Source: https://www.scribd.com/doc/52956427/CONSTITUCION-DE-LA-REPUBLICA-ESPANOLA
Timestamp: 2017-03-25 06:12:45
Document Index: 288285167

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 12', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 16', 'Artículo 20', 'Artículo 19', 'Artículo 25', 'Artículo 24', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 29', 'Artículo 31', 'Artículo 30', 'Artículo 37', 'Artículo 32', 'Artículo 36', 'Artículo 34', 'Artículo 38', 'artículo 62', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 46', 'Artículo 45', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 48', 'Artículo 55', 'Artículo 51', 'Artículo 53', 'Artículo 56', 'Artículo 52', 'Artículo 54', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 58', 'Artículo 57', 'Artículo 59', 'Artículo 62', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 63', 'Artículo 68', 'Artículo 66', 'Artículo 69', 'Artículo 67', 'Artículo 68', 'Artículo 71', 'Artículo 70', 'Artículo 75', 'Artículo 74', 'Artículo 72', 'Artículo 76', 'Artículo 77', 'artículo 18', 'Artículo 80', 'Artículo 81', 'Artículo 82', 'Artículo 79', 'Artículo 78', 'Artículo 85', 'Artículo 84', 'Artículo 92', 'Artículo 89', 'Artículo 87', 'Artículo 86', 'Artículo 91', 'Artículo 96', 'Artículo 94', 'Artículo 95', 'Artículo 93', 'Artículo 101', 'Artículo 99', 'Artículo 97', 'Artículo 98', 'Artículo 105', 'Artículo 103', 'Artículo 106', 'Artículo 102', 'Artículo 107', 'Artículo 112', 'Artículo 111', 'Artículo 108', 'Artículo 110', 'Artículo 109', 'Artículo 113', 'Artículo 118', 'Artículo 117', 'Artículo 116', 'Artículo 115', 'Artículo 114', 'Artículo 120', 'Artículo 119', 'Artículo 122', 'Artículo 123', 'Artículo 125', 'Artículo 124']

BrowseInterestsStay InformedCareerPersonal GrowthFiction & BiographiesHealth & FitnessLifestyleCultureBrowse byBooksAudiobooksNews & MagazinesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinCONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA ESPAÑOLAEspaña, en uso de su soberanía, y representada por las Cortes Constituyentes, decreta y sanciona esta Constitución.
Artículo 1. España es una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de Libertad y de Justicia. Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo. La República constituye un Estado integral, compatible con la autonomía de los Municipios y las Regiones. La bandera de la República española es roja, amarilla y morada. Artículo 2. Todos los españoles son iguales ante la ley.
En ese Estatuto podrán recabar para sí, en su totalidad o parcialmente, las atribuciones que se determinan en los artículos 15, 16 y 18 de esta Constitución, sin perjuicio, en el segundo caso, de que puedan recabar todas o parte de las restantes por el mismo procedimiento establecido en este Código fundamental La condición de limítrofe no es exigible a los territorios insulares entre sí. Una vez aprobado el Estatuto, será la ley básica de la organización político administrativa de la región autónoma, y el Estado español la reconocerá y amparara como parte integrante de su ordenamiento jurídico.
Artículo 12. Para la aprobación del Estatuto de la región autónoma se requieren las siguientes condiciones: a) Que lo proponga la mayoría de sus Ayuntamientos o, cuando menos, aquellos cuyos Municipios comprendan las dos terceras partes del Censo electoral de la región. b) Que lo acepten, por el procedimiento que señale la ley Electoral, por lo menos las dos terceras partes de los electores inscritos en el Censo de la región. Si el plebiscito fuere negativo, no podrá renovarse la propuesta de autonomía hasta transcurridos cinco años. c) Que lo aprueben las Cortes. Los Estatutos regionales serán aprobados por el Congreso siempre que se ajusten al presente Título y no contengan, en caso alguno, preceptos contrarios a la Constitución, y tampoco a las leyes orgánicas del Estado en las materias no transmisibles al poder regional, sin perjuicio de la facultad que a las Cortes reconocen los artículos 15 y 16.
Artículo 14. Son de la exclusiva competencia del Estado español la legislación y la ejecución directa en las materias siguientes: 1. Adquisición y perdida de la nacionalidad y regulación de los derechos y deberes constitucionales. 2. Relación entre las Iglesias y el Estado y régimen de cultos. 3. Representación diplomática y consular y, en general, la del Estado en el exterior; declaración de guerra; Tratados de paz; régimen de Colonias y Protectorado, y toda clase de relaciones internacionales.
social. Deuda del Estado. Pesca marítima. sobre las siguientes materias: 1. Abanderamiento de buques mercantes. 16. Jurisdicción del Tribunal Supremo. correos. Régimen de extradición. sus derechos y beneficios e iluminación de costas. real y formal. 17. 15. Sistema monetario. 7. y en cuanto a la legislación civil. 10. Defensa de la seguridad pública en los conflictos de carácter suprarregional o extrarregional. y podrá corresponder a las regiones autónomas la ejecución. en la medida de su capacidad política. Aprovechamientos hidráulicos e instalaciones eléctricas. líneas aéreas. Marina de guerra y Defensa nacional.
Artículo 15. Tratados de Comercio. 8. mercantil y procesal. 9. Policía de fronteras. 6. 11.
. Régimen general de comunicaciones. inmigración. Ejército. para coordinar la aplicación y resolver los conflictos entre las distintas legislaciones civiles de España. a juicio de las Cortes. Aduanas y libre circulación de las mercancías. cuando las aguas discurran fuera de la región autónoma o el transporte de la energía salga de su término. la ordenación de los registros e hipotecas. 14. cables submarinos y radiocomunicación. 5. 13. las bases de las obligaciones contractuales y la regulación de los Estatutos. emisión fiduciaria y ordenación general bancaria. Legislación penal. Defensa sanitaria en cuanto afecte a intereses extrarregionales. Fiscalización de la producción y el comercio de armas. 12. emigración y extranjería.4. telégrafos. la forma del matrimonio. Corresponde al Estado español la legislación. Régimen arancelario. Hacienda general del Estado. salvo las atribuciones que se reconozcan a los Poderes regionales. 18. personal.
2. caza y pesca fluvial. 4. 5. reuniones y espectáculos públicos. Socialización de riquezas naturales y empresas económicas. Derecho de expropiación. Todas las materias que no estén explícitamente reconocidas en su Estatuto a la región autónoma se reputarán propias de la competencia del Estado. 9.
Artículo 17. 7. Legislación sobre propiedad intelectual e industrial. Régimen minero y bases mínimas sobre montes.
