Source: https://actualicese.com/normatividad/categoria/por-entidad/ministerio-de-hacienda/
Timestamp: 2018-03-22 13:40:58
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Resolución 0445 de 05-03-2018
Por la cual se fija el procedimiento para expedir las certificaciones de exención de renta de servicios hoteleros prestados en establecimientos nuevos y remodelados.
Proyecto de decreto modificaría plazos para declarar renta 2017 de grandes contribuyentes de 23-02-2018
El 23 de febrero de 2018, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público publicó un proyecto de decreto con el cual se adicionaría un parágrafo transitorio al artículo 1.6.1.12.2.11 de la sección 2, capítulo 13, título 1, parte 6 del libro 1 del Decreto 1625 de 2016 único reglamentario en materia tributaria, para establecer que el plazo para que las personas naturales calificadas como grandes contribuyentes declaren el impuesto sobre la renta y complementario por el año gravable 2017 y realicen el pago de la segunda y tercera cuota de dicho impuesto, sería el 10 de agosto de 2018, independientemente del último dígito del NIT. Los comentarios al proyecto se recibirán hasta el 9 de marzo de 2018.
Proyecto de decreto fijaría porcentaje de componente inflacionario año gravable 2017
El Ministerio de Hacienda publicó un proyecto de decreto con el cual pretende modificar el Decreto 1625 de 2016, en lo referente al componente inflacionario de los rendimientos financieros percibidos durante el año gravable 2017 por personas naturales y sucesiones ilíquidas no obligadas a llevar contabilidad. De acuerdo con el proyecto, no constituiría renta ni ganancia ocasional por el año gravable 2017 el 64,21% del valor de los rendimientos financieros percibidos en dicha vigencia. El mismo porcentaje se aplicaría como con constitutivo de renta ni ganancia ocasional al valor de los rendimientos recibidos de los fondos mutuos de inversión, fondos de inversión y fondos de valores. Por otra parte, de ser aprobado el proyecto, quedaría establecido como rendimiento mínimo por préstamos otorgados por la sociedad a sus socios o accionistas, o estos a la sociedad, por el año gravable 2018, el 5.21% anual.
Decreto 292 de 15-02-2018
Dado el interés de los contribuyentes por el mecanismo de pago “obras por impuestos”, el volumen de propuestas presentadas y las devoluciones a los formuladores, era necesario minimizar el riesgo relacionado con el hecho de que los proyectos no alcanzaran a quedar viabilizados y registrados en el banco de proyectos de inversión en las zonas más afectadas por el conflicto armado –Zomac– a 15 de febrero de 2018. Por ello, en la fecha mencionada, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el Decreto 292 con el cual amplía el plazo para el registro de proyectos hasta el día 15 de marzo de 2018, facilitando la culminación de los trámites respectivos con el cumplimiento de los requisitos de que trata el artículo 238 de la Ley 1819 de 2016.
Proyecto de decreto que reglamentaría el IVA en venta de bienes inmuebles
El 15 de febrero de 2018 el Ministerio de Hacienda publicó un proyecto de decreto con el que se pretende reglamentar los mecanismos de control para la correcta imputación del IVA descontable que debe corresponder proporcionalmente a los costos directos e indirectos atribuibles a las unidades inmobiliarias gravadas.
Decreto 2250 de 29-12-2017
El artículo 1 de la Ley 1819 de 2016, modificó el título V del libro I del Estatuto Tributario en lo relacionado con la determinación del impuesto sobre la renta y complementario de las personas naturales residentes en el país, estableciendo un sistema de determinación cedular de la renta para las personas naturales, aplicable a las sucesiones ilíquidas, así: a) rentas de trabajo; b) rentas de pensiones; c) rentas de capital; d) rentas no laborales; y d) rentas de dividendos y participaciones. En consecuencia, ante la necesidad de reglamentar diversos aspectos de cada una de las cédulas, tales como: imputación de costos y deducciones, rentas exentas, entre otros, el Ministerio de Hacienda expidió el Decreto 2250 del 29 de diciembre de 2017 con el cual se reglamenta la parte I de la Ley 1819 de 2016, referente a esta materia.
