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Timestamp: 2019-11-16 01:42:25
Document Index: 140494259

Matched Legal Cases: ['artículo 29', 'Artículo 101', 'Artículo 246', 'Artículo 78', 'Artículo 113', 'Artículo 372']

Acuerdo y Sentencia 85/2019 Corte Suprema de Justicia
ACUERDO Y SENTENCIA C.S.J. Nº 85/19
En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del a Paraguay, a los Ocho dias, del mes de octubre, del año dos mil diez y nueve, estando reunidos en Sala de Acuerdos los señores Ministros de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, EUGENIO JIMÉNEZ ROLÓN, ALBERTO JOAQUÍN MARTÍNEZ SIMÓN y CÉSAR ANTONIO GARAY, bajo la presidencia del primero de los nombrados, por Ante mi la Secretaria autorizante se trajo al Acuerdo el expediente intitulado: "JORGE LUIS FERNÁNDEZ ZAVÁN C/ COPACO S.A. S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL", a fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad interpuestos por el Abogado Sergio Coscia Nogués, representante convencional de la Parte actora, contra el Acuerdo y Sentencia Número 51, con fecha 11 de Mayo del 2.015, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de la Capital, Primera Sala. Previo estudio de los antecedentes del caso, la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, Sala Civil y Comercial, resolvió plantear las siguientes;
Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: MARTÍNEZ SIMÓN, JIMÉNEZ ROLÓN y GARAY.
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO ALBERTO MARTÍNEZ SIMÓN DIJO: Este recurso, si bien fue interpuesto, no fue fundamentado por el recurrente, refiriéndose sus agravios exclusivamente al recurso de apelación. No obstante, esta máxima instancia judicial tiene la potestad de declarar, en virtud de los arts. 113 y 405 del C.P.C., las nulidades de oficio pertinentes.
Pues bien, en estudio del recurso de nulidad, debe decirse en primer término, que el mismo procede contra las resoluciones con violación de la forma o solemnidades que prescriben las leyes (art. 404 del C.P.C.), a saber: a) cuando existe un defecto estructural en algún requisito esencial de la sentencia como seria que la resolución no tenga firma del juez, del actuario, fecha o lugar de emisión (art. 156 del C.P.C.); b) por violación del principio de congruencia (inc. b del art. 15 del C.P.C.); c) que se haya dictado por registrado incompetente; d) en los contados casos en los cuales algún vicio del proceso proyecta la nulidad hacia la sentencia, como cuando se haya dictado sentencia sin que estén integrados -aún de oficio- todos los que deberían estar en la causa, o cuando se dictó estando pendiente una cuestión prejudicial, nulidad que afecta no sólo a la sentencia, sino que se extiende ella a todo el proceso (art. 101 del C.P.C.); e) falta de motivación o fundamentación de la resolución (art. 15, inc. b del C.P.C.).
En el caso concreto, el señor Jorge Luis Fernández Zaván demandó a la Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A., que, como es bien sabido, es una empresa pública que se encuentra patrimonialmente vinculada con el ESTADO PARAGUAYO.
La Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A. fue creada en fecha 15 de noviembre de 2001, producto de la transformación producida de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTELCO), en virtud de lo dispuesto en la Ley 1615/00 de "Reorganización de Entidades Públicas Descentralizadas y de Reforma y Modernización de Organismos de la Administración Central".
Del análisis de la Escritura de Constitución de COPACO S.A., vemos que el artículo 29 de la misma refiere a disposiciones transitorias: "...En este acto se emiten (CIEN) 100 acciones nominativas de GUARANÍES CIEN MIL (Gs. 100.000) cada una por un monto total de GUARANIES DIEZ MILLONES (Gs. 10.000.000), el cual se suscribe totalmente de la siguiente manera: ESTADO PARAGUAYO suscribe NOVENTA Y NUEVE (99) acciones de GUARANIES CIEN MIL (Gs. 100.000) cada una y por un monto total de GUARANIES NUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL (Gs. 9.900.000) numeradas del 1 al 99; y ANTELCO suscribe UNA (1) acción de GUARANIES CIEN MIL (Gs. 100.000) con el número 100. El capital social emitido y suscripto de GUARANIES DIEZ MILLONES (Gs. 10.000.000) se integra...". (Escritura Publica N° 798 de fecha 15 de noviembre de 2001, pasada en el Palacio de Gobierno ante la Escribana Mayor de Gobierno Gladys Teresita Talavera de Ayala.) De este artículo se desprende que, al integrarse el capital de la COPACO S.A. con los aportes del Estado, existiría un claro interés del Estado en que tales aportes no sean mal utilizados, pues los mismos saldrían de las arcas del Estado repercutiendo económicamente en el Presupuesto General de la Nación y disminuyendo el patrimonio Estatal.
Estamos ante una empresa cuyo capital se encuentra suscripto e integrado mayoritariamente por el Estado, en consecuencia, su patrimonio se encuentra íntimamente vinculado al ESTADO PARAGUAYO.
Así, nos remitimos al art. 246 de la Constitución que establece que: "Son deberes y atribuciones del Procurador General de la República: 1) representar y defender, judicial o extra judicialmente, los intereses patrimoniales de la República...".
De la norma constitucional transcripta se interpretan que, cualquier cuestión que tenga una connotación patrimonial que afecte ESTADO PARAGUAYO y que deba ser discutida en el plano judicial o extrajudicial debe tener la participación de la Procuraduría General de la República.
Es decir, la Procuraduría General de la República es parte necesaria en todos aquellos juicios en los que esté comprometido un interés patrimonial del ESTADO PARAGUAYO, naciendo así, en virtud del art. 246 del CPC, una suerte de litisconsorcio necesario entre el ESTADO y la persona jurídica patrimonialmente vinculada a él, en todos los juicios en que esta última intervenga, proveniente de la naturaleza de la relación controvertida que es el interés patrimonial del Estado.
En estas condiciones, al interesar patrimonialmente la COPACO S.A. al ESTADO PARAGUAYO, debió haber intervenido en este juicio la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, a fin de representar y defender en juicio dicho interés patrimonial que el ESTADO PARAGUAYO tiene en la COPACO S.A., especialmente teniendo en cuenta que la COPACO S.A. interviene como demandada en estos autos y que por S.D. N° 965 del 10 de noviembre de 2008, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Quinto Turno fue condena al pago de la suma de Guaraníes Trescientos Millones (Gs. 300.000.000.-) Es decir, la A-quo condenó a la COPACO S.A. a realizar un pago con lo cual se vería comprometido el interés patrimonial del Estado.
