Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-III/2013/as201321006L.html
Timestamp: 2019-03-22 10:36:41
Document Index: 165072961

Matched Legal Cases: ['artículo 87', 'artículo 1453', 'artículo 253', 'artículo 250', 'artículo 258', 'artículo 42']

as201321006L
Auto Supremo: Nº 6
Sucre: 21 de febrero de 2013
Expediente: SC-8-08-S
Proceso: Acción negatoria, reivindicación y otros
Partes: Pedro Rivera Quintela c/ Freddy Honor Arana y otros
VISTOS: El recurso de casación en el fondo interpuesto por Antonia Quispe Escobar y Rafael Alabi Véliz, cursante de fojas 701 a 703; el recurso de casación en el fondo interpuesto por Mario Véliz Coca, Rafael Alabi Véliz y Mario Rivera Avendaño cursante a fojas 705 a 707; el recurso de casación en el fondo interpuesto por María Hilda Gonzales Vda. de Villarrooel cursante a fojas 710 a 712; el recurso de casación en el fondo interpuesto por Pedro Rivera Quintela cursante de fojas 716 a 719, todos contra el Auto de Vista de 10 de septiembre de 2007, pronunciada por la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior de Justicia de Santa Cruz, en el proceso ordinario de acción negatoria, reivindicación, desocupación, mejor derecho propietario, pago de daños y perjuicios, cancelación por 36 meses de alquiler no pagados, daño emergente y lucro cesante, seguido por Pedro Rivera Quintela en contra de Freddy Honor Arana y otros; los antecedentes del proceso , y ;
CONSIDERANDO: Que, mediante sentencia saliente de fojas 643 a 647 de obrados, pronunciada por el Juez de Partido Sexto en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, se declaró improbada la demanda principal, incoada por Pedro Rivera Quintela, en lo que respecta a las pretensiones de acción negatoria, reivindicación, mejor derecho propietario, desocupación, lanzamiento, pago por concepto de alquiler y pago de los perjuicios ocasionados e improbada la reconvención planteada por Hilda Gonzáles Vda. de Villarroel, Ricardo Galarza Marquel, Rafael Alavi Galvis y Julio Cesar Gonzales Ureña, respecto a la pretensión de validez del contrato de antícresis, devolución del dinero recibido, pago de mejoras introducidas en el terreno, pago de servicios instalados y pago de daños y perjuicios, sin costas en primera instancia por ser proceso doble.
Que, en grado de apelación interpuesto por Pedro Rivera Quintela, cursante de fojas 652 a 656, la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior de Justicia de Santa Cruz, por auto de vista de 10 de septiembre de 2007 cursante de fojas 695 a 696, anula obrados hasta el auto de admisión de fojas 57 inclusive y dispone que la parte demandante rectifique y reformule su demanda conforme al procedimiento extrañado.
Contra el referido Auto de Vista, se han interpuesto los siguientes recursos de casación:
1) Los recursos de casación en el fondo de Antonia Quispe Escobar y Rafael Alabi Véliz, cursante de fojas 701 a 703; de Mario Véliz Coca, Rafael Alabiy Mario Rivera Avendaño cursante de fojas 705 a 707, y la de María Hilda Gonzales Vda. de Villarroel cursante de fojas 710 a 712; los mismos que con redacción idéntica, efectúan una relación de la causa, citan disposiciones procedimentales y concluyen aseverando que la Ley 1770 concede facultad a los jueces para corregir los defectos procesales pero no el derecho de fondo, por lo que la Sala Civil Segunda al haber anulado obrados habría actuado ultra petita; que sólo podía anular obrados faltando alguna diligencia o trámite declarados esenciales, falta expresamente penada con nulidad por ley y que dentro del auto anulatorio debió ordenarse la modificación en el término de 72 horas desde la notificación, bajo apercibimiento de tenerse por no presentada la demanda; finalmente acusando que el tribunal ad quem no habría interpretado y aplicado correctamente los artículos 332, 333 y 353 del Código de Procedimiento Civil, formulan recuso de casación EN EL FONDO, y piden que se case el auto de vista Nº 398/07 y se confirme la sentencia Nº 67/06.
2) El recurso de casación en el fondo, interpuesto por Pedro Rivera Quintela, cursante de fojas 716 a 719, en el cual el recurrente se queja sobre la nulidad dispuesta por el tribunal Ad quem, manifestando su sorpresa de que el Tribunal de apelación no haya anulado obrados hasta fojas 54 en la primera vez que el proceso radico en su Sala, cuando dictaron el Auto de Vista anulatorio de fecha 12 de agosto de 2003, de fojas 366 dejando pasar 4 años para ahora observar que no debería ser un proceso ordinario sino un proceso de desalojo; que no pueden sanear el proceso de nuevo porque después de efectuar el saneamiento del proceso mediante Auto de Vista cursante a fojas 366, por no haberse notificado con la apertura del término probatorio a todos los demandados, ya que con este saneamiento dieron por válida la competencia del juez inferior; acusa al tribunal ad quem de violar los artículos 2, 88 del Código de Procedimiento Civil, también de haber efectuado una aplicación indebida e interpretación errónea del artículo 87 del Código de Procedimiento Civil y de incurrir en contradicciones inverosímiles, de efectuarse una interpretación errónea e indebida del artículo 1453 del Código Civil, ya que su persona, como propietario de su inmueble, tiene el derecho de reivindicarla de sus detentadores y que con ese injusto Auto de Vista están desprotegiendo su derecho, y que ha demandado reivindicación porque desconoce el paradero de muchos de los inquilinos, que hace tiempo rompió relación contractual con ellos y que el contrato de alquiler era sólo por un año y porque el proceso está dirigido también contra subinquilinos; finalmente invocando el artículo 253 inc. 1) y 2), entre otros, pide que se case totalmente el auto de vista, “declarando probada su demanda” de fojas 54, 55 y 56.
