Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-sl91-2018-56407-de-febrero-7-de-2018?documento=jurcol&contexto=jurcol_57ed0fda79c44cb0adb2a66dc4318c5f&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-21 07:18:03
Document Index: 191548594

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 39', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 18', 'artículo 1', 'artículo 39', 'artículo 39', 'artículo 39', 'artículo 72', 'artículo 260', 'artículo 259', 'artículo 260', 'artículo 5', 'artículo 18', 'artículo 39', 'artículo 14', 'artículo 479', 'artículo 366']

﻿ SENTENCIA SL91-2018/56407 DE FEBRERO 7 DE 2018
SENTENCIA SL91-2018 DE 07 DE FEBRERO DE 2018
CONTENIDO:COMPATIBILIDAD DE LA PENSIÓN DE VEJEZ CON LA PENSIÓN EXTRALEGAL RECONOCIDA POR LA CAJA AGRARIA. SE SEÑALÓ QUE LA PENSIÓN RECONOCIDA POR LA CAJA AGRARIA, EN LIQUIDACIÓN, SEGÚN EL ARTÍCULO 39 DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO SUSCRITA ENTRE ESTA ENTIDAD Y EL SINDICATO TIENE UNA CONDICIÓN EXTRALEGAL, ESTIPULA QUE LA CAJA PENSIONARÁ A LOS TRABAJADORES QUE HAYAN CUMPLIDO 47 AÑOS DE EDAD Y 20 AÑOS DE SERVICIOS CONTINUOS O DISCONTINUOS A LA INSTITUCIÓN, CON UNA PENSIÓN EQUIVALENTE AL 75 % DE SU SALARIO. DE ESTA FORMA, SE INDICÓ PARA EL CASO EN CONCRETO ESTABLECER SI LA PENSIÓN OTORGADA POR LA RECURRENTE ES COMPATIBLE CON LA DE VEJEZ, EL TRIBUNAL SEÑALÓ QUE SI LA CONVENCIÓN NO DISPUSO TAL COMPATIBILIDAD, NO PODÍA LA PARTE DEMANDADA UNILATERALMENTE ORDENARLA, TODA VEZ QUE ES LA NORMA CONVENCIONAL LA QUE SUSTENTA EL DERECHO Y QUE ELLA NADA DISPUSO AL RESPECTO.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONVENCIÓN COLECTIVA, PENSIÓN DE VEJEZ, DERECHO LABORAL, INTERVINIENTES EN EL DERECHO LABORAL, PENSIÓN, AJUSTE DE LA PENSIÓN
Sentencia SL91-2018/56407 de febrero 7 de 2018
SL091-2018
Rad.: 56407
Interpuesto por la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, en liquidación, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
Solicitó la casación de la sentencia recurrida, en cuanto confirmó la sentencia condenatoria de primera instancia, y que en sede de instancia, se absuelva de la pretensión de la compatibilidad entre la pensión de jubilación convencional, reconocida por la Caja de Crédito Agrario, y la legal de vejez que posteriormente otorgó el Instituto de Seguros Sociales y las demás derivadas, subsidiarias y conexas.
Con tal propósito formuló un cargo, por la causal primera de casación, oportunamente replicado por el demandante.
Acusó a la sentencia, de ser violatoria de la ley sustancial, por vía indirecta, por aplicación indebida:
[…] del artículo 5º del Acuerdo 029 de 1985, aprobado por el artículo 1º del Decreto 2879 de 1985; el artículo 18 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el artículo 1º del Decreto 758 de 1990; en relación con los artículos 174, 175, 177, 178, 183, 187, 251 y 264 del Código de Procedimiento Civil; artículos 1º, 89, 115 y 166 del Decreto Extraordinario 2282 de 1989, que modificaron los artículos 181, 252 y 253 del Código de Procedimiento Civil; 61 y 145 del Código Procesal del Trabajo; 29 y 53 de la Constitución Política.
Indicó que la sentencia incurrió en los siguientes errores manifiestos de hecho:
1. Dar por demostrado, sin estarlo, que la pensión de jubilación reconocida al demandante, no habían (sic) acordaron compartirla con el ISS.
