Source: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2006-0275&language=ES
Timestamp: 2013-12-10 08:30:01
Document Index: 179615065

Matched Legal Cases: ['artículo 86', 'artículo 36', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 16', 'artículo 86', 'artículo 95', 'artículo 16', 'artículo 86', 'artículo 16', 'artículo 86', 'artículo 16', 'artículo 86', 'artículo 87', 'artículo 86', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 87', 'artículo 95', 'artículo 86', 'artículo 36', 'artículo 38', 'artículo 86', 'artículo 49', 'artículo 86', 'artículo 86', 'artículo 73', 'artículo 5']

INFORME sobre el Libro Blanco de la Comisión sobre los servicios de interés general - A6-0275/2006
Procedimiento : 2006/2101(INI)Ciclo de vida en sesiónCiclo relativo al documento :
A6-0275/2006Textos presentados :
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14 de septiembre de 2006PE 372.142v03-00 A6-0275/2006
sobre el Libro Blanco de la Comisión sobre los servicios de interés general
Ponente de opinión(*):József Szájer, Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor
PROCEDIMIENTO PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO
– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Libro Blanco sobre los servicios de interés general» (COM(2004)0374),
– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Aplicación del programa comunitario de Lisboa - Servicios sociales de interés general en la Unión Europea» (COM(2006)0177),
− Vista la Decisión 2005/842/CE de la Comisión, de 28 de noviembre de 2005, relativa a la aplicación de las disposiciones del artículo 86, apartado 2, del Tratado CE a las ayudas estatales en forma de compensación por servicio público concedidas a algunas empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general(1), – Visto el artículo 36 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea relativo al acceso a los servicios de interés económico general,
– Vistos los artículos 2, 5, 16, 73, 86, 87, 88 y 295 del Tratado CE,
– Vistas sus anteriores Resoluciones sobre los servicios de interés general, especialmente su Resolución de 13 de noviembre de 2001 sobre la Comunicación de la Comisión titulada «Los servicios de interés general en Europa» (COM(2000)0580)(2), su Resolución de 14 de enero de 2004 relativa al Libro Verde sobre los servicios de interés general (COM(2003)0270)(3), y su Resolución de 22 de febrero de 2005 sobre las ayudas estatales en forma de compensación por servicio público(4),
– Vista su Resolución legislativa de 16 de febrero de 2006 sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los servicios en el mercado interior (COM(2004)0002)(5),
– Vistas las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Lisboa de los días 15 y 16 de marzo de 2000, del Consejo Europeo de Niza de los días 7, 8 y 9 de diciembre de 2000, del Consejo Europeo de Laeken de los días 14 y 15 de diciembre de 2001 y del Consejo Europeo de Barcelona de los días 15 y 16 de marzo de 2002 sobre los servicios de interés general,
– Vista la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre los servicios de interés general y, en particular, la sentencia «Teckal», de 18 de noviembre de 1999(6), la sentencia «Chronopost», de 3 de julio de 2003(7), la sentencia «Altmark», de 24 de julio de 2003(8), la sentencia «Stadt Halle», de 11 de enero de 2005(9), la sentencia de 13 de enero de 2005(10), la sentencia «Corbeau», de 19 de mayo de 1993 (asunto C-320/91) y la sentencia «Commune d'Almelo», de 27 de abril de 1994 (asunto C-393/92),
– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y las opiniones de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor así como de la Comisión de Cultura y Educación, de la Comisión de Asuntos Jurídicos, de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de la Comisión de Transportes y Turismo, de la Comisión de Comercio Internacional, de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, de la Comisión de Desarrollo Regional y de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A6-0275/2006),
A. Considerando que en los Tratados se prevé una economía social de mercado abierta y que en este contexto revisten importancia, entre otros, los principios siguientes:
– la solidaridad, basada en los objetivos de la cohesión social, económica y territorial y desarrollo sostenible, que debe aglutinar a la población – la cooperación, que debe permitir la realización de las aspiraciones transnacionales y europeas enunciadas en los Tratados y programas de la UE,
– las fronteras abiertas y un mercado interior con libertad de circulación para las personas, las mercancías, los servicios y los capitales para integrar las economías y las sociedades e incrementar la renta y el bienestar social de los ciudadanos europeos,
– la competencia, que debe permitir la realización del mercado interior de la UE sobre la base de las normas de la economía social de mercado y que está regulada por el Derecho de competencia, que constituye un Derecho esencialmente democrático para prevenir, sobre todo, el abuso de los monopolios y del poder económico y velar por la innovación, una gran calidad a precio asequible, la diversificación de la elección de los consumidores y su protección jurídica,
– la subsidiariedad, basada en el artículo 5 del Tratado CE, que debe servir para velar por la pluralidad de los Estados miembros y las diferentes tradiciones que conviven en la UE y por que la UE actúe con la mayor eficacia y proximidad a los ciudadanos sólo cuando de esa manera se obtengan mejores resultados que actuando a nivel nacional o subnacional,
– la proporcionalidad, con arreglo a la cual ninguna acción de la Comunidad podrá exceder lo que sea necesario para lograr los objetivos del Tratado, y
– la democracia, en virtud de la cual el sufragio universal fundamenta la legitimidad de las autoridades públicas nacionales y locales que definen y organizan las misiones, la provisión y la financiación de los servicios de interés general (SIG),
B. Considerando que los SIG no sólo constituyen un elemento importante de la cohesión económica y social, sino que también contribuyen de manera importante a la competitividad de la economía europea,
C. Considerando que la competencia, que debe permitir la realización del mercado interior de la UE sobre la base de las normas de la economía social de mercado y que está regulada por el Derecho de competencia, representa un derecho democrático clave para limitar, no sólo el poder burocrático, sino sobre todo el abuso del poder económico, y para garantizar la protección jurídica de los consumidores,
D. Considerando que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas es ahora considerable, evoluciona permanentemente y abarca aspectos diversos de los SIG, entre los que se incluyen las ayudas estatales, la igualdad de trato o la distorsión de la competencia,
E. Considerando el desarrollo de los contenciosos planteados ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas acerca de la compatibilidad de los SIG con las normas del mercado interior y de la competencia europea, así como la necesidad de responder a ello mediante una aclaración del Derecho positivo europeo en este ámbito,
F. Considerando que la evolución de los mercados y la manera en que las empresas se organizan están sometidas a un desarrollo dinámico que varía de un Estado miembro a otro, por lo que la aplicación de unas normas y unas definiciones rígidas constituiría un obstáculo al logro de unos resultados económicos y sociales óptimos,
G. Considerando que es imposible definir los SIG de manera uniforme en un entorno social y económico tan heterogéneo como el que se encuentra en la UE,
H. Considerando que la disponibilidad de unos SIG eficientes forma parte integrante de los sistemas económicos y sociales de todos los Estados miembros; que dicha disponibilidad difiere en gran medida entre un Estado miembro y otro y que el objetivo de realización del mercado interior debe incitar a la Unión Europea a impulsar el establecimiento de unos SIG eficaces y eficientes, respetando plenamente el interés del ciudadano en su doble vertiente de consumidor de servicios y contribuyente, así como las responsabilidades de los Estados miembros, sin interferir en la libertad de las autoridades regionales y locales para establecer y aplicar sus propias prioridades por lo que se refiere a la calidad, frecuencia, asequibilidad y accesibilidad de dichos servicios,
I. Considerando que tanto los SIG como los servicios de interés económico general (SIEG) deberían prestarse de igual modo en todos los rincones de la UE, y que el objetivo de la cohesión económica y social es la reducción de las disparidades entre los niveles de desarrollo de las distintas regiones y la promoción de un desarrollo general armonioso de la UE, especialmente en los nuevos Estados miembros,
J. Considerando que, de conformidad con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5, apartado 2, del Tratado CE, compete exclusivamente a los Estados miembros y a sus autoridades locales definir sus SIG, decidir que servicios deberían prestarse y cómo se organizan, financian, prestan, evalúan y supervisan, lo que debería respetarse plenamente a la hora de elaborar ulterior legislación,
K. Considerando que, en lo que concierne a la compatibilidad de las normas del mercado interior y de la política de competencia con el buen funcionamiento de los SIG, debe preverse la seguridad jurídica que permita otorgar a las autoridades nacionales, regionales y locales el margen de decisión necesario y evitar conflictos y procesos judiciales, con el debido respeto a las normas del mercado interior y a la citada resolución legislativa del Parlamento sobre los servicios en el mercado interior, sin perjuicio de una clara aplicación de las normas relativas al mercado interior y la competencia,
L. Considerando que las directivas sectoriales de la CE relativas a los SIEG en las industrias de red y en otros sectores, en los que se ha llevado a cabo o se ha iniciado la apertura del mercado, han servido para propiciar con éxito la prestación de mejores servicios a un precio más bajo y ofrecer un marco fiable,
M. Considerando que las numerosas iniciativas sectoriales para la liberalización del mercado interior en el ámbito de los servicios de interés general y la citada resolución legislativa del Parlamento sobre los servicios en el mercado interior aumentan asimismo las oportunidades de competencia y mejores servicios en el ámbito de los SIEG, lo que subraya la necesidad de claridad jurídica en el ámbito de los SIG,
