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Timestamp: 2018-02-23 10:41:12
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El procedimiento abierto simplificado. edited ... Propuesta de regulación legal del procedimiento abierto simplificado El procedimiento abierto…
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La utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en los procedimientos de contratación pública. edited ... Hasta la entrada en vigor del artículo 22.1 de la Directiva 2014/24/UE con respecto a la oblig…
Hasta la entrada en vigor del artículo 22.1 de la Directiva 2014/24/UE con respecto a la obligación de las comunicaciones electrónicas y en concreto la obligatoriedad de la presentación de las ofertas por medios electrónicos, que tendrá lugar el 18 de octubre de 2018, salvo que con anterioridad a esa fecha se apruebe la nueva Ley de Contratos del Sector Público en lo que en éste pueda disponerse al respecto, seguirá siendo aplicable lo dispuesto en las disposiciones adicionales decimoquinta y decimosexta del TRLCSP, no siendo, por tanto, obligatoria la presentación de las ofertas por medios electrónicos.
Al objeto de revestir coherencia y uniformidad a lo concerniente a las obligaciones relativas a la contratación pública electrónica, no procedería proclamar la obligatoriedad del formato electrónico del expediente de contratación, considerando que su obligatoriedad se acompase a partir del momento que se hiciera obligatoria la licitación electrónica."
La sentencia 10504/2018 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha establece que: "El deber de presentación de documentos electrónicos exigidos a los sujetos del artículo 14 de la Ley de Procedimiento Administrativo Ley 39/2015 no será exigible por las AAPP fine el 2 de octubre de 2018".
En este debate de la comunidad de prácticas de la contratación públicas o en este otro debate de la comunidad de contratación pública (+electrónica) del Inap Social la contratación pública electrónica puede esperar hasta el 18 de octubre de 2018. Tranquilidad se mantienen posiciones a favor y en contra. Según se argumenta, exigir a unos licitadores la relación electrónica obligatoria con los poderes adjudicadores vulneraría los principios de igualdad y de no discriminación previstos en el artículo 1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
En la actualidad hay unanimidad sobre los siguientes cambios en la gestión de los procesos de contratación pública operados por las leyes 39 y 40:
Consideraciones generales de la normativa de contratación pública. edited ... En definitiva, la historia de la legislación de contratos es la crónica de un completo fracaso…
En definitiva, la historia de la legislación de contratos es la crónica de un completo fracaso, sobre el que ya es hora de llamar la atención. Hemos creado, para alojar el mercado de compras públicas, un hogar enorme e inhóspito, incómodo, constrictivo y complicado de entender y gestionar, rasgos que explican, aunque no justifiquen, los intentos de salirse del mismo; y, para mayor pesimismo, un hogar que se ha terminado convirtiendo en una suerte de establecimiento penitenciario, donde son severamente abortados todos los intentos de fuga, y que no tiene perspectiva alguna de desaparecer, porque ello requeriría que las instituciones comunitarias reconociesen su fracaso en una política en la que han puesto tanto empeño".
2. El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
en España se ha encontrado
El TRLCSP afecta al Sector público español, sector integrado por más de 20.600 organismos, instituciones y empresas, tanto del ámbito público estatal como del autonómico y local .
La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible había autorizado al Gobierno a elaborar, en el plazo de un año a partir de su entrada en vigor, un texto refundido en el que se integraran, debidamente Regularizados, Aclarados y Armonizados (R.A.A.), la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y las disposiciones en materia de contratación del sector público contenidas en normas con rango de ley, incluidas las relativas a la captación de financiación privada para la ejecución de contratos públicos.
Por último, el 5 de noviembre de 2015 entró en vigor el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
Esta última modificación afecta en lo básico a la clasificación de contratistas, y en el fondo se trata de una modificación que era necesaria desde la entrada en vigor de la Ley 30/2007, pero sigue siendo imprescindible, bajo nuestro punto de vista, un texto único reglamentario que facilite la aplicación de la normativa.
otra cuestión esera hasta hace poco ¿cuánto nos
TRLCSP?. Porque estánse encontraban en tramitación
ley que van apretenden incorporar al
De hecho los anteproyectos fueron remitidos al Consejo de Estado a finales de octubre de 2015 y, en lo que nos resulta más importante, el dictamen referido a la Ley de Contratos del Sector Público fue objeto de Dictamen el día 10 de marzo de 2016 (nº 1116/2015).
