Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-sl3688-2017-42108-de-marzo-15-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_ed27f98120e44fb68c435a1ec94ce4b8&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-22 17:09:38
Document Index: 326169885

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 56', 'ARTÍCULO 430', 'artículo 4', 'artículo 379', 'artículo 7', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 61', 'artículo 16', 'artículo 44', 'artículo 16', 'artículo 65', 'artículo 65', 'artículo 65', 'artículo 366']

﻿ SENTENCIA SL3688-2017/42108 DE MARZO 15 DE 2017
SENTENCIA SL3688-2017 DE 15 DE MARZO DE 2017
CONTENIDO:CESE DE ACTIVIDADES EN EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS NO PUEDE GENERAR EL NO PAGO DE SALARIO. SE RECUERDA QUE A LA LUZ DEL ARTÍCULO 56 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y DEL ARTÍCULO 430 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, LA HUELGA ES UN DERECHO CONSTITUCIONAL. SIN EMBARGO, LA MISMA ESTÁ PROHIBIDA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES. AL RESPECTO, SE EXPLICA QUE LA CALIFICACIÓN DE LA LEGALIDAD O ILEGALIDAD DEL CESE DE ACTIVIDADES SE ENCUENTRA ASIGNADA A LA JURISDICCIÓN ORDINARIA LABORAL Y ACLARÓ QUE CON ANTELACIÓN A LA LEY 1210 DEL 2008 ESTA FACULTAD ESTABA ATRIBUIDA AL MINISTERIO DEL TRABAJO. DE IGUAL FORMA, SE INDICA QUE A ESTA AUTORIDAD LE CORRESPONDE VERIFICAR SI EN EFECTO SE PRODUJO LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES Y DETERMINAR SI FUE TOTAL O PARCIALEL CARÁCTER DE SERVICIO PÚBLICO ESENCIAL QUE CUMPLE LA EMPRESALA AFECTACIÓN DEL SERVICIO A LA COMUNIDADSU CARÁCTER DE SER PACÍFICA Y EL AGOTAMIENTO DE LOS PASOS PREVIOS A SU DECLARATORIA, ENTRE OTROS ASPECTOS. SUMADO A ELLO, SE PRECISÓ QUE ESTOS ACTOS ADMINISTRATIVOS GOZAN DE PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD, HASTA QUE LA MISMA NO SE DESVIRTÚE ANTE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EN TAL VIRTUD, SE CONCLUYE QUE LA FALTA DE PAGO DE SALARIOS POR PARTE DEL EMPLEADOR CUANDO EXISTE UNA RESOLUCIÓN DONDE SE HAYA DECLARADO LEGAL EL CESE DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS PÚBLICOS NO TIENE JUSTIFICACIÓN RAZONABLE Y SE AGREGA QUE NO SE AJUSTA A LOS POSTULADOS DE LA BUENA FE LA CONDUCTA DE UN EMPLEADOR QUE PESE A OBTENER LA DECLARATORIA DE LEGALIDAD DE LA HUELGA OPORTUNAMENTE EMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE PERSISTE EN SOSTENER UNA PRESUNTA ILEGALIDAD Y EN MATERIALIZAR LOS EFECTOS DE LA MISMA, COMO EL DESCUENTO DE SALARIOS, CONTRARIANDO DECISIONES LEGÍTIMAMENTE ADOPTADAS Y EN FIRME.
TEMAS ESPECÍFICOS:SALARIO, EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS, HUELGA, RECURSO DE CASACIÓN, PAGO DEL SALARIO, PROHIBICIÓN DE HUELGA
Sentencia SL3688-2017/42108 de marzo 15 de 2017
SL3688-2017
Rad. 42108
Interpuesto por el apoderado de la Electrificadora del Tolima S.A. E.S.P. —en Liquidación—, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
Pretende el recurrente que la Corte case parcialmente la sentencia recurrida, en cuanto revocó la decisión del a quo y ordenó el pago de 8 días de salario, prima de antigüedad, indemnización moratoria y reliquidación de prestaciones sociales, para que, en sede de instancia, confirme la decisión absolutoria emitida en la primera instancia.
Con tal propósito formula cinco cargos, que fueron replicados y que pasan a ser examinados por la Corte.
Acusa la sentencia recurrida de “…violar directamente, por infracción directa, los artículos 430, 449, 450 y 451 del CST; 56 de la Constitución Política; 1º del Decreto Extraordinario 753 de 1956; 64 y 65 de la Ley 50 de 1990; 1º y 4º de la Ley 142 de 1994; lo que condujo a la aplicación indebida de los artículos 27, 51.7, 53, 57.4, 59, 54, 140, 149, 429, 379 y 467 del CST; 28 y 29 de la Ley 789 de 2002 y 7º de la Ley 584 de 2000”.
En desarrollo del cargo, el censor subraya que, de conformidad con los artículos 56 de la Constitución Política y 430 del Código Sustantivo del Trabajo, está prohibida la realización de ceses colectivos de trabajo en servicios públicos esenciales como el que prestaba la demandada, con arreglo a lo previsto en el artículo 4º de la Ley 142 de 1994, de manera que la demandante no podía suspender sus labores y debía prevalecer el interés general de la comunidad sobre su derecho de huelga.
