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Timestamp: 2019-07-21 08:37:13
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Matched Legal Cases: ['artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 3', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 7', 'artículo 21']

CPLT Jurisprudencia | Hernán Larraín Chaux con MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
Hernán Larraín Chaux con MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES Rol: C4350-16
Se dedujo amparo en contra de la Municipalidad de Las Condes, fundado en que dio respuesta negativa a una solicitud de información referente a las actas que dieron origen a la venta a particulares, y los pagos que se hicieron, por las 42 hectáreas de los parques municipales de los antiguos fundos Lo Recabarren y Lo Gallo. El Consejo acoge el amparo, toda vez que la causal de secreto invocada no se acredito de manera suficiente.
DECISIÓN AMPARO ROL C4350-16
Requirente: Hernán Larraín Chaux
Ingreso Consejo: 29.12.2016
En sesión ordinaria N° 791 del Consejo Directivo, celebrada el 7 de abril de 2017, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4350-16.
1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 01 de diciembre de 2016, don Hernán Larraín Chaux solicitó a la Ilustre Municipalidad de Las Condes las actas que dieron origen a la venta a particulares, y los pagos que se hicieron, por las 42 hectáreas de los parques municipales de los antiguos fundos Lo Recabarren y Lo Gallo.
2) RESPUESTA: La Ilustre Municipalidad de Las Condes respondió a dicho requerimiento de información mediante oficio N° 784, de fecha 28 de diciembre de 2016, señalando, en síntesis, de acuerdo a INF. N° 2304, de igual fecha, del director Jurídico, esta materia ya fue consulta en otra solicitud de información del mismo requirente, ocasión en que la Dirección de Obras Municipales informó que no contaba con los antecedentes solicitados, circunstancia que no ha variado hasta ahora. Hace presente que en la época a que se refiere la solicitud, las urbanizaciones eran tramitadas ante la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, y no ante la Dirección de Obras Municipales.
3) AMPARO: El 29 de diciembre de 2016, don Hernán Larraín Chaux dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Ilustre Municipalidad de Las Condes, fundado en que recibió respuesta negativa a su solicitud de información.
Agrega, que en la sesión del Concejo Municipal de Las Condes del 23 de diciembre de 1954 se habrían cedido a la entidad edilicia parte de los terrenos sobre los cuales versa el requerimiento. A su vez, señala que el Parque Lo Gallo aparecería como área verde en el plano oficial de urbanización de Las Condes de 1945, ratificado por el Plan Intercomunal de Santiago de 1960, y por el Plano Regulador Metropolitano de Santiago de 1994, sector que actualmente estaría íntegramente por edificios construidos a partir del año 1995.
Por ello solicita las actas que dieron lugar a la venta de dichos terrenos y los pagos que dichos particulares hicieron al comprar los referidos inmuebles.
4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado al Sr. Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Las Condes, mediante oficio N° 572, de fecha 10 de enero de 2017.
La Municipalidad reclamada, a través de Ord. Mun. N° 28, de fecha 26 de enero de 2017, presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis que, en atención a que la información es la misma reclamada en el amparo C3850-16, por economía procesal, reitera los descargos formulados en dicho procedimiento, en orden a que de acuerdo a lo informado por la Dirección de Obras Municipales, no poseería la información pedida, agregando que los inmuebles a que se refiere la solicitud de información, se encuentran ubicados en la comuna de Vitacura, y que a partir de los dichos del propio del reclamante, los antecedentes de las construcciones edificadas a partir del año 1995, necesariamente debieron contar con autorizaciones o permisos de edificación otorgados por la Dirección de Obras Municipales de Vitacura, conforme a la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza General.
Por otra parte, sostiene que la información sobre la propiedad de dichos inmuebles debe ser requerida al Conservador de Bienes Raíces de Santiago, en el respectivo Registro de Propiedad el cual es de libre acceso al público.
Por otra parte, se alegó la concurrencia de la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, por cuanto la solicitud de acceso a la información efectuada por el reclamante implicaría realizar un trabajo de investigación de un elevado número de actos administrativos y sus antecedentes, cuya atención requiere distraer indebidamente a los funcionarios municipales del cumplimiento regular de sus labores habituales, debido a que no existiría un límite temporal claro o determinado de búsqueda, ya que el reclamante habla de un plano de urbanización de 1945, una sesión del Concejo Municipal de Las Condes de fecha 23 de diciembre de 1954, del Plan Regulador Intercomunal de Santiago de 1960, el Plan Regulador Metropolitano de Santiago de 1994 y finalmente de construcciones de edificios de departamentos realizados a partir del año 1995. Asimismo, tampoco se singulariza para los efectos de la búsqueda de la información solicitada, el correspondiente acto o resolución o el número de expediente administrativo.