N. Considerando que los SIEG repercuten de forma directa en el mercado interior de los servicios y que una serie de sectores que prestan SIEG se han abierto con éxito a la competencia, con lo que se han modernizado e integrado en dichos mercados de servicios; considerando asimismo que dicha integración se llevó a cabo de manera controlada y estuvo acompañada de medidas para proteger el interés general, en particular el concepto de servicios universales,
O. Considerando que en el artículo 16 y el artículo 86, apartado 2, del Tratado CE se reconoce la importancia de los SIEG, que los artículos 43 a 49 del Tratado CE ofrecen una base jurídica para la formulación de medidas comunitarias en el ámbito de la libre prestación de servicios; considerando que los artículos 86 y 87 del Tratado CE y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ofrecen claras indicaciones para abordar las ayudas estatales, las modalidades y los niveles de financiación de los SIEG; considerando que el artículo 95 del Tratado es la base jurídica adecuada para examinar las cuestiones relativas a los procedimientos de adjudicación pública de contratos y cuestiones conexas,
P. Considerando que si bien el artículo 16 y el artículo 86, apartado 2, del Tratado CE se refieren a los SIEG, el Tratado CE no ofrece ninguna definición de éstos; considerando que el Tratado CE no hace mención en absoluto de los SIG, que han sido meramente presentados por la Comisión en el marco de una comunicación y que, de conformidad con la citada resolución legislativa del Parlamento sobre los servicios en el mercado interior, los SIEG deberían quedar excluidos del ámbito de aplicación del artículo 16 de la Directiva sobre los servicios y que los SIG están plenamente excluidos de esa Directiva,
Q. Considerando que se fomentan las diferentes formas de administración y asociación entre los operadores económicos responsables de estos servicios y que ello debe hacerse respetando la competencia de los Estados miembros en materia de organización y provisión de estos servicios, en aras de unos servicios más eficientes y de buena calidad,
R. Considerando que conviene prestar mayor atención al objetivo comunitario de alcanzar un elevado nivel de protección de los consumidores, respetando estrictamente el principio de subsidiariedad,
S. Considerando que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconoce y respeta el acceso a los SIEG, con vistas a fomentar la cohesión social y territorial de la Unión,
1. Declara que sus citadas Resoluciones sobre los SIG de 13 de noviembre de 2001, 14 de enero de 2004 y 22 de febrero de 2005 siguen siendo pertinentes, en particular a la luz:
- del principio de subsidiariedad;
- de la desregulación; y
- de la realización del mercado interior y la necesidad de ofrecer servicios de gran calidad;
recuerda que el factor decisivo no es quién presta los SIG, sino más bien que se mantengan unos niveles de calidad y un equilibrio social equitativo y que los criterios se basen en la fiabilidad y la continuidad del suministro; recuerda que el Parlamento aprobó que los servicios de interés económico general cubran una gama muy amplia de industrias;
2. Observa que, con el fin de aprovechar plenamente las oportunidades ofrecidas por el mercado interior, es particularmente importante que las condiciones y disposiciones que regulan la modernización de los mercados garanticen una competencia justa, transparente y eficaz, al tiempo que se preservan la cohesión social y la accesibilidad del servicio universal y se evitan los abusos de posición dominante y la formación de nuevos monopolios que obstaculicen el acceso de nuevos participantes a los mercados;
3. Subraya que los SIG deberían ser de calidad elevada y disponibilidad universal, ser prestados a precio óptimo, respetar el equilibrio social y garantizar la seguridad del abastecimiento, y destaca que numerosos SIG pueden prestarse en el marco de una competencia leal, siempre y cuando se garantice la igualdad fundamental de trato entre las empresas privadas y las públicas;
4. Pide que la Comisión presente al Parlamento un análisis exhaustivo de las incidencias de la liberalización hasta la fecha, en particular con respecto a la situación de los consumidores y de la población activa afectada;
5. Subraya que la mayor parte de los SIEG se suministran en el mercado interior y, por tanto, están sometidos a las disposiciones relativas al mercado interior, a la adjudicación de contratos públicos, a la competencia y a las ayudas estatales, así como al control de los abusos por parte de la Comisión, en la medida en que la aplicación de dichas disposiciones no impida, de hecho y por derecho, el cumplimiento de la misión específica a ellas confiada, tal como se establece en el artículo 86, apartado 2, del Tratado CE; destaca que, de conformidad con el artículo 16 del Tratado CE relativo a los SIG, la Comunidad y los Estados miembros, dentro del marco de sus respectivas competencias, velarán por que esos servicios funcionen con arreglo a principios y condiciones que les permitan cumplir sus cometidos
6. Subraya que, en particular tras la ampliación de la Unión Europea, conviene asegurar la cohesión en el ámbito de los SIEG y que, en el marco de la política estructural, las infraestructuras de los Estados miembros para los SIEG basados en red deben estar interconectadas, y que se debe mejorar la cooperación transfronteriza para crear un verdadero mercado interior y facilitar la normalización;
7. Tiene en cuenta el peso económico de estos servicios y su importancia para la producción de otras mercancías y la prestación de otros servicios; subraya que la forma en que se organicen los SIEG puede afectar al mercado interior, por ejemplo mediante la prohibición de establecimiento en el país donde se presta el servicio;
8. Considera que los objetivos de las normas de competencia deberían ser la mejora de la calidad de la prestación de servicios, la libertad de elección del consumidor, unos precios moderados y la consecución de otros objetivos de interés público, incluido el desarrollo sostenible;
9. Pide a la Comisión que aclare la distinción entre los SIG y SIEG elaborando criterios operativos, teniendo en cuenta la tradición nacional de los Estados miembros, con arreglo a su carácter de bienes colectivos y de financiación pública o a los mecanismo de solidaridad de los SIG; subraya que, en el caso de muchos SIG, es difícil distinguir entre aspectos económicos y no económicos, debido al carácter dinámico de dichos servicios y a su rápido desarrollo; acoge favorablemente, por lo tanto, el hecho de que, en su Libro Blanco, la Comisión Europea indique que «en caso de conflicto, el cumplimiento efectivo de un cometido de interés general prevalece sobre la aplicación de las normas del Tratado»; reconoce que el intento de definir los SIG no debe conducir a que amplios sectores de esos servicios queden excluidos del ámbito de aplicación de las normas que rigen el mercado interior y la competencia; indica asimismo que una definición exacta sería contraria a la libertad de los Estados miembros para definir sus SIG;
10. Lamenta que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, con su jurisprudencia, y la Comisión, mediante su interpretación casuística, determinen las disposiciones en vigor en este ámbito y que, por consiguiente, no haya logrado alcanzarse la seguridad jurídica necesaria ni la adecuada transparencia;
11. Pide igualmente a la Comisión que aclare en particular dos importantes cuestiones: las consecuencias de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, a partir de un enfoque sectorial, y la aplicación del Derecho de competencia a los SIG y a los SIEG, en particular en lo relativo a la financiación de dichos servicios;
12. Comprueba que las entidades territoriales a escala municipal y regional han demostrado que pueden ofrecer servicios de interés general cercanos a los ciudadanos y observa igualmente que se trata de las instancias adecuadas para garantizar, en el marco de estos servicios, los derechos de codecisión, la protección de los consumidores y el bien común; subraya que, a escala europea, es importante velar por que no se ponga en peligro la capacidad de las autoridades municipales y regionales para ofrecer este tipo de servicios;
13. Opina, por tanto, que en interés de:
– las autoridades nacionales, regionales y locales, para que, si procede, puedan ofrecer y garantizar a todos los ciudadanos unos servicios adecuados respetando debidamente las normas del mercado interior y la Resolución del Parlamento sobre los servicios en el mercado interior,
– las empresas (públicas, con fines mercantiles o sin ánimo de lucro) que prestan u ofrecen estos servicios, para que sepan qué condiciones y obligaciones pueden establecer las autoridades, con arreglo al mercado interior y el Derecho vigente, habida cuenta de las misiones de interés general que se les confía, y
– de los usuarios de estos servicios, para que tengan la seguridad de que se podrán facilitar las ofertas definidas y concebidas por los Estados miembros y sus entidades locales en función de las necesidades locales con arreglo, si procede, a condiciones adecuadas de competencia, accesibilidad, calidad, asequibilidad, innovación, adaptabilidad, continuidad, durabilidad, igualdad de trato, planificación a largo plazo, seguridad, universalidad, etc.,
considera que la Comisión debería ofrecer aclaraciones jurídicas, orientaciones y principios para diferentes cuestiones problemáticas, incluida, en particular la aplicación de las normas en materia de mercado interior y competencia al ámbito de los SIG y los SIEG, al tiempo que se vela por la responsabilidad democrática en la aplicación de las normas a los SIG y los SIEG ante los Estados miembros y las autoridades regionales y locales; indica que conviene aclarar el reparto de responsabilidades entre la UE y los Estados miembros y considera que un elemento importante a tal efecto podría ser un enfoque sectorial en que se tenga en cuenta la situación específica en los correspondientes sectores,
subraya, en este contexto, que tras la debida evaluación del Tratado y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la definición de los SIG sigue siendo competencia de los Estados miembros; indica asimismo que no se cuenta con base jurídica para una propuesta con vistas a eximir determinados servicios de la aplicación de las disposiciones pertinentes del Tratado CE;
14. Subraya que no debe cuestionarse la necesidad de reglamentaciones sectoriales, actuales o futuras, basadas en las normas del mercado interior y el respeto del principio de subsidiariedad, y que no deben cuestionarse las disposiciones sectoriales; recuerda el éxito de estas reglamentaciones sectoriales y recomienda que el enfoque sectorial se amplíe a otros sectores;
15. Pide a la Comisión que instaure una mayor seguridad jurídica en el ámbito de los SIG sociales y de salud y que presente, si procede, la correspondiente propuesta de directiva sectorial del Parlamento y el Consejo para ese ámbito;
