Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=645906
Timestamp: 2019-05-19 21:32:18
Document Index: 33663015

Matched Legal Cases: ['artículo 52', 'artículo 313', 'artículo 52', 'artículo 313', 'artículo 76', 'artículo 2', 'artículo 76', 'artículo 1', 'artículo 75', 'artículo 75', 'artículo 75', 'artículo 86', 'artículo 75', 'artículo 124', 'artículo 73', 'artículo 62', 'artículo 12', 'artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 119', 'artículo 19', 'artículo 38', 'Artículo 17', 'Artículo 75', 'artículo 75', 'artículo 75', 'artículo 75', 'artículo 75', 'artículo 75', 'artículo 75', 'artículo 19', 'artículo 75', 'artículo 86', 'artículo 62', 'artículo 12', 'artículo 75', 'artículo 1', 'artículo 45', 'artículo 42', 'Artículo 1', 'artículo 42', 'Artículo 2', 'artículo 45', 'artículo 38']

Diario de Sesión: Sesión Especial N°89
Rojas Gallardo Luis
CREACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA
INTERVENCIÓN : Miguel Hernandez Saffirio
ANÁLISIS DEL ACCESO DE LA CIUDADANÍA A LOS MEDICAMENTOS Y DE SUS ALTOS COSTOS (PROYECTO DE RESOLUCIÓN)
INTERVENCIÓN : Juan Luis Castro Gonzalez
INTERVENCIÓN : Leopoldo Perez Lahsen
INTERVENCIÓN : Guillermo Leon Teillier Del Valle
INTERVENCIÓN : Victor Marcelo Torres Jeldes
INTERVENCIÓN : Camila Antonia Amaranta Vallejo Dowling
INFORME DE LA PARTICIPACIÓN DEL DIPUTADO SEÑOR DE MUSSY EN LA REUNIÓN ANUAL DEL BANCO MUNDIAL Y FONDO MONETARIO INTERNACIONAL, LLEVADA A CABO DESDE EL 5 AL 9 DE OCTUBRE DE 2015, EN LA CIUDAD DE LIMA, PERÚ.
LEGISLATURA 363ªSesión 89ª, en miércoles 4 de noviembre de 2015
(Especial, de 16.32 a 18.51 horas)
Presidencia del señor Vallespín López, don Patricio, y de la señora Pascal Allende, doña Denise.
Presidencia accidental del señor Carmona Soto, don Lautaro.
I.- ASISTENCIA II.- APERTURA DE LA SESIÓN III.- ACTAS IV.- CUENTA V.- OBJETO DE LA SESIÓN VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA VII.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
CREACIÓN DE COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA ..................................................... 9
V.- OBJETO DE LA SESIÓN .................................................................................................................... 10
ANÁLISIS DEL ACCESO DE LA CIUDADANÍA A LOS MEDICAMENTOS Y DE SUS
ALTOS COSTOS (PROYECTO DE RESOLUCIÓN) ......................................................................... 10
VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA ................................................................................................... 47
1.- MENSAJE DE S. E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA POR EL CUAL DA INICIO A LA TRAMITACIÓN DEL PROYECTO DE LEY QUE “CREA UNA NUEVA INSTITUCIONALIDAD DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL.” (BOLETÍN N° 10372-03) ........................................................ 47
2.- INFORME DE LA COMISIÓN MIXTA RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE “MODIFICA EL DECRETO CON FUERZA DE LEY N° 5, DE 2003, DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y RECONSTRUCCIÓN, QUE FIJA EL TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DE LA LEY GENERAL DE COOPERATIVAS.” (BOLETÍN N° 8132-26) ................................................................ 47
3.- PROYECTO DE LEY INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES SANDOVAL, AUTH, GAHONA, GUTIÉRREZ, DON ROMILIO; HERNÁNDEZ, MEZA, PÉREZ, DON LEOPOLDO; SAFFIRIO, Y VENEGAS, Y DE LA DIPUTADA SEÑORA MOLINA, QUE “MODIFICA LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES PARA ELIMINAR INCOMPATIBILIDAD ENTRE EL CARGO DE CONCEJAL Y LOS CARGOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS EN EDUCACIÓN QUE EXISTEN EN EL
ÁMBITO MUNICIPAL. (BOLETÍN N° 10374-06) .............................................................................. 47
4.- PROYECTO DE LEY INICIADO EN MOCIÓN DEL DIPUTADO SEÑOR TARUD, QUE “MODIFICA LA LEY N° 18.455, QUE FIJA NORMAS SOBRE PRODUCCIÓN, ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ALCOHOLES ETÍLICOS, BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y VINAGRES, PARA SANCIONAR CON UNA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD LA ELABORACIÓN O VENTA DE PRODUCTOS FALSIFICADOS
DESTINADOS A LA BEBIDA.” (BOLETÍN N° 10376-11) ................................................................... 47
5.- INFORME DE LA PARTICIPACIÓN DEL DIPUTADO SEÑOR DE MUSSY EN LA REUNIÓN ANUAL DEL BANCO MUNDIAL Y FONDO MONETARIO INTERNACIONAL, LLEVADA A CABO DESDE EL 5
AL 9 DE OCTUBRE DE 2015, EN LA CIUDAD DE LIMA, PERÚ. .......................................................... 47
1.- Petición:
De 48 señores Diputados quienes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, N° 1, letra c) de la Constitución Política de la República y el artículo 313 del Reglamento de la Corporación, solicitan la creación de una Comisión Especial Investigadora encargada de “Evaluar la aplicación de las leyes Nos 20.274 y 20.850 e indagar sobre el rol de organismos públicos en lo que respecta a la adquisición de medicamentos y el acceso a ellos por parte de la población.”. Para el cumplimiento del propósito la referida Comisión Especial deberá rendir su informe en un plazo no superior a 180 días y para el desempeño del mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.
Del diputado señor Ulloa
por la cual justifica su inasistencia a la sesión del día 5 de noviembre de 2015 por actividades propias de la labor parlamentaria.
-Concurrió, además, la ministra de Salud, señora Carmen Castillo Taucher.
-Se contó con la asistencia, también, del subsecretario de Salud, señor señor Jaime Burrows Oyarzún; la directora subrogante de Cenabast, señora María Pamela Chacaltana Silva, y el director de ISP, señor Alex Figueroa Muñoz.
-En misión oficial: Los diputados señores Marcos Espinosa Monardes, Tucapel Jiménez Fuentes, Patricio Melero Abaroa y Marco Antonio Núñez Lozano.
-Con licencia médica: La diputada señora Clemira Pacheco Rivas.
-Con impedimento grave: El diputado señor Gaspar Rivas Sánchez.-
-Se abrió la sesión a las 16.32 horas.
El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- El acta de la sesión 80ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 81ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).- El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta.
El señor VALLESPÍN (Presidente en ejercicio).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la proposición formulada por 48 señores diputados, quienes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, número 1), letra c), de la Constitución Política de la República y en el artículo 313 del Reglamento de esta Corporación, solicitan la creación de una Comisión Especial Investigadora encargada de evaluar la aplicación de las leyes Nos 20.274 y 20.850, e indagar sobre el rol de organismos públicos en lo que respecta a la adquisición de medicamentos y el acceso a ellos por parte de la población.
Para el cumplimiento de su propósito, la referida Comisión Especial Investigadora deberá rendir su informe en un plazo no superior a 180 días y para el desempeño de su mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.
Señor Presidente, solicito que haga referencia a las comisiones que están sesionando paralelamente con la Sala, que deben discutir proyectos calificados con suma urgencia.
Efectivamente, algunos diputados vinieron a dar quórum para abrir la sesión, pero deben volver a sus comisiones técnicas para analizar los proyectos calificados con suma urgencia. Dichas comisiones están autorizadas para sesionar simultáneamente con la Sala.
Esta sesión tiene por objeto analizar el acceso de la ciudadanía a los medicamentos y los altos costos de estos.
Han sido invitados la ministra de Salud, señora Carmen Castillo, y el subsecretario de Salud Pública, señor Jaime Burrows , a quienes damos la bienvenida a esta Sala.
También se autorizó el ingreso de la directora subrogante de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast), señora Pamela Chacaltana .
Dada la pertinencia y el contenido de esta sesión, pido la unanimidad de los diputados presentes en la Sala para que también pueda ingresar a la Sala el director del Instituto de Salud Pública (ISP), señor Álex Figueroa .
Además, saludo al alcalde Daniel Jadue, que nos acompaña desde las tribunas.
En el tiempo previo de quince minutos contemplado en el artículo 76 del Reglamento de la Corporación, que corresponde al Comité Socialista, se hará una división del tiempo total. En primer lugar intervendrá el diputado Juan Luis Castro , por siete minutos y medio, y posteriormente lo hará la diputada Karol Cariola , por el mismo tiempo.
También se accedió a la petición formulada por la ministra de Salud en orden a presentar en PowerPoint todos los antecedentes que puedan ser de interés para esta Corporación.
Tiene la palabra el diputado Juan Luis Castro .
El señor CASTRO.-
Señor Presidente, saludo a la ministra de Salud, al subsecretario de Salud Pública, al director del ISP y a la directora subrogante de la Cenabast.
Esta es una sesión muy importante, porque vamos a abordar un problema sanitario de nuestro país. A pesar de todos los esfuerzos realizados durante los últimos años, todavía existe una dificultad real de la población para acceder a los medicamentos. Para entender esta situación es necesario decir que hay un mundo de diferencias entre el mercado público de medicamentos y el privado.
El Congreso Nacional discutió, durante más de dos años, la ley N° 20.724, de fármacos, que fue promulgada en enero de 2014 y que, en su extensa tramitación, estableció mejores condiciones para que la gente acceda a medicamentos en Chile, en el sector público y en el privado.
Hizo una profunda revisión y castigó los incentivos perversos a los que los laboratorios, farmacias, médicos y demás agentes del mercado se veían irregularmente incentivados por la industria. Además, establece con claridad los puntos de venta y, lo que es un paso muy importante, la regulación de los medicamentos bioequivalentes en Chile bajo condiciones estables y seguras.
¿Qué ocurrió? Por distintas razones, los reglamentos de esa ley -lo consulté con el señor subsecretario están en la Contraloría; es decir, aún no están en plena vigencia. Por lo tanto, tenemos una dificultad objetiva para hacer realidad la ley que el Congreso Nacional despachó hace casi dos años.
En el mercado público, la Central de Abastecimiento (Cenabast) compra los productos a través de licitaciones públicas en las que fija el precio por comprimido. Es de conocimiento común que el precio al que licita la Cenabast es sustancialmente menor al que los mismos laboratorios venden después al mercado privado. Y los privados, sean grandes o pequeños, negocian directamente con los laboratorios y, si bien el laboratorio está obligado a publicar sus precios, también coloca condiciones de venta en que realiza rebajas asociadas a volúmenes de compra. En este punto se produce la primera discriminación con los actores más pequeños del mercado, es decir, con las denominadas farmacias independientes o de barrio.
Durante los años en que se trabajó en la ley de fármacos -que, en la práctica, no está operando-, el único tema que ha avanzado hasta ahora -en buena hora es el de los medicamentos bioequivalentes. Sin embargo, la gente sabe que aunque hay más de trescientos productos en esa condición, han aumentado sus precios en los puntos de venta. Es decir, las farmacias y los laboratorios se han aprovechado y han subido esos precios; por lo tanto, los medicamentos del Formulario Nacional, que antes eran más baratos que los de marcas, hoy aparecen con una distancia menor en cuanto a sus precios, con lo cual el beneficio original se diluye.
Este año aprobamos la “ley Ricarte Soto ”, que busca, en otro aspecto de la adquisición de medicamentos, llegar a aquellos de alto costo para determinadas enfermedades. Fue dictada para once enfermedades a contar de este mes.
Últimamente, surgió la idea de una farmacia comunal con el propósito de buscar que la población acceda a medicamentos a precios mínimos o de costo, lo que nos parece razonable y atractivo; pero queremos entender si se trata efectivamente de una farmacia o de una cooperativa asociada a una farmacia. Por ello, la Comisión de Salud -lo digo con total claridad invitó al alcalde de la comuna de Recoleta, por unanimidad, para que el 17 de noviembre nos informe y de cuenta de esa experiencia piloto. Lamento que no se haya dado la unanimidad para que hubiese explicado en la Sala las características de esa farmacia.
Sin embargo, los medicamentos que hoy se deben entregar a la población en venta, obviamente, no pueden ser aquellos que el AUGE o el Fondo de Farmacias contempla gratuitamente para la población. El Enalapril, el Glafornil y todos los remedios que pertenecen al Plan AUGE deben seguir siendo gratuitos para la gente y no descontinuados por problemas de provisión.
Ayer, en un periódico, el gerente de esta farmacia comunal afirmó que, en la medida en que se inscriben los vecinos, se hace una lista de necesidades, se junta un volumen y se encargan los medicamentos a la Central de Abastecimiento, lo que debiera hacerse en tiempos breves. Hoy, el presidente de las farmacias independientes solicitó que la Central de Abastecimiento les venda a las farmacias independientes los productos a menores precios.
Estamos en un escenario dinámico, en que hay conciencia ciudadana de que debemos lograr bajar los precios de los medicamentos a la población. Hoy existen diferencias de hasta veinte veces en los valores de los medicamentos y, sin embargo, las respuestas de las farmacias y del mundo privado no tienen asidero ni coherencia. No es posible que el mercado privado opere con márgenes de 25 por ciento o más para vender esos productos.
Se ha dicho que Chile tiene los precios más bajos de medicamentos en Latinoamérica, pero la población no lo percibe así. El gasto de un adulto mayor -que de por sí tiene una gran carga de enfermedades habla de porcentajes superiores al 50 por ciento de sus pensiones destinados a medicamentos de uso permanente o crónico.
Por otro lado, hay gente que va a comprar medicamentos a Argentina, porque tienen un menor valor; sin embargo, hay requisitos sanitarios que se exigen en Chile para ingresar un producto importado.
Por lo tanto, ahora que están presentes las máximas autoridades en la materia, necesitamos desarrollar una reflexión concreta. La gente clama por poder disponer de medicamentos de buena calidad, que actualmente son de costo muy oneroso, y la ley correspondiente no ha entrado en vigencia plena. Se han planteado iniciativas innovadoras y tenemos el deber de marcar un camino de solución en el mundo de los medicamentos en nuestro país.
Algunas personas compran los medicamentos en la feria, en las calles o en cualquier lugar, sin garantías de calidad ni de las fechas de vencimiento, mientras otras hacen negocio con los medicamentos en Chile, sin regulación alguna. Además, tenemos una ley que todavía está esperando, pasivamente, una solución.
Por eso, en esta sesión especial, desde el Partido Socialista, creemos fundamental que la autoridad, junto con la Cámara de Diputados, marque un camino de acceso real a los medicamentos en nuestro país.
Tiene la palabra la diputada Karol Cariola.
Señor Presidente, por su intermedio, saludo a las autoridades presentes: a la ministra de Salud, al subsecretario de Salud Pública, al director del ISP, a la directora subrogante de la Cenabast y, especialmente, al alcalde de la comuna de Recoleta, Daniel Jadue , que se encuentra en las tribunas, a quien quiero expresar una disculpa, porque, a pesar de que es el protagonista de una iniciativa tan importante como la creación de las farmacias populares, no ha podido ingresar a la Sala para contarnos una experiencia que hubiese nutrido tremendamente al país. Ello no pudo ocurrir a consecuencia del egoísmo y el olor a colusión que se percibe en una oposición que defiende a los mismos de siempre.
La Farmacia Popular Ricardo Silva Soto , de Recoleta, toma su nombre de un joven químico-farmacéutico asesinado en la matanza de Corpus Christi, en la calle Pedro Donoso , de la misma comuna. Esta farmacia ha generado un profundo impacto en el pueblo de Chile, causando escozor entre quienes están acostumbrados a aprovecharse de los desposeídos para exprimirles hasta la última gota, agobiándolos con precios inaccesibles a costa de su salud e incluso de su vida.
Entre 2007 y 2008 vimos cómo las tres grandes cadenas de farmacias -Ahumada, Cruz Verde y Salcobrand se concertaron para alzar sostenidamente los precios de más de doscientos medicamentos necesarios para la salud de la población, tales como antibióticos, tratamientos para la enfermedad de Parkinson, la epilepsia, el asma o la diabetes. También conocimos la integración vertical y el traspaso de información reservada al menos entre las isapres Banmédica , Cruz Blanca , Consalud y Vida Tres y las cadenas de farmacias, con la finalidad de usar los excedentes en compras de medicamentos.
Otra situación vergonzosa que involucra a estos consorcios es la entrega de incentivos a los trabajadores para direccionar las ventas de medicamentos. Me refiero a la llamada “canela”, procedimiento mediante el cual los remedios genéricos quedan desplazados para potenciar la venta de los medicamentos de marca. Pese a que estas prácticas fueron denunciadas e incluso sancionadas -aunque con penas irrisorias-, lo impresentable es que los precios de los medicamentos siguen subiendo. Al parecer ese reproche ético no sirvió de nada. Si hoy comparamos los medicamentos y sus precios nos daremos cuenta de que al parecer las cadenas de farmacias siguen coludidas.
Desde 2008, según cifras del Ministerio de Economía, los medicamentos de venta directa han experimentado un alza promedio de 17 por ciento. Por su parte, los precios de aquellos que se venden con receta han aumentado en promedio más de 26 por ciento. En un país como el nuestro, donde el gasto recae directamente en las familias -un tercio de los ingresos se gasta en salud-, ello significa un atentado contra la salud pública y una afrenta a toda nuestra población.
¿Cómo no va a ser una afrenta que el Eutirox, remedio utilizado para detener el crecimiento de tumores en pacientes con cáncer de tiroides, tenga un precio de mercado de más de 10.000 pesos y un costo real de 630 pesos? ¿Cómo no indignarse al saber que las cadenas de farmacias venden el Dazolin, utilizado en pacientes con Alzheimer, entre los exorbitantes 60.000 y 70.000 pesos, en circunstancias de que el precio real es de 15.000 pesos? ¿O que el Azulfidine, recetado para la artritis, que no cuesta más de 9.000 pesos, es vendido por estas farmacias por sobre los 60.000 pesos?
