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Timestamp: 2017-06-27 08:38:07
Document Index: 106417731

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'in fine', 'artículo 16', 'ARTÍCULO 1', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 15', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 21', 'ARTÍCULO 2', 'artículo 17', 'artículo 26', 'Artículo 17', 'Artículo 26', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 3']

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Amparo por incumplimiento a la ley de Discapacidad.
Amparo en Salud. .Amparo a Prepagas, Obras Sociales NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL – CURSO DERECHO A LA SALUD
Publicado el Mayo 21, 2015Agosto 2, 2015 por ESTUDIO JURÍDICO DVA ShareIntroducción al derecho a la salud el Nuevo Código Civil y Comercial.- Este es curso introductorio donde se brindara las principios generables del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, enfatizando los institutos que pertenecen a la disciplina de
Share	Ampliación de la ley de Diabetes.Decreto 1286/2014.-
Publicado el Septiembre 3, 2014Febrero 22, 2015 por ESTUDIO JURÍDICO DVA Share
Mediante el decreto 1286/2014 que fue publicado en el Boletín Oficial el 8 de agosto pasado, se determinó que “el aprovisionamiento de medicamentos y reactivos de diagnóstico para autocontrol será financiado por las vías habituales de la Seguridad Social y los sistemas de medicina privada para cubrir las necesidades de los pacientes”.En el escrito se determinó que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires se ocuparán de “la cobertura a aquellos pacientes carentes de recursos y de cobertura médico social”.”La diabetes constituye el tercer factor de riesgo en importancia como causa de muerte a nivel global y el octavo en relación con la pérdida de años de vida ajustados por discapacidad”, según se indicó en los considerandos del proyecto.
En el mismo dice además que, “la correcta detección de la diabetes y su adecuado control son de suma importancia para evitar o retrasar las complicaciones de la misma y mejorar la calidad de vida de las personas que presentan esta enfermedad”.
En su primer artículo, la reglamentación indica que, “el Ministerio de Salud acordará, a través de las autoridades sanitarias de las distintas jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las medidas necesarias para garantizar a los pacientes con diabetes el aprovisionamiento de los medicamentos y reactivos de diagnóstico para autocontrol que se estimen como elementos indispensables para un tratamiento adecuado”.
“El aprovisionamiento de medicamentos y reactivos de diagnóstico para autocontrol será financiado por las vías habituales de la Seguridad Social y los sistemas de medicina privada para cubrir las necesidades de los pacientes comprendidos en los mismos, quedando a cargo de los gobiernos de las distintas jurisdicciones la cobertura a aquellos pacientes carentes de recursos y de cobertura médico social”, agrega la reglamentación.
Share	Corte Suprema de Justicia de la Nación . AMPARO VS IOSPER
Publicado el Junio 20, 2012Junio 20, 2012 por ESTUDIO JURÍDICO DVA SharePartes: Q. V. s/ su presentación Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación Fecha: 23-feb-2012
Procuración General dela Nación
El Tribunal Superior de Justicia de la Provinciade Entre Ríos, en lo que interesa, hizo lugar a la apelación dedúcida por el Instituto de Obra Social de la Provinciade Entre Ríos (IOSPER) y, en consecuencia, rechazó el amparo promovido por la actora. Alegó, para asi resolver, que el reclamo fue deducido cuando ya habían transcurrido los treinta días previstos en el artículo 3°. inciso c) , de la ley local n° 8.369. Agregó que las presentaciones impetradas ‘por el Defensor de Pobres y Menores carecen de efecto suspensivo respecto del plazo de caducidad legal, más aun, cuando no se alegó una razón de urgencia que afecte en manera inminente y grave la salud de la peticionaria (cfse. Is. 56164 y 92/94 del expediente principal).
Contra el pronunciamiento la actora dedujo, in forma pauperis, recurso extraordinario, que fue denegado por carecer de fundamentación autónoma, de tema federal y de gravedad extrema, dando origen a la presentación en estudio (fs. 102, 107/111, 113/116 Y 121/123 y fs. 16 y 36/41 del cuaderno respectivo).
La amparista impugnó, in forma pauperis, la decisión del tribunal a qua por injusta y arbitraria (v. fs.102).
