Source: http://html.rincondelvago.com/turismo_21.html
Timestamp: 2017-08-17 23:40:25
Document Index: 206886183

Matched Legal Cases: ['artículo 12', 'artículo 7', 'artículo 51', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 72']

Derecho. Administración. Recursos turísticos. Obligaciones. Promoción. Inspección. Sanciones
Enviado por: Jome
Respecto al contenido normativo del derecho turístico, este abarca dos grandes bloques: por un lado, el derecho privado del turismo, que regularía el estatuto jurídico de los sujetos que participan en la actividad turística así como las relaciones jurídico-privadas; por otro lado, un segundo gran bloque que sería el del derecho público del turismo, el cual regularía todo lo relativo a la actuación administrativa en el ámbito turístico (ordenación y promoción de los recursos y servicios turísticos así como el régimen disciplinario de la actividad turística).
Se trata de un derecho de privilegio; en este sentido sus actos administrativos tienen presunción de legitimidad. Así mismo la administración podría ejecutar sus actos sin necesidad de acudir a los tribunales cuando la persona obligada a hacerlo no lo haga voluntariamente.
Es un derecho tutor de los intereses públicos; ello significa que toda actuación de la administración tiene que ir dirigida a satisfacer los intereses públicos y en ningún caso los privados.
Se trata de un derecho garantizador, en cuanto que todos los administradores tienen la posibilidad de recurrir las decisiones de la administración y que aquellos las dejen sin efecto.
Se trata de un derecho en permanente adaptación a la realidad.
La Administración General del Estado (AGE)
La Administración Local, integrada entre otros por el municipio, la provincia y las islas (en el caso de los archipiélagos Balear y Canario)
Las Administraciones Institucionales, creadas por alguna de las anteriores tres administraciones (por ejemplo: el Instituto Andaluz de la Mujer, el IAJ o los Patronatos Municipales)
Las Corporaciones de derecho público, representativas de intereses profesionales económicos (por ejemplo: las comunidades de regantes, colegios de médicos, colegios de arquitectos…)
Es un poder público
Se encuentra al servicio de los intereses generales
Están dotadas de personalidad jurídica
Organización central: dentro de la cual tenemos
Órganos Superiores y Directivos (excepto los subdirectores generales y similares)
Gabinetes de los Vicepresidentes, ministros y secretarios de Estado
Organización territorial de la AGE (están en cada CCAA y en cada provincia, respectivamente):
Delegados del Gobierno Central
Subdelegados del Gobierno Central
Vice consejeros
Organización territorial de la Administración Autonómica:
Delegados del Gobierno de la JA (del gobierno autonómico)
Pleno (de la diputación)
Territorio. El territorio de cada municipio se denomina término municipal y según el artículo 12 de la LRBRL será el lugar donde cada entidad ejerza sus propias competencias. Todas las personas que se encuentren dentro de ese término municipal se encontrarán sometidas a la jurisdicción del correspondiente ayuntamiento. La creación, supresión o alteración del término municipal se realizará conforme a la legislación que exista en cada CCAA.
Población: la constituye el conjunto de personas que se encuentran dentro del término municipal.
Organización, que tiene dos variantes:
Los Ayuntamientos (el pleno y el alcalde, que junto con los tenientes de alcalde existen en todos los ayuntamientos).
El Concejo Abierto (régimen municipal propio de pequeños núcleos de población de menos de 100 habitantes o que sea aconsejable por sus circunstancias). Utiliza un régimen de democracia directa.
La formulación de directrices para la política de fomento y desarrollo del turismo y sus actividades.
La potestad de inspección y sanción en materia turística en términos establecidos por la ley.
La declaración de un municipio como turístico
Declaración de una zona como preferente turístico
Protección y promoción de la imagen de Andalucía y sus recursos tanto interior como exterior sin perjuicio de la acción concertada del Estado
Ordenación y gestión del Registro de Turismo en Andalucía
Que el número de pernoctaciones diarias en su media anual (pernoctaciones/365) en los establecimientos de alojamiento turístico sea superior al 10% de los vecinos del municipio según las cifras oficiales del padrón municipal en el momento de la solicitud o bien que se alcance esa cifra durante al menos 3 meses computándose para ello la media diaria mensual (pernoctaciones/30)
Que el número de visitantes sea al menos cinco veces superior al de los vecinos del municipio repartidos los visitantes en al menos más de 30 días al año. Para determinar el número de visitantes se tomará en cuenta el conteo de visitas diarias a los recursos del municipio.