Decreto 2235 de 27-12-2017
Considerando que para efectos de la aplicación del artículo 32 del ET, modificado por el artículo 3 de la Ley 1819 de 2016, y el numeral 8 del artículo 290 del ET modificado por el artículo 123 de la Ley 1819 de 2016, se requiere reglamentar el tratamiento en materia del impuesto sobre la renta y complementario de los contratos de concesión y asociaciones público privadas –APP– y desarrollar el régimen de transición aplicable a los saldos de los activos pendientes de amortización a la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016. El Ministerio de Hacienda expidió el Decreto 2235 del 27 de diciembre de 2017 con el cual adiciona el capítulo 25 del título 1 de la parte 2 del libro 1 del Decreto 1625 de 2016, para reglamentar esta materia.
Decreto 2198 de 26-12-2017
El Ministerio de Hacienda expidió el Decreto 2198 del 26 de diciembre de 2017, con el cual modifica el epígrafe de la parte 5 del libro 1 y adiciona el título 6 a la parte 5 del libro 1 del Decreto 1625 de 2016 único reglamentario en materia tributaria, para reglamentar el parágrafo 1 del artículo 512-15 y los numerales 3 y 4 del artículo 512-16 del Estatuto Tributario, en lo relacionado con las tarifas diferenciales del impuesto nacional al consumo de bolsas plásticas, así como la no causación del impuesto y la expedición de certificación de las bolsas biodegradables y reutilizables.
Decreto 2206 de 26-12-2017
El parágrafo 1 del artículo 145 de la Ley 488 de 1998 establece que los valores absolutos que sirven de base para aplicar las tarifas del impuesto sobre vehículos automotores, deben ser reajustados anualmente por el Gobierno Nacional. En cumplimiento de lo anterior, el Ministerio de Hacienda expidió el Decreto 2206 del 26 de diciembre de 2017, con el cual señala que, a partir del 1 de enero de 2018 los valores absolutos para la aplicación de las tarifas del impuesto sobre vehículos automotores son las siguientes: vehículos particulares hasta $45.272.000 1,5%; vehículos particulares de más de $45.272.000 y hasta $ 101.860.000 2,5%; y vehículos particulares de más de $101.860.000 3,5%.
Decreto 2205 de 26-12-2017
El artículo 255 del ET establece el derecho de las personas jurídicas a descontar de su impuesto sobre la renta el 25% de las inversiones en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente que hayan realizado en el respectivo año gravable. El parágrafo de este artículo dispone que el reglamento que le sería aplicable, era el mismo establecido para el artículo 158-2 del ET antes de la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016; sin embargo, este artículo fue derogado expresamente por el artículo 376 de dicha ley, lo que conlleva un decaimiento de esta disposición reglamentaria. Por lo anterior, considerando la necesidad de determinar los requisitos, condiciones y formas de acceder al beneficio tributario, así como de definir la autoridad ambiental competente para expedir las certificaciones, establecer las definiciones y documentos para acceder al derecho y demás aspectos reglamentarios, el Ministerio de Hacienda expidió el Decreto 2205 del 26 de diciembre de 2017 con el cual reglamenta esta materia.
Decreto 2169 de 22-12-2017
El Ministerio de Hacienda expidió el Decreto 2169 del 22 de diciembre de 2017, con el cual se modifica el Decreto 1625 de 2016, único reglamentario en materia tributaria, para sustituir los artículos 1.2.1.17.20 y 1.2.1.17.21 del capítulo 17 del título 1 de la parte 2 del libro 1 y reglamentar los artículos 70 y 73 del ET. De acuerdo con el decreto, los contribuyentes podrán ajustar el costo de los activos fijos por el año gravable 2017, en un 4,07% de acuerdo con lo señala en el artículo 70 del ET. Este también señala los valores que se pueden tomar como costo fiscal, para efectos de determinar la renta o ganancia ocasional, según el caso, proveniente de la enajenación durante el año gravable 2017, de bienes raíces y de acciones o aportes que tengan el carácter de activos fijos.
