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Timestamp: 2017-11-21 02:39:14
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Matched Legal Cases: ['artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 130', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 35', 'artículo 35', 'in fine', 'artículo 31', 'artículo 21', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 286', 'artículo 31', 'artículo 31', 'in dubio']

Aspectos profesionales: Protección de Datos, Cloud Computing y Sistemas de Gestión.: La responsabilidad penal corporativa, el Compliance Officer y el modelo integrado de GRC
Resumen: Los riesgos y los requerimientos actuales de cumplimiento regulatorio en la empresa son numerosos, exigentes y varían constantemente. Su ignorancia, deliberada o no, puede causar graves efectos en la organización. También, en un entorno globalizado y cada vez más competitivo, las normas de libre adscripción y marcos de mejores prácticas aportan valor a la empresa pero obligan a la entidad a implantar programas de cumplimiento para acreditar el debido control sobre todos los ámbitos. De la convergencia de todos ellos es que aparecen los Compliance Management Systems (CMS) y los Modelos integrados de Governance, Risk & Compliance (GRC).
2.1. Antigua reforma del Código Penal del año 2010
2.2. Huida hacia adelante para extinguir la responsabilidad
2.3. Vigente Código Penal, modificado en 2015
2.3.1. Responsabilidad directa de la persona jurídica
2.3.2. Mecanismos de exención de responsabilidad
2.3.3. Régimen de atenuación
2.3.4. Responsabilidad del administrador
3. MODELO INTEGRADO DE CAPACIDAD GRC
3.2. Desempeño basado en principios
3.3. Componentes integrados del modelo de capacidad GRC
3.4. Resultados esperados del modelo de capacidad GRC
3.5. Acciones y controles del modelo de capacidad GRC
3.5.1. Los controles proactivos
12. CONTROL DE CAMBIOS DEL ARTÍCULO
Desde el punto de vista del Derecho vigente hasta julio del año 2015, la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modificaba la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, introdujo en el ordenamiento jurídico Español un nuevo concepto: La responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Añadía el artículo 31 bis CP, que disponía en su número 1: “En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho, por sus representantes legales y administradores de hecho o de derecho.
En los mismos supuestos, las personas jurídicas serán también penalmente responsables de los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en provecho de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por no haberse ejercido sobre ellos el debido control atendidas las concretas circunstancias del caso”.
Podríamos decir que distinguía dos tipos de culpa de la persona jurídica: “In eligendo” al referirse a delitos cometidos por los representantes legales o administradores que ha designado la organización para que le representen e “In vigilando” tratándose de empleados sometidos a la autoridad de los anteriores, sin haberse ejercido el debido control.
Respecto este último grupo es de destacar que el concepto de “debido control”, era señalando como atenuante en el mismo artículo 31 bis CP, número 4, apartado d): “Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica”, pero en absoluto este “debido control” era contemplado como eximente.
En consecuencia, se ratificaba la necesidad de establecer un adecuado “Programa de Cumplimiento” por parte de las empresas, pese a la ausencia de concreción en la legislación de entonces al aludir al “debido control”, solo delimitado como el establecimiento y adopción de medidas eficaces de prevención y detección de delitos. El concepto “medidas eficaces” elude toda opción de simplemente maquillar un programa de cumplimiento en lo que se conoce, empleando terminología anglosajona, como “makeup compliance”.
Para los que se planteaban la venta, cesión o fusión de la persona jurídica imputada, únicamente con la finalidad de eludir o entorpecer la acción procesal posterior, se redactó el apartado 2 del artículo 130 CP que disponía: “La transformación, fusión, absorción o escisión de una persona jurídica no extingue su responsabilidad penal, que se trasladará a la entidad o entidades en que se transforme, quede fusionada o absorbida y se extenderá a la entidad o entidades que resulten de la escisión. El Juez o Tribunal podrá moderar el traslado de la pena a la persona jurídica en función de la proporción que la persona jurídica originariamente responsable del delito guarde con ella.
La LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, modificada por la LO 1/2015, de 30 de marzo, [6] en vigor a partir de julio de 2015, presenta una serie de concreciones adicionales:
Se modifica el artículo 31 bis CP, número 1, en referencia a la responsabilidad directa de la persona jurídica por la comisión de un delito por parte de cualquier persona con capacidad de decisión o de organización y control. En consecuencia no es necesario que sea el administrador sino que puede ser cualquier Directivo, mando intermedio, etc., ya sea individualmente o de forma colegiada: “1. En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente responsables:
a) De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma”.
