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Timestamp: 2020-05-25 21:40:22
Document Index: 22251382

Matched Legal Cases: ['artículo 45', 'artículo 19', 'artículo 4', 'artículo 19', 'artículo 23', 'artículo 25', 'artículo 31', 'artículo 10', 'artículo 18', 'artículo 102', 'artículo 134', 'artículo 49', 'artículo 70']

DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 794, de 15/06/2011
Año 2011 IX Legislatura Núm. 794
celebrada el miércoles, 15 de junio de 2011
- Proyecto de ley de adaptación normativa a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. (Número de expediente 121/000103.) ... (Página 2)
- PROYECTO DE LEY DE ADAPTACIÓN NORMATIVA A LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. (Número de expediente 121/000103.)
En primer lugar, la Comisión debe ratificar la ponencia designada para informar el proyecto de ley de adaptación normativa a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. ¿La damos por ratificada? (Asentimiento.) Queda ratificada.
El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar la tramitación con la intervención de los grupos parlamentarios para la defensa de sus enmiendas y valoración de la ley. Vamos a dar unos diez minutos de tiempo por cada uno de los grupos parlamentarios, ya que esta iniciativa se tramita en esta Comisión con competencia legislativa plena. Calculamos que podremos votar a partir de las seis de la tarde. Lo comunicamos para que esté presente el conjunto de los diputados y diputadas.
En primer lugar, por el Grupo Mixto tiene la palabra su portavoz, en este caso doña Rosa Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Intervengo para explicar, en primer lugar, que sobre las once enmiendas que había presentado Unión Progreso y Democracia se nos han ofrecido dos transaccionales sobre las enmiendas 6 y 8, que solicitaban ambas la inclusión de un artículo nuevo. (La señora vicepresidenta, Aburto Baselga, ocupa la Presidencia.) Aceptamos la transaccional que afecta a nuestra enmienda número 8 y rechazamos la que afecta a nuestra enmienda número 6. Mantenemos el resto de las enmiendas y las doy por defendidas.
La señora VICEPRESIDENTA (Aburto Baselga): A continuación daremos la palabra al Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Los señores Llamazares y Tardà van a repartir su tiempo.
En primer lugar, tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Haré una primera parte de la intervención y continuará mi compañero Joan Tardà.
La Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad y su protocolo facultativo fueron aprobados el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de Naciones Unidas con el objetivo de promover, proteger y garantizar el disfrute pleno y por igual del conjunto de derechos humanos por las personas con discapacidad y, de forma especial, en un conjunto de ámbitos fundamentales, como son la accesibilidad, la libertad de movimientos, la salud, la educación, el empleo, la habilitación y rehabilitación, la participación en la vida política, la igualdad y la no discriminación.
España ratificó la convención y su protocolo por instrumento de ratificación publicado en el BOE número 96, de 21 de abril de 2008, y la convención entró en vigor el 3 de mayo de 2008 de forma general y para España, de conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la convención. La convención forma parte ya de nuestro ordenamiento interno y, por tanto, es de obligado cumplimiento. Esta incorporación formal de la convención a nuestro ordenamiento jurídico hacía necesaria la adaptación y modificación de diversas normas para hacer efectivos los derechos que la misma reconocía. Conforman el modelo social que entiende la discapacidad no como un problema únicamente de carácter médico o sanitario sino como un conjunto de condiciones que pueden ser originadas o acentuadas por el propio entorno social. Este proyecto de ley es la respuesta del Gobierno a dicha iniciativa y al informe encargado por el propio ministerio. En realidad, el proyecto de ley, en nuestra opinión, supera lo que sería una simple transacción o traslación de la convención al regular aspectos muy concretos de la protección de las personas con discapacidad. Así todo, no se abordan todas las propuestas del informe aprobado en marzo de 2010; nos referimos a propuestas que implicaban adaptaciones legislativas relativas a reformas de la legislación civil, mercantil y penal y otras en materia de educación, accesibilidad o propiedad horizontal.
Con estos planteamientos, nuestras enmiendas parciales han intentado mejorar el proyecto de ley y consideramos que coinciden en muchos aspectos con enmiendas del resto de los grupos, pareciéndonos sensato el esfuerzo realizado por parte del grupo mayoritario para lograr consensos e incorporar en el texto legal su contenido. La ponencia ha incorporado en sus justos términos o a través de transacciones cinco de las veinticuatro enmiendas registradas por nuestro grupo parlamentario: las enmiendas 49 y 57, de carácter técnico, en sus justos términos; una transacción a nuestra enmienda número 59, relativa al acceso a las plazas de formación sanitaria especializada para mejorar el grado de inclusión en la comunidad de las personas con discapacidad; una transacción a nuestra enmienda número 65, en materia de infracciones y sanciones en el orden social y en relación a la exclusión de subvenciones o ayudas para
quienes incumplan las normas que favorecen a las personas con discapacidad; una transacción a nuestra enmienda número 66, en materia de propiedad horizontal, que facilita las actuaciones y obras de accesibilidad en las comunidades de propietarios.
Sin embargo, del resto de nuestras enmiendas queremos destacar lo siguiente. En primer lugar, nuestra enmienda número 68, relativa a los criterios de accesibilidad al contenido de las páginas de Internet, donde también había enmiendas del Grupo Popular, de Esquerra Republicana, del Grupo Vasco, de Convergència i Unió, que parcialmente reconocía un avance en la accesibilidad para las personas con discapacidad y de edad avanzada a la información proporcionada por medios electrónicos. En segundo lugar, queda pendiente una enmienda que no ha sido aceptada -y parece que no va a serlo- y que nos sigue preocupando, contra la discriminación que dispone esta ley que se extienda a todas las personas con discapacidad, independientemente de que cuenten o no con el reconocimiento oficial de dicha situación. En nuestra opinión es una cuestión importante, porque el grado reconocido de discapacidad solo ha de operar como requisito para acceder a medidas de acción positiva con contenido material o prestacional, pero no para evitar una discriminación. Por tanto, mantenemos nuestra enmienda.
Otras enmiendas que consideramos importantes son las número 50, 51, 52 y 53, que proponen rebajar los límites temporales máximos para que todos los entornos, productos y servicios sean accesibles y no discriminatorios. Las enmiendas números 56, 58, 64, 67 y 69 abordan cuestiones de especial relevancia y hacen referencia a la reserva de vivienda accesible en los proyectos de promoción pública, al cupo de oficinas de farmacia para personas con discapacidad, a la acreditación del cumplimiento de las normas sobre integración social de los trabajadores o a la accesibilidad para personas con discapacidad a las emisiones publicitarias en soporte audiovisual.
