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Timestamp: 2017-12-16 03:36:40
Document Index: 170987040

Matched Legal Cases: ['artículo 10', 'artículo 28', 'artículo 108', 'artículo 117', 'artículo 10', 'artículo 89', 'artículo 85', 'Artículo 1']

Gaceta: LXIII/2SPO-111/70061
Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León, así como al congreso del mismo estado a trabajar de forma coordinada a fin de generar las condiciones para emitir a la brevedad la declaratoria de validez de todos los artículos comprendidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Raúl Gracia Guzmán, en mi carácter de Senador de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la proposición con punto de acuerdo, en el que seexhorta respetuosamente al Gobierno del estado de Nuevo León así como al Congreso del estado de Nuevo León para que de forma coordinada trabajen para generar las condiciones para emitir a la brevedad la declaratoria de validez de todos los artículos comprendidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Que en febrero de 2012, se suscitó un motín en el penal de Apodaca, donde fueron masacrados 44 internos y 37 más se dieron a la fuga.
En febrero de 2016, se registró el motín con más víctimas mortales en el país; esto, en el Penal de Topo Chico, ubicado al norponiente de la ciudad de Monterrey. En donde se confirmó la muerte de 49 reos y 12 heridos.
El 15 de marzo del presente año, en diversos medios de comunicación se dieron a conocer videos en donde sujetos internados al interior del penal de Apodaca, Nuevo León, propinaban tratos humillantes y denigrantes hacia otras personas privadas de la libertad.
El día 26 de marzo del presente año, en el penal de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, se suscitó una riña entre personas privadas de la libertad y elementos de corporaciones policiacas, dejando como resultado siete heridos.
El día 28 de marzo en curso, nuevamente se reportaron nuevos disturbios en el penal de Cadereyta, Jiménez, Nuevo León, los distintos medios de comunicación dieron cuenta de que algunos internos, entraron al área de enfermería y dispusieron de medicamentos. Ese mismo día, en un medio de comunicación impresa de amplia circulación, se publicó una entrevista con el vocero en Seguridad Pública del Gobierno del Estado, que éste, a pregunta expresa, admitió “que el orden en los penales estatales no puede ser garantizado.”
Que con motivo de la Reforma Constitucional en Materia de Seguridad Pública y Justicia Penal, se creó la figura del Juez de Ejecución Penal, obligándose a las entidades federativas a regularla, para que, no solo las imposición de las sanciones, sino también su vigilancia, estuviera a cargo del Poder Judicial. Así, a través de la intervención judicial se cimentarían las bases de un nuevo sistema de ejecución de las sanciones penales, en la que, con amplio respeto a la dignidad de la persona, el estado trabajará en la reinserción de los condenados, logrando su reincorporación a la vida productiva.
Luego, el Estado de Nuevo León tiene una Ley de Ejecución de Sanciones Penales, que data de la última década del siglo pasado, la cual fue reformada en 2010, con el objetivo de cumplir con la Reforma Constitucional antes mencionada.
Que por diversas razones, entre ellas, la pobre respuesta de algunos estados en adecuar sus legislaciones a la Reforma Constitucional de 2008, o haciéndolo no contemplaron las premisas en que aquella pretendía una amplia transformación del Sistema de Justicia Penal, la Federación asumió la competencia para legislar en la materia y así fue como el día 16 de junio del año 2016 en el Diario Oficial de la Federación se publicó la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuyo objetivos son:
Establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial;
Establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, y
Regular los medios para lograr la reinserción social.
Lo anterior, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y en esta Ley. [*]
Si bien la Ley citada entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial, de la Federación, el Congreso de la Uniónaplazó la entrada en vigor de algunas de sus disposiciones, entre ellas, de las fracciones III y X y el párrafo séptimo del artículo 10; los artículos 26 y 27, fracción II del artículo 28; fracción VII del artículo 108; los artículos 146, 147, 148, 149, 150 y 151, a partir de un año al de la publicación de la Ley, o al día siguiente de la publicación de la Declaratoria que al efecto emitan el Congreso de la Unión o las legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de sus competencias, sin que pueda exceder del 30 de noviembre de 2017.