Decreto 2150 de 20-12-2017
Teniendo en cuenta, entre otros temas, la necesidad de reglamentar los beneficiarios del descuento tributario por donaciones, los requisitos para su procedencia, la obligación de reporte, la oportunidad del descuento tributario, los límites aplicables, el tratamiento del exceso no descontado en el año, así como las causales de improcedencia de este descuento y el efecto de su pérdida; y que por otro lado, que conforme con lo previsto en el artículo 356-2 del ET es necesario fijar el procedimiento para la calificación al régimen tributario especial del impuesto sobre la renta y complementario aplicable en la Dian, así como establecer el recurso que procede contra el acto administrativo que niegue la solicitud de dicha calificación, así como lo efectos legales del acto administrativo mencionado; el Ministerio de Hacienda expidió el Decreto 2150 del 20 de diciembre de 2017, con el cual se sustituyen los capítulos 4 y 5 del título 1 de la parte 2 del libro 1, se adiciona un artículo al capítulo 2 del título 4 de la parte 2 del libro 1 y un inciso al artículo 1.6.1.2.19 y un numeral al literal a) del artículo 1.6.1.2.11 del capítulo 2 del título 1 de la parte 6 del libro 1 del Decreto 1625 de 2016, único reglamentario en materia tributaria, para reglamentar las donaciones de que trata el artículo 257 del ET, el régimen tributario especial en el impuesto sobre la renta y complementario y el artículo 19-5 del ET.
Decreto 2143 de 19-12-2017
Considerando que se requiere establecer el mecanismo que garantice la efectividad de la medida y el procedimiento para la aplicación de la tarifa diferencial del 5% del impuesto sobre la renta –IVA– en la adquisición de neveras nuevas con objeto de sustitución de que trata el numeral 3º del artículo 468-1 del ET; el Ministerio de Hacienda expidió el Decreto 2143 del 19 de diciembre de 2017, con el cual adiciona el capítulo 8 del título 1 de la parte 3 del libro 1 del Decreto 1625 de 2016, único reglamentario en materia tributaria para reglamentar esta materia.
Decreto 2119 de 15-12-2017
El Ministerio de Hacienda expidió el Decreto 2119 del 15 de diciembre de 2017 con el cual modifica, a partir del 1 de enero de 2018, el artículo 1.2.1.22.9 del capítulo 22 del título 1 de la parte 2 del libro 1 del Decreto 1625 de 2016 único reglamentario en materia tributaria, para reglamentar el numeral 8 del artículo 235-2 del ET relacionado con las rentas exentas a partir del año gravable 2018. Dicho decreto define el concepto de bajo calado y se establecen los requisitos para la procedencia de la renta exenta en la prestación del servicio de transporte fluvial con embarcaciones y planchones de bajo calado.
Decreto 2120 de 15-12-2017
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el Decreto 2120 del 15 de diciembre de 2017, por el cual se regulan las modificaciones introducidas al régimen de precios de transferencia, mediante la Ley 1819 de 2016. Con dicho decreto se mencionan con mayor precisión, los contribuyentes obligados a presentar la declaración informativa de precios de transferencia, a preparar y enviar el informe local y el informe maestro de la documentación comprobatoria de que trata el numeral 1 del artículo 260-5 del ET y el artículo 260-9 del ET. De igual manera, se ajusta el contenido del informe local a los nuevos estándares internacionales establecidos en el resultado de la Acción 13 del proyecto BEPS OCDE/G20, con el fin de que los contribuyentes cumplan con el principio de plena competencia en la determinación de sus ingresos, costos, deducciones, activos y pasivos relativos a las operaciones celebradas con vinculados del exterior, o con vinculados ubicados en zonas francas, o con personas, sociedades, entidades o empresas ubicadas, residentes o domiciliadas en jurisdicciones no cooperantes de baja o nula imposición o regímenes tributarios preferenciales.
