Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-34766-de-diciembre-18-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_f0b868b3dfe00240e0430a0101510240&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-09-24 18:07:35
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Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 22', 'artículo 263', 'artículo 14', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 14', 'artículo 206', 'artículo 213', 'artículo 263', 'artículo 263', 'artículo 21', 'artículo 259']

SENTENCIA 34766 DE 18 DE DICIEMBRE DE 2013
CONTENIDO:SON LOS JUECES CIVILES QUIENES TIENEN LA FACULTAD DE DECLARAR O NEGAR LA EXISTENCIA DE DERECHOS SOBRE LOS BIENES. EL ARTÍCULO 22 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL HABILITA AL JUEZ PARA ORDENAR EL CESE DEL PERJUICIO CAUSADO POR EL DELITO, CUANDO SE COMPRUEBE QUE LA CONDUCTA NO TUVO LUGAR ES NECESARIO DAR MARCHA ATRÁS AL PRETENDIDO RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
TEMAS ESPECÍFICOS:BIEN INMUEBLE, INVASIÓN DE TIERRAS, PROCESO POLICIVO
Sentencia 34766 de diciembre 18 de 2013
La Sala resuelve el recurso de casación interpuesto por el defensor del procesado José Joaquín Guevara Rico, contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Monterrey (Casanare), mediante la cual confirmó, con modificaciones en cuanto al monto de la pena, la dictada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Casación 34766 José Joaquín Guevara Rico Villanueva, que lo condenó por el delito de invasión de tierras o edificaciones.
En la querella presentada por el señor Jorge Enrique Gómez Montealegre, afirmó haber adquirido, por compra efectuada a Camilo Casas Ortiz, el predio denominado La Comarca, ubicado en jurisdicción del municipio de Villanueva, de conformidad con la escritura pública 2592 del 4 de junio de 2007, acto jurídico en el cual, precisó, intervino como testigo el querellado José Joaquín Guevara Rico.
El 2 de agosto de ese mismo año, agregó, el señor Guevara Rico irrumpió en La Comarca, violó las seguridades del predio, insultó a los trabajadores que allí se encontraban y les expresó que él era el dueño de ese fundo, lo cual no es cierto, toda vez que no le fue entregado como tenedor, poseedor, mucho menos como propietario.
La fiscalía delegada ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Villanueva, decretó apertura de investigación mediante resolución del 3 de septiembre de 2007(1), y dispuso vincular a la actuación al implicado José Joaquín Guevara Rico, a quien escuchó en diligencia de indagatoria el 24 de octubre de ese mismo año(2).
Clausurada la fase instructiva de la actuación(3), mediante proveído del 10 de abril de 2008, la fiscalía calificó el mérito probatorio del sumario con acusación en contra del sindicado como presunto autor del delito de invasión de tierras o edificaciones agravada, pues “José Joaquín Guevara es quién actúa como causante y generador de la invasión, la cual se produce en terrenos ubicados en zona rural”(4), acorde con lo expuesto en las motivaciones de la decisión(5).
La fiscalía delegada ante el Tribunal de Santa Rosa de Viterbo, el 20 de febrero de 2009, confirmó el llamamiento a juicio.
En la sentencia de primera instancia dictada el 3 de diciembre de 2009, el Juzgado Promiscuo Municipal de Villanueva, consideró que la pena para el delito por el cual fue acusado el señor Guevara Rico, es la prevista en el artículo 263-2 y 3º del Código Penal, con el incremento previsto en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004.
De esa manera, luego de determinar los extremos punitivos de la infracción(6), ubicó la sanción dentro del primer cuarto del ámbito punitivo de movilidad y condenó al acusado a 40 meses de prisión y multa de 70 salarios mínimos legales mensuales vigentes. De igual modo, lo condenó a cancelar, por los daños materiales ocasionados con la infracción, la suma de $ 166.200.000 y el equivalente a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, como reparación del daño moral.
El Juzgado Promiscuo del Circuito de Monterrey, al decidir el recurso interpuesto en nombre del procesado como apelante único, dio en entender que la impugnación “... no se ocupa de un punto específico de la sentencia sino de su totalidad”, por lo cual “... el juzgado de segunda instancia puede pronunciarse sin limitaciones respecto de todas las decisiones adoptadas... sin temor a equívocos ni a la denuncia(7) penal que pueda extenderse hasta el suscrito juez por adoptar las decisiones que más adelante se expresan...”(8).
Bajo tal entendido, procedió a individualizar nuevamente la pena, cuyos extremos fijó entre 54 y 90 meses de prisión y multa de 75 a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes, imponiéndole al procesado como sanción los mínimos referidos, sin concederle el sustituto de la condena de ejecución condicional.
Así mismo, incrementó el monto de los perjuicios morales, los cuales tasó en 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Por último, revocó la condena en expensas, costas y agencias en derecho, dispuesta por el juez de primera instancia.
El defensor del procesado acudió a la casación discrecional, la cual rechazó el sentenciador de segunda instancia, mediante proveído del 23 de marzo de 2010.
Finalmente, por virtud del recurso de reposición que la defensa interpuso contra esta última decisión, el Juez Promiscuo del Circuito de Monterrey, dispuso el trámite pertinente para la impugnación extraordinaria.
El recurrente allegó la demanda la cual fue admitida por la Corte mediante auto del 30 de noviembre de 2011, en donde se dispuso correr traslado al Ministerio Público, quien rindió el concepto de rigor el 3 de julio del año que transcurre.
El actor acude a la casación discrecional, en cuanto considera que la sentencia recurrida vulnera los derechos y garantías fundamentales del procesado, toda vez que el sentenciador desconoció la prohibición constitucional y legal de agravar las penas, cuando el procesado es apelante único. Esta situación, en su criterio, pone en evidencia que el recurso extraordinario en esta especie, está destinado a cumplir el propósito que la ley le asigna de propender por la reparación de los agravios inferidos a las partes con la sentencia.
De igual manera, manifiesta que en el escrito de apelación expuso los argumentos de hecho y de derecho que llevaron a la defensa a impugnar el fallo de primera instancia, sin obtener respuesta por parte del ad quem, quien, de ese modo, desconoció el derecho que le asistía de obtener una respuesta motivada a sus planteamientos.
Frente al desconocimiento de las garantías fundamentales del procesado, el actor considera necesaria la intervención de la Corte a través de la casación excepcional, con el fin de restablecer los derechos conculcados. En tal orden de ideas, postula los siguientes cargos.
