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Timestamp: 2017-01-21 21:30:56
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Matched Legal Cases: ['artículo 25', 'artículo 141', 'artículo 19', 'artículo 18', 'Artículo 114', 'artículo 174', 'artículo 75', 'artículo 84', 'artículo 88', 'artículo 137', 'artículo 138', 'artículo 141', 'artículo 7', 'artículo 19', 'artículo\n83', 'artículo 4', 'Artículo 1133', 'artículo 19']

*Marcos Guerrero
actos administrativos deben ajustarse al principio de legalidad, es decir deben
ser dictados conforme a derecho, en el marco constitucional y legal, por ser
actos de índole sub-legal, y además deben reunir los requisitos esenciales para
su validez. Se puede indicar que si un acto administrativo es dictado sin
verificar sus elementos existenciales y violando o menoscabando la Constitución
y la ley, el mismo contiene vicios que en consecuencia lo proyectan a su
nulidad absoluta o relativa, dependiendo de la gravedad del defecto.
actos administrativos, como actos sub-legales pueden ser controlados por la
propia administración y por los órganos jurisdiccionales en lo contencioso
administrativo, y dicho control puede efectuarse cuando se observe los siguientes
vicios: 1.- Violación o contrariedad del Derecho; 2.- Violación de los
requisitos de fondo del acto administrativo; y, 3.- Violación de los requisitos
violación o contrariedad del Derecho, significa que el acto administrativo
contiene vicios de inconstitucionalidad, cuando infringe o menoscaba garantías
o derechos constitucionales, tal como lo indica el artículo 25 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Crbv) que dice: “Todo
garantizados por esta Constitución y la ley es nulo (…)”. Los actos
administrativos y la función pública debe someterse plenamente a la ley y al
derecho, tal como lo indica el artículo 141 de la Crbv, de igual modo, el
artículo 19 numeral 1 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos
(Lopa) apunta que: “Los actos de la administración serán absolutamente nulos en
los siguientes casos: 1.- Cuando así esté expresamente determinado por una
norma constitucional o legal (…)”.
refiere al vicio de la violación de los requisitos de fondo del acto
administrativo cuando hay: a.- Vicios en la Competencia, el sujeto o
funcionario que dicta el acto no es competente, y puede estar incurriendo: a.1.
En usurpación de autoridad, cuando es ajeno totalmente al Poder Público; a.2.
Usurpación de funciones, cuando el funcionario que dicta el acto pertenece a
otra rama del poder público, ej. del ejecutivo se dictan actos que corresponden
al poder legislativo; a.3. Extralimitación de atribuciones, al dictar actos el
funcionario fuera de su competencia legal, dentro del mismo poder; b.- Vicios
en el objeto o en el contenido del acto: el contenido del acto es: ilícito,
imposible o indeterminado; c.- Vicios en la causa del acto: falso supuesto de
hecho, falsedad de los hechos o errónea apreciación de los mismos, y falso
supuesto de derecho, los hechos no encuadran en el supuesto de hecho de la
norma; d.- Vicio en el fin del acto, mejor conocido como desviación de poder,
el acto es emitido para una finalidad distinta de la norma que le otorga
competencia, se desvía el acto del fin previsto por el legislador.