Esos abusos deben terminar. Las tres principales cadenas de farmacias concentran cerca del 95 por ciento del mercado y su volumen de ventas anual se eleva, solo en medicamentos, por sobre los 1.500 millones de dólares. Es decir, para los dueños y controladores del mercado, mantener a nuestra gente enferma es sinónimo de lucro y ganancia.
Ya nos cansamos de consignas, por lo que debemos tomar acciones. No tenemos por qué seguir soportando la dañina forma de hacer negocios que tienen estas verdaderas tiendas de retail, que ahogan a las farmacias de barrio e invaden todo el entorno donde se instalan, llegando al absurdo de existir tres locales en una misma cuadra, e incluso dos locales de la misma cadena en una sola cuadra, cuando todos sabemos que en Chile hay 54 comunas que ni siquiera tienen una sola farmacia donde comprar medicamentos.
La Farmacia Popular es una realidad que aspira a ser replicada en todo el país, incluso en municipios de derecha cuyos alcaldes están a favor de incorporar esta iniciativa en beneficio de sus comunas y de las necesidades de sus vecinos. Sin embargo, la negativa de diputados de ese sector no ha permitido que el alcalde Daniel Jadue exponga hoy su experiencia en esta Sala.
También hemos visto cómo los mismos personajes que acá muchas veces rasgan vestiduras al hablar de los adultos mayores mientras piden fin a los abusos, son los primeros en salir a atacar al alcalde Daniel Jadue, diciendo que la Farmacia Popular es una iniciativa populista. Son ellos quienes hoy no entienden el alivio y ayuda que significa para los adultos mayores tener acceso a medicamentos a bajo costo y de manera directa en su propio municipio.
Como representante de la bancada del Partido Comunista y la Izquierda Ciudadana seguiremos trabajando para que iniciativas como la Farmacia Popular se extiendan por todo el país. En el distrito que tengo el honor de representar, en la Municipalidad de Independencia, hemos comprometido la implementación de la Farmacia Popular Oncológica, especializada en medicamentos para el tratamiento del cáncer, a propósito de la alta población que padece esa enfermedad.
Por estas razones, nuestra bancada anuncia que presentará un proyecto de resolución, con el fin de requerir del gobierno una política estatal para la creación, mantención y abastecimiento de farmacias populares; garantizar el acceso equitativo a los medicamentos a precio justo, y solicitar al Ministerio de Salud el envío de un proyecto de ley para entregar a la Cenabast la facultad de vender medicamentos directamente al público, o por intermedio de las farmacias de barrio.
Tiene la palabra la ministra de Salud, señora Carmen Castillo.
La señora CASTILLO, doña Carmen (ministra de Salud).-
Señor Presidente, saludo a las señoras diputadas y los señores diputados.
En esta oportunidad me acompaña el subsecretario de Salud Pública, señor Jaime Burrows; la directora subrogante de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, señora Pamela Chacaltana, y el director del Instituto de Salud Pública, señor Álex Figueroa.
Para mayor entendimiento de cada uno de los presentes haremos una presentación en PowerPoint, cuya copia está a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados en sus respectivos pupitres electrónicos. La presentación se referirá al acceso a medicamentos, situación actual y proyecciones. El presente informe corresponde a un resumen ejecutivo.
Entre 2007 y 2012, en gasto de bolsillo en salud por hogar, quienes más gastaron fueron las personas ubicadas en el quinto quintil. El 29 por ciento del gasto de bolsillo en salud corresponde a gasto en medicamentos. Ese porcentaje ha ido bajando, pues hace unos años esa cifra llegaba a 43 por ciento.
Respecto del Índice de Precios de Medicamentos, en la lámina se puede observar que el IPC general corresponde a la curva en negro. La única curva que se encuentra bajo ese promedio corresponde a los medicamentos para el sistema nervioso central. Todos los otros medicamentos superan el promedio marcado por la curva del IPC general.
El Índice de Precios de Medicamentos varía en un rango muy superior al Índice de Precios al Consumidor y en relación con otros productos. Al respecto, en los últimos 21 meses, el IPC de los medicamentos se ha incrementado en más de 15 por ciento. Algunos han aumentado por sobre ese porcentaje. Por ejemplo, los medicamentos para dolencias cardiovasculares lo han hecho en 25 por ciento y los prescritos para enfermedades del aparato digestivo en 20 por ciento.
En la siguiente lámina se exhibe una estadística comparativa del costo de distintos medicamentos. Por ejemplo, el Acebron de 4 miligramos, cuyo producto genérico es el Acenocumarol, en la Cenabast tiene un costo de 1.070 pesos; en cambio, en las farmacias privadas puede encontrarse a 14.810, 13.870 y 13.790 pesos.
El Azulfidine tiene un valor en la Cenabast de 7.512 pesos; en Farmacias Ahumada cuesta
58.390 pesos, más de 70.000 pesos en Cruz Verde y más de 72.000 en Salcobrand. La lámina muestra la diferencia de valores entre la Cenabast y las cadenas de farmacias en relación con cada uno de los medicamentos, los que, en algunos casos, pueden exceder hasta 1.500 veces el valor que maneja la Cenabast.
¿Cómo se explica la diferencia de precios? Por los gastos asociados a la instalación y funcionamiento de locales, publicidad, promociones y utilidades. La fuente de esta información es la Ilustre Municipalidad de Recoleta, que hizo ese estudio en virtud del arsenal de medicamentos que ofrece en su farmacia.
En cuanto al número de farmacias por región, en Chile existen 3.013 farmacias, de las cuales 1.468 se encuentran en la Región Metropolitana y 1.545 en el resto del país.
Solo existen diecisiete farmacias de urgencia en todo Chile que atienden las veinticuatro horas: trece en la Región Metropolitana, dos en la Región de Valparaíso, una en la Región de O’Higgins y una en la Región de Magallanes. El resto de las regiones no cuenta con farmacias de urgencia.
En relación con los tipos de establecimientos, el 51,2 por ciento pertenece a las cadenas de farmacias Ahumada, Cruz Verde, Salcobrand y Dr. Simi. El 48,8 por ciento restante corresponde a farmacias independientes.
Nos llama la atención que la venta de medicamentos en las cadenas de farmacias llega a casi el 90 por ciento y en las farmacias independientes al 10,2 por ciento.
Existen 53 comunas sin establecimientos de expendio farmacéutico, 52 comunas con establecimientos públicos de salud y 15 comunas que solo poseen postas de salud rural, las cuales deben contar con medicamentos en esos lugares y dar continuidad al tratamiento farmacológico de los pacientes crónicos derivados.
Hay una comuna que no tiene establecimientos de salud: Antártica .
En cuanto a las farmacias municipales, los establecimientos municipales de atención primaria de salud deben cumplir con normas técnicas, planes y programas sobre la materia que imparta el Ministerio de Salud. No obstante, sin necesidad de autorización alguna, pueden extender, a costo municipal o mediante cobro al usuario, la atención de salud a otras prestaciones. En tal sentido, el estatuto de atención primaria en salud está siendo revisado en materia de expendio de medicamentos.
Las dependencias a través de las cuales los municipios realizan acciones de salud son los establecimientos municipales de atención primaria de salud o las entidades administradoras de salud municipal, que pueden ser departamentos de salud o corporaciones municipales.
¿Con qué deben cumplir? Con planes y programas de salud pública, prestaciones de salud del sistema público, que tienen que ver con Fonasa, GES y no GES y otras prestaciones de salud.
¿Cuál es el efecto de que existan farmacias municipales? Las farmacias municipales mejorarán el acceso a medicamentos, pues disminuyen las barreras financieras que afectan a las personas de menores recursos en relación con los productos esenciales, que son más baratos por no haber lucro y publicidad y por existir cofinanciamiento de parte de las ilustres municipalidades. Generalmente, el cofinanciamiento se traduce en contar con un químico farmacéutico contratado, arriendo de espacio físico o cualquier otro aporte que puede hacer la municipalidad.
Farmanet es un sitio web al que se puede acceder a través de www.minsal.cl. Allí se puede obtener información de las farmacias de turno y las farmacias más cercanas del domicilio de quien consulta, y ver los reclamos o felicitaciones relacionadas con la farmacia seleccionada. En el sitio web del Ministerio de Salud hay un banner, que es la puerta de acceso a las farmacias de turno. En general, la aplicación es accesible desde un PC o smartphone.
La información está validada y emana de la autoridad sanitaria regional, es decir, de las seremis, con características de georreferenciación y utilidad en materia de acceso geográfico a medicamentos. También permite la captura de reclamos sobre el funcionamiento de las farmacias.
En relación con el Código Sanitario, ley N° 20.724 -la famosa ley de fármacos a que aludió el diputado Juan Luis Castro -, ha habido los siguientes avances en la normativa:
1. Prohibición de incentivos a la prescripción y venta de medicamentos, la denominada
2. Transparencia de precios, para que sean accesibles y comparables, con libros de precios disponibles en las farmacias.
3. Rol del químico farmacéutico en la educación de usuarios y farmacias como centros de salud.
4. Permiso a la Central de Abastecimiento para registrar e importar medicamentos en caso de inaccesibilidad o desabastecimiento, y otorgamiento de facultades en relación con la “ley Ricarte Soto ”.
5. Regulación de la intercambiabilidad de medicamentos. Me refiero al cambio de alguna indicación médica contenida en la receta que es presentada en la farmacia.
El Fondo de Farmacia (Fofar) es una política pública desarrollada por la administración de nuestra Presidenta y médico, señora Michelle Bachelet . El Fondo de Farmacia busca otorgar en la atención primaria de salud acceso oportuno a medicamentos definidos en el arsenal básico del servicio de salud para enfermedades no transmisibles, con prioridad en problemas de salud cardiovasculares.
También pretende fortalecer la gestión farmacéutica de las entidades administradoras de salud y de los servicios de salud, que permita la provisión racional y oportuna de medicamentos.
El modelo está constituido por dos componentes: el componente 1 es el acceso oportuno a fármacos y apoyo en la adherencia al tratamiento; el componente 2 es la gestión farmacéutica.
El componente 1 está integrado por el Fondo de Farmacia, la adherencia al tratamiento y el stock crítico en los servicios de salud. El Fondo de Farmacia incluye medicamentos para diabetes mellitus tipo dos, hipertensión y dislipidemia, y también los insumos para curación avanzada en personas con pie diabético.
En algunas comunas se cuenta con un sistema de mensajería de apoyo en la adherencia al tratamiento.
En cuanto a stock crítico, contamos con stock para dos meses, de modo que el paciente no pierda la continuidad en la entrega del medicamento.
En el componente 2, sobre gestión farmacéutica, en materia de recurso humano se puede contratar a químicos farmacéuticos u otro personal según la necesidad. Incluso, a algunas comunas se les envía el medicamento cuando no es posible contar con recursos humanos.
El sistema de control y gestión está en línea con el sistema informático y permite tener los resultados a través de un tablero de mando.
La siguiente lámina muestra los resultados del Fondo de Farmacia (Fofar) en 2015. En cuanto a acceso oportuno, se observa un cumplimiento a nivel del país de 98,72 por ciento a julio de 2015.
Ha habido un total de 66 reclamos, de los cuales se han solucionado 59 en 24 horas.
En términos de recursos humanos, se ha contratado, a honorarios, químicos farmacéuticos y técnicos de nivel superior en farmacia.
En cuanto a las estrategias piloto, se ha desarrollado una gestión de citas para asistir al control que corresponda, y una mensajería de texto para pacientes con diabetes mellitus tipo dos que deben tomar su medicamento. Aunque es una experiencia piloto, hemos visto muy buena respuesta en aquellos pacientes a los que hay que recordarles que deben tomar sus medicamentos.
La siguiente diapositiva muestra las políticas públicas que generan impacto directo en la protección financiera. Cabe señalar la ley de urgencia (1999); la Cobertura Adicional para Enfermedades Catastróficas (CAEC Isapres) de 2000; el primer decreto GES -el DFL N° 170, de 2005para 25 problemas de salud; el DFL N° 228, de 2006, para 40 problemas de salud; el DFL N° 44/69, de 2007, para 56 problemas de salud; el DFL N° 1, de 2010, para 69 problemas de salud, y el DFL N° 4, de 2013, para 80 problemas de salud.
Las políticas de salud han permitido aminorar el efecto del gasto de bolsillo en salud, que, a diferencia de otros países de la región, alcanza al 60 por ciento del gasto en salud. Según la encuesta de presupuesto familiar del INE, tenemos un 29 por ciento de gasto en salud en 2012.
La siguiente lámina dice relación con el nuevo sistema de protección financiera para tratamientos de alto costo: ley N° 20.850, conocida como “ley Ricarte Soto ”. La idea es poner en marcha las estrategias definidas respecto de once problemas de salud, con sus respectivos medicamentos asociados, los cuales se describen en la lámina.
Entre los avances en la aplicación de la “ley Ricarte Soto ” cabe considerar el establecimiento de reglamentos mínimos para su implementación, los cuales ya están aprobados; los protocolos de atención, también aprobados; la red de prestadores pública y privada, ya verificada, y los productos en trámite de adquisición, para contar con stock. Los productos están disponibles, y están con un stock, de modo de mantenerlos en forma permanente. En la diapositiva se muestran los medicamentos para el tratamiento de los once problemas de salud.
La siguiente lámina dice relación con la gestión en la adquisición en virtud de convenios multilaterales, es decir, a nivel internacional. La adquisición se está coordinando a través de la Unasur, en la que están asociados los ministros de Salud del Cono Sur de América; del Mercosur y del Organismo Andino de Salud-Convenio Hipólito Unanue (ORAS-Conhu). La idea es efectuar compras conjuntas. En efecto, ya estamos realizando la selección de productos respecto de cuatro medicamentos estratégicos para la hepatitis C y el VIH. El objetivo es desarrollar una economía de escala mayor, aumentar el número de ítems y, unidos con otros países, reducir los costos en la compra.
Como ejemplo de lo anterior, en la lámina siguiente se grafica la situación comparativa entre Chile y Brasil en virtud de los convenios bilaterales de adquisición internacional de medicamentos. En las barras de este gráfico, el precio unitario de los medicamentos de Brasil figura en color azul, y el de Chile, en rojo. Se puede observar lo que le cuesta a Brasil y lo que le cuesta a Chile, respectivamente, el mismo medicamento. Es realmente impactante la diferencia. El precio de un medicamento en Brasil es significativamente menor que en Chile. Brasil cuenta con subsidios, con laboratorios públicos y con reducción de precios, que pueden impactar significativamente en la reducción de costos de la Cenabast y del Sistema Nacional de Servicios de Salud (SNSS). En otras palabras, Brasil puede ayudarnos. De hecho, en este momento, el director de la Cenabast está en Brasil efectuando gestiones en este ámbito, motivo por el cual está presente en la Sala la directora subrogante, señora Pamela Chacaltana .
La siguiente diapositiva muestra el ahorro potencial en la adquisición de medicamentos que se puede lograr por medio de la compra intermediada por el fondo estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Como se puede observar, el precio unitario de un medicamento en Chile es de 0,26 dólares, y a través de la OPS es de 0,06 dólares. Es decir, respecto de los medicamentos que se muestran en el cuadro podemos efectuar, como país, un ahorro de más de 25.000 millones de dólares. Adquirir los distintos medicamentos a través de las gestiones con la Organización Panamericana de la Salud, entidad que en más de una oportunidad nos ha señalado su interés en colaborar, es algo muy importante y que queremos potenciar.
¿Qué proyectos futuros tenemos?
Crear el Observatorio de Precios, cuyo objeto será reducir la asimetría de información y promover la competitividad. Es un proyecto en desarrollo para 2016, y su lema será “Colocar a disposición de la población”. Es similar al que se desarrolla en Colombia y en Perú. El objetivo es que se transparenten los precios de los medicamentos y que existan diferentes alternativas de un mismo producto. Se trata de informar sobre el lugar más económico, los horarios, los turnos, los medios de pago disponibles en el local, etcétera. La idea es que respecto de los medicamentos opere un sistema similar al que ya existe en Chile para la compra de gas, de bencina y de parafina.
En la lámina se observan los respectivos links: “www.gasenlinea.gob.cl”, “www.bencinaenlinea.gob.cl” y “www.parafinaenlinea.gob.cl”. De esa forma se evitará que las personas desconozcan los valores de los medicamentos a adquirir.
En la siguiente lámina se observa la reformulación de la normativa de equivalencia terapéutica. Me refiero a los bioequivalentes de medicamentos que compró la Cenabast en 2012 y 2014, antes y después del Fofar. Se observa que la bioequivalencia no ha sido beneficiosa para la compra de medicamentos. Por ejemplo, el Atenolol para la Cenabast ha subido de 12,2 dólares, en 2012, a 42,2 dólares, en 2014; es decir, el precio tuvo una variación de 251 por ciento.
De la lista de medicamentos que figura en la lámina, solo cuatro han bajado de precio. La mayoría ha excedido cualquier monto que se hubiera estimado en razón de la bioequivalencia. Reitero, la bioequivalencia no se ha traducido en una rebaja del precio de los medicamentos.
Los siguientes gráficos muestran la evolución del comportamiento del precio de las compras del Sistema Nacional de Servicio de Salud (SNSS). Los gráficos de la izquierda hacen referencia a los hospitales y los de la derecha a los municipios. Entre 2013 y 2015 se puede observar en las curvas que con cambios normativos y la entrada en vigencia de la bioequivalencia, los precios han ido al alza. Por lo tanto, la bioequivalencia no ha significado ningún beneficio. Todos los medicamentos suben de precio.
En relación con el fortalecimiento de la Cenabast, que a todos nos preocupa, se busca aumentar cada vez más su capacidad de gestión.
