Source: https://www.scribd.com/document/178719695/Amnistia-pdf
Timestamp: 2017-10-23 03:49:01
Document Index: 255771183

Matched Legal Cases: ['artículo 97', 'artículo 97', 'artículo 190', 'artículo 183', 'artículo 97', 'artículo 97', 'artículo 97', 'artículo 97', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 97', 'artículo 89', 'artículo 97', 'artículo 97', 'artículo 97', 'artículo 97', 'Artículo 97', 'artículo 1', 'artículo 97', 'artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 97', 'artículo 85', 'artículo 89', 'artículo 96', 'Artículo 94', 'Artículo 95', 'Artículo 97', 'artículo 144', 'Artículo 98', 'Artículo 558', 'artículo 97', 'Artículo 559', 'artículo 97', 'Artículo 96', 'artículo 49', 'Artículo 49', 'Artículo 560', 'Artículo 561', 'Artículo 562', 'Artículo 563', 'artículo 561', 'Artículo 564', 'Artículo 565', 'Artículo 566', 'Artículo 567', 'Artículo 568', 'artículo 97', 'artículo 97', 'artículo 97', 'artículo 97', 'artículo 97', 'artículo 97', 'artículo 97', 'artículo 89', 'artículo 97', 'artículo 97', 'artículo 97', 'artículo 72', 'artículo 97', 'artículo 560', 'artículo 96', 'artículo 97', 'artículo 97', 'artículo 97', 'Artículo 97', 'Artículo 97', 'artículo 97', 'artículo 89', 'artículo 1', 'artículo 97', 'artículo 97', 'artículo 72', 'artículo 72', 'ARTÍCULO 97', 'artículo 97', 'Artículo 97']

Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, sobre las iniciativas con Proyecto de Decreto con
Proyecto de Decreto por el que se expediría la Ley de Amnistía en favor de las Personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal con motivo de los hechos suscitados en los municipios Simojovel y El Bosque del estado de Chiapas el día doce de junio de dos mil y por el que se adiciona un artículo 97 Bis al Código Penal Federal.
HONORABLE ASAMBLEA: A las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, de la LXII Legislatura del Senado de la República, les fueron turnadas para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, las siguientes Iniciativas: 1. Con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Amnistía en favor de las personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal con motivo de los hechos suscitados en los municipios Simojovel y El Bosque del estado de Chiapas el día doce de junio de dos mil. 2. Con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 97 Bis al Código Penal Federal. En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Justicia, y de Estudios Legislativos, encargadas del análisis y dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme a la siguiente: METODOLOGÍA 1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de la Comisiones Unidas Dictaminadoras. 2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el trámite brindado a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, desde el inicio del proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo. 3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición” se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los temas que la componen. 4. En el apartado denominado “III.- Análisis del contenido y valoración jurídica de la propuesta” se realiza un breve análisis sobre la viabilidad de la propuesta, de acuerdo con el marco constitucional y legal vigente. 5. En el apartado denominado “IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las modificaciones realizadas”, los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras expresan los razonamientos y argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen.
Fundamentos legales y reglamentarios. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 90 numeral 1, fracción XIX, 93, 94 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los artículos 113, 114, 135, numeral 1, fracción I, 174, 175, numeral 1, 178, numerales 1 y 3, 182, 183, numeral 3, 186, 187, 188, 190, 191 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras se abocaron al análisis, discusión y valoración de los proyectos de Decreto que se mencionan. Asimismo, considerando que ambas iniciativas están íntimamente relacionadas, pues abarcan dos partes de la misma temática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 183, numeral 3, del Reglamento del Senado de la República, los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras consideran legalmente viable analizarlas en un solo dictamen, por lo que al estimar que son competentes para conocer del asunto de que se trata, en este acto, respetuosamente someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente: DICTAMEN I.- Antecedentes Generales 1. En Sesión del Pleno del Senado de la República de fecha 18 de septiembre de 2013, los Senadores Angélica de la Peña Gómez y Zoé Robledo Aburto, ambos del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), integrantes de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, presentaron la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Amnistía en favor de las personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal con motivo de los hechos suscitados en los municipios Simojovel y El Bosque del estado de Chiapas el día doce de junio de dos mil. 2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la Iniciativa con Proyecto de Decreto materia del presente Dictamen a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio y dictamen.
Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, sobre las iniciativas con Proyecto de Decreto con Proyecto de Decreto por el que se expediría la Ley de Amnistía en favor de las Personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal con motivo de los hechos suscitados en los municipios Simojovel y El Bosque del estado de Chiapas el día doce de junio de dos mil y por el que se adiciona un artículo 97 Bis al Código Penal Federal. 3. En Sesión del Pleno del Senado de la República de fecha 1 de octubre de 2013, los Senadores Roberto Gil Zuarth, Javier Corral Jurado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN); Armando Ríos Piter, Manuel Camacho Solís y Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática (PRD) y Arely Gómez González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), integrantes de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, presentaron la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 97 Bis al Código Penal Federal. 4. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la Iniciativa con Proyecto de Decreto materia del presente Dictamen a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio y dictamen. II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición Los legisladores iniciantes motivaron la necesidad de aprobar la Iniciativa con Proyecto de Decreto por las razones siguientes: Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Amnistía en favor de las personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal con motivo de los hechos suscitados en los municipios Simojovel y El Bosque del estado de Chiapas el día doce de junio de dos mil 1. Señalan los Senadores que durante el año 2000 se registraron en los municipios de Simojovel y El Bosque una serie de actos de violencia, cuyo móvil y responsables no fueron encontrados por las autoridades. “En este contexto, el caso más grave fue la emboscada efectuada el 12 de junio a la altura de la comunidad Las Limas, ubicado en el tramo carretero entre los municipios de Simojovel y El Bosque a una camioneta propiedad del Ayuntamiento de El Bosque y conducida por el hijo del presidente municipal Manuel Gómez Ruiz, en la que viajaban ocho agentes de la Policía de Seguridad Pública; siete de ellos perdieron la vida en el atentado y dos resultaron heridos, entre ellos el hijo del entonces presidente municipal. Según las autoridades, la emboscada evidenció una planeación y ejecución altamente profesional. De acuerdo con la versión de la Procuraduría General de la República fueron diez personas las que realizaron la emboscada y utilizaron armas tipo AR-15 y AK-47”.
Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, sobre las iniciativas con Proyecto de Decreto con Proyecto de Decreto por el que se expediría la Ley de Amnistía en favor de las Personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal con motivo de los hechos suscitados en los municipios Simojovel y El Bosque del estado de Chiapas el día doce de junio de dos mil y por el que se adiciona un artículo 97 Bis al Código Penal Federal. 2. Continúan manifestando los Senadores que “el profesor Alberto Patishtán Gómez fue detenido el 19 de junio del 2000, en el municipio de El Bosque. También fue detenido Salvador López González simpatizante zapatista. Ambos fueron acusados de ser participar en la emboscada del 12 de junio. Relatan asimismo que el profesor Patishtan fue sometido a 30 días de arraigo y en el proceso judicial nunca se le proporcionó un intérprete traductor, además de existir otras irregularidades. Con esos antecedentes, el 25 de julio del año 2000 se dictó auto de formal prisión en contra del profesor Alberto Patishtán y Salvador López González los cuales continuaron los procesos penales. Los delitos que se les imputaron fueron: violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, lesiones y homicidio calificados, robo, daños y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; a Salvador lo acusaron también de delitos contra la salud. 3. De acuerdo con la Exposición de Motivos, las principales pruebas del ministerio público para inculpar al profesor Alberto Patishtán fueron: 1.- La segunda declaración del menor Rosemberg Gómez Pérez, en la primera mencionó no acordarse de nada debido a que quedó inconsciente y en la segunda después de haber recibido la visita de Martín Gómez Culebro, enemigo político del profesor Alberto Patishtán declaró la participación del profesor. 2.- La libreta de apuntes del Profesor Alberto Patishtán que se le encontró al momento de ser detenido con una serie de anotaciones para los juegos de basquetbol, que se realizarían en los eventos deportivos de la zona. Los peritos y principalmente el Juez señalaron que eso pudiera ser un croquis que señalaba como estaban parapetados los criminales que cometieron la emboscada. 3.- El peritaje de rodizonato de sodio tomado siete días después de que sucedieron los hechos. 4. El 18 de marzo de 2002, en el expediente penal número 126/2000, el Juez Primero de Distrito del Vigésimo Circuito dicto sentencia condenatoria en contra del profesor Alberto Patishtán considerándolo penalmente responsable de los delitos de Lesiones y Homicidio Calificado, Robo Calificado y Daños, Portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, armada o fuerza aérea, aplicándole una pena de 60 años de prisión y multa de 1745 días por un monto total de $57,061.00. En el caso del señor Salvador López González, el Juez lo declaró absuelto de los delitos y ordenó su libertad.
Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, sobre las iniciativas con Proyecto de Decreto con Proyecto de Decreto por el que se expediría la Ley de Amnistía en favor de las Personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal con motivo de los hechos suscitados en los municipios Simojovel y El Bosque del estado de Chiapas el día doce de junio de dos mil y por el que se adiciona un artículo 97 Bis al Código Penal Federal. 5. El profesor Alberto Patishtán interpuso todos los recursos legales a su alcance pero en todos se confirmó la sentencia recurrida. Recientemente, el profesor Patishtán promovió ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas el Incidente de Reconocimiento de Inocencia número 4/2012, mismo que resolvió negarle dicho recurso por considerarlo cosa juzgada. El Tribunal consideró que las pruebas aportadas “no son aptas ni tienen el alcance de invalidar las pruebas que sostienen la sentencia condenatoria, debido a que provienen de hechos diferentes a los que dieron origen a la sentencia condenatoria de Alberto Patishtán Gómez”. Por ello, propusieron la aprobación de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Amnistía en favor de las Personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal con motivo de los hechos suscitados en los municipios Simojovel y El Bosque del estado de Chiapas el día doce de junio de dos mil, para quedar como sigue:
“LEY DE AMNISTÍA EN FAVOR DE LAS PERSONAS EN CONTRA DE QUIENES SE HAYA EJERCITADO ACCIÓN PENAL CON MOTIVO DE LOS HECHOS SUSCITADOS EN LOS MUNICIPIOS SIMOJOVEL Y EL BOSQUE DEL ESTADO DE CHIAPAS EL DÍA DOCE DE JUNIO DE DOS MIL Artículo 1o.- Se decreta amnistía en favor de todas las personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal ante los tribunales del orden federal al momento de la publicación de la presente Ley, por los delitos cometidos con motivo de los hechos de violencia suscitados en los Municipios Simojovel y El Bosque del Estado de Chiapas el día doce de junio de dos mil. El Ejecutivo Federal integrará una Comisión que coordinará los actos de aplicación de la presente Ley. Artículo 2o.- La amnistía extingue las acciones penales y las sanciones impuestas respecto de los delitos que comprende, dejando subsistente la responsabilidad civil y a salvo los derechos de quienes puedan exigirla. En cumplimiento de esta ley, las autoridades judiciales y administrativas competentes pondrán en libertad a los detenidos cualquiera que sea el momento procesal en que se encuentren. Artículo 3o.- Las personas a quienes aproveche esta Ley, no podrán en lo futuro ser interrogadas, investigadas, citadas a comparecer, detenidas,
aprehendidas, procesadas o molestadas de manera alguna por los hechos que comprende esta amnistía. Artículo 4º.-Las personas que se encuentren sustraídas a la acción de la justicia por los delitos a que se refiere el artículo 1o. no se beneficiarán de presente Ley de amnistía.”
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 97 Bis al Código Penal Federal. 1. Señalan los Senadores que el artículo 89, fracción XIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la facultad del Titular del Poder Ejecutivo Federal para conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales y a las personas sentenciadas por delitos del orden común, en el Distrito Federal sin que existan limitantes constitucionales para ello, salvo los establecidos en la ley secundaria. 2. No obstante, los legisladores apuntan que “la realidad nos ha demostrado en diversas ocasiones que en nuestro país, por diversos motivos, aún existen casos en los que esas personas sentenciadas obtuvieron su condena debido a la constante y sistemática violación del debido proceso en su contra”, verificándose, en especial, en personas parte de grupos considerados como en situación de vulnerabilidad como los pueblos y comunidades indígenas o en extrema pobreza, por lo que no contar con posibilidades económicas y políticas suficientes, no pueden acceder a una adecuada defensa. 3. Sobre estos casos mencionaron que ni el sistema judicial a través del reconocimiento de inocencia ni el indulto tal como está regulado actualmente responden satisfactoriamente, por lo que “es importante voltear a esta problemática y enfrentar la realidad que nos aqueja como sociedad, reconociendo que el sistema de justicia presenta un espacio en blanco en esta parte que debemos resolver, pues no hacerlo trae como consecuencia serios estragos.” 4. Por tales razones proponen adicionar el Código Penal Federal con un artículo 97 bis que establezca una excepción a lo dispuesto en el artículo 97 del mismo ordenamiento legal, para atender los casos en que habiéndose concluido el proceso jurisdiccional penal correspondiente, existieran indicios
Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, sobre las iniciativas con Proyecto de Decreto con Proyecto de Decreto por el que se expediría la Ley de Amnistía en favor de las Personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal con motivo de los hechos suscitados en los municipios Simojovel y El Bosque del estado de Chiapas el día doce de junio de dos mil y por el que se adiciona un artículo 97 Bis al Código Penal Federal. de vulneraciones graves al debido proceso que hubiesen impedido a la persona sentenciada haber tenido una adecuada defensa, con lo que se “construirá el andamiaje jurídico para que todos los casos en que existan este tipo de violaciones a los derechos humanos de una persona sujeta a proceso penal, puedan ser revisados y, en su caso, beneficiados con esta modalidad del indulto y con ello coadyuvar en la construcción de un régimen jurídico mucho más justo, que evite que las asimetrías económicas, políticas o sociales no sean una justificación para tener culpables fabricados en los centros de reinserción social de la Federación. ” Por ello, propusieron la aprobación de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 97 Bis al Código Penal Federal, para quedar como se aprecia en el siguiente cuadro comparativo:
Texto vigente del Código Penal Federal No existe actualmente Texto propuesto por la Iniciativa Artículo 97 Bis.- De manera excepcional, por sí o a petición de las Cámaras del Congreso de la Unión o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Titular del Poder Ejecutivo Federal podrá conceder el indulto, por cualquier delito del orden federal o común en el Distrito Federal, y previo dictamen del órgano ejecutor de la sanción en el que se demuestre que la persona sentenciada no representa un peligro para la tranquilidad y seguridad públicas, expresando sus razones y fundamentos, en los casos siguientes: I.- Cuando existan indicios consistentes de que la persona sentenciada no tuvo acceso a una adecuada defensa y, ello fue determinante para que le fuese imposible demostrar su inocencia; II.- Cuando se constaten violaciones graves al debido proceso en cualquier etapa del juicio o sus recursos; o III.- Cuando existan elementos objetivos suficientes que acreditan la inocencia de la persona sentenciada. En ambos casos, el Ejecutivo Federal deberá cerciorarse de que la persona 7
sentenciada haya agotado previamente todos los recursos legales nacionales. En su resolución, el Ejecutivo Federal otorgará el indulto, en su caso, sin condiciones adicionales o con las que estimare convenientes.
