Source: http://www.domingorondina.com.ar/2013/09/
Timestamp: 2017-04-28 17:51:40
Document Index: 330478452

Matched Legal Cases: ['artículo 33', 'artículo 52', 'artículo 48', 'artículo 14', 'artículo 48', 'artículo 19', 'artículo 48', 'artículo 82', 'artículo 32', 'artículo 19', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 37', 'artículo 16', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 32', 'artículo 93', 'ARTÍCULO 19', 'artículo 19', 'artículo 19', 'ARTÍCULO 19']

Derecho Constitucional - Domingo Rondina - Dando cátedra: septiembre 2013
tormenta sobre la legislatura
CUPO FEMENINO EN LA
CONFORMACIÓN DE LOS CUERPOS COLEGIADOS
El caso 'Robustelli'
(ANSIOSOS: aquí el texto completo de la sentencia de primera instancia: SENTENCIA-PRIMERA y la confirmación por la Cámara de Apelaciones, SENTENCIA-CÁMARA . La Corte Provincial pone fin a la causa con esta SENTENCIA-CORTE) El jueves 15 de agosto de 2013 sesionó la Legislatura de la Provincia de Santa Fe. Será recordada como una fecha histórica en la ampliación de la igualdad de género de los argentinos.
Unos días antes había fallecido la diputada provincial (PJ) Silvia De Césaris. Había que cubrir su escaño. Según el orden de la lista de diputados electos del PJ, correspondía el lugar al Sr. Julio Roberto López, quien ingresó una nota solicitando se le tome juramento.
Sin embargo, la dirigente Mariana Robustelli, que se encontraba dos lugares después de López, solicita a la Cámara asumir ella para evitar que se diluya la representación femenina en la Cámara.
Tras algunos días de análisis, la Comisión de Asuntos Constitucionales emitió dictamen mayoritario aconsejando al cuerpo incorporar a Robustelli y rechazar el pedido de López.
Y ese 15 de agosto de 2013 la Cámara de Diputados, en su sesión plenaria, consideró la cobertura del cargo vacante. El presidente solicita que se vote primero y luego, los diputados que lo deseen, expliquen el sentido de su voto.
8 diputados se abstuvieron. Y la Cámara, por 19 votos a favor y 5 en contra, resolvió incorporar como diputada a Mariana Robustelli.
Posteriormente, el Sr. Julio Roberto López, con el patrocinio del veterano constitucionalista Iván Cullen, inició una acción de amparo contra la Cámara para obtener que la justicia la fuerce a admitirlo.
Y la Cámara de Diputados, a través de su presidente Luis Daniel Rubeo, con el patrocinio letrado del Dr. Domingo Rondina, contestó la demanda el 16/09/2013.
Tres días después, la Jueza, hizo lugar al centro de las peticiones de Rubeo: admitir personalidad y por ende tener a la Cámara como parte; citar a la Fiscalía de Estado para que tome la intervención que considere necesaria, citar a la Diputada Robustelli como tercero interesado en el resultado del pleito.
Va a resultar una causa de alto interés constitucional por diversos motivos.
Por empezar es la primera vez en el país en que se resuelve saltear a un hombre sin su asentimiento para que asuma una mujer en la banca vacante.
También es la primera vez en que una Cámara de Diputados busca intervención procesal por sí misma.
Por ello, desde aquí, la iremos comentando y aportando documentos de interés.
Empecemos con el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la demanda presentada por Cullen, y lo que (en un caso similar) había opinado el Fiscal de Estado Saccone poco tiempo antes. Luego la contestación de Rubeo por la Cámara y los decretos subsiguientes.
OTRAS NOTAS y repercusiones, cliqueando.
Comentando la sentencia final de la CORTE PROVINCIAL, nuestra nota.
EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES QUE HABILITÓ EL INGRESO DE ROBUSTELLI Y RECHAZÓ LA PETICIÓN DE INGRESO DE LOPEZ
DICTAMEN NOTA Nº
5581/13 Y NOTA Nº 5583/13
DE SANTA FE:
Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General ha
considerado las notas presentadas: NOTA N° 5581/13 - remitida por
el Sr. Julio Roberto López, solicitando incorporación a la Cámara
de Diputados y la NOTA N° 5583/13, remitida por la Sra. Mariana
Robustelli, solicitando incorporación a la Cámara de Diputados, por el deceso de la Diputada Silvia De Césaris en fecha 11 de Julio
de 2013. Ambos adjuntan certificación del Tribunal Electoral que
acredita el orden de suplencia respectivo en la Lista Santa Fe para
Todos, en los comicios del 24 de Julio de 2011.
Que conforme el
análisis exhaustivo realizado a partir de las consideraciones que
son letra del Dictamen, y, habiendo realizado el correspondiente
estudio sobre los requisitos que debe reunir el mismo y que ésta
reúne las calidades exigidas por el artículo 33 de la Constitución
de la Provincia, como así que no se han hallado incompatibilidades
para asumir el cargo de diputada Provincial (artículo 52
Constitución Provincial); y, que no se han producido impugnaciones
al respecto y sus títulos son válidos (artículo 48 de la
Constitución Provincial), los
Diputados abajo firmantes
han resuelto aconsejar, ACEPTAR
LA INCORPORACIÓN DE LA SEÑORA MARIANA ROBUSTELLI, DNI N°
32.281.819
al cuerpo y la adopción de medidas necesarias para que la misma
preste juramento de práctica.
En mérito a las
cuestiones fácticas y para este caso concreto y teniendo en cuenta
las proporciones de integración femenina actual del cuerpo, la
de la diputada mujer genera automáticamente el ingreso de la primera
mujer en el orden de suplencias.
Surge del mismo orden de la lista de diputados oficializada por la
autoridad electoral que la Sra. Mariana Robustelli es la primera
mujer por orden de correspondencia y por tanto debe asumir como
Diputada Provincial titular ante la vacante producida por el deceso
de la Sra. Silvia De Césaris.-
jurídicos que se esgrimen a lo citado con anterioridad, y la
necesidad in límine que el Cuerpo en sesión garantice derechos
constitucionales y de representación igualitaria, son los que a
continuación se manifiestan, a saber:
1.- El Cuerpo Integrado
de la Cámara es la expresión jurídica de la sociedad, por la cual
decide mediante un sistema
tipificado legalmente,
cuáles son los representantes que llevarán adelante la dirección
política-legislativa de la misma. El sistema jurídico santafesino
prevé dos
normas de igual jerarquía
que regulan los canales de representación donde se encauza la
voluntad popular: la ley provincial 10.802
y la ley provincial 12.367.
La participación de las mujeres en las listas y posteriormente en
los órganos representativos es uno de los basamentos del sistema
electoral, y consecuentemente de expresión de la voluntad popular.
La confección de un orden de prelación en la suplencia que prevé
el ingreso de cuatro diputados hombres por sobre el de una mujer
implica una flagrante violación a la voluntad popular.
El sistema de cupo
femenino regulado por la ley provincial 10.802 tiene igual jerarquía
que la ley electoral (N° 12.367). Ambas normativas nutren
con idéntica fuerza jurídica el mismo bien jurídico:
la voluntad popular. El
sistema electoral provincial está compuesto por la ley electoral y
por la ley de cupo femenino: ambas de igual jerarquía y de
aplicación indivisible e interdependiente.
Es taxativo el
principio establecido en la ley provincial 10.802 de obligación de
composición política femenina de la lista de candidatos de la
tercera parte como mínimo (art. 1). Este principio no deja entrever
que el cupo femenino rige solamente hasta la oficialización de las
listas, sino antes, durante y después del proceso eleccionario. Que
se utilice la letra de la reglamentación para menoscabar la
participación igualitaria, es hasta tendencioso. Inclusive, el
sistema de la ley 12.367 remite constante y celosamente a la ley de
cupo femenino N° 10.802.
Es incorrecto el
argumento que afirma que -de asumir Robustelli- se violaría la
voluntad popular. Dicha fundamentación está basada en la
interpretación restrictiva de aplicar un criterio de seguimiento en
corrimiento de la lista.
La fórmula legal del art. 19 de la ley 12.367, prevé el sistema de
corrimiento. Pero -con justa inteligencia y método legal-, la
validez surte efectos una vez cumplimentado el requisito del cupo
femenino, como lo prevé la ley 10.802
(“ en
toda lista de candidatos… la tercera parte estará compuesta por
mujeres en forma intercalada y/o sucesiva…”).
violación a la voluntad popular subyace en el orden de prelación
que administra un ingreso preeminente de hombres sobre el de mujeres.
organizó un sistema constitucionalmente receptado: acciones
positivas para asegurar participación femenina en los cargos
constitucional surge como regla organizativa también de la voluntad
popular. Luego, la expresión electoral del pueblo debe distribuirse
respetando aquella regla primigenia.
corrimiento de la lista surgida de la elección hacia la próxima
mujer, no es violatorio de la voluntad popular, sino que adecua el
resultado electoral a la regla de la participación mínima de un
tercio en los cargos electivos. La misma tarea que hace el Tribunal
Electoral al definir la nómina que surge de la elección debe
hacerla esta Cámara cuando admite nuevos miembros, en este caso
separando mujeres de varones, respetando el orden dentro del género.
corrimiento de suplencias hacia un varón sería violatoria del
cumplimiento del cupo femenino: no
opera una intercalación o corrimiento que garantice lo establecido
por el decreto n° 358/1993 en su art. 3, 3er párr. que reglamenta
la ley provincial 10.802:
los siguientes lugares de la lista se incluirán regularmente una
mujer por cada dos varones, hasta cubrir la tercera parte como mínimo
dentro del número total de cargos.”
Santa Fe, el 14 de agosto de 2011, un millón quinientos veinticinco
mil ciento dieciséis electores (1.525.116) otorgaron mandato de
representación transformando las posibilidades de resultar electas,
a las que refiere el art 1 de la ley de cupo femenino o de cuota de
género, en escaños en cargos públicos electivos, en integración
efectiva del colectivo de mujeres en los cuerpos parlamentarios. En
el caso del Frente Santa Fe para Todos -en el que se ha producido una
vacante- quinientos ochenta y un mil trescientos sesenta y tres
electores (581.360), expresaron con su voto que el colectivo de
mujeres “habrá
de tener en este partido político y en la Cámara de Diputados,
nueve bancas”.
En consecuencia, la vacante producida por el fallecimiento de la
diputada Silvia De Césaris a fin de no violar la ley de cupo y el
mandato de representación otorgado a través del voto debe ser
cubierta por la candidata mujer siguiente en el orden de proclamación
–en el caso Mariana Robustelli-.
Es un principio general
y de derecho constitucional ratificado doctrinaria y
jurisprudencialmente que las normas no deben ser interpretadas y/o
aplicadas en forma literal o aislada, unas de otras, ni sacrificar en
la interpretación literal de una de ellas, el resto del plexo
normativo, por consiguiente una solución diferente incurriría en
“rigor formal absoluto” o “fariseísmo de las formas”, prescindiendo de la propia Constitucional Nacional artículos 37 y
75, inc. 23 y de los tratados internacionales a los que Argentina ha
adherido, ello sin perjuicio -como ya dijéramos-, de violentar el
mandato de representación popular que reside únicamente en el
pueblo y que otorgó al colectivo de mujeres nueve bancas en el
consabido Frente Santa Fe para Todos.
2,- Como se ha
desarrollado anteriormente, el sistema de corrimiento que prevé el
art. 19 de la ley provincial 12.367 surte efectos una vez aplicado el
sistema de cupo femenino. La aplicación del cupo hasta la
“oficialización” de las Listas, como lo aconseja la
interpretación formalista
encubre una práctica de flexibilización del cupo femenino y de
apartamiento de las mujeres en los circuitos de decisión en los
Órganos de la Democracia.
Con dicho criterio, la H.C.D. actuaría en clara contradicción a lo
que prevé el art. 37 de la Constitución Nacional “…La
igualdad de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a
cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas
en la regulación de los partidos políticos y régimen electoral.”
constitucional primordial, de aplicación de principios y mandatos
constitucionales, es la actuación constitutiva de esta misma Cámara,
donde resultamos cuerpo soberano para decidir, y debemos asegurarnos
de estar cumpliendo con estrictez los parámetros constitucionales.
que deben realizarse es una orden hacia todos los órganos estatales,
de todos los niveles, y nosotros debemos también actuar en
El art. 1 de la ley
provincial 10.802, que regula el cupo femenino establece “En
toda lista de candidatos que presenten los Partidos Políticos para
elecciones Provinciales, Municipales, Comunales y/o Convencionales
Constituyentes, la tercera parte como mínimo, estará compuesta por
mujeres en forma intercalada y/o sucesivas, entendiéndose en la
totalidad de las candidaturas titulares y suplentes, con
posibilidades de resultar electas, cualquiera sea el sistema
electoral que se aplicare.” No
emerge de dicho artículo que el cupo surge efecto hasta la
oficialización de listas. Tampoco de la letra de su reglamentación.
El momento de oficialización que estipula la ley, sirve como “piso
que debe cumplimentarse, y no
como “techo
jurídico”-posición
de las prácticas discriminatorias al colectivo femenino-, ya que la
participación igualitaria tiene raigambre constitucional.
asunción por orden de corrimiento – y no de corrimiento con
aplicación de ley de cupo femenino, en menoscabo a la participación
de la mujer en las decisiones políticas- conlleva a legitimar
y enquistar
en el seno del Poder Legislativo, una práctica de acción
negativa contraria
a lo que ordena el art. 37 de la Constitución Nacional y el art. 8
de la Constitución Provincial.