En la siguiente lámina se puede observar la labor que ha efectuado el organismo. Ha aumentado la intermediación en miles de millones de dólares durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014. El cálculo es aplicado sobre la canasta de intermediación, valorizando los productos comprados por la Cenabast respecto de los mismos productos con precio promedio de mercado público, todo ello para los servicios de salud. Es decir, a través de la Cenabast hemos mejorado la capacidad de intermediación.
Respecto de las facultades que queremos otorgar a la Cenabast, me referiré a la situación actual y a las soluciones que queremos dar.
En estos momentos se advierte inexistencia de capital de trabajo que permita a la Cenabast disponer oportunamente de productos para la red. Es el único organismo de salud que no tiene aporte fiscal ¿Cuál es la solución? Constituir capital de trabajo a través de aporte fiscal y de transferencias para generar capital de trabajo.
Faltan instalaciones y sistemas informáticos para amparar el manejo adecuado de las compras nacionales e internacionales. La solución que proponemos es hacer un acondicionamiento de las instalaciones de la Cenabast para la ejecución de capital y compras internacionales; es decir, normalización de bodegas y reemplazo de camiones. Debe invertirse en mejoras.
Existe un endeudamiento del sistema de salud. La solución es reformular el modelo de pago a proveedores, con pago mandatado a través del Fonasa.
Existe poca accesibilidad, o escasez o desabastecimiento de medicamentos en Chile. La solución es que se cuente con un registro de productos a nombre de la Cenabast. Mediante el fortalecimiento de la capacidad de gestión, podremos avanzar en otorgar más facultades a la Cenabast y, de ese modo, dar una mejor respuesta a los usuarios.
La siguiente diapositiva dice relación con los proyectos legislativos y con la modificación del Código Sanitario.
Primero, fortalecimiento de la autoridad sanitaria regional: gestión regional de la salud pública. La propuesta para lograrlo es reordenar las competencias, tanto de las Seremis, respecto del control del retail, como del Instituto de Salud Pública, respecto del control de la industria.
Segundo, promover el acceso a medicamentos. Para ello se debe definir la inaccesibilidad a medicamentos, que está relacionada con la autorización de uso por excepción y con la posibilidad de importar.
Tercero, fortalecimiento de la Cenabast, viabilizar las actividades del Sistema Nacional del Servicio de Salud y reducir los efectos del mercado chileno. La propuesta en este caso es ampliar las potestades de la Cenabast respecto de lo siguiente: un registro sanitario de todo producto farmacéutico empleado en planes, programas o acciones de salud emprendidas por el SNSS; permitir el uso de excepciones a patentes, que son licencias no voluntarias -la idea es que frente a emergencias se pueda suspender la exclusividad del mercado a un titular-; proveer al Sistema Nacional de Servicios de Salud, a los municipios y a los privados farmacias independientes-; financiamiento previo a través del Fonasa, servicios de salud, municipios y establecimientos de la red -se debe determinar qué fórmula se puede usar para que no se produzca deuda-; la creación del Fondo Nacional Rotatorio de Medicamentos, y que la Cenabast pueda comprar al contado.
El último objetivo es promover el acceso a medicamentos con política de genéricos. Para ello se requiere corregir las normas de prescripción e intercambiabilidad a través de la prescripción médica por denominación común internacional y marca. La dispensación se efectuará de acuerdo con la prescripción. La intercambiabilidad operará previa demostración de equivalencia terapéutica.
Como conclusión, me referiré a los desafíos y proyectos de 2016 en adelante:
1. Transparentar el mercado a través del Observatorio de Precios durante 2016 -catálogo electrónico a cargo del Ministerio de Salud-, en lo cual ya estamos trabajando.
Queremos que exista cobertura garantizada a través de una estrategia para la disponibilidad de medicamentos en el Sistema de Salud Público, con Fofar, GES y ley Nº 20.850, conocida como “ley Ricarte Soto ”.
2. Optimizar los procesos de negociación. Ello requiere el fortalecimiento de la Cenabast, lo que se traducirá en los siguientes aspectos: mayor capacidad de negociación con la industria; compras internacionales, importaciones, negociaciones conjuntas multilaterales; venta a farmacias pequeñas; mejorar la agregación de demanda, lo que implica agrupar requerimientos de los servicios de Salud y de las municipalidades; registro sanitario ante el Instituto de Salud Pública de productos por parte de la Cenabast para asegurar el abastecimiento del Sistema de Salud Público y municipal.
3. Mejorar las normativas y políticas públicas asociadas a medicamentos. Ello significa optimizar la legislación farmacéutica, lo cual se traduce en el proyecto de ley de fármacos II, referido a la prescripción por denominación común internacional, al establecimiento de normas adecuadas de intercambiabilidad y a fortalecer la Cenabast.
Además, se propone implementar una nueva política de medicamentos con un fuerte énfasis en la promoción del uso de genéricos de calidad, y en el uso racional de medicamentos. La reglamentación vigente es de 2003.
4. Implementar estrategias proacceso, mediante la creación de farmacias en municipios. Es una de las estrategias que apoyaremos como Ministerio de Salud.
5. La garantía de calidad, que implica el reconocimiento por parte de la autoridad sanitaria chilena -el Ministerio de Salud, el Instituto de Salud Pública y la Seremi como autoridad reguladora nacional de medicamentos de referencia. Ello se traduce en ser Agencia Nivel IV en 2016.
La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).-
Informo a las señoras diputadas y a los señores diputados que van a disponer de la presentación de la señora ministra en sus correos electrónicos.
Señora Presidenta, pido la palabra por un asunto de Reglamento.
Señora Presidenta, dada la exposición que hizo la ministra y la complejidad de la situación que vivimos en términos del acceso a medicamentos, solicito que recabe la unanimidad de la Sala, especialmente de los colegas de la UDI y de Renovación Nacional, para que ingrese a la Sala el alcalde de Recoleta, señor Daniel Jadue, a exponer sobre su experiencia en la materia. Sería una tremenda oportunidad que el alcalde nos contara acerca de la solución que a través de su municipio ha encontrado a la materia que nos convoca.
¿Habría acuerdo para acceder a la proposición de la diputada Alejandra Sepúlveda?
Solo quería saber si era posible contar con la flexibilidad de los diputados de la UDI y de Renovación Nacional, ya que no todos tenemos la oportunidad de escuchar al alcalde en la Comisión de Salud, pues no pertenecemos a esa instancia.
Tiene la palabra el diputado Gustavo Hasbún.
Pido a los asistentes a las tribunas que se abstengan de hacer manifestaciones.
Señora Presidenta, quiero aclarar esta situación. Hace dos semanas, en la Comisión de Salud, el presidente de esa instancia, doctor Juan Luis Castro , nos pidió que recibiéramos al alcalde. En esa ocasión dimos la unanimidad para que el alcalde Jadue asistiera a la comisión. Incluso, está invitado a exponer el 17 del presente mes. En ese momento estaban presentes la diputada Marisol Turres y los diputados Javier Macaya y Nicolás Monckeberg . Reitero: dimos la unanimidad; no tuvimos ningún problema. Quiero dejarlo claro, pues se nos está acusando sin conocimiento de la realidad.
Reitero: antes de que sucediera esto, hace dos semanas, cuando el Presidente solicitó la unanimidad en la comisión, nosotros la dimos. Y como la dimos, habría esperado que por lo menos los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra hubieran sido un poco más honestos.
El tema puntual que nos convoca tiene que ver también con la Cenabast.
Me parece razonable que podamos replicar las buenas ideas. No discutimos que ello se pueda hacer. ¡Por el contrario! Siempre he creído que si podemos copiar las buenas ideas, ¡bienvenidas!
Como manifesté, acá nos encontramos discutiendo una materia que se relaciona con la Cenabast. Este servicio históricamente ha exhibido un sobreendeudamiento gigantesco, una pésima administración, incapacidad para cumplir con el abastecimiento de medicamentos en la red pública de salud -es una realidad, pues dicha entidad nunca ha sido capaz de abastecer ciento por ciento a la red pública de salud, además de los escándalos que ha protagonizado desde 2009 a la fecha: medicamentos vencidos, problemas de higiene por presencia de ratas en sus bodegas-, falta de fiscalización, incapacidad por parte del gobierno para garantizar el acceso a los fármacos gratuitos que se deben entregar a las familias más pobres.
Si hoy vamos a los consultorios municipales, veremos que no tienen remedios. Los medicamentos que, por ley, se les deben entregar no están, y no están exclusivamente porque la Cenabast no ha sido capaz de hacerlo.
Entonces, ¿debemos crear farmacias municipales o más bien solucionar un problema administrativo que existe con la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud?
Lamentablemente, hoy tenemos un diagnóstico con resultado negativo: nuestro sistema de abastecimiento de medicamentos es un desastre.
También hay que reconocer que existe falta de fiscalización de la ley de fármacos. Este es otro problema: tampoco se ha sido capaz de fiscalizar adecuadamente el cumplimiento de la ley.
¿Qué pasó cuando se generó un problema con las farmacias independientes, cuyos representantes asistieron a la Cámara? Conversamos con el director del ISP sobre el caso de las farmacias independientes: se les fiscaliza exactamente lo mismo que a las cadenas de farmacias, y, obviamente, se les cursa igual multa a ambos tipos de establecimientos. Eso está ocurriendo, no en la Región Metropolitana, pero sí en el resto del país, con las respectivas Seremis de Salud. Entonces, cabe la pregunta: ¿Por qué el trato desigual? ¿Por qué no existe un subsidio estatal a las farmacias independientes, sobre todo en las zonas más aisladas de Chile, donde no hay grandes cadenas de farmacias?
En esta materia tenemos un problema de fondo, que no se soluciona solo con la creación de farmacias municipales, porque si la Cenabast no es capaz de abastecer, finalmente la situación persistirá.
Entonces, partamos, no “poniendo la carreta delante de los bueyes”, sino haciendo las cosas como corresponde, y solucionemos el problema que existe con la Cenabast.
Tiene la palabra el diputado señor Juan Luis Castro.
Señora Presidenta, por su intermedio, quiero precisar al diputado Hasbún que me correspondió intervenir en primer lugar al inicio de esta sesión, y en mi discurso aclaré que la Comisión de Salud, por la unanimidad de sus miembros, acordó invitar al alcalde de Recoleta para el 17 de noviembre. Señalo esto para que no haya duda de que nosotros hemos actuado con total transparencia respecto de un acuerdo tomado en dicha instancia. Otra cosa es el ingreso del edil a esta Sala, sobre lo cual pasó lo que todos ya sabemos.
Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado señor Marcelo Chávez.
Señora Presidenta, por su intermedio, saludo a las autoridades del Ministerio de Salud que se encuentran aquí presentes, encabezadas por la titular de dicha cartera, señora Carmen Castillo .
Por otra parte, quiero felicitar a quienes pidieron esta sesión especial para abordar la situación de los medicamentos, particularmente el acceso de la ciudadanía a ellos.
En nuestro país, esta realidad resulta alarmante, y debemos hacernos cargo de ella. Enfrentar las grandes diferencias que hoy existen en el acceso a los medicamentos es una demanda constante de la ciudanía, que no solo nos reclama mayores espacios de participación, sino que también nos emplaza diariamente para que afrontemos este tipo de problemas con soluciones claras, efectivas y precisas.
En la actualidad, las farmacias traspasan al precio final de los medicamentos el incremento en los valores que, a su vez, ellas pagan a los laboratorios. Son los consumidores quienes finalmente deben subvencionar y pagar este mayor costo.
En reiteradas ocasiones los laboratorios han explicado que ellos no determinan el precio de venta de los medicamentos al público, sino que las farmacias son las que controlan los precios y que esto hace que los valores sean desproporcionados.
La ministra ya señaló aquí -también lo hicieron algunos diputados que me antecedieron en el uso de la palabra que tenemos una alta concentración en el mercado farmacéutico en torno a estos distribuidores: el retail farmacéutico. Podremos discutir las cifras, pero de todas maneras estamos ante un mercado altamente concentrado, en el que vemos que no existe una verdadera competencia, por lo que entre esos distribuidores se disputan los precios y la localización de sus puntos de venta. En ello incide una regla básica de la economía: “A menor oferta, mayor precio”.
Por lo tanto, se hace necesario permitir la inclusión de más actores en este tipo de mercado. Se pueden observar experiencias internacionales. Por ejemplo, en Brasil y en otros países se han creado las farmacias populares con excelente resultado, justamente porque ellas lograron disminuir el valor de los medicamentos que expendían las grandes cadenas farmacéuticas. Las farmacias populares fueron entendidas como una política pública cuyo objetivo fundamental es la ampliación del acceso de la ciudadanía a medicamentos esenciales.
Nosotros estamos llamados a democratizar con urgencia el acceso a los medicamentos, entendiendo la salud como un derecho social y no como un bien de consumo. Por eso, iniciativas como la del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue -aprovecho de saludar y de felicitar al edil por su visión y coraje-, son un punto de partida para iniciar en nuestro país un debate serio y profundo sobre esta realidad.
Para extender a más comunas el ejemplo que Recoleta ha liderado, junto con otros colegas presentamos un proyecto de ley que busca precisamente dotar a los gobiernos locales, los municipios, de la facultad de crear sus propias farmacias comunales, con un marco que permita que este tipo de iniciativas se puedan transformar en alternativas eficientes y solidarias. Con iniciativas de esa naturaleza disminuiremos la brecha hoy existente. Pero en esta materia no podemos olvidar que en lugares alejados y extremos de nuestro país no existen farmacias de las grandes cadenas, porque simplemente no es rentable.
Este debate permite además abrir un espacio para conversar el tema en profundidad y en la dimensión que amerita.
Aquí ya se señaló: hay que evaluar el resultado que ha tenido la política de bioequivalencia de los medicamentos en Chile. Requerimos conversar acerca de si es necesario entrar en una regulación del mercado. Recuerden que en Estados Unidos de América, que es la cuna del capitalismo, existe regulación de precios a través de las bandas. Al respecto, se trata de un tema que al menos se debe conversar.
Tiempo, señor diputado.
Por último, la gran discusión que debe darse en este espacio es precisamente para, de una vez por todas, poner fin al gran abuso de las grandes cadenas de farmacias en cuanto al acceso a los medicamentos, el cual ha terminado por perjudicar a miles de chilenos
Señora Presidenta, considero de vital importancia este tipo de sesiones. Asimismo, la exposición que hizo la ministra en esta Sala. Sin embargo, me hubiera gustado escuchar hoy la intervención del alcalde de Recoleta, señor Daniel Jadue , a quien aprovecho de saludar y de felicitar, porque las buenas iniciativas se tienen que destacar y reconocer.
Señalo lo anterior porque las sesiones especiales tienen que ver con eso: con la forma como podemos avanzar en los diferentes temas que nos preocupan. En este sentido, el tema de la salud no se refiere solo a los medicamentos, sino también a los especialistas, a la infraestructura y a muchos aspectos más. Por supuesto que se relaciona con los medicamentos, entendiendo que la salud es un derecho social, un derecho natural de la persona. Si una persona recibe atención médica y le recetan algún medicamento, pero lamentablemente no tiene los recursos para adquirirlo, no podrá seguir el tratamiento indicado. Es decir, no sirve de nada que alguien vaya al médico si no tiene la capacidad económica como para poder acceder a los medicamentos que requiere para tratar su enfermedad. Y hay algunos tratamientos más complejos que otros.
Hoy podríamos echarle la culpa al sistema, y en él, a los empresarios; pero es el Estado el que ha permitido que ellos operen de la manera en que lo hacen, pues ellos trabajan según la legalidad que existe. Obviamente, en este sector hay un tipo de colusión muy fuerte.
Por su intermedio, señor Presidente, le señalo al alcalde señor Jadue , quien se encuentra en las tribunas, que el listado de precios de medicamentos que tengo en mis manos no es ninguna novedad para mí.
Soy diputadopor Arica y Parinacota; el colega Mirosevic también representa a esa región. Arica está a 53 kilómetros de Tacna, y tenemos la costumbre de realizarnos atenciones de salud en esa ciudad -las atenciones médicas ahí son cuatro o cinco veces más baratas que en Chile y, además, financiadas por las isapres: si uno viaja a Tacna por una atención médica, estas instituciones se la reembolsan y de adquirir también en ella los medicamentos que necesitamos, a los precios que aparecen en la lista que acabo de exhibir o a valores semejantes.
Entonces, en esta materia hay dos aspectos que llaman la atención.
Primero, ¿por qué los médicos extranjeros no pueden atender pacientes en nuestro país a pesar de que las mismas isapres financian las atenciones de salud en Tacna sin que exista ningún control sanitario respecto de los profesionales que allá se encuentran?
Segundo, reitero que para nosotros, los ariqueños y parinacotenses, lo relativo a la lista que señalé no es ninguna novedad, pues en nuestro día a día podemos comparar los precios no solo de los medicamentos, sino también del papel higiénico.
A propósito de esto último, hace unos días el canal de televisión Mega realizó un reportaje en Tacna mientras yo me encontraba allí. Me preguntaron por qué iba a comprar papel higiénico a esa ciudad. Les contesté que el papel higiénico que compro en Tacna es chileno
-se exporta desde nuestro país a esa ciudad-, y que allá me cuesta 4.000 pesos lo que acá me sale a 7.000 u 8.000 pesos.
Esas son las realidades que hoy estamos viviendo en nuestro país.
Respecto de este tema tan grave y muy sensible, como son los medicamentos, señora ministra -se lo señalo por intermedio de la señora Presidenta-, por supuesto que son el gobierno y el Ministerio de Hacienda los que de alguna manera tienen que ayudar a implementar iniciativas como la que impulsó nuestro alcalde de Recoleta. Todos los municipios deberían tener farmacias comunales. A este respecto, me pregunto si los vecinos de las comunas de Ollagüe, de Putre y de Chiloé tienen el mismo acceso a los medicamentos que quienes viven en Recoleta.
Por lo tanto, solicito que se agilice la elaboración y tramitación de un proyecto que permita a todas las municipalidades de Chile implementar farmacias populares.
Tiene la palabra la diputada señora Cristina Girardi.
