Source: http://www.cec.org/lawdatabase/ca01.cfm?varlan=espanol
Timestamp: 2014-10-30 22:53:26
Document Index: 347333550

Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'artículo 92', 'artículo 92', 'artículo 91', 'artículo 91', 'artículo 35', 'artículo 53']

Canadá es una monarquía constitucional, un Estado federal y una democracia parlamentaria. Comprende diez provincias: Alberta, Columbia Británica, Manitoba, Nueva Brunswick, Terranova y Labrador, Nueva Escocia, Ontario, Isla Príncipe Eduardo, Quebec y Saskatchewan y tres territorios: los Territorios del Noroeste, Yukón y Nunavut (creado el 1 de abril de 1999). Los dos idiomas oficiales de Canadá son francés e inglés, y tiene dos sistemas jurídicos: el derecho consuetudinario y el derecho civil, que se ejerce únicamente en el derecho privado en Quebec.
Canadá es una federación formada por un gobierno central (federal) y diez gobiernos regionales (provinciales). Cada nivel de gobierno consta de tres ramas principales: Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial (véase el apartado 1.2). La Constitución canadiense (artículos 91 al 95) enumera los distintos poderes legislativos que se confieren exclusiva o conjuntamente en ambos órdenes de gobierno. Los territorios canadienses están supeditados al Poder Legislativo federal. Relaciones nacionales y subnacionales La Constitución define las áreas de la autoridad legislativa del gobierno federal y de los gobiernos provinciales, y éstas incluyen: educación, propiedad y derechos civiles, administración de la justicia, servicios de salubridad, recursos naturales dentro de los límites nacionales, seguridad social e instituciones municipales. Los asuntos de envergadura nacional -defensa, comercio interprovincial e internacional, sistema bancario y monetario, derecho penal y pesca- competen al Parlamento federal. Confiere también al gobierno federal la autoridad residual para legislar en asuntos no asignados específicamente a uno u otro nivel de gobierno. El Parlamento y las asambleas legislativas provinciales se dividen las facultades en materia de agricultura, inmigración y algunos aspectos de recursos naturales. Sin embargo, en caso de conflicto, tiene prelación la legislación federal. Cada nivel de gobierno cuenta con su propio sistema impositivo. La disparidad de riqueza entre las provincias se compensa con los pagos de igualamiento del gobierno federal a las provincias más pobres. La Constitución canadiense no prevé expresamente la protección del medio ambiente. El Parlamento y las legislaturas provinciales comparten también jurisdicción en casos de materia ambiental, de acuerdo con la competencia de cada uno al respecto (véase el capítulo 3 para una presentación más detallada sobre el tema). La división de poderes entre el gobierno federal y cada una de las provincias es muy compleja y ha sido objeto de numerosas interpretaciones judiciales, así como de diversos acuerdos y protocolos. De hecho, aunque un nivel de gobierno no pueda transferir ninguna de sus facultades a otro, sí es posible delegar la administración de una ley. El gobierno federal y la mayor parte de los gobiernos provinciales tienen un ministerio de relaciones intergubernamentales.
En Canadá, el gobierno federal se divide en tres ramas: Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial.