El corrimiento debe
operar en favor de la representación del cupo femenino, con justo
criterio en el 33,3%(1/3) que estipula la normativa provincial.
No se violenta aquí el
orden surgido de la elección, porque a una mujer se la reemplaza con
la siguiente mujer de la lista, no con otra que aparezca detrás. Y
el varón que sigue en la lista, seguirá ocupando la primera
posibilidad de suplencia cuando el cupo femenino esté debidamente
Esta práctica es el
único mecanismo a nuestra disposición para asegurar el cumplimiento
del mandato constitucional en este caso concreto.
debe materializarse en la Integración del Órgano,
único ámbito donde se llevan adelante los decisorios que la
voluntad popular ha delegado sobre los legisladores y legisladoras.
La participación en el circuito parlamentario – en la toma de
decisiones- se produce dentro del Órgano Legislativo.
corrimiento sin respeto al cupo femenino devendría en una pantalla
la composición del 33,3% de la normativa provincial se utilizaría
solo para formalizar una situación en un momento espacial previo al
del proceso de tratamiento, discusión y sanción de leyes. Por
diversos mecanismos –principalmente el que se esconde en la
interpretación exegética y formalista de incorporación por
exclusivo orden de suplencia-, se encubre la discriminación que
sufren las mujeres santafesinas que se han encausado en los canales
democráticos pertinentes para la toma de decisiones legislativas.
Sin la asunción de
una mujer en la vacancia operada, la integración del Órgano sería
de quince (15) diputadas mujeres, mientras que por aplicación de la
ley de cupo provincial deberían ser dieciséis con cincuenta
(16,50).
Nacional en su art. 37 ordena
cargos electivos y partidarios mediante acciones
positivas. Interpretar
por simple orden de corrimiento el art. 19 de la ley provincial N°
12367 es repulsivo a lo que la Constitución manda y al mismo
espíritu del sistema electoral – que posee como uno de sus
basamentos al cupo femenino-. Este artículo debe interpretarse en
coherencia con las máximas en la materia que obligan a los poderes
públicos a realizar acciones positivas.
El plexo normativo
local nos otorga la primera solución a la temática. El
art. 8 segundo párrafo de la Constitución Provincial obliga
a “remover
los obstáculos de orden social que limitando de hecho la igualdad de
los individuos, impidan el libre desarrollo de la persona humana y la
efectiva participación de todos en la vida pública.” Y
su artículo 14 dice “Pueden,
asimismo, tener acceso a los cargos públicos en condiciones de
igualdad, según los requisitos que se determinen”,
lo que es ratificado en el 30: “Todos
los ciudadanos pueden tener acceso a los cargos electivos en
condiciones de igualdad, según los requisitos establecidos en cada
caso por esta Constitución.”
la Mujer (prevista
en el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional) en su art. 2.1
consagra el principio
de progresividad
en la materia, en cuanto “Adoptar
medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter..”(inc.
b) como también de “Abstenerse
de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la
(inc. d) y “
Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación
contra la mujer…”
(inc e).
principio de progresividad de los derechos tiene como basamento –y contrapartida- la obligación
de no regresividad
que implica la obligación de los Poderes Públicos de no
adoptar medidas que empeoren sin justificación razonable y
la situación de los derechos consagrados en la Convención.
La H.C.D. de la Provincia de Santa Fe, debe actuar en consonancia al
Derecho Internacional que manda a eliminar todo tipo de obstáculo
que interfiera en la igualdad real de oportunidades.
restrictiva y formalista de incorporación por exclusivo orden de
suplencia sin aplicación del cupo femenino, se
constituiría como una intervención
Dicha interpretación pondera una situación
obstaculizadora que limita la igualdad de los individuos y se
materializa en la incorporación preeminente de diputados varones por
sobre el de diputadas mujeres.
La Convención citada,
es decir, nuestro derecho constitucional, fulmina cualquier
restricción de derechos respecto de la mujer basada en el sexo. El
art. 4 de la Convención consagra el principio de Discriminación
Positiva que otorga expresamente un trato normativo preferente para
la mujer a los fines de morigerar el desequilibrio. Consecuentemente,
la ley provincial de cupos o de género impone un tercio de
candidatas mujeres, sino no puede oficializarse la lista: el
postulado de discriminación positiva es contundente al permitir que
exista una lista oficializada de mujeres sin hombres, pero nunca al
revés. En misma dirección, el
art. 7 de la Convención, específicamente abraza la razón del
presente y reza “Los
Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la
discriminación contra la mujer en la vida política y pública del
Cámara Baja de integración de otra mujer por la vacante femenina
suscitada sería la aplicación de las “medidas
apropiadas”
para que se cumplimente lo ordenado por el texto constitucional. De
aplicarse un criterio contrario, la Cámara de Diputados convertiría
en letra muerta a la Constitución Nacional que tutela expresamente
Las pautas restrictivas
de aplicación e interpretación de la norma provincial devienen en
repulsivas a los tratados internacionales de Derechos Humanos del
art. 75. inc. 22, que son letra de nuestra Constitución Nacional. La
operatividad –es decir, la aplicación efectiva- de los Tratados de
Derechos Humanos insertos en el ordenamiento jurídico constitucional
debe ser garantizada por el estamento
legislativo provincial,
que conforme al principio de no regresividad expuesto anteriormente,
debe someterse a ninguna interpretación reñida con los Derechos
Humanos de jerarquía constitucional.
Inclusive, la misma
Cámara de Diputados ha dado media sanción a un proyecto de ley que
comenzaba a abordar la problemática del cupo femenino en el ámbito
legislativo (expte. 26252 HCD). Dicho proyecto se erige como una
clara acción positiva que intentaba dar respuesta a algunos
mecanismos que menoscaban la participación femenina, aunque no
abordaba una solución integral. Expresamente, el cuerpo de la Cámara
de Diputados ha otorgado
la fórmula legal que el cuerpo debe aplicar en el caso particular de
vacancia femenina.
La misma Cámara de
Diputados ha dado refrendo en dicho proyecto de ley al concepto de
cubrimiento “por
la candidata que le suceda en el orden de oficialización”,
a través del “corrimiento
ascendente tanto en la lista de titulares como de suplentes
sucesivamente, con las restantes candidatas mujeres.”
Nos hallamos así ante
una suerte de aplicación de la Doctrina
de los Actos Propios,
la inadmisibilidad de actuar contra los propios actos como
consecuencia del principio
de buena fe y de las expectativas legítimas creadas.
Doctrina de los Actos Propios, también se aplica en la reciente
adhesión de la Cámara Baja a La Ley Nacional N° 26.485 de
Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que desarrollen sus
relaciones Interpersonales y su Decreto Reglamentario N° 1011/10.
adhesión es la conducta del Cuerpo que termina de otorgar entidad al
derecho que debe consagrar (la asunción de una diputada ante la
vacancia femenina). De suceder lo contrario se violaría el principio
de Buena Fe, y la misma HCD devendría en una de las modalidades
tipificadas por la norma, puntualmente la estipulada en el art. 6
inc. b) que es la Violencia Institucional contra las mujeres como
realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, personal y
agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución
pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir
que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas.
Quedan comprendidas, además las que se ejercen en los partidos
políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de
por si quedase alguna duda, debemos dejar totalmente en claro que
conforme al artículo 48 de nuestra Constitución Provincial “Cada
Cámara es juez exclusivo de la elección de sus miembros y de la
validez de sus títulos”.
Estamos ante la más típica de las atribuciones políticas –no
judiciables- de los órganos legislativos: la decisión sobre su
integración. Y por eso debemos cumplirla con entereza y la mirada
puesta en los mandatos constitucionales.
el espíritu de la ley provincial 10802 brega por una integración
real de mujeres en las bancas. Ello surge expresamente del dictamen
de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la HCD que dio impulso
a la posterior aprobación de la ley provincial 10802 de cupo
femenino que establece con el criterio que aquí vertimos la garantía
de participación femenina efectiva al rezar; “…y
con la posibilidad de que accedan a cargos y bancas tanto en el orden
Nacional como en el Provincial, con representación femenina
proporcional…”
3. - En el
ámbito parlamentario nacional (Caso Alicia Kirchner, año 2007), se
ha regulado y otorgado solución puntual al caso de sustitución
efectiva de la mujer renunciante por la mujer que siga en el orden de
la lista. Se generó una política de igualdad y respeto femenino que
limitó la utilización de la participación que la ley atribuye a
las mujeres como herramienta destinada a encubrir un acuerdo previo
el dictamen del 12 de Diciembre de 2007, Expte. OV 373/07, la
Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de la Nación ha
resuelto con suma responsabilidad los casos en que se ha tenido que
reemplazar a senadores/as electos, y que se transcribe a
continuación. Dicho dictamen, basado en la laguna jurídica del
sistema electoral, tutela la garantía del cupo femenino::"
Y en este rumbo puede verse que en la práctica la Ley 24012
plantearía una laguna jurídica que permitiría que en el caso de la
provincia de Santa Cruz, ante la renuncia de Alicia Kirchner, de
asumir Jorge Banisevich, ésta se quedara sin mujeres en la Cámara
Alta y consecuentemente se violentara la Constitución Nacional y
tratados internacionales con la consecuente generación de
responsabilidad internacional".
en otros supuestos se podría plantear, como de hecho ocurrió en el
caso de la provincia de Corrientes en el año 2001, la existencia de
"mujeres de paja", es decir aquellas puestas en la lista
para cubrir el requisito formal y que, una vez hecha la elección,
sean obligadas a renunciar para que su jefe -por lo general hombre-
ocupe la banca que por ley de cupo no le correspondería. Si
permitimos que esta práctica se generalice, en poco tiempo tendremos
un Senado a la vieja usanza: muchos hombres y dos o tres mujeres
ocupando una banca....Como sostuvimos anteriormente, en el caso de la
provincia de Santa Cruz, si asume un senador electo de sexo masculino
en reemplazo de la banca renunciada por la senadora Alicia Kirchner,
dejaría sin representación femenina en el Senado de la Nación a la
Provincia y violentaría la igualdad real de oportunidades en el
acceso a los cargos públicos de las mujeres de ese distrito. Ello es
así toda vez que la banca restante por la mayoría y la banca
correspondiente a la minoría, se encuentran representadas por
legisladores de sexo masculino, situación esta que no se presenta en
ninguno de los restantes distritos ya que todas las provincias tienen
al menos una mujer sentada en la banca….Es necesario entonces que
este Cuerpo se expida mediante una acción positiva a fin de respetar
lo preceptuado en la Constitución Nacional y los tratados
internacionales vigentes en nuestro país permitiendo que una mujer
asuma en reemplazo de la senadora renunciante..."
el caso de De Cesaris, es el Cuerpo Legislativo en sesión, el actor
institucional que debe otorgar tratamiento y solución a la grave
situación de incumplimiento del cupo femenino en la Provincia de
igualdad de trato y oportunidades entre varones y mujeres es
receptada por los Pactos Internacionales de Derechos Humanos del art.
75 inc. 22 de la Constitución Nacional. En
un todo acuerdo al antecedente citado, está
en juego la consecuente generación de responsabilidad internacional.
y la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires
vienen abordando esta temática. En el caso de la Provincia de Buenos
Aires, se ha tratado un Proyecto de Ley basado en el Dictamen que dio
tratamiento a la renuncia de Alicia Kirchner en el Senado de la
Nación, en el año 2007, a
los fines de adecuar su normativa en dicha dirección. Propone la
modificación del párr. 2do del actual art. 122 de la ley 5109 que
estipula en una fórmula correcta: “…En
los casos en que el titular que crease la vacante fuese de sexo
femenino, deberá suplantarla la primera mujer que figure en la lista
de candidatos titulares según el orden establecido. Si la lista de
candidatos titulares no incluyera más mujeres, le corresponderá a
la primera mujer en el orden de prelación establecido en la lista de
candidatos suplentes. Los
reemplazantes durarán en sus funciones el tiempo que les faltase a
los titulares para cumplir el período ordinario…”
en defensa del cupo femenino fue sentado por nuestra actual
Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en el año 2001, en
ejercicio de la Presidencia de la Comisión de Asuntos
Constitucionales del Senado. En dicha ocasión, la Senadora por la
Provincia de Corrientes Sra. Isabel Viudes presentó la renuncia a su
banca para que, en cumplimiento de un pacto político, asumiera el
primer suplente, Sr. Raúl Romero Feris.
Al celebrarse la
reunión de comisión en fecha 18/12/2001, la Dra. Fernández de
Kirchner fijó su posición como Presidenta de la Comisión al decir
incorporación del ciudadano Raúl Rolando Romero Feris importaría
una flagrante violación a la ley de cupo, por cuanto al haberse
producido la renuncia de una señora senadora es procedente que su
lugar sea ocupado por otra mujer, en virtud no sólo del espíritu de
la ley sino de disposiciones concretas de su decreto reglamentario,
en cuanto a que va
de suyo que si el legislador ha querido que se preserve su lugar en
la lista, con mayor razón esta es un instrumento para cumplimentar
el ejercicio efectivo del derecho y, en consecuencia, también lo
debe ser al momento de ocupar el cargo.”
