Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-37955-de-enero-29-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_f589970550c8007ce0430a010151007c&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-11-18 14:53:11
Document Index: 189141954

Matched Legal Cases: ['artículo 113', 'artículo 113', 'artículo 113', 'artículo 13', 'artículo 66', 'artículo 113', 'artículo 113', 'artículo 47', 'artículo 16', 'artículo 5', 'artículo 51', 'artículo 162', 'artículo 13', 'artículo 66', 'artículo 113', 'artículo 13', 'artículo 66', 'artículo 113', 'artículo 47', 'artículo 7', 'artículo 86', 'artículo 61']

﻿ Sentencia 37955 de enero 29 de 2014
SENTENCIA 37955 DE 29 DE ENERO DE 2014
CONTENIDO:TENENCIA DE DOCUMENTOS DE UN CAUSANTE NO DEMUESTRA UNIÓN MARITAL DE HECHO. SE ESTABLECE QUE LA TENENCIA DE DOCUMENTOS DEL CAUSANTE Y EX TITULAR DEL DERECHO PENSIONAL, TALES COMO PASAPORTES, CARNETS, ESCRITURAS, ETC., SOLO SE PUEDEN VER COMO INDICIOS CONTINGENTES PARA NADA NECESARIOS, DE UNA RELACIÓN PERSONAL ENTRE SU TITULAR Y EL TENEDOR, PERO DE ALLÍ NO ES DABLE PREDICAR QUE CONSTITUYEN DOCUMENTOS DEMOSTRATIVOS DE LA CONVIVENCIA MARITAL Y DE QUE ESTA SE CUMPLIÓ POR UN DETERMINADO TIEMPO EN LAS CONDICIONES EXIGIDAS POR LA LEY.
TEMAS ESPECÍFICOS:BENEFICIARIO DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, UNIÓN MARITAL DE HECHO, COMPAÑERO PERMANENTE, VALORACIÓN DE LA PRUEBA, PRUEBA DOCUMENTAL, PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES
Sentencia 37955 de enero 29 de 2014
Rad.: 37955
Acta Nº 002
SL903-2014
Bogotá, D. C., veintinueve de enero de dos mil catorce.
EXTRACTOS: «V. El recurso de casación de Sofía Margarita Acosta Lindao de Vásquez
En la demanda con la que lo sustenta, que fue replicada, la recurrente pretende que la Corte case la sentencia del tribunal, revoque la del juzgado, y, en su lugar, acceda a los pedimentos de su demanda inicial.
Para ello le formula tres cargos que la Corte resolverá conjuntamente, con lo replicado.
Acusa la sentencia de, tal cual está dicho literalmente en el cargo, de “ser violatoria de la ley sustantiva por vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de las reglas establecidas para acceder a la sustitución pensional, como consecuencia de errores de hecho en la apreciación del material probatorio”, pasando a relacionar como pruebas no apreciadas por el juzgador, el registro civil de defunción del causante, respecto del cual afirma que por el tribunal “no se valoró esta prueba documental ni positiva ni negativamente”, pues, por estar bajo su custodia y tenencia debió tomarlo “por lo menos como indicio claro de diligencia en los trámites fúnebres” y del “compromiso matrimonial de la supérstite para con su esposo muerto, hasta los últimos momentos de su existencia”.
Refiere que tampoco el tribunal valoró el certificado del registro matrimonial expedido por la Arquidiócesis de Cali, pues de haberlo valorado no hubiera cometido el error de establecer “una igualdad presunta de compañeras permanentes en las tres demandantes, el fallador de instancia le desconoció factores preferentes de legalidad que le eran propios (…) como cónyuge supérstite”, es decir, desconoció “la presunción de convivencia permanente consagrada en el artículo 113 del Código Civil”, así como las de auxiliarse mutuamente y de cohabitar y convivencia, según la recurrente, allí previstas.
Aduce que el tribunal no valoró el hecho de que en el interrogatorio de parte que ella absolvió allegó el certificado del matrimonio celebrado en la República del Ecuador, pues tal hecho le hubiera servido para extrañar la prueba de la ruptura del vínculo jurídico y, por ende, por no aparecer, la de permanecer la presunción de convivencia entre los esposos, según la norma civil citada.