La Constitución estipula que el Parlamento de Canadá está constituido por tres componentes: un jefe de gobierno, el Senado y la Cámara de los Comunes. Canadá es una monarquía constitucional y por ello el jefe de Estado oficial es su Majestad la Reina en Derecho sobre Canadá, quien delega todos sus poderes al Gobernador General de Canadá (artículo 9 de la Constitución). Aunque el Gobernador General es oficialmente el jefe de Estado, no hace uso de ninguna iniciativa personal en el ejercicio de su poder de gobierno, excepto para algunos "poderes de reserva" o "prerrogativas personales" que, en su mayor parte, ya no se ejercen. La función del Gobernador General es en buena medida protocolaria; lo nombra su Majestad según la recomendación del Primer Ministro de Canadá, por un mandato de cinco años. El Gobernador General tiene poderes para nombrar a los miembros del Senado y para convocar a los miembros de la Cámara de los Comunes para una legislatura. En la práctica, el papel del Gobernador General (y de los gobernadores en las legislaturas provinciales) consiste en actuar por recomendación del gobierno. El Gobernador General es también comandante en jefe de las Fuerzas Armadas canadienses, aunque, de nueva cuenta, se trata de una posición protocolaria. El Senado, o Cámara Alta, está formada por 104 miembros nombrados por el Gobernador General por recomendación del Gabinete. Los senadores representan básicamente las cuatro grandes distritos de Canadá: las provincias marítimas, Quebec, Ontario y las provincias del oeste. El nombramiento de los miembros del Senado es inamovible, pero pueden ocupar un escaño hasta los 75 años de edad. El Senado tiene las mismas facultades que la Cámara de los Comunes, salvo en algunas excepciones. Actualmente, la Cámara de los Comunes está conformada por 301 diputados, a quienes se elige mediante sufragio universal y representan cada una de las 301 circunscripciones electorales. Por lo general, los diputados militan en algún partido político reconocido. El gobierno se forma con el partido que obtenga el mayor número de escaños. El Gobernador General solicita al líder de dicho partido ocupar el cargo de Primer Ministro. De acuerdo con la Constitución canadiense, se debe elegir una nueva Cámara de los Comunes por lo menos cada cinco años. No obstante, el Primer Ministro puede solicitar al Gobernador General la disolución del Parlamento en cualquier momento. Los miembros de la Cámara de los Comunes también pueden destituir un gobierno con un voto en favor de esta propuesta. En ambos casos, el Gobernador General convocará a elecciones generales. Poder Ejecutivo
El Poder Ejecutivo está representado por el Primer Ministro (Prime Minister o Premier ministre), los ministros federales, el Gabinete, el Consejo Privado, el Gobernador en Consejo y la administración.
El Gabinete (Cabinet o Cabinet), presidido por el Primer Ministro, es el que sustenta el Poder Ejecutivo. Una vez nombrado por el Gobernador General, el Primer Ministro selecciona a los ministros que integrarán el Gabinete y aconseja al Gobernador General que proceda a su nombramiento. Por lo general, los ministros son diputados miembros del partido gobernante. El Gabinete federal agrupa a cerca de 30 ministros, la mayoría de los cuales tiene una "cartera", es decir, es responsable del departamento que se les asignó ante la Cámara de los Comunes. El Gabinete también cuenta con ministros sin cartera (que no son responsables de ningún ministerio) o con ministros de Estado, que pueden encargarse de algún elemento en particular dentro de un departamento o incluso de alguna dependencia que no reúna todas las características para alcanzar el rango de ministerio. El Consejo Privado está formado por todos los miembros del Gabinete en funciones, ex ministros y ex primeros ministros, el juez de la Suprema Corte de Justicia, la más alta instancia judicial del país, y sus predecesores, presidentes de la Cámara de los Comunes, al igual que ciudadanos eméritos nombrados por el Gobernador General, con frecuencia por recomendación del Primer Ministro. El Consejo Privado completo como tal nunca se ha reunido. El Gabinete es el órgano activo del Consejo.