En esa misma sesión,
la Senadora por Catamarca, María T. Colombo mencionaba que adhería
a la postura del Consejo Nacional de la Mujer, entidad que enfatizó
la necesidad de reemplazar a la Senadora Viudes “por
otra mujer como garantía de los principios generales, el espíritu
de la normativa vigente sustentada en tratados internacionales y en
la política adoptada por el Estado argentino en materia de igualdad
de oportunidades entre varones y mujeres”.
CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) en su Informe n°
103/01 respecto del caso 11.307 María
Teresa Merciadri de Morini
ha declarado la admisibilidad y consecuente solución amistosa entre
el Estado Argentino y la damnificada, originada en el orden de
intercalación de la lista electoral de la UCR para Diputados
Nacionales de Córdoba. Dicha nómina resultaba lesiva para el
cumplimiento del cupo femenino de la 24.012, ya que por el orden de
corrimiento de la lista en caso de vacancia preveía un ingreso de
una mujer por cada cuatro hombres. En dicho momento de seis
candidatos a diputados nacionales se colocó una mujer en el cuarto y
otra en el sexto puesto, mientras que el espíritu de la norma indica
que debió haberse colocado dos mujeres en los primeros cinco
puestos. María Teresa Merciadri de Morini consideraba que la
cuestión no era abstracta, porque debía reconocerse el derecho en
expectativa, bien “concreto”, en el caso que se produjera una
vacante entre los elegidos. Si se produce la vacante ascendería un
varón –el que está en el quinto lugar- y no una mujer. Por ello
debió haberse colocado a una mujer en el quinto puesto y a un hombre
en el sexto lugar, y aún en el caso de cuatro cargos a renovar,
deben elegirse dos mujeres porque una sola mujer representa el 25%,
inferior al cupo legal. Luego de agotar la vía de reclamación
interna –la CSJN rechazó la reclamación-, la peticionaria procede
por la vía estipulada por la CIDH, que declara en primer término
admisible el recurso mediante informe N° 102/99, y luego se llega a
un acuerdo de solución amistosa, donde el entonces Presidente
Fernando De La Rúa dicta el Decreto N° 1246/00 que regula
expresamente la participación igualitaria y consecuente garantía de
cumplimiento de cupo en caso de vacancia, derogando la antigua
fórmula legal del decreto N° 379/93. La
Cámara Nacional Electoral atribuyó a la ley de cupo femenino de
carácter de orden público en el fallo N° 2951/2011 dictado en
autos “incidente de apelación contra la resolución de
oficialización de candidatos de la UCR” al resolver que la ley
24.012 legisla sobre una materia de orden público, por lo que se
rige sobre la voluntad de las partes. En ella, está interesada la
organización institucional de la Nación, toda vez que versa sobre
la forma que se ponen en funcionamiento los poderes organizados por
miras al cumplimiento de garantías constitucionales y de no
discriminación, conforme lo manifestado mediante nota ingresada en
esta Cámara de Diputados en fecha 24 de julio de 2013, afirma: (. .
. )“En
actualidad no pueden subsistir mecanismos que vulneren la
participación de la mujer en la vida política”.
También ha enfatizado la gravedad de no cumplimentarse con el cupo,
y ha dejado sentado: “A
partir de ello, entendemos
la correspondencia de la banca a la primera mujer en el orden de
ya que una interpretación formalista del hecho implica una
restricción de las garantías constitucionales y del derecho
internacional en lo que respecta a la representación femenina. La
realidad indica que una decisión contraria implicaría la presencia
reducida de las mujeres en la toma de decisiones legislativas, y por
ende de la voluntad popular.”
Electoral (C.N.E.) ha asumido de un modo cabal, el rol que se le ha
asignado de garante del cumplimiento de las medidas que procuran la
igualdad real de oportunidades entre mujeres y varones para el acceso
a cargos electivos y partidarios (cf. fallos CNE 1568/93; 1586/93;
1595/93; 1863/95; 1866/95; 1867/95; 1868/95; 1869/95; 1870/95;
1873/95; 1984/95; 2669/99; 2878/01; 2918/01; 3005/02 y 3780/07) y
veló por su respeto en todas las causas que le fueron sometidas a su
conocimiento (cf. Fallos CNE 3005/02 y 3780/07).
En particular, ha
sostenido que “no
basta que las listas estén compuestas por un mínimo de treinta por
ciento de mujeres sino que además es necesario que tal integración
se concrete de modo que -con un razonable grado de probabilidad-
resulte su acceso a la función legislativa en la proporción mínima
establecida por la ley..., (cf. fallos CNE 1566/93; 1836/95; 1850/95;
1862/95; 1864/95; 1866/95 y 3507/05).”
Cámara de Diputados de Santa Fe debe respetar las máximas
constitucionales sobre cupo femenino, como también el espíritu de
la reglamentación. Las prácticas contrarias a la participación
femenina en los canales de decisión se vislumbran detrás de las
interpretaciones restrictivas que presuponen el seguimiento de un
orden de prelación, en este caso claramente fraudulento a la
garantía de cupo femenino, que nutre el sistema electoral, y por
ende, la voluntad popular.
repulsivo al sistema constitucional la utilización de una
disposición de derecho interno para justificar el incumplimiento de
un tratado. De no asumir Robustelli, la Cámara de Diputados de la
Provincia de Santa Fe materializaría una violación de los tratados
de derechos humanos, plausibles de responsabilidad
legisladores deben aplicar justicia y responsabilidad sobre una
situación que sin lugar a dudas genera porosidad y resquebraja la
participación de las mujeres en ámbitos legislativos.
hora de cumplir nuestra parte en la tarea de aplicación de la
Atento a lo
manifestado, solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
dictamen, ACEPTANDO
preste juramento de práctica
LA DEMANDA DE LÓPEZ PATROCINADO POR IVAN CULLEN
VER VERSIÓN ESCANEADA HACIENDO CLICK AQUI
LO QUE FISCALÍA DE ESTADO (SACCONE) HABÍA PREOPINADO SOBRE EL CUPO FEMENINO EN LA LEGISLATURA DE SANTA FE
LA CONTESTACION DE RUBEO POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS. IMAGEN
LA NOTA DE PÁGINA 12 ROSARIO SOBRE LA CONTESTACIÓN QUE HICIMOS PATROCINANDO AL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE (LUIS RUBEO) SOBRE LA BANCA ROBUSTELLI
RUBEO DEFENDIO ANTE LA
JUSTICIA LA ELECCION DE ROBUSTELLI COMO DIPUTADA
Por la clausura de un
baja pidió que se rechace el recurso de amparo presentado por Julio Roberto
López, quien entendió que le pertenece la la banca. Rubeo, la Cámara ejerció
"el control de constitucionalidad de sus propios actos".
de Diputados, Luis Rubeo, pidió ayer a la jueza Marcela Aylagas (Civil y
Comercial 1ª) que rechace el recurso de amparo presentado por Julio Roberto
López -luego de que Mariana Robustelli fuera elegida para ocupar la banca en
discusión-, porque se trata de una "cuestión política no judiciable"
y carece de "potestad para juzgar" el acto legislativo. Y propuso que
cite a las partes a una audiencia de conciliación para "acordar la
clausura de un reclamo que sólo puede llevar a una crisis institucional y al
desgaste de los órganos de la democracia santafesina".
Rubeo asumió la decisión
de contestar la demanda -con el patrocinio del abogado Domingo Rondina﷓ porque
a su criterio el fiscal de Estado, Pablo Saccone, no puede retractarse de un
dictamen en contra de Robustelli que firmó hace apenas cuatro meses, "a
menos de que la Legislatura lo remueva del cargo con un juicio político".
El planteo es un intríngulis que deberá resolver la jueza: si la Cámara está
"legitimada para intervenir en la causa de modo directo" o si la
defensa en juicio de la provincia la debe asumir Saccone por su competencia en
En un escrito al que
accedió Rosario/12, Rubeo pidió participación en el pleito porque Saccone ya
dictaminó en un juicio anterior: el amparo que presentó Robustelli -en febrero﷓
cuando la Cámara incorporó al diputado José María Tessa por la renuncia de
María Eugenia Bielsa y no a ella. Saccone no sólo rechazó la pretensión de
Robustelli de ocupar la banca de Bielsa con el argumento del "cupo
femenino", sino que defendió la legislación aplicable en los reemplazos.
"La Cámara de Diputados no hizo más que aplicar el mandato claro del
artículo 19 de la ley 12.367" que establece que "los reemplazos se
harán siguiendo el orden correlativo de postulación de las nóminas de titulares
y luego suplentes", afirmó Saccone. El fiscal de Estado no puede
retractarse.
"No era esa la
inteligencia que prevalecía en la Cámara que él decía defender", le
contestó Rubeo. "Ocurría simplemente que, hasta ese momento, no se había
perforado el piso de un tercio femenino. Así, y contrariamente a lo sostenido
por el fiscal de Estado, pocas semanas después la Cámara mayoritariamente
entendió que el cupo femenino debía ser respetado en la conformación del
cuerpo, y que se trataba de decisiones propias independientes de la ley
"Traer hoy aquí a
representar a la Cámara de Diputados a un fiscal de Estado que ya ha opinado en
nuestra contra resultaría burdo, injustificado y contradictorio. Y tenemos un
temor concreto y fundado de que la respuesta del fiscal de Estado sea contraria
a la firme decisión de la Cámara que represento, lo cual nos obligaría a
resolver el conflicto mediante la promoción de su juicio político", dijo Rubeo.
"Por lo tanto, surge claro que la Cámara debe ser admitida como parte en
la causa", agregó.
Rubeo solicitó a la jueza
Aylagas que cite a Saccone y Robustelli. Al fiscal de Estado para que
"tome intervención" en la causa, pero "no para que represente a
la Cámara que yo represento", sino para "suscribir el criterio
jurídico que la Cámara sostiene. Una actitud diferente del fiscal de Estado
podría conducir a la esquizofrenia del conflicto de poder", tiró Rubeo. Y
a Robustelli porque "puede verse afectada por la decisión que se adopte en
la causa. Por eso debe citársela para que exponga lo que considere que hace a
su derecho".
El escrito de Rubeo tiene
74 páginas, más de 20 dedicadas a explicar por qué la jueza lo debe considerar
parte en el juicio. Y rebate punto por punto la demanda de López, a quién
patrocina el abogado constitucionalista Iván Cullen. Diputados incorporó a
Robustelli y no a López porque "el piso del tercio (del cupo femenino)
estaba en riesgo" y por lo tanto, "la vacante de diputada mujer
genera el ingreso de la primera mujer en el orden de suplencia". "Eso
fue en síntesis lo que resolvió la Cámara, haciendo una interpretación de la
normativa constitucional vigente, ejerciendo el control de constitucionalidad
de sus propios actos".
LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA EFECTUADA POR LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE A TRAVÉS DE SU PRESIDENTE (LUIS DANIEL RUBEO) CON EL PATROCINIO DEL DR. DOMINGO RONDINA
PARA BAJARLA COMPLETA, CLICK AQUÍ.
Ref.: “López,
c/ Honorable
(expte. Nº 21-00027301-2)
Juzgado de Primera Instancia en lo CyC
– 1ª nominación
Luis Daniel Rubeo, DNI 13.174.423, Diputado Provincial, honrado
por mis pares como presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la
Provincia de Santa Fe, conforme surge de la designación habida en sesiones cuya
versión taquigráfica debidamente certificada acompaño, con el patrocinio
letrado del Dr. Domingo Rondina, abogado, con fianza suficiente para el
ejercicio de la procuración, constituyendo domicilio ad litem en Francia 3352, dpto. C de la ciudad de Santa Fe, ante
V.S. me presento y respetuosamente digo:
Vengo a comparecer por la Honorable Cámara de Diputados de
la Provincia de Santa Fe que presido, y a contestar demanda por ella,
solicitando se declare el objeto de esta causa como cuestión política no
judiciable, resultando de ello un DEFECTO ABSOLUTO EN LA POTESTAD DE JUZGAR
(FALTA DE JURISDICCIÓN) por parte de V.S.
A todos los fines, solicito se rechace la demanda, con
costas al reclamante.
Que la Honorable Cámara de Diputados que presido ha sido
demandada en estos autos.
Que, por ello, he sido notificado con fecha lunes 9/9/2013.
Que, para cumplir con la convocatoria jurisdiccional, vengo
a tomar intervención y a contestar demanda, sin perjuicio de las advertencias y
salvedades que a continuación formularé.
III) CITACIÓN A FISCALÍA
DE ESTADO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
En el parágrafo siguiente expondré por qué considero que la
HCD se halla legitimada para intervenir en esta causa de modo directo, y luego
argumentaré respecto a su personalidad, sin perder de vista que considero que
la presente cuestión resulta NO JUDICIABLE.
Sin embargo, a los efectos de evitar discusiones, evitar
nulidades, y ampliar un debate de tanta trascendencia institucional, solicito
SE SIRVA CITAR fehacientemente al Sr. Fiscal de Estado de la Provincia de Santa
Fe para que tome intervención.
No para que represente a la Cámara que yo represento en esta
presentación. Sí para que tome la intervención que el Poder Ejecutivo considere
Es criterio del suscripto que el Fiscal de Estado
Provincial, en este caso, debe limitarse a suscribir el criterio jurídico que
la Cámara sostiene, para cumplir cabalmente su obligación de defensa en juicio
de todos los órganos del Estado.