En ese sentido, aduce que el Tribunal dejó de aplicar las normas que definen las actividades de la demandada como servicio público esencial y las que prohíben la huelga en tales condiciones, para lo cual resultaba irrelevante que el cese de actividades obedeciera a una retención ilegal de salarios. Indica, además, que el Tribunal aplicó indebidamente el literal e) del artículo 379 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 7º de la Ley 584 de 2000, pues, repite, la demandante no podía participar en una huelga sobre servicios públicos esenciales, y arguye que si así lo hubiera tenido en cuenta el Tribunal, no hubiera aplicado indebidamente las demás disposiciones enlistadas en el cargo, ni habría sentado el grave precedente de legitimar los ceses colectivos de actividades en servicios como los de los hospitales y clínicas.
Estima que en el cargo se pretende obtener una declaratoria de ilegalidad de una huelga “…que nunca se realizó, además de no ser el mecanismo, la época ni la vía para hacerlo…” Afirma también que no puede confundirse la huelga con un cese de actividades generado por el empleador y declarado legal, con el ánimo de justificar la conducta arrogante de la entidad demandada, al realizar una retención indebida de salarios.
Acusa la sentencia del Tribunal de “…violar directamente, por interpretación errónea los artículos 430, 449, 450 y 451 del CST; 56 de la Constitución Política; 1º del Decreto Extraordinario 753 de 1956; 64 y 65 de la Ley 50 de 1990; 1º y 4º de la Ley 142 de 1994; 27, 51.7, 53, 57.4, 59, 65, 140, 149, 429, 379 y 467 del CST; 28 y 29 de la Ley 789 de 2002 y 7º de la Ley 584 de 2000”.
En desarrollo del cargo, el censor advierte que el Tribunal apoyó inadecuadamente su decisión en la sentencia de la Corte Constitucional C 1369 de 2000 y, con base en ella, consideró que, en la medida en que el cese de actividades tenía una causa imputable al empleador, procedía el pago de salarios. Tilda de errónea esa intelección, pues:
… si bien es indiscutible que hoy en día existe en Colombia la llamada “huelga imputable al empleador”, que permite el pago de salarios durante un cese de actividades, tal figura no tiene alcance general ni absoluto impartido por el juzgador, y mucho menos respecto de actividades calificadas constitucional y legalmente como servicios públicos esenciales. Dicho en otras palabras la cabal exégesis de los preceptos constitucionales y legales enlistados en la proposición jurídica, consiste en que aún en la hipótesis de existir causa imputable al empleador en el no pago oportuno de salarios, los trabajadores que laboren en entidades calificadas legalmente como de servicios públicos esenciales, no están habilitados para suspender labores porque con ello afectan los intereses de la comunidad y otros bienes jurídicos de mayor valía.
Reitera que, de acuerdo con lo establecido en los artículos 56 de la Constitución Política, 430 del Código Sustantivo del Trabajo y 4º de la Ley 142 de 1994, están prohibidos los ceses de actividades en servicios públicos esenciales como el de suministro de energía eléctrica, de manera que la demandante no estaba autorizada para suspender sus labores y debían prevalecer los intereses generales de la comunidad, como lo sostuvo esta Corporación respecto del cese de actividades adelantado en el año 2008 por la rama judicial.
Destaca que a pesar de que el Ministerio de Trabajo declaró la legalidad del cese de actividades realizado por el incumplimiento de las obligaciones del empleador, la entidad demandada negó sistemáticamente el pago de los salarios y desacató la presunción de legalidad de los referidos actos administrativos, que tampoco demandó ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, lo que constituye prueba de su mala fe.
Los dos primeros cargos se analizan de manera conjunta, en la medida en que se encaminan por la misma vía, se apoyan en un conjunto de argumentos íntimamente relacionados y tienden, en la misma dirección, a desvirtuar la conclusión del Tribunal de que la demandada estaba en la obligación de pagar los 8 días de salarios que dejaron de ser cancelados por la ejecución de un cese de actividades.
En esencia, el censor intenta demostrarle a la Corte que el Tribunal no tuvo en cuenta las disposiciones constitucionales y legales que, a la vez que garantizan el derecho a la huelga, prohíben su ejercicio en servicios públicos esenciales, como el de energía eléctrica, de manera que la demandante no podía suspender sus labores y, al haberlo hecho, la entidad demandada estaba legitimada para dejar de pagarle el salario.
Precisado lo anterior, para la Corte, como lo aduce la réplica, el censor lo que pretende, en últimas, es revivir, inadecuada y extemporáneamente, la discusión en torno a la legalidad del cese de actividades desarrollado por los trabajadores de la demandada en el mes de septiembre del año 2001, por recaer sobre un servicio público esencial.
En efecto, es cierto que el Tribunal no abordó algún tipo de examen en torno a la naturaleza esencial de los servicios que prestaba la Electrificadora del Tolima S.A. E.S.P., pero porque partió de la base de que ese análisis ya había sido realizado por la entonces autoridad competente para esos fines, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En ese sentido, a folios 67 y 68 obra copia de la Resolución 1990 del 21 de noviembre de 2001, en la que esta última autoridad analizó la petición de ilegalidad del cese de actividades presentada por la entidad demandada, entre otras cosas, por la prohibición de promover la huelga en servicios públicos esenciales, y concluyó que se trataba de un cese parcial, imputable al incumplimiento de las obligaciones laborales del empleador, además de que, “…en modo alguno, pudo haberse presentado una interrupción total de la prestación del servicio de energía…” En tal orden, no accedió a la solicitud de que se declarara la ilegalidad del cese de actividades.
