Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/en-US/Resolucion/Show/4817
Timestamp: 2020-06-06 11:00:59
Document Index: 269666367

Matched Legal Cases: ['artículo 20', 'artículo 621', 'artículo 20', 'artículo 8', 'artículo 15', 'artículo 117', 'artículo 117', 'artículo 20', 'Artículo 24']

HJ System - Decision: SENTENCIA 42/2003
SENTENCIA 42/2003, de 3 de marzo
ECLI:ES:TC:2003:42
En el recurso de amparo núm. 1169/99, promovido por don H. P. C., Abogado, quien actúa en representación y defensa de su hijo menor de edad C. P. T., contra la Sentencia dictada el 3 de junio de 1998 por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Sabadell, en autos de juicio de faltas núm.411/96, y contra la Sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Barcelona, en composición unipersonal, de fecha 25 de enero de 1999, recaída en trámite de apelación de la anterior, a la que revocó parcialmente. Han intervenido la Compañía Mapfre Mutualidad de Seguros, representada por el Procurador don Argimiro Vázquez Guillén y asistida por el Letrado don Juan Ignacio Pérez Iñiguez, el Abogado del Estado, en representación del Consorcio de Compensación de Seguros, y el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Pablo Cachón Villar, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 17 de marzo de 1999, don H. P. C. interpone recurso de amparo en nombre y representación de su hijo menor, contra las Sentencias reseñadas en el encabezamiento de la presente Sentencia.
2. Los hechos que fundamentan la demanda de amparo son, en síntesis, los que a continuación se exponen:
a) El día 2 de agosto de 1996 C. P. T., nacido el día 22 de abril de 1986, fue atropellado en el centro urbano de Sabadell. Como consecuencia de ello se tramitó en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Sabadell el procedimiento de juicio de faltas núm. 411/96, cuyo juicio verbal se celebró el 3 de junio de 1998.
b) El titular del precitado Juzgado dictó Sentencia el 3 de junio de 1998. El relato de hechos probados es del tenor literal siguiente: "De las pruebas configuradas en el acto del juicio, teniendo en cuenta las propias declaraciones del conductor del vehículo, visto el contenido y atestado en cuanto a los datos objetivos recogidos en el mismo y debatidos en dicho momento procesal, así como el informe del médico forense, los documentos aportados y las testificales practicadas, se considera probado que el día 2 de agosto de 1996, sobre las 16:30 horas, conducía autorizado D. Juan Montero Rocamora el vehículo propiedad de María Luisa Díaz Rodríguez, Fiat Tempra, B-6651-NP, asegurado en la Cia. Mapfre en el momento del accidente, por la Rambla de Sabadell, en dirección a la Gran Vía, haciéndolo a una velocidad inadecuada para la zona, que le era conocida, concurrida de peatones, conforme se desprende de la huella de 14 metros de frenada y la testifical practicada, por cuya causa y ante la aparición procedente de la acera derecha de C. P. T., de 9 años de edad, no pudo evitar atropellarlo violentamente causándole lesiones de las que tardó en curar y estuvo incapacitado 365 días, de los que 96 permaneció hospitalizado, quedándole como secuelas las siguientes, que valora el anexo en los términos que se recogen entre paréntesis después de su descripción.- 1.- Cuatro zonas de alopecia de 2 x 3 cms. cada una, prótesis removible de cabello sobre una alopecia de 6 x 3 cms. en la región occipital, cicatrices en lado izquierdo del cuello siendo las más largas de 8 x 2 cms. y 6 cms. (perjuicio estético: hasta 4 puntos si es ligero).- 2.- Síndrome orgánica de la personalidad (30-40).- 3.- Hemiparesia izquierda moderada (25-35).- 4.- Parálisis nervio facial rama mandibular (3-5).- 5.- Temblor distal de acción-intención de extremidad superior derecha (dispraxia 10- 20).- 6.- Capacidad intelectual 60 Pérdida de capacidad intelectual CI 36 a 66 (30- 50).- 7.- Disfasia (25-35)".