2. No haber dado por demostrado, estándolo, que la compartibilidad de la pensión de jubilación reconocida por la Caja de Crédito Agrario con base en las disposiciones convencionales, con la de vejez que posteriormente reconociere el Instituto de Seguros Sociales, estaba previamente acordada entre trabajador pensionado y el empleador a través de la Resolución GG-4881 del 29 de diciembre de 1982.
Como prueba erróneamente apreciada señaló, “[…] la Resolución de reconocimiento pasional (sic) proferida por la Caja Agraria, Nº GG-4881 de diciembre 29 de 1982”.
En el desarrollo del cargo argumentó, que hubo un acuerdo previo entre el trabajador pensionado y el empleador, pues la resolución de reconocimiento de la pensión convencional, proferida por la Caja Agraria, Nº GG-4881 de 1982, obrante a folio 234, así lo dispuso expresamente:
“ART. QUINTO: El valor de la presente pensión quedará sujeto al otorgamiento de la pensión que el Instituto de Seguros Sociales haga al beneficiario en virtud del seguro de invalidez, vejez y muerte. El beneficiario queda obligado a gestionar ante el ISS, el reconocimiento correspondiente, en su debida oportunidad.
“ART. SEXTO: El disfrute de la presente pensión es incompatible con el desempeño de cualquier cargo público, salvo las excepciones establecidas por la ley.
“ART. SÉPTIMO: El pensionado deberá afiliarse en su calidad de tal al Instituto de Seguros Sociales, en la categoría que le corresponda, para gozar de los servicios médicos, farmacéuticos, quirúrgicos y hospitalarios establecidos en la ley, o en su lugar deberá pagar a la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, el 5% mensual de la pensión para los mismos fines cuando resida en lugar en donde no exista ninguna caja seccional del Instituto de Seguros Sociales.
Con base en lo anterior, el recurrente adujo que, el hecho de que el demandante hubiese guardado silencio frente a las disposiciones contenidas en el acto administrativo citado, sin oponerse a través de los mecanismos legales que le asistían, implica que las aceptó y que las partes estuvieron de acuerdo en compartir la pensión con el ISS y a la vez que el disfrute de ambas pensiones era incompatible.
El demandante se opuso a la prosperidad del recurso extraordinario y defendió la sentencia del juez colegiado, porque en ella se dejó sentado, que el artículo 39 de la Convención colectiva de trabajo suscrita entre la Caja Agraria y su sindicato de base, el 15 de abril de 1998, se pactó que “El pago de las pensiones de jubilación de carácter convencional que la Caja haya reconocido o reconozca en el futuro, continuará haciéndose directamente por la entidad al beneficiario”.
También hizo un recuento legislativo y jurisprudencial sobre la compartibilidad y la compatibilidad de las pensiones, para respaldar el entendimiento que le dio el ISS a la prestación objeto de litis.
Es de relevancia recordar que, cuando el cargo se encamina por la vía de los hechos, el censor tiene la carga de acreditar de manera razonada la equivocación en que incurrió el tribunal en el análisis y valoración de cada uno de los medios de convicción y su incidencia en la decisión impugnada, a raíz de la equivocada valoración o falta de apreciación de la prueba calificada, esto es, el documento auténtico, la confesión judicial y la inspección judicial.
El recurrente estima que la compartibilidad de las pensiones tiene origen en la Resolución de reconocimiento de la pensión convencional, proferida por la Caja Agraria, Nº GG-4881 de 1982, obrante a folio 234, en tanto expresa:
No obstante, la censura dejó por fuera de ataque, la convicción que le generó al tribunal, lo estipulado en el artículo 39 de la Convención colectiva de trabajo, suscrita entre la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, depositada en el Ministerio del Trabajo el 15 de junio de 1982, obrante a folios 75 a 80.
Para el juez colegiado, la fuente que hace compatibles las dos pensiones, surge en el artículo 39, a cuyo tenor, “[…] La Caja pensionará a los trabajadores que hayan cumplido 47 años de edad y 20 años de servicios continuos o discontinuos a la institución, con una pensión equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) de su salario”.
