Source: http://chequeescolar.hazteoir.org/2008/12/
Timestamp: 2017-03-23 18:10:29
Document Index: 248642400

Matched Legal Cases: ['artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 9', 'artículo 21', 'artículo 26']

Cheque Escolar » 2008 » diciembre
Objeción de Conciencia en Andalucía
12:49 h | Educación para la Ciudadanía,Libros,Noticias | chequeescolar | Comentarios cerrados 1L7wYN19eZcConcentración familiar en la Puerta de Jerez, de Sevilla, el 20 diciembre de 2008
El TS obliga al Gobierno catalán a garantizar el derecho a recibir la enseñanza en la lengua habitual
14:43 h | Libros,Noticias | chequeescolar | Comentarios cerrados El Alto Tribunal ha confirmado una sentencia del TSJC, que consideró discriminatorias para los alumnos castellano-hablantes de Infantil y Primaria algunas prácticas del último Ejecutivo de Pujol que ni Maragall ni Montilla corrigieron.
REDACCIÓN HO y EUROPA PRESS.- El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la sentencia dictada el 14 de septiembre de 2004 por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que obligó a la Conselleria de Educación de la Generalitat a consultar la lengua habitual de la familia o tutores de los menores en la preinscripción escolar y a tenerla en cuenta, como establece la Ley de Política Lingüística de 1998, en la enseñanza de Educación Infantil y del primer ciclo de Primaria.
La sentencia del Alto Tribunal considera que el procedimiento que emplea la Generalitat en cada curso escolar “incumple la previsión del artículo 21.2 de la Ley de Política Lingüística por omitir en el modelo de prescripción que se entrega a los padres las preguntas dirigidas a conocer la lengua habitual de los niños”.
Concretamente, la Ley de Política Lingüística establece en su artículo 21.2 que “los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea esta el catalán o el castellano. La Administración ha de garantizar este derecho y poner los medios para hacerlo efectivo. Los padres u tutores lo pueden ejercer en nombre de sus hijos instando a que se aplique”.
Los formularios de las preinscripciones escolares incluían hasta el curso 1998-1999 una casilla en la que las familias podían hacer constar su lengua de uso habitual. Sin embargo, el último gobierno de Jordi Pujol la eliminó y los gabinetes de Maragall y de Montilla no han vuelto a incluirla.
En su recurso ante el TS, la Generalitat defendía que la determinación de los medios a través de los cuales ha de hacer efectivo aquel derecho proclamado en el artículo 21.2 de la Ley de Política Lingüística, forma parte de la discrecionalidad reservada a la Administración.
Sin embargo, el Supremo rechaza todos los argumentos esgrimidos por la Generalitat y refrenda la sentencia del TSJC al estimar “más conforme con el ordenamiento” la incorporación en el impreso de preinscripción de “los medios necesarios (de forma sencilla, añadiendo un par de nuevas casillas en el impreso de preinscripción)” para hacer efectivo “el derecho de los niños a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual -ya sea ésta el catalán o el castellano-” y “facilitar su ejercicio por padres y tutores, todo ello a la luz de los principios contemplados en el artículo 9 de la Constitución”.
Este artículo de nuestra Carta Magna establece que “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.
El TSJC había estimado parcialmente un recurso por trato discriminatorio a los castellano-hablantes La sentencia del TSJC de 2004 (que se adjunta al final de este artículo) estimó parcialmente la demanda presentada el 15 de febrero de 2000 por la entidad Convivencia Cívica Catalana, que interpuso un recurso al considerar “discriminatorio” hacia los castellano-hablantes no preguntar su lengua de uso con el fin de tenerla en cuenta en la enseñanza Infantil y Primaria.
Aquella resolución de la Sección 5.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, que había sido recurrida por la Generalitat, establece “la obligación de la Administración educativa de adoptar las medidas necesarias para que en el modelo oficial se pregunte por su lengua habitual a los padres o tutores de los niños preinscritos en los cursos escolares en centros sostenidos con fondos públicos” y que ello ha de hacerse “antes del inicio de la matriculación, a fin de poder hacer efectivo su derecho a recibir en aquélla la primera enseñanza”.
