Source: http://thiennguyen.info/97184593-Mexico-distrito-federal-a-doce-de-agosto-de-dos-mil-nueve.html
Timestamp: 2018-10-18 10:25:05
Document Index: 275699626

Matched Legal Cases: ['artículo 60', 'artículo 9', 'artículo 61', 'artículo 65', 'artículo 66', 'artículo 78', 'artículo 99', 'Artículo 78', 'artículo 50', 'artículo 78', 'artículo 78', 'artículo 15', 'artículo 51', 'Artículo 51', 'artículo 14', 'artículo 23', 'artículo 23', 'Artículo 23', 'artículo 9', 'artículo 15']

México, Distrito Federal, a doce de agosto de dos mil nueve. - PDF
México, Distrito Federal, a doce de agosto de dos mil nueve.
Download "México, Distrito Federal, a doce de agosto de dos mil nueve."
Esperanza Martínez Reyes
1 RECURSO DE RECONSIDERACIÓN EXPEDIENTE:. ACTOR: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. RESPONSABLE: SALA REGIONAL DE LA QUINTA CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CON SEDE EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. MAGISTRADO: PEDRO ESTEBAN PENAGOS LÓPEZ. SECRETARIOS: ERNESTO CAMACHO OCHOA Y LEOBARDO LOAIZA CERVANTES. México, Distrito Federal, a doce de agosto de dos mil nueve. VISTOS, para resolver, los autos del recurso citado al rubro, interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional, contra la sentencia de treinta de julio de dos mil nueve, emitida por la Sala Regional de la Quinta Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en Toluca, Estado de México, en el juicio de inconformidad ST-JIN-9/2009, relativa a la elección de diputados de mayoría relativa en el 02 Distrito Electoral Federal, con cabecera en Puruándiro, Michoacán. R E S U L T A N D O I. Antecedentes. De la narración de los hechos expuesta por el actor y las constancias de autos se advierte lo siguiente:
2 2 1. Jornada Electoral. El cinco de julio de dos mil nueve, se celebró la elección de diputados federales para renovar a los integrantes del Congreso de la Unión. 2. Cómputo y resultados. En sesión del ocho de julio del año en curso, que concluyó el día siguiente, el Consejo Distrital Federal Electoral 02 de Michoacán, con cabecera en Puruándiro realizó el cómputo distrital de la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa. Los resultados fueron los siguientes: PARTIDOS Y COALICIONES VOTACIÓN VOTACIÓN CON LETRA PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 16,538 Dieciséis mil quinientos treinta y ocho PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 26,982 Veintiséis mil novecientos ochenta y dos PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 33,881 Treinta y tres mil ochocientos ochenta y uno PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 7,092 Siete mil noventa y dos PARTIDO DEL TRABAJO 4,918 Cuatro mil novecientos dieciocho PARTIDO CONVERGENCIA 494 Cuatrocientos noventa y cuatro
3 3 PARTIDO NUEVA ALIANZA 1,247 Mil doscientos cuarenta y siete PARTIDO SOCIALDEMOCRÁTA 355 Trescientos cincuenta y cinco COALICIÓN PARTIDO DEL TRABAJO PARTIDO CONVERGENCIA 178 Ciento setenta y ocho CANDIDATOS NO REGISTRADOS 54 Cincuenta y cuatro VOTOS NULOS 5,070 Cinco mil setenta VOTACIÓN TOTAL 96,809 Noventa y seis mil ocho cientos nueve 3. Juicio de inconformidad. El trece de julio de dos mil nueve, el Partido Revolucionario Institucional promovió juicio de inconformidad, ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal, con sede en Toluca, Estado de México, en contra de la declaración de validez de la elección y la entrega de la constancia correspondiente de mayoría, con la pretensión de que se decrete la nulidad de la elección. El juicio mencionado fue registrado con la clave ST-JIN- 9/2009, y el veinte siguiente, entre otros acuerdos, se admitió a trámite la demanda y radicó el expediente. 4. Sentencia impugnada. El treinta de julio la Sala Regional mencionada confirmó el acto impugnado.
4 4 5. Recurso de reconsideración. En desacuerdo, el dos de agosto del año en curso, el Partido Revolucionario Institucional, interpuso el recurso de reconsideración que se estudia. 6. Terceros interesados. El Partido de la Revolución Democrática compareció como tercero interesado. 7. Turno. El tres de agosto de dos mil nueve, dictado por la Magistrada Presidenta de la Sala Superior de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, turnó el expediente a la ponencia del Magistrado Pedro Esteban Penagos López, para los efectos previstos en los artículos 19 y 68, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 8. Admisión. Mediante proveído de once de agosto del presente año, el Magistrado Instructor admitió el presente recurso de reconsideración, con lo cual dejó los autos en estado de dictar resolución, la que ahora se pronuncia al tenor de los siguientes C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver este asunto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 60, párrafo tercero y 99, párrafo cuarto, fracción I,
5 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 186, fracción I y 189, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 64, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un recurso de reconsideración interpuesto por un partido político nacional en contra de una sentencia emitida por una Sala Regional de este Tribunal, en un juicio de inconformidad. SEGUNDO. Requisitos generales, presupuestos procesales y requisitos especiales de procedibilidad. Este órgano jurisdiccional considera que en este caso se encuentran satisfechos los requisitos exigidos por los artículos 9, 61, 62, párrafo 1, inciso a), fracción I, 63, párrafo 1, inciso c), 65 y 66 de la Ley General de Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para la procedencia del recurso de reconsideración, como se verá a continuación. 1. Requisitos generales. Los requisitos previstos en el artículo 9, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se encuentran satisfechos, ya que el escrito del recurso de reconsideración se presentó ante la autoridad responsable y en él se cumplen las exigencias formales, en tanto se señala el nombre del recurrente, se identifica la resolución impugnada y la autoridad responsable, se hace mención de los hechos y
6 6 agravios que causa la interlocutoria combatida, además de asentarse el nombre y firma autógrafa de quien promueve el recurso. 2. Procedencia material. Se actualiza el supuesto previsto en el artículo 61, párrafo 1, inciso a), fracción I, del ordenamiento invocado, conforme al cual, el recurso de reconsideración sólo procederá para impugnar las sentencias de fondo dictadas por las Salas Regionales en los juicios de inconformidad que se promuevan en contra de los resultados de las elecciones de diputados y senadores. Lo anterior, porque el recurrente interpuso el recurso de reconsideración en contra de la sentencia de la Sala Regional de la Quinta Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la cual se confirmaron los resultados, la declaración de validez de la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa, celebrada en el 02 distrito electoral federal en el Estado de Michoacán, y la expedición de la constancia de mayoría respectiva entregada a la fórmula postulada por el Partido de la Revolución Democrática. 3. Legitimación. El recurso de reconsideración fue interpuesto por parte legítima, ya que conforme con lo previsto en el artículo 65, párrafo 1, inciso a), de la citada ley adjetiva federal, el presente medio de impugnación corresponde interponerlo a los partidos políticos, y en la
7 7 especie, el Partido Revolucionario Institucional interpone el recurso de reconsideración que se resuelve. 4. Personería. Igualmente, se satisface este requisito, porque el recurso se interpuso por conducto de María Teresa González Murillo, en su carácter de representante propietario de dicho instituto político ante el Consejo Distrital Electoral Federal 02, con cabecera en Puruándiro, Michoacán, y es la persona que promovió el juicio de inconformidad cuya resolución se impugna, máxime que tal personería que le fue reconocida por la autoridad electoral administrativa primigenia y por la sala responsable. 5. Interés. El instituto político recurrente tiene interés jurídico, porque tiene la pretensión de revocar la sentencia de la Sala Regional, para que se declare la nulidad de la elección, y este recurso puede tener esos efectos. 6. Oportunidad. El escrito de interposición de este medio de impugnación fue presentado oportunamente, es decir, dentro del plazo de tres días establecido en el artículo 66, párrafo 1, inciso a), de la ley adjetiva federal en cita, toda vez que la resolución impugnada se notificó al recurrente el treinta de julio de dos mil nueve, esto es, el propio día de su dictado, y la demanda se presentó el dos de agosto siguiente. 7. Requisitos especiales del recurso. Asimismo, está acreditado que:
8 8 Se agotaron previamente en tiempo y forma las instancias de impugnación establecidas por esta ley, porque antes de acudir a esta instancia, el ahora recurrente agotó el juicio de inconformidad. Se señaló claramente el presupuesto de la impugnación, de conformidad con lo previsto por el Capítulo II del presente Título. Esto, porque el recurrente afirma que la responsable dejó de tomar en cuenta causas de nulidad debidamente probadas, y en el juicio de inconformidad planteó la nulidad de la elección. Se expresaron agravios en los que se aduce que la sentencia puede modificar el resultado de la elección. Esto, porque el recurrente afirma que durante la etapa preparatoria del proceso electoral y durante la jornada electoral se suscitaron irregularidades que actualizan la causal genérica de nulidad de la elección. TERCERO. Sentencia impugnada. SÉPTIMO. Estudio de fondo. En el escrito de demanda, la parte actor hace valer los agravios siguientes: (Se transcribe) AGRAVIOS: De la transcripción que antecede, se desprende que, en esencia, el enjuiciante sostiene que se vulneraron en su perjuicio los principios de legalidad y equidad en el proceso electoral, así como los artículos 39, 40, 41 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que durante las etapas del proceso, concretamente, la preparación de la elección y jornada electoral, sucedieron
9 9 diversos actos violatorios de los principios constitucionales que rigen todo proceso electoral y que constituyen una afectación determinante para el resultado de la elección, actos que fueron cometidos por el Gobierno del Estado de Michoacán, a través de distintas dependencias, por un actuar parcial a favor del candidato del Partido de la Revolución Democrática, y también es responsable el 02 Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral en Michoacán por consentir tales actos, que vulneraron la libertad de los ciudadanos al emitir su voto. Señala el actor que los actos violatorios al principio de equidad consistieron: 1. En la entrega de cemento por parte del Gobierno del Estado de Michoacán a los habitantes de los diecinueve municipios que conforman el 02 Distrito Electoral Federal en esa entidad federativa, desde el tres de junio del año en curso, favoreciendo con ello, a los candidatos del Partido de la Revolución Democrática. Que dichas entregas se realizaron por conducto de distintas dependencias del Gobierno estatal, utilizando como método, la distribución de un vale equivalente a media tonelada de cemento a cada familia, material que fue entregado en algunos municipios durante la etapa de preparación de la elección y, en otros, con posterioridad al cinco de julio de dos mil nueve, es decir, después de la jornada electoral. 2. Que funcionarios públicos violentaron lo ordenado por el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como lo establecido en el acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral CG310/2009, en razón de que los días dos y tres de julio de dos mil nueve realizaron la entrega de despensas, condicionando a los beneficiarios a votar por el Partido de la Revolución Democrática en los municipios de Tarímbaro y Puruándiro, Michoacán, pertenecientes a la demarcación del 02 Distrito Electoral de Michoacán, con lo que se concedió una ventaja al candidato José Marciano Torres Robledo al posicionarlo ilegalmente en el ánimo de los electores, violentando el principio de equidad y la libertad del sufragio, al ejercer presión sobre el electorado. 3. Que existe violación a los artículos 228, párrafo 3, y 237, párrafos 3, 4 y 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, pues el candidato del Partido de la Revolución Democrática no dejó de hacer
10 10 proselitismo los días dos, tres, cuatro y cinco de julio del presente año, dado que tuvo abierta y accesible su página de internet, cuya dirección es y en la cual se aprecia un video en donde el candidato José Marciano Torres Robledo emite un mensaje de sus propuestas. 4. Que el día de la jornada electoral continuó activo el proselitismo a favor del referido candidato del Partido de la Revolución Democrática, a través del acarreo de votantes a las casillas que se instalaron en el municipio de Tarímbaro, Michoacán, mediante vehículos del servicio público que estuvieron disponibles ese día y los cuales se identificaron con cartulinas con el nombre del candidato CHANO TORRES, un dibujo del sol (emblema del partido que lo postuló), así como la leyenda ruta a cubrir. Antes de iniciar con el estudio de los agravios que hace valer la parte actora, se estima necesario precisar lo siguiente: En primer término, debe tenerse en cuenta que el principal valor a proteger por el derecho electoral es el sufragio, y siendo indiscutible que si la certeza, libertad y transparencia con que se emitió el voto no están puestas en duda de manera alguna, resulta prioritario para este órgano jurisdiccional su salvaguarda por ser el valor jerárquicamente superior, sin que lo útil pueda ser perjudicado por lo inútil, según el principio conocido como de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, recogido en la tesis de jurisprudencia S3ELJD 01/98 identificada con el rubro: PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS, SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN, publicada en la Compilación Oficial Jurisprudencia y Tesis Relevante , páginas La parte actora pretende que se declare la nulidad de la elección, porque supuestamente existieron violaciones que afectan su validez. Al respecto, es indispensable dejar establecido lo siguiente: No obstante que en una parte de la demanda de inconformidad, el actor hace mención de la nulidad de
11 11 elección por causal abstracta, este órgano jurisdiccional procede a encausar los argumentos de la parte accionante a la actualización de la causal genérica de nulidad de la elección, que se encuentra prevista en el artículo 78 de la de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en virtud de que las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, únicamente declararán la nulidad de una elección por causales que expresamente se establezcan en las leyes, de conformidad con el artículo 99, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El numeral 78 de la ley procesal electoral establece: "Artículo 78. (Se transcribe) Los alcances de esa causa de nulidad, que se ha dado en llamar "genérica" son los que a continuación se precisan. Para que se anule una elección, conforme a dicho precepto, es preciso que se hubieren cometido violaciones: a) Sustanciales; b) en forma generalizada; c) en la jornada electoral; d) en el distrito o entidad de que se trate; e) plenamente acreditadas; y f) determinantes para el resultado de la elección Lo anterior sólo admite como excepción aquellas violaciones que reúnan tales características, pero que sean imputables a los partidos que las invocan o a sus candidatos. En primer término, se exige que las violaciones sean sustanciales, es decir, que afecten los elementos sin los cuales no es posible hablar de que se celebró una elección democrática, es decir, en la que la ciudadanía expresó libremente su voluntad acerca de quienes serán sus representantes. Tales elementos se encuentran inmersos en los principios constitucionales que rigen la elección de los poderes públicos, principalmente en los artículos 39, 41 y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que se traducen, entre otros, en: voto universal, libre, secreto y directo; la organización de las elecciones a través de un organismo público y autónomo; la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad como
12 12 principios rectores del proceso electoral; el establecimiento de condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación social; el control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, así como que en el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales debe prevalecer el principio de equidad. Asimismo, se exige que las violaciones sean generalizadas, lo que significa que no ha de ser alguna irregularidad aislada, sino de las violaciones que tengan mayor repercusión en el ámbito que abarca la elección respectiva, en el caso de la elección de diputados, en el distrito de que se trate. Lo anterior, con el fin de que, por las irregularidades cometidas cuyos efectos dañaran uno o varios elementos sustanciales de la elección, se traduzcan en una merma importante de dichos elementos, que den lugar a considerar que el mismo no se cumplió y, por ende, que la elección está viciada. Lo anterior se encuentra estrechamente ligado a la exigencia de que las violaciones sean determinantes para el resultado de la elección, pues en la medida en que las violaciones afecten de manera importante sus elementos sustanciales, ello conducirá a establecer la probabilidad de que tales irregularidades determinaron la diferencia de votos entre el partido que obtuvo el primer lugar, respecto del segundo, y de que se cuestione la legitimidad de los comicios y del candidato ganador. En cuanto al requisito de que las violaciones se hayan cometido en la jornada electoral, se considera que tal exigencia, prima facie, da la apariencia de que se refiere, exclusivamente, a hechos u omisiones ocurridos física o materialmente el día de la jornada electoral, de manera que toda invocación a hechos o circunstancias originados en la etapa de preparación, no serían susceptibles de configurar la causa de nulidad que se analiza. Sin embargo, se considera que en realidad el alcance del precepto es más amplio, porque se refiere a todos los hechos, actos u omisiones que se consideren violaciones sustanciales, generalizadas y determinantes para el resultado de la elección, que finalmente repercutan o produzcan efectivamente sus efectos principales el día de la jornada electoral.