Quiero señalar, por último, señorías, las enmiendas número 55, 60, 61, 62 y 63 que hacen referencia a las pruebas selectivas de acceso a las administraciones públicas de personas con discapacidad. Avanzar en estas cuestiones para nosotros significa y ha significado mejorar la adecuación de nuestra legislación a la Convención internacional sobre derechos de las personas con discapacidad. La voluntad de mi grupo es llegar a un acuerdo y, sin perjuicio de que mantengamos nuestra voluntad de incorporar estas enmiendas a las que me he referido con anterioridad, si hay aproximaciones a lo largo de la tramitación en esta Comisión no solamente valoraremos la retirada de las enmiendas que han sido transaccionadas sino también la de otras para que al final la votación sea lo más sencilla posible.
La señora VICEPRESIDENTA (Aburto Baselga): Por el mismo grupo y para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Como tengo que compartir el tiempo con el diputado Gaspar Llamazares, solamente quiero mencionar, en primer lugar, que seis de las enmiendas de Esquerra Republicana, las números 98, 99, 110, 111, 115 y 116, junto con otras de Izquierda Unida y de otros grupos parlamentarios, han conformado una buena parte de las transaccionales que se van a asumir hoy aquí. De ellas, quiero destacar la número 111, que conforma una transaccional que tiene interés, puesto que afecta a la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal. Como ustedes saben, hemos consensuado que sean doce mensualidades ordinarias de gastos comunes a fin y efecto de contribuir a pagar los gastos que pudieran hacerse en una comunidad de vecinos.
Quisiera limitarme a las enmiendas que mantenemos vivas, porque con algunas de ellas a lo largo de la tarde podríamos intentar avanzar, tal como decía el señor Llamazares. De las enmiendas que mantenemos vivas voy a mencionar las números 122 y 123, porque para nosotros son importantes atendiendo a los precedentes, y ustedes lo entenderán perfectamente. Con la aprobación de la Ley 27/2007 se reconocían las lenguas de signos españolas, y los aquí presentes -creo que éramos más o menos los mismos- tuvimos una gran alegría porque superábamos algo que a nuestro entender era imprescindible, es decir, el reconocimiento de las lenguas de signos españolas. Debo decir con gran tristeza que en la última campaña institucional que ha hecho el Ministerio del Interior para explicar a la ciudadanía la necesidad de participar en las elecciones municipales y autonómicas -donde las ha habido- y cómo hacerlo, todo se hizo con el único soporte de una de las dos lenguas de signos españolas. En el año 2011 estamos igual que antes de la ley, cuando celebramos que ya no volvería a suceder, es decir, que ya no se utilizaría solamente una de las lenguas de signos. Como quiera que esto es tan evidente y tan reciente, creo que valdría la pena modificar esta ley solamente para que quedara garantizado que los poderes públicos utilizarán en las campañas institucionales las dos lenguas, tal como mandata la ley. Creo que valdría la pena que hiciéramos un esfuerzo, atendiendo, repito, al hecho de que somos los mismos que trabajamos y celebramos aquella ley en el año 2007. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Quisiera llamar la atención sobre las enmiendas 118 y 119. Con ellas perseguimos que aquellas personas discapacitadas que con posterioridad a su contratación en un centro especial de trabajo vieran agravadas sus patologías, vean mejorada su capacidad de acceder a las prestaciones por incapacidad; lo mismo aquellas personas empleadas en este tipo de centros afectados por planes de reestructuración o regulaciones de empleo, incluso que puedan acceder a la jubilación anticipada. Atendiendo al hecho de que estamos inmersos en este gran debate, no iría mal que esta ley hiciera un guiño -si me permiten la expresión- a la resolución de este gran problema, puesto que si la crisis económica afecta a los centros de trabajo normales, imagínense lo que significa la situación de los centros especiales de trabajo.
Les pido mucha atención para la enmienda 114 de Esquerra. Perseguimos que se exija al empresario -creo que lo que voy a decir cae por su propio peso- que
pretenda acceder -atención, que pretenda acceder- a un contrato en el sector público que acredite que cumple la ley, que cumple con la obligación de contar con un 2 por ciento de trabajadores con discapacidad. Esto es un agravio para los que sí la cumplen, por eso pedimos que, como mínimo, sea un requisito y si no quieren llegar tan lejos -creo que no deberíamos tener complejos en ese sentido-, que sea un plus que exista una acreditación de que es un empresario que busca la excelencia, el compromiso social y que cumple. Creo que valdría la pena buscar una transaccional para esta cuestión.
Las enmiendas 103, 104, 105 y 106 afectan a la Ley del Estatuto básico del empleado público. No tengo tiempo para explicar cada una de ellas, pero ya pueden imaginar lo que persiguen, que no es otra cosa que mejorar los requisitos o incluso suprimir aquellos innecesarios para las personas con discapacidad sensorial o para aquellas personas que necesitan una mayor capacidad de adaptación al puesto de trabajo, lo cual significa también mayor capacidad por parte de la Administración para adecuar este mismo puesto de trabajo.
Finalmente, la número 109, para incrementar la reserva de un mínimo del 6 por ciento de viviendas accesibles con destino a personas con discapacidad en los proyectos de viviendas de protección social. Queda una enmienda que hacía referencia a aquellas dos que les he comentado que solicitaban modificar la Ley del 2007, por la que se reconocían las distintas lenguas de signos, y que tiene que ver con la necesidad de modificar la Ley 34/1988, General de Publicidad, para incorporar una disposición adicional que deje claro que aquellas emisiones que contengan medidas de accesibilidad cumplan con todos aquellos requisitos legislados, a fin y efecto de hacer posible esta armonización entre la función y la necesidad.
Entiendo que algunas de estas enmiendas no pueden ser asumidas, lo entiendo, pero hay dos o tres, repito, dos o tres con cuyo texto podríamos dar un pequeño paso hacia delante al finalizar la tarde. No niego -porque don Gaspar Llamazares ya ha valorado algunos de los logros alcanzados con esta ley y luego vendrán los distintos grupos parlamentarios y harán lo mismo- que estamos satisfechos con la ley, pero si pudiéramos alcanzar un acuerdo antes de finalizar la sesión en dos o tres puntos más susceptibles de avanzar, podríamos estar incluso un poquito más satisfechos de lo que ya lo estamos.
