Source: https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2013/REC/SUP-REC-00177-2013.htm
Timestamp: 2019-03-24 09:43:29
Document Index: 129191716

Matched Legal Cases: ['artículo 23', 'artículo 14', 'artículo 16', 'artículo 23', 'artículo 91', 'artículo 15', 'artículo 14', 'artículo 76', 'artículo 79', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 35', 'artículo 41', 'artículo 23', 'artículo 29', 'artículo 25', 'artículo 76', 'artículo 65', 'artículo 65', 'artículo 61', 'artículo 41', 'artículo 76', 'artículo 76', 'artículo 6', 'artículo 76', 'artículo 16', 'artículo 76', 'artículo 116', 'artículo 6', 'artículo 76', 'artículo 76', 'artículo 15', 'artículo 76']

SUP-REC-0177-2013
EXPEDIENTE: SUP-REC-177/2013
RECURRENTE: PARTIDO UNIDAD POPULAR
SECRETARIOS: ANTONIO RICO IBARRA Y ADRIANA ARACELY ROCHA SALDAÑA
VISTOS, para resolver los autos del expediente al rubro indicado, relativo al recurso de reconsideración interpuesto por el Partido Unidad Popular, en contra de la sentencia dictada por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz, el nueve de diciembre del año en curso, dentro del juicio de revisión constitucional electoral identificado con la clave SX-JRC-335/2013; y
De lo narrado en el escrito de demanda y de las constancias que obran en el expediente se advierte lo siguiente:
a) Jornada Electoral. El siete de julio de dos mil trece, se llevó a cabo la jornada electoral para elegir a los concejales municipales de los ayuntamientos del estado de Oaxaca, entre ellos, en el municipio de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca.
b) Cómputo municipal. El trece de julio del presente año, el Consejo Municipal Electoral de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, realizó la sesión del cómputo municipal de la citada elección.
De acuerdo con tales resultados, ganó la elección el Partido Unidad Popular.
c) Recuento total. En la misma fecha, el referido Consejo Municipal, al existir una diferencia igual o menor a un punto porcentual entre los candidatos que se ubicaron en el primero y segundo lugar de la elección, ordenó el recuento de la totalidad de los paquetes electorales, obteniendo el primer lugar el Partido Unidad Popular.
d) Validez de la elección y entrega de constancias. Al finalizar el cómputo, el Consejo Municipal declaró la validez de la elección y entregó las constancias de mayoría a la planilla postulada por el Partido Unidad Popular.
e) Recursos de inconformidad. El dieciocho de julio del año en curso, los partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo presentaron sendos recursos de inconformidad en contra del acta de cómputo municipal, la declaración de validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría.
El Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca radicó los expedientes bajo las claves RIN/EA/67/2013 y RIN/EA/68/2013, acumulados.
f) Sentencia dictada en el recurso de inconformidad. El quince de octubre del presente año, el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca resolvió de forma acumulada los citados recursos, en los términos siguientes:
PRIMERO. El Pleno de este Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca, es competente para conocer y resolver el presente recurso de inconformidad, en los términos del CONSIDERANDO PRIMERO de esta sentencia.
SEGUNDO. La vía dada al recurso de inconformidad promovido por Roberto Reyes González, fue la correcta en términos del CONSIDERANDO CUARTO de esta resolución.
TERCERO. Se decreta la acumulación del expediente RIN/EA/68/2013 al expediente RIN/EA/67/2013, por ser éste el que se tramitó primero, para efecto de facilitar su pronta y expedita resolución, así como evitar el dictado de sentencias contradictorias, en consecuencia, glósese copia certificada de la presente resolución, a los autos del juicio acumulado, conforme a lo previsto en el CONSIDERANDOS TERCERO Y SÉPTIMO de la presente resolución.
CUARTO. Se declaran infundados e inoperantes los agravios vertidos por el recurrente, en términos del CONSIDERANDO SÉPTIMO de la presente sentencia.
QUINTO. En consecuencia, se confirma el acta de cómputo municipal de trece de julio de dos mil trece, correspondiente a la elección de concejales municipales al ayuntamiento de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, llevado a cabo el siete de julio de dos mil trece, así como todos los actos que la misma se hayan generado, en términos del CONSIDERANDO SÉPTIMO de esta resolución.
Sentencia que fue notificada al ahora promovente el dieciséis de octubre del presente año.
g) Juicio de revisión constitucional electoral. Inconforme con el fallo indicado, el veinte de octubre del año en curso, el Partido de la Revolución Democrática, promovió juicio de revisión constitucional electoral, el cual quedó registrado con el número de expediente SX-JRC-335/2013, en la Sala Regional Xalapa.
h) Sentencia impugnada. El nueve de diciembre de dos mil trece, la señalada Sala Regional resolvió el juicio de revisión constitucional número SX-JRC-335/2013, en los siguientes términos:
PRIMERO. Se modifica la sentencia de quince de octubre de dos mil trece, emitida por el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca, en los expedientes RIN/EA/67/2013 y su acumulado RIN/EA/68/2013, que confirmó los resultados consignados en el acta de cómputo municipal en la elección de concejales municipales al ayuntamiento de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca.
SEGUNDO. Se declara la nulidad de la votación recibida en la casilla 2046 E1, por las razones expuestas en el considerando quinto de la presente sentencia.
TERCERO. Se confirma la declaración de validez de la elección de concejales municipales al ayuntamiento de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, realizada por el Consejo Municipal Electoral de esa localidad el catorce de julio del presente año.
CUARTO. Se modifican los resultados del cómputo municipal de la elección de concejales al ayuntamiento de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, para quedar en los términos precisados en el considerando sexto de esta sentencia.
QUINTO. Se revocan las constancias de mayoría y validez de la elección de concejales municipales al ayuntamiento de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, expedidas el catorce de julio de dos mil trece, en favor de los candidatos de la planilla registrada por el Partido Unidad Popular, así como las constancias de asignación de regidores por el principio de representación proporcional expedidas en favor de la Coalición "Unidos por Oaxaca" y de la Coalición "Compromiso por Oaxaca".
SEXTO. Se ordena al Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, proceda a expedir las constancias de mayoría y validez de la elección de concejales, a la planilla de candidatos registrada por la Coalición "Unidos por el Desarrollo".
SÉPTIMO. Se ordena al Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca que dentro del plazo de tres días contados a partir de que se notifique la presente sentencia, en el ámbito de sus atribuciones realice las modificaciones que procedan por cuanto hace a la asignación de concejales por el principio de representación proporcional, derivada de la presente modificación del cómputo municipal.
OCTAVO. Se ordena al Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, informe y acredite ante esta Sala Regional el cumplimiento de la presente sentencia dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra".
Sentencia que fue notificada al ahora promovente el doce de diciembre del presente año.
SEGUNDO. Recurso de reconsideración, trámite y sustanciación.
I. Presentación de la demanda. El catorce de diciembre de dos mil trece, el Partido Unidad Popular por conducto de su representante propietario ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana de Oaxaca, interpuso recurso de reconsideración en contra de la sentencia dictada por la Sala Regional Xalapa, haciendo valer como agravios los siguientes:
PRIMERO. La sentencia que por esta vía se recurre, en el considerando quinto intitulado, "Estudio de fondo", violenta lo dispuesto por los artículos 14, 16, 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 23, párrafo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral la parte que señala:
"Ahora bien, en la demanda primigenia, el Partido de la Revolución Democrática sostuvo que, en las casillas 2046 B y 2046 E1, se habían suscitado irregularidades sustanciales que afectaron los resultados de la elección en dichas casillas, ya que hubo marcado de boletas a favor del Partido Unidad Popular para aparentar el sufragio, las cuales fueron realizadas por personas distintas a las habilitadas en la lista nominal y autorizadas por la ley para emitir su voto, especificando que, en relación a la casilla 2046 B, votaron personas que tienen el carácter de finado y sobre quien existe acta de defunción, concretamente de los CC. JUAN GARCÍA LÓPEZ Y MARÍA SOCORRO DE JESÚS, quienes fallecieron el 16 de abril de 2007 y 16 de noviembre de 2012.
El actor expone como irregularidad grave que en las casillas 2046 B y 2046 E1, votaron personas que tiene el carácter de finadas y que dichos votos indebidamente se computaron en las referidas casillas.
Para acreditar su dicho, al actor adjuntó a su escrito primigenio copias certificadas de las actas de defunción de JUAN GARCÍA LÓPEZ y MARÍA SOCORRO DE JESÚS, de las que se advierte que tienen el sello de la oficina del Registro Civil de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, firmando dichas certificaciones el Lie. José Antonio Brachetti Silva, en cuanto Oficial primero del Registro Civil.
En razón de ello, las documentales de referencia, tienen el carácter de públicas, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 14, párrafo 1, inciso a), en relación con el párrafo 3, inciso d), del precepto referido de la ley adjetiva electoral local, que establece la posibilidad jurídica de que en los medios de impugnación pueden ser ofrecidas y admitidas los pruebas documentales, teniendo dicha calidad los instrumentos públicos y documentos expedidos por quienes estén investidos de fe pública de acuerdo con la ley, siempre y cuando en ellos se consignen los hechos que les consten.
Así, al ser documentales públicas las copias certificadas de las actas de defunción, a juicio de éste órgano jurisdiccional tienen valor probatorio pleno, además de no existir prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren; ello, en conformidad con lo establecido en el artículo 16, párrafo 2, de la ley adjetiva procesal electoral de Oaxaca.
Por tanto, con las documentales de referencia se tiene por acreditado que JUAN GARCÍA LÓPEZ falleció el dieciséis de abril de dos mil siete y MARÍA SOCORRO DE JESÚS el dieciséis de noviembre de dos mil doce.
Ahora bien, del listado nominal de electores con fotografía correspondiente a la sección 2046 B, que obra en autos en copias certificadas2, se advierte que en el recuadro identificado con el número 232, que corresponde al nombre de JUAN GARCÍA LÓPEZ, no se asentó el sello de la leyenda "VOTO 2013", ni tampoco alguna otra señal de la que pueda desprenderse que el mencionado ciudadano haya votado; de ahí que no le asiste la razón al actor cuando afirma que JUAN GARCÍA LÓPEZ aparecía en la lista nominal con el sello correspondiente a "VOTO 2013".
Por cuanto hace a MARÍA SOCORRO DE JESÚS, del listado nominal de electores con fotografía correspondiente a la sección 2046 E1, que obra en autos en copias certificadas3, se advierte que en el recuadro identificado con el número ochenta y siete, que corresponde al nombre de MARÍA SOCORRO DE JESÚS, se asentó la leyenda "VOTO 2013", además de haberse plasmado una marca "X" en el recuadro cuyo rubro contiene la leyenda de "VOTO".
De lo antes descrito a primera vista puede inferirse que MARÍA SOCORRO DE JESÚS, sí voto en la casilla antes mencionada; sin embargo, ante la posibilidad de que haya existido un error por parte del funcionario de casilla encargado de asentar los sellos o marcas en la lista nominal, se procedió a verificar el total de ciudadanos que votaron de acuerdo a los sellos y marcas asentados en el listado nominal de la casilla 2046 E1, arrojando un total de cuatrocientos veintiún ciudadanos; cantidad que coincide con el total de votos emitidos en dicha casilla, tal y como se desprende del acta de escrutinio y cómputo de la casilla objeto de estudio; de ahí que no puede considerarse que se haya marcado por error el recuadro correspondiente a MARÍA SOCORRO DE JESÚS, ya que de haber ocurrido así, no sería coincidente el número de ciudadanos que votaron con el total de votos emitidos en la casilla.
Así también, ante la posibilidad de que se tratara de un homónimo, se revisó de manera minuciosa la lista nominal de electores de la casilla 2046 E1, sin que se pudiera advertir la existencia de algún homónimo de MARÍA SOCORRO DE JESÚS como indebidamente pretendió justificar dicha irregularidad la responsable.
Además, a fin de tener plena certeza de que no existían homónimos de MARÍA SOCORRO DE JESÚS, mediante acuerdo de veintiuno de noviembre del presente año, se requirió a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral a fin de que informara cuantos homónimos de MARÍA SOCORRO DE JESÚS se encontraban registrados en el padrón electoral y en la lista nominal, así como la temporalidad de su registro.
En respuesta a dicho requerimiento, el veintidós de noviembre del presente año, mediante oficio STN/12143/2013, el Secretario Técnico Normativo de la mencionada dirección, informó que se localizó un registro vigente en el Padrón Electoral y Lista Nominal Electoral a nombre de MARÍA SOCORRO DE JESÚS, cuya fecha de nacimiento es ocho de junio de mil novecientos cincuenta y cuatro; precisando que la georeferenciación de dicha ciudadana es la siguiente: Entidad Federativa: 20 Oaxaca; Distrito: 06, Municipio: 470 Santiago Juxtlahuaca; Sección: 2046 Rural; Localidad: 0039 Rastrojo.
Así, quedan desvirtuadas las posibilidades de que haya habido algún error en la impresión de la leyenda "VOTO 2013" en el listado nominal de la casilla 2046 E1.
Por tanto, este órgano jurisdiccional arriba a la conclusión de que, en la casilla correspondiente a la sección 2046 E1, el día de la jornada electoral se emitió un voto a nombre de MARÍA SOCORRO DE JESÚS, siendo computado en la casilla, ya que el número de ciudadanos que votaron de acuerdo a los sellos y marcas asentados en el listado nominal de la casilla en mención, coincide con el total de votos emitidos de acuerdo con el acta de escrutinio y cómputo de la casilla.
En el juicio de revisión constitucional electoral se deben cumplir indefectiblemente, determinados principios y reglas previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
En este contexto, cabe destacar lo previsto en el artículo 23, párrafo 2 de la Ley General del Sistema de Medios en Materia Electoral, relativo a que en los medios de impugnación previstos en el título quinto del libro segundo y en el libro cuarto del citado ordenamiento legal, entre los que destaca que en el juicio de revisión constitucional electoral no procede la suplencia de la queja deficiente; de ahí que este tipo de juicios sean de los considerados de estricto Derecho, y por ende, las Salas del Tribunal Electoral, se encuentren impedidas para suplir las deficiencias u omisiones en los conceptos de agravio.
