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Timestamp: 2018-12-11 01:09:10
Document Index: 276716050

Matched Legal Cases: ['artículo 42', 'artículo 17', 'artículo 36', 'artículo 17', 'artículo 21', 'artículo 36', 'artículo 48', 'artículo 17', 'artículo 150']

﻿ Sentencia T-320 de mayo 22 de 2015
SENTENCIA T-320 DE 22 DE MAYO DE 2015
CONTENIDO:RELIQUIDACIÓN DE MEGAPENSIONES NO REQUIERE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. EL ALCANCE DE LA SENTENCIA C-258 DEL 2013, MEDIANTE LA CUAL SE IMPUSO EL TOPE DE 25 SMMLV PARA LAS PENSIONES A CARGO DEL ESTADO, RESALTA QUE EN AQUELLOS CASOS EN LOS QUE LA MESADA PENSIONAL SUPERE TAL TOPE Y FUERA OBTENIDA EN ACATAMIENTO DE LA LEY SE DEBE AJUSTAR DE MANERA AUTOMÁTICA, SIN QUE SE HAGA NECESARIO INICIAR UN PROCESO DE RELIQUIDACIÓN COMO QUIERA QUE ES UN MANDATO CONSTITUCIONAL DE OBLIGATORIO ACATAMIENTO, EL AJUSTE QUE SE REALICE FUNGE COMO UN DESPLIEGUE CEÑIDO A LO QUE LA CARTA POLÍTICA LE IMPONE, POR LO QUE EL ACTO ADMINISTRATIVO NO ES ARBITRARIO Y REÚNE LAS CARACTERÍSTICAS DE UN ACTO DE CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA JUDICIAL PROFERIDA POR LA CORTE CONSTITUCIONAL, LA CUAL DEBÍA SER ACATADA POR TODAS LAS AUTORIDADES PÚBLICAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN, SALARIO BASE DE LIQUIDACIÓN DEL BONO PENSIONAL, LIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN, LIQUIDACIÓN DE LA MESADA PENSIONAL
Sentencia T-320 de mayo 22 de 2015
Ref.: Expediente T-4.689.526
El presente expediente fue escogido para revisión por la Sala de Selección Uno por medio de auto del 27 de enero de 2015 y repartido a la Sala Cuarta de Revisión.
2.2. Durante parte de su vida laboral prestó sus servicios a distintas entidades públicas por lo que, al cumplimiento mínimo de los requisitos legales, el 15 de diciembre de 1997, le fue reconocida una pensión de jubilación por parte del departamento del Atlántico en cuantía equivalente a $ 6.911.532 a cargo del Fondo de Pensiones Territorial.
2.3. No obstante, el actor se encontró inconforme con el monto reconocido y, en consecuencia, presentó una solicitud de reajuste pensional la cual le fue resuelta mediante Resolución 25 del 22 de enero de 2010 y, en efecto, accedieron a sus alegatos y le fijaron su asignación mensual en $ 19.907.415, con el respectivo retroactivo pensional.
2.4. Encontrándose el actor disfrutando de su reconocimiento pensional, mediante Resolución 138 del 26 de junio de 2013, la secretaría general del departamento del Atlántico le notificó del cumplimiento automático de la Sentencia C-258 de 2013 proferida por la Corte Constitucional y, como consecuencia de ello, la reducción inmediata de su mesada pensional de $ 21.824.400 (cifra percibida al momento de ser proferido el acto administrativo) a $ 14.737.500.
— Copia del poder autenticado conferido a un abogado para que presente la actual acción de tutela (fl. 19, cdno. 2).
— Copia simple de la Resolución 309 de 1997, por medio de la cual la secretaría general del departamento del Atlántico reconoció en favor del accionante la pensión de jubilación (fls. 20 al 25, cdno. 2).
— Fotocopia simple de la Resolución 25 de 2010, por medio de la cual el departamento del Atlántico le reajustó la mesada pensional al peticionario y le reconoció el respectivo retroactivo (fls. 26 al 28, cdno. 2).
— Copia de la Resolución 138 del 2013 por medio de la cual la entidad demandada da cumplimiento a la Sentencia C-258 de 2013 y le ajustó la mesada pensional al peticionario (fls. 29 al 32, cdno. 2).
— Fotocopia del acta de notificación personal de la anterior actuación administrativa (fl. 33, cdno. 2).
