Source: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1341719
Timestamp: 2019-08-22 05:37:22
Document Index: 349501863

Matched Legal Cases: ['Artículo 220', 'Artículo 221', 'artículo 189', 'artículo 81', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 81', 'artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 38', 'artículo 15', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 5', 'Artículo 3', 'artículo 38', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39']

DECRETO17372010201005 script var date = new Date(19/05/2010); document.write(date.getDate()); script falsefalseDIARIO OFICIAL. AÑO CXLIV. N. 47714. 19, MAYO, 2010. PÁG. 5.MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIApor el cual se modifica el Programa de Protección para Víctimas y Testigos de la Ley 975 de 2005, creado mediante el Decreto 3570 de 2007.CompiladofalsefalseInteriorfalsefalseDECRETO REGLAMENTARIOfalse19/05/201019/05/20104771455
DIARIO OFICIAL. AÑO CXLIV. N. 47714. 19, MAYO, 2010. PÁG. 5.
Arts.: [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]
Arts.: [32] [33]
Modificado Artículo 220 DECRETO 4800 de 2011
Modificado Artículo 221 DECRETO 4800 de 2011
El Ministro del Interior y de justicia de la República de Colombia, Delegatario de funciones presidenciales mediante Decreto 1637 del 11 de mayo de 2010, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 81 de la Ley 418 de 1997, modificada y prorrogada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002 y 1106 de 2006, la Ley 975 de 2005, y
Que según el artículo 2° de la Carta Fundamental son fines del Estado "... garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan...".
Que según el inciso 2° del artículo 2° de la Constitución Política "Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares".
Que la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha señalado que "la seguridad personal, en el contexto colombiano, es un derecho fundamental de los individuos. Con base en él, pueden exigir, en determinadas condiciones, medidas específicas de protección de parte de las autoridades, con el objetivo de prevenir la materialización de cierto tipo de riesgos extraordinarios contra su vida o integridad personal, que no tienen el deber jurídico de soportar, y que las autoridades pueden conjurar o mitigar".
Que el artículo 81 de la Ley 418 de 1997, modificada y prorrogada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002 y 1106 de 2006, dispone que "El Gobierno Nacional pondrá en funcionamiento un programa de protección a personas, que se encuentren en situación de riesgo inminente contra su vida, integridad, seguridad o libertad, por causas relacionadas con la violencia política o ideológica, o con el conflicto armado interno".
Que el Congreso de la República expidió la Ley 975 de 2005, "por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios", publicada en el Diario Oficial 45.980 del 25 de julio de 2005.
Que al definir su objeto, en el artículo 1° de la Ley 975 de 2005, se establece como condición, para facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual y colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, que se garanticen los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación.
Que el artículo 5° de la Ley 975 de 2005, define como víctima a "la persona que individual o colectivamente haya sufrido daños directos tales como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales" y "al cónyuge, compañero o compañera permanente, y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida".
En todo caso "los daños deberán ser consecuencia de acciones que hayan transgredido la legislación penal, realizadas por grupos armados organizados al margen de la ley".
Que la Corte Constitucional en su Sentencia C-370 de 2006, condicionó los incisos 2° y 5° del artículo 5° de la Ley 975 de 2005 "...en el entendido que la presunción allí establecida no excluye como víctima a otros familiares que hubieren sufrido un daño como consecuencia de cualquier otra conducta violatoria de la ley penal cometida por miembros de grupos armados al margen de la ley".
Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley 975 de 2005, los funcionarios a los que ella se refiere deberán adoptar, sin perjuicio de los derechos del acusado o de un juicio justo e imparcial, "las medidas adecuadas y todas las acciones pertinentes para proteger la seguridad, el bienestar físico y psicológico, la dignidad y la vida privada de las víctimas y los testigos, así como, la de las demás partes del proceso", teniendo en cuenta los factores de edad, género, salud, la índole del delito, en particular cuando este entrañe violencia sexual, irrespeto a la igualdad de género o violencia contra niños y niñas.
Que de conformidad con lo previsto por el inciso 4° del artículo 15 de la Ley 975 de 2005, le corresponde a la Fiscalía General de la Nación velar "por la protección de las víctimas, los testigos y los peritos que pretenda presentar en el juicio".
Artículo 1°.Objeto. El Programa de Protección para Víctimas y Testigos, en el marco de la Ley 975 de 2005, tiene por objeto salvaguardar la vida, integridad, libertad y seguridad de la población que se encuentre en situación de riesgo como consecuencia directa de su condición de víctima o testigo, dentro del proceso de Justicia y Paz, o para impedir que intervenga en el mismo.
