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Timestamp: 2020-07-13 21:52:45
Document Index: 318309567

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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 146, de 09/03/2017
cve: DSCD-12-CO-146
Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 146
Comparecencias relativas a la proposición de ley por la que se modifica el Código Civil en relación con el estatuto personal y vecindad civil. Por acuerdo de la Comisión de Justicia. (Número de expediente 125/000001):
- De la titular de Derecho Civil del departamento de Derecho Privado de la Universitat de Barcelona (Ginebra Molins). (Número de expediente 219/000293) ... (Página2)
- Del catedrático de Derecho Civil de la UNED (Lasarte Álvarez). (Número de expediente 219/000294) ... (Página9)
- Del decano del Colegio de Notarios de Catalunya, presidente del grupo de trabajo en el ámbito jurídico de la Generalitat de Catalunya y presidente de la sección de armonización de la Comisión de Codificación del Código Civil Catalán (Ollé Favaró). (Número de expediente 219/000295) ... (Página16)
- Del abogado y presidente de la Asociación Catalana de Especialistas en Derecho de Sucesiones (Pratdesaba i Ricard). (Número de expediente 219/000296) ... (Página24)
Se abre la sesión a la una y veinticinco minutos de la tarde.
- DE LA TITULAR DE DERECHO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO PRIVADO DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (GINEBRA MOLINS). (Número de expediente 219/000293).
La señora PRESIDENTA: Damos comienzo a la sesión de la Comisión de Justicia con la celebración de las comparecencias que estaban pendientes en relación con la proposición de ley por la que se modifica el Código Civil en relación con el estatuto personal y vecindad civil.
En primer lugar comparece doña María Esperanza Ginebra Molins, titular de Derecho Civil del departamento de derecho privado de la Universitat de Barcelona, a propuesta del Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya. Quiero, primero, disculparme con ella, porque ha sido muy puntual, ha llegado a la hora, pero hemos tenido que celebrar antes Mesa y portavoces. Le reitero mis disculpas y le doy la bienvenida a esta Cámara.
Tiene la palabra cuando quiera.
La señora TITULAR DE DERECHO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO PRIVADO DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (Ginebra Molins): Muchas gracias.
Ante todo quiero agradecer la invitación que se me ha brindado para poder dirigirme a ustedes e intentar aportar algo en relación con la proposición de ley relativa a la vecindad civil y el estatuto personal presentada por las Cortes de Aragón. Es una proposición de ley que, por una parte, propone la revisión de una cuestión trascendente y delicada para todos los derechos civiles españoles, como es la vecindad civil y, por otra parte, es precisamente de un parlamento autonómico, las Cortes de Aragón, siendo una materia que es competencia exclusiva del Estado. Esto enlaza con la inquietud manifestada desde siempre por esta comunidad en torno a este tema. Por una parte, es una comunidad que nos ha dado auténticos especialistas sobre la materia y, por otra parte, en su territorio se han desarrollado congresos y encuentros que han constituido hitos fundamentales en cuanto a la ordenación de la plurilegislación española y en torno al tema de la vecindad civil. Me refiero básicamente al Congreso nacional de Derecho Civil, del año 1946 y al Congreso de jurisconsultos sobre los derechos civiles territoriales en la Constitución, de 1981. Y digo que esta proposición enlaza con estos encuentros no solo genéricamente porque se trató en ellos el tema de la vecindad civil, sino porque en el marco de los mismos se apuntaron ya algunas de las ideas que se reflejan hoy en la proposición que nos ocupa.
Ciertamente la vecindad civil es un concepto relativamente moderno. De hecho, es de las pocas instituciones que podemos acotar exactamente cuándo nació. Como apuntaba ya hace unos años el catedrático de Illes Balears don Miguel Coca es un concepto que apareció de rebote entre la primera y la segunda edición del Código Civil, 1888-1889. Así, la primera edición del Código Civil, en 1888, regulaba quién estaba sujeto a sus normas, al llamado derecho común, a imagen de las reglas que definían entonces quién era considerado español. El propio Alonso Martínez reconocía que el artículo 15 era una copia literal -y cito literalmente- de la Constitución del Estado, con la diferencia de que suprimía un número, el relativo a la naturalización. El artículo 15 declaraba sujetos al derecho común a las personas nacidas en provincias y territorios de derecho común -ius soli-, a los hijos de padre o madre que tuvieran la precedente condición -ius sanguinis- y a los que, procediendo de provincias o territorios forales, hubieren ganado vecindad en otros sujetos al derecho común; ganar vecindad, el tercer criterio. Precisamente en cuanto a ganar vecindad, en la medida en que no se precisaba cómo se ganaba, se entendía que había que recurrir a los criterios previstos entonces en la Ley Municipal de 1877, la cual, para ser declarado vecino, requería tan solo dos años o incluso menos.
Fue precisamente a raíz del carácter absorbente de los criterios del artículo 15 a favor del Código Civil, y especialmente por lo que establecía en relación con ganar vecindad, que el diputado catalán Joan Maluquer indicaba de modo elocuente -y también cito literalmente-: Si se aprueba ese código y no se introduce alguna modificación en el artículo 15, el derecho catalán no regirá para los catalanes porque esos habrán desaparecido de Cataluña; la legislación catalana no regirá más que para los árboles y las montañas de mi país. Fue tal la reacción contraria que generó el artículo 15 que en la segunda edición del Código Civil español, publicada en junio de 1889, se dio nueva redacción al artículo 15. En relación con
esta nueva redacción, bastante distinta, destacaré tan solo tres puntos que de alguna manera nos llevan a lo que estamos discutiendo hoy. En primer lugar, se estableció que los criterios del artículo 15 resultaban de recíproca aplicación a las provincias y territorios españoles de diferente legislación civil. De modo que, a partir de entonces, pasaban a designar no solo quien estaba sujeto al derecho común sino también al resto de derechos civiles que subsistían por ahora dentro del Estado. Pasaban a definir quién era catalán, vizcaíno, aragonés, navarro... Por otra parte, se definía expresamente y con criterios propios cómo se ganaba vecindad a los efectos de este artículo. Se hacía de un modo distinto a lo que resultaba de la ley municipal. ¿Cómo se ganaba vecindad? Precisamente por la residencia de diez años en un territorio, a no ser que antes de terminar este plazo el interesado manifestara su voluntad en contra, o por la residencia de dos años, siempre que el interesado manifestara su voluntad a favor. Aparecía así una vecindad civil distinta de la vecindad administrativa. He aquí por tanto una norma que, tras las reformas de 1974 y 1990, ha llegado hasta hoy y es una de las normas cuestionadas por la propuesta.
Finalmente y a efectos de lo que ahora interesa, si la primera edición del Código Civil, de 1888, declaraba sujetos al derecho común a las personas nacidas en provincias o territorios de derecho común -ius soli puro y duro, si se me permite la expresión-, la segunda edición introducía un matiz importante en la medida que, para que pudiera operar el ius soli, se requería que o bien los padres dentro de la minoría de edad de los hijos o los propios hijos dentro del año siguiente a la mayoría de edad o emancipación declararan su voluntad de someterse al derecho del territorio de nacimiento. Ochenta y cinco años más tarde, la reforma del título preliminar del año 1974 mantuvo la posibilidad del hijo de optar por la vecindad civil del lugar de nacimiento. No fue hasta el año 1990 cuando se añadió a la posibilidad de optar la alternativa a favor de la última vecindad civil de cualquiera de los padres, precisando además que la opción podía hacerse a partir de los catorce años. Nótese que la introducción de la posibilidad de optar por la última vecindad civil de cualquiera de los padres, como también la posibilidad de atribuir al hijo durante los seis meses siguientes al nacimiento la vecindad civil de cualquiera de los dos, así como la posibilidad de optar por la vecindad civil del cónyuge, se introdujeron precisamente por la ley que eliminaba, por lo menos formalmente, el principio de unidad familiar en materia de vecindad civil. Y diría que era precisamente esto lo que fundamentaba la introducción de estas nuevas posibilidades y opciones. He aquí el origen, por tanto, de la otra norma cuyo alcance nos planteamos.
Desde la segunda edición del Código Civil los criterios de sujeción a los distintos derechos civiles españoles son los mismos. No hay agravio hoy -o por lo menos no debería haberlo en este sentido- entre los distintos derechos civiles, que se encuentran todos al mismo nivel, si bien ello no es del todo exacto en la medida en que desde el año 1990 aún hay algunas reglas, tanto en el artículo 14 como en el artículo 16, que sea con carácter subsidiario, de cierre, acaban dando primacía al derecho común por encima de los otros derechos territoriales. De hecho, esta fue una cuestión en la que incidió la Diputación General de Aragón en su día y su denuncia en este sentido no tuvo éxito.
Situando así el origen de las normas que pretenden revisar las Cortes de Aragón conviene destacar que el concepto de vecindad civil, pese a haber funcionado con relativa normalidad y eficiencia en la práctica, lo cierto es que nunca ha sido un concepto pacífico. De hecho, se han sucedido muchísimas propuestas en muy diversos sentidos. Por ello, resulta de agradecer y es bienvenido siempre cualquier intento de mejorar la regulación vigente. Hay que valorar, sin embargo, si el sentido de la propuesta es el adecuado o no. La propuesta incide en dos cuestiones -no voy a detenerme mucho en enumerarlas porque las conocen ustedes-: la primera, eliminar el cambio automático y, relacionado con ello, se introduce la posibilidad de recuperación en una disposición transitoria; y la segunda cuestión es ampliar las posibilidades de opción que ofrece el artículo 14.3 al hijo a partir de los catorce años tanto en relación con las posibilidades de opción como también con relación al plazo previsto para hacerlo.
En cuanto a la primera cuestión, ciertamente el cambio de vecindad civil por diez años de residencia opera hoy de un modo automático, ex lege, que solo puede evitarse con una declaración dirigida directa y expresamente a manifestar la voluntad de no adquirir la vecindad civil del territorio en los términos del artículo 14.5 o de conservar la vecindad civil que se tiene de acuerdo con el artículo 65 de la Ley del Registro Civil del año 1957. El cambio automático, además, opera al margen del registro y afecta incluso a quien lo ignora. Destaco esto último porque el desconocimiento, me atrevería a decir que generalizado o por lo menos habitual del ciudadano de a pie en torno a la vecindad civil, los criterios que la determinan, las posibilidades que ofrecen y sus efectos es, diría, casi absoluto. Cualquier persona sabe cuál es su nacionalidad, sabe incluso cuál es su vecindad administrativa; más raro es que conozca cuál es su vecindad civil. Es precisamente en esto último en lo que entiendo que estriba el principal inconveniente de
la regulación actual, el desconocimiento generalizado al respecto y no tanto, en cambio, en el hecho de contemplar la residencia como una circunstancia que, incluso de modo automático, provoque el cambio de vecindad. La previsión en este sentido, de hecho, tiende a evitar la perpetuación de situaciones de extraterritorialidad y favorece además la integración de la persona en el territorio y la sujeción a su derecho. Ambas cuestiones constituyen valores a tener en cuenta y hacia los que yo entiendo que se debe tender.
Además, conviene destacar que el plazo de diez años es un plazo, diría, muy largo, que en principio denota un cierto arraigo y un alto grado de integración. De hecho, aunque este plazo -y lo hemos visto- no se ha modificado desde 1889, atendida la movilidad actual yo diría que el plazo de diez años es prudentemente largo, mucho mayor de lo que era cuando se estableció. Nada que ver en este sentido con la residencia habitual, por la que algunos especialistas parecen abogar. En este sentido, yo creo que abogar por la residencia habitual sí que constituiría un criterio peligrosamente mudable en este ámbito. Cuestión distinta puede ser dar un papel a la residencia habitual, quizá en detrimento del ius soli, del lugar de nacimiento, pero esto ya es otra historia. Se puede plantear de cara al futuro pero no es el sentido de la propuesta que estamos analizando.
Cambiando de tercio, si se considerara adecuado eliminar el cambio automático en el sentido que indica la propuesta -creo que ha quedado claro que no sería esta mi opción-, entiendo que no tendría sentido a mi modo de ver, o por lo menos sería innecesario, mantener la referencia a la no necesidad de reiteración que reproduce el texto a imagen de lo que establece actualmente el artículo 14.5. Al respecto hay que tener en cuenta que, tal y como lo aclara la Ley del Registro Civil del año 1957 -dicho sea de paso su artículo 65 no tiene equivalente en la ley de 2011- y como ha venido entendiendo la jurisprudencia, la virtualidad de la no necesidad de reiteración siempre se predica respecto de una posterior declaración de conservación antes de que transcurran diez años. Por tanto, si eliminamos los diez años, no tendría sentido plantear la no necesidad de reiteración. Es muy elocuente en este sentido el texto del artículo 65 de la Ley del Registro Civil de 1957, aunque en el texto de 2011 no tenga equivalente. Precisamente gracias a esta regla de no reiteración, la sucesión de una persona puede acabar rigiéndose por el derecho navarro pese a haber pasado los últimos treinta años de su vida en Cataluña, no hay problema. De hecho, hay jurisprudencia en este sentido y podríamos enumerar unas cuantas sentencias al respecto. Se trata de dar primacía a la voluntad manifestada; si existe declaración expresa esta adquiere valor definitivo, a no ser que sea desvirtuada por otra declaración expresa. El plazo de diez años, en este caso, queda desactivado. Ello pone de manifiesto lo fácil que resulta hoy desactivar el cambio automático, evidentemente -dirán ustedes- siempre que se conozca la posibilidad. Aquí volvemos al inconveniente que ya he apuntado.
Si no tiene sentido mantener la referencia a la no necesidad de reiteración en el artículo 14.5, si se elimina el cambio automático, tampoco tiene sentido a mi modo de ver incorporar la no necesidad de reiterar en la disposición transitoria, al margen de que la virtualidad y la eficiencia de esta disposición transitoria fácilmente quedará en entredicho nuevamente si no se conoce, si se desconoce, como ocurrió en su día con la disposición transitoria de la Ley 11/1990, que permitía a la mujer recuperar la condición del marido y que contadas mujeres utilizaron, básicamente por desconocimiento. Todo ello, dejando a un lado la complejidad que podría suponer, si se incorporara esta transitoria, poder neutralizar durante cinco años cualquier cambio automático producido con anterioridad, sin límite temporal en cuanto a cuándo tuvo lugar ese cambio. Insisto, puede generar problemas considerables. Y menos aún entiendo que deba afirmarse categóricamente que tal declaración de recuperación no podrá ser revocada por el interesado. Quizá tendría mayor sentido afirmar que esta facultad solo puede ejercerse una vez dentro del plazo de cinco años, que no se puede ir cambiando de opinión dentro del mismo plazo.
La segunda cuestión en la que incide la proposición de ley consiste en ampliar los términos de la opción prevista en el artículo 14.3 a favor del hijo a partir de los catorce años, tanto por lo que respecta al plazo como a las posibilidades de opción. Con respecto a la posibilidad de opción, que simplemente amplía la que está prevista hoy en la regulación vigente, nos encontramos nuevamente ante la opacidad o el desconocimiento cuasigeneralizado en torno a la misma. De hecho, suele caducar el plazo de ejercitar la opción sin que el sujeto haya llegado a percatarse de que tenía esta posibilidad. Yo suelo hacer el experimento entre los estudiantes de la facultad y a todos, sin excepción -no he encontrado ninguno que haya sabido que podía haberla ejercido a partir de los catorce años-, les ha caducado. En el caso de que se consiguiera dar visibilidad a esta regla, los plazos y las posibilidades de opción son o parecen de alguna manera razonables o adecuados. No parece justificado ampliar la opción a cualquier vecindad civil que hayan podido tener los padres; las posibilidades de opción dependerían entonces de las vueltas que
hubieran podido dar los padres dentro del territorio español y podría permitir además elegir una vecindad civil con la que la persona no tenga prácticamente vinculación, y esto es importante. Esa ampliación podría comportar una opción tan amplia, una cuasielección de vecindad civil, que creo que requeriría ser valorada y meditada con atención. Asimismo, entiendo que cualquier ampliación de la opción debería tener un fundamento, como lo tenía, y lo hemos visto, la Ley 11/1990, pero en la propuesta no está claro cuál sería este fundamento. Todo ello al margen de la posibilidad que se ofrece a la persona que quiera la nacionalidad española de optar por la última vecindad civil de cualquiera de los progenitores y adoptantes. Si allí tiene sentido establecer la limitación, no veo por qué no ha de mantenerse la misma limitación a la última vecindad civil en la regla que ahora estamos cuestionando.
