Source: http://cij-uaz.net/lez/htm/536.htm
Timestamp: 2019-03-20 18:00:15
Document Index: 394994072

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 30', 'artículo 8', 'artículo 3', 'artículo 56', 'artículo 4', 'artículo 73', 'artículo 125', 'artículo 90', 'artículo 91', 'artículo 94', 'artículo 95', 'artículo 97', 'artículo 98', 'artículo 20', 'artículo 21', 'artículo 9', 'artículo 37']

LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE ZACATECAS
Lic. Miguel Alejandro Alonso Reyes, Gobernador del Estado de Zacatecas, a sus habitantes hago sabe:
Que los Diputados Secretario de la Honorable Sexagésima Primer Legislatura del Estado, se han servido dirigirme el siguiente:
La Honorable Sexagésima Primer Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en nombre del pueblo, decreta
Resultando primero. En sesión ordinaria del Pleno correspondiente al día veinticuatro de abril del año dos mil catorce, se dio lectura a una Iniciativa de Ley, que en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 60 fracción I y 65 fracción I de la Constitución Política del Estado; 45, 46 fracción I y 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 95 fracción I, 96 y 97 de su Reglamento General, presentada por la Diputada Susana Rodríguez Márquez, integrante de esta LXI Legislatura del Estado.
En la misma fecha y por acuerdo de la Presidencia de la Mesa Directiva, dicha Iniciativa se turnó a la Comisión Legislativa de Ecología y Medio Ambiente mediante memorándum 0425 de esa misma fecha, dejando a su disposición el expediente relativo, para su análisis y la elaboración del correspondiente dictamen.
Resultando segundo. La proponente justificó su Iniciativa en la siguiente:
Primero. La vida en nuestro planeta, ha sido posible gracias a la extraordinaria conjugación de elementos cuyo equilibrio, permitió la formación de pequeñas partículas que a través de miles de millones de años, evolucionaron hasta cristalizar la vida como hoy la percibimos. La vida por consiguiente es permanente e infinito cambio dialéctico, cuya perfección solamente se altera cuando de manera consciente o en la mayoría de los casos, de forma irracional e irresponsable, la manipulamos para obtener aparentes beneficios, pero también, ocasionar irreparables daños al planeta, a sus ecosistemas y a la vida en sí misma.
La vida vegetal y animal es sostenida gracias al equilibrio de los elementos vitales; tenemos un planeta que no es el más cercano pero tampoco el más alejado del sol; no es el más grande, pero tampoco el más pequeño; no es el más frio, pero tampoco el más caliente; tenemos un planeta cubierto en un 70 % por agua en estado líquido, en tanto que el 30 % son continentes e islas, por lo tanto recibimos luz y calor del sol suficientes para la vida. En nuestra atmósfera, el bióxido de carbono y el oxígeno combinados con los movimientos de rotación y traslación del planeta, forman los distintos climas que permiten la vida de animales y plantas como de su ubicación geográfica, elementos que no actúan de manera independiente, sino que están en relación unos con otros; son y somos eslabones de una gran cadena cuya esencia, la vida, depende de la estabilidad, del equilibrio y de la armonía que debemos conservar, respetando ciclos y obedeciendo leyes naturales que señalan el origen y el fin de todo ser vivo animal o vegetal.
Se entiende que toda alteración al ritmo natural de la evolución, afecta al conjunto sin importar fronteras o límites territoriales de continentes, naciones, estados, municipios y hasta la porción más pequeña del planeta; de ahí que las acciones para contrarrestar los efectos de esta manipulación, deben ser bajo una misma estrategia ordenada, racional y científicamente sustentable, puesto que no es suficiente con plantar un árbol o sembrar una semilla, sino que se requieren acciones desde las tecnológicas como la reducción de emisiones con efecto invernadero, hasta la separación de residuos orgánicos e inorgánicos, su tratamiento y uso para diferentes aplicaciones.
Todos tenemos una responsabilidad, puesto que todos requerimos del oxígeno, de la luz, del calor, de la tierra y del agua para subsistir, por eso es que nadie sin excepción, puede dejar de actuar en acciones que quizá se consideren sencillas, pero que significan la transformación de hábitos, costumbres y de actitudes, cuyos beneficios son colectivos en tanto que dejar de tirar un papel, dejar de fumar un cigarrillo, apagar un foco, una luminaria o un aparato cuando no es utilizado, hasta las más complejas como la transformación del sistema de transporte colectivo, el reciclamiento del plástico o la transformación de sistemas de producción basados en la quema de residuos fósiles, para transitar hacia la utilización de energías renovables sustentables mediante la utilización de elementos naturales como el aire o el sol, constituye una transformación cualitativa que permite respirar a un planeta que se ahoga entre la basura y el esmog.
Trazar una calle, delinear superficies de rodamiento vehicular, desplazamientos peatonales, colocación de luminarias, jardineras, arbustos y árboles, tiene tanto en su conjunto como de manera individual, un impacto ambiental que no siempre se valora, tampoco se valora a plenitud ambiental, cuando se extienden autorizaciones para llevar a cabo perforaciones para introducir tuberías de agua, drenaje o para conducción de fluidos de uso industrial, porque para algunas instancias gubernamentales eso es un asunto de trámite burocrático sujeto al pago de una tarifa, de un impuesto, de una cuota o de una contribución, olvidándose o dejándose como un tema secundario la vocación natural de la tierra por su ubicación geográfica, por su flora, por su fauna y por su interrelación con otros ecosistemas, lo que conlleva graves problemas de polución y contaminación que deterioran el estado de salud de la persona en colonias, barrios y fraccionamientos, no se diga de aves, insectos, roedores, reptiles, peces y mamíferos.
Hasta ahora el desarrollo científico y tecnológico, industrial, urbano y comunitario en general, se ha basado en la utilización de recursos naturales; bosques y praderas han sido arrasados; mares y ríos sobreexplotados; minerales y reservas naturales de hidrocarburos y de agua a punto de agotarse; grandes especies animales y vegetales al punto de la extinción con deterioros severos de los ecosistemas que provocan mayor fragilidad no solamente de especies en mares, tierras y aire, sino la del hombre mismo sobre la faz de la tierra.
De ninguna manera se trata de exageraciones o escenarios catastróficos; es una realidad de tal manera tangible, que en ocasiones cuesta trabajo respirar, ver o escuchar ante la impresionante fuerza del viento en huracanes y ciclones, o mantenerse en pie ante la trepidación u ondulación de un terremoto que nos sacude cual pálida sombra, no se diga la tímida capacidad de reacción del hombre cuando sin agua y sin alimento, sucumbe a las pocas horas porque nuestro organismo no tiene la capacidad de regenerarse u operar una mutación que le garantice su sobrevivencia. Nuestra efímera existencia material debemos transformarla en oportunidad para trascender en el tiempo y en el espacio, generando las condiciones para que generaciones futuras puedan construir sociedades en equilibrio con la naturaleza, con desarrollo sustentable y con bienestar colectivo. Utilizar racionalmente los recursos disponibles, con respeto y responsabilidad hacia un planeta único en nuestro sistema solar y extraordinariamente bello entre la infinitud del cosmos; vivimos una sola vez y es nuestra responsabilidad elevar la calidad de vida.
Segundo. La hora del planeta ha llegado y tenemos que actuar en consecuencia. Cada nación y cada país; cada estado y cada municipio; cada familia y cada persona, tenemos que actuar ahora, porque un germen, un virus o una bacteria aumentan su virulencia de persona a persona y de estación a estación, precisamente porque hemos alterado los ciclos vitales y las cadenas de interrelación animal y vegetal; un reactivo, una vacuna, un suero o un medicamente disminuyen su capacidad de curación; una vitamina, una caloría, una proteína o un suplemento alimenticio, dejan de ser eficaces porque su composición molecular se encuentra afectada por un cambio climático tan severo, que no da oportunidad para una adaptación natural a tal grado que ni mayores cantidades de alimento son suficientes para ajustar una demanda calórica o proteínica básicas para la vida.
El gran reto de las naciones es el desarrollo con sustentabilidad. Atender y solventar las necesidades de alimento, de bienes y servicios de una población que crece geométricamente, ha ocasionado verdaderas catástrofes naturales al arrasar extensas praderas de exuberante vegetación, a desiertos en donde se extingue todo hálito de vida. En muchas regiones del planeta, la presencia del hombre atenta en contra de la sobrevivencia de animales y plantas por sus acciones de explotación irracional que lo convierten en auténtica plaga para la vida y en un depredador insaciable; este modelo no puede seguir sosteniéndose a base del agotamiento de los recursos naturales, porque de seguir a ese ritmo, nos acercamos aceleradamente a un punto crítico en el que difícilmente la vida del hombre como la conocemos ahora, dejará de ser un patrimonio tangible para convertirse en lamentación por no haber actuado con precisión y oportunidad.
Sin embargo es un lamentablemente un hecho, que la visión de desarrollo sustentable que proponemos como vía para una vida saludable, no es compartida ni generalizada en los países, la pretensión y voracidad mercantilista del capital se encuentran profundamente arraigadas en naciones llamados industrializadas, mientras que otros -que son la gran mayoría-, son proveedores baratos de materias primas, ocasionando erosión, desertificación, pobreza y pauperización irreversible.
El cambio climático ocasionado por este modelo ha llegado a un punto de crisis que, venciendo resistencias de industrias altamente contaminantes, se están dando pasos en ocasiones tímidos y limitados, pero al fin avances que es necesario potenciar en todas direcciones. En México tenemos que persuadirnos de que la superación de la pobreza y marginación no tiene como plataforma gubernamental, privada o social, la explotación desmedida e irracional de recursos, por el contrario, de seguir por el mismo camino, cerraremos el círculo de destrucción total, puesto que ni ambiente sano, ni alimentos, ni producción, ni fuentes de empleo.
El cambio climático, visto desde otra perspectiva -no menos perniciosa-, es consecuencia de la emisión a la atmósfera de grandes cantidades de gases de efecto invernadero, tales como dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. Los efectos que ya percibimos, aparecen en los patrones de lluvia, sequías extremas, mayor incidencia de incendios forestales, cambios en los ciclos biológicos de diversas especies, con las consecuentes alteraciones sobre los sectores agrícola, pecuario, silvícola y pesquero, que ponen en riesgo no solo las actividades primarias de la economía, sino la seguridad alimentaria del planeta; además, como consecuencia de una mayor frecuencia de fenómenos hidrometereológicos extremos, los daños en la infraestructura, representan cuantiosas pérdidas materiales y gastos de reconstrucción para los países afectados, sin considerar los costos asociados en materia sanitaria.
Tercero. México, como parte dinámica del concierto de naciones, asume compromisos de la mayor relevancia. La comunidad internacional firmó, en 1992, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la cual entró en vigor 2 años después, como el primer esfuerzo a escala global, con el fin de enfrentar de manera coordinada el problema del cambio climático. De la tercera conferencia de las partes de esta Convención Marco, celebrada en 1997 en la ciudad de Kioto, Japón, surgió el Protocolo del mismo nombre, que es el mecanismo jurídico internacional que establece metas específicas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global. Ambos instrumentos internacionales han sido firmados y ratificados por el Gobierno Mexicano, pasando de esta forma a convertirse en parte integral de nuestro marco jurídico nacional.
El Estado Mexicano, al suscribir la Convención Marco y los instrumentos que de ésta derivan, se obligó a desarrollar en su marco legal mecanismos que permitan alcanzar estos objetivos, por lo que se desarrollaron diversas adecuaciones con la finalidad de incorporar criterios de adaptación y mitigación del cambio climático en sus políticas, planes y programas. Ello condujo a establecer una estrategia nacional de cambio climático, un programa nacional de cambio climático y a que el Congreso Federal aprobara en 2012, la Ley General de Cambio Climático, principal instrumento rector de la política sobre cambio climático en México, Ley que garantizó la permanencia de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, originalmente creada por decreto presidencial.
La Ley General de Cambio Climático, establece la concurrencia entre los distintos órdenes de gobierno, propone que los Estados y el Distrito Federal adecuen sus marcos legales para incorporar los principios e instrumentos previstos en esta Ley y con ello garanticen el desarrollo de sus facultades en la materia. Por su parte, recomienda a los municipios que establezcan su marco reglamentario, con el fin de poder aplicar las facultades previstas en los marcos legales estatales en la materia.
En este punto, consideramos que no es una opción legislar o no en esta materia, sino una obligación como entidad federativa parte esencial del Pacto Federal, además de que como partido verde ecologista de México, nuestra plataforma política y nuestras propuestas sociales se orientan fundamentalmente al establecimiento de un derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo de la población; en tal sentido la Iniciativa de Ley que nos permitimos someter a la consideración del Pleno, desarrolla de manera armónica, las facultades concurrentes previstas en la Ley General de Cambio Climático a nivel estatal, y previendo con claridad los principios, instrumentos y las autoridades responsables de implementar en Zacatecas, las políticas de cambio climático para el desarrollo y bienestar de la Entidad.
Cuarto. Con la presente Iniciativa de Ley, alineamos la disposición contenida en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, pero estamos también haciendo lo propio a nivel local al reglamentar la disposición general prevista en el artículo 30 de la Constitución Política del Estado que dispone: «Todo individuo tiene derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado y sano que propicie el desarrollo integral de manera sustentable. El Estado dictará, en el ámbito de su competencia, las medidas apropiadas que garanticen la preservación del equilibrio ecológico, la protección del ambiente y el aprovechamiento racional de los recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de generaciones futuras».
Es necesario atender las disposiciones transitorias de la Ley General de Equilibrio Ecológico, especialmente a los plazos que en la misma establecen, dado que es el bienestar general el que se tutela y por consiguiente no son admisibles ni demoras ni excusas, porque los vacíos legales, reglamentarios, administrativos y de operación, pueden significar la diferencia entre una vida plena o aquellas que se ven afectadas por la indiferencia, la irresponsabilidad o la inoperancia. Lo señalado no da pie, desde luego, a establecer comités, cargas y estímulos fiscales, institutos o consejos que pudieran aumentar una estructura administrativa en el Estado o en los municipios, sí, en cambio, a puntualizar las necesidades, la urgencia y premura de su atención, a la delimitación de grados de vulnerabilidad y a la identificación en los llamados «atlas de riesgo», de zonas de alta peligrosidad para la población.
En tal sentido, con la presente Iniciativa de Ley, el Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, partícipe del Pacto Federal -de responsabilidad concurrente en esta materia con los gobiernos Federal y municipales-, atiende al imperativo previsto en las disposiciones transitorias de la norma federal en los términos que corresponden a este ámbito competencial:
Primero. Sentar las bases legales para que se implementen las acciones necesarias de mitigación y adaptación, para alcanzar las metas aspiracionales en los plazos indicativos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
Segundo. En materia de protección civil, sentar las bases legales para la integración y publicación del atlas estatal y local de riesgo de los asentamientos humanos más vulnerables ante el cambio climático.
Tercero. Sentar las bases para que los municipios más vulnerables ante el cambio climático, en coordinación con la autoridad estatal y el Gobierno Federal, integren un programa de desarrollo urbano que considere los efectos del cambio climático.
Cuarto. Sentar las bases para que el Estado elabore y publique los programas locales para enfrentar al cambio climático.
Quinto. Sentar las bases para que los municipios, en coordinación con el Estado y demás instancias administrativas y financieras y con el apoyo técnico de la Secretaría de Desarrollo Social, desarrollen y construyan la infraestructura para el manejo de residuos sólidos que no emitan metano a la atmósfera en centros urbanos de más de 50 mil habitantes, y cuando sea viable, implementar la tecnología para la generación de energía eléctrica a partir de las emisiones de gas metano.
Sexto. Sentar las bases para que el Estado y los municipios, promuevan las reformas legales y administrativas necesarias, a fin de fortalecer sus respectivas haciendas públicas a través del impulso a su recaudación. Lo anterior, a fin de que tanto el Estado como los municipios, cuenten con los recursos que respectivamente les permitan financiar las acciones derivadas de la entrada en vigor de la Ley General de Equilibrio Ecológico.
Las disposiciones legales, que se derivan para su operación en determinaciones reglamentarias, se encuentran alineadas a nivel nacional e internacional; el uso de términos y de tecnicismos no puede ser diferente a las disposiciones federales ni de aquellas entidades federativas que ya han legislado al respecto, por lo que encontrar similitudes de ninguna manera es síntoma de deficiencia de técnica legislativa, por el contrario, es resultado de un ejercicio de derecho comparado que ayuda a encontrar nomenclatura común para concertar acciones homogéneas, que como se indica con antelación, el cambio climático es global y no privativo de una región territorial determinada. Esta similitud de conceptos, definiciones y léxico en general, facilita la suscripción de convenios de colaboración y cooperación entre entidades federativas y entre países del mundo afectados, como sin duda lo estamos, por la transformación radical de patrones de acontecimientos hidrometereológicos, que sorpresivamente en primavera aparecen climas o microclimas de invierto y viceversa.
Esta base legal, firme, sólida y consistente es una parte para encontrar soluciones a los efectos del cambio climático, pero lo esencial para que ello sea posible, es un cambio de actitud frente al fenómeno, porque ninguna ley por sí misma resolverá el dilema sino tiene el antecedente del convencimiento personal y colectivo para resolverlo.
Las entidades federativas que estamos legislando en el delicado tema del equilibrio ecológico y ambiental, estamos dando cumplimiento a la obligación que impone la Ley General de Cambio Climático; no hacerlo implica violar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, sobre todo, no atender la responsabilidad que corresponde a nuestra generación, de procurar un medio ambiente limpio y sano para las futuras generaciones.