Se pretende conseguir que socios y directivos no solo adopten políticas empresariales que persigan el logro de objetivos económicos, sino que además adopten las medidas de gobierno y gestión necesarias para la consecución de objetivos legales. En otras palabras, se trata de que la empresa se autorregule de forma que los programas de cumplimiento, códigos de conducta, programas éticos, etc., se erijan en instrumentos efectivos para prevenir delitos en el seno de la empresa, más que un simple maquillaje, cara al exterior, que en el fondo no proteja de nada.
“b) De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso”.
El artículo 31 bis CP, en su número 2, dispone: “2. Si el delito fuere cometido por las personas indicadas en la letra a) del apartado anterior, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si se cumplen las siguientes condiciones:
1.ª el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión;”
El concepto “medidas de vigilancia y control idóneas” en esta 1ª condición puede interpretarse cómo que no será suficiente con la implementación de unas “medidas genéricas de vigilancia y control” sino que deben ser idóneas para cada posible naturaleza de delitos, es de suponer que en base a su riesgo real de materialización en la estructura concreta de la persona jurídica.
Pensemos que actualmente no se concibe un sistema de organización, vigilancia y control efectivo que no esté basado en la apreciación y el consecuente tratamiento del riesgo.
Como se indica en el que equivale al preámbulo del RD 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2012, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo “Un enfoque orientado al riesgo que, no solamente, incrementará la eficiencia de las medidas a aplicar, sino que se presenta, igualmente como un elemento de flexibilidad de la norma, dirigida a un colectivo muy heterogéneo de sujetos”.
Esta 2ª condición se refiere a la necesidad de una figura, o un órgano, independientes dentro de la persona jurídica, para supervisar y controlar el modelo de prevención. A este respecto recordaré otra vez el RD 304/2014, de 5 de mayo, de PBCyFT, que en su artículo 35.2 dispone también que “los sujetos obligados establecerán un órgano de control interno responsable de la aplicación de los procedimientos de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo”, con las consideraciones de ese mismo artículo 35.2 in fine. Es la tendencia, especialmente dentro de cualquier especialidad de cumplimiento.
“3.ª los autores individuales han cometido el delito eludiendo fraudulentamente los modelos de organización y de prevención y
Queda claro que la ratio legis es que el modelo de organización y prevención sea eficaz y constantemente supervisado por el órgano independiente de control.
Se establece un peculiar y diferenciado régimen de atenuación previsto en el número 4 del artículo 31 bis CP. Se concreta como una lista cerrada con un numerus clausus de circunstancias atenuantes. El legislador lo debe haber establecido así al ser impracticable, dada la especial naturaleza de las personas jurídicas, aplicarles la lista general de circunstancias atenuantes que se recoge en el artículo 21 CP legislada pensando en las personas físicas. Se concretan en el artículo 31 quater CP una circunstancia de previsión para futuros casos y otras de confesión y colaboración para la investigación del delito: “1. Sólo podrán considerarse circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas haber realizado, con posterioridad a la comisión del delito y a través de sus representantes legales, las siguientes actividades:
d) Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica”.
Vemos que siempre favorece la implantación en la empresa de medidas eficaces de prevención y control o, lo que es lo mismo, un programa de cumplimiento efectivo:
Ex ante, ya que logran la exención completa de RPPJ o, en su defecto, una atenuación parcial de la pena, según el párrafo final del artículo 31 bis 2 CP: “En los casos en los que las anteriores circunstancias solamente puedan ser objeto de acreditación parcial, esta circunstancia será valorada a los efectos de atenuación de la pena”.
Ex post de la comisión del delito y antes del juicio oral, según el apartado d) del artículo 31 quater 1 CP: “d) Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica”.
Cabe decir que la inversión económica que representa ese programa se justifica en que las circunstancias atenuantes son siempre carga de prueba de aquel al que favorecen, en este caso la persona jurídica. Recuerdo que los seguros de responsabilidad civil (RC) no cubren la responsabilidad penal, ni la responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito.
Al final, se ha “caído” en el proceso de aprobación el artículo 286 seis CP, que se preveía en el borrador de la propuesta para la Sección 4ª “Delitos de corrupción en los negocios”, con la siguiente redacción: “1. Será castigado con pena de prisión de tres meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses, e inhabilitación especial para el ejercicio de la industria o comercio por tiempo de seis meses a dos años en todo caso, el representante legal o administrador de hecho o de derecho de cualquier persona jurídica o empresa, organización o entidad que carezca de personalidad jurídica, que omita la adopción de las medidas de vigilancia o control que resultan exigibles para evitar la infracción de deberes o conductas peligrosas tipificadas como delito, cuando se dé inicio a la ejecución de una de esas conductas ilícitas que habría sido evitada o, al menos, seriamente dificultada, si se hubiera empleado la diligencia debida (…).