El referido acto administrativo gozaba de presunción de legalidad, pues no se demostró que la misma hubiera sido desvirtuada ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, a través de las acciones pertinentes, de manera que el Tribunal no incurrió en error jurídico alguno al partir de la base de que el cese de actividades había sido declarado legal y, como consecuencia, al dejar de lado la discusión relacionada con su validez, por recaer sobre un servicio público esencial.
En otros términos, una vez juzgada definitivamente la legalidad del cese de actividades por la autoridad competente, al Tribunal, en el marco de sus competencias, únicamente le estaba dado revisar si, en las condiciones particulares del caso, era dable disponer el pago de los salarios descontados por el empleador, en la forma pedida en la demanda, sin reabrir discusiones zanjadas, como la de la presunta afectación de un servicio público esencial, o juzgar la legalidad de los actos administrativos expedidos por el entonces Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social.
Por lo demás, aparte de lo anterior, el censor no se ocupa de desvirtuar la conclusión del Tribunal con arreglo a la cual en el marco de ceses colectivos de actividades imputables al empleador resulta ilegal el descuento de los salarios de los trabajadores. Asimismo, en todo caso, esa conclusión se encuentra acorde con la jurisprudencia de esta Sala, que, en procesos seguidos contra la misma entidad aquí recurrente, ha sostenido:
Aun cuando es cierto lo que afirma el impugnante, en el sentido de que por virtud de las normas enlistadas en la proposición jurídica, esto es los artículos 56 de la Constitución Política y 430 del Código Sustantivo del Trabajo, la huelga está prohibida en los servicios públicos esenciales, la calificación de la legalidad o ilegalidad del cese de actividades se encuentra asignada a la jurisdicción ordinaria laboral, pues antes de la Ley 1210 de 2008, le estaba atribuida al Ministerio del Trabajo y de la Seguridad Social, autoridad a la que le corresponde verificar si en efecto se produjo la suspensión de actividades, si fue total o parcial, el carácter de servicio público esencial que cumple la empresa, la afectación del servicio a la comunidad, su carácter de ser pacífica y el agotamiento de los pasos previos a su declaratoria, entre otros aspectos.
Y fue precisamente en virtud del ámbito de su competencia, que el Ministerio del Trabajo y de la Seguridad Social, antes de la Protección Social, mediante Resolución 1990 del 21 de noviembre de 2001, confirmada en la 166 del 15 de febrero de 2002, determinó, que el cese de actividades fue legal, y se trató de una alteración parcial del servicio, derivado de causas imputables al empleador, por su incumplimiento en el pago de los salarios a los trabajadores apoyado en la sentencia de la Corte Constitucional C-473 de 1994.
Conforme a lo destacado, si la autoridad competente que para esa época como se dijo, era el Ministerio del Trabajo y de la Seguridad Social, dedujo que no era ilegal el cese de actividades, con base en las razones rememoradas, cuya decisión estructuró un acto administrativo que goza de presunción de legalidad, mientras no haya sido anulado por la jurisdicción contenciosa administrativa, circunstancia que no aparece demostrada en el proceso, no encuentra la Corte como pudo incurrir el Tribunal en la violación de las normas denunciadas.
Lo advertido, por cuanto la orden que impartió el sentenciador de alzada al disponer el pago de los ocho (8) días de salario al actor, fue consecuencia de no haber encontrado justificación alguna del empleador en la falta de cancelación de la remuneración al trabajador en los días del cese de actividades, a pesar de haber sido la empresa generadora de esa suspensión de labores en razón del incumplimiento en el pago de sus obligaciones contractuales.
Impone destacar, que la misma Corte Constitucional en diferentes sentencias, entre las cuales puede rememorarse la CC C-1369 de 2000, tiene precisado que “constitucionalmente se justifica el no pago de salarios y de los demás derechos laborales, cuando la huelga es ilícita y no imputable al empleador, no así cuando la conducta de este es la causa del conflicto colectivo y de la cesación colectiva de labores”, y como ya se dejó consignado, existió culpa imputable a la empresa en el cese. (CSJ SL10551-2015).
Con fundamento en lo anterior, los cargos resultan infundados.
Acusa la sentencia recurrida de violar “…por la vía indirecta, por aplicación indebida, los artículos 27, 43, 65, 127, 467, 468, 469, 478 y 480 del Código Sustantivo del Trabajo; 4º, 6º, 13, 53, 55, 58, 123, 128, 209 y 230 de la Carta Política; 1502 y 1741 del Código Civil…”.
Alega que el Tribunal incurrió en los siguientes errores de hecho manifiestos:
“1. Dar por demostrado, sin estarlo, que conforme al texto convencional aplicable, suscrita (sic) el 10 de mayo de 2002 entre la Electrificadora del Tolima S.A. E.S.P., y el Sindicato de Trabajadores de la Electricidad de Colombia, “Sintraelecol, para efectos de la proporcionalidad de la prima de antigüedad a la demandante se debe tener en cuenta “el 80% sobre el tiempo servido previsto para adquirirse el derecho al pago de la prima de antigüedad”.