Artículo 18. 8. En las regiones autónomas no se podrá regular ninguna materia con diferencia de trato entre los naturales del país y los demás españoles. Ferrocarriles. Asociaciones. canales. quedando a salvo para el Estado la reversión y policía de los primeros y la ejecución directa que pueda reservarse. Bases mínimas de la legislación sanitaria interior. 6. Servicios de aviación civil y radiodifusión. En las materias no comprendidas en los dos artículos anteriores. carreteras. en cuanto afecte a la defensa de la riqueza y a la coordinación de la economía nacional.La ejecución de las leyes sociales será inspeccionada por el Gobierno de la República. delimitándose por la legislación la propiedad y las facultades del Estado y de las regiones. pero este podrá distribuir o transmitir las facultades por medio de una ley. Régimen de seguros generales y sociales. 11. podrán corresponder a la competencia de las regiones autónomas la legislación exclusiva y la ejecución directa. salvo siempre la facultad del Estado para ejecutar por sí sus obras peculiares. teléfonos y puertos de interés general. 12. 3. agricultura y ganadería. Legislación de aguas. Pesas y medidas. 10.
. conforme a lo que dispongan los respectivos Estatutos aprobados por las Cortes. 13.
Artículo 16. para garantizar su estricto cumplimiento y el de los Tratados internacionales que afecten a la materia. Eficacia de los comunicados oficiales y documentos públicos. Régimen de Prensa.
por ley o por ordenanza. dentro o fuera de España. de padre o madre españoles. Para tomar este acuerdo será necesario que lo proponga la mayoría de sus Ayuntamientos y lo acepten. Son españoles: 1. Cualquiera de las provincias que forme una región autónoma o parte de ella podrá renunciar a su régimen y volver al de provincia directamente vinculada al Poder central. aun en los casos en que esta ejecución corresponda a las autoridades regionales. Corresponde al Tribunal de Garantías Constitucionales la apreciación previa de esta necesidad. El derecho del Estado español prevalece sobre el de las regiones autónomas en todo lo que no esté atribuído a la exclusiva competencia de éstas en sus respectivos Estatutos. El Estado podrá fijar.
Artículo 20. siempre conforme a lo establecido en este título. Las leyes de la República serán ejecutadas en las regiones autónomas por sus autoridades respectivas. En las materias reguladas por una ley de Bases de la República las regiones podrán estatuir lo pertinente. cuando así lo exigiera la armonía entre los intereses locales y el interés general de la República.Artículo 19. Para la aprobación de esta ley se necesitará el voto favorable de las dos terceras partes de los Diputados que integren las Cortes. excepto aquellas cuya aplicación esté atribuída a órganos especiales o en cuyo texto se disponga lo contrario. dos terceras partes de los electores inscritos en el censo de la provincial
. aquellas bases a que habrán de ajustarse las disposiciones legislativas de las regiones autónomas. El Gobierno de la República podrá dictar Reglamentos para la ejecución de sus leyes. por medio de una ley. Los nacidos. por lo menos.
el sexo. Una ley establecerá el procedimiento que facilite la adquisición de la nacionalidad a las personas de origen español que residan en el extranjero.
Artículo 25. o por aceptar empleo de otro Gobierno que lleve anejo ejercicio de autoridad o jurisdicción. la filiación. previa opción regulada por las leyes de acuerdo con los Tratados internacionales. 3.2. 4. 2. las ideas políticas ni las creencias religiosas. cuando así lo soliciten y residan en territorio español.
CAPITULO PRIMERO Garantías individuales y políticas. se concederá ciudadanía a los naturales de Portugal y países hispánicos de América.
Derechos y deberes de los españoles. Por adquirir voluntariamente naturaleza en país extranjero. siempre que opten por la nacionalidad española en la forma que las leyes determinen. comprendido el Brasil. Por entrar al servicio de las armas de una potencia extranjera sin licencia del Estado español. la riqueza. la clase social. sin que pierdan ni modifiquen. Los nacidos en territorio español de padres extranjeros. La extranjera que case con español conservará su nacionalidad de origen o adquirirá la de su marido. si sus leyes no lo prohíben.
Artículo 24. Los extranjeros que obtengan carta de naturaleza y los que sin ella hayan ganado vecindad en cualquier pueblo de la República. su ciudadanía de origen. A base de una reciprocidad internacional efectiva y mediante los requisitos y trámites que fijará una ley. podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen. Los nacidos en España de padres desconocidos. aun cuando no reconozcan el derecho de reciprocidad. En estos mismos países.
. La calidad de español se pierde: 1. No podrán ser fundamentos de privilegio jurídico: la naturaleza. en los términos y condiciones que prescriban las leyes.
las regiones. salvo el respeto debido a las exigencias de la moral pública. Todas las confesiones religiosas serán consideradas como Asociaciones sometidas a una ley especial.
. Una ley especial regulará la total extinción. además de los tres votos canónicos. Incapacidad de adquirir y conservar. 3. 4. Los bienes de las Ordenes religiosas podrán ser nacionalizados. 6. las provincias y los Municipios. Prohibición de ejercer la industrial el comercio o la enseñanza. 5. otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado. El Estado. Obligación de rendir anualmente cuentas al Estado de la inversión de sus bienes en relación con los fines de la Asociación.
Artículo 26. Inscripción de las que deban subsistir. por sus actividades. se destinen a su vivienda o al cumplimiento directo de sus fines privativos. constituyan un peligro para la seguridad del Estado.El Estado no reconoce distinciones y títulos nobiliarios. Sumisión a todas las leyes tributarias del país. previa justificación. No podrá haber en ellos separación de recintos por motivos religiosos. no mantendrán. favorecerán. Los cementerios estarán sometidos exclusivamente a la jurisdicción civil. en un plazo máximo de dos años. más bienes que los que. por sí o por persona interpuesta. en un Registro especial dependiente del Ministerio de justicia. Las demás Ordenes religiosas se someterán a una ley especial votada por estas Cortes Constituyentes y ajustada a las siguientes bases: 1. Quedan disueltas aquellas Ordenes religiosas que estatutariamente impongan. Asociaciones e Instituciones religiosas. La libertad de conciencia y el derecho de profesar y practicar libremente cualquier religión quedan garantizados en el territorio español.
Artículo 27. 2. Disolución de las que. Sus bienes serán nacionalizados y afectados a fines benéficos y docentes. del presupuesto del Clero. ni auxiliarán económicamente a las Iglesias.
Todo español podrá circular libremente por el territorio nacional y elegir en él su residencia y domicilio. dentro de las setenta y dos horas de haber sido entregado el detenido al juez competente. y los agentes y funcionarios que las ejecuten. con evidencia de su ilegalidad.Todas las confesiones podrán ejercer sus cultos privadamente. dentro de las veinticuatro horas siguientes al acto de la detención. sin necesidad de prestar fianza ni caución de ningún género. autorizadas por el Gobierno. La acción para perseguir estas infracciones será pública. Toda detención se dejará sin efecto o se elevará a prisión. Sólo se castigarán los hechos declarados punibles por ley anterior a su perpetración. Nadie podrá ser compelido a declarar oficialmente sus creencias religiosas. sin que pueda ser compelido a mudarlos a no ser en virtud de sentencia ejecutoria El derecho a emigrar o inmigrar queda reconocido y no está sujeto a más limitaciones que las que la ley establezca. Una ley especial determinará las garantías para la expulsión de los extranjeros del territorio español.