Primer cargo. Con fundamento en la causal tercera de casación, el recurrente acusa la sentencia de haber sido proferida en un juicio viciado de nulidad, por desconocimiento del debido proceso y del derecho de defensa. Al respecto, recuerda que por imperativo constitucional y legal, la fundamentación de la sentencia descansa en el análisis de los medios probatorios allegados al proceso. Sin embargo, en el presente asunto, dicha motivación “... se presenta aparente o sofística, porque se desconocieron pruebas que objetivamente conducían a conclusiones diversas, socavando la estructura fáctica del fallo; por lo mismo, ese acto sublime que pone fin al proceso es defectuoso”.
En orden a fundamentar el reproche, acude a los lineamientos técnicos de la causal primera de casación, a través de la violación indirecta de la ley sustancial con origen en un falso juicio de existencia por omisión probatoria, pues, asegura, el sentenciador dejó de valorar diversos medios de convicción, con la entidad suficiente para quebrar la decisión impugnada.
Las pruebas omitidas son: 1) la escritura pública 1272 del 30 de marzo de 2007, con la cual Camilo Casas Ortiz vende el 30 % de los predios la Comarca Ganadera, Mangón de la Comarca y Comarca Arrocera, a la sociedad comercializadora El Pescadito, en la cual el procesado representa a sus hijos menores de edad, acto jurídico que, sostiene, resultaba suficiente para ejercer posesión en esos predios “... máximo si se tiene en cuenta que es el mismo vendedor Camilo Casas Ortiz quien ordena al señor Gildardo Molina su administrador... la entrega al hoy ilegalmente condenado Guevara Rico”. La prueba aludida, agrega, obra en los folios 120 a 129 del cuaderno uno.
2) Acta de la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho, realizada en los predios antes enunciados, el 22 de agosto de 2007 por el Alcalde de Villanueva, en la acción promovida por José Yovany Mahecha Sánchez, contra José Joaquín Guevara Rico, en la cual el funcionario referido resolvió “Abstenerse de practicar el lanzamiento, por mediar prueba testimonial que justifica legalmente la ocupación”.
Afirma el demandante que este medio probatorio, visible a folios 157 a 159 del cuaderno uno, demuestra que el señor Mahecha Sánchez no era el administrador de los predios, pues el procesado, como poseedor legítimo, había designado a Carlos Alberto Montoya Murillo.
3) Sentencia de segunda instancia dentro de la acción de tutela promovida por Jorge Enrique Gómez Montealegre, contra el municipio de Villanueva, del 11 de diciembre de 2007, con la cual el Juez Promiscuo del Circuito de Monterrey, doctor Manuel Alberto Pardo Pardo, funcionario que dictó el fallo recurrido en casación, revocó la decisión impugnada y negó la solicitud de amparo, atendiendo al hecho de que el señor Guevara Rico demostró que su presencia en el inmueble era legítima “... luego de haber comprado (en común y pro indiviso con Gómez) y llevado a efecto por su sola cuenta y riesgo una multitud de obras generadoras de riqueza por cuantiosas sumas de dinero, y de las cuales se le quiso despojar violenta y clandestinamente, pues fue de noche y valiéndose de falsedades y argucias propias de personas delincuentes... (fl. 221, cdno. 1)”.
En criterio del demandante, a través de esta prueba se demuestra “... si no la propiedad en ese treinta por ciento (30%), por lo menos la legítima posesión que ejercía José Joaquín Guevara Rico en los predios La Comarca, para la época de los presuntos hechos... y como consecuencia lógica que los hechos denunciados, investigados y fallados, no sucedieron, en otras palabras, Guevara Rico no puede ser jamás sujeto de pena alguna por el delito de invasión de tierras o edificaciones, porque ese punible no existe en autos”.
El material probatorio referido, insiste el actor, ni siquiera fue mencionado en las instancias, no fue valorado por los jueces y tampoco expresaron las razones para desecharlo, de lo cual deviene que la motivación del fallo es aparente o sofística.
El yerro es trascendental, dice el actor, pues de no haber incurrido en él el juzgador de segundo grado, la decisión impugnada habría sido favorable a los intereses del procesado. “Los sentenciadores, al emitir sus fallos, aparentemente los motivaron, se valieron de afirmaciones generales, no concretaron las exposiciones razonadas de la prueba en su conjunto... omitieron varias pruebas, por lo mismo, su alcance evaluativo y lo único esbozado jamás puede servir de parapeto para la condena contra el ciudadano José Joaquín Guevara Rico”.
Por consiguiente, solicita a la Corte casar la sentencia recurrida y reemplazarla por una de carácter absolutorio, en favor del acusado.
Segundo cargo. Con fundamento en la causal primera de casación, el censor afirma que la sentencia violó de manera directa, por falta de aplicación, los artículos 31-2 de la Constitución Política y 204 del Código de Procedimiento Penal, relacionados con la prohibición de la reforma peyorativa, cuando el procesado es apelante único.
En la demostración del cargo refiere que el Juzgado Promiscuo Municipal de Villanueva, condenó al procesado a la pena principal de 40 meses de prisión y multa de 70 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Sin embargo, el Juez Promiscuo del Circuito de Monterrey, al desatar la alzada, modificó la sentencia en el sentido de condenar a José Joaquín Guevara Rico a 54 meses de prisión y multa de 75 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La decisión de segunda instancia desconoce que el objeto de la apelación era lograr la revocatoria de la condena y, por consiguiente, la absolución del procesado. No obstante, dio en agravar la sanción con desconocimiento pleno del artículo 31-2 de la Constitución Política, cuyo acatamiento, agrega, se impone por encima, incluso, del principio de legalidad.
De esa manera, solicita que la Corte case la sentencia y dicte el fallo de reemplazo correspondiente.
Cargo primero. El Ministerio Público centra su análisis en los medios de convicción al parecer omitidos y que en criterio del actor, de haber sido valorados habrían conducido a la absolución del procesado.
De esa manera, manifiesta que la escritura pública 1272 del 30 de marzo de 2007, por medio de la cual Camilo Casas Ortiz le vendió el 30% de los predios la Comarca Ganadera, Mangón de la Comarca y Comarca Arrocera, a la sociedad Comercializadora El Pescadito, representada legalmente por José Joaquín Guevara Rico, obra ciertamente en los folios 120 a 129. Sin embargo, dicha escritura aparece como no autorizada en tanto no fue suscrita por el notario, es decir, carece de la fuerza demostrativa que reclama el actor y no confiere el dominio ni las facultades que conlleva el ejercicio del derecho de propiedad.