2. No dar por demostrado estándolo, que según el referido texto convencional aplicable, en caso de retiro del trabajador, la prima de antigüedad se debía pagar proporcionalmente al tiempo servido, solo “cuando este sea equivalente a un término no inferior al 80% de lo previsto para cada uno de los reconocimientos de que tratan los numerales 1º 2º, 3º y 4º del ordinal c) del presente artículo”.
3. No dar por probado, estándolo, que conforme a la convención colectiva de trabajo aplicable a la demandante, el derecho al reconocimiento proporcional de la prima de antigüedad, en los porcentajes establecidos en el literal c) del artículo 16 de la Convención Colectiva, se causaba de manera única y exclusiva, cada 5 años, teniendo en cuenta la fecha de ingreso a la Entidad y por fracción, en caso de retiro, si la fracción era igual o superior al 80%, del tiempo laborado en el respectivo quinquenio.
4. Dar por demostrado, sin estarlo que el derecho a la prima de antigüedad se pagaría proporcionalmente al tiempo servido, siempre y cuando fuera equivalente a un término no inferior al 80% del tiempo previsto para cada uno de los eventos previstos en los numerales 1º, 2º, 3º y 4º del literal C) del artículo 16 del Acuerdo Convencional y en el evento del numeral 5º, proporcional al tiempo servido.
5. No dar por demostrado, estándolo, que para acceder al derecho al pago de la prima de antigüedad, de acuerdo con los porcentajes establecidos en los numerales 1º, 2º, 3º, 4º, del literal C) del artículo 16, de la Convención Colectiva, se requería haber laborado por lo menos el 80% del tiempo del respectivo quinquenio, que da origen al derecho, es decir haber laborado 48 meses como mínimo, con posterioridad al último quinquenio pagado.
6. Dar por demostrado, sin estarlo que el derecho al reconocimiento proporcional de la prima de antigüedad, estipulada en la aludida convención colectiva se adquiere, sin reunir el requisito de haber laborado el 80% del respectivo quinquenio.
Agrega que los anteriores yerros se produjeron como consecuencia de la apreciación errónea de la convención colectiva de trabajo suscrita el 10 de mayo de 2002, entre la Electrificadora del Tolima y Sintraelecol.
En desarrollo de la acusación, el censor destaca que el Tribunal fundamentó su condena al pago de la prima proporcional de antigüedad en el hecho de que debía tenerse en cuenta el “…80% sobre el tiempo servido previsto para adquirirse el derecho al pago de la prima de antigüedad”. Luego, reproduce el texto del literal c) del artículo 16 de la convención colectiva y afirma:
De la simple confrontación entre la cláusula convencional aplicable y lo asentado por el Tribunal se desprende una radical oposición, puesto que para efectos del derecho al pago proporcional de la prima de antigüedad, cuando el trabajador no ha cumplido la totalidad del correspondiente quinquenio, exige claramente el convenio un tiempo de servicios no inferior al 80% “para cada uno de los reconocimientos de que tratan los numerales 1º, 2º, 3º y 4º del ordinal c del presente artículo”, lo que sin duda alguna significa que debe tenerse en cuenta ese porcentaje en el respectivo quinquenio y no en todo el tiempo de servicios como equivocadamente lo apreció el sentenciador.
Y es perfectamente lógico que la cláusula en mención haya sido redactada así porque tratándose de un beneficio quinquenal es absolutamente razonable que se tenga en cuenta un porcentaje de tiempo de servicios en el correspondiente quinquenio y no por toda la vida laboral del trabajador. Tan es así que cada uno de los numerales a que se refiere la dicha cláusula establece un porcentaje diferente según el respectivo quinquenio, con excepción del numeral 5º en el que expresamente se contempla la proporcionalidad absoluta independientemente del tiempo servido en ese último periodo. De manera que si fuera correcta la apreciación que le impartió el Tribunal a la dicha cláusula, carecería de sentido esta última previsión convencional.
Reitera que para ser acreedor de la prima proporcional a la fecha de retiro, el trabajador debía laborar más del 80% del tiempo establecido en cada numeral o la totalidad del quinquenio, pues cada periodo resulta independiente del anterior. En otros términos, explica que, en este caso, la demandante debió haber laborado más del 80% del quinquenio respectivo —es decir 4 años—, de manera que no se debió computar todo el periodo servido y sobre el mismo aplicar el 80%, como lo hizo el Tribunal, pues ello redundaba en que se causara un quinquenio con tan solo el 40% del tiempo requerido, que no es lo que diáfanamente expresa la cláusula convencional.
Indica que, por lo anterior, el Tribunal erró al valorar la cláusula convencional y disponer el pago de un derecho no causado y, mucho más grave, al disponer el pago de la indemnización moratoria por la supuesta mora en el pago de la prestación, “…dado que en el plano de la buena fe, la posición de la demandada está acorde a un plausible entendimiento del convenio colectivo aplicable, y por lo tanto el no reconocimiento de este derecho en manera alguna es constitutivo de mala fe”.
Considera que quien realizó una interpretación absurda de la convención colectiva fue la empresa demandada, para dejar de pagar la prima proporcional de antigüedad a la demandante, pues en dicho acuerdo nunca se consagró que el trabajador debiera cumplir el 80% del respectivo quinquenio, sino el 80% del tiempo definido en cada numeral, esto es, 5, 10, 15, 20 y 24 años de servicio.
