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Timestamp: 2018-05-24 04:24:18
Document Index: 155241466

Matched Legal Cases: ['artículo 301', 'artículo 99', 'artículo 304', 'artículo 168', 'artículo 269', 'artículo 301', 'in fine', 'artículo 300', 'artículo 301', 'artículo 300', 'artículo 28', 'artículo 24', 'artículo 301', 'artículo 301', 'artículo 302', 'artículo 302', 'artículo 301']

La Desestimación | DerechoVenezolano.Com
Publicado: marzo 20, 2012 en DERECHO PENAL
La desestimación, es, si se quiere, una institución que dentro de nuestro proceso penal no ha tenido mayores complicaciones. Fundamentalmente, son apenas dos artículos dispuestos en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) que regulan todo lo concerniente al tema.
Como bien es sabido, el Ministerio Público es el órgano del Estado encargado de ejercer la acción para perseguir la comisión de hechos antijurídicos previstos en la ley como punibles, una vez haya tenido conocimiento del mismo, bien sea a través de la denuncia, querella, o de oficio (esto es, por cualquier otra vía: noticia de prensa, llamada telefónica, etc.). Cuando el representante fiscal reciba la denuncia o querella se encontrará en la obligación de realizar los trámites correspondientes para dar respuesta a la solicitud presentada. Sin embargo, no todo hecho que le sea comunicado supone el inicio de el inicio de la fase preparatoria en el procedimiento ordinario. Cuando éste sea el caso, en que el fiscal se vea impedido para realizar la una investigación penal, se manifestará la desestimación.
La desestimación es una resolución judicial emitida por el Juez de Control, que previa solicitud y opinión del Ministerio Público, resuelve no haber lugar al inicio del procedimiento ordinario, en vista de que la denuncia o querella no reúne las condiciones fácticas o jurídicas que permitan al fiscal instruir la fase de investigación criminal, bien porque no tiene atribuciones para iniciarla o continuarla, o persiste un impedimento legal.
La propia naturaleza de la desestimación revela que la misma tiene lugar en un momento anterior a la fase de investigación penal – salvo lo dispuesto en el único aparte del artículo 301 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) – pues al iniciarse el proceso de indagación se estaría hablando de actos de investigación, que corresponden propiamente a la fase preparatoria del procedimiento ordinario, y que se concluye ya no con la desestimación, sino con la realización de un acto conclusivo.
Por ello, inicialmente, nos referíamos a que el representante fiscal tiene la obligación de realizar un pronunciamiento formal una vez haya recibido los escritos de denuncia o querella, teniendo a su alcance únicamente dos alternativas: aperturar una investigación penal, o solicitar, ante el Juez, la desestimación.
La desestimación reviste una gran importancia pues, como lo asegura ERIC SARMIENTO, funge como elemento depurativo del proceso penal. No obstante, debido a las consecuencias que produce, impidiendo la realización de una investigación formal, su aplicación esta subordinada a las exigencias legales previstas en nuestra ley adjetiva penal.
Algunos autores, como RIONERO y BUSTILLOS, apelan por la desaplicación de la figura de la desestimación, por cuanto ella, según su criterio, no aporta mayores ventajas ni para el afectado del delito ni para el imputado, y que por sus efectos no tiene lógica alguna. Particularmente, no comparto las disertaciones expuestas por los referidos autores; en cambio, defiendo su existencia, pues la práctica ha demostrado no sólo su común utilización, sino también su efectividad para la resolución de asuntos que en alto número llegan a las distintas fiscalías del Ministerio Público. Por lo demás, como se verá, la desestimación es la única institución procesal idónea en aquellos casos donde el Ministerio Público se encuentra impedido de ejercer la acción penal, ya que de iniciar la investigación penal estaría excediéndose en sus atribuciones.
Por otro lado, la figura de la desestimación no es una innovación en el proceso penal venezolano actual. El derogado Código de Enjuiciamiento Criminal, como antecesor inmediato del COPP, ya contaba con su existencia, específicamente en su artículo 99, y procedía por los mismos motivos que se establecen ahora. Para mayor abundamiento, sus efectos eran exactamente los mismos que venimos anunciando: “no haber lugar a la formación del sumario”, que traducido en términos procesales modernos, no es otra cosa que la prohibición de iniciar la fase de investigación por parte del Ministerio Público.