Parágrafo. Las medidas de protección a que se refiere el presente decreto deberán coadyuvar favorablemente en garantía del acceso a los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación.
Artículo 2°. Población Objeto. Se considera como beneficiario del programa de que trata el presente decreto a toda víctima, en los términos que ha definido el artículo 5° de la Ley 975 de 2005, o testigo, que se encuentre en situación de riesgo extraordinario o extremo que atente contra su vida, integridad, libertad y seguridad. El programa dará un énfasis en prevención y protección hacia las mujeres, atendiendo a lo establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia T-496 de 2008 y el Auto 092 de seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, en lo relacionado con el impacto desproporcionado sobre las mujeres.
Artículo 3°.Principios. El Programa de Protección para Víctimas y Testigos en el ámbito de la Ley 975 de 2005, se regirá por los siguientes principios:
Factores Diferenciales. Para la aplicación del Programa de Protección establecido en el presente decreto se tendrán en consideración las características de la población objeto en términos de género, edad y etnia, y la índole del delito según lo señala el inciso 2° del artículo 38 de la Ley 975 de 2005.
Parágrafo. La violación de los principios que genere una vulneración de los derechos fundamentales de la víctima puede acarrear sanciones penales y disciplinarias.
Artículo 4°.Definiciones. Para la adopción y aplicación de las medidas y protección a que se refiere el presente decreto, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:
En caso de que concurran las calidades de testigo -desmovilizado o testigo- postulado será remitido a la autoridad correspondiente de brindar la protección.
- Que sea específico e individualizable.
- Que sea concreto, fundado en acciones o hechos particulares y manifiestos y no en suposiciones abstractas.
- Que sea presente, no remoto ni eventual.
- Que sea importante, es decir, que amenace con lesionar bienes o intereses jurídicos valiosos, integridad física, psíquica y sexual para la víctima o testigo.
- Que sea serio, de materialización probable por las circunstancias del caso.
- Que sea claro y discernible.
- Que sea excepcional en la medida en que no debe ser soportado por la generalidad de los individuos.
- Que sea desproporcionado, frente a los beneficios que deriva la persona de la situación por la cual se genera el riesgo.
Artículo 5°. Órganos que integran el Programa de Protección para Víctimas y Testigos en el marco de la Ley 975 de 2005. El Programa contará con los siguientes órganos para su dirección, ejecución, evaluación y seguimiento:
Artículo 6°.Dirección del Programa de Protección para Víctimas y Testigos de la Ley 975 de 2005. La Dirección del Programa de Protección para Víctimas y Testigos de la Ley 975 de 2005, estará a cargo del Ministerio del Interior y de Justicia a través de la Dirección de Derechos Humanos.
Artículo 7°.Funciones de la Dirección del Programa de Protección para Víctimas y Testigos:
4. Hacer seguimiento y evaluación al Programa de Protección para Víctimas y Testigos, al funcionamiento y determinaciones del Grupo Técnico de Evaluación de Riesgo - GTER y al impacto de las medidas.
6. Servir de órgano de segunda instancia que conocerá y decidirá las impugnaciones a las decisiones que sean adoptadas por los Grupos Técnicos de Evaluación de Riesgo - GTER, sobre la vinculación o no al Programa, las medidas adoptadas y la desvinculación.
Artículo 8°. De los Grupos Interinstitucionales de Apoyo. La Dirección contará con dos grupos interinstitucionales de apoyo, el Grupo Técnico de Elaboración del Mapa de Riesgo y el Grupo Interinstitucional de Protección.
Artículo 9°.Del Grupo Técnico de Elaboración del Mapa de Riesgo. El Grupo Técnico de Elaboración del Mapa de Riesgo estará integrado por la Policía Nacional y el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
Artículo 10. De las funciones del Grupo Técnico de Elaboración del Mapa de Riesgo. El Grupo Técnico de Elaboración del Mapa de Riesgo tendrá como función recopilar información, elaborar y actualizar el Mapa de Riesgo para presentación ante el Comité Interinstitucional de Justicia y Paz, y para ser utilizado como insumo para la toma de decisiones por parte de los diferentes órganos que conforman este Programa.
Artículo 11.Grupo Interinstitucional de Protección. El Grupo Interinstitucional de Protección estará integrado por representantes de las Direcciones de Justicia Transicional y Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia, de la Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Defensoría del Pueblo y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, CNRR.
