Source: https://agendamagna.wordpress.com/2009/12/10/discriminacion-por-opcion-sexual/
Timestamp: 2017-12-15 17:35:34
Document Index: 28227140

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Discriminación por opción sexual | Agenda Magna
Discriminación por opción sexual
La sentencia recaída en el Expediente N.º 00926-2007-AA es aquella conformada por los votos de los magistrados Mesía Ramírez, Landa Arroyo y Álvarez Miranda, que declaran FUNDADA la demanda. Se deja constancia que, pese a disentir en sus fundamentos, los votos de los magistrados concuerdan con el sentido del fallo y alcanzan el quórum suficiente para formar sentencia, como lo prevé el artículo 11º, primer párrafo del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional.
En Lima, a los 3 días del mes de noviembre de 2009, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, inicialmente integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Vergara Gotelli y Calle Hayen, pronuncia la siguiente sentencia; con los votos discordantes de los magistrado Vergara Gotelli y Calle Hayen, que se acompañan; el voto del magistrado Álvarez Miranda, llamado a dirimir, que confluye en el sentido del fallo del magistrado Mesía Ramírez, que se agrega; y el voto finalmente dirimente del magistrado Landa Arroyo, que también se acompaña.
Recurso de agravio constitucional interpuesto por C.F.A.D. contra la sentencia de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 133, su fecha 19 de octubre de 2006, que declaró improcedente la demanda de amparo de autos.
Con fecha 15 de octubre de 2004, C.F.A.D. interpone demanda de amparo contra el Director de Instrucción y Doctrina de la Policía Nacional del Perú (PNP) solicitando que se ordene su reposición como alumno del segundo año de la Escuela Técnica Superior de la Policía Nacional de Puente Piedra (fojas 39).
El demandante sostiene que ha sido destituido de dicha escuela con violación del derecho de defensa en el procedimiento administrativo disciplinario que le inició la Dirección de Instrucción y Doctrina Policial, la cual adoptó la medida acusándolo de haber cometido una falta muy grave contra la moral policial (contra el decoro).
El 13 de octubre de 2003, la Jefatura del Regimiento de Alumnos de la Escuela Técnica Superior de la Policía Nacional de Puente Piedra (ETS-PNP-PP) emite el Parte Nº 3-2003-PNP-DIRIDP-ETS-PP-RAL, el cual se refiere a las faltas muy graves contra la moral policial (contra el decoro), cometidas por los alumnos del segundo año PNP R.E.C.P. y C.F.A.D. al haber mantenido relaciones homosexuales en más de una oportunidad entre los meses de octubre de 2002 y septiembre de 2003 (fojas 2).
Para adoptar esta recomendación, se realizan las siguientes diligencias (fojas 5): (i) se recibe el testimonio de los dos alumnos implicados en dicha acusación; (ii) se recibe el testimonio de testigos alumnos de la ETS-PNP-PP; (iii) se realiza un examen psicológico con el fin de determinar la orientación sexual de los implicados por parte del Centro Médico de la ETS-PNP-PP; y (iv) se efectúa un examen médico forense preferencial anal por parte de la Dirección de Criminalística de la PNP.
El 16 de octubre de 2003, mediante la Resolución Directoral Nº 788-2003-DIRDP-PNP/ETS-PP, el Director de Institución y Doctrina de la PNP resuelve separar al demandante y a don R.E.C.P. por tener una relación sentimental de pareja y por mantener relaciones sexuales en más de una oportunidad en los baños del segundo nivel de la ETS-PNP-PP, lo que constituye una falta contemplada en el Capítulo V, 02, c, (a) 1 del Manual de Régimen Interno de las Escuelas de Formación de la PNP, aprobado por la Resolución Directoral Nº 1403-2003-DIRGEN/DIREMG del 7 de julio de 2003 (fojas 24).
Esta decisión fue confirmada por la Resolución Directoral Nº 916-2003-DIRIDP-PNP, del 3 de diciembre de 2003, que conoce del recurso de reconsideración (fojas 28) y posteriormente por la Resolución Ministerial Nº 0883-2004-IN/PNP del 13 de mayo de 2004, que desestima del recurso de apelación presentado por el demandante (fojas 36).
Ante esta situación, el 15 de octubre de 2004 C.F.A.D. interpone la demanda de amparo alegando que en el proceso administrativo disciplinario seguido contra él se violó su derecho fundamental a la defensa (fojas 39).
El 10 de junio de 2005 el Cuadragésimo Sétimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima declara improcedente la demanda, bajo el argumento de que existen otras vías para la protección de los derechos invocados por el demandante (fojas 71). Esta decisión es confirmada por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Lima mediante decisión del 19 de octubre de 2006 (fojas 136). No se tomó en consideración la sentencia de la Corte Superior de Justicia de Huaura del 1 de agosto de 2005, que confirma la demanda de amparo interpuesta por don R.E.C.P., ordenando que se restituya al ex-alumno a la ETS-PNP-PP (fojas 92).
El 19 de diciembre de 2006, el demandante interpone recurso de agravio constitucional reiterando que la declaratoria de improcedencia es inaplicable en este caso puesto que se procura proteger derechos constitucionales tales como el derecho al debido proceso, el principio de non bis in ídem, los derechos a la defensa, a la libertad y al trabajo, entre otros (fojas 139).
VOTO DEL MAGISTRADO MESÍA RAMÍREZ
Visto el recurso de agravio constitucional interpuesto por C.F.A.D. contra la sentencia de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 133, su fecha 19 de octubre de 2006, que declaró improcedente la demanda de amparo interpuesta, el magistrado firmante emite el siguiente voto:
Con fecha 15 de octubre de 2004 C.F.A.D. interpone demanda de amparo contra el Director de Instrucción y Doctrina de la Policía Nacional del Perú (PNP) solicitando que se ordene su reposición como alumno del segundo año de la Escuela Técnica Superior de la Policía Nacional de Puente Piedra (fojas 39).
El demandante sostiene que la destitución sufrida ha sido con violación del derecho de defensa en el procedimiento administrativo disciplinario iniciado por la Dirección de Instrucción y Doctrina Policial, la cual determinó su destitución por haber cometido una falta muy grave contra la moral policial (contra el decoro).
Esta decisión fue confirmada por la Resolución Directoral Nº 916-2003-DIRIDP-PNP del 3 de diciembre de 2003, que conoce del recurso de reconsideración (fojas 28) y posteriormente por la Resolución Ministerial Nº 0883-2004-IN/PNP del 13 de mayo de 2004, que desestima del recurso de apelación presentado por el demandante (fojas 36).
Ante esta situación, el 15 de octubre de 2004 C.F.A.D. interpone una demanda de amparo alegando que en el proceso administrativo disciplinario seguido contra él se violó su derecho fundamental a la defensa (fojas 39).
El 10 de junio de 2005 el Cuadragésimo Sétimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima declara improcedente la demanda, bajo el argumento que existen otras vías para la protección de los derechos invocados por el demandante (fojas 71). Esta decisión es confirmada por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Lima mediante decisión del 19 de octubre de 2006 (fojas 136). No se tomó en consideración la sentencia de la Corte Superior de Justicia de Huaura del 1 de agosto de 2005, que confirma la demanda de amparo interpuesta por don R.E.C.P., ordenando que se restituya al ex-alumno a la ETS-PNP-PP (fojas 92).
1. Teniendo en cuenta el objeto de la presente demanda, considero necesario analizar si el proceso administrativo que culminó con la destitución del demandante de la escuela policial fue realizado de acuerdo con los principios y garantías reconocidos por la Constitución Política y los tratados internacionales de derechos humanos, especialmente en lo relativo al ejercicio del derecho de defensa.
2. De forma complementaria estimo pertinente analizar si las diligencias practicadas para determinar la destitución del demandante, tales como la intervención corporal y la evaluación psicológica, constituyen una aflicción a la dignidad de la persona, a la integridad física y moral, a la intimidad y al derecho a la no discriminación.
3. En conclusión, considero que para resolver sobre la presente controversia resulta ineludible integrar el petitorio demandado en cuanto a los derechos alegados como vulnerados, sobre la base de lo dispuesto en el artículo VIII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional.