III.- Análisis del contenido y valoración jurídica de la propuesta Para llevar a cabo el análisis de la iniciativa de mérito, a continuación se llevará a cabo un análisis del indulto presidencial y del reconocimiento de inocencia judicial y, posteriormente, se estudiarán los pormenores de la propuesta. a) Antecedentes históricos y marco jurídico sobre amnistía, indulto y reconocimiento de inocencia como figura derivada del indulto.  La amnistía
En el sistema constitucional moderno mexicano, es decir, a partir de la vigencia de la actual Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tienen registrados tres casos relevantes en los que el Congreso de la Unión (fuero federal) ha decretado amnistía a favor de personas que hubieren delinquido: Una de ellas está enmarcada en al ámbito del fuero militar pues la Ley de Amnistía de 5 de febrero de 1937 concedió esa gracia a los militares que, con anterioridad a la fecha en que entró en vigor, hayan cometido, en cualquiera de sus grados, el delito de rebelión, ya sea como autores, cómplices o encubridores, independientemente de que los agentes del Ministerio Público Federal y las autoridades del fuero militar, hayan practicado diligencias o averiguaciones previas, y de que se hubiera dictado sentencia definitiva. Como es evidente por las fechas, esta ley se enmarca en el proceso de reacomodo político posterior a la Revolución Mexicana, en el que muchos militares se levantaron en armas en contra de los líderes políticos o incluso en contra de las instituciones de la República. La segunda de ellas fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de septiembre de 1978 y, de acuerdo con su artículo 1o., favoreció a todas aquellas personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal, ante los Tribunales de la Federación o ante los Tribunales del Distrito Federal en materia
Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, sobre las iniciativas con Proyecto de Decreto con Proyecto de Decreto por el que se expediría la Ley de Amnistía en favor de las Personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal con motivo de los hechos suscitados en los municipios Simojovel y El Bosque del estado de Chiapas el día doce de junio de dos mil y por el que se adiciona un artículo 97 Bis al Código Penal Federal. de fuero común, hasta la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, por los delitos de sedición, o porque hayan invitado, instigado o incitado a la rebelión, o por conspiración u otros delitos cometidos formando parte de grupos e impulsados por móviles políticos con el propósito de alterar la vida institucional del país, que no sean contra la vida, la integridad corporal, terrorismo o secuestro. Esa ley se inserta en una etapa difícil de la historia reciente de México pues el país se había debatido, desde la década de los años 60, en un contexto en el que se dio la aparición de una serie de grupos armados de reivindicación social-política que dio paso a lo que se ha llamado por los estudiosos del tema como la etapa de “la guerra sucia” o de “la guerra de baja intensidad”. Ante ese panorama, la Ley de Amnistía del año 1978 buscó una salida y un olvido (hay que recordar que etimológicamente amnistía significa olvidar) a esa penosa etapa de la historia nacional, perdonando los delitos que hubiesen sido cometidos, por causas políticas, por todos aquellos que hubieran participado en esos movimientos. Característica esencial de esa ley fue otorgar la amnistía para todos los individuos que hubieren participado en esos movimientos por móviles políticos con el propósito de alterar la vida institucional del país, sin que ello incluyera el perdón por los delitos contra la vida, la integridad corporal, terrorismo o secuestro. Así las cosas, la Ley de Amnistía de 1978 incluyó a todas las personas que hubiesen sido detenidas y procesadas y a las que estando en carácter de sustraídos de la acción de la justicia, quisieran beneficiarse con ella. Su naturaleza jurídica, como la de toda ley, fue general y no agotó su objeto y validez en un solo acto de perdón a un individuo en particular. Así se constata en sus artículos 1o y 2o, que a continuación se transcriben:
“ARTICULO 1o.- Se decreta amnistía en favor de todas aquellas personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal, ante los Tribunales de la Federación o ante los Tribunales del Distrito Federal en materia de fuero común, hasta la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, por los delitos de sedición, o porque hayan invitado, instigado o incitado a la rebelión, o por conspiración u otros delitos cometidos formando parte de grupos e impulsados por móviles políticos con el propósito de alterar la vida institucional del país, que no sean contra la vida, la integridad corporal, terrorismo o secuestro.
ARTICULO 2o.- Los individuos que se encuentren actualmente sustraídos de la acción de la justicia, dentro o fuera del país, por los motivos a que se refiere el artículo 1o. podrán beneficiarse de la amnistía, condicionada a la entrega de todo tipo de instrumentos, armas, explosivos, u otros objetos empleados en la comisión de los delitos, dentro del plazo de 90 días a partir de la vigencia de esta Ley.”
En el año 1994, otro movimiento político-social emergió en el Estado de Chiapas. La irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que enarbolaba banderas de derechos humanos y de justicia social pero que, de acuerdo con la Primera Declaración de la Selva Lacandona, tenía como objetivo “derrocar al mal gobierno”, fue motivo para que el Estado Mexicano otorgara una nueva Ley de Amnistía. Ésta fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de enero de 1994 y también benefició a todas las personas que hubieren participado en los sucesos derivados del levantamiento armado de ese grupo, además de a las personas que se encontraran sustraídas de la acción de la justicia, usando el mismo esquema legal que la Ley de Amnistía de 1978, tal y como se aprecia en los artículos 1o y 2o de esta nueva ley, que a continuación se transcriben:
“Artículo 1o.- Se decreta amnistía en favor de todas las personas en contra de quienes se haya ejercitado o pudiere ejercitarse acción penal ante los tribunales del orden federal, por los delitos cometidos con motivo de los hechos de violencia, o que tengan relación con ellos, suscitados en varios municipios del Estado de Chiapas el día primero de enero de mil novecientos noventa y cuatro al día veinte del mismo mes y año, a las quince horas. El Ejecutivo Federal integrará una Comisión que coordinará los actos de aplicación de la presente Ley. Artículo 2o.- Los individuos que se encuentren actualmente sustraídos a la acción de la justicia, dentro o fuera del país, por los delitos a que se refiere el artículo 1o., podrán beneficiarse de la amnistía, condicionada a la entrega de rehenes y de todo tipo de armas, explosivos, instrumentos u otros objetos empleados en la realización de los mismos, en los términos que fije la Comisión.”
