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Timestamp: 2019-06-19 18:45:41
Document Index: 406670695

Matched Legal Cases: ['artículo 300', 'artículo 29', 'artículo 15', 'artículo 29', 'artículo 100', 'artículo 106', 'artículo 106', 'artículo 29', 'in fine', 'artículo 29', 'artículo 106', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 147', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 15', 'Artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 80', 'artículo 147', 'artículo 148', 'artículo 123', 'Artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 3', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 24', 'Artículo 13']

Régimen de Jubilación de los Trabajadores de Empresas del Estado
El régimen de jubilación aplicable a los trabajadores al servicio de las empresas del Estado debe estudiarse a partir del marco jurídico de la descentralización funcional como forma de organización del Estado, pues será éste ámbito organizativo –dentro del cual se encuentran las empresas del Estado- el que en definitiva, junto al análisis de la naturaleza jurídica de éstas formas de organización, nos permitirá determinar la legislación aplicable a los trabajadores de las Empresas públicas.
1. Descentralización funcional.
Además de la descentralización territorial como forma de organización, existe lo que la doctrina francesa ha denominado descentralización por servicios, calificada también como funcional, técnica o especial. A diferencia de la descentralización territorial, la cual reposa sobre una base geográfica y conlleva la creación de personas públicas territoriales, tales como: los estados y los municipios, la descentralización funcional conlleva la creación de una persona jurídica especial a la cual se le encomienda una actividad determinada. El término especial con el cual calificamos a éstas personas obedece a la actividad particular que les es asignada, por oposición a la descentralización territorial, que da lugar a las colectividades territoriales que tienen por finalidad la administración general de una determinada área geográfica[1].
La doctrina en general clasifica la descentralización en territorial y funcional. Al referirse a ésta última, señala que esta implica la transferencia de competencias a un ente público no territorial, por razones de servicio y no por razones político territoriales, como en el supuesto de la descentralización territorial. En ese sentido, Lares Martínez, indica que existe descentralización por servicios o descentralización institucional cuando ciertos servicios de carácter nacional son dotados de personalidad jurídica y patrimonio propio, con cierta autonomía y bajo el control del Estado[2].
Ahora bien, dentro del ámbito de la normativa vigente, la descentralización funcional encuentra de manera expresa su fundamento constitucional en el artículo 300 de la nueva Carta Magna, el cual establece:
“La ley nacional establecerá las condiciones para la creación de entidades funcionalmente descentralizadas para la realización de actividades sociales o empresariales, con el objeto de asegurar la razonable productividad económica y social de los recursos públicos que en ellas se inviertan.”
Como puede observarse de la norma precedente, la intención del constituyente ha sido que fuera el legislador quien estableciera las condiciones para la creación de los entes descentralizados funcionalmente, en otras palabras el mandato constitucional es que la regulación sobre la creación de los entes descentralizados funcionalmente sea materia de la reserva legal.
La norma en referencia, también nos permite deducir que la ratio essendi o razón de ser de los entes descentralizados funcionalmente descansa en la realización de actividades sociales o empresariales que pueden o no ser lucrativas, a fin de asegurar la razonable productividad económica y social de los recursos económicos que en ellas se inviertan, lo que se traduce en coadyuvar mediante la creación de entes con formas jurídicas especiales al mejor cumplimiento de los fines del Estado.
En este mismo orden de ideas, observamos que mediante la Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.305, de fecha 17 de octubre de 2001, se establecieron los principios y bases que han de regir la organización y funcionamiento de la Administración Pública; los principios y lineamientos de la Administración Pública Nacional y de la administración descentralizada funcionalmente.
Igualmente, el referido instrumento legal consagró en su artículo 29 el “Principio de Descentralización Funcional”, señalando que "Los titulares de la potestad organizativa podrán crear entes descentralizados funcionalmente cuando el mejor cumplimiento de los fines del Estado así lo requiera, en los términos y condiciones previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la presente ley."
