Source: https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/6710
Timestamp: 2020-02-26 04:18:47
Document Index: 108375766

Matched Legal Cases: ['Artículo 1902', 'Artículo 1903', 'Artículo 20', 'Artículo 222', 'Artículo 222', 'Artículo 222', 'Artículo 400', 'Artículo 408', 'Artículo 416', 'Artículo 421', 'Artículo 447']

Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 71/2010
SENTENCIA 71/2010, de 18 de octubre
ECLI:ES:TC:2010:71
c) El Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de O Porriño incoó procedimiento ordinario núm. 221- 2004, en el que dictó Sentencia desestimaoria, contra la que la demandante de amparo interpuso recurso de apelación, alegando, entre otros motivos, a los efectos que a este recurso de amparo interesan, vicio de incongruencia omisiva, al no haber resuelto la Sentencia de instancia sobre la reclamación de los intereses del art. 20 LCS, pues, aunque no procediese una indemnización superior a la ya recibida, si sería procedente el cobro de los intereses derivados de la cantidad ya percibida.
“Por último, y en cuanto al capítulo de los intereses no proceden otros que aquéllos derivados de este último pronunciamiento, que serán los del 20 % desde la fecha de producción del siniestro, conforme a lo previsto en el Art. 20 de la LCS. Por lo que respecta a los devengados de la cifra concedida en el Título ejecutivo y ya abonada, será en liquidación del mismo donde proceda su cuantificación y abono. Por otra parte, atendido el suplico de la demanda en relación con el cuerpo del mismo, cabe señalar que únicamente se reclamaba en estos autos la cantidad que excedía de la abonada por la compañía aseguradora en virtud del título ejecutivo, razón por la cual no puede pedirse en esta segunda instancia algo nuevo so pena de incongruencia, ya que de los 79.001,05 euros ya se habían descontado 22.803,12 euros pagados por Mapfre S.A. con anterioridad y sobre los que, en consecuencia, no podría entenderse que estaba peticionada sobre ellos la cuantía correspondiente a los intereses” (fundamento jurídico cuarto).
La Sala, por Auto de 27 de octubre de 2005, declaró improcedente la aclaración solicitada, amparándose en que “atendiendo el suplico de la demanda en relación con el cuerpo del mismo [sic], cabe señalar que únicamente se reclamaba en estos autos la cantidad por excesiva de la ya abonada por la compañía aseguradora ”.
El Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de O Porriño incoó el procedimiento ordinario núm. 246- 2006, en el que por Auto de 17 de enero de 2007 acogió la excepción de cosa juzgada alegada por la parte demandada y ordenó el sobreseimiento de los autos, al entender que la reclamación debía haberse planteado en la demanda del anterior procedimiento, de conformidad con lo establecido en el art. 222.1 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC).
“[S]ólo se ha producido por su propia impericia [de la demandante] a la hora de presentar la segunda demanda [ya que] lo procedente era haberlos peticionado [los intereses por la cantidad inicialmente percibida en el juicio ejecutivo] con la debida separación en el declarativo posterior …, y resulta meridiano que no lo hizo y así lo consideró la Sala … En suma, que como no se pidieron -o si se hizo no fue con la debida claridad por referencia, no genérica, sino concreta a los intereses legales de la cantidad que se había percibido en el juicio ejecutivo-, pudiendo haberlo hecho, entra en juego el precepto citado [art. 222, en relación con el art. 400.2, LEC] que precluye definitivamente la posibilidad de interponer nuevas demandas por el mismo hecho y con fundamentos que pudieron argumentarse y hacerse valer en su momento”.
Así pues se estaban reclamando en vía declarativa los intereses de la cantidad ya percibida - 22.803,12 €- conjuntamente con el resto de las cantidades que se reclamaban. Sin embargo la Sala entendió que no se habían solicitado los intereses de aquella cantidad, por lo que se procedió a reclamarlos separadamente mediante el ejercicio de la acción declarativa del art. 20 LCS, lo que constituye, sin lugar a dudas, un hecho nuevo y distinto, ya que es posterior a la completa preclusión de los actos de alegación en el proceso en que se formuló la reclamación. Además los intereses tienen que calcularse una vez que se hubiera efectuado el pago en su totalidad. Los intereses con origen legal distinto nacen, por consiguiente, después de la total preclusión de los actos de alegación en el proceso anterior.
a) Bajo la rúbrica “inadmisibilidad del amparo” afirma que lo que se recurre es el Auto de la Audiencia Provincial de Pontevedra que pone fin al procedimiento ordinario núm. 246-2006 del Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de O Porriño, pero no la Sentencia que en su día puso fin en apelación al anterior procedimiento habido entre las partes núm. 221-2004. Sin embargo en la demanda se mezclan anárquicamente motivos dirigidos a impugnar una y otra resolución judicial. Es evidente que la demandante no puede impugnar ahora una Sentencia firme, como la dictada en apelación por la Audiencia Provincial en el procedimiento ordinario núm. 221-2004 contra la que en su día no interpuso recurso de amparo. En definitiva, no puede entenderse que el recurso afecte a ambos procedimientos.