No es claro el origen del indulto como figura jurídica pero parece existir un consenso en la doctrina que indica que su nacimiento atiende a la facultad de los reyes, soberanos de la tierra y de las leyes divinas, en quienes se depositaba la
Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, sobre las iniciativas con Proyecto de Decreto con Proyecto de Decreto por el que se expediría la Ley de Amnistía en favor de las Personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal con motivo de los hechos suscitados en los municipios Simojovel y El Bosque del estado de Chiapas el día doce de junio de dos mil y por el que se adiciona un artículo 97 Bis al Código Penal Federal. soberanía y el poder para hacer y derogar las leyes, así como para castigar los delitos y también para perdonarlos. Lo cierto es que el indulto ha estado presente en la legislación nacional moderna desde la Constitución de 1857, la cual establecía en su artículo 85, fracción XV, que el Presidente tenía la facultad de “conceder, conforme á las leyes, indultos á los reos sentenciados por delitos de la competencia de los tribunales federales.” El artículo 89, fracción XIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, reprodujo tal disposición ampliando tal facultad para otorgarla a los sentenciados por delitos del orden común del Distrito Federal. Por ser una facultad discrecional del Titular del Poder Ejecutivo Federal, el indulto no cuenta con una regulación secundaria exhaustiva, limitándose a lo establecido en algunos artículos del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales. En los años 1983 y 1984 se llevaron a cabo sendas reformas legales a la figura del indulto, separando claramente lo que antes se denominaba indulto necesario (cuando el sentenciado podía demostrar su inocencia por pruebas supervenientes) del ámbito del Ejecutivo Federal. De esta forma, el entonces llamado indulto necesario desapareció para crear un incidente ante el Poder Judicial de la Federación denominado de Reconocimiento de Inocencia, que ha sido definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el siguiente criterio jurisprudencial:
[TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 1; Pág. 834 RECONOCIMIENTO DE INOCENCIA E INDULTO. SON INSTITUCIONES DIFERENTES CON CARACTERÍSTICAS PROPIAS, POR LO QUE EL PRIMERO NO CONSTITUYE UN MEDIO PARA OBTENER EL SEGUNDO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo II, Primera Parte, julio a diciembre de 1988, página 152, de rubro: "INDULTO. POR GRACIA O POR RECONOCIMIENTO DE LA INOCENCIA. TIPOS DIVERSOS.", sustentó que "el reconocimiento de la inocencia es un medio para obtener el indulto", lo que esta nueva integración de la Sala no comparte, ya que el indulto necesario es el nombre con el cual se designaba en la legislación mexicana al recurso de revisión contra las sentencias 11
penales firmes y con autoridad de cosa juzgada, cuando con posterioridad se descubrían o producían determinados hechos o elementos de convicción que hacían necesario un nuevo examen del proceso en el cual se dictó el fallo respectivo; sin embargo, la doctrina señaló que dicha denominación no era acertada, puesto que el indulto constituye una concesión otorgada por el Poder Ejecutivo, lo cual el legislador tomó en cuenta y en las reformas promulgadas en diciembre de 1983 y 1984 a los Códigos Penal Federal y Federal de Procedimientos Penales, respectivamente, sustituyó dicha expresión por la de "reconocimiento de la inocencia del sentenciado", según se advierte del texto del artículo 96 de la primera legislación citada, en cuanto establece que cuando aparezca que el sentenciado es inocente se procederá al reconocimiento de su inocencia en los términos previstos por el numeral 49 del propio código; mientras que los diversos numerales 560 y 561 de la segunda codificación mencionada, regulan y establecen las hipótesis en que procede su solicitud, trámite y resolución. Así, el reconocimiento de inocencia vino a sustituir al indulto necesario y judicial, y se conceptúa como una institución de carácter extraordinario y excepcional que, reconociendo el principio de seguridad jurídica surgido con la sentencia definitiva irrevocable, tiene por objeto corregir verdaderas injusticias cometidas por el juzgador penal, cuando habiendo condenado a una persona, posteriormente se demuestra de manera fehaciente e indubitable que es inocente. PRIMERA SALA Reconocimiento de inocencia 11/2011. 1o. de febrero de 2012. Mayoría de tres votos. Disidente y Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ausente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Jorge Antonio Medina Gaona. Reconocimiento de inocencia 15/2011. 1o. de febrero de 2012. Mayoría de tres votos. Disidente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ausente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa López. Reconocimiento de inocencia 7/2012. 26 de septiembre de 2012. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Jorge Antonio Medina Gaona.”
Así las cosas, el indulto que permaneció en la esfera de competencia del Ejecutivo Federal se regula en los artículos 94, 95, 97 y 98, del Código Penal Federal, que a la letra establecen:
“Artículo 94.- El indulto no puede concederse, sino de sanción impuesta en sentencia irrevocable.
Artículo 95.- No podrá concederse de la inhabilitación para ejercer una profesión o alguno de los derechos civiles o políticos, o para desempeñar determinado cargo o empleo, pues estas sanciones sólo se extinguirán por la amnistía o la rehabilitación. Artículo 97.- Cuando la conducta observada por el sentenciado refleje un alto grado de readaptación social y su liberación no represente un peligro para la tranquilidad y seguridad públicas, conforme al dictamen del órgano ejecutor de la sanción y no se trate de sentenciado por traición a la Patria, espionaje, terrorismo, sabotaje, genocidio, delitos contra la salud, violación, delito intencional contra la vida y secuestro, ni de reincidente por delito intencional, se le podrá conceder indulto por el Ejecutivo Federal, en uso de facultades discrecionales, expresando sus razones y fundamentos en los casos siguientes: I. II. III. Por los delitos de carácter político a que alude el artículo 144 de este Código; Por otros delitos cuando la conducta de los responsables haya sido determinada por motivaciones de carácter político o social, y Por delitos de orden federal o común en el Distrito Federal, cuando el sentenciado haya prestado importantes servicios a la Nación, y previa solicitud.
Artículo 98.- El indulto en ningún caso extinguirá la obligación de reparar el daño causado. El reconocimiento de la inocencia del sentenciado extingue la obligación de reparar el daño.”
Asimismo, los artículos 558 y 559 del Código Federal de Procedimientos Penales establecen, exclusivamente sobre el indulto solicitado por el sentenciado, lo siguiente:
“Artículo 558.- Cuando se trate del indulto a que se refiere la fracción III del artículo 97 del Código Penal, el solicitante ocurrirá al Ejecutivo Federal con su petición, por conducto de la Secretaría de Gobernación, debiendo acompañar los justificantes de los servicios prestados a la Nación por el sentenciado. Artículo 559.- El Ejecutivo, en vista de los comprobantes, o si así conviniere a la tranquilidad y seguridad públicas tratándose de delitos políticos, concederá el indulto sin condición alguna o con las que estimare convenientes.”
Con esto podemos establecer los requisitos fundamentales de esta figura jurídica, las cuales pueden enumerarse como sigue:
Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, sobre las iniciativas con Proyecto de Decreto con Proyecto de Decreto por el que se expediría la Ley de Amnistía en favor de las Personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal con motivo de los hechos suscitados en los municipios Simojovel y El Bosque del estado de Chiapas el día doce de junio de dos mil y por el que se adiciona un artículo 97 Bis al Código Penal Federal. 1. Solo puede concederse por el Ejecutivo Federal en uso de facultades discrecionales; 2. Solo puede concederse a aquellos que cuenten con sentencia irrevocable; 3. No extingue la obligación de reparar el daño, pues solamente se perdona la pena y no el delito; 4. No implica rehabilitación de derechos; 5. Para otorgarlo, el Ejecutivo debe basarse en el dictamen del órgano ejecutor de la sentencia; 6. No puede otorgarse a sentenciado por traición a la Patria, espionaje, terrorismo, sabotaje, genocidio, delitos contra la salud, violación, delito intencional contra la vida y secuestro, ni de reincidente por delito intencional 7. Solo puede otorgarse cuando el sentenciado presente un alto grado de reinserción social o no represente peligro para la tranquilidad y seguridad públicas 8. Solo puede concederse por delitos políticos o que hubieren tenido una motivación política o para cualquier otro delito siempre y cuando el sentenciado así lo solicite y acredite que ha realizado importantes servicios a la Nación. De esta forma debe también desprenderse que el indulto implica un beneficio de carácter exclusivamente personal para el sentenciado que lo obtiene y por ningún motivo extingue la comisión del delito, por lo que en caso de que varias personas hubiesen cometido el ilícito pero solo a una de ellas se le hubiera concedido el indulto, las demás aún serían sujetas de proceso penal y, en su caso condena por esas conductas. Ello nos lleva a aseverar que el indulto es un perdón de la pena por determinación discrecional del Ejecutivo Federal.  El reconocimiento de inocencia
Por otro lado, existe la figura del reconocimiento de inocencia judicial, establecido en los artículos 96 y 49 del Código Penal Federal, que a la letra establecen:
“Artículo 96.- Cuando aparezca que el sentenciado es inocente, se procederá al reconocimiento de su inocencia, en los términos previstos por el Código de Procedimientos Penales aplicable y se estará a lo dispuesto en el artículo 49 de este Código. Artículo 49.- La publicación de sentencia se ordenará igualmente a título de reparación y a petición del interesado, cuando éste fuere absuelto, el hecho imputado no constituyere delito o él no lo hubiere cometido.” 14
Correlativamente, los artículos 560 al 568 del Código Federal de Procedimientos Penales establecen lo siguiente: “Artículo 560.- El reconocimiento de la inocencia del sentenciado se basa en alguno de los motivos siguientes: I. II. Cuando la sentencia se funde exclusivamente en pruebas que posteriormente se declaren falsas. Cuando después de la sentencia aparecieren documentos públicos que invaliden la prueba en que se haya fundado aquélla o las presentadas al jurado y que sirvieron de base a la acusación y al veredicto. Cuando condenada alguna persona por homicidio de otra que hubiere desaparecido, se presentare ésta o alguna prueba irrefutable de que vive. Cuando dos sentenciados hayan sido condenados por el mismo delito y se demuestre la imposibilidad de que los dos lo hubieren cometido; Cuando el sentenciado hubiese sido condenado por los mismos hechos en juicios diversos. En este caso prevalecerá la sentencia más benigna. (Se deroga).
