Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/circular-externa-35-de-2005?documento=legcol&contexto=legcol_7599204212bbf034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-10-15 21:50:42
Document Index: 53986461

Matched Legal Cases: ['artículo 20', 'artículo 326', 'artículo 207', 'artículo 209', 'artículo 207', 'artículo 325', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 326']

CIRCULAR EXTERNA 35 DE 14 DE OCTUBRE DE 2005
CONTENIDO:ENTIDADES VIGILADAS POR LA SUPERBANCARIA. SE MODIFICA LA CIRCULAR EXTERNA 100 DE 1995 (BÁSICA CONTABLE Y FINANCIERA), EN LO RELACIONADO CON EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO CREDITICIO (SARC).
Ref.: Modificación al capítulo II de la Circular Externa 100 de 1995 y al anexo 3 del mismo capítulo.
Este despacho en ejercicio de sus facultades, considera necesario modificar el capítulo II de la Circular Externa 100 de 1995 y el anexo 3 del mismo capítulo, en los siguientes términos:
1. Modificar el numeral 1.3.4.2 del capítulo II, con el fin de incrementar el porcentaje de provisión general.
Lo anterior, en consideración al impacto que se deriva del cambio de provisiones una vez entre en vigencia el modelo de referencia para la cartera comercial (MRC) y en atención al dinamismo observado en las diferentes modalidades de crédito, así como al carácter paulatino de la convergencia entre el sistema por altura de mora y los modelos de pérdidas esperadas.
Para cubrir el valor adicional que genera el incremento de la provisión general, las entidades vigiladas cuentan con un término de veintiún (21) meses contados a partir del cierre del mes de octubre de 2005. Para el efecto, en el transcurso del primer año deben provisionar el 70% del valor adicional y durante los nueve meses siguientes el 30% restante, de acuerdo con las instrucciones previstas en el numeral 1.3.4.2 del capítulo II.
2. Señalar en el numeral 2.5.3 del capítulo II, las operaciones que generan riesgo crediticio para las entidades aseguradoras, las sociedades de capitalización y los intermediarios de seguros y reaseguros, y definir las reglas de calificación y provisión.
3. Ajustar el literal d) del numeral 1.3.2.3.1 del capítulo II, en cuanto a la calificación del banco emisor que se requiere para considerar las cartas de crédito stand by como garantías idóneas, de acuerdo con la nomenclatura de calificación utilizada.
4. Precisar en el literal b) del numeral 1.3.3.1 del capítulo II y en los numerales 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5 del anexo 3 del mismo capítulo, los términos para establecer el incumplimiento y la calificación de los créditos en atención a la mora.
5. Fijar en el numeral 5.3 del anexo 3 del capítulo II, los elementos que determinan el valor expuesto del activo.
La presente circular rige a partir de su publicación, modifica en lo pertinente el capítulo II de la Circular Externa 100 de 1995 y el anexo 3 del mismo capítulo. Se adjuntan las páginas objeto de modificación.
N. del D.: Esta circular externa va dirigida a representante legales y revisores fiscales de las entidades vigiladas.
Para efectos de la evaluación de riesgo crediticio, además de los avales y codeudores solidarios, se pueden considerar como garantías idóneas de la respectiva operación las fuentes de pago existentes que de manera incondicional atiendan suficientemente el crédito por el simple requerimiento de la entidad acreedora. Tendrán el mismo tratamiento las garantías otorgadas por la Nación cuando cuenten con la apropiación presupuestal certificada y aprobada por la autoridad competente.
Las cartas de crédito stand by se consideran garantías idóneas cuando cumplan las siguientes condiciones:
• Que sean cartas de crédito irrevocables y pagaderas a su sola presentación;
• Que el banco emisor cuente con una calificación igual o superior a “BBB-”, para deuda de largo plazo, según la escala de calificación utilizada por Standard & Poors, Duff & Phelps, Thomson Bankwatch y Fitch Investors Service o igual o superior a “Baa3”, según la nomenclatura de calificación utilizada por Moody’s.
Para los efectos de la evaluación del RC se consideran garantías idóneas, las garantías otorgadas por el Fondo Nacional de Garantías S.A., que cumplan los requisitos previstos en el presente literal.