último, cuando se reseña que existen vicios en la forma del acto, es que la
exteriorización del acto no cumplió con las formalidades para su emisión, faltó
el procedimiento, o se inobservó la motivación del acto o no están incluidos
los elementos que indica el artículo 18 de la Lopa, que son meras formalidades,
pero que muchas veces de no contenerlo pueden llevar a la indefensión del
administrado. marcosguer100@gmail.com
/@MARCOSGUER100
*escrito por Marcos Guerrero. martes, 12 de agosto de 2014
nombre Gaceta, según el Diccionario de la Real Academia Española (Drae)
proviene del italiano gazzetta, 1.f. Publicación periódica en la que se dan
noticias comerciales, administrativas, literarias o de otra índole. 2. f. En
España, nombre que tuvo durante muchos años el diario oficial del Gobierno. A
nivel municipal se emiten diversos instrumentos jurídicos como Ordenanzas,
Acuerdos, Decretos, Resoluciones, y demás actos administrativos e informaciones
de índole público los cuales hay que publicitar, a los fines de informar al
colectivo sobre los instrumentos jurídicos que rigen la vida local. El servicio
de publicidad de los Actos del Poder Público Municipal o de los Instrumentos
Jurídicos Municipales debe hacerse a través de la Gaceta Municipal, y la
coordinación de dichas publicaciones compete al Secretario Municipal, tal como
lo prevé el Artículo 114 en su numeral 9 de la Ley Orgánica del Poder Público
Municipal que dice: “Son atribuciones del secretario o secretaria del Concejo
Municipal: (…) 9. Coordinar la publicación y emisión de la Gaceta Municipal”. Ahora
bien, existió controversia sobre quién tenía competencia para la publicación en
Gaceta Municipal de los instrumentos Jurídicos del Poder Público Municipal, y
en Sentencia de la Sala Político Administrativa de fecha 30 de julio de 2008,
bajo el N° 00895, se dictaminó que “(…)
es al Secretario o Secretaria del Concejo Municipal a quien corresponde la
redacción, edición, administración, publicación y distribución de la Gaceta
Municipal”. Dicha decisión dejó claro que es al Secretario o Secretaria Municipal,
sin subordinación alguna a otro Poder, a quién le está atribuida la función de
emisión y publicación de la Gaceta Municipal, además de ser la Gaceta Municipal
un importante Servicio Público que tiene por objeto la publicidad periódica de
los actos e instrumentos jurídicos que emanan de los entes del Poder Público
conclusión la Gaceta Municipal es un importante Servicio Público que tiene por
objeto la publicación de los diversos actos e instrumentos jurídicos de los
entes Municipales, y corresponde al Secretario o Secretaria del Concejo
Municipal su coordinación, sin subordinación a ningún órgano del Poder
Municipal, por ser una competencia atribuida por la ley especial de la materia.
No puede el Secretario o Secretaria Municipal abstenerse de publicar ningún
instrumento municipal alegando que debe ser aprobado por el Concejo Municipal u
otro órgano del Poder Municipal, sólo debe proceder a su publicación, por
cuanto de lo contrario estaría incurriendo en abstención o carencia en la
prestación del Servicio Público de Gaceta Municipal, ni tampoco le está
permitido al Secretario(a) Municipal revisar la legalidad de los actos o
instrumentos jurídicos municipales a ser publicados, dado que dicha atribución
sólo está atribuida a los tribunales contenciosos administrativos. Las
observaciones y aclaratorias efectuadas en el presente artículo se hacen dada
la cotidianidad en la ocurrencia dentro del ámbito municipal de dicha
irregularidad y es deber de los funcionarios municipales ajustar sus
actuaciones dentro del principio de legalidad consagrado en la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela que dice: “Esta Constitución y la ley definen las atribuciones de los órganos que
Gaceta Municipal,
Transparencia Municipal,
*Marcos Guerrero. Diario de Los Andes, martes 5 de agosto de 2014
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (en lo adelante Crbv) en
su artículo 174 indica expresamente que “El gobierno y la administración del
Municipio corresponderán al Alcalde o Alcaldesa, quien será también la primera
autoridad civil”. De igual modo, más adelante señala explícitamente las
funciones de cada uno de los órganos del Poder Público Municipal, indicando que
al Concejo corresponde la función legislativa (Art. 175 CRB) y la función de
control corresponde a la Contraloría Municipal (Art. 176 Crbv).