Así corresponde aplicar el art. 101 del C.P.C., específicamente en el 2° párrafo que habla del litisconsorcio necesario, estableciendo que: "...Cuando la sentencia no pudiere pronunciarse útilmente más que con relación a varias personas, éstas habrán de demandar o ser demandadas en un mismo proceso. Si así no sucediere, el juez, de oficio o a solicitud de cualquiera de las partes, ordenará, antes de dictar la providencia de apertura a prueba, la integración de la litis dentro de un plazo que señalará, quedando en suspenso el desarrollo del proceso, mientras se cita a quién o quienes hubiesen sido omitidos".
Habiéndose demostrado que nos encontramos ante un litisconsorcio necesario, el caso en estudio se encuadrarla dentro del supuesto articulo transcripto precedentemente. Por lo que en estos autos deben ser integradas a la relación procesal todas las partes necesarias antes del dictado de la providencia que ordena que se abra la causa a prueba, pues solamente de esta forma es posible dictar una sentencia útil con respecto a las partes que efectivamente intervienen en el juicio.
Se deduce además que los omitidos, mencionados en el artículo antes transcripto, podrían válidamente ejercer la acción autónoma de nulidad prevista en el art. 409 del C.P.C. en caso de que la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, pretenda serles ejecutada. Así también se expide el doctrinario Casco Pagano, con respecto a los efectos de la falta de integración de la litis diciendo que: "...si se dictó sentencia puede peticionarse su nulidad por la parte excluida mediante la promoción del incidente de nulidad o de un proceso autónomo"*1.
En estas condiciones, habiéndose omitido integrar la relación procesal con el ESTADO PARAGUAYO (a través de la
*1 CASCO PACANO, Hernán. CÓDIGO PROCESAL CIVIL COMENTADO CONCORDADO, tomo I. Editorial La Ley Paraguaya S.A. 6ta Edición. Asunción. Pág 161 y sgtes.
Procuraduría General de la República) la sentencia dictada deviene nula por un vicio in procediendo, debiendo por ende ser invalidada.
Sin embargo, a pesar de lo expuesto, en este caso particular no resulta imperativo que se proceda a la declaración de nulidad en la manera indicada previamente ni al dictado de una sentencia sustitutiva, ya que nuestro código procesal civil dispone que, si el órgano de revisión puede decidir a favor de la parte a la que aprovecha la nulidad, no pronunciará la misma, evitándose así la declaración de una nulidad sin un objetivo preciso. Pero como seguidamente se explicará, resulta posible fallar a favor de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A., por lo que no se hace necesario imperiosamente declarar la nulidad, al eximirnos de tal pronunciamiento la ley -art. 407- debiendo remitirnos a estudiar el fondo del asunto, en el recurso de apelación. Por lo que habrá de declararse desierto este recurso de nulidad. A SU TURNO EL SEÑOR MINISTRO EUGENIO JIMÉNEZ ROLÓN DIJO: El recurso debe ser declarado desierto, siempre y cuando no fue fundado por la recurrente ni se observan vicios o defectos de orden solemne en la impugnada que sean merecedores de un pronunciamiento oficioso en los términos del art. 113 del Código Procesal Civil.
A SU TURNO EL SEÑOR MINISTRO CÉSAR ANTONIO GARAY DIJO: Si bien el recurrente no fundó el Recurso, corresponde revisión oficiosa a fin de dilucidar si la litis fue correctamente integrada, en los términos del Artículo 101 del Código Procesal Civil.
Específicamente, establecer si en Juicios en los que la "C.O.P.A.C.O. S.A." es Parte (actora o demandada) debe intervenir -necesariamente- el Estado Paraguayo, a través de la Procuraduría General de la República.
El Artículo 246, numeral 1), de la Constitución Nacional, dispone que el Procurador General de la República tiene el deber de representar y defender judicial o extrajudicialmente los intereses patrimoniales de la República. Se aprecia, pues, que dicha representación conlleva legitimación procesal para estar en Juicios en los que el Estado está directamente involucrado en el sustrato relacional que dio lugar a la acción o intervenga en el Juicio en algún carácter, siempre y cuando el proceso tenga contenido patrimonial. Sin embargo, la Procuraduría General de la República no interviene cuando la afectada directa sea Persona Jurídica que, aunque Pública, es distinta al Estado.
El Profesor Villagra Maffiodo ilustra al respecto: "...si el Estado fuera la única persona jurídica existente para la actuación de toda la Administración Pública en Derecho Privado, habría una centralización de personalidad enteramente inadecuada, porque sólo el Estado podría ser titular de derechos y obligaciones, tener patrimonio, contratar, ser responsable ante terceros, actuar ante los tribunales como demandante o demandado. El sistema de personalidad única resultaría sumamente estrecho y embarazoso..." (Principios de Derecho Administrativo, página 175).
En similar sentido, Fraga explícita: "...la descentralización administrativa ha obedecido en unos casos a la necesidad de dar satisfacción a las ideas democráticas y a la conveniencia de dar mayor eficacia a la gestión de intereses locales, para lo cual el Estado constituye autoridades administrativas cuyos titulares se eligen por los mismos individuos cuyos intereses se van a ver comprometidos con la acción de dichas autoridades. En otros casos, la naturaleza técnica de los actos que tiene que realizar la Administración, la obliga a sustraer dichos actos del conocimiento de los funcionarios y empleados centralizados, y los encomienda a elementos que tengan la preparación suficiente para atenderlos. Por último, ocurre con frecuencia que la Administración se descarga de algunas de sus labores, encomendando facultades de consulta, de decisión o de ejecución a ciertos organismos constituidos por elementos particulares que no forman parte de la misma Administración." (Derecho Administrativo, página 191).
