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Timestamp: 2018-02-21 03:11:35
Document Index: 250255800

Matched Legal Cases: ['Artículo 19', 'Artículo 34', 'Artículo 3', 'Artículo 12', 'artículo 3', 'artículo 3', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 11', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'artículo 11', 'Artículo 18', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 2', 'Artículo 9', 'Artículo 9']

Marco Legal - Asociación el Mundo de los ASI contra el abuso sexual infantil - Barcelona | El Mundo de los ASI
Las normas están para ayudar a los ciudadanos, para ayudar a las personas, han de ser del pueblo y para el pueblo. Las normas son el reflejo de una sociedad. Pero una norma en un papel no significa ni nos aporta nada si no se aplican correctamente. Si una sociedad tiene buenas normas para la defensa de los niños que las aplican estamos ante una sociedad sana. Nuestra sociedad está enferma. Necesitamos mejores normas estructuradas integralmente dirigidas a la protección de la infancia y que se apliquen de forma adecuada. Podemos tener muchas normas que protejan a nuestros niños de los abusos sexuales pero requerimos de profesores, profesionales de la salud, policías, abogados, fiscales y jueces especializados en la materia dispuestos a convertirlas en instrumentos reales de prevención, detección y actuación. La especialización en maltrato y abuso sexual infantil les dotará de seguridad siendo una apuesta segura en la dirección de la defensa de nuestros pequeños.
Para que un niño no sufra abusos, debe existir un marco legal de prevención que cumpla el objetivo tanto en el ámbito privado como en las Administraciones. Necesitamos buenos protocolos aplicables y aplicados con efectividad en las escuelas y hospitales. Para que un niño que sufre abusos pueda ser rescatado, debería haber una normativa vigente y eficaz aplicada para detectar los abusos. El niño ha de ser escuchado, poniendo por delante de todo el interés superior del menor.
Si queremos que el niño pueda recuperarse no debemos ofrecer un procedimiento judicial que se base en la revictimización y se eternice, sino que potenciaremos un sistema judicial que vele por los derechos del niño. No debemos permitir que la víctima se vea obligada a contar y revivir lo mismo una y otra vez afectando a su estabilidad emocional. Los procedimientos penales por delitos sexuales contra menores suelen ir muy cojos de prueba. Que haya una verdadera actividad probatoria y no se pierdan las pruebas para que los niños no sean castigados una y otra vez a revivir sus peores pesadillas. Los procedimientos deberían durar lo menos posible. Mientras prosigue el procedimiento, las normas han de proteger al niño para que no tenga contacto con el presunto abusador sexual. Es una perversión del sistema. Una vez termine el procedimiento judicial, necesitamos un marco legislativo que siga protegiendo el niño, que luche contra la estigma. Tenemos muchas normas, tenemos muchos protocolos pero los niños que sufren abusos sexuales siguen gritando sin ser escuchados ni protegidos. Queremos normas al servicio de los niños y al lado de quienes les apoyan.
Los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes están reconocidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como a su vez los tratados y convenciones internacionales que los desarrollan. Es nuestra responsabilidad como sociedad a garantizar sus derechos debido a su vulnerabilidad y necesidad de especial protección y cuidado.
Nuestra normativa en la protección de los derechos humanos de las niñas, los niños y adolescentes frente al abuso sexual proviene de tres ámbitos fundamentales:
Tratados de derecho internacional de derechos humanos ratificados por España
Tratados y otra normativa vinculante de ámbito europeo
Tratados de ámbito internacional que generan la obligación para el Estado de implementar esta normativa en el ordenamiento jurídico interno.
Proclama la presente Declaración de Derechos del Niño, a fin de que éste pueda tener una infancia feliz y gozar, en su propio bien y en bien de la sociedad, de los derechos y libertades que en ella se enuncian e insta a los padres, a los hombres y mujeres individualmente y a las organizaciones particulares, autoridades locales y gobiernos nacionales a que reconozcan esos derechos y que luchen por su observancia con medidas legislativas y de otra índole.
Convención sobre de los Derechos del Niño
La Convención sobre los Derechos del Niño, que define a los menores como todo ser humano menor de 18 años, contempla tres tipos de derechos:
De protección, como el derecho a la vida, a la convivencia familiar o contra todo tipo de abuso, violencia o explotación laboral.
De provisión, como el derecho a cuidados sanitarios, a un medio ambiente saludable o a los recursos para un adecuado desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.
De participación, como el derecho a una identidad y nacionalidad, a recibir información o a opinar con libertad.
