Source: http://www.gaip.cat/es/resolucions-i-dictamens/resolucions-destacades/index.html
Timestamp: 2018-12-19 13:43:08
Document Index: 165657140

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Resolución 362/2018, de 28 de noviembre
Acceso a las retribuciones del director del Teatre Nacional a partir de la Ley de Transparencia.
Resumen: El Teatre Nacional de Catalunya es una empresa pública de la Generalitat (concretamente, una sociedad anónima), también de naturaleza jurídica privada, pero integrada plenamente en el sector público (así lo manifiesta expresamente el informe del Departamento de Cultura aportado a este procedimiento) y sin duda integrado dentro del ámbito de aplicación de la LTAIPBG, en virtud de lo establecido en el artículo 3.1.b de esta ley; por lo tanto, si el Departamento de Cultura no dispone de la información relativa a los importes anuales destinados a dietas del director del Teatre Nacional de Catalunya de 2007 a 2017, segregados por conceptos y fechas, lo que tiene que hacer es derivar la solicitud de información pública en el Teatro Nacional, para que sea atendida directamente por él. La LTAIPBG no puede establecer obligaciones retroactivas para las entidades privadas afectadas; si la obligación de informar sobre las retribuciones de los cargos directivos establecida en el inciso final del artículo 3.2 LTAIPBG no entra en vigor hasta el 1 de julio de 2015, no se puede pretender exigir a las entidades afectadas que informen sobre estas retribuciones en relación con anualidades anteriores; si la información solicitada relativa a un lapso temporal anterior a la entrada en vigor de la LTAIPBG obra en poder de una Administración pública (bien porque la entidad concernida tiene la condición de Administración pública a los efectos de la LTAIPBG, o bien porque la ha facilitado de hecho a una Administración pública, por las razones que sean), puede ser objeto del derecho de acceso, porque este derecho se proyecta sobre toda la información que está en poder de una Administración pública, con independencia del momento temporal en el que fue elaborada u obtenida por ella; pero si para obtenerla, y poder facilitar así el acceso solicitado, la Administración pública solicitada debe requerirle a la entidad privada afectada, apelando a la obligación establecida por el artículo 3.2 LTAIPBG, el cumplimiento de esta obligación por parte de la entidad privada en cuestión solo es exigible a partir de la entrada en vigor de la LTAIPBG. Por actividades directamente relacionadas con la percepción de fondos públicos hay que entender que se trata de las actividades desarrolladas por las entidades privadas afectadas que justifican el acceso a los fondos públicos percibidos y que se supone deben ser financiadas por ellos; con ello se quiere decir que la ciudadanía, en ejercicio del derecho de acceso a la información pública, debe poder conocer la información relativa a las actividades desarrolladas por entidades privadas que hayan sido financiadas (las actividades) con cargo a fondos públicos; en esta lógica, si las entidades privadas perceptoras de fondos públicos perciben también de privados (como es el caso de las dos afectadas por esta Reclamación), el escrutinio público a través del derecho de acceso a la información pública se puede proyectar sobre las actividades financiadas con recursos públicos, pero no sobre las financiadas con recursos privados; aunque esta distinción es factible, no consta en la documentación aportada a este procedimiento que sea hecha por las entidades privadas afectadas; si es así, y no se distingue con precisión cuáles son las actividades de cada una de las entidades teatrales que son financiados con recursos públicos y qué otras lo son con cargo a recursos privados, habrá que suponer que todas sus actividades son financiadas parcialmente con recursos públicos y, en consecuencia, el derecho de acceso amparado por el artículo 3.2 LTAIPBG debe poder proyectar sobre la información relativa a todas ellas. Es perfectamente lógico considerar que si bien el artículo 11.1.b LTAIPBG requiere la publicación separada de retribuciones, indemnizaciones y dietas de los altos cargos y directivos, lo hace a los efectos de garantizar información pública diferenciada para cada uno de estos tres conceptos, mientras que cuando el inciso final del artículo 3.2 LTAIPBG afirma el derecho de acceso a las retribuciones, procede interpretar este concepto de forma genérica, incluyendo todos los conceptos retributivos, incluidas, en su defecto, las dietas e indemnizaciones, ya que también contribuyen a proporcionar la paga total que acaba percibiendo el directivo por razón de su dedicación al cargo; en el caso que nos ocupa, además, esta conclusión se ve reforzada si se tiene en cuenta que las entidades teatrales privadas afectadas por la Reclamación incumplen las obligaciones de publicidad activa que las impone el artículo 3.4 LTAIPBG, que incluyen la de publicar en su web las retribuciones, indemnizaciones y dietas de sus directivos; si bien la GAIP no puede adoptar medidas concretas para obligarlas a cumplir estas obligaciones, sí es procedente tener en cuenta esta circunstancia para ser especialmente rigurosos a la hora de interpretar el alcance de la obligación establecida por el inciso final del artículo 3.2 LTAIPBG, y requerir que faciliten a la Administración (en este caso, la Generalitat) una información que claramente deberían tener publicada en su web. El artículo 3.1.b LTAIPBG establece que esta ley se aplica directamente y plenamente a, entre otros organismos y entidades, las fundaciones del sector público; se trata de fundaciones de naturaleza jurídica privada (en nuestro ordenamiento jurídico, las fundaciones tienen naturaleza jurídica privada) en las que hay una presencia cualificada del sector público; la legislación catalana no regula los rasgos distintivos de este tipo de fundaciones, ni lo hace la legislación básica del Estado; ante este vacío normativo, la GAIP ha recurrido, como punto de referencia, a las previsiones del artículo 128 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del régimen jurídico del sector público, según el cual son fundaciones del sequedad público estatal es que cumplan uno de los siguientes requisitos: (i) que constituyan con una aportación mayoritaria directa o indirecta del Estado o reciban esta aportación mayoritaria una vez constituidas; (ii) que el patrimonio de la fundación esté integrado en más de un cincuenta por ciento por bienes o derechos aportados o cedidos con carácter permanente por entes estatales; (iii) que la mayor parte de los derechos de voto de su patronato corresponda a representantes del sector público estatal; es un planteamiento razonable, que vieune a aplicar al ámbito de las fundaciones criterios similares a los que el mismo artículo 3.1.b LTAIPBG utiliza para determinar su aplicación a las sociedades mercantiles: que sean mayoritariamente públicas. Y es que las instituciones de transparencia y acceso a la información pública, como ocurre también con las de contratación del sector público, se aplicarán no solo a las administraciones públicas y a las entidades públicas dependientes, sino también a los entes instrumentales del sector público que, a pesar de su naturaleza jurídica privada, tienen de hecho una conexión muy estrecha con el ámbito público, que se concreta en una capacidad decisoria o con una implicación económica mayoritaria de este. Procede requerir al Departamento de Cultura que derive a las fundaciones del Teatre Lliure y de la Sala Beckett la parte de la solicitud de información indicada en el antecedente 2 que las afecta directamente, señalando cuál es exactamente la información solicitada que las afecta que no ha podido ser entregada a la persona reclamante por el propio Departamento y que, en consecuencia, debería ser facilitada por ellas, en su condición de fundaciones del sector público; si las fundaciones deniegan expresamente o presuntamente facilitar la información reclamada que las afecta, la persona reclamante puede presentar la correspondiente reclamación ante la GAIP y en su marco se podría determinar, con participación directa y contradictoria de la fundación afectada, hasta qué punto es obligada a entregar la información solicitada por la persona reclamante.
Resolución 343/2018, de 21 de noviembre
Las asociaciones de municipios tienen las mismas obligaciones de transparencia que las administraciones públicas.
