Source: http://legislacion.derecho.com/real-decreto-937-2003-de-modernizacion-de-los-archivos-judiciales-63319
Timestamp: 2016-12-08 23:22:53
Document Index: 197913319

Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'artículo 149', 'artículo 149', 'artículo 46', 'artículo 105', 'in fine', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 518', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 16', 'artículo 13', 'artículo 12', 'artículo 15', 'artículo 149', 'artículo 149']

REAL DECRETO 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales	REAL DECRETO 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales Mis Leyes
REAL DECRETO 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales Estado	:
937/2003	Boletín Oficial	:
MINISTERIO DE JUSTICIA	CAPÍTULO IDisposiciones generalesArtículo 2. Ámbito de aplicación.Artículo 3. Implantación de las nuevas tecnologías.CAPÍTULO II De la organización y funcionamiento de los archivos judicialesArtículo 4. Clases de archivos.Artículo 5. Archivos Judiciales de Gestión.Artículo 6. Ordenación, custodia y conservación del Archivo Judicial de Gestión.Artículo 7. Acceso a la documentación del Archivo Judicial de Gestión.Artículo 8. Archivos Judiciales Territoriales.Artículo 9. Ordenación, custodia y conservación del Archivo Judicial Territorial.Artículo 10. Archivo Judicial Central.Artículo 11. Ordenación, custodia y conservación del Archivo Judicial Central.Artículo 12. Acceso a la documentación del Archivo Judicial Territorial o Central.Artículo 13. Forma de remisión de documentos judiciales y relaciones documentales.CAPÍTULO III De los expurgos de documentos judicialesArtículo 14. Juntas de Expurgo.Artículo 15. Remisión de relaciones documentales.Artículo 16. Devolución de los documentos aportados al proceso.Artículo 17. Régimen de funcionamiento.Artículo 18. Acuerdos.Artículo 19. Actas y certificaciones.Artículo 20. Fin de la vía administrativa.Artículo 21. Enajenación y destrucción.Artículo 22. Traslado de los documentos.Disposición adicional primera. Tribunal Supremo y Audiencia Nacional.Disposición adicional segunda. Ciudades de Ceuta y Melilla.Disposición adicional tercera. Archivo General de la Administración.Disposición adicional cuarta. Archivos históricos.Disposición adicional quinta. Documentación del Ministerio Fiscal.Disposición adicional sexta. Archivos de los juzgadostogados y tribunales militares.Disposición adicional séptima. Contratos menores.Disposición adicional octava. órganos jurisdiccionales extintos.Disposición adicional novena. Elaboración inicial de relaciones documentales.Disposición adicional undécima. Medidas de seguridad.	Serán de aplicación a los tratamientos automatizados de datos relacionados con la documentación judicial las medidas establecidas en el Disposición derogatoria única. Derogación normativa.	Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este real decreto y expresamente el Real Decreto de 29 de mayo de 1911 (Gaceta de Madrid de 31 de mayo), la Real Orden de 12 de agosto de 191 1, del Ministerio de Gracia y Justicia (Gaceta de Madrid de 14 de agosto); la Orden de 29 de marzo de 1937, de la Presidencia de la Junta Técnica del Estado, sobre expurgo de legajos y documentos ("Boletín Oficial del Estado" de 31 de marzo), y la Orden de 8 de abril de 1937, de la Comisión de Justicia, sobre expurgo de documentos en los archivos judiciales ("Boletín Oficial del Estado" de 8 de abril).Disposición final primera. Fundamento constitucional.	1. Los artículos 1; 2; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 11; 12; 14.3 y 4; 15.1 y 2; 22.3, y las disposiciones adicionales primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, octava y novena de este real decreto se dictan en el ejercicio de la competencia exclusiva que corresponde al Estado, de acuerdo con el artículo 149.1.5.8 de la Constitución.	2. Los artículos 3; 8; 13; 14.1, 2, 4 y 5; 15.3; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22.1 y 2, así como las disposiciones adicionales séptima y undécima, se dictan al amparo del artículo 149.1.18.º de la Constitución.	3. La disposición adicional décima sólo resultará de aplicación en el ámbito de la Administración General del Estado.Disposición final segunda. Facultades de desarrollo y ejecución.	Se autoriza a los titulares de los Ministerios de Justicia y de Educación, Cultura y Deporte para dictar, en elámbito de sus respectivas competencias, las normas que sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo establecido en este real decreto.Disposición final tercera. Entrada en vigor.
Por otra parte, la Constitución española, en su artículo 46, obliga a los poderes públicos a garantizar y promover el enriquecimiento del patrimonio histórico y cultural de los pueblos de España, con independencia de su régimen jurídico y su titularidad, a la vez que reconoce a los ciudadanos, en el artículo 105.b), el derecho de acceso a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte ala seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de la persona.