Al respecto, el Tribunal Electoral ha sostenido que si bien para la expresión de conceptos de agravio, se pueden tener por formulados, independientemente de su ubicación en cierto capítulo o sección de la demanda, así como de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea como silogismo o utilizando cualquier fórmula deductiva o inductiva; también es cierto que, como requisito indispensable, se debe expresar con claridad la causa de pedir, detallando el agravio o daño que ocasiona el acto o resolución impugnado y, los motivos que lo originaron.
Así, se tiene que los conceptos de agravio deben estar encaminados a destruir la validez de todas y cada una de las consideraciones o razones que la autoridad responsable tomó en cuenta al resolver.
Por ende, al expresar cada concepto de agravio, el actor en el juicio de revisión constitucional electoral debe exponer los argumentos que considere pertinentes para demostrar la inconstitucionalidad o ilegalidad del acto reclamado; en vía de consecuencia, si los conceptos de agravio que se formulen no cumplen con tales requisitos, serán inoperantes, puesto que no estarían controvirtiendo el acto o la resolución impugnados en sus puntos esenciales.
Al encontrarnos ante un juicio de estricto derecho, tenemos una litis cerrada, la cual queda trabada entre el acto reclamado y la demanda presentada por el actor.
En este sentido, atendiendo al carácter extraordinario del juicio de revisión constitucional, así como a la función revisora en que se convierten las Salas del Tribunal Electoral, el artículo 91, párrafo segundo de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral señala que en el juicio no se podrá ofrecer o aportar prueba alguna, salvo en los casos extraordinarios de pruebas supervenientes, cuando éstas sean determinantes para acreditar la violación reclamada.
Lo anterior implica que, dado que la litis ya quedó trabada entre la sentencia emitida en la primera instancia y la demanda presentada por el actor, no es posible que se pueda traer al juicio pruebas distintas a las que conoció, valoró y con base en ellas resolvió el tribunal de primera instancia (salvo las pruebas determinantes, que en su caso debe valorar cada una de las Salas en la situación específica).
En este contexto, la Sala Regional violentó el principio de estricto derecho que rige a este juicio, puesto que, como se advierte, en esta instancia requirió al Instituto Federal Electoral cierta documentación a efecto de tener por demostrada la situación relativa a que no existían homónimos de MARÍA SOCORRO DE JESÚS, mediante acuerdo de veintiuno de noviembre del presente año.
El requerimiento efectuado por la responsable provocó un desequilibrio procesal, dado que en todo caso, le correspondía al actor acreditar los extremos de su afirmación, según dispone el artículo 15, párrafo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en cuanto prescribe que el que afirma está obligado a probar.
En esta parte, sólo le competía a la sala responsable, verificar si lo realizado por el tribunal local, se encontraba apegado a derecho a la luz de los agravios vertidos por el actor, y no traer al juicio documentales a efecto de tener por probadas las afirmaciones realizadas por la parte actora, pues de facto se constituyó en su coadyuvante, situación totalmente ilegal y fuera de todas las atribuciones que le corresponden a la Sala Regional.
SEGUNDO. La actuación de la Sala Regional Xalapa violenta en mi perjuicio lo dispuesto en el artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que señala:
"Por cuanto hace a MARÍA SOCORRO DE JESÚS, del listado nominal de electores con fotografía correspondiente a la sección 2046 E1, que obra en autos en copias certificadas, se advierte que en el recuadro identificado con el número ochenta y siete, que corresponde al nombre de MARÍA SOCORRO DE JESÚS, se asentó la leyenda "VOTO 2013", además de haberse plasmado una marca "X" en el recuadro cuyo rubro contiene la leyenda de "VOTO".
Por tanto, este órgano jurisdiccional arriba a la conclusión de que, en la casilla correspondiente a la sección 2046 E1, el día de la jornada electoral se emitió un voto a nombre de MARÍA SOCORRO DE JESÚS, siendo computado en la casilla, ya que el número de ciudadanos que votaron de acuerdo a los sellos y marcas asentados en el listado nominal de la casilla en mención, coincide con el total de votos emitidos de acuerdo con el acta de escrutinio y cómputo de la casilla."
Causa agravio a mi representada la incorrecta valoración de las pruebas realizada por la responsable pues con dicho actuar violentó el principio de certeza y autenticidad de las elecciones, así como las características del voto.
Lo anterior derivado de que llegó a una conclusión sin sustento, motivación ni fundamentación alguna, puesto que se limitó a señalar que se encontraba acreditado el voto irregular de la ciudadana MARÍA SOCORRO DE JESÚS, pues al examinar la lista nominal de electores aduce que advirtió que en el recuadro identificado con el número ochenta y siete, que corresponde al nombre de MARÍA SOCORRO DE JESÚS, se asentó la leyenda "VOTO 2013", además de haberse plasmado una marca "X" en el recuadro cuyo rubro contiene la leyenda de "VOTO", y que dicha circunstancia (de que se había emitido su voto) podía corroborarse ya que procedió a verificar el total de ciudadanos que votaron de acuerdo a los sellos y marcas asentados en el listado nominal de la casilla 2046 E1, arrojando un total de cuatrocientos veintiún ciudadanos; cantidad que coincide con el total de votos emitidos en dicha casilla, tal y como se desprende del acta de escrutinio y cómputo de la casilla objeto de estudio; de ahí que no podía considerarse que se haya marcado por error el recuadro correspondiente a MARÍA SOCORRO DE JESÚS, ya que de haber ocurrido así, no sería coincidente el número de ciudadanos que votaron con el total de votos emitidos en la casilla.
La anterior afirmación es incorrecta y para nada desvirtúa el error en el que pudo haber incurrido el funcionario de casilla encargado de asentar los sellos o marcas en la lista nominal, ya que pudo haber ido una persona a votar sólo que no fue marcado su recuadro en la lista nominal, sino por error el correspondiente al nombre de la ciudadana fallecida.
En estas circunstancias, en modo alguno abona la documental que la sala responsable requirió y fabricó como prueba a favor de la pretensión del actor, pues —se insiste— el asentado de la palabra votó en la lista nominal de electores, correspondiente al nombre de la ciudadana MARÍA SOCORRO DE JESÚS, pudo haberse tratado de un error por parte del personal que fungió en la casilla, puesto que es inverosímil que aun y estando los representantes de los partidos políticos en las casillas no se hubieran percatado de que se estaba adjudicando el voto a una persona que no acudió a la casilla, y que en el caso se trataba de una persona fallecida.
La conclusión anterior encuentra sustento en las propias documentales que obran y que fueron las que tuvo la oportunidad de valorar el tribunal local, pues si bien puede tenerse por acreditado el fallecimiento de la ciudadana MARÍA SOCORRO DE JESÚS, no existe prueba fehaciente que pueda demostrar que su voto haya sido depositado en las urnas, pues de haber sido el caso, es natural pensar que existiera un escrito de protesta por parte de los representantes de casilla en el que se señalara que se estaban marcando boletas e introduciendo votos de ciudadanos que no acudieron a las urnas, cosa que no sucedió.
Ahora bien, la circunstancia de que personas fallecidas sigan apareciendo en las listas nominales incrementa la posibilidad de que las personas que fungen como funcionarios el día de la jornada electoral caigan en el error y puedan asentar que votaron cuando en realidad quisieron marcar otro recuadro de la persona que efectivamente sí acudió a votar, y que a la postre pueda ser alegado como un error grave; sin embargo, la depuración del padrón electoral corre a cargo del Instituto Federal Electoral y por tanto no es responsabilidad del partido político que represento.
TERCERO. La actuación de la responsable transgrede lo dispuesto por los artículos 1, 14, 16, 35, 41, en la parte que señala:
"En el caso, la irregularidad acreditada se considera grave, porque violenta las cualidades constitucionales del sufragio, como la de ser directo, lo que implica que el ejercicio del derecho al voto sea intransferible, es decir, personalísimo.
Asimismo, también se estima vulnerado el principio de certeza, toda vez que la emisión y cómputo de un voto de una persona fallecida no encuentra sustento en la realidad material o histórica, lo que pone en duda el resultado de la votación de la casilla.
Ello es así, en razón que la Sala Superior ha sostenido que el principio de certeza implica el conocimiento de las cosas en su real naturaleza y dimensión exacta; ofreciendo seguridad, confianza o convicción a los ciudadanos y partidos, respecto del actuar de la autoridad electoral. El significado de este principio se refiere a que los actos y resoluciones que provienen de los órganos electorales en el ejercicio de sus atribuciones, se encuentren apegadas a la realidad material o histórica, es decir, que tengan referencia a hechos veraces reales, evitando el error, la vaguedad o ambigüedad.
La irregularidad considerada como grave por esta Sala Regional se encuentra plenamente acreditada, pues con la copia certificada del acta de defunción se demuestra que MARÍA SOCORRO DE JESÚS falleció el dieciséis de noviembre de dos mil doce; además de registrarse como domicilio de la fallecida el siguiente: "Conocido, El Rastrojo, sin número, Santiago Juxtlahuaca, Juxtlahuaca, Oaxaca, México".
Asimismo, al advertirse del listado nominal de la casilla 2046 E1, que en el recuadro identificado con el número ochenta y siete, que corresponde al nombre de MARÍA SOCORRO DE JESÚS, se asentó la leyenda "VOTO 2013", además de haberse plasmado también una marca "X" en el recuadro cuyo rubro indica "VOTO", permite presumir válidamente que se emitió un voto a nombre de una persona fallecida; lo que se corrobora al haber coincidencia entre el número de votantes de acuerdo a la lista nominal de la casilla y el número de votos registrado en el acta de escrutinio y cómputo de la referida casilla.
Ello es así puesto que, sin mayor fundamentación ni motivación, señala que quedó acreditada la emisión y cómputo de un voto de una persona fallecida, situación que en modo alguno pudo haber sido acreditada tal y como se ha señalado en el párrafo anterior, toda vez que las circunstancias expuestas encuentran una explicación alternativa lógica, las que se obvian por haber sido vertidas en el agravio anterior, empero debe decirse, que lo realmente grave no es lo que señala la autoridad responsable como hecho acreditado, sino la forma en la que pretende decirnos que quedó demostrado, puesto que no realiza una valoración en conjunto de las pruebas que tuvo a su alcance, para tratar de establecer presupuestos lógicos, lo que de suyo hace una sentencia inconstitucional.
CUARTO. Causa agravio a mi representada y violenta lo establecido en los artículos 1, 14, 16, 35, 39, 41, 99, y 116, fracción IV, incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los que se instituyen los principios de certeza y de seguridad jurídica, rectores del proceso electoral, así como las características del voto en la parte que razona:
"En cuanto al elemento determinante, esta Sala Regional estima que, en el caso, se actualiza la calidad de determinante, ya que la irregularidad consistente en haberse emitido y computado un voto a nombre de una persona fallecida en la casilla 2046 E1, es determinante para el resultado de la votación recibida, pues para ello basta que la irregularidad que tuvo lugar en la propia casilla, individualmente considerada, tenga como consecuencia un cambio de ganador en la elección municipal, aun cuando aparentemente aquélla no produzca un cambio de ganador en la votación recibida en la casilla respectiva, por las razones que a continuación se exponen.
De los resultados del recuento de votos en la totalidad de las casillas correspondientes a la elección de integrantes del ayuntamiento en el municipio de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, se advierte que la diferencia entre el primer lugar, Partido Unidad Popular, y el segundo lugar, Coalición "Unidos por el Desarrollo", es de un voto.
De tal manera que, si se tiene en consideración el voto emitido de manera irregular en la casilla 2046 El, respecto de la diferencia de votación entre el primer y segundo lugar en el cómputo de la elección, que es de un voto, se evidencia que, la irregularidad sí es determinante para el resultado de la votación y por tanto, se actualiza el supuesto de nulidad de votación recibida en casilla, previsto en el artículo 76, inciso k), de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Oaxaca.
Ello es así, ya que el carácter determinante de la irregularidad ocurrida en una sola casilla no se circunscribe exclusivamente a que la misma produzca un cambio de ganador en la propia casilla sino debe interpretarse, por mayoría de razón, en el sentido de que también puede serlo cuando la irregularidad en esa única casilla genere un cambio de ganador en la elección que se impugne, como ocurre en el presente caso con el resultado de la elección.
En el caso bajo análisis, debe tenerse en cuenta que, si bien la diferencia de votos entre los partidos políticos en la casilla 2046 E1, es de cuatrocientos cinco votos, magnitud que presuntamente no genera un cambio de ganador en la propia casilla; también debe considerarse los datos que se desprenden de los resultados del recuento de votos en la totalidad de las casillas de la elección de integrantes del ayuntamiento en el municipio de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, a efecto de establecer si se actualiza el carácter de determinante de la irregularidad que tuvo lugar en la casilla respectiva, por producir tal irregularidad individualmente considerada, un cambio de ganador en la elección municipal.
Por tanto, considerando que la irregularidad ocurrida en la casilla 2046 E1 sí es determinante para el resultado de la votación respectiva, al propiciar un cambio de ganador en la elección de los integrantes del ayuntamiento de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, debe decretarse la nulidad de la votación recibida en la citada casilla.
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XVI/2003, cuyo rubro es: "DETERMINANCIA COMO REQUISITO DE NULIDAD DE VOTACIÓN DE UNA CASILLA, SE CUMPLE SI LA IRREGULARIDAD TRAE COMO CONSECUENCIA EL CAMBIO DE GANADOR EN LA ELECCIÓN, AUNQUE NO SUCEDA EN LA CASILLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO Y SIMILARES)." En la que esencialmente se sostiene que una irregularidad es determinante para el resultado de la votación recibida en una sola casilla y, por tanto, debe decretarse su nulidad no sólo cuando la magnitud de esa específica irregularidad da lugar a un cambio de ganador en la respectiva casilla sino, por mayoría de razón, cuando dicha irregularidad en esa casilla, individualmente considerada, produce un cambio de ganador en la elección correspondiente, en tanto que si una anomalía o ilicitud afecta al todo se entiende que también trasciende a la parte, es claro que se respetan cabalmente los principios y reglas que conforman el sistema de nulidades.