Así mismo, la resolución ahora refrendada por el TS determina que ha de entenderse que la “primera enseñanza” a la que alude el artículo 21.2 de la Ley de Política Lingüística se corresponde con la etapa de Educación Infantil y el primer ciclo de Educación Primaria.
Sentencia del TSJ de Cataluña (14-09-04)
22:44 h | Libros,Noticias | chequeescolar | Comentarios cerrados Un Auto de medidas cautelares suspende “la denegación de la objeción de conciencia” que había acordado la Consejería de Educación.
Valencia da marcha atrás en la impartición de EpC en inglés
11:19 h | Educación para la Ciudadanía,Libros,Noticias | chequeescolar | Comentarios cerrados Valencia da marcha atrás en la impartición de EpC en inglés
OTR/PRESS, Valencia
La Consejería de Educación de la Comunidad Valenciana ha publicado una circular sobre orientaciones metodológicas para impartir la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) en la que da marcha atrás a su iniciativa de impartir las clases en inglés. De este modo, será el profesor titular de la materia el que decida en qué idioma quiere impartirla. Este curso podrá hacerlo en inglés, en castellano o valenciano. Si decide hacerlo en inglés necesitará una moratoria temporal para la correcta implantación de la EpC. Esta moratoria se aplicará este curso y podría afectar hasta un 47% de los 550 centros de la autonomía.
La Plataforma en Defensa de la Enseñanza, impulsora de la huelga educativa convocada para el 17 de diciembre, se ha mostrado dispuesta a aplazar el paro, según anunció la portavoz del colectivo y presidenta de la federación de asociaciones de madres y padres de alumnos de la provincia de Valencia, Gemma Piqué, quien valoró el “primer paso” que ha dado la Consejería de Educación.
12:23 h | Libros,Noticias | chequeescolar | Comentarios cerrados La discriminación más generalizada que sufre la enseñanza concertada es la deficiente financiación del módulo económico de concierto que mantiene un enorme diferencial con respecto al coste real de la enseñanza (según nuestros últimos datos el déficit medio por unidad, partida de otros gastos, es de 4.500 euros). A esta situación se suman las discriminaciones que se producen entre comunidades autónomas. El caso más llamativo es el del Bachillerato. Mientras que Valencia, País Vasco, Navarra y Baleares tienen concertado el Bachillerato, el resto de alumnos de la enseñanza concertada tienen problemas económicos reales para continuar sus estudios en el mismo centro en Bachillerato.
Publicado Por ACEprensa Jueves 11 de diciembre de 2008
C. Valenciana: algunos inspectores pretenden actuar contra los centros que respetan la objeción
16:26 h | Educación para la Ciudadanía,Libros,Noticias | chequeescolar | Comentarios cerrados VAEL recuerda que la normativa autonómica exige a los colegios e institutos que presten la debida atención educativa a los hijos de los objetores mientras sus compañeros reciben esas enseñanzas. El consejero lo confirma.
REDACCIÓN HO y AGENCIAS.- La agencia Europa Press informa de que algunos inspectores educativos han constatado que algunos centros concertados de la provincia de Alicante están permitiendo que se practique la objeción de conciencia a Educación para la Ciudadanía (EpC) y que en ellos hay alumnos que no están asistiendo a esas clases.
Así lo aseguró ayer Tudi Torró, presidenta de la Asociación de Inspectores de Educación del País Valencià (Adide-PV), de tendencia ideológica afín al PSOE, quien también manifestó que la Inspección ha remitido un informe negativo sobre estos hechos, ya que la asistencia a la materia es obligatoria y añadió que ahora es la Conselleria de Educación la que debe estudiar estos casos e intervenir.
Según refleja EFE, Torró (a quien no le consta que estas faltas de asistencia se estén produciendo en otros lugares de la Comunitat) afirmó que la objeción de conciencia frente a EpC es “ilegal”, porque la asignatura es obligatoria y resaltó que incluso el Tribunal Superior de Justicia anuló la posibilidad planteada por la Conselleria para aprobar EpC a través de la realización de varios trabajos porque “no se cursaría la asignatura sino los temas previamente elegidos por los padres y tutores”.
