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Timestamp: 2017-01-19 02:34:26
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⭐LA PROPIEDAD DE LOS YACIMIENTOS DE HIDROCARBUROS SU RELACION CON LAS POTESTADES NACIONALES Y PROVINCIALES
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Ignacio Ramos Muñoz
1 LA PROPIEDAD DE LOS YACIMIENTOS DE HIDROCARBUROS SU RELACION CON LAS POTESTADES NACIONALES Y PROVINCIALES (Cuestiones que se suscitan tras la Reforma Constitucional de 1994) Sumario I. EL DOMINIO ORIGINARIO DE LOS RECURSOS NATURALES. 1. Introducción. 2. Antecedentes del artículo 124 de la Constitución Nacional. 3. Análisis del artículo 124 de la Constitución Nacional. A. Doctrina y jurisprudencia. B. La Convención constituyente de C. Las minas y, específicamente, los yacimientos de hidrocarburos no pertenecen al dominio público. D. La titularidad del dominio originario de los recursos naturales pertenece, en principio, a las Provincias y solo excepcionalmente al Estado Nacional. II. REPARTO DE POTESTADES PUBLICAS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS. 1. Poderes provinciales inherentes a la titularidad del dominio originario y al ejercicio de la policía. 2. Facultades de la Nación para regular las relaciones jurídicas en materia de hidrocarburos. 3. Evolución del derecho positivo nacional: la armonización entre las competencias nacionales y provinciales. III. NATURALEZA Y ALCANCE DE LOS DERECHOS DE LOS PARTICULARES EN MATERIA DE YACIMIENTOS DE HIDROCARBUROS Y SU EXPLOTACION. 1. Breve descripción del sistema de la ley Naturaleza de los derechos conferidos a los titulares de permisos o concesiones de hidrocarburos. IV. DIVERSAS HIPÓTESIS DE REVERSIÓN AL ESTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACION DE LOS HIDROCARBUROS. 1. Estatización mediante reforma de la legislación vigente. 2. Expropiación de los permisos y concesiones otorgados. 3. Revocación de los permisos y concesiones en marcha. 4. Compra por el Estado de los títulos de exploración o explotación conferidos. V. CONCLUSIONES. I. EL DOMINIO ORIGINARIO DE LOS RECURSOS NATURALES 1. Introducción El tema del dominio originario ha cobrado actualmente, en nuestro país, una gran complejidad e importancia económica al proyectarse sobre el régimen patrimonial que regula la titularidad y explotación de los recursos naturales, en particular de los yacimientos de hidrocarburos. AV. E. MADERO 942, PISO 15 C 1106 ACW, BUENOS AIRES TEL.: FAX:2 En efecto, a raíz de la reforma constitucional de 1994 se han suscitado una serie de cuestiones interpretativas que resulta necesario dilucidar para conocer, con un mínimo grado de certeza, cuál es el actual status jurídico que corresponde al dominio de los yacimientos de hidrocarburos. La dilucidación de esas cuestiones interpretativas constituye el punto de partida para resolver lo concerniente al régimen jurídico que acompaña a la propiedad hidrocarburífera y tienen trascendencia para la adopción de las decisiones que deberían tomarse de cara a un cambio (radical o progresivo) de la política petrolera del país (v. gr. nacionalización o estatización de yacimientos y/o empresas). Como es sabido, la mencionada reforma constitucional agregó un último párrafo al artículo 124, prescribiendo que corresponde a las Provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Para comprender el significado de dicha cláusula constitucional, hay que remontar el curso de las concepciones jurídicas y efectuar el análisis de los cambios legislativos ocurridos en la materia. Ante todo, corresponde advertir que la figura dominio originario, que recoge el art. 124 de la C.N., proviene del Derecho Minero 1, lo cual remite en primer lugar- a esta rama del derecho para desentrañar el sentido y alcance del precepto constitucional. Pero, como se verá seguidamente, el marco positivo y doctrinario del derecho minero se integra con un conjunto de principios y normas de derecho público pertenecientes tanto al derecho constitucional como al administrativo. Por lo demás, otra circunstancia adicional que dificulta el esclarecimiento de la mencionada figura es el hecho de que la técnica jurídica que utiliza el derecho privado no siempre ha distinguido con precisión la propiedad del dominio ni tampoco el derecho real del dominio del derecho real administrativo (que es el que tienen los particulares sobre dependencias del dominio público). En lo que sigue vamos a partir de los antecedentes de la cláusula constitucional confrontándola con los conceptos básicos a través de la caracterización de las diferentes figuras relacionadas directa o indirectamentecon la materia objeto de este estudio. 2. Antecedentes del artículo 124 de la Constitución Nacional 1 PRIETO, Hugo N., El dominio de los recursos naturales. La titularidad de las provincias y sus consecuencias en materia de hidrocarburos, LL Sup. Const., 20 de septiembre de 2005, p3 Los principios del regalismo, que formaron parte de la concepción que imperó en los comienzos de nuestra organización constitucional, se basaban en la regla que prescribía que las minas son del Rey, cuya propiedad se transfirió a la Nación por ser ésta la continuadora de los derechos de la Corona de España, a quien correspondía el llamado dominio eminente 2. En ese sentido, el Estatuto de Hacienda y Crédito de la Confederación, dictado en diciembre de 1853, dispuso la aplicación de las Ordenanzas de Nueva España (Méjico) de 1783, las que asignaban al soberano el dominio eminente de las minas, en tanto que el dominio útil era reconocido a los particulares 3. La Reforma Constitucional de 1860 y el Código de Minería 4 prescribieron la caducidad del Estatuto en cuestión. Así, el artículo 7º del ese Código, concordando con lo establecido en el inciso 2º del artículo 2432 del Código Civil, dispone que las minas son bienes privados de la Nación o de las Provincias, según el territorio en que se encuentren. En esas condiciones, la propiedad provincial sobre las minas en su territorio se mantuvo estable, hasta que la Constitución de 1949 dispuso que los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes de energía, con excepción de los vegetales, son propiedades imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la correspondiente participación en su producto, que se convendrá con las provincias 5. Esta Constitución fue más tarde dejada sin efecto, acto que fue confirmado en la reforma constitucional de Específicamente, con relación al tema de los hidrocarburos, cabe