Source: http://politicaderecho.blogspot.com/2012/07/
Timestamp: 2018-03-23 18:57:29
Document Index: 340486588

Matched Legal Cases: ['artículo 41', 'artículo 41', 'artículo 21', 'artículo 23', 'artículo 9', 'artículo 9', 'Artículo 69']

POLITICA Y DERECHO: julio 2012
CASILLA 518
El viernes pasado Andrés Manuel López Obrador exhibió, como prueba de fraude, el acta de escrutinio y cómputo de la elección presidencial correspondiente a la casilla 518, contigua 4, del distrito 7 de Baja California, con cabecera en Mexicali.
Consulté el PREP del IFE (cualquier interesado puede hacerlo); ahí aparece la copia del acta a que se refiere el ex candidato presidencial. Está marcada como casilla anómala, ya que el PRI tenía más votos que el total de electores que en ella votaron.
En efecto, según la copia del PREP, votaron 294 ciudadanos, más 6 representantes de partidos, para un total de 300; sin embargo, de la urna se extrajeron 290 boletas, 10 menos que el total de votantes.
Los resultados por partido consignados en el acta son: PAN 084; PRI 600; PRD 70; PVEM 0; PT 0; MC 0; PNA 8. En todos los casos el resultado se consignó con letra y número; como al PRI se le consignaron 600 votos, el doble de los ciudadanos que votaron, hay una evidente inconsistencia, y así lo hizo notar de inmediato el PREP.
Como se puede constatar en la copia del acta, para la coalición PRI y PVEM se consignaron, con letra y número, "ciento veintisiete 127" votos. En ese renglón el acta contiene un aviso para los funcionarios de casillas, que dice "Escriba aquí sólo el número de boletas que tienen marcado los dos emblemas de los partidos políticos en coalición". Por tanto, si hubiesen sido 127 las boletas en que los electores marcaron tanto el emblema del PRI como el del PVEM, y se suman a los 600 votos que se consignaron por el PRI, Enrique Peña Nieto habría obtenido 727 votos en esa casilla, pero solo votaron 300 ciudadanos, y de las urnas se extrajeron 290 boletas.
Al sumar los votos del PAN (84); PRD (70), PNA (8) y los votos nulos (5) el resultado es 167 votos; pero el acta consigna que de la urna se extrajeron 290 boletas, contra este último dato faltan 123 votos por sumar. Los consignados por PRI y PVEM son 127; sobran 4 votos.
Encontré que en el renglón 10 del acta -incidentes- se consigna lo siguiente: "se fue el presidente, secretario y un escrutador"; en el acta aparecen los nombres, pero no sus firmas; sólo firmó un escrutador. El acta tiene inconsistencias, que ameritaron que fuera marcada con esa condición en el PREP, lo que permitió a los abogados del Movimiento Progresista detectarla y obtener la copia que exhibió su candidato presidencial.
Consultando me entero que al instalarse la casilla faltó el segundo escrutador, por lo que se designó a un ciudadano de la fila para que ejerciera esa función; de igual forma al iniciar la votación solo el MC no tenía representante, pero en el acta solo firmaron los de PAN, PNA y PRI, los dos primeros presentaron escritos de protesta.
El paquete de la casilla fue abierto por el consejo distrital, para recuento total de votos. Resultó lo siguiente: PRI 79; PVEM 2; PRI-PVEM (ambos emblemas cruzados) 46, para un total de 127 votos (cifra igual a la consignada en el acta para PRI/PVEM); PAN 82 votos (2 menos); PRD 46; PT 1; MC 2; PRD/PT/MC 18; PRD/PT 2; PT/MC 2, para un total de 71 votos por López Obrador (en el acta consignaron 70 para el PRD); PNA 8; votos nulos 7 (dos más que en el acta). Total: 295 votos, pero el acta dice que votaron 300; o cinco ciudadanos se llevaron la boleta, o se trata de otro error, al duplicar en la cuenta de votantes a los representantes de partido que votaron sin estar en la lista. Me inclino por lo segundo.
Queda por aclarar quién anotó en el acta 600 votos al PRI, y el motivo por el que "se fue (sic) el presidente, secretario y un escrutador". El IFE debe informar.
Las inconsistencias en actas son, en su inmensa mayoría, errores aritméticos y/o de escritura, lo que se agravó porque los electores no tuvieron información clara sobre la forma válida de votar en el caso de las dos coaliciones, tanto en las elecciones federales como en las locales; a lo que se agrega que los funcionarios de casilla tampoco tuvieron información, o no la entendieron, sobre cómo contabilizar esos votos y consignarlos en las actas. Es todo un tema.
López Obrador persiste en convertir errores en fraude; olvida que podemos consultar las actas en el PREP para entender, con sumas y restas, y una pizca de buena fe, los errores.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 11:10 No hay comentarios:
Los ríos de dinero gastados en la campaña de Enrique Peña Nieto evidentemente no fueron donaciones desinteresadas de amigos y familiares sino “inversiones” de parte de poderosos intereses fácticos. El inmovilismo político de un gobierno federal secuestrado por sus patrocinadores implicaría mayores peligros que la incertidumbre política que desencadenaría la eventual invalidación de la elección presidencial. El país difícilmente aguantaría otros seis años de un Ejecutivo federal que gobierna a espaldas de la ciudadanía y utiliza las instituciones públicas para minar en lugar de defender el interés público.
Se acumula la evidencia con respecto al grosero rebase del tope de gastos de campaña por Peña Nieto. Solamente el observador más ingenuo podría imaginar que el priista haya respetado el límite de 336 millones de pesos. Esta cifra probablemente fue rebasada durante las primeras dos semanas de la campaña, con el masivo despliegue de espectaculares y eventos a lo largo y ancho del país. Todos recordamos cómo el viejo partido del Estado incluso repartió litros de gasolina, bronceador y botellas de agua a los turistas durante la Semana Santa.
A estos gastos habría que agregar todo lo erogado en aviones ejecutivos y coches de lujo para Peña Nieto y su equipo, los costosos montajes y acarreos en cada uno de sus eventos públicos y el derroche de dinero para aceitar los medios de comunicación y las casas encuestadoras. Todo esto sin empezar a contabilizar los casos de Monex y Soriana, que juntos podrían haber implicado un gasto de más de 4 mil millones de pesos. También habría que sumar los recursos muy probablemente desviados del erario público hacia la campaña presidencial en los estados gobernados por el PRI.
La Constitución señala claramente como requisito para la celebración de elecciones auténticas que “los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado” (artículo 41, II, primer párrafo). Esta cláusula constituye uno de los cimientos más importantes del avanzado sistema de regulación electoral en México y lo distingue, por ejemplo, del sistema de Estados Unidos, donde el dinero privado fluye libremente.
La ley mexicana establece un firme blindaje del espacio público en contra de las intervenciones indebidas de los particulares. Incluso una de las razones esgrimidas explícitamente por los negociadores de la histórica reforma constitucional de 1996 que incluyó esta salvaguarda fue precisamente la necesidad de evitar la infiltración del dinero del narcotráfico. A sabiendas de que siempre es difícil distinguir entre el dinero limpio y el dinero sucio, los negociadores decidieron reducir la presencia de las donaciones privadas al mínimo.
Durante 2012 cada partido político podrá recibir un total de 33.6 millones de pesos de sus “simpatizantes” y otros 33.6 millones de “militantes”. Y cada donante, persona física o moral, podrá aportar un máximo de 1.7 millones a cada partido, incluyendo cualquier contribución en especie. La ley prohíbe a las personas morales de carácter mercantil realizar cualquier aportación a los partidos o los candidatos.
Llama la atención que al aceptar la relación “indirecta” entre Monex y el PRI, por medio de la empresa Alkino Servicios, Jesús Murillo Karam utilizara precisamente la cifra de 66 millones de pesos, equivalente a la suma de las donaciones permitidas por simpatizantes y militantes. Así, el coordinador de la estrategia jurídica de Peña Nieto sugiere que esas tarjetas no fueron contratadas por el partido con el financiamiento público otorgado por el IFE sino con donaciones externas. Si es el caso, y si se acredita la existencia de un número superior de tarjetas a las 8 mil aceptadas hasta ahora, estaríamos ante una flagrante violación del principio de predominio del financiamiento público sobre el privado.
Lo más grave entonces no sería la simple violación al tope de gastos, sino la “corrupción estructural” (Irma Eréndira Sandoval dixit) que implica la violación de un principio constitucional fundacional en materia electoral. Pero lo verdaderamente preocupante serían las consecuencias prácticas. “El que paga, manda”, reza el sabio dicho mexicano, y los millones de pesos invertidos tendrán que ser retribuidos por Peña Nieto, si es que llega a colocarse la banda presidencial.
Este contexto nos permite entender la insistencia de Peña Nieto en la privatización de Pemex. Por un lado, el tema le permite a Peña Nieto atraer atención de la prensa, las corporaciones y el gobierno de Estados Unidos. Sus entrevistas con el Financial Times en noviembre y con el Wall Street Journal en abril, así como su editorial en el New York Times en julio pusieron fuerte énfasis en el tema de la necesidad de “deshacerse de viejas ideologías” y “abrir” Pemex más a la inversión privada.
Por otro lado la misma iniciativa privatizadora cumpliría con la doble función de ser la gallina de los huevos de oro para compensar a sus múltiples acreedores. Así como Carlos Salinas utilizó las privatizaciones para pagar favores a sus patrocinadores y ayudar a sus amigos, Peña Nieto buscaría hacer lo mismo con la madre de todas las privatizaciones: Pemex.
