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Timestamp: 2019-09-18 06:55:49
Document Index: 65427124

Matched Legal Cases: ['Artículo 105', 'Artículo 29', 'Artículo 449', 'Artículo 478', 'Artículo 468', 'Artículo 480', 'Artículo 450', 'Artículo 259', 'Artículo 478', 'Artículo 468', 'Artículo 480', 'artículo 105', 'Artículo 478', 'Artículo 478', 'Artículo 403']

Acuerdo y Sentencia 644/2010 Corte Suprema de Justicia
ACUERDO Y SENTENCIA Nº 644/10
En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veintiún días del mes de diciembre del año dos mil diez, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excmos. Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Doctores ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, SINDULFO BLANCO y VÍCTOR NÚÑEZ, quien integra la Sala ante la falta de un Ministro, por ante mí, la Secretaria autorizante, se trajo el expediente caratulado: “RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR EL DEFENSOR PÚBLICO ABOG. RODRIGO ÁLVAREZ MIRANDA EN LA CAUSA: OLIGORIO DUARTE Y RICHARD ROMERO S/ HOMICIDIO DOLOSO”, a fin de resolver el Recurso Extraordinario de Casación planteado contra el Acuerdo y Sentencia Nº 7 de fecha 26 de febrero del 2007, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Criminal de la Capital, Segunda Sala, integrada por José Agustín Fernández, en carácter de Presidente de la Sala, Delio Vera Navarro y Anselmo Aveiro Monello.-
Previo al estudio delos antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear las siguientes; -
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: PUCHETA DE CORREA, BLANCO y NÚÑEZ.-
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, LA DOCTORA PUCHETA DE CORREA dijo: El Defensor Público en lo Penal Abog. Rodrigo Álvarez Miranda, por la defensa de los acusados Oligorio Duarte y Richard Romero, ha interpuesto Recurso Extraordinario de Casación contra el Acuerdo y Sentencia Nº 7 de fecha 26 de febrero del 2007 por medio del cual se confirma la S.D. Nº 225 de fecha 27 de junio del 2006, que califica a los acusados como autores del hecho punible de Homicidio Doloso, dentro de lo dispuesto por el Artículo 105 inciso 2º numeral 3, en concordancia con el Artículo 29 inciso 2º, ambos del Código Procesal Penal, condenándolos a la pena privativa de libertad de 18 (diez y ocho) años.-
En primer término corresponde desarrollar el ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD del recurso extraordinario interpuesto: Con relación a la impugnabilidad subjetiva, el profesional recurrente se halla debidamente habilitado para implementar la mecánica recursiva que estima pertinente en procura de tutelar y hacer prevalecer los intereses procesales comprometidos –según sus apreciaciones- en el pronunciamiento jurisdiccional contra el cual se alza y en tal carácter integra el catálogo de legitimados que reconoce el Artículo 449 del C.P.P. y demás concordantes.-
Respecto a la impugnabilidad objetiva, la resolución recurrida es un Acuerdo y Sentencia emanado de un Tribunal de Apelación que, al ser un pronunciamiento que deja incólume lo decidido en la instancia inferior, el decisorio tiene potencialidad de cerrar irrevocablemente el procedimiento operando como factor inhibidor de la apertura de una nueva causa penal por el mismo hecho, dotándole del carácter de definitividad. En consecuencia, el objeto (Art. 477 del C.P.P.) está cumplido.-
En relación al presupuesto motivacional, esto es el motivo, previsto en el Artículo 478, numerales 1º y 3º, se encuentra satisfecho en el sentido que han sido invocadas las causales que hacen referencia a la inobservancia o errónea aplicación de preceptos constitucionales de una sentencia que imponga una condena superior a los 10 (diez) años de privación de libertad (inciso 1º), a más de la sentencia o auto manifiestamente infundado (inciso 3º), hipótesis que está abarcada dentro de los exclusivos motivos, que en forma taxativa y en numerus clausus, reconoce el Artículo en mención.-