No obstante, recuerdo que el artículo 31 CP resuelve las situaciones en las que se produce una disociación entre quien actúa, el representante, y quien ostenta la cualidad que el tipo exige al sujeto activo del delito, el representado, ya se trate de una persona física o jurídica como es el caso. A tenor literal dispone: “El que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica, o en nombre o representación legal o voluntaria de otro, responderá personalmente, aunque no concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente figura de delito requiera para poder ser sujeto activo del mismo, si tales circunstancias se dan en la entidad o persona en cuyo nombre o representación obre”.
El artículo 31 CP, que ya estaba presente antes de la modificación de 2015 del Código Penal, puede llegar a interpretarse a sensu contrario, como que a efectos prácticos se pasa a considerar a los administradores de una persona jurídica como sujeto activo de cualquier delito imputable a ésta, respondiendo personalmente.
Queda demostrada así la importancia capital de implantar en la empresa un completo y adecuado programa de cumplimiento. No solo para preservar a la propia organización, sino a sus representantes y administradores de posibles imputaciones.
Normas de adscripción voluntaria - Autorregulación (como pueden ser las normas internacionales ISO, normas sectoriales…).
Después de varios estándares nacionales, entre ellos el Australian Standard AS3806:2008, se ha desarrollando la Norma ISO 19600:2014 - International Guideline Standard on Compliance Management Systems.
El objeto de estas normas standard para Sistemas de Gestión del Cumplimiento (CMS) es proporcionar directrices o requisitos mínimos para todas las organizaciones, públicas y privadas, para diseñar, implementar, mantener y mejorar sistemas eficaces de gestión de cumplimiento.
Adoptar un CMS, basado por ejemplo en la estructura de la Norma ISO 19600:2014, es una buena forma de preparar la integración con otras Normas ISO de la empresa y facilitar la transición del cumplimiento hacia un modelo global de GRC.
Las nuevas Normas ISO están basadas en el Anexo SL, por lo que disponen de una estructura homogénea que les permite integrarse entre ellas. Este Anexo SL se aplicará a todas las normas que vayan apareciendo nuevas a partir del año 2012 y, paulatinamente, a todas las actualizaciones de las existentes.
Basándome en esa estructura, muestro a continuación una tabla con las diferentes cláusulas de la Norma ISO 19600:2014.
Estructura de alto nivel para ISO MSS
Guía sobre cumplimiento en la norma ISO 19600:2014
- Análisis del entorno en el que opera la organización (contexto, problemática, partes interesadas ​​y sus requerimientos, necesidades y expectativas).
- Ámbito de aplicación del sistema de gestión del Cumplimiento.
- Identificación de las obligaciones de cumplimiento.
- Evaluación de los riesgos de cumplimiento
- Política, compromiso, liderar con el ejemplo.
- Roles, responsabilidades y autoridades con respecto al cumplimiento, para el Consejo de Administración, la Alta Dirección y Dirección operativa, los empleados y un Compliance Officer independiente.
- Planificación de las medidas para controlar los riesgos de cumplimiento.
- Establecimiento de objetivos de cumplimiento.
- Concienciación, competencia y capacitación en el cumplimiento.
- Comportamiento y cultura.
- Comunicación y documentación.
- Implementación de controles para el cumplimiento (técnicos, procedimentales, dirigiendo la actitud y el comportamiento del personal).
- Monitorización del cumplimiento. Aplicación de indicadores.
- Análisis de la información (interna y externa) y comunicación de los resultados.
- Auditoría interna y revisión por la Dirección.
- Acciones sobre el incumplimiento de los requisitos y el escalado a los niveles de Alta Dirección cuando sea necesario.
- Actividades de mejora.