El Gobernador en Consejo está representado fundamentalmente por el Gobernador General, quien actúa por recomendaciones que le hace el Gabinete. La administración está formada por los funcionarios asignados a los diferentes ministerios del gobierno federal y las personas que colaboran en las distintas instancias creadas dentro del marco legislativo por el Parlamento, para garantizar la instrumentación, aplicación e implementación de la legislación. Cada ministerio está presidido por un ministro. El viceministro es el funcionario de más alto rango de cada ministerio y constituye el enlace entre el ministro y la burocracia. El Gobernador General nombra al viceministro siguiendo la recomendación del Primer Ministro. Poder Judicial
En Canadá se alcanza el estado de derecho (rule of law) mediante el principio de independencia del Poder Judicial. La Constitución estipula que casi todos los tribunales deben crearse dentro de las legislaturas provinciales; sin embargo, también prevé que compete al gobierno federal, con algunas excepciones, designar a los jueces de los tribunales de la nación. Asimismo, precisa que los jueces de los tribunales superiores provinciales (Tribunal Superior de Quebec, las supremas cortes en las demás provincias y todos los tribunales de apelación provinciales) pueden destituirse únicamente a través de una solicitud de ambas Cámaras del Parlamento al Gobernador General. Los estatutos que prevén la creación de la Suprema Corte de Canadá y el Tribunal Federal contienen disposiciones similares. Jamás se ha destituido de su cargo a un juez de un tribunal superior canadiense. La instancia jurídica más alta es la Suprema Corte de Canadá, que se creó en 1875. La Suprema Corte es la instancia de apelación final tanto en materia civil como penal y sus decisiones son vinculantes para los demás tribunales canadienses. Desde 1949, la Suprema Corte está integrada por nueve jueces, nombrados por el Gobernador en Consejo. La legislación prevé que tres de los nueve jueces provengan de Quebec y sean, por consiguiente, de tradición civilista. Por lo general, el gobierno federal nombra a tres jueces de Ontario, dos de las provincias del Occidente y uno de las provincias del Atlántico. El Tribunal Federal sólo tiene competencia en materia de legislación federal. 1.3 Gobiernos subnacionales
Las divisiones de las legislaturas provinciales son semejantes al Parlamento federal. Como principio fundamental, se repite la separación de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. El Poder Legislativo es ejercido por el Parlamento (el Gobernador y la Asamblea Legislativa) de cada provincia. El Gobernador General nombra, con la asesoría del Primer Ministro, a los gobernadores, quienes ejercen en el ámbito provincial las mismas funciones que el Gobernador General en la esfera federal. Las asambleas legislativas son integradas por diputados, electos mediante sufragio universal, que representan a cada circunscripción electoral. En las provincias ya no existe el equivalente del Senado federal. Hubo una época en que la Isla Príncipe Eduardo, Manitoba, Nueva Brunswick, Nueva Escocia y Quebec tenían una cámara alta. El Poder Ejecutivo recae en el Primer Ministro, los ministros, el Consejo de Ministros o el Consejo Ejecutivo, el Gobernador General en consejo y la administración. El líder del partido político con mayoría de escaños en la legislatura se conoce como Premier. El Primer Ministro se encarga de elegir a los ministros y el Gobernador General de nombrarlos. El Primer Ministro, los titulares de los distintos ministerios, los ministros de Estado y los ministros delegados constituyen el Consejo Ejecutivo que representa el principal órgano de la toma de decisiones del gobierno.
El Poder Judicial provincial tiene niveles bien definidos. Cada provincia cuenta con un Tribunal de Apelaciones, que es un tribunal general de apelaciones, y un Tribunal Superior, que es un tribunal de derecho común con competencia en materia civil y penal. Este tribunal también recibe el nombre de Suprema Corte, Corte del Banco de la Reina o Tribunal Superior, según la provincia de que se trate. Los jueces de ambos tribunales reciben su nombramiento y remuneración del gobierno federal. Les sigue una serie de tribunales inferiores con mandatos significativamente más específicos o especializados. Existen también tribunales administrativos regidos por la legislación constitutiva que determina, entre otras, si es posible una apelación y en qué foro tiene lugar. Los jueces de todos los tribunales inferiores reciben su nombramiento y remuneración del gobierno provincial.