recordar que, durante un largo período de tiempo, la ley atribuyó al Estado Nacional la titularidad exclusiva, inalienable e imprescriptible de los mismos, a la que, mediante la ley , se sumó el monopolio de la explotación, dejado de lado 2 CASSAGNE, Juan Carlos, La propiedad de los yacimientos de hidrocarburos, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, Buenos Aires, 1991, p. 8 y ss., también publicado en ED URIBURU MICHEL, Francisco M., Los derechos de las provincias a las minas de su territorio, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, 1991, publicado en la Obra de la Convención Nacional Constituyente 1994, Buenos Aires 1997, t. VII, p y ss. 3 Fallos: 301: 341, especialmente p URIBURU MICHEL, Francisco M., Los derechos de las provincias a las minas de su territorio, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, 1991, publicado en la Obra de la Convención Nacional Constituyente 1994, Buenos Aires 1997, t. VII, p y ss. Ver: OYHANARTE, Julio Régimen Constitucional de las Fuentes de Energía, LL GELLI, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina- Comentada y Concordada, La Ley, 2º ed. ampliada y actualizada, Buenos Aires, 2003, p. 864 y ss. 34 con la sanción del decreto- ley /67, que admitió la posibilidad de otorgar concesiones 6. La discusión vinculada al llamado dominio originario de los recursos naturales recobró vigencia a raíz de lo acordado en el Pacto de Luján, celebrado el 24 de mayo de 1990 entre el Presidente de la República y los gobernadores provinciales, al reconocerse el dominio y jurisdicción de las Provincias sobre determinados recursos naturales 7. A su vez, el status legal descripto cambió nuevamente tras la sanción de la ley que transfirió el dominio de los yacimientos de hidrocarburos del Estado Nacional a las Provincias, debiéndose entender que, conforme a lo que se verá a continuación, dicha transferencia se refirió al llamado dominio originario. En ese escenario aconteció la reforma constitucional de 1994 que sancionó el artículo 124, en el cual se introdujo definitivamente el concepto de dominio originario utilizado antes en el Código de Minería (art. 10) e implícitamente comprendido en la ley Análisis del artículo 124 de la Constitución Nacional a. Doctrina y jurisprudencia a.1 El dominio minero Se ha señalado que la dominialidad del Estado sobre las minas ha tenido diversos alcances, según se trate de la expresión de la soberanía estatal relativa a las cosas ubicadas en su territorio o represente la manifestación del poder real que el mismo ejerce sobre las cosas 8. Sobre el punto, existen pues, básicamente, dos teorías acerca de la dominialidad minera: la teoría positiva y la teoría negativa o del dominio eminente 9. La teoría primeramente enunciada implica un concepto de dominio real, con alcances jurídicos parecidos al derecho de propiedad. En cambio, la segunda considera que las minas son res nullius, y que, por 6 Fallos: 301: CASSAGNE, Juan Carlos, La propiedad de los yacimientos de hidrocarburos, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, Buenos Aires, 1991, p. 8 y ss., también publicado en ED CATALANO, Edmundo F., Código de Minería Comentado, Zavalía, Buenos Aires, 1999, p. 60 y ss. 9 CATALANO, Edmundo F., Código de Minería Comentado, Zavalía, Buenos Aires, 1999, p. 60 y ss. 45 lo tanto, no tienen dueño originario, surgiendo como única atribución del Estado la tutela del patrimonio minero, al sólo efecto de vigilar la constitución legal de derechos privados sobre las minas y custodiar el interés público de producción 10. Tal análisis, sin embargo, implica una simplificación del problema que plantea la dominialidad minera a la luz del concepto de dominio originario, como se verá más adelante. Dicha postura no resiste el test de razonabilidad habida cuenta que, con anterioridad a las Provincias, la propiedad minera pertenecía al Rey, al soberano. En consecuencia, si en el sistema regalista estaban disociadas la propiedad del Rey (por ello se denominaba regalía), la potestad de otorgar concesiones y el derecho real de dominio privado, los derechos de las Provincias no serían originarios sino derivados, en el sentido antes expuesto. a.2 Dominio eminente, dominio civil y dominio útil Buena parte de la doctrina divide la propiedad en dominio eminente y dominio civil. Así, mientras que el Estado tiene el derecho de reglamentar las condiciones y las cargas públicas de la propiedad privada, el mismo no posee un verdadero derecho de propiedad respecto de los bienes que se encuentran en su territorio, sino que conserva un poder de legislación, jurisdicción y contribución 11, del cual surge el sometimiento de los propietarios a las restricciones impuestas en interés público, y de contribuir a los gastos necesarios a la existencia o al mayor bien del Estado 12. Al respecto, en el dictamen de la causa Yacimientos Petrolíferos Fiscales c. Provincia de Mendoza y otros s/ nulidad de concesión minera de fecha 3 de mayo de 1979, el entonces Procurador General, Dr. Guastavino, señaló que el dominio provincial sobre las minas no es el dominio del Código Civil, sino el dominio eminente propio del sistema regalista, y es así que las Provincias no pueden explotar los bienes por sí mismas, debiendo conceder la propiedad útil a los particulares 13. En ese contexto, se ha sostenido que el dominio eminente es algo así como un poder supremo vinculado a la noción de soberanía interna que, potencialmente, se ejerce sobre los bienes situados dentro del Estado, 10 CATALANO, Edmundo F., Código de Minería Comentado, Zavalía, Buenos Aires, 1999, p. 60 y ss. 11 Véase: MOLINARIO, Alberto D., Derecho Patrimonial y Derecho Real, La Ley, Buenos Aires 1965, p. 118 y ss. 12 Nota al art del Código Civil. 