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Timestamp: 2017-08-21 23:50:49
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Matched Legal Cases: ['artículo 28', 'artículo 426', 'artículo 426', 'artículo 426', 'artículo 446', 'artículo 426', 'artículo 426']

Mano en la saca: 10/02/09
UN IMPUTADO EN EL "GÜRTEL" ADJUDICÓ UN CONTRATO DE PALABRA Y NO LO PAGÓ
El diputado Alfonso Bosch, ex concejal de El Escorial, eludió el trámite legal para encargar la reforma de una carretera por 143.000 euros
Un juez ordena pagar las obras siete años después de realizadas
J. SÉRVULO GONZÁLEZ - Madrid -
Alfonso Bosch (en la foto), uno de los tres diputados regionales imputados por cohecho y tráfico de influencias en el caso Gürtel junto con Benjamín Martín Vasco y Alberto López Viejo, adjudicó al menos un contrato de forma verbal en 2002, cuando era concejal de Urbanismo y primer teniente de alcalde de El Escorial. Bosch, además, rechazó el pago de la obra, 143.000 euros, para reformar una carretera que unía una urbanización con el municipio.
El ahora diputado encargó el contrato de forma oral para eludir los trámites legales. El artículo 28 de la Ley de Contratos de la Administración Pública establece que "los entes, organismos y entidades del sector público no podrán contratar verbalmente, salvo que el contrato tenga carácter de emergencia". El encargo se produjo unos meses antes de las elecciones que su partido perdió. Una sentencia obliga ahora al Ayuntamiento de El Escorial a pagar unos 78.000 euros. Como el encargo fue oral, el juez no puede justificar que toda la obra haya sido ejecutada por la misma empresa. "Nunca ha sido habitual en este Ayuntamiento hacer contratos verbales. Es el único que se ha hecho", explica el concejal de IU José Manuel Fernández. El actual alcalde, Antonio Vicente (PP), aseguró ayer que el Consistorio ya ha pagado las obras y reconoce que el contrato fue "irregular o poco normal".
Bosch es uno de los principales imputados en la trama madrileña del caso Gürtel. Recibió unos 250.000 euros de Francisco Correa en pago por las supuestas gestiones para lograr contratos desde su cargo de gerente en la Empresa del Suelo de Boadilla (EMSV), según la investigación que hizo el juez Baltasar Garzón antes de inhibirse del caso.Alfonso Bosch encargó en diciembre de 2002 a la empresa Prourbanorte el estudio y ejecución del reasfaltado y mejora de la carretera denominada Camino Viejo que une la urbanización de Las Suertes y la calle de Alcudia, en el centro del municipio. La sentencia detalla que el contrato se adjudicó de forma verbal "dado que el Ayuntamiento estaba interesado en abordar con urgencia tales obras". Ningún miembro del Consistorio explicó ante el juez a qué se debieron tales prisas. Además, no había ningún documento que formalizase el contrato.
Cuando la empresa terminó el trabajo recibió el encargo de aumentar la superficie reasfaltada de la carretera, según consta en el informe judicial. El entonces alcalde del municipio, Javier de Miguel, negó ante el juez que hubiera sido él quien realizase el encargo y declaró que los trabajos los ejecutaba una empresa que arreglaba la zona de la urbanización Las Suertes. Por su parte, Bosch reconoció que el encargo fue ordenado de forma verbal y dijo que se encontraba con el alcalde cuando se realizó.
Poco después de terminadas las obras en la carretera, se produjo un cambio de gobierno en el municipio. El PP fue desalojado de la alcaldía y Bosch encontró un hueco en la gerencia de la EMVS de Boadilla del Monte, la localidad donde la red de Correa logró algunos de sus principales negocios. Se marchó sin pagar las obras que había encargado. La empresa Prourbanorte demandó al Consistorio ante el impago de las facturas. Ahora una juez del tribunal contencioso administrativo de Madrid ordena al Ayuntamiento a pagar sólo una parte de la factura -en total ascendía a 142.944 euros-, porque no puede determinar que todos los trabajos hayan sido ejecutados por la misma empresa. "El carácter verbal del contrato dificulta la prueba de las obligaciones asumidas", dice la sentencia.
El actual alcalde del municipio, Antonio Vicente (PP) explicó ayer que tras recibir la sentencia judicial ordenó el pago de las obras. "No teníamos justificación de los trabajos. Hemos esperado a que un juez nos diga que efectivamente se realizaron", argumentó. Este periódico intentó, sin éxito, conocer la versión de Prourbanorte.
Tras conocerse su implicación en el caso Gürtel, Bosch fue suspendido de militancia en el PP. "Tuvo un papel destacado en las operaciones inmobiliarias que Correa [supuesto cabecilla de la trama corrupta] ha realizado en Boadilla del Monte", según el auto de inhibición de Garzón a favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El auto señala que Bosch se autoinculpó: "Reconoce en las intervenciones telefónicas que él se encuentra detrás de todo el tinglado de Boadilla, refiriéndose a las actuaciones de naturaleza urbanística denunciadas en los medios". Bosch mantiene su acta como diputado regional.
