades e instituciones públicas se abstengan de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra las mujeres.
4. Lograr el acceso de las mujeres a mayores niveles de información, formación, cultura y participación en las tomas de decisiones.
5. Crear las condiciones necesarias para fomentar una distribución más equilibrada de las responsabilidades en el sector público y privado, entre los hombres y las mujeres.
6. Mejorar la protección de la salud de la población femenina, especialmente de los grupos expuestos a mayores riesgos.
7. Facilitar el acceso de las mujeres a los proyectos de vivienda decorosa, ya que sus ingresos son menores.
8. Diversificar las opciones escolares y profesionales de las mujeres y hombres estudiantes, ampliar su participación en las actividades culturales y revisar los programas educativos, a fin de eliminar los contenidos discriminatorios y sexistas.
9. Reducir la tasa de desempleo femenino y la segregación laboral por razón de género, así como mejorar las condiciones laborales de las mujeres.
10. Velar por la efectiva incorporación de las mujeres en los planes de desarrollo nacional.
11. Prevenir y contrarrestar la violencia intrafamiliar y la violencia en general.
12. Ejecutar programas que capaciten e involucren a las mujeres en la protección del medio ambiente.
13. Promocionar imágenes del género femenino más dignas en los medios de comunicación social.
14. Desarrollar estrategias definidas en favor de los grupos especiales de interés social: mujeres indígenas, niñas, jóvenes, campesinas, panameñas, con discapacidad, adultas mayores, mujeres embarazadas y mujeres privadas de libertad.
15. Mejorar y completar el conocimiento de la situación social de las mujeres panameñas y de su incidencia en las medidas políticas, sociales y económicas, a través del perfeccionamiento de estadísticas, la realización de encuestas, investigación e incorporación del análisis con perspectiva de género, en cualquier estudio y política pública que se lleve a cabo, y el diseño de los indicadores apropiados.
Artículo 5. El Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia, es el organismo estatal encargado de la coordinación, promoción, desarrollo y fiscalización de la política pública de promoción de la igualdad de 0portunidades para las mujeres, a través de la
Dirección Nacional de la Mujer, órgano técnico de consulta, asesoría y ejecución de las política públicas dirigidas a mejorar la condición de las mujeres.
La Dirección Nacional de la Mujer es la secretara técnica del Consejo Nacional de la Mujer, adscrito al Ministerio de la Juventud la Mujer, la Niñez y la Familia, para concertar y proponer las políticas para la igualdad de oportunidades de las mujeres.
De los Derechos que Contiene la Igualdad de Oportunidades
Artículo 6. La política pública que el Estado implementará par cumplir con los fines del artículo anterior, establece:
1. Incorporar a las mujeres en la elaboración de los planes de desarrollo nacional y tener la garantía de que éstos contemplen la perspectiva de género.
2. Aprobar y ejecutar políticas públicas modernas para el pleno desarrollo y aprovechamiento del potencial y capacidad de las mujeres.
3. Capacitar, tato a hombres como a mujeres, en la visión intergenéricas par promover el sentido de igualdad en todos los ámbitos de la sociedad, empezando por la práctica de la relaciones de igualdad en el ámbito familiar.
4. Disponer de datos, sistemas y métodos para procesar información que facilite el examen integra de los aspectos económicos y sociales, con perspectiva de desarrollo humano igualitario.
5. Promover programas de empleo que incorporen a las mujeres para apoyar a aquellas que se insertan en el sector informal, a objeto de mejorar sus condiciones de vida, así como establecer mecanismos de financiamiento y estrategias que garanticen a las mujeres el acceso a la tierra, al crédito y a la tecnología.
6. Diseñar y ejecutar programas de capacitación técnica, con el fin de calificar a las mujeres para el trabajo bien remunerado y promover la integración de las mujeres discapacitadas.
7. Realizar y publicar investigaciones sobre distintos aspectos económicos y del desarrollo humano de las mujeres, a efecto de obtener una visión más precisa de su condición en relación con el hombre.
8. Fomentar la ampliación o creación de cooperativas de ahorro, crédito y de consumo, a fin de constituir una re del soporte que requieren, sobre todo, las mujeres que viven en áreas rurales.
9. Crear y ampliar los servicios de centros de orientación infantil y hogares comunitarios u otros apoyos, que permitan a las mujeres su incorporación en la vida social y económica y que faciliten la atención de otras facetas de su vida.
10. Ejecutar programas y proyectos destinados a grupos de mujeres de especial interés: niñas jóvenes, discapacitadas,. indígenas, campesinas, afropanameñas, adultas mayores, embarazadas y las privadas de libertad.
11. Propiciar la creación de fondos presupuestarios destinados a proyectos, para grupos desfavorecidos y de alto riesgo, que promuevan el mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres.
12. Definir y ejecutar, con la plena participación de las mujeres, políticas y programas de medio ambiente que aseguren el desarrollo sostenible, la salud y el bienestar de las mujeres y los hombres.
13. Evaluar el impacto que causan las medidas contempladas en el programa económico sobre la población panameña, en especial sobre las mujeres y su desarrollo humano.