Por intermedio del representante del Ministerio Público dela Defensahizo hincapié en el perjuicio irreparable que el fallo irroga al derecho a la salud, intimamente vinculado con el derecho a la vida, y en la seria afectaciqn de la defensa en juicio y el debido proceso.
Con cita de las Reglas de Brasilia, resaltó la condición de vulnerabilidad de la parte que, además de discapacitada, carece de medios económicos y es mujer -reglas 3,7,8, 15, 16, 17 y 20-, condición que no ignoraba la demandada puesto que la amparista, como ex-afiliada dela Obra Social, fue atendida e intervenida quirúrgicamente, en reiteradas ocasiones, en el marco asistencial provisto porla Inslitución.
Denunció apartamiento de la solución legal, falta de fundamentación y discriminación, con apoyo en los articulas 75, inciso 22 , dela Constitución Nacionaly 19 y 21 dela Constituciónprovincial, referentes a la protección integral de la salud, de la familia y de las personas con discapacidad y a la igualdad de oportunidades.
Dijo que la condición de la actora, además de suficientemente probada, fue reconocida por el IOSPER al denegar la reafíliación con sustento en la preexistencia de una patología (resol.n° 1.061/95), extremo que vulnera normas locales, nacionales (leyes nº 9.891, 24.091 y 26.378) e internacionales (Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; Pacto de San José de Costa Rica ; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de Derechos Civiles y Políticos ; etc.).
Subrayó que la demora en iniciar la acción se enmarca en la situación de la actora, discapacitada, sin recursos económicos, habitante de una pequeña localidad de provincia y falta de información para defender sus derechos y determinar su plan de vida, por lo que no debe tomarse como un incumplimiento sino como una consecuencia de la situación de la que es victima, a lo que se agrega que la arbitrariedad e ilegalidad manifiesta persiste a la fecha (v. fs. 107/111).
A fojas 16 de la presentación arribada a estudio, por su parte, la actora reitera -por si- su petición ante V.E., mientras que a fojas 20, tras disponer la reconstrucción del expediente extraviado (fs. 17), se confiere vista de las actuaciones al Sr. Defensor Oficial antela Corte, quien asume su Intervención en el marco de los artículos 60, inciso a) , de la ley n° 24.946; 21 del decreto-ley n° 1285/58, redacción según ley nº 26.183 , y 12 dela Acordada CSJNn° 04/2007 .
Sostiene el Sr. Defensor Oficial, en suma, que lo resuelto por el a qua compromete la interpretación dé normas que integran el bloque de constitucionalidad federal, particularrnente, en lo relacionado con los derechos a la salud y a la vida y con el principio de efectividad de los instrumentos procesales dirigidos a garantizarla Vigenciade los derechos humanos (fs. 36/41 del cuaderno respectivo).
La actora, por intermedio del Defensor de Pobres y Menores, promovió demanda de amparo contra el IOSPER. Delegación Diamante, peticionando la incorporación a la entidad en condición de “hijo mayor de edad de titular obligatorio” (su progenitora). Adujo que formó parte de la obra social como “afiliado hijo menor de edad” y, luego, como “afiliado estudiante” hasta cumplir los veinticinco años. y que cuando pidió su inclusión voluntaria fue rechazada por portar una patologia preexistente (hidrocefalia). Dicho padecimiento -acotó- le generó una incapacidad permanente y condujo a reiteradas intervenciones quirúrgicas que la tornaron ‘válvulo dependiente” Objetó la resolución IOSPER 1.061/95 (v. fs. 48), que veda la afiliación voluntaria en los casos de enfermedades de origen congénito y/o preexistente (cfr. fs 17/36 del principal) .
El lnstituto de Obra Social dela Provinciade Entre Ríos, a su turno alegó la caducidad del amparo con base en que fue deducido más de cuatro meses después de notificada la negativa de la afiliación. Sumó a ello que la resolución IOSPER n° 1.061/95. para preservar el equilibrio prestacional respecto de los afiliados naturales, veda la adhesión voluntaria en el caso de que medie, como aqui, una dolencia preexistente. Expuso que atalie al Estado, no al IOSPER, garantizar que la actora goce de un adecuado acceso al servicio de salud y que es facultad de toda obra social reglamentar lo vinculado con las coberturas no obligatorias (v. fs 49/54).
