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Timestamp: 2018-12-11 05:09:54
Document Index: 340999172

Matched Legal Cases: ['artículo 16', 'artículo 7', 'artículo 48', 'artículo 53', 'artículo 16', 'artículo 53', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 177', 'artículo 145', 'artículo 8', 'artículo 5', 'artículo 7']

﻿ Auto 46855 de febrero 1º de 2011
AUTO 46855 DE 01 DE FEBRERO DE 2011
CONTENIDO:MISIÓN DE UNIFICACIÓN DE CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN DE LA LEY EN EL RECURSO DE CASACIÓN. DEBE GARANTIZARSE Y ASEGURARSE EL RESPETO DE LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y DE IGUALDAD, CON EL FIN DE EVITAR UN DESGATE INNECESARIO PARA LA JURISDICCIÓN ESTATAL Y UN DERROCHE INÚTIL Y ESTÉRIL DE LA ACTIVIDAD JUDICIAL, AL TRAMITAR Y DECIDIR DE FONDO UNA CENSURA EXTRAORDINARIA QUE SOMETE AL ESCRUTINIO TEMAS O CUESTIONES QUE HAN RECIBIDO UNA DEFINICIÓN PACÍFICA Y REPETIDA.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIO DE IGUALDAD, PRINCIPIO DE LEGALIDAD, RECURSO DE CASACIÓN, UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:472 DE ABRIL DE 2011, PG.510
Auto 46855 de febrero 1º de 2011
Rad. 46.855
Procede la Corte a pronunciarse sobre la demanda de casación, en cuya virtud la parte demandante sustenta el recurso de casación que interpuso contra la sentencia del 25 de marzo de 2010, dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, en el proceso ordinario laboral promovido por Andrea Sierra Arévalo contra el Banco Cafetero, en liquidación.
I. Se considera
1. El artículo 16 de la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la administración de justicia), en la redacción que le introdujo el 7 de la Ley 1285 de 2009 (cuya vigencia arrancó ene. 22/2009), al consagrar la manera de operar de la Corte Suprema de Justicia, en sus salas especializadas, dispone:
“Las Salas de Casación Civil y Agraria, Laboral y Penal, actuarán según su especialidad como Tribunal de Casación, pudiendo seleccionar las sentencias objeto de su pronunciamiento, para los fines de unificación de la jurisprudencia, protección de los derechos constitucionales y control de legalidad de los fallos”.
Sin duda, esta preceptiva legal tiene la finalidad de dotar de eficiencia a la administración de justicia, al despojar el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de ciertos elementos de rigidez, en el propósito de hacer frente a problemas estructurales o coyunturales de congestión.
Persigue hacer útil, provechoso y fructífero el recurso de casación, en tanto que, con la posibilidad de selección, se previene la perturbadora y sistemática interposición de recursos de casación carentes de sentido, que devienen inútiles, como que su decisión de fondo ninguna contribución presta al logro de la unificación de la jurisprudencia, la protección de los derechos constitucionales y el control de la legalidad de los pronunciamientos judiciales.
Una administración de justicia eficiente y oportuna no tolera acudir a este medio extraordinario de impugnación por el simple prurito de litigar, que en nada contribuye a la superación de situaciones crónicas de atiborramiento de los despachos judiciales.
Definitivamente, esa facultad procura enaltecer la labor de la Corte Suprema de Justicia, como tribunal de casación, en la medida de librarla de la esterilidad en el estudio de numerosos recursos de casación, a la par de permitirle que dedique su atención y sus esfuerzos en el examen de las demandas que representen utilidad y provecho en el horizonte de alcanzar la uniformidad de la jurisprudencia, el amparo de los derechos constitucionales y la verificación de la legalidad de las decisiones de los tribunales de justicia.
