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Timestamp: 2020-07-07 06:39:44
Document Index: 164219912

Matched Legal Cases: ['e contrario', 'e contrario', 'artículo 4', 'artículo 34', 'artículo 38', 'artículo 477', 'artículo 206', 'artículo 306', 'artículo 398', 'artículo 398', 'artículo 394']

STS 389/2014, 6 de Noviembre de 2014 - Jurisprudencia - VLEX 549268866
Número de Recurso: 1344/2012
Número de Resolución: 389/2014
ACCIÓN DECLARATIVA DE DOMINIO Y DESLINDE. En el presente caso concurren los presupuestos de la denominada usucapión secundum tabula, operándose tanto una inscripción registral, con la debida identificación de la finca, que equivale al justo título en la medida que no ha resultado atacada o impugnada en su validez, como al reconocimiento posesorio registral que permite al titular acceder a la posesión hábil para usucapir. Se estima la casación.
Sentencia citada en: 6 sentencias, 2 artículos doctrinales, una resolución administrativa
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada en recurso de apelación núm. 18/2011 por la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Santander , como consecuencia de autos de juicio ordinario núm. 1254/2009, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Santander, cuyo recurso fue preparado ante la citada Audiencia por el procurador D. Carlos de la Vega-Hazas Porrúa, en nombre y representación de Dª Estela compareciendo en esta alzada en su nombre y representación el procurador D. Roberto Granizo Palomeque en calidad de recurrente y el procurador D. Ignacio Argós Linares en nombre y representación de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cantabria en calidad de recurrido.
PRIMERO .- 1.- El procurador don Carlos de la Vega Hazas Porrua, en nombre y representación de doña Estela interpuso demanda de juicio ordinario, contra GOBIERNO DE CANTABRIA, -CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA- y contra la JUNTA VECINAL DE HERADA DE SOBA y alegando los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación, terminó suplicando al Juzgado se dictara sentencia por la que: "...1) Que se declare que Dª Estela es titular de la nuda propiedad de la finca número NUM000 , inscrita al folio NUM001 del Libro NUM002 de Soba, Tomo NUM003 del Archivo, del Registro de la Propiedad de Ramales de la Victoria descrita al hecho primero de la demanda, así como que sobre dicha finca, existe un usufructo vitalicio a favor de D. Salvador y Dª Maite .
2) Se condene a las demandadas a modificar las descripciones del Catalogo de montes de Utilidad Publica nº 152 denominado "Cuesta Valnera", y cualquier otro documento que obre en poder de la administración referido a dicho monte, al objeto de reconocer como un enclave particular del referido monte la finca número NUM000 , inscrita al folio NUM001 del Libro NUM002 de Soba, Tomo NUM003 del Archivo, del Registro de la Propiedad de Ramales de la Victoria, propiedad de la demandante.
- El Letrado de los Servicios Jurídicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en nombre y representación de la Comunidad Autónoma de Cantabria, contestó a la demanda y oponiendo los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación, terminó suplicando al Juzgado dictase en su día sentencia por la que: "...se desestimen la pretensión mantenida de contrario, con expresa imposición de costas".
- Previos los trámites procesales correspondientes y práctica de la prueba propuesta por las partes y admitida, el ilmo. sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Santander, dictó sentencia con fecha 30 de septiembre de 2010 , cuya parte dispositiva es como sigue: FALLO: "... Que, con íntegra estimación de la demanda presentada por el procurador D. Carlos de la Vega-Hazas Porrúa, en nombre y representación de Dª Estela , contra la Conserjería de Economía y Hacienda del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cantabria y la Junta Vecinal de Herada de Soba, debo acordar y ACUERDO aquí: 1) DECLARAR que Dª Estela es titular de la nuda propiedad de la finca número NUM000 , inscrita al folio NUM001 del Libro NUM002 de Soba, Tomo NUM003 del Archivo, del Registro de la Propiedad de Ramales de la Victoria, descrita al hecho primero de la demanda, así como que sobre dicha finca existe un usufructo vitalicio a favor de D. Salvador y Dª Maite . 2) CONDENO a las demandadas a modificar las descripciones del Catálogo de montes de Utilidad Pública n° 152 denominado "Cuesta Valnera" y cualquier otro documento que obre en poder de la administración referido a dicho monte, al objeto de reconocer como un enclave particular del referido monte la finca número NUM000 , inscrita al folio NUM001 del Libro NUM002 de Soba, Tomo NUM003 del Archivo, del Registro de la Propiedad de Ramales de la Victoria, propiedad de la demandante. 3) CONDENO a las demandadas a abstenerse de realizar actos que contradigan el derecho dominical de la actora respecto de la finca descrita en el hecho primero de citada demanda.