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Etiquetas: adjudicación verbal, Alfonso Bosch, Caso GURTEL, cohecho, Correa, corrupción partidos políticos, López Viejo, Martín Vasco, tráfico de influencias
El recurso del ministerio público ante el Supremo señala que los regalos a cargos públicos pueden ser cohecho aunque no busquen una contraprestación inmediata
Francisco Camps se pone ayer el blusón de huertano para presidir el Tribunal de las Aguas-CARLES FRANCESC
La Fiscalía del Tribunal Supremo presentó ayer el recurso de casación contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Valencia de enterrar el caso Camps. El fiscal aprecia que el presidente valenciano, Francisco Camps, y altos cargos del PP en esa comunidad, que se beneficiaron de trajes y prendas de vestir regalados por empresas, incurrieron en un delito de cohecho impropio recogido en el artículo 426 del Código Penal.
La fiscalía sostiene que el archivo del caso en Valencia fue "prematuro"
En la causa podría haber documentos relevantes sobre otros delitos
Frente al argumento del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Valencia de que no existió relación de causalidad entre el regalo de prendas de vestir y la adjudicación de contratos a Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes -imputado como uno de los jefes de la trama corrupta-, la fiscalía asegura que, en muchas ocasiones, la dádiva o presente "no tiene por objeto una contraprestación inmediata por parte del receptor".
"Lo que se pretende es 'poner en nómina' al beneficiario, colocándole en la situación de absoluto agradecimiento a su benefactor, de tal modo que cuando con posterioridad se le pida que realice actos a favor del donante, éste no tenga posibilidades físicas o morales para negarse", explica el recurso.
El Tribunal de Valencia, que preside Juan Luis de la Rúa, archivó las diligencias del caso Camps al concluir que tanto éste como el secretario regional del PP, Ricardo Costa, y los otros altos cargos imputados carecían de competencias para adjudicar los contratos suscritos entre Orange Market y la Generalitat valenciana. Según dijo en agosto el Tribunal Superior, no hubo ninguna actuación a favor de Orange Market ni los regalos se entregaron como agradecimiento de ninguna actuación. Para la fiscalía, esta interpretación conlleva una "derogación tácita" del artículo 426 del Código Penal, que sanciona a la autoridad o funcionario "que admite dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente".
De seguirse la interpretación formulada por el magistrado De la Rúa, no podrían perseguirse, según el fiscal, regalos a funcionarios tales como "un inmueble, un vehículo de lujo o un millón de euros" cuando no constase la realización de una contraprestación concreta por parte del funcionario. Es decir, sólo podría castigarse el cohecho cuando el regalo tuviera por objeto la recompensa a un acto realizado por un funcionario. Y, sin embargo, tanto la jurisprudencia del Supremo como los sucesivos Códigos Penales promulgados desde 1848 castigan al empleado público que admite regalos "en consideración a su oficio", o, como dice el actual, "para la consecución de un acto no prohibido legalmente".
El fiscal de sala que firma el recurso, Juan Ignacio Campos, disprepa específicamente del archivo acordado respecto de Ricardo Costa, que se basó, dice, en su cargo de secretario general del PP "ignorando sus competencias en materia de contratación en el PP".
El fiscal recurre también el "sobreseimiento libre y archivo" de las actuaciones, que considera "prematuro". A diferencia del sobreseimiento "provisional", el sobreseimiento "libre" y archivo impide reabrir la causa aun cuando aparezcan nuevos datos referidos al procedimiento. El Tribunal de Valencia acordó ese archivo "contrariamente a la práctica habitual" y cuando la fase de instrucción continuaba abierta. El fiscal recuerda que el caso Gürtel es una causa "enormemente compleja" en la que se ha recogido un "ingente volumen de documentación", también en la sede de Orange Market, y la actual situación "podría alterarse durante la instrucción". "No resulta ilógico pensar que pudieran encontrarse documentos relevantes para los hechos investigados en el procedimiento cuyo sobreseimiento se acuerda", dice el fiscal, en clara alusión al informe policial desechado por el Tribunal de Valencia, y que pudiera concretarse en "una diferente calificación de los hechos", es decir, en otros delitos distintos y más graves.
El recurso concluye pidiendo al Supremo que revoque el archivo por ser "prematuro" y que continúe los trámites por el procedimiento del Tribunal del Jurado.
Los argumentos de la fiscalía contra el auto del TSJ valenciano
- Errónea interpretación del delito. "El tribunal yerra en la interpretación dada al delito de cohecho impropio sancionado en el artículo 426 del Código Penal". La sala consideraba que la autoridad que recibe la dádiva debe hacer un acto concreto a cambio para que haya delito. Eso supone "la derogación tácita del precepto y conllevaría la atipicidad de la admisión de regalos por funcionarios o autoridades cualquiera que fuera el valor (por ejemplo, en un inmueble, un vehículo de lujo, un millón de euros) si no constara la realización de un acto concreto".
