Source: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0103_ES.html
Timestamp: 2019-11-22 04:42:25
Document Index: 75436494

Matched Legal Cases: ['artículo 52', 'artículo 132', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 3']

Textos aprobados - Informes anuales de 2012 y 2013 sobre subsidiariedad y proporcionalidad - Martes 12 de abril de 2016
Procedimiento : 2014/2252(INI)
Ciclo relativo al documento : A8-0301/2015
Informes anuales de 2012 y 2013 sobre subsidiariedad y proporcionalidad
Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de abril de 2016, sobre los informes anuales de 2012 y 2013 sobre subsidiariedad y proporcionalidad (2014/2252(INI))
– Vista su Resolución, de 4 de febrero de 2014, sobre la adecuación de la normativa de la UE y la subsidiariedad y la proporcionalidad – 19º Informe «Legislar mejor» correspondiente al año 2011(2),
– Vistos el Informe anual de 2012 de la Comisión sobre subsidiariedad y proporcionalidad (COM(2013)0566) y el Informe anual de 2013 de la Comisión sobre subsidiariedad y proporcionalidad (COM(2014)0506),
– Vistas las Conclusiones del Consejo sobre normativa inteligente, de 4 de diciembre de 2014,
– Vistas las Conclusiones de la Conferencia de Presidentes de los Parlamentos de la Unión Europea de 21 de abril de 2015,
– Vistos los informes bianuales de la COSAC de 27 de septiembre de 2012, 17 de mayo de 2013, 4 de octubre de 2013, 19 de junio de 2014 y 14 de noviembre de 2014 sobre la evolución de los procedimientos y prácticas relativos al control parlamentario vigentes en la Unión Europea,
– Visto el informe final de 14 de octubre de 2014 del Grupo de alto nivel de partes implicadas independientes sobre cargas administrativas, titulado «Cutting Red Tape in Europe – Legacy and Outlook» (Reducir la burocracia en Europa: legado y perspectivas)(5),
– Vistos el artículo 52 y el artículo 132 de su Reglamento,
– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y las opiniones de la Comisión de Comercio Exterior, la Comisión de Control Presupuestario, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y la Comisión de Asuntos Constitucionales (A8-0301/2015),
A. Considerando que, en 2012, la Comisión recibió dictámenes motivados en relación con ochenta y tres propuestas legislativas; considerando que el número total de documentos recibidos en 2012 fue de 292, incluidos aquellos que no eran dictámenes motivados;
B. Considerando que, en 2013, la Comisión recibió dictámenes motivados en relación con noventa y nueve propuestas legislativas; considerando que el número total de documentos recibidos en 2013 fue de 313, incluidos aquellos que no eran dictámenes motivados;
C. Considerando que en 2012 los Parlamentos nacionales transmitieron doce dictámenes motivados sobre la propuesta Monti II(6), correspondientes a diecinueve votos (siendo el umbral dieciocho votos), y que, como consecuencia, se activó el denominado procedimiento de tarjeta amarilla, que exige que la institución que ha presentado la propuesta la revise y justifique su decisión de retirarla, modificarla o mantenerla;
D. Considerando que la Comisión retiró la propuesta Monti II, pero declaró que la consideraba conforme con el principio de subsidiariedad y que la había retirado al no contar esta con apoyo suficiente en el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros(7);
E. Considerando que, en 2013, los Parlamentos nacionales transmitieron trece dictámenes motivados sobre la propuesta para la creación de la Fiscalía Europea(8), correspondientes a dieciocho votos, activando así el segundo procedimiento de tarjeta amarilla;
F. Considerando que la Comisión concluyó que su propuesta respetaba el principio de subsidiariedad y que no era necesario retirarla ni modificarla; que la Comisión declaró que en el procedimiento legislativo tomaría debidamente en consideración los dictámenes motivados(9);
G. Considerando que varios Parlamentos expresaron sus reservas en relación con el enfoque adoptado por la Comisión, al considerar insuficientes las justificaciones y argumentos aportados por esta; considerando que la Comisión de Asuntos Jurídicos y la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo debatieron sobre este asunto;
H. Considerando que en las negociaciones subsiguientes con el Consejo sobre la Fiscalía Europea se han restringido el alcance y las metodologías de trabajo en comparación con la propuesta inicial sobre la que se emitieron los dictámenes motivados;
I. Considerando que, habida cuenta de su derecho de iniciativa, la Comisión tiene la responsabilidad de garantizar, desde las fases iniciales del procedimiento de elaboración de las políticas, la adopción de decisiones correctas en lo que respecta a la conveniencia y la forma de proponer medidas a escala de la UE;