Resultando tercero. En sesión ordinaria del Pleno correspondiente al día veintisiete de noviembre del año dos mil catorce, se dio lectura a una Iniciativa de Ley que en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 60 fracción I y 65 fracción I de la Constitución Política del Estado; 45, 46 fracción I y 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 95 fracción I, 96 y 97 de su Reglamento General, presentada por el Diputado Rafael Flores Mendoza, integrante de esta LXI Legislatura del Estado.
En la misma fecha y por acuerdo de la Presidencia de la Mesa Directiva, dicha Iniciativa se turnó a Comisión Legislativa de Ecología y Medio Ambiente mediante memorándum 0946 de esa misma fecha, dejando a su disposición el expediente relativo, para su análisis y la elaboración del correspondiente dictamen.
Resultando cuarto. El proponente justificó su Iniciativa en la siguiente:
Primero: Años atrás el cambio climático era un problema que solo llamaba la atención de científicos, en la actualidad es muy común que encontremos en periódicos, revistas y medios electrónicos, noticias o comentarios que mencionan que los glaciares están disminuyendo su extensión, los fenómenos como sequias y huracanes son más intensos y las inundaciones cada vez más comunes, que las temporadas de lluvia son cada vez más irregulares y los veranos cada vez más calientes, atribuyendo todos estos hechos al cambio climático. En este contexto el cambio climático es un cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmosfera y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. Para poder comprender como ocurre el cambio climático es necesario conocer otro fenómeno conocido como efecto invernadero siendo estos los componentes gaseosos de la atmosfera, que absorben y remiten radiación infrarroja los cuales son significativamente responsables de la temperatura actual de la tierra, es común que no asociemos la emisión de gases de efecto invernadero con nuestras actividades diarias o los procesos que ocurren en nuestro alrededor, la generación de electricidad, el consumo de combustibles fósiles como la gasolina, el gas y el diesel, la producción de cemento para la construcción de nuestras casas y lugares de trabajo, así como la producción de alimentos que consumimos y de otros tantos bienes y servicios que necesitamos día a día generan una gran cantidad de gases de efecto invernadero.
México emite el 1.6% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, ocupando el lugar número 13 a nivel mundial, de estas la generación de energía emite el 21% seguido por el transporte con 20.4%.
El cambio climático es un tema que compete a los tres niveles de gobierno, los pronósticos no son alentadores ya que las consecuencias son peligrosas tales como sequias atípicas como es el caso de Zacatecas, entre otros fenómenos naturales, es un desafío global que involucra y requiere de todo y de todos para enfrentarlo.
Segundo: Mucho se ha hablado del cambio climático como el gran reto al que se enfrenta la comunidad internacional, así como del propósito de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobe el Cambio Climático realizada en 1992, y firmada por México, donde el compromiso fue estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmosfera a un nivel que permita que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático asegurando que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico siga de manera sustentable. De igual manera el Protocolo de Kioto celebrado en 1997, firmado por el Gobierno Mexicano en 1998 donde las naciones acordaron la reducción de gases de efecto invernadero a un plazo concreto y en una cantidad específica en especial para los países industrializados así como las disposiciones para implementar mecanismos de desarrollo limpio.
Debido a lo anterior reducir las emisiones de gases de efecto invernadero se ha convertido en un desafío importante. Ambos instrumentos internacionales han sido firmados y ratificados por el Gobierno Mexicano, el cual ha venido desarrollando desde el año 2007, todo un marco jurídico estructural de estrategias y programas, por lo que en el año 2012 es publicada la Ley General de Cambio Climático, la cual establece en su artículo 8º la distribución de competencias señalando que la Federación, los Estados y los municipios tienen facultades de ejercer sus atribuciones en diversos ámbitos tales como adaptación y mitigación ante el cambio climático.
Tercero. A nivel nacional 14 Estados cuentan con Ley Estatal de Cambio Climático [Chiapas, Estado de México, Tabasco, Veracruz, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca y Puebla], es de vital importancia que el Estado de Zacatecas cuente con esta Ley ya que es uno de los Estados más vulnerables al fenómeno del cambio climático.
Cuarto. México cuenta con políticas públicas en materia de cambio climático como es el caso de la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático, el programa de acción climática de los Estados de México, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León y Veracruz. Dichas estrategias fueron diseñadas con visión a 10, 20 y 40 años, por lo que se traza una ruta de largo plazo para mejorar la salud y calidad de vida de la población. Así como convertir a México y sus Estados en una sociedad con mayor resiliencia.
Quinto. En el artículo 3º transitorio de la Ley General de Cambio Climático establece una serie de metas y plazos indicativos para la Federación, los Estados y municipios siendo estas las siguientes:
-Reducir al año 2020 en un 30% de emisiones con respecto a la línea base así como el 50% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2050 en relación con las emitidas para el año 2000.
-En materia de adaptación antes de que finalice el año 2013 deberán estar integrados y publicados los atlas nacionales, estatales y locales de riesgo de los asentamientos humanos más vulnerables al cambio climático.
-Antes del 30 de noviembre del año 2015 los municipios más vulnerables en coordinación con la Federación y los Estados deberán contar con un programa de desarrollo urbano que considere los efectos del cambio climático.
-Para el año 2018 los municipios en coordinación con los Estados y demás instancias administrativas y financieras, con el apoyo técnico de la Secretaría de Desarrollo Social Federal desarrollaran y construirán la infraestructura para el manejo de residuos sólidos urbanos, de manera tal que no emitan gas metano a la atmósfera y cuando sea viable implementar la tecnología para la generación de energía eléctrica a partir del metano.
-Para el año 2020 se deberá tener un sistema de incentivos que promueva y permita hacer rentable la generación de energía eléctrica a través de energías renovables como la eólica y solar.
-Para el año 2020 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con la Secretaría de Energía, Sector Comunicaciones y Transportes y las entidades federativas, deberán generar un sistema de subsidios que promuevan el uso de combustibles no fósiles, la eficiencia energética y el transporte público limpio y sustentable.
Sexto. En el Estado de Zacatecas, poco se ha avanzado en metas, leyes, acciones, planes, programas y estrategias en materia de cambio climático, por lo que es nuestra responsabilidad como legisladores proponer leyes que contribuyan a disminuir el deterioro del clima a nivel global.
La ley que propongo contempla todas y cada una de estas variables componiéndose de 13 capítulos siendo estos los siguientes:
-Capítulo II. Autoridades y facultades: En este capítulo se integran a varios órganos de Gobierno del Estado ya que esta Ley propone que la Secretaría del Agua y Medio Ambiente no sea el único órgano facultado para ejecutar esta Ley involucra la participación de varios sectores de Gobierno del Estado como lo es la Secretaría del Campo, Los Servicios de Salud del Estado de Zacatecas, el Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología entre otros también incluye a los 58 municipios del Estado de igual manera se establecen de manera clara las atribuciones de cada institución, en este contexto también se cuenta con autoridades auxiliares para aplicar la presente Ley.
-Capítulo III. Coordinación y colaboración: Se establecen las bases y criterios generales para celebrar convenios entre los tres niveles de gobierno, así como instituciones educativas, y organismos de la sociedad civil, establece que deberán de ir de acuerdo a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y las políticas nacionales y estatales en materia de cambio climático.
-Capítulo IV. Sistema estatal de cambio climático: Establece que tanto los Estados como los municipios deben coordinar esfuerzos a fin de establecer el sistema estatal de cambio climático, el cual estará integrado por un consejo estatal, la comisión intersectorial, los ayuntamientos y el observatorio ciudadano, se establecen la integración, organización, funcionamiento, atribuciones de cada órgano del sistema estatal de cambio climático.
-Capítulo V. Política estatal de cambio climático. En esta sección se establecen los principios rectores, adaptación, mitigación, frente al cambio climático.
-Capítulo VI. Planeación: En esta sección se establecen los Instrumentos, vertientes y contenido de la planeación ante el cambio climático, así como el procedimiento, objetivos y contenido de la estrategia estatal contra el cambio climático, también incluye el contenido del programa estatal de cambio climático.
-Capítulo VII. Sub sistema de información sobre el cambio climático: Este capítulo propone que se integre información geo-referenciada en el Estado las zonas vulnerables ante el cambio climático, asimismo establece objetivos, indicadores e informes para la integración de los datos.
-Capítulo VIII. Inventario estatal de gases de efecto invernadero: En este punto se propone inventariar los gases que provocan el cambio climático especialmente el carbono, por lo que se proponen los métodos para llevar a cabo esta actividad.
-Capítulo IX. Registro estatal de emisiones y reducciones de gases de efecto invernadero: En este punto se propone elaborar actualizar y publicar las fuentes emisoras de gases de efecto invernadero de competencia estatal sujetas a reportar sus emisiones ante la autoridad estatal.
-Capítulo X. Fondo para el cambio climático: Establece la administración, captación, objetivo, destino y operación de un fondo a fin de realizar acciones encaminadas a minimizar los impactos de cambio climático.
-Capítulo XI. Instrumentos económicos: Establece las autoridades competentes, actividades prioritarias para acciones ante el cambio climático.
-Capítulo XII. Evaluación: Establece el tiempo en el cual se evaluara el cumplimiento de la presente Ley así como las autoridades que realizaran la evaluación.
-Capítulo XIII. Inspección, vigilancia, medidas de seguridad y sanciones: Establece los instrumentos para hacer valer la presente Ley como las visitas de inspección, y la emisión de recomendaciones.
-Transitorios. Establecen los tiempos para la integración de los órganos contemplados en esta Ley, así como la entrada en vigor, firmas y fechas, y demás elementos para su publicación.
Los Estados estamos obligados a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Cambio Climático, ya que el no hacerlo implica negar la oportunidad a generaciones futuras de gozar de un medio ambiente sano y limpio.
Considerando único. Considerando que ambas Iniciativas tienen conexidad y por cuestiones de economía procesal, con fundamento en lo previsto en el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, la Comisión que dictaminó se avocó al análisis conjunto de los citados Instrumentos Legislativos.
En la actualidad vemos con asombro los diferentes cambios que ha sufrido nuestro Estado en cuestión de clima, ahora nos desconcertamos con los variados fenómenos climatológicos, como lluvias «atípicas» para las cuales no estamos preparados, ya que no hay campañas que expliquen el por qué y qué podemos hacer para mitigar estos efectos, que cada día se están volviendo más «recurrentes».
Esta Asamblea preocupada por los cambios climatológicos que padece nuestra Entidad, tiene a bien aprobar la presente Ley de Cambio Climático para el Estado y Municipios de Zacatecas, vemos con beneplácito que sin duda, la Diputada Susana Rodríguez Márquez Diputado y el Diputado Rafael Flores Mendoza, han realizado un importante esfuerzo con el fin de que nuestra Entidad cuente con este ordenamiento jurídico en materia de cambio climático y de reducción de emisiones a la atmósfera, nuestra Entidad se suma a la lista de 15 Estados que cuentan ya con esta Ley.
Estamos conscientes de que el cambio climático trasciende la esfera de lo ambiental y representa una amenaza creciente para muchos procesos de desarrollo, lo cual, requiere de un enfoque multilateral, ya que ningún país puede hacerle frente aisladamente, por su temporalidad impone la necesidad de planear a largo plazo, pero actuar de inmediato, podemos decir que el cambio climático es un problema de seguridad estratégica que impacta en los diversos órdenes como son estatal, nacional y mundial, por lo que estamos ciertos que es urgente incrementar los esfuerzos legislativos en esta materia, con el fin de estar actualizados sobre la mitigación [reducción de emisiones de GEI] y desarrollar capacidades de adaptación ante los impactos adversos previsibles.
Es por ello que atendiendo a los impactos que puede producir ese fenómeno, y a los que ya se han estado presentando en nuestro planeta, la comunidad internacional ha manifestado su preocupación desde el año 1988 en Canadá, donde se realizó la Conferencia de Toronto sobre Cambio en la Atmósfera, denominada, Implicaciones para la Seguridad Global. En este mismo año, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente [PNUMA] y la Organización Meteorológica Mundial [OMM] constituyeron el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático [IPCC, por sus siglas en inglés] en el que se reconoció la incidencia determinante del hombre en el calentamiento global.
Es hasta la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro llevada a cabo en 1992 donde las naciones del mundo se adhirieron a la Convención Marco sobre el Cambio Climático, la cual tenía como objetivo estabilizar la concentración de gases de tipo invernadero en la atmósfera a un nivel que no cause una peligrosa interferencia con el sistema climático, esta fecha es importante señalarla ya que nuestro país firmó la Convención el 13 de junio de 1992 y la ratificó el 3 de diciembre del mismo año, la cual entró en vigor el 21 de marzo de 1994.
En el año 1997 en Kioto, Japón, se adoptó el texto del Protocolo del mismo nombre, mediante el cual los países ratificantes se comprometían a controlar las emisiones de 6 gases de efecto invernadero en un plazo concreto y en una cantidad específica, los gases son los siguientes:
-Bióxido de carbono;
-Metano:
-Hidrofluorocarbonos;
-Perfluorocarbonos; y
-Hexafluoruro de azufre.
México suscribió este Tratado hasta 1998, adoptando el compromiso sobre el programa de mecanismo para un desarrollo limpio en el cual, según datos de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, México cuenta con más de 124 proyectos registrados ante la junta ejecutiva responsable que promueven la estabilización de esos gases.
El Estado Mexicano, al suscribir Tratados Internacionales en esta materia, queda obligado a desarrollar normas tendientes a generar mecanismos que permitan alcanzar estos objetivos, por lo que se desarrollaron diversas adecuaciones con la finalidad de incorporar criterios de adaptación y mitigación del cambio climático en sus políticas, planes y programas. Lo anterior dio como resultado que se estableciera una estrategia nacional de cambio climático, de lo cual se derivó que en el año 2012 el Congreso de la Unión aprobara la Ley General de Cambio Climático, principal instrumento rector de la política climática en México.
La mencionada Ley da cabal cumplimiento a lo que establece nuestra Carta Magna en su artículo 4º que a la letra dice:
En ese sentido, es oportuno señalar que el Congreso de la Unión cumplió cabalmente con su función legislativa como actividad creadora del derecho, consiste en expedir las normas que regulan la conducta de los individuos y la organización social y política en nuestro país, la ya mencionada Ley General encuentra su sustento legal en el artículo 73 constitucional:
«Art. 73. El Congreso tiene facultad:
XXIX-G. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de los Estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico».
La Ley General de Cambio Climático, está integrada por 116 artículos distribuidos en nueve Títulos y 10 artículos transitorios, lo anterior con el objeto de establecer un marco jurídico que regule, fomente, posibilite y ordene las políticas públicas de adaptación y mitigación al cambio climático implementadas en nuestro país, lo que garantiza que las acciones implementadas por el Ejecutivo Federal cuenten con un marco jurídico que dé obligatoriedad y continuidad a las políticas adoptadas en México, tras cambios en la administración pública.
Esta Ley General promueve que Estados y municipios implementen acciones de mitigación y adaptación al cambio climático dentro de sus jurisdicciones, a fin de iniciar acciones locales para un efecto global, asimismo abre la puerta para que los Estados legislen sobre el tema.
Art. 11. Las entidades federativas y los municipios expedirán las disposiciones legales necesarias para regular las materias de su competencia previstas en esta Ley.
Lo anterior no pasa desapercibido para esta Soberanía, pues creemos que nuestra entidad federativa como parte esencial del Pacto Federal, debe emitir su Ley Estatal de Cambio Climático, estableciendo en ella la concurrencia entre los diferentes órdenes de gobierno, por ello celebramos que los diputados iniciantes Susana Rodríguez Márquez y Rafael Flores Mendoza, hayan asumido la responsabilidad en proponer leyes que contribuyan a disminuir el deterioro del clima en nuestro Estado.
La Ley que se propone es denominada Ley de Cambio Climático para el Estado y Municipios de Zacatecas, la cual se compone de 135 artículos y 13 artículos transitorios, como en lo subsecuente se menciona.
Esta Ley cumple con lo establecido por la Ley General, ya que creemos urgente implementar acciones en los planos ambiental, social, económico y cultural, así como considerar los nuevos descubrimientos técnicos y científicos en la materia, con el fin de enfocarlos al estudio climatológico, observamos que la Ley es clara en su texto y atiende los principios que deben contener las normas jurídicas, es decir que sea general y abstracta dando así certeza jurídica no sólo a las autoridades que la aplicarán, sino a la sociedad en general que estará atenta a su observancia y cumplimiento.
Cabe señalar, que en cumplimiento a lo que establece la fracción VI del artículo 125 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, donde establece que las Comisiones para hacerse llegar de información necesaria para emitir un dictamen pueden solicitar información o realizar consultas, las Iniciativas fueron enviadas a todas aquellas dependencias u organismos que de alguna u otra forma tendrán injerencia en su aplicación, obteniendo como resultado observaciones a la misma principalmente por parte de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente, la Secretaría del Campo, la Secretaría de Economía y de la Asociación APAC, las cuales, una vez analizadas, fueron tomadas en consideración e integradas al presente.
Por todo lo anterior, se externó un reconocimiento a todas esas dependencias del Gobierno del Estado, así como a la Asociación APAC por el gran esfuerzo realizado al enviarnos sus observaciones, lo anterior con el fin de crear un marco jurídico que promueva la implementación de políticas públicas en nuestro Estado, que coadyuven a la mitigación y adaptación del cambio climático.
