Source: http://www3.ciccp.es/nota-informativa-relativa-a-las-medidas-urgentes-extraordinarias-de-caracter-economico-laboral-tributario-y-administrativo-adoptadas-para-hacer-frente-al-impacto-economico-y-social-del-covid-19/
Timestamp: 2020-04-01 09:19:32
Document Index: 246808429

Matched Legal Cases: ['artículo 33', 'artículo4', 'artículo 7', 'artículo5', 'artículo 17', 'artículo21', 'artículo 22', 'artículo 23', 'artículo 25', 'artículo 26', 'artículo 27']

Nota informativa relativa a las medidas urgentes extraordinarias de carácter económico, laboral, tributario y administrativo, adoptadas para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 – Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Nota informativa relativa a las medidas urgentes extraordinarias de carácter económico, laboral, tributario y administrativo, adoptadas para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19
El Gobierno ha aprobado en 17 de marzo el Real Decreto – Ley 8/2020 TOL7.8222.864 con medidas especiales en el ámbito laboral, económico y social en atención al estado de alarma que en su momento se decretó.
En primer término y a todos estos efectos, se viene a perfilar el contenido del concepto de “fuerza mayor” respecto de las situaciones al que el mismo será de aplicación. Así no solo se considerará que existe cuando se produce la pérdida de actividad derivada de las distintas medidas gubernativas adoptadas como consecuencia del Covid-19, incluida la declaración del estado de alarma, que implique suspensión o cancelación de actividad, sino también cuando se den otras circunstancias como la restricción en el transporte público, de la movilidad de las personas y o las mercancías, la falta de suministros que impidan continuar con el desarrollo de la actividad o bien situaciones urgentes y extraordinarias derivadas del contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que queden debidamente acreditados.
Por tanto, se asume que no solo el cierre o ceses de actividades por orden gubernativa es fuerza mayor, sino también otras situaciones derivadas como la falta de suministros, problemas de movilidad, contagios o aislamientos, siempre que estén decretados por la autoridad sanitario o cualquier otra con competencia para ello.
Partiendo de ello, se adoptan una serie de medidas que se distribuyen en los siguientes ámbitos:
A) Medidas de tipo financiero y de garantía de liquidez
En este apartado se incluyen una serie de medidas para garantizar la liquidez y paliar los efectos económicos del COVID-19, destacando las siguientes:
A.1. Línea de avales para las empresas y autónomos para paliar los efectos económicos del COVID-19 (artículos 29 y 30)
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital otorgará hasta 100.000 millones de euros en avales a la financiación concedida por entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito y entidades de dinero electrónico y de pagos, dirigida a los autónomos y empresas que lo precisen para atender sus necesidades derivadas de la gestión de facturas, necesidad de circulante, obligaciones financieras o tributarias u otras necesidades de liquidez.
El Consejo de Ministros tendrá que desarrollar las condiciones y requisitos para acceder a estos avales.
Asimismo, se amplía en 10.000 millones de euros el límite de endeudamiento neto del ICO, con el fin de aumentar las Líneas ICO de financiación a autónomos y empresas. Estos préstamos se tramitarán en las entidades financieras adheridas al ICO, que son las principales.
A.2. Plazos en el ámbito tributario (artículo 33)
En primer lugar, hay que señalar que en el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo que declaró el estado de alarma se ha incluido una referencia expresa a que la suspensión de los términos e interrupción de plazos que recogía el decreto de alarma no resulta de aplicación a los plazos tributarios, ni, en particular, a los plazos de presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias.
Por tanto, y antes de entrar a analizar la regulación que el Real Decreto-Ley 8/2020 contiene en materia de plazos tributarios, el Gobierno ha dejado claro que la obligación de presentar liquidaciones y autoliquidaciones se mantiene inalterada, y con ello la obligación de hacer frente a los pagos que de ellas se deriven, entre las que podemos destacar, por su proximidad, las obligaciones de presentar e ingresar las declaraciones y autoliquidaciones referentes a retenciones, pagos a cuenta del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre el Valor Añadido, Impuesto sobre Sociedades…
Habiendo quedado claro, por tanto, que se mantiene la obligación de presentar declaraciones y autoliquidaciones, así como de pago de las deudas tributarias derivadas de las mismas, simplemente recordar que según lo establecido por el Real Decreto-Ley 7/2020, solo aquellos contribuyentes que tengan un volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04 euros en el ejercicio 2019 podrán acogerse a la regulación especial que el mismo previene sobre aplazamientos de deudas tributarias, que flexibiliza la concesión de aplazamientos y permite no pagar intereses de demora durante los primeros tres (3) meses de los mismos.
Entrando ya en lo previsto por el Real Decreto-Ley 8/2020, en relación con plazos tributarios, se establece una moratoria para determinados plazos, moratoria que no afectará a las especialidades previstas en la normativa materia aduanera.