En definitiva, y ya concluyendo, insisto en que convendría revisar la regulación de la vecindad civil en aras a potenciar su visibilidad, su conocimiento, darle mayor certeza y mayor previsibilidad, sin perjuicio -y no me resisto a decirlo- de que convenga también revisar en algún aspecto su neutralidad desde el punto de vista de las distintas legislaciones civiles que coexisten en España. Un primer paso en la línea de potenciar la visibilidad y conocimiento quizá se consiga indirectamente con la nueva redacción dada por la Ley de Jurisdicción Voluntaria, por una parte al artículo 58.6 de la Ley del Registro Civil, de 2011, en materia de expediente matrimonial y, por otra parte, al artículo 60 de la citada ley y al artículo 53 de la Ley del Notariado en cuanto a la constancia registral del régimen económico matrimonial legal. Considero que también podría contribuir indirectamente a esta mayor visibilidad la professio iuris que permite el Reglamento Europeo de Sucesiones en la medida en que, pese a referirse a la Ley de la nacionalidad, obligará a plantear qué ley española debe entenderse elegida en el caso de nacionales españoles. Tanto en el tema del régimen económico como en el tema de la professio iuris en materia sucesoria pueden tener un papel relevante los notarios. En cualquier caso, no creo que esta mayor visibilidad se consiga con las modificaciones que se proponen desde las Cortes de Aragón. En definitiva, no queda resuelto el auténtico problema de la vecindad civil. Por otra parte, tampoco puedo resistirme a apuntar que seguramente convendría recuperar la vieja reivindicación -y me remonto al Congreso Nacional de Derecho Civil de 1946, al II Congrés Jurídic Català del año 1971 y al Congreso de jurisconsultos de 1981, que ya he mencionado- de una ley específica de derecho interregional, aunque el término claramente no es el más adecuado. Se trata de una regulación cada vez más necesaria, sobre todo teniendo en cuenta la evolución que ha sufrido en los últimos años el derecho internacional privado y que esta es una materia que, en fin, queda en manos del legislador estatal.
Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición para cualquier aclaración o pregunta que quieran formularme.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, profesora Ginebra.
Tiene la palabra, por el grupo proponente, la señora Capella.
Intervendré con brevedad para agradecer a la señora María Esperanza Ginebra su participación en esta Comisión y también la claridad de la exposición y dónde ha puesto el acento; en definitiva, en Esquerra Republicana compartimos su punto de vista. Usted apuntaba que debería focalizarse la modificación legislativa en la necesidad del conocimiento, la publicidad y la visibilidad del concepto de vecindad civil y las consecuencias que comporta la regulación. Y las propuestas de modificación que usted planteaba no van en la línea de la propuesta planteada por las Cortes de Aragón. Evidentemente, con independencia de lo que defendamos desde Esquerra Republicana y la propia complejidad de la regulación de la vecindad civil, la movilidad de las personas en el mundo actual comporta problemas de aplicación en algunos supuestos en los que concurren distintos derechos civiles, es decir, de distintas partes del territorio del Estado español; o sea, de los derechos que concurren, cuáles deberían ser aplicados.
Solo me queda agradecerle de nuevo su participación y darle las gracias por la claridad de su exposición.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, ¿quién va a tomar la palabra? (Pausa). Señora Ciuró.
Reitero las palabras de mi compañera de Esquerra agradeciéndole su exposición, doctora Ginebra. Nuestra tesis también es la de mantener la adquisición de la vecindad civil por la permanencia de diez años. Es cierto que la permanencia de diez años actual parece más larga que la permanencia de diez años hace unos años, cuando se acordó esta medida. Le agradecemos también la aportación de los criterios que podrían ser coadyuvantes de la claridad para que se conociese mejor cuál es la vecindad civil aplicable. En resumen, no vemos la necesidad de modificar la adquisición de la vecindad civil, pero estamos a favor de introducir algún elemento de mejora para ayudar a conocer mejor la aplicación y la aplicabilidad del derecho territorial en cada sujeto jurídico.
¿Señor Bataller? (Pausa). Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), ¿señor Legarda? (Pausa). Gracias. Grupo Parlamentario Ciudadanos, señor Prendes.
Muchas gracias, profesora Ginebra Molins, por su aportación y por la claridad de su exposición.
Compartimos algunas de las manifestaciones que usted ha realizado en el sentido general de su intervención, sobre todo en lo que hace referencia al derecho como un elemento de integración de los ciudadanos en la comunidad en la que conviven y no lo contrario. Entendemos que la propuesta que se nos hace puede perpetuar esas situaciones de extraterritorialidad y no favorecer la integración. En todo caso, en lo que usted hace referencia a potenciar la visibilidad y el conocimiento de la vecindad civil y del estatuto personal obligado a la vecindad civil y las posibilidades de cambio, solo le quiero hacer una pregunta: ¿Ese desconocimiento puede venir derivado de que el sistema, tal como está regulado en este momento, funciona de forma natural, de forma adecuada y, por lo tanto, los ciudadanos no sienten la necesidad de ese cambio de regulación? Es decir que el Código Civil regula las relaciones personales, económicas y familiares de un ciudadano y la vecindad civil trata de buscar esos puntos de conexión con el entorno más próximo, a lo mejor es que la regulación ya es correcta y adecuada y funciona de forma natural sin que tengamos que forzar otros mecanismos distintos para buscar esa regulación más próxima al entorno y a la conexión del ciudadano con su vida diaria. Mi pregunta es que a lo mejor el funcionamiento es adecuado y es correcto, y de ahí viene el desconocimiento de forma natural de los ciudadanos.
Moltes gràcies, professora Ginebra, per la seva intervenció. Le agradecemos profundamente sobre todo haber puesto luz al auténtico sentido que nosotros también compartimos del artículo 14.5.2, en tanto en cuanto esta vía soluciona precisamente el problema de la extraterritorialidad y es lo que da sentido a la redacción hecha en su momento por el legislador. Y también por haber centrado cuál es en realidad el auténtico problema, que es el desconocimiento por parte del ciudadano de su vecindad civil y de sus circunstancias, adquisición y pérdida. Sin embargo, abriendo tal vez una puerta a la defensa de la autonomía y de la voluntad del ciudadano le quiero preguntar sobre cuál sería su opinión si la propuesta fuera en el sentido de relajar el formalismo que figura en el artículo 14.5 in fine, cuando establece que la declaración por la cual el interesado manifiesta su voluntad de mantener su vecindad civil no fuera tan estricta como establece el redactado del Código Civil, que establece que dicha declaración debe hacerse constar en el Registro Civil. Y si, en su caso, ello pudiera ser relajado, de manera que esta declaración pudiera ser hecha en otras manifestaciones por parte del ciudadano, por ejemplo en el momento de otorgar el testamento -sobre todo estoy pensando en ese caso-, aunque tal vez con la exigencia de que el fedatario público tuviera la obligación -igual que pasa en el derecho mobiliario- de recoger esta voluntad y el notario fuera el responsable de comunicarlo al Registro Civil.
Quisiéramos saber su opinión sobre si usted vería pertinente esa opción de dar más valor y más fuerza a la autonomía de la voluntad.
Señora Ginebra, muchas gracias por su comparecencia y por los comentarios que ha hecho de respeto hacia el sentir aragonés y de reconocimiento a muchos foralistas y juristas, así como sobre la capacidad que ha tenido Aragón de extender determinadas cuestiones en materia de derechos civiles al resto del país. En eso creo que estaba pensando la Cámara autonómica cuando articuló esta iniciativa, ya que trata de actualizar la regulación de la vecindad civil, muy condicionada también por la realidad de nuestra comunidad; seguramente la necesidad que tenemos los aragoneses de buscar nuevas vías para nuestra proyección profesional es diferente a lo que puede pasar en otras comunidades como Cataluña o Madrid. Quizás se conjugan esos dos factores. Por otro lado, no cabe duda de que, como usted bien ha dicho, hay un grado de desconocimiento total que no sé si nos impide considerar -como decía el portavoz de Ciudadanos- el funcionamiento positivo o no de la propia norma. Desde este punto de vista, si hay tal desconocimiento por las personas que se han visto afectadas, habrá que pensar que esa norma no funciona. Como usted bien ha dicho -a diferencia de lo que decía algún otro portavoz-, usted ha sido proclive a modificarlo porque esta normativa no acaba de tener una aplicabilidad positiva. Se lo comento porque cuando se trajo esta iniciativa al Parlamento nacional compatriotas míos aragoneses que viven en Madrid se enteraron de que habían perdido la vecindad civil. Gracias a esta iniciativa eran conscientes de que la habían perdido; seguramente están ya plenamente integrados en esta comunidad madrileña, pero eso no era óbice para que quisieran recuperar su vecindad civil y ponían el énfasis en qué podían hacer para recuperarla. Esto nos hace pensar cómo llega esta situación y qué cauces hay. Me ha quedado clara la exposición pero no qué tipo de aportación se puede hacer para mejorar este artículo. Nos gustaría que nos lo concretara un poco más. En ese sentido, cómo vería usted la posibilidad de recuperar esa vecindad civil o que se abriera una vía para que -no sé si en los mismos términos en que se manifestaron las Cortes autonómicas- de alguna manera se propiciara que esos vecinos recuperen su anterior vecindad civil.
Por el Grupo Popular, señora Alba.
Profesora Ginebra, muchas gracias por su intervención, que nos ha resultado francamente esclarecedora. Son muchas las dudas que nos surgen sobre esta cuestión y le agradecemos que nos haya dado su visión. Voy a incidir en unas cuestiones que requieren una reflexión profunda y en las que creo que coincidimos porque hemos estado hablando del tema. La primera de ellas es la irrevocabilidad de la declaración que se introduce en la disposición transitoria en cuanto a la recuperación de la vecindad civil. Según la propuesta que se nos trae, no podrá ser revocada y entendemos que en la actualidad no tiene mucho sentido por cuanto el proyecto vital de cualquier ciudadano no pasa por permanecer anclado a un territorio, y no entendemos que una persona deba seguir ligada a una decisión que tomó hace veinte años cuando posiblemente en todo ese tiempo pueden haber cambiado varias veces sus circunstancias.
Otra de ellas -se ha apuntado también por otros comparecientes y además usted ya lo analizó en su comentario a la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de septiembre de 2009, de principio de unidad familiar y cambio de vecindad civil por residencia- es evitar el fraude de ley para eludir la aplicación de una concreta vecindad civil. Se ha apuntado -lo he visto también en su análisis de la sentencia- que en realidad esto no es así, que ni en mayor ni en menor medida facilita o dificulta que se vaya a usar una norma u otra y que difícilmente se puede considerar que haya un fraude de ley en esta cuestión. Nos gustaría que nos lo aclarara un poco más.
Por último, el Reglamento europeo de sucesiones atribuye, en su artículo 4, la resolución de los conflictos de jurisdicción al país de la última residencia habitual y que también determina que la regla general para determinar la ley aplicable es también la de última residencia. Se ha apuntado ya por algunos otros comparecientes, pero sin dar una opinión, simplemente dejando abierto el debate, si resulta conveniente, en un momento en que se tiende a uniformizar criterios, que coexistan -aunque así ha sido durante mucho tiempo también- en este momento y en nuestro territorio. Tal vez -y estamos también de acuerdo en que es un sistema desconocido y que ha permitido que, por desconocimiento, se haya perdido la vecindad civil- lo que estemos haciendo sea sustituir un régimen desconocido por uno que se desconoce, con lo cual las consecuencias pueden ser las mismas. Me gustaría que nos dijera cómo se podría soslayar esta cuestión.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Alba.
Profesora Ginebra, puede contestar a las preguntas que se le han formulado.
La señora TITULAR DE DERECHO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO PRIVADO DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (Ginebra Molins): Muchísimas gracias por todas las cuestiones que se me han planteado.
Realmente, creo que ha quedado claro que el auténtico problema por el cual el sistema no funciona es el desconocimiento. Tengo pocas dudas de que si el ciudadano de a pie supiera que con diez años de residencia se le cambia su vecindad civil y que tiene la opción de manifestar su voluntad en contra, si esto lo supiera y fuera generalmente conocido, no vería problema en mantener la regla actual tal cual está. Ha funcionado, pero las cuestiones se plantean en el momento de la sucesión o del divorcio y, como la gente es photo finish, se plantea al final, cuando ya el causante ha muerto o cuando con el divorcio no tienes posibilidad de cambiar el régimen económico que quedó fijado al inicio de la vida matrimonial. En todo caso, insisto, con los cambios que se nos ofrecen, la opción está clarísima: podemos cambiar, ampliar cinco años u otras opciones, pero si continuamos sin conocerlas, podemos pasarlo de cinco a nueve años pero caducará igualmente sin que la persona se haya percatado de que hubiera podido ejercer cualquier opción. Hay que valorarlo y seguro que se puede mejorar, pero la regulación actual conocida no es mala y no lo es pese a que, como digo, apareció un poco de rebote -es verdad-, sin demasiada reflexión, pero actualmente está ya casi interiorizada por algunos. En cuanto a abrir la puerta a relajar el formalismo, tengo clarísimo que sí. De hecho, en la primera edición del Código Civil se decía expresamente que las manifestaciones se tenían que hacer ante el encargado del Registro Civil. Desde el año 1974, en el artículo 14 ya no se dice eso, simplemente se dice que deben constar en el Registro Civil. Ha habido intentos de hacer declaraciones ante notario e inscribirlas; la dirección general no lo ha admitido pero encajaría perfectamente en el texto, con lo cual consistiría en abrir una puerta para facilitarlo, como antes comentábamos con otro compareciente. Seguramente, el notario sería más sensible al tema que el encargado del Registro Civil, al que no se le ha presentado nunca nadie para hacer la declaración y se encuentra por primera vez con alguien que se la presenta. ¿Qué pasa en este caso? La jurisprudencia viene diciendo que cualquier manifestación que se haya podido hacer en una escritura pública -cualquier escritura pública, cualquier manifestación de que se tiene vecindad civil- es irrelevante, porque tiene que ser una declaración expresa, directamente dirigida y, además, ante el encargado del registro. Que sea una declaración expresa y directamente dirigida me parece correcto, porque a veces la manifestación: con tal DNI, con tal domicilio y tal vecindad, puede ser que no conlleve una voluntad clara. Si fuera una voluntad expresa y directamente dirigida ante notario, no veo por qué no y encajaría perfectamente dentro de la regulación, sin necesidad de modificar nada. De hecho, en los expedientes de nacionalidad, en la medida en que cada vez interviene más el notariado, la opción a favor de una vecindad civil seguramente tiene sentido admitirla por esta vía.
Por lo que respecta a si funciona o no el sistema, no funciona porque se desconoce. No hay que despreciar los cambios en los que la gente es consciente de que ha cambiado de vecindad, pero son los menos. No funciona por eso, y si el problema es el desconocimiento, ataquemos el desconocimiento, no lo modifiquemos. Porque si lo modificamos y mantenemos reglas desconocidas, estamos igual, con lo cual no hacemos una modificación en el buen sentido.
En cuanto a la posibilidad de recuperar vecindades civiles perdidas, estamos en las mismas. Si la persona hubiera sido consciente de que perdía la vecindad civil con diez años y que podía hacer la declaración, insisto en lo que he apuntado antes, con hacerla una sola vez ya nunca más tendría que preocuparse. Con lo cual, el cambio automático que tanto nos preocupa se desactiva muy fácilmente, el problema está en que la persona tiene que saber que puede desactivarlo y este es el hándicap otra vez de la nueva regulación.
En relación a que la declaración no puede ser revocada, creo que requeriría un esfuerzo de interpretación para dar sentido a la previsión y si se requiere tanto esfuerzo... No sé si lo que realmente se quería decir era eso, que solo se puede hacer la declaración una vez dentro de los cinco años y que se puede ir cambiando. Insisto, recuperar cualquier vecindad civil que se haya podido perder u optar por la vecindad civil que hayan podido tener los padres puede desembocar en una elección de vecindad civil con la que no tengas ninguna vinculación y esto no creo que sea hacia lo que se deba tender en ningún caso.