Resumen: Sin perjuicio de su naturaleza jurídica privada la ACM, a los efectos de la legislación de transparencia y acceso a la información pública, es una Administración pública, en los términos definidos por el artículo 2.f LTAIPBG, porque está incluida en la relación de entidades del artículo 3.1.b LTAIPBG, y en consecuencia la legislación de transparencia y acceso a la información pública le es aplicable directamente y plenamente; de la naturaleza jurídica privada de esta entidad no se puede deducir, por ella sola, ningún tipo de debilitamiento en la aplicación de la legislación de transparencia, ya que también son incuestionablemente privadas otras categorías de entidades incluidas en el artículo 3.1.b LTAIPBG; las llamadas asociaciones municipalistas se pueden acoger al derecho privado de asociaciones para constituirse y funcionar; así lo ha previsto la legislación de régimen local y es una opción perfectamente coherente con el hecho que no necesitan ejercer potestades públicas, ni ejercer funciones públicas en relación con la ciudadanía; esta opción jurídica también puede explicar que no les sea aplicable el régimen jurídico para la gestión de sus recursos económicos; ahora bien, todo ello no quita que de hecho sean entidades de contenido esencialmente público: están constituidas por entes públicos, los responsables de sus órganos de gobierno son representantes de entes públicos, sus recursos económicos proceden de la hacienda pública y los destinatarios de sus actividades son también entidades públicas; siendo así las cosas, no tendría lógica que en materia de transparencia y acceso a la información pública, instituciones que tienen la finalidad de someter la actividad pública, entendida naturalmente en un sentido amplio, como distinto de la privada, al escrutinio de la ciudadanía, una entidad tan vinculada en todos sus componentes a servir las administraciones y los intereses públicos, como lo es la ACM, quede al margen, en base únicamente a la sutileza del argumento de su naturaleza jurídica privada; tanto por la literalidad del artículo 3.1.b LTAIPBG, como por las razones de fondo que lo sustentan y a las que se acaba de hacer referencia, se debe de entender que la ACM tiene que ser considerada Administración pública a los efectos de la legislación de transparencia y acceso a la información pública, siéndole plenamente y directamente aplicable la LTAIPBG, ya que está incluida dentro de la categoría “otras formas asociativas” de su artículo 3.1.b.
Resolución 332/2018, de 15 de noviembre
La oposición de terceros en el procedimiento de solicitud no suspende la ejecución de las resoluciones.
Resumen: En sus alegaciones MFVSA argumenta que la solicitud de información inicial de la reclamante debería reconducirse al ámbito interno de aquella sociedad anónima y que debería regirse por el régimen estatutario propio de estas sociedades mercantiles; PG hace suyos estos argumentos; sin perjuicio de que el acceso solicitado pueda tener efectos en los intereses económicos y comerciales de MFVSA, el hecho de tener por objeto información pública, además de haber sido dirigida a un organismo del sector público obligado directo al cumplimiento de las disposiciones de la legislación de transparencia (artículo 3.1.b LTAIPBG), hace que la solicitud se deba tramitar de conformidad con el régimen jurídico establecido por la legislación de transparencia y acceso a la información pública, lo que no quita, sin embargo , que pueda ser procedente la aplicación de preceptos determinados de la legislación mercantil u otra, por la vía de la remisión del LTAIPBG. La fundamentación jurídica invocada no justifica la aplicación del límite del artículo 21.1.c LTAIPBG, ya que el precepto citado del TRLSC no establece la confidencialidad de ningún procedimiento tramitado por la Administración. De hecho, no declara la confidencialidad de ninguna información, ya que su objeto se limita a regular el alcance y los límites de los deberes de información de los administradores de las sociedades anónimas hacia los socios, sin calificar en ningún momento la información concernida de confidencial; no es admisible, por tanto, hacer extensivo al ámbito del derecho de acceso a la información pública, que es el propio de la solicitud de información de la que deriva esta Reclamación, un precepto instituido para regular el derecho a la información dentro del ámbito societario mercantil; hacerlo conllevaría una ampliación por analogía de los límites legales aplicables al derecho de acceso a la información pública, que está proscrita por el artículo 20.2 LTAIPBG. Es más que cuestionable la concurrencia en este caso de las circunstancias que puedan suponer la aplicación del límite de la confidencialidad en los procedimientos administrativos sobre la base del artículo 133 LCSP; en primer lugar, porque no consta en la solicitud de autorización a PG que se haya designado por parte de MFVSA la confidencialidad de la documentación aportada por esta empresa; en segundo lugar, porque no parece que ninguno de los documentos que integran el expediente merezca ser calificado como secreto técnico o comercial, ni que su difusión pueda servir para falsear la competencia; finalmente, además de pretender aplicar el calificativo de confidencial a todo el expediente (cosa proscrita por el artículo 133 LCSP), no consta que ninguno de los documentos que lo integran sea calificado como de difusión restringida. La finalidad de la protección que justificaría la aplicación del límite es evitar la posible vulneración de un acuerdo privado de confidencialidad que, de producirse, podría poner en riesgo la operación de transmisión de acciones para la que se ha pedido la autorización de PG; el caso es, sin embargo, que no se ha acreditado la existencia de este acuerdo de confidencialidad, ni se han expuesto ni argumentado los motivos por los que la difusión de la información solicitada por la persona reclamante vulneraría este posible acuerdo y pondría en riesgo la operación; sin estas acreditación y argumentación la causa invocada para la aplicación del límite aparece carente de racionalidad y de verosimilitud, y tiene más apariencia de reacción voluntarista o caprichosa que de fundamentada en la realidad de los hechos. El derecho de acceso a la información solicitada, además de la consistencia legal que, con carácter general, le proporciona la LTAIPBG, en este caso también sirve intereses públicos y privados adicionales, favorables a este derecho; la documentación solicitada tiene por objeto un procedimiento de transmisión de dominio público (artículos 41 LPC y 65.2 y 74.2 LC), y hay que tener en cuenta que el artículo 10.1.f LTAIPBG establece que deben ser objeto de publicidad activa, entre otras, las actuaciones administrativas que puedan tener incidencia sobre el dominio público, determinación legal que sin duda debe considerarse indiciaria de la especial interés público inherente en la difusión de esta información; por otra parte, la empresa reclamante argumentó, y así ha quedado acreditado con diversas aportaciones a este procedimiento, que es accionista de MFVSA, condición de la que deriva en pura lógica un interés privado obvio en poder acceder a la información que ha solicitado, ya que de la evolución del proceso de transmisión de acciones pueden resultar efectos beneficiosos o perjudiciales para ella. Hay, por tanto, un interés privado evidente de la reclamante en la divulgación de la información solicitada, que refuerza su derecho de acceso a ella. Aunque, como hipótesis, se podría plantear una especie de traslado automático de la oposición manifestada ante PG, en el marco de la tramitación de la solicitud de información pública, en el procedimiento de reclamación ante la GAIP, hay varias consideraciones que llevan a rechazarlo; para empezar, porque se trata de procedimientos diferentes, ante organismos públicos de diferente naturaleza; además, y según ya se ha mencionado en el fundamento jurídico anterior, porque ha transcurrido suficiente tiempo y pueden haber evolucionado bastante las circunstancias entre uno y otro procedimiento, como para que las causas que justificaron la oposición ante PG pueden haber desaparecido en la actualidad; y finalmente, porque no sería admisible la aplicación de una medida de demora en el acceso a la información solicitada que sin duda perjudicaría el derecho de la reclamante, sin una fundamentación legal clara que justifique su aplicación.
Resolució 331/2018, de 15 de noviembre
Acceso de los sindicatos a los correos corporativos.
Resumen: La LTAIPBG reconoce y garantiza el derecho de acceso a todos, incluidos los miembros o representantes de las personas trabajadoras. Por lo tanto, la condición sindical del sujeto activo del procedimiento no puede justificar la resolución desestimatoria de la solicitud. La dirección de correo electrónico de los trabajadores, en tanto que herramienta facilitada por la organización para el desarrollo de las tareas que cada persona empleada tiene encomendadas, debe considerarse un dato identificativo relacionado con la organización, el funcionamiento o la actividad pública de la Administración, el acceso a la cual queda, además, amparado por el ejercicio del derecho a la libertad sindical del reclamante. Considerando que el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales (RGPD) establece que, cuando los datos objeto de tratamiento no se han obtenido directamente del titular de los datos, debe informársele de todas las cuestiones previstas en el artículo 14.1 y 14.2, en los plazos indicados, se recuerda al sindicato su obligación, en cumplimiento del artículo 14.3.b del RGPD, de informar expresamente a todos los empleados afectados, en la primera comunicación que les dirija, de que ha obtenido sus direcciones de correo electrónico, de la finalidad del tratamiento que llevará a cabo, de la posibilidad de ejercer sus derechos, y del resto de contenidos a que se refiere el citado artículo 14 del RGPD, y de facilitarles el ejercicio de los derechos de acceso a los propios datos y de rectificación o supresión de los mismos, o de limitación y oposición a su tratamiento.
Resolución 330/2018, de 15 de noviembre
Acceso a las actuaciones de antifraude para el investigado pero no para el Ajuntamiento.
