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Timestamp: 2019-10-23 03:11:01
Document Index: 377001291

Matched Legal Cases: ['artículo 165', 'artículo 164', 'artículo 164', 'artículo 172', 'artículo 172', 'artículo 172', 'artículo 134', 'artículo 217', 'artículo 217', 'artículo 217']

DERECHO MERCANTIL – Página 3 – EL BLOG DE CORTA Y PEGA DE LUIS ABELEDO
El post de hoy continua con la deriva mercantilista con el riesgo que conlleva a la critica de nuestro admirado @jesusalfar que sabemos que es un lector del blog.
El 9-1-2014 abordamos en un breve comentario la STS 4950/2013 de 19-1-2013, rec 1643/2013 vista por el Pleno de la Sala Primera del TS..
El post de hoy se basa en una ST que llevamos desde el despacho sobre el derecho de información a los accionistas. ST del Juzgado de lo Mercantil 1 de LPGA de 13-1-2015, visto por el Magistrado Excmo Sr. Cobo Plana.
El supuesto de hecho consisten en una Junta General Ordinaria de una SA en donde el 27 % de los accionistas piden en tiempo y forma una serie de documentación para poder votar en conciencia y con conocimiento unas cuentas anuales, gestión del administrador, etc. La documentación que solicita son balance de sumas y saldos a 8 o más dígitos, modelos tributarios, TGSS, etc sin llegar a pedir documentos que soporten la contabilidad.
La mercantil y su administrador se niega a entregar esa documentación por exceder del derecho de información, que esa petición se realiza en abuso de de derecho y con mala fe.
Fundamentos de Derecho que aplica la Sentencia.
La ST a analizar se remite a la STS de 19-9-2013 (Pte Rafael Saraza Jimena) que abandona definitivamente cualquier interpretación restrictiva del derecho de información, transcribe dicha STS que, aunque sea redundante, abordamos en el blog, aquí.
La Sentencia continua, en buena lógica, con la línea del Pleno de Sala, que para eso es una STS de Pleno. Entiende que el derecho de información a los socios de una SA desde una interpretación amplísima del mismo. Sin embargo, continúa, El Derecho de información está sujeto a límites de su no aplicación abusiva y bajo un conocimiento del mismo desde un análisis casuístico.
A partir de establecer estas premisas, la ST, que me gusta –más allá de que estima nuestras pretensiones- , analiza las circunstancias que se plantean en el supuesto de hecho y su aplicación al caso enjuiciado.
A.- Características de la Sociedad Anónima.
Escaso número de socios.
Sociedad familiar (accionistas familiares)
Cláusulas estatutarias que restrinjan libre transmisibilidad de acciones, ex art 63 LSA, actual 123 TRLSC, que le otorguen un cierto carácter cerrado.
Dificultas de los socios minoritarios para desinvertir.
Entiende la ST, que remite a la STS 846/2011, de 21 de nov, rec 1765/2008, Sala 1ª, que cuando concurrren estas circunstancias exige potenciar su transparencia y control de los administradores por la minoría que no participa en la gestión de la sociedad.
En el caso enjuiciado, el Juzgador entiende que no se trata de una sociedad absolutamente familiar y existe libre transmisibilidad de las acciones.
Pero la realidad es que si se trata de una sociedad con muy pocos socios, cinco, y con una configuración cerrada, en la que existe un grupo mayoritario de socios que imponen reiteradamente su voluntad a los socios minoritarios.
Entiende este juzgador que tales circunstancias determinan que el derecho de información para votar las cuentas anuales debe permitir el acceso directo del socio a una generalidad de soportes y antecedentes de la contabilidad.
B.- Intensidad de información si el socio es titular de al menos un 25 % del CS y permite el acceso a documentos contables, bancarios, fiscales como motivo de la aprobación de las cuentas anuales y censura de la gestión social. Esto se acentúa si las características de la sociedad le obstaculizan la desinversión
En este caso el demandante, socio minoritario tenía el 25 % del CS. Dice la ST del Juzgado de lo Mercantil 1 de LPGC
“Lo cual justifica de nuevo, con carácter previo a la celebración de la junta de aprobación de las cuentas anuales, un socio con participación superior al 25 % tenga acceso directo a una generalidad de soportes y antecedentes de la contabilidad.”