En armonía con el criterio antes señalado, en el caso objeto de análisis, la irregularidad ocurrida en la casilla 2046 E1, produce la nulidad exclusivamente de la votación recibida en la propia casilla; la única irregularidad que sirvió de base para establecer el carácter de determinante para el resultado de la votación recibida en la casilla 2046 E1, fue la ocurrida en la propia casilla; por tanto, los efectos de la nulidad decretada respecto de la casilla 2046 E1 se contraen exclusivamente a la votación recibida en dicha casilla; trayendo como consecuencia la modificación de los resultados del cómputo de la elección municipal.
Una vez precisado lo anterior, y al haberse acreditado los elementos de la causal de nulidad en estudio, lo procedente es decretar la nulidad de la votación recibida en la casilla 2046 E1, por cuanto se refiere a la elección de concejales municipales al ayuntamiento de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca.
La responsable una vez que de manera incorrecta tiene por acreditada la irregularidad antes señalada, aduce que en el caso también se actualiza la calidad de determinante, ya que la irregularidad consistente en haberse emitido y computado un voto a nombre de una persona fallecida en la casilla 2046 E1, es determinante para el resultado de la votación recibida, pues para ello basta que la irregularidad que tuvo lugar en la propia casilla, individualmente considerada, tenga como consecuencia un cambio de ganador en la elección municipal, aun cuando aparentemente aquélla no produzca un cambio de ganador en la votación recibida en la casilla respectiva, apoyándose en la tesis XVI/2003, emitida por esa Sala Superior, de rubro: "DETERMINANCIA COMO REQUISITO DE NULIDAD DE VOTACIÓN DE UNA CASILLA, SE CUMPLE SI LA IRREGULARIDAD TRAE COMO CONSECUENCIA EL CAMBIO DE GANADOR EN LA ELECCIÓN, AUNQUE NO SUCEDA EN LA CASILLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO Y SIMILARES), sin que la misma sea aplicable al caso, además de que la novedosa interpretación de la Sala responsable contraría los principios de certeza y autenticidad de los resultados.
En efecto, en principio se destaca que el caso del cual deriva la tesis que le sirvió de sustento a la responsable fue el relativo al expediente SUP-JRC-200/2002, conocido como "caso Xochihuehuetlán".
Dicho asunto se trató de una elección cerrada entre el primero, el segundo e incluso el tercer lugar, pues el Partido de la Revolución Democrática obtuvo 929 votos, mientras que el Partido del Trabajo dos menos, esto es, 927, en tanto que Alianza para Todos (integrada por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México), obtuvo 921.
Del análisis que realizó la Sala Superior del Tribunal Electoral, de los agravios expuestos por el Partido del Trabajo, concluyó que su estudio se realizaría de manera conjunta, toda vez que se encontraba acreditada la conducta irregular argumentada por el partido político actor, esto es, que el día de la jornada electoral indebidamente se permitió votar a siete ciudadanos que no se encontraban en la lista nominal de electores de la casilla 2670 básica, tal como se había determinado en el juicio de inconformidad y en el recurso de reconsideración presentados por el partido actor.
Así, la controversia se centró en dilucidar cuál era la consecuencia que la irregularidad acreditada traía consigo, para efectos de determinar si se actualiza o no la causal de nulidad de votación recibida en casilla, prevista en el artículo 79, fracción VII, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral en el estado de Guerrero.
En la sentencia adoptada por mayoría de cuatro votos de los Magistrados de la Sala Superior (anterior integración), se acogió la pretensión del actor y, en consecuencia, se revocó la resolución impugnada, sobre la base de los razonamientos siguientes.
La irregularidad confirmada, consistente en que siete ciudadanos sufragaron indebidamente en la casilla 2670 básica, porque no se encontraron en la lista nominal de electores correspondiente a esa casilla, se estimó determinante para el resultado de la votación recibida en la casilla, pues para ello bastaba que la irregularidad que tuvo lugar en la propia casilla, individualmente considerada, tuviera como consecuencia un cambio de ganador en la elección municipal, aun cuando aquella no acarreara un cambio de ganador en la votación recibida en la propia casilla.
De las documentales que se encontraban agregadas en los autos, se advirtió que el cómputo final de la elección de integrantes del ayuntamiento en el municipio de Xochihuehuetlán, Guerrero, arrojó una diferencia entre el primer lugar, Partido de la Revolución Democrática, y el segundo lugar, Partido del Trabajo, de tan sólo dos votos.
De tal manera que, si se tenían en consideración los siete votos emitidos de forma irregular en la casilla bajo análisis respecto de la diferencia de votación entre el primer y segundo lugar en el cómputo de la elección, que era de dos votos, se evidenciaba que, contrariamente a lo sostenido por la autoridad responsable en la resolución impugnada, sí se actualizaba el supuesto de nulidad de votación recibida en la casilla precisada.
En este sentido se estableció que en la normativa electoral local se preveía que debía anularse la votación recibida en una casilla, entre otros supuestos, cuando además de acreditarse la irregularidad consistente en que se hubiese permitido votar a ciudadanos que no se encontraban en la lista nominal de electores, también se cumplía el supuesto de que dicha contravención resultara determinante para el resultado de la votación, lo cual se actualizaba en el caso.
En efecto, la Sala Superior arribó a la convicción de que debía decretarse la nulidad de la votación recibida en la casilla, no sólo cuando la magnitud de la específica irregularidad daba lugar a un cambio de ganador en la misma, sino, por mayoría de razón, cuando dicha irregularidad en la casilla, individualmente considerada, producía un cambio de ganador en la elección correspondiente, en tanto que si una anomalía o ilicitud afecta al todo se entiende que también trasciende a la parte.
De tal forma, la irregularidad determinada en la casilla producía la nulidad exclusivamente de la votación recibida en la propia casilla, al ser aquella la que sirvió de base para establecer el carácter de determinante respecto de los sufragios expresados en la casilla 2670 básica, por lo que los efectos de la nulidad decretada se contraían exclusivamente a la votación recibida en la misma casilla.
Asimismo, la consecuente modificación de los resultados del cómputo de la elección municipal impugnada son el resultado de la nulidad decretada respecto de la votación recibida en la casilla controvertida.
Ahora bien, es importante resaltar que la determinación fue tomada por mayoría de cuatro votos, siendo que la minoría formuló voto particular en los siguientes términos:
"Como puede observarse, la diferencia entre el Partido de la Revolución Democrática, quien obtuvo el primer lugar en la casilla con doscientos un votos, y la Coalición "Alianza para Todos" que obtuvo el segundo lugar en la votación con un total de ciento treinta sufragios, es de ochenta y un votos, en tanto que los votos emitidos irregularmente sólo sumaron siete, los que de manera evidente no resultan en términos de lo exigido por la norma legal, determinantes para el resultado de la votación en esa casilla, y, en consecuencia, resulta inviable determinar su anulación.
Además esta Sala Superior ha determinado en tesis de jurisprudencia que el concepto "determinante para el resultado de la votación", debe considerarse implícito aunque tal elemento no se mencione expresamente en alguna causal de nulidad. Tal criterio se encuentra recogido en la tesis de jurisprudencia con número de identificación (SUP043.3 EL3) J. 13/2000 cuyo rubro establece "NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AÚN CUANDO EN LA HIPÓTESIS RESPECTIVA TAL ELEMENTO NO SE MENCIONE EXPRESAMENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES)".
Como complemento del criterio anterior, este órgano jurisdiccional ha sostenido reiteradamente, como puede advertirse de los juicios de revisión constitucional electoral identificados con los números SUP-JRC-010/99, SUP-JRC-281/99, SUP-JRC-409/2000, SUP-JRC-443/2000, SUP-JRC-451/2000, SUP-JRC-471/2000, SUP-JRC-495/2000, SUP-JRC-194/2001, SUP-JRC-439/2001, SUP-JRC-247/2001, SUP-JRC-340/2001, SUP-JRC-377/2001, SUP-JRC-033/2002, SUP-JRC-061/2002 y 062/2002 acumulados y SUP-JRC-070/2002, entre otras cosas que el sistema de nulidades en el Derecho Electoral Mexicano, se encuentra construido de tal manera que solamente existe la posibilidad de anular la votación recibida en una casilla, por alguna de las causas señaladas limitativamente por los artículos que prevén las causales de nulidad relativas, y dicha causal sea determinante, no para la elección, sino para la votación en esa casilla, por lo que el órgano jurisdiccional que conozca del caso concreto, debe estudiar individualmente, casilla por casilla, en relación a la causal de nulidad que se haga valer en su contra, ya que cada una se ubica, se integra y conforma, específica e individualmente, de manera distinta, por lo que no es válido que al generarse una causal de nulidad, esta se traslade a otras casillas que se impugnen por igual; que la suma de irregularidades ocurridas en varias de ellas dé como resultado su anulación, o que la irregularidad o irregularidades ocurridas en las mismas de manera individual, trasciendan al resultado de la elección, pues es principio rector del sistema de nulidades en materia electoral, que la nulidad de lo actuado en una casilla, sólo afecta de modo directo a la votación recibida en ella. Tal argumentación es coincidente con la tesis de jurisprudencia con clave de publicación S3LJ21/2000 cuyo rubro se intitula.
"SISTEMA DE ANULACIÓN DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA CASILLA, OPERA DE MANERA INDIVIDUAL".
Por ello, en nuestra opinión, a pesar de que el cómputo municipal arroja una diferencia de dos votos entre el Partido de la Revolución Democrática, quien obtuvo el triunfo en la elección y el Partido del Trabajo, quien alcanzó el segundo lugar, la irregularidad advertida en la casilla de mérito, consistente en permitir sufragar a siete personas sin cumplir los requisitos legales para ello, no puede trascender al resultado de la elección, en tanto que no se surten los supuestos exigidos por la ley para ser considerada como nula la casilla individualmente.
Este razonamiento se apoya, además, en que la interpretación de las disposiciones que contemplan las ineficacias de los actos jurídicos, cualquiera que sea su naturaleza, deben ser interpretadas de manera estricta, en tanto que la consecuencia de su actualización, implica dejar sin efectos actos de la mayor preponderancia para el interés público de nuestro país, como lo es, en el caso concreto, el ejercicio del derecho de sufragio en las elecciones populares.
Por todo lo anterior, en el caso concreto, no debe aceptarse la interpretación que por mayoría de razón se hace en el proyecto, en el sentido de que los votos emitidos irregularmente en la casilla 2670 básica puedan trascender el resultado de la elección, en tanto que el contexto en el que debe ser calificada tal irregularidad, no debe trascender al estrictamente individual de cada casilla, tal como lo exige la Legislación del Estado de Guerrero.
En principio debe decirse que conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, las tesis o criterios relevantes que emite la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no son vinculantes para las Salas Regionales, ya que sólo lo son las jurisprudencias que emite conforme a las disposiciones correspondientes. En este sentido el criterio en el que se basó la Sala Regional no le era vinculante, sino en todo caso orientador.
Por otro lado, debe decirse que el criterio fue tomado por mayoría de cuatro votos de los siete magistrados de la anterior integración, de un asunto del año dos mil dos.
A partir de entonces, nuestro derecho electoral ha sufrido una serie de cambios, como la reforma electoral de 2007-2008, que entre otras cosas, instituyó que las Salas del Tribunal Electoral, sólo pueden decretar la nulidad de una elección por las causas expresamente previstas en la ley. El asunto varios 912/2010 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que nos dio luz sobre el control de la convencionalidad; la reforma al artículo 1 de la Constitución del año dos mil once; y la reforma electoral de hace unos días, por citar algunos ejemplos.
En este contexto es que se presenta el asunto que en esta oportunidad se somete a la potestad de esa Sala Superior, buscando en principio una determinación de fondo, dado que el problema que se plantea toca varios principios constitucionales de los que rigen nuestra materia electoral.
Por ello la determinación que llegue a tomarse puede eventualmente ser un parteaguas en relación con el concepto de determinancia, que debe aplicarse en el caso de las nulidades que se prevén en las legislaciones locales y federal.
Los criterios no son inmutables, y menos en la materia electoral, que derivado de cada elección se busca pulir aquellas cuestiones que necesitan alguna precisión. En estos casos, los criterios emitidos por el Tribunal Electoral han servido de modelo en varias reformas que se han suscitado.
Ahora bien, en el caso sostengo que la tesis en la cual se apoyó la Sala Responsable no era aplicable, derivado de las diferencias sustanciales que entre los dos asuntos se vislumbran.
Baste señalar que en el caso que dio origen a la tesis relevante, la causal de la cual derivó era la relativa a permitir sufragar a personas que no figuraban en la lista nominal de electores; de ahí que en relación al asunto que ahora nos interesa, el estudio sea distinto, al advertirse que aquí se trata de la causal genérica de nulidad de casilla.
En aquella oportunidad, se tuvo por acreditado que los votos irregulares, eran de personas que no cumplían con uno de los requisitos indispensables para emitir su voto en la correspondiente elección, pues aunque sí contaban con su credencial para votar con fotografía no cumplían con el otro requisito que consistía en estar inscritos en la lista nominal de electores respectiva, ni encuadrar en alguna de las excepciones legales previstas como son las relativas a los representantes de los partidos políticos en la mesa directiva de casilla respectiva, los ciudadanos que emitan su voto en alguna casilla especial o los ciudadanos que cuenten con copia certificada de los puntos resolutivos de una sentencia favorable del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano.
Como se observa, en aquella oportunidad sí se tuvo por acreditado de manera fehaciente quiénes fueron las personas que emitieron los votos, circunstancia que en nuestro caso no puede afirmarse tajantemente.