La "Compañía Paraguaya de Comunicaciones Sociedad Anónima" (COPACO S.A.), surgió de la transformación de la "Administración Nacional de Telecomunicaciones" (ANTELCO), por Ley N° 1.615/00 (De "Reorganización de Entidades Públicas Descentralizadas y de Reforma y Modernización de Organismos de la Administración Central"). Fue constituida por Escritura Pública N° 798, el 15 de Noviembre del 2.001, autorizada por la entonces Escribana Mayor de Gobierno Gladys Teresita Talavera de Ayala, como Sociedad Anónima, con participación del Estado Paraguayo en 99 % (socio mayoritario) y de la ANTELCO con 1 % (socia minoritaria) e inscripta en el Registro de Personas Jurídicas y Asociaciones de la Dirección General de Registros Públicos.
Se constata, entonces, que la "C.O.P.A.C.O. S.A." es Persona Jurídica distinta al Estado, autónoma y autárquica, interviniendo en Juicio a través de su Asesoría Jurídica. Por lo que la situación del Estado -en Juicios en los que la "C.O.P.A.C.O. S.A." es actora o demandada- es la del accionista frente a un conflicto de la Sociedad en la cual participa. Esa circunstancia facultarla al Estado a solicitar intervención en Juicio, pero no como Parte sustancial de la relación procesal. Si en calidad de tercero coadyuvante, en los términos del Artículo 78 del Código Procesal Civil.
Como colofón, cabe mencionar que esta Sala ha resuelto controversia en la que "C.O.P.A.C.O. S.A." ha sido demandada, sin intervención de la Procuraduría General de la República (Vr. qr.; Acuerdo y Sentencia Número 736, del 17 de Julio del 2.017; expediente intitulado: "Ricardo Esperanza Villamayor Núñez
c/COPACO S.A. s/ indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual"). Asimismo, en otros casos en los que la Procuraduría General de la República actuó en calidad de tercero coadyuvante (vr. qr.: Acuerdo y Sentencia Número 118, del 6 de Marzo del 2.015, en: "Cándido Fariña Candia c/ Compañía Paraguaya de Telecomunicaciones S.A. (Copaco S.A.) s/ indemnización de d. y p. por resp.").
A tenor de lo expuesto, no se advierten vicios procesales que autoricen pronunciamiento de oficio, en los términos del Artículo 113 del Código Procesal Civil, razón por la cual corresponde desestimar el Recurso de Nulidad. Es mi voto.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO ALBERTO MARTÍNEZ SIMÓN PROSIGUIÓ DICIENDO: Por S.D. N° 965 de fecha 10 de noviembre de 2008, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Quinto Turno de la Capital, se resolvió: "RECHAZAR la excepción de falta de acción opuesta por la Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A. (COPACO). HACER LUGAR a la demanda que por indemnización de daños y perjuicios promueve el señor JORGE LUIS FERNANDEZ ZAVAN contra COPACO S.A. CONDENAR a la accionada a que en el perentorio término de diez días de quedar ejecutoriada la presente sentencia, abone al actor la suma de GUARANIES TRESCIENTOS MILLONES (Gs. 300.000.000), más intereses legales desde la notificación de la demanda. IMPONER las costas a la parte vendida. ANOTAR..." (sic., fs. 140 vuelto).
Recurrido el fallo, el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de la Capital, Primera Sala, dictó el Acuerdo y Sentencia N° 51 de fecha 11 de mayo de 2015, en virtud del cual resolvió: "DECLARAR DESIERTO el recurso de nulidad interpuesto por la parte actora. TENER POR DESISTIDA a la parte demandada del recurso de nulidad interpuesto. CONFIRMAR el apartado primero de la S.D. N° 965 de fecha 10 de noviembre de 2008 por los motivos expuestos en el exordio de la presente resolución. REVOCAR el apartado segundo de la S.D. N° 965 de fecha 10 de noviembre de 2008 y, en consecuencia; NO HACER LUGAR a la demanda que por indemnización de daños y perjuicios promueve el señor JORGE LUIS FERNÁNDEZ ZAVÁN contra COPACO S.A. conforme con los argumentos vertidos en el exordio de la presente resolución. IMPONER las costas a la parte actora perdidosa en ambas instancias. ANOTAR..." (SIC., fs. 237).
Contra dicha decisión se alzó el representante convencional de la parte actora, y expresó sus agravios a fs. 248/255. Señaló que la demanda no fue motivada únicamente en la radicación de una denuncia penal, sino en la ocurrencia de un hecho dañoso complejo, constituido por una seguidilla de actos cumplidos por la demandada, con el propósito de extorsionar al actor, Escribano Público Fernández Zaván, dañar su imagen y desprestigiarlo. Aseguró, por otro lado, que los representantes de la Copaco S.A. obraron de manera absolutamente intencional, conociendo las razones del escribano, quien encontró en el ejercicio del derecho de retención que le asistía, la manera de asegurarse el cobro de sus honorarios profesionales. Adujo, en ese orden, que la motivación de esos actos intencionales no era otra que desplazar al escribano accionante y dar el trabajo a otro profesional, cuando que las escrituras ya hablan sido íntegramente concluidas sin que las mismas pudieran ser inscriptas, sencillamente porque la Copaco S.A. adeudaba impuestos de los bienes que serían objeto de las respectivas transferencias. Señaló, a continuación, que si para la Copaco S.A. no quedaba claro porqué el escribano retenía los títulos, toda duda debió quedar despejada al ser notificada de la demanda por regulación de honorarios extrajudiciales. Añadió que la demandada, sin embargo, no solo no desistió de sus acciones penales, sino que perseveró e insistió de manera vehemente en lograr la imputación del actor. Solicitó, por dichas motivaciones, la revocación del acuerdo y sentencia recurrido y, consecuentemente, que la sentencia definitiva dictada en primera instancia sea confirmada, con costas.
El entonces representante convencional de la Copaco S.A. se presentó a contestar el traslado a fs. 258/261. Solicitó que la apelación sea declarada desierta por no contener una crítica razonada del fallo impugnado, ni indicar porqué se lo considera injusto o cuáles fueron los errores del inferior. Subsidiariamente, contestó los agravios de la recurrente; manifestó que la Copaco S.A. no hizo otra cosa que reclamar los documentos de su propiedad, que el fedatario tenía medios legales para procurarse el cobro de sus honorarios profesionales, y que no era cierto que las escrituras habían concluido y que no eran inscriptas por falta de pago de los impuestos. Sostuvo, finalmente, que es totalmente lógico que una empresa del Estado Paraguayo, al no recibir respuesta de un particular a quien se encomendó un trabajo, a pesar de los múltiples reclamos, opte por otros medios para procurarse una solución. Solicitó que el acuerdo y sentencia recurrida sea confirmado, con costas.