§2. De la procedencia del proceso de amparo
4. En el expediente del proceso, tanto el fallo de primera como de segunda instancia han denegado la demanda de amparo por considerar que no procedía un pronunciamiento de fondo, en la medida que la petición incumpliría una serie de presupuestos procesales. Uno de ellos sería la existencia de vías procesales igualmente satisfactorias para la protección de los derechos fundamentales que se consideran violados, previsto en el artículo 5º, inciso 2 del Código Procesal Constitucional.
Asimismo se ha insistido en el hecho de que, en el marco de la supuesta afectación constitucional producida, existen circunstancias no acreditadas, lo que exigiría que el asunto sea dilucidado en un proceso contencioso administrativo.
5. Una demanda de amparo resulta procedente, a pesar de no existir riesgo de daño irreparable en la esfera sujetiva de los derechos fundamentales del demandante, en el caso que se configuren las siguientes circunstancias:
a) Cuando existan elementos de juicio que permitan sostener razonablemente que la jurisdicción ordinaria no está otorgando una debida protección al contenido constitucionalmente protegido de un derecho fundamental.
b) Cuando existan elementos de juicio que permitan sostener razonablemente que en el ámbito de la jurisdicción ordinaria existen interpretaciones distintas o contradictorias con relación al contenido constitucionalmente protegido de un determinado derecho fundamental.
c) Cuando el asunto verse sobre la determinación del contenido constitucionalmente protegido de un derecho que no ha merecido mayor desarrollo jurisprudencial, y que, en esa medida, requiere la intervención del Tribunal Constitucional para asegurar su aplicación igualitaria y predecible por parte de la jurisdicción ordinaria.
6. En el presente caso me queda de manifiesto que las instancias judiciales no han tomado en cuenta todos los elementos de juicio existentes en el proceso, lo que las ha conducido a determinar, injustificadamente, que la demanda incumple con los presupuestos procesales.
En efecto, en el expediente se encuentran documentos que no sólo acreditan la existencia del procedimiento administrativo iniciado contra el recurrente que culminó con su separación de la ETS-PNP-PP a través de la Resolución Directoral N.º 788- DIRDP-PNP/ETS-PP, del 16 de octubre de 2003, sino también de los hechos fundamentales que caracterizaron a dicho procedimiento, tales como: (i) la sospecha relacionada con la supuesta homosexualidad del recurrente; (ii) la supuesta relación sexual del demandante, tanto dentro como fuera de la ETS-PNP-PP, con un compañero de estudios; (iii) los exámenes médico forenses realizados por la Dirección de Criminalística de la PNP en el cuerpo del demandante; entre otros. No existe mérito, pues, para afirmar que se hace preciso un proceso con estación probatoria para acreditar la existencia de los actos que se consideran violatorios de los derechos fundamentales del demandante.
7. Tampoco me parece acertada la consideración de que en el caso resulta aplicable el artículo 5º, inciso 2 del Código Procesal Constitucional. Ello, en primer lugar, porque el presente proceso se inició cuando el referido artículo aún no estaba vigente en el ordenamiento jurídico. Debe recordarse que, conforme lo tiene establecido el Tribunal Constitucional (Exp. Nº 0972-2008-AA/TC) “las normas del Código Procesal Constitucional son aplicables incluso a procesos en trámite, conforme a su Segunda Disposición Final, siempre que de su aplicación no se desprenda afectación a la tutela jurisdiccional efectiva”.
En efecto, el Código Procesal Constitucional regula un modo más restrictivo de acceso a la jurisdicción constitucional, en cotejo con el modo cómo lo hacía la legislación precedente. De ahí que su aplicación inmediata a los procesos en trámite suponga una restricción irrazonable a aquellos casos iniciados por personas que tenían una fundada expectativa en relación con la competencia de la jurisdicción constitucional para conocer el asunto.
8. Por lo demás cabe interpretar que dicha norma guarda estrecha relación con las reglas de competencia en los procesos constitucionales, puesto que determina un presupuesto para la determinación de si es la jurisdicción ordinaria o la constitucional la encargada de dilucidar el caso. Siendo ello así y por expreso mandato de la Segunda Disposición Final del Código Procesal Constitucional, el artículo 5º, inciso 2 no es aplicable al presente caso, pues la referida disposición final establece que las reglas de competencia “continuarán rigiéndose por la norma anterior”.
9. En segundo lugar, porque a la luz de los argumentos utilizados en las instancias precedentes para declarar la improcedencia de la demanda, existen fundadas razones para considerar que aún no existe en el ámbito de la jurisdicción ordinaria una suficiente tendencia a proteger el derecho fundamental a la identidad sexual y a guardar reserva sobre las convicciones que pertenecen al núcleo íntimo de la persona humana, cuyo sustento constitucional se desarrollará más adelante. Se trata de materias que aún no merecen la suficiente atención ni profundización por parte del Poder Judicial y que, en esa medida, requieren de una atención privilegiada por parte de la jurisdicción constitucional.
10. De ahí que, aun en el supuesto negado de que sea cronológicamente aplicable el artículo 5º, inciso 2 del Código Procesal Constitucional, la tutela de urgencia que en un sentido objetivo merece el asunto que ha sido puesto a consideración de la jurisdicción constitucional, exige tener en cuenta la ausencia en la jurisdicción ordinaria de una vía igualmente satisfactoria al amparo para proteger los derechos fundamentales comprometidos.
§3. Del régimen disciplinario en los establecimientos policiales
11. El Consejo de Disciplina de la ETS-PNP-PP fundamenta su decisión para destituir al demandante y a su colega de estudios en que estos han cometidos faltas muy graves contra la moral policial que “afectan el prestigio de la Escuela e institución, minan la moral y disciplina y afectan el honor” (fojas 12).
12. Estando a ello, lo que se debe dilucidar en el presente caso es si el proceso administrativo llevado a cabo estaba encaminado a investigar y sancionar una relación sexual cometida dentro de la escuela policial, o si tenía como fin sancionar al demandante por su supuesta opción sexual.
Cabe destacar que dependiendo de la respuesta que se dé a esta interrogante, la decisión que se adopte variará, tanto en su contenido como en su alcance.
13. Como elemento complementario, estimo preciso determinar si es que el proceso administrativo sancionador cumplió con los estándares mínimos requeridos para ejercer el pleno ejercicio del derecho de defensa.
Como se puede constatar en el expediente, el demandante tuvo formalmente a su disposición recursos administrativos de reconsideración y de apelación, así como la posibilidad de ejercer una defensa. Sin embargo, es menester analizar si en el presente caso las instancias y mecanismos existentes fueron debidamente ejercidos y eficaces.
14. Como elemento preliminar al examen de fondo del caso, debo poner de manifiesto que la estructura del sistema policial está basado en el respeto a los principios de disciplina y de respeto al orden jerárquico. Dada la estructura de mando que impera en el sistema policial, el grado de compromiso, sacrificio y entrega de sus efectivos y alumnos es fundamental para que la Policía Nacional del Perú cuente con las mejores personas y cumpla con su deber constitucional.
15. En el Expediente Nº 03425-2004-AA/TC, el Tribunal Constitucional estableció que “el artículo 166° de la Constitución Política establece que la Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno, así como prestar atención y ayuda a las personas y a la comunidad. Para cumplir con su objeto la institución requiere contar con personal de conducta intachable y honorable en todos los actos de su vida pública y privada, que permita no sólo garantizar, entre otros, el cumplimiento de las leyes y la prevención, investigación y combate de la delincuencia, sino también mantener incólume el prestigio institucional y personal”.
16. Sobre la base de lo anterior, el Tribunal Constitucional considera que las relaciones sexuales en los locales de trabajo o de estudio, constituyen una falta que debe ser sancionada de acuerdo con las normas y reglamentos correspondientes. Independientemente de si se trata de relaciones heterosexuales u homosexuales, la obligación de respeto en los centros de formación y de trabajo es fundamental para que exista un ambiente de consideración y de profesionalismo entre las personas que los integran.
17. Si en el país se han adoptado normas que sancionan el acoso sexual, con mayor razón se debe sancionar las relaciones sexuales dentro de los locales de trabajo o de estudios. La ausencia de mecanismos disciplinarios podría posibilitar que una persona abuse de su posición dominante, sea por aspectos legales o jerárquicos, lo cual debe ser prevenido. Sin embargo, como se verá más adelante en el presente caso, para aplicar la sanción correspondiente debe existir una plena prueba y no basar la imputación en meras suposiciones.