la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (Loppm) en el artículo 75 que “ (…)
la función ejecutiva, desarrollada por el alcalde o alcaldesa a quien
corresponde el gobierno y administración”; además en el artículo 84 de la misma
ley dice que “ (…) El alcalde o alcaldesa es la primera autoridad civil y
política en la jurisdicción municipal, jefe del ejecutivo del Municipio,
primera autoridad de la policía municipal y
representante legal de la entidad municipal.(…)”. En el artículo 88 de la
Loppm también se repite que “El alcalde o alcaldesa tendrá las siguientes
atribuciones y obligaciones: (…) 2. Dirigir el gobierno y la administración
municipal, velando por la eficacia y eficiencia en la prestación de los
servicios públicos dentro del ámbito de su competencia (…)”. Ahora
bien, es común observar, que a través de ordenanzas se pretenda desconocer la
atribución del alcalde sobre el gobierno y administración municipal, situación
ésta que por ser completamente inconstitucional, dicho instrumento debe
inobservarse, por cuanto viola flagrantemente la norma fundamental de la
República, además de aplicarse la regla del artículo 137 de la CRBV que dice: “
Esta Constitución y la ley definen las atribuciones de los órganos que ejercen
el Poder Público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen”; y
el artículo 138, ejusdem, que señala: “Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus
actos son nulos”. Del mismo modo, el artículo 141 expresa que “(…) La
Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se
fundamenta (…) en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a
concluir es significativo invitar a los órganos deliberantes de los municipios
a “limpiar el ordenamiento municipal” de ordenanzas disconformes con el orden
constitucional y legal, que todavía mencionan en vez de alcalde o alcaldesa al
antiguo “administrador municipal o al prefecto del municipio” quienes eran,
antes de la ley orgánica del régimen municipal (1989) que dio paso a la Loppm
(2010), los que ejercían el gobierno y administración del municipio, aspectos
estos superados con la elección directa de los Alcaldes o Alcaldesas, donde se
deslindó visiblemente la separación de poderes en el municipio, y se diferenció
palmariamente la función legislativa o deliberante, recayendo tal
responsabilidad en el Concejo Municipal, y a su vez la función ejecutiva y de gobierno
y administración del Municipio, atribuyéndosela al alcalde o alcaldesa. La
reflexión se trae a colación en virtud que hay muchos funcionarios municipales
que todavía no se adaptan a la reforma del régimen municipal inserta en el año
1989, con la subsiguiente elección directa de alcaldes y alcaldesas, y más aun
con la Constitución de 1999 que de modo expreso precisó que el Gobierno y
Administración corresponde al Alcalde o Alcaldesa como máximo representante del
Revocación de los actos
Por: *Marcos Guerrero. Diario de Los Andes, martes 29 de julio de 2014
Revocación de Actos Administrativos Los actos
administrativos, según el artículo 7 de la Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos (en lo adelante Lopa), es “…toda declaración de carácter
general o particular emitida de acuerdo con las formalidades y requisitos
establecidos en la Ley, por los órganos de la administración pública”. Pues
bien, dichos actos administrativos tienen por objeto producir efectos
jurídicos, pero puede darse la situación, que después de transcurrir cierto
tiempo, la administración observe que el acto administrativo está viciado por
alguna irregularidad jurídica (ilegalidad) o de mérito (contrario al interés
público) que justifique la revocación del mismo.
La revocación del
acto administrativo es la emisión de un nuevo acto administrativo, por la misma
autoridad que lo emitió o por otra de mayor jerarquía, que va a extinguir la
fuerza jurídica del acto administrativo sustituido, prevaleciendo el último
acto al suprimir los efectos del acto revocado. Muchos doctrinarios hablan de
anulación administrativa para referirse a revocación del acto administrativo,
pero ciertamente para distinguir entre una y otra, anulación está referida a la
dictada por un órgano jurisdiccional (tribunal) sólo por razones de ilegalidad,
mientras que la revocación ocurre en sede administrativa, y puede ocurrir por
razones de ilegalidad o por razones de mérito (contraria al interés público). Ahora bien, la
Administración Pública tiene límites para proceder a la revocación de los actos
administrativos y los mismos se fundamentan en la seguridad jurídica de los
administrados. Los actos administrativos que pueden ser revocados son: 1. Los
actos administrativos de efectos generales, reglamentos, que pueden revocarse
en cualquier momento. 2. Los actos administrativos de efectos particulares no
creadores de derechos que también pueden revocarse en cualquier momento y por
cualquier motivo; y 3. Los actos administrativos creadores de derechos
subjetivos a particulares, en principio no pueden ser revocados, salvo que
estén viciados de nulidad absoluta, conforme lo establece el artículo 19 de la
Lopa, que dice: “Los actos de la administración serán absolutamente nulos en
norma constitucional o legal; 2.- Cuando resuelvan un caso precedentemente
decidido con carácter definitivo y que haya creado derechos particulares, salvo
autorización expresa de la ley; 3.- Cuando su contenido sea de imposible o
ilegal ejecución; y 4.- Cuando hubieren sido dictados por autoridades
manifiestamente incompetentes, o con prescindencia total o absoluta del
procedimiento legalmente establecido”.
