Source: http://www.lexureditorial.com/legislacion/20150603/ley-madrilena-de-perros-de-asistencia/
Timestamp: 2017-08-21 21:26:24
Document Index: 163250713

Matched Legal Cases: ['artículo 14', 'artículo 9', 'artículo 49', 'artículo 9', 'artículo 26', 'Artículo 5', 'artículo 4', 'artículo 4', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'artículo 66', 'artículo 15', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 11']

Ley madrileña de perros de asistencia | Lexur Editorial
La Constitución Española reconoce, en su artículo 14, el derecho de igualdad de todos los españoles ante la ley. El artículo 9.2 impone a los poderes públicos las obligaciones de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas y remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. Los poderes públicos son igualmente instados en el artículo 49 a realizar una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de las personas con discapacidades física, sensorial e intelectual a las que prestarán atención especializada y a las que ampararán especialmente para disfrutar de los derechos que el título I de la Constitución otorga a todos los ciudadanos.
Estos derechos y libertades enunciados constituyen uno de los ejes esenciales en la actuación sobre la discapacidad. En el ámbito internacional, la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, aprobada el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) y ratificada por España el 23 de noviembre de 2007, supone la consagración del enfoque de derechos de las personas con discapacidad como sujetos titulares de derechos y la obligación de los poderes públicos de garantizar que el ejercicio de esos derechos sea pleno y efectivo. El texto fue refrendado asimismo por la Asamblea de la Comunidad de Madrid a través de una declaración institucional de 19 de junio de 2008, convirtiéndose en el Parlamento regional pionero en este sentido.
La Convención, en su artículo 9, indica que los estados miembros adoptarán las medidas necesarias para la accesibilidad al entorno de las personas con discapacidad posibilitando, de esta manera, una vida independiente y su participación en todos los aspectos de la vida. De este modo, los poderes públicos deben asegurar que las personas con discapacidad puedan disfrutar del conjunto de todos los derechos humanos: civiles, sociales, económicos y culturales.
En relación con este mandato y en aplicación a lo previsto en la disposición final segunda de la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad se promulga, en el ámbito estatal, el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Este texto refunde en su texto tres disposiciones normativas que, en los últimos años, habían supuesto ya un importante avance en la atención y los apoyos a las personas con discapacidad: la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de las personas con discapacidad, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
En la Comunidad de Madrid, el apartado del artículo 26.1.23 del Estatuto de Autonomía, atribuye a la Comunidad de Madrid la competencia exclusiva «en materia de promoción y ayuda a la tercera edad, emigrantes, minusválidos y demás grupos sociales necesitados de especial atención, incluida la creación de centros de protección, reinserción y rehabilitación». En ejercicio de dichas competencias, se promulgó la Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. Entre sus objetivos contempla apoyar el derecho de las personas a vivir dignamente durante todas las etapas de su vida, lo que conlleva otorgar una especial protección a las personas con discapacidad.
La Comunidad de Madrid ya contaba con la Ley 8/1993, de 22 de junio, destinada a la promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas y, como consecuencia de estas previsiones, se promulgó la Ley 23/1998, de 21 de diciembre, sobre acceso de las personas ciegas o con deficiencia visual usuarias de perro guía al entorno. Esta ley tenía por objeto garantizar a las personas ciegas o afectadas por deficiencias visuales de carácter grave o severo, usuarias de perro guía, el libre acceso a los lugares públicos o de uso público en el ámbito de la Comunidad de Madrid. Dicha ley recogía las disposiciones relativas al uso del perro guía, definiéndolo como aquel can que había sido adiestrado para el acompañamiento, conducción y auxilio de personas ciegas o con deficiencia visual grave o severa y garantizaba la accesibilidad al entorno de las personas usuarias de estos perros.
En los últimos años se ha ido extendiendo progresivamente la ayuda con perros de asistencia a las personas afectadas no sólo por discapacidades visuales, sino también físicas, intelectuales o sensoriales de otro tipo, ya que suponen un importante apoyo para mejorar su autonomía personal y su calidad de vida. Al no estar contemplada esta situación por la normativa vigente en el ámbito de la Comunidad de Madrid, los usuarios de perros de asistencia ven como, en ocasiones, se les deniega la entrada a lugares y transportes públicos, lo que supone un limitación a su inclusión y participación social real y efectiva.
El Tercer Plan de Acción para Personas con Discapacidad (2012-2015), aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el 14 de junio de 2012, enmarca el enfoque integral de las necesidades de las personas con discapacidad y la participación de las mismas, para cubrir todos los ámbitos de actuación y, a la vez, involucrar a quienes intervienen en ellos. Dentro de este Plan se contempla la figura del perro de asistencia, y se recoge como uno de sus objetivos impulsar una norma que regule la utilización de perros de asistencia en la Comunidad de Madrid.