1.3.2.3.2. Etapa de seguimiento y control
La etapa de seguimiento y control supone un continuo monitoreo y calificación de las operaciones crediticias acorde con el proceso de otorgamiento.
Los procesos que se adopten deben contener metodologías y técnicas analíticas que permitan medir el RC inherente a una operación crediticia y los futuros cambios potenciales en las condiciones del servicio de la misma. Tales metodologías y técnicas se deben fundamentar, entre otros criterios, en la información relacionada con el comportamiento histórico de los portafolios y los créditos, las características particulares de los deudores y sus créditos, las variables sectoriales y macroeconómicas que afecten el normal desarrollo de los mismos y las garantías con las cuales se respalden.
Los modelos internos que se desarrollen deben determinar la pérdida esperada por la exposición al RC. La información que resulte de estos modelos debe ser almacenada como insumo para el afinamiento y retroalimentación de los mismos.
Estas metodologías deben ser evaluadas como mínimo dos (2) veces al año, a más tardar en mayo y en noviembre, para establecer la idoneidad de las mismas, al igual que la relevancia de las variables seleccionadas para cada una de ellas. Igualmente, estas metodologías deben ser probadas en escenarios y condiciones extremas (pruebas de estrés), y se debe medir la suficiencia del nivel de cubrimiento de las provisiones estimadas frente a las pérdidas efectivamente observadas. Los resultados de estas evaluaciones y pruebas deben ser presentados por el representante legal principal a la junta directiva o al consejo de administración y estar a disposición de la SBC junto con las conclusiones de su análisis.
1.3.2.3.3. Etapa de recuperación
La entidad debe contar con procedimientos aprobados por la junta directiva o el consejo de administración y ejecutados por la administración de la entidad, tendientes a maximizar la recuperación de créditos no atendidos normalmente. Tales procesos deben identificar claramente los responsables de su desarrollo, así como los criterios con base en los cuales se ejecutan las labores de cobranza, se evalúan y deciden reestructuraciones, se administra el proceso de recepción y realización de bienes recibidos a título de dación en pago y se decide el castigo de los créditos.
Las reestructuraciones deben ser un recurso excepcional para regularizar el comportamiento de la cartera de créditos y no pueden convertirse en una práctica generalizada.
1.3.3. Modelos para la estimación o cuantificación de pérdidas esperadas
El SARC debe estimar o cuantificar las pérdidas esperadas de cada modalidad de crédito.
Al adoptar sistemas de medición de tales pérdidas, dentro de su SARC las entidades pueden diseñar y adoptar respecto de la cartera comercial, de consumo, de vivienda y de microcrédito, ya sea para uno, algunos o la totalidad de sus portafolios o para alguno o la totalidad de los componentes de la medición de la pérdida esperada, sus propios modelos internos de estimación; o aplicar, para los mismos efectos, los modelos de referencia diseñados por la SBC para diversos portafolios, bajo los supuestos previstos en el presente capítulo. Las entidades que de acuerdo con lo dispuesto en este capítulo, opten por diseñar y adoptar sus propios modelos para uno o más portafolios deben presentarlos a la SBC para su evaluación previa, la cual, en todos los casos, emitirá un pronunciamiento respecto de su objeción o no para que sean aplicados, de acuerdo con las reglas establecidas en el numeral 1.3.3.2.
1.3.3.1. Componentes de los modelos internos
Las entidades que se encuentren en funcionamiento antes del 1º de enero de 2006 y que opten por diseñar sus propios modelos internos, deben contar con bases de datos que incorporen información histórica al menos desde 1998, excepto en relación los modelos correspondientes a microcrédito, en cuyo caso se debe contar con información histórica pertinente de los cuatro (4) años anteriores a la fecha de cálculo de la pérdida esperada.
Las entidades que empiecen a funcionar con posterioridad a dicha fecha, deben contar con bases de datos que incorporen información histórica pertinente de por lo menos los siete (7) años inmediatamente anteriores a la fecha de cálculo de la pérdida esperada, con excepción de los modelos correspondientes a microcrédito, en cuyo caso se debe contar con información histórica pertinente de los cuatro (4) años anteriores. La información de los modelos que se presenten a la SBC deberá ser actualizada al momento de su presentación.