De otro lado, si lo que se pretende acreditar con tal documento es el derecho de propiedad sobre los fundos, debe concluirse que de manera implícita el sentenciador contempló el documento que se dice omitido, pues aquel hecho lo estableció mediante la escritura 2595 del 14 de junio de 2007, la cual acredita que el titular del derecho es el señor Jorge Enrique Gómez Montealegre.
Respecto del acta de la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho, cumplida en los predios indicados el 22 de agosto de 2007 por el Alcalde de Villanueva, con fundamento en la querella promovida por José Yovany Mahecha Sánchez contra José Joaquín Guevara Rico, fue considerada por el juez de primer grado, pues de allí extrajo el testimonio de Frank Asley Romero Arias, quien declaró haber trabajado en el fundo hasta el 3 de agosto de ese año, cuando el procesado sacó sus cosas al potrero y lo desalojó.
Es cierto, agrega la delegada, que en esa diligencia obran testimonios que revelan justificada la acción del procesado, por ello la autoridad administrativa se abstuvo de practicar el lanzamiento por ocupación de hecho y dejó a los interesados en libertad de acudir a la jurisdicción ordinaria. Sin embargo, esa prueba por sí sola no tiene la fuerza de minar el sentido de los fallos que se estudian, pues fue valorada con el restante material probatorio del cual concluyeron los juzgadores que la conducta de acusado, es típica del punible de invasión de tierras, en tanto la calidad de propietario de los inmuebles la ostenta el señor Jorge Enrique Gómez Montealegre.
En cuanto a la tutela promovida por el ciudadano últimamente citado el 11 de noviembre de 2007, en la cual el Juzgado Promiscuo del Circuito de Monterrey le negó el amparo reclamado, la decisión no se refirió, como no podía hacerlo, a los títulos de propiedad de los terrenos, asunto que debe dilucidarse ante los jueces competentes y, en forma adicional, la escritura pública sería la prueba idónea para acreditar tal condición.
El procesado sabía que los inmuebles eran ajenos por cuanto fue testigo en la promesa de compraventa suscrita entre Camilo Casas Ortiz y Jorge Enrique Gómez.
En su criterio, en síntesis, no se estructura en esta especie el error denunciado por el recurrente, de manera que el cargo no tiene vocación de prosperidad.
Cargo segundo. En su criterio, es claro que el ad quem desmejoró la situación del procesado quien tenía la condición de apelante único, con lo cual transgredió en forma directa la ley al dejar de aplicar el artículo 31-2 superior, de manera que el cargo está llamado a prosperar y, como se observa que el a quo igualmente violó en forma directa la ley, en tanto aplicó sin ser procedente a este asunto el incremento de pena del artículo 14 de la Ley 890 de 2004, solicita que se case en forma parcial la sentencia de manera que se adopten los correctivos de readecuación punitiva correspondientes.
En el presente asunto, la demanda que sustenta el recurso materia de decisión, fue admitida por la Sala frente a la necesidad de restablecer los derechos fundamentales del procesado, y lograr así los fines del recurso, en particular, la efectividad del derecho material y las garantías debidas a las personas que intervienen en la actuación, conforme lo pregona el artículo 206 del Código de Procedimiento Penal.
En ese propósito, dio por superados los defectos de postulación que afectan el libelo, de manera que no resulta necesario en este momento reexaminar su contenido formal, teniendo en cuenta que cuando la Corte lo declara ajustado no debe volver sobre un tema ya superado en el trámite de la casación, pues justamente para realizar ese examen el artículo 213 del Código de Procedimiento Penal estableció la calificación de la demanda(9).
Esta precisión, a propósito del primer reproche de la demanda en el cual el actor, aun cuando erró en la selección del cargo, en su desarrolló persuadió sobre la posible existencia de errores de valoración probatoria que tornan sofística la fundamentación de la condena, lo cual implica, siguiendo los derroteros jurisprudenciales, que el reparo no debió orientarse como nulidad a través de la causal tercera por él seleccionada, sino de la primera, dado que en esos casos el vicio de motivación no corresponde a un error in procedendo, sino a un yerro in iudicando susceptible de denunciar por vía de la causal primera de casación.
Ahora bien, en el primer cargo de la demanda el censor denuncia la ilegalidad de la sentencia por contener una fundamentación sofística o aparente, en cuanto se aparta de la verdad acreditada en el proceso. En la segunda censura, propone la violación directa de la ley sustancial por haber desconocido el sentenciador de segundo grado la prohibición constitucional de la reforma peyorativa.
De esa manera, la Sala examinará en el orden propuesto los reproches de la demanda con la aclaración que, de prosperar el cargo inicial, haría innecesario abordar el estudio del segundo si la sentencia de reemplazo así lo impone.
Afirma el actor (cargo primero) que la motivación de la sentencia es sofística o aparente, dado que los argumentos que la sustentan contrarían la realidad acreditada con diversos medios de demostración desconocidos por el sentenciador, y que este error condujo a la violación del artículo 263 del Código Penal(10).
En torno a la motivación deficiente de los fallos, la Sala ha precisado que se presenta a través de los siguientes vicios: (i) que el fallo carece totalmente de motivación; (ii) que siendo motivado, es dilógico o ambivalente; (iii) que su motivación es incompleta; y (iv) que la motivación es aparente falsa o sofística.
Igualmente tiene dicho que la ausencia de motivación se configura cuando no se precisan las razones de orden probatorio y jurídico que soportan la decisión; la motivación es ambivalente cuando acoge posturas contradictorias que impiden conocer su verdadero sentido, o las consideraciones expuestas son contrarias a la determinación adoptada en la parte resolutiva; que es precaria o incompleta la motivación, cuando se omite analizar algún aspecto sustancial o las razones argüidas no alcanzan a traslucir el fundamento del fallo; y es aparente, falsa o sofística, cuando se aparta abiertamente de la verdad probada, por suposición, supresión o tergiversación de pruebas que objetivamente conducen a una conclusión jurídica diversa(11).
Las tres primeras modalidades son susceptibles de proponer y demostrar por vía de la causal tercera de casación en cuanto su prosperidad implica la nulidad del pronunciamiento a efecto de corregir el yerro y garantizar el adecuado ejercicio del derecho de contradicción, no así la última, la cual, por constituir un vicio de juicio, encuentra sendero apropiado para su demostración con sujeción a las exigencias de la causal primera, cuerpo segundo, comoquiera que su éxito obliga a emitir fallo de reemplazo(12).
En ese contexto, la Corte examinará si el sentenciador incurrió en defectos de valoración probatoria que condujeron, como lo afirma el recurrente, a la motivación sofística de la sentencia y, por esa vía, a la violación del artículo 263 del Código Penal.
