Source: https://www.otrosi.net/administrativo/doctrina/2018-129134
Timestamp: 2019-01-15 23:27:22
Document Index: 378285061

Matched Legal Cases: ['artículo 40', 'artículo 18', 'artículo 52', 'artículo 31', 'artículo 57', 'artículo 57', 'artículo 134', 'artículo 57', 'artículo 57', 'artículo 159', 'artículo 57', 'artículo 57', 'artículo 57', 'artículo 123', 'Artículo 123', 'Artículo 134', 'Artículo 135', 'artículo 57', 'artículo 134', 'artículo 57', 'Artículo 57', 'artículo 57', 'artículo 158', 'artículo 57', 'Artículo 159', 'artículo 123', 'artículo 159', 'artículo 134', 'artículo 104', 'artículo 104']

Tribunal Económico-Administrativo Central, Resolución, 10-12-2018 , / de de de
Criterio 1 de 1 de la resolución: 00776/2018/00/00
· Comprobación de valores
· Procedimiento de comprobación limitada/abreviada
· Procedimientos de gestión
En la Villa de Madrid, en la fecha arriba señalada, en el recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio interpuesto por el DIRECTOR GENERAL DE TRIBUTOS DE LA DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN, con domicilio a efectos de notificaciones sito en C/ Costa 18 2, 50001-Zaragoza, contra resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Aragón, de 29 de junio de 2017, recaída en la reclamación 22-638-2013 interpuesta contra la liquidación consecuencia de un procedimiento de comprobación limitada.
1- El 11 de abril de 2013 el reclamante, D. J. presentó ante la oficina liquidadora de ... (Huesca) una autoliquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, concepto donaciones, consignando una base imponible de 83.638,74 euros y determinando una deuda tributaria de 15.521,51 euros. Adjuntó una copia de la escritura pública de donación, de fecha 18 de marzo de 2013, por la que su hermano, D. A , le donaba el derecho a una obra futura (vivienda de aproximadamente 60 metros cuadrados con una plaza de garaje y un trastero en Tr..., término municipal de ...) y la propiedad de una mitad indivisa de otras fincas rústicas en el mismo término; valor declarado de la donación del derecho a la obra futura, 80.000,00 euros.
En el Exponen I del citado documento público se recogía la siguiente descripción del derecho objeto de donación:
"A.-Que en virtud de escritura autorizada el día 31 de agosto de 2007, por la Notario de ..., Dª M..., bajo el número 1.305 de protocolo, D. A. adquirió, con carácter privativo, el siguiente derecho:
D. V y D. L ( ) se obligaron frente al ahora donante, D. A., a construir a sus expensas una edificación destinada a viviendas, garajes y trasteros sobre las fincas cedidas, una vez obtenida la correspondiente licencia municipal de obras, y una vez terminadas las obras, a entregar a D. A. en pago de su respectiva participación, libre de cargas y arrendatarios y totalmente terminada, entre otras, una entidad de obra en el futuro edificio a construir, consistente en una vivienda de aproximadamente sesenta metros cuadrados (60 m/2), con una plaza de garaje y un trastero.
Esta entidad de obra fue valorada en su día en CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS (151.440,00 €).
B.-Que el citado derecho (contraprestación), junto con el derecho a recibir otra vivienda con garaje y trastero en el mismo edificio, se recibió a cambio de la cesión en pleno dominio por parte de D. A., de UNA MITAD INDIVISA de la que era titular, sobre las fincas que se describen a continuación, todas ellas sitas en Tr..., término municipal de ...(Huesca): (...)"
2- Como consecuencia de un procedimiento de comprobación limitada, iniciado con propuesta notificada el 20 de junio de 2013, la oficina liquidadora giró a cargo del reclamante la liquidación provisional, num. 13/2013 por importe de 19.905,95 euros, que consta notificada el 26 de septiembre de 2013. La oficina liquidadora consideraba en su motivación que "el valor de lo donado es de 155.078,75 euros, teniendo en cuenta que el valor fijado para la contraprestación futura fue de 151.440 euros en su día, y que dicho valor fue dado como valor declarado por los propios interesados".