Una actitud diferente del Sr. Fiscal de Estado podría
conducir a la esquizofrenia del conflicto de poder.
Reclamo así la citación, denunciando domicilio del Sr.
Fiscal de Estado en calle 3 de febrero 2649, 2º piso, ciudad de Santa Fe.
IV) LEGITIMACIÓN PASIVA
En decisiones autónomas de cada Cámara, como lo es la
decisión de incorporación de un diputado suplente, es dicho órgano
constitucional totalmente soberano, actuando según el mejor criterio de su
mayoría, discrecionalmente, sin cortapisas posibles provenientes de otros
poderes estatales.
La decisión hace a la propia composición, y por ende admitir
cualquier invasión foránea pondría al ser mismo de la Cámara en manos de otro
En ningún otro momento la Cámara es más soberana que al
decidir sobre su integración. Tan soberana es que ni siquiera actúa como Poder
Legislativo, colegiadamente, sino como órgano unicameral.
Se trata de una facultad asignada directamente por el Poder
Constituyente, y dada sin restricciones de ningún tipo.
El texto del artículo 48 es claro y contundente: “Cada
Cámara es juez exclusivo de la elección de sus miembros y de la validez de sus
títulos”.
Más aún: al final de dicho artículo la Constitución prohíbe
a la Cámara (y con mucha más razón al Poder Judicial) volver de la decisión adoptada.
Por ende, la decisión que la Cámara que presido tomó en el
caso bajo análisis sólo es atribuible a ella, y debe ser defendida por ella,
entendiéndose con la Cámara la discusión que aquí pretende entablarse.
V) PERSONALIDAD DE LA
Es doctrina comúnmente aceptada que la Legislatura no es
Suponían los autores clásicos que cualquier pretensión de un
particular contra ella iba, en definitiva, a repercutir sobre decisiones
provinciales, sobre el presupuesto provincial, sobre el gobierno, y por lo
tanto se suponía que el único legitimado pasivamente por el concepto ‘Estado
Provincial’ era el Poder Ejecutivo.
Sin embargo, con la lenta pero persistente perforación de la
doctrina de las cuestiones políticas no judiciables, han ido apareciendo casos
que nos llevan a reformular la tesis.
En efecto: cuando un juzgado, como en el caso, da curso a
una demanda cuyo objeto hace a funciones propias, intransferibles, de una
Cámara legislativa, debe admitirse su participación litigiosa.
Ello por varias razones que intentaré desarrollar a
LA PERSONALIDAD POR FUNCIÓN
Al tratarse de un tema como la incorporación de miembros,
estamos ante una decisión exclusiva, y discrecional de la Cámara.
Es su decisión la única que causa el efecto buscado por la
Constitución (integrar vacancias) y es la única que puede causar el daño que el
demandante cree estar sufriendo.
Postular al Poder Ejecutivo, o a su órgano Fiscal de Estado
(‘es el asesor legal del Poder Ejecutivo’, dice el artículo 82 de la
Constitución Provincial), como representantes de la Cámara resulta inidóneo
para la profundización del debate judicial sobre la causa.
Por lo tanto, surge claro que la Honorable Cámara de
Diputados de la Provincia de Santa Fe debe ser admitida como parte en la causa.
LA PERSONALIDAD POR AFECTACIÓN
La sentencia que V.S. puede llegar a dictar, si antes no
admite su falta de potestad judicial, afectará de manera exclusiva y directa a
la Cámara que presido.
La sentencia que el actor pretende implica destituir a una
Diputada Provincial en funciones y sentar en su escaño a un ciudadano que no
tiene título suficiente para ello.
Afrontar esa posible decisión a manos del Fiscal de Estado
es absurdo. Ni a él ni al Poder Ejecutivo les afectaría de modo alguno la
sentencia, ni podrían comprometerse a cumplirla, ya que HASTA EL CONTROL DE
INGRESOS AL RECINTO es potestad de la misma Cámara, con lo cual malamente
podría cumplirse una sentencia de ese objeto.
Y para que la Cámara pudiese ser forzada en el marco de una
hipotética e inconstitucional ejecución judicial, debería haber sido parte del
proceso, y condenada en firme.
LA PERSONALIDAD POR
CONFLICTO DE PODER. LA ACTUAL SITUACIÓN HISTÓRICA DE LA COMPOSICIÓN DE LA CÁMARA
Que si se pretendiese dar intervención al Ejecutivo o al Sr.
Fiscal de Estado (ubicado orgánicamente dentro de la estructura del Poder en la
órbita ejecutiva) estaríamos en una situación de grave crisis institucional, ya
que podríamos afrontar un serio conflicto entre el Departamento Ejecutivo
Provincial y una de las Cámaras Legislativas.
Súmese a ello que, en el cuatrienio actual, se ha dado por
primera vez en la historia santafesina la situación inusual de que la mayoría
de la Cámara de Diputados no responde al partido del Gobernador.
Aquel temor que los convencionales reformadores de 1962
intentaron conjurar con el artículo 32 de la Constitución, se hizo realidad.
Pero, tal como sostuvimos en diciembre de 2011, es posible
la convivencia democrática entre mayorías partidarias diferentes, siempre y
cuando haya diálogo democrático, y se respeten las competencias e incumbencias
de cada poder.
Pero si se aceptase que, ante una demanda, el Gobernador
debe representar a la Cámara de Diputados, caeríamos en una gravísima
desviación de las competencias funcionales.
En todo litigio una mala gestión procesal puede conducir a
En todo litigio existe la posibilidad de allanarse a la
En todo litigio debe haber identidad entre quienes debaten y
quienes son condenados.
PREJUZGAMIENTO DEL FISCAL DE ESTADO
Hace unos meses, la Srta. Mariana Robustelli inició un
amparo contra la Provincia de Santa Fe pretendiendo que se considerase su
admisión (expte. Nº 183/2013).
En dicho expediente, dirigido contra ‘Provincia de Santa
Fe’, el Juzgado interviniente legitimó como demandado al Sr. Fiscal de Estado,
Dr. Pablo Saccone.
El Fiscal de Estado, conforme a la construcción
constitucional santafesina, es un órgano subjetivo único (art. 82). Su opinión
cristaliza un status quo del cual no puede salir por lo menos mientras dure la
composición subjetiva del órgano.
Y el actual Fiscal de Estado, al contestar en la causa
183/2013, expresó innecesariamente una extensa consideración contraria a las
facultades amplias de las que la Cámara de Diputados hizo uso al momento de
incorporar a Robustelli.
En vez de limitarse a decir que defendería la decisión de la
Cámara por los motivos por ella expuestos en aquel momento, el Dr. Saccone se
extendió en argumentaciones sobre lo que la Cámara a su criterio podía y no
podía hacer (se adjunta en copia y se oficiará para su producción
“se basa en un desacierto
evidente de exégesis de la legislación aplicable”, “plantea una postulación
desacertada para ser ella elegida”, “la Cámara de Diputados no hizo más que
aplicar el mandato claro del artículo 19 de la ley 12367”
Y no era esa la inteligencia que prevalecía en la Cámara que
él decía defender. Ocurría simplemente que, hasta ese momento, no se había
perforado el piso de un tercio femenino.
Así, y contrariamente a lo sostenido por el Sr. Fiscal de
Estado, pocas semanas después la Cámara mayoritariamente entendió que el cupo
femenino debía ser respetado en la conformación del cuerpo, y que se trataba de
decisiones propias independientes de la ley electoral.
Traer hoy aquí a representar a la Cámara de Diputados a un
Fiscal de Estado que ya ha opinado en nuestra contra resultaría burdo,
injustificado y contradictorio.
Y tenemos un temor concreto y fundado de que la respuesta
del Fiscal de Estado sea contraria a la firme decisión de la Cámara que
represento, lo cual nos obligaría a resolver el conflicto mediante la promoción
de su juicio político.
ART. 93, INC. 6 - LA
CORTE ES SUPREMA
En este caso, si se permitiese al Poder Ejecutivo Provincial
entenderse con quien reclama su incorporación estaríamos ante un claro supuesto
de conflicto de Poder que debería ser zanjado por la Corte Provincial.
Si se impidiese a la Cámara de Diputados tomar intervención
judicial a través de sus autoridades, y se delegase la tarea al Fiscal de
Estado dependiente del Gobernador, se provocaría una crisis institucional de
Téngase presente que, por razones partidarias, el Ejecutivo
podría tener sus preferencias respecto a uno u otro diputado, en cuyo caso
nadie podría garantizarle a la Cámara la JUSTA DEFENSA EN JUICIO con lo cual
serían estériles las cláusulas constitucionales que la hacen soberana en
materia de incorporaciones.
LA PERSONALIDAD Y LA
DEMANDABILIDAD
En DI LEO (Reg.: A y S T 32 p 348, 13/12/74) la CSJPSF
directamente rechazó que pueda demandarse a la Legislatura provincial diciendo
“CONSIDERANDO: Que el
Poder Legislativo no tiene legitimación procesal para actuar en juicio. Por
ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Declarar
inadmisible el recurso interpuesto.”
Por una parte, lo que impide a la Legislatura estar en
juicio, como enseñan Sagüés y Serra siguiendo a Ulla, es que se le ha dado un
marco de inmunidad frente al Poder Judicial para que no se revisen decisiones
que le son propias.
Pero cuando las demandas son admitidas, cuando se corre
traslado, se le debe reconocer cierta personería para comparecer.
“171. ¿Tienen
"personalidad" los órganos? ¿Son sujetos de derecho? Los órganos que,
como tales, integran una persona jurídica, no pueden considerarse como sujetos
de derecho, con personalidad jurídica distinta de la persona a que pertenecen.
La personalidad, en tal caso, le corresponde a la persona jurídica. Así, los
órganos legislativo, judicial y ejecutivo, integrantes de la persona jurídica
"Estado", carecen de personalidad, la cual le corresponde al Estado.
De manera que los meros "órganos" de una entidad o persona jurídica
no tienen personalidad: no son sujetos de derecho.
constituye el "principio", el cual, sin embargo, puede verse
modificado por un texto expreso de derecho. Siempre ha de tenerse presente el
ordenamiento jurídico vigente, aplicable al caso que se considere.”
(Marienhoff, Miguel; Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 1)
En Giordano Monti (Reg.: A y S t 125 p 185-194 27/03/96), al
tratar sobre la Medida Cautelar, la CSJP sostuvo su añeja jurisprudencia de
falta de personalidad del órgano legislativo (Bastino, Decoud, Di Leo)
Debemos atender al caso y al derecho vigente.
Estamos aquí en una situación particularísima donde la
Legislatura debe defender no un acto administrativo cualquiera sino una
decisión que hace a su esencia: la decisión sobre su conformación, sobre su
integración, sobre quiénes pueden ser sus miembros, sobre ‘las elecciones y
títulos de sus miembros’.
Quizás, el único aspecto en que la Constitución ha hecho de
la Legislatura un soberano.
Y además estamos en una situación excepcional: acreditamos
fehacientemente que el Fiscal de Estado, órgano constitucional subjetivo, ya se
ha pronunciado y en contra del criterio de la Legislatura, con lo cual mal
podríamos confiarle nuestra defensa.
Pensemos cuánto evolucionó el derecho constitucional en los
últimos años. En la edición 1995 de su “Acción de Amparo” Sagüés sigue
explicando que la doctrina mayoritaria rechaza el amparo contra las leyes
inconstitucionales y sólo lo acepta contra actos administrativos…
En ‘Decoud’ (Reg.: A y S t 117; p 217-276; 07/06/95) la
Corte Provincial señaló que la negación de personalidad a los ‘órganos’ (entre
los que incluye a las Cámaras) se debe a “la inexistencia de un interés
distinto del órgano a cuya satisfacción se destine su actividad”.
Y –justamente en este caso- se advierte que la Cámara de
Diputados tiene intereses propios DIFERENCIADOS de la Provincia representada
“El problema de la
legitimación procesal. Procuraremos ahora advertir otras facetas del encuentro
que motivan la acción con sus implicados en el derecho constitucional y en el
derecho procesal. Ellas se nutren en algunos planteos filosóficos, o bien,
surgen de principios particulares de la teoría general del derecho que insisten
en presentar al derecho procesal como un derecho de praxis, exclusivamente
instrumentador de los derechos materiales y, particularmente, de los
denominados “derechos subjetivos”, o de aquella categoría que se refiere a las
“situaciones jurídicas subjetivas”.
La tesis que propiciamos
consiste en sostener, básicamente, las siguientes posiciones:
a) que el derecho procesal no es únicamente un derecho
absolutamente instrumental, sino, esencialmente, una garantía de los derechos
fundamentales del hombre, de modo tal que si aparece en alguna de sus
instituciones estructurales (jurisdicción, acción y proceso) algún
desconocimiento, alteración o transformación crítica hacia los derecho humanos,
le corresponde a la ciencia procesal encausar el desvío, olvidando las reglas
de las seguridades formales establecidas, para ir en busca de la justicia
especifica que debe concretar;
b) que, en materia de legitimación procesal, y en especial, en el
juicio de amparo, debe postergarse la protección de las individualidades,
cuando ella significa anular la tutela en los intereses sociales, colectivos o
difusos. El soslayo se basa no tanto en la insuficiencia manifiesta que muestra
la captación de los derechos subjetivos, sino porque, además de la tutela y
defensa de los interés particulares, la socialización y la masificación de las
preocupaciones funda un orden diferente que urge ser tenido en cuenta.
dimensión y novedad que presentan los fenómenos sociales, encierra
concertaciones entre grupos, organizaciones, Estados, y no existe aún mecanismo
alternativo que preserve esos intereses.