La norma referida tipifica el delito de invasión de tierras o edificaciones, de la siguiente manera:
“ART. 263.—Invasión de tierras o edificaciones. El que con el propósito de obtener para sí o para un tercero provecho ilícito, invada terreno o edificación ajenos, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años y multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
PAR.—Las penas señaladas en los incisos precedentes se rebajarán hasta en las dos terceras partes, cuando antes de pronunciarse sentencia de primera o única instancia, cesen los actos de invasión y se produzca el desalojo total de los terrenos y edificaciones que hubieren sido invadidos”.
Invadir, según el Diccionario de la Lengua Española, consiste en “1. Irrumpir, entrar por la fuerza// 2. Ocupar anormal o irregularmente un lugar// 3. Dicho de una cosa: entrar y propagarse en un lugar o medio determinados// 4. Entrar injustificadamente en funciones ajenas//...”(13).
En términos jurídicos el significado del vocablo no es distinto, pues de acuerdo con el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, por este se entiende “Entrar por la fuerza en una parte// Sin derecho, desempeñar funciones ajenas// En derecho internacional, agredir un Estado a otro y penetrar por las armas en su territorio”, y según la misma obra el acto de invasión implica “... apoderamiento por la fuerza de los bienes inmuebles ajenos// Usurpación, intrusión, despojo// Agresión armada internacional, en que se penetra en territorio de otro país, con la finalidad de adueñarse del mismo (en todo o en parte) o para obligar a rendirse al adversario y que acepte las condiciones que se le impongan...”(14).
El delito de invasión de tierras o edificaciones, según viene de verse, lo comete quien ocupa, penetra, o se introduce de manera fraudulenta, clandestina, arbitraria o violenta en bienes inmuebles que no le pertenecen (tierras o edificios ajenos), con la intención de alcanzar un provecho para sí o para un tercero, ingrediente subjetivo que no necesariamente entraña apropiarse en todo o en parte del bien, sino que puede constituirlo, por ejemplo, una intrusión temporal y parcial con el fin de establecerse allí por algún tiempo o para ejercer una forma de explotación del inmueble.
Para el juicio de tipicidad, en la invasión de tierras o edificaciones no se exige el logro del ingrediente subjetivo previsto en el postulado normativo, y aun cuando el comportamiento se perfecciona con los actos constitutivos de la ocupación ilegítima, la conducta es de ejecución permanente durante todo el tiempo que perdure la posesión arbitraria o fraudulenta del respectivo inmueble.
La conducta, según el modelo descriptivo, puede ejecutarla un solo agente, aunque en la práctica es común que varias personas concurran en la invasión y por ello en el precepto se consagra una mayor represión punitiva para los promotores, organizadores o directores de la intrusión clandestina en tierras o edificaciones ajenas, imposible de predicar cuando el agente obre en solitario.
Lo relevante en el análisis de adecuación típica de este comportamiento es que (i) se produzca la invasión o el ingreso en terrenos o edificaciones ajenos, (ii) que se haga de manera arbitraria, por el querer o capricho del invasor, esto es, sin el consentimiento expreso o tácito del dueño, y (iii) con el propósito de obtener un provecho ilícito el cual surge en cuanto el agente carece de todo derecho para invadir(15).
Los sentenciadores de instancia establecieron en relación con la materialidad de la infracción en el asunto analizado lo siguiente.
El juez de primer grado tuvo como elemento de partida en sus reflexiones que el propietario de la finca La Comarca, ubicada en el municipio de Villanueva, al momento de los hechos, era el señor Jorge Enrique Gómez Montealegre. No obstante, puntualizó, “... el 2 de agosto de 2007, José Joaquín Guevara Rico, perturbó la pacífica y pública posesión sobre los predios, comoquiera que en horas de la mañana se presentó a la heredad burlando las medidas de seguridad al romper los candados que aseguraban la puerta de entrada, para posteriormente de manera violenta y alevosa ultrajar a los trabajadores presentes, indicándoles que ellos no tenían por qué estar allí, dado que el predio era de su propiedad... (el procesado) se declara inocente frente a los cargos formulados, al predicar que obró dentro del marco de la legalidad en el entendido que él compró el 30% de la finca, esto es, lo que le daba derecho a ingresar a ella y el 70% le correspondía a Jorge Enrique Gómez Montealegre”.
Además de los documentos que acreditan la propiedad sobre el bien, atendió la declaración de Camilo Casas Ortiz, quien refiere haberle vendido el inmueble al querellante Enrique Gómez, ‘resaltando que el dinero se lo entregaba José Guevara Rico, amigo del comprador’. Puso de presente, además, que el procesado intervino como testigo en la promesa de compraventa del bien raíz, no como comprador de una cuota parte del mismo.
El a quo tuvo igualmente en cuenta el proceso policivo de lanzamiento por ocupación de hecho, tramitado por el Alcalde de Villanueva, del cual tomó las diversas declaraciones que allí obran de empleados y personas relacionadas con el querellante Enrique Gómez Montealegre, para ratificar su condición de propietario del predio La Comarca, y la forma como, al parecer, el procesado irrumpió en el inmueble el 3 de agosto de 2007, de donde concluyó que Guevara Rico “ejerció actos para invadir el terreno, comoquiera que ocupó o mejor tomó posesión de la hacienda y de la construcción que había en ella. Invasión, que no solo realizó por la fuerza bruta, al superar las medidas de seguridad del predio, sino que también para lograr apropiarse de la misma se valió de las autoridades ante quienes acudió en aras de demostrar una calidad que no ostentaba, pero con la que perseguía el obtener su protervo fin, un provecho ilícito para sí”.
Por su parte, el juzgador de segundo grado refirió que la acusación por invasión de tierras, se estructura en que el procesado “carece de todo título con el cual pueda legitimar una posesión que alega tener sobre los predios de La Comarca. Predios estos que el denunciante prueba haber adquirido y tener como de su propiedad mediante la presentación de prueba legítimamente idónea como es respecto de inmuebles, la escritura pública y la certificación de su inscripción en la competente oficina de registro”.
