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Timestamp: 2019-08-20 01:25:17
Document Index: 362515661

Matched Legal Cases: ['artículo 335', 'artículo 32', 'artículo 335', 'artículo 336', 'artículo 7', 'artículo 335', 'Artículo 1', 'Artículo 10', 'Artículo 16', 'Artículo 20', 'artículo 2', 'artículo 2']

Sentencia nº 100 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 20 de Febrero de 2015 - Jurisprudencia - VLEX 593318358
Número de Expediente: 15-0142
Consta en autos que, el 11 de febrero de 2015, el ciudadano R.E.M.P., titular de la cédula de identidad número 10.869.426, actuando con el carácter de VICEPROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, de conformidad con designación y delegación contenidas en las Resoluciones Nros. 078/2014 y 079/2014, emanadas de la Procuraduría General de la República en fecha 19 de diciembre de 2014, y publicadas en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 40.567, de fecha 22 de diciembre de 2014; interpuso ante esta Sala, en ejercicio de la representación de los derechos e intereses de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, demanda de interpretación constitucional, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 32 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y con la jurisprudencia de esta Sala. Tal solicitud “tiene como finalidad obtener de es[ta] Sala Constitucional la determinación del alcance y límite del contenido de los artículos 1, 5 y 322 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; los dos primeros relacionados con la declaración de Venezuela como una República libre e independiente, siendo el pueblo el que ostenta la soberanía, y el último referente a la Seguridad de la Nación”.
En la misma oportunidad, atendiendo a las designaciones efectuadas por la Sala Plena del M.J., se reconstituyó la Sala Constitucional de la siguiente manera: Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, Presidenta; Magistrado Arcadio de Jesús Delgado Rosales, Vicepresidente y, los Magistrados F.A.C.L., Luisa Estella Morales Lamuño, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán y Juan José Mendoza Jover.
El 12 de febrero del presente año, el abogado Leyduin E.M.C., titular de la cédula de identidad número 15.573.074 e inscrito ante el IPSA bajo el número 142.392, en su condición de representante de la Procuraduría General de la República, según oficio poder número 0066 del 09 de febrero de 2015, emanado de dicho Órgano Superior de Consulta, que corre inserto en el expediente, consignó diligencia en la que reiteró la solicitud antes indicada, aludiendo además a “recientes declaraciones emitidas mediante comunicado por el portavoz de la Embajada de la República Federal de Alemania en Caracas”; a informaciones de la “Agencia de Inteligencia del Departamento de Defensa de Estados Unidos [de América]”; así como a “lo esgrimido [por el] Parlamento Europeo”, todo ello en referencia a eventuales afectaciones al orden público interno en la República Bolivariana de Venezuela.
Que, “[e]n el mismo sentido, se observa que dicha Sala no ha resuelto con anterioridad la duda planteada en particular para los supuestos fácticos presentados. No se evidencia en el desarrollo jurisprudencial, ni en las sentencias de esa d.S., solicitudes anteriores en la cual se plantearen y resolvieren dudas sobre la independencia de la República Bolivariana de Venezuela, el ejercicio de la soberanía por el pueblo, o lo relativo a la seguridad de la nación, conjuntamente con el principio de corresponsabilidad de la sociedad civil con el Estado venezolano, para dar cumplimiento a los principios propios del estado (sic) social democrático de derecho y de justicia consagrado en el mismo texto constitucional. Al explanar debidamente los supuestos fácticos, advertirá inmediatamente ese m.T. que la dimensión y características de los hechos no tienen antecedente en la historia del país, por lo que resulta innovador en nuestro Derecho”.
En tiempo, su actuación debe, en principio, ser previsiva. Tomar las cautelas necesarias para evitar, ante determinadas circunstancias, un daño futuro al patrimonio del país. E igualmente actuará, por supuesto, ante el daño concomitante, actual, aquel que ocurre al tiempo que se genera la actuación jurídica, y ante el daño ya causado, una vez que ha sido identificado, pero que en una línea temporal se identifica en el pasado. La Procuraduría General de la República debe actuar antes [de] que se produzca el daño patrimonial, cuando por cualquier medio tuviere conocimiento de circunstancias que puedan ocasionarlo (ello por razones “de salud” de dicho patrimonio) y, si ello no fuera posible, entonces actuará cuando conozca del daño, esto es, en el momento en que ocurre o cuando éste ha cesado.
En cuanto a las circunstancias, la Procuraduría no sólo debe actuar jurídicamente ante aquellas que de manera directa y evidente causen un daño a la República, sino además ante circunstancias que, aún (sic) cuando no pudiere determinarse su inmediatez respecto del daño, es previsible que sus efectos incidirán negativamente sobre el patrimonio nacional.” (Resaltados del escrito)
Que “[l]a [presente] solicitud (…) tiene que ver con situaciones actuales, cuyo desarrollo pudiera devenir en daños patrimoniales a la República, por lo cual este órgano eleva a conocimiento de ese M.T. la interpretación de artículos constitucionales cuya aplicación luce urgente y necesaria, ante la situación planteada, con el fin de dar correcta dimensión y sentido a nuestra Carta Magna”.
Que “[c]omo presuntos fundamentos fácticos de la mencionada Ley norteamericana, se alude a la protección de manifestantes venezolanos y la sociedad civil en general, que supuestamente ha salido a las calles del país agobiada por una alta rata de inflación anual de Venezuela en el año 2013, controles monetarios, alto índice de escasez, acumulación de poder en el Poder Ejecutivo, inexistencia de la separación de Poderes, represalias contra opositores al Gobierno Nacional, control político a través del Poder Judicial, violencia y asesinatos perpetrados por las fuerzas públicas de seguridad, arrestos con fines políticos (haciendo mención especial al del ciudadano L.L.), y otra cantidad de circunstancias que fueron, a decir de los redactores de la Ley, ‘investigados’, pero que remiten en la mayoría de los casos a informes de organismos internacionales, órganos del Poder Público de los Estados Unidos, ONGs declaradas abiertamente opositoras al Gobierno Nacional venezolano y, en general, fuentes o mecanismos de información que pueden ser considerados triviales, frente a la magnitud de las acusaciones que en dichos fundamentos se hacen. Vale decir: a pesar de que la mayoría de las conductas mencionadas en los fundamentos de la Ley revisten tipos penales casi en la totalidad del Derecho universal, no existe una sola referencia a investigaciones penales, ni a procesos judiciales, en clara contrariedad a normas del propio derecho de los Estados Unidos de Norteamérica”.
Que “no es objeto del presente Recurso (sic) precisar la constitucionalidad de la mencionada Ley norteamericana, menos aún a la luz de un Derecho foráneo, pero las ideas esbozadas permiten a esa d.S. evidenciar el matiz político del instrumento (presuntamente legal) emitido por el Congreso de los Estados Unidos, con una finalidad en el mundo de los hechos totalmente distinta a la dibujada en el texto legislativo”.
Que “del contenido de la mencionada Ley, se desprende toda una normativa dirigida a calificar a Venezuela, como un Estado que incumple los convenios internacionales válidamente suscritos y vigentes, descartando la decisiones tomadas por los organismos internacionales encargados de garantizar la paz y el orden mundial; la esencia del contenido normativo de la mencionada Ley, tiene como objeto señalar a Venezuela ante la comunidad mundial, como una Nación que por decisión de su gobierno, o quien detenta el poder, comete tropelías y desmanes que conculcan los derechos humanos del pueblo venezolano bajo el liderazgo del Presidente H.C. y ahora del Presidente N.M., en la presunta acumulación de poder en el Poder Ejecutivo, trayendo como consecuencia el deterioro de las garantías a los derechos humanos que a juicio de ese instrumento han permitido al gobierno nacional intimidar, censurar y enjuiciar a todas aquellas personas que lo han criticado”.
Que “en humilde criterio de este m.Ó. nacional de defensa del patrimonio de la República, se esconde, tras el bastidor de una presunta actuación institucional del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica, un ataque contra la existencia misma del Estado venezolano, sus instituciones y su pueblo. Aun cuando la jurisdicción de la Ley norteamericana ciertamente no alcanza nuestro territorio, sus efectos prácticos y el uso que de ella han realizado de manera inescrupulosa sectores específicos en nuestro país, con fines particulares, generan una situación nociva para la paz nacional y para el crecimiento y desarrollo de la Patria, afectando, a todas luces, su patrimonio”.
Bloqueo de Activos: busca bloquear y prohibir todas las operaciones en todas las propiedades e intereses de las personas sujetas a aplicación de esa Ley, si dicha propiedad e intereses se encuentran ubicados en los Estados Unidos de América, los cuales pueden ser considerados bajo la posición y control de un ciudadano de ese país. Exclusión del país, rechazo de una visa, revocatoria de la inmigración o nacionalidad de conformidad con la Ley que regula la materia inmigratoria de ese país, u otra documentación del extranjero. Adicionalmente, dicha Ley prevé que cualquier persona que viole o intente violar cualquier autorización, resolución judicial o prohibición, establecida en ese texto legal.” (sic)
Que “se ponen de manifiesto los hechos que motivan a este Órgano del Estado a interponer el presente Recurso de Interpretación. Su interés presente estriba en obtener el criterio dotado de autenticidad de ese M.Ó.d.J.C.V., e intérprete de la Constitución, sobre el asunto aquí planteado, en relación al contenido y alcance de los mencionados preceptos constitucionales. Con lo cual se da cumplimiento a otra de las condiciones esenciales para la admisión del recurso de interpretación constitucional que ejercemos”.
Que “La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos del 1 de septiembre de 2011, en sentencia dictada con ocasión del conocimiento de la causa interpuesta por el ciudadano L.L.M. por la inhabilitación para ejercer cargos públicos, en el Capítulo referido a las ‘Consideraciones para decidir’, identifica los límites a la actuación judicial de los foros extranjeros o internacionales, y reconoce el alcance de la jurisdicción nacional de los Estados, en el caso particular, el de Venezuela, en los siguientes términos:
‘A este respecto, la Corte precisa que no es un tribunal penal o una instancia que analiza o determina la responsabilidad criminal, administrativa o disciplinaria de los individuos, ya que no es competente para ello. En consecuencia, la Corte no resolverá sobre la culpabilidad o inocencia del señor L.M. respecto a las actuaciones irregulares que le fueron imputadas, ya que esto es materia de la jurisdicción venezolana.’
Que “pudiera concluirse que la mencionada Ley extranjera se inmiscuye en asuntos internos de la República, siendo necesaria la guía doctrinaria de esa d.S. para precisar de forma infalible el valor de los preceptos constitucionales a la hora de determinar la existencia de las conductas distorsionadas que ya se han explicado, por parte de potencias extranjeras, con pretensiones de dirección de los destinos de un país. Ello seguramente resguardará la actuación del Poder Público, en su conjunto, frente a las particularidades de las situaciones planteadas.”
Que “como lo ha afirmado el constitucionalista alemán W.H. ‘qué materialidad tengan en un sistema político la justicia, el Derecho y la libertad no es inferible solamente de las normas y garantías de la Constitución. La fuerza real del derecho, el grado de justicia, libertad y orden, de amparo y fomento que puede brindar, depende de la forma y manera de materializar el Derecho por los operadores jurídicos’ [Vid. BENDA, MAIHOFER, VOGEL, HESSE y HEYDE. ‘Manual de Derecho Constitucional’. Segunda Edición. M.P., Ediciones Jurídicas y Sociales. España, 2001. Pág. 768]”.
La facultad de dirimir las controversias suscitadas con ocasión de la interpretación de normas y principios constitucionales, en su rol de máximo y último intérprete de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en los términos que postula su artículo 335, en concordancia con el artículo 336 eiusdem, fue reconocida tempranamente por esta Sala mediante fallo n° 1.077/2000 (caso: S.T.L.) como un mecanismo de integración de las disposiciones pertenecientes al “bloque de la constitucionalidad” y garantía esencial del carácter normativo de la Carta Magna reconocido en su artículo 7 (cfr. entre otras, sentencias números 1415/2000, caso: F.R.R.; 1563/2000, caso: A.P. y 1860/2001, caso: C.L.d.E.B.).
Al respecto, se observa que la petición de la parte demandante de autos estriba en interpretar los “artículos 1, 5 y 322 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; los dos primeros relacionados con la declaración de Venezuela como una República libre e independiente, siendo el pueblo el que ostenta la soberanía, y el último referente a la Seguridad de la Nación”, en el contexto fáctico planteado, razón por la que, de conformidad con los precedentes jurisprudenciales señalados y en atención a lo dispuesto en la aludida disposición de la ley que regula las funciones de este M.J., esta Sala resulta competente para decidir el asunto sometido a su conocimiento. Así se declara.
Como puede apreciarse, la Sala no se encuentra ante una solicitud ordinaria de interpretación constitucional, sino ante una solicitud de interpretación por ordenación implícita encauzada a la protección y resguardo de la vigencia y efectiva aplicación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuya importancia para la sociedad venezolana es perentoria, por virtud de los valores fundamentales de convivencia y seguridad, interna y externa, puestos en cierto grado de riesgo por las actuaciones manifestadas por el solicitante de autos, circunstancia que exige el pronunciamiento de esta m.i. de interpretación constitucional de la República (ex artículo 335 del Texto Fundamental).
Convienen en los artículos siguientes (…)
1. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello. 2. nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional
Comprendiendo que el individuo, por tener deberes respecto de otros individuos y de la comunidad a que pertenece, está obligado a procurar la vigencia y observancia de los derechos reconocidos en este Pacto
Artículo 1.- Los Propósitos de las Naciones Unidas son:
4. Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas
1. Ningún Estado tiene derecho a intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. Por lo tanto, no solamente la intervención armada, sino también cualesquiera otras formas de injerencia o de amenaza atentatoria de la personalidad del Estado, o de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen, están condenadas.
2. Ningún Estado puede aplicar o fomentar el uso de medidas económicas, políticas o de cualquier otra índole para coaccionar a otro Estado a fin de lograr que subordine el ejercicio de sus derechos soberanos u obtener de él ventajas de cualquier orden. Todos los Estados deberán también abstenerse de organizar, apoyar, fomentar, financiar, instigar o tolerar actividades armadas, subversivas o terroristas encaminadas a cambiar por la violencia el régimen de otro Estado, y de intervenir en una guerra civil de otro Estado
Los Gobiernos representados en la Séptima Conferencia Internacional Americana. Deseosos de concertar un convenio acerca de los Derechos y Deberes de los Estados, han nombrado los siguientes Plenipotenciarios:
Artículo 10.- Es interés primordial de los Estados la conservación de la paz. Las divergencias de cualquier clase que entre ellos se susciten deben arreglarse por los medios pacíficos reconocidos
Artículo 16.- La jurisdicción de los Estados en los límites del territorio nacional se ejerce igualmente sobre todos los habitantes, sean nacionales o extranjeros.
Artículo 20.- Ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener de éste ventajas de cualquier naturaleza
1.- Ningún Estado tiene derecho de intervenir directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. Por lo tanto, no solamente la intervención armada, sino también cualesquiera otras formas de injerencia o de amenaza atentatoria de la personalidad del Estado, o de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen, están condenadas;
6.-Todo Estado debe respetar el derecho de libre determinación e independencia de los pueblos y naciones, el cual ha de ejercerse sin trabas ni presiones extrañas y con absoluto respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. En consecuencia, todo Estado debe contribuir a la eliminación completa de la discriminación racial y del colonialismo en todas sus formas y manifestaciones
Solemnemente proclama los siguientes principios:
f) cada Estado tiene el deber de cumplir plenamente y de buena fe sus obligaciones internacionales y de vivir en paz con los demás Estados
¿Qué es la intervención? La bibliografía es extensa.
‘Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen’. (Art. 19 Carta de Organización de los Estados Americanos -OEA)
. (Camargo P.P.. Tratado de Derecho Internacional, Tomo I. Editorial T.L., Bogotá, 1983, pág. 294-296).
La prohibición de intervención establece restricciones a la influencia en los asuntos internos de otro Estado. La Carta de la ONU reconoce en el artículo 2o., número 7, la protección frente a una intervención “en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados”. Esto, sin embargo, no se opone a la aplicación de medidas coercitivas por parte del C.d.S., de conformidad con el Capítulo VII (artículo 2o., número 7). La prohibición de intervención en el sentido de la Carta, se encuentra vigente en el derecho consuetudinario desde hace ya bastante tiempo.
En términos generales, la prohibición de intervención protege principalmente la autonomía de los Estados individuales en lo concerniente a la estructuración del orden cultural, social, económico y político
(Herdegen, Matthias. Derecho Internacional Público. Primera Edición. Universidad Autónoma de México/ México 2005, pág. 270-272 y 273).
Luego de que concluyera el proceso de descolonización, la población negra mayoritaria de Sudáfrica mediante la supresión del régimen de Apartheid, el pueblo alemán con la reunificación de Alemania, y el pueblo palestino con la progresiva autonomía (en West Bank y en la Franja de Gaza) así como el p.d.T.O., pudieron realizar sus anhelos de autodeterminación, en parte o por completo.
El principio de no intervención implica el derecho de todo Estado soberano a resolver sus asuntos sin injerencia extranjera. Hay numerosas expresiones de una Opinio Juris de los Estados respecto a la existencia de ese principio. La Corte tomó nota de que ese principio, expresado en su propia jurisprudencia, se había reflejado en numerosas declaraciones y resoluciones adoptadas por organizaciones y conferencias internacionales en las que habían participado los Estados Unidos y Nicaragua. El texto de esas declaraciones y resoluciones atestiguaba la aceptación por los Estados Unidos y Nicaragua de un principio consuetudinario que tenía aplicación universal. En cuanto al contenido del principio en el derecho consuetudinario, la Corte definió los elementos que parecían pertinentes en el presente caso: una intervención prohibida debía referirse a cuestiones en las que se permitía que en cada Estado por el principio de la soberanía de los estados, decidiera libremente, (por ejemplo), la elección de un sistema político, económico, social y cultural, y la formulación de su política exterior). La intervención era ilícita cuando utilizara, respecto a esas elecciones, métodos de coerción, en particular la fuerza, ya fuera en la forma directa de una acción militar o en la forma indirecta de apoyo a actividades subversivas realizadas en otro Estado.
Con respecto a la práctica de los Estados, la corte señaló que había habido en los últimos años varios casos de intervención extranjera en un Estado a favor de fuerzas opuestas al gobierno de ese Estado. Concluyó que la práctica de los estados no justificaba la opinión de que existiera en el derecho internacional contemporáneo algún derecho general de intervención en apoyo de la oposición dentro de otro Estado; y. en efecto, ni los Estados Unidos ni Nicaragua afirmaban su existencia. (Párrafos 202 a 209)
La Corte resolvió que se había demostrado claramente que los Estados Unidos pretendían mediante su apoyo a los Contra ejercer presión sobre Nicaragua, respecto a cuestiones sobre las que cada Estado podía decidir libremente, y que la intención de los propios contras era derrocar al actual gobierno de Nicaragua.
Consideró que si un Estado, con miras a coaccionar a otro Estado, apoyaba y ayudaba a bandas armadas que actuaban en ese Estado con el propósito de derrocar a su Gobierno, eso equivalía a una intervención en sus asuntos internos, cualquiera que fuera el objetivo político del Estado que prestara el apoyo. Por consiguiente decidió, que el apoyo dado por los estados Unidos a las actividades militares y paramilitares de los contras en Nicaragua, mediante el apoyo financiero, el entrenamiento, el suministro de armas e información y el apoyo logístico, constituía una clara violación del principio de no intervención.
(Párrafos 239 a 245). http://www.icj-cij.org/homepage/sp/
La Asamblea General, Decidida a fomentar el respeto estricto de los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, Reafirmando, entre otros principios, la igualdad soberana de los Estados, la no intervención y no injerencia en sus asuntos internos y la libertad de comercio y navegación internacionales, consagrados, además, en numerosos instrumentos jurídicos internacionales, Recordando las declaraciones formuladas por los Jefes de Estado o de Gobierno en las cumbres iberoamericanas relativas a la necesidad de eliminar la aplicación unilateral de medidas de carácter económico y comercial contra otro Estado que afecten al libre desarrollo del comercio internacional, Preocupada porque continúan la promulgación y aplicación por parte de Estados Miembros de leyes y disposiciones reglamentarias, como la promulgada el 12 de marzo de 1996, conocida como “Ley Helms-Burton”, cuyos efectos extraterritoriales afectan a la soberanía de otros Estados, a los intereses legítimos de entidades o personas bajo su jurisdicción y a la libertad de comercio y navegación. Tomando nota de las declaraciones y resoluciones de distintos foros intergubernamentales, órganos y gobiernos que expresan el rechazo de la comunidad internacional y de la opinión pública a la promulgación y aplicación de medidas del tipo indicado. Recordando sus resoluciones 47/19, de 24 de noviembre de 1992, 48/16, de 3 de noviembre de 1993, 49/9, de 26 de octubre de 1994, 50/10, de 2 de noviembre de 1995, 51/17, de 12 de noviembre de 1996, 52/10, de 5 de noviembre de 1997, 53/4, de 14 de octubre de 1998, 54/21, de 9 de noviembre de 1999, 55/20, de 9 de noviembre de 2000, 56/9, de 27 de noviembre de 2001, 57/11, de 12 de noviembre de 2002, 58/7, de 4 de noviembre de 2003, 59/11, de 28 de octubre de 2004, 60/12, de 8 de noviembre de 2005, 61/11, de 8 noviembre de 2006, 62/3, de 30 de octubre de 2007, 63/7, de 29 de octubre de 2008, 64/6, de 28 de octubre de 2009, 65/6, de 26 de octubre de 2010, 66/6, de 25 de octubre de 2011, 67/4, de 13 de noviembre de 2012, y 68/8, de 29 de octubre de 2013. La Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba Preocupada porque, después de la aprobación de sus resoluciones 47/19,48/16, 49/9, 50/10, 51/17, 52/10, 53/4, 54/21, 55/20, 56/9, 57/11, 58/7, 59/11, 60/12, 61/11, 62/3, 63/7, 64/6, 65/6, 66/6, 67/4 y 68/8, continúan promulgándose y aplicándose nuevas medidas de ese tipo dirigidas a reforzar y ampliar el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, y preocupada también por los efectos negativos de esas medidas sobre la población cubana y los nacionales de Cuba residentes en otros países,1. Toma nota del informe del Secretario General sobre el cumplimiento de la resolución 68/81; 2. Reitera su exhortación a todos los Estados a que se abstengan de promulgar y aplicar leyes y medidas del tipo indicado en el preámbulo de la presente resolución, en cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, que, entre otras cosas, reafirman la libertad de comercio y navegación; 3. Insta una vez más a los Estados en los que existen y continúan aplicándose leyes y medidas de ese tipo a que, en el plazo más breve posible y de acuerdo con su ordenamiento jurídico, tomen las medidas necesarias para derogarlas o dejarlas sin efecto; 4. Solicita al Secretario General que, en consulta con los órganos y organismos pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, prepare un informe sobre el cumplimiento de la presente resolución a la luz de los propósitos y principios de la Carta y del derecho internacional y se lo presente en su septuagésimo período de sesiones; 5. Decide incluir en el programa provisional de su septuagésimo período de sesiones el tema titulado “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”.
Desde 1999 el pueblo venezolano resolvió democráticamente refundar la República implantando un auténtico Estado Social y Democrático de Derecho y de Justicia, asumiendo unos valores, principios y normas que son el cimiento de la nueva forma de organización social y política naciente, con una profunda vocación social, axiológica, humanista y, por ende, honestamente contraria a la dominación entre los hombres y entre los pueblos, para lo cual el Poder Popular le confirió al Estado y al Poder Público en general la potestad de intervenir en la sociedad cuando fuere necesario, conforme al orden jurídico, para evitar la opresión de unos sobre otros, en especial beneficio de los grupos sociales más vulnerables, colocando al ser humano en el centro de protección, y no al que detentase el poder y mucho menos a los bienes materiales, fuente histórica del abuso de poder, de despotismo y de colonización (incluyendo las recientes prácticas de neocolonización); razón por la que el principal cimiento de ese nuevo proceso político se identificó con la insigne figura y el pensamiento de S.B., el Libertador; uno de los seres virtuosos que con más éxito e importancia universal luchó en heroica gesta emancipadora contra todas las formas de tiranía y colonialismo, para instaurar de modo irreversible e imperecedero la independencia, la soberanía, la igualdad y la autodeterminación de los pueblos, como columnas en las que se edifica el desarrollo y la seguridad integral de la Nación.
Los países del Alba-TCP, reconocen el valioso esfuerzo del gobierno venezolano por mejorar las relaciones con los Estados Unidos en un marco de respeto mutuo, evidenciado en la solicitud del Presidente N.M. a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), y a su secretario General, E.S., para que promuevan un proceso de acercamiento orientado a facilitar un diálogo constructivo con el gobierno de los Estados Unidos.
Finalmente, los países del Alba-TCP expresan su confianza en la inmensa dignidad y capacidad de resistencia del pueblo y gobierno venezolanos y ofrecen sus buenos oficios para favorecer un diálogo constructivo en igualdad de condiciones entre la República Bolivariana de Venezuela y los Estados Unidos de América
La CELAC reitera los postulados de la Proclama de la A.L. y el Caribe como Zona de Paz, acordada en su II Cumbre, efectuada en La Habana los días 28 y 29 de enero de 2014, en la que se insta a todos los Estados miembros de la Comunidad Internacional a respetar plenamente dicha Proclama en sus relaciones con los Estados miembros de la CELAC, incluido el compromiso de no intervenir, directa o indirectamente, en los asuntos internos de cualquier otro Estado y de observar los principios de soberanía nacional, la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos.
El Buró de Coordinación del Movimiento de Países No Alineados expresa su solidaridad y apoyo al Pueblo y al Gobierno de Venezuela en rechazo a estas medidas ilegales, e insta al Gobierno de los Estados Unidos a desistir de tales medidas coercitivas ilegales, las cuales afectan el espíritu de diálogo y entendimiento político entre ambas naciones
Queda, en los términos expuestos, resuelto el presente asunto sometido a conocimiento de este M.T. de la República. Así, finalmente, se decide.
- RESUELVE, de conformidad con las consideraciones vertidas en la parte motiva de este fallo, la interpretación solicitada y, en consecuencia, establece lo siguiente:
4.- Se ORDENA remitir copia certificada de la presente decisión al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, al Presidente de la Asamblea Nacional, al Presidente del C.M.R. y a la Presidenta del C.N.E..
- Se ORDENA la publicación íntegra del presente fallo en la Gaceta Judicial y en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en cuyo sumario deberá indicarse lo siguiente:
Decisión nº PJ0332012000657 de Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación, Ejecución. Extensión El Tigre de Anzoategui (Extensión El Tigre), de 18 de Julio de 2012