En cuanto a evitar el fraude, hay jurisprudencia diversa en este sentido. De hecho, el punto de inflexión en materia de fraude de ley y vecindad lo marca una sentencia del año 1994, del Tribunal Supremo, que, como he dicho otras veces, es la sentencia más comentada sobre la materia de dos personas mayores, de setenta y cinco y setenta y seis años, que residían en el País Vasco, territorio de derecho común, que optan, tras dos años de residencia en territorio aforado, por adquirir la vecindad civil vizcaína. Lo hacen correctamente y no se sabe por qué habían apartado a algún hijo. Fallecen, a mi modo de ver, siendo vizcaínos, los hijos pretenden poder tener derecho a la legítima de derecho común y el Supremo acaba entendiendo que la elección ha sido hecha en fraude, cosa que yo no comparto porque estas personas mayores se habían ajustado a las reglas. No es el supuesto, que también se da en la jurisprudencia, de la persona que simula que reside en Pamplona alquilando un piso y contratando suministros, estando residiendo en otro territorio para poder acogerse a la legislación civil navarra por temas normalmente de legítima. Esto sí que es fraude en la adquisición, pero si la persona se ajusta a las reglas que le da el ordenamiento, no podrá elegir su vecindad civil, pero el artículo 14 le da la posibilidad de manifestarse si se ajusta a las reglas que ofrece. En este sentido, no hace mucho leí un comentario de una catedrática de Derecho Civil de Zaragoza, precisamente la profesora Zabalo, quien, no manifestándose expresamente, apuntaba la posibilidad de excluir en el artículo 16, cuando remite a las normas de derecho internacional privado, además de determinadas reglas del artículo 12, también la remisión a la regla del fraude; si se ajusta a las reglas que ofrece el legislador estatal, no veo yo por qué no. En esta sentencia de 2009 la ponente era la doctora Roca. De alguna manera corrige obiter dicta, porque ya había resuelto el caso con otro argumento, pero viene a esmenar la plana, como decimos en Cataluña. Riñe a la Audiencia porque había entendido que había fraude en una manifestación hecha dos meses antes de que se cumplieran los diez años, según una interpretación un poco complicada. Se entiende que hay fraude, con lo cual esa manifestación no tiene sentido. Si está dentro de los diez años, tendría que haberse dado por buena la declaración, pero también es verdad que era una argumentación distinta de la que acaba utilizando el Supremo para resolver la cuestión.
Acabo. Por lo que respecta al reglamento de sucesiones, si se establece la residencia habitual como regla general, al igual que en materia de ley aplicable, permite que si la ley que rige la sucesión es otra, por la professio iuris, las personas implicadas en la sucesión pueden elegir como competente al mismo tribunal. La idea es intentar hacer coincidir el juez competente y el derecho aplicable. Evidentemente, en supuestos puntuales no puede ser así y para eso está la regulación de los conflictos de leyes. La tendencia a hacer coincidir territorio, juez competente, forum y ius está claramente marcada en el reglamento, aunque con unas reglas totalmente distintas. Modificarlas demasiado ahora sería muy difícil. No es que la proposición pretenda grandes cambios, pero modificarlas en demasía no es bueno y tampoco ganamos mucho si lo hacemos en el sentido de la proposición.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias nuevamente, señora Ginebra, por su comparecencia.
- DEL CATEDRÁTICO DE DERECHO CIVIL DE LA UNED (LASARTE ÁLVAREZ). (Número de expediente 219/000294).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la segunda comparecencia, la del catedrático de Derecho Civil de la UNED, don Carlos Lasarte Álvarez, propuesto por el Grupo Ciudadanos. Cuando quiera, tiene la palabra por un tiempo de quince minutos, más o menos.
El señor CATEDRÁTICO DE DERECHO CIVIL DE LA UNED (Lasarte Álvarez): Considero un honor hablar ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, el órgano de la soberanía nacional, con independencia de que por una razón u otra haya sido propuesto por don Ignacio Prendes. No tengo vinculación política actualmente, no pertenezco a partido alguno; soy un humilde profesor universitario desde hace cuarenta y seis años, y en ello sigo. Sigo siendo fundamentalmente un profesor. He de decir que yo hablo mucho más despacio que la profesora Ginebra; será porque soy mucho mayor que ella. Hablaré mucho más despacio.
En primer lugar, quiero resaltar como criterio de determinación de la legislación civil, común o foral que, al igual que la nacionalidad lo es respecto de otros ordenamientos jurídicos, la vecindad civil es un mero criterio de imputación. Por tanto, su consideración es una consecuencia necesaria que gustará o no -cada uno tendrá su opinión-, pues la diversidad jurídicoprivada en España va in crescendo. Esto
puede resultar llamativo, pero lo cierto es que en un país tan pequeño como España, que no alcanza siquiera los 50 millones de habitantes, existe una diversidad de relaciones jurídicas que se mantuvieron primero en la codificación del derecho privado en el siglo XIX, después se mantuvieron en la Constitución de 1978 y que además en los tiempos recientes ha ido in crescendo. La profesora Ginebra ha citado a Alonso Martínez y se podría decir que si hace dos siglos las diferencias eran únicamente en aspectos muy concretos en el ámbito sucesorio y en las relaciones interconyugales fundamentalmente en el régimen económico del matrimonio-, hoy día eso es un pálido reflejo de la realidad. La legislación civil es complicadísima a todos los niveles, haya código o no haya código; haya código, como ocurre en Aragón y en Cataluña, o no haya código y haya únicamente leyes concretas que abordan las materias que les parecen bien a las asambleas legislativas o parlamentos regionales con capacidad para ello. Que la vecindad civil atribuya un estatuto jurídico, o bien sea un estatuto personal, como gusta decir la proposición proveniente de las Cortes de Aragón, no sé si realmente daría lugar a hablar de estatus. Yo soy poco proclive a hablar, en términos romanos, de status civitatis o status personae. El derecho romano es muy bonito, es un derecho histórico pero, después de la codificación del siglo XIX, no conviene que presida nuestras vidas ni tampoco el desarrollo de las cuestiones actuales. Un senador ahora para mí es igual de importante que un senador romano, pero qué duda cabe de que el senador romano solo tenía prebendas y no tenía ningún deber -tenía derecho hasta a insultar al pueblo si quería- y ahora mismo un senador o un diputado se tienen que tentar la ropa, porque las cosas han cambiado mucho. Desde luego, la vecindad civil hay que abordarla técnicamente y de esta manera lo está desde el siglo XIV. La Ley 11/1990, en aplicación del principio de no discriminación por razón de sexo -una ley cuya rúbrica me parece que no se ha destacado y que fue aprobada siendo Cristina Alberdi ministra del ramo en el Gobierno de Felipe González-, rompió el principio de unidad familiar. Hay veces que esto se presenta diciendo: ¡Oh, por Dios! ¡Se ha destruido el ámbito familiar! ¡Se ha destruido la familia! No, hombre, no, ¡qué se va a destruir! Lo que se destruyó fue una barbaridad histórica que se había perpetuado durante siglos, que era que la mujer tenía que estar sometida al hombre. Por tanto, no hay que hablar de principio de unidad familiar. Gracias a Dios, desapareció la unidad familiar y se estableció la absoluta igualdad, porque así lo había hecho el artículo 32 de la Constitución de 1978 de una vez por todas, aunque en algunos momentos podamos todavía preguntarnos si es verdad que hay semejante igualdad, vistas algunas realidades, declaraciones y manifestaciones hechas ayer, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer; ya sin añadir trabajadora, solo mujer, trabaje o no trabaje; que cada una trabaje en lo que pueda, quiera o sepa. La Ley de 1990 intenta mantener una regulación razonable, como ha expresado la profesora Ginebra. Es indiscutible que este criterio de conexión de vecindad civil en principio corresponde a la legislación estatal y las comunidades autónomas carecen de competencias para regularla. Esto no quiere decir que Aragón carezca de competencias para hacer una proposición de ley, pero su regulación queda reservada a la legislación estatal.
Yo, para esto, quiero traer a colación una vieja sentencia que así lo estableció -digo vieja porque hablar de una sentencia del Constitucional que tiene prácticamente un cuarto de siglo, lo es-, la Sentencia de pleno 156/1993, de 6 de mayo, de mi querido amigo y ahora compañero de facultad, el profesor Gimeno Sendra, por la que sin ningún voto particular, por cierto, se acabó declarando en el Constitucional en esta sentencia el inciso -perdón por la premiosidad, pero tengo que ser concreto- del artículo 2.1 de la Compilación del Derecho Civil de Baleares en la redacción dada por el Decreto Legislativo 79/1990, de 6 de septiembre .
Ahí reaccionó muy rápido el llamado Gobierno central generalmente o el Gobierno de la nación, porque en esta reforma se preveía -atención- que las normas civiles forales y, en adelante, las autonómicas propias de les Illes Balears -les recuerdo que hay una ley de tiempos del presidente Rodríguez Zapatero que obliga a llamar a las Baleares así; para los andaluces es dificilísimo pero trataré de hacerlo, trataré de respetar la norma-, se aplicarían a todos los que residieran en el territorio balear sin necesidad de probar su vecindad civil. O sea, era un torpedo directo sobre el sistema. Se sustituía la vecindad civil, como criterio de conexión en el ámbito jurídico-privado, directamente por la condición política o por la mera residencia. El tribunal razonó, acertadamente, que la Constitución, abro comillas, "optó inequívocamente por un sistema estatal y, por tanto, uniforme de derecho civil interregional, y excluyó, en la misma medida, que las comunidades autónomas pudieran establecer regímenes peculiares para la resolución de los conflictos de leyes, ya sea por la vía de articular puntos de conexión diversos a los dispuestos en la legislación general, ya sea por medio de la redefinición, alteración o manipulación de
tales puntos de conexión". Creo que es claro. La Ley balear 7/93, de 20 de octubre, modificó enseguida la norma autonómica previa y dejó las cosas en el mismo sitio en el que se encontraban con anterioridad.
Pues bien, yo no voy a detallar aquí, aunque lo tengo en la tableta, los distintos tipos de opciones -no creo que deba ser tan premioso-, pero me voy a referir a la adquisición por residencia para decir lo mismo. La profesora Ginebra ha dicho que ella lo sabe por sus alumnos. Ella tiene muy poquitos alumnos comparado conmigo. Yo, en Civil I, querida profesora Ginebra, solo tengo 7.500 alumnos matriculados este año, y siempre ponemos una pregunta de nacionalidad o de vecindad. No tienen ni idea; absolutamente ni idea (Risas), y son los que están estudiando Civil I y, por lo menos, tendrían que estudiarlo. No hay forma de conseguir que se tomen en serio lo que es la vecindad civil. No hablemos ya del estudio o de la confrontación entre derecho civil común, derechos civiles forales... ¡Pero qué rollos nos mete este Lasarte! Me dicen a cada momento en los foros. ¡Este Lasarte que rollista es! O sea, todo es un rollo, hasta para los que están preparándose en la universidad, desde el punto de vista cuantitativo, más grande y más importante del país, como es la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Ciertamente la adquisición por residencia, sobre todo, presenta de vez en cuando problemas, pero cuando ya son irresolubles; cuando alguien ha fallecido, cuando alguien se ha divorciado, cuando alguien ha quebrado el matrimonio; cuando a alguien se le ha muerto un hijo, etcétera -esto es así-, pero lo cierto es que es como ha estado siempre establecido. La residencia continuada y la declaración en positivo por parte de cualquier persona que muda de territorio es muy fácil; es muy fácil pensarla y expresarla. Es decir, resulta que me van a nombrar profesor emérito en un futuro casi inmediato de Galicia, veo que está bien el código, veo que puedo dirigir un poquito más y creerme que mando en la familia a través del testamento; o me voy a Navarra y ya puedo hacer lo que quiera. Seguidamente, tras dos añitos de residencia que todavía espero que Dios me dé, cambio de vecindad civil con toda legitimidad. Las sorpresas son ciertamente las residencias de diez años. Es verdad que es una norma antipática, en eso estoy absolutamente de acuerdo con la proposición proveniente de las Cortes de Aragón, que insisten mucho en la materia. En la proposición no voy a insistir mucho porque voy a hacer abstracción absoluta del extensísimo preámbulo y del acicalado tributo a la condición foral de los aragoneses, salvo por cuanto se refiere a los puntos quinto y sexto de la primera página de la exposición de motivos o del preámbulo -da exactamente igual llamarlo de una manera que de otra-.
Dice el párrafo quinto del apartado 1 del preámbulo que la adquisición y correlativa pérdida de la vecindad como consecuencia de dos años con manifestación expresa parece razonable, y estoy absolutamente de acuerdo, ya lo he dicho. Dice: no puede decirse lo mismo en el segundo caso, pareciendo excesivo que se pierda la vecindad por la simple residencia continuada de diez años sin declaración en contrario del interesado; puede ser excesivo, yo también estoy de acuerdo. Y dice en el sexto apartado: con la norma de los diez años se prescinde de la voluntad del interesado. Está claro, el interesado, el ciudadano o la ciudadana, no cuenta absolutamente para nada porque se interpreta que la residencia conduce ipso jure al cambio de vecindad; es totalmente cierto. Por eso, como es totalmente cierto que es el punto crítico que todos estamos dispuestos a compartir, la proposición de ley de las Cortes de Aragón plantea derechamente, de forma radical, la derogación de la vigente adquisición de la vecindad por la residencia decenal -voy a decirlo de aquí en adelante para no hacerlo más extenso-, sin declaración en contrario con la pretensión -dicen textualmente en la proposición- de que los hijos deben poder conservar la opción de reivindicar su origen foral.
Esto está redactado en tales términos que parece que ser foral o ser común es algo determinante en la vida. Yo creo que la gente lo que quiere es conseguir un puesto de trabajo, sacar unas oposiciones -el que se presenta a ellas-, buscarse la vida como cantante -el que quiera serlo- y el que es creativo de motion graphics fichar por una buena cadena que le genere muchos contratos, pero yo no creo que nadie esté obsesionado de verdad por ir desarrollando su origen foral. La proposición de ley no dice expresamente el origen foral, pero el único origen foral que interesa a la proposición de ley es el aragonés -aquí hay otro punto que tenemos que ver, el origen foral aragonés-, aunque ese adjetivo no aparezca en ese inciso. Siendo tal planteamiento comprensible y desde la perspectiva aragonesa plausible, quizá no sea así enjuiciado por otras comunidades autónomas de todas las consideradas con derecho civil foral propio. Ahora las voy a nombrar geográficamente de occidente a oriente: Galicia, País Vasco, Navarra, Cataluña e Illes Balears, que al igual que Aragón tienen atribuida la misma iniciativa política en la materia a través de sus asambleas legislativas o Parlamentos regionales. Atendiendo a ello, considero que se puede poner en duda -ahora no estoy hablando en términos técnicos- la oportunidad y conveniencia política de que una sola de las seis comunidades autónomas con derecho civil especial o foral propio, sea la que sea,
deba ser la que establezca, proponga y presente ante el órgano de la soberanía nacional la norma de conflicto en derecho interregional sin atender al parecer de las demás comunidades autónomas. Entre ellas, algunas de las que pueden ser receptoras de españoles oriundos de Aragón probablemente debieran tener oportunidad de defender su propio punto de vista y el criterio de determinación de la adquisición y/o pérdida de la vecindad civil.
Por otro lado, es cierto, dentro de la filosofía de desarrollo de la proposición de ley, que la voluntad del interesado -voluntad del interesado, es antiguo hasta este término, como voy a poner de manifiesto enseguida, como dice la proposición de ley- o mejor, a mi juicio, la autonomía privada -por favor, no hay que hablar de voluntad, sino de actos de ejercicio de autonomía privada-, debiera reforzarse en la materia. Si debe reforzarse en la materia, disminuyendo así la importancia de la residencia decenal, lo que me llama mucho la atención personalmente es el inciso final de la disposición transitoria promovida por Las Cortes de Aragón, pues se debería omitir que la recuperación de la vecindad previa a la adquisición por residencia decenal no podrá ser revocada por el interesado.
Si estamos resaltando la autonomía privada de los ciudadanos españoles que van a modificar su vecindad civil, habrá que respetar también su propio acto de autonomía. ¿Por qué no puede ser revocada? No lo sé. El aserto me parece de dudosa oportunidad y legalidad. Al menos, mientras la ciudadanía española pueda fijar libremente su domicilio y conforme a las reglas generales, solicitaría obtener la vecindad civil que estime oportuna tras la residencia continuada durante dos años en cualquier punto geográfico del territorio nacional.