En aras de darle respuesta al cargo, se debe comenzar por reiterar que esta Sala de la Corte ha sostenido de manera pacífica que, en la lógica del recurso extraordinario de casación, la convención colectiva debe ser asumida como uno de los elementos de prueba y no como una norma legal sustancial de alcance nacional, respecto de la cual sea dable discutir su contenido, sentido y alcances. Por ello mismo, ha insistido en que la interpretación de las disposiciones de dichos acuerdos corresponde a los jueces de instancia, quienes en su ejercicio se encuentran amparados por los principios que informan la sana crítica y por la libre formación del convencimiento establecida en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.
En este caso, el literal c) del artículo 16 de la convención colectiva de trabajo vigente establece el derecho a la prima de antigüedad en forma proporcional, de acuerdo con los siguientes términos (fol. 19 y 20 cuaderno de anexos 1):
Electrolima pagará a sus trabajadores una prima de antigüedad tomando como base el promedio establecido en el artículo 44 de la presente convención, de acuerdo con la siguiente tabla:
1º. Para trabajadores que cumplan o hayan cumplido cinco (5) años al servicio de Electrolima, el ciento diez por ciento (110%).
2º. Para trabajadores que cumplan diez (10) años al servicio de Electrolima el ciento setenta y cinco por ciento (175%).
3º. Para trabajadores que cumplan quince (15) años al servicio de Electrolima, el doscientos veinte y cinco por ciento (225%).
4º. Para trabajadores que cumplan veinticuatro (24) años al servicio de Electrolima, el doscientos setenta y cinco por ciento (275%) …
Esta prima, en caso de retiro del trabajador, se pagará proporcionalmente al tiempo servido, cuando este sea equivalente a un término no inferior al 80% de lo previsto para cada uno de los reconocimientos de que tratan los numerales 1º, 2º, 3º, y 4º, del ordinal c) del presente artículo…
El Tribunal, al analizar la referida cláusula, determinó que:
…frente al numeral 3º, esto es, la prima de antigüedad a los 15 años, debía laborarse al menos 12 años (15 X 80%), y respecto de la prima de antigüedad a los 20 años de servicio, se exigía un mínimo de 16 años (20 X 80%) (…) Se tiene entonces que en el caso de la demandante tiene derecho al pago de la prima contemplada en el numeral 3º de la norma convencional, toda vez que se exigía un mínimo de 12 años y en este caso, al momento de su despido completó un total de tiempo laborado equivalente a 13 años, 6 meses y 7 días. (folio 35).
Esto es, el Tribunal dedujo que la interpretación más adecuada de la norma es aquella por virtud de la cual, para la causación de la prima proporcional, es necesario que el trabajador supere el 80% de cada uno de los respectivos topes establecidos en cada numeral, a saber, 5, 10, 15 y 20 años, de manera que, por ejemplo, para que se genere la proporción de la prima a los 15 años, el trabajador debe superar el 80% de dicho lapso, es decir, 12 años.
Dicha intelección encuentra pleno respaldo en el texto de la norma convencional, que dice que la prima “…se pagará proporcionalmente al tiempo servido, cuando este sea equivalente a un término no inferior al 80% de lo previsto para cada uno de los reconocimientos de que tratan los numerales 1º, 2º, 3º, y 4º…” (resalta la Sala). Esto es, que el 80% tiene como referencia los tiempos previstos en los respectivos numerales, a saber, 5, 10, 15 y 20 años, y no solo 5 como lo aduce la censura.
Por lo demás, esta Sala de la Corte ha analizado la misma cláusula convencional y ha determinado que lecturas como la que le imprimió el Tribunal en este caso resultan perfectamente razonables y apegadas al texto de la norma, de manera que no resultan corregibles en el ámbito del recurso de casación (Ver sentencias CSJ SL, 21 sep. 2010, rad. 32416 y CSJ SL, 26 jun. 2012, rad. 41846).
Resta decir que la plausibilidad de los argumentos de la demandada para negar el pago proporcional de la prima de antigüedad, que presuntamente la ubicarían en el campo de la buena fe, será analizada al resolver los cargos cuarto y quinto, que se refieren a la procedencia de la indemnización moratoria.
De acuerdo con lo anterior, el Tribunal no incurrió en los errores de hecho denunciados por la censura y el cargo es infundado.
Acusa la sentencia recurrida de “…violar indirectamente, por interpretación errónea de los artículos 65 del CST y 29 de la Ley 789 de 2002; en relación con los artículos 27, 127, 430, 449, 450 y 451 del CST; 56 de la Constitución Política; 1º del Decreto Extraordinario 753 de 1956; 64 y 65 de la Ley 50 de 1990; 1º y 4º de la Ley 142 de 1994; 27, 51.7, 53, 57.4, 59, 65, 140, 149, 429, 379 y 467 del CST; 28 y 29 de la Ley 789 de 2002 y 7º de la Ley 584 de 2000”.
En desarrollo del cargo, el censor indica que la condena del Tribunal por concepto de indemnización moratoria se fundamentó en la presunta deuda por prima proporcional de antigüedad y 8 días de salario descontados indebidamente, de manera que, aduce, “…la condena a la sanción moratoria es automática en ambos casos, dado que no entra a analizar las posibles circunstancias de la buena o mala fe sino que entiende que cuando se deja de pagar en forma ciega esas acreencias procede la susodicha sanción…”.