Otros códigos latinoamericanos también disponen de esta figura. Por ejemplo, el Código de Procedimiento Penal Boliviano lo prevé en su artículo 304, con el nombre de «Rechazo», mientras que el Código Procesal Penal Chileno lo consagra como una «Facultad para no iniciar investigación» (artículo 168). Igualmente en Europa: la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de España, en su artículo 269 dispone que en caso de que la denuncia “no revistiere carácter de delito o que la denuncia fuere manifiestamente falsa (.) el Tribunal o funcionario se abstendrán de todo procedimiento.”
MOTIVOS PARA SOLICITAR Y DECRETAR LA DESESTIMACIÓN
El artículo 301 de Código Orgánico Procesal es taxativo en determinar los motivos que dan lugar a que el Ministerio Público solicite al órgano judicial correspondiente la desestimación de la denuncia o querella.
Como punto previo, antes de pasarlo por alto, es deber ineludible hacer referencia al contenido de los dispuesto en la parte in fine del artículo 300 del mismo Código, el cual señala que “en caso de duda razonable sobre la naturaleza del hecho denunciado, el Fiscal del Ministerio Público procederá conforme a lo establecido en el encabezado del artículo 301 del Código Orgánico Procesal Penal”, es decir, procederá a desestimar la denuncia o querella. Es de observar el desatino en que incurre el legislador en la redacción de la norma. Recordemos que la desestimación de la denuncia comporta un impedimento para el comienzo de la fase de investigación penal, por lo que no se comprende como la «duda razonable» pudiese considerarse fundamento suficiente para que el Ministerio Pública solicite la desestimación y el juez proceda a acordarla. Por el contrario, la solicitud y su declaración deben estar acompañadas de un análisis de lo denunciado o expresado en la querella, que conlleve al convencimiento de que el hecho sea atípico o que exista, ciertamente, un obstáculo para el desarrollo del proceso. Ante la duda es preferible indagar sobre el caso aunque al término de la investigación se determine su improcedencia o irrelevancia para el proceso penal, y no desestimar a priori un hecho que en el fondo pudiere esconder un delito sin castigo. Cabe advertir, que ese convencimiento que debe existir, por parte del Fiscal y el Juez, con respecto a la desestimación, no necesita de plena prueba o elementos de certeza sino que nace una vez realizado el estudio de la denuncia o querella, es decir, como apunta ERIC SARMIENTO, no se somete a ninguna comprobación sustancial del hecho.
A. El hecho no reviste carácter penal.
El primer motivo que enuncia el Código Orgánico Procesal Penal para proceder a la desestimación, se refiere cuando el hecho expuesto en la denuncia o querella no revista carácter penal, sirva decir, el suceso de que se trata no esta establecido en la ley como delito. Es este supuesto la materia es irrelevante para el proceso penal, pues su existencia supone la ejecución de un hecho previsto en la ley concretamente como delito o como falta.
La razón de ser de este motivo es por lo demás evidente. Obsérvese que el Ministerio Público sólo puede ejercer la acción para la persecución de los hechos que la ley establezca como punible (delitos o faltas), lo cual le autoriza para investigar y solicitar el enjuiciamiento del responsable. Sus atribuciones no le permiten iniciar la investigación por cualquier otro motivo, sino para investigar la presunta comisión de un hecho delictual. Luego entonces, si el hecho no revistar carácter penal, el Ministerio Público no tiene atribución para investigarlo.
Vayamos a un ejemplo. “A” denuncia a “B” por daños materiales a su vehículo, luego que entre ellos se haya registrado un accidente vial donde ninguna persona resultó lesionada. “A” manifiesta que su automóvil sufrió daños en la parte trasera por la imprudencia de “B” al conducir su vehículo. En vista de que el hecho que se comenta no se encuentra previsto en la ley como delito ni falta, el represente Fiscal deberá solicitar la desestimación de la denuncia, por cuanto no es competente para resolver la situación expuesta. Las partes interesadas deberán acudir a un tribunal civil. El Ministerio Público no necesita activar el procedimiento de investigación para asegurarse que el hecho es atípico, del sólo contenido de la denuncia o querella se evidencia.