Nunavut, Yukón y los Territorios del Noroeste tienen gobiernos creados por estatutos federales y carecen del estatuto constitucional independiente del que gozan las provincias. El Parlamento federal tiene plenos poderes legislativos sobre los territorios, pero ha delegado a éstos los poderes extensivos de autogobierno. La Ley de los Territorios del Noroeste (Northwest Territories Act o Loi sur les Territoires du Nord Ouest) y la Ley de Yukón (Yukon Act o Loi sur le Yukon) establecen un consejo territorial para cada territorio y confieren al Consejo el poder de establecer "ordenanzas" para asuntos que correspondan aproximadamente a los temas que son de la jurisdicción de las provincias (artículo 92 de la Constitución). Estos dos territorios tienen un sistema judicial similar al de las provincias. Estos sistemas fueron creados por el gobierno federal, que delegó su jurisdicción en materia de administración de la justicia a los Consejos territoriales. Sin embargo, las supremas cortes (tribunales superiores) de Columbia Británica y Alberta hacen las veces de tribunales de apelación para Yukón y los Territorios del Noroeste, respectivamente.
La Ley de Nunavut (Nunavut Act o Loi sur le Nunavut) contempla la creación de un sistema judicial formado por el comisario y la Asamblea Legislativa. Esta ley otorga a Nunavut la facultad para redactar sus propios ordenamientos dentro de la esfera que corresponda aproximadamente a los que otorgó la Constitución canadiense (artículo 92) a las provincias. El Tribunal de Justicia y el Tribunal de Apelaciones de Nunavut, constituidos en jurisdicciones superiores, se crean dentro del marco legislativo.
Las legislaturas provinciales tienen autoridad para crear gobiernos locales o municipales. En virtud de la legislación provincial, dichos gobiernos tienen poder para aprobar ordenanzas encaminadas a reglamentar asuntos dentro de sus límites. No obstante, el ejercicio de estas facultades deberá respetar las modalidades legislativas provinciales que las habilitan. La fuente de la mayor parte de los poderes municipales emana de estatutos provinciales que se refieren específicamente a los gobiernos municipales o a la legislación relativa a la planificación. Los gobiernos locales con poder de legislar están subordinados a la autoridad provincial, que les ha delegado su autoridad; ésta puede, en todo momento, anular, alterar o controlar los poderes transferidos. En Canadá, la estructura de los gobiernos locales está supeditada a cada legislatura provincial. Para casi todo Canadá, la estructura básica es aplicable a villas, municipalidades, pueblos, condados, municipalidades regionales y ciudades de tamaños diversos. Gobiernos autóctonos y comunidades indígenas
Los pueblos originarios de Canadá son las Primeras Naciones (comunidades indígenas), los inuit (esquimales) y los métis (descendientes de los indios y de los colonos y comerciantes franceses). En total, forman una población de cerca de 700,000. Los indígenas componen 11 grupos de lenguas distintas, desde el océano Atlántico hasta el Pacífico y casi todos residen por abajo del límite forestal septentrional. Los inuit viven en las regiones del norte del país. Los métis suelen habitar las provincias de las planicies (Alberta, Saskatchewan y Manitoba). La Constitución [artículo 91(24)] confiere al Parlamento federal el poder de legislar en lo que se refiere a los indígenas y las tierras reservadas para ellos. En consecuencia, sólo los indígenas están regidos por la Ley de Asuntos Indígenas (Indian Act o Loi sur les Indiens). La posición legal del gobierno de Canadá es que no cuenta con la autoridad constitucional para legislar sobre los métis como un grupo diferenciado. El artículo 91(24) se aplica a diversos asuntos. En términos generales, el gobierno federal considera que tiene la autoridad