Resum: Se puede hablar de un régimen especial de acceso cuando se establecen derechos, limitaciones, procedimientos, garantías y/o incluso principios generales y criterios interpretativos específicos para poder acceder a determinados tipos de información pública. Las previsiones de los artículos 18 y 19 LOAC, a los efectos del derecho de acceso a la información pública, no establecen pues, un verdadero régimen especial de acceso, ya que únicamente formulan una reserva de confidencialidad para determinadas informaciones, ofreciendo de este modo el complemento legislativo al que remiten los apartados 1.c (confidencialidad procedimientos administrativos establecida por ley) y 2 (información protegida por norma con rango de ley) del artículo 21 LTAIPBG. Anteriores resoluciones de la GAIP(es el caso de la 271/2017, citada en los antecedentes) han argumentado la admisibilidad de solicitudes y de reclamaciones en ejercicio del derecho a la información pública formuladas por entidades locales y lo han hecho sobre todo en base al artículo 18.1 LTAIPBG, que contempla expresamente que el derecho de acceso a la información pública pueda ser ejercida por personas jurídicas (condición que sin lugar a dudas tienen los ayuntamientos), sin que haya ninguna disposición legal que permita excluir de este ejercicio las persona jurídicas públicas. Manifiesta que el Ayuntamiento es la Administración concernida por el procedimiento de investigación de la OAC en la documentación de la cual se pude acceso, y afirma que en esta condición de Administración concernida le deberían corresponder los mismos derechos que corresponden a las personas interesadas en un procedimiento administrativo; es cuestionable esta asimilación hecha por el Ayuntamiento, especialmente a los efectos de reforzar su derecho de acceso; haciendo un paralelismo con la Reclamación 257/2018 (que pide la misma información que ésta a la OAC, si bien la persona reclamante es una persona funcionaria del Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat, en vez del propio Ayuntamiento), en aquel caso la persona reclamante tiene realmente un interés personal directo en la información solicitada, porque¡ según como concluya la OAC sus actuaciones se puede ver encausada en un procedimiento de exigencia de responsabilidades, y hasta sancionada; en cambio, el Ayuntamiento no presenta (en todo caso no alega) una intensidad similar de afectación; no se ha argumentado que las actuaciones de la OAC puedan causar daño a los intereses municipales; por lo tanto, se debe concluir que se han puesto de manifiesto por parte del Ayuntamiento intereses propios que justifiquen la prevalencia de su derecho de acceso por encima de los límites legales citados (artículos 18 LOAC y 21.1.b LTAIPBG) que protegen la confidencialidad y la reserva de los procedimientos de investigación de la OAC.
Resolución 317/2018, de 8 de noviembre
Acceso a las dietas del director y retribuciones de todo el personal de la Mobile World Capital Foundation.
Resumen: En relación con la consideración hecha por el informe del MWCF, en el sentido que sólo facilitaría la información retributiva pedida si la GAIP estima que es de interés público y susceptible de ser entregada a cualquier particular sin haber justificado su interés ni la finalidad del acceso (antecedente 14), hay que indicar que no es la GAIP, sino la Ley (concretamente la LTAIPBG, en la misma línea que la Ley estatal básica de transparencia) la que considera que toda la información pública, y la retributiva de todo el personal al servicio de la Administración lo es, es de interés público y cualquier persona mayor de 16 años tiene derecho a acceder, sin necesidad de invocar ninguna norma ni justificar su interés (artículo 18 LTAIPBG). La Fundación reclamada alega la causa de inadmisibilidad del artículo 29.1. b LTAIPBG (tarea compleja de elaboración o reelaboración), que argumenta en precedentes de la GAIP y en que no tendría esta información centralizada y ordenada, sino dispersa entre varias carpetas, para justificar la denegación de información detallada sobre dietas y otros gastos del Director, salvo los dos hojas Excel facilitadas con el informe referido en el antecedente 14 (que se limitan a consignar gastos concretos del Director, con indicación de la fecha y diferenciando entre dinero de caja y visa, sin señalar el motivo, concepto o tipo de gasto); aunque la argumentación aportada para justificar la concurrencia de la causa de inadmisibilidad alegada parece pertinente, en este caso se debe rechazar, por las consideraciones siguientes: en primer lugar y principalmente, porque la información relativa a las retribuciones, indemnizaciones y dietas del personal directivo de las fundaciones del sector público (artículo 11.1.b LTAIPBG) debe ser objeto de publicidad activa, obligación que lógicamente conlleva la de tener correctamente organizada la documentación que la justifica y acredita, de modo que si el MWCF incumple, o cumple deficientemente estas obligaciones, no se puede excusarse por denegar también esta información en el marco del ejercicio del derecho de acceso a la información pública; en segundo lugar, los antecedentes ponen de manifiesto que la Fundación ha facilitado información errónea sobre este objeto, motivo que justifica especialmente que tenga que estar en condiciones de acreditar documentalmente la veracidad del dato correcta; finalmente, la persona reclamante ha reducido significativamente el alcance de su Reclamación, a efectos de no afectar a datos personales y de simplificar y facilitar el volumen de información que desea obtener (por ejemplo, se conforma con las 50 facturas de servicios profesionales obtenidas, aún cuando las había solicitado todas y las ya entregadas no sean las cincuenta primeras que había solicitado como segunda opción), y este gesto también debe tenerse en cuenta para ser especialmente exigente a la hora de valorar la concurrencia de la complejidad para facilitar el resto de la información reclamada.
Resolución 316/2018, de 8 de noviembre
Acceso a información sobre venta y regalo de entradas de la inaguración de los Juegos del Mediterráneo.
Resumen: En sentido estricto, no se puede calificar los Juegos como un servicio público, ni que Ticketmaster perciba fondos públicos para funcionar; sin embargo, se puede considerar con fundamento que la actividad que ha contratado con la Fundación supone el ejercicio de funciones públicas, si bien no en el sentido estricto de funciones que comportan el ejercicio de potestades públicas revestidas de autoridad, pero sí en el llevar a cabo una actuación tan inextricablemente pública y esencial para el sector público, como es la percepción de los recursos provenientes de las entradas, el precio de las que es fijado por la Fundación, así como la atención adecuada a las personas e instituciones solicitantes de ellas por cualquier concepto; asimismo, si bien es cierto que la retribución percibida por Ticketmaster en concepto de los servicios prestados no proviene directamente de recursos públicos en sentido estricto, no lo es menos que deriva de un contrato con un ente del sector público y de una participación en un precio fijado por este mismo ente; si en las anteriores consideraciones añadimos que si la Fundación hubiera gestionado directamente la venta de las entradas y la ubicación del público en los Juegos del Mediterráneo, con toda probabilidad estaría en sus manos la información que ahora manifiesta que está a las de Ticketmaster, y que es difícilmente admisible en el marco de la LTAIPBG que la externalización de servicios pueda suponer un sacrificio o un menor contenido para el ámbito material del derecho de acceso a la información pública, habrá que concluir que la LTAIPBG es aplicable en Ticketmaster, en lo que respecta a la información que tenga en su poder como resultado del contrato de servicios que le ha adjudicado la Fundación Tarragona 2018, en el marco de lo previsto por el artículo 3.1.d LTAIPBG y de conformidad con lo establecido en el artículo 3.2 de la misma Ley. En aplicación de lo anterior, la Fundación, que es la Administración responsable de las funciones ejercidas por Ticketmaster en relación con los Juegos del Mediterráneo, puede requerir a esta empresa, en aplicación del artículo 3.2 LTAIPBG, la información relativa a sus actividades desarrolladas por encargo de la Fundación, con el fin de proporcionarla, en su caso, a cualquier persona que la solicite; es precisamente sobre la base de esta potestad que se puede afirmar que la información afectada puede ser calificada de información pública, porque está en poder de la Administración, ya que tiene el poder de obtenerla. La solicitud fue presentada al Ayuntamiento de Tarragona para que, señala la persona reclamante, la Fundación Tarragona 2018 está participada mayoritariamente por el Ayuntamiento; este consideró que la información solicitada estaba en poder de la Fundación y le practicó la derivación prevista por el artículo 30 LTAIPBG; sin embargo, más adelante el Ayuntamiento "recuperaría" el deber de facilitar la información solicitada y vendría a dejar sin efecto la derivación; todo ello demora injustificadamente el acceso a la información, en perjuicio para la persona reclamante; ante el entendimiento que parece haber entre el Ayuntamiento y la Fundación, y dado el hecho de que la misma persona es el máximo representante de ambas entidades, esta Resolución considera que ambas son obligadas indistintamente y conjuntamente a facilitarla, en su caso. En la ponderación podría tener especial relevancia la finalidad del acceso señalada por la persona reclamante (controlar la gestión de los ingresos públicos derivados de la venta de entradas, por un lado, y poder conocer si se ha hecho un uso políticamente tendencioso de la venta y distribución de las entradas), siempre que la información solicitada sea necesaria y útil a estos efectos, así como también su condición de periodista, en la que el derecho de acceso a la información es reforzado por la concurrencia del derecho constitucional de información. Es procedente entregar a la persona reclamante, en general, toda la información solicitada, salvo la identidad de las personas físicas compradoras o destinatarias de las entradas; sin embargo, en el caso de los apartados 2.6 y 2.9 de la solicitud también procede facilitar la identidad de las eventuales personas físicas destinatarias de los paquetes de entradas, si no lo son por razón de su vulnerabilidad, si bien dándoles previamente el traslado y la audiencia requeridos por el artículo 31 LTAIPBG y resolviendo la GAIP las eventuales alegaciones que se puedan formular.