La estimación de la pérdida esperada en el marco del SARC resulta de la aplicación de la siguiente fórmula:
Pérdida esperada = [Probabilidad de incumplimiento] x [Exposición del activo] x [Pérdida esperada de valor del activo dado el incumplimiento]
De acuerdo con la metodología que se adopte, las pérdidas esperadas aumentarán en función del monto del crédito o exposición crediticia y de la probabilidad de deterioro de cada activo. Las pérdidas serán menores entre más alta sea la tasa de recuperación esperada.
Por lo tanto, el modelo o modelos que se adopten deben permitir, respecto de cada portafolio, determinar los componentes de la pérdida esperada de acuerdo con los siguientes parámetros:
a) La probabilidad de incumplimiento de los deudores. Corresponde a la probabilidad de que en un lapso de doce (12) meses estos incurran en incumplimiento.
b) Se entiende por incumplimiento, sin perjuicio de que la entidad establezca criterios adicionales más exigentes, el evento en el cual una operación de crédito cumple por lo menos con alguna de las siguientes condiciones:
• Créditos comerciales que se encuentren en mora mayor o igual a 150 días.
• Créditos que según lo establecido en el numeral 1º del capítulo XX de esta circular se consideren de tesorería y se encuentren en mora.
• Créditos de consumo que se encuentren en mora mayor o igual a 90 días.
• Créditos de vivienda que se encuentren en mora mayor o igual a 180 días.
• Microcréditos que se encuentren en mora mayor o igual a 30 días.
No obstante, para efectos de los reportes de endeudamiento a la SBC y a las centrales de riesgo las entidades deben clasificar los créditos y homologarlos observando las reglas previstas en el numeral 2.2 del presente capítulo.
Igualmente se consideran incumplimiento las situaciones que a continuación se describen:
• Cuando a partir de la información trimestral proveniente de las centrales de riesgo consolidadas con el sistema, o a partir de cualquier otra fuente de información, se establezca que el deudor registra obligaciones que han sido castigadas, reestructuradas o extendidas en sus plazos para la cancelación de capital y/o intereses.
Para estos efectos no se entenderán como incumplidas aquellas obligaciones reestructuradas respecto de las cuales se acredite ante la SBC la existencia de abonos en dinero superiores al 10% del saldo adeudado en la fecha de la reestructuración o la extensión de los plazos cuando mejora la probabilidad de incumplimiento o la ausencia de períodos de gracia a capital e intereses o la capitalización hecha por los accionistas o asociados del deudor y aquellas reestructuraciones resultantes de cambios en las tasas de interés por condiciones de mercado o de reducciones en los plazos.
Dicha excepción procederá siempre que en los modelos internos estas reestructuraciones se encuentren agrupadas y la historia de estos eventos (contenida en las bases de datos) demuestre que la probabilidad de incumplimiento de estas obligaciones, después de efectuada la reestructuración, es inferior a la determinada al momento de esta respecto del segmento en cuestión y según el tipo de cartera.
Tampoco se entenderán como incumplidos aquellos créditos de vivienda reestructurados a solicitud del deudor en aplicación de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 546 de 1999.
• Cuando un deudor se encuentre en un proceso concursal, reestructuraciones extraordinarias, acuerdos de reestructuración en el marco de las Leyes 550 de 1999 y 617 de 2000, o cualquier clase de procesos judiciales o administrativos que impliquen la administración o liquidación forzosa del deudor.
1.3.4.1. Provisiones individuales o específicas
Son las provisiones que reflejan el RC particular de cada deudor. Deben determinarse de acuerdo con el modelo interno, o el de referencia o cumpliendo las reglas establecidas en el anexo 1 del presente capítulo, según las reglas previstas en el numeral 1.3.3.2.
1.3.4.2. Provisión general
Corresponde como mínimo al dos por ciento (2%) sobre el total de la cartera de créditos bruta. Tratándose de contratos de leasing, la provisión general debe ser como mínimo del dos por ciento (2%) del valor de los bienes dados en leasing deducida la depreciación y amortización.
