Source: http://espanito.com/informe-no-89121.html
Timestamp: 2018-04-19 17:07:14
Document Index: 280973476

Matched Legal Cases: ['artículo 46', 'artículo 1', 'artículo 7', 'artículo 46', 'artículo 44', 'artículo 46', 'artículo 44', 'artículo 47', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 47', 'artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 47', 'artículo 1', 'artículo 7', 'artículo 1', 'artículo 7', 'artículo 17']

Informe no. 89/121
PETICIÓN 472-03
PEDRO AMADOR MORALES, KARYANA VELÁZQUEZ ATIENZA Y JOSÉ OSIRIS OLIVARES AYALA
El 26 de junio de 2003 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "Comisión Interamericana", "Comisión" o "CIDH") recibió una denuncia presentada por José Luis Velásquez Casco (en adelante, "peticionario"), actuando en representación de Pedro Amador Morales, Karyana Velásquez Atienza –hija del peticionario- y José Osiris Olivares Ayala (en adelante, “presuntas víctimas”), en contra de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante “Estado mexicano”, “México” o “Estado”). El peticionario alega que las presuntas víctimas habrían sido detenidas ilegalmente y posteriormente torturadas por agentes mexicanos, supuestamente con el fin de hacerlas confesar la comisión de los delitos de secuestro y homicidio a pesar de ser inocentes; y que, pese a haber denunciado esos actos ante la justicia nacional, no se habría investigado adecuadamente.
Afirma el peticionario que el Estado violó en perjuicio de las presuntas víctimas los derechos consagrados en los artículos 5 (derecho a la integridad personal), 7 (derecho a la libertad personal), 8 (garantías judiciales) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “Convención” o “Convención Americana”). Respecto a los requisitos de admisibilidad, afirma que si bien se habrían agotado los recursos de jurisdicción interna y la petición habría sido presentada dentro del plazo convencional, procedería la aplicación de las excepciones a la regla de agotamiento previo de recursos nacionales, previstas en los apartados (b) y (c) del artículo 46.2 de la Convención Americana.
El Estado, por su parte, alega que la petición es inadmisible. Afirma que los hechos alegados por el peticionario no caracterizan una violación a derechos consagrados en la Convención y que, en consecuencia, su intención es que la CIDH actúe fuera de su competencia como una cuarta instancia de revisión.
Sin prejuzgar sobre el fondo de la denuncia, tras analizar las posiciones de las partes y en cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana, la Comisión decide declarar la petición admisible a efectos del examen sobre la presunta violación de los derechos consagrados en los artículos 5, 7, 8 y 25 de la Convención, en concordancia con el artículo 1.1 del mismo Convenio, en perjuicio de Pedro Amador Morales, Karyana Velásquez Atienza y José Osiris Olivares Ayala. Asimismo, la Comisión analizará en la etapa de fondo la posible aplicación de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (en adelante “Convención contra la Tortura”) y del artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (en adelante, “Convención de Belém do Pará”). Finalmente, la Comisión resuelve notificar a las partes, hacer público el presente informe de admisibilidad e incluirlo en su Informe Anual para la Asamblea General de la OEA.
La petición fue recibida el 26 de junio de 2003 y registrada como P-472-03. El 13 de noviembre de 2003 fue trasladada al Estado, otorgándole un plazo de 2 meses para que presentara sus observaciones. Luego del otorgamiento de una prórroga, la respuesta de México fue recibida por la CIDH el 2 de marzo de 20042.
Además, la Comisión recibió información del peticionario en las siguientes fechas: 8 de junio de 2004; 20 de julio de 2006 y 15 de mayo de 2009; y 27 de enero de 2011. Dichas comunicaciones fueron debidamente trasladadas al Estado. Por su parte, México envió información el 28 de diciembre de 2004, y el 3 y 8 de noviembre de 2006. Las notas fueron debidamente trasladadas al peticionario.
El peticionario sostiene que las presuntas víctimas, Pedro Amador Morales, estudiante de derecho de 24 años de edad, Karyana Velásquez Atienza, pasante de odontología de 24 años de edad y José Osiris Olivares Ayala, estudiante de derecho de 22 años de edad, todos habitantes de la ciudad de Puebla, habrían sido detenidas entre marzo y abril de 2001 por agentes de la policía judicial del Estado, sin mediar orden de aprehensión y sin tratarse de casos de flagrancia o de “extrema urgencia”, por la supuesta comisión de los delitos de secuestro, homicidio y robo calificado en contra de Marisol Catalán Zamora.