Una visión histórica del asunto, se encuentra en la Sentencia CSJ SL22699, feb. 14/2005, donde se expuso lo siguiente:
[…] Filosofía y evolución normativa y jurisprudencial de la asunción de riesgos por el ISS. La Ley 90 de 1946 estableció en Colombia un sistema de subrogación de riesgos al Instituto de Seguros Sociales, de origen legal. Así se desprende de la lectura del artículo 72 cuando prescribió que las “prestaciones reglamentadas en esta ley, que venían causándose en virtud de disposiciones anteriores a cargo de los patronos, se seguirán rigiendo por tales disposiciones hasta la fecha en que el seguro social las vaya asumiendo por haberse cumplido el aporte previo señalado para cada caso...”.
“Corrobora lo anterior la Sentencia de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia del 9 de septiembre de 1982, que declaró exequibles los artículos 193 y 259 del Código Sustantivo del Trabajo, 72 y 76 de la Ley 90 de 1946; 8º, 24, 43 y 48 del Decreto Extraordinario 1650 de 1977, en cuanto de ese importante pronunciamiento constitucional se desprende que la composición, extensión, condiciones y limitaciones del régimen de las prestaciones de los seguros sociales obligatorios a cargo del ISS quedó sometido a esas normas y a los respectivos reglamentos”.
“Por la misma razón expresó la doctrina constitucional de la época, aún vigente, que <por voluntad expresa del propio legislador ordinario se crearon las siguientes situaciones jurídicas: a) de una parte al régimen legal sobre prestaciones sociales se le daba un carácter eminentemente transitorio; y b) por otro lado, las prestaciones sociales indicadas quedaban sometidas a una auténtica condición resolutoria, la cual venía a cumplirse en la oportunidad en la cual el Instituto Colombiano de Seguros Sociales asumiera los riesgos correspondientes> (subraya ahora la Sala).
“De suerte que inicialmente el legislador apenas dispuso la subrogación paulatina de prestaciones de origen legal, previstas en el Código Sustantivo del Trabajo, motivo por el cual el Instituto se limitó en sus primeros reglamentos a fijar un régimen técnico de transición en el que no aparece prevista la subrogación de pensiones de distinta naturaleza, como son las de mera liberalidad del empleador, o en general las extralegales”.
“En desarrollo de tal normatividad legal se expidió el Acuerdo 224 de 1966 del ISS, aprobado por el Decreto 3041 de 1966, que en los artículos 60 y 61 reguló la subrogación paulatina por el ISS de la pensión de jubilación contemplada en el artículo 260 del código laboral y previó consecuencias para la pensión sanción, ambas de indiscutible origen legal”.
“De modo tal, que bajo la vigencia de esas disposiciones el Instituto de Seguros Sociales tan solo podía, por mandato de la ley, asumir gradual y progresivamente las pensiones de creación estrictamente legal, esto es las consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo, tal como lo dispuso también el artículo 259 del mismo estatuto, al señalar que <Las pensiones de jubilación dejarán de estar a cargo de los patronos cuando el riesgo correspondiente sea asumido por el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, de acuerdo con la ley y dentro de los reglamentos que dicte el mismo instituto> (subrayado fuera del texto)”.
“Por lo tanto, bajo la vigencia de esas disposiciones el Instituto de Seguros Sociales no contaba con reglamentos ni previsiones legales que lo obligaran a hacerse cargo de aquellas pensiones que el empleador estuviera concediendo u otorgara a sus trabajadores por mera liberalidad o fruto de la negociación colectiva, y mucho menos puede afirmarse válidamente que lo que sucede es que las pensiones antaño extralegales devienen legales al cumplirse los requisitos del artículo 260 del código porque ese curioso darwinismo jurídico no tiene contemplación legal, dado que los derechos laborales que nacen y tienen su fuente obligacional como consecuencia de un acuerdo entre particulares, no pueden transformarse simplemente por ese prurito, huérfano de un sustento normativo expreso”.