Resolución 301/2018, de 25 de octubre
Acceso a los datos ficticios, obtenidos por la Administración con fines de prueba, deben considerarse como un borrador o un documento de trabajo interno, sin relevancia o interés público.
Resumen: Unos de los datos ficticios, con finalidad de prueba, parece que encajen perfectamente con los conceptos de borrador o de documentos de trabajo interno, sin relevancia o interés público al que se refiere el precepto citado: se los puede calificar de borrador, pues no son datos definitivos, que pueden causar los efectos administrativos que sean procedentes; también se los puede calificar como documentos de trabajo interno, pues se su finalidad es estrictamente interna, porque solo deben utilizarse para hacer pruebas de cara a un correcto funcionamiento de los procedimientos futuros, sin que tengan consecuencias directas para nadie ajeno al Ayuntamiento; y precisamente por esta última consideración también se les debe calificar como faltadas de relevancia o interés público, ya que directamente no tienen ninguno. Incluso se podría cuestionar que unos “datos ficticios” puedan tener la consideración de información; según el Diccionario de la lengua catalana del IEC, el vocablo “información” casi siempre comporta un contenido de conocimiento: “conjunto de noticias”, “innovación que contiene un mensaje”, “indagación o constatación de un hecho”, “contenido de uno o más datos; si los datos son deliberadamente ficticios, obtenidos por la Administración solo a los efectos de hacer pruebas de la realidad, no dan información, no tienen contenido coherente para abastecer de conocimiento a la Administración, en definitiva, no informan y más bien pueden desinformar. El Ayuntamiento también indica que los datos ficticios solicitados han sido destruidos, de manera que resultaría fácticamente imposible darles acceso; atendiendo a su carácter ficticio, ajenos por lo tanto a la documentación en la que se plasma la actividad de la administrativa, es de suponer que esta destrucción se ha hecho válidamente al margen de la normativa de archivos. Las resoluciones administrativas sobre el derecho de acceso a la información pública se deben fundamentar preferentemente en documentos fidedignos de la Administración y parece claro que merece mayor verosimilitud a estos efectos un informe, expresado en términos mucho más claros y concretos, de la directora de servicios de inspección de la gerencia de urbanismo, que unas declaraciones de prensa. Hechas principalmente con el objeto de expresar la recepción municipal de datos de Airbnb, sin entrar en valorar la calidad de estos datos, aunque quien hace las declaraciones en cuestión sea la responsable política del servicio mismo.
Resolución 299/2018, de 25 de octubre
Inmuebles de Tarragona que no pagan IBI.
Resumen: Ni la regulación de la Ley del Catastro Inmobiliario en su título VI (del acceso a la información catastral), ni la previsión del artículo 95 de la Ley General Tributaria no tienen suficiente entidad material para ser consideradas un régimen jurídico especial de acceso y, en consecuencia, no desplazan a la legislación de transparencia a una aplicación subsidiaria por mor de la Disposición Adicional Primera.2 LTAIPBG, sino que constituyen la habilitación legal requerida para la aplicabilidad del límite al acceso de la información protegida por ley (artículo 21.2 LTAIPBG) y de la confidencialidad de los procedimientos tramitados por la Administración (artículo 21.1.c LTAIPBG). El artículo 95 LGT no puede justificar la exclusión automática y mecánica de todos los datos con trascendencia tributaria del alcance del derecho de acceso. Esta idea resultaría incompatible con los principios y la propia regulación sustantiva del derecho de acceso, ya que supondría admitir que, tras la entrada en vigor de la legislación de transparencia, persisten ámbitos materiales enteros de la actuación pública que, como reductos impenetrables y opacos, quedan excluidos completamente e incondicionalmente del conocimiento ciudadano. Una interpretación necesariamente armónica del artículo 95 LGT y de la LTAIPBG lleva inexorablemente a considerar que lo que el artículo 95 establece es un límite al acceso (la confidencialidad y reserva de la información obtenida por la Administración para la imposición de tributos), que deberá ponderarse con el derecho de acceso a la información pública de acuerdo con su objeto y finalidad (artículo 22 LTAIPBG). La finalidad del deber de confidencialidad de la Administración no es proteger el interés público en la actuación fiscal, sino el derecho de los obligados tributarios a la reserva de la información que la Administración ha obtenido de ellos (art. 34.1LGT) y por lo tanto, debe aplicarse de forma directamente proporcional al daño que pueda hacerse en este derecho subjetivo y privado, de forma que perderá intensidad cuando la información no la haya proporcionado el obligado tributario con una expectativa de confidencialidad, y sobre todo, cuando no se dé asociada a su identidad, como en este caso. Considerando que los límites legales al acceso deben interpretarse de manera restrictiva en beneficio del derecho de acceso, y que no pueden ampliarse por analogía (art. 20.2 LTAIPBG), no es admisible ni ajustado a derecho, como pretende el Ayuntamiento, que la protección del artículo 51 TRLCI pueda extenderse -con una interpretación analógica que restringe el derecho de acceso- hacia un dato que ni siquiera figura inscrito en el catastro, como la cuota tributaria del IBI. Se estima el acceso al titular de la finca cuando se trate de una Administración pública o un gobierno extranjero, considerando que su identidad no queda protegida por el artículo 51 TRLCI, ni por el artículo 95 LGT, y que el patrimonio inmobiliario de las Administraciones públicas es, indiscutiblemente, información pública que debe ser accesible sin restricciones.
Resolución 259/2018, de 21 de septiembre
Las fundaciones de cualquier naturaleza que dependan o estén vinculadas o participadas por universidades públicas son administración pública a los efectos que se les apliquen directamente las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública.
Resumen: La solicitud de información pública fue resuelta dentro del plazo previsto legalmente de un mes, ya que se tuvo que ampliar en un máximo de 15 días para efectuar la derivación prevista en el artículo 30.1 LTAIPBG y se suspendió a resultas del traslado efectuado a una tercera persona afectada, de conformidad con el artículo 31 de la misma ley; asimismo, la información se entregó dentro del plazo establecido de 30 días. Las facturas constituyen un instrumento idóneo para controlar la gestión de los recursos, ya que permiten verificar la efectividad de los gastos y, además, tener conocimiento de las empresas y de las personas beneficiarias de los recursos públicos destinados a los proyectos de investigación indagados, información que puede ser útil para valorar su idoneidad y los criterios que han llevado a seleccionarlas; en vez de entregar las facturas y otros justificantes, la UAB facilita información recogida a los sistemas informáticos de la Universidad, decisión que justifica en la protección de los datos personales de los sujetos afectados; la sustitución de las facturas por las grabaciones de los datos que contienen los sistemas informáticos de la UAB supone dar una información diferente y más limitada que la solicitada, con menores garantías de autenticidad; el principal argumento con el que la Universidad justifica este cambio es la protección de los datos personales afectados; cabe rechazar este argumento, por varios motivos: el derecho a la protección de los datos personales sólo está garantizado legalmente a las personas físicas, de modo que no sería aplicable si los datos de identificación que constan en las facturas corresponden a personas jurídicas; si procediera proteger datos personales afectados por el acceso solicitado, la medida menos lesiva para el derecho de acceso a la información pública sería tachar la identidad de las personas físicas implicadas y entregar copia de las facturas solicitadas; ni la resolución impugnada, ni el informe de la UAB justifican que la protección de los datos personales deba prevalecer sobre el derecho de acceso y el informe de la APDCAT aportado a este procedimiento hace esta ponderación, y la resuelve a favor del acceso solicitado. Según su página web, la Fundación Universitaria Martí l’Humà está vinculada a la UAB, que preside su Patronato; el artículo 3.1.c LTAIPBG establece que esta ley es aplicable "a las universidades públicas de Cataluña y a los entes dependientes o vinculados o participados, incluidas las sociedades mercantiles, fundaciones y otros entes instrumentales"; por lo tanto, con independencia de su naturaleza jurídica y del resto de entidades y empresas fundadoras o/y representadas en su Patronato, si la Fundación Universitaria Martí l’Humà está vinculada a la UAB, tal como indica su presentación, por disposición legal le es aplicable plenamente e inequívocamente la legislación de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; lo que debería haber hecho la UAB, que alega que parte de la información solicitada está en poder de la Fundación, es aplicar la derivación prevista por el artículo 30.1 LTAIPBG e informar a la persona reclamante; debido a que no hay constancia de esta derivación, es procedente resolver requiriendo a la UAB para que la efectúe. Visto que la UAB no ha procedido a hacer el traslado requerido por el artículo 31 LTAIPBG (salvo el efectuado a la investigadora principal) en el marco del procedimiento de tramitación de la solicitud de información pública, la GAIP la requiere a hacerlo durante la fase de cumplimiento de esta Resolución, facilitando copia a las terceras personas afectadas, a fin de que sean conocedoras de los criterios de la GAIP sobre el alcance del derecho de la persona reclamante el acceso solicitado; en la medida que a resultas del traslado se ponga de manifiesto alguna circunstancia que, según lo indicado en el párrafo anterior, pueda conllevar la protección de algunos datos determinados, la UAB deberá comunicarlo a la GAIP, que deberá resolver lo que corresponda.
