Source: https://es.scribd.com/doc/26597140/Cateo-en-El-Derecho-Penal-Mexicano
Timestamp: 2017-12-15 10:22:05
Document Index: 5058278

Matched Legal Cases: ['artículo 32', 'Artículo 32', 'artículo 152', 'Artículo 152', 'artículo 2', 'artículo 9', 'Artículo 9', 'artículo 16', 'Artículo 16', 'artículo 16', 'Artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 17', 'Artículo 17', 'artículo 11', 'Artículo 11', 'Artículo 285', 'Artículo 381', 'artículo 61', 'Artículo 61', 'artículo 15', 'Artículo 15', 'artículo 16', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'artículo 29', 'artículo 29', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'artículo 16', 'Artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 61', 'Artículo 61', 'artículo 16', 'artículo 61', 'artículo 16', 'artículo 61', 'artículo 16', 'artículo 193', 'Artículo 193', 'artículo 16', 'artículo 16', 'Artículo 16', 'Artículo 63']

Descripción: Cateo como medio de investigación criminal
Cateo como medio de investigación criminal
Alumno: Ángel Virgilio Ferreira Centeno Tarea de la semana once de la asignatura Composición de la Materia Penal. Actividad: “El alumno presentará un caso de cateo y/o visita domiciliaria requerida como elemento en un proceso jurídico, argumentando la forma en que el cateo y/o visita domiciliaria coadyuvarán en la resolución del caso en cuestión. Introducción.- El cateo es uno de los medios de convicción más efectivos en la investigación criminal, denota una pesquisa respecto de hechos probados y que lo que se persigue es capturar al culpable en el momento de poseer el objeto del delito o estar perpetrando algún injusto, tiene característica de prueba plena, por lo que el agente del Ministerio Público que lo solicite debe exhibir el mayor caudal probatorio para que sea exitosa su solicitud. Desarrollo.En nuestro país, desde los primeros documentos constitucionales, el domicilio ha sido protegido, ha sido considerado como inviolable. En el decreto constitucional para la Libertad de la América Mexicana, sancionado en Apatzingán el veintidós de octubre de mil ochocientos catorce, el artículo 32 señalaba: "Artículo 32. La casa de cualquier ciudadano es un asilo inviolable: sólo se podrá entrar en ella cuando un incendio, una inundación, o la reclamación de la misma casa haga necesario este acto. Para los objetos de procedimiento criminal deberán preceder los requisitos prevenidos por la ley." La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, sancionada por el Congreso General Constituyente el cuatro de octubre de mil ochocientos veinticuatro, en su artículo 152, dispuso: "Artículo 152. Ninguna autoridad podrá librar orden para el registro de las casas, papeles y otros efectos de los habitantes de la República, si no es en los casos expresamente dispuestos por ley, y en la forma que ésta determine." Las Bases y Leyes Constitucionales de la República Mexicana, decretadas por el Congreso General de la Nación en mil ochocientos treinta y seis, en el artículo 2o., fracción IV, de la primera, se estableció:
"2. Son derechos del mexicano: "... "IV. No poderse catear sus casas y sus papeles, si no es en los casos y con los requisitos literalmente prevenidos en las leyes." Las Bases Orgánicas de la República Mexicana sancionadas en mil ochocientos cuarenta y tres, en el artículo 9o., fracción XI, señalaron: "Artículo 9o. Derechos de los habitantes de la República: "... "XI. No será cateada la casa, ni registrados los papeles de ningún individuo, sino en los casos y con los requisitos literalmente prevenidos en las leyes." En la Constitución de mil ochocientos cincuenta y siete, se estableció en el artículo 16, lo siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En el caso de delito infraganti, toda persona puede aprehender al delincuente y a sus cómplices, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata." El actual artículo 16, en sus párrafos primero y octavo, establece: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. "... "En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir y que será escrita, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, una acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia." De todo lo anterior se advierte que la inviolabilidad del domicilio vino a protegerse constitucionalmente hasta mil ochocientos cincuenta y siete, pues
antes, la posibilidad de registro o cateo de las casas de los gobernados quedaba sujeta a lo que previniera o dispusiera la ley. Ciertamente, es en el artículo 16 de la Constitución de mil ochocientos cincuenta y siete, en donde por vez primera se establece como garantía de seguridad personal, la protección al domicilio en contra de actos de molestia de la autoridad; protección que quedó sujeta, únicamente, al contenido del propio precepto constitucional, esto es, a que el acto de molestia se llevara a cabo en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que fundara y motivara la causa legal del procedimiento. En la Constitución de mil novecientos diecisiete, se conservó casi textual la primera parte del artículo 16 y en lo relativo al cateo, se precisaron los requisitos para su realización: que sea ordenado de manera escrita por autoridad judicial, expresando el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que han de aprehenderse y los objetos que se busquen, a lo que deberá limitarse la diligencia, de lo que deberá levantarse acta circunstanciada en presencia de dos testigos. Al respecto, es de señalarse que la Comisión de Constitución, en su primer dictamen, estimó: "Sin duda que las disposiciones que contiene el artículo, en lo relativo a la práctica de los cateos, pueden estimarse como reglamentarias; pero creemos muy cuerdo establecerlas, porque en la práctica de esas diligencias se han cometido casi siempre no sólo abusos, sino verdaderos atropellos, que importa evitar en lo sucesivo, fijando las reglas esenciales a las que deberán sujetarse en esta materia las legislaciones locales." Dicha comisión en su segundo dictamen señaló: "...nos parece oportuno reconocer terminantemente la inviolabilidad del domicilio, dejando a salvo el derecho de la autoridad judicial para practicar cateos, mediante los requisitos que la propia asamblea ha aceptado como necesarios, para librar así a los particulares de los abusos que suelen cometerse en la práctica de tales diligencias." Así, el actual artículo 16 constitucional, establece como un derecho subjetivo público de los gobernados el no ser molestados en su persona, familia,
domicilio, papeles o posesiones; desde luego, contempla la inviolabilidad del domicilio, sin embargo, permite a la autoridad practicar actos de molestia a los particulares e introducirse a su domicilio, bajo ciertas condiciones o requisitos y con un propósito definido, a efecto de que pueda cumplir con sus actividades, pero sin causar una molestia innecesaria al particular. Esos actos de molestia de intromisión al domicilio, deben atender al principio de seguridad jurídica en beneficio del particular afectado, lo que implica que la autoridad debe cumplir con los requisitos establecidos en primer término en la Constitución y además en las leyes que de ella emanen; así, tratándose de la orden de cateo, ésta debe limitarse a un propósito determinado, la búsqueda de personas u objetos relacionados con un delito. Cabe señalar que la protección a la inviolabilidad del domicilio también ha sido considerada en ordenamientos internacionales firmados por nuestro país, entre otros, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, abierto a firma en la ciudad de Nueva York, EUA, el 19 de diciembre de 1966, el cual en su artículo 17, dispone: "Artículo 17 "1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. "2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques." Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, en su artículo 11, punto 2, señala: "Artículo 11. Protección de la honra y de la dignidad "1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. "2. Nadie puede ser objeto de ingerencias (sic) arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.