13 13 Por tanto, quedan comprendidos los hechos, actos u omisiones que tengan verificativo de manera física o material desde antes del día de la elección, durante su preparación, así como los que se realizan ese día, todos ellos destinados a producir sus efectos perniciosos contra los principios fundamentales que rigen una elección democrática, durante el día de la jornada electoral, que constituye el momento cumbre o principal en el cual se expresa la voluntad ciudadana acerca de quiénes serán sus representantes en el ejercicio del poder soberano que le corresponde de manera originaria. En efecto, a fin de que el pueblo, en ejercicio de su soberanía, elija a sus representantes a través de elecciones libres, auténticas y periódicas, en el que exprese su voto de manera universal, libre, secreta y directa, el día de la jornada electoral, se ha establecido todo un proceso electoral compuesto de diversas etapas, todas ellas destinadas a lograr dicha finalidad, en cuyo desarrollo, a través de las distintas fases, se establecen diversos mecanismos y reglas que buscan garantizar o asegurar que tales principios fundamentales tengan efectiva realización. Un procedimiento es un conjunto de hechos concatenados entre sí, donde el que antecede sirve de base al siguiente, y a su vez, este último encuentra sustento en aquél, cuyo avance se da en el tiempo como instrumentación para alcanzar determinado fin. En ese sentido, en cada una de sus etapas, en las actividades, actos u omisiones que corresponda hacerse en ellas, deben observarse, en el mayor grado posible, los principios o valores que rigen el fin último al que están dirigidas y con eso contribuir a su logro, precisamente porque le sirven de instrumento; al efecto, se establecen las reglas conforme a las que han de realizarse los actos y los mecanismos adecuados para alcanzar la finalidad última. Pero cuando no es así, sino que se incurre en vicios o se contravienen los mecanismos o reglas, afectándose los principios o valores que los rigen, se puede llegar al grado de que el producto deseado no se consiga, como cuando tales violaciones son de tal manera graves que por sí mismas anulan la posibilidad de que se logre el fin, o como cuando se trata de muchas violaciones que se repitieron de manera constante durante el proceso.
14 14 En el proceso electoral, por regla general, la eficacia o vicios que se presenten en cada una de sus etapas van a producir sus efectos principales y adquirir significado, realmente, el día de la jornada electoral, y por tanto es cuando están en condiciones de ser evaluados, sustancialmente, porque los vicios no dejan de ser situaciones con la potencialidad de impedir que se alcance el fin de las elecciones (que el pueblo elija a quienes ejercerán su poder soberano mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo) e infringir los valores y principios que los rigen, en tanto constituyen la transgresión a las reglas jurídicas o mecanismos establecidos en la ley para conseguirlo, sin embargo, cabe la posibilidad de que por las circunstancias en que se verificaron las elecciones, el peligro que pudieron generar tales violaciones se torne inocuo, es decir, no produce realmente sus efectos, y a fin de cuentas, prevalecen los valores sustanciales. Esto tiene lugar, por ejemplo, cuando la autoridad electoral aprueba la lista de ubicación de las casillas, en la que un gran número de ellas se determina instalar en lugares de difícil acceso a los electores, acto que infringe la norma prevista en los artículos 239, párrafo 4, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y pone en peligro la universalidad del voto, en tanto que es importante que los electores puedan llegar fácilmente a los centros de votación para ejercerlo; sin embargo, si se demuestra que acudió a votar un gran número de los electores correspondientes a cada una de esas casillas y no se presenta alguna otra irregularidad, en ese caso el peligro se disminuyó considerablemente de manera que el bien jurídico protegido prevaleció. Es en razón de lo anterior, luego de que transcurre la jornada electoral y se obtienen los resultados de las casillas, la autoridad administrativa electoral correspondiente procede (después de realizar un cómputo general) a calificar la elección. En ese acto de calificación la autoridad analiza si se cometieron irregularidades durante el desarrollo del proceso electoral en cualquiera de sus etapas, y en caso de ser así, valora en qué medida afectaron los bienes jurídicos, valores y principios que rigen las elecciones con el fin de determinar si los mismos permanecen o bien, si la afectación fue de tal magnitud que en realidad no subsistieron.
15 15 En el primer caso, declara válida la elección y, en el segundo, no realiza esa declaración de validez, porque en este último caso significa que no se alcanzó la finalidad, esto es, no se logró obtener, mediante el voto universal, libre, secreto y directo, la voluntad popular en torno a quienes elige para que en su representación ejerzan su poder soberano. Es precisamente ese acto en que se califica y valida la elección, el que constituye el objeto de impugnación cuando se hace valer su nulidad, por el medio de impugnación correspondiente ante la autoridad jurisdiccional electoral, como se desprende, verbigracia, del artículo 50, apartado 1, inciso b), fracción I, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en el cual se establece que son actos impugnables a través del juicio de inconformidad, entre otros, las declaraciones de validez de las elecciones, por nulidad de la votación recibida en una o varias casillas o por nulidad de la elección. Así, queda evidenciado que la causa de nulidad prevista en el artículo 78 de la ley mencionada no se refiere exclusivamente a hechos o circunstancias que hayan tenido realización material el día de la jornada electoral, sino a todos aquéllos que incidan o surtan efectos ese día en el gran acto de la emisión del voto universal, libre, secreto y directo, que, por lo mismo, se traducen en violaciones sustanciales en la jornada electoral, al afectar el bien jurídico sustancial del voto en todas sus calidades. En ese sentido, la causal que se analiza atañe a la naturaleza misma del proceso electoral y los fines que persigue, en la cual, la nulidad la determina el hecho de que las violaciones sean suficientes y en tal grado que permitan afirmar que tales fines no se alcanzaron, es decir, que no se obtuvo una elección libre y auténtica, a través del voto universal, libre, secreto y directo de los ciudadanos. Esto, porque se exige que las violaciones sean sustanciales, generalizadas y determinantes para el resultado de la elección, lo que implica que por su constante presencia durante el desarrollo del proceso electoral, y por sus circunstancias sean eficaces o decisivas para afectar los bienes jurídicos sustanciales mencionados.