Lo anterior se resume
en los artículos 82 y 83 de la Lopa, por cuanto el primero establece que “Los
actos administrativos que no originen derechos subjetivos o intereses
legítimos, personales y directos para un particular, podrán ser revocados en
cualquier momento, en todo o en parte, por la misma autoridad que los dictó, o
por el respectivo superior jerárquico”; ahí entran los actos de efectos
generales y los particulares no creadores de derechos subjetivos; y el artículo
83 que indica expresamente que “La administración podrá en cualquier momento,
de oficio o a solicitud de particulares, reconocer la nulidad absoluta de los
actos dictados por ella”, que significa el poder revocar los actos
administrativos absolutamente nulos.
Autotutela Administrativa,
Revocación de acto Administrativo,
El Hecho Urbano y la Ordenanza de Zonificación *Marcos Guerrero. Diario de Los Andes 22 de julio de 2014 El hecho urbano como fenómeno de las urbes regidas por el Derecho El
fenómeno de los asentamientos urbanos o el asentamiento poblacional en un
determinado territorio con la consecuente formación de ciudades, lleva a hechos
conocidos en el ámbito jurídico como hecho urbano, que es parte de un proceso
que transita desde la fundación de ciudades hasta el funcionamiento cotidiano
de las mismas. Las ciudades o urbes requieren de múltiples servicios e
infraestructura a los fines de poder atender al conglomerado poblacional que
está inserto en su seno, y ello debe estar reglado por el Derecho Urbanístico. Las
normas urbanísticas buscan equilibrar que la expansión o crecimiento de la
ciudad no merme la calidad de vida de sus habitantes. Es por ello la relevancia
del hecho urbano para los gobiernos locales y la razón no es otra sino la de
estar relacionado con la calidad de vida que éste puede generar a los
habitantes de una ciudad. El hecho urbano está regulado en primer término por
la Constitución, y es allí donde se establece que el derecho de propiedad no es
absoluto, dado que la misma está sometida a las restricciones y obligaciones
que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general; en
segundo lugar existen leyes como la ley orgánica de ordenación urbanística y la
ordenación del territorio que establecen criterios y fijan pautas para el
desarrollo urbano; y tercero están las ordenanzas como la ordenanza de
zonificación que establecen normas que regulan el uso de la tierra y de las
edificaciones en la ciudad, con el fin de orientar su desarrollo y salvaguardar
el bienestar, seguridad y salubridad de la comunidad. Ahora
bien, interesado en el problema urbanístico, de nunca acabar en la ciudad de
Valera, y obligado por ley a preservar el desarrollo urbano conforme con los
lineamientos señalados en las leyes y en las ordenanzas respectivas, no puedo
más que asombrarme, que la Ordenanza sobre Zonificación de la Ciudad de Valera
data del año 1980, específicamente del 27 de agosto de ese año, cuando la
gestión de Joaquin Padilla como Presidente del Concejo Municipal, y conforme lo
indica en su artículo 4 dice que “La
presente Ordenanza reglamenta el crecimiento previsto para la ciudad, y la
misma tendrá un carácter transitorio hasta tanto se realize (ídem) la revisión
total del Plan de Desarrollo de la ciudad de Valera”. Es
decir la Ordenanza que marca la pauta del Desarrollo Urbanístico de la ciudad
tiene 34 años de vigencia y todavía conserva el carácter transitorio y no ha
habido voluntad de reformarla para adecuarla a los avances urbanísticos que
lógicamente deben haber surgido posteriormente, no se ha renovado el Plano de
Vialidad que refleja el sistema vial de la ciudad, ni tampoco el Plan de
Desarrollo Urbano, que indica la
estructura general de la ciudad necesaria para la vida en comunidad de los
habitantes. Para
cerrar no me resta sino pedir a los diferentes actores de la ciudad, entre
ellos el Colegio de Ingenieros del estado Trujillo, para que conjuntamente con
los representantes del Gobierno Municipal se inicie una cruzada a los efectos
de buscar actualizar una de las Ordenanzas más importantes de la vida local,
por cuanto allí se centran todas las actividades para mejorar la calidad de vida
de los habitantes de Valera y el desarrollo armónico de la ciudad. @MARCOSGUER100/marcosguer100@gmail.com
Desarrollo de Valera,
Sindicatura,
la tenencia de la tierra urbana
de Los Andes 15 de julio de 2014
tenencia de la tierra es ancestral, y actualmente sigue vigente, cuantiosas
familias ocupando tierras públicas y privadas, necesitando su titularidad a los
efectos, entre otras cosas, de gestionar créditos para remodelar sus viviendas y poder mejorar la calidad de vida
de su núcleo familiar, así como proveer de servicios públicos, calles y
avenidas y su respectivo trazado urbanístico.
