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Timestamp: 2020-05-30 19:46:06
Document Index: 165771299

Matched Legal Cases: ['artículo 584', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 17', 'artículo 248', 'artículo 9', 'artículo 17']

Ley Orgánica 4/1992, de 5 de junio, sobre reforma de la Ley reguladora de la Competencia y el Procedimiento de los Juzgados de Menores
Vigencia desde 12 de Junio de 1992. Revisión vigente desde 12 de Junio de 1992
Artículo segundo Uno. El capítulo III de la Ley de Tribunales Tutelares de Menores, aprobada por Decreto de
LO 5/2000 de 12 Ene. (responsabilidad penal de los menores)
L.O. 4/1992, 5 junio, derogado por el número 1 de la Disposición Final 5.ª de la L.O. 5/2000, 12 enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores («B.O.E.» 13 enero), el 13 de enero de 2001.
La presente Ley establece un marco flexible para que los Juzgados de Menores puedan determinar las medidas aplicables a los menores que hayan realizado hechos susceptibles de ser tipificados, como infracciones penales, pero siempre sobre la base de valorar especialmente el interés del menor.
Se establece igualmente, un límite temporal a la duración de la medida de internamiento, la posibilidad de suspender el fallo y la de revisar las medidas impuestas, en atención a la evolución de las circunstancias del menor.
«Los Jueces de Menores serán competentes para conocer:
1.º De los hechos cometidos por mayores de doce años y menores de la edad fijada en el Código Penal a efectos de responsabilidad criminal, tipificados como delitos o faltas en las Leyes penales.
2.º De las faltas cometidas por mayores de edad penal comprendidas, en el artículo 584 del Código Penal, excepto de las de su número 3.º»
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Artículo segundo. Uno. El capítulo III de la Ley de Tribunales Tutelares de Menores, aprobada por Decreto de 11 de junio de 1948, tendrá por rúbrica.
«Normas de procedimiento de los Juzgados de Menores y medidas que podrán adoptar.»
«1. La tramitación de los expedientes por los supuestos comprendidos en el número 1.º del artículo 9 se ajustará a las siguientes reglas:
1.ª Los que por razón de sus cargos tuvieren noticia de algún hecho que pudiera estar comprendido en el número 1.º del artículo 9 deberán ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal, el cual acordará, en su caso, la incoación del oportuno expediente, de lo que dará cuenta al Juez de Menores. Igual acuerdo adoptará el Fiscal cuando tenga noticia del hecho por denuncia o por publicidad del mismo.
2.ª Corresponde al Ministerio Fiscal la defensa de los derechos, la observancia de sus garantías, el cuidado de la integridad física y moral del menor, por lo que dirigirá la investigación de los hechos, ordenando que la Policía Judicial practique las actuaciones que estime pertinentes para su comprobación y la de la participación del menor en los mismos, impulsar el procedimiento, así como solicitar del Juzgado de Menores la práctica de las diligencias que no pueda efectuar por sí mismo. En este procedimiento no cabrá el ejercicio de acciones por particulares.
3.ª Las autoridades y funcionarios que intervengan en el procedimiento estarán obligados a instruir al menor de sus derechos.
4.ª Desde el momento en que pueda resultar la imputación al menor de un hecho incluido en el número 1.º del artículo 9 el Fiscal requerirá del equipo técnico la elaboración de un informe, que deberá serle entregado en un plazo máximo de diez días, prorrogable por un período no superior a un mes, en casos de gran complejidad, sobre la situación psicológica, educativa y familiar del menor, así como sobre su entorno social y en general sobre cualquier otra circunstancia que pueda haber influido en el hecho que se le atribuye.
5.ª El Fiscal podrá solicitar del Juez de Menores, en cualquier momento, la adopción de medidas cautelares para la protección y custodia del menor. El Juez acordará las medidas que estime necesarias tomando en consideración el interés del menor.
6.ª Emitido el informe a que se refiere la regla 4.ª, el Fiscal lo remitirá inmediatamente al Juez de Menores.
En dicha comparecencia el Juez informará al menor en lenguaje claro y sencillo, adecuado a su edad, de los hechos objeto de la diligencia, así como de su derecho, a no prestar declaración y a no reconocerse autor de los hechos. También le informará de su derecho a ser asistido por un Abogado.