Estos derechos se basan a su vez en cuatro principios fundamentales: la no discriminación; el interés superior del menor; el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo; y el derecho a la participación.
A diferencia de otras normas internacionales, la Convención incluye de forma explícita y con gran claridad los derechos económicos, sociales y culturales:
A la salud, a la educación y a la protección a través del acogimiento institucional o familiar cuando el menor no tiene familia o esta no puede asumir su cuidado.
A la justicia y a la presunción de inocencia.
A no ser reclutado o reclutada para participar en conflictos armados.
A que las tradiciones sociales, culturales o religiosas no interfieran en su salud.
A un nivel de vida adecuado para su pleno desarrollo personal.
Artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niñ@
Artículo 34 de la Convención sobre los Derechos del Niñ@
Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación y abuso sexuales.
Artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niñ@
La interpretación del interés superior del menor debe ser compatible con todas las disposiciones de la Convención, incluida la obligación de protegerles contra toda forma de violencia. Este principio no puede aducirse para justificar prácticas tales como castigos corporales y otras formas de castigos crueles o degradantes, que están reñidas con la dignidad humana y el derecho a la integridad física del niño. Lo que a juicio de un adulto es el interés superior del niño no puede primar sobre la obligación de respetar todos los derechos del niño enunciados en la Convención
Artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niñ@
El interés superior del niñ@ y el derecho de las niñ@s a ser escuchad@s
Prevenir todas las formas de violencia y promover la crianza positiva de los niños, haciendo hincapié en la necesidad de centrar los marcos nacionales de coordinación en la prevención primaria.
Invertir recursos humanos, financieros y técnicos suficientes en la aplicación de un sistema integrado de protección y atención del niño basado en los derechos.
Observación general Nº 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su interés superior
sea una consideración primordial
El artículo 3, párrafo 1, de la Convención sobre los Derechos del Niño otorga al niño el derecho a que se considere y tenga en cuenta de manera primordial su interés superior en todas las medidas o decisiones que le afecten, tanto en la esfera pública como en la privada. Además, esa disposición establece uno de los valores fundamentales de la Convención. El Comité enuncia uno de los cuatro principios generales de la Convención en lo que respecta a la interpretación y aplicación de todos los derechos del niño y lo aplica como un concepto dinámico debe evaluarse adecuadamente en cada contexto.
El “interés superior del niño” no es un concepto nuevo. En efecto, es anterior a la Convención y ya se consagraba en la Declaración de los Derechos del Niño, de 1959 y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer así como en instrumentos regionales y numerosas normas jurídicas nacionales e internacionales.
La Convención también se refiere explícitamente al interés superior del niño en otras disposiciones, a saber: separación de los padres; reunión de la familia; obligaciones de los padres; privación de un medio familiar y otros tipos de cuidado; adopción; separación de los adultos durante la privación de libertad , y garantías procesales, incluida la presencia de los padres en las audiencias de las causas penales relativas a los niños en conflicto con la ley. También se hace referencia al interés superior del niño en el Protocolo facultativo de la Convención relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía y el Protocolo facultativo de la Convención relativo a un procedimiento de comunicaciones.
El objetivo del concepto de interés superior del niño es garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la Convención y el desarrollo holístico del niño. El concepto holístico que abarca el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social del niño”). El Comité ya ha señalado que o que a juicio de un adulto es el interés superior del niño no puede primar sobre la obligación de respetar todos los derechos del niño enunciados en la Convención”. Recuerda que en la Convención no hay una jerarquía de derechos; todos los derechos previstos responden al “interés superior del niño” y ningún derecho debería verse perjudicado por una interpretación negativa del interés superior del niño.
a) Un derecho sustantivo: el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial que se evalúe y tenga en cuenta al sopesar distintos intereses para tomar una decisión sobre una cuestión debatida , y la garantía de que ese derecho se pondrá en práctica siempre que se tenga que adoptar una decisión que afecte a un niño, a un grupo de niños concreto o genérico o a los niños en general. El artículo 3, párrafo 1, establece una obligación intrínseca para los Estados, es de aplicación directa (aplicabilidad inmediata) y puede invocarse ante los tribunales.
b) Un principio jurídico interpretativo fundamental: si una disposición jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño. Los derechos consagrados en la Convención y sus Protocolos facultativos establecen el marco interpretativo.
c) Una norma de procedimiento: siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a un niño en concreto, a un grupo de niños concreto o a los niños en general, el proceso de adopción de decisiones deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones (positivas o negativas) de la decisión en el niño o los niños interesados. La evaluación y determinación del interés superior del niño requieren garantías procesales. Además, la justificación de las decisiones debe dejar patente que se ha tenido en cuenta explícitamente ese derecho. En este sentido, los Estados partes deberán explicar cómo se ha respetado este derecho en la decisión, es decir, qué se ha considerado que atendía al interés superior del niño, en qué criterios se ha basado la decisión y cómo se han ponderado los intereses del niño frente a otras consideraciones, ya se trate de cuestiones normativas generales o de casos concretos.