En este sentido y pese que no se remite a la norma, -así lo alegamos-, el art 197.3 y 4 TRLSC, hoy modificada, establecía que:
3.- Los administradores estarán obligados a proporcionar la información solicitada al amparo de los apartados anteriores, salvo en los casos que, a juicio del presidente, la publicidad de la información perjudique al interés social.
4.- No procederá la denegación cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al menos, el veinticinco por ciento del capital social. (…)”
Es decir, la Sentencia habla de la potenciación de Derecho. Nosotros entendemos que el Derecho absoluto a la información aunque perjudique al interés social cuando sea solicitado en forma y plazo por al menos el 25 % del CS ya que es una excepción y entendemos que las excepciones sirven para otorgar lo más o lo menos pero siempre en un sentido contrario a la norma general.
En todo caso, el art 197 LSC ha sido reformado y desde el 1-1-2015 y queda configurado así:
Art 197 TRLSC antes de la reforma art 197 TRLSC después de la reforma
1 . Los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta. 1. Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.
Los administradores estarán obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la junta general. Los administradores estarán obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la junta general.
2. Durante la celebración de la junta general, los accionistas de la sociedad podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y, en caso de no ser posible satisfacer el derecho del accionista en ese momento, los administradores estarán obligados a facilitar esa información por escrito dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la junta. 2. Durante la celebración de la junta general, los accionistas de la sociedad podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Si el derecho del accionista no se pudiera satisfacer en ese momento, los administradores estarán obligados a facilitar la información solicitada por escrito, dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la junta.
3. Los administradores estarán obligados a proporcionar la información solicitada al amparo de los dos apartados anteriores, salvo en los casos en que, a juicio del presidente, la publicidad de la información solicitada perjudique el interés social. 3. Los administradores estarán obligados a proporcionar la información solicitada al amparo de los dos apartados anteriores, salvo que esa información sea innecesaria para la tutela de los derechos del socio, o existan razones objetivas para considerar que podría utilizarse para fines extrasociales o su publicidad perjudique a la sociedad o a las sociedades vinculadas.
4. No procederá la denegación de información cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al menos, el veinticinco por ciento del capital social. Los estatutos podrán fijar un porcentaje menor, siempre que sea superior al cinco por ciento del capital social. 4. La información solicitada no podrá denegarse cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al menos, el veinticinco por ciento del capital social. Los estatutos podrán fijar un porcentaje menor, siempre que sea superior al cinco por ciento del capital social.
C.- Otro dato, es la ponderación de los documentos solicitados y su conexión con cuestiones especialmente relevantes o controvertidas de la vida societaria como pueden ser las que son objeto de mención obligatoria en la memoria (art 260 TRLSC). El carácter abreviado de las cuentas anuales que implica una reducción de los datos contenidos en las mismas es también un elemento que justifica una mayor amplitud en la solicitud de información y concretamente de documentación.
D.- La existencia de indicios razonables de actuaciones irregulares o del órgano de administración o de mala gestión es también un dato relevante. En nuestro caso se aprobaron unas pérdidas en el ejercicio contable más que considerables.
E.- Perturbación de la solicitud de información formulada por el socio que suponga para el desarrollo de la actividad del órgano de administración y para la estructura organizativa de la sociedad, por su volumen o complejidad ha de tener un equilibrio.