El juez de grado, por su parte, acogió la pretensión y condenó al Instituto a incorporar a la amparista en calidad de “afiliado adherente hijo mayor de edad” de la titular de la afiliación (su madre). Para asi decidir, con cita -entre otros- de Fallos: 330:4647, arguyó que no se contiende que la actora fue afiliada al IOSPER como adherente de su madre (hija menor. hasta los 21. y estudiante, hasta los 25 años) ni que desde su nacimiento padece una hidrocefalia por bloqueo del espacio subaracnoideo. Tampoco se discute -dijo- que se le han colocado diversas válvulas neonatales, a punto tal de ser un paciente válvula dependiente, ni que sufre una minusvalia permanente y parcial. En ese marco, añadió. ellOSPER no puede abstenerse de incorporar a un familiar del grupo primario de un afiliado obligatorio, por portar una patologia previa. pues ello contradice el principio de protección y asistencia integral de la discapacidad asumido por el Estado Nacional como política del pais. Consideró irrazonable, por último, imponer a la actora que acuda a los servicios públicos de salud cuando le resulta posible al IOSPER prestar la cobertura -como lo hizo durante veinte años- y dada la urgencia explicitada en el litigio (fs. 56/64).
Apelada la decisión por la accionada, fue revocada por el a qua, extremo que. en definitiva. dio lugar a la presentación en estudio (fs. 70, 78/81. 85 Y 92/94 del expte. principal).
Emerge de las actuaciones que la peticionaria, nacida el 28/04/80 en la localidad de Diamante (Pcia. de Entré Ríos), gozó de los beneficios asistenciales del Instituto de Obra Social dela Provincia-desde 1985 y hasta que cumplió veinticinco años de edad, en 2005- como integrante del Ilúcleo familiar primario de la titular de la afiliación (su progenitora, empleada provincial).
También surge que el 10/06/08 la madre de la amparista solicitó el alta de su hija ante el IOSPER como “adherente hijo mayor de titular forzoso”, la que fue negada el 30/06/08 por la presencia de una enfermedad preexistente, todo lo cual se expuso en una presentación antela Defensoria Oficial, con énfasis en que la interesada directa carecía de Obra Social desde abril de 2005. presentación que la propia actora reiteró el 23/10/08 (cfr. fs. 2/6. 9 y 10).
Habiendo requerido, a su turno, el Sr. Defensor Oficial la reafiliación de la pretensora en el IOSPER mediante los oficios nº 283, 393 y 396, del 12/8/08 y 31/10/08, el resultado fue negallvo (v. fs.7/8 Y 13/16) Cabe destacar que a fojas 11 del principal obra un informe médico que expone que la actora sufrió una hemorragia perinatal por premadurez que desencadenó una “hidrocefalia secundaria por bloqueo del espacio subaracnoideo” y que desde esa época ha necesitado distintas intervenciones quirúrgicas para la colocación de válvulas neo natales que la tornan una persona válvula dependiente. Dice, además, el informe que su vida es ajustada a la edad, que fue apoyada en la niñez y adolescencia por retraso en la maduración psico- motriz y que, en la actualidad, tiene una válvula de derivación ventrículo perítoneal de la que depende su vida (informe del 03/09/08).
A fojas 12, por últímo, obra un informe médico forense que expone que el padecimiento de la accionante es grave y que, si bien puede realizar una vida casi normal. es una persona discapacitada para una serie de actividades, pues su vida depende del buen funcionamiento de la válvula que le fue implantada, pudiendo exigir, en caso de obstrucción. urgente atención médicc peligrando su vida de no recibirla. Agrega que la minusvalía resulta permanente y que no existe posibilidad de recuperación plena de la salud, al ser dependiente valvular de por vida (informe del 12/11/08).
Con fecha 29/11J08,presentado en la carta-poder otorgada el 10/11/08. el Sr. Defensor Oficial promovió la presente demanda de amparo e inconstítucionalidad (v fs. 1 y 17/36) –
Ante todo, coincido con la representante del Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos y con el Sr. Defensor Oficial antela Corteen orden a que la presentación de fojas 102 y 107/111 satisface los recaudos mínimos exigibles para su admisión formal ante V.E. y por tanto, estimo que fue erróneamente desestimada por el a q ua (v. fs.113/116 del principal y 36/41 del cuaderno respectivo).
