Source: https://www.ausum.es/alertas
Timestamp: 2020-04-03 16:56:04
Document Index: 272831201

Matched Legal Cases: ['Artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 1', 'artículo 31', 'artículo 1', 'artículo 31', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 31']

Debido a las especiales circunstancias derivadas de la declaración de la emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) recientemente comunicada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y siguiendo las recomendaciones de las autoridades competentes, hemos decidido cancelar todas las reuniones presenciales en las oficinas de AUSUM, así como todas las visitas a cliente, siempre que las mismas no sean estrictamente necesarias e inaplazables.
En este sentido, les informamos de que contamos con los medios técnicos y tecnológicos adecuados para poder seguir prestando el servicio con normalidad, así como herramientas de comunicación suficientes como para que el servicio no se vea afectado. Además, les recordamos que contamos un una pestaña en nuestra página web en la que se puede colgar documentación, de tal forma que no sea necesario traer ninguna documentación física a nuestras oficinas, insistimos, siempre que no sea estrictamente necesario.
Esperamos que puedan entender estas medidas excepcionales.
A causa en la propagación del coronavirus COVID-19, y con la intención de anticiparnos a los posibles efectos económicos adversos que esta circunstancia podría suponer para la actividad ordinaria de las empresas, ponemos a su disposición un memorándum compuesto por una suerte de medidas preventivas que consideramos pueden adoptarse para disminuir las referidas consecuencias económicas adversas.
A estos efectos, consideramos posibles impactos y líneas de atención para la empresa desde dos perspectivas diferentes, aunque obviamente conectadas entre sí: la laboral y de gestión de recursos humanos y la jurídica-mercantil, conectada con la asunción de responsabilidades.
En un último punto, hacemos breve referencia a las actuaciones que recientemente está apuntando el gobierno como medidas a adoptar al respecto, manteniéndonos a la espera, en todo caso, de los anuncios inminentes que estos días se efectuarán, en cuyo momento les mantendremos nuevamente informados.
Pueden consultar el memorándum en el siguiente enlace:
Quedamos a su disposición para prestar asesoramiento concreto sobre las medidas comentadas que puedan afectar a sus negocios, y valorar conjuntamente la implementación de algún tipo de actuación específica.
Invitamos, por último, a recordar la importancia del cumplimiento y el respeto de las medidas sanitarias establecidas por las autoridades, así como la observancia de las recomendaciones relativas a minimizar las reuniones presenciales, evitar saludos que impliquen contacto físico, mantenimiento de una distancia razonable entre personas, y evitar viajes que se puedan posponer.
Programa Talento Sénior / Programa Principia
La Agencia Gallega de Innovación publicó el pasado viernes dos resoluciones mediante las que establece las bases reguladoras del Programa Talento Senior y Programa Principia), procediendo a su convocatoria para el año 2020. A continuación, detallamos las principales características de ambas resoluciones:
Resolución del 31 de diciembre de 2019 que regula las ayudas para el fomento de la contratación de profesionales de alta cualificación para la realización de actividades de I+D+i en empresas y organismos de investigación en Galicia (Programa Talento Sénior).
Beneficiarios de estas ayudas:
a) Empresas con domicilio social o centro de trabajo en Galicia.
b) Los organismos de investigación públicos o privados gallegos no universitarios o con centro de trabajo en Galicia, obligados a destinar la ayuda recibida a usos relacionados con actividades no económicas y relativas a actuaciones de I+D+i.
Objeto: concesión de ayudas a las empresas y organismos de investigación públicos o privados no universitarios ubicados en Galicia, destinadas al fomento de la contratación durante un período mínimo de 3 años de personal de alta cualificación para la realización de actividades de I+D+i.
La finalidad es atraer y retornar investigadores doctores o profesionales de alta cualificación con más de 5 años de experiencia profesional, para desarrollar su carrera profesional en empresas y centros de investigación de Galicia, así como estimular su demanda en el sector público y privado para acometer proyectos de I+D+i.
Cuantía de la ayuda (máximo de 2 contratos): variará en función de la retribución bruta del personal de alta cualificación por cada contrato indefinido o de duración igual o superior a 3 años:
Salario mínimo bruto entre 40.000 y menos de 50.000€; hasta el 40% de la contratación.
Salario mínimo bruto entre 50.000 y menos de 60.000€; hasta el 45% de la contratación.
Salario mínimo bruto entre 60.000 y menos de 70.000€; hasta el 50% de la contratación.
Salario mínimo bruto superior a 70.000€; hasta el 55% de la contratación.
Para organismos de investigación públicos no universitarios o privados:
Salario mínimo bruto entre 40.000 y menos de 50.000€; hasta el 45% de la contratación.
Salario mínimo bruto entre 50.000 y menos de 60.000€; hasta el 50% de la contratación.
Salario mínimo bruto entre 60.000 y menos de 70.000€; hasta el 55% de la contratación.
Salario mínimo bruto superior a 70.000€; hasta el 60% de la contratación.
Plazo de presentación de solicitudes: dos meses a partir del día siguiente de la publicación de esta convocatoria en el DOGA.