Aquí menciona un aspecto magnifico que quiero destacar. Dice la Sentencia:
“si bien en este aspecto ha de tenerse en cuenta la facilitación de la gestión documental que suponen las nuevas tecnologías de la informática y la comunicación”
La realidad practica del día a día es que muchas de las denegaciones de derecho de información venían amparadas en supuestos quebrantos administrativos para la sociedad que tendría que tener parada su actividad para facilitar al socio los libros diarios, mayores, balances de sumas y saldos, etc. Cuando la realidad practica es que la información fiscal y contable de cualquier empresa se pueden imprimir en cinco minutos y, en muchas empresas, hasta tienen digitalizados los documentos que soportan dicha contabilidad.
Nota divagadora.- Quizás sea esta conclusión por un magistrado que, a mi entender, con buen criterio, solicitó a las partes que le enviásemos tanto demanda como documentación escaneada vía email. Quizá obligar a quienes comparecemos en procedimientos enviar demanda y contestación escaneada al mail del juzgado facilite mucho el ahorro de papel y la velocidad de la justicia.
Derecho de información debe tener una interpretación extensiva del concepto.
Las SA pueden ser sociedades cerradas y debemos atender a la casuísticas de las características de la mercantil.
Se hace puede hacer muy difícil la oposición al derecho de información por aquélla coletilla de la paralización de la actividad de los órganos sociales, de administración y gestión de la sociedad.
No deja claro el Derecho absoluto de obtener la información cuando lo solicita al menos el 25 % del CS o % fijado en estatutos. En nuestra humilde y subjetiva opinión, un error. Sino que habla de potenciación del Derecho para poder acceder a soportes contables, bancarios y fiscales; es decir, recibos, facturas, extractos de cuentas e impuestos. Éstos debería ser siempre necesarios para controlar las cuentas sino serán números en balances de sumas y saldos sin justificación.
Existencia de indicios de irregularidades o mala gestión. Esto hace, a nuestro entender, la necesaria comprobación de los soportes contables.
Autor LUIS ABELEDOPublicado el 17 enero, 2015 19 enero, 2015 Formato MinientradaCategorías Derecho de información de los socios en sociedades anónimas. Art 197 TRLSC,DERECHO MERCANTIL,Sin categoríaDeja un comentario en El derecho de información a los accionistas.
La insolvencia concursal. Sobre la causa de culpabilidad.
“2) No creemos que sea exigible la prueba de que esa demora en la solicitud tuvo eficacia causal relevante en la generación o agravamiento de la insolvencia el Tribunal Supremo matizó su posición posteriormente en resoluciones posteriores (SSTS de 21 de mayo -ROJ: STS 4441/2012- y 20 de junio de 2012 -ROJ: STS 4589/2012-). La STS de 1 de abril de 2014 (ROJ: STS 1368/2014) se refiere a esa cuestión con los siguientes términos: «… esta sala ha declarado (sentencias núm. 614/2011, de 17 de noviembre, 994/2011, de 16 de enero de 2012, y 501/2012, de 16 de julio) que el artículo 165 de la Ley Concursal no contiene un tercer criterio respecto de los dos del artículo 164, apartados 1 y 2, sino que es una norma complementaria de la del artículo 164.1. Contiene efectivamente una concreción de lo que puede constituir una conducta gravemente culpable con incidencia causal en la generación o agravación de la insolvencia, y establece una presunción “iuris tantum” en caso de concurrencia de la conducta descrita, el incumplimiento del deber legal de solicitar el concurso, que se extiende tanto al dolo o culpa grave como a su incidencia causal en la insolvencia (sentencias de esta sala num. 259/2012, de 20 de abril, 255/2012, de 26 de abril, 298/2012, de 21 de mayo, 614/2011, de 17 de noviembre y 459/2012 de 19 julio)».
3) La demora en la solicitud del concurso debe ser presumida a partir de la propia constatación de la demora, sin perjuicio de la existencia de otra prueba.
de otra, de nexo causal, esto es, de que la conducta culpable ha generado o agravado la insolvencia. Ahora bien, no creemos que de ello pueda seguirse la necesidad de imputar todo el déficit concursal a los administradores societarios salvo que acrediten que el déficit responde a causas distintas. Lo que se deriva es la simple posibilidad de imponerlo pero no la necesidad de hacerlo, tal y como resulta de la propia literalidad del artículo 172.bis LC (” el juez podrá”).