Así se amplían hasta el 30 de abril de 2020:
a) Los plazos de pago derivados de liquidaciones tributarias ya practicadas por la Administración, tanto en periodo voluntario como ejecutivo.
b) Vencimientos de plazos y fracciones de los aplazamientos y fraccionamientos ya concedidos.
c) Plazos relativos a subastas y adjudicación de bienes ya acordados.
d) Plazos para atender requerimientos, diligencias de embargo y solicitudes de información ya comunicados, incluidos los formulados por la Dirección General del Catastro.
e) Plazos para formular alegaciones ante actos de apertura de dicho trámite o de audiencia, ya dictados en los distintos procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores, de declaración de nulidad, devolución de ingresos indebidos, rectificación de errores materiales y de revocación, incluidos los comunicados por la Dirección General del Catastro, que no hayan concluido a la entrada en vigor de este real decreto-ley.
f) Ejecución de garantías que recaigan sobre bienes inmuebles en el seno de un procedimiento de apremio que ya hubiera sido acordado.
No obstante, los plazos indicados en las letras a) a e) anteriores se amplían hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que resulte de aplicación otro plazo posterior en cuyo caso aplicará este último, si la notificación de estos se produce a partir de la entrada en vigor del presente Real Decreto-Ley.
Obviamente, se prevé que si el obligado tributario atendiese a los requerimientos o presentase alegaciones antes del plazo ampliado mencionado, se considerará evacuado el trámite.
Se amplía el plazo hasta el 20 de mayo de 2020 (salvo que el plazo general sea superior), de los procedimientos que se comuniquen a partir de 18 de marzo de 2020 para el pago de deudas tributarias derivadas de liquidaciones administrativas en periodo voluntario. En periodo ejecutivo y notificado el apremio. Los vencimientos de los plazos y fracciones de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento concedidos.
Con efectos desde el día 14 de marzo de 2020, se suspende el cómputo de los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos, que quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma (previsto para 15 días naturales) y, en su caso, de las prórrogas que se adoptasen.
Con efectos desde el día 14 de marzo de 2020, suspensión de los términos y suspensión de la interrupción los plazos previstos en las leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales, salvo determinadas excepciones, que quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren.
No obstante lo anterior, el juez o tribunal podrá acordar la práctica de cualesquiera actuaciones judiciales que sean necesarias para evitar perjuicios irreparables en los derechos e intereses legítimos de las partes en el proceso.
B) Medidas de apoyo a los trabajadores, familias y colectivos vulnerables
En este paquete de medidas, y a los efectos del colectivo profesional de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, ya desde la perspectiva del ejercicio profesional libre (autónomos) o del trabajo por cuenta ajena, se destacan las siguientes medias:
B.1 Garantía de suministro de agua y energía a consumidores vulnerables, (artículo4)
Durante el mes siguiente a la entrada en vigor del Real Decreto Ley los suministradores de energía eléctrica, gas natural y agua no podrán suspender el suministro a aquellos consumidores en los que concurra la condición de consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social. Igualmente, se prorroga de forma automática hasta el 15 de septiembre de 2020 la vigencia del bono social.
B.2 Moratoria de la deuda hipotecaria para la adquisición de la vivienda habitual. (artículo 7 a 16).
Se establecen medidas conducentes a procurar la moratoria de la deuda hipotecaria para la adquisición de la vivienda habitual de quienes padecen extraordinarias dificultades para atender su pago como consecuencia de las crisis del COVID-19 .
La moratoria se aplicará a los contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria y por igual a los fiadores y avalistas del deudor principal. Los deudores podrán solicitar al acreedor, hasta quince días después del fin de la vigencia del Real Decreto – Ley una moratoria en el pago del préstamo. La moratoria conllevará la suspensión de la deuda hipotecaria, durante el plazo estipulado para la misma, no pudiendo exigirse el pago de la cuota hipotecaria, ni de ninguno de los conceptos que la integran. Tampoco se devengarán intereses.
También se recogen medidas relativas al ámbito laboral y a la prestación de servicios, con el objetivo prioritario de garantizar que la actividad empresarial y las relaciones laborales se reanuden con normalidad tras la situación de excepcionalidad sanitaria. Dichas medidas pueden afectar a nuestros profesionales tanto desde la perspectiva de empleadores como de empleados.
B.3) Carácter preferente del trabajo a distancia (artículo5).
A fin de que las empresas faciliten a sus trabajadores la posibilidad de su trabajo a distancia, se entenderá cumplida la obligación de efectuar la evaluación de riesgos laborales, con carácter excepcional, a través de una autoevaluación realizada voluntariamente por el propio trabajador.
B.4) Adaptación del horario y reducción de jornada.
Los trabajadores por cuenta ajena, que acrediten deberes de cuidado de familiares hasta el segundo grado podrán solicitar la adaptación de la jornada que podrá referirse a la distribución del tiempo de trabajo o a cualquier otro aspecto de las condiciones del mismo. Puede consistir en cambio de turno, alteración de horario, horario flexible, jornada partida o continuada, cambio de centro de trabajo etc. Dichos cambios se limitarán al periodo excepcional de duración del COVID-19.
