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Timestamp: 2020-01-19 21:10:46
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Matched Legal Cases: ['artículo 138', 'artículo 143', 'artículo 149', 'artículo 34', 'artículo 70', 'artículo 139', 'artículo 324', 'artículo 15', 'artículo 10', 'artículo 6', 'artículo 114', 'artículo 329', 'artículo 114', 'artículo 10']

Restricciones a publicidad del proceso criminal, especialmente a medios de prensa. Legislación comparada
4. Estados Unidos de América
A petición del usuario, se describen casos de regulación comparada sobre restricciones a la publicidad del proceso criminal, respecto de las partes y en la medida de existir en relación a los medios de prensa.
En las legislaciones analizadas, en menor o mayor medida, existen restricciones al acceso a la información que contienen los procesos criminales, en particular en la etapa de investigación. Sin embargo, tal restricción no puede ser tal que afecte el derecho de ser informado que tiene el investigado o imputado y sus representantes, quienes deberán guardar secreto sobre aquello que tomen conocimiento.
Los medios de prensa no tienen total acceso a la información de los procesos criminales, sea por disposición de la ley o por una decisión del juez o del fiscal. Es mas en ocasiones se puede restringir todo acceso a la información.
En Reino Unido y Estados Unidos de América, existen normas específicas y protocolos que regulan la relación entre jueces, prosecutores y los medios de prensa. En éstos se establecen colaboraciones reciprocas y limitaciones. Asimismo, en ambos países se establecen limitaciones a la publicidad de medios de prueba.
II. Legislación comparada 1
b. Reino Unido 5
4. Estados Unidos de América 6
El Titulo 28, denominado Judicial Administration del Code of Federal Regulation. Capítulo I, Parte 50 sobre statements of policy, en particular la sección 50.2 trata sobre las directrices generales relativas a la entrega de información por parte del personal del Departamento de Justicia en materia de procedimientos penales y civiles. 6
A petición del usuario, se describen casos de regulación comparada sobre la publicidad del proceso criminal, respecto de las partes y en la medida de existir en relación a los medios de prensa.
Las jurisdicciones fueron seleccionadas, porque pertenecen a diferentes sistemas jurídicos y continentes, y además por contener normas sobre la materia.
De acuerdo al Código del Procedimiento Penal1 (Ley 906/2004), artículo 138, es deber común de todos los servidores públicos, funcionarios judiciales e intervinientes en el proceso penal, en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, lo siguiente (…) “4. Guardar reserva sobre los asuntos relacionados con su función, aun después de haber cesado en el ejercicio del cargo.”
En ese sentido, el artículo 143 establece que el juez, de oficio o a solicitud de parte, podrá sancionar con multa de uno a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes a quien viole una reserva legalmente establecida.
En cuanto a la publicidad de los procedimientos, el artículo 149 del Código citado establece el principio de publicidad para todas las audiencias que se desarrollen durante la etapa de juzgamiento. Si se llegará a limitar la publicidad al máximo para terceros, no podrá excluirse a la Fiscalía, el acusado, la defensa, el Ministerio Público, la víctima y su representación legal.
El juez podrá limitar la publicidad de todos los procedimientos o parte de ellos, previa audiencia privada con los intervinientes, en los siguientes casos:
a. Cuando el orden público o la seguridad nacional se vean amenazados por la publicidad de un proceso en particular, o se comprometa la preservación de la moral pública, el juez, podrá imponer una o varias de las siguientes medidas: Limitación total o parcial del acceso al público o a la prensa; composición a los presentes del deber de guardar reserva sobre lo que ven, oyen o perciben.
b. En caso de que fuere llamada a declarar una víctima menor de edad, el juez podrá limitar total o parcialmente el acceso al público o a la prensa.
c. Cuando los intereses de la justicia se vean perjudicados o amenazados por la publicidad del juicio, en especial cuando la imparcialidad del juez pueda afectarse, el juez podrá imponer a los presentes el deber de guardar reserva sobre lo que ven, oyen o perciben, o limitar total o parcial el acceso del público o de la prensa.