para legislar sobre las comunidades indígenas en aspectos que de otra manera se encontrarían más allá de la competencia legislativa y sobre los que no podría legislarse en el caso de comunidades no indígenas. Las leyes provinciales de aplicación general se suelen aplicar a los indios y a las tierras que les son reservadas, excepto si contravienen las disposiciones de un estatuto federal, interfieren con los derechos de un tratado o entran en conflicto con la Ley de Asuntos Indígenas. El Ministerio Federal de Asuntos Indígenas y de la Región Norte (Department of Indian and Northern Affairs o ministère fédéral des Affaires indiennes et du Nord canadien) ofrece servicios a los indígenas registrados y coordina las políticas y programas federales en el norte. Sus responsabilidades incluyen el cumplimiento de las obligaciones derivadas de tratados, la Ley de Asuntos Indígenas y otras disposiciones jurídicas. En 1982, se reconocieron en la Constitución (artículo 35) los derechos que ya tenían las comunidades indígenas y que figuraban en los tratados. Los derechos indígenas consisten en el mantenimiento de algunas costumbres y tradiciones que han sido válidas desde que se ejerció la soberanía europea. Los derechos adquiridos por tratados consisten regularmente en obligaciones o responsabilidades del Parlamento federal ante las comunidades indígenas a cambio de la renuncia a sus derechos territoriales. En los últimos años, dichos derechos han sido objeto de numerosas decisiones de la Suprema Corte de Canadá. 1.4 Fuentes y jerarquía del derecho
La Constitución es la fuente jurídica suprema de Canadá en donde se observan todas las leyes del ámbito federal y provincial. En oposición a la Constitución de Estados Unidos, la Constitución canadiense no es un solo documento; de hecho, es un conjunto de 25 documentos, 14 de los cuales son leyes del Parlamento británico, siete del Parlamento canadiense y cuatro son decretos del Consejo Privado británico. La Ley Constitucional de 1867 (Constitution Act, 1867 o Loi constitutionnelle de 1867) es el principal componente de la Constitución, ya que en ésta se establecen, entre otros, la federación, las provincias, el Parlamento central y las legislaturas provinciales; enumera, también, las facultades que se otorgan a cada nivel de gobierno y garantiza a Quebec su propio código civil.
En 1982, Canadá repatrió su Constitución y proclamó la Ley Constitucional de 1982 (Canada Act 1982 o Loi de 1982 sur le Canada), que puso fin a la autoridad del Parlamento del Reino Unido sobre Canadá. Éste cuenta ahora con cuatro procedimientos legales para reformar la Constitución, según la importancia de las enmiendas propuestas. Asimismo, se introdujo en la Constitución la Carta Canadiense de Derechos y Libertades (Canadian Charter of Rights and Freedoms o Charte canadienne des droits et libertés) que se aplica a todos los niveles de gobierno y todas las leyes, tanto federales como provinciales. La Carta garantiza una serie de libertades civiles que están protegidas contra las acciones del Parlamento, las legislaturas provinciales, los organismos estatales y los funcionarios. Como lo estipula el primer artículo de dicho código, ningún derecho "puede restringirse más que por una norma legislativa, dentro de límites razonables y cuya justificación pueda demostrarse en el marco de una sociedad libre y democrática". Corresponde a los tribunales determinar la naturaleza exacta de dichos límites. Las libertades fundamentales, garantías jurídicas y el derecho a la igualdad que se promulgan en la Carta quedan sujetos a una "cláusula de excepción" que permite al gobierno hacer a un lado ciertas secciones del estatuto por un periodo de cinco años a la vez, a reserva de que presente una declaración expresa de sus intenciones dentro del mismo texto de la ley.
