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Timestamp: 2018-05-24 06:11:57
Document Index: 357065680

Matched Legal Cases: ['artículo 1625', 'artículo 1625', 'artículo 949', 'artículo 949', 'artículo 139', 'artículo 1625', 'artículo 50', 'artículo 12', 'artículo 427', 'artículo 396']

No tiene legitimidad para obrar en un proceso de mejor derecho de propiedad quien no celebro el contrato de donación con las formalidades que estima la ley - Actualidad Civil
No tiene legitimidad para obrar en un proceso de mejor derecho de propiedad quien no celebro el contrato de donación con las formalidades que estima la ley
No tiene legitimidad para obrar en un proceso de mejor derecho de propiedad quien no realizo el contrato de donación con las formalidades que la ley regula
CAS. N.º 1961-2015 LIMA
Publicado en Sentencias en Casación, año XXI, N.° 731
(El Peruano 03-07-17, p. 95357)
Código Civil: artículo 1625
José Orlando Chávez Arbildo, por Escritura Pública de fecha veintidós de octubre de dos mil uno dejó sin efecto su pedido de extender la minuta de compraventa definitiva del inmueble, dado a que de la cláusula adicional de donación de fecha once de junio de mil novecientos ochenta y seis, se indicó que dicho acto no habría sido efectuado mediante Escritura Pública, aspecto que quedó corroborado en el proceso de Tercería Excluyente de Dominio, donde se declaró infundada la demanda incoada por el demandante, al considerar que la donación del inmueble no resulta válida y por ende no hubo transferencia de propiedad.
CAS. N.º 1961-2015
Sumilla: Las instancias de mérito no advirtieron que el actor no cuenta con título que acredite su legitimidad para obrar en el proceso por cuanto la donación sobre el inmueble materia de lítis ha sido dejada sin efecto por su donante al no haberse otorgado bajo las formalidades que la ley regula, esto es por Escritura Pública.
LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; Vista la causa número mil novecientos sesenta y uno - dos mil quince, en Audiencia Pública de la fecha y producida la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia.
Se trata del recurso de casación interpuesto por Wilfredo Casiano Vásquez y Nely Casas Guizado contra la sentencia de vista expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, el diez de marzo de dos mil quince, que confirma la apelada que declaró infundada la demanda sobre Mejor Derecho de Propiedad.
II. FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE DECLARÓ PROCEDENTE EL RECURSO
Esta Sala Suprema mediante resolución de fecha veintisiete de agosto de dos mil quince, declaró procedente el recurso de casación por las siguientes causales: a) Infracción normativa por aplicación indebida del artículo 1625 del Código Civil e inaplicación del artículo 949 de dicho Cuerpo Legal; alegan que se ha vulnerado su derecho, por cuanto se ha confirmado la resolución apelada sin haber tenido en cuenta que el inmueble sub litis no lo adquirieron en calidad de donación, sino como una contraprestación pactada, en la que los codemandados se obligaron a transferir el bien inmueble en mérito al contrato privado de locación de servicios, suscrito por los recurrentes con fecha diecinueve de mayo de mil novecientos ochenta y dos, por el cual Wilfredo Casiano Vásquez se comprometió a prestar servicios como mecánico especializado en la empresa de los demandados (SEASA) por el término forzoso de tres años y como retribución a los servicios prestados, ambas partes acordaron adjudicar a favor de los recurrentes un lote de ciento sesenta metros cuadrados en la Urbanización Santa Patricia Manzana “Z”, Lote número siete, Distrito de La Molina. Cumplido dicho período citado y contrariamente a lo pactado, la transferencia del lote de terreno no se realizó a título de liberalidad, sino que fue por el cumplimiento de la condición suspensiva -consistente en que el recurrente preste servicios por tres años consecutivos-; sostiene también que con fechas veinticuatro de enero y once de junio de mil novecientos ochenta y seis José Orlando Chávez Arbildo suscribió dos minutas de reconocimiento de servicios, manifestando que el recurrente le había prestado servicios durante quince años en el taller de mecánica de su propiedad sin problema alguno, motivo por el cual le transfiere el lote de terreno pactado y en mérito a dichos documentos, éste le entregó la posesión a título de propietario, ratificándose el cumplimiento de la condición suspensiva pactada en el contrato de locación de servicios de fecha diecinueve de mayo de mil novecientos ochenta y dos; por lo que la obligación de transferir el inmueble se hizo eficaz; además con fecha dos de octubre de mil novecientos ochenta y siete los recurrentes y los codemandados suscribieron un contrato de mutuo, mediante el cual se les otorgó un préstamo el mismo que fue garantizado con el terreno materia de litis; y, si bien la garantía no se formalizó mediante escritura pública, no es menos cierto que a través de dicho documento los demandados reconocen a los recurrentes como propietarios del terreno, motivo por el cual debió aplicarse los alcances regulados por el artículo 949 del Código Civil; y, b) Infracción normativa del artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Perú, por cuanto debe verificarse la vulneración al debido proceso.