Otro caso muy común es en los hechos relacionados con suicidios. Aunque generalmente el Ministerio Público no tiene conocimiento a través de denuncia o querella, para los efectos prácticos el ejemplo nos sirve. En principio, ese tipo de sucesos no revisten carácter penal pues el suicidio no es delito (salvo que se haya inducido). Pudiera pensarse, en consecuencia, que el Ministerio Público no podrá iniciar la investigación penal. Pues no. En los casos de suicidio, como cualquier otro, cuando no exista la certeza de que los hechos ocurrieron tal como se presentan, es imperativo que el representante fiscal ordene el inicio a la averiguación penal, máxime cuando se trata de hechos violentos (homicidio, accidente, suicidio) donde existe la muerte de una persona. Por ello, arriba referíamos que la desestimación debe llevar el convencimiento del quien la invoca, y ante la duda se deberá realizar la investigación. Erróneamente, la parte final del artículo 300 del COPP prevé lo contrario.
Como comentario adicional, es importante advertir que tanto la solicitud como el decreto de desestimación fundados bajo el motivo de que el hecho no reviste carácter penal demanda, tanto del Fiscal como del Juez, sólidos conocimientos sobre los tipos penales vigentes que las regulan las numerosas leyes actuales. Ya tenemos una idea de cuantas existen hoy en día.
b. La acción penal se encuentra prescrita.
Siendo que la acción penal no es perdurable, esta se extingue si no se ejerce durante el tiempo que establece la ley. Cuando esto sucede la acción queda prescrita y por lo tanto el Estado pierde toda posibilidad de castigar al responsable del hecho punible.
El cómputo de la prescripción desborda del contenido de estas notas. Les revelaré, no obstante, que el tema se presta para mucha confusión debido a que las normas que lo regulan no se encuentran claramente definidas. Si les interesa, los artículos los pueden encontrar en el Código Penal, desde el número 103 en adelante.
Ahora bien, si al momento de la recepción de la denuncia o querella el Fiscal del Ministerio Público observa que la acción para perseguir el hecho punible se ha extinguido, por cuanto existe un exceso del tiempo legal para intentar la acción, contada desde la fecha de la ocurrencia de los hechos, el funcionario deberá solicitar su desestimación. Iniciar la investigación es hacer uso de la acción penal que ya no posee, por cuanto se ha extinguido por el sólo transcurso del tiempo y de conformidad con la ley.
Al igual que el motivo legal anterior, si existe incertidumbre sobre la fecha en que ocurrieron los hechos, o persiste cualquier otra razón que cree indeterminación, el Ministerio Público deberá ordenar la investigación fundamentado en la comisión de delito de que denuncia o expuesto en la querella, y será sólo el resultado de la investigación penal que compruebe, en definitiva, si la prescripción esta presente o no.
c. Existe un obstáculo legal para el desarrollo del proceso.
Obstáculos hay muchos. En el artículo 28 del COPP se establecen un número de catorce causales relacionadas con los obstáculos al ejercicio de la acción. No todas se aplican a la figura de la desestimación.
Una causal muy común que se alega como apoyo a la solicitud de desestimación es la referida a la prohibición legal de intentar la acción. Ocurre cuando los hechos expuestos en la querella o en la denuncia se refieren a delitos de acción privada. Recordemos que los hechos punibles según su naturaleza pueden dividirse en dos: el primero de ellos se denomina «Delitos de Acción Pública» y como su nombre lo sugiere es de interés colectivo y su ejercicio corresponde al Estado; el otro se denomina «Delitos dependientes de Instancia de parte agraviada» o simplemente «Delitos de Acción Privada» y su acción sólo puede ser ejercida directamente por el ofendido, sin intervención del Estado el cual esta impedido por ley de conocer.
Este obstáculo que presenta el Estado con respecto al ejercicio la acción penal de los Delitos de Acción Dependiente de parte agraviada, a través del Ministerio Público, tiene su razón de ser en vista del carácter reservado y personal de algunos delitos en las que el ofendido tiene la discrecionalidad de presentar cargos o no, como sucede en el caso de los delitos de Difamación o lesiones personales culposas de menor entidad.
En este sentido, cuando los hechos se relacionen con delitos de Acción Privada el Ministerio Público no podrá ordenar el inicio de una investigación penal en vista de que su acción penal es pública, sirva decir, asignada a los Delitos de Acción Pública. Será la víctima la que se encargue de ejercer la acción, ya no el Ministerio Público, realizando los trámites legales necesarios como si de un fiscal se trata, pero con prescindencia de la actuación del Estado.