La certificación del acuerdo adoptado por el pleno.
(En caso de que fuera necesario) Certificado acreditativo de las visitas a los efectos del cumplimiento del segundo de los requisitos.
Una Memoria descriptiva así como cualquier otro documento que se considere de interés por el municipio para la obtención de la declaración de municipio turístico.
En el caso de que se pierdan los requisitos que dieron lugar a su declaración.
Porque haya una variación sustancial de los elementos de valoración (salubridad, sanidad…)
Que haya un grave incumplimiento de las obligaciones que se hubieran fijado en los convenios.
A petición propia del municipio.
El Consejo Andaluz del Turismo, un órgano consultivo y de asesoramiento.
El Consejo de Coordinación Interdepartamental en materia de turismo, que es un órgano de coordinación y consulta interna.
Oficina de la Calidad del Turismo, que trata de velar por los derechos del usuario turístico y garantizar que se preste un servicio de calidad.
La Escuela Oficial de Turismo, dedicada a la formación en materia turística.
Estimular la creación de infraestructuras técnicas y de servicios que faciliten y promuevan su desarrollo empresarial y eficiente en el sector.
Fomentar la modernización de los establecimientos: renovación de las instalaciones, adquisición de nuevos equipamientos, etc.
Apoyar la mejora en la calidad de los establecimientos turísticos y tratar de mejorar la formación de los empresarios del sector.
Fomentar la rehabilitación de edificios de interés arquitectónico que vayan a ser destinados a infraestructuras turísticas.
El Plan General del Turismo:
Zonas de Preferente Actuación Turística:
Que concurran las condiciones para permitir la ejecución de una política turística común.
Que disponga de recursos turísticos básicos suficientes.
Que disponga del equipamiento turístico necesario o de suelo previsto en el planeamiento urbanístico para dotación de equipamientos turísticos en la extensión adecuada.
Que no exista otro uso incompatible con el turismo cuyo interés público sea preferente.
El inventario y valoración de los recursos turísticos, con indicación de las condiciones óptimas de uso y medidas de protección de los mismos.
La concreción de los usos turísticos, entre los previstos por el planeamiento urbanístico, teniendo en cuenta la potencialidad de los recursos turísticos y las características medioambientales de los distintos ámbitos de la Zona de Preferente Actuación Turística.
La oferta turística básica y complementaria y la estimación cuantitativa y cualitativa de dicha oferta, en función de las previsiones sobre la demanda y sus características socioeconómicas.
Las previsiones para acomodar la ejecución del Plan a las exigencias reales de la demanda en cada momento.
Sin perjuicio de otros programas derivados del Plan de Actuación Integral, se incluirá un Programa de Promoción y Comercialización Turística, enmarcado en la política global de promoción y comercialización turística de la Administración de la Junta de Andalucía.
Programas de Recualificación de Destinos:
Programas de Turismos Específicos:
Publicaciones y obras audiovisuales
Fiestas y acontecimientos: para que una fiesta o acontecimiento pueda ser declarada como de Interés Turístico es necesario que se acredite lo siguiente:
Una repercusión turística a nivel de la Comunidad Autónoma.
Que tenga una antigüedad de al menos 25 años en el momento de la solicitud y que sus celebraciones se lleven a cabo de forma periódica y en fechas determinables.
Que tenga una tradición arraigada que determine la estabilidad de la fiesta y participación de la población.
La existencia en un área de 30 km desde el lugar donde se celebre de un equipamiento adecuado en cuanto a alojamientos y servicios turísticos suficientes.
Que se hayan realizado en las últimas ediciones determinadas acciones de promoción y el compromiso de que se seguirán llevando a cabo.
Itinerarios y rutas: estos podrán ser declarados como de Interés Turístico cuando transcurra mayoritariamente por territorio andaluz y posean unos recorridos que muestren e interpreten valores históricos, culturales, naturales, patrimoniales o artísticos que constituyan por sí mismo un recurso turístico dentro de lo que es la oferta turística de Andalucía.