En la presente observación general, la expresión “el interés superior del niño” abarca las tres dimensiones arriba expuestas.
Obliga a establecer cauces efectivos de denuncia y obtención de justicia, lo que implica, en casos como los que sirven de base a este informe, la investigación diligente de los hechos y la sanción de los responsables, así como la adopción de medidas de protección y reparación para las víctimas.
Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter.
Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que:
Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales;
La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso judicial;
Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.
para la protección de los niños y niñas
contra la explotación y el abuso sexual
El nuevo Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual constituye un avance en la prevención de delitos sexuales contra menores, la persecución penal de sus autores y la protección de los niños víctimas de aquéllos.
La protección del menor es el núcleo esencial de este convenio, que se centra principalmente en el respeto de los derechos del menor, asegurando su bienestar, teniendo en cuenta sus opiniones, necesidades e inquietudes, y actuando en todo momento a favor del interés superior del menor.
¿Qué pide el Convenio a los Estados?
Seleccionar, reclutar y formar a las personas que trabajan en contacto con niños.
Garantizar que los menores son conscientes de los riesgos de explotación y abuso sexual así como de los medios para protegerse.
Garantizar medidas de intervención controladas regularmente, dirigidas tanto a delincuentes sexuales como a potenciales delincuentes y encaminadas a prevenir los delitos sexuales contra menores.
Establecer programas de apoyo a las víctimas y a sus familias. Poner en marcha una asistencia terapéutica y atención psicológica de urgencia.
Fomentar la denuncia cuando se tengan sospechas de la existencia de un caso de explotación o abuso sexual.
Crear líneas de asistencia telefónica y por Internet para prestar asesoramiento.
Medidas de derecho penal
Garantizar que determinadas conductas sean tipificadas como delitos, tales como realizar actividades sexuales con niños por debajo de la edad legal para realizarlas.
Tipificar como delito conductas que se sirven de las nuevas tecnologías, en particular Internet, para agredir sexualmente a los menores, por ejemplo, el ‘grooming’ o ciber-acoso infantil (proposiciones a menores con fines sexuales).
Establecer criterios comunes claros para garantizar la creación de un sistema punitivo que sea efectivo, proporcionado y disuasorio.
Reunir y almacenar los datos sobre delincuentes condenados por delitos sexuales contra niños.
Procedimientos de investigación y judiciales adecuados a los menores
Garantizar la adecuada protección de las niños y niñas víctimas durante los procedimiento, y procurar que no se agrave la experiencia traumática.
Proteger la intimidad, identidad e imagen de las víctimas.
Establecer medidas adaptadas a las necesidades de las víctimas, respetando los derechos de los niños y de sus familias.
Limitar al máximo el número de entrevistas con los menores, asegurando que éstas se realicen en entornos tranquilizadores, con profesionales formados a tal fin.
Crear un mecanismo de seguimiento específico para garantizar la aplicación del convenio. Con ello se pretende asegurar el cumplimiento del convenio por parte de los Estados, y su eficacia a largo plazo.
Este tratado, alineado con los postulados establecidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos de la infancia señala las medidas que deben adoptar los Estados miembros para prevenir, combatir y hacer justicia frente a la explotación y el abuso sexual infantil.
No existen estadísticas sobre el alcance del abuso sexual de menores en Europa, pero es bien sabido que el número de casos denunciados dista mucho del número de casos reales. Los datos disponibles muestran que en Europa la mayoría de los abusos sexuales de menores se cometen en el ámbito familiar, por parte de personas cercanas al niño, o per tenecientes a su entorno social. La protección de la infancia y adolescencia contra la violencia, especialmente la violencia sexual, ha sido, desde hace mucho tiempo, una cuestión prioritaria para el Consejo de Europa.
Con el fin de asegurar la aplicación efectiva de sus disposiciones por las Partes, el presente Convenio establece un mecanismo de seguimiento específico.