Así lo dispone el artículo 24 del COPP al señalar que “la acción penal deberá ser ejercida por el Ministerio Público, salvo que sólo pueda ejercerse por la víctima o a su requerimiento”.
¿Y quien determina la naturaleza de los delitos para determinar si son de acción pública o privada? Pues el Código Penal.
Si existe suspicacia acerca de la naturaleza de los hechos – se insiste – deberá iniciarse una averiguación penal. Si al término de la misma se confirmase la presencia de un delito de Acción Privada corresponderá igualmente la desestimación, ya no el acto conclusivo, según lo dispuesto en el único aparte del artículo 301 del COPP.
Otro obstáculo, poco común, es la cosa juzgada, que no merece mayores comentarios. Si la materia de la denuncia o querella fue objeto de decisión judicial penal, en base a los mismos hechos, misma persona y misma causa petendi, no se entiende como puede el Ministerio Público dar comienza a la fase preparatoria. Se deberá desestimar debido a que la causa ya fue resuelta por un Tribunal. Claro, esto, antes que se haya iniciado la investigación.
SOLICITUD Y LAPSO
El artículo 301 del COPP es tajante en afirmar que el representante fiscal deberá solicitar la desestimación, ante el Juez de Control, dentro de los quince días siguientes al recibo de la denuncia o querella. Siempre deberá solicitarse por escrito y fundadamente.
Los quince días es un lapso que se estima suficiente para que el Fiscal haga su solicitud, por lo que no se debe considerar como un tiempo disponible para que el Ministerio Público realice actuaciones con el objeto de comprobar el contenido de la denuncia o querella, pues de ser así – y aquí si consentimos con la opinión de RIONERO y BUSTILLOS, equivaldría a actos de investigación propios de la fase preparatoria, que se realizan con posterioridad al auto de inicio de la investigación, lo cual resulta contrario a la naturaleza de la desestimación.
No obstante, la práctica ha demostrado que una parte considerable de las solicitudes de desestimación son realizadas fuera del lapso legal, incluso pasados – sorprendentemente – uno o dos años luego de interpuesta la denuncia o querella. Por supuesto, esta actividad irregular va en perjuicio del sistema de administración de justicia, y más del denunciante o querellante que espera una pronta respuesta del organismo competente.
Ante la falta de diligencia, es indudable que el representante Fiscal puede y debe ser sancionado disciplinariamente por incumplimiento en el ejercicio de sus funciones (Art. 90 de la Ley Orgánica del Ministerio Público). Pero, el punto central de la idea es determinar qué hacer ante la presentación extemporánea de la solicitud de desestimación.
Es criterio de algunos declarar sin lugar o inadmisible la solicitud de desestimación cuando es presentada con extemporaneidad. Esta postura, sin embargo, nos revela un inconveniente. Supóngase una hipótesis donde el Fiscal del Ministerio Público propongan la desestimación de una denuncia interpuesta ante su despacho hace más de 15 días, y que el juez estime, por esta circunstancia, motivo suficiente para rechazarla por extemporánea, aun cuando el hecho no revista carácter penal – o cualquier otro motivo -, que hubiese supuesto su desestimación de haberse presentado dentro del lapso legal; es decir, no se hubiese rechazado. Nótese, en este sentido, que aquel rechazo judicial comporta una situación de incertidumbre, ya que, siguiendo la perspectiva lógica del proceso penal, el contenido de la denuncia – que no fue desestimado – tampoco podrá ser investigado, debido a que el procedimiento penal requiere para su inicio la presunción de la comisión de un hecho punible de acción pública, no prescrito, y que no exista obstáculo legal. La incertidumbre se observa, en este supuesto bajo análisis, en que ante el rechazo de la desestimación y la imposibilidad de investigar quedará insoluble el caso, ya que éstas dos figuras procesales – sirva decir: la «Desestimación» (Art. 301) y el «Inicio de la Investigación Penal» (Art. 300) – son las únicas alternativas o vías para dar respuesta a la interposición de la denuncia o querella, como trámite procesal inicial. La negación de ambas impide algún pronunciamiento sobre el asunto.