En verdad, como lo dijo
Capelletti, “los derechos y los deberes no se presentan más, como en los
códigos tradicionales de inspiración individualista- liberal, como derechos y
deberes individuales, sino metaindividuales y colectivos”. (El
derecho de Amparo, Osvaldo Alfredo Gozaíni, Págs. 99 y 100)
Y hacia allá vamos. Para desentrañar la verdad del caso sólo
puede llevarse el pleito con la Cámara de Diputados como parte.
VI) QUÉ HICIMOS. POR QUÉ
En este caso la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa
Fe debía resolver quién se incorporaba al escaño que quedó vacante por la
muerte de la Diputada (PJ) Silvia De Césaris.
En el orden de suplencias del Partido Justicialista estaba
primero el Sr. Julio Roberto López, segundo el Sr. Guido Gabriel Prieto, y
tercera la Srta. Mariana Robustelli.
Pero he aquí que, con la defunción de la diputada De
Césaris, quedaban 49 diputados, de los cuales 15 eran mujeres y 34 eran
Es decir: la Cámara que presido perdía el mínimo de mujeres
entre sus integrantes (un tercio).
Dicho mandato, como abajo veremos, emerge de la Constitución
Nacional tras la reforma de 1994, y es directamente imperativo para todos los
poderes del Estado en todos sus niveles.
Si permitíamos la asunción del Sr. López o del Sr. Prieto
reduciríamos gravemente la representación de género incumpliendo la norma
fundamental, y dándole un pésimo mensaje a la sociedad y a todos los sectores
del Estado y la representación política.
Por eso la Cámara, tras un profundo y sosegado análisis, y
tras los dictámenes y procedimientos de rigor, rechazó la petición de López
para ingresar y admitió en su seno a la primera mujer en el orden de
No incorporamos a alguien que no fue electo, no eliminamos
al Sr. López ni al Sr. Prieto de la lista de espera.
Lo que hicimos fue resolver que -para asegurar el cupo
femenino en la integración del cuerpo- deben diferenciarse mujeres de varones
en la lista de suplencias.
Por lo tanto, fallecida una diputada mujer, incorporamos a
otra diputada mujer, y mantuvimos, y aseguramos, un piso invulnerable de un
tercio de mujeres en las bancas.
Porque cuando el piso del tercio está en riesgo, la vacante
de diputada mujer genera automática y obligatoriamente el ingreso de la primera
No se violó la voluntad popular. La población vota
presumiendo que se respetarán los consensos ciudadanos plasmados en la
Constitución, entre ellos EL CUPO FEMENINO mínimo de un tercio.
La Cámara por eso escabinó una mujer para asegurar el cabal
cumplimiento de la voluntad popular.
Si en las suplencias anteriores no se actuó de ese modo fue
porque siempre antes estuvo asegurado un mínimo femenino de un tercio (16
diputadas) entre las bancas.
Hicimos una opción constitucional, en ejercicio de nuestra
tarea de control de constitucionalidad.
Hicimos una opción legal, permitida por la Constitución
Provincial, tendiente a asegurar derechos.
Hicimos una opción progresiva, pro hominem, eligiendo la
solución que mejor asegura los derechos constitucionales.
HICIMOS UNA OPCIÓN, lo que no es revisable por ninguna otra
VII) CUESTIÓN POLÍTICA NO
JUDICIABLE. DEFECTO ABSOLUTO DE LA POTESTAD DE JUZGAR. FALTA DE JURISDICCIÓN
Entendemos que V.S. debe declarar su falta de jurisdicción
por tratarse en autos de una cuestión política no judiciable.
Resume Cassagne: “La
concepción restrictiva del control judicial sobre las cuestiones políticas pone
el acento en la necesidad de impedir el llamado “gobierno de los jueces” a
efectos de resguardar el principio de equilibrio en que se nutre la doctrina de
la separación de poderes y de evitar, por lo tanto, que un poder quede a merced
de otro, como consecuencia de trasladar el poder político a los tribunales
judiciales, con todas las implicancias que tendría la injerencia política de
los jueces (BIDEGAIN).
En esa línea, pero en una
postura menos rígida y más realista, se ubica BADENI al sostener que “en
definitiva, las cuestiones políticas no abarcan todas las facultades
constitucionales conferidas a un órgano político sino solamente aquellas que
revisten carácter discrecional en orden a su contenido, oportunidad y conveniencia
y que no son susceptibles de ser examinadas por los jueces sin alterar el
equilibrio e independencia de los poderes consagrados en la Ley Fundamental”.
Alberto Bianchi, principal analista doctrinario argentino de
esta teoría, explica al tratar de las cuestiones políticas no judiciables que
tienen las Cámaras del Congreso:
“Para ello poseen una
facultad discrecional, ajena al conocimiento de la Corte. Si ha habido
arbitrariedad en esta decisión, no es la Corte el órgano competente para
investigarla. Será el electorado el que juzgará, a su vez, a esos senadores, en
el próximo comicio. En este sentido, la eventual arbitrariedad del Senado es
mas remediable aún que la arbitrariedad de la propia Corte, que,
orgullosamente, sostiene que no es susceptible de remedio su propia
Se da un supuesto en el
que, típicamente, debe intervenir la Corte y repara el error inexcusable en el
que haya incurrido la sentencia. En este caso, su fallo no podrá tener otro
efecto que devolver las actuaciones para que se produzca nuevo pronunciamiento,
conforme a las pautas allí indicadas.”
“Conflictos internos de
las cámaras legislativas: Se encuentra muy vinculado con el punto anterior el
de los eventuales conflictos internos de las Cámaras del Congreso y su posible
judiciabilidad. En efecto, la admisión o no de los nuevos legisladores por sus
pares, las sanciones que el cuerpo pueda aplicar a alguno de ellos, etc., son
todos asuntos que ofrecen dudas acerca de su revisibilidad por los tribunales.
Corte Suprema ha interpretado esta cuestión en “Powell v. McCormack”, con
sentido parcialmente favorable a la judiciabilidad. Se debatía si era revisable
por los tribunales la decisión de la Cámara de Representantes, que había
impedido acceder a su banca a un legislador debido a su conducta irregular. La
Corte, según el voto de su Chief Justice Warren, entendió que solo estaba
impedida de revisar aquellas decisiones en las que se juzgaban los requisitos
exigidos para los legisladores en el Art. I, secc. 2, de la Constitución, es
decir la edad, ciudadanía y residencia, pero que el Art. I, secc. 5, en tanto
prevé que cada Cámara es juez de las elecciones, escrutinios y calificaciones
de sus miembros, no es obstáculo para revisar judicialmente aquellas decisiones
en las que se hicieran mérito de otras circunstancias. En un sentido muy
parecido fue decidido “Roudebush v. Hartke”, caso en el cual un candidato a
senador, que había perdido la elección, pidió un recuento de votos. Ello fue
impugnado judicialmente por el vencedor y la Corte entendió que tenía
atribuciones para ordenar el recuento, aun cuando sostuvo también que solo la
Cámara respectiva podía decir cual de los dos candidatos era el elegido.
argentina ha establecido en forma uniforme que tales atribuciones son
privativas de las Cámaras del Congreso, cuyo ejercicio final y definitivo no
debe ser revisado judicialmente. Así lo ha dicho, por ejemplo, en “Junta
Electoral Nacional- Entre Ríos” y en “Unión Cívica Radical c/ Campos”. En fecha
más reciente ha confirmado esta tendencia en un pronunciamiento ocurrido con
motivo con motivo de la incorporación de dos senadores del Chaco. El caso tuvo
lugar en “Chaco c/ Senado de la Nación”, acción declarativa promovida por el
gobernador de esa provincia, con el objeto de que se declarara la nulidad de
una resolución del Senado, que al hacer lugar a una impugnación del Partido
Justicialista desestimó los pliegos de dos senadores y dispuso la incorporación
de otros dos. Al rechazar la acción, la Corte, en fallo dividido de 5 votos a 4
y muy criticado, sostuvo que “…las objeciones que sobre ese accionar del Senado
de la Nación pudieran formularse, remiten al modo en que ha ejercitado sus
facultades constitucionales privativas, ámbito pacíficamente excluido del
control jurisdiccional. Se trata, en definitiva, de un espacio propio y
exclusivo de ese órgano que compone uno de los poderes políticos del Estado, en
el que goza de amplia discrecionalidad funcional”. Igual criterio fue aplicado
en “Tomasella Cima c/ Congreso de la Nación” y en “Simón Hernández”.
Se observa en este punto
una disparidad de criterio con lo resuelto en los casos de juicio político y
del proceso de sanción de una ley. Mientras en los últimos la Corte ha
realizado un esfuerzo para ampliar el campo de la revisión judicial, en este
terreno, por lo contrario, no lo ha hecho, lo que no parece coherente, pues el
mismo ámbito abierto a la judiciabilidad en aquellos también existe aquí. Como
en los casos anteriores, hay aquí un ámbito de reserva del Congreso que debe
estar excluido de la revisión judicial, pero no es menos cierto que también
existen cuestiones revisables por los jueces. Si bien cada Cámara es el juez de
las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez (art.
64), ese juicio no constituye un acto discrecional ni está fundado en la
exclusiva voluntad de las Cámaras. En otras palabras, no depende de una
apreciación política, sino reglada. En tal carácter, es justiciable si la
cuestión es planteada por parte legitimada. Me parece, en consecuencia, que si
con ocasión de formular dicho juicio cualquiera de las Cámara incurriere en una
evidente violación a las normas vigentes, tal que resulte incorporado quien no
ha sido debidamente elegido, o por el contrario, se vede el acceso a la Cámara
a un legislador, existen cuestiones no revisables y otras que si lo son. No es
revisable el criterio empleado por una cámara legislativa para calificar la
“inhabilidad moral” de uno de sus miembros, pero sí lo es el cómputo de la
mayoría de dos tercios necesarios para decidir la remoción (art.66).” (Control
de Constitucionalidad, Alberto B. Bianchi, Págs. 191 y 204 a 207)
Más recientemente, con los fallos ‘Bussi’ y ‘Patti’ (tan
meneados en esta causa), la Corte tuvo oportunidad de tratar la problemática de
la inhabilidad moral QUE NADA TIENE QUE VER CON EL SUPUESTO QUE NOS OCUPA.
Al respecto, en “Teoría
y crítica del Derecho Constitucional”, obra dirigida por Roberto
Gargarella, nos enseña el Dr. Juan Ignacio Sáenz:
“La cuestión planteada en
los casos “Bussi” y “Patti” se detienen en realidad en la precisión del debido
alcance que cabe asignarle en la actualidad al art. 64 de la Constitución en
cuanto estipula que “Cada Cámara es juez en las elecciones, derechos y títulos
de sus miembros en cuanto a su validez”.
originalista, teniendo en cuenta el sentido histórico con que el párrafo
reproducido fue inserto en la Constitución, las Cámaras carecerían de una
atribución como la ejercida en dichos casos, pues aquello que perseguía la
Constitución al establecer tal disposición era imponer una instancia de
revisión final en el Congreso de la Nación de las elecciones de diputados y
senadores, desarrolladas en el ámbito local de las provincias, lejano al
asiento del gobierno federal, y respecto del cual los impulsores del régimen
federal mantenían gran desconfianza y temor por la amenaza que los intereses
locales seguían representando para el éxito de la Constitución y la efectiva
organización y supremacía de las autoridades nacionales.”
“Por lo tanto, la
condición de “juez” de las “elecciones, derechos y títulos que para cada Cámara
del Congreso instituye el art. 64 de la Constitución deriva de similar
disposición contenida en la Constitución de los Estados Unidos y fue inspirada
en idénticos propósitos. La equivocidad del término returns en aquélla, que
significa “veredicto”, “escrutinio”, “desempeño”, “resultado” o “rendimiento”,
llevó al constituyente argentino a reemplazarlo por la palabra “derechos”, de
evidente mayor latitud, y comprensiva de cualquier situación que diera lugar a
dudas sobre la autenticidad de las elecciones efectuadas en las provincias. En
tal sentido, las Cámaras podrían juzgar entonces “los derechos” ostentados por
los representantes elegidos en las provincias, cualquiera fuera el
cuestionamiento existente sobre sus elecciones, ya fuera en relación con los
requisitos fijados para ser candidato, o a la normalidad del acto eleccionario.
En el trasfondo del art. 64 se encuentra, pues, como en tantas otras
disposiciones de la Constitución de 1853, un reaseguro del gobierno federal
dirigido a preservar sus legítimas autoridades y a consolidar su régimen
político y económico frente a la todavía latente amenaza que vivía en los
ámbitos locales. En el mismo orden había sido necesaria la aprobación del
Congreso de las Constituciones provinciales, el juicio político sobre los gobernadores
–ambas cosas eliminadas en la reforma de 1860 a instancias de la provincia de Buenos
Aires-, así como la intervención federal a las provincias (art.6º), la
supremacía del orden federal y la competencia de la justicia federal para
aplicarlo (arts. 21 y 116), la uniformidad de la legislación de fondo (art.74,
inc. 12) y la competencia originaria y exclusiva de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación para dirimir todo conflicto en que sea parte cualquier
provincia (art. 117). El art. 64 se enrolaba en la misma idea de consolidación
del régimen federal y estabilidad del gobierno central. Para ello era necesario
establecer una instancia “federal” de control final de las elecciones
realizadas en los Estados locales, y a ese fin- meramente- apuntaba la
disposición constitucional.