c) En lo que afecta al presente recurso interesa transcribir el fundamento jurídico cuarto de dicha Sentencia, que dice así: "A las lesiones producidas les resulta aplicable el baremo incluido en el anexo incorporado a la Ley 30/95 en su valoración para 1996 por lo que a las cantidades resultantes se aumentará un 3,2%, a saber: - Por 96 días de hospitalización a 7.000 ptas. diarias = 672.000 ptas.- Por 269 días de incapacidad a 3.000 ptas. diarias = 807.000 ptas.- Por las secuelas reflejadas como hechos probados teniendo en cuenta en cada caso su característica y grado de limitación que conlleva, deben valorarse siguiendo el orden de dicho párrafo = La 1) Considerada estético ligero, en su grado máximo = 4 puntos; las 2)-3)-4)-5) y 7) en su grado medio, a saber, 35, 30, 4, 15 y 30 puntos respectivamente y la núm. 6) en proporción a su limitación, en 33 puntos; que, aplicando la tabla de incapacidades concurrentes, suman 87 puntos, a 335.902 ptas. = 29.233.474 ptas.- Factores de corrección de aplicación al caso (Tabla IV) = -Por incapacidad permanente absoluta, gradación media = 15.000.000 ptas.- Por perjuicios morales, familiares, gradación máxima, teniendo en cuenta la corta edad del afectado y los muchos años de afectación y dedicación posibles = 15.000.000 ptas. Dichas cifras, sumadas entre sí y aumentadas en un 3,2%, conforme a lo indicado, dan la cantidad de 62.655.274 ptas., a la que debe añadirse 1.711.036 ptas. por los gastos de asistencia documentados en el acto del juicio considerados probados y dentro del concepto 6 del número primero del citado anexo, lo que hace un total de 64.366.310 ptas., no siendo procedente la inclusión de cifra alguna por necesidad de ayuda de tercera persona, no contemplada en el informe y sólo aplicable, conforme al anexo, a minusvalías muy superiores a la sufrida en este caso, ni el resto de conceptos por perjuicios económicos, en concreto, el evaluado por la Cátedra indicada, por entendidos incluidos todos ellos y haber sido tenidos en cuenta [por el] legislador en dicho baremo (punto 7 del primero "Criterios ..."). A dicha cantidad se añadirán intereses legales a cargo del conductor y propietaria del vehículo y en caso de Mapfre los preceptuados en el artículo 20 de la Ley Contrato de Seguro desde el 30-10-96".
d) La parte dispositiva de esta Sentencia de instancia dice así: "Que debo condenar y condeno a D. Juan Montero Rocamora, como autor responsable de una falta de imprudencia prevista y penada en el artículo 621-3 del CP, a 30 días- multa, a 2.000 ptas de cuota diaria, y tres meses de privación del permiso de conducir, así como a que indemnice al menor C. P. T. en 64.366.310 ptas., a través de la persona de su legal representante, por los daños y perjuicios de todo tipo sufridos, más intereses legales de dicha cantidad desde la fecha de la presente resolución, que en el caso de la Cia. responsable serán los previstos en el artículo 20 de la Ley Contrato de Seguro desde el 30 de octubre de 1996, declarando la responsabilidad subsidiaria respecto de dichas sumas de Dª María Luisa Díaz Rodríguez y la directa de la aseguradora Mapfre, absolviendo al Consorcio de Compensación de Seguros de las pretensiones deducidas contra dicha institución, debiéndose deducir en su día de la suma citada la que se haya percibido por el perjudicado en concepto de pensión provisional a cargo del indicado organismo, sin perjuicio de la acción a que se refiere el artículo 8-d) de la Ley Contrato de Seguro, una vez firme la presente. Imponiendo al primer condenado indicado las costas causadas".
e) En el apartado cuarto de la exposición de antecedentes de la demanda de amparo se dice, en relación con el enjuiciamiento de los hechos relatados, que ya en el acto del juicio oral se indicó por quien ahora recurre en amparo que "una rígida aplicación del baremo en este caso ... conllevaría a cometer una gran injusticia", señalando igualmente, con cita de la Sentencia 280/1997, de 26 de marzo, del Tribunal Supremo que ello comportaría la vulneración de "principios constitucionales tales como el principio de independencia judicial, el principio de libertad de pactos, el principio de igualdad o el derecho a la tutela judicial efectiva, a los que ya la Sentencia del Tribunal Supremo se refería". Se afirma asimismo que tal rígida aplicación del baremo "puede ser perfectamente válida en algunos casos cuando las cantidades fijadas por el mismo coinciden con los perjuicios reales surgidos, pero no cuando los perjuicios sufridos en absoluto están contemplados en el baremo, o lo están por cantidades absolutamente ridículas en relación con el perjuicio causado, y que la aplicación del baremo vulneraría esos derechos fundamentales en la persona de la víctima". Y se señala, por último, que "el propio Ministerio Fiscal, en el acto del juicio oral solicitó la condena penal de Juan Montero Rocamora, como autor de una falta de imprudencia, y que asimismo indemnizara a la víctima en la cuantía máxima prevista en el baremo de la Ley 30/95 para las lesiones y secuelas recogidas en el informe del Médico Forense, reservando para ejecución de sentencia la fijación de la cuantía que corresponda en concepto de lucro cesante, declarando las responsabilidades civiles oportunas", pero que, sin embargo, el Juzgador, "en el propio fundamento jurídico cuarto de la Sentencia, rechaza cualquier salida de la estricta y rígida aplicación del baremo".