Como primer punto, pues, ha de resolverse el pedido de declaración de deserción de los recursos formulado por la parte apelada. Cabe dar la razón a la misma respecto del deber que contiene el art. 419 del rito civil. Ahora bien, como es sabido, la declaración de deserción es una solución excepcional en materia de defectos de fundamentación, que se hace operativa sólo cuando los defectos sean de tal entidad que no permitan siquiera identificar un mínimo de crítica de la sentencia impugnada; hallándose ella presente, por el contrario, la deserción de los recursos es improcedente, porque con ello se cumple la carga establecida en el citado art. 419 del Código Procesal Civil.
Así también lo entiende la doctrina: "Es por ello que se - ha declarado que la brevedad o laconismo de la expresión de agravios no constituye razón suficiente para sentar la deserción del recurso en el supuesto de que el apelante individualice, aún en mínima medida, los motivos de su disconformidad con la sentencia impugnada, por cuando la gravedad de los efectos que la ley imputa a la insuficiencia del mencionado acto procesal aconseja aplicarla con criterio amplio, favorable a la admisibilidad de recurso. Significa, entonces, que la Alzada debe echar mano de la deserción excepcionalmente..."*2.
En el caso concreto, se advierte que el escrito de expresión de agravios del apelante si contiene una crítica de los fundamentos del fallo, toda vez que considera desacertado que el foco de análisis se haya centrado únicamente en la denuncia y no en la secuencia de actos a que se hace referencia. Asimismo, el apelante sostiene que el inferior ha errado al considerar razonable que la Copaco S.A. pudiera no conocer los motivos del escribano para retener los documentos, alegando que la situación era en extremo clara y que, en todo
*2 AZPELICUETA, Juan José y TESSONE, Alberto. 1993. La Alzada. Poderes y deberes. Buenos Aires. Librería Editorial Platense S.R.L. p. 30.
caso, cualquier duda tuvo que haberse disipado con la demanda por cobro de honorarios extrajudiciales.
No puede hablarse, pues, en rigor técnico, de falta o insuficiencia de fundamentación, como alega la apelada. Cosa distinta es, obviamente, el grado de mérito de esa critica para producir la revisión favorable a la impugnante de la resolución recurrida, cuestión que atañe a la fundabilidad del recurso y que no debe ser confundida con la suficiencia de fundamentación: "La constringencia del razonamiento, es decir la fuerza de los argumentos para generar la adhesión del órgano de apelación a la tesis revisionista que sustentan, interesa en un momento posterior, cuando toque juzgar la fundabilidad del recurso de apelación"*3.
Así pues, el pedido de declaración de deserción del recurso de apelación formulado por la apelada deviene improcedente, por lo que debe ser desestimado.
Resumidos los términos del debate mantenido por las partes en esta instancia, así como lo resuelto por los juzgadores de instancias inferiores, es tiempo de recordar que en autos se trata de una demanda promovida por el señor Jorge Luis Fernández Zaván contra la Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A. (Copaco S.A.), por la cual se pretende sean resarcidos los daños y perjuicios que se dicen sufridos como consecuencia de una denuncia penal formulada por la accionada.
Al expresar sus agravios ante esta Corte, el actor sostuvo que el hecho dañoso propuesto por su parte no estaría compuesto únicamente por la referida denuncia, sino por un complejo de actos han tenido por fin desprestigiarlo y que, además de la mencionada denuncia, comprende el incesante
*3 AZPELICUETA, Juan José y TESSONE,. Alberto. Op. Cit. p 27
intento de que la misma tuviera andamiento, asi como la publicitación de la denuncia por todos los medios de prensa.
Por lo que hace a la difusión de prensa que recibió la noticia, debemos advertir que se trata en todo caso de una consecuencia del hecho dañoso por cuyas derivaciones se deberá responder o no, según lo que dispongan las reglas de causalidad, a las que habremos de remitirnos si así fuera necesario, esto es, superadas que sean las primeras etapas de análisis. En cuanto a los reiterados intentos de que la denuncia fuera exitosa, entendemos que el actor se refiere a la apelación interpuesta contra la desestimación de la denuncia, cuyo rechazo por decisión judicial fue denunciado y aceptado como hecho nuevo por auto interlocutorio de fs. 93/94.
Para más contexto, el demandante sostuvo que la referida denuncia fue formulada el día 6 de diciembre de 2006 ante el Ministerio Público y que, por medio de ella, se lo acusó de haberse apropiado indebidamente de títulos de bienes muebles e inmuebles que debían ser transferidos de la antigua Antelco a la Copaco S.A. Explicó seguidamente que el fiscal asignado a la causa realizó los actos investigativos necesarios y que para el 26 de diciembre de 2006 solicitó la desestimación de la denuncia, petición que luego fue ratificada por el fiscal adjunto en fecha 17 de abril de 2007 y acogida por el Juzgado en fecha 24 de abril del mismo año. Probada su inocencia - manifestó- se ve que la Copaco S.A. ha faltado totalmente a la verdad, y que sus representantes eran conscientes de ello. Aseguró que el ánimo de la compañía era perjudicarlo de toda manera posible, formulando una denuncia de contenido íntegramente falso. Reclamó, con base en ello, la suma de Dólares Americanos diez millones, por el daño moral que dijo haber padecido.
Como en cualquier pretensión indemnizatoria, la existencia de la responsabilidad civil debe determinarse de acuerdo con la reunión de los presupuestos de antijuridicidad, imputación de responsabilidad, daño y nexo causal. Ahora, aqui debe determinarse sobre todo el factor de imputación, dado que el ejercicio de la facultad de denunciar encuentra fundamentos de orden constitucional -art. 40 de la Carta Magna. De este modo, el mero hecho de denunciar o querellar no puede fundar, por si solo, la responsabilidad civil, sino que debe existir mínimamente culpa en el denunciante o querellante, de modo de configurar un abuso en el ejercicio de este derecho. Esta hipótesis, en el caso de causa penal, se vincula frecuentemente con la temeridad en la denuncia o querella; es decir que, en el caso, el sujeto obra de manera contraria a la actuación ordinaria, o sin tener en cuenta circunstancias y factores relevantes en su accionar. Asi pues, el requisito de la antijuridicidad se halla imbricado en la exigencia de la culpabilidad -en sentido lato, comprensiva también del dolo- de modo tal, que sin lo uno no existe lo otro. A tal análisis nos abocaremos a continuación.