— Copia del recurso de reposición y en subsidio apelación interpuestos por el actor en contra de la Resolución 138 de 2013 (fls 34 y 35, cdno. 2).
— Fotocopia de la actuación administrativa por medio de la cual el secretario general del departamento del Atlántico resuelve el recurso de reposición presentado por el demandante (fls. 37 al 40, cdno. 2).
— Copia del informe médico de las patologías que padece el demandante (fls. 42 al 48, cdno. 2).
— Fotocopia simple de un fallo de tutela proferido por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral con radicación 52439 (fls. 49 al 68, cdno. 2).
Su representada no ha obrado contrario a derecho como quiera que su actuar fue ajustado a las directrices jurisprudenciales proferidas por la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de 2013, las cuales ordenaban, de manera clara, que ninguna mesada pensional podrá superar los 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes que, para la fecha de expedición de la providencia, sumaban $ 14.737.500, luego como la asignación mensual de retiro del actor ascendía a 21 millones, se tornaba imperioso realizar su disminución.
En ese sentido, para el fallador, debe observarse que en la sentencia de constitucionalidad se hace referencia a que se pueden reliquidar o reducir las mesadas pensionales superiores a 25 SMLMV pero solo en aquellos casos prestacionales obtenidos por medio de un fraude legal de notoria connotación como lo que ocurrió en el “carrusel de las pensiones que fueron concedidas a aquellos funcionarios vinculados al Consejo Superior de la Judicatura por tres o cuatro meses para así adquirir una pensión alta, a pesar de que en sus empleos anteriores venían con unos sueldos bajos”(1).
La gobernación del Atlántico es una entidad pública, por tanto, de conformidad con el numeral 2º del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, está legitimada como parte pasiva en el proceso de tutela bajo estudio, en la medida en que se le atribuye la violación de los derechos fundamentales en discusión.
4. Procedencia de la acción de tutela para solicitar el reajuste de mesadas pensionales.
Es así como este tribunal ha ordenado, en sede de control concreto, el reconocimiento y pago de diferentes pensiones(3), y también su reajuste e indexación, siempre y cuando en el peticionario concurran unos agravantes que, de no adoptarse una postura jurídica de protección pronta, podría generar un daño irreparable a las prerrogativas fundamentales del peticionario, principalmente, al mínimo vital, a la seguridad social y a la salud.
Decantando, también, en una serie de elementos que, según pronunciamientos jurisprudenciales, permiten concluir que el peticionario se encuentra expuesto a un perjuicio irremediable, cuales son, la inminencia, la gravedad, la urgencia y la impostergabilidad de la acción, los cuales fueron analizados, en detalle, entre otras, en la Sentencia T-225 de 1993(4).
Por tanto, al estudiar solicitudes de amparo cuya génesis se encuentre fijada en un menoscabo sobrevenido por la falta de reajuste pensional, le corresponde al actor demostrar, además de que le asiste el derecho, que el monto económico mensual recibido, por sus condiciones actuales, no le alcanza para suplir su necesidades básicas ni cumplir con las obligaciones financieras previamente adquiridas, situación que repercute en una afectación a sus derechos fundamentales.
Por tanto, es deber del operador jurídico en el estudio del caso, verificar, evaluar y analizar las condiciones que presenta el peticionario(5), para que, una vez constatadas sus aseveraciones, se tome una medida pronta, urgente y eficaz, de manera transitoria o definitiva, con el fin de evitar un perjuicio irremediable a sus garantías constitucionales, ante lo desproporcionado que le puede resultar el recurrir a dirimir su conflicto por los medios judiciales comunes y, adicionalmente, le corresponde corroborar y ponderar la existencia de los requisitos que jurisprudencialmente se han dispuesto por esta Corte, los cuales permitirán concluir si resulta o no necesario amparar y reconocer, de manera transitoria o definitiva, un derecho de índole prestacional a quien por este mecanismo lo requiere.
