Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-884-de-octubre-24-de-2007?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920423d2ff034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-22 09:52:23
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Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 101', 'ARTÍCULO 42', 'ARTÍCULO 101', 'artículo 241', 'artículo 6', 'artículo 241', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 23', 'artículo 101', 'artículo 29', 'artículo 26', 'artículo 42', 'artículo 29', 'artículo 45', 'artículo 42', 'artículo 101', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 98', 'artículo 29', 'artículo 101', 'artículo 101', 'artículo 42', 'artículo 29', 'artículo 101', 'artículo 23', 'artículo 42', 'artículo 101', 'artículo 26', 'artículo 95', 'artículo 41', 'artículo 42', 'artículo 308', 'artículo 304', 'artículo 1', 'artículo 69', 'artículo 45', 'artículo 101', 'artículo 98']

﻿ SENTENCIA C-884 DE OCTUBRE 24 DE 2007
SENTENCIA C-884 DE 24 DE OCTUBRE DE 2007
CONTENIDO:CÓDIGO DISCIPLINARIO DEL ABOGADO. SE DECLARA INEXEQUIBLE LA EXPRESIÓN "NINGUNA" DEL NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 101, EXEQUIBLE CONDICIONALMENTE EL INCISO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 42 Y EXEQUIBLE EL NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 101 DE LA LEY 1123 DE 2007.
TEMAS ESPECÍFICOS:EXEQUIBILIDAD DE LAS NORMAS, CÓDIGO DISCIPLINARIO DEL ABOGADO
Sentencia C-884 de octubre 24 de 2007
Sentencia C-884 de 2007
Ref.: Expediente D-6761
Demandante: Mabel Carolina Vargas Hernández.
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 23 (par.), 42 (parcial) y 101 (parcial) de la Ley 1123 de 2007, “por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado”.
En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política, la ciudadana Mabel Carolina Vargas Hernández solicitó ante esta corporación la declaratoria de inconstitucionalidad de los artículos 23 (par.), 24 (parcial), 42 (parcial), 43 (par.), 69, 101 numeral 6º y 108 (parcial) de la Ley 1123 de 2007 “Por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado”.
Mediante auto del veintinueve (29) de marzo de dos mil siete (2007) el magistrado sustanciador decidió admitir la demanda, únicamente frente a los cargos propuestos en contra de los artículos 23 (par.), 42 (parcial) y 101 (parcial) de la Ley 1123 de 2007. En relación con las demás censuras, inadmitió la demanda interpuesta por la ciudadana Vargas Hernández, y concedió tres (3) días, contados a partir de la notificación de dicho auto, para su corrección en los términos establecidos en esa providencia.
En atención a que la actora no corrigió la demanda dentro del plazo estipulado, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 6º del Decreto 2067 de 1991, mediante auto del 18 de abril del 2007, el magistrado sustanciador procedió a rechazarla respecto de los artículos 24 (parcial), 43 (par.), 69 (parcial) y 108 (parcial) de la Ley 1123 de 2007.
A continuación se transcribe el texto de las disposiciones parcialmente demandadas, de conformidad con su publicación en el Diario Oficial 46.519 del 22 de enero de 2007, y se resaltan los apartes acusados:
“ART. 23.—Causales: Son causales de extinción de la acción disciplinaria las siguientes:
ART. 42.—Multa. Es una sanción de carácter pecuniario que no podrá ser inferior a un (1) smmlv ni superior a cien (100) smmlv, dependiendo de la gravedad de la falta, la cual se impondrá en favor del Consejo Superior de la Judicatura el cual garantizará programas de capacitación y rehabilitación con entidades acreditadas, pudiendo incluso acudir a los colegios de abogados”.
“Esta sanción podrá imponerse de manera autónoma o concurrente con las de suspensión y exclusión, atendiendo la gravedad de la falta y los criterios de graduación establecidos en el presente código”.
6. No podrá decretarse ninguna nulidad por causal distinta de las señaladas en este capítulo”.
1.Competencia de la Corte
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4º de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir definitivamente sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues la disposición acusada forma parte de una ley de la República, en este caso, de la Ley 1123 de 2007.
2.Cuestión previa.
Observa la Sala, sin embargo, que las observaciones generales que al respecto formula el Ministerio Público se explican en que su concepto fue emitido sobre la integridad de los cargos planteados en la demanda original (3) , la cual fue objeto de depuración mediante autos de marzo 29 y abril 18 de 2007 del despacho sustanciador, providencias mediante las cuales se inadmitió y luego rechazó, la demanda (4) en relación con algunos cargos que no cumplían con las exigencias del artículo 2º del Decreto 2067 de 1991.
Por su parte, el interviniente del Ministerio de Justicia y del Derecho, quien también se pronunció sobre la totalidad de los cargos contenidos en la demanda original, concreta una solicitud de declaratoria de ineptitud sustantiva de la demanda respecto de los artículos 23 (par.) y 101 numeral 6º, referidos a la exclusión del desistimiento como causal de extinción de la acción penal, y al principio de taxatividad de las nulidades que rigen la acción disciplinaria. En cuanto a la primera norma señala que la demandante se limitó a formular una serie de opiniones y afirmaciones que no satisfacen las exigencias de pertinencia y suficiencia para provocar una decisión de fondo. Y en cuanto a la segunda, aduce que la demandante no explica de manera concreta por qué la norma viola el debido proceso, limitándose a citar una decisión de la Corte que desarrolla esta garantía.
Pues bien, la Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia (5) , al interpretar el artículo 2º del Decreto 2067 de 1992, ha precisado que no obstante el principio pro actione que guía el ejercicio de la acción pública de inexequibilidad, a fin de que la Corte pueda pronunciarse de fondo, las demandas de inconstitucionalidad deben contener (i) el texto de la norma demandada, (ii) las disposiciones constitucionales violadas, y (iii) las razones por las cuales la norma acusada vulnera tales disposiciones. Asimismo, dichas razones deben ser (a) claras (6) , (b) ciertas (7) , (c) específicas (8) , (d) pertinentes (9) y (e) suficientes (10) para que se configure un cargo apto (11) .
Según la demandante, el artículo 23 (par.) de la Ley 1123 de 2007, es violatorio el principio de igualdad en razón a que entraña un trato discriminatorio para los profesionales del derecho que han sido objeto de una queja infundada, en relación con los imputados de delitos querellables respecto de los cuales sí opera la extinción de la acción penal como consecuencia del desistimiento del ofendido. La norma así mismo desconoce, según la actora, el debido proceso y en particular el derecho de defensa, puesto que propiciar un desistimiento con consecuencias procesales cae dentro del ámbito del derecho de defensa; el negar efectos procesales al desistimiento repercute a su vez en una obstrucción a la libertad de acceso a la administración de justicia.
En cuanto al artículo 101 numeral 6º la demandante estima que vulnera el artículo 29 de la Constitución, en razón a que el principio de taxatividad de las nulidades que la norma prevé excluye la posibilidad de que el proceso disciplinario se anule por irregularidades en el recaudo probatorio, situación que sí prevé el precepto superior.