En suma, la Constitución
otorga una potestad excepcional para que cada Cámara “juzgue”, respecto de sus
miembros electos: a) las “elecciones”, en cuanto a su regularidad y la
veracidad de sus resultados; b) los “derechos” y “títulos”, pues en relación
con lo anterior, sólo cabe reconocer derecho y título legítimo a quién ha sido
regularmente elegido, de acuerdo con las condiciones objetivas de edad y
residencia establecidas en la Constitución (arts. 48 y 55), y con un título expedido
por autoridad competente. Al utilizar la Cámara de Diputados la atribución
conferida en el art. 64 para “juzgar” subjetivamente la “idoneidad moral” de un
legislador electo regularmente, incurre en una distorsión patente de sus
atribuciones- que de por si deben interpretarse restrictivamente pues las
Cámaras no constituyen órganos sino que integran uno llamado Congreso de la
Nación-, lo cuál contraviene la finalidad de la citada cláusula constitucional,
altera la distribución de competencias que prescribe la Constitución, y, lo que
es quizás mas grave, interviene en el sufragio popular, modificando el
resultado de una elección y sustituyendo la voluntad del electorado, hecho
contrario al elemental principio de soberanía del pueblo expresamente mencionado
en el art. 33 de la Constitución Nacional.”
“En los Estados Unidos,
la Suprema Corte, frente a los excesos a que había dado lugar la aplicación de
la cláusula equivalente a nuestro art.64, sostuvo en el caso “Powel v.
McCormack” (1969) que “nuestro examen de los materiales históricos pertinentes
nos lleva a la conclusión […] de que la Constitución no asigna a la Cámara
ninguna autoridad de excluir a una persona, debidamente elegida por sus
electores, que satisface todos los requerimientos de incorporación prescriptos
explícitamente en el art. I, sección II”. Luego. En “Buckley v. Valeo” (1976),
agregó que “El poder de cada Cámara para juzgar si una persona que aspira a ser
elegida senador o representante ha reunido las condiciones requeridas no puede
convertirse razonablemente en una atribución concedida al Congreso mismo para
imponer calificaciones sustantivas al derecho de desempeñar dicho cargo. Sea
cual fuere el poder que le Congreso pueda tener para legislar dichas
calificaciones debe derivar de la sección IV mas que de la sección V del art.
I”. Esto último sostenido por el tribunal norteamericano es de particular
importancia, pues lo que quiere significar, precisamente como sostuve antes, es
que el Congreso puede regular las calificaciones o la idoneidad necesaria para
ser candidato, legislando sobre ello, mas no decidir espontánea y casuísticamente
sobre la calidad individual de un legislador electo, pues en tal caso se
transvierte la naturaleza de la función conferida por la Constitución al Congreso,
de legislativa a judicial.”
Y en Santa Fe la doctrina es uniforme en admitir la
irrevisibilidad de las decisiones políticas no judiciables de la Legislatura
“Actos del Poder
Legislativo. En principio, ellos están excluidos del amparo: Ulla aclara que
para impugnar las decisiones de tal órgano del Estado existe un régimen de
recursos propios, estimados suficientes para resguardar los derechos de los
afectados. En tal tema, explica, la Constitución guardaría correspondencia con
el recurso contencioso administrativo, que no abarca la revisibilidad de la
actividad de la Legislatura.
Cabe advertir, desde
luego, que numerosos actos del Poder Legislativo son conceptuados como
“cuestiones políticas no justiciables”, y por lo tanto irrevisables judicialmente.
Aunque también debe alertarse que el número de esas political questions ha
disminuido. Por ejemplo, las decisiones vertidas en juicio político, hoy
Si un asunto decidido por
el Poder Legislativo se cataloga como cuestión política no justiciables, no es
discutible por le amparo, ni por otra ruta procesal judicial.” (Derecho
procesal constitucional de la Provincia de Santa Fe. Néstor Pedro Sagüés y
María Mercedes Serra, Pág. 194)
LA INCORPORACIÓN LEGISLATIVA
EN EL DERECHO CONSTITUCIONAL SANTAFESINO
El artículo 48 de la Constitución Provincial es
transparente: “Cada Cámara es juez exclusivo de la elección de sus miembros y de la
No tiene límites. Ni formales ni sustanciales. No tiene
condiciones para el procedimiento de decisión. No tiene condiciones para el
contenido de la decisión.
Posteriormente, el mismo artículo, regula OTRO SUPUESTO: “causas sobrevinientes de inelegibilidad y
de incompatibilidad”.
Y en ese caso sí establece un procedimiento con mayoría agravada.
En ambos supuestos (porque la Constitución deja bien en
claro que son dos situaciones distintas), conforme cierra el artículo, NADA NI
Así lo dispone contundentemente: “sin que, en ambos casos, una vez pronunciada al respecto, pueda volver
Mal puede entonces el Poder Judicial inmiscuirse para hacer
‘volver’ la decisión de la Cámara, siendo que ni ella misma puede retrotraerla
por imperativo constitucional.
Y esa es una de las características típicas de las Cuestiones
Políticas No Judiciables: aquellas que han sido diseñadas constitucionalmente
como agotándose al mismo momento de su decisión.
No hay revisión, no hay vuelta atrás, para precisamente
evitar que cambios transitorios en las mayorías lleven a cambios en las
conformaciones de los cuerpos.
NO JUDICIABLES EN SANTA FE
Ha dicho nuestra Corte Santafesina en el leading case “Giordano Monti” que, en
distintas etapas, surfeó en su jurisprudencia durante los últimos 20 años:
“Dicho privilegio es una
garantía destinada a preservar o tutelar la plena independencia de los
departamentos legislativos protegiendo y defendiendo un bien público -la
institución- para el mejor uso de las competencias que tiene atribuidas como
tales, en consecuencia, tiene un carácter instrumental respecto del ejercicio
ejercicio de esas facultades privativas parece lógico admitir que puede
reconocérsele al órgano una mayor dosis de discrecionalidad en punto al fondo
de sus decisiones. En ese ámbito, es del caso recordar, que existen zonas de
difícil acceso para este tribunal, el que no debe penetrar, en principio, en el
núcleo discrecional interno de la respectiva decisión, vale decir, en lo que
ésta tiene de estrictamente discrecional.” (CSJP
Reg.: A y S t 215 p 50-72, 02/08/2006)
ANTECEDENTE RECIENTE DE
La SALA TERCERA de la Cámara de Apelaciones en lo Civil del
Distrito 1 (Santa Fe) conformada por Echarte, Aletti de Tarchini y Vargas,
resolvió en “Robustelli c/ Provincia”
(Expte. 058/2013) mediante Resolución 16/2013 Tº 12, Fº 71 fecha 30/04/2013 que
la causa debía ser tramitada por el juez de grado.
Y sintetizó en su considerando 3º:
“Que planteada en tales
términos la apelación, analizadas las constancias de la causa, escrito
introductoria de la acción jurisdiccional de amparo y la especial naturaleza
del presente amparo donde se pretende únicamente –como lo expone la amparista-
que la autoridad legislativa se pronuncie sobre los hechos afirmados y que
deberán ser discutidos en su ámbito, pero sin invadir con ello el contenido o
sentido de la decisión perteneciente a su esfera, insistiendo la amparista
–retensión que cabe dentro de los límites expuestos reconocerle- en su derecho
de obtener por un acto expreso que se haga mérito de su reclamación como acción
constitucional específica, para revertir, en su caso, la mora en la respuesta
de la requerida: Cámara de Diputados de la Provincia dentro de las facultades
que le otorga el artículo 48 de la Constitución Provincial.”
Es decir: para la Alzada Civil el amparo se justifica si
no invade la esfera discrecional de la Cámara de Diputados.
Se justifica el amparo para obtener un pronunciamiento –que
no había sido expreso- respecto a la petición de asunción de Robustelli. La
alzada civil lo deja tramitar pero como si fuese un amparo por mora.
Nada parecido al caso actualmente juzgado, donde la Cámara
de Diputados trató el pedido de López y lo rechazó expresamente, considerando
todos los argumentos de ambos dirigentes, y votando conforme a la normativa
Esto deja totalmente en claro que estamos ante una Cuestión
Política No Judiciable también de acuerdo a la jurisprudencia de vuestra
VIII) EL JUICIO DE
INCORPORACIÓN EN EL CASO CONCRETO
El principio: “CUANDO EL PISO DEL TERCIO ESTÁ EN RIESGO, LA VACANTE DE DIPUTADA MUJER
GENERA EL INGRESO DE LA PRIMERA MUJER EN EL ORDEN DE SUPLENCIA”
Eso fue en síntesis lo que resolvió el Honorable Cuerpo.
Haciendo una interpretación de la normativa constitucional
vigente, ejerciendo el control de constitucionalidad de sus propios actos, en
un acto de aplicación normativa y de derivación de normas superiores la
Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe fijó una regla que
Cuando el piso mínimo de un tercio de escaños femeninos se
vea amenazado, cada vacante de mujer debe ser cubierta por la primera mujer en
el orden de suplencias. Pero mientras ese mínimo esté cubierto la lista se
seguirá sin alteraciones.
Así lo dispusimos haciendo una decisión de control de
constitucionalidad y de aplicación de normas superiores.
NO ES UN CASO DE
INELEGIBILIDAD O INCOMPATIBILIDAD
Resulta importante resaltar que en el caso que tenemos aquí
en discusión no se trató de una causa de inelegibilidad o incompatibilidad.
En nuestro caso, la Cámara de Diputados se limitó a
adelantar el ingreso de una diputada frente a un postulante varón al cual se
sigue considerando elegible y compatible.
Tanto es así que el ciudadano Julio Roberto López mantiene
su posición de suplente presto a ingresar a la Cámara cuando surja otra
vacante, siempre y cuando el cupo femenino de integración del cuerpo no esté en
No había una causa sobreviniente de inelegibilidad o de
incompatibilidad. EL GÉNERO (ser hombre / ser mujer) en el caso de López y de
Robustelli eran anteriores a la elección, y como tales los votó el pueblo de la
Lo que hizo la Cámara fue precisamente cubrir una vacante de
mujer con otra mujer para asegurar el mantenimiento del piso mínimo del tercio
de escaños femeninos.
No eliminó a López. Porque no le correspondía a López cubrir
esa vacante concreta.
Pero de ningún modo puede intentarse alegar que estábamos
frente a un hecho ‘sobreviniente’.
López ya era varón y Robustelli ya era mujer.
López sigue primero en la lista de reemplazos para la
próxima vacante siempre y cuando no corra riesgo el piso mínimo de escaños
Pero no fue una causal sobreviniente
de incompatibilidad ni de inelegibilidad lo que conjuramos.
Sólo se hizo estricta aplicación del cupo por corrimiento.
La Cámara resolvió la cobertura de la vacancia por 19 votos
contra 5 y 8 abstenciones, sobre 32 diputados presentes.
Es decir, hubo una mayoría superior a la absoluta.
No hacía falta otra mayoría ya que no estábamos en un caso
de inelegibilidad ni de incompatibilidad basado en causal sobreviniente como
claramente hemos expuesto y seguiremos fundamentando.
La Constitución Santafesina en el artículo 48 regula dos
supuestos. Sólo en el de inelegibilidad o incompatibilidad sobrevinientes
establece una mayoría agravada.
La Constitución es clara en que hay ‘dos casos’.
Pero en este caso no se trató de una causal sobreviniente,
sino una mera aplicación del cupo femenino.
Y por ende se debía resolver con simple mayoría de votos. Y
Cuando el demandante erróneamente nos acusa de no cumplir
con la ley 12367, o cree que debíamos ajustar nuestro criterio de
incorporaciones a una ley provincial, demuestra su escasa comprensión de la diferencia
entre el ejercicio constitutivo de los órganos y su actuación una vez
Durante los instantes en que el cuerpo se tiene que armar,
que integrar, mientras rompe el cascarón y nace como cuerpo colegiado, no está
sometido a leyes.
Está solamente sometido a las normas constitucionales, que
Si admitiésemos que por una ley se puede afectar la
conformación del cuerpo estaríamos admitiendo por vía de hipótesis que una
Cámara podría afectar la conformación de la otra. Ello porque, en la dinámica
de sanción de leyes santafesina, la Cámara de Origen puede insistir en su
proyecto con dos tercios y así eliminar las correcciones efectuadas por la otra
Cámara. En esa dinámica, válida para las normas generales, se podría afectar la
prerrogativa absoluta y discrecional de cada Cámara para decidir sobre su
Por ello es que la Constitución es escueta y sencilla: cada
Cámara es único juez al momento de incorporar miembros.
DICTÁMENES DE MAYORÍA Y
La Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación
General sesionó durante el cuarto intermedio de la sesión cuyo orden del día
incluía la cobertura de la vacante producida por fallecimiento de la Dra. De
Césaris.