16. Insta, en consecuencia, al Consejo a que adopte cuanto antes una posición común sobre la revisión del Reglamento (CEE) n° 1191/69 del Consejo, de 26 de junio de 1969, relativo a la acción de los Estados miembros en materia de obligaciones inherentes a la noción de servicio público en el sector de los transportes por ferrocarril, por carretera y por vía navegable;
17. Propone que, cuando una autoridad competente prevea establecer la provisión de un servicio de interés económico general, las obligaciones de interés común se asignen mediante un procedimiento de licitación equitativo y transparente o a través de un acto jurídico que satisfaga los criterios de transparencia y se base en la igualdad de condiciones para todos los competidores;
18. Acoge con satisfacción los marcos jurídicos comunitarios propuestos para las ayudas estatales en forma de pagos compensatorios por las obligaciones de servicio público, así como el propósito de reformar la Directiva «Transparencia»;;
19. Recomienda que, cuando una autoridad competente prevea financiar los SIEG de otro modo que no sea mediante una financiación directa con cargo a su presupuesto general, se decida por una de las siguientes modalidades de financiación, respetando las disposiciones del Tratado CE y, en particular, su artículo 86, apartado 2: bien concesión de unos derechos exclusivos y específicos y de una compensación por la provisión de servicios públicos; bien utilización de un Fondo para la provisión de servicios públicos; indica que en cualquier caso deberá preverse la creación de un sistema tarifario transparente y una financiación adecuada y transparente;
20. Propone que, cuando una autoridad competente prevea conceder una compensación por la provisión de servicios públicos para garantizar la financiación de un servicio de interés general, dicha compensación no se considere ayuda estatal en el sentido del artículo 87 del Tratado CE cuando
– se confíe al beneficiario una misión de servicio público claramente definida;
– los parámetros para calcular la compensación se establezcan previamente de forma objetiva y transparente;
– la compensación no exceda de los costes incurridos por la ejecución del servicio público, permitiéndose un beneficio razonable; – la elección del beneficiario se realice a través de una licitación o la compensación no sea superior a los costes que supondría la buena gestión de una empresa equipada adecuadamente para prestar el servicio público; y
– se haya previsto un procedimiento transparente;
destaca, no obstante, que el importe de la compensación no podrá exceder de lo necesario para operar el servicio y no deberá utilizarse para financiar actividades ajenas al ámbito de aplicación del servicio en cuestión (subvenciones cruzadas); indica que la compensación estará disponible para todos los operadores encargados de la provisión de SIG, independientemente de su naturaleza jurídica;
21. Recuerda la importancia de transponer con claridad las disposiciones de la Decisión de la Comisión, de 28 de noviembre de 2005, relativa a la aplicación de las disposiciones del artículo 86, apartado 2, del Tratado CE a las ayudas estatales en forma de compensación por servicio público concedidas a algunas empresas encargadas de la gestión de SIG(11); subraya, no obstante, que el pago exclusivamente compensatorio por la ejecución de obligaciones de servicio público no debe considerarse ayuda estatal y que la legislación debería modificarse en consecuencia;
22. Subraya que corresponde a las autoridades competentes decidir si suministran directamente un servicio de interés general con una unidad propia o conceden su provisión a un proveedor de servicios externo o a proveedores de servicios sin ánimo de lucro, ejerciendo un control similar al que ejercen sobre los servicios que prestan directamente por sí mismas; en caso de que la autoridad competente decida externalizar los servicios, deberá convocar una licitación pública; conviene respetar asimismo el principio de autogobierno local o regional, lo que faculta a la autoridad competente para elegir, con arreglo al interés público, la mejor manera de prestar cada servicio;
23. Opina que la concesión a un proveedor externo de un servicio de interés general obliga habitualmente a la autoridad a conceder dicho servicio sobre la base de un contrato público de servicios previa licitación; indica, no obstante, que el principio de adjudicación de un contrato público de servicios debería permitir a la autoridad competente la posibilidad de conceder directamente a un operador de su elección la provisión de un servicio siempre que se trate de casos urgentes; pide a la Comisión que, en conjunción con los Estados miembros y el Parlamento, clarifique los criterios pertinentes en las directivas sobre adjudicación pública de contratos o mediante un reglamento; afirma, en este contexto, que las autoridades locales deberían poder asignar directamente cometidos de servicios a empresas intermunicipales o asociaciones similares o a empresas que posean o controlen, siempre que dichas entidades realicen la parte esencial de sus actividades para la autoridad o las autoridades que las controlen y no compitan en mercados exteriores, pues se trata de una práctica organizativa interna, y considera que debe preverse un mecanismo que no excluya categóricamente de entrada la participación privada;
24. Reclama, en este sentido, con objeto de lograr una mayor eficiencia mediante la incorporación de nuevos operadores y formas de provisión de SIG, una mayor seguridad jurídica para las distintas formas organizativas intermunicipales (cooperación intermunicipal, colaboraciones público-privadas, adjudicación de concesiones), la clarificación del Derecho comunitario en materia de competencia, adjudicación de contratos y ayudas estatales, así como unos criterios generales aplicables en toda Europa; pide a la Comisión que precise las normas de concesión de tales servicios externalizados y establezca una distinción inequívoca entre esas normas y las relativas a los contratos públicos
25. Opina que las autoridades competentes deben velar por que, en aquellos sectores para los que haya establecido una reglamentación con obligaciones de interés general o de servicio universal u otro objetivo específico, las reglamentaciones relativas a cada sector se apliquen sobre la base de unas reglas transparentes;
26. Opina que, en aras de una mayor transparencia y protección de los consumidores, son necesarias líneas directrices en los ámbitos siguientes:
– establecimiento de las modalidades de acceso a las redes existentes, en la medida en que el acceso sea necesario para la obtención del servicio;
– determinación del precio o de las condiciones tarifarias para la provisión del servicio;
– velar, si procede, por la competencia y las oportunidades de nuevos empresarios,
– regulación relativa a la resolución amistosa de litigios entre los proveedores de servicios y los usuarios sin detrimento de la posibilidad de recurrir a acciones judiciales; y
27. Propone, en interés de unos SIG de alta calidad y eficacia, suscitar la evaluación comparativa, voluntaria y periódica y la creación de mecanismos de medición de calidad a escala nacional y europea; se apoyará el intercambio de experiencias y el fomento de mejores prácticas y la participación de todas las partes interesadas; dichas medidas podrían abordar los aspectos siguientes:
– desarrollo de métodos globales de evaluación que incluyan criterios económicos, sociales y medioambientales;
– protección y seguridad de los usuarios del servicio;
– adecuación y proporcionalidad de las normas en relación a los objetivos y costes del servicio;
– difusión y publicación más amplia posible de las normas; y
– control sencillo y eficaz de la aplicación de las normas, que podría establecerse sobre la base de una carta o de un código de conducta;
28. Subraya la importancia de reforzar la capacidad de supervisión de los Estados miembros, con el fin de asegurar que los objetivos de las políticas públicas, incluidas las normas sobre el carácter asequible y la calidad, se realicen en la práctica; subraya también que se necesario que las autoridades públicas competentes cuenten con instrumentos y conocimientos especiales adecuados para poder garantizar la observancia de la competencia y la protección de los consumidores;
29. Pide a la Comisión que, en virtud de su Resolución de 14 de enero de 2004, de su Resolución de 9 de marzo de 2005 sobre la revisión intermedia de la Estrategia de Lisboa(12), y de la presente Resolución, presente las iniciativas jurídicas pertinentes y recuerda que todas las partes implicadas en el ámbito de los SIG y los SEIG deberían ejercer plenamente las competencias de codecisión que les confiere el Tratado;
30. Recuerda que los acuerdos internacionales celebrados por la Comunidad y las obligaciones que de ellos se derivan deben ser compatibles con las políticas y las normas internas de la Comunidad;
DO L 312, de 29.11.2005, p. 67.
DO C 140 E de 13.6.2002, p. 153.
DO C 92 E de 16.4.2004, p. 294.
DO C 304 E de 1.12.2005, p. 117.
Textos aprobados, P6_TA(2006)0061.
Asunto C-107/98, Teckal Srl/ Comune di Viano y Azienda Gas-Acqua Consorziale (AGAC) di Reggio Emilia, Rec. 1999, I-8121.
Asuntos acumulados C-83/01 P, C-93/01 P y C-94/01 P, Chronopost y otros, Rec. 2003, I-6993.
Asunto C-280/00, Altmark Trans GmbH y Regierungspräsidium Magdeburg contra Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, Rec. 2003, I-7747.
Asunto C-26/03 Stadt Halle y RPL Recyclingpark Lochau GmbH contra Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall- und Energieverwertungsanlage TREA Leuna, Rec. 2005, I-1.
Asunto C-84/03: Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de España, Rec. 2005, I-139.
DO L 312 de 29.11.2005, p. 67.
DO C 320 E de 15.12.2005, p. 164.
La existencia de unos servicios públicos de alta calidad es un problema político clave. Unas buenas escuelas y hospitales, agua limpia, unos servicios energéticos y unos transportes seguros y fiables, por ejemplo, figuran en la mayor parte de las definiciones de una buena calidad de vida.
Sin embargo, los servicios públicos no sólo constituyen un elemento esencial de la calidad de vida individual de los ciudadanos. También desempeñan un papel fundamental en la estrategia de Lisboa, buque insignia de la UE, cuyo objetivo es, basándose en los puntos fuertes del modelo social y económico europeo, crear la economía más dinámica, coherente y sostenible del mundo. Unos buenos servicios públicos pueden ayudar a superar el estancamiento económico, la exclusión social y el aislamiento, a fortalecer la cohesión social y territorial y a mejorar el funcionamiento del mercado interior europeo y su competitividad exterior.