En la misma fecha se emitió el Dictamen 1115/2015, referido al Anteproyecto de Ley de contratación en sectores especiales.
Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE
"La nueva legislación, que ya fue acordada con el Consejo en junio de 2013, supone una revisión de las normas de contratación pública en la UE, que por primera vez alcanza a los contratos de concesión.
estos textos nos espera:se ha derivado:
Mejor relación calidad-precio. Gracias a los nuevos criterios de adjudicación previstos en las Directivas, las autoridades públicas podrán dar prioridad a la calidad, consideraciones medioambientales, aspectos sociales o a la innovación, sin olvidar el precio ni los costes del ciclo de vida del objeto de la licitación.
Menos burocracia para los licitadores y mejor acceso para las PYME.
La contratación pública es una herramienta clave para el diseño y ejecución de políticas públicas que debe ser gestionada respetando los principios que aseguran la libre competencia; la gestión debe ser mucho más transparente que la actual y siempre hay que permitir y potenciar la participación de las PYMEs en la licitación; el procedimiento “estrella” de adjudicación será el negociado con publicidad y habrá que valorar las ofertas pensando más en la calidad que en el precio.
3.2.2. Evolución normativa europea de contratación pública.
esta transposición normativa todavía pendiente.normativa.
2016 y aunque no se ha incorporadola transposición al ordenamiento jurídico interno,interno fue tardía, resulta no
sino fundamental ir conociendo losconocer lo pormenores de esta normanormativa europea por dos motivos:distintos motivos en cuanto que son disposiciones que han inspirado la nueva normativa nacional:
nacionales y europeas.europeas; de hecho, en nuestro país estos efectos directos se produjeron a partir de abril de 216..
El legislativo nacional no ha cumplidopudo cumplir el plazo
Por fin, tras las últimas elecciones de junio de 2016 fue posible constituir un Gobierno (no en funciones) que, por fin, ha remitido los Proyectos al Congreso de los Diputados el día 25 de noviembre de 2016.
Además de las tres nuevas directivas de contratación pública, hay que tener presente otras normas de este rango que regulan y afectan a la contratación pública:
Según indica la directiva: “Los medios de información y comunicación electrónicos pueden simplificar enormemente la publicación de los contratos y aumentar la eficiencia y la transparencia de los procedimientos de contratación. Deben convertirse en el método estándar de comunicación e intercambio de información en los procedimientos de contratación, ya que hacen aumentar considerablemente las posibilidades de los operadores económicos de participar en dichos procedimientos en todo el mercado interior".
Otra medida que se va a adoptar es simplificar la licitación mediante un documento europeo único de contratación. Si bien en España ya disponemos de algo similar, según la directiva: “Muchos operadores económicos, y en concreto las PYME, consideran que un obstáculo importante para su participación en la contratación pública son las cargas administrativas que conlleva la obligación de presentar un número sustancial de certificados u otros documentos relacionados con los criterios de exclusión y de selección. Limitar estos requisitos, por ejemplo mediante el uso de un documento europeo único de contratación consistente en una declaración actualizada del propio interesado, podría aportar una simplificación considerable que beneficiaría tanto a los poderes adjudicadores como a los operadores económicos”.
En el año 2007 la Comisión Europea ya “animaba a sus entidades contratantes a subdividir los contratos en lotes cuando sea posible”. Si bien en la actual legislación nacional los lotes son excepcionales, la nueva directiva busca potenciar y dar ventajas a las PYMEs señalando que: “A tal efecto y para aumentar la competencia, procede animar a los poderes adjudicadores a, en particular, dividir grandes contratos en lotes. Esta división podría realizarse de manera cuantitativa, haciendo que la magnitud de cada contrato corresponda mejor a la capacidad de las PYME, o de manera cualitativa, de acuerdo con los diferentes gremios y especializaciones implicados, para adaptar mejor el contenido de cada contrato a los sectores especializados de las PYME o de acuerdo con las diferentes fases ulteriores de los proyectos”.
