Source: http://www.migrarconderechos.es/jurisprudenceMastertable/jurisprudencia/K_y_H
Timestamp: 2018-05-21 03:24:01
Document Index: 59775167

Matched Legal Cases: ['Artículo 27', 'artículo 1', 'artículo 12', 'Artículo 28', 'Artículo 28', 'artículo 27', 'artículo 1', 'artículo 12', 'artículo 28']

STJUE (Gran Sala) de 2 de mayo de 2018. Solicitud de derecho residencia y denegación previa de estatuto de refugiado por comisión de delitos contra la paz, contra la humanidad o delito de guerra.
Número de recurso: C-331/16 y C-366/16
STJUE (Gran Sala) de 2 de mayo de 2018. Asuntos acumulados C‑331/16 y C‑366/16. K. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (C‑331/16), entre H.F. y Belgische Staat (C‑366/16). Procedimiento prejudicial. Ciudadanía de la Unión Europea. Derecho de libre circulación y de libre residencia en el territorio de los Estados miembros. Directiva 2004/38/CE. Artículo 27, apartado 2, párrafo segundo. Limitaciones del derecho de entrada y del derecho de residencia por razones de orden público, seguridad pública o salud pública. Expulsión del territorio por razones de orden público o seguridad pública. Conducta que constituye una amenaza real, actual y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad. Persona cuya solicitud de asilo ha sido denegada por motivos comprendidos en el artículo 1, sección F, de la Convención de Ginebra o en el artículo 12, apartado 2, de la Directiva 2011/95/UE. Artículo 28, apartado 1. Artículo 28, apartado 3, letra a). Protección contra la expulsión. Residencia en el Estado miembro de acogida durante los diez años anteriores. Motivos imperiosos de seguridad pública. Concepto. Solicitud de derecho residencia y denegación previa de estatuto de refugiado por comisión de delitos contra la paz, contra la humanidad o delito de guerra.
1) El artículo 27, apartado 2, de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE, debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que a un ciudadano de la Unión Europea, o a un nacional de un tercer país que sea miembro de la familia de dicho ciudadano, que solicita la concesión de un derecho de residencia en el territorio de un Estado miembro se le haya denegado, en el pasado, el estatuto de refugiado con arreglo al artículo 1, sección F, de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951 y completada por el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, hecho en Nueva York el 31 de enero de 1967, o al artículo 12, apartado 2, de la Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida, no permite a las autoridades competentes de ese Estado miembro considerar automáticamente que su mera presencia en dicho territorio constituye, con independencia de que exista o no un riesgo de reincidencia, una amenaza real, actual y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad y que justifique la adopción de medidas de orden público o seguridad pública.
2) El artículo 28, apartado 1, de la Directiva 2004/38 debe interpretarse en el sentido de que, cuando las medidas previstas impliquen la expulsión de la persona afectada del Estado miembro de acogida, este debe tener en cuenta la naturaleza y la gravedad del comportamiento de esa persona, la duración y, en su caso, la legalidad de su residencia en ese Estado miembro, el período transcurrido desde la conducta que se le reprocha, el comportamiento manifestado durante ese período, el grado de su peligrosidad actual para la sociedad y la solidez de los vínculos sociales, culturales y familiares con dicho Estado miembro.
Otras decisiones dictaminadas el mismo día:
Conclusiones 02.05.2018. Protocolo de La Haya de 2007 sobre obligaciones alimenticias y ley aplicable a la demanda del deudor de obligación alimenticia para la reducción del importe de alimentos.