Igualmente, que en dicha diligencia aportó copia de la resolución pensional remitida por la empresa al causante en un sobre de manila donde está consignada la dirección de la ciudad de Cali donde hizo vida común con aquel, de manera que, de haberlo observado el juzgador, debió concluir que era cierto que convivían, pues ese domicilio conocido por la empresa era el que marcaba el lugar de ubicación de su núcleo familiar.
Agrega que como una hija de Deysy María Cabezas Castillo se graduó en la ciudad de Armenia, según consta en el documento de folio 88 y lo relató el testigo Eparquio García Rentería, el tribunal debió dudar de que aquella hubiera tenido domicilio en la ciudad de Buenaventura y por ese camino descartar que hizo vida marital con el causante en esa ciudad. Es más, de haber quedado demostrado que el domicilio real estaba en esa ciudad se estaría frente al delito de fraude procesal.
Después de consignar un título denominado ‘A) Pruebas apreciadas defectuosamente’ asevera que “no fue de recibo probatorio en el análisis jurídico el contrato de arrendamiento de su vivienda en la ciudad de Cali —folio 277—, que suscribió conjuntamente con el causante como arrendatarios, con el cual se demuestra la mutua intención de convivencia”, y con el cual se pone en duda que la señora Cabezas Castillo hubiera convivido con el causante por la misma época.
Alega que los documentos de folios 280 a 289 del expediente, relativos a pagos que ella hizo por tratamientos, pruebas, medicamentos y exámenes practicados al causante, fueron desconocidos por el tribunal, cuandoquiera que lo que prueban es el cumplimiento de su deber moral y sentimental para con éste, de auxilio mutuo, lo que no se acreditó por parte de la señora Cabezas Castillo.
Para la recurrente, el tribunal no ‘valoró adecuadamente’ los recibos de los servicios funerarios y de exequias prestados al causante y cubiertos por ella, pues lo que expresan es el cumplimiento de sus deberes como esposa, incluso hasta después de la muerte del causante.
Relaciona los testimonios de Rosalba Cortés de Navarrete, Teresa Wirth Conto y Sandra Patricia Villa para sostener que con fundamento en ellos el juzgador concluyó que su convivencia con el causante no había sido permanente, no obstante que fueron contestes a ese respecto, por lo que no fue atinado que tomara apartes en un sentido y otros en sentido contrario, que distorsionara sus dichos y que no los relacionara con la presunción del artículo 113 del Código Civil que a lo largo de su escrito refiere, la cual debe ser rescatada en sede de casación, para concluir que ella fue la que demostró convivencia con el causante y no la señora Cabezas Castillo.
María Luisa Cabezas Sinisterra reprocha al cargo no precisar los errores de hecho en los que presuntamente el tribunal incurrió; no contener proposición jurídica alguna, y escasamente referir una norma que en nada alude al derecho en conflicto.
Por su parte, Deysi María Cabezas Castillo señala que el cargo debió dirigirse por la vía directa de violación de la ley si la queja de la recurrente fue era la de haberse alterado las reglas del reconocimiento pensional, e indicar una norma intrascendente al caso, como lo es el artículo 113 del Código Civil. Además, enunciar medios de prueba que para nada acreditan la alegada convivencia de la recurrente con el causante.
Acusa la sentencia “por ser violatoria de la ley sustantiva por infracción directa, o en concreto al literal ‘B’ del artículo 13 de la Ley 797 del 29 de enero de 2003, por medio del cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993”, y su demostración se contrae al aserto de la recurrente de que debió aplicarse a su caso, por cuanto ya fue objeto de análisis constitucional por la Corte Constitucional mediante Sentencia de C-1035 de 2008, “condicionándola a la posibilidad de ser flexible, es decir, que permita la posibilidad de una pensión sustituida de forma compartida”.
María Luisa Cabezas Sinisterra cuestiona al cargo indicar como violada una norma que no aplica al caso, habida cuenta de la fecha del deceso del causante.
Deysi María Cabezas Castillo señala que la norma que la recurrente dice haber sido violada no regía a la fecha de la muerte del causante, luego no pudo ser violada por dejar de aplicarse.