f) Contra la expresada Sentencia de instancia interpusieron sendos recursos de apelación el ahora recurrente en amparo y Mapfre Mutualidad de Seguros, S.A. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Barcelona, en composición unipersonal, dictó Sentencia el 25 de enero de 1999, que acepta íntegramente el relato de hechos probados de la Sentencia impugnada, y que dice lo siguiente en su parte dispositiva: "Que, desestimando en su integridad el recurso interpuesto por la Cia. Mapfre, y estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por H. P. C. contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción 6 de Sabadell en los autos de juicio de faltas núm. 411-96, debo revocar y revoco parcialmente la misma en el sentido de que el importe de la indemnización a percibir por el menor C. P. T., a través de su legal representante, será incrementado en veinticinco millones de ptas., hasta la suma total de ochenta y nueve millones trescientas sesenta y seis mil trescientas diez ptas., manteniendo en sus restantes extremos los pronunciamientos de la sentencia recurrida, con declaración de oficio de las costas de esta apelación".
g) La Sentencia de apelación mantiene, con la excepción mencionada de indemnización por necesidad de ayuda de tercero, las conclusiones de la Sentencia de instancia. Así, según consta en el fundamento jurídico segundo, dice que "no aparecen en este trámite motivos que conduzcan a realizar una valoración diversa", afirma que los principios de inmediación y contradicción han permitido al Juzgador "apreciar de forma directa el alcance de las secuelas y, en consecuencia, efectuar una valoración de las mismas que no se revela irrazonada". Concluye, en este sentido que "por lo anteriormente expuesto, y atendido que el Juzgador a quo ha conocido las circunstancias personales del lesionado, no pueden acogerse las diversas pretensiones dirigidas exclusivamente a sustituir la valoración efectuada por el Juzgador, dentro del ámbito de discrecionalidad establecido en el baremo, por la voluntad del recurrente".
El fundamento jurídico tercero se refiere expresamente a la alegación - formulada en el recurso de apelación- de "infracción de preceptos constitucionales por haber omitido la indemnización por lucro cesante y daño emergente". Dice así dicho fundamento jurídico: "El sistema indemnizatorio del baremo es completo en sí mismo, conforme se recoge en el ordinal 1.7 del mismo. Los perjuicios económicos producidos, por tanto, por lucro cesante y por el daño emergente, que se reclama, deben considerarse ya incluidos e indemnizados con la aplicación del sistema previsto en el baremo, aplicación correctamente realizada por el Juzgador a quo. La aplicación del baremo, por tanto, no infringe ni el principio de independencia judicial ni el de igualdad y ha de sostenerse en esta apelación, por mandato expreso del legislador, conforme a lo dispuesto en el ordinal 1.1 del Anexo, que, no puede olvidarse, tiene rango legal. La creación de un sistema de valoración de las indemnizaciones por los daños producidos a las personas derivados de accidente de circulación introduce un factor de objetivización por parte del legislador, pero la limitación del arbitrio judicial no supone discriminación frente a otros perjudicados por hechos a los que no resulte aplicable el baremo. La aplicación del baremo se verifica en atención a hechos objetivos y controlables jurisdiccionalmente. Por lo demás, la limitación del arbitrio en modo alguno supone, como parece pretenderse, un ataque a la independencia judicial. Tal sería, caso de admitirse tal argumentación, cualquier norma jurídica que restringiera o limitara el ámbito de la libre decisión de los órganos jurisdiccionales en la resolución de los litigios".
3. La demanda de amparo alega la vulneración de los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), a la igualdad (art. 14 CE) y al derecho a la vida y a la integridad física y moral (art. 15 CE). Asimismo alega también la "infracción del principio de independencia judicial, establecido en el art. 117 de la Constitución Española" y la "infracción del principio de libertad de pactos en relación a la teoría general de la contratación que impera en nuestro Código Civil".
a) La infracción del art. 24.1 CE se invoca en relación con el art. 1902 del Código civil (CC) y con la reiterada doctrina jurisprudencial "que ordena la reparación íntegra del daño cuando se origine por culpa o negligencia". Se afirma, al respecto, que "las Sentencias recurridas no han reparado íntegramente el daño que le ha sido causado a la víctima ... al no reconocerle cantidad alguna por lucro cesante y sólo alguna cantidad por daño emergente, por haber aplicado de forma estricta el baremo introducido por la Ley 30/95, sin tener en cuenta la singularidad del caso que nos ocupa, derivada de la corta edad de la víctima -10 años de edad- y de las gravísimas lesiones sufridas".