CONSIDERANDO: Que la jurisprudencia sentada por este Tribunal, estableció de manera reiterada, que el recurso de casación constituye una demanda nueva de puro derecho, utilizada para invalidar una sentencia o auto definitivo en los casos expresamente señalados por ley pudiendo presentarse como recurso de casación en el fondo o recurso de casación en la forma, según se trate de errores injudicando en el primer caso o de errores in procedendo en el segundo; sin que exista óbice alguno para que ambos recursos se interpongan al mismo tiempo, conforme establece la norma prevista por el artículo 250 del Código de Procedimiento Civil. En este marco y dada la naturaleza jurídica de cada acción extraordinaria, los fundamentos que se expongan respecto de cada uno de ellos, deben estar adecuadamente diferenciados, de modo tal, que el Tribunal Supremo, lo considere en el efecto correspondiente.
Por otro lado, y considerando siempre la naturaleza jurídica de los recursos extraordinarios descritos, es menester precisar que los fundamentos de los recursos deben ser pertinentes; ya que a través del recurso de casación en el fondo, no se pueden analizar aspectos o denuncias relativas a la existencia de errores in procedendo o violaciones en las formas esenciales del proceso, cuyo análisis y resolución corresponde al recurso de casación en la forma; ni viceversa, es decir, analizar aspectos concernientes al recurso de casación en el fondo -cuya materia es el análisis de los errores in judicando- a través del recurso de casación en la forma.
En el caso en examen, tanto los recursos de casación en el fondo de los demandados Antonia Quispe Escobar y Rafael Alabi Véliz, de fojas 701 a 703; de Mario Véliz Coca, Rafael Alabiy Mario Rivera Avendaño, de fojas 705 a 707; y de la demandada María Hilda Gonzales Vda. de Villarroel, de fojas 710-712, incurren en los mismos defectos; pues igualmente interponen recurso de casación en el fondo contra el auto de vista anulatorio de obrados; lo cual es incorrecto, pues merced a la nulidad dispuesta por el Tribunal Ad quem, éste no se pronunció sobre el fondo del litigio, de lo cual resulta que no existe decisión de segundo grado que pueda atacarse a través de la casación en el fondo, como lo hacen indebidamente en sus respectivos recursos los demandados. Si los recurrentes consideran que la nulidad dispuesta por el auto de vista impugnado es ilegal, correspondía que lo impugnen interponiendo recurso de casación en la FORMA para permitir que el Tribunal Supremo verifique si la nulidad dispuesta por el tribunal Ad quem se encuentra conforme a las previsiones legales adjetivas de la materia. La Corte Suprema al resolver casos similares, se pronunció en sentido de que, al no existir apelación resuelta, no puede caber recurso de casación en el fondo, correspondiendo la casación contra el auto anulatorio sólo por la forma. La falta de prolijidad de los recursos de casación examinados, es tan notaria que terminan pidiendo, respectivamente, nada menos que el tribunal Supremo, confirme la sentencia de primera instancia; olvidando el recurrente que el tribunal Supremo de Justicia no es un juez de primera instancia y que el recurso extraordinario de casación es una demanda de puro derecho.
El recurso de casación en el fondo del demandante Pedro Rivera Quintela, cursante de fojas 716 a 719, incurre también en el defecto de interponer recurso de casación en el fondo contra el Auto de Vista anulatorio de obrados, sin tomar en cuenta que el tribunal ad quem, al haber anulado obrados, no se pronunció sobre el fondo, por lo que contra dicho auto procedía el recurso de casación en la forma, en el caso de que el actor considere que la nulidad dispuesta contraviene normas procedimentales; pues no existiendo sentencia de segundo grado no era posible interponer recurso de casación en el fondo, el cual es idóneo, como se tiene dicho, para impugnar resoluciones de instancia en las que se ha incurrido en error in judicando; es decir en resoluciones en las que ha existido pronunciamiento sobre el fondo del asunto, lo cual no ha sucedido en el caso de autos; por consiguiente el recurso de casación del demandante también deviene en defectuoso.
Por lo expuesto, los recurrentes, al no haber cumplido con lo previsto por el numeral 2) del artículo 258 del Código de Procedimiento Civil, corresponde fallar conforme a lo dispuesto por los artículos 271 numeral 1) y 272 numeral 2) del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el parágrafo I numeral 1) del artículo 42 concordante con la disposición Transitoria Octava de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación de lo dispuesto por los artículos 271 numeral 1) y 272 numeral 2) del Adjetivo Civil, declara IMPROCEDENTES los recursos de casación en el fondo, cursante de fojas 701 a 703, interpuesto por Antonia Quispe Escobar y Rafael Alabi Véliz; el recurso de casación en el fondo de fojas 705 a 707, interpuesto por Mario Véliz Coca, Rafael Albis y Mario Rivera Avendaño; el recurso de casación en el fondo de fojas 710 a 712, interpuesto por María Hilda Gonzáles Vda. de Villarroel y el recurso de casación en el fondo de fojas 716 a 719, interpuesto por Pedro Rivera Quintela, con costas.
Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 500, que mandará hacer efectivo el Juez a quo.
Libro Tomas de Razón 6/2013