En este ataque predica la recurrente a la sentencia del tribunal “ser violatoria de la ley sustantiva por infracción directa, en concreto el artículo 66 del Código Civil en concordancia con la violación directa del artículo 113 del mismo estatuto civil”.
Según la recurrente, “el artículo 113 del Código Civil establece claramente las presunciones de: convivencia mutua, procreación y auxilio mutuo”, de suerte que, el juez debe presumir que por el mero acto jurídico del matrimonio se los esposos conviven y se auxilian mutuamente, haciéndolo de forma permanente. Así que quien pretenda demostrar que eso no es cierto debe derruir esa presunción.
Luego, “comoquiera que el fallador de instancia desestimó de plano la aplicación de estas normas, su juicio de valoración frente a los hechos y las pruebas mismas tomó un rumbo diferente al que debió tomar”. Demostrado el yerro del juzgador, dice, debe subsanarlo la Corte procediendo como se pide en el alcance de la impugnación.
María Luisa Cabezas Sinisterra señala que el cargo se orienta por la vía directa de violación de la ley pero en su demostración se invocan cuestiones de orden probatorio.
Y Deysi María Cabezas Castillo confuta el cargo aduciendo que la norma presuntamente violada en el fallo no tiene que ver con la sustitución pensional o pensión de sobrevivientes perseguida por la recurrente.
Persiguiendo la recurrente que se le reconozca y pague la pensión de sobrevivientes causada por razón del deceso de Marco Aurelio Vásquez Ibarra el 10 de septiembre de 2002, de quien dice fue su cónyuge hasta la muerte, y que para regular tal derecho el tribunal expresamente asentó que estaba vigente a esa fecha el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, la recurrente estaba obligada a señalar como violada la dicha preceptiva, por ser cierto que era la norma sustancial legal de alcance nacional que para esa data establecía los beneficiarios de la pensión reclamada, entre ellos, el (la) cónyuge o la compañera o compañero supérstite (L. 100/93, art. 47, lit. a).
Y ello es así, por cuanto la norma atributiva del derecho pensional a los sobrevivientes, vigente a la fecha del deceso del causante, es la que regula la dicha prestación, por fuerza de la aplicación general e inmediata de la ley laboral y de la seguridad social en el tiempo, tal y como lo ha entendido de vieja data la jurisprudencia de la Corte en atención a lo directiva del artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo.
Luego, no existiendo discusión alguna sobre la norma que regía la pensión reclamada, y a ella paladinamente el juez de la alzada hizo mención para diferenciar las aspirantes a la prestación por causa del deceso de Marco Aurelio Vásquez Ibarra y, por ende, desatender la pretensión de la aquí recurrente, para cumplir a cabalidad con la exigencia del artículo 5º, literal a), del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, debía, indefectiblemente, indicar la mentada preceptiva. Como así no ocurrió, ninguno de los tres cargos de su demanda de casación puede tener vocación de prosperidad, habida cuenta de que con tal hecho se trunca la primera de las finalidades de la casación, cual es sabido es la de uniformidad de la jurisprudencia (arts. 365 del CPC y 333 del nuevo CGP), en este caso, de la seguridad social en materia pensional.
Resulta pertinente anotar que en este asunto ni siquiera a la luz de lo dispuesto por el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, adoptado como legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998, cabría considerar que la sola invocación de “las reglas establecidas para acceder a la sustitución pensional”, a las cuales se refirió en el primer cargo; o “al literal ‘B’ del artículo 13 de la Ley 797 del 29 de enero de 2003”, que indicó como violado en el segundo ataque; o el “artículo 66 del Código Civil en concordancia con la violación directa del artículo 113 del mismo estatuto”, que dijo violados en el último de estos, bastarían para tener por cumplida la exigencia legal de indicar como violados los preceptos sustantivos de alcance nacional que debieron ser esenciales al fallo, por cuanto, fuera de que ‘las reglas establecidas’ es una expresión indeterminada e imprecisa que no cabe tener como norma; el artículo 13, literal b) de la Ley 797 de 29 de enero de 2003 no regía para la fecha del deceso del causante —10 de septiembre de 2002—; y los artículos 66 y 113 del Código Civil no son preceptos de orden nacional que atribuyen derechos laborales o de la seguridad social por sí mismos, sino que atañen a instituciones jurídicas distintas como el matrimonio y las presunciones legales, y como se recuerda, de manera expresa el tribunal asentó que el derecho en discusión se dirimía conforme a los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, de suerte que, de haber incurrido en algún desatino lo debió ser, en primer lugar, respecto de alguno o de los dos de los citados preceptos, en otras palabras, ellos fueron los esenciales al fallo para resolver el litigio.