Concepto 042544 de 13-12-2017
El Ministerio de Hacienda señala que el arrendamiento de bienes inmuebles propios, de una persona natural o jurídica que no tenga naturaleza mercantil, no está gravado con el impuesto de industria y comercio. Sin embargo, en el caso del arrendamiento de bienes inmuebles de propiedad de sociedades mercantiles, al estar dentro de su objeto social, si estará gravado con el impuesto de industria y comercio, al constituirse dicha actividad de arrendamiento en actividad comercial. Si el objeto social de la sociedad es exclusivamente comercial, la sociedad solo tiene capacidad para ejercer actos comerciales, a menos que ellos fueran accesorios de su actividad principal, caso en el cual el acto civil se convertiría en acto de comercio por mandato expreso del artículo 21 del Código de Comercio
Concepto 036704 de 13-12-2017
El Ministerio de Hacienda precisa que, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016, los municipios deben verificar sus estatutos tributarios en el sentido de establecer las tarifas correspondientes a las actividades que resulten gravadas a partir de la nueva definición de la actividad de servicios señalada en el artículo 345 de la ley antes mencionada, de forma tal que los contribuyentes conozcan las reglas de tributación y de retención en la fuente, si el municipio tiene adoptado este sistema de recaudo anticipado. Por otra parte, cabe señalar que si la ley definió expresamente todos los elementos sustantivos del impuesto como en Industria y Comercio, las modificaciones definidas en nuevas leyes aplicarán en virtud de está sin que requiera adopción en la norma municipal, a menos que en el acuerdo municipal la actividad goce de tratamiento de exención o exclusión concedido de manera particular y expresa por el concejo municipal.
Concepto 042510 de 13-12-2017
El Ministerio de Hacienda señala que cuando el contribuyente del impuesto predial unificado paga el valor correspondiente al impuesto del bien privado, está al mismo tiempo cumpliendo la obligación tributaria respecto de los bienes comunes del edificio o conjunto, en proporción al coeficiente de copropiedad que le corresponda de acuerdo con la escritura pública de propiedad horizontal, en consecuencia, no hay un doble pago por parte del contribuyente, por tanto no debe existir un cobro por concepto del impuesto sobre el bien privado y otro cobro por concepto de impuesto sobre los bienes comunes del edificio; únicamente habrá lugar al cobro del impuesto sobre el bien privado, en el cual se incorpora el correspondiente al de áreas comunes.
Concepto 039135 de 13-12-2017
Respecto a si un contribuyente se rehúsa a pagar el impuesto bajo el argumento de que los avisos no están instalados en el lugar en el que realizan su actividad industrial, el Ministerio de Hacienda señala que de acuerdo con el literal k) del artículo 1 de la ley 97 de 1913 y a los pronunciamientos jurisprudenciales, la colocación de avisos que causa el impuesto, no está supeditada a que coincida con el lugar en el que se encuentra ubicada la sede fabril. Es decir, el hecho de que los avisos se encuentren ubicados en lugares distintos al de la sede fabril, no lo excluye del hecho generador el impuesto complementario de avisos y tableros.
Concepto 042241 del 12-12-2017
Los predios de propiedad del municipio no pueden ser gravados con el impuesto predial. Las construcciones realizadas en predio ajeno, en tanto estén identificadas en la información entregada por el IGAC y cuenten con avalúo catastral pueden ser gravadas en cabeza de su propietario o poseedor.
