Source: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=20047417
Timestamp: 2019-09-22 22:49:13
Document Index: 308190966

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 369', 'artículo 48', 'ARTÍCULO 370', 'artículo 5', 'artículo 362', 'artículo 362', 'artículo 369', 'artículo 93', 'artículo 39', 'artículo 369', 'artículo 369', 'artículo 366', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 369', 'artículo 241', 'artículo 370', 'artículo 370', 'artículo 5', 'artículo 370', 'artículo 370', 'artículo 5', 'Artículo 369', 'Artículo 48']

C-672 de 2008
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020047417CC-SENTENCIAC672200802/07/2008CC-SENTENCIA_C_672__2008_02/07/2008200474172008Sentencia C-672/08 INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL- Ineptitud sustantiva de la demanda por incumplimiento de requisitos de claridad, certeza y pertinencia COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL- Configuración Referencia: expediente D-7105, D-7113, D-7121 y D-7132 (acumulados)
JAIME ARAÚJO RENTERÍAD7105CONSTITUCIONALIDADAlfredo Gabriel Aarón Henríquez, Karroll García Vargas | Diego Alejandro , López Ochoa, Elquin Andrés Infante Martínez, Natalia González HenríquezDemanda de inconstitucionalidad contra los artículos 369 y 370 del Código Sustantivo del Trabajo.Identificadores20020047418true55699Versión original20047418Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 369 y 370 del Código Sustantivo del Trabajo.
"ARTÍCULO 369. MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS.<Artículo modificado por el artículo 48 de la Ley 50 de 1990. Toda modificación a los estatutos debe ser aprobada por la asamblea general del sindicato y remitida, para efectos del registro correspondiente, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación, con copia del acta de la reunión donde se haga constar las reformas introducidas y firmadas por todos los asistentes.
"ARTÍCULO 370. VALIDEZ DE LA MODIFICACIÓN.<Artículo modificado por el artículo 5 de la Ley 584 de 2000. Ninguna modificación de los estatutos sindicales tiene validez ni comenzará a regir, mientras no se efectúe su depósito por parte de la organización sindical, ante el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social".
Finalmente, realizó un recorrido histórico acerca de las reformas a las que ha tenido lugar la norma demandada y concluyó que ese precepto introduce de manera confusa la palabra depósito, en lugar de inscripción -Ley 50 de 1990 o aprobación -C. S. del T.-, sin embargo, adujo, "el efecto de la norma es el mismo, que es consagrar la intervención de una autoridad administrativa en las reformas estatutarias sindicales".
El ejercicio del derecho a la libertad de asociación sindical implica en principio la no intervención de las autoridades públicas que limiten o entorpezcan su realización, ya que éstas sólo pueden actuar para mantener el orden legal y los principios democráticos. Como garantía de la no injerencia de las autoridades en la fundación de organizaciones sindicales, está la no intervención en su funcionamiento, pues su fundación "involucra que esta asociación se rija y se cree por los estatutos que establecerá la estructura interna y organización de dicha organización", es decir, "la estructura interna debe ser consecuencia de la libertad sindical y la autonomía de los trabajadores, sin presiones ni intromisiones de terceros. Ellos mismos dispondrán de su organización y regulación para su funcionamiento, que es reflejado en los estatutos, y si este derecho se ve limitado por requisitos o trabas procesales es entonces en efecto una intervención estatal violatoria de la libertad sindical y gremial y… del libre desarrollo de la personalidad de los trabajadores".
La validez según Bobbio -"Teoría General del Derecho"- se determina por tres criterios, el primero relacionado con que quien promulgó el acto esté legitimado para hacerlo, que no este regulado ya o se haya derogado, y que no sea incompatible con otras disposiciones. La Asamblea General del sindicado tiene la facultad parar crear y en consecuencia poder modificar los estatutos (artículo 362), "en cuanto a los dos restantes elementos es propio del desarrollo de la autonomía y la libertad sindical", de esta forma "el depósito o no de la modificación en los estatutos en nada hace referencia a la validez, porque a partir del acuerdo de voluntades entre los miembros de la Asamblea del sindicato o miembro, ya existe tal modificación" y no por "la tramitología innecesaria de la actuación", como sucede cuando se constituye un sindicato, pues éste adquiere personería jurídica a partir de la Asamblea Constitutiva y no cuando se registra en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Además, "debido al dinamismo y la necesidad propia de los sindicatos existen circunstancias por las cuales amerita que existan cambios en los estatutos para su beneficio" y que no pueden dar espera a que se surta un procedimiento ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pues puede que en la espera de ese paso "la modificación de los estatutos pierda su cometido".