PRIMERO. Corresponde precisar, que se entiende por causal de casación, al motivo que la ley establece para la procedencia del recurso[1], pues éste ha de sustentarse en motivos previamente señalados en la ley; es decir, puede interponerse por infracción de la ley o por quebrantamiento de la forma. Asimismo, debe indicarse que se consideran como motivos de casación por infracción de la ley, la violación en el fallo de leyes que debieron aplicarse al caso, así como la falta de congruencia entre lo decidido y las pretensiones formuladas por las partes y la falta de competencia; mientras que los motivos por quebrantamiento de la forma, aluden a las infracciones en el procedimiento[2]; en tal sentido, si bien todas las causales suponen una violación de la ley, sin embargo, ésta puede darse en la forma o en el fondo; consiguientemente, al haberse declarado procedente el recurso por la denuncia casatoria referente a la causal procesal y material, debe examinarse la primera a fin de verificar si efectivamente se evidencia la existencia de un vicio que amerite la nulidad del fallo adoptado.
SEGUNDO. De la revisión de autos se advierte que Wilfredo Casiano Vásquez pretende se le declare el mejor derecho de propiedad respecto del inmueble ubicado en el Lote número siete, Manzana “Z”, Tercera Etapa de la Urbanización Santa Patricia del Distrito de La Molina y como pretensión accesoria, solicita se declare la nulidad de la (i) minuta de compraventa celebrada con fecha ocho de noviembre de dos mil uno, así como de la escritura pública por medio de la cual la Compañía Constructora Vulcano transfirió la propiedad a José Orlando Chávez Arbildo y a Lidia Mercedes Pereda Otero; y, (ii) el Asiento Registral “c” de la Partida de Independización número 11338174 y Asiento Registral B00100 de la Partida número 11053980; apersonados los demandados y contestada la demanda, el Juzgado del Trigésimo Primer Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, por sentencia de fecha seis de enero de dos mil catorce, declaró infundada la demandada, decisión que al ser impugnada, fue confirmada por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, al considerar que José Orlando Chávez Arbildo, con fecha veinticuatro de enero de mil novecientos ochenta y seis reconoció que el demandante Wilfredo Casiano Vásquez le ha prestado servicios durante quince años, habiendo cobrado sus beneficios sociales conforme a ley; y, que en virtud a la eficiencia y honradez demostrada, le transfiere gratuitamente el terreno sub litis; entrega de terreno que la efectúa como donación (bien que fue otorgado sólo por José Orlando Chávez Arbildo, sin intervención de su cónyuge codemandada), sin pago de precio alguno; asimismo, se concluyó que del documento de fecha once de junio de mil novecientos ochenta y seis, el emplazado –sin la intervención de su esposa- transfirió gratuitamente el citado inmueble a favor del actor; por lo que al constar, dicho acto jurídico en los documentos privados acotados, éstos carecen de eficacia jurídica, en tanto que no han cumplido con la formalidad prevista en el artículo 1625 del Código Sustantivo; esto es, no haberse efectuado por Escritura Pública, bajo sanción de nulidad; a ello, debe agregarse que el codemandado José Orlando Chávez Arbildo conformaba con la actora Lidia Mercedes Pereda Otero de Chávez una sociedad de gananciales desde el dieciocho de setiembre de mil novecientos setenta y uno, fecha en que contrajeron matrimonio, fundamento por el cual cualquier acto de disposición debía ser efectuada por ambos cónyuges y no por uno de ellos; y, si bien, los