"3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas ingerencias (sic) o esos ataques." Como se advierte, la inviolabilidad del domicilio constituye un derecho fundamental, el cual, en nuestro país se encuentra garantizado constitucionalmente, además que diversos ordenamientos legales contemplan su observancia, refiriéndonos a continuación a algunos de ellos. El Código Penal Federal en sus artículos 285 y 381 bis, establece: "Artículo 285. Se impondrán de un mes a dos años de prisión y multa de diez a cien pesos, al que, sin motivo justificado, sin orden de autoridad competente y fuera de los casos en que la ley lo permita, se introduzca, furtivamente o con engaño o violencia, o sin permiso de la persona autorizada para darlo, a un departamento, vivienda, aposento o dependencias de una casa habitada." "Artículo 381 Bis. Sin perjuicio de las sanciones que de acuerdo con los artículos 370, 371 y 372 deben imponerse, se aplicarán de tres días a diez años de prisión al que robe en edificios, viviendas, aposento o cuarto que estén habitados o destinados para habitación, comprendiéndose en esta denominación no sólo los que estén fijos en la tierra, sino también los movibles, sea cual fuere la materia de que estén construidos, así como en aquellos lugares o establecimientos destinados a actividades comerciales. En los mismos términos se sancionará al que robe en campo abierto o paraje solitario una o más cabezas de ganado mayor. Cuando el robo se realice sobre una o más cabezas de ganado menor, además de lo dispuesto en los artículos 370, 371 y 372, se impondrán hasta las dos terceras partes de la pena comprendida en este artículo." El Código Federal de Procedimientos Penales, en el artículo 61, dispone: "Artículo 61. Cuando en la averiguación previa el Ministerio Público estime necesaria la práctica de un cateo, acudirá a la autoridad judicial competente, o si no lo hubiere al del orden común, a solicitar por escrito la diligencia, expresando su objeto y necesidad, así como la ubicación del lugar a inspeccionar y persona o personas que han de localizarse o de aprehenderse, y los objetos que se buscan o han de asegurarse a lo que únicamente debe limitarse la diligencia.
"Al concluir el cateo se levantará acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad judicial que practique la diligencia. "Cuando no se cumplan estos requisitos, la diligencia carecerá de todo valor probatorio, sin que sirva de excusa el consentimiento de los ocupantes del lugar." El último párrafo del artículo 15 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, establece: "Artículo 15. "... "Cuando el Juez de Distrito competente, acuerde obsequiar una orden de aprehensión, deberá también acompañarla de una autorización de orden de cateo, si procediere, en el caso de que ésta haya sido solicitada por el agente del Ministerio Público de la Federación, debiendo especificar el domicilio del probable responsable o aquel que se señale como el de su posible ubicación, o bien el del lugar que deba catearse por tener relación con el delito, así como los demás requisitos que señala el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Una vez establecido el marco normativo de la inviolabilidad de domicilio, se procede a determinar lo que debe entenderse por éste. Al respecto el Código Civil Federal, establece: "Artículo 29. El domicilio de las personas físicas es el lugar donde residen habitualmente, y a falta de éste, el lugar del centro principal de sus negocios; en ausencia de éstos, el lugar donde simplemente residan y, en su defecto, el lugar donde se encontraren. "Se presume que una persona reside habitualmente en un lugar, cuando permanezca en él por más de seis meses." "Artículo 30. El domicilio legal de una persona física es el lugar donde la ley le fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no esté allí presente." "Artículo 31. Se reputa domicilio legal:
"I. Del menor de edad no emancipado, el de la persona a cuya patria potestad está sujeto; "II. Del menor de edad que no esté bajo la patria potestad y del mayor incapacitado, el de su tutor; "III. En el caso de menores o incapaces abandonados, el que resulte conforme a las circunstancias previstas en el artículo 29; "IV. De los cónyuges, aquel en el cual éstos vivan de consumo, sin perjuicio del derecho de cada cónyuge de fijar su domicilio en la forma prevista en el artículo 29; "V. De los militares en servicio activo, el lugar en que están destinados; "VI. De los servidores públicos, el lugar donde desempeñan sus funciones por más de seis meses; "VII. De los funcionarios diplomáticos, el último que hayan tenido en el territorio del Estado acreditante, salvo con respecto a las obligaciones contraídas localmente; "VIII. De las personas que residan temporalmente en el país en el desempeño de una comisión o empleo de su gobierno o de un organismo internacional, será el del Estado que los haya designado o el que hubieren tenido antes de dicha designación respectivamente, salvo con respecto a obligaciones contraídas localmente; y "IX. De los sentenciados a sufrir una pena privativa de la libertad por más de seis meses, la población en que la extingan, por lo que toca a las relaciones jurídicas posteriores a la condena; en cuanto a las relaciones anteriores, los sentenciados conservarán el último domicilio que hayan tenido." "Artículo 32. Cuando una persona tenga dos o más domicilios se le considerará domiciliada en el lugar en que simplemente resida, y si viviere en varios, aquel en que se encontrare." "Artículo 33. Las personas morales tienen su domicilio en el lugar donde se halle establecida su administración.