Sin embargo se antoja difícil que el exgobernador del Estado de México logre su cometido. Los jóvenes han logrado imponer la agenda de discusión pública y cualquier acción hacia la privatización seguramente encontraría una enorme resistencia. Se acabó muy rápidamente la “luna de miel”, normalmente de unos 100 días, de la cual normalmente gozan los nuevos presidentes para emprender reformas y lanzar nuevas iniciativas.
Esto deja a Peña Nieto en una situación delicada ya que todavía no toma posesión y ya empieza a quedar mal con sus acreedores. El ataque en contra de López Obrador con respecto al financiamiento de su propia campaña presidencial es el indicador más claro de la desesperación del priista. Si Peña Nieto se sintiera seguro de la legalidad de su victoria y optimista con respecto a la posibilidad de conducir el país a buen puerto, no habría necesidad de perder su tiempo atacando a un candidato supuestamente irresponsable y desequilibrado que no constituiría amenaza política alguna.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 11:29 No hay comentarios:
Vigoroso, entero, muy informado, con una lúcida exposición sobre economía internacional, y los desafíos de la región ante la crisis europea y la amenaza de una nueva recesión en los Estados Unidos, el Presidente Felipe Calderón dejó clara una idea entre algunos de los asistentes a las conferencias del Círculo de Montevideo que patrocina Carlos Slim: no quiere irse. No, en el sentido que los ex-presidentes mexicanos se van de la política cuando concluyen su ejercicio constitucional. Mucho menos, en la forma en la que se fue, y la peor en que volvió Vicente Fox, para irse definitivamente. Calderón quiere seguir influyendo.
Es todavía joven Felipe Calderón Hinojosa, y México tiene tantas cosas aún por lograr que, si Julio María Sanguineti, Ricardo Lagos y Felipe González, están volcados en transmitir sus ideas y decididos a seguir interviniendo en el derrotero de sus países, ¿por qué no, Felipe Calderón?. Confieso que esa idea no me disgusta. Ayer mostró su inteligencia, la personal, la visionaria, la que sin duda acrecentó con las oportunidades de información y relaciones que brinda la Presidencia de un país como el nuestro. Ese bagaje, esa experiencia, es necesaria para México, el continente y el mundo.
Lo que no me agrada nada, es el activismo del Presidente Calderón en lo que se ha dado en llamar el proceso de refundación del PAN, su desbordada agenda de encuentros con consejeros nacionales para inducir, hacia la sesión extraordinaria del 11 de agosto, ciertas ideas de cambios estatutarios aprovechando la investidura presidencial y forzar la celebración de una asamblea nacional extraordinaria en noviembre próximo que pueda estar aún en la capacidad de maniobra de sus resortes de poder. Es ceñir la reflexión a su deseo, es supeditar los tiempos del Partido a los del Presidente. Me parece una desmesura y una deslealtad.
Apresurar, además, la celebración de un ejercicio así sería un error descomunal, porque marcaría el necesario renacimiento del Partido con el ocaso de un ejercicio de poder centralmente cuestionado y sancionado el pasado primero de julio. El Presidente Calderón tiene una doble responsabilidad frente a los resultados electorales: la directamente vinculada con el ejercicio del poder, y su persistente injerencia en la vida del partido desde ese ámbito, desde el que tachó y palomeó, cometió excesos que nunca imaginé en él para quienes no coincidíamos con sus posiciones, desplegó actitudes de condicionamiento y presión a la hora de integrar los órganos del partido, impuso dinámicas pragmáticas que son parte del deterioro ético y político que lacera al PAN.
El PAN necesita recuperar, antes que nada, su autonomía e independencia del gobierno del Presidente de la República para poder pensar, reflexionar y concluir lo que a su mejor futuro convenga. No podemos, ni debemos, prescindir de Felipe Calderón. Ayer mostró lo cuajado que está, realmente me sorprendió. Pero él no debe dirigir el proceso de reflexión, reconstitución o reforma del partido, es el menos indicado. El debe ser parte del proceso y estar sujeto al análisis de los órganos del partido, y conforme al diagnóstico, deben tomarse las acciones necesarias y las redefiniciones programáticas que se requieran, no importando si éstas entrañan una crítica a la actuación de su gobierno, o del de Vicente Fox.
En otras ocasiones he señalado la insospechada cultura presidencialista que le surgió al PAN, sobre todo en los años de Calderón, en lugar de desarrollar una cultura y una práctica de partido en el poder. La actitud tan normal y desenfadada con la que algunos liderazgos panistas han tomado el activismo presidencial, me confirma ese fenómeno, al que también adjudico parte del desdibujamiento ideológico y programático de Acción Nacional en las Cámaras del Congreso.
No importa si es renovación, reconstitución o refundación; lo que interesa es cuan sincero es el esfuerzo por relanzar la verdadera identidad del partido, recuperar sus banderas, reivindicar sus principios, definir con claridad qué partido queremos ser de frente a nuestros antiguos electores, precisamente los que nos dieron la espalda, y por supuesto a los que se mantuvieron firmes en lealtad a una esperanza de cambio y consolidación democrática. Lo peor que podemos hacer es llevar este proceso de reflexión a una disputa de facciones que termine por conducir al PAN a la irrelevancia ética, política y electoral, en la que la mayor apuesta sea que el Presidente Calderón se haga del partido y las bancadas legislativas, sin más horizonte que el de administrar los restos del naufragio. Eso sí sería autodestructivo.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 11:26 No hay comentarios:
LOS MOTIVOS DEL IFE
Sus alegatos (agravios se les dice en el no-idioma de los abogados) son: Peña Nieto adquirió ilegalmente espacios de radio y televisión desde 2006; rebasó los topes de gasto de campaña; los encuestadores montaron un gran teatro para crear la ilusión de un Peña seguro ganador y fue urdida una masiva compra de votantes en toda la República.
La ley ordena al IFE recibir ese volumen, de más de 600 cuartillas junto con las cajas de pruebas traídas por los quejosos y, finalmente, le manda elaborar un informe en el que relate su propia versión del proceso electoral, que responda a las no muy amables imputaciones que la Coalición alega en su denuncia.
¿Dónde está la médula del documento que el IFE ha entregado al Tribunal Electoral? Veamos.
La primera denuncia contra el entonces gobernador Enrique Peña Nieto -y sus apariciones en radio y televisión- fue presentada el 20 de abril de 2009. Desde entonces y hasta el final de las elecciones, se interpusieron otras 40. Todas han sido admitidas, todas han sido investigadas, todas cuentan con grabaciones, todas han sido resueltas por el IFE, impugnadas y revisadas por el Tribunal Electoral.
Nueve de esas quejas fueron colocadas en junio y julio, por eso aún no se resuelven (están en investigación), pero importa llamar la atención sobre dos puntos: la coalición se queja de controversias ya resueltas, ya confirmadas por el Tribunal. Pueden o no gustarnos esas resoluciones (el IFE sancionó en un par de ocasiones, por ejemplo) pero no se puede ignorar que han sido juzgadas a tiempo y por eso han causado Estado. Y en segundo lugar: el IFE nunca dejó de actuar y resolvió todas, todo lo rápido que permitió la densidad de cada investigación.
En el curso de esos litigios, el IFE mostró sin inhibiciones, un montón de elementos, incluyendo los contratos del Gobierno del Estado de México con las grandes cadenas televisoras. También exhibió el tipo, número de promocionales y las apariciones del Gobernador aquí y allá (la información es pública). Y aunque estoy convencido de la vacuidad de casi toda propaganda gubernamental (del narcisismo estatal en televisión) hay que decir, por pura honestidad, que no es ilegal, por la sencilla razón de que México mantiene un régimen muy permisivo hacia la publicidad de los gobiernos, antes y después de la reforma de 2007.
Y algo más: el modelo de comunicación política, tan denostado por las propias televisoras, tan criticado por los poderes fácticos, funcionó mejor que nunca. Todos los partidos tuvieron los promocionales que de modo equitativo les otorga la Constitución; los niveles de cumplimiento de las 2 mil 335 antenas de radio y televisión, son los más altos de los que se tenga registro; no hay casos de compra ilegal ni de propaganda integrada, mientras que el Gobierno federal y los locales se ciñeron al régimen de prohibiciones en radio y televisión. Los partidos –incluidos los de la Coalición inconforme- recibieron 928 informes que el IFE les entregó cada semana. En otras palabras: la campaña en radio y televisión transcurrió, rigurosamente, en los tiempos del Estado, como quiere la Constitución.
Por su parte, la UNAM realizó un extraordinario trabajo de monitoreo a 493 noticieros de todo el país. Todo está grabado, todo está en línea, cada dato es comprobable, en 21 informes y 12 publicaciones en prensa, radio y televisión. Resulta que allí tampoco salta ninguna “inequidad”: Peña Nieto terminó ocupando el 31% del espacio en los noticiarios; López Obrador el 27, Vázquez Mota el 26 y Quadri el 16%. Y las notas periodísticas adjetivadas, o sea, a favor o en contra de un candidato, apenas y llegaron al 2.4% del total.
Ahora bien, los topes de gasto de campaña rebasados. En este rubro el IFE explica: la fiscalización de la campaña comienza cuando los partidos presentan su informe final (en este momento todos los partidos están elaborando el propio) y es en octubre, cuando la autoridad electoral comienza su trabajo por ley: comparando la autenticidad de la información presentada, revisando cada factura, cada contrato, cada cuenta de cheques de la elección presidencial y de las 628 campañas de legisladores multiplicadas, por los siete partidos que asistieron a la elección. Un océano para auditar.
