Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-9150-de-febrero-24-de-1994?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920414f29f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-05-22 02:05:16
Document Index: 21913235

Matched Legal Cases: ['artículo 39', 'artículo 98', 'artículo 71', 'artículo 68', 'artículo 69', 'artículo 92', 'artículo 92', 'artículo 55', 'artículo 31', 'artículo 55', 'artículo 55']

﻿ SENTENCIA 9150 DE FEBRERO 24 DE 1994
SENTENCIA 9150 DE 24 DE FEBRERO DE 1994
CONTENIDO:INTERDICCIÓN DE DERECHO Y FUNCIONES PÚBLICAS, REHABILITACIÓN
TEMAS ESPECÍFICOS:FUNCIÓN PÚBLICA, AUTO INTERLOCUTORIO, PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, REHABILITACIÓN DE LA PENA ACCESORIA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:269 DE MAYO DE 1994, PÁG.558
Sentencia 9150 de febrero 24 de 1994
INTERDICCIÓN DE DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS
Dr. Dídimo Páez Velandia
Radicación 9150
Santafé de Bogotá, D.C. febrero veinticuatro de mil novecientos noventa y cuatro.
Decide la Corte el recurso de apelación interpuesto por el procesado contra el auto interlocutorio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó, mediante el cual se negó la rehabilitación pedida de la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas a que fuera condenado por sentencia debidamente ejecutoriada.
La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó, en sentencia de mayo 8 de 1990, condenó a J... a la pena principal de dos (2) años de prisión y a la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas, como autor del delito tipificado en el artículo 39, inciso segundo, de la Ley 30 de 1986 y le otorgó el subrogado de la condena de ejecución condicional, sin excepción alguna, determinación que fue confirmada por la Corte mediante fallo de noviembre 13 del mismo año, excepto lo relacionado con la “suspensión de la condena de la pena no privativa de la libertad la que deberá, en consecuencia, pagar”.
Pasados los dos años del período de prueba, en agosto de 1993, el procesado solicitó al Tribunal la extinción de la pena privativa de la libertad y la rehabilitación de la condena a la “interdicción de derechos y funciones públicas” que por el término de dos años también le fuera impuesta.
El Tribunal declaró la extinción de la pena principal y por mayoría negó la rehabilitación solicitada. Contra esta última determinación recurrió en apelación el interesado, sustentando el recurso oportunamente.
1. En desarrollo del precepto constitucional, hoy artículo 98 inciso segundo, el Código Penal prevé la rehabilitación de las penas señaladas en dicho estatuto con la única excepción de “la expulsión del territorio nacional” (art. 92) y con el cumplimiento de las exigencias allí indicadas.
Con todo, el legislador al señalar los mecanismos de procedimiento para la efectividad del derecho, con buen criterio, estableció dos clases de rehabilitación: la que opera “ipso jure”, porque ha tenido cumplimiento o se ha extinguido, siendo suficiente para su logro lo dispuesto en el artículo 71 del Código Electoral (Decreto 2241/86); y la rehabilitación propiamente dicha, que presupone obviamente la vigencia de la pena y la decisión judicial correspondiente (arts. 526 y ss. C. de P.P.).
2. El art. 55 del C.P. señala la forma como han de cumplirse las penas accesorias, entre las cuales se cuenta la referida en el caso presente, así: “se aplicarán de hecho mientras dure la pena privativa de la libertad concurrente con ellas. Cumplida ésta, empezará a correr el término señalado para aquellas en la sentencia, salvo lo dispuesto en el artículo 68”. Significa esto, entonces, que si en la sentencia se otorgó el subrogado de la condena de ejecución condicional sin la excepción señalada en el artículo 69 ibídem, ya no hay lugar a ella porque se extinguió con el debido cumplimiento del período de prueba fijado en el respectivo fallo. En este evento es donde opera el principio de lógica que cita el recurrente: “lo accesorio sigue a lo principal”.
Aspecto diferente es, cuando al otorgarse el subrogado, se exceptúa de éste la pena accesoria —que fue lo ocurrido en el presente caso—, en cuyo evento ha de considerarse esa pena accesoria como no concurrente con la principal, y para su rehabilitación debe tenerse en cuenta la regla del inciso final del artículo 92 del C.P. que dice: “Si no concurrieren con pena privativa de la libertad, la rehabilitación no podrá pedirse sino dos años después de ejecutoriada la sentencia en que ellas fueron impuestas”.
Ahora, si en la sentencia no se otorgó el subrogado, el término de la pena accesoria se empezará a contar desde el día siguiente a aquél en que se dio como cumplida la pena privativa de la libertad y si hubiere lugar a la rehabilitación deberá solicitarse dentro del término señalado en el artículo 92 del C.P., inciso segundo; o en la forma indicada en el Código Electoral, una vez se haya cumplido, y aun de oficio, como lo prevé el inciso final del artículo 55 del C.P.
3. Como la Corte al revisar el fallo excepcionó la pena de interdicción de derechos y funciones públicas del subrogado que el a-quo le había otorgado al procesado respecto de todas las penas impuestas —lo que podía hacer por ser consultable la providencia y además, muy anterior a la vigencia del artículo 31 de la Carta—, es evidente que no podía extinguirse dicha pena con la extinción de la pena privativa de la libertad, como lo pretende erróneamente el impugnante, pues tenía que cumplirse aquella, como lo dispuso la Corte.
Significa lo anterior, entonces, que el condenado empezó a cumplir su pena de interdicción de derechos y funciones públicas de dos años a partir del 14 de noviembre de 1990, fecha de la ejecutoria de la sentencia —y no como equivocadamente lo entendió la Sala mayoritaria del Tribunal, que debía empezarla a pagar después del período de prueba, ya que éste nada tenía que ver con dicha pena—, terminando de pagarla el 14 de noviembre de 1992, operándose así su rehabilitación por ministerio de la ley a partir del 15 de noviembre de dicho año.
En tales condiciones no requería de rehabilitación judicial, por sustracción de materia. El punto impugnado de la providencia será revocado, en consecuencia, para disponer en su lugar que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó, en su calidad actual de juez de ejecución de penas en este caso, dé cumplimiento al inciso final del artículo 55 del C.P., sin perjuicio de que el interesado acuda al Código electoral en lo pertinente.
REVOCAR la providencia impugnada, únicamente en cuanto denegó la rehabilitación solicitada. Para en su lugar, disponer que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó, Sala Penal, en su calidad de juez de ejecución de penas, dé cumplimiento al inciso final del artículo 55 del Código Penal.
En firme esta determinación, regrese la actuación al Tribunal de origen.
Édgar Saavedra Rojas—Jorge Carreño Luengas—Guillermo Duque Ruiz—Gustavo Gómez Velásquez—Dídimo Páez Velandia—Juan Manuel Torres Fresneda—Jorge Enrique Valencia M.
Carlos A. Gordillo L., Secretario.