Con base en el Convenio 87 y 98 de la O.I.T. la intervención del Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social no es legitima y limita el ejercicio de la libertad sindical, pues el Convenio "reconoce la autonomía sindical y la facultad de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos y no hace mención a que este supeditado a trabas procesales, aprobación o registro de autoridades administrativas", adicionalmente dice que "las autoridades deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal" pues "la naturaleza propia de un sindicato para su desarrollo son los estatutos y en ese sentido si no puede el sindicato regirse por sí mismo como asociación se desmotiva la nueva creación de otras organizaciones sindicales".
Finalmente, la facultad de modificar los estatutos es un derecho de toda organización sindical (artículo 362 C. S. del T.), el cual no puede ejercerse con las limitaciones impuestas por el legislador que no tienen ninguna finalidad, pues a pesar de que la limitación a un derecho es una potestad propia del legislador, ésta es procedente siempre y cuando sea necesaria, mínima, indispensable y proporcional con relación a la finalidad perseguida. Así, "qué necesidad existe de las obligaciones de llevar registro si ya se lleva por parte del sindicato y la empresa, al tener un acta, copia y conocimiento de lo decidido en la reunión presidida por la Asamblea General del sindicato; y por otra parte para que se requiere el depósito de la modificación estatutaria si esta ya tiene eficacia y acuerdo entre las partes. La validez se remite al condicionamiento legal que haya sido el acto proferido por los medios y autoridad pertinente, siendo así la competencia para actuar a la Asamblea de la asociación sindical o gremial".
El principio de asociación sindical dispone la libre voluntad de los trabajadores para constituir permanentemente organizaciones que identifiquen y defiendan sus intereses, sin que exista intervención estatal. Para hacer efectivo ese derecho la protección referente a la no intervención estatal se predica también entorno al proceso de organización del sindicato, "puesto que en la etapa de organización sindical, el Estado podrá intervenir y restringir el derecho de asociación de igual o mayor forma de cómo lo haría en la etapa de formación", luego, las modificaciones que realizan los sindicatos en su organización interior no deben estar supeditadas o condicionadas a requisitos estatales.
Del principio de asociación sindical se desprende el de autonomía sindical, el cual permite al sindicato darse su propia normatividad, por lo que en virtud de este principio se prohíbe al Estado intervenir en el proceso de autorregulación de los sindicatos, sea en el momento de constitución de los estatutos o en su modificación. Esta es la regla general; sin embargo por vía de excepción el Estado puede limitar dicha conducta como es el caso del "sindicato que establece en los estatutos un objeto social no acorde con la naturaleza de un sindicato".
Así, no hay razón suficiente para supeditar la validez de una reforma a una actuación estatal, pues dicha injerencia contraviene los principios de asociación y autonomía sindical, ya que es el sindicato el llamado a darse sus propios estatutos y es a él al que le compete determinar cuando empiezan a regir sus reformas y, en el evento en que no lo disponga, se "se debe entender que la modificación tiene validez y comienza a regir tan pronto se realice".
El Ministerio de la Protección Social, mediante apoderado judicial, intervino en este proceso constitucional oponiéndose a las pretensiones de los demandantes. Afirmó que "del solo hecho de exigirle a la organización que deposite la MODIFICACIÓN de los estatutos no puede pretenderse que la norma sea retirada del ordenamiento jurídico… lo anterior, porque los artículos 369 y 370 hablan de modificación de los estatutos, lo que significa que algo cambió o se transformó en dicha regulación y estando estos obligados a no contrariar la Constitución y la ley, es procedente que dichas modificaciones se ajusten a dicho requerimiento", pues una de las causales para rechazar el registro sindical, es cuando los estatutos de la organización son contrarios a la Constitución Política o la ley, luego si este es un condicionante para su creación y puede llevar a la no inscripción de la organización sindical, mal podría permitirse una libertad absoluta posterior a dicha inscripción que viole lo impuesto por las normas de superior jerarquía.
Por último, manifestó que las normas demandadas "son garantía de los derechos de asociación y de libertad sindical, dan seguridad jurídica y cumplen con la función de dar publicidad y prueba a los actos de la organización sindical y deben continuar vigentes en el ordenamiento jurídico".