Resolución 255/2018, de 21 de septiembre
Sólo podría apreciarse duplicidad de acciones que haría inadmisible la reclamación ante la GAIP en caso de litispendència de un recurso previo cuyo objeto sea la pretensión de obtener la misma información.
Resumen: La interposición de recurso de alzada contra la resolución del proceso de selección del que se solicita acceso no hace inadmisible esta Reclamación, considerando que el acceso al expediente que ahora se reclama, a pesar de ser mencionado en la exposición de motivos, no forma parte del petitum de aquel recurso y lo único exigible jurídicamente de la resolución del recurso administrativo es su pronunciamiento sobre las pretensiones y peticiones del recurrente, que no incluyen ninguna referencia a la solicitud de información de la que deriva esta Reclamación. Atendidas las anteriores consideraciones, si la GAIP inadmite la Reclamación debido al recurso de alzada invocado y pendiente de resolver, y su futura resolución municipal no se pronuncia sobre el acceso a la información pública reclamado, se podría producir indefensión de la persona reclamante, en relación con su derecho a la información, ya que se podría cuestionar la admisibilidad de una reclamación ante la GAIP en relación con la resolución de un recurso de alzada que no tiene por objeto el acceso a la información pública. Por otra parte, la admisión a trámite de esta reclamación y la resolución correspondiente de la GAIP sobre el derecho de acceso a la información reclamada no interfieren en la futura resolución municipal del recurso de alzada, que se pronunciará sobre una petición diferente y si además considera conveniente pronunciarse también sobre acceso a información reclamada, en ningún caso puede hacerlo denegando o limitando el derecho de acceso a información estimado por esta Resolución. No es ajustado a la legislación de protección de datos personales el acceso de la persona reclamante a los informes psicotécnicos referidos a los otros candidatos, si bien ello no impide el acceso a los criterios y procedimientos de evaluación y la metodología utilizada, y en todo caso el acceso al informe relativo a su persona, considerando que el artículo 15 LOPD y el artículo 24.3 LTAIPBG amparan el acceso a los datos propios. No se puede oponer al acceso el carácter interno de las pautas o plantillas de corrección utilizadas para evaluar los casos prácticos, considerando que tienen una relevancia y un interés público indudables como garantía de la objetividad del Tribunal.
Resolución 250/2018, de 14 de septiembre
Los límites en el acceso no se pueden oponer al derecho de la GAIP a examinar la documentación que se reclama si le es necesaria para fundamentar su Resolución.
Resumen: La falta de invocación de la LTAIPBG como norma de amparo del acceso que se solicita no puede ser causa de inadmisión de la solicitud, ni excluye que sea precisamente la LTAIPBG la norma aplicable al caso, como tampoco sería relevante que la solicitud se amparase, por error, en otra norma. El derecho de acceso no se proyecta sólo sobre los expedientes, sino que abarca cualquier información (documentos o datos) que tenga la condición de pública, por estar en manos de la Administración o porque ésta pueda exigirla como consecuencia del ejercicio de sus funciones (art. 2 LTAIPBG). Que la LOSITSS no otorgue a las personas denunciantes automáticamente la condición de interesadas en el procedimiento tramitado por la IT (condición jurídica que lleva inherente el derecho de acceso al expediente) no implica necesariamente que, en el marco del procedimiento de acceso a la información pública regulado por la LTAIPBG, este acceso deba ser igualmente desestimado, ya que, a diferencia del artículo 20.4 LOSITSS, el artículo 18 LTAIPBG excluye explícitamente que sea necesario tener la condición de interesado para ejercer el derecho de acceso a la información pública. La naturaleza revisora ​​de los órganos de garantía, como la GAIP, establecida con carácter básico por la legislación estatal de transparencia (Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno) justifica, avala e incluso exige que, para pronunciarse adecuadamente sobre si la Administración ha aplicado correctamente la LTAIPBG en la resolución de las solicitudes de información, la Comisión pueda proveerse de los informes y obtener la documentación que considere necesarios, especialmente la documentación que es objeto de reclamación, a fin de determinar, en su caso, la existencia de terceras personas que puedan resultar afectadas y que deban ser parte del procedimiento, si la Administración ha ponderado adecuadamente los límites aplicables al acceso, y si hay que considerar otros límites, derechos o intereses que no han sido tenidos en cuenta por la Administración, y precisamente a tal fin responde la previsión de los artículos 42.7 LTAIPBG y 33.6 RGAIP. De lo contrario, se estaría limitando a este órgano independiente de garantía a dictar resolución teniendo como único elemento de juicio el criterio defendido por la Administración, sin poder formarse una opinión crítica, directa y propia, como corresponde a un órgano de revisión. La documentación que la GAIP obtenga para la fundamentación de sus resoluciones está protegida por el deber de reserva, si éste es exigible, y entregársela a la GAIP no prejuzga ni determina que la persona reclamante pueda acceder a ella, ni siquiera si ejerciera el derecho de acceso al expediente de la reclamación, ya que también serían de aplicación, en su caso, los límites al acceso legalmente establecidos. Se estima el acceso a los datos personales referidos exclusivamente a la persona denunciante (ahora reclamante), como la documentación aportada por la propia denunciante, las comunicaciones que le haya dirigido previamente la Administración, los informes médicos sobre su persona exclusivamente, así como el informe elaborado por la Administración conforme al artículo 20.4 LOSITSS informando de las actuaciones llevadas a cabo a raíz de su denuncia y, en su caso, las medidas propuestas, ya que este acceso no daña el secreto del procedimiento (considerando que es información previamente conocida por la reclamante) ni supone un precedente que pueda perjudicar o dañar la expectativa de confidencialidad o reserva de las actuaciones realizadas ante la autoridad inspectora del trabajo y la seguridad social. Tampoco le es de aplicación el límite relativo a la protección de datos personales, considerando que el artículo 15 LOPD y 24.3 LTAIPBG permiten el acceso a los datos personales propios de la reclamante. En cuanto a la información sobre terceras personas -como manifestaciones, comunicaciones y opiniones referidas a la persona denunciante- se ve afectada por el límite relativo a la protección de los datos personales, considerando que no han podido participar en el procedimiento ni ejercer su derecho de oposición, garantizado por el artículo 6.4 LOPD, y que aun cuando se ocultasen los datos identificativos, pueden resultar identificables sin un esfuerzo desproporcionado, teniendo en cuenta los elementos de contexto de que dispone la persona reclamante, como trabajadora del mismo centro y compañera de los afectados. Por otra parte, a esta información aportada por terceras personas le es aplicable el límite relativo al secreto y la confidencialidad de los procedimientos de la IT, considerando que la eficacia de la actuación futura de la IT podría verse comprometida si no se garantiza la confidencialidad de denunciantes y testigos en el marco de sus actuaciones. Lleva también a la exclusión de esta información la consideración de otros derechos privados e intereses colectivos, como la expectativa de privacidad y de confidencialidad de los testigos, la protección de su posición en el centro de trabajo y la preservación del clima laboral. Finalmente, en relación con el derecho de defensa invocado por la reclamante, se tiene en cuenta que ella no tiene la condición de persona denunciada (que requeriría conocer las acusaciones para poder defenderse) sino de denunciante, y que el procedimiento de investigación ya está cerrado, por lo que no se pondera como prevalente el derecho de defensa de la reclamante sobre los derechos de las terceras personas afectadas, sin perjuicio de que en el marco de un procedimiento judicial, pueda obtenerla si resulta necesaria para su defensa.