Dentro de esos entes descentralizados funcionalmente a que hace referencia la Constitución y la ley se encuentran, precisamente, las empresas del Estado. Así lo ratifica el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Administración Pública al establecer que estos entes con personalidad jurídica propia e independiente de la República, de los Estados, Distritos Metropolitanos y de los Municipios, pertenecen al aludido sector de la Administración Pública Descentralizada Funcionalmente, principio el cual, se perfecciona por lo establecido en el artículo 29, eiusdem que califica a las empresas del Estado como entes descentralizados funcionalmente con forma de derecho privado y con fines empresariales.
2. Naturaleza Jurídica de las empresas del Estado.
La definición de estos entes descentralizados funcionalmente se encuentra contemplada en el artículo 100 de la Ley Orgánica de la Administración Pública en los siguientes términos:
“Son empresas del Estado las sociedades mercantiles en las cuales la República, los estados, los distritos metropolitanos y los municipios, o alguno de los entes descentralizados funcionalmente a los que se refiere esta ley, solos o conjuntamente, tengan una participación mayor al cincuenta por ciento del capital social.”
En este sentido, la Oficina Central de Personal dejó sentado el criterio de que las empresas del Estado son personas jurídicas constituidas mediante fórmulas de derecho privado, y sometidas en principio al mismo régimen que las sociedades formadas por los particulares, señalando que "Por lo común ostentan formas de Compañías de Comercio y se rigen fundamentalmente por las disposiciones del Derecho Mercantil. Sin embargo, en tiempos recientes se ha hecho más frecuente la promulgación de reglas de derecho público aplicables a estas empresas, operándose una gradual transformación de su régimen jurídico que hoy puede calificarse como mixto. No obstante, puede sostenerse que por su origen, naturaleza y propósito, estas empresas son entes de derecho privado, por lo que la base de su estatus jurídico es de índole privatista y, por lo tanto sólo les resultan aplicables aquellas normas de derecho público que en forma expresa lo disponen".[3]
Las empresas del Estado, están conformadas así bajo una estructura de Derecho Privado con la finalidad de que las mismas puedan desempeñarse en el ámbito de la gestión económica, sin las limitaciones que acarrea las regulaciones propias del derecho público.
Ello deja en evidencia, que el hecho de que el Estado tenga participación en alguna empresa o sea propietario de sus acciones, no significa que el régimen de gestión y comercialización aplicable a esa empresa sea de Derecho Público; por el contrario, al estar estas empresas constituidas mediante fórmulas de derecho privado, de conformidad con disposiciones mercantiles, su régimen de gestión y comercialización se rige por el derecho común y su naturaleza privada no se ve desvirtuada por el carácter público inherente a sus accionistas.
3. Marco jurídico general aplicable a los trabajadores de las empresas del Estado.
Siendo las empresas del Estado, formas jurídicas que se rigen por la normativa del Derecho Privado, la relación que las mismas puedan tener con sus trabajadores debe ser conducida en el ámbito del derecho laboral, específicamente, bajo el marco de la Ley Orgánica del Trabajo. Es decir, que aquel empleado que preste sus servicios a una empresa del Estado, no lo está haciendo directamente a una persona pública de la Administración Central o Descentralizada, sino que está prestando sus servicios a una compañía anónima de derecho privado.
En Venezuela ya existían precedentes sobre la determinación de la legislación por la cual debían regirse las empresas del Estado. Así, por ejemplo, en el Proyecto de Ley Orgánica de Institutos Autónomos y Empresas del Estado de 1968, como en el Proyecto de Ley Orgánica de Entidades Descentralizadas de 1971 y el Proyecto de la Administración Descentralizada de 1976, se establecía de manera expresa que las empresas del Estado debían regirse por las disposiciones del derecho mercantil, civil y laboral, salvo expresa determinación en contrario o salvo las derogaciones previstas en dichos proyectos.
Las tendencias seguidas en estos proyectos fueron recogidas por la Ley Orgánica de la Administración Pública que en su artículo 106 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, establece que las empresas del Estado se regirán por la legislación ordinaria.
En efecto, el artículo 106 ejusdem establece:
“Las empresas del Estado se regirán por la legislación ordinaria, salvo lo establecido en la presente ley. Las empresas del Estado creadas por ley nacional se regirán igualmente por la legislación ordinaria, salvo lo establecido en la ley.”