Igualmente se estableció que los artículos 31, 32, 33, 34, 35, 36, 59, 60, 61, 75, 77, 78, 80, 82, 83, 86, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 128, 136, 145, 153, 165, 166, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 192, 193, 194, 195, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206 y 207 entrarían en vigor a más tardar dos años después de la publicación de la Ley o al día siguiente de la publicación de la Declaratoria que al efecto emitan el Congreso de la Unión o las legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de sus competencias, sin que pueda exceder del 30 de noviembre de 2018.
Dicho articulado versa en temas trascendentales para los Derechos Humanos como lo son los derechos de las mujeres privadas de su libertad en un centro penitenciario, información en el sistema penitenciario, régimen de internamiento, condiciones de internamiento, protocolos, atención médica, régimen de visitas, comunicaciones al exterior, legitimación para formular las peticiones ante las direcciones de los centros, procedimiento de acceso a la justicia terapéutica.
En vista de la ingobernabilidad que existe hoy en día en los penales del Estado de Nuevo León, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se ha pronunciado al respecto tanto en la recomendación 55/2016, emitida el día 29 de noviembre del año 2016; así como el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura Adscrito a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitió la recomendación M-01/2016.
Luego, se encuentran evidenciadas las condiciones de sobrepoblación, hacinamiento, autogobierno en los tres establecimientos, insuficiente suministro de alimentos, instalaciones en malas condiciones de mantenimiento general, especialmente, las sanitarias e hidráulicas, insuficiencia de colchonetas, inadecuadas condiciones de higiene, conexiones eléctricas improvisadas en la sección femenil, falta de instalaciones adecuadas ex-profeso para mujeres, así como para los hijos de internas que viven con ellas.
En tal virtud, y en función a los acontecimientos destacados, se tiene que la Ley Nacional de Ejecución Penal es por mucho, más completa que la que actualmente rige el quehacer de las autoridades penitenciarias de Nuevo León, las cuales se han declarado, y así ha quedado demostrado, incapaces para implementar las acciones necesarias que satisfagan el anhelo de la sociedad de transformar el Sistema de Ejecución de Sanciones Penales, para que, dentro de un amplio margen de respeto a los Derechos Humanos, se logre reinsertar al condenado y se ofrezca seguridad a la comunidad. Pues, resulta evidente que ante la complacencia o incompetencia de la autoridad estatal, el autogobierno campea en los reclusorios locales. Los sentenciados son humillados, abusados sexualmente, inclusive, desde allí se siguen cometiendo delitos hacia el exterior. Por lo que, la Ley de Ejecución Penal Local, también está rebasada y es insuficiente para cumplir con el postulado Constitucional. Por ende, es necesario que el Congreso del Estado de Nuevo León, reconociendo las evidentes herramientas que le proporciona la Ley Nacional, emita la correspondiente declaratoria para que los artículos citados en el segundo transitorio de la expresada Ley Nacional de Ejecución Penal entren en vigor y surtan sus plenos efectos de manera inmediata en el estado.
Dicha declaratoria es de gran relevancia, ya que al determinar la entrada en vigor de dichos artículos se faculta y se responsabiliza plenamente al Poder Judicial para ejercer jurisdicción sobre temas relevantes, como garantizar condiciones de vida digna a las personas privadas de la libertad, por ejemplo:
Dicho artículo es de vital importancia, merced a que atiende en primera instancia las observaciones realizadas por la CNDH, así mismo obliga al Gobierno del Estado de Nuevo León a crear instalaciones adecuadas para la estancia de las mujeres privadas de la libertad y en caso de no hacerlo ello resulta susceptible de someterse al control judicial.