Artículo 6. Educación de los niños
Artículo 7. Programas o medidas de intervención preventiva
Artículo 8. Medidas destinadas al público en general
Cada Parte adoptará las medidas legislativas o de otro tipo que sean necesarias para prevenir o prohibir la difusión de materiales que hagan publicidad de los delitos tipificados con arreglo al presente Convenio..
Artículo 9. Participación de los niños, el sector privado, los medios de comunicación y la sociedad civil
Cada Parte fomentará la participación de los niños, según su etapa evolutiva, en la elaboración y aplicación de las políticas, programas u otras iniciativas públicas relacionadas con la lucha contra la explotación y el abuso sexual de los niños.
Cada Parte fomentará la participación de los niños, según su etapa evolutiva, en la elaboración y aplicación de las políticas, programas u otras iniciativas públicas relacionadas con la lucha contra la explotación y el abuso sexual de los niños..
Artículo 11. Principios de medidas de protección y asistencia a las víctimas
Cada Parte establecerá programas sociales eficaces y creará estructuras pluridisciplinares que presten el apoyo necesario a las víctimas, a sus parientes cercanos y a las personas a cuyo cargo se encuentren.
Cada Parte adoptará las medidas legislativas o de otro tipo que sean necesarias para que, en caso de incertidumbre en cuanto a la edad de la víctima y habiendo razones para creer que se trata de un niño, se le concedan las medidas de protección y de asistencia previstas para los niños, a la espera de que se averigüe su edad.
Artículo 13. Servicios de ayuda
Artículo 14. Asistencia a las víctimas
Cada Parte adoptará las medidas legislativas o de otro tipo que sean necesarias para prestar asistencia a las víctimas, a corto y a largo plazo, con vistas a su recuperación física y psicosocial. Las medidas adoptadas en aplicación del presente apartado tendrán debidamente en cuenta las opiniones, necesidades y preocupaciones del niño.
Cada Parte adoptará medidas, con arreglo a las condiciones previstas por su derecho interno, para cooperar con las organizaciones no gubernamentales, otras organizaciones competentes y otros elementos de la sociedad civil que participen en la asistencia a las víctimas.
Cuando los progenitores o las personas a cuyo cargo se encuentre el niño estén implicados en la explotación o abuso sexual cometido contra el mismo, los procedimientos de intervención que se adopten en aplicación del apartado 1 del artículo 11 comprenderán:la posibilidad de alejar al supuesto autor de los hechos; la posibilidad de alejar a la víctima de su entorno familiar. Las condiciones y la duración de dicho alejamiento se establecerán teniendo en cuenta el interés superior del niño.
Cada Parte adoptará las medidas legislativas y de otro tipo que sean necesarias para que las personas próximas a la víctima puedan beneficiarse, en su caso, de asistencia terapéutica, en particular de atención psicológica de urgencia.
Artículo 18. Abuso sexual
Cada Parte adoptará las medidas legislativas o de otro tipo que sean necesarias para tipificar como delito las siguientes conductas intencionales:
Recurriendo a la coacción, la fuerza o la amenaza; o abusando de una posición reconocida de confianza, autoridad o influencia sobre el niño, incluso en el seno de la familia; o abusando de una situación de especial vulnerabilidad del niño, en particular debido a una discapacidad psíquica o mental o una situación de dependencia.
A efectos de la aplicación del apartado 1, cada Parte determinará la edad por debajo de la cual no está permitido realizar actividades sexuales con un niño.
Las disposiciones del apartado 1.a no tienen por objeto regular las actividades consentidas entre menores.
Artículo 34. Investigaciones
Cada Parte adoptará las medidas necesarias para garantizar que las personas, unidades o servicios responsables de las investigaciones estén especializados en la lucha contra la explotación y el abuso sexual de los niños, o que las personas reciban formación a tal efecto. Dichas unidades o servicios contarán con recursos económicos suficientes.
Cada Parte adoptará las medidas legislativas o de otro tipo que sean necesarias para que la incertidumbre en cuanto a la edad de la víctima no impida la iniciación de la investigación penal.
Artículo 35. Entrevistas al niño
Cada Parte adoptará las medidas legislativas o de otro tipo que sean necesarias para que:
f) el niño pueda estar acompañado por su representante legal o, en su caso, por un adulto de su elección, salvo decisión motivada en contrario respecto de dicha persona.
Cada Parte adoptará las medidas legislativas y de otro tipo que sean necesarias para que las entrevistas a la víctima o, en su caso, a un niño testigo de los hechos, puedan ser grabadas en vídeo y para que dicha grabación sea admisible como medio de prueba en el procedimiento penal, de acuerdo con las normas previstas en el derecho interno.