El Tribunal Supremo se ha referido en diversas resoluciones a ese poder discrecional que la norma atribuye al juez del concurso para imponer o no imponer el déficit y para hacerlo en todo o en parte y ha concluido que ese poder discrecional exige una justificación añadida (STS de 16 de julio de 2012, entre otras muchas) para poder condenar a los administradores sociales al pago del déficit concursal. Esto es, no basta que el concurso se califique culpable para que esté justificada la imposición del déficit sino que es preciso que exista una justificación añadida. La cuestión está en cuál puede ser esa justificación añadida.
Creemos que resulta claro que esa justificación añadida no puede ser ajena a la exigencia legal que actúa como parámetro para mesurar el alcance de esa responsabilidad (” en la medida que la conducta que ha determinado la calificación culpable haya generado o agravado la insolvencia”). Es decir, que la justificación añadida tiene que estar relacionada (de forma directa o indirecta) con la posibilidad de que la conducta imputada personalmente a cada uno de los sujetos que han ocupado el cargo de administrador haya podido incidir en la generación o agravamiento de la insolvencia.
Ahora bien, de ello no se sigue que esta responsabilidad sea una estricta y clásica responsabilidad por daños, de manera que sea exigible a la AC la carga de la acreditación cumplida de la medida concreta en que sea imputable a cada uno de los administradores societarios la generación o el agravamiento de la insolvencia. No creemos que esta responsabilidad sea asimilable a la establecida en el artículo 172.2.3.º LC, porque en tal caso quedaría sin explicación razonable la existencia de esa dualidad de sistemas de exigencia de responsabilidad. Y estimamos que si el legislador ha establecido, y mantenido, la responsabilidad del artículo 172.bis LC es precisamente para superar las carencias e inconvenientes de la responsabilidad clásica por daños permitiendo un enjuiciamiento más flexible y adecuado a las particularidades que concurren en el proceso concursal y particularmente en la pieza de calificación, esto es:
En el supuesto enjuiciado, en el que únicamente existe un acto relevante, la demora de poco más de 6 meses en la solicitud (entre la segunda semana de diciembre y mediados de mayo), la condena a los administradores al pago de la totalidad del déficit hubiera exigido que fuera posible imputar todo el déficit a la demora en la solicitud, lo que resulta imposible en un entorno como el que la resolución recurrida toma en consideración, esto es, de un importante deterioro patrimonial de la concursada en el momento de evidenciarse la insolvencia, que sin duda se evidenciaba en un importante endeudamiento. Por consiguiente, de ello se sigue la idea de que la mayor parte del déficit concursal preexistía al momento en el que se evidenció el incumplimiento por parte de los administradores de la obligación de instar el concurso, de manera que no resulta posible imputar la mayor parte del déficit a los actos relevantes de los administradores.
No podemos descartar, en cambio, que le hubiera podido ser imputada a los administradores societarios una parte del déficit, en el caso de que la AC hubiera justificado o al menos alegado que la sociedad continuó con su actividad tras concurrir la insolvencia y que como consecuencia de ello el déficit resultó ampliado. Pero nada de ello podemos deducir del informe-propuesta presentado por su parte. La justificación que ofrece en su informe respecto de la generación del déficit concursal está referida a una situación que ya hemos visto que poco tiene que ver con las causas por las que el concurso merece ser declarado culpable. De forma que debemos concluir de ello que no existe justificación alguna que nos permita imputar el déficit concursal a los administradores recurrentes. Esa es razón suficiente para estimar su recurso y dejar sin objeto la condena económica de que han sido objeto los administradores sociales.”