Pocas dudas ofrece lo insuficiente de la regulación normativa vigente, además de su obsolescencia, puesto que la principal norma por la que se rige la materia en la actualidad es el Real Decreto dictado por el entonces Ministro de Gracia y Justicia el 29 de mayo de 191 1.
a) Que proceda su expurgo -artículos 5.2, párrafos primero y tercero, "in fine", y 15.1- por haberse ejecutado definitivamente o por haber transcurrido los plazos de caducidad o prescripción. En estos supuestos, carece de sentido remitirlos al archivo territorial, por lo que se eleva una relación de todos ellos a la Junta de Expurgo, previa resolución del titular del órgano por la que se declara el transcurso de los plazos. Esta previsión se aplicará a la ingente cantidad de documentación judicial almacenada en las sedes ala entrada en vigor del real decreto.
1.° En primer lugar, aquellos asuntos que se encuentren paralizados, no por inactividad judicial, sino por imposibilidad de continuar la tramitación -artículo 5.2, párrafo primero-. Transcurridos cinco años desde la incoación se remiten al archivo territorial. Este es el caso de las denuncias por delitos sin autor conocido en el orden jurisdiccional penal. Habida cuenta que no ha prescrito el delito, no pueden remitirse ala Junta de Expurgo; en caso contrario, si ha prescrito, debe procederse a su remisión a la Junta de Expurgo, conforme alas reglas ya analizadas. A tal efecto, debe considerarse que cinco años es un plazo más que prudencial, más allá del cual no es previsible la "reapertura" de las actuaciones, sin perjuicio de que, evidentemente, si ésta se produjera, no habrá más que reclamar la documentación al archivo territorial. Esta previsión tiene como fin fundamental incrementar la disponibilidad espacial de los órganos judiciales.
2.° En segundo término, también procede la remisión al correspondiente archivo territorial de aquellos asuntos finalizados por sentencia firme o cualquier otra resolución que les ponga fin -artículo 5.2, párrafo tercero-, que, transcurrido un año, se remiten al archivo territorial para su custodia. El plazo de un año se estima prudencial para que, en su caso, se inicie la ejecución. Debe tenerse en cuenta que la acción ejecutiva caduca a los cinco años, según dispone el artículo 518 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por lo que ni es posible solicitar su expurgo, ni tampoco parece razonable que deban custodiarse en el archivo de gestión durante todo el plazo, ya que un alto porcentaje de estos asuntos nunca serán objeto de demanda ejecutiva.
5. La finalidad de este real decreto es la implantación de un sistema de gestión de los archivos judiciales que permita la realización de los fines de la Justicia, así como garantizar el acceso ala documentación por quien tenga interés en ello, con las garantías y limitaciones legalmente exigibles.
CAPÍTULO II De la organización y funcionamiento de los archivos judiciales
2. Transcurridos cinco años desde la incoación de los procedimientos o expedientes gubernativos, aquellos asuntos que no estuvieren pendientes de actuación procesal alguna, tanto en fase declarativa como de ejecución, podrán ser remitidos para su conservación y custodia al Archivo Judicial Territorial que le corresponda, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1 5.
Los procedimientos con sentencia firme o cualquier otra resolución que ponga fin a éstos podrán ser remitidos para su conservación y custodia al Archivo Judicial Territorial transcurrido un año desde la firmeza de la resolución, salvo que deba procederse conforme a lo dispuesto en el artículo 1 5.
Si el acceso a documentos que contuvieran datos de carácter personal fuese solicitado por quien no hubiera sido parte en el procedimiento, sólo será concedido cuando el procedimiento hubiera concluido y exclusivamente en los supuestos previstos por el artículo 1 1.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, o cuando el interesado hubiera prestado su consentimiento a dicho acceso.
2. En el Archivo Judicial Central se ordenará la documentación remitida por los responsables de los Archivos Judiciales de Gestión comprendidos en su ámbito, de tal modo que permita su rápida identificación y recuperación, debiendo permanecer en aquéllos hasta que proceda su remisión ala Junta de Expurgo.
CAPÍTULO III De los expurgos de documentos judiciales
b) El Gerente Territorial del Ministerio de Justicia. Cuando en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de que se trate existan varias Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia, será vocal de la Junta
de Expurgo el titular de la Gerencia que radique en la sede del Tribunal Superior de Justicia.
6. Las Juntas de Expurgo tratarán la información contenida en la documentación judicial que se les remita exclusivamente con la finalidad a la que se refiere el apartado 1, así como la de devolución de los documentos aportados al proceso, prevista en el artículo 16, sin destinar los datos a ninguna otra finalidad distinta. Los datos únicamente podrán ser transmitidos ala Administración competente en materia de patrimonio histórico con arreglo a lo dispuesto en este real decreto y a quienes solicitasen la devolución de los documentos aportados.
1. El responsable del Archivo Judicial de Gestión donde radiquen los documentos judiciales remitirá al secretario de la Junta de Expurgo una relación de todos aquellos procedimientos en los que haya terminado la ejecución o en los que se hubiese dictado una resolución que declare la prescripción ola caducidad.