Podemos definir GRC como la capacidad que tiene la organización de lograr unos objetivos, administrando los recursos, en base a la estrategia acordada [GOBIERNO], gestionando el riesgo dentro de niveles aceptables [RIESGO] y respetando las obligaciones regulatorias y los compromisos normativos voluntarios [CUMPLIMIENTO]. [3]
Factores que han propiciado la aparición de GRC
Requerimientos legales generales. Por ejemplo: CP (LO 10/1995, de 23 de noviembre - reformada por la LO 1/2015, de 30 de marzo); (LOPD y su reglamento (LO 15/1999, de 13 de diciembre – RD 1720/2007, de 21 de diciembre); LSSI-CE (LEY 34/2002, de 11 de julio)…
Requerimientos legales sectoriales. Por ejemplo: LPBCyFT y su reglamento, para sujetos obligados (LEY 10/2010, de 28 de abril – RD 304/2014, de 5 de mayo); Sanidad (LAP - Ley 41/2002, de 14 de noviembre; LGSP – Ley 33/2011, de 4 de octubre, etc.)…
Prácticas internas. Por ejemplo: Políticas promulgadas por los órganos de gobierno; Procedimientos definidos por los órganos de gestión; Programas de auditoría y control…
Interacción con terceros. Por ejemplo: Proveedores, prestadores de servicios, asesores y expertos externos; Autoridades de inspección y control (En España la AEPD, SEPBLAC, CNMC, etc.)…
Estudiar la normativa aplicable: Regulaciones internacionales, nacionales y locales que le afecten como empresa, por ser sujeto obligado, mercados regulados, normativas sectoriales, específicas, de libre adscripción, frameworks adoptados, códigos de conducta existentes, códigos deontológicos que obligan a determinado personal, mejores prácticas adoptadas…
Logra evitar sanciones al haber cada vez más normativa que obliga a los sujetos obligados a implantar medidas de control. El mero hecho de no hacerlo puede suponer importantes sanciones administrativas, con independencia de las exenciones penales para la persona jurídica, que ya hemos visto, que le proporcionan unas medidas de vigilancia y control efectivo.
No es del todo mi particular parecer ya que existen otros incumplimientos regulatorios en el marco de la empresa que no necesariamente implican una ratio legis de tipo penal y, en consecuencia, inicialmente no se usará esa vía reservada como última ratio. Algunos de esos incumplimientos, por ejemplo, pueden sancionarse administrativamente o por la vía civil obligando al resarcimiento de los daños causados e ineludiblemente también requieren o se beneficiarían de un programa de control efectivo sujeto a coordinación y supervisión.
Artículos relacionados del CP
- LOPD (LO 15/1999)
- RLOPD (RD 1720/2007)
- LPBCyFT (Ley 10/2010)
- RLPBCyFT (RD 304/2014)
298 a 304 CP
- LPI (RDL 1/1996)
- Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica la LPI
Debe tenerse en cuenta que la asignación del deber específico de supervisión actúa como una delegación del deber de control, que corresponde a los administradores de la empresa, y genera una obligación, un deber jurídico de vigilancia y control, cuya omisión puede llegar a constituir un delito. Podría llegar a contemplarse la intervención delictiva del CCO pudiendo imputársele comisión por tolerancia dolosa (complicidad) o por omisión imprudente del deber de garante.
NOTA DEL EDITOR: Para profundizar en los riesgos inherentes al desempeño del CCO recomiendo, en este mismo blog, el artículo “Responsabilidad por deber de garante: Aplicación al CCO y al DPO”
Podría impugnarse la aplicación del principio "in dubio pro reo" sobre los posibles hechos delictivos, al no poder apoyarse en un supuesto de ignorancia deliberada, en base a los conocimientos y competencias especializados del sujeto en el ámbito del delito a considerar. Es indudable que el CCO los tiene o debería tenerlos.
La conclusión inmediata que se desprende es que si el Compliance Officer o el Coordinador de GRC forman parte de la plantilla de la empresa dejan de estar protegidos, pese a que fueren abogados y como norma general, por el secreto profesional. En cuanto a la Ley de PBCyFT ni tan siquiera así, salvo que se limiten a asesorar a su cliente en relación a un posible proceso judicial, algo que podría ocurrir con un asesor legal externo, pero no con un Compliance Officer o un Coordinador de GRC que, por su desempeño y funciones asignadas al rol, no se limita a ese único menester.
En el "sello de tiempo" la asignación de la referencia temporal se realiza por un tercero de confianza, independiente y ajeno al procedimiento o documento concreto, mediante un proceso de firma electrónica verificable que asegura la exactitud e integridad de la referencia. Asimismo, el sello de tiempo garantiza fehacientemente que una serie de datos, preparados por el solicitante del sello, han existido y no han sido modificados desde un momento determinado.
APRENDER del contexto organizacional, la cultura y las partes interesadas clave para informar de objetivos, estrategia y acciones.
ALINEAR la estrategia con los objetivos, y las acciones con la estrategia, mediante el uso de un enfoque eficaz de toma de decisiones que se ocupe de los valores, oportunidades, amenazas y requerimientos.
EJECUTAR acciones que promuevan y recompensen aquello que sea deseable, prevea y remedie lo indeseable, y detecte lo antes posible cuando suceda algo.