En lo que atañe, ya más en particular, al efecto de cosa juzgada de las resoluciones firmes, su tratamiento constitucional con la perspectiva del derecho a la tutela judicial efectiva abarca dos frentes distintos, el de la cosa juzgada formal y el de la cosa juzgada material. Por lo que a este último se refiere hemos declarado en la STC 5/2009, de 12 de enero, a los efectos que a este recurso de amparo interesan, que “alcanza relevancia constitucional ex art. 24.1 CE en relación con el denominado efecto negativo o prohibición de un segundo proceso (non bis in idem), sancionado antes por el derogado art. 1252 del Código civil (CC) y actualmente por la LEC 1/2000 en sus aspectos subjetivo (art. 222.3) y objetivo (arts. 222.1, 222.2, 400.2, 408.3 y 447) y consagrado por la misma Ley procesal como óbice impeditivo del pronunciamiento de una sentencia de fondo (art. 416.1.2), por tanto con implicación directa en el ejercicio del derecho de acceso a la jurisdicción (art. 24.1 CE)” (FJ 4). Y recordábamos en la citada Sentencia que “[S]obre esta última faceta constitucional de la cosa juzgada hemos reiteradamente afirmado que, aun cuando la actividad de fijación de si concurre o no la identidad subjetiva y objetiva entre procesos para declarar la excepción de cosa juzgada resulta confiada a los Jueces y Tribunales de la jurisdicción ordinaria, ex art.117.3 CE, sin embargo tal tipo de decisión puede resultar vulneradora de aquel derecho fundamental y hacerla, por ende, susceptible del control del amparo constitucional, en dos supuestos perfectamente identificables. El primero, en caso de que resulte evidente, por los términos de la decisión adoptada en el primer proceso, que la pretensión, aun cuando podría haber sido enjuiciada en el mismo, no lo fue por no haberse deducido, y por tanto, al haber quedado formalmente imprejuzgada entonces, no existe peligro de un doble enjuiciamiento ni ruptura de la seguridad jurídica si se plantea a la postre en otro proceso posterior …. El segundo, cuando, sin necesidad de abordar específicas disquisiciones jurídicas, propias más bien de la legalidad ordinaria, la sola lectura de la pretensión interpuesta en el segundo proceso manifiesta la palmaria realidad de la divergencia de uno o más de sus elementos constitutivos (subjetivo u objetivo) con los contenidos en la pretensión resuelta por sentencia firme que se ofrece de contraste, lo que impide de suyo apreciar la existencia de la cosa juzgada material, de tal guisa convertida en obstáculo indebido para una decisión de fondo” … (ibídem).
4. Según resulta del examen de las actuaciones, el Juzgado de Instrucción núm. 1 de O Porriño, en el juicio de faltas núm. 214-2001, dictó Auto de cuantía máxima el 27 de octubre de 2003 a favor de la demandante de amparo por un importe de 22.803,12 €, en concepto daños y perjuicios derivados de un accidente de circulación. Solicitada por la demandante de amparo aclaración del referido Auto, entre otros efectos, para que se señalara el interés aplicable a la referida cantidad, el Juzgado, por Auto de 27 de noviembre de 2003, declaró no haber lugar a la aclaración interesada, señalando en los razonamientos jurídicos del Auto que “la norma no nos obliga a establecer referencia a interés alguno”. En fecha 3 de diciembre de 2003 el Juzgado ordenó la entrega a la demandante de amparo de la cantidad de 22.803, 12 €, devolviendo a la compañía aseguradora el resto de la cantidad consignada (1.413,55 €).
La recurrente en amparo promovió demanda de juicio ordinario contra la entidad aseguradora - Mapfre automóviles, S.A.-, en ejercicio de la acción de responsabilidad extracontractual ex arts. 1902 y 1903 CC, al estimar que la cantidad concedida en el Auto de cuantía máxima era inferior a la que le correspondía, reclamando por lesiones y daños un total de 100.794,42 €, cantidad de la que habían de detraerse los 22.803,12 € ya recibidos. En consecuencia en el suplico de la demanda solicitaba que se dictara Sentencia en la que se condenara a la compañía aseguradora al abono de 79.001,95 €, más los intereses del art. 20 LCS. El Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de O Porriño incoó autos de procedimiento ordinario núm. 221-2004, dictando Sentencia en fecha 18 de febrero de 2005, desestimando la demanda.