A veces un mismo acto es cofinanciado por varios candidatos; a veces corre a cuenta de una campaña individual y en ocasiones los gastos son ubicados a otra contabilidad (gastos ordinarios). El IFE debe contrastar cada papel de los partidos con bancos, proveedores, contratistas, vendedores, para que las cuentas cuadren y sean exactas. Todo esa labor de comprobación -en la que los partidos cuentan con la garantía de audiencia- será ejecutada por el IFE en tres meses, poco más o menos, una vez recibidos sus informes.
¿Lo ven? En cuestiones del dinero, lo peor es la premura y la precipitación. Y lo mismo puede decirse de las quejas sobre el financiamiento y las campañas que se presentaron en el último mes: la idea de una fiscalización a las carreras, tumultuaria y casi mágica no se corresponde con la práctica detallada, rigurosa y seria de la auditoría y menos, con el carácter, tan delicado de las denuncias.
Sobre la queja en contra de las encuestas, el IFE respondió con sencillez: es imposible generalizar, debe analizarse caso por caso: si este o el otro encuestador publicó un trabajo sólido o si utilizó mentiras deliberadamente. Pero los hechos no apoyan la suposición de la Coalición, pues durante todo el proceso, todas las encuestas, desde GEA-ISA, pasando por Parametría, Covarrubias, Berumen y el Observatorio Universitario Electoral dieron siempre, al mismo primer lugar, al segundo, tercero y cuarto. Es difícil decir que profesionales tan distintos en sus inclinaciones y métodos, se hayan confabulado para generar un “estado de ánimo” para deprimir a alguna fuerza política.
El IFE volvió a hacerse cargo de las preocupaciones de la Coalición; recibió sus quejas contra GEA-ISA (las encuestas más señaladas por los quejosos) y las resolvió. Pero hizo algo mucho más importante: presentó 7 informes con el desglose de cada una de las 320 encuestas electorales difundidas y todos los estudios completos, de modo que el público y los partidos, pudieron comprobar por sí mismos, si son genuinas y si fueron edificadas con el rigor científico exigible. Los estudios siguen ahí, en Internet, para quien quiera verlos y para quien se tome la molestia de analizarlos.
Finalmente, la aparatosa compra del voto de 5 millones de mexicanos. En este punto la Coalición presenta de todo como pruebas: tarjetas, paraguas, enseres, estufas, despensas, juguetes, etcétera. Pero: ¿quién puede decir que cada una de las 143 mil casillas no tenía un espacio, una mampara, en la cual cada mexicano depositó su boleta y su voto en secreto y en libertad? Esa es una de las más simples e importantes tareas del IFE: disponer todo para asegurar la intimidad a la hora del sufragio. Pues bien: no hubo una sola casilla que no garantizara el secreto, ante la vigilancia de funcionarios-vecinos, con representantes de los partidos y observadores, que constataron el indispensable contexto para la libertad individual.
En una nuez, ésta es la argumentación que presenta el IFE para defender su trabajo, pero sobre todo, para defender la masiva movilización de 50 millones de ciudadanos que al votar, creyeron en sus partidos (incluyendo los de la Coalición), en una vía pacífica para sustituir o confirmar a sus gobiernos, para afirmar su pluralidad y sobre todo, para vivir en paz y en democracia. Es una defensa a la que el IFE no podía, ni remotamente, renunciar.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 11:23 No hay comentarios:
En este contexto, los argumentos legaloides en contra de la nulidad, supuestamente basados en un estricto apego al principio de legalidad, quedarían expuestas como simples coartadas para avalar la impunidad. Forzosamente se tendría que recurrir directamente a los principios consitucionales para evitar que la ley se convierta en una simple mascarada para esconder la total perversión de las institucionales estatales.
Así procedió la sala regional del TEPJF en Toluca en diciembre del año pasado, cuando los magistrados anularon la victoria del candidato del PRI, Wilfrido Lázaro, para la presidencia municipal de Morelia. Ante la gravedad de las violaciones a la Constitución cometidas por el viejo partido de Estado (al utilizar la televisión tanto para difundir el logotipo del PRI en una prueba de boxeo la noche antes de la elección como para transmitir un largo mensaje priísta durante el cierre de campaña del candidato a gobernador, Fausto Vallejo), los magistrados enviaron un claro mensaje de ya basta a la clase política. El mismo Enrique Peña Nieto incluso dio acuse de recibo: “Preocupa que [en el caso de Morelia] se sienta un precedente para juicios que se hagan a procesos de otro orden … como el que viviremos a nivel nacional”.
Al PRI se le está haciendo largo el proceso de calificación de la elección presidencial. Así como sus operadores recortaron las campañas electorales a la mitad para maximizar el impacto del dinero y minimizar el intercambio de ideas, ahora quisieran hacer lo mismo con respecto al periodo entre la elección presidencial y la toma de posesión del nuevo mandatario. El senador Carlos Jiménez ya se apresuró a quedar bien con quien sería su nuevo jefe al proponer adelantar la toma de posesión al primero de septiembre y así evitar el largo interregno en que el presidente saliente ya perdió su poder y el nuevo presidente todavía no puede asumir sus nuevas funciones.
Pero en lugar de buscar nuevas fórmulas para retornar al pasado de las transiciones por dedazo y de terciopelo, habría que abrazar el presente y valorar las grandes ventajas de las idiosincrasias del sistema mexicano. Por ejemplo, los dos meses entre los comicios y la calificación de la elección presidencial constituyen una oportunidad de oro para depurar el proceso electoral y asegurar que el próximo presidente realmente haya ganado de manera justa y legítima. La larga historia de fraudes electorales en México justifica tener especial cuidado en esta materia.
La seriedad con que se asume esta responsabilidad en el país contrasta de manera positiva con lo que ocurre en otras jurisdicciones. Por ejemplo, si Estados Unidos hubiera contado con un periodo similar habría ahorrado una importante crisis de legitimidad en la elección presidencial de 2000 entre George W. Bush y Al Gore. Fue precisamente la falta de tiempo antes la toma de posesión del candidato ganador lo que obligó a la Suprema Corte de aquel país, en una de las decisiones más cuestionadas en su historia, a detener el recuento de la votación en Florida. Despacio, que voy de prisa reza el sabio refrán mexicano, originalmente atribuido a Napoleón.
Las reglas del juego que aceptaron todos los candidatos al competir por la Presidencia de la República en 2012 incluyen, por primera vez en la historia moderna del país, la posibilidad explícita de anular la totalidad de la elección presidencial. No es Andrés Manuel López Obrador al impugnar, sino Enrique Peña Nieto al ostentarse anticipadamente como presidente electo quien violenta el Estado de derecho y rompe con el pacto de civilidad.
No cabe duda de que lo más fácil para López Obrador hubiera sido retirarse a su rancho desde el pasado 2 de julio para disfrutar a su familia y atender asuntos personales, tal como Vicente Fox viajó a París para celebrar su cumpleaños ese mismo día. Pero en lugar de buscar el confort, el político de izquierda ha decidido mantenerse en la lucha. Esta decisión molesta a muchos comentaristas, perjudica su imagen en algunos círculos y le podría costar caro si en algún momento vuelve a buscar la Presidencia. Pero para millones de mexicanos también constituye un ejemplo de entereza y dignidad muy poco común en medio del cinismo y corrupción que caracterizan a la clase política.
La reunión del martes pasado en Los Pinos entre Felipe Calderón y Peña Nieto fue un patético esfuerzo por reafirmar el control de la oficina de la Presidencia sobre la política nacional. Pero ningún acto de simulación protocolaria podrá callar a los jóvenes. Incluso, pocas veces se presentan momentos tan propicios como hoy para la reafirmación del control ciudadano sobre los políticos y las instituciones gubernamentales. El interregno de cinco meses ofrece la oportunidad ideal para el desarrollo de un fuerte contrapeso social al autoritarismo más retrógrado que promete ensancharse si regresa el viejo partido de Estado a Los Pinos.
Habría que recordarles a los consejeros y los magistrados electorales que no será el próximo presidente, sino la sociedad, quien finalmente juzgará su comportamiento. Más vale que piensen dos veces antes de abandonar sus obligaciones constitucionales para correr a buscar el favor del próximo tlatoani.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 19:37 No hay comentarios:
¿EL IFE SE HACE DE LA VISTA GORDA?
Dejó de tener importancia la visita a ocho millones de residencias, la selección y capacitación de casi 600 mil personas que con generosidad vigilan el voto de sus vecinos y la instalación, en un solo día, de 143 mil casillas, ahí, cerca de los domicilios de todos.
Que a todos nos conste el conjunto de medidas que garantizan, sobre cualquier otra cosa, la libertad y el secreto del voto, también perdió relevancia. Y 50 millones de mexicanos que llegaron a las urnas –por su propio pie y con su cabeza puesta- es ya una minucia retórica de las autoridades electorales a las que sólo les importa “demostrar que todo lo hicieron bien”.
Haber abierto 242 mil 412 paquetes en el plazo perentorio de 4 días, a ojos de todo el mundo, para demostrar cómo votaron los mexicanos, se convirtió un ejercicio irrelevante, un acto de transparencia fresa.
Que los fatigosos cómputos realizados en 300 distritos, el Conteo Rápido y el PREP hayan coincidido con una exactitud que llega a las centésimas, no obliga a nadie a reconocer la limpieza esencial del proceso, es decir, a reconocer que los votos se contaron y se recontaron bien en todos los momentos del proceso.
Éstos, fueron unos comicios amplísimos, en los que se disputó la mayor cantidad de cargos de elección popular de nuestra historia (2,127) incluyendo Presidente, todos los Senadores y Diputados federales, 6 gobernadores, un Jefe de Gobierno, 876 Ayuntamientos y 15 Congresos Locales. Pues bien, en esa inmensa y compleja movilización política, el polémico y vilipendiado “modelo de comunicación política” funcionó y de hecho, funcionó mejor que nunca con cumplimientos cercanos al cien por ciento, regulando simultáneamente a 2 mil 335 emisoras en todo el país y administrando más de 2 mil 500 versiones de spots distintos, durante 90 días. Pero este, que es un fruto compartido de todos los partidos políticos, base real de la equidad de la elección, tampoco interesa, ni siquiera existe en la discusión postelectoral.