Artículo 29. La resolución que se dictare será por auto judicial y se notificará al interesado dentro del mismo plazo.
Artículo 31. en cada caso. La condición religiosa no constituirá circunstancia modificativa de la personalidad civil ni política salvo lo dispuesto en esta Constitución para el nombramiento de Presidente de la República y para ser Presidente del Consejo de Ministros. Todo detenido será puesto en libertad o entregado a la autoridad judicial. Nadie será juzgado sino por juez competente y conforme a los trámites legales.
Artículo 30. Incurrirán en responsabilidad las autoridades cuyas ordenes motiven infracción de este Artículo. El Estado no podrá suscribir ningún Convenio o Tratado internacional que tenga por objeto la extradición de delincuentes politicosociales. Las manifestaciones públicas del culto habrán de ser.
. Nadie podrá ser detenido ni preso sino por causa de delito.
Artículo 37. Los ciudadanos de uno y otro sexo. en su defecto. tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes. Queda garantizada la inviolabilidad de la correspondencia en todas sus formas. Toda persona es libre de elegir profesión. El registro de papeles y efectos se practicará siempre a presencia del interesado o de una persona de su familia. El Estado podrá exigir de todo ciudadano su prestación personal para servicios civiles o militares. y. Queda reconocido el derecho de reunirse pacíficamente y sin armas.
Artículo 32. sin sujetarse a la previa censura. impongan las leyes. a no ser que se dicte auto judicial en contrario. con arreglo a las leyes. fijarán todos los años el contingente militar. a propuesta del Gobierno. valiéndose de cualquier medio de difusión. Las Cortes. Nadie podrá entrar en el sino en virtud de mandamiento de juez competente.
Artículo 36. Todo español podrá dirigir peticiones. Una ley especial regulará el derecho de reunión al aire libre y el de manifestación. No podrá decretarse la suspensión de ningún periódico sino por sentencia firme. de dos vecinos del mismo pueblo. Este derecho no podrá ejercerse por ninguna clase de fuerza armada.
Artículo 34. Se reconoce la libertad de industria y comercio.El domicilio de todo español o extranjero residente en España es inviolable. a los Poderes públicos y a las autoridades. mayores de veintitrés años. salvo las limitaciones que.
. Toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones.
Artículo 38. En ningún caso podrá recogerse la edición de libros y periódicos sino en virtud de mandamiento de juez competente. por motivos económicos y sociales de interés general. individual y colectivamente.
excedencias y jubilaciones de los funcionarios públicos se harán conforme a las leyes. las suspensiones y los traslados solo tendrán lugar por causas justificadas previstas en la ley. el Gobierno dará inmediata cuenta a la Diputación Permanente establecida en el artículo 62. en el ejercicio de su cargo. 31. infringe sus deberes con perjuicio de tercero. Su inamovilidad se garantiza por la Constitución. Los nombramientos. Las Asociaciones profesionales de funcionarios se regularán por una ley. Los derechos y garantías consignados en los artículos 29. Las Cortes no podrán ser disueltas antes de resolver mientras subsista la suspensión de garantías. en todo el territorio nacional o en parte de él. Todos los españoles. salvo las incompatibilidades que las leyes señalen. Los españoles podrán asociarse o sindicarse libremente para los distintos fines de la vida humana.Artículo 39. conforme a las leyes del Estado. Si estuviesen cerradas. La separación del servicio. sociales o religiosas. Si el funcionario público. Los Sindicatos y Asociaciones estarán obligados a inscribirse en el Registro público correspondiente. Si las Cortes estuviesen reunidas. Estas Asociaciones podrán recurrir ante los Tribunales contra los acuerdos de la superioridad que vulneren los derechos de los funcionarlos. A falta de convocatoria se reunirán automáticamente al noveno día. resolverán sobre la suspensión acordada por el Gobierno. conforme determine la ley. 38 y 39 podrán ser suspendidos total o parcialmente. que resolverá con iguales atribuciones que las Cortes. el Estado o la Corporación a quien sirva serán subsidiariamente responsables de los daños y perjuicios consiguientes. por decreto del Gobierno. No se podrá molestar ni perseguir a ningún funcionario público por sus opiniones políticas. sin distinción de sexo.
Artículo 40. el Gobierno deberá convocarlas para el mismo fin en el plazo máximo de ocho días. cuando así lo exija la seguridad del Estado. son admisibles a los empleos y cargos públicos según su merito y capacidad. Los funcionarios civiles podrán constituir Asociaciones profesionales que no impliquen injerencia en el servicio público que les estuviere encomendado. con arreglo a la ley.
. en casos de notoria o inminente gravedad. Si estuvieran disueltas.
Artículo 42. 34.
Los padres tienen para con los hijos habidos fuera del matrimonio los mismos deberes que respecto de los nacidos en él. para el territorio a que se aplique. El Estado prestara asistencia a los enfermos y ancianos. en las actas de inscripción. Los padres están obligados a alimentar. La familia está bajo la salvaguardia especial del Estado. ni desterrarlos a distancia superior a 250 kilómetros de su domicilio. Durante la suspensión regirá. economía y cultura. En ningún caso podrá el Gobierno extrañar o deportar a los españoles. con arreglo a la Constitución y a las leyes.
. está subordinada a los intereses de la economía nacional y afecta al sostenimiento de las cargas públicas. y podrá disolverse por mutuo disenso o a petición de cualquiera de los cónyuges. educar e instruir a sus hijos. ni en filiación alguna. Toda la riqueza del país. asistir.
CAPITULO II Familia. haciendo suya la "Declaración de Ginebra" o tabla de los derechos del niño. No podrá consignarse declaración alguna sobre la legitimidad o ilegitimidad de los nacimientos ni sobre el estado civil de los padres.
Artículo 43. Cualquier prórroga necesitará acuerdo previo de las Cortes o de la Diputación Permanente en su caso. la ley de Orden público. sea quien fuere su dueño. El Estado velará por el cumplimiento de estos deberes y se obliga subsidiariamente a su ejecución. El matrimonio se funda en la igualdad de derechos para ambos sexos.El plazo de suspensión de garantías constitucionales no podrá exceder de treinta días. con alegación en este caso de justa causa. protección a la maternidad y a la infancia. Las leyes civiles regularán la investigación de la paternidad.
la participación de los obreros en la dirección. La República asegurará a todo trabajador las condiciones necesarias de una existencia digna. en sus diversas formas.