Por su parte la Ley de Prensa (29 de 1944)2 dispone en su artículo 34º que respecto a la instrucción de un sumario en un proceso criminal, solamente se podrá hacer publicación oral o escrita distinta de la que se refiera a los siguientes puntos:
“Iniciación del sumario, con indicación del funcionario del conocimiento.
Autos de detención o su revocatoria, y excarcelación, sin indicación de los fundamentos de hechos ni de derecho.
Constitución de parte civil y quien la represente.
Autos de mera sustanciación, exceptuados los que decreten la práctica de pruebas.
El auto de calificación desde el momento de su ejecutoria.”
El Código Procesal Penal3, establece en diversas disposiciones normas sobre publicidad, reserva, secreto y prohibición de informar o publicar.
En primer lugar, el artículo 70 dispone una prohibición a la Policía. Ésta, solamente podrá informar a los medios de comunicación social acerca de la identidad de los imputados. En el caso de la víctima, testigos, o de otras personas que se encontraren o pudieren resultar vinculadas a la investigación de un hecho punible, la Policía requerirá la previa autorización del Fiscal.
Por su parte, el artículo 139, establece una prohibición de publicación de actuaciones procesales. Así, está prohibida la publicación de este tipo de actuaciones cuando se está desarrollando la Investigación preparatoria o la Etapa Intermedia. Asimismo, se prohíbe la publicación, incluso parcial, de las actuaciones del juicio oral cuando se producen supuestos de privacidad en la audiencia.
Por último, el artículo 324 trata sobre reserva y secreto de la investigación. La norma establece lo siguiente:
Por regla general, la investigación tiene carácter reservado. Sólo podrán enterarse de su contenido las partes de manera directa o a través de sus abogados debidamente acreditados en autos. En cualquier momento pueden obtener copia simple de las actuaciones.
El Fiscal puede establecer un secreto parcial de alguna actuación o documento. Ellos pueden mantenerse secretos por un tiempo no mayor de veinte días, prorrogables por el Juez de la Investigación Preparatoria por un plazo no mayor de veinte días, cuando su conocimiento pueda dificultar el éxito de la investigación.
La defensa podrá obtener copias de las actuaciones, pero deberá mantener la reserva de Ley, bajo responsabilidad disciplinaria.
A su vez, el artículo 15 de la Ley de Transparencia4 establece que será una excepción al ejercicio del derecho de acceso a la información pública: “g) La información que tiene por finalidad prevenir y reprimir la criminalidad en el país y cuya revelación puede entorpecerla”.
El artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos5 sobre libertad de expresión, establece que cualquier persona tiene este derecho y “que el mismo comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas, sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras”.
El ejercicio de este derecho puede ser objeto de, condiciones o restricciones que constituyan medidas necesarias, por ejemplo para la prevención del delito o para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial.
De la misma manera, el artículo 6 de la Convención sobre el derecho a un proceso equitativo dispone que “la sentencia debe ser pronunciada públicamente, pero el acceso a la sala de audiencia puede ser prohibido a la prensa y al público durante la totalidad o parte del proceso en interés de la moralidad, del orden público o de la seguridad nacional en una sociedad democrática, cuando los intereses de los menores o la protección de la vida privada de las partes en el proceso así lo exijan o en la medida considerada necesaria por el tribunal, cuando en circunstancias especiales la publicidad pudiera ser perjudicial para los intereses de la justicia.”
Los artículos 114 y 329 del Codice di Procedura Penale6 se refieren al secreto o prohibición de publicidad durante el proceso penal.
El artículo 114 establece la prohibición de publicidad de los actos e imágenes. En particular señala:
Está prohibido publicar, incluso de forma parcial o en resumen, a través de la prensa u otros medios de comunicación, los actos protegidos por secreto aunque sea sólo su contenido.
Está prohibido publicar, incluso parcialmente, los actos que no sean secretos hasta que se haya concluido la investigación preliminar o haya finalizado la audiencia preliminar.