- La contratación está acreditada. "El bien jurídico protegido, conservación de la confianza pública en los funcionarios (...) se ve gravemente dañado (...) en supuestos como éste en el que consta acreditada una contratación superior al millón de euros anuales entre la Administración pública a la que pertenecen los imputados y las empresas de los particulares que habrían entregado las dádivas".
- Antecedentes del caso. "La jurisprudencia estima cometido el delito cuando el regalo se acepte por razón del cargo sin requerir la realización de acto ninguno por éste".
- El objeto de la dádiva. "La experiencia demuestra que en muchas ocasiones la dádiva no tiene por objeto la contraprestación inmediata por parte del receptor. Lo que se pretende es 'poner en nómina' al beneficiario, colocándole en la situación de absoluto agradecimiento a su benefactor, de tal modo que cuando con posterioridad, en tiempo indefinido, se le pida que realice actos en favor del donante, sean éstos cuales sean, aquél no tenga posibilidades físicas o morales para negarse".
- Aún pueden encontrarse datos relevantes. "Se ha optado por archivar el procedimiento cuando aún la fase de instrucción continuaba abierta (...) "Este procedimiento deriva de una causa enormemente compleja en la que se ha recogido un ingente volumen de documentación de distintos registros incluida la sede de Orange Market. No resulta ilógico pensar que en aquella pudieran encontrarse datos relevantes para los hechos investigados (...) que pudiera concretarse en una diferente calificación de los hechos. Al respecto, procede destacar que el cargo de uno de los imputados, Rafael Betoret Parreño, se desempeña en la Agencia Valenciana del Turismo, entidad con la que mantiene una elevada contratación la sociedad Orange Market, SL".
- Falta documentación por investigar. "Igualmente, el elenco de figuras de cohecho recogidas en el Código Penal no permite descartar que de las diligencias pendientes de practicar (entre las que es de especial importancia el examen y análisis de la documentación intervenida) resulte la alteración del delito que finalmente se impute a los señores Camps, Costa, Campos o Betoret (...) No puede estimarse finalizada la instrucción del procedimiento".
- El archivo de Ricardo Costa. "Tampoco resulta procedente el archivo de la causa respecto a Ricardo Costa Climent. La valoración de que la dádiva se entregue por su condición de diputado de las Corts o por el cargo (...) en el PP ha de llevarse a cabo tras concluir la instrucción".
Francis co Camps Ortiz
* Rajoy no reclama dimisiones y Camps exhibe su triunfo: "Que dimita Zapatero"
* El juez retira la imputación a siete acusados del 'caso Gürtel' en Madrid
* Compromís denuncia al juez De la Rúa por prevaricación por archivar la causa contra Camps
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Etiquetas: "El Bigotes", Camps, Caso GURTEL, cohecho, Costa, Orange Market, PP, Rafael Betoret, trajes
EL AYUNTAMIENTO DESPEDIRÁ EL LUNES A DANIEL PONCE PARA QUE NO SE BENEFICIE DEL ERE
CASO MERCASEVILLA | Está imputado por el presunto cobro de comisiones
* Su 'prejubilación' le reportaría 865.000 euros por un ERE negociado por él
* Ponce fue director adjunto de Mercasevilla hasta su imputación judicial
El Ayuntamiento de Sevilla entregará el próximo lunes la carta de despido al ex director adjunto de Mercasevilla, Daniel Ponce, imputado por el presunto cobro de comisiones ilegales, según confirmaron a Europa Press fuentes municipales.
El consistorio ha hecho pública su intención de poner fin a la relación contractual de Ponce con Mercasevilla, la cual permitiría a éste, a partir de marzo del próximo año 2010, cuando cumplirá 50 años, acogerse a una prejubilación negociada por él mismo en el ERE aprobado en 2007, por la que cobraría en 15 años 865.000 euros.
El portavoz adjunto del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez, había afirmado el viernes que el "precio del silencio" del ex director adjunto de Mercasevilla era una "jubilación de oro", por la que iba a cobrar unos 5.000 euros mensuales a partir de que cumpliera 50 años, según las condiciones del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) aprobado en 2007 al que se acogió y que él mismo negoció.
Pérez había explicado que el PP ha tenido acceso al listado de los trabajadores afectados por el ERE de 2007, en el que Ponce aparece con una remuneración mensual asignada de 5.488,56 euros, de modo que estimó que entre los 50 años, que cumple en marzo del próximo año, y los 65 el ex director adjunto podrá llegar a cobrar 865.000 euros.
Etiquetas: cobro de comisiones, Ponce, PSOE. Caso Mercasevilla
UNA PROMOTORA FICHA A UN ASESOR DE MONTESEIRÍN TRAS LA MAYOR RECALIFICACIÓN DE SEVILLA
CASO MERCASEVILLA | Esta empresa compró los suelos cuya venta fraudulenta investiga el juez
* 400 hectáreas de suelo residencial en el que se construirán 17.347 viviendas
* Castaño había sido asesor del alcalde en el grupo del PSOE y en Urbanismo
* Está implicado en todos los escándalos que han salpicado a Monteseirín
La promotora inmobiliaria Duse (Desarrollo Urbanístico Sevilla Este) logró primero la mayor recalificación de la historia de Sevilla: 400 hectáreas convertidas en suelo residencial en el que se construirán 17.347 viviendas. Y después puso al frente del proyecto a Domingo Enrique Castaño (en la foto), un ex asesor del alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), que ha sido miembro del consejo de gobierno de la Gerencia de Urbanismo y director de Vía Pública y que se ha visto salpicado por diversos escándalos, desde las facturas falsas del distrito Macarena al fax de las facturas falsas de la federación de asociaciones de vecinos Unidad.