Artículo 12.De las funciones del Grupo Interinstitucional de Protección. El Grupo Interinstitucional de Protección tendrá las siguientes funciones:
Parágrafo 1°. La Defensoría del Pueblo participará en esta instancia en cumplimiento de los deberes que le señala la Ley 24 de 1992, como garante de los derechos de las víctimas y de las minorías étnicas, pero no tomará parte en las decisiones.
Parágrafo 2°. Las entidades que componen los grupos asesores deberán delegar ante la Secretaría Técnica, los funcionarios principales y suplentes que representarán a cada una de las entidades.
Artículo 13.Grupo Técnico de Evaluación de Riesgo - GTER. En desarrollo del principio de colaboración armónica entre las entidades del Estado, el Grupo Técnico de Evaluación de Riesgo -GTER- estará conformado por la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y la Defensoría del Pueblo.
Parágrafo 1°. Las entidades que componen el GTER deberán delegar ante la Secretaría Técnica, los funcionarios principales y suplentes que representarán a cada una de las entidades.
LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO L-CC-002-10
Parágrafo 2°. La Defensoría del Pueblo participará, con voz pero sin voto, conforme a lo establecido en la Ley 24 de 1992, como garante de los derechos de las víctimas.
Parágrafo 3°. En caso de discrepancia en la valoración del riesgo entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, la medida se tomará a favor de la víctima.
Artículo 14.Distribución Territorial de los Grupos Técnicos de Evaluación de Riesgo. El Programa contará con regionales del Grupo Técnico de Evaluación de Riesgo, las cuales estarán ubicadas en las ciudades que se señalan a continuación y tendrán la siguiente comprensión territorial:
Parágrafo 1°. La Dirección del Programa podrá crear nuevas regionales del Grupo Técnico de Evaluación de Riesgo - GTER, determinadas por la dinámica del proceso de Justicia y Paz.
Parágrafo 2°. La Secretaría Técnica del Grupo Técnico de Evaluación de Riesgo - GTER, estará a cargo de la Oficina de Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la Nación de Bogotá y contará con Secretarías delegadas a cargo de las Unidades Regionales de esta Oficina.
Parágrafo transitorio. Las regionales de Bucaramanga y Cali entrarán en funcionamiento tres (3) meses después de la entrada en vigencia del presente decreto, durante este periodo las solicitudes de protección de estos departamentos serán atendidas por las regionales de Barranquilla y Bogotá.
Artículo 15.Funciones del Grupo Técnico de Evaluación de Riesgo - GTER. El Grupo Técnico de Evaluación de Riesgo - GTER, deberá:
5. En los casos en que el Grupo Técnico de Evaluación de Riesgo - GTER, advierta la existencia de riesgos para una colectividad, informará a la Dirección del Programa y a la Secretaría Técnica del Grupo Interinstitucional de Protección para que se adopten las medidas preventivas y protectivas a que haya lugar, las cuales serán presentadas en el marco del Grupo Departamental de medidas complementarias.
Artículo 16.Grupo Departamental de Medidas Complementarias. En aplicación al principio de responsabilidad territorial, se crean los Grupos Departamentales de Medidas Complementarias.
Artículo 17.De las funciones del Grupo Departamental de Medidas complementarias. El Grupo Departamental de Medidas Complementarias tendrá las siguientes funciones:
Parágrafo 1°. La Dirección del Programa, a fin de garantizar la concurrencia institucional, brindará la información necesaria al Grupo Departamental de Medidas Complementarias, sobre las funciones que le corresponde cumplir en el marco de este Programa; de igual manera, aportará la información de carácter no reservado, relacionada con el riesgo y la problemática de las víctimas en su jurisdicción.
Parágrafo 2°. Los Gobernadores en cada departamento, atenderán los requerimientos de implementación de medidas complementarias definidas por el Comité Departamental, cuando la ejecución sea de su competencia.
Artículo 18.Análisis del Mapa de Riesgo. El Grupo Interinstitucional de Protección analizará y adoptará las medidas de protección que considere necesarias, en coordinación con el Grupo Departamental de Medidas Complementarias correspondiente.
Artículo 19.Actualización del Mapa de Riesgo. El Grupo Técnico de Elaboración de Mapa de Riesgo, deberá presentar cada cuatro (4) meses, la actualización del Mapa de Riesgo, con el objeto de ajustar la priorización de los municipios, franjas poblacionales y territorios colectivos de grupos étnicos para la atención preventiva, según la dinámica del proceso de Justicia y Paz.