16 16 Por último, cabe mencionar, respecto del requisito de que las violaciones se prueben plenamente, que la causa de nulidad que se analiza es de difícil demostración, dada su naturaleza y características, donde la inobservancia a los elementos sustanciales implica la realización de un ilícito o incluso, un delito, que su autor trata de ocultar; ante lo cual, para cumplir la exigencia de su plena demostración, resulta importante la prueba indiciaria. En efecto, la prueba indiciaria resulta ser la idónea para la comprobación de las violaciones que dan lugar a esta causa de nulidad, en virtud de que para la demostración de la inobservancia de los elementos constitutivos de una elección democrática, auténtica y libre, con relación a unos comicios determinados, debe tenerse en cuenta que los hechos o circunstancias que dan lugar a la referida inobservancia, se encuentran en distinto contexto, lo cual ocasiona que se presenten diferentes grados de dificultad en su demostración, porque algunas veces se produce la conculcación, en virtud de un acto de autoridad con determinadas particularidades, que permiten la demostración de las afirmaciones sobre el hecho citado, mediante la prueba documental pública; pero en otras ocasiones, la inobservancia de los principios en comento implica, a su vez, la comisión de un ilícito en general o, incluso, un delito. Es patente que al presentarse esto último, el autor del ilícito trate de ocultar su obra, lo cual es difícil probar. Del análisis de los elementos que configuran la causa de nulidad genérica prevista en el artículo 78 de la Ley General del Sistema de Impugnación en Materia Electoral, se puede establecer que tiene como finalidad garantizar que se respeten los principios o elementos fundamentales previstos en la Constitución sobre las elecciones democráticas, ya que si se dañan de modo importante los bienes jurídicos sustanciales de toda elección y los valores y principios que a los mismos corresponden, dicha elección está viciada y, por tanto, su nulidad debe declararse. De esta manera, esta Sala Regional estudiará las irregularidades argumentadas por la parte actora a la luz de la causal genérica de nulidad de elección prevista en el mencionado numeral 78.
17 17 Entrega de Cemento El primer agravio está enderezado, sustancialmente, a demostrar que durante el proceso electoral, específicamente en las etapas de preparación de la elección y jornada electoral, sucedieron actos violatorios al principio de equidad y, en general, a los principios constitucionales y rectores de todo proceso comicial, causando perjuicio en sus derechos, toda vez que dichas irregularidades fueron determinantes para el resultado de la votación, ya que, según afirma el actor, desde el tres de junio de dos mil nueve el Gobierno del Estado de Michoacán, a través de distintas dependencias, entregó cemento a los habitantes de los diecinueve municipios que integran el 02 Distrito Electoral Federal con residencia en Puruándiro, en la entidad federativa mencionada. Asimismo, que los días dos y tres de julio de dos mil nueve, funcionarios públicos de los municipios de Tarímaro y Puruándiro, Michoacán, entregaron despensas a los ciudadanos de dichos municipios, condicionando la entrega por el voto a favor del Partido de la Revolución Democrática. Pruebas. Con el fin de demostrar el agravio que le generan los hechos narrados en su escrito de demanda, el partido enjuiciante aporta los siguientes medios de prueba: a). Original de un acta circunstanciada de comparecencia de tres ciudadanas ante el Síndico Municipal del Ayuntamiento de Santa Ana Maya, Michoacán, de primero de julio de dos mil nueve, documental que obra a foja 44 del expediente principal. b). Copia simple de escrito de comparecencia de dos ciudadanos ante el Síndico del Ayuntamiento de Álvaro Obregón, Michoacán, de primero de julio de dos mil nueve (foja 45). c). Original de comparecencia de dos ciudadanos ante el Síndico Municipal de Álvaro Obregón, Michoacán, de primero de julio del año en curso (foja 46). d). Copias simples que se anexan al acta formulada por el Síndico del Ayuntamiento de Álvaro Obregón, Michoacán, consistentes en:
18 18 -Carta porte número A 2103, de fecha primero de junio de dos mil nueve (foja 47). -Remisión tipo salida número 3509, de primero de junio de dos mil nueve (foja 48). -Recibo 32545, de primero de junio de dos mil nueve (foja 49). -Documento que aparenta ser un vale canjeable por 0.5 toneladas de cemento, con número de folio , de dos de junio de dos mil nueve (foja 61). e). Once impresiones con diferentes imágenes, igualmente avaladas por el Síndico Municipal de Álvaro Obregón, Michoacán. f). Original de acta de comparecencia de parte de tres ciudadanos ante el Síndico del Ayuntamiento de Numarán, Michoacán, de veintiséis de junio de dos mil nueve (foja 62). g). Copias simples de vales canjeables por 0.5 toneladas de cemento, cuyos números de folio son: (foja 64); , , , , y (fojas 72 a 77); y (fojas 123 y 124). h). Copias simples de credenciales de elector, correspondientes a los ciudadanos que comparecieron ante el Síndico de Numarán, Michoacán (fojas 65 a 67). i). Copias certificadas de la denuncia presentada el ocho de junio del año en curso ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, por parte del apoderado legal del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Michoacán (fojas 68 a 71). j). Original del escrito de trece de julio de dos mil nueve, signado por Jesús Remigio García Maldonado, quien se ostenta como representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, ante el Consejo Local del Instituto Federal Electoral en el Estado de Michoacán, mediante el cual solicita a dicho consejo, copias certificadas del requerimiento formulado al Secretario de Gobierno de Michoacán, referente a la entrega de cemento en Michoacán (foja 80). k). Originales de escritos de fecha trece de julio del presente año, signados por Jesús Remigio García Maldonado, quien se ostenta como representante propietario del Partido
19 19 Revolucionario Institucional, ante el Consejo Local del Instituto Federal Electoral en el Estado de Michoacán, por los cuales solicita al Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Secretario de Urbanismo y Medio Ambiente e Instituto de Vivienda, todas dependencias del Gobierno de Michoacán, información sobre la entrega de cemento en esa entidad federativa (fojas 82 a 84). l). Copia certificada de la solicitud de trece de julio de dos mil nueve, suscrita por Jesús Remigio García Maldonado, quien se ostenta como representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, ante el Consejo Local del Instituto Federal Electoral en el Estado de Michoacán, por virtud de la cual pide al Gobernador de Michoacán, información relativa a la entrega de cemento a los habitantes de esa entidad federativa (foja 81). m). Copia simple del escrito de fecha trece de julio de dos mil nueve, firmado por Jesús Remigio García Maldonado, quien se ostenta como representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Local del Instituto Federal Electoral en el Estado de Michoacán, por el cual solicita al Gobernador de Michoacán, información relacionada con la entrega de cemento a los habitantes de la entidad federativa (fojas 121 y 122). En relación con lo anterior, el partido tercero interesado manifestó: los agravios del Partido Revolucionario Institucional son generales y carecen de pruebas fehacientes que acrediten sus afirmaciones, pues no especifica el número de los ciudadanos que supuestamente fueron beneficiados con la entrega de cemento y despensas; además de que en el municipio de Tarímbaro, no se reflejaron las supuestas violaciones en el resultado de la votación, pues el partido actor ganó en las casillas que se instalaron en el municipio señalado. Ahora bien, este órgano jurisdiccional estima que el agravio esgrimido por el actor deviene infundado, por las razones que a continuación se expresan. Como ya se dijo, el actor pretende la declaración de nulidad de la elección, para lo cual aportó las pruebas antes descritas, mismas que son valoradas en términos de los artículos 14 y 16 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia. Con el propósito de demostrar que el
20 20 Gobierno del Estado de Michoacán entregó cemento a los ciudadanos de los municipios que integran el 02 Distrito Electoral Federal, la parte actora exhibe denuncia presentada el ocho de junio de dos mil nueve por el apoderado legal del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Michoacán ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, cuyo contenido es del tenor siguiente:
23 23 Del documento transcrito, se obtiene lo siguiente: 1. Que el ocho de junio de dos mil nueve, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República recibió la denuncia suscrita por Enrique Morelos Guzmán, quien se ostenta como apoderado legal del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Michoacán. 2. La denuncia refiere hechos presuntamente constitutivos de delitos electorales atribuidos al Gobierno del Estado de Michoacán, a través del Instituto de la Vivienda, así como la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, toda vez que, asegura el denunciante, que militantes del Partido de la Revolución Democrática estuvieron distribuyendo entre los ciudadanos, vales canjeables por 0.5 cero punto