b) La demanda de amparo alega también la "infracción del art. 14 de la Constitución Española por violación del principio de igualdad". Con cita de supuestos de personas con vida laboral activa que, hipotéticamente, sufrieran iguales lesiones que el menor accidentado, se señala la situación en todo caso desfavorable de éste, visto que "se le ha cercenado toda posibilidad de obtener sueldos futuros y pensiones futuras". Se indica que la necesidad, la intensidad y la cantidad de tratamientos "que debe demandar la víctima-niño no es la misma que la que en un caso similar podría demandar un adulto". Y se concluye que "con la aplicación estricta del baremo se vulnera en este caso el principio de igualdad entre la víctima del caso que nos ocupa y otras víctimas de accidentes de la circulación; y, por supuesto, se produce también una arbitraria desigualdad con las indemnizaciones derivadas de cualquier otro hecho extratráfico, que permitirá a los Tribunales indemnizar en conciencia, y en virtud de las pruebas practicadas en juicio, sin limitación alguna".
c) Se invoca también la "infracción del artículo 15 de la referida Norma Suprema, por violación del derecho a la vida y a la integridad física y moral". Se dice, sobre el particular, con cita de la Sentencia 280/1997, de 26 de marzo, del Tribunal Supremo, que "también la existencia de un baremo impide la reparación total del daño moral y físico (en su vertiente económica compensatoria), cuando la misma no puede ser alcanzada en su totalidad por ser superior a la establecida a priori en el baremo".
d) La demanda de amparo alega también la "infracción del principio de independencia judicial, establecido en el artículo 117 de la Constitución Española", y la "infracción del principio de libertad de pactos en relación a la teoría general de la contratación que impera en nuestro Código Civil". Respecto del principio de independencia judicial, la alegación se fundamenta en que la aplicación estricta del baremo comporta el que se cercene la facultad de valoración de la prueba de los Juzgados y Tribunales. En relación con la libertad de pactos se alude -con cita de la Sentencia 280/1997, de 26 de marzo, del Tribunal Supremo- a la existencia de "un lucro en quienes, percibiendo una prima mayor que la del seguro obligatorio, no van a responder sino por los límites que el baremo señala en atención al mismo".
e) Finalmente se suplica en la demanda de amparo que se dicte Sentencia otorgando el amparo: "I. Declarando que la aplicación estricta del baremo, introducido por la Ley 30/95, al caso que nos ocupa, llevada a cabo por las Sentencias recurridas, vulnera derechos fundamentales de la víctima C. P. T., tales como el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a la igualdad con los demás ciudadanos y el derecho a la vida y a la integridad física y moral, que reconocen los artículos 24.1, artículos 14 y 15 de la Constitución Española, infringiendo también el principio de independencia judicial, que consagra el artículo 117 de nuestra Carta Magna, y el principio de libertad de pactos, y todo ello al no reparar a la víctima, C. P. T., íntegramente el daño causado por lucro cesante y daño emergente, según lo acreditado en el acto del juicio oral.- II. Y ordenando que, como consecuencia de ello, se restablezca al mismo en la integridad de sus derechos fundamentales lesionados, mediante el dictado de una nueva Sentencia por el Juzgado a quo, en la que, además de reconocer el derecho de la víctima a percibir todas y cada una de las cantidades fijadas en las Sentencias impugnadas, reconozca también el derecho de la víctima C. P. T. a percibir de las mismas personas y entidades condenadas en dichas Sentencias los importes derivados del lucro cesante y daño emergente y fije, por consiguiente, dichos importes en las sumas que fueron acreditadas en el acto del juicio oral, sin atender a limitación alguna derivada del baremo introducido por la Ley 30/95, y que son las siguientes: 1.- Por concepto de lucro cesante ... 75.074.702 ptas.-2.- Por concepto daño emergente derivado de la situación física y psíquica del menor ... 48.553.682 ptas.- 3.- Y por la necesidad de ayuda de 3ª persona (diferencia) ... 52.130.037 ptas.- Y con más los intereses legales de dichas cantidades, que en el caso de la Aseguradora Mapfre serán los previstos en el artículo 20 de la Ley del Contrato de Seguro desde el 30 de octubre de 1996."