Poder y Participación Política
Artículo 7. Son acciones de política pública que el Estado desarrollará par estimular la participación de las mujeres en los puestos de dirección y en la política:
1. Sensibilizar Y capacita a los dirigentes políticos y políticas en la perspectiva de género, en la naturaleza de las relaciones intergenéricas y en diversos enfoques, que permitan variar las concepciones tradicionales que tienden a excluir a las mujeres del quehacer político.
2. Establecer mecanismos básicos de coordinación que fomenten la solidaridad que debe existir entre mujeres y hombres de diferentes partidos políticos y organizaciones sociales. Con el fin de identificar y denunciar toda concepción o práctica que limite la participación de la mujer como política.
3. Fortalecer las organizaciones a nivel local y de comunidades y promover que las mujeres ejerzan un verdadero liderazgo en esas instancias.
4. Lo que la democratización se consolide con el acceso de las mujeres al poder político.
5. Establecer la obligación de 1os partidos políticos de reglamentar el artículo 196 del
Código Electoral, con el fin de garantizar la participación de, por lo menos, el treinta por ciento (30%) de mujeres en las listas electorales y en los cargos internos del partido.
6. Establecer la obligación para los gobiernos de garantizar la participación de por lo menos, el treinta por ciento (30%) de mujeres como ministras, viceministras y directoras de entidades autónomas y demás y de entidades gubernamentales.
7. Establecer mecanismos efectivos que garanticen el pleno ejercicio de los de derechos ciudadanos de las mujeres, en todos los ámbitos de la sociedad.
8. Garantizar la real participación de las mujeres calificadas, en los puestos ejecutivos de alto nivel de las distintas instancias de la Administración del Canal y sus áreas revertidas.
9. lograr que, antes del año 2005, por lo menos el treinta por ciento (30%) de lo integrantes de procesos de adopción de decisiones en los grupos comunitarios, organizaciones no gubernamentales, sindicatos, cooperativas, gremios profesionales, asociaciones y otros, sean mujeres.
10. Capacitar a las mujeres en todos los aspectos de la vida pública, en el diseño de políticas, en el liderazgo y gerencia de programas, y apoyarlas en la toma de decisiones para que la ejerza con idoneidad.
11. Alentar a las mujeres y hombres que están en posiciones de poder a que se solidaricen con las aspiraciones de las mujeres, de todas las etnias y estratos socioeconómicos del país.
12. Garantizar que los hombres políticos y las mujeres políticas formulen estrategias y programas que aseguren una democracia, donde la participación igualitaria sea el fundamento del desarrollo sostenible y de la paz social.
Artículo 8. El Estado garantizará el cumplimiento y ejercicio de los derechos de ciudadanía de la mujer, a través de las siguientes acciones de política pública:
1. Evaluar las normas jurídicas que deben consagrar los derechos de las mujeres para eliminar los vestigios de discriminación, y asegurar que, en teoría y práctica, se materialice la igualdad de género respecto a derechos, deberes y responsabilidad.
2. Sensibilizar y capacitar a los funcionarios y funcionarias que administran justicia. en la perspectiva de género y en diversos enfoques, a fin de varar las concepciones tradicionales de interpretar la ley que tienden a discriminar a las mujeres.
3. Desarrollar campañas de orientación y divulgación para promover y hacer cumplir las normas que protegen los derechos y garantías legales de las mujeres.
4. Reformular los textos legales para eliminar el lenguaje sexista.
5. Incorporar las recomendaciones de los convenios internacionales de la Organización
Internacional del Trabajo sobre igualdad de remuneración por Igual trabajo del hombre y la mujer y sobre la discriminación por razones de sexo en el empleo y ocupación.
6. Aumentar el presupuesto estatal para la aplicación efectiva de la Ley 27 de 1995 que tipifica la violencia intrafamiliar.
7. Legislar sobre el reconocimiento de los derechos de la mujer, como el de vivir libre de violencia, así como establecer la obligación de prevenirla y sancionarla; aun cuando se infringida por personas privadas.
8. Aprobar las disposiciones legales pertinentes que garanticen la eliminación de prácticas discriminatorias, hacia las niñas y mujeres adolescentes, en función de etnia, religión o condición.
9. Reformular y aprobar el anteproyecto de ley por medio de la cual se incorpora la certificación de responsabilidad familiar a la emisión de paz y salvo nacional. a fin de proteger el derecho de alimento de toda persona con derecho a recibirlo.
10. Incorporar. En el Código Penal, otras disposiciones que regulen figuras delictivas no contempladas aún, como el hostigamiento o acoso sexual.
11. Revisa la Ley de Carrera Admirativa y la leyes de otras carreras políticas para garantizar el tratamiento de los temas con perspectiva de género.
12. Garantizar la existencia de mecanismos administrativos, nacionales y locales, para el debido seguimiento de cada una de las disposiciones aquí enunciadas, así como asegurar su fiel cumplimiento y la incorporación de los correctivos necesarios.