Lo anterior sería suficiente para rechazar los tres cargos que se dirigen contra la sentencia de segundo grado, No obstante, importa resaltar que en el primero, que lo dirige la recurrente por la vía indirecta de violación de la ley, la cual le impone precisar los errores de hecho que endilga al fallo atacado (art. 90, lit. b), del CPT y SS), hace caso omiso a esa otra exigencia y, de contera, no concreta los efectos a los que condujo al juzgador la presunta falta de apreciación o de apreciación defectuosa de los medios de prueba que en el abigarrado alegato incluye.
En el segundo cargo, adicionalmente, olvida que el basamento del tribunal para despachar negativamente sus pretensiones, pero acceder a las de Deysi María Cabezas Castillo, fue, fundamentalmente, el de que “el material probatorio se agrupa” a favor de esta última en aras de la prueba de la convivencia efectiva con el causante durante los dos años anteriores al deceso de Marco Aurelio Vásquez Ibarra, cuestión que no advirtió en su caso, como tampoco en el de María Luisa Cabezas Sinisterra. Por manera que, por haberse fundado el fallo en los medios del convicción del proceso y en la forma como el tribunal los apreció, el ataque debió dirigirse por la vía indirecta de violación de la ley, habida consideración de que el orientar el cargo por la vía que lo hizo supone plena conformidad de la recurrente con las conclusiones probatorios de la decisión, lo que indicaría que está completamente de acuerdo en que no acreditó la convivencia efectiva con el causante que es, se supone igualmente, lo que pretende atacar.
Y al tercer ataque, al que cabe predicar similar desatino al ya anunciado, por haberse dirigido también por la vía directa de violación de la ley, se suma el que cuestiona al fallo desconocer el artículo 66 del Código Civil que refiere la existencia de las presunciones legales, dentro de las cuales entiende se ubican las que dice encontrarse en el artículo 113 del mismo estatuto, cuandoquiera que esta preceptiva lo que contiene son las ‘finalidades’ del contrato matrimonial esto es, la convivencia, la procreación y el auxilio mutuo, pero, en manera alguna, la presunción ‘legal’ de que el por el mero acto jurídico del matrimonio tales hechos se producen, como parece entenderlo la recurrente.
De lo que viene de decirse, y sin que sea menester ahondar en mayores desatinos de los cargos orientados contra el fallo del tribunal, se rechazan estos.
XIII. El recurso de casación de María Luisa Cabezas Sinisterra
En la demanda con la que lo sustenta, que fue replicada, la recurrente pretende que la Corte case la sentencia del tribunal, revoque la del juzgado, y, en su lugar, acceda a los pedimentos de su demanda inicial o, en subsidio, casada la sentencia del tribunal, disponga que el derecho pensional debe ser distribuido por parte iguales entre Deysi María Cabezas Castillo y ella.
Con tales propósitos le formula dos cargos que la Corte resolverá conjuntamente, con lo replicado.
XIV. Primer cargo
Acusa la sentencia de aplicar indebidamente los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993; 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y 177 del Código de Procedimiento Civil, a causa de los siguientes errores de hecho:
1. Dar por demostrado, sin estarlo, que fue la señora Deysi María Cabezas Castillo la persona que real y efectivamente cohabitó con el señor Marco Aurelio Vásquez Ibarra durante los dos años que precedieron a su fallecimiento.
2. No dar por demostrado, estándolo, que fue la señora María Luisa Cabezas Sinisterra, la única persona que durante los dos últimos años de vida del causante, le brindó todo el apoyo efectivo y la colaboración material que caracterizan una vida de pareja.