Para determinar el contenido de esta norma, debemos entender primero a qué se refiere cuando remite a la legislación ordinaria como legislación aplicable a las empresas del Estado.
Cuando examinamos anteriormente las formas jurídicas de la administración pública descentralizada, hicimos referencia al “Principio de Descentralización Funcional” previsto en el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, el cual establece los tipos de entes descentralizados funcionalmente, a saber: 1) Entes descentralizados funcionalmente con forma de derecho privado, con fines empresariales y sin fines empresariales; y 2) entes descentralizados funcionalmente con forma de derecho público.
Ahora bien, también hemos dicho que las empresas del Estado se enmarcan en la categoría jurídica genérica establecida en el artículo 29 ejusdem de ente descentralizado funcionalmente con forma de derecho privado y con fines empresariales. Así, debemos recordar que los entes descentralizados funcionalmente con forma de derecho privado y con fines empresariales son aquellos que están conformados por las personas jurídicas constituidas y regidas de acuerdo a las normas del derecho privado y cuya actividad principal es la producción de bienes o servicios destinados a la venta y cuyos ingresos o recursos provienen fundamentalmente de esa actividad.
Por su parte, la doctrina ha señalado que "cuando se constituye una empresa del Estado, la forma escogida como sociedad anónima, somete a la misma al régimen contenido para este tipo de sociedades en el ordenamiento jurídico mercantil y laboral, estando sometidas las personas que en ella prestan sus servicios a las disposiciones de la Ley Orgánica del Trabajo, no teniendo las referidas personas el carácter de funcionarios públicos, de conformidad con lo establecido en la susodicha Ley, como de la propia de estas, es decir la Ley de Carrera Administrativa" [4]
De esta manera, podemos concluir que las empresas del Estado se rigen por las normas del derecho privado y dada la particular naturaleza de su actividad, específicamente por las disposiciones contenidas en el Código de Comercio y el Código Civil, según el caso.
En cuanto a las relaciones de estas empresas con sus trabajadores, la legislación que resulta aplicable es la legislación ordinaria del trabajo, vale decir, la Ley Orgánica del Trabajo. Ello se deriva del contenido del artículo 106 de la Ley Orgánica de la Administración Pública transcrito supra, pues la referencia efectuada por el legislador en relación a que la legislación aplicable a las empresas del Estado es la ordinaria, comporta que no rige para ellas una legislación o régimen jurídico especial.
Los empleados de las empresas del Estado se rigen así por la normativa laboral ordinaria contenida en la Ley Orgánica del Trabajo[5] (LOT), siendo aplicables igualmente las normas contenidas en la legislación complementaria: la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de trabajo, Ley del Seguro Social Obligatorio y la Ley de Política Habitacional.
Sin embargo, por lo que respecta a los derechos de jubilación y pensión, rige la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios[6] (Ley del Estatuto), cuyo artículo 2° comprende dentro de su ámbito subjetivo de aplicación a las empresas del Estado[7].
Este régimen legal de jubilaciones es el mismo que se aplica a los funcionarios públicos que están al servicio de la Administración Pública Nacional y cuya relación de empleo público se rige por lo establecido en la Ley de Carrera Administrativa.
4. La jubilación de los trabajadores de las empresas del Estado. Régimen aplicable
La jubilación puede ser definida como el derecho del trabajador al servicio de un ente público (con forma de derecho público o privado), que es equivalente en mayor o menor medida al sueldo que le correspondía durante el tiempo de su prestación de servicio activo, hasta la fecha de su muerte (Cf. Rondón de Sansó, H. Lineamientos generales del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios y Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y Municipio en Estudios Laborales en Homenaje al Profesor Rafael Alfonzo Guzmán, Caracas, 1985; De Pedro, A., La Ley de Carrera Administrativa, Caracas, 1993, p. 140).