La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la O.I.T. ha reconocido que no atenta contra la libertad sindical la exigencia de "simples formalidades", siempre que no vulneren la autonomía, atienda propósitos de publicidad -ya sea que éstos se deban cumplir de manera voluntaria u obligatoria- y "no se hallen en contradicción con las garantías previstas por el Convenio num. 87[1]". Esta misma comisión, señaló que "… pueden surgir problemas de incompatibilidad con el Convenio cuando el procedimiento de inscripción en el registro es largo y complicado, o cuando las normas de inscripción se apartan de su finalidad y permiten a las autoridades administrativas competentes hacer uso excesivo de su margen de evaluación".
El depósito al que se refieren los artículos demandados es una mera formalidad para dar publicidad a los cambios que libremente realiza la organización sindical, diferente es, y puede plantear problemas, que, según lo señaló la Comisión de Expertos, "la ley obligue a las autoridades competentes a invitar a los fundadores de las organizaciones a incorporar en sus estatutos exigencias jurídicas que, en sí mismas, se hallen en contradicción con los principios de la libertad sindical".
Señaló, que el Comité de Libertad Sindical, determinó que "para que las organizaciones tengan derecho a elaborar sus propios estatutos y reglamentos con libertad absoluta, la legislación nacional debería limitarse tan sólo a sentar las condiciones formales que deberán respetar los estatutos, los cuales, junto con los reglamentos correspondientes, no necesitaran la aprobación previa de las autoridades para entrar en vigor".
El representante del Ministerio Público conceptúa a favor de la declaratoria de exequibilidad de los artículos 369 y 370 del C. S. del T., "bajo el entendido que el registro y el depósito de las modificaciones de los estatutos sindicales ante el… Ministerio de la Protección Social, resultan exequibles sólo para efectos de publicidad, seguridad, prueba y protección de derechos de terceros, toda vez que son trámites posteriores que no afectan la existencia de las decisiones validamente adoptadas por la organización sindical, o estarse a lo resuelto en el expediente D-7008 y D-7019 acumulados" y pidió igualmente estarse a lo resuelto en sentencia C-797 de 2000 de la Corte Constitucional en lo que respecta con la segunda parte del inciso primero del artículo 369 del C. S. del T. por existir cosa juzgada constitucional.
Se abstiene de analizar la constitucionalidad en relación con el Convenio 98 de la O.I.T. toda vez que "los ciudadanos Karroll García Vargas y Diego Alejandro López Ochoa no dan razones ni fundamentan el cargo" respecto de dicha normatividad.
Los convenios y tratados internacionales son incorporados a la normatividad de la Constitución, en virtud del artículo 93 de la misma, estableciendo como condicionante que éstos "i) reconozcan derechos humanos, ii) prohíban su limitación en los estados de excepción y iii) se encuentren 'ratificados por el Congreso'". Una vez ratificados los Convenios de la O.I.T. entran a regir inmediatamente y no requieren de desarrollo por parte del legislador cuando lo normado en él así lo permitan. La jurisprudencia constitucional ha incorporación al bloque de constitucionalidad el Convenio 87 de la O.I.T. (C-280 de 2007).
La personería jurídica de los sindicatos se reconoce automáticamente, la inscripción consecuente con ella, pues según ha dicho la Corte "no supone de manera alguna que las organizaciones sindicales estén sujetas para su constitución a la autorización previa por parte del Estado. Por el contrario, las mismas existirán como personas jurídicas desde el momento en que se constituyan como tales, pero para poder actuar validamente ante las autoridades y terceros, como toda persona jurídica se requerirá de un mínimo de requisitos que deben observarse, que para este caso, es lo que supone la inscripción. … La inscripción cumple los tres propósitos fundamentales que son lapublicidad, la seguridad y la prueba" (C-567/00)
El artículo 39 de la Constitución Política dispone como límite al derecho de asociación el orden legal y los principios democráticos, lo que es acorde con los postulados de que ningún derecho es absoluto, que todo derecho tiene correlativos deberes y que toda excepción a la garantía de un derecho debe ser interpretada de manera estricta y restrictiva. Parafraseando a la Corte, podría decirse que "esto significa que las modificaciones que las organizaciones sindicales hagan a sus estatutos son asuntos que concierne exclusivamente a los sindicatos en ejercicio de la libertad sindical y tienen validez desde el momento en que la propia organización sindical las efectué. Sin embargo, por vía legislativa y en la medida en que no se afecte su núcleo esencial, puede imponerse limitaciones por parte del legislador que resulten razonables y proporcionadas a la finalidad perseguida".