En estos momentos, por tanto, es evidente la necesidad de crear un marco normativo nuevo que se adapte a la realidad actual y que ampare el derecho de las personas con discapacidad que necesitan de la ayuda de un perro de asistencia a acceder al entorno y, por ende, a una participación social efectiva. A su vez, es también importante reconocer el papel relevante de estos animales en la sociedad y la obligación que tienen tanto sus adiestradores como sus propietarios y usuarios de prestarles los cuidados necesarios para su bienestar y para que puedan adquirir la madurez física y emocional adecuadas para prestar un servicio indispensable a las personas con discapacidad.
La ley se estructura en cinco capítulos, dos disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales. En el capítulo I se concreta el objeto de la ley, se definen los conceptos más relevantes y se establece la clasificación de los perros de asistencia. Los capítulos II y III regulan, sucesivamente, el reconocimiento, suspensión y pérdida de la condición de perro de asistencia y de la unidad de vinculación formada por la persona con discapacidad y su perro de asistencia, las entidades de adiestramiento de perros de asistencia y la capacitación profesional del adiestrador o adiestradora. Por último, los capítulos IV y V establecen los derechos y obligaciones de las personas usuarias de perros de asistencia y el régimen sancionador, de forma que se garantice el efectivo cumplimiento de los derechos y obligaciones contemplados en la ley.
1. La presente ley tiene por objeto regular el reconocimiento de la condición de perro de asistencia y establecer los derechos y obligaciones de sus usuarios, con los que formarán una unidad de vinculación, de forma que se garantice a las personas con discapacidad el derecho de acceso al entorno en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid cuando vayan acompañadas de perros de asistencia.
2. Lo dispuesto en esta ley prevalecerá, con carácter general, sobre cualquier prescripción relativa al derecho de admisión o prohibición de entrada de animales en general en lugares de uso público, tanto de titularidad privada como de titularidad pública.
j) Perros de asistencia jubilados: aquellos a los que se les otorga tal condición una vez que se constata la incapacidad definitiva del perro para el desempeño de las funciones para las que fue adiestrado por la entidad de adiestramiento de perros de asistencia.
k) Persona usuaria del perro de asistencia: la persona con discapacidad legalmente reconocida que goza de los servicios que presta un perro de asistencia.
l) Póliza de responsabilidad civil: póliza que cubre los eventuales daños a terceros suscrita por el responsable del perro de asistencia.
m) Propietario o propietaria del perro de asistencia: la persona física o jurídica con capacidad de obrar a quien pertenece legalmente el perro de asistencia.
n) Responsable del perro de asistencia: persona física o jurídica con capacidad de obrar responsable del cumplimiento de todas las condiciones, tanto higiénicas y sanitarias como administrativas. Será el propietario del perro de asistencia, salvo que exista un contrato de cesión del animal.
o) Unidad de vinculación: unidad legalmente reconocida formada por la persona usuaria y el perro de asistencia.
Del reconocimiento, suspensión y pérdida de las condiciones de perro de asistencia, de las unidades de vinculación y de su registro
1. El reconocimiento de la condición de perro de asistencia y de la unidad de vinculación formada entre el usuario y el animal se otorga mediante la acreditación expedida a tal efecto por la Consejería competente en materia de servicios sociales de la Comunidad de Madrid. El procedimiento, que se desarrollará reglamentariamente, se puede iniciar bien a instancia de la entidad de adiestramiento, del usuario o, en su caso, del propietario del animal.
a) Que el responsable del perro, ya sea el propietario o el que tiene la cesión del uso del animal sea una persona física o jurídica con capacidad de obrar.
f) Que la persona responsable del perro de asistencia tiene suscrita póliza de responsabilidad civil que cubra los eventuales daños a terceros.
Artículo 5. Reconocimiento de las condiciones de perro de asistencia en formación y de perro de asistencia jubilado.
1. En el caso de los perros que estén siendo entrenados como perros de asistencia, el procedimiento de solicitud de reconocimiento de la condición de perro de asistencia en formación se iniciará a instancia de la entidad de adiestramiento y deberá acreditarse por el solicitante que el perro cumple todos los requisitos establecidos en el artículo 4, a excepción de lo contemplado en el punto e) y de la acreditación del adiestramiento prevista en la letra b), que se entenderá referida a la acreditación de que el perro está siendo adiestrado por profesional y entidad que cumplan los requisitos previstos en esa letra.
c) Que el perro dispone de identificación electrónica y la lleva en un microchip implantado y normalizado según las exigencias de la normativa vigente en materia de sanidad animal.
e) Que la persona responsable del perro de asistencia tiene suscrita póliza de responsabilidad civil que cubra los eventuales daños a terceros.