La demandante de amparo interpuso recurso de apelación contra la anterior Sentencia, alegando, entre otros motivos, un vicio de incongruencia omisiva, al no haberse pronunciado la Sentencia de instancia sobre los intereses del art. 20 LCS, cuya aplicación entendía que procedía en todo caso respecto a la cantidad ya percibida, que había sido fijada como indemnización en el Auto de cuantía máxima. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Pontevedra dictó Sentencia en fecha 6 de octubre de 2005, en la que, estimando parcialmente el recurso de apelación, condenó a la compañía aseguradora a abonar a la demandante la cantidad de 581,45 € más los intereses legales del 20 por 100 desde la fecha en que se produjo el accidente de circulación. En relación con los intereses correspondientes a la cantidad percibida y fijada como indemnización en el Auto de cuantía máxima se decía en la Sentencia que “los devengados de la cifra concedida en el título ejecutivo y ya abonada, será en la liquidación del mismo donde proceda su cuantificación y abono. Por otra parte, atendiendo al suplico de la demanda en relación con el cuerpo del mismo, cabe señalar que únicamente se reclamaba en éstos [sic] autos la cantidad que excedía de la ya abonada por la compañía aseguradora en virtud del título ejecutivo, razón por la cual no puede pedirse en ésta [sic] segunda instancia algo nuevo so pena de incongruencia, ya que de los 79.001.05 euros reclamados ya se habían descontado 22.803,12 euros pagados por Mapfre S.A. con anterioridad y sobre los que, en consecuencia, no podría entenderse que estaba peticionada sobre ellos la cuantía correspondiente a los intereses” (fundamento jurídico cuarto). La Sala, por Auto de 27 de octubre de 2003, declaró no haber lugar a la aclaración solicitada por la demandante, al considerar que no existía ningún error material ni ninguna omisión, reiterando, a los efectos que a este recurso de amparo interesan, lo ya dicho en la Sentencia sobre los intereses correspondientes a la cantidad percibida y fijada como indemnización en el Auto de cuantía máxima.
La recurrente en amparo promovió demanda de juicio ordinario contra Mapfre automóviles, S.A., en reclamación de los intereses moratorios del art. 20 LCS correspondientes a la cantidad fijada como indemnización en el Auto de cuantía máxima. El Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de O Porriño incoó el procedimiento ordinario núm. 246-2006, dictando Auto en fecha 17 de enero de 2007, en el que, estimando la excepción de cosa juzgada, acordó el sobreseimiento del proceso y el archivo de la causa. Se argumenta al respecto en dicho Auto, tras reproducir el contenido de los arts. 222.1 y 400.2 LEC, que “se trata de una cuestión en todo caso ya resuelta por el J.O. 221-2004. O bien los intereses ya fueron reclamados y denegados, o (como indica la Audiencia) no fueron reclamados, pero sin duda debieron serlo, por cuanto derivan del mismo título que el principal, por lo que ha precluido la posibilidad de su reivindicación. Se dan así las legal y jurisprudencialmente exigidas identidades de personas, cosas y causas para estimar la excepción alegada” (fundamento jurídico tercero).
La demandante de amparo interpuso recurso de apelación contra el referido Auto, que fue desestimado por Auto de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Pontevedra núm. 75/2007, de 12 de abril. En síntesis, razona la Sala que, como la recurrente no había pedido en el procedimiento ordinario núm. 221-2004 los intereses moratorios del art. 20 LCS correspondientes a la cantidad fijada como indemnización en el Auto de cuantía máxima, pudiendo haberlo hecho, o si lo hizo no fue con la debida claridad, entra en juego el art 400.2 LEC, “que precluye definitivamente la posibilidad de interponer nuevas demandas por el mismo hecho y con el mismo fundamento que pudieron argumentarse y hacerse valer en su momento” (fundamento de Derecho segundo).
1º.- Declarar vulnerado el derecho de la recurrente en amparo a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de derecho de acceso al proceso (art. 24.1 CE).