En lo que hace al tiempo y forma de interposición, el recurso ha sido presentado dentro del plazo previsto en la ley; por escrito y ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Al respecto, cabe recordar que el Artículo 468 del C.P.P., aplicable al caso por remisión expresa ordenada por el Artículo 480 del citado digesto instrumental, establece: “El recurso…se interpondrá…, y por escrito fundado, en el que se expresará, concreta y separadamente, cada motivo con sus fundamentos y la solución que se pretende…”, dispositivo que armoniza con lo dispuesto en el Artículo 450 del C.P.P., que dispone cuanto sigue: “Los recursos se interpondrán, en las condiciones de tiempo y forma que se determinan en este código, con indicación específica de los puntos de la resolución impugnados.”. Las disposiciones legales citadas son precisamente las que reglamentan la forma y medida a las que hace alusión a los Deberes y Atribuciones de la Corte Suprema de Justicia expuesta en el Artículo 259 de la C.N.-
En consecuencia, al estar el escrito forense concretamente motivado en el Artículo 478 numerales 1 y 3, fundamentado y sin haber omitido proponer la solución que pretende, estando cumplidas íntegramente las exigencias formales requeridas por el Artículo 468 en concordancia con el Artículo 480 del ritual penal, corresponde declarar admisible para su estudio el recurso de casación deducido y, eventualmente, explorar la juridicidad de la cuestión de fondo. ES MI VOTO.-
A sus turnos, los Doctores BLANCO y NÚÑEZ manifiestan que se adhieren al voto que antecede.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, LA DOCTORA PUCHETA DE CORREA dijo: A fin de exponer de una manera más ordenada el análisis objeto del recurso, se presentan de manera sucinta el razonamiento de los órganos jurisdiccionales, las pretensiones de las partes y el análisis de la procedencia positiva o negativa, del recurso impetrado.-
El Tribunal de Sentencia a cargo del juzgamiento de los acusados en autos, por medio de la S.D. Nº 225 de fecha 27 de junio de 2006 ha llegado a su conclusión luego de realizar el análisis de los hechos fácticos exponiendo lo siguiente: “…no cabe la más mínima duda de que OLIGORIO DUARTE y RICHARD ROMERO acabaron con la vida de VÍCTOR PARINI,… Los acusados se orientan bien en el espacio y tiempo, perciben con claridad su entorno, y de todo en cuanto acaece en el perímetro de su cuerpo…OLIGORIO DUARTE y RICHARD ROMERO no poseen algún tipo de trastorno mental, desarrollo psíquico incompleto o retardado, ni trastorno de la conciencia que impidan el conocimiento de la antijuricidad del hecho que se le atribuye. Esto, a pesar de lo esgrimido por el defensor público…acerca de que su defendido OLIGORIO DUARTE se hallaba bajo los efectos del alcohol y la marihuana al momento de cometer el hecho, esa circunstancia no fue probada suficientemente, y es necesario resaltar además sobre este punto que eventuales estudios al respecto, a ser realizados actualmente, no arrojarían luz sobre esa circunstancia que debió dilucidarse en esa época… ello sin embargo de lo alegado por la defensa técnica de OLIGORIO DUARTE,… Este Tribunal no ha hallado un motivo suficiente relevante para que el acusado sufriera tal excitación emotiva y reaccionara a un nivel de tanta magnitud, como el de empuñar un arma blanca e incursionado en un sin número de veces en el cuerpo de la víctima, a sabiendas de que semejantes heridas pueden ocasionar la muerte de una persona…Este Tribunal encuentra sí suficientes argumentos para encuadrar la conducta de los acusados dentro de lo dispuesto por el artículo 105 inciso 2º numeral 3 del Código Penal…”.-
De la lectura del Acuerdo y Sentencia Nº 7 de fecha 26 de febrero del 2007, dictado por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal –Segunda Sala-, se extrae cuanto sigue: “…El apelante alega que no obstante haber solicitado en reiteradas ocasiones la realización de tales estudios (psicológicos y psiquiátricos), los mismos no fueron diligenciados, siendo rechazada su inclusión por el tribunal de sentencia con los siguientes argumentos: “…la inclusión probatoria solicitada no está basada en hechos nuevos por lo que en este momento resulta extemporáneo…”. La defensa pretende que este Tribunal declare la nulidad del fallo u ordene la realización de los estudios solicitados. Al respecto, es importante hacer notar que el hecho