13 Fallos: 301:6 ya se trate del dominio privado o público del mismo, o de la propiedad de los particulares. Se trata, en suma, de una potestas y, en este sentido, es una facultad de legislación sobre las personas y los bienes, no reconociendo como expresión de soberanía interna otras limitaciones que las preceptuadas en el ordenamiento constitucional 14. Si bien la pareja de conceptos que definen al dominio eminente y al dominio útil guardan alguna simetría, este último también ha sido empleado, en el ordenamiento civil, con un sentido diferente. En tal sentido, el 2661 del Código Civil prescribe: "Dominio imperfecto es el derecho real (...) reservado por el dueño perfecto de una cosa que enajena solamente su dominio útil". De acuerdo a esa inteligencia, el dominio imperfecto se configura cuando no tiene perpetuidad, por encontrarse sometido a una condición o a un plazo resolutorio, o por estar gravado con un derecho real a favor de un tercero 15. Dentro de los casos del dominio imperfecto, se encuentra el del dominio desmembrado, que implica el traslado de facultades de un dominio reservado a un dominio útil, habiéndose este último caracterizado -en el derecho civil- como un derecho de disfrute que se ejerce por la posesión sobre cosa ajena 16. a.3 Dominio eminente y dominio originario A los fines de la cuestión hermenéutica que plantea el Art. 124 de la C.N., resulta de utilidad diferenciar la noción de dominio eminente de la referida al dominio originario. En ese sentido, se ha dicho que el dominio originario es el derecho que pertenece desde el origen o descubrimiento de la cosa a una persona física o jurídica, a diferencia del dominio derivado que reconoce la existencia de un dueño anterior. En cambio, el llamado dominio eminente, que traduce el derecho de tutela o jurisdicción, es aquel que el Estado posee sobre todas las cosas 14 MARIENHOFF, Miguel, Tratado de Derecho Administrativo, Abeledo Perrot, 4º ed. actualizada, Buenos Aires, 1998, t. V p LLAMBÍAS - ALTERINI, Código Civil Anotado. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1981, t. IV- A, p BUERES - HIGHTON, Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial. Hammurabi, Buenos Aires, 1997, t. 5, p LLAMBÍAS- ALTERINI, Código Civil Anotado, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1981, t. IV- A, p7 ubicadas en su territorio, vinculado a la soberanía que ejerce y no a la propiedad, en virtud del cual, como representante del interés público, puede reglar jurídicamente el destino de las cosas aunque no pertenezcan a su patrimonio 17. El punto de conexión entre dominio eminente y el dominio originario se encuentra en el hecho de que ambos son atributos de la soberanía. Sin embargo, el dominio eminente se ejerce en forma genérica sobre todos los bienes y personas que se encuentran en el territorio, en el momento en que el Estado lo considera oportuno, mientras que el dominio originario es ejercido de manera continua 18. En estas condiciones, puede advertirse que el derecho de propiedad minera reconoce un dominio originario en manos del Estado, el cual se desmembra al otorgar el derecho de propiedad minera a los particulares. Este último sería un dominio útil o derecho de explotación, mediante un acto de imperio, que no implica la extinción de su dominio originario, el cual es anterior a la propiedad minera, coexiste con ella y subsiste a su caducidad 19. Así, las minas pertenecen al patrimonio originario del Estado o de las Provincias, mientras que la propiedad minera que adquieren los particulares está sometida a la potestad estatal, por distintas causas 20. Por su parte, con relación a la atribución constitucional del dominio originario de los recursos naturales a las Provincias, una doctrina que juzgamos errónea sostiene que ello conduce a adoptar la concepción positiva de la dominialidad minera como un derecho real de dominio, con alcances jurídicos semejantes al derecho de propiedad 21. Resulta trascendente advertir que, también, se ha sostenido que existe equivalencia entre los conceptos de dominio originario y de 17 Cfr, VILLEGAS BASAVILBASO, Benjamín, Derecho Administrativo, TEA, Buenos Aires, 1952, t. IV, p. 13. CATALANO, Edmundo F., Código de Minería Comentado, ZAVALÍA, Buenos Aires, 1999, p VALLS, Mario F., Recursos Naturales, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1994, t. 1, p. 85 y ss. 19 VALLS, Mario F., Recursos Naturales, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1994, t. 1, p. 85 y ss. 20 VALLS, Mario F., Recursos Naturales, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1994, t. 1, p. 85 y ss. Ver: GONZALEZ, Joaquín V., Obras completas, Buenos Aires, t. IV, p PRIETO, Hugo N., El dominio de los recursos naturales. La titularidad de las provincias y sus consecuencias en materia de hidrocarburos, LL Sup. Const., 20 de septiembre de 2005, p. 11. Asimismo, ver: HERNÁNDEZ, Antonio M., Federalismo, autonomía municipal y ciudad de Buenos Aires en la reforma constitucional de 1994, Depalma, 1997, p.114, nota 158, y QUIROGA LAVIÉ, Humberto, Constitución de la Nación Argentina Comentada, Zavalía, Buenos Aires, 1996, p8 dominio eminente, contraponiéndose al dominio derivado, al dominio útil o derecho de explotación. En este orden, el dominio eminente ha sido concebido como un derecho de propiedad, en el sentido del derecho privado 22. Dentro de esta postura se ha dicho que la falta de recepción del concepto de dominio eminente, en las leyes mineras nacionales, ha provocado la confusión o mala interpretación de las prescripciones sobre dominio minero 23. A su vez, con arreglo al dictamen del Procurador General de la Corte Suprema, Doctor Elías P. Guastavino, y a lo resuelto por la sala 4º de la Cámara en lo Civil y Comercial de Rosario en autos Rosario Rowing Club (en cuanto a que el dominio originario importa una potestad de disposición y de percibir regalías con sujeción a un ordenamiento fundamental), se ha considerado que el concepto de dominio originario de las Provincias podría caracterizarse como una manifestación del regalismo o del dominio eminente 24. a.4 Dominio y jurisdicción La lectura de los debates de la Convención Constituyente ha conducido a sostener que el reconocimiento del dominio de los recursos naturales en cabeza de las Provincias no sustrae a estos bienes de la jurisdicción exclusiva del Congreso Nacional, entendida como potestad de regulación jurídica 25. En el mismo sentido, con independencia del dominio originario reconocido a las Provincias, los artículos 121, 126 y 75 inciso 12 de la C.N. ponen de manifiesto que éstas han delegado en el Congreso Nacional la facultad de dictar un Código de los recursos naturales 26. a. El dominio originario sobre el mar territorial. Condición jurídica de la denominada Zona Económica Exclusiva 22 MARTÍNEZ, Víctor H. El dominio eminente, Anales de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba 1998, Disertación realizada en la sesión privada del 4 de agosto de 1998, t. XXXVII, p. 233 y ss. 23 MARTÍNEZ, Víctor H. El dominio eminente, Anales de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba 1998, Disertación realizada en la sesión privada del 4 de agosto de 1998, t. XXXVII, p. 233 y ss. 24 SARAVIA, Luis Adolfo, El petróleo y las