SEGUNDO .- Interpuesto recurso de apelación por la representación procesal del GOBIERNO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA, la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Santander, dictó sentencia con fecha 7 de marzo de 2012 , cuya parte dispositiva es como sigue: FALLAMOS "... Que estimando el recurso de apelación interpuesto por la representación del GOBIERNO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA contra la ya referida sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Santander, debemos revocar y revocamos dicha resolución; y en su lugar, y con desestimación íntegra de la demanda, debemos absolver y absolvemos a las codemandadas de las pretensiones que contra ellas dedujo la demandante. Las costas de la primera instancia se imponen a la actora. No se imponen las costas de esta alzada".
TERCERO .- 1.- Contra la expresada sentencia preparó y después interpuso recurso de casación la representación procesal de doña Estela con apoyo en los siguientes MOTIVOS :
Primero.- Artículos 477.2.3 º, 477.3 y 481.1 LEC .
Segundo.- Artículos 477.2.3 º, 477.3 y 481.1 LEC .
CUARTO .- Remitidas las actuaciones a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, por auto de fecha 26 de febrero de 2013 se acordó admitir el recurso interpuesto por el procurador D. Roberto Granizo Palomeque en nombre y representación de Dª Estela y dar traslado a la parte recurrida para que formalizaran su oposición en el plazo de veinte días. El Letrado de los Servicios Jurídicos del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cantabria presentó escrito de impugnación al mismo.
QUINTO .- No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 25 de junio del 2014, en que tuvo lugar, no habiéndose dictado sentencia dentro del plazo establecido debido a la excesiva carga de trabajo que pesa sobre el ponente.
PRIMERO .- En el presente caso se ejercita una acción declarativa de dominio de una finca enclavada dentro de un monte incluido en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública y plantea, como cuestión de fondo, el alcance del deslinde administrativo realizado en orden a la titularidad discutida; todo ello con relación al marco normativo de la Ley de Montes de 1957.
En la demanda que da origen al presente procedimiento de juicio ordinario, interpuesto por Dª Estela contra el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cantabria y la Junta Vecinal de Herada de Soba, se interesa que se dicte sentencia por la que se declare, entre otros extremos, la titularidad de la nuda propiedad de la actora respecto de la finca NUM000 , inscrita al folio NUM001 del Libro NUM002 de Soba, Toma NUM003 del archivo, del Registro de la Propiedad de Ramales de la Victoria, así como el usufructo vitalicio en favor de D. Salvador y Dª Maite , padres de la actora.
En síntesis, la accionante alega que su finca fue inmatriculada en virtud de escritura pública de compraventa formalizada por sus padres con fecha 2 -septiembre- 1963, figurando desde entonces a su nombre en el Catastro (el vendedor la tenía catastrada desde el año 1953) y ejerciendo desde entonces su posesión en concepto de dueño, quieta, pacífica y no interrumpida, siendo conocido y notorio que su destino era el aprovechamiento ganadero y agrícola y que estaba delimitada por un muro de piedra antiguo de 1.50 metros aproximadamente, que aún persiste, que accedió al Registro de la Propiedad el 8 -septiembre-1964 sin que el Registrador apreciara contradicción con la finca núm. NUM004 , inscrita con anterioridad, el 18 -diciembre-1961, pero pendiente de deslinde y reconociendo dentro del monte enclaves particulares de cabida y pertenencia desconocidas, pues no fue hasta la Orden del Ministerio de Agricultura de 8 -diciembre-1974 que se verificó el deslinde del monte público Cuesta Valnera n° 152 con una cabida de 1.010 hectáreas, frente a las 150 que figuraban en la inscripción registral, sin traslado de los datos del deslinde al Registro, y del que resultó que el predio de la demandante quedaba incluido dentro de su perímetro.