El artículo 369 del C. S. del T. fue estudiado con anterioridad por la Corte Constitucional en sentencia C- 797 de 29 de junio de 2000; en dicha providencia se determinó que "no se opone a la constitución la exigencia relativa a que toda modificación de los estatutos, para efectos del registro correspondiente, se remita en el plazo al Ministerio de Trabajo y la Seguridad Social, … porque dentro de las atribuciones del legisladores encuentra la de asegurar que las reformas estatutarias de los sindicatos, por razones de publicidad y para proteger derechos de terceros sean registradas oportunamente. En cuanto… al inciso segundo del artículo 369, no merece ningún reparo de inconstitucional, pues la misma establece una remisión neutral al artículo 366, el cual ya fue objeto de estudio por parte de esta Corporación, y declarado exequible en sentencia C-567/2000", por lo que en ese aspecto la Corte deberá estarse a lo resuelto en dicha providencia (C-797/2000).
2.1 Las cuatro demandas de inconstitucionalidad presentadas dentro del presente proceso, se dirigen contra los artículos 369 y 370 del Decreto Ley 3743 de 1950 o "Código Sustantivo del Trabajo", por considerar todas ellas que dichas disposiciones son violatorias de la libertad sindical y del derecho de asociación sindical, las cuales vulneran el Preámbulo y los artículos 1º, 2º, 16 y 39 Superior, así como los artículos 2º, 3º y 11 del Convenio 87 de la OIT y el artículo 4º del Convenio 98 de la OIT, al constituir, en criterio de los actores, una intervención indebida por parte del Estado en el funcionamiento de las organizaciones sindicales, lo cual condiciona injustificadamente la validez de las reformas estatutarias con el requisito de su depósito en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, lo cual entorpece y dificulta el ejercicio del derecho de modificar los estatutos derivado de la libertad sindical, requisito que sólo tendría sentido en cuanto a la publicidad de las reformas estatutarias o la validez frente a terceros, pero que si se entiende como requisito para la validez de dichas modificaciones respecto de la organización sindical y los empleadores terminaría constituyendo una injerencia indebida por parte del Estado y limitando abiertamente la libertad sindical, restringiendo la autonomía de las organizaciones sindicales, así como el derecho al trabajo, la justicia y la igualdad, valores superiores de orden constitucional.
2.3 Por su parte, el ciudadano José Gabriel Mesa Cárdenas intervino en este proceso constitucional defendiendo la constitucionalidad de las normas demandadas. Para este ciudadano los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo, así como la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, y el Comité de Libertad Sindical, han reconocido la existencia de reglamentaciones nacionales de materias tales como la inscripción de las organizaciones de trabajadores en el registro sindical, de sus estatutos y de las modificaciones a sus juntas directivas, sin que con ello se viole la autonomía sindical de que trata el artículo 3° del Convenio 87, siempre que dichos requisitos o "simples formalidades", como en el caso de la exigencia del depósito de las modificaciones de los estatutos, se ajusten a los propósitos y fines del Convenio y no vulneren el derecho a la libertad sindical o de asociación, libertades que de otra parte se encuentran limitadas por la propia Constitución y la Ley.
2.4 El representante del Ministerio Público conceptuó dentro del presente proceso de constitucionalidad a favor de la declaratoria de exequibilidad de los artículos 369 y 370 del C. S. del T., "bajo el entendido que el registro y el depósito de las modificaciones de los estatutos sindicales ante el… Ministerio de la Protección Social, resultan exequibles sólo para efectos de publicidad, seguridad, prueba y protección de derechos de terceros, toda vez que son trámites posteriores que no afectan la existencia de las decisiones validamente adoptadas por la organización sindical, o estarse a lo resuelto en el expediente D-7008 y D-7019 acumulados" y pidió igualmente estarse a lo resuelto en sentencia C-797 de 2000 de la Corte Constitucional en lo que respecta con la segunda parte del inciso primero del artículo 369 del C. S. del T. por existir cosa juzgada constitucional.