Unos servicios públicos de alta calidad, abiertos y transparentes, con acceso igualitario para todos, son por tanto unos elementos esenciales del modelo de sociedad europeo. Las fuerzas del mercado no pueden por sí solas responder siempre a la naturaleza dinámica de los servicios públicos. Esta es la razón por la que las autoridades públicas, en todos los niveles, están profundamente implicadas en la provisión, regulación, organización o, en diversos grados, financiación y apoyo de dichos servicios. La UE no debe interferir en la provisión de tales servicios, sino que, en opinión del ponente, debería crear una mayor seguridad jurídica que permita a las autoridades públicas, a todos los niveles, cumplir con su obligación de salvaguardar el interés público en la provisión de tales servicios. Y la UE también debería contribuir a garantizar unos criterios adecuados válidos para toda la Unión Europea, haciendo de unos buenos y eficientes servicios públicos de alta calidad la expresión tangible de la ciudadanía europea.
El concepto de «servicio público» tiene un significado diferente según las personas. Algunas de ellas piensan que los servicios públicos son los suministrados o financiados por el sector público. Para otras personas, el criterio clave es que se suministren «en interés del público» y, en este complicado debate, pueden mencionarse otras definiciones.
En opinión del ponente, es necesario empezar por aclarar los diferentes conceptos de servicio público, y distinguir entre los SIG que, por una parte, tienen un carácter económico y que son financiados principalmente por los usuarios, calificados de servicios de interés económico general (SIEG) en línea con el artículo 16 del Tratado CE y, por otra parte, aquellos que carecen de carácter económico y que son financiados principalmente mediante fondos públicos o sociales, servicios que pueden considerarse como servicios de interés no económico general (SINEG), tales como los servicios de interés general que cumplen exclusivamente funciones sociales o prerrogativas de las autoridades públicas.
La idea detrás del artículo 16 es distinguir entre aquellos servicios que podrían afectar de modo importante el funcionamiento del mercado interior, a causa de su carácter económico, y aquellos otros servicios no económicos que, por definición, carecen de carácter económico. Los servicios no económicos, incluyendo por ejemplo la policía y la administración de justicia, se consideran ámbitos gubernamentales o materias que dependen de los gobiernos nacionales o subnacionales, ámbitos sobre los que la UE no tiene competencias. Por desgracia, la legislación en vigor de la UE no ofrece un método claro para distinguir entre los servicios de interés económico general, los servicios de interés general y otros servicios, lo que significa que, en casos individuales, no está claro hasta qué punto la legislación de la UE en materia de mercado interior es aplicable. Por consiguiente, al ponente le gustaría iniciar un debate para aclarar la situación en este contexto.
El respeto de las diferentes tradiciones nacionales
En toda Europa, se considera que unos buenos servicios públicos constituyen un elemento esencial de la sociedad civilizada. Pero las tradiciones nacionales difieren en gran medida al decidir qué debe suministrarse, cómo y por parte de quién, creando malentendidos y confusiones sobre lo que deba considerarse exactamente como servicios públicos y suscitando incluso reluctancia a desarrollar unos criterios y orientaciones europeos.
Las autoridades nacionales, regionales y locales se aferran a su autonomía para definir por sí mismas las políticas que quieren ofrecer a sus ciudadanos. Pero a menudo se enfrentan de hecho a la interferencia de la Comisión Europea o del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que han juzgado sus actividades desde la perspectiva de la reglamentación del mercado interior de la UE, considerando por ejemplo que las subvenciones cruzadas son contrarias a la normativa sobre ayudas estatales, imponiendo unas condiciones onerosas para los contratos públicos o juzgando algunas obligaciones de servicio público como barreras en el mercado interior europeo.
En opinión del ponente, por el momento no están garantizadas ni unas salvaguardias efectivas para la autonomía local, ni la seguridad jurídica que necesitan los proveedores de servicios públicos, las autoridades públicas, las empresas y los usuarios.
El objetivo de desarrollar una mayor seguridad jurídica debe ser aclarar la situación para salvaguardar la autonomía local, así como el principio de subsidiariedad, definiendo la relación entre, por un lado, la normativa del mercado interior y, por otro, los objetivos de interés público en el suministro de estos servicios de interés general que tienen una dimensión económica significativa y que podrían incidir en el funcionamiento del mercado interior.
Confusión e incertidumbre en la legislación en vigor
Aunque el Tratado constitucional proporcionará, si se ratifica, salvaguardas para los servicios de interés general, la legislación concreta, acumulada a lo largo de muchos años, suscita una gran incertidumbre práctica debido a que el Tratado sólo ha establecido unos principios generales en materia de servicios públicos, mientras que ya existe una legislación detallada de la UE que interpreta y aplica las disposiciones sobre mercado interior.
No está clara la medida en que los servicios de interés general o los servicios de interés económico general dependen, por ejemplo, del derecho de competencia, de la legislación del mercado interior, de las normas destinadas a regular las subvenciones o de la reglamentación relativa a los contratos públicos. La legislación evoluciona sorteando las frecuentemente imprevisibles intervenciones de la Comisión o del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Y la liberalización de diversas redes de servicios públicos a lo largo del tiempo, tales como las telecomunicaciones, el correo, la energía y el ferrocarril, se han basado en normas diferentes, añadiendo complejidad e inseguridad jurídicas. Además, la financiación y la gestión de los servicios públicos en Europa dependen del imprevisible desarrollo de la jurisprudencia y de la interpretación judicial.
Los recientes libros verde y blanco de la Comisión sobre los servicios de interés general y la nueva comunicación sobre los servicios sociales de interés general han defraudado a quienes esperaban una nueva situación jurídica para los servicios públicos que fuese segura: los documentos de la Comisión no ofrecen mayor seguridad jurídica para todos los puntos mencionados. Además, las propuestas sobre la Directiva relativa a los servicios en el mercado interior están suscitando nuevas preguntas por lo que respecta a las futuras condiciones para el desarrollo de unos servicios públicos dinámicos.
Llamada a la acción: mayor seguridad jurídica para los servicios públicos
Para salvaguardar los servicios de interés general y acabar con la inseguridad jurídica, Europa necesita, de inmediato y en paralelo al trabajo en curso sobre la Directiva relativa a los servicios en el mercado interior, un marco jurídico general para los servicios públicos, que complementará las disposiciones sectoriales y nacionales en vigor, y elaborado sobre la base del procedimiento de codecisión con el Parlamento Europeo.
El nuevo marco jurídico debe:
§ aclarar el reparto de responsabilidades entre la UE y los Estados miembros;
§ establecer criterios para distinguir claramente entre los servicios de interés económico general y los servicios de interés no económico general, a los que se aplicarán disposiciones jurídicas diferentes;
§ consagrar la soberanía de las autoridades locales por lo que respecta a la concepción y gestión de los servicios públicos de los que son responsables;
§ garantizar el derecho de los ciudadanos a opinar sobre los servicios de que se trate, de manera que sus necesidades, quejas y problemas se examinen rápida y directamente, y se protejan los derechos civiles y de los consumidores;
§ respetar la necesidad de disposiciones sectoriales específicas para determinados servicios, y establecer una clara relación con dichas disposiciones, y con la Directiva relativa a los servicios en el mercado interior, en curso de tramitación en el Parlamento Europeo;
§ garantizar el respeto de los principios de transparencia, solidaridad, alta calidad del servicio, universalidad, igualdad de acceso, asociación con la sociedad civil y participación de los trabajadores;
§ aclarar los principios aplicables a la financiación, y a las obligaciones en materia de contratos públicos, de los servicios públicos, especialmente por lo que respecta a las diversas y nuevas formas de provisión y gestión en un dinámico sector de los servicios públicos.
La definición, formulación, organización y financiación de los servicios de interés general, de carácter económico o no, corresponden a los Estados miembros y a sus autoridades regionales y locales. El ponente puede imaginar una amplia variedad de soluciones para la provisión de servicios a nivel local, que respondan a las necesidades locales, siempre que cumplan los criterios claves anteriormente mencionados.