Si bien, observa la Corte que la argumentación de la actora respecto de estos artículos no es extensa y se encuentra dispersa a lo largo del escrito de demanda, la accionante, en todo caso logra confrontar las normas cuestionadas con el alcance del principio de igualdad, y de los derechos al debido proceso y al acceso a la justicia, según corresponda, con lo cual los cargos contra los artículos 23 (par.) y 101 numeral 6º de la Ley 1123 de 2007 revisten las condiciones mínimas de claridad, certeza y suficiencia exigidos para un pronunciamiento de fondo.
Con fundamento en lo anterior, la Corte abordará el estudio de fondo de los cargos que se formulan en contra de los artículos 23 (par.), 101 numeral 6º y 42 (inc. 2º) por encontrar que estructuran verdaderos cargos de inconstitucionalidad conforme a las reglas jurisprudenciales establecidas en materia requisitos para la aptitud sustantiva de la demanda.
3. Problemas y temas jurídicos a tratar.
1. Determinar si es contrario a la Constitución, y en particular al principio de igualdad, al debido proceso y al libre acceso a la justicia, el precepto que establece que el desistimiento no conlleva la extinción de la acción disciplinaria contra los abogados (L. 1123/2007, art. 23 par.).
2. Determinar si el legislador atribuyó al juez disciplinario una potestad desmesurada, y por ende violatoria del debido proceso, al establecer la posibilidad de imponer multas de manera autónoma o concurrente con otras sanciones, teniendo en cuenta la gravedad de la falta (L. 1123/2007, art. 42).
3. Determinar si el precepto que contempla la taxatividad de las nulidades en el proceso disciplinario que se sigue contra los abogados, sin que se hubiese incluido dentro de las causales el recaudo de prueba ilícita, es violatorio del postulado constitucional del debido proceso (L. 1123/2007, art. 101, num. 6º).
Para resolver las cuestiones planteadas la Corte abordará los siguientes temas: (i) Reiterará su jurisprudencia sobre los fines que cumple el control al ejercicio de profesión de abogado en un Estado social y democrático de derecho; (ii) recordará su jurisprudencia sobre la libertad de configuración en materia sancionatoria, y sus límites, particularmente en relación con a) el desistimiento de la acción disciplinaria, b) la determinación de las sanciones, y c) la regulación de las nulidades; (iii) En ese marco analizará los cargos de inconstitucionalidad formulados en relación con cada uno de los preceptos acusados.
4.1. La Corte Constitucional, en diversos fallos (12) , se ha pronunciado sobre el papel del abogado en el Estado social y democrático de derecho, así como sobre la relevancia del control que respecto de esta profesión ejercen las autoridades públicas. El poder disciplinario constituye una de las más importantes expresiones de la función de control y vigilancia y su regulación por parte del legislador debe estar orientada al logro de los fines de la profesión en procura de que su ejercicio sea compatible con el interés general, entendido a la luz de los valores y principios constitucionales.
Conforme a lo establecido en la Ley 1123 de 2007, la estructura del código se compone de tres libros (13) : (i) una parte general que consagra los principios rectores, la definición de falta disciplinaria, y el alcance de la acción sancionatoria; (ii) una parte especial, que consagra los deberes, incompatibilidades, faltas y sanciones aplicables a los abogados; y (iii) una parte procedimental, que contiene las reglas del procedimiento disciplinario.
En cuanto a su contenido, es posible señalar que la Ley 1123 de 2007 gira en torno a cuatro finalidades básicas (14) : en la parte general, (i) busca realizar una adecuación sustantiva a los principios constitucionales del debido proceso; en la parte especial, (ii) pretende efectuar una actualización histórica de los deberes, incompatibilidades, faltas y sanciones propias del régimen; y en la parte procesal, (iii) aspira adecuar el procedimiento a los estándares constitucionales y del derecho internacional, así como (iv) superar la congestión de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, mediante la implantación de un sistema oral, ágil y expedito.
En relación con los fines de la profesión, puede afirmarse que el legislador quiso dar relevancia especial a la función social que cumple el abogado, de forma que los fines de la profesión, expuestos en los artículos primero (15) y segundo (16) del Decreto 196 de 1971 pueden ser complementados por algunos de los deberes establecidos en la Ley 1123 de 2007, tales como: observar la Constitución y la ley (art. 1º), defender y promocionar los derechos humanos (art. 2º), colaborar en la realización de la justicia y los fines del Estado (art. 6º), prevenir litigios “innecesarios, innocuos o fraudulentos”, facilitar los mecanismos de solución alternativa de conflictos (art. 13) y abstenerse de incurrir en actuaciones temerarias (art. 16).
Resulta claro entonces, que ninguna de las modificaciones señaladas, se relaciona con un cambio en la orientación dada por el legislador al papel del abogado al interior del Estado social y democrático de derecho, razón por la cual es posible reiterar la jurisprudencia constitucional producida en relación con el Decreto 196 de 1971, mutatis mutandi, al nuevo Código Disciplinario.
4.3. El interés público inmerso en el control disciplinario sobre la profesión de abogado.
La Corte ha considerado que el abogado ejerce su profesión principalmente en dos escenarios (17) : (i) por fuera del proceso, a través de la consulta y asesoría a particulares, y (ii) al interior del proceso, en la representación legal de los ciudadanos que acuden a la administración de justicia para resolver sus controversias.
En el desarrollo de estas actividades, la profesión adquiere una especial relevancia social, pues se encuentra íntimamente ligada a la búsqueda de un orden justo y al logro de la convivencia pacífica, en razón a que el abogado es, en gran medida, un vínculo necesario para que el ciudadano acceda a la administración de justicia (18) . En el marco del nuevo Código Disciplinario, al abogado se le asigna un nuevo deber, de relevancia constitucional, consistente en la defensa y promoción de los derechos humanos.
De acuerdo con las premisas expuestas, y en la medida en que el ejercicio de la profesión de abogado se orienta a concretar importantes fines constitucionales, el incumplimiento de los principios éticos que informan la profesión, implica también riesgos sociales que ameritan el control y la regulación legislativa (19) , tanto más en cuanto tal intervención se encuentra explícitamente autorizada por la propia Carta Política en su artículo 26.
En tal sentido, este tribunal ha afirmado que el ejercicio inadecuado o irresponsable de la profesión, pone en riesgo la efectividad de diversos derechos fundamentales, como la honra, la intimidad, el buen nombre, el derecho de petición, el derecho a la defensa y, especialmente, el acceso a la administración de justicia, así como la vigencia de principios constitucionales que deben guiar la función jurisdiccional, como son la eficacia, la celeridad y la buena fe (20) .
El fundamento del control público al ejercicio de la profesión de abogado, se encuentra entonces en los artículos 26 (21) y 95 (22) de la Constitución Política, así como en los fines inherentes a la profesión, de acuerdo con las consideraciones precedentes.