Consideró además el ad quem que “De escasa o nula utilidad probatoria resultan las declaraciones de testigos tendientes a demostrar una posesión ejercida por Guevara Rico si, como está demostrado, es el propio Guevara quien admite y confiesa la que ejerce Gómez Montealegre. La posesión que alega tener Guevara sobre los predios La Comarca es inexistente por dos vías: Por una parte, no es posible admitir pruebas que demuestren una presunta posesión, frente a la que Gómez alega detentar con la propia aquiescencia del invasor: Recordemos aquí que el procesado es el testigo de la promesa de compraventa que desemboca posteriormente en la posesión del querellante Gómez. Por la otra parte, la posesión que Guevara Rico esgrime como suya, él mismo confiesa no haberla compartido en modo alguno ni siquiera con Gomez Montealegre. Se concluye de este breve análisis que, por excluirse recíprocamente la posesión, uno debe ser el verdadero poseedor y el otro el invasor. Y si Gómez Montealegre, alega ser el real poseedor y además propietario, probando las dos situaciones como lo manda la ley, es natural y obvio que Guevara Rico es el invasor”.
Las pruebas allegadas a la actuación acreditan como hecho irrefutable que el señor Jorge Enrique Gómez Montealegre, es el titular del derecho de dominio de los predios La Comarca Ganadera, Mangón de la Comarca y Comarca Arrocera, ubicados en la vereda San Agustín del municipio de Villanueva, Casanare, los cuales adquirió de Camilo Casas Ortiz mediante escritura pública 2595 del 14 de junio de 2007(16), inscrita en la Oficina de Instrumentos Públicos de Yopal(17).
Por otra parte, en el texto de la querella el señor Gómez Montealegre asegura que el 2 de agosto de 2007, el procesado Guevara Rico irrumpió de manera violenta en el inmueble, ultrajó a los trabajadores que allí se encontraban, rompió los candados y vociferaba que era dueño del inmueble.
En ampliación de la querella puntualizó que la compra se efectuó a finales de enero de 2006 y la escritura se suscribió el 14 de junio del año siguiente. De igual modo, indicó que Guevara Rico inició en su contra actuaciones judiciales y de policía(18) ‘con las que reclama posesión’, pero negó haber suscrito algún convenio que le permitiera al procesado estar en la finca y “desconozco por qué quiso pasarse como si fuera el dueño... él me sirvió de testigo en la promesa de compraventa de dicha finca...”.
Agregó que como propietario ejercía igualmente la posesión del bien “hasta 8 días antes de ponerme (Guevara Rico) la denuncia aquí él puso unos candados y unas cadenas y fuera de eso me denunció”.
En la copia de la querella de policía referida por el señor Gómez Montealegre, el procesado manifestó:
“En el mes de febrero de 2006 y luego de una serie de negociaciones celebradas entre el señor Camilo Casas Ortiz, quien para la época era el titular del predio que hoy poseo y exploto, me entregó el bien en calidad de compraventa suscrita con el mismo conforme con el desarrollo de una promesa de compraventa suscrita entre Camilo Casas Ortiz y Jorge Enrique Gómez Montealegre y el suscrito como testigo, documento este que fue firmado el 31 de enero de 2006”.
“Luego de la firma del mencionado documento se corrió en Bogotá la escritura pública 1272 del 30 de marzo de 2007 en la Notaría 42 de Bogotá, documento donde consta expresamente que, además de la posesión que ejerzo actualmente, también adquiero derechos de dominio como titular del 30% actuando como representante y apoderado de la sociedad Comercializadora El Pescadito Ltda.”.
“Esta tranquila y quieta posesión, viene siendo perturbada por el señor Jorge Enrique Gómez Montealegre y sus enviados (desde el) 3 de julio de 2007...”(19).
El instrumento público aludido por el procesado(20) contiene la siguiente nota: “El suscrito Notario Cuarenta y Dos (42) del Círculo de Bogotá D.C. no autoriza la presente escritura por cuanto no fue firmada por el señor Jorge Enrique Gómez Montealegre. En virtud del artículo décimo (10) del Decreto 2148 de 1983”(21).
No obstante la escritura aparece suscrita por el vendedor Camilo Casas Ortiz y Lina María Guevara, representante legal de la Comercializadora El Pescadito Ltda., en condición de compradora del 30% “del valor total de los inmuebles objeto de la misma (fincas La Comarca Ganadera, Mangón de La Comarca y Comarca Arrocera). La cláusula sexta del documento precisa que “El vendedor ya entregó a los compradores los inmuebles objeto de la presente compraventa a entera satisfacción de los compradores(22).
En la indagatoria rendida por José Joaquín Guevara Rico, sostuvo que no invadió ni usurpó predios del señor Gómez Montealegre; “esa finca la compramos en compañía... yo fui el que lo traje a él a esta región y le mostré la finca le dije que la podíamos comprar muy barata, que yo sabía quién era el dueño... y me podía dar esa finca muy barata, le dije coloque usted la plata y vamos en compañía porque yo tengo otros amigos que pueden colocar la plata para desarrollar el proyecto piscícola, entonces él me dijo que no hiciera el negocio con nadie que él Enrique Gómez colocaba la plata y desarrollábamos el proyecto piscícola, así fue como fuimos donde el doctor Camilo Casas y negociamos la finca”(23).
Agregó que para el pago del valor de la finca él aportó $ 480.000.000. Al momento de pagar la cuota inicial Enrique Gómez no tenía dinero y le entregó algunos cheques posfechados “para cambiarlos en el comercio y completar la cuota inicial que eran quinientos millones de pesos y llevárselos al señor Camilo Ortiz y así sucedió durante todo el tiempo que duramos pagando la finca, siempre me tocaba recibirle cheques posfechados cambiarlos en el comercio hasta terminar de pagar la finca, se duró pagando la finca 16 meses aproximadamente, el doctor Camilo Casas Ortiz en la última cuota que se había vencido dos meses aproximadamente me llamó y me dijo que si no le llevaba la plata... deshacía el negocio y me cobraba la cláusula, fue así como le comuniqué a Enrique Gómez y me dijo que no tenía plata que eso el médico se esperaba pero me preocupé mucho y al fin logré que Enrique Gómez me diera unos cheques posfechados para cambiarlos y yo coloqué el resto de la plata y yo coloqué doscientos millones de pesos y Enrique me dio cheques posfechados, de ahí en adelante el señor Casas Ortiz le ordenó al encargado... que me entregara la finca, entonces yo vine el 2 de febrero de 2006 yo vine con un amigo que se llama Henry Sabala y recibimos la finca y de ahí en adelante me puso a hacerle inversiones como lagos, cercas, lagos para piscicultura por más de seiscientos millones de pesos, desde entonces hasta hoy tengo la posesión de la finca sin ningún problema, el señor Enrique Gómez vino en agosto y me denunció en la alcaldía que yo me había metido a la finca a las malas y me practicaron esa diligencia en la alcaldía y la inspección de policía, ellos fueron a desalojarme de la finca y con los testigos, los trabajadores de la finca... las autoridades resolvieron que yo tenía razón...”.