data del año 2004. A la fecha ha transcurrido bastante tiempo, y en dicho lapso el proceso ha seguido su curso llegando a la etapa de juicio oral y público, razón por la cual este Tribunal considera que la realización de dichos estudios en la actualidad no arrojarían ninguna utilidad a la causa antes bien la entorpecerían inútilmente, considerando que los estudios solicitados, por su naturaleza aluden al estado mental y la personalidad síquica de los imputados al momento del hecho. Para que dichos estudios sean útiles a la causa y cumplan con el objetivo inmediato del proceso penal…los mismos debieron haber sido realizados en sus inicios…a estas alturas…su diligenciamiento tornaría inocuo y torpe. Por otra parte, no se verifica atentado alguno a los derechos constitucionales de los imputados que ameriten la nulidad del fallo apelado…”.--
Continúa el mismo Tribunal diciendo que: “…constituye exigencia ineludible que el Juez debe motivar sus resoluciones dando una explicación razonable a la solución que adopta en el caso, expresando el valor que concede al material probatorio. Estos elementos se vislumbran claramente en la decisión de Primera Instancia…el considerando contiene la explicación del porqué el Tribunal ha arribado a una decisión y no a otra y lo concreta en la parte dispositiva…El hecho de que el recurrente se encuentre en desacuerdo con lo resuelto por el Tribunal en cuanto a la calificación y pena impuestas a los acusados…de ninguna manera puede significar inobservancia o errónea aplicación de un precepto legal…Con referencia a los agravios expuestos por el apelante, se observa que los mismos versan sobre las pruebas que durante el debate ya fueron objeto de valoración por parte del Tribunal de Sentencia. Se percibe que indirectamente el recurrente pretende el reexamen de los hechos…con la consecuente reducción de la condena, lo cual es inadmisible…los Tribunales de Apelación en lo Penal…han sustentado el criterio de que la Apelación Especial no es el mecanismo idóneo para el reexamen de los hechos y las pruebas, por ser el Juicio Oral el momento procesal donde se concretan los principios de oralidad, concentración, publicidad y contradicción a través del examen y contra examen por inmediatez requerida en esta etapa…Concluyentemente…estimamos conveniente confirmar la sentencia apelada…”.-
Los agravios expresados por el Defensor Público, en el plexo argumentativo del escrito del Recurso Extraordinario de Casación presentado ante ésta Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, son los que siguen: “…Esta defensa invoca las disposiciones contenidas en los arts. 478 inc. 1 y 3 de C.P.P., puesto que el Acuerdo y Sentencia recurrido confirma la sentencia de condena…Asimismo esta defensa alega la inobservancia de preceptos constitucionales, ellos son, el deber de fundamentación de las sentencias –art. 256 de la C.N. -, el derecho a la defensa –art. 16 de la C.N.-. Y por último sostiene que la resolución impugnada es MANIFIESTAMENTE INFUNDADA… El a-quem no consideró los agravios expresados por mi parte en cuanto a la nulidad planteada, sino que realizó una mera transcripción de los expuesto por el a-quo, cometiendo de esta manera los mismos errores ya resaltados en la Apelación Especial interpuesta, puesto que si bien se ha expedido sobre la nulidad interpuesta, simplemente se limitó a resaltar que: “…este Tribunal considera que la realización de dichos estudios en la actualidad no arrojarían ninguna utilidad a la causa antes bien la entorpecerían inútilmente, considerando que los estudios solicitados, por su naturaleza aluden al estado mental y a la personalidad síquica de los imputados al momento del hecho…”, en pocas palabras manifiestan que es mejor coartar los derechos de esta defensa a realizar los estudios solicitados…”. Continuó el recurrente manifestando que: “…esta defensa en REITERADAS ocasiones solicitó la realización de los estudios tanto psicológicos como psiquiátricos…Solicitudes que en todas las ocasiones han sido obviadas por los Juzgados…Claro está que si ésta defensa se hubiese visto satisfecha con la “fundamentación” realizada por el a-quo no recurriría ante el tribunal de alzada.”.