Artículo 9. La política pública que el Estado implementará para desarrollar los servicios sociales que favorezcan la distribución equitativa de las responsabilidades familiares entre la pareja, conlleva:
1. Estudiar la repercusión que para la población femenina, tiene el cuidado de la familia y el desempeño de las labores domésticas, así como estimular al análisis de las diversas maneras de cambiar las normas socioculturales de conducta que promueven que la sociedad sobrecargue a las mujeres con una parte importante y desproporcionada del trabajo doméstico, y establecer programas de acción tendientes a que la guarda y crianza de las niñas y niños sean asumidas conjunta y solidariamente por ambos progenitores.
2 Fomentar la creación de centros de cuidado y escuelas infantiles. Para incrementar las ofertas de estos servicios en horarios que se adecuen a las jornadas laborales de la pareja, los cuales deberán cumplir los requisitos mínimos que garanticen la calidad de sus servicios y la adecuada formación de sus profesionales.
3 Promover alternativas para la atención de los familiares que precisen los servicios de cuidados y asistencia. Cuando ambos integrantes de la pareja trabajen.
4. Realizar campañas, a través de publicidad y material divulgativo, sobre la práctica cotidiana de la distribución igualitaria de los papeles y responsabilidades entre varones y mujeres integrantes de la familia. Dichas campañas destacarán el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades, que permite a las mujeres conciliar adecuadamente su vid familiar y profesional y las actividades de ocio, y promoverán los efectos positivos que, para los infantes, supone el ser atendidos por su padre y su madre.
5. Diseñar instrumentos estadísticos adecuados que permitan hacer visible el trabajo que realizan las mujeres en el hogar.
6. Posibilitar al llegar a la mayoría de edad a los hijos e hijas, la alteración del orden de los apellidos, de forma que pueda figurar en primer lugar el de la madre.
Artículo 10. La participación de las mujeres en el mundo del trabajo representa un desafío, que debe afrontase con respuestas generales, articuladas e innovadoras que permita el adecuado desarrollo de los recursos humanos que ellas aportan y que se encuentran infrautilizados. La diferenciación de oportunidades de inserción laboral femenina, ubica a un significativo porcentaje de mujeres en posiciones desventajosas, y el concepto imperante es concebirlas como administradora y no con directivas de las empresas. Las mujeres están más propensas al desempleo que los hombres, a la remuneración inadecuada, a la inestabilidad laboral, al hostigamiento o acoso sexual en el empleo y se encuentran confinadas al sector informal de la economía, con las desventajas que estos aspectos conllevan para su desarrollo como persona, par la familia y el hogar.
Artículo 11. La política pública que el Estado establecerá para promover la igualdad de oportunidades en el empleo, comprende las siguientes acciones:
1. Fomenta las capacidades de las mujeres en los ámbitos directivos.
2. Realizar campañas y programas experimentales, dirigidos a estimular el acceso de las mujeres a ocupaciones nuevas y no tradicionales.
3. Elabora una agenda de empleo par las mujeres, que sirva de instrumento de apoyo la inserción profesional y laboral en sus demandas de empleo.
4. Promover el cambio cultural y la ruptura de estereotipo por razón de sexo dentro de las empresas.
5. Generar nuevos indicadores estadísticos, que permitan analizar las característica especificas de la actividad laboral de las mujeres y las condiciones de trabajo de la mano de obra femenina.
6. Realizar estudios sobre la situación laboral de las mujeres en las áreas rurales y la actividad empresarial femenina.
7. Propiciar la formación profesional de las mujeres en la agricultura y zonas rurales.
8. Promover la presencia igualitaria de las mujeres en los distintos puestos y niveles de la administración pública, especialmente en los de mayor responsabilidad.
9. Identificar y eliminar la discriminación en el acceso y promoción en la administración pública.
10. Promover a las entidades del sector público y privado a que faciliten el acceso igualitario de las mujeres al empleo y su inserción en puestos de responsabilidades, especialmente en los sectores tradicionalmente masculinos.
11. Estudiar y prevenir las situaciones de acoso u hostigamiento sexual en el trabajo.
12. Garantizar a las mujeres el acceso a, por lo menos, un cincuenta por ciento (50%) de las plazas de trabajo en todos los sectores de trabajo en igualdad de oportunidades, deberes y derechos, mediante la promoción de la idea de que las profesiones no tienen sexo, así como divulgar ampliamente los derechos de las mujeres, consagrados en el Código de Trabajo, y formular nuevas disposiciones que las protejan para desarrollar programas técnicos y de desarrollo humano y laboral.
13. Diseñar mecanismos de crédito y de asistencia técnica con recursos locales y de organizaciones internacionales, para estimular la autosugestión y el desarrollo empresarial en las mujeres.
14. Adecuar los programas de educación formal y no formal y de capacitación técnica, con el fin de que las mujeres obtengan calificación para puestos mejor remunerados.
15. Apoyar las cooperativas y organizaciones productivas de mujeres de la ciudad y del campo.
16. Promover acciones que involucren a las organizaciones sindicales y de mujeres, para que se incremente su participación en el área laboral, así como ejecuta programas de capacitación sindical, tendientes a que más mujeres se inserten y participen en puestos directivos.
17. Promover acciones para que a las trabajadoras domésticas les sean reconocidos sus derechos, deberes y responsabilidades dentro del marco de la justicia social.