Ello es así, singularmente a la luz de los intereses en juego, explicitados en ocasión de reclamar y posteriormente (v. fs. 17/36 y 107/111), yen el marco de la doctrina de V.E. que descalifica el excesivo ritualismo, en particular, cuando se hallan comprometidos derechos constitucionales como la vida y la salud (cfr. Fallos: 327:5210; 329: 1226 ; 330:4647: 332:1200 : 333:380 y sus citas; etc.).
Por lo demás, y si bien no se trata estrictamente de una presentación in fonna paupeJis, es decir, de la petición recursiva informal suscripta por una persona privada de su libertad, con posterior asistencia letrada (cfse, Fallos: 310:492, 1934; 314:1163, 1909; 315:2984 y 318:674 ), no cabe dudar aquí de la voluntad impugnativa de la aclara, asistida, más tarde, por los representantes del Ministerio Público (efr fs, 102 y 107/111 del principal y 16 y 36/41 del cuaderno respectivo), ni de la difícil situaCión en la que se encuentra, como lo puso de resalto el Sr, Defensor General interino dela Provinciaa fojas 107 y vta, (cf. Fallos: 320 1824 y sus citas: etc,), El Superior Tribunal de Entre Ríos, vale anotarlo, confirió a la diligencia de fojas 102 el tratamiento de una presentación recursiva in forma pauperis (cfr, fs, 103, 106, 112,118 Y 121, punto 1), con arreglo a un temperamento que no fue objetado por el lOSPER ni por el Ministerio Fiscal (fs, 104 y 118/20 y fs, 113/116), y más allá de la crítica a la “insólita actitud’ y “reprochable maniobra” del Defensor Oficial en el sentido de requerir la notificación personal de la actora para “forzar un recurso in pauperis’ -cuestión encuadrable, en su caso, en un marco disciplinario-, lo cierto es que la alzada no imputó al planteo defeclos formales o temporales sino, más tarde, una fundamentación Insuficiente (v, fs, 98/100, 101vta” 102,121 vta.items IV y V y 123 ítem VI), Cabe recordar que el reglamento establecido por medio dela Acordada CSJNnº 04/2007, ,no se aplicará a los recursos interpuestos in forma pauperis” (cfse, art, 12),
A lo dicho se suma que, en palabras de VE, la sentencia que rechaza el amparo es asimilable a definitiva cuando se demuestra que produce agravios de imposible o dificultosa reparación ulterior, ‘por la presencia de arbitrariedad manifiesta, al incurrir en un injustificado rigor formal. o no se exhibiese como derivación razonada del derecho aplicable”, La alegada urgencia en el restablecimiento de lo solicitado (fs, 11/12) y el hecho no discutido de que el IOSPER negó el pedida de la actora, ponen de manifiesto que el fallo irroga a esa parte agravios de difícil o improbable reparación posterior (Fallos: 330:4647 y sus citas, entre otros),
Sentado lo anterior y en cuanto al argumento esgrimido por la a qua con apoyo en el articulo 3º inciso e) , de la ley n° 8.369 (caducidad del plazo). corresponde decir que preceptos como el mencionado no constituyen un escollo insalvable a lo requerido en la medida en que con la acción incoada se denuncia una arbitrariedad o ilegalidad continuada, originada antes de recurrir a la justicia, pero mantenida al momento de accionar y también en el tiempo ulterior (v. Fallos: 329:4918 , etc.).
Se suma a ello que, si bien en el marco de supuestos fácticos distintos, pero vinculados a la cobertura de prestaciones de salud. VE ha interpretado que toca a los jueces buscar solución, que se avengan ccn la urgencia que conlleva este tipo de pedidos. para lo cual deben encauzar los trámites por las vias expeditivas e impedir que el rigor de las formas pueda conducir a la frustración de derechos que cuentan con tutela constitucional, lo cual se produciria si el reclamo tuviera que aguardar al inicIo de un nuevo proceso (cl. Fallos 327:2127: 329:4918:330:4647:331 :563; etc.).
En ese plano, la sentencia que rechazó el amparo no apreció. como es menester la cuestión que la accionante llevó para su consideración dado que, desde que se dedujo el reclamo, la actora hizo saber de la necesidad de que le restablezcan la cobertura médica y se ocupó de acreditar la persistencia de sus problemas de salud e incapacidad, por lo que aquélla deviene “rbitraria y debe invalidarse judicialmente (Fallos 327:5373 : 330:5201 : entre otros).