24 24 cinco toneladas de cemento en los municipios de Zacapu, José Sixto Verduzco y Numarán, Michoacán. 3. Como respaldo a sus afirmaciones, el quejoso aportó a la autoridad penal, cinco copias certificadas y una copia simple de los mencionados vales, cuyos folios corresponden a los números , , , , y , respectivamente. 4. En la denuncia se destaca que una persona llamada Jesús González Lemus, supuestamente militante del Partido de la Revolución Democrática, cuando realizó la entrega de los vales canjeables por cemento, manifestó a los beneficiarios que eran parte de los apoyos del referido partido político y que se los enviaba el ciudadano Martín Avilés quien es candidato de ese partido político, y que dicho apoyo lo podrían recibir después del cinco de julio, cuando hubieran acudido a las urnas a votar por el Partido de la Revolución Democrática. Al respecto, esta Sala Regional considera que la documental de referencia solamente acredita la presentación de la denuncia por el Partido Revolucionario Institucional y los términos en que la misma fue formulada, pero no demuestra la veracidad de los hechos denunciados ni las personas que pudieran ser los posibles responsables de las conductas denunciadas. Además, en la propia denuncia se asienta que Jesús González Lemus, supuestamente militante del Partido de la Revolución Democrática, quien supuestamente realizó la entrega de los vales canjeables por cemento, les comentó a los beneficiarios que eran parte de los apoyos del referido partido político y que se los enviaba el ciudadano Martín Avilés quien es candidato de ese partido político. Sobre el particular, esta Sala Regional destaca que José Marciano Torres Robledo y Raúl Barajas Ontiveros, contendieron en la pasada jornada electoral como candidatos del Partido de la Revolución Democrática al cargo de diputado en el 02 distrito electoral federal en Michoacán, como propietario y suplente, respectivamente, por tanto, el hecho de que aparentemente Martín Avilés haya enviado a los beneficiarios el apoyo consistente en el cemento, resulta irrelevante para la elección que se cuestiona, toda vez que la persona a la que se hace referencia en la denuncia, cuyo nombre completo es Martín García Avilés participó como candidato del Partido
25 25 de la Revolución Democrática al cargo de diputado federal en el 07 distrito electoral federal en el Estado de Michoacán, con cabecera en Zacapu, hecho notorio que se invoca por este órgano jurisdiccional en términos de lo dispuesto por el artículo 15, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Por lo que hace a los vales canjeables por cemento, a continuación se inserta la imagen de una de ellos, para efectos de apreciar su diseño y contenido:
26 26 Como se puede apreciar de la imagen, los vales se atribuyen al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán, y señalan que vale por la cantidad de 0.5 cero punto cinco toneladas de cemento del Programa de Mejoramiento y Autoconstrucción de Vivienda, se debe indicar el Municipio al que corresponden y la localidad, hacen referencia al año 2009 dos mil nueve, tienen un espacio para asentar el nombre y firma del beneficiario que lo recibió, y en la parte inferior se señala lo siguiente: Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y está prohibido su uso para fines políticos, electorales y de lucro. El uso indebido de los recurso de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente. Lo antes transcrito, evidencia que en los vales se insertó la leyenda de que el programa de referencia no es patrocinado por ningún partido político, ello con el objeto de hacer del conocimiento de los beneficiarios que ese programa no está patrocinado ni promovido por alguna fuerza política. Por tanto, con los vales que se analizan no se demuestra que ese programa social haya sido utilizado por el Partido de la Revolución Democrática para apoyar a sus candidatos. En el expediente, obran agregados diez vales con la información siguiente: FOJA FOLIO MPIO FECHA BENEFICIARIO Álvaro Obregón 2 de junio Numarán En blanco Zacapu En blanco Zacapu En blanco Zacapu En blanco José Sixto Verduzco 5 de junio 2009 Ma. Eugenia Hueramo León Guadalupe García Ramírez Alberto Juárez Mendieta Elizabeth Sixto Cedillo Armando Hernández Hernández Rosa Martha Cano Morales
27 José Sixto Verduzco 5 de junio Numarán En blanco La Huacana En blanco Múgica En blanco Socorro Rosales Montoya Guadalupe García Ramírez América Ríos Sandoval Irma Paredes Morales Con tales documentales sólo se acredita la entrega de los vales a los beneficiarios del Programa de Mejoramiento y Autoconstrucción de Vivienda; sin embargo, no se demuestra que se haya condicionado a los beneficiarios la entrega del cemento, a cambio de que votaran a favor de los candidatos del Partido de la Revolución Democrática. Además, el Licenciado Perseo Alejandro Ibáñez Martínez, Notario Público número 121, con residencia en Tarímbaro, Michoacán, en la certificación que formula, solamente hace constar que tuvo a la vista las copias de tales vales, pero no se pronuncia respecto de su autenticidad. Por otra parte, con la finalidad de demostrar la entrega de cemento a diversos habitantes del distrito electoral federal en que se realizó la elección ahora cuestionada, el partido inconforme aportó como pruebas diversas actas elaboradas por los síndicos de diversos ayuntamientos del Estado de Michoacán. Se destaca que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, los síndicos de los ayuntamientos cuentan con las atribuciones que a continuación se precisan. Artículo 51. (Se transcribe) Como se puede apreciar, en el Estado de Michoacán a los síndicos de los ayuntamientos se les confiere la atribución de fungir como Agente del Ministerio Público en los casos y condiciones que determine la ley respectiva. Tal atribución es de suma importancia, en tanto que las actas que a continuación se examinan, fueron formuladas por síndicos de distintos ayuntamientos del Estado de Michoacán, cuando estaban desempeñando la función de
28 28 Agentes de Ministerio Público en su localidad, ya que los ciudadanos que más adelante se identifican acudieron ante ellos a denunciar actos que estimaban contrarios a la ley. También se resalta que conforme a lo previsto por el artículo 14, fracción IV, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, los síndicos son auxiliares del Ministerio Público y están obligados a cumplir con sus órdenes. Además, el artículo 23 de la invocada ley, señala las reglas que rigen la actuación de los síndicos de los ayuntamientos cuando estos asumen las funciones del Ministerio Público, entre las cuales se encuentra la obligación de los síndicos de remitir todo lo actuado al agente del Ministerio Público de su distrito judicial. El artículo 23 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, establece: Artículo 23.- (Se transcribe). En primer lugar, se analiza el acta de comparecencia de los ciudadanos Benjamín Saucedo Mora y David Lemus Ramírez, ante el Síndico del Ayuntamiento de Álvaro Obregón, Michoacán, de fecha primero de julio de dos mil nueve. El contenido de dicha acta es del tenor siguiente:
29 29 De la documental anterior, se desprende: 1. Que Benjamín Saucedo Mora y David Lemus Ramírez informaron al Síndico Municipal de Álvaro Obregón, Michoacán, sobre la posible comisión de un delito electoral por parte del Partido de la Revolución Democrática, ya que según su dicho se encontraban varios trailers cargados con cemento y fertilizante, materiales que estaban distribuyendo a la gente. 2. Una vez enterado de lo sucedido, el funcionario municipal comisionó a dos servidores públicos del mismo ayuntamiento, a efecto de verificar los hechos denunciados mediante la realización de una inspección ocular; que los funcionarios comisionados le informaron al síndico que efectivamente había varios camiones con toneladas de cementos y fertilizante, entregando al síndico las pruebas respectivas que acreditan lo observado por los comisionados. Los elementos que los comisionados entregaron al síndico, se anexaron al acta correspondiente, con el propósito de evidenciar lo investigado por los comisionados respecto de los hechos denunciados por los ciudadanos antes mencionados. Mismos documentos que en copias simples obran en el expediente en que se actúa y que consisten en: -Carta porte A 2103, de primero de junio de dos mil nueve. -Remisión tipo salida número 3509, de fecha primero de junio de dos mil nueve. -Recibo número 32545, de fecha primero de junio de dos mil nueve. -Vale canjeable por 0.5 toneladas de cemento, con número de folio , de fecha dos de junio de dos mil nueve. Asimismo, como parte de las probanzas entregadas al Síndico de Álvaro Obregón, Michoacán, obran once impresiones con diferentes imágenes, las cuales se insertan para una mejor apreciación: (Se insertan Fotografías). De las anteriores imágenes se obtiene lo siguiente:
30 30 Descripción Fotografía 1 Fotografía 2 Fotografía 3 Fotografía 4 Fotografía 5 Fotografía 6 Fotografía 7 Fotografía 8 Fotografía 9 Fotografía 10 Fotografía 11 Se observa la leyenda TZINTZIMEO ENTREGA DE FERTILIZANTES, y a siete personas; tres arriba de un camión de carga donde se aprecian algunos costales, y el resto de personas abajo de dicho camión, donde también se ven costales, una de las personas intenta cargar un costal. Se observa la leyenda TZINTZIMEO ENTREGA DE FERTILIZANTES, ES MARTHA LÍDER DEL PRD, y una flecha apuntando hacia una persona; también se puede apreciar estacionada una camioneta de carga con la leyenda MATERIALES PARA LA CONTRUCCIÓN. EDUARDO DÍAZ y una cruz azul con un marco rojo, vehículo que transporta costales, así como a dos personas arriba de ésta, una sosteniendo un costal con sus dos manos, y un camión también de carga en posición de descargue con la camioneta antes señalada, con las puertas traseras abiertas, donde se ven algunos costales en su interior. Se observa un manuscrito que dice: Carrillo PRD, un camión grande con varios costales, a cinco personas arriba de él (aparentemente bajando costales), un tractor cerrando el paso de la calle a un costado del camión, así como un grupo de aproximadamente quince personas cerca del mismo. Se observa la leyenda: TROJES POR PARTE DEL PRD, y un trailer en color blanco con placas (ilegible) , con costales en su parte trasera. Se observa trailer en color rojo, placas 773-DU-1, con la caja trasera cerrada color blanco con azul. Se observa un trailer en color rojo, con la caja trasera blanca con una franja verde y una puerta lateral abierta donde se encuentra una persona cargando un costal blanco, así como a un costado del camión una camioneta marca FORD, blanca, sin placas y una persona parada atrás de ésta. Se observa un trailer en color rojo, con la caja trasera blanca con azul, así como a un costado del camión un vehículo de arrastre de un eje (con al parecer costales) y a dos personas a un lado del vehículo, una de espaldas y la otra de frente. Se observa un trailer en color rojo, con la caja trasera blanca con azul y una puerta lateral abierta, así como a un lado del camión está una camioneta de color oscuro y una persona parada atrás de la misma. Se observa la misma imagen de la fotografía 1, pero sin la leyenda inserta. Se aprecia una camioneta roja, marca CHEVROLET, que trae un remolque de dos ejes con costales y a tres personas arriba de éste una sosteniendo un costal con sus dos manos y otra inclinada tomando otro. Además, se ven cinco personas observando la escena. Se observa la misma imagen de la fotografía 2, pero sin leyendas insertas. Ahora bien, de las pruebas documentales y técnicas antes analizadas, este órgano jurisdiccional advierte:
31 31 A). Que con el acta de comparecencia expedida por el Síndico del Ayuntamiento de Álvaro Obregón, se acredita que los dos ciudadanos que quedaron identificados comparecieron a denunciar hechos irregulares supuestamente realizados por el Partido de la Revolución Democrática; que el síndico comisionó a dos funcionarios del ayuntamiento para que realizaron una inspección, y que de la misma se obtuvo que había camiones con costales de cemento y fertilizantes, y que se estaban canjeando por vales. Destacándose que los hechos que se hacen constar en el acta no fueron presenciados de manera directa por el síndico, sino que fueron observados por los ciudadanos Rafael Torres Serrano y Eduardo Antonio Moreno, comisionados por el propio síndico para realizar la inspección. Además, en el acto no se asientan las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se realizó la inspección ocular, ya que en el acta no se indica la hora de inició y conclusión de dicha diligencia, el lugar o las calles en las que se constituyeron los comisionados para realizarla, las personas que estaban entregando y recibiendo los costales de cemento y fertilizante; tampoco se identifica al ciudadano que supuestamente les permitió ver el vale que estaba canjeando. Asimismo, no se hace constar ni se demuestra que los costales de cementos y fertilizante que fueron entregados a las personas, hayan sido condicionados a cambio del voto a favor de los candidatos a diputados en el 02 distrito electoral federal en el Estado de Michoacán. B). Respecto de los documentos consistentes en la copia simple de: -Carta porte A 2103, de primero de junio de dos mil nueve. -Remisión tipo salida número 3509, de fecha primero de junio de dos mil nueve. -Recibo número 32545, de fecha primero de junio de dos mil nueve. -Vale canjeable por 0.5 toneladas de cemento, con número de folio , de fecha dos de junio de dos mil nueve.
32 32 Solamente se advierte que están relacionados con la transportación de fertilizante, aunado a que las fechas de expedición de tales documentos, esto es, primero y dos de junio de dos mil nueve, no coinciden con la fecha en que supuestamente sucedieron los hechos y que se hacen constar en el acta formulada por el Síndico Municipal, es decir, el primero y dos de julio del año en curso. C). Por lo que hace a las once imágenes antes descritas, de ellas sólo se advierte la existencia de diversos camiones de carga con costales, sin que pueda constatarse su contenido, aunque el actor sostiene que eran de cemento, y a personas entregando y recibiendo tales costales. Sin embargo, como ya se dijo, en el acta del síndico municipal no se hace referencia al lugar en que fueron tomadas las placas fotográficas, no se identifica a las personas que en ellas se observa. Además, con tales probanzas no se acredita que la entrega del supuesto cemento o fertilizante se haya condicionado a cambio del voto a favor de los candidatos del Partido de la Revolución Democrática a diputados en el 02 distrito electoral federal en el Estado de Michoacán. Así las cosas, esta Sala Regional concluye que los elementos antes analizados no son suficientes para demostrar lo afirmado por el actor en el sentido de que en el Municipio de Álvaro Obregón, Michoacán, la entrega de cemento y fertilizante por parte del Gobierno del Estado de Michoacán, se realizó en presencia de líderes o militantes del Partido de la Revolución Democrática, con el objeto de condicionar su entrega a cambio de que votaran por los candidatos a diputados en el distrito antes mencionado. A continuación se examinan otra dos actas expedidas por los Síndicos de los Ayuntamientos de Santa Ana Maya y Numarán, Michoacán, exhibidas por el actor con la finalidad de acreditar que en dichos municipios el Gobierno del Estado de Michoacán y el Partido de la Revolución Democrática entregaron cemento a los habitantes, con el fin de coaccionar el voto de los ciudadanos. Los documentos referidos son del tenor siguiente:
35 35 En la primer acta, se advierte que el primero de julio de dos mil nueve, tres ciudadanas de nombres Ma. De Jesús Zamora Quintana, Adelina Calderón Martínez y Ma. Eugenia Jungo Herrejón, comparecieron ante el Síndico Municipal de Santa Ana Maya, Michoacán, para hacer del conocimiento al servidor público que personal de la Secretaría Política Social del Estado de Michoacán, acompañados de personas que las comparecientes identifican como militantes del Partido de la Revolución Democrática, les habían entregado vales canjeables por 0.5 cero punto cinco toneladas de cemento a nombre de la referida Secretaría de Política Social; mencionan las ciudadanas que había persuasión de que dichos apoyos venían del Partido de la Revolución Democrática y a su vez del Gobierno del Estado de Michoacán. Ahora bien, esta Sala Regional considera que con el contenido del acta referida, únicamente se acredita que ante el síndico municipal comparecieron las ciudadanas antes identificadas y que manifestaron lo que en la propia acta se asienta; sin embargo, ello no es suficiente para demostrar la veracidad de lo expresado por las comparecientes, en el sentido de que el cemento que se les entregaría era un apoyo proveniente del Partido de la Revolución Democrática; ni manifiestan menos, aún comprueban que la entrega del cemento estaba condicionada a que sufragaran a favor de los candidatos del mencionado partido político. En el segundo documento, se aprecia que el veintiséis de junio de dos mil nueve, los ciudadanos José Luis Juárez Arizaga, David Ayala Higuera y Pedro Ayala Higuera acudieron ante el Síndico del Ayuntamiento de Numarán, Michoacán, a denunciar que en una bodega ubicada en la Ciudad de La Piedad, en la misma entidad federativa, se encontraban tres camiones cargados con cemento, material que distribuían entre las familias de ese lugar, a cambio de vales que con anterioridad les fueron entregados por el Gobierno Estatal; tales hechos, a decir del funcionario municipal, le constan, ya que se constituyó en el lugar antes indicado, a las catorce horas con treinta minutos, y constató que se estaba realizando el canje de cemento por los vales expedidos por el Gobierno del Estado de Michoacán, sin que las personas que estaban entregando el cemento le informaran a qué programa social correspondía dicha entrega.