J. Considerando que la Comisión ha emprendido una revisión de las directrices aplicables al procedimiento de evaluación de impacto, que comprende un examen de la subsidiariedad y la proporcionalidad;
K. Considerando que el Parlamento ha creado su propia Unidad de Evaluación de Impacto, que ha elaborado cincuenta valoraciones iniciales y dos valoraciones detalladas de evaluaciones de impacto de la Comisión en 2013;
L. Considerando que los Parlamentos nacionales han observado que, cuando se delegan en la Comisión poderes múltiples y de amplio alcance, es difícil evaluar efectivamente si las normas definitivas respetarán el principio de subsidiariedad;
M. Considerando que el control de la subsidiariedad y la proporcionalidad, así como la evaluación de impacto se hacen solamente al principio del proceso legislativo;
1. Observa que los principios de subsidiariedad y proporcionalidad son principios fundamentales de la Unión Europea;
2. Hace hincapié en que la utilización de las competencias de la UE debe regirse por los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, tal y como se establece en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea; acoge con satisfacción que en 2012 y 2013 el respeto de estos dos principios fuera sometido a una atenta supervisión por las instituciones de la UE y por los Parlamentos nacionales;
3. Acoge positivamente la mayor participación e implicación de los Parlamentos nacionales en el proceso legislativo europeo en los últimos años, lo que se ha traducido en un incremento de la toma en consideración de los principios sobre los que está fundada la UE, incluidos los principios de subsidiariedad y proporcionalidad en el contexto interinstitucional; señala, sin embargo, que queda mucho por hacer en este contexto; sugiere que, en primer lugar, la Comisión participe en un debate anual con cada uno de los Parlamentos nacionales con el fin de reforzar el diálogo entre la Comisión y los Parlamentos nacionales;
4. Considera, además, que los principios de subsidiariedad y proporcionalidad deben ser el punto de partida para la elaboración de todas las políticas; subraya por consiguiente la importancia de evaluar al principio del proceso legislativo si se pueden alcanzar los objetivos políticos a escala europea mejor que mediante iniciativas nacionales o regionales;
5. Toma nota de la importancia de los parlamentos y de su impacto territorial y su cercanía respecto de los ciudadanos, y pide que, cuando proceda, participen en mayor medida en el sistema de alerta temprana;
6. Observa, no obstante, que la mayoría de los dictámenes de los Parlamentos nacionales son presentados por un reducido número de cámaras nacionales; anima a las demás cámaras a que participen más activamente en el debate europeo;
7. Destaca que las instituciones europeas deben respetar los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, establecidos en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea y en el Protocolo n° 2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que tienen carácter general y son obligatorios para las instituciones cuando ejercen las competencias de la Unión, excepción hecha de los ámbitos que son competencia exclusiva de la Unión, en los que no es aplicable el principio de subsidiariedad;
8. Considera que el mecanismo de control del principio de subsidiariedad es un instrumento importante para la cooperación entre las instituciones europeas y nacionales;
9. Observa que los informes anuales preparados por la Comisión son, en cierto modo, superficiales, y pide a la Comisión que examine la posibilidad de preparar informes más detallados sobre cómo se respetan la subsidiariedad y la proporcionalidad en la elaboración de políticas de la UE;
10. Toma nota de la metodología empleada por la Comisión para la elaboración de los informes anuales de 2012 y 2013, en los cuales se utilizan estadísticas para clasificar los dictámenes motivados presentados por los Parlamentos nacionales sobre un paquete de propuestas como un único dictamen motivado, en lugar de considerar que se ha presentado un dictamen motivado sobre cada una de las propuestas;
11. Toma nota de que, en conjunto, la proporción de dictámenes motivados como porcentaje del total de documentos enviados ha aumentado de manera significativa con respecto a 2010 y 2011, y observa que en 2012 los dictámenes motivados representaron el 25 % de todos los documentos transmitidos por los Parlamentos nacionales en el marco del procedimiento contemplado en el Protocolo 2, mientras que en 2013 este porcentaje fue del 30 %; señala a este respecto la consulta a los Parlamentos nacionales en el proceso legislativo;