Artículo 46. constituye tesoro cultural de la Nación y estará bajo la salvaguardia del Estado. y todo cuanto afecte a la defensa de los trabajadores.
Artículo 45. En ningún caso se impondrá la pena de confiscación de bienes. accidentes. entre otras materias. Toda la riqueza artística e histórica del país. y gozará de la protección de las leyes. La República protegerá en términos equivalentes a los pescadores. la jornada de trabajo y el salario mínimo y familiar. las vacaciones anuales remuneradas: las condiciones del obrero español en el extranjero. sobre el patrimonio familiar inembargable y exento de toda clase de impuestos. La República protegerá al campesino y a este fin legislará. es una obligación social. Su legislación social regulará: los casos de seguro de enfermedad. vejez. sea quien fuere su dueño. El trabajo. El Estado protegerá también los lugares notables por su belleza natural o por su reconocido valor artístico o histórico.
. Los servicios públicos y las explotaciones que afecten al interés común pueden ser nacionalizados en los casos en que la necesidad social así lo exija. asegurará su celosa custodia y atenderá a su perfecta conservación. la administración y los beneficios de las empresas.La propiedad de toda clase de bienes podrá ser objeto de expropiación forzosa por causa de utilidad social mediante adecuada indemnización. obras para riego y vías rurales de comunicación. crédito agrícola. la relación económico-jurídica de los factores que integran la producción. El Estado podrá intervenir por ley la explotación y coordinación de industrias y empresas cuando así lo exigieran la racionalización de la producción y los intereses de la economía nacional. las instituciones de cooperación. que podrá prohibir su exportación y enajenación y decretar las expropiaciones legales que estimare oportunas para su defensa. indemnización por pérdida de las cosechas. escuelas prácticas de agricultura y granjas de experimentación agropecuarias. cooperativas de producción y consumo. Con los mismos requisitos la propiedad podrá ser socializada. cajas de previsión. El Estado organizará un registro de la riqueza artística e histórica. el trabajo de las mujeres y de los jóvenes y especialmente la protección a la maternidad. a menos que disponga otra cosa una ley aprobada por los votos de la mayoría absoluta de las Cortes. invalidez y muerte. paro forzoso.
La enseñanza será laica. y lo prestará mediante instituciones educativas enlazadas por el sistema de la escuela unificada.
. sujeto a inspección del Estado. La expedición de títulos académicos y profesionales corresponde exclusivamente al Estado. la duración de los periodos de escolaridad. Una ley de Instrucción pública determinará la edad escolar para cada grado. El Estado podrá mantener o crear en ellas instituciones docentes de todos los grados en el idioma oficial de la República. de enseñar sus respectivas doctrinas en sus propios establecimientos. El servicio de la cultura es atribución esencial del Estado. Las regiones autónomas podrán organizar la enseñanza en sus lenguas respectivas.
Artículo 49. La enseñanza primaria será gratuita y obligatoria. Se reconoce a las Iglesias el derecho. La libertad de cátedra queda reconocida y garantizada. La República legislará en el sentido de facilitar a los españoles económicamente necesitados el acceso a todos los grados de enseñanza. Los maestros. y ésta se usara también como instrumento de enseñanza en todos los centros de instrucción primaria y secundaria de las regiones autónomas. Es obligatorio el estudio de la lengua castellana. de acuerdo con las facultades que se concedan en sus Estatutos. hará del trabajo el eje de su actividad metodológica y se inspirará en ideales de solidaridad humana.
Artículo 50. a fin de que no se halle condicionado más que por la aptitud y la vocación.Artículo 48. el contenido de los planes pedagógicos y las condiciones en que se podrá autorizar la enseñanza en los establecimientos privados. profesores y catedráticos de la enseñanza oficial son funcionarios públicos. El Estado ejercerá la suprema inspección en todo el territorio nacional pata asegurar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en este Artículo y en los dos anteriores. que establecerá las pruebas y requisitos necesarios para obtenerlos aún en los casos en que los certificados de estudios procedan de centros de enseñanza de las regiones autónomas. El Estado atenderá a la expansión cultural de España estableciendo delegaciones y centros de estudio y enseñanza en el extranjero y preferentemente en los países hispanoamericanos.
Los Diputados solo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. directo y secreto. que reúnan las condiciones fijadas por la ley Electoral.
Artículo 55. después de expirar el mandato o de ser disueltas las Cortes. que la ejerce por medio de las Cortes o Congreso de los Diputados.
. después de la elección. a partir de la fecha en que la Cámara hubiere acusado recibo del oficio correspondiente.
Artículo 51. se entenderá denegado el suplicatorio. lo comunicará así al Congreso. a lo sumo. igual. Los Diputados son inviolables por los votos y opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo. sin tomar acuerdo respecto del mismo. Si algún juez o Tribunal estimare que debe dictar auto de procesamiento contra un Diputado. una vez elegidos. representan a la Nación.
Artículo 53. contados a partir de la fecha en que fueron celebradas las elecciones generales. como máximo. El Congreso se reunirá a los treinta días. habrán de verificarse las nuevas elecciones. La ley determinará los casos de incompatibilidad de los Diputados. La duración legal del mandato será de cuatro años.
Artículo 56. La detención será comunicada inmediatamente a la Cámara o a la Diputación Permanente. Los Diputados serán reelegibles indefinidamente. Serán elegibles para Diputados todos los ciudadanos de la República mayores de veintitrés años. Los Diputados. Sesenta días. así como su retribución. sin distinción de sexo ni de estado civil. Al terminar este plazo se renovará totalmente el Congreso. La potestad legislativa reside en el pueblo.
Artículo 52. exponiendo los fundamentos que considere pertinentes. El Congreso de los Diputados se compone de los representantes elegidos por sufragio universal.Las Cortes.
Artículo 54. Transcurridos sesenta días.
Artículo 60. la obligación de convocar las nuevas elecciones. o la Diputación Permanente cuando las sesiones estuvieren suspendidas o la Cámara disuelta. Las Cortes se reunirán sin necesidad de convocatoria el primer día hábil de los meses de Febrero y Octubre de cada año y funcionarán. sobre materias reservadas a la competencia del Poder legislativo. y los decretos dictados en virtud de las mismas se ajustarán estrictamente a las bases establecidas por el Congreso para cada materia concreta. Las Cortes disueltas se reúnen de pleno derecho y recobran su potestad como Poder legítimo del Estado. El Congreso podrá reclamar el conocimiento de los decretos.
Artículo 61. En ningún caso podrá autorizarse. acordado en Consejo de Ministros. Tanto el Congreso como la Diputación Permanente.