provincias, LL B DE SIMONE, Orlando, El dominio originario de los recursos naturales, LL 1997-C AHUMADA, Horacio, La ley de protección ambiental para la minería Nº El Código de Minería y la Constitución Nacional, LL E9 El alcance del mar territorial ha sido establecido de manera uniforme para todos los Estados por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, celebrada en Montego Bay, en 12 millas marinas medidas a partir de las líneas de base 27 que establece dicha Convención (art. 3). En ese espacio marítimo el Estado ejerce con plenitud su soberanía, con arreglo a las prescripciones de la citada Convención y otras normas del derecho internacional (art. 2 ap. 3). Por otra parte, de acuerdo al ordenamiento interno el mar territorial integra el dominio público (art inc. 1 del Cód. Civil). No obstante que la Convención, al ser ratificada por la ley , posee jerarquía superior a las leyes (art. 75 inc. 22 de la C.N.) dado que ella comprende al Estado Nacional como sujeto del Derecho Internacional vinculado por sus normas corresponde armonizar su preceptiva con el art. 124 de la C.N.. En tal sentido, la ley que fijó el dominio provincial sobre el mar territorial en un espacio de 3 millas marinas debe considerarse derogada institucionalmente por el juego del referido precepto constitucional y lo prescripto por la Convención sobre el Derecho del Mar. En consecuencia, el dominio de las Provincias sobre el mar territorial se extiende a 12 millas marinas medidas en la forma antes indicada. En cualquier caso, también podría sostenerse que la ley fue derogada expresamente por la ley (art. 72) aún cuando este argumento podría cuestionarse sobre la base de que los alcances de tal derogación no son generales sino que se circunscriben a la materia que, de modo especial, regula la citada ley. En cambio, tanto en la zona adyacente o contigua (24 millas marinas) como en la Zona Económica Exclusiva (200 millas marinas) no hay dominio originario de las Provincias sino derechos de soberanía a favor de los Estados signatarios de la Convención, los que comprenden la explotación de los recursos naturales (tanto vivos como no vivos) y la producción de energía derivada del agua y de los vientos (art. 56 ap. 1 inc. a.). Al propio tiempo, el Estado Nacional ejerce jurisdicción, entre otras cosas, para el establecimiento y utilización de islas artificiales y la protección del medio marino (art. 56 ap. 1, inc. 2). b. La Convención constituyente de 1994 A esta altura del análisis que venimos efectuando se advierte que el artículo 124 de la Constitución Nacional exhibe una suerte de mutismo constitucional ya que, a pesar de reconocer a las Provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en sus territorios, no especificó 27 Es la línea de bajamar a lo largo de la costa (art. 5). 910 el contenido del concepto, lo cual se tornaba imprescindible frente al abanico de variantes interpretativas que habían surgido tanto en el campo de la doctrina como en el ámbito de la jurisprudencia 28. En el debate de la Convención, tan confuso y desordenado como contradictorio, se expusieron dos tesis centrales. La primera, sostuvo que corresponde a las Provincias el dominio eminente, entendido como aquel que tienen las Provincias respecto de los elementos que se encuentran dentro de su territorio, a diferencia del dominio originario concebido como aquel que se posee sobre los recursos que la Provincia o la Nación conceden para su explotación por un tiempo determinado o, en el caso de las minas, hasta su agotamiento, manteniendo el Estado la tutela que permite recuperar su dominio si el concesionario no cumple con sus obligaciones 29. En esta línea, no faltaron, incluso, quienes dudaron acerca de si el reconocimiento del dominio originario implicaba la negación del dominio privado 30. Por otro lado, hubo quienes sostuvieron la concepción de que el dominio originario equivalía al derecho real de dominio. Al respecto, se postuló que el dominio originario de los recursos naturales no podía ser referido a otra cosa que al dominio patrimonial sobre los mismos. De ese modo, se consideró que siendo el dominio un derecho real, en el correspondiente a los recursos naturales es un dominio de naturaleza patrimonial sobre ellos. Pero como no implica prescribir un sistema colectivista, dicho dominio, de público, se transfiere a la propiedad privada para que su explotación y aprovechamiento se efectúe en el mercado 31. c. Las minas y, específicamente, los yacimientos de hidrocarburos no pertenecen al dominio público Los errores en que se incurrió al delimitar la propiedad de los recursos naturales y, en particular, la concerniente a los yacimientos de hidrocarburos 32, al caracterizarlo como un patrimonio inalienable e imprescriptible, abrieron paso a que se interpretase que los respectivos bienes integraban el dominio público. 28 Obra de la Convención Nacional Constituyente 1994, Buenos Aires 1997, t. VI, p (NATALE, Alberto). 29 Obra de la Convención Nacional Constituyente 1994, Buenos Aires 1997, t. VI, p. 5771, (DÍAZ ARAUJO). 30 Obra de la Convención Nacional Constituyente 1994, Buenos Aires 1997, t. VI, p. 5769, (BATTAGIÓN). 31 Obra de la Convención Nacional Constituyente 1994, Buenos Aires 1997, t. VII, p.6975, (QUIROGA LAVIÉ). 32 Art. 1, ley11 Sin embargo, ello no es así -ni puede llegar a serlo-, por cuanto la categoría del dominio público no se circunscribe únicamente a su calificación legal, siendo ésta sólo uno de los elementos que configuran la noción de dominio público. En definitiva, si el dominio de los hidrocarburos se encuentra destinado a su explotación privada, no se configura a su respecto, al menos, el requisito teleológico 33, traducido en el uso común por parte de la comunidad, uso al que están destinados los bienes que integran el dominio público, no obstante los beneficios que ello reporta para la economía general del país, como ocurre con cualquier otra actividad industrial o comercial. Por ello, no sería posible de hablar siquiera de un uso especial 34 que fuera compatible con el uso común. Asimismo, carecería de sentido hablar de dominio público originario, ya que en tanto éste se integra con potestades y derechos económicos (v. gr., el derecho a percibir regalías), es obvio que las primeras no son susceptibles de enajenación mientras los segundos sí, en su carácter de bienes privados de las Provincias o del Estado, según el caso. d. La titularidad del dominio originario de los recursos naturales pertenece, en