Source: https://edwinfigueroag.wordpress.com/z-discriminacion-sexual-e-interpretacion-evolutiva/
Timestamp: 2017-06-29 00:31:26
Document Index: 160985548

Matched Legal Cases: ['artículo 21', 'artículo 2', 'artículo 14', 'artículo 32', 'artículo 24', 'artículo 1', 'artículo 44', 'Artículo 1']

z. Discriminación sexual e interpretación evolutiva | Pensamientos de Derecho Constitucional
Introducción Los criterios de enfoque de los derechos humanos parten hoy de una concepción de derechos mínimos en perspectiva de crecimiento progresivo y ese énfasis es moneda corriente desde el término de la última gran conflagración mundial en 1945, situación a partir de la cual uno de los grandes retos ha sido un tratamiento más igualitario entre los seres humanos y en ello han trabajado febrilmente números instrumentos internacionales.
Los derechos de connotación sexual, con una tendencia marcada hoy hacia el derecho a la igualdad, han seguido esa acentuada evolución de estándares que los mecanismos cuasi jurisdiccionales[2] y los jueces[3] buscan representar en sus decisiones. Asumimos con objetividad y sin tapujos que las sociedades contemporáneas han esbozado, en forma usual desde antaño y aún con fuerza en la actualidad, una conducta ciertamente de displicencia, en otros casos más difíciles homofóbica, respecto de los derechos de las minorías sexuales y ello es todavía un patrón con cierta consolidación en unas sociedades más que en otras.
Es idea central de este ensayo que el análisis de los jueces en la jurisprudencia relativa a los núcleos LGTBI, en los ámbitos interamericano y europeo, ha desarrollado un escenario in crescendo de fijación de nuevas reglas materiales[4] que las legislaciones nacionales no han podido definir satisfactoriamente solo desde el principio de legalidad, y de ahí la importancia de que los fallos de los jueces, tanto en el sistema interamericano como a nivel del Convenio Europeo de Derechos Humanos, hayan consolidado importantes líneas de revaloración de los derechos de los grupos LGTBI, en la medida que deben abrirse paso ideas evolutivas de las facultades de estas otras minorías sexuales, en tanto no representan diferencias sustantivas con los grupos heterosexuales.
II. La discriminación sexual La discriminación asume dos facetas: una positiva y otra negativa y el estándar de si existe trato discriminatorio en una determinada situación, comporta la aplicación del principio de proporcionalidad, el cual ha merecido un importante tratamiento en la doctrina[5] y en la jurisprudencia constitucional de los últimos decenios.
II. Discriminación abierta y discriminación oculta Los jueces se ven precisados a refutar los actos de discriminación, abiertos u ocultos, siempre que medien condiciones jurídicas determinadas o deban conocer controversias con contenidos vinculados a la discriminación como aspecto jurídico de un problema.
III.I. Antecedentes del caso La decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Atala Riffo aborda una primera cuestión de importancia en el sentido de determinar los alcances del derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación, el derecho a la vida privada, el derecho a la vida familiar, los derechos del niño, los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial.
La Corte consideró que la noción de igualdad se desprende directamente de la naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona,[10] habiendo ingresado este principio en el dominio del ius cogens.[11]
De la misma forma, considera que el Comité de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, han calificado la orientación sexual como una de las categorías de discriminación prohibida considerada en el artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, [12] previsiones que desde la perspectiva europea se ven complementadas por el artículo 14[13] del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Destaca otro argumento en el sentido de que” la decisión de custodia provisoria, tras apreciar la totalidad de la prueba que a la fecha obraba en el proceso […] concluy[ó] que: i) las niñas presentaban perturbaciones de orden psicológico y carencias afectivas […], y ii) que el padre daba certeza de ofrecer un entorno adecuado”.[18] Sobre este particular, es de observar qué podemos entender por “entorno adecuado” pues esa acepción partiría de que el ambiente ofrecido por el padre heterosexual sí es adecuado, en tanto el ofrecido por la madre lesbiana, es inadecuado, una distinción que desde la perspectiva del principio de igualdad, no resulta sostenible.
IV. Sentencia 6864-2005 del Tribunal Constitucional español y el matrimonio entre personas del mismo sexo. El caso de la Ley 13/2005, impugnada por el conservador Partido Popular de España, nos remite a un ámbito muy similar de análisis del caso Atala Riffo, mas desde la perspectiva del sistema europeo de derechos humanos respecto a la viabilidad de que las personas del mismo sexo puedan contraer o no enlace matrimonial.
IV.I. Antecedentes del caso La demanda es presentada con fecha 30 de setiembre de 2005 por Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa, en representación de 71 Diputados del Grupo Popular del Congreso contra la Ley 13/2005 de fecha 01 de julio de ese año.