36 36 Al respecto, esta Sala Regional advierte que al síndico sí le consta la entrega de cemento a cambio de los vales expedidos por el Gobierno del Estado de Michoacán; se identifica además al ciudadano que le permitió observar el vale que estaba canjeando y que ampara media tonelada de cemento. Sin embargo, el síndico no hace constar el número de personas a las que se le estaba entregando el cemento, ni menciona que la entrega del material para construcción se estuviera realizando a cambio del voto a favor de los candidatos del Partido de la Revolución Democrática, tampoco hace constar que en la entrega del cemento interviniera algún militante de ese partido político. También se resalta que los hechos que hace constar el síndico, aparentemente, ocurrieron en el Municipio de La Piedad, cuando el síndico que formuló el cata corresponde al Municipio de Numarán. Así las cosas, con tales documentales solamente se acredita el canje de vales por costales de cemento, que tales vales fueron expedidos por el Gobierno del Estado de Michoacán, pero no son suficientes para evidenciar que dicha entrega se condicionara a que los beneficiarios sufragaran por los candidatos del Partido de la Revolución Democrática. Por otra parte, el partido accionante aporta cuatro escritos signados por Jesús Remigio García Maldonado, quien se ostenta como representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Local del Instituto Federal Electoral en el Estado de Michoacán, todos de fecha trece de julio de dos mil nueve, dirigidos al Gobernador del Estado de Michoacán, a la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente, a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, así como al Instituto de la Vivienda, todas ellas, dependencias del Gobierno Estatal, mediante los cuales solicita información relativa a la entrega de cemento que supuestamente entregaron a algunos ciudadanos en distintos municipios del Estado. Esta Sala Regional puntualiza que con tales documentales, el actor pretende demostrar que el Gobierno del Estado de Michoacán entregó cemento a los ciudadanos y habitantes de la entidad para favorecer a los candidatos del Partido de la Revolución Democrática, lo cual no evidencia, ya que el simple hecho de solicitar información relacionada con la distribución de ese material, no significa que se haya
37 37 condicionado por el sufragio de los beneficiarios a favor del mencionado partido político. También se destaca que los escritos referidos están fechados el trece de julio de dos mil nueve, día en que se presentó el juicio de inconformidad que se analiza, y tienen los sellos de recibido de las dependencias a las que se dirigen en las que se asentó la misma fecha de trece de julio de este año. Lo anterior, evidencia que la información que refiere el actor fue solicitada el mismo día en que promovió este juicio, es decir, no se solicitó con la oportunidad requerida. Sobre el ofrecimiento de pruebas, el artículo 9, párrafo 1, inciso f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, señala que en el escrito de demanda, el actor debe precisar las pruebas que deban requerirse por la autoridad jurisdiccional, siempre y cuando justifique que oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente, y éstas no le hubieren sido entregadas. En el caso concreto, es evidente que el actor no solicitó oportunamente la información que pretende aportar como prueba, ya que su solicitud la formuló el mismo día en que presentó este juicio de inconformidad. Por tal razón, no es dable a esta Sala Regional aceptar la petición del hoy actor de requerir a las autoridades antes mencionadas que envíen a este órgano jurisdiccional la información que les solicitó, ya que su petición no fue formulada de manera oportuna ante tales autoridades. Además, también se destaca que fue hasta el veintitrés de julio de dos mil nueve, cuando el accionante planteó ante esta Sala Regional la necesidad de requerir tales probanzas, es decir, su petición ni siquiera la formuló en el escrito inicial de demanda. Por lo que hace a las pruebas supervenientes que el actor ofreció y aporto mediante escrito presentado el veintitrés de julio de este año, esta Sala Regional considera lo siguiente: El artículo 15, párrafo 4, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, establece que en ningún caso se tomarán en cuenta para resolver las pruebas ofrecidas o aportadas fuera de los plazos legales. La única excepción a esta regla será la de pruebas
38 38 supervenientes, entendiéndose por tales los medios de convicción surgidos después del plazo legal en que deban aportarse los elementos probatorios, y aquellos existentes desde entonces, pero que el promovente no pudo ofrecer o aportar por desconocerlos o por existir obstáculos que no estaban a su alcance superar, siempre y cuando se aporten antes del cierre de la instrucción. En el caso concreto, la copia certificada del oficio OCEL/063/2009 que el actor pretende aportar como prueba superveniente, no tiene las características que exige el precepto en mención para aceptar con ese carácter, como se evidencia a continuación: -Copia certificada del oficio OCEL/063/2009 de fecha dos de julio de dos mil nueve, dirigido al Secretario de Gobierno del Estado de Michoacán, signado por los Consejeros Electorales que integran el Consejo Local del Instituto Federal Electoral en la mencionada entidad federativa, a través del cual solicitan información sobre la entrega de vales de cemento. Se trata de un oficio elaborado con fecha anterior a la presentación del escrito de la demanda de juicio de inconformidad, sin que el actor manifieste que no tenía conocimiento de la existencia del mismo. Si bien ese documento fue expedido al accionante el catorce de julio de este año, según se advierte de la certificación respectiva, lo cierto es que ello se debió a que la solicitud de expedición la formuló hasta el día trece de julio anterior a las 19:25 horas, es decir, horas antes de que presentara este juicio de inconformidad, aun cuando tenía la carga de legal de solicitar esa información con la oportunidad requerida. Por lo que hace a la copia certificada del oficio 123/2009 de fecha tres de julio de dos mil nueve (y anexos que acompaña al mismo), signado por el responsable de Acceso a la Información de la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Michoacán, dirigido a Paublino Ávila García, se advierte que si bien este documento está dirigido a una persona diversa al representante del partido actor, lo cierto es que se trata de una persona que el propio partido político está autorizando para recibir notificaciones en el presente juicio, lo que evidencia que hay un vínculo que une a esa persona con el accionante.