Artículo 561.- El sentenciado que se crea con derecho a obtener el reconocimiento de su inocencia, ocurrirá a la Suprema Corte de Justicia, por escrito en el que expondrá la causa en que funda su petición, acompañando las pruebas que correspondan o protestando exhibirlas oportunamente. Sólo será admitida la prueba documental, salvo que se trate del caso a que se refiere la fracción III del mismo artículo anterior. Artículo 562.- Al hacer su solicitud, el sentenciado podrá nombrar defensor, conforme a las disposiciones conducentes de este Código, para que lo patrocine durante la substanciación del indulto, hasta su resolución definitiva. Artículo 563.- Recibida la solicitud se pedirá inmediatamente el proceso o procesos a la oficina en que se encontraren; y cuando conforme al artículo 561 se haya protestado exhibir las pruebas, se señalará un término prudente para recibirlas. Artículo 564.- Recibidos el proceso o procesos y, en su caso, las pruebas del promovente, se pasará el asunto al Ministerio Público por el término de cinco días para que pida lo que a su representación convenga.
Artículo 565.- Devuelto el expediente por el Ministerio Público, se pondrá a la vista del sentenciado y de su defensor por el término de tres días, para que se impongan de él y formulen sus alegatos por escrito. Artículo 566.- Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, se fallará el asunto declarando fundada o no la solicitud, dentro de los diez días siguientes. Artículo 567.- Si se declara fundada, se remitirá original el expediente al Ejecutivo de la Unión por conducto de la Secretaría de Gobernación, para que, sin más trámite, reconozca la inocencia del sentenciado. Artículo 568.- Todas las resoluciones en que se conceda indulto se publicarán en el Diario Oficial de la Federación y se comunicarán al tribunal que hubiese dictado la sentencia, para que se haga la anotación respectiva en el expediente del caso. Las resoluciones relativas al reconocimiento de la inocencia se comunicarán al tribunal que hubiese dictado la sentencia, para que haga la anotación respectiva en el expediente del caso. A petición del interesado, también se publicarán en el Diario Oficial de la Federación.”
b) Motivación de las iniciativas. Ambas iniciativas están motivadas por un hecho irrefutable en nuestro país: la existencia de casos en los que personas que no tienen garantizado su derecho a una defensa adecuada y en los que se violan los principios fundamentales del debido proceso, son sentenciadas con penas privativas de la libertad de manera injusta. Tal y como lo han señalado la Senadora Angélica de la Peña Gómez y el Senador Zoé Robledo Aburto, ambos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el caso de los sucesos de violencia que acarrearon la comisión de diversos delitos federales en los municipios de El Bosque y Simojovel, en el Estado de Chiapas, el 12 de junio del año 2000, es un paradigma negativo en el sistema de justicia penal en el orden federal, que sienta precedentes de desvalor en la procuración e impartición de justicia. La iniciativa presentada por ambos legisladores es contundente y recoge la preocupación e indignación de la sociedad civil frente a un hecho de profunda inequidad procesal que atenta en contra de las bases rectoras de todo sistema
Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, sobre las iniciativas con Proyecto de Decreto con Proyecto de Decreto por el que se expediría la Ley de Amnistía en favor de las Personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal con motivo de los hechos suscitados en los municipios Simojovel y El Bosque del estado de Chiapas el día doce de junio de dos mil y por el que se adiciona un artículo 97 Bis al Código Penal Federal. democrático de gobierno y de la existencia de un Estado de Derecho Constitucional. Tal y como lo señalan en su iniciativa, diversas organizaciones no gubernamentales que han conocido del caso han exhibido las faltas procesales, la nugatoria del derecho a la adecuada defensa y la violación del debido proceso en ese caso, pues desde la etapa de averiguación previa, la detención, la causa penal y los recursos legales de la misma se cometieron diversas irregularidades que concluyeron en la emisión de sentencias que han sido calificadas de injustas, cuando menos. El caso ha llamado la atención internacional por sus inconsistencias, incongruencia y carencia de métodos certeros para probar que una sola persona, el profesor Alberto Patishtán Gómez, fue el autor intelectual y material del homicidio de siete policías estatales fuertemente armados y con entrenamiento táctico. El nombre del profesor Patishtán se ha erigido en una bandera de la lucha de una gran cantidad de personas que se encuentran en situaciones similares en contra de la injusta e ilegal fabricación de delitos y de la violación de derechos procesales y humanos con la consecuente destrucción de familias, del tejido social comunitario y de los pilares del sistema judicial mexicano. Desafortunadamente el caso del profesor Patishtán no es el único en Chiapas y mucho menos en México. Alberto Patishtán fue fundador del movimiento “La Voz del Amate”, que ha propugnado desde hace varios años por la exhibición de estos casos ante la opinión pública y ante las autoridades judiciales y ejecutivas del Estado de Chiapas y de la Federación, logrando la liberación de una gran cantidad de indiciados y sentenciados que nunca tuvieron la oportunidad de probar su inocencia por las vías legales. Sobre el caso concreto, es de conocimiento público que el 12 de junio del año 2000 se dieron los lamentables hechos que han sido relatados en el cuerpo del presente dictamen y, con ello, inició un proceso en el que el profesor Alberto Patishtan Gómez enfrentó diversas imputaciones penales que, a la postre, concluyeron con sentencia firme del Poder Judicial de la Federación declarándolo responsable de dichos hechos. También es de conocimiento público que diversas organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales han expresado que dentro del
Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, sobre las iniciativas con Proyecto de Decreto con Proyecto de Decreto por el que se expediría la Ley de Amnistía en favor de las Personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal con motivo de los hechos suscitados en los municipios Simojovel y El Bosque del estado de Chiapas el día doce de junio de dos mil y por el que se adiciona un artículo 97 Bis al Código Penal Federal. proceso penal se dieron irregularidades graves que vulneraron el derecho del profesor Patishtan a una adecuada defensa y que se violentó también su derecho al debido proceso. Esta Soberanía expresa, en ese contexto, su más profunda preocupación pues casos como el del profesor Patishtan, en los que se aduce que no se cumplen los elementos mínimos de certeza y de debido proceso se reproducen diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional y ello debe llamar la atención de todas las autoridades del país. El Senado de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales, trabaja permanentemente para revisar la legislación sustantiva y adjetiva en todas las materias para propiciar que este tipo de casos cuestionados sean prevenidos y que la población cuente con la certeza de que las leyes son imparciales, generales y abstractas y para ello basta un botón que demuestra la valentía y congruencia ética de los legisladores que lo integran: la iniciativa presentada por la Senadora Angélica de la Peña Gómez y el Senador Zoé Robledo Aburto, habla por sí misma de su compromiso con la justicia y de su inquebrantable vocación de servicio a la población que más necesita el respaldo de una voz autorizada ante la más alta tribuna del país. Al analizar la iniciativa de los Senadores antes mencionados, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras no pueden más que estar de acuerdo con las consideraciones y argumentos que esgrimen, pues como se ha mencionado, la injusticia que representa la violación de derechos fundamentales y procesales de cualquier persona no puede ser pasada por alto por ningún órgano deliberativo democrático y menos cuando ese órgano es el encargado de crear y modificar las leyes que rigen a toda la sociedad. Por tal motivo, la iniciativa de mérito ocupa un lugar muy especial en el proceso legislativo, pues abrió la puerta para que este órgano parlamentario analizara, discutiera y propusiera diversas alternativas para atender este tipo de casos. La LXII Legislatura del Senado de la República quedará indeleblemente marcada en la historia parlamentaria de nuestro país por haberse atrevido a retomar el caso de los delitos cometidos ese 12 de junio del año 2000 y de la injusta encarcelación del profesor Alberto Patishtán Gómez. Así, la propuesta de expedir una ley de amnistía que cubra los sucesos ocurridos aquel 12 de junio de 2000, aparece como la última alternativa que el profesor Alberto Patishtán tiene antes de tener que acudir al sistema interamericano de
Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, sobre las iniciativas con Proyecto de Decreto con Proyecto de Decreto por el que se expediría la Ley de Amnistía en favor de las Personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal con motivo de los hechos suscitados en los municipios Simojovel y El Bosque del estado de Chiapas el día doce de junio de dos mil y por el que se adiciona un artículo 97 Bis al Código Penal Federal. derechos humanos, en el que su caso podría tardar varios años en ser resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como es de público conocimiento, el profesor Patishtán ha estado preso durante 13 años en diversos penales del país, y en este año 2013, desde el Centro de Readaptación Social número 5, ubicado en las afueras de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, esperó que primero la Suprema Corte de Justicia de la Nación reasumiera la competencia para resolver el incidente de reconocimiento de inocencia que promovió como último recurso legal nacional. Sin embargo, ese máximo tribunal del país determinó que no se cumplían los requisitos legales para que esa Corte reasumiera la competencia y entrara al conocimiento del fondo del asunto, por lo que decidió devolver los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, ubicado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para que éste lo resolviera. Desafortunadamente, dicho Tribunal Colegiado determinó negar el reconocimiento de inocencia antes mencionado, con lo que los recursos legales que el sistema jurídico penal nacional ofrece se han agotado de manera definitiva. Ahora bien, el profesor Patishtán tiene tres opciones para continuar con su búsqueda de justicia. El de orden legal implica que su caso sea sometido al sistema interamericano de derechos humanos, pero ello conlleva que durante los años que la Corte Interamericana conozca y resuelva el juicio, él permanecería en prisión, obligándolo a que por errores de la justicia mexicana siga compurgando una pena que podría ser determinada como violatoria de sus derechos humanos por ese tribunal internacional. Esto es por demás injusto e innecesario, como bien lo apuntan los Senadores Angélica de la Peña y Zoé Robledo, así como diversas autoridades de diversos órdenes de gobierno y organizaciones no gubernamentales. El segundo camino es la solicitud de indulto ante el Titular del Poder Ejecutivo Federal, pero en él se advierte una imposibilidad jurídica para que le sea otorgado, pues como se ha señalado en el punto anterior, el indulto no puede ser concedido por el Presidente de la República cuando la sentencia verse sobre delitos en contra de la vida. La tercera opción es la que correctamente proponen los Senadores iniciantes: la expedición de una ley de amnistía que permita que el profesor Patishtán sea liberado. Al respecto, como se ha señalado en el punto anterior, el Congreso de la
Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, sobre las iniciativas con Proyecto de Decreto con Proyecto de Decreto por el que se expediría la Ley de Amnistía en favor de las Personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal con motivo de los hechos suscitados en los municipios Simojovel y El Bosque del estado de Chiapas el día doce de junio de dos mil y por el que se adiciona un artículo 97 Bis al Código Penal Federal. Unión tiene la facultad constitucional para expedir este tipo de leyes, lo que se convierte en una opción real para lograr su liberación y hacer justicia en este caso tan desafortunado. Esta Soberanía comprende que el caso es un paradigma que debe ser atendido de la mejor manera posible pues es un claro ejemplo de lo que a diario sucede en nuestro país en perjuicio de los derechos, libertad, integridad y dignidad de miles de personas que enfrentan procesos como el del profesor Patishtán. Pero también advierten estas Comisiones Unidas Dictaminadoras que el caso Patishtán no es el único y, por ello, es dable también dictaminar en este mismo producto legislativo la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 97 bis al Código Penal Federal, presentada por los Senadores Roberto Gil Zuarth, Javier Corral Jurado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN); Armando Ríos Piter, Manuel Camacho Solís y Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática (PRD) y Arely Gómez González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Los Senadores antes mencionados también reconocen que se ha constatado en diversos casos (el del profesor Patishtán especialmente), que por extrema pobreza, condiciones lingüísticas, educativas, o por estar en situación de vulnerabilidad, muchas personas son condenadas por el sistema judicial federal o local, sin contar con una adecuada defensa o violándose su derecho al debido proceso. Esta población penitenciaria muchas veces no cuenta con la asesoría necesaria para impugnar las sentencias en su contra o, cuando lo hacen, debido a las graves violaciones del debido proceso en la primera instancia y careciendo de una adecuada defensa en instancias ulteriores, no les es posible demostrar su inocencia por las vías establecidas en la legislación actual, lo que los condena a cumplir una sentencia que muchas veces fue dictada en franca violación de los derechos humanos y procesales. Con ese panorama, proponen los Senadores adicionar un artículo 97 bis al Código Penal Federal por el que, de manera excepcional, por sí o a petición de las Cámaras del Congreso de la Unión o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Titular del Poder Ejecutivo Federal podrá conceder el indulto, por cualquier delito del orden federal o común en el Distrito Federal, y previo dictamen del órgano ejecutor de la sanción en el que se demuestre que la persona
Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, sobre las iniciativas con Proyecto de Decreto con Proyecto de Decreto por el que se expediría la Ley de Amnistía en favor de las Personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal con motivo de los hechos suscitados en los municipios Simojovel y El Bosque del estado de Chiapas el día doce de junio de dos mil y por el que se adiciona un artículo 97 Bis al Código Penal Federal. sentenciada no representa un peligro para la tranquilidad y seguridad públicas, expresando sus razones y fundamentos. La propuesta está en línea con la facultad conferida al Ejecutivo Federal en el artículo 89, fracción XIV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues ella le otorga la atribución para conceder indultos sin restricción alguna. En ese contexto, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras se encuentran ante el punto de tener que determinar cuál es la vía más idónea para atender el clamor de justicia en el caso del profesor Alberto Patishtán Gómez, pero también no debe olvidarse a todas las miles de personas que pueden estar en la misma situación. Recogiendo lo señalado por estos legisladores en su exposición de motivos, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras, ante la evidencia y contundencia de la situación, no pueden más que coincidir en que los casos que ellos señalan también son muestras adicionales de las violaciones a los derechos humanos y al debido proceso, pues como bien señalan, casos como “González y otras vs México”, mejor conocido como “Campo Algodonero”, en el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia el 16 de noviembre de 2009, estableciendo que el Estado había violado diversos derechos, entre los que se encontraba el de debido acceso a la justicia, por lo que lo condenó a remover todos los obstáculos de jure o de facto que impedían la debida investigación de los hechos y el desarrollo de los respectivos procesos judiciales y a usar todos los medios disponibles para hacer que las investigaciones y procesos judiciales fueran expeditos, nos dejan sin palabras. Coincidimos con ellos también en que prácticamente todas las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado Mexicano han incluido la declaración de que el Estado violó, en esos casos, los derechos de debido proceso, de acceso a la justicia e incumplió su deber de investigar a fondo, objetiva y científicamente, los hechos. Baste para ello recordar los casos Radilla Pacheco vs México o Inés Fernández y Fernández Ortega y Rosendo Cantú vs México. Y reafirmamos su indignación por el tristemente célebre caso de las tres mujeres otomíes, Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González, en el Estado de Querétaro, quienes después de haber cumplido tres de los 21 años de condena que les fue injustamente impuesta, en el año 2009 la propia Procuraduría General de la República admitió su equivocación al ejercer la acción penal y fueron
Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, sobre las iniciativas con Proyecto de Decreto con Proyecto de Decreto por el que se expediría la Ley de Amnistía en favor de las Personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal con motivo de los hechos suscitados en los municipios Simojovel y El Bosque del estado de Chiapas el día doce de junio de dos mil y por el que se adiciona un artículo 97 Bis al Código Penal Federal. liberadas. Como ellos lo mencionan textualmente, es “vergonzoso e injusto pero cierto y desafortunadamente este tipo de casos se siguen repitiendo en nuestro país, tanto en el fuero federal como en los de los Estados.” En Chiapas, los casos de Francisco Sántiz López, quien fue acusado de ser al autor de una matanza en Banavil, Tenejapa, Chiapas, y de diversos delitos federales, pero quien recientemente también fue liberado por no existir pruebas en su contra o los de los cientos de presos liberados gracias a la actividad del movimiento “La Voz del Amate”, son también referentes que estas Comisiones Unidas Dictaminadoras deben tomar en consideración. Por ello, los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras hemos determinado que es necesario atender, por la vía legislativa, el caso del profesor Patishtán, pero también debemos sentar las bases para que existan mecanismos eficientes que permitan que los casos que actualmente están en las mismas circunstancias o de los que pudieran llegarse a dar en el futuro, también encuentren un eco de justicia en la legislación. Por tal motivo, consideramos que la mejor opción para llevar a cabo ambos propósitos es abrir la posibilidad de que, a través de un indulto especial, el Ejecutivo Federal pueda otorgar la libertad y justicia a todas esas personas que injustamente sufren una pena fabricada o de la que no pudieron defenderse por carencias económicas, sociales o por el simple hecho de no saber hablar español. El Congreso de la Unión debe velar porque las leyes contemplen mecanismos para que estos casos no se repitan y para no condenar a las personas sentenciadas bajo estas circunstancias a compurgar una pena por años, antes de obtener su libertad con resoluciones jurisdiccionales internacionales. Nuestra justicia mexicana debe poder responder a esto. En ese contexto, reconocemos plenamente la intención, voluntad y certeza con la que los Senadores Angélica de la Peña Gómez y Zoé Robledo Aburto han propuesto una ley de amnistía para el caso del profesor Alberto Patishtán, pero coincidimos también en que tenemos la posibilidad de atender a todos aquellos que están en la misma situación pero cuyos casos no han podido llegar hasta este recinto parlamentario. Creemos que con la opción de crear una variante del indulto tal y como lo han propuesto los senadores iniciantes en un artículo 97 bis del Código Penal Federal, no solo se hará justicia al profesor Patishtán, sino que también su lucha por la justicia se extenderá a todos los que, como él, se encuentran injustamente presos.