Agrega que luego de ser detenidas ilegalmente, configurándose el delito de abuso de autoridad, las presuntas víctimas habrían sido torturadas supuestamente con el objeto de hacerles confesarse culpables. Adjunta –como material de apoyo a sus alegatos- fotografías de las condiciones físicas en que supuestamente se encontraban las presuntas víctimas luego de su detención, copias de declaraciones en las que detallan los supuestos golpes y malos tratos a los que habrían sido sometidas y copias de dictámenes médicos. Indica que, con base en las declaraciones obtenidas mediante tortura, las presuntas víctimas habrían sido condenadas. Añade que, pese a haberse denunciado las alegadas torturas y el abuso de autoridad, éstas no habrían sido investigadas.
En relación con las presuntas víctimas, afirma lo siguiente:
- Pedro Amador Morales - Habría sido brutalmente detenido por varios funcionarios de la Policía Judicial el 30 de marzo de 2001, mientras se encontraba en la vía pública de la ciudad de Puebla. Indica que, al momento de la detención, los policías le habrían manifestado que se trataba de un secuestro y lo habrían obligado a abordar un vehículo particular. Aduce que los tres días posteriores a su detención, la presunta víctima habría sido torturada físicamente por sus captores, con el objeto de obtener su confesión respecto del secuestro y posterior asesinato de Marisol Catalán Zamora. De acuerdo al “dictamen pericial en medicina interna” del médico legista de 4 de abril de 2001, Pedro Amador Morales “presenta[ba] lesiones recientes (de entre 5 y 8 días) producidas por contusión […] de las que tardan en sanar más de quince días y que pueden poner en peligro la vida, dejando como secuelas la pérdida de la función auditiva del lado derecho”.
- Karyana Velásquez Atienza - habría sido detenida el 1 de abril de 2001 por varios agentes armados y sacada con violencia de un mini super, quienes al momento de su detención gritaron a los transeúntes y vecinos que era un secuestro. Luego de encapucharla, la habrían trasladado en un automóvil particular a una celda para incomunicados de la Policía Judicial –en el Edificio de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla (en adelante “PGJ de Puebla”)-. Indica que la presunta víctima habría permanecido allí hasta el día siguiente, siendo objeto de vejaciones y torturas, incluyendo amenazas de violación sexual. Asimismo, en su declaración preparatoria de 3 de abril de 2001 indicó que le alzaron la blusa y le desabrocharon el pantalón para jalarle la pantaleta, con el fin de obtener su confesión respecto de los delitos antes mencionados. De acuerdo al “dictamen pericial en medicina interna” del médico legista de 4 de abril de 2001, Karyana Velazquez “presenta[ba] lesiones recientes (entre 24 y 48 horas de evolución) producidas por contusión […] de las que tardan en sanar menos de quince días y no ponen en peligro la vida”.
- José Osiris Olivares Ayala –novio de Karyana Velásquez Atienza- habría sido detenido en la calle el 1 de abril de 2001, luego de que, al enterarse de la detención de su pareja, salió corriendo en su auxilio. La presunta víctima también habría sido trasladada a las instalaciones de la Policía Judicial, donde -también hasta el día siguiente- habría sufrido vejaciones y torturas que habrían perseguido el mismo fin que en los otros dos casos. De acuerdo al “dictamen pericial en medicina interna” del médico legista de 4 de abril de 2001, José Osiris Olivares “presenta[ba] lesiones recientes (entre 24 y 48 horas de evolución) producidas por contusión […] de las que tardan en sanar menos de quince días y no ponen en peligro la vida”.
Indica el peticionario que, frente al secuestro de su hija presentó una denuncia ante el Ministerio Público, modificándose la misma por desaparición de persona ya que los supuestos secuestradores no habían pedido cantidad alguna por el rescate. Asimismo acudió a la Comisión Estatal de Derechos humanos y con su intervención pudieron conocer el 2 de abril de 2001, que las presuntas víctimas se encontraban en el edificio de la PGE de Puebla en carácter de detenidos.