No podemos pensar solo en el ciudadano navarro que, nacido en Olite, vive en Olite, está casado con una Navarra y continúa en Olite. Es tan legítimo como haber nacido en Sevilla o en Palma de Mallorca. Me da exactamente igual. El asunto está en que el navarro puede cambiar de criterio, suele cambiar de criterio, cuando el navarro, el vasco o el gallego resulta que tienen una hija que reside en una pujante ciudad catalana costera y decide que se va a vivir con su hija cuando se queda viudo -es un caso extraño que sea un viudo en vez de una viuda-. Como digo, el navarro se va a vivir a la pujante ciudad costera, donde se queda con su hija, que le convence de que lo bueno es ser catalán a todos los efectos y de que tiene que adquirir la vecindad civil catalana para que le apliquen la legislación catalana. Así lo hace el padre, pero a su hija -por desgracia- le afecta esa epidemia llamada cáncer de mama y al final el pobre se queda solo en Cataluña preguntándose qué hace allí. Entonces va a un tablao madrileño donde conoce a una jerezana que le alegra los últimos años de su vida. La jerezana lo que quiere es la viudedad, pero no la viudedad foral aragonesa, que no la conoce ni sabe lo que es -vamos, no sabe lo que es Aragón casi-; lo que quiere la bailaora jerezana es el usufructo de la viuda, del cónyuge viudo, del Código Civil, con su cautela sociniana bien montada, y lo que quiere es llevárselo todo calentito. Naturalmente, le dice: Vámonos, Paco, para Jerez, que allí en cuanto lleves dos años, te hago firmar la declaración. Claro que sí, puede cambiar. Podemos cambiar absolutamente todos, siempre y cuando dios nos dé larga vida, como yo les deseo a todos los presentes.
La señora PRESIDENTA: Gracias, profesor Lasarte.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Prendes, que ha propuesto la comparecencia.
El señor PRENDES PRENDES: Muchas gracias, profesor Lasarte, por sus explicaciones tan ilustrativas sobre la trascendencia de la norma que estamos tratando en este momento, sobre la propuesta legislativa que se nos trae.
En la misma línea que le pregunté a la profesora Ginebra anteriormente, se hablaba del desconocimiento o del poco uso que se hace de esa capacidad electiva que ya está recogida en el artículo 14.5 del Código Civil. Puede haber quien entienda que eso es un problema, es decir, que si no se usa esa capacidad de conservar la vecindad civil de origen es por desconocimiento y que, por lo tanto, hay que incentivar de alguna manera que se conozca, es decir, puede haber quien entienda que ese no uso es porque la norma no está correctamente diseñada. Me gustaría preguntarle por qué cree que se produce ese no uso, aprovechando su experiencia personal como profesor de esa universidad -iba a decir interterritorial pero voy a decir nacional, sin ningún complejo-, que le permite tener esa visión de conjunto del país. Yo entiendo que ese no uso puede ser porque la norma funciona de forma natural y sin problemas. Eso es lo que le quiero preguntar, si usted entiende que ese no uso de esa capacidad electiva ya existente ahora mismo es un problema y exige modificación o, al contrario, es una forma natural de funcionamiento de esa
norma en conflicto. Porque quizá en esa exposición de motivos de la que usted hablaba se parte casi de un criterio de superioridad de unos derechos civiles sobre otros.
La profesora Ginebra preguntaba antes, y también otros profesores lo han aportado aquí: ¿todos los derechos civiles tienen el mismo valor, la misma condición, son iguales? En todo caso, nosotros entendemos que lo que hay que buscar son puntos de conexión lo más aproximados a la vida diaria de los ciudadanos para que el derecho sea un elemento de integración y no de desintegración social. En todo caso, le pregunto sobre si cree que la norma funciona adecuadamente o no funciona y, por lo tanto, exige algún cambio.
Muchas gracias por su aportación clara y sencilla.
¿Por el Grupo Mixto va a intervenir alguien? (Denegación). Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Legarda, ¿va a intervenir? (Denegación). ¿Por el Grupo de Esquerra, señora Capella? (Denegación). Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, señor Moya.
Muchas gracias por su exposición, profesor Lasarte. Me ha gustado, especialmente, porque todas y cada una de las personas comparecientes que han venido hasta ahora han iniciado su exposición alabando la iniciativa de Las Cortes aragonesas, el que una autonomía haga una iniciativa para modificar un texto legal que modifique una norma estatal -y digo estatal sin ningún tipo de complejos, una norma estatal-. En cambio, su exposición ha sido especialmente interesante cuando, probablemente polemizando, ha cuestionado la oportunidad de que sea solo una de las comunidades forales la que inste esta modificación, sin atender al criterio de todas las demás comunidades con derecho foral que también, sin duda, tendrían que ser escuchadas respecto a la oportunidad y la valoración de esta iniciativa aragonesa.
Antes la profesora Ginebra ha dado luz, ha incidido en que básicamente el problema no es que la redacción del artículo 14.5 no sea ajustada, no sea adecuada, sino que tal vez el problema pragmático está en el desconocimiento que tiene la ciudadanía respecto a qué es la vecindad civil y las circunstancias de su adquisición y de su pérdida. Me gustaría abusar de su creatividad -si me permite decirlo así- y preguntarle si se le ocurren algunas medidas para acabar con este desconocimiento, para que la ciudadanía fuera más consciente del concepto de la vecindad civil, de su inmensa trascendencia en la vida de la ciudadanía y en su régimen personal, y qué tipo de medidas podríamos adoptar para visibilizar esto.
Grupo Parlamentario Socialista, señora Galeano.
Gracias, señor Lasarte. Estaba yo, con la sobremesa, un tanto espeso pero ha conseguido revitalizarme bastante; se lo tengo que agradecer. Creo que ha explicado usted esta oportunidad política, no sé si minusvalorando este tipo de iniciativas que llegan de Aragón -lo vamos a dejar ahí en cuanto a que es una voluntad política y ojalá todas las oportunidades políticas vinieran refrendadas por una unanimidad de los partidos políticos- que, como usted bien sabe, ha tenido una unanimidad absoluta. Quería decirle que, del mismo modo que nos ha explicado que seguramente la gran preocupación de los españoles sea conseguir un empleo y un trabajo, por supuesto que en la encuesta del CIS no saldrá el tema de la vecindad civil -al margen de todo lo que aquí estamos exponiendo- como principal preocupación o que ni tan siquiera aparezca en la tabla. En eso estoy de acuerdo, entre otras cosas porque creo que la trascendencia de adoptar esta medida desde la Cámara autonómica aragonesa es porque mucha gente, como he dicho anteriormente, tiene que salir de Aragón para encontrar un trabajo, para encontrar un empleo. Quizás esa libertad para vivir donde uno quiere, muchas veces se ve supeditada a la búsqueda de una igualdad de oportunidades laborales y económicas que, por desgracia, en la España desvertebrada y en la España interior, en muchas ocasiones sucede como con ese aragonés, con ese castellanomanchego, con ese castellanoleonés o con ese extremeño que tienen que salir de esa comunidad en busca de esa gran preocupación que es el empleo. La búsqueda de esa oportunidad acarrea que tengamos que defender de forma más secundaria esa característica foral que tiene el aragonés, como puede tener el gallego o el balear, y que quiere decir lo siguiente: ya que he tenido que salir de mi tierra defiendo algo
que muchas veces por desconocimiento -como decíamos antes- se pierde. No creo que sea la voluntad de nadie perder algo. Quizás la voluntariedad va dirigida a lograr empleo y, en este caso, la vecindad civil.
Hay que tener en cuenta esta cuestión ya que, muchas veces, como usted decía, la libertad y el hecho de buscar una mejora no va tan ligado a la libertad, sino a la necesidad desgraciadamente.
Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Fernández García.
Quiero comenzar dando la bienvenida a la Cámara al profesor Lasarte agradeciéndole la claridad de sus posiciones -que no siempre son así de claras en los comparecientes- y todos los esfuerzos doctrinales no solo en lo que hoy nos ha trasladado, sino en anteriores momentos. Usted no es ni ajeno ni nuevo en estas reflexiones, algunos de nosotros tampoco y, espero no tener que achacarlo a que no hayamos sido alumnos suyos en la UNED. Algunos de nosotros, que lo hemos aprendido en la Universidad de León, también hemos conseguido al cabo de los años olvidar lo que sabíamos sobre vecindad administrativa. Además, quiero agradecerle un par de cosas más. En primer lugar, que le confieso lo que me cuesta no entrar en esa digresión con la que ha abierto su intervención en relación con los derechos de los parlamentarios, ya que estoy seguro de que a todos los que estamos aquí nos daría para mantener un coloquio muy entretenido a estas horas. En segundo lugar, debo agradecer ese itinerario que nos ha hecho vivir aquí y la superación de cierto tedio que la vecindad civil nos pueda inducir a estos territorios que no somos forales, con ese periplo animado de la pujante ciudad catalana al divertidísimo Jerez. Seguramente, será no lo que más recordemos aquí pero sí lo más diferente respecto a otras comparecencias.
Señor Lasarte, frente a lo que suele ser habitual aquí, que es que los portavoces que hablamos aprovechamos la presencia del compareciente para no referirnos en absoluto a lo que nos ha trasladado, sino para poner de manifiesto a nuestros compañeros de Comisión cuáles son nuestras posiciones, con absoluta independencia de lo que hayan dicho aquí los comparecientes, y dado que no está siendo así en estas comparecencias -algo verdaderamente saludable en esta vida parlamentaria-, no voy yo a distraer la atención de lo que en mi opinión han sido dos ejes muy marcados en su intervención, íntimamente relacionados con las preocupaciones que tenemos los grupos parlamentarios: en primer lugar, el margen de maniobra real o aconsejable, a la hora de acometer una reforma de este calado, condicionados como estamos -no sé si es superfluo recordarlo, pero quiero hacerlo- por la necesidad de adoptar una posición en relación con el tenor literal de la propuesta que nos han hecho, y no de la posición irrestricta lege ferenda que cada uno de nosotros pudiera adoptar si tuviéramos que decir cómo queremos que se aborde la modificación de la vecindad administrativa y, en segundo lugar, las consecuencias prácticas a las que en gran parte de su intervención se ha referido usted.
En relación con lo primero, el Grupo Popular considera que plantear una reforma del Código Civil con una propuesta que tenga exclusivamente en cuenta cálculos de oportunidad, cálculos interesados, cálculos de valoración política es llanamente un error. Las comparecencias de esta Comisión están poniendo de manifiesto que mucha gente piensa de esta manera, entre los comparecientes y entre los grupos políticos. Desde luego, me alegro por ello, porque cuando abordamos una modificación del calado como la que nos trae en este momento tenemos que hacerlo desde la clara perspectiva de que no solo afecta a mucha gente, sino a gente de condiciones jurídicas y personales muy distintas. Por ello, entienda que las dos preguntas que le voy a hacer a continuación responden a esa perspectiva. Tenemos muy en cuenta la posición de las Cortes de Aragón y de otros territorios y de los compañeros de nuestros grupos políticos en dichas cortes.
No necesariamente pensamos todos igual, y los matices e implicaciones son muy delicados en una regulación jurídica, como también lo es la necesidad -creo que es bueno tenerlo en cuenta y, en ese sentido, tomo su palabra en cuanto a la difícil pervivencia a estas alturas de lo que nos va quedando de la impronta del derecho romano- que tenemos de adaptarnos a las circunstancias sociológicas de las comunidades autónomas de donde surgen estas propuestas y de los territorios donde hay que aplicarlo. Pero es que al final hay que aplicarlo en todos, no solo en los suyos.
Quiero decirle que compartimos unas cuantas de las preocupaciones que usted acaba de poner aquí de manifiesto en relación con los aspectos más prácticos, pero esos aspectos prácticos no pueden estar ausentes de la posición que tomemos finalmente aquí cuando, después de oír a los comparecientes, tengamos que adoptar una posición. Asimismo, nos preocupa la escasa vinculación que pueden tener a
la hora de decidir la vecindad con el territorio, que creo que es un aspecto fundamental, sobre todo, cuanto tanto se invoca al territorio como fuente de autoridad o de legitimación para plantearnos esta reforma. Otra de nuestras preocupaciones es la dependencia, un poco rara a estas alturas, de la movilidad que puedan haber tenido los progenitores de quien tiene que elegir.
Termino agradeciéndole su posición, sus explicaciones y formulándole dos preguntas. En primer término, si cree que, a la vista de la propuesta de ese tenor literal que a todos nos vincula aquí -mantengamos una cierta congruencia- debe imperar una visión un poco más amplia que la nos trasladan Las Cortes de Aragón o cualquier otro parlamento autonómico interesado en esta modificación. En segundo lugar, si hay que contemplar no solo ya la eventual incidencia o la cohesión de normas que no son de naturaleza civil - y se ha hablado mucho aquí de la incidencia de normas administrativas o fiscales-, sino incluso la existencia -que sufren mucho las personas con mucha movilidad en este momento- de una coexistencia, no siempre convivencia armónica, de distintas normativas civiles.
Por último, aunque usted ya ha avanzado algo, quiero preguntarle su opinión respecto de las cautelas que hubiera que adoptar si una normativa como esta terminara saliendo adelante sobre aspectos prácticos de revocación o desde la perspectiva de algunos de irrevocabilidad de la adopción de una decisión en materia de vecindad.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Fernández.
Profesor Lasarte, con su conocida capacidad de síntesis, seguro que podrá dar respuesta a las cuestiones planteadas.
El señor CATEDRÁTICO DE DERECHO CIVIL DE LA UNED (Lasarte Álvarez): En primer lugar, quiero contestar a la pregunta de mayor intensidad personal que se me ha formulado, que es la del señor Galeano, cuando me dice que he minusvalorado la proposición de ley. No, en absoluto, no la he minusvalorado. Yo he estudiado mucho derecho foral y conozco bien la perseverancia de los aragoneses, mi querido amigo. (Risas). Ni la he minusvalorado ni desconozco que esta proposición de ley ya llegó en la anterior legislatura y en la anterior de la anterior, si no recuerdo mal, luego esta es ver si a la tercera va la vencida (El señor Galeano Gracia: No es así). ¿No llegó a estar en las anteriores? Había visto por algún lado que sí. En todo caso, no la he minusvalorado.
Usted ha dicho que es plausible desde la visión aragonesa. Aragón es una comunidad autónoma que está ahora mismo en 1.300.000 habitantes, habiendo sido la corona del Reino de las Dos Sicilias, la poderosa corona en el Mediterráneo. Está en una situación de despoblamiento preocupante por lo que comprendo esa visión perfectamente. No solo la comprendo, sino que le diré, señor Galeano, que todos los años organizamos -no yo- en el Centro Social de Barbastro de la UNED, un curso sobre derecho aragonés, en el que intervienen los profesores tutores, que son los del territorio correspondiente, y yo doy una conferencia de carácter general porque yo no soy especialista en derecho aragonés y voy casi todos los años. Igualmente, colaboro con el Centro de Calatayud con absoluta regularidad, es decir, no piense que como yo soy andaluz a mí los aragoneses...No, no tengo ningún problema ni con los aragoneses ni con casi nadie, no suelo tener muchos problemas.
No la he minusvalorado, de verdad; lo que he puesto de manifiesto es una relativa incongruencia en la redacción de la proposición de ley cuando se insiste tanto en voluntad del interesado y después, sin embargo, cuando el proponente o los redactores de la proposición creen que ya han conseguido devolver la vecindad civil aragonesa a una persona que ha estado fuera, le dicen que ya no puede revocar esa decisión. Pero si la podemos revocar todos, con dos años de residencia. Los dos años de residencia, que yo sepa, no lo han discutido ninguna de las personas presentes ahora mismo en sala ni ningún otro compareciente que haya concurrido con anterioridad. Todo el mundo da por hecho que dos años de residencia para una persona mayor de edad, en sus cabales, etcétera, puede justificar un cambio de la normativa privada. Porque tampoco hay que pensar que una tiene todo lo bueno y la otra tiene todo lo malo. Se ha hablado también de Alonso Martínez por la profesora Ginebra, y quien conoce bien la tarea de Alonso Martínez debe saber que introdujo muchas más modificaciones propias de los territorios forales en la versión final del Código Civil, como capitulaciones, etcétera, montones de cosas, porque lo hacía para negociar creyendo de buena voluntad que podía negociar con los llamados entonces territorios forales. Entonces, yo creo que esto es un problema de tensión territorial latente, basta que una persona que lidera una determinada comunidad sepa engarzar una bandera buena para enfrentarse con las demás. Cuando he hablado de la falta de conveniencia política, desde mi punto de vista, de que una sola
proposición de una sola comunidad autónoma pueda provocar la reforma del Código Civil, lo que he querido decir es que no me extrañaría nada que si esta proposición de ley se convirtiera en norma jurídica -yo, por supuesto, al día siguiente trataría de explicarla, la ratio legis, etcétera-, lo que pasaría es que inmediatamente alguna de las otras comunidades autónomas que considerase que con el cambio normativo habría podido tener el más mínimo perjuicio, en la legislatura siguiente estaría aquí ante ustedes, señorías, con una carpeta, con un estudio, con unos informes, etcétera, diciendo: vamos a cambiar otra vez la vecindad civil. A lo mejor es una forma de provocar la falta de conocimiento por la ciudadanía; quiero decir, sucesivas proposiciones o proyectos de ley sobre una materia, si es que consiguen ustedes que los medios de comunicación pública, los medios de comunicación social le den relevancia a semejante tema, ¡que ya tiene bigotes! (Risas). Vamos, yo estaría encantado, como experto en derecho privado; pero si consiguieran, sobre todo, que los medios de comunicación social transmitieran a la ciudadanía que esto es un tema importante.