Por otra parte, una diferencia sustancial que debió haber ponderado la Sala Responsable es la relativa a que, en aquel caso, la irregularidad detectada era de siete votos, mientras que la diferencia entre el primer y segundo lugares era de tan sólo dos votos; de ahí que sí pudiera afirmarse que la irregularidad era determinante al grado de poder provocar un cambio en el ganador de la elección, cosa que en nuestro caso no se da, derivado de que la irregularidad alegada es tan sólo un voto y la diferencia entre primer y segundo lugar también de un solo voto, por lo que no existe la posibilidad de que pueda haber un cambio de ganador en la elección.
En aquel asunto, se razonó que atendiendo al hecho de que la irregularidad ocurrida en la casilla 2670 básica sí era determinante para el resultado de la votación respectiva, por propiciar un cambio de ganador en la elección de los integrantes del ayuntamiento de Xochihuehuetlán, Guerrero, debía decretarse la nulidad de la votación recibida en la citada casilla.
Esto es, lo primero que se atendió fue que al haberse acreditado la irregularidad en siete votos, ello propiciaba el cambio de ganador al tenerse la diferencia entre el primer y segundo lugar de tan solo dos votos, por lo que la consecuencia era decretar la nulidad de la votación recibida en esa casilla.
Como podemos observar, en esa oportunidad la Sala Superior determinó primero si la irregularidad sola provocaba el cambio de ganador y, una vez corroborado esto, procedió a la nulidad de la casilla.
En nuestro caso, la Sala Regional no advirtió que la irregularidad detectada por sí sola no provocaba un cambio de ganador de la elección, sino la que lo provocó fue ella misma al decretar la nulidad de la casilla, cuestión totalmente distinta a lo que señala la tesis.
Esa sola circunstancia, trajo consigo que la Sala Regional al otorgar una consecuencia que no debía haberle dado, suplantara a los electores decidiendo ella misma el resultado de la elección, al revertir los resultados derivado del recuento de votos, toda vez que la irregularidad por sí misma no provocaba el cambio de ganador de la elección.
En todo caso, lo que tuvo que haber ponderado la Sala Responsable era que la irregularidad al no provocar el cambio de ganador en la elección, debía verificar el resultado de la casilla que fue de 408 a favor del partido que represento, y de 3 votos para el segundo lugar, esto es, una diferencia de 405 votos entre el primer y segundo lugar y en este caso, optar por no anular la casilla, privilegiando la votación copiosa en ella.
Pues no puede entenderse como es posible que un solo voto pueda provocar anular la voluntad de los 419 ciudadanos que votaron en esa casilla.
En este sentido, la actuación de la responsable se encuentra fuera de toda proporción y lógica, además de que atenta contra el principio jurídico siguiente:
Principio de conservación de los actos electorales. Que sostiene que por regla general y normal los actos electorales tienen el propósito de ser eficaces y producir plenamente sus efectos. Siendo la excepción lo contrario, por lo tanto, debe privilegiarse, en la medida que lo permitan las circunstancias particulares del caso concreto, la eficacia total del acto. Esto es, opera la presunción de validez, iuris tantum, de los actos electorales.
En este sentido, en virtud de proteger la voluntad del cuerpo electoral, siempre que aparezca la duda respecto de la validez del acto electoral (por ejemplo, votación recibida en casilla), debe resolverse a favor de la conservación del acto y no de su nulidad, puesto que ésta debe verse como un remedio excepcional y último. Esto es así, porque la nulidad electoral no se establece a fin de garantizar la observancia de las formas sino el cumplimiento de los fines buscados con ellas. En este caso el de conocer realmente cual fue el resultado real de las elecciones.
Este principio se recoge en la tesis de jurisprudencia de la Sala Superior de ese Tribunal Electoral, cuyo rubro es: "PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN".
En conclusión, conforme a este principio, solamente procederá la anulación cuando se vulnere un aspecto esencial del bien jurídicamente tutelado, como puede ser un principio rector o alguna característica del sufragio.
Otra consecuencia, íntimamente vinculada con el principio en estudio, consiste en que la interpretación de cada uno de los supuestos normativos de las nulidades electorales debe llevarse a cabo de manera restrictiva, sin admitirse una aplicación analógica, con el objetivo de preservar su eficacia frente a su anulación, lo cual no implica que los únicos casos de nulidad sean los previstos en la ley secundaria.
En materia electoral, la nulidad debe ser declarada en vicios o defectos que afecten sustancialmente el ejercicio del voto respecto de alguna de sus características o alguno de los principios rectores, lo cual constituye, por sí mismo, un perjuicio irreparable y la existencia de una irregularidad grave y trascendente.
En esta parte debe valorarse que la circunstancia de que 419 ciudadanos hayan acudido a las urnas a depositar su voto, en el ejercicio más amplio del poder que se les otorga para elegir a sus gobernantes, consagrado inclusive en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, no puede en modo alguno ser menoscabado por la interpretación restrictiva de la Sala Responsable, pues no se encuentra previsto ni en ese tratado internacional ni en la Constitución Federal, local, ni en la ley, ni mucho menos en alguna jurisprudencia de esa Sala Superior, que el empate en alguna elección provoque la nulidad de una casilla electoral.
Además es lógico que no se contemple dicha circunstancia, pues el hecho de que un solo voto pueda anular los 418 votos restantes no parece ser una medida idónea, racional ni proporcional, mayormente si se toma en cuenta que ese solo voto no provoca el cambio de ganador de la elección.
QUINTO. La interpretación de la responsable violenta lo dispuesto en los artículos 1, 35 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por los artículos 1, 23, 29 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en cuanto a que su interpretación es alegada del principio de progresividad con lo que restringe la participación de los ciudadanos en la elección de su presidente municipal, anulando su voto en una hipótesis no contemplada en la Constitución Federal ni en los tratados internacionales, contrariando su deber de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
En efecto, recordemos que el reciente reformado artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
El artículo 35, fracción I de nuestra carta magna, dispone como derechos de los ciudadanos el votar en las elecciones constitucionales.
Por su parte el artículo 41 de la propia Constitución señala como una de las características del voto el de igualdad, en la que el voto de un ciudadano tiene el mismo valor que el de otro.
Por otro lado, el artículo primero de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos señala que los Estados parte se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
El artículo 23.1, inciso b) de la convención en cita, dispone que todos los ciudadanos deben gozar del derecho de votar y ser elegidos en elecciones auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores.
Por su parte, en la misma Convención se señala en su artículo 29 que ninguna disposición de ella puede ser interpretada en el sentido de permitir a alguno de los Estados partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella; limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra Convención en que sea parte de uno de dichos estados.
En la misma línea, el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala que todos los ciudadanos gozaran del derecho de votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores.
Bajo este marco normativo, es que la interpretación que realiza la Sala responsable se aleja de los principios antes mencionados en la medida que soslaya que la nulidad de la elección recibida en una casilla o en una elección, es de tal trascendencia que sólo puede ser decretada por las causas expresamente previstas en la ley, ya que ese acto supone la eliminación de la voluntad ciudadana reflejada en los votos emitidos en las urnas, los cuales pierden su valor y con ello el derecho a ser tomados en cuenta para decidir de manera libre a sus gobernantes.
Si bien es cierto que la Sala Responsable tiene la posibilidad de anular la votación recibida en una casilla, no puede realizarlo de manera arbitraria ni caprichosa, pues debe ceñirse a lo expresamente señalado en la ley aplicable, bajo las hipótesis previstas, en este caso, en el artículo 76 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Oaxaca.
Ya que en el caso, tratándose de anulación o restricción de los derechos previstos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que México es parte, -como el de votar en las elecciones mediante voto universal e igual-, solo puede decretarse mediante las causas expresamente señaladas en dichos cuerpos normativos o en la ley, pero jamás podrá hacerse mediante una interpretación que amplié esos supuestos por analogía o por mayoría de razón.
En el caso en específico, no encuentro alguna disposición que señale que proceda la anulación de la votación recibida en una casilla, cuando la irregularidad detectada provoque el empate en la elección. Puesto que la tesis en la que se apoya la responsable, señala que procede la misma, cuando la irregularidad por sí sola pueda provocar el cambio del ganador de la elección, cosa que en nuestro asunto no sucede.
En todo caso, tampoco podría aplicarse la tesis argumentado analogía o mayoría de razón, ya que tratándose de las restricciones de los derechos humanos no cabe las interpretaciones de este tipo.
Lo anterior en virtud de que tratándose de limitaciones o restricción de los derechos humanos, como en el caso de que el voto emitido por los ciudadanos cuente de manera legítima, no caben interpretaciones amplias, ya que en el caso de la nulidad de casilla sólo puede decretarse si se surten los supuestos exigidos por la ley para ser considerada como nula la casilla individualmente.
Por ello ante la nula disposición que no señala que procede la nulidad de casilla en los casos en los que la irregularidad provoque el empate en la elección, una interpretación progresista del derecho fundamental de votar y ser votado, nos llevaría a concluir que en estos casos, no puede anularse la casilla, ya que el efecto es desproporcionado y afecta de sobremanera sin sustento jurídico los votos que fueron emitidos de manera correcta. Máxime si tomamos en cuenta que la votación recibida en esa casilla me favorece con 405 votos de diferencia con respecto al segundo lugar.
En esta línea argumentativa, no existe correspondencia en cuanto a la igualdad del voto, con la interpretación realizada por la Sala Responsable, pues en los hechos le da más peso al voto emitido de manera irregular al grado de que esa sola circunstancia está invalidando los otros 418 votos que fueron emitidos por ciudadanos con plenos derechos y de manera válida, sin que el caso se advierta que ese voto irregular provoque el cambio de ganador como de manera falaz y sin sustento argumenta la autoridad responsable.
Por las anteriores circunstancias es que acudo ante esta Sala Superior a efecto de restablecer el marco constitucional que ha sido quebrantado derivado de la emisión de la sentencia de la sala regional, que provocó un cambio de ganador.
II. Recepción de documentación. Con esa misma fecha, se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior el oficio por el que el Secretario General de Acuerdo de la citada Sala Regional remitió, las demás constancias que estimó pertinentes que se precisan en el oficio TEPJF-SRX-SGA-2161/2013.
III. Formación de expediente y turno a ponencia. Ese mismo día, el Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional acordó integrar el expediente al rubro indicado y turnarlo a la ponencia del Magistrado Constancio Carrasco Daza, para los efectos previstos en los artículos 19 y 68 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
IV. Ampliación de demanda presentada por Armando López Velarde Campa. El quince de diciembre siguiente, Jesús Nolasco López, presentó escrito de ampliación de demanda.
V. Radicación, admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, el Magistrado Instructor radicó, admitió y declaró cerrada la instrucción, con lo cual el presente asunto quedó en estado de dictar sentencia, la cual se pronuncia al tenor de los siguientes
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 41, párrafo segundo, Base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción X, y 189, fracción XIX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 4 y 64, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un recurso de reconsideración interpuesto en contra de una sentencia de fondo dictada por una Sala Regional.
En el caso se cumple con los requisitos generales y especiales de procedencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, 9, 13, párrafo 1, inciso b); 61, párrafo 1, inciso b), 62, párrafo 1, inciso a), fracción IV; 63, 65, y 66, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, tal y como se demuestra a continuación.
I. Forma. La demanda se presentó por escrito ante la autoridad responsable; en ella se hace constar el nombre del partido recurrente, el domicilio para oír y recibir notificaciones y las personas autorizadas para tal efecto; se identifica el acto impugnado, se enuncian los hechos y agravios en los que se basa la impugnación, así como los preceptos presuntamente violados; por último, se hace constar tanto el nombre como la firma autógrafa de quien promueve en representación del partido recurrente.
II. Oportunidad. El medio de impugnación se presentó dentro del plazo legal de tres días, en virtud de que la sentencia impugnada se emitió el nueve de diciembre de dos mil trece y fue notificada personalmente al representante propietario del partido recurrente el doce del mimo mes y año, siendo que el recurso de reconsideración se interpuso el catorce de diciembre siguiente.
III. Legitimación y personería. La demanda fue interpuesta por parte legítima conforme a lo previsto por el artículo 65, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ya que, el recurrente lo es el Partido Unidad Popular, quien cuenta con registro como partido político nacional.
La personería de Jesús Nolasco López como representante propietario del partido político recurrente, está acreditada en términos del artículo 65, apartado 1, inciso c), del ordenamiento procesal citado, porque tiene tal calidad ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana de Oaxaca.
IV. Definitividad. Se cumple con este requisito, ya que la sentencia combatida se emitió dentro de un juicio de la competencia de una Sala Regional de este órgano jurisdiccional federal, respecto de la cual no procede algún otro medio de impugnación.
V. Requisito especial de procedencia. En la especie se acredita el requisito en cuestión, atento a las siguientes consideraciones.
En el artículo 61, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral se establece que el recurso de reconsideración es procedente para impugnar sentencias de fondo dictadas por las Salas Regionales de este Tribunal Electoral.
En los incisos a) y b) del precepto en cita, se prevén los actos que pueden ser objeto de controversia mediante el recurso de reconsideración, a saber:
•La asignación de diputados y senadores electos por el principio de representación proporcional, que lleve a cabo el Consejo General del Instituto Federal Electoral.
•Las sentencias dictadas en los demás medios de impugnación de la competencia de las Salas Regionales, cuando éstas hubiesen determinado la no aplicación de una ley electoral, por considerarla contraria a la Constitución Federal.
Como se observa la procedibilidad del recurso de reconsideración, tratándose de sentencias dictadas en cualquier medio de impugnación diferente al juicio de inconformidad, se actualiza en el supuesto de que la Sala Regional responsable hubiese dictado una sentencia de fondo, en la cual haya determinado la inaplicación de una ley electoral, por considerarla contraria a la Constitución General de la República.
