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Timestamp: 2018-01-17 05:06:27
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Sentencia T.S.J. Canarias 6/2013 de 25 de noviembre
Laudo arbitral: Impugnación y anulación. Convenio arbitral inexistente e inválido, resolviendo los árbitros sobre cuestiones no sometidas a arbitraje. La empresa recurrente había excluido de arbitraje el servicio de tarificación adicional y los asuntos cuya antigüedad fuera superior a ocho meses. Principio de rogación judicial: Naturaleza.
Excmo. Sr. D. José Ramón Navarro Miranda.
Ilma. Sra. D.ª Margarita Varona Faus.
Ilma. Sra. D.ª Carla Bellini Domínguez (Ponente).
Las Palmas de Gran Canaria, 25 de noviembre de 2013.
Vistas las actuaciones de Juicio Verbal n.º 9/2013, incoado en virtud de demanda impugnatoria del laudo arbitral dictado por la Junta Arbitral de Canarias en el Expediente Arbitral NUM000, interpuesta por la Procuradora D.ª Concepción Soto Ros, en nombre y representación de France Telecom España, S.A.U. (ORANGE), bajo la dirección letrada de D.ª Frida y D.ª Magdalena, contra D. Norberto.
Primero.—El día 18 de septiembre de 2013 la Procuradora D.ª Concepción Soto Ros, en nombre y representación de la mercantil France Telecom España, S.A.U. (ORANGE), presentó en esta Sala demanda de acción de nulidad de Laudo Arbitral dictado por la Junta Arbitral de Consumo de Canarias en Expediente Arbitral NUM000, frente a D. Norberto.
Segundo.—Por Diligencia de Ordenación de la Sra. Secretaria Judicial de la Sala de fecha 19 de septiembre de 2013, examinada la demanda y documentación aportada, y con carácter previo a su admisión a trámite, se hizo constar las siguientes omisiones:
1. Faltaba por aportar original de poder general para pleitos ya que lo aportado era una fotocopia.
2. Faltaba por liquidar la tasa judicial que regula el art. 35 de la Ley 53/02 de 30 de diciembre de 2012 de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, (BOE 31-12-02, página 46132) debiendo cumplimentarse el modelo 696 de autoliquidación de la tasa, a que hace referencia la orden de Hacienda 661/03 de 24 de marzo que aprueba el modelo de autoliquidación de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil y contencioso-administrativo y se determinan el lugar, la forma y los plazos para su presentación (BOE 26-03-03, página 11902), y que obliga al Secretario Judicial a subsanar su omisión según resolución de 8 de noviembre de 2003 de la Secretaria de Estado de Justicia, en su punto sexto (BOE 05-12-03, página 43436).
Por todo ello, se requería a la Procuradora mencionada para que, en un plazo de diez días, subsanase tales omisiones, bajo apercibimiento de no dar curso a la demanda y dar cuenta al tribunal para que resolviese sobre la admisión o no de la misma en caso de no subsanarse.
Tercero.—La Procuradora D.ª Concepción Soto Ros, en nombre y representación de France Telecom España, S.A.U. (ORANGE), el día 26 de septiembre presentó en esta Sala dos escritos:
-Escrito registrado con el n.º 51/13, formulando alegaciones en el sentido de no ser necesaria la presentación del modelo 696 de pago de la tasa judicial y, en caso de considerar que es preceptiva, por estar la demanda incursa en la causa de exención prevista en el artículo 4.1.g) de la Ley de Tasas, por analogía.
-Escrito registrado con el n.º 52/13, aportando Poder General para Pleitos otorgado por France Telecom España, S.A.U.
Cuarto.—Por Diligencia de Ordenación de fecha 2 de octubre de 2013, respecto a la solicitud del escrito n.º 51/13, se puso en conocimiento del demandante que si bien el laudo es extrajudicial, la acción que en la demanda se ejercita es judicial y declarativa. Como tal está previsto en la Ley de Arbitraje y da lugar a un procedimiento en el que según la propia ley, se han de seguir con algunas especialidades los trámites establecidos en la LEC, por todo ello, se hizo constar que el procedimiento de Anulación de Laudo Arbitral es de carácter declarativo y no existe una causa de exención específica para dicho procedimiento en la Ley 10/12 de 20 de noviembre. En cuanto a la aplicación de la exención prevista en el artículo 4.1g) de la Ley de Tasas, se hizo saber a la parte que no podía aplicarse por analogía ya que al ser una excepción debería haberse recogido expresamente y, en todo caso se trata de procesos de diferente naturaleza.