La primera de estas disposiciones consagra la libertad de escoger profesión y oficio, a la vez que faculta al legislador para exigir títulos de idoneidad y a las autoridades públicas para ejercer su vigilancia y control; la segunda disposición, por su parte, en su numeral segundo prescribe que todos los ciudadanos tienen el deber de respetar los derechos ajenos y ejercer responsablemente los propios, mientras que en el numeral séptimo, consagra la obligación de colaborar con la administración de justicia (23) , deberes que adquieren una connotación especial en el caso de los abogados, dada la función social de la profesión.
“(...) Si al abogado le corresponde asumir la defensa en justicia de los derechos e intereses de los miembros de la comunidad y, a su vez, le compete la asesoría y asistencia de las personas en la ordenación y desenvolvimiento de sus relaciones legales, resulta lícito que la ley procure ajustar su comportamiento social a la observancia de tales fines, impidiendo, a través de la imposición de determinadas sanciones, que el profesional desvíe su atención y opte por obrar contrario a derecho, impulsado por el ánimo egoísta de favorecer su intereses particulares en detrimento de la administración de justicia y de la propia sociedad” (24) .
5.1. En virtud del principio democrático, en el ordenamiento jurídico colombiano, el establecimiento de un régimen disciplinario constituye un espacio de libre configuración legislativa, pues es en el campo de la deliberación política, en donde se puede establecer, con mayor precisión, el tipo de conductas que resultan ajenas a la consecución de los fines del Estado y a la construcción de un ejercicio profesional ético, así como la gravedad social de estas conductas y la consecuente intensidad de las sanciones aplicables. En este sentido, ha manifestado la Corte:
“En cuanto a ello hay que decir que el poder legislativo tiene un amplio margen de libertad para establecer el régimen disciplinario y que ese amplio margen es consustancial a un régimen constitucional en cuanto remite la configuración de las reglas de derecho —como supuestos necesarios para la convivencia pacífica— a la instancia del poder público de mayor ascendencia democrática” (25)(26) .
Esta reserva legal en materia disciplinaria, fue también destacada por la Corte en la Sentencia C-037 de 1997, al estudiar la exequibilidad de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. En ese pronunciamiento, precisó la Corte que las disposiciones jurídicas relativas a la responsabilidad disciplinaria son de competencia exclusiva del legislador ordinario (27) .
5.2. En relación con el contenido y alcance del derecho disciplinario, la jurisprudencia constitucional ha señalado que su ámbito de regulación comprende: (i) las conductas que pueden configurar falta disciplinaria; (ii) las sanciones aplicables según la naturaleza de la falta y (iii) el proceso, o “conjunto de normas sustanciales y procesales que aseguran la garantía constitucional del debido proceso y regulan el procedimiento a través del cual se deduce la correspondiente responsabilidad disciplinaria” (28) .
a) La potestad conferida al legislador para establecer los diversos regímenes sancionatorios, se encuentra vinculada a los fines constitucionales del Estado y limitada por el respeto a los derechos fundamentales de la persona (29) ;
b) Si bien ha admitido la Corte que el control de constitucionalidad en materia disciplinaria resulta de una intensidad menor que en materia penal (30) , al determinar la gravedad de las faltas (31) y la intensidad de las sanciones, el legislador debe orientarse por criterios de proporcionalidad y razonabilidad y, especialmente por los principios de lesividad y necesidad, y
c) Dentro de los márgenes señalados, el legislador se encuentra facultado para: “(i) tipificar (...) las faltas disciplinarias en que puedan incurrir los servidores públicos, su grado de intensidad y las sanciones correspondientes, y (ii) establecer el conjunto de enunciados normativos de orden procesal que regulen la facultad constitucional otorgada a la administración pública para imponer sanciones a todos los servidores que con sus acciones u omisiones, transgredan las normas de conducta relativas al correcto desempeño de las funciones asignadas” (32) , así como (iii) establecer las causales de extinción de la acción o de la sanción penal o disciplinaria (33) .
Vale la pena, a manera de conclusión, reiterar las consideraciones expuestas por la Corte sobre la materia, en Sentencia C-301 de 1999: “Lo cierto y definitivo de estas distinciones (hace referencia a los elementos definitorios del ius puniendi), es que la competencia radica exclusivamente en el legislador, quien en ejercicio de sus atribuciones y, en concordancia con la política criminal fijada por el Estado, es el encargado de establecer los nuevos hechos punibles, y determinar la jerarquía de los mismos, así como establecer las sanciones y los procedimientos aplicables a los hechos punibles, en uno u otro caso” (34) .
Por regla general, los regímenes sancionatorios en Colombia se rigen por el principio de ‘oficiosidad’, en virtud del cual las autoridades a quienes se ha confiado la administración del poder sancionatorio, deben impulsar la actuación sin contar necesariamente con el concurso de los afectados por la conducta investigada. Esta concepción se enmarca dentro de los fines estatales de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Carta, y la vigencia de un orden justo (C.P., art. 2º).
La aceptación del desistimiento con efectos extintivos de la acción constituye una decisión del legislador en materia sancionatoria que responde a valoraciones de diferente orden, tales como (i) la naturaleza y entidad de los bienes jurídicos que se encuentran comprometidos en la infracción; (ii) el interés público o privado involucrado en la conducta correspondiente; (iii) la potencialidad lesiva que la conducta represente; (iv) los intereses estatales de prevención involucrados en las prohibiciones correspondientes, entre otros.
En lo que concerniente a la definición de las causales de extinción de la acción penal, ha señalado la Corte que es esta una competencia exclusiva del legislador, quien en desarrollo de su libertad de configuración de los procedimientos “las establece previo el ejercicio de ponderación que efectúa de los fenómenos de la vida social que tipifica como delitos y del mayor o menor daño que, en su criterio, ciertos comportamientos puedan estar causando o llegar a causar en el conglomerado social” (35) .
Al examinar la constitucionalidad de algunas disposiciones penales que prevén la posibilidad de desistir respecto de ciertos hechos punibles de menor trascendencia jurídico-social (contravenciones), en relación con los cuales el legislador ha considerado innecesaria una persecución oficiosa, la Corte ha estimado que en estos eventos, cuando el particular opta por solicitar al Estado que la investigación no prosiga o que la sanción no se imponga, está renunciando a la protección que la ley le otorga en relación con bienes jurídicos que pueden ser objeto de un acto soberano de disposición por parte de su titular, en cuanto comprometen de manera clara un interés particular y privado (36) .
5.5. La libertad de configuración legislativa en materia de determinación de las sanciones.
En cuanto al ejercicio de la potestad de configuración legislativa en la determinación de la sanción, siguiendo la jurisprudencia de esta corporación (37) , es preciso recordar que en desarrollo de la referida cláusula general de competencia, corresponde al legislador establecer las modalidades punitivas, introducir las penas aplicables, fijar la clase y magnitud de estas con arreglo a criterios orientadores fundados en los principios de razonabilidad y proporcionalidad (38) , que provean a la autoridad disciplinaria de herramientas que le permitan hacer una aplicación, que además de justa, sea respetuosa del principio de legalidad de las penas.