Artículo 58. podrán acordar que el juez suspenda todo procedimiento hasta la expiración del mandato parlamentario del Diputado objeto de la acción judicial.Toda detención o procesamiento de un Diputado quedara sin efecto cuando así lo acuerde el Congreso.
Artículo 57. aumento alguno de gastos.
. Los acuerdos de la Diputación Permanente se entenderán revocados si reunido el Congreso no los ratificara expresamente en una de sus veinte primeras sesiones. durante tres meses en el primer periodo y dos en el segundo. según los casos antes mencionados. para enjuiciar sobre la adaptación a las bases establecidas por él. si está reunido. así dictados. El Congreso de los Diputados tendrá facultad para resolver sobre la validez de la elección y la capacidad de sus miembros electos y para adoptar su Reglamento de régimen interior. El Gobierno y el Congreso de los Diputados tienen la iniciativa de las leyes. desde el momento en que el Presidente no hubiere cumplido. en esta forma. por lo menos.
Artículo 59. Estas autorizaciones no podrán tener carácter general. dentro de plazo. El Congreso podrá autorizar al Gobierno para que este legisle por decreto.
80 de esta Constitución relativas a los decretosleyes. No podrán excusar su asistencia a la Cámara cuando sean por ella requeridos. De las demás materias en que el Reglamento de la Cámara le diere atribución. El Congreso designará de su seno una Diputación Permanente de Cortes. Una vez ratificado un Convenio internacional que afecte a la ordenación jurídica del Estado. que habrá de acomodarse a lo que en aquellos se disponga. Esta Diputación tendrá por Presidente el que lo sea del Congreso y entenderá: 1. Todos los Convenios internacionales ratificados por España e inscritos en la Sociedad de las Naciones y que tengan carácter de ley internacional. los proyectos de ley necesarios para la ejecución de sus preceptos. El Congreso podrá acordar un voto de censura contra el Gobierno o alguno de sus Ministros. como máximo. 4. Las mismas garantías se observarán respecto a cualquier otra proposición que indirectamente implique un voto de censura. El Presidente del Consejo y los Ministros tendrán voz en el Congreso. Esta proposición deberá ser comunicada a todos los Diputados y no podrá ser discutida ni votada hasta pasados cinco días de su presentación. compuesta.Artículo 62.
Artículo 64. en forma motivada y por escrito. se considerarán parte constitutiva de la legislación española. cuando el voto de censura no fuere aprobado por la mayoría absoluta de los Diputados que constituyan la Cámara. De los casos a que se refiere el art. De lo concerniente a la detención y procesamiento de los Diputados. aunque no sean Diputados. el Gobierno presentará. con las firmas de cincuenta Diputados en posesión del cargo.
Artículo 65. Todo voto de censura deberá ser propuesto. en plazo breve. 2. 3. No se considerará obligado a dimitir el Gobierno ni el Ministro. 42. de 21 representantes de las distintas fracciones políticas. en proporción a su fuerza numérica. al Congreso de los Diputados.
Artículo 63. De los casos de suspensión de garantías constitucionales previstos en el art.
. El pueblo podrá atraer a su decisión mediante "referéndum" las leyes votadas por las Cortes. para ello. si no hubieran sido previamente denunciados conforme al procedimiento en ellos establecido.No podrá dictarse ley alguna en contradicción con dichos Convenios.
Artículo 68. El Presidente de la República es el jefe del Estado y personifica a la Nación. los Estatutos regionales. Los compromisarios serán elegidos por sufragio universal. que no podrán ser alterados durante el periodo de su magistratura. El pueblo podrá asimismo. No serán objeto de este recurso la Constitución. Una ley especial regulará el procedimiento y las garantías del "referéndum" y de la iniciativa popular
Presidencia de la República. Bastará. las de ratificación de Convenios internacionales inscritos en la Sociedad de las Naciones.
Artículo 66. ni las leyes tributarias. igual.
Artículo 69. Al Tribunal de garantías Constitucionales corresponde el examen y aprobación de los poderes de los compromisarios. presentar a las Cortes una proposición de ley. directo y secreto. siempre que lo pida. el 15 por 100 de los electores. ejerciendo el derecho de iniciativa. que lo solicite el 15 por 100 del Cuerpo electoral. El Presidente de la República será elegido conjuntamente por las Cortes y un numero de compromisarios igual al de Diputados.
Artículo 67. La iniciativa de la denuncia habrá de ser sancionada por las Cortes. Sólo serán elegibles para la Presidencia de la República los ciudadanos españoles mayores de cuarenta años que se hallen en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos. conforme al procedimiento que determine la ley. las leyes complementarias de la misma. La ley determinará su dotación y sus honores.
c) Los miembros de las familias reinantes o ex reinantes de cualquier país. A los exclusivos efectos de la elección de Presidente de la República. sea cual fuere el grado de parentesco que les una con el jefe de las mismas. En caso de impedimento temporal o ausencia del Presidente de la República. conforme a lo establecido en el Artículo 68.
Artículo 71. conservan sus poderes. La elección de nuevo Presidente de la República se celebrará treinta días antes de la expiración del mandato presidencial. se considerará iniciado el nuevo periodo presidencial.Artículo 70. le sustituirá en sus funciones el de las Cortes.
Artículo 75. ni los retirados que no lleven diez años. Del mismo modo. en tal caso será convocada la elección de nuevo Presidente en el plazo improrrogable de ocho días. el Presidente del Parlamento asumirá las funciones de la Presidencia de la República. a propuesta de éste.
Artículo 74. las Cortes. si ésta quedara vacante. solemnemente reunidas. fidelidad a la República y a la Constitución. Prestada esta promesa. cuando menos. en dicha situación. aun estando disueltas. El mandato del Presidente de la República durará seis años. Habrá de separarlos necesariamente en el caso de que las Cortes les negaren de modo explícito su confianza. a los Ministros. y se celebrará dentro de los treinta siguientes a la convocatoria. b) Los eclesiásticos. El Presidente de la República no podrá ser reelegido hasta transcurridos seis años del término de su anterior mandato. El Presidente de la República prometerá ante las Cortes.
Artículo 72. quien será sustituido en las suyas por el Vicepresidente del Congreso. El Presidente de la República nombrará y separará libremente al Presidente del Gobierno.
. y. No podrán ser elegibles ni tampoco propuestos para candidatos: a) Los militares en activo o en la reserva. los ministros de las varias confesiones y los religiosos profesos.