Precisa advertir que esta nueva facultad que se atribuye a la Corte Suprema de Justicia de escoger las demandas de casación que merezcan ser impulsadas a un fallo de fondo, no tiene ribetes de discrecionalidad absoluta, en cuanto que su ejercicio debe estar respaldado en una sólida motivación, como garantía del acceso efectivo a la administración de justicia, de la prevalencia del derecho sustancial y del debido proceso.
Y ello debe ser así, porque la plausible y valedera teleología de la norma legal de entregar herramientas a la Corte en aras de conseguir eficiencia en el servicio público de administración de justicia, no puede convertirse en vehículo para el desconocimiento de garantías fundamentales de los ciudadanos.
En ese sentido, al usuario de la justicia, concretamente al acusador en casación, le asiste el derecho no solo de recibir noticia de la determinación que se abstiene de seleccionar su demanda, sino de saber las razones que tuvo el Tribunal de Casación para tomarla.
A no dudarlo, la motivación clara y breve del auto en cuya virtud no se escoge determinada demanda de casación, es una muestra de respeto al debido proceso, en tanto que traduce el cumplimiento de la “plenitud de las formas”, al paso que, en desarrollo del principio de legalidad, habilita el control de la providencia, a efectos de establecer si se acomoda a la ley o si no traiciona los fines para los que fue creado el instituto procesal materia de aquella providencia.
Este deber de motivar el auto en cuya virtud no se escoge a trámite una demanda de casación, como garantía derivada de los derechos al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia, fue un condicionamiento que la Corte Constitucional impuso, al declarar ajustada a la Carta Política la facultad en estudio. Esto dijo la guardiana del contenido de los mandatos constitucionales:
“En cuanto a la facultad de ‘selección de las sentencias objeto de su pronunciamiento’, la Corte considera que la norma es constitucional pero solo de manera condicionada. En efecto, a juicio de la Corte, la norma es exequible en el entendido de que la decisión de no selección adoptada al momento de decidir sobre la admisión del recurso de casación, deberá ser motivada y tramitada conforme a las reglas y requisitos específicos que establezca la ley.
De lo contrario podrían afectarse los derechos de acceso efectivo a la administración de justicia, prevalencia del derecho sustancial y el debido proceso, en lo referente al deber de motivación de las decisiones judiciales”.
De tal suerte que el ejercicio de esa atribución de selección no queda librado al simple arbitrio o al mero antojo de la Corte, sino que debe contar con el sustento de una motivación precisa. Nunca el proceso judicial puede convertirse en instrumento no solo incierto sino arbitrario de protección de los derechos de las personas.
Es necesaria esta otra precisión: esta facultad de selección que se le atribuye a las salas especializadas de la Corte solo está llamada a ejercerse cuando se ha presentado la demanda de casación, como que en ella se plasman el alcance de la impugnación, las acusaciones que el recurrente enfila contra la sentencia censurada, el desarrollo de los cargos y toda la estructura lógica y argumentativa del recurso.
Por supuesto, solo frente a la demanda de casación, la Corte está en capacidad de establecer si, en atención a los criterios señalados en el precepto, esto es, unificación de la jurisprudencia, protección de los derechos constitucionales y control de legalidad de los fallos, se justifica seleccionarla y continuar su trámite hasta llegar a la decisión que resuelva el recurso, o, por el contrario, no escogerla y, en consecuencia, abstenerse de tramitarla y devolver el expediente a la agencia judicial de origen.
Significa lo anterior que la facultad de selección se ejerce frente a los recursos de casación que han sido admitidos por la Corte, por reunirse todos los requisitos, como oportunidad, calidad de atacable en casación de la sentencia, legitimación del recurrente y cuantía del interés para recurrir.
De manera, pues, que tal atribución de escogencia no derogó las exigencias de admisibilidad del recurso de casación, entre ellas, que el valor de la resolución actualmente desfavorable al recurrente alcance la cuantía mínima de ciento veinte (120) veces el salario mínimo legal vigente, en ese entonces, hoy doscientas veinte (220) veces ese mismo salario (con arreglo L. 1395/2010, art. 48).