“Se advierte que esa situación se modificó parcialmente a partir de la vigencia del Decreto-Ley 1650 de 1977 y más específicamente del Acuerdo 029 de 1985, aprobado por Decreto 2879 del mismo año, que en su artículo 5º dispuso: <Los patronos inscritos en el Instituto de Seguros Sociales, que a partir de la fecha de publicación del decreto que apruebe este acuerdo, otorguen a sus trabajadores afiliados pensiones de jubilación reconocidas en convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral, o voluntariamente, continuarán cotizando para los seguros de invalidez, vejez y muerte, hasta cuando los asegurados cumplan los requisitos exigidos por el Instituto para otorgar la pensión de vejez y en este momento el Instituto procederá a cubrir dicha pensión, siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el Instituto y la que venía siendo pagada por el patrono”.
“La obligación de seguir cotizando al seguro de invalidez, vejez y muerte, de que trata este artículo, sólo rige para el patrono inscrito en el Instituto de Seguros Sociales”.
“PAR.1º—Lo dispuesto en este artículo no se aplicará cuando en la respectiva convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral o acuerdo entre las partes se haya dispuesto expresamente, que las pensiones en ellos reconocidas, no serán compartidas con el Instituto de Seguros Sociales”.
“La anterior disposición se hizo más explícita en el Decreto 758 de abril 11 de 1990, que aprobó el Acuerdo 049 del 1º de febrero de ese mismo año, cuando al regular en el artículo 18 la compartibilidad de las pensiones extralegales, señaló: <Los patronos registrados como tales en el Instituto de Seguros Sociales, que otorguen a sus trabajadores afiliados pensiones de jubilación, reconocidas en convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral, o voluntariamente, causadas a partir del 17 de octubre de 1985, (fecha en que fue publicado el Decreto 2879 de 1985 en el Diario Oficial 37192), continuarán cotizando para los seguros de invalidez, vejez y muerte, hasta cuando los asegurados cumplan los requisitos exigidos por el Instituto para otorgar la pensión de vejez y en este momento, el Instituto procederá a cubrir dicha pensión, siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el Instituto y la que venía cancelando al pensionado” (subrayas fuera del texto).
“PAR.—Lo dispuesto en este artículo no se aplicará cuando en la respectiva convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral o acuerdo entre las partes, se haya dispuesto expresamente, que las pensiones en ellos reconocidas, no serán compartidas con el Instituto de Seguros Sociales” (subrayas fuera del texto).
A juicio de la Sala, la interpretación integral que le dio el tribunal a las pruebas calificadas, es la más razonable, en primer lugar, porque se trata de una prestación extralegal que se reconoció a partir del 30 de diciembre de 1982 (fl. 234), es decir, antes de la vigencia del Decreto 2879 de 1985, del 17 de octubre de ese año; en segundo lugar, dado que, para la colegiatura, la fuente de la pensión es la Convención colectiva de trabajo y en ella no se previó la compartibilidad de la pensión convencional con la prestación legal que a futuro reconociera el ISS.
Tampoco existe prueba de que entre el trabajador y la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, se hubiese establecido voluntariamente tal acuerdo; no siendo de recibo el argumento de la recurrente, consistente en decir que como el trabajador guardó silencio a lo dispuesto en la Resolución de reconocimiento de la pensión convencional, proferida por la Caja Agraria, Nº GG-4881 de 1982, entonces aprobó tácitamente que se compartirían las pensiones.
Sobre el particular ya existe un precedente jurisprudencial, reiterado y pacífico en la Sala, en asuntos similares al tratado. Así, en la Sentencia CSJ SL38797 29 jun. 2011, se dijo:
[…] La pensión reconocida por la Caja Agraria, en liquidación, con fundamento en el artículo 39 de la norma convencional —según lo concluyó el ad quem, y lo acepta la censura—, permiten establecer su condición extralegal, de donde parte la Sala para definir si la misma tiene el carácter de compatible con la de vejez otorgada por el ISS.