§4. Debido proceso y el respeto a la integridad personal
18. Una vez precisado este punto, queda de manifiesto en el expediente que el Consejo de Disciplina llevó a cabo un proceso administrativo, el cual se inicia ante las denuncias de que el demandante y otro alumno tenían una relación sentimental, de acuerdo con el Informe Nº 38-DIRIDP-ETS-PNMP-PNP-PP/RAL.Sec (fojas 3). A tenor de los testimonios recogidos, el demandante y el otro alumno dormían juntos, se duchaban juntos y se dirigían a locales apartados de la escuela policial hasta altas horas de la noche (fojas 4).
19. Ante esta situación, el Consejo de Disciplina recibe el testimonio de los implicados, quienes en un primer momento reconocen haber tenido relaciones sexuales en reiteradas oportunidades tanto dentro como fuera de la escuela policial (fojas 5 y 6). Posteriormente, en la audiencia del Consejo de Disciplina del 13 de octubre de 2003, los implicados se retrotraen en su versión inicial, afirman que no existe una relación sentimental y que habían dicho lo contrario por presión y miedo, de acuerdo con lo contenido en el Acta Nº 001-003-DIRIDP-ETS-PNP-PP/CD (fojas 13).
20. En el proceso administrativo, aparte de los testimonios recibidos, se practicó un informe psicológico (fojas 32) y un informe de proctoscopia (fojas 35) con el fin de determinar si los alumnos implicados son homosexuales. Es precisamente en la práctica de estas diligencias que, según advierto, se empieza a vulnerar los derechos fundamentales del demandante.
21. En primer lugar, ni el informe psicológico ni el informe de proctoscopia son determinantes para establecer que los alumnos implicados tuvieron relaciones sexuales dentro de la escuela policial. Más bien puede concluirse por el desarrollo del proceso administrativo que el fin de la investigación tuvo como objeto demostrar que los alumnos eran homosexuales. Esta opción de vida, según el consejo disciplinario, constituye una falta grave que ameritó su separación de la ETS-PNP-PP.
22. Es de especial atención la práctica del examen psicológico puesto que sugiere que dentro de la escuela policial se podría llegar a considerar que la homosexualidad es fruto de un trastorno o deficiencia mental, lo cual no es solo un criterio anacrónico y retrógrado, sino violatorio de los derechos a la intimidad, al libre desenvolvimiento de la personalidad y a la integridad personal del demandante, que se configura como un trato discriminatorio.
23. Al respecto, considero imperativo afirmar que la homosexualidad no puede ser considerada una enfermedad, una anormalidad o una anomalía que deba ser curada o combatida. La homosexualidad, la heterosexualidad o el celibato son opciones sexuales legítimas cuya decisión corresponde única y exclusivamente al fuero íntimo y subjetivo de la persona. El ejercicio de esta libertad, dentro de los límites establecidos por la ley, tiene su razón de ser en el derecho a la intimidad y al libre desenvolvimiento de la personalidad.
Por ello, cualquier mecanismo de discriminación que tenga como origen la opción sexual, sea a través de normas, reglamentos, prácticas estigmatizadoras o segregacionistas, así como de un lenguaje ofensivo, es contrario a la Constitución y vulneratorio de los derechos fundamentales de la persona.
24. En segundo lugar, el examen médico (fojas 16), al igual que el peritaje psicológico, es un medio materialmente impropio para demostrar si los alumnos sostuvieron o no relaciones sexuales dentro de la escuela policial; no obstante, sí fue empleado para determinar si los implicados eran o no homosexuales. En la práctica, esta diligencia no aporta nada para determinar si es que los alumnos cometieron la falta grave de tener relaciones sexuales dentro de la escuela policial, sino que se pretende demostrar la homosexualidad, la cual es considerada como una falta grave a la institución.
25. Cabe destacar que en un proceso, sea administrativo o judicial, la autoridad competente tiene a su disposición una amplia gama de medios para determinar la responsabilidad o inocencia de una persona, siempre y cuando estos instrumentos sean empleados respetando el principio de dignidad e integridad de la persona.
26. Para la Constitución Política, la dignidad del ser humano no sólo representa el valor supremo que justifica la existencia del Estado y de los objetivos que este cumple, sino que se constituye como el fundamento esencial de todos los derechos que, con la calidad de fundamentales, son habilitados por el ordenamiento. Desde el artículo 1° queda manifiesta tal orientación al reconocerse que “la defensa de la persona humana y el respecto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”.
27. En el caso concreto, no se observa que de modo indubitable el recurrente haya prestado su asentimiento a fin de que le practiquen los correspondientes exámenes, y aunque éste haya brindado su asentimiento, debe tenerse en cuenta que los procedimientos administrativos en las instancias policiales o militares se caracterizan por mantener predominantemente una relación vertical entre la autoridad administrativa y el investigado, lo que se configura como una especie de derecho potestativo y un estado de sujeción.
28. Desde mi perspectiva, someter a una persona a este tipo de pruebas cuando éstas no aportan ningún grado de convicción para demostrar que tuvo relaciones sexuales dentro de la escuela policial, es un maltrato que viola la integridad personal, constituyéndose en un trato degradante.
29. El Consejo de Disciplina, de forma complementaria, llega a la conclusión que los alumnos no solo tuvieron relaciones sexuales dentro de la escuela policial, hecho que no quedó plenamente probado, sino que esto ocurrió también fuera de la institución (fojas 17).
Considero que no tiene ninguna relevancia para el proceso administrativo el que los alumnos implicados hubiesen tenido, o no, relaciones sexuales fuera de la escuela policial.
§5. Debido proceso y presunción de inocencia
30. El ejercicio del derecho de defensa en el seno de un procedimiento administrativo sancionador presupone que la persona sea debidamente emplazada en torno de la iniciación del procedimiento, pues sólo así podrá disponer de una efectiva posibilidad de defensa frente a la infracción que se le imputa. De este modo, el derecho de defensa posibilita contradecir no sólo los hechos imputados, sino también la virtualidad probatoria de los medios de prueba utilizados por la autoridad, por lo que el conocimiento del material probatorio de cargo constituye una exigencia ineludible derivada de la prohibición general de la indefensión.
31. Las garantías judiciales para asegurar el adecuado ejercicio del derecho de la defensa son básicas para asegurar un debido proceso y el principio de equidad de armas que debe existir en todo proceso, sea este judicial o administrativo. En este sentido, el Art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos reconoce las garantías judiciales, mientras que en su inciso 2 establece las garantías mínimas que la defensa debe tener.
32. Alguna de las garantías judiciales mínimas reconocidas a la defensa son: (i) la presunción de inocencia; (ii) la comunicación previa y detallada de la acusación formulada; (iii) el plazo razonable para la preparación de la defensa; (iv) el derecho de defensa técnica; (v) el derecho a tener un defensor; (vi) el derecho a interrogar testigos; (vii) el derecho a no autoinculparse; y (iv) el derecho a presentar un recurso de apelación.
33. La presunción de inocencia es una garantía reconocida en el artículo 2º, inciso 24, literal e) de la Constitución Política, la cual establece que “toda persona es considerada inocente mientra que no se haya declarada judicialmente su responsabilidad”.
34. La presunción de inocencia tiene como objeto evitar que un proceso sea utilizado como un elemento estigmatizador de la persona o que se instrumentalice el derecho para que sea empleado como medio de control personal, social o político.
Como el Tribunal Constitucional ya ha establecido en el Exp. Nº 8811-2005-HC/TC, esta garantía obliga al órgano jurisdiccional a realizar una actividad probatoria suficiente que permita desvirtuar el estado inocente del que goza todo imputado, pues éste no puede ser condenado sobre la base de simples presunciones.
35. De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Canese vs. Paraguay, la presunción de inocencia “es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho a la defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme. Este derecho implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que elonus probandi corresponde a quien acusa”.
36. Cabe destacar que si bien la Constitución Política establece la presunción de inocencia en los procesos judiciales, el Tribunal Constitucional ha hecho extensible esta garantía al proceso administrativo sancionador en el Exp. Nº 2192-2004-AA/TC.
Este postulado va en la misma línea de la Corte Interamericana, la cual ha establecido que las garantías establecidas en el Art. 8 de la Convención Americanade Derechos Humanos, incluyendo la presunción administrativa, es aplicable a todos los procesos, sean estos civiles, laborales, fiscales o cualquier otro establecido por la ley dada su vinculación con el derecho al debido proceso. Esto fue confirmado por la Corte Interamericana en el caso Baena Ricardo vs. Panamá.