3. No dar por demostrado, estándolo, que fue la señora María Luisa Cabezas Castillo, quien hasta los últimos instantes de vida del señor Marco Aurelio Vásquez Ibarra, buscó su mejoría, tanto así que cuatro días anteriores a su fallecimiento, inició una acción de tutela contra ‘Servicio Occidental de Salud EPS SOS’, desde luego buscando mejorar las condiciones en las cuales era atendido su compañero en dicha institución de salud.
Indica como no valorados correctamente los testimonios de Jorge Murillo Murillo, Nimia Sinisterra Caicedo, Jairo de Jesús Morales Aguirre y Nelly Asunción Angulo España (fls. 112 a 113, 115 a 116, 253 a 254 y 200 a 203 c. 2); y como dejados de apreciar la acción de tutela interpuesta por ella en nombre del causante (fls. 151 a 152 c. 2), pasaportes de aquel (fls. 153 a 154 c. 2), certificado y carnet de salud (fl. 155 c. 2), copia de la escritura pública número 2833 de 25 de septiembre de 1990 de la Notaría Única de Buenaventura (fls. 156 a 160 c. 2), las fotografías de los folios 21 a 23 c. 2 y el testimonio de Jorge Eduardo Candelo García (fls. 242 a 245 c. 2).
Alega la recurrente que la acción de tutela que ella impetró a nombre del causante 4 días antes de que este falleciera acredita que ella fue la única persona que “efectiva y afectivamente cohabitaba” con aquel, pues ello muestra que no encontró obstáculos ni límites para buscar su mejoría hasta el último día de su vida.
Para la recurrente el hecho de mantener bajo su custodia los pasaportes y otros documentos del causante acreditan la discutida convivencia, por cuanto eso solo lo puede hacer un ser querido.
Igual predicamento debe hacerse de las fotografías de fiestas, cumpleaños y grados que aportó.
Resalta que los anteriores medios de prueba son suficientes para demostrar la convivencia que el tribunal extrañó, para pasar a copiar los testimonios de Jorge Murillo Murillo, Nimia Sinisterra Caicedo, Jesús Morales Aguirre y Nelly Asunción Angulo, y sostener que si bien los primeros presentaron aparentes inconsistencias en sus dichos también relataron hechos de los cuales se deduce sin duda que ella cohabitó en la ciudad de Cali con Marco Aurelio Vásquez; y que el último deja verdaderas dudas sobre tales hechos en relación con Deysi María Cabezas Castillo, dado que la testigo no hizo afirmaciones definitivas sino que manifestó cosas que ella creía, que pensaba, que le parecían, etc., las cuales lo que muestran es que no puede dárseles la confianza que el tribunal en tales dichos depósito.
XV. La réplica
Deysi María Cabezas Castillo afirma que ninguno de los medios de prueba que indica la recurrente dan cuenta de la relación afectiva de aquella con el causante durante el término exigido por la ley, como ella sí lo demostró en cuanto a los últimos 30 años de vida de aquel.
XVI. Segundo cargo
Acusa la sentencia de aplicar indebidamente los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993; 13, 48 y 230 de la Constitución Política; 8º de la Ley 153 de 1887; 19 del Código Sustantivo del Trabajo, 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social; y 177 del Código de Procedimiento Civil, a causa de los siguientes errores de hecho:
1. Dar por demostrado, sin estarlo, que fue la señora Deysi María Cabezas Castillo la única mujer que efectivamente cohabitó con el señor Marco Aurelio Vásquez Ibarra durante los dos años que precedieron a su fallecimiento.
2. No dar por demostrado, estándolo, que el señor Marco Aurelio Vásquez Ibarra durante los dos últimos años de su vida, no solo vició con la señora Deysi María Cabezas Castillo, sino también convivió con la señora María Luisa Cabezas Sinisterra.
3. No dar por demostrado, estándolo, que hasta los últimos instantes de vida del causante, la señora Cabezas Sinisterra le brindó el apoyo afectivo y la colaboración material necesaria, tendiente a mejorar las condiciones en las cuales era atendido su compañero, tanto así, que cuatro días anteriores a su fallecimiento, inició una acción de tutela contra Servicio Occidental de Salud EPS SOS.