Concepto 041212 de 01-12-2017
El Ministerio de Hacienda señala que solo el Congreso por atribución expresa en la Constitución está facultado para crear las leyes, y a través de ellas establecer los tributos (impuestos, tasas y contribuciones) que posteriormente han de ser adoptados por las entidades territoriales de acuerdo con los artículos 287 y 313-4 de la Carta Política. De esta forma, en desarrollo de la autonomía que les asiste a las entidades territoriales, es facultad exclusiva de éstas a través de sus corporaciones públicas (Concejos Municipales o Asambleas Departamentales), establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, previamente creados por el Congreso y dentro de los límites fijados por la Constitución y la ley. En consecuencia, el municipio no se encuentra habilitado para adoptar el tributo Pro-estampilla Hospital Carlos Torrente Llano ESE hasta tanto no se cree como tributo del orden territorial por una Ley del Congreso.
Decreto 2091 de 12-12-2017
Teniendo en cuenta que con las modificaciones realizadas por la Ley 1819 de 2016 era necesario entre otras, unificar el procedimiento para la administración y disposición de los bienes adjudicados a favor de la Nación y los recibidos en dación en pago, reglamentar la competencia para decretar y/o autorizar la adjudicación de bienes, los efectos y procedencia de tal adjudicación, los requisitos para la solicitud de adjudicación, así como los fundamentos para la expedición del concepto de viabilidad de la misma, y definir el procedimiento para la venta, donación de bienes a entidades estatales, aceptación y retiro de los bienes donados, destrucción y/o gestión de residuos o chatarrización, recaudo de los ingresos percibidos por la administración o disposición de los bienes y el tratamiento que se debe dar a los gastos de administración de los mismos; el Ministerio de Hacienda expidió el Decreto 2091 del 12 de diciembre de 2017 con el cual se reglamentan los temas antes mencionados, contemplados en los artículo 833 y 840 del ET.
Concepto 041316 de 04-12-2017
El artículo 826 del ET establece la forma de notificación de mandamiento de pago, señalando que, por regla general, debe efectuarse de manera personal previa citación para el efecto y, excepcionalmente, en el caso en que el deudor no comparezca a notificarse personalmente, habrá de notificársele el mandamiento de pago por correo. Cabe señalar se establece una norma especial para los casos en que la notificación del mandamiento deba hacerse por correo, pero no se trata de una forma de notificación supletoria de la personal o de la del correo; se trata simplemente de una formalidad consistente en la divulgación de que la notificación del mandamiento se realizó por correo, pero tal no es una notificación cuya omisión invalide la notificación efectuada. En consecuencia, lo que se pretende hacer notar es que esa notificación “por cualquier medio”, no suple de manera alguna la notificación del mandamiento, la personal, ni la enviada por correo.
Resolución 4056 de 01-12-2017
El Ministerio de Hacienda expidió la Resolución 4056 del 1 de diciembre de 2017, con la cual establece el formulario único nacional de declaración y pago del impuesto de Industria y Comercio, el cual deberá ser utilizado por todos los contribuyentes ante cualquier municipio o distrito del país, y deberá observar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes; respetando las diferencias que, por el ejercicio de su autonomía, se presenten entre las diferentes entidades territoriales. Por lo anterior, el formulario único solo puede incluir el cobro de conceptos asociados al impuesto de Industria y Comercio que cuenten con autorización legal, sin perjuicio de que dichos conceptos no sean diligenciados en los municipios en donde han sido establecidos.
Concepto 041274 de 01-12-2017
El Ministerio de Hacienda señala que de conformidad con lo prescrito en los artículos 41 del Decreto Ley 3135 de 1969 y 102 del Decreto 1848 de 1969, la acción para el cobro de obligaciones laborales prescribe a los tres años, contados a partir de la fecha en que se hizo exigible la obligación. El simple reclamo escrito del trabajador, interrumpe el término de prescripción, por un lapso igual.