La señora GIRARDI (doña Cristina) .-
Señora Presidenta, en primer lugar, al igual como ya lo han hecho varios colegas, quiero felicitar al alcalde Jadue porque creo que en esta materia “puso el dedo en la llaga”. Lo felicito por eso.
La iniciativa implementada en Recoleta no solo favorecerá a sus habitantes, sino que también obligará a nuestro gobierno a actuar. Tendrá que hacerlo, porque no puede quedarse impávido ante este logro. Si esto lo pudo hacer con sus propios medios una municipalidad que no es la más rica del país, entonces también podrá conseguirlo el Estado de Chile.
Así, vayan de nuevo mis felicitaciones al alcalde Jadue por eso.
Solo quiero manifestar que me parece importante discutir lo relativo a los precios de los medicamentos; pero también debemos debatir cómo hoy la salud en nuestro país está centrada en el consumo de medicamentos, en el consumo en cuanto a la práctica de exámenes.
¡Consumo! ¡Consumo! ¡Consumo! Hay que comprar muchos medicamentos; hay que fortalecer la industria farmacéutica. Esa es la lógica que impera en Chile.
Quiero mencionar un dato. Dada mi preocupación por el tema de la sobremedicación en niños diagnosticados con déficit atencional, con problemas de control de impulsos, me entrevisté con una psiquiatra infantil escocesa. Ella me planteó que en su país los psiquiatras tienen que tratar a esos niños durante un año con terapias alternativas antes de medicarlos. ¡Un año! Aquí, en cambio, a los niños ni se les mira y se les dan Ritalin, Risperidona . Si no hay Ritalin, Risperidona , ¡que es un antipsicótico!
Sobre el particular, hace varios años le hice una denuncia al entonces ministro Mañalich sobre un caso específico: un niño estaba recibiendo Risperidona en dosis -ello, según un neurólogo infantil como para matar a un elefante. ¡Pero nosotros debemos complacer a la industria, y, por tanto, hay que recetar medicamentos! No importa si el niño los necesita ni si le hará bien o le hará mal.
Entonces, en esta materia también tenemos un problema serio, toda vez que hoy la salud está más preocupada por satisfacer los intereses de las grandes cadenas de farmacias, de los grandes carteles farmacéuticos y de las grandes integraciones verticales entre las isapres, las farmacias y las clínicas que por la salud de los chilenos.
Esa es la base sobre la cual debemos discutir.
Al respecto, en varias ocasiones me he referido a dos estudios: uno, de la Universidad Católica, y el otro, de la Universidad de Chile, que señalan que el 60 por ciento de los niños de nuestras escuelas municipales está medicado. ¡Repito, 60 por ciento! Me pregunto si ellos necesitan o no esos fármacos, porque no estamos hablando de un medicamento para el resfriado, de un antibiótico. ¡No! Hablamos de medicamentos para la conducta y para problemas fundamentalmente emocionales, y de acuerdo con esos dos estudios realizados -uno, en Valparaíso, y el otro, en Santiago-, el 60 por ciento de los niños de nuestras escuelas municipales se encuentra medicado.
Ese es el principio de la discusión.
Anadeus es una organización que a lo mejor algunos de ustedes ya conocen. En una reunión hablé con el doctor Figueroa sobre la materia que nos convoca: que hay medicamentos que contienen el mismo principio activo, tienen igual dosis, son idénticos, pero que se venden a distinto precio. Y cito un ejemplo: el medicamento Lipox y su genérico Atorvastatina . El primero se vende en 11.000 pesos, y el segundo, en 1.190; esto es, tienen 10.000 pesos de diferencia en el precio.
Ha terminado su tiempo, señora diputada.
Solo quiero anunciar que presentaremos un proyecto de resolución.
Además, le quiero contar a la ministra que yo presenté un proyecto de ley en 2013, el cual plantea que la Cenabast pueda vender directamente al público. La iniciativa ingresó a la Cámara de Diputados. Fue suscrita por el diputado Meza , la diputada Sepúlveda y varios colegas del PPD.
Creo que en ese proyecto se halla la solución: que el Estado asegure los medicamentos para todos los chilenos, que no dejemos esto ni al mercado ni a la voracidad de la industria farmacéutica.
Tiene la palabra, por cuatro minutos, el diputado señor Leopoldo Pérez.
Señora Presidenta, por su intermedio, saludo a la ministra y a todos quienes la acompañan, y particularmente al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien se encuentra en las tribunas.
En primer lugar, quiero recordarles a los colegas que durante cuatro años este Parlamento debatió el problema del acceso de la ciudadanía a los medicamentos y del alto costo de estos. Asimismo, que aprobó un proyecto que obliga al Ministerio de Salud a entregarlos a través de los centros de salud.
Ha transcurrido un año de aquello. El señor subsecretario aplaude la nueva fórmula del alcalde Jadue . Sin embargo, sin la aplicación de esa ley, ella no está prevista en el marco jurídico. Esta es la razón de fondo que nos convoca a la presente sesión especial.
En segundo término, la iniciativa del alcalde Jadue -debemos valorarla-, cual es la creación de esta cooperativa para ir que ayuda de los vecinos de su comuna, tiene como objetivo final una acción que hoy muchos municipios realizan, sin la cobertura de prensa que ha tenido esa muy buena acción. Esas municipalidades entregan medicamentos, algunos incluso de altísimo costo, en forma gratuita. Soy testigo de que ello se hace en muchas comunas. Cito como ejemplo las comunas de Puente Alto y de Temuco, en las que desde hace muchos años existen los mecanismos para que los vecinos obtengan medicamentos, no a bajo precio: gratis.
Debemos recordar que respecto de la ley N° 20.724, publicada en febrero de 2014, aún no se dictan los reglamentos respectivos, que podrían hacer realidad lo que busca el proyecto que el alcalde de Recoleta ha puesto a disposición de la comunidad.
Hoy la Sala aprobó la creación de una comisión especial investigadora para dilucidar y determinar de una vez por todas si son las farmacias, los laboratorios o ambos los que están incumpliendo la ley o coludiéndose con el objeto de afectar los precios de los medicamentos.
El artículo 2° de la ley N° 20.724 establece que los proveedores de los productos farmacéuticos, laboratorios e importadores, entre otros, están obligados a publicar los precios de los productos que expenden, así como los descuentos por volumen que aplican en sus ventas, con indicación de cada tramo de descuento. Pregunto, entonces, a la señora ministra, por intermedio de la señora Presidenta, ¿por qué no se ha fiscalizado el cumplimiento de esa norma?
Por otra parte, más allá de algunas voces airadas que dan cuenta de las distintas posiciones políticas que tenemos en la Sala, quiero plantear a la autoridad respectiva mi inquietud respecto de las responsabilidades que existen en el ámbito de la fiscalización sobre el acceso y la determinación del precio de los medicamentos. Lo señalo porque no puede ser que, por un lado, la Cenabast compre a un precio, a través de un proceso de licitación pública, y por otro, una organización cualquiera, de carácter comercial o no, tenga precios distintos para los medicamentos, diez o quince veces más altos que el valor de mercado.
Por último, solicito a la autoridad de salud que nos informe cuándo se dictarán los reglamentos considerados en la ley mencionada, cuya tramitación tomó tantos años y que aún no puede ser aplicada, pues eso permitirá que muchos municipios no tengan que pasar por el bochorno de no poder hacer lo mismo que se hizo en Recoleta.
Tiene la palabra la diputada señora Karla Rubilar.
Señor Presidente, saludo la presencia en la Sala de la ministra de Salud, del subsecretario de Salud Pública, del director del Instituto de Salud Pública y de la directora subrogante de la Cenabast, así como la presencia en la tribunas del alcalde de Recoleta.
Probablemente fui de las primeras parlamentarias que felicitó -en mi caso, vía Twitteral alcalde Daniel Jadue por su iniciativa. De hecho, a través de un tweet, el 15 de octubre de este año le señalé que creía que la farmacia popular que habían creado en Recoleta era una gran iniciativa, puesto que ayudará a muchas personas que padecen alguna enfermedad a acceder a los medicamentos que necesitan.
En la Comisión de Salud el diputado Juan Luis Castro , junto con otros diputados, entre ellos los de la UDI y los de Renovación Nacional, así como quien habla, de la bancada Independiente, acordamos invitar para la próxima semana al alcalde de Recoleta para que nos exponga su iniciativa de farmacia popular, recientemente implementada en esa comuna.
Es muy importante decir las cosas como son: en la comisión siempre hubo interés por invitar el alcalde Jadue para que nos expusiera su proyecto, pero que lo hiciera en el marco en el que siempre lo han hecho los alcaldes: en la comisión técnica respectiva. A la Sala de la Corporación nunca ha ingresado un alcalde para estos efectos, de manera que no se puede vetar lo que nunca ha existido.
Es bueno aclarar el punto, porque lo acordado releva el rol del Congreso Nacional. No se trata de pataletas ni de revanchas, sino del proceder habitual, el que siempre se ha utilizado respecto de los alcaldes.
Dicho eso, quiero plantear que la puerta o la ventana abierta por el alcalde señor Jadue me genera muchas dudas. En ese sentido, quiero consultar a las autoridades de salud presentes de qué forma operará la iniciativa de farmacia popular, porque los municipios tienen prohibida la venta de medicamentos, los que deben transferir al costo. Entiendo que se recurrirá a la figura de una cooperativa. Espero que se refieran a eso.
Asimismo, quiero saber quiénes podrán inscribirse para acceder a los beneficios que otorga la farmacia popular de Recoleta y de qué manera funcionará ese proceso. ¿Podrán acceder a ella todos los habitantes de esa comuna o solo algunos? ¿Quién discriminará qué persona se podrá inscribir para adquirir medicamentos en esa farmacia? ¿Se podrá ocupar el per cápita de salud de la comuna para comprar los medicamentos respectivos e intermediar al costo o solo se podrán ocupar fondos municipales de origen distinto?
Hago esas consultas porque, aunque puedo estar equivocada, tengo entendido que no se pueden vender, ni siquiera al costo, los medicamentos que estén en el arsenal farmacológico de los consultorios o en su petitorio, pues deben ser entregados en forma gratuita. Lo mismo ocurre con los medicamentos incluidos en las patologías AUGE.
Por otra parte, hay dudas en cuanto a si se puede discriminar en la farmacia popular de acuerdo con el régimen de salud de una persona, en cuanto a si es afiliado al Fonasa o al sistema de isapres.
Como hay muchas municipalidades que tienen deudas con laboratorios farmacéuticos o con la Cenabast, quiero saber si ese organismo podrá dar “crédito” para la intermediación de municipios que le deban, a aquellos cuyo crédito esté suspendido y a los que no estén entregando los medicamentos en forma gratuita, sino que los estén vendiendo.
Hay muchas preguntas respecto del procedimiento general de la compras de la Cenabast y de otros servicios. Con motivo de la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos para el próximo año, los representantes de la Cenabast plantearon que cuando esta intermedia, el costo de los medicamentos baja a 30 por ciento, pero que los servicios solamente intermedian sus compras en 36 por ciento. De allí que podríamos preguntarnos cuánta plata se está dejando de ahorrar por no hacer bien el proceso, a través de la intermediación de la Cenabast, dineros que se podrían ocupar en atender otras necesidades de la población.
La farmacia popular de Recoleta, iniciativa que todos aplaudimos, ¿se puede replicar, por ejemplo, en las fundaciones de personas con enfermedades de alto costo? ¿Se pueden agrupar en una cooperativa de salud y comprar directamente a la Cenabast?
Además, en las comunas en que no exista la posibilidad de contar con una farmacia popular, por oposición de su alcalde, ¿se puede implementar la misma figura a través de una farmacia independiente, con el objeto de que esta compre los medicamentos a la Cenabast y de esa forma establecer una especie de banda de precios, al haber intermediación con el Estado, lo cual permitiría a toda la población acceder a medicamentos más baratos?
También tenemos muchísimas dudas en cuanto a si agrupaciones de personas que padecen patologías determinadas, como Creciendo con Alergia, podrán comprar los alimentos o las fórmulas que requieren a través de la Cenabast, tal como lo hace la Municipalidad de Recoleta, y si los enfermos que pueden acceder a los beneficios establecidos en la denominada “ley Ricarte Soto ” podrán acceder a la compra de los medicamentos que necesitan a través de esa fórmula.
Por último, quiero señalar que sobre la base de las dudas planteadas, así como de otras inquietudes que existen, la Sala tomó la decisión de crear una comisión especial investigadora que se abocará a analizar cada uno de los puntos señalados, para que el acceso a los medicamentos y la salud sea para todos, no solo para algunos.
Señor Presidente, pido la palabra sobre un punto de Reglamento.
Señor Presidente, quiero hacer una aclaración importante, porque la diputada Karla Rubilar acaba de hacer alusión a algo que había explicado con anterioridad el diputado señor Juan Luis Castro , en relación con el acuerdo de la Comisión de Salud para invitar al alcalde señor Jadue .
Se ha hecho una interpretación errónea del Reglamento, pues este establece, en su artículo 76, lo siguiente: “La Cámara también celebrará sesiones especiales cuando lo solicite por escrito y por razones fundadas un tercio de los diputados en ejercicio. Los solicitantes deberán señalar el problema, motivo o circunstancia que se pretende analizar y que requiere de la atención de la Corporación, y la petición concreta de una respuesta de la autoridad citada. Esta respuesta se entregará al inicio de la sesión.”. En esa disposición se hace referencia a “la autoridad citada”. En ningún caso se especifica si se trata de un ministro, un subsecretario o un alcalde.
Por lo tanto, no es ajeno a lo dispuesto en el Reglamento que el alcalde Daniel Jadue hubiese podido ingresar a la Sala. Al contrario, si se hubiera autorizado su ingreso, muchas de las preguntas de la diputada Karla Rubilar habrían sido contestadas directamente por él.
Diputada Cariola, la precisión que hace la Mesa es que esa solicitud obligatoriamente debía ser sometida a la consideración de la Sala, y no hubo unanimidad para acceder a ella.
Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Teillier .
El señor TEILLIER.-
Señor Presidente, la justificación de los defensores del sistema de patentes por el que se rige la industria farmacéutica se basa en el financiamiento de la investigación que las empresas privadas realizan, la que por ser de costos elevados, requiere del capital que estas generan a partir de los ingresos millonarios que les garantiza el sistema de patentes. De esa forma se justifican los costos elevados.
El problema está en que esos precios impiden que la mayoría de las personas que necesitan los nuevos productos, que son el fruto de la investigación, puedan procurárselos.
Es de la esencia de la investigación científica que esta se encuentre dirigida a salvar vidas, no a obstaculizar el ejercicio del derecho a la salud. No es posible que millones de personas mueran por falta de medicamentos que ya existen y que la sociedad podría poner al alcance de todos.
En general, tanto las reglas del comercio como las de la economía deben contribuir al bienestar de la sociedad, y nunca constituirse en obstáculos para que una parte importante de esta se beneficie con la riqueza y la prosperidad que el comercio, en principio, se presume puede aportar.
La salud, percibida como derecho fundamental, constituye un bien colectivo que las autoridades públicas y sus instituciones deben proteger de manera activa. No hacerlo es aceptar una sociedad enferma.
Debemos hacer efectiva la Declaración de Doha, de la OMC, que apoya la obligación establecida por la Organización Mundial de la Salud en orden a proteger la salud pública y, en especial, promover el acceso de todos a los medicamentos.
Queremos felicitar al alcalde Daniel Jadue por poner en práctica estos principios en la comuna de Recoleta. Hasta ahora, setenta municipios buscan imitar la farmacia popular de Recoleta, y serán muchos más con el trascurso del tiempo, lo que deja en evidencia la necesidad de replantear las políticas de acceso a los medicamentos, la urgente necesidad de legislar al respecto y de su inclusión como uno de los temas centrales de las políticas de gobierno y del proceso constituyente que pronto vamos a iniciar en nuestro país.
Señora Presidenta, saludo la presencia de las autoridades de salud que nos visitan: la señora ministra, el señor subsecretario de Salud Pública, el director del Instituto de Salud Pública (ISP) y la directora subrogante de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast).
Hay profesiones que deberían asumirse como un apostolado, una de las cuales es la de médico. Todos quienes llevamos delantal blanco, o bata blanca, deberíamos estar comprometidos con la salud como un derecho de las personas y no mirarla como un negocio, que es como la ven hoy la mayoría de los profesionales de la salud de nuestro país, que se coluden directamente con las farmacias y laboratorios y obtienen pingües ganancias en dinero y también viajes y ayudas de distinta naturaleza, momentos gratos que viven gracias a que recetan, todavía hoy, medicamentos del agrado de algunos laboratorios.
Así tenemos a todo el país prácticamente de esclavos de un mercado que decide que la salud consiste en obtener el máximo de utilidades de cada uno de los pacientes o de los que se creen enfermos, porque hay muchos que no necesitan un medicamento, y de todas maneras se los prescriben. En Chile no hay pacientes, hay clientes para médicos, clientes para cualquier técnico de la salud y, naturalmente, clientes para las farmacias.
Hay un adagio que dice que a veces está listo el pueblo y no aparece el o la líder. Otras veces aparece el o la líder y no está listo el pueblo. En materia de legislación suceden cosas parecidas. Hace ocho años la bancada del Partido Radical presentó un proyecto similar a este, pero no pudimos llevarlo a la práctica porque cometimos un error: preguntamos a la Contraloría General de la República si se podía hacer. Naturalmente, nos dijeron que no. Dos años más tarde el senador José Antonio Gómez presentó el mismo proyecto de las farmacias en las comunas, las farmacias estatales, como la llamó la diputada Cristina Girardi .
Bueno, se dice cada cosa en su momento, pero no siempre se consigue. Por lo tanto, la audacia del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue , es digna de ser celebrada, y espero que su iniciativa se replique en todo el país.
Hace un par de días, estimulados por esa iniciativa, presentamos un proyecto para que esto sea prontamente una realidad en las distintas regiones. No puede ser que la gente siga sufriendo como esclava de unos sinvergüenzas que, sabiendo que los medicamentos cuestan una décima o vigésima parte del precio que les ponen, hoy están actuando con el mismo estilo que los coludidos del papel higiénico, de las farmacias y de otros que están por venir, haciendo de Chile prácticamente una selva, un campo de batalla para enriquecerse cada día más.