Los proyectos de Convenio de la organización internacional del Trabajo serán sometidos a las Cortes en el plazo de un año y. refrendados por el Ministro correspondiente. si creyere que se oponen a alguna de las leyes vigentes. previo acuerdo del Gobierno. b) Conferir los empleos civiles y militares y expedir los títulos profesionales. en caso de circunstancias excepcionales. solo obligarán a la Nación si han sido aprobados por las Cortes. para su registro. Los demos Tratados y Convenios internacionales ratificados por España. Los Tratados y Convenios secretos y las cláusulas secretas de cualquier Tratado o Convenio no obligarán a la Nación. los de comercio. que será comunicada. también deberán ser registrados en la Sociedad de las Naciones. de dieciocho meses. pudiendo el Presidente acordar que los proyectos de decreto se sometan a las Cortes. Cuando la Nación estuviera ligada a otros países por Tratados particulares de conciliación y arbitraje. el Presidente de la República suscribirá la ratificación.Artículo 76. Corresponde también al Presidente de la República: a) Declarar la guerra.
Artículo 77. Los Tratados de carácter político. se aplicarán éstos en todo lo que no contradigan los Convenios generales. con arreglo al artículo 18 del Pacto de la Sociedad. a la Sociedad de las Naciones. El Presidente de la República no podrá firmar declaración alguna de guerra sino en las condiciones prescritas en el Pacto de la Sociedad de las Naciones. y firmar la paz. a los efectos que en el se previenen. registrados en la Sociedad de las Naciones. de acuerdo con las leyes y los reglamentos.
. dando inmediata cuenta a las Cortes. conforme a los requisitos del Artículo siguiente. y sólo una vez agotados aquellos medios defensivos que no tengan carácter bélico y los procedimientos judiciales o de conciliación y arbitraje establecidos en los Convenios internacionales de que España fuere parte. firmar y ratificar los Tratados y Convenios internacionales sobre cualquier materia y vigilar su cumplimiento en todo el territorio nacional. c) Autorizar con su firma los decretos. los que supongan gravamen para la Hacienda pública o individualmente para los ciudadanos españoles y. todos aquellos que exijan para su ejecución medidas de orden legislativa. d) Ordenar las medidas urgentes que exija la defensa de la integridad o la seguridad de la Nación. e) Negociar. en general. Una vez aprobados por el Parlamento. a partir de la clausura de la Conferencia en que hayan sido adoptados.
Artículo 80. El Presidente de la República no podrá cursar el aviso de que España se retira de la Sociedad de las Naciones sino anunciándolo con la antelación que exige el Pacto de esa Sociedad. y su vigencia estará limitada al tiempo que tarde el Congreso en resolver o legislar sobre la material
Artículo 81. La iniciativa de destitución se tomará a propuesta de las tres quintas partes de los miembros
. en los casos excepcionales que requieran urgente decisión. Los decretos así dictados tendrán solo carácter provisional. Podrá suspender las sesiones ordinarias del Congreso en cada legislatura sólo por un mes en el primer periodo y por quince días en el segundo. b) Acompañando al decreto de disolución la convocatoria de las nuevas elecciones para el plazo máximo de sesenta días.
Artículo 82. a propuesta del Gobierno. votada por mayoría absoluta. el primer acto de las nuevas Cortes será examinar y resolver sobre la necesidad del decreto de disolución de las anteriores. el Presidente.
Artículo 79. sujetándose a las siguientes condiciones: a) Por decreto motivado. 58.Cumplidos los anteriores requisitos. podrá estatuir por decreto sobre materias reservadas a la competencia de las Cortes. Cuando no se halle reunido el Congreso. a propuesta y por acuerdo unánime del Gobierno y con la aprobación de los dos tercios de la Diputación permanente. siempre que no deje de cumplirse lo preceptuado en el art. y mediante previa autorización de las Cortes. consignada en una ley especial. o cuando lo demande la defensa de la República. expedirá los decretos. El Presidente de la República. El voto desfavorable de la mayoría absoluta de las Cortes llevará aneja la destitución del Presidente.
Artículo 78. En el caso de segunda disolución. El Presidente de la República podrá convocar el Congreso con carácter extraordinario siempre que lo estime oportuno. reglamentos e instrucciones necesarios para la ejecución de las leyes. el Presidente de la República habrá de estar autorizado por una ley para firmar la declaración de guerra. El Presidente podrá ser destituido antes de que expire su mandato. El Presidente podrá disolver las Cortes hasta dos veces como máximo durante su mandato cuando lo estime necesario.
En el plazo de ocho días se convocará la elección de compromisarios en la forma prevenida para la elección de Presidente. Antes de promulgar las leyes no declaradas urgentes. En caso contrario. dentro del plazo de quince días. destituido. En caso afirmativo. Serán nulos y sin fuerza alguna de obligar los actos y mandatos del Presidente que no estén refrendados por un Ministro.que compongan el Congreso. contados desde aquel en que la sanción le hubiere sido oficialmente comunicada. Los compromisarios reunidos con las Cortes decidirán por mayoría absoluta sobre la propuesta de éstas. el Presidente procederá a su inmediata promulgación. quedará disuelto el Congreso. Si la Asamblea votare contra la destitución. el Presidente quedará obligado a promulgarlas.
. El Presidente promulgará las leyes sancionadas por el Congreso. esta misma Asamblea elegirá el nuevo Presidente. Si la acusación no fuese admitida.
Artículo 85. La ejecución de dichos mandatos implicará responsabilidad penal. que las someta a nueva deliberación. Si la ley se declara urgente por las dos terceras partes de los votos emitidos por el Congreso. el Presidente quedará. Los Ministros que refrenden actos o mandatos del Presidente de la República asumen la plena responsabilidad política y civil y participan de la criminal que de ellos pueda derivarse. y desde este instante el Presidente no podrá ejercer sus funciones. y la causa seguirá sus trámites. Si volvieran a ser aprobadas por una mayoría de dos tercios de votantes. por acuerdo de las tres quintas partes de la totalidad de sus miembros. el Presidente podrá pedir al Congreso. El Congreso. el Congreso quedará disuelto y se procederá a nueva convocatoria. procediéndose a nueva elección. Mantenida la acusación por el Congreso. El Presidente de la República es criminalmente responsable de la infracción delictiva de sus obligaciones constitucionales.
Artículo 84. desde luego. decidirá si procede acusar al Presidente de la República ante el Tribunal de Garantías Constitucionales. en mensaje razonado. el Tribunal resolverá si la admite o no.
Los miembros del Consejo responden ante el Congreso: solidariamente de la política del Gobierno.
Artículo 92. elaborar los proyectos de ley que haya de someter al Parlamento. y deliberar sobre todos los asuntos de interés público. El Presidente del Consejo de Ministros dirige y representa la política general del Gobierno.Una ley de carácter constitucional determinará el procedimiento para exigir la responsabilidad criminal del Presidente de la República. no podrán desempeñar profesión alguna. dictar decretos. El Presidente del Consejo y los Ministros constituyen el Gobierno. individualmente responsables. El Presidente de la República. por las infracciones de la Constitución y de las leyes. El Presidente del Consejo y los Ministros son.