Antes de ello, debe señalarse, sin embargo, que lo que el demandante propuso en su libelo inicial es que los representantes de la Copaco S.A. conocían de la falsedad de los hechos que le fueron endilgados, y que la denuncia obedeció al deliberado propósito de perjudicarlo. Los siguientes pasajes son lo suficientemente claros al respecto: "...el representante de COPACO S.A. ha faltado totalmente a la verdad... ...El mismo realizó estas afirmaciones estando plenamente consciente de la falsedad de las mismas... ...Es evidente que en todo momento estuvo presente en el ánimo del representante de COPACO S.A. perjudicarme de toda manera posible..." (fs. 27).
En otras palabras, el factor que sirve para imputar responsabilidad en cabeza de la demandada, es, desde el punto de vista del actor, el dolo, lo cual implica que toda idea de culpa, en cualquiera de sus posibles manifestaciones, debe excluirse estrictamente del análisis de mérito. En efecto, la determinación del factor de atribución de responsabilidad es parte de la imputación jurídica que el actor hace de los hechos como en este caso, de la posición en la que se ubica a los actos del demandado. Como tal, entonces, forma parte de la causa petendi, elemento éste de la pretensión cuya integridad interesa sobremanera a efectos de la salvaguarda de principios fundamentales sobre los que se erige nuestro sistema de ritos civiles: el derecho a la defensa y el dispositivo.
Entiéndase bien que con ello no pretendemos negar las facultades que para el juzgador derivan del principio de extendida aplicación conocido como iura novit curiae. Nosotros lo hemos aplicado en varias ocasiones, pero debe quedar claro que una cosa es la invocación del derecho y otra, completamente distinta, la atribución especifica de las consecuencias jurídicas que se pretenden derivar de un hecho o la determinación de la situación jurídica en la que concretamente se busca posicionar al demandado o en la que el actor se ubica a si mismo. Queremos decir con esto que la aplicación del derecho es cosa del juez -eso a muy seguro- quien puede por ello prescindir del invocado por las partes. Pero esa prerrogativa la debe ejercer, por supuesto, dentro de los límites o del marco definido por la imputación jurídica efectuada por el demandante.
Estas ideas son enarboladas por doctrina procesalista de renombre: "En la posición que planteo, el hecho en que se sustenta la pretensión integra su causa. El pretendiente debe invocar un hecho constitutivo, modificativo o impeditivo al que le atribuye trascendencia juridica. Este aspecto -que no es el único- del elemento causal es indispensable para la viabilidad de la pretensión procesal. Aunque deben distinguirse los hechos de los accesorios o circunstanciales, ya que los primeros configuran 'causa petendi ' (o sea, deriva el derecho pretendido y la relación jurídica) y los últimos, como no son principales, si no se invocan no obstan a la determinación de la 'causa petendi'. El otro aspecto a considerar de este elemento es la imputación jurídica que el pretendiente, basado en el hecho, realiza en relación a la otra parte. Implica para el actor exponer el encuadre en derecho material que fundamenta la pretensión, y que debe relacionarse directamente con el hecho. La necesidad de integrar la causa de la pretensión con la imputación jurídica, amén de los hechos, responde primordialmente al resguardo del derecho de defensa (funcionalmente, constituye una garantía), a fin que el pretendido pueda repelerla. Aunque no debe confundirse con la calificación legal de la pretensión que decida el juez en su sentencia, basada en su función de dirección material de aportación y aplicación del derecho. A esta altura aparece una importante cuestión para analizar: la compatibilidad entre la imputación jurídica que efectúa el pretendiente y la aportación y aplicación del derecho que el magistrado consagra en su pronunciamiento ('iura novit curiae'), a la luz del derecho de defensa. Ante todo, estimo pertinente distinguir el recaudo procedimiental pe sindicar sucintamente el derecho invocado en la demanda (art. 330 CPCCN) de la imputación jurídica de la pretensión, en tanto ésta la fundamenta y, siendo un aspecto de uno de los elementos que la integran, debe permitirse al demandado resistirla. Caso, contrario se estaría soslayando el debido proceso. En consecuencia es dable inferir que la indicación del derecho invocado en la demanda es un requisito meramente formal y adjetivo que se cumplimenta con la simple individualización de norma; en cambio la imputación jurídica es sustancial y fundamenta la pretensión al relacionar el hecho con el ordenamiento legal. Es válida aun sin que individualice disposición alguna, pues importa que señale el encuadramiento en derecho de la pretensión procesal a efecto de permitir la defensa en juicio a la contraria. Cabe notar que en algunos supuestos es posible intentar el reclamo por diversas vías. En otras palabras, un mismo hecho puede ser objeto de distintas imputaciones jurídica (y, v. gr., pueden ser aplicables diferentes plazos prescriptivos o un sistema de responsabilidad objetiva determinado): con motivo de un accidente de tránsito (un hecho), demando al conductor del vehículo y a su empleador en carácter de propietario del rodado (dos imputaciones jurídicas distintas). Ahora bien, anteriormente se planteó que el juez no puede aplicar una norma inexistente, aunque las partes afirme su existencia, ni dejar de aplicar la que rige, pese a que no sea invocado. Es por ello que el juzgador debe apreciar la imputación jurídica del pretendiente y la resistencia opuesta por el accionado, y dentro de este marco proceder a la calificación legal de la pretensión y aplicar el derecho que corresponda. Rectius, la imputación jurídica del pretendiente queda enlazada con el derecho de defensa en juicio, y la regla 'iura novit curiae' con la calificación legal de la pretensión. Por lo tanto el juez puede válidamente aplicar derecho no invocado por la partes, aplicar el que corresponda si se lo adujo erróneamente y hasta contrariar la imputación jurídica que le dieran a los hechos. Empero, el límite a aquel precepto lo hallamos cuando el magistrado modifica de tal modo la imputación jurídica del pretendiente que excede lo debatido en el proceso, incurriendo en violación del derecho de defensa e incongruencia procesal en su sentencia. De este modo, vía el elemento causal el juzgador estarla disponiendo de la pretensión, lo que conforme se analizara anteriormente, le está vedado. La regla ' iura novit curiae' en ningún supuesto puede estar por encima del sistema dispositivo, y por ello no puede aceptarse que el juez condene por lo que no se pidió, que condene por más de lo solicitado o que condene por razones totalmente distintas a las alegadas por las partes. De allí que la necesidad de integrar la causa de la pretensión con la imputación jurídica constituya funcionalmente una garantía, pues en definitiva representa una salvaguarda del debido proceso. Se divisa de esta manera la íntima relación conceptual entre pretensión procesal y regla de congruencia"*4; "Se entiende por causa de la relación la concreta interferencia intersubjetiva que la ocasiona. Esta concepción unitaria debe descomponerse necesariamente en dos subelementos cuando se la analiza respecto de la pretensión procesal: a) el primer subelemento: está constituido por el hecho invocado en la demanda y al que el actor asigna trascendencia jurídica, razón por la cual se convierte en la base o fuente del derecho pretendido; b) el segundo, es la imputación jurídica que el actor efectúa al demando con motivo de aquel hecho. Por ejemplo, Juan sufre un daño al ser chocado por un taxi conducido por un dependiente de su propietario. Si pretende lograr la reparación, puede demandar al conductor imputándole culpa en la producción del hecho y al propietario por su simple carácter de tal: un mismo hecho puede producir imputaciones jurídicas diferentes. En
*4 CALVIMHO, Gustavo. La pretensión procesal y la regla de congruencia en el sistema dispositivo, ubicado en portal:
http: //www.academiadederechjo.org/upload/biblio/contenidos/la_pretencion_procesal_y_la_regla_de_congruencia_Gust_Calvinho.pdf, págs. 13/16).