Autor LUIS ABELEDOPublicado el 8 enero, 2015 4 enero, 2015 Formato MinientradaCategorías La insolvencia concursal. Sobre la causa de culpabilidad.Impago de una cuota de renta. Pago de deficit concursalEtiquetas cdi,concursal,concurso por impago de rentas,CRITERIOS DE APLICACIÓN DE REFORMA CONCURSAL,deficit concursal,impago de rentas,reforma concursal,responsabilidad administradoresDeja un comentario en La insolvencia concursal. Pago de déficit concursal. Sobre la causa de culpabilidad.Impago de una cuota de renta.
Este post es la copia de una sentencia que, a su vez es el contenido de un post del blog del Magistrado Cobo Planas,- http://notasdejurisprudencia.blogspot.com.es que recomiendo su lectura por la elección de sentencias que publica-.
Copio y pego la Sentencia y el contenido del post por uno de los motivos por los que abrí este blog y es tener mi pequeña base de datos de sentencias que me resultan interesantes y que no quiero perder.
La parte actora ejercita con la demanda instauradora de la presente litis una acción social de responsabilidad, prevista y regulada en los artículos 238 al 240 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, TRLSC). La STS de 4 de noviembre de 2.011 concreta los presupuestos o elementos de la acción social de responsabilidad de los administradores:
Elementos de la acción social de responsabilidad de los administradores.
” Un comportamiento activo o pasivo desplegado por los administradores, sin que a ello fuese obstáculo que en la redacción anterior a la Ley 26/2003, de 17 de julio, de transparencia, el texto de la norma se refiriese exclusivamente a “acción” “.
” Que tal comportamiento sea imputable al órgano de administración en cuanto tal “.
” Que la conducta del administrador sea antijurídica por infringir la Ley, los estatutos o no ajustarse al estándar o patrón de diligencia exigible a un ordenado empresario y a un representante leal “.
” Que la sociedad sufra un daño (…)el daño se erige en requisito necesario e imprescindible para que prospere la acción social de responsabilidad“.
” Que exista relación de causalidad entre el actuar del administrador y el daño “. Naturaleza de la acción.
Nos encontramos ante una responsabilidad por daño de carácter subjetivo, exigiendo la concurrencia de culpa en el agente. La culpa del agente, por la específica construcción de esta responsabilidad en la ley, viene determinada por la actuación antijurídica del administrador, sea por ser contraria a la ley, a los estatutos o a la diligencia debida en función de los deberes legales inherentes al ejercicio del cargo de administrador. La descripción de la naturaleza de la acción ejercitada podemos encontrarla en la SAP Barcelona (Sección 15ª), de 13 de enero de 2009 (casada en parte por la STS de 3 de septiembre de 2012), cuando argumenta que: ” Con carácter general, la acción social de responsabilidad frente a los administradoressociales que instaura el artículo 134 TRLSA (de aplicación a las de responsabilidad limitada), que responde al esquema típico de la acción indemnizatoria por una conducta antijurídica que ha causado un daño, tiene por objeto reconstruir el patrimonio de la sociedad en la medida en que haya sido dañado o perjudicado por una actuación u omisión de los administradores que se revela antijurídica por ser contraria a la Ley, a los estatutos o a la diligencia debida en función de los deberes legales inherentes al desempeño del cargo (art. 133.1 TRLSA), teniendo en cuenta el cánon de diligencia y los deberes que imponen los arts. 127 y siguientes del TRLPI, en particular (es lo que aquí interesa), el de un representante leal (art. 127 TRLPI) y las concretas manifestaciones del deber de lealtad que especifica el art. 127 ter, cuyo apartado 2 dispone que “Ningún administrador podrá realizar, en beneficio propio o de personas a él vinculadas, inversiones o cualesquiera operaciones ligadas a los bienes de la sociedad, de las que haya tenido conocimiento con ocasión del ejercicio del cargo, cuando la inversión o la operación hubiera sido ofrecida a la sociedad o la sociedad tuviera interés en ella, siempre que la sociedad no haya desestimado dicha inversión u operación sin mediar influencia del administrador“. En todo caso, es preciso para que prospere la acción la demostración de un acto u omisión que suponga una contravención, aquí, de esos deberes de lealtad y fidelidad, y de un nexo causal lógico y adecuado entre tal actuación antijurídica y la causación del daño o perjuicio al patrimonio o interés social.