Artículo 89. también. Corresponde al Consejo de Ministros. en el orden civil y en el criminal. ni intervenir directa o indirectamente en la dirección o gestión de ninguna empresa ni asociación privada. Los miembros del Gobierno tendrán la dotación que determinen las Cortes. a propuesta del Presidente del Consejo. Mientras ejerzan sus funciones.
Artículo 87. principalmente. podrá nombrar uno o más Ministros sin cartera.
Gobierno. ejercer la potestad reglamentaria. e individualmente de su propia gestión ministerial.
. A los Ministros corresponde la alta dirección y gestión de los servicios públicos asignados a los diferentes Departamentos ministeriales.
Artículo 86. 70 para el Presidente de la República.
Artículo 91. Le afectan las mismas incompatibilidades establecidas en el art.
Una ley especial regulará la creación y el funcionamiento de los órganos asesores y de ordenación económica de la Administración.
Artículo 96. Se exceptúa el caso de estado de guerra. La República asegurará a los litigantes económicamente necesitados la gratuidad de la justicia.
Justicia. La jurisdicción penal militar quedará limitada a los delitos militares. La justicia se administra en nombre del Estado. Quedan abolidos todos los Tribunales de honor. El ejercicio de su magistratura durara diez años. La Administración de justicia comprenderá todas las jurisdicciones existentes. el Congreso ejercerá la acusación ante el Tribunal de Garantías Constitucionales en la forma que la ley determine. No podrá establecerse fuero alguno por razón de las personas ni de los lugares. El presidente del Tribunal Supremo será designado por el jefe del Estado. atribuciones y funcionamiento serán regulados por dicha ley. a los servicios de armas y a la disciplina de todos los Institutos armados. que serán reguladas por las leyes. con arreglo a la ley de Orden público. a propuesta de una Asamblea constituida en la forma que determine la ley.En caso de delito. tanto civiles como militares.
Artículo 94. Solo están sometidos a la ley. mayor de cuarenta años y licenciado en Derecho.
Artículo 95. Entre estos organismos figurará un Cuerpo consultivo supremo de la República en asuntos de Gobierno y Administración. Los jueces son independientes en su función.
Artículo 93. Le comprenderán las incapacidades e incompatibilidades establecidas para los demás funcionarios judiciales. cuya composición. del Gobierno y de las Cortes. El cargo de presidente del Tribunal Supremo solo requerirá: ser español.
y contra los actos discrecionales de la misma constitutivos de exceso o desviación de poder. de acuerdo con la Sala de gobierno y los asesores jurídicos que la ley designe. Los jueces y magistrados no podrán ser jubilados. cuya designación. sino con sujeción a las leyes. Cuando un Tribunal de justicia haya de aplicar una ley que estime contraria a la Constitución.
Artículo 101. los ascensos y traslados de jueces. entre elementos que no ejerzan la Abogacía. sin que ello implique asiento en la Cámara. será exigible ante el Tribunal Supremo con intervención de un jurado especial. capacidad e independencia regulará la ley. El presidente del Tribunal Supremo y el Fiscal general de la República estarán agregados. Se exceptúa la responsabilidad civil y criminal de los jueces y fiscales municipales que no pertenezcan a la carrera judicial.
. las siguientes: a) Preparar y proponer al Ministro y a la Comisión Parlamentaria de justicia. que contendrán las garantías necesarias para que sea efectiva la independencia de los Tribunales. leyes de reforma judicial y de los Códigos de procedimiento. con voz y voto. además de sus facultades propias.
Artículo 99. ni trasladados de sus puestos. La responsabilidad criminal del presidente y los magistrados del Tribunal Supremo y del Fiscal de la República será exigida por el Tribunal de Garantías Constitucionales. magistrados y fiscales en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas. suspenderá el procedimiento y se dirigirá en consulta al Tribunal de Garantías Constitucionales. La responsabilidad civil y criminal en que puedan incurrir los jueces. de modo permanente.Artículo 97. El presidente del Tribunal Supremo tendrá.
Artículo 98. separados ni suspendidos en sus funciones. magistrados y funcionarios fiscales. La ley establecerá recursos contra la ilegalidad del los actos o disposiciones emanadas de la Administración en el ejercicio de su potestad reglamentaria. a la Comisión Parlamentaria de justicia. b) Proponer al Ministro.
No se concederán indultos generales. En los delitos de extrema gravedad. El Tribunal Supremo otorgará los individuales a propuesta del sentenciador. El Ministerio Fiscal velará por el exacto cumplimiento de las leyes y por el interés social. cuya organización y funcionamiento serán objeto de una ley especial. previo informe del Tribunal Supremo y a propuesta del Gobierno responsable. El pueblo participara en la Administración de Justicia mediante la institución del jurado.
Artículo 105. Las amnistías solo podrán ser acordadas por el Parlamento. Constituirá un solo Cuerpo y tendrá las mismas garantías de independencia que la Administración de justicia. Todo español tiene derecho a ser indemnizado de los perjuicios que se le irroguen por error judicial o delito de los funcionarios judiciales en el ejercicio de sus cargos. podrá indultar el Presidente de la República.
Hacienda pública. en la primera quincena de Octubre de cada año.
Artículo 103. de la Junta de Prisiones o a petición de parte. del fiscal.
Artículo 106.Artículo 102. La ley organizará Tribunales de urgencia para hacer efectivo el derecho de amparo de las garantías individuales.
Artículo 107. La vigencia del Presupuesto será de un año. conforme determinen las leyes. el proyecto de Presupuestos generales del Estado para el ejercicio económico siguiente. El Estado será subsidiariamente responsable de estas indemnizaciones.
. La formación del proyecto de Presupuestos corresponde al Gobierno. El Gobierno presentará a estas. su aprobación a las Cortes.
incluso el tipo nominal de interés. tanto en ingresos como en gastos.
. en su caso. y no requerirá. sin que estas prórrogas puedan exceder de cuatro. Salvo lo dispuesto en el artículo anterior. los de carácter ordinario. para su vigencia. Las Cortes no podrán presentar enmienda sobre aumento de créditos a ningún artículo ni capitulo del proyecto de Presupuesto.Si no pudiera ser votado antes del primer día del año económico siguiente se prorrogará por trimestres la vigencia del último Presupuesto. El Presupuesto no podrá contener ninguna autorización que permita al Gobierno sobrepasar en el gasto la cifra absoluta en el consignada. de la amortización de la Deuda.
Artículo 112. a juicio de la mayoría absoluta del Congreso.
Artículo 111. cuando así lo estimen oportuno las Cortes.
Artículo 108. no podrán existir los créditos llamados ampliables. sin perjuicio de la efectividad de sus acuerdos. El Presupuesto fijará la Deuda flotante que el Gobierno podrá emitir dentro del año económico y que quedará extinguida durante la vida legal del Presupuesto. En caso de necesidad perentoria.