Si ahora hay que motivar el fraccionamiento del contrato, en el futuro “cuando el poder adjudicador decida que no sería conveniente dividir el contrato en lotes, el informe específico o los pliegos de la contratación deben incluir una indicación de las principales razones que expliquen la elección hecha por el poder adjudicador”.
Consideraciones generales de la normativa de contratación pública. edited ... Dicha habilitación había tenido su razón de ser en la evidente inseguridad jurídica. “La suces…
Dicha habilitación había tenido su razón de ser en la evidente inseguridad jurídica. “La sucesión de leyes que han modificado por diversos motivos la Ley 30/2007 unido a la existencia de otras normas en materia de financiación privada para la ejecución de contratos públicos incluidas en otros textos legislativos, pero de indudable relación con los preceptos que regulan los contratos a los que se refieren, aconsejaban la elaboración de un texto único en el que se incluyan debidamente aclaradas y armonizadas, todas las disposiciones aplicables a la contratación del sector público”.
Para José Antonio Moreno Molina (Catedrático de Derecho Administrativo - Universidad de Castilla - La Mancha) : “El TRLCAP consta de 334 artículos distribuidos en 5 libros, por lo que se vuelve al mismo esquema del texto original de la LCSP, eliminando el Libro VI que introdujo la Ley 34/2010 para dedicarlo al “régimen especial de revisión de decisiones en materia de contratación y los medios alternativos de resolución de conflictos”, disposiciones que se llevan ahora al Libro I del texto refundido. Asimismo, el TRLCSP incluye 31 disposiciones adicionales, 8 transitorias, 6 finales y 3 anexos.”
públicos." //
3. Cambios derivados
El porvenir de la normativa que regula la contratación pública plantea dos cuestiones:
¿Cuándo se va a hacer la refundición de las disposiciones en materia de contratación del sector público contenidas en normas con rango reglamentario?. Ya que continúan conviviendo:
Entre tanto, durante la tramitación de los proyectos de Ley fueron emitiéndose informes por distintos órganos consultivos (Consejo General del Poder Judicial, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Consejo Económico y Social, incluso fueron sometidos a informe por alguna Junta Consultiva de Contratación, como la de Aragón).
2.1.3.1. Presentación de
En el En el Observatorio de la contratación pública se publicaba lo siguiente el 15 de enero de 2014:
"El Parlamento Europeo, en su sesión de 15 de enero de 2014, ha aprobado las nuevas normas de contratación pública y concesiones. El texto de la Directiva sobre contratos públicos ha sido aprobado por 618 votos a favor, 36 en contra y 26 abstenciones. El de concesiones ha obtenido 598 votos a favor, frente a 60 en contra y 18 abstenciones:
Normas más estrictas para la subcontratación. Las nuevas normas endurecerán las disposiciones sobre subcontratación y ofertas “anormalmente bajas”, con el objetivo de combatir el dumping social y garantizar que se respetan los derechos de los trabajadores. Los contratistas que no cumplan con la legislación laboral comunitaria podrán ser excluidos de las licitaciones.
Contratación electrónica. Vencido el plazo de transposición, todas las entidades contratantes de los países de la Unión tendrán la obligación de utilizar medios electrónicos para anunciar los procesos de contratación, recibir las ofertas de las empresas licitadoras o realizar las notificaciones propias de cualquier concurso público. Según ANEI, como se ha podido comprobar en los casos de estudios documentados por la Comisión Europea, el empleo de medios electrónicos en los procesos de contratación pública reduce el coste de contratación entre un 5% y un 20%, dependiendo de los casos. Esto significa que, siendo conservadores, las Administraciones Públicas españolas podrían ahorrar en torno a 7.800 millones de euros anuales".
2.2.3.2. Cambios generales
2.2.1. Breve resumen.
2.2.2.3.2.2. Evolución normativa
En el Diario Oficial de la Unión Europea de 28 de marzo de 2014 apareció publicada la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública (esta noticia apareció publicada el día 28 de marzo de 2014 en el Observatorio de Contratación Pública y el día 29 de marzo de 2014 en la Comunidad de Contratación Pública (+ electrónica) del INAP Social, por cierto, dicha noticia fue el punto de arranque de la Comunidad de Contratación integrada en el INAP Social, que hasta la fecha, ha venido haciendo el seguimiento oportuno de esta transposición normativa todavía pendiente.