Los demandantes exponen algunas razones sustantivas en su objeción a la norma modificatoria del Código Civil y consideran tres razones principales: “a) El carácter básico de la institución del matrimonio (…) de ahí que la Ley impugnada desnaturalice el matrimonio, haciendo de una institución con unos contornos tan definidos y universales una institución polisémica, borrosa y disponible; [32] (…) b) La imposibilidad de que el legislador modifique la Constitución cambiando el nombre acuñado de las cosas empleado por el constituyente. (…); [33] (y) c) La posibilidad de conseguir la finalidad perseguida a través de fórmulas que no supongan una ruptura de la Constitución. (…)”[34]
El Tribunal reseña que “Los diputados recurrentes también esgrimen en defensa de su postura que no existe una garantía mínima de certeza, en el ámbito de la comunidad científica, sobre la conveniencia del adoptado de vivir en el seno de una pareja homosexual. Prueba de ello sería que en los pocos países que han abierto el matrimonio a las parejas homosexuales no se reconoce la adopción conjunta por parte de las mismas.”[36] El argumento de la parte accionante resulta enteramente rebatible. En efecto, la situación es precisamente la contraria y basta remitirnos al análisis ya desarrollado respecto del caso Atala Riffo: la crianza de niños en el seno de parejas homosexuales, no implica una afectación del desarrollo emocional de estos niños en tanto ha de producirse solo una diferente percepción del modo en que ha de expresarse el afecto de los niños de estos hogares hacia sus padres.
IV.II. Fundamentos del Tribunal Constitucional español Precisa el Tribunal Constitucional español que “el Tribunal Europeo de Derechos Humanos TEDH desconecta el derecho a contraer matrimonio y la garantía de protección de la familia, cuando establece que el concepto de vida familiar protegido por el art. 8 CEDH no se reserva únicamente a las familias fundadas en el matrimonio, sino que puede referirse también a otras relaciones de facto (entre otras muchas SSTEDH en los asuntos X, Y et Z c. Reino Unido, de 22 de abril de 1997, § 36; y Van Der Heijden c. Países Bajos, de 3 de abril de 2012, § 50).”[41]
En valoración de la posición de los demandantes, asume el Tribunal Constitucional que: “los recurrentes entienden que la ley impugnada vulnera efectivamente la garantía institucional del matrimonio, basándose en una interpretación originalista del artículo 32 CE,[42](…) [y] entienden los recurrentes que la institución matrimonial configurada por la Ley impugnada hace irreconocible la institución clásica del matrimonio, suponiendo una desnaturalización de la institución incompatible con el respeto a la garantía institucional del mismo.”[43] Como valoración histórica destaca el Tribunal que “en los años 50, el matrimonio era, evidentemente, entendido en el sentido tradicional de unión entre dos personas de sexo diferente” (STEDH en el asunto Schalk y Kopf c. Austria, de 22 de noviembre de 2010, § 55). En el año 1978, cuando se redacta el art. 32 CE era entendido mayoritariamente como matrimonio entre personas de distinto sexo (…)”[44]
Refiere el Tribunal que “(…) desde una estricta interpretación literal, el art. 32 CE sólo identifica los titulares del derecho a contraer matrimonio, y no con quién debe contraerse aunque, hay que insistir en ello, sistemáticamente resulta claro que ello no supone en 1978 la voluntad de extender el ejercicio del derecho a las uniones homosexuales.”[45] Valga acotar que la interpretación literal hoy en día representa una tendencia de suyo minoritaria en la interpretación de los derechos fundamentales, circunscrita a solo esquemas subsuntivos o de lógica formal, abarcando la menor porción de controversias iusfundamentales. Por tanto, ya no podemos interpretar los derechos fundamentales solo desde su percepción de disposición, en el sentido de un enunciado lingüístico, sino se hace exigible asumir la noción de norma, a fin de atender a los sentidos interpretativos del derecho iusfundamental.
Acota el Tribunal que “el art. 12 CEDH no puede imponer, hoy por hoy, a ningún Estado la obligación de abrir el matrimonio a las parejas homosexuales, pero tampoco se puede extraer de su dicción literal la imposibilidad de regular el matrimonio entre personas del mismo sexo.”[48] En la misma línea del concepto de interpretación evolutiva, ni podemos forzar contenidos ni podemos restringir nuevas lecturas de las normas si éstas exigen ser compatibilizadas con las subsecuentes interpretaciones en materia de derechos humanos. Por lo tanto, la nueva concepción del matrimonio deja atrás una lectura estática de esta institución para pasar a asumir un nuevo rol dinámico omnicomprensivo de las relaciones interpersonales con objetiva inclusión de personas del mismo sexo.