En cuanto a las disposiciones legales que la defensa de los acusados considera se han violado son: “…erróneamente…con relación al acusado Oligorio Duarte, son las contenidas en el art. 105 Inc. 2, e inobservadas, es decir no aplicadas, las del art. 105 Inc. 3 núm. 1, ambos del Código Penal, y con respecto al acusado Richard Romero, la absolución del mismo ya que ha quedado demostrado claramente de las pruebas producidas que el mismo no ha tenido participación alguna en la comisión del hecho de homicidio… El Tribunal de Apelaciones ha efectuado igualmente una fractura al orden constitucional al confirmar la penalidad impuesta por el Tribunal de Sentencia, en tanto éste si bien menciona los fines esenciales de la pena…sin embargo no han sido éstos los que han dirigido su decisión… Puesto que estos fines obligan a evitar reacciones punitivas contrarias a la finalidad resocializadora de la pena…Esta pena excesiva no coincide con el principio de necesariedad, que aboga por que la medida de la pena no sea mayor que la necesaria para la resocialización y que la pena no puede exceder los límites de la gravedad del reproche…”.--
En la tesitura expuesta precedentemente, el Defensor Público pretende que Richard Romero debe ser absuelto de culpa y pena en el presente proceso, pues el mismo supuestamente no ha tenido participación. Y respecto a Oligorio Duarte, que la pena privativa de libertad impuesta al mismo sea reducida de 18 (diez y ocho) a 5 (cinco) años.-
La posición jurídica del Ministerio Público expresada en oportunidad del traslado corrídole es la que sigue: “…los errores para recurrir un fallo por ésta vía deberán tratarse exclusivamente de la violación directa de un precepto constitucional y no de su quebrantamiento indirecto mediante la inobservancia o errónea aplicación de un precepto legal, cuya base se sustente en un principio constitucional, que en el hipotético caso de haber sido vulnerado, pueda ser subsanado mediante la interposición de los recursos ordinarios previstos en la legislación… esta Fiscalía Adjunta, concluye que dicha Magistratura (Tribunal de Apelaciones) ha realizado el debido control del fallo emitido por el A-quo, dentro del marco de su competencia, brindando la solución jurídica correcta y aplicable al caso concreto…”. A lo que respecta al fallo manifiestamente infundado, el Ministerio Público expresa que: “…Con la simple lectura de los argumentos señalados por el recurrente, fácilmente se denota que su interés es atacar –mediante ésta vía impugnativa- la decisión arribada por el Tribunal de Mérito y no lo resuelto por el de alzada…Además, claramente señaló la alzada que no se han observado que el Tribunal de Sentencia haya incurrido en algún error en oportunidad de expresar sus conclusiones valorativas del material probatorio producido en el Juicio Oral y Público… en ninguna parte de la exposición realizada por el recurrente..se visualiza que el ataque al fallo emitido por la alzada se dirija a la falta de control de su parte en el proceso de subsunción, sino más bien, sus agravios se dirigen a la comprobación o errónea valoración del material probatorio producido en juicio, estableciendo un valor distinto al sostenido por los miembros del Tribunal de Mérito…al pretender fundar un recurso de casación no se pueden articular los mismos argumentos ya que esgrimidos en otra instancia, pues con ellos se ataca la resolución del órgano jurisdiccional de primer grado, que ya no es objeto de estudio por la vía del recurso extraordinario…”.-