18. Vigilar el fiel cumplimiento de las disposiciones legales en materia laboral, denunciar prácticas discriminatorias y tomar acciones para su corrección, así como garantizar la protección de la salud de las mujeres trabajadoras que laboran con materiales de alto nivel contaminante.
19. Ejecutar programas y acciones de capacitación y orientación laboral desde la educación secundaria, con el fin de preparar a las jóvenes en el amplio mundo del trabajo.
20. Promover la adecuación de espacios que permitan satisfacer las necesidades básica en los lugares de trabajo, como servicios higiénicos, comedores, despensas, enfermerías y centros de orientación infantil.
Artículo 12. La política social que el Estado promoverá en materia de violencia de género, comprende:
1. Promover investigaciones que permitan conocer el grado de los temas menos estudiados: prostitución, incesto, acoso sexual, niñas en la calle, embarazos por incesto, agresión psíquica, condiciones de trabajo en las maquilas, trabajo a domicilio y trabajo doméstico, entre otros.
2. Elaborar propuestas para incorporar, en los programas de estudios, el tema de la educación sin violencia, particularmente las formas más comunes: maltrato físico, violación e incesto.
3. Programar campañas permanentes, con el apoyo de los medios de comunicación, contra la violencia, así como promocionar eventos y otras formas de visibilizar la temática.
4. Elaborar propuestas legislativas sobre políticas para la atención del problema, con especificidad de la condición de las mujeres.
5. Promover la implementación de servicios, programas de capacitación y propuestas alternativas de atención, en los casos de violencia contra las mujeres.
6. Elaborar un programa permanente de educación dirigida al personal directamente involucrado en la atención del problema: jueces, corregidores, médicos, psicólogos
7. Vigilar y dar seguimiento a las medidas propuestas, para garantiza la eliminación de la violencia en la vida de las mujeres y en la suciedad.
Artículo 13. La política pública que el Estado desarrollará para promover la igualdad de oportunidades en materia de salud, contempla:
l. Redefinir las políticas de salud con enfoque de género, y alcanzar un entendimiento claro por pare de todos los niveles jerárquicos, políticos, técnicos y de apoyo, para lograr coherencia en su aplicación.
2. Fomenta la concepción integral de la salud de población, psicosocial, preventiva, individual y colectiva; y del ambiente, natural y sociocultural, así como valorizar y rescatar la medicina tradicional.
3. Readecuar la organización y administración de los servicios de salud, para garantizar la atención integral y accesibilidad de las mujeres, en especial las que residen en áreas alejadas.
4. Fomentar el desarrollo de los Sistemas Locales de Salud (SILOS), como modelo de organización y administración de servicios de salud, promoviendo la participación social de las mujeres en dicha gestión,
5. Realizar investigaciones participativas con enfoque de género, en las áreas de salud sexual y reproductiva, nutrición, salud mental y violencia.
6. Ampliar las acciones preventivas y de atención primaria, desarrollando educación y detección temprana de las principales causa¡ de muerte de las mujeres, con énfasis en los grupos de riesgo.
7. Diseñar, actualizar y ejecutar programas de promoción y educación en salud, en especial para las mujeres.
8. Promover la enseñanza de la sexualidad y reproducción, como medio preventivo para garantizar una buena salud sexual y reproductiva.
9. Elaborar y difundir materiales de educación sanitaria, dirigidos a la prevención de los problemas de salud de las mujeres trabajadoras.
10. Elaborar y difundir programas de información sanitaria para las mujeres de edad avanzada.
11. Prevenir la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) entre las mujeres, así como las enfermedades de transmisión sexual.
12. Impulsar programas de prevención del embarazo en la adolescencia.
13. Introducir el nuevo enfoque de la menopausia entre la población en general y entre profesionales de la salud y servicios sociales en particular.
14. Desarrollar programas para atender el programa de los abortos despenalizados por el Código Penal.
15. Introducir, en la formación inicial de los médicos y del personal sanitario, los tema relacionados con la salud de las mujeres.
16. Desarrollar programas de atención sanitaria en el domicilio y/o de enfermedades crónicas, para las mujeres de edad avanzada.
17. Promover en las mujeres la selección de profesiones no tradicionales en salud.
18. Desarrollar campañas y acciones que logren la participación igualitaria de hombres y mujeres en la planificación familiar.
19. Promover la concertación y coordinación, entre el sector público, organismos internacionales y la sociedad civil (organizaciones no gubernamentales y grupos comunitarios), en la presentación de programas Y proyectos de salud integral de las mujeres, que permitan ampliar la cobertura de población y la efectividad de su ejecución.
Artículo 14. La vivienda constituye un derecho fundamental de todo ser humano y es deber del Estado garantizar que cada panameña y panameño tenga una vivienda con las condiciones mínimas que le permitan tener una vida decorosa.
Artículo 15. Corresponde al Estado desarrollar la política para promover la igualdad de oportunidades en materia de vivienda, mediante las acciones siguientes:
1. Realizar investigaciones sobre la situación y tenencia de la vivienda, a efecto de contar con datos fidedignos sobre la situación de las mujeres con respecto a la vivienda.