En relación con la escritura 1272 del 30 de marzo de 2007, manifestó: “Cuando terminamos de pagar la finca nos pusimos de acuerdo con Enrique Gómez que él había puesto más plata entonces que hiciéramos la escritura con el 30% para mí y el 70% para él y así fue como le ordenamos al vendedor que nos corriera la escritura y él efectivamente mandó hacer la escritura en la notaría 42 y me llamó y me dijo que él ya había firmado que por favor fuéramos a firmar, nosotros firmamos y este señor Enrique Gómez pasaron los días y no fue a firmar”. Tiempo después, agregó, supo por Camilo Casas que había sido presionado para elaborar y suscribir una nueva escritura en la que figura como único comprador Jorge Enrique Gómez Montealegre(24).
Reiteró que en la promesa de venta celebrada entre el querellante y el señor Casas Ortiz “firmé como testigo ya que habíamos llegado a un acuerdo con Enrique Gómez que él pagaba toda la finca y que tan pronto como cuadráramos eso con una propiedad entonces hacíamos un documento de compraventa entre los dos, documento que nunca se hizo porque ya habíamos mandado elaborar la escritura con el porcentaje (convenido) de acuerdo a los dineros que yo había aportado entonces no creí necesario que hiciéramos un documento de compraventa ya que estaba figurando en la escritura 1272, la cual firma la representante legal de la Sociedad Comercializadora El Pescadito”, constituida por sus hijos y en la que representa a los menores de edad.
A la actuación se allegó igualmente copia de la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho que, en nombre de Jorge Enrique Gómez, adelantó José Yovany Mahecha Sánchez contra José Joaquín Guevara Rico. En este trámite, cumplido el 22 de agosto de 2007, se escucharon los siguientes testimonios:
Frank Asley Romero Arias aseguró haber sido contratado por José Yovany Mahecha Sánchez, administrador y representante de la finca La Comarca, de propiedad de Enrique Gómez Montealegre. Según dijo, llevaba laborando en ese predio más de un año y cuando llegó advirtió que se estaba desarrollando un proyecto para el cultivo de peces(25). Aunque en su condición de encargado de la finca no supo responder quién hizo los taludes que se observaban en el predio, el nombre del conductor del bulldozer utilizado en las obras, el número de piscinas que se construyeron en el proyecto piscícola, dónde estaban ubicadas ni cuántos alevinos tenían, sostuvo que el dueño del proyecto era el señor Gómez Montealegre.
Por su parte, el testigo Carlos Alberto Montoya Murillo manifestó ser administrador del predio en nombre de José Joaquín Guevara Rico, con quien venía laborando desde hace 14 meses y lo reconoce como la persona que explota económicamente el inmueble mediante el proyecto piscícola. Negó que Frank Asley Romero fuera el encargado de la finca o que llevara allí más de 14 meses, pues ingresó a comienzos de agosto de manera violenta con intervención de un abogado y de agentes de la policía.
El declarante César Julio Castillo Ávila reconoció como poseedor del terreno a José Joaquín Guevara, quien la ha ejercido por año y medio, de igual modo que en algunas ocasiones vio en la finca a Jorge Enrique Gómez quien decía ser el dueño aunque, reiteró, la posesión siempre la ha ejercido José Guevara persona que lo contrató para la limpieza del fundo y realizar obras para el cultivo de peces.
Edison Ramírez Pérez, afirmó haber trabajado en el predio cuando se inició la construcción de los pozos del proyecto piscícola que adelantaba el señor Guevara Rico. De Jorge Enrique Gómez dijo haberlo visto las veces que fue a la finca con el procesado.
En la declaración vertida por José Yovany Mahecha Sánchez, afirmó que desde hace 15 meses “he estado viniendo a este lugar, mandado por el pastor Enrique (Gómez Montealegre), representándolo”. En esa condición ha estado pendiente de la conservación general del predio y le comenta al propietario cómo va todo. En relación con la actividad piscícola manifestó que no ejercía la administración “porque aquí en la finca hay personas que se encargan de ello y en ningún momento el pastor me ha pedido intervenir en esos asuntos”; es más, dijo que no sabía si el propietario del fundo desarrollaba tal actividad, pues “nunca me ha ordenado nada al respecto sobre la piscicultura”, en esencia “yo nunca he ejercido posesión ni mando sobre peces, porque nunca me lo ha ordenado... cuando yo empecé a venir por parte del pastor ya se estaban haciendo los pozos”.
Precisó también que durante su gestión como administrador(26), algunas veces acudió al predio en compañía de Jorge Enrique Gómez Montealegre y que en esa época los pozos del proyecto piscícola se estaban realizando(27).
Ante esta situación se le preguntó al testigo por qué razón, él como administrador y el señor Gómez Montealegre en su condición de propietario, al observar durante las visitas que hacían al predio que un tercero desarrollaba obras de gran importancia, no se preocuparon por preguntar quién las hacía ni por qué las estaba desarrollado, a lo cual respondió: “El pastor Enrique Gómez decía de un proyecto de hacer unos 18 pozos de la magnitud de los que ya se estaban haciendo, pero nunca me manifestó con quién los hacía ni tampoco que estuviera al tanto de esos pozos... yo no le informé esa novedad (la realización del proyecto) porque para mí no era una novedad, porque cuando yo vine por primera vez con el señor Jorge Enrique Gómez ya se estaba haciendo”.
Dijo, además, que ni él ni el propietario de la finca denunciaron antes la ocupación del inmueble, pues “no sabía de ningún inconveniente que hubiese en esos trabajos hasta hace aproximadamente 2 meses o mes y medio que se han venido presentando los problemas que hoy en día hay”, y precisó que, antes de estos sucesos, Frank Asley Romero lo acompañaba a realizar trabajos en el fundo “pero en sí hasta hace 2 meses que él se ubicó de hecho en esta finca... el pastor Gómez nos mandó venir al (sic) finca e instalar los muchachos no para sacar a los que estaban ni tampoco se nos ordenó impedirles su trabajo sino que él manifestó que los necesitaba aquí para que le ayudaran a cuidar la casa y darse cuenta de las cercas entre otros oficios de la finca...”(28).
De otro lado, en la actuación penal se escuchó el testimonio de Camilo Casas Ortiz, quien además de relatar los pormenores de la venta que hizo en favor del querellante Jorge Enrique Gómez, señaló que en el predio se iba a montar un negocio de pescados y ganadería, “pero que la explotación principal iba a ser piscicultura eso lo comentaron él (Guevara Rico) con el pastor en mi oficina, es lo que me acuerdo cuando fueron a negociar allí los dos”(29).