Si bien el plazo de transposición expiró el pasado 18 de abril de 2016 y aunque no se ha incorporado al ordenamiento jurídico interno, resulta no sólo conveniente, sino fundamental ir conociendo los pormenores de esta norma por dos motivos:
Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE.
2.2.3.3.2.3. La contratación
Los gestores públicos, políticos y técnicos, de la contratación pública deben tener presente que la misma es una herramienta clave para diseñar y ejecutar políticas públicas de “investigación y desarrollo (I+D)”, “de empleo y ocupación laboral”, “medioambientales”..., es más según dice la Directiva 2014/24/UE sobre Contratación Pública:
La contratación pública desempeña un papel clave dentro de “la estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador (Estrategia Europa 2020)”.
Añadiendo que: “Es de capital importancia aprovechar plenamente las posibilidades que ofrece la contratación pública para alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020... la contratación pública es crucial para impulsar la innovación, que, a su vez, es de gran importancia para el crecimiento futuro en Europa".
2.2.4.3.2.4. Principios generales
Todo gestor de la contratación pública debería tener presente los principios generales que rigen la correcta gestión de la misma a nivel europeo, ya que, esos principios deben ser los que diluciden las interpretaciones de las cuestiones y dudas concretas que se plantean.
Los principios están recogidos en el considerando 1º de la Directiva 2014/24/UE en estos términos: “La adjudicación de contratos públicos por las autoridades de los Estados miembros o en su nombre ha de respetar los principios del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y, en particular, la libre circulación de mercancías, la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios, así como los principios que se derivan de estos, tales como los de igualdad de trato, no discriminación, reconocimiento mutuo, proporcionalidad y transparencia”.
Sólo haciendo esto en la gestión de todos los contratos públicos, incluyendo a los que sean tramitados como contratos menores o como procedimientos negociados sin publicidad, se puede aspirar a la eficacia en la gestión de la contratación pública y a conseguir el objetivo de todo proceso de contratación: conseguir la oferta económicamente más ventajosa o como se dice ahora, “la mejor relación calidad-precio en las inversiones públicas” o “la mejor relación calidad-precio, que es la más indicada para comparar las ofertas de soluciones innovadoras”.
2.2.4.3.2.4. Novedades en
En relación a los partidos políticos se señala que: “en general no están sometidos a sus disposiciones al no tratarse de poderes adjudicadores. Sin embargo, puede darse el caso, en algunos Estados miembros, de partidos políticos que se incluyan en el concepto de organismos de Derecho público. No obstante, determinados servicios (como películas de propaganda y producciones de vídeo) están tan inextricablemente relacionados con las opiniones políticas del proveedor del servicio cuando se prestan en el contexto de una campaña electoral que sus proveedores se seleccionan habitualmente de un modo al que no se pueden aplicar disposiciones sobre contratación pública”.
Se prevé también la colaboración entre poderes adjudicadores, estableciéndose la posibilidad de que los poderes adjudicadores colaboren para la licitación de contratos, contemplándose la contratación conjunta e incluso la contratación con la intervención de poderes adjudicadores de diferentes Estados miembros.
“Que el poder adjudicador ejerce sobre la persona jurídica de que se trate un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios,
que la persona jurídica controlada dedique más del 80 % de sus actividades al ejercicio de funciones que le hayan sido asignadas por el poder adjudicador que la controla o por otras personas jurídicas controladas por dicho poder adjudicador, independientemente de quién sea el beneficiario de la ejecución del contrato”.
2.2.5.3.2.5. Novedades en
Quizá la novedad en el ámbito objetivo más evidente sea la aparición de la Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 relativa a la adjudicación de contratos de concesión.
La Comisión Europea había realizado esfuerzos interpretativos sobre las concesiones, ya que, “la adjudicación de contratos de concesión acarrea problemas de inseguridad jurídica” que “han dado lugar a numerosas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”.
2.2.8.3.2.8. Criterios de
Según la nueva Directiva: “Para determinar cuál es la oferta económicamente más ventajosa, la decisión relativa a la adjudicación del contrato no debe basarse únicamente en criterios no relacionados con los costes”. Es más, “los Estados miembros deben estar autorizados a prohibir o restringir el uso sólo del precio o del coste para evaluar la oferta económicamente más ventajosa cuando lo estimen adecuado”.