En fecha 6 de julio
de 2006, fue publicada en Gaceta Oficial La Ley Especial de Regularización
Integral de la Tenencia de la Tierra de los Asentamientos Urbanos Populares y
posteriormente, en fecha 6 de mayo de 2011, fue reformada para dar paso a la
Ley Especial de Regularización Integral de la Tenencia de la Tierra de los
Asentamientos Urbanos o Periurbanos. Dicha ley, trata de materializar la
tenencia de la tierra ocupada por la población en los asentamientos urbanos o
periurbanos consolidados, dotando de titularidad en la tenencia de la tierra al
grupo familiar, acotando que debe protegerse y atenderse, en situaciones de
conflicto intrafamiliar, el principio del interés superior del niño, niña y
oportunidades, varios abogados hemos sostenido el criterio que hay que acabar
con la comercialización de la tierra urbana, verdaderas mafias que se enquistan
en las luchas comunales a los fines de solicitar dádivas a los necesitados por
obtener la regularización de la titularidad de su terreno. Es por ello que
deben llevarse registros y censos continuos, por parte de los Comités de
Tierras Urbanas (CTU) para verificar quienes realmente están en situación de
ocupación de tierras públicas o privadas a los cuales no se haya reconocido el
derecho a obtener los respectivos títulos de adjudicación en propiedad, es
decir debe cumplirse con la naturaleza social de la ley.
La Ley Especial de
Regularización Integral de la Tenencia de la Tierra de los Asentamientos
Urbanos y Periurbanos, prácticamente observa dos procedimientos de
regularización de tenencia de la tierra urbana, uno a mi apreciación para las
tierras de índole público y otro para las tierras de particulares. El
procedimiento para las tierras públicas es el que finaliza con el otorgamiento
del título de adjudicación en propiedad, que se confiere bajo la naturaleza de
propiedad familiar o colectiva, la primera el Estado (a través de la Nación,
estado o Municipio) le cede a la familia el derecho a usar, gozar y disponer de
la tierra urbana de su propiedad, y la segunda, la colectiva, es el derecho que
se le otorga al Comité de Tierras Urbanas (CTU) para el aprovechamiento común,
bien sea público o privado, y mediante el cual también se transfieren los
derechos de uso, goce, disfrute y disposición de la tierra.
procedimiento para beneficiarse de la regularización de la tenencia de la
tierra urbana, en espacios geográficos o asentamientos consolidados de
poblaciones en tierras de índole privado o que pertenecen a particulares, es el
procedimiento especial de prescripción adquisitiva para la regularización de la
tenencia de las tierras privadas, las cuales se hacen a través de acto
administrativo emanado del Instituto Nacional de Tierras Urbanas (Intu), pero
que pueden iniciarse desde el Comité de Tierras Urbanas. En fin, desde mi
particular criterio, la ley es de suma importancia social y lo
trascendente es deslastrar a los
movimientos comunales de personajes encargados de la comercialización de la
tierra, y así lograr que se cumpla con el cometido de proveer a las clases
sociales más vulnerables de sus pertinentes títulos de adjudicación de tierra a
los efectos de evitar desalojos arbitrarios y que pueda el beneficiario optar
por créditos habitacionales para remodelación de sus viviendas a través de
instituciones bancarias y mejorar la calidad de su entorno familiar. @MARCOSGUER100 / marcosguer100@gmail.com
Sindicatura Valera,
tenencia de la tierra urbana,
Martes 8 de julio de
diversas actividades desplegadas por la Administración Pública, bien sea
Nacional, Estatal o Municipal, a los efectos de cumplir con su cometido en el
logro de los fines públicos o del interés general, encontramos las múltiples
operaciones que se realizan a través de Contratos, que por definición aportada
por el Artículo 1133 del Código Civil es “…una convención entre dos o más
personas para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellos
un vínculo jurídico”.
pública, adquiere bienes y servicios para proveerlos en el funcionamiento
propio o para ponerlos a disposición del colectivo, y hace obras, para
satisfacer el interés público, y todas estas actividades las realiza a través
de las contrataciones que efectúa, unas dentro de un plano de igualdad con los
particulares y otras en un plano de superioridad. Los Contratos de la
administración, según coexista en un plano de igualdad, son contratos privados
que se rigen por la normas de derecho común o de derecho privado, y cuando la
administración actúe en el vínculo jurídico, con un grado de superioridad, el
contrato puede definirse como Contrato Administrativo.