Algunas provincias han adoptado también códigos de derechos humanos aplicables a las autoridades provinciales y que establecen las relaciones entre individuos. Dichas cartas provinciales se adoptan por ley y están sujetas a revocaciones o modificaciones. Tratados internacionales
En Canadá, los tratados internacionales no se convierten automáticamente en parte del derecho. Suelen ponerse en vigor mediante la adopción de leyes, en caso de ser necesario, por parte de la entidad legislativa nacional correspondiente. Esto requiere la adopción de nuevas leyes o enmiendas a las vigentes en los ámbitos federal o provincial, según el tema de que se trate. Si la legislación canadiense no está conforme con un tratado obligatorio, se le puede acusar de no cumplir sus obligaciones internacionales. En el caso de una clara incompatibilidad entre una ley y un tratado internacional, prevalecerán las disposiciones de la ley canadiense (federal o provincial). Leyes federales y provinciales
Los canadienses son gobernados en parte por leyes y reglamentos adoptados por cada entidad legislativa (el Parlamento y las legislaturas provinciales), y en parte por el derecho consuetudinario (common law). Las intenciones de los gobiernos pueden expresarse mediante documentos de diversos efectos jurídicos. Los estatutos, reglamentos y decretos se consideran ley. Las directivas, reglas, usos, políticas y procedimientos con frecuencia incluyen más bien lineamientos, no reglas de aplicación de la ley. Dichos documentos son adoptados por distintas autoridades, organismos o ministerios gubernamentales en todos los niveles de la estructura estatal de Canadá. La mayor parte de los textos legislativos puede consultarse en la Internet, en los sitios de los distintos departamentos de justicia o de los editores oficiales. Resoluciones judiciales
En todas las provincias canadienses, salvo Quebec, que se rige en gran parte por una código civil tradicional, la jurisprudencia constituye una parte importante de la interpretación de la Constitución, las leyes y los reglamentos. Las sentencias judiciales pueden encontrarse en los informes oficiales de cada entidad (Suprema Corte, Tribunal Federal, Tribunales de Apelación provinciales, Tribunales Superiores provinciales y Tribunales Inferiores provinciales), así como en algunos informes publicados comercialmente. Las decisiones de la Suprema Corte de Canadá son obligatorias en todos los niveles inferiores de los tribunales. Las decisiones de un tribunal provincial de apelaciones son obligatorias en territorio de la provincia y serán consideradas de valor persuasivo en otras provincias. En algunas instancias los tribunales canadienses se refieren a las decisiones de los tribunales del Reino Unido, otros países de la Commonwealth y Estados Unidos. Costumbres
Algunas características básicas que distinguen el sistema de gobierno de Canadá, incluido el Primer Ministro, el Gabinete, los órganos gubernamentales y políticos responsables, se fundan en la costumbre. En ocasiones llegan a emplearse las normas de costumbre para interpretar la legislación, tanto en derecho civil como en derecho consuetudinario.
Las tres entidades que conforman el Parlamento, que son el Gobernador General, el Senado y la Cámara de los Comunes, deberán otorgar su aprobación para que un proyecto se convierta en ley. Por lo general, los proyectos de ley que son del interés público los presenta un ministro en la Cámara de los Comunes, una vez que los aprobó el Gabinete. Asimismo, los diputados (miembros del Parlamento) tienen la oportunidad de presentar proyectos de ley, que reciben el nombre de proyecto de ley de iniciativa parlamentaria. El artículo 53 de la Constitución estipula que los senadores pueden presentar un proyecto de ley que no implique ninguna consecuencia de tipo financiero. La aprobación de una ley federal requiere tres lecturas en la Cámara de los Comunes y el Senado. La primera es una presentación formal sin debate. El debate comienza en la segunda lectura, en la cual se decide si se adopta o no el principio del proyecto de ley. Se envía entonces el proyecto de ley a un comité permanente que lo estudia, primero como un todo y luego sección por sección; con frecuencia el comité escucha a testigos. Luego pasa el informe a los Comunes o el Senado, a veces con recomendaciones para enmendar la iniciativa de ley. De esta manera, los miembros del Parlamento, los senadores y el público pueden participar en el desarrollo de una legislación. Después de la tercera lectura se procede a la votación de la Cámara de los Comunes o el Senado para adoptar o rechazar el proyecto de ley tal como se haya enmendado. Si un proyecto se aprueba por los Comunes y se envía al Senado y el Senado lo enmienda, entonces el proyecto regresa a los Comunes. Una vez aprobado por ambas cámaras del Parlamento, el proyecto requiere la sanción real del Gobernador General. Además, en muchas leyes se especifica que no entrarán en vigencia oficial sino hasta que hayan sido así proclamadas por el Gabinete federal. Cabe destacar que incluso cuando la Constitución otorga las mismas facultades al Senado que a la Cámara de los Comunes, se reconoce que la función del Senado está subordinada a la Cámara de los Comunes, ya que los senadores no se eligen democráticamente. Por consiguiente, el Senado rechaza o enmienda sustancialmente un número muy reducido de proyectos de ley. Provincial