Ahora, con este fichaje, su perfil se recorta también en el 'caso Mercasevilla': el grupo inmobiliario Sando, que logró los suelos del mercado de mayoristas de Sevilla en una venta que la juez Mercedes Alaya ha calificado de "ilegal" y "fraudulenta" y por la que hay ya cuatro imputados, es la dueña del 63,84% del proyecto Duse.
Castaño es apoderado de Duse desde el 2 de junio de 2008, según consta en el Registro Mercantil. Su nombre aparece en el equipo directivo de Sando Inmobiliaria como director gerente del proyecto Duse, según la página web del grupo.
Antes de recalar en Sando, Castaño fue asesor del equipo del alcalde Monteseirín, tanto en el grupo del PSOE como de director del área de Vía Pública. Fuentes municipales señalaron ayer que la jefa de servicio de Vía Pública, María Victoria Bustamante, a quien la juez ha imputado en la investigación de la venta de los terrenos de Mercasevilla a Sando, estaba bajo las órdenes de Castaño.
Castaño ha sido secretario de Organización de la agrupación socialista Macarena y, según las mismas fuentes, fue miembro del consejo de gobierno de la Gerencia de Urbanismo en el primer mandato del alcalde Monteseirín, en representación de la federación vecinal de asociaciones de vecinos Unidad, de la que era secretario. Por aquellas fechas, empezó la revisión del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) que recalificó las 400 hectáreas en las que Sando, Realia y Noralia, a través de Duse, construirán de golpe todo un nuevo distrito en Sevilla, frente por frente al aeropuerto de San Pablo: "distrito Santa Bárbara", lo han bautizado sus promotores.
Consejeros el mismo día
Además, el ex asesor del alcalde fue nombrado consejero del mercado de mayoristas de Sevilla el 24 de mayo de 2005, curiosamente el mismo día en que se nombró consejera a María Victoria Bustamante, su subordinada en el área de Vía Pública y recientemente imputada por la juez de Instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, por la venta supuestamente fraudulenta de los suelos de Mercasevilla a Sanma Desarrollos Urbanísticos, filial del grupo Sando.
El nombre de Domingo Enrique Castaño se ha relacionado prácticamente con todos los escándalos que han salpicado la gestión del alcalde Monteseirín en los últimos años. Así, en las facturas falsas del distrito Macarena, como informó en su día este diario, se le vinculó a la empresa Oikos 2000 SL, que la propia comisión de investigación declaró sospechosa y a la que Castaño asesoró en ciertos momentos.
Posteriormente, el PP ha sacado a relucir su nombre en el caso del fax de las facturas falsas de la federación vecinal Unidad, de la que era secretario. En ese fax, enviado desde un número del grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla y destinado a una tal "Pepi" de la federación Unidad, se informaba de la emisión de una factura falsa y se decía qué hacer con el dinero. Una de las testigos declaró ante la juez que suponía que el dinero debía llevarse al Ayuntamiento a un miembro de la directiva y, por aquellas fechas, Castaño era secretario de Unidad y asesor del grupo socialista.
* La juez interviene un ordenador y el servidor de Urbanismo
* Quién es quién en el 'caso Mercasevilla'
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Etiquetas: Bustamante, Castaño, Duse, Facturas falsas, Macarena, PSOE. Caso Mercasevilla, Sando, venta fraudulenta
"EL BIGOTES" INGRESÓ 153.000 EUROS EN "B" DEL PP EN LA CUENTA PERSONAL DE CORREA
Álvaro Pérez 'El Bigotes' antes de declarar en el TSJ valenciano | Benito Pajares.
El entramado societario que durante años engordó la trama Gürtel trasvasó el dinero que el PP valenciano le pagó en negro por la organización de actos a la cuenta personal de Francisco Correa. Así se desprende del informe de la Brigada Policial de Blanqueo, que establece una correlación "directa" y continuada en el tiempo entre la contabilidad B de las empresas Orange Market y Special Events y el patrimonio del cabecilla de la red a través de cobros al PP -entre otros- fuera de los circuitos legales.
El documento recoge cómo la filial valenciana de Correa, Orange Market, ingresó en la cuenta personal del cerebro de la trama 153.000 euros que, según los investigadores, previamente cobró en dinero negro al PP autonómico por organizarle dos congresos en los años 2002 y 2004.
Por el acto más reciente, el PP pagó en dos tandas a Álvaro Pérez 'El Bigotes', el lugarteniente de Correa en la Comunidad Valenciana y máximo responsable de Orange Market. Los investigadores fechan un primer pago en enero de 2005 por un importe de 50.000 euros. Los 30.000 restantes se ingresaron en el mes de marzo.