Esta provisión deberá estar totalmente constituida el 1º de julio de 2007. Con tal fin, mensualmente y a partir del cierre del mes de octubre de 2005 las entidades deberán empezar a provisionar la alícuota correspondiente. Para determinar el valor de la alícuota mensual se aplicará la siguiente fórmula:
• Durante el primer año:
• Durante los siguientes nueve meses:
Cartera de leasing:
*deducidas las depreciaciones y amortizaciones
Las entidades que obtengan un pronunciamiento de no objeción de la SBC respecto de sus modelos internos que incluyan componentes contra-Cíclicos y los apliquen, no deberán constituir la provisión general. Dicha provisión deberá mantenerse únicamente respecto de:
• Entidades o portafolios cuyo modelo interno no incorpore componentes contra-Cíclicos.
• Entidades o portafolios para los que no se empleen ni los modelos internos ni los de referencia adoptados por la SBC.
La constitución de provisiones generales adicionales, requerirá la aprobación de la asamblea general accionistas o de asociados de la respectiva entidad, con una mayoría decisoria superior al 85% y deberá fundamentarse técnicamente.
Cuando en virtud de la aplicación de modelos internos o del modelo de referencia se incorporen componentes contra-Cíclicos, las entidades podrán destinar proporcionalmente las provisiones generales efectuadas antes de la aplicación de dichos modelos, a la constitución de provisiones individuales, previa autorización de las SBC.
1.3.4.3. Órdenes de constitución de provisiones
De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1.3.3.2 las entidades cuyos modelos internos no sean objetados por la SBC deberán emplearlos para el cálculo y constitución de provisiones para el respectivo portafolio. Sin perjuicio de lo anterior, con el propósito de asegurar la confianza pública en el sistema y velar por la solidez económica de las entidades, la SBC podrá, en ejercicio de la facultad contemplada en el literal l) del numeral 2º del artículo 326 del EOSF, ordenar, en cualquier momento y respecto de cualquier entidad, un nivel de provisiones diferente, para lo cual, entre otros criterios se tendrá como parámetro el modelo de referencia de la SBC, así como la evaluación del adecuado funcionamiento de los elementos que componen el SARC contemplados en el numeral 1.3 del presente capítulo.
1.3.5. Procesos de control interno
El diseño e implementación de un esquema para la administración del RC debe contar con procesos de control interno, mediante los cuales se verifique la implementación de las metodologías, procedimientos y, en general el cumplimiento de todas las reglas de su funcionamiento, incluyendo especialmente el oportuno flujo de información a la junta directiva, consejo de administración y al nivel administrativo de la entidad.
2. Reglas adicionales para el adecuado funcionamiento del SARC
2.1. Reglas relativas a las distintas modalidades de crédito
Para propósitos de información, evaluación del RC, aplicación de normas contables y constitución de provisiones, entre otras, la cartera de créditos se debe clasificar en las siguientes modalidades:
Dentro de la metodología interna las anteriores modalidades pueden subdividirse en portafolios.
Se deben clasificar en la modalidad que corresponda a cada uno de los créditos, las comisiones y cuentas por cobrar originadas en cada tipo de operación.
2.1.1. Créditos comerciales
Para los efectos del presente capítulo, se definen como créditos comerciales los otorgados a personas naturales o jurídicas para el desarrollo de actividades económicas organizadas, distintos a los otorgados bajo la modalidad de microcrédito.
2.1.2. Créditos de consumo
Para los efectos del presente capítulo, se entiende por créditos de consumo, independientemente de su monto, los otorgados a personas naturales para financiar la adquisición de bienes de consumo o el pago de servicios para fines no comerciales o empresariales.
2.4.6. Mecanismos de divulgación en relación con las centrales de riesgo
El SARC debe contar con mecanismos de información periódica (carteleras, folletos, información adjunta a los extractos, internet, etc.) a los clientes y deudores de la entidad acerca del alcance de sus convenios con centrales de riesgos, de los efectos generales que conlleva el reporte a las mismas y de las reglas internas sobre permanencia del dato que hayan adoptado tales centrales de riesgos teniendo en cuenta la jurisprudencia constitucional y los mandatos que se establezcan en las normas legales aplicables.