Esta competencia, si bien es amplia, se encuentra necesariamente sometida a los límites generales enunciados con antelación, vale decir los fines constitucionales del Estado, el respeto por los derechos fundamentales, y los criterios de proporcionalidad y razonabilidad (supra 5.3). La dosimetría de las penas, ha dicho la Corte, es sin duda un asunto librado a la definición legal, pero corresponde a la Corte velar para que en el uso de la discrecionalidad legislativa se respeten los principios de razonabilidad y proporcionalidad (39) .
El título III del nuevo Código Disciplinario del Abogado se ocupa de regular el régimen sancionatorio, y en su capítulo único contempla: (i) las sanciones disciplinarias; (ii) los criterios de graduación; (iii) la motivación de la dosificación; y (iv) la ejecución y registro de la sanción.
De acuerdo con el sistema de sanciones configurado por el legislador en el estatuto disciplinario aplicable a los abogados, el profesional que incurra en cualquiera de las faltas allí previstas puede ser sancionado con censura (40) , multa (41) , suspensión (42) o exclusión (43) del ejercicio de la profesión. La imposición de tales sanciones debe regirse por los criterios de graduación que la propia ley establece (L. 1123/2007, art. 40).
Esos criterios de graduación (art. 45 ibíd.) están clasificados en: (i) generales, dentro de los cuales se ubican algunos de carácter objetivo (la modalidad de la conducta y sus circunstancias, su trascendencia social, y el perjuicio ocasionado), y otros de naturaleza subjetiva (los motivos determinantes del comportamiento); (ii) de atenuación, como la confesión y el resarcimiento o compensación del daño; (iii) de agravación, tales como la entidad de los bienes jurídicos afectados, la sindicación infundada a terceros, la concurrencia de copartícipes en el hecho, la existencia de antecedentes disciplinarios, y el aprovechamiento de una circunstancia de vulnerabilidad en el afectado.
5.6. La libertad de configuración legislativa en materia de nulidades procesales.
Respecto del ejercicio de la potestad de configuración legislativa para la determinación de los motivos legales de nulidad, esta corporación ha tenido ocasión de pronunciarse en diversas oportunidades en el marco del examen de constitucionalidad de normas de similar contenido, pertenecientes a otros estatutos procedimentales (44) .
Del examen de tal jurisprudencia es posible identificar unas claras reglas que guían el control de constitucionalidad en esta materia y que serán reiteradas en la presente oportunidad: (i) En primer lugar, ha establecido que la determinación de los motivos de nulidad forma parte del ejercicio de la potestad de configuración adscrita al legislador en materia de regulación de los procedimientos (45) ; (ii) en segundo lugar, ha indicado que esta opción legislativa promueve la realización de los principios de celeridad y eficacia de la administración, así como la seguridad jurídica y el principio de legalidad del proceso, en cuanto evita la dilación indefinida de los procesos (46) ; y (iii) en tercer lugar, ha señalado que el carácter taxativo que el legislador imprime a los motivos de nulidad, de origen legal, de ninguna manera excluye la aplicación de las causales de nulidad que de manera excepcional ha previsto la Constitución, en particular la derivada de la ilicitud de la prueba (47) .
6.1.1. De las referencias jurisprudenciales previamente reiteradas, (ver supra 5.4) se extraen dos reglas perfectamente identificadas bajo las cuales se debe analizar la constitucionalidad del precepto acusado: (i) la primera radica en que cae bajo la cláusula de competencia general del legislador la determinación de en qué eventos, y bajo qué circunstancias opera el desistimiento de la acción en los procesos sancionatorios, competencia que tiene como límite el respeto por los derechos fundamentales; (ii) y la segunda, que el desistimiento resulta admisible siempre y cuando se refiera a asuntos respecto de los cuales sea posible reconocer a los particulares una potestad de disposición.
6.1.2. En relación con la primera de las reglas, observa la Corte que la decisión del legislador de excluir el desistimiento de las causales de extinción de la acción, se encuentra en efecto amparada por la cláusula general de competencia que le reconoce el constituyente y no entraña vulneración a derecho fundamental alguno.
La acción disciplinaria compromete así importantes fines constitucionales, por lo que resulta acorde con la Constitución consagrar el principio de oficiosidad como regente del proceso disciplinario, en la medida que el poder de intervención que a través de este se establece se fundamenta en la defensa del interés público que está implícito en esos fines.
Finalmente, de manera persistente, la demandante cifra su argumentación en lo gravosa que resulta la previsión legislativa impugnada respecto de los profesionales que han sido víctimas de una queja falsa o temeraria. Estos temores, además de insuficientes y extraños a la argumentación que exige el control de constitucionalidad, resultan infundados en razón a que la propia ley prevé el correctivo correspondiente, al contemplar que las informaciones y quejas falsas o temerarias, o que sean presentadas de manera absolutamente genérica o difusa, darán lugar a inhibirse de iniciar actuación alguna, y a imponer sanción pecuniaria al quejoso (48) .
6.2. La consagración de la multa como sanción autónoma o concurrente en materia disciplinaria.
6.2.1. La demandante impugna el inciso 2º artículo 42 de la Ley 1123 de 2007 que prevé que la multa como sanción disciplinaria podrá imponerse “de manera autónoma o concurrente con las de suspensión y exclusión, atendiendo la gravedad de la falta y los criterios de graduación establecidos en el presente código”. A su juicio, la norma vulnera el artículo 29 de la Carta, y en particular el principio de legalidad de las penas, en cuanto otorga a la autoridad disciplinaria una desmesurada atribución para sancionar a los abogados, al permitirle definir si impone la multa de manera autónoma, o concurrente, con otras sanciones. Estima que el legislador ha debido prever un sistema de sanciones principales y accesorias que guíe la actividad de concreción de la sanción.
6.2.2. Tal como lo señala la demandante, el legislador disciplinario no contempló un sistema de sanciones que estuviese clasificado en principales y accesorias, conforme a la fórmula sistémica usada en otros estatutos (49) . Atendiendo la naturaleza del proceso disciplinario estableció, en principio, un catálogo de sanciones que debe ser aplicado de manera autónoma, con observancia de los criterios objetivos generales, de atenuación y agravación, que el mismo estatuto prevé. De manera particular, estimó el legislador que la multa puede ser aplicada como sanción autónoma, al igual que las otras, o como concurrente con la de suspensión o exclusión de la profesión.
El precepto acusado incorpora una decisión legislativa que, en principio, se encuentra amparada por la cláusula general de competencia del legislador ejercida en el ámbito sancionatorio. Advierte la Corte que si bien la medida examinada no se traduce en una renuncia del legislador a su potestad regulatoria, sí permite un margen de discrecionalidad a la autoridad disciplinaria en el sentido que la faculta para definir si impone la multa como sanción autónoma, o como concurrente. Este margen de discrecionalidad debe ser administrado por la autoridad disciplinaria de manera muy cuidadosa, tomando en cuenta para ello los criterios objetivos que la propia ley le señala como orientadores del proceso de individualización de la sanción. Especial relevancia cobran para el efecto los criterios generales (50) , los de atenuación (51) y agravación (52) de la sanción previstos en el artículo 45 del estatuto.