La regla general es que “para determinar cuál es la oferta económicamente más ventajosa, los criterios cualitativos deben ir acompañados de un criterio relacionado con los costes, el cual, a elección del poder adjudicador, podría ser el precio o un planteamiento basado en la rentabilidad, como el coste del ciclo de vida”.
La Directiva se posiciona sobre la utilización de la experiencia cómo criterio de valoración de las ofertas: “Siempre que la calidad del personal empleado sea pertinente para el nivel de rendimiento del contrato, los poderes adjudicadores deben estar también autorizados a utilizar como criterio de adjudicación la organización, la cualificación y la experiencia del personal encargado de ejecutar el contrato, ya que pueden afectar a la calidad de dicha ejecución y, en consecuencia, al valor económico de la oferta”.
Quizá la novedad sea la aparición del ciclo de vida como criterio de valoración de las ofertas. Según la directiva: “La noción de coste del ciclo de vida incluye todos los costes a lo largo del ciclo de vida de las obras, suministros o servicios. Entre estos costes figuran los costes internos, como la investigación que haya de llevarse a cabo, los costes de desarrollo, producción, transporte, uso, mantenimiento y eliminación al final de la vida útil, pero también pueden incluirse los costes atribuidos a factores medioambientales externos, como la contaminación causada por la extracción de las materias primas utilizadas en el producto o causada por el propio producto o por su fabricación, siempre que puedan cuantificarse en términos monetarios y ser objeto de seguimiento”.
2.2.9.3.2.9. Más procedimientos
Las instituciones de la Unión Europea quieren que se tramiten más procedimientos negociados. Según la Directiva:
“Es realmente necesario que los poderes adjudicadores gocen de mayor flexibilidad a la hora de elegir un procedimiento de contratación pública que prevea negociaciones. Un mayor recurso a dichos procedimientos también incrementaría probablemente el comercio transfronterizo, ya que la evaluación ha mostrado que los contratos adjudicados mediante procedimiento negociado con publicación previa son obtenidos en un número especialmente elevado de ocasiones por ofertas transfronterizas”.
Según la Directiva: “En razón de sus efectos perjudiciales sobre la competencia, los procedimientos negociados sin publicación previa de un anuncio de licitación deben utilizarse únicamente en circunstancias muy excepcionales. Las excepciones deben limitarse a aquellos casos en que la publicación no sea posible, bien por razones de extrema urgencia provocada por acontecimientos imprevisibles y no imputables al poder adjudicador, bien cuando esté claro desde el principio que la publicación no generaría más competencia o mejores resultados de contratación, por ejemplo porque objetivamente sólo haya un operador económico que pueda ejecutar el contrato”.
Como se ha visto anteriormente (y se dan por reproducidas) se incrementan las medidas para garantizar los principios de igualdad de trato y transparencia.
2.2.10.3.2.10. Nuevo procedimiento
Este procedimiento aparece en el Considerando 49º: “Cuando las soluciones ya disponibles en el mercado no puedan satisfacer una necesidad en relación con el desarrollo de productos, servicios u obras innovadores y la adquisición ulterior de los suministros y servicios u obras resultantes, los poderes adjudicadores deben tener acceso a un procedimiento de contratación específico respecto de los contratos que entren en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. Este procedimiento específico debe permitir a los poderes adjudicadores establecer una asociación para la innovación a largo plazo con vistas al desarrollo y la ulterior adquisición de nuevos productos, servicios u obras innovadores, siempre que estos se ajusten a un nivel acordado de prestaciones y de costes, sin necesidad de recurrir a un procedimiento de contratación independiente para la adquisición. La asociación para la innovación debe basarse en la normativa aplicable al procedimiento de licitación con negociación y los contratos deben adjudicarse únicamente basándose en la mejor relación calidad-precio, que es la más indicada para comparar las ofertas de soluciones innovadoras. En lo que respecta tanto a los proyectos de gran envergadura como a los proyectos innovadores de menor calado, la asociación para la innovación debe estar estructurada de tal manera que genere el necesario «tirón comercial», incentivando el desarrollo de soluciones innovadoras sin cerrar el mercado”.