Se preguntaba el señor Prendes por el tema de funcionamiento. Yo creo que el funcionamiento por residencia, cierto; y que lo otro, la residencia decenal, provoca muchísimas sorpresas y en algunos casos sorpresas sumamente desagradables a niveles fundamentalmente familiares.
En cuanto al señor Moya, que me ha dicho si yo podría dar algo de luminosidad -a mí no me gusta lo de visibilidad; la luminosidad me parece más bonita- al problema pragmático de desconocimiento, ¡qué más quisiera yo! Mire usted, le voy a poner un ejemplo más concreto. En una de esas revoluciones universitarias los alumnos decían que por qué tenían ellos que examinarse en materia de familia y sucesiones -materia que yo también explico- del régimen jurídico-patrimonial del Código Civil y del régimen sucesorio en el Código Civil. Yo reuní a la comisión permanente del departamento y al departamento y les dije: tenemos un problema, y el problema se resuelve diciendo que cada quien se puede examinar adaptando la pregunta al régimen civil aplicable en su territorio. Así lo explicamos y se lo dijimos a los doscientos o trescientos profesores tutores y dijimos que cada quien se podría examinar con arreglo a su régimen civil propio. Ni el 1 % ejerció esa posibilidad. Es decir, una vez que habían provocado el problema, cuando vieron que se iban a tener que estudiar el derecho catalán o el derecho gallego, dijeron: ¡pues para eso me da igual, para eso estudio lo que dice el Lasarte! Otra vez el Lasarte; como si yo tuviera alguna responsabilidad en la materia. Así que en la cuestión pragmática me hace usted una pregunta que me supera por completo, pero no vaya a creerse que no la he tenido en cuenta.
Finalmente, respecto del señor Fernández García, que ha estado atentísimo conmigo, yo creo que la relación con el territorio y con el pueblo que vive en el territorio es la clave del tema. Hay personas que se consideran muy vinculadas al proyecto autonómico o autonomista o como le queramos llamar, y hay otra masa de personas que se despreocupa de ese tema y no quiere tener ninguna cercanía con la ley, con la aplicación del derecho, etc. Hay personas a quienes eso no les genera curiosidad; parece que lo que les genera curiosidad son los programas de la telebasura, que son los que tienen toda la audiencia vespertina. Nadie tiene curiosidad por las conferencias que se dan en los ateneos, hay muy poca curiosidad en ese sentido.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, profesor Lasarte por haber comparecido.
- DEL DECANO DEL COLEGIO DE NOTARIOS DE CATALUNYA, PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO EN EL ÁMBITO JURÍDICO DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Y PRESIDENTE DE LA SECCIÓN DE ARMONIZACIÓN DE LA COMISIÓN DE CODIFICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL CATALÁN (OLLÉ FAVARÓ). (Número de expediente 219/000295).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al siguiente compareciente, don Joan Carles Ollé Favaró, decano del Colegio de Notarios de Catalunya, presidente del grupo de trabajo en el ámbito jurídico de la Generalitat de Catalunya, presidente de la sección de Armonización de la Comisión de Codificación del Código Civil Catalán. La propuesta a la Comisión viene hecha por el Grupo Parlamentario Mixto.
Cuando quiera, señor Ollé, tiene la palabra.
El señor DECANO DEL COLEGIO DE NOTARIOS DE CATALUNYA (Ollé Favaró): Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias a todos. Es un honor estar hoy aquí, poder intervenir en esta proposición de ley y dar mi opinión. Les agradezco a todos ustedes que me hayan invitado a participar. Ya se han dicho muchas cosas, por lo menos esta mañana, y seguro que en comparecencias anteriores, por lo que
procuraré ser un poco más breve y quizás haré una intervención de tipo generalista, dando también mi visión que, como notario, como jurista práctico, tenemos del día a día de esta cuestión que se debate aquí en relación con la proposición de ley para modificar la regulación de la adquisición de la vecindad civil en el Código Civil.
Si me permiten, empezaré haciendo una consideración general que es muy obvia pero que quizás merece la pena para centrar la cuestión. Comentaba antes en los pasillos con algún diputado que estas cuestiones del derecho civil -y más si hablamos de vecindad civil- parecen muy técnicas o algo que a la opinión pública puede no interesar, pero me gustaría recordar que el derecho civil es muy importante. A veces las cosas más importantes, como las tenemos tan cerca, no las vemos o no las damos la relevancia que tienen. El derecho civil regula aspectos fundamentales de las relaciones jurídicas de la vida de las personas -¡qué les voy a decir a ustedes!-, la compraventa, un testamento, capítulos matrimoniales, etcétera. Por tanto, es muy importante la materia del derecho civil. Por otra parte -también se ha destacado aquí pero creo que merece la pena recordarlo-, aunque en el ámbito internacional hay algún otro país, España tiene una personalidad y un estatus muy diferenciado, por decirlo de alguna forma, en lo que se refiere a la diversidad de ordenamientos jurídico-civiles que tenemos. Esta es una cuestión que viene de muy lejos. Como ustedes saben, eran derechos históricos que dieron lugar en la segunda mitad del siglo XIX a grandes debates que al final cristalizaron en el famoso artículo 13 del Código Civil, que preservaba esos derechos que entonces se llamaba forales y que ahora se llaman derechos civiles autonómicos. Al final ese artículo se introdujo después de largos y apasionados debates, por el cual se venía a reconocer su existencia y su aplicabilidad práctica. Luego, durante las primeras décadas del siglo XX siguió el debate sobre si se tenía que ir a aprendices o si se debía seguir en la idea del Código Civil único, y a mediados del siglo XX, precisamente en el famoso Congreso Nacional de Derecho Civil en Zaragoza en el año 1946, se decidió por parte de los juristas y los poderes públicos ir hacia un régimen de compilaciones. Entonces, ahí cristaliza el régimen de compilaciones que, como el propio nombre indica, no era un proceso codificador pero sí compilador, de recoger, de actualizar esos derechos civiles históricos que había en diversos territorios del Estado español. Al final de ese proceso, en 1978, el artículo 149.1.8.ª da carta de naturaleza, cierra totalmente el debate, y no solo lo cierra sino que, además de reconocerlos, permite, como ustedes saben, la conservación y desarrollo de esos derechos civiles peninsulares, y yo diría que desde hace mucho tiempo no hay problemas. La Constitución reconoce como una riqueza esos derechos civiles existentes en algunas comunidades autónomas que vienen del derecho histórico y esto funciona razonablemente bien. Es algo histórico, está en la memoria de todos y esto funciona muy bien. Lo digo porque la modificación de la vecindad civil, en su caso -la propuesta va en este sentido porque sobre todo uno de los artículos que se pretenden modificar es un cambio sustancial y radical en el sistema-, es nuclear. La vecindad civil, de alguna forma, es uno de los pilares de esa convivencia entre los distintos ordenamientos jurídicos de las comunidades autónomas y el Código Civil español, de ámbito general, derecho común, que sigue siendo de aplicación supletoria en estas comunidades autónomas. No diría que es la única columna, pero sí uno de los pilares del sistema y, por tanto, modificar esto supone un cambio de sistema y no sé -lo digo para situar la cuestión- si realmente merece la pena abrir ese debate o establecer una modificación. Lo digo porque no es una modificación irrelevante, ni mucho menos, sino que es nuclear en el sistema plurilegislativo de derechos civiles que tenemos en España.
Por otra parte, creo que el sistema actual -antes lo ha explicado la doctora Ginebra, ha explicado los antecedentes históricos y no me voy a repetir- está muy consolidado, y visto con una perspectiva histórica, incluso actualmente en relación con otros ordenamientos u otras soluciones que pueda haber, creo que es un sistema bastante equilibrado porque establece un equilibrio entre el criterio territorial y el personal. Deja un plazo bastante largo, diez años, para que la persona siga ostentando esa vinculación a su estatuto personal de origen, parece un periodo razonablemente suficiente para que, si no se ha dicho lo contrario, impere el criterio territorial, siempre con la opción de mantenimiento durante esos diez años. Creo, por tanto, que es un buen equilibrio y que -luego me extenderé un poco más en ello- funciona razonablemente bien en la práctica. En consecuencia, esta modificación, que daría una preponderancia al criterio personal del origen, sería abrir una brecha en el sistema, un cambio radical y sustancial sobre una solución que ya está consolidada desde décadas y que, como digo, aunque ahora lo tenemos olvidado, en su momento generó pasiones y grandes debates, solución que está consagrada en la Constitución -no el régimen de adquisición de la vecindad civil, pero sí de alguna forma todo este sistema de equilibrios y de convivencia de los distintos derechos civiles peninsulares-. Además, fijémonos en que con esta modificación que se propone se podría perpetuar en el tiempo algo que parece que no tendría sentido
porque, si una persona durante dos años no se manifiesta, conserva su estatuto personal de origen, como luego los hijos siguen la condición de los padres, a no ser que en pocos años -en su mayoría de edad o a los pocos años de adquirirla- se manifiesten en contrario, lo continuarían; parecería que lo lógico tendría que ser tender a esa aplicación a lo largo del tiempo de la manera pausada, flexible y equilibrada que hace nuestro ordenamiento, que se aplique la norma en la que una persona está integrada y se ha establecido ella y su familia. Además, debemos tener también una perspectiva general. La solución, en general, también es buena, no ya solo respecto a la persona, su establecimiento y vinculación al lugar, sino que, desde el punto de vista general de lo que sería la sociedad española, esto, en definitiva -si me permiten, es una consideración que ya no es estrictamente jurídica, pero quizá los juristas también podamos tener esa visión un poco amplia o general-, favorece también la mezcla, la integración entre todos los españoles de distintos territorios, la cohesión y la unidad, y creo que eso también es un elemento que se debe tener en cuenta.
Como les estaba diciendo, el hecho de que el sistema actual, desde mi punto de vista -se me ha preguntado sobre ello y creo que aquí también se ha apuntado-, no se haya impugnado o no haya sido objeto de protesta es porque naturalmente es aceptado. Creo que en general goza de un consenso amplio socialmente, tanto en el mundo jurídico como desde un punto de vista institucional; intentaré explicarme. A nivel social ahí sí les puedo aportar mi experiencia profesional. Llevo ya más de treinta años de ejercicio profesional, de los cuales veinte han sido como notario en Barcelona. En Barcelona, como en cualquier otra gran ciudad, hay personas lógicamente de distintas nacionalidades y también, dentro de lo que es España, de distintos puntos de la geografía española. Desde luego, no percibo quejas -tampoco el notario es el ámbito donde deba ir la gente para protestar sobre la legislación que pueda haber- en este sentido, pero no solo esto, precisando más, diría que las opiniones que se han vertido, el desconocimiento, etcétera, es hasta cierto punto. Es decir, yo creo que no hay desconocimiento de la gente. Los ciudadanos sí que tienen una conciencia de que adquieren la vecindad civil catalana, aragonesa o la común los que vivan en Madrid por el transcurso del tiempo, aunque no saben si son cinco, diez o quince años. "Oiga, sabe usted, si va a hacer el testamento, que ya ha adquirido la vecindad catalana, si lleva veinte años aquí, etcétera, se le aplican las normas sucesorias"... Es decir, la mayoría lo saben. Lo que quizá desconocen -que es el punto que tenemos que comentar- es que hubieran tenido derecho durante diez años a mantenerlo. Tampoco a mí me consta que manifiesten normalmente esa voluntad de conservar, pero bueno, eso quizá sí lo desconocen. Ese punto tendría que hacerse más visible, buscar una manera de facilitar esta posibilidad de lo que al final es el ejercicio de su libertad civil. En los casos que sean, sean pocos o sean muchos, si lo prefieren, que puedan conservar su vecindad civil de origen. Como digo, creo que no hay un desconocimiento y que los ciudadanos saben que por la residencia continuada en otra ciudad distinta de donde han nacido dentro de España cambia el estatuto jurídico, que hay distintas comunidades autónomas y que tienen derecho civil propio. Todo eso la mayoría de los españoles lo saben.
De todas formas, también quiero aclarar una cuestión que se dice en la exposición de motivos de la proposición de ley: es que uno no sabe si el régimen económico matrimonial puede cambiarle si está en Madrid, que tiene régimen de gananciales, o si está en Barcelona o en Palma de Mallorca, con separación de bienes. ¡Cuidado!, porque ustedes saben que el régimen económico matrimonial es -lo que decimos los juristas- inmutable. No se rige por la vecindad civil, sino que queda en cierta medida petrificado -siempre se puede modificar mediante los capítulos matrimoniales- en el momento en que celebras el matrimonio en función de los puntos de conexión que establece el título preliminar del Código Civil. Por ejemplo, unos aragoneses -que es el caso que nos ocupa- estarían casados en régimen de consorcio foral aragonés, unos navarros en régimen de conquistas navarro y, aunque lleven cuarenta años viviendo en Madrid o en Barcelona, no les cambia su régimen económico matrimonial si no han hecho capítulos matrimoniales. Es decir, la vecindad civil tiene efectos en otros ámbitos como pueden ser sucesiones o en otros ámbitos del derecho de familia, pero lo digo por aclarar, porque en la exposición de motivos parece que eso puede cambiar y no es así. Muchas veces eso sí lo tienes que explicar: oiga, usted ha adquirido la vecindad catalana o la común, pero no le ha variado su régimen económico matrimonial. ¿Usted hizo capítulos? No -porque la mayoría de la gente no ha hecho capítulos-. Pues no le ha variado su régimen económico matrimonial. En el mundo jurídico existe un consenso general. No veo que en las cátedras de las universidades o en los congresos de Derecho Civil esto sea un motivo de debate, ni tampoco veo que lo planteen los abogados, los letrados que acompañan en determinados actos jurídicos. Nunca me lo ha planteado nadie. No es una preocupación ni una inquietud. La profesora Ginebra se ha referido al Congreso
de Derecho Civil que se celebró en 1981 en Zaragoza. Pues bien, esto ya se planteó allí -había juristas civilistas de toda España- y fue rechazado por la mayoría de los juristas de las distintas comunidades autónomas, quedando una posición minoritaria. Fundamentalmente, las que tenían derecho civil propio consideraron que el sistema que teníamos estaba bien y no hacía falta modificarlo.
Desde un punto de vista institucional -no me voy a extender porque ya lo ha hecho el doctor Lasarte- quiero comentar -no es ninguna desconsideración a las Cortes de Aragón, pues está muy lejos de mi intención discutir su capacidad y su legitimidad para presentar esta proposición de ley- que hay seis comunidades autónomas que tienen derecho civil propio: Galicia, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña y Baleares. Me gustaría conocer la opinión de las otras comunidades autónomas e incluso de las demás, pues también afecta a las de derecho común, que no tienen derecho civil propio. Al final afecta a todos y, siendo esta la casa que representa a todos los españoles, las razones que deberían tenerse en cuenta -tampoco me voy a extender- no deben ser tanto criterios políticos o de oportunidad -si una comunidad autónoma u otra pierde población, que es legítimo-, sino de otro tipo, y ya me he referido antes a ellos
También es muy importante -y ya se ha comentado- que en la actualidad este sistema de la adquisición de la vecindad establecida en el Código Civil español resulta moderno, porque las modernas tendencias europeas, el relativamente reciente Reglamento Europeo de Sucesiones establece el criterio en materia sucesoria de residencia habitual, y en otras materias esa también es la tendencia. Creo que sería peor cambiar radicalmente el sistema y establecer la residencia habitual para la aplicación de la norma jurídica civil; es mejor este sistema, más equilibrado y ponderado, que tenemos en el Código Civil español. Un último argumento. ¿Por qué se establece un criterio de residencia? Porque la complejidad creciente de las relaciones jurídicas en el ámbito internacional -la globalización, etcétera- hace que constantemente se crucen aplicaciones distintas de normas jurídicas de diferentes países, y en España también. Si tuviésemos en cuenta un criterio personal, sería de muy difícil aplicación para los juristas. Aumentaría la conflictividad y la judicialización de las normas jurídicas y para los juristas sería prácticamente imposible. Antiguamente había algunas especialidades de derecho civil en estas comunidades autónomas, pero actualmente se trata de ordenamientos jurídicos muy importantes, de mucho grosor, bastante completos. Entonces, el conocimiento en profundidad por parte del jurista de todos estos ordenamientos jurídicos, que constantemente cada uno aportase el régimen jurídico personal que llevara detrás, eso nos conduciría a un gran problema. Esa es la razón de fondo y las normas jurídicas internacionales van en esta dirección.