De otra parte, cuando el legislador define “Las faltas en particular” (tít. II) las clasifica de acuerdo con unos determinados bienes jurídicos (53) que revisten diferentes niveles de relevancia, lo que también suministra al aplicador unos criterios para la selección y graduación de la sanción, a efecto de que pueda determinar, frente a la falta concreta, si la imposición de una multa, como sanción autónoma o concurrente, entraña idoneidad para la protección del bien o interés jurídico que resulta amenazado o lesionado con la conducta, y si resulta adecuada y necesaria en función de los fines que persigue la acción disciplinaria, y por ende proporcionada.
No obstante, teniendo en cuenta que la construcción gramatical del precepto podría dar lugar a entender que este autoriza al juez disciplinario para imponer la multa como pena autónoma para las faltas que merecen pena de suspensión o exclusión de la profesión, interpretación que resulta a todas luces inconstitucional por ser violatoria del principio de proporcionalidad de las sanciones, la Corte procederá a introducir un condicionamiento a la exequibilidad del aparte demandado, con el fin de excluir esta posible interpretación (54) .
Los criterios de razonabilidad y proporcionalidad de las sanciones constituyen límites para el legislador, en la fase de creación, pero también para el intérprete, en el momento de su individualización. Resultaría desproporcionado y carente de toda razonabilidad el que se aplicara a un disciplinado la multa como pena autónoma, en reacción a una falta que por su gravedad, trascendencia social, y potencialidad lesiva de intereses de especial relevancia jurídica y ética (55) , mereciera un reproche mayor como la suspensión e incluso, la exclusión de la profesión.
Sin embargo, advierte que ante la posibilidad de que la disposición legal pueda interpretarse en el sentido que la misma involucra la eventualidad de que las faltas más graves puedan ser sancionadas solamente con multa, lo cual desconocería los principios de razonabilidad y proporcionalidad en la graduación de las sanciones, la Corte declarará exequible el inciso segundo del citado artículo 42, en el entendido de que la multa solo puede establecerse como sanción autónoma, cuando se trate de faltas disciplinarias que no merezcan la suspensión o exclusión de la profesión.
6.3.1. La demandante considera que el numeral 6º del artículo 101 de la Ley 1123 de 2007 (56) , al introducir en el procedimiento disciplinario el principio de taxatividad de las nulidades, vulnera el artículo 29 de la Carta que, en su inciso final, contempla la nulidad de la prueba obtenida con violación del debido proceso. Su reparo se funda en que el precepto impugnado no previó de manera explícita, la causal de nulidad originada en la prueba.
6.3.2. Adoptando como marco del análisis las reglas establecidas por la jurisprudencia (57) sobre este específico punto procesal (ver supra 5.6) encuentra la Sala que la determinación de los principios que orientan la declaratoria de las nulidades en el proceso disciplinario seguido contra los abogados, es un asunto que forma parte del amplio margen de configuración legislativa que la Constitución reconoce al legislador para la estructuración de los procedimientos. En ejercicio de tal potestad el legislador disciplinario decidió acoger el principio de taxatividad de las nulidades legales, en virtud del cual “No podrá decretarse ninguna nulidad por causal distinta de las señaladas” en el respectivo capítulo. Conforme a esa regla los motivos legales con poder invalidante de la actuación disciplinaria son la falta de competencia; la violación del derecho de defensa y la existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso (58) .
El Código Disciplinario de los Abogados acoge así un criterio que consulta la técnica contemporánea del derecho procesal, en virtud del cual los motivos que dan lugar a invalidar un acto procesal deben estar explícita, clara y taxativamente previstos en la ley, criterio que a su vez interactúa con otra regla consistente en que no toda irregularidad constituye nulidad, pues estas se entienden subsanadas si oportunamente no se corrigen a través de los recursos.
6.3.3. En ese orden de ideas, es claro para la Corte que la consagración de un principio de taxatividad de los motivos legales de nulidad no vulnera por sí mismo principios constitucionales; por el contrario con ello se promueve que la actuación esté regida por criterios de racionalidad que garanticen que los procesos lleguen a su culminación y que se desenvuelvan en un marco de seguridad jurídica, preservando de otro lado la posibilidad de que los investigados sean juzgados por su juez natural, tengan pleno acceso al derecho de defensa y puedan solicitar la invalidación del proceso cuando quiera que concurran irregularidades sustanciales que lo afecten.
Al respecto ha señalado que “Las atribuciones del legislador en la materia —la determinación de los motivos de nulidad— contribuyen a la realización jurídica y material del debido proceso y a la seguridad jurídica, en lo atinente al desarrollo de las actuaciones procesales, en cuanto presume, acorde con los principios de legalidad y de buena fe que rigen las actuaciones de las autoridades públicas, la validez de los actos procesales, mientras no se declare su nulidad con arreglo a la invocación de una de las causales específicamente previstas en la ley. De este modo, se evita la proliferación de incidentes de nulidad, sin fundamento alguno, y se contribuye a la tramitación regular y a la celeridad de las actuaciones judiciales, lo cual realiza el postulado del debido proceso, sin dilaciones injustificadas” (59) .
Sin embargo, advierte que la consagración de un principio de taxatividad de los motivos legales de nulidad no puede excluir de manera terminante y absoluta cualquier fundamento distinto para solicitar y obtener la declaratoria correspondiente. La Corte ha señalado, que “además de dichas causales legales de nulidad es viable y puede ser invocada la consagrada en el artículo 29 de la Constitución, según el cual “es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”, esto es, sin la observancia de las formalidades legales esenciales requeridas para la producción de la prueba (...)” (60) .
En el asunto bajo examen observa la Corte que el segmento normativo demandado establece de manera tajante que “no podrá decretarse ninguna nulidad por causal distinta de las señaladas en este capítulo” (énfasis de la Sala). Así mismo advierte que el artículo 98, que forma parte del referido capítulo prevé que constituye causal de nulidad “La violación del derecho de defensa, y la existencia de irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso”. En ese contexto normativo, pudiera entenderse que la nulidad prevista en el inciso segundo del artículo 29 de la Carta, estaría comprendida en cualquiera de las causales legales referidas al recaudo de una prueba sin la observancia de las formalidades legales requeridas para su producción, y al respeto del debido proceso y el derecho de defensa. Sin embargo, destaca la Corte que la utilización en el numeral 6º del artículo 101 de la Ley 1123 de 2007 de la expresión “ninguna” tiene una connotación absoluta y contundente que conlleva la exclusión de la causal constitucional de nulidad.
Teniendo en cuenta que una ley ordinaria no puede, bajo ninguna circunstancia, modificar o suprimir la Constitución Política, procede la Corte a declarar exequible el numeral 6º del artículo 101 de la Ley 1123 de 2007, salvo la expresión “ninguna” que se declara inexequible.