Tales exigencias, que se deben constatar por el juez constitucional, son descritas en abundante jurisprudencia y compiladas particularmente, entre otras, en la Sentencia T-115 de 2011(6), así:
“(...) Así la jurisprudencial (sic) constitucional ha dispuesto, circunstancia a la cual se llega previa ponderación por parte del juez de ciertos requisitos:
(vi) El interesado acredita, siquiera sumariamente, las razones por las cuales el medio judicial ordinario es ineficaz para lograr la protección inmediata de los derechos fundamentales presuntamente afectados(7)”
5. Contenido y alcance de la Sentencia C-258 de 2013.
La Corte Constitucional en el estudio que realizó en la Sentencia C-258 de 2013, analizó dos demandas impetradas en contra del artículo 17 de la Ley 4ª de 1992(8) y su parágrafo, por medio del cual se estableció un régimen especial en materia pensional para los miembros del Congreso de la República, disposiciones que, textualmente, indicaban:
(i) Si bien el Acto Legislativo 1 de 2005 derogó, de manera expresa, los regímenes especiales y conceptuados, lo cierto es que el creado bajo la disposición acusada, rige de manera ultractiva y, a la fecha de presentación de las demandas estudiadas, seguía produciendo efectos jurídicos, ello con sustento en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 (régimen de transición) y en la salvaguarda consagrada dentro del anunciado acto legislativo.
(ii) Aunque existía un pronunciamiento constitucional dictado sobre la misma norma que demandaban (Sent. C-608/99), lo cierto es que se desvirtúa la existencia de una cosa juzgada habida cuenta que, entre el fallo de exequibilidad y la presentación de las demandas estudiadas en la Sentencia C-258 de 2013, se generó un cambio en el parámetro de control como quiera que se expidió el Acto Legislativo 1 de 2005, el cual modificó las reglas constitucionales sobre el régimen pensional, lo que justificó la necesidad de analizar una posible inconstitucionalidad sobreviniente.
(i) El régimen de transición tuvo como finalidad proteger la expectativa cierta y existente de quienes se encontraban cotizando en una normativa pensional especial al momento en que entró a regir la Ley 100 de 1993, (1.abr.1994) por lo que, para ser beneficiario de la Ley 4ª de 1992, acudiendo a la figura de transcripción, se hace necesario que el congresista o magistrado tuviera tal calidad con anterioridad a la vigencia de la precitada disposición legal, condicionamiento que había sido precisado en la Sentencia C-596 de 1997.
(ii) Con independencia de la fecha de causación de la prestación económica, todas las pensiones reconocidas y liquidadas de acuerdo con el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992 están sometidas a un tope máximo en el valor, lo anterior, por cuanto excluir a los beneficiarios de pensiones altas implicaría establecer un sistema de privilegios en favor de un grupo que se encuentra en una posición favorable respecto de las condiciones actuales de la mayoría de la sociedad.
(iii) A los beneficiarios del régimen especial se les aplica, con relación al ingreso base de liquidación (IBL), las previsiones descritas en el artículo 21 y en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por cuanto dicha interpretación es la que mejor se ajusta a los principios descritos en el artículo 48 de la Carta, a la cláusula de Estado social de derecho, concretamente, a su mandato de distribución equitativa y a la voluntad del legislador, el cual al aprobar el SGSS hizo énfasis en la necesidad de restringir las reglas del IBL para evitar la evasión con situaciones como la denominada “carrusel” de pensiones.
Por tanto, la Sala Plena ordenó que en aquellos casos en los que se hayan obtenido reconocimientos pensionales, con fundamento en el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, de manera fraudulenta, bien sea a través del abuso del derecho o el fraude a la ley, se debe realizar la reliquidación pensional a más tardar el 31 de diciembre de 2013.
Luego, resulta claro que la Corte ordenó a las autoridades administrativas, dar cumplimiento del Acto Legislativo 1 de 2005, sin ejecutar ningún tipo de procedimiento administrativo, habida cuenta que dicha norma constitucional impuso el tope de los 25 SMMLV para las pensiones a cargo del Estado.
6. El debido proceso en actuaciones administrativas.
Como se ha reiterado por este tribunal constitucional, el recurso de amparo se torna procedimiento idóneo para alegar la transgresión del derecho fundamental al debido proceso, el cual, en tratándose de actuaciones administrativas relacionadas con el proceso de estudio de solicitudes de protección o con el retiro de las medidas que le habían sido concedidas al afectado, debe primar a efectos de que la persona pueda conocer las razones de la decisión, las pruebas en que se soporta y controvertirlas. Dicha protección tiene origen igualmente en el cuidado de algunas garantías como el principio de estricta legalidad, la proporcionalidad en la reacción, la presunción de inocencia, el derecho a un recurso efectivo y el derecho a la contradicción, entre otros(9).