37. En el presente caso se puede constatar que todas las diligencias practicadas tenían como fin demostrar la homosexualidad de los dos alumnos y, a pesar de que se establece que no existía una prueba de cargo que hubiese demostrado que tuvieron relaciones sexuales dentro del establecimiento policial, la decisión del proceso administrativo sancionador se basa en suposiciones.
El derecho a la utilización de los medios de prueba
38. El derecho a la utilización de los medios de prueba pertinentes y relevantes para el imputado es inseparable del derecho de defensa y exige que las pruebas sean admitidas y practicadas sin desconocimiento ni obstáculos, resultando vulnerado en aquellos supuestos en los que el rechazo de la prueba propuesta, en tiempo y forma, carezca de toda motivación, o la motivación que se ofrezca pueda tacharse de manifiestamente arbitraria o irrazonable.
39. En este caso, el demandante sostiene que no se lo dejó tener a su propio abogado, que fue obligado a declarar y firmar manifestaciones falsas y que en los recursos de reconsideración y apelación, las autoridades competentes no valoraron las pruebas adicionales que suministró al proceso, entre ellas: (i) una declaración jurada simple legalizada del ex-alumno R.E.C.P. en la cual afirma que no ha tenido ninguna relación sexual con el demandante (fojas 27); (ii) un informe psicológico que concluye la identificación del peticionario con su género (fojas 32); y (iii) un informe de proctoscopia donde establece que no se constata alteraciones en el canal anal (fojas 35). El demandante afirma que no ha cometido ninguna falta grave y que no ha tenido ninguna relación sentimental con don R.E.C.P.
40. Ante estos hechos, considero que durante el procedimiento administrativo disciplinario el demandante no tuvo posibilidad de proponer los medios de prueba que estimaba pertinentes para su defensa, pues no se le permitió presentar testigos ni ofrecer las pruebas de descargo que estimaba relevantes.
41. El derecho a la no autoincriminación forma parte de los derechos implícitos que conforman el derecho al debido proceso, y está reconocido en el inciso 3) del artículo 139º de la Constitución.
Esta garantía se encuentra también reconocida en el artículo 8º, inciso 2, literal g) de la Convención Americana de Derechos Humanos y en el artículo14º, inciso 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
42. Tanto el derecho a declarar como el derecho a guardar silencio se fundamentan en la dignidad de la persona y constituyen elementos del derecho a la presunción de inocencia y del debido proceso. Lo anterior comprende el derecho a ser oído, es decir, de incorporar libremente al proceso la información que se estime conveniente y el derecho a guardar silencio, lo cual incluye el derecho a estar informado de que la negativa a declarar no puede ser tomada como un indicio de culpabilidad.
43. En este sentido, el contenido protegido por el derecho a no declarar contra sí mismo se encuentra relacionado con una serie de derechos fundamentales, de cuyo registro es posible individualizar una serie de obligaciones de abstención a cargo del Estado.
44. Por tanto, para los efectos de que este derecho no sufra un menoscabo que pueda ser calificado como arbitrario, el Estado está prohibido de ejercer violencia psíquica o física sobre el inculpado o acusado y ejecutar métodos engañosos o de naturaleza análoga que pudieran estar destinados a obtener involuntariamente información sobre los hechos por los cuales se investiga o acusa a una persona en un proceso penal o en un proceso administrativo sancionador que implique la posible imposición de una sanción por falta grave. Esta posición ha sido sostenida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso López Álvarez vs. Honduras.
45. Desde luego que los jueces y tribunales también tienen la obligación de negar valor a las declaraciones obtenidas por la violencia, lo que no debe entenderse en términos restrictivos, con referencia únicamente a la violencia psíquica o física, sino en un sentido amplio, como omnicomprensiva de toda información obtenida del investigado o acusado sin su voluntad. Como se ha dicho antes, el derecho a no confesar la culpabilidad garantiza la incoercibilidad del imputado o acusado. Sin embargo, dicho ámbito garantizado no es incompatible con la libertad del procesado o acusado para declarar voluntariamente, incluso autoincriminándose.
46. Respecto del informe del examen médico, no se deduce de él que los examinados hayan tenido relaciones sexuales homosexuales; en él se consigna solamente la afirmación vertida por ellos. Sin embargo, el Consejo de Disciplina lo consideró como prueba suficiente para sancionar con la expulsión a los investigados, desconociendo que la confesión no es prueba plena y que la autoincriminación está proscrita, quedando sin suficientes medios probatorios que respalden la conclusión de que, en efecto, habían cometido una falta que implicaba la expulsión.
47. Así, dentro de las investigaciones previas que la autoridad instructiva realizó al recurrente, se tiene que sólo se le tomó su manifestación y que éste únicamente ratificó las declaraciones vertidas por su compañero, añadiendo que en el exterior tenían relaciones en un cuarto de hotel cuyo servicio era cancelado por él mismo, aunque con ciertas controversias que posteriormente las aclaró en la confrontación, ante la presencia del Tnte. PNP Gallardo Bardales Oscar Edgardo, Jefe de Sección.
48. Sin embargo, del parte administrativo se desprende que las autoridades policiales que se encargaron de realizar la investigación no le informaron al recurrente los derechos constitucionales que le correspondían. Es por ello que, al no haber actuado conforme a ley las autoridades policiales, han contravenido el artículo 139º, inciso 14) de la Constitución Política, el cual se aplica a todo tipo de proceso puesto que reconoce: “El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde que es citada o detenida por cualquier autoridad”.
49. Las autoridades administrativas no debieron ignorar que la presencia de un abogado defensor al momento de declarar es consustancial al debido proceso y que la desinformación sobre ese derecho supuso que el recurrente no haya solicitado la presencia de un letrado.
50. De forma complementaria, la autoridad instructiva debió precisar al inculpado y dejar constancia en el parte administrativo que, si el investigado se negaba a contestar alguna de las preguntas, la autoridad administrativa las hubiese repetido aclarándolas en lo posible, y si aquél se mantuviera en silencio, se continuaría con la diligencia dejando constancia de tal hecho.
51. En este sentido, me parece válido concluir que en el proceso administrativo sancionador no se respetaron las garantías mínimas del debido proceso, puesto que su fin fue destituir a los alumnos por su supuesta condición de homosexuales, independientemente de si estos tuvieron relaciones sexuales dentro de la escuela.
Igualmente, las pruebas practicadas sobre estas personas no eran las idóneas para demostrar la supuesta falta grave que se les imputaba, puesto en la práctica tales diligencias no respetaron su integridad personal y su intimidad, y vulneraron su derecho a la presunción de inocencia.
52. Cabe precisar que posteriormente a la destitución de los alumnos, estos se vieron obligados a practicar pruebas adicionales, tales como declaraciones juradas, informes médicos y psicológicos, con el fin de rechazar esta acusación. Estas pruebas no fueron tomadas en cuenta ni en el conocimiento del recurso de reconsideración ni en el recurso de apelación presentados por el demandante.
Un aspecto complementario que no fue tomado en cuenta en el trámite de la demanda de amparo fue la decisión emitida por la Corte Superior de Justicia de Huaura, la que mediante Resolución Nº 11, del 8 de julio de 2005, declara fundada la demanda de amparo entablada por el alumno implicado en el proceso administrativo, don R.E.C.P. En esta resolución se declara fundado el recurso por considerar que se violó el derecho de defensa y de presunción de inocencia, por lo que se dispuso la restitución del demandante (fojas 92 a 100).
53. Para mi criterio, entonces, ha quedado evidenciada una violación del derecho de defensa, por lo este solo hecho ameritaría que se declare fundada la demanda de amparo. No obstante, considero menester precisar los límites que un proceso administrativo de esta naturaleza debe tener frente al derecho a la intimidad y al libre desenvolvimiento de la persona.
§6. El libre desenvolvimiento de la personalidad, el derecho a la identidad sexual y el principio de no discriminación
54. A pesar de que el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad no se encuentra reconocido de forma taxativa por la Constitución Política, este constituye un derecho fundamental innominado o implícito que se deriva o funda en el principio fundamental de dignidad de la persona, según lo consagrado en los artículos 1º y 3º de la Constitución, y que ha sido reforzado por el Tribunal Constitucional en el Exp. Nº 0007-2006-AI/TC.