Sin lugar a dudas, el trabajo que se realizó sobre la valoración de esta Iniciativa tuvo como premisa principal construir un marco jurídico transversal que haga frente al problema de cambio climático en el Estado y con ello, buscar la reducción y captura de gases de efecto invernadero, así como dar respuesta a las necesidades de un desarrollo sustentable, es decir, proteger al medio ambiente, y satisfacer las necesidades sociales y económicas del Estado.
Artículo primero. La presente Ley es de orden público, interés general y de observancia en el Estado de Zacatecas, tiene por objeto:
I. La determinación de atribuciones de las autoridades competentes para la aplicación de la presente Ley;
II. Garantizar el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado y sano que propicie el desarrollo integral de manera sustentable;
III. Establecer la concurrencia y la coordinación de acciones entre el Estado y los municipios, entre éstos y el Gobierno Federal, para la elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio climático, la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero;
IV. Formular, conducir y evaluar las políticas estatales y municipales en materia de cambio climático, además de los fenómenos derivados del mismo;
V. La investigación, integración, actualización y publicación de información fidedigna que sustente las decisiones tomadas por la autoridad competente en materia de mitigación y adaptación al cambio climático;
VI. La participación corresponsable de la sociedad en las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático;
VII. Reducir la vulnerabilidad de la población y de los ecosistemas, frente a los efectos adversos del cambio climático, así como crear y fortalecer la capacidad del Estado y municipios de respuesta al fenómeno;
VIII. Prevenir y controlar las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero de origen antropogénico que no sean de competencia federal;
IX. Fomentar la educación, el desarrollo e investigación científica y transferencia tecnológica en materia de adaptación y mitigación del cambio climático del Estado y municipios;
X. Fortalecer las capacidades institucionales y sectoriales para enfrentar el cambio climático;
XI. Establecer y aplicar los instrumentos económicos que impulsen la aplicación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático; y
XII. Promover la transición hacia una economía que sea competitiva, sustentable y de bajas emisiones de carbono.
Art. 2º Para los efectos de esta Ley, se estará sujeto a las definiciones previstas en la Ley General de Cambio Climático, además se entenderá por:
II. Atlas de riesgo: Documento dinámico del Estado y de los municipios, con evaluaciones localizadas geográfica y científicamente, de riesgo y vulnerabilidad específicos para la población, considerando los escenarios climáticos actuales y futuros;
III. Calentamiento global: Incremento a mediano y largo plazo en la temperatura promedio de la atmósfera, debido a la emisión de gases de efecto invernadero que se desprenden por actividades del hombre;
IV. Cambio climático: Variación del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera global y se suma a la variabilidad del clima natural observada durante períodos comparables;
V. Clima: Promedio estadístico de los elementos meteorológicos de temperatura, humedad, presión, viento y precipitación para una región determinada y en largos periodos o ciclos climáticos;
VI. Comisión intersecretarial: La comisión intersecretarial para el cambio climático del Estado de Zacatecas;
VII. Compuesto de efecto invernadero: Componentes gaseosos de la atmósfera, que absorben y remiten radiación infrarroja, incluidos en el anexo A del Protocolo de Kyoto;
VIII. Compensación: Medida que implica restablecer los elementos y recursos naturales o servicios ambientales por otros de las mismas características, valor o semejanza;
IX. Convención Marco: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático;
X. Degradación: Reducción del contenido de carbono en la vegetación natural, ecosistemas o suelos, debido a la intervención humana, en relación a la misma vegetación, ecosistemas o suelos sin que hubiera existido dicha intervención;
XI. Eficiencia energética: Capacidad de administrar de manera óptima los insumos, combustibles y tecnologías en un proceso para lograr un adecuado desempeño, minimizando los recursos y las pérdidas energéticas;
XII. Emisiones: Liberación a la atmósfera de gases y compuestos de efecto invernadero, originada de manera directa o indirecta por actividades humanas, incluyendo en su caso compuestos de efecto invernadero, en una zona y un periodo de tiempo específicos;
XIII. Escenario de línea base: Descripción hipotética de lo que podría ocurrir con las variables que determinan las emisiones, absorciones o captura de gases y compuestos de efecto invernadero;
XIV. Efectos adversos del cambio climático: Variaciones bruscas en el medio ambiente resultantes del cambio climático, que tienen efectos nocivos significativos en la composición, capacidad de recuperación, productividad de los ecosistemas, en la salud y bienestar del ser humano y en el funcionamiento de los sistemas socioeconómicos;
XV. Estrategia estatal: estrategia estatal de cambio climático;
XVI. Fondo: El fondo para el cambio climático del Estado, es el instrumento de captación de recursos financieros de naturaleza pública, privada, estatal, municipal, nacional e internacional, para el apoyo de acciones relacionadas con la adaptación o mitigación de los efectos del cambio climático;
XVII. Fuentes emisoras: Todo proceso, actividad, servicio o mecanismo que libere un gas o compuesto de efecto invernadero a la atmósfera, por actividad, servicio o mecanismo público o privado donde se realicen actividades industriales, comerciales, agropecuarias, de servicios o aprovechamiento de recursos naturales, que liberen gases o compuestos de efecto invernadero;
XIX. Inventario estatal: Catálogo de emisiones de gases o componentes de efecto invernadero; documento que contiene la estimación de las emisiones antropógenas por las fuentes y de la absorción por los sumideros;
XX. Ley: Ley de Cambio Climático para el Estado y Municipios de Zacatecas;
XXI. Mitigación: Aplicación de políticas y acciones destinadas a reducir las emisiones de las fuentes, o mejorar los sumideros de gases y compuestos de efecto invernadero;
XXII. Protocolo de Kioto: Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático;
XXIII. Programa estatal: Contiene el conjunto de acciones proyectadas para un periodo de uno a seis años, para el cambio climático en el Estado de Zacatecas y sus municipios;
XXIV. Programa municipal: Programa municipal de acción climática que integra las políticas y acciones, proyectadas en el periodo trianual, para enfrentar, mejorar y combatir el cambio climático en cada municipio;
XXV. Registro estatal: Catálogo de registros de emisiones y reducciones de gases de efecto invernadero en el Estado de Zacatecas;
XXVI. Reducciones certificadas de emisión: Reducción de emisiones de gases o componentes de efecto invernadero, expresadas en toneladas de bióxido de carbono equivalentes y logradas por actividades o proyectos certificados;
XXVII. Reglamento: Reglamento de la Ley de Cambio Climático del Estado y Municipios de Zacatecas;
XXX. Riesgo: Probabilidad de que se produzcan daños en las personas, en uno o varios ecosistemas, originados por un fenómeno natural o antropógeno;
XXXI. Secretaría: Secretaría de Agua y Medio Ambiente;
XXXII. Servicios ambientales: Condiciones y procesos a través de los cuales los ecosistemas naturales y las especies que los forman mantienen y satisfacen la vida del ser humano;
XXXIII. Sistema estatal: Sistema estatal de cambio climático;
XXXIV. Sumidero: Cualquier proceso, actividad o mecanismo que retira de la atmósfera un gas de efecto invernadero y sus derivados, aerosoles, incluyendo en su caso, compuestos de efecto invernadero;
XXXV. Toneladas de bióxido de carbono equivalente: Unidad de medida de los gases y compuestos de efecto invernadero, expresada en toneladas de bióxido de carbono, que tendrían el efecto invernadero equivalente; y
XXXVI. Vulnerabilidad: Nivel al que un sistema es susceptible, o no es capaz de soportar efectos adversos del cambio climático, incluida la variabilidad climática y los fenómenos extremos. La vulnerabilidad está en función del carácter, magnitud y velocidad de la variación climática a la que se encuentra expuesto un sistema, su sensibilidad y su capacidad de adaptación.
Autoridades en materia de cambio climático
Art. 3º Son autoridades competentes para aplicar la presente Ley en materia de cambio climático, las siguientes:
A) Son autoridades estatales:
II. La Secretaría de Agua y Medio Ambiente del Estado de Zacatecas;
IV. La Secretaría de Infraestructura;
VIII. La Secretaría de Educación;
IX. El Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación; y
X. Los Servicios de Salud del Estado de Zacatecas;
B) Son autoridades municipales:
II. Las dependencias y entidades municipales que sus ordenamientos establezcan.
Art. 4º Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y las correspondientes a los municipios, en el ámbito de la competencia que establece esta Ley, incorporarán políticas y estrategias en materia de cambio climático dentro de sus planes y programas de desarrollo, para que establezcan los mecanismos más eficaces de coordinación, lleven a cabo las medidas de adaptación y mitigación para enfrentar el cambio climático, con la participación en forma concertada con los sectores académico, de investigación, privado y social.
Art. 5º Son órganos auxiliares de las autoridades en materia de cambio climático, los siguientes:
I. La comisión intersecretarial; y
II. El observatorio ciudadano.
De las atribuciones de las autoridades estatales
Art. 6º El Gobernador del Estado tendrá las siguientes facultades:
I. Formular, conducir y evaluar la política estatal, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Cambio Climático, el Plan de Desarrollo, la estrategia estatal, la presente Ley, las disposiciones jurídicas aplicables y los programas operativos anuales;
II. Aprobar, expedir y publicar el programa estatal, así como sus modificaciones;
III. Celebrar convenios de coordinación con la Federación, otras entidades federativas y municipios, para implementar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático;
IV. Celebrar convenios con los sectores social, privado y educativo, con el objeto de realizar acciones e inversiones encaminadas al cumplimiento del programa estatal;
V. Asistido por la Secretaría, coordinar las acciones de adaptación y mitigación al cambio climático, de conformidad con el Plan Estatal de Desarrollo, la estrategia estatal y su programa operativo anual;
VI. Promover la incorporación en el sistema estatal de planeación para el desarrollo del Estado, las medidas y acciones en materia de adaptación y mitigación al cambio climático, que deberán tener una proyección congruente con el periodo de gobierno que le corresponda, sin perjuicio de las consideraciones y proyecciones de largo alcance;
VII. Expedir la estrategia estatal;
VIII. Establecer y gestionar fondos económicos cuyo objeto sea la implementación de acciones en materia de cambio climático;
IX. Expedir, en el ámbito de su competencia, los reglamentos de esta Ley;
X. Proponer las previsiones presupuestales para la adaptación y mitigación, con el fin de reducir la vulnerabilidad del Estado ante los efectos adversos del cambio climático;
XI. Impulsar el desarrollo de estrategias, programas y proyectos integrales de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, para impulsar el transporte eficiente, limpio y sustentable, público y privado sujeto a regulación estatal;
XII. Promover la participación corresponsable de la sociedad en la instrumentación de medidas para mitigar la emisión de gases de efecto invernadero y de adaptación al cambio climático;
XIII. Publicar el atlas de riesgo, en coordinación con las autoridades municipales, conforme a los criterios emitidos por la Federación;
XIV. Convenir con los sectores público y privado, la realización de acciones e inversiones concertadas hacia el cumplimiento del programa estatal; y
XV. Las demás que establezcan la presente Ley, sus reglamentos y las disposiciones jurídicas aplicables.
Facultades de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente del Estado
Art. 7º Corresponde a la Secretaría del Agua y Medio Ambiente, las siguientes atribuciones:
I. Revisar y, en su caso, actualizar la estrategia estatal;
II. En coordinación con la unidad de planeación, elaborar e instrumentar el programa estatal, en concordancia con el Plan Nacional y los lineamientos establecidos en la estrategia estatal y nacional;
III. Impulsar, participar y fomentar acciones y proyectos que contribuyan a la captura de carbono, prevención de riesgos y contingencias ambientales, así como desastres por impactos adversos del cambio climático;
IV. Promover la incorporación gradual de ecosistemas a esquemas de conservación; dando seguimiento a las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático que se establezcan en el programa estatal, e integrar un informe trimestral, sobre los avances en el cumplimiento de las metas que se establezcan en dicho programa;
V. Elaborar, operar, actualizar y publicar el inventario estatal;
VI. Desarrollar, ejecutar, evaluar y dar continuidad a la estrategia estatal, para alcanzar la protección y manejo sustentable de la biodiversidad en el Estado, ante el cambio climático y los efectos adversos del mismo;
VII. Elaborar e integrar la información referente a las fuentes emisoras y absorciones por sumideros que se originan en el territorio estatal, para incorporarla al sistema estatal;
VIII. Establecer criterios y procedimientos para evaluar y vigilar el cumplimiento del programa estatal;
IX. Establecer, con la participación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, metas e indicadores de efectividad e impacto de las acciones de mitigación y adaptación que se implementen;
X. Proponer el establecimiento y conservación de nuevas áreas naturales protegidas, corredores biológicos u otras modalidades de conservación y zonas prioritarias de conservación biológica que faciliten el intercambio genético y se favorezca la adaptación natural de la biodiversidad al cambio climático, a través del mantenimiento e incremento de la flora y fauna nativa y otras medidas de manejo;
XI. Proponer y ejecutar en conjunto con las autoridades competentes, el establecimiento de medidas encaminadas a la captura de carbono con el objeto de preservar los ecosistemas y la biodiversidad;
XII. Proponer y ejecutar medidas encaminadas a incidir sobre la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero generadas por las fuentes de competencia estatal;
XIII. En coordinación con los municipios, promover e impulsar el desarrollo y la instalación de infraestructura y acciones encaminadas a la gestión integral de los residuos, así como políticas para reducir y evitar las emisiones de metano provenientes de los rellenos sanitarios;
XIV. Celebrar convenios de coordinación, por sí o asistiendo al Gobernador del Estado, con la Federación, con otras entidades federativas y los municipios, para la implementación de acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático;
XV. Fomentar la investigación científica y tecnológica, el desarrollo, transferencia y despliegue de tecnologías, equipos y procesos para la mitigación y adaptación al cambio climático en el Estado;
XVI. Desarrollar estrategias, programas y proyectos integrales de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero para impulsar el transporte eficiente, limpio y sustentable, público y privado;
XVIII. Formular y proponer al Gobernador del Estado, la expedición de normas técnicas y vigilar su cumplimiento en las materias previstas en la presente Ley;
XIX. Brindar asistencia técnica a los municipios para la elaboración e instrumentación de los programas de cambio climático;
XX. Convenir con los sectores social y privado, la realización de acciones e inversiones concertadas en adaptación y mitigación al cambio climático, así como para el cumplimiento del programa estatal;
XX. En coordinación con los municipios, desarrollar la instalación de infraestructura y acciones encaminadas a la gestión integral de los residuos, así como para reducir y evitar las emisiones de metano provenientes de los residuos de manejo especial;
XXI. Promover campañas de educación e información en materia de cambio climático en los sectores público y social, industrial y educativo para el uso de combustibles menos contaminantes en las fuentes fijas y móviles de jurisdicción estatal, sistemas de energía renovable y de emisiones derivadas por los patrones de producción y consumo;
XXII. Impulsar, coordinar y participar en proyectos de reducción, compensación y mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero y sus derivados;
XXIII. Promover la participación corresponsable de la sociedad en la adaptación y mitigación, de conformidad con lo dispuesto en el programa estatal y las leyes aplicables;
XXIV. Proponer al Gobernador del Estado, iniciativas de ley o reformas en materia de cambio climático, para incorporar en los instrumentos de política ambiental, los criterios de adaptación y mitigación al cambio climático;
XXV. Elaborar y actualizar el atlas de riesgo en coordinación con los municipios, conforme a los criterios emitidos por la Federación;
XXVI. Establecer las bases e instrumentos para promover el fortalecimiento de capacidades institucionales y sectoriales para enfrentar el cambio climático;
XXVII. Diseñar y promover el establecimiento y aplicación de incentivos que promuevan la ejecución de acciones para el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley;
XXVIII. Vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de esta Ley y los demás ordenamientos que de ella se derive, así como sancionar su incumplimiento;
XXIX. Elaborar, integrar y difundir la información de las categorías de fuentes emisoras de gases de efecto invernadero de competencia estatal;
XXX. Integrar y actualizar el registro estatal con las fuentes que se identifiquen sujetas a reporte, de competencia estatal;
XXXI. Formular, regular, dirigir y participar en la implementación de acciones de reducción, compensación y mitigación del cambio climático y gases de efecto invernadero, además de instrumentos de la política ambiental, en materia de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico territorial, en el ámbito de su competencia;
XXXII. En coordinación con la Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad, promover y verificar que el transporte urbano sea eficiente, limpio y sustentable, tanto público como privado;
XXXIII. Verificar el manejo especial de residuos, en los términos de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y la Ley de Residuos Sólidos para el Estado;
XXXIV. Certificar los impactos ambientales en sectores productivos de competencia estatal;
XXXV. Impulsar programas sobre energías renovables y eficiencia energética;
XXXVI. Administrar los fondos para apoyar e implementar acciones en la materia;
XXXVII. Promover la celebración de convenios de coordinación con la Federación, entidades federativas y los municipios, así como con los sectores social, educativo y privado, ejidos y comunidades indígenas para la implementación de actividades e inversiones que promuevan la ejecución de acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático;
XXXVIII. Remitir, a la autoridad competente a nivel federal la información que soliciten respecto del cumplimiento del programa estatal y de la estrategia estatal contra el cambio climático;
XXXIX. Definir y publicar, en colaboración con la Federación, los municipios y la participación de la sociedad, las áreas destinadas a programas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero por degradación y deforestación en el territorio del Estado; y
XL. Las demás que se establezcan en la presente Ley, sus reglamentos y las disposiciones jurídicas aplicables.
Para dar cumplimiento a lo previsto en el presente artículo, la Secretaría establecerá una unidad responsable en materia de cambio climático dentro de su estructura orgánica.