2. Estimular los debates con las facultades de arquitectura de las universidades oficiales y particulares del país, para estudiar nuevas formas de hábitat que tengan en cuenta las diferencias y necesidades de los diversos integrantes de la familia: infantes, personas de edad avanzada, personas con discapacidad y otros. Así mismo, analizar la conveniencia de que las viviendas dispongan de espacios multifuncionales aislados.
3. Aumentar oportunidades para que las mujeres adquieran vivienda, teniendo en cuenta a la que con mayor dificultad tienen acceso a los proyectos de vivienda porque sus ingresos son menores.
4. Garantizar que la vivienda reúna las condiciones mínimas necesarias par el desarrollo de las mujeres y de su familia.
5. Crear mecanismos ágiles que garanticen el acceso a la vivienda para aquellos grupos de mujeres que, por su condición especial, les resulta difícil la satisfacción de sus necesidades básicas.
Artículo 16. El sistema educativo panameño es uno de los instrumentos fundamentales paran corregir las desigualdades sociales, entre ellas, las que se producen por razón de sexo y etnia.
Artículo 17. La política pública que promoverá el Estado panameño en materia de educación y cultura, para la igualdad de las oportunidades de la mujer, comprende:
1. Actualizar los perfiles y los planes y programas de estudios, a fin de elimina el enfoque y los contenidos sexistas y androcéntricos en los textos escolares y materiales educativos, desde el nivel preescolar hasta la universidad.
2. Capacitar a los docentes en el componente género, para que se aplique en todo proceso de enseñanza aprendizaje en los distintos niveles del sistema educativo.
3. Incorporar en el currículo, lo relativo a los derechos de las mujeres y la niñez, según lo establecido en las convenciones internacionales.
4. Orientar a las mujeres en la elección de carreras no tradicionales y de mayor enumeración, así como reforzar su capacitación técnica y académica.
5. Desarrollar programas de educación sexual que, desde el nivel preescolar, orienten hacia una comprensión responsable y funcional de la sexualidad como actividad vital y normal del ser humano.
6. Incluir, en el currículo de formación de los docentes, contenidos referidos a la eliminación de preconceptos y prácticas discriminatorios contra las mujeres y su contribución al desarrollo social.
7. Desarrollar programas y materiales de alfabetización bilingües, que incorporen a los sectores tradicionalmente marginales de la acción educativa, indígenas y campesinas. Y fortalezcan el desarrollo de su autoestima.
8. Fortalecer la enseñanza de asignaturas que contribuyan al desarrollo de la conciencia cívica y política de las mujeres.
9 Establecer cursos de aprendizaje práctico, para ambos sexos, de todas las destrezas y actitudes, necesarios para la vida doméstica, en la enseñanza obligatoria.
10. Promover la actividad física y deportiva de las niñas y la práctica deportiva de las mujeres.
11. Elaborar la guía del profesorado sobre la igualdad educativa de los sexos.
12. Elaborar el instructivo magisterial sobre prácticas educativas para la igualdad.
13. Sensibilizar y formar al profesorado para que, un vez identificados los estereotipos y prejuicios sexistas, trabajen para la realización efectiva de la igualdad entre mujeres y hombre en la educación.
14 Incorporar, en la educación vocacional y técnica, elementos teórico prácticos que faciliten a las mujeres, su inserción en mercado de trabajo y en todos los niveles de
la pirámide ocupacional, sin desigualdad alguna.
15. Fomentar la elaboración y publicación de textos, especialmente de aquellos que presenten la contribución de las mujeres panameñas en la historia nacional.
16. Facilitar espacios gratuitos en los distintos medios de comunicación social, para auspiciar y socializar la producción literaria y artística de las mujeres.
Artículo 18. La imagen que de las mujeres proyectan los medios de comunicación social aparece estereotipada y son pocas las orientaciones que remarcan la representación de su condición y rol social, de manera que se transmite su imagen tradicional, diferenciando comportamientos discriminatorios entre ambos sexos que no reflejan la realidad de la mujer ni su participación social, y atenta contra sus aspiraciones individuales y colectiva. La emisión e incorporación de una imagen digna de las mujeres en los medios de comunicación social, puede representar un adelanto en la superación de estereotipos tradicionales y contribuir a sensibilizar a la opinión pública sobre la necesidad de adecuar los comportamientos y las estructuras sociales a la transformación del papel de las mujeres en la sociedad.
Artículo 19. La política pública del Estado destinada a promover en los medios de comunicación social una imagen digna de las mujeres, se implementará mediante las acciones siguientes:
1. Investigar los tipos de mensajes, contenidos y valores que sobre las mujeres emiten los medios de comunicación social, y difundir sus resultados.
2. Desarrollar campañas, a través de los medios de comunicación social, que analice los problemas más relevantes de las mujeres.
3. Sensibilizar a los directivos, técnicos y gremios profesionales de la comunicación, a fin de crear los espacios suficientes para la promoción de una imagen respetuosa de las mujeres.
4. Motivar al mercado publicitario para que proyecte, en sus espacios publicitarios, imágenes de contenido igualitario de las mujeres profesionales, amas de casa, estudiantes, y en la participación de la vida política, cultural y social del país.