3. Las relaciones de expedientes a que se refiere este artículo serán remitidas como mínimo una vez al año con el fin de que se decida sobre su posterior destino. Dicha relación deberá tener el mismo contenido y cumplir los requisitos contemplados en el artículo 13, a los que se añadirá la expresión del archivo judicial en que se hallasen.
1. El presidente de la Junta de Expurgo acordará la publicación de las relaciones de expedientes judiciales en el "Boletín Oficial del Estado" o diario oficial de la comunidad autónoma, según el ámbito territorial del órgano judicial de los que procedan, y una referencia de aquélla en un diario de los de mayor difusión en el ámbito autonómico al objeto de que, en el plazo de dos meses, puedan los interesados recuperar aquellos documentos en su día aportados al proceso. En la publicación del anuncio se omitirá la reseña del objeto del proceso y la identificación de las partes.
La solicitud será resuelta en forma análoga ala prevista en el artículo 12, entendiéndose la referencia al órgano judicial como atribuida a la Junta de Expurgo.
1. Las resoluciones de la Junta de Expurgo que acuerden la transferencia de los expedientes judiciales a la Administración competente, su enajenación o su destrucción serán objeto de publicación en el "Boletín Oficial del Estado" o diario oficial de la comunidad autónoma según el ámbito territorial de los órganos judiciales de los que procedan.
4. La destrucción de los expedientes judiciales y gubernativos se llevará a efecto bien mediante contrato administrativo, bien a través de la celebración de un convenio de colaboración con una Administración pública que cuente con instalaciones adecuadas a tal fin. El pliego de cláusulas administrativas particulares o el convenio contendrán las prohibiciones comprendidas en el apartado anterior.
Disposición adicional sexta. Archivos de los juzgados
togados y tribunales militares.
En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de este real decreto, los secretarios judiciales a cuyo
cargo estuviera el archivo del órgano judicial en el que están destinados dispondrán la elaboración de los listados necesarios que contengan toda la documentación judicial a la que resulte de aplicación lo dispuesto en el artículo 15.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este real decreto y expresamente el Real Decreto de 29 de mayo de 1911 (Gaceta de Madrid de 31 de mayo), la Real Orden de 12 de agosto de 191 1, del Ministerio de Gracia y Justicia (Gaceta de Madrid de 14 de agosto); la Orden de 29 de marzo de 1937, de la Presidencia de la Junta Técnica del Estado, sobre expurgo de legajos y documentos ("Boletín Oficial del Estado" de 31 de marzo), y la Orden de 8 de abril de 1937, de la Comisión de Justicia, sobre expurgo de documentos en los archivos judiciales ("Boletín Oficial del Estado" de 8 de abril).
1. Los artículos 1; 2; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 11; 12; 14.3 y 4; 15.1 y 2; 22.3, y las disposiciones adicionales primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, octava y novena de este real decreto se dictan en el ejercicio de la competencia exclusiva que corresponde al Estado, de acuerdo con el artículo 149.1.5.8 de la Constitución.
2. Los artículos 3; 8; 13; 14.1, 2, 4 y 5; 15.3; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22.1 y 2, así como las disposiciones adicionales séptima y undécima, se dictan al amparo del artículo 149.1.18.º de la Constitución.
Se autoriza a los titulares de los Ministerios de Justicia y de Educación, Cultura y Deporte para dictar, en el
ámbito de sus respectivas competencias, las normas que sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo establecido en este real decreto.
ORDEN de 18 de diciembre de 2007, por la que se constituye el Archivo Judicial Territorial de Málaga de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en aplicación de lo dispuesto por el Real Decreto 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judicialesRESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2008, de la Viceconsejería, por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Real Chancillería de GranadaDecreto 46/2009, de 26 de febrero, sobre los archivos judiciales territoriales y la Junta de Expurgación de la Documentación Judicial de GaliciaAcuerdo de la junta de 18 de mayo de 2009RESOLUCIÓN 420/38110/2009, de 19 de mayo, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Defensa, el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza, para el tratamiento archivístico de los procedimientos judiciales correspondientes al periodo comprendido entre los años 1939-1988, custodiados por el Tribunal Militar Territorial IIIORDEN de 21 de mayo de 2009, del Vicepresidente del Gobierno, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa, la Universidad de Zaragoza y la Comunidad Autónoma de Aragón, para el tratamiento archivístico de los procedimientos judiciales correspondientes al periodo comprendido entre los años 1939-1988, custodiados por el Tribunal Militar Territorial III y ubicados en el Archivo del Juzgado Togado Militar Territorial nº 32 de ZaragozaORDEN JUS/2935/2009, de 26 de octubre, por la que se crea la Comisión Calificadora de Documentos Administrativos del Ministerio de Justicia y de sus organismos públicosREAL Decreto 1816/2009, de 27 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de los Archivos Judiciales MilitaresLey 7/2011, de 3 noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de AndalucíaLEY 7/2011, de 3 de noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía	Cerrar PDF
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