Indica como no valorados correctamente los testimonios de Jorge Murillo Murillo, Nimia Sinisterra Caicedo, Jairo de Jesús Morales Aguirre y Nelly Asunción Angulo España (fls. 112 a 113, 115 a 116, 253 a 254 y 200 a 203 c. 2); y como dejados de apreciar la acción de tutela interpuesta por ella en nombre del causante (fls. 151 a 152 c. 2), pasaportes de aquel (fls. 153 a 154 c. 2), certificado y carné de salud (fl. 155 c. 2), copia de la escritura pública número 2833 de 25 de septiembre de 1990 de la Notaría Única de Buenaventura (fls. 156 a 160 c. 2), las fotografías de los folios 21 a 23 c. 2 y el testimonio de Jorge Eduardo Candelo García (fls. 242 a 245 c. 2).
Reitera las apreciaciones probatorias que en el anterior cargo afirma se desprenden de los mentados medios de convicción en relación con la convivencia que mantuvo con el causante en su casa de habitación del barrio Rockeffeler de la ciudad de Cali y las cuales dice no deben verse como si hubiera sido intermitente si no permanente hasta el deceso del causante, pero, en este caso, para aseverar que aquel, simultáneamente, convivió con ella y con Deysi María Cabezas Castillo, por lo que, alega, en sede de instancia se debe ordenar que compartan la pensión de sobrevivientes dando ese alcance al artículo 47 de la Ley 100 de 1993, como la Corte y el Consejo de Estado en sentencias que invoca así lo dispuso y fluye de las tesis jurídicas de Jhon Rawls sobre justicia como equidad.
XVII. La réplica
Deysi María Cabezas Castillo replica al cargo el que los testimonios, que es de donde la recurrente pretende derivar la convivencia compartida, no son prueba calificada en casación.
Se conjuntan los cargos por servirse de igual predicamento de la recurrente en cuanto a los medios de convicción del proceso, con la única diferencia de que en el primer cargo la discusión la plantea con el propósito de que le sea reconocida la pensión de sobrevivientes, con exclusividad, en tanto que en el segundo lo hacer para que esta sea compartida con Deysi María Cabezas Castillo, que fue en favor de quien lo determinó el tribunal.
Puestas así las cosas, y visto que los medios de prueba calificados en la casación del trabajo a los que se contrae la discusión de los cargos son la acción de tutela interpuesta por la recurrente en nombre del causante, los pasaportes de aquel, el certificado y carnet de salud, la copia de la escritura pública número 2833 de 25 de septiembre de 1990 de la Notaría Única de Buenaventura y las fotografías de los folios 21 a 23 c. 2, es suficiente decir que ninguno de los indicados medios de convicción acredita que el tribunal incurrió en yerro alguno al concluir que María Luisa Cabezas Sinisterra no acreditó que convivió efectivamente con Marco Aurelio Vásquez Ibarra durante los dos años que precedieron a su muerte, ocurrida el 10 de septiembre de 2002.
Para ello basta decir que, como lo acepta la recurrente, la acción de tutela que interpuso en nombre de aquel para ante el juez penal municipal de Cali el 6 de septiembre de 2002 (fls. 151 a 152 c. 2), lo único que acredita objetivamente es que ella promovió tal acción en dicha oportunidad y por los motivos allí enunciados, pero de ninguna manera que ello refleje que convivió como pareja marital con el pensionado desde el 10 de septiembre de 2000 hasta el mismo día y mes de 2002. Las razones que invoca ahora la recurrente para haber promovido dicha acción, fuera de que son de orden personal que en modo alguno pueden constituir prueba en su propio favor, no resultan necesarias a efectos de promover tal tipo de mecanismos constitucionales de protección.
Y lo dicho es así, por ser sabido que se pueden agenciar los derechos ajenos en las acciones de tutela “cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa” (D. 2591/91, art. 10), de suerte que, no son la convivencia y la dependencia económica, y menos por el término mínimo de 2 años, exigencias para poder promover en nombre ajeno tal tipo de acciones, como lo entiende para este caso la recurrente.