VAEL asegura que es Torró quien actúa contra la normativa vigente
Consultado por esta redacción, José Carlos Muñoz, portavoz de Valencia Educa en Libertad (VAEL) ha asegurado que, como docente, le “resulta difícil creer que la señota Torró haya podido hacer esas declaraciones, que son más propias de una comisaria política del Partido Socialista que de una inspectora; es verdaderamente increíble que esta mujer denuncie supuestas irregularidades en centros que se limitan a aplicar la normativa vigente”.
“Torró sabe que la Conselleria de Educación dictó el 30 de julio unas instrucciones que ordenan a los centros educativos respetar la decisión de las familias que hayan optado por la objeción de conciencia frente a EpC y que sus hijos sean atendidos por el profesorado de guardia durante las horas en que se imparta esa materia”, ha manifestado Muñoz. “Como inspectora, tiene la obligación de saberlo, cumplirlo y hacerlo cumplir; si actúa de otro modo, será ella, no las familias objetoras, quien contravenga la normativa vigente”, ha denunciado a continuación.
“Desde VAEL, animamos a todas los padres objetores a los que las direcciones de los centros (sea cual sea su titularidad) o los inspectores de zona traten de presionar para que sus hijos entren a la fuerza en clase de EpC, a que denuncien los hechos directamente ante el Servicio Central de la Inspección Educativa de la Comunitat Valenciana y exijan ante ella el cumplimiento de lo dispuesto en las instrucciones del 30 de julio”, ha añadido el portavoz de VAEL.
“Por otra parte”, ha querido matizar, “el TSJ de la Comunidad Valenciana (y esto es algo que Torró también conoce sobradamente) tan sólo ha adoptado medidas cautelares para suspender hasta que dicte sentencia la aplicación de la llamada opción B, pero aún no ha hecho mención alguna sobre el reconocimiento del derecho a objetar, pues los primeros recursos planteados ante el propio Tribunal por centenares de padres objetores, asesorados por CONCAPA y por VAEL, se hallan en las primeras fases de su tramitación”.
“Por eso y porque, como es de dominio público, el mismísimo Tribunal Supremo va a decidir en pleno de su Sala de lo Contencioso-Administrativo no sólo sobre la legitimidad del ejercicio de objeción de conciencia a EpC, sino también sobre la legalidad de los actuales currículos de estas materias puesta en cuestión por el TSJ de Andalucía, me parece una ligereza, cuando no una grave irresponsabilidad, que la señora Torró se haya permitido el lujo de afirmar que la objeción es ilegal”, ha explicado Muñoz.
“La presidenta de Adide-PV y todos sus miembros, teniendo en cuenta la importancia de la función inspectora dentro del sistema educativo, harían bien en actuar con rigurosidad y en no caer en la tentación de confundir sus deseos con la realidad”, ha concluido Muñoz.
Los interesados en recibir información o asesoramiento pueden dirigirse a valenciaeducaenlibertad@gmail.com Font de Mora desautoriza a Torró El conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, aseguró hoy, según informa Europa Press, que “el enfoque sobre los alumnos que presentan objeción para Educación para la Ciudadanía está perfectamente clarificado e indicado, marcado y reglamentado en la orden correspondiente”, que marca que “les debería ser permitido ocupar otro espacio del centro donde deberían ser atendidos, desde el punto de vista de la presencia de algún profesor”.
Font de Mora se refirió a esta cuestión tras ser preguntado acerca de que inspectores educativos han constatado que en centros concertados de la provincia de Alicante están permitiendo que se practique la objeción de conciencia a la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) y hay alumnos que no están acudiendo a clase.
En este sentido, el conseller recordó que en su momento se dijo que los alumnos y sus familias que tuvieran “algún problema” con esta asignatura “les debería ser permitido ocupar otro espacio del centro donde deberían ser atendidos, desde el punto de vista de la presencia de algún profesor, como se hace en otras Comunidades Autónomas de España, con este tipo de alumnos”. “Eso -insistió- ya está reglamentado y los profesionales tienen ahí la referencia de actuación, y no hay otra”.
La Declaración Universal de Derechos Humanos favorece a los objetores a EpC
19:48 h | Educación para la Ciudadanía,Libros,Noticias | chequeescolar | Comentarios cerrados Encuentro con José Luis Bazán, experto en Derechos Humanos, con motivo del 60 aniversario de la Declaración Universal por Naciones Unidas.