Facultades del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación
Art. 8º Corresponde al Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación, promover e incentivar la creación de programas de investigación científica y tecnológica, el desarrollo, transferencia de tecnologías, equipos y procesos para la mitigación y adaptación al cambio climático, así como la captación de fondos concurrentes para financiar la realización de proyectos en esta materia y las demás que le confiera esta Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables.
Facultades de la Secretaría de Infraestructura
Art. 9º Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial:
I. Promover a través de la subsecretaría de vivienda, el desarrollo de vivienda sustentable que contemple el uso de energías renovables, arquitectura bioclimática, aprovechamiento de agua de lluvia y el manejo sustentable de los residuos sólidos y aditamentos o mecanismos que impulsen el ahorro y cuidado del agua así como fomentar e implementar aditamentos que coadyuven al ahorro de energía al interior y exterior de las viviendas;
II. Promover e incentivar el desarrollo de unidades habitacionales de conformidad con lo previsto en el programa de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico territorial y el atlas de riesgos, con el objeto de evitar las condiciones de vulnerabilidad de las viviendas, ante los fenómenos naturales ocasionados por el cambio climático;
III. Promover e incentivar el desarrollo de programas de remodelación de viviendas que contemplen energías renovables, arquitectura bioclimática, aprovechamiento de agua de lluvia y el manejo sustentable de los residuos sólidos e impulsar el ahorro y cuidado del agua;
IV. Implementar, verificar y reportar a la autoridad ambiental competente, acciones orientadas a la mitigación y reducción de los impactos ambientales adversos causados por la ejecución de obra pública, así como programas de reintroducción de especies de flora y fauna nativa;
V. Promover, fomentar, implementar y, en su caso, diseñar la infraestructura apropiada en toda obra pública que ejecute la Secretaría, con objeto de prevenir y minimizar los efectos negativos derivados de los fenómenos o desastres naturales provocados por el cambio climático;
VI. Realizar estudios técnicos de riesgos y escenarios presentes y futuros de afectaciones graves a la vida humana e infraestructura pública o privada, en caso de fenómenos o desastres naturales causados por el cambio climático; y
VII. Las demás que se establezcan en la presente Ley, sus reglamentos y las disposiciones jurídicas aplicables.
Facultades de la Secretaría del Campo
Art. 10. Corresponde a la Secretaría del Campo, formular, regular, dirigir y participar en la instrumentación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, en las materias de:
I. Seguridad alimentaria;
II. Agricultura, ganadería, desarrollo rural sustentable, pesca y acuicultura;
III. Micro cuencas y uso sustentable del agua en la agricultura;
IV. Reforestación con especies nativas en espacios públicos y áreas verdes, tanto estatales como municipales, además de la verificación, seguimiento y evaluación de las acciones realizadas;
V. Sequía en regiones del Estado vulnerables a este fenómeno; y
VI. Las demás que se establezcan en la presente Ley, sus reglamentos y las disposiciones jurídicas aplicables.
Facultades de la Secretaría General de Gobierno
Art. 11. Corresponde a la Secretaría General de Gobierno:
I. A través de la Dirección Estatal de Protección Civil, formular, regular, dirigir y participar en la instrumentación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, en materia de protección civil;
III. Evaluar y dar seguimiento a los fenómenos causados por el cambio climático, en materia de protección civil;
IV. A través de la Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad, implementar acciones encaminadas a la realización del programa de verificación vehicular para el Estado de Zacatecas, cuyo objetivo es lograr un transporte eficiente, limpio y sustentable; y
V. Las demás que se establezcan en la presente Ley, sus reglamentos y las disposiciones jurídicas aplicables.
Facultades de la Secretaría de Desarrollo Social
Art. 12. Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social formular, regular, dirigir y participar en la instrumentación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, en los programas de desarrollo social del Estado.
Art. 13. Corresponde a la Secretaría de Economía:
I. Formular, regular, dirigir y participar en la instrumentación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, en los programas de desarrollo económico del Estado;
II. En coordinación con la Secretaría, implementar acciones de mitigación, reducción y compensación de emisiones de gases de efecto invernadero derivados del desarrollo industrial y el uso de energías renovables en este sector así mismo incentivar la reducción de emisiones de carbono en los procesos industriales; y
III. Promover acciones que reduzcan impactos y mitiguen los efectos adversos del cambio climático en empresas instaladas y de nueva creación en el Estado.
Art. 14. Corresponde a la Secretaría de Educación:
I. Formular, regular, dirigir e implementar programas de educación y acciones acerca del cambio climático en el sistema de educación del Estado, en el ámbito de su competencia;
II. Participar y realizar campañas de educación e información para sensibilizar a la población sobre los efectos adversos del cambio climático;
III. Formular, regular, dirigir e implementar acciones en escuelas de todos los niveles educativos del Estado que ayuden a minimizar los efectos adversos del cambio climático; y
IV. Las demás que se establezcan en la presente Ley, sus reglamentos y las disposiciones jurídicas aplicables.
Facultades de los Servicios de Salud del Estado de Zacatecas
Art. 15. Corresponde a los Servicios de Salud del Estado de Zacatecas, formular, regular, dirigir y participar en la instrumentación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, en la prevención y atención de enfermedades derivadas de los efectos del cambio climático.
Acciones de las dependencias estatales
Art. 16. Corresponde a las dependencias de la Administración Pública Estatal, en el ámbito de sus respectivas competencias:
I. Formular y ejecutar las medidas de adaptación al cambio climático y de mitigación de gases de efecto invernadero, en concordancia con la estrategia estatal;
II. Proponer al Gobernador del Estado, reglamentos, decretos gubernativos, acuerdos y otras disposiciones administrativas en materia de mitigación y adaptación ante los efectos del cambio climático, así como propuestas de modificación a la normatividad vigente;
III. Vigilar el cumplimiento de la estrategia estatal;
V. Coordinar con los municipios la definición de lineamientos y directrices dispuestos en esta Ley;
VI. Convenir con los sectores social y privado la realización de acciones e inversiones concertadas para la mitigación y adaptación al cambio climático; y
VII. Las demás que les señalen esta Ley, sus reglamentos y las disposiciones jurídicas aplicables.
Art. 17. Corresponde a los ayuntamientos, las siguientes facultades:
I. Formular, conducir y evaluar la política municipal en materia de cambio climático, en concordancia con la política y estrategia nacional y estatal;
II. Formular e instrumentar políticas y acciones para enfrentar al cambio climático, en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, la estrategia nacional de cambio climático, el programa especial de cambio climático, la estrategia estatal, el programa estatal y las leyes aplicables, así como en las siguientes materias:
b) Desarrollo urbano y ordenamiento ecológico territorial;
e) Manejo integral de los residuos sólidos municipales;
f) Alumbrado público eficiente y con sistemas de ahorro de energía;
g) Administración de rastros eficientes, saludables y sin afectaciones al medio ambiente;
g) Mantenimiento de calles, parques y jardines, su remozamiento y reforestación;
h) Promoción de transporte público de pasajeros, eficiente, limpio y sustentable en su ámbito jurisdiccional, así como lo relativo al fomento del transporte no motorizado;
i) Manejo de residuos sólidos urbanos y rurales;
III. Fomentar la investigación científica y tecnológica, el desarrollo, la transferencia de tecnologías, equipos y procesos para la mitigación y adaptación al cambio climático;
V. Realizar campañas de educación e información en coordinación con el Gobierno Estatal y Federal, para sensibilizar a la población sobre los efectos adversos del cambio climático;
VI. Promover el fortalecimiento de capacidades institucionales y sectoriales para la mitigación y adaptación al cambio climático, así como la aplicación de incentivos que promuevan acciones para el cumplimiento del objeto de la presente Ley;
VII. Suscribir convenios de coordinación con el Estado, con otros municipios, con la Federación o con instituciones y organismos internacionales, para dar cumplimiento a las acciones previstas en los programas municipales;
VIII. Crear las unidades administrativas encargadas de la implementación y seguimiento de la política municipal de cambio climático;
IX. Establecer en los presupuestos anuales de egresos, recursos para ejecutar acciones de adaptación y mitigación ante el cambio climático; gestionarlos y administrarlos;
X. En colaboración con la Secretaría, elaborar e integrar la información de las fuentes emisoras en su territorio para su incorporación al inventario estatal;
XI. Elaborar, actualizar y publicar el atlas municipal de riesgo, tomando en consideración los efectos del cambio climático;
XII. Prevenir la degradación y promover la conservación e incremento de carbono en la vegetación, suelos y ecosistemas terrestres y acuáticos, así como crear y mantener áreas de conservación ecológica;
XIII. Elaborar e integrar, en colaboración con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, la información de las categorías de fuentes emisoras que se originan en su territorio, para su incorporación al Inventario Nacional de Emisiones y al inventario estatal, conforme a los criterios e indicadores elaborados por la Federación y el Estado en la materia;
XIV. Establecer un sistema de información que permita evaluar y dar seguimiento a los avances de su programa municipal; sistema que será compatible con las plataformas del sistema estatal;
XV. Coadyuvar con las autoridades federales y estatales en la instrumentación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, el programa especial de cambio climático y el programa estatal;
XVI. Incorporar en los programas de política ambiental municipales y de desarrollo, criterios de mitigación y adaptación al cambio climático;
XVII. Promover y realizar acciones e inversiones para la conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, atendiendo a los atlas de riesgos y programas de desarrollo urbano;
XVIII. Formular, aprobar y ejecutar los programas municipales y los demás que de éstos se deriven, así como evaluar y vigilar su cumplimiento, de conformidad con el sistema de control y gestión administrativa, reglamentación interior y la legislación aplicable;
XIX. Promover la participación pública, privada y social, conforme a lo dispuesto en esta Ley;
XX. Difundir permanentemente la aplicación del programa de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, donde se prevenga la exposición de los pobladores a riesgos ambientales;
XXI. Vigilar y promover, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de esta Ley, sus disposiciones reglamentarias y los demás ordenamientos que deriven de ella;
XXI. Expedir los reglamentos municipales en la materia, con el objeto de vigilar y promover, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la presente Ley; y
XXII. Las demás que les señalen esta Ley, sus reglamentos y otras disposiciones jurídicas.
Art. 18. Los municipios podrán suscribir convenios de coordinación, colaboración y concertación en materia de cambio climático, con organismos de la sociedad civil, institutos de investigación científica o tecnológica, asociaciones y con la sociedad en general.
Suscripción de convenios Estado-municipios
Art. 19. El Estado y los municipios igualmente podrán suscribir convenios de coordinación y colaboración con la Federación, con otras entidades federativas, con otros municipios; y para el caso de celebrar convenios en la materia, con organizaciones, fundaciones o corporaciones internacionales, deberán estar asistidos y representados mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores, atendiendo a lo previsto por las leyes de la materia.
Política estatal de cambio climático
Principios de sustentabilidad,
Art. 20. En la formulación y conducción de la política estatal, tanto en adaptación como en la mitigación, así como en la emisión de normas técnicas y demás disposiciones reglamentarias en la materia, las autoridades estatales y municipales, observarán los siguientes principios:
I. Respeto al derecho de toda persona a disfrutar de un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar;
II. Corresponsabilidad entre gobierno y sociedad para adoptar e implementar acciones de adaptación y mitigación al cambio climático;
III. Precaución y prudencia cuando haya amenaza de daño grave o irreversible. La falta de total certidumbre científica no podrá oponerse como razón para soslayar las medidas de mitigación y adaptación, necesarias para hacer frente a los efectos adversos del cambio climático;
IV. Prevención, considerando que es el medio más eficaz para evitar los daños al medio ambiente y preservar el equilibrio ecológico ante los efectos del cambio climático;
V. Equidad en la instrumentación y aplicación de las políticas públicas en materia de cambio climático, con enfoque de género, étnico, participativo e incluyente;
VI. Cooperación y coordinación entre autoridades estatales y municipales, de los sectores social y privado, para asegurar la efectiva instrumentación de la política estatal;
VII. Participación ciudadana, en la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación del programa estatal, planes y programas de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático;
VIII. Proporcionalidad en la determinación de responsabilidades, atendiendo a las emisiones per cápita y no sólo a las emisiones totales;
IX. Promoción de la protección, preservación y restauración del medio ambiente, mediante el uso de instrumentos económicos en la mitigación, adaptación y reducción de la vulnerabilidad ante el cambio climático;
X. Transparencia y acceso a la información pública gubernamental en materia de cambio climático;
XI. Máxima publicidad en la información relacionada con las políticas y presupuestos estatales y municipales dirigidos a enfrentar el fenómeno del cambio climático en el Estado, que permita a la sociedad conocer el uso de los recursos públicos destinados para tal efecto, así como la información sobre la vulnerabilidad en la Entidad, los municipios y los distintos sectores ante los efectos del cambio climático, incluidas las medidas de adaptación y mitigación que pueden y deben realizar para enfrentar este fenómeno;
XII. Conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, dando prioridad a los cuerpos de agua que brindan servicios ambientales, fundamental para reducir la vulnerabilidad;
XIII. Promoción del aprovechamiento racional y sostenible de los recursos naturales, a fin de garantizar el desarrollo sustentable y la mitigación de los efectos adversos del cambio climático, así como reducir la vulnerabilidad de la población;
XIV. Eficiencia energética en todas las actividades, así como la sustitución de energías convencionales por energías renovables en aquellos sectores sujetos al ámbito de su competencia; y
XV. Promoción de una economía de bajas emisiones de carbono, como modelo de desarrollo industrial en el Estado.
Art. 21. La política estatal de adaptación frente al cambio climático se sustentará en instrumentos de diagnósticos, planificación, medición, monitoreo, reporte, verificación y evaluación, conforme a los siguientes criterios:
II. Fortalecer la resiliencia y resistencia de los sistemas ecológicos, económico-productivos y sociales;
III. Proteger la salud y prevenir riesgos sanitarios asociados con los cambios climáticos;
IV. Planear el desarrollo con base en los atlas de riesgo, escenarios actuales y futuros, para minimizar riesgos y daños provocados por los efectos del cambio climático;
V. Identificar la vulnerabilidad y capacidad de adaptación y transformación de los sistemas ecológicos, económicos y sociales, así como aprovechar oportunidades para el desarrollo sustentable que puedan ser generadas por las nuevas condiciones climáticas;
VI. Establecer mecanismos de atención inmediata y expedita en zonas impactadas por los efectos del cambio climático como parte de los planes y acciones de protección civil; y
VII. Facilitar y fomentar la seguridad alimentaria, la productividad agrícola, ganadera, pesquera, acuícola, la preservación de los ecosistemas y de los recursos naturales.
Art. 22. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán ejecutar acciones de adaptación al cambio climático, de acuerdo a las acciones contenidas en el artículo 90 de esta Ley.
Art. 23. Se considerarán acciones de adaptación al cambio climático, en el ámbito estatal, las establecidas en el artículo 91 de esta Ley.
Art. 24. La política estatal de mitigación de cambio climático deberá incluir, los diagnósticos, monitoreos y demás acciones e instrumentos a que se refiere el artículo 94 de esta Ley.
Objetivos de la política estatal de mitigación
Art. 25. Los objetivos de la política estatal para la mitigación serán los previstos en el artículo 95 de presente Ley.
Art. 26. Para reducir las emisiones, las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus competencias, deberán implementar acciones a que se refiere el artículo 97 de esta Ley.
Art. 27. La Secretaría promoverá la realización del balance energético del Estado y su actualización cada tres años, con el objeto de identificar la demanda de energía, su fuente y el origen de las emisiones de gases de efecto invernadero en el Estado.
La información que se genere será pública y se integrará al sistema estatal.
Art. 28. Para los efectos del presente capítulo, se reconocen como medidas de mitigación, los programas y demás mecanismos de mitigación que se han desarrollado a partir de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y cualquier otro que se encuentre debidamente suscrito y ratificado por el Gobierno Mexicano, lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 98 de esta Ley.
Objeto de los acuerdos o convenios de coordinación
Art. 29. El Ejecutivo del Estado podrá suscribir acuerdos o convenios de coordinación o colaboración con la Federación, entidades federativas y municipios, y con los sectores social, privado y educativo con objeto de:
I. Instrumentar acciones para enfrentar el cambio climático;
II. Proporcionar o recibir la asistencia técnica requerida; y
III. Realizar acciones e inversiones encaminadas al cumplimiento del programa estatal.
Bases para la celebración de convenios o acuerdos
Art. 30. Los convenios o acuerdos de coordinación o colaboración, que al efecto se suscriban, deberán sujetarse a las siguientes bases:
I. Definir con precisión las materias y actividades que constituyan el objeto del convenio o acuerdo;
II. Ser congruentes en el propósito de los convenios o acuerdos en coordinación con lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo, y las políticas ambientales nacional y estatal;
III. Describir los bienes y recursos que aporten las partes, señalando cuál será su destino específico y su forma de administración así como definir de manera clara los encargados de administrarlos;
IV. Especificar y verificar su vigencia, sus formas de terminación y de solución de controversias y, en su caso, de prórroga;
V. Definir el órgano u órganos que llevarán a cabo las acciones que resulten de los convenios o acuerdos de coordinación o colaboración, incluyendo las de evaluación y seguimiento hasta cumplir el o los objetivos planteados; y
VI. Contener las demás estipulaciones que las partes consideren necesarias para el correcto cumplimiento del convenio o acuerdo de coordinación y colaboración.