4. Por providencia de este Tribunal de 2 de julio de 1999 la Sala Segunda admite a trámite la demanda de amparo y, conforme al art. 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), ordena se dirija atenta comunicación a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Barcelona y al Juzgado de Instrucción núm. 6 de Sabadell a fin de que remitan certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes en el plazo de diez días, extensiva la dirigida al Juzgado para que se emplace a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto la parte recurrente en amparo, a fin de que puedan comparecer en el recurso de amparo, si les interesare, también en el plazo de diez días.
5. Por escrito registrado el 29 de julio 1999 don Argimiro Vázquez Guillén, Procurador de los Tribunales, solicita se le tenga por personado y parte, en representación de Mapfre Mutualidad de Seguros en el presente recurso de amparo.
6. Por diligencia de ordenación de 7 de octubre 1999 la Sala Segunda acuerda tener por personado y parte al Procurador don Argimiro Vázquez Guillén, en nombre y representación de Mapfre Mutualidad de Seguros, condicionado a que en el plazo de diez días acredite la representación que dice ostentar con poder original, debiendo indicar asimismo el nombre del Abogado que le asiste. Asimismo se acuerda en dicha diligencia de ordenación dirigir atenta comunicación al Juzgado de Instrucción núm. 6 de Sabadell a fines de remisión urgente de las actuaciones y emplazamientos ya interesados anteriormente.
7. Por escrito de 3 de noviembre 1999, registrado en este Tribunal el día 11, el Juzgado de Instrucción núm. 6 de Sabadell eleva testimonio de las actuaciones y originales de los emplazamientos realizados a las partes, constando el realizado a la propietaria del vehículo y no, en cambio, el relativo al condenado don Juan Montero Rocamora, por no haber sido localizado en su domicilio y desconocerse su paradero.
Por diligencia de ordenación de 18 de noviembre de 1999 la Secretaría de la Sala Segunda del Tribunal remite nueva comunicación al Juzgado de Instrucción núm. 6 de Sabadell para que se practiquen las diligencias necesarias en orden al efectivo emplazamiento de don Juan Montero Rocamora y del Consorcio de Compensación de Seguros.
8. Por escrito de 31 de enero de 2000 el Abogado del Estado solicita se le tenga por personado en la representación que ostenta.
9. Por diligencia de 29 de febrero de 2000 se reitera la solicitud al Juzgado de Instrucción núm. 6 de Sabadell, para que urgentemente indique a esta Sala la fecha de los emplazamientos interesados en la comunicación anterior o, de no haberse practicado, los motivos que lo impiden.
10. Por escrito registrado el 12 de marzo de 2000 el Juzgado de Instrucción núm. 6 de Sabadell, comunica a este Tribunal, en relación con el emplazamiento del condenado Juan Montero Rocamora, que, habiendo sido citado en dos ocasiones y no habiendo comparecido, en fecha 8 de marzo de 2000 ha sido emplazado mediante exhorto del Juzgado Decano de Instrucción de Barcelona, al constar su domicilio en esta ciudad.
11. Por diligencia de ordenación de 3 de mayo de 2000 se acuerda dar vista de las actuaciones recibidas al representante de Mapfre Mutualidad de Seguros, al Abogado del Estado y al Ministerio Fiscal por plazo común de veinte días para presentar las alegaciones que estimen pertinentes, conforme determina el art. 52.1 LOTC. Asimismo se acuerda la devolución de las diligencias originales remitidas por el Juzgado de Instrucción núm. 6 de Sabadell, dejando copia bastante de las mismas.
12. El recurrente presenta sus alegaciones en escrito registrado el 20 de mayo de 2000, consistentes en la afirmación y ratificación de todos y cada uno de los extremos formulados en la demanda de amparo.
13. El Abogado del Estado, en representación del Consorcio de Compensación de Seguros, expone en escrito registrado el 30 de mayo de 2000 que se abstiene de formular alegaciones en el presente recurso, toda vez que el pronunciamiento absolutorio del que se benefició el Consorcio quedó firme, al ser desestimado el recurso de apelación de la aseguradora, y que la demanda de amparo no imputa la lesión inconstitucional a la Ley 30/1995 sino a la interpretación y aplicación judiciales del llamado baremo, que considera lesivas de diversos derechos fundamentales. Planteado así el problema, dice el Abogado del Estado, no procede que esta parte examine si se ajusta más a Derecho la interpretación acogida por los órganos jurisdiccionales o la patrocinada por el recurrente, dado que el Consorcio de Compensación de Seguros solamente responde en los límites del seguro obligatorio, y casos como el presente afectan al llamado seguro voluntario de responsabilidad civil por riesgos de la circulación. No obstante abstenerse de hacer alegaciones, expresamente suplica que se le notifiquen cuantas resoluciones se dicten en el presente procedimiento, incluida la Sentencia que le ponga fin.