Si se procede a juicio, no está permitida la publicación, incluso parcial, de los contenidos del archivo para el juicio, hasta después de la sentencia de primera instancia, y de los que constan en el expediente del Ministerio Fiscal, hasta después de la sentencia de apelación. Se autoriza la publicación de los documentos utilizados para la contestación.
Está prohibido publicar, incluso parcialmente, los actos del juicio celebrado a puerta cerrada.
Si no se procede a juicio, el juez, previa audiencia de las partes, podrá ordenar la prohibición de la publicidad de los actos y partes de ellos cuando la publicación de los mismos puede ofender la moral pública o implique la difusión de información en la ley manda para mantener en secreto por ser de interés del Estado o causar perjuicio a la confidencialidad de los testigos o de las partes privadas.
Está prohibido publicar la generalidad y la imagen de los menores de edad que sean testigos, ofendidos o afectados por el crimen hasta que cumplan la mayoría de edad. También está prohibida la publicación de antecedentes que puedan conducir indirectamente a la identificación de estos menores de edad. El tribunal de menores, en exclusivo interés del menor, o un menor que haya cumplido la edad de dieciséis años, podrá autorizar que se publiquen.
Está prohibido publicar la foto de la persona privada de libertad, mientras está sujeta a la utilización de esposas o de otros medios de coerción física, a menos que la persona esté de acuerdo.
Será siempre permitida la publicación del contenido de aquellos actos que no estén cubiertos por el secreto.
Por su parte, el artículo 329 establece una obligación de secreto, respecto de lo siguiente:
Los actos de investigación realizados por el ministerio público y la policía judicial tendrán carácter de secretos hasta el momento en que el acusado puede tener conocimiento de ellos, y en todo caso, nunca más allá del cierre de la investigación preliminar.
Cuando sea necesario para la continuación de la investigación, el fiscal podrá ordenar, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 114, mediante decreto motivado, la publicación de determinadas actuaciones o partes de ellas. En este caso, las actas públicas estarán en poder del secretario del fiscal.
Cuando los actos ya no estén cubiertos por el secreto del párrafo 1, el fiscal podrá establecer mediante decreto fundado, cuando sea necesario para la continuación de la investigación:
La obligación de secreto para determinados actos, cuando el acusado lo autoriza o cuando su conocimiento puede obstaculizar las investigaciones relacionadas con otras personas;
La prohibición de publicar el contenido de los registros individuales o noticias propias de determinadas operaciones.
Las reglas generales en materia de restricciones a la publicidad en el procedimiento criminal, se encuentra en la Criminal Procedure and Investigations Act7 de 1996 y en la Contempt of Court Act8 de 1981.
En la norma legal de 1996, la sección 18 establece que habrá un desacato (infracción) cuando una persona o medio de prensa use o divulgue un objeto o información contenida en el procedimiento criminal. Es excepción a este principio cuando el uso o divulgación no contraviene la ley sobre acceso confidencial, particularmente por el acusado, a determinada información del proceso y en la medida que ella no sea utilizada en relación al mismo procedimiento, o a una apelación, o haya sido previamente publicada a la audiencia pública o haya sido autorizado para divulgar la información, en cuyo caso sólo podrá usarla para los fines autorizados.
Por su parte, la Ley de 1981 dispone que las publicaciones que pueden ser consideradas desacato a un tribunal son aquellas que interfieren con la acción de la justicia, en particular con los procedimientos judiciales, independiente de si existe o no intencionalidad de hacerlo.
La ley de 1981 solamente se aplica a publicaciones, incluyendo entre ellas a cualquier expresión escrita, programa de cable o web o cualquier otra forma de comunicación, que este dirigido al público en general o a un segmento del mismo. La publicación debe crear un riesgo sustancial, que permita sostener que la acción de la justicia en el procedimiento se verá seriamente obstaculizada o perjudicada. El procedimiento debe encontrarse “activo” es decir con una orden de comparecencia o con un acusado que se encuentre detenido, sin orden judicial. Cuando se ha emitido una orden de arresto, el procedimiento dejará de ser activo si han transcurrido doce meses sin que exista detención del sospechoso. El procedimiento también deja de estar “activo” si concluye por absolución, sentencia, o prescripción o por el ministerio de la ley, por ejemplo.
