Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-I/2006/as200621249.htm
Timestamp: 2020-04-01 10:55:06
Document Index: 166810877

Matched Legal Cases: ['artículo 16', 'artículo 15', 'artículo 127', 'artículo 357', 'artículo 197', 'artículo 236', 'artículo 227', 'artículo 252', 'artículo 58']

200611-Sala Civil-1-249
AUTO SUPREMO N° 249 Sucre, 13 de noviembre de 2006
DISTRITO : La Paz PROCESO: Ordinario - Mejor derecho de propiedad .y otros.
PARTES : Jaime Clemente y otra c/ Francisca Cortez Sánchez. y otros.
VISTOS: Los recursos de nulidad o casación de fs. 532-533, deducido por Francisca, Rodolfo, Valentina y Elsa Dominga Cortez Sánchez; de fs. 534-537, deducido por Jaime Clemente Olivares y Esther Tito de Clemente y de fs. 546-547 deducido por el representante del Gobierno Municipal de La Paz, contra el Auto de Vista No. 580 de 6 de diciembre de 2003, cursante a fs. 529-530, pronunciado por la Sala Civil Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso ordinario sobre mejor derecho de propiedad, acción negatoria, reivindicación, cancelación de partida y pago de daños y perjuicios, seguido por Jaime Clemente y Esther Tito de Clemente contra los nombrados en el primer recurso de casación, los antecedentes procesales, y:
CONSIDERANDO: Que el 14 de octubre de 2002, el Juez Segundo de Partido en lo Civil de La Paz, pronunció la sentencia No. 446, cursante a fs. 493-496 vta., declarando probada la demanda de fs. 32 a 42 y la tercería coadyuvante de fs. 109 a 112 e improbada la reconvención de fs. 89-95.
En apelación deducida por los perdidosos, la Sala Civil Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, mediante auto de vista No. 580, de 6 de diciembre de 2003, anuló obrados hasta fs. 492 vta., disponiendo que se remitan obrados en vista fiscal para el dictamen de fondo previo al pronunciamiento de la sentencia.
En tal virtud, los demandados plantearon recurso de nulidad o casación a fs. 532-533, acusando la infracción de los artículos 127 y 50 en relación con el 397 del Código de Procedimiento Civil, porque la Fiscal no fue notificada con la demanda de tercería de dominio excluyente planteada por la H. Alcaldía Municipal. Asimismo acusa que se citó con la demanda a Silvia Cortéz sin que sea parte del proceso y que no se citó a Silveria Valentina Cortez que sí es codemandada, infringiendo el artículo 16 de la Constitución Política del Estado. En base a estos argumentos solicita se anulen obrados hasta la citación con la demanda a Silveria Valentina Cortez Sánchez.
En el recurso de casación interpuesto por los demandantes, acusan la errónea interpretación de los artículos 127 y 197 del Código de Procedimiento Civil para determinar la nulidad de obrados, porque no era necesario el pronunciamiento de la fiscalía en el presente caso por cuanto la H. Alcaldía Municipal de La Paz actúa como demandante. En tal virtud solicitan se deje sin efecto el auto de vista impugnado disponiendo que el ad quem pronuncie otro resolviendo las apelaciones formuladas.
A fs. 546-547, el Gobierno Municipal de La Paz interpuso recurso de casación en el fondo acusando interpretación errónea de los artículos 127 y 197 del Código de Procedimiento Civil, en cuya virtud solicitó la anulación del auto de vista debiendo quedar firme y subsistente la sentencia de primera instancia.
CONSIDERANDO: Que, así expuestos los fundamentos de los recursos, corresponde resolver los mismos no solo en base a los hechos y normas acusadas como infringidas, sino, haciendo uso de la facultad conferida por el artículo 15 de la Ley de Organización Judicial.
En ese orden tenemos que el tribunal ad quem, procedió a la anulación de obrados bajo el argumento de que el a quo no dio cumplimiento a lo previsto por los artículos 127 y 197 del Código de Procedimiento Civil; empero, de la revisión minuciosa de obrados en contraste con las normas citadas, se advierte que no existe tal infracción puesto que el artículo 127 del citado adjetivo civil, dispone que cuando el Estado fuere el demandado, será citado en la persona del fiscal y el jefe de la repartición correspondiente. En la especie, el Gobierno Municipal de La Paz no tiene el estatus jurídico de demandado sino de demandante en virtud a la tercería coadyuvante que interpuso a fs. 109-112 y a lo dispuesto por el artículo 357 del procedimiento de la materia, que dice que el tercerista coadyuvante se reputará como una misma persona con el litigante principal, es decir, con el demandante. Además, no se puede soslayar el hecho de que si bien es cierto que el representante del Ministerio Público no formuló su dictamen antes de sentencia, no es menos evidente que fue notificado con el caso sub lite antes del pronunciamiento de la misma, así se evidencia de la lectura del dictamen de fs. 298 de obrados.
Por su parte, el artículo 197 del Código de Procedimiento Civil, establece que todas las sentencias dictadas contra el Estado o entidades públicas en general, deberán ser remitidas de oficio en consulta ante el superior en grado, sin perjuicio de la apelación que pudiere interponerse. En ese orden de cosas, la sentencia de primer grado no constituye un fallo en contra del Estado boliviano, en todo caso, las decisiones ahí asumidas son favorables a las pretensiones del Gobierno Municipal de La Paz que, como se tiene dicho, actuó dentro del proceso de marras como tercerista coadyuvante, aspecto erróneamente considerado por el ad quem, que anuló obrados porque el a quo no dispuso la remisión de la sentencia en consulta.
En definitiva, se infiere que la nulidad dispuesta por el tribunal de segunda instancia es indebida, puesto que no existe vicio procesal que amerite tal hecho conforme se ha expuesto supra, máxime si se considera que a efectos de disponer la nulidad, se debe tener presente principios doctrinales de vital importancia como el de especificidad, perjuicio, trascendencia, protección y preclusión, entre otros, en cuya virtud no se debe disponer la nulidad por la nulidad misma, ya que ello afecta al trámite del proceso por cuanto se viola el principio de economía y celeridad procesal.
En este contexto, la competencia del tribunal de alzada esta definida por lo determinado en el artículo 236 del Código de Procedimiento Civil, en relación a lo establecido por el artículo 227 del mismo cuerpo legal, lo que nos lleva a concluir que el Tribunal de alzada debió resolver los recursos de apelación planteados contra la sentencia de primera instancia.
Consiguientemente, siendo evidentes las infracciones que interesan al orden público, corresponde aplicar lo previsto por el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil. Lo que exime al Tribunal Supremo de hacer un análisis de los recursos de casación en forma individual.
POR TANTO: La Sala Civil de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación, de acuerdo con el dictamen fiscal de fs. 556-557, con la facultad conferida por el artículo 58.1) de la Ley de Organización Judicial, ANULA obrados hasta el sorteo de fs. 528 inclusive, disponiendo que el Tribunal Ad quem sin espera de turno y previo sorteo, pronuncie nuevo auto de vista conforme a los argumentos expuestos en el presente fallo.
Proveído : Sucre, 13 de noviembre de 2006.