Source: https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/ficha/7591
Timestamp: 2020-07-11 18:43:10
Document Index: 259267157

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 6', 'Artículo 6', 'artículo 209', 'artículo 123', 'artículo 131', 'artículo 246', 'artículo 365', 'artículo 123', 'artículo 123', 'artículo 209', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 209']

Las Cámaras de Comercio tienen a cargo el Registro Único de Proponentes
ACCIÓN PÚBLICA DE INCONSTITUCIONALDIAD CONTRA EL ARTÍCULO 6 DE LA LEY 1150 DE 2008
"Artículo 6°. De la verificación de las condiciones de los proponentes. Todas las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales, se inscribirán en el Registro único de Proponentes del Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio con jurisdicción en su domicilio principal.
Parágrafo 3°. El Gobierno Nacional fijará el monto de las tarifas que deban sufragarse en favor de las cámaras de comercio por concepto de la inscripción en el registro, así como por su renovación, modificación y actualización, y por las certificaciones que le sean solicitadas en relación con el mismo. Para tal efecto, el Gobierno deberá tener en cuenta el costo en que incurran las cámaras de comercio para la operación del registro, la expedición de certificados, y los trámites de impugnación."
¿Puede el Congreso de la República otorgar a las cámaras de comercio la administración del registro único de proponentes, sin vulnerar el mandato constitucional que consagra que le compete a la ley establecer el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas?
Desempeño de funciones administrativas por parte de los particulares. «(...) Ahora bien, establecida como queda la naturaleza jurídica de las Cámaras de Comercio, a juicio de la Corte, es oportuno abordar el tema relativo al cumplimiento de funciones administrativas por entidades privadas. Al respecto debe puntualizarse que el acrecentamiento de las tareas que el estado moderno debe asumir, y en particular de aquellas que el poder ejecutivo desempeña, condujo al afianzamiento progresivo de una tendencia, que tuvo sus manifestaciones iniciales en el derecho público francés, y que justamente estriba en autorizar el ejercicio de funciones administrativas a particulares más allá del marco de la concesión, pues, rebasando ese ámbito limitado y tradicional, se buscó el concurso de sectores no estatales mediante modalidades novedosas de acción que en algunos eventos pretenden la integración de personas particulares a las estructuras administrativas, y en otros, favorecen la existencia de entidades pertenecientes al sector privado a las que el Estado les asigna determinadas funciones públicas, con el objeto de satisfacer, por ese medio, intereses de carácter general.
Empero, resulta ineludible precisar que las personas jurídicas privadas aunque se hallan esencialmente orientadas a la consecución de fines igualmente privados, en la medida en que hayan sido investidas de la facultad de ejercer funciones administrativas, participan de la naturaleza administrativa, en cuanto toca con el ejercicio de esas funciones, en cuyo desempeño ocupan la posición de la autoridad estatal gozando, por ende, de las prerrogativas del poder público y encontrándose, en consecuencia, sometidas a la disciplina del derecho público; de modo que los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad que, según el artículo 209 Superior, guían el desarrollo de la función administrativa, les son por completo aplicables. (...)»
«(...) Este tribunal ha partido de considerar que junto con lo previsto en el artículo 123 C.P., coexisten en el ordenamiento constitucional otras disposiciones que confieren funciones públicas a particulares, con carácter permanente, “tales son los casos de los notarios (artículo 131 C.P.), de las autoridades indígenas en ejercicio de funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial (artículo 246 C.P.), y de la prestación de servicios públicos (artículo 365 C.P.) entre otros”.[1] De esta manera, la condición de temporalidad fijada por el artículo 123 C.P., carece de carácter absoluto, por lo que resulta ajustado a la Constitución que en determinados eventos, que en todo caso deben constituir la excepción y no la regla, el legislador decida delegar funciones administrativas a particulares con vocación de permanencia.
14. Es importante destacar, igualmente, que la delegación de funciones administrativas a particulares se puede encauzar a través de tres vías diferenciadas[5] Por último, la delegación de funciones públicas también puede producirse a través de la constitución de órganos en que concurren autoridades públicas y particulares, en especial las asociaciones y fundaciones de participación mixta.
El legislador ha dispuesto, del mismo modo, que el ejercicio de funciones administrativas por parte de las cámaras de comercio tengan carácter permanente, habida cuenta la necesidad que una entidad gremial, que agrupa a los comerciantes, sirva de intermediario entre los distintos oferentes y el Estado, a propósito del cumplimiento de los fines de la contratación pública, mostrándose de este modo como una excepción legítima a la regla general de temporalidad prevista en el artículo 123.