La reflexión va más allá al señalarse que “tampoco en el ámbito del derecho público existen especiales dificultades para que cónyuges del mismo sexo sean destinatarios de las normas que contemplan al cónyuge como sujeto de obligaciones o de derechos, tales como el régimen tributario, el correspondiente a las prestaciones de Seguridad Social o incluso para aplicar el sistema penal en los casos en que la situación del cónyuge como víctima o como responsable de infracción penal sea determinante.”[49] En adición a ello se destaca que “el régimen jurídico del matrimonio y consecuentemente la imagen jurídica que la sociedad se va forjando de él, no se distorsiona por el hecho de que los cónyuges sean de distinto o del mismo sexo.”[50]
Los derechos de los grupos LGTBI han sufrido un rechazo histórico que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha logrado revertir progresivamente. En ello, ha tenido lugar el desarrollo del concepto de “interpretación evolutiva”, premisa sobre la cual las minorías sexuales han logrado los primeros espacios de consolidación de sus derechos. Los grupos LGTBI aún siguen siendo objeto, tanto en el sistema interamericano como en el sistema europeo de derechos humanos, de escenarios de discriminación negativa, materializados en las decisiones de jueces influenciados por estereotipos, situación que configura una forma de trato desigual entre iguales. Sin perjuicio de ello, las más altas instancias representativas de la defensa de los derechos humanos en los ámbitos interamericano y europeo, han asumido un rol tuitivo de orden gravitante en las controversias relativas a los derechos de las minorías sexuales, afianzando un concepto de progresividad que ni las legislaciones ni tras decisiones judiciales restrictivas minoritarias han podido soslayar. En el ámbito interamericano, el caso Karen Atala Riffo y niñas vs Chile, representa un parámetro jurisprudencial de primera importancia, en tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad del Estado chileno tras haber retirado la justicia chilena a la señora Atala, la tuición de sus tres menores hijas. La Corte IDH determinó contraria a la Convención la decisión de la justicia chilena sobre pérdida de tuición, al haberse basado en la orientación sexual de la señora Atala, con lo cual se configuró la violación del derecho a la igualdad y la no discriminación, consagrada en el artículo 24, en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El caso de la decisión del Tribunal Constitucional español sobre la Ley 13/2005, en relación a la acción de inconstitucionalidad promovida por el Partido Popular de España, para dejar sin efecto una modificación del artículo 44 del Código Civil español que a su vez permitía la unión matrimonial entre personas del mismo sexo, representa otro avance sustantivo de los derechos de los grupos LGTBI. En efecto, la aludida modificación legal, al permitir el matrimonio homosexual, sentó las bases de un nuevo hito en la defensa de los derechos de estas minorías. Finalmente, queda aún mucho por trabajar respecto a los derechos de los grupos LGTBI a propósito de las modificaciones legislativas favorables a estos núcleos y las decisiones de los jueces, tanto en el sistema interamericano como en el sistema europeo. Aún existe con fuerza, en muchos ámbitos, ideas estereotipadas y prejuicios respecto a estas minorías sexuales cuyos derechos no pueden ser soslayados. En esa misma lógica, corresponde una mayor difusión de las decisiones relevantes de los órganos jurisdiccionales encargados de la legitimidad democrática de estos derechos, entre ellos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y diversos Tribunales y Cortes Constitucionales.
Publicado en REVISTA JURIDICA DEL PERU Nro. 149. Julio de 2013. pp. 37-53
[6] Convención Americana de Derechos Humanos. Parte I – Deberes de los Estados y Derechos Protegidos. Capitulo I – Enumeración de Deberes. Artículo 1. Obligación de respetar los derechos
[17] Caso Atala Riffo y niñas vs. Chile .F.J. Caso Atala Riffo y niñas vs. Chile .F.J. 102 [18] Caso Atala Riffo y niñas vs. Chile .F.J. Caso Atala Riffo y niñas vs. Chile F.J. 105 [19] Caso Atala Riffo y niñas vs. Chile .F.J. Caso Atala Riffo y niñas vs. Chile F.J. 107
[21] Caso Atala Riffo y niñas vs. Chile .F.J. Caso Atala Riffo y niñas vs. Chile F.J. 113 [22] Caso Atala Riffo y niñas vs. Chile .F.J. Caso Atala Riffo y niñas vs. Chile F.J. 125
[28] Caso Atala Riffo y niñas vs. Chile .F.J. Caso Atala Riffo y niñas vs. Chile. F.J. 143 [29] Caso Atala Riffo y niñas vs. Chile .F.J. Caso Atala Riffo y niñas vs. Chile. F.J. 146
[51] Sentencia del Tribunal Constitucional español. Caso Ley 13/2005. F.J. 9. p. 47