"Las que tengan su administración fuera del Distrito Federal pero que ejecuten actos jurídicos dentro de su circunscripción, se considerarán domiciliadas en este lugar, en cuanto a todo lo que a esos actos se refiera. "Las sucursales que operen en lugares distintos de donde radica la casa matriz, tendrán su domicilio en esos lugares para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por las mismas sucursales." "Artículo 34. Se tiene derecho de designar un domicilio convencional para el cumplimiento de determinadas obligaciones." De los preceptos transcritos se tiene que el domicilio de las personas físicas es: a) b) c) El lugar donde residen habitualmente, entendiéndose por esto, donde permanecen por más de seis meses; El lugar del centro principal de sus negocios; El lugar donde simplemente residan o se encontraren. El domicilio de las personas morales es: a) El lugar donde se encuentra establecida su administración; b) El lugar donde operen las sucursales, cuando éstas se encuentren en lugar distinto al en que radica la casa matriz. En la doctrina encontramos diversas definiciones de domicilio a las que a continuación haremos referencia. Francisco Pavón Vasconcelos, señala que "Gramaticalmente domicilio significa casa en que se habita o morada fija y permanente. La doctrina se muestra conforme en que el concepto de domicilio en el derecho penal tiene un significado diverso al del derecho civil, pues a diferencia de este último debe ser entendido en la forma más amplia con referencia al sitio o lugar que el hombre ha escogido para morada, sea definitiva o provisional, teniendo decisiva importancia el destino dado al lugar, abarcando tan amplio concepto no sólo la casa o departamento sino igualmente las diversas dependencias de ella, como local de oficina, bodega, etc., por formar parte de la unidad habitacional, en la que una persona desarrolla actos y formas de vida calificadas como íntimas o privadas,
aun cuando en el momento de realizarse algún hecho delictivo vinculado, entre otros bienes jurídicos, contra el de la seguridad y la privacidad en el hogar o la vida íntima del individuo, éste no se encuentra presente." 1 El Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, con relación al concepto de domicilio, establece: "El concepto jurídico comprende dos elementos: uno objetivo y el otro subjetivo. El primero está constituido por la residencia de una persona en un lugar determinado, y el segundo por el propósito de dicha persona de radicarse en ese lugar. La ley presupone que se conjuntan estos dos elementos cuando una persona reside por más de seis meses en ese lugar." 2 En vista de todo lo anterior y a efecto de determinar el concepto de domicilio a que se encuentra referida la garantía de inviolabilidad del mismo, contenida en los párrafos primero en relación con el octavo del artículo 16 constitucional, resulta necesario nuevamente transcribir dichos párrafos: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. "... "En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir y que será escrita, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan; a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, una acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia." Como ya quedó apuntado, el precepto constitucional referido, en su primer párrafo establece como un derecho subjetivo público de los gobernados el no ser molestado, entre otros, en su domicilio; dicha protección va encaminada a actos de autoridad, sin que pueda considerarse que dicha protección al domicilio, se encuentre reducida al lugar en que una persona puede ser localizada, es decir, al
Cfr Pavón Vasconcelos, Francisco, Op Cit., p. 399. Cfr UNAM-IIJ, Op. Cit., p. 1206.
lugar en el que establece su residencia habitual, pues con ello sólo se atendería al elemento objetivo del domicilio. La protección a la inviolabilidad del domicilio a que nos referimos, atiende también y de manera esencial, al elemento subjetivo del domicilio, esto es, al propósito o destino que el sujeto concede a determinado espacio, en el que desarrolla actos y formas de vida calificadas como íntimas o privadas. Así, la señalada protección del domicilio, no sólo está encaminada a la del bien inmueble, a la del espacio físico, sino también y de manera esencial, al ámbito del asiento de intimidad de la persona. Ello en virtud de que si bien el primer párrafo del artículo 16 constitucional se refiere a "domicilio", lo cierto es que el octavo párrafo del mismo precepto, sólo señala "lugar", debiendo entenderse por éste, aquel en el que el gobernado de algún modo se asienta y realiza actos relativos a su privacidad, a su intimidad. En efecto, al encontrarse el cateo dentro del ámbito de la materia penal, es de considerase que el concepto de domicilio en esta materia es más amplio, pues comprende también, cualquier localización o establecimiento de la persona, de naturaleza accidental y transitoria en donde lleve a cabo actos comprendidos dentro de su esfera privada. Lo anterior se corrobora de algunos de los lugares que los artículos 285 y 381 bis, del Código Penal Federal, protegen contra los delitos de allanamiento de morada y robo: departamentos, viviendas, aposentos, dependencias de casa habitada, cuartos habitados o destinados a habitación, fijos a la tierra o movibles. Así las cosas, se puede establecer que el concepto de domicilio a que se encuentra referida la garantía de inviolabilidad del mismo, contenida en los párrafos primero en relación con el octavo del artículo 16 constitucional, comprende tanto el lugar en el que una persona establece su residencia habitual, como todo aquel espacio, en el que desarrolla actos y formas de vida calificadas como íntimas o privadas. Ahora, como quedó apuntado, el señalado artículo 16, permite que las autoridades, a efecto de poder cumplir con sus funciones, se introduzcan en el domicilio de los particulares, como en el caso de los cateos, los cuales deben
cumplir requisitos formales y de fondo, tal como lo dispone el octavo párrafo del mencionado precepto constitucional. En efecto, con el afán de asegurar de manera efectiva y en favor del gobernado, la tutela de su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones, el Constituyente estableció que las órdenes de cateo única y exclusivamente deben ser expedidas por la autoridad judicial; y en concordancia con ello, señaló diversos requisitos tendentes al sano ejercicio en su práctica, éstos son: a) que conste por escrito; b) que exprese el lugar que ha de inspeccionarse; c) que precise la materia de la inspección; d) que se levante una acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia. La finalidad del cateo, es la de aprehender a una persona mediante orden dada por autoridad competente; asimismo, la búsqueda de objetos que se presuma se encuentran en el lugar en donde se va a llevar dicha diligencia; aspectos que deben estar relacionados con la comisión del algún delito. El Código Federal de Procedimientos Penales, en observancia a la garantía de inviolabilidad del domicilio, en su artículo 61, establece: "Artículo 61. Cuando en la averiguación previa el Ministerio Público estime necesaria la práctica de un cateo, acudirá a la autoridad judicial competente, o si no lo hubiere al del orden común, a solicitar por escrito la diligencia, expresando su objeto y necesidad, así como la ubicación del lugar a inspeccionar y persona o personas que han de localizarse o de aprehenderse, y los objetos que se buscan o han de asegurarse a lo que únicamente debe limitarse la diligencia. "Al concluir el cateo se levantará acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad judicial que practique la diligencia. "Cuando no se cumplan estos requisitos, la diligencia carecerá de todo valor probatorio, sin que sirva de excusa el consentimiento de los ocupantes del lugar." El precepto antes reproducido, además de los requisitos que establece el octavo párrafo del artículo 16 constitucional con relación al cateo, esto es, a) que