Respecto al escrito n.º 52/13, se tuvo por aportado Poder original, el cual una vez cotejado, se devolvería al demandante previo desglose.
Se acordó en dicha resolución requerir al demandante para que presentase el modelo 696 de abono de tasa conforme a lo acordado en Diligencia de Ordenación de fecha 19 de septiembre, terminando el plazo el día 8 de octubre a las 15 horas y que en caso contrario se daría cuenta a la Sala a efectos de admisión de demanda.
Quinto.—Por Decreto de fecha 7 de octubre de 2013 y, cumplimentado lo anterior, se acordó admitir a trámite la demanda interpuesta por la Procuradora D.ª Concepción Soto Ros en nombre y representación de France Telecom España, S.A.U. (Orange) contra D. Norberto, en ejercicio de acción de nulidad del laudo arbitral dictada por la Junta Arbitral de Consumo de Canarias, frente a D. Norberto. Se tuvo por comparecida y parte a la mencionada Procuradora en la representación del actor; se acordó dar traslado de la demanda al demandado para que contestase en el plazo de veinte días. Asimismo se ordenó oficiar a la Junta Arbitral de Canarias para que aportase a las actuaciones una copia del expediente arbitral n.º NUM000.
Sexto.—El día 25 de octubre de 2013 se recibió en esta Sala escrito de la Junta Arbitral de Consumo de Canarias, por medio del cual aportaba copia del Expediente Arbitral n.º NUM000. En Diligencia de Ordenación de la misma fecha se acordó unir a las actuaciones dicha documentación.
Séptimo.—Por Diligencia de Ordenación de fecha 15 de noviembre de 2013 se hizo constar que hhabiendo transcurrido el plazo legal para contestar la demanda sin que el demandado lo hubiese efectuado y no habiéndose solicitado por el demandante la celebración de vista, pasaban las actuaciones a la Magistrada Ponente para resolver.
Primero.—La Procuradora D.ª Concepción Soto Ros, en nombre y representación de la mercantil France Telecom España, S.A.U. (ORANGE), presentó el día 18 de septiembre de 2013 en esta Sala demanda de acción de nulidad de Laudo Arbitral dictado por la Junta Arbitral de Consumo de Canarias frente a D. Norberto. Los motivos en los cuales la parte actora fundamenta su demanda de nulidad se circunscriben a dos: El primer de ellos encuentra su amparo legal en el artículo 41. 1.a) de la Ley 60/2003, en base al cual el Convenio arbitral no existe o no es válido, y el segundo de los motivos se fundamenta en el art. 41.1.c de la citada Ley de Arbitraje, por el cual entiende que los arbitros han resuelto sobre cuestiones no sometidas al arbitraje. Como consecuencia de los motivos anteriormente alegados, termina interesando de forma principal la declaración de nulidad del Laudo dictado por la Junta Arbitral de Canarias en el Expediente NUM000 con expresa condena en costas al demandado y, subsidiariamente, declarar la nulidad del Laudo antes citado por cuanto que la Junta Arbitral se ha excedido de la cuestión objeto del arbitraje, también con condena en costas al demandado.
Segundo.—Establece el artículo 42.1 de la Ley 60/2003 de 23 de diciembre, de Arbitraje, en su apartado c) "Contestada la demanda o transcurrido el correspondiente plazo, el Secretario Judicial citará a la vista, si así lo solicitan las partes en sus escritos de demanda y contestación. Si en sus escritos no hubieren solicitado la celebración de vista, o cuando la única prueba propuesta sea la de documentos, y éstos ya se hubieran aportado al proceso sin resultar impugnados, o en el caso de los informes periciales no sea necesaria la ratificación, el Tribunal dictará sentencia, sin más trámite".
La parte demanda pese a encontrarse citada en forma, no contestó a la demanda por lo que fue declarada en rebeldía, continuando el procedimiento por sus trámites. A este respecto, el art. 496 de la L.E.Civil señala que:"1. Será declarado en rebeldía el demandado que no comparezca en forma en la fecha o en el plazo señalado en la citación o emplazamiento.
