Source: https://www.rodriguezramos.es/2019/01/18/conclusiones-del-abogado-general-m-campos-sanchez-bordona-presentadas-el-12-de-septiembre-de-2017-asunto-c%E2%80%9153716-34-2-3-2/
Timestamp: 2019-04-24 00:30:40
Document Index: 388323767

Matched Legal Cases: ['artículo 325', 'artículo 51', 'artículo 2', 'artículo 7', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 7', 'artículo 325', 'artículo 325']

STJUE C‑310/16, de 17 de enero de 2019, Secreto de las comunicaciones -art. 7 CDFUE- en los procedimientos penales frente a fraudes que afecten a los intereses financieros de la Unión -art. 325 TFUE-. – Rodríguez Ramos – Penal & Compliance
STJUE C‑310/16, de 17 de enero de 2019, Secreto de las comunicaciones -art. 7 CDFUE- en los procedimientos penales frente a fraudes que afecten a los intereses financieros de la Unión -art. 325 TFUE-.
La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea determina que los procedimientos penales desarrollados por los Estados por defraudación del IVA constituyen aplicación del derecho de la unión en los términos del art. 51.1 CDFUE y, por tanto, les son aplicables las previsiones de la Carta y la tutela e interpretación de la misma que efectúe el TJUE, en este caso determinando (i) el contenido del art. 7 CDFUE -derecho a la vida privada y, en este caso, en su manifestación del secreto de las comunicaciones-, delimitando su contenido -las intervenciones acordadas por un órgano no competente no pueden considerarse como previstas en la Ley- y (ii) su prevalencia sobre las actividades de lucha contra el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión mediante medidas efectivas y disuasorias.
[…]30 De lo anterior resulta que, si bien las sanciones y los procedimientos administrativos o penales que los Estados miembros establecen para luchar contra las infracciones de las normas armonizadas en materia de IVA pertenecen al ámbito de su autonomía procesal e institucional, dicha autonomía está limitada, además de por el principio de proporcionalidad y por el principio de equivalencia, cuya aplicación no se cuestiona en el presente asunto, por el principio de efectividad, que impone la exigencia de que dichas sanciones sean de carácter efectivo y disuasorio (véase, en este sentido, la sentencia de 2 de mayo de 2018, Scialdone, C‑574/15, EU:C:2018:295, apartado 29).
31 En este contexto, incumbe en primer lugar al legislador nacional adoptar las medidas necesarias. Así pues, le corresponde, en su caso, modificar su normativa y garantizar que la regulación procesal de la acción penal incoada por infracciones que afecten a los intereses financieros de la Unión no esté configurada de modo que presente, por razones inherentes a dicho régimen, un riesgo sistémico de impunidad de los hechos constitutivos de tales infracciones, así como garantizar la protección de los derechos fundamentales de las personas acusadas (sentencia de 5 de junio de 2018, Kolev y otros, C‑612/15, EU:C:2018:392, apartado 65).
32 En cuanto a los órganos jurisdiccionales nacionales, el Tribunal de Justicia ha declarado que les corresponde dar plenos efectos a las obligaciones que resultan del artículo 325 TFUE, apartado 1, y dejar sin aplicación disposiciones internas que, en el marco de un procedimiento relativo a infracciones graves en materia de IVA, impiden la aplicación de sanciones efectivas y disuasorias para luchar contra los fraudes que afecten a los intereses financieros de la Unión (sentencia de 5 de diciembre de 2017, M.A.S. Y M.B., C‑42/17, EU:C:2017:936, apartado 39).
33 Sin embargo, la obligación de garantizar la recaudación eficaz de los recursos de la Unión no exime a los órganos jurisdiccionales nacionales del necesario respeto de los derechos fundamentales garantizados por la Carta y los principios generales del Derecho de la Unión, dado que los procedimientos penales incoados por infracciones en materia de IVA constituyen una aplicación del Derecho de la Unión, en el sentido del artículo 51, apartado 1, de la Carta. En el ámbito penal, estos derechos y principios generales deben ser respetados no solo en los procedimientos penales, sino también durante la fase de la investigación preliminar, desde el momento en que se acuse a la persona de que se trata (véanse, en este sentido, las sentencias de 5 de diciembre de 2017, M.A.S. y M.B., C‑42/17, EU:C:2017:936, apartado 52; de 5 de junio de 2018, Kolev y otros, C‑612/15, EU:C:2018:392, apartados 68 y 71, y de 20 de marzo de 2018, Di Puma y Zecca, C‑596/16 y C‑597/16, EU:C:2018:192, apartado 31 y jurisprudencia citada).
34 Así pues, la obligación de garantizar la recaudación eficaz de los recursos de la Unión no exime a dichos órganos jurisdiccionales del necesario respeto del principio de legalidad y del Estado de Derecho, que es uno de los valores primordiales en los que se fundamenta la Unión, tal como se refleja en el artículo 2 TUE.
35 A este respecto, resulta, en particular de las exigencias del principio de legalidad y del Estado de Derecho que, en principio, las facultades represivas no pueden ejercitarse excediéndose de los límites legales dentro de los cuales una autoridad está facultada para actuar con arreglo al Derecho de su Estado miembro (véase, por analogía, la sentencia de 1 de octubre de 2015, Weltimmo, C‑230/14, EU:C:2015:639, apartado 56).