Concepto 041198 de 01-12-2017
El Ministerio de Hacienda precisa que los fondos de capital privado son fondos de inversión colectiva (vehículos de inversión), integrados por el aporte de un número plural de personas (inversionistas) y administrados por una sociedad administradora (o un gestor profesional) en los que los inversionistas pueden retirar su inversión cuando se cumpla el plazo previsto para la duración del fondo o en los plazos determinados en el reglamento respectivo. Así pues, toda vez que el fondo de capital privado es un vehículo de inversión a través del cual los inversionistas realizan su actividad económica, no es sujeto pasivo del impuesto de industria y comercio. La actividad de quienes realicen las inversiones en los fondos de capital privado, sí se constituye en una actividad susceptible de ser gravada con el impuesto de industria y comercio, al igual que la desarrollada por la sociedad administradora o el gestor profesional. En el caso de los inversionistas, la base gravable del impuesto de industria y comercio frente a dicha actividad estará constituida por la totalidad de los ingresos que obtengan en su calidad de inversionistas del fondo de capital privado, registrados de acuerdo con las normas tributarias y contables que les resulten aplicables.
Decreto 1998 de 30-11-2017
Considerando que el artículo 772-1 del ET –Conciliación fiscal– adicionado por artículo 137 de la Ley 1819 de 2016, señala que los contribuyentes obligados a llevar contabilidad deben llevar un sistema de control o conciliaciones de las diferencias que surjan entre los nuevos marcos técnicos normativos contables y las disposiciones del Estatuto Tributario, y que el artículo 868-2 del ET –Moneda funcional para efectos fiscales– fue adicionado mediante el artículo 138 de la Ley 1819 de 2016; es necesario aclarar la forma como se debe realizar la conversión de la información contable de una moneda funcional diferente al peso colombiano, de tal forma que la administración tributaria pueda validar dichas conversiones. Por lo anterior, el Ministerio de Hacienda expidió el Decreto 1998 del 30 de noviembre de 2017, con el cual sustituye la parte 7 del libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, para reglamentar el sistema de conciliación fiscal de las diferencias que se originen de aplicar los nuevos marcos técnicos contables.
Decreto 1950 de 28-11-2017
El Ministerio de Hacienda expidió el Decreto 1950 del 28 de noviembre de 2017, con el cual se adiciona el capítulo 17 al título 1 de la parte 3 del libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria, para reglamentar el artículo 193 de la Ley 1819 de 2016, que trata sobre el régimen de transición del IVA para contratos celebrados con entidades públicas o estatales. Con dicho decreto se precisa que los contratos a los cuales aplica el régimen de transición del IVA son los de construcción e interventoría derivados de los contratos de concesión de infraestructura de transporte, los cuales deben haber sido suscritos por las entidades públicas o estatales con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016. Así mismo, señala que respecto de estos contratos de construcción o interventoría, el régimen solo aplicará a los contratos que se suscriban por el constructor, el interventor, o los subcontratistas para la adquisición de bienes y servicios que sean destinados de manera directa para los fines exclusivos del objeto de aquellos contratos.
Decreto 1951 de 28-11-2017
El 28 de noviembre de 2017, el Ministerio de Hacienda publicó el decreto a través del cual fija los plazos para la presentación y pago de los impuestos nacionales, anticipos y retenciones en la fuente en el año 2018. Dicho decreto contempla, entre otras cosas, que los grandes contribuyentes que soliciten vincular su impuesto de renta a cualquiera de las modalidades de pago de “obras por impuestos”, no están obligados a realizar el pago de la primera cuota, siempre y cuando soliciten antes de su vencimiento, tal vinculación con el lleno de los requisitos exigidos para su procedencia. En cuanto a las personas jurídicas y demás contribuyentes, deberán presentar la declaración del impuesto de renta y realizar el pago de la primera cuota entre el 10 de abril y el 8 de mayo de 2018, dependiendo de los dos últimos dígitos del NIT, sin tener en cuenta el dígito de verificación; el pago de la segunda cuota se hará entre el 13 y el 26 de junio, dependiendo del último dígito del NIT, sin tener en cuenta el dígito de verificación; en el caso de las personas naturales, lo harán entre el 9 de agosto y el 19 de octubre de 2018, de igual manera, dependiendo de los dos últimos dígitos del NIT, sin tener en cuenta el dígito de verificación.