conste por escrito; b) que exprese el lugar que ha de inspeccionarse; c) que precise la materia de la inspección; d) que se levante un acta circunstanciada; señala que la orden de cateo debe expresar el objeto y necesidad del mismo y establece que de no cumplirse con los requisitos que menciona, la diligencia carecerá de todo valor probatorio. El mencionado precepto legal, con la finalidad de asegurar el imperio de la garantía de inviolabilidad del domicilio en materia penal, es contundente al señalar que si no se cumple con alguno de los requisitos que establece, la diligencia de cateo carecerá de todo valor probatorio. En esas condiciones, conviene establecer los actos que constituyen la diligencia de cateo: 1. 2. Localización de objetos y personas, así como la aprehensión de éstas en el domicilio registrado. Acta circunstanciada de la propia diligencia. Atento a lo anterior, la sanción que establece el mencionado artículo 61, en el sentido de que carecerá de valor la diligencia de cateo que no se realice conforme a los requisitos en él señalados, los cuales son congruentes con los señalados en el artículo 16 constitucional, se limita a tales actos. Así, se estará en imposibilidad de otorgar eficacia probatoria a los objetos y/o personas localizados en el registro domiciliario respectivo, así como lo asentado en el acta correspondiente. En efecto, las pruebas obtenidas con vulneración a la inviolabilidad del domicilio, es decir, de la intromisión de la autoridad al domicilio de un gobernado sin contar con orden judicial, son los objetos y personas que se localicen, así como la aprehensión de éstas en el domicilio registrado y el acta circunstanciada de la propia diligencia, probanzas que carecen de eficacia probatoria alguna. Es de destacarse que la tutela de los derechos fundamentales debe ser el objetivo prioritario del Estado de derecho que la Constitución consagra, pues los derechos fundamentales son la base de nuestra organización jurídico-política; en esa virtud, su vulneración, entre otras consecuencias, debe conducir a la
imposibilidad de otorgar eficacia jurídica a las pruebas obtenidas con infracción de tales derechos. Así resulta, que al ser la inviolabilidad del domicilio un derecho fundamental, las pruebas obtenidas con vulneración al mismo, carecerán de eficacia probatoria, quedando afectada también la eficacia probatoria de las pruebas que sean consecuencia directa de la obtenida con vulneración de dicho derecho fundamental, esto es, las obtenidas a partir de aquéllas. Así, no puede ser materia de prueba el informe policíaco o parte informativo, ni los testimonios de las autoridades que se introdujeron en el domicilio registrado, pues de manera directa derivan de dicha vulneración. Los objetos y personas encontrados en el domicilio inconstitucionalmente registrado, no hubieran existido de no haberse practicado el cateo ilegal, lo cual evidencia que el origen de los mismos es el propio cateo, el cual, al resultar ilegal y, en consecuencia, carecer de todo valor probatorio, influye de manera directa en los actos que de él derivaron, debiendo éstos seguir la misma suerte que aquello que les dio origen. Así, debe considerarse que todo acto que tenga su origen en un cateo que no cumpla con los requisitos constitucionales, carece de existencia legal, pues los actos que tengan su origen en un cateo que carezca de valor probatorio, esto en términos del artículo 61 del Código Federal de Procedimientos Penales, no pueden tener existencia legal. Cabe apuntar, que el mandato constitucional respecto de la orden de cateo va dirigido a las autoridades que se encuentran inmersas en la procuración y administración de justicia, que con su actuar pueden violar derechos fundamentales del gobernado que trascienden en su domicilio, libertad y seguridad jurídica, por lo que dichas autoridades están obligadas a respetar el marco constitucional y legal establecidos para esos efectos. Si bien la orden de cateo presupone la comisión de un delito, la existencia de una investigación y la probabilidad de que en el mismo recinto se encuentra el activo o los objetos relacionados con el delito, lo cierto es que no en todos los casos hay una investigación ministerial de un delito previamente cometido, en la
que existan datos del presunto responsable u objetos relacionados con el delito que se encuentren en el domicilio particular. Ciertamente, existen casos de flagrancia, esto es, cuando se está en presencia de actos delictivos que se están ejecutando o se acaban de ejecutar, por ejemplo, cuando la autoridad policial recibe información en el sentido de que en determinado domicilio tienen secuestrado a un sujeto (delito permanente), o que se está cometiendo una violación (delito instantáneo), que se posee droga o armas (delito permanente), tráfico de personas (delito instantáneo), pederastia (delito instantáneo), casos en los que no se necesitará, necesariamente, orden judicial de cateo que autorice la intromisión o allanamiento del domicilio particular, ya que existiendo flagrancia, el propio artículo 16 constitucional, expresamente permite a cualquier particular, y con mayor razón a la autoridad, detener al indiciado y lógicamente hacer cesar la agresión delictiva. Lo anterior con independencia de que el delito en flagrancia se ejecute en el domicilio particular, toda vez que la Constitución no establece acotamiento alguno al respecto. Es de señalarse que el Código Federal de Procedimientos Penales en el artículo 193, define lo que se entiende por flagrancia de la siguiente manera: "Artículo 193. Se entiende que existe flagrancia cuando: "I. El inculpado es detenido en el momento de estar cometiendo el delito; "II. Inmediatamente después de ejecutado el delito, el inculpado es perseguido materialmente, o "III. El inculpado es señalado como responsable por la víctima, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiere participado con él en la comisión del delito, o se encuentre en su poder el objeto, instrumento o producto del delito, o bien aparezcan huellas o indicios que hagan presumir fundadamente su participación en el delito; siempre y cuando se trate de un delito grave, así calificado por la ley, no haya transcurrido un plazo de cuarenta y ocho horas desde el momento de la comisión de los hechos delictivos, se haya iniciado la averiguación previa respectiva y no se hubiera interrumpido la persecución del delito. ..."