Emitió un dictamen de mayoría con 5 (cinco) firmas, y uno de
minoría (Mascheroni).
Es decir: se analizó el caso, los pedidos ingresados, y se
resolvió al respecto, elevando todo lo actuado hacia el Cuerpo a través de
Que la actora sostiene que al aprobar la HCD el dictamen de
mayoría, “desestimó implícitamente el dictamen de minoría” que aconsejaba la
incorporación de López al Cuerpo.
Que dicho argumento es falso y surge expresamente del
Dictamen de Mayoría de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación
“La Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación General ha considerado las notas presentadas:
NOTA N° 5581/13 - remitida por el Sr. Julio Roberto López, solicitando
incorporación a la Cámara de Diputados y la NOTA N° 5583/13, remitida por la
Sra. Mariana Robustelli, solicitando incorporación a la Cámara de Diputados, por
el deceso de la Diputada Silvia De Césaris en fecha 11 de Julio de 2013. Ambos
adjuntan certificación del Tribunal Electoral que acredita el orden de
suplencia respectivo en la Lista Santa Fe para Todos, en los comicios del 24 de
Julio de 2011.”
Expresamente la HCD ha dado ingreso a las pretensiones de
López y Robustelli. El Dictamen de Mayoría emanado por la Comisión de Asuntos
Constitucionales con justo criterio establece la existencia de dos solicitudes,
la de Julio López -mediante NOTA N° 5581/13- y la de Mariana Robustelli
-mediante NOTA N° 5583-.
Dichas pretensiones han sido analizadas en el Dictamen de
mayoría luego votado en el recinto. Asimismo no ha existido omisión en el
tratamiento de López. El Dictamen cristaliza la existencia de los dos pedidos
de asunción y seguidamente detalla en más de veinte (20) páginas los argumentos
jurídicos que erigen a Mariana Robustelli como Diputada Provincial.
El Dictamen de Mayoría que luego es refrendado en sesión y
consecuentemente genera la asunción de la Diputada Robustelli -actualmente en
ejercicio de su mandato-, tutela y licúa las solicitudes de ambos interesados.
CONSIDERACIÓN Y RECHAZO
DEL PEDIDO DE LÓPEZ. ELECCIÓN Y SOMETIMIENTO A LA VÍA INTERNA. AGOTAMIENTO DE
El pedido de López, tal como él mismo reconoce en su
demanda, ingresó a la Cámara y fue analizado en Comisión de Constitucionales.
Pero el dictamen mayoritario de la Comisión, que el Cuerpo
hace suyo, aconseja rechazar el pedido de López e incorporar a Robustelli.
Así queda en claro que el Sr. Julio Roberto López inició un
pedido administrativo, interno, dirigido al cuerpo. Optó por esta vía. Y su
pedido fue considerado y rechazado fundadamente.
De este modo se agotó su reclamo habiendo obtenido una respuesta
concreta y clara a su petición.
No puede ahora intentar que el Poder Judicial REVISE el
acierto de la opción que hizo en un tema discrecional la Cámara de Diputados de
la Provincia de Santa Fe ya que no hay REVISIÓN posible de estos decisorios
Y, como esclarece el adagio latino, “electa una via, non datur recursus ad alteram”.
López aceptó que era una cuestión propia de la Cámara, instó
ante ella un trámite interno, fue considerado y rechazado fundadamente. No
puede ahora, por mero interés personal, buscar la vulneración de la
independencia de la Cámara a la que pretende integrar.
PRIMERO VOTACIÓN. LUEGO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL VOTO
Maliciosamente el amparista intenta hacer creer que hubo
alguna irregularidad diciendo que primero se votó y luego se debatió.
No fue así. Primero se votó y luego se expusieron los
motivos de algunos votos.
Ello fue resuelto por la mayoría de los presentes en el
plenario de la Cámara en ese momento.
Y ello es una práctica habitual ya que en muchos casos,
cuando la mayoría no cree necesario el debate previo, por tener cada uno su
posición ya tomada, se opta por votar y luego -quienes lo desean- pueden
exponer al pleno los motivos que lo llevaron a votar de tal o cual modo.
Es un mecanismo perfectamente válido y admitido por el
Reglamento Interno de la HCD.
IX) EL CUPO FEMENINO EN
LA CONFORMACIÓN DE LOS CUERPOS COLEGIADOS
“La igualdad electoral.
El nuevo efecto significativo en materia de derechos políticos que contiene el
artículo 37 en su segunda parte, es una recurrencia sobre la igualdad o la no
discriminación de los sexos en materia política. En otras palabras, toda
persona tiene derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones
Este derivado del
artículo 16 sobre el principio de igualdad, está ahora explicitado puntualmente
en materia política. La Constitución aspira a llegar a una igualdad “real”, es
por eso que declara y garantiza la igualdad real de oportunidades entre varones
y mujeres para acceder a cargos electivos y partidarios, y esta garantía tendrá
que hacerse efectiva a través de acciones positivas en la regulación de los
partidos políticos y del régimen electoral.
La Constitución reafirma
de esta manera lo dispuesto por la ley 24.012, que exige un mínimo de 30% de
mujeres en las listas para elecciones nacionales y ubicadas en lugares con
posibilidad real de resultar electas.
“El concepto de acción o
discriminación positiva, como estrategia para corregir y superar la
discriminación histórica de las mujeres, reconoce tres aspectos: por un lado, y
aunque parezca obvio no lo es tanto, el reconocimiento de la existencia de esta
discriminación; en segundo lugar, la voluntad de superarla, y por último la
promoción efectiva de la igualdad. Es evidente que la legislación que meramente
prohíbe la discriminación no ha sido suficiente para asegurar a las mujeres una
presencia y participación efectiva en el ámbito político y económico. La acción
positiva va mas allá, desarrollando medidas concretas que proporcionan a las
mujeres posibilidades concretas de participación.
Se trata de medidas que
superen los obstáculos que impiden llegar a la igualdad entre hombres y
mujeres, reconocida por las leyes y las constituciones de la mayoría de los
países. La cuota mínima de participación de mujeres es uno de los mecanismos,
que en el marco de las acciones positiva, ha demostrado ser efectivo para
asegurar la presencia de las mujeres en lo órganos de decisión de los partidos
políticos y en las listas para cargos electivos.” (La
Constitución Reformada. Roberto Dromi y Eduardo Menem, Págs. 116 y 117).
Comentando el artículo 37 de la Constitución Nacional dice
Silvina Álvarez en “La Constitución en 2020” (obra dirigida por Roberto Gargarella:
“De esta manera la
Constitución opta por garantizar las medidas de acción positiva allí donde las
instituciones del Estado prevén cargos electivos, lo que en la práctica se
traduce en leyes de cuotas o cupos en los cuerpos de deliberación,
principalmente el Parlamento. La alternativa a este tipo de cláusula constitucional
–adoptada también, con una redacción algo similar a la argentina, por
constituciones como la francesa- es ampliar la garantía de igualdad de
oportunidades o, dicho de otra manera, no restringirla al ámbito de los cargos
electivos. Algo así hace la Constitución alemana al establecer en su art. 3 que
“el Estado promoverá la realización efectiva de la igualdad de derechos de las
mujeres y los hombres e impulsará la eliminación de las desventajas
existentes.” Esta última fórmula, que tiene la ventaja de comprometer
constitucionalmente al Estado en la promoción de la igualdad entre hombres y
mujeres en general, es decir en todos los ámbitos en los que pueda existir
desigualdad, tiene la desventaja que al ser menos precisa en cuanto a su ámbito
de aplicación puede resultar también menos efectiva al momento de arbitrar
medidas concretas como son las leyes de cuotas en el Parlamento.”
La HCD es un órgano constitucional que conforma el Poder
El proceso de sanción de leyes es su principal atribución, y
funciona como usina generadora de políticas públicas y por ende de garantía de
cumplimiento del ordenamiento jurídico. Que es taxativo el respeto a la
garantía del cupo femenino, y devendría en ilegítimo e ilegal que la Cámara
Baja administre dicha regla en oposición a los pactos internacionales y al
Que asimismo, y de acuerdo al Dictamen de mayoría que fue
aprobado en la octava sesión ordinaria de fecha 15/08/2013 se dio cumplimiento
al ordenamiento jurídico y se aplicó un justo criterio con fundamento en el
Derecho Internacional y en el Derecho Interno.
Que la actora a través de una interpretación al menos
tendenciosa, alega la incorrecta aplicación del “cupo femenino” como causal de
ineligibilidad que ha llevado adelante la HCD. También expresa la existencia de
arbitrariedad e ilegalidad manifiesta en la justa decisión llevada adelante por
el cuerpo soberano e implora la literalidad del texto constitucional.
El cupo femenino ha sido contemplado expresamente por
nuestra Constitución Nacional en la reforma del año 1994. Reza el art. 37 párr.
2do: “…La igualdad de oportunidades entre
varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se
garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y
régimen electoral.”
En torno a dicho tópico, en el ámbito de la 32ª Reunión de
la Convención Constituyente, (3ª Sesión Ordinaria del 17 de agosto de 1994), el
Convencional, Dr. Iván Cullen estableció que las acciones positivas consisten
en “…desigualar para igualar; colocar a
todos —o tratar de hacerlo— en el mismo punto de partida, porque es la única
forma de obtener la igualdad sustancial…”
Conforme la ley provincial 10.802, la Provincia de Santa Fe
posee un sistema que garantiza un piso base del 1/3 de mujeres en los ámbitos
Provinciales, Municipales, Comunales y de Convencionales Constituyentes.
Dicha sistémica se nutre además de lo establecido por el
Decreto 358/1993 que su art. 3º, 3er párrafo que manda incluir regularmente una
mujer por cada dos varones, hasta cubrir la tercera parte como mínimo dentro
del número total de cargos.
El art. 37 de la Constitución Nacional establece los nuevos
derechos y garantías. Dichas máximas son operativas y es obligación de la
Honorable Cámara de Diputados como Poder Público el cumplimento de dicho
mandato, puntualmente las acciones positivas.
Asimismo, el art. 8 de nuestra Constitución Provincial
establece en su segundo párrafo “…Incumbe
al Estado remover los obstáculos de orden económico y social que, limitando de
hecho la igualdad y la libertad de los individuos, impidan el libre desarrollo
de la persona humana y la efectiva participación de todos en la vida política,
económica y social de la comunidad.”
La confección de la lista remitida por la autoridad
electoral asegura el ingreso preeminente de hombres por sobre el de mujeres (en
proporción de cuatro varones por sobre una mujer). Los suplentes del 02 al 05
inclusive son hombres, por lo que de continuarse sucediendo vacancias
femeninas, el sistema de corrimiento que alega la actora garantizaría una
administración preeminente de hombres por sobre mujeres.
La única forma de obtener igualdad sustancial subyace en que
el Cuerpo como “juez de la elección de sus propios miembros” operativice las
acciones positivas que manda la Constitución Nacional. Es un asunto de
incumbencia de la Cámara Baja garantizar la efectiva participación del
colectivo femenino en el circuito decisorio y por ende remover los obstáculos
necesarios para garantizar el cumplimiento del cupo.
La Lista emitida por el Tribunal Electoral establece un
orden de prelación en la suplencia lesiva al cupo femenino y el deceso de la
Diputada De Césaris provocó una nueva vacancia femenina en el ámbito de la
Cámara Baja que conllevó a su integración con solamente 15 mujeres. El
seguimiento férreo del sistema de corrimiento en la suplencia implica un
incumplimiento del mandato constitucional y de potencial responsabilidad
El Cuerpo Legislativo a través del mandato del art. 48 de la
Constitución Provincial debe eliminar todo tipo de obstáculo que interfiera en
la igualdad real de oportunidades. La reforma constitucional del año 1994 a través de la fórmula
del art. 75 inc. 22, convierte en letra de la Carta Magna a la Convención sobre
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer. El art.
2.1 establece como obligación para los Poderes Público de “Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter” (inc.
b) como también de “Abstenerse de
incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer” (inc.
d) y “Tomar todas las medidas apropiadas
para eliminar la discriminación contra la mujer…” (inc. e).
En dicha línea (marcada por el criterio constitucional), la
HCD debía ABSTENERSE DE ADOPTAR medidas que empeoren sin justificación
razonable y proporcionada la situación de los derechos consagrados en la
Convención en consonancia al Derecho Internacional.
ANTECEDENTE CONGRESO
NACIONAL: SENADORA ALICIA KIRCHNER. ANTECEDENTE INTERNACIONAL: MERCIADRI DE
Que en el ámbito parlamentario nacional, puntualmente en el
caso Alicia Kirchner en el año 2007 se ha otorgado igual solución a la misma
disyuntiva. En dicha ocasión la Cámara Alta realizó una sustitución efectiva de
la mujer renunciante (Alicia Kirchner, nombrada como Ministra de Desarrollo
Social) a la primera mujer en el orden de la lista.
La Comisión de Asuntos Constitucionales fundamentó en dicha
oportunidad la necesidad de actuar en consecuencia a lo que manda la garantía
constitucional de cupo femenino. El instrumento jurídico –Dictamen 12/12/2007,
Expte. OV 373/07-, resolvió con justo criterio incorporar a la primer mujer en
la lista de orden de suplencias, en lugar de la vacancia femenina.