En caso de incertidumbre en cuanto a la edad de la víctima o cuando existan motivos para creer que se trata de un niño, serán de aplicación las medidas prevista en los apartado 1 y 2 hasta que se averigüe su edad.
Artículo 36. Procedimiento penal
Cada Parte adoptará las medidas legislativas o de otro tipo que sean necesarias, con el debido respeto a las normas por las que se rige la autonomía de las profesiones judiciales, para que se ponga a disposición de todos los que intervienen en el procedimiento judicial, en particular jueces, fiscales y abogados, la formación apropiada en materia de derechos del niño y explotación y abuso sexual de los niños.
Cada Parte adoptará las medidas legislativas o de otro tipo que sean necesarias para que, de conformidad con las normas del derecho interno:
Directiva 2011/92/UE Parlamento Europeo relativa a la lucha
contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores
y la pornografía infantil
Los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores, incluida la pornografía infantil, constituyen graves violaciones de los derechos fundamentales y, en particular, de los derechos del niño a la protección y los cuida dos necesarios para su bienestar, tal como establecen la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989 y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
Se establece que en todas las medidas relativas a la infancia, ya sean adoptadas por las autoridades públicas o por instituciones privadas, el interés superior del menor sea la consideración primordial. Por otra parte, el Programa de Estocolmo — Una Europa abierta y segura que sirva y proteja al ciudadano, establece una clara prioridad para la lucha contra el abuso sexual y la explotación sexual de los menores, así como contra la pornografía infantil.
Los Estados miembros deben animar a cualquier persona que tenga conocimiento o sospechas de un caso de abusos sexuales o explotación sexual de un menor a que lo denuncie a los servicios competentes. Incumbe a cada Estado miembro determinar las autoridades competentes ante las cuales pueden denunciarse tales sospechas. Dichas autoridades competentes no deben limitarse a los servicios responsables de la protección de menores o a los servicios sociales pertinentes. El requisito de que la sospecha sea «de buena fe» tiene como finalidad evitar que la disposición se invoque para excusar la denuncia de hechos puramente imaginarios o falsos llevada a cabo dolosamente.
Las medidas de protección de los menores víctimas se adoptarán teniendo en cuenta el interés superior de estos y la evaluación de sus necesidades. Los menores víctimas deben disfrutar de un fácil acceso a las vías de recurso y medidas para tratar los conflictos de intereses cuando los abusos sexuales o la explotación de los menores se producen en el seno de la familia. Cuando deba designarse a un representante especial de un menor durante una investigación o enjuiciamiento penal, dicha función también podrá ser desempeñada por una persona jurídica, una institución o una autoridad pública. Además, los menores víctimas deben estar protegidos frente a las sanciones previstas en la legislación nacional sobre inmigración o prostitución, cuando pongan su caso en conocimiento de las autoridades competentes. Por otra parte, la participación de los menores víctimas en los procesos penales no debe causarles un trauma adicional, en la medida de lo posible, como consecuencia de los interrogatorios o del contacto visual con los delincuentes. Al llevar a cabo las actuaciones necesarias, un buen conocimiento de los menores y de su comportamiento cuando se enfrentan a experiencias traumáticas contribuirá a asegurar un óptimo procedimiento de obtención de pruebas y también a reducir la tensión que experimentan los menores.
Los Estados miembros deben considerar la posibilidad de ofrecer una asistencia a corto y largo plazo a las víctimas que sean menores. Todo daño causado por el abuso sexual y la explotación sexual de un menor es importante y debe tratarse. Debido a la naturaleza de los daños causados por el abuso sexual y la explotación sexual, la asistencia debe continuar durante todo el tiempo necesario hasta la recuperación física y psicológica del menor y, en su caso, puede durar hasta la edad adulta. Debe considerarse la posibilidad de ofrecer también asistencia y formación a los padres o tutores del menor víctima, siempre que no sean sospechosos de haber cometido la infracción, para ayudarles a apoyar al menor durante todo el procedimientos.