36 Además, las interceptaciones de las telecomunicaciones constituyen una injerencia en el derecho a la vida privada, consagrado en el artículo 7 de la Carta. Con arreglo al artículo 52, apartado 1, de la Carta, tal injerencia solo puede admitirse si está prevista por la Ley y cuando, siempre que se respete el contenido esencial de dicho derecho y el principio de proporcionalidad, es necesaria y responde efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de diciembre de 2015, WebMindLicenses, C‑419/14, EU:C:2015:832, apartados 71 y 73).
37 A este respecto, consta que las interceptaciones de las telecomunicaciones controvertidas en el litigio principal fueron autorizadas por una autoridad judicial que no disponía de la competencia necesaria para ello. Por tanto, debe considerarse que dichas interceptaciones de las telecomunicaciones no están previstas por la Ley, en el sentido del artículo 52, apartado 1, de la Carta.
38 En consecuencia, es preciso señalar que la norma controvertida en el procedimiento principal refleja las exigencias expuestas en los apartados 35 a 37 de la presente sentencia, en la medida en que obliga al juez nacional a descartar del procedimiento penal medios de prueba, como las interceptaciones de las telecomunicaciones, que requieren una autorización judicial previa cuando dicha autorización ha sido emitida por una autoridad jurisdiccional sin competencia para ello.
39 De ello se deduce que el Derecho de la Unión no puede obligar al juez nacional a inaplicar tal norma de procedimiento, ni aun cuando la utilización de pruebas obtenidas ilegalmente pudiera incrementar la eficiencia de los procedimientos penales que permiten a las autoridades nacionales sancionar en determinados casos el incumplimiento del Derecho de la Unión (véase, por analogía, en lo que atañe a las normas de procedimiento internas que confieren fuerza de cosa juzgada a una resolución judicial, la sentencia de 24 de octubre de 2018, XC y otros, C‑234/17, EU:C:2018:853, apartado 53 y jurisprudencia citada).
40 A este respecto, carece de incidencia el hecho, destacado por el órgano jurisdiccional remitente, de que la ilegalidad cometida es consecuencia del carácter impreciso de la disposición transitoria de competencia controvertida en el litigio principal. En efecto, el requisito de que cualquier limitación del ejercicio del derecho conferido por el artículo 7 de la Carta debe estar prevista por la Ley implica que la base jurídica que autoriza dicha limitación sea suficientemente clara y precisa (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de diciembre de 2015, WebMindLicenses, C‑419/14, EU:C:2015:832, apartado 81). Carece igualmente de pertinencia la circunstancia de que, en el caso de uno de los cuatro acusados en el procedimiento principal, solo las interceptaciones de telecomunicaciones realizadas al amparo de autorizaciones concedidas por una autoridad sin competencia para ello puedan probar su culpabilidad y justificar una condena.
41 Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión prejudicial planteada que el artículo 325 TFUE, apartado 1, y los artículos 1, apartado 1, letra b), y 2, apartado 1, del Convenio PIF, leídos a la luz de la Carta, deben interpretarse en el sentido de que, habida cuenta del principio de efectividad de las actuaciones penales relativas a las infracciones en materia del IVA, no se oponen a la aplicación por el juez nacional de una norma nacional que establece que determinados elementos probatorios, como las interceptaciones de las telecomunicaciones, que requieren una autorización judicial previa deben descartarse de un procedimiento penal cuando dicha autorización haya sido emitida por una autoridad judicial sin competencia para ello, aun cuando solo estos elementos probatorios puedan acreditar la comisión de las infracciones de que se trate.
42 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
El artículo 325 TFUE, apartado 1, y los artículos 1, apartado 1, letra b), y 2, apartado 1, del Convenio establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, firmado en Bruselas el 26 de julio de 1995, leídos a la luz de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, deben interpretarse en el sentido de que, habida cuenta del principio de efectividad de las actuaciones penales relativas a las infracciones en materia del impuesto sobre el valor añadido (IVA), no se oponen a la aplicación por el juez nacional de una norma nacional que establece que determinados elementos probatorios, como las interceptaciones de las telecomunicaciones, que requieren una autorización judicial previa deben descartarse de un procedimiento penal cuando dicha autorización haya sido emitida por una autoridad judicial sin competencia para ello, aun cuando solo estos elementos probatorios puedan acreditar la comisión de las infracciones de que se trate.
Gabriel Rodríguez Ramos	2019-01-19T12:11:43+00:00	18 enero, 2019|Jurisprudencia|
STS 162/2019, de 26 de marzo, Responsabilidad penal de personas jurídicas, imposible alcance en delitos contra los trabajadores (art. 318 CP).
STS 123/2019, de 8 de marzo, Responsabilidad penal de personas jurídicas, necesaria intervención procesal plena de la persona jurídica acusada penalmente en el proceso en el que se enjuicie y declare la responsabilidad penal del administrador, directivo o empleado de la persona jurídica acusada.