De lo anterior se advierte que la flagrancia se actualiza cuando el indiciado es sorprendido en el momento mismo en que se está cometiendo el delito o cuando inmediatamente después de que se ejecuta, el inculpado es perseguido materialmente; asimismo cuando el inculpado es señalado por la víctima, por algún testigo presencial de los hechos o por quien hubiere participado con él en la comisión del delito, o se encuentre en su poder el objeto, instrumento o producto del delito o bien aparezcan huellas o indicios que hagan presumir fundadamente su participación en el delito, siempre y cuando se trate de un delito grave, así calificado por la ley y no haya transcurrido un término de cuarenta y ocho horas desde el momento de la comisión de los hechos delictivos, se haya iniciado la averiguación previa respectiva y no se hubiera interrumpido la persecución del delito. Así, sólo en los casos en que se trate de un delito cometido en flagrancia, previsto en el precepto constitucional y legal citado, puede la autoridad introducirse a un domicilio sin contar con orden de cateo, fundado en que la demora podría hacer ilusoria la investigación de los delitos y la aplicación de las penas correspondientes. Lo anterior significa que la autoridad policial puede irrumpir en el domicilio de un gobernado sin contar con orden de cateo cuando se esté cometiendo el delito dentro del domicilio, igualmente cuando después de ejecutado un delito en flagrancia el inculpado es perseguido hasta el domicilio particular. Ahora, si como quedó establecido, en los supuestos de flagrancia no se requiere, necesariamente, orden de cateo, lógicamente las pruebas que se encuentren vinculadas directa o indirectamente con dichas detenciones, no se rigen por los supuestos que contemplan los numerales 61 y 284 del Código Federal de Procedimientos Penales, pues tendrán eficacia probatoria y corresponderá al juzgador valorarlas conforme a las reglas relativas. La diligencia de cateo prevista en el octavo párrafo del artículo 16 constitucional, presupone una investigación ministerial de un hecho delictivo previamente cometido y la necesidad de buscar o detener al presunto implicado en el mismo o, en su caso, de buscar las pruebas que acrediten la existencia misma
del delito o la probable responsabilidad del inculpado, lo cual no sucede en los casos de flagrancia. La razón anterior obedece también al hecho de que la autoridad tiene el deber de velar por la seguridad y protección de la ciudadanía, por lo que se convierte en garante de los bienes de la sociedad y por contrapartida, tiene el derecho de hacer que cese dicha afectación, sin esperar que se lo autorice expresamente la autoridad judicial. En efecto, en la Constitución se establecen los requisitos de la orden de cateo, sin los cuales la misma será ilegal, pero también se establece la facultad punitiva del Estado como garante de la existencia de la sociedad, de ahí que también prevea el delito flagrante. Lo anterior, permite apreciar que entre ambos mandatos constitucionales, el de la orden de cateo y el de la facultad punitiva del Estado, debe existir un equilibrio, ya que no se puede concebir una orden de cateo que no cumpla con los requisitos correspondientes, en atención a los bienes tutelados que afecta, como tampoco, que ante conductas constitutivas de delitos, el Estado no actúe. Así, la regla para realizar un cateo la constituyen todos los requisitos que establece el artículo 16 constitucional descritos con anterioridad, y la excepción, cuando se verifique el cateo en caso de flagrante delito. Cabe señalar que corresponderá al órgano jurisdiccional realizar el juicio de proporcionalidad sobre la medida del cateo llevada a cabo, a fin de establecer si se cumplieron los requisitos respectivos, o bien, no obstante que no se cumplieron se estaba en presencia de flagrante delito. También debe precisarse que en caso de flagrancia la autoridad debe de contar con datos ciertos o válidos que motiven la intromisión al domicilio, datos que se deberán aportar en el proceso en caso de llegarse a consignar la averiguación correspondiente a efecto de que el Juez pueda tener elementos de valuación para determinar si en el caso efectivamente se trató de flagrancia. En caso de que no se acredite que la intromisión al domicilio fue motivada por un delito flagrante, tal intromisión así como lo que de ello derive resultará ilegal.