Arguye, en ese sentido, que aun admitiendo que la demandada adeudaba la prima proporcional de antigüedad y los 8 días de salario, de ello no se sigue de manera inexorable la condena en su contra por indemnización moratoria, sino que es necesario examinar su conducta. Asimismo, resalta que, en el marco de dicho examen, el Tribunal debió tener en cuenta que la demandada tenía razones atendibles para dejar de pagar los salarios, ya que la demandante no podía participar de un cese de actividades dentro de un servicio público catalogado como esencial, además de que los actos administrativos del Ministerio de Trabajo que definieron la legalidad de ese movimiento no representan sentencias judiciales con carácter definitivo y de obligatorio cumplimiento para la empresa.
Afirma también que el Tribunal desconoció la doctrina jurisprudencial en virtud de la cual las entidades en liquidación no pueden ser condenadas por indemnización moratoria, además de que la crítica situación financiera y la toma de posesión y bienes de la empresa constituyen una fuerza mayor que la eximen de responsabilidad, pues no tiene culpa en el incumplimiento de sus obligaciones laborales.
Aduce que la censura repite los argumentos de los dos primeros cargos e intenta desconocer que el cese de actividades fue declarado legal, a través de decisiones que no fueron controvertidas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de manera que pretende revivir acciones que no corresponden al trámite de este proceso.
XVI. Quinto cargo
Acusa la sentencia recurrida de “…violar indirectamente, por aplicación indebida los artículos 65 del CST y 29 de la Ley 789 de 2002; en relación con los artículos 430, 449, 450 y 451 del CST; 56 de la Constitución Política; 1º del Decreto Extraordinario 753 de 1956; 64 y 65 de la Ley 50 de 1990; 1º y 4º de la Ley 142 de 1994; 27, 51.7, 53, 57.4, 59, 65, 140, 149, 429, 379 y 467 del CST; 28 y 29 de la Ley 789 de 2002 y 7º de la Ley 584 de 2000”.
1. Dar por demostrado, sin estarlo, que la única razón alegada por la demandada para negarse a pagar el salario durante los 8 días del cese de actividades, fue que no hubo prestación de servicios durante dicho lapso.
2. No dar por demostrado, estándolo, que para negarse a pagar el salario durante los 8 días del cese de actividades, la demandada también adujo el carácter de servicio público esencial de las actividades desplegadas por la demandada.
3. No dar por demostrado, estándolo, que para negarse a pagar el salario durante los 8 días del cese de actividades, la demandada también apoyó su defensa en la prohibición tanto constitucional como legal de la cesación de actividades en servicios públicos esenciales.
4. Dar por demostrado, sin estarlo, que Electrolima se enteró con bastante anterioridad, que ella fue la entidad que ocasionó el cese de actividades de la demandante.
5. Dar por demostrado, sin estarlo, que no había justificación de Electrolima de no pagar los 8 días de salario.
6. No haber dado por demostrado, estándolo, que dado el insignificante monto adeudado por la demandada por concepto de 8 días de salario y la prima de antigüedad proporcional frente a lo pagado por prestaciones sociales, no revela per se un proceder arbitrario o para perjudicar a la demandante.
7. No dar por demostrado, estándolo, que al momento de la terminación del contrato, la demandada atravesaba una crítica situación financiera.
8. No dar por demostrado, estándolo, que dado que la demandada atravesaba una crítica situación financiera, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ordenó su liquidación obligatoria.
9. No dar por demostrado, estándolo, que tanto respecto de la falta de pago proporcional de la prima de antigüedad como de los 8 días de salario, hubo buena fe por parte de mi representada”.
Expone también que los referidos yerros se generaron como consecuencia de la apreciación errónea de la liquidación de prestaciones sociales, la Resolución 1991 de 2001, emanada del Ministerio de Trabajo, la demanda y su contestación. Asimismo, por la falta de valoración del escrito de reclamación administrativa, su respuesta, la Resolución del 12 de agosto de 2003, que ordenó la liquidación de la entidad demandada, el certificado de la Cámara de Comercio de Ibagué, que define el objeto social de la Electrificadora del Tolima, y la convención colectiva de trabajo.
En desarrollo del cargo, el censor sostiene que el Tribunal asumió erróneamente que la única justificación que había planteado la entidad demandada para no pagar los 8 días de salarios discutidos en el proceso, era que la demandante no había prestado el servicio. Dice, en tal orden, que la entidad demandada había desarrollado argumentos sólidos adicionales para respaldar la improcedencia de los salarios y de la indemnización moratoria, como que “…(i) el paro realizado por la demandante está prohibido por la Constitución Política, (ii) la empresa demanda (sic) presta un servicio público esencial y (iii) si el paro fue legal, la consecuencia es que hubo suspensión del contrato de trabajo, lo que no da lugar al pago de salarios por la empresa…”.