55. El libre desenvolvimiento de la personalidad es el fundamento bajo el cual una persona puede buscar un sentido de pertenencia e identificación dentro de la sociedad, cuyo goce y ejercicio abarca aquellas decisiones que no se encuentran protegidas de forma especial por otros derechos y garantías, permitiendo que pueda tomar las decisiones que considere necesarias para cumplir su plan racional de vida. En suma, se trata de un derecho que se basa en el ejercicio puro del principio de libertad y de opción, pero sujeto a que no se afecte a terceros y que no haya un abuso del mismo.
Es, sin duda, un deber del Estado y de la sociedad fomentar y respetar el desarrollo del individuo como persona, dentro de los límites establecidos por la Constitución y la ley.
56. La identidad sexual del demandante es irrelevante en el presente caso puesto que esto pertenece a la esfera interna de cada uno; solamente sería pasible de sanción el ejercicio de esta identidad sexual que transgreda normas de conducta reglamentariamente estatuidas.
57. Lo anterior implica que en el marco del Estado social y democrático de derecho, ningún ser humano debe verse limitado en el libre desenvolvimiento de su personalidad e identidad sexual. Es una obligación del Estado el proteger el ejercicio de este derecho así como el de derogar o eliminar las medidas legales o administrativas que puedan verse como una traba para su ejercicio, sin que esto implique un abuso del mismo. Esto quiere decir que la identidad sexual se basa no sólo en elementos eminentemente objetivos, sino que incluye factores subjetivos o psicológicos, en muchos casos, tanto o más relevantes que los primeros.
58. El ejercicio de este derecho requiere proyectarse adecuadamente en todos los ámbitos en los que eventualmente pueda manifestarse, mediante ciertas garantías mínimas. Entre éstas se encuentran esencialmente la protección de la opción sexual y guardar reserva en torno a la propia opción sexual.
59. El ser humano es libre de autodeterminarse y no es posible concebir que en función de sus particulares opciones de comportamiento tenga que verse discriminado. Si una persona cuyo sexo se encuentra perfectamente definido tiene derecho a una identidad en todos los aspectos que tal categoría representa, no existe consideración constitucionalmente válida para que quien opta por un comportamiento sexual diferente, no le asista a plenitud tal derecho.
60. Así, al defenderse la individualidad del demandante en el presente caso, o en otros términos, su identidad, como un interés jurídico superior, es necesario afirmar que cualquier limitación del reconocimiento de su identidad sexual, y su voluntad de guardar reserva en torno a ella, constituye una vulneración de sus derechos fundamentales.
Sin embargo, este Tribunal no pretende alentar que al interior de las instalaciones de la Policía Nacional del Perú sus integrantes efectúen, en contravención de los reglamentos que las rigen, prácticas heterosexuales u homosexuales. Lo que juzga inconstitucional es que, inmiscuyéndose en una esfera de la libertad humana, se considere ilegítima la opción y preferencia sexual de una persona y, a partir de allí, ésta sea susceptible de sanción.
61. Como se advierte del proceso administrativo que se les instauró, tanto el demandante como el otro alumno implicado han sido objeto de un trato discriminatorio. Vuelvo a subrayar que la opción sexual no puede ser objeto de una victimización o sanción, sea esta administrativa o penal. La identidad sexual tiene como fundamento el libre desenvolvimiento de la personalidad sobre la base del principio de libertad y dignidad de todas las personas.
62. Por lo tanto, considero que el hecho que se abra un proceso administrativo para destituir a una persona por su opción sexual, más que por haber cometido una falta grave como es el tener una relación sexual dentro de la escuela policial, no solo viola las garantías mínimas del debido proceso y del derecho de defensa, sino que en el caso ha vulnerado los derechos a la integridad personal y al libre desenvolvimiento de la personalidad del demandante, no solo con respecto a su opción sexual, sino también en lo que incumbe a la continuidad de su vocación profesional.
1. Declarar FUNDADA la demanda de amparo respecto del procedimiento administrativo que la Dirección de Instrucción y Doctrina de la Policía Nacionaldel Perú inició de oficio contra C.F.A.D., por habérsele vulnerado el derecho a la dignidad humana (artículo 1°), el derecho a su integridad (artículo 2º, inciso 1), el derecho a la intimidad personal (artículo 2º, inciso 7), el derecho al libre desarrollo de la personalidad y el derecho a no ser sometido a tratos degradantes (artículo 3°), así como el derecho a no ser privado de su derecho de defensa (artículo 139°, inciso 14 y 15) reconocidos en la Constitución Política.
2. Declarar NULA la Resolución Directoral Nº 788-2003-DIRDP-PNP/ETS-PP, mediante la cual se separó a C.F.A.D. de la Escuela Técnica Superior de la Policía Nacional de Puente Piedra.
3. ORDENAR que la Escuela Técnica Superior de la Policía Nacional de Puente Piedra reincorpore a C.F.A.D. como alumno, en el plazo de tres (3) días, bajo apercibimiento de que el juez de ejecución aplique las medidas coercitivas prescritas en el artículo 22° del Código Procesal Constitucional, con el abono de los costos del proceso.
4. Declarar que las Escuelas de Formación de la Policía Nacional del Perú se encuentran obligadas a respetar el debido proceso cuando inicien investigación algún alumno, debiendo brindarles debidas garantías a fin de no vulnerar sus derechos fundamentales.
FUNDAMENTO DE VOTO DEL
MAGISTRADO LANDA ARROYO
Fundamento de voto que formula el magistrado Landa Arroyo en el recurso de agravio constitucional interpuesto por don C.F.A.D, contra la sentencia expedida porla Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 133, su fecha 19 de octubre de 2006, que declaró improcedente la demanda de autos; y,
La demanda de amparo tiene por objeto que se declare: i) inaplicable la Resolución Directoral N.° 788-2003-DIRIDP-PNP/ETS.P.P del 16 de octubre de 2003, en el extremo, que dispuso la separación de C.F.A.D de la Escuela Técnico Superior PNP de Puente Piedra, por medida disciplinaria; ii) inaplicablela Resolución Directoral N.° 916-2003-DIRIDP-PNP del 3 de diciembre de 2003 que declaró improcedente su recurso de reconsideración; e, iii)inaplicable la Resolución Ministerial N.° 0883-2004-IN/PNP del 13 de mayo de 2004 que desestimó su recurso de apelación; y que en consecuencia, se ordene su inmediata reposición como alumno del segundo año de la Escuela Técnica Superior PNP de Puente Piedra, alegando la violación del derecho al debido proceso, más concretamente, el derecho a la defensa.
Este Tribunal a través de su constante jurisprudencia ha precisado que el derecho de defensa, reconocido en el articulo 139°, inciso 14), de la Constitucióntiene una doble dimensión: una material, referida al derecho del imputado de ejercer su propia defensa desde el mismo instante en que toma conocimiento de que se le atribuye la comisión de una infracción o delito; y otra formal, que supone el derecho a una defensa técnica, esto es, al asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor de su elección desde que la persona es citada o detenida por la autoridad y durante todo el tiempo que dure el proceso judicial o administrativo sancionador. En ambos casos, se garantiza el derecho de no ser postrado a un estado de indefensión en cualquier etapa del proceso, inclusive en la etapa preliminar.
Ahora si bien en el ámbito del procedimiento administrativo sancionador, el derecho a la asistencia letrada puede ser sometido a diversos condicionamientos procesales y materiales; sin embargo, ello no lo priva al administrado del mismo, ni lo obliga a actuar personalmente, sino que le faculta a elegir entre la autodefensa o la defensa técnica, o a que se le nombre un defensor de oficio. Para que ello ocurra, la autoridad debe previamente informar al administrado, citado, detenido, acusado o procesado que su defensa puede ser asumida por él, o por un abogado elegido libremente por él, o por un abogado defensor de oficio.
En el presente caso se aprecia que la administración policial antes de iniciar el procedimiento administrativo sancionador al accionante no le informó debidamente que su defensa podía ser asumida por él, o que tenía derecho a elegir libremente un abogado defensor para que le asista durante el procedimiento, y que en caso de que no contara con uno se le iba a proporcionar un abogado defensor de oficio. En efecto, de autos se aprecia de manera objetiva que el actor no contó con un abogado defensor y que el Cmdte PNP Alejandro Ramos Sumuoso (abogado de la ETS-PNP-PP), quien forma parte de la entidad policial sólo intervino en calidad de testigo; de lo que se colige que se ha producido la violación del derecho a la defensa del demandante. Asimismo, la violación del derecho a la asistencia letrada queda demostrada con el Acta del Consejo de Disciplina N.° 001-2003-DIRIDP-ETS-PNP-PP/CD del 13 de octubre de 2003 (fojas 12), donde se aprecia que el actor fue defendido por un Teniente PNP, es decir, no tuvo una defensa técnica por cuanto no fue realizada por un profesional del derecho.