Una de las novedades de nuestra pendenciera vida electoral, es ese aburrido y profuso deporte inaugurado por los partidos mexicanos, según el cual, todos tienen la posibilidad de quejarse de todos, por todo y contra todos. Esta dinámica –hacer propaganda quejándose de la propaganda ajena- llevó al IFE a atender la friolera de ¡1,230 quejas! en el presente año. Dentro de esa montaña jurídica y litigiosa de denuncias hubo cosas importantes, claro, pero sin distingos, el IFE estuvo obligado a atender todas con la misma seriedad. Lo hizo.
Se ha señalado –por franjas importantes- que estas elecciones fueron marcadas por una enorme maquinación de compra del voto que llega a explicar hasta 5 millones de sufragios “vendidos”. Bien, según esas mismas versiones, tamaña confabulación le pasó de noche al IFE, quien como siempre, estaba metido en el jardín de la autocomplacencia, pero… ¿Saben ustedes cuantas quejas que denunciaron compra del voto llegaron a la autoridad electoral hasta el cierre de campaña? Dos. Si, 2, en todo el país.
Y si alguien señaló y propició una discusión pública y un contexto de exigencia hacia las encuestas publicadas en el periplo electoral -mediante 7 informes y poniendo a disposición de cualquiera los estudios completos, para su evaluación y crítica, en Internet- fue el propio Instituto Federal Electoral.
No importa: nada de esto cuenta, nada de distractores, lo importante es el dinero, los recursos sobre los que se erigieron las campañas. ¿Allí está la gran falla del IFE? Pues vean los datos: la Unidad de Fiscalización ha revisado ya 4,240 informes de gastos de precampaña. Desde diciembre de 2011 y hasta el último día de las campañas, se realizaron 1,183 visitas de verificación, directamente, en los eventos de los partidos, incluyendo 172 actos de los candidatos a la Presidencia. Fueron vigilados permanentemente 50 distritos electorales y 8 entidades federativas completas, que cubrieron 220 fórmulas a diputados y 37 de senadores.
El IFE revisa los expedientes de 7,805 personas (militantes o candidatos de los partidos) para establecer si han sido reportadas por el sistema financiero por efectuar operaciones inusuales o relevantes para prevenir y detectar lavado de dinero.
En recorridos conjuntos el IFE fotografió con localización exacta (GPS), 26 mil espectaculares, bardas, mantas o parabuses, información que será comparada con los informes de gastos que presentan los partidos. Y para ofrecer una resolución más oportuna de este tema, se puso en marcha un acuerdo de “fiscalización anticipada”, mediante consenso de todos los partidos, sin excepción.
Como se puede observar, es muy difícil sostener que el IFE ha sido omiso o que renunció a ejercer sus atribuciones.
Aún más: el IFE ha recibido 63 quejas en materia de fiscalización, de las cuales 23 han sido ya resueltas. Las 40 quejas restantes se hayan en investigación y van, desde las denuncias por rebasar topes de gasto por parte de Enrique Peña Nieto, hasta la recepción de aportaciones excesivas, por parte de Andrés Manuel López Obrador, pasando por el “caso Monex” (con dos expedientes), el caso Frontera Television Network (FTN), Soriana así como recursos no reportados de asociaciones civiles con vínculos a la campaña de la Coalición del Movimiento Progresista, “Honestidad Valiente” y “Morena”.
Como cualquiera sabe, realizar estas investigaciones lleva su tiempo: hay que ir en busca de información de un montón de instituciones, bancos, empresas, particulares, dando las garantías a todos –denunciados y denunciantes- de una actuación imparcial, objetiva, sin excusas, excesos ni precipitación.
Un sólo dato más: las más importantes y notorias: las denuncias más discutidas y más visibles sobre el dinero y las campañas fueron interpuestas el mes pasado, el 8, 14 y 26 de junio, y en ese plazo, el IFE ya desarrolló más de 780 requerimientos, entrevistas, audiencias, solicitudes y otras acciones de investigación.
Con estos datos demostrables, en este panorama ¿se puede sostener seriamente que tenemos una institución torpe y embotada en su vista gorda?
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 19:18 No hay comentarios:
HAGAMOS UNA RELACIÓN DE LAS RAZONES POR LAS QUE PUEDE DECIRSE QUE EXISTEN LOS DERECHOS HUMANOS
Los derechos humanos han sido el gran contrapeso histórico para la autoridad gubernamental, su control y tiranía.
A través de la experiencia humana hemos aprendido que los derechos son indispensables para la democracia, esos derechos son, al menos en teoría, esencialmente antidemocráticos, porque constriñen al Estado para aplicar a través de la fuerza algunas preferencias mayoritarias. Si el individuo agraviado opina que tiene un derecho, generalmente habrá de triunfar la voluntad de la mayoría aún si es en contra del individuo agraviado.
¿Entonces que son estas cosas a las que llamamos derechos? ¿Por qué se les da una consideración especial con otras preferencias? ¿Por qué algunos derechos triunfan sobre la voluntad de la mayoría? ¿De Dios o de los seres humanos? ¿Quién tiene el poder para imponer los derechos contra los gobiernos y las mayorías? ¿Los derechos son absolutos? ¿O bien deben ser considerados sobre otras consideraciones? ¿Qué sucede si los derechos chocan? ¿Quién decide cuál debe prevalecer? ¿Pueden los derechos cambiar con el tiempo, por ejemplo durante las emergencias? ¿O bien, son eternos y universales?
Todas estas preguntas, las más desafiantes, tanto desde el punto de vista teórico como práctico, son relacionadas con el problema siguiente: ¿De dónde vienen los derechos? El origen de los derechos determina su status. Si los derechos vienen de Dios, entonces son verdaderamente inalienables, francamente declarados si derivan de la naturaleza, entonces son inmutables como las leyes naturales de la física y de la astronomía. Pero si los derechos solamente son producto de la actividad legislativa, es decir si son invenciones en lugar de descubrimientos, entonces están sujetos a modificaciones, incluso a ser abrogados, por la misma fuente que los ideo en primer lugar. De acuerdo con esto, es mucho lo que significa para la pregunta: ¿de dónde vienen los derechos?
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 19:16 No hay comentarios:
FISCALIZACIÓN... DIJO EL CIEGO
Al calor del debate postelectoral surgen múltiples cuestionamientos sobre los procedimientos y plazos que el IFE sigue para la fiscalización de los ingresos y gastos de campaña. El problema está en que legisladores, dirigentes de partidos y representantes de éstos ante el Consejo General denuncien hechos y propongan procedimientos sin tomar en cuenta la ley.
Los procedimientos y plazos de fiscalización fueron establecidos hace más de tres lustros; en 2008 se introdujo una novedad: la presentación del informe preliminar de gastos de campaña, con datos al 30 de mayo del año de la elección, que debió ser presentado en los primeros 15 días de junio. Afirmar que las normas legales en esta materia se hicieron -en 1996- para beneficiar -o perjudicar- a tal o cual candidato presidencial o partido ¡en 2012! es una acusación sin sustento.
Los representantes partidistas ante el IFE forman parte del Consejo General, en el que participan de las deliberaciones sobre todos los actos administrativos del proceso electoral. Así fue el 16 de mayo pasado, al aprobarse el Acuerdo CG/301/2012 por el que se determinó el programa y calendario para la fiscalización de los ingresos y gastos de campaña, y se autorizó a la Unidad de Fiscalización de Partidos Políticos (UF) para realizar auditorías anticipadas y revisar los informes preliminares.
El Cofipe establece que los informes finales de campaña deben ser entregados al IFE dentro de 60 días siguientes al de la jornada electoral (Art. 83), pero el Consejo General determinó que esos días deben ser hábiles, por lo que, al computar a partir del 2 de julio, descuenta sábados y domingos; también el 15 de agosto ("día del empleado del IFE") y el periodo vacacional del 3 al 14 de septiembre, por lo que la fecha límite para ese efecto quedó fijada para el 8 de octubre. Discrepo de esa interpretación, pero la misma fue avalada por el TEPJF.
Por tanto, a partir del 8 de octubre debían considerarse 173 días más, que según la interpretación de la UF, el Cofipe le otorga para presentar al Consejo General el dictamen consolidado de fiscalización de campañas, lo que llevaría a que la votación respectiva se produjera el 3 de julio de 2013, dos días después de cumplido un año de la jornada electoral de 2012. Sin embargo, en el acuerdo citado, el plazo se recortó al 30 de enero de 2013, cinco meses antes; pero de cualquier forma ya habrá ocurrido la calificación de la elección presidencial y, en su caso, la toma de protesta del presidente electo. Los partidos políticos estuvieron de acuerdo con la propuesta de la UF.
Debe considerarse que el acuerdo (301/2012) establece el próximo 3 de agosto como fecha límite para que la UF notifique a cada partido o coalición el acta final con las revisiones de la primera y segunda etapas de fiscalización, en la que se considerarán las auditorías especiales y la revisión de los informes preliminares, con datos de ingresos y gastos al 30 de mayo de 2012. Esas actas finales no están previstas para ser presentadas al Consejo General ni al TEPJF; así lo aceptaron los representantes partidistas.