2.5. Reglas especiales respecto de algunas entidades vigiladas
2.5.1. Sociedades fiduciarias
Las normas sobre clasificación, calificación y demás reglas contables previstas en este instructivo aplican a los fideicomisos y a los patrimonios autónomos que sean administrados por sociedades fiduciarias.
En tal sentido, cuando quiera que una sociedad fiduciaria reciba cartera de créditos a través de encargos fiduciarios o las administre a través de patrimonios autónomos, se entiende que debe gestionar el RC de acuerdo con el alcance establecido en el presente capítulo. Por lo tanto, las sociedades fiduciarias deben mantener una adecuada gestión y medición del RC implícito en dichos activos mediante un SARC. Esto supone que las sociedades fiduciarias deben desarrollar y aplicar a la cartera administrada los elementos de administración del sistema (políticas, estructura organizacional, procedimientos, criterios, bases de datos, auditoría y revisoría fiscal) y los elementos de medición (probabilidad de incumplimiento, porcentaje de recuperación y pérdida esperada).
La regla anterior aplica salvo que para el caso de cartera de crédito no originada en el sistema financiero, el fideicomitente, de manera inequívoca, imparta expresa instrucción sobre los elementos de gestión y medición que consideran deben aplicarse al fideicomiso.
En el caso en que el fideicomitente sea un establecimiento de crédito, se deberá gestionar y medir el RC de dicha cartera aplicando el SARC aplicado por este. Dicha gestión y medición podrá realizarla el mismo establecimiento de crédito o la sociedad fiduciaria, si esto último se pacta expresamente en el respectivo contrato.
Las cuentas por cobrar originadas por comisiones de servicio de las sociedades fiduciarias se calificarán de acuerdo con el criterio de altura de mora establecido para los créditos comerciales y las respectivas provisiones se regirán por lo establecido en el anexo 1 del presente capítulo.
Para la presentación y evaluación de los modelos internos, las sociedades fiduciarias están sometidas a las reglas previstas en el numeral 1.3.3.2. del presente capítulo
2.5.2. Entidades excluidas de la obligación de adoptar un SARC
Las entidades no obligadas a adoptar un SARC deben calificar las cuentas por cobrar y los créditos directos que otorguen a sus clientes, en caso de estar autorizadas para ello según su régimen, de acuerdo con el criterio de altura de mora establecido para los créditos comerciales o de consumo, según corresponda y provisionarlos de acuerdo con el régimen establecido en el Anexo 1 del presente capítulo.
Las casas de cambio están exceptuadas del régimen de calificación y provisión de las cuentas por cobrar previsto en el presente numeral. Para el efecto deben observar las instrucciones especiales que expida la SBC.
2.5.3. Entidades aseguradoras, sociedades de capitalización e intermediarios de seguros y reaseguros
Las entidades aseguradoras, las sociedades de capitalización y los intermediarios de seguros y de reaseguros, deben mantener una adecuada administración del RC mediante la adopción de un SARC que contenga los elementos señalados en el presente capítulo, salvo lo concerniente a la adopción de la metodología para el cálculo de pérdidas esperadas.
El SARC se debe desarrollar en los términos anteriores únicamente sobre operaciones que generan RC, que a su vez, originan partidas contables correspondientes a cartera de créditos (cuenta PUC 14, exceptuando los préstamos sobre títulos de capitalización y sobre pólizas de seguros), cuentas por cobrar correspondientes a remuneración de intermediación (cuenta PUC 1611) y créditos a empleados y agentes (cuenta PUC 1950).