En cuanto al ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACIÓN, cabe mencionar que las rigurosas exigencias formales plasmadas en las normativas citadas en la “Primera Cuestión” son consecuentes con el carácter extraordinario y eminentemente técnico de éste recurso, que exige una concordancia armónica entra motivo, fundamentación y propuesta de solución que integran los irrescindibles eslabones formales a las que está supeditada la procedencia del recurso casacional, lo que presupone que los agravios deben contener un plexo argumental razonado y autosuficiente que identifica los defectos que anidan en el fallo en función al carácter extraordinario de la causal alegada, demostrando clara y concretamente la violación existente, el vicio o error del que adolece el fallo impugnado, el modo como se afecta los derechos y su carácter de infundado, ya que tal exigencia constituye el elemento primordial de contenido crítico, valorativo y lógico de la impugnación que fija la competencia y determina el ámbito de control del órgano revisor.-
En relación a los presupuestos motivacionales esgrimidos por el casacionista –esto es el Artículo 478 incisos 1 y 3 del C.P.P.- se entiende que nos encontramos ante la situación en que supuestamente un fallo adolece de los siguientes vicios: en primer lugar, una sentencia que impone una condena superior a los 10 (diez) años de privación de libertad, la cual es acusada de inobservar o aplicar erróneamente preceptos constitucionales. EN segundo lugar, el fallo recurrido se encuentra manifiestamente infundado.-
Es criterio de esta Sala Penal, como lo ha venido expresando en distintos fallos, que el Recurso de Casación pretende únicamente un estudio técnico sobre la corrección jurídica del fallo, estando completamente vedada la posibilidad de alterar la valoración o las conclusiones que sobre el material fáctico haya realizado el Tribunal de Mérito.-
Esta Sala Penal concuerda con lo expuesto por el Ministerio Público en ocasión del traslado corrídole según corresponde, en que una vez esgrimidos en otra instancia ciertos argumentos, los mismos no pueden ser articulados para fundar un Recurso de Casación debido a que los mismos han sido utilizados para atacar una resolución anterior, que es la del Tribunal de Sentencia, la cual ya no puede ser objeto del Recurso Extraordinario puesto que para serlo, debía ser impugnada en oportunidad de interposición del Recurso de Casación per saltum o directa. Es así que cuando la fundamentación del presente medio impugnaticio deja traslucir los motivos y lineamientos propios de un recurso de apelación, constituye una situación que amerita su rechazo, desde el momento que no es posible abrir una tercera instancia por vía de aquél recurso.-
En cuanto al fallo impugnado, cabe mencionar que la fundamentación del mismo es requisito ponderativo, y como tal, requiere una serie de presupuestos que pueden darse tanto en forma encadenada como combinada, como sería el caso de análisis crítico de los elementos probatorios introducidos para la determinación de la existencia del hecho y la participación del encausado. Dicho análisis requiere de un examen técnico-jurídico del caso, para enfocar el hecho con todas sus circunstancias en el Derecho Positivo vigente. Así también, las conclusiones arribadas, tanto de hecho como de derecho, a las que el Tribunal llega como consecuencia de los exámenes anteriores; y, finalmente, la expresa mención de las disposiciones legales que el Tribunal considera aplicables al caso.-
En lo que se refiere al Artículo 478 numeral 3º, se impone traer a colación lo dispuesto por el Artículo 403 del Código Procesal Penal, el cual al establecer los vicios de la sentencia que habilitan al estudio de la misma por vía de apelación o casación mencionada en el inciso 4º que “…se entenderá que la fundamentación es insuficiente cuando se utilicen…formularios, afirmaciones dogmáticas, frases rutinarias o se utilice, como fundamentación el simple relato de los hechos o cualquier otra forma de reemplazarla por relatos insustanciales…”.-