Pero es necesaria otra precisión, que juega como presupuesto lógico para apreciar el incumplimiento de este deber: será necesario, para estimar el supuesto de aprovechamiento desleal de la oportunidad de negocio en perjuicio del interés de la sociedad, que al tiempo de concertar el negocio el administrador esté ejerciendo el cargo, legal o fácticamente, por seguir ostentando la titularidad, de derecho o de hecho, del órgano de administración. Si no es así difícilmente podría admitirse una infracción del deber de lealtad o de fidelidad, que naturalmente cesa al extinguirse el vínculo entre el titular del órgano de administración y la sociedad, a salvo el específico deber de secreto previsto por el art. 127 quáter, que se extiende indefinidamente después de cesar en sus funciones: “Los administradores, aún después de cesar en sus funciones, deberán guardar secreto de las informaciones de carácter confidencial, estando obligados a guardar reserva de las informaciones, datos, informes o antecedentes que conozcan como consecuencia del ejercicio del cargo, sin que las mismas puedan ser comunicadas a terceros o ser objeto de divulgación cuando pudiera tener consecuencias perjudiciales para el interés social”. ” Por tanto, conforme a la doctrina anterior, si el comportamiento indicado como antijurídico por la parte demandante es el de actuar en contra de los estatutos e incumpliendo los deberes inherentes a su cargo, realizados en la temporada que ambos ostentaban la posición de consejeros delgados mancomunados, y que conllevaron los mismo una desviación presupuestaria ostensible que se identifican por el actor en una serie de operaciones, actuaciones e irregularidades llevadas a cabo por los mencionados demandados, y que del mismo deriva un daño, que se identifica por el actor en la diferencia entre los presupuesto y las cuentas anuales, de tal forma, en síntesis, este comportamiento produce un daño consistente en la desviación de los gastos previstos y los realizados, y conforme a la doctrina anteriormente expuesta, dado que constituye el primer hecho controvertido de nuestro procedimiento, el objeto de la controversia no puede ser otro que el de determinar, en primer lugar si se ha producido el daño a la sociedad, y de ser así entrar a analizar si os comportamientos han sido o mejor dicho, si el daño lo producen estos actos que la parte demandante reputa antijurídicos, y determinar la relación causal si ello fuera así.
Delimitado el objeto de la controversia, el siguiente paso es el de valorar la prueba practicada, para lo que habrá que tener en cuenta el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante, LEC), que establece:
” 1. Cuando, al tiempo de dictar sentencia o resolución semejante, el tribunal considerase dudosos unos hechos relevantes para la decisión, desestimará las pretensiones del actor o del reconviniente, o las del demandado o reconvenido, según corresponda a unos u otros la carga de probar los hechos que permanezcan inciertos y fundamenten las pretensiones.
En los procesos sobre competencia desleal y sobre publicidad ilícita corresponderá al demandado la carga de la prueba de la exactitud y veracidad de las indicaciones y manifestaciones realizadas y de los datos materiales que la publicidad exprese, respectivamente.(…) 6. Las normas contenidas en los apartados precedentes se aplicarán siempre que una disposición legal expresa no distribuya con criterios especiales la carga de probar los hechos relevantes.
Para la aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo el tribunal deberá tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes del litigio. ” Este precepto ha de ser entendido en el sentido de que al actor le basta con probar los hechos normalmente constitutivos de su derecho, pues si el demandado no se limita a negar aquellos sino que alega otros, con el objeto de impedir, extinguir o modificar el efecto jurídico pretendido en la demanda, tendrá que probarlos, de la misma forma que habrá de acreditar también aquellos eventos que por su naturaleza especial o su carácter negativo no podrían ser demostrados por la parte adversa sin graves dificultades.