Así las cosas la Sra. Salvador propugna su mejor derecho, con invocación de los artículos 34 y 38 de la Ley Hipotecaria , que le confiere una presunción de titularidad y posesión que la Administración no puede desconocer al practicar un deslinde administrativo, que es insuficiente para determinar la propiedad del terreno que delimita y subsidiariamente considera que ha adquirido por usucapion, invocando los artículos 1957 a 1960 del Código Civil .
Frente a todo ello reacciona el Gobierno Regional, en contestación en la que, sin dejar de reconocer la composición de lugar en que se basa la demanda, discute el título de la accionante, resaltando que en la escritura de compraventa de 2-septiembre-1963, esgrimida de contrario, la finca vendida se dice perteneciente a la Junta Vecinal de Heredad de Soba, cedida a D. Gervasio y Dª Margarita , que son quienes se la venden a D. Salvador padre de la actora, sin presentar título acreditativo de una cesión que pone en cuestión, en otro terreno, por faltar algún documento que acredite que, siendo un bien de dominio público (invoca el articuló 12.1 de la. Ley 43/2003, de 21-noviembre y el artículo 4 del Real Decreto 1372/1986, de 13-junio , por el que se aprueba el Reglamento de bienes de las entidades locales), fuera desafectado, mutando su naturaleza a bien patrimonial, que es el único bien que una Administración pública puede enajenar, conforme a los artículos 14 de la Ley 43/2003 y 5 del Reglamento de bienes de las corporaciones locales.
De ello deduce que la actora no tiene la condición de tercer hipotecario a que se refiere el artículo 34 de la LH , pues adquirió por donación de sus padres una finca que estos habían inmatriculado y replica al valor del artículo 38 de la LH que prevalece la primera inscripción conforme al principio prior tempore potior iure y, al tiempo, que en los casos de doble inmatriculación prevalecen las normas del derecho civil sobre las hipotecarias por que las inscripciones contradictorias se anulan mutuamente.
SEGUNDO .- 1. La parte actora, al amparo del ordinal tercero del artículo 477.2 LEC , interés casacional por oposición a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, interpone recurso de casación que articula en dos motivos. En el primero , con cita de las Sentencias de esta Sala de 28 de septiembre de 2006 , 31 de diciembre de 2002 , 17 de diciembre de 1992 , 11 de julio de 1988 , 17 de junio de 1987 y 15 de septiembre de 1984 , se alega que la inclusión de un monte en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública no tiene eficacia suficiente por si sola para decidir cuestiones de dominio de los montes en él inscritos y solo otorga presunción de su posesión, así como que el deslinde administrativo no constituye título justificativo de dominio que acredite la propiedad sino que solo declara el estado posesorio. En el segundo , con cita de las Sentencias de esta Sala de 28 de septiembre de 2006 y 31 de diciembre de 2002 , se alega la necesidad de impugnar el título de propiedad y la inscripción registral practicada a favor del tercero cuando se pretende privarle de sus derechos inscritos, y que la resolución del expediente administrativo es título para la inmatriculación en el Registro de la Propiedad, pero no es suficiente para rectificar o eliminar el derecho de propiedad de terceros.