Por lo señalado, considero que la demanda debe ser declarada FUNDADA al haberse producido la violación del derecho de defensa.
Este hecho no es tomado en cuenta por el Consejo de Disciplina, el cual recomienda la separación del recurrente por haber cometido faltas muy graves contra la moral policial (contra el decoro) al haber mantenido una relación sentimental y haber tenido relaciones homosexuales en el interior de la Escuela de Formación y fuera de ella (fojas 17). La separación de los alumnos se hace efectiva mediante Resolución Directoral del Director de Instrucción y Doctrina dela PNP del 16 de octubre de 2003 (fojas 24), confirmada mediante Resolución Directoral del 3 de diciembre de 2003 por parte de la misma entidad (fojas 28).
Como lo ha sostenido la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Planned Parenthood of Southeastern v. Casey, “estos asuntos, relativos a las más íntimas y personales decisiones que una persona puede hacer en su vida, decisiones centrales para la autonomía y dignidad personal, son esenciales para la libertad […]. En la esencia de la libertad se encuentra el derecho a definir el propio concepto de la existencia, el significado del universo y el misterio de la vida humana. La creencia sobre estos asuntos o la definición de los atributos de la personalidad no pueden ser formados bajo la compulsión del Estado”.
Emito el presente voto en discordia por los presentes fundamentos:
1. Con fecha 15 de octubre de 2004 el recurrente interpone demanda de amparo contra el Director de Instrucción y Doctrina de la Policía Nacional del Perú (PNP) con el objeto de que se ordene su reposición como alumno del segundo año de la Escuela Técnico Superior de la Policía Nacional de Puente Piedra.
Refiere el recurrente que se le ha destituido arbitrariamente violando su derecho de defensa en el procedimiento administrativo disciplinario iniciado por la Dirección de Instrucción y Doctrina Policial.
2. A fojas 2 de autos se observa el parte N.° 03-2003-PNP-DIRIDP-ETS.PP-RAL emitido por la Jefatura del Regimiento de Alumnos de la Escuela TécnicaSuperior de la Policía Nacional de Puente Piedra que señala y califica como faltas muy graves contra la moral policial (contra el decoro) presuntamente cometidas por alumnos del segundo año PNP R.E.C.P. y C.F.A.D. al haber mantenido relaciones homosexuales en más de una oportunidad entre los meses de octubre de 2002 y setiembre de 2003.
3. El 16 de octubre de 2003 el Director de Institución y Doctrina de la PNP emite la Resolución Directoral N° 0788-2003-DIRDP-PNP/ETS-PP, en la que decide separar al demandante y a don R.E.C.P., bajo la fundamentación de que dichos alumnos mantienen una relación sentimental que incluso ha llegado a relaciones sexuales practicadas en los baños del segundo nivel de la ETS-PNP-PP, lo que constituye una falta contemplada en el Capítulo V, 02,c, (a), del Nuevo Manual de Régimen Interno de las Escuelas de Formación de la Policía Nacional del Perú, aprobado por RD N° 1403-2003-DIRGEN/DIREMG de 07 de julio de 2003.
Dicha decisión fue confirmada por la Resolución Directoral N° 916-2003-DIRIDP-PNP del 3 de diciembre de 2003, que conoció el recurso de reconsideración de fojas 28 interpuesto por el afectado, y posteriormente por la Resolución Ministerial N° 0883-2004-IN/PNP del 13 de mayo de 2004, que desestima el recurso de apelación presentado por la misma parte.
Pronunciamientos de las instancias precedentes
4. El Cuadragésimo Sétimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima declaró improcedente la demanda considerando que existen otras vías para la protección de los derechos invocados por el demandante. La Sala superior revisora confirma la apelada por los mismos fundamentos.
5. Se evidencia en el caso que el recurrente pretende por medio del proceso de amparo que se le reponga como alumno del segundo año de la Escuela TécnicaSuperior de la Policía Nacional de Puente Piedra, argumentando para ello que presentó suficientes medios probatorios para desvirtuar las acusaciones realizadas en su contra y que si en determinado momento su compañero aceptó los cargos imputados fue por presión del personal de oficiales de la PNP, por lo que considera que se le ha vulnerado sus derechos constitucionales al debido proceso, esencialmente el derecho de defensa. En apoyo de esta versión dice el recurrente que no se le dio participación a su abogado y que al momento de la decisión no se tuvo en consideración la prueba que resultaba idónea para el caso.
6. Se observa de autos que el conflicto gira en torno a lo que afirma el autor respecto a su separación definitiva de la Escuela sin que se haya llevado un procedimiento administrativo que cumpla con las garantías que exige el debido proceso. Entonces deberá circunscribirse la controversia a la evaluación de si existió o no en este caso concreto vulneración del debido proceso, es decir si se le otorgaron al demandante las garantías que exige todo proceso ya sea judicial o administrativo.
7. El propio recurrente señala en su escrito de demanda que ante el Personal de la Comisión conformada por Oficiales de la Policía Nacional su compañero manifestó haber mantenido relaciones sexuales con él, aduciendo después su compañero para desvirtuar tal afirmación que fue presionado por oficiales de dicha comisión. Respecto a ello debo manifestar que no obra en el expediente medio probatorio alguno que corrobore dicha argumentación, por lo que tal medio probatorio es válido, puesto que la sola versión de su compañero desvirtuando su anterior declaración no se puede negar con argumentación contraria ya que ello significaría tener como cierto todo lo argumentado por una parte en contra de lo admitido en oportunidad anterior. Debe tenerse presente que el respeto al debido proceso está referido a que se cumpla con las garantías que el proceso le asegura a las partes, pero no sólo para una de ellas sino para ambas, a fin de que se encuentren en las mismas condiciones, es decir sin que el juzgador pueda brindar mayores garantías a una de las partes en perjuicio de la otra puesto que ello supondría la parcialización de quien resulta ser un tercero ajeno al conflicto. El debido proceso asegura a las partes no solo la igualdad manejada por el juzgador bajo el principio de socialización sino también y principalmente la nivelación real de ambas partes en el contradictorio, prueba, impugnación y ejecución.
8. Así se observa por versión del propio recurrente que éste presentó documentación para desvirtuar los cargos efectuados en su contra, apeló la resolución que presuntamente lo agraviaba, es decir hizo uso de los medios impugnatorios pertinentes y en suma realizó el descargo respectivo frente a las acusaciones en su contra, de lo que se evidencia que ejerció a plenitud su derecho de defensa.
9. Es preciso aquí recordar que el régimen disciplinario en los establecimientos policiales está signado por normas de estricto cumplimiento puesto que rigen la vida vertical de la institución, dotando a ésta de principales características dentro de un marco ciertamente vertical en cuanto a su disciplina interna por lo que todo acto realizado por un integrante de esta institución debe encontrarse dentro de los parámetros establecidos en los dispositivos vigentes que los conoce y acepta voluntariamente el postulante al momento de su postulación. La vida militar policial crea así una, hasta hoy saludable diferenciación, que por cierto no afecta el derecho a la igualdad en relación a la civilidad. Es así como el recurrente estuvo inmerso dentro de un proceso administrativo disciplinario por contravenir el Capítulo V, 02, c, (a), del Nuevo Manual de Régimen Interno de las Escuelas de Formación de la Policía Nacional del Perú, por lo que el conflicto se circunscribió a dicha acusación, teniendo evidentemente el recurrente conocimiento sobre contra qué cargos ejercía su defensa.
Significa todo esto que frente a los cargos de la denuncia el actor ha tenido defensa cabal y actuación de los medios probatorios que él aportó al proceso, sin obtener el convencimiento en sus juzgadores sin poder por tanto expresar alteraciones en el modo de su participación procesal. Anular las resoluciones en su contra ha de traer con su reincorporación un natural estado de hostigamiento que resultaría insoportable para él, pudiéndose en esta situación aceptar la afirmación histórica que dice “que la mujer del César no sólo debe ser honesta sino que debe parecerlo”. ¿Acaso la sociedad podría dormir tranquila con personal militar policial que ha perdido su confianza por acusaciones de hechos que nacen de su propia interioridad?
