Source: http://drcondominio.blogspot.com/2018/06/
Timestamp: 2020-07-03 16:22:45
Document Index: 194413165

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 16', 'artículo 27', 'artículo 266', 'artículo 23', 'artículo 13']

Doctor Condominio: 1/06/18
Bienestar animal I parte
En los últimos años se han dictado algunas normas que tienen que ver con el bienestar animal, que han cambiado la visión que había sobre este tema.
Algunos reglamentos, anclados en la visión anterior, tienen normas que indican a la administración que si encuentra una mascota deambulando por el condominio, simplemente la saque y no se hará responsable de ella. Eso ya no es viable. No solo por razones legales sino razones de convivencia pues las mascotas han adquirido un lugar relevante en la vida de nuestros clientes condóminos. ¿Cómo manejar el tema actualmente?
En primer lugar debemos entender que la visión ahora no es solo la seguridad o comodidad de las personas residentes, que pueda verse amenazada, sino que se suma la necesidad de la mascota de tener un entorno y condiciones de bienestar.
La Ley General de Salud (ley Nº 5395, de 30 de octubre de 1973) contiene (art. 338 bis) el deber de coordinación entre autoridades de Salud (humana) y el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), como muestra de esta doble preocupación.
La Ley de Bienestar de los Animales (Ley 7451 del 16 de noviembre de 1994), describe este bienestar básico como:
a) Satisfacción del hambre y la sed.
b) Posibilidad de desenvolverse según sus patrones normales de comportamiento.
c) Muerte provocada sin dolor y, de ser posible, bajo supervisión profesional.
d) Ausencia de malestar físico y dolor.
e) Preservación y tratamiento de las enfermedades.
En su artículo 7, le impone a su vez a las personas propietarias o responsables de las mascotas, el deber de garantizar ese bienestar, sin olvidar sus deberes de convivencia: “c) Recoger y depositar, en lugares apropiados, los desechos fecales de los animales de compañía que sean arrojados en las aceras, los parques, las calles, los jardines públicos, las playas y demás lugares públicos.”
Además (artículo 16) deben cumplir con medidas veterinarias declaradas de acatamiento obligatorio.
En el caso de mascotas peligrosas, la ley (artículos 17 y 19) contempla el deber de las personas propietarias o responsables de “...mantenerlos en condiciones adecuadas de salubridad y seguridad, que eviten los riesgos para la salud y la seguridad de las personas. De incumplirse con estas condiciones, el Ministerio de Salud los considerará animales nocivos.”
Los animales que así sean considerados, la ley impone el deber a las autoridades administrativas de “... llevar los animales mencionados en los dos artículos anteriores a albergues o al fondo municipal para ser adoptados o rematados. En estos casos, se concederá un plazo de tres días hábiles al propietario o al poseedor para reclamar sus derechos. Si quince días hábiles después de vencido ese plazo, no se ha verificado la adopción ni el remate, deberá dárseles muerte sin sufrimiento.”
Quien incumpla con estos deberes de responsabilidad con las mascotas, puede ser objeto de sanciones administrativas de multa de entre un cuarto a medio Salario Base. En este 2018 la multa sería entre 107,750 y 215,500 colones.
Además podría haber sanciones penales que veremos en la segunda parte.
Publicado por Lic. Ignacio Alfaro Marín en 12:12
Cómo enriquecer un Reglamento pobre
Un reglamento no puede modificarse si no cuenta con el voto afirmativo de la totalidad de los propietarios. La limitación para modificar el reglamento tiene un sentido y un fundamento legal: está prevista en la ley (artículo 27 inciso a, ley 7933) y además el Código Civil (artículo 266) señala que no el derecho de propiedad no tiene más límites que los que imponga la ley o los que acepte su propietario. Es esa razón por la que es necesario el consentimiento de todos los propietarios para imponerles una limitación.
Ahora bien, cada día se presentan situaciones que requieren de normas claras para enfrentarlas, y las administraciones y juntas con frecuencia se ven limitadas para actuar sin ellas. O bien, es la justificante perfecta para no actuar si no hay la voluntad de hacerlo.
No es necesariamente imposible regular situaciones sin reformar el Reglamento, pero sí requiere conocer el Reglamento con suficiente profundidad. Una administración (o una Junta Administradora donde existe ese órgano) no puede permitirse no saber reconocer el Reglamento o desconocer su contenido.
Puede hacerse una labor creativa para encontrar formas de resolver las necesidades legales normativas del condominio sin tener que reformar el Reglamento. Claro que hay casos en los que no queda más que reformar el Reglamento. Hay dos opciones básicas para conseguir enriquecer el reglamento:
a.- Creación normas de aplicación del Reglamento: El condominio, a través de acuerdos de su asamblea de condóminos puede crear normas que enriquezcan el Reglamento definiendo la forma en la que se habrán de aplicar o ejercer las normas contenidas en el Reglamento. Un ejemplo muy claro son las usuales regulaciones de uso de áreas y bienes comunes, llamadas normas de convivencia en muchos condominios. Estas normas no pueden prohibir algo que esté permitido en el reglamento (pues estarían quitando un derecho) ni pueden imponer obligaciones que limiten el derecho de propiedad (salvo si cuentan con el consentimiento de la totalidad de los propietarios).
Incluso en sanciones o en presupuesto esto es posible. Para imponer una sanción debe seguirse un debido proceso (artículo 23, ley 7933), si este no existe puede crearse por acuerdo de la asamblea ya que no se está imponiendo un deber sino que se están dictando las reglas sobre cómo se ejercerá ese derecho de defensa y facultad de sanción de la administración, que establece la ley. En materia de presupuesto puede determinarse cómo habrán de pagarse los fondos comunes (por ejemplo definir mecanismos de débito bancario), pues no se imponer un deber distinto del deber de pago que ya está establecido por ley (artículo 13, ley 7933)
b.- Disposiciones de la administración: La administración tiene poder normativo dando ordenes (disposiciones, como llama la ley 7933), las cuales, dentro de sus facultades y funciones, son obligatorias salvo que una asamblea las revoque. Este es un poder normativo muy importante que con frecuencia se olvida o se teme su ejercicio. Una disposición sobre cómo debe cumplirse un artículo ya existente del Reglamento soluciona a veces muchos problemas.
Publicado por Lic. Ignacio Alfaro Marín en 0:00