Además, la Dirección de Obras Municipales requeriría revisar y estudiar aquellas urbanizaciones realizadas con anterioridad a la constitución de la comuna de Vitacura, como consecuencia de la dictación de la ley N° 18.992, de 1990, a fin de comprobar las aseveraciones realizadas por el reclamante, siendo del caso señalar que antiguamente dichos trámites eran realizados ante la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo.
Finalmente, señala que las actas del Concejo Municipal de los años 1952, 1953 y 1954, fueron remitidas por el Municipio al Archivo Nacional de Chile, según consta de los comprobantes que remite, y además precisa que los registros de traspasos de terrenos de la Municipalidad de Las Condes a la Municipalidad de Vitacura, que se encuentran en el Departamento de Catastro e Informes Previos y en el Departamento de Urbanización, ambos de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Las Condes, indican el número del plano de loteo o subdivisión la resolución que lo aprueba.
1) Que, don Hernán Larraín Chaux solicitó a la Ilustre Municipalidad de las Condes las actas que dieron origen a la venta a particulares, y los pagos que se hicieron, por las 42 hectáreas de los parques municipales de los antiguos fundos Lo Recabarren y Lo Gallo, obteniendo respuesta denegatoria fundada en que de acuerdo a lo informado por la Dirección de Obras Municipales no se contaría con los antecedentes solicitados.
2) Que, en sus descargos la Municipalidad reclamada señaló que la información pedida es la misma reclamada en el amparo C3850-16 deducido en su contra por el mismo solicitante, razón por la cual reiteró lo señalado en dicha ocasión, en orden a que atendido lo informado por la Dirección de Obras Municipales la información solicitada no se encontraría en poder del Municipio, o bien, sería inexistente, y en todo caso, eventualmente, concurriría la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, por cuanto la solicitud de acceso a la información efectuada por el reclamante implicaría realizar un trabajo de investigación de un elevado número de actos administrativos y sus antecedentes, cuya atención requiere distraer indebidamente a los funcionarios municipales del cumplimiento regular de sus labores habituales, toda vez que a su juicio no existe un límite temporal claro o determinado de búsqueda, ya que el reclamante habla de un plano de urbanización de 1945, una sesión del Concejo Municipal de Las Condes de fecha 23 de diciembre de 1954, del Plan Regulador Intercomunal de Santiago de 1960, el Plan Regulador Metropolitano de Santiago de 1994 y finalmente de construcciones de edificios de departamentos realizados a partir del año 1995. Asimismo, tampoco se singulariza para los efectos de la búsqueda de la información solicitada, el correspondiente acto o resolución o el número de expediente administrativo.
3) Que, a modo de contexto, cabe tener presente que, en lo pertinente, de acuerdo al artículo 3 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2006, de Interior, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.695, orgánica constitucional de municipalidades, corresponderá a dichos órganos constitucionales, en el ámbito de su territorio: a) Elaborar, aprobar y modificar el plan comunal de desarrollo cuya aplicación deberá armonizar con los planes regionales y nacionales; b)La planificación y regulación de la comuna y la confección del plan regulador comunal, de acuerdo con las normas legales vigentes; e) Aplicar las disposiciones sobre construcción y urbanización, en la forma que determinen las leyes, sujetándose a las normas técnicas de carácter general que dicte el ministerio respectivo.
4) Que, conforme ha resuelto previamente este Consejo, en las decisiones de amparo Roles C1179-11, C1163-11 y C409-13, entre otras, la inexistencia de la información solicitada, constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. En efecto, esta alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder y debiendo acreditarla fehacientemente. Al respecto, la Instrucción General N° 10, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información, en el acápite sobre búsqueda de la información requerida, numeral 2.3, en su párrafo segundo, dispone que, en caso de no existir un acto administrativo que haya dispuesto la expurgación de los documentos pedidos, si el órgano público constata que no posee la información, luego de realizada su búsqueda, deberá agotar todos los medios a su disposición para encontrarla y, en caso de estimar que los hechos son susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria, instruir el correspondiente procedimiento sancionatorio.