En concordancia con lo anterior, las operaciones involucradas en los conceptos anteriores se deben clasificar y calificar de acuerdo con lo previsto en el presente capítulo. La SBC podrá revisar las calificaciones efectuadas por las entidades de acuerdo con los criterios para la evaluación del riesgo crediticio y ordenar las reclasificaciones a categorías de mayor riesgo cuando a ello hubiere lugar. Con relación a las provisiones, se tendrá en cuenta lo siguiente:
2.5.3.1. La provisión general de las entidades aseguradoras, las sociedades de capitalización y los intermediarios de seguros y de reaseguros debe corresponder como mínimo al uno por ciento (1%) sobre el total de la cartera de créditos bruta registrada en la cuenta PUC 14, con excepción de los créditos garantizados con pólizas de vida y los créditos garantizados con títulos de capitalización.
2.6. Reglas especiales para la administración del RC en operaciones con entes territoriales y entidades estatales
En cumplimiento de la función consagrada en el numeral 2º del artículo 207 del Código de Comercio, corresponde al revisor fiscal presentar oportunamente los informes a la administración o a la asamblea de las entidades vigiladas acerca de las desviaciones en el cumplimiento de los instructivos externos e internos, de las deficiencias en los controles internos sobre esta materia, así como de las irregularidades encontradas, que surjan como resultado del examen del SARC. Estos aspectos deberán quedar suficientemente documentados en los papeles de trabajo y en los informes presentados.
En el informe que presente a la asamblea general de accionistas o asociados, el revisor fiscal deberá dejar constancia de aquellas debilidades e irregularidades que tienen una incidencia importante en el funcionamiento del SARC subsanadas o no por la administración de la entidad vigilada a la fecha de corte del ejercicio respecto del cual el revisor fiscal presenta el informe de cumplimiento y de control interno al que hace referencia el artículo 209 del Código de Comercio.
La revisoría fiscal informará a la SBC, en desarrollo de su deber de colaboración indicado en el numeral 3º del artículo 207 del Código de Comercio, sobre todos los aspectos informados a la administración en relación con el SARC, indicando el grado de incidencia en que estaría afectándose el cumplimiento de los instructivos de la SBC sobre esta materia. Este informe se presentará, al menos, dos veces al año, el 31 de julio y el 31 de enero, y en el se indicará cuales fueron las pruebas aplicadas, los resultados alcanzados, las acciones seguidas y la respuesta de la entidad frente a sus observaciones, así como las correcciones que en su entender realizó la entidad.
4. Supervisión del SARC por parte de la SBC
En ejercicio de sus facultades de supervisión, y sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar de acuerdo con lo dispuesto en el presente capítulo, la SBC velará por la ejecución de las políticas de administración del SARC.
Igualmente, en ejercicio de sus facultades de supervisión, y en especial de acuerdo con el objetivo previsto en el literal c) del artículo 325 del EOSF, la SBC evaluará las políticas de administración del SARC, para efectos de la no objeción prevista en el literal f) del numeral 1.3.3.2 del presente capítulo y la ejecución de estas, y con base en dicha evaluación adoptará las medidas a que haya lugar, incluyendo, entre otras, la inadmisión, la no objeción del modelo o alguna de las previstas en el numeral 3º del presente capítulo.
La SBC identifica como práctica de gestión que puede poner en peligro la situación de solvencia o liquidez de las entidades, las fallas en la administración del RC. En este sentido, la inobservancia del presente instructivo puede dar lugar, de acuerdo a lo establecido en el numeral 2.3 del artículo 2º y en el artículo 4º del Decreto 2817 de 2000, a la iniciación de un programa de recuperación en los términos de dicho decreto. Lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de las demás medidas administrativas y en particular, de las sanciones institucionales y personales que de acuerdo con la ley se deban imponer.
Cuando en ejercicio de la facultad contemplada en el literal a) del numeral 5º del artículo 326 del EOSF, la SBC considere que en la gestión del RC se haya incurrido en prácticas no autorizadas o inseguras, se emitirán las órdenes pertinentes.
Constituye práctica insegura y en consecuencia no autorizada, reversar provisiones y/o mejorar la calificación de los créditos reestructurados sin observar las metodologías derivadas del modelo aplicable o sin el cumplimiento y plena verificación de los criterios y requisitos mínimos establecidos en el presente capítulo.
Entre otras medidas, la SBC podrá ordenar la suspensión inmediata de la aplicación de modelos internos no objetados, orden que conllevará la aplicación inmediata del modelo de referencia de la SBC, hasta tanto se subsanen, a satisfacción de este organismo, las irregularidades o deficiencias observadas.