Se entiende que el legislador diseña un concepto de falta de fundamentación o infundamentación, al que debemos remitirnos para una interpretación lógica de la Ley; y del análisis de los motivos expresados por el recurrente se puede apreciar claramente que los mismos ni siquiera se asemejan a la noción que nos brinda la norma.-
Lo concreto es que el Tribunal no dejó de lado el desarrollo de la exposición crítica de la que objetivamente resultó. El Tribunal de Apelación indicó correctamente que la valoración del material probatorio producido en oportunidad de llevarse a cabo la audiencia de juicio oral y público, escapa a la esfera de su competencia, “…siendo ello facultad exclusiva del Tribunal de Mérito…”, lo cual es la plataforma fáctica del proceso y la médula del debate. De la misma manera, esta Sala Penal concuerda con la decisión tomada por el Tribunal de Apelación en cuanto al agravio expresado repetidamente por el Defensor Público referente a los estudios psicológicos de los imputados, aduciendo que el hecho data del año 2004 y que por razón del transcurso del tiempo, los exámenes psicológicos requeridos no arrojarían ninguna utilidad a la causa sino que la entorpecerían debido a que por su naturaleza aluden al estado mental y psíquico de los imputados al momento de la realización del hecho.-
Considero pertinente acotar nuevamente que la casación es un medio de impugnación que se utiliza contra sentencias de segunda instancia o del tribunal de mérito (per saltum) que se consideren violatorias de la Ley. Simplemente se trata de un recurso mediante el cual se confronta la sentencia con la Ley, para concluir si aquella se ciñó a esta y si tiene validez jurídica.-
Germán Pavón Gómez en su obra “De la Casación y la Revisión Penal” señala al respecto: “…La Casación como un juicio sobre la sentencia que es, no puede entenderse como una instancia adicional, ni como potestad ilimitada para revisar el proceso en su totalidad, en sus diversos aspectos fácticos y normativos, sino como una fase extraordinaria, limitada y excepcional del mismo”.-
En base a los fundamentos expuestos precedentemente, doy mi voto por el rechazo del Recurso Extraordinario de Casación planteado por el Defensor Público Abog. Rodrigo Álvarez Miranda contra el Acuerdo y Sentencia Nº 7 de fecha 26 de febrero de 2007, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Criminal de la Capital, Segunda Sala y por lo tanto, corresponde imponer costas a la parte vencida de acuerdo a lo establecido por los Arts. 261 y 269 del Código Procesal Penal. ES MI VOTO.-
A sus turnos, los Doctores BLANCO Y NÚÑEZ manifestaron que se adhieren al voto Preopinante por los mismos fundamentos expuestos precedentemente.-
ACUERDO Y SENTENCIA Nº 644
Asunción, 21 de diciembre del 2010.
1. DECLARAR ADMISIBLE para su estudio el Recurso Extraordinario de Casación planteado por el Defensor Público Abog. Rodrigo Álvarez Miranda en estos autos.-
2. RECHAZAR el Recurso Extraordinario de Casación planteado por el Defensor Público Abog. Rodrigo Álvarez Miranda, por la defensa de los condenados Oligorio Duarte y Richard Romero, en contra el Acuerdo y Sentencia Nº 7 de fecha 26 de febrero de 2007, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal –Segunda Sala- de la Capital en los autos caratulados: “RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR EL DEFENSOR PÚBLICO ABOG. RODRIGO ÁLVAREZ MIRANDA EN LA CAUSA: OLIGORIO DUARTE Y RICHARD ROMERO S/ HOMICIDIO DOLOSO”, por los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución.
3. IMPONER COSTAS a la parte vencida.-
4. ANOTAR, registrar y notificar.-
Karinna Penoni de Bellassai, Secretaria Judicial.-