Es por esos motivos que ahora la exigencia del representante del PRD ante el IFE es adelantar los resultados de las investigaciones sobre las quejas relativas al origen y destino de los recursos de los partidos y coaliciones, o respecto de la supuesta compra del voto. Sólo que en esos casos el Cofipe determina procedimientos y plazos específicos, y la obligada reserva sobre las actuaciones de la UF hasta en tanto concluye sus investigaciones y presenta al Consejo General el proyecto de dictamen; reserva que obliga también a la Comisión de Quejas y Denuncias y a la Secretaría Ejecutiva.
Las quejas por los asuntos Monex y Soriana están siendo atendidas por doble vía: el procedimiento ordinario sancionador (Secretaría Ejecutiva) y por la UF, ya que se trata de denuncias sobre financiamiento y gasto de partidos. Hay un asunto por resolver: ¿los gastos de los partidos en representantes en las casillas, son ordinarios o de campaña? La jornada comicial fue el 1o. de julio, las campañas terminaron el 27 de junio.
Si son gastos ordinarios, en 2014 sabremos de qué se trató; si son gasto de campaña, veremos... dijo el ciego.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 19:12 No hay comentarios:
Entre el día de los comicios y la calificación de la elección presidencial pueden transcurrir más de dos meses. Esperando ese momento estamos. Y por ello, quizá valga la pena hacer una historia, a grandes trazos, de cómo se han calificado las elecciones presidenciales a lo largo de nuestra historia.
México tenía una larga tradición de "autocalificación" de las elecciones. Desde 1824 hasta 1987, más de 160 años, las Cámaras, convertidas en Colegios Electorales, fueron las encargadas de calificar la elección de sus miembros, y la de diputados era la facultada para calificar la elección presidencial, ("con la salvedad del sistema previsto por las Siete Leyes Constitucionales de 1836"). Esa fórmula partía de la premisa de que era inconveniente politizar al Poder Judicial y peor aún que éste se involucrara en la conformación de los otros poderes.
De esa manera, en 1976 y 1982 el Colegio Electoral de la Cámara de Diputados calificó las elecciones de José López Portillo y de Miguel de la Madrid, respectivamente. Eran los tiempos del partido hegemónico. El PRI tenía el 82 y el 75 por ciento de los diputados y por supuesto nadie volteaba a ver el proceso de calificación. Una rutina carente de emoción, puesto que los ganadores, al día siguiente de la elección, aparecían a los ojos del respetable como los próximos presidentes.
La rutina saltó por los aires cuando en 1988 tuvimos las primeras elecciones competidas del México moderno. El Colegio Electoral se instaló con 260 diputados del PRI y 240 de los partidos de oposición. Muchos han especulado que el maquillaje de las cifras de la elección tenía como motivo llevar al candidato ganador a más del 50 por ciento más uno de los votos. Es posible. Pero, quizá también, el resorte profundo para alterar las cifras fuera el de contar con un margen suficiente de votos en el Colegio Electoral. Aquella fue una tensa y conflictiva calificación. Y resultó claro, para quien quisiera verlo, que la natural partidización de un órgano como la Cámara impedía no sólo llegar al fondo del litigio, sino que ni siquiera se podía decir que el procedimiento se realizaba de manera imparcial. Todos los involucrados eran partes interesadas.
En 1993 una nueva reforma acabó con la autocalificación de diputados y senadores. Pero mantuvo el candado político para que la elección presidencial fuera calificada, siguiendo la tradición, por el Colegio Electoral. Así sucedió con la elección del presidente Zedillo (1994), cuyo partido todavía alcanzó el 60 por ciento de los diputados.
La reforma de 1996 fue la que erradicó la calificación política para pasar a una calificación plenamente jurisdiccional. Es decir, a partir de ese momento, sería un tribunal especializado, adscrito al Poder Judicial, el que tendría la última palabra. Fue una reforma producto de la necesidad y la virtud. De la necesidad, porque imaginemos la calificación presidencial en manos de un órgano (la Cámara de Diputados) habitado por grupos parlamentarios con disciplina partidista, y sin que ninguno de ellos tenga la mayoría absoluta de los votos. Y por virtud, porque si se quería resolver "conforme a los principios constitucionales y legales y atendiendo a la satisfacción de los requisitos jurídicos y procesales para la formulación de agravios" (Jesús Orozco. Justicia electoral y garantismo jurídico. Porrúa. 2006), era imprescindible trascender la calificación política y colocarla en un tribunal competente y especializado. En esas estamos.
La primera vez que ello sucedió fue en el año 2000. Y el trámite tuvo escasa atención pública, porque los contendientes aceptaron el "veredicto de las urnas". La premisa no escrita de la competencia democrática. No sólo eso: entre 1996 -fecha en que se instala el Tribunal Electoral del Poder Judicial- y el 2006 todos y cada uno de los litigios pre y post electorales fueron resueltos por el Tribunal, dejando atrás las llamadas "concertacesiones", fórmulas de arreglo político que si bien ofrecían una salida a los conflictos, debilitaban al precario edificio electoral.
Fue en 2006 cuando toda la obra construida por los propios partidos en el Congreso se cimbró. La impugnación de la elección presidencial generó todo tipo de especulaciones y apuestas políticas. No obstante, como estaba previsto, el fallo del Tribunal puso final al diferendo jurídico-político. El malestar de muchos no menguó, por el contrario; y la fractura política se mantuvo a lo largo de los años, pero la resolución del Tribunal, "definitiva e inatacable" dice la ley, se cumplió.
Hoy, por tercera vez en nuestra historia, estamos frente a la calificación de una elección presidencial por parte del TEPJF. Es una suerte que la misma ya no esté en manos de un órgano colegiado absolutamente partidizado (en el cual, repito, ninguno de los partidos tiene mayoría). Y será el Tribunal -cuyos magistrados fueron electos por el Senado, con el concurso de todas las bancadas, a propuesta de la Suprema Corte- el que diga la última palabra.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 19:10 No hay comentarios:
¿QUÉ CAMBIA CON LA REFORMA POLÍTICA?
Tienen razón quienes han criticado a la recientemente aprobada reforma política cuando dicen que es incompleta y mediocre. Es cierto que no se incluyeron temas esenciales (la reelección legislativa y municipal, la ratificación del gabinete, la reducción del tamaño del Congreso, las nuevas reglas del federalismo, la creación de un tribunal constitucional) y es verdad que la apatía de nuestros legisladores dejó pasar una oportunidad fabulosa para darle una buena renovada a nuestro marco institucional.
Pero con todo y todo, creo que la modificación de los 14 artículos constitucionales que fueron reformados nos dejan cosas buenas, que habrá que saber aprovechar en los siguientes años para ir perfeccionando nuestra endeble democracia.
Por ejemplo, la reforma política ya establece la figura de las candidaturas independientes, con lo cual se permite que los partidos tengan un poco más de competencia electoral y se termina con el monopolio de las postulaciones a cargos públicos representativos por parte de los mismos partidos. Tales candidaturas deberán estar operando para la elección intermedia de 2015, en la que a nivel federal se renovará por completo la Cámara de Diputados. Lo interesante será ver de qué manera se aterriza el nuevo mandato constitucional, sobre todo en lo referente a las prerrogativas económicas y al acceso a los medios de comunicación por parte de los candidatos independientes.
También se añade la figura de la consulta popular, que podrá ser convocada sobre decisiones trascendentes que tengan impacto nacional; para tal efecto, se requiere la firma de 2% de la lista nominal de electores (que no es exactamente lo mismo que el padrón electoral, no hay que confundirse). Para que el resultado de dicha consulta sea obligatorio para los poderes públicos, se pide que haya una participación de cuando menos 40% de la lista de electores. Las consultas deben realizarse el día de la jornada electoral, es decir, el primer domingo de julio del año que corresponda, y serán calificadas previamente por la Suprema Corte, a fin de evitar que se consulten temas que vayan en contra de la Constitución. La parte logística y organizativa de la consulta correrá a cargo del IFE.
Otra cuestión relevante es que se añade la figura de la iniciativa legislativa popular, la cual se podrá ejercer por parte de la ciudadanía cuando se reúnan las firmas de 0.25% del listado nominal de electores. Dichas iniciativas deberán ser analizadas a través de un trámite legislativo preferente.
Tanto la consulta popular como la iniciativa legislativa ciudadana son herramientas que fomentan la participación política y permiten que entre todos se vayan tomando las decisiones, de modo que no solamente los políticos profesionales tengan en exclusiva la confección de la agenda del país. Se trata de algo positivo, desde un punto de vista democrático.
También se incluyó en la reforma política la iniciativa legislativa preferente a cargo del presidente de la república, por medio de la cual el presidente puede enviar dos iniciativas al inicio de cada periodo de sesiones del Congreso, las cuales deben estar dictaminadas en un periodo no mayor a 30 días naturales. En ausencia de dicho dictamen las mismas pasan automáticamente a consideración del pleno de la cámara que haya recibido la iniciativa. Se trata de una figura que servirá para darle mayor dinamismo a iniciativas importantes, las cuales no deben quedar en la famosa "congeladora legislativa" a la espera de que a algún legislador le interese impulsarlas. Si hubiera existido antes la figura de la iniciativa preferente hoy ya tendríamos una definición, por ejemplo, sobre la reforma laboral, que sigue durmiendo en las oficinas de algún legislador indolente.
Es obvio que ninguno de los cambios que acabo de señalar y de los demás que incluye la reforma política pueden por sí mismos terminar con los grandes problemas del país. La reforma política no es un antídoto contra violencia, no disminuye los delitos, no crea empleo ni genera crecimiento económico, tampoco repara carreteras ni construye ferrocarriles, no hace más barato el acceso a internet ni reduce la pobreza. Nada de eso se logra con la reforma política, pero dicha reforma sí nos permite contar con un mejor marco institucional para discutir entre todos sobre esos problemas y para darles la mejor solución posible. De eso se trata, precisamente, la democracia: de un sistema que permite ir arreglando los problemas comunes de forma pacífica y deliberativa. La reforma política, con todo y sus insuficiencias, nos acerca un poco más a ese ideal. En un país como el nuestro, eso merece ser justamente valorado y aplaudido.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 19:04 No hay comentarios:
CAROS Y PRESCINDIBLES
Con respecto a los partidos pequeños o emergentes tenemos dos noticias. Una mala y una buena.