7.1. El presente asunto versa sobre la acción de amparo constitucional impetrada a través de apoderado judicial, por Adalberto Mercado Morales, en la que solicitó dejar sin efectos la Resolución 138 del 26 de junio del 2013, por medio de la cual la gobernación del departamento del Atlántico le dio cumplimiento a lo descrito por la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de 2013 y, en ese sentido, le redujo su mesada pensional a $ 14.737.500.
Al respecto, debe tenerse en cuenta que al señor Mercado, el 15 de diciembre de 1997, le fue reconocida una pensión de jubilación por parte del departamento del Atlántico en cuantía equivalente a $ 6.911.532, valor que le fue reliquidado y, en consecuencia, mediante Resolución 25 del 22 de enero de 2010 le fijaron su asignación mensual en $ 19.907.415.
Sin embargo, en cumplimiento de la Sentencia C-258 de 2013, el departamento del Atlántico procedió a disminuirle su asignación mensual como quiera que superaba el tope de los 25 SMMLV y, por ende, contenido en el Acto Legislativo 1 de 2005 y, por ende, le notificaron mediante acto administrativo, proferido por la secretaría general, la determinación de dar cumplimiento automático a la providencia de constitucionalidad mencionada y, como consecuencia, la reducción inmediata de su mesada pensional de $ 21.824.400 a $ 14.737.500. Decisión frente a la cual interpuso el recurso de reposición y, en subsidio apelación, sin que prosperara su alzada.
7.3. El fallo que fue impugnado por el actor aduciendo que no desconoce que cuenta con la acción contenciosa, sin embargo, lo que pretende a través de la tutela es atacar un acto administrativo que surgió a la vida jurídica mediante la transgresión a su debido proceso y ello, por sí solo, la hace viable.
7.4. La segunda instancia le correspondió a la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Barranquilla que, mediante sentencia del 2 de septiembre de 2014, revocó el fallo del a quo y ordenó a la entidad demandada continuar con el pago de la mesada pensional de jubilación como la venía devengando hasta el 26 de junio de 2013, hasta tanto el caso sea dirimido por el juez administrativo.
Ahora, la transgresión al debido proceso que el demandante alega se concretiza en la decisión adoptada por el departamento demandado, mediante Resolución 138 del 26 de junio del 2013, en la que, sin que le fuera pedido su consentimiento para ello, la administración de manera arbitraria procedió a disminuirle su mesada pensional de manera significativa con soporte en la Sentencia C-258 de 2013 que, a su parecer, no le era aplicable pues dicho reajuste solo resulta admisible frente a mesadas obtenidas de manera fraudulenta.
En efecto, no se avizora dentro del plenario tal transgresión pues la aludida providencia según sus motivaciones se limita a reiterar lo que, por mandato constitucional, se señaló en el Acto Legislativo 1 de 2005 y, para aplicar las disposiciones superiores de nuestro ordenamiento, según lo que allí se afirma, no se hace necesario pedir el consentimiento a ninguna persona.
Tanto es así que la aludida providencia constitucional, en su parte resolutiva prevé, textualmente, que a partir del 1º de julio de 2013, ninguna pensión reconocida en aplicación del régimen demandado podrá superar los 25 SMMLV.
Lo anterior, sin que, en la mayoría de los casos se haga necesario efectuar la reliquidación pues con tal discurrir se transgrediría la voluntad del constituyente derivado(10).
Por tanto, si los jueces contenciosos aceptaran una acción de nulidad en contra de un acto de ejecución, la determinación a adoptar por parte del operador judicial no podría ser otra que la repetición de lo que se ordenó en la sentencia judicial que se acoge. Así lo ha indicado el máximo órgano de la jurisdicción contencioso administrativo cuando, en gracia de discusión, ha abordado dicha posibilidad(11).
7.6. Ahora, respecto del perjuicio irremediable supuestamente se le causó al actor con la reducción de la prestación económica, este no lo acredita siquiera sumariamente, pues, aunque es cierto que tiene unas complicaciones en su cuadro de salud, lo cierto es que no está expuesto a una condiciones de peligro habida cuenta que, a pesar del ajuste practicado, este cuenta con los servicios de salud necesarios y no existe alguna situación que permita inferir que con la reducción de ingresos su cuadro clínico empeore.
