Source: https://lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIATSJEXTREMADURA30062015.html
Timestamp: 2018-04-23 12:29:34
Document Index: 155640214

Matched Legal Cases: ['artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 89', 'artículo 193', 'artículo 1261', 'artículo 3', 'artículo 51', 'artículo 51', 'artículo 56']

SENTENCIA DEL TSJ DE EXTREMADURA DE 30-06-2015
Aplicación de la disposición transitoria 5ª del Real Decreto-Ley 3/2012 y de la Ley 3/2012.
Recurso suplicación interpuesto por Unión Panadera Cacereña S.A., contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº 2 de Cáceres en el procedimiento seguido a instancia de Dª Águeda frente a la recurrente.
PRIMERO: D.ª Águeda presentó demanda contra Unión Panadera Cacereña S.A.. Se dictó sentencia el 12-11-2014.
- La demandante, Águeda , prestó servicios para la empresa demandada con antigüedad de 16-3-1991.
- El 8-4-2014 la empresa demandada comunica a la trabajadora demandante su despido con efectos de 30-4-2014.
Se ofrece a la trabajadora, mediante cheque bancario, la cantidad de 16.085,78 euros en concepto de indemnización prevista en el art. 53.1.b) ET. La trabajadora se niega a firmar tal comunicación y a recoger el referido cheque. En dicho acto estaba presente (además de la trabajadora y el gerente) un empleado de la empresa llamado Carlos Ramón.
Posteriormente, con fecha 30-4-2014, la actora firmó un documento aceptando la cantidad de 16.085,78 euros en concepto de indemnización y de 1.219,71 euros en concepto de saldo y salarios por terminación de la relación laboral.
Queda acreditado que a fecha 30-4-2014 se extinguió el contrato de arrendamiento del local donde prestaba sus servicios laborales la demandante. La empresa ejerce también su actividad en otros locales
"Estimando la demanda interpuesta por Águeda, contra Unión Panadera Cacereña S.A., declaro la improcedencia del despido y condeno a la demandada a que en el plazo de 5 días desde la notificación de la sentencia, opten entre la readmisión del trabajador, o el abono de una indemnización en cuantía de 30.175,13 euros (ya deducida la cantidad de 16.085,78 euros percibida por la trabajadora en concepto de indemnización de veinte días)."
CUARTO: Frente a dicha sentencia Unión Panadera Cacereña, S.A. presentó recurso de suplicación.
PRIMERO: La sentencia de instancia estima la demanda interpuesta por la trabajadora y declara improcedente la decisión extintiva adoptada por la demandada con efectos de 30-4-2014, condenando a la empleadora a que a su opción, readmita a la trabajadora o le abone la cantidad de 30.175,13 euros, una vez descontados los 16.085,78 euros que se le puso a disposición al tiempo de comunicarle el despido objetivo.
Frente a dicha decisión recure la demandante, y en un primer motivo de recurso, con amparo procesal en el apartado b) del artículo 193 de la LRJS, interesa la modificación de un hecho probado de la sentencia de instancia, en concreto el salario último percibido por la trabajadora, considerando que tras el declarado probado de 1.365,51 euros, correspondiente al mes de marzo de 2014, se ha de añadir que ese es el correspondiente a un mes de 31 días, siendo el correspondiente a un mes de 30 días el de 1.293,48 euros, excluido lo percibido por ropa de trabajo, 29,11 euros mensuales.
Y a tal pretensión no podemos acceder, excepción hecha de que el salario declarado probado se corresponde con una mensualidad de 31 días, en tanto en cuanto siendo que el órgano de instancia ha tomado primero en consideración el salario del mes de marzo de 2014, mes que tiene 31 días, tal y como consta en el recibo de salarios en que se sustenta el recurrente y el de abril tiene 30 días, el resultado en cuanto a la fijación del salario día sería el mismo, teniendo en cuenta que la demandante no percibe mensualmente la misma cantidad, pues en lo que atañe al salario base, antigüedad, salario en especie y prorrata de pagas extras se le satisface según los días que cuenta cada mensualidad.
A ello se une que no podemos excluir lo percibido por ropa de trabajo en la intentada revisión fáctica pues tal cuestión sería jurídica, no fáctica, a plantear por la vía del apartado c) del artículo 193 de la LRJS.
Alternativamente pretende que tengamos en consideración el salario percibido en los últimos 6 meses, según los cuales arrojaría un salario día de 43,92 euros, a lo que tampoco podemos acceder en tanto en cuanto el parámetro, en principio, conforme a la doctrina del TS, sería el salario anual dividido por 365 días, no el percibido los últimos 6 meses, además de constituir ello, del propio modo una cuestión jurídica.