12. Señala que en 2012 tuvo lugar la primera utilización del denominado procedimiento de «tarjeta amarilla» por los Parlamentos nacionales respecto del principio de subsidiariedad, en respuesta a la propuesta de Reglamento de la Comisión sobre el ejercicio del derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo en el contexto de la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios (Monti II); observa que, aunque la Comisión concluyó que no se había violado el principio de subsidiariedad, retiró la propuesta debido a la falta de apoyo político; señala que en 2013 se activó un segundo procedimiento de «tarjeta amarilla» respecto de la propuesta de la Comisión de un Reglamento del Consejo relativo a la creación de la Fiscalía Europea; observa que la Comisión concluyó que la propuesta se ajustaba al principio de subsidiariedad y decidió mantenerla;
13. Observa que los dictámenes motivados emitidos por los Parlamentos nacionales apuntan a la existencia de diversas interpretaciones de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad; recuerda en este contexto que el principio de subsidiariedad, tal y como se establece en los Tratados, permite a la Unión, en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, intervenir solamente «en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión»; recuerda asimismo que «en virtud del principio de proporcionalidad, el contenido y la forma de la acción de la Unión no excederán de lo necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados»; anima a los Parlamentos nacionales a ser fieles a la letra del TUE al evaluar el respeto de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad; recomienda encarecidamente a los Parlamentos nacionales y a las instituciones europeas que entablen intercambios de puntos de vista y prácticas respecto del control de la subsidiariedad y la proporcionalidad.
14. Observa que los dictámenes motivados presentados por los Parlamentos nacionales varían considerablemente en cuanto a los tipos de argumentos planteados y a su forma; lamenta la ausencia de «patrones» comunes que hacen que sea más difícil evaluar sobre la base de qué intervienen los Parlamentos nacionales;
15. Recuerda que el Parlamento ya ha manifestado en informes anteriores su preocupación en relación con ciertos casos en los que la Comisión no había examinado adecuadamente en sus evaluaciones de impacto el respeto del principio de subsidiariedad; recuerda, además, que el Comité de Evaluación de Impacto ya ha señalado este asunto en sus informes anuales; Toma nota de que este Comité ha considerado que más del 30 % de las evaluaciones de impacto que examinó en 2012 y 2013 contienen un análisis insatisfactorio del principio de subsidiariedad; manifiesta su preocupación por que este porcentaje haya aumentado hasta el 50 % en 2014, e insta a la Comisión a que, cuando lleve a cabo la revisión de las evaluaciones de impacto, aborde el asunto e invierta esta tendencia;
16. Señala la importancia de las evaluaciones de impacto como instrumento de apoyo a la toma de decisiones en el proceso legislativo, y resalta la necesidad, en este contexto, de valorar debidamente las cuestiones relativas a la subsidiariedad y la proporcionalidad;
17. Hace hincapié en que unas evaluaciones de impacto rigurosas en las que se evalúe exhaustivamente el cumplimiento del principio de subsidiariedad son fundamentales para inspirar una mayor confianza en los ciudadanos, muchos de los cuales consideran el principio de subsidiariedad un aspecto clave del proceso democrático; recalca, por tanto, que llevar a cabo controles más estrictos de la subsidiariedad podría contribuir en gran medida a reducir el denominado «déficit democrático»;
18. Reitera el llamamiento realizado en su Resolución antes mencionada de 14 de septiembre de 2011 en el sentido de que las evaluaciones de impacto nacionales se utilicen como complemento de las llevadas a cabo por la Comisión —cuya reforma se está debatiendo— en apoyo de la legislación propuesta; considera que las unidades de evaluación de impacto del Parlamento de reciente creación serán un complemento positivo al trabajo de la Comisión;
19. Expresa su decepción ante la respuesta de la Comisión a los Parlamentos nacionales en los casos en que se han activado procedimientos de tarjeta amarilla; considera necesario que la Comisión responda de manera exhaustiva a todas las dudas planteadas por los Parlamentos nacionales y que las aborde una por una en el marco de un diálogo, además de responder a los dictámenes publicados; considera asimismo necesario que la Comisión comparezca ante la comisión o las comisiones pertinentes del Parlamento para explicar en detalle su posición;