7.2. Que la decisión del legislador (L. 1123/2007, art. 23, par.) de excluir el desistimiento de las causales de extinción de la acción disciplinaria, se encuentra amparada por la cláusula general de competencia que le reconoce el constituyente y no entraña per se vulneración de derecho fundamental alguno. La especial relevancia social que se reconoce al ejercicio de la profesión de abogado, los elevados fines que se le atribuyen, ligados a la búsqueda de un orden justo, al logro de la convivencia pacífica, y a la garantía de acceso del ciudadano a la administración de justicia, son razones que justifican la decisión legislativa de sustraer la acción disciplinaria del poder de disposición de los particulares. Lo cual no obsta para que en un futuro con base en esa misma potestad de configuración, el legislador acoja una opción distinta.
7.3. Que en principio, la potestad discrecional que el artículo 42 de la Ley 1123 de 2007 contempla, en el sentido de autorizar a la autoridad disciplinaria que aplique la multa como sanción autónoma o concurrente con las de suspensión o exclusión de la profesión de abogado, no representa una desmedida atribución, por cuanto está orientada por criterios objetivos que provee el propio legislador. Sin embargo, ante la eventualidad que la disposición legal pueda interpretarse en el sentido que posibilite que las faltas más graves puedan ser sancionadas solamente con multa, lo cual desconocería los principios de razonabilidad y proporcionalita (sic) en la gradualidad de las sanciones, la Corte declarará exequible el referido precepto, en el entendido que la multa solo puede establecerse como sanción autónoma, cuando se trate de faltas disciplinarias que no merezcan la suspensión o exclusión de la profesión.
7.4. Finalmente, estableció que la consagración del principio de taxatividad de las nulidades en el régimen disciplinario de los abogados, no vulnera per se el artículo 29 de la Constitución, pues corresponde a un ejercicio legítimo de la potestad de configuración del legislador disciplinario, que contribuye a dar claridad sobre los motivos que pueden dar lugar a la nulidad. No obstante encontró que la utilización en el numeral 6º del artículo 101 de la Ley 1123 de 2007 de la expresión “ninguna” significaría excluir la causal constitucional consistente en que es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación del debido proceso (art. 29 inc. final), razón por la cual el referido numeral se declara exequible, salvo la expresión “ninguna” que se declara inexequible.
1. Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados, el parágrafo del artículo 23 de la Ley 1123 de 2007.
2. Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados, el inciso segundo del artículo 42 de la Ley 1123 de 2007, en el entendido que solo cabe la sanción de multa autónoma para faltas que no merezcan la sanción de suspensión o exclusión.
3. Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados, el numeral 6º del artículo 101 de la Ley 1123 de 2007, salvo la expresión “ninguna” que se declara inexequible.
(3) La demanda original involucró cargos contra los artículos 23 (par.), 24 (parcial), 42 (inc. 2º), 43 (par.); 69 y 101 numeral 6º y 108, incisos 1º y 3º, de la Ley 1123 de 2007.
(4) La censura quedó reducida a los artículos 23 (par.), 42 (inc. 2º), y 101 numeral 6º.
(5) Se toman para el efecto los criterios establecidos en la Sentencia C-1052 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
(6) “La claridad de la demanda es un requisito indispensable para establecer la conducencia del concepto de la violación, pues aunque “el carácter popular de la acción de inconstitucionalidad, [por regla general], releva al ciudadano que la ejerce de hacer una exposición erudita y técnica sobre las razones de oposición entre la norma que acusa y el estatuto fundamental”, no lo excusa del deber de seguir un hilo conductor en la argumentación que permita al lector comprender el contenido de su demanda y las justificaciones en las que se basa (C-1052/2001).
(7) “Adicionalmente, las razones que respaldan los cargos de inconstitucionalidad sean ciertas significa que la demanda recaiga sobre una proposición jurídica real y existente “y no simplemente [sobre una] deducida por el actor, o implícita” e incluso sobre otras normas vigentes que, en todo caso, no son el objeto concreto de la demanda. Así, el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad supone la confrontación del texto constitucional con una norma legal que tiene un contenido verificable a partir de la interpretación de su propio texto; “esa técnica de control difiere, entonces, de aquella [otra] encaminada a establecer proposiciones inexistentes, que no han sido suministradas por el legislador, para pretender deducir la inconstitucionalidad de las mismas cuando del texto normativo no se desprenden” (C-1052/2001).
(8) “De otra parte, las razones son específicas si definen con claridad la manera como la disposición acusada desconoce o vulnera la Carta Política a través “de la formulación de por lo menos un cargo constitucional concreto contra la norma demandada”. El juicio de constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución Política, resultando inadmisible que se deba resolver sobre su inexequibilidad a partir de argumentos “vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales” que no se relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se acusan. Sin duda, esta omisión de concretar la acusación impide que se desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad (C-1052/2001).
(9) “La pertinencia también es un elemento esencial de las razones que se exponen en la demanda de inconstitucionalidad. Esto quiere decir que el reproche formulado por el peticionario debe ser de naturaleza constitucional, es decir, fundado en la apreciación del contenido de una norma superior que se expone y se enfrenta al precepto demandado. En este orden de ideas, son inaceptables los argumentos que se formulan a partir de consideraciones puramente legales y doctrinarias, o aquellos otros que se limitan a expresar puntos de vista subjetivos en los que “el demandante en realidad no está acusando el contenido de la norma sino que está utilizando la acción pública para resolver un problema particular, como podría ser la indebida aplicación de la disposición en un caso específico”; tampoco prosperarán las acusaciones que fundan el reparo contra la norma demandada en un análisis de conveniencia, calificándola “de inocua, innecesaria, o reiterativa”(9) a partir de una valoración parcial de sus efectos” (C-1052/2001).
(10) “Finalmente, la suficiencia que se predica de las razones de la demanda de inconstitucionalidad guarda relación, en primer lugar, con la exposición de todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto del precepto objeto de reproche; así, por ejemplo, cuando se estime que el trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado ha sido quebrantado, se tendrá que referir de qué procedimiento se trata y en qué consistió su vulneración (D. 2067/91, art. 2º, num. 4º), circunstancia que supone una referencia mínima a los hechos que ilustre a la Corte sobre la fundamentación de tales asertos, así no se aporten todas las pruebas y estas sean tan solo pedidas por el demandante. Por otra parte, la suficiencia del razonamiento apela directamente al alcance persuasivo de la demanda, esto es, a la presentación de argumentos que, aunque no logren prima facie convencer al magistrado de que la norma es contraria a la Constitución, si despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional” (C-1052/2001).
(11) Ver por ejemplo la Sentencia C-1052 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), en la cual, la Corte, al declararse inhibida de pronunciarse acerca de la inconstitucionalidad de algunas normas demandadas, realizó una síntesis de los criterios que ha sentado esta corporación en la materia.
(12) Ver sentencias C-002 de 1993 (M.P. José Gregorio Hernández), C-060 de 1994 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), C-540 de 1993 (M.P. Antonio Barrera Carbonell), C-196 de 1999 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa) y C-393 de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), C-212 de 2007 (Humberto Antonio Sierra Porto).