5) Que, en el presente caso, ha sido posible determinar que el órgano requerido se limitó a señalar que de acuerdo a lo informado por la Dirección de Obras Municipales, la información solicitada no se encontraría en su poder, o bien, sería inexistente. Luego, esta sola afirmación no resulta suficiente para acoger la alegación de inexistencia invocada, no sólo porque el estándar exigido en torno a la búsqueda realizada con ocasión de esta solicitud de información, debe acreditarse mediante un acta de búsqueda que registre las diligencias efectivamente realizadas con ese fin, sino que también por la naturaleza de la información pedida, esto es, las actas del concejo municipal donde consten los acuerdos para proceder a la venta de inmuebles municipales que se indican, como asimismo los pagos recibidos por dichas ventas si existieren, constituye información de naturaleza pública que razonablemente pudiera obrar en más de una Dirección Municipal, y no restringir su búsqueda a lo que informe una de ellas, Dirección de Obras Municipales en el presente caso, razón por la cual se desestimará tal alegación.
6) Que, por otra parte, el órgano requerido junto con no acreditar haber realizado la búsqueda de la información pedida en todas sus dependencias, adicionalmente alegó que concurriría la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. Al respecto cabe tener presente que en virtud de la invocación de la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, puede denegarse la entrega de la información cuando su publicidad "afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido por tratarse de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado números de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus funciones habituales". Dicha norma ha sido desarrollada en el artículo 7° N° 1, letra c), del Reglamento de la citada ley, señalando que "(...) un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales".
7) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias que se estima no concurren en la especie.
8) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En la especie, a juicio de este Consejo, éste no ha sido el estándar demostrado por el órgano reclamado.
9) Que, de los antecedentes examinados, ha sido posible establecer que el órgano requerido para justificar la causal de reserva alegada, se limitó a señalar que la búsqueda de la información pedida implicaría realizar un trabajo de investigación de un elevado número de actos administrativos y sus antecedentes, cuya atención requiere distraer indebidamente a los funcionarios municipales del cumplimiento regular de sus labores habituales, sin hacer referencia alguna al tiempo, como a los recursos humanos y materiales que se requeriría destinar, en concreto, para proporcionar la información pedida, de modo tal de permitir apreciar la manera en que la entrega de lo pedido, efectivamente afecta el debido funcionamiento de sus funciones, razón por la cual a juicio de este Consejo, dichas argumentaciones no son suficientes para tener por configurada la hipótesis prevista en la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia.
10) Que, por otra parte, también debe desestimarse la alegación para eximirse de su obligación de entregar la información pedida, fundado que las actas municipales de los años 1952, 1953 y 1954, fueron remitidas por el Municipio al Archivo Nacional de Chile, por cuanto no se ha se logrado acreditar de manera alguna que en dichas actas se encontraría la información pedida, lo que se reitera, sólo es posible determinar realizando las búsquedas respectivas en todas sus unidades municipales conforme al estándar exigido por la Instrucción General N° 10 de este Consejo, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información.
11) Que, en virtud de lo señalado precedentemente, particularmente la normativa citada la información pedida debería obraren su poder, y no habiéndose acreditado las causal de reserva alegadas, se acogerá el presente amparo, y se ordenará a la Ilustre Municipalidad Las Condes proporcionar a don Hernán Larraín Chaux, copia de las actas que dieron origen a la venta a particulares, y los pagos que se hicieron, por las 42 hectáreas de los parques municipales de los antiguos fundos Lo Recabarren y Lo Gallo, o en su defecto, certifique mediante el acta respectiva, las diligencias de búsqueda que ha realizado respecto de dicha información, así como de los resultados obtenidos en virtud de ellas, informando y otorgando copia de estos antecedentes al solicitante.
I. Acoger el amparo deducido por don Hernán Larraín, en contra de la Ilustre Municipalidad de Las Condes, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.
II. Requerir al Sr. Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Las Condes:
a) Hacer entrega al reclamante copia de las actas que dieron origen a la venta a particulares, y los pagos que se hicieron, por las 42 hectáreas de los parques municipales de los antiguos fundos Lo Recabarren y Lo Gallo, o en su defecto, certifique mediante el acta respectiva, las diligencias de búsqueda que ha realizado respecto de dicha información, así como de los resultados obtenidos en virtud de ellas, informando y otorgando copia de estos antecedentes al solicitante.
III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Hernán Larraín Chaux y al Sr. Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Las Condes.