Por lo tanto, mi modesto aporte hoy consiste en pedir al Ministerio de Salud, y particularmente a la Cenabast, al igual como hizo otro colega parlamentario, que tengan cuidado, porque van a aparecer muchas farmacias en distintas comunas del país, más de las cincuenta que hoy no cuentan con farmacia, y van a requerir medicamentos, y esos medicamentos deberán estar presentes.
Hay que poner remedio antes de que se agoten los medicamentos, y el dinero que haga falta para eso no puede estar aguantado, como hoy, cuando dejamos muchos hospitales sin construir y tenemos a cientos de miles de personas insatisfechas porque ven que los proyectos de salud que han esperado tanto tiempo en sus comunas no son satisfechos.
Finalmente, quiero insistir en que la Cenabast tome todas las medidas necesarias para el éxito de este programa y se continúe con la fiscalización a los frescos de las farmacias, que hoy pululan por Chile. Para eso no pueden faltar el dinero ni los fiscalizadores. La gente no tiene que seguir sufriendo mientras esquilman sus bolsillos para solucionar sus problemas de salud.
La salud, al igual que la educación, es un derecho, y el Estado de Chile, no los gobiernos, debe estar absolutamente dispuesto a presentárselo a la ciudadanía. Es una obligación del Estado y un derecho de la gente.
Señora Presidenta, saludo la presencia de la ministra de Salud, del subsecretario de Salud Pública y de las demás autoridades del sector que nos acompañan en este debate.
Cabe preguntarse por qué aquí, en Chile, son tan caros los medicamentos. Pero, más aún, cabe preguntarse qué se debe regular o cómo debe intervenir la autoridad para evitar esos precios tan altos.
En mi opinión, sin llegar a una fijación de precios, el Estado tiene las herramientas para buscar la forma que permita que los costos de los medicamentos sean más accesibles para la población.
Por ejemplo, ¿han pensado quién paga los costosos seminarios a los cuales son invitados los médicos para conocer las ventajas de un producto, los que muchas veces se realizan en el Caribe e incluso en Asia? ¿Han pensado quién paga la serie de actividades que realizan los laboratorios para su promoción directa a los médicos dentro de nuestro país?
Por supuesto que lo pagamos todos, ya que esos gastos son cargados en el precio de los medicamentos, por lo que creo que debiera haber una regulación que vaya más allá de la recomendación ética a los profesionales médicos, en el sentido de que se terminen estos seminarios con pasajes y estadías financiados por los laboratorios internacionales.
Por otra parte, durante el gobierno del Presidente Sebastián Piñera comenzó a operar la Agencia Nacional de Medicamentos, dentro de la estructura del Instituto de Salud Pública. Este organismo, con características de agencia, se creó a base del modelo que existe en muchísimos países, pero, lamentablemente, durante el gobierno pasado no se logró que fuera un ente autónomo, de manera que su jefatura fuera nombrada de tal forma que la autoridad política de turno no la pudiera remover.
Actualmente ese cargo debe ser asumido mediante un concurso de alta dirección pública, y todos sabemos que los gobiernos no tienen problema para remover a quienes han accedido de esta forma a cargos directivos. De hecho, entiendo que solo una persona ha ejercido ese cargo por concurso público. Fue la primera jefa de esa agencia y fue removida por el ministro de la época.
Una agencia de estas características debe tener real autonomía, ya que el poder que tienen los laboratorios nacionales e internacionales es muy grande, y el cargo debe ejercerse sin presiones, para que este ente regulador pueda actuar en el proceso integral de los medicamentos.
Un buen ejemplo es la agencia de medicamentos de Brasil, que tiene gran autonomía. Entiendo que incluso el propio parlamento participa en el nombramiento de quien la dirige. Otra agencia famosa, que es referente mundial, es la FDA americana, que también goza de gran autonomía, tanto en sus nombramientos como en materia de administración de sus recursos.
Eso es precisamente lo que no ocurre en Chile, por lo que se limita absolutamente su accionar. En rigor, a esta agencia casi no se la llama agencia, se le llama departamento Anamed , porque depende del director de turno del ISP, y actualmente el Ministerio de Salud no tiene ningún interés en que ese departamento logre la autonomía necesaria para poder ejercer en plenitud la función que tanto necesitamos en nuestro país.
Otra agravante de la situación del precio de los medicamentos es que el gobierno actual prácticamente ha detenido el proceso de la bioequivalencia, es decir, el proceso obligatorio para que los laboratorios que no son los que desarrollan y producen un medicamento original deban probar científicamente que su medicamento es igual al original.
Esta es una forma absolutamente necesaria para bajar los costos, y voy a dar como ejemplo que en el mercado nacional podemos comprar el producto Atorvastatina de 20 miligramos en solo 2.490 pesos. El original, de nombre Lipitor , que varios colegas deben conocer muy bien, es producido por el laboratorio Pfizer y cuesta sobre 30.000 pesos. Pero hay otra curiosidad: el medicamento producido y comercializado por Pfizer en España tiene otro nombre y su precio no supera los 4.000 pesos, no obstante ser el original.
El mercado de los medicamentos es asimétrico, pues no todas las partes conocen toda la información. Los pacientes reciben una receta y no tienen claro que en la farmacia el medicamento prescrito puede ser cambiado por uno bioequivalente, si existe esa alternativa, que genera el mismo efecto farmacológico, pero no el mismo efecto en su bolsillo, porque puede costar hasta diez veces menos.
Soy un convencido de que si la, por ahora, “pseudoagencia” chilena tuviera mayor presupuesto y autonomía, podría ejercer mayor control sobre las farmacias. Entiendo que el control que se le habría entregado al ISP durante el gobierno pasado ya fue devuelto a las correspondientes Seremis de Salud, pero que estas no están en condiciones de realizar una fiscalización rigurosa y permanente en este tema tan delicado.
Estimados colegas, reitero que creo que hay mucho que hacer en este ámbito, y el gobierno y este Parlamento no pueden estar ausentes. No basta con exigir un comportamiento ético a algunos gremios de la salud, como los laboratorios y las farmacias; está claro que así no se logra solucionar esta verdadera lacra para los chilenos, por lo que el Estado debe intervenir regulando mediante leyes y decretos, lo que debe ser apoyado por un correcto y adecuado sistema de fiscalización.
Señora Presidenta, dada la escasez de tiempo, saludo en términos generales a todas las autoridades que nos acompañan en este debate.
Hemos sido convocados para discutir acerca de cómo se regula el precio de los medicamentos, en razón de la tan comentada iniciativa de crear una farmacia municipal en la comuna de Recoleta.
Siento una sensibilidad positiva al respecto, porque fui director de un departamento de salud municipal, donde intentamos vender o intermediar medicamentos a pacientes usuarios del sistema. Esto fue rechazado después, porque no está permitido que los municipios lo hagan. En eso hay que avanzar.
La cuestión central de la discusión, cual es la rebaja real del precio de los medicamentos, terminará siendo insuficiente si solo nos hacemos cargo de aumentar los puntos de venta, pues la idea es permitir que haya centros de venta fiscales.
Sin embargo, hay otros elementos que también inciden en el precio final de los medicamentos, como el valor de costo de distribución desde los laboratorios a las distintas farmacias, como señaló en su exposición el diputado Javier Hernández . O sea, si aplicamos la regulación a uno solo de los dos puntos, terminará siendo insuficiente.
Es más, la señora ministra de Salud señaló en su exposición que el 90 por ciento del mercado está concentrado en las tres grandes cadenas de farmacias. A pesar de eso, nos hace una propuesta de regulación del sistema tan solo para el 10 por ciento restante. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese 90 por ciento? ¿Permitir que sigan abusando?
En lo que me resta del tiempo, me referiré a tres aspectos que considero importantes.
En primer lugar, debemos crear una Central Nacional de Abastecimiento autónoma, con presupuesto propio y que además sea un intermediador del mercado en su conjunto. Si queremos hincar el diente a ese mercado, tenemos que regularlo en su conjunto, no solo el 10 por ciento de las farmacias independientes. Lo otro sería ofertar una mayor cantidad de puntos de venta.
En segundo lugar, ¿por qué no hablamos de regulación por banda de precios, lo que existe en muchos países? Si la Cenabast va a ser un intermediador de compras, entonces regulemos por banda de precios a quienes va a vender. Así, parte del menor costo que significa a un punto de venta adquirir el medicamento, se traspasa al usuario, con lo que evitamos los abusos de las farmacias, sean pequeñas o grandes.
En tercer lugar, ¿por qué no eliminamos la exclusividad de venta de los laboratorios internacionales? Sabemos perfectamente que las patentes que hoy se entregan por acuerdos internacionales -vamos a tener una discusión sobre el Acuerdo Transpacífico de Colaboración Económica (TPP) a propósito de eso significan un mayor costo de los medicamentos, porque impiden entrar en competencia a laboratorios que puedan hacer copias de esos mismos medicamentos.
Por lo tanto, hinquémosle el diente en serio a la regulación de los precios. En la denominada ley de fármacos se podría establecer que el ministerio permita vender remedios a través de los mismos centros de atención de salud, porque hay muchos municipios que no tienen farmacias, pero a partir de esta atribución que entrega la llamada ley de fármacos, podrían vender medicamentos. Lo que hoy ocurre en Recoleta es una extensión de lo que, conceptualmente, ya ha sido aprobado. ¡Enhorabuena y bienvenido!
Insisto, es necesario debatir la situación del mercado en su conjunto, sin olvidar lo que significa la bioequivalencia como factor necesario para, además de rebajar los precios, garantizar que los medicamentos que se expenden son de calidad. No queremos que vendan polvos talco a la gente en lugar de medicamentos. ¡Ojo con eso!
Para lograr lo anterior, es necesario formalizar y potenciar la Agencia Nacional de Medicamentos (Anamed), ya que no puede seguir siendo una mera oficina de trámites burocráticos.
Señora Presidenta, el Banco del Amor es una iniciativa muy hermosa del municipio de Quillota, que la ministra debe conocer. Si un profesor de cualquier asignatura dona horas docentes al banco, posteriormente este se las cederá al estudiante que las necesite. Hoy estamos hablando de la farmacia popular.
Señora Presidenta, ¿sabe en qué radica su similitud? En que son dos fórmulas para romper los esquemas y para hacer las cosas de manera distinta a la de un modelo económico que es absolutamente aplastante.
Nos interesó conocer quién promovió y materializó esa experiencia, porque la podríamos aplicar para disminuir los precios de los medicamentos, sobre todo los consumidos por los adultos mayores, ya que de acuerdo con la exposición de la señora ministra, se ha determinado que valen en promedio entre 51.000 pesos y 70.000 pesos, lo que significa que los adultos mayores destinarían prácticamente el 80 por ciento de su jubilación a la compra de remedios.
Por lo tanto, por intermedio de la señora Presidenta, quiero decir a los representantes del Ejecutivo que nos acompañan que cuentan con todo nuestro respaldo para aprobar las modificaciones que sean necesarias respecto de las atribuciones, del capital de trabajo y de administración que requiere la Cenabast para mejorar el sistema, como señaló el diputado señor Víctor Torres , con el objeto de que entregue beneficios similares a los que otorga la farmacia popular.
Reitero, necesitamos romper los esquemas en el país, a fin de que las necesidades de la gente sean satisfechas mediante un rol mucho más activo del Estado.
Tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal.
Señor Presidente, saludo a las autoridades del Ejecutivo que nos acompañan.
Lo que planteó el diputado señor Víctor Torres es la base de lo que yo iba a argumentar.
Al observar los gráficos presentados por la señora ministra, advertimos que el 51,2 por ciento de los establecimientos pertenecen a las cadenas de farmacias del sector privado, en tanto que el 48,8 por ciento corresponden a las farmacias independientes; pero los gráficos de ventas señalan que 89,8 por ciento favorece a las cadenas farmacéuticas y solo el 10,2 por ciento a las farmacias independientes.
En mi distrito aún quedan farmacias históricas, como la farmacia Prieto , de Melipilla, patrimonio de esa familia. Cuando conversé con sus dueños, me contaron que uno de sus problemas era el abastecimiento de remedios, los que deben comprar directamente a los laboratorios, pero con un costo mucho mayor al valor al cual los adquieren las cadenas farmacéuticas.
En consecuencia, como planteó el diputado señor Víctor Torres , debemos regular el mercado en su conjunto.
Sin embargo, no se trata solamente es eso. Hoy vemos que las cadenas de farmacias se han unido con las isapres para que los medicamentos sean adquiridos en determinados locales a cambio de descuentos. Incluso, amarran los seguros. O sea, si quiero comprar un medicamento, debo ir a la farmacia que me indica mi isapre, porque de esa manera recibiré un descuento.
Por lo tanto, el problema es cómo regulamos el mercado. Como se dijo, aquí se prioriza el consumo más que la resolución de los problemas de salud. Por eso, si queremos replicar lo hecho por la Municipalidad de Recoleta -aprovecho de felicitar a su alcalde-, tenemos que romper el paradigma instalado en el país. No podemos seguir de esta manera. Vamos a hacer desaparecer las farmacias independientes en comunas donde dan un servicio distinto al que ofrecen las cadenas de farmacias, porque tienen mayor cercanía con la población. Sin embargo, hemos visto cómo han ido desapareciendo y cómo surgen en su lugar las cadenas de farmacias, que fijan diariamente costos más altos a los remedios.
Considero que si no se materializan las propuestas de los diferentes diputados que me antecedieron en el uso de la palabra para lograr una fórmula distinta a la actual, no lograremos instalar las farmacias municipales necesarias, o con apoyo municipal, por lo que no todos podrán comprar sus remedios en dichas farmacias.
La gente de la tercera edad es atendida por los servicios de salud, los cuales les entregan algunos medicamentos, pero otros tienen que comprarlos en las cadenas de farmacias.
Por lo tanto, aquí hay que aplicar una mirada distinta; es decir, debemos buscar una fórmula para que la Cenabast no solamente tenga convenios con las farmacias municipales, sino también con las farmacias independientes, que no lucran y que se ubican en nuestras comunas más chicas y populares, con el objeto de que ellas también tengan acceso a remedios más baratos.
Repito, debemos buscar una fórmula para lograr esta situación, mientras aprobamos una ley que regule el sistema completo.
No quiero ver nuevamente lo que pasó entre Cruz Verde y Farmacias Ahumada, lo que está pasando con la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones o lo que ocurrió en mi zona con los pollos. Tampoco quiero que tengamos que ir al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia para zanjar un tema similar a esos el día de mañana.
En consecuencia, señora ministra, por intermedio del señor Presidente, tenemos una tarea mayor, cual es la de mirar de otra manera el financiamiento de los medicamentos de los chilenos.
Tiene la palabra la diputada señorita Camila Vallejo.
La señorita VALLEJO (doña Camila) .-
Señor Presidente, por su intermedio, saludo en general a las autoridades de gobierno.
La iniciativa del alcalde Jadue no solamente nos entrega una buena noticia de la cual debemos alegrarnos, sino que también nos muestra otra cara. Nos habla de la brutalidad, de la falta de humanidad y de la irracionalidad que hay detrás del negocio de la salud, particularmente del de la industria farmacéutica, mercado que, como ustedes saben, supera las ganancias por ventas de armas y de las telecomunicaciones. Diversos estudios económicos han coincidido en que por cada dólar invertido en fabricar un medicamento se obtienen mil dólares de ganancia en favor de las farmacéuticas transnacionales.
Estamos hablando de un negocio que supera los ingresos a nivel nacional y de una industria que genera tremendas utilidades a nivel mundial. Además, alrededor de 25 empresas controlan el 50 por ciento del mercado mundial; es decir, la capacidad competitiva de esas instituciones se basa en la apropiación de ganancias mediante el sistema de patentes y el control de las cadenas de comercialización de los medicamentos.
Señora ministra, por intermedio de la señora Presidenta, con esto quiero señalar que tenemos que mirar mucho más allá y que tenemos que poner ojo -como dijo el diputado Víctor Torres , con quien coincido absolutamente en la discusión del TPP, que lamentablemente suscribió nuestro gobierno. Se lo señalo a la ministra y a todos los parlamentarios, por intermedio de la señora Presidenta, porque esto nos va a afectar; la extensión de las patentes de los fármacos es una materia que nos va a impactar muy fuerte; el control de esta industria a nivel mundial es brutal y nos va a replicar.
Aunque fortalezcamos la Cenabast, si no controlamos el mercado a propósito de esta privatización, no servirán de nada iniciativas como la de Recoleta, impulsada por el alcalde Jadue , aun cuando sea replicada en todos los municipios, porque lamentablemente esta gran industria tendrá el control de los precios, lo que nos afectará a nivel nacional.
En consecuencia, hago un llamado a tomar conciencia sobre este problema y a hacernos cargo y a recoger la iniciativa que hoy el Parlamento está discutiendo en esta sesión especial.
Termino mi intervención felicitando nuevamente al alcalde de Recoleta, de quien me siento muy orgullosa por toda la gestión municipal que ha llevado a cabo en favor de la salud y del fortalecimiento de la educación pública.
Tiene la palabra el diputado señor Javier Macaya.
Señora Presidenta, me alegro de que estemos tratando esta materia, porque considero importante el tema del costo de los medicamentos, pues es una de las materias más sensibles para nuestros compatriotas, sobre todo para los adultos mayores.
Como recordarán algunos parlamentarios, estuvimos cuatro años discutiendo sobre bioequivalencia, uso de genéricos y cómo prohibir los incentivos para la venta de ciertos medicamentos. Lamentablemente, se perdió la posibilidad de regular las ventas informales fuera de las farmacias, que incorporaba mayor competencia, lo que redundaría en una baja de precio de los medicamentos.