14. El Ministerio Fiscal formula sus alegaciones en escrito registrado el 31 de mayo de 2000.
a) Comienza analizando la alegada vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, que examina después de exponer los razonamientos de la demanda y de las Sentencias impugnadas, en especial en relación con la interpretación del baremo. Al proceder a su examen afirma que "la argumentación de la parte se sustenta en dos afirmaciones, de un lado en que las indemnizaciones concedidas conforme al sistema legal establecido ... sólo cubren o contemplan los daños morales, pero no los económicos, y, de otro lado, en que ha acreditado unos daños económicos por lucro cesante y daño emergente, que no han sido indemnizados, por haber sido rechazada su indemnización por los órganos judiciales en aplicación del sistema legal, lo que ha implicado una violación del derecho a la tutela judicial efectiva al no haberse reparado íntegramente el daño causado".
b) Respecto de la pretendida vulneración del derecho a la igualdad (art. 14 CE), afirma el Ministerio Fiscal que el recurrente parte de premisas que no se compaginan con el sistema legal y de afirmaciones sin contraste alguno, sin que, al margen de la genérica invocación, aporte término válido de comparación. Se remite, en último término, al dictamen emitido por el Ministerio Fiscal en la cuestión de inconstitucionalidad 47/97, en el que se concluye la conformidad del sistema legal con el precepto constitucional aludido.
c) En relación con la alegada vulneración del derecho fundamental a la vida y a la integridad física y moral (art. 15 CE), dice el Ministerio Fiscal que, dado el extremo laconismo de su planteamiento, en el que no se aporta argumento alguno para sustentar tal pretendida vulneración -a excepción de la parcial transcripción de una Sentencia del Tribunal Supremo-, no puede entenderse tal alegato sino como una mera invocación retórica. En todo caso, señala el Ministerio público, el derecho a la integridad física protege la incolumidad corporal y, sufrido el daño, la restauración corporal sólo en supuestos ideales se alcanza mediante una satisfacción dineraria, como consecuencia de un tratamiento médico o quirúrgico que reponga la condición física del sujeto al momento anterior al evento causante. Entre tales casos no cabe incluir el presente, sino que en éste debe considerarse la indemnización como modo de compensar de alguna manera la aflicción moral de la víctima, concepto éste muy distinto al lucro cesante y a determinados gastos que son los que reclama la parte. Por ello debe rechazarse que se haya producido lesión del art. 15 CE.
d) En lo que se refiere a los invocados principios de independencia judicial (art. 117 CE) y de libertad de pactos, dice el Ministerio Fiscal que "ni el precepto constitucional aludido ni el principio general aducido son hábiles para sustentar demandas de amparo, por lo que ambos motivos deben ser rechazados".
e) En definitiva, el Ministerio Fiscal interesa que este Tribunal dicte Sentencia reconociendo el derecho de recurrente a la tutela judicial efectiva, anulando las Sentencias impugnadas y ordenando la "retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente anterior a dictar Sentencia, para que se dicte la misma con respeto al derecho del recurrente a la tutela judicial efectiva".
15. Por escrito de 2 de junio de 2000 el representante de Mapfre Mutualidad de Seguros presenta sus alegaciones interesando la desestimación del recurso. En primer lugar, y como cuestión previa, recuerda que el derecho a la tutela judicial efectiva no implica que la resolución judicial haya de admitir todas las peticiones que la parte promueva y que lo que el recurrente pretende en este caso es convertir a este Tribunal en una tercera instancia, mediante un recurso de casación "encubierto", al pretender sustituir la interpretación efectuada por los Tribunales, en lo atinente tanto a la prueba practicada como a la normativa legal aplicable al caso, por la suya propia e interesada. Por otra parte, tal interpretación parece, en realidad, cuestionar la constitucionalidad de la normativa legal establecida, para lo cual no estaría legitimado.
a) Entiende la parte que no ha habido vulneración de la tutela judicial efectiva. La respuesta judicial se ha obtenido en un proceso en el que se produjo verdadera contradicción, tanto en primera como en segunda instancia, y en el que los órganos jurisdiccionales llegaron a su decisión tras haber ponderado toda la prueba aportada en autos y la desarrollada en el juicio oral, incrementando la Sentencia de apelación la indemnización concedida en primera instancia.