Los convenios o acuerdos de coordinación a que se refiere el presente artículo, deberán ser publicados en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado y, en su caso, en el Diario Oficial de la Federación.
Sistema estatal de cambio climático
estatal de cambio climático
Art. 31. El Estado y los municipios establecerán las bases de coordinación para la integración y funcionamiento del sistema estatal de cambio climático, el cual tiene por objeto:
I. Fungir como un mecanismo permanente de concurrencia, colaboración, coordinación, concertación y comunicación sobre la política estatal;
II. Promover la aplicación transversal de la política estatal en el corto, mediano y largo plazo entre las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias;
III. Coordinar los esfuerzos del Estado y los municipios para la realización de acciones de adaptación, mitigación y reducción de la vulnerabilidad, para enfrentar los efectos adversos del cambio climático, a través de los instrumentos de política previstos por esta Ley y los demás disposiciones aplicables; y
IV. Promover la concurrencia, vinculación y congruencia de los programas, acciones e inversiones del Gobierno Estatal y de los municipios, con la estrategia estatal y el programa estatal.
Art. 32. El titular del Poder Ejecutivo, la Secretaría y los municipios, establecerán las bases de coordinación para la integración y funcionamiento del sistema estatal, el cual tiene por objeto definir, formular y promover la aplicación de la política estatal a través de los instrumentos previstos en la presente Ley, en el ámbito de sus respectivas competencias.
El sistema estatal analizará y promoverá la aplicación de los instrumentos de política previstos en la presente Ley y podrá proponer a la comisión intersecretarial, recomendaciones para el fortalecimiento de las políticas y acciones de mitigación y adaptación.
Integración sistema estatal
Art. 33. El sistema estatal estará integrado por la comisión, los presidentes de los municipios del Estado, el presidente y un secretario o Secretaría de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente de la Honorable Legislatura del Estado así como las instituciones educativas y privadas que se establezcan en el reglamento correspondiente.
Órgano que preside
Art. 34. El sistema estatal será presidido por el titular del Poder Ejecutivo del Estado y contará con una secretaría técnica, la cual corresponderá a la Secretaría. En ausencia o delegación del titular del Poder Ejecutivo, el Secretario General de Gobierno presidirá las reuniones.
Convocatoria para reuniones
Art. 35. El presidente del sistema convocará, por lo menos, a dos reuniones anuales con carácter de ordinarias, con el propósito de informar y evaluar las acciones y medidas implementadas para enfrentar al cambio climático, así como para conocer las opiniones o recomendaciones de los miembros del sistema.
Podrá convocar de forma extraordinaria, cuando la naturaleza de algún asunto de su competencia lo exija o a petición fundada de alguno de los integrantes del sistema.
Los mecanismos de funcionamiento y operación del sistema, se establecerán en el reglamento correspondiente de la presente Ley.
Art. 36. La comisión intersecretarial tendrá carácter permanente y será presidida por el titular del Ejecutivo del Estado.
Integración de la comisión intersecretarial
Art. 37. La comisión intersecretarial se integrará por:
I. El Gobernador del Estado, quien la presidirá y en su ausencia podrá delegar esta atribución en el titular de la dependencia o entidad que determine;
II. El Secretario del Agua y Medio Ambiente del Estado;
VI. El Secretario de Educación;
VII. El Secretario de Economía;
VIII. El Secretario del Campo;
IX. El Secretario de Infraestructura;
X. El Secretario de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial;
XI. El director general de los Servicios de Salud del Estado; y
XII. El director general del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Cada dependencia y entidad participante deberá designar a una de sus unidades administrativas, por lo menos a nivel de dirección, como la encargada de coordinar y dar seguimiento permanente a los trabajos de la comisión intersecretarial.
Art. 38. La comisión intersecretarial convocará a otras dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, asimismo podrá invitar a representantes de los Poderes Legislativo y Judicial, de organismos públicos autónomos, de los municipios, así como a integrantes del observatorio y representantes de los sectores público, social y privado, a participar en sus trabajos cuando se aborden temas relacionados con el ámbito de su competencia.
Atribuciones comisión intersecretarial
Art. 39. La comisión intersecretarial ejercerá las atribuciones siguientes:
I. Promover la coordinación de acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal en materia de cambio climático;
II. Formular e instrumentar políticas estatales para la mitigación y adaptación al cambio climático, así como su incorporación en los programas y acciones sectoriales correspondientes;
III. Desarrollar los criterios de transversalidad e integralidad de las políticas públicas para enfrentar al cambio climático para que los apliquen las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal;
IV. Participar en la elaboración e instrumentación del programa estatal;
V. Proponer y apoyar estudios y proyectos de innovación, investigación, desarrollo y transferencia de tecnología, vinculados a la problemática estatal de cambio climático, así como difundir sus resultados;
VI. Proponer alternativas para la regulación de los instrumentos de mercado previstos en la Ley, considerando la participación de los sectores involucrados;
VII. Impulsar las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos y compromisos contenidos en la Convención y demás instrumentos derivados de ella;
VIII. Formular propuestas para determinar el posicionamiento estatal por adoptarse ante los foros y organismos sobre el cambio climático;
IX. Promover, difundir y dictaminar en su caso, proyectos de reducción o captura de emisiones del mecanismo para un desarrollo limpio, así como de otros instrumentos reconocidos por el Estado Mexicano tendentes hacia el mismo objetivo;
X. Promover el fortalecimiento de las capacidades de monitoreo, reporte y verificación, en materia de mitigación o absorción de emisiones;
XI. Convocar a las organizaciones de los sectores social y privado, así como a la sociedad en general a que manifiesten su opinión y propuestas con relación al cambio climático;
XII. Promover el establecimiento, conforme a la legislación respectiva, de reconocimientos a los esfuerzos más destacados de la sociedad y del sector privado para enfrentar al cambio climático;
XIII. Solicitar recomendaciones al observatorio sobre las políticas, estrategias, acciones y metas para atender los efectos del cambio climático; y
XIV. Las demás que le confiera la presente Ley, sus reglamentos y otras disposiciones legales aplicables.
Los integrantes de la comisión, ejercerán sus funciones de manera honorífica.
Art. 40. La comisión intersecretarial podrá acordar el establecimiento de grupos de trabajo de carácter permanente o temporal, cuyo objeto será la coordinación, seguimiento, desarrollo, evaluación y seguimiento de las funciones de la propia comisión.
La operación de los grupos de trabajo quedará sujeta a lo establecido en el reglamento interior, donde se señalarán los objetivos, atribuciones, integrantes y funcionamiento.
Art. 41. El observatorio ciudadano es el organismo ciudadano de consulta y evaluación de la estrategia estatal.
Art. 42. Se integrará con miembros de los organismos de la sociedad civil, organismos privados y académicos, de investigación, organizaciones no gubernamentales, organismos colegiados de profesionistas, sectores productivos con experiencia en temas de cambio climático, quienes serán designados a propuesta del titular del Ejecutivo del Estado.
Cargo honorífico de los miembros
Art. 43. Los miembros del observatorio ciudadano ejercerán sus cargos de manera honorífica, por lo que no recibirán retribución o compensación alguna en el desempeño de sus funciones y durarán en su encargo un periodo de dos años, pudiendo ser reelectos por otro período.
Art. 44. El observatorio ciudadano tendrá las siguientes atribuciones:
I. Recomendar a la comisión intersecretarial las políticas, acciones, estrategias y metas para la mitigación y adaptación al cambio climático;
II. Evaluar y dar seguimiento a las acciones y sus impactos, que deriven de los acuerdos de la comisión intersecretarial y de los diversos instrumentos de la política estatal; y
III. Realizar en coordinación con la comisión intersecretarial las consultas públicas que ésta determine.
Art. 45. El observatorio ciudadano podrá constituir comités operativos o grupos de trabajo formados por representantes de la sociedad civil organizada y demás organismos competentes, para el estudio, consulta, análisis, comunicación y coordinación en las diferentes materias de cambio climático.
Instrumentos de política estatal en
materia de cambio climático
Art. 46. En la formulación, ejecución, evaluación y seguimiento de la política estatal, el Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos, observarán los principios a que se refiere el artículo 20 de la presente Ley.
Art. 47. Son instrumentos de la política estatal en materia de cambio climático, los siguientes:
I. La estrategia estatal;
II. El programa estatal;
III. Los programas municipales en la materia;
IV. El registro estatal;
V. El inventario estatal;
VI. El sistema estatal;
VII. Instrumentos económicos;
VIII. Mecanismos voluntarios; y
IX. Normas técnicas en materia de cambio climático.
Art. 48. Son instrumentos de planeación de la política estatal, los siguientes:
II. El programa estatal; y
III. Los programas municipales.
Estos se considerarán como elementos de instrumentación del sistema estatal de planeación democrática y se suman a los previstos en la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado.
Planeación de la política estatal
Art. 49. La planeación de la política estatal comprenderá dos vertientes:
I. La proyección a mediano y largo plazo, conforme se determine en la estrategia estatal; y
II. La proyección de los periodos constitucionales que correspondan a las administraciones estatales y municipales.
Contenido de los instrumentos
Art. 50. La estrategia estatal, el programa estatal y los programas municipales en la materia, deberán contener las previsiones para el cumplimiento de los objetivos, principios y disposiciones para la mitigación y adaptación previstas en la presente Ley.
Art. 51. La estrategia estatal, es el instrumento de política transversal que integra el conjunto de principios y líneas de acción que orientan el proceso de desarrollo, considerando el diagnóstico de la situación del Estado ante los efectos del cambio climático sobre sus recursos naturales, sectores social y productivo; por tanto:
I. La estrategia considerará los escenarios climáticos futuros que permitan determinar la vulnerabilidad del Estado, sus necesidades futuras, así como las fortalezas y debilidades de la Administración Pública Estatal y municipal para enfrentarlas;
II. La estrategia definirá la orientación de la política estatal, identificando los actores y sus responsabilidades frente a este fenómeno, precisará posibilidades de reducción de efectos adversos del cambio climático, propondrá los estudios para definir metas de mitigación y necesidades de adaptación y, permitirá priorizar los temas que deberán ser considerados para elaborar el programa estatal;
III. La estrategia, será parte del sistema estatal de planeación democrática, por lo que deberá ser considerado en la integración de los planes estatal y municipal de desarrollo; y
IV. La estrategia, será elaborada por la Secretaría, con la participación activa de la sociedad en los términos previstos por el presente Ordenamiento. La Secretaría, emitirá una norma técnica que establezca el contenido mínimo y metodología requerida para su integración.
Art. 52. Para la elaboración de la estrategia estatal, la Secretaría, promoverán la participación de la sociedad conforme a las disposiciones aplicables de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado.
Será elaborada y aprobada por la Secretaría, en coordinación de la unidad de planeación y las dependencias y entidades que correspondan y publicada en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas.
En la elaboración del programa estatal se llevará a cabo una consulta pública a efecto de promover la participación y consulta del sector social y privado, y de que la población exprese sus opiniones para su elaboración, actualización y ejecución, y las disposiciones jurídicas aplicables. Deberá ser revisada, y en su caso, reformada cada 12 meses.
Art. 53. El programa estatal, es el instrumento de política transversal que determina los objetivos, estrategias, metas, acciones vinculantes en materia de adaptación y mitigación al cambio climático para la Administración Pública Estatal, mediante la asignación de recursos, responsabilidades, tiempos de ejecución, coordinación de acciones y evaluación de resultados, de acuerdo con lo previsto en el Plan Estatal de Desarrollo y la estrategia estatal.
El programa estatal será elaborado por la Secretaría en coordinación de la unidad de planeación. Las políticas, directrices y recomendaciones derivadas de este programa, serán vinculantes para las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal a las que vayan dirigidas, se actualizarán los escenarios de línea base y sus respectivas acciones derivadas, proyecciones, objetivos y metas correspondientes.
Las revisiones y actualizaciones, en ningún caso, se harán en menoscabo de las metas, proyecciones y objetivos previamente planteados.
Art. 54. El programa estatal será revisado cada 12 meses y deberá contener, entre otros elementos, los siguientes:
I. La planeación sexenal con perspectiva de largo plazo, congruente con los objetivos de la estrategia estatal, con los compromisos nacionales y con la situación económica, ambiental y social del Estado;
IV. Las acciones que deberá realizar la Administración Pública Estatal, para lograr la mitigación y adaptación, incluyendo los objetivos esperados;
IX. La medición, el reporte y la verificación de las medidas y acciones de adaptación y mitigación propuestas; y
X. Los demás elementos que determine la legislación aplicable.
Objetivos de la estrategia estatal
Art. 55. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, los organismos públicos autónomos, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los municipios y la sociedad en general, llevarán a cabo las políticas y acciones de la estrategia estatal, atendiendo de manera prioritaria a lo siguiente:
I. La protección de la vida humana y la infraestructura;
II. La prevención y atención a riesgos climáticos;
III. El reforzamiento de los programas de prevención y vigilancia epidemiológica;
IV. El impulso y el aprovechamiento sustentable de las fuentes superficiales y subterráneas de agua, promoviendo, entre otras acciones, la tecnificación de la superficie de riego, la producción bajo condiciones de prácticas de agricultura sustentable o agricultura protegida cuando sea viable y prácticas sustentables de ganadería y acuicultura;
V. La identificación de medidas de manejo y conservación de ecosistemas y biodiversidad para la adaptación de especies prioritarias, o en peligro de extinción indicadoras y particularmente vulnerables al cambio climático;
VI. La elaboración de diagnósticos de la vulnerabilidad por sector ante los cambios climáticos esperados;
VII. El intercambio y migración de las especies de flora y fauna silvestres, dentro de un mismo ecosistema o entre éstos;
VIII. El cambio y degradación de suelos y desertificación;
IX. La atención a la biodiversidad en peligro bajo las condiciones de cambio climático;
X. El incremento de la cubierta vegetal nativa y el reforzamiento de la conservación y restauración de las áreas naturales protegidas; y
XI. El aseguramiento de los ordenamientos ecológicos del territorio en los desarrollos urbanos, de asentamientos humanos y de uso de recursos naturales.
Actualización programa estatal
Art. 56. El programa estatal aprobado y actualizado al inicio de cada administración, establecerán las estrategias, políticas, directrices, objetivos, acciones, metas e indicadores y la definición de prioridades en materia de adaptación y mitigación, que se implementarán y cumplirán durante el período de gobierno correspondiente, de conformidad con la Estrategia Nacional de Cambio Climático, el programa especial de cambio climático, la estrategia estatal, el Plan Estatal de Desarrollo, esta Ley y las demás disposiciones jurídicas aplicables; por tanto:
I. La planeación sexenal con perspectiva de largo plazo, congruente con los compromisos internacionales y con la situación económica, ambiental y social del Estado;
II. Las metas sexenales de mitigación, dando prioridad a las relacionadas con la generación y uso de energía, transporte, agricultura, bosques, otros usos de suelo, procesos industriales, gestión de residuos, sistemas de administración ambiental del sector público y desarrollo de instrumentos económicos para la mitigación de gases de efecto invernadero en el Estado;
III. Las metas sexenales de adaptación relacionadas con la gestión integral del riesgo y protección civil; aprovechamiento y conservación de recursos hídricos; agricultura; ganadería; silvicultura; apicultura, pesca y acuacultura; ecosistemas y biodiversidad; energía; industria y servicios; infraestructura de transporte y comunicaciones; desarrollo rural; ordenamiento ecológico territorial y desarrollo urbano; asentamientos humanos; educación; infraestructura y servicios de salud pública; desarrollo de instrumentos económicos para la adaptación y las demás que resulten pertinentes;
IV. Las acciones que deberá realizar la Administración Pública Estatal centralizada y paraestatal para lograr la mitigación y adaptación, incluyendo los objetivos esperados;
IX. La medición, el reporte y la verificación de las medidas y acciones de adaptación y mitigación propuestas;
X. Se considerará siempre la igualdad de género y la representación de las poblaciones más vulnerables al cambio climático, indígenas, personas con discapacidad, académicos e investigadores;
XI. Las acciones de mitigación y adaptación que se incluyan en el programa estatal y los programas de municipales en materia de cambio climático, deberán ser congruentes con la estrategia estatal, lo establecido en la presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables; y
XII. Los demás elementos que determine la legislación aplicable.
Art. 57. En caso de que el programa estatal requiera modificaciones, deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado.
Proyectos y acciones del programa estatal
Art. 58. Los proyectos y demás acciones contemplados en el programa estatal, que corresponda realizar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, deberán ejecutarse en función de la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para dichos fines en el Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal que corresponda.
Programas municipales de cambio climático
Art. 59. Los ayuntamientos, en el ámbito de sus competencias, deberán elaborar y publicar sus programas municipales, como instrumento de planeación e implementación de políticas públicas, metas e indicadores que las autoridades locales se comprometen a cumplir durante el periodo de gobierno correspondiente, de conformidad con el programa estatal y las disposiciones de esta Ley, para enfrentar el cambio climático.