Así, la orden de cateo es básica para el afincamiento de una responsabilidad penal, pues conforme a la diligencia de cateo que se haga, si se encuentra al probable responsable y algún objeto del delito se podrá iniciar o continuar la averiguación previa y su consignación a la autoridad competente para lograr castigar al culpable y evitar la impunidad en lo posible. Ahora bien, se pudo obtener la copia de una orden de cateo, la cual considero importante transcribir, dada la secuencia que se sigue para el dictado de tal mandato. “CIUDAD; ESTADO; FECHA DE DOS MIL SEIS. V I S T O S los autos que integran el cuaderno número 18/2006-II, a fin de resolver sobre la orden de cateo solicitada por el Agente del Ministerio Público de la Federación de Procedimientos Penales “B” en LUGAR, respecto de la finca ubicada en la calle Baco, esquina con calle Zeus, colonia Olimpo de LUGAR, construcción de dos plantas, sin número visible, fachada con aplanado color gris, sin pintar, con una puerta de acceso de metal, color negro, del lado derecho, en el lado izquierdo es observable un árbol; así como, dos ventanas con arco, en el nivel superior, en el lado derecho a ese predio se ve un inmueble de una planta; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Mediante oficio número 2366/2006, recibido por el Secretario de guardia de este Juzgado de Distrito a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del FECHA, el Agente del Ministerio Público de la Federación de Procedimientos Penales “B” en LUGAR determinado, solicitó a este Órgano Jurisdiccional, se librara orden de cateo respecto de la finca ubicada en la calle Baco, esquina con calle Zeus, colonia Olimpo de LUGAR, construcción de dos plantas, sin número visible, fachada con aplanado color gris, sin pintar, con una puerta de acceso de metal, color negro, del lado derecho, en el lado izquierdo es observable un árbol; así como, dos ventanas con arco, en el nivel superior, en el lado derecho a ese predio se ve un inmueble de una planta, adjuntando copia certificada de la averiguación previa 4302/2006, por lo que este Juzgado se avoca al estudio de la procedencia de la petición de la Representación Social Federal; y, C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO. Este Juzgado de Distrito en el Estado de LUGAR, es competente para resolver sobre la solicitud de orden de cateo, de conformidad a lo establecido en los artículos 104 Constitucional; 6 del Código Federal de Procedimientos Penales, así como el 48 y 50, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por tratarse de una solicitud que deriva de una averiguación previa iniciada por un delito cometido dentro de la competencia territorial de este juzgado, de conformidad con el acuerdo 57/2006, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Ahora bien, para emitir una orden de cateo deben estar reunidos los requisitos de los artículos 16 Constitucional; y 63 del Código Federal de Procedimientos Penales, los cuales a continuación se transcriben: “Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento...” “En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir y que será escrita, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, una acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia…” “Artículo 63. Para decretar la práctica de un cateo, bastará la existencia de indicios o datos que hagan presumir, fundadamente, que el inculpado a quien se trate de aprehender se encuentra en el lugar en que deba efectuarse la diligencia; o que se encuentran en él los objetos materia del delito, el instrumento del mismo, libros, papeles u otros objetos, que puedan servir para la comprobación del delito o de la responsabilidad del inculpado”. A efecto de estar en condiciones de determinar si los extremos de los anteriores preceptos se colman, se procede al estudio de las copias fotostáticas que integran la averiguación previa 4302/2006, entre las que destacan: a). A foja trece, oficio número 1938/PME/2006, que contiene el informe de investigación rendido por los elementos de la Policía Ministerial del Estado,
destacamentados en LUGAR, Adrián APELLIDOS y Joaquín Apellidos, en el que hicieron del conocimiento del Agente del Ministerio Público del Fuero Común de LUGAR, que a las diecinueve horas con treinta minutos del dos de agosto del año en curso, arribaron a la calle Venustiano Carranza, a la altura del templo San Luis Rey, de esa localidad, encontrando a MARIO ABEL HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, alias “El Chato”, a quien interceptaron, entregando éste un envoltorio de papel servilleta con una hierba verde y seca con las características de la marihuana. b). A fojas quince y dieciséis, comparecencias de los agentes de la Policía Ministerial del Estado, destacamentados en LUGAR, Adrián APELLIDOS y Joaquín APELLIDOS, ante el Agente del Ministerio Público del Fuero Común en dicha ciudad, el dos de agosto de dos mil veinte, en las que ratificaron el parte informativo contenido en el oficio número 1938/PME/2006. c). A foja veinte, declaración del indiciado Mario APELLIDOS, ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común, el tres de agosto de dos mil veinte, en la que manifestó estar de acuerdo con el oficio número 1938/PME/2006, agregó que era farmacodependiente al consumo de la marihuana. d). A foja veinticinco, inspección, practicada el tres de agosto de dos mil veinte, por el Agente del Ministerio Público de la Federación de Procedimientos Penales “B” en LUGAR, de un envoltorio de papel servilleta de color blanco, con un vegetal verde y seco, al parecer marihuana, con peso neto de ocho decigramos. e). A foja treinta y uno, dictamen químico, emitido por el perito de la Procuraduría General de la República, NOMBRE, quien determinó que el vegetal verde y seco descrito en el mismo, corresponde a Cannabis Sativa L. conocida como marihuana, considerada como estupefaciente por la Ley General de Salud. f). A fojas treinta y cuatro a treinta y seis, declaración del inculpado MARIO APELLIDOS, rendida ante el Agente del Ministerio Público de la Federación de Procedimientos Penales “B” en LUGAR, el tres de agosto de dos mil veinte, en la que manifestó estar de acuerdo con la imputación que obraba en su contra, que la droga que se le aseguró la compró a un hombre apodado “El Gordo”, en la finca ubicada en la calle Baco, esquina con calle Zeus, colonia Olimpo de LUGAR,
construcción de dos plantas, sin número visible, fachada con aplanado color gris, sin pintar, con una puerta de acceso de metal, color negro, del lado derecho, en el lado izquierdo es observable un árbol; así como, dos ventanas con arco, en el nivel superior. g). A fojas cuarenta y seis; y cuarenta y siete; oficio 2119/2006, firmado por los Agentes Federal de Investigación, destacamentados en San Miguel de Allende, Guanajuato, Jesús APELLIDOS, NOMBRE, y NOMBRE, con el visto bueno del encargado de la subsede, NOMBRE, mediante el cual informaron que se avocaron a la investigación de los hechos denunciados, siendo el caso que a las dieciocho horas con treinta minutos del ocho de noviembre del año en curso, se encontraban de guardia frente a la esquina de las calles Baco y Zeus, colonia Olimpo de esa municipalidad, observando que un hombre se acercó a ese domicilio, siendo atendido por otro hombre, realizando ambos una intercambio de manos, retirándose entonces el primero, por lo que fue interceptado metros adelante, JAVIER APELLIDOS, entregando éste un envoltorio de papel periódico con un vegetal verde y seco con las características de la marihuana, manifestando que lo compró a “El Gordo”. h). A fojas cincuenta y cinco a sesenta y cinco, comparecencias de los Agentes Federal de Investigación, destacamentados en LUGAR, Jesús APELLIDOS, NOMBRE y NOMBRE, ante el Agente del Ministerio Público de la Federación de Procedimientos Penales “B” en LUGAR, el ocho de noviembre de dos mil veinte, en las que ratificaron el parte informativo contenido en el oficio número 2119/2006. i). A foja sesenta y siete, inspección realizada por el Agente del Ministerio Público de la Federación de Procedimientos Penales “B” en LUGAR, el ocho de noviembre de dos mil veinte, de un envoltorio de papel periódico con un vegetal verde y seco, al aparecer marihuana, con peso neto de un gramo con tres decigramos. j). A foja setenta y tres, dictamen químico, emitido por el perito de la Procuraduría General de la República, NOMBRE, quien determinó que el vegetal