OPINIÓN de la Comisión de Comercio Internacional (31.5.2006)
Ponente de opinión: Françoise Castex
1. Considera que la ronda de Doha de la OMC debe centrar sus trabajos en el desarrollo y que, por consiguiente, las negociaciones sobre el comercio de servicios deberán redundar en beneficio tanto de los intereses de la UE como del crecimiento económico de los países más pobres;
2. Recuerda que el AGCS suscita inquietud en los ciudadanos europeos y subraya, por tanto, que la transparencia en el proceso de negociación y la evaluación del impacto de la liberalización sobre los servicios públicos son fundamentales;
3. Apoya, en aras de una mayor seguridad jurídica en el funcionamiento de los servicios de interés general (SIG), el objetivo político de que el principio básico de la prestación de servicios debe ser la libertad de elección en el nivel competente independientemente de que se estos servicios se presten bajo su propia responsabilidad, en cooperación con una empresa privada o a través de terceros; considera que el fin de la Comisión en todas las negociaciones debe ser garantizar este objetivo en el contexto del comercio mundial;
4. Subraya que los objetivos fundamentales de los servicios de interés general (igualdad de acceso, seguridad de suministro, calidad elevada, servicio universal, continuidad, seguridad jurídica, obligación de rendir cuentas y protección de los consumidores y usuarios) pueden alcanzarse en muchos casos en el marco de una competencia regulada adecuadamente entre prestadores de servicios privados o públicos, y que una actitud inútilmente restrictiva por parte de los Estados miembros podría impedir el acceso de los operadores europeos a algunos mercados internacionales de servicios;
5. Destaca la contribución de los servicios de interés económico general y de los servicios no económicos a la promoción de la cohesión social y territorial y al acceso de los ciudadanos a unos servicios asequibles de alta calidad, concediendo una atención especial a las regiones agrícolas, a las regiones en fase de conversión industrial y a las regiones que se enfrentan con problemas naturales o demográficos permanentes y graves, como por ejemplo las regiones árticas, muy poco pobladas, y las regiones insulares, transfronterizas y montañosas;
6. Afirma que en todas las negociaciones y procesos de liberalización del comercio en los que participe la UE debe tenerse en cuenta el comercio de servicios de interés general;
7. Recuerda que no puede contraerse ninguna nueva obligación en materia de servicios de educación y de salud y que es preciso que sigan excluidos los servicios culturales, en particular los servicios audiovisuales, como es el caso hasta ahora;
8. Destaca que la garantía de la calidad del agua y del acceso universal al agua potable son esenciales para los ciudadanos europeos y para la comunidad mundial, en particular para los países menos avanzados, y que el sector del agua no debe ser objeto de una liberalización ni una desreglamentación;
9. Pide a la Comisión que no contraiga nuevas obligaciones en relación con los servicios de infraestructura de interés general, como el abastecimiento de energía y de agua y el tratamiento de aguas residuales, hasta que una directiva marco defina los servicios que las autoridades públicas de los Estados miembros de la UE, a todos los niveles, podrán definir como servicios de interés general con referencia a los objetivos de interés público;
10. Recuerda, por una parte, que los principios del AGCS no imponen ni la privatización ni la desregulación y que no recomiendan ningún grado de liberalización como tales servicios ni excluyen la imposición de obligaciones de servicio público, y, por otra parte, que el AGCS reconoce a los miembros de la OMC «el derecho a reglamentar el suministro de servicios en su territorio [...] con el fin de realizar los objetivos de su política nacional»;
11. Pide a la Comisión, no obstante, que concretice claramente los límites del derecho a regular con vistas a examinar en qué condiciones la aplicación de criterios comerciales como el «criterio de necesidad» o el «efecto menos restrictivo» cuestionan la libertad de regular de las autoridades públicas;
12. Considera que las legítimas exigencias en materia de interés general no deben servir de pretexto para un cierre abusivo de los mercados de servicios a los prestadores internacionales cuando estos se comprometen a respetar estas exigencias y están en condiciones de hacerlo;
13. Recuerda que los acuerdos internacionales celebrados por la Comunidad y las obligaciones que de ellos se derivan deben ser compatibles con las políticas y las normas internas de la Comunidad;
14. Subraya, en consecuencia, que los compromisos específicos suscritos en el marco de las negociaciones relativas al AGCS sólo deben consistir en conceder a los prestadores de servicios extranjeros el acceso al mercado y el trato nacional del que se benefician los prestadores de servicios comunitarios en el marco del mercado interior en los sectores abiertos a la competencia y en el respeto de la reglamentación en vigor; considera, no obstante, que en este contexto debe tenerse en cuenta el estado en que se encuentra la liberalización en los distintos sectores del mercado interior y efectuar una evaluación previa de las repercusiones económicas, sociales y medioambientales del proceso de liberalización;
15. Recuerda que una liberalización equilibrada de los intercambios internacionales implica una apertura paralela de los mercados de bienes y servicios, y que la competencia técnica de los grandes prestadores de servicios del mundo desarrollado debe poder ponerse al servicio de los países en desarrollo, lo que conlleva una cierta reciprocidad en la apertura de los mercados de servicios en la Unión Europea y fuera de ella;
16. Recuerda que, en lo que concierne a la financiación de los servicios de interés general para los que se han contraído compromisos de acceso, la UE se ha dotado de una restricción para proteger la asignación de subvenciones al sector público; pide que se preserve esta posibilidad en el curso de las negociaciones relativas al AGCS;
17. Insiste, en el marco del nuevo método multilateral adoptado en las negociaciones relativas al AGCS, en la necesidad de que la Unión Europea vele por que el nuevo proceso respete las flexibilidades recogidas en el AGCS, en particular las relativas al artículo XIX, en el que se señala que la liberalización respetará adecuadamente los objetivos de política nacional y el nivel de desarrollo de los miembros, así como que se preverá una flexibilidad adecuada en el caso de los diferentes países en desarrollo para que puedan abrir menos sectores y liberalizar menos tipos de transacciones;
18. Considera que determinados productos, como el agua y los servicios relacionados con ella, forman parte de los bienes públicos mundiales y disfrutan de un estatuto particular, tienen un impacto considerable sobre la vida diaria de la población y, por consiguiente, deben recibir un trato especial, teniendo en cuenta el desarrollo sostenible;
19. Solicita que la UE defienda este punto de vista en las negociaciones de la OMC y que apoye el principio de que la apertura del mercado de los servicios relativos al tratamiento de las aguas, al aprovisionamiento y al saneamiento debe ser conforme a los objetivos del desarrollo sostenible;
20. Subraya que los países menos avanzados no deben ser objeto de presiones en lo que se refiere a la liberalización de sus servicios y, en particular, los SIG; considera que un posible fracaso del ciclo de negociaciones multilaterales que se está desarrollando en la actualidad podría generar, en el marco de los acuerdos bilaterales, una presión adicional sobre los países pobres para que abran sus mercados, en particular en el ámbito de los servicios;
21. Subraya que determinados países en desarrollo o los países menos desarrollados se enfrentan a dificultades para reglamentar los sectores de servicios que anteriormente eran competencia de la autoridad pública o propiedad del Estado; pide, en consecuencia, a la Comisión que las solicitudes en el ámbito de los SIG dirigidas a los países en vías de desarrollo se acompañen de medidas de asistencia técnica y de cooperación económica;
22. Considera que las propuestas de la Comisión que deberán presentarse en el marco del debate sobre la reforma de la OMC y, en particular, las relativas al sector de los servicios deben debatirse con tiempo y en profundidad con el Parlamento Europeo y su comisión competente;
23. Se congratula de que la Comisión haya hecho público el paquete de medidas propuesto por la Comunidad en el marco de las negociaciones actuales relativas al AGCS, pero considera que la Comisión debería examinar de modo más exhaustivo con el Parlamento y sus comisiones competentes los acontecimientos que se están produciendo en la actualidad. PROCEDIMIENTO
Libro Blanco de la Comisión sobre los servicios de interés general
Jean-Pierre Audy, Enrique Barón Crespo, Daniel Caspary, Françoise Castex, Giulietto Chiesa, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Syed Kamall, Sajjad Karim, Caroline Lucas, Helmuth Markov, David Martin, Georgios Papastamkos, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Robert Sturdy, Johan Van Hecke, Daniel Varela Suanzes-Carpegna y Zbigniew Zaleski
Margrietus van den Berg, Saïd El Khadraoui, Elisa Ferreira y Mauro Zani
OPINIÓN de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (24.4.2006)
Ponente de opinión: Proinsias De Rossa
1. Constata que el debate sobre el Libro Verde confirmó que los servicios de interés general (SIG) constituyen un pilar del modelo social europeo que es básico para garantizar la cohesión social y territorial, así como la aplicación de la Estrategia de Lisboa; constata asimismo que el mercado de servicios ofrece un potencial considerable para el crecimiento económico y la creación de empleo;
2. Subraya que el mercado, por sí solo, no puede garantizar el acceso universal a SIG de calidad y que éstos tienen un importante papel que desempeñar en el fomento de la cohesión social, económica y territorial de la UE; insiste en que tanto los servicios públicos como los SIG deben renovarse y configurarse sobre la base de un modelo social europeo y que un marco comunitario para los SIG serviría para poner de relieve los siguientes objetivos:
• acceso universal igualitario,
• cobertura territorial completa garantizada y accesibilidad geográfica y social combinada con servicios de alta calidad a un precio asequible y sujeto a normas de calidad uniformes, con independencia del nivel de rentabilidad para los prestadores individuales de servicios, y
• derechos de concesión socialmente aceptables para determinados sectores de la población, como las personas con discapacidad y los grupos de escasos ingresos, así como mecanismos destinados a combatir la exclusión social, medidas destinadas a garantizar un desarrollo sostenible, un alto nivel de protección ambiental y la eliminación de las disparidades regionales, seguridad jurídica y cumplimiento de las condiciones marco para la prestación de SIG, independientemente de la identidad o nacionalidad del prestador de servicios;
3. Señala que, en la medida en que los SIG corresponden a una actividad económica pueden entrar dentro del ámbito de la propuesta de Directiva relativa a los servicios en el mercado interior (Directiva sobre los servicios); constata que, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se tiende a considerar a un número cada vez mayor de servicios como servicios económicos y que existe una necesidad urgente de proceder a una definición clara, así como a una distinción entre servicios económicos y servicios no económicos; insta a la Comisión a que lleve a cabo una evaluación general del impacto de los SIG que entran en el ámbito de la Directiva sobre los servicios, teniendo especialmente en cuenta las repercusiones en los consumidores, los trabajadores y el medio ambiente; 4. Considera que la propuesta de aplicación de la Directiva sobre los servicios a los SIG económicos aumenta la necesidad de una directiva marco para establecer sus características de calidad; considera que la UE y los Estados miembros, con arreglo a sus competencias respectivas y dentro del ámbito del Tratado, deben velar por que los SIG se presten con arreglo a principios y condiciones que les permitan cumplir sus cometidos; expresa su convicción de que esos principios y condiciones deberían establecerse mediante una directiva marco, sin perjuicio de la competencia de los Estados miembros, de conformidad con el Tratado, haciendo hincapié en la dimensión social de acceso universal a servicios de calidad a precios asequibles; lamenta que la Comisión no se haya comprometido claramente a elaborar un marco jurídico para los SIG;
5. Considera que la plena participación de los interlocutores sociales, las autoridades regionales y locales, así como la sociedad civil, es esencial para que la regulación y la prestación de los SIG se lleven a cabo de la mejor manera posible; 6. Expresa su satisfacción por el compromiso de la Comisión de presentar una comunicación sobre los servicios sociales y sanitarios; 7. Expresa su apoyo al compromiso de la Comisión de revisar, este año, la situación de los SIG, así como la necesidad de medidas horizontales; pide a la Comisión que, en el marco de una evaluación continua de los SIG, tenga en cuenta en particular el impacto en la situación de los consumidores y de los trabajadores y también en el medio ambiente; pide a la Comisión que presente un informe independiente de evaluación del impacto de la liberalización ya alcanzada tras los acuerdos comerciales regionales, bilaterales o multilaterales sobre la organización de los SIG en los Estados miembros y, especialmente sobre la calidad y el precio de los servicios, la competitividad del sector, la igualdad de acceso, la seguridad en el aprovisionamiento, la protección del medio ambiente y la cohesión social;
8. Expresa su satisfacción por el compromiso de la Comisión de aclarar cómo se puede evitar que la compensación por servicios públicos se considere ayuda estatal de conformidad con el artículo 87, apartado 1, del Tratado CE y afirma que es necesario definir los principios y características generales de los SIG a escala comunitaria para evitar que queden anulados por las normas de competencia; señala que las explicaciones de la Comisión al respecto reflejan una visión restringida del interés público y, por consiguiente, de los objetivos de la prestación de servicios esenciales y que el ámbito de los servicios esenciales deberá definirse de manera más global con una referencia particular a las razones imperiosas de interés público, los sistemas de solidaridad, el carácter específico de las empresas implicadas y su financiación en el sector de las prestaciones sanitarias y sociales; 9. A la vista del retraso imprevisible en la adopción del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, pide a la Comisión que presente una propuesta de directiva marco basada en las disposiciones existentes del Tratado relativas al mercado interior (artículo 95 del Tratado CE), en la que se fijen, a escala comunitaria, los principios y objetivos de los SGI –a fin de garantizar que no queden anulados por las normas de competencia existentes–, que los Estados miembros deberán aplicar a continuación con arreglo a las peculiaridades y las necesidades nacionales y regionales; 10. Subraya, en particular, que los servicios esenciales deben incluir un derecho de acceso con especial referencia al principio de no discriminación, que es un valor fundamental de la UE, y que la situación de determinados grupos sociales como, por ejemplo, el de las personas con discapacidad, no debe empeorar en el futuro.