Y continuando sobre el tema de la imposibilidad de dar inicio a la fase preparatoria, tampoco puede alegarse el texto del primer aparte del artículo 302 del COPP, que reza: “Si el juez rechaza la desestimación ordenará que prosiga la investigación”, que contiene una imprecisión que, justamente, ha resaltado en esta ocasión. Esa obligación de proseguir o dar inicio a la investigación, que marca el artículo, una vez negada la desestimación, únicamente puede aplicar – repito; únicamente – cuando la denuncia o querella no verse sobre un hecho que no revista carácter penal o su acción este prescrita, o exista u obstáculo legal, ya que por el contrario, como sucede en nuestra hipótesis del párrafo anterior que nos sirve de ilustración, el inicio de la investigación no solo es inútil sino que esta prohibido, porque para aperturar una averiguación penal se requiere, precisamente, que el hecho revista carácter penal, sea de acción pública, no este prescrito y no exista obstáculo legal (artículos 283, 300 y 301 ejusdem), como límite impuesto al ejercicio de la acción penal por parte del Estado (Arts. 11 y 24, ídem), ejercida por el Ministerio Público.
Insistiendo con el tema, no se comprende como existen jueces que en sus decisiones, al declarar extemporánea una solicitud de desestimación, la cual no se hubiese rechazado de haberse solicitado dentro del lapso legal, ordene al Ministerio Público realizar una investigación, o aún sin hacerlo, orienten el caso hacia un estado que llamábamos incertidumbre; en cambio, el juez puede hacerlo, y aplicar el primer aparte del artículo 302 del COPP, una vez que compruebe que el contenido de la denuncia o querella, ciertamente, revista carácter penal, sea de acción pública, no este prescrito y no exista obstáculo legal. Pero, para aquellos que no comparten estas ideas y adopten la primea opción, nos preguntamos: ¿Qué se va a investigar? ¿Acaso es una “sanción” al Ministerio Público por la extemporaneidad de la solicitud? Recuérdese que el inicio de la investigación en este caso, además de ilegal (ya lo denunciábamos), se traduce en un gasto económico ocioso para el Estado quien deberá movilizar sus instituciones (Ministerio Público, Órganos de Investigación Penal, entre otros) para investigar un caso que, finalmente, será sobreseído con la certeza que hubiese sido desestimado de presentarse a tiempo.
Una vez decretada la desestimación de la denuncia o querella por el juez, el caso quedará archivado al haberse declarado la imposibilidad de dar inicio a la investigación penal, por los motivos que ut supra estudiábamos. Este «Archivo», debe apuntarse, no esta referido al acto conclusivo que lleva casi su mismo nombre: «Archivo Fiscal», pues éste último no sólo es totalmente distinto a las características del producido por la resolución que acuerda la desestimación, sino que el segundo supone inexorablemente el inicio de la investigación penal mientras que el primero trae como corolario el impedimento de dar inicio a ésta (salvo el único aparte del artículo 301 del COPP).
Tal como lo veníamos comentado, la desestimación debe ser resuelta con un grado de convencimiento obtenido del contenido manifiesto de la denuncia o querella, por cuanto de no existir esta certidumbre el juez deberá ordenar el inicio o continuación de la investigación ante la posibilidad, tal vez remota pero probable, de un hecho punible de acción pública que merezca sanción.
Este pequeño análisis sobre la desestimación nos ha demostrado lo imprescindible que es para el proceso penal, permitiendo una acción legal frente a las denuncias o querellas interpuestas que no reúnan las condiciones fácticas o jurídicas para proceder a dar inicio a una investigación. También hemos evidenciado la falta de precisión de la norma que regula esta institución, pero antes de proponer su eliminación intercedemos para su permanencia. Eso sí, debe ser irremediablemente corregida.
Y hablando de correcciones, con respecto al lapso para interponer la desestimación, quizás lo más adecuado es que se suprima y se adopte la fórmula que dispuso el legislador al momento de dar inicio a la investigación penal, que deberá hacerse “sin pérdida de tiempo” (Art. 300).
Para finalizar, debido al vacío legal, queda sugerir a los involucrados dar una solución idónea a cada caso y conforme a los principios procesales determinados en el Código Procesal Penal, máxime al referido al límite del Estado en el ejercicio de la acción penal.
carlos colmenares dice:
excelente analisis de esta figura procesal de desestimacion.
Contratos de interés público y contratos de interés nacional.