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Timestamp: 2019-05-19 16:57:15
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Matched Legal Cases: ['artículo 122', 'artículo 47', 'artículo 16', 'artículo 12', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 8', 'artículo 12', 'artículo 36']

﻿ SENTENCIA T-1031 DE OCTUBRE 13 DE 2005
SENTENCIA T-1031 DE 13 DE OCTUBRE DE 2005
CONTENIDO:FACULTADES DE LA ADMINISTRACIÓN EN LOS PROCESOS DE REESTRUCTURACIÓN. ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DEL EMPLEO DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS INCLUIDAS EN EL DENOMINADO RETÉN SOCIAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN, PRINCIPIO DE ESTABILIDAD LABORAL, RETÉN SOCIAL, FACULTADES DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, TRABAJADOR CON DISCAPACIDAD, PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN DE LA EMPRESA, DERECHO A LA ESTABILIDAD REFORZADA DEL TRABAJADOR
Sentencia T-1031 de octubre 13 de 2005
Sentencia T-1031 de 2005
Ref.: Expediente T-1127066
Acción de tutela instaurada por el señor Hernando Helimeleth Portillo Quintero contra Ferrovías en liquidación.
Dentro del proceso de revisión del fallo de tutela adoptado por la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, el día tres (3) de mayo de 2005, dentro de la acción de tutela instaurada por el señor Hernando Helimeleth Portillo Quintero, en contra de Ferrovías en liquidación.
El señor Hernando Helimeleth Portillo Quintero, interpuso acción de tutela en contra de la Empresa Colombiana de Vías Ferrovías en liquidación, por que considera que le violaron los derechos fundamentales al trabajo, a la salud, así como la protección especial a las personas discapacitadas, por haber dado por terminado su contrato de trabajo a partir del 13 de diciembre de 2004.
1.1. Manifestó el demandante a través de apoderado, que trabajó en la Empresa Colombiana de Vías Férreas Ferrovías, desde el día 25 de agosto de 1999 hasta el 13 de diciembre de 2004.
El señor Hernando Helimeleth Portillo Quintero solicita, se ordene a la Empresa Colombiana de Vías Ferrovías en liquidación, reintegrarlo al cargo que venía desempeñando.
El representante legal de Ferrovías en liquidación se opuso a la prosperidad de la acción para lo cual argumentó, entre otras razones, que el demandante padece de la enfermedad de Parkinson, que tratándose de una enfermedad no profesional no puede afirmarse que la adquirió durante la vinculación laboral a la entidad.
Afirma que las disposiciones sobre protección de personas con limitaciones físicas tienen como fin dar una relativa estabilidad en sus cargos respecto de otros empleados, pero no para garantizarles permanencia en los casos de no tener funciones para desempeñar. En efecto, el artículo 122 de la Constitución Política consagra: “No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en la ley o reglamento...”.
4.6. Copia del oficio suscrito por el señor Emiro Aristizábal Álvarez de fecha 7 de diciembre de 2004, dirigido al señor Portillo Quintero en el cual le informan que su contrato de trabajo se dará por terminado unilateralmente y que tiene derecho a recibir una indemnización.
4.7. Copia de la Resolución 254 del 6 de diciembre de 2004, mediante la cual se suprime el cargo de conductor mecánico código 5040 Grado 02, entre otros.
4.12. Copia del Decreto 1791 de 2003, mediante el cual se ordena la liquidación de la Empresa Colombiana de Vías Férreas, Ferrovías.
4.15. Copia de la Resolución 41 del 17 de marzo de 2005, por medio de la cual se revoca parcialmente la Resolución 254 del 6 de diciembre de 2004 y se ordena el reintegro del demandante.
Por lo expuesto, ordenó a la Empresa Colombiana de Vías Férreas, Ferrovías en liquidación, que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo, proceda reintegrar al señor Portillo Quintero dentro de la actual planta de personal.
Corresponde a esta Sala establecer, si la Empresa Colombiana de Vías Férreas Ferrovías en liquidación, vulneró los derechos fundamentales del demandante, al suprimir el cargo que venía desempeñando a pesar de haber sido incluido, por la mencionada entidad, en el denominado retén social, debido a que el porcentaje asignado por la junta de calificación de invalidez se encuentra dentro del rango del 25 y 50 %.
Así mismo, el artículo 47 de la Constitución, entre otros, establece que el Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran (1) .
En cuanto a las acciones afirmativas, esta corporación ha sostenido que son aquellas cuyo propósito es proteger a ciertas personas o grupos, ya sea para eliminar o reducir las desigualdades de tipo social, cultural o económico que los afectan, o bien para conseguir que los miembros de un grupo discriminado tengan una mayor representación, en el escenario político o social.
El 20 de agosto de 2002, se expidió la Directiva Presidencial 10, la cual determinó llevar a cabo una serie de actuaciones tendientes a la reestructuración y liquidación de las entidades que hacen parte del sector central del Estado Colombiano, pues ha sido uno de los propósitos establecidos por el gobierno es la reestructuración de la administración como medio para mejorar la situación del fisco y poder realizar mayores gastos de inversión.