Específicos: aquellos que con un carácter temporal facilitan al usuario orientación, asistencia e información sobre un determinado evento o fiesta en particular.
Zonales: aquellos que con un carácter permanente o habitual, siendo fijos o móviles, son creados por una oficina de turismo con la finalidad de facilitar al usuario una información turística más cercana y accesible.
Hoteles, establecimientos hoteleros destinados a prestar un servicio de alojamiento turístico que además de reunir los requisitos mínimos que se exigen a todo establecimiento hotelero tendrán que cumplir lo regulado de forma específica en el anexo 1 del 2004. Los hoteles deberán ocupar la totalidad o parte independiente de un edificio disponiendo de una entrada propia y, en su caso, ascensores y escaleras de uso exclusivo. Esta regla general presenta la excepción de los supuestos escritos en el artículo 7 del decreto.
Hostales: estos deberán reunir los requisitos mínimos de los establecimientos hoteleros y los del anexo nº2. A diferencia de los que ocurría con los hoteles estos podrán ocupar sólo una parte del edificio y deberá estar dotado de aseos en todas las unidades de alojamiento.
Pensiones: prestan un servicio de alojamiento turístico y además de cumplir los requisitos mínimos de todos los establecimientos hoteleros cumplirán también los del anexo nº3. No tienen por qué ocupar la parte independiente de un edificio y podrán tener los baños o aseos fuera de la unidad de alojamiento.
Hoteles-apartamentos: estos tendrán las mismas características expuestas anteriormente para los hoteles salvo las dos siguientes, que hay que añadir:
que a parte de los requisitos del anexo nº1 cumplirá con los del anexo nº4
que dentro de la unidad de alojamiento deben existir instalaciones para la conservación, elaboración y consumo de alimentos y bebidas
En los hoteles de 5, 4 y 3 estrellas en todo caso; en los hoteles de 2 y 1 estrellas y en los hostales que tengan más de 40 unidades de alojamiento.
En los hoteles-apartamentos de 5, 4 y 3 estrellas que tengan más de 10 unidades y en los de 2 y 1 estrellas que tengan más de 30.
En todos aquellos establecimientos hoteleros en los que su titular sea una persona jurídica.
Todos los establecimientos hoteleros requieren obligatoriamente de la inscripción provisional y definitiva en el Registro de Turismo de Andalucía. La provisional será imprescindible para acceder a las ayudas que concedan la Consejería o cualquier otra administración. La inscripción definitiva será indispensable para poder iniciar la actividad.
La autorización administrativa por parte de la Consejería de Turismo (solicitud de apertura).
La autorización de la administración municipal donde se ubique el establecimiento hotelero (licencia de apertura y puesta en marcha).
El periodo anual de aprovechamiento no podrá ser inferior a 7 días.
La duración de este régimen será de 3 a 50 años.
Los titulares de estos derechos (el usuario o consumidor) tendrá derecho a desistir del contrato en el plazo de 10 días desde su firma y todo ello a su libre arbitrio.
En el caso de que el contrato no contenga alguno de los datos o documentos que dicta la ley o en el caso de que el usuario no hubiera sido debidamente informado o que el documento informativo que se le haya entregado no coincida con el que existe en el Registro del Turismo, el usuario podrá resolver el contrato en un plazo de 3 meses desde la fecha del mismo.
Tanto en el desistimiento en el plazo de 10 días como la resolución en el plazo de 3 meses, el usuario deberá de notificar al promotor su decisión de forma fehaciente (acta notarial o buro fax) de tal manera que quede constancia de la fecha y del contenido del envío.
Albergues juveniles de la Junta de Andalucía.
Las acampadas y campamentos juveniles organizados conforme a la normativa de la Comunidad Autónoma Andaluza.
Que reúnan las características propias de la tipología arquitectónica de la comarca donde se halle ubicada.
Que estén integrados tanto en el entorno natural como cultural.
Los alojamientos turísticos en el medio rural son los siguientes:
Complejos turísticos rurales
Aquellos a los que normativamente se determine.