b) Respecto de la alegada quiebra del derecho de igualdad, no aporta la demanda los elementos necesarios para sostener tal lesión en el sentido constitucional de la misma. Señala la parte, al efecto, que "no se reseñan supuestos de hecho idénticos y diferencias de trato; no se significa el carácter jurisprudencial del precedente que pudiera aportarse como término de comparación, no se acredita un cambio de criterio arbitrario, y no se aportan decisiones judiciales concretas procedentes de un mismo órgano judicial", sino que, por el contrario, "únicamente se recogen en el correlativo una serie de suposiciones y consideraciones particulares, en orden a sustituir el criterio de los órganos jurisdiccionales actuantes por el particular e interesado del recurrente en amparo".
c) El derecho a la vida e integridad física y moral no puede entenderse directamente afectado por la regulación de la responsabilidad extracontractual o civil derivada del delito o falta, pues ésta no tiene como finalidad directa la protección de aquel derecho, desarrollada esencialmente en el Código penal, sino que únicamente tiene finalidad compensatoria de las infracciones contra dicho derecho, y la concreción y forma de la compensación corresponde al legislador como parte de su actuación política.
d) En cuanto a la independencia judicial, supuestamente menoscabada, se afirma que ésta se caracteriza, entre otros extremos, por la libre valoración de la prueba y de la legislación aplicable, que es precisamente lo que ha sucedido en el caso que nos ocupa. Por su parte, la libertad de pactos es materia típica del derecho ordinario, sujeta a la normativa legal y a la interpretación judicial de la misma, función jurisdiccional innata de los órganos de la jurisdicción ordinaria.
16. Por diligencia de fecha 6 de junio de 2000 se hace constar que se han recibido los escritos de las partes personadas y del Ministerio Fiscal, quedando el presente recurso de amparo pendiente para deliberación cuando por turno correspondiere.
17. Por providencia de fecha 27 de febrero de 2003 se acordó señalar para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 3 de marzo del mismo año.
1. El presente recurso de amparo se dirige contra las Sentencias dictadas respectivamente el 3 de junio de 1998 y el 25 de enero de 1999 por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Sabadell, en autos de juicio de faltas núm. 411/96, y por la Sección Tercera (en composición unipersonal) de la Audiencia Provincial de Barcelona, en rollo de apelación núm. 346/1998. El procedimiento penal seguido tenía por objeto establecer las responsabilidades penales y civiles derivadas de un accidente de tráfico acaecido el día 2 de agosto de 1996 en el centro urbano de Sabadell, en el que había resultado lesionado el menor C. P. T., a la sazón de diez años de edad, ahora recurrente en amparo, representado por quien ejerce la patria potestad.
2. La demanda de amparo alega que las Sentencias recurridas vulneran los derechos fundamentales del menor accidentado a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), a la igualdad (art. 14 CE) y a la vida e integridad física y moral (art. 15 CE). Asimismo invoca también la infracción "del principio de independencia judicial, establecido en el art. 117 de la Constitución española", y "del principio de libertad de pactos en relación a la teoría general de la contratación, que impera en nuestro Código civil".
3. Pasando al examen de los derechos que se dicen infringidos por las Sentencias impugnadas, hemos de concluir, en primer lugar, que los principios aludidos de independencia judicial y de libertad de pactos no pueden ser objeto de conocimiento en este recurso. Basta señalar, al efecto, que no se hallan entre los contenidos constitucionales que dispone el art. 53.2 CE como posible objeto de conocimiento por este Tribunal en el ámbito del recurso de amparo, que, según dicho precepto, sólo puede tener por objeto las libertades y derechos reconocidos en los arts. 14 a 29 CE y la objeción de conciencia contemplada en el art. 30 CE.
4. Respecto de algunos de estos derechos es obligado constatar la escasa fundamentación que la demanda presta a su alegada quiebra. Así sucede, en particular, con el aludido derecho a la vida e integridad física y moral (art. 15 CE), que se hace consistir en el impedimento de la reparación integral del daño causado, respecto del que la demanda se limita a transcribir un obiter dictum de la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 26 de marzo de 1997.
5. Igualmente ha de decirse, en rigor, que la pretendida quiebra de la igualdad (art. 14 CE), afirmada por el solicitante de amparo, tampoco es argumentada, pues, como apuntan el representante de la aseguradora y el Ministerio Fiscal, no se aduce término concreto o adecuado de comparación. En efecto, frente a lo que pretende el demandante, no puede constituir término de comparación respecto de un menor de diez años -como es el caso- quien ha prestado o está prestando servicios laborales cuando le ocurre un accidente de circulación, y puede, por tanto, acreditar los salarios u otras prestaciones que dejará de percibir como consecuencia de los impedimentos devenidos para él de dicho accidente. Sencillamente, quienes han trabajado o trabajan, no se encuentran en la misma situación que quienes, por cualquiera que sea la razón, no lo han hecho nunca, incumpliéndose así la primera y principal condición deducida por este Tribunal para afirmar que la Ley vulnera, en sí misma, la igualdad (por todas, STC 144/1988, de 12 de julio, FJ 1, recordada en el FJ 10 de la citada 181/2000).