Elementos de los programas municipales de cambio climático
Art. 60. Los programas municipales de cambio climático incluirán, entre otros, los siguientes elementos:
I. La planeación con perspectiva de largo plazo, de sus objetivos y acciones, en congruencia con el programa estatal;
II. Los escenarios de cambio climático a nivel municipal, los diagnósticos de vulnerabilidad y de capacidad de adaptación y mitigación de gases de efecto invernadero;
III. Las metas y acciones de adaptación y mitigación en materia de su competencia señaladas en la presente Ley y las demás disposiciones que de la misma se deriven;
IV. La medición, el reporte y la verificación de las medidas de adaptación y mitigación; y
Contenido de los programas estatal y municipales
Art. 61. El programa estatal y los programas municipales de cambio climático, deberán contener las previsiones para el cumplimiento de los objetivos, principios y disposiciones para la adaptación y mitigación previstas en la presenta Ley y en el programa estatal.
Revisión programas municipales de cambio climático
Art. 62. Los programas municipales serán aprobados y, en su caso, revisados y actualizados al inicio de la gestión de la administración pública municipal en los términos establecidos por la estrategia estatal, el programa estatal, y las disposiciones jurídicas aplicables.
En dichos programas se establecerán las estrategias, políticas, directrices, objetivos, acciones, metas, plazos e indicadores y la definición de prioridades en materia de adaptación y mitigación, que se implementarán y cumplirán durante el periodo de gobierno de las administraciones municipales correspondientes, de conformidad con la estrategia estatal, el programa estatal, los planes y programas de gobierno municipales, en esta Ley y las demás disposiciones jurídicas aplicables.
Apoyo y asesoría a municipios
Art. 63. La Secretaría asesorará a los municipios que lo soliciten, en la formulación, ejecución y operación de sus programas municipales.
Del registro estatal de emisiones
Creación, operación y actualización del registro estatal
Art. 64. Corresponde a la Secretaría la creación, operación y actualización del registro estatal, que será el instrumento donde las personas físicas y morales, responsables de las fuentes sujetas a reporte, deben inscribir los índices anuales de dichas emisiones directas e indirectas y de absorciones por sumideros, conforme a las disposiciones reglamentarias que para tal efecto se expidan.
Temas que incluye el registro estatal
Art. 65. Para efectos del artículo anterior, en el registro estatal se incluirá, mínimamente:
I. La cuantificación de las emisiones directas e indirectas que sean generadas en el territorio del Estado; y
II. Los programas y proyectos de reducción o captura de emisiones públicos o privados.
Metodologías y procedimientos sobre registro estatal
Art. 66. La Secretaría establecerá las metodologías y procedimientos para calcular, validar y certificar las emisiones, las reducciones o capturas de gases de efecto invernadero de proyectos o fuentes emisoras inscritas en el registro estatal.
Art. 67. Los reportes de emisiones y proyectos de reducción de emisiones del registro estatal, deberán estar certificados y validados por organismos autorizados por la Secretaría.
Operación del registro estatal
Art. 68. El registro estatal operará con independencia de otros registros internacionales o nacionales con objetivos similares, buscando la compatibilidad del mismo con metodologías y criterios internacionales y, en su caso, utilizando los adoptados por la Convención Marco y los instrumentos que de ella deriven.
Información que deben contender los reportes de emisiones
Art. 69. El reporte de emisiones deberá incluir la siguiente información:
I. Establecimientos sujetos a reporte, incluyendo las actividades, fuentes y categorías de emisión;
II. Periodo del reporte;
III. Emisiones de bióxido de carbono [CO2], metano [CH4], óxido nitroso [N2O], hidrofluorocarbonos [HFC] perflyorocarbonos [PFC] hexafluoruro de azufre [SF6], y cualquier otro compuesto de efecto invernadero que establezca la Convención Marco, los instrumentos que de esta deriven, así como los Acuerdos o Tratado Internacionales suscritos y ratificados por los Estados Unidos Mexicanos, cuantificadas en toneladas métricas y en su caso, toneladas de bióxido de carbono equivalente;
IV. Emisiones de origen biológico no fósil;
V. Emisiones de fuentes directas que incluyen: fuentes estacionarias, de procesos, móviles, de emisiones fugitivas, de residuos, de agricultura, de silvicultura y de cambio de uso de suelo;
VI. Emisiones indirectas originadas por el uso de energía eléctrica, térmica o calorífica que se compre u obtenga de terceros;
VII. Reporte total de emisiones;
VIII. Perfil histórico de emisiones; y
IX. Otras que en su caso se consideren necesarias para el correcto funcionamiento del registro estatal.
Información pública del registro estatal
Art. 70. La información del registro estatal será pública, tendrá efectos declarativos, podrá ser consultada y actualizada a través de la página de Internet de la Secretaría y deberá ser actualizada semestralmente. Adicionalmente, la Secretaría integrará la información del registro estatal al sistema estatal.
Recomendaciones que emite la Secretaría
Art. 71. Para el funcionamiento y seguimiento del registro estatal, la Secretaría podrá emitir recomendaciones o solicitudes expresas a las metodologías y procedimientos usados.
Responsables de las fuentes sujetas a reporte
Art. 72. Las personas físicas y morales responsables de las fuentes sujetas a reporte, están obligadas a proporcionar la información, datos y documentos necesarios sobre sus emisiones directas e indirectas para la integración del registro estatal.
Inscripción de información en el registro estatal
Art. 73. Las personas físicas o morales que lleven a cabo proyectos o actividades que tengan como resultado la mitigación o reducción de emisiones, podrán inscribir dicha información en el registro estatal, conforme a las disposiciones reglamentarias que al efecto se expidan.
Art. 74. Las disposiciones reglamentarias de la presente Ley, establecerán los procedimientos y reglas para llevar a cabo el monitoreo, reporte y verificación y, en su caso, la certificación de las reducciones de emisiones obtenidos en proyectos inscritos en el registro estatal.
Inventario estatal de emisiones de
Inventario estatal
Art. 75. El inventario estatal, es el instrumento que permitirá determinar las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero que se generan en el Estado y deberá ser elaborado por la Secretaría, de acuerdo con los lineamientos y metodologías establecidos por la Convención Marco, la conferencia de las partes y la comisión intersecretarial.
Contenidos del inventario estatal
Art. 76. La Secretaría elaborará los contenidos del inventario estatal, de acuerdo con los siguientes:
I. La estimación anual de las emisiones de la quema de combustibles fósiles;
II. La estimación, cada dos años, de las emisiones, distintas a las de la quema de combustibles fósiles, con excepción de las relativas al cambio de uso de suelo; y
III. La estimación, cada cuatro años, del total de las emisiones por las fuentes y las absorciones por los sumideros de todas las categorías incluidas en el inventario.
Información que proporcionan autoridades municipales
Art. 77. Las autoridades municipales proporcionarán a la Secretaría, los datos, documentos y registros relativos a la información que se genere en sus jurisdicciones, conforme a los formatos, las metodologías y los procedimientos que se determinen en las disposiciones jurídicas que al efecto se expidan.
Art. 78. Se integrará un sistema estatal de información a cargo de la Secretaría, como parte del sistema estatal, con objeto de llevar el control, monitoreo, evaluación y seguimiento de los procesos y los escenarios del cambio climático futuro proyectado a escala estatal, regional y municipal.
Publicación y difusión de informes
Art. 79. Con base en el sistema estatal de información sobre el cambio climático, la Secretaría deberá elaborar, publicar y difundir informes de manera periódica sobre adaptación y mitigación del cambio climático y sus repercusiones, considerando la articulación de éstos con el programa estatal.
Contenido de la operación del sistema estatal
Art. 80. En la operación del sistema estatal, se deberá considerar:
I. Las emisiones del inventario estatal y de cada municipio y aquellos que realicen cualquiera de los sectores social y privado y del registro estatal;
II. Las condiciones atmosféricas del territorio estatal, pronósticos del clima en el corto plazo, proyecciones de largo plazo y caracterización de la variabilidad climática;
III. La vulnerabilidad de asentamientos humanos, infraestructura, cuencas de ríos, actividades económicas, ecosistemas y biodiversidad, así como afectaciones al medio ambiente atribuibles al cambio climático;
IV. La estimación de los costos atribuibles al cambio climático en un período determinado;
V. La calidad de los suelos, incluyendo su contenido de carbono y avance de la desertificación; y
VI. La protección, adaptación y manejo de la biodiversidad.
Art. 81. El Gobierno del Estado y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, diseñarán, desarrollarán y aplicarán instrumentos económicos que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política estatal.
Mecanismos normativos de los instrumentos económicos
Art. 82. Se consideran instrumentos económicos los mecanismos normativos y administrativos de carácter fiscal, financiero o de mercado, mediante los cuales las personas asumen los beneficios y costos relacionados con la adaptación y mitigación del cambio climático, incentivándolas a realizar acciones que favorezcan el cumplimiento de los objetivos de la política estatal en la materia:
I. Se consideran instrumentos económicos de carácter fiscal, los estímulos fiscales que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política estatal;
II. Son instrumentos financieros los créditos, las fianzas, los seguros de responsabilidad civil, los fondos y fideicomisos, cuando sus objetivos estén dirigidos a la mitigación y adaptación del cambio climático; al financiamiento de programas, proyectos, estudios e investigación científica y tecnológica o para el desarrollo de tecnología de bajas emisiones de carbono;
III. Son instrumentos de mercado las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos que corresponden a volúmenes preestablecidos de emisiones, o bien, que incentiven la realización de acciones de reducción de emisiones proporcionando alternativas que mejoren la relación costo-eficacia de las mismas; y
IV. Las prerrogativas derivadas de los instrumentos económicos de mercado serán transferibles, no gravables y quedarán sujetas al interés público.
Art. 83. Se consideran prioritarias, para efectos de la aplicación de los instrumentos económicos:
I. La investigación, incorporación o utilización de mecanismos, equipos y tecnologías que tengan por objeto evitar, reducir o controlar las emisiones, así como promover prácticas de eficiencia energética;
II. La investigación e incorporación de sistemas de eficiencia energética, desarrollo de energías renovables y tecnologías de baja emisión de carbono; y
III. En general, aquellas actividades relacionadas con la adaptación a los efectos del cambio climático y mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero.
Sistema voluntario de emisiones
Art. 84. La Secretaría, podrá establecer un sistema voluntario de comercio de emisiones, con el objetivo de promover reducciones de emisiones que puedan llevarse a cabo con el menor costo posible, de forma medible, reportable y verificable.
Participación en el sistema voluntario de emisiones
Art. 85. Los interesados en participar de manera voluntaria en el comercio de emisiones, podrán llevar a cabo operaciones y transacciones que se vinculen con el comercio de emisiones de otros países, o que puedan ser utilizadas en mercados de carbono internacionales, en los términos previstos por las disposiciones jurídicas aplicables.
Sistema de autorregulación voluntaria
Art. 86. La Secretaría podrá establecer un sistema de autorregulación voluntaria relacionado con el desempeño ambiental y la emisión de gases de efecto invernadero de procesos o servicios, que en el ámbito de competencia estatal, sean desarrollados por personas físicas o morales.
Para tal efecto, deberá desarrollar un programa de mecanismos voluntarios de mitigación de cambio climático, para el que creará un registro estatal de reducciones voluntarias de emisiones de gases de efecto invernadero, a fin de que consten públicamente los compromisos asumidos por dichas personas en relación con la adopción de medidas de reducción de sus efectos de gas de efecto invernadero.
Mecanismos voluntarios de mitigación
Art. 87. La Secretaría podrá establecer como parte del programa de mecanismos voluntarios de mitigación de cambio climático, sistemas de certificación de procesos, productos y servicios, en el ámbito de su competencia, que demuestren después de una intervención voluntaria a sus procesos, una reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero en relación a su estado inicial.
Art. 88. La Secretaría, elaborará el reglamento de esta Ley en materia de mecanismos voluntarios, en el que se especificarán los términos de referencia y la metodología para contabilizar los beneficios ambientales y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, así como las modalidades y características que deberán tener las acciones para ser sujetas a una certificación por parte del Estado.
Principios rectores de los programas
Política estatal de adaptación
Art. 89. La política estatal de adaptación frente al cambio climático se sustentará en instrumentos de diagnóstico, planificación, medición, monitoreo, reporte, verificación, evaluación y seguimiento y tendrá como criterios los previsto en el artículo 21 de la presente Ley.
Materias de la política estatal de adaptación
Art. 90. El Estado y los municipios, en el ámbito de sus competencias, deberán prever acciones para la adaptación en la elaboración de las políticas, la estrategia estatal, el programa estatal y los programas municipales, en las siguientes materias:
II. Gestión integral de los recursos hídricos;
III. Agricultura, ganadería, pesca y acuicultura;
IV. Ecosistemas y biodiversidad;
VI. Infraestructura de transportes limpios, eficientes y comunicaciones;
VII. Ordenamiento ecológico del territorio;
VIII. Ordenamiento territorial de los asentamientos humanos;
IX. Desarrollo urbano de los centros de población en coordinación con los municipios;
X. Salubridad general e infraestructura de salud pública; y
XI. Las demás que las autoridades estimen prioritarias.
Acciones de adaptación implementadas por los municipios
Art. 91. El Estado y los municipios, en el ámbito de sus competencias, implementarán acciones de adaptación, siendo las siguientes:
I. Elaborar, publicar y actualizar los atlas de riesgos estatal y municipales que consideren los escenarios de vulnerabilidad actual y futura ante el cambio climático, atendiendo de manera preferencial a la población más vulnerable y a las zonas de mayor riesgo;
II. Utilizar la información contenida en los atlas de riesgos estatal y municipales para la elaboración de los programas de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico territorial, reglamentos de construcción y de uso de suelo;
IV. Establecer acciones de protección y contingencia ambientales en zonas de alta vulnerabilidad, áreas naturales protegidas, protección de la biodiversidad y corredores biológicos ante eventos meteorológicos extremos;
V. Establecer acciones de protección y contingencia en los destinos turísticos, así como en las zonas de desarrollo turístico sustentable;
VII. Formar recursos humanos capacitados y especializados ante fenómenos meteorológicos extremos;
X. Elaborar diagnósticos de daños en los ecosistemas hídricos, sobre los volúmenes disponibles de agua y su distribución territorial;
XII. En los términos de la legislación aplicable, fomentar la recarga de acuíferos, la tecnificación de la superficie de riego en el Estado, la producción bajo condiciones de prácticas de agricultura sustentable y prácticas sustentables de ganadería, pesca y acuicultura; el desarrollo de variedades resistentes, cultivos de reemplazo de ciclo corto y los sistemas de alerta temprana sobre pronósticos de temporadas con precipitaciones, temperaturas anormales y períodos de sequía especialmente en zonas áridas o semiáridas del Estado;
XIII. Identificar las medidas de gestión para lograr la adaptación de especies en riesgo, extinción y prioritarias para la conservación, que sean particularmente vulnerables al cambio climático;
XIV. Fomentar la investigación, el conocimiento, registro y evaluación de impactos del cambio climático en los ecosistemas y su biodiversidad, en el territorio estatal;
XV. Establecer medidas de adaptación basadas en la preservación de los ecosistemas, su biodiversidad y los servicios ambientales que proporcionan a la sociedad;
XVI. Generar y sistematizar la información de parámetros climáticos, biológicos y físicos relacionados con la biodiversidad para evaluar los impactos y la vulnerabilidad ante el cambio climático;
XVII. Establecer nuevas áreas naturales protegidas, corredores biológicos, y otras modalidades de conservación y zonas prioritarias de conservación ecológica para que se facilite el intercambio genético y se favorezca la adaptación natural de la biodiversidad ante el cambio climático, a través del mantenimiento e incremento de la cobertura vegetal nativa, además de otras medidas de manejo; y
XVIII. Promover que en las licencias, autorizaciones y permisos que se expidan, un porcentaje se destine a las áreas verdes habilitadas y reforestadas con especies nativas en zonas urbanas o fraccionamientos.
Art. 92. En los instrumentos de política ambiental, se observarán los siguientes criterios de adaptación:
I. Aminorar los efectos e impactos generados por el cambio climático, que deterioren la calidad de vida de la población o que tengan un impacto negativo en el desarrollo de los ecosistemas;
II. Considerar los escenarios actuales y futuros provocados por el cambio climático e incluirlos en los planes de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico territorial y los atlas de riesgo estatal y municipal, previniendo los impactos adversos en la calidad de vida de la población, la infraestructura, los asentamientos humanos y los recursos naturales;
III. Establecer y considerar escenarios de riesgo actual y futuro en la planeación territorial, derivados de los escenarios de la variabilidad climática actual y esperada, en los instrumentos de planeación territorial, para garantizar la seguridad alimentaria, la protección civil, la conservación de suelos, de la biodiversidad y la productividad; y
IV. Priorizar la conservación y el aprovechamiento sustentable de recursos naturales, a través del fortalecimiento de las áreas naturales protegidas y el establecimiento de corredores biológicos, la reforestación nativa y el uso sustentable de la biodiversidad, en los programas de desarrollo económico, urbano, social y rural.