Los editores de los medios que cometan infracción a la ley de 1981 pueden excusarse alegando que a la fecha de publicación, pese haber tomado todas las precauciones razonables, no sabían y no tenían ninguna razón para sospechar que el procedimiento se encontraba activo. Por su parte, el distribuidor de la publicación puede alegar a su favor que, al momento de la distribución (pese haber tomado todas las precauciones razonables) no sabía el contenido de la materia y no tenía motivos para sospechar de ella.
Otra disposición de esta Ley de 1981, señala que en cualquier procedimiento activo ante un tribunal, donde exista un riesgo de perjuicio a la acción de la justicia por una publicación sobre dicho procedimiento, y se estime que procede evitarlo, el tribunal podrá ordenar que ella sea postergada por el período que considere necesario.
Para dar inicio a las acciones judiciales de la Ley de 1981 se requiere la autorización del Fiscal General, y además las resoluciones dictadas en su merito podrán ser objeto de apelación por el respectivo agraviado.
Existen, además otras leyes que tratan sobre restricciones a la publicidad. Ellas son:
Children and Young Persons Act9 de 1933: Sin orden del tribunal establece el anonimato para los denunciantes o demandantes en casos de naturaleza sexual y la prohibición de informar de la identidad de los acusados ​​que comparecen en el tribunal de menores. Previa orden específica del tribunal emita sobre la prohibición de informar la identidad de cualquier niño o joven que comparece ante un Tribunal como víctima, testigo o acusado.
Magistrates' Court Act10 de 1980: Sin necesidad de orden del tribunal, se establecen restricciones de información sobre la notificación de diligencias de un procesamiento.
Paralelamente, existe el Protocol for working together: Chief Police Officers, Chief Crown Prosecutors and the Media11 de la Crown Prosecution Service. Éste, establece un Protocolo de trabajo, entre este servicio y los medios de comunicación12, sobre el material de la Policía obtenido en la investigación en el marco de un juicio penal y que podría ser entregado a los medios, luego de ser presentado a los tribunales, y previa consulta y consideración de la opinión de la Policía, victimas relevantes, testigos, etc.
Entre los materiales que se podrían liberar por la Chief Police Officers se incluyen: mapas, fotografías, diagramas, videos de la policía de la escena del delito luego de cometido el mismo, de los bienes que se utilizado para cometer el delito, trozos de entrevistas o declaraciones, etc.
El Titulo 28, denominado Judicial Administration del Code of Federal Regulation13. Capítulo I, Parte 50 sobre statements of policy, en particular la sección 50.2 trata sobre las directrices generales relativas a la entrega de información por parte del personal del Departamento de Justicia en materia de procedimientos penales y civiles.
Puntualmente, las directrices tratan las siguientes materias:
Sobre la divulgación de información a los medios de comunicación desde el momento en que una persona es objeto de una investigación criminal hasta que el procedimiento resultante de la investigación se ha terminado por un juicio o de otra manera.
En ningún momento el personal del Departamento de Justicia puede proporcionar una declaración o información con el propósito de influir en el resultado de un juicio contra un acusado. Asimismo, el personal del Departamento no puede proporcionar una declaración o información que, podría esperarse razonablemente que al difundirse por un medio de comunicación pública, pueda influir en el resultado de un proceso pendiente o futuro.
El personal del Departamento de Justicia, sin perjuicio de las limitaciones específicas impuestas por la ley o un reglamento u orden judicial, podrá hacer pública la siguiente información:
(i) nombre, edad, residencia, empleo, estado civil del acusado, y otra información similar.
(ii) El fondo o el texto de la acusación, como una denuncia, acusación o información.
(iii) La identidad de la agencia que investiga y/o ha detenido, y la duración o el alcance de una investigación.
(iv) Las circunstancias que rodean la detención, incluyendo la hora y lugar de la detención, si hubo resistencia, persecución, posesión y uso de armas, y una descripción de los elementos físicos incautados en el momento de la detención.