2. La declaración de rebeldía no será considerada como allanamiento ni como admisión de los hechos de la demanda, salvo los casos en que la ley expresamente disponga lo contrario".
Consecuencia de lo establecido en los párrafos anteriores, esta Sala, declarado el demandado en rebeldía, está en disposición de continuar con el procedimiento de demanda de nulidad de Laudo arbitral incoado por la parte actora pues la rebeldía consiste tan solo en la incomparecencia del demandado en la fecha o plazo señalado en la citación o emplazamiento, lo que no implica allanamiento, ni libera al demandante de probar los hechos constitutivos de su pretensión. Los Tribunales deberán resolver lo que sea mas justo según el resultado de los autos, pues el silencio del rebele no implica la confesión de los hechos de la demanda.
Tercero.—Efectuadas las precisiones anteriores, el primero de los motivos alegados por la representación letrada de la entidad France Telecom España, S.A.U. (ORANGE), hace referencia a la acción de nulidad basada en el art. 41.1.a) de la Ley de Arbitraje 60/2003, modificada por Ley de 21 de mayo de 2011, por cuanto sostiene que el convenio arbitral no existe o no es válido. Según lo recogido en la demanda, esta parte mantiene que la Junta Arbitral de Consumo de Canarias no debió entrar a conocer la reclamación formulada, debido a que la entidad actora expresamente había excluido de la oferta pública de sometimiento al arbitraje dos puntos: el servicio de tarificación adicional y los asuntos cuya antigüedd fuera superior a ocho meses.
Para una mejor comprensión de la presente demanda de anulación, hemos de partir de los siguientes antecedentes:
1.- Como consecuencia de la disconformidad de D. Norberto con la factura girada por la entidad France Telecon España S.A.U., (ORANGE) de fecha comprendida entre el 16 de enero al 15 de febrero de 2008, éste presentó ante la Junta Arbitral de Consumo de Canarias reclamación de las numerosas llamadas que le habían cargado en su factura por llamadas a Tele 5 que según el propio interesado no había realizado, exponiendo en dicho escrito que había realizado una, (folio 64) y por tanto solicitaba abonar solo la llamada que realizó. Deja constancia que el importe de la factura asciende a la suma de 471,71 €
Dado traslado de la reclamación a la entidad ORANGE, ésta contesta que la factura controvertida es adecuada y que en la misma no se detecta incidencia alguna, por lo que y en consecuencia, el reclamante interesa la continuación del procedimiento arbitral para la solución del conflicto planteado.
2.- Dentro de la documentacion obrante en el expediente de arbitraje consta la factura objeto de litigio, así como dos cartas remitidas por France Telecom España S.A. al Ministerio de Sanidad y Consumo, la primera de fecha 27 de julio de 2007 adhiriendose a la Junta Arbitral Nacional y de las Comunidades Autónmas y señalando los puntos que se encuentran excluidos del mismo, y la segunda, posterior, de fecha 9 de diciembre de 2010, en la cual amplia estas exclusiones a otras dos mas, concretamente excluye: a) las reclamaciones que versen sobre servicios de tarficación adicional y b) aquellos expedientes en los que el asunto reclamado tenga una antigüedad superior a ocho meses, solicitanto la incorporación de estas dos nuevas limitaciones (folios 74 a 78).
3.- Inciado el procedimiento arbitral, designados los miembros del colegio arbitral y citadas las partes, el reclamante se ratifica en lo alegado en su reclamación y manifiesta "que realizó varias llamadas en diferentes días a concurso de televisión que no fueron contestadas, por lo que dejó de realizarlas, pero la empresa en la siguiente factura que emitió la empresa, le facturaron mas de 400€ por llamadas a 905, entendiendo el reclamante que es imposible realizar las llamadas facturadas por la empresa por ello considera que deben anularse dichos importes y excluir sus datos de la lista de morosos". El reclamado no asiste a la citación pese a estar debidamente notificado, (folios 91 y 92). El Laudo dictado por mayoría en fecha 29 de abril de 2013 recoge expresamente: "Oída la parte reclamante y examinados los documentos obrantes en el expediente, este Colegio Arbitral acuerda ESTIMAR la pretensión del reclmante. La empresa reclamada anulará la deuda por importe de 471,71 euros y realizará todas las gestiones conducentes a la exclusión de los datos del reclamante de cualquier listado de morosos en el que haya sido incluido por razón de la deuda que en este Laudo se anula. Esta disposición se adopta, teniendo en cuenta que la empresa reclamada no aporta información precontractual y contractual suficiente que justifique su pretensión".
