Source: https://franco.scjn.gob.mx/votos/accion-de-inconstitucionalidad-632018-y-su-acumulada-642018
Timestamp: 2020-02-27 17:12:09
Document Index: 16715452

Matched Legal Cases: ['artículo 75', 'artículo 75', 'artículo 73', 'artículo 75', 'artículo 367', 'artículo 19']

Acción de Inconstitucionalidad 63/2018 y su acumulada 64/2018 | José Fernando Franco González Salas
Acción de Inconstitucionalidad 63/2018 y su acumulada 64/2018
Determinar la validez del artículo 75-A, fracciones XII y XIII, del Código Penal del Estado de Aguascalientes, contenido en el Decreto 342, publicado el nueve de julio de dos mil dieciocho en el periódico oficial local
El Tribunal Pleno declaró la invalidez del artículo 75-A, fracciones XII y XIII, del Código Penal del Estado de Aguascalientes, contenido en el Decreto 342, publicado el nueve de julio de dos mil dieciocho en el periódico oficial local, por transgredir el artículo 73 fracción XIX, inciso C), de la Constitución Federal, porque el Congreso del Estado de México excedió su competencia al legislar en materia de procedimiento penal.
Aunque coincido en que la legislatura local excedió sus facultades al incluir los supuestos de las fracciones XII y XIII del artículo 75-A del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, debo precisar el alcance de mi voto, a fin de formular una salvedad respecto al criterio mayoritario.
En diversas ocasiones he manifestado que la prohibición de que los Estados puedan legislar en algunas materias no es absoluta. Por ejemplo, en materia de protección de testigos, el artículo 367 del Código Nacional de Procedimientos Penales permite que la legislación aplicable (puede ser local) establezca medidas que no necesariamente sean propias del procedimiento penal.
En cuanto a la prisión preventiva oficiosa, resultan aplicables tanto el artículo 19, segundo párrafo, de la Constitución Federal como el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevén los supuestos de prisión preventiva oficiosa.
Por tal razón, estimo que el criterio sostenido por el Tribunal Pleno debió admitir que pueden existir excepciones en las cuales las legislaturas locales tienen facultades para determinar los delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa, sin que ello desconozca que existe una referencia taxativa en la Constitución y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que impide que las legislaturas locales emitan una norma en sentido diverso.