Sin embargo, para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, que incluye el derecho de acceso a la justicia, el respeto a las garantías mínimas procesales, así como el derecho a un recurso efectivo, de conformidad con lo previsto en los artículos 1º y 17 de la Constitución General, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establecen los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, esta Sala Superior ha ampliado la procedencia del recurso de reconsideración, lo cual ha contribuido a la emisión de criterios que han fortalecido la facultad de revisar el control concreto de constitucionalidad que llevan a cabo las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En ese sentido, a partir de la interpretación sistemática y funcional de los artículos 17, 41 y 99, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 3, 61 y 62 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en los que se prevé que el recurso de reconsideración, como parte del sistema de medios de impugnación en materia electoral que garantiza el respeto a los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, es el medio a través del cual la Sala Superior está facultada para revisar las sentencias relativas a la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la Constitución.
Conforme a lo expuesto, el recurso de reconsideración también es procedente cuando existen irregularidades graves, plenamente acreditadas, que atenten contra los principios constitucionales y convencionales exigidos para la validez de las elecciones, respecto de las cuales las Salas Regionales no hayan adoptado las medidas necesarias para garantizar su observancia, siempre que tales medidas hubieran sido solicitadas en tiempo y forma por los accionantes ante el órgano jurisdiccional responsable o hayan omitido su análisis, toda vez que es deber de este órgano jurisdiccional verificar y preservar la regularidad constitucional de todos los actos realizados durante el proceso electoral, a fin de garantizar la plena observancia de los principios indicados.
Lo anterior cobra relevancia si se aduce que el análisis implicó la interpretación directa de la norma constitucional, de sus principios y bases, de manera tal que con ello el órgano jurisdiccional definió su alcance o contenido y esa actividad hermenéutica resulte, a juicio de los recurrentes, restrictiva de los principios constitucionales, en tanto que una diversa interpretación pudiera generar o propiciar la expansión de su fuerza normativa y la vigencia de sus principios.
En el caso, el partido Unidad Popular alega que la Sala Regional responsable en los autos del expediente SX-JRC-335/2013, realizó un ejercicio interpretativo del concepto "determinancia" como requisito de nulidad de la casilla, que implicó de facto una restricción o anulación al principio de certeza como eje rector de la materia electoral contenido en el artículo 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que llevó a otorgar un resultado a favor de la Coalición "Unidos por el Desarrollo", sin que ello pudiera advertirse de los resultados a los que arribó, y lo cual es totalmente alejado de la realidad y de lo decidido de manera soberana por los habitantes del municipio de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca.
Bajo este contexto, manifiesta el recurrente que a fin de respetar la decisión soberana de los habitantes del referido municipio, se debió confirmar los resultados derivados del recuento, ya que al no surtirse los efectos de la nulidad de casilla a los que se refiere el artículo 76, inciso k), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Oaxaca, debió interpretar dicha causal de manera sistemática y funcional en relación con los artículos 1, 14, 16, 35, 39,41 y 116, fracción IV, inciso a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los que se instituyen los principios de certeza y seguridad jurídica, rectores del proceso electoral y el derecho de los ciudadanos a elegir.
El recurrente señala que la determinación de la Sala responsable al decretar la nulidad de la casilla 2046 E1, con base en la irregularidad que en modo alguno quedó acreditada, y con ello haber modificado los resultados de la elección, atentó contra la certeza de los resultados de la casilla y de la elección misma, pues su actuar trajo consigo que en la práctica, la autoridad responsable haya suplantado la voluntad del electorado, lo que la llevó ilegalmente a otorgarle el triunfo a la Coalición "Unidos por el Desarrollo", sin que se desprenda que esa hubiese sido la elección real de los electores.
En ese sentido, esta Sala Superior estima que es procedente el recurso de reconsideración interpuesto por el partido político Unidad Popular, pues de autos se desprende la existencia de irregularidades graves que posiblemente pueden afectar los principios constitucionales y convencionales rectores de los procesos electorales.
Por los motivos expuestos, al estar colmados los requisitos generales y especiales de procedencia del recurso de reconsideración, lo conducente es entrar al estudio de fondo de la litis planteada.
TERCERO. Ampliación de demanda. En concepto de la Sala Superior no ha lugar a admitir la ampliación de demanda presentada por el Partido Unidad Popular, toda vez que su lectura integral permite advertir que en modo alguno alega nuevos hechos estrechamente relacionados con aquellos en los que el actor sustentó sus pretensiones, o hechos anteriores que desconociera.
En resumen lo que se aduce es que la resolución impugnada impide que el partido político accionante, como unidad de ciudadanos indígenas, haciendo uso de su derecho de asociación política accedan al poder a través de elecciones realizadas conforme al derecho común. Agrega que el partido se compone en su mayoría de indígenas Triquis en las regiones del Estado de Oaxaca.
Luego entonces, no se dan los supuestos para tener por presentada la ampliación de demanda.
Al respecto resulta aplicable la jurisprudencias 18/2008 sustentadas por esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo contenido es el siguiente: "AMPLIACIÓN DE DEMANDA. ES ADMISIBLE CUANDO SE SUSTENTA EN HECHOS SUPERVENIENTES O DESCONOCIDOS PREVIAMENTE POR EL ACTOR.—Los derechos de defensa y audiencia, así como a la tutela judicial efectiva, previstos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implican que los justiciables conozcan los hechos en que se sustentan los actos que afecten sus intereses, para garantizarles la adecuada defensa con la posibilidad de aportar las pruebas pertinentes. Así, cuando en fecha posterior a la presentación de la demanda surgen nuevos hechos estrechamente relacionados con aquellos en los que el actor sustentó sus pretensiones o se conocen hechos anteriores que se ignoraban, es admisible la ampliación de la demanda, siempre que guarden relación con los actos reclamados en la demanda inicial, dado que sería incongruente el estudio de argumentos tendentes a ampliar algo que no fue cuestionado; por ende, no debe constituir una segunda oportunidad de impugnación respecto de hechos ya controvertidos, ni se obstaculice o impida resolver dentro de los plazos legalmente establecidos."
CUARTO. Estudio de fondo. De los motivos de inconformidad transcritos en el resultando segundo, numeral I de la presente ejecutoria, se advierte que el accionante se queja, entre otras cuestiones, que la resolución impugnada es violatoria de los artículos 14 y 16, de la Constitución Política Federal, por la incorrecta valoración de las pruebas que obran en el expediente, que llevó a la Sala Regional a tomar una determinación carente de sustento, al estimar que se emitió un voto irregular al permitirse que sufragara una persona con la credencial que correspondía a María Socorro de Jesús, puesto que al examinar la lista nominal de electores se percató que en el recuadro identificado con el número ochenta y siete que correspondía a esta persona, se asentó la leyenda "VOTO 2013"; asimismo, que se plasmó en el apartado que contiene la leyenda de "VOTO" una "X".
Ante esa eventualidad, la responsable procedió a contar el número de ciudadanos que sufragaron, encontrando que cuatrocientos veintiún ciudadanos habían votado, cantidad que adujo coincide con el total de votos emitidos, tal como se desprende del acta de escrutinio y cómputo de la casilla 2046 extraordinaria 1, concluyendo el citado órgano jurisdiccional, que no podía considerarse que las leyendas descritas en el párrafo que antecede, se haya marcado por error el recuadro correspondiente a María Socorro de Jesús.
Tal afirmación en concepto del actor es incorrecta e insuficiente para desvirtuar el error en que pudo incurrir el funcionario de casilla encargado de estampar los sellos o marcar la lista nominal de electores, debido a que pudo votar otra persona y por error marcar el recuadro de la ciudadana fallecida, además de que la circunstancia de que en las listas nominales sigan apareciendo los nombres de difuntos, es una cuestión imputable al Instituto Federal Electoral, situación que puede generar se cometan faltas involuntarias como la que se hace valer.
Agrega el accionante que si bien está probada la muerte de la multicitada persona, no existe elemento que demuestre que su voto se depositó en la urna, inconsistencia que puede tener otra explicación lógica, tal como la mencionada en párrafos precedentes.
El agravio reseñado resulta sustancialmente fundado y suficiente para revocar la resolución impugnada.
Para evidenciar con nitidez la conclusión a que se arriba, es menester tener en cuenta lo siguiente:
1. El siete de julio de dos mil trece, se llevó a cabo la jornada electoral para elegir, entre otros, a los concejales municipales en el ayuntamiento de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca.
2. El trece siguiente, el Consejo Municipal realizó la sesión de cómputo municipal, cuyos resultados fueron los siguientes:
Coalición "Unidos por el Desarrollo" (PAN-PRD-PT)
Cuatro mil doscientos cincuenta y cuatro
Coalición "Compromiso por Oaxaca" (PRI-PVEM)
Dos mil novecientos noventa y siete
Cuatro mil doscientos sesenta y siete
Doce mil ciento ochenta y cuatro
3. De los resultados del cómputo municipal, la autoridad advirtió una diferencia igual o menor a un punto porcentual entre la votación obtenida por los candidatos que ocuparon el primero y segundo lugar en los comicios; por tanto, en términos de lo dispuesto en la ley electoral sustantiva local, ordenó el recuento de la totalidad de los paquetes electorales, el cual arrojo como resultados:
Cuatro mil doscientos sesenta y tres
Tres mil ocho
Cuatro mil doscientos sesenta y cuatro
Doce mil ciento setenta y nueve
4. Conforme a este cómputo, el Consejo Municipal declaró la validez de la elección, y expidió las constancias de mayoría respectivas a la planilla postulada por el Partido Unidad Popular.
CÓMPUTO DE CASILLA:
Por cuanto al cómputo de la votación recibida en la casilla 2046 Extraordinaria 1, también deben tenerse en cuenta los siguientes acontecimientos.
a) Los funcionarios de casilla una vez cerrada la votación, procedieron a realizar el escrutinio y cómputo de los sufragios depositados en la urna, dando los resultados siguientes:
b) El Consejo Municipal tomando en consideración que del cómputo final de la elección se desprendía que la diferencia de votos entre el candidato que ganó la elección y el ubicado en segundo lugar, era igual o menor a un punto porcentual, ordenó y procedió al recuento total de las casillas, a excepción de aquellas que hubieren sido aperturadas.
c) Para el cumplimiento de este punto de acuerdo, se formaron tres grupos de trabajo, correspondiendo al tercero llevar a cabo el cómputo de la casilla 2046 Extraordinaria1; diligencia en la cual se obtuvieron como resultados siguientes:
ESTUDIO DEL AGRAVIO:
A partir de las precisiones anteriores, como se apuntó en epígrafes precedentes, en concepto de este órgano jurisdiccional, lo fundado del agravio deriva de que tal como lo señala el recurrente, la Sala Regional hizo incorrecta valoración de las constancias de autos.
Ciertamente, para arribar a la conclusión de que era procedente decretar la nulidad de la votación recibida en la casilla 2046 Extraordinaria 1, el mencionado órgano jurisdiccional federal consideró en resumen lo siguiente:
- Asistía la razón al entonces enjuiciante, en el sentido de que el Tribunal Electoral local al analizar los planteamientos formulados, omitió realizar el estudio de las casillas 2046 B y 2046 E1, en relación con la causal prevista en el inciso k), del artículo 76, de la Ley adjetiva electoral de Oaxaca, ni expuso razones que le impidieran realizar tal estudio.
- Por tanto, respecto de las referidas casillas, se violentó el principio de exhaustividad; de ahí que con fundamento en el artículo 6, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en plenitud de jurisdicción procedería a efectuar el estudio de dichas casillas, a partir de la causal genérica de nulidad establecida en el multicitado artículo 76, inciso k).
- La responsable, después de precisar la causa de nulidad y los elementos para su actualización, refirió los hechos en que ésta se sustentaba en los términos siguientes:
"El actor expone como irregularidad grave que en las casillas 2046 B y 2046 E1, votaron personas que tienen el carácter de finadas y que dichos votos indebidamente se computaron en las referidas casillas.
Para acreditar su dicho, al actor adjuntó a su escrito primigenio copias certificadas de las actas de defunción de JUAN GARCIA LOPEZ y MARIA SOCORRO DE JESUS, de las que se advierte que tienen el sello de la oficina del Registro Civil de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, firmando dichas certificaciones el Lic. José Antonio Brachetti Silva, en cuanto Oficial primero del Registro Civil."
- Resolvió que las copias certificadas de las actas de defunción exhibidas, al tener el carácter de documentos públicos, de conformidad con lo establecido en el artículo 16, párrafo 2, de la ley adjetiva procesal electoral de Oaxaca, era de concederles valor probatorio pleno, al no obrar prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que refieren.
- En relación con la sección 2046 Básica, advirtió en la lista nominal en el recuadro identificado con el número 232, correspondiente al nombre de JUAN GARCIA LOPEZ, sin el sello de la leyenda "VOTO 2013", ni tampoco alguna otra señal para desprender que el mencionado ciudadano había votado; por tanto, consideró sin sustento el alegato del actor al afirmar que el referido ciudadano aparecía en la lista nominal con la leyenda correspondiente a "VOTO 2013".
- En relación con la sección 2046 Extraordinaria 1, la Sala Responsable sostuvo inferir a primera vista que MARIA SOCORRO DE JESUS, sí voto en la casilla, pues de la copia certificada de la lista nominal de electores, se desprendía, en el recuadro identificado con el número ochenta y siete, correspondiente al nombre de MARIA SOCORRO DE JESUS, la leyenda "VOTO 2013", además de haberse plasmado una marca con el signo "X" en el recuadro de rubro "VOTO".
- Así, estimó que ante la posibilidad de un error del funcionario de casilla encargado de asentar los sellos o marcas en la lista nominal, procedía a verificar el total de ciudadanos que votaron de acuerdo a los sellos y marcas asentados en el listado nominal de la casilla 2046 E1, arrojando un total de cuatrocientos veintiún ciudadanos; cantidad igual al total de votos emitidos en dicha casilla, tal y como se desprende del acta de escrutinio y cómputo de la casilla citada.
- Por tal motivo estimó que no se podía considerar marcado por error el recuadro correspondiente a María Socorro de Jesús, ya que de haber ocurrido así, no sería coincidente el número de ciudadanos que votaron con el total de votos emitidos en la casilla.