Pues bien, el juez de apelaciones no valoró de manera equivocada la resolución mediante la cual la Caja Agraria otorgó la pensión de jubilación al demandante, pues en su providencia se refirió de manera expresa a los numerales 2º, 3º y 4º de dicho acto administrativo, pero para señalar que en ellos se estableció el carácter convencional de la prestación, sus requisitos y su cuantía; y de ahí concluir que la naturaleza de la misma es extralegal.
Luego, para dilucidar si la pensión otorgada por la recurrente es compatible con la de vejez, el tribunal señaló que “si la convención no dispuso tal compartibilidad, no podía [la demandada] unilateralmente ordenarla”, toda vez que es la norma convencional la que sustenta el derecho y que ella nada dispuso al respecto.
En efecto, la disposición que consagra la pensión que la entidad recurrente reconoció a la demandante y a la que alude el fallo del a quo, es del siguiente tenor:
“ART. 39.—Pensión de jubilación. Requisitos. La Caja pensionará a los trabajadores que hayan cumplido 47 años de edad y 20 de servicios continuos o discontinuos a la institución, con una pensión equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) de su salario”.
De la norma transcrita se advierte sin lugar a dudas, que el reconocimiento pensional no estaba sometido a ningún tipo de límite temporal, menos aún, que se sujetara a la compartibilidad de la pensión de vejez que el Instituto de Seguros Sociales eventualmente reconociera, de manera que, conforme a la jurisprudencia de esta corporación sobre el tema, dichas prestaciones son compatibles.
Ahora, resulta insoslayable el hecho de que, además, su causación fue anterior a la expedición del Acuerdo 029 de 1985 aprobado por el Decreto 2879 de ese mismo año, respecto del cual, la Sala ha sostenido que es el referente obligatorio para establecer el alcance de las pensiones consagradas de carácter extralegales, al considerar que las anteriores al 17 de octubre de 1985 —fecha en la cual entró en vigencia—, por regla general son compatibles con la pensión de vejez a cargo del Instituto de Seguros Sociales.
Entonces, a la Caja Agraria no le correspondía, de manera unilateral, aplicar condiciones diferentes a la pensión de jubilación otorgada a la accionante, pues, se itera, la fuente del derecho no involucró ningún tipo de restricción, salvo el cumplimento de los requisitos que evidentemente fueron cumplidos por el promotor de la Litis; de ahí que resultó beneficiado de la misma.
Igualmente, en la Sentencia CSJ SL27515, 3 mayo 2006, se precisó:
[…] No podía establecer entonces la empresa de manera unilateral un condicionamiento al reconocimiento pensional que le concedió a la actora, concretamente el de su compartibilidad con la pensión a cargo del Seguro Social, pues el sentido claro de la disposición convencional transcrita no permite deducción semejante, máxime que conforme al inciso 2º del artículo 14 del Decreto 616 de 1954 que modificó el artículo 479 del Código Sustantivo del Trabajo la convención colectiva de trabajo subsiste hasta tanto se firme una nueva convención, lo que obviamente se predica de todas y cada una de las cláusulas que la integran.
Al cumplir el trabajador con los requisitos previstos en la disposición convencional mencionada automáticamente se configuró a su favor tal derecho, de manera que no podía ser cercenado ulteriormente en el acto de su otorgamiento, por parte del empleador, habida consideración que se convirtió en un derecho adquirido que conforme a los principios que rigen el derecho del trabajo no admitía su desconocimiento o la restricción parcial de sus efectos.
Costas en el recurso extraordinario a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma de siete millones, quinientos mil pesos ($ 7.500.000), que se incluirán en la liquidación que el juez de primera instancia haga, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., el nueve (9) de marzo de dos mil doce (2012), en el proceso que instauró Jorge Calderón Suárez, contra la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero en liquidación, sucesor procesal Patrimonio Autónomo de Remanentes “PAR” de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, administrado por la Fiduciaria La Previsora S.A., el Instituto de Seguros Sociales (hoy Colpensiones) y María Mercedes Perry Ferreira.