Sin embargo, hoy se vuelve sobre el tema, a propósito de una iniciativa que me parece interesante analizar. No tengo ningún inconveniente sobre el particular como tampoco creo que deba existir un veto al respecto; muy por el contrario. Además, alcaldes de la UDI y de Renovación Nacional han manifestado públicamente en esta última semana que están mirando con buenos ojos esa iniciativa para analizarla y adoptarla, con el único fin de que sus vecinos accedan a mejores precios en medicamentos. Por eso me resulta interesante realizar esta discusión.
Sin embargo, ese debate debe partir por algo básico. Me imagino -espero que así sea que no podemos vender a las personas más vulnerables del país lo que el Estado tiene el deber de garantizar a través del Plan AUGE, de la atención primaria y de otros programas que implementan los municipios para entregar gratuitamente medicamentos a los vecinos.
Me llama la atención que mientras en nuestro país estamos discutiendo cambios constitucionales, que para muchos deben incorporar derechos garantizados para recibir atención de salud y medicamentos, como los que existen en el AUGE y en la atención primaria, hoy se plantee vender esos fármacos, ya que los derechos en salud debieran estar garantizados al menos para las personas más vulnerables de nuestro país y con una focalización adecuada. Más sorprendente me resulta escuchar ese planteamiento de boca de un alcalde de izquierda, porque, hasta donde entiendo, él no está planteando garantizar la entrega de remedios a esas personas, sino venderlos, aunque sea al costo.
Me parece que es un tema que demuestra una evolución en lo que se pretende hacer con ciertos derechos que, a mi juicio, deben estar garantizados y focalizados para la población más vulnerable de nuestro país, como es el acceso a la salud y a la educación de buena calidad.
Repito, estos derechos en salud deben ser garantizados y proveídos por la persona o entidad que lo haga mejor, por el que garantice precios más convenientes, mayor acceso a la población y sin distorsiones. Si el alcalde lo hace mejor que los privados, bienvenido sea, y lo aplaudiremos porque eso redundará finalmente en mejores condiciones de vida para nuestros compatriotas.
Obviamente, hoy tenemos problemas con algunos derechos que hemos garantizado. Basta ver las listas de espera del Plan AUGE y lo que está ocurriendo con ciertos derechos que hemos garantizado, pero que no hemos tenido la capacidad de cumplir por ineficiencia en la gestión, lo que obliga a miles de personas a permanecer en esas listas de espera.
No tengo dudas de que hay distorsiones gigantescas en el mercado de la salud, las cuales parten, como dijo el diputado Castro , por los laboratorios, que están vendiendo los medicamentos a precios distintos, dependiendo de quién sea el comprador. Quizás las farmacias venden más caros los remedios porque, como dijo la ministra, deben pagar publicidad; pero también es necesario revisar en qué justifica la Cenabast los precios en que transfiere los fármacos a los entes públicos y por qué los laboratorios los venden a valores diferentes. Creo que la comisión investigadora que hemos creado será útil para dilucidar el tema.
Señora Presidenta, me llama la atención que la señora ministra plantee que el impacto de la bioequivalencia ha sido escaso en los precios y que, al mismo tiempo, diga que no han podido fiscalizar la existencia de medicamentos genéricos y bioequivalentes en las farmacias.
En realidad, no se ha aumentado en nada la investigación sobre el particular, por lo que no se han incluido más medicamentos bioequivalentes, como dispone la ley que hemos aprobado.
Por intermedio de la señora Presidenta, debo señalar a la señora ministra que el mensaje que le queremos entregar es que fiscalice a las farmacias para que cumplan con todas las exigencias que se les han impuesto, lo que no se está haciendo.
Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahin.
Señora Presidenta, probablemente no hay angustia mayor y hecho más doloroso que estar enfermo o que un familiar sufra una dolencia y no tener el dinero para comprar el medicamento correspondiente.
¿Qué ha ocurrido? Que tenemos un mercado oligopólico, ya que tres cadenas de farmacias controlan el 95 por ciento del mercado, dejan a comunas sin cobertura y se coluden para subir artificialmente los precios de los medicamentos, con lo que lucran en forma inmoral con las enfermedades de nuestros compatriotas.
¿Qué debe hacer el Estado? ¿Mirar para el techo? No, el Estado debe intervenir para garantizar a los chilenos el acceso a los medicamentos a precios justos.
Por eso, quiero felicitar la iniciativa del alcalde Daniel Jadue , porque cumple con el rol del Estado de garantizar el acceso a la salud en condiciones igualitarias para todos los chilenos.
¿Qué propuso el gobierno anterior? Propuso liberalizar la venta de medicamentos sin receta médica en otro oligopolio, el de los supermercados.
Lo que buscamos muchos parlamentarios -lo que de alguna manera se ha iniciado en la Municipalidad de Recoleta es facilitar a los municipios la instalación de farmacias y de almacenes farmacéuticos para cumplir con la obligación de proveer prestaciones de salud a los habitantes de las comunas.
Pero además queremos decir con mucha claridad que las farmacias de los hospitales y de los consultorios también deben ser abiertas al público, con el objeto de mejorar efectivamente la cobertura de venta de medicamentos y para establecer las condiciones necesarias para que exista libre competencia, lo que permitirá a los ciudadanos acceder a medicamentos a precios razonables y justos.
Hay quienes están más preocupados por la salud de las empresas que por la de las personas. Algunos dicen que el Estado no puede intervenir en esto y que se debe dejar actuar solo al mercado. A mi juicio, no es una facultad, sino una obligación del Estado corregir las distorsiones del mercado y garantizar el acceso a los medicamentos a un precio justo y razonable a todos los chilenos, independiente de la comuna en donde vivan.
Tiene la palabra, por el tiempo que le resta a la Unión Demócrata Independiente, la diputada Marisol Turres.
Señora Presidenta, cuando hablamos de los medicamentos estamos hablando de un mercado que tiene problemas. Sin entrar en detalles, lo que conocemos como mercado no está funcionando, porque hay conductas que atentan contra la libre competencia y perjudican a las personas y a la sociedad en general. Tenemos varios ejemplos, como es el caso de la conocida colusión entre farmacias en el precio de más de doscientos medicamentos, situación que nos ha marcado tremendamente como país.
Además, varios diputados han señalado una situación que, por así decirlo, está bastante más guardada. Me refiero a lo que sucede con los laboratorios farmacéuticos. A mi juicio, el Estado ha fallado en su rol controlador y regulador. ¿Por qué lo digo?
En primer lugar, ¿qué pasa con la Cenabast? ¿Qué pasa en los consultorios de los hospitales cuando muchísimas personas, especialmente adultos mayores, van a buscar sus medicamentos y no los encuentran? ¿Qué pasa con los medicamentos que muchas veces se echan a perder en las bodegas de Cenabast, porque no son distribuidos oportunamente? Sin duda, hay fallas.
En segundo lugar, el propio Ministerio de Salud, que tiene la obligación de fiscalizar a las farmacias para que funcionen de manera adecuada, también ha fallado en su rol, porque no fiscaliza.
Desde 2011 está pendiente en la Fiscalía Nacional Económica una investigación acerca de la fijación de precios de manera absolutamente arbitraria por parte de los laboratorios farmacéuticos hacia las farmacias, los hospitales, las clínicas privadas y hacia la propia Cenabast . Llevo cuatro años esperando el resultado de esa investigación.
Solicité el primer oficio de investigación el 9 de agosto de 2011; transcurridos ocho meses reiteré el oficio a la Fiscalía Nacional Económica para saber en qué etapa se encontraba la investigación, y me señalaron que estaba pendiente. Volví a oficiar en 2012, y me dieron la misma respuesta. Lo mismo sucedió en 2013 y 2014.
En 2014 pedí una audiencia en la Fiscalía y me señalaron que en tres meses más la investigación estaría lista. Sin embargo, estamos en noviembre de 2015 y ello no ha sucedido. Desde marzo de este año estoy solicitando una audiencia con el fiscal nacional económico.
Me pregunto si realmente podemos esperar que esto funcione mejor si los propios agentes del Estado no hacen su trabajo como corresponde.
Por lo tanto, insisto, esto va mucho más allá de si alguien cree más o cree menos en el mercado. Tenemos un Estado que es ineficiente en controlar que el mercado se desarrolle como corresponde para que la gente acceda a los medicamentos a un precio razonable.
Tiene la palabra, hasta por un minuto, el diputado Jorge Sabag.
Señor Presidente, por su intermedio, quiero saludar a la ministra de Salud, al subsecretario de dicha cartera y al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue , quien nos acompaña desde las tribunas y a quien felicito por esta iniciativa, pues es un gran ejemplo para las 93 comunas del país que no tienen farmacia, como las de Cobquecura, Trehuaco, Ninhue, El Carmen, San Fabián de Alico -donde nació Nicanor Parra -, Pemuco , Alto Biobío, Quilaco, Quilleco, Antuco, Negrete y tantas otras donde las personas no pueden acceder fácilmente a los medicamentos.
La iniciativa del alcalde de Recoleta de abrir una farmacia municipal con medicamentos a bajo costo es una gran oportunidad, sobre todo para la gente más vulnerable. También valoro la declaración de la ministra de Salud, quien ha manifestado que Cenabast puede vender medicamentos a los municipios y a las farmacias comunales.
Reitero, ha sido muy importante la iniciativa del alcalde de Recoleta, pues ha abierto la posibilidad para que nosotros, a través de una moción que presentaremos con los diputados Chahin y Chávez , repliquemos las farmacias comunales en todo el país, lo que permitirá abrir espacios de justicia para todas las personas.
Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Alvarado.
Señor Presidente, quiero manifestar mi satisfacción de que por fin estemos debatiendo un tema que, por más de una década, nos ha aquejado a todos los chilenos y en el que muchas veces hemos hecho oídos sordos.
El país no puede seguir tolerando la asimetría que sufren las personas mayores -Chile está envejeciendo cada vez más que gastan más del 70 por ciento de sus ingresos en medicamentos. En Chile existe la cultura de pagar. No es que la gente se endeude y no pague.
Los precios de los medicamentos no resisten ningún tipo de análisis, puesto que en países cercanos los laboratorios internacionales cobran precios sustantivamente inferiores a los que cobran en nuestro país. Conozco compatriotas que viajan a Bolivia o a Perú, porque consiguen los medicamentos mucho más baratos que en Chile.
Los medicamentos del área oncológica se deben pedir a los países vecinos, porque en Chile sus precios son inalcanzables para los pacientes, lo que significa una vulneración de sus derechos. Por lo tanto, estamos frente a una gran oportunidad que no debemos desperdiciar.
Tampoco la idea es satanizar ni realizar acciones inquisidoras en contra del sistema privado; muy por el contrario, queremos que exista un sistema ético y moral, porque Chile se está dando cuenta de que la verdad tiene pies de barro. Esta situación no se va a controlar solo con la aplicación de sanciones legales, sino que debe ir de la mano de una formación valórica de aquellos que están a cargo de otras áreas de desarrollo, que son muy importantes para el país. Por ejemplo, la economía es muy importante para el país, pero las personas que están a cargo de ella debieran incluir en la malla curricular universitaria ramos de ética y de moral. No puede ser que nuestro país esté atado solamente a temas económicos, no puede ser que las familias deban endeudarse para salvar la vida de uno de sus integrantes. Este país no puede tolerar esas cosas.
Por ello, bienvenida esta jornada de reflexión, de debate, y ojalá que el siglo XXI nos muestre un país más humano, más solidario y no solo regido por leyes frías y abstractas del mercado.
Para cerrar el debate, tiene la palabra, hasta por dos minutos y medio, el diputado Giorgio Jackson.
Señor Presidente, por su intermedio, doy la bienvenida a la ministra de Salud.
Como vecino de Recoleta, como ciudadano y como diputado, saludo la iniciativa del municipio de dicha comuna y del alcalde Jadue para gatillar una discusión no solo respecto del acceso de los vecinos de Recoleta a los medicamentos, sino del rol del Estado y si la Constitución Política de la República debe garantizar la protección de los intereses de las corporaciones por sobre la salud de las personas.
Ahora bien, no me gustaría redundar en este ámbito, sino, más bien, plantear un tema más de largo plazo, asunto que eché de menos en la presentación del Ministerio de Salud. Seguramente, en la cadena de abastecimiento se puede mejorar la gestión y reducir los costos; pero la clave está en la investigación y en el desarrollo, sumado a la cooperación internacional.
¿Cuándo nos vamos a rebelar frente al hecho de que mucha gente se muere por no poder adquirir un medicamento que está disponible, que es fruto del conocimiento de la humanidad y cuya reproducción tiene un costo marginal, casi igual a cero? ¡La gente se muere por los altísimos costos de los medicamentos! Se mantiene un entramado legal que hace que el monopolio, más conocido como patente, prime por sobre la vida de las personas.
Honestamente, espero que no sigamos llegando siempre tarde al problema, como meros consumidores de tecnología, y de una vez por todas planteemos una discusión y un desafío mundial para la creación de remedios libres de patentes. La investigación de países mancomunados puede hacer mucho más que el capital que puedan tener las grandes cadenas internacionales farmacéuticas. Es más, hoy gastamos en medicamentos mucho más que lo que ellas invierten en investigación y en desarrollo.
Por lo tanto, debemos pensar a largo plazo, con el fin de no entregar los conocimientos que ha acumulado la humanidad, a través de la ciencia y la tecnología, al monopolio de las grandes farmacéuticas y al capital.
Espero que avancemos en esa línea, porque, como dije, lo extrañé en la presentación del Ministerio de Salud.
Tiene la palabra la ministra de Salud, señora Carmen Castillo .
Señor Presidente, hemos escuchado con mucha atención las ponencias de las señoras diputadas y de los señores diputados.
Nos interesa mucho continuar en esta línea. Los desafíos que nos hemos propuesto como Ministerio de Salud tienen que ver con la transparencia del mercado, con coberturas garantizadas, con dar todas las facilidades necesarias a través de las distintas instancias de que disponemos, con optimizar todos los procesos de negociación, con mejorar todas las políticas y normativas públicas asociadas a los medicamentos, con generar todas las estrategias pro acceso y, por supuesto, con mejorar la calidad de los medicamentos.
Todos esos elementos están contenidos en el trabajo que proyectamos. Además, nos estamos haciendo cargo de la innovación en áreas como la genética y otras en las que podemos ver avances concretos y que realmente dan sustento a una mirada de futuro, no cortoplacista.
Señor Presidente, me gustaría que el subsecretario de Salud pudiera dar respuestas específicas sobre la nueva ley de fármacos.
Tiene la palabra el subsecretario de Salud.
Señor Presidente, el decreto que fija el reglamento de la ley de fármacos fue firmado en enero del presente año y se envió a la Contraloría General de la República para su toma de razón.
Durante estos meses hemos trabajado junto con esa institución, porque no es un reglamento que esté exento de dificultades técnicas. Estamos ad portas de su toma de razón. En los próximos días esperamos dar a conocer la buena noticia de que entrará en vigencia la ley.
Por otra parte, respecto del control o la vigilancia de los precios de los medicamentos, es una atribución que no corresponde al sector salud, sino al económico, a través de la Fiscalía Nacional Económica, la cual ha realizado estudios que señalan que hay ciertas conductas que no son constitutivas de delitos como para hacer una acusación ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, pero sí corresponde la realización de recomendaciones.
Por tanto, nos hicieron llegar sugerencias sobre la regulación del mercado de los fármacos, que recogimos y las vamos a hacer presente a través de las indicaciones al proyecto de ley que está en discusión en el Senado.
En cuanto a la Cenabast, cabe señalar que al asumir el gobierno, la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud intermediaba el 31 por ciento de las compras de fármacos del sector público, tanto de las municipalidades como de los hospitales; en la actualidad dicha participación ha subido casi al 40 por ciento, porque se ha mejorado la gestión.
Lamentablemente, la Cenabast tiene problemas estructurales que tienen que ver con sus atribuciones, pues se trata de una institución pública a la que se le exigen características de empresa, pero no es una empresa pública. De hecho, no tiene capital propio con el cual operar, por lo que lo hace a través de una comisión que cobra a los hospitales por la intermediación de medicamentos, lo que evidentemente dificulta bastante sus funciones.
Además, los laboratorios no se presentan a ofertar a las licitaciones de la Central de Abastecimiento, pero sí se presentan para vender directamente a los hospitales, pero con otros precios; es decir, esperan que los hospitales tengan la necesidad urgente de comprar ciertos medicamentos, pero a un mayor precio, y se presentan para la compra directa, asunto que también esperamos subsanar a través de indicaciones al proyecto de ley de fármacos.
Sobre la acreditación de Anamed como agencia tipo 4, el gobierno de la Presidenta Bachelet decidió que en lugar de atomizar la autoridad sanitaria por medio de la creación de una institución distinta, se debe fortalecer la institucionalidad existente del ISP, con el fin de avanzar en todas las medidas que se puedan adoptar para acreditar a Anamed como agencia de dicho tipo, lo que esperamos que suceda en los próximos meses, a más tardar marzo, que es el plazo en que nos hemos comprometido con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para el proceso de acreditación.
Ante la pregunta específica sobre el nombramiento de la persona que actualmente ejerce como jefa del Departamento Anamed, cabe señalar que la señora Pamela Milla , de profesión químico-farmacéutico, está en el cargo a través del Sistema de la Alta Dirección Pública y fue ratificada en él hace más de un mes.
Se ha presentado un proyecto de resolución.
El Prosecretario dará lectura a su parte dispositiva.
Proyecto de resolución Nº 502, de los diputados señoritas Karol Cariola , Camila Vallejo ; señores Guillermo Teillier , Daniel Núñez , Lautaro Carmona , Sergio Aguiló , Fuad Chahin y Juan Luis Castro , y señoras Alejandra Sepúlveda y Marcela Hernando , cuya parte dispositiva señala:
La Cámara de Diputados, reunida en sesión especial, resuelve:
1.- Requerir del gobierno el fomento de una política estatal que favorezca la creación, mantención y abastecimiento de las farmacias populares, generando un marco institucional adecuado para ello.
2.- Instar al gobierno de Chile la elaboración de un conjunto de medidas de mediano y largo plazo que permitan al Estado, a través de su administración centralizada y descentralizada, garantizar un acceso equitativo a los medicamentos, incluyendo bandas de precios para la regulación de los mismos y la provisión mínima garantizada de medicamentos genéricos de todo tipo.