recurrentes acreditan que levantaron una construcción sobre el predio sub materia, no es menos cierto que tal hecho no acredita la titularidad del bien, por cuanto, el mismo no constituye un modo de adquirir la propiedad sobre el terreno; en todo caso, respecto de tales edificaciones, se deja a salvo el derecho de los recurrentes a efecto de que lo hagan valer en la vía respectiva; además, debe acotarse que si bien, con el documento obrante a fojas dieciséis, pretende demostrarse la existencia de un contrato de locación de servicios, también lo es que dicho acuerdo fue suscrito por la Empresa SEASA, con quien el actor mantenía una relación de prestación de servicios, más no con José Orlando Chávez Arbildo; por lo que considerar que dicho documento ha conferido la condición de propietario resulta desacertado, motivo suficiente para desestimar el agravio en estudio.
TERCERO. Habiendo, declarado procedente el recurso de casación por la infracción normativa procesal en forma excepcional, corresponde a este Supremo Tribunal verificar si la decisión adoptada por la Sala de mérito fue expedida respetando lo dispuesto por el artículo 50 inciso 6 del Código Procesal Civil, concordante con la norma contenida en el artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por cuanto dichos preceptos legales estatuyen que los magistrados tienen la obligación de fundamentar los autos y las sentencias bajo sanción de nulidad, respetando los principios de jerarquía de las normas y de congruencia, a fin de establecer si la nulidad de la pretensión demandada sólo se circunscribe al control de la legalidad y constitucionalidad de la administración pública o a actos jurídicos efectuados entre particulares.
CUARTO. Si bien, es cierto, que el derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva viene a ser el derecho que tiene todo sujeto de derecho, para acceder a un órgano jurisdiccional a fin de solicitar la protección de una situación jurídica que está siendo vulnerada o amenazada a través de un proceso dotado de las mínimas garantías, luego del cual se expedirá una resolución fundada en derecho con posibilidad de ejecución[3]; sin embargo, no es menos cierto que la efectividad de la misma no sólo requiere de técnicas y procedimientos adecuados para la tutela de los derechos fundamentales, sino también, de técnicas procesales idóneas para la efectividad de cualquiera de los derechos.
QUINTO. Siendo el acto inicial de la actividad jurisdiccional, el pedido de tutela jurídica, también lo es que la calificación positiva de la demanda dependerá de si la misma cumple o no con los presupuestos procesales necesarios para la validez de la relación jurídica procesal y de la invocación de las condiciones de la acción requeridas a fin de emitir pronunciamiento sobre la pretensión procesal invocada.
SEXTO. Los presupuestos procesales de fondo son necesarios para que en el proceso el Juez pueda dictar una sentencia de mérito, estimatoria o desestimatoria; es decir resolviendo de manera favorable o desfavorable la pretensión contenida en la demanda; y, su ausencia propiciará una sentencia de forma o inhibitoria[4]; por ello, las mismas se constituyen en necesarias en una relación jurídica procesal, pues ante su ausencia o defecto el Juez se verá de emitir decisión judicial con pronunciamiento válido sobre la pretensión propuesta en la demanda. Asimismo, nuestro ordenamiento procesal prescribe en el artículo 427 inciso 1 del Código Procesal Civil que el Juez de la causa declarará la improcedencia de la demanda cuando el demandante carezca evidentemente de legitimidad para obrar.
SÉTIMO. Para Juan Montero Aroca, la legitimación procesal es la capacidad de ejercicio en el proceso, de los derechos civiles; es decir, es toda actitud que tiene una persona de obrar directamente en un proceso como parte, defendiendo sus derechos. La Legitimidad “ad causam” es la titularidad que tiene la persona respecto del derecho que demanda; es un elemento de procedencia de la pretensión jurídica demandada y en caso de que la demandante carezca de la misma, la acción será evidentemente improcedente[5].
OCTAVO. De la revisión de los autos, es de apreciarse que si bien Wilfredo Casiano Vásquez, en mérito al Contrato Privado de Locación de Servicios de fecha diecinueve de mayo de mil novecientos ochenta y dos, pretende se le declare el mejor derecho de propiedad respecto del inmueble ubicado en la Manzana “Z”, Lote número siete, tercera etapa, Urbanización Santa Patricia del Distrito de La Molina, por cuanto mediante Convenio de Reconocimiento de Servicios y Donación de terrenos, celebrado el veinticuatro de enero y once de junio de mil novecientos ochenta y seis, que SEASA –en reconocimiento a las labores prestadas- le transfirió gratuitamente el lote de terreno sub litis, no es menos cierto que tanto el Juez de la causa como la Sala Superior al emitir pronunciamiento, no observaron que el actor carecía de legitimidad para obrar, toda vez que José Orlando Chávez Arbildo, por Escritura Pública de fecha veintidós de octubre de dos mil uno dejó sin efecto su pedido de extender la minuta de compraventa definitiva del inmueble, dado a que de la cláusula adicional de donación de fecha once de junio de mil novecientos ochenta y seis, se indicó que dicho acto no habría sido efectuado mediante Escritura Pública, aspecto que quedó corroborado en el proceso de Tercería Excluyente de Dominio, donde se declaró infundada la demanda incoada por el demandante, al considerar que la donación del inmueble no resulta válida y por ende no hubo transferencia de propiedad; en este contexto, la sentencia recurrida incurre en causal de nulidad, toda vez que confirma la decisión emitida por el Juez de la causa, sin advertir que la misma ha sido expedida transgrediendo los alcances que regula el debido proceso; razones por las cuales debe declararse fundado el recurso de casación, nula la sentencia de vista y en sede de instancia revocar la apelada y reformando declarar improcedente la demanda, careciendo de objeto emitir pronunciamiento sobre las infracciones invocadas.
Por las consideraciones expuestas y a tenor de lo establecido por el artículo 396 inciso 4 del Código Procesal Civil, declararon: FUNDADO el recurso de casación de fojas trescientos ochenta y uno interpuesto por Wilfredo Casiano Vásquez y Nely Casas Guizado; CASARON la sentencia de vista expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima que confirma la apelada que declaró infundada la demanda y actuando en sede de instancia REVOCARON la apelada que declaró infundada la demanda y reformando, la declararon improcedente; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por Wilfredo Casiano Vásquez y otra con José Orlando Chávez Arbildo y otros, sobre Mejor Derecho de Propiedad; y los devolvieron. Integra esta Sala el Juez Supremo Señor De La Barra Barrera por licencia del Juez Supremo Señor Mendoza Ramírez. Ponente Señora Cabello Matamala, Jueza Suprema.
S.S. ROMERO DÍAZ, CABELLO MATAMALA, MIRANDA MOLINA, YAYA ZUMAETA, DE LA BARRA BARRERA.
[3] Priori Pozada, Giovanni. La Efectiva Tutela Jurisdiccional de las situaciones jurídicas materiales hacia una necesaria reivindicación de los fines del proceso-Revista Jus et veritas. Año XIII.
[4] Hurtado, Reyes, Martín: Fundamentos del Derecho Procesal Civil: Condiciones de la Acción o Presupuestos Procesales de Fondo; Editorial IDEMSA, página 266.
[5] Montero Aroca, Juan; Gómez Colomer, Luis; Montón Redondo, Alberto; Barona Villar, Sílvia: El nuevo proceso civil Editorial “Tirant to Blanch”, Valencia 2000 pag 77. Bibliografía tomada del Libro Fundamentos de Derecho Procesal Civil Dr Hurtado Reyes, Martín.