Así mismo, la fracción resaltada, faculta a las organizaciones de la sociedad civil a que sean sujetos legitimados para iniciar los procedimientos administrativos en caso de observar anomalías dentro de los centros penitenciarios, lo cual es de gran importancia, pues se abre la puerta para que la sociedad civil observe de manera directa la manera en que se conducen los penales del Estado.El artículo 117 de la propia Ley Nacional de Ejecución extiende dicha legitimación de las organizaciones de la sociedad civil para iniciar controversias judiciales sobre condiciones de internamiento.
La autoridad penitenciaria estará obligada a instrumentar una clasificación de las distintas áreasy espacios en el Centro Penitenciario, en particular, de los dormitorios, obedeciendo a criterios basados en la edad, el estado de salud, duración de la sentencia, situación jurídica y otros datos objetivos sobre las personas privadas de la libertad, tendientes a armonizar la gobernabilidad del mismo y la convivencia entre las personas privadas de la libertad.
La Autoridad Penitenciaria estará obligada a prestar sus servicios a todas las personas privadas de la libertad que los requieran, ser de buena calidad y adecuarse a sus necesidades, bajo criterios de razonabilidad y no discriminación. Las personas sujetas a prisión preventiva y las personas aseguradas con fines de extradición gozarán de estos derechos desde su ingreso. Las personas privadas de la libertad podrán hacer uso voluntariamente de los servicios que ofrezca el Centro Penitenciario, con excepción de las medidas preventivas de enfermedades, de higiene y de salubridad general.
Así mismo, en los mismos términos que el artículo 10, en este caso los artículos 31 y 32 dictan las obligaciones de la autoridad penitenciaria en cuanto a instrumentar una clasificación detallada de acuerdo a la edad, estado de salud, duración de la sentencia, situación jurídica, así como a la calidad de los servicios que todas las personas privadas de la libertad requieran. Este es un instrumento fundamental para recuperar la gobernabilidad de los centros penitenciarios de Nuevo León.
Por lo anterior, es urgente que el Congreso del Estado de Nuevo León emita a la brevedad la Declaratoria para la entrada en vigor de todos los artículosseñalados en el artículo segundo del transitorio de la ley anteriormente citada;ello, para el efecto de que tanto la sociedad civil, como los jueces de ejecución penal, usando las herramientas y mecanismos legales contenidos en la predicha ley;tengan pleno conocimiento y jurisdicción sobre lo acontecido en el interior de los centros penitenciarios del Estado con el objetivo de que la vida y estancia de las personas privadas de la libertad sea digna y segura y encaminada a lograr la reinserción de los condenados.
Si bien el Ejecutivo del Estado es responsable de la administración de los centros penitenciarios, debe tenerse presente que, de conformidad con lo establecido por el artículo 89, fracción XII, de la Constitución Federal y su correlativo artículo 85, fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, esta tarea la desempeña en su carácter de auxiliar del Poder Judicial. A este último le corresponde garantizar la legalidad y de la gobernabilidad en su interior a fin de que las resoluciones judiciales privativas de la libertad, se cumplan plenamente, como lo establecenlos artículos 17 y 21 constitucionales, esto es, sin excesos, sin defectoy bajo la vigilancia del Poder Judicial.
Para que la ejecución de la prisión preventiva y de las penas pueda judicializarseen los términos apuntados, y para que puedan cumplir su función otros actores que deberán coadyuvar a conseguir una prisión con ley, como son el Ministerio Público, que debe impedir los privilegios y toda forma de impunidad en reclusión, así como la defensa pública, que debe proteger los derechos de todas las personas privadas de la libertad, así como las organizaciones de la sociedad civil, es indispensable que el Congreso del Estado emita la Declaratoria apuntada.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente propuesta con:
PRIMERO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno del estado de Nuevo León así como al Congreso del estado de Nuevo León para que de forma coordinada trabajen para generar las condiciones para emitir a la brevedad la declaratoria de validez de todos los artículos comprendidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal.
[*] Artículo 1 de la Ley de Ejecución Penal
http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=70061