principio, a las Provincias, y sólo excepcionalmente al Estado Nacional La prescripción contenida en el artículo 124 de la C.N. que atribuye a las Provincias la titularidad del dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio, no implica, como más adelante se puntualiza, que la persona jurídica Estado Nacional no pueda ser titular también del dominio originario de los recursos naturales aún cuando de modo excepcional y circunscripto al marco constitucional o internacional. Una última cuestión se vincula al supuesto previsto en el artículo 75, inciso 30, de la Constitución Nacional, referido a los establecimientos de utilidad nacional en los que corresponde al Congreso ejercer una legislación exclusiva, sin que ello obste al ejercicio de los poderes de policía y tributarios de naturaleza local. Según los antecedentes constitucionales, dichos establecimientos son los adquiridos por la Nación por compra o cesión, en cualquiera de las Provincias, como prescribía el anterior artículo 67, inciso 27, antes de la reforma constitucional de Cfr. MARIENHOFF, Miguel, op. cit., t. V p. 127 y ss. 34 Véase: MARIENHOFF, Miguel, op. cit., t. V p. 387 y ss. 1112 Así, por ejemplo, el dominio originario de los recursos naturales corresponde, claramente, a la Nación en el caso de las áreas marítimas que, conforme al deslinde que resulta de la legislación vigente, están atribuidas a la órbita federal. Concretamente, a excepción del mar territorial cuyo dominio pertenece a las provincias respectivas, los recursos existentes en la Zona Contigua (que se extiende a partir de las doce millas marinas y hasta las veinticuatro millas marinas) y en la Zona Económica Exclusiva (cuyo límite coincide con las doscientas millas marinas) pertenecen al dominio originario del Estado Nacional, según resulta de la interpretación armónica de la legislación en vigor (conf. La ley , art. 56, y la ley , art. 4). El artículo 2º de la ley , al otorgar a la sociedad estatal ENARSA la titularidad de los permisos de exploración y de las concesiones de explotación sobre la totalidad de las áreas marítimas nacionales que no se encuentran sujetas a tales permisos o concesiones a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, corrobora lo expuesto en el párrafo anterior, en tanto exterioriza el ejercicio por el Estado Nacional de las potestades inherentes a la titularidad que le compete sobre las áreas del mar sujetas a su dominio originario. A la luz de lo expuesto, queda evidenciado que los derechos de que resulta titular ENARSA no difieren, en cuanto a su estatus y naturaleza, de aquéllos que se encuentran en cabeza de cualquier otro permisionario de exploración o concesionario de explotación de hidrocarburos de carácter privado. Las facultades de la empresa se limitan al desarrollo de tareas de exploración o de explotación que deriven, respectivamente, de los permisos o de las concesiones que le han sido asignados, con el alcance previsto en la ley En tal sentido, la citada entidad no puede ejercer potestades análogas a las derivadas de la titularidad originaria de dichos recursos, como, por ejemplo, la de otorgar permisos o concesiones sobre los yacimientos referidos, la de disponer la revocación o caducidad de los derechos que resultan de tales títulos, la de percibir regalías, o la de ejercer el poder de policía sobre los recursos en cuestión. Nada hay, en efecto, en la ley de su creación, ni en las normas dictadas en su consecuencia, que permita inferir que ENARSA participa del ejercicio de tales poderes, y el sólo hecho de que se trate de una sociedad anónima de carácter estatal no altera esta conclusión. 1213 II. REPARTO DE POTESTADES PÚBLICAS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS 1. Poderes provinciales inherentes a la titularidad del dominio originario y al ejercicio de la policía En el año 1992, el Congreso de la Nación sancionó la ley , cuyo artículo 1º dispuso transferir el dominio público 35 de los yacimientos de hidrocarburos a las Provincias en cuyos territorios se encuentren. No obstante, salvo respecto de ciertos supuestos especiales 36, el artículo 22 de la misma ley supeditó el perfeccionamiento de dicha transferencia al dictado de una ley tendiente a modificar, en lo pertinente, el régimen de la Ley de Hidrocarburos Nº , hecho éste que todavía no se ha verificado. Dos años después tuvo lugar la reforma de la Constitución Nacional cuyo artículo 124, segundo párrafo, sentó el principio de que corresponde a las Provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. En este sentido, resulta indudable que, a partir de 1994, el dominio de los yacimientos de hidrocarburos corresponde originariamente a las Provincias o a la Nación, según la condición jurídica del territorio en que estén ubicados. Cabe preguntarse, pues, acerca de los poderes jurídicos que derivan de la titularidad del dominio originario de tales recursos. Desde una perspectiva meramente patrimonialista, podría pensarse que a partir del dominio originario reconocido en la Constitución en favor de las Provincias, éstas gozarían de los poderes inherentes al contenido esencial del derecho real de dominio, el cual se resume en tres facultades, a saber: ius utendi (usar), ius fruendi (gozar) y ius abutendi (disponer) de la cosa sobre la cual recae dicho derecho, en nuestro caso, los hidrocarburos yacentes en territorio provincial. Semejante conclusión, sin embargo, no se compadece con las restricciones propias del derecho público que la legislación que gobierna la 35 Se trata, obviamente, de un error legislativo pues debió decirse dominio originario ya que las minas y por extensión los yacimientos de hidrocarburos no integran el dominio público del Estado ni de las Provincias (arts y 2342 del Código Civil). 36 En efecto, el artículo 22, última parte, de la ley dispuso que en las áreas cedidas a las Provincias en virtud de lo establecido en el Artículo 20 del Decreto Nº del 10 de octubre de 1989, la transferencia establecida en el Artículo 1º de la presente, se perfeccionará al momento de promulgarse esta ley. Asimismo, el artículo 1º de la propia ley estableció que para ciertas áreas otorgadas por entonces en concesión de exploración o explotación (individualizadas en los Anexos I, II y III de la ley), dicha transferencia tendría lugar a partir del vencimiento de los respectivos plazos legales o contractuales. 