El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra el Grupo Parlamentario Vasco, señor Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: En primer lugar, como preámbulo de mi intervención, me gustaría señalar un par de cuestiones importantes. A la hora de establecer una dinámica de trabajo, los que hemos participado en la ponencia de la adaptación normativa de la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, mostramos ya desde un principio una voluntad de que casi todos, digamos todos, estábamos de acuerdo con los principales objetivos que nos marcábamos en común. Por otra parte también es de agradecer la participación y las indicaciones que las asociaciones que se dedican a atender, tratar, vivir y ayudar a las personas con discapacidad han hecho a los diferentes ponentes de todos los partidos, sus sugerencias, indicaciones y propuestas. Al fin y al cabo las personas más directamente afectadas por lo que pudiera ser la ley que surja creo que tienen algo o bastante que decir en torno a este tema, porque son las que viven directamente la problemática y aquello que legislemos nosotros les va a afectar directamente.
Dicho esto en nombre de mi grupo, el Grupo Vasco presentó diecisiete enmiendas a este proyecto. La ponencia aceptó tal cual, en sus propios términos, una de ellas; otras siete han sido transaccionadas con otras diferentes enmiendas presentadas por otros grupos y nueve han quedado, por ahora, a las cinco de la tarde, vivas. Es decir, que no han sido aceptadas por la ponencia ni han sido propuestas para ser transaccionadas. Alguien podría decir que el resultante o el dibujo es positivo, creo que más bien de la raya a la izquierda tiene más en negativo que en positivo, es decir, quedaría un 9-8 más o menos, sobre todo, viendo que los planteamientos hechos por mi grupo en lo referente a las no aceptadas son cuestiones bastante lógicas y que no solamente han sido presentadas por mi grupo, sino que otros también lo han hecho.
Haciendo una breve valoración, tengo que decir que mi grupo acepta siete transacciones que ha ofrecido el Grupo Socialista. De las ocho que ha ofrecido como transaccionadas las números 71, 72 73, 75 -por supuesto, porque ha sido aceptada por la ponencia en sus términos-, 79, 84, 85 y 86, mi grupo acepta la transacción y participa de ella. Por tanto, decaerían las enmiendas correspondientes. Repito, se acepta la transacción que ofrece el Grupo Socialista.
En cuanto a las enmiendas número 80 y 87 estamos esperando llegar a un acuerdo durante la sesión de esta Comisión. En el caso de la número 80, sobre todo, porque es una enmienda en la que todos andamos moviéndonos y creo que nuestro objetivo es llegar a un acuerdo en este término.
Respecto a la enmienda número 87, en la ponencia me han comentado que si retiro la mía, aceptando otra que es de Convergència i Unió, redactada en los mismos términos, estaría incorporada. Vamos a esperar un poquito hasta la hora de la votación, porque en un principio sigo pensando que el texto planteado por mi grupo, que decía que las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus competencias, en el plazo de un año desde la promulgación de esta ley procederán a las adaptaciones normativas.
Consideramos que la adaptación de la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad no corresponde exclusivamente a la Administración General del Estado -aunque sí corresponde a esta- sino también a las administraciones autonómicas en el ejercicio de sus competencias. Por tanto, tendríamos que ver si llegamos a algún acuerdo.
Por último, sobre las que mantenemos vivas quiero decir que en principio mi grupo no tendrá problemas en someterlas a votación, independientemente de que sabemos que seguramente no contarán con las mayorías
necesarias para salir adelante, pero es de derecho y oportuno seguir manteniendo el criterio; quizá durante la Comisión y en la hora u hora y media que nos resta de aquí a la votación puede que alguna decaiga. En el caso de la número 74 proponíamos rebajar los límites temporales máximos fijados en la Ley 51/2003, que decía que todos los entornos, productos y servicios tendrían que ser accesibles y no discriminatorios. En el momento de la aprobación de la ley, en el año 2003, se concedieron plazos muy dilatados, incluso hasta diecisiete años, es decir, hasta el año 2020. Nosotros planteábamos plazos de doce, catorce o diez años, andábamos entre estos términos y no en los que se planteaban en la ley.
Con respecto a las enmiendas que quedan vivas, las números 76, 77, 78, 81, 82 y 83, la justificación central de estas enmiendas es la misma. Se regulan diversas cuestiones de especial relevancia, demandadas por las personas con discapacidad y sus familias a través de sus organizaciones representativas, que mejoran, a nuestro entender, el grado de inclusión en la comunidad de la ciudadanía con discapacidad. Todo ello en el sentido del artículo 19 de la convención que consagra el derecho a ser incluido en la comunidad. Podemos entender de diferente manera la inclusión o la exclusión, es decir, los grados de exclusión o los grados de no inclusión, por no utilizar el término exclusión, que seguramente ninguno de los que estamos aquí estamos por la exclusión, evidentemente.
La cuestión son los límites, grados o términos que entendemos como inclusión total. Para ello hay diferencias, divergencias, incluso problemas por parte de la ponencia para asumir ciertas cuestiones que al final tienen relación directa con la economía, porque quizás compartimos los criterios teóricos, pero cuando eso se objetiviza en términos económicos puros y duros el problema no es tanto de teoría, sino de la capacidad que en estos momentos tiene el Gobierno para atender a esas demandas.
Dicho esto, mantengo por ahora vivas las enmiendas que he señalado. Por otro lado, tengo que decir que sí que estamos satisfechos por los grados de acuerdo que ha habido en las transaccionales ofrecidas, porque creo que, independientemente de todo, no ha habido beligerancia en todos los demás términos. Espero que esta ley resulte principalmente beneficiosa para las personas con discapacidad, que bastantes problemas tienen de por sí, porque lo que no podemos hacer son leyes que no beneficien a aquellas personas que tengan estos problemas.
El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió la señora Tarruella.
La señora TARRUELLA TOMÁS: Señorías, llegado este momento de adaptar una serie de leyes a lo que pide la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, nuestro grupo en su conjunto se encuentra muy satisfecho de cómo está quedando esta ley. En parte es una ley importante, es una ley necesaria. En nombre de nuestro grupo también quiero hacer llegar mi gratitud a todas las asociaciones que agrupan a las personas con discapacidad, y al Cermi, que es quien las representa, por las sugerencias que nos han hecho llegar, enmiendas y, sobre todo, por la ayuda y el apoyo para que podamos intentar resolver, en todo lo que esté en nuestra mano, los problemas y hacer valer los derechos de todas las personas con algún tipo de discapacidad, para que realmente entre todos ayudemos a eliminar todas esas barreras.
Mi grupo parlamentario ha presentado una serie de enmiendas, no demasiadas, relativas a los puntos que para nosotros son importantes. Nos habría gustado modificar muchísimas más leyes, pero somos conscientes de que el momento económico por el que estamos pasando no es el adecuado.
Como no se pueden hacer todas de una vez, nos hemos centrado en algunas que el propio sector nos ha hecho llegar, porque si bien todas son importantes, algunas son prioritarias. De las enmiendas que hemos presentado dos han sido aceptadas directamente. El resto, excepto dos, han sido transaccionadas y hay dos que no se han aceptado hasta el momento, e intentaremos convencerlos de aquí a la hora de la votación por si podemos conseguir algo, que son las números 93 y 95.
Quiero destacar aquí algunas de las enmiendas que habían sido presentadas por nuestro grupo parlamentario, aunque algún grupo más también había recogido estas enmiendas, si bien había a veces una diferencia en los meses de plazo, relativas a la modificación de la Ley de la Propiedad Horizontal. En la actual ley se puede exigir la modificación para hacer las adaptaciones necesarias en una comunidad de propietarios con tres mensualidades. Nos parecía -y además todo el sector nos lo ha hecho llegar- que esto era sumamente insuficiente. Habíamos sido mucho más ambiciosos y nuestra enmienda pedía dieciocho mensualidades. Como hemos visto que, además -lo he dicho al principio-, también influyen las condiciones económicas de algunas de las familias que viven en estos edificios, que normalmente son gente mayor, hemos llegado a un acuerdo, a una enmienda transaccional con el Grupo Socialista -y creo que también recoge alguna del Grupo Popular-, para elevar el tope que hay en la ley actual de tres a doce mensualidades ordinarias de gastos comunes. Nuestro grupo se siente satisfecho de haber podido elevar este tope. Si una unidad familiar perteneciente a una comunidad de propietarios tuviera ingresos anuales inferiores a 2,5 veces el indicador público de renta de efectos múltiples, el Iprem, exceptuando las subvenciones o ayudas a las que esta unidad familiar pueda tener acceso, y el coste anual de las obras privativas en los elementos comunes superara el 33 por ciento de sus ingresos, solicitamos que no le afecte esta obligatoriedad de las doce mensualidades. Esperamos que hoy en día no sean muchos los casos, que no haya ya demasiadas familias a las que esto les afecte porque hayan mejorado sus condiciones de vida. Pero vuelvo a repetir que creemos que esto facilitará mucho la adaptación en las comunidades de vecinos en las que haya personas que vivan, que presten sus servicios o que tengan dificultades de movilidad.
Hay dos enmiendas que mantenemos vivas y a las que quiero hacer mención porque creo que son importantes. Quiero hacer reflexionar al grupo mayoritario, que da
soporte al Gobierno, y también pedir la ayuda del resto de los grupos de la Cámara. Algunas de estas enmiendas son comunes. Por ejemplo, la enmienda número 93 de nuestro grupo parlamentario va en la misma línea que una del Grupo Vasco y otra del Grupo Popular. Nuestra enmienda propone modificar la Ley de Contratos del Sector Público para incluir la obligación de los empresarios que vayan a un concurso público de cumplir con el 2 por ciento de reserva de trabajadores o las medidas alternativas correspondientes. Nuestro grupo estaba dispuesto -y así se lo hemos ofrecido al Grupo Socialista- a cambiar obligatorio por prioridad, esto es, que en los contratos del sector público tengan prioridad las empresas que cumplan con una ley vigente. Es una ley que tenemos aquí, es una obligación que tienen las empresas de dar empleo al 2 por ciento de personas con discapacidad o cumplir con medidas alternativas. Sin embargo, cuando pedimos que esta exigencia que está en la ley se traslade a la Ley de Contratos del Estado, nos encontramos con que nos dicen que hay dificultades y se nos argumenta que estas dificultades pueden venir de directivas europeas. Este mediodía, en muy poco tiempo, he mirado algunas directivas europeas en las que se recogía esto. No soy jurista, otros sabrán mucho más que yo, pero he encontrado una directiva europea, la 2000/78, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, que habla de las personas con discapacidad e incluso dice que en los contratos se podría hacer una discriminación positiva. Esto sería posible. Si en nuestras leyes estatales existe la obligación de que las empresas con cierto número de trabajadores cumplan con ese 2 por ciento, a las empresas que van a contratos públicos se les debe exigir también ese 2 por ciento. Mantenemos viva esta enmienda. La defenderemos y esperamos que prospere. En caso contrario, ya anuncio que en el Senado volveremos a incidir sobre ella.
La última enmienda que mantenemos viva es la número 95, en la que pedimos a la Administración General del Estado que disponga de manera permanente ayudas para las comunidades de propietarios que tengan que cumplir con la Ley de Propiedad Horizontal. Ya sé que en estos momentos las competencias las tienen las comunidades autónomas y los ayuntamientos, pero esta es una ley estatal, que obliga a todo el Estado, y por tanto el Estado tiene que ayudar a algunos ayuntamientos, que no podrían hacerlo, y a algunas comunidades autónomas, porque son muy irregulares y no todas están en las mismas condiciones, a cumplir parte de los compromisos económicos que establece esta ley. Si hay que hacer modificaciones en comunidades de propietarios y hay que ayudar a esos arreglos con subvenciones, la Administración General del Estado debe colaborar también. Por eso nuestro grupo mantiene viva esta enmienda.
Por lo demás, quiero agradecer el clima de diálogo que ha existido con todos los ponentes de la ley, pero de manera especial con los del Grupo Socialista. Hemos mantenido muchos contactos y muchas discusiones y hemos llegado a muchas transacciones con ellos y por eso quiero agradecerles su voluntad, su disposición y su talante continuamente abierto al diálogo.
Esperemos que de aquí a la hora de la votación estas enmiendas que nos quedan vivas puedan ser apoyadas por el resto de los grupos.
El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Vañó.
El señor VAÑÓ FERRE: Nos alegramos de que por fin se vea el compromiso que adquirió esta Cámara con la Convención de Naciones Unidas en favor de las personas con discapacidad y que se plasme ya en la transposición a nuestro ordenamiento jurídico, aunque hemos de ser sinceros y decir que podía haber sido más ambicioso. De hecho, nosotros presentamos una primera enmienda a la totalidad, porque veíamos que solamente se estaban modificando once leyes, cuando desde nuestro punto de vista había veintidós leyes que había que modificar para adaptar nuestro ordenamiento jurídico a la Convención de Naciones Unidas en favor de las personas con discapacidad. En cualquier caso y en aras del consenso, que es lo que siempre ha imperado en nuestro grupo en los temas de discapacidad, hemos procurado, después de muchas negociaciones con todos los grupos, fundamentalmente con el proponente, llegar a acuerdos para tratar de mejorar el texto que ha enviado el Gobierno. Hemos transaccionado en bastantes enmiendas, hemos retirado otras y hemos mantenido algunas vivas porque nos parecían imprescindibles y de justicia, porque después de hablar con el sector y los representantes del colectivo de los discapacitados hemos visto que había muchas lagunas, incluso el informe del Consejo Económico y Social dejaba patente que había insuficiencia en el tratamiento de asuntos como la accesibilidad y la enseñanza. En todo caso, estamos por la labor de todo aquello que signifique avanzar.
Como resumen, he de decir que, de las enmiendas presentadas, hemos transaccionado trece, hemos retirado catorce y mantenemos vivas nueve, porque nos parecen de importancia. Se nos hace muy difícil no llegar a acuerdos en estas enmiendas y mantenerlas vivas, pero consideramos que afectan a asuntos importantes de la discapacidad.
En primer lugar, quiero citar la enmienda número 15, que se refiere al artículo 4, en la que pedíamos coherencia con los compromisos programáticos en cuanto a plazos de accesibilidad. Una de las propuestas que llevaba el Partido Socialista en su programa electoral era el acortamiento de los plazos. Simplemente pedimos coherencia, primero, porque es necesaria para el colectivo de la discapacidad y, segundo, porque es un compromiso del Gobierno.
En segundo lugar, mantenemos viva la enmienda número 23, que se refiere al artículo 19, sobre la distribución de las cantidades de los abintestatos, que consideramos que es importante a efectos de la financiación del sector.
Hay otra enmienda sobre la Ley de Carreteras. Nos parece de justicia que, mientras no haya transportes
públicos alternativos, se exima del pago del peaje a las personas con discapacidad, concretamente a las personas con movilidad reducida que tengan la necesidad de utilizar su vehículo particular para desplazarse.
En cuanto a la enmienda número 27, que se refiere al artículo 23, coincidimos con Convergència y con Esquerra Republicana. Pretendemos simplemente cambiar obligatoriedad por preferencia en cuanto a la contratación. Se trata de que tengan preferencia los que cumplen. Si no que sea obligatorio, para no eximir a nadie, por lo menos que tengan preferencia. Nos parecía de justicia mantenerla.
Nuestra enmienda número 29, al artículo 25, se refiere a una de las situaciones más lacerantes, que es la del empleo de personas con discapacidad. Para fomentarlo, proponemos que en los contratos públicos se reserve un 5 por ciento para las empresas que sean centros especiales de empleo.
Hay otra enmienda que es interesante resaltar y de la que quiero dejar constancia. Se trata de nuestra enmienda número 33, que propone establecer un 6 por ciento de viviendas adaptadas dentro de las viviendas de protección oficial.
En cuanto a empleo, hay otra cosa que nos parecía interesante y sobre la que deberíamos reflexionar. Nuestra enmienda número 34, que se refiere al artículo 31, trata de evitar que se pierda la bonificación al pasar de temporales a indefinidos los contratos de las personas con discapacidad.
Puede ser una manera de mantener el entusiasmo de los empresarios a la hora de contratar a las personas con discapacidad.
Nuestra enmienda número 37 se refiere a las personas con coeficiente intelectual límite, que sin llegar a ser personas con discapacidad están en terreno de nadie y tienen dificultades de homologación con el resto de la sociedad. Consideramos que necesitan apoyo, que necesitan una discriminación positiva y por ello pretendíamos que tuvieran un régimen sociolaboral equivalente al de las personas con discapacidad. Por eso mantenemos esta enmienda viva.
En cualquier caso, he de insistir en que hemos negociado y, en aras de la eficacia, de la prontitud y de que este proyecto salga adelante, hemos renunciado a muchas de nuestras solicitudes que considerábamos justas para mejorar la situación de las personas con discapacidad. Lo hemos hecho siempre en aras de seguir avanzando aunque sea en pequeños espacios, pero ya que en el año 2008 todos nos apresuramos a aprobar la aceptación de la Convención de Naciones Unidas en favor de las personas con discapacidad, deberíamos haber sido coherentes y, ya que nos hemos puesto, deberíamos haberlo hecho en toda su extensión. En cualquier caso, como parece que los acuerdos, después de las negociaciones, son bastante concretos, vamos a mantener esas enmiendas vivas en espera de lo que pase a la hora de la votación.
El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Medina. Antes de su intervención, quiero pedirles que vayan proponiendo a la Mesa aquellas separaciones de voto que consideren oportunas para que podamos ordenar la votación final.
Señora Medina, tiene la palabra.
La señora MEDINA TEVA: Efectivamente, el pasado 3 de diciembre, coincidiendo con el Día internacional de las personas con discapacidad, se aprobó en reunión de Consejo de Ministros el proyecto de ley de adaptación normativa a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Es un proyecto de ley que venía avalado por el informe que presentó el grupo de trabajo interministerial, que se creó el 10 de julio de 2009 mediante Consejo de Ministros y cuya labor fundamental era estudiar desde la órbita de cada uno de los ministerios cuáles eran los aspectos fundamentales que se tenían que regular para adaptar nuestra legislación a la convención. El informe de ese grupo de trabajo fue aprobado y presentado al Consejo de Ministros del día 30 marzo del pasado año, analizando la situación y haciendo propuestas concretas de cambios legislativos que tendríamos que desarrollar, modificaciones de leyes en materia de sanidad, discapacidad, empleo, igualdad de oportunidades, protección civil, cooperación internacional y seguros. Quiero resaltar que todas estas modificaciones fueron respaldadas por el Consejo Nacional de la Discapacidad, que representa a las organizaciones de personas con discapacidad y sus familias.
Hago esta breve introducción porque es bueno saber de dónde partíamos, dónde nos encontramos hoy y adónde nos han llevado este proyecto de ley y la aprobación por parte de la ONU de la Convención de las personas con discapacidad. En primer lugar, si algo ha caracterizado el trabajo desarrollado por la ponencia ha sido sin duda ninguna el alto grado de compromiso demostrado por todos los grupos parlamentarios, su interés por mejorar la ley y su voluntad de alcanzar acuerdos. Todo esto se ha materializado, como han expuesto los diferentes portavoces de los grupos, en la incorporación de una serie de enmiendas transaccionales. Antes de entrar a comentar las modificaciones introducidas en el informe de la ponencia, así como otras que se han negociado con posterioridad, quiero agradecer el esfuerzo desplegado por todos los ponentes y también por los compañeros de ponencia de mi grupo parlamentario.
De las mejoras introducidas en el informe de la ponencia, destacaré, en primer lugar, algunas modificaciones que se han realizado en la Ley 51/2003, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Se ha ampliado su ámbito de aplicación al añadir a la relación existente la Administración de Justicia y el patrimonio cultural, a través de la incorporación de una enmienda transaccional basada en la 72 del Grupo Vasco y en la 98 de Izquierda Unida. Entre los aspectos sobre los que se actuará con medidas concretas para prevenir o suprimir discriminaciones y para compensar desventajas o dificultades se incluyen, mediante la aceptación de una enmienda de Convergència i Unió, los sistemas de comunicación
táctil, fundamentales para el colectivo de personas con sordoceguera. Se mejora también la redacción del nuevo artículo 10.bis, que regula la igualdad de trato en el acceso a bienes y servicios; una enmienda Esquerra Republicana-Izquierda Unida. Finalmente se trabajó en texto que avanzara en el concepto legal de persona con discapacidad, que no llegó a incorporarse al informe de ponencia pero que quizás en esta fase de Comisión pueda ser aprobado.
Gracias a la incorporación de una enmienda transaccional a las números 8 de UPyD, 30 del Grupo Popular, 65 y 115 de Esquerra Republicana e Izquierda Unida y 84 del Grupo Vasco, se introducen modificaciones al régimen de infracciones y sanciones de la Liondau y a la Ley sobre infracciones y sanciones del orden social, encaminadas a endurecer las sanciones a la empresa incumplidora. En este sentido, se añaden como sanciones accesorias la imposibilidad de otorgamiento de ayudas oficiales o la pérdida de aquellas que tuvieran concedidas.
Mediante el texto transaccional a otras tantas enmiendas, la 17 del Grupo Popular, la 57 de Esquerra y la 75 del Grupo Vasco, se añade un nuevo párrafo al artículo 18 de la Ley General de Sanidad, que incide en la importancia de la detección precoz de las discapacidades. Otra transaccional a tener en cuenta, que incluye las enmiendas 59 y 110 de Izquierda Unida y Esquerra y 79, del Grupo Vasco, nos ha permitido avanzar en materia de reserva a personas con discapacidad de plazas de formación sanitaria especializada, mediante una modificación de la Ley de ordenación de las profesiones sanitarias. Con la incorporación de la enmienda 96 de Convergència i Unió y la incorporación a ella de la enmienda 87 del Grupo Vasco, se incide en las garantías que merece el reparto de competencias establecido por la Constitución en las comunidades autónomas. Con la número 124 de mi grupo se establece un sistema de suministro de información de las comunidades autónomas al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
He querido dejar para el último lugar el comentario acerca de la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, porque somos conscientes de la importancia que tiene esta cuestión para el sector de la discapacidad y para todos los grupos parlamentarios, como han demostrado mediante la presentación de numerosas enmiendas. Este es un terreno en el que debemos avanzar, pero debemos hacerlo midiendo muy bien los pasos.
Todos estamos de acuerdo en que hay que facilitar la instalación de elementos, fundamentalmente ascensores, en aquellas comunidades de vecinos en las que vivan, trabajen o presten sus servicios altruistas o voluntarios personas con discapacidad, pues lo contrario supondría condenar a muchas personas a vivir prácticamente encerrados en sus hogares. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de que en la actualidad hay familias que no pueden hacer frente a su hipoteca o simplemente a sus cuotas de comunidad y, señorías, estamos obligados a valorar esa circunstancia. Por ello, en la negociación de ponencia se ha alcanzado el acuerdo de modificar la norma que obliga a las comunidades a realizar las obras de accesibilidad, ampliando el límite máximo de su coste de tres mensualidades ordinarias de gastos comunes, primero hasta ocho y luego hasta doce mensualidades. Una vez dado este paso los grupos hemos seguido trabajando.
Otras enmiendas transaccionales en fase de Comisión se refieren a la accesibilidad para las personas con discapacidad y de edad avanzada a la información proporcionada por medios electrónicos. Es una enmienda transaccional a las enmiendas 35 del Grupo Popular, 68 de Izquierda Unida, 85 del Grupo Vasco, 94 de Convergència i Unió, y 116 de Esquerra.
La modificación de la Ley 39/2007 de la carrera militar, es una enmienda transaccional a las enmiendas 9 de UPyD, 36 del Grupo Popular, y 86 del Grupo Vasco. La remisión de informes sobre balances e indicadores de evolución del grado de accesibilidad y de inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad es una enmienda transaccional a las enmiendas 38 y 39 del Grupo Popular, y el análisis de impacto normativo se ha introducido a través de una enmienda transaccional a la enmienda 40 del Grupo Popular.
Me van a permitir que ahora me detenga en dos asuntos que son fundamentales. Comprendo que a todos nos gustaría incluir muchas más cosas, aunque el texto es muy digno e incluye modificaciones muy sustanciales de varias leyes. Quería llamar su atención sobre las enmiendas que se refieren a los contratos. Digo llamar su atención porque la Ley de Contratos del sector Público, que se aprobó en esta Cámara con bastante consenso por parte de los grupos parlamentarios, asumió como objetivo llegar a las máximas posibilidades de introducir elementos sociales en la contratación pública, con el único límite de no exceder la regulación de la Directiva 2004/18 en particular y, por orden de importancia, los preceptos más relevantes de la ley que les quiero señalar aquí para que vean que de alguna manera muchas de las cosas que en este momento se proponen ya están y que en ningún momento están huérfanos de ley que los arrope y los acompañe. Por ejemplo, en la Ley de Contratos del Sector Público -vuelvo a repetir-, el artículo 102 dice: Permite con una gran amplitud establecer condiciones especiales de ejecución del contrato, promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral. Este precepto debe ponerse en conexión con el 196.1, que prevé el establecimiento de penalidades en el caso de incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución, y con el 206, que permite resolver el contrato por incumplimiento de estas condiciones. El artículo 134 establece un criterio de valoración de las ofertas y permite que en determinados supuestos se valoren las proposiciones teniendo en cuenta especificaciones directamente vinculadas al objeto del contrato propias de las categorías de la población especialmente desfavorecidos. En su disposición adicional séptima permite reservar la participación en los procedimientos de adjudicación de contratos a centros especiales de empleo o reservar su ejecución en el marco de programas de empleo protegido. En la disposición adicional sexta habla de la contratación con empresas que tengan en su plantilla personas con
discapacidad o en situación de exclusión social y con entidades sin ánimo de lucro, permitiendo establecer preferencias en caso de igualdad en las ofertas a favor de estas utilidades. Por último, en el artículo 49, en las prohibiciones de contratar, se habla de que las empresas sancionadas por infracción grave en materia de integración laboral y de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad tienen prohibido contratar con el sector público. Por tanto, señorías, esta ley merece que le demos una pensada y que valoremos exactamente lo que acabo de resaltar de la Ley de Contratos del Sector Público, porque estamos en los máximos que se nos permiten a la hora de introducir elementos sociales en la contratación pública.
Aparte de esto, se hablaba también -y con esto termino, señor presidente- de las enmiendas que correspondían a asegurar el acceso de las personas con discapacidad a programas de vivienda pública. Tengo que decirles que ya existe garantía en nuestro ordenamiento jurídico. Concretamente, en el propio texto de la convención no se habla de ningún tipo de reserva de vivienda protegida para las personas con discapacidad. Aun así la reserva del 3 por ciento que contempla la Ley de integración social de los minusválidos del año 1982 es suficiente para cubrir la demanda y dar satisfacción a los derechos contemplados por la ley, porque es cierto que a día de hoy las comunidades autónomas, que son las administraciones responsables de los registros de demandantes de vivienda protegida, no han aumentado la cuota de reserva, no hay una petición de aumento de la cuota de reservas para personas con discapacidad. Por otro lado, en el Plan estatal de vivienda y rehabilitación 2009-2012 se les proporciona un acceso prioritario al conjunto de vivienda protegida más allá de esa reserva del 3 por ciento.
Termino, señorías, agradeciendo su disposición en el desarrollo de la ley.
Tengo que agradecerles también el trabajo que se ha llevado a cabo, su disposición y su interés y espero que en estas enmiendas que todavía quedan vivas podamos llegar a un acuerdo. Quiero finalizar agradeciendo también el esfuerzo de los colectivos y de las asociaciones que trabajan por el impulso de las políticas para integrar a las personas con discapacidad, porque sin duda son un acicate para que cada día se pueda mejorar la calidad de vida de estas personas. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor Vañó, ¿tenía previsto hacer alguna apreciación que se le había olvidado?
El señor VAÑÓ FERRE: Sí.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra durante dos minutos.
El señor VAÑÓ FERRE: Simplemente quería precisar que en nuestra enmienda 14, que se refería al observatorio de la discapacidad, se proponía quitar que fuera a través de la Dirección General de Coordinación, porque si algún día se modifica la dirección general o el ministerio habría que cambiar la ley. Simplemente queríamos hacer esa sugerencia.
Por otro lado, quiero votar un par de enmiendas independientemente, aparte del bloque de todas las vivas. Simplemente quería precisar eso.
El señor PRESIDENTE: Como hay un poco de lío con respecto a la votación de las enmiendas y a las que vamos a votar por separado y como además hemos anunciado que la votación sería a partir de la seis de la tarde, damos veinte minutos para que nos trasladen cómo quieren las votaciones y alguna transaccional adicional a la que puedan llegar. Votaremos a partir de las seis. (Pausa.-La señora vicepresidenta, Aburto Baselga, ocupa la Presidencia.)
La señora VICEPRESIDENTA (Aburto Baselga): Vamos a proceder a la votación de las enmiendas y del proyecto de ley.
En primer lugar, votamos las transaccionales y las correcciones técnicas.
Tenemos seis transaccionales. ¿Se pueden aprobar por asentimiento? (Asentimiento.)
La señora TARRUELLA TOMÀS: Una cuestión de método. He anunciado en mi intervención que manteníamos dos enmiendas vivas, la 93 y la 95, pero el texto que se sometía a votación de la enmienda 93...
La señora VICEPRESIDENTA (Aburto Baselga): Lo vamos a votar luego.
La señora TARRUELLA TOMÀS: Es una explicación técnica por si es posible o no.
El texto que someteríamos a votación no es tal como sale publicado en el boletín. Sería solamente una parte de esa enmienda modificada. Si quieren puedo leer el texto y si no se opone nadie esto sería lo que pondríamos a votación. Lo que sometemos a votación de nuestra enmienda 93 dice textualmente: Modificación de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. Se condiciona el nuevo artículo 70 bis a la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, con la siguiente redacción.
En todos los contratos se priorizará al empresario que cumpla lo dispuesto en la Ley 13/82, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos, relativo a la obligación de contar con un 2 por ciento de trabajadores con discapacidad o adoptar las medidas alternativas. Sería hasta aquí. Modificamos un párrafo y lo segundo fuera. Si eso es posible, lo sometemos a votación con este texto.
La señora VICEPRESIDENTA (Aburto Baselga): Me dice el letrado que si se entiende como transaccional y el resto de los grupos está de acuerdo, se puede votar así.
La señora TARRUELLA TOMÀS: Eso es lo que estoy pidiendo, si no hay ningún grupo que se oponga.
La señora VICEPRESIDENTA (Aburto Baselga): Señora Medina.
La señora MEDINA TEVA: En relación con la enmienda de CiU, al ser una cuestión tan técnica que supone tanta modificación, propondríamos al resto de los grupos dejar este tema para hacer una enmienda en el Senado, para no hacerlo aquí deprisa y corriendo y poder darle mejor forma. Sería mejor solución, puesto que se trata de un tema que tiene una importancia fundamental, como es la modificación de la Ley de contratos del sector público. Debemos tratar de llegar a un acuerdo en el Senado mediante una enmienda transaccional que podamos consensuar entre todos los grupos.
Sería más acertado que hacerlo aquí deprisa y corriendo, no vaya a ser que por sacarlo adelante hagamos algo de lo que luego no obtengamos los beneficios que queremos tener con esa modificación de la Ley de contratos del sector público.
La señora VICEPRESIDENTA (Aburto Baselga): Señora Tarruella.
La señora TARRUELLA I TOMÀS: La conclusión es que se opone a la transacción y como tenemos constancia, porque nos lo han anunciado, de que la segunda parte, tal como la habíamos presentado, podría dar problemas, lo que decimos es que si se puede votar la primera parte lo sometemos a votación y si no es posible la retiro para presentarla en el Senado tal como la he leído.
La señora VICEPRESIDENTA (Aburto Baselga): Señor Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRERSTI: Yo mantenía viva la misma enmienda, con segunda parte y todo, y lo sigo haciendo.
La señora VICEPRESIDENTA (Aburto Baselga): Señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Hace unos minutos desconocía lo que ha dicho la diputada socialista. Yo me había dirigido al letrado diciéndole que retiraba la enmienda 114, entendiendo que estábamos de acuerdo en la transaccional. No sé exactamente si ahora debemos comunicar al letrado que volvemos a poner en vida la enmienda 114.
La señora VICEPRESIDENTA (Aburto Baselga): Sí, la podemos reanimar.
Se mantienen vivas las enmiendas correspondientes a los grupos respecto a este tema y las pasaremos a votación con las de cada grupo.
La señora TARRUELLA TOMÀS: En vista de que es cierto que otros grupos habían presentado la misma enmienda y que la habíamos pactado, la mantengo y veremos qué pasa en el Senado.
La señora VICEPRESIDENTA (Aburto Baselga): No se puede hacer otra cosa, señora Tarruella.
Pasamos a la votación de las enmiendas por grupos.
En primer lugar, votamos las enmiendas del Grupo Mixto, señora Díez.
Votamos en dos bloques. En primer lugar, las enmiendas números 4, 5 y 7.
La señora VICEPRESIDENTA (Aburto Baselga): Hay un empate técnico. Tenemos que hacer un cálculo por voto ponderado para ver si se ha rechazado o se ha aprobado.
Señora Medina.
La señora MEDINA TEVA: Creo que no estamos atentos al tema. (Rumores.) La señora presidenta ha dicho que también se sometía a votación la enmienda 7, relativa a contratos. ¿La señora Díez no mantenía la que presentaba CiU? Esto es un poco lioso.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: ¿Quiere votar la número 7 por separado?
La señora MEDINA TEVA: No, yo no quiero votar nada. Hemos votado las enmiendas 4, 5 y 7. La enmienda 7 es la de contratos.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Yo no había pedido votación por separado, pero si alguien quiere votar por separado una enmienda, estoy completamente de acuerdo.
La señora MEDINA TEVA: Es a título informativo. Se ha metido la de contratos.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: No he sido yo quien ha pedido votar por separado las enmiendas 4, 5 y 7. Alguien ha solicitado votar en bloque esas tres enmiendas. Si ahora hay otro grupo que quiere votar por separado la enmienda 7, no tengo ningún inconveniente en que se haga así.
La señora VICEPRESIDENTA (Aburto Baselga): El problema es que se ha votado ya.
Queda rechazada por el voto ponderado.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Creo que esto se puede repetir varias veces y lo mejor es que quede claro desde un principio. Podemos votar la misma enmienda dos, tres o incluso cuatro veces, pero no pasa nada; si lo que se aprueba cuatro veces es el mismo texto, será el mismo texto el que se va a aplicar. En caso contrario vamos a tener un lío. Después los letrados tendrán que ver cuáles son las diferencias que puede haber.
La señora VICEPRESIDENTA (Aburto Baselga): Sí, se puede hacer así; se vota varias veces la misma, aunque sea de distintos grupos.
Según el voto ponderado, queda rechazado este bloque de las enmiendas 4, 5 y 7 con 164 votos a favor; 169 en contra y once abstenciones.
Votamos las restantes enmiendas, incluidas las números 10 y 11 del Grupo Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 18; abstenciones, 19.
Las enmiendas del señor Llamazares han sido retiradas, no queda ninguna viva.
Pasamos a la votación de las enmiendas de Esquerra Republicana y lo haremos en varios bloques.
En primer lugar, se votan las enmiendas 103, 104, 105 y 106.
Votamos la enmienda número 109.
La señora VICEPRESIDENTA (Aburto Baselga): Tenemos el mismo resultado de empate, 18 votos a favor, 18 votos en contra y dos abstenciones. Queda rechazado con el cálculo del voto ponderado por 164 votos a favor; 169 votos en contra y once abstenciones.
Votamos la enmienda número 113.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 19,
La señora VICEPRESIDENTA (Aburto Baselga): Tenemos un empate. Vamos a hacer el cálculo del voto ponderado. Queda rechazada por 170 votos a favor y 179 votos en contra.
Votamos la enmienda número 114.
Votamos las enmiendas 118 y 119.
Votamos las enmiendas 122 y 123.
Votamos, en primer lugar, la enmienda número 74.
La señora VICEPRESIDENTA (Aburto Baselga): Tenemos el mismo empate a 19 votos, pero queda rechazada, según el cálculo del voto ponderado, por 170 votos a favor y 179 votos en contra.
Votamos las enmiendas números 76 y 77.
La señora VICEPRESIDENTA (Aburto Baselga): Tenemos un nuevo empate y hay que calcularlo porque es una nueva combinación.
Quedan rechazadas por 162 votos a favor, 169 votos en contra y 16 abstenciones.
Votamos la enmienda número 81 del Grupo Vasco.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra¸18; abstenciones, una.
La señora VICEPRESIDENTA (Aburto Baselga): Queda aprobada.,
Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En primer lugar, votamos la enmienda 93, tal como está expresada en sus términos.
Votamos la enmienda número 95.
Votamos por separado todas las enmiendas que quedan vivas del Grupo Popular.
Votamos la número 34.
Hemos terminado la votación de las enmiendas por grupos. Votamos ahora el texto del dictamen modificado por las enmiendas que se han aprobado.
Corrección de error.-En el "Diario de Sesiones" número 780, correspondiente a la sesión número 45 de esta Comisión celebrada el miércoles 25 de mayo de 2011, en la portada y como primer punto del orden del día, debe figurar: "Declaración institucional sobre el tratamiento de las enfermedades autoinmunes sistémicas en general, y el lupus en particular, en el Sistema Nacional de Salud. (Número de expediente 140/000040.)