En este ejercicio de aproximación a esta novedosa figura, la Corte entiende que la facultad de selección comporta, de manera natural y lógica, que la correspondiente demanda de casación pueda escogerse parcialmente respecto de uno o más cargos, lo que traduce que la Corte solo la admita en relación con cargos distintos, de modo que de estos últimos se predicará la continuación del trámite y se producirá una decisión de fondo, pues sobre los primeros la corporación perdió competencia, ya que, al no haber sido seleccionados, se cerró todo debate en torno a ellos.
También estima que esta facultad de selección se ejerce sin perjuicio de la competencia de la Corte de examinar la demanda de casación para ver de determinar si cumple los requisitos de forma y de técnica que, con fundamento en la Constitución y la ley, ha reclamado y cuya inobservancia conduce a la deserción de la censura.
Bien vale la pena señalar que esta atribución de calificar la demanda de casación, desde el prisma de la estricta forma y lógica del recurso de casación, se ejerce en la misma oportunidad que se tiene para la selección de los recursos de casación previamente admitidos.
En suma, como lo resaltó la Sala de Casación Civil, en auto del 12 de mayo de 2009 (Exp. 05001 3103 004 2001 00922 01):
“Síguese, entonces, que, en la actualidad, el libelo incoativo, además de contener los requisitos y exigencias formales y técnicas memoradas, su admisión está supeditada a que la Sala, a partir de la facultad conferida por la mentada ley, decida someterlo a su estudio; por consiguiente, aunque haya cumplido cabalmente las formalidades que antaño se establecieron para su valoración en el fondo, eventualmente, en los términos que la normatividad ha dispuesto, puede resultar inane el ensayo impugnativo, por el hecho de no ser seleccionado para tales fines”.
Conviene puntualizar que un primer criterio o pauta que debe guiar el proceso de selección de las demandas de casación, introducido en el ordenamiento jurídico colombiano por el artículo 7º de la Ley 1285 de 2009, es la unificación de la jurisprudencia.
No tiene justificación alguna que la Corte aborde el examen, a través del recurso de casación, de una temática jurídica con precedentes reiterados e invariables por parte de aquella, sin que se vislumbre la necesidad de cambiar el criterio ya sentado, es decir, en la medida en que no encuentre razones poderosas y argumentos válidos con virtud suficiente para hacerle modificar su orientación doctrinaria.
Como lo precisó la Sala de Casación Civil de la Corte, en el auto ya mencionado del 12 de mayo de 2009, “de suyo emerge que si el tema vinculado a la inconformidad exteriorizada ha sido suficientemente consolidado por la jurisprudencia, ha habido un criterio constante e inmodificable sobre el particular e, igualmente, advierte la Sala que no se evidencian razones que conduzcan a su modificación, podrá abstenerse de seleccionar el asunto, exponiendo, desde luego, escuetamente, esa circunstancia”.
Los otros dos criterios que entran en juego en el proceso de selección de las demandas de casación son la protección de los derechos constitucionales y el control de legalidad de los fallos.
En este punto -conviene precisarlo-, no caben las generalizaciones. En cada caso concreto, la Corte, frente al escrito que registre la sustentación del recurso extraordinario, determinará, desde la perspectiva de esos dos criterios, si lo escoge o no.
A título de ejemplo, la invocación de una causal no prevista en el estatuto que gobierna los ritos del trabajo y de la seguridad social, sino en un estatuto diferente, podrá ser motivo para no escoger la demanda.
También sería motivo de no selección el que la demanda de casación contenga un hecho nuevo, que no fue discutido en las instancias y que se introduce a debate por primera vez con ocasión de la impugnación extraordinaria.
La Sala de Casación Civil, en el auto aludido del 12 de mayo de 2009, hizo una relación, por vía de ejemplificación, de hipótesis que ameritan la no selección de una demanda de casación, y que esta Sala comparte.