Por último, en la fase del sumario se allegó copia de la Resolución 40 del 17 de diciembre de 2007, por medio de la cual la unidad de justicia municipal de Villanueva, resolvió “1. Proteger el derecho de posesión que ostenta el Sr. José Joaquín Guevara Rico, sobre el predio rural denominado La Comarca, ubicado en la vereda del mismo nombre, vía a San Agustín... 2. Ordenar el restablecimiento del statu quo a favor del querellante, mientras judicialmente se decide la controversia...”(30).
La querella en ese trámite la promovió José Joaquín Guevara Rico en contra de Jorge Enrique Gómez Montealegre, y tuvo como fundamento fáctico los actos realizados desde el 3 de julio de 2007, a través de los cuales, según dicha pieza procesal, el querellado o las personas enviadas por él, afectaron la posesión que Guevara Rico dijo ejercer pacíficamente desde el mes de febrero de 2006.
El extenso recuento probatorio que acaba de hacerse se ofrece necesario dentro del contexto del cargo analizado, como quiera que los argumentos de condena difieren de la realidad contenida en los elementos de persuasión allegados al proceso y esta circunstancia torna legítimo el reproche del recurrente relacionado con la defectuosa motivación de la sentencia.
Un elemento inocultable que revelan las pruebas antes relacionadas, es que para el 2 de agosto de 2007, cuando, según el querellante se produjo el acto invasivo, el procesado se encontraba establecido en la finca La Comarca, pues en ella venía levantando al parecer durante el año y medio anterior, una importante infraestructura destinada a la producción y explotación piscícola.
De igual modo, los elementos de juicio informan que este hecho no era desconocido por el propietario del inmueble ni por su administrador José Yovany Mahecha, quien declaró bajo juramento que cuando comenzó su labor en la finca, las obras ya estaban en marcha y le escuchó al señor Gómez Montealegre manifestar que el proyecto ‘tendría 18 pozos de igual magnitud a los que se veían’.
El querellante alega que recibió el fundo el 7 de abril de 2006, y desde ese momento entró en posesión del bien, para demostrar su aserto aportó: (i) una copia simple de la declaración extrajuicio rendida ante el Notario Único de Villanueva por José Antonio Garzón Barrera(31), en la que sostuvo haber recibido la finca el 7 de abril de 2006, y (ii) copia de similar naturaleza del inventario supuestamente entregado por Gildardo Molina en representación del vendedor(32); documentos que, dada su condición, carecen de valor probatorio conforme lo disponen los artículos 259 del Código de Procedimiento Penal(33) y 245 del Código de Procedimiento Civil(34).
Y, si bien Garzón Barrera declaró en el sumario(35), su testimonio no persuade que haya recibido el inmueble a nombre del querellante en la fecha referida, si se tiene en cuenta que el vendedor, Camilo Casas Ortiz, declaró haberlo entregado desde febrero de 2006 cuando recibió el primer pago del negocio, pero no supo si el comprador lo recibió personalmente o si delegó a otra persona para hacerlo.
De todos modos, si bien no es objeto de este proceso declarar la posesión de un bien en una persona determinada, asunto extraño a la jurisdicción penal, en el proceso se estableció que antes del dos de febrero de 2007, el acusado José Joaquín Guevara Rico, estaba ubicado en la finca La Comarca realizando obras de gran magnitud, lo cual hacía con conocimiento y anuencia, aunque fuere implícita, del propietario del inmueble, tal como lo declaró su administrador José Jovany Mahecha Sánchez.
La presencia previa del acusado en el predio objeto de la supuesta invasión, pudo obedecer, siguiendo lo manifestado por él a lo largo del proceso, a los acuerdos comerciales pactados con Jorge Enrique Gómez Montealegre. Los funcionarios de instancia (fiscal y juez de conocimiento), a pesar de contar con diversos elementos de juicio que informaban sobre la posesión del inmueble por el procesado antes de la fecha de la supuesta invasión, desatendieron el imperativo de comprobar desde qué fecha y por qué razón se hallaba en la finca desarrollando las obras y la industria aquí referidas, labor que, a no dudarlo, requería el concurso del señor Gómez Montealegre, a quien le correspondía ratificar o desmentir lo dicho por su administrador en relación a que visitaba el predio y consentía las labores que en él ejecutaba el acusado.
Lo cierto es que la autoridad de policía, es decir, la unidad de justicia municipal de Villanueva, en dos actuaciones diferentes reconoció la condición de poseedor del acusado en la finca La Comarca, la primera al resolver la solicitud de lanzamiento por ocupación de hecho promovida por José Yovany Mahecha Sánchez contra José Joaquín Guevara Rico, trámite en el cual se abstuvo de practicar el lanzamiento “por mediar prueba testimonial que justifica legalmente la ocupación”. La segunda, en el proceso policivo de amparo por perturbación a la posesión, en el que resolvió “Proteger el derecho de posesión que ostenta el Sr. José Joaquín Guevara Rico, sobre el predio rural denominado La Comarca...”.
Los aspectos puntualizados: i) presencia y desarrollo permanente de actividades del acusado en el predio antes de que ocurriera la supuesta invasión denunciada por el querellante; y ii) el conocimiento y consentimiento del propietario del bien en relación con tales hechos, constituyen una realidad en el proceso, la cual desconocieron los juzgadores de instancia merced a los errores de valoración en que incurrieron, provenientes no del falso juicio de existencia que proclama el actor, sino de identidad, pues los medios por él extrañados fueron considerados en el fallo, solo que en forma parcelada, si se tiene en cuenta que de ellos se extractaron solo algunos de los hechos que acreditaban, y se desatendieron otros de marcada relevancia en relación con el objeto debatido.
El error se ofrece relevante teniendo en cuenta que el conjunto probatorio analizado en su integridad, conduce a la inexistencia del punible de invasión de tierras o edificaciones que se le atribuye al procesado, pues se demostró que, con antelación a la fecha en que supuestamente irrumpió en los predios del señor Jorge Enrique Gómez Montealegre, es decir, el 2 de agosto de 2007, se encontraba en la finca La Comarca, de igual modo, que su presencia y los notorios trabajos que desarrollaba en el fundo, eran conocidos y consentidos por su propietario, lo cual implica que no penetró o se introdujo en la heredad en forma fraudulenta, clandestina, violenta o arbitraria.