Igualmente se podrá solicitar una reducción de jornada especial que podrá alcanzar el 100% de la jornada.
Se establece modificaciones en la posibilidad de percibir por los trabajadores autónomos la prestación extraordinaria por cese de actividad.
B.5) Prestación de ceses de actividad en favor de trabajadores autónomos (artículo 17).
Con carácter excepcional y vigencia limitada a un mes a partir de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma o hasta el último día del mes en que finalice dicho estado de alarma , de prolongarse éste durante más de un mes, los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cuyas actividades queden suspendidas, o también cuando su facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75% en relación al promedio de facturación del semestre anterior, tendrá derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad.
Estar afiliados y en alta
Si la actividad no se ha suspendido, acreditar la reducción de ingresos o facturación.
Hallarse al corriente en el pago de las cuotas de Seguridad Social.
La cuantía de la prestación será el 70% de la base reguladora.
El tiempo que dure la percepción de la prestación se entenderá como cotizado y no reducirá el tiempo que pudiera corresponder a futuro de dicha prestación.
Por último, en este capítulo también se incluyen una serie de medidas relativas al suministro de servicios de telecomunicaciones y consumos.
B.6) Garantía en el mantenimiento de los servicios de comunicaciones y garantía en la prestación del servicio universal de telecomunicaciones (artículos 18 a 20)
Se garantiza el mantenimiento de la prestación de servicios. Igualmente, mientras esté en vigor el estado de alarma se suspenden todas las operaciones de portabilidad de numeración fija y móvil.
B.7) Interrupción del plazo para la devolución de productos (artículo21).
Durante la vigencia del Estado de Alarma o sus posibles prórrogas, se interrumpen los plazos para la devolución de productos comprados por cualquier modalidad.
C) Medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad para evitar despidos.
Estas medidas pueden tener afectación en nuestros profesionales tanto en su posición de empleadores como de empleados por cuenta ajena.
C.1) Medidas excepcionales en relación con los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor (artículo 22).
El procedimiento conocido como ERTE se ve modificado en su tramitación en aras de facilitar y agilizar la misma.
El procedimiento se iniciará mediante solicitud de la empresa o el autónomo, comunicando a los trabajadores dicha solicitud, así como el informe realizado en relación a la vinculación de la pérdida de la actividad con la crisis del COVID-19.
El ERTE se puede presentar por cualquier empresa o empleador autónomo, indistintamente del número de trabajadores que tenga a su cargo.
La resolución de la autoridad laboral se dictará en el plazo de 5 días desde la solicitud.
La efectividad del ERTE surtirá desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor.
La resolución del expediente se notificará al trabajador.
El procedimiento de ERTE promovido por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, igualmente también se modifica, en el sentido de acortar los plazos de consultas con los representantes de los trabajadores. (artículo 23).
C.2) Medidas extraordinarias en materia de cotización en relación con los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornadas ERTE.
Mientras dure la situación de suspensión del contrato laboral y la reducción de jornada, la Tesorería exonerará a la empresa de abono de la aportación empresarial, cuando tuviera menos de 50 trabajadores. Si tuviera 50 o más la exoneración al 75%.
Esta exoneración no tendrá consecuencias para el trabajador.
C.3) Medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo en aplicación de los procesos de ERTE (artículo 25).
A los trabajadores afectados por un ERTE se les reconocerá el derecho a prestación por desempleo aunque carezcan del periodo de ocupación cotizada mínimo necesario para ello.
No se computará el tiempo de prestación percibido a los efectos de consumir los periodos máximos de percepción establecidos.
C.4) La presentación de solicitudes de alta inicial o de reanudación de la prestación de desempleo realizada la fuera de los plazos establecidos legalmente no implicará que se reduzca la duración del derecho a la prestación correspondiente, (artículo 26)
C.4) Prórroga del subsidio por desempleo (artículo 27).
Se autoriza a la entidad gestora para que pueda prorrogar de oficio el derecho a percibir el subsidio por desempleo en los supuestos sujetos a prórroga semestral del derecho.
En el caso del subsidio para mayores de 52 años, el mismo no quedará afectado por la presentación fuera de plazo de la declaración anual de rentas.
d.1) Prórroga de la vigencia del documento nacional de identidad (Disposición Adicional 4ª)
d.2). Certificados electrónicos de próxima caducidad
En relación con aquellos contribuyentes cuyo certificado electrónico esté caducado o próximo a caducar, se informa que la AEAT permite el uso de los certificados caducados en su SEDE de acuerdo con lo previsto en Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Es posible que su navegador habitual no se lo permita en cuyo caso le recomendamos lo traslade al FireFox donde podrá seguir usándolo. Si tiene dudas sobre cuestiones técnicas informáticas puede llamar a los siguientes teléfonos: 901 200 347 o 91 757 57 77.
Madrid, 20 de marzo de 2020.