El Dictamen de Comisión también hizo referencia a lo que
ocurrió en el año 2001 (es decir hace 12 años), cuando se resolvió en mismo
sentido en el ámbito de la Cámara Alta.
Con esa misma inteligencia, el cuerpo soberano de la HCD de
la Provincia de Santa Fe ha resuelto la incorporación de Robustelli en ocasión
de la vacancia femenina, teniendo también en cuenta el caso “Merciadri de
Morandini” que comprometió la responsabilidad argentina en el ámbito de la CIDH
(Comisión Interamericana de Derechos Humanos).
La nómina para Diputados de la UCR en Córdoba resultaba
lesiva para el cumplimiento de la garantía del cupo femenino que preveía un
ingreso preeminente de hombres por sobre el de mujeres.
Merciadri de Morandini agotó la vía de reclamación interna con
el rechazo de la CSJN y avanzó hacia San José de Costa Rica.
Finalmente, luego que la CIDH declare ADMISIBLE el recurso,
el Estado Argentino llegó a una solución amistosa con la damnificada, dictando
el Poder Ejecutivo Nacional el Decreto N° 1246/00 que, derogando la antigua
fórmula legal del decreto 379/93, dispone que “En todos los casos se privilegiarán medidas de acción positiva a favor
de la igualdad REAL de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a
cargos electivos”.
Por ende, el temperamento adoptado por la HCD también se
inspiró en evitar responsabilidades internacionales a la Provincia.
EL SEUDO PROBLEMA DE LA
REPRESENTACIÓN TERRITORIAL: UN DIPUTADO POR DEPARTAMENTO
La actora, para distorsionar la interpretación que el Cuerpo
soberano ha realizado sobre la garantía del cupo femenino, establece una
interpretación forzosa del texto constitucional doméstico, puntualmente del
art. 32 de la Constitución Provincial, intentando trasladar una obligación de
los partidos políticos al momento de incluir sus listas de candidatos, al
momento de funcionamiento soberano de la Cámara Baja.
La Constitución Nacional en su artículo 37 ordena asegurar
la igualdad REAL de las mujeres en el ACCESO a los cargos.
En sentido totalmente diferente fue concebido el cupo
territorial santafesino, que el actor pretende comparar con el cupo femenino.
En el artículo 32 de la Constitución Santafesina establece
que “Los partidos políticos incluirán en
sus listas de candidatos por lo menos uno con residencia en cada departamento”.
Así, claramente, la misma Constitución lo establece como
cupo para las listas, que nunca podría convertirse en cupo de integración salvo
respecto a la lista del ganador la que ingresa 28 diputados.
Pero no lo establece como cupo de integración del cuerpo, lo
cual sí hace la norma constitucional nacional con el cupo femenino.
X) NEGATIVAS
Niego todas y cada una de las afirmaciones y consideraciones
expuestas por el actor Julio Roberto López en su demanda, salvo aquellas que
sean admitidas expresamente en el presente escrito de responde.
que le asista derecho a interponer acción de amparo; que se
hallan vulnerado las normas provinciales, nacionales o internacionales que
menciona; que deba ser incorporado a la Cámara de Diputados cesando la diputada
Mariana Robustelli en sus funciones; que el Presidente de la Cámara de
Diputados no haya permitido el debate sobre el problema de fondo; que deba
prevalecer la distribución territorial de origen de los diputados por sobre el
cupo femenino; que haya causa justiciable; que haya habido apartamiento de la
normativa; que debiese la Cámara someterse a la ley 12367 tal como la
interpreta López; que se haya resuelto la inelegibilidad de López; que el cupo
femenino implique una causal de inelegibilidad de López; que debiese tratarse
por el pleno el dictamen de la minoría; que se haya afectado el derecho de
defensa de López; que debía resolverse en este caso con la mayoría de dos
tercios; que el amparo sea la única vía disponible y la más idónea para el
actor; que la doctrina pretoriana de las cuestiones políticas no judiciables
esté en retroceso para estos asuntos; que sean aplicables los fundamentos de la
mayoría de la CSJN en las causas ‘Bussi’ o ‘Patti’ donde se debatía inhabilidad
moral; que sea aplicable el fallo ‘Cosgrove’ donde se debatía un corrimiento
ante el Tribunal Electoral; que se pueda advertir arbitrariedad o ilegalidad
manifiestas en la actuación de la Cámara de Diputados; que la regla
constitucional sólo pretenda que las mujeres estén en las listas y no que
resulten electas; que el miembro informante Busatto haya fundado ‘contra
legem’; que alguien haya requerido en la sesión que la Cámara tenga siempre
‘dos tercios’ de diputadas; que la diputada Robustelli no haya sido electa por
el pueblo; que se atente contra el principio republicano o el principio
democrático; que el cupo femenino (siendo acción positiva conforme art. 37 CN)
deba utilizarse como simple preferencia razonable y no como medida de
discriminación inversa; que sea inválida la actuación actual de la diputada Mariana
Robustelli; que la prueba propuesta sea procedente; que el dictamen jurídico
del Dr. Cullen resulte prueba del derecho de López; que en cualquier caso pueda
ser tramitada o admitida la demanda.
XI) PRUEBA
a- INSTRUMENTAL
a-1- Se requerirá del Juzgado de Primera Instancia del
Distrito Nº 1 (Santa Fe) de la Séptima Nominación la remisión de copias
debidamente certificadas del expediente caratulado “Robustelli, Mariana c/ Provincia de Santa Fe s/ amparo” (Expte. Nº
183/2013)
a-2- Se requerirá del Sr. Fiscal de Estado de la Provincia
de Santa Fe el expediente administrativo donde tramitó la elaboración de la
contestación a la demanda instaurada en autos “Robustelli, Mariana c/ Provincia de Santa Fe s/ amparo” (Expte. Nº
b- DOCUMENTAL
b-1- Copia del escrito donde Fiscalía de Estado de la
Provincia de Santa Fe (Saccone) analizó un caso similar al presente
XII) DERECHO
Fundo la presente en la Constitución de la Nación Argentina,
la Constitución de la Provincia de Santa Fe, los tratados internacionales con
jerarquía constitucional, los tratados internacionales sobre Derechos Humanos
suscriptos por nuestro país, la ley 10456, y demás normativa concordante.
XIII) RESERVAS
Que en razón de encontrarse directamente afectados y
comprometidos Prerrogativas, Principios, Derechos y Garantías de rango
constitucional y que fueran oportunamente referenciados, para el hipotético e
improbable supuesto de que V.S. admitiera total o parcialmente las pretensiones
del actor, dejamos desde ya planteada la reserva constitucional y formulamos
expresa reserva de requerir la intervención de la Corte Suprema de Santa Fe en
virtud del inciso 6 del artículo 93 y de ocurrir ante la Corte Suprema de
Justicia Provincial por la vía del Recurso de Inconstitucionalidad (Ley Provincial
Nº 7055 y sus modificatorias), y en su caso, por ante la Corte Suprema de
Justicia de la Nación interponiendo el respectivo Recurso Extraordinario
previsto en el art. 14 de la Ley Nacional Nº 48 y sus concordantes.
los artículos 23 y 30 de la CADH.
XIV) CITACIONES
Tal como expresáramos ut
supra creemos necesario citar al Sr. Fiscal de Estado de la Provincia de
Santa Fe, no para que represente a la Honorable Cámara de Diputados, sino para
que tome la intervención que el Poder Ejecutivo considere necesaria.
Pero dejo en claro que, de acuerdo a lo expuesto y defendido
extensamente más arriba, entiendo que el Fiscal de Estado debe limitarse a
adherir a las posiciones que por la Cámara expongo, como expresas instrucciones
Denuncio domicilio del Sr. Fiscal de Estado en su público
despacho de calle 3 de febrero 2649, 2º piso, ciudad de Santa Fe.
DIPUTADA MARIANA
La Diputada en funciones puede verse afectada por la
decisión que en definitiva se adopte en la presente causa. Por eso debe
citársela para que exponga lo que considere que hace a su derecho.
Su participación como tercero interesado resulta inevitable
para poderle hacer parte de la resolución que en definitiva se adopte.
Denuncio domicilio de la Diputada Mariana Robustelli en su
público despacho de Avenida Brigadier General Estanislao López 3141, ciudad de
Todo ello, sin perjuicio del criterio sostenido a lo largo
de todo el escrito por el cual entiendo que debe abstenerse V.S. de continuar
con la prosecución de la presente causa por defecto absoluto en la potestad de
XV) AUDIENCIA ARTÍCULO 19
Que a los efectos de resolver la cuestión, y acordar con las
partes involucradas la clausura de un reclamo que sólo puede llevar a una
crisis institucional, y al desgaste de los órganos de la democracia
santafesina, solicito que se convoque a una audiencia de conciliación del
artículo 19 CPCCSF.
Ello deberá disponerse después de que todos los partícipes
hayan tenido acceso al expediente y contestado la demanda.
En dicha oportunidad V.S. podrá actuar en su carácter de
mediador de este grave conflicto institucional, tarea que honra a vuestra
XVI) PETITORIO
Por todo lo expresado, de la Sra. Jueza respetuosamente
2) Me conceda la participación que me corresponde en
representación de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe,
como presidente de la misma.
3) Cite al Sr. Fiscal de Estado y a la Diputada Mariana
Robustelli, teniendo en cuenta las prevenciones expuestas respecto al primero
4) Convoque a la audiencia artículo 19 CPCCSF propuesta
5) Admita la carencia absoluta de su facultad de juzgar por
tratarse de una cuestión política no judiciable
6) Rechace la demanda intentada, con costas.
7) Tenga presentes las advertencias y reservas formuladas.
DECRETO DEL JUZGADO INTERVINIENTE HACIENDO LUGAR A LOS PEDIDOS PROCESALES DE RUBEO
LOPEZ, JULIO ROBERTO C/
DE LA PROV. DE SANTA FE S/
21-00027301-2
Juzg. 1ra. Inst. Civil y
Comercial 1ra. Nom.
SANTA FE, 19 de Septiembre
Agréguese la cédula
acompañada, por cumplimentado lo requerido y proveyendo escrito cargo n°
10193/13: Téngase por contestado el traslado en los términos expresados. Previo
a proveer lo demás, atento lo solicitado y considerando procedente, dese
intervención al Sr. Fiscal de Estado como asimismo a la diputada Mariana
Robustelli, cuyos intereses pudieran verse afectados en la tramitación del
presente. A la audiencia oportunamente. Al escrito cargo n° 10406/13: Téngase
presente el poder obrante a fs. 178 en cumplimento de lo requerido el 05/09/13.
CULLEN POR LÓPEZ OPONIÉNDOSE A LA AUDIENCIA DEL ARTÍCULO 19 Y A QUE EL FISCAL DE ESTADO SEA PARTE
EL ESCRITO PUEDE VERSE Y/O DESCARGARSE AQUÍ
CONTESTACIÓN DE MARIANA ROBUSTELLI A LA DEMANDA DE AMPARO
EL ESCRITO DEL DR. PISARELLO PUEDE VERSE Y/O DESCARGARSE AQUÍ
CONTESTACIÓN DE FISCALÍA DE ESTADO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE A LA DEMANDA DE AMPARO
Finalmente, la Fiscalía de Estado de la Provincia de Santa Fe, que fue convocada a pedido nuestro (en representación de la Cámara de Diputados), contestó la demanda.
En vez de comparecer el Fiscal de Estado Saccone, comparece el principal funcionario de planta (procurador general Carbone).
Y hace dos advertencias preliminares:
1) Que considera que la Cámara de Diputados no es demandable, pero que habiendo sido admitida por la Jueza no hace más que mencionarlo. No interpone recurso al respecto.
2) Que es cierto que en un caso similar sostuvo los mismos argumentos que en este caso sostiene Cullen por López. Pero que aquellos antiguos argumentos (firmados por Carbone y Saccone) eran sólo la opinión personal de los firmantes en aquel momento pero que ahora sostendrán algo distinto (esquizofrenia jurídica).
3) Finalmente, sumándose a nuestra postura, solicita el rechazo de la demanda de López porque considera -igual que la Cámara- que estamos ante una típica cuestión política no judiciable.
EL ESCRITO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE (DR. CARBONE) PUEDE VERSE Y/O DESCARGARSE AQUÍ ! ------------------
Nota en PÁGINA/12 sobre el caso en febrero de 2014http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/10-42683-2014-02-12.html
Y finalmente, el 19 de febrero de 2014 llegó la sentencia en la causa ROBUSTELLI, un precedente histórico que marca caminos nacionales en el respeto al cupo femenino en las bancas.
Aquí, el fallo completo, recién sacadito del horno tribunalicio:
SENTENCIA-ROBUSTELLI
Luego, el 2 de julio de 2014, la Cámara de Apelaciones rechazó los cuestionamientos de Cullen por López, indicando que:
* la actuación formal de la Cámara de Diputados fue correcta,
* que sus argumentos de cupo femenino son atendibles,
* y que la vía procesal elegida por López fue incorrecta.
Ahora queda por ver si van a intentar seguir hacia la Corte...
TEXTO COMPLETO sentencia rechazando apelación
ESCRITO DE LOPEZ interponiendo recurso de inconstitucionalidad ley 7055
(fue rechazado por la Cámara)
ESCRITO DE LOPEZ interponiendo queja por recurso de inconstitucionalidad ley 7055 denegado