Señala que con base en las supuestas confesiones obtenidas bajo tortura, el 4 de agosto de 2003 las presuntas víctimas fueron condenadas por los delitos de secuestro y homicidio calificado; y que esa resolución habría sido confirmada tanto por el Tribunal de Alzada como por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito.
Respecto de las torturas a las que habrían sido sometidas por parte de agentes estatales, informa que el 8 de mayo de 2001 las presuntas víctimas presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de la República (en adelante “PGR”) por el delito de tortura en contra del Procurador General de Justicia del Estado, el Director de la Policía Judicial del Estado, el Director de Investigaciones de Secuestros, el Comandante del Grupo de Investigaciones de Secuestros, un agente de la Policía Judicial del Grupo de Investigaciones de Secuestros y su Jefe, dos investigadores ministeriales adscritos a la Fiscalía Especial en la Investigación de Secuestros –todos los anteriores funcionarios de la PGE de Puebla- y dos defensores sociales. Afirma que, pese a que la mayoría de las personas denunciadas eran funcionarios de la PGE de Puebla, la denuncia fue remitida a esa oficina mediante oficio de 16 de mayo de 2001, siendo identificada como averiguación previa 194/2001/DMS-V. Indica que el 15 de enero de 2002 se le informó que la PGJ de Puebla había ordenado el “no ejercicio de la acción penal y archivo de la denuncia”.
Señala que ante esa situación decidieron no promover recurso de inconformidad, dado que sería resuelto por la misma PGJ, y en su lugar presentaron un recurso de amparo indirecto contra la mencionada resolución. Informa que el amparo fue rechazado por el Juzgado Cuarto “A” de Distrito, bajo el fundamento de que no se había agotado la inconformidad correspondiente.
Por otra parte, indica que el 11 de junio de 2001 se presentó una denuncia por abuso de autoridad contra el Director de Investigaciones de Secuestros, siendo acumulada a la averiguación previa 88/1088/1°/DMZN/DMS-V (iniciada a raíz de la denuncia presentada previamente por la detención de Karyana Velásquez Atienza). Según alega, la autoridad determinó el no ejercicio de la acción penal, por lo que se interpuso una acción de inconformidad que resultó en la confirmación de la decisión de no ejercer la acción penal. Ante ello, sostiene se promovió un juicio de amparo, que habría sido rechazado por el Juzgado Cuarto de Distrito “A” del Estado el 21 de noviembre de 2002; decisión que habría sido confirmada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito el 15 de mayo de 2003.
En relación al agotamiento de los recursos internos, el peticionario considera que, en relación con los actos de tortura y abuso de autoridad, los recursos nacionales fueron agotados y que las autoridades no habrían estudiado el fondo del asunto. Afirma que la petición fue presentada dentro del plazo convencional, dado que la última acción intentada en el marco del proceso por abuso de autoridad fue rechazada el 15 de mayo de 2003. No obstante, considera que en el presente caso procedería la aplicación de las excepciones a la regla de agotamiento previo de los recursos nacionales, previstas en los apartados (b) y (c) del artículo 46.2 de la Convención. Ello, porque en México no existe un procedimiento adecuado para investigar las denuncias por torturas y el Ministerio Público no tiene un procedimiento para investigar denuncias en contra de sus propios agentes que cometan torturas.
En lo que respecta al requisito de “no duplicación de trámite ante organismos internacionales”, informa que los hechos fueron puestos a conocimiento del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas en una entrevista realizada el 28 de agosto de 2001 en el edificio de Naciones Unidas ubicado en Ciudad de México, sin embargo, no habría obtenido respuesta.
El Estado mexicano sostiene que la petición es inadmisible. Si bien reconoce el agotamiento de los recursos de jurisdicción interna y el cumplimiento del plazo convencional para la presentación de la petición, afirma que los hechos alegados por el peticionario no caracterizan una violación a derechos consagrados en la Convención. Considera, en consecuencia, que su intención es que la CIDH se convierta en una cuarta instancia de revisión.