El reclamante presentó recurso de reposición, que le fue desestimado mediante resolución notificada el 4 de noviembre de 2013
3- El 29 de noviembre de 2013 el interesado ha presentado reclamación económico-administrativa ante el TEAR de Aragón, con suspensión por reserva del derecho a promover tasación pericial contradictoria, incorporando al escrito de interposición sus alegaciones en las que se remite a lo manifestado durante el procedimiento de gestión ante la oficina liquidadora, en síntesis:
1.º El valor tomado por la oficina liquidadora para girar la liquidación impugnada fue el aceptado por el ahora donante D. A y los demás intervinientes en la escritura de ejecución de cesión de suelo por obra futura (permuta) otorgada el 31 de agosto de 2007, pero hay que tener en cuenta que dicho valor no fue aceptado ni puede vincular a D. J porque no intervino en dicha escritura. Por ello, no puede resultar vinculado por un acto totalmente ajeno a él, en el que no participó y de resultas de tal vinculación imponerle los graves perjuicios que resultan por su condición de sujeto pasivo de la donación. Al carecer de la condición de interesado, se entiende que no es aplicable la disposición contenida en el artículo 40.3 del Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones ("El valor declarado por los interesados prevalecerá sobre el comprobado si fuese superior").
2.º La fecha en que se otorgó la escritura de entrega de inmuebles en ejecución de cesión de suelo por obra futura, año 2007, marcó el cénit del mercado inmobiliario iniciándose a partir de entonces un declive muy acusado en el valor de los inmuebles así como de los derechos inmobiliarios. Las propias oficinas liquidadoras y demás organismos competentes en materia de tributos han realizado ajustes a la baja en los criterios de valoración de inmuebles para ajustarse a esta realidad innegable. El valor real de un inmueble o derecho inmobiliario en el 2007 no puede ser el mismo que el del mismo bien o derecho en el 2013, año en que se efectúa la donación, por ello no es ninguna incoherencia declarar el mismo bien por un valor menor a consecuencia de la minusvaloración ocasionada por la crisis inmobiliaria. A estos efectos, es fácil constatar pérdidas del 50% en el valor del mercado inmobiliario de la zona en que se ubican las fincas que tratamos.
3.º La naturaleza del objeto donado, consistente en una prestación de hacer puede ser materializable, pero también puede no serlo si, como en el caso que nos ocupa, la ejecución de dicha prestación ha sido totalmente paralizada por la falta de financiación del constructor y por el contencioso con los vecinos en que se halla inmerso y que le impide obtener el preceptivo permiso de obras. Estos hechos inciden de manera rotunda reduciendo el "valor real" del bien donado, constitutivo del hecho imponible sujeto a tributación.
Terminaba solicitando la anulación de la liquidación impugnada.
3- Con fecha 29 de junio de 2017, el TEAR de Aragón dicta resolución estimatoria a las pretensiones formuladas en las que considera lo siguiente:
TERCERO.- Aun cuando en la motivación de su propuesta de liquidación la oficina liquidadora advertía "que no ha habido comprobación de valor alguno por parte de la administración", su actuación consistió únicamente en comprobar si el valor declarado por el hecho imponible donación (80.000,00 euros) se correspondía con el valor real del derecho adquirido de forma gratuita por el reclamante. A estos efectos, se limitó a sustituirlo por el que las partes habían convenido en otorgar al mismo derecho (151.440,00 euros) en la operación de permuta formalizada cuatro años antes, en la que el donante había adquirido el derecho ahora transmitido.
Nos encontramos, por tanto, ante una actuación de comprobación de valor, para la que autoriza expresamente a la Administración tributaria el artículo 18 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que dispone:
"1. La Administración podrá comprobar el valor de los bienes y derechos transmitidos por los medios de comprobación establecidos en el artículo 52 de la Ley General Tributaria.
2. Los interesados deberán consignar en la declaración que están obligados a presentar, según el artículo 31, el valor real que atribuyen a cada uno de los bienes y derechos incluidos en la declaración del impuesto. Este valor prevalecerá sobre el comprobado si fuese superior."
A las actuaciones de comprobación de valores se refiere, con carácter general, el artículo 57 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que contiene a tal efecto la relación de medios susceptibles de utilización por la Administración (apartado 1), la previsión de la tasación pericial contradictoria como remedio procesal del obligado tributario frente a la actuación administrativa (apartado 2) y el requisito del procedimiento para encauzar aquella instrucción (apartado 4).