Por tal motivo, tomando en consideración que la iniciativa de adición de un artículo 97 bis al Código Penal Federal tiene asidero constitucional, se estima correcto que para salvaguardar el equilibrio de poderes y que esta figura no se convierta en una herramienta generalizada que vulnere las atribuciones del Poder Judicial de la Federación, se aclare que ella solo podrá ser otorgada de manera excepcional, pero dejando abiertos los supuestos para que tampoco sea una figura restrictiva que en la realidad no sea operable. Ahora bien, la propuesta otorga participación a los otros dos poderes constituidos de la Federación, sin que se aprecie una vulneración de la facultad constitucional del Ejecutivo Federal para otorgar el indulto, pues tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial de la Federación solamente podrán solicitar que aquél analice un caso concreto y determine, en ejercicio de su facultad discrecional, si es viable otorgar el indulto al sentenciado o no. Empero, se advierte que la redacción podría generar confusiones innecesarias, puesto que al requerir que sean las cámaras las que soliciten tal gracia, se abre la discusión sobre si debe ser un instrumento jurídico aprobado por ambas el que requiera tal acción o si basta con que una de ellas lo haga. Al respecto se estima que solamente las leyes emitidas por el Congreso de la Unión deben ser discutidas y aprobadas por ambas cámaras, tal y como se establece en el artículo 72 de la Constitución, por lo que para evitar equívocos, se sugiere modificar la redacción para establecer que será el Pleno de cada una de las cámaras, las que podrán solicitarlo. Ahora bien, toda vez que el Poder Judicial de la Federación ya habría conocido y resuelto todas las instancias y recursos legalmente posibles en estos casos, se estima innecesario que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación cuente con la facultad para elevar esta rogatoria al Ejecutivo Federal, por lo que se propone que sean solamente las Cámaras del Congreso de la Unión las que puedan realizarla. Asimismo, se considera correcto eliminar en este supuesto las restricciones en el otorgamiento del indulto sobre algunos delitos, pues el espíritu de esta reforma busca recomponer un proceso jurisdiccional viciado de origen, en el cual se hubieren dado violaciones graves al debido proceso o al derecho a la adecuada defensa, lo que podría constatarse en cualquier causa penal, sin que pueda restringirse tal condición a solamente algunos delitos.
Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, sobre las iniciativas con Proyecto de Decreto con Proyecto de Decreto por el que se expediría la Ley de Amnistía en favor de las Personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal con motivo de los hechos suscitados en los municipios Simojovel y El Bosque del estado de Chiapas el día doce de junio de dos mil y por el que se adiciona un artículo 97 Bis al Código Penal Federal. Ahora bien, la iniciativa propone que esta clase de indulto solamente pueda ser concedida en tres supuestos, que a continuación se analizan: El primero de ellos es cuando existan indicios consistentes de que la persona sentenciada no tuvo acceso a una adecuada defensa y ello fue determinante para que le fuese imposible demostrar su inocencia. El segundo de los supuestos se actualizaría cuando se constaten violaciones graves al debido proceso en cualquier etapa del juicio o sus recursos, lo que tampoco está cubierto ni por el indulto tradicional ni por el reconocimiento de inocencia. Si bien es cierto que existe una similitud entre la violación al derecho a la adecuada defensa y la vulneración del debido proceso, existen diferencias sustanciales entre ambos que ameritan considerarlos como dos supuestos distintos pero que tienen un impacto muy negativo en la defensa del imputado. Por ello, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras estiman viable contemplar este supuesto. En dichos casos, es importante subrayar que estas Comisiones Unidas Dictaminadoras estiman necesario establecer claramente que no es el objetivo de esta reforma que el Ejecutivo Federal invada el ámbito de competencia del Poder Judicial de la Federación, por lo que para no abrir la posibilidad de algún equívoco en la interpretación, se propone eliminar estas dos fracciones para establecer un caso genérico que se actualice cuando existan indicios consistentes de violaciones graves a los derechos humanos de la persona sentenciada. El tercer caso es cuando existan elementos objetivos suficientes que acrediten la inocencia de la persona sentenciada. Sobre el particular, debe recordarse lo plasmado en párrafos anteriores sobre el reconocimiento de inocencia judicial, pues ese incidente ya contempla la hipótesis normativa que se pretende regular. En efecto, el incidente de reconocimiento de inocencia judicial solamente es viable cuando por alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 560 del Código Federal de Procedimientos Penales se pueda demostrar que el sentenciado es inocente de los cargos que se le imputan, por lo que el artículo 96 del Código Penal Federal ya establece que “cuando aparezca que el sentenciado es inocente, se procederá al reconocimiento de su inocencia, en los términos previstos por el Código de Procedimientos Penales aplicable”.
Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, sobre las iniciativas con Proyecto de Decreto con Proyecto de Decreto por el que se expediría la Ley de Amnistía en favor de las Personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal con motivo de los hechos suscitados en los municipios Simojovel y El Bosque del estado de Chiapas el día doce de junio de dos mil y por el que se adiciona un artículo 97 Bis al Código Penal Federal. Por tal motivo, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras estiman necesario desechar las propuestas contenidas en las fracciones I, II y III del artículo 97 bis que se adicionaría, para considerar solamente el caso aludido con anterioridad. Finalmente, siguiendo la regla general del indulto y con la finalidad de no necesitar una reforma adicional al Código Federal de Procedimientos Penales, se concuerda con el último párrafo propuesto por los Senadores iniciantes, pues el indulto solamente puede otorgarse cuando el sentenciado haya agotado todos los recursos legales que otorga el sistema jurídico nacional y, al ser una facultad discrecional, el Ejecutivo también tiene la atribución de imponer las condiciones que estime necesarias al indultado. Con esas consideraciones, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras estiman viable aprobar la iniciativa de adición de un artículo 97 bis al Código Penal Federal, con las modificaciones señaladas, para quedar como se aprecia en el siguiente cuadro comparativo:
Texto propuesto por la Iniciativa Artículo 97 Bis.De manera excepcional, por sí o a petición de las Cámaras del Congreso de la Unión o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Titular del Poder Ejecutivo Federal podrá conceder el indulto, por cualquier delito del orden federal o común en el Distrito Federal, y previo dictamen del órgano ejecutor de la sanción en el que se demuestre que la persona sentenciada no representa un peligro para la tranquilidad y seguridad públicas, expresando sus razones y fundamentos, en los casos siguientes: Texto propuesto por el dictamen Artículo 97 Bis.- De manera excepcional, por sí o a petición del Pleno de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el Titular del Poder Ejecutivo Federal podrá conceder el indulto, por cualquier delito del orden federal o común en el Distrito Federal, y previo dictamen del órgano ejecutor de la sanción en el que se demuestre que la persona sentenciada no representa un peligro para la tranquilidad y seguridad públicas, expresando sus razones y fundamentos, cuando existan indicios consistentes de violaciones graves a los derechos humanos de la persona sentenciada. I.Cuando existan indicios Se desecha consistentes de que la persona sentenciada no tuvo acceso a una adecuada defensa y, ello fue determinante para que le fuese imposible demostrar su inocencia; II.- Cuando se constaten violaciones Se desecha graves al debido proceso en cualquier etapa del juicio o sus recursos; o 25
III.Cuando existan elementos objetivos suficientes que acreditan la inocencia de la persona sentenciada. En ambos casos, el Ejecutivo Federal deberá cerciorarse de que la persona sentenciada haya agotado previamente todos los recursos legales nacionales. En su resolución, el Ejecutivo Federal otorgará el indulto, en su caso, sin condiciones adicionales o con las que estimare convenientes.
IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las modificaciones realizadas Los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras coincidimos plenamente con las exposiciones de motivos y las reformas legales propuestas por los Senadores Angélica de la Peña Gómez y Zoé Robledo Aburto, ambos del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Roberto Gil Zuarth, Javier Corral Jurado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN); Armando Ríos Piter, Manuel Camacho Solís y Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática (PRD) y Arely Gómez González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quienes han sostenido que es primordial atender tanto el caso de la injusta detención y condena del profesor Alberto Patishtán Gómez, así como una multitud de casos en los que el sistema de justicia penal no cuenta con herramientas para atender a las personas sentenciadas cuando dichas condenas fueron dictadas previas violaciones al derecho a la adecuada defensa o mediante vulneraciones al debido proceso penal. Como se ha plasmado en el apartado anterior, coincidimos con la propuesta de expedición de una ley de amnistía para el caso del profesor Patishtán, pues ha quedado plenamente demostrado a través de muchos años de lucha y la exhibición de pruebas contundentes de que su proceso penal se desarrolló en un marco de vulneraciones a sus derechos fundamentales, pero también consideramos necesario hacer visible este perjudicial fenómeno de manera integral y general, para todas aquellas personas que se encuentren en la misma situación.
Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, sobre las iniciativas con Proyecto de Decreto con Proyecto de Decreto por el que se expediría la Ley de Amnistía en favor de las Personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal con motivo de los hechos suscitados en los municipios Simojovel y El Bosque del estado de Chiapas el día doce de junio de dos mil y por el que se adiciona un artículo 97 Bis al Código Penal Federal. Por ello, consideramos más idóneo buscar una solución para ese caso concreto pero también para todos los demás casos que se presentan en el sistema penal de nuestro país. Con la expedición de una ley de amnistía sin duda alguna atenderíamos un reclamo de justicia, pero no dejaría de ser individual y justamente lo que el profesor Patishtán ha predicado en estos años es que su caso no es el único y que todos tienen el derecho a que se les haga justicia recta, expedita y honesta. El profesor Patishtán ha sido un gran impulsor de la liberación de personas que fueron injustamente encarceladas y, a través de “La Voz del Amate”, su obra de difusión de los derechos humanos, así como de denuncia de violaciones al debido proceso puede hoy fructificar en una reforma legal que no solamente lo beneficie a él, sino a todos los que él ha apoyado y que sin duda apoyaría en el futuro. De aprobarse una modificación legal que pueda cumplir con el objetivo de crear un mecanismo que permita que todas las personas sentenciadas en situaciones similares a la del profesor Patishtán puedan alcanzar su libertad, estaríamos realizando una obra de eminente justicia y honrando su lucha. Así las cosas, tomando en consideración que lo que proponemos encuentra asidero constitucional indubitable, pues la facultad de indultar otorgada al Ejecutivo Federal en el artículo 89, fracción XIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece límite alguno, para su concesión, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras consideran que la propuesta es jurídicamente correcta y viable, además de que permitirá que el legislador corrija una desviación normativa que ha propiciado la aparición de diversos casos paradigmáticos en el país, en los que la impartición de justicia se ve empañada con acusaciones de corrupción o de violación de derechos fundamentales. La reforma que se propone también coadyuva a cumplir con el irrestricto respeto de los derechos humanos contenidos en diversos instrumentos internacionales suscritos y vigentes en México, así como con lo establecido en el artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con ello, México reafirmará su respeto incondicional por los derechos fundamentales de las personas sujetas a proceso penal, asegurando la adecuada defensa y la vigencia del debido proceso en todas las causas penales del fuero federal, como condición indispensable para construir un sistema jurídico justo y
Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, sobre las iniciativas con Proyecto de Decreto con Proyecto de Decreto por el que se expediría la Ley de Amnistía en favor de las Personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal con motivo de los hechos suscitados en los municipios Simojovel y El Bosque del estado de Chiapas el día doce de junio de dos mil y por el que se adiciona un artículo 97 Bis al Código Penal Federal. con pleno respeto a los estándares internacionales en derechos humanos y con apego a los principios que sustentan la democracia como forma de gobierno. Por tal motivo, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras concuerdan plenamente con la reforma propuesta y, en consecuencia, se propone su aprobación con las modificaciones que han sido señaladas en el apartado anterior. En virtud de las consideraciones antes vertidas, los integrantes de las Comisiones Unidas Dictaminadoras del Senado de la República estimamos procedente aprobar el Proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 97 Bis al Código Penal Federal, por lo que si fuese aprobada por la mayoría de los votos presentes por parte de esta H. Soberanía, deberá enviarse a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para los efectos de lo dispuesto en el artículo 72, fracción A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con fundamento en lo dispuesto por la fracción A, del artículo 72 constitucional y los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 178, 182,183,186,188,190, 191, 192, 193, 194 y 220 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, sometemos al Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 97 BIS AL CÓDIGO PENAL FEDERAL. Artículo Único. Se adiciona un artículo 97 Bis al Código Penal Federal, para quedar como sigue: Artículo 97 Bis.- De manera excepcional, por sí o a petición del Pleno de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el Titular del Poder Ejecutivo Federal podrá conceder el indulto, por cualquier delito del orden federal o común en el Distrito Federal, y previo dictamen del órgano ejecutor de la sanción en el que se demuestre que la persona sentenciada no representa un peligro para la tranquilidad y seguridad públicas, expresando sus razones y fundamentos, cuando existan indicios consistentes de violaciones graves a los derechos humanos de la persona sentenciada.
El Ejecutivo Federal deberá cerciorarse de que la persona sentenciada haya agotado previamente todos los recursos legales nacionales. En su resolución, el Ejecutivo Federal otorgará el indulto, en su caso, sin condiciones adicionales o con las que estimare convenientes. Transitorios Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente del de su publicación en el Diario Oficial de la Federación
Senado de la República, a 21 de octubre de 2013.
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