ANEXO III-Modelo de referencia de cartera comercial
Sin embargo, las entidades deben clasificar en categorías de mayor riesgo a deudores que independientemente de que cumplan con las condiciones anteriores presenten mayor riesgo por otros factores.
La calificación asignada al momento de otorgamiento tendrá validez solo en el primer reporte de calificación, período después del cual el crédito se mantendrá en esta categoría si no presentó una mora en sus obligaciones diferente a la definida para esta categoría.
4.2. Categoría “A”: Los créditos calificados en esta categoría reflejan una estructuración y atención apropiadas. Los estados financieros de los deudores o los flujos de caja del proyecto, así como la demás información crediticia, indican una capacidad de pago adecuada, en términos del monto y origen de los ingresos con que cuentan los deudores para atender los pagos requeridos.
Las siguientes son condiciones objetivas suficientes para que un crédito tenga que estar clasificado en esta categoría:
• En esta categoría se deben clasificar los créditos nuevos cuya calificación asignada al momento de otorgamiento sea “A”.
• Los créditos ya otorgados que presenten mora mayor o igual a 30 días y menor a 60 días en sus obligaciones contractuales.
La calificación asignada al momento de otorgamiento tendrá validez solo en el primer reporte de calificación, período después del cual el crédito solo conservará esta categoría si no presentó una mora en sus obligaciones diferente a la definida para esta categoría.
4.3. Categoría “BB”: Los créditos calificados en esta categoría están atendidos y protegidos de forma aceptable, pero existen debilidades que potencialmente pueden afectar, transitoria o permanentemente, la capacidad de pago del deudor o los flujos de caja del proyecto, en forma tal que, de no ser corregidas oportunamente, llegarían a afectar el normal recaudo del crédito o contrato.
• En esta categoría se deben clasificar los créditos nuevos cuya calificación asignada al momento de otorgamiento sea “BB”.
• Los créditos ya otorgados que presenten mora mayor o igual a 60 días y menor a 90 días en sus obligaciones contractuales.
4.4. Categoría “B”: Se califican en esta categoría los créditos o contratos que presentan insuficiencias en la capacidad de pago del deudor o en los flujos de caja del proyecto, que comprometan el normal recaudo de la obligación en los términos convenidos.
• En esta categoría se deben clasificar los créditos nuevos cuya calificación asignada al momento de otorgamiento sea “B”.
• Los créditos ya otorgados que presenten mora mayor o igual a 90 días y menor a 120 días en sus obligaciones contractuales.
4.5. Categoría “CC”: Se califican en esta categoría los créditos o contratos que presentan graves insuficiencias en la capacidad de pago del deudor o en los flujos de caja del proyecto, que comprometan significativamente el recaudo de la obligación en los términos convenidos.
• En esta categoría se deben clasificar los créditos nuevos cuya calificación asignada al momento de otorgamiento sea “CC”.
• Los créditos ya otorgados que presenten mora mayor o igual a 120 días y menor a 150 días en sus obligaciones contractuales.
4.6. Categoría “incumplimiento”: Las condiciones objetivas suficientes para que el crédito sea calificado en esta categoría son los eventos descritos en el literal b) del numeral 1.3.3.1 del presente capítulo.
Sin embargo, las entidades deben clasificar en esta categoría a deudores que independientemente de que no cumplan con las condiciones anteriores presenten mayor riesgo por otros factores.
5. Componentes del MRC
La estimación de la pérdida esperada en el marco del MRC resulta de la aplicación de la siguiente fórmula:
Pérdida esperada = [Probabilidad de incumplimiento] x [Exposición del activo en el momento del incumplimiento] x [Pérdida dado el incumplimiento]
Será responsabilidad de las entidades aplicar el MRC y reportar la pérdida esperada mediante el formato 341. Estas pérdidas esperadas se constituirán en provisiones de acuerdo con lo expuesto en el numeral 7º del presente anexo.
