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Timestamp: 2019-08-20 17:23:55
Document Index: 317700098

Matched Legal Cases: ['artículo 14', 'artículo 248', 'artículo 277', 'artículo 6', 'artículo 303', 'artículo 213', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 277']

SERVICIOS INTEGRALES SIAPPS: 21/07/13 - 28/07/13
Argentina: denuncian al director de la UIF por su llamado a no reportar operaciones ligadas al blanqueo
El llamado del Sbatella, titular de la UIF, a las entidades financieras para que no enviaran los reportes de operaciones sospechosas ligadas al blanqueo de divisas ha desatado una tormenta en los medios que finalmente ha desembocado en la presentación de una denuncia penal.
Así, el diputado nacional Manuel Garrido (UCR) formalizó la denuncia penal contra José Sbatella y también presentó un pedido de interpelación al ministro de Justicia, Julio Alak, y al propio Sbatella.
En tal sentido, cita un artículo publicado en el diario La Nación, en su edición del 15 de julio de 2013, que señala que "el jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, pidió a los bancos que no reporten las sospechas por lavado que acumulen sobre el dinero que ingrese al circuito formal gracias a la polémica ley de blanqueo que hizo aprobar el Gobierno. (…) La controvertida indicación de Sbatella fue confirmada a La Nación por tres presidentes de bancos privados de primera línea, dos oficiales de cumplimiento antilavado de otros dos bancos, una técnica del sector bancario y una alta fuente con acceso a lo que ocurre dentro de la UIF. (…) Lo que hizo fue pedirnos que se reporte lo mínimo, lo cual resulta esquizofrénico porque lo planteó el jefe de la unidad antilavado", indicó el presidente de uno de los bancos consultados
Ciertamente, se trató de una recomendación o instrucción oral a las entidades financieras que participaron en la reunión informativa pero parece que el titular de la UIF equivocó el medio y el mensaje. La omisión del reporte en los casos de ingresos de dólares para la realización de la operaciones de blanqueo de divisas es una consecuencia lógica del mecanismo arbitrado por el gobierno de perdón fiscal para conseguir el aporte de dólares a la economía argentina.
En la denominada regularización tributaria especial, o popularmente amnistía fiscal, realizada en España en el año 2012, el Ministerio de Economía emitió hasta dos circulares para aclarar una situación parecida (ACA y ACA). En la Circulares, de acuerdo con la exoneración en la ley del delito fiscal para los activos que se blanqueaban, se establecía la vigencia de la obligación de reportar las operaciones sospechosas de lavado de dinero (blanqueo de capitales en España) salvo para los supuestos en que, precisamente, se trataba de los capitales que eran objeto de blanqueo. Situación lógica pues ya que si para esos capitales evadidos o eludidos no existía delito fiscal, tampoco se podían consitutir en delitos precedentes del delito de lavado de dinero. Y, por tanto, se desactivaría la obligación legal para las entidades financieras de reportar operaciones sospechosas.
En el caso de Argentina, el blanqueo se trata de un amplio perdón fiscal y mantiene vigente íntegramente la obligación de reportar las operaciones sospechosas salvo en los supuestos previstos en el artículo 14 de la ley 26.860, cuales son la figura de evasión tributaria o participación en la evasión tributaria
Por lo anterior, y sin conocer exactamente el mensaje que transmitió Sbatella, se puede convenir en que la ley del blanqueo de divisas daba espacio para recordar a las entidades financieras el mensaje sobre la no necesidad de reportar cuando se estuviera en presencia de supuestos claros de blanqueos de divisas provenientes de delitos tributarios. Y ello, aún admitiendo la dificultad para los responsables de prevención del lavado de determinar el origen de los fondos.
El resultado de la intervención de Sbatella ha de llevar a considerar que se erró en el mensaje y también en el medio pues para este tipo de cuestiones tan ajustadas es siempre preferible el medio escrito y oficial a través de una comunicación o instrucción que se apoyara en el tenor literal de la ley.
La Ley del blanqueo se aprobó con cauciones para el lavado de dinero
Manuel Garrido, junto a la diputada Graciela Ocaña, presentó una denuncia penal contra Sbatella, para que se investigue la posible comisión de los delitos penales de delitos penales de abuso de autoridad (artículo 248 del Código Penal) y encubrimiento (artículo 277 1° incisos A y E), por cuanto habría dictado la orden de incumplir con la leyes 26.860 y 25.246, con la consecuencia directa de estar facilitando el lavado de dinero, obstaculizando las investigaciones acerca del origen ilícito de esas sumas de dinero y ayudando a eludir la Justicia a los autores de los delitos mencionados.
La denuncia se fundamenta en que, según surge de información pública, el titular de la Unidad de Información Financiera habría pedido a entidades financieras que no reporten las operaciones sospechosas de lavado de activos y financiación del terrorismo que podrían realizarse al amparo de la recientemente sancionada ley de "Exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior" (Ley N° 26.680).
En tal sentido, cita un artículo publicado en el diario La Nación, en su edición del 15 de julio de 2013, que señala que "el jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, pidió a los bancos que no reporten las sospechas por lavado que acumulen sobre el dinero que ingrese al circuito formal gracias a la polémica ley de blanqueo que hizo aprobar el Gobierno. (…) La controvertida indicación de Sbatella fue confirmada a La Nación por tres presidentes de bancos privados de primera línea, dos oficiales de cumplimiento antilavado de otros dos bancos, una técnica del sector bancario y una alta fuente con acceso a lo que ocurre dentro de la UIF. (…) Lo que hizo fue pedirnos que se reporte lo mínimo, lo cual resulta esquizofrénico porque lo planteó el jefe de la unidad antilavado", indicó el presidente de uno de los bancos consultados".
Cabe destacar que el artículo 6 de la Ley 25.246 (Ley de creación de la Unidad de Información Financiera), establece que "la Unidad de Información Financiera (UIF) será la encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir:
1. El delito de lavado de activos (artículo 303 del Código Penal)
2. El delito de financiación del terrorismo (artículo 213 quáter del Código Penal)
"El deber de informar, alcanza no solo a los sujetos que exteriorizan sumas de dinero, sino también a las entidades financieras en donde la exteriorización se lleva a cabo. En este sentido, el artículo 14 de la Ley 26.680 expresa que "ninguna de las disposiciones de esta ley liberará a las entidades financieras o demás personas obligadas, sean entidades financieras, notarios públicos, contadores, síndicos, auditores, directores u otros, de las obligaciones vinculadas con la legislación tendiente a la prevención de las operaciones de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo u otros delitos previstos en leyes no tributarias, excepto respecto de la figura de evasión tributaria o participación en la evasión tributaria".
De confirmarse la información publicada en la prensa, el presidente de la Unidad de Información Financiera habría cometido los delitos citados, dado que el denunciado habrá ordenado a los bancos no reportar las operaciones sospechosas de lavado de activos y financiación del terrorismo, en flagrante violación de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 26.860 y en los artículos 20, 20 bis y 21 de la Ley 25.246, con la consecuencia directa de ayudar a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de ésta, a los autores de los citados delitos, así como ayudar a los autores o partícipes de los mismos a asegurar el producto o provecho del delito, facilitándoles su blanqueo irregular mediante el relajamiento de los controles –incluso él mismo– establecidos por la ley para prevenir ese tipo de conductas.
Esto último se agrava por la condición de funcionario público del presidente de la UIF y porque el delito que se encubre tiene una pena mínima superior a tres años de prisión (artículo 277 inciso 3º a del Código Penal).
Publicado por Servicios Integrales SI, SC en martes, julio 23, 2013
Argentina: denuncian al director de la UIF por su ...