16. Como se observa, la delegación de funciones públicas a las cámaras de comercio no depende de la suscripción de convenios entre la entidad delegante y los particulares, razón por la cual no resultan en este caso aplicables las condiciones previstas en los artículos 110 y 111 de la Ley 489/98, entre ellas el carácter temporal de la delegación. Se trata, entonces, de una concesión de facultades de carácter enteramente legislativo, en el que a través de normas con rango de ley se le confieren a una entidad gremial y de naturaleza privada, el ejercicio permanente de la función pública de administración del registro único de proponentes. Esta delegación, contrario a lo que supone el actor, no supone la privatización de la citada función administrativa ni la ausencia de sujeción de las cámaras de comercio a los principios previstos en el artículo 209 Superior. En contrario, existen previsiones legislativas expresas en el EGCAP que prevén estas condiciones jurídicas, como tuvo oportunidad de expresarse en apartados precedentes. En consecuencia, el cargo de inconstitucionalidad dirigido en contra del inciso primero del artículo 6º de la Ley 1150/07 no está llamado a prosperar. (...)»
[1] Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-282/96.
[2] Sobre este particular, Cfr. Corte Constitucional C-543/01. En esta sentencia, la Corte declaró la exequibilidad de algunas normas de la Ley 9ª de 1991, que otorgaban funciones administrativas a la Federación Nacional de Cafeteros.
[3] Sentencia C-866 de 1999. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[4] Sentencias C- 702 de 1999 M.P. Fabio Morón Díaz y C-866 de 1999 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[5] Las condiciones que debe cumplir la delegación a través de convenios entre la entidad delegante y el organismo de iniciativa privada, han sido estudiadas por la Corte en las sentencias C-866/99 y C-776/03. Sobre el particular, la segunda de estas decisiones consideró:
El Congreso de la República puede otorgar a las cámaras de comercio la administración del registro único de proponentes, sin vulnerar el principio constitucional que consagra que le compete a la ley establecer el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas, de acuerdo a lo siguiente:
La condición de temporalidad no es absoluta, ya que, existen otras disposiciones constitucionales que le permiten al legislador delegar funciones administrativas a particulares de manera permanente.
La delegación de funciones administrativas a particulares se debe encauzar mediante tres vías: la atribución directa de la ley de funciones administrativas a una organización privada; autorización legal a las entidades o autoridades públicas con funciones administrativas atribuir a particulares mediante convenio precedido de un acto administrativo el directo ejercicio de éstas; constitución de órganos en que concurren autoridades públicas y privadas.
La adscripción de competencias referentes a la administración del RUP (Registro Único de Proponentes) a las cámaras de comercio se da mediante atribución directa de la ley.
El ejercicio de funciones administrativas por parte de las cámaras de comercio tienen carácter permanente debido a la necesidad de una entidad gremial que agrupa a los comerciantes y sirva de intermedio entre los distintos oferentes y el Estado.
Declarar EXEQUIBLE el inciso primero del artículo 6º de la Ley 1150 de 2007.
Sentencias C-166 de 1995, C-282 de 1996¸ C-543 de 2001¸ C-866 de 1999¸ C- 702 de 1999¸ C-776 de 2003.
Artículos 1, 123, 189-25, 150, 209 de la Constitución Política
Cámaras de comercio. «(...) Se concluye que (i) las cámaras de comercio son organizaciones privadas, de carácter gremial, las cuales conservan su carácter al margen que se les adscriban, por mandato legal, el ejercicio de actividades propias de la función administrativa; (ii) la delegación de la administración del registro de proponentes a las cámaras de comercio es una modalidad de descentralización por colaboración que encuentra sustento constitucional suficiente, en la medida en que la Carta Política adscribe al legislador la competencia para determinar el régimen en que los particulares pueden cumplir funciones administrativas (Art. 210 C.P.), mandato constitucional en el que se inscribe la delegación mencionada; y (iii) en tanto las cámaras de comercio ejercen por disposición legal, actividades propias de la función pública, quedan sometidas a los principios que regulan la actividad administrativa, contenidos en el artículo 209 Superior (...)»
Ficha: Las Cámaras de Comercio tienen a cargo el Registro Único de Proponentes..
Las Cámaras de Comercio tienen a cargo el Registro Único de Proponentes..