Esta regla es reiterada en el Art. 46 de la ley 270 de 1996, en virtud del cual "en desarrollo del artículo 241 de la Constitución Política, la Corte Constitucional deberá confrontar las disposiciones sometidas a su control con la totalidad de los preceptos de la Constitución. "[2]
"Los conceptos de cosa juzgada absoluta y relativa han sido desarrollados por la jurisprudencia constitucional, indicando que en principio debe entenderse que toda sentencia de constitucionalidad hace tránsito a cosa juzgada absoluta salvo que la propia Corporación, bien de manera explicita en la parte resolutiva, o bien de manera implícita en la parte motiva, restrinja el alcance de su decisión a los cargos analizados en la sentencia."[3] ( negrillas fuera de texto)
"La cosa juzgada relativa se presenta de dos maneras: Explícita, cuando "...la disposición es declarada exequible pero, por diversas razones, la Corte ha limitado su escrutinio a los cargos del actor, y autoriza entonces que la constitucionalidad de esa misma norma puede ser nuevamente reexaminada en el futuro..", es decir, es la propia Corte quien en la parte resolutiva de la sentencia limita el alcance de la cosa juzgada "...mientras la Corte Constitucional no señale que los efectos de una determinada providencia son de cosa juzgada relativa, se entenderá que las sentencias que profiera hacen tránsito a cosa juzgada absoluta...". Implícita, se presenta cuando la Corte restringe en la parte motiva el alcance de la cosa juzgada, aunque en la parte resolutiva no se indique dicha limitación, "...en tal evento, no existe en realidad una contradicción entre la parte resolutiva y la argumentación sino una cosa juzgada relativa implícita, pues la Corte declara exequible la norma, pero bajo el entendido que sólo se ha analizado determinados cargos...". Así mismo, se configura esta modalidad de cosa juzgada relativa, cuando la corte al examinar la norma constitucional se ha limitado a cotejarla frente a una o algunas normas constitucionales, sin extender el examen a la totalidad de la Constitución o de las normas que integran parámetros de constitucionalidad, igualmente opera cuando la Corte evalúa un único aspecto de constitucionalidad; así sostuvo que se presenta cuando: "... el análisis de la Corte está claramente referido sólo a una norma de la Constitución o a un solo aspecto de constitucionalidad, sin ninguna referencia a otros que pueden ser relevantes para definir si la Carta Política fue respetada o vulnerada..". [4] ( negrilla fuera de texto ).
Ahora bien, en relación con el artículo 370 del Código Sustantivo del Trabajo demandado en esta oportunidad, evidencia esta Sala que en reciente decisión de esta Corporación, sentencia C-465 del 2008, Expediente D-7008 (y acumulados), esta Corte se pronunció sobre el artículo demandado, declarando la exequibilidad del artículo 370 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 5º de la Ley 584 de 2000, por el cargo analizado, en el entendido de que el depósito de la modificación de los estatutos sindicales cumple exclusivamente funciones de publicidad, sin que ello autorice al Ministerio de la Protección Social para realizar un control previo sobre el contenido de la reforma. Por el contrario, las expresiones "Validez de la" y "tiene validez ni" se declararon inexequibles.
"Ninguna modificación de los estatutos sindicales tiene validez ni comenzará a regir, mientras no se efectúe su depósito por parte de la organización sindical, ante el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social"
Segundo.ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-465 del 2008 respecto del artículo 370 del Código Sustantivo del Trabajo, que declaró la "EXEQUIBILIDAD del artículo 370 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 5º de la Ley 584 de 2000, por el cargo analizado, en el entendido de que el depósito de la modificación de los estatutos sindicales cumple exclusivamente funciones de publicidad, sin que ello autorice al Ministerio de la Protección Social para realizar un control previo sobre el contenido de la reforma". Por el contrario, las expresiones "Validez de la" y "tiene validez ni", se declaranINEXEQUIBLES".
Inhibida para emitir pronunciamiento de fondo Artículo 369 DECRETO_2663_1950_05/08/1950
Inhibida por ineptitud de la demanda Artículo 48 LEY_50_1990_28/12/1990
[1]Oficina Internacional del Trabajo, Conferencia Internacional del Trabajo 81ª Reunión, 1994, Informe III (Parte 4B), "Libertad Sindical y Negociación Colectiva", Estudio General de las memorias sobre el Convenio (núm 87) sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948, y el Convenio (num 98) sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949, páginas 35 y siguientes.
[2]La Sentencia de Constitucionalidad de esta norma , es la C- 037 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[3]Sentencia C- 548 de 2002 Corte Constitucional.
[4]Sentencia C- 774 de 2001 Corte Constitucional