En cuanto a las detenciones de las presuntas víctimas, respecto de Pedro Amador Morales el Estado señala que fue detenido el 31 de marzo de 2001, cuando agentes de la policía del Estado lo vieron durante una ronda habitual en la calle golpeado con una mano en el estómago y otra en la cara y se acercaron a preguntarle si estaba bien. En ese momento la presunta víctima sacó un cuchillo y comenzó a agredirlos violentamente diciendo que “no sabía nada, que no la conocía y que no había sido su idea.” Posteriormente la presunta víctima señaló su nombre y que pensaba que lo iban a detener por el secuestro y asesinato de Marisol Catalán Zamora. En cuanto a José Osiris Olivares Ayala y Karyana Velásquez Atienza, el 1 de abril de 2001, la Policía Judicial acudió a su domicilio –sin mencionar cuál- para que se presentaran a declarar ante el Ministerio Público, después de haber sido involucrados por Pedro Amador Morales.
El Estado reconoce que aún cuando el juez de la causa en un primer momento negó la ratificación de la detención ministerial de Osiris Olivares Ayala y Karyana Velásquez Atieznnza, el error de forma que vició la detención fue subsanado por las autoridades lo que a la postre culminó en una nueva petición ante al juez, la cual fue debidamente cumplimentada.
El Estado sostiene que a nivel interno las autoridades judiciales acreditaron con prueba suficiente la responsabilidad de las presuntas víctimas en el secuestro, homicidio y robo calificado de Marisol Catalán Zamora. Señala asimismo que el peticionario no alegó un incumplimiento específico de normas de debido proceso durante su tramitación. Indica que el 4 de agosto de 2003 fueron condenadas por los delitos de secuestro y homicidio calificado; y que la resolución fue confirmada por la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla el 25 de mayo de 2004. Dos años después, Karyana Velásquez Atienza interpuso un recurso de amparo directo contra la sentencia del 2004, que fue resuelto contra sus pretensiones el 3 de mayo de 2006 por el Primer Tribunal Colegiado de Materia Penal del Sexto Distrito. Señala que contra esta última resolución se interpuso un recurso de reclamación. Informa que el 14 de septiembre de 2006 se promovió una queja en contra de la resolución de amparo y de la actuación de la autoridad federal, pero no informa como fue resuelta.
Sobre las investigaciones por supuestas torturas en contra de las presuntas víctimas, coincide con el peticionario respecto de la averiguación previa 194/2001/DMS-V y agrega que contra la resolución que rechazó la acción de amparo se promovió un recurso de revisión, que fue conocido y resuelto por el Primer Tribunal Colegiado de Materia Penal del Sexto Distrito, confirmando la sentencia recurrida. En relación con la averiguación previa 88/1088/1°/DMZN/DMS-V por la supuesta privación ilegal de la libertad de las presuntas víctimas, a contrario de lo manifestado por el peticionario, sostiene que la decisión de “no ejercicio de la acción penal” –de 22 de mayo de 2002- no habría sido impugnada.
Afirma que las alegadas torturas y detenciones arbitrarias fueron investigadas de manera pronta, fehaciente, expedita y efectiva por las autoridades ministeriales competentes, sin lograr establecerse la existencia de los hechos denunciados. Mas aún, con base en los resultados alcanzados en esas averiguaciones previas, el Estado mexicano niega que las presuntas víctimas hubieren sido sometidas a torturas o malos tratos; por el contrario, afirma que fueron tratadas con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano desde el momento de su detención y durante toda su privación de libertad3. Considera que el hecho de que los recursos intentados por las presuntas víctimas hubieren resultado contrarios a sus intereses no implica, per se, la existencia de violaciones a derechos humanos.
En lo que respecta a la alegada privación ilegítima de la libertad de las presuntas víctimas, el Estado asegura que fueron detenidas en conformidad con las condiciones fijadas en la Constitución, las leyes y los estándares internacionales en materia de derechos humanos. En tal sentido, afirma que se les informó sobre el motivo de su detención y que fueron llevadas ante juez competente dentro del término legal establecido para esos efectos.
Adicionalmente, informa que el 10 de abril de 2001 se presentó una queja a favor de las presuntas víctimas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, alegando violaciones a sus derechos fundamentales por la tortura y detención ilegal de las que habrían sido objeto. Indica que la queja habría sido rechazada el 18 de febrero de 2002, en razón de que los hechos planteados ya habían sido resueltos por la vía jurisdiccional administrativa y que no existían violaciones a sus derechos fundamentales. Indica que si bien las presuntas víctimas intentaron impugnar esa decisión, el recurso intentado ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue rechazado el 30 de septiembre de 2002.
En conclusión, México considera que los hechos alegados por el peticionario no caracterizan violaciones a la Convención, ya que se trata de valoraciones subjetivas carentes de sustento y que hacen manifiestamente infundada e improcedente su petición.