Por su parte la jurisprudencia ha definido la jubilación como «una institución establecida por nuestra legislación en beneficio del trabajador, la cual se verifica con el transcurso del tiempo. Dicha institución tiene por finalidad la protección del trabajador y de su familia mediante el pago de una pensión vitalicia cuando éste finaliza la relación laboral con su patrono, una vez cumplido el tiempo útil en la empresa y reúna los requisitos previstos en la Ley como el número de cotizaciones y la edad allí señalada o en el contrato colectivo de trabajo cuando la jubilación es convencional» (Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; 10.10.97, caso: Erza Elena Reyes v. CANTV)
En el caso concreto de los trabajadores del Estado, su régimen de jubilaciones, como se señaló, se rige por la “Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios” (Ley del Estatuto), en cuyo artículo 2° se incluye dentro de su ámbito subjetivo de aplicación a las empresas del Estado. Este régimen legal de jubilaciones es el mismo que se aplica a los funcionarios públicos al servicio de la Administración Pública Nacional.
La Ley del Estatuto fue dictada en ejecución del artículo 2° de la Enmienda Constitucional N° 2 de la Constitución de 1961, en la cual se dispuso que: «El beneficio de jubilación o de pensión se regulará en una Ley Orgánica a la cual se someterán todos los funcionarios o empleados públicos al servicio de la administración central o descentralizada de la República, de los estados o de los municipios, sólo podrá disfrutarse de más de una jubilación o pensión en los casos que expresamente se determine en dicha ley» (resaltado nuestro). A través de esa norma se confirió rango constitucional al derecho de jubilación de los funcionarios o empleados al servicio de la administración central o descentralizada, tales como los trabajadores de empresas públicas[8].
La Constitución de 1999 contiene varias disposiciones en relación con el derecho a la jubilación[9]; sin embargo, no prevé norma alguna que regule la jubilación de los empleados de las empresas del Estado. Por el contrario, la Constitución se limita a delegar la materia al legislador nacional en el artículo 147, al establecer que «la ley nacional establecerá el régimen de las jubilaciones y pensiones de los funcionarios públicos y funcionarias públicas nacionales, estadales y municipales».
No obstante, a pesar de que el constituyente se ha referido únicamente a los «funcionarios públicos» sin hacer mención a los empleados que prestan servicios en empresas estatales, una interpretación coherente nos lleva a concluir que el Constituyente tiene que haber comprendido dentro de esa disposición a los funcionario públicos lato sensu, es decir, incluyendo aquellos que prestan servicios en entes de la Administración Pública con forma de Derecho privado, pues no existe razón alguna para que estos puedan haber sido excluidos del régimen de jubilaciones conferido en la Ley del Estatuto bajo la vigencia de la Constitución de 1961.
En ese sentido el régimen de jubilaciones contenido en la Ley del Estatuto, aplicable a los empleados de las empresas del Estado es como sigue:
4.1. Supuestos de Procedencia
La Ley del Estatuto contempla dos supuestos dentro de los cuales procede el derecho a la jubilación: el primero de ellos exige que el funcionario o empleado haya alcanzado la edad de sesenta (60) años, si es hombre, o de cincuenta y cinco (55) años si es mujer, siempre que hubiere cumplido por lo menos veinticinco (25) años de servicios. El segundo supuesto sólo exige, a los efectos del otorgamiento del beneficio, que el funcionario o empleado haya cumplido treinta y cinco (35) años de servicios, independientemente de su edad. [10]
Sin embargo, la Ley en su parágrafo único condiciona el nacimiento del derecho a la jubilación, al hecho de que el funcionario o empleado haya efectuado previamente no menos de sesenta (60) cotizaciones mensuales. Tales cotizaciones, deducidas del sueldo percibido mensualmente por el funcionario, responden a una escala fijada por el Reglamento de la Ley del Estatuto, en los términos siguientes:
a) Si el funcionario percibe sueldo de hasta tres mil bolívares (Bs. 3.000,oo) mensuales, la cotización será del uno por ciento (1%).
b) Si el funcionario percibe sueldo entre tres mil un bolívares (Bs. 3.001,00) y seis mil bolívares mensuales (Bs. 6.000,oo), la cotización será del dos por ciento (2%).
c) Si el funcionario percibe sueldo por más de seis mil un bolívares (Bs. 6.001,oo), la cotización será del tres por ciento (3%).