Que sean viviendas de carácter independiente
Que no haya más de 3 viviendas en el mismo edificio
Que no supere en su capacidad de alojamiento las 20 plazas
Agencias de viajes: aquellas personas físicas o jurídicas que, estando en posesión del título-licencia correspondiente, se dedican a la mediación en la prestación de los servicios turísticos, así como también a la organización y comercialización de viajes combinados o cualquier otro servicio pudiendo utilizar sus propios medios para prestarlo.
Centrales de reserva: aquellas personas físicas o jurídicas que, en posesión del correspondiente título-licencia, se dedican a la mediación en la prestación de servicios turísticos pero sin percibir ningún tipo de contraprestación económica por parte del usuario.
Mediación en la venta de billetes y reservas de plazas en toda clase de medios de transporte
Mediación en la reserva de plazas de cualquier alojamiento turístico.
Mediación en la contratación de cualquier otro servicio turístico ofertado por una empresa con el carácter de turístico, conforme a lo establecido en la Ley de Turismo.
La organización o comercialización de viajes combinados de acuerdo con la ley reguladora de los mismo de 1995.
La organización o comercialización de excursiones, de duración no superior a 24 horas o que no incluyan una noche de estancia, ofrecida por la propia agencia o proyectada a petición del usuario.
La representación de otras agencias de viajes, con el fin de prestar a los clientes de la representada cualquier servicio turístico.
Información turística, difusión o venta de material publicitario relacionado con el turismo.
Formalización de cualquier póliza que cubra los riesgos derivados de los viajes.
Reserva, adquisición y venta de entradas de espectáculos, museos y monumentos.
Comercialización de derechos de aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles de uso turístico (multipropiedad).
Mayoristas: aquellas que proyectan, elaboran y organizan toda clase de servicios turísticos, con la finalidad de ser ofrecidos a las agencias de viajes minoristas. Estas agencias no podrán ofrecer, ni vender su producto directamente al usuario turístico.
Minoristas: las que comercializan los servicios turísticos organizados por las agencias mayoristas o aquellos otros organizados por ellas mismas, sin que puedan hacerlo a través de otra agencia de viajes. No se incluye en esta limitación la situación que se da cuando la agencia de viajes actúa en representación de otra.
Mayoristas-minoristas: podrán simultanear las actividades expresadas anteriormente para los mayoristas y minoristas.
Titulo-Licencia, el cual es intransferible e indispensable para poder iniciar la actividad. Este título se obtiene previa solicitud dirigida a la Dirección General de Planificación Turística.
Las agencias de viajes estarán obligadas a suscribir y mantener vigente una póliza de responsabilidad contractual, mediante la cual se pretende cubrir la responsabilidad de la agencia ante un incumplimiento o cumplimiento defectuoso de sus obligaciones frente al usuario. Esta garantía puede ser individual o colectiva.
Garantía o seguro de responsabilidad civil: su finalidad es la de garantizar los posibles riesgos que pueda llevar consigo la actividad diaria de la agencia. La póliza debe de cubrir tres bloques:
Responsabilidad civil por daños patrimoniales
Que se cese en la actividad durante al menos 6 meses consecutivos, sin perjuicio de la autorización que haya podido obtener la agencia de viajes por parte de la Dirección General de Planificación Turística para poder suspender temporalmente la actividad.
No comenzar el desarrollo de la actividad en el plazo de 3 meses a contar desde la notificación de la resolución del otorgamiento.
No reponer la garantía en la cuantía prevista y en el plazo de 3 meses a contar desde la notificación de la resolución del otorgamiento.
Propia voluntad y renuncia de la agencia de viajes
Superar las pruebas de aptitud reguladas en el capítulo III.
Poseer la nacionalidad de algún estado miembro de la Unión Europea, de algún estado asociado al acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE) o de algún estado que tenga suscrito con España un convenio de reciprocidad en la materia.
Poseer el título de Técnico de empresas y actividades turísticas o Técnico Superior en información y comercialización turística o grado académico de al menos Diplomado universitario.
Por otro lado, en cuanto a las obligaciones de los guías de turismo, entre otras están los siguientes:
Cumplir íntegramente el programa de visitas concertado y por el tiempo de duración del mismo.
Informar con objetividad y amplitud sobre aquellos aspectos que constituyen el ámbito de su actividad.