Cabe añadir, por lo demás, que el IOSPER -persona juridica autárquica enmarcada en el Ministerio de Bienestar Social dela Provinciade Entre Ríos, a través de su Secretaría ce Salud Pública, cuyo titular, presupuesto, normativa, control, etc . determina el Ejecutivo y cuyas operaciones garantiza el Estado local (v. arts. 1,7,9 inc. e), 11 inc. g), 12 incs. a) b), k) y r). in fine, 14, 20, 27, 30 Y 32, ley local n° 5326)- se limitó a argüir condicionamientos presupuestarios y potestades privativas para justificar la no reafiliación de la accionante y a enfatizar la responsabilidad del Estado Provincial en estos casos a través de su red de hospitales oúblicos y de los restantes servicios de salud (cfr. fs. 52/53, ítems 8, 9 Y VI).
A la par de que con arreglo a la normativa reseñada en el párrafo que antecede resulta cuanto menos discutible la nítida ajenic1ad del IOSPER respecto del Estado local ha reiterado VE que el derecho a la preservación de la salud -comprendido dentro del derecho a la vida y reafirmado en los tratados internacionales (v. arto 75. incs. 22 y23, C.N.)- involucra no sólo a las autoridades públicas sino. también. en la medida de sus obligaciones, a las jurisdicciones locales. obras sociales y entes de medicina prepaga (cf. Fallos: 324:3569 ; 327:2127: 328: 1708 ; 329:2552: 330:4160 ; etc.).
En el supuesto, a mi ver.al cesar en la prestación de los beneficios de que disfrutaba la actora y llegarse a restablecerlos por la via de incorporarla como adherente voluntaria -hijo mayor de edad del titular obligatorio u otra categoria análoga- el Instituto faltó al compromiso que. como ente de la seguridad social. contrajo con su afiliada, al punto tal de comprometer sus derechos constitucionales (cfr. doctrina de Fallos 324:677; 327:5373; 330:3725: entre otros) y es que cabe tener presente, por de pronto, que la actora formó parte del IOSPER durante veinte años, periodo en el que fue asistida reiteradamente por la grave dolencia que la incapacita. En ese plano, la negativa del Instituto a su reafiliación onerosa so pretexto de la patología preexistente. además de preterir las dificultades de la reclamante de acceder en el futuro a una entidad similar dada su condición sanitaria. aparece presidida por el fin inadmisible de desentenderse de la continuidad del tratamiento de la dolencia (doctrina de Fallos: 324:677 y 325:677).
A lo dicho se añade que resulta aparente el argumento esgrimido por la demandada en punto a que la negativa a la reafiliación encuentra justificativo en un supuesto equilibrio económico-financiero de la entidad, toda vez que no se acreditó que la atención de los eventuales gastos de la actora pudiera traducirse en un gravamen patrimonial irreparable. máxime. cuando ella pasaría a tributar en condición autónoma, como afiliada voluntaria dela Obra Social(v. Fallos: 325:677; etc.).
Por lo expresado, opino que corresponde hacer lugar a la presentación. dejar sin efecto la sentencia y restituir la causa al tribunal de origen. a sus efectos, o bien, de juzgarlo pertinente V. con ajuste al artículo 16 de la ley nº 48. expedirse sobre el fondo del asunto y condenar al lOSPER a la reafilíación de la actora.
Corte Suprema de Justicia dela Nación
Vistos los autos: “Recurso de hecho deducido por Q. V. en la causa Q., V. s/ su presentación”, para decidir sobre su procedencia.
Que las cuestiones planteadas encuentran adecuada respuesta en el dictamen de la señora Procuradora Fiscal, a cuyas consideraciones corresponde remitir en razón de brevedad.
Por ello, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario, se revoca la sentencia apelada y, en uso de las atribuciones conferidas por el art. 16, segundo párrafo, de la ley 48, se condena a la demandada, Instituto de Obra Social dela Provinciade Entre Ríos (IOSPER), a reafiliar a la actora, señora V. Q. Recaratúlese la presente como recurso de queja, agréguese al principal, notifíquese y, oportunamente, devuélvase. RICARDO LUIS LORENZETTI – ELENA I. HIGHTON de NOLASCO – CARLOS S. FAYT – JUAN CARLOS MAQUEDA.