En esas condiciones, no sobra precisar que si entre las partes (querellante y querellado), surgió con ocasión de la adquisición de la finca algún tipo de relación comercial, que condujo a recíprocas denuncias penales y querellas de policía, sus pretensiones no podían ventilarse en el escenario del proceso penal, signado por el concepto de última ratio, sino ante los jueces civiles en quienes radica la facultad de declarar o negar la existencia de derechos sobre los bienes, que es precisamente, la esencia de la discusión que envuelve a los interesados en el presente asunto.
En la forma como viene de exponerse, el cargo analizado está llamado a prosperar, por lo que se impone casar la sentencia recurrida y absolver al procesado del delito por el cual fue convocado a juicio, sin que resulte necesario, en consecuencia, analizar el segundo reproche de la demanda.
Cuestión final. La decisión que adoptará la Corte, deja sin fundamento la medida ordenada por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Monterrey, mediante auto del 3 de julio de 2009, con el cual ordenó la entrega provisional del predio La Comarca (Comarca Ganadera, Mangón de la Comarca y Comarca Arrocera), al querellante Jorge Enrique Gómez Montealegre, en su condición de propietario y eventual víctima del punible de invasión de tierras, medida dispuesta con base en el artículo 21 del Código de Procedimiento Penal, el cual habilita al funcionario judicial a adoptar las medidas requeridas para que cesen los efectos creados con la conducta punible y las cosas vuelvan al estado anterior, amén de propender por la indemnización de los perjuicios causados con la conducta punible.
Toda vez que se establece que el procesado no realizó el delito que se le imputa, la medida adoptada en el proceso carece de fundamento y lo que procede, en consecuencia, es disponer que las cosas retornen al estado anterior, para lo cual se comisionará con amplias facultades, por el término de 30 días más el de la distancia, al Juez Promiscuo Municipal de Villanueva, quien proveerá lo necesario en orden a restituir el inmueble a José Joaquín Guevara Rico, en las mismas condiciones en que lo tenía antes de decretarse en este asunto la medida cautelar referida.
Esta determinación, claro está, solo mantendrá vigencia mientras el juez competente en lo civil no disponga cosa diferente y resuelva el conflicto generado entre las partes.
En forma adicional, el término judicial indicado y la orden así dispuesta, deberán ser verificados por el juzgado de segunda instancia, el Promiscuo de Circuito de Monterrey, a donde se remitirá el expediente.
El juez de primera instancia, además, dispondrá la devolución de las cauciones que hubiere prestado el acusado y la cancelación de las anotaciones ordenadas en su contra por cuenta de este proceso.
1. Casar la sentencia del Juzgado Promiscuo del Circuito de Monterrey, Casanare, del 8 de marzo de 2010, con la cual confirmó la condena impuesta por el Juzgado Penal Municipal de Villanueva, en contra de José Joaquín Guevara Rico por el delito de invasión de tierras o edificaciones.
2. Absolverlo del cargo referido.
3. De conformidad con lo expuesto en las motivaciones de esta decisión y en los términos descritos, ordenar la restitución del inmueble La Comarca (Comarca Ganadera, Mangón de la Comarca y Comarca Arrocera) al ciudadano José Joaquín Guevara Rico, de manera que las cosas vuelvan al estado anterior al momento en el cual se dispuso la entrega provisional de ese fundo al querellante.
4. A través del juez de primera instancia, devuélvanse las cauciones que hubiere prestado el acusado y efectúese la cancelación de las anotaciones ordenadas por cuenta de este proceso.
(2) Folio 90.
(3) Folio 232.
(4) Así lo puntualizó el fiscal en las motivaciones de la acusación (fl. 250).
(5) Folios 249 a 257.
(6) De 32 a 135 meses de prisión, según el a quo.
(7) En referencia a la denuncia formulada por el acusado, por los delitos de prevaricato por acción y prevaricato por omisión, en contra de los funcionarios que conocieron el asunto en primera instancia.
(8) Folio 42 cuaderno de segunda instancia.
(9) Ver sentencias del 16 de febrero de 2005, Rad. 20666 y del 25 de mayo de 2006, Rad. 21213.
(10) Según el recurrente la sentencia violó en forma directa la disposición sustancial referida, pero en realidad en estos casos, motivación sofística, la transgresión es indirecta en cuanto tiene sustrato en defectos de valoración probatoria, como el falso juicio de existencia por omisión que aquí propone.
(11) Ver auto del 05-08-09, Rad. 28328 12 Ib.
(13) “Diccionario de la Lengua Española”. Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición. 2001. Tomo II, h-z, pág. 1297.
(14) “Diccionario enciclopédico de derecho usual”. Guillermo Cabanellas, Editorial Heliasta, 27ª Edición, Tomo IV, f-i, págs. 489-490.
(15) De ese criterio Pérez, Luis Carlos en su obra “Derecho Penal” Parte General y Especial. Tomo V. Pág. 535. Editorial Temis, Bogotá 1986.
(16) Folios 17 y ss., cuaderno 1.
(17) Folios 41 a 42 Ib.
(18) El acusado denunció penalmente al señor Jorge Enrique Gómez Montealegre y a Camilo Casas Ortiz, por los delitos de estafa y fraude procesal, y el 25 de julio de 2007 instauró ante la unidad de justicia de la Alcaldía de Villanueva querella por perturbación a la posesión.
(19) Folio 52, cuaderno 1.
(20) Escritura pública 1272 del 30 de marzo de 2007 de la Notaría 42 de Bogotá (fls. 57 a 66 Ib.).
(21) ART 10.—Cuando transcurridos dos meses desde la fecha de la firma del primer otorgante no se hayan presentado alguno o algunos de los demás declarantes, el notario anotará en el instrumento lo acaecido, dejará constancia de que por ese motivo no lo autoriza y lo incorporará al protocolo.
(22) Jorge Enrique Gómez Montealegre y Comercializadora El Pescadito Ltda.
(23) Folio 91, cuaderno 1.
(24) La 2595 del 14 de junio de 2007.
(25) Folio 163, cuaderno 1.
(26) Aproximadamente 15 meses antes de la diligencia de lanzamiento.
(27) Ver folios 170 y 171.
(28) Folio 172 Ib.
(29) Folio 211 Ib.
(30) Folios 223 a 231 Ib.
(31) Folio 49, cuaderno 1.
(32) Folio 50 Ib.
(33) CPP, artículo 259: “Los documentos se aportarán en original o en copia auténtica...”.
(34) “Valor probatorio de las copias. Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, en los siguientes casos:
(35) Folio 83, cuaderno 1.