Source: http://erubio.com.pe/Blog/Detail/1350
Timestamp: 2019-09-21 07:22:01
Document Index: 86999361

Matched Legal Cases: ['artículo 20', 'artículo 36', 'artículo 37', 'artículo 38', 'artículo 36', 'artículo 44', 'artículo 49', 'artículo 202', 'artículo 233', 'artículo 237', 'artículo 48']

El 16 de setiembre de 2018, se ha publicado el Decreto Legislativo N° 1452 que modifica la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
Se autoriza a las entidades que cuenten con disponibilidad tecnológica a asignar al administrado una casilla electrónica gestionada por esta, para la notificación de actos administrativos, siempre que cuenten con el consentimiento expreso del administrado. Los sectores pueden aprobar la obligatoriedad de la notificación vía casilla electrónica, mediante decreto supremo del sector, previa opinión favorable de la PCM y el Ministerio de Justicia. En ese caso, la notificación se entiende válidamente efectuada cuando la entidad la deposite en el buzón electrónico asignado al administrado, surtiendo efectos el día que conste haber sido recibida (artículo 20).
Se autoriza a los Organismos Reguladores y a los Organismos Técnicos Especializados habilitados por Ley, a establecer procedimientos administrativos y requisitos obligatorios para los administrados, dentro del marco de su competencia (artículo 36°); sin embargo, sus TUPAS se aprobarán por Decreto Supremo.
Se define que los servicios prestados en exclusividad que incluye el TUPA son aquellos entendidos como las prestaciones que las entidades se encuentran facultadas a brindar en forma exclusiva en el marco de su competencia, no pudiendo ser realizadas por otra entidad o terceros (artículo 37°).
Se precisa que la publicación de los TUPAs en el portal del Diario Oficial el Peruano es gratuita para las entidades (artículo 38°).
Se exceptúa de la regla general según la cual los títulos habilitantes emitidos tienen vigencia indeterminada, a los casos en que i) por ley o decreto legislativo se establezca un plazo determinado de vigencia; y ii) Excepcionalmente, por decreto supremo, para lo cual la entidad debe sustentar la necesidad, el interés público a tutelar y otros criterios que se definan de acuerdo a la normativa de calidad regulatoria (artículo 36° B).
Se establece que el Decreto Supremo que aprueba los derechos de tramitación, para el caso de las entidades del Poder Ejecutivo, debe contar con el refrendo del MEF. Asimismo, para que el costo de los derechos de tramitación sea superior a una (1) UIT, se requiere autorización del MEF, conforme a los lineamientos para la elaboración y aprobación del Texto Único de Procedimientos Administrativos aprobados por Resolución de Secretaria de Gestión Pública (artículo 44°).
Se ha precisado que si una entidad no ha publicado su TUPA o no ha incluido un procedimiento en su TUPA, respecto de los procedimientos administrativos sujetos a silencio administrativo negativo se sigue el régimen previsto en la norma de creación o modificación del respectivo procedimiento administrativo, pero sin costo (artículo 49°).
Se ha ampliado a 2 años el plazo de prescripción de la facultad para declarar la nulidad de oficio de los actos administrativos cuando se trata de actos constitutivos de infracción penal o que se dicten como consecuencia de ella y de los consejos o tribunales administrativos respecto de sus propios actos que hubieren quedado consentidos (artículo 202°).
Se añade como causal de suspensión del plazo de prescripción de la exigibilidad de las multas impuestas, la presentación de la demanda de revisión judicial del procedimiento de ejecución forzosa o cualquier otra disposición judicial que suspenda la ejecución forzosa, conforme al ordenamiento vigente. La suspensión del cómputo opera hasta la notificación de la resolución que declara concluido el proceso con calidad de cosa juzgada en forma desfavorable al administrado (artículo 233° A).
Se ha definido que, la declaración de la caducidad del procedimiento sancionador no deja sin efecto las actuaciones de fiscalización, así como los medios probatorios que no puedan o no resulte necesario ser actuados nuevamente. Asimismo, las medidas preventivas, correctivas y cautelares dictadas se mantienen vigentes durante el plazo de tres (3) meses adicionales en tanto se disponga el inicio del nuevo procedimiento sancionador, luego de lo cual caducan, pudiéndose disponer nuevas medidas de la misma naturaleza en caso se inicie el procedimiento sancionador (artículo 237°).
Se ha precisado las facultades de la PCM y la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (CEB) respecto de los incumplimientos de las reglas de la Ley 27444 por parte de las entidades; así: Corresponde a la PCM detectar los incumplimientos a las normas de la presente Ley y ordenar las modificaciones normativas pertinentes, otorgando a las entidades un plazo perentorio para la subsanación. De no producirse, la PCM entrega un informe a la CEB, a fin de que inicie de oficio un procedimiento de eliminación de barreras burocráticas. Asimismo, la CEB tiene la competencia de fiscalizar: i) que las entidades cumplan con aplicar los procedimientos estandarizados e incorporarlos en sus Textos Únicos de Procedimientos Administrativos; y, ii) que las entidades cumplan con las normas de simplificación administrativa en la tramitación de sus procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad (artículo 48°).
El MINJUS incorporará estas modificaciones al TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General en un plazo no mayor a 60 días hábiles.