La mala es que seguirán existiendo a pesar de no representar opciones distintas al resto de los partidos y a pesar de que nos cuestan un dineral. Los cuatro partidos chicos se llevaron este año 902 millones de pesos entre lo que se les dio de financiamiento público para actividades ordinarias y lo que se llevaron para gastos de campaña. La buena es que en la política parlamentaria no tendrán el poder de negociación o chantaje que se les atribuía.
Cuando se pactó la reforma electoral de 2007, uno de los aspectos positivos que muchos señalamos fue la desaparición de la llamada "cláusula de la vida eterna". Antes de la reforma, los partidos coaligados podían pre-determinar la distribución de votos entre los participantes de la alianza electoral por la vía de un convenio pactado entre los dirigentes. No teníamos forma de saber cuántos electores votaban por cada fuerza política. De esa manera subsistieron partidos que por sí solos no habrían obtenido el 2% requerido para mantener el registro. A partir de la reforma y precisamente con el objetivo de no distorsionar la voluntad de los electores, los partidos coaligados estuvieron obligados a aparecer en la boleta con su propio logo. De esa manera podríamos saber cuántos sufragios se llevaba cada uno.
Pues bien. El objetivo buscado no se logró o se logró a medias. Cada vez que un elector cruzó los tres logos de los partidos que postularon a AMLO a cada uno se le computó 1/3 del voto. En el caso de Peña sucedió lo mismo pero computando medio voto para cada partido. De 1/3 en 1/3 o de1/2 en 1/2 el PT, el MC y el PV lograron votaciones mayores a las que habrían obtenido por sí mismos. Por ejemplo, en la elección presidencial el PV obtuvo a través de su logo el 2% de la votación pero si le sumamos los votos de aquellos que cruzaron también el logo del PRI, su porcentaje de votación se elevó al 5.7%. Lo mismo sucedió con MC que elevó su votación por esta vía del 2.1% a 4.4%. En el caso del PT el incremento fue de 2.5% a 5.2%. Según Jorge Buendía más de 7.5 millones de votos se repartieron entre dos o más opciones partidistas. Así, estos partidos no solo mantendrán el registro sino que recibirán más recursos públicos en la próxima elección. Si hoy nos costaron casi mil millones, gracias al porcentaje de votación obtenido, mañana tendrán derecho a más prerrogativas.
Los cálculos para la votación en el Congreso son similares. Los partidos pequeños obtuvieron más votos gracias a los ciudadanos que cruzaron más de un logo en la boleta electoral. Como consecuencia, los partidos pequeños no sólo tendrán un mayor número de legisladores sino más recursos para perpetuarse en los cargos públicos en los que más que representar los intereses de una proporción de la población se representan a sí mismos: a sus cúpulas y burocracias partidarias.
La buena noticia es que ni aun así serán determinantes en el Congreso, esto es, no tendrán mayor capacidad de chantaje para aprobar o frenar las iniciativas a pesar de que respecto a la elección anterior su representación total en la Cámara de Diputados subió de 11 a 15% y en el Senado se mantuvo en 12%.
Ninguno de los partidos chicos podrá inclinar por sí solo la balanza. Para las reformas constitucionales al PRI, que es la fuerza política más numerosa, siempre le hará falta uno de los dos partidos grandes. Para las ordinarias necesitarán al menos dos partidos chicos pero en la mayoría de los casos tres para poder sacar adelante las iniciativas sin recurrir al PAN o al PRD. Peor aún, ni siquiera con sus 2 aliados naturales -el PV y el PANAL- alcanza la mayoría absoluta y no se vislumbra al PT o al MC apoyando las iniciativas de Peña Nieto.
Lo mismo le ocurre al PRD. Sus dos aliados naturales -PT y MC- le resultan superfluos a la hora de construir coaliciones ganadoras. Para impulsar su agenda requerirá del apoyo del PRI o del PAN.
Las decisiones en el Congreso las seguirán tomando los tres grandes. De ellos dependerá la gobernabilidad entendida como la reunión de voluntades para llegar a los acuerdos que necesita el país. Los otros cuatro son absolutamente prescindibles tanto numérica como programáticamente. Su aportación aritmética en el Congreso será o bien reducida o bien nula. Su contribución en términos de una agenda alternativa modernizadora o progresista tampoco se ve por ningún lado. Como en el pasado serán más bien un lastre para la política parlamentaria y para las finanzas públicas.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 19:24 No hay comentarios:
La estela de denuncias e impugnaciones contra el proceso electoral ha contribuido a empañar lo más importante de la elección: la voz de los ciudadanos expresada en las urnas. ¿Qué dice esa voz o, mejor dicho, qué expresan esos millones de voces? Va un balance preliminar.
Al Partido Acción Nacional (PAN), tras haber logrado la primera alternancia en la presidencia de la república en siete décadas (año 2000) y de gobernar al país por 12 años, los ciudadanos le dieron la espalda y lo colocaron en un contundente tercer lugar. Se trata de una reprobación inequívoca de la manera de gobernar, del rumbo de las políticas, de un desencuentro de los electores con las prioridades del PAN. La ola de violencia que azotó al país sin que el presidente Calderón y su equipo mostraran la sensibilidad necesaria hacia las víctimas y respecto al temor extendido en la población, así como los magros resultados en materia de bienestar —no sólo para los asalariados y trabajadores, sino para el empresariado mismo, son elementos para explicar por qué tres de cada cuatro mexicanos decidieron evitar un nuevo gobierno de Acción Nacional. El PAN perdió además la entidad más importante que gobernaba (Jalisco), yéndose también al tercer lugar como le ocurrió en Morelos. Apenas conservó Guanajuato. De los tres grandes partidos de México, el PAN fue el más castigado en las urnas.
El Partido Revolucionario Institucional obtuvo más votos que sus adversarios, rebasando 38% de los sufragios depositados en la elección presidencial. Pero es un porcentaje apenas 2% mayor al que alcanzó el derrotado Francisco Labastida en 2000 (36.1%) y muy inferior al de Zedillo en 1994 (48.69%). Nunca un candidato priísta ganador a la presidencia había recibido tan bajo porcentaje de votos. Pero lo más importante es que el PRI no consiguió por sí mismo la mayoría en el Congreso. Enrique Peña Nieto solicitó una y otra vez contar con mayoría en las cámaras de diputados y senadores para tener con un "gobierno eficaz". La gente no se lo concedió. Al contrario, se enfrentará a una Cámara Baja donde incluso aliándose con PVEM y Panal no asegura 50% más uno de los votos, y a un Senado donde toda iniciativa tendrá que contar con el aval del PAN o de los partidos de la izquierda. Zedillo, el único presidente priísta que experimentó un gobierno dividido de 1997 a 2000, tuvo el control del Senado; Peña no lo tendrá: será el mandatario tricolor más acotado de la historia.
La coalición de izquierdas que encabeza el Partido de la Revolución Democrática se coloca como segunda fuerza política nacional, desplazando a la derecha al tercer lugar. Gana, además, dos entidades en las que nunca había gobernado: Tabasco y Morelos. En el Distrito Federal, tras 15 años ininterrumpidos de gobiernos, la izquierda obtiene su mejor resultado. Miguel Ángel Mancera recibió más de tres millones de sufragios de los capitalinos (64% del total), y la coalición que lo apoya tendrá una cómoda mayoría en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, además de que conquista una delegación que tradicionalmente había votado por el PAN: Miguel Hidalgo. Ahora bien, en los votos por la izquierda en el DF hay un dato revelador: 493 mil capitalinos que votaron por Mancera no lo hicieron por López Obrador (quien recibió 2.5 millones de votos de la capital, una sexta parte de todos los que obtuvo en el país). En la entidad con mayor presencia de la coalición hay electores que siendo votantes de izquierda no respaldaron a AMLO.
Alternancia, equilibrio de poder, gobiernos divididos, castigo y premio con el sufragio, ¿dónde puede ocurrir eso? Sólo en elecciones libres. Estos fenómenos propios de la democracia no los explican oscuras maquinaciones o la manipulación de electores, sino la política en el sentido extenso. Y nos hablan de una ciudadanía experta en el uso de su voto, más madura e informada de lo que algunos de sus supuestos defensores y portavoces están dispuestos a reconocer.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 19:15 No hay comentarios:
MAGISTRADOS ELECTORALES EN LA MIRA
La única manera de garantizar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tome en serio los alegatos y las pruebas presentadas por el Movimiento Progresista en contra de la validez de la elección presidencial sería por medio de una vigorosa y pacífica presión social. Ni siquiera se había realizado el conteo distrital oficial del Instituto Federal Electoral (IFE) cuando el magistrado presidente Alejandro Luna Ramos ya había descalificado la eventual impugnación de Andrés Manuel López Obrador al afirmar que “no se gana en la mesa lo que no se gana en las urnas”. La magistrada María del Carmen Alanís también tiene claros antecedentes de parcialidad a favor del PRI y Enrique Peña Nieto. Su vergonzoso papel en el fallo que exculpó a Peña Nieto de cualquier responsabilidad en la transmisión nacional de los spots de su V informe de gobierno en 2010 es apenas un pequeño botón de muestra.