Las leyes provinciales se adoptan sustancialmente de la misma manera que las federales. Sin embargo, sólo la Asamblea Legislativa de la provincia estará llamada a votar y, en el ámbito provincial, no existe el equivalente del Senado. Las leyes provinciales aprobadas han de recibir la aprobación real del Gobernador antes de surtir efecto. 1.6 Papel del Poder Ejecutivo en el proceso de elaboración de las leyes
En Canadá no se requiere que órganos separados e independientes ejerzan los poderes Legislativo y Ejecutivo. El Gabinete elabora, en el ámbito federal, la política gubernamental y responde por ésta ante la Cámara de los Comunes. Es también el órgano principal del gobierno en el proceso de toma de decisiones, define la dirección y posición que adoptará, aplica las leyes, adopta reglamentos relacionados y asume la administración del Estado. El Gabinete cumple sus funciones a través de los departamentos y dependencias federales, consejos, comisiones y sociedades estatales. Los ministros, en conjunto, son responsables ante la Cámara de los Comunes de la política y actividades del Gabinete. Si un ministro no está de acuerdo con cierta política o iniciativa del gobierno, de todas formas debe aceptarla y, de ser necesario, defenderla o renunciar al Gabinete. La mayor parte de la elaboración de las leyes es responsabilidad del Gabinete. Éste tiene la facultad exclusiva de preparar e introducir iniciativas para la previsión de gastos públicos o tributación. Estos proyectos de ley deben introducirse primero en la Cámara de los Comunes. No obstante, ésta no puede presentarlo, aumentar el monto de la recaudación fiscal ni del presupuesto sin una recomendación real a través de un mensaje del Gobernador General. El Senado no puede incrementar los impuestos ni los gastos.
El Consejo Ejecutivo desempeña el papel del Gabinete en la esfera provincial.
En el ámbito federal y en todas las provincias, excepto Quebec, los tribunales funcionan con base en el sistema consuetudinario (common law). Quebec tiene una tradición de derecho civil de origen francés. Debido a la dualidad del sistema judicial canadiense, el papel de los tribunales depende del sistema que se haya de aplicar. La característica principal del derecho consuetudinario es la aplicación de decisiones previas (jurisprudencia o precedentes) de los tribunales en los casos posteriores que se abordan en las cortes. Por el contrario, la aplicación del código civil en Quebec está más bien centrada en la interpretación de las leyes codificadas. (El término "ley civil" no ha de confundirse con el litigio civil. Al igual que en la mayoría de los países, los tribunales en Canadá tratan dos clases de casos: las acciones criminales y el litigio civil.) Los tribunales de Quebec pueden recurrir únicamente a disposiciones legales, ya sea en el Código Civil o en algún otro estatuto, para sancionar alguna conducta o actividad, o bien para imponer alguna penalización. El derecho penal es uniforme en todo el territorio canadiense porque fue codificado. Los principales deberes que han de cumplir todos los tribunales canadienses son el respeto de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades (Canadian Charter of Rights and Freedoms o Charte canadienne des droits et libertés) y la interpretación de las leyes u otras legislaciones. Los tribunales respetarán también la división de poderes entre los dos órdenes de gobierno (federal y provincial) al decidir si una determinada ley entra en la jurisdicción conferida por la Constitución. Suprema Corte de Canadá
En Canadá, el tribunal de apelación es la Suprema Corte de Canadá (Supreme Court of Canada u Cour suprême du Canada), con autoridad de dar el fallo final para todas las cortes y todos los tribunales en Canadá (federales y provinciales), tanto en lo que se refiere a asuntos civiles como penales. Por lo general, la Suprema Corte deberá otorgar un permiso de apelación previo a su presentación; aunque existen algunas excepciones a esta regla, principalmente en casos de índole criminal. El criterio principal que determina una autorización para apelar es básicamente la importancia que tiene para la ciudadanía el caso legal. El gobierno federal o los provinciales pueden también referir un asunto directamente a la Suprema Corte de Canadá para que tome una decisión, esquivando así el proceso rutinario de apelaciones. En ocasiones se apela a la Suprema Corte para asuntos relacionados con la interpretación de la Constitución o la validez de alguna ley federal. Los gobiernos provinciales, por otro lado, pueden referir asuntos al tribunal de apelaciones correspondiente que, si tiene lugar, podrá después apelar a la Suprema Corte de Canadá.