1314 propiedad sobre las minas y sobre los yacimientos de hidrocarburos impone a su titular originario, limitaciones que han llevado a un sector de la doctrina a sostener que el dominio minero (y, por ende, el de los hidrocarburos) no es asimilable al dominio privado del Código Civil, sino que participa en mayor medida de las características del dominio público aun cuando, según ya se dijo, no lo integran-, en tanto se le aplicarían entre otras cosas- las reglas de la inalienabilidad e imprescriptibilidad que rigen para este último 37. Sin perjuicio de lo anterior, desde la perspectiva iuspublicista en la que se inscribe la cuestión, es también posible reconocer en cabeza del titular del dominio originario de los recursos naturales la facultad de dar en concesión los bienes involucrados y, por ende, la de emitir los actos administrativos de ejecución ordenados al pleno aprovechamiento de los mismos. En tal sentido, la doctrina ha atribuido a las autoridades provinciales la potestad exclusiva de conocer en el otorgamiento, revocación o caducidad de los permisos de exploración y en las concesiones de explotación de los bienes de su dominio originario 38. En tercer lugar, deriva también de la titularidad del dominio originario de los recursos naturales el derecho de las Provincias (o, en su caso, de la Nación) a percibir las regalías debidas por quien se beneficia con la explotación de los yacimientos respectivos 39. Y cabe hacer referencia, por último, a las potestades provinciales tendientes a la protección del orden público y demás valores de naturaleza local en el ámbito de sus territorios. Como se sabe, la policía comporta una materia concurrente, en tanto la Nación y las Provincias deben velar por la tutela de los distintos aspectos del orden público dentro de sus respectivas órbitas. De allí la posibilidad de que las autoridades provinciales dicten normas o actos destinados a resguardar, dentro de los límites de su territorio, la salubridad, la seguridad o el medio ambiente contra las amenazas que pudieran provenir del ejercicio de la actividad hidrocarburífera. Se advierte, así, que las facultades de las Provincias en esta materia emanan no sólo de la titularidad del dominio originario de los recursos naturales que el artículo 124 de la Constitución les reconoce, sino también del poder de 37 En este sentido, ver CATALANO, Edmundo F.; Código de Minería comentado, Zavalía, Buenos Aires, 1999, págs. 64 y ss. Sin embargo, resulta más acertado sostener que se trata de un derecho real administrativo, véase al respecto: GONZALEZ PEREZ, Jesús, Los derechos reales administrativos, Civitas, Madrid 1975, p. 29 y ss. 38 CATALANO, Edmundo F.; Código de Minería comentado, cit., págs Conf. PRIETO, Hugo N.; El dominio de los recursos naturales. La titularidad de las Provincias y sus consecuencias en materia de hidrocarburos, LL (Sup. Const. 2005, septiembre). 1415 policía que en forma concurrente con la Nación- poseen para la protección del orden público dentro de los límites de su territorio. 2. Facultades de la Nación para regular las relaciones jurídicas en materia de hidrocarburos No hay duda entonces, de acuerdo con el texto constitucional, que el dominio originario de los yacimientos de hidrocarburos corresponde a las Provincias o a la Nación, según el territorio en que los mismos estén situados. Sin embargo, no cabe decir lo mismo respecto de la jurisdicción, entendida como potestad de dictar todas las normas necesarias para regular las relaciones jurídicas que nacen del uso y aprovechamiento de tales recursos. Ya indicó, en su momento, la Corte Suprema que "dominio y jurisdicción no son conceptos equivalentes ni correlativos, pues bien pueden existir uno sin la otra. Así la jurisdicción sobre las playas y riberas, que no importa el dominio nacional sobre ellas, así la que se ejerce sobre establecimientos nacionales ubicados en inmuebles no adquiridos y así el dominio privado del Estado general en bienes situados en las Provincias y sobre los cuales no ha fundado obras o establecimientos de utilidad nacional: en éstos hay dominio y no jurisdicción 40. Esta falta de coincidencia que por momentos se observa entre los titulares del dominio y de la jurisdicción ha llevado a la doctrina a señalar que mientras que el dominio recae sobre las cosas, la jurisdicción se ejerce sobre las relaciones 41. En lo que hace al deslinde entre dominio y jurisdicción en materia de recursos naturales, la cuestión fue objeto de debate en el seno de la Convención Constituyente de Santa Fe. Quienes en ese marco bregaban por atribuir jurisdicción sobre tales recursos también a las Provincias dentro de cuyos límites tales bienes estuvieren localizados, lo hacían con el argumento de que si al dominio le quitamos la jurisdicción, queda absolutamente vacío 42. No faltaron, incluso, quienes propusieron incorporar de manera expresa en la norma la 40 Fallos 154: Conf. FRÍAS, Pedro; Introducción al Derecho Público Provincial, Parte Tercera "Dominio y Jurisdicción de la Nación y las Provincias", editorial Depalma, Buenos Aires, 1980, págs , citado por SARAVIA, Luis A., La cláusula de la prosperidad y la ley de inversiones mineras, LL 1998-B, pág Tal fue el caso, entre otros, de Richard Gustavo Bataggion, convencional por la Provincia de Mendoza (ver Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente, 24ª Reunión, 3ª Sesión Ordinaria, 4 de agosto de 1994, pág y ss.). 1516 alusión a que la jurisdicción en materia de recursos naturales quedaba en manos de las Provincias 43, propuesta ésta que no tuvo acogida. La posición que se impuso, sin embargo, fue la contraria, en tanto la mayoría se orientó en el sentido de interpretar que el reconocimiento del dominio de los recursos naturales en cabeza de las Provincias no sustrae a estos bienes de la jurisdicción exclusiva del Congreso Nacional. Por ende, de cara al texto de la Constitución, corresponde de forma exclusiva al Congreso Nacional la facultad de reglar las relaciones jurídicas que nacen del uso y del aprovechamiento de los recursos naturales 44. Tal es, pues, la conclusión a que arribó la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir de la interpretación de la facultad de dictar el Código de Minería que nuestra Ley Suprema, en su artículo 75, inciso 12, atribuye al Congreso Nacional 45. La doctrina especializada, por su parte, enfatiza este rasgo del régimen constitucional, postulando que los recursos mineros se encuentran sometidos en forma exclusiva a la legislación del Congreso nacional, el que puede disponer, sin limitación alguna, salvo las que derivan de la