Artículo 20.Dispositivos de protección. Para efectos de garantizar una respuesta oportuna, en términos de prevención, atención individual y colectiva, con enfoque diferencial y de género, el Programa de Protección para Víctimas y Testigos de la Ley 975 de 2005, tendrá tres dispositivos de protección:
Artículo 21. Medidas de carácter general. Son las que contribuyen a crear un ambiente favorable de protección para todas las víctimas, al fortalecimiento de la institucionalidad, y a la sensibilización e información de la ciudadanía respecto a los derechos de las víctimas y la preservación de su dignidad. A ese propósito corresponden las siguientes medidas.
Artículo 22.Dispositivos Colectivos y Poblacionales. Está dirigido a municipios, franjas poblacionales y territorios colectivos de grupos étnicos que hayan sido priorizados en el Mapa de Riesgo. Su atención estará a cargo del Grupo Departamental de Medidas Complementarias, bajo la coordinación del Gobernador o su Secretario del Interior o de Gobierno y con acompañamiento del Grupo Interinstitucional de Protección. Entre las medidas a disponer por parte de las autoridades anteriormente señaladas están:
Parágrafo 1°. El Gobernador o su Secretario del Interior o de Gobierno, solicitará la intervención de las Fuerzas Militares, cuando la Policía Nacional no esté en capacidad por sí sola de atender los requerimientos de que trata este artículo.
Parágrafo 2°. Se pondrá en conocimiento del Ministerio de Defensa Nacional, las conclusiones del Mapa de Riesgo, con el fin de que coordine los esfuerzos necesarios en el marco de la consolidación de la política de seguridad democrática.
Artículo 23.Dispositivos individuales. El Dispositivo Individual consiste en el conjunto de medidas y medios de protección específicos, adecuados y suficientes, para evitar que se materialice el riesgo extraordinario o extremo sobre una víctima o testigo, en el marco de la Ley 975 de 2005.
Este Dispositivo será aplicado por la Fiscalía General de la Nación o la Policía Nacional, de acuerdo con la asignación de medidas que determine el respectivo Grupo Técnico de Evaluación de Riesgo- GTER. En todos los casos, la atención individual del riesgo se basará integralmente en los procedimientos, criterios e instancias de articulación interinstitucional, previstos en el presente decreto y especificadas en el Protocolo Único de Protección para Víctimas y Testigos de justicia y paz.
Artículo 24.Etapas del Dispositivo Individual. El Dispositivo Individual contempla cuatro etapas.
Artículo 25. Asistencia Inicial. La asistencia inicial consiste en satisfacer las necesidades de la víctima o testigo solicitante y su núcleo familiar, en materia de seguridad, hospedaje, alimentación, aseo, transporte, vestuario, asistencia médica de urgencia y demás aspectos que permitan su protección en condiciones de dignidad, atendiendo el enfoque diferencial y de género.
Parágrafo 1°. Todos los servidores públicos tendrán la obligación de poner en conocimiento de la Policía Nacional cualquier situación de riesgo o amenaza en contra de una víctima o testigo, en el marco de la Ley 975 de 2005 con el fin de activar el procedimiento establecido en este artículo, y de la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que disponga la correspondiente investigación de los hechos denunciados.
Parágrafo 2°. Si la víctima manifiesta reserva de confianza por razones de seguridad hacia cualquier entidad vinculada con el desarrollo de este Programa, el personero municipal o el representante del Ministerio Público, acompañarán el procedimiento.
Artículo 26.Finalización de la asistencia inicial. La asistencia inicial concluirá cuando se presenten alguna de las siguientes situaciones:
1. Cuando se adopten las medidas de protección por parte del Grupo Técnico de Evaluación de Riesgos- GTER o la Dirección del Programa. En cualquier caso, se deberá dejar constancia de tales circunstancias en acta que deberá ser notificada al beneficiario de protección.
Artículo 27. Evaluación y calificación del riesgo individual. El Grupo Técnico de Evaluación de Riesgos- GTER, a través de la Policía Nacional o la Fiscalía General de la Nación, realizarán la evaluación y calificación de riesgo, con el fin de asignar, de considerarse necesario, las medidas de seguridad estipuladas en el presente decreto.
Artículo 28. Certificación. Los fiscales delegados de la Unidad de Justicia y Paz certificarán sumariamente la calidad de víctima o testigo en el procedimiento de la Ley 975 de 2005, como requisito para acceder a este programa, tomando como referencia el reporte de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley y la valoración de las entrevistas a los testigos de un hecho atribuible a grupos armados organizados al margen de la ley.
Artículo 29. Determinación y ejecución de las medidas. Cuando el Grupo Técnico de Evaluación de Riesgo- GTER, haya determinado que la víctima solicitante se encuentra en situación de riesgo extraordinario o extremo, se aplicarán las siguientes medidas.