este último ejemplo se advierte la importancia de efectuar la descomposición de la causa en dos subelementos: hecho e imputación jurídica, ya que no puede decirse con plena corrección que la causa de la pretensión de Juan contra el conductor es idéntica a la causa de la pretensión del mismo Juan contra el propietario del taxi, toda vez que en caso de tener que responder, ambos lo harían por diferentes calidades jurídicas. La distinción que propicio conduce a soluciones diversas de las que adopta autorizada doctrina que sostiene que la causa es sólo el hecho y no la imputación jurídica (argumentos de imputación o remisión a normas legales que contemplan distintos supuestos de responsabilidad). Así es como se afirma en el derecho argentino que, por ejemplo, 'si en la pretensión por indemnización de daños y perjuicios se ha invocado la culpa aquiliana (CC, 1109), la sentencia que la acoja podrá fundarse en el régimen de responsabilidad contractual (CCom, art. 184) porque, en tal hipótesis, al causa de la pretensión está representada por el hecho dañoso y no por la calificación jurídica dada por el actor. No comparto esta interpretación que conduce directamente a la violación de la regla procesal de congruencia y, además, a la merma del derecho de defensa de por lo menos una de las partes en litigio"*5.
Volviendo al cauce principal del análisis, lo que debe determinarse, entonces, es si la denuncia fue realizada por el representante convencional de la Copaco S.A. con, y a pesar del conocimiento, de las circunstancias alegadas por el notario en justificación de la falta de devolución de los documentos. Efectivamente, en la denuncia se alegó que, ante reiterados reclamados por la falta de conclusión de los trabajos y los pedidos de devolución de los documentos, el
*5 ALVARADO VELLOSO, Adolfo. 2009. Lecciones de derecho procesal civil. Buenos Aires. Editorial Juris. p. 105.
escribano respondió que los títulos estaban en trámite para su inscripción y que, por la insatisfacción de tales respuestas, finalmente se lo intimó por telegrama colacionado a la devolución de los títulos, a lo cual guardó completo silencio. El notario, en cambio, argüyó, en sus declaraciones en sede fiscal, que él comunicó en diversas oportunidades a las autoridades de la accionada que para la conclusión de sus labores se requería el pago de impuestos, tasas y patentes de los bienes en cuestión; deudas que no eran saldadas por la Copaco S.A. y que hacían imposible el finiquito de los trámites notariales y registrales. Asimismo, señaló en su oportunidad que la falta de devolución obedecía al pretendido propósito de ejercer un derecho de retención y así asegurar el cobro de los honorarios profesionales que le eran debidos.
Pues bien, a todo esto debe decirse que no hay constancia de comunicación o nota alguna por la cual el notario -actor- haya hecho saber a los representantes de la Copaco S.A. que los nuevos títulos no podían ser inscriptos por existencia de determinados obstáculos, o que la falta de devolución tenía como motivo un supuesto derecho de retención. Lo único que consta es que el actor tenía los títulos al menos desde el año 2002 y que, al ser consultado sobre el estado de sus labores, se limitaba a señalar que se encontraban en trámite. Consta, asimismo, que al ser requerido por telegrama colacionado a su devolución, en fecha 27 de julio de 2005, no brindo respuesta alguna. Es importante advertir que la accionada aguardó incluso hasta diciembre de 2005 para la formulación de la denuncia, lo cual puede verse igualmente como el otorgamiento de un razonable plazo de espera.
Se sigue de ello, que las circunstancias no eran ciertamente las más auspiciosas para la Copaco S.A., que ante la falta de una comunicación clara y precisa de la situación de las transferencias encomendadas y, más aún, ante el rotundo silencio con el que fue contestado el pedido de devolución de los documentos, está claro que no se puede decir haya actuado a sabiendas de la falsedad de los hechos atribuidos al notario Fernández Zaván.