3.- Solicitar al Ministerio de Salud el envío de un proyecto de ley para entregar a la Cenabast la facultad de vender medicamentos directamente al público o por intermedio de las farmacias de barrio, manteniendo los bajos costos que implica la adquisición directa y por volumen.
4.- Patrocinar el proyecto de ley que facilita la instalación y funcionamiento de farmacias municipales.
Aclaro a los señores diputados que muestran carteles que esta sesión especial fue convocada para analizar el acceso de la ciudadanía a los medicamentos y no la construcción de hospitales.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 59 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 8 abstenciones.
Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Alvarez Vera, Jenny ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Boric Font, Gabriel ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Cicardini Milla, Daniella ; Cornejo González, Aldo ; Espejo Yaksic, Sergio ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Fuentes Castillo, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Lemus Aracena, Luis ; León Ramírez, Roberto ; Lorenzini Basso, Pablo ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Tuma Zedan, Joaquín ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López , Patricio ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto , Matías .
Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Lavín León, Joaquín ; Macaya Danús, Javier ; Silva Méndez, Ernesto ; Trisotti Martínez, Renzo ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Van Rysselberghe Herrera , Enrique .
Señor Presidente, pido agregar mi voto a favor.
Se dejará constancia en el acta de su voto favorable, señor diputado.
-Se levantó la sesión a las 18.51 horas.
PROYECTO DE LEY INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES SANDOVAL, AUTH, GAHONA; GUTIÉRREZ, DON ROMILIO; HERNÁNDEZ, MEZA; PÉREZ, DON LEOPOLDO; SAFFIRIO, Y VENEGAS, Y DE LA DIPUTADA SEÑORA MOLINA, QUE “MODIFICA LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES PARA ELIMINAR INCOMPATIBILIDAD ENTRE EL CARGO DE CONCEJAL Y LOS CARGOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS EN EDUCACIÓN QUE EXISTEN EN EL ÁMBITO MUNICIPAL.(BOLETÍN N° 10374-06)
“La ley 20.742 introdujo un conjunto de modificaciones en la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; la ley N° 18.883 que aprueba el Estatuto Administrativo para funcionarios municipales; el Decreto Ley N°3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales; la ley N°19.418, sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias y creó el Fondo Concursable de Formación de Funcionarios Municipales con el objeto de fortalecer la transparencia y probidad de las municipalidades, amén de crear diversos cargos en las mismas.
Entre las modificaciones introducidas en la ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, la letra a) del número 14, del artículo 1° del cuerpo legal en cuestión sustituyó el inciso primero del artículo 75 de la Ley de Municipalidades, disponiendo que los cargos de concejales, serán incompatibles, entre otras funciones, con todo empleo, función o comisión que se desempeñe en la misma municipalidad y en las corporaciones o fundaciones en que ella participe, entre las cuales se encuentran aquellas que prestan servicios de educación, incorporados a la actividad municipal en administración delegada.
La modificación en cuestión, incorporó entre las incompatibilidades con el cargo de concejal, a los funcionarios no directivos que se desempeñen en educación, al derogar tácitamente la excepción que contempla el vigente inciso primero del citado artículo 75 de la Ley de Municipalidades, en relación con los cargos profesionales no directivos que se desempeñan en educación, salud o servicios municipalizados.
El Tribunal Constitucional, en su sentencia de causa rol XXX, sostuvo en su considerando séptimo, que “es útil considerar que al introducir la Ley N° 19.130 la incompatibilidad de que se trata en el citado artículo 75, ni en ella ni en los anales que dan cuenta de su gestación aparecen los motivos que se tuvieron en vista para establecerla. Tampoco en este proceso los órganos constitucionales interesados, a que se refiere el artículo 86, inciso segundo, de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional de esta Magistratura, han estimado pertinente formular observaciones o presentar antecedentes, habiendo sido comunicados sobre el particular (fs. 126 a 128), por lo que no han aparecido nuevos antecedentes que conduzcan a este Tribunal a alterar la doctrina sustentada en la sentencia Rol N° 1941.
Correspondiendo mencionar que solamente con ocasión de dictarse la Ley N° 20.033 (Boletín 2.892-06), que hizo extensiva dicha incompatibilidad a las corporaciones y fundaciones en que participa la municipalidad, se dejó constancia de que ésta “tiende a velar por la independencia de los concejales en su actuar, y en tal orden de consideraciones es mejor para el sistema que aquéllos no tengan vinculación salarial con el municipio del que forman parte” (Cámara de Diputados, Primer Trámite Constitucional, informe de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social, 29 de julio de 2003, pág. 104)”.
A su vez, en el considerando octavo del mismo fallo, señaló “Que, empero, se omitió explicar en esa oportunidad por qué tal inconveniente dependencia salarial, para seguir siendo concejal, no se presentaría en el caso de los ‘profesionales no directivos en educación, salud o servicios municipalizados’, en beneficio de los cuales se formula una considerable ‘excepción’, que los faculta para mantener ambos cargos.
Dicha excepción, pues, al desconocer -sin atinentes fundamentos- aquello que constituiría la razón de ser de la norma, distorsiona íntegramente la prohibición puesta en general por el artículo 75 en cuestión. Al paso que, si la desigualdad entre quienes tienen un título profesional y quienes no poseen esta credencial puede ser atendible para otros menesteres estatutarios y legales, no se divisa razón para incorporarla en este ámbito, ya que ni la Constitución (artículo 124, inciso primero) ni la Ley N° 18.695 (artículo 73) exigen para ser elegido concejal contar con un determinado nivel de estudios superiores”.
Por otra parte, al referirse a la relación entre probidad e incompatibilidades, el Tribunal Constitucional estimó “Que, en la actualidad, no obstante, un hipotético conflicto de intereses, representado por cualquier circunstancia que a las autoridades competentes les reste imparcialidad, sólo hace exigible de su parte una abstención o continencia, para participar en aquellas específicas decisiones o acuerdos donde pueda concurrir esa concreta inhabilidad, conforme se desprende de las leyes N°s 18.575 (artículo 62, N° 6) y 19.880 (artículo 12, inciso segundo, N° 5). Ello, sin perjuicio de que el legislador pueda establecer que la infracción que dicha falta de abstención produzca, genere una sanción disciplinaria, la que puede llegar hasta la destitución. Por ejemplo, los consejeros del Banco Central, sujetos a cierto procedimiento, pueden ser objeto de remoción en caso de infringir la no intervención en ciertos asuntos. Lo mismo sucede con la infracción al principio de probidad, que puede culminar en una sanción disciplinaria de destitución.
Cuando la Constitución obliga a una determinada legislación con un sentido determinado, en materia de conflictos de intereses, lo ha dicho expresamente. Así sucede con los conflictos de intereses entre la función pública y los intereses privados (artículo 8°, incisos tercero y cuarto).
De este modo, los concejales, en el ejercicio de sus cargos, únicamente se encuentran impedidos de intervenir en la fiscalización o cualquier otra determinación relativas a las unidades y servicios subalternos donde puedan laborar como funcionarios municipales”.
A continuación, al analizar las normas sobre acceso y permanencia en cargos de elección popular, la Magistratura Constitucional estimó, en el considerando décimo primero del citado fallo, que “la promoción del derecho a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional, incluido por el artículo 1°, inciso quinto, de la Constitución dentro de las Bases de la Institucionalidad, obviamente adquiere una significación concreta en la consolidación del país como república democrática, amén dispone el artículo 4° siguiente. Específicamente, en lo que hace a las condiciones legales para ser admitido y permanecer en los cargos de elección popular.
Esto es: la membresía en los órganos administrativos de generación electoral, como son los concejos comunales, según el artículo 119 constitucional, debe abrirse en función de hacerla accesible a todos quienes puedan materializar la participación de la comunidad local. Por lo que el establecimiento de incompatibilidades, que impiden incorporarse a tales cuerpos colegiados u obran como causales de expulsión de ellos, debe reservarse para operar en supuestos de derecho estricto, donde no existan otras opciones menos lesivas pero igualmente efectivas tendientes a cautelar el orden institucional y la plena vigencia del principio de probidad”.
El propio Tribunal Constitucional se ha referido en numerosas oportunidades al derecho reconocido en el artículo 19, N° 17°, de la Constitución, que asegura la admisión a todas las funciones y empleos públicos, sin otros requisitos que los que ella y las leyes impongan, vinculándolo con el artículo 38, inciso primero, de la Carta Fundamental, según el cual la ley orgánica constitucional que consagra los principios básicos de la Administración, debe asimismo garantizar la igualdad de oportunidades de ingreso a ella (STC roles N°s 375, 805, 1.170, 1.803 y 1.941).
En dichas oportunidades, el referido Tribunal ha considerado “que es válido requerir a las personas ciertas condiciones para aspirar a ser admitidas en una función pública, y aun para mantenerse en ella, sobre la base de factores vinculados a la idoneidad, el mérito y la disposición al trabajo, (P)ero sin que en estas exigencias pueda comprenderse el sacrificio innecesario de tener que abandonar un empleo en la medida que pueda compatibilizarse con el ejercicio de otro cargo” (Considerando Décimo Segundo).
Ejemplifica esta conclusión, argumentando que a los propios funcionarios afectos al Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal se les reconoce la posibilidad de acceder al cargo de alcalde de la misma corporación edilicia, sin tener que dejar por ello su empleo titular, puesto que la Ley N°19.378 dispuso que “(l)os funcionarios regidos por esta ley, que fueren elegidos alcaldes en conformidad con lo dispuesto en la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, tendrán derecho a que se les conceda permiso sin goce de remuneraciones respecto de las funciones que estuvieren sirviendo en calidad de titulares, por todo el tiempo que comprenda su desempeño alcaldicio” (Artículo 17, inciso cuarto).
De acuerdo con este razonamiento, el Tribunal Constitucional concluye que “es anticonstitucional la norma cuya aplicación da por resultado que un concejal deba ser relevado de su cargo, por el hecho de venir ejerciendo un empleo adquirido con antelación en la misma entidad municipal, (P)orque, en la forma como se ha explicado, ambas funciones pueden cumplirse a cabalidad, sin afectar sus respectivos deberes ni el principio de probidad.”.
Por otra parte, en la prevención del Ministro señor Gonzalo García Pino, el magistrado, aludiendo a una eventual transgresión al principio de igualdad que representaría el privilegio o beneficio que concedería el Artículo 75 de la Ley N°18.695 a un cierto grupo de personas (profesionales que ejercen cargos no directivos en servicios de salud municipalizados) en perjuicio de otro (funcionarios profesionales que ejercen cargos directivos como también a los funcionarios no profesionales de los mismos servicios), sostuvo, citando otras decisiones del Tribunal, “la garantía jurídica de la igualdad supone, entonces, la diferenciación razonable entre quienes no se encuentren en la misma condición; pues no se impide que la legislación contemple en forma distinta situaciones diferentes, siempre que la discriminación no sea arbitraria ni responda a un propósito de hostilidad contra determinada persona o grupo de personas, o importe indebido favor o privilegio personal o de grupo, debiendo quedar suficientemente claro que el legislador, en ejercicio de sus potestades, puede establecer regímenes especiales, diferenciados y desiguales siempre que ello no revista el carácter de arbitrario” (Rol Nº 986/2008). En palabras del Tribunal Constitucional español, “no toda desigualdad de trato resulta contraria al principio de igualdad, sino aquella que se funda en una diferencia de supuestos de hecho injustificados de acuerdo con criterios o juicios de valor generalmente aceptados” (STC 128/1987). De esta forma, un primer test para determinar si un enunciado normativo es o no arbitrario, consiste en analizar su fundamentación o razonabilidad y la circunstancia de que se aplique a todas las personas que se encuentren en la misma situación prevista por el legislador.” (Sentencia Rol 755/2008, considerando 28º).
Por lo tanto, agrega, para determinar si existe una infracción a la igualdad ante la ley respecto de este precepto, es necesario analizar si existe una diferencia de trato entre personas que se encuentran en una situación similar para, enseguida, analizar su fundamentación o razonabilidad (sentencias roles N°s 790, 825, 829, 834 y 1340). Aplicando dichos criterios, debe recordarse que el precepto legal impugnado en esta oportunidad consagra una incompatibilidad entre los cargos de concejales y “todo empleo, función o comisión que se desempeñe en la misma Municipalidad y en las corporaciones o fundaciones en que ella participe”, incompatibilidad que, en todo caso, no es absoluta, pues no afecta a quienes desempeñen “cargos profesionales no directivos en educación, salud o servicios municipalizados.” Así, la mencionada incompatibilidad afecta tanto a quienes desempeñan cargos profesionales directivos en educación, salud o servicios municipalizados como al resto del personal municipal no profesional.
El Ministro previniente concluye que “resulta evidente que la norma legal reprochada consagra una diferencia de trato entre dos categorías de personas que se encuentran en una condición similar, pues todas ejercen cargos dentro de la Municipalidad –profesionales o no-. No obstante, sólo aquéllas que ejerzan cargos profesionales no directivos en educación, salud o servicios municipalizados no se encuentran afectos a la incompatibilidad establecida por el inciso primero del artículo 75 de la Ley N° 18.695, mientras que quienes ejerzan cualquier otro tipo de cargo municipal sí aparecen afectos a ella.”.
Con todo, como sostiene el citado magistrado, aún constatado que existe una diferencia de trato entre dos categorías similares de personas, es necesario examinar si dicha diferencia es razonable, esto es, si es idónea y necesaria, atendida la finalidad de la norma, y si, además, es proporcional, criterio ha sido sentado, especialmente en las sentencias roles 755/2008 y 790/2008, cuando se ha afirmado que “la igualdad ante la ley supone analizar si la diferenciación legislativa obedece a fines objetivos y constitucionalmente válidos. De este modo resulta sustancial efectuar un examen de racionalidad de la distinción, a lo que debe agregarse la sujeción a la proporcionalidad, teniendo en cuenta las situaciones fácticas, la finalidad de la ley y los derechos afectados.”;
A este respecto, la historia de las leyes que han modificado el artículo 75 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, en lo referente a la incompatibilidad en cuestión, no dan cuenta de las razones que justificarían introducir diferencias, entre las distintas personas que se desempeñan en las municipalidades, en lo que se refiere al desempeño del cargo de concejal.
El texto original del tantas veces citado artículo 75, establecía una incompatibilidad amplia que aludía a “los funcionarios y trabajadores municipales” sin distinción. La Ley
Nº 19.130 consagró, por primera vez, una excepción a dicha incompatibilidad vinculada a “los cargos profesionales en educación, salud o servicios municipalizados”, mientras que la Ley Nº 20.033 circunscribió, aún más dicha excepción, haciéndola aplicable solamente a los cargos profesionales “no directivos” en educación, salud o servicios municipalizados.
Las sucesivas modificaciones que fue experimentando el artículo 75 de la Ley Nº 18.695 tuvieron por objeto garantizar la máxima autonomía e independencia de los concejales, en especial, respecto de sus facultades fiscalizadoras sobre la gestión municipal.
Sin embargo, en la discusión parlamentaria de las referidas modificaciones se hizo énfasis en que esta norma debía imponerse especialmente respecto de los cargos profesionales que se desempeñaran en la Municipalidad. En el debate sostenido en la Cámara de Diputados,respecto de la Ley Nº 20.033, la diputada informante, Eliana Caraball, señaló que “se presentó una indicación de reemplazar en el segundo párrafo del inciso primero del artículo 75, la expresión (con excepción de los cargos) ‘profesionales en educación’ por ‘no profesionales de’, indicación que fue aprobada por unanimidad”, pero que luego no apareció en el proyecto definitivo (Historia de la Ley Nº 20.033, p. 199). En otras palabras, el legislador no dejó constancia de por qué excepcionó de la incompatibilidad analizada sólo a los cargos profesionales no directivos de la Municipalidad en desmedro de todos los restantes.
En base a las consideraciones anteriores, el Ministro García Pino estimó que la aplicación del párrafo impugnado del artículo 75 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, resulta contraria al derecho a la igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 Nº 2º de la Constitucional Política de la República.
Al respecto, resulta esclarecedor su razonamiento en orden a “Que el cargo de concejal, es un cargo de elección popular, de un plazo temporal de 4 años, que no implica un ejercicio laboral a tiempo completo, que está remunerado por una dieta por asistir efectivamente a las sesiones del Concejo Municipal, cuerpo colegiado del cual es parte, y, por tanto, completamente compatible con el desarrollo de otra labor”.
A mayor abundamiento, el legislador ha establecido esta compatibilidad en el propio
artículo 75, inciso final, de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, al decir “Sin perjuicio de lo establecido en la presente ley, a los concejales no les será aplicable la incompatibilidad establecida en el inciso primero del artículo 86 de la Ley N° 18.834”, que a su vez prescribe que “Todos los empleos a que se refiere el presente Estatuto serán incompatibles entre sí. Lo serán también con todo otro empleo o toda otra función que se preste al Estado, aun cuando los empleados o funcionarios de que se trate se encuentren regidos por normas distintas de las contenidas en este Estatuto. Se incluyen en esta incompatibilidad las funciones o cargos de elección popular.”;
Por lo tanto, desaparecida la condición discriminatoria por el examen de igualdad de trato, no existe la incompatibilidad en cuestión, lo que, por cierto, no obsta, a que el concejal deba cumplir con los deberes que imponed el principio de probidad y el ejercicio de la facultad de fiscalización respecto del servicio en el que se desempeña, especialmente considerando los deberes de abstención que le imponen las leyes 18.575 (artículo 62, numeral 6°) y 19.880 (artículo 12, inciso 2°, numeral 5°).
Finalmente, el ingreso a tramitación en el Congreso Nacional del Proyecto de Ley que Crea el Sistema de Educación Pública y modifica otros cuerpos legales, signado con boletín número 10.368-04, hace de la mayor urgencia y prioridad la tramitación de la presente iniciativa pues, por aplicación de las normas del proyecto antes mencionado, la inhabilidad en cuestión quedará tácitamente derogada, pero sólo a partir de la entrada en vigencia del nuevo Sistema de Educación Pública, lo que constituye una discriminación arbitraria contra quienes, incurriendo en dicha inhabilidad aún vigente, quieran presentarse como candidatos a la próxima elección municipal, a celebrarse en octubre de 2016.