El congreso provincial se había celebrado en noviembre de 2004. El dinero, certifica la Policía, fue a parar a la caja de Correa, encarcelado desde que estalló el escándalo.
La Policía también recoge un episodio similar a propósito del X Congreso del PP celebrado en el año 2002 en Valencia en el que, además, especifica la cantidad que se pagó por los cauces legales. El valor total del acto se fijó en 240.582 euros de los que, según el informe, 90.151 se facturaron por los trámites ordinarios -con IVA- y se abonaron a través de un cheque de 10 de diciembre de 2002.
El resto, 150.430 euros, se habría pagado en negro. Se distribuyen de la siguiente manera: un primer cobro en efectivo de 25.000 euros en septiembre de 2002 y otro de 30.000 al mes siguiente; ya en enero de 2003, el PP entrega a la red Gürtel 75.421 euros, y hubo por fin, un último pago de 20.000 euros dos semanas después. En total, 150.421. Es decir, que existe una diferencia de nueve euros sobre el valor determinado inicialmente.
* Rajoy da a Camps vía libre
* Camps sólo pide la dimisión de ZP
* Un hombre para la eternidad, por L. Méndez
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INICIATIVA DENUNCIA POR PREVARICACIÓN A DE LA RÚA TRAS ARCHIVAR EL CASO "GÜRTEL"
VALENCIA | Anuncio de la diputada autonómica Mónica Oltra
* Estiman que Camps pudo recibir un trato de favor por la 'amistad' con el juez
* Recuerdan que el presidente del Consell se refirió a él como su 'amigo'
* Consideran que el rechazo del informe policial refuerza sus acusaciones
F. Álvarez | Efe | Valencia
La diputada autonómica Mónica Oltra interpondrá, en representación de Iniciativa del Poble Valencià, una denuncia por prevaricación contra el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), Juan Luis de la Rúa, por el archivo del caso Gürtel y el rechazo del informe policial que apunta una presunta financiación irregular en el PP Valenciano.
Oltra ha hecho pública esta misma mañana la decisión de su partido, que conforma, junto al Bloc, el grupo parlamentario Compromís en las Cortes Valencianas. La denuncia estará firmada por sus dos portavoces, Mónica Oltra y Francesc García, y se dirigirá a la Fiscalía General del Estado.
Desde esta formación se estima que la "amistad manifiesta" del presidente de la sala de lo Civil y lo Penal del TSJ valenciano influyó en el sobreseimiento libre de la causa abierta por cohecho impropio contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, el que fuera su vicepresidente en el Consell, Víctor Campos, el actual vicesecretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, y el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo, Rafael Betoret.
Además, consideran "incomprensible" que la Sala tampoco admitiera el informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales que señala una supuesta financiación irregular del PP valenciano.
Oltra ha hecho hincapié en este punto durante su intervención: "Se han omitido y separado de las diligencias judiciales los informes presentaban indicios racionales de una trama de financiación ilegal del PP en la Comunidad Valenciana".
Para la formación nacionalista, estos hechos podrían ser constitutivos de delito contra la Administración de Justicia contemplado en el artículo 446.3 del Código Penal "al dictarse una resolución injusta a sabiendas de su injusticia".
Este delito estaría penado con multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez a veinte años. El anuncio se produce a menos de 24 horas después de que la Fiscalía recurriera el auto del TSJ por el que se archivó el caso.
Entonces, dos de los tres magistrados de la Sala, entre ellos De la Rúa, consideraron que no existía relación entre los "agasajos" que pudieron recibir los imputados y la adjudicación de contratos públicos a Orange Market.
No obstante, otro de los magistrados, Juan Montero, emitió un voto particular en el que cuestionó la interpretación del delito de cohecho impropio.
Desde Iniciativa recuerdan que el propio presidente de la Generalitat había alardeado públicamente de la relación de amistad que le unía con de la Rúa. "Tendremos que buscar en el diccionario otra palabra distinta de amistad que resuma esta íntima y sentida relación entre De la Rúa y el presidente de la Generalitat", llegó a afirmar Camps. Sin embargo, ninguna de las partes recusó al presidente del Tribunal en este caso.
* El fiscal cree que el juez malinterpretó el cohecho | Auto
* Cronología de la trama
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EL INFORME "GÜRTEL" PRUEBA LAS FACTURAS FALSAS DEL PP DE MADRID
LA CORRUPCIÓN ASEDIA AL PP
La Policía encontró un 'pen drive' encriptado en un piso de seguridad de la trama corrupta, que entre otros archivos contenía uno denominado 'Cambios facturación 2003-2004.barcenas.xls'
MANUEL RICO - Madrid
La contabilidad de las empresas de la trama Gürtel confirma la falsificación de facturas realizada por el PP para financiar las campañas electorales de Esperanza Aguirre en 2003, a través de la fundación Fundescam.
El sistema para saltarse la ley electoral, que establece un tope de gasto para los partidos, funcionaba de la siguiente forma: Special Events -empresa clave de la trama Gürtel- organizaba actos para Aguirre, pero en vez de pagarlos el PP, lo hacía Fundescam.