Recalca que todos los anteriores argumentos fueron desconocidos por el Tribunal y daban cuenta de que la demandada tenía la convicción valedera de que no debía los salarios, pues, por ejemplo; i) a pesar de que el Ministerio de Trabajo no había accedido a declarar ilegal el cese de actividades antes de terminado el contrato, persistían “…razones válidas para no atenerse a la decisión ministerial…” que, entre otras, podía ser controvertida ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo; ii) sus actividades sociales de prestación del servicio de energía, con arreglo a la Resolución 1398 de 2002 y el certificado de la Cámara de Comercio, constituían servicios públicos esenciales; iii) la demandante había confesado que no había prestado el servicio durante ocho días, como consecuencia de un cese de actividades; iv) de acuerdo con el artículo 16 de la convención colectiva de trabajo, para el pago de la prima de antigüedad, era necesaria la prestación del servicio, lo que no ocurrió durante el cese de actividades; v) no actuó por mero capricho, sino debido a su crítica situación financiera, que conllevó a su liquidación, además de que, dentro de la respuesta a la reclamación administrativa, opuso serios argumentos para no pagar los 8 días de salario y la prima proporcional de antigüedad, lo que excluye un proceder torticero o motivado en el ánimo de perjudicar a la demandante; vi) y dentro de la liquidación de prestaciones sociales se demuestra el pago de salarios y prestaciones por un valor de $ 57.974.617, de manera que el hecho de haber dejado de pagar sumas írritas por ocho días de salario y prima proporcional de antigüedad no puede ser catalogado como de mala fe, lo que evidencia una condena injusta en contra de la entidad.
Reitera que el censor lo que pretende es revivir inadecuadamente una discusión sobre la legalidad del cese de actividades, que no puede ser atendida por la Corte. Indica también que no es el monto “…grande o pequeño…” lo que determina la mala fe de la entidad, sino la “…tozuda posición de negarse a pagar un derecho que no tiene ningún asidero legal para negarlo…”; que la demandada no tenía justificación para dejar de pagar la prima proporcional de antigüedad, a pesar de la claridad de la cláusula convencional; que, asimismo, debió pagar los salarios tan pronto se decidió la legalidad del cese o a la fecha de terminación del contrato; que la crisis o insolvencia del empleador no lo eximía de la indemnización moratoria, con fundamento en la jurisprudencia; y que no fue la situación financiera la que conllevó a que la entidad no pagara los 8 días de salario, sino su férrea decisión de desacatar decisiones que declararon la legalidad del cese de actividades.
Los cargos cuarto y quinto se analizan de manera conjunta, en la medida en que desarrollan argumentos complementarios y se dirigen los dos a rebatir las conclusiones del Tribunal respecto de la procedencia de la indemnización moratoria.
En torno al cuarto cargo, entiende la Sala que el censor incurrió en un lapsus al dirigir el ataque por la vía indirecta y denunciar una interpretación errónea del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, pues además de que esos dos conceptos son excluyentes, toda la fundamentación del cargo es jurídica. Por ello, se asumirá que el cargo está realmente encaminado por la vía directa.
Precisado lo anterior, en conjunto, en desarrollo de los dos cargos, el censor intenta demostrarle a la Corte que el Tribunal incurrió en error al disponer una condena por concepto de indemnización moratoria, ya que: i) la impuso de manera automática, sin analizar las circunstancias que justificaban el proceder de la entidad; ii) no tuvo en cuenta que mediaban razones atendibles para dejar de pagar los 8 días de salario en discusión, como que el cese de actividades había recaído sobre un servicio público esencial y la resolución del Ministerio de Trabajo era controvertible ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo; iii) desconoció que la falta de reconocimiento de la prima proporcional de antigüedad se había cimentado sobre una interpretación plausible de la convención colectiva; iv) y pasó por alto que la entidad atravesaba una grave crisis económica, que la condujo a su liquidación, además de que, en comparación, las sumas dejadas de pagar resultaban írritas, de manera que nunca actuó con mala fe.
Frente al primer punto, del que se ocupa el cuarto cargo, es necesario advertir que el Tribunal verificó que la demandada no solo había dejado de pagar la prima proporcional de antigüedad, sino que se había negado a cancelar 8 días de salario, “…sin justificación alguna ante su impago, dado que con demasiada anterioridad estaba enterada de haber sido ella la generadora del cese de actividades por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (fl. 67), sin embargo procedió a efectuar el descuento respectivo”.
Lo anterior evidencia que la indemnización no fue impuesta de manera automática y que, por el contrario, el Tribunal tuvo en cuenta manifestaciones precisas de la conducta de la demandada, como que, a pesar de que sabía que el cese de actividades había sido declarado legal y tenía como causa sus incumplimientos laborales, se había negado de manera persistente a pagar los salarios, sin justificación válida alguna. Por lo mismo, el Tribunal no asumió la interpretación errónea del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo que se denuncia, pues, se repite, sí analizó la conducta de la demandada y no asumió reglas absolutas o premisas definitivas a la hora de imponer la sanción.
Ahora bien, desde el punto de vista fáctico, es cierto que la decisión de negar el otorgamiento de la prima proporcional de antigüedad estuvo basada en una interpretación de la convención colectiva de trabajo, que podría reconocerse como plausible y que ubicaría a la entidad demandada dentro del terreno de la buena fe. Sin embargo, en torno a la falta de pago de salarios, que también soportó la condena por indemnización moratoria, le asistió razón al Tribunal al recalcar que la empresa siempre conoció que la causa del cese de actividades fue su propio incumplimiento de las obligaciones laborales, además de que había sido declarado legal por la entonces competente autoridad del trabajo, de manera que su conducta no encontraba alguna justificación razonable.