En conclusión, es bastante evidente por mi intervención que yo no sería partidario de este cambio sustancial y radical que se propone. Creo que el sistema funciona razonablemente bien por los motivos que he indicado antes. Se pedía un poco de concreción en relación con la propuesta y yo creo que si se dejase tal y como está ahora la normativa no pasaría nada; este es mi criterio personal. En todo caso, por ejemplo, la modificación que se propone del artículo 14.3, párrafo 4, donde se da mayor plazo y que pueda optar por la última vecindad civil o por otras, siempre daría mayores opciones y no veo ningún problema. El apartado quinto es el que desde mi punto de vista supone un cambio radical y yo no sería partidario de llevarlo a cabo. La disposición transitoria que se propone está vinculada a esa modificación sustancial y tampoco sería partidario de ella. Lo que sí podría proponerse -creo que ha habido varias intervenciones en este sentido y, de alguna forma, ya se ha debatido- es ofrecer mayores facilidades a los ciudadanos para que puedan optar, que durante esos diez años puedan hacer un ejercicio más consciente de su libertad civil y de la opción que tienen. En este sentido, cuando comparezcan ante notario para firmar cualquier documento de los que se otorgan -un testamento, una compraventa, etcétera-, sería una buena opción que también se pudiese hacer la declaración de mantenimiento de su vecindad civil de origen ante notario y que este después lo comunicara al Registro Civil. Este sería mi planteamiento.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ollé.
La señora CIURÓ I BULDÓ: Intervengo simplemente para agradecerle su comparecencia y su claridad. Creo que no hace falta decir nada más al respecto de esta eventual modificación.
La señora PRESIDENTA: Señor Bataller.
El señor BATALLER I RUIZ: Gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Ollé.
Soy Enric Bataller, diputado de Compromís. Ante todo quiero darle las gracias por la claridad y el sesgo práctico que ha imprimido a su exposición. Permítame que me extienda un poco, porque quería hacer algunas reflexiones, pero al final habrá preguntas; no va a ser una disquisición en el aire. Hablamos mucho sobre la regulación en el Código Civil pero a veces nos olvidamos de que la cuestión que estamos abordando está resuelta en la Constitución española. El artículo 149.1.8.ª establece que la solución de la convivencia de diversos ordenamientos jurídicos civiles en España -que viene de largo- se da mediante el encauzamiento por la regulación de las comunidades autónomas. Así, a partir de la vigencia de la Constitución de 1978, como ya se establecía en la Constitución republicana de 1931, se entiende que la problemática de la pluralidad del derecho civil es una cuestión autonómica, territorial, preservando un mínimo común denominador que queda en manos del Estado, como ya indicaba el artículo 16 de la Constitución de la II República. Además, resulta que esta decisión del constituyente se produce en un momento en que la normativa civil tiene también un carácter muy diferente al que había tenido en el siglo XIX. Ese derecho civil individualista de predominio absoluto de la autonomía privada no es el que hemos conocido luego cuando ya se afirma el Estado social y democrático de derecho en el cual el derecho civil ya adquiere unos tintes sociales. Por tanto, ya no hay una contraposición tajante entre la individualidad y la colectividad, sino que todo se entrevera. Esto está presente en nuestra Constitución, por ejemplo, cuando se regula la propiedad y la herencia, que se admiten por la función social que desarrollan, o en la regulación del artículo 32 del reconocimiento de la familia. Esos son algunos ejemplos nada más. El constituyente parte de que hay un derecho que debe ser democrático, territorializado y para un Estado social, y toda la nueva configuración de lo que entendemos por derecho civil encarga que las comunidades autónomas sean las que desarrollen esto. A la vista de esto, nos encontramos con que la remisión que se hace, en el 149 apartado 1, regla 8.ª in fine, a la reserva del Estado para las normas de resolución de conflictos de leyes, en esa remisión que se entiende realizada al título preliminar del Código Civil, nos encontramos con que en el artículo 14.5 podríamos plantearnos ¿es constitucional o no lo es? Pero, de alguna manera, la reforma que se hizo del título preliminar en el año 1974, avant la lettre, ya contenía un equilibrio de los intereses que están en juego, y usted ha apuntado esto; por un lado, se atiende a la ley personal, pero también con el periodo de los diez años se está tendiendo a la promoción del criterio territorial.
Coincido con usted en que -y ya acabo la exposición y voy a la pregunta- este equilibrio que tenemos ahora, que es anterior a la Constitución pero que está funcionando bien, ha dado buenos resultados. Y yo le quiero preguntar, y si tendiéramos ya, claramente, hacia un criterio territorial, ¿qué ventaja nos reportaría? Y esta ya es la pregunta.
Por el Grupo de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Capella.
Intervengo únicamente para agradecer la comparecencia y la visión práctica de la aplicación de los preceptos, cuya modificación se pretende por las Cortes de Aragón.
Señor Prendes, por el Grupo Ciudadanos.
Muchas gracias al señor Ollé también por su aportación desde esa visión de jurista práctico que ha sido muy ilustrativa y, como he dicho, muy práctica su visión.
La pregunta del señor Bataller no sé si parte de una visión diferente de la Constitución, porque seguramente tenemos una visión distinta, pero desde luego sí son lecturas muy distintas, porque en el 149 quiero recordarle que es donde se determinan las competencias exclusivas del Estado, no de las comunidades autónomas. Yo creo que ha leído en sentido inverso ese 149.1.8.ª Desde luego, no hay ninguna duda de que las reglas relativas a la aplicación y eficacia de los derechos civiles, y el artículo 14, apartado 5 a eso se refiere, una norma de conflicto entre distintos derechos civiles, es competencia exclusiva del Estado. Lo dice claramente la Constitución; o sea que no entiendo que la lectura de la Constitución pueda llevarnos a resultados tan dispares. O sí lo entiendo, y es una de las fuentes de los
problemas políticos que tenemos, a lo mejor, en este país, pero esta es una cuestión que excede absolutamente del objeto de la comparecencia del señor Ollé.
En todo caso, me ha parecido muy interesante esa visión de jurista práctico, cuando ha dicho que usted no aprecia grandes conflictos en su vida diaria en las situaciones que pasan por la notaria a este respecto; que quizá se podría hacer un esfuerzo para dar a conocer las posibilidades que hay ahora mismo de esa autonomía de la voluntad, a la que hacía referencia el señor Lasarte, que ya existen también a la hora de fijar el régimen matrimonial. Hay una absoluta autonomía de la voluntad de los contrayentes que pueden elegir, independientemente de cuál sea la norma supletoria respecto al régimen matrimonial; es eso, norma supletoria, pero los ciudadanos contrayentes tienen libertad para elegir y pactar el régimen matrimonial. Lo digo porque, muchas veces, da la sensación de que aquí estamos tratando de imponer a los ciudadanos una visión propia desde nuestros intereses políticos o desde nuestros intereses territoriales, y yo creo que en el derecho civil lo que tiene que primar, en todo caso, es esa autonomía personal de los ciudadanos. Y hay cuestiones tan personales como el régimen matrimonial o como el régimen de las herencias que afectan a aspectos absolutamente personales, pero nosotros somos partidarios de defender, en todo caso, esa libertad y esa autonomía personal. Ahora entendemos que con los mecanismos que existen ya en nuestro ordenamiento jurídico, desde luego en el Código Civil eso está garantizado y protegido suficientemente. Creo que eso es lo que usted también ha manifestado en esta comparecencia.
No le voy a hacer ninguna pregunta, pero quiero agradecerle, como ya le he dicho, esa visión práctica porque seguramente, a lo largo de las comparecencias que hemos visto aquí -aunque no quiero desmerecer ninguna porque han sido todas muy interesantes-, quizá nos ha faltado un punto de practicidad, un punto de visión práctica, y quizá los legisladores tenemos que atender mucho más los problemas reales de las personas, de los ciudadanos, y muchas veces nos encastillamos en visiones muy académicas que no atienden esos problemas reales.
Moltes gràcies, senyor Carles Ollé, per la seva explicació.
Básicamente yo quisiera centrarme en dos puntos de su exposición. El anterior compareciente, señor Lasarte, nos ha ayudado -si me permite el vocabulario- a desaragonizar la cuestión, es decir, a ampliar el foco y a hablar de todas las comunidades, tanto de las de régimen común como de las de régimen foral; ello nos da una visión bastante más amplia y necesaria para tratar la cuestión desde la posición en que estamos, legisladores del Estado. Asimismo, en la misma línea de quienes me han precedido, quiero agradecerle profundamente esa visión pragmática, esa visión del día a día para relativizar la importancia de la problemática -o no- que nos encontramos con esta reforma del artículo 14.
Mientras usted hacía la exposición he pensado que le iba a preguntar lo que he preguntado a la mayoría de los comparecientes, pero al final cuando usted ha cerrado su exposición me he dado cuenta de que ya me lo había contestado y me he quedado sin pregunta pero, claro, yo le quiero preguntar. Vuelvo a la cuestión, el artículo 14.5.2, la declaración, en la línea de sobre todo intentar respetar al máximo esa autonomía de la voluntad del ciudadano, esa libertad civil, y considerando esta jurisprudencia que nos dice que si esa declaración de la voluntad no consta, no ha sido registrada o no ha existido en el Registro Civil, no tiene validez. Por tanto, tiene que haber alguna vía para poder corregir esta interpretación jurisprudencial. Usted ha abierto esta puerta de que en el caso de que esta declaración se haga en una escritura pública, aunque sea una declaración accesoria a otorgar otro negocio jurídico sea el mismo notario quien asuma esa responsabilidad y lo comunique para que conste en el Registro Civil a todos los efectos y para superar este obstáculo de la jurisprudencia. ¿Qué criterio tiene usted o qué le parecería si lo hiciéramos obligatorio? Es decir, que si el notario recibe esta declaración, esté obligado o sea responsable de que esta declaración llegue, sea registrada en el Registro Civil.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Galeano.
El señor GALEANO GRACIA: Gracias, señor Ollé, por su comparecencia.
Como han dicho otros portavoces aquí, creo que ha sido una argumentación brillante y muy pedagógica. Discrepo en una cuestión, hoy estoy en plan guerrillero. (Risas). No sé si la señora presidenta me va a permitir una pregunta, es compleja pero muy sencilla. ¿Cuál es su vecindad civil ahora mismo, señora presidenta?
La señora PRESIDENTA: ¿La mía? No lo sé. (Risas).
El señor GALEANO GRACIA: Por eso le decía que discrepaba de su opinión de que la mayor parte de la ciudadanía era conocedora de su vecindad civil. Yo no sé si quizás cuando hablamos de vecindad civil en determinados sectores de la población -y como usted dice el conocimiento de ellos- pueden incluso pensar que hablan de vecindad administrativa. Creo que a veces hay una asimilación y una falta de conocimiento de qué es cada materia. Aquí está la prueba de la señora presidenta, una persona con ciertos conocimientos y que creo que ha vivido en varios lugares y no sabe qué vecindad civil tiene a día de hoy. Otros portavoces o incluso comparecientes hablaban de por qué llega de Aragón, por qué llega de la Cámara autonómica aragonesa y por qué otras comunidades forales o que tienen derecho foral no han articulado esta preocupación. No quiero pecar aquí de cierto carácter aragonesista, pero lo digo muy sencillamente, Aragón es su derecho, y esa tradición jurídica se demuestra por ejemplo en esto, que llegan estas cuestiones, no llegan otras. Como digo, llega esto por unanimidad, pero lo cierro un poco ahí porque es verdad que a veces choca y llega Aragón un poco en esta línea, que viene a recoger un sentimiento que ha pasado durante todo el siglo XIX y el siglo XX, y los comparecientes así lo han manifestado.
Por concluir, para hacer esto más ameno, les propongo un comentario un tanto de juego. A ver si entienden lo que quiero decir; igual no estoy en lo cierto, pero si entienden un poco la similitud que voy a hacer y pudiera ser así, a ver si tiene una solución o ustedes pueden aportar alguna solución. A mí me pasó esto hace un par de semanas. Yo venía de Zaragoza a Madrid y ahora mismo con el AVE es una maravilla. Además, te mandan un código desde la agencia de viajes, vas al tren, lo enseñas, te lo pasan y subes al tren. Vengo aquí en el AVE, hora y veinte; es fabuloso. Llego aquí al Congreso, estoy aquí trabajando y cuando voy a pagar en el restaurante me había dejado la cartera en Zaragoza. ¿Qué quiero decir? Que mientras yo vine de Zaragoza a Madrid ni siquiera la necesité para subirme al tren; no tenía hambre, no comí nada en la cafetería. Vine aquí, estuve trabajando y aunque no era consciente de la pérdida de esa cartera, era un ciudadano que ejercía su vida normal. Sin embargo, cuando fui a pagar me di cuenta de que había perdido mi cartera. Pregunté cómo la podía recuperar y me dijeron que a través de una agencia de transportes al día siguiente la tendría. Llamé y la recuperé. En principio me decían que fuera a casa y la cogiera, pero no me servía el ir y recuperarla allí porque la quería aquí, para ese momento. No sé si me ha entendido el símil. El grado de desconocimiento implica una pérdida y no somos conscientes hasta que se nos genera la problemática de que esa pérdida se ha producido. ¿Cómo podemos paliar ese problema que se le puede dar a ese ciudadano que lleve doce años en Madrid y que se dé cuenta, cuando tiene que testar para el fallecimiento, de que no tiene esa vecindad civil aragonesa? Se va a dar cuenta en ese momento, no anteriormente. Ese sería el planteamiento, la reflexión y, si quiere, la pregunta.
Para aclarar la duda, yo nací en León, sé que en su día adquirí la vecindad civil catalana pero luego, al hilo de todo esto, estoy haciendo cálculos y demás y realmente no sé qué vecindad civil tengo en estos momentos. (Risas).
Buenas tardes, señor Ollé, bienvenido a su casa. Quiero trasladarle el agradecimiento de mi grupo por sus aportaciones. Dada su condición de notario, por lo tanto perito pegado al terreno, sin duda complementa especialmente bien otras comparecencias más académicas; igualmente interesantes, pero más académicas. En este sentido comparto con el señor Prendes que el hecho de su condición de notario nos enriquece mucho el debate.
Coincido también con usted en que no se trata de una modificación menor la que se nos ofrece desde las Cortes de Aragón. Creo que usted utilizó el adjetivo nuclear para el sistema de vecindad civil como punto de conexión para la aplicación de los distintos derechos que determinan la capacidad civil, los derechos y deberes familiares y las sucesiones. Comparto también su preocupación por las posibles implicaciones o si se pueden llegar a ver perjudicados los distintos derechos forales que conviven en nuestro país. En este sentido usted abogaba por que se mantuviera la legislación actual y me alegra también el hecho de que nos haya acreditado que la realidad administrativa dice que no hay demasiados conflictos, al menos si atendemos a los expedientes que hay abiertos en la Dirección General de Registros y Notariado. Esto se acompasa con la realidad del día a día, con lo que usted percibe en su notaría, en el sentido de que no tiene muchas quejas al respecto por parte de los ciudadanos. En eso también me alegro en coincidir.
Tengo dos preguntas, para ser muy breve. A lo largo del texto que nos remiten las Cortes de Aragón se apela constantemente a la libertad de opción del individuo, cosa que yo comparto en esta cuestión de la vecindad civil, lógicamente con matices. Sin embargo, una vez que vamos a la parte dispositiva, a la proposición en sí, realmente establece una irrevocabilidad que se acompasa muy poco con esas apelaciones constantes que hacen en la exposición de motivos. Me gustaría saber qué opinión tiene sobre esta cuestión.
Por último, me pareció entenderle que decía que sí sería admisible la posibilidad de que el menor pudiera optar por cualesquiera de las vecindades civiles de sus padres a la hora de tomar una decisión. Me pregunto si de esta forma no estaremos vulnerando el principio de vínculo familiar o vínculo territorial con el que se justifican estas propuestas y la decisión final de esa persona no sería más atendiendo a criterios mercantilistas o, por ser más claros, puramente fiscales.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Olano.
Tiene la palabra el señor Ollé.
El señor DECANO DEL COLEGIO DE NOTARIOS DE CATALUNYA (Ollé Favaró): Se han hecho varias preguntas.