- Igualmente, al ser posible que se tratara de un homónimo, revisó de manera minuciosa la lista nominal de electores de la casilla 2046 E1, poder advertir su existencia como indebidamente pretendió justificar dicha irregularidad el tribunal local, lo que además se corroboraba con el informe del Secretario Técnico Normativo de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral.
- Con lo anterior, en opinión de la responsable, quedaba desvirtuada la posibilidad de que haya habido algún error en la impresión de la leyenda "VOTO 2013" en el listado nominal de la casilla 2046 E1.
- En este orden de ideas concluyó que en la casilla correspondiente a la sección 2046 Extraordinaria 1, el día de la jornada electoral se emitió un voto a nombre de MARIA SOCORRO DE JESUS, computado en la casilla, ya que el número de ciudadanos que votaron de acuerdo a los sellos y marcas asentados en el listado nominal, coincide con el total de votos emitidos de acuerdo con el acta de escrutinio y cómputo de la casilla.
- Dicha circunstancia se traduce en una violación grave, ocurrida el día de la jornada electoral, que pone en duda la certeza de la votación emitida en la casilla 2046 Extraordinaria 1, actualizándose el supuesto de nulidad previsto en el inciso k) del artículo 76 de la ley adjetiva electoral de Oaxaca.
Lo anterior es así, sostuvo la Sala, porque con ese hecho se violentan los principios, valores o bienes jurídicos fundamentales protegidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contenidos en el artículo 116, fracción IV, incisos a) y b), el cual establece que las Constituciones y leyes de los Estados deben garantizar elecciones, entre otras, la de los integrantes de los ayuntamientos, mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, así como también, que en el ejercicio de la función electoral sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad.
- También estimó vulnerado el principio de certeza, toda vez que la emisión y cómputo de un voto de una persona fallecida no encuentra sustento en la realidad material o histórica, al poner en duda el resultado de la votación de la casilla.
- Agregó que el elemento de la irregularidad irreparable durante la jornada electoral, se cumplió en el caso al no existir posibilidad jurídica o material para corregir, enmendar o evitar su trascendencia, al no |ser posible identificar con exactitud y precisión cuál fue el voto emitido a nombre de la persona fallecida.
- En cuanto al elemento determinante, la Sala Regional estimó que en el caso, se actualizó esa calidad cualitativamente, ya que la irregularidad consistente en haberse emitido y computado un voto a nombre de una persona fallecida en la casilla 2046 E1, es determinante para el resultado de la votación recibida, al bastar para ello que la irregularidad de la casilla, individualmente considerada, tenga como consecuencia un cambio de ganador en la elección municipal, aun cuando aparentemente aquélla no produzca un cambio de ganador en la votación recibida en la casilla respectiva.
Debe destacarse que la Sala expuso argumentos para justificar esta determinación; sin embargo, los mismos no se reseñan, en virtud de que las consideraciones sintetizadas son suficientes para evidenciar la ilegalidad de la resolución cuestionada, conforme a las razones que se exponen a continuación.
Las consideraciones reseñadas se estiman contrarias a derecho, porque la Sala Regional sustentó su determinación en el acta de escrutinio y cómputo de la casilla 2046 Extraordinaria 1, la cual carecía de eficacia jurídica al haberse llevado un nuevo recuento de la votación recibida, cuyos resultados finales se asentaron en el acta de escrutinio y cómputo de recuento total de votos.
En efecto, el señalado órgano jurisdiccional una vez que tuvo por acreditado que en la lista nominal de electores aparecía en el recuadro correspondiente a María Socorro de Jesús, la leyenda "VOTO 2013" y cruzado con una "X" el recuadro "VOTO", ante la posibilidad de un error del funcionario de casilla encargado de asentar los sellos o marcas en la lista nominal, procedió a verificar el total de ciudadanos que votaron de acuerdo a los sellos y marcas asentados en el listado nominal de la casilla 2046 Extraordinaria 1, obteniendo que un total de cuatrocientos veintiún ciudadanos habían ejercido su derecho activo al sufragio.
La cantidad indicada, la confrontó con el total de sufragios emitidos en dicha casilla, dato que desprendió del acta de escrutinio y cómputo de la casilla elaborada por los funcionarios designados, concluyendo que coincidían ambas cifras.
A partir de tal similitud, consideró que debía anular la votación recibida en el supracitado centro de votación, en tanto que al haberse permitido que votara una persona fallecida, tal circunstancia se traducía en una irregularidad determinante cualitativamente para el resultado de la elección, aun cuando no trascendiera en los resultados de la casilla.
Como se apuntó, lo inexacto de esta consideración deviene de que la Sala Regional incurrió en el error de apoyar el análisis del agravio sometido a su decisión, en el acta de escrutinio y cómputo de la casilla, cuando lo procedente era acudir al acta de recuento total de votos, levantada en la sesión de cómputo municipal por el Consejo Municipal Electoral celebrada el trece de julio de dos mil trece.
Al respecto, los artículos 236, 237, 244 y 245, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, disponen:
El cómputo distrital de la votación para diputados, se sujetará al procedimiento siguiente:
I.- Se abrirán los paquetes que contengan los expedientes de la elección que no tengan muestras de alteración, y siguiendo el orden numérico de las casillas, se cotejará el resultado del acta de escrutinio y cómputo contenido en el expediente de casilla, con los resultados que de la misma obren en poder del presidente del consejo distrital. Si los resultados de ambas actas coinciden, se asentará en las formas establecidas para ello;
II.- Si los resultados de las actas no coinciden, o no existe acta final de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla, ni obrase ésta en poder del presidente del consejo se procederá a abrir el sobre en que se contengan las boletas para su cómputo, levantándose una acta individual de la casilla. Los resultados se asentarán en la forma establecida para ello, dejándose constancia en el acta circunstanciada correspondiente;
III.- A continuación se abrirán los paquetes con muestras de alteración y se realizarán, según sea el caso, las operaciones señaladas en los incisos anteriores, haciéndose constar lo procedente en el acta circunstanciada respectiva;
IV.- En su caso, se sumarán los votos que hayan sido emitidos a favor de dos o más partidos coaligados, y que por esa causa hayan sido consignados por separado en el apartado correspondiente del acta de escrutinio y cómputo de casilla. La suma distrital de tales votos se distribuirá igualitariamente entre los partidos que integran la coalición; de existir fracción, los votos correspondientes se asignarán a los partidos de más alta votación;
V.- La suma de los resultados, después de realizadas las operaciones indicadas en los incisos anteriores, constituirá el cómputo distrital de la elección de diputados de mayoría que se asentará en el acta correspondiente;
VI.- Acto seguido, se abrirán los paquetes en que se contengan los expedientes de las casillas especiales, para extraer el de la elección de diputados y se procederá en los términos de las fracciones I, II y III de este artículo;
VII.- El cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de representación proporcional, será el resultado de sumar las cifras obtenidas según las dos fracciones anteriores, y se asentará en el acta correspondiente a la elección de representación proporcional;
VIII.- El consejo distrital verificará el cumplimiento de los requisitos formales de la elección, calificará y en su caso, declarará la validez de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa. Asimismo, verificará que los candidatos de la fórmula que haya obtenido la mayoría de votos, cumplan con los requisitos de elegibilidad previstos en este Código, y expedir la constancia de mayoría; y
IX.- Se harán constar en el acta circunstanciada de la sesión los resultados del cómputo, los incidentes que ocurrieren durante la misma, la calificación y la declaración de validez de la elección y de elegibilidad de la fórmula de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa, que hubiese obtenido la mayoría de votos.
1. Únicamente, cuando exista indicio de que la diferencia entre el candidato que presuntamente ganó la elección y el que haya obtenido el segundo lugar en votación es igual o menor a un punto porcentual, y al inicio de la sesión exista petición expresa del representante del partido que postuló al segundo de los candidatos antes señalados, el consejo distrital deberá realizar el recuento de votos en la totalidad de las casillas. Para estos efectos, se considerará indicio suficiente la presentación ante el consejo, de la sumatoria de resultados por partido consignados en la copia de las actas de escrutinio y cómputo de casilla de todo el distrito.
2. Si al término del cómputo, se establece que la diferencia entre el candidato presuntamente ganador y el ubicado en segundo lugar, es igual o menor a un punto porcentual, y existe la petición expresa a que se refiere el párrafo anterior, el consejo distrital deberá proceder a realizar el recuento de votos en la totalidad de las casillas. En todo caso, se excluirán del procedimiento anterior las casillas que ya hubiesen sido objeto de recuento.
3. Conforme a lo establecido en los dos párrafos inmediatos anteriores, para realizar el recuento total de votos respecto de una elección determinada, el consejo distrital dispondrá lo necesario, para que sea realizado sin obstaculizar el escrutinio y cómputo de las demás elecciones, y concluya antes del domingo siguiente al de la jornada electoral. Para tales efectos, el presidente del consejo distrital dará aviso inmediato al Director General; ordenará la creación de grupos de trabajo integrados por los consejeros electorales y los representantes de los partidos. Los grupos realizarán su tarea en forma simultánea dividiendo entre ellos en forma proporcional los paquetes que cada uno tendrá bajo su responsabilidad. Los partidos políticos tendrán derecho a nombrar a un representante en cada grupo, con su respectivo suplente.
4. Si durante el recuento de votos se encuentran en el paquete votos de una elección distinta, se contabilizarán para la elección de que se trate.
5. Se levantará un acta circunstanciada, en la que se consignará el resultado del recuento de cada casilla y el resultado final que arroje la suma de votos, por cada partido y candidato.
6. El presidente del consejo, realizará en sesión plenaria la suma de los resultados consignados en el acta de cada grupo de trabajo, y asentará el resultado en el acta final de escrutinio y cómputo de la elección de que se trate.
7. Los errores contenidos en las actas originales de escrutinio y cómputo de casilla, que sean corregidos por los consejos distritales siguiendo el procedimiento establecido en este artículo, no podrán invocarse como causa de nulidad ante el Tribunal.
8. En ningún caso podrá solicitarse a los tribunales electorales, que realicen recuento de votos respecto de las casillas que hayan sido objeto de dicho procedimiento en los consejos distritales.
1. Los consejos electorales municipales se reunirán el jueves siguiente al día de la elección a las once horas de la mañana, con el objeto de hacer el cómputo correspondiente a la elección de ayuntamientos.
2. Para este efecto:
I.- Se abrirán los paquetes que contengan los expedientes de la elección que no tengan muestras de alteración y, siguiendo el orden numérico de las casillas, se cotejará el resultado del acta de escrutinio y cómputo contenido en el expediente de casilla con los resultados que de la misma obren en poder del presidente del consejo municipal. Si los resultados de ambas actas coinciden, se asentará en las formas establecidas para ello;
III.- En su caso, se sumarán los votos que hayan sido emitidos a favor de dos o más partidos coaligados y que por esa causa hayan sido consignados por separado en el apartado correspondiente del acta de escrutinio y cómputo de casilla. La suma distrital de tales votos se distribuirá igualitariamente entre los partidos que integran la coalición; de existir fracción, los votos correspondientes se asignarán a los partidos de más alta votación; y
IV.- A continuación se abrirán los paquetes con muestra de alteración y se realizarán, según sea el caso, las operaciones señaladas en los incisos anteriores, haciéndose constar lo procedente en el acta circunstanciada respectiva.
3. Es aplicable al cómputo municipal de la elección de concejales a los ayuntamientos, el mismo procedimiento establecido para el cómputo distrital de la elección de diputados establecido en éste(sic) Código.
1. Una vez que el consejo municipal electoral haya efectuado el cómputo, la calificación y emitida la declaración de validez de la elección de concejales al ayuntamiento, el presidente del consejo municipal electoral expedirá la constancia de mayoría y validez, a la planilla de candidatos que haya obtenido el mayor número de votos, misma que será firmada por el presidente y secretario del consejo municipal electoral respectivo."
De los trasuntos numerales, se desprende en lo que interesa:
a) Que al cómputo municipal de la elección de concejales a los ayuntamientos, le es aplicable el procedimiento establecido para el cómputo distrital de la elección de diputados.
b) De las normas invocadas, se desprende el procedimiento a seguir para el cómputo municipal.
- Los Consejos Electorales Municipales se reunirán el jueves siguiente al día de la elección a las once horas de la mañana, con el objeto de hacer el cómputo de la elección de ayuntamientos, lo que harán cumpliendo en el siguiente orden:
- Se abrirán los paquetes que contengan los expedientes de la elección que no tengan muestras de alteración y, siguiendo el orden numérico de las casillas, se cotejará el resultado del acta de escrutinio y cómputo contenido en el expediente de casilla con los resultados que de la misma obren en poder del presidente del consejo municipal. Si los resultados de ambas actas coinciden, se asentará en las formas establecidas para ello.
- Si los resultados de las actas no coinciden, o no existe acta final de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla, ni obrase ésta en poder del presidente del consejo se procederá a abrir el sobre en que se contengan las boletas para su cómputo, levantándose una acta individual de la casilla.
- Los resultados se asentarán en la forma establecida para ello, dejándose constancia en el acta circunstanciada correspondiente.
- En su caso, se sumarán los votos que hayan sido emitidos a favor de dos o más partidos coaligados y que por esa causa hayan sido consignados por separado en el apartado correspondiente del acta de escrutinio y cómputo de casilla.
- La suma distrital de tales votos se distribuirá igualitariamente entre los partidos integrantes de la coalición; de existir fracción, los votos correspondientes se asignarán a los partidos de más alta votación; y
- A continuación se abrirán los paquetes con muestra de alteración y se realizarán, según sea el caso, las operaciones indicadas, haciéndose constar lo procedente en el acta circunstanciada respectiva.
- La suma de los resultados, después de realizadas las operaciones indicadas constituirá el cómputo distrital de la elección de diputados de mayoría que se asentará en el acta correspondiente. –Debe entenderse que los resultados obtenidos constituyen el cómputo municipal-
- Una vez que el consejo municipal electoral haya efectuado el cómputo, la calificación y emitida la declaración de validez de la elección de concejales al ayuntamiento, el presidente del Consejo Municipal Electoral expedirá la constancia de mayoría y validez, a la planilla de candidatos que haya obtenido el mayor número de votos.