Los Estados miembros deben elaborar o reforzar sus políticas de prevención del abuso sexual y la explotación sexual de los menores —incluidas medidas destinadas a disuadir y disminuir la demanda, que estimula todas las formas de explotación sexual de menores— y medidas destinadas a reducir el riesgo de que los menores se conviertan en víctimas, mediante la información, las campañas de sensibilización y los programas de investigacióny educación. En este tipo de iniciativas, los Estados miembros deben adoptar un enfoque basado en los derechos de los menores. Debe velarse especialmente por que se garantice que las campañas de sensibilización orientadas a los menores sean adecuadas y fáciles de comprender. Debe tenerse en cuenta la posibilidad de establecer líneas de ayuda o líneas telefónicas directas
Los profesionales que tengan probabilidades de entrar en contacto con menores víctimas de abusos sexuales y explotación sexual deben contar con una formación adecuada para identificar a estas víctimas y relacionarse con ellas. Esta formación debe fomentarse entre los miembros de las categorías siguientes cuando puedan entrar en contacto con menores víctimas: agentes de policía, fiscales, abogados, miembros de poder judicial y funcionarios de los tribunales, puericultores y personal sanitario, pero también podría aplicarse a otros grupos de personas que pudieran entrar en contacto con menores víctimas de abusos sexuales y de explotación sexual en su actividad profesional.
Se alienta a los Estados miembros a crear mecanismos para la recogida de datos, o puntos de información, a nivel nacional o local y en colaboración con la sociedad civil, con objeto de observar y evaluar el fenómeno de los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores. Para poder evaluar adecuadamente los resultados de las acciones adoptadas para luchar contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil, la Unión debe seguir desarrollando su trabajo acerca de las metodologías y modos de recogida de datos para elaborar estadísticas comparables.
Los Estados miembros deben adoptar las medidas oportunas para la creación de servicios de información para facilitar información sobre cómo reconocer los indicios de explotación sexual y de abuso sexual.
La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en particular el derecho a la protección de la dignidad humana, la prohibición de la tortura y las penas o tratos inhumanos o degradantes, los derechos del menor, el derecho a la libertad y la seguridad, el derecho a la libertad de expresión e información, el derecho a la protección de datos personales, el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, y los principios de legalidad y proporcionalidad de las sanciones y los delitos. La presente Directiva se propone garantizar el pleno respeto de dichos derechos y principios y debe aplicarse en consecuencia.
El Código Civil también protege la integridad física y psicológica de los niños y las niñas en el ámbito de la familia y establece que la patria potestad se ejercerá siempre en beneficio de los hijos, de acuerdo con su personalidad, y con respeto a su integridad física y psicológica (art. 154). El Código Civil también faculta al juez a dictar en este sentido “cualquier medida” a fin de apartar al niño o la niña de un peligro o de evitarle perjuicios (art.158), incluida la suspensión del régimen de visitas e incluso la privación temporal de la patria potestad.
En el ámbito penal cuando un juzgado tiene conocimiento de un delito de abuso sexual contra un niño o una niña puede adoptar las medidas protectoras que le permite la Ley de Enjuiciamiento Criminal (arts. 13, 544 bis y 544 ter). Concretamente, estos preceptos hacen referencia al alejamiento del agresor y a la prohibición de comunicación con el niño o la niña. E incluso facultan al juez a enviar a prisión preventiva al agresor si existen motivos fundados de que pueda atentar contra la vida o la integridad física del menor de edad y el alejamiento no se estime suficiente.
Los procesos para resolver la situación legal y económica ante un divorcio, separación o nulidad matrimonial son un tipo de procesos especiales regulados en los artículos 748 a 755 y 769 a 778 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Entre las medidas a adoptar en estos procesos está la decisión sobre la guarda y custodia de los niños y las niñas afectados: si regirá un modelo de custodia compartida, o cuál de los progenitores ostentará la guarda y custodia, así como la determinación del régimen de visitas del otro. El enorme impacto de estas medidas en la vida de los niños y las niñas, que deberán ser adoptadas teniendo siempre en cuenta su interés superior, está en la base de una serie de características que se han establecido en la ley y articulado jurisprudencialmente y que diferencian estos procesos de los civiles ordinarios. Entre ellas, cabe destacar la tramitación preferente de estos procedimientos, la exclusión de publicidad y la discrecionalidad del juez para solicitar las pruebas y adoptar las medidas que considere que más se ajustan a la realización del interés superior del niño o la niña afectado (en contraposición al principio de justicia rogada característico de los procesos civiles ordinarios).
Ley Orgánica 1/1996
de modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
15 de enero 1996
Artículo 2 Interés superior del menor
Todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan, tanto en el ámbito público como privado. En la aplicación de la presente ley y demás normas que le afecten, así como en las medidas concernientes a los menores que adopten las instituciones, públicas o privadas, los Tribunales, o los órganos legislativos primará el interés superior de los mismos sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir.Las limitaciones a la capacidad de obrar de los menores se interpretarán de forma restrictiva y, en todo caso, siempre en el interés superior del menor.