5. Capacitar a las comunicadoras y comunicadores sociales en la perspectiva de género.
6. Desarrollar investigaciones sobre la situación profesional de las mujeres en el ejercicio de la comunicación social.
7. Divulgar sistemáticamente, por los medios de comunicación social, los logros de las mujeres en los distintos campos de su vida cotidiana.
8. Evitar en las programaciones, escritos, imágenes publicitarias y modelos estereotipados, que impliquen superioridad o inferioridad de hombres o mujeres.
9. Estimular, en los programas donde se analice o debata cualquier tipo Je problema social, el punto de vista de las mujeres y aumentar en ellos su participación numérica.
10. Estimular la creación de medios de comunicación social alternativos, como programas de radio y televisión, revistas, boletines y periódicos locales y estudiantiles, que enfoquen los avances de la mujer.
11. Orientar a la Dirección de Medios de Comunicación Social para que haga efectivas las disposiciones jurídicas que regulan los medios, así como las relacionadas con la situación social de las mujeres.
Artículo 20. El Estado desarrollará la política pública para la existencia y supervivencia de la especie humana que se encuentra amenazada por la degradación de los recursos humanos, tomando en consideración los siguientes aspectos:
1. Profundizar la incorporación de la perspectiva de género en los planes y programas de las instituciones encargadas de velar por el desarrollo ambiental Autoridad Nacional del Ambiente, Ministerio de Planificación y Política Económica,
Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Instituto de Mercadeo Agropecuario, Asamblea Legislativa, municipios y organizaciones no gubernamentales.
2. Ejecutar proyectos que capaciten e involucren a las mujeres en la conservación ambiental y en las actividades para lograr este desarrollo.
3. Diseña proyectos de desarrollo ambiental que fortalezcan la participación de las mujeres, tomando en consideración el área residencial rural o urbana.
4. Elaborar y difundir tecnologías que respondan a las necesidades de las mujeres, reduzcan su volumen de trabajo doméstico y contribuyan a la protección del medio ambiente.
5. Desarrollar programas no formales de educación ambiental, dirigidos, particularmente, a las mujeres que dedican gran parte de su tiempo a los quehaceres domésticos, a fin de reforzar su conciencia sobre los problemas ambientales, así como también su participación más activa en la toma de decisiones y en el diseño de proyectos específicos que benefician el entorno natural.
6. Fomentar una producción intensiva de alimentos con miras hacia la autosuficiencia alimenticia del país, teniendo en cuenta las condiciones locales predominantes.
7. Promover sistemas agrícolas compatibles con el medio ambiente, económicamente viables, para incrementar la productividad agrícola del suelo, y fomentar la ordenación y reutilización de los recursos.
8. Crear, construir y mejorar las instituciones gubernamentales y centros comunitarios, que contribuyen a dar solución a los problemas del ambiente; fortalecer su adiestramiento y la capacidad de gestión.
9. Rema las recomendaciones hechas por los acuerdos internacionales que garantizan la participación de las mujeres en el desarrollo sostenible y la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
10. Diseña un sistema de registro estadístico para la recolección de indicadores de género, que permita determinar el grado de participación que tienen las mujeres en la conservación del medio ambiente.
Artículo 21. La política pública que el Estado establecerá para promover la igualdad de oportunidades para las niñas, contempla:
l. Propiciar iniciativas para preparar a la ni a participar, activa y eficazmente y en igualdad con el niño, en todos los niveles de la esfera familiar, social, económica, política y cultural.
2. Desarrollar acciones educativas a fin de desarraigar los prejuicios basados en el género de los programas de estudios, materiales y prácticas, así como de las actitudes de los maestros y profesores y de las relaciones dentro del aula.
3. Promover la educación de la sexualidad, vista como un proceso de desarrollo de los seres humanos, que debe iniciarse desde los primeros años de vida, con respeto, igualdad y responsabilidad.
4. Propiciar la participación de las niñas en funciones sociales, económicas y políticas de la sociedad, a fin de aprender acerca de esas funciones, permitiéndoles oportunidades de acceder a los procesos de adopción de decisiones, igual que los niños.
5. Desarrollar y aplicar políticas, planes de acción y programas amplios, a fin de erradicar todas las formas de violencia, de explotación sexual y laboral; las violaciones y el incesto; la prostitución infantil; la maternidad y el matrimonio a edad temprana, considerando que la niña es más vulnerable a todo tipo de maltrato.
6. Velar porque se desglosen, por sexo y edad, todos los datos relativos a las niñas en cuanto a salud y educación y otros sectores, a objeto de incluir una perspectiva de género en la planificación, aplicación y vigilancia de programas.
7. Propiciar investigaciones con el enfoque de género, que proporcionen la mayor información sobre la situación de las niñas.
8. Poner en marcha programas de educación y elaborar materiales didácticos y libros de textos, que sensibilicen e informen a los adultos sobre los efectos perjudiciales que para las niñas entrañan determinadas prácticas tradicionales o impuestas por la costumbre.
9. Elabora y aprobar programas de estudios, materiales didácticos y libros de texto, que mejoren el concepto que de sí misma tiene la niña, su vida y sus oportunidades de trabajo, especialmente en áreas donde la mujer ha estado tradicionalmente menos representada.