REDACCIÓN HO.- Con motivo del 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la asociación Profesionales por la Ética se ha entrevistado con José Luis Bazán para recabar su opinión sobre la objeción a Educación para la Ciudadanía.
El artículo 26.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos afirma que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Los padres objetores han percibido la violencia moral que se ejerce sobre sus hijos con Educación para la Ciudadanía.
Solamente los totalitarismos niegan el derecho a la objeción de conciencia.
No hay previsión legal que permita adaptar Educación para la Ciudadanía al ideario de un colegio.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha reconocido el derecho de los padres a oponerse al adoctrinamiento de sus hijos mediante asignaturas obligatorias.
En menos de un año, los objetores han pasado de ser descalificados socialmente a ser amparados por casi 200 resoluciones judiciales.
PREGUNTA. ¿Cómo es posible que se pueda objetar a Educación para la Ciudadanía, unas asignaturas que están en un real decreto de obligado cumplimiento? ¿No es ilegal esa objeción? RESPUESTA. Efectivamente, las leyes son obligatorias, están para ser cumplidas. Y porque la ley es obligatoria tiene sentido la objeción de conciencia, que es una excepción particular a una obligación legal general por razones de conciencia. Solamente los totalitarismos niegan el derecho a la objeción de conciencia. En España, afirma nuestro Tribunal Constitucional, la objeción es un derecho constitucional, y así ha sido reconocido en un amplio número de casos. Por ello, la objeción como derecho, por definición, no es ilegal, sino una exención jurídica que el propio Derecho reconoce y ampara.
PREGUNTA. ¿Qué sentido tiene objetar a Educación para la Ciudadanía en un colegio con ideario propio? RESPUESTA. No hay previsión legal que permita adaptar las asignaturas de Educación para la Ciudadanía al ideario propio. Estas materias están desarrolladas mediante normas legales de obligado cumplimiento. Por eso la única defensa es ejercer el derecho a la objeción de conciencia. Además, se trata de una cuestión de bien común; al objetar, los padres contribuyen a la defensa de la libertad de todos los padres. La defensa de los derechos fundamentales no es una tarea particular sino que hemos de asumir la defensa de los derechos y libertades de todos, especialmente de los más desamparados.
PREGUNTA. ¿Existe algún precedente europeo de objeción de conciencia en el ámbito educativo? RESPUESTA. Sí, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido la libertad ideológica de los padres y su derecho a negarse a que sus hijos sean adoctrinados en la escuela mediante asignaturas obligatorias en dos recientes casos frente a Turquía y Noruega. El Estado puede establecer materias objetivas, neutrales y pluralistas, pero nunca una doctrina oficial obligatoria, sea política, moral o religiosa. No solamente ocurre esto en Europa sino en otros tantos países de tradición democrática, como los Estados Unidos, donde su Tribunal Supremo ha reconocido exención a obligaciones generales como garantía de libertad ideológica de sus ciudadanos.
RESPUESTA. Es que ya lo están reconociendo. Hace un año el Gobierno y las administraciones autonómicas acusaban a los objetores de insumisos, y a sus hijos de absentistas; les amenazaban con procesos por dejación de las funciones paternas, y les descalificaban socialmente utilizando los medios de comunicación afines. En poco más de un año, los tribunales han dictado casi 200 resoluciones judiciales (entre sentencias y autos de medidas cautelares), la mayoría de las cuales reconocen la existencia del derecho a la objeción de conciencia.
22:21 h | Educación para la Ciudadanía,Libros,Noticias | chequeescolar | Comentarios cerrados Se trata de la primera familia a la que el Alto Tribunal respaldó en el ejercicio de la objeción para uno de sus hijos, a tres de cuyas hermanas ha eximido ahora.
1:32 h | Educación para la Ciudadanía,Libros,Noticias | chequeescolar | Comentarios cerrados La Plataforma de Pares i Mares Objectors de Catalunya, el Frente Objetor Catalán y la Plataforma d’Objectors del Vallès han presentado 200 nuevas objeciones en el Departamento de Educación.