La tenencia de documentos del causante, tales como pasaportes, carnés, certificados, etc. (fls. 153 a 155), a lo sumo que se pueden ver es como indicios contingentes —para nada necesarios— de una relación personal entre su titular y el tenedor, pero de allí no es dable predicar que constituyen documentos demostrativos de la reclamada convivencia marital y de que esta se cumplió por un determinado tiempo en las condiciones exigidas por la ley. Luego, aparte de que los datos probatorios que ello arrojan resulta absolutamente incipiente frente a la carga probatoria que se requiere para demostrar los supuestos de hecho de las normas que establecen la pensión de sobrevivientes, lo cierto es que, por no ser medios de convicción calificados en la casación del trabajo (L. 16/69, art. 7º), los mencionados indicios contingentes no pueden ser objeto de control directo como se propone por la recurrente.
Idéntica reflexión puede hacerse sobre las fotografías de los folios 21 a 23 del c. 2, pues si bien es cierto son documentos representativos de una particular situación, no tienen el vigor de acreditar aisladamente o por sí mismas los socorridos supuestos de hecho de la pensión de sobrevivientes. De manera que, en tal sentido, no tienen la fuerza suficiente para desvertebrar las conclusiones del juzgador sobre la convivencia probada de Deysi María Cabezas Castillo con Marco Aurelio Vásquez Ibarra, o de que si bien esta se produjo lo fue de manera compartida con María Luisa Cabezas Sinisterra.
Y la copia de la escritura pública visible a folios 156 a 160 del mismo c. 2, relativa a la compraventa de una casa de habitación en la ciudad de Buenaventura de Marco Aurelio Vásquez Ibarra a Candelaria Arboleda Meneses el 25 de septiembre de 1990, lo que acredita es ese acto jurídico pero no, necesaria y objetivamente, que fue lo que extrañó el tribunal, que aquel hubiera convivido con María Luisa Cabezas Sinisterra en la ciudad de Cali de septiembre de 2000 a la fecha de su muerte —10 de septiembre de 2002— como compañeros permanentes. Y la tenencia de la copia de dicho instrumento público no pasa de ser una mera conjetura sobre la pregonada convivencia que de forma alguna es dado controlar directamente en la sede del recurso extraordinario.
No acreditándose yerro alguno respecto de los medios de prueba calificados en la casación del trabajo no procede el estudio de los que no lo son, como los testimonios de Jorge Murillo Murillo, Nimia Sinisterra Caicedo, Jairo de Jesús Morales Aguirre y Nelly Asunción Angulo España y Jorge Eduardo Candelo García, por la restricción ya anunciada del artículo 7º de la Ley 16 de 1969, además de que al fondo no desconoce la recurrente que sobre los mismos pesan algunas inconsistencias advertidas por el tribunal para los efectos perseguidos, pero de los cuales dice se pueden rescatar los elementos de juicio que persigue en el recurso reconocer.
Po lo anotado, interesa recordar que conforme está claramente enunciado en el artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y lo ha explicado reiteradamente la jurisprudencia del trabajo, el fin de la casación no es buscar la verdad del proceso y de acuerdo con ella juzgar el litigio que enfrentó a las partes, sino establecer, si el recurrente sabe plantear el recurso y si la sentencia se dictó conforme a la ley.
Corresponde es a los juzgadores de instancia la facultad de establecer el supuesto de hecho al que debe aplicarse la ley, y de allí que el mentado artículo 61 del Código Procesal Laboral les haya otorgado la facultad de apreciar libremente las pruebas, lo que hace que resulte inmodificable la valoración probatoria del tribunal mientras ella no lo lleve a decidir contra le evidencia de los hechos en la forma como fueron probados en la proceso, cuestión que aquí no ocurrió.
De lo que viene, no prosperan los cargos.
Costas en el recurso a cargo de las recurrentes y en favor de las opositoras expresas. Como agencias en derecho téngase la suma de $3’150.000, a cargo de cada una de ellas.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley NO CASA la sentencia proferida el 7 de julio de 2009 por el Tribunal Superior de Guadalajara de Buga, en el proceso acumulado promovido por Sofía Margarita Acosta Lindao de Vásquez y María Luisa Cabezas Sinisterra contra la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A., en Liquidación obligatoria, y la Sociedad Fiduciaria Industrial S.A., como agente liquidadora de la primera, y al cual se citó como litisconsorte necesaria por activa a Deysi María Cabezas Castillo.