(13) Sobre los propósitos y la estructura del nuevo Código Disciplinario de los Abogados, se señaló en la exposición de motivos de la Ley 1123 de 2007. “El código está compuesto de tres libros que contienen una parte general, una especial y el procedimiento disciplinario. En la parte general, se ocupa en señalar los principios rectores, las disposiciones generales como la definición de falta disciplinaria, el ámbito de aplicación, los sujetos disciplinables, las formas de realización del comportamiento y las causales de exclusión de responsabilidad. En la parte especial (sic), se postula un amplio y riguroso catálogo de deberes e incompatibilidades rescatando las bondades del Decreto 196 de 1971 (...), catálogo que va de la mano con el régimen de faltas, donde se acude a un sistema cerrado para la codificación de las mismas, introduciendo nuevos comportamientos que no cobija el Decreto 196 de 1971, ya que la complejidad que se suscita de las relaciones profesionales de los abogados, a más de la introducción de figuras como las firmas de abogados, los contratos de prestación de servicios, las asesorías, obligan a que sean consideradas en el código, de modo que no queden en la impunidad (...), al tiempo que se respeta el principio de legalidad. Se establece además un régimen sancionatorio que en respeto a los principios de motivación, proporcionalidad, legalidad y función de la sanción, contempla un extenso elenco de criterios de gradación, incluyéndose la multa como sanción, y estableciéndose el incremento punitivo en aquellas faltas que afecten el patrimonio estatal. En el libro dedicado al procedimiento, se plantea un vuelco total al régimen vigente, donde por virtud de los vacíos hoy existentes en el Decreto 196 de 1971, debe acudirse por remisión al procedimiento penal, ocasionando dilaciones y entrabamientos que dificultan el adecuado ejercicio de la acción disciplinaria y generan incertidumbre frente a los sujetos procesales.
(14) Exposición de motivos ante el Senado de la República; Proyecto 091 de 2005. Gaceta del Congreso Nº 592 de siete (7) de septiembre de dos mil cinco (2005):
“El derecho disciplinario de los abogados no podía estar ajeno a este fenómeno. Por tal razón se pone a consideración un proyecto de Código Disciplinario que busca principalmente ponerse a tono con el actual orden constitucional, postulando cambios radicales en materia sustancial y procedimental, que apuntan hacia un proceso ágil y expedito, regentado por el principio de oralidad, al tiempo que respetuoso de las garantías fundamentales.
(15) Decreto 196 de 1971, “por el cual se dicta el estatuto del ejercicio de la abogacía”. ART. 1º—La abogacía tiene como función social la de colaborar con las autoridades en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país, y en la realización de una recta y cumplida administración de justicia.
(16) ART. 2º—La principal misión del abogado es defender en justicia los derechos de la sociedad y de los particulares. También es misión suya asesorar, patrocinar y asistir a las personas en la ordenación y desenvolvimiento de sus relaciones jurídicas.
(17) Sentencia C-060 de 1994 (M.P. Carlos Gaviria Díaz). Reiterada en la C-393 de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
(18) Ver, principalmente, las sentencias C-540 de 1993 (M.P. Antonio Barrera Carbonell), C-060 de 1994 (M.P. Carlos Gaviria Díaz) y C-196 de 1999 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa).
(19) Ver sentencias C-196 de 1999 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), C-393 de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
(20) Sobre la función social y los riesgos de la profesión de abogado, ver Sentencia C-543 de 1993 (M.P. Antonio Barrera Carbonell).
(21) Constitución Política, artículo 26. Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social.
(22) Constitución Política, artículo 95. (...) Son deberes de la persona y el ciudadano:
(23) Ver, al respecto, las sentencias C-060 de 1994 (M.P. Carlos Gaviria Díaz) y C-212 de 2007 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
(24) Sentencia C-196 de 1999 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa).
(25) En reiterados pronunciamientos esta corporación ha destacado que el competente para establecer el régimen disciplinario es el legislador ordinario y de allí que haya declarado la inexequibilidad de normas disciplinarias contenidas en leyes estatutarias, como lo hizo, por ejemplo, en la Sentencia C-037-96, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, en relación con la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. Tal competencia fue resaltada también en la Sentencia SU-637 de 1996 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), pronunciamiento en el que, entre otras cosas, se precisó que el Código Único Disciplinario se aplicaba también a la Rama Judicial del Poder Público (Nota original de la cita).
(26) Sentencia C-391 de 2002 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
(27) Cfr. Sentencia C-037 de 1996 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa).
(29) Sentencia C-038 de 1995 (M.P. Alejandro Martínez Caballero) y C-013 de 1997 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo).
(30) Cfr. Sentencia C-653 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
(31) Sobre la potestad del legislador para determinar la gravedad de las faltas disciplinarias, Sentencia C-708 de 1999 (M.P. Álvaro Tafur Galvis).
(32) Sentencia C-819 de 2006 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), tomando a su vez referencias de las sentencias C-341 de 1996 (M.P. Antonio Barrera Carbonell), C-430 de 1997 (M.P. Antonio Barrera Carbonell), C-095 de 1998 (M.P. Hernando Herrera Vergara) y C-014 de 2004 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
(33) Cfr. sentencias C-301 de 1999 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra) y C-1490 de 2000 (M.P. Fabio Morón Díaz).
(34) Sentencia C-301 de 1999 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra).
(35) Sentencia C-1490 de 2000 (M.P. Fabio Morón Díaz).
(36) Cfr. Sentencia C-301 de 1999.
(37) Sentencias C-301 de 1999 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra) y C-1490 de 2000 (M.P. Fabio Morón Díaz).
(38) Sentencia C-013 de 1997 (M.P. José Gregorio Hernández).
(39) Sentencia C-329 de 2003 (M.P. Álvaro Tafur Galvis).
(40) Conforme al artículo 41 de la ley consiste en la reprobación pública que se hace al infractor por la falta cometida.
(41) De acuerdo con el artículo 42 es una sanción de carácter pecuniario que no podrá ser inferior a un (1) smmlv ni superior a cien (100) smmlv, dependiendo de la gravedad de la falta, la cual se impondrá en favor del Consejo Superior de la Judicatura el cual organizará programas de capacitación y rehabilitación con entidades acreditadas, pudiendo incluso acudir a los colegios de abogados.
(42) La suspensión consiste en la prohibición de ejercer la profesión por el término señalado en el fallo. Esta sanción oscilará entre dos (2) meses y (3) tres años.
(43) Consiste en la cancelación de la tarjeta profesional y la prohibición para ejercer la abogacía.