3. El reconocimiento de la condición de perro de asistencia jubilado y de la unidad de vinculación formada entre el usuario y el animal se otorga mediante la acreditación expedida a tal efecto por la Consejería competente en materia de servicios sociales de la Comunidad de Madrid. El procedimiento se iniciará a instancia del propietario del perro, que deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Que el propietario del perro de asistencia jubilado es una persona física con capacidad de obrar que ha sido la usuaria de ese animal con anterioridad a que haya sido incapacitado.
b) Que el perro ha sido incapacitado definitivamente para el desempeño de las funciones para las que fue adiestrado por la entidad de adiestramiento.
c) Que el perro cumple con las condiciones previstas en el artículo 4.2, apartados c) y d).
d) Que el propietario del animal tiene suscrita póliza de responsabilidad civil que cubra los eventuales daños a terceros.
Artículo 6. Acreditación e identificación de perros de asistencia, perros de asistencia jubilados y unidades de vinculación.
3. La adquisición de la condición de perro de asistencia jubilado conlleva:
b) La expedición del carné de identificación de la unidad de vinculación y del distintivo de identificación oficial que portará el perro de asistencia jubilado.
Artículo 7. Responsables del perro de asistencia y del perro de asistencia jubilado.
4. En el caso de los perros de asistencia jubilados, el responsable del cumplimiento de todas las condiciones, tanto higiénicas y sanitarias como administrativas será el propietario del perro.
Artículo 8. Suspensión y pérdida de las condiciones de perro de asistencia, perro de asistencia jubilado y de las unidades de vinculación.
b) La persona responsable no tiene suscrita póliza de responsabilidad civil que cubra los eventuales daños a terceros.
f) Renuncia escrita de la persona usuaria del perro o de sus representantes legales o guardadores de hecho presentada ante la entidad de adiestramiento y ante la Consejería de la Comunidad de Madrid competente en materia de servicios sociales.
3. La suspensión y la pérdida de la condición de perro de asistencia y del reconocimiento de la unidad de vinculación serán acordadas por el mismo órgano que otorgó la acreditación, previa tramitación de expediente contradictorio en su caso. En el caso del supuesto previsto en el apartado 2.b) será requisito previo que exista una resolución administrativa firme emitida por el órgano competente según la normativa vigente en materia de protección animal.
4. El acuerdo de suspensión comportará la baja temporal como perro de asistencia en el registro correspondiente y, por tanto, la retirada del carné de identificación de la unidad de vinculación y del distintivo hasta que, en su caso, la situación sea subsanada.
5. El acuerdo de pérdida de la condición de perro de asistencia conllevará la baja definitiva como tal del animal y de la unidad de vinculación en el registro correspondiente así como la retirada definitiva del carné y el distintivo correspondiente.
6. Se aplicará el procedimiento dispuesto en este artículo para la suspensión y pérdida de la condición de perro de asistencia jubilado y del reconocimiento de la unidad de vinculación que forme con su usuario a excepción de lo previsto en el apartado 2.c).
A los efectos de lo dispuesto en esta ley, se crea el registro de perros de asistencia, de perros de asistencia jubilados y de sus unidades de vinculación, adscrito a la Consejería competente en materia de servicios sociales, cuyo contenido y funcionamiento se desarrollará reglamentariamente.
A los efectos previstos en la presente ley, se consideran entidades de adiestramiento aquellas que:
a) Tienen su domicilio social en la Comunidad de Madrid, entre sus fines se encuentra el adiestramiento de perros de asistencia, están dadas de alta en el impuesto de actividades económicas dentro del epígrafe que corresponda y, en el caso de tener instalaciones para tenencia de animales, estén inscritas como tal en el registro de actividades económico-pecuarias.
b) Están ubicadas fuera de la Comunidad de Madrid pero disponen de la autorización administrativa de la Comunidad Autónoma que corresponda en función de su domicilio social.
1. A efectos de lo previsto en esta ley, se entiende que cuentan con la capacitación profesional adecuada para el adiestramiento de un perro de asistencia aquellas personas que hayan acreditado las unidades de competencia de la cualificación profesional SSC610_Instrucción de perros de asistencia (Nivel 3), incluida en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, en el Real Decreto 1035/2011, de 15 de julio, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de cinco cualificaciones profesionales de la familia profesional Servicios Socioculturales y a la Comunidad. Esta acreditación se podrá obtener mediante la posesión de un título de formación profesional, un certificado de profesionalidad o por la participación en un proceso de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral según se establece en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral.