A. Competencia ratione personae, ratione temporis, ratione loci y ratione materiae
El peticionario se encuentra facultado por el artículo 44 de la Convención Americana para presentar peticiones ante la Comisión. La petición señala como presuntas víctimas a tres personas naturales, respecto de quienes el Estado de México se comprometió a respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana. En lo concerniente al Estado, la Comisión señala que México es un Estado parte en la Convención Americana desde el 24 de marzo de 1981, fecha en la que depositó su instrumento de ratificación. Asimismo, México ratificó la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura el 22 de junio de 1987 y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará” el 12 de noviembre de 1998. Por lo tanto, la Comisión tiene competencia ratione personae para examinar la petición. Asimismo, la Comisión tiene competencia ratione loci para conocer la petición, por cuanto en ella se alegan violaciones de derechos protegidos en la Convención Americana, en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y en la Convención de Belém do Pará que habrían tenido lugar dentro del territorio de México, Estado Parte en dicho tratado.
La Comisión tiene competencia ratione temporis por cuanto la obligación de respetar y garantizar los derechos protegidos en la Convención Americana, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención de Belém do Pará ya se encontraba en vigor para el Estado en la fecha en que habrían ocurrido los hechos alegados en la petición. Finalmente, la Comisión tiene competencia ratione materiae, porque en la petición se denuncian posibles violaciones a derechos humanos protegidos por la Convención Americana, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención de Belém do Pará.
El artículo 46.1.a de la Convención Americana dispone que, para que sea admisible una denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de conformidad con el artículo 44 de la Convención, es necesario que se hayan intentado y agotado los recursos internos conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos. El artículo 47.b) del mismo instrumento establece que la Comisión declarará inadmisible una petición cuando en ella no se expongan hechos que tiendan a caracterizar una violación a derechos garantizados en la Convención.
Sobre el cumplimiento de este requisito convencional, el peticionario alega que si bien los recursos de la jurisdicción interna han sido agotados, procedería la aplicación de las excepciones previstas en los apartados (b) y (c) del artículo 46.2 de la Convención, dado que en México no existe un procedimiento adecuado para investigar las denuncias por torturas y el Ministerio Público no tiene un procedimiento adecuado para investigar denuncias en contra de sus propios agentes que cometan torturas. Por su parte, el Estado mexicano –no obstante haber interpuesto la excepción de falta de agotamiento en sus primeros escritos- el 3 de noviembre de 2006, reconoció que los recursos nacionales fueron agotados en cuanto a las denuncias por supuestas torturas.
A efectos de analizar el cumplimiento del requisito de agotamiento de los recursos internos, la Comisión debe identificar cuál es el recurso adecuado a agotarse según las circunstancias, entendiendo por tal, aquél que pueda solucionar la situación jurídica infringida4. La CIDH considera que en la presente petición, el objeto principal del reclamo es la supuesta detención ilegal y la tortura sufrida por las presuntas víctimas en manos de agentes estatales –alegadamente con el fin de hacerles confesar la comisión de determinados delitos. De acuerdo a la información aportada por las partes, consta en el expediente que:
El 2 de abril de 2001, fecha en que rindieron declaración preparatoria por los delitos de secuestro, homicidio y robo calificado en la averiguación previa, se inició el proceso penal en contra de Pedro Amador Morales, Karyana Velásquez Atienza y José Osiris Olivares Ayala. El 5 de abril 2001 se dictó auto formal de prisión en su contra por los delitos de secuestro, homicidio y robo calificado. El 4 de agosto de 2003 se dictó sentencia condenatoria. La sentencia fue apelada el 7 de octubre 2003. El 25 de mayo 2004 la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla confirmó la sentencia de primera instancia. Una de las personas condenadas interpuso un juicio de amparo. El 3 de mayo 2006 el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Distrito desestimó el juicio de amparo.
En cuanto a las alegaciones de tortura, consta que el 8 de mayo de 2001 las presuntas víctimas presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de la República por el delito de tortura; que fue remitida a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla el 16 de mayo de 2001 (A.P. 194/2001/DMS-V). El 15 de enero de 2002 dicha autoridad decidió el no ejercicio de la acción penal y ordenó el archivo de la denuncia. Las partes coinciden que contra esta resolución se interpuso un recurso de amparo, que confirmó la sentencia recurrida (juicio de amparo 1279/2002)5.