Creo recordar que el señor Bataller ha planteado la posibilidad de optar directamente por el criterio territorial de residencia habitual. Ha manifestado también que el sistema actual es anterior a la Constitución pero es que los ordenamientos jurídicos civiles que tenemos en España también son anteriores a la Constitución. Es un sistema que viene de lejos y yo lo que he venido a decir es que ya está bien. Podría ser una opción pero yo la descartaría desde un punto de vista práctico o jurídico -que en el fondo es el que debemos atender aquí- pero también desde el punto de vista del ciudadano. Si la movilidad a nivel internacional entre países es cada vez más frecuente, a nivel estatal es todavía mucho más común, por ejemplo, por razones de trabajo. La presidenta que es magistrada y actualmente diputada lo entenderá. Por ejemplo, en el orden sucesorio se aplica la ley civil personal. Si cambiásemos al territorial de residencia habitual dentro de España, si un funcionario en España -que tenemos un montón- se va a Navarra a ejercer y fallece allí, se le aplica el régimen de allí en temas de legítima, etcétera. Esto introduce cambios constantes y, al final, una inseguridad jurídica incluso para el propio ciudadano. Por la estabilidad de las relaciones jurídicas, y dada la importante movilidad que hay dentro de todos los territorios de las distintas comunidades autónomas -todos sabemos que en España es un fenómeno habitual-, creo que desaconsejaría en este momento adoptar esta solución. Es un criterio eminentemente práctico pero también para la seguridad jurídica de los juristas y de los propios ciudadanos porque, al final, no sabrían muy bien a qué atenerse. Si ahora ya es un poco complicado, imagínense si luego fuese variando. Le aconsejo a la presidenta que cuando vaya al notario a hacer su testamento recuerde que son diez años de convivencia ininterrumpida, con lo cual si no es continuada totalmente no has perdido la vecindad catalana o la vecindad común, salvo que hubieses hecho la opción.
El señor Moya ha planteado una posibilidad en relación con la propuesta que he realizado -creo que también otros que me han precedido, sobre todo la profesora Ginebra- pero que ya se está planteando, de hecho ha llegado a la dirección general, aunque yo no comparto esa doctrina. Creo que ahora, como ella bien decía, la redacción actual de la normal ya lo permite, porque no dice ante el encargado del Registro Civil. Pero como hay esas dudas, debería esto ser objeto de una modificación para que donde pone ante el encargado del Registro Civil se incluya "o ante el notario". No sería partidario de la obligatoriedad, no lo soy de la obligatoriedad en general en el ámbito civil, sino que simplemente existiese
esa posibilidad. Tampoco lo haría accesorio, es decir, creo que -como también se ha dicho en alguna otra intervención- no puede ser dentro de los pactos de una compraventa. Esto es una decisión muy importante, porque va a afectar a toda una normativa en el ámbito de sucesiones y tiene toda una serie de consecuencias jurídicas. Me parece que tiene que ser una decisión aislada y firme y en un documento propio, individual. Por tanto, sería muy importante porque así sería facilitarlo mucho ya que todo el mundo, en algún momento, pasa por un notario para hacer una compraventa o para constituir una sociedad o, sobre todo, para hacer un testamento que es cuando se comentan estas cuestiones como qué norma se aplica -se aplica esta, téngalo en cuenta para la legítima de los hijos, etcétera- y decirle: Por cierto, tiene usted la opción de no perder o conservar su vecindad civil. Yo optaría por introducir la posibilidad, que no fuese accesorio ni obligatorio.
Creo que el sistema actual a diez años ya es mucho tiempo y supone la estabilidad de una persona en una comunidad autónoma. Además, esto no es definitivo porque si a alguien le preocupa, basta con permanecer un tiempo residiendo en el lugar y antes de los dos años puede optar por la nueva vecindad, como creo que ha dicho alguno de los anteriores intervinientes, y recuerdo al señor Galeano. Es decir, que el sistema es menos rígido de lo que parece. Uno puede decir que ha perdido la vecindad, pero la puede recuperar residiendo otra vez durante un tiempo -sin que sea necesario que transcurran los dos años-, en su comunidad de origen o en otro sitio. No es que se cambie de residencia cada día, pero no es irreversible. Podría establecerse también la posibilidad de un periodo adicional de dos años o de cinco, pero si esto tuviese efectos retroactivos abriríamos aquí un melón. Yo no soy partidario de esto porque creo que el sistema ya es flexible y no es totalmente irreversible. Muy a menudo nos encontramos con que personas originarias de una comunidad autónoma han estado trabajando y viviendo en otra durante muchos años y la hora de jubilarse -yo lo estoy viendo mucho en Barcelona- me dicen que se vuelven a su lugar de origen. Es decir, hay movilidad constante.
Al señor Olano he de decirle que ya existe esta posibilidad para el hijo cuando adquiere la mayoría, a partir de los catorce años, pero la propuesta dice simplemente que aumenta el plazo en el que puede optar y en lugar de ser la última vecindad dice la vecindad. Eso me parece lógico y podría estar bien ya que aumenta las opciones de la persona, pero hacer una reforma únicamente por esto no merecía la pena. El núcleo de la cuestión es el artículo 14.5, lo demás es accesorio y yo no soy partidario de esto.
La señora PRESIDENTA: Le agradezco nuevamente su presencia en el día de hoy, señor Ollé.
- DEL ABOGADO Y PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN CATALANA DE ESPECIALISTAS EN DERECHO DE SUCESIONES (PRATDESABA I RICARD). (Número de expediente 219/000296).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la última de las comparecencias del día de hoy, señor Pratdesaba i Ricard, abogado y presidente de la Asociación Catalana de Especialistas en Derecho de Sucesiones, propuesto por el Grupo Parlamentario Mixto.
Señor Pratdesaba, perdón por el retraso porque usted ha sido muy puntual. Cuando quiera tiene la palabra.
El señor ABOGADO Y PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN CATALANA DE ESPECIALISTAS EN DERECHO DE SUCESIONES (Pratdesaba i Ricard): Gracias, señora presidenta, miembros de la Mesa, señoras y señores por haberme invitado a compartir con ustedes esta exposición, este debate al que espero poder aportar algo tras las brillantes intervenciones que me han precedido. Son intervenciones me dan mucha tranquilidad porque la doctora Ginebra ha hecho un seguimiento histórico y teórico del tema que ha sido continuado por el profesor Lasarte, mientras que el notario, señor Ollé, ha introducido un tratamiento más práctico, aunque de nivel.
Estoy aquí en mi condición de abogado en derecho de sucesiones y a la vez presido una entidad constituida por un grupo de trabajo técnico. Es una asociación catalana de derecho de sucesiones que está integrada no solo por abogados, sino también por profesores universitarios, como la doctora Ginebra, además de varios notarios muy relevantes y algunos asesores fiscales. Por tanto es una asociación transversal técnica cuyo objeto es el estudio de las sucesiones. Repito, soy abogado en cuanto a mi actividad personal.
Dicho esto les comento que hemos visto cómo a partir del planteamiento que hace el Parlamento de Aragón, de alguna manera se ha abierto la caja de los truenos y ha quedado en evidencia un cierto conflicto porque esta propuesta está imbuida -y así lo explica el preámbulo de la ley- de la problemática
social aragonesa que es de pérdida de población -y por lo tanto de pérdida de vecinos civiles- y ellos mismos aportan el dato de 100.000 vecinos civiles perdidos; no sé en qué periodo, pero en todo caso una cifra grande. Está claro que esta situación no es la misma en el resto de comunidades y que esta norma que se pretende tiene carácter general y afecta a todos. Tal vez comparto también la visión de alguno de ustedes que ha manifestado la idea de elevar la óptica. Yo, si me lo permiten, la elevaría aún más; y seguramente porque trabajo en Cataluña, donde tenemos una gran presencia de extranjeros comunitarios, yo creo que esto no puede quedar solamente en una cuestión de conflicto a nivel del Estado español, sino que actualmente esto es una visión limitada, aunque en unos sitios más que en otros.
La doctora Ginebra lo ha dicho y a mí también me gusta insistir en que la tendencia general es la residencia y que la ley aplicable y la ley del foro sean lo mismo. Por lo tanto este criterio territorial. Desde este punto de vista y como ya ha anticipado el notario señor Ollé, la propuesta que se nos plantea es completamente revolucionaria porque va en el sentido completamente contrario. Por lo tanto si a mí me preguntan qué me parece esta propuesta que presentan con toda legitimidad las Cortes de Aragón, como primer punto yo diría que va contracorriente. Aparte de abrir una situación que en la práctica supondría que, por ejemplo en Cataluña pero también en cualquier otra comunidad, tendríamos como ghettos -si me permitís llamarlo así-, es decir grupos de personas que están sujetos a derechos personales distintos, con la complejidad y conflictividad que todo esto puede suponer. Yo creo que aunque no hay una identidad entre la vecindad civil y el criterio de la residencia habitual que ya recoge como criterio básico el reglamento de donaciones y sucesiones -y ahora tenemos también el reglamento del régimen económico matrimonial que aún está pendiente de su plena entrada en vigor pero que ya se ha aprobado-, el criterio es claramente el de residencia. Además la normativa española tiene un plus que es el de la residencia durante diez años; porque el reglamento ni siquiera pone un plazo, habla de residencia habitual, sin más. Y habla también de conceptos que son los de más estrecha vinculación: en defecto de "residencia habitual", claramente determinada; en defecto de professio iuris, que es la declaración de la persona sobre qué derecho quiere que rija porque se podría acoger al de la residencia o al nacional; sobre qué derecho, aparte de estos dos criterios, si se puede acreditar será ante un juez, pues se podría aplicar a la sucesión aquella norma que resulte que sea de aplicación según el vínculo más estrecho del causante con esa unidad territorial. Por lo tanto está claro que esa es la tendencia. Y yo me repito, pero sigo diciendo que esta norma que se nos propone va en este sentido contracorriente.
Dicho lo cual, y recogiendo el guante de Joan Carles Ollé hablando de la complejidad de nuestro sistema, yo creo que esto es estupendo porque es un entrenamiento. Es decir en mayor o menor medida pues depende de los territorios -en Cataluña tenemos muchísimas personas procedentes de otros territorios tanto del mismo Estado español como muchísimos extranjeros de comunidades importantes como la alemana, la italiana y la francesa sobre todo, con miles de personas-, para los operadores jurídicos la situación interna del Estado español es un magnífico entrenamiento y hablo de abogados, hablo de notarios, hablo de jueces, que antes de empezar a tratar un asunto hemos de ver, en primer lugar, cuál es la ley aplicable. Yo así se lo digo a mis alumnos: operación número uno, olvidaros de todo y ved aquí qué ley hay que aplicar. Y esto puede ser complicadísimo. Por lo tanto, como es una cosa inevitable, yo no lo veo como una pega sino como una ventaja de lo que sin duda va a venir y para ello los operadores jurídicos debemos estar preparados.
En lo que sí parece que hay un acuerdo entre todos los que me han precedido es en el escaso conocimiento que tienen las personas de qué pasa con su vecindad civil y esta pérdida automática y qué consecuencias tiene. En cuanto a la intervención de Joan Carles Ollé, que me ha precedido y ya lo ha dicho por su experiencia notarial, es decir de las personas que van al notario, yo añadiría que las personas que tienen un problema, que vengan al abogado, y los abogados vemos una amplísima tipología de conflictos. Luego van al notario, pero no todos y aunque es verdad que es muy significativa la experiencia notarial; pero quiero decir que en los despachos vemos aún más cosas. Lo digo también porque el tema de la vecindad civil y de la ley aplicable no es un tema romántico. Flota en el ambiente la idea de que perdemos nuestro derecho, que somos nosotros. Los catalanes también lo decimos; incluso se ha dicho por juristas que es más importante el derecho que la lengua. Pero no es una cuestión romántica. Muchas veces nosotros desde el despacho a la hora de aconsejar un cambio de vecindad civil de manera legal -nada de fraudes-, acogiéndose a la ley, tenemos que pensar que tiene unas consecuencias tremendas en la sucesión, está regido por una ley sucesoria u otra. Por ejemplo, el derecho catalán es un derecho que tiene una amplísima libertad de testar comparado con otros que están vigentes en el territorio español, por no hablar de las legítimas. Por tanto, esa es una cuestión de contenido jurídico y económico, y nosotros
podemos, como abogados, asesorar a una persona para que cambie su vecindad civil, como le podemos asesorar para que haga capitulaciones matrimoniales si le conviene. Esto es absolutamente frecuente a ciertos niveles. Estoy de acuerdo con que aquí nos referimos a la generalidad de la población, pero también hay que distinguir, hay gente a la que no le importará y gente a la que sí. Cuántas veces ocurre que una persona se da cuenta de que su padre perdió la vecindad civil aragonesa o de donde fuera cuando ya ha muerto y no tiene arreglo, o cuando se produce la separación. Entonces se preguntan si es obligatorio que se les aplique, por ejemplo, el derecho civil catalán; esto es lo que veo yo. Sí, porque esto no tiene carácter dispositivo. Por tanto, con todo el cariño para el Parlamento, en cuanto a mi opinión sobre la propuesta, me quedo con todo lo que han dicho mis compañeros y además creo que va contracorriente como frase, como headline.
Se ha planteado por parte de algunos de ustedes una pregunta sobre qué ideas o qué soluciones prácticas podemos tener, y hemos convenido en que el poco conocimiento de la vecindad civil y sus efectos en la vida jurídica y económica de las personas sí es una cuestión a mejorar. Hay que estudiar qué podríamos hacer. En este sentido puedo aportar dos ideas y es lo que pienso hacer. En primer lugar, ya se ha apuntado la posibilidad que la ley ya permite hoy en su actual redacción de que el notario recoja la manifestación de la persona en el sentido de querer mantener o adquirir en menor tiempo la vecindad civil. Estoy de acuerdo, pero hay una cosa que hay que matizar. La manifestación que se hace ante el Registro Civil no es una manifestación, es un expediente. La manera en la que está organizado es lo que hace que aún se aplique menos esta posibilidad. Cuando la gente va al Registro Civil, creen que van allí, recogen su manifestación y se acabó. No, a la gente que va al Registro Civil los encargados le dan un documento donde le dicen todo lo que tienen que llevar. Entonces se abre un expediente, con la documentación más la manifestación, que acaba suponiendo ese válido ejercicio de la opción por parte de este ciudadano, en el sentido de que quiere adquirir más rápidamente o no perder su vecindad civil. Lo digo porque no es suficiente con la manifestación ante notario. La propuesta podría ser -y lo digo en el contexto de que hace muy poco se ha aprobado una reforma de la jurisdicción voluntaria que ha concedido a los notarios muchísimas competencias que eran judiciales, y creo que era una buena oportunidad para haberlo hecho- transferir a los notarios la competencia de recoger en un documento expreso, es decir, no en el contexto de otros sino expreso, la manifestación de voluntad, pero que el notario haga la tramitación con el Registro Civil no solo de la manifestación, sino también de la recogida de documentación necesaria. Creo que esto facilitaría muchísimo la gestión.
Llama la atención en este sentido -y no comparto tanto lo que se ha expresado- que algunas veces, cuando nosotros aconsejamos estos cambios por motivos fiscales, jurídicos o sucesorios, hemos tenido que hablar con los registros civiles, y vemos que la persona que coge el teléfono no tiene ni idea de que exista esa opción. Entonces, después de un par de llamadas, de hablar con el juez, se dirá: adelante, o bien: ¿sabe qué pasa? Que no tenemos ninguna experiencia en este registro civil de nadie que haya venido a hacer esta manifestación. Mi experiencia es más bien catalana -pero hablo no solo de Cataluña, sino de ciudades importantes catalanas y no catalanas-, y no he encontrado a nadie que me haya manifestado nunca este tipo de expediente. Por tanto, aquí algo falla y podríamos pensar en un conjunto de medidas tendentes a que la persona sepa que tiene este derecho de opción, porque el respeto a la voluntad sí que está, lo que pasa es que no se conoce la ley, no se conoce el vehículo, pero la ley sí permite que se pueda ejercer esa opción. Entonces lo que falla aquí es poner en conocimiento del ciudadano que tiene esa opción que no conoce; por tanto, no es que no esté el instrumento, sino que no se conoce.
En este sentido, diría como ejemplo -que a veces viene bien- que en Canadá, en Quebec concretamente, existe una regulación que puede ser interesante al objeto que nos ocupa, que es la de que con motivo del matrimonio -hablo de matrimonio, pero también puede ser de la pareja formal, la convivencia en todas sus modalidades-, se exige con carácter previo a los contrayentes una pequeña formación que consiste no solo en las obligaciones que contraen derivadas del propio vínculo, entendiendo el matrimonio como contrato, sino también las relativas a su régimen económico matrimonial y la posibilidad de cambiarlo mediante el otorgamiento de unas capitulaciones, según se haga en cada caso. Por tanto, nos encontramos que en un momento relevante de la vida de las personas, normalmente cuando las personas son mayores de edad, un momento en el que vas a hacer una cosa importante en tu vida, la ley aprovecharía ese momento para darte una formación básica sobre esta materia. Esta legislación de Quebec me ha parecido interesante y oportuna y nos puede servir de ejemplo.