Derechos y obligaciones de los usuarios y responsables de perros de asistencia y perros de asistencia jubilados
6. Centros religiosos.
7. Almacenes y establecimientos mercantiles.
8. Oficinas y despachos de profesionales liberales.
9. Los establecimientos turísticos comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley autonómica de ordenación del turismo y, en particular, los establecimientos hoteleros, albergues, campamentos, bungalows, apartamentos, ciudades de vacaciones, balnearios, camping y cualesquiera otros destinados a proporcionar, mediante precio, habitación o residencia a las personas.
10. Las instalaciones deportivas, incluidas las piscinas hasta el margen de la zona de agua.
11. Cualquier tipo de transporte colectivo de uso público en el ámbito de la Comunidad de Madrid y de sus competencias.
12. Taxis.
13. Los espacios de uso general y público de las estaciones de cualquier tipo de transporte público y de uso público (estaciones de autobuses, metro, ferrocarril, paradas de vehículos ligeros de transporte público, aeropuertos, puertos y cualquier otra de análoga naturaleza).
14. Espacios naturales, incluidos los de especial protección.
15. En general, cualquier otro lugar, local o establecimiento de uso público o de atención al público.
1. El derecho de acceso al entorno reconocido en esta ley se extiende a aquellos lugares, espacios e instalaciones de titularidad privada pero de uso colectivo a los que la persona usuaria del perro de asistencia tenga acceso en virtud de su condición de propietario, arrendatario, socio, partícipe o por cualquier otro título que le habilite para la utilización del mismo.
La empresa deberá adoptar, si lo solicita la persona usuaria, aquellas medidas que faciliten la adaptación de su entorno laboral a la presencia del perro de asistencia y que tengan el carácter de ajustes razonables según lo previsto en el artículo 66 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social.
1. En los transportes públicos de viajeros, la persona usuaria de perro de asistencia deberá ocupar, preferentemente, los asientos reservados para personas en situación de movilidad reducida. El perro debe llevarse tendido a los pies o al lado del usuario.
2. En los taxis se permite, como máximo, el acceso de dos personas usuarias de perros de asistencia, debiendo el perro ir tendido a sus pies. En el resto de medios de transporte, la empresa titular, en función de la capacidad del vehículo, puede limitar el número de perros de asistencia que pueden acceder al mismo tiempo, pero siempre deberá permitir al menos dos en medios de transporte con capacidad de hasta 8 plazas.
1. El responsable del perro de asistencia es responsable de los daños, perjuicios y molestias que ocasione a personas, otros animales, bienes, vías y espacios públicos y al medio natural en general, de acuerdo con lo establecido por la legislación civil aplicable y debe tener suscrita una póliza de responsabilidad civil que cubra los eventuales daños a terceros.
a) Portar consigo y exhibir, cuando le sea requerido por la autoridad competente, el documento acreditativo de su identidad, el carnet de la unidad de vinculación y la documentación sanitaria oficial del perro de asistencia. Asimismo, deberá exhibir el carnet de la unidad de vinculación ante el responsable o titular del espacio o lugar de uso público que esté utilizando conforme a lo previsto en el artículo 15.1.
b) Mantener colocado en un lugar visible, en el collar o arnés del perro, su distintivo de identificación como perro de asistencia además del microchip exigido en la normativa en materia de protección/sanidad animal.
g) Comunicar la desaparición del animal a la policía local del ayuntamiento del municipio donde esté censado o a la entidad de adiestramiento, en un máximo de 48 horas desde su desaparición.
3. El propietario del perro de asistencia jubilado es responsable de los daños, perjuicios y molestias que ocasione a personas, otros animales, bienes, vías y espacios públicos y al medio natural en general, de acuerdo con lo establecido por la legislación civil aplicable y debe tener suscrita una póliza de responsabilidad civil que cubra los eventuales daños a terceros. Está obligado al cumplimiento de las obligaciones descritas en el apartado 2 del presente artículo a excepción de lo dispuesto en el apartado e) y a las que se determinan a continuación:
a) No utilizar el perro de asistencia jubilado para las funciones para las que ha sido declarado incapaz.
b) Garantizar que el perro no va provisto del material de manejo específico propio de la función de asistencia que hubiera desempeñado previamente.
4. Los adiestradores y educadores de cachorros, cuando ejerzan su derecho de acceso al entorno acompañados de un perro de asistencia en formación, quedan sujetos al cumplimiento de las obligaciones previstas en las letras b), c), f) y g) del apartado 2 del presente artículo. Además, están obligados a portar consigo y exhibir, a requerimiento de la persona responsable del espacio o lugar al que accedan con el perro, el documento expedido por la entidad de adiestramiento.