Resolución 225/2018, de 9 de agosto
La impugnacion adecuada ante la GAIP de una resolución comunicada por correo electrónico convalida su falta de notificación formal.
Resumen: El condicionamiento hecho por el artículo 74.3 LTAIPBG de la vía de reclamación ante la GAIP a la existencia de un convenio previo afecta sólo a las instituciones del capítulo V del título II EAC; la legislación de transparencia y acceso a la información pública otorga a la GAIP competencia para tramitar reclamaciones en relación con solicitudes de información pública dirigidas a universidades públicas, a corporaciones de derecho público o a autoridades administrativas independientes. Los eventuales recursos o reclamaciones admisibles en relación con resoluciones en materia de derecho de acceso a la información pública, previos al contencioso administrativo, han de ser opcionales por la persona interesada; éste es el carácter que tiene la vía de reclamación ante la GAIP, o el recurso de reposición previsto por el artículo 38 LTAIPBG; y parecido carácter opcional tiene la reclamación ante el Rectorado regulada por el artículo 17.1 NUPF, pues un ningún precepto de esta normativa interna de la UPF se señala que la resolución sobre la solicitud de información pública no ponga fin a la vía administrativa, ni tampoco lo señala el pie de la resolución que es objeto de esta Reclamación. La Universidad no cuestiona que la resolución impugnada sea la misma que la finalmente notificada; la presentación de la Reclamación previamente a la notificación formal de la resolución impugnada no parece perjudicar en nada la situación jurídica de la Universidad; en estas circunstancias, la eventual inadmisión de la Reclamación sería una medida de más que probable excesivo rigor formalista, con el único objeto de demorar su tramitación; además, puede afirmarse que la interposición de una reclamación contra la resolución meramente comunicada por correo electrónico y previamente a su notificación formal, en las circunstancias de este caso, tiene amparo en el artículo 40.3 LPAC. En los términos del artículo 29.1.a para poder establecer esta causa de inadmisibilidad es necesario que se cumplan, acumulativamente, dos tipos de requisitos: por una parte, que la documentación solicitada tenga la textura de nota, borrador, resumen, opinión o documento de trabajo interno, en general, y que, además, tal documento no tenga relevancia ni interés público. Las notas o apuntes utilizados por el profesorado a modo de apoyo para impartir sus clases en una universidad pública pueden tener relevancia o interés público, en función de si son determinantes de sus intervenciones orales y de la calidad del servicio público prestado; debe acreditar-lo, en su caso, el profesor afectado y, a tal fin, esta Resolución ordena retrotraer el procedimiento al momento adecuado para posibilitar su aportación. La GAIP entiende que el legislador catalán puede establecer causas de inadmisibilidad de las solicitudes de información pública más exigentes que las previstas por la legislación básica, pues ello supone un estándar más beneficioso para el derecho de acceso a la información pública. Ningún precepto de la LTAIPBG permite denegar información pública con el mero argumento de la presunción indiciaria administrativa de que la información solicitada está en poder de la persona que la pide.
Resolución 158/2018, de 29 de junio
Desestima el acceso a informes de la Oficina Antifrau de Catalunya considerando que perjudica a los procedimientos de exigencia de responsabilidad.
Resumen: Si la Reclamación se presentara en relación con la resolución del Director de la OAC de 19 de febrero de 2018, de desestimación de la solicitud de información pública formulada por la persona reclamante, no se podría admitir a trámite, por extemporánea, ya que en el momento de su presentación (el 10 de abril de 2018) había pasado más del mes dentro del cual pueden ser reclamadas las resoluciones sobre las solicitudes de información pública, según el artículo 42.1 LTAIPBG citado en el párrafo anterior; por tanto, sólo podría ser admitida, por razones de plazo, en relación con la desestimación presunta del recurso de reposición, producida el 26 de marzo de 2018, y si se admite en relación con la desestimación presunta del recurso de reposición, su objeto debería circunscribirse a la información solicitada por este recurso, que se limita a la relativa a los informes razonados y otra documentación derivada de ellos, con exclusión de la relativa a las comunicaciones al Ministerio Fiscal y a las autoridades administrativas competentes, que no había sido objeto del recurso de reposición. El artículo 23 LTAIPBG y la legislación de protección de datos personales no impiden facilitar la información solicitada que pueda ser relacionada con la comisión de infracciones, si se eliminan previamente de ella la identidad (así como también las posibles referencias que posibiliten deducirla) de las personas físicas implicadas, tanto si se trata de posibles responsables de las eventuales irregularidades detectadas, como la persona denunciante o de otras personas citadas por los informes solicitados. El derecho de acceso a la información pública no debería ser en detrimento de las actuaciones que haya que emprender por los poderes públicos para corregir actuaciones públicas contrarias al ordenamiento jurídico o a los intereses públicos o para exigir las responsabilidades que correspondan por este motivo; estas actuaciones que conviene proteger pueden ser tanto las mismas funciones de la OAC, mientras no haya dado por cerrada y definitiva la correspondiente investigación, las de la Administración investigada de eventual corrección de sus actos o de exigencia de responsabilidad de su personal, como de las autoridades administrativas o judiciales competentes para revisar y depurar actuaciones administrativas en las que la OAC pueda comunicar su informe. Trascendencia del momento en el que se valora el derecho de acceso, como elemento potencialmente determinante de su alcance efectivo; si se tiene en cuenta que la Reclamación ante la GAIP tiene por objeto la revisión de una actuación administrativa previa, hay que entender que lo procedente es valorar si esta resolución de la OAC es o no ajustada a derecho, y esta valoración forzosamente se debe hacer en relación con las circunstancias del momento en el que fue dictada.
Resolución 157/2018, de 29 de junio
La confidencialidad de la oferta alegada por el licitador no ha estado lo bastante justificada y no puede impedir el acceso de un representante de los trabajadores.
Resumen: Las alegaciones opuestas al acceso por la empresa CESPA invocan, en unos casos, "secreto técnico y comercial", sin precisar ni siquiera mínimamente qué datos concretos podrían tener esta consideración, de acuerdo con los requisitos establecidos por el artículo 2 de la Directiva 2016/943. El segundo motivo en que la empresa alegante justifica la condición de confidencialidad es el hecho de que la información aportada en la oferta está basada en su conocimiento técnico y su experiencia, lo que tampoco justifica adecuadamente que no sea información conocida o accesible por parte de personas introducidas en los círculos en que se utiliza esta información, ni que tenga un valor comercial precisamente por ser secreta, tal y como requiere ese artículo. Hay que diferenciar entre lo que es información relacionada con la actividad de la empresa y con el conocimiento que tiene del sector, del servicio o del negocio al que se dedica, de lo que puede ser considerado como secreto comercial o información confidencial. La empresa no ha justificado cuál es el perjuicio en sus intereses económicos que se pueda derivar del acceso del representante legal de las personas trabajadoras en el contenido de la oferta. Igualmente, el CCM no ha ponderado adecuadamente al caso la concurrencia de los límites alegados, considerando especialmente la legitimación del reclamante y la finalidad del acceso que reclama. La finalidad y la justificación de la excepción al régimen de transparencia de los procedimientos contractuales de aquella información que tenga la consideración de confidencial es evitar que los competidores puedan obtener ilegítimamente, por esta vía, una mejor posición competitiva, finalidad que no es aplicable el caso considerando que el acceso no lo pide un licitador o una empresa que pueda ser, en un procedimiento futuro, competidora de la empresa alegante. El órgano contratante no está vinculado ni obligado a secreto por la sola declaración de confidencialidad alegada por el licitador, sino que le corresponde revisar su adecuación. Teniendo en cuenta que el deber de secreto de los órganos contratantes en relación con la información declarada confidencial en el momento de la oferta regulado en el artículo 133 LCSP se establece "sin perjuicio de la legislación vigente en materia de derecho de acceso a la información pública", no se puede oponer el deber de reserva con carácter absoluto y excluyente al acceso, sin ponderar casuísticamente que el derecho de confidencialidad del contratista deba prevalecer sobre el derecho de acceso a la información. Considerando que la empresa afectada ha formalizado la oposición al acceso durante el procedimiento, el CCM demorará el acceso a la información reclamada y estimada hasta el momento de la firmeza de esta Resolución.