Parágrafo 1°. La aplicación de las medidas de protección dispuestas por el Grupo Técnico de Evaluación de Riesgo- GTER, se formalizarán mediante acta de compromiso suscrita entre el beneficiario de las medidas y el representante de la entidad competente, en la cual se harán constar las obligaciones que adquiere el protegido y las consecuencias de su desacato o el mal uso que haga de ellas.
Parágrafo 2°. Las medidas enunciadas en los numerales del 1 al 6 no son excluyentes en su implementación.
Artículo 30.Reevaluación del Riesgo. El Grupo Técnico de Evaluación de Riesgo- GTER, reevaluará el riesgo de las personas vinculadas al Programa cada seis (6) meses.
Artículo 31.Entidades competentes. En los términos del presente decreto, la ejecución de las medidas de protección tendrán los siguientes responsables principales:
6. Medidas complementarias. A cargo del Grupo Departamental de Medidas Complementarias, conformado por el Gobernador o su Secretario del Interior, la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación -CNRR-, cuando esta tenga representación en dicho departamento.
Artículo 32.Medidas Complementarias. Para la aplicación de las medidas complementarias se buscará integrar la atención a las necesidades de las víctimas y testigos, con el propósito de salvaguardar sus derechos afectados y buscar su bienestar emocional y familiar, por tal razón, deberán concurrir todas las entidades competentes en la ejecución de programas orientados a dar respuesta a estas necesidades. Igualmente se podrán convocar entidades sin ánimo de lucro que colaboren con estos propósitos.
Parágrafo. En todas las medidas complementarias implementadas, la autoridad a cargo se asegurará de la adecuada aplicación del enfoque de género y diferencial.
Artículo 33. Evaluación sobre la pertinencia y contenido de las medidas complementarias. Cuando la situación de amenaza amerite el traslado de la víctima o testigo y/o se afecten de manera decidida sus derechos o los de su grupo familiar a la educación, la salud y la estabilidad emocional, el Grupo Técnico de Evaluación de Riesgo- GTER, remitirá el caso al Grupo Departamental de Medidas Complementarias, a fin de asegurar las acciones de garantía de restitución de los derechos afectados y de preservar el bienestar personal y familiar.
Artículo 34. El Grupo Técnico de Evaluación de Riesgo, podrá determinar la terminación de la protección cuando se presente una de las siguientes causales:
Parágrafo. En caso de que la medida de aseguramiento se profiera contra el titular, las medidas de protección que se estén brindando o beneficios pendientes por entregar, deberán ejecutarse respecto de su grupo familiar acogido por extensión.
Artículo 35. Exclusión Unilateral. El Grupo Interinstitucional de Protección podrá determinar la exclusión unilateral del protegido y su grupo familiar por el incumplimiento de las obligaciones adquiridas con este Programa, previo informe del GTER respectivo.
Parágrafo 1°. En el caso, en el cual se incumplan los compromisos adquiridos por el protegido en la medida de reubicación definitiva, se entenderá que la persona asume el riesgo por el cual fue incluida en el programa y se obliga a restituir los dineros otorgados para la ejecución de tal medida.
Parágrafo 2°. Para la exclusión unilateral se adoptará el procedimiento establecido en el artículo 35 del Código Contencioso Administrativo.
Parágrafo 3°. En todo caso, contra los actos administrativos que definan lo establecido en el presente capítulo, procederán los recursos de reposición y en subsidio apelación, en los términos de los artículos 49 a 55 del Código Contencioso Administrativo.
Artículo 36. Recursos. La ejecución de las medidas definidas en el presente decreto para el funcionamiento del Programa de Protección para Víctimas y Testigos, estarán sujetas a los recursos que para el efecto se apropien en el Presupuesto General de la Nación y estén contenidos en el Marco de Gastos de Mediano Plazo.
Artículo 37.Proyección de recursos. La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación presentarán oportunamente a la Dirección del Programa, la proyección de recursos para el cumplimiento de las funciones asignadas para cada vigencia fiscal.
Artículo 38. Los recursos que se apropian en la ley de Presupuesto General de la Nación a las instituciones comprometidas en la ejecución de las medidas definidas en el presente decreto, serán destinados al cumplimiento de las funciones del Programa de Protección a Víctimas y Testigos de la Ley 975 de 2005.
Artículo 39. Derogatoria y vigencia. El presente decreto deroga las normas que le sean contrarias, en especial el Decreto 3570 de 2007, y rige a partir de la fecha de su publicación.
Deroga DECRETO 3570 de 2007
Dado en Bogotá, D. C, a 19 de mayo de 2010.