2.2.11.3.2.11. Más facturación
Si bien tenemos aprobada una reciente Ley de facturación electrónica, hay una Directiva 2014/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014 relativa a la facturación electrónica en la contratación pública que persigue la interoperabilidad de las diferentes normas de facturación y conseguir “eliminar o reducir los obstáculos, garantizar la interoperabilidad, y obtener así los correspondientes beneficios en cuanto ahorro, impacto ambiental y reducción de cargas administrativas, debe desarrollarse una norma europea común sobre facturación electrónica”.
A pesar de que la directiva salvaguarda el derecho del remitente de la factura a elegir entre presentar la factura según la norma europea de facturación electrónica, de conformidad con las normas nacionales o técnicas de otra índole, o en soporte de papel, sin embargo, también señala que ello no debe impedir que los Estados miembros dispongan que en el marco de la contratación pública únicamente se presenten facturas electrónicas.
La nueva Directiva será de aplicación a las facturas electrónicas emitidas como resultado de la ejecución de los contratos adjudicados a los que son de aplicación las tres nuevas directivas de contratación aprobadas.
2.3.3.3. Cambios "electrónicos"
3.3.1. ¿Porqué hay
En la exposición de motivos de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa la contratación pública lo electrónico se configuraba como una herramienta a disposición del gestor:
“.... Además, los poderes adjudicadores tendrán a su disposición un conjunto de seis técnicas y herramientas de contratación específicas concebidas para la contratación agregada y electrónica: acuerdos marco, sistemas dinámicos de adquisición, subastas electrónicas, catálogos electrónicos, centrales de compras y contratación conjunta.
la puesta a disposición del público por medios electrónicos de los pliegos de la contratación y
una comunicación totalmente electrónica –tras un período transitorio de 30 meses –, lo cual significa la comunicación por medios electrónicos en todas las fases del procedimiento, incluida la transmisión de solicitudes de participación y, en particular, la presentación (electrónica) de las ofertas”.
2.3.2.3.3.2. ¿Cuando serán
Teniendo en cuenta el efecto directo que tienen estas directivas, las obligaciones electrónicas que se establecen serán exigibles una vez vencido el plazo de incorporación al ordenamiento jurídico interno lo que establecen.
Así, y a la vista de la fecha de publicación de la directiva y lo que dispone el artículo 90 los plazos y las obligaciones electrónicas serán las siguientes:
Comunicaciones electrónicas obligatorias en los sistemas dinámicos de adquisición, las subastas electrónicas y los catálogos electrónicos.
2.3.3.3.3.3. No será
Si atendemos a las obligaciones establecidas y a los plazos de implantación, podemos afirmar que la Directiva ha impulsado débilmente la gestión electrónica de la contratación pública. Como dice el considerando 52º: “... la presente Directiva no debe obligar a los poderes adjudicadores a:
tratar electrónicamente las ofertas,
a utilizar los medios electrónicos como herramienta de comunicación interna en el marco del poder adjudicador”.
Claro está que ello no es óbice para que “los Estados miembros y los poderes adjudicadores que quieran puedan ir más lejos sí así lo desean”, como así lo hizo Portugal o antes y aquí en España el País Vasco.
2.3.4.3.3.4. Las comunicaciones
Las comunicaciones electrónicas serán lo normal en la gestión de los procesos de contratación pública, no obstante, el artículo 22.2º de la Directiva 2014/24/UE, establece las siguientes excepciones:
"Debido al carácter especializado de la contratación, el uso de medios electrónicos de comunicación requeriría herramientas, dispositivos o formatos de archivo específicos que no están en general disponibles o no aceptan los programas generalmente disponibles;
escrito, bien: por correo o por cualquier otro medio apropiado o mediante una combinación de correo o de cualquier otro medio apropiado y de medios electrónicos.
o de forma oral.
2.3.5.3.3.5. La transmisión
En la directiva el régimen de publicación de los anuncios sigue siendo más o menos el mismo:
Se establece un régimen de publicidad para los contratos sujetos a regulación armonizada y otro de publicación a nivel nacional.
Apartado 6º: “Los poderes adjudicadores podrán publicar anuncios de contratos públicos que no estén sujetos a la publicación obligatoria prevista en la presente Directiva, siempre que dichos anuncios se envíen a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea por medios electrónicos con arreglo al formato y las modalidades de transmisión que figuran en el anexo VIII.”