REVISAR del diseño y la operación efectiva de la estrategia y las acciones, así como la adecuación continua de los objetivos para mejorar la organización.
Lograr los objetivos del negocio. Las entidades existen y se sostienen mediante el logro de sus objetivos de negocio deseados. GRC debe contribuir a ello.
Mejorar la cultura organizacional. Inspirar y promover una cultura de alto desempeño, responsabilidad, integridad, confianza y comunicación.
Aumentar la confianza de las partes interesadas. Aumentar la seguridad y confianza de las partes interesadas -stakeholders- de la entidad.
Preparar y proteger a la entidad. Preparar a la entidad para enfrentar riesgos y requerimientos y protegerla de consecuencias negativas de hechos adversos, incumplimientos y conductas antiéticas.
Evitar, detectar y reducir la adversidad. Disuadir, evitar y establecer consecuencias de conductas negativas. Disminuir los daños tangibles e intangibles causados por eventos de riesgo adversos (los que pueden controlarse y los que no), incumplimiento, comportamientos poco éticos y la probabilidad de que hechos similares sucedan en el futuro.
Motivar e inspirar las conductas deseadas. Entregar incentivos y retribuciones motivando la ocurrencia de conductas deseadas, en especial frente a circunstancias difíciles.
Mejorar la capacidad de respuesta y eficiencia. Mejorar continuamente la capacidad de respuesta (oportunidad y agilidad) y eficiencia (velocidad y calidad) de todas las actividades de GRC, al mismo tiempo de optimizar la eficacia (capacidad de cumplir los objetivos y requerimientos).
Optimizar valor económico y social. Optimizar la asignación de capital humano y financiero a las actividades de GRC para maximizar el valor generado, lo que beneficia a la entidad y la sociedad en la que funciona.
- [1] ISACA. “Cobit 5: Procesos catalizadores - Capítulo 2. La Cascada de Metas y Métricas para Metas Corporativas y Metas TI”. 2012.
- [2] AENOR. “UNE-ISO 31000:2010 Gestión del Riesgo. Principios y directrices”. Julio 2010.
- [3] Fernando Izquierdo Duarte. “Latinoamérica CACS – Sesión 244 Gobierno Riesgo Cumplimiento”. Octubre 2013. PowerPoint. Slides 9,12,13 y 14. ISACA.
- [4] BOE. “Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal”. 23 de junio de 2010.
- [5] Scott L Mitchell & Carole Stern Switzer. “Red Book Modelo de Capacidad GRC”. Versión 2.1. OCEG GRC Series. Se le ha otorgado la Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License (licencia genérica de atribución por partes iguales de Creative Commons 3.0). Se utilizan algunos fragmentos e imágenes a lo largo de este artículo, igual que de la nueva versión 3.0.
- [6] BOE nº 77. “LO 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal”.
LO 1/2015, modificación CP
- Alain Casanovas. “Control Legal Interno”. Madrid 2012. Ed. La Ley (Grupo Wolters Kluwer).
- [7] Daniel Lucien Bühr. “From compliance programme to compliance management system: reaching the next level of effective compliance management”. Criminal Law and Business Crime Newsletter. Volume 7 - Number 1 - April 2014. Páginas 18 y 19. International Bar Association Legal Practice Division.
- [8] Juan Antonio Andino López. “Efectos de la vulneración del secreto profesional del abogado en el proceso civil”. Barcelona, mayo de 2013. Facultat de Dret - Universitat de Barcelona (UB). (Tesis Doctoral).
- Vicente Gimeno Sendra y Jordi Gimeno Beviá. “Código de buena conducta de las personas jurídicas”. Consejo General de la Abogacía. Madrid, 18 de Abril de 2012. (Documento).
- [9] OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). “Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE”. 2004.
- [10] José Luis Colom Planas. “Modelos de cumplimiento legal y apreciación del riesgo”. Blog del Consejo General de la Abogacía Española. Diciembre de 2014.
Cumplimiento legal y apreciación del riesgo
Se actualiza ampliamente el artículo como consecuencia de:
- La entrada en vigor de la LO1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la LO10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
- El grupo de OCEG publica la versión 3.0 de su Modelo Integrado de GRC.
- Se publica la Norma ISO 19600:2014, International Guideline Standard on Compliance Management Systems.
Publicado por Jose Luis Colom en 11:24
Etiquetas: CCO, Código Penal, COLOM, Compliance, Compliance Officer, CP, Cumplimiento, deber de secreto, Derecho Penal, EMPRESA, Gobierno, GRC, jurídico, legal, penal, PRIVACIDAD, Responsabilidad penal corporativa, Riesgo
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