Las revelaciones deben incluir sólo las cuestiones de hecho, incontrovertibles, y no deben considerar observaciones subjetivas. Asimismo, cuando la divulgación de información relativa a las circunstancias de la detención o de la investigación de antecedentes sea muy perjudicial, o cuando la liberación de ella no tendrá ninguna función en el cumplimiento de la ley, dicha información no debe ser publicada.
El personal del Departamento de Justicia no divulgará ninguna información sobre los antecedentes penales del acusado.
Debido al particular peligro resultante de las declaraciones, durante el período que se aproximan al juicio y durante el mismo se debe evitar efectuarlas. Cualquier declaración o comunicado sólo se efectuarán cuando las circunstancias, exigen absolutamente la divulgación de la información y deberán incluir sólo aquella que claramente no es perjudicial.
En general, la liberación de cierto tipo de información tiende a crear riesgos de perjuicio sin servir a una función significativa en la persecución penal. Por lo tanto, el personal del Departamento debe abstenerse de poner a disposición lo siguiente:
(i) Las observaciones sobre el carácter de un acusado.
(ii) Las declaraciones, admisiones, confesiones, o coartadas atribuibles a un acusado, o la omisión o negativa del acusado a hacer una declaración.
(iii) La referencia a los procedimientos o medios de investigación, tales como huellas digitales, exámenes de polígrafo, pruebas de balística, o pruebas de laboratorio, o de la negativa del demandado a someterse a dichas pruebas o exámenes.
(iv) Las declaraciones relativas a la identidad, testimonio, o la credibilidad de los posibles testigos.
(v) Las declaraciones relativas a las pruebas o argumentos en el caso, si se prevé que tal evidencia o argumento se utilizará en el juicio.
(vi) Cualquier opinión en cuanto a la culpabilidad del acusado, o la posibilidad de una declaración de culpabilidad en el delito, o la posibilidad de una declaración de un delito menor.
El personal del Departamento de Justicia no debe adoptar una acción tendiente a animar o ayudar a los medios de prensa en relación a fotografiar o televisar un imputado o acusado que es transportado bajo custodia federal. Asimismo, los funcionarios del departo no deben entregar fotografías de un acusado a no ser que ello cumpla una función para la persecución penal.
Los lineamientos de estas directrices pueden ser limitados por circunstancias particulares, en cuyo caso se solicitará la autorización del Fiscal General o el Fiscal General Adjunto.
1 Código disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14787 (Octubre, 2014).
2 Ley disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3430 (Octubre, 2014).
3 Código disponible en: http://historico.pj.gob.pe/CorteSuprema/ncpp/documentos/nuevo_codigo_procesal_penal.pdf (Octubre, 2014).
4 Ley disponible en: http://www.minedu.gob.pe/normatividad/leyes/Ley27806.php (Octubre, 2014).
5 Convención disponible en: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/res050499-mae.t1.html#a10 (Octubre, 2014).
6 Código disponible en: http://www.altalex.com/?idnot=2011 (Octubre, 2014).
7 Ley disponible en: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/25/contents (Octubre, 2014).
8 Ley disponible en: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1981/49 (Octubre, 2014).
9 Ley disponible en: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo5/23-24/12 (Octubre, 2014).
10 Ley disponible en: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1980/43 (Octubre, 2014).
11Protocolo disponible en: http://www.cps.gov.uk/publications/agencies/mediaprotocol.html (Octubre, 2014).
12 En el entendido que se debe cumplir con la Ley de Protección de Datos de 1998, la Ley de Libertad de Información de 2000 y el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que garantiza el derecho a difundir y recibir información.
13 Capítulo disponible en: http://www.law.cornell.edu/cfr/text/28/chapter-I (Octubre, 2014).
Biblioteca del Congreso Nacional. Guido Williams, Asesoría Técnica Parlamentaria. gwilliams@bcn.cl, Anexo: 3180.Equipo de Trabajo: Ángelo Palli. 14/10/2014.
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