En relación con este último extremo, este apartado 4 del artículo 57 de la LGT establece:
"La comprobación de valores deberá ser realizada por la Administración tributaria a través del procedimiento previsto en los artículos 134 y 135 de esta ley, cuando dicha comprobación sea el único objeto del procedimiento, o cuando se sustancie en el curso de otro procedimiento de los regulados en el título III, como una actuación concreta del mismo, y en todo caso será aplicable lo dispuesto en dichos artículos salvo el apartado 1 del artículo 134 de esta ley."
Pues bien, habiendo sido la actuación de comprobación de valores el único objeto del procedimiento, debió instruirse el procedimiento de comprobación de valores, por lo que el de comprobación limitada resultaba inadecuado al objeto que la oficina liquidadora perseguía. En consecuencia, procede anular la resolución y la liquidación impugnadas, al haberse dictado como consecuencia de la instrucción de un procedimiento de gestión inadecuado al objeto único de la comprobación de valores.”
SEGUNDO: La Dirección General de Tributos de la Diputación General de Aragón interpone el 19 de octubre de 2017, recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio ante la Resolución dictada por el TEARA, ahora alzada, al considerar la resolución recurrida gravemente dañosa, y ello con base en los siguientes fundamentos:
2.1- Siguiendo el mismo planteamiento de la resolución recurrida y los detalles del supuesto que examina, se destaca que en la motivación de la propuesta de liquidación de la Oficina liquidadora se indicaba que no había habido comprobación de valor alguna por parte de la Administración y que no se llevó a cabo ninguna actuación de comprobación de valor mediante ninguno de los medios de comprobación del artículo 57 de la Ley General Tributaria sino que la determinación de la base imponible fue el resultado de consideraciones de naturaleza jurídica.
De haberse utilizado el procedimiento de comprobación de valor el TEARA fundadamente podría haber anulado las actuaciones de la Administración por haber llevado a cabo un procedimiento de comprobación de valor sin haber utilizado alguno de los medios de comprobación previstos legalmente. El motivo de la no utilización del procedimiento de comprobación de valores fue que había o podía haber una cuestión de naturaleza jurídica que aconsejaba la utilización de un procedimiento con un ámbito de mayor alcance.
Se trae a colación el criterio que emana de la sentencia del Tribunal Supremo de 29.04.2009 Rec. 5483/2006 que llevó al cambio del Criterio de la Dirección General de Tributos en las consultas Vinculantes V2020-09, V2032-09, V2050-09, V2079-09 o V2095-09 en lo relativo a la tributación por el IVA en caso de permuta de bienes inmuebles por obra futura. El Tribunal Supremo entiende que el derecho que uno de los permutantes tiene que recibir del otro, y en el futuro (derecho que nace del contrato) tiene un cierto valor de mercado en el mismo momento que el derecho nace, debiendo de ser dicho valor la base imponible del impuesto independientemente de que en el futuro, cuando la entrega de los bienes se lleve a cabo, el valor de tales bienes hubiera sufrido alteración, no procediendo en el momento de la entrega de la obra futura volver a valorarla.
Sin embargo, aplicar un criterio previsto en la determinación de la base imponible del IVA para fijar la base imponible por ITPAJD, cuando se materialice la entrega de la obra, o en relación con el ISD, en la donación del derecho a esa obra futura, como es el caso, es una cuestión controvertida y que no se comparte. Lo que a su vez plantea la cuestión procedimental que se considera capital, como es si resulta inadecuada la utilización de un procedimiento de comprobación limitada cuando existe o puede existir alguna cuestión de naturaleza jurídica en unas actuaciones donde se va a comprobar el valor declarado, aunque inicial o finalmente el único objeto del procedimiento lo constituya la comprobación del valor de los bienes.
2.2- Es una práctica administrativa frecuente la utilización en la vía de gestión del procedimiento de comprobación limitada por la amplitud potencial de su alcance, ya que aparte de poder comprobar el valor, en el curso de las actuaciones podría surgir alguna otra controversia de otra naturaleza que, en caso de haber iniciado un procedimiento de comprobación de valor, obligarían a finalizarlo para iniciar otro procedimiento con mayor alcance que subsuma la comprobación de valor y las comprobaciones de otra naturaleza surgidas. En fase de gestión el procedimiento tiene que ser el de comprobación limitada puesto que, se opta por la eficiencia de iniciar el procedimiento de mayor amplitud que cuenta con todas las garantías para el obligado en vez de iniciar un procedimiento de alcance menor que posiblemente tenga que finalizarse para iniciar otro que subsuma el anterior. Reduciendo, de esta forma, el coste fiscal indirecto.