Y para enmascarar la trampa, Special Events emitía facturas por conceptos que no se correspondían con la realidad. Los fondos de Fundescam procedían de donaciones de empresarios que luego recibieron adjudicaciones millonarias del Gobierno de Aguirre.
Los datos sobre la falsificación de facturas por parte del PP de Madrid constan en el informe elaborado por la Brigada de Blanqueo de la Policía que ha servido para desvelar la financiación ilegal del PP valenciano. En el documento policial se hace una mención expresa a una información de Público, del pasado mes de mayo, en la que se destapó el caso Fundescam.
"Piso de seguridad"
En el informe se explica que la organización corrupta comandada por Francisco Correa tenía un "piso de seguridad" en la calle General Martínez Campos, de Madrid.
"Los archivos estaban encriptados"
En uno de los registros realizados por orden judicial, la Policía encontró "una memoria de almacenamiento exterior cuyos archivos informáticos estaban encriptados". Una vez descifrados, aparecieron diversos documentos contables de las empresas de la trama.
Entre ellos, dos hojas de cálculo de Special Events con los siguientes nombres: "Facturación P.P. Madrid.xls" y "Cambios facturación 2003-2004.barcenas.xls".
Luis Bárcenas era en aquella época gerente del PP nacional. En 2008, fue promocionado por Mariano Rajoy al cargo de tesorero. Ahora es uno de los principales implicados en el caso Gürtel, ya que está acusado de recibir más de 1,3 millones de euros de la trama de corrupción.
"Facturación P.P. Madrid.xls"
El primer documento incautado a Special Events, "Facturación P.P. Madrid.xls", consta de seis columnas con las siguientes denominaciones: fecha, factura, cliente, importe y concepto. La última columna no tiene nombre. En la hoja de cálculo figura una relación de actos organizados por Special Events para cinco clientes: PP de Madrid, Grupo Popular del Ayuntamiento de Móstoles, PP de Majadahonda, Fundescam y PP nacional.
La descripción del concepto es genérica y, entre otras, constan "campaña municipal y autonómicas Madrid", "campaña autonómica E. Aguirre octubre", "campaña elecciones generales 2004 Madrid" y "congreso regional PP Madrid". Todos los eventos de este archivo están fechados entre diciembre de 2002 y noviembre de 2004. Y aquellos actos que luego se facturarán falsamente llevan un número 1 al lado.
Las elecciones municipales y autonómicas se celebraron en mayo de 2003 y, en el caso de la Comunidad de Madrid, PSOE e Izquierda Unida sumaban mayoría absoluta. Pero la fuga de dos tránsfugas socialistas, Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, obligó a repetir las elecciones en octubre. A la segunda, Esperanza Aguirre ganó por mayoría absoluta.
El segundo documento encontrado en el piso de seguridad de Special Events, "Cambios facturación 2003-2004.barcenas.xls", tiene una estructura similar. Se trata de una hoja de cálculo con seis columnas, denominadas de la siguiente forma: fecha, factura, cliente, importe, concepto real y concepto factura. Estas dos últimas columnas son clave, ya que demuestran que las facturas se emitieron por conceptos que no eran reales. De hecho, según consta expresamente en el informe policial, como concepto real constan "elecciones 2003", "europeas 2004" y "congreso regional 2004".
Como concepto factura figura la descripción del acto atribuido en cada caso. En cuanto a los clientes, han quedado reducidos a tres: PP Madrid, Fundescam y PP nacional.
En el informe policial se explica, claramente, la relación entre los dos documentos: "Existe una correlación entre ambos archivos, de tal forma que los apuntes genéricos que figuran en el archivo "Facturación P.P. Madrid.xls" con el número 1 al lado se traspasan casi en su totalidad al archivo "Cambios facturación 2003-2004.barcenas.xls" asignando un concepto determinado a cada uno de ellos, si bien sigue siendo genérico sin aportar datos concretos sobre los mismos como lugar de realización, fecha de celebración, etc".
La Brigada de Blanqueo de la Policía también detalla en su informe que, en el archivo que lleva el nombre de Bárcenas, figuran en la parte inferior "unos datos relativos a una demanda de la sociedad Special Events contra el PP de Madrid, Procedimiento ordinario 1200/2005 del Juzgado de Primera Instrucción 8 de Madrid. La 1ª audiencia se fijó para el día 1/02/06 a las 11.30 horas".
Efectivamente, los responsables de Special Events presentaron una demanda contra el PP porque se negaba a pagar más de un millón de euros que les debía por diferentes eventos, incluidos los facturados falsamente. Ambas partes llegaron a un acuerdo antes del juicio.
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DECLARA EL EX ALCALDE DE LEGANÉS POR PREVARICACIÓN
J. A. - Leganés
José Luis Pérez Ráez, alcalde socialista de Leganés desde 1991 a 2007 y actual diputado en la Asamblea de Madrid, declaró ayer ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) como imputado por prevaricación y malversación.