4.- Notificado el Laudo a la hoy entidad actora, ésta interpone en tiempo y forma demanda de acción de nulidad de laudo arbitral.
Cuarto.—El primero de los motivos alegados en la mencionada demanda encuentra su amparo legal en el artículo 41. 1.a) de la Ley 60/2003, en base al cual el Convenio arbitral no existe o no es válido, por cuanto entiende que la Junta Arbitral de Consumo de Canarias no debió entrar a conocer de la reclamación formulada por el Sr. Norberto toda vez que se encuentra expresamente excluidos de la oferta pública sometida a arbitraje: 1.- Los servicios de tarificación adicional y 2.- Los asuntos de antigüedad superior a ocho meses.
La demanda presentada, aún haciendo referencia a ambos apartados, sin embargo no especifica ni aclara el referido al primero, no explicando qué tipo de facturación se encuentra afectada a tarificación adicional. Por otro lado, de la propia factura se desprende que el nombre sobre el que giran estas llamadas al 905 se denominan por la propia empresa facturante "servicios especiales: detalle de llamadas o mensajes a números con tarificación especial". Nada dice la factura, ni se explica por la actora, que tipo de llamadas son las que pertenecen al concepto de "tarificación adicional". La segunda de las exclusiones no ofrece duda.
La primera cuestión a debatir es si el motivo del arbitraje es susceptible o no de ser dilucidado a través de un procedimiento arbitral, pues la entidad actora entiende que se encuentra expresamente excluido según solicitud efectuada al Ministerio de Sanidad y Consumo por carta remitida a dicho organismo en fecha 9 de diciembre de 2010.
No puede estar de acuerdo esta Sala en la argumentación esgrimida por la parte actora por cuanto que si bien es cierto que existe esta salvedad, es mas cierto sin embargo que dicha salvedad hacía referencia a exclusiones solicitadas a partir de diciembre de 2010 y la factura controvertida corresponde a los servicios consumidos entre las fechas 16 de enero a 15 de febrero de 2008.
En consecuencia, la factura objeto de debate se encuentra encuadrada dentro de la oferta pública de sometimiento a arbitraje que en fecha 27 de julio de 2007 presentó la entidad France Telecom España S.A. al Ministerio de Sanidad y Consumo y, por tanto, no puede ser admitido que esta reclamación no forme parte del convenio arbitral, pues su conocimiento no se encuentra expresamente excluido de él por la propia empresa actora, no habiendo por tanto motivo de nulidad respecto del mismo.
Quinto.—Conocido es que la acción de anulación no es un recurso de apelación contra el Laudo dictado en el procedimiento arbitral y que el control jurisdiccional en que consiste la demanda de anulación se refiere solamente a la actuación de los árbitros in procedendo, dejando al margen el contenido intrínseco del laudo.
Las cuestiones que se susciten mediante la acción de anulación y que afecten a la resolución del fondo del asunto no deben de ser abordadas. ya que no constituye el cauce de la acción de anulación un recurso de apelación contra el laudo arbitral, esto es, un recurso que permita la nueva y plena valoración de los hechos y la íntegra revisión del derecho aplicable.
El control jurisdiccional que permite esta especifica vía impugnatoria queda circunscrito a la observancia de las formalidades o principios esenciales establecidos por la ley en cuanto al convenio arbitral, el procedimiento arbitral y el laudo y a la preservación del orden público, como se plasma y queda recogido en los tasados motivos de nulidad que enumera el artículo 41.1 de la Ley, cuya interpretación deber ser estricta, excluyendo cualquier otro que no se incardine en su ámbito, pues en otro caso se ".vulneraría el principio de inmodificabilidad de las decisiones judiciales firmes que le es de aplicación y, en última instancia, se desconocería la tutela judicial efectiva del beneficiado por él" (STC de 4 de octubre de 1993).