Se alega que la resolución recurrida es contraria al criterio plasmado en la resolución del TEAC de 11.04.2013 RG 1240/2012, de cuya lectura se desprende la validez de un procedimiento de comprobación limitada cuyo único objetivo lo constituya la comprobación del valor de los bienes.
2.3- Se indica que el artículo 57.4 de la LGT prevé la posibilidad de realizar la comprobación de valores cuando se sustancia en el curso de otro procedimiento de los regulados en el título III, como una actuación concreta del mismo. El artículo 159.1 del RGAT concreta los procedimientos en cuyo seno se podrán realizar comprobación de valores como actuaciones de un procedimiento, entre los cuales se encuentra el procedimiento de comprobación limitada, como procedimiento general en vía de gestión en el que se pueden realizar actuaciones de comprobación tanto de naturaleza jurídica como de valor. Resulta contrario al principio general del Derecho de “quien puede lo más, puede lo menos” un planteamiento que restrinja la utilización de un procedimiento con un alcance que contiene y supera las actuaciones que se pretenden realizar.
En los procedimientos han de verse garantizados los derechos de los intervinientes en los mismos, en particular de los obligados tributarios. Por tanto las restricciones en la utilización de alguno de ellos no tiene otro sentido que impedir que su utilización inadecuada pueda provocar que decaigan dichas garantías. Así es conocida la resolución del TEAC de 5.07.2016 (RG 87/2016) en que se analiza la improcedencia del procedimiento de verificación de datos. La argumentación que se utiliza es clarificadora puesto que los efectos de una regularización practicada mediante un procedimiento de comprobación limitada en poco se asemeja a un procedimiento de verificación de datos. En este sentido, hay que considerar que para analizar la utilización inadecuada de un procedimiento debe tenerse en cuenta las consecuencias y efectos de la utilización de uno y otro procedimiento y verificar si la utilización de un procedimiento ocasiona pérdida de garantías para los obligados tributarios respecto de la utilización de otro de los procedimientos, circunstancia que sí se produce en el caso de la utilización de un procedimiento de verificación de datos en lugar del de comprobación limitada o de inspección. Pero en modo alguno se produce una merma de garantías cuando utilizamos un procedimiento de comprobación limitada para realizar una comprobación de valor, sea como una actuación dentro del procedimiento o como único objeto del mismo, puesto que las garantías del obligado tributario están protegidas como si se utilizase el procedimiento de comprobación de valor.
2.4- Se considera procedente una interpretación teleológica o finalista del artículo 57.4 de la LGT, no una interpretación literal del mismo que suponga caer en el formalismo. La interpretación de dicho artículo que se considera congruente con tales fines sería la siguiente:
- El procedimiento de comprobación de valore únicamente puede tener por objeto actuaciones de comprobación de valores realizadas mediante los medios de comprobación previsto en el artículo 57.1 de la LGT no pudiendo sustanciarse en el mismo actuaciones que excedan de dicho objeto.
- La comprobación de valores podrá sustanciarse en el curso de otro procedimiento de los regulados en el Título III de la LGT o de los que reglamentariamente se establezcan como actuación concreta de dicho procedimiento, ya sea la comprobación de valor su único objeto o alcance a actuaciones de distinta naturaleza. En concreto en los de comprobación limitada, inspección o iniciados por declaración.
En conclusión, se solicita que el TEAC dicte criterio de acuerdo con una interpretación finalista del artículo 57.4 de la LGT y reconozca como adecuado el procedimiento de comprobación limitada en que el único objeto lo constituya la comprobación del valor de los bienes en el siguiente sentido:
Es adecuada la utilización de un procedimiento de comprobación limitada cuyo único objeto sea la comprobación de valor, particularmente cuando en la comprobación del hecho imponible se estime que pudiera derivarse alguna cuestión de naturaleza distinta de la mera comprobación del valor declarado.
SEGUNDO: La cuestión sobre la que se centra el presente recurso consiste en determinar si es adecuada la utilización de un procedimiento de comprobación limitada cuyo único objeto sea la comprobación de valor, particularmente cuando en la comprobación del hecho imponible se estime que pudiera derivarse alguna cuestión de naturaleza distinta de la mera comprobación del valor declarado.