20. Subraya que el procedimiento de «tarjeta amarilla», que es un instrumento para influir en la adopción de decisiones de la UE, podría reforzarse en la práctica mediante un intercambio temprano de información sobre las posiciones de los Parlamentos nacionales, por lo que anima a estos a que intercambien pareceres sobre el alcance y los métodos de evaluación aplicados para evaluar la conformidad con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad;
21. Cree que el diálogo político reviste una importancia cada vez mayor a la hora de garantizar que se respeta la subsidiariedad; considera que el diálogo político debe mejorarse no solo en el marco de los procedimientos de tarjeta amarilla o tarjeta naranja, sino como norma general; celebra, a este respecto, la iniciativa de la Comisión Juncker de comparecer ante los Parlamentos nacionales, y pide al Parlamento que considere la posibilidad de emprender iniciativas similares; cree que podría alentarse a los ponentes a entablar un contacto más frecuente con los Parlamentos nacionales, en particular ahora que las videoconferencias y otras formas de interacción en línea están ganando en eficacia y facilidad de uso;
22. Hace hincapié en que las instituciones europeas y los Parlamentos nacionales todavía deben hacer mucho más para fomentar una «cultura de la subsidiariedad» en toda la UE; recomienda emprender dos iniciativas concretas que ayudarán, desde ahora, a que la subsidiariedad se tenga más en cuenta en el procedimiento legislativo, a saber, facilitar una mejor integración en el diálogo político de las posiciones, perspectivas o sugerencias de otro tipo que planteen los Parlamentos nacionales –en particular en el curso de los trabajos preparatorios, tales como los libros verdes o los libros blancos que elabora la Comisión– y considerar la posibilidad de ampliar el plazo de consulta de los Parlamentos nacionales contemplado en el procedimiento de control del respeto de la subsidiariedad si estos lo solicitan debido a limitaciones de tiempo basadas en razones objetivas justificadas, como catástrofes naturales y periodos de vacaciones, que deberán acordarse entre los Parlamentos nacionales y la Comisión; considera que esto podría lograrse mediante un compromiso político entre las instituciones y los Parlamentos nacionales en primera instancia, sin dar pie a retrasos en la aprobación de la legislación pertinente;
23. Considera que, en caso de que los Estados miembros acuerden ampliar el plazo del que disponen los Parlamentos nacionales para emitir un dictamen motivado en virtud del artículo 6 del Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, esta disposición debería incluirse en una próxima revisión del Tratado; observa que esta ampliación del plazo podría determinarse asimismo posteriormente en el derecho secundario;
24. Considera importante que el procedimiento de «tarjeta amarilla» sea fácilmente aplicable por los parlamentos, a la vez que reafirma el principio de subsidiariedad de conformidad con los Tratados;
25. Señala que varios Parlamentos nacionales de la COSAC han manifestado su interés en proponer la introducción de una «tarjeta verde» como instrumento para mejorar el diálogo político, que daría a los Parlamentos nacionales, una vez asegurado el apoyo del Parlamento, la oportunidad de presentar propuestas constructivas para su consideración por parte de la Comisión y con el debido respeto del derecho de iniciativa de la Comisión;
26. Observa que las propuestas legislativas pueden experimentar cambios drásticos en el período que transcurre hasta su adopción por las instituciones; recuerda que el respeto del principio de subsidiariedad se evalúa al inicio, pero no al término, del procedimiento legislativo; recuerda también que las evaluaciones de impacto, más en general, solo se llevan a cabo para las fases iniciales del procedimiento legislativo y no para sus fases finales; destaca la necesidad de una evaluación intermedia después de comenzar el proceso de adopción y al final del proceso legislativo, lo que quizás pueda permitir advertir a los Estados miembros cuando no respeten el principio de subsidiariedad;
27. Pide, por consiguiente, que, al finalizar las negociaciones legislativas y antes de la adopción del texto definitivo, se lleve a cabo un nuevo control del respeto de la subsidiariedad y una evaluación de impacto completa, a fin de que quede garantizado el cumplimiento de la subsidiariedad y de que puedan realizarse evaluaciones en las que se tenga en cuenta la proporcionalidad; cree que este «período de reflexión» ayudaría a los responsables políticos a valorar si la legislación cumple con los principios de la Unión, y aumentaría la transparencia de los resultados de unos períodos de negociación a menudo de elevada intensidad;