De no reunir este requisito, el funcionario o empleado deberá contribuir con la suma única necesaria para completar el mínimo de cotizaciones. Esta suma será deducible de sus prestaciones sociales, o deducible mensualmente de la pensión o jubilación que reciba, en las condiciones que establezca el reglamento de la Ley.[11] De otra parte los años de servicio en exceso de veinticinco (25), serán computados a la edad del funcionario, a los fines del cumplimiento del requisito establecido en el literal a) del artículo 3 de dicha Ley.
4.2. Jubilaciones Especiales
También se prevé la posibilidad de que el Presidente de la República en Consejo de Ministros establezca, por vía excepcional, requisitos especiales de edad y tiempo de servicios distintos a los previstos en la Ley del Estatuto.[12] Igualmente, podrá el Presidente de la República otorgar jubilaciones especiales a funcionarios que si bien no reúnen los requisitos de edad y tiempo de servicios exigidos por la Ley, cuentan con más de quince (15) años de servicios, siempre que medien circunstancias excepcionales que así lo justifiquen.[13]
4.3. Cálculo de la Pensión de Jubilación
A los efectos del cálculo de la pensión de jubilación, deberá promediarse (dividiéndose entre 24) la suma de los sueldos mensuales devengados por el funcionario durante los dos últimos años de servicio activo. Una vez obtenido el sueldo base, deberá aplicársele el porcentaje que resulte de multiplicar los años de servicio del funcionario por un coeficiente de 2.5., lo cual determinará el monto de la pensión de jubilación.[14]
4.4. Continuación en el servicio del funcionario jubilado
Aquellos funcionarios que cumplen con los supuestos de la Ley del Estatuto para ser jubilados podrán continuar en servicio activo si así lo dispone el organismo respectivo. Sin embargo, el funcionario no podrá continuar en servicio activo cuando hubiese superado el límite máximo de edad establecido en la ley -60 años para los hombres, 55 años para las mujeres-, a menos que se trate de los cargos de libre nombramiento y remoción a que aluden los ordinales 1º y 2º del artículo 4º de la Ley de Carrera Administrativa.[15]
4.5. Incompatibilidades
El disfrute de la pensión de jubilación es incompatible con el sueldo proveniente del ejercicio de un cargo en alguno de los organismos contemplados en el artículo 2º de la misma.[16]
En ese sentido se dispone que en caso de que el funcionario reingrese al ente o empresa pública el pago de la pensión de jubilación será suspendido y, mientras dure en el ejercicio del cargo de que se trate, no estará obligado a aportar las cotizaciones exigidas por ley. En ese caso, el organismo o ente a cuyo servicio ingrese el jubilado lo notificará al organismo o ente que el otorgó la jubilación a los efectos de la suspensión del pago de la pensión.
Al verificarse el egreso del empleado, el pago de la pensión deberá ser restituido, recalculándose el monto de la misma con base al sueldo percibido durante el último cargo y el nuevo tiempo de servicio prestado.[17]
4.6. Exclusión
No obstante, quedan excluidos de este régimen de jubilaciones los organismos o categorías de funcionarios o empleados cuyo régimen de jubilación o pensión esté consagrado en Leyes nacionales, así como «las empresas del Estado y demás anónimas que hayan establecido sistemas de jubilación o de pensión en ejecución de dichas Leyes» (art. 4).
De esta forma, si determinada empresa pública posee regímenes especiales de jubilación creados en ejecución de lo establecido en leyes nacionales, las disposiciones de la Ley del Estatuto precedentemente desarrolladas no le serán aplicables. En este caso, si los beneficios establecidos en ese régimen especial son inferiores a los dispuestos en la Ley del estatuto, los mismos deberán ser equiparados a los establecidos en ella.
[1] Jesús Caballero Ortiz, “La Descentralización Funcional” en Revista de Derecho Público Nº 8, Págs 6-7.
[2] Eloy Lares Martínez, Manual de Derecho Administrativo, Caracas, 1978, Pág 462
[3] Dictamen Oficina Central de Personal N° 0197 del 24-05-94
[4] Garrido Juan y Socorro Nelson, Empresas del Estado, pág. 144
[5] Publicada en G.O. No. 5.152; 19.06.97. El artículo 15 de la LOT establece que estarán sometidas a las disposiciones de dicho instrumento legal «toda las empresas, establecimientos, explotaciones y faenas, sean de carácter público o privado, existentes o que se establezcan en el territorio de la República [...]».