TERCERO: El artículo 123 de la LGT señala:
“Artículo 123 Procedimientos de gestión tributaria
Reglamentariamente se podrán regular otros procedimientos de gestión tributaria a los que serán de aplicación, en todo caso, las normas establecidas en el capítulo II de este título.”
De aquí se deduce que tanto el procedimiento de comprobación limitada como el procedimiento de comprobación de valores son dos procedimientos de gestión tributario regulados en la Sección 2ª deL Capítulo III “Actuaciones y procedimiento de gestión tributaria” del Título III “La aplicación de los tributos” de la LGT.
Los artículos 134 y 135 de la LGT se refieren al Procedimiento de comprobación de valores y establecen :
“Artículo 134. Práctica de la comprobación de valores.
5. Si de la impugnación o de la tasación pericial contradictoria promovida por un obligado tributario resultase un valor distinto, dicho valor será aplicable a los restantes obligados tributarios a los que fuese de aplicación dicho valor en relación con la Administración tributaria actuante, teniendo en consideración lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado anterior.”
“Artículo 135. Tasación pericial contradictoria.
4. La valoración del perito tercero servirá de base a la liquidación que proceda con los límites del valor declarado y el valor comprobado inicialmente por la Administración tributaria.”
En el caso concreto que nos ocupa, en el año 2007, se otorgó escritura de permuta de fincas a cambio de una entidad de obra en el futuro edificio a construir que fue valorada en 151.440 euros. Posteriormente, en el año 2013, se realiza una donación del derecho sobre la obra futura que el donatario declara en 80.000 euros.
La Oficina liquidadora, como consecuencia de un procedimiento de comprobación limitada, gira a cargo del donatario liquidación provisional en la que establece como motivación que “el valor de lo donado es de 155.078, 75 euros, teniendo en cuenta que el valor fijado para la contraprestación futura fue de 151.440 en su día y que dicho valor fue dado como valor declarado por los propios interesados”.
El TEAR estima la reclamación interpuesta contra dicha liquidación al considerar que “Aun cuando en la motivación de su propuesta de liquidación la oficina liquidadora advertía "que no ha habido comprobación de valor alguno por parte de la administración", su actuación consistió únicamente en comprobar si el valor declarado por el hecho imponible donación (80.000,00 euros) se correspondía con el valor real del derecho adquirido de forma gratuita por el reclamante. A estos efectos, se limitó a sustituirlo por el que las partes habían convenido en otorgar al mismo derecho (151.440,00 euros) en la operación de permuta formalizada cuatro años antes, en la que el donante había adquirido el derecho ahora transmitido”
Atendiendo a los datos obrantes en el expediente, comparte este Tribunal con el Director recurrente que la Oficina liquidadora no ha llevado a cabo ninguna actuación de comprobación del valor del bien transmitido a través de los medios señalados en el artículo 57 de la LGT al que se remite, a su vez, el artículo 134 LGT. En este punto hay que atender, especialmente, a lo que señala el artículo 57 de la LGT.
“Artículo 57. Comprobación de valores.
Obsérvese que el único medio de comprobación que podría pensarse, en principio, que habría aplicado la Oficina gestora es el del artículo 57.1.h) de la LGT (precio o valor declarado correspondiente a otras transmisiones del mismo bien, teniendo en cuenta las circunstancias de éstas, realizadas dentro del plazo que reglamentariamente se establezca), medio de comprobación que, sin embargo, no era susceptible de utilización por impedirlo el artículo 158.4 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimiento de aplicación de los tributos (en adelante RGAT), que exige que las citadas transmisiones del mismo bien no se hayan realizado más allá del plazo de un año, cosa que no sucede en el caso examinado, en el que la adquisición por el donante de su derecho a la edificación futura tuvo lugar varios años antes de la donación que aquí se comprueba.
A su vez, el desarrollo reglamentario del artículo 57.4 de la LGT se lleva a cabo por el 159.1.b) del RGAT, que señala:
“Artículo 159 Actuaciones de comprobación de valores
5. No se considerarán actuaciones de comprobación de valores aquellas en las que el valor de las rentas, productos, bienes o elementos de la obligación tributaria resulte directamente de una ley o de un reglamento. “
De la normativa que se ha expuesto se pueden extraer las siguientes conclusiones:
- El procedimiento de comprobación de valores es un procedimiento de gestión tributaria enumerado en el artículo 123 de la LGT.