Share	Competencia de Amparos contra Obras Sociales en Provincia de Buenos Aires
Publicado el Abril 9, 2012Abril 25, 2012 por ESTUDIO JURÍDICO DVA ShareMas alla de lo que establece la legislacion de amparo en la provincia de buenos aires, va a ir a la justicia civil y comercial federal de la jurisdiccion
En las jurisdicciones provinciales, será competente la Cámara Federal con jurisdicción en el domicilio del sancionado..
En el cono urbano bonaerense puede ir o a San Martin a La plata .
Jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín Provincia de Buenos Aires (GUEMES 3053 (1651) San Martin,Provincia de Buenos Aires, Tel.: 4753-8569/8669/8769/8869/8969/8721 4754-2097)
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Share	Nueva ley de amparo para la provincia de Buenos Aires LEY 14192. Modificación de la ley 13928. Derogación de la ley 7166.
Publicado el Abril 9, 2012Abril 25, 2012 por ESTUDIO JURÍDICO DVA ShareLEY 14192
ARTÍCULO 1º: Sustitúyense los artículos 4º, del Capítulo III; 5º, 6º, 7º, del Capítulo IV; 8º, del Capítulo V; 10 , 11, del Capítulo VI; 15, del Capítulo VII; 18 , 19, del Capítulo IX; 21, del Capítulo X; de la Ley 13.928, los que quedarán redactados de la siguiente forma:
“Artículo 4º: Tienen legitimación para accionar por vía de amparo el Estado, y toda persona física o jurídica que se encuentre afectada en sus derechos o intereses individuales o de incidencia colectiva.
Artículo 5º: La acción de amparo tramitará según las reglas establecidas en la presente ley. La misma deberá deducirse dentro de los treinta (30) días a partir de la fecha en que el o los afectados hayan tomado conocimiento del acto u omisión que consideran violatorio del derecho o garantía conculcada.
Artículo 6º: La demanda deberá interponerse por escrito y contendrá:
Artículo 7°: En el caso de amparos de incidencia colectiva, la demanda tendrá que contener, además de lo establecido en el artículo anterior, la referencia específica de sus efectos comunes.
Artículo 8º: El Juez deberá expedirse acerca de la admisibilidad de la acción inmediatamente.
Si la acción fuese manifiestamente inadmisible, el Juez mediante acto fundado la rechazará sin sustanciación alguna, ordenando el archivo de las actuaciones.
Artículo 10: Declarada la admisibilidad de la acción, el Juez deberá dar traslado de la demanda, si la acción de amparo hubiese sido interpuesta contra un acto u omisión de autoridad pública o persona privada que afecten derechos individuales. La contestación de la demanda, deberá efectuarse dentro del plazo de cinco (5) días. El Juez está facultado para adecuar dicho plazo conforme la naturaleza de la cuestión planteada.
Artículo 11: Conjuntamente con el traslado previsto en el artículo anterior, el Juez de oficio o a pedido de parte podrá citar a audiencia simplificadora de prueba. La audiencia deberá realizarse dentro del plazo de diez (10) días.
Artículo 15: La sentencia firme que hace cosa juzgada respecto del amparo individual o colectivo, deja subsistente el ejercicio de las acciones o recursos que puedan corresponder a las partes, con independencia del amparo.
Artículo 18: Todos los términos son de carácter perentorio. El traslado de la demanda junto a la citación a la audiencia, la sentencia y el traslado del recurso de apelación se notificarán por cédula o personalmente.
Artículo 19: Las costas del proceso se impondrán al vencido. El Juez, en los casos de amparo colectivo, podrá además aplicar supletoriamente en materia de costas lo normado en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires.
Artículo 21: Créase en el ámbito de la Suprema Corte de Justicia, el Registro Público de Amparos de Incidencia Colectiva, en el que se registrarán los procesos de dicha naturaleza, su objeto, radicación, partes intervinientes, medidas cautelares dispuestas, y sentencias de todas sus instancias.
Este Registro será público y de consulta libre y gratuita. Su reglamentación y organización estará a cargo de la Suprema Corte de Justicia.”