7.ª A la vista del desarrollo de la comparecencia y de la propuesta del Fiscal, el Juez podrá acordar alguna de las decisiones a que se refiere la regla undécima o, si procediese, la adopción de la medida de amonestación mediante acuerdo, dándose por concluido el expediente.
8.ª Concluido el expediente, el Fiscal lo elevará al Juzgado de Menores, junto con un escrito de alegaciones solicitando la apertura de la audiencia, el sobreseimiento, la adopción de la medida de amonestación, la remisión de las actuaciones al órgano judicial competente o su remisión a las Instituciones administrativas de protección del menor a fin de que por éstas se adopten medidas de carácter formativo o educativo.
El envío del expediente señalado en el párrafo anterior deberá realizarse por el Fiscal en un plazo no superior a cinco días, de no efectuarse el envío en el indicado plazo, el Fiscal deberá dar cuenta al Juez de las causas que se lo impidan.
9.ª Si el Fiscal solicitará en el escrito de alegaciones la adopción de la medida de amonestación, el Juez de Menores, sin necesidad de abrir la audiencia y oído el menor, dictará el acuerdo que proceda.
10.ª Cuando solicite la apertura de la audiencia, el Fiscal, en el escrito de alegaciones, formulará la calificación jurídica de los hechos imputados al menor, la solicitud de práctica de prueba en la audiencia y la adopción de las medidas que procedan.
11.ª A la vista de la petición del Fiscal, el Juez de Menores adoptará alguna de las siguientes decisiones:
12.ª Cuando se acuerde la apertura de la audiencia se indicará al menor y a su representante legal que designe Abogado que le defienda, si no lo hubiere hecho antes. De no hacerlo en el plazo que se fije, se le nombrará de oficio. Se dará traslado al Abogado del escrito de alegaciones del Fiscal, poniéndose de manifiesto en Secretaría todas las actuaciones, a fin de que lo conteste en el plazo de cinco días y que proponga la prueba que considere oportuna.
13.ª El Juez, dentro del plazo de cinco días desde la presentación del escrito de defensa, acordará lo procedente sobre la pertinencia de las pruebas propuestas y señalará el día en que deba comenzar la audiencia para dentro de los quince inmediatamente posteriores.
14.ª La audiencia se celebrará con asistencia del Fiscal, del miembro del equipo técnico, del Abogado defensor y del menor, que podrá estar acompañado de sus representantes legales, salvo que el Juez, motivadamente oído el Fiscal, no lo considere oportuno.
15.ª El Juez de Menores informará al menor, en un lenguaje claro y sencillo, adaptado a su edad y que le sea comprensible, de las medidas solicitadas por el Fiscal en su escrito de alegaciones y del hecho y causas en que se fundan.
16.ª Seguidamente preguntará al menor, con asistencia del Abogado, si se manifiesta autor de los hechos que le imputa el Fiscal. Si se manifestase autor de los hechos le preguntará si se muestra conforme con la medida solicitada por el Ministerio Fiscal. Si diese su conformidad, con asistencia de su Abogado, el Juez, oído, si lo considera pertinente, al miembro del equipo técnico, dictará acuerdo de conformidad con la petición del Ministerio Fiscal.
17.ª En otro caso, y si el menor no se hubiese declarado autor de los hechos, se practicará la prueba admitida y la que, previa declaración de pertinencia, ofrezcan las partes para su práctica en el acto. Seguidamente el Juez oirá al Fiscal y al Abogado sobre la valoración de la prueba y la calificación jurídica de los hechos y la medida o medidas a adoptar, así como, si lo considera conveniente, al miembro del equipo técnico. Finalmente oirá las alegaciones que quiera formular el menor. El Juez podrá hacer abandonar la sala al menor en los momentos de la vista que considere oportunos.