Su declaración es muy clarividente, pues no solo manifiesta que a su entender no ha existido daño a la sociedad, sino que además explica que había siempre “desviaciones es un hecho recurrente, las desviaciones era una situación que siempre se produce, pues el mundo del futbol muy complejo dado que la marcha deportiva condiciona a la hora de confeccionar presupuestos”. Pero no solo respecto estos extremos resultó contundente su declaración, a la par que coherente y verosímil, pues preguntado sobre los gastos reales de la temporada 2011/2012, manifiesta que ” no ha detectado ninguna irregularidad. Considera los gastos como necesarios””no aprecia ningún gasto superfluo ni fraudulento. Además que los contratos estaban informados a la administración concursal”. Continúa su declaración respondiendo a la pregunta de que entre las cuentas anuales y los presupuestos existe una diferencia de aproximadamente siete millones, a lo que contesta que entiende que es consecuencia de la marcha deportiva, no de motivos de otro tipo, y por último manifiesta a preguntas que por qué haya diferencia entre los presupuestos y las cuentas anuales hay daño, entiende que no, que lo importante es ver de donde viene o se produce la misma.
Bien, el perito Sr. Anton, en el acto del juicio, además de ratificar el informe pericial, preguntado si la desviación de presupuesto origina “per se” un daño a la sociedad, manifiesta que no tiene porque provocar un daño, además no tiene que ser ni bueno ni malo la desviación, la desviación como tal, solo si la misma no está justificada ni asociado a la actividad del club. En su exposición incide que el presupuesto no se ha de entender, en relación con entidades privadas, como un corset, el presupuesto estima que va a suceder, pero es posible que por acontecimientos durante el año el mismo no se pueda o sea pertinente salirse de el.
Como he anunciado es pertinente respecto a esta prueba pericial determinar cuál fue el objeto de la misma, que se constituyó a instancia de la parte actora solicitante de la pericial judicial, es decir, sobre que ha de versar el informe pericial. Así, y como se indicó en el acto de la audiencia previa, recogido el mismo en su instructa y también se menciona en el informe pericial judicial, se instó que el mismo tratara sobre los siguientes extremos “La correspondencia en cuanto a su naturaleza:
– de las partidas de ingresos y gastos incluidos en el presupuesto aprobado por el Consejo de Administración del Real Club Deportivo Mallorca para la temporada 2011-2012 (documento nº4 acompañado a la demanda).
-con las partidas de ingresos y gastos incluidas en el Presupuesto acompañado a la contestación a la demanda como documento nº 13 y, – con las respectivas partidas de ingresos y gastos incluidas en la cuenta de pérdidas y ganancias de las cuentas anuales de la temporada 2011-2012 (documento nº5 acompañado a la demanda).
– determine la composición u origen de cada una de dichas partidas.
Solicitando y teniendo acceso para elaborar dicho dictamen a la contabilidad y documentación soporte del Real Club deportivo Mallorca que el perito estime necesaria y oportuna” La pertinencia de recordar este extremo deriva en que el mismo delimita los objetos sobre los que ha de versar el informe pericial judicial. Siendo ello así, y contemplando tanto el tenor literal de la solicitud como del informe, en ningún momento se insta que el perito judicial determine el daño sufrido por la sociedad, que determine si tales desviaciones han generado un daño la misma y su cuantificación a tenor de toda la documentación contable. Pues bien, ello no se insta y por tanto no se realiza, recordando las reglas de la carga de la prueba artículo 217.2 Lec “Corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la reconvención.”, he de considerar que ello corresponde probarlo a quien sostiene la pretensión, en este caso a la actora, a lo que le añadimos la facilidad probatoria una vez admitida la petición de prueba de informe pericial judicial, por este juzgador en el acto de la audiencia previa, de solicitar que el mismo se pronunciara sobre este extremo, que recordemos nuevamente es esencial para el éxito de la acción ejercitada. Si bien, ello no lo realiza, pretendiendo sostener que existe daño a la sociedad por el hecho de la diferencia existente entre el presupuesto y las cuentas anuales, entendiendo que la desviación presupuestaria constituye el daño. Pero lo lógico y coherente a entender de este juzgador es que se abandonara la presunción de que la diferencia mencionada constituye el daño y se determinara de un modo real, efectivo, completo y cuantificado el daño ocasionado a la sociedad a través de la pericial, ya fuere a instancia de parte, o bien en el presente caso solicitando que ello fuera realizado por el perito judicial.
