Source: https://supremo.vlex.es/vid/-252339862
Timestamp: 2019-10-15 01:08:56
Document Index: 2035765

Matched Legal Cases: ['artículo 49', 'artículo 57', 'artículo 78', 'artículo 104', 'artículo 19', 'artículo 11', 'artículo 17', 'artículo 19']

STS, 24 de Enero de 2011 - Jurisprudencia - VLEX 252339862
SUBVENCIONES. RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN. Puede afirmarse que existe una relación de causalidad directa entre la infracción de la obligación que incumbe al Estado y el daño sufrido por el particular, sin que tal relación de causalidad pudiera entenderse rota por el hecho del que el reclamante no hubiera agotado los recursos administrativos o judiciales frente a la liquidación tributaria practicada, según lo expuesto en el fundamento noveno de esta Sentencia. En este sentido, no ofrece duda de que concurre el nexo de causalidad directa entre la aplicación de la norma interna declarada por la STJCE de 6 de octubre de 2005 contraria a la Sexta Directiva y el daño ocasionado a la parte recurrente, que tuvo que abonar a la Hacienda Pública unas cantidades superiores a las que le hubieran correspondido de haberse respetado por la legislación española los mandatos contenidos en la norma comunitaria. Se estima el contencioso administrativo.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Sexta por los Excmos. Sres. Magistrados arriba anotados, el recurso contencioso-administrativo número 540/07, interpuesto por la Procuradora Dª María Pilar Tello Sánchez, en nombre y representación de "Hexamueble 99, S.L.", contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 1 de junio de 2007, por el que se desestima la solicitud de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado legislador derivado de la limitación del derecho a la deducción del IVA soportado correspondiente a bienes y servicios financiados mediante subvenciones. Se ha personado, como parte recurrida, LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el ABOGADO DEL ESTADO.
El Procurador D. José Julio Navarro Fuentes, en nombre y representación de "Hexamueble 99, S.L.", interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia recurso contencioso-administrativo contra la desestimación presunta de las reclamaciones presentadas ante el Acuerdo del Consejo de Ministros, el Ministro de Hacienda y la Agencia Tributaria, en reclamación de indemnización por responsabilidad del Estado legislador derivada de la limitación del derecho a la deducción del IVA soportado correspondiente a bienes y servicios financiados mediante subvenciones.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia dictó Auto de 15 de junio de 2007 por el que acordó inhibirse del conocimiento del presente recurso a favor de la Sala de lo Contencioso -Administrativo de la Audiencia Nacional.
Emplazadas las partes y remitidas las actuaciones a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, ésta dictó Auto de 31 de marzo de 2008 cuya parte dispositiva acuerda: "No ha lugar a suspender la tramitación del presente recurso, como solicita la parte actora. No obstante, remítanse las actuaciones correspondientes al recurso interpuesto contra la desestimación presunta por el Consejo de Ministros de la reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por actos legislativos, por si considera oportuno su unión al recurso interpuesto por el mismo recurrente contra la desestimación expresa del Consejo de Ministros de 1 de junio de 2007, tramitada en ese Alto Tribunal con el número 02/540/2007, y prosígase en esta Sala la tramitación del recurso contencioso administrativo contra las desestimaciones presuntas por el Ministro de Economía y Hacienda y Director General de la AEAT de la solicitud de indemnización por anormal funcionamiento de un servicio público o actividad de la Administración", remitiendo Exposición Razonada a esta Sala del Tribunal Supremo.
La Sala de la Audiencia Nacional, por Auto de 3 de diciembre de 2008 , acordó declarar caducado el recurso contencioso-administrativo y la terminación del procedimiento.
A su vez, la Procuradora de los Tribunales Dª Pilar Tello Sánchez, en nombre y representación de "Hexamueble 99, S.L.", interpuso ante esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en fecha 28 de septiembre de 2007 , recurso contencioso-administrativo contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de junio de 2007, desestimatorio de la reclamación de responsabilidad del Estado legislador derivada de la limitación del derecho a la deducción del IVA soportado correspondiente a bienes y servicios financiados mediante subvenciones.
Admitido a trámite el recurso, por providencia de fecha 22 de octubre de 2007, se requirió a la Administración demandada la remisión del expediente administrativo, ordenándole que practicara los emplazamientos previstos en el artículo 49 de la LJCA .
En el momento procesal oportuno la parte actora formalizó la demanda mediante escrito presentado el 28 de diciembre de 2007, en el cual, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminó suplicando a la Sala se dictara sentencia "... por la que, estimando íntegramente el recurso, declare la existencia de responsabilidad patrimonial del Estado legislador y acuerde que mi poderdante sea indemnizado en la cantidad de veinticinco mil ochocientos cuarenta y dos euros y ochenta y cuatro céntimos (25.842,84 euros), más los intereses correspondientes".
Por medio de Otrosí Digo, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 57 LJCA , solicita que el recurso se falle sin necesidad de recibimiento a prueba ni tampoco de vista o conclusiones, por limitarse la controversia planteada a una cuestión estrictamente jurídica.
El Abogado del Estado, en representación y defensa de la Administración General del Estado, contestó a la demanda mediante escrito presentado el 31 de enero de 2008, en el cual, tras alegar los hechos y los fundamentos jurídicos que estimó oportunos, terminó suplicando se dictara sentencia por la que se desestime íntegramente el recurso, con expresa condena en costas a la parte recurrente.
Por providencia de 1 de febrero de 2008, la Sala dio traslado para conclusiones a la recurrente, trámite que evacuó mediante escrito presentado el 26 de febrero de 2008. Dado traslado para igual trámite al Abogado el Estado, éste presentó escrito de conclusiones el 9 de mayo de 2008, y por diligencia de ordenación de 16 de junio de 2008, la Sala declaró conclusas las actuaciones quedando pendientes de señalamiento para votación y fallo.
Una vez remitida por la Audiencia Nacional Exposición Razonada en relación con la inhibición acordada en su Auto de 31 de marzo de 2008 , y tras oírse a las partes, esta Sala dictó providencia de 16 de diciembre de 2008 por la que se acuerda tener por ampliado el presente recurso a la desestimación presunta que se tramita ante la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional con el número de recurso 384/07 .
Por providencia de 29 de abril de 2009, esta Sala acordó convalidar las actuaciones practicadas ante la Audiencia Nacional, y "habiéndose acordado en las mismas por auto de fecha 3-12-2008 , que es firme, la caducidad del citado recurso y la terminación del procedimiento, una vez firme esta resolución, cúmplase lo acordado en dicho auto. Se levanta la suspensión acordada en el recurso 540/2007 , y estése a lo acordado en cuanto queda pendiente de votación y fallo, cuando por turno corresponda".
Por providencia de 26 de marzo de 2010, la Sala acordó unir a las actuaciones comunicación remitida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea junto con la copia de la sentencia del citado Tribunal recaída en la cuestión prejudicial planteada por esta Sala, y dar copia a las partes para alegaciones por plazo de cinco días, trámite que ha sido evacuado por ambas partes, siendo declaradas nuevamente conclusas las actuaciones mediante diligencia de ordenación de 16 de abril de 2010.
Cumplidas las prescripciones legales se señaló para votación y fallo la audiencia del día 19 de enero de 2011, fecha en la que el expresado trámite tuvo lugar con observancia en su tramitación de las reglas establecidas por la Ley.
El presente recurso contencioso-administrativo se interpuso inicialmente frente a la desestimación presunta del Consejo de Ministros de la solicitud de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado legislador formulada por la recurrente en fecha 11 de enero de 2006, como consecuencia de la regularización de las cuotas del IVA soportadas a causa de las subvenciones, recurso posteriormente ampliado a la resolución expresa del Consejo de Ministros de 1 de junio de 2007, denegatoria de la reclamación presentada.
En el suplico de la demanda se concreta la pretensión solicitando la declaración de responsabilidad patrimonial del Estado y el derecho de la parte recurrente a obtener una indemnización de 25.842,84 , más los intereses legales que correspondan.
El Abogado del Estado opone a la pretensión actora en primer lugar la falta de prueba sobre el alcance del derecho concedido al particular por la Directiva invocada y, más concretamente, que se haya acreditado ser sujeto pasivo total a los efectos de autos. En segundo lugar, niega la existencia de una "violación suficientemente caracterizada" del Derecho Comunitario por parte de la norma nacional para que de ello pueda derivarse una responsabilidad patrimonial. Tampoco acepta en este caso la necesaria relación de causalidad y la existencia de un daño antijurídico, por cuanto el administrado y hoy recurrente tenía el deber jurídico de soportar el daño. Finalmente, y con carácter subsidiario, alega prescripción de la acción por haberse superado el plazo de cuatro años fijado en el Ordenamiento para el ejercicio de las acciones de devolución de ingresos tributarios indebidos, falta de prueba completa acerca de la realidad y entidad del daño causado, e improcedencia de adicionar intereses de demora.
Según los fundamentos de esta Sentencia el art. 19, apartado 1, segundo guión de la Sexta Directiva sólo permite limitar el derecho a deducción, mediante la toma en consideración de las subvenciones que no estén vinculadas al precio del bien o servicio suministrado y que no formen parte de la base imponible del IVA, a los sujetos pasivos que utilizan los bienes y servicios previamente adquiridos para realizar de manera indistinta operaciones gravadas con derecho a deducción y operaciones que no conllevan tal derecho (los denominados sujetos pasivos mixtos), por lo que la norma general contenida en la Ley 37/1992 , que amplía la limitación del derecho a deducción mediante su aplicación a los sujetos pasivos totales, introduce una restricción mayor que la prevista expresamente en los artículos 17, apartado 5, y 19 de la Sexta Directiva e incumple las disposiciones de dicha Directiva. También declara esta Sentencia que es contraria al Derecho comunitario la norma especial establecida por la Ley española sobre el Valor Añadido, establecida en el art. 104, apartado 2, nº 2 , párrafo segundo, ya que se trata de un criterio de limitación del derecho a la deducción que no está previsto en los artículos 17, apartado 5, y 19 de la Sexta Directiva ni en ninguna otra disposición de ésta. En consecuencia tal criterio no está autorizado por la citada Directiva.
Según consta en el Antecedente 1 del Acuerdo impugnado, "La entidad "Hexamueble 99, S.L." presentó las correspondientes declaraciones-liquidaciones en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) relativas al ejercicio 2001. Practicada liquidación provisional por la Administración de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria competente, en aplicación, por lo que estrictamente atañe a la cuestión aquí suscitada (prorrata de deducción del IVA soportado por los sujetos que efectúan únicamente operaciones gravadas y limitación del derecho a la deducción correspondiente a la compra de bienes o servicios financiados mediante subvención), de lo establecido en los artículos 102 y siguientes de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (...), en su versión modificada por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre. Dicha liquidación devino firme, por consentida, al no haber sido impugnada por la entidad interesada. Asimismo, tras la tramitación del pertinente expediente sancionador por infracción tributaria grave, se impuso a la entidad referida una sanción por importe de 4.227,97 euros, que fue abonada por la misma".
Conocida la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 6 de octubre de 2005 (Asunto C-204/03 ) a la que nos hemos referido en el anterior fundamento, la parte hoy recurrente formuló, al amparo de los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado legislador, solicitando ser indemnizada en la cuantía de 25.842,84 , a los efectos de resarcir los perjuicios económicos que entendía le habían sido ocasionados como consecuencia de la limitación que sufrió de su derecho a la deducción del IVA soportado, al haber incumplido el Estado Español las obligaciones que le incumbían en virtud del Derecho Comunitario y, en particular, de los artículos 17, apartados 2 y 5, y 19 de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de IVA.
Entablado este proceso frente a la desestimación presunta de la anterior reclamación, el Consejo de Ministros dictó el Acuerdo de 1 de junio de 2007, desestimándola expresamente. Precisamente el examen de legalidad de este Acuerdo constituye el objeto de este proceso. Examinaremos sus razones a continuación.
Sentado lo anterior y partiendo de los requisitos que para el establecimiento de la responsabilidad patrimonial se concretaron en la sentencia Factortame III del TJCE, rechaza que en el presente casos pueda declararse tal responsabilidad. Así, considera que la Ley 66/1997 , al introducir en la Ley 30/1992, del IVA , determinadas limitaciones al derecho de deducción, no determinó una infracción suficientemente caracterizada del Derecho Comunitario, concretamente de la Sexta Directiva, pues tal infracción solo puede sustentarse en un apartamiento manifiesto y grave de sus mandatos, circunstancia que aquí no se produce por estar amparada la innovación de la Ley 66/1997 en el margen de discrecionalidad que a todos los Estados se les reconoce en la transposición de la Directivas comunitarias, discrecionalidad que en el presente caso ha sido ejercida dentro de unos márgenes de apreciación razonables lo que impide que pueda hablarse de lesión antijurídica.
"El Estado debe reparar las consecuencias del perjuicio causado en el marco del Derecho nacional en materia de responsabilidad. En efecto, a falta de una normativa comunitaria, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro designar los órganos jurisdiccionales competentes y regular las modalidades procesales de los recursos judiciales destinados a garantizar la plena protección de los derechos que corresponden a los justiciables en virtud del Derecho comunitario (véanse las sentencias de 22 de enero de 1976, Russo, 60/75, Rec. p. 45; de 16 de diciembre de 1976, Rewe, 33/76, Rec. p. 1989 , y de 7 de julio de 1981 , Rewe, 158/80 , Rec. p. 1805 ).
Asimismo, se aplicará la regla de prorrata cuando el sujeto pasivo perciba subvenciones que, con arreglo al artículo 78, apartado dos, número 3º de esta Ley , no integren la base imponible, siempre que las mismas se destinen a financiar actividades empresariales o profesionales del sujeto pasivo". Y el artículo 104 de la misma Ley en su apartado 2, número 2º , párrafo segundo, dispone que: "Las subvenciones de capital se incluirán en el denominador de la prorrata, si bien podrán imputarse por quintas partes en el ejercicio en el que se hayan percibido y en los cuatro siguientes. No obstante, las subvenciones de capital concedidas para financiar la compra de determinados bienes o servicios, adquiridos en virtud de operaciones sujetas y no exentas del impuesto, minorarán exclusivamente el importe de la deducción de las cuotas soportadas o satisfechas por dichas operaciones, en la misma medida en que hayan contribuido a su financiación."
25. Por tanto, las disposiciones del artículo 19, apartado 1 , segundo guión, relativas a las subvenciones que no sean las enunciadas en el artículo 11, parte A, apartado 1, letra a), de la Sexta Directiva , esto es, a las subvenciones que no estén vinculadas al precio del bien o servicio suministrado y que no formen parte de la base imponible del IVA, deben ser interpretadas a la luz de dicho artículo 17, apartado 5 . Pues bien, este último precepto sólo se refiere a los sujetos pasivos mixtos, como se desprende expresamente de su tenor literal. De ahí que el citado artículo 19, apartado 1 , segundo guión, al no tratarse de una excepción aplicable a los sujetos pasivos mixtos y totales, únicamente permite limitar el derecho a deducción, mediante la toma en consideración de las subvenciones antes definidas, en el caso de los sujetos pasivos mixtos.
La indemnización debe comprender el importe de lo indebidamente ingresado a favor de la Hacienda Pública, veinticinco mil ochocientos cuarenta y dos euros con ochenta y cuatro céntimos de euro (25.842,84 ), cuya procedencia resulta justificada pues, como obra en el expediente, la parte hoy recurrente presentó reclamación de responsabilidad patrimonial el día 11 de enero de 2006, y en ella se hacía constar que como consecuencia de la prorrata practicada por razón de subvenciones recibidas había dejado de deducir por IVA soportado la cantidad de 25.842,84 . Dicha reclamación venía acompañada de diversos documentos, entre ellos tres documentos de pago a la Agencia Tributaria, por importes respectivos de 21.509,90  -de principal, intereses de demora y recargo de apremio-, 104,97  -intereses de demora- y 4.227,97  -sanción-; Informe de la Agencia Tributaria en el que, entre otros extremos, se hace constar que el la propuesta de liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido, ejercicio 2001,"... se aumenta el importe de IVA repercutido en 178,39  y se disminuye el importe del IVA soportado deducible en 15.928,14 , dando lugar a una propuesta de liquidación de 16.106,53 ; propuesta de Liquidación Provisional del Impuesto sobre el Valor Añadido, ejercicio 2001; providencia de apremio referida a los citados impuesto y ejercicio; liquidación de intereses de demora; y notificación de acuerdo de imposición de sanción.
Por otra parte, en el Acuerdo del Consejo de Ministros impugnado no se niega en ningún momento que la actividad principal de "Hexamueble 99, S.L." estaba sujeta y no exenta de IVA, por lo que era un sujeto pasivo total, ni que por aplicación de las normas del IVA nacionales el reclamante había dejado de deducir la cantidad de 25.842,84 , y el Abogado del Estado, en su escrito de contestación a la demanda, no cuestiona fundadamente dicha cantidad. Precisamente en esta falta de deducción, que podría haber practicado si se hubiera aplicado correctamente la normativa comunitaria, es donde el actor concreta el daño sufrido.
Además, el principio general en materia de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado es el de la "restitutio in integrum" o reparación integral del daño, lo que obliga no solo al abono de la cantidad indebidamente satisfecha a las arcas públicas sino también, en aras de ese principio de plena indemnidad, reconocido en la jurisprudencia de esta Sala (SSTS de 5 de febrero y 15 de julio de 2000 , entre otras muchas) y en la propia Ley 30/1992 (art. 141.3 ) al abono de los intereses legales de la cantidad a devolver desde el día en que se presentó la reclamación administrativa hasta la fecha de notificación de esta Sentencia, a partir de la cual se cuantificarán los intereses de acuerdo con lo establecido en el art. 106, apartados 2 y 3 de la Ley Jurisdiccional , todo ello teniendo en cuenta que la cantidad se reconoce en concepto de responsabilidad patrimonial y no de devolución de ingresos indebidos.
Por último, debe señalarse que la doctrina reseñada en los Razonamientos precedentes ha sido expuesta de manera más exhaustiva en nuestras sentencias de 17 de septiembre de 2010, dictadas en los recursos contencioso-administrativos números 373/06 , 149/07 y 153/07 , que resolvían supuestos similares al presente.
ESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Hexamueble 99, S.L.", contra el Acuerdo del Consejo de Ministros, de fecha 1 de junio de 2007, por el que se desestima la solicitud de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado legislador formulada por el recurrente, en fecha 11 de enero de 2006, como consecuencia de la limitación del derecho a la deducción del IVA soportado correspondiente a las subvenciones percibidas. Acuerdo que anulamos por ser contrario a derecho.
R la responsabilidad patrimonial del Estado, reconociendo el derecho de "Hexamueble 99, S.L." a ser indemnizada en la cantidad de veinticinco mil ochocientos cuarenta y dos euros con ochenta y cuatro céntimos de euro (25.842,84 ), más los intereses legales que procedan en los términos expresados en el fundamento undécimo de esta sentencia.
STS, 23 de Diciembre de 2010 (Subvenciones, Responsabilidad patrimonial de la administración)
STS, 18 de Enero de 2011 (Responsabilidad patrimonial de la administración)
STSJ Cataluña 3692/2006, 15 de Mayo de 2006