[6] G.O. No. 3.850 Ext.; 18.07.86.
[7] Artículo 2, numeral 9, de la Ley del Estatuto: «Quedan sometidos a la presente Ley los siguientes organismos: [...] 9. Los Institutos Autónomos y las empresas en las cuales algunos de los organismos del sector público tengan por lo menos el 50% de su capital».
[8] El alcance de la legislación delegada al legislador en la referida enmienda constitucional fue posteriormente acotada pro la jurisprudencia. En ese sentido, a través de varias sentencias la extinta Corte Suprema de Justicia en Pleno, anuló por inconstitucionales los numerales 3, 4, 5 y 6 de la Ley del Estatuto, a los fines de excluir de su aplicación a los denominados órganos con autonomía funcional (Consejo Supremo Electoral -hoy Consejo Nacional Electoral-, Fiscalía General de la República, Contraloría General de la República y el Consejo de la Judicatura). En todos los casos el Máximo Tribunal señaló que: «la norma contemplada en el artículo 2 de la Enmienda Constitucional No. 2 despejó el ámbito organizativo de la aplicación de la Ley Orgánica que la misma prevé para regular en el futuro el derecho de jubilación de los funcionarios o empleados públicos, de las ramas central y descentralizada de la Administración Pública de la República, de los Estados y de los Municipios, con exclusión de los órganos con autonomía funcional que la Constitución ha señalado» (Cf. Sentencias CSJ/CP: 28.11.88 -Consejo Supremo Electoral-; 8.8.89, -Fiscalía General de la República-; 22.5.90, -Contraloría General de la República- y 5.3.91, -Consejo de la Judicatura-).
[9] En primer lugar, el artículo 80 de la Constitución establece parámetros cuantitativos en relación con las jubilaciones otorgadas a través del sistema de seguridad social, al prever que «Las pensiones y jubilaciones otorgadas mediante el sistema de seguridad social, no podrán ser inferiores al salario mínimo urbano». En segundo término, el artículo 147 de la Constitución delega en el legislador nacional la fijación del régimen jurídico de las jubilaciones, señalando que «la ley nacional establecerá el régimen de las jubilaciones y pensiones de los funcionarios públicos y funcionarias públicas nacionales, estadales y municipales». Por último, el artículo 148 de la Constitución -reproduciendo de manera casi idéntica la disposición contenida en el artículo 123 de la Constitución de 1961-, establece que: «Nadie podrá desempeñar a la vez más de un destino público remunerado, a menos que se trate de cargos académicos, accidentales, asistenciales o docentes que determine la ley [...]». A su vez se estableció en dicha norma que «Nadie podrá disfrutar más de una jubilación o pensión, salvo los casos expresamente determinados en la ley».
[10] Cfr. Artículo 3 de la Ley del Estatuto sobre el régimen de jubilaciones y pensiones de los funcionarios o empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios.
[11] En tal sentido, el artículo 5 del Reglamento de la Ley del Estatuto sobre el régimen de jubilaciones y pensiones de los funcionarios o empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, dispone que cuando “el funcionario o empleado no tuviere derecho a prestaciones sociales y, en consecuencia, no pudiere deducirse de ellas el monto necesario para completar el número mínimo de cotizaciones previsto en el artículo 3º de la Ley del Estatuto, éstas se deducirán mensualmente del monto de la jubilación que reciba el funcionario o empleado en la misma cantidad que venía cotizando”.
[12] Cfr. Artículo 5 ejusdem.
[13] Cfr. Artículo 6 de la Ley del Estatuto sobre el régimen de jubilaciones y pensiones de los funcionarios o empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios.
[14] Cfr. Artículos 8 y 9 ejusdem.
[15] Artículos 11 y 12 ejusdem.
[16] Cfr. Artículo 24 ejusdem.
[17] Cfr. Artículo 13 del Reglamento de la Ley del Estatuto. G.O. 34.535 del 21/08/90