Actuar con la debida diligencia para asegurar una atención adecuada al usuario
Expedir factura que comprenda los servicios que se hayan prestado salvo que la actividad se preste por cuenta ajena.
Abstenerse de prestar sus servicios a grupos superiores de 30 personas y a utilizar en cada uno de los grupos más de dos idiomas.
Mantener vigente el carné de guía de turismo, el cual tendrá una vigencia de 5 años, transcurridos los cuales éste deberá de renovarse.
TEMA 4.- INSPECCIÓN TURÍSTICA Y RÉGIMEN DE SANCIONES
Para poder sancionar una conducta que sea contraria a la legislación y que cause un perjuicio a alguno de los sujetos que interviene en la relación turística o a la Administración, en muchas ocasiones es necesario que por la Administración se lleven a cabo inspecciones sobre las actividades a las que se dirige su regulación.
Por ello, la función inspectora que la Administración turística practica tiene una gran importancia para lograr que se cumplan los objetivos que marcan las diversas disposiciones normativas sobre turismo, y conseguir así unos servicios turísticos de calidad, respetuosos con el entorno y en los que no se perjudiquen los derechos de los usuarios.
1.1.- Funciones y Servicios de la Inspección de Turismo
El artículo 51 d la Ley reguladora del Turismo de Andalucía (ley 12/99) dispone que las funciones de la inspección turística son:
La comprobación y control del cumplimiento de la normativa vigente en materia de turismo, especialmente la persecución de actividades clandestinas.
La emisión de informes técnicos que solicite la Administración turística, en particular en caso de clasificación de establecimientos turísticos, funcionamiento de empresas y otros.
Aquellas otras que le encomiende el titular de la Consejería competente en materia turística.
Las funciones expuestas serán ejercidas por la Consejería competente en materia turística de la Junta de Andalucía, a la que se adscriben los servicios de inspección.
Los funcionarios de los servicios de Inspección de la Junta de Andalucía, o de la Corporación Local que actúe por delegación, en el ejercicio de su cometido en materia turística tendrán la consideración de agentes de la autoridad.
1.2.- Obligaciones de los Administrados
Los titulares de las empresas y actividades turísticas están obligados a facilitar a los funcionarios de los servicios de Inspección en el ejercicio de sus funciones, el acceso a las dependencias e instalaciones y el examen de documentos, libros y registros directamente relacionados con la actividad turística. En caso de no poder examinarse estos en el momento de la inspección se podrá otorgar un plazo para su examen posterior.
Si no estuviesen presentes las personas referidas anteriormente, el inspector dejará a la persona que esté presente un requerimiento, indicando el plazo en que procederá a realizar la inspección, nunca inferior a 24 horas.
1.3.- Actuaciones Inspectoras y las Actas de Infracción
Por cada visita de inspección que se realice, los funcionarios deben levantar el acta correspondiente en la que se expresará su resultado, que podrá ser:
De conformidad con la normativa turística
De obstrucción a los funcionarios por parte del titular, su representante o empleados.
De advertencia, cuando los hechos consistan en la inobservancia de requisitos fácilmente subsanables, y siempre que de los mismos no se deriven daños o perjuicios para los usuarios.
En este último tipo de actas, actas de infracción, se reflejarán los datos identificativos del establecimiento o actividad, la fecha y hora de la visita, los hechos constatados, destacando, en su caso, los relevantes a efectos de tipificación de la infracción y graduación de la sanción, así como los nombres y apellidos de los inspectores actuantes. Siempre que sea posible y sin perjuicio de lo que resultase de la posible instrucción del procedimiento sancionador, se contemplará asimismo:
La infracción presuntamente cometida, con expresión del precepto infringido
Las sanciones que, en su caso, se le pudieran imponer
Los interesados, o sus representantes, podrán hacer en el acto de inspección las alegaciones o aclaraciones que estimen convenientes a su defensa, que se reflejarán en la correspondiente acta.
Las actas deberán ser firmadas por el titular de la empresa, por el representante legal de ésta o, en caso de ausencia, por el que se encuentre al frente del establecimiento o, en último extremo, por cualquier dependiente. La firma y recepción del acta por cualquiera de las personas citadas anteriormente supondrá la notificación de la misma, si bien en ningún caso implicará la aceptación del contenido.