El modelo de referencia de cartera comercial permite determinar los componentes de la pérdida esperada de acuerdo con los siguientes parámetros:
5.1. La probabilidad de incumplimiento
Corresponde a la probabilidad de que en un lapso de doce (12) meses los deudores de un determinado portafolio de cartera comercial incurran en incumplimiento, de acuerdo con el numeral 3º del presente anexo.
La probabilidad de incumplimiento se definirá de acuerdo con las siguientes matrices:
Gran empresa Pequeña empresa
Matriz A Matriz A
Comercial Incumplimiento Comercial Incumplimiento
AA 1.11% AA 1.56%
A 2.04% A 2.50%
BB 7.35% BB 7.52%
B 9.65% B 10.70%
CC 17.36% CC 22.72%
Incumplimiento 100.00% Incumplimiento 100.00%
Matriz B Matriz B
AA 4.98% AA 6.67%
A 6.17% A 7.93%
BB 17.52% BB 16.19%
B 21.13% B 20.83%
CC 30.21% CC 33.50%
4. Bienes raíces y residenciales (CRE/RRE): Serán clasificadas como CRE las siguientes garantías:
• Fiducias hipotecarias.
• Garantías inmobiliarias.
5. Bienes dados en leasing inmobiliario: Se clasifican dentro de esta categoría los bienes dados en los siguientes contratos de leasing:
• Leasing de inmuebles.
• Leasing habitacional.
6. Bienes dados en leasing diferente a inmobiliario: Se clasifican dentro de esta categoría los bienes dados en los siguientes contratos de leasing:
• Leasing de maquinaria y equipo.
• Leasing de vehículos.
• Leasing muebles y enseres.
• Leasing barcos, trenes y aviones.
• Leasing equipos de cómputo.
• Leasing semovientes.
• Leasing software.
7. Otros colaterales: serán clasificadas dentro de esta categoría las siguientes garantías:
• Prendas sobre inventarios procesados.
• Prendas sobre insumos-Bienes básicos.
• Prendas sobre equipos y vehículos.
• Bonos de prenda.
Así, para cada deudor se obtendrá una PDI diferente de acuerdo con el tipo de garantía que respalda la operación.
5.3. El valor expuesto del activo
Dentro del MRC, se entiende por valor expuesto del activo al saldo vigente de capital, intereses, cuentas por cobrar de intereses y otras cuentas por cobrar, de las obligaciones de la cartera comercial.
6. Componente contra-Cíclico del modelo de referencia de cartera comercial
Las políticas de provisiones deben considerar explícitamente los ajustes contra-Cíclicos de los modelos, de manera que en los períodos de mejora en la calidad crediticia se constituyan mayores provisiones de las que serían necesarias en tales condiciones, a fin de compensar, al menos en parte, las que deberían constituirse en períodos de deterioro en la calidad crediticia.
El MRC incorpora el componente contra-Cíclico en el cálculo de PI, al utilizar una metodología que permite definir el comportamiento del riesgo de crédito para cada año. Así, la SBC obtiene matrices de migraciones para diferentes fases del riesgo de crédito.
Cada año la SBC informará las nuevas matrices de migración a aplicar para la cuantificación de las pérdidas esperadas.
Para generar el componente contra-Cíclico, las entidades deben aplicar la matriz indicada (A o B para cada segmento), de acuerdo con las instrucciones que imparta la SBC. Esto permitirá que las entidades cuenten con un fondo de reserva (provisión contra-Cíclica) que utilizarán en períodos de deterioro en la calidad crediticia para afrontar el incremento en las provisiones sin necesidad de impactar considerablemente las posibles menores utilidades que se generen en el ambiente desfavorable.
Cuando en virtud de la aplicación del MRC se incorporen componentes contra-Cíclicos, las entidades podrán destinar las provisiones generales a la constitución de provisiones individuales y contra-Cíclicas, previa autorización de la SBC.
7. Reglas sobre provisiones
7.1. Provisión total individual
La provisión total individual es el resultado de las pérdidas esperadas al multiplicar a la exposición del deudor, la PI de la matriz indicada por la SBC y la PDI correspondiente a la garantía del deudor.
Para el año de 2005 se debe emplear la matriz B para el cálculo de la provisión total.