- Únicamente, cuando exista indicio de que la diferencia entre el candidato que presuntamente ganó la elección y el que haya obtenido el segundo lugar en votación es igual o menor a un punto porcentual, y al inicio de la sesión exista petición expresa del representante del partido que postuló al segundo de los candidatos antes señalados, el consejo distrital deberá realizar el recuento de votos en la totalidad de las casillas.
- En todo caso, se excluirán del procedimiento anterior las casillas que ya hubiesen sido objeto de recuento.
- Para realizar el recuento total de votos respecto de una elección determinada, el Consejo Distrital dispondrá lo necesario, para que sea realizado sin obstaculizar el escrutinio y cómputo de las demás elecciones, y concluya antes del domingo siguiente al de la jornada electoral. Para tales efectos, el presidente del consejo distrital dará aviso inmediato al Director General; ordenará la creación de grupos de trabajo integrados por los consejeros electorales y los representantes de los partidos. Los grupos realizarán su tarea en forma simultánea dividiendo entre ellos en forma proporcional los paquetes que cada uno tendrá bajo su responsabilidad. Los partidos políticos tendrán derecho a nombrar a un representante en cada grupo, con su respectivo suplente.
- Se levantará un acta circunstanciada, en la que se consignará el resultado del recuento de cada casilla y el resultado final que arroje la suma de votos, por cada partido y candidato.
- El presidente del consejo, realizará en sesión plenaria la suma de los resultados consignados en el acta de cada grupo de trabajo, y asentará el resultado en el acta final de escrutinio y cómputo de la elección de que se trate.
- Los errores contenidos en las actas originales de escrutinio y cómputo de casilla, que sean corregidos por los consejos distritales siguiendo el procedimiento establecido en este artículo, no podrán invocarse como causa de nulidad ante el Tribunal.
Como se observa de las previsiones legales que anteceden, cuando los resultados del cómputo arrojen una diferencia igual o menor a un punto porcentual en la votación obtenida entre los candidatos que ocuparon las dos primeras posiciones, se deberá realizar el recuento total de la votación a petición expresa de los representantes de los partidos políticos.
Concluido el nuevo escrutinio y cómputo, el presidente del Consejo, realizará en sesión plenaria la suma de los resultados consignados en el acta de cada grupo de trabajo, y asentará el resultado en el acta final de escrutinio y cómputo de la elección de que se trate.
De esta forma, este nuevo cómputo viene a sustituir al efectuado por los funcionarios de casilla el día de la jornada electoral por disposición expresa de la ley, teniendo en cuenta que la finalidad de realizarlo es depurar los posibles errores que pudieran haber existido al momento de llevar a cabo el cómputo de los votos por parte de los funcionarios de los centros de recepción del sufragio ciudadano, es decir, tiene por objeto reparar aquellos que de manera involuntaria se produjeron y pueden incidir en el resultado de la elección, afectando el principio de certeza.
En efecto, el recuento encuentra sustento en el hecho de que el ejercicio del derecho al voto de los electores, no puede ser viciado por errores e imperfecciones cometidos por un órgano electoral desconcentrado, como lo son las mesas directivas de casilla integradas por ciudadanos escogidos al azar, a quienes aun cuando se les capacita para recibir la votación, esto no los exenta de que puedan incurrir en inconsistencias en el llenado de las actas o documentos electorales.
Así, para esclarecer esas inconsistencias, la ley autoriza a la autoridad electoral administrativa a efectuar el recuento y recalificación de los sufragios, cuando exista duda sobre los resultados de la votación, o cuando se actualicen las hipótesis previstas legalmente, con la finalidad precisamente, de salvaguardar el principio de certeza y que tales resultados reflejen la verdadera voluntad de los sufragantes.
De esta manera, el acta de escrutinio y cómputo de casilla deja de tener validez respecto de los resultados electorales consignados en ésta, al ser sustituida por el acta de cómputo municipal elaborada con motivo del recuento de la votación emitida, cuyos resultados han de considerarse para todos los efectos legales conducentes.
En atención a lo anterior, es evidente que la conclusión a que arribó la Sala Regional, al estar sustentada en un documento carente de eficacia jurídica en los términos apuntados, no es adecuada, tal como lo sostiene el partido recurrente.
En el contexto apuntado, asiste la razón al partido actor en el sentido de que aun cuando está demostrado que en la lista nominal de electores correspondiente a la casilla 2046 Extraordinaria 1, se asentó que María Socorro de Jesús votó el día de la jornada electoral conforme al sello y marca contenidos en dicho documento, no se encuentra acreditado en forma fehaciente que así hubiera sucedido o que alguno de los sufragios emitidos corresponde a una persona que votó con su credencial de elector.
Ciertamente, del acta de la sesión de recuento total de votos, así como del acta final de escrutinio y cómputo en la que se consignan los resultados de esa diligencia -inserta en epígrafes precedentes-, documentos que debió considerar la Sala Regional al hacer el examen correspondiente, los cuales merecen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 14 y 16, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se obtiene lo siguiente:
Una vez asignadas las casillas que correspondería recontar al grupo de trabajo tres, el Presidente de éste abrió los sobres que contenían los votos válidos, extrajo y mostró a los representantes que el sobre estaba vacío, los remitió al personal auxiliar para clasificarlos por partidos políticos y/o coaliciones y por candidatos no registrados, los cuales se ubicaron por separado sobre la mesa para ser computados.
Asimismo, extrajo los votos nulos de los sobres, mientras el personal auxiliar los ubicaba por separado junto a los votos válidos en la mesa de trabajo, y hechas las clasificaciones anteriores, el Presidente contó en voz alta la boletas inutilizadas, los votos válidos y nulos.
Enseguida se determinó el número de votos emitidos a favor de cada uno de los partidos políticos y/o coaliciones, candidatos no registrados y el número de votos nulos, capturándose la información de cada casilla en la hoja de operaciones correspondiente, siendo los resultados de la casilla en mención, los siguientes:
De los anteriores resultados se advierte que la votación emitida en la casilla en estudio, asciende a un total de cuatrocientos diecinueve sufragios, de los cuales se emitieron en favor del Partido de la Revolución Democrática tres; del Partido Unidad Popular, cuatrocientos ocho, y se anularon ocho votos.
Debe destacarse que por tratarse de rubros concernientes a votos, la votación emitida -cuatrocientos diecinueve-, debe coincidir con el número de electores que sufragaron conforme a la lista nominal, es decir, estos rubros deben tener correspondencia o equivalencia; sin embargo, cuando esto no sucede, debe hacerse el examen respectivo a fin de determinar si se computaron votos de manera irregular, o bien, se asentaron datos equivocados producto de error por los funcionarios de casilla, cuya magnitud es necesario dilucidar a fin de contar con elementos necesarios para establecer si se configura o no la causal de nulidad invocada, y si el error puede repercutir en forma determinante en el resultado de la votación.
Ahora bien, tal como lo sostuvo la Sala Regional, la revisión de la lista nominal de electores permite advertir que votaron cuatrocientos veintiún ciudadanos, cifra que difiere de la votación emitida -419-, conforme al resultado del recuento de la votación, por lo que tal discrepancia pone de relieve una inconsistencia entre los datos consignados en el acta de cómputo municipal de la casilla y la referida lista nominal correspondiente a la casilla 2046 Extraordinaria 1.
Debe tenerse presente que no siempre la diferencia señalada corresponde a una irregularidad de tal entidad que invalide la votación emitida, sino que ello pudo deberse a un error de los funcionarios de la casilla al registrar los datos, al hacerlo de forma incorrecta al llenar la documentación electoral.
Por tanto, a fin de establecer el alcance de la discrepancia o diferencia numérica que se desprende del acta de cómputo y lista nominal, se debe atender a los demás elementos que permitan reforzar la certeza sobre lo ocurrido en la casilla.
En este contexto, la irregularidad advertida en modo alguno afecta el resultado de la votación recibida en la casilla, y menos aún, en el resultado de la elección, opuestamente a lo razonado por la Sala Regional responsable.
Esto es así, porque el hecho de que aparezca el sello de "VOTO 2013", y cruzado el recuadro de "VOTO" con una "X" en la lista nominal de electores de dos ciudadanos más a diferencia de la votación emitida, tal circunstancia no necesariamente significa que se haya permitido sufragar, al menos, a un ciudadano que presentara una identificación que no corresponde a su persona, ya que es insuficiente para estimar que se emitió un voto con la irregularidad objeto de examen, máxime que en la documentación electoral, no se hace constar que hubieran ocurrido incidentes en tal sentido durante el desarrollo de la jornada electoral.
Corrobora lo expuesto que en las constancias de autos obra copia certificada del escrito presentado por Damián Arturo Bautista Olivo, quien dijo ser representante propietario de la mesa de casilla 2046 Extraordinaria 1; ocurso que denominó "escrito de incidencias ocurridas durante la jornada electoral", el cual obra a foja 429 del cuaderno accesorio número 2, en el que sólo se asentaron los siguientes hechos:
"Primero: desde que llegamos a la población tres jóvenes nos preguntaron a qué íbamos por lo que nos presentamos como representantes del PRD y chofer, posteriormente nos llevaron a la Agencia Municipal donde ya estaban instaladas las urnas. Cabe mencionar que el suscrito llegó 10 minutos antes de las 8:00 hrs, nos presentamos y firmamos las actas de instalación de las casillas, y nos dijeron que nos mantuviéramos a 20 metros aproximadamente sin poder acercarnos, opinar y votar.
Personas de la población nos manifestaron que estaba bloqueada la carretera en el Diamante Copala y así constantemente nos decían y que aproximadamente como a las 3 de la tarde me dijeron que no se hacían responsable de mi persona si me quedaba más tarde y que por mi bien mejor me retirara, por lo que una persona que traía una playera de Consejero Electoral me dijo que si quería firmara el acta y me la entregaría aquí en Juxtlahuaca, por lo que la firme sin que aun concluyera la jornada electoral.
Cabe mencionar que hasta el momento en que me retire que eran las 3:30 de la tarde habían votado aproximadamente como 250 personas. Por lo que opté retirarme por seguridad de mi persona ya que la población de Rastrojo Copala es una zona violenta.
C. Damián Arturo Bautista Olivo.
Rúbrica"
En este contexto, no hay datos sólidos que contradigan que la discrepancia en examen se debió a un error de los funcionarios de ese centro de votación, el cual en modo alguno puede ocasionar la nulidad de la votación recibida en la casilla, en tanto se reitera, se carece de elementos para establecer que un ciudadano votó con una credencial que no le pertenece suplantando a una persona fallecida.
Luego entonces, la anotación en la lista nominal de que votaron dos ciudadanos más tomando como punto de referencia la votación emitida en la casilla, y que se haya asentado que María Socorro de Jesús ejerció el derecho al sufragio -cuando está probado con el acta de defunción correspondiente, que falleció el dieciséis de diciembre de dos mil doce-, de manera alguna se traduce en la emisión de un voto de manera irregular, porque se reitera, esa circunstancia pudo deberse a un error al consignarse la leyenda "VOTO 2013" y la "X" en el recuadro de "voto".
La revisión integral de la referida lista nominal, se desprende que cincuenta y tres ciudadanos tienen el mismo apellido de "DE JESÚS", de los cuales tres que aparecen en los recuadros identificados con los números 85, 86 y 87, correspondientes a "DE JESUS MARÍA FELIPA", "DE JESÚS MARÍA MARGARITA" y "DE JESÚS MARÍA SOCORRO", respectivamente, solo varía el nombre; en los restantes cincuenta cambia el segundo apellido y el nombre, mismos que aparecen en los recuadros del 48 al 97.
En esta línea argumentativa, el hecho de que aparezca en la lista nominal que votaron cuatrocientas veintiún personas, cuando la votación emitida evidencia que sufragaron únicamente cuatrocientas diecinueve, esa inconsistencia de manera alguna puede estimarse como una irregularidad que afecte el resultado de la votación en la casilla, o en su defecto, de la elección, como de forma inexacta lo estableció la Sala Regional responsable.
El criterio que antecede encuentra respaldo, mutatis mutandi en la jurisprudencia de rubro: "ERROR EN LA COMPUTACION DE LOS VOTOS. EL HECHO DE QUE DETERMINADOS RUBROS DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y COMPUTO APAREZCAN EN BLANCO O ILEGIBLES, O EL NUMERO CONSIGNADO EN UN APARTADO NO COINCIDA CON OTROS DE SIMILAR NATURALEZA, NO ES CAUSA SUFICIENTE PARA ANULAR LA VOTACION.", consultable en la Compilación 1997-2012, Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, Jurisprudencia, Volumen 1, páginas 309 a 312, conforme a la cual, en aras de privilegiar la recepción de la votación emitida y la conservación de los actos de las autoridades electorales válidamente celebrados, se debe revisar el contenido de las demás actas a fin de advertir si hay error o no, o si es determinante para el resultado de la votación, de ahí que si en el asunto existió un error de los funcionarios de casilla en la anotación de los datos en la lista nominal de electores, que no trastoca la votación emitida y el cómputo de los votos, se carece de razón para afectar la validez de la votación recibida en la casilla 2046 Extraordinaria 1, en consecuencia, procede revocar la sentencia impugnada.
Por las consideraciones expuestas, resulta innecesario el estudio de los restantes motivos de inconformidad.
QUINTO. Tomando en consideración que la Sala Regional al estimar que el agravió que examinó era suficiente para anular la votación en una casilla, modificar el cómputo municipal y revertir el triunfo en la elección, pretensión última del Partido de la Revolución Democrática, consideró innecesario examinar los restantes motivos de inconformidad sometidos a su decisión.