2.1.- Infracciones administrativas
Se consideran infracciones administrativas en materia de turismo las acciones u omisiones recogidas como tales en la Ley 12/99, de 15 de diciembre.
Esas infracciones en materia turística se clasifican en leves, graves y muy graves.
Son infracciones leves, entre otras, las siguientes:
Las deficiencias en la prestación de los servicios contratados, de conformidad con la categoría del establecimiento y las condiciones acordadas, las relativas a la limpieza, decoro y funcionamiento de las instalaciones y enseres.
La falta de distintivos y anuncios, señales de información de obligatoria exhibición, etc.
El retraso en el cumplimiento de las comunicaciones y notificaciones a la Consejería competente de cambios de titularidad del establecimiento
Admitir reservas en exceso, que originen sobrecontratación de plazas cuando la empresa infractora facilite al usuario afectado alojamiento en las condiciones del artículo 26.2, párrafo primero
Son infracciones graves, entre otras:
La realización o prestación clandestina de un servicio turístico
La utilización de denominación, rótulos, distintivos diferentes a los que corresponda conforme a la clasificación
La utilización de información o publicidad que induce a engaño
El incumplimiento de la normativa turística aplicable en materia de insonorización, así como el incumplimiento parcial y no sustancial de la normativa sobre prevención de incendios y de seguridad de las instalaciones
La negativa a la prestación de un servicio contratado o la prestación del mismo en condiciones de calidad sensiblemente inferiores a las pactadas
La prestación de servicios a precios superiores a los expuestos al público
La inexistencia de hojas de reclamaciones
La reincidencia de infracciones leves
Admitir reservas en exceso, que originen sobrecontratación de plazas cuando la empresa infractora no facilite al usuario afectado alojamiento en las condiciones del artículo 26.2, párrafo primero
Las infracciones de la normativa turística que tengan por resultado un daño notorio o perjuicio grave a la imagen de Andalucía
Cualquier actuación discriminatoria, incluida la expulsión injustificada de un establecimiento turístico, cuando se realice por razón de discapacidad, raza, lugar de procedencia, etc.
Las deficiencias en materia de infraestructuras, instalaciones y actividad que supongan grave riesgo para los usuarios, así como el incumplimiento sustancial o generalizado de la normativa en materia de incendios o seguridad.
La reincidencia de infracciones graves
A efectos de la Ley del turismo tendrán la consideración de personas responsables de las infracciones antes reseñadas, los siguientes:
Las personas titulares de empresas, establecimientos o actividades turísticas, a cuyo nombre figure la inscripción, habilitación o título administrativos que resulten, en su caso, preceptivos para su ejercicio.
El titular de las actividades turísticas será responsable administrativamente de las infracciones cometidas por sus empleados. Por tanto la responsabilidad administrativa se exigirá al titular de la actividad turística, sin perjuicio de que éste pueda deducir las acciones que resulten procedentes contra las personas a las que sean materialmente imputables las infracciones para el resarcimiento del importe a que fueran sancionadas.
Infracciones graves: nueve meses
Infracciones muy graves: un año
2.2.- Sanciones Administrativas
Las sanciones a imponer a las personas responsables de cualquiera de las infracciones mencionadas en los apartados anteriores, podrán ser:
Suspensión temporal del ejercicio de servicios turísticos y clausura temporal del establecimiento
Revocación del título, autorización, inscripción y clausura definitiva del establecimiento
No tendrán carácter de sanción la clausura o cierre de establecimientos que se hallen abiertos al público, así como la suspensión de actividades turísticas cuando el establecimiento y la actividad no hayan obtenido la previa inscripción de Turismo de Andalucía.
Las anteriores sanciones previstas en esta Ley prescriben en los siguientes plazos:
Las impuestas por infracciones leves: seis meses
Las impuestas por infracciones graves: nueve meses
Las impuestas por infracciones muy graves: un año
El plazo de la prescripción de las sanciones se computará desde el día siguiente a aquel en que adquiere firmeza la resolución por la que se imponga la sanción.