Jan Andersson, Roselyne Bachelot-Narquin, Jean-Luc Bennahmias, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Jean Louis Cottigny, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Carlo Fatuzzo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Karin Jöns, Jan Jerzy Kułakowski, Sepp Kusstatscher, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Mario Mantovani, Jan Tadeusz Masiel, Ana Mato Adrover, Maria Matsouka, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Jacek Protasiewicz, José Albino Silva Peneda, Kathy Sinnott y Jean Spautz
Edit Bauer, Mihael Brejc, Françoise Castex, Marian Harkin, Anne E. Jensen, Jamila Madeira, Elisabeth Schroedter, Evangelia Tzampazi, Yannick Vaugrenard y Anja Weisgerber
OPINIÓN de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (31.5.2006)
1. Pide a la Comisión que exponga con la máxima urgencia cuáles son las iniciativas legislativas que deberán ser adoptadas para satisfacer lo dispuesto en el artículo III-122 del proyecto de Tratado Constitucional;
2. Acoge con satisfacción el Libro Blanco de la Comisión sobre los servicios de interés general, así como las iniciativas y análisis que contiene en relación con importantes normas horizontales y sectoriales;
3. Se reafirma en la idea de que los servicios de interés general constituyen uno de los pilares fundamentales del modelo social europeo y que los objetivos de un mercado interior abierto y competitivo, por un lado, y de unos servicios de interés general de acceso universal y de calidad a precios asequibles, por otro, son compatibles entre sí;
4. Considera que es indispensable establecer y consolidar un modelo social europeo y unos servicios públicos de calidad para responder a las necesidades y expectativas de los ciudadanos y que esto creará un entorno favorable para el progreso humano y contribuirá también a la mejora de la economía;
5. Destaca la importancia de los servicios de interés general para el modelo social europeo, pero manifiesta sus reservas contra las reglamentaciones de tipo horizontal encaminadas a crear un modelo social único para Europa y que incidan excesivamente en la competencia de los Estados miembros;
6. Señala que son tareas exclusivas de los Estados miembros y de sus autoridades competentes el definir los servicios de interés general y el determinar la normativa para su financiación;
7. Señala que la prestación de servicios de interés general es importante también para las pequeñas y medianas empresas;
8. Considera que el concepto de servicio de interés general debe respetar el principio de elección del nivel subsidiario más adecuado en cada caso, independientemente de que la autoridad nacional, regional o local correspondiente preste el servicio por sí sola, en régimen de cooperación con una empresa privada o lo confíe a terceros de conformidad con la normativa vigente en materia de contratación pública; señala que las autoridades locales tendrán libertad para regular la gestión de los servicios de interés general de los que sean competentes en virtud de las disposiciones de los Estados miembros;
9. Opina que el control de los abusos en relación con el cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de competencia incumbe a la Comisión y que ésta debe proceder con firmeza a eliminar las incertidumbres jurídicas que aún restan;
10. Acoge con satisfacción los marcos jurídicos comunitarios propuestos para las ayudas estatales en forma de pagos compensatorios por las obligaciones de servicio público, así como el propósito de reformar la Directiva «Transparencia»;
11. Considera necesario desarrollar modelos que partan del principio de que los servicios de interés general contribuyen a estrategias de desarrollo sostenibles como la cohesión social y territorial, la protección del medio ambiente y la diversidad cultural;
12. Subraya que los servicios de interés general deberían ser de calidad elevada y disponibilidad universal, ser prestados a precio óptimo, respetar el equilibrio social y garantizar la seguridad del abastecimiento, y destaca que numerosos servicios de interés general pueden prestarse en el marco de una competencia leal, siempre y cuando se garantice la igualdad fundamental de trato entre las empresas privadas y las públicas;
13. Espera una evaluación exhaustiva de los servicios de interés general teniendo en cuenta criterios políticos, sociales, económicos y medioambientales; considera que se deberían formular propuestas sobre parámetros de evaluación comunes tan pronto como sea posible;
14. Opina que la progresiva liberalización del sector de los servicios en la Unión Europea debe ir de la mano del mantenimiento de un servicio universal y del cumplimiento de la normativa de mínimos europea;
15. Pide que la Comisión presente al Parlamento un análisis exhaustivo de las incidencias de la liberalización hasta la fecha, en particular respecto a la situación de los consumidores y de la población activa afectada;
16. Opina que, a día de hoy, no es necesario introducir obligaciones sectoriales adicionales a escala de la UE, pero que la aplicación de las existentes debe ser prioritaria; considera que la evolución en determinados sectores, en particular en relación con la seguridad del abastecimiento, debe ser objeto de estrecha vigilancia;
17. Considera que los objetivos de las normas de competencia deberían ser la mejora de la calidad de la prestación de servicios, la libertad de elección del consumidor, unos precios moderados y la consecución de otros objetivos de interés público, incluyendo el desarrollo sostenible;
18. Insiste en su petición, formulada en su Resolución de 9 de marzo de 2005 sobre la revisión intermedia de la Estrategia de Lisboa(1), de que se adopte un marco jurídico comunitario para los servicios de interés general.
Jan Březina, Philippe Busquin, Jerzy Buzek, Joan Calabuig Rull, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Den Dover, Adam Gierek, Umberto Guidoni, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein Mintz, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Vincenzo Lavarra, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Umberto Pirilli, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis y Alejo Vidal-Quadras Roca
María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, Edit Herczog, Peter Liese, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Vittorio Prodi y John Purvis
Maria Badia I Cutchet y Giovanni Berlinguer
Textos Aprobados, P6_TA(2005)0069.