A mayor abundamiento, sobre este particular, este juzgador preguntó al Sr. Basilio en el acto del juicio, (hora 12:31 a.m. de la grabación) si a su entender consideraba que existía o no daño o si se había provocado daño a la sociedad, quien con buen criterio, demostrando conocer las reglas procesales del principio dispositivo que rige el proceso civil, manifestó no poder contestar pues ” no podemos saber si hay daño o no” dado que el informe pericial se le solicitó en otro sentido aplicando para ello una serie de parámetros, y que si se hubiese solicitado la determinación de si existe o no daño y en que importe se hubieran de aplicar otro criterios y entonces si podría contestar. En concreto, el Sr. Basilio manifiesta que en su informe el objeto de la pericia no recae sobre el daño, no habla del daño porque no se le ha preguntado y por ello no se ha estudiado. Realizar un análisis presupuestario si se quisiera contestar a la pregunta del daño sería pertinente realizar otra pericial, hacer una auditoria de gestión de calidad que no es lo que aquí se ha realizado pues no es lo que le pidieron.
En síntesis, hemos de llegar a la conclusión de no saber si o no se ha ocasionado un daño a la sociedad derivado de la desviaciones presupuestarias, a esta conclusión se llega después de observar lo manifestado por el testigo Sr. Abel y el informe pericial del Sr. Anton quienes consideran que la diferencia entre el presupuesto y las cuentas anuales “per se” no constituyen un daño a la sociedad. A ello hemos de añadir la falta de carga probatoria de sobre si o no se ha producido el daño achacable a la parte actora, que es a quien, conforme al artículo 217 de la ley de enjuiciamiento civil, corresponde probar los hechos sobre los cuales fundamenta su pretensión, máxime en el presente caso en que admitida la prueba solicitada consistente en la pericial judicial no solicita que el informe pericial verse, entre otras cuestiones, sí o no ha existido daño, quedando pues este extremo huérfano de prueba.
1) Importancia de la carga de la prueba.
2) Importancia real de los peritos a los que, a veces, creemos menos importantes de lo que son.
3) Importancia de solicitar al perito judicial en este tipo de acciones que concrete el origen, nexo causal y daño ocasionado. No son pocas las ocasiones en que los clientes quieren saber, conocer la información y soportes contables durante el procedimiento pero olvidamos que el fin del mismo es la acreditación del daño a través de su nexo causal y el origen del mismo.
4) Si la naturaleza de la acción es la indeminizatoria, ¿podemos trasladar la objetivación de la responsabilidad en el sentido de que si hay un daño y un nexo causal hay una acción u omisión culposa o negligente o estaríamos ante una carga de la prueba en el sentido de la responsabilidad contractual’
Autor LUIS ABELEDOPublicado el 21 diciembre, 2014 Formato MinientradaCategorías Acción de responsabilidad de administradores. Naturaleza jurídica de la acción y requisitos.Etiquetas acción social de responsaba de administradores,acreditación del daño.Deja un comentario en RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRADORES SOCIALES. ACCIÓN SOCIAL DE RESPONSABILIDAD.
Autor LUIS ABELEDOPublicado el 9 enero, 2014 17 enero, 2015 Categorías DERECHO MERCANTILEtiquetas ABOGADOS TENERIFE,ART 197 LSC,DERECHO DE INFORMACIÓN DE SOCIOS DE SOCIEDAD ANÓNIMA,DERECHO MERCANTIL2 comentarios en DERECHO DE INFORMACIÓN DE LOS ACCIONISTAS EN LA SOCIEDAD ANÓNIMA.