El anexo VIII al que se refiere el artículo 51.2º regula las especificaciones relativas a la publicación, disponiendo en su apartado 3º que el formato y las modalidades de transmisión de los anuncios por vía electrónica conforme a lo establecido por la Comisión están disponibles en Simap.europa.eu.
2.3.6.3.3.6. Los pliegos
Esto es algo que, más o menos, ya se está haciendo. Hay que recordar que en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público apareció la figura del perfil de contratante en transposición de la figura del perfil del comprador.
En España, desde el 1 de mayo de 2008, los perfiles de contratantes "se podían utilizar para facilitar la documentación relativa a las licitaciones”. Es decir, desde aquel momento, si se quería, se podía utilizar un medio electrónico, como es el perfil de contratante, para poner públicamente a disposición los documentos contractuales que detallan el negocio que se propone y que un licitador precisa para valorar su oferta y decidir participar (los pliegos de prescripciones técnicas, proyectos de obras… que describen técnicamente la necesidad que se precisa satisfacer por un proveedor y los pliegos de cláusulas administrativas particulares o pliegos "modelo o tipo" de cláusulas administrativas acompañados de un cuadro resumen de las características del contrato que explicitan cómo se va a seleccionar al contratista, qué requisitos de aptitud se deben cumplir, cómo se van a valorar las ofertas,...).
Siempre que se haya solicitado a su debido tiempo, los poderes adjudicadores proporcionarán a todos los licitadores que participen en el procedimiento de contratación información adicional sobre los pliegos de condiciones y cualquier documentación complementaria, a más tardar seis días antes de la fecha límite fijada para la recepción de las ofertas. En el caso del procedimiento acelerado contemplado en el artículo 27, apartado 3, y en el artículo 28, apartado 6, este plazo será de cuatro días”.
La puesta a disposición electrónica de los documentos contractuales exige que estos sean documentos electrónicos legales, es decir, que hayan sido firmados electrónicamente.
2.3.7.3.3.7. Los catálogos
La Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004 sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios sólo se refería a los catálogos electrónicos en un considerando.
La nueva de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa la contratación pública, cita los catálogos en distintos momentos.
indicar en el pliego de condiciones toda la información necesaria en relación con: el formato, el equipo electrónico utilizado y las modalidades y especificaciones técnicas de conexión.
También se pueden presentar catálogos electrónicos en un acuerdo marco o en un sistema dinámico de adquisición".
2.3.8.3.3.8. Las subastas
A diferencia de lo que ocurre con los catálogos electrónicos, con la subastas electrónicas, ya existía una regulación en la Directiva 2004/18/CE. Los cambios introducidos en la nueva directiva son:
Se incluye una definición de la subasta electrónica: “Con este fin, los poderes adjudicadores utilizarán un proceso electrónico repetitivo (subasta electrónica), que tendrá lugar tras una primera evaluación completa de las ofertas y que les permitirá proceder a su clasificación mediante métodos de evaluación automáticos”.
La regulación que antes se incluía sobre la información que hay que prever en el pliego, ahora está en el anexo VI.
Desaparece la previsión que establecía la anterior directiva: “Los poderes adjudicadores no podrán recurrir a las subastas electrónicas de manera abusiva o de manera que la competencia se vea obstaculizada, restringida o falseada o que se vea modificado el objeto del contrato tal como se ha sometido a licitación mediante la publicación del anuncio de licitación y definido en el pliego de condiciones”.
2.3.9.3.3.9. Los sistemas
En cuanto a los sistemas dinámicos de adquisición, los cambios que ha introducido la directiva en relación a la Directiva 2004/18/CE son:
Se precisa mejor el ámbito del SDA:“para las compras corrientes, cuyas características generalmente disponibles en el mercado satisfacen las necesidades de los poderes adjudicadores”.
Los poderes adjudicadores informarán lo antes posible al operador económico de que se trate de si ha sido o no admitido en el sistema dinámico de adquisición”.
Si antes la duración máxima del SDA era de 4 años, ahora no se prevé una duración máxima.