verde y seco descrito en el mismo, corresponde a Cannabis Sativa L. conocida como marihuana considerada como estupefaciente por la Ley General de Salud. k). A fojas setenta y cinco a setenta y siete, declaración del inculpado JAVIER APELLIDOS, rendida ante el Agente del Ministerio Público de la Federación de Procedimientos Penales “B” en LUGAR, el nueve de noviembre de dos mil veinte, en la que manifestó estar de acuerdo con la imputación que obraba en su contra, que la droga que se le aseguró se la compró a un hombre apodado “El Gordo”, en la finca ubicada en la calle Baco, esquina con calle Zeus, colonia Olimpo de LUGAR, construcción de dos plantas, sin número visible, fachada con aplanado color gris, sin pintar, con una puerta de acceso de metal, color negro, del lado derecho, en el lado izquierdo es observable un árbol; así como, dos ventanas con arco, en el nivel superior. l). A foja ochenta y cuatro, inspección realizada por el Agente del Ministerio Público de la Federación de Procedimientos Penales “B” en LUGAR, el nueve de noviembre de dos mil veinte, de la finca cuyo cateo se solicita, ubicada en la calle Baco, esquina con calle Zeus, colonia Olimpo de LUGAR, construcción de dos plantas, sin número visible, fachada con aplanado color gris, sin pintar, con una puerta de acceso de metal, color negro, del lado derecho, en el lado izquierdo es observable un árbol; así como, dos ventanas con arco, en el nivel superior, en el lado derecho a ese predio se ve un inmueble de una planta. m). A foja ochenta y cinco, impresión fotográfica de la finca cuyo cateo se solicita. TERCERO. Del contenido de las constancias anteriormente reseñadas, valoradas de conformidad con las reglas contenidas en los artículos 279 al 290 del Código Federal de Procedimientos Penales, se advierte que en la finca ubicada en la calle Baco, esquina con calle Zeus, colonia Olimpo de LUGAR, construcción de dos plantas, sin número visible, fachada con aplanado color gris, sin pintar, con una puerta de acceso de metal, color negro, del lado derecho, en el lado izquierdo es observable un árbol; así como, dos ventanas con arco, en el nivel superior, en el lado derecho a ese predio se ve un inmueble de una planta, de la cual obra impresión fotográfica e inspección ministerial, se comercializa marihuana,
considerado como estupefaciente por la Ley General de Salud, lo anterior sin la autorización de la autoridad sanitaria. Ahora bien, de los medios de convicción señalados con anterioridad, como son el oficio número 1938/PME/2006, que contiene el informe de investigación rendido por los elementos de la Policía Ministerial del Estado, destacamentados en San Miguel de Allende, Guanajuato, NOMBRE y NOMBRE, en el que hicieron del conocimiento del Agente del Ministerio Público del Fuero Común de LUGAR, que a las diecinueve horas con treinta minutos del dos de agosto del año en curso, arribaron a la calle Venustiano Carranza, a la altura del templo San Luis Rey, de esa localidad, encontrando a MARIO APELLIDOS, alias “El Chato”, a quien interceptaron, entregando éste un envoltorio de papel servilleta con una hierba verde y seca con las características de la marihuana; así como con el oficio 2119/2006, firmado por los Agentes Federal de Investigación, destacamentados en LUGAR, con el visto bueno del encargado de la subsede, NOMBRE, mediante el cual informaron que se avocaron a la investigación de los hechos denunciados, siendo el caso que a las dieciocho horas con treinta minutos del ocho de noviembre del año en curso, se encontraban de guardia frente a la esquina de las calles Baco y Zeus, colonia Olimpo de esa municipalidad, observando que un hombre se acercó a ese domicilio, siendo atendido por otro hombre, realizando ambos una intercambio de manos, retirándose entonces el primero, por lo que fue interceptado metros adelante, JAVIER APELLIDOS, entregando éste un envoltorio de papel periódico con un vegetal verde y seco con las características de la marihuana, manifestando que lo compró a “El Gordo”; las inspección realizada por el Representante Social de la Federación de Procedimientos Penales “B” en LUGAR, de la finca cuyo cateo se solicita; la impresión fotográfica de la misma finca; las inspecciones realizadas por el Agente del Ministerio Público de la Federación Investigador en LUGAR, el tres de agosto de dos mil veinte, de un envoltorio de papel servilleta de color blanco, con un vegetal verde y seco, al parecer marihuana, con peso neto de ocho decigramos y la de fecha el ocho de noviembre de dos mil veinte, de un envoltorio de papel periódico con un vegetal verde y seco, al aparecer marihuana, con peso neto de un gramo con tres
decigramos; las comparecencias de los agentes investigadores de dos de agosto de dos mil veinte, en las que ratificaron el parte informativo contenido en el oficio número 1938/PME/2006, asimismo las diversas de ocho de noviembre de dos mil veinte, las que ratificaron el parte informativo contenido en el oficio número 2119/2006, por parte de los agentes de la Policía Ministerial del Estado, destacamentados en San Miguel de Allende, Guanajuato, NOMBRE y NOMBRE, ante el Agente del Ministerio Público del Fuero Común en dicha ciudad y los Agentes Federales de Investigación, destacamentados en LUGAR, NOMBRE, NOMBRE y NOMBRE, ante el Agente del Ministerio Público de la Federación de Procedimientos Penales “B” en LUGAR; los dictámenes químicos, emitidos por el perito de la Procuraduría General de la República, NOMBRE, quien determinó que los vegetales de color verde y secos descritos en los mismos, corresponden a Cannabis Sativa L. conocida como marihuana, considerada como estupefaciente por la Ley General de Salud; y la declaraciones del inculpado NOMBRE, rendida ante el Agente del Ministerio Público de la Federación de Procedimientos Penales “B” en LUGAR, el tres de agosto de dos mil veinte, en la que manifestó estar de acuerdo con la imputación que obraba en su contra, que la droga que se le aseguró se la compró a un hombre apodado “El Gordo”, en la finca ubicada en la calle Baco, esquina con calle Zeus, colonia Olimpo de LUGAR, construcción de dos plantas, sin número visible, fachada con aplanado color gris, sin pintar, con una puerta de acceso de metal, color negro, del lado derecho, en el lado izquierdo es observable un árbol; así como, dos ventanas con arco, en el nivel superior; así también, la análoga del inculpado JAVIER APELLIDOS, rendida ante el Agente del Ministerio Público de la Federación de Procedimientos Penales “B” en LUGAR, el nueve de noviembre de dos mil veinte, en la que manifestó estar de acuerdo con la imputación que obraba en su contra, que la droga que se le aseguró se la compró a un hombre apodado “El Gordo”, en la finca ubicada en la calle Baco, esquina con calle Zeus, colonia Olimpo de LUGAR, construcción de dos plantas, sin número visible, fachada con aplanado color gris, sin pintar, con una puerta de acceso de metal, color negro, del lado derecho, en el lado izquierdo es observable un árbol; así como, dos ventanas con arco, en el nivel superior.