El examen de las pruebas calificadas que menciona el censor en el quinto cargo no desvirtúa la anterior conclusión, como pasa a verse.
1. En primer lugar, como se dijo en el análisis de los dos primeros cargos, el Tribunal partió de la base de que el cese de actividades adelantado por los trabajadores de la demandada en el mes de septiembre de 2001 había sido declarado legal, por el entonces competente Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de manera que no era pertinente recalcar en el carácter esencial de los servicios prestados por la entidad.
En tal orden, el examen sistemático de la Resolución 1990 de 2001, emanada del entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la demanda y su contestación, la reclamación administrativa y el certificado de la Cámara de Comercio que acreditaba que la demandada prestaba el servicio de energía eléctrica, en nada impactan la legalidad de la sentencia gravada, pues de allí únicamente era dable derivar que, a pesar de que la entidad arguyó que los servicios que prestaba eran esenciales, lo cierto es que ese punto ya había sido dilucidado a través del recurso procedente, por la autoridad competente, quien había negado la petición de ilegalidad de la huelga, entre otras cosas, porque se trataba de un cese parcial, imputable al incumplimiento de las obligaciones laborales del empleador, y, “…en modo alguno, pudo haberse presentado una interrupción total de la prestación del servicio de energía…”.
De las pruebas en las que recaba la censura también es dable inferir que, en realidad, como lo dedujo el Tribunal, la empresa estuvo plenamente notificada de que el cese de actividades había sido legal e imputable al incumplimiento de sus obligaciones, pese a lo cual se negó sistemáticamente a pagar de manera completa los salarios de la demandante. Asimismo, aunque en realidad la decisión de la autoridad del trabajo era controvertible ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, nunca demostró haber acudido a ese recurso.
Con ello la Sala quiere advertir que no es ajustable a los postulados de la buena fe la conducta de la demandada que, pese a obtener la declaratoria de legalidad de la huelga oportunamente, por la autoridad competente, persistió en sostener una presunta ilegalidad y en materializar los efectos de la misma, como el descuento de salarios, contrariando con ello decisiones legítimamente adoptadas y en firme.
2. Tampoco erró el Tribunal al apreciar la liquidación de prestaciones sociales, pues como lo ha dicho esta Sala, en sentencias como las CSJ SL607-2013, CSJ SL884-2013 y CSJ SL10551-2015, el hecho de que los montos por los que incurre en mora el empleador sean aparentemente mínimos, en comparación con los que sí pagó, no excluye la imposición de la indemnización moratoria.
La Corte ha dicho a este respecto que:
…no necesariamente la relación entre lo mucho pagado por la empresa y lo poco que resulta a deber en virtud de la reliquidación ordenada judicialmente, es un parámetro determinante de la buena fe de la empresa, para efectos de configurar un yerro evidente; porque de aceptarse este razonamiento como regla, se tendría como resultado la improcedencia automática de la indemnización moratoria en el caso de estas reliquidaciones, lo que sería desproporcionado y debilitaría, sin justificación, la protección que el legislador le quiso dar al trabajador en el cumplimiento de sus derechos laborales a la terminación del contrato de trabajo. Por esto, la posición pacífica de la Sala es la de que se deben examinar siempre las circunstancias particulares del caso, para efectos determinar la buena fe del empleador, cuya prueba, es bien sabido, está a cargo de este, si se quiere exonerar de los efectos del artículo 65 del CST.
3. De otro lado, la condición económica grave de la empresa, así como su liquidación, demostrada a través de la resolución de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, tampoco podían ser situaciones que excluyeran de manera automática la imposición de la indemnización moratoria, como lo ha dicho la Corte en sentencias como las CSJ SL, 1º jul. 2007, rad. 28024; CSJ SL, 20 abr. 2010, rad. 33275; CSJ SL, 1º jun. 2010, rad. 34778; CSJ SL, 24 abr. 2012, rad. 39319; CSJ SL884-2013 y CSJ SL10551-2015, entre otras.
Aunado a lo anterior, lo cierto es que, como lo recaba la réplica, la deuda de ocho días de salario se generó desde antes de la liquidación de la entidad y en su causa no medió la condición económica de la empresa, sino la decisión autónoma y obstinada de la empresa de desacatar la decisión del entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y, como consecuencia, de abstenerse de pagar los salarios causados durante la ejecución del cese de actividades.
Todo el anterior análisis ya ha sido realizado por la Sala en decisiones emitidas dentro de procesos seguidos en contra de la misma entidad recurrente. Ver sentencias CSJ SL884-2013 y CSJ SL10551-2015.
Con fundamento en todo lo anterior, el Tribunal no incurrió en los errores de hecho denunciados por la censura en el quinto cargo.
Costas en el recurso extraordinario de casación a cargo de la parte recurrente. Se fijan las agencias en derecho en la suma de Siete millones de pesos M/CTE. (7’000.000.oo), que se incluirán en la liquidación que el juez de primera instancia haga, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 30 de octubre de 2008, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Guillermina Bonilla Marín contra la Electrificadora del Tolima S.A. E.S.P. —En Liquidación—, la Compañía Energética del Tolima —Enertolima S.A. E.S.P.—, La Nación – Ministerio de Minas y Energía - y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.