A efectos de la interpretación y aplicación en cada caso del interés superior del menor, se tendrán en cuenta los siguientes criterios generales, sin perjuicio de los establecidos en la legislación específica aplicable, así como de aquellos otros que puedan estimarse adecuados atendiendo a las circunstancias concretas del supuesto:
En caso de concurrir cualquier otro interés legítimo junto al interés superior del menor deberán priorizarse las medidas que, respondiendo a este interés, respeten también los otros intereses legítimos presentes.En caso de que no puedan respetarse todos los intereses legítimos concurrentes, deberá primar el interés superior del menor sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir.Las decisiones y medidas adoptadas en interés superior del menor deberán valorar en todo caso los derechos fundamentales de otras personas que pudieran verse afectados.
Toda medida en el interés superior del menor deberá ser adoptada respetando las debidas garantías del proceso y, en particular:
Artículo 9 Derecho a ser oído y escuchado
El menor tiene derecho a ser oído y escuchado sin discriminación alguna por edad, discapacidad o cualquier otra circunstancia, tanto en el ámbito familiar como en cualquier procedimiento administrativo, judicial o de mediación en que esté afectado y que conduzca a una decisión que incida en su esfera personal, familiar o social, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones, en función de su edad y madurez. Para ello, el menor deberá recibir la información que le permita el ejercicio de este derecho en un lenguaje comprensible, en formatos accesibles y adaptados a sus circunstancias.
Artículo 9 redactado por el apartado cuatro del artículo primero de L.O. 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia («B.O.E.» 23 julio).Vigencia: 12 agosto 2015
Circular 3/2009 sobre protección de menores víctimas
Las Sras/Sres. Fiscales deberán también tener presente que las causas que mayores problemas plantean en relación con el testigo menor (normalmente también víctima) son las relativas a abusos y agresiones sexuales. En estas causas, un juicio erróneo o una investigación archivada prematuramente puede tener consecuencias extraordinarias no sólo para los implicados en el proceso en curso sino para potenciales víctimas, por lo que es extremadamente importante que todas las investigaciones de presuntos abusos sexuales sean de la mayor calidad posible y que se les otorgue prioridad respecto a otras investigaciones criminales.
Cuando la única prueba de cargo se fundamente en las manifestaciones efectuadas desde la acusación, y concretamente cuando se trate de menores víctimas de delitos sexuales, debe compatibilizarse «la valoración como prueba de cargo de la declaración de la víctima, con la necesaria salvaguardia de los principios fundamentales que caracterizan un sistema democrático de Justicia Penal y específicamente el derecho a la defensa, el derecho a un proceso con las debidas garantías, el principio de contradicción, el principio de igualdad de armas entre acusación y defensa, el principio constitucional de presunción de inocencia o el de interdicción de la indefensión» pues, «siendo unánimemente reconocida la necesidad de tutelar eficazmente la indemnidad sexual de los menores, así como la de minimizar los efectos negativos de su ineludible intervención en el proceso, adoptando para ello las necesarias cautelas, ha de convenirse también en que estos objetivos no pueden alcanzarse a través de la creación de un modelo procesal excepcional, de carácter cuasi-inquisitorial, en el que se invierta la carga de la prueba sustituyéndose el deber de la acusación de probar la culpabilidad por la obligación de la defensa de probar la inocencia, se prescinda de la inmediación y de la contradicción, o se impida a la defensa el acceso directo a las fuentes de prueba, con las precauciones que se estimen procedentes, desequilibrando con ello la balanza del proceso en favor de la acusación, única parte a quien se permite dicho acceso, sin posibilidad de contradicción»
Desde la perspectiva de las necesidades de los menores víctimas y testigos, dos son las ideas básicas a tener presentes como pórtico de reflexión:
Una primera idea es la de que las diligencias que recaigan sobre el menor van a ser generalmente perturbadoras, cuando no traumáticas para él. Por tanto, deben evitarse en la medida de lo posible las duplicidades en exploración de médicos, evaluación de psicólogos, psiquiatras y análogos y en las tomas de declaración, y procurarse los diagnósticos, exploraciones o evaluaciones conjuntas.
Las Sras/Sres. Fiscales deberán, por tanto, eludir la repetición de declaraciones de menores, salvo en los casos estrictamente necesarios, a fin de evitarles el sufrimiento de volver a relatar y revivir ante personas extrañas un suceso para ellos traumático. Con esta finalidad puede resultar conveniente dar pautas a la Policía Judicial, para que en casos en que sea especialmente perturbador tomar declaración al menor, se prescinda de la misma y se le traslade al Juzgado de Guardia para, en su caso, preconstituir la prueba. Siempre que las circunstancias lo permitan debiera prescindirse de la declaración policial del menor, especialmente cuando el mismo sea víctima del delito y fundamentalmente cuando éste sea de naturaleza sexual.