En cuanto a las sanciones a imponer a las infracciones en materia turística, nos encontramos con las siguientes:
Las infracciones calificadas como leves serán sancionadas con apercibimiento o multa de hasta 1200€
Las infracciones graves: con multa de 1200€ a 12000€. Como sanción accesoria se puede imponer la clausura del establecimiento, en su caso, por un periodo inferior a seis meses.
Las infracciones calificadas como muy graves: con multa de 12000€ a 120000€. Como sanción accesoria podrá imponerse la suspensión del ejercicio de servicios turísticos o clausura del establecimiento, en su caso, por un periodo comprendido entre los seis meses y tres años.
La revocación del título, autorización o inscripción y la clausura definitiva del establecimiento procederá en el caso de infracciones muy graves cuando el responsable haya sido sancionado dos o más veces, mediante resolución firme en vía administrativa (es firme porque no cabe recurso en vía administrativa) por este tipo de infracciones en el plazo de tres años consecutivos y medien graves perjuicios para los intereses turísticos de Andalucía derivados de la conducta del infractor.
Respecto a los órganos competentes para imponer la sanción:
Los Delegados Provinciales de la Consejería competente en materia de turismo para la imposición de las sanciones correspondientes a infracciones leves y graves, salvo que al ámbito territorial de la infracción exceda del que corresponde al Delegado, en cuyo caso será impuesta por el Director General.
El Director General competente por razón de la materia para la imposición de las sanciones correspondientes a infracciones muy graves, excepto lo establecido en el apartado siguiente.
El Consejero competente en materia turística para la imposición de las sanciones correspondientes a infracciones muy graves cuya cuantía supere los quince millones de pesetas o consista en la revocación del título, autorización o inscripción o en la clausura definitiva del establecimiento.
2.3.- Procedimiento Sancionador
Establece el artículo 72 de la Ley del Turismo de Andalucía que los procedimientos se iniciarán de oficio, por acuerdo de los Delegados Provinciales competentes, en cuya provincia se cometa la infracción, bien por propia iniciativa, como consecuencia de orden superior, petición razonada de otro órgano administrativo o por denuncia de cualquier persona.
El acuerdo de iniciación tendrá el siguiente contenido mínimo:
Identificación de la persona o personas responsables
Los hechos sucintamente expuestos, que motiva la incoación del procedimiento, su posible calificación y las sanciones que pudieran corresponder, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción
Instructor y, en su caso, Secretario del procedimiento
Órgano competente para la resolución del procedimiento y norma que le atribuya la competencia
Con respecto a la denunciase pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera constituir infracción administrativa. Este efecto también se puede provocar en los casos en que se hayan cumplimentado las hojas de reclamaciones que deben poseer necesariamente y poner a disposición de sus clientes los establecimientos turísticos.
La siguiente fase a la iniciación del procedimiento es la instrucción del expediente, en la que la Administración forma su convicción sobre la procedencia de sancionar partiendo de lo conocido a través de sus propias actuaciones y de la participación de los interesados en sus diversos trámites.
En toda la reglamentación realizada, estatal o autonómica, si bien se dan algunas divergencias, también existen unos trámites comunes en todo procedimiento sancionador que enunciamos a continuación:
En primer lugar, existe una fase de alegaciones en la que los interesados pueden articular su defensa, tanto argumentando como aportando los documentos o informaciones que estimen convenientes.
Con el fin de reforzar su defensa, pueden asimismo proponer prueba, concretando los medios de que pretendan valerse.
Concluida la prueba, el órgano instructor del procedimiento formulará propuesta de resolución (en ocasiones también llamada pliego de cargos) en la que se fijarán de forma motivada los hechos, especificándose los que se consideren probados y su exacta calificación jurídica, se determinará la infracción que aquellos constituyan y la persona o personas que resulten responsables, especificándose la sanción que propone que se imponga, o bien se propondrá la declaración de no existencia de infracción o responsabilidad.
Tras la notificación de la propuesta de resolución al interesado, se debe cumplir un trámite fundamental del procedimiento, cual es el de audiencia, en el que podrá de nuevo alegar y aportar los documentos que crea que ayudarán en su defensa.
En cuanto a la Resolución del expediente, habrá de ser motivada y resolverá todas las cuestiones planteadas en el expediente, las planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del procedimiento, pudiendo también adoptar las disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva, debiendo ser notificada a los interesados.