Paralelamente, el 11 de junio de 2001 las presuntas víctimas interpusieron una denuncia por la supuesta comisión del delito de abuso de autoridad en contra del Director de Investigación de Secuestros de la PGE de Puebla, y alegaron haber sido privadas ilegítimamente de su libertad y haber sido golpeadas y amenazadas por los agentes que los detuvieron. La denuncia se acumuló a la averiguación previa 88/1088/2001/1°/DMZN/DMS-V –iniciada por una denuncia presentada por la hermana de Karyana Velásquez. El 22 de mayo de 2002 la PGJ de Puebla decidió el “no ejercicio de la acción penal” y archivó de la denuncia. Consta que el 10 de junio de 2002 se interpuso un recurso de inconformidad contra esa decisión que fue resuelto el 10 de septiembre de 2002 confirmándose el no ejercicio de la acción penal. El 7 de octubre del mismo año se interpuso un recurso de amparo contra las dos decisiones antes identificadas, que fue rechazado mediante resolución del Juzgado Cuarto de Distrito “A” en el Estado de Puebla de 21 de noviembre de 2002 (juicio de Amparo 1431/2002), que determinó que no se acreditó la ilegalidad del acto reclamado. Asimismo, en contra de la decisión adoptada en el juicio de amparo se presentó un recurso de revisión el 3 de marzo de 2003, el cual fue remitido al Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito en Materia Penal. El peticionario informa que éste último recurso fue resuelto confirmando la resolución atacada el 15 de mayo de 2003.
En consecuencia, la CIDH concluye que se agotaron los recursos de jurisdicción interna vinculados con los reclamos presentados. En virtud de lo señalado, la Comisión considera que se encuentra cumplido el requisito establecido en el artículo 46.1.a de la Convención Americana.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 46.1.b de la Convención, para que una petición pueda ser admitida debe presentarse dentro del plazo de seis meses, contados a partir de la fecha en que la parte denunciante fue notificada de la decisión definitiva dictada a nivel nacional. En la petición sub exámine, no existe controversia entre las partes respecto del cumplimiento de este requisito.
La CIDH estableció que en la presente petición los recursos de la jurisdicción interna se agotaron en la investigación por el delito de tortura el 15 de enero de 2002, en la investigación por el delito de abuso de autoridad el 15 de mayo de 2003 y finalmente en el proceso penal instaurado por el delito de secuestro, homicidio y robo calificado en contra de las presuntas víctimas el 3 de mayo 2006.
En el presente caso, la petición fue recibida el 26 de junio de 2003, durante la vigencia del proceso penal que culminó el 2 de mayo de 2006. Considerando la relación directa entre los distintos recursos interpuestos, la Comisión considera que debe darse por satisfecho el requisito de admisibilidad referente al plazo de presentación.
No surge del expediente que la materia de la petición se encuentre pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional, ni que reproduzca una petición ya examinada por éste u otro órgano internacional. Por lo tanto, corresponde dar por cumplidos los requisitos establecidos en los artículos 46.1.c y 47.d de la Convención.
La Comisión considera que no corresponde en esta etapa del procedimiento decidir si se produjeron o no las alegadas violaciones en perjuicio de las presuntas víctimas. A efectos de la admisibilidad, la CIDH debe resolver en este momento únicamente si se exponen hechos que, de ser probados, caracterizarían violaciones a la Convención Americana, como lo estipula el artículo 47.b de la misma, y si la petición es "manifiestamente infundada" o si es “evidente su total improcedencia”, según el inciso (c) del mismo artículo.
El peticionario alega que las presuntas víctimas habrían sido privadas ilegalmente de su libertad y luego torturadas por agentes mexicanos, con el fin de hacerlas confesar la supuesta comisión de delitos, y que, pese a las denuncias interpuestas a consecuencia de esos actos, la justicia nacional no habría investigado adecuadamente. El Estado, por el contrario, alega que la petición es inadmisible. Afirma que los hechos denunciados no caracterizan una violación a derechos consagrados en la Convención y que la intención del peticionario es que la CIDH actúe como una “cuarta instancia”.