6. Así pues, procede analizar a continuación si ha sido conculcado el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). El recurrente en amparo fundamenta la efectividad de tal vulneración en el hecho de que "las Sentencias recurridas no han reparado íntegramente el daño que le ha sido causado a la víctima ... al no reconocerle cantidad alguna por lucro cesante y sólo alguna cantidad por daño emergente, por haber aplicado de forma estricta el baremo introducido por la Ley 30/1995, sin tener en cuenta la singularidad del caso que nos ocupa derivada de la corta edad de la víctima -10 años de edad- y de las gravísimas lesiones sufridas".
7. Por su parte, el Ministerio Fiscal interesa también el otorgamiento del amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, bien que por causas que no son totalmente coincidentes con las expuestas en la demanda de amparo. Ello no empece para que este Tribunal conozca de ellas pues, como hemos afirmado, el Tribunal Constitucional "no está vinculado por los argumentos o razonamientos jurídicos de las partes" [STC 17/1989, de 30 de enero, FJ 3, y, en igual sentido, STC 65/1983, de 21 de julio, FJ 4 a)].
8. Sentados los anteriores extremos, relativos a la impugnación formulada por el recurrente y al criterio mantenido por el Ministerio Fiscal, se está en el caso de establecer y analizar cuál sea la respuesta que las Sentencias impugnadas hayan dado a las pretensiones del recurrente, deducidas en el juicio de faltas tanto en la instancia como en la apelación.
9. Centrada así la cuestión, ha de concluirse que lo que existe, en realidad, es una contraposición de pareceres interpretativos en relación con la cuestión de si los perjuicios económicos objeto de debate (lucro cesante y daño emergente en los términos indicados) han de entenderse incluidos o no en el baremo establecido por la Ley 30/1995.
10. Sentados los anteriores extremos, se está en el caso de dar respuesta a la cuestión planteada, aplicando, al efecto, la doctrina expresada.
Desestimar la presente demanda de amparo, presentada por don H. P. C. en representación de su hijo menor de edad C. P. T.
Type and record number Recurso de amparo 1169-1999
Promovido por don H.P.C., en representación de su hijo menor de edad, frente a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que desestimó su petición de incrementar la indemnización otorgada en juicio de faltas por atropello
Los órganos judiciales han entendido, en uso de su potestad de interpretación de la normativa aplicable al caso (el anexo y las tablas de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación) que debe concebirse como incluyentes del da±o emergente y del lucro cesante [FFJJ 8 y 10].
Esta interpretación judicial de la normativa cuestionada no incurre en error patente, en cuanto a los datos de hecho relativos a las lesiones, ni, en lo que se refiere a su propio contenido, en arbitrariedad [FJ 10].
A este Tribunal no le compete comprobar el grado de acierto de una determinada resolución judicial así como tampoco interpretar la legalidad o enjuiciar la interpretación que de ésta se haga por los órganos judiciales (STC 136/2002) o error patente (STC 198/2000), o de que la interpretación cuestionada comporte la lesión de un derecho fundamental sustantivo (SSTC 94/1995, 66/2002) [ FJ 9].
Distingue la STC 181/2000 [FJ 10].
Aplica la doctrina los FFJJ 7, 8, 9, 10, 18 y 19 de la STC 181/2000 [FFJJ 3-5].
Los principios de independencia judicial y de libertad de pactos no pueden ser objeto de conocimiento del recurso de amparo [FJ 3].
Anexo, apartado 1.6 (redactado por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre), f. 7
Anexo, apartado 1.7 (redactado por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre), ff. 8, 10
Anexo, apartado 2, tabla IV (redactado por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre), f. 8
Anexo, apartado 2, tablas III y IV (redactado por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre), f. 1
Artículo 24.1, ff. 2, 6, 9
Disposición adicional octava, ff. passim
Exclusión de un derecho al acierto judicialExclusión de un derecho al acierto judicial, f. 9
Sentencia fundada en DerechoSentencia fundada en Derecho, Respetado, ff. 9, 10
Sentencia fundada en DerechoSentencia fundada en Derecho, ff. 9, 10
Baremo legal de valoración de dañosBaremo legal de valoración de daños, ff. 4, 9, 10