“a) porque acusa errores de técnica, que además de ser evidentes, resultan insalvables; como por ejemplo, la falta de individualización de pruebas o la ausencia de demostración del yerro endilgado, entre otras; b) cuando incorpora aspectos o cuestiones novedosas y, por lo mismo, no admisibles en casación; c) porque los supuestos yerros técnicos en los que, eventualmente, ha incurrido el fallador, relativos a la apreciación de las pruebas, no son manifiestos o trascendentes; d) porque no se demostró el error de derecho alegado o este es irrelevante; e) porque los errores procesales aducidos no existen o, dado el caso, fueron saneados o, no afectaron las garantías de las partes ni comportaron una lesión mayúscula del ordenamiento; f) por la existencia reiterada de precedentes sin que se vislumbre la necesidad de variar su sentido; g) porque, a la postre, en el asunto de que se trate no se violó, al rompe, el ordenamiento en detrimento del recurrente”.
2. Examinada la demanda de casación presentada por Andrea Sierra Arévalo, se observa que contiene dos cargos, orientados ambos por la vía directa.
En el primero, acusa a la sentencia del Tribunal de violar directamente, en el concepto de infracción directa, los artículos 48 y 53 de la Constitución Política.
En la demostración del cargo manifiesta que se le enrostra al juzgador de segundo grado la inaplicación de esos cánones constitucionales, en cuanto consideró que la movilidad del salario -que se predica de toda clase de trabajadores-, fue cumplida con el pago del 3% del aumento automático convencional, siendo que aquellos cubren cualquier vacío legal.
A su juicio, lo que existe es un vacío legal y que la Corte Constitucional ha adoctrinado que los textos constitucionales referidos habilitan al juez para conocer y decidir las controversias concernientes a los aumentos anuales que determinen la movilidad del salario para los diferentes trabajadores que perciban salarios superiores al mínimo.
Expresa que hay que tener en cuenta que, en la Sentencia C-1433 de 2000, la Corte Constitucional indicó que los aumentos salariales deben corresponder, por lo menos, al monto de la inflación del año anterior.
Y, en el remate del cargo, anota:
“Como el tribunal ad quem, no aplicó los artículo 48 y 53 Constitucionales, ni la Jurisprudencia Constitucional, al momento de dictar la sentencia de instancia y se negó las pretensiones solicitadas, la considerar equivocadamente que no existe norma para otorgar la movilidad del salario y considerar que la trabajadora se le aplicó la convención colectiva de trabajo que le otorgó un 3% de incremento anual, es decir, por debajo de la inflación sufrida en cada uno de los años reclamados, por eso se pide la aplicación la desvalorización del peso colombiano”.
El segundo cargo acusa a la sentencia del tribunal de violar directamente los artículos 16 del Código Sustantivo del Trabajo y 53 de la Constitución Política.
Para demostrar el quebranto normativo denunciado, dice que el reajuste pedido no puede ser menoscabado por los empleadores, so pretexto “de haber entrado un 3% de aumento automático convencional, valor inferior a la desvalorización del peso para cada año reclamado; por la movilidad del salario constituye uno de los derechos irrenunciables del trabajador e infranqueables por la parte dominante en la relación laboral, como lo expreso (sic) claramente la honorable Corte Constitucional, en un caso similar al presente, en Sentencia T-345-2007”.
Recuerda que la Corte Constitucional ha manifestado que el artículo 53 de la Carta Política contiene una movilidad del salario, según su depreciación anual, condición que le asiste a todos los trabajadores de mantener el poder adquisitivo de sus salarios.
Y, en los apartados postreros del desarrollo del cargo, indica que “existe la favorabilidad económica contenida en el artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo que le da una prelación económica cuando existe una disposición convencional, legal o constitucional que mantenga el poder adquisitivo del salario, norma que por ser de orden público debe ser aplicada al sub judice, en virtud de esa favorabilidad económica y al principio de ‘favorabilidad al trabajador’ contenida en el artículo 53 Constitucional”.