Los hechos juzgados se remontan a la última junta de gobierno de Pérez Ráez, en la que éste aprobó un pago de 100.000 euros sin seguir, presuntamente, los cauces adecuados. El dinero fue destinado a abonar a la empresa Cuadrifolio la instalación de unas carpas del proyecto Leganés Ciudad Digital. El ex alcalde declaró ayer que la junta realizó un reconocimiento de gasto normal, pero el PP, que denunció los hechos a la Fiscalía Anticorrupción, asegura que incurrió en una ilegalidad al no convocar un concurso público. Junto al ex alcalde están encausados los ex concejales Mariano Maroto, Florencio Izquierdo, Yolanda Sevilla, Francisco Arroyo y María Rita Salina.
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LA FISCALÍA RECURRE EL ARCHIVO DEL "CASO GÜRTEL"
El ministerio público entiende que sí hubo delito de cohecho en el asunto de los trajes.- Rajoy acusa a la fiscalía de actuar "con saña" contra el PP
La Fiscalía Anticorrupción ha formalizado hoy el recurso ante el Tribunal Supremo contra el archivo de la trama valenciana del caso Gürtel que dictó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJCV). El ministerio público sustenta el recurso de casación en dos motivos: una interpretación errónea del artículo 426 del Código Penal, que recoge el cohecho pasivo impropio; y que la causa aún se estaba investigando y por tanto se ha hurtado un mayor conocimiento de los regalos que recibió Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana, y otros tres altos cargos, así como las contrataciones de la administración autonómica con la empresa nuclear del entramado: Orange Market.
La fiscalía pide al Tribunal Supremo que anule el auto en el que el tribunal presidido por el magistrado Juan Luis de la Rúa, al que Camps se refirió públicamente como "más que un amigo". La sala de Lo Civil y Penal del Tribunal valenciano consideró que no existía delito porque interpretó que era necesaria una relación de causalidad.
El artículo 426 del Código Penal considera delito la aceptación de dádivas o regalos por parte de cargo o funcionario público. Al presidente Camps, al secretario general de los populares valencianos, Ricardo Costa; a Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat valenciana; y a Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la consejería de Turismo, se les imputó por ello. Y el juez instructor, José Flors, consideró que existían indicios para continuar investigando.
Pero De la Rúa y José Francisco Ceres entendieron que no podía haber habido delito porque ninguno de los imputados tenía posibilidad de contraprestar a quien realizó los regalos. El tercer magistrado del tribunal, Juan Montero, emitió un voto particular en sentido contrario. Lo que sí firmaron los tres sin discusión fue la eliminación de la causa del informe de la policía que llegó un día antes del archivo y que recoge indicios de una posible financiación irregular del PP valenciano, en la que habría participado Orange Market.
La acusación popular, los socialistas valencianos, presentaron su recurso de casación en términos similares el pasado lunes.
"Saña contra el PP"
Conocida la decisión de la fiscalía de recurrir el archivo de la causa, el presidente del PP, Mariano Rajoy, ha acusado al ministerio público de "actuar con saña y absoluta diligencia" en los asuntos que afectan al PP, mientras que "mira para otro lado" en casos como el que afecta al vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves. La fiscalía pidió el pasado martes al Supremo el archivo de la querella presentada por el PP contra Chaves por una supuesta concesión de 10 millones de euros, cuando presidía la Junta de Andalucía, a la empresa Matsa donde trabajaba su hija.
Para Rajoy, esto evidencia que "todos los españoles no son iguales ante la Ley", y ha asegurado que el recurso "está fuera de lugar". "Pero es una decisión que compete al Gobierno porque nombra al fiscal general del Estado y la fiscalía funciona jerárquicamente como todo el mundo sabe".
El secretario de Comunicación del partido, Esteban González Pons, acusó a la fiscalía a través de un comunicado de actuar a las órdenes del Gobierno y le pidió que investigue la actuación del ex director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) o el caso de Caja Castilla-La Mancha.
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El Consistorio recibió en una cuenta de la que era titular 1,17 millones de euros
EFE - Málaga - 01/10/2009
Los cheques fueron emitidos el 11 de octubre de 2006 por importes de 896.053,80 euros y 281.619,91 euros por Butterfield Bank, y por orden de Altajir Bank, ambos con sede en las Islas Caimán, un paraíso fiscal, e ingresados en una cuenta de la Caja de Ahorros El Monte de la que el Ayuntamiento de Estepona era titular.
También figuran en el citado informe las sospechas de la Policía sobre el posible uso de testaferros por parte de Barrientos para encubrir la compra de varios bienes inmuebles, con el fin de blanquear dinero proveniente de las entregas en metálico hechas por empresarios, cuyo valor pudiera superar el millón de euros.
Al parecer, el entonces alcalde dispone, además de su vivienda habitual, que figura a su nombre en el catastro, otras tres propiedades a nombre de otros titulares.
El informe policial resalta la falta de justificación del dinero empleado por el alcalde, pues disponía de forma habitual de una gran cantidad de dinero en efectivo con la que pagaba desde conciertos a comidas del equipo de gobierno "sin que se sepa con certeza su procedencia".