En lo concerniente al segundo de los motivos alegados en la demanda presentada, el cual se fundamenta en el apartado c) del art. 41.1 de la Ley de Arbitraje, por cuanto que, a su entender lo árbitros han resuelto sobre cuestiones no sometidas a su decisión, incurriendo en incongruencia extra petita al haber condenado al pago de la totalidad de la factura de fecha 16 de febrero de 2008, cuando el propio reclamante circunscribe la reclamación a aquellas dirigidas a la línea 905, otorgando validez a la existencia e importe del resto.
Pues bien, en lo concerniente a la denuncia que efectúa la parte actora relativa a la equivocación del árbitro respecto del concreto importe a que condenó a la entidad ORANGE en el Laudo, puesto que no descontó de la factura las llamadas a fijos y móviles, no le es posible a esta Sala y en este procedimiento efectuar la operación aritmética interesada, pues ello supondría entrar a realizar un reexamen del fondo que, como ya se ha dejado claro anteriormente, está vedado en este procedimiento.
Sin embargo, sí que se encuentra recogido en el artículo 41.1.c) de la mencionada Ley la resolución del Arbitro sobre una cuestión que no le competía, cual es la estimación en el Laudo dictado, de la anulación del importe total de la deuda, ya que el propio denunciante, D. Norberto interesa de la Junta Arbitral de Consumo de Canarias, la anulación de los importes de las llamadas efectuadas al un concurso televisivo así como la exclusión de la lista de morosos. La extralimitación viene dada, en consecuencia, por cuanto que el Laudo Arbitral dictado por la Junta Arbitral de Consumo de la Comunidad Autónoma de Canarias ha entrado a conocer y decidir acerca de la totalidad de la factura y en este sentido el Arbitro se ha extralimitado en su competencia, pues debió ceñirse sólo y exclusivamente a las pretensiones del actor, si las consideraba justas y ajustadas a Derecho, pues no hemos de olvidar el principio de rogación que preside la jurisdicción civil. El Laudo adoptado que acordó "estimar la pretensión del reclamante" así como "anular la deuda por importe de 471,71 euros y realizar todas las gestiones conducentes a la exclusión de los datos del reclamante de cualquier listado de morosos en el que haya sido incluido por razón de la deuda que en este Laudo se anula", se encuentra por encima de lo interesado por el propio reclamante hoy declarado en rebeldía, pues a lo largo de las alegaciones efectuadas por el reclamante, Sr. Norberto y recogidas en el expediente del procedimiento arbitral remitido a esta Sala, puede apreciarse que éste reconoce haber efectuado una o unas llamadas al teléfono 905 que recoge la factura, pero no todas las que constan en ellas y, por supuesto, nunca discute el resto de las llamadas efectuadas a fijos y móviles que también constan en dicha factura. Aún así, el Laudo arbitral dictado por el organismo antedicho, procede a anular la totalidad del importe de la factura, particular que nunca fue solicitado ni interesado por D. Norberto como materia objeto de arbitraje.
En consecuencia, debe ser estimada la causa recogida en el art. 41.1.a) de la Ley de Arbitraje, no pudiendo, sin embargo, entrar esta Sala a fijar ni a corregir la cantidad resultante en la factura, pues ello supondría entrar en el fondo del procedimiento arbitral, actividad prohibida en este concreto procedimiento.
Sexto.—Corolario de todo lo anterior, es que ha de estimarse parcialmente la demanda y ha de anularse el inciso del pronunciamiento del Laudo relativo a la anulación del concreto importe de 471,71€ acordada en el mismo, pues estimada la extra petitio, solo puede referirse el arbitraje a las llamadas de tarifación especial recogidas en la factura, toda vez que el resto no fue interesado por el reclamante y, por tanto, no pudo ser objeto de arbitraje.
Séptimo.—No ha lugar a la imposición de las costas del procedimiento por cuanto que el art. 394.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que la estimación parcial de la pretensión de los actores implica que no se haga especial imposición de costas procesales causadas en esta demanda de nulidad.
Que debemos estimar en parte la demanda de anulación de Laudo Arbitral interpuesta por la representación procesal de France Telecom España, S.A.U. (ORANGE) contra D. Norberto, relativa a Laudo Arbitral dictado por la Junta Arbitral de Consumo de Canarias en Expediente Arbitral NUM000 y, en consecuencia, anulamos el inciso relativo al concreto importe de 471,71€, según lo que expresamente se acuerda en el apartado SEXTO de los Fundamentos de Derecho de la presente Sentencia.