7.7. Así las cosas, para esta Sala de Revisión no había lugar al amparo concedido por el Tribunal Superior de Barranquilla, Sala de Decisión Penal, en tanto que la Sentencia de constitucional C-258 de 2013 no restringe el ajuste a las mesadas pensionales causadas con abuso legal o fraude a la ley.
Por todo lo anterior, se revocará el fallo proferido, en segunda instancia, por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Barranquilla y, en consecuencia, negará las pretensiones alegadas por el actor dentro de su tutela y dejará con efectos la Resolución 138 del 26 de junio del 2013 proferida por el departamento del Atlántico.
1. REVOCAR el fallo de tutela proferido, en segunda instancia, por la Sala de Decisión del Tribunal Superior de Barranquilla que, a su vez, revocó el dictado, en primera instancia, por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Barranquilla y, en consecuencia, dejar en firme la Resolución 138 del 26 de junio del 2013 proferida por el departamento del Atlántico.
2. DENEGAR el amparo de los derechos fundamentales deprecados por el actor en su escrito de tutela.
Magistrados: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo—Gloria Stella Ortiz Delgado—Jorge Iván Palacio Palacio, impedimento aceptado.
(1) Folios 13 y 14 del cuaderno 2.
(3) Al respecto, ver entre otras, las sentencias, T-188 de 2011 y T-200 de 2011, M.P. Nilson Elías Pinilla Pinilla, T-016 de 2011, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
(4) Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-225 de 1993. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. En dicho fallo, esta corporación estudió el término “perjuicio irremediable”, considerando que: “(...) El género próximo es el perjuicio; por tal, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, ha de entenderse el ‘efecto de perjudicar o perjudicarse’, y perjudicar significa —según el mismo Diccionario— ‘ocasionar daño o menoscabo material o moral’. Por tanto, hay perjuicio cuando se presenta un daño o menoscabo material o moral injustificado, es decir, no como consecuencia de una acción legítima. La indiferencia específica la encontramos en la voz ‘irremediable’. La primera noción que nos da el diccionario es ‘que no se puede remediar’, y la lógica de ello es porque el bien jurídicamente protegido se deteriora irreversiblemente hasta tal punto, que ya no puede ser recuperado en su integridad”.
(5) Al respecto, Corte Constitucional, Sentencia T-433 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(7) Ver sentencias T-055 de 2006, T-529 de 2007, T-149 de 2007, T-239 de 2008, T-052 de 2008.
(8) “Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los trabajadores oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política”.
(9) En torno al tema, puede verse, por ejemplo, la Sentencia T-1037 de 2008, en la cual la Corte analizó el caso de una persona que no fue vinculada a un proceso administrativo que se le adelantó, tendiente a retirarle las medidas de protección que le habían sido asignadas. En esa ocasión este tribunal le amparó el derecho al debido proceso dentro de la actuación administrativa como quiera que la entidad omitió informarle a la accionante la existencia de un procedimiento tendiente a proferir una decisión encaminada al retiro del esquema de seguridad que le había sido otorgado por las amenazas que percibía como consecuencia de su labor como periodista.
(10) Salvo en aquellos en los que, como se señaló en la parte motiva de esta providencia, se evidencie que el derecho prestacional fue obtenido de manera fraudulenta, bien sea a través del abuso del derecho o el fraude a la ley.
(11) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 9 de agosto de 1991, expediente. 5934, actora Sociedad Atuesta Guarín y Pombo Ltda., C.P. Dr. Julio César Uribe Acosta. “Esta corporación en relación con el enjuiciamiento de los actos que se expiden para darle cumplimiento a una decisión u orden judicial ha sido uniforme en señalar que tales actos no son pasibles de los recursos en la vía gubernativa ni de acciones judiciales, a menos que creen situaciones jurídicas nuevas o distintas, que no es del caso.
(...) De modo que en lo atinente a esa petición los actos acusados no son susceptibles de ser examinados por esta jurisdicción, toda vez que de llegarse a declarar su nulidad, se estaría ante la repetición de lo que ya fue ordenado en la sentencia”.
Si no fuera de esta manera, todo acto dictado en cumplimiento de una sentencia podría dar lugar a la iniciación de otro proceso contencioso administrativo, con lo cual se haría interminable la resolución del conflicto y desconocería la cosa juzgada, ya que la sentencia judicial, define una relación jurídica determinando derechos y obligaciones a cargo de las partes, los que no pueden ser discutidos dada la intangibilidad, de la cosa juzgada” (subraya y negrilla en el texto).