En relación con estas acusaciones, en las sentencias del 27 de enero de 2009 (Rad. 33.420), 17 de febrero de 2009 (Rad. 33.644), 18 de marzo de 2009 (Rad. 34.444), 21 de abril de 2009 (Rad. 35.521), 19 de mayo de 2009 (Rad. 35.548), 19 de mayo de 2010 (Rad. 42.401), 19 de mayo de 2010 (Rad. 41.624), 19 de mayo de 2010 (Rad. 41.413), 21 de mayo de 2010 (Rad. 38.362) y 21 de mayo de 2010 (Rad. 39.134), por citar apenas algunas de tantas que son muchedumbre, esta Sala de la Corte ha fijado su pacífica e invariable postura jurídica:
“El meollo del asunto estriba en elucidar si la demandada, desde el punto de vista legal, estaba obligada a incrementarle al actor el salario por el período comprendido entre el 2001 y el 2005. De suerte que en ello la Sala centra su estudio.
1. Aplicación de la Ley 4ª de 1992.
“Y el artículo 4º, estatuye que “Con base en los criterios y objetivos contenidos en el artículo 2º el Gobierno Nacional, dentro de los primeros diez días del mes de enero de cada año, modificará el sistema salarial correspondiente a los empleados enumerados en el artículo 1º literal a), b) y d), aumentando sus remuneraciones. Igualmente, el Gobierno Nacional podrá modificar el régimen de viáticos, gastos de representación y comisiones de los mismos empleados”. Las expresiones resaltadas fueran declaradas inexequibles a través del fallo C-710 de 1999, dictado por la Corte Constitucional.
En otro orden de consideraciones, no puede la Corte pasar inadvertido que el segundo soporte de la decisión, vale decir que “al no haber demostrado el demandante que tuviera derecho a unos reajustes superiores a los que fue objeto de reconocimiento por la demandada, como era su deber procesal, por corresponderle la carga procesal de los hechos de la demanda en los términos del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por reenvío a la materia laboral en virtud del artículo 145 del CPL hace imposible que la Sala pueda establecer un desequilibrio de igualdad, y pueda fulminar condenas en tal sentido, a mas de que no es la justicia del trabajo la llamada a creación de cargos, ni de aumentos salariales por ser conflictos económicos que escapan de su competencia, a mas de que en tratándose de entidades oficiales es aspecto que corresponde al legislador nacional, departamental o municipal, según el rango de la entidad” (fl. 557, cdno. 1), en puridad, no fue controvertido por el recurrente, por lo que permanece en pie.
Situación diferente sería si existiera una disposición convencional o por laudo, etc., a través de la cual la empresa estuviera obligada a aumentar el salario de los trabajadores cada año con fundamento en el IPC; o que en tratándose de un salario mínimo devengado por un trabajador el empleador se negara a aumentarlo en la proporción fijada por la comisión permanente de concertación de políticas salariales y laborales (L. 278/96, arts. 1º, 2º, lit. d)) o por el Gobierno Nacional; destacándose que en este último caso en el aumento del salario mínimo que se hace el 30 de diciembre de cada año no solo prima como factor a tener en cuenta el IPC, sino otros tales como “la meta de inflación del siguiente año fijada por la Junta del Banco de la República y la productividad acordada por el comité tripartito de productividad que coordina el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; además, la contribución de los salarios al ingreso nacional, el incremento del producto interno bruto, PIB ...”, tal como lo establece el parágrafo del artículo 8º de la Ley 278 de 1996.
Así, desde el año de 1948 se estableció el derecho al salario mínimo representado en el sueldo límite a que tiene derecho el trabajador para subvenir a sus necesidades y a las de su familia, por debajo del cual no es lícito estipular una remuneración entre las partes. El análisis sistemático del código sustantivo del trabajo, conduce inexorablemente a inferir que salvo casos especiales expresamente regulados por la ley o deducidos por la jurisprudencia en aplicación de principios legales, no existe precepto alguno que estatuya el derecho al aumento automático del salario de los trabajadores, que no devengan el salario mínimo, o el salario mínimo integral, con base en el costo de vida.