Resolución del 23 de diciembre de 2019 que regula las ayudas para el fomento de la contratación de personal tecnólogo para la realización de actividades de I+D+i en empresas y organismos de investigación en Galicia (Programa Principia).
b) Organismos de investigación públicos o privados gallegos o con centro de trabajo en Galicia, quedando obligados a destinar la ayuda recibida a usos relacionados con actividades no económicas y relativas a actuaciones de I+D+i.
Objeto: concesión de ayudas a empresas y organismos de investigación en Galicia, destinadas a fomentar la contratación durante un período mínimo de un año de personal para la realización de actividades de I+D+i, con el fin de favorecer su carrera profesional, así como estimular la demanda en el sector público y privado de personal suficientemente preparado para acometer proyectos de I+D+i.
Cuantía: 10.000 euros por cada persona contratada, con un incremento de 1.000 euros en el caso de solicitar el bono de formación. Cada entidad podrá solicitar la ayuda para un máximo de 3 contratos.
Las ayudas serán incompatibles con otras que, en concepto de incentivos a la contratación, puedan otorgar las administraciones públicas. No obstante, serán compatibles, con los incentivos en forma de bonificaciones a la Seguridad Social.
Plazo de presentación de solicitudes dos meses desde el día siguiente de la publicación de esta convocatoria en el DOGA.
Quedamos a su disposición si necesitan ampliar información sobre cualquier punto.
#talentosenior #principia #ayuda #ayudas #laboral
Sentencia TS - Tarifa Plana del Autónomo
Artículo 31.1 de la Ley 20/2007
Una reciente Sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo acaba de declarar el derecho de una autónoma societaria a la aplicación de los beneficios previstos por el artículo 31.1 de la Ley 20/2007 (tarifa plana), con la consiguiente obligación de la Tesorería General de la Seguridad Social de reintegrar a la recurrente las diferencias de cotización consiguientes.
El supuesto analizaba el caso de si, la reducción de la cuota de cotización que establece el artículo 31 de la Ley 20/2007 del Estatuto del trabajo autónomo, puede aplicarse a otros colectivos no mencionados en ese precepto, en particular, al socio administrador que reúne las condiciones previstas en el artículo 1.2 c) de la Ley 20/2007 (LETA); la interesada era socia única administradora de una mercantil, sin trabajadores a su cargo y cumpliendo todos los requisitos exigidos, a la aplicación de los beneficios previstos por el art. 31.1 de la Ley 20/2007.
La sentencia concluye que la interesada es acreedora de la reducción de cuotas prevista por el artículo 31 de la ley 20/2007. Para ello tiene en cuenta que el artículo 1.2 c) también considera trabajador autónomo a quienes ejerzan las funciones de dirección y gerencia que conllevan el desempeño del cargo de consejero o administrador, o presten otros servicios a una sociedad mercantil capitalista, a título lucrativo y de forma habitual, personal y directa, cuando posean el control efectivo, directo o indirecto, de aquélla.
Entiende la sentencia que las deducciones del artículo 31 de la Ley 20/2007 alcanzan, a los comprendidos en su artículo 1.1 y a los del artículo 1.2 c) que incluye entre los beneficiarios a los socios de sociedades laborales y a los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado encuadrados en el RETA.
Frente a las alegaciones de la TGSS de vulnerar la finalidad de las reducciones (el fomento y protección del trabajo autónomo), dice el TS que no se sostiene que no se satisfaga dicha finalidad dirigiéndolas también a los socios capitalistas administradores, puesto que en el caso enjuiciado no se está favoreciendo a un socio capitalista desvinculado de la actividad de la empresa sino a quien realiza esa actividad por sí misma y que no ha sido reconocida como trabajadora autónoma. Por tanto, el fomento y la protección del trabajo autónomo se extiende, en este caso, a los autónomos societarios.
Por ello, el artículo 31 de la Ley 20/2007, no impide reconocer los beneficios previstos a quien reúne la condición de socio administrador único de una sociedad unipersonal de responsabilidad limitada y que ha sido dado de alta por vez primera en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia de la Seguridad Social.
Para concluir, debe tenerse en cuenta que en la sentencia se distingue del socio administrador que realiza la actividad por sí mismo, de aquel socio capitalista desvinculado de la sociedad, es por ello por lo que habrá que analizar el caso concreto de cada autónomo a la hora de reclamar posibles reintegros de cuotas.
A continuación, les dejamos un enlace al documento que recoge la sentencia.
Nuevas ayudas laboral 2020
El lunes 3 de febrero de 2020 se publicaron diversas órdenes que contienen ayudas para incentivar las contrataciones realizadas por empresas privadas y autónomos. Las órdenes son las siguientes:
Destinatarios: autónomos, sociedades de cualquier clase y comunidades de bienes con domicilio fiscal en Galicia, con una antigüedad en la actividad de manera ininterrumpida en la fecha de la solicitud de la ayuda por un plazo superior a 42 meses, que tengan un rendimiento neto reducido de los rendimientos de actividades económicas declarados en la declaración anual inferior a 30.000 euros y una facturación mínima anual de 12.000 euros, IVA incluido, declarados en el año anterior al de la convocatoria.