La segunda idea clave procede también de los estudios psicológicos sobre niños testigos. Se evidencia en ellos que la recuperación emocional del menor no empieza hasta la resolución del caso. Uno de los más importantes factores de estrés de los testigos infantiles es el tiempo que transcurre entre los hechos y la resolución del caso por la Justicia. Cuando el presunto delito se ha cometido dentro de la familia del menor, la posibilidad de resolver el conflicto familiar difícilmente puede operar hasta tanto no ha recaído una Sentencia o Auto de sobreseimiento firme. Por ello, las causas con menores implicados, especialmente cuando éstos sean las víctimas, deben ser objeto de una tramitación especialmente rápida. A tales efectos, las Sras/Sres. Fiscales, en su papel de impulsores del proceso penal, redoblarán sus esfuerzos para remover cualquier obstáculo que ralentice la solución de estos procedimientos.
La presencia de los representantes legales del menor, y, en su caso, de los guardadores, que sin ser representantes se ocupen del mismo –en principio recomendable para dar mayor seguridad y confianza al menor- habrá de exceptuarse además de cuando los representantes o guardadores sean los propios imputados -pues en tales casos se desnaturalizaría su presencia en el acto, cuyo sentido es precisamente el de amparar y dar tranquilidad al menor-, cuando existan conflictos de intereses entre representantes y menor que justifiquen la exclusión. También podrá ser fundamento de la exclusión la existencia de indicios que lleven a la fundada creencia de que los progenitores persiguen que el menor no colabore con la Administración de Justicia.
Facultativamente el párrafo tercero del art. 433 LECrim también prevé que puedan asistir expertos. Habrá de entenderse por tales personas cualificadas profesionalmente para orientar sobre el modo más adecuado de abordar al menor, esto es, psicólogos infantiles, pedagogos o psiquiatras. Las circunstancias del caso serán las que marcarán la necesidad o conveniencia de esta asistencia técnica, que se incrementará cuando el menor sea, además de testigo, víctima, y atendiendo especialmente a su edad, en cuanto normalmente para los denominados menores maduros no será necesario. También la índole del delito será determinante para calibrar tal necesidad.
El Fiscal puede interesar la grabación de la declaración como un modo específico de documentación, cuando se prevea que no podrá declarar en el juicio oral o se considere que el grado de victimización secundaria resulte especialmente intenso y perjudicial. A estos efectos, es conveniente que en el informe psicológico del perito se pronuncie sobre el riesgo que puede suponer la declaración para el equilibrio psicológico del niño. Si los expertos desaconsejan fundadamente la citación, como regla general los Fiscales no citarán a los menores de edad para el acto del juicio oral.
En los interrogatorios, los Fiscales deberán realizar los esfuerzos necesarios por modificar el lenguaje jurídico utilizando una terminología adecuada al nivel de desarrollo del niño. Dado que el recuerdo libre incrementa la exactitud, es preferible iniciar el interrogatorio de manera que sea el propio testigo menor quien cuente lo que ha visto y percibido, para a continuación -y sólo a continuación- pasar a hacerle preguntas sobre puntos que puedanpermanecer oscuros o sobre otros detalles adicional es sobre los que se precise información, advirtiendo al menor que conteste sólo sobre lo que recuerde. Debe prima facie utilizarse la forma narrativa y a posteriori, progresivamente, preguntas cada vez más estructuradas.
Cuando un testigo es menor entiende la Circular que debe automáticamente entenderse que su comparecencia resulta gravosa o perjudicial y que, por tanto puede acudirse al uso de video conferencia. No siempre la utilización de mamparas o medios análogos tiene suficiente capacidad como mecanismo neutralizador de efectos de victimización secundaria. Como cautelas adecuadas debe tenerse en cuenta el acompañamiento de un familiar, las limitaciones a la publicidad, la suspensión temporal del juicio o la declaración sin confrontación visual con los acusados. La utilización de las mamparas habrá de realizarse tratando por un lado de impedir el contacto visual entre menor y acusado y al mismo tiempo permitiendo que el menor siga teniendo contacto visual con la persona o persona que le acompañen para prestarle apoyo, y sea visto por el Tribunal, el Ministerio Fiscal y los Letrados de las partes.
Elisabet Garcia - Abogada