Como se ha indicado reiteradamente, la CIDH es competente para declarar admisible una petición y fallar sobre su fundamento cuando ésta se refiere a una sentencia judicial nacional que ha sido dictada al margen del debido proceso, o que aparentemente viola cualquier otro derecho garantizado por la Convención6. En ese entendido, la CIDH observa que, conforme consta en las actuaciones judiciales adjuntadas durante el trámite de la petición, las presuntas víctimas denunciaron formalmente a las autoridades las presuntas torturas y malos tratos que habrían sufrido a manos de agentes policiales con la finalidad de declararse culpables de delitos que alegan no cometieron y adjuntaron certificados médicos para acreditar los presuntos actos de violencia.
Tomando en consideración los elementos mencionados, la CIDH entiende que las autoridades judiciales contaban con elementos que dieron lugar al deber de investigar si las presuntas víctimas podrían haber sido maltratadas y/o golpeadas por los agentes que las detuvieron y les tomaron sus primeras declaraciones. Tomando en consideración los alegatos vertidos, la Comisión analizará en la etapa de fondo si es que los supuestos hechos de tortura y malos tratos a los que habrían sido sometidas las presuntas víctimas alegadamente en manos de agentes estatales se realizó de manera diligente y en conformidad con los estándares internacionales establecidos en la materia.
En virtud de lo señalado, es posible concluir prima facie que los alegatos formulados por el peticionario podrían caracterizar posibles violaciones de los derechos amparados en los artículos 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Pedro Amador Morales, Karyana Velásquez Atienza y José Osiris Olivares Ayala y el artículo 5 de la Convención Americana en relación con José Luis Velásquez Casco y los familiares de las presuntas víctimas. Asimismo, la Comisión analizará en la etapa de fondo la posible aplicación de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura en relación con las tres presuntas víctimas, y el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará en relación con Karyana Velásquez Atienza.Por lo tanto, considera satisfechos los requisitos establecidos en el artículo 47.b y c de la Convención.
La Comisión concluye que es competente para examinar el reclamo presentado por el peticionario, y que la petición es admisible, de conformidad con los artículos 46 y 47 de la Convención, por la presunta violación de los derechos consagrados en los artículos 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana en conexión con el artículo 1.1 del mismo convenio, en perjuicio de Pedro Amador Morales, Karyana Velásquez Atienza y José Osiris Olivares Ayala. Asimismo, la Comisión analizará en la etapa de fondo la posible aplicación de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, y del artículo 7 de la Convención de Belém do Para.
Declarar admisible la presente petición, en relación con los artículos 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana, en conexión con el artículo 1.1 del mismo convenio, en perjuicio de Pedro Amador Morales, Karyana Velásquez Atienza y José Osiris Olivares Ayala. Asimismo, la Comisión analizará en la etapa de fondo la posible aplicación de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y del artículo 7 de la Convención de Belém do Pará.
Notificar la presente decisión al peticionario y al Estado de México.
Continuar con su análisis en los méritos del caso.
Publicar el presente informe e incluirlo en el Informe Anual de la Comisión a la Asamblea General de la OEA.
Dado y firmado en la ciudad de Washington, D.C., a los 8 días del mes de noviembre de 2012. (Firmado): Felipe González, Segundo Vicepresidente; Dinah Shelton, Rodrigo Escobar Gil, Rosa María Ortiz, y Rose-Marie Antoine, Miembros de la Comisión.
1 Conforme a lo dispuesto en el artículo 17.2.a del Reglamento de la Comisión, el Comisionado José de Jesús Orozco Henríquez, de nacionalidad mexicana, no participó en el debate ni en la decisión del presente caso.
2 Los anexos a esa comunicación fueron recibidos el 29 de abril de 2004.
3 Respecto de Pedro Amador Morales, el Estado afirma que, al momento de ser aprehendido por agentes estatales y trasladado al Ministerio Público, presentaba lesiones que habrían sido consecuencia de golpes dados por personas que habían intentado asaltarlo la mañana del día de su detención.
4 CIDH, Informe No. 22/09, Admisibilidad, Igmar Alexander Landaeta Mejías, Venezuela, de 20 de marzo de 2009; párrafo 45.
5 Al respecto, la Comisión no cuenta con información sobre de la fecha en que ese recurso fue resuelto.
6  Informe No. 73/10, Petición 980-04, Admisibilidad, Fernando Rodríguez González, México, de 12 de julio de 2010; párrafo 45.