2.3.10.3.3.10. Las centrales
En cuanto a las centrales de compra, la directiva también ha introducido cambios en relación a anterior Directiva 2004/18/CE. Los cambios introducidos en relación a las centrales de compra son:
Se delimita la responsabilidad del cumplimiento de la legalidad del procedimiento de contratación entre la central de compras y los poderes adjudicadores.
Utilización obligatoria de medios de comunicación electrónicos desde el 18 de abril de 2017.
3.4. Normas con
Además de la normativa con rango de ley propia de la contratación pública, hay más normas con este rango legal que afectan a la contratación pública. Aquí dejamos una presentación de las más reseñables:
4.1. Ley de emprendedores.
contratos públicos."
2.1. Normas que integra.
En el TRLCSP se procedió a integrar en un texto único todas las modificaciones introducidas a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, a través de diversas leyes modificatorias de la misma, que han dado una nueva redacción a determinados preceptos o han introducido nuevas disposiciones. Dichas Leyes son las siguientes:
Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo;
Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público;
Ley 14/2010, de 5 de julio, de infraestructuras y los servicios de información geográfica en España;
Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales;
Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras;
Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo;
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de 4 de marzo, de Economía Sostenible;
Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la regularización y control del empleo sumergido y fomento de la rehabilitación de viviendas;
Ley 24/2011, de 1 de agosto, de Contratos del Sector Público en los ámbitos de la Defensa y la Seguridad,
2.2 Normas que no integra.
No se integra y se mantiene como regulación separada:
La Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y
La Ley 24/2011, de 1 de agosto, de Contratos del Sector Público en los ámbitos de la defensa y la seguridad, mediante la cual se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2009/81/CE.
Esta última disposición incorpora al Texto refundido algunas modificaciones que introduce en la Ley 30/2007, pero no queda integrada en el texto actualmente en vigor.
2.3. Normas que deroga.
Y se derogan expresamente, además todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a la misma, las siguientes:
La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público
El Capítulo IV del Título V del Libro II, comprensivo de los artículos 253 a 260, ambos inclusive, del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, que hasta esa fecha se mantenía vigente.
En opinión del profesor José Antonio Moreno Molina : “la refundición es, pues, positiva, en cuanto dota de mayor seguridad jurídica, al confluir distintas disposiciones en un solo texto. Pero tiene el inconveniente de alterar la numeración de los artículos y, por tanto, introducir confusión en las citas jurisprudenciales y doctrinales”.
2. Cambios derivados
3.1.2.1. Presentación de
3.2.2.2. Cambios generales
3.2.2.2.2.2. Evolución normativa
3.2.3.2.2.3. La contratación
3.2.4.2.2.4. Principios generales
3.2.4.2.2.4. Novedades en
3.2.5.2.2.5. Novedades en
3.2.8.2.2.8. Criterios de
3.2.9.2.2.9. Más procedimientos
3.2.10.2.2.10. Nuevo procedimiento
3.2.11.2.2.11. Más facturación
3.3.2.3. Cambios "electrónicos"
2.3.1. ¿Porqué hay
3.3.2.2.3.2. ¿Cuando serán
3.3.3.2.3.3. No será
3.3.4.2.3.4. Las comunicaciones
3.3.5.2.3.5. La transmisión
3.3.6.2.3.6. Los pliegos
3.3.7.2.3.7. Los catálogos
3.3.8.2.3.8. Las subastas
3.3.9.2.3.9. Los sistemas
3.3.10.2.3.10. Las centrales
4.3. Normas con
Consejo de Estado en su dictamen de 29 de abril de 2010.
"Una aproximación al Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público”, de José Antonio Moreno Molina, catedrático de Derecho Administrativo de la UCLM y Director de la Revista "Contratación Administrativa Práctica.
Normas que integró el Texto Refundido.
Normas que no integró el Texto Refundido
Normas que derogó
La actual regulación de
en España se encuentraha encontrado regulada hasta fechas recientes (hasta el día 9 de marzo de 2018) en el
Dicha habilitación teníahabía tenido su razón
En opinión de este autor, “se trata, simplemente, de un texto refundido en el que se integran, debidamente regularizadas, aclaradas y armonizadas, la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y las disposiciones en materia de contratación del sector público contenidas en normas con rango de ley, incluidas las relativas a la captación de financiación privada para la ejecución de contratos públicos."
Proyecto de ley de contratos del Sector Público. edited (view changes)