propia Constitución, respecto al final destino de estos bienes, o sea, el régimen de su concesión o explotación 46. En virtud, pues, de esta jurisdicción legislativa en favor de la Nación estatuida por el constituyente, se sostiene que corresponde al Congreso establecer el régimen jurídico de explotación de los recursos minerales en todo el país, prohibiendo a las Provincias hacerlo, una vez que ese régimen haya sido establecido, siendo de su exclusiva competencia 1. Determinar las distintas 43 Así, el convencional Antonio Achem sugirió agregar, con alusión a las Provincias, la frase siguiente: Ejercen la jurisdicción sobre todas estas materias (Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente, 28ª Reunión, 3ª Sesión Ordinaria, 10 y 11 de agosto de 1994, pág. 3871). Otra moción semejante fue planteada por la convencional Cristina Fernández de Kirchner, quien propuso dar a la cláusula constitucional la siguiente redacción: Las Provincias tienen el dominio y la jurisdicción de su territorio y de los recursos naturales de su suelo, subsuelo, ríos, mar, costas, lecho, plataforma continental y espacio aéreo, con excepción de los que correspondan al dominio privado (Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente, 28ª Reunión, 3ª Sesión Ordinaria, 10 y 11 de agosto de 1994, pág. 3862). 44 Conf. DE SIMONE, Orlando, El dominio originario de los recursos naturales, LL 1997-C-1440, y Los hidrocarburos y el medio ambiente. Los artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional, LL 1998-C Ampliar en SARAVIA, Luis A., La cláusula de la prosperidad y la ley de inversiones mineras, LL 1998-B-1130, y El petróleo y las Provincias, LL 1999-B Este autor señala que si bien con arreglo al último párrafo del art. 124 de la Constitución Nacional, las Provincias son titulares del dominio originario de los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos existentes en sus territorios, la jurisdicción sobre los mismos, entendida como la potestad para legislar sobre ellos, corresponde al Congreso de la Nación. Asimismo, ver: AHUMADA, Horacio, La Ley de protección ambiental para la minería N , LL 1996-E-1361; y CORNEJO COSTAS, Carlos, y BOSCH, Fernando A. (h), El régimen actual de regalías en el Derecho Minero Argentino cuestión de federalismo o de conveniencia nacional?, ED Conf. Fallos 301: Conf. CATALANO, Edmundo F.; Código de Minería comentado, cit., pág17 categorías de minas, respetando las bases del dominio originario fijadas en la Constitución. 2. Establecer las condiciones legales bajo las cuales será permitida su exploración y explotación. 3. Reglar las demás relaciones de derecho público y privado que son consecuencia de la explotación y el trabajo de las minas Evolución del derecho positivo nacional: la armonización entre las competencias nacionales y provinciales A la luz de lo expuesto, la situación relativa al deslinde de las atribuciones nacionales y provinciales sobre los recursos hidrocarburíferos es, cuanto menos, ambigua. Más allá de la distribución teórica antes expuesta, la dinámica de las potestades comprendidas desemboca en un escenario donde los puntos oscuros o dudosos no son pocos 48. Por de pronto, la titularidad del dominio originario de los hidrocarburos reconocida por el constituyente en favor de las Provincias no altera la notoria ausencia de instrumentos legales apropiados que habiliten a éstas a ejercer, de manera efectiva, las facultades inherentes a dicha situación dominial, en particular en lo que se refiere a las áreas sujetas a permisos de exploración o a concesiones de explotación concedidas por el Estado Nacional en el pasado y hoy todavía en curso. En tales casos, el respeto de los derechos de los titulares de las áreas en cuestión, y el consiguiente ejercicio por el Estado Nacional de las facultades que le corresponden en su condición de otorgante de dichos títulos, han impedido, por el momento, a las respectivas Provincias desplegar los poderes propios de la titularidad del dominio originario que les ha sido asignada en el texto constitucional. En segundo lugar, dado que el constituyente ha asignado jurisdicción exclusiva a la Nación para dictar el marco legal sustantivo al que se sujetan las relaciones jurídicas vinculadas a los hidrocarburos y, simultáneamente, las Provincias mantienen poderes normativos derivados de su condición de titular de dichos recursos y del poder de policía que de manera concurrente- pueden ejercer, la línea divisoria del ámbito material de incumbencia de una y otra órbita no siempre resulta fácil de trazar. 47 Idem. 48 No en vano se ha señalado que en este ámbito se presenta un caso curioso y único en el orden legislativo (...) de bienes de propiedad de las Provincias, que se encuentren sujetos a la legislación exclusiva del Congreso, a punto tal que no existen antecedentes de otros bienes del dominio provincial, cuyo destino final se encuentre sometido a restricciones de este tipo (conf. CATALANO, Edmundo F.; Código de Minería comentado, cit., pág. 76). 1718 El gobierno nacional se ha hecho eco de las dificultades derivadas de semejante statu quo, dictando diversas normas dirigidas a superar los problemas planteados por dicha situación. Sin entrar a juzgar, al menos en esta instancia, el acierto o error de tal normativa, haremos algunas referencias tendientes a ilustrar la interpretación que emana de la órbita nacional respecto del juego de las facultades nacionales y provinciales en el tema bajo examen. El 4 de noviembre de es decir, apenas dos meses después de sancionada la reforma de la Constitución- el Poder Ejecutivo nacional dictó el decreto 1955/94, mediante el cual instituyó un régimen transitorio de exploración y explotación de hidrocarburos en las áreas que deban revertirse a las Provincias con la sanción de la ley prevista en el artículo 22 de la Ley El artículo 1º del citado decreto, que denomina a las áreas involucradas como áreas en transferencia, señala que el régimen transitorio dictado será de aplicación hasta la fecha de su efectiva transferencia a las Provincias respectivas, sin perjuicio de la continuidad de los derechos adquiridos de los permisionarios de exploración y concesionarios de explotación. El régimen aludido dispuso, básicamente, la intervención de las Provincias en el proceso licitatorio y de selección 49, y la creación de una Comisión por cada Provincia con facultades para dictaminar el porcentaje de regalías que corresponda fijar, para evaluar las ofertas que se formulen