Es falso que toda la carga de la prueba se encuentre del lado de quienes impugnen los resultados de la elección. Así como López Obrador debe ofrecer evidencia que sustente sus acusaciones con respecto a la defraudación de la voluntad popular, tanto el IFE como el TEPJF también tendrían que demostrar sus dichos sobre la supuesta limpieza del proceso electoral. No sería ni jurídicamente ni políticamente aceptable que los magistrados se limitaran a simplemente dese­char y desestimar los argumentos del Movimiento Progresista. Si quieren producir un fallo que sea no solamente legal, sino también reconocido como legítimo por la población, los juzgadores electorales deben esclarecer la verdad sobre el proceso electoral.
El TEPJF cuenta con amplias facultades para discernir si la elección presidencial cumplió cabalmente con el principio de “autenticidad” plasmado en el segundo párrafo del artículo 41 de la Constitución. Por ejemplo, de acuerdo con el artícu­lo 14 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME), el TEPJF puede “ordenar el desahogo de reconocimientos o inspecciones judiciales, así como de pruebas periciales”. El artículo 21 de la misma ley señala que el presidente del TEPJF de manera unilateral cuenta con la facultad de “requerir a las autoridades federales, estatales y municipales, así como a los partidos políticos y particulares, cualquier elemento o documentación que, obrando en su poder, pueda servir para la sustanciación y resolución de los medios de impugnación”. El mismo artículo autoriza al magistrado presidente a “ordenar que se realice alguna diligencia o que una prueba se perfeccione o desahogue”. El artículo 23 también ordena al TEPJF “suplir las deficiencias u omisiones en los agravios” incluidos en el juicio de las partes. Y el artículo 9 señala que el TEPJF está obligado a requerir las pruebas solicitadas por las partes pero que no hayan sido entregados a tiempo por las instituciones correspondientes, como el IFE, la FEPADE o la Secretaría de Hacienda.
En otras palabras, si los magistrados deciden no llegar al fondo de los casos de Soriana y de Monex y se hacen de la vista gorda ante el evidente sesgo mediático y el fraude de las encuestadoras, no será porque no pueden hacerlo, sino porque simplemente no quieren. Tal actitud podría ser conveniente desde el punto de vista de cuidarle el “triunfo” a Peña Nieto, pero podría costarle muy caro al país si el desenlace es otro presidente sin la legitimidad social requerida para emprender las grandes reformas institucionales necesarias para salvar al país del naufragio.
También es falso que la única vía para invalidar la elección de Peña Nieto es por medio de la anulación de 25%, o aproximadamente 35 mil casillas electorales. Aun si no se lograra alcanzar esta meta, posteriormente, a la hora de emitir su “Dictamen de Validez”, o en su caso de “Invalidez”, el TEPJF podría desechar la elección en su totalidad por la existencia de violaciones generalizadas a los principios constitucionales de legalidad, equidad, libertad del sufragio y autenticidad, entre otros.
Pero los magistrados electorales ni siquiera considerarán esta opción si la sociedad no genera un contexto de exigencia suficientemente fuerte. Hace seis años los magistrados también fueron sumamente renuentes a esclarecer los resultados electorales, pero las movilizaciones multitudinarias los obligaron a recontar casi 10% de las casillas electorales y a emitir un Dictamen de Validez que por lo menos simulaba tomar en cuenta los alegatos de López Obrador. Ambas acciones del TEPJF fueron a todas luces insuficientes, pero ninguna hubiera acontecido sin la fuerte presión social. Hoy se tendría que repetir la experiencia.
Recordemos que supuestamente vivimos en un régimen democrático que protege la libertad de expresión y el derecho de asociación. Por ejemplo, el artículo 9 de la Constitución señala claramente que “no se considerará ilegal y no podrá ser disuelta una asamblea o reu­nión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad”. Asimismo, el artícu­lo 8 de la Carta Magna protege el derecho de petición de todos los ciudadanos. Más allá de tomar las calles, los ciudadanos también deberían inundar a las instituciones electorales con reportes, denuncias y reclamos por escrito que demuestren su inconformidad y exijan a las autoridades a cumplir con sus obligaciones constitucionales.
En el México de hoy, de vastas desi­gualdades sociales y poderes fácticos avorazados, la confianza ciega constituye el perfecto caldo de cultivo para la irresponsabilidad y la parcialidad institucionales. Cuando la sociedad deja de vigilar a los jueces y a los servidores públicos, éstos normalmente aprovechan para concretar pactos inconfesables. Así como Peña Nieto, López Obrador y Josefina Vázquez Mota firmaron un “pacto de civilidad” antes de las elecciones del 1 de julio, habría que exigir al IFE, la FEPADE y el TEPJF que firmen un nuevo “pacto en defensa del interés público” para hacer todo lo legalmente posible para depurar un proceso electoral que muy probablemente ha sido uno de los más turbios en la historia reciente.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 9:04 No hay comentarios:
Solo de las urnas surge la legitimidad. Ese enunciado sencillo -transparente- es resultado de una auténtica construcción histórica. No apareció por arte de magia. Todavía hace algunas décadas quienes gobernaban al país lo hacían a nombre de una supuesta legitimidad revolucionaria, de origen, que si bien nunca dejó de refrendarse con el ejercicio comicial, suponía que éste era un mero trámite, pero que la fuente original y perpetua de su legitimidad se encontraba en el movimiento armado de inicios del siglo XX. Por su parte, la izquierda (o buena parte de ella) ensoñaba para el futuro una nueva revolución, fundante de una hasta entonces inexistente legitimidad. Podía incluso acudir a las elecciones, pero, postulaba, una especie de momento cero de la historia que se convertiría en la nueva fuente de legitimidad, ahora revolucionaria.
La izquierda mexicana ayudó a construir una germinal democracia y ha sido usufructuaria de esa novedosa realidad. En septiembre será la segunda fuerza en la Cámara de Diputados, tendrá una presencia relevante en la de senadores, gobierna al DF desde 1997 (cuando termine el periodo de Mancera habrán sido 21 años consecutivos), y ha gobernado o gobernará estados como Baja California Sur, Tlaxcala, Zacatecas, Guerrero, Chiapas, Morelos y Tabasco. Además de infinidad de ayuntamientos y de una presencia extendida en los Congresos locales.
Pero, en su seno palpitan pulsiones diversas. Hay una izquierda fuerte y con raíces que sabe y trabaja para anudar su futuro con el de la democracia. Sabe que la sociedad mexicana no puede encuadrarse bajo un solo ideario, una sola política, un solo lenguaje. Asume que por necesidad y virtud tiene que vivir y convivir con otras corrientes políticas. Está dispuesta a que los humores públicos cambiantes le otorguen su respaldo o le vuelvan la espalda. Se moviliza por supuesto, pero trabaja para fortalecer las instituciones que hacen posible la convivencia y la competencia de la pluralidad, ve en la democracia una fórmula efectiva y loable de gobierno, y la asume como un fin en sí mismo. Se ha formado bajo los efectos del proceso democratizador y de sus logros en el mundo de la representación, al tiempo que ha realizado un ajuste de cuentas conceptual con varios de sus resortes del pasado.
Pero ese bloque -que me gustaría pensar mayoritario- no está solo en el escenario. Convive con una izquierda que de cuando en cuando, para hacer avanzar sus intereses, no se ha inhibido en erosionar la confianza en las instituciones que sostienen a la incipiente democracia. Se trata de quienes explotando todas las posibilidades de crecimiento que nuestra germinal democracia les otorga, con una frecuencia que entristece, contribuyen a lastimar el poco o mucho aprecio en las reglas, las instituciones y las rutinas que ponen en pie la coexistencia-competencia de la diversidad política. Tienen una relación ambigua con la democracia. Cuando en 2006 se inventaron algoritmos, supuestos votos perdidos y "fraudes hormigas", vulneraron la confianza arduamente construida a lo largo de los años. Hoy, cuando en el ejercicio de sus derechos, pero a sabiendas de que sus pretensiones no prosperarán, solicitan la invalidez de la elección presidencial, derraman combustible para mantener viva la protesta e incrementar el descrédito en las instituciones electorales. Por cierto, esa actitud no es exclusiva de una cierta izquierda. Desde otro flanco del espectro político, las televisoras, cuando vieron que sus intereses eran afectados por la reforma de 2007, desataron una intensa campaña contra las normas, las instituciones electorales y los funcionarios del IFE. Se trata de actitudes convenencieras que creen que sus intereses particulares están por encima del resto.
Hay además una izquierda para la cual, las elecciones, la reproducción de la pluralidad, la vida en los Congresos, vale poco o nada. Se expresa sobre todo a través de movimientos, organizaciones no gubernamentales y asociaciones varias. En ella, se producen y reproducen prejuicios antipolíticos que ven en los políticos un bloque indiferenciado y perverso, en los partidos a las fuentes del mal, y en los Congresos y gobiernos a encarnaciones siniestras. Sus formas de lucha son las marchas, los mítines, los bloqueos, los boicots y desprecian al insípido momento electoral. Asumen un lenguaje radical y fantasean con un cambio taumatúrgico sin día ni vía. Creen que encarnan una superioridad moral y política que les permite declarar ilegítima e intrascendente la voluntad de 50 millones de electores. Ayer, el EZLN desató "la otra campaña" y ahora una asamblea en la que participan desde los hombres y mujeres de Atenco hasta jóvenes del movimiento Yosoy132 proclama que impedirá la "imposición" de Enrique Peña Nieto.