Resolución 156/2018, de 20 de junio
La justificación de las subvenciones a los grupos municipales es información pública y se puede acceder, aunque no haya estado previamente entregada al Pleno
Resumen: Concurre un interés público innegable en el acceso a esta información considerando que son recursos de naturaleza pública (salen de los presupuestos municipales), ligados a una finalidad de interés público (facilitar y posibilitar el ejercicio de las funciones de los electos locales agrupados de acuerdo con la lista electoral), determinados en su cuantía por los propios grupos políticos reunidos en Pleno, y que los beneficiarios y gestores son electos locales, que como tales están sometidos a un especial escrutinio en un escenario de transparencia, rendición de cuentas y control ciudadano de los poderes públicos. El hecho de que las subvenciones a los grupos políticos municipales estén excluidas de la aplicación del marco general regulador de las subvenciones no comporta ninguna limitación en la aplicación a estas subvenciones del régimen general de transparencia y el acceso a la información, de la misma manera que las obligaciones de transparencia en la contratación pública del artículo 13 LTAIPBG son de aplicación también a los contratos patrimoniales, si bien están excluidos del régimen jurídico general de los contratos del sector público. Los grupos políticos municipales, a diferencia de los partidos políticos, no tienen personalidad o entidad diferenciada del Ayuntamiento y están sometidos al mismo régimen de transparencia y control que lo está la gestión de recursos públicos que hace el Ayuntamiento, por lo que nada justificaría que el acceso a la documentación relativa a la gestión de recursos públicos de la hacienda local que administran y gestionan los grupos políticos deba ser inferior al que se aplica a la gestión económica del presupuesto que gestiona el Ayuntamiento. La justificación del gasto realizado con cargo a las subvenciones a los grupos políticos municipales se considerará información pública sobre la que se proyecta el derecho de acceso, aunque no esté materialmente a manos de los órganos municipales, considerando que el Pleno tiene la potestad de exigirla y obtenerla de los grupos municipales, por habilitación expresa del artículo 73 LBRL, y que estos grupos políticos tienen la obligación de tener a disposición del Pleno (al menos, la de la legislatura en curso ). En la medida en que exista y se conserve, esta información debe considerarse pública y accesible por la vía del derecho de acceso, aunque no haya sido reclamada por el Pleno. Sin embargo, para el caso de que los grupos no hayan conservado adecuadamente la información o la hayan destruida una vez finalizado el mandato y la obligación de tener a disposición del Pleno, o en caso de que hayan desaparecido como grupo, el derecho de acceso no se podrá satisfacer por inexistencia de la información, y así se hará constar, sin perjuicio de las responsabilidades eventuales en que puedan incurrir los gestores por negligencia en la conservación documental ante la jurisdicción contable o de la autoridad fiscal . En relación con los datos personales que consten en las facturas y documentación justificativa del gasto, yel derecho de acceso debe prevalecer sobre el derecho a la protección de datos personales de los concejales; sin embargo, en relación con los datos personales de terceras personas físicas que aparezcan, se deberán anonimizar las facturas y la documentación relativa a los gastos, al no ser relevantes para la finalidad de control del gasto realizado por los grupos municipales, manteniendo pero la referencia concreta al concepto y cuantía de cada gasto.Las alegaciones recibidas de los grupos municipales afectados se oponen al acceso afirmando que el Pleno es el único órgano que puede pedir esta información, y que no lo ha hecho, y que la voluntad del legislador de transparencia no ha sido modificar la Ley general de subvenciones ni la Ley de bases del régimen local. Que las previsiones escasas y poco sistematizadas de control interno de las subvenciones a los grupos políticos establecidas en el LBRL no estén directamente modificadas por el LTAIPBG no puede ni debe tener ningún efecto limitativo del régimen de transparencia y acceso a la información fijado al 'LTAIPBG para las subvenciones. Ni menos aún se puede deducir, como hacen las alegaciones, que la inactividad del Pleno en el ejercicio de la facultad de control interno que le atribuye la LBRL pueda fundamentar que se vacíe de contenido la obligación del Administración y los grupos políticos de rendir cuentas de la utilización de recursos públicos ni justificar que se impida a la ciudadanía ejercer el control externo de las subvenciones concedidas con cargo al presupuesto municipal que permite y prevé la LTAIPBG; al contrario, debe entenderse que la potestad de control que la LBRL atribuye al Pleno adquiere una especial relevancia en el nuevo paradigma de la transparencia, por lo que resulta especialmente exigible que el Pleno ejerza esta facultad de control, considerando que el régimen general de justificación de las subvenciones de la LGS no les es aplicable. Dado que los grupos municipales no tienen personalidad jurídica propia, la Administración obligada a dar cumplimiento de esta Resolución es el Ayuntamiento, que deberá proveer de esta información requiriendo a los grupos políticos de la manera y por el procedimiento que considere apropiada, teniendo en cuenta, en todo caso, que el contenido de esta Resolución no vincula al Ayuntamiento ejercer la facultad de control interno por parte del Pleno prevista en el artículo 73.3 LBRL.
Resolución 151/2018, de 20 de junio
Acceso a las reuniones del Alcalde con empresas o entidades, profesionales, grupos de interés, y particulares (en este último caso, anonimizadas)
Resumen: El Ayuntamiento aplica el concepto "documentación elaborada" sustituyendo la referencia del artículo 2.b LTAIPBG a "información elaborada" por la Administración, y ésto no puede ser aceptado porque resultaría restrictivo del ámbito material del derecho de acceso. Si la Administración o el Alcalde tienen, como sería de esperar, información en cualquier formato o soporte, relativa a las personas con las que se ha reunido y el motivo de la reunión (registro de visitas, registro de entrada al edificio, anotaciones en programas informáticos, registro de uso de la sala de reuniones, o cualquier otro soporte, incluso si fuera en un soporte privado del Alcalde, por ejemplo, su teléfono) en la medida en que es información en poder de la Administración como consecuencia del ejercicio de las funciones como Alcalde, y en la medida en que la información (no ya el documento que la recoge, sino los datos) son preexistentes a la solicitud, sería información pública a los efectos del artículo 2.b LTAIPBG. Y, además, considerando que se pide sólo la información referida a tres meses, no se puede aceptar que la recopilación de estos datos o información y la elaboración de un documento que los recoja tenga una complejidad que pueda justificar la inadmisión de la solicitud. La pueril argumentación del Ayuntamiento en el sentido de que no tiene elaborado un documento titulado "agenda de alcaldía" (que ni siquiera si la persona reclamante lo hubiera pedido en estos términos tendría recorrido, ya que se desprende con claridad de su solicitud que lo que quiere es información de las reuniones mantenidas por el Alcalde y los motivos de las mismas), y que, además, no tiene intención de elaborarlo, no puede tener ningún efecto limitativo del derecho de acceso sobre esta información, ya que es evidente que el alcance del derecho de acceso no puede quedar condicionado ni a la voluntad de la Administración de elaborarla, ni a que le haya dado un título determinado, sino que sólo dependerá de si existe previamente o no la información (en cualquier soporte o forma, a manos del alcalde o de cualquier otra persona del Ayuntamiento) sobre las personas con las que se ha reunido el alcalde y el motivo de la reunión. El Decreto Ley 1/2017, de 14 de febrero, por el que se crea y regula el Registro de grupos de interés de Cataluña de (DLRG) no supone una flexibilización de las obligaciones relacionadas con la identificación y transparencia de las relaciones con los grupos de interés, sino que constituye una solución técnica y operativa ante el grado de incumplimiento detectado en el ámbito de la administración local destinada a asegurar que las obligaciones de transparencia de las relaciones con los grupos de interés se cumplen. La información relacionada con las reuniones de las autoridades y cargos públicos locales con los grupos de interés que actúen en su zona, estén inscritos en el Registro de grupos de interés de Cataluña creado por DLRGI o en el Registro local de grupos de interés si está creado, es información de gran relevancia desde la perspectiva de la transparencia. El Ayuntamiento afirma en su informe que no ha tomado la decisión de crear un registro propio de grupos de interés, pero de ello no se puede inferir que no le sea exigible tener elaborada y mantener actualizada y a disposición de la ciudadanía la información relativa a la agenda, actividades y reuniones de la Alcaldía con los grupos de interés, que el artículo 55 LTAIPBG establece como principio de actuación que se recogerá en el código de conducta de los altos cargos, y que incluso si no lo tiene aprobado, debe aplicarse en el ejercicio de su gobierno. Se estima el acceso a la agenda de reuniones con constancia del motivo de la reunión y de las personas que han asistido, la identidad de las que se ha de anonimizar en el caso de personas físicas privadas que, en interés y representación propios, se hayan reunido con el alcalde para tratar asuntos relacionados con expedientes administrativos concretos, considerando que supondría una injerencia en su privacidad que no está justificada con el carácter genérico de la solicitud y de su finalidad, sin perjuicio de que la ponderación pueda ser favorable al acceso a su identidad en otro caso si resulta justificado. Igualmente, para el caso de que la reunión se mantuviera con sindicatos, formaciones políticas o religiosas, de defensa de los derechos raciales o sexuales, o si del motivo de la reunión se desprende información sobre la comisión de infracciones o cualquier otro dato personal especialmente protegida relacionada con las personas físicas que han asistido, se aplicará el régimen previsto en el artículo 23 LTAIPBG y se anonimizará previamente el nombre de las personas físicas afectadas (dejando, en su caso, el de la persona jurídica o entidad a la que representan) e informando del motivo de la reunión.