Esto, a juicio de los investigadores, "choca con la situación económica tan delicada por la que pasan las arcas del Consistorio, las cuales se ven en enormes apuros para hacer frente a las nóminas mensuales de sus empleados".
Además, las importantes cantidades en efectivo que supuestamente había escondido en cajas dentro de su vehículo "alimenta aún más la falta de justificación" del dinero, sostiene la Policía.
La instrucción del sumario se inició en junio de 2008 cuando fueron detenidas 25 personas, entre ellas el entonces alcalde del PSOE Antonio Barrientos, y hasta el momento se ha saldado con 63 imputados, todos ellos en libertad, 23 de ellos tras el pago de diversas fianzas.
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SUSPENDEN HASTA 2010 EL JUICIO CONTRA EL EX ALCALDE DE MANILVA
TRIBUNALES | Por el caso de 'La Parrada'
La Audiencia Provincial de Málaga ha suspendido para 2010 el juicio contra el ex alcalde de la localidad malagueña de Manilva Pedro Tirado y otras tres personas por el caso sobre la finca 'La Parrada', desglosado del caso 'Ballena Blanca', que estaba previsto que comenzara la próxima semana.
El juicio estaba previsto que se celebrara los días 6, 7, 8, 13, 14 y 15 de este mes de octubre. Según la providencia de la Sección Octava, a la que tuvo acceso Europa Press, inicialmente el nuevo señalamiento va del 27 al 29 de abril y del 4 al 6 de mayo del próximo año.
Así, en dicho documento se insta a que, tras la información facilitada por las autoridades policiales respecto a las pruebas a practicar fuera de España, se envíen las correspondientes comisiones rogatorias para la práctica de las pruebas que han sido admitidas a la defensa de uno de los acusados.
Además, la Sala solicita en dicha providencia que se remita a la Oficina de Traducción el relato de hechos del escrito de acusación del ministerio fiscal y la calificación delictiva de los mismos con el fin de que se traduzcan dichos documentos al inglés, alemán y francés.
La Fiscalía Anticorrupción solicitó dos años de prisión, siete de inhabilitación para cargo público y multa de tres millones de euros para Tirado por un delito de cohecho y, además, acusó al cuñado de éste, Francisco Calle, para el que pedía cuatro años de cárcel y 5,2 millones de multa por el mismo delito y por otro de blanqueo.
Asimismo, el fiscal realizó escrito de acusación contra Aki Kujala por esos dos mismos delitos, solicitando para éste cuatro años de prisión y multa de 13 millones de euros, mientras que para el socio y administrador de una de las empresas junto con Calle pidió otros dos años de cárcel y multa de 2,2 millones de euros.
En sus conclusiones provisionales, a las que tuvo acceso Europa Press, la acusación indicaba que la empresa Royal Marbella Estates, controlada por Aki Kujala, que aparece relacionado con distintos individuos presuntamente vinculados a actividades delictivas graves y en algunos casos reclamados judicialmente por varios países, compró varios terrenos por valor de 9,7 millones de euros y luego los vendió por 117 millones.
Este incremento en el valor de los terrenos está, según el fiscal, "íntimamente relacionado" con un convenio firmado entre la entidad y el Ayuntamiento, con Tirado como alcalde, en agosto de 2004, que permite "aumentar la edificabilidad" de la parcela. En concreto, la operación referente a 'La Parrada' supuso unas plusvalías de casi 92 millones de euros.
Se explica que ante las dificultades para vender los terrenos, por el escaso número de viviendas, Kujala y otro socio decidieron acudir al entonces alcalde para conseguir un aumento de densidad de modo que la parcela "resultara apetecible para las entidades promotoras y constructoras y pudiera ser vendida sin dificultad".
Para ello, "se valieron de la mediación del también acusado Francisco Calle" a quien el anterior le propuso "el pago de una importante cantidad de dinero para él y para su cuñado --Tirado-- si lograba convencerlo para que permitiera ese aumento de la densidad". El alcalde "aceptó", según el escrito.
"El aumento de densidad pactado sólo se explica en función de la retribución económica a obtener por Pedro Tirado, participando en los beneficios que se obtuvieran con la reventa de los terrenos, sin que dicho acusado, alcalde por elección, tuviera en cuenta los intereses generales o las necesidades del Ayuntamiento de Manilva, pues un convenio anterior, por el que se incorporan esas fincas al expediente de cumplimiento del suelo urbanizable no programado, había sido objeto de aprobación definitiva por la Junta de Andalucía pocos meses atrás", se señala.
Calle y Kujala crean una sociedad "con el único objetivo de aparecer como la mediadora en la venta de los terrenos que constituyen la finca 'La Parrada'", según el fiscal, que entiende que el cuñado de Tirado "con la finalidad de ocultar la ganancia obtenida en la operación urbanística" transmitió esos fondos a otra empresa constituida por una sociedad de Gibraltar, con el cuarto acusado, mecánico de profesión, como administrador "pese a tener una única participación en el capital social".
En su momento, la Audiencia Provincial de Málaga revocó en parte el auto de incoación de procedimiento abreviado dictado por el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella (Málaga) y acordó suprimir del mismo la imputación por delito de prevaricación.
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