En efecto, el Artículo Trigésimo Segundo, transitorio, relativo a la planta de personal de la Dirección de Educación Pública y sus traspasos, faculta al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año contado desde la fecha de entrada en vigencia de la ley, mediante uno o más decretos con fuerza de ley expedidos a través del Ministerio de Educación, suscritos también por el Ministro de Hacienda, fije la planta de personal de la Dirección de Educación Pública y determine la entrada en vigencia de la planta y del encasillamiento que practique. Por lo tanto, la desafectación de los funcionarios que actualmente tiene la calidad de municipales y que, por tanto, están afectos a la inhabilidad en cuestión, se producirá con posterioridad a la realización de las próximas elecciones de alcaldes y concejales, no existiendo ninguna razón de fondo para privar a estas personas de participar como candidato en dicho proceso.
Por estas consideraciones es que sometemos a la aprobación de esta Honorable Cámara de Diputados, el siguiente:
ARTÍCULO ÚNICO.- Introdúzcase la frase “con excepción de los cargos profesionales y técnicos no directivos, o directivos que no sean de exclusiva confianza del alcalde en educación”, entre la palabra “participe” y el punto a parte (.) del inciso primero del artículo 75 de la ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, introducido por la letra a) del número 14, del artículo 1° de la Ley 20.742”.
PROYECTO DE LEY INICIADO EN MOCIÓN DEL DIPUTADO SEÑOR TARUD, QUE “MODIFICA LA LEY N° 18.455, QUE FIJA NORMAS SOBRE PRODUCCIÓN, ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ALCOHOLES ETÍLICOS, BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y VINAGRES, PARA SANCIONAR CON UNA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD LA ELABORACIÓN O VENTA DE PRODUCTOS FALSIFICADOS DESTINADOS A LA BEBIDA." (BOLETÍN N° 10376-11)
Tengo a bien someter a la consideración de este H. Congreso Nacional, un proyecto de ley que, en lo esencial, propone que se aplique una pena privativa de libertad a aquellos que incurran en la elaboración o venta de productos falsificados que no sean tóxicos o dañinos para la salud y los destine a la bebida.
El creciente aumento en la producción de bebidas alcohólicas tanto de destilados como fermentados ha sido una constante en los últimos años, siendo de público conocimiento el impulso generado por la producción, comercialización e importación de tales brebajes. Sin perjuicio de lo expuesto, junto con el aumento en la elaboración de bebidas alcohólicas que se encajan dentro del marco legal, ha ido acreciendo la producción del llamado “alcohol falsificado”, es decir de aquel alcohol cuya elaboración es de origen ilegal o dicho en otras palabras, que no cumplen con los estándares que exige la ley.
Según un estudio encargado por la Asociación de Productores de Cerveza de Chile el año 2014, sobre el mercado local de las bebidas alcohólicas, determinó que el 6,1 por ciento del alcohol que se vende en el país es de origen ilegal. Si bien la cifra no genera un temor en la población, si debe de producir una preocupación fundada, toda vez que la producción, elaboración y comercialización de bebidas alcohólicas que no cumplen con los requisitos que la propia ley establece, son aquellos cuyo contenido de impurezas, aditivos o elementos tóxicos no se ajustan, en su caso, a los máximos o mínimos que se establezcan en el reglamento, por lo que genera un evidente perjuicio físico o toxicológico para quien lo consume. Pero no solo ello, genera también un grave perjuicio a aquellos productores, que para cumplir rigurosamente con los estándares de calidad requeridos por el legislador, deben incurrir en un mayor gasto, por lo que se ven damnificados en su labor, en beneficio de aquellos inescrupulosos quienes, incorporando elementos tóxicos a sus productos, se ven beneficiados con una elaboración notablemente más económica.
Si bien el que elaborare o compre para vender productos empleando tratamientos o aditivos prohibidos o en una forma distinta a la autorizada, que conviertan al producto en tóxico o dañino para la salud y los destine a la bebida, tiene una pena privativa de libertad que va del presidio menor en su grado mínimo a medio, en mi opinión toda elaboración o comercialización empleando tratamientos o aditivos prohibidos o en una forma distinta a la autorizada debe castigarse con una pena privativa de libertad, toda vez que, como expuse precedentemente, no solo afecta a la salud de las personas, sino que también perjudica a los pequeños y medianos empresarios que deben costear altas sumas de dinero para cumplir con las altas exigencias en la producción de este tipo de bebidas, generándose consecuencialmente una alza lógica en el precio de sus productos, impidiéndoles competir con aquellos que elaboran aquellas bebidas ilegales, debiendo poner fin a su principal medio de ingreso. Por lo mismo una simple sanción económica como actualmente establece el numeral 1 del artículo 45, a mi juicio es insuficiente para eliminar tales conductas.
Sin perjuicio de lo expuesto, es evidente que la sanción de la conducta descrito no puede ser de la misma gravedad que aquel cuyo producto genera un daño para la salud, conforme a lo establecido en el artículo 42 inciso segundo de la ley, es por lo mismo que considero que la pena de presidio menor en su grado mínimo es una pena que tiene concordancia con la infracción.
Es por ello que el motivo de la presente moción es proponer que la sanción por la elaboración o venta de productos falsificados que no sean tóxicos o dañinos a la salud y los destine a la bebida, sea la de presidio menor en su grado mínimo, es decir de una pena privativa de libertad que oscila entre los 61 días hasta los 540 días.
El diputado que suscribe viene en someter a la consideración de este Honorable Congreso Nacional el siguiente,
Artículo único.- Introdúzcanse las siguientes modificaciones a la ley 18.455 que fija normas sobre producción, elaboración y comercialización de alcoholes etílicos, bebidas alcohólicas y vinagres, en el siguiente sentido:
Artículo 1°.- Agréguese un nuevo inciso cuarto del artículo 42 el siguiente: “El que elabore o vendiere productos falsificados que no sean tóxicos o dañinos para la salud y los destine a la bebida será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo.”
Artículo 2°.- Deróguese el numeral 1 del artículo 45”.
Por la presente vengo a informar, cumpliendo lo dispuesto en el artículo 38 del Reglamento de la Cámara de Diputados, respecto al viaje por misión oficial a la Reunión Anual Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional.
Todas las actividades se llevaron a cabo en el marco de una nueva reunión del Parlamento Latinoamericano, en ocasión de la reunión Anual Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, llevada a cabo entre los días 5 y 9 de octubre de 2015.
En representación de Chile, asistió el diputado De Mussy, elegido por la Comisión de Hacienda que integra.
De acuerdo la información que se encuentra disponible en la página web del Banco Mundial [1], las Juntas de Gobernadores del Grupo Banco Mundial (GBM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI) se reúnen normalmente una vez al año, con el objeto de analizar el trabajo de sus respectivas instituciones.
Estas Reuniones Anuales incluyen un día de sesiones plenarias, durante las cuales los gobernadores discuten sobre las materias de interés respectivas. Además, las Juntas de Gobernadores toman decisiones sobre cómo tratar los actuales temas monetarios internacionales, aprobando cuando es pertinente, las correspondientes resoluciones. Son presididas por un gobernador del Banco y del FMI.
Cada dos años, se eligen directores ejecutivos y cada año se da la bienvenida a los nuevos miembros del Banco y del FMI.
Dentro de las actividades realizadas destaca la participación en las siguientes charlas y reuniones, que se dividen según los días en que se llevaron a cabo:
El diputado De Mussy asistió a una primera reunión (IMF Overview: What is the IMF and how does it work?) en donde se explicó qué es el Banco Mundial (WB) y el Fondo Monetario Internacional (IMF).
Esta reunión fue liderada por Sabina Bhatia (Jefe de la División de Comunicaciones del FMI) y Jeremy Lefroy, m presidente de la red de parlamentarios e integrante del Comité Internacional de Desarrollo.
Una segunda reunión, se refirió a las metas de desarrollo sustentable y el IMF, liderada por Sean Nolan, subdirector del Departamento de FMI de estrategia, política y revisión [2].
Una tercera reunión, fue para discutir temas relacionados con la idea de desigualdad. Se le llamó a esta reunión: “Desigualdad: Causas, consecuencias y políticas macroeconómicas para reducir la desigualdad”, hecha por Krishna Srinivasan, subdirectora del Departamento de Asunto del Hemisferio Occidental [3].
En esta reunión se conversó de diferentes causas y realidades con respecto a las ideas de desigualdad y crecimiento. En la ronda de preguntas el diputado que informa, expuso el caso de Chile, planteando la duda de si es mejor tener crecimiento y velar por una mejor distribución de los subsidios o generar reformas para luchar contra la desigualdad con la posibilidad de afectar el crecimiento. Claramente hay consenso en que hay que crecer, que hay que distribuir los subsidios entre quienes se encuentran en situaciones de mayor necesidad.
Ante un tema planteado, respecto a de si es válido entregar subsidios generales (para todos por igual, sin distinciones razonables) o es mejor entregarlos a quienes una autoridad estima que lo necesita. Queda la impresión de que existe un consenso en que hay que tratar de invertir socialmente los recursos de la forma mas eficiente, o sea, definiendo bajo criterios objetivos y razonables quienes son lo que más los necesiten.
También se converso que es importante aumentar los ingresos fiscales para poder invertir en infraestructura y subsidios sociales. Se mostraron gráficos de ingresos fiscales según diferentes zonas geográficas mundiales y se pudo comprobar que los ingresos provenientes de empresas en Latino América es similar a los países desarrollados. Sin embargo, existe un menor ingreso por impuestos y contribuciones directas. Después de una buena discusión los expertos del IMF concordaron que mas que discutir la tasa de impuesto lo que hay que hacer es trabajar para aumentar la base de personas naturales y jurídicas para que hayan mas contribuyentes.
Después de un almuerzo programado, se sostuvo una reunión denominada: Sector de Industrias extractivas: Política de consejos y asistencia técnica del IMF, liderada por Michael Keen y Ana Carbacho [4].
En esta reunión se analizaron los países que dependen directamente de recursos naturales como la minería, gas, petróleo entre otros. Se conversó sobre diferentes formas para que los países puedan obtener ingresos de estas industrias: Impuestos, participación en las empresas, royalties, entre otros.
Además se discutió acerca de la realidad que está viviendo China, país que está pasando de una potencia exportadora a una potencia que empezará a preocuparse de su mercado interno con la consiguiente baja en la demanda y precios de los commodities. Este tema también es importante para países que en la ultima década se han visto muy beneficiados por el valor de ciertas materias primas. Se conversó sobre cómo hay que aprovechar las épocas de bonanza para hacer frente a la época de vacas flacas.
Por otra parte, representantes indígenas del Perú, plantearon el tema respecto de qué forma es válido aplicar el Convenio Nº 169 de la OIT sin afectar la inversión y cómo se puede lograr para que esas inversiones también signifiquen desarrollo social en las zonas de inversión (se analizo la situación puntual de Perú).
Finalmente se sostuvo una mesa redonda sólo con los parlamentarios presentes en la reunión anual. Ahí se analizo la importancia del poder legislativo en cada país para buscar el desarrollo sustentable de cada país. Esta conversación fue liderada por Jianhai Lin [5]. Junto a estos temas, también se analizó el funcionamiento de la red parlamentaria del WB y el IMF a la cual me invitaron a integrar.
Se comenzó el día con un desayuno con representantes del WB y el IMF en donde se conversó sobre los desafíos de cada país y zona mundial. También se vio en detalle la ayuda que estas instituciones deberían prestar, diferentes a temas financieros, como por ejemplo traspaso de información, conocimiento y expertise para realizar estrategias de políticas publicas en diferentes países. (Sabina Bhatia + Jill Wilkins)
El Diputado que informa, planteó la interrogante sobre cómo un país como Chile, puede aportar con la experiencia que ha adquirido para salir del subdesarrollo, pero también de qué forma puede tener insumos de experiencias en países que ya han pasado por la etapa que nuestro país está viviendo.
También se habló de subsidios muchas veces mal empleados en algunos países como subsidios a la energía, que no están realmente focalizados en las personas que más lo necesitan.
Se podría definir que en general hay dos tipos de necesidades. Los países más subdesarrollados que necesitan mucha ayuda para empezar a ver generar condiciones de desarrollo y los países de ingresos medios como Chile y Colombia que tienen el alto riesgo de empezar a retroceder antes de alcanzar el desarrollo y que este desarrollo sea con una justa distribución de la riqueza.
Después se realizó otra reunión privada de solo los parlamentarios con Fiona Douglas en la cual se continuaron discutiendo los temas tratados en el desayuno de la mañana.
Luego del almuerzo el Diputado estuvo presente en el seminario “Jobs, Wades and the Latinoamérica slowdown” con Alberto Rodríguez, Alejandra Viveros, Luis Miguel Castilla, Augusto de la Torre y Michael Siete.
Por otra parte, el diputado que informa, se reunió con Bertrand Badre quien nos expuso a fondo el trabajo del WBG (World Bank Group) y de que forma trabajan y ayudan a los países en vías de desarrollo. En esa reunión el Diputado expuso una interrogante “¿de qué forma el WBG puede apoyar a un país como Chile que ya salió de los países que mas necesitan ayuda pero que todavía le queda mucho por hacer?.
Luego asiste al seminario: Inclusión Social con Matan Abregu, Claudia Belmont, Linda Briceño, Paola Bustamante, Gabriel Jaime Franco y EdeJorge ijjasz que fue un seminario estilo TED.
Comenzando el día se asiste al seminario sobre la desigualdad, oportunidades y prosperidad.
Luego el Parlamentario asiste a un seminario llamado “Ideas for action: Youth engagement for financing the future of development”, en donde expusieron Alberth Rolando, Djordjija Petroski, Ines Temple, Joachim von amsberg, Luis Montoya, Mahmoud Mohieldin, Matthew McPhail y Ogomegbunam Anagwu.
Posteriormente se traslada a la embajada de Chile, ya que el Embajador en Perú lo invita a un almuerzo en honor al Presidente del Banco Central, don Rodrigo Vergara, quien también asistía a las reuniones anuales.
Finalmente el Diputado vuelve al Centro de convenciones a escuchar un último seminario: llamado “Energy Pricing, Getting it right” con Martin Wolf, Min Zhu, Martin Parkinson, Mary Robinson y Mary Polak.
Al Comenzar el día el Parlamentario asiste a un seminario llamado “Infraestructura: Invirtiendo para crecer, invirtiendo para la gente”. En esta charla expusieron Thierry Deau, Sri Mulyani Indrawani, Niele Kaba, Milton Von Hesse y las conclusiones a cargo de Bertrand Badre.
Posterior a esta charla se trasladó al debate sobre la economía global con Christine Lagarde, Mark Carney y Joaquin Levy, en la cual se conversó sobre temas generales de la economía global; sobre la baja en el precio de las materias primas, el crecimiento más bajo de China y de la situación de Brasil. Debate dirigido por Richard Quest.
Luego el Diputado asistió al seminario “Los empresarios jóvenes como factores que impulsan el crecimiento sostenible” con Allen Blue, Cofundador de LinkedIn, Mariana Costa, Cofundadora de Laboratoria, una ONG Peruana, Jin Yong Kim, Presidente del WBG, Sean Penn, Ashish Thakkar, Fundador de Grupo Mara (África) y Blanca Triviño, Presidenta de Sote. “Muy interesante este seminario enfocado en las nuevas generaciones y lo importante de estas en la búsqueda de un crecimiento sostenible e integral”.
Y finalizando el día asiste al seminario El Futuro de los Alimentos con Gastón Acurio, Chef Peruano, Daniel Belliveau, Director Ejecutivo de CF Global Holding, Pio Choque, Productor de Quinoa, Claver Gatete, Ministro de Finanzas y Planificación Económica de Rwanda, Sam Kass, analista experto en alimentación de NBC News y Patricia Majluf, vicepresidenta de oceana. “Muy interesante seminario sobre la realidad actual de los alimentos y los desafíos para el futuro”.
A primera hora el Diputado participa de la sesión plenaria de las Reuniones Anuales con la cuenta del WBG, del FMI y la apertura del presidente de Perú, Ollanta Humala.
Posterior a la sesión plenaria asiste al debate sobre reformas estructurales, desigualdad y crecimiento con Min Zhu, subdirector gerente FMI, Winnie Byanyima, directora ejecutiva de Oxfam Internacional, Jeroen Dijsselbloem, presidente de Eurogroup, Nhlanhla Nene, Ministro de Finanzas de Sudáfrica, Joseph Siglita de la Universidad de Columbia y Luis Videgaray, Secretario de Hacienda de México.
Luego el Parlamentario asiste al debate de cómo manejar la volatilidad del ingreso proveniente de las materias primas: Medidas de política fiscal, con Mitsuhiro Furusawa, subdirector gerente del FMI, Nancy Birdsall, Presidenta del centro para el Desarrollo Mundial, Armando Manuel, ministro de Finanzas de Angola y Rodrigo Valdés, Ministro de Hacienda de Chile.
A continuación acompaña al Ministro de Hacienda al debate de cómo equilibrar el crecimiento sostenible y la equidad social: Enseñanzas extraídas de América Latina y Asia Oriental, quien expuso junto a Mauricio Cárdenas, Ministro de Hacienda de Colombia, Shi Yaobin, viceministro de finanzas de China y el Ministro de Hacienda de Filipinas.
Y Finalmente el Diputado informante asiste al seminario “Hacia el 2030” para hablar sobre el futuro del mundo. Expusieron Ollanta Humala, Presidente de Perú, Ban Ki Moon, Secretario General de las Naciones Unidas, Justine Greening, secretaria de estado de desarrollo internacional de Reino Unido, Jin Yong Kim, presidente del WBG y Christine Lagarde, directora gerente del FMI.
(Fdo.): Felipe De Mussy Hiriart, Diputado de la República”.