los Contratos de la Administración se pueden distinguir los Contratos Privados,
por ejemplo un contrato de compra-venta de papelería para las diversas
dependencias, un contrato de alquiler para una oficina pública, o arrendar un
bien inmueble (bien público) para un local comercial, o establecer un contrato
de arrendamiento de vehículos para ponerlos a disposición de proyectos de la
administración; y los Contratos Administrativos, que son aquellos donde la
distinción la hace que su principal finalidad tenga implícito un Servicio
Público o exista de por medio el interés general, por ello en diversas
oportunidades la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia
ha dejado claro que para diferenciarlo con los contratos privados deben estar
presentes los siguientes elementos: 1) Que una de las partes en el contrato sea
un ente público; 2) La presencia en el contrato de las llamadas cláusulas
exorbitantes; y 3) La finalidad y utilidad de servicio público o de intereses
públicos en el contrato.
interesante de distinguir los Contratos de la Administración en Contratos
Privados y Contratos Administrativos consiste en que los primeros se rigen
totalmente por el derecho común, mientras que los segundos, los
administrativos, los efectos del contrato son diferentes al régimen común, y
tienen tres características opuestas al derecho común, 1. Fuerza obligatoria
entre las partes: En principio el Contrato Administrativo tiene fuerza
obligatoria entre las partes, pero la Administración Pública, en ciertas
circunstancias puede romper el vínculo jurídico, previa indemnización al
co-contratante; 2. Inmutabilidad del Contrato: Este principio no rige para los
contratos administrativos, la Administración Pública puede modificar las
condiciones de ejecución de los contratos, en virtud de sus prerrogativas, es
decir, los contratos administrativos son mutables. 3. Posibilidad de Rescisión
unilateral del Contrato: La administración Pública, puede rescindir, dado el
interés público, los contratos administrativos.
Contratos de la Administración Pública, se subdividen en Contratos Privados y
en Contratos Administrativos, rigiéndose los primeros por el derecho civil o
común en su totalidad, mientras que los contratos administrativos tienen la
particularidad que se manejan por normas de derecho público, los atrae el
derecho administrativo, y esto los diferencia totalmente de los principios que
gobiernan la teoría de los contratos tutelados por el derecho civil.
Contratos de la Administración,
Autotutela Administrativa: Ejercicio Administrativo Regular de la Administración pública La
Administración Pública tiene dentro de sus potestades la revisión de oficio de
sus actos administrativos, bien sea para modificarlos, revocarlos o
subsanarlos, e igualmente puede ejecutar directamente sus actos
administrativos, sin necesidad de solicitarlo ante los tribunales competentes,
es decir, la Administración Pública tiene la potestad de declarar el Derecho y
de ejecutar sus propios actos de ser necesario.
la Administración Pública declara el Derecho o ejecuta sus propios actos, no es
que la misma va a estar excluida del control judicial, sino que en primer
término la Administración va a controlar sus propios actos, pero claro está
respetando los derechos y libertades individuales de sus administrados, y
posteriormente, un particular interesado, puede solicitar ante los tribunales
el control judicial del acto administrativo. Lo anterior ocurre en virtud de
estar la Administración Pública dotada de privilegios dada su primordial
función de satisfacer el interés público, y por ello no puede estar en el mismo
plano de igualdad con un sujeto particular. Tal
como lo menciona el tratadista José Araujo-Juárez “la primera idea que la
potestad administrativa proporciona, es la posibilidad de hacerse justicia un
sujeto por sí mismo, sin tener que acudir necesariamente al juez para que
resuelva sus pretensiones…”, y más
adelante señala, citando a Benvenuti, que se entiende por autotutela como la:
“…potestad administrativa con la cual la misma Administración Pública procede a
resolver los conflictos potenciales o actuales que surgen con los otros sujetos
con relación a sus actos o pretensiones, en definitiva, la capacidad de hacerse
justicia por sí misma”. Ciertamente la autotutela administrativa no es
imparcial, siempre va a ser parcial, pero limitada por los derechos subjetivos
creados a los particulares por la misma administración, además también debe
observarse el derecho a la defensa y el debido proceso a los efectos de la
autotutela de la Administración Pública.