En cualquier caso lo que el recurrente debió intentar incluir en el relato fáctico es lo percibido por cada uno de los conceptos salariales, con arreglo al último mes de salario percibido, y después haber denunciado la infracción de las normas jurídicas sustantivas o de la jurisprudencia en cuanto al salario regulador a efectos de despido a tener en consideración.
Además de lo expuesto, en relación a lo que mantiene el recurrido, hemos de tener en cuenta que la demandada no planteó todas las cuestiones examinadas en el acto del juicio, limitándose a alegar que el fijado por la actora en su demanda se correspondía con el salario de un mes de 31 días, y habiendo tenido en consideración para el cálculo de la indemnización puesta a disposición por la empleadora al tiempo de notificarle la decisión extintiva el montante correspondiente a la ropa de trabajo, ex artículo 89 de la LRJS, por lo que lo que exceda de dichos alegatos ha de considerarse como cuestiones nuevas sobre las que esta Sala no puede entrar a conocer.
En consecuencia, el motivo solo puede prosperar en cuanto a lo expuesto en primer lugar.
SEGUNDO: En el segundo motivo de recurso, se denuncia, con amparo en el apartado c) del artículo 193 de la LRJS, en primer lugar la infracción de los artículos 1809 y 1815 del Código Civil, así como la teoría general sobre la interpretación de los contratos y la existencia de consentimiento, objeto y causa del artículo 1261 y 1281 y siguientes del Código Civil , así como el artículo 3.5 del Código Civil, sosteniendo el valor liberatorio del documento suscrito por la actora en fecha 30-4-2014.
Lo que realmente el recurrente plantea es la interpretación del documento de 30-4-2014, siendo que, tal y como nos recuerda la sentencia del TS de 18-2-2014:
"Es doctrina constante de esta Sala la de que "la interpretación de los contratos y demás negocios jurídicos (y el CºCº participa de tal naturaleza) es facultad privativa de los Tribunales de instancia, cuyo criterio, como más objetivo, ha de prevalecer sobre el del recurrente, salvo que aquella interpretación no sea racional ni lógica, o ponga de manifiesto la notoria infracción de alguna de las normas que regulan la exégesis contractual".
Y en el supuesto examinado no puede tacharse dicha interpretación de ilógica, teniendo en cuenta que el órgano de instancia niega valor liberatorio al documento por cuanto que es suscrito por la trabajadora, que tiene reconocido un grado de discapacidad física y psíquica del 40%, siendo que con anterioridad le había hecho llegar a la empresa una copia de la comunicación de despido de la demandada con la expresión "no conforme", tal y como se declara por el órgano de instancia, con valor de hecho probado, sin que el recurrente haya intentado modificar dichos hechos, pues como hemos visto se limita a la denuncia que hemos expuesto.
TERCERO: En segundo lugar el recurrente denuncia la infracción de los artículos 52c) en relación con el artículo 51.1 del E.T., para mantener que la extinción del contrato de arrendamiento donde prestaba servicios la actora constituye causa técnica, organizativa y productiva más que razonable.
Y a tal pretensión no hemos de acceder en tanto en cuanto en la comunicación de extinción únicamente se refiere que se extingue el contrato de arrendamiento del citado local, teniendo en cuenta que tiene otros centros de trabajo donde alega que no puede recolocar a la actora, pero la sola extinción contractual, conocida por la demandada con antelación, es decir, hecho previsible y evitable (el TS considera en este caso que no concurre "la fuerza mayor que refieren los arts. 49.h) y 51.12 ET", en la sentencia de 8-7-2008), no tiene que dar lugar a la extinción del contrato de trabajo, pudiendo haber trasladado dicho centro de trabajo a otro local, y teniendo en cuenta que la demandada nada expone en cuanto a las causas que hoy invoca, siendo que el número 1 del artículo 51 del ET determina que
"Se entiende que concurren causas técnicas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de producción; causas organizativas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la producción y causas productivas cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado"
Y en el supuesto analizado la demandada no invoca y fundamenta ninguna de estas causas para extinguir el contrato de la trabajadora, limitándose a alegar que se extingue el contrato de arrendamiento del local donde presta servicios la actora y que no puede reubicarla en los otros locales donde también ejerce su actividad empresarial, lo cual, además, no ha resultado acreditado.