Con esta pequeña aportación, y dada la hora que es, finalizo aquí. Les agradezco su atención.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pratdesaba.
Por el Grupo Mixto, señora Ciuró.
Simplemente quiero agradecerle su comparecencia y reivindicar una vez más que la práctica profesional del día a día nos aporta muchísima luz también a la hora de poder legislar de forma adecuada.
Señor Pratdesaba, muchas gracias por su exposición. Usted ha acabado trayendo a colación el ejemplo de Quebec, que está encuadrado en un Estado donde la pluralidad de regímenes jurídicos es tan grande como un sistema anglosajón en la mayoría de Estados y un sistema basado en un código civil, que es el de la provincia de Quebec. Esta situación, nos guste o no nos guste, es la que tenemos a día de hoy en España, porque -y vuelvo al argumento que he sacado antes a colación- la redacción política que no jurídica -con valor jurídico, pero sobre todo política- que tienen los títulos competenciales atributivos de los artículos 149 y 148 de la Constitución lo que ha acabado determinando es que en numerosos territorios del Estado al final la expansión del derecho civil haya sido prácticamente ilimitada, mientras en otros está reducida a cero. Esto es un problema del redactado de la Constitución que a lo mejor en algún momento tendremos que plantearnos cambiar y hacer algo más racional, pero no me quiero extender tanto.
Centrándonos en el caso que nos ocupa aquí, usted ha indicado que de salir adelante esta propuesta nos encontraríamos posiblemente con la existencia en diversos territorios de auténticos guetos poblacionales sometidos a otra normativa. En el caso valenciano esto es más que evidente, somos 5 millones de habitantes, de los cuales un 20 % de la población ha venido de fuera en los últimos diez o quince años, y además tenemos una gran cantidad de población extranjera residiendo, pero muchos de ellos son antiguos españoles que se nacionalizaron fuera y vuelven para concluir sus días residiendo aquí y, por tanto, el problema que tenemos es muy grande, es un problema muy grande. Desde luego el avance en la territorialidad es algo que nos tenemos que plantear porque, como he dicho antes, el entreveramiento o el entrecruzamiento de títulos competenciales entre lo que es propiamente civil y lo que es cuestión administrativa o de otros ámbitos hace que el despliegue de la acción de los poderes públicos no sea eficaz si no se les puede dejar legislar sin atender a etiquetas más bien dogmáticas de lo que es derecho civil estrictamente o lo que es derecho administrativo estrictamente.
Por tanto, le agradezco que haya incidido en esta cuestión y entiendo, como es usted el último compareciente, que nos deja un poco con la necesidad de volver a tratar estos asuntos, al haber puesto el acento en que cuando acabe el debate sobre esta proposición de ley posiblemente en esta Comisión tengamos que volver a la carga con estas cuestiones de convivencia de diversos ordenamientos jurídicos en España.
La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias presidenta.
Únicamente quiero agradecer al compareciente su intervención y esta visión también muy práctica de lo que es la aplicación en este caso de los preceptos que pretenden ser modificados, una visión a futuro que es interesante que debamos plantearnos.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, señor Prendes.
Quiero dar las gracias al compareciente por su visión práctica de la cuestión. Estoy de acuerdo con usted en que los abogados en la aplicación práctica del derecho somos seguramente los que tenemos un mayor conocimiento directo de los problemas que pueden dar lugar a algunos cambios normativos, y en ese sentido le quería hacer una pregunta.
Usted ha dicho -siguiendo la línea del anterior compareciente- que quizá se podría flexibilizar el otorgamiento de esa manifestación de voluntad atribuyendo la competencia a los notarios e incluso haciéndoles también partícipes en la tramitación del expediente ante el Registro Civil. Quería preguntarle si considera que para ese cambio -que entiendo que es el único cambio que usted entendería justificado- estaría justificada una modificación o un cambio en el título preliminar del Código Civil, como se plantea aquí, simplemente para conseguir el avance al que usted está haciendo referencia.
Muchas gracias por sus aportaciones y por haberlas hecho a tan altas horas de la tarde.
El señor MOYA MATAS: Gracias, señora presidenta. Moltes gràcies, senyor Pratdesaba.
Básicamente quisiera centrar la atención en dos de los puntos de su brillante y eminentemente pragmática exposición, que nos ha sido muy útil. Por un lado, le agradezco haber utilizado un lenguaje tal vez no muy políticamente correcto al hablar de gueto. Este es un concepto que lo tenemos presente pero que tal vez no nos hemos atrevido a verbalizarlo hasta esta última comparecencia. Es cierto que la modificación que se propone y que estamos tratando daría clara preeminencia a la transmisión de la vecindad civil a través del ius sanguinis, y eliminar el artículo 14.5.2 supondría la guetización -si es que existe este neologismo, que confío en que no- y la formación de estas comunidades, anomalías en realidad distintas a la tendencia de dar preeminencia al criterio de la territorialidad. Creo que la expresión, insisto, a pesar de que no es políticamente muy correcta, sí es una buena fotografía de aquello a los que nos llevaría la propuesta.
Por otro lado, también quiero agradecerle el hecho de que nos haya hecho una propuesta en positivo. Nos ha recordado que no es suficiente con una manifestación de la voluntad sino que en realidad se necesita la formación de todo un expediente, y como procurador también le agradezco que haya recordado que se trata de una gestión procesal necesaria en la vida civil. Asimismo, está la propuesta de dar competencias a los notarios para que sean ellos también protagonistas de esta acción. Por tanto, sencillamente le agradezco su comparecencia, sus manifestaciones y sobre todo estos dos capítulos de su intervención que me han parecido especialmente relevantes y útiles.
Por el Grupo Socialista, señor Galeano.
Señor Pratdesaba, me uno al agradecimiento y a la consideración que han tenido el resto de portavoces en cuanto a la brillantez de su exposición y, como decía ahora mismo el portavoz de Unidos Podemos, a la aportación positiva que ha hecho al debate.
Me gustaría hacer un matiz -y vuelvo a incidir en lo mismo, como en manifestaciones anteriores que he realizado-, y es que usted habla del desconocimiento, cuestión que ha sido transversal a todas las comparecencias y a todos los portavoces aquí presentes. El desconocimiento implica quizá que este no sea un tema importante para el sentir de la ciudadanía o que al menos en su día a día este asunto no le cause preocupación, como ya hemos manifestado también en otras ocasiones, pero, al mismo tiempo, nos está indicando que, por ejemplo, la cuestión sucesoria es un tema fundamental que genera unas consecuencias trascendentales en función de una adopción u otra. Quiero decir que hay algo que me chirría.
Pongo el ejemplo de una persona que desconoce el asunto y se enfrenta después a un problema en el momento de testar, y en ese momento se le dice: Elija usted entre esto y esto, lo cual tiene sus consecuencias. Pero a ese mismo individuo no se le puede decir: Váyase usted a vivir a Jerez o a Zaragoza, esté dos años allí y entonces otra vez podrá recuperar la vecindad. A mí eso me chirría, porque al final lo que estamos diciendo es: Su voluntad no vale, esto es lo que hay y fíjese lo que podría haber sido si hubiese tomado otra opción. Quiero hacer valer esa contradicción y, al mismo tiempo, hay algo que no llego a comprender respecto al tema de la inseguridad jurídica, debe ser la espesura de la tarde.
Tal y como se articula en el Código Civil, si una persona manifiesta antes de dos años que quiere conservar su anterior vecindad, puede vivir en un territorio con otra vecindad diferente. A día de hoy tenemos esos casos. Si los demás por conocimiento la pueden recuperar y esto no ha generado ninguna inseguridad jurídica, ¿por qué genera inseguridad jurídica que esa persona recupere su vecindad civil anterior? Eso es algo que no acabo de comprender y sobre lo que le pregunto qué consecuencias tiene y cómo podemos paliar la contradicción que usted comentaba.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Galiano.
Señor Molinero, por el Grupo Parlamentario Popular.
El señor MOLINERO HOYOS: Buenas tardes, bienvenido y muchísimas gracias por sus interesantes aportaciones, fundamentalmente desde el punto de vista de la abogacía y, entre colegas, le agradezco muchísimo la opinión que ha dado sobre este particular, un tema muy importante porque estamos hablando de la reforma del artículo 14 del Código Civil, con unos efectos trascendentales para millones de personas.
Desde que se planteó la proposición de ley me surgieron varias dudas. Las primeras fueron sobre los criterios de necesidad, de adecuación y de eficacia de la misma. Después de escuchar a todos los intervinientes, tanto en el día de hoy como en el anterior, se llega a la consideración de que va por caminos -como muy bien se dice- contrarios a la actualidad. Es decir, se trata de la conservación del estatuto por nacimiento frente al de residencia. Ese es el primer hándicap que estamos teniendo en cuanto a la valoración de esta proposición de ley. Pero, además, yo le preguntaría si la reforma que se acomete precisaría también de la reforma de otra de las normas o preceptos del Código Civil y del Registro Civil. Una tercera pregunta sería si esta reforma produciría un conflicto regional porque, como todos sabemos, no tenemos un derecho interregional que pueda regular esas situaciones conflictivas que puedan surgir.
Otro de los temas sobre los que me gustaría preguntarle, sería el principio de irrevocabilidad contenido en la disposición transitoria de la proposición de ley. Es curioso que se hable de la no revocación de la vecindad una vez que se ha prestado a la declaración, cuando resulta que la base fundamental de la misma es el principio de autonomía de voluntad. Sin embargo, cuando se toca el tema y se dice que la opción se ejercita, deja de ser revocable.
Pero hay un tema que me ha llamado muchísimo la atención como argumento de la proposición de ley. Tengo una duda que me gustaría que me aclarase sobre si aumentar el plazo que establece la disposición transitoria a cinco años sería la solución. Yo me niego a considerar que se pierde una vecindad por descuido -me niego-, porque si es por descuido, si es porque la persona no tiene información, no hace falta modificar un texto legal como este con las consecuencias que tiene para el resto del territorio nacional. Bastaría un formato de información a todas las personas que no quieran perder la vecindad sin necesidad de acudir a esto. Por tanto, creo que no es un descuido sino que podría interpretarse también como una decisión, como una voluntad de la persona que está residiendo en un lugar de permanecer con esa residencia y en esa vecindad. ¿Por qué? Porque lo lógico es que una persona que reside en un sitio quiera integrarse, quiera arraigarse en dicho lugar tanto familiar, como social y culturalmente.
Por tanto, mi pregunta es: ¿cree que los interesados han perdido su vecindad por descuido o existe otro trasfondo a esa proposición de ley? Le preguntaría también si no bastaría, en caso de que se tratara de un descuido, con un programa informativo intenso que enseñe desde el colegio a los niños que no hay que perder la vecindad civil, es decir, de alguna manera mentalizar, como se les están mentalizando en otros muchos temas actualmente.
Esas son mis preguntas que me gustaría respondiera.
Señor Pratdesaba, su última intervención.
El señor ABOGADO Y PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN CATALANA DE ESPECIALISTAS EN DERECHO DE SUCESIONES (Pratdesaba i Ricard): Recogiendo el guante que me lanza, creo que en la formación del bachillerato tendría que haber una asignatura de cultura jurídica básica y financiera. Tú no puedes llegar a la universidad sin saber lo que es un contrato de arrendamiento o de trabajo o lo que es una hipoteca. Ya se están viendo las consecuencias de esta ignorancia. He comentado cómo se ha hecho en Quebec, que es un sistema con diferencias pero con el que hay relación. Se aprovecha el hecho del matrimonio para imprimir una formación básica obligatoria a los contrayentes previamente. Hay que
buscar esa manera. Al final son verdad varias cosas a la vez. Eso es lo que pasa siempre. No es que sean contradictorias, es que unas y otras hay que matizarlas. Realmente hay ignorancia en este tema, es verdad.
También le diría que en la práctica de los abogados, que es mi oficio, este tema de la vecindad civil es relevante cuando hay que asesorar. Si tú no tienes nada, no hace falta asesorar en nada. No sé si me explico. Cuando hay patrimonios medios o grandes esta cuestión es tan importante que se coloca por delante de muchas otras. Se está asesorando por parte de asesores fiscales -yo no me meto- para cambiar la vecindad civil o la residencia a personas físicas y jurídicas. Esto creo que es un hecho. Lo que pasa es que aquí nos referimos a la generalidad de la población. Creo que la norma que ustedes impulsan nace por una situación aragonesa, y así lo explican muy bien en el preámbulo, pero luego es de aplicación general. Yo digo dos cosas: una, esto es cambiar -coincido con el notario- radicalmente el paradigma, con lo cual, si me permiten, sin entrar en el matiz, considero que es contradictorio el último apartado de la irrevocabilidad cuando después se apela a la autonomía. Creo que la cuestión básica es que este es un cambio radical, pasar de un criterio a otro y contra lo que es la corriente general no ya española, sino europea, que con matices va por otro lado.
Si esto lo aplicamos a la generalidad de los ciudadanos, que es de lo que se trata aquí -porque lo que se modifica no es una ley aragonesa, sino que ustedes tienen iniciativa para promover una ley estatal en base al sistema de reparto de competencias-, en Cataluña habría -lo digo porque es así- cien mil personas sujetas al derecho aragonés, veinte mil al navarro y doscientas cincuenta mil al gallego, pero es que además tenemos no sé si ochenta mil italianos, cuarenta o cincuenta mil franceses y más o menos treinta mil ingleses. El problema es este, no solo del señor de Murcia que va a Barcelona. Tenemos una población comunitaria enorme, por poner el ejemplo en Cataluña, y ya no hablo de extracomunitaria. En este contexto habría que decir grupos humanos sujetos a una ley personal distinta. A lo mejor me he lanzado y he hablado de guetos. Me sabe mal si alguien se ha podido ofender, no iba por aquí, sino grupos humanos dentro de una comunidad al margen de las normas que esa comunidad se ha dado y con un sistema de autorregulación que implicaría casi abogados especializados. Si la comunidad es bastante grande da para eso. A lo mejor tendría sentido tener en Cataluña abogados especialistas en derecho aragonés, o notarios con más práctica que otros en derecho aragonés o gallego. De hecho ya hay notarios que están especializados en derecho alemán en los sitios de más confluencia turística. La situación interna española nos sirve como entrenamiento, pero hay muchos notarios en algunas zonas que ya tienen un gran entrenamiento de este tipo de situaciones complejas desde el punto de vista de la ley aplicable y hay algún notario de ciudades de costa, reconocido como especialista cuando hay determinados asuntos: hay un ruso que ha muerto; pues llama al notario de tal población. Y sí, lo sabe y lo arregla. Por tanto, lo que tenemos aquí es un entrenamiento.
Creo, porque es una hipótesis, que de la aplicación general del sistema que ustedes proponen, que es un cambio radical -o es territorial o es personal, y ustedes van al personal; lo digo por resumir-, las consecuencias a largo plazo serían un aumento de la inseguridad jurídica y que se crearían grupos humanos en los territorios sometidos a diferentes leyes personales. Esto aumentaría la conflictividad y además va contra la corriente general del derecho civil, de los críticos del derecho civil europeos. Esta es mi opinión.
Había otro tema, el tema de la ley y el reglamento, si eran necesarias las reformas. Creo que ya se ha dicho que con la actual redacción el notario ya podría ser competente. En todo caso, tampoco me parece tan grave hacer una modificación dejando que lo fuera explícitamente, hablando del notario. Repito, hace muy poco que tenemos aprobada la Ley de Jurisdicción Voluntaria después de años de retraso y se les ha conferido a los notarios un montón de competencias que eran judiciales. Esta también la podían tener. Pero ya he aclarado que no es solo la manifestación, sino que eso implica también un expediente. Por tanto, creo que esto sería muy práctico y si hay que hacer reformas de la ley y el reglamento del Registro Civil y del reglamento notarial o lo que sea, estaría bien y podríamos ganar en la utilización práctica de este derecho que tienen los ciudadanos a optar en estos casos, lo cual no quita que hay un desconocimiento grande por parte de la gente de la relevancia de la vecindad civil, de las consecuencias que tiene y de su existencia misma. Creo que esto existe también.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pratdesaba, y más a estas horas. Le deseo que tenga una buena comida, que se lo merece.