- El procedimiento de comprobación de valores puede ser llevado a cabo por la Administración:
a) Como un procedimiento autónomo cuyas normas se contienen en los artículos 134 y 135 de la LGT y 160 a 162 del RGAT cuando dicha comprobación sea el único objeto del procedimiento.
b) Como una actuación concreta en el curso de otro procedimiento que de acuerdo con lo que establece el artículo 159 del RGAT podría ser:
a. Procedimiento iniciado mediante declaración.
b. Procedimiento de comprobación limitada.
c. Procedimiento de inspección.
En este caso, se aplicará también lo dispuesto en el artículo 134 de la LGT salvo lo concerniente al plazo máximo de resolución, que será el del procedimiento que se esté tramitando.
- Cualquiera que sea el procedimiento en el que se realice la comprobación de valores, los obligados tributarios tienen derecho a promover la tasación pericial contradictoria.
De ello se deduce que el procedimiento de comprobación limitada es un procedimiento idóneo para llevar a cabo una comprobación de valores como una actuación concreta dentro de este procedimiento, en el que los derechos de los interesados se ven plenamente garantizados, pues concede a los interesados todas las garantías que le otorgaría el procedimiento de comprobación de valores si se iniciase de manera autónoma, en especial, el derecho de los obligados tributarios a promover la tasación pericial contradictoria.
Una vez sentado que el procedimiento de comprobación limitada es un procedimiento idóneo para llevar a cabo una comprobación de valores como una actuación concreta dentro de este procedimiento, debe señalarse que ningún obstáculo encuentra este Tribunal Central para que tal actuación concreta sea la única que se realice en el procedimiento de comprobación limitada. Si, como hemos indicado, en el procedimiento de comprobación limitada cabe realizar la comprobación de valores como una actuación concreta más de las otras que permite dicho procedimiento, no existe inconveniente alguno, a nuestro juicio, para que el procedimiento de comprobación limitada tenga por único objeto la actuación de comprobación de valor. Todas las garantías que ofrece el procedimiento de comprobación de valores, como procedimiento autónomo, están presentes en el procedimiento de comprobación limitada, en particular, el derecho del interesado a promover la tasación pericial contradictoria.
En este sentido, aunque de manera indirecta, este Tribunal Central se ha pronunciado a favor de esta posibilidad en su resolución de 11.04.2013 (RG 1240/2012) dictada en unificación de criterio. En ella se planteaba si la solicitud de dictamen pericial en los procedimientos de comprobación de valores o asimilados suponen una interrupción justificada a efectos del artículo 104 de la LGT. La Doctrina que emana de la resolución de este recurso señala que “La solicitud de un dictamen pericial durante la tramitación de los procedimientos de comprobación de valores, o en los de comprobación limitada en los que el único objeto lo constituya la comprobación del valor de los bienes, no puede suponer por sí misma una interrupción justificada a efectos del artículo 104 LGT 58/2003, ya que, al tener estos procedimientos por único objeto la comprobación del valor, se prolongaría automáticamente su duración, convirtiendo en inoperante de facto la institución de la caducidad”. De la expresión subrayada se infiere que este Tribunal Central no encuentra impedimento alguno para que el procedimiento de comprobación limitada pueda tener por objeto únicamente la comprobación de valor.
De acuerdo con lo expuesto se ha de concluir que el procedimiento de comprobación limitada es un procedimiento idóneo para llevar a cabo una comprobación de valor, tanto cuando ésta sea su único objeto como cuando la comprobación de valor constituya una actuación concreta dentro de una comprobación más amplia del hecho imponible, al estimar el órgano gestor que pudiera derivarse del expediente alguna cuestión adicional y de naturaleza distinta de la mera comprobación del valor declarado.
El Tribunal Economico-Administrativo Central, EN SALA, en el recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio interpuesto por la DIRECTOR GENERAL DE TRIBUTOS DE LA DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN , Acuerda: ESTIMARLO, fijando el siguiente criterio: El procedimiento de comprobación limitada es un procedimiento idóneo para llevar a cabo una comprobación de valor, tanto cuando ésta sea su único objeto como cuando la comprobación de valor constituya una actuación concreta dentro de una comprobación más amplia del hecho imponible, al estimar el órgano gestor que pudiera derivarse del expediente alguna cuestión adicional y de naturaleza distinta de la mera comprobación del valor declarado.