Art. 93. Los criterios que se consideran para la adaptación al cambio climático serán los siguientes:
I. Respetar la aptitud natural del suelo;
II. El establecimiento de usos de suelo, reservas y destinos de los programas de desarrollo urbano, ordenamiento ecológico territorial y control de los asentamientos humanos irregulares;
III. El establecimiento de centros de población o asentamientos humanos, así como en las acciones de mejoramiento y conservación de los mismos;
IV. El manejo, protección, conservación y restauración de los ecosistemas, recursos y suelos;
V. La construcción y mantenimiento de infraestructura;
VI. La protección de la población priorizando e identificando zonas inundables, áridas y con riesgo de avance de la desertificación, derrumbes y deslaves, tiros de mina, así como las susceptibles a sufrir la sequía;
VII. El aprovechamiento, operación, mantenimiento, rehabilitación y establecimiento de distritos de riego;
VIII. El aprovechamiento y operación sustentable en los distritos de desarrollo rural;
IX. El establecimiento y conservación de los espacios naturales y áreas naturales protegidas, corredores biológicos y zonas de amortiguamiento ante el avance de la mancha urbana en los límites de las áreas naturales protegidas y corredores biológicos;
X. La elaboración y aplicación de las reglas de operación de programas de subsidio y proyectos de inversión;
XI. La estrategia para la conservación y uso sustentable de la biodiversidad del Estado de Zacatecas, así como de especies prioritarias o en peligro de extinción;
XII. Los programas de protección civil, tanto del Estado como de sus municipios;
XIII. Los programas en materia de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico del territorio;
XIV. Los programas de desarrollo turístico;
XV. La infraestructura estratégica en materia de abasto de agua, servicios de salud y producción y abasto de energía;
XVI. Los programas de vivienda, así como el uso de eco-tecnologías al interior de las mismas;
XVII. Los programas de salud encaminados a la prevención de enfermedades derivadas del cambio climático; y
XVIII. El otorgamiento de licencias y permisos en materia de evaluación de impacto ambiental, aprovechamiento de recursos naturales, y las relacionadas con los cambios de usos de suelos.
Política estatal de mitigación
Art. 94. La política estatal de mitigación de cambio climático deberá incluir, a través de las herramientas de planeación y los instrumentos económicos previstos en la presente Ley, un diagnóstico, planeación, medición, monitoreo, reporte, verificación, evaluación y seguimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero en el territorio.
Esta política deberá establecer planes, programas, acciones, instrumentos económicos, con objeto de lograr gradualmente metas a corto plazo encaminadas a la reducción de gases de efecto invernadero, por sectores y actividades de competencia estatal.
Art. 95. Los objetivos de la política estatal de mitigación son:
I. Promover la protección del medio ambiente, el desarrollo sustentable y el derecho a un medio ambiente sano a través de la mitigación, reducción o compensación de emisiones;
II. Reducir las emisiones estatales, a través de acciones, políticas y programas, que fomenten la transición a una economía sustentable, competitiva y de bajas emisiones en carbono, incluyendo instrumentos de mercado, incentivos y otras alternativas que mejoren la relación costo-eficiencia de las medidas específicas de mitigación, disminuyendo sus costos y promoviendo la competitividad, la transferencia de tecnología y el fomento del desarrollo tecnológico;
III. Promover de manera gradual la sustitución uso y consumo de los combustibles fósiles, por energías limpias, así como la generación de electricidad a través del uso de fuentes renovables de energía;
IV. Impulsar prácticas de eficiencia energética, el desarrollo y uso de fuentes renovables de energía y la transferencia y desarrollo de tecnologías bajas en carbono, particularmente en bienes muebles e inmuebles de dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y municipal;
V. Promover de manera prioritaria, tecnologías, productos y procesos productivos cuyas emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero sean bajas en carbono durante todo su ciclo de vida;
VI. Promover la alineación y congruencia de los programas, presupuestos, políticas y acciones de los órdenes de Gobierno Estatal y municipal, para frenar y revertir la deforestación y la degradación de los ecosistemas así como la pérdida de biodiversidad en el Estado;
VII. Medir, reportar y verificar las emisiones a través del inventario estatal;
VIII. Promover la cogeneración eficiente para evitar emisiones tóxicas a la atmósfera;
IX. Promover y aprovechar el potencial energético contenido en los residuos, rellenos sanitarios y fuentes alternativas de energía;
X. Promover el incremento del transporte público, masivo y con altos estándares de eficiencia, privilegiando la sustitución de combustibles fósiles y el desarrollo de sistemas de transporte sustentable urbano y suburbano, público y privado;
XI. Desarrollar incentivos económicos y fiscales para impulsar el desarrollo y consolidación de industrias y empresas socialmente responsables con el medio ambiente;
XII. Promover la gestión de recursos internacionales, nacionales y estatales y recursos para el financiamiento de proyectos y programas de mitigación de gases de efecto invernadero y sus derivados en los sectores público, social y privado; y
XIII. Promover la participación de los sectores social, educativo, industrial, público y privado en el diseño, la elaboración y la instrumentación de las políticas y acciones estatales de mitigación, reducción y compensación de emisiones de gases de efecto invernadero.
Criterios para la mitigación
Art. 96. En materia de mitigación de gases efecto invernadero, deberán considerarse los siguientes criterios:
I. Minimizar los efectos y los impactos generados por el cambio climático, que deterioren la calidad de vida de la población o que tengan un impacto negativo en el desarrollo de los ecosistemas;
II. La conservación de los ecosistemas y aumento de sumideros de carbono;
III. Reducir al mínimo la tasa de deforestación y pérdida de biodiversidad;
IV. Reconversión de suelos agropecuarios improductivos desprovistos de vegetación;
V. Aumentar y mejorar la cobertura vegetal en terrenos de agostadero;
VI. Incorporar los ecosistemas, áreas naturales protegidas, unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre y de manejo sustentable a esquemas de pago por servicios ambientales;
VII. Fortalecer la infraestructura para la prevención, detección, control y combate a incendios forestales, en coordinación con las dependencias federales competentes;
VIII. Fomentar el mantenimiento y uso de energías renovables;
IX. En los municipios, implementar procesos de mejora en la prestación de servicios públicos, principalmente en:
a) El manejo integral de residuos sólidos urbanos;
b) El tratamiento de aguas residuales; y
c) Conservación y mantenimiento de áreas verdes.
Disposiciones de mitigación
Art. 97. Para reducir las emisiones, las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y municipal, en el ámbito de sus competencias, promoverán el diseño y la elaboración de políticas y acciones de mitigación asociadas a los sectores correspondientes, considerando las disposiciones siguientes:
I. Reducción de emisiones en el uso de energía:
a) Fomentar prácticas de eficiencia energética y promover el uso de fuentes renovables de energía; así como la transferencia de tecnología de bajas emisiones de carbono;
b) Desarrollar y aplicar incentivos a la inversión tanto pública como privada en la generación de energía eléctrica proveniente de fuentes renovables y tecnologías de cogeneración eficiente. Dichos incentivos se incluirán en la estrategia estatal;
c) Fomentar la utilización de energías renovables para la generación de electricidad, de conformidad con la legislación aplicable en la materia;
d) Desarrollar políticas y programas que tengan por objeto la implementación de la cogeneración eficiente para reducir las emisiones;
e) Fomentar prácticas de eficiencia energética, y de transferencia de tecnología bajas en emisiones de carbono;
f) Expedir disposiciones jurídicas y diseñar políticas para la construcción de edificaciones sustentables, incluyendo el uso de materiales ecológicos y la eficiencia y sustentabilidad energética;
g) Desarrollar políticas, planes e infraestructura encaminados hacia la sustentabilidad;
h) Difundir y promover acciones encaminadas a economías verdes;
II. Reducción o compensación de las emisiones en el sector transporte:
a) Promover la inversión en la construcción de ciclovías o infraestructura de transporte no motorizado, así como la implementación de reglamentos de tránsito que promuevan el uso de la bicicleta;
b) Diseñar e implementar sistemas de transporte público integrales, y programas de movilidad sustentable en las zonas urbanas o conurbadas para disminuir los tiempos de traslado, el uso de automóviles particulares, los costos de transporte, el consumo energético, la incidencia de enfermedades respiratorias y aumentar la competitividad de la economía regional;
c) Elaborar e instrumentar programas de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico territorial que comprendan criterios de eficiencia energética y mitigación de emisiones directas e indirectas, generadas por los desplazamientos y servicios requeridos por la población, evitando la dispersión de los asentamientos humanos y procurando aprovechar los espacios urbanos vacantes en las ciudades;
d) Crear mecanismos que permitan mitigar emisiones directas e indirectas relacionadas con la prestación de servicios públicos, planeación de viviendas, construcción y operación de edificios públicos y privados, comercios e industrias sustentables;
e) Establecer programas que promuevan el trabajo de oficina en casa, cuidando aspectos de confidencialidad, a fin de reducir desplazamientos y servicios de los trabajadores;
f) Coordinar, promover y ejecutar programas de permuta o renta de vivienda para acercar a la población a sus fuentes de empleo y recintos educativos;
g) Desarrollar instrumentos económicos para que las empresas otorguen el servicio de transporte colectivo a sus trabajadores hacia los centros de trabajo, a fin de reducir el uso del automóvil;
III. Reducción de emisiones y captura de carbono en el sector de agricultura, industria, comercios e instituciones educativas, además de bosques y otros usos del suelo y preservación de los ecosistemas y la biodiversidad:
a) Mantener, operar e incrementar los sumideros de carbono;
b) Frenar y revertir la deforestación y la degradación de suelos y los ecosistemas y ampliar las áreas de cobertura vegetal y el contenido de carbono orgánico en los suelos, aplicando prácticas de manejo sustentable en terrenos ganaderos y cultivos agrícolas;
c) Fortalecer los esquemas de manejo sustentable y la restauración de bosques y suelos; así como la reconversión de las tierras agropecuarias degradadas a productivas mediante prácticas de agricultura sustentable, como sumideros de carbono potenciales;
d) Incorporar los ecosistemas a esquemas de conservación y pago por servicios ambientales por compensación de emisiones de gases de efecto invernadero que pueden ser aplicables en áreas naturales protegidas, zonas de restauración ecológica y de conservación ecológica, unidades de manejo para la conservación de vida silvestre y de reducción de emisiones por deforestación y degradación;
e) Fortalecer el combate a incendios forestales y promover e incentivar la reducción gradual de prácticas de roza, tumba y quema, en coordinación con las dependencias federales competentes;
f) Fomentar sinergias entre programas y subsidios para actividades ambientales y agropecuarias, que contribuyan a fortalecer el combate a incendios forestales, en coordinación con las dependencias federales competentes;
g) Diseñar y establecer incentivos económicos para la absorción y conservación de carbono en las áreas naturales protegidas y las zonas de conservación ecológica;
IV. Reducción de emisiones en el sector residuos y rellenos sanitarios:
a) Desarrollar acciones y promover el desarrollo y la instalación de infraestructura para minimizar y valorizar los residuos, así como para reducir y evitar las emisiones de metano provenientes del manejo de los residuos sólidos urbanos en rellenos sanitarios;
b) Implementar procesos de mejora, en la prestación de servicios, principalmente en el manejo integral de residuos sólidos urbanos y tratamiento de aguas residuales, dirigidos a la reducción y captura de emisiones de gases de efecto invernadero;
a) Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el sector de procesos industriales;
b) Desarrollar programas para incentivar la eficiencia energética en las actividades de los procesos industriales;
c) Desarrollar mecanismos y programas que incentiven la implementación de tecnologías limpias en los procesos industriales, que reduzcan el consumo energético y la emisión de gases y compuestos de efecto invernadero;
d) Promover el uso de combustibles alternativos que reduzcan el uso de combustibles fósiles y de energía eléctrica;
VI. Educación y promoción de cambios de patrones de conducta:
a) Instrumentar programas para crear conciencia del impacto en generación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero en patrones de producción y consumo;
b) Desarrollar programas que promuevan patrones de producción y consumo sustentables en los sectores público, social y privado a través de incentivos económicos; fundamentalmente en áreas como la generación y consumo de energía, el transporte y la gestión integral de los residuos; y
c) Desarrollar políticas e instrumentos para promover la mitigación, compensación y reducción de emisiones directas e indirectas relacionadas con la prestación de servicios públicos, planeación y construcción de viviendas, construcción y operación de edificios públicos y privados, comercios e industrias.
Art. 98. Para la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero, la prevención y control de la contaminación atmosférica, se observarán las siguientes acciones:
I. Se promoverán patrones de producción y consumo que minimicen las emisiones;
II. Se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado para que minimicen sus emisiones;
III. Se promoverán prácticas de ahorro y eficiencia energética, la sustitución del uso de combustibles fósiles por fuentes renovables de energía y la transferencia e innovación de tecnologías limpias;
IV. Se reforzarán los programas para evitar la deforestación y degradación de los ecosistemas naturales y se fomentará la reforestación y restauración de los suelos y los ecosistemas; y
V. Monitoreo, verificación, información, evaluación y seguimiento de las acciones de mitigación emprendidas.
Autoridades para evaluar
Art. 99. La evaluación de la política estatal se realizará a través de la comisión intersecretarial.
La estrategia estatal se revisará por la Secretaría, por lo menos cada 10 años en materia de mitigación y cada 6 años en materia de adaptación.
Art. 100. En las revisiones de la estrategia estatal se analizarán las desviaciones que, en su caso, se adviertan entre las estimaciones proyectadas y los resultados evaluados.
En ningún caso, las revisiones y actualizaciones se harán en menoscabo o reducción de las metas, proyecciones y objetivos planteados.
Art. 101. Con base en dichas revisiones y los resultados de las evaluaciones la Secretaría actualizará, en su caso, la estrategia estatal, y deberá ajustarse para tal efecto al programa estatal y los programas municipales.
Ajustes o modificaciones
Art. 102. La comisión intersecretarial podrá proponer ajustes o modificaciones a los escenarios, trayectorias, objetivos, acciones o metas comprendidas en la estrategia estatal en los siguientes casos:
I. Se adopten nuevos compromisos en la materia;
II. Se desarrollen nuevos conocimientos científicos y técnicos relevantes; y
III. Lo requieran las políticas en materia de medio ambiente, economía, energías renovables, transporte sustentable, salud, vivienda, seguridad agroalimentaria, protección civil o desarrollo social.
Normas técnicas en materia de cambio climático
Participación para establecer requisitos
Art. 103. La Secretaría, con la participación de otras dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y, en su caso, municipal, establecerá los requisitos, procedimientos, criterios, especificaciones técnicas, parámetros y límites permisibles, mediante la expedición de normas técnicas que resulten necesarias para garantizar las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático en el Estado.
Aplicación de las normas técnicas
Art. 104. La aplicación de las normas técnicas en materia de adaptación y mitigación al cambio climático, corresponderán a la Secretaría y demás dependencias y entidades que resulten competentes en los términos de la presente Ley. Los actos de inspección y vigilancia corresponderán exclusivamente a la Secretaría. El cumplimiento de dichas normas podrá ser evaluado por los organismos de certificación, unidades de verificación y laboratorios de pruebas aprobados por la Secretaría, de conformidad con la presente Ley y las disposiciones reglamentarias que deriven del presente Ordenamiento.
Art. 105. Las normas técnicas en materia de adaptación y mitigación al cambio climático son de cumplimiento obligatorio en el territorio estatal y señalarán su ámbito de validez, vigencia y gradualidad en su aplicación.
De la investigación y educación
Acciones del titular del Poder Ejecutivo
Art. 106. El titular del Poder Ejecutivo del Estado fomentará acciones de investigación, educación, desarrollo tecnológico e innovación en materia de adaptación y mitigación del cambio climático, para tal efecto:
I. Promoverá el establecimiento de un programa de fomento a la innovación científica y tecnológica en materia de adaptación y mitigación al cambio climático, que estará a cargo del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación; y
II. Promoverá el establecimiento de un programa de becas de formación de recursos humanos en temas relacionados con el cambio climático, dirigidas al personal que labora en la Administración Pública Estatal Y Municipal, así como a la población en general. Este programa estará a cargo de las Secretarías de Educación, de Economía, Desarrollo Social y del Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología e Innovación, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Convenios con los sectores sociales
Art. 107. El titular del Poder Ejecutivo del Estado, a través de las dependencias y entidades, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrá celebrar convenios con los sectores social y productivo, para impulsar la investigación científica y tecnológica, así como la capacitación en materia de cambio climático, e implementará los instrumentos y acciones necesarios para ello, de conformidad con lo establecido en la presente Ley, los programas y demás disposiciones que deriven de ésta.
Temas que se deben considerar en los programas
Art. 108. Los programas de investigación, innovación y desarrollo tecnológico, deberán considerar dentro de su agenda, temas relacionados al cambio climático.
La Secretaría de Educación y las instituciones educativas estatales, de acuerdo con la legislación aplicable, incorporarán el tema del cambio climático en los programas educativos, considerando tanto los elementos y fenómenos de orden natural, como los procesos y acciones de los grupos humanos.
Fomentarán la difusión de acciones para que la población conozca los conceptos básicos del cambio climático, a fin de que todos los sectores de la población tengan un mayor y mejor conocimiento sobre el fenómeno climático y participen de forma activa en las campañas de educación y sensibilización.
Art. 109. Se crea el fondo para el cambio climático del Estado de Zacatecas, con el objeto de captar y canalizar recursos económicos y financieros públicos y privados para apoyar la implementación de acciones de adaptación, mitigación, compensación y reducción de los efectos del cambio climático en el Estado. Las acciones relacionadas con adaptación serán prioritarias en la aplicación de los recursos del fondo.