10. Se observa de la ponencia traída a mi Despacho que se realiza una argumentación en torno a la vulneración del derecho a la dignidad y al libre desenvolvimiento de la personalidad e identidad sexual del recurrente. Consideramos en este caso que no se está discutiendo propiamente la opción sexual del recurrente, sino el hecho de que haya sido procesado administrativamente faltando a las garantías del debido proceso. Considero entonces que el análisis del caso debe girar sólo en torno a los alcances de dicha acusación. La ponencia en cambio considera que la entidad emplazada decidió separar al demandante no por el hecho de haberse vulnerado específicos dispositivos que norma la actividad interna de la institución, sino por una opción sexual que no es materia de discusión en el presente caso, ni menos para concluir en el tema de la dignidad humana, puesto que como decimos el proceso se circunscribió a la acusación expresa en relación a la contravención no sólo de la norma sino de la vida interna por hechos que obviamente no resultan propios de personas que han de utilizar el uniforme y las armas que le entrega la nación para el resguardo del orden público a favor de la ciudadanía en general. En el caso concreto tenemos que reafirmar que los medios probatorios actuados en el proceso administrativo sancionador con participación activa del interesado en todos los actos de defensa plena acreditan su responsabilidad. No habiendo pues acreditación de las ofensas al sexo ni a la dignidad del recurrente, éste debe responder por hechos concretos que han sido suficientemente acreditados en autos con la prueba idónea que él pretende desacreditar. Por ello considero que la demanda debe ser desestimada.
11. Señalamos también que en un Estado Constitucional de Derecho el respeto por la persona humana y por su dignidad son ciertamente fines primordiales para la atención por el Estado, el que por tanto tiene la obligación de proteger a toda la ciudadanía en general frente a los excesos que cometen o puedan cometer miembros de la Policía Nacional en ejercicio, no por distinguir su derecho a la opción sexual sino por hechos específicos y sentidos que atentan contra la disciplina interna de su institución. La policía cumple un rol importante y obviamente las instituciones castrenses también, que les da la singularidad de tener a personas con formación especializada para roles singulares que parten de la disciplina y el honor, siendo por ello necesario un régimen de disciplina especial que juran cumplir desde el primer momento de su ingreso a cualquiera de estas instituciones. Hablar de la dignidad y del honor para desembocar en una opción sexual que pudiera ejercitarse dentro de las instalaciones de férrea disciplina vertical, sería echar por tierra la formación especial obtenida precisamente en estas escuelas de preparación singular y dejar de cumplir un juramento, mintiéndole así a la colectividad. Es menester también, por el momento en el que atraviesa la República, consolidar la moral y la disciplina de nuestros institutos armados y policiales para el llamado a cumplir las tareas importantes que le requiere la sociedad; y para esto resulta importante los resultados a obtener pues no podríamos asistir en mejores condiciones acudiendo a la guerra habiéndose resquebrajado la moral en los integrantes de nuestras fuerzas del orden.
Por tales razones, mi voto es porque se declare INFUNDADA la demanda de amparo.
Con el debido respeto por la opinión de mis colegas, emito el presente voto en discordia por los siguientes fundamentos:
Con fecha 15 de octubre de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo contra el Director de Instrucción y Doctrina de la Policía Nacional del Perú (PNP) con el objeto de que se ordene su reposición como alumno del segundo año de la Escuela Técnico Superior de la Policía Nacional de Puente Piedra.
El recurrente manifiesta que se le ha destituido arbitrariamente violando su derecho de defensa en el procedimiento administrativo disciplinario iniciado por la Dirección de Instrucción y Doctrina Policial.
Mediante Parte N° 03-2003-PNP-DIRIDP-ETS.PP-RAL de fecha 13 de octubre de 2003, obrante a fojas 2, la Jefatura del Regimiento de Alumnos de la Escuela Técnica Superior de la Policía Nacional del Perú (Puente Piedra) señala que los alumnos del segundo año PNP de iniciales R.E.C.P. y C.F.A.D, han incurrido en falta muy grave contra la moral policial (contra el decoro) al haber mantenido relaciones homosexuales en más de una oportunidad en los baños del segundo nivel de la Escuela Técnica Superior de la PNP de Puente Piedra, entre los meses de octubre de 2002 y setiembre de 2003.
El 16 del octubre de 2003, el Director de Institución y Doctrina de la PNP emite la Resolución Directoral N° 0788-2003-DIRDP-PNP/ETS-PP, mediante la cual se decide separar al recurrente y su compañero de iniciales R.E.C.P., por considerar que dichos alumnos mantienen una relación sentimental, la cual ha llegado a relaciones sexuales practicadas en los baños del segundo nivel de la ETS-PNP-PP, lo que constituye una falta contemplada en el Capítulo V, 02, c, (a),1, del Manual de Régimen Interno de las Escuelas de Formación de la Policía Nacional del Perú, aprobado por la R.D Nº 1403-2003-DIRGEN/DIREMG del 07 de julio de 2003.
Dicha decisión fue confirmada por la Resolución Directoral Nº 916-2003-DIRIDP-PNP del 3 de diciembre de 2003, que conoció el recurso de reconsideración (obrante a fojas 28) interpuesto por el afectado, y posteriormente por la Resolución Ministerial N° 0883-2004-IN/PNP del 13 de mayo de 2004, que desestima el recurso de apelación presentado por la misma parte.
El Cuadragésimo Sétimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima declaró improcedente liminarmente la demanda considerando que existe una vía idónea, adecuada e igualmente satisfactoria para la protección de los derechos invocados por el demandante. La Sala Superior competente confirma la apelada por los mismos fundamentos.
1. El recurrente interpone demanda de amparo solicitando se ordene su reposición como alumno del segundo año de la Escuela Técnico Superior de la Policía Nacional de Puente Piedra (cadete).
2. En primer lugar considero que debe analizarse si procede o no dilucidar la presente controversia en sede constitucional, por lo que se debe evaluar la constitucionalidad del procedimiento administrativo disciplinario realizado contra el demandante, toda vez que éste alega que no se le ha permitido ejercer su derecho de defensa, al no permitirse la participación de su abogado, y que al momento de la decisión no se tuvo en consideración las pruebas que resultaban idóneas para el caso.
3. En este caso, el recurrente pretende por medio del proceso de amparo que se le reponga como alumno del segundo año de la Escuela Técnica Superior de la Policía Nacional del Perú (Puente Piedra), argumentando para ello que presentó suficientes medios probatorios con el fin de desvirtuar las acusaciones realizadas en su contra, y que pese a que inicialmente ratificaba lo expresado por su compañero de estudios, ésta manifestación no sería aceptable, por cuanto su compañero aceptó los cargos imputados bajo coacción por parte del personal de oficiales de la PNP; siendo así, considera que se le ha vulnerado sus derechos constitucionales al debido proceso, esencialmente el derecho de defensa.
4. Estimo pues que la presente controversia se centra en determinar si, conforme las afirmaciones del actor, la Escuela Técnica Superior de la Policía Nacional del Perú de Puente Piedra lo habría separado definitivamente sin que se haya realizado un procedimiento administrativo disciplinario que cumpla con las garantías mínimas que exige el derecho fundamental al debido proceso. Por lo que deberá evaluarse si existió o no, en este caso concreto, una vulneración al contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental al debido proceso dentro del procedimiento administrativo disciplinario que se siguió al recurrente y a su compañero de estudios, vale decir, si se otorgó al demandante todas las garantías dentro de dicho procedimiento, el mismo que concluyó estableciendo que el demandante ha cometido una falta contra el decoro y el honor e imagen institucional de la Escuela Técnica Superior de la PNP. De modo alguno, no cabe evaluar ni emitir un pronunciamiento respecto de la orientación sexual del recurrente o de su compañero de estudios, toda vez que esto no resulta relevante para la solución del conflicto materia de autos. A este respecto, considero que en este caso corresponde dilucidar si el derecho a la defensa que resulta inherente a cualquier investigado o procesado ha sido o no ejercido a plenitud en el transcurso del proceso administrativo disciplinario que versó sobre la verificación de la comisión de una falta grave, como resultaría ser el mantener relaciones sexuales en el lugar de trabajo o estudio, no importando si dicho actos son realizados por personas heterosexuales u homosexuales; es decir, en mi opinión, en el presente proceso constitucional de amparo no se encuentra en evaluación el derecho a la identidad sexual del recurrente o de su compañero de estudios, por cuanto, como ya hemos dicho líneas arriba, ello no resulta relevante para resolver la litis.