En consecuencia, este órgano jurisdiccional procede al estudio de esos motivos de inconformidad en plenitud de jurisdicción, con base en el artículo 6, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Del escrito de demanda de juicio de revisión constitucional electoral, se advierte que el Partido de la Revolución Democrática expuso adicionalmente como agravios los siguientes:
1. Resulta ilegal el considerando séptimo de la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, en relación con el análisis del agravio segundo, ya que la responsable es la obligada a hacer llegar todos los elementos de prueba y, al tener conocimiento de la ofrecida por el actor, pudo haber solicitado la remisión directa a ese órgano jurisdiccional como diligencia para mejor proveer, por lo que ilegalmente demerita los medios de prueba, sin allegarse de otros que pudiera obtener, como solicitar al Subsecretario de Asuntos Religiosos de la General de Gobierno que remitiera dicho oficio para conocer el contenido del mismo, en tanto la responsable no puede ser omisa en considerar documento ofrecido por la recurrente.
Agrega que es inexacto lo sostenido en el sentido que, de no existir dicho documento, no se acredita el agravio, ya que ofreció otros medios de prueba para acreditar el hecho alegado –transcribe el apartado de pruebas del escrito de inconformidad-. Al respecto, sostiene el actor que tales pruebas se ofrecieron en conjunto para acreditar que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 76 inciso k), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca.
Continúa manifestando que esas probanzas no fueron debidamente analizadas y valoradas de fondo, tampoco se adminicularon, por lo siguiente:
En relación con la fe notarial presentada la responsable no entro a su estudio no obstante ser prueba plena y con la cual se acredita que los ciudadanos que se mencionan en el listado de votantes aparecen con la leyenda "VOTO 2013", pero sus credenciales para votar no se encuentran marcadas en el recuadro para este proceso electoral.
No se entró al estudio para determinar la legalidad del voto de Mariana Flores López, Claudia Flores López, Susana López Martínez, Margarita López Martínez, Juana González Guzmán, Alissa Jazmín Velasco Allende, Francisco Hernández y Jacinto Velasco Aguilera, ya que con la fe notarial se acredita que en el listado de votantes aparecen con la leyenda "VOTO 2013" pero en sus credenciales no se encuentra marcado ese recuadro para el proceso electoral, tomando en cuenta que tienen la calidad de desplazados ya que su vida se encuentra en riesgo al quedarse en la comunidad como se desprende del expediente MC-197-10 por tanto es imposible que intentaran acudir a las casillas de la sección que les corresponde a votar.
Por tanto, continúa el enjuiciante, la responsable tuvo que declarar la nulidad de las casillas 2046 Básica, Contigua 1 y Extraordinaria 1, con base en la causal del artículo 76, inciso k) de la Ley Adjetiva de Oaxaca.
2. En relación con el estudio del tercer agravio le irroga perjuicio lo resuelto, ya que los resultados fueron manipulados por lo siguiente:
a) La circunstancia de que el paquete electoral contenga boletas que no contenga marcas, irregularidad grave que influye en el resultado de la votación, ya que la diferencia entre primero y segundo lugar es de un voto.
Ese hecho está acreditado con los paquetes electorales, los cuales debieron ser solicitados al Órgano Electoral del Estado en virtud de haber ofrecido como prueba.
Es una irregularidad no reparable dada la diferencia de votos entre el primero y segundo lugar.
b) La afirmación de que expuso argumentos subjetivos sin sustento legal y que tampoco acompañó los elementos de convicción con los cuales se tuvieran por acreditados los hechos es inexacto porque el elemento de prueba idóneo eran los paquetes electorales de las casillas 2039 Extraordinaria 1 y 2047 Extraordinaria 1.
3. Del escrito de inconformidad se advierte que se actualizan diversas causales de nulidad en las casillas las que se acreditan con los medios de prueba ofrecidos que no fueron valorados por la responsable ya que, debieron analizarse los agravios y los medios de prueba de forma individual, y luego en su conjunto, ya que se observa una votación atípica, en tanto señaló que:
a) En las casillas 2046 Básica y 2046 Contigua 1, del municipio de Santiago Juxtlahuaca quedó demostrado el voto de personas que fallecieron.
b) En las casillas 2046 Básica, 2046 Contigua 1 y 2046 Extraordinaria se demostró que personas que no tenían su credencial perforada en el recuadro de la elección local, aparecían en la lista de votantes con la leyenda "VOTO 2013".
En las mismas casillas se demostró que personas desplazadas y que no tenían su credencial perforada en el recuadro de la elección local aparecían en la lista nominal con la leyenda "VOTO 2013".
Tales circunstancias evidencian un resultado atípico, ya que ningún otro partido, a excepción de Unidad Popular obtuvo más de cinco votos por casilla, lo que se debió a las irregularidades descritas irrogándole perjuicio que la responsable no haya analizado las pruebas de fondo.
Sin que sea óbice que el representante de casilla no haya hecho notar esas circunstancias, pues no están obligados a presentar escrito de incidentes.
Al existir un voto de diferencia en el resultado de la elección tales irregularidades resultan determinantes.
Agrega el accionante que hace suyo el voto particular del Magistrado Enrique Cordero Aguilar.
Los motivos de inconformidad resumidos en los párrafos que preceden, se estudian y resuelven en los siguientes términos.
En concepto de la Sala Superior son infundados los contenidos en el numeral uno de la reseña de agravios.
El relativo a que la autoridad responsable omitió solicitar al Subsecretario de Asuntos Religiosos de la General de Gobierno, lo infundado del agravio deviene de que contrariamente a lo que se señala, y como se razona en la sentencia del recurso de inconformidad, mediante proveído de veinticinco de septiembre del año en curso el tribunal requirió a la mencionada autoridad, quien a través del oficio 2407/2013 suscrito por el mencionado funcionario informó, que con fecha uno de agosto de dos mil trece, fue notificada la respuesta con el oficio número 1906/2013 al ciudadano Roberto Reyes González (hoy impugnante), anexando para ello el citado oficio, documental publica con pleno valor probatorio, en términos de los artículos 14, párrafo 1, inciso a), párrafo 3, c) y 16, párrafo 2 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Oaxaca.
A partir de lo anterior, el Tribunal Local estimó inoperante la irregularidad consistente en que votaron personas que tienen el carácter de desplazados de San Juan Copala, Juxtlahuaca, Oaxaca según expediente MC-197-10 lo que pretendía acreditar con el acuse de recibo de la petición que hizo al Secretario General de Gobierno de Estado de Oaxaca.
Lo anterior, porque el entonces recurrente incumplió con la carga probatoria que le impone el artículo 15, párrafo 2, del ordenamiento legal invocado, al dejar de aportar las pruebas para demostrar los hechos en que sustentó su impugnación, de ahí que debía desestimarse la causal de nulidad invocada respecto de las casillas 2046 Básica y 2046 Contigua.
En la especie el actor se queja de que no se llevó a cabo el requerimiento solicitado lo que es inexacto.
Por cuanto hace a que ofreció otras pruebas para que valoradas en su conjunto se tuviera por acreditado la causal de nulidad prevista en el artículo 76, inciso k) de la Ley Adjetiva del Estado, también debe desestimarse, porque si bien en la demanda del recurso de inconformidad se ofrecieron diversas pruebas, el accionante deja de precisar que hechos prueba con cada una así como de su concatenación.
Finalmente por cuanto a que el tribunal responsable omitió valorar el testimonio notarial que ofreció como prueba, debe señalarse que aun cuando de la resolución impugnada se advierte en relación con este tema no se aludió a dicho instrumento, de cualquier forma será insuficiente para acreditar los extremos pretendidos por el accionante, en tanto que en éste se contiene declaraciones de diversas personas que afirman que no van a poder votar porque corre peligro su vida, en tanto que constituye una declaración unilateral vertida ante el fedatario público carente de soporte probatorio alguno en relación con el hecho que se manifiesta.
En otro aspecto debe calificarse como inoperante el agravio en que se cuestiona lo sostenido por el tribunal responsable para desestimar el agravio que se hizo consistir que al abrir los paquetes electorales de las casillas 2039 Extraordinaria 1 y 2047 Extraordinaria 1 se apreciaron boletas que no presentaban las marcas de haber sido dobladas, en virtud de que el actor deja de cuestionar las consideraciones medulares en que se apoyó el tribunal local.
Esencialmente lo argüido en el sentido, de que a partir de los elementos que deben acreditarse para que se actualice la causal de nulidad invocada, como son irregularidades de tal magnitud graves que sean determinantes para el resultado de la votación, en la especie no se encontraban justificados, puesto que el lugar donde se encontraban resguardados los paquetes electorales desde la fecha en que se dejaron y hasta el momento que se dio inicio al cómputo municipal no habían sido alterados, lo que era de sostenerse porque estaban cerrados y debidamente resguardados en las oficinas del consejo municipal.
Así a partir de las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio el órgano jurisdiccional local concluyó que los paquetes electorales de las casillas en cita no fueron alterados ni se introdujeron boletas cruzadas a favor de algún partido político, porque coincidían los resultados del acta de escrutinio levantada por los funcionarios de las mesas directivas de casilla y los obtenidos por el propio Consejo Municipal; de ahí que si se hubieran introducido boletas para favorecer a algún partido, la votación necesariamente hubiera cambiado.
La inoperancia del agravio deviene de que el actor se limita a señalar que el hecho se acredita con los paquetes electorales, los que debieron ser solicitados a la autoridad electoral administrativa, dejando de controvertir de manera eficaz las razones reseñadas en lo esencial en el párrafo que antecede.
Por último, deben desestimarse las alegaciones reseñadas con el numeral tres del resumen de agravios que antecede, por las razones expuestas para declarar infundados e inoperantes los motivos de inconformidad previamente analizados, en virtud de que estos solo constituyen en esencia una reiteración de los ya examinados para evidenciar que hubo una votación atípica, de ahí que al dejar de acreditar las irregularidades en que sustenta su planteamiento igualmente en modo alguno puede tenerse por justificado que se emitió una votación en las condiciones que afirma el accionante.
SEXTO. EFECTOS DE LA SENTENCIA. Al haber resultado fundado el motivo de inconformidad hecho valer en el recurso de reconsideración y haberse desestimado los planteados en el juicio de revisión constitucional electoral, esta Sala Superior determina:
- Revocar la resolución pronunciada por la Sala Regional Xalapa en el expediente SX-JRC-335/2013.
- Dejar sin efectos la nulidad de la votación recibida en la casilla 2046 Extraordinaria 1.
- En consecuencia, revocar el cómputo municipal modificado por dicho órgano jurisdiccional, así como la orden y expedición de las constancias de mayoría relativa a la planilla de candidatos registrados por la Coalición "Unidos por el Desarrollo", en cumplimiento a dicha ejecutoria.
- Dejar sin efectos la asignación de Concejales por el principio de representación proporcional derivada del cumplimiento del fallo emitido por la Sala Regional.
En este orden, al haberse revocado los actos descritos en los párrafos que anteceden, procede:
- Confirmar el acta de escrutinio y cómputo levantada con motivo del recuento total de votos de la elección de Concejales del municipio de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca.
- Se confirma la determinación de otorgar las constancias de mayoría y validez expedidas en favor de la planilla postulada por el Partido Unidad Popular, así como la asignación de Concejales de representación proporcional y las constancias de asignación respectivas, conforme al acta de sesión especial de cómputo municipal llevada a cabo el trece de julio de dos mil trece y finalizada a las cuatro horas con veinte minutos del día catorce ulterior.
- Se vincula al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca por conducto de su Consejo General o del Consejo Municipal Electoral de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, para que de inmediato expida nuevamente las constancias de mayoría a la planilla de candidatos postulada por el Partido Unidad Popular, así como las constancias de asignación de representación proporcional conforme a lo ordenado en esta ejecutoria.
- Hecho lo cual, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca por conducto de su Consejo General o del Consejo Municipal Electoral de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, deberá informar a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de veinticuatro horas, el debido cumplimiento dado a esta ejecutoria.
PRIMERO. Se revoca la resolución pronunciada por la Sala Regional Xalapa en el expediente SX-JRC-335/2013; en consecuencia, se deja sin efectos la nulidad de la votación recibida en la casilla 2046 Extraordinaria 1.
SEGUNDO. Se revoca el cómputo municipal modificado por dicho órgano jurisdiccional.
TERCERO. Se revocan las constancias de mayoría relativa expedidas en cumplimiento de la sentencia de la Sala Regional, en favor de la planilla de candidatos registrados por la Coalición "Unidos por el Desarrollo".
CUARTO. Se deja sin efectos la asignación de Concejales por el principio de representación proporcional derivada del cumplimiento de la ejecutoria emitida por la Sala Regional.
QUINTO. Se confirman los resultados contenidos en el acta de cómputo municipal levantada con motivo del recuento total de votos de la elección de Concejales del Municipio de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca.
SEXTO. Se confirma la determinación de otorgar las constancias de mayoría y validez expedidas en favor de la planilla postulada por el Partido Unidad Popular, así como la asignación de Concejales de representación proporcional y las constancias de asignación respectivas, conforme al acta de sesión especial de cómputo municipal del Consejo Municipal Electoral de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, llevada a cabo el trece de julio de dos mil trece y finalizada a las cuatro horas con veinte minutos del día catorce ulterior.
SEPTIMO. Se vincula al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por conducto de su Consejo General o del Consejo Municipal correspondiente, para que, en los términos precisados en la ejecutoria, expida y entregue la constancia de mayoría a la planilla de candidatos del Partido Unidad Popular, así como las constancias de asignación de representación proporcional que correspondan.
OCTAVO. El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca por conducto de su Consejo General o del Consejo Municipal Electoral de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, deberá informar a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de veinticuatro horas, el debido cumplimiento dado a esta ejecutoria.
NOTIFÍQUESE, personalmente al partido recurrente por conducto del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca; por correo electrónico a la Sala Regional Xalapa, por oficio al Consejo Municipal Electoral de Santiago Juxtlahuaca, por conducto del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y, por estrados, a los demás interesados, en términos de lo dispuesto en los artículos 26, párrafo 3, 27 y 28 y 29, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados Electorales que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante el Secretario General de Acuerdos quien autoriza y da fe. Rúbricas.