Art. 110. El patrimonio del fondo se constituirá por:
I. Los recursos que se establezcan en el Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas, para el ejercicio fiscal que corresponda;
II. Las aportaciones que efectúen los sectores privado y social;
III. Las donaciones de personas físicas o morales;
IV. Las aportaciones que efectúen organismos nacionales e internacionales;
V. Las contribuciones, derechos y aprovechamientos previstos en las leyes correspondientes;
VI. Los demás recursos que obtenga, previstos en otras disposiciones legales; y
VII. Las multas obtenidas por violaciones a las leyes ambientales del Estado, además de los recursos obtenidos por permisos y autorizaciones de impacto ambiental de acuerdo a las disposiciones legales aplicables.
Art. 111. Los recursos del fondo se destinarán a:
I. Acciones para la adaptación al cambio climático atendiendo prioritariamente a los grupos sociales ubicados en las zonas más vulnerables del Estado;
II. Proyectos que contribuyan simultáneamente a la mitigación y adaptación al cambio climático, incrementando el capital natural, con acciones orientadas, entre otras: a revertir la deforestación y degradación; conservar y restaurar suelos para mejorar la captura de carbono; implementar prácticas agropecuarias sustentables; recargar los mantos acuíferos; promover la conectividad de los ecosistemas a través de corredores biológicos, conservar la vegetación nativa y para aprovechar sustentablemente la biodiversidad;
III. Desarrollar y ejecutar acciones y proyectos de mitigación, reducción y compensación de emisiones de gases de efecto invernadero conforme a las prioridades de la estrategia estatal, el programa estatal y los programas municipales;
IV. Promover planes, programas y acciones para reducir la vulnerabilidad del Estado frente al cambio climático en materia de atención y protección a grupos y zonas vulnerables, uso del suelo, infraestructura y otros aspectos que se consideren en la estrategia estatal;
V. Programas de educación, sensibilización, concientización y difusión de información y una cultura de mitigación y adaptación;
VI. Proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico;
VII. Estudios y evaluaciones en materia de cambio climático;
VIII. Programas de inspección y vigilancia ambientales; y
IX. Los demás proyectos y acciones en materia de cambio climático que se consideren estratégicos.
Complementación del fondo
Art. 112. El fondo podrá complementar o transferir recursos, a otros fondos con objetivos concurrentes.
Art. 113. El fondo operará a través de un fideicomiso público, a cargo de la Secretaría.
Art. 114. El fondo se sujetará a los procedimientos de control, auditoría, transparencia, evaluación y rendición de cuentas que establecen las disposiciones legales aplicables.
Art. 115. Toda persona tendrá derecho de acceso a la información pública que en materia de cambio climático que solicite, en la forma y términos que establecen la ley de la materia.
Art. 116. La Secretaría pondrá a disposición de la población, en su portal de Internet oficial, información relevante sobre cambio climático para su consulta.
Art. 117. Los recursos federales que a través de los convenios de coordinación se transfieran al Estado y a los municipios en materia de cambio climático, se sujetarán a las disposiciones legales aplicables en materia de transparencia y evaluación de los recursos públicos.
Art. 118. Las autoridades estatales y municipales en materia de cambio climático, deberán promover la participación corresponsable de la sociedad en la planeación, ejecución, vigilancia y evaluación de la política estatal.
Deber de la Secretaría
Art. 119. Para dar cumplimiento al artículo anterior, la Secretaría deberá:
I. Convocar a las organizaciones de los sectores social y productivo a que manifiesten sus opiniones y propuestas en materia de mitigación y adaptación al cambio climático;
II. Celebrar convenios de concertación con organizaciones sociales y privadas relacionadas con el medio ambiente para fomentar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático;
III. Promover el otorgamiento de reconocimientos a los esfuerzos más destacados de la sociedad para erradicar los efectos adversos del cambio climático; y
IV. Concertar acciones e inversiones con los sectores social y productivo, con la finalidad de instrumentar medidas de adaptación y mitigación al cambio climático.
Cumplimiento de acciones
Art. 120. Para dar cumplimiento a lo señalado, la Secretaría deberá además:
I. Brinda asesoría en actividades de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y en la realización de estudios e investigaciones en la materia y emprender acciones conjuntas; y
II. Difundir, publicar y mantener actualizada toda la información generada por la estrategia estatal y el programa estatal, a través del sistema de información sobre el cambio climático.
Inspección, vigilancia y sanciones
De fuentes emisoras
Art. 121. La Secretaría, en el ámbito de sus atribuciones, realizará la inspección y vigilancia de las fuentes emisoras de competencia estatal sujetas a reporte, para verificar la información proporcionada, así como su entrega a la autoridad correspondiente en tiempo y forma, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias que de esta Ley se deriven.
Art. 122. Quienes sin contar con las autorizaciones respectivas generen olores, gases o partículas sólidas y líquidas que provengan de fuentes fijas, móviles u otras diversas de competencia estatal o municipal, violando las Normas Oficiales Mexicanas en materia de emisión de contaminantes a la atmósfera y que además puedan ocasionar desequilibrios ecológicos o daño ambiental, se harán acreedores a las sanciones previstas en la presente Ley y demás ordenamientos legales que resulten aplicables.
Art. 123. La Secretaría realizará en el ámbito de su competencia, los actos de inspección y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Ordenamiento.
Art. 124. Las visitas de inspección que realice la Secretaría, se desarrollarán conforme a las disposiciones y formalidades que para la inspección y vigilancia prevé la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Zacatecas.
Art. 125. Si del resultado de la investigación realizada por la Secretaría o los municipios se desprende que se trata de actos u omisiones en que hubieren incurrido autoridades estatales o municipales, emitirá las recomendaciones necesarias para promover ante éstas la ejecución de las acciones procedentes.
Cuando se trate de actos u omisiones atribuibles a autoridades federales, se remitirá el expediente a la autoridad que corresponda.
Las recomendaciones que emita la Secretaría, serán públicas, autónomas y vinculatorias.
Art. 126. La Secretaría, para inspeccionar que las personas físicas o morales obligadas a reportar emisiones en el registro de emisiones las cumplen debidamente, estará facultada para:
I. Practicar visitas de inspección a las fuentes de emisión de gases de efecto invernadero, con el fin de verificar que las reportadas al registro de emisiones, corresponden efectivamente a las emitidas; y
II. Revisar que los registros de emisiones de gases de efecto invernadero reportados, cumplan con la metodología prevista en el reglamento correspondiente de la presente Ley y en las normas técnicas ambientales correspondientes.
Respecto de las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, la Secretaría podrá verificar a los responsables de su implementación, ya sean personas físicas o morales, que efectivamente cumplan con la reducción de gases de efecto invernadero, en las cantidades y plazos que para tal propósito hubieren sido acordados.
Las facultades previstas en la presente disposición, serán ejercidas por conducto del personal de la Secretaría, quien deberá contar con el documento oficial que lo acredite como inspector, así como la orden escrita, expedida por la Secretaría, en la que se precisará el lugar o la zona que habrá de inspeccionarse, el objeto de la diligencia y el alcance de ésta.
Los responsables de las fuentes emisoras sujetas a reporte y quienes realicen actividades relacionadas con las materias que regula la presente Ley, deberán dar facilidades al personal autorizado para la realización de visitas u operativos de inspección, permitir el acceso a los locales donde se encuentren las fuentes de emisión de gases de efecto invernadero y exhibir la documentación, informes, papeles de trabajo y hojas de cálculo, relacionadas con las obligaciones reguladas en este Ordenamiento. En caso de que alguna o algunas personas obstaculicen o se opongan a la práctica de la inspección, la Secretaría podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para efectuar la visita de inspección, independiente de las sanciones a que haya lugar.
Entrega de documentación para informes
Art. 127. A efecto de que la autoridad esté en posibilidad de ejercer la facultad prevista en la presente Ley, las personas físicas o morales responsables de las fuentes emisoras que sean requeridas por la Secretaría, proporcionarán la documentación, informes, papeles de trabajo y hojas de cálculo que integran el reporte de emisiones dentro de un plazo no mayor a 10 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la fecha de su notificación.
La Secretaría, emitirá dictamen positivo sobre los registros de emisiones de gases de efecto invernadero reportados, así como de las hojas de cálculo que para tal efecto hubieran sido utilizadas por la fuente emisora obligada a reportar, siempre y cuando éstos cumplan con la metodología prevista en el reglamento de la presente Ley y las normas técnicas ambientales correspondientes. El plazo para la emisión del dictamen no podrá exceder de 30 días hábiles.
En el caso de que la revisión a los registros de emisiones de gases de efecto invernadero reportados, así como a las hojas de cálculo que para tal efecto hubieran sido utilizados por la fuente emisora obligada a reportar, comprueba que no se cumple con la metodología prevista en el reglamento de la presente Ley y las normas técnicas ambientales correspondientes, deberá emitir dictamen de omisiones, en que de manera fundada y motivada indicará cuáles son los errores, imprecisiones o deficiencias encontradas.
El particular deberá presentar escrito de contestación al dictamen, en un plazo no mayor de 30 días hábiles, subsanando las omisiones. Si no está de acuerdo con alguna observación, podrá manifestarlo así, expresando por qué considera que la información que remitió a la autoridad sí cumple con la metodología prevista en el reglamento de la presente Ley y las normas técnicas ambientales correspondientes.
La Secretaría deberá emitir resolución dentro de un plazo de 15 días hábiles después de recibido el escrito de contestación al dictamen, en la que podrá determinar si el particular cumple con la normatividad. En caso de que determine que el particular sigue sin cumplir, dictará las medidas necesarias fundada y motivadamente para que se cumpla.
Respecto de las medidas de adaptación y mitigación, la Secretaría podrá solicitar a las personas obligadas, la documentación, informes, papeles y, en su caso, hojas de cálculo que demuestre que la metodología utilizada y las reducciones en emisiones de gases de efecto invernadero para el caso de mitigación o de la vulnerabilidad en caso de adaptación, se cumplen en tiempo y forma, respecto de la línea base sobre la cual se propuso la medida.
Art. 128. La Secretaría podrá ordenar fundada y motivadamente las medidas de seguridad que se contemplan en la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Zacatecas, en los casos que ésta misma señala.
La Secretaría podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para ejecutar cualquiera de las acciones anteriores.
Art. 129. Las violaciones a los preceptos de esta Ley, sus reglamentos y las disposiciones que de ella emanen, serán sancionadas administrativamente por la Secretaría en los términos de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Zacatecas, considerándose además para su imposición, que sean acordes con el daño ambiental ocasionado y con el beneficio económico obtenido por la violación a la legislación ambiental vigente.
Art. 130. En caso de que las personas físicas o morales responsables de las fuentes emisoras sujetas a reporte no entreguen la información, datos o documentos requeridos por la Secretaría en el plazo señalado, se les impondrá una multa de 100 a 1000 cuotas de salario mínimo general vigente en el Estado de Zacatecas, sin perjuicio del cumplimiento inmediato de dicha obligación.
Para individualizar la multa se considerará si el infractor es reincidente, en cuyo caso, el monto de la multa podrá ser hasta por 3 veces del monto originalmente impuesto; también se deberá motivar si la conducta se considera o no grave, el perjuicio o daños causados y la capacidad económica del infractor. Las autoridades podrán valorar la capacidad económica de los infractores, tomando en cuenta, indistintamente, los siguientes elementos: el capital contable de las empresas en el último balance, el importe de la nómina correspondiente, el número de trabajadores, o bien, cualquier otra información, a través de la cual, pueda inferirse el estado que guarda la empresa o giro comercial.
Multa por falsedad
Art. 131. En caso de encontrarse falsedad en la información proporcionada, la Secretaría aplicará una multa de 150 hasta 650 cuotas de salario mínimo general vigente en el Estado. La multa será independiente de cualquier otra responsabilidad de los órdenes civil y penal que pudieran derivarse. La Secretaría tendrá la obligación de hacer del conocimiento de las autoridades competentes dichos actos.
Las multas que se impongan se constituirán en crédito fiscal a favor del erario estatal y se harán efectivas por la Secretaría de Finanzas, mediante el procedimiento administrativo de ejecución que establece el Código Fiscal del Estado.
Art. 132. Además de las sanciones establecidas en el artículo anterior, la Secretaría podrá aplicar las siguientes sanciones:
I. Clausura definitiva, parcial o total, cuando exista reincidencia y las infracciones generen efectos negativos al ambiente;
II. Aseguramiento de los instrumentos, bienes, productos o implementos utilizados en la infracción;
III. Demolición de las construcciones o instalaciones efectuadas en contravención de las disposiciones de esta Ley, cuando se haya comprobado el daño ambiental por parte de la Secretaría;
IV. Cuando la gravedad de la infracción lo amerite, la autoridad solicitará a quienes los hubieren otorgado, la suspensión, revocación o cancelación del permiso, licencia y, en general, de toda autorización otorgada para la realización de actividades comerciales, industriales o de servicios o para el aprovechamiento de recursos naturales que haya dado lugar a la infracción; y
V. Reparación del daño ambiental.
Art. 133. En todo lo no previsto en esta Ley, serán aplicables supletoriamente la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Zacatecas y el Código de Procedimientos Civiles del Estado.
Art. 134. Las resoluciones dictadas en los procedimientos administrativos con motivo de la aplicación de esta Ley, sus reglamentos, normas ambientales estatales relativas al cambio climático y disposiciones que de ella emanen, podrán ser impugnadas sin que se pruebe interés jurídico, mediante el juicio de nulidad previsto en la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas.
Art. 135. Los servidores públicos encargados de la aplicación y vigilancia del cumplimiento de esta Ley, se harán acreedores a las sanciones administrativas, civiles o penales, aplicables en materia en caso de incumplimiento de sus disposiciones, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, sin perjuicio de las sanciones que establezcan otros ordenamientos jurídicos.
Art. 2º El fondo deberá ser constituido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado y en el Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016, se establecerán las partidas correspondientes.
Término para expedir o modificar la reglamentación
Art. 3º Dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley, el Ejecutivo del Estado deberá expedir los reglamentos, manuales y normas técnicas correspondientes.
En tanto se expide la normatividad, las controversias que pudieran surgir de la aplicación de la presente Ley, serán resueltas por la Secretaría con la participación de las dependencias o entidades de la administración pública estatal que corresponda, de acuerdo a las facultades y competencias que determinen la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, la Ley Orgánica del Municipio y demás disposiciones aplicables.
Art. 4º Dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley, los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, expedirán los reglamentos, manuales y normas técnicas correspondientes.
Término para instalar la comisión intersecretarial
Art. 5º La comisión intersecretarial será instalada dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley.
Término para instalar observatorio ciudadano
Art. 6º El observatorio ciudadano deberá instalarse dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley. Las bases de la convocatoria abierta para su integración, serán elaboradas y publicadas por la Secretaría, en un periodo no mayor de 180 días posteriores a la publicación del presente Ordenamiento.
Término para la elaboración de la estrategia estatal y sistema estatal
Art. 7º La Secretaría contará con un plazo de cuatro meses para la elaboración de la estrategia estatal.
Una vez publicada la estrategia estatal, el Ejecutivo del Estado y los municipios, contarán con un plazo de dos meses para la expedición del programa estatal y de los programas municipales, en el ámbito de su competencia.
De información sobre cambio climático
Art. 8º La Secretaría a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, tendrá el plazo de tres meses para la integración del registro estatal.
El titular del Poder Ejecutivo del Estado publicará las disposiciones para la operación y administración del registro estatal o cualquier otra disposición necesaria para la aplicación de la presente Ley, dentro de los 90 días siguientes de su publicación.
Unidad responsable cambio climático
Art. 9º La unidad responsable de cambio climático de la Secretaría, se integrará con los recursos humanos, presupuestales y materiales que se prevean anualmente en el Presupuesto de Egresos del Estado.
El reglamento interior de la Secretaría, deberá ser reformado en un plazo no mayor a 180 días posteriores a la entrada en vigor de la presente Ley, con la finalidad de adecuarlo a este Ordenamiento.
Plazo para la integración del registro estatal de emisiones y reducciones de gases de efecto invernadero
Art. 10. La Secretaría a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, tendrá un plazo de dieciocho meses para la integración del registro estatal de emisiones y reducciones de gases de efecto invernadero.
El titular del Poder Ejecutivo del Estado publicará las disposiciones para la operación y administración del registro estatal de emisiones o cualquier otra disposición necesaria para la aplicación de la presente Ley, dentro del término señalado párrafo anterior.
Art. 11. Para efectos de la presente Ley, la estrategia de mitigación y adaptación al cambio climático del Estado de Zacatecas, será considerada como la estrategia estatal a la que hace referencia el presente Ordenamiento para el periodo constitucional del gobierno 2010–2016.
Art. 12. Las normas técnicas a las que se refiere la presente Ley, deberán ser publicadas en un periodo no mayor a 180 días a partir de la entrada en vigor del presente Ordenamiento; donde se deberán considerar, los criterios utilizados en la elaboración de la estrategia de mitigación y adaptación al cambio climático del Estado de Zacatecas.
Art. 13. Se derogan las disposiciones que contravengan la presente Ley.
Dado en la sala de sesiones de la Honorable Sexagésima Primera Legislatura del Estado de Zacatecas, a los 30 días del mes de junio del año 2015. Diputado presidente. Dip. Érica del Carmen Velázquez Vacio. Diputados secretarios. Dip. Juan Carlos Regis Adame y Dip. María Hilda Ramos Martínez. Rúbricas.
Dado en el despacho del Poder Ejecutivo del Estado, a los 25 días del mes de agosto del 2015.
401 76 23-septiembre-2015 24-septiembre-2015 LXI
Se reforma el proemio del artículo 9° y se adiciona la fracción X recorriéndose las demás en su orden del artículo 37.