(44) En la Sentencia C-037 de 1998, (M.P. Jorge Arango Mejía) la Corte declaró la exequibilidad del numeral 6º del artículo 308 Decreto 2700 de 1991, “Por medio del cual se reforma el Código de Procedimiento Penal”, que establece que no podrá declararse ninguna nulidad distinta a las señaladas en el artículo 304 del Código de Procedimiento Civil. En la Sentencia C-491 de 1995 (M.P. Antonio Barrera Carbonell), la Corte declaró la constitucionalidad del artículo 1º numeral 80 del Decreto 2282 de 1989 “Por el cual se introducen algunas modificaciones al Código de Procedimiento Civil”, que modificó el 140 del Código de Procedimiento Civil, conforme al cual la nulidad del proceso “solamente” podía ser declarada por los motivos expresamente señalados en ese precepto. A la anterior sentencia salvó voto el magistrado José Gregorio Hernández Galindo, para quien la expresión “solamente” debía ser declarada inexequible por virtud de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, que explícitamente contemplaba la cláusula de nulidad de las pruebas ilícitas. Otras sentencias posteriores como la C-217 de 1996 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo) y C-739 de 2001 (M.P. Álvaro Tafur Galvis).
(45) Sentencias C-491 de 1995 y C-037 de 1998.
(46) Sentencia C-491 de 1995 y C-141 de 1998 (M.P. Jorge Arango Mejía).
(47) Sentencias C-491 de 1995 y C-037 de 1998.
(48) El artículo 69 de la Ley 1123 de 2007 establece: Quejas falsas o temerarias. “Las informaciones y quejas falsas o temerarias, referidas a hechos disciplinariamente irrelevantes, de imposible ocurrencia o que sean presentados de manera absolutamente inconcreta o difusa, darán lugar a inhibirse de iniciar actuación alguna.
Advertida la falsedad o temeridad de la queja, el investigador podrá imponer una multa hasta de 180 salarios mínimos legales diarios vigentes. Las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura, en los casos que se advierta la temeridad de la queja, podrán imponer sanción de multa, previa audiencia del quejoso, por medio de resolución motivada contra la cual procede únicamente el recurso de reposición que puede ser interpuesto dentro de los dos días siguientes a su notificación personal o por estado”.
(49) El Código Penal vigente (L. 599/2000) en su título IV contempla un catálogo de penas que incluye las principales (privativa de la libertad, multa y privativas de otros derechos), accesorias y sustitutivas. El Código Disciplinario Único contempla un catálogo de sanciones, algunas autónomas y otras concurrentes como la inhabilidad en el ejercicio de funciones públicas (L. 734/2002, art. 44), vinculadas a unos criterios explícitos de aplicación relacionados con el nivel de gravedad de la falta (gravísima, grave y leve), y con el elemento subjetivo que la acompaña (dolo o culpa).
(50) “Criterios generales: 1. La trascendencia social de la conducta. 2. La modalidad de la conducta. 3. El perjuicio causado. 4. Las modalidades y circunstancias en que se cometió la falta, que se apreciarán teniendo en cuenta el cuidado empleado en su preparación. 5. Los motivos determinantes del comportamiento”.
(51) “Criterios de atenuación: 1. La confesión de la falta antes de la formulación de cargos. En este caso la sanción no podrá ser la exclusión siempre y cuando carezca de antecedentes disciplinarios. 2. Haber procurado, por iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el perjuicio causado. En este caso se sancionará con censura siempre y cuando carezca de antecedentes disciplinarios”.
(52) “Criterios de agravación: 1. La afectación de Derechos Humanos. 2. La afectación de derechos fundamentales. 3. Atribuir la responsabilidad disciplinaria infundadamente a un tercero. 4. La utilización en provecho propio o de un tercero de los dineros, bienes o documentos que hubiere recibido en virtud del encargo encomendado. 5. Cuando la falta se realice con la intervención de varias personas, sean particulares o servidores públicos. 6. Haber sido sancionado disciplinariamente dentro de los 5 años anteriores a la comisión de la conducta que se investiga. 7. Cuando la conducta se realice aprovechando las condiciones de ignorancia, inexperiencia o necesidad del afectado”.
(53) Faltas contra la dignidad de la profesión (art. 30); contra el decoro profesional (art. 31); contra el respeto debido a la administración de justicia y a las autoridades administrativas (art. 32); contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado (art. 33); contra la lealtad con el cliente (art. 34); contra la honradez que debe observar el abogado (art. 35); contra la lealtad y honradez debida a los colegas (art. 36); contra la debida diligencia profesional (art. 37); contra el deber de prevenir litigios y facilitar los mecanismos de solución alternativa de conflictos (art. 38).
(54) Sobre los criterios para emitir un fallo condicionado ha dicho la Corte que “Si la disposición legal admite varias interpretaciones, de las cuales algunas violan la Carta pero otras se adecuan a ella, entonces corresponde a la Corte proferir una constitucionalidad condicionada o sentencia interpretativa que establezca cuáles sentidos de la disposición acusada se mantienen dentro del ordenamiento jurídico y cuáles no son legítimos constitucionalmente. En este caso, la Corte analiza la disposición acusada como una proposición normativa compleja que está integrada por otras proposiciones normativas simples, de las cuales algunas, individualmente, no son admisibles, por lo cual ellas son retiradas del ordenamiento”. Sobre el desarrollo de estas reglas, ver, entre otras, las sentencias C-496 de 1994, C-109 de 1995, C-690 de 1996, C-499 de 1998, C-488 de 2000, C-557 de 2001 y C-128 de 2002.
(55) El artículo 45.2 contempla dentro de los criterios de agravación punitiva “La afectación de derechos humanos” y “la afectación de derechos fundamentales”.
(56) El artículo 101 de la Ley 1123 de 2007 al establecer los principios que orientan la declaratoria de las nulidades y su convalidación, señala: “1. No se declarará la invalidez de un acto cuando cumpla la finalidad para la cual estaba destinado, siempre que no se viole el derecho a la defensa. 2. Quien alegue la nulidad debe demostrar que la irregularidad sustancial afecta garantías de los intervinientes, o desconoce las bases fundamentales de la instrucción y el juzgamiento. 3. No puede invocar la nulidad el interviniente que haya coadyuvado con su conducta a la ejecución del acto irregular, salvo que se trate de la falta de defensa técnica. 4. Los actos irregulares pueden convalidarse por el consentimiento del perjudicado, siempre que se observen las garantías constitucionales. 5. Solo puede decretarse cuando no exista otro medio procesal para subsanar la irregularidad sustancial. 6. No podrá decretarse ninguna nulidad por causal distinta de las señaladas en este capítulo”.
(57) Sentencia C-037 de 1998 (M.P. Jorge Arango Mejía); Sentencia C-491 de 1995 (M.P. Antonio Barrera Carbonell), Sentencia C-217 de 1996 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), y Sentencia C-739 de 2001 (M.P. Álvaro Tafur Galvis).
(58) El artículo 98 de la Ley 1123 de 2007, establece: “Causales. Son causales de nulidad: 1. La falta de competencia; 2. La violación del derecho de defensa del disciplinante; 3. La existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso”.
(59) Sentencia C-491 de 1995 (M.P. Antonio Barrera Carbonell).
(60) Cfr. Sentencia C-401 de 1995 (M.P. Antonio Barrera Carbonell), fórmula que también fue aplicada por la Corte en la Sentencia C-037 de 1998 (M.P. Jorge Arango Mejía).