10. Alentar a las instituciones de educación, especialmente a los medios de comunicación social, a que adopten y proyecten una imagen de la niña equilibrada y libre de estereotipos y a que se esfuercen en eliminar la pornografía infantil, así como las representaciones degradantes o violentas de la niña.
11. Estas disposiciones se aplicarán con especial énfasis en las niñas de grupos humanos vulnerables, marginados y en riesgo social, como las indígenas, afropanameñas y de los sectores marginales.
Artículo 22. La política pública que el Estado establecerá para promover la igualdad de oportunidades para las mujeres jóvenes, se realizará mediante las siguientes acciones:
1. Propiciar investigaciones con enfoque de género, que proporcionen la mayor cantidad de información sobre identidad, autoestima, valores, creencias, temores y expectativas de la población joven.
2. Facilitar información sobre género y sus implicaciones en la situación de desigualdad y subordinación por sexo, en la sociedad nacional, a grupos mixtos de jóvenes, padres y madres de familia, educadores, autoridades y tomadores de decisiones.
3. Desarrollar planes educativos para la formación y capacitación de jóvenes, especialmente mujeres, y facilitar su inserción en el campo laboral, con base en la capacidad, aptitudes y destrezas y en los retos tecnológicos del presente y del futuro.
4. Promover acciones para la recreación y uso del tiempo libre, orientadas al desarrollo de sus aptitudes artísticas, a la creatividad y al fortalecimiento de la cultura nacional.
5. Desarrollar acciones de educación cívica y política que fortalezcan la conciencia sobre el derecho a elegir y ser elegida, y estimulen la participación de las mujeres jóvenes en la toma de decisiones.
6. mejorar la información estadística sobre la población joven, desagregada por sexo y subgrupos etarios.
7. Promover la educación de la sexualidad como proceso normal del desarrollo de los seres humanos, hombres y mujeres, con respecto, igualdad y responsabilidad.
8. Lograr que las mujeres Jóvenes tengan por derecho propio un puesto en todos los organismos que expresamente se hayan de crear para el desarrollo de políticas públicas orientadas a promover la igualdad de oportunidades.
9. Promover acciones para la creación de servicios públicos y privados, que ayuden a concretar el acceso a las oportunidades de parte de las mujeres jóvenes.
Artículo 23. Las mujeres jóvenes, además de tener una representación mayoritaria dentro de la población panameña, se destacan por su potencialidad. Los recursos humanos son la mayor riqueza de un país, por tanto, toda nación que se considere responsable tiene que mirar a la juventud como sector clave partícipe del desarrollo nacional, e impulsar programas orientados a fortalecer la identidad personal y social de las mujeres jóvenes.
Artículo 24. El Estado está obligado a velar por el bienestar, la seguridad social y el potencial de las mujeres adultas mayores, y para cumplir este objetivo establece:
1. Desarrollar un programa especial de investigación sobre el envejecimiento con perspectiva de género y sobre la calidad de vida.
2. Ejecutar medidas conducentes a la atención de mujeres adultas mayores, sobre todo las mujeres pobres, campesinas e indígenas.
3. Incorporar la demanda de las mujeres adultas mayores en la elaboración de programas y proyectos destinados a este sector.
4. Promover la creación de instancias locales próximas a los grupos de atención especial, para que los servicios les lleguen en forma más expedita y oportuna.
5. Desarrollar programas de educación sobre la importancia y el aporte de las personas mayores adultas en la sociedad, en función de inculcar la gratitud social de unas generaciones hacia las otras.
Artículo 25. La política pública que el Estado desarrollará para promover la igualdad de oportunidades para las mujeres indígenas, será la siguiente:
1. Elaborar programas y servicios de capacitación permanente sobre los derechos de las mujeres indígenas en la sociedad.
2. Impulsar proyectos para la generación de empleos productivos en las comunidades indígenas, rurales y urbanas.
3. Diseñar materiales educativos relacionados con la alfabetización, basados en las necesidades e intereses de los grupos étnicos.
4. Elaborar programas de sensibilización en las comunidades indígenas, tendientes a eliminar la discriminación hacia las mujeres dentro y fuera de los sectores indígenas.
5. Motivar a los autores nacionales, con la finalidad de que recojan las tradiciones y patrones culturales de los distintos grupos étnicos, en libros de textos y obras didácticas con perspectiva de género.
6. Promover la discusión sobre la importancia de salvaguardar los patrimonios culturales y territoriales de los pueblos indígenas.
7. Incorporar, en las diversas legislaciones del sistema jurídico, el carácter pluricultural y pluriétnico de la nación panameña.
Artículo 26. El Estado promoverá el desarrollo integral de las mujeres del sector campesino mediante las acciones siguientes:
1. Crear fuentes de trabajo para mujeres que viven en el área rural y proyectos especiales para mujeres responsables del hogar.
2. Ajustar la educación y la capacitación a las necesidades de las mujeres campesinas, en función de lograr actividades rentables.
3. Facilitarles el acceso a la tierra, al crédito, a la tecnología y capacitación; fomenta la producción de alimentos según condiciones locales predominantes y promover sistemas agrícolas compatibles con el medio ambiente y económicamente viables, para aumentar la producción y mantener la calidad del suelo.