y para proponer la adjudicación de las áreas licitadas 50. El 6 de agosto de 2003, el Poder Ejecutivo nacional dio un paso decisivo en este terreno al dictar, esta vez en ejercicio de sus potestades de necesidad y urgencia, el decreto 546/03. En el marco de dicho acto, el Poder Ejecutivo realizó dos declaraciones de suma trascendencia 51, a saber: a) reconoció el derecho de las Provincias de otorgar permisos sobre las áreas denominadas en transferencia, y sobre aquellas que las Provincias definan de acuerdo a sus planes de exploración o explotación; y 49 Decreto 1955/94, artículo Decreto 1955/94, artículo 5. En el marco del régimen descripto se dictó la Decisión Administrativa Nº 30/03 mediante la cual el Poder Ejecutivo Nacional aprobó la adjudicación del CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL Nº E-01/92 para la exploración y explotación de un área ubicada en la Provincia de Mendoza, y otorgó a la empresa ENERGY DEVELOPMENT CORPORATION (ARGENTINA) INC., un permiso de exploración sobre el área licitada, de acuerdo a las bases establecidas en el acta acuerdo suscripta entre la Secretaría de Energía de la Nación y la Provincia de Mendoza. 51 Ver el artículo 1º del citado decreto. 1819 b) respaldó, asimismo, la potestad de las Provincias para ejercer, dentro de sus jurisdicciones, todas las competencias que el artículo 98 de la ley otorga al Poder Ejecutivo nacional 52. Con el mismo afán de ensanchar las facultades provinciales en la materia, en línea con el artículo 124 de la Constitución Nacional, el citado decreto 546/03 confirió a las autoridades provinciales la facultad de (i) elaborar los pliegos de licitación correspondientes y celebrar los concursos públicos 53 ; (ii) asumir el carácter de autoridad de aplicación de la Ley y sus normas reglamentarias y complementarias con relación a los contratos, permisos y concesiones celebrados por cada Provincia 54 ; y (iii) resolver los conflictos que se planteen con relación al cumplimiento de los permisos y concesiones que otorgue cada Provincia en el marco de lo establecido en el decreto en comentario 55. A fin de facilitar el ejercicio de las competencias transferidas, se obligó a las empresas permisionarias y concesionarias a brindar a la autoridad de aplicación provincial correspondiente la totalidad de la información sobre sus actividades que suministraban hasta el presente y toda aquella adicional que ésta les requiera 56. En igual sentido, el decreto dispuso que la Secretaría de Energía debería entregar a las Provincias toda la documentación vinculada con las áreas y yacimientos localizados en territorio de éstas 57. Ahora bien, según el texto del decreto que estamos comentando, el Poder Ejecutivo nacional se reservó el ejercicio de las facultades emergentes de los artículos 2 y 3 de la ley , esto es, los poderes concernientes a la fijación de la política nacional para el sector y a la reglamentación de las actividades de exploración, explotación y transporte de hidrocarburos 58. Asimismo, el decreto mantiene en la órbita nacional la facultad exclusiva de otorgar concesiones de transporte que abarquen dos o más Provincias, o que tengan como destino la 52 Parece oportuno recordar que el artículo 98 de la ley dispone lo siguiente: Compete al Poder Ejecutivo nacional, en forma privativa, la decisión sobre las siguientes materias: a) Determinar las zonas del país en las cuales interese promover las actividades regidas por esta ley. b) Otorgar permisos y concesiones, prorrogar sus plazos y autorizar sus cesiones. c) Estipular soluciones arbitrales y designar árbitros. d) Anular concursos. e) Asignar y modificar las áreas reservadas a las empresas estatales. f) Determinar las zonas vedadas al reconocimiento superficial. g) Aprobar la constitución de sociedades y otros contratos celebrados por las empresas estatales con terceros a los fines de la explotación de las zonas que esta ley reserva a su favor. h) Fijar las compensaciones reconocidas a los propietarios superficiarios. i) Declarar la caducidad o nulidad de permisos y concesiones. 53 Decreto 546/03, artículo Decreto 546/03, artículo Decreto 546/03, artículo Decreto 546/03, artículo Decreto 546/03, artículo Decreto 546/03, artículo 6. 1920 exportación 59. Por último, dispone que los permisos de exploración y concesiones de explotación y de transporte otorgados por el Poder Ejecutivo nacional sobre áreas o yacimientos localizados en las Provincias, continuarán en jurisdicción nacional hasta el dictado de la ley modificatoria de la ley Una visión de conjunto de los preceptos que integran el decreto 546/03 permite vislumbrar que, sin perjuicio de las soluciones de índole transitoria que propone, el mismo plantea un esquema en virtud del cual, a grandes trazos: i. el Estado Nacional se reserva las facultades de definir la política del sector y de reglamentar las actividades de exploración, explotación y transporte de hidrocarburos; y ii. las Provincias tienen a su cargo aplicar el régimen y otorgar los permisos y concesiones relacionados con la actividad en cuestión cuando se trate de áreas comprendidas íntegramente dentro de su territorio. A su vez, las facultades transitoriamente mantenidas en cabeza del Poder Ejecutivo nacional hasta tanto se modifique la ley tienen que ver, básicamente, con áreas sobre las que existen permisos de exploración o concesiones de explotación otorgados por dicho órgano 61. Sin embargo, el Poder Ejecutivo se ha desprendido de tales facultades respecto de las áreas en transferencia, es decir, (a) aquellas incluidas en alguno de los Anexos de la ley que han sido revertidas por cualquier causa antes de la promulgación de la ley prevista en su artículo 22, y (b) aquellas no incluidas en dichos Anexos 62. III. NATURALEZA Y ALCANCE DE LOS DERECHOS DE LOS PARTICULARES EN MATERIA DE YACIMIENTOS DE HIDROCARBUROS Y SU EXPLOTACIÓN 1. Breve descripción del sistema de la ley En el marco de la Ley de Hidrocarburos Nº , la explotación de los recursos hidrocarburíferos puede llevarse a cabo a través de sujetos privados a 59 Decreto 546/03, artículo Decreto 546/03, artículo 8º. Por resolución 981/05 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, se aclaró que los permisos y concesiones otorgados por el Poder Ejecutivo nacional sobre las llamadas áreas en transferencia, no quedan alcanzados por esta disposición. 61 Decreto 546/03, artículo Conf. el artículo 1º del decreto 1955/94. 20 Mostrar más
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