1. El acceso al entorno de las personas usuarias de perros de asistencia y de perros de asistencia jubilados queda prohibido en los siguientes casos:
4. En el caso de los usuarios de perros de asistencia jubilados, estos podrán ejercer el derecho de acceso acompañados, como máximo, de un perro de asistencia y de un perro de asistencia jubilado.
a) La exigencia de forma arbitraria de la presentación de la documentación acreditativa del reconocimiento de la condición de perro de asistencia.
b) El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que el artículo 17 de la presente ley atribuye a la persona responsable del perro de asistencia, a excepción de la de tener suscrita una póliza de responsabilidad civil que cubra los eventuales daños a terceros y de la prevista en el apartado 2.d).
a) El incumplimiento de la obligación de tener suscrita una póliza de responsabilidad civil que cubra los eventuales daños a terceros y de la prevista en el artículo 17.2.d).
f) Utilizar el perro de asistencia jubilado para las funciones para las que ha sido declarado incapaz.
g) Llevar al perro de asistencia jubilado con material de manejo específico propio de la función de asistencia que hubiera desempeñado previamente.
h) La comisión de una infracción leve cuando el autor hubiera sido sancionado por dos infracciones leves a lo largo del año anterior contra las que no quepa recurso en vía administrativa.
a) Impedir el acceso, deambulación y permanencia a las personas usuarias de perro de asistencia o perro de asistencia jubilado en cualquier lugar de los definidos en los artículos 12, 13 y 14 de la presente ley.
1. Corresponde, con carácter general, a la Consejería competente en materia de asuntos sociales la potestad sancionadora de lo regulado por la presente ley.
El procedimiento sancionador aplicable para las infracciones previstas en la presente ley será el establecido por el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora por la Administración Pública de la Comunidad de Madrid en tanto no se regule un procedimiento específico en desarrollo de la presente ley.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid podrá promover, en su caso, en colaboración con los agentes implicados en el desarrollo de esta ley, campañas informativas a fin de lograr una mayor difusión social de la actividad y beneficios de los perros de asistencia, así como para generalizar el conocimiento y concienciación ciudadanas para el cumplimiento y respeto de los derechos y obligaciones dimanantes de esta norma.
Disposición adicional segunda. Estancias temporales de perros de asistencia en la Comunidad de Madrid.
1. En los supuestos de estancia temporal de usuarios de perros de asistencia no residentes en la Comunidad de Madrid pero que dispongan de un reconocimiento otorgado por la Administración autonómica con competencia en la materia o por países con legislación específica tendrán los mismos derechos y obligaciones previstos en esta ley.
2. Dispondrán igualmente de los mismos derechos y obligaciones previstos en esta ley los usuarios de perros de asistencia procedentes de otras Comunidades Autónomas o países sin legislación en la materia, siempre que dispongan de acreditaciones expedidas por entidades de adiestramiento de perros de asistencia que pertenezcan a la federación internacional.
Disposición transitoria segunda. Reconocimiento del derecho de acceso a otro tipo de perros de asistencia
Los propietarios y usuarios de otros tipos de perros que ya presten servicio a personas con discapacidad en el momento de la entrada en vigor de la presente ley deben adecuarlos, en el plazo de seis meses desde que se apruebe la normativa de desarrollo, a las condiciones establecidas en la presente ley para que se les pueda ratificar su condición de perro de asistencia.
Hasta que finalice el proceso de adaptación a la normativa que regula las titulaciones oficiales a que se hace referencia en el artículo 11, se considerará que son profesionales del adiestramiento a los efectos contemplados en esta ley los que acrediten que cuentan con una experiencia laboral acreditada de cinco años en tareas de adiestramiento de alguno de los tipos de perros de asistencia indicados en esta ley siempre que los servicios hayan sido prestados a través de entidades de adiestramiento.
Queda derogada la Ley 23/1998, de 21 de diciembre, sobre acceso de las personas ciegas o con deficiencia visual usuaria de perros guía al entorno.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid dictará cuantas disposiciones sean precisas en desarrollo y ejecución de lo dispuesto en la presente ley salvo el desarrollo reglamentario de lo previsto en el Capítulo II y del procedimiento simplificado mencionado en la Disposición Transitoria Primera, que corresponderá a la Consejería competente en materia de servicios sociales.
Madrid, 10 de marzo de 2015.–El Presidente, Ignacio González González.
(Publicado en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 61, de 13 de marzo de 2015)
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