Beneficiarios: quienes se den de alta en el RETA u otro régimen especial por cuenta propia o colegio profesional, desde el 1 de enero de 2020 al 30 de septiembre de 2020, y que cumplan los siguientes requisitos:
Programa II: serán beneficiarios de las ayudas los autónomos o profesionales con domicilio en Galicia por la primera contratación que realicen con carácter indefinido durante su primer año de actividad, y por la segunda y tercera contratación que realicen con carácter indefinido en los tres primeros años de actividad. La finalidad es incentivar la contratación de desempleados por autónomos o profesionales. Dos tipos de ayuda:
La ayuda por los contratos indefinidos iniciales será de 4.000€ por cada trabajador de alta.
#2020 #ayudas #doga #xunta #ayuda #laboral #contratación #autónomos #maternidad #paternidad #promocióndelempleo
Sentencia del Tribunal Supremo en materia de dietas en el IRPF
Sentencia 96/2020, de 29 de enero
Mediante la presente alerta les informamos de la relevante sentencia dictada el pasado 29 de enero por el Tribunal Supremo en la que se estima el recurso de casación que Alicia Lorenzo, socia de AUSUM Asesores y Abogados, interpuso en nombre de clientes de nuestro despacho al respecto de dietas por manutención declaradas exoneradas de gravamen en el IRPF por los contribuyentes, trabajadores cooperativistas de una entidad, que fueron objeto de regularización por la Administración.
Como saben, cuando un trabajador percibe dietas por gastos de locomoción, o de manutención y estancia, no tiene que tributar por ellas en su declaración de IRPF siempre y cuando se cumplan determinados requisitos.
Las dietas son como indemnizaciones por los gastos que se le originan al trabajador como consecuencia de un desplazamiento para efectuar su trabajo, gastos que se presuponen por el mero hecho de superar los horarios de trabajo y que se dan por sentado que se han producido, cuáles son las horas de comida, cena y dormida, estableciendo la norma determinadas cuantías hasta las cuales tales retribuciones o indemnizaciones no deberían tributar en el IRPF del empleado al que se le asignan. Así, excepcionalmente, se exonera de gravamen estas asignaciones cuando las percibe el trabajador que, en virtud del poder de organización que asiste al empresario, debe desplazarse fuera de su centro de trabajo para desarrollar el mismo; ello bajo la concurrencia de determinados requisitos reglamentarios.
En concreto, para las dietas por manutención, la regulación al respecto exige acreditación del desplazamiento y de su razón y motivo, y, en ningún caso, acreditación del gasto incurrido en cada caso, asumiendo como no sujetas a gravamen aquellas retribuciones que, por tal concepto, no excedan de los límites cuantitativos señalados por la norma como gastos normales de manutención (por ejemplo, 26,67 euros cuando no se haya pernoctado en desplazamiento por territorio nacional).
Ocurre que la Administración lleva tiempo comprobando la realidad de estas dietas. Es decir, que el gasto se haya producido efectivamente (aunque éste extremo no lo menciona la norma), y además esté relacionado con la actividad laboral. Cuando esto no se acredita, obliga al trabajador a tributar por estas dietas.
El problema ha venido cuando, desde hace unos años, la Administración generalizó los procedimientos de comprobación sobre los empleados a los que se retribuía por esas dietas, y no sobre el empresario pagador de las mismas, que era quien, en esencia, organizaba la actividad de su empleado en los desplazamientos laborales.
En particular, la sentencia examina en qué sentido la Administración tributaria debe articular las comprobaciones en este ámbito de las dietas exoneradas de gravamen, de modo que ésta no puede limitarse a recabar del contribuyente (empleado) la información y documentación acreditativa de la exoneración, sino acudir a la empresa, para probar la realidad del desplazamiento, y su razón y motivo. Se añade además, para mayor definición, que habiendo obtenido tal documentación del pagador, es a la Administración a quien se traslada la carga de la prueba y a quien corresponde por tanto acreditar la exclusión de exoneración de tales dietas, y ello en base a los principios de facilidad y disponibilidad probatoria de que dispone.
Se concreta además en la sentencia que por la mera condición de socio-trabajador (o cooperativista-trabajador) del contribuyente, no se deben alterar estas consideraciones, circunstancia que sólo sucedería si la Administración acreditase efectivamente que el contribuyente ocupa un lugar en el entramado societario del empresario pagador que le permita obtener la información y documentación necesaria para alterar la carga de la prueba que pesa sobre la Administración.
Desde AUSUM Asesores y Abogados hemos conseguido que se anulen esos procedimientos a los empleados, instando el Tribunal Supremo a la Hacienda Pública a devolver las cantidades liquidadas en concepto de dietas por todos estos años.
Sin embargo, no es el final de los conflictos con las dietas, porque existe otro caballo de batalla relativo a la prueba efectiva de la misma. El Tribunal Supremo, en esta sentencia parece dejar entrever que efectivamente la justificación de la dieta no exige la presentación de factura del gasto, pero no es en absoluto claro a este respecto, por lo que para esta cuestión deberemos esperar a nuevas sentencias que resulten más aclaratorias.