28. Toma nota de los objetivos políticos de la nueva Comisión relacionados con iniciativas y propuestas legislativas de la UE, es decir: un coste mínimo; beneficios para los ciudadanos, las empresas y los trabajadores; y evitar cargas normativas innecesarias;
29. Considera que los programas del marco financiero plurianual deben evaluar y demostrar el cumplimiento del principio de subsidiariedad en términos de valor añadido probado en los Estados miembros beneficiarios;
30. Pide a la Comisión que, de conformidad con los principios de proporcionalidad y subsidiariedad, simplifique el procedimiento de solicitud de fondos de la UE con el fin de que sea más eficaz y se oriente hacia los resultados;
31. Subraya su compromiso de garantizar el respeto de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad mediante evaluaciones de sus propios informes de iniciativa legislativa, evaluaciones previas de las evaluaciones de impacto de la Comisión y la evaluación constante del posible valor añadido de la UE y del «coste de la no Europa»;
32. Toma nota de los recientes debates sobre la resolución de litigios entre inversores y Estados y de las propuestas de la Comisión dirigidas a sustituir el actual modelo; recuerda que el artículo 3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea define la política comercial común como un ámbito integral de competencias exclusivas de la Unión basadas en principios uniformes; señala que, en consecuencia, el principio de subsidiariedad no se aplica a la política comercial común;inversores;
33. Pide inversores a los Estados miembros que desbloqueen la Convención de la CNUDMI sobre la transparencia en los arbitrajes entre inversores y Estados en el marco de un tratado, con el fin de que la Comisión pueda firmar dicha convención en nombre de toda la Unión; lamenta la actual situación, en la que algunos Estados miembros de la UE son parte de la convención y otros no; considera que este ejemplo subraya la necesidad de aclarar en mayor medida la situación con respecto a todas las partes acerca de las competencias exclusivas de la Unión en el ámbito de la inversión extranjera directa; recuerda que las diferentes políticas de los Estados miembros en materia de protección de las inversiones han llevado a la situación actual, en la que los Estados miembros son partes contratantes de unos 1 400 tratados bilaterales de inversión que incluyen a veces disposiciones dispares que podrían dar lugar a un trato diferente de los inversores de la UE en el exterior, dependiendo del origen de la inversión en cuestión;
34. Pide, en relación con la asistencia financiera de la UE a otros países en concreto con la asistencia macrofinanciera, que se lleven a cabo evaluaciones de impacto ex ante y ex post más exhaustivas en cuanto a la proporcionalidad de las medidas propuestas, con objeto de que la asistencia sea eficaz y ayude verdaderamente a nuestros socios en situación de necesidad; insiste en la necesidad de establecer una condicionalidad para el desembolso de la ayuda, así como un control adecuado de la utilización de los fondos que incluya medidas de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción y un seguimiento riguroso y exhaustivo por el Parlamento; pide una sólida integración de los instrumentos exteriores de la UE, de tal forma que se combinen el comercio, el desarrollo y la política exterior y de seguridad; destaca que los Estados miembros deben dar prueba de un mayor compromiso en este sentido;
35. Destaca la importancia esencial de una consulta, un diálogo y una participación adecuados de los ciudadanos, las empresas (en particular, las pymes) y la sociedad civil en el proceso de toma de decisiones de la Unión en materia de política comercial;
(6) Propuesta de Reglamento del Consejo sobre el ejercicio del derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo en el contexto de la libertad de establecimiento y la libre de prestación de servicios (COM(2012)0130).
(7) Carta de 12 de septiembre de 2012 enviada por el vicepresidente Šefčovič a los Parlamentos nacionales.
(8) Propuesta de la Comisión para la creación de la Fiscalía Europea (COM(2013)0534).
(9) Comunicación de la Comisión, de 27 de noviembre de 2013, al Parlamento Europeo, al Consejo y a los Parlamentos nacionales sobre la revisión de la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la creación de la Fiscalía Europea en relación con el principio de subsidiariedad, de conformidad con el Protocolo nº 2, (COM(2013)0851).