Resolución 102/2018, de 17 de mayo
Las causas de inadmisión deben aplicarse restrictivamente, permitiendo el acceso parcial a la información que no resulte afectada por ellas.
Resumen: El volumen ingente de datos personales a anonimizar de la información relativa a los requisitos, méritos y valoraciones de los candidatos que han participado en casi 5.500 procesos de provisión justifica que se haya considerado inadmisible esta parte de la petición en la Resolución 388/2017. Esta exclusión del acceso de los datos relativos a los candidatos no seleccionados, pues, no deriva propiamente de la aplicación del límite de protección de datos personales (que afectaría solo aquellos datos que se pudieran asociar a datos identificativos o que permitieran la identificación sin un esfuerzo desproporcionado) sino de la complejidad de eliminarlos adecuadamente del acceso con garantías suficientes, considerando el enorme volumen de datos a tratar, por lo que en el marco de una solicitud más acotada o selectiva, en que la disociación de los datos que puedan identificar los candidatos no revista esta complejidad, podría resultar estimable. Las causas de inadmisión a trámite se deben aplicar -como los límites- con criterios restrictivos en beneficio del derecho de acceso y, en consecuencia la inadmisión no se puede proyectar más allá de aquella información que esté afectada por dicha causa. La complejidad de la tarea de elaboración no parece que sea igualmente predicable, o al menos ello no queda suficientemente justificado, en relación con parte de la información que se reclama, que proviene de un mismo órgano emisor y, por tanto, no requiere la reconstrucción del expediente para buscarla, y además no contiene datos personales que deban anonimizarse: es el caso de las resoluciones de nombramiento del candidato seleccionado y del informe emitido por la Dirección de Servicios o cargo análogo en cumplimiento del punto 2.3 del Acuerdo de Gobierno del 12 de mayo de 2015, justificando la necesidad de un proceso de provisión provisional; en relación con esta información se estima parcialmente la reclamación. El carácter abusivo de una solicitud no está tipificado como causa de inadmisión en la LTAIPBG, a diferencia de la legislación estatal, y por tanto, no sería directamente invocable en Cataluña. Sin embargo, es ciertamente aplicable al derecho de acceso el principio general de buena fe y de interdicción de abuso de derecho recogido en el artículo 7 del Código Civil, tal y como invoca el Departamento de Interior y esta Comisión ha establecido en diversas Resoluciones, en las que se recoge que el carácter abusivo de la solicitud no puede fundamentarse en el alcance o extensión de la información solicitada, ni en el número de solicitudes formuladas por una misma persona, sino en la desviación de su finalidad debiendo acreditar quien lo invoca que la verdadera pretensión o intención de la persona solicitante no es obtener información, sino colapsar o perjudicar la Administración.
Resolución 98/2018, de 4 de mayo
No es admisible sollicitar información directamente a los grupos municipales, ni reclamar contra ellos. El sujeto obligado por ley es el Ayuntamiento.
Resumen: Los grupos municipales no tienen personalidad jurídica propia y diferenciada del Ayuntamiento, ni son sujetos obligados a atender directamente las solicitudes o reclamaciones en materia del derecho de acceso a la información pública, de acuerdo con el artículo 3 LTAIPBG. Hay una discrepancia indebida entre el destinatario de la solicitud de acceso (el Ayuntamiento) y el de las reclamaciones que ahora se resuelven (los grupos municipales del Partido Socialista y del Partido Popular, respectivamente), que conllevaría su inadmisibilidad a trámite ya que es requisito para iniciar este procedimiento de reclamación que el sujeto obligado haya tenido la ocasión, previamente, considerar y resolver la solicitud de acceso a información pública para que esta Comisión pueda revisar su decisión. La solicitud de información que se reclama ya ha sido previamente objeto de la Reclamación 56/2018 contra el Ayuntamiento -aunque en trámite- y su objeto es idéntico y repetitivo de aquella Reclamación. Por todo ello, las Reclamaciones 99/2018 y 100/2018 son inadmisibles a trámite.
Resolución 91/2018, de 4 de mayo
Resumen:Se da la circunstancia de que la información solicitada por la persona reclamante parece ser que no existe como información específica preexistente a la solicitud; el derecho de acceso a la información pública debe tener por objeto información que haya sido elaborada o que esté a manos de la Administración; en todo caso, información preexistente a la solicitud; las informaciones solicitadas, al no existir de forma preexistente a la solicitud, sin duda requerirían una tarea muy compleja de elaboración, equivalente a la confección de sendos informes, dictámenes o planes o proyectos, no amparada por el derecho de acceso a la información pública. El Ayuntamiento justifica la concurrencia de esta causa de inadmisibilidad (tarea compleja de elaboración, artículo 29.1.b LTAIPBG) en que los expedientes afectados los que habría que extraer las circunstancias solicitadas por la persona reclamante son más de seis mil, que se encuentran en diferentes fases de tramitación, cubren un lapso temporal bastante amplio y la extracción de algunas de las informaciones pedidas requiere una tarea valorativa y de apreciación jurídica; todo ello requeriría mucho tiempo de trabajo por parte de personal de una cierta cualificación. El Ayuntamiento alega la concurrencia del límite al derecho de acceso a la información pública del artículo 21.1.b LTAIPBG (que la divulgación de la información conlleva un perjuicio para la investigación o la sanción de las infracciones penales, administrativas o disciplinarias), pero no justifica suficientemente la concurrencia de las circunstancias que podrían motivar su aplicación; debe entenderse que este límite permite denegar información que pueda perjudicar las tareas municipales de investigación o sanción de las infracciones; en consecuencia, la GAIP viene entendiendo que su aplicación puede ser justificable cuando se pide en relación con un procedimiento determinado y la difusión de la información solicitada pueda servir para que los presuntos infractores puedan eludir su responsabilidad; en este caso no se pide información de procedimientos determinados, sino datos antes estadísticas, y no parece que este tipo de datos pueda perjudicar los procedimientos concretos de investigación o sanción; en todo caso, el Ayuntamiento no argumenta el riesgo de que esta información pueda suponer para el normal desarrollo de las tareas de investigación y sanción. La información de la dirección de las viviendas particulares sancionados donde se desarrollan actividades económicas puede llevar fácilmente a la identificación de las personas físicas titulares de ellos, y de esta manera divulgar datos personales especialmente protegidos por el artículo 23 LTAIPBG. Un registro de sanciones que no está abierto al público no ofrece la publicidad equivalente a la amonestación pública por disposición legal requerida para poder informar de la imposición de sanciones a personas físicas. El equilibrio existente en la ponderación entre los derechos e intereses afectados por el acceso a la relación de viviendas denunciados se resuelve a favor de su denegación si se tiene en cuenta que la audiencia a los miles de personas afectadas no se puede llevar a cabo porque requeriría una tarea compleja.