Artículo 110. la promulgación del jefe del Estado. habrá de contener las condiciones de este. podrá autorizarse un Presupuesto extraordinario. El Presupuesto general será ejecutivo por el solo voto de las Cortes. salvo caso de guerra. Para cada año económico no podrá haber sino un solo Presupuesto. En consecuencia. Las cuentas del Estado se rendirán anualmente y. y en él serán incluídos. censuradas por el Tribunal de Cuentas de la República. Su aprobación requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta del Congreso. éste. a no ser con la firma de la décima parte de sus miembros. y.
Artículo 109. comunicará a las Cortes las infracciones o responsabilidades ministeriales en que a su juicio se hubiere incurrido.
Artículo 113. Las autorizaciones al Gobierno en este respecto se limitarán. a las condiciones y al tipo de negociación. toda ley que autorice al Gobierno para tomar caudales a préstamo.
Toda operación que infrinja este precepto será nula y no obligará al Estado a su amortización ni al pago de intereses. impuestos y tasas y la realización de ventas y operaciones de crédito. cuando se considere necesaria. La Deuda pública está bajo la salvaguardia del Estado. d) Compromisos internacionales. bajo su responsabilidad. c) Calamidades públicas. que no podrán ser alteradas ni rebasadas por el Gobierno. Por excepción.
Artículo 118. se entenderán autorizadas las operaciones administrativas previas. podrá el Gobierno conceder. b) Perturbaciones graves de orden público o inminente peligro de ellas.
Artículo 117. ordenadas en las leyes. Las leyes especiales determinarán la tramitación de estos créditos. El Gobierno necesita estar autorizado por una ley para disponer de las propiedades del Estado y para tomar caudales a préstamo sobre el crédito de la Nación.
Artículo 116. Los créditos necesarios para satisfacer el pago de intereses y capitales se entenderán siempre
. Sus preceptos sólo regirán durante la vigencia del Presupuesto mismo. La exacción de contribuciones. pero no podrán exigirse ni realizarse sin su previa autorización en el estado de ingresos del Presupuesto.
Artículo 115. Nadie estará obligado a pagar contribución que no esté votada por las Cortes o por las Corporaciones legalmente autorizadas para imponerla. contendrá solamente las normas aplicables a la ejecución del Presupuesto a que se refiera.Artículo 114. La ley de Presupuestos. se entenderán autorizadas con arreglo a las leyes en vigor. créditos o suplementos de crédito para cualquiera de los siguientes casos: a) Guerra o evitación de la misma. No obstante. Los créditos consignados en el estado de gastos representan las cantidades máximas asignadas a cada servicio. cuando las Cortes no estuvieren reunidas.
Designará concreta y específicamente los recursos con que sea dotada. se ajustará a las siguientes normas: 1. directa o indirectamente. Dependerá directamente de las Cortes y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el conocimiento y aprobación final de las cuentas del Estado. que tendrá competencia para conocer de: a) El recurso de inconstitucionalidad de las leyes. un Tribunal de Garantías Constitucionales. El Tribunal de Cuentas de la República es el órgano fiscalizador de la gestión económica. siempre que se dé el mismo supuesto.
Artículo 120. b) El recurso de amparo de garantías individuales. Del resultado de esta censura conocerán las Cortes.
. El presupuesto anual de la Caja necesitará para ser ejecutivo la aprobación del Ministro de Hacienda. Las cuentas se someterán al Tribunal de Cuentas de la República. Otorgará a la Caja la plena autonomía de gestión. Fijará la Deuda o Deudas cuya amortización se le confíe.incluídos en el estado de gastos del Presupuesto y no podrán ser objeto de discusión mientras se ajusten estrictamente a las leyes que autorizaron la emisión. toda operación que implique. Ni los recursos ni los capitales de la Caja podrán ser aplicados a ningún otro fin del Estado. Toda ley que instituya alguna Caja de amortización. Se establece. 2. en general. Una ley especial regulará su organización. con jurisdicción en todo el territorio de la República. De idénticas garantías disfrutará. c) Los conflictos de competencia legislativa y cuantos otros surjan entre el Estado y las regiones autónomas y los de éstas entre sí.
Artículo 119. 3. cuando hubiere sido ineficaz la reclamación ante otras autoridades. responsabilidad económica del Tesoro.
Garantías y reforma de la Constitución. competencia y funciones. Sus conflictos con otros organismos serán sometidos a la resolución del Tribunal de garantías Constitucionales.
El presidente del Tribunal de Cuentas de la República. El Gobierno de la República. Los jueces y tribunales en el caso del art. Cuatro profesores de la Facultad de Derecho. e) La responsabilidad criminal del jefe del Estado. Dos Diputados libremente elegidos por las Cortes. f) La responsabilidad criminal del presidente y los magistrados del Tribunal Supremo y del Fiscal de la República. 4.
Artículo 122. Dos miembros nombrados efectivamente por todos los Colegios de Abogados de la República. 93. Toda persona individual o colectiva. Compondrán este Tribunal: Un presidente designado por el Parlamento.d) El examen y aprobación de los poderes de los compromisarios que juntamente con las Cortes eligen al Presidente de la República. 3. elegido en la forma que determine la ley. 100. El Ministerio fiscal. del Presidente del Consejo y de los Ministros.
. Las Regiones españolas. sea o no Diputado. Un representante por cada una de las Regiones españolas. Son competentes para acudir ante el Tribunal de Garantías Constitucionales: 1. El presidente del alto Cuerpo consultivo de la República a que se refiere el art. designados por el mismo procedimiento entre todas las de España
Artículo 123. aunque no hubiera sido directamente agraviada. 5. 2.
La Cámara así elegida. votada por estas Cortes.
Artículo 125. reformarse o adicionarse. seguirá los trámites de una ley y requerirá el voto. acorde con la reforma.
. quedará automáticamente disuelto el Congreso y será convocada nueva elección para dentro del termino de sesenta días. Acordada en estos términos la necesidad de la reforma. Una ley orgánica especial. durante los cuatro primeros años de vida constitucional. establecerá las inmunidades y prerrogativas de los miembros del Tribunal y la extensión y efectos de los recursos a que se refiere el art. b) A propuesta de la cuarta parte de los miembros del Parlamento. la propuesta señalará concretamente el artículo o los artículos que hayan de suprimirse. en funciones de Asamblea Constituyente.Artículo 124. La Constitución podrá ser reformada: a) A propuesta del Gobierno. 121. y actuará luego como Cortes ordinarias. y la mayoría absoluta en lo sucesivo. En cualquiera de estos casos. de las dos terceras partes de los Diputados en el ejercicio del cargo.
Palacio de las Cortes Constituyentes a 9 de Diciembre de 1931. decidirá sobre la reforma propuesta.
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