Dice el accionante, por otro lado, que si realmente los representantes de la Copaco S.A. no conocían los fundamentos de la oposición a la devolución, esa duda debió quedar necesariamente despejada con la promoción de la demanda de regulación de honorarios extrajudiciales. Ahora, este es reconocidamente un hecho posterior a la denuncia, que, por cierto, aun cuando pudiera explicar los motivos de la retención -lo cual no lo aseveramos-, no elimina el hecho de que, en su momento y ante el expreso pedido de devolución, el demandante guardó completo silencio, motivando con ello la denuncia de la Copaco S.A. Por eso no consideramos que la apelación interpuesta contra la desestimación de la denuncia, o cualquier otro intento de lograr el éxito de la misma, pueda verse como malintencionado. Las precisas circunstancias tenidas en cuenta por la Copaco S.A. para formular su denuncia no fueron desvirtuadas ni desdibujadas por la demostración de hechos acontecidos en el mismo orden temporal que aquéllas. Expresado en otro giro, el estado de cosas en que la Copaco S.A. fundó su denuncia no puede considerarse alterado por una explicación posterior de las razones de la retención. Lo único cierto es que a la fecha de la denuncia, la no devolución de los documentos no se encontraba justificada por explicación alguna y, por este motivo, no hay nada de irregular en ningún acto posterior a la denuncia, que haya tenido por objeto obtener su evolución favorable.
Por lo demás, no puede perderse de vista que la Copaco S.A. pudo igualmente considerar insuficientes o insatisfactorias las explicaciones del notario denunciado. Después de todo, parece al menos dudoso que pueda ejercerse válidamente el derecho de retención disciplinado en los arts. 1826 y siguientes del Código Civil, sobre objetos -tales como los títulos- que no pueden, por si mismos, ser objeto de mejoras o causar daños. Al fin y al cabo, el derecho de retención tiene como función no sólo ejercer presión psicológica sobre el deudor sino también permitir en última instancia al acreedor, satisfacer su crédito con el producido de la venta de lo retenido. A todo esto, por si fuera poco, se suma que también seria a lo menos forzado considerar que el escribano haya efectuado gastos en los títulos o en provecho de ellos, como es presupuesto de la retención ejercida en protección del derecho de crédito.
Por último, es importante advertir que, en su oportunidad, se ha juzgado el sumario administrativo que le fue instruido al notario actor por denuncia de la Copaco S.A. En esa oportunidad se dijo que "...efectivamente los actos traslativos de inmuebles y rodados, que le fueran encomendados al denunciado, no se podían concluir porque la compañía no regularizaba el pago de los tributos necesarios para el inicio de los trámites regístrales. Tampoco le han abonado los Honorarios Profesionales por las labores regístrales. Es decir que el sumariado no ha podido culminar con los trámites que le fueron encomendados, por motivos de fuera mayor insuperable" (fs. 109). Aunque ni haga falta decirlo, lo dicho no puede mínimamente verse como contradictorio con lo sostenido en esta decisión. Lo que aquí interesa es que no consta que de ninguna de dichas circunstancias se haya hecho saber en tiempo propio a la demandada y que con ello se haya justificado la no devolución de los documentos.
En resumidas cuentas, pues, al hallarse ausente el factor subjetivo de atribución de responsabilidad imputado a la demandada, y, en consecuencia, como vimos, también la antijuridicidad de la conducta, la pretensión indemnizatoria no puede prosperar, debiendo ser confirmada la sentencia recurrida, con costas al apelante, de conformidad con lo establecido en el art. 203 inc. a) del Código Procesal Civil. A SU TURNO, EL SEÑOR MINISTRO EUGENIO JIMÉNEZ ROLÓN PROSIGUIÓ DICIENDO: Adhiero opinión al voto del señor Ministro preopinante, por compartir idéntico criterio.
A SU TURNO, EL SEÑOR MINISTRO CÉSAR ANTONIO GARAY PROSIGUIÓ DICIENDO: La cuestión está en determinar si es o no procedente la demanda de indemnización de daños y perjuicios, por responsabilidad extracontractual por hecho ilícito, regida por los Artículos 1.833 y sigtes. del Código Civil.
De constancias procesales surgen que Jorge Luis Fernández Zaván promovió demanda por indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual contra "C.O.P.A.C.O. S.A.", por supuestos daños que causó la demandada al promover denuncia Penal en su contra y al ser ésta publicitada. Esgrimió que el denunciante lo acusó de apropiarse indebidamente de títulos de bienes muebles e inmuebles por valor de USD. 10.000.000 (diez millones de dólares americanos), que le fueron entregados para la formalización de la transferencia de la ex ANTELCO a favor de "C.O.P.A.C.O. S.A.". Refirió que la denuncia, a pesar de haber sido desestimada por el Juez en lo Penal —y confirmada por el Tribunal de Apelación— le ha provocado daño moral y psicológico a causa de la publicidad que se dio al caso por la difusión en los medios de comunicación, lo que causó detrimento de su nombre y prestigio como Escribano Público. En consecuencia, reclamó la suma de USD. 10.000.000 (dólares americanos diez millones), en concepto de indemnización por daño moral.
"C.O.P.A.C.O. S.A." sostuvo que la desestimación de la denuncia no se calificó de falsa o temeraria y que las Costas fueron impuestas en el orden causado. Afirmó que la actora no probó el daño cuyo resarcimiento reclamaba, ni el monto o valor del supuesto daño sufrido, añadiendo que la demanda de daño moral no puede constituir medio o fuente de lucro indebido. Argüyó que la demanda de indemnización de daños y perjuicios resultaba improcedente, pues "C.O.P.A.C.O. S.A." tuvo razón suficiente para promover denuncia Penal por haber sido víctima de retención indebida de títulos de propiedad por la actora.
Por lo expuesto, resulta incontrovertible que el Escribano Público Jorge Luis Fernández Zaván fue contratado por "C.O.P.A.C.O. S.A." para la formalización de Escrituras Públicas de transferencias de bienes muebles e inmuebles de "A.N.T.E.L.C.O." a favor de "C.O.P.A.C.O. S.A." y para tal efecto, le fueron entregados documentos públicos. También se advierte que transcurrido tiempo el accionante no entregó el trabajo encomendado, ni devolvió los títulos entregados por "C.O.P.A.C.O. S.A.", a pesar de ser requerido en varias oportunidades, incluso por telegrama colacionado.