ARTÍCULO 2º: Incorpóranse como artículo 17 bis en el Capítulo VIII, como Capítulo XI, los artículos 22, 23, 24 y 25; y como Capítulo XII, el artículo 26, a la Ley 13.928, los siguientes:
“Artículo 17 bis: En las acciones de amparo que se dirijan contra acciones u omisiones, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los Municipios, los entes descentralizados y otras personas, regidas por el Derecho Administrativo será Tribunal de Alzada la Cámara en lo Contencioso Administrativo correspondiente a la jurisdicción donde tramitara la acción.”
Artículo 26: Derógase la Ley 7.166 (T. O. según Decreto 1067/95)”.
Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, a los cuatro días del mes de noviembre del año dos mil diez.
Share	LEY DE AMPARO . Ley Nº 16986.CONTRA ACTOS Y OMISIONES DE AUTORIDAD PUBLICA. 2) Amparo contra actos u omisiones de particulares, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Ley 17.454 y sus reformas 3) Amparo por mora de la Administración – Régimen nacional de Procedimientos Administrativos.Ley 19.549. 4) Amparo del elector – Código Electoral Nacional, Ley 19.945 5) Amparo Sindical – Ley de Asociaciones Sindicales de Trabajadores, Ley n° 23.551. 7) Amparo Código Aduanero Ley 22.415. 8).Amparo de la ley de Solidaridad Previsional – Ley 24.655.
Publicado el Abril 9, 2012Abril 25, 2012 por ESTUDIO JURÍDICO DVA ShareLey Nº 16986
Boletín Oficial: 20 de Octubre de 1966
LEY N° 16.986 – Ley de Accion de Amparo.
LEY DE AMPARO-DERECHO CONSTITUCIONAL-ESTADO NACIONAL -ACCION DE AMPARO-CONSTITUCION NACIONAL -DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES -PROCEDIMIENTO JUDICIAL
ARTICULO 1° – La acción de amparo será admisible contra todo acto u omisión de autoridad pública que, en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, los derechos o garantías explícita o implícitamente reconocidas por la Constitución Nacional, con excepción de la libertad individual tutelada por el habeas corpus.
ARTICULO 2° – La acción de amparo no será admisible cuando:
b) El acto impugnado emanara de un órgano del Poder Judicial o haya sido adoptado por expresa aplicación de la Ley N° 16970;
ARTICULO 3° – Si la acción fuese manifiestamente inadmisible, el juez la rechazará sin sustanciación, ordenando el archivo de las actuaciones.
ARTICULO 4° – Será competente para conocer de la acción de amparo el juez de Primera Instancia con jurisdicción en el lugar en que el acto se exteriorice o tuviere o pudiere tener efecto.
ARTICULO 5° – La acción de amparo podrá deducirse por toda persona individual o jurídica, por sí o por apoderados, que se considere afectada conforme los presupuestos establecidos en el artículo 1°. Podrá también ser deducida, en las mismas condiciones, por las asociaciones que sin revestir el carácter de personas jurídicas justificaren, mediante la exhibición de sus estatutos, que no contrarían una finalidad de bien público.
ARTICULO 6° – La demanda deberá interponerse por escrito y contendrá:
a)El nombre, apellido y domicilios real y constituido del accionante;
b)La individualización, en lo posible, del autor del acto u omisión impugnados;
c)La relación circunstanciada de los extremos que hayan producido o estén en vías de producir la lesión del derecho o garantía constitucional;
d)La petición, en términos claros y precisos.
ARTICULO 7° – Con el escrito de interposición, el accionante acompañará la prueba instrumental de que disponga, o la individualizará si no se encontrase en su poder, con indicación del lugar en donde se encuentre.
ARTICULO 8° – Cuando la acción fuera admisible, el juez requerirá la autoridad que corresponda un informe circunstanciado acerca de los antecedentes y fundamento de la medida impugnada, el que deberá ser evacuado dentro del plazo prudencial que fije. La omisión del pedido de informe es causa de nulidad del proceso.
ARTICULO 9 – Si alguna de las partes hubiese ofrecido prueba, deberá ordenarse su inmediata producción, fijándose la audiencia respectiva, la que deberá tener lugar dentro del tercer día.
ARTICULO 10 – Si el actor no compareciera a la audiencia por sí o por apoderado, se lo tendrá por desistido, ordenándose el archivo de las actuaciones, con imposición de costas. Si fuere el accionado quien no concurriere, se recibirá la prueba del actor si la hubiere, y pasarán los autos para dictar sentencia.