La jurisdicción del Tribunal Federal de Canadá (Federal Court o Cour fédéral) se limita a resolver los casos civiles que provienen de la jurisdicción federal, tales como impuestos e ingresos, derechos de autor, marcas registradas, patentes, asuntos marítimos y ciudadanía. Este tribunal tiene también el poder de revisar las decisiones de los organismos y de los funcionarios federales, así como el de admitir reclamaciones para obtener compensaciones en lo que respecta, por ejemplo, a la aeronáutica, las empresas interprovinciales y algunos tipos de documentos comerciales. Tribunales provinciales
El Tribunal de Apelaciones (appeal courts o cours d'appel), la instancia judicial más alta en las provincias, tiene como función abordar las apelaciones de los tribunales inferiores, tanto en materia civil como en materia criminal o penal, dentro de lo que marca la ley. La segunda instancia judicial es el Tribunal Superior (superior courts o cours supérieures), tribunal de derecho común que aborda los litigios ajenos a la jurisdicción de otro tribunal u organismo. Este tribunal también ejerce la facultad de vigilancia y reforma de los demás tribunales u organismos de la provincia, a excepción del Tribunal de Apelaciones. Como última instancia se encuentran los tribunales inferiores (provincial courts o cours provinciales), comúnmente conocidos como tribunales provinciales. Éstos constan de un conjunto de tribunales regularmente especializados con órdenes específicas y abordan ofensas criminales de poca monta, así como algunos aspectos del derecho familiar, pequeñas reclamaciones, litigios municipales, asuntos relativos a la juventud, entre otros.
Los juzgados administrativos son órganos de decisión establecidos por ley. Funcionan un poco como los tribunales, pero se centran en áreas especializadas como apelaciones ambientales, relaciones laborales, instalaciones públicas y disputas entre propietarios de inmuebles. En los pasados 30 años creció de manera considerable el número de juzgados administrativos. Las decisiones de éstos están sujetas a la revisión de tribunales de mayor jerarquía o del Tribunal Federal. 1.A Textos jurídicos
Canada Act, 1982, c.11 (U.K.).
Constitution Act, 1982, R.S.C. 1985, Appendix II, No. 44.
Indian Act, R.S.C. 1985, c. I-5. Northwest Territories Act, R.S.C. 1985, c. N-22.
Nunavut Act, S.C. 1993, c. 28. Territorial Lands Act, R.S.C. 1985, c. T-7.
Territorial Dredging Regulations, C.R.C., Vol. XVIII,
c.1523, p.13639.
Territorial Lands Regulations, C.R.C., Vol. XVIII,
c.1525, p.13661.
Territorial Land Use Regulations, C.R.C., Vol. XVIII,
c.1524, p.13645.
Territorial Quarrying Regulations, C.R.C., Vol. XVIII,
c.1527, p.13667.
Yukon Forest Protection Regulations, SOR/87-531. Yukon Act, R.S.C. 1985, c. Y-2.