2º.- Restablecerla en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad del Auto del Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de O Porriño, de 17 de enero de 2007, recaído en el procedimiento ordinario núm. 246- 2006, y la del Auto de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Pontevedra núm. 75/2007, de 12 de abril, dictado en el rollo de apelación núm. 227-2007, retrotrayendo las actuaciones al momento inmediatamente anterior al de haberse dictado la primera de las resoluciones judiciales mencionadas para que se pronuncie una nueva respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
Tipo y número de registro Recurso de amparo 4689-2007
Promovido por doña Montserrat Diéguez Quintas en relación con los Autos de la Audiencia Provincial de Pontevedra y de un Juzgado de Primera Instancia de O Porriño que archivaron su demanda de reclamación de cantidad.
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: aplicación errónea de la excepción de cosa juzgada al no existir identidad objetiva entre los procedimientos judiciales contrastados pues difieren las pretensiones ejercitadas y las causas de pedir.
En un pleito civil de reclamación de daños y perjuicios derivados de accidente de circulación, le quedó sin dilucidar a la victima la cuantificación y abono de los intereses por mora del asegurador en el cumplimiento de la prestación. Esta última reclamación fue el objeto exclusivo de una nueva demanda de procedimiento ordinario, en el cual el órgano judicial estimó la excepción de cosa juzgada al entender que esta debió haberse planteado en el anterior procedimiento.
Se concede el amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, ya que las resoluciones recurridas, al estimar indebidamente la excepción de cosa juzgada material, impidieron un pronunciamiento de fondo de la pretensión ejercida en el proceso. No existe identidad objetiva entre los procedimientos, por cuanto las pretensiones y la causa de pedir entre uno y otro son distintas: en el primero se reclama una indemnización y en el segundo intereses moratorios de la misma.
La excepción de cosa juzgada presupone la exigencia de identidad objetiva entre los procesos en comparación, lo que no es aplicable al presente caso ya que la pretensión del mismo no guarda identidad sustancial con la del proceso en comparación, ni cabe apreciarla en las respectivas causas de pedir que les sirven de fundamento, pues en un caso se ejercita una acción de responsabilidad extracontractual y en otro un acción de reclamación de intereses de demora, sin que exista previsión legal que imponga el ejercicio obligatorio de ambas acciones en concurso [FFJJ 3, 5].
Las resoluciones judiciales recurridas, al estimar la excepción de cosa juzgada material e impedir un pronunciamiento de fondo sobre la pretensión ejercitada en el proceso, han limitado el derecho de la demandante a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de derecho de acceso al proceso en términos constitucionalmente inaceptables, de acuerdo con el canon de constitucionalidad que impera en el ámbito del referido derecho fundamental [FJ 5].
La fijación de si concurre o no la identidad subjetiva y objetiva entre procesos para declarar la excepción de cosa juzgada confiada a los Jueces y Tribunales de la jurisdicción ordinaria, es susceptible del control de amparo constitucional cuando la pretensión quedó formalmente imprejuzgada o existe una palmaria divergencia de uno o más de sus elementos constitutivos (STC 5/2009) [FJ 3].
Tratándose del derecho de acceso a la jurisdicción, el canon de control no se limita a la verificación de si la resolución de inadmisión o desestimación incurre en arbitrariedad, irrazonabilidad o error patente, sino que también comprende el análisis de si resulta o no desproporcionada por su rigorismo o formalismo excesivos (SSTC 6/2008, 5/2009) [FJ 3].
Doctrina sobre el derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de derecho a obtener resoluciones judiciales fundadas en derecho [FJ 3].
Ha de desestimarse la denunciada lesión del principio de igualdad en aplicación de la ley (art. 14 CE), al haber incumplido la recurrente la carga que le corresponde de aportar un tertium comparationis, pues ni adjunta, ni identifica, ni siquiera cita en la demanda resolución alguna de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Pontevedra que permita llevar a cabo un juicio de igualdad (STC 105/2009) [FJ 2].
Artículo 1902, ff. 4, 5
Artículo 1903, ff. 4, 5
Artículo 20, ff. 1, 4, 5
Artículo 222.1, ff. 3, 4
Artículo 222.2, ff. 3, 5
Artículo 222.3, f. 3
Artículo 400.2, ff. 3 a 5
Artículo 408.3, f. 3
Artículo 416.1.2, f. 3
Artículo 421, f. 1
Artículo 447, f. 3
Cuantificación de la indemnizaciónCuantificación de la indemnización, ff. 4, 5
Exigibilidad de intereses de demoraExigibilidad de intereses de demora, f. 1
Estimación de excepción de cosa juzgadaEstimación de excepción de cosa juzgada, f. 3
Falta de identidad procesalFalta de identidad procesal, ff. 3, 4