ARTICULO 11 – Evacuado el informe a que se refiere el artículo 8° o realizada, en su caso, la audiencia de prueba, el juez dictará sentencia dentro del tercer día. Si existiera prueba pendiente de producción por causas ajenas a la diligencia de las partes, el juez podrá ampliar dicho término por igual plazo.
ARTICULO 12 – La sentencia que admita la acción deberá contener:
a)La mención concreta de la autoridad contra cuya resolución, acto u omisión se concede el amparo;
ARTICULO 13 – La sentencia firme declarativa de la existencia o inexistencia de la lesión, restricción, alteración o amenaza arbitraria o manifiestamente ilegal de un derecho o garantía constitucional, hace cosa juzgada respecto del amparo, dejando subsistente el ejercicio de las acciones o recursos que puedan corresponder a las partes, con independencia del amparo.
ARTICULO 14 – Las costas se impondrán al vencido. No habrá condena en costas si antes del plazo fijado para la contestación del informe a que se refiere el artículo 8°, cesara el acto u omisión en que se fundó el amparo.
ARTICULO 15 – Sólo serán apelables la sentencia definitiva, las resoluciones previstas en el artículo 3° y las que dispongan medidas de no innovar o la suspensión de los efectos del acto impugnado. El recurso deberá interponerse dentro de 48 horas de notificada la resolución impugnada y será fundado, debiendo denegarse o concederse en ambos efectos dentro de las 48 horas. En este último caso se elevará el expediente al respectivo Tribunal de Alzada dentro de las 24 horas de ser concedido. En caso de que fuera denegado, intenderá dicho Tribunal en el recurso directo que deberá articularse dentro de las 24 horas de ser notificada la denegatoria, debiendo dictarse sentencia dentro del tercer día.
ARTICULO 16 – Es improcedente la recusación sin causa y no podrán articularse cuestiones de competencia, excepciones previas, ni incidentes.
ARTICULO 17 – Son supletorias de las normas precedentes las disposiciones procesales en vigor.
ARTICULO 18 – Esta ley será de aplicación en la Capital Federal y en el territorio de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
ARTICULO 19 – La presente ley comenzará a regir desde el día de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTICULO 20 – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívase.
ONGANIA – Martínez Paz – Etchebarne
Art. 10 – Amparo del Elector. El elector que se considere afectado en sus inmunidades, libertad o seguridad, o privado del ejercicio del sufragio podrá solicitar amparo por sí, o por intermedio de cualquier persona en su nombre, por escrito o verbalmente, denunciando el hecho al juez electoral o al magistrado más próximo o a cualquier funcionario nacional o provincial, quienes estarán obligados a adoptar urgentemente las medidas conducentes para hacer cesar el impedimento, si fuere ilegal o arbitrario. Art. 11 – Retención indebida de documento cívico. El elector también puede pedir amparo al juez electoral para que le sea entregado su documento cívico retenido indebidamente por un tercero. Art. 129 – Negativa o demora en la acción de amparo. Se impondrá prisión de tres meses a dos años al funcionario que no diere trámite a la acción de amparo prevista en los artículos 10 y 11 o no la resolviera dentro de las cuarenta y ocho horas de interpuesta e igual pena al que desobedeciere las órdenes impartidas al respecto por dicho funcionario.
ARTICULO 147. – Al efecto de sustanciará las acciones de amparo a que se refieren los artículos 10 y 11 de esta ley, los funcionarios y magistrados mencionados en los mismos resolverán inmediatamente en forma verbal. Sus decisiones se cumplirán sin más trámite por intermedio de la fuerza pública, si fuere necesario, y en su caso serán comunicadas de inmediato al juez electoral que corresponda. La jurisdicción de los magistrados provinciales ser concurrente, no excluyente, de la de sus pares nacionales. A este fin los jueces federales o nacionales de primera instancia y los de paz mantendrán abiertas sus oficinas durante el transcurso del acto electoral.
Art. 2 Los juzgados creados por la presente serán competentes en (Justicia Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social): (…)
d) El amparo por mora previsto en el art. 28 de la ley 19.549, modificada por la ley 21.686, en materia de Seguridad Social
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