De acuerdo a las facultades de reglamentación que le fueron concedidas al Gobierno Nacional, el 30 de enero de 2003 expidió el Decreto 190, mediante el cual se reglamentó parcialmente la Ley 790 de 2002, y en su artículo 16 estableció que las disposiciones allí contenidas se aplicarían a partir del primero (1) de septiembre de 2002, dentro del programa de renovación de la administración pública del orden nacional, y hasta su culminación, la cual no podrá exceder, en todo caso, el treinta y uno (31) de enero de 2004, disposición que en criterio de la Corte es violatoria de la Constitución. Así lo determinó la Sala Primera de Revisión al considerar que la limitación en el tiempo del beneficio que se les otorgó a las madres cabeza de familia en la Ley 790, artículo 12, por el Decreto 190, artículo 16, no es ajustada a la Constitución, por cuanto una norma de menor jerarquía (D. 190/2003, art. 16), estableció un límite que la norma que le daba validez (L. 790/2002, art. 12) no establecía, por esta razón, la Corte aplicó la Constitución y no tuvo en cuenta el artículo 16 del Decreto 190 de 2003.
El 12 de octubre de 2004 la Corte Constitucional en la sentencia C-991, declaró inexequible el artículo 8º, literal D, último inciso en el aparte que señala “aplicarán hasta el 31 de enero de 2004”. En esta sentencia la Corte señaló que con la modificación del artículo 12 de la Ley 790 de 2002, introducida por el legislador, se presentó un retroceso en la protección del derecho al trabajo de los empleados de las entidades reestructuradas que presentaban alguna discapacidad o eran padres o madres cabeza de familia. Tal retroceso en la protección de los derechos sociales se suma al desconocimiento del mandato dirigido al Estado de proteger especialmente a las personas que por su condición física, mental o económica, se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta. En consecuencia, si en materia de protección de los derechos sociales están prohibidos los retrocesos, esta prohibición prima facie se presenta con mayor rigurosidad cuando se desarrollan derechos sociales y los titulares son personas que gozan de especial protección constitucional.
Igualmente la Corte sostuvo, que cada vez que se adelantan procesos de reestructuración del Estado, sus efectos repercuten de un lado, en la comunidad beneficiaria o receptora de los servicios prestados en desarrollo de una función administrativa, y, de otro, en sus propios trabajadores, quienes son los directamente afectados con la medida. Por lo tanto, en uno u otro caso, la reestructuración deberá hacerse respetando la Constitución y los derechos fundamentales de los sujetos involucrados (2) .
1. Mediante el Decreto 1791 del 26 de junio de 2003 el Gobierno Nacional ordenó la liquidación de la Empresa Colombiana de Vías Férreas, Ferrovías, en consecuencia ordenó llevar cabo un programa de supresión de cargos.
Con fundamento en lo anterior y en aplicación al Decreto 4044 del 3 de diciembre de 2004, mediante el cual se modificó la planta de personal, la entidad demandada, decidió por medio de la Resolución 254 del 6 de diciembre de 2004, suprimir entre otros, el cargo de conductor mecánico desempeñado por el actor.
2. De los documentos allegados al proceso se tiene, que el 16 de septiembre de 2003, Ferrovías incluyó al demandante en el plan de protección social, por haber sido calificado por la junta de calificación de invalidez dentro del rango del 25 y 50 %.
3. Por lo anterior, el demandante considera que la Empresa Colombiana de Vías Férreas, Ferrovías, en liquidación, vulneró sus derechos fundamentales pues a pesar de haberlo incluido en el retén social procedió a suprimir el cargo de conductor mecánico que venía desempeñando.
6. No obstante, la entidad demanda remitió a esta corporación copia de la Resolución 41 del 17 de marzo de 2005, mediante la cual revocó parcialmente el artículo tercero de la Resolución 254 de 2004 en la parte relacionada con la supresión del cargo de conductor mecánico que estaba desempeñando el demandante y en consecuencia ordenó su reintegro.
PRIMERO. LEVANTAR la suspensión de términos ordenada por auto del 23 de septiembre de 2005.
SEGUNDO. REVOCAR la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, por medio de la cual negó la tutela instaurada por el señor Hernando Helimeleth Portillo Quintero, en contra de la Empresa Colombiana de Vías Férreas Ferrovías, en liquidación.
TERCERO. CONFIRMAR el fallo proferido por Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, mediante la cual se concedió el amparo de los derechos fundamentales del actor.
CUARTO. DECLARAR la carencia actual de objeto, por existir un hecho superado.
QUINTO. LIBRENSE, por la Secretaría General de esta corporación, las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
(1) La obligación que tiene el Estado de adoptar medidas tendientes a proteger y salvaguardar los derechos de las personas discapacitadas, se desprende de los artículos 13, 47, 54 y 68 de la Constitución Política, los cuales disponen que el Estado debe proteger de manera especial a las personas con limitaciones físicas o mentales.
(2) Sentencia T-602 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.