2. El procedimiento en la tramitación de los expedientes seguidos por los supuestos comprendidos en el número 2.º del artículo 9 de esta Ley será el de juicio de faltas»
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«1. El acuerdo del Juez de Menores que se designará "Resolucion" apreciará las pruebas practicadas, las razones expuestas tanto por el Fiscal como por la defensa y lo manifestado, en su caso, por el menor. Igualmente valorará las circunstancias y gravedad de los hechos, así como la personaIidad, situación, necesidades del menor y su entorno familiar y social. Si impusiere alguna de las medidas a que se refiere el artículo 17 expresará su duración, que no excederá de dos años, salvo lo previsto en su número 1.º
2. El Juez podrá dictar la Resolución de viva voz en el acto de la audiencia, sin perjuicio de su posterior documentación, o según la forma prevista en el artículo 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dentro de los cinco días siguientes a la terminación del acto.
3. En atención a la naturaleza de los hechos, el Juez de Menores, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o del Abogado, podrá decidir la suspensión del fallo por tiempo determinado y máximo de dos años, siempre que, de común acuerdo, el menor, debidamente asistido y los perjudicados, acepten una propuesta de reparación extrajudicial. Ello, no obstante, podrá acordarse la suspensión del fallo si los perjudicados, debidamente citados, no expresaran su oposición o ésta fuera manifiestamente infundada.
4. Contra los Autos y Resoluciones de los Jueces de Menores cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, que se interpondrá en el plazo de cinco días, contados a partir de su notificación.
5. Contra las providencias de los Jueces de Menores cabe recurso de reforma ante el propio Juzgado, que se interpondrá en el plazo de tres días, contados a partir de su notificación.»
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«El Juez de Menores podrá acordar, con respecto a éstos, las medidas siguientes:
1.ª Amonestación o internamiento por tiempo de uno a tres fines de semana.
2.ª Libertad vigilada.
3.ª Acogimiento por otra persona o núcleo familiar.
4.ª Privación del derecho a conducir ciclomotores o vehículos de motor.
5.ª Prestación de servicios en beneficio de la Comunidad.
6.ª Tratamiento ambulatorio o ingreso en un Centro de carácter terapéutico.
7.ª Ingreso en un Centro en régimen abierto, semiabierto o cerrado.
En el ejercicio de la facultad de enjuiciar las faltas a que se refiere el apartado 2.º del artículo 9 se aplicarán las penas señaladas en el Código Penal.»
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«Las medidas adoptadas en las Resoluciones de los Jueces de Menores, excepto las del número 1.º del artículo 17, pueden ser reducidas y aun dejadas sin ulteriores efectos por el Juez que las haya dictado, a instancia del representante legal del menor o del Ministerio Fiscal, a la vista de los informes que se emitan sobre su cumplimiento y el desarrollo del menor.»
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1 11 de junio de 1948, tendrá por rúbrica.
Tendrán el carácter de Ley ordinaria los siguientes preceptos de esta Ley: El artículo primero; el artículo segundo, párrafos 1 y 2, apartado 1, reglas 1.ª, 2.ª, 4.ª, 6.ª, párrafos 1, 2, 3 y 5; 7.ª, 8.ª, 9.ª, 10.ª, 11.ª, 12ª, excepto los dos primeros incisos; 13.ª, 14.ª, 15.ª, 16.ª, 17.ª, el apartado 2; el párrafo 3, apartado uno, excepto el último inciso; el párrafo 4 y el 5; la disposición transitoria y las finales.
1. La Escala de Delegados Profesionales Técnicos de los Tribunales de Menores queda declarada a extinguir.
2. Los Delegados Profesionales Técnicos que, a la entrada en vigor de esta Ley, estén prestando servicios en los Tribunales Tutelares de Menores o Juzgados de Menores dejarán de prestarlos en la Administración de Justicia y quedarán adscritos a la Administración Pública que tenga competencia en materia de menores.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los funcionarios de carrera de la Escala de Delegados Profesionales Técnicos que estén prestando servicios en los citados Tribunales y Juzgados de Menores, podrán optar a integrarse por una sola vez en las plantillas de personal laboral de los equipos técnicos de los Juzgados de Menores, siempre que reúnan la titulación necesaria y en la forma y plazos que determine el Ministerio de Justicia.
4. Queda derogado el apartado tercero de la disposición transitoria vigésima sexta de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, de 1 de julio, en lo que se refiere al personal de la Escala de Delegados Profesionales Técnicos de los Tribunales Tutelares de Menores.