5. Como se aprecia de autos, el propio recurrente señala en su escrito de demanda (a fojas 39) que ante el Personal de la Comisión conformada por Oficiales de la Policía Nacional del Perú, su persona se limitó a ratificar lo expuesto por su compañero de estudios, quien manifestó haber mantenido relaciones sexuales con él, para luego negar su dicho argumentando que fue coaccionado por oficiales de la citada comisión. Respecto a ello, debo señalar que el derecho a la no autoincriminación no proscribe la colaboración sincera que pueda generar el investigado en medio del iter procesal del caso en el cual se le investiga; lo que se proscribe es la declaración autoinculpatoria obtenida por parte del Estado utilizando métodos o medios coactivos para dicho fin, lo cual el demandante no ha probado de modo alguno. Es oportuno señalar que, de los medios probatorios incorporados a los autos por el demandante, no se aporta evidencia alguna que sugiera la existencia de medios coactivos o presión que supuestamente se hubiera ejercido sobre el demandante para obtener su manifestación, donde reconoce la comisión de la falta grave imputada por la Escuela Superior Técnica; por lo que considero que la manifestación, que ahora intenta desconocer el demandante, sí constituye medio probatorio válido, que genera convicción respecto de la comisión de la falta grave.
6. Continuando con el análisis del presente caso, debo precisar que el derecho al debido proceso está referido a que se cumpla con las garantías que éste le asegura a las partes, pero no sólo para una de ellas, sino para ambas, a fin de que participen en las mismas condiciones durante el desarrollo del proceso, es decir sin que el juzgador pueda realizar algún tipo de aventajamiento respecto de la otra(s) parte(s), ya que esto supondría la parcialización de quien resulta ser un tercero ajeno al conflicto, llamado a éste con el fin de solucionarlo.
7. El debido proceso, entonces, como lo menciona la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-9/87, del 6 de octubre de 1987, párrafo 28, “abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial”.
8. Efectivamente, el derecho al debido proceso asegura a las partes no solo la igualdad ante la ley, bajo los principios de imparcialidad, de impulso de oficio y de socialización; sino también y principalmente, la igualdad de armas en cada acto y etapa del proceso, como el contradictorio, la prueba, la impugnación y la ejecución.
9. De lo manifestado por el propio recurrente en autos, se aprecia que éste presentó documentación con la intención de desvirtuar los cargos efectuados en su contra, e interpuso los recursos impugnatorios legalmente establecidos en los plazos correspondientes a fin de contradecir las resoluciones que supuestamente le generaban agravio, vale decir, utilizó todos los medios de impugnación pertinentes y válidos; en suma, realizó el descargo respectivo ante las acusaciones en su contra, presentando los medios probatorios que consideró convenientes para reforzar su posición, por lo que debemos dejar establecido que el demandante logró ejercer plenamente su derecho a la defensa; siendo así, cabe concluir que en el procedimiento administrativo sancionatorio tramitado por la Escuela Superior Técnica no se ha vulnerado éste derecho.
10. Por otro lado, es preciso recordar que el régimen disciplinario en los establecimientos policiales se configura por normas de estricto cumplimiento, las cuales rigen las relaciones al interior de la institución policial, dotándola de determinadas características dentro del marco que constituye nuestro ordenamiento jurídico. La disciplina al interior de las instituciones policiales constituye el pilar fundamental, disciplina que deberá circunscribirse a los parámetros establecidos por la Carta Magna y demás dispositivos vigentes, que regulan la conducta del personal, tanto al interior como al exterior de los ambientes de la institución, normas que son conocidas y aceptadas voluntariamente por sus miembros al momento de su postulación a la institución policial.
11. Efectivamente, tal y como prescribe el artículo 166º de la Constitución Política del Perú: “La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado. Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y controla las fronteras”. Entonces, es factible deducir que para cumplir con la mencionada finalidad, el personal de dicha institución deberá contar, como bien ha mencionado el Tribunal Constitucional en la STC Nº 3425-2004-PA/TC, “con personal de conducta intachable y honorable en todos los actos de su vida pública y privada, que permita no sólo garantizar, entre otros, el cumplimiento de las leyes y la prevención, investigación y combate a la delincuencia, sino también el mantener incólume el prestigio institucional”.
12. Ergo, el actuar acorde a las normas mencionadas demuestra que se requiere cierto estándar de conductas que diferencien al policía de aquel ciudadano que se rige únicamente por normas de convivencia pensadas en un estatus de civilidad, es decir, el primero deberá representar un modelo a seguir para el ciudadano, además de resguardar la seguridad interna en todo el territorio nacional.
13. Finalmente, sobre el derecho a la defensa supuestamente vulnerado, sólo me queda agregar que como el recurrente estuvo sujeto a proceso administrativo disciplinario por haber contravenido el Capítulo V, 02, c, (a), 1 del Nuevo Manual de Régimen Interno de las Escuelas de Formación de la Policía Nacional del Perú, la controversia, en este caso, se cierne en determinar si el procedimiento administrativo y la acusación realizada en su contra se ha realizado con violación o no de su derecho al debido proceso. En este caso, debo señalar que el recurrente ha tenido pleno conocimiento de los cargos que se le imputaban, contra los cuales ha ejercido su defensa, como consta en autos, además ha tenido oportunidad de interponer los recursos impugnativos que le franquea la ley, ha podido aportar los medios probatorios que ha considerado pertinentes, con lo que se puede verificar la participación activa del interesado en todos los actos de defensa durante el procedimiento administrativo sancionatorio; razón por la que considero que en el presente caso no existe vulneración al derecho al debido proceso del recurrente, en especial al derecho de defensa.
14. Por otra parte, se observa de autos que se esgrime una fundamentación en torno a la supuesta vulneración del principio-derecho de la dignidad humana y al libre desenvolvimiento de la personalidad e identidad sexual del recurrente. A mi criterio, es claro que en el procedimiento administrativo no se está discutiendo, como he mencionado en líneas anteriores, la orientación o identidad sexual del recurrente; sino el hecho de que si ha sido o no procesado administrativamente con observancia de las garantías contenidas en el derecho fundamental al debido proceso por la comisión de una falta grave consistente en mantener relaciones sexuales en el centro de formación de la institución policial demandada.
15. Considero, entonces, que el análisis del caso debe girar sólo y únicamente en torno a los alcances de la mencionada acusación, aspecto que no considera la ponencia, la cual entiende que la entidad emplazada decidió separar al demandante no por el hecho de haberse vulnerado específicos dispositivos normativos y de conducta que norman la actividad interna de la institución, sino por la orientación sexual del recurrente y del señor R.E.C.P, hecho que, reitero, no es materia de discusión en el presente caso, puesto que como hemos afirmado tantas veces, el proceso administrativo disciplinario se circunscribió únicamente a la acusación expresa en relación a la contravención, no sólo de la norma reglamentaria tantas veces citada, sino del modo de vida interna de los alumnos de la Escuela Técnica Superior de la PNP de Puente Piedra, que, como cualquier centro de formación, tiene como objetivo perfilar a los futuros efectivos de la Policía Nacional del Perú a fin de orientar sus valores y modular su conducta en su diario interactuar al interior de dicho centro de instrucción policial.
16. En consecuencia, al no haberse acreditado en autos la vulneración de los derechos a la identidad, al desarrollo de la personalidad ni a la dignidad del recurrente, éste deberá responder por hechos concretos que han sido suficientemente acreditados en el procedimiento administrativo con prueba idónea; teniendo que reiterar que en ningún momento se cuestiona en el proceso administrativo disciplinario la orientación sexual del demandante, sino las causas objetivas que motivaron iniciar el mencionado proceso investigatorio, esto es, el hecho de mantener relaciones sexuales en el recinto formativo de la Policía Nacional del Perú, hecho que considero que de ninguna manera puede ser concebido como una conducta permisible al interior de un centro de formación o de un centro de trabajo. Por todo ello, soy de la opinión que la demanda debe ser desestimada.
Por las razones expuestas, mi voto es porque se declare INFUNDADA la demanda de amparo de autos.
Esta entrada se publicó en Constitución y está etiquetada con Discriminación sexual en diciembre 10, 2009 por Franco Chico.
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