39 39 En este caso, sí se acredita que la información que se aporta como prueba superveniente fue solicitada desde el veintitrés de junio de dos mil nueve y que la misma fue entregada al peticionario el catorce de julio de este año. También se advierte que la copia de tal documentación, fue certificada por el respectivo Notario Público el veintiuno de julio de esta anualidad. Sin embargo, se aporta a este juicio hasta el veintitrés de julio siguiente, es decir, nueve días después de que fue entregada por la autoridad correspondiente, cuando lo pertinente hubiera sido que se exhibiera esa documentación ante esta autoridad jurisdiccional de manera inmediata. A pesar de tal circunstancia de temporalidad, lo cierto es que esa documentación fue aportada a esta Sala Regional antes del cierre de instrucción del presente juicio, razón por la cual se admite como prueba superveniente. La copia certificada del oficio 123/2009 es del tenor siguiente:
40 40 Como se puede apreciar, desde el veintitrés de junio de dos mil nueve, el ciudadano peticionario solicitó a la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Michoacán que le informara respecto de los vales de cemento que se habían estado entregando en esa entidad federativa, quiénes eran los beneficiarios, cuántas toneladas de cemento se habían entregado por municipio, el contenido de las reglas de operación del Programa de
41 41 Mejoramiento de la Vivienda, relación de los proveedores a los que se les compró el cemento para dicho programa. Al respecto, la autoridad a la que se le requirió la información, hizo del conocimiento del ciudadano que: 1. El programa se encontraba en ejecución y que la información solicitada no está sistematizada, ni programada en la forma en que la solicita, por lo que en ese momento no era factible proporcionar tal información. 2. Una vez que se obtuviera del proveedor la cuantificación de los vales que han sido entregados y canjeados por cemento, se hará pública esa información, lo cual ocurrirá hasta el término del ejercicio 2009 dos mil nueve. 3. El nombre del proveedor de cemento es CEMEX MÉXICO, S.A. DE C.V. 4. El costo unitario de cemento es de $1,600 mil seiscientos pesos, incluye I.V.A. Además, como anexo al oficio de referencia, se cuenta con el documento denominado Lineamientos para la operación del Programa de Fortalecimiento de Regulación de la Vivienda 2009, del cual se advierte que se trata de un programa para apoyar el mejoramiento de las viviendas, dirigido a municipios con condiciones diferentes de marginación, orientado a familias con necesidades apremiantes. De acuerdo con las características del apoyo, el programa consiste en la dotación de media tonelada de cemento para la construcción, el mejoramiento o rehabilitación apremiante de la vivienda de las familias objeto de atención. Se observa que para ser beneficiario es necesario la realización de un examen socioeconómico que evidencie que la persona es susceptible de ser apoyada por el programa; entre los documentos que los beneficiarios deben aportar a la autoridad se solicita copia de identificación oficial con fotografía del beneficiario. El programa opera de la manera siguiente: una vez verificada la información proporcionada por el solicitante, se procederá a la entrega del vale que ampara la cantidad de material aprobado, lo que se llevará a cabo de forma directa a cada beneficiario, previa identificación y estará
42 42 supervisada por personal de la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente. Se estipula que las maniobras de descarga será responsabilidad de cada uno de los beneficiarios, los cuales deberán estar presentes en el lugar de entrega el día y hora acordada. Asimismo, anexo a los lineamientos, obran los vales utilizados para la entrega del cemento y la relación de Municipios en los que aplica ese programa, a saber: Ario de Rosales, Arteaga, Churumuco, La Huacana, Álvaro Obregón, Cuitzeo, Hauandacareo, José Sixto Verduzco, Hidalgo, Cherán, Chilchota, Gabriel Zamora, Acuitzio, Carácuaro, Huetamo, Aquila, Coahuayana. Esta Sala Regional advierte que los vales que se acompañan a los lineamientos, son idénticos a los vales que ya fueron analizados en esta sentencia, mismos en los que destaca la leyenda siguiente: Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y está prohibido su uso para fines políticos, electorales y de lucro. El uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente. Con las documentales antes analizadas, se acredita que sí existe un Programa de Fortalecimiento de Regulación de la Vivienda 2009, a través del cual se entregó media tonelada de cemento a cada beneficiario en diversos municipios del Estado de Michoacán, previa entrega del vale correspondiente; que en los vales entregados a los beneficiarios se especificó que ese programa no es patrocinado ni promovió por partido político alguno, ello con la finalidad de aclarar a los beneficiarios que ese apoyo no podía ser condicionado. Sin embargo, a juicio de esta Sala Regional tales elementos probatorios no demuestran que ese apoyo se hubiere condicionado a los beneficiarios, a cambio de que el día de la elección sufragaran a favor de los candidatos del Partido de la Revolución Democrática. Por todo lo antes expuesto, deviene infundado el agravio aquí analizado. Entrega de despensas
43 43 El actor refiere que existió coacción hacia los ciudadanos, lo que se traduce en la violación a la libertad del sufragio. Al respecto, esta Sala Regional considera oportuno mencionar que la libertad de sufragio, cuyo principal componente es la vigencia efectiva de las libertades públicas constitucionales, se traduce en que el voto no debe estar sujeto a presión, intimidación o coacción alguna. En particular, la fuerza organizada, el poder del capital, el poder público, la fuerza pública o los poderes coercitivos de los aparatos estatales, no deben emplearse para influir al elector, porque destruyen la naturaleza del poder del voto. Si el acto jurídico, consistente en el ejercicio del derecho al voto, no se emite libremente, porque el sufragante fue objeto de presión, amenaza, coerción o intimidación, la expresión de la voluntad del votante no merece efectos jurídicos. Así, la libertad de los votantes constituye un elemento esencial del acto del sufragio y, por tanto, de una elección propiamente democrática. A continuación se examinarán las probanzas ofrecidas y aportadas por el promovente, con el fin de acreditar la entrega de despensas durante los días dos y tres de julio de dos mil nueve: a). Original del acta de fecha dos de julio del año en curso, expedida por Luis Silva Acosta, Encargado del Orden en la localidad de Peña del Panal, Municipio de Tarímbaro, Michoacán (foja 85). b). Cuatro impresiones de imágenes que relaciona con la documental mencionada (fojas 88 a 91). c). Un video en formato DVD (foja 92). Por cuanto al documento referido en el inciso a), se advierte que el dos de julio de dos mil nueve, el Encargado del Orden de la comunidad de Peña del Panal hace constar que siendo las 13:00 trece horas se presentó en esa comunidad una camioneta Nissan junto a la cancha de baloncesto, e hizo entrega de despensas que se vendieron por la cantidad de $15.00 (quince pesos 00/100 M.N) a los habitantes de la mencionada comunidad, estando al frente de esa actividad Silvia Botello de Montoya, quien a
44 44 dicho del funcionario que levantó el acta, tiene la calidad de coordinadora del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de ese municipio, ello en presencia de simpatizantes del Partido de la Revolución Democrática. Dicha acta fue suscrita ante cuatro testigos. Se destaca que el contenido de esa acta fue ratificado ese mismo día por dos de los testigos y el Encargo del Orden de la comunidad de Peña del Panal, ante el Licenciado Perseo Alejandro Ibáñez Martínez, Notario Público 121 ciento veintiuno del distrito judicial de Morelia, Michoacán, con sede en Tarímbaro. A continuación, se inserta la imagen de la documental referida: Del contenido de dicha acta, se desprende que las personas que participaron en su elaboración, hicieron constar lo siguiente: