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Timestamp: 2020-03-29 07:07:23
Document Index: 70686514

Matched Legal Cases: ['artículo 50', 'artículo 6', 'artículo 58', 'artículo 58', 'artículo 33', 'artículo 50', 'artículo 27', 'artículo 13', 'artículo 284', 'artículo 10', 'artículo 17', 'artículo 65', 'artículo 54']

DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 811, de 13/05/2015
cve: DSCD-10-CO-811
Año 2015 X LEGISLATURA Núm. 811
Sesión núm. 57
- Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. (Número de expediente 121/000128) ... (Página2)
- Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. (Número de expediente 121/000128) ... (Página15)
Se abre la sesión a las seis y cincuenta y cinco minutos de la tarde.
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 43/2003, DE 21 DE NOVIEMBRE, DE MONTES. (Número de expediente 121/000128).
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, vamos a dar comienzo a la sesión número 57 de esta Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Señorías, diversos portavoces me han hecho llegar el deseo de que la Comisión fuera lo más ágil posible, por lo que les ruego su colaboración para que podamos atender los deseos de todos los portavoces. Quisiera comentarles que las votaciones no van a ser antes de las veinte horas. El tiempo máximo que se concede a cada grupo es de quince minutos y les ruego que se ajusten al mismo. Hay algunos grupos que se dividen la intervención entre dos o tres portavoces, por lo que les ruego que se ajusten al tiempo máximo porque es suficiente para debatir y defender las enmiendas en bloque.
Siguiendo el orden establecido, vamos a comenzar por la intervención de la portavoz del Grupo Mixto, doña Olaia Fernández Davila, para la defensa de sus enmiendas.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Aludiré a la enmienda de devolución que ha presentado el Bloque Nacionalista Galego, donde hacemos hincapié en una razón importante para justificar esa devolución, que es la intromisión de este proyecto de ley en las competencias autonómicas. En la misma comentábamos el hecho de que se inmiscuye en asuntos relacionados con la gestión en materia forestal y de política de montes, que son competencias de las comunidades autónomas, por lo que entendíamos que no era correcto. De ahí, señorías, que el BNG presentara un grupo de enmiendas, unas quince, que están relacionadas bien con propuestas de modificación de diferentes artículos, de supresión o de adición, todas ellas destinadas a garantizar el respeto a esas competencias que tienen transferidas las comunidades autónomas, y en concreto aquellas que ostenta la Comunidad Autónoma de Galicia, o bien se trata de garantizar de forma efectiva esa distribución territorial en orden a las competencias en políticas forestales y del sistema de montes de las comunidades autónomas.
Por ejemplo, señorías, presentamos enmiendas para que las comunidades autónomas sigan manteniendo la competencia del uso de determinados terrenos para el fin forestal debido a que entendemos que no se puede hacer una regla básica para todo el territorio del Estado teniendo en cuenta que cada territorio es completamente diferente y en muchos casos, como en el caso gallego concretamente, es diferente desde el punto de vista orográfico. Lo mismo sucede en materia de incendios, en materia de definición de títulos de posesión, así como en la de declaración de figuras especiales de protección o creación de registros específicos. Señorías, es necesario respetar la distribución competencial en relación con la función de ejecución, por lo que debe excluirse cualquier regulación básica, como decía anteriormente.
La modificación que hacemos en nuestra enmienda 141 está relacionada con la necesidad de determinadas autorizaciones administrativas, en concreto dirigidas a favorecer las especies de turno intensivo, pues en montes que no tengan instrumentos de gestión podrán cortar sin control administrativo especies de crecimiento rápido. Nosotros no estamos de acuerdo con esta implantación de la posibilidad de utilización de especies de crecimiento rápido porque, como ya hemos manifestado en muchas ocasiones, ha sido un gran estropicio para el monte gallego la plantación, por ejemplo, de eucaliptos.
Señorías, tenemos que hacer especial hincapié en nuestra enmienda 144, de supresión de los dos últimos párrafos del artículo 50.1, en la medida en que estos párrafos son una puerta abierta a que se elimine, en base a un criterio indeterminado y que además puede ser arbitrario, la prohibición de recalificación de terrenos quemados durante un periodo de treinta años cuando en determinadas comunidades autónomas, como Galicia, hay una especial incidencia y preocupación por la actividad incendiaria en montes. Además de que debería ser una facultad reservada a cada comunidad autónoma determinar los usos de los terrenos quemados, dada la diferente causalidad de los incendios forestales en cada una de ellas, con carácter general es incomprensible que se elimine esta prohibición.
Por otro lado, queremos decir que lo que suprimimos y que a su vez suprime el proyecto de ley de la legislación actual es algo por lo que nuestro grupo parlamentario hizo un grandísimo esfuerzo para que
fuera incorporado en su última reforma. Por lo tanto, no podemos aceptar que el Gobierno reforme en la actualidad esta cuestión.
Tenemos un grupo de enmiendas, señor presidente, relacionadas con los agentes forestales. Somos conocedores de que el Grupo Popular ha presentado alguna enmienda a este respecto, al igual que otros grupos. Inicialmente mantenemos nuestras enmiendas, primero, porque el Grupo Popular tampoco nos ha ofrecido ninguna transacción al respecto, pero sobre todo porque no podemos compartir alguna de las que presenta el Grupo Popular como enmiendas que puedan subsanar los problemas que este proyecto de ley plantea a la cuestión de los agentes forestales. Por lo tanto, señorías, entendemos que en esta cuestión es necesario mantener el criterio de la figura del agente policial, con todas aquellas funciones que tiene en este momento, y que toda su labor o la disposición que tengan que elaborar este perfectamente adaptada al conocimiento de la autoridad judicial o del ministerio fiscal, sin que eso evidentemente signifique no tener participación con el resto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Es decir, entendemos que los agentes forestales deben mantener una coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero en cambio nos parece que toda la función que están desarrollando en este momento en relación con la vigilancia, custodia o el velar por el cumplimiento de la normativa aplicable, etcétera, o cualquier desarrollado expediente en relación con cualquier cuestión delictiva en el ámbito de los montes, su trabajo, debe ser aportado, como decía anteriormente, a la autoridad judicial o al ministerio fiscal. Cuestión que las enmiendas del Grupo Popular no recogen de esa manera. Por lo tanto, señorías, mantenemos nuestras enmiendas.
Queríamos también hacer algún comentario sobre algunas otras que nos parecen importantes y que están relacionadas con la consideración del terreno forestal. Desde nuestro punto de vista no debe partir de la dedicación concreta y en un momento determinado de un terreno rústico, sino de su aptitud en función de una circunstancia de edificables, orográficas y climáticas, edáficas, mejor dicho. Esta es una de las propuestas de enmienda que nosotros hacemos, una enmienda de modificación que sustituye la expresión dedicados al cultivo agrícola por aptos para el cultivo, etcétera.
En todo caso, el resto de las enmiendas las damos por defendidas.
El señor PRESIDENTE: Quisiera recordar a los portavoces de todos los grupos parlamentarios que hagan llegar a la Mesa todas aquellas votaciones que deseen que se planteen por separado con el fin de agilizar al máximo después las votaciones.
A continuación, tiene la palabra, por el Grupo Vasco, PNV, don Joseba Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Tenemos hoy en Comisión la ratificación de la modificación de la Ley de Montes existente actualmente.
Nuestro grupo presentó una enmienda a la totalidad, que evidentemente no superó el trámite parlamentario, ni la nuestra ni la de nadie. Por dos motivos presentamos esa enmienda a la totalidad y las enmiendas parciales siguen el mismo esquema y buscan los mismos objetivos que aquella enmienda a la totalidad. Uno, porque la modificación de la ley que nos ha traído el Gobierno no mejora la ley actual y, sobre todo, porque invade ámbitos competenciales en el caso de Euskadi que son verdaderamente preocupantes. Después profundizaré más en concreto en qué ámbitos y en qué cuestiones hemos presentado enmiendas que justifican esa cuestión.
Hemos presentado veintitrés enmiendas parciales; no nos han aceptado ninguna. No nos habían transado ninguna, hasta que ahora cuando hemos llegado, con todo el tiempo que hemos tenido, nos la presentan ahora, iniciado ya el debate. Quiero que conste en el "Diario de Sesiones" la protesta por parte de mi grupo de que no nos parece de recibo que nos presenten una transacción cuando ya está iniciado el debate y hemos tenido más de quince días desde que se debatió la enmienda a la totalidad. Es una especie de tomadura de pelo, perdonen la expresión. No me ha dado tiempo ni a leerla. No solo no nos han aceptado ninguna enmienda, es que no nos han llamado tampoco para nada. Me parece muy bien, sabemos todos de matemáticas, sabemos que las mayorías absolutas son las que son, pero es que esta es una más, todas las leyes han sido así. Al principio, daba la sensación como que les daba un poco de vergüenza y hacían hasta algún ademán que otro, pero ahora ya ni eso. Por lo tanto, el rodillo, visto que esto se está acabando, que hay que sacar ciertas leyes y que todos son prisas, ni las formas se guardan.
Dicho esto, ¿cuáles son los ejes centrales de las enmiendas que hemos presentado? Digamos que hay un paquete básico fundamental, que parece incluso baladí eso de hablar de la invasión del ámbito competencial, suena como a chiste. Pues no, es una cosa muy seria y es una cosa tan seria como que modifica el orden constitucional. Pero aquí se hace gratuitamente lo que se viene en gana con todas las
leyes que desde este ministerio se han presentado en este Parlamento. Todas las leyes que se han presentado en esta legislatura tenían el mismo objetivo. Lo dijo el ministro y yo no me canso de repetirlo, porque me parece que son unas leyes con unos objetivos muy políticos, que tienen un claro ánimo recentralizador y de dejar clara la línea de lo que él entiende por estatal, nacional, vertebrador y de utilizar la agricultura y sus herramientas como un eje para igualar a todos con el mismo rasero, pero desde una perspectiva de verticalidad en la que entiende que el ministerio y el Estado, el Gobierno central, están encima del vértice y debajo están las comunidades autónomas. En materia transferida no hay verticalidad. Volvemos a acusar, volvemos a criticar esta actitud del Gobierno. Por tanto, hay un gran bloque de enmiendas que hemos presentado que justificadamente y con las leyes en la mano demuestran que hay invasión de ámbito competencial, que esta ley entra en materias que no son de su competencia ni de su concurrencia, sino claramente de las comunidades autónomas o en el caso de Euskadi por lo menos sí de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
Hay otro bloque importante relacionado con formas de gestionar los montes que plantea esta ley y que nosotros consideramos que no son las correctas. Dentro de ese gran paquete de invasión del ámbito competencial destacaría dos cuestiones muy importantes. Una, la relativa a la intromisión de elementos de caza y pesca en este proyecto de ley de montes con ese plan cinegético, etcétera, que es una clara invasión, porque cuando algo ya está funcionando, cuando son las materias que las comunidades autónomas están ejerciendo, entra como Pedro por su casa en un ámbito que no le corresponde y además en una ley en la que no es competente para ello, pero da igual. Por tanto, introducimos una enmienda por la que consideramos que hay que suprimir lo relacionado con la caza y la pesca.
Hay otra en la que coincidimos muchas formaciones políticas, y es cómo este proyecto de ley elimina competencias y capacitación como policía a los agentes forestales. Es una cuestión que, independientemente de que los afectados, a través de las organizaciones sindicales, hayan acudido a nosotros, menos el Partido Popular todos los demás hemos entendido y recogido, incluso nos hemos solidarizado con sus pretensiones, ya que solicitaban que se mantenga tal cual está ese estatus. Este proyecto de ley elimina esa capacitación y nosotros lo enmendamos, tal y como han dicho otros compañeros, y supongo que los que me sigan en el uso de la palabra harán lo mismo.
Estos son los grandes bloques de enmiendas que hemos presentado. No vamos a entrar al detalle. Hay otro elemento dentro de la invasión del ámbito competencial. Una cosa es que la ley entre, pero en otras cuestiones, como por ejemplo todas aquellas en que por el mero hecho de que sea una materia transferida y el Estado asuma para sí mismo esas capacitaciones, este tiene la obligación de coordinar, de consultar y contar con su opinión. Una cosa es consultar a las comunidades autónomas y otra es tener en cuenta la opinión de las mismas. Esta ley lamina claramente el concepto de tener en cuenta la opinión que las comunidades autónomas puedan tener en esta materia. Dice que puede consultar, no dice qué capacidad va a tener la comunidad autónoma para que aquello sobre lo que se ha pronunciado después pueda tener ámbito vinculante. Esta ley quita toda capacidad vinculante a las comunidades autónomas cuando son consultadas. Creo que este es otro concepto que queda patente en este proyecto de ley.
Por último, como todo lo demás sería una repetición, quiero referirme a una cuestión -que no está solo en este proyecto de ley sino que está también en otros proyectos de ley de este ministerio- que hemos criticado. De repente, han descubierto una cosa que se llama conferencia sectorial, y les ha venido muy bien dotar de competencias a esta conferencia sectorial, que no las tiene, claro. Y como todos sabemos el color mayoritario de las comunidades autónomas del Estado español, y es una especie de régimen asambleario al que se somete a las conferencias sectoriales para que se opine, para que se esté de acuerdo o no con lo que opine el Gobierno, y como la mayoría son del Partido Popular, después siempre puede decir el Gobierno que son las comunidades autónomas las que quieren esto.
Señores, la conferencia sectorial no puede estar por encima de las leyes que existen, como por ejemplo el estatuto de autonomía o incluso la propia Constitución. Lo que establece el estatuto de autonomía nunca lo va a poder suplantar una conferencia sectorial. Por lo tanto, no va a poder estar la opinión de un consejero de una determinada comunidad autónoma por encima de lo que el estatuto de esa comunidad autónoma diga. Este es un elemento que también queda latente en este proyecto de ley.
Para concluir, mantenemos todas las enmiendas que hemos presentado. Ahora miraremos qué distribución podemos hacer a la hora de votar, pero creo que quedan sobradamente entendidas las pretensiones que mi grupo tiene, las críticas que mi grupo tiene para con el Gobierno y para con el grupo mayoritario en cuanto a la forma de proceder y de presentar estos proyectos de ley que últimamente está haciendo. Defenderemos estas enmiendas y apoyaremos todas las que sigan
defendiendo las cuestiones que hemos presentado, independientemente de que sepamos que esto va a tener un resultado que todos sabemos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Lleonart.
El señor LLEONART CRESPO: Igual que mi compañero del Grupo Vasco, me he quedado un poco alucinado y traspuesto cuando nos han entregado los textos de las transaccionales que propone el PP. Tengo que verlas antes de decidir. Mientras tanto, mantenemos vivas nuestras enmiendas para la votación.
No me extiendo más y le paso la palabra al siguiente grupo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra señor Pérez Moya.
El señor PÉREZ MOYA: Voy a dividir la intervención en dos partes vinculadas al conjunto de las enmiendas. Nuestro grupo ya presentó una enmienda a la totalidad y, en ese sentido, lo que planteamos es lo siguiente. Para empezar, en cuanto al apartado sesenta y uno, en el que se elimina la prohibición de construir en zona incendiada, mantenemos nuestra enmienda de que hay que retrotraerse al redactado existente anteriormente y mantener los treinta años, como mínimo, de prohibición del cambio de uso. A nosotros no nos vale la justificación de que el cambio tiene como objetivo evitar que incendios provocados puedan impedir actuaciones de interés general, cosa que no es cierta, entre otras cosas porque tenemos experiencias de que, en la misma situación, el interés general no ha existido para nada. Podríamos hablar de Terra Mítica en Benidorm o la Meseta Ski en Tordesillas, dos ejemplos paradigmáticos. Por lo tanto, las razones imperiosas de interés público no son garantía de nada, ya que España ha sido denunciada en tres ocasiones ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y condenada por incumplir este precepto.
Después vendría el conjunto de enmiendas que tienen que ver con la gestión forestal y las garantías ambientales. El análisis que hacemos desde La Izquierda Plural es que en vez de fomentar los instrumentos de gestión forestal se tiende a la eliminación. Se reduce el control sobre los aprovechamientos forestales, olvidando la conservación de la biodiversidad, lo que se traduce en una reducción de las garantías ambientales bajo una visión exclusivamente productivista de los montes.
La enmienda 85, de supresión del apartado cuarenta y seis, que permite los modelos tipo de gestión forestal y que lo que pretende en realidad es prescindir de la elaboración de un instrumento de planificación específico para cada monte o terreno forestal. Esto podría llevar a no tener que solicitar autorizaciones o comunicaciones previas al órgano ambiental, lo que impediría en la práctica la supervisión de los usos y aprovechamientos del monte. Lo mismo sucedería con la enmienda 86, en el apartado cuarenta y siete, que suprime la obligatoriedad de los instrumentos de gestión para los montes privados no protectores y públicos no catalogados. Una apuesta por la planificación ha de incluir la necesidad de que los montes de superficie mediana o grande tengan que contar con los instrumentos de gestión. La solución para la gestión del monte no pasa por eliminar, desde nuestro punto de vista, la obligación de contar con un plan de gestión ante las dificultades que actualmente se encuentran para cumplir el objetivo, sino por generar las condiciones adecuadas que permitan a los distintos tipos de propiedad forestal acogerse a un modelo de gestión efectivo del monte. Por estos motivos proponemos en la enmienda que los montes públicos no catalogados y privados no protectores de superficie superior a cien hectáreas deban contar también con un proyecto de ordenación de montes, plan dasocrático u otro instrumento de gestión equivalente.
La enmienda 107, al apartado ochenta y siete, propone que en los casos en que los montes tengan obligación de disponer de un instrumento de gestión, el plazo sea de cinco años desde la entrada en vigor para dotarse de aquel, frente al texto del proyecto de ley que establece que se amplíe de quince a veinticinco años el plazo para tenerlo, dilatando aún más el período sin planificación forestal. Consideramos que la ausencia de gestión forestal es la principal amenaza que tiene el monte. La Ley de Montes debería tener como principal objetivo favorecer esta gestión. El proyecto de ley, que ya reduce el número de montes que necesitan contar con un plan de gestión, aumenta el plazo para desarrollar ese plan de gestión de quince a veinticinco años, posponiendo de manera absolutamente innecesaria la gestión efectiva de los montes. Por ello nosotros, por un sentido de racionalidad, sentido común y protección y gestión forestal, proponemos -repito- que se disponga de cinco años para dotarse del instrumento de gestión forestal. Veinticinco años nos parecen una eternidad. En mi intervención en el Pleno dije que era el equivalente a toda una generación de vida. Es excesivo y es sentar las bases para una no gestión del monte con todos los riesgos que eso conlleva.
He empezado hablando de las zonas quemadas y de los elementos de gestión forestal, y hablando de garantías ambientales, la enmienda 78 se refiere a la eliminación de la Red Natura 2000. Se nos ha pasado una transaccional en la que se recogería el mantenimiento de la expresión de Red Natura 2000. No solo en la enmienda 78 sino también en la 98 hacemos referencia a la Red Natura 2000 y no he visto en ninguna transaccional esta recuperación. Por lo tanto, nosotros incluimos la Red Natura 2000 en los supuestos para declarar los montes públicos de utilidad pública. En cuanto a la enmienda número 98, es la que hace referencia a las preferencias para la recepción de incentivos. No se puede eliminar a la Red Natura 2000 de la preferencia de la recepción de incentivos, entre otras cosas porque es incoherente por tres motivos: va en contra de los planteamientos de la Ley de 2007 de desarrollo sostenible del medio rural, que trata de las áreas integradas en la Red Natura 2000 como zonas prioritarias para financiación y otras actuaciones de la Administración; parece incompatible con el marco de la acción prioritaria para la Red Natura 2000 del propio Gobierno que identifica las prioridades y vías de financiación para estos espacios; y parece ir en contra de la voluntad del Congreso de los Diputados expresada a finales de 2014, cuando aprobó una proposición no de ley a favor de la financiación para los espacios de la Red Natura 2000. Por lo tanto, el mantenimiento vivo de nuestras enmiendas en este apartado sigue existiendo.
Por lo que hace referencia a la enmienda 79, al apartado diecinueve, que posibilita que los montes públicos puedan albergar actividades económicas que nada tengan que ver con la producción de bienes y recursos de naturaleza forestal, nuestra posición es clara, la realización de actividades de servicios ha de estar directamente vinculada a la protección del medio ambiente y por estos motivos nosotros proponemos su supresión.
La enmienda 91 hace referencia al apartado cincuenta y cuatro, que sustituye la autorización administrativa previa por una declaración responsable en los aprovechamientos maderables y leñosos de turno corto en los montes no gestionados por el órgano forestal de las comunidades autónomas y en los que no exista un instrumento de gestión, nuestro posicionamiento es claro, la reducción del control por parte de la Administración puede generar daños a la biodiversidad asociada a este tipo de aprovechamientos forestales. Además, no entendemos por qué precisamente a los aprovechamientos de crecimiento rápido, que son los que generan más impacto ambiental se les exime de la autorización administrativa previa. Por estos motivos, suprimimos la referencia a los aprovechamientos de turno corto.
Después viene el apartado que hace referencia a los agentes forestales. Ahí mantenemos vivas nuestras enmiendas, entre otras cosas porque consideramos incomprensible -ya lo expusimos- la degradación de la figura del agente forestal, no solo eliminando de su definición su calidad de funcionarios, sino que además los subordinan a las fuerzas y cuerpos de seguridad. La transacción que se nos plantea viene con una redacción más ambigua, no tan contundente, pero forzando la interpretación de la relación y pseudodependencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad; al menos esa es la interpretación que nosotros hacemos. Por eso mantenemos vivas nuestras enmiendas, porque consideramos que va contra la Constitución, crea inseguridad jurídica, es un tratamiento desigual y arbitrario, y una pérdida de autonomía y eficacia. Lo que proponemos es devolverles su calidad de funcionarios y que haya una correcta coordinación entre los agentes forestales y los cuerpos y fuerzas de seguridad.
Voy acabando este apartado en los cinco minutos que me quedan. En la enmienda 109 pedimos la supresión de la disposición adicional cuarta por invadir competencias de las comunidades autónomas en materia de caza y pesca. No entendemos que la Ley de Montes sea el lugar adecuado para regular esa actividad, no corresponde colocarlo ahí. Comparto las intervenciones de otros portavoces que me han precedido y además hoy en el Pleno hemos visto en los diferentes proyectos de ley que ha presentado el Gobierno el estilo, el carácter y la voluntad recentralizadora del Gobierno del Partido Popular en cuanto a las competencias que en estos momentos incluso los estatutos de autonomía otorgan como competencias exclusivas a las comunidades autónomas. La propuesta del Gobierno da un paso atrás en materia de certificación forestal y compra responsable de productos forestales y nosotros proponemos que las contrataciones públicas de madera y de sus productos derivados sean certificadas. Esta propuesta está contenida en las enmiendas 89 y 90.
Por último, la enmienda 110 hace referencia a la aplicación del reglamento de la Unión Europea relativo a la importación de madera y lo que proponemos es que el reglamento se aplique, porque es incomprensible que, tras dos años de entrada en vigor del reglamento en España, todavía no se haya producido ningún avance legislativo en esa materia.
En los pocos minutos que me quedan quiero hacer una reflexión en torno a lo que me encontré en la reunión de la ponencia el pasado viernes. (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Pérez Moya.
Ruego, señores diputados, señor Zarrías, que mantengan respeto por la intervención de su compañero.
El señor PÉREZ MOYA: Nos encontramos con la incorporación de nuevas enmiendas presentadas por el Grupo Popular que hacían referencia al cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional que afectaría no solo a la Comunidad Autónoma de Aragón -ya quedó claro que se planteaba el informe preceptivo-, sino también a Castilla-La Mancha por cuanto estaba afectaba por estar incluida en la cuenca hidrográfica del Tajo-Segura. Lo que nos sorprende de las enmiendas que plantea el Grupo Popular es que utiliza la Ley de Montes para modificar aspectos vinculados al trasvase del Tajo-Segura que afectarían a la Ley de Aguas y a la Ley de impacto ambiental. Por lo tanto, se utiliza la Ley de Montes para una modificación legislativa que vulneraría un principio básico, que es que cualquier modificación de ley tendría que ir soportada también por el correspondiente periodo de información pública y, por tanto, de participación en el análisis de las modificaciones que se incorporan. Es un análisis retorcido, incluso una interpelación torticera del trámite legislativo parlamentario, para incorporar cosas que no tienen nada que ver con la Ley de Montes; incluso sería discutible el respeto a la doctrina constitucional en cuanto que, para cualquier modificación de ley, en la incorporación de nuevos conceptos tendría que haber un elemento de continuidad, de coincidencia, de homogeneidad que no se da en absoluto en estas enmiendas que plantea el Grupo Popular. Es una burla a la tramitación parlamentaria. No se respeta la normativa, no se respeta a los ciudadanos que, con buen criterio, puedan cuestionar el trasvase Tajo-Segura, y solo hay que irse a las referencias tanto del Tribunal Constitucional como también al informe que estableció la Defensora del Pueblo, en el que era contundente y taxativa porque no se puede vulnerar el principio de participación y, por tanto, de información pública. No entendemos que ese sea el procedimiento y mucho menos cuando el Tribunal Constitucional, después de declarar inconstitucionales algunos aspectos, da un plazo de un año para poder desarrollar la aplicación de las sentencias y, en ese sentido, se podrían tramitar perfectamente si hay voluntad política para ello; otra cosa es que el Partido Popular no la tenga ni respete la opinión, si no mayoritaria, de una parte importante de la ciudadanía afectada por el trasvase Tajo-Segura.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra su portavoz don Martí Barberà.
El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Señorías, voy a limitarme a hacer un comentario de nuestras enmiendas y de cómo entendemos que el Grupo Popular las puede aceptar y hasta qué punto podemos alegrarnos o no de aceptar o avanzar en alguna de ellas.
Quisiera empezar con una invasión clara de competencias y en nuestra enmienda 120 se propone la supresión de la disposición adicional cuarta del texto del proyecto de ley relativa a caza y pesca por considerar que vulnera las competencias exclusivas de las comunidades autónomas de la gestión del aprovechamiento cinegético, en el caso concreto de Cataluña gestionado desde la Subdirección General de Actividades Cinegéticas y Pesca Continental. Si el Partido Popular no rectifica durante la tramitación -se lo dijimos a la ministra el otro día en sesión plenaria-, la Generalitat de Catalunya realizará las gestiones necesarias ante el Tribunal Constitucional y es motivo suficiente para abstenernos en la votación global de esta ley de montes.
En nuestra enmienda 111 proponíamos incluir en la definición de terrenos forestales a las instalaciones dedicadas a una primera transformación de la madera que no comporten un valor añadido como, por ejemplo, la del astillado para que estas actividades no tengan necesidad de disponer de un terreno industrial cuyos costes elevados muchas veces hacen inviable este tipo de instalaciones y de actividad productiva.
En cuanto a la simplificación de la gestión forestal, que es otra línea importante para nosotros, creemos necesaria nuestra enmienda 115 en referencia a los aprovechamientos maderables y leñosos y específicamente en relación con la regulación de los montes no gestionados por el órgano forestal de la comunidad autónoma donde proponemos dejar abierta la posibilidad de que las fincas sin plan de gestión del régimen de comunicación pueda ser la declaración responsable de un técnico debidamente acreditado quien lo desencalle. Creemos que es una enmienda importante, que el Grupo Popular no ha sido receptivo a ella, y que continuaremos presentando en la tramitación de este proyecto de ley.
Con la finalidad de implicar a las administraciones locales directamente en los órganos de coordinación y participación de la política forestal y más cuando modificamos el artículo sobre los órganos de coordinación y participación, hemos presentado la enmienda 113 y también la enmienda 117 cuando hablamos del uso energético de la biomasa forestal y la necesidad de incorporar a las entidades locales en la estrategia para el desarrollo del uso energético de la biomasa forestal. También pedíamos territorializar -y no estamos enfermos, sino que lo vamos pidiendo porque lo creemos- entre las comunidades autónomas los recursos necesarios para implementar las actuaciones que puedan derivarse de la citada estrategia. Sabemos que el Partido Popular no es sensible a este aspecto, pero nosotros seguiremos insistiendo en él.
En la enmienda 119 proponíamos adicionar una nueva disposición adicional para crear el fondo forestal estatal con el objetivo de incentivar las externalidades positivas de los montes ordenados para compensar a los titulares de los montes que con una gestión sostenible generan servicios ambientales de los que disfruta la sociedad. La ampliación de la superficie forestal que genera dichos servicios bien por reforestación o bien por implantación de gestión forestal sostenible sobre masas preexistentes sería una buena noticia y también potenciar el efecto sumidero de nuestros montes. En esta Comisión muchas veces hablamos de la mitigación y adaptación al cambio climático. En este aspecto la ley de montes no da un paso hacia delante, reconociendo estos sumideros y buscando alguna contraprestación a los beneficios sociales que nos podrían aportar. El presupuesto para este fondo forestal -hemos hecho una propuesta, podría hacerse otra y se podría debatir mucho- saldría de los Presupuestos Generales del Estado y también -algo que nuestro Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha reclamado muchas veces- de los fondos de las subastas de derechos de emisiones y otros ingresos que siempre deberían provenir del uso de combustibles fósiles o del mal uso del agua, por ejemplo. Cabe destacar que existen comunidades autónomas como Castilla y León y Cataluña que ya han contemplado la constitución de un fondo forestal. Sin duda, si se hubiese aceptado esta enmienda, se tendría que tener en cuenta la coordinación entre las iniciativas de las comunidades autónomas y la iniciativa del Estado.
Con nuestra enmienda 114 queríamos corregir múltiples errores que presentaba el proyecto de ley. Señorías, hemos conseguido mejorar, y mucho, la viabilidad de los montes de socios. Hemos elaborado una transaccional con el Grupo Popular a partir de su enmienda 190 -me parece que todos los grupos tienen ya el texto- para permitir la agilización de la gestión de estas figuras, muy problemáticas por su diversidad de propietarios. Las asociaciones que defienden este concepto de montes de socios están de acuerdo con la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, pero necesitaban esta transaccional para poder afirmar que 1,5 millones de hectáreas que no estaban gestionadas ahora podrán incorporarse a la actividad económica con lo que ello supone para la creación de puestos de trabajo verde y de fijación de la población en el ámbito rural. En este aspecto agradecemos al Grupo Popular su voluntad de desencallar este concepto de montes de socios para poder recuperar este 1,5 millones de hectáreas para ser gestionadas.
También podemos darnos por satisfechos con la nueva versión, ahora con una transacción, tanto del artículo 6, en la definición de agentes forestales, como en la del artículo 58, en la que se concreta y avanza más hacia la voluntad de los agentes forestales. En este sentido, apoyaremos estas transaccionales. Creemos que era mejor dejar la ley como estaba y no incorporar modificaciones. Ahora bien, entendemos que el Partido Popular ha recibido muchas presiones. No sabemos si han sido estas presiones o si al final la ministra ha entendido que lo que desde el Ministerio de Interior le estaban proponiendo no era lógico para los agentes forestales ni para la conservación del medio ambiente; sea una cosa o sea la otra, agradecemos a la ministra que haya recapacitado y que podamos volver a no limitar la capacidad de investigación de los delitos medioambientales por parte de los agentes forestales, que los relegaba anteriormente a actuar de forma auxiliar. Aquí vemos que la palabra auxiliar se mantiene, pero auxiliar de los jueces, tribunales y del ministerio fiscal, algo que ellos sí desean, y los coordina con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por tanto, entendemos que esto es un avance hacia los objetivos de los agentes forestales, agents rurals en Cataluña. Con las transaccionales a las enmiendas 188 y 194 del Grupo Parlamentario Popular ahora se corrige esta grave injusticia que se realizaba con este cuerpo de profesionales, tan necesarios para la conservación y preservación del medio ambiente.
Para terminar, creemos que hemos desperdiciado una gran oportunidad para introducir una herramienta muy importante para aumentar la actividad económica que pueda llegar a impulsar la política forestal con una gestión sostenible medioambientalmente. En nuestra enmienda 118 añadíamos una nueva disposición para incorporar incentivos fiscales para la gestión forestal sostenible. Pedíamos al Gobierno, al Grupo
Parlamentario Popular, establecer en un plazo corto de tiempo incentivos fiscales que contribuyan a promover y garantizar una gestión forestal sostenible que fomente la agrupación de la propiedad forestal para su explotación conjunta donde sea necesario. Proponíamos una deducción del 30% de las inversiones realizadas en fincas forestales destinadas a cumplir con los objetivos previstos en sus correspondientes instrumentos de gestión o planificación forestal aplicable directamente en la cuota del IRPF o del impuesto sobre sociedades. Conocemos el interés del Grupo Popular, y en especial de la señora De Lara, que en este apartado ha presentado una enmienda, la 202. Esta enmienda no llega ni mucho menos a nuestra demanda, pero la votaremos a favor, señorías del Grupo Popular. ¿Por qué? Porque sencillamente incorpora conceptos muy importantes que debemos mejorar durante la tramitación del proyecto de ley.
Limitar estos incentivos a las sociedades forestales es un grave error. Estas sociedades, que ya existen en el texto legal -existen dos experimentales en Galicia- no han tenido éxito alguno. Para fomentar la agrupación de productores forestales ya existen muchos modelos, como asociaciones o cooperativas que están haciendo un trabajo excelente. El camino a seguir es otro; intentaremos convencerles a ustedes y a la señora ministra. Hay que incentivar al propietario, y no lo conseguiremos si mantenemos solo estas bonificaciones para las sociedades forestales, pues la cesión del derecho de aprovechamiento de la finca cuando en los bosques se desarrollan multiplicidad de aprovechamientos y actividades diferentes, como aprovechar la madera, el pasto o el turismo, va en contra de que los propietarios cedan ese derecho, y más si la cesión tiene que ser, como plazo razonable, de al menos veinticinco años. Estos dos apartados son una barrera clara para que las sociedades forestales puedan avanzar y puedan crecer. Finalmente, incluso con la bonificación fiscal, no son suficientemente interesantes ante un sistema de módulos vigentes u otros incentivos similares que existen. Estos incentivos que proponemos se reconocen ya para entidades de custodia del territorio, fundaciones y otras organizaciones ecologistas, no queremos dejar a un lado a agricultores y silvicultores. Si hay ya entidades de custodia del territorio, fundaciones y organizaciones ecologistas que están incentivados, bonificados fiscalmente, no avanzar en ese sentido para agricultores y silvicultores significará perder una gran oportunidad de colaborar en la recuperación económica y desperdiciar el medio rural como verdadero catalizador de una economía basada en la inversión y en el aprovechamiento inteligente de los recursos naturales.
Señorías del Grupo Popular, intentaremos insistirles en este sentido y esperemos que durante la tramitación podamos mejorar esta enmienda suya que introduce el concepto de bonificación fiscal para sociedades forestales, pero que no es suficiente para que los propietarios forestales puedan invertir sosteniblemente en sus propiedades.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra, por un tiempo de quince minutos, doña Laura Seara.
La señora SEARA SOBRADO: Será probablemente menos tiempo, señor presidente.
De la misma manera que han intervenido mis compañeros, es verdad que las enmiendas parciales que hemos hecho a este proyecto de ley van en la línea de lo que mi compañera Pilar Lucio presentó ya en su momento en el Pleno de la Cámara en la enmienda a la totalidad, y lo hicimos, presentando estas enmiendas parciales, confiando efectivamente en mejorar el debate y en que estábamos enriqueciendo de manera clara la ley que el Gobierno nos había presentado. Tengo que decirles que el paso de esta ley por la ponencia ha sido más que decepcionante, el Grupo Parlamentario Popular solo aceptó tres enmiendas de la oposición y curiosamente no nos ha ofrecido ninguna transacción hasta ahora mismo, hasta este momento, hasta, como decía el señor diputado del Grupo Vasco, una vez empezado el debate de enmiendas en Comisión, su portavoz nos ofrece participar en las tres enmiendas, cuando debería ser el grupo que apoya la acción del Gobierno el que ofrece la posibilidad de hacer transacciones a los demás grupos, pero no en el momento del debate. Nosotros también vamos a mantener vivas las enmiendas 168 y 154. Entendemos que lo que se plantea en la transacción es insuficiente y al igual que decía el compañero de La Izquierda Plural vamos a mantenerlas vivas. Por otro lado, pedimos a la Mesa que nos haga llegar todas las transacciones, no solo aquellas en las que tiene que ver este grupo, sino otras transacciones como de la que ha hablado ahora mismo el portavoz del Grupo Catalán. Eso sí, nosotros sabemos que el Grupo Popular solo acepta estas tres enmiendas, pero incluye a través de sus propias enmiendas toda una declaración de intereses, que no de intenciones, señorías.
Estamos ante una ley que no cambiará la gestión forestal, ni cambiará ni mejorará los montes. Ustedes, señores del Grupo Popular, no tienen una estrategia forestal, lo que tienen, y lo han demostrado con este texto, es una estrategia de intereses particulares, que son los que impulsan toda su acción. Siguen sin
plan estratégico que permita una ordenación estable y continua, siguen sin integrarse en el desarrollo rural, sin construir tejido social, con lo cual la ley será tan inoperante como la Ley de Parques o la Ley de Patrimonio Natural. Fíjense, esta ley no es un fin, es un medio, es su medio, que aprovechan para cambiar sustancialmente la gestión pública, abriendo la puerta a privatizaciones de los montes de utilidad pública y a la recalificación de los terrenos después de que haya incendios. Y se lo digo porque la enmienda que presenta el Grupo Popular sigue dejando la puerta abierta a estas recalificaciones; es verdad que las dificulta, pero la puerta sigue abierta. Sigue siendo su medio para colar de tapadillo el trasvase Tajo-Segura en las enmiendas 179 a 184. En una ley de montes modifican ustedes nada más y nada menos que un asunto clave en la política de agua de nuestro país, ni siquiera el estacazo que les ha dado el Tribunal Constitucional les ha puesto a ustedes freno en su intención. Y es una insolencia política que, aún por encima, lo consuman con la excusa de hacer cumplir la sentencia del Constitucional cuando lo que pretenden es otorgar rango de ley al trasvase de forma que si se deroga sean necesarias indemnizaciones. La pregunta que nosotros nos hacemos es por qué no hacen una ley en vez de andar con estos subterfugios, por qué no traen una ley en vez de haberlo intentado en la ley de evaluación ambiental, haberles salido mal, haberles dado este varapalo el Tribunal Constitucional y ahora vuelven a intentarlo a través de la Ley de Montes. Nos parece una cuestión fuera de lugar.
El Gobierno además aprobó la normativa y el memorándum del Tajo en el 2013. Lo hicieron después de ese gran acuerdo ¿verdad?, de ese memorable y gran acuerdo al que llamamos nosotros el pacto de Génova entre las comunidades autónomas que ustedes gobiernan. Pero hubo un pequeño detalle, se olvidaron de Aragón, y Aragón recurrió. Las Cortes de Aragón recurrieron y el Constitucional les dio la razón, no solo porque se tendría que haber tenido en cuenta a esta comunidad, sino por no ser admisible una gestión fragmentada de las aguas de una misma cuenca hidrográfica. Y lo vuelven a intentar. Insisto, lo vuelven a intentar. Y aducen que fue un error de procedimiento al tiempo que en la exposición de motivos de sus enmiendas dicen que la sentencia del Tribunal Constitucional -¡fíjense!- generó incertidumbre y que pone en riesgo el funcionamiento del trasvase. Lo que han hecho hoy -se lo hemos dicho una vez y se lo volvemos a decir- es un atropello. Del Gobierno lo esperábamos, del Grupo Popular también. Lo que no esperábamos es que el Parlamento también lo hiciera, que lo hiciera y que se produjera este debate sin tener en este momento ese informe. Nosotros, como Grupo Socialista, no queremos ser cómplices de lo que ha hecho el Parlamento.
Por otro lado, esta ley es un medio para limitar el trabajo de los agentes forestales y medioambientales. Lo cierto es que nosotros, a medida que iba transcurriendo el debate de esta ley, desde su toma en consideración hasta que fue un anteproyecto, hasta que fue borrador, hasta el día de hoy, nos hemos preguntado qué le han hecho a ustedes los agentes forestales y medioambientales para que les traten tan mal. Porque la ley les ataca directamente: a su profesionalidad, a su trabajo y a su independencia. Eliminan la sola posibilidad de que existan unos cuerpos profesionales técnicos y comprometidos con el medio ambiente. Fíjense en la redacción del artículo 58, que en la enmienda presentada por ustedes al mismo vuelven a repetir y vuelve a ser un dislate. Nosotros, desde luego, pedimos la supresión de este artículo por muchas razones, pero hay una que es clara. Resulta que los atestados de estos agentes tendrán que pasar por el filtro de las comunidades autónomas. Sinceramente, no podemos entender que quieran limitar las funciones de los agentes, salvo que efectivamente ese filtro de las comunidades autónomas sea de nuevo por puro interés. ¿Por qué? Pues se lo voy a explicar, porque así unos atestados llegarán a los juzgados y otros no llegarán. ¿Cuáles llegarán? Llegarán los que digan las comunidades autónomas. Si una comunidad autónoma tiene interés en la construcción de un campo de golf o de una mansión en un parque nacional -no sería la primera vez-, pues tendrá la potestad de filtrar ese atestado. Será el filtró de qué atestados irán o no irán al juzgado. Será de nuevo, señorías, el filtro de los intereses, de sus intereses.
Y han aprovechado también esta ley como un coladero, para meter más cosas, más cosas que realmente les interesan, por ejemplo que los propietarios privados no tengan que ser responsables y estar comprometidos con su patrimonio forestal para satisfacer a una parte del sector de la caza aún en contra de la Constitución y de las competencias autonómicas. Aquí se ha dicho. Hay muchos parlamentos, incluidos algunos en los que ustedes gobiernan, como el Parlamento de Galicia, donde o se están debatiendo o se han debatido ya leyes de caza. Les interesa dejar al margen de poder edificar lo que les venga en gana pues aquello que tanto les incomoda, que después del incendio del bosque solo puede venir el bosque, ese principio, esa premisa se borra de un plumazo en esta ley. Y no se crean que nos sorprende en exceso su papelón. Les voy a explicar por qué. Estos días hemos escuchado a su secretaria
general, a la secretaria general del Partido Popular, a la señora Cospedal, y nos ha aclarado todavía más las ideas respecto a lo que ustedes entienden por medio ambiente. Sus palabras, que retratan tan bien su política como Goya retrató La carga de los mamelucos, vinieron a señalar textualmente que no puede ser que los espacios naturales sean improductivos porque, si no, no se pueden mantener. Ahora entendemos su política de desmantelamiento de la protección ambiental y ya vemos que tiene un único objetivo: la productividad, señorías; exclusivamente la productividad. Y por tanto, o la naturaleza es productiva, y se puede mantener, o la dejamos morir. Esa es la conclusión según las palabras de la secretaria general del Partido Popular y presidenta de Castilla-La Mancha. Pero es que después -y leímos las declaraciones completas y vimos el vídeo de ese acto en Los Yébenes, tan estupendo- dijo eso de que hay que cuidar nuestro medio ambiente porque, si no lo cuidáramos, no se podrían poner en marcha actividades relacionadas con el turismo de caza, eso que a ella tanto le gusta y que tan buenos ratos le hace pasar con sus amigos. (Rumores).
Esto resume a la perfección lo que piensan ustedes y lo que son. Y yo les pregunto por qué no han aceptado algunas de nuestras enmiendas y las de otros grupos parlamentarios que ya han tomado la palabra en este debate, de nuestras veintinueve enmiendas. ¿Por qué, señorías, no están de acuerdo en mejorar la definición del monte? ¿Por qué rechazan que las comunidades autónomas y los ayuntamientos participen en la gestión de los montes en determinados casos cuando hay riesgo grave para la conservación del territorio, peligro de incendio o cuando no existen los instrumentos de gestión forestal? ¿Por qué no quieren que los ayuntamientos estén presentes en el Consejo Forestal Nacional? Han dicho que no. ¿Por qué no quieren que determinados montes, incluida la Red Natura, deban -no puedan, deban- ser catalogados como montes de utilidad pública? ¿Por qué se oponen a que las actividades económicas de los montes públicos deban estar relacionadas con la protección del medio ambiente? ¿Por qué rechazan la propuesta que les ha hecho el Grupo Socialista, con las enmiendas que nosotros ya habíamos consensuado además con el sector, sobre las medidas para desbloquear, algo que ocurre con frecuencia en la gestión de los montes de socios? La gestión del monte no pasa por eliminar la obligación de contar con un plan de gestión ante las dificultades que hay actualmente, y usted lo sabe, pasa por generar las condiciones adecuadas que permitan a los distintos tipos de propiedad forestal acogerse a un modelo de gestión efectivo del monte. Y aunque la mayor parte de herramientas que permiten generar esas condiciones se deben poner en marcha paralelamente a la Ley de Montes -y les hablo de favorecer procesos de agrupación de propietarios o una fiscalidad favorable-, es necesario, señorías, que esta ley recoja la importancia y la necesidad de desarrollar planes de gestión. Y ustedes los niegan rotundamente; lo que es peor, los convierten en una cuestión arbitraria, en una herramienta arbitraria.
Respecto a los montes de socios, sobre los que ya he hecho antes alguna referencia y he comentado la suerte que ha corrido nuestra enmienda, hacen desaparecer la intervención de la Administración forestal que ahora mismo es la garante de la legalidad de todo el proceso. Hoy se exigen una serie de requisitos garantistas y, si se eliminan, podrán darse actuaciones muy dudosas, incluso delictivas, que son muy posibles en un dominio tan confuso como el que estamos tratando.
Termino. Señorías, esta es una antiley, es su antiley, es un ladrillo jurídico incomprensible, opaco y con todos los tics que nunca debería haber tenido una ley básica. Se mezclan conceptos, principios y redundancias, no permite la subsidiariedad territorial y, desde luego, no ilumina ningún camino de futuro más allá de los intereses. Es una ley barullo que resuelve cuatro arreglos, esos mismos que no se atreven a firmar como lo único que realmente les importa y les interesa. La señora De Cospedal sí lo dijo, ella no se priva, pero ustedes han tenido que disimular y trabajar un poco más. Saben que en esta ley, desgraciadamente, los montes han sido lo de menos. El medio ambiente para ustedes es una losa pesada con la que de vez en cuando hay que escenificar y, como ya les dije, el monte lo entienden como el frágil instrumento para consolidar, bien emboscado, el mecanismo que les permita a ustedes y a los suyos campar por sus respetos en donde solo debiera gobernar el interés general, y esa es una muy mala noticia para este país y para el futuro. No olviden que la tierra, el monte, el agua y el aire no son una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos.
El señor PRESIDENTE: Ahora es el turno del Grupo Parlamentario Popular, que va a dividir su tiempo entre tres portavoces. Tiene la palabra doña María Teresa de Lara. Le ruego que se atengan al tiempo máximo de quince minutos.
La señora DE LARA CARBÓ: Señorías, leía esta mañana una información aparecida en los medios de comunicación según la cual los grupos de la izquierda española anticipaban su voto en contra el
proyecto de ley por "considerarlo innecesario" y porque "afloja la protección ambiental". Vaya resumen, señorías, de un debate sobre una norma cuyo objeto es potenciar la gestión forestal sostenible de nuestros montes, su aprovechamiento -efectivamente, parece que les molesta- y la creación de empleo. Qué lamentable, señorías, que su sectarismo llegue a este extremo.
Mi grupo manifestó en ponencia la intención de llegar a acuerdos con los grupos parlamentarios, para lo que mantuvimos diez enmiendas para su debate en Comisión. Permítanme que las defienda. Agruparé las enmiendas del Grupo Popular en cinco bloques. El primer bloque corresponde a las enmiendas 188 y 194 referidas a los agentes forestales. Aclaran el texto del proyecto de ley y la interpretación torticera que sobre este texto hicieron los grupos de la oposición. Señorías, decíamos y mantenemos que si consultamos toda la legislación vigente, el proyecto de ley no modifica ni las capacidades ni las potestades ni tampoco las obligaciones de los agentes forestales. Pese a ello, nuestras enmiendas aclaran los aspectos más debatidos y por primera vez quedan claramente establecidas las funciones de ese colectivo. Señorías, no queremos demagogia ni interpretaciones sectarias sobre las funciones de un colectivo, los agentes forestales, que viene realizando una excelente labor que quiero reconocer hoy aquí de nuevo.
Segundo bloque, enmiendas 187, 199 y 202, referidas a las sociedades forestales. Como ustedes conocen, las sociedades forestales creadas en este proyecto de ley tendrán como único objeto social la explotación y aprovechamiento en común de terrenos forestales cuyo uso se ceda a la sociedad para realizarlo mediante una gestión forestal sostenible. No es una medida innecesaria, señores de la izquierda, como han afirmado; para el Grupo Popular sí es importante el sector forestal y sus potencialidades, que han sido ignoradas durante el mandato socialista. Para ese impulso, la enmienda 199 establece el régimen especial de diferimiento previsto en la Ley del Impuesto de Sociedades con el objeto de evitar la tributación que pudiera existir en el momento de constituirse la sociedad forestal. Y la enmienda 202 establece una deducción en la cuota íntegra del impuesto sobre sociedades del 10 % de los gastos de inversiones de la sociedad forestal. Esto, señorías de la izquierda, es lo que ustedes consideran innecesario.
Tercer bloque, enmienda 193. Garantiza que la administración responsable de la extinción asumirá la defensa jurídica del director técnico de la extinción y del personal bajo su mando, lo que facilitará sin duda alguna la toma de decisiones con un criterio estrictamente técnico. Parece lógico, señorías, ¿verdad? Pues bien, conviene recordar que el Gobierno socialista había eliminado esa defensa jurídica en las modificaciones de esta ley en 2007.
Cuarto bloque, montes de socios, enmienda 190. Como conocen sus señorías, la incorporación de los llamados montes de socios -que detalla el proyecto de ley- al grupo de montes gestionados, desarrollando una incipiente legislación anterior, permitirá gestionar más de 1,5 millones de hectáreas actualmente abandonadas o utilizadas sin control alguno. Nuestra enmienda introduce la novedad de que las juntas gestoras se constituyan ante la Administración más próxima al monte, lo que garantiza imparcialidad y seriedad en el proceso, modula el derecho de retracto y proporciona identificación fiscal a la junta gestora extendiendo la legislación a la totalidad del territorio nacional.
Finalmente, señorías, la enmienda 201 tiene como objetivo establecer las bases para la consolidación, mantenimiento, desarrollo y promoción de la red nacional de caminos naturales, uno de cuyos objetivos es favorecer el desarrollo socio-económico de las zonas rurales potenciando y diversificando los recursos económicos, el fomento del empleo y el asentamiento de la población en el mundo rural. Todo ello, señorías de la izquierda, es lo que ustedes han declarado innecesario e irrelevante y por ello han anunciado su voto en contra. Posiblemente, señorías, el mundo rural y el sector forestal les pidan explicaciones por su ligereza.
El señor PRESIDENTE: Tiene ahora la palabra doña Maravillas Falcón.
La señora FALCÓN DACAL: Me parece importante resaltar que varios grupos parlamentarios piden que se habilite a las comunidades autónomas para intervenir en la gestión de montes situados en más de un municipio cuando se den determinadas condiciones. Técnicamente no existen montes que se extiendan a más de un municipio, aunque se gestionen de forma unificada los permisos o los impuestos. Deberían ustedes aplicarse un poco más para conocer de qué estamos hablando, porque hay enmiendas que técnicamente no son muy exactas. Pero, no contentos con esta petición, en su afán intervencionista pretenden ustedes también que los ayuntamientos intervengan en la gestión de los montes situados en su municipio, aunque no sean de su propiedad, cuando la gestión por parte de los propietarios sea mala o no estén al corriente de pago o no sé qué cosas más. Seamos serios, lo que ustedes pretenden viola el derecho a la propiedad recogido en el artículo 33.3 de la Constitución, que es un derecho fundamental. Si
alguien no está al corriente de pago habrá que requerirle el pago, pero el ayuntamiento no puede disponer de sus bienes. Si consideran que la gestión puede suponer un peligro para los demás, nuestro Derecho Civil también tiene los medios adecuados para evitar estas circunstancias sin necesidad de ir más allá. Admitir lo que ustedes están proponiendo sería una expropiación encubierta, sin declaración previa de interés general y sin abono del correspondiente justiprecio; o sea, saltándose a la torera todos los derechos individuales de la propiedad.
Por otra parte, en cuanto a la modificación del artículo 50 de la ley sobre el cambio de uso de las zonas quemadas, y que gran parte de sus señorías quieren eliminar por miedo a que se provoquen incendios con fines especulativos, esta modificación no debe preocuparles, pues exclusivamente se podrá hacer uso del monte quemado por razones excepcionales de interés público. Además, deberá materializarse mediante ley, amén de aplicar las correspondientes medidas compensatorias. Yo creo que esto es suficiente garantía; insisto: debe materializarse por ley. Es intolerable que en las motivaciones de sus enmiendas algunos grupos parlamentarios, como Izquierda Unida y sobre todo el Partido Socialista, ataquen al Gobierno haciendo un corta y pega de las manifestaciones ecologistas, sin someterlas siquiera a un examen más riguroso, como correspondería a un trabajo eficiente y crítico de sus señorías en esta Cámara.
En lo que se refiere a los montes de socios no podemos aceptar las enmiendas del Partido Socialista ni las de Izquierda Unida, que mantienen el texto original del artículo 27 bis, montes de socios. Sin embargo, sí aceptaremos la transaccional del Grupo de Convergència i Unió porque mejora la enmienda del Grupo Parlamentario Popular. Le agradecemos esta aportación. A este respecto, la redacción actual de los montes de socios es más clara y transparente en cuanto a la gestión del monte en proindiviso y pretende ser más ágil en esclarecer la titularidad de las cuotas vacantes, ya sean de un tercero o del Estado por aplicación de la Ley 33/2003, del patrimonio de las administraciones públicas.
En cuanto a la Red Natura 2000, tal como hablamos en la ponencia, nos ha parecido adecuado incluir el nombre de Red Natura 2000 en el artículo 13 e), en referencia a los montes utilidad pública. Si ustedes están conformes, hoy podemos llegar a un acuerdo respecto a las enmiendas 78, 154 y 155. Ya les hemos hecho llegar el texto modificado.
Respecto a la definición de agente forestal y sobre la extensión de policía y guardería forestal de los agentes forestales, creo que todos los grupos parlamentarios hemos recibido y escuchado a los colectivos implicados. El Grupo Parlamentario Popular ha incluido las funciones de vigilancia -se quejaban ustedes, haciendo alarde electoralista, de que no hemos hecho ninguna transacción, pero tampoco ningún grupo parlamentario ha venido a proponer ningún consenso al Partido Popular- en cuanto a la definición de agente forestal. Hemos mantenido también el vocablo de funcionario porque en la medida de lo posible mi grupo parlamentario trata de conciliar las peticiones y las inquietudes de los agentes afectados con las necesidades legislativas. Por ello, les hemos hecho llegar esta transaccional que añade que los agentes forestales actuarán de forma auxiliar con los jueces, tribunales y el ministerio fiscal de manera coordinada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, según su legislación orgánica reguladora, y además como policía judicial genérica estarán a lo dispuesto en el artículo 284 de la Ley de Enjuiciamiento Civil como aparece en el texto que hemos puesto a su disposición.
En relación con las disposiciones adicionales proponen eliminar la disposición adicional cuarta sobre caza y pesca fluvial. Aunque ustedes piensan lo contrario, esta disposición es plenamente constitucional y no invade en ningún momento las competencias de las comunidades autónomas, sino que recoge aspectos del ámbito de la caza y la pesca que concilian su organización a escala nacional y garantizan la unidad del mercado de estas actividades, evitando incongruencias y desigualdades en todo el territorio nacional a través de la estrategia nacional de gestión cinegética y de un registro nacional de infractores. Hay varias comunidades autónomas que han acogido con agrado esta regulación, entre otras, la mía, Castilla-La Mancha, porque es un actividad económica que atrae el turismo, que le gusta a 3 millones de españoles, mal que les pese a ustedes, que le gusta a la señora De Cospedal y a mí también.
El señor PRESIDENTE: Doña Maravillas Falcón, le ruego que vaya terminado y deje tiempo a su compañero.
La señora FALCÓN DACAL: Voy terminando, señor presidente.
En cuanto a la protección del medio ambiente insinúan en alguna de sus enmiendas que se afloja el control. En ningún momento con la modificación de esta ley se afloja la protección ambiental, como ustedes insinúan, sino todo lo contrario. Con la ordenación de los montes, con la modificación que hoy
vamos a aprobar se favorece el aprovechamiento forestal de nuestros montes y se mejora la prevención en materia de incendios, y además se mejora la triple función que tienen los montes -económica, ecológica y social-, incluyendo la cultural y procurando además su desarrollo simultáneo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Manuel Torres.
El señor TORRES HERRERA: La verdad es que se me hace difícil hablar en cinco minutos de la Ley de Montes cuando mi formación es precisamente la de ingeniero de Montes, pero trataré, después de lo dicho por mis compañeras María Teresa y Maravillas, de ceñirme a las enmiendas que no han sido tratadas por ellas en sus intervenciones.
Las enmiendas números 16, 77, 113, 153 y 209 solicitan que se añadan en el artículo 10 a las funciones del consejo forestal nacional, de nueva creación, las de hacer el seguimiento de las normas y planes forestales, además de informarlos. Aquí, señorías, hay que señalar que la composición y funcionamiento de este consejo forestal nacional no se ha determinado todavía reglamentariamente, por lo que no tiene sentido garantizar la presencia concreta de una de las partes interesadas y no la de las demás.
En las enmiendas 17, 38, 134, 136, 156 y 212 se solicita recuperar alguna figura de especial protección para la declaración de montes de utilidad pública, por ser más restrictivas las actuales. Hay que indicar que la nueva lista es de hecho más amplia, al incluir todos aquellos terrenos que se deben mejorar o repoblar con fines de protección. Las dunas estarían entre ellos. Además, el artículo 17 ya prevé la desafectación de montes demaniales, y eso se puede hacer con la ley vigente exactamente igual. La nueva ley es más restrictiva que la vigente, puesto que elimina la posibilidad de desafectación parcial por otras causas y la limita a un interés general prevalente.
Las enmiendas 18, 34, 155 y 211 solicitan eliminar los cambios que hacen depender las concesiones para actividades económicas de los instrumentos de gestión del monte en lugar de dejarlas al arbitrio del gestor. Se aduce que el plazo máximo de setenta y cinco años y los servicios no parecen vinculados a la protección del medio ambiente. Aquí habría que señalar que en el texto vigente la duración podría ser limitada, pero no se daba un plazo máximo. Así, se podría incluso llegar a limitar a mil años, lo cual, por ejemplo, sería válido. La protección del medio ambiente debe figurar necesariamente en los instrumentos de gestión, por lo que si estos se respetan, se consigue aquella.
Las enmiendas 23, 58, 140 y 219, de supresión, se refieren a la compra responsable de productos forestales. Hay que señalar que la modificación prevista explica mejor la disposición sin cambiarla. En los contratos públicos la legalidad es condición sine qua non para concursar, puesto que es obligatoria.
Las enmiendas 51, 64, 107, 176 y 234 solicitan anular la ampliación en diez años del plazo para que los montes en que sea obligatorio tengan un instrumento de gestión, tal y como señala la disposición transitoria segunda. Aquí hay que indicar que debido a que el plazo comienza cuando entra en vigor la Ley de 2003, este proyecto de ley lo que hace es modificarla, no hacerla de nuevo. Esto quiere decir que en febrero de 2019 todos los montes catalogados deben tener un instrumento vigente. Dado que la mayoría exige un verdadero proyecto de ordenación, en los tres años que faltan las comunidades autónomas no van a ser capaces de elaborarlos y aprobarlos.
Las enmiendas 65, 108, 177 y 235, referidas a la disposición transitoria tercera, tratan de los incentivos económicos en montes no ordenados y solicitan cambiar el plazo para estos incentivos económicos. Hay que señalar que se trata de modificar la Ley 43, que entró en vigor en 2004. Cuando se dice esta ley, nos estamos refiriendo a la Ley 43/2003, no a este proyecto de ley.
Las enmiendas 100, 171, 148 y 231 solicitan que se incorpore en el artículo 65.2, referido a los incentivos, los residuos forestales. Señorías, este concepto de residuo forestal ya está definido en la Ley de Residuos y no encaja con lo que es la biomasa forestal. La biomasa es en realidad un recurso, no un residuo.
Las enmiendas números 106, 117 y 175 solicitan que se incluyan las entidades locales como parte en la elaboración de la estrategia para el desarrollo del uso energético de la biomasa forestal que se recoge en la disposición adicional cuarta. Señorías, los municipios desarrollan un papel fundamental sobre los montes como responsables y propietarios de algunos de ellos. Hay que recordar que ya existe una estrategia para el uso energético de la biomasa forestal en virtud de la Ley de 2003. ¿O acaso quieren decir que en 2010 no se tuvo en cuenta a los ayuntamientos por no decirlo expresamente en la ley? Me extrañaría, viendo las reclamaciones del Partido Socialista entonces en el Gobierno. Así, en el Consejo Asesor de Medioambiente existe un representante de las entidades locales de ámbito estatal con mayor implantación y en el Consejo Nacional de Montes hay ocho vocales en representación de las corporaciones locales.
Por último, me referiré a las enmiendas números 26, 96, 167 y 224 en las que se pide la supresión de la modificación en el artículo 54 bis sobre la circulación rodada. Señorías, en esta ley se abre la posibilidad de circular libremente en montes demaniales por pistas y fuera de ellas, si así lo permite...
El señor PRESIDENTE: Don Manuel Torres, le ruego que vaya concluyendo.
El señor TORRES HERRERA: Sí, voy acabando.
En los montes patrimoniales y privados su titular tiene la potestad de abrir o cerrar su monte, lo que significa mayor libertad para los ciudadanos y significa también que se puede abrir dicha circulación con carácter general salvo las servidumbres de paso, pero los servicios de gestión, prevención y extinción de incendios no se podrán prohibir en ningún caso.
Para terminar, me gustaría aclararle a la señora Seara en referencia a lo que decía de la señora De Cospedal que el monte no solamente tiene un aspecto protector también es productor y recreativo. Se lo digo porque esos son los principios fundamentales del monte. (Aplausos.-La señora Seara Sobrado pide la palabra).
La señora SEARA SOBRADO: Desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos hacerle una pregunta antes de iniciar las votaciones. Queremos saber en este momento, antes de votar, si la Mesa ha recibido ya el informe del Gobierno de Aragón respecto al transvase Tajo-Segura.
El señor PRESIDENTE: Como presidente de la Comisión he evacuado el trámite correspondiente y en este momento no tenemos constancia de haber recibido nada.
La señora SEARA SOBRADO: No ha llegado el informe. Queríamos que constara en el "Diario de Sesiones". (La señora Fernández Davila pide la palabra).
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señor presidente, solo quería decir que en mi intervención no di por defendidas las enmiendas del resto de los componentes del Grupo Mixto y quería darlas por defendidas.
Vamos a suspender la sesión por unos minutos para repartir el cuaderno de votaciones, en el que figuran las enmiendas agrupadas por bloques, y para saber cuál es la opinión de los diversos grupos respecto a las enmiendas transaccionales que se han planteado. (Pausa).
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la ratificación de la ponencia designada para informar sobre el proyecto de ley por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. ¿La dan ustedes por ratificada? (Asentimiento).
En segundo lugar, vamos a pasar a la votación de las enmiendas, por bloques, de acuerdo con el cuaderno de votaciones del que disponen todos los grupos parlamentarios. En primer lugar, sometemos a votación las enmiendas del Grupo Mixto, presentadas por el señor Baldoví Roda, enmiendas números 204, 205, 207, 208 y 212.
Sometemos a votación la enmienda número 210.
Enmiendas 211, 213 y 214.
Sometemos a votación las enmiendas 216, 219, 220, 223 y 225.
Enmiendas 217, 226 y 227.
Enmiendas 224 y 234 a 236.
Enmiendas 228 a 230 y 233.
Vamos a someter a votación el resto de las enmiendas.
Enmiendas presentadas por don Pedro Quevedo Iturbe, del Grupo Mixto, y otros. Enmienda número 3.
Enmiendas presentadas por doña María Olaia Fernández Davila, del Grupo Mixto. Enmiendas 121, 143 y 148, que se votan en bloque.
Enmiendas 122, 124, 125, 131, 134, 136, 139, 142 y 145.
Enmiendas 129, 135, 141 y 144.
A continuación se someterá a votación en bloque el resto de las enmiendas presentadas por la señora Fernández Davila.
Enmiendas presentadas por la señora Jordà i Roura, del Grupo Mixto. (La señora Seara Sobrado pide la palabra).
Señora Seara.
La señora SEARA SOBRADO: La agrupación de votaciones en el epígrafe "resto" está mal, porque no coincide con el sentido del voto que tenemos, por ejemplo, en nuestra hoja previa. (Un señor diputado: ¿Tenemos que volver a empezar?). No, volver a empezar, no. Lo que se ha hecho hasta ahora está bien, pero tenemos algún problema para poder seguirle.
El señor PRESIDENTE: Si quiere que vaya más despacio...
Vamos a suspender por algunos minutos la sesión para aclarar esta cuestión. (Pausa).
Señorías, vamos a proseguir con las votaciones. Enmiendas presentadas por doña Teresa Jordà i Roura, del Grupo Mixto. Enmiendas 11, 16 y 28.
Enmiendas 14 y 15.
Enmiendas 19, 20 y de la 23 a la 26.
Sometemos a votación el resto de las enmiendas presentadas por doña Teresa Jordà.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3, en contra, 24; abstenciones, 13.
Sometemos ahora a votación las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV). Primero vamos a votar las enmiendas 29, 34, 45 y 52.
Enmiendas 30 y 49.
Enmiendas 36 y de la 39 a la 41.
Enmiendas 37, 38, 42, 44 y 46.
Sometemos a votación el resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Vasco (PNV).
Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. Enmiendas 54, 55 y 62.
Enmiendas 57 y 64.
Resto de enmiendas de UPyD en bloque.
Sometemos a votación las enmiendas presentadas por el Grupo de La Izquierda Plural. Votamos las enmiendas en bloque 66, 67, 68, 82, 86, 87, 89, 98, 99, 106, 108 y 109.
Enmiendas 69, 70, 72, 77, 83, 84, 88, 90, 92, 100 y 101.
Enmiendas 74, 97 y 103.
Enmiendas 79, 81 y 91I.
Enmiendas 85, 94, 104 y 105.
Resto de enmiendas presentadas por La Izquierda Plural.
Sometemos a votación las enmiendas presentadas por el Grupo de Convergència i Unió. En primer lugar, enmienda número 111.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 25; abstenciones, 13.
Enmiendas 115 y 119.
Sometemos a votación el resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. Votamos la 157, 163 y 167.
Sometemos a votación las enmiendas 159, 160, 161, 168, 172 y 173.
Sometemos a votación el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Sometemos a votación las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. Enmienda 186.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; en contra, 16; abstenciones, 1.
Enmienda 189.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; en contra, 17.
Enmienda 193.
Enmienda número 199.
Enmienda número 201.
Enmienda número 202.
Vamos a someter a votación ahora las enmiendas transaccionales, cuyo texto disponen los portavoces de los distintos grupos parlamentarios. En primer lugar, enmienda transaccional número 1, que transacciona la 114 y la 190.
Enmienda transaccional número 2, que transacciona las enmiendas 2, 12, 53, 112, 123, 188 y 203.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 27; abstenciones, 15.
Enmienda transaccional número 3, que transacciona la 116 y la 194.
Por último vamos a someter a votación el texto del informe de la ponencia con las enmiendas que se han incorporado al mismo.
Eran las nueve y cinco minutos de la noche.