OPINIÓN de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (13.6.2006)
2006/2101(INI))
Ponente de opinión (*): József Szájer
A. Considerando que los servicios de interés general y los servicios de interés económico general no están sujetos a disposiciones específicas del Tratado,
B. Considerando que, con respecto a los SIG, deben tenerse en cuenta las distintas tradiciones históricas y culturales de los Estados miembros; que la organización y la disponibilidad de SIG eficaces son objetivos clave de las políticas económicas y sociales de los Estados miembros,
C. Considerando que los servicios de interés económico general repercuten directamente en el mercado interior de los servicios, y que, en consecuencia, el Parlamento aprobó con una sólida mayoría su inclusión en el ámbito de la propuesta de Directiva relativa a los servicios en el mercado interior,
D. Considerando que los artículos 43 a 49 del Tratado proporcionan el fundamento jurídico para la acción de la Comunidad en el ámbito de los servicios de interés económico general,
E. Considerando que el artículo 86 del Tratado y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia dan indicaciones claras sobre las ayudas estatales y las modalidades y grados de financiación de los servicios de interés económico general,
F. Considerando que el artículo 36 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea establece que la «Unión reconoce y respeta el acceso a los servicios de interés económico general, tal como disponen las legislaciones y prácticas nacionales»,
G. Considerando que el artículo 38 de la Carta establece que las «políticas de la Unión garantizarán un alto nivel de protección de los consumidores»,
H. Considerando que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia especifica que las compensaciones por las obligaciones de servicios públicos no deben asimilarse a las ayudas estatales siempre que estén definidas con claridad, sean objetivas y proporcionales y estén sometidas a adjudicación pública,
I. Considerando que los servicios que combinan de forma indivisible actividades económicas y no económicas deben considerarse como una actividad económica,
En cuanto a los servicios de interés económico general
1. Considera que sólo se puede garantizar la eficiencia y la elevada calidad de los servicios de interés económico general mediante el refuerzo de la competitividad en estos sectores y una mejor cooperación entre los Estados miembros, en particular en lo que se refiere a las empresas de red y al establecimiento de enlaces transfronterizos entre servicios; se congratula por la nueva política comunitaria en el sector de la energía;
2. Observa que los servicios de interés económico general que se han abierto a la competencia han experimentado una mejora en la calidad de sus servicios, un aumento en el número de competidores y una reducción de precios, todo lo cual ha dado lugar a la modernización y la integración de estos mercados de servicios, lo que ha redundado en beneficio de los consumidores; toma nota de que esta apertura se ha hecho de manera controlada y ha ido acompañada de medidas para proteger el interés general, en particular la noción de servicio universal;
3. Señala que la liberalización de determinados SIEG ha aportado importantes beneficios a los consumidores, en términos de precios más bajos, mejor calidad y más posibilidades de elección;
4. Tiene en cuenta el peso económico de estos servicios y su importancia para la producción de otras mercancías y la prestación de otros servicios; subraya que la forma en que se organicen los SIEG puede afectar al mercado interior, por ejemplo, al prohibir el establecimiento en el país donde se presta el servicio;
5. Observa que, con el fin de aprovechar plenamente las oportunidades ofrecidas por el mercado interior, es particularmente importante que las condiciones y disposiciones que regulan la apertura de los mercados garanticen una competencia justa, transparente y eficaz, eviten los abusos de posición dominante y la formación de nuevos monopolios que dificulten la entrada a los mercados de nuevos participantes;
6. Subraya la importancia de la experiencia de los nuevos Estados miembros con la transformación en una economía de mercado y la apertura de los mercados, y pide a la Comisión que saque de ella las necesarias conclusiones para mejorar el marco normativo;
7. Considera que el apartado 2 del artículo 86 del Tratado contiene suficientes garantías para que los Estados miembros aseguren que se prestan los SIEG de acuerdo con las obligaciones de servicio universal establecidas en el Derecho comunitario o por los Estados miembros; apoya la interpretación del Tribunal de Justicia en el sentido de que existe un paralelismo entre esta evaluación y el examen de la proporcionalidad en el contexto del artículo 49 del Tratado;
8. Subraya que, en particular tras la ampliación de la Unión Europea, hay que asegurar la cohesión en el ámbito de los SIEG y que, en el marco de la política estructural, las infraestructuras de los Estados miembros para los SIEG basados en red deben estar interconectadas, y que se debe mejorar la cooperación transfronteriza para crear un verdadero mercado interior y facilitar la normalización;
9. Toma nota de que los SIEG entran en el ámbito de la Directiva relativa a los servicios; considera que esta Directiva servirá de normativa horizontal para los servicios de interés económico general y complementará la legislación específica vigente; señala que la Directiva relativa a los servicios contiene suficientes definiciones para poder distinguir entre los servicios económicos y no económicos;
10. Considera indispensable que se aclare la distinción entre servicios de interés general y servicios de interés económico general, puesto que estos últimos están sujetos a las mismas normas del mercado interior que todos los demás servicios, con la única excepción de la aplicación del artículo 86 del Tratado; señala que, en el marco del artículo 86 del Tratado, los servicios de interés económico general deben tratarse sobre la misma base que todos los demás servicios económicos, salvo en los casos en que la aplicación de estas normas impida la prestación de estos servicios;
11. Hace hincapié en que, para los sectores excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva relativa a los servicios, parece apropiado aplicar un enfoque sectorial de forma que se tengan en cuenta los requisitos y situaciones específicos en los sectores pertinentes, con vistas a establecer un mercado interior para estos servicios; señala que la regulación actual debe ser objeto de supervisión constante;
12. Acoge favorablemente la nueva Comunicación de la Comisión sobre los servicios sociales de interés general y el enfoque sistemático para identificar las características específicas de los servicios sociales y de salud;
13. Señala, en este contexto, que la distribución de tareas entre las autoridades locales, sobre la base de leyes, reglamentos, asociaciones de Derecho público o a través de la creación de asociaciones para un determinado fin, está sujeta a la legislación nacional en materia de organización de las administraciones públicas;
En cuanto a los servicios de interés general
14. Considera que, tras examinar las disposiciones del Tratado y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, no existe fundamento jurídico para una directiva marco sobre servicios de interés general en caso de que el objetivo de la misma fuese no aplicar las disposiciones del Tratado a determinados servicios;
15. Subraya que las cuestiones específicas relacionadas con los SIG no permiten soluciones generales y que es preferible por tanto un enfoque individualizado para evaluar, con arreglo a las disposiciones del Tratado, la intervención admisible del Estado teniendo en cuenta que, desde un punto de vista técnico, no parece posible una codificación completa de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia;
16. Subraya la importancia de reforzar la capacidad de supervisión de los Estados miembros, con el fin de asegurar que los objetivos de las políticas públicas, incluidas las normas sobre el carácter asequible y la calidad, se realicen en la práctica; subraya también que se necesario que las autoridades públicas competentes cuenten con instrumentos y conocimientos especiales adecuados para poder garantizar la observancia de la competencia y la protección de los consumidores;
17. Toma nota de que, por lo que respecta a los SIG, no es necesario conferir competencias adicionales a la Unión Europea; observa, sin embargo, que es necesario aclarar el reparto de responsabilidades entre la Unión Europea y los Estados miembros en la medida en que podría haber distorsiones de la libre prestación de servicios entre Estados miembros;
18. Considera que el Tratado y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ofrecen suficientes posibilidades para que los Estados miembros garanticen las razones primordiales relacionadas con el interés público por lo que respecta a la prestación de SIG; 19. Pide a la Comisión que presente una comunicación para aclarar las consecuencias de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y para dar directrices sobre la aplicación de las normas comunitarias en el ámbito de los SIG y de los SIEG a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales;
20. Pide asimismo a la Comisión que presente una comunicación para aclarar la aplicación de la legislación relativa a la competencia en el ámbito de los SIG y los SIEG , en particular por lo que respecta a su financiación;
21. Está convencido de que la evaluación comparativa es un instrumento vital para el mantenimiento y el desarrollo de SIG de gran calidad, accesibles, asequibles y eficaces, y que la evaluación y el control sistemáticos del funcionamiento de los servicios de interés general tanto a escala comunitaria como nacional es crucial y debe basarse en criterios amplios y comunes; por tanto, pide a la Comisión que proponga un sistema para la evaluación comparativa de los SIG en el contexto del proceso de Lisboa.
Charlotte Cederschiöld, Mia De Vits, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Edit Herczog, Anneli Jäätteenmäki, Pierre Jonckheer, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Arlene McCarthy, Manuel Medina Ortega, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, József Szájer, Marianne Thyssen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler y Glenis Willmott
Ieke van den Burg, Simon Coveney, Benoît Hamon, Joel Hasse Ferreira, Othmar Karas y Anja Weisgerber
Roselyne Bachelot-Narquin, Sharon Bowles, Elisabeth Jeggle y Wolf Klinz Observaciones (datos disponibles en una sola lengua)
OPINIÓN de la Comisión de Transportes y Turismo (2.9.2005)
Ponente de opinión: Emanuel Jardim Fernandes
A. Considerando que el transporte público es uno de los sectores fundamentales de las actividades de servicios de interés general (SIG), que permite cubrir las necesidades esenciales de las poblaciones de la Unión Europea, tanto en términos de movilidad como de abastecimiento, contribuyendo así de manera primordial a la cohesión económica, social y territorial de la Unión,
B. Considerando que la falta de una definición precisa que caracterice a los servicios de interés general en el Derecho de la Comunidad produce una inseguridad jurídica creciente, como prueba la jurisprudencia, a veces contradictoria, del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas,
C. Considerando que conviene velar por el justo equilibrio entre las actividades de transporte y el respeto de las normas comunitarias de competencia y de mercado interior cuando éstas ponen en peligro el buen funcionamiento de los citados servicios de transporte, y en particular su calidad, su accesibilidad, su continuidad o su eficacia,
D. Considerando que, desde el Tratado de Roma, hay disposiciones específicas que tratan del transporte, y que, en particular, el artículo 73 reconoce la legalidad de las ayudas estatales para el cumplimiento de obligaciones «inherentes a la noción de servicio público», E. Considerando que el control y la evaluación de las prestaciones a nivel nacional y comunitario son fundamentales para garantizar la calidad y la eficacia de los servicios de interés económico general (SIEG), también en el sector del transporte,
1. Subraya la necesidad de preservar el equilibrio y el buen funcionamiento de los servicios de transporte a través de la promoción de prestaciones de interés general y obligaciones de servicio público de alta calidad, orientadas a satisfacer las necesidades básicas de la población y que cuenten con el apoyo financiero necesario por parte de las autoridades públicas;
2. Se congratula de que la directiva propuesta, relativa a los servicios, no obligue a los Estados miembros a abrir los servicios de interés general a la competencia y no se inmiscuya en las modalidades de organización o financiación de dichos servicios por parte de los Estados miembros o las regiones;
3. Señala que promover el acceso a los servicios públicos de transporte a un coste asequible para el mayor número posible de ciudadanos es también coherente con los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero y de reducción de los costes externos del transporte en general; señala asimismo la utilidad del transporte colectivo en el contexto de alza de los precios del petróleo y el riesgo de insuficiencia de la capacidad de refinado a nivel mundial en el futuro próximo;
4. Considera que las condiciones específicas aplicables al funcionamiento de los servicios de interés general en el ámbito de los transportes deben ser objeto de una legislación sectorial adaptada a este sector (normas sobre ayudas estatales, contratos públicos, etc.); recuerda, sin embargo, que, como servicio de interés general, el transporte debe también estar sujeto a reglas generales, que han de estar contenidas en un marco legislativo general que defina el concepto y los criterios aplicables a los SIG económicos y no económicos, así como los principios que garanticen el correcto funcionamiento de estas actividades, como la continuidad, la accesibilidad y la protección de los consumidores y de los usuarios;
5. Insta, en consecuencia, al Consejo a que adopte cuanto antes una posición común sobre la revisión del Reglamento (CEE) n° 1191/69 del Consejo, de 26 de junio de 1969, relativo a la acción de los Estados miembros en materia de obligaciones inherentes a la noción de servicio público en el sector de los transportes por ferrocarril, por carretera y por vía navegable (Informe Meijer A5-0364/2001);
6. Considera que, de conformidad con el principio de subsidiariedad, el marco jurídico mencionado debería conferir a los poderes públicos, y en particular a las autoridades regionales y locales, el derecho a decidir sobre la dimensión, el ámbito, las formas y las estructuras de la prestación de servicios de interés general en el ámbito de los transportes en su territorio, concretamente, sobre el estatuto jurídico de los prestatarios de estos servicios, y, en función de la situación demográfica y geofísica y de las características específicas de su región, de elegir métodos de gestión y de financiación y de establecer mecanismos de evaluación;
7. Recuerda la situación particular de las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea, como consecuencia de sus condicionamientos específicos, con respecto al concepto de SIG y la aplicación de las normas comunitarias sobre competencia y mercado interior, e insiste en la necesidad de ampliar el concepto de SIG y de prever la aplicación de normas adaptadas a la situación particular de estas regiones, especialmente en lo que respecta a las actividades de transporte.
Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Philip Bradbourn, Paolo Costa, Michael Cramer, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Luis de Grandes Pascual, Mathieu Grosch, Ewa Hedkvist Petersen, Jeanine Hennis-Plasschaert, Stanisław Jałowiecki, Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Patrick Louis, Erik Meijer, Robert Navarro, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Gary Titley, Georgios Toussas, Corien Wortmann-Kool y Roberts Zīle
Zsolt László Becsey, Johannes Blokland, Den Dover, Zita Gurmai, Elisabeth Jeggle, Anne E. Jensen y Zita Pleštinská
OPINIÓN de la Comisión de Desarrollo Regional (21.6.2005)
A. Considerando que la política estructural y de cohesión económica y social europea constituye una contribución importante para garantizar en los Estados miembros la prestación de los servicios de interés general de forma sostenida y regionalmente equilibrada, por ejemplo, en materia de infraestructuras de transportes, servicios de suministro y eliminación de residuos,
1. Propone asegurar la liberalización de los sectores ya abiertos; hace hincapié en la importante función que desempeña el mercado común para la cohesión social, económica y territorial, y subraya la importancia que revisten los servicios públicos para el desarrollo sostenible, económico y social así como la necesidad de que el acceso a los servicios de interés general sea justo en términos sociales y regionales; recomienda efectuar una evaluación económica y social de la continuación del proceso de liberalización para sectores específicos;
2. Comprueba que las entidades territoriales a escala municipal y regional han demostrado que pueden ofrecer servicios de interés general cercanos a los ciudadanos y observa que constituyen además las instancias adecuadas para garantizar, en el marco de estos servicios, los derechos de codecisión, la protección de los consumidores y el bien común; subraya que, a escala europea, es importante velar por que no se ponga en peligro la capacidad de las autoridades municipales y regionales para ofrecer este tipo de servicios;
3. Observa que, en numerosos Estados miembros, es competencia de la autoridad municipal la prestación de los servicios de interés general y la garantía del acceso universal a ellos de los ciudadanos y ciudadanas, asumiendo tanto los aspectos de seguridad del suministro y de calidad como la fijación de tarifas equitativas; subraya que al definir la política europea en la materia es conveniente preservar el principio de capacidad de acción de los municipios en lo que respecta a estos servicios;
4. Considera que una función europea de control y la atribución adecuada de competencias a las administraciones nacionales constituyen instrumentos fundamentales para imponer reglamentaciones sectoriales específicas y para tener en cuenta las peculiaridades de las distintas regiones y los diversos sectores económicos;
5. Pide a la Comisión que separe con prontitud los servicios de interés general de los servicios de interés económico general y pide criterios especiales al respecto, toda vez que estos últimos son relevantes con respecto a las ayudas estatales;
6. Se felicita por el propósito de la Comisión de seguir concretando el marco jurídico por lo que se refiere a la admisibilidad de las ayudas, la regulación de la contratación pública, la transparencia de las relaciones financieras públicas y privadas así como la fiabilidad de los contratos de concesión relacionados con el Derecho europeo en materia de competencia, pero pide una mejor concertación de los servicios responsables en el seno de la Comisión para evitar contradicciones entre los actos jurídicos sobre los servicios de interés general;
7. Destaca que el Tratado constitucional sólo menciona la posibilidad de un marco reglamentario superior adicional de servicios de interés económico general, pero no fomenta ni legitima un modelo europeo uniforme de servicios de interés general; 8. Teme que la uniformización de servicios públicos propuesta por la Comisión, así como la definición uniforme de servicios de interés general no tengan en cuenta las distintas peculiaridades históricas y sociales de la Unión Europea de los 25;
9. Opina, por tanto, que, habida cuenta del principio de subsidiariedad y de la legislación de la Unión Europea en materia de competencia, compete a las autoridades locales, regionales y nacionales definir, organizar, financiar y controlar los servicios de interés general. 10. Pide a la Comisión que adopte sin demora una postura con respecto a la posibilidad de que, además de la aclaración de conceptos ya prevista y la eliminación de incertidumbres jurídicas, una directiva marco de rango superior proporcione una mayor claridad jurídica en cuanto a los servicios de interés general; opina que una posible directiva marco ha de estar al servicio de la seguridad jurídica y tener en cuenta los principios de la subsidiariedad y de la legislación en materia de competencia de la UE y, de este modo, determina también en qué casos no cabe aplicar el Derecho comunitario.
Alfonso Andria, Stavros Arnaoutakis, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Jana Bobošíková, Graham Booth, Bairbre de Brún, Giovanni Claudio Fava, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ambroise Guellec, Konstantinos Hatzidakis, Mieczysław Edmund Janowski, Gisela Kallenbach, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Miroslav Mikolášik, Francesco Musotto, Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, István Pálfi, Markus Pieper, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Bernard Poignant, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Grażyna Staniszewska, Catherine Stihler, Kyriacos Triantaphyllides y Vladimír Železný
Alfredo Antoniozzi, Inés Ayala Sender, Jan Březina, Simon Busuttil, Den Dover, Mojca Drčar Murko, Věra Flasarová, Karl-Heinz Florenz, Louis Grech, Ewa Hedkvist Petersen, Eluned Morgan, Mirosław Mariusz Piotrowski, Richard Seeber y Thomas Ulmer
Sharon Margaret Bowles, Albert Deß y Herbert Reul
OPINIÓN de la Comisión de Asuntos Jurídicos (11.9.2006)
Ponente de opinión: Gabriele Stauner
1. Considera que existen considerables dudas sobre el eventual fundamento jurídico que pudiera permitir a la Comunidad adoptar una directiva marco para el sector de los servicios de interés general;
2. Insta, por consiguiente, a la Comisión, a que exponga clara y detalladamente cuál es el fundamento jurídico que le permite crear ese marco jurídico;
3. Insta asimismo a la Comisión a que aclare cómo se corresponde la afirmación vertida en el Libro Blanco de que los poderes atribuidos a la Comunidad en lo que atañe a los servicios de interés general son adecuados y suficientes con las competencias de que disfruta en virtud del artículo III-122 del Tratado Constitucional
4. Destaca la necesidad de respetar y aplicar en el sector de los servicios de interés general el principio de subsidiariedad previsto en el artículo 5 del Tratado CE;
5. Pone de manifiesto que es competencia exclusiva de los Estados miembros y sus autoridades competentes definir los servicios de interés general y adoptar las disposiciones relativas a su financiación; que los servicios de interés general son producto de la evolución histórica en los 25 Estados miembros de la UE y poseen una configuración totalmente diferente en virtud de las tradiciones regionales; y que no se deberían destruir esas estructuras viables mediante una normativa marco europea;
6. Expresa sus grandes dudas de que la adopción de un marco europeo para los servicios de interés general conlleve una mejora real en materia de proximidad al ciudadano y eficacia de los servicios de interés general;
7. Señala que las normas horizontales para la creación de un modelo social europeo uniforme constituyen una injerencia inaceptable en la competencia de los Estados miembros;
8. Insta a la Comisión a que justifique y precise exactamente la necesidad de esas nuevas obligaciones sectoriales específicas que prevé asimismo a escala comunitaria.
Maria Berger, Carlo Casini, Rosa Díez González, Bert Doorn, Giuseppe Gargani, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Alain Lipietz, Hans-Peter Mayer, Viktória Mohácsi, Aloyzas Sakalas, Gabriele Stauner, Andrzej Jan Szejna y Diana Wallis
Manuel Medina Ortega, Marie Panayotopoulos-Cassiotou y Michel Rocard
Jens-Peter Bonde, Iles Braghetto, Esther Herranz García, Pierre Jonckheer, Aldo Patriciello y Bernard Piotr Wojciechowski
Comisión(es) consultada(s)
Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, David Casa, Jan Christian Ehler, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Donata Maria Assunta Gottardi, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Ian Hudghton, Sophia in 't Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Kurt Joachim Lauk, Astrid Lulling, Cristobal Montoro Romero, Joseph Muscat, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Karin Riis-Jørgensen, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Ivo Strejček y Sahra Wagenknecht
Mia De Vits, Harald Ettl, Satu Hassi, Thomas Mann y Corien Wortmann-Kool
Última actualización: 19 de septiembre de 2006Aviso jurídico