Medios de prueba a los que se otorga valor de conformidad en lo establecido en los artículos 284, 285, 286, 288 y 289, del Código Federal de Procedimientos Penales, adquieren la calidad de indicios, suficientes para acreditar que efectivamente en la finca ubicada en la calle Baco, esquina con calle Zeus, colonia Olimpo de LUGAR, construcción de dos plantas, sin número visible, fachada con aplanado color gris, sin pintar, con una puerta de acceso de metal, color negro, del lado derecho, en el lado izquierdo es observable un árbol; así como, dos ventanas con arco, en el nivel superior, en el lado derecho a ese predio se ve un inmueble de una planta, de la que obra una fotografía e inspección ministerial; y respecto de la cual se solicita la orden de cateo, pudieran existir objetos materia del delito contra la salud, como los envoltorios que se aseguraron a MARIO APELLIDOD y NOMBRE, que contenían cada uno, un vegetal verde y seco, que por pericial química se determinó que correspondía a Cannabis Sativa L. conocida como marihuana, considerada como estupefaciente por la Ley General de Salud; con los que se realizan actos de comercio, sin la autorización de la autoridad sanitaria; consecuentemente, en atención a la petición del Agente del Ministerio Público de la Federación de Procedimientos Penales “B” en LUGAR, se le autoriza para el efecto de que bajo su más estricta responsabilidad lleve al cabo el cateo solicitado precisamente en la finca ubicada en la calle Baco, esquina con calle Zeus, colonia Olimpo de LUGAR, construcción de dos plantas, sin número visible, fachada con aplanado color gris, sin pintar, con una puerta de acceso de metal, color negro, del lado derecho, en el lado izquierdo es observable un árbol; así como, dos ventanas con arco, en el nivel superior, en el lado derecho a ese predio se ve un inmueble de una planta, el cual dadas las circunstancias del caso y para el efecto de evitar la posible consumación de hechos delictuosos calificados como graves por la Ley Adjetiva Penal, deberá practicarse dentro de las setenta y dos horas siguientes, contadas a partir de que se le notifique la presente resolución, auxiliándose del personal de apoyo y de seguridad que considere necesario, a fin de asegurar instrumentos y objetos del delito, así como libros, papeles o cualesquiera otras cosas que se encuentren, si fueren conducentes al éxito de la investigación o estuvieran relacionados con un delito
distinto al que motiva la presente medida, autorizándole asimismo, bajo su más estricta responsabilidad, rompa cerraduras y candados; y haga uso de la fuerza pública, en caso de ser necesaria, pero ajustándose a los límites de los dispositivos 61 al 69, del Código Federal de Procedimientos Penales; en la inteligencia de que el cateo ahora autorizado deberá realizarse en el inmueble precisado y dentro del lapso concedido, pues de no hacerlo así, la providencia quedará sin efecto; además que deberá remitir a este tribunal federal, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la conclusión de la diligencia, copia certificada del acta circunstanciada que al respecto se elabore en la que consten los pormenores de lo acontecido. En mérito de lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 16 de la Constitución Política Federal, 61, 62, 63, 64 y 142 del Código Federal de Procedimientos Penales, se RESUELVE: ÚNICO. Siendo las ONCE HORAS CON DOS MINUTOS DEL FECHA, se autoriza el CATEO solicitado por el Agente del Ministerio Público de la Federación de Procedimientos Penales “B” en LUGAR, para practicarse única y exclusivamente en la finca ubicada en la calle Baco, esquina con calle Zeus, colonia Olimpo de LUGAR, construcción de dos plantas, sin número visible, fachada con aplanado color gris, sin pintar, con una puerta de acceso de metal, color negro, del lado derecho, en el lado izquierdo es observable un árbol; así como, dos ventanas con arco, en el nivel superior, en el lado derecho a ese predio se ve un inmueble de una planta; estrictamente en los términos precisados en el considerando tercero de esta resolución. Notifíquese únicamente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Así lo resolvió y firma la licenciada... Jueza... ante el secretario que autoriza y da fe...” Conclusiones.- El cateo si es bien usado, es una prueba contundente en la comprobación de los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, pues parte de datos probados, pero probables hacia datos
comprobados y verificados, es totalmente imposible desvirtuarlo, por lo que es necesario entrenar a nuestros fiscales para que al ser solicitada esa diligencia no sea negada por tecnicismos, pues por experiencia propia me ha tocado ver que se niega un cateo por no existir inspección ministerial o identificación plena del inmueble a catear, así sería útil que existiera un manual para que se hiciera del conocimiento de los fiscales los requisitos para el libramiento de un cateo, y poder llevar a efecto esa diligencia. Bibliografía.1.- Pavón Vasconcelos, Francisco, Diccionario de Derecho Penal, Porrúa, México, 1997. 2.- Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Diccionario Jurídico Mexicano, México, 1997.
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