La historia está abierta. Nadie puede pretender conocer el futuro. Pero del fortalecimiento o no de las diferentes corrientes que subsisten en la izquierda dependerá no solo el futuro de ella, sino el de todo el país.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 9:01 No hay comentarios:
CUIDADO CON LA CORTE
A nuestro país le consumen energías ingentes a sus elecciones. Son muchos los recursos, las ideas y las gestiones que dedicamos a los procesos electorales. Basta con echarle un vistazo a los periódicos de las últimas semanas para constatarlo; prácticamente todos los columnistas han hablado de lo que pasó el 2 de julio, de los escenarios que nos esperan, de la impugnación, de lo que hará el Tribunal, etcétera. El tema lo amerita pero, como nos enseño Paracelso, “el veneno está en la dosis”; creo que es tiempo de ubicar a la elección en su contexto y colocar la atención también en otros procesos y otras instituciones clave para la democracia constitucional. La Suprema Corte de Justicia y la inminente designación de los dos nuevos ministros son temas estratégicos. Hace algunos años la Fundación para el debido proceso propuso unos lineamientos para realizar una selección transparente y meritocrática de los jueces constitucionales. La propuesta está centrada en el proceso de nombramiento y, dentro del mismo, se recomienda —antes de señalar candidatos— definir el perfil idóneo de los futuros juzgadores. Los atributos que se sugiere garantizar son fáciles de suponer (y difíciles de reunir): independencia, imparcialidad, honorabilidad, una historia de conducta intachable, conocimiento legal notable, excelente capacidad de expresión oral y escrita, capacidad analítica, compromiso con el poder judicial, con los derechos humanos, los valores democráticos y la transparencia y capacidad para entender las consecuencias de sus decisiones, básicamente. Pero hay una cualidad que merece mención aparte: “inteligencia creativa altamente desarrollada”. Creo que, sin desdeñar a los anteriores, en el México de hoy, éste es el atributo crucial. A los abogados de esta generación ya no nos sirve mucho de lo que aprendimos en la universidad. Nos enseñaron que la Constitución era la norma suprema y ya no lo es; nos formamos pensando en el paradigma del “ordenamiento jurídico nacional” y ahora debemos entender al “bloque de constitucionalidad” que incorpora a los tratados internacionales; aprendimos que el control difuso que ejercían los jueces sólo implicaba la inaplicación de una norma pero ahora conlleva su invalidez; cursamos la materia de “garantías individuales”, que ahora será “derechos humanos” (con todo lo que ello supone); conocimos unas reglas en materia de amparo que ya no están en la Constitución. Y eso por no hablar del sistema de justicia penal en mutación, de los nuevos derechos que se oponen ante particulares (como la no discriminación y los datos personales), de las nuevas instituciones de garantía (IFAI, Conapred, etcétera.). En fin, estudiamos bajo un paradigma jurídico y una constitución que ya no existen. Por eso quienes aspiren a ser expertos en Derecho, aunque parezca paradójico, tienen que aprender a desaprender. Y para ello hace falta mucha inteligencia creativa. No es una cuestión de edad, sino de actitud mental. El presidente de la Corte, Juan Silva Meza, por ejemplo, es un hombre mayor que ha demostrado contar con buena dosis de esa inteligencia. Y ello a pesar de ser un juez de carrera. Digo esto último consciente de sus implicaciones porque pienso que este no es un buen momento para reforzar a la Corte con miembros del Poder Judicial. Por muchas —y buenas— razones quienes han hecho una carrera jurisdiccional oponen resistencia a romper paradigmas, a mirar otras experiencias, a considerar las consecuencias políticas de sus decisiones. Los jueces y magistrados están entrenados para concebir al derecho solamente como un instrumento técnico y los dos nuevos ministros —o, por supuesto, ministras—, en cambio, necesitarán creatividad y sensibilidad política porque participarán en una etapa de mutación del sistema jurídico nacional. Las reformas de derechos humanos y de amparo del año pasado son los detonadores de una transformación que —temo— pocos han calibrado. Y la detonación puede ser creativa o demoledora.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 8:59 No hay comentarios:
SCJN: GOLPE A LA TRANSPARENCIA
La discusión postelectoral no ha permitido apreciar en toda su dimensión, la reciente resolución de la SCJN sobre el caso de la cancelación masiva de créditos fiscales en 2007, y la enorme batalla que tanto Fundar, el Centro de Análisis e Investigación que dirige Miguel Pulido, como el IFAI, han dado para conocer los nombres de las personas físicas y morales que fueron beneficiadas, así como los montos en cada caso y las razones. Se trata de uno de los asuntos más peliagudos de la lucha por el acceso a la información y la transparencia en el manejo de los recursos económicos, en el ámbito del aparato público que más la resiste y la deplora: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Enquistado su poder bajo la mayor opacidad que hoy pueda disfrutar una entidad pública, el Sistema de Administración Tributaria se ha alzado nuevamente, en nombre del secreto fiscal, con un nuevo triunfo: la Corte negó el amparo promovido por Jimena Ávalos Capín, colaboradora del equipo de Estrategias Jurídicas de Fundar, mediante el cual se alegaba la inconstitucionalidad del Artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, disposición que establece la “absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación”, y que el SAT ha invocado para mantener en secreto la información de los beneficiarios de esa cancelación masiva que asciende a 73 mil 960 millones de pesos. Para resguardar de la luz pública ese monto, se ha desatado una de las actuaciones más fieras por parte de los cabecillas de la SHCP, que ha ido del cabildeo institucional a niveles de intimidación y chantaje a quienes exigen la publicidad de esos nombres.
A finales de 2010, para la aprobación del presupuesto 2011, la SHCP regateó, chantajeó y condicionó la asignación de recursos al IFAI, en abierta represalia por la resolución de este organismo que le ordenó dar a conocer la identidad de los favorecidos con la cancelación multimillonaria. Si no es por la acción resuelta de un numeroso grupo de diputados que presentamos una solicitud de ampliación presupuestal para cubrir las nuevas obligaciones que impuso la ley al Instituto en protección de datos personales, esa función que tanto preocupa al SAT no se hubiera podido arrancar con los objetivos señalados.
También bajo esta historia se encuentra la resistencia de la SHCP a la aprobación en la cámara de Diputados de la minuta que el Senado emitió para reformar la Ley de Acceso a la Información Pública, la cual busca no sólo reconocer el carácter definitivo e inatacable de las resoluciones del IFAI, sino también que las condonaciones, cancelaciones, tratamientos fiscales especiales sean sujetos del derecho de acceso a la información. En alianza con diputados al servicio de Enrique Peña Nieto, como Humberto Benítez (PRI) y Pablo Escudero (PVEM), los funcionarios de Hacienda consiguieron bloquear en las comisiones de justicia y de la función pública el dictamen que emitió la Comisión de Gobernación para que pudiera conocerlo y votarlo el pleno. Los Diputados del PAN estuvimos de acuerdo, y la oposición no!
El informe de la Auditoría Superior de la Federación del año 2007 nos da una idea, espeluznante, de lo que está detrás de ese secreto que Hacienda quiere resguardar a toda costa: “Existen 15 contribuyentes que tienen más de 100 créditos fiscales y de ellos, seis registran más de 300; en particular, un caso registró mil 453 créditos, número muy cercano a los mil 495 que en conjunto tiene el sector gobierno. Por tanto, no existe un límite para la determinación de créditos y varios de estos contribuyentes se han dedicado a omitir obligaciones por largo tiempo sin que a la fecha se haya podido hacer nada al respecto.”
De acuerdo al reporte de la dependencia en 2005 la suma de créditos fiscales sumaba 495 mil 807.9 millones de pesos, en este mismo informe se constataba que entre los deudores se encontraban dos cadenas televisivas que registraban créditos por mil 521 millones 821 mil pesos, así como una empresa editorial que acumulaba 40 créditos fiscales por un monto de dos mil 675 millones 476 mil pesos y cuatro clubes de futbol con 79 créditos fiscales por un monto de dos mil 178 millones 880 mil pesos.
La pregunta es necesaria: ¿son éstos créditos señalados por la ASF los que fueron eliminados como parte de la cancelación masiva en 2007 y a la que tanto protegen? Aunque por ahora la SCJN no quiera pronunciarse sobre ello, obligando a revelar las identidades y por el contrario ratifique la constitucionalidad de un artículo que claramente ha dejado de serlo, es fundamental advertir que, a diferencia de lo que la burocracia priista de Hacienda supone, la lucha por conocer la verdad apenas empieza y tarde que temprano manos hábiles la desvelarán. Al tiempo.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 10:44 No hay comentarios:
WHY DID ROBERTS CHANGE HIS MIND?
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 10:34 No hay comentarios:
HAGAMOS UNA RELACIÓN DE LAS RAZONES POR LAS QUE PU...
SOBRE DECENCIA, DESIGUALDADES Y CONSENSO SOCIAL DE...
LA IZQUIERDA, LA DERECHA, LA DEMOCRACIA
SCJN: BALANCE SEMESTRAL
CRISIS DEL SISTEMA PRESIDENCIAL
SECRETO FISCAL Y TRANSPARENCIA
PEDAGOGÍA DE LA VALIDEZ DE LA ELECCIÓN
A LA BÚSQUEDA DEL AÑO PERDIDO
IMPERATIVO: LIMPIAR LA ELECCIÓN
CHEQUE EN BLANCO PARA LA PROCURADURÍA
BALANCE Y (NUEVA) ALINEACIÓN
LOS NIÑOS Y LA GUERRA DE CALDERÓN (EL PUEBLO DESID...
¿POR QUÉ ES CLAVE EL RECUENTO DE VOTOS?
LA DEMOCRACIA MEXICANA EN EL CONCIERTO LATINOAMERI...
EL DESAFÍO DE LA CONSOLIDACIÓN DEMOCRÁTICA
LAS ELECCIONES Y SUS REGLAS
UN FUTURO CONGRESO SIN MAYORÍAS