Finalmente en cuanto a la sentencia del TS que invoca, la de 8-7-2008, el supuesto de hecho allí contemplado ninguna relación tiene con el ahora examinado, supuesto en el que el TS, como obiter dicta y no ratio dicendi, siendo esta última la desestimación de la concurrencia de fuerza mayor, tal como aclara la resolución de dicho Tribunal de 29-11-2010, declara que
"Pero esto no significa que la extinción del contrato de arrendamiento no pueda actuar como causa extintiva del contrato de trabajo al margen de la fuerza mayor como elemento determinante de la extinción del arrendamiento , pues puede serlo cuando esa extinción va acompañada de la imposibilidad o de dificultades significativas -económicas, comerciales o productivas- para disponer de otro lugar idóneo en orden a la continuidad del negocio"
Lo que evidentemente ni fue alegado ni probado en el supuesto ahora examinado.
CUARTO: Finalmente, la disconforme, denuncia la infracción del artículo 56 del E.T. en la redacción dada al precepto por el Real Decreto ley 3/2012, de 10-2 y la Ley 3/2012, de 6-7, en el que se determina que la indemnización por despido improcedente es de 33 días de salario por año de servicio hasta un máximo de 24 mensualidades, en relación con la disposición transitoria quinta del referido Real Decreto Ley y Ley.
Para dar solución a la cuestión que plantea el recurrente hemos de estar a la disposición transitoria 5ª, apartado 2 de la Ley 3/2012, de 6-7, que determina que
"La indemnización por despido improcedente de los contratos formalizados con anterioridad al 12-2-2012 se calculará a razón de 45 días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios anterior a dicha fecha, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, y a razón de 33 días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios posterior, prorrateándose igualmente por meses los períodos de tiempo inferiores a un año. El importe indemnizatorio resultante no podrá ser superior a 720 días de salario, salvo que del cálculo de la indemnización por el periodo anterior al 12-2-2012 resultase un número de días superior, en cuyo caso se aplicará éste como importe indemnizatorio máximo, sin que dicho importe pueda ser superior a 42 mensualidades, en ningún caso".
Y entiende la recurrente que, partiendo de un salario día de 45,52 euros, o el que corresponde con arreglo a la modificación fáctica a la que hemos dado lugar y no el íntegro mantenido por el recurrente, la indemnización por el primer tramo de prestación de servicios, desde el 16-3-1991 al 12-2-2012, ya supera los 720 días, pues teniendo en cuenta un total de 20 años y 11 meses de servicio, le correspondería 42.845,70 euros, si tenemos en cuenta el primer salario día indicado, y la sentencia de instancia le suma el segundo tramo, del 12-2-2012 al 30-4-2014, reconociéndole una indemnización de 46.260,91 euros (esto es 30.175,13 más los ya percibidos de 16.985,78 euros), y si tenemos en cuenta que el fijado en la sentencia es por 31 días trabajados, calcula otra indemnización inferior.
Es por ello que mantiene que la indemnización se debería circunscribir al primer tramo, con el límite de 42 mensualidades.
Y en este punto hemos de dar la razón al recurrente, pues efectivamente por el primer tramo le corresponde una indemnización superior a 720 días de salario, por lo que hemos de estar, ya que no supera las 42 mensualidades, a la que resulta del primer tramo sin más añadir.
En consecuencia la pretensión deducida debe ser estimada de forma parcial, pues el salario regulador, se abona mensualmente con arreglo a los días trabajados, por lo que si tenemos en cuenta el salario del mes de marzo de 2014 le correspondería un salario día de 44,04 euros, y teniendo en cuenta la antigüedad indicada, 20 años y 11 meses, la indemnización a percibir es la de 41.452,65 euros, de la que ha de detraerse la percibida de 16.085,78 euros, que supone un total de 25.366,87 euros, y no la declarada en sentencia, ni la inferior mantenida por el recurrente de 41.339,70 euros con la resta de la percibida.
Estimando parcialmente el recurso de suplicación interpuesto por Unión Panadera Cacereña, S.A. contra la sentencia de 12-11-2014, dictada en autos seguidos ante el Juzgado de lo Social nº de Cáceres por Dª Águeda frente al recurrente, revocamos en parte dicha resolución para declarar que la indemnización que debe abonar la empresa demandada al trabajador asciende a la suma de 25.366,87 euros, confirmando el resto de los pronunciamientos de la decisión de instancia.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7433508&links=%22118%2F2015%22&optimize=20150714&publicinterface=true