4. Garantizarles el suministro de agua potable y acceso a sistemas de saneamiento.
5. Mejorar los servicios de salud, bajando los costos de los medicamentos y redistribuyendo los recursos humanos y presupuestarios concentrados en las áreas urbanas.
6. Elaborar programas de educación en sexualidad y planificación familiar para las mujeres y los hombres, de edad adulta y adolescentes.
7. Promover la organización comunitaria como forma de aportar al desarrollo local, donde hombres y mujeres deberán ejercer por igual su derecho a participar y a tomar decisiones.
8. Capacitar a mujeres y hombres para que se incorporen con sentido de equidad en el trabajo productivo y en las tareas domésticas.
9. Concienciar a las mujeres campesinas, adultas y jóvenes, sobre la problemática de las mujeres; a influir en los patrones culturales con respecto al género y elevar su autoestima, de modo que puedan ampliar su visión respecto a equidad en el tratamiento del género.
10. Valorizar y visibilizar el trabajo productivo de las mujeres campesinas.
La Mujer Afropanameña
Artículo 27. La política pública que el Estado establecerá para promover la igualdad de oportunidades para las mujeres afropanameñas, comprende:
1. Adoptar las medidas y acciones para eliminar los prejuicios y estereotipos raciales en los contenidos, textos y programas educativos.
2. Promover, a través de la educación formal y no formal, los valores y prácticas culturales de la población afropanameña.
3. Fomentar el estudio de las raíces e historia de la población afropanaeña.
4. Crear los mecanismos pertinentes para presentar denuncias que surjan como consecuencia de la discriminación racial contra la población afropanameña.
5. Investigar las manifestaciones prácticas racistas que atenten contra la dignidad y los derechos de las mujeres afropanameñas.
Artículo 28. La política pública que el Estado establecerá para promover la igualdad de oportunidades para las mujeres con discapacidad, comprende:
1. Eliminar de forma de conducta discriminatoria hacia las mujeres con discapacidad, como la indiferencia, segregación y aislamiento; las barreras arquitectónicas; la explotación laboral, la adjetivación, humillación, utilización como objeto de burla, vejamen o degradación, o cualquier trato que degrade su condición humana.
2. Promocionar la inserción laboral de las mujeres con discapacidad, mediante programas adecuados de capacitación, habilitación y rehabilitación.
3. Promociona programas de reubicación laboral tendientes a permitir la reinserción de mujeres que presentan discapacidad por accidentes o enfermedades.
Las Mujeres Privadas de Libertad
Artículo 29. Corresponde al Estado desarrollar la política pública tendiente a establecer una mayor humanización en los centros penitenciarios del país, por lo cual adopta las siguientes acciones:
1. Desarrollar programas que propicien nuevas oportunidades de reinserción social para las mujeres privadas de libertad.
2. Reformular los instrumentos de recolección de datos estadísticos, para incorporar aspectos importantes respecto a la vida familiar, personal y comunitaria de las mujeres en la cárcel, con el propósito de ampliar la visión cuantitativa y cualitativa de esta población recluida en los penales.
3. Revisar la legislación, reglamentación y procedimientos de las cárceles, para aproximarlos a la realidad cambiante de la sociedad, y humanizar el sistema penitenciario a efecto de poner en práctica el concepto de resocialización.
4. Promover una imagen más digna de las mujeres privadas de libertad en los medios de comunicación social, a fin de eliminar los estereotipos y prejuicio en contra de este sector femenino.
5. Estimular a los organismos no gubernamentales, redes o coordinación, a que se interesen de manera directa por la situación de las presas y ex reclusas.
6. Propiciar la cooperación internacional y el apoyo financiero a los pro que surjan como estrategias para obtener una mejoría de vida cotidiana de las reclusas,
Artículo 30. El Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia, como ente rector de las políticas públicas para la promoción de igualdad de oportunidades para las mujeres, reglamenta la presente Ley, a objeto de garantizar la ejecución efectiva de sus disposiciones.
Artículo 31. Se crearán, dentro de las entidades públicas, organismos especializados encargados de la coordinación, promoción, desarrollo y fiscalización de la política pública de promoción de igualdad de oportunidades para las mujeres, los cuales presentarán un informe anual de la gestión de la implementación de esta Ley, a la Comisión correspondiente de la Asamblea Legislativa.
Artículo 32. La discusión de los gastos para todo lo relativo a la implementación de esta Ley sobre la política pública, que desarrollarán los organismos estatales encargados, se hará cuando se discuta en la Asamblea Legislativa la asignación de fondos a las instituciones gubernamentales a las cuales pertenecen dichas entidades, para el año fiscal 1999 - 2000.
Artículo 33. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público y obligan. a todas las personas naturales o jurídicas establecidas en el territorio nacional, así como a las servidoras y servidores públicos de cualquier jerarquía, a su cumplimiento.
Artículo 34. Esta Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación.
Aprobada en tercer debate, en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá, a los 28 días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y ocho.
ORGANO EJECUTIVO NACIONAL - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. -
PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA, 29 DE ENERO DE 1999.
MINISTRA DE LA JUVENTUD, LA MUJER,