Con carácter previo, siguiendo a la sentencia de Primera Instancia, debe puntualizarse que la cuestión de fondo que plantea el presente caso no se dirime en el marco de aplicación de la acción de deslinde, propiamente dicho, pues no se trata de establecer, como cuestión fáctica, la correcta delimitación de las lindes de las fincas en cuestión, sino su incidencia o alcance sobre la validez de los títulos de propiedad en liza, esto es, un conflicto no sobre los fundos, sino sobre sus respectivos títulos, SSTS de 30 de enero de 2007 (núm. 47/2007 ) y de 14 de octubre de 2009 (núm. 657/2009 ).
Hecha esta precisión conceptual también conviene puntualizar que la cuestión controvertida en el presente caso, a tenor de la discrepancia en la fundamentación de ambas instancias, se centra en la prescripción adquisitiva alegada por la actora respecto de la finca objeto de la litis.
En esta línea, tampoco puede resultar discutida la especial protección que el Registro de la Propiedad confiere al titular que inscribe su derecho, particularmente del reconocimiento posesorio y de su proyección con relación a la usucapión secundum tabulas y el principio de legitimación registral derivado de la presunción de exactitud del Registro ( artículos 35 y 38 LH ); STS de 11 de julio de 2012 (núm. 454/2012 ). En el presente caso, conforme a lo argumentado por la sentencia de Primera Instancia, y a la calificación otorgada por el Registrador de la Propiedad, no cabe duda que la mera y previa inscripción del monte, que accedió por el cauce del artículo 206 LH , sin su debida delimitación y deslinde, y cuya obligatoriedad derivaba tanto de la Orden Ministerial que la materializó, como de la propia Ley de 1957, cuestión que impidió la posible contradicción de los afectados prevista por el artículo 306 del RH , no solo no impedía la posible inscripción de fincas enclavadas o colindantes a dicho mote sin deslinde alguno, como así ocurrió al proceder el Registrador a la inscripción del predio de la actora, sino que tampoco impedía el anterior reconocimiento posesorio registral respecto de las fincas inscritas y debidamente identificadas.
La aplicación de la doctrina jurisprudencial expuesta, llevada al caso de enjuiciamiento, exige realizar las siguientes precisiones que conducen a la estimación de los motivos planteados.
Frente a ello, el hilo discursivo de la sentencia de la Audiencia carece de relevancia jurídica en los planos analizados. En efecto, que el causante de la actora, D. Salvador , participara en el expediente de deslinde, como miembro integrante de la comisión de Herada, no supone un acto propio, inequívoco y concluyente, respecto de la nulidad de la inscripción realizada con anterioridad. Del mismo modo, que la libre valoración que realiza la Audiencia respecto del título antecedente del caso, esto es, la cesión de la finca rústica por la Junta Vecinal, en el sentido de haberse cedido solo el aprovechamiento de la finca y no su propiedad, no deja de ser una interpretación especulativa sin trascendencia sobre la validez y eficacia de la inscripción registral efectuada.
Por aplicación del artículo 398.2 LEC no procede hacer expresa imposición de costas del recurso interpuesto.
Por aplicación del artículo 398 LEC en relación con el artículo 394 del mismo Cuerpo legal no procede hacer expresa imposición de las costas causadas en Primera y Segunda instancia, dadas las serias dudas de Derecho y de Hecho que presenta el caso enjuiciado.
Haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Dª Estela contra la sentencia dictada, con fecha 7 de marzo de 2012, por la Audiencia Provincial de Cantabria, Sección 4ª, en el rollo de apelación nº 18/2011 , que casamos y anulamos, confirmando en su lugar la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia, nº 2, de Santander, con fecha 30 de septiembre de 2010 , dimanante de los autos de juicio ordinario nº 1254/2009.
Se fija como doctrina jurisprudencial de esta Sala que en el marco de aplicación de la Ley de Montes, de 8 de junio de 1957, la inclusión de un monte en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública y su posterior deslinde, de eficacia solo administrativa, otorga una mera presunción posesoria sin incidencia directa en el conflicto de titularidades, o el carácter demanial de la finca enclavada, que deberá ser resuelto mediante los cauces pertinentes.
ATSJ Aragón 1/2012, 17 de Febrero de 2012
STS 202/2015, 14 de Abril de 2015