conclusión, la Administración Pública, es un sujeto de derechos y deberes muy
sui géneris, porque como parte del Estado tiene prerrogativas y privilegios que
le sitúan en un nivel por encima de los particulares que son sus administrados,
y esto ocurre por cuanto la misma debe velar por el interés general o público,
pero estas inmunidades no deben convertirse en arbitrariedades, sino por el
contrario debe cuidar -en caso de aplicar la autotutela administrativa- por el
respeto de los derechos de los particulares, pero también debe tratar de
preservar el interés público por encima del interés de un particular. En efecto
la Administración Pública puede corregir o modificar un acto administrativo de
efectos particulares, siempre y cuando el mismo no haya generado o creado
derechos subjetivos sobre particulares, y no esté viciado de nulidad absoluta,
de los previstos en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos en el
artículo 19, o en otros supuestos de nulidad tipificados por la Ley o por la
/ marcosguer100@gmail.com
en Venezuela una Organización denominada Transparencia Venezuela sucursal de
Transparencia Internacional la cual maneja un interesante proyecto contra la
corrupción en los organismos públicos, mal éste de muy vieja data y enormemente
arraigado en la Administración Pública Nacional y en los países
caso es que la Organización Transparencia Venezuela (cuya fuente voy a utilizar
para este trabajo) a través de indicadores monitorea y detecta algunos indicios
con los cuales puede prevenirse la corrupción. El sistema de indicadores de
transparencia alcaldías -en lo adelante ITA- evalúa debilidades y fortalezas en
las Alcaldías a los fines de luchar contra la corrupción, y trabaja con
instrumentos que permiten medir el índice de transparencia en un conjunto de
procesos en los Ayuntamientos, a los efectos de fortalecer la institución ante
los riesgos de la corrupción. El ITA no mide la corrupción que hay en los
Municipios, pero sí mide el grado de cumplimiento de la transparencia mínima para
proteger contra la corrupción.
procesos a medir a través del ITA son: 1.- Formulación y ejecución del
presupuesto, todo ello para saber e informar cómo y en qué se invierten los
fondos públicos; 2.- Las colocaciones bancarias, y los procedimientos administrativos
del manejo de cuentas y colocación de fondos; 3.- Adquisición de bienes y
contratación de obras y servicios, que se cumpla con los requisitos legales de
la Ley de Contrataciones Públicas; 4.- Tramitación de licencias de actividades
económicas, que se verifique con procedimientos claros y precisos para la
obtención de las licencias; y 5.- Otorgamiento de constancias de acatamiento de
variables urbanas, ello a los fines de confirmar que las constancias que se
entreguen están ajustadas a las variables urbanas de zonificación.
bien, cada uno de estos procesos es abordado desde cuatro (4) componentes o
aspectos, los cuales son: 1.- Procedimientos y normas: se verifica si existen
procedimientos y normas claras y precisas, a fin de evitar discrecionalidad en
la toma de decisiones del funcionario responsable; 2.- Control y rendición de
cuentas: Obligación del funcionario público de responder por las decisiones
tomadas, y que todas estén apegadas a las normas y procedimientos; 3.- Acceso a
la información pública: Generar mecanismos de acceso a los ciudadanos en la
obtención de información sobre los procesos de gestión; y 4.- Participación
ciudadana, mecanismos de consulta a los ciudadanos sobre la gestión municipal,
así como también participación en los procesos de gestión.
conclusión el ITA permite identificar las zonas de riesgo de la corrupción,
logra establecer posiciones de transparencia de la gestión, y genera
visibilidad del trabajo municipal, además de servir de instrumento de evaluación.
En los gobiernos hay que diseñar mecanismos o normas de procedimientos claras
para eludir la discrecionalidad y evitar así la corrupción, y algo importante:
las comunidades y los ciudadanos deben incorporarse a denunciar
responsablemente a los corruptos para sanear la administración pública, y
deponer el ejemplo que percibimos: el discurso contra la corrupción va por un
lado y los hechos por otro, apreciando la ciudadanía que en Venezuela se premia
la corrupción, en virtud que cuando se denuncia a alguien de apropiarse de las
cosas públicas se le encarama en altos cargos o magistraturas estatales.
Leer el artículo en Diario de Los Andes...Pulse el enlace http://diariodelosandes.com/index.php?r=site/columnas&id=64#titulo