Por similares razones perdería su sentido que la contratación colectiva se ocupe de regular las condiciones de trabajo en lo que concierne al salario, pues al estar ese tema en función del IPC, quedaría vedado para aquella, a menos que se acordara un aumento superior. Tal hermenéutica no solo quebrantaría la legislación del trabajo, sino que daría al traste con cualquier política económica que pretenda combatir la inflación y estimularía el flagelo del desempleo, que con su presencia no solo lesiona el derecho del trabajo, sino también el derecho al trabajo.
En un Estado donde los jueces “legislaran”, y aún de modo diferente a como lo hubiesen hecho los demás poderes legalmente constituidos, no solo reinaría la inseguridad jurídica, sino que así se socavarían los cimientos que sustentan una democracia y se entronizaría el caos, porque prevalecería sobre la Ley la opinión que acerca del “deber ser” tuviesen los encargados de acatarla.
Posteriormente, en sentencia de 20 de marzo de 2002, Radicación 17.164 la Sala indicó:
Trae la Sala a colación lo anterior para destacar que en un escenario semejante, el juez del trabajo no podría acceder a un pedimento como el del ordinal 3º de la demanda ordinaria. Esto debido que los artículos 1º y 18 del Código Sustantivo del Trabajo, enlistados en la proposición jurídica del cargo, no contienen un derecho tal a favor del demandante, que al devengar una remuneración mensual superior a la mínima legalmente establecida, solo puede procurar aumentarla a través de la negociación directa con el empleador, sea individualmente, como es posible en algunos casos, o por vía del conflicto colectivo económico, que regula la legislación laboral colombiana ya que una reclamación semejante, que afecta la ecuación económica del contrato de trabajo pactado entre las partes, trasciende el tipo de conflicto que deben solucionar los jueces laborales”.
Y en un caso en el que un trabajador oficial solicitó el reajuste salarial, la Corte en sentencia de 27 de marzo de 2007, Radicación 30.377, acotó:
De todas formas, el eje en torno al cual gira la acusación, consistente en la infracción directa del artículo 5º de la Ley 6ª de 1945 tampoco lleva a concluir que el tribunal se equivocó al absolver al Instituto por concepto de reajustes salariales anuales, por cuanto esta disposición en modo alguno establece la obligación de incrementar anualmente los salarios superiores al mínimo legal sino que se refiere a un supuesto bien distinto. En efecto, contrario a lo sostenido por el censor, dicha norma prevé las circunstancias que es dable invocar para justificar un tratamiento salarial diferente para empleados de la misma empresa, región y trabajos equivalentes, al tiempo que proscribe que tal diferencia pueda motivarse en motivos de nacionalidad, sexo, religión, opinión política o actividades sindicales”.
Así las cosas, no cabe duda de que la demanda de casación somete a estudio temas jurídicos que ya han sido tratados y definidos por esta Corte, en doctrina pacífica y reiterada, sin que existan razones nuevas y poderosas para modificar su actual orientación doctrinaria al respecto.
En tales condiciones, no se justifica seleccionar la demanda de casación, conforme a las pautas trazadas en el artículo 7º de la Ley 1285 de 2009.
1. NO SELECCIONAR A TRÁMITE la demanda de casación presentada por la parte demandante, en cuya virtud sustenta el recurso de casación que interpuso en contra de la sentencia del 25 de marzo de 2010, dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, en el proceso ordinario laboral promovido por Andrea Sierra Arévalo contra el Banco Cafetero, en liquidación.
Magistrados: Gustavo José Gnecco Mendoza—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Carlos Ernesto Molina Monsalve—Francisco Javier Ricaurte Gómez—Camilo Tarquino Gallego.