Igualmente, se constata que en fecha 6/XII/2.006, "C.O.P.A.C.O. S.A." formuló denuncia -ante el Ministerio Público- contra el Escribano Público accionante, por hecho punible contra la propiedad. Y, que el 26/XII/2.006, el Fiscal de la Causa solicitó al Juzgado en lo Penal la desestimación de tal denunciar, pedido ramificado por el Fiscal Adjunto, el I 17/17/2.007 (fs. 19/24). Asimismo, que por A.I. N° 571, del 24 de Abril del 2.007, el Juzgado Penal resolvió admitir el requerimiento Fiscal y desestimar la denuncia, con Costas en el orden causado (fs. 25), decisión que fue confirmada en Segunda Instancia por A.I. N° 256, del 23 de Agosto del 2.007 (fs. 70/1). También se aprecia que, posteriormente, "C.O.P.A.C.O. S.A." promovió Acción de Inconstitucionalidad contra dichas decisiones (fs. 84/7), desestimada con Costas, según Acuerdo y Sentencia Número 1.285, del 18 de Diciembre del 2.008, dictado por la Sala Constitucional de la Exma. Corte Suprema de Justicia.
Preliminar, cabe señalar que el ejercicio del Derecho a denunciar ante Sede Penal es actividad lícita, reconocida en los Artículos 284 y ss. del Código Procesal Penal. Sin embargo, tal Derecho debe ser ejercido dentro de los límites razonables y de buena fe impuestos por nuestro ordenamiento jurídico, cuando establece en su Artículo 372 del Código Civil: "Los derechos deben ser ejercicios de buena fe. El ejercicio abusivo de los derechos no está amparado por la ley y compromete la responsabilidad del agente por el perjuicio que cause, sean cuando lo ejerza con intención de dañar aunque sin ventaja propia o cuando contradiga los fines que la ley tuvo en mira al reconocerlos...".
Entonces, el actuar lícito puede ser calificado de antijurídico si se comprueba que la denuncia es temeraria, infundada, manifiestamente irresponsable, maliciosa, dolosa o exceda abusivamente el ejercicio del Derecho.
En el caso, surge que la accionada ejerció Derecho reconocido por la Ley, sin que pueda constatarse que actuó con dolo o malicia, esto es, con intención o premeditación de dañar al accionante.
No obstante, se aprecia que dentro del marco razonable y de buena fe, la accionada se extralimitó en el ejercicio de su Derecho de denunciar, obrando de manera imprudente y sin previsión acerca de la existencia del delito. En efecto, no podemos soslayar que en su denuncia reconoció que el Escribano Público -ante requerimientos- siempre respondía que los documentos públicos estaban "en trámites de inscripción" (fs. 8). Esa circunstancia nos lleva a la convicción que la accionada se excedió y exageró en tildar la actuación del Escribano Público como "aptitud delictiva... flagrante comisión de hecho punible tipificado como apropiación..." (fs. 9). Por lo demás, no constituye un dato menor el hecho que la accionada transitó las Instancias del Proceso Penal, incluso instauró Acción Inconstitucional, a fin de lograr la culpabilidad del accionante, resultando perdidosa.
A ello cabe agregar que si su intención era la de recuperar los documentos públicos entregados al Notario Público, debió ejercer la Acción civil reivindicatoría, conforme lo preceptuado en el Articulo 2.407 y siguientes del Código Civil.
Zavala de González ilustra: "Puede señalarse que, si la exigencia de mesura y prudencia antes de verter una denuncia delictiva contra otro sujeto reviste carácter general, cobra todavía más intenso relieve cuando precede con respecto del denunciado una relación personal deteriorada, pues entonces el ánimo puede verse turbado por el encono u otras pasiones negativas. En tal supuesto, no puede obrarse a la ligera, sino agotando los resortes a fin de cerciorarse si realmente se está ante una conducta delictiva, antes de decidir practicar la denuncia o acusación" (Resarcimiento de daños/ 2c. Daños a las personas. Integridad espiritual y social, página 408). Indudablemente, la denuncia penal infundada produjo chaño moral al accionante, pues fue difundida en Diario de gran "circulación en el pais, durante varios dias y sucesivamente, según consta a fs. 72/80, documentos que fueron agregados y reconocidos en Juicio (fs. 94). Un dato de relevancia es que dichas publicaciones periodísticas fueron realizadas posteriormente a la desestimación de la denuncia por el Juzgado en lo Penal.
Surge innegable, repetimos, que tal situación causó aflicción y desanimo al accionante, más aún considerando que fue denunciado por la comisión de hecho punible en cumplimiento de sus labores notariales: "Apropiación en grado de confianza", tipificado en los delitos de Acción Penal Pública. Los malestares, angustias, enojos de quien es tratado públicamente como "sinvergüenza fedatario" (publicación periodística), escarnios que afectan -a no dudarlo- el honor, farpa, reputación de la persona, como tal, y más aún como profesional.
Zavala de González ilustra: "...la lesión al honor se magnifica cuando, además de la negativa valoración sobre las aptitudes o el desempeño profesional, se agregan imputaciones sobre inmoralidad en el ejercicio de la profesión respectiva" (Ibidem: página 491).
En igual sentido, la más sólida Jurisprudencia ha establecido que: "La imputación de un delito que lesiona gravemente el honor y la reputación de una persona, debe ser precedida. de un cuidadoso análisis de los antecedentes que la justifiquen. Por el contrario, la imputación resulta imprudente cuando se obra precipitadamente, sin tomar todos los recaudos necesarios para no caer en la falsedad que por sí misma implica un daño a ese bien que es el honor" (CNCiv., Sala G, 6/7/84, LL, 1.985-B-563, 36.817-S).
En cuanto al monto del daño moral, resulta legal fijar Gs. 50.000.000, atendiendo la edad del afectado, así como su condición profesional.
Por las motivaciones explicitadas, cabe en Derecho revocar el Fallo impugnado y, en consecuencia, hacer lugar a la demanda por indemnización de daños y perjuicios promovida por Jorge Luis Fernández Zaván contra "C.O.P.A.C.O. S.A.", con imposición de Costas en el orden causado, en ésta Instancia, al haber razón probable y fundada para litigar, en virtud a lo dispuesto en el Articulo 193 del Código Procesal Civil. Así voto.
Con lo que se dio por terminado el acto firmando SS.EE. todo por Ante mi de que certifico, quedando acordada la Sentencia que inmediatamente sigue:
Asunción, 8 de octubre del 2.019.
CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia Número 51, con fecha 11 de Mayo del 2.015, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de la Capital, Primera Sala.
IMPONER las Costas en esta Instancia, a la recurrente y perdidosa.
Dr. Eugenio Jimenez R. Ministro
Pierina Ozuna. Actuaria