Concepto 039879 de 23-11-2017
En relación con la contribución sobre contratos de obra pública, es necesario dar un repaso a lo normado por el inciso primero del artículo 6 de la Ley 1106 de 2006, de cuyo análisis se deduce que la contribución sobre contratos de obra pública tiene como elementos estructurales los siguientes: su hecho generador es la suscripción de contratos de obra pública con entidades de derecho público; el sujeto activo responsable de su recaudo será la entidad pública contratante y el sujeto activo beneficiario será la nación o la entidad territorial a la que pertenezca la entidad pública contratante (en algunos casos uno y otro son idénticos). Dicho esto, la base gravable será el valor total del contrato y la tarifa será del 5%. Cabe destacar que en lo que hace a la sujeción pasiva, el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006 se refiere de manera genérica a “todas las personas naturales o jurídicas” con la cual la entidad pública suscriba el contrato de obra pública, sin hacer distinción alguna respecto de la naturaleza de la entidad que funge como contratista. En consecuencia, si una persona jurídica particular sin ánimo de lucro que funge como contratista, estará sujeta a la contribución del 5% sobre contratos de obra pública de que trata la norma objeto de examen, y en tal virtud corresponderá a la entidad pública que actúe como extremo contratante, como sujeto activo, efectuará el descuento en los términos del artículo 121 de la Ley 418 de 1997.
Concepto 039991 de 23-11-2017
El artículo 235 de la Ley 223 de 1995 señala que la administración del impuesto, incluyendo los procesos de fiscalización, liquidación oficial, imposición de sanciones y discusión, corresponde a los organismos departamentales competentes para la administración fiscal. Los departamentos aplicarán en la determinación oficial, discusión y cobro del impuesto, los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario para los impuestos del orden nacional. El régimen sancionatorio el procedimiento para la aplicación del mismo previstos en el Estatuto Tributario se aplicará en lo pertinente al impuesto de registro. Así las cosas, corresponde a la administración departamental, en su calidad de administradora del impuesto, valorar todos los elementos de hecho y de derecho que rodean el caso, sopesando el material probatorio con el que cuente y apoyándose en la normatividad y jurisprudencia relacionada, en punto a emitir una decisión respecto de la solicitud que se le presenta de manera que, como lo expresa la Corte Constitucional, se le garantice al contribuyente “el derecho al debido proceso y los principios de equidad y justicia”.
Proyecto de decreto que reduciría la tarifa de autorretención de renta de empresas editoriales y hoteleras
Por el cual se adicionarían unos parágrafos al artículo 1.2.6.8. y los artículos 1.2.4.7.5 y 1.3.2.1.16 del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria, con los cuales se modificaría entre otros, la tarifa de autorretención de renta de las empresas industriales y comerciales del Estado, de las empresas editoriales y de las empresas hoteleras, pasando del 0,80% al 0,40%.
Decreto 1915 de 22-11-2017
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el Decreto 1915 del 22 de noviembre de 2017, con el cual adiciona el título 5 de la parte 6 del libro 1 al Decreto 1625 de 2016, para reglamentar el artículo 238 de la Ley 1819 de 2016, el cual señala que las personas jurídicas contribuyentes del impuesto de renta que en el año gravable obtengan ingresos brutos iguales o superiores a 33.610 UVT, pueden realizar el pago parcial del impuesto de renta mediante la inversión directa en la ejecución de proyectos de transcendencia social en los diferentes municipios ubicados en las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado – Zomac. A través de dicho decreto, se establece entre otros, el ámbito de aplicación, las modalidades de pago de las obras por impuestos, el tratamiento de los saldos a favor que se presenten en las declaraciones de renta de los contribuyentes que se acojan a cualquiera de las dos modalidades de pago, así como los proyectos financiables a través de obras por impuestos.
Concepto 039376 de 20-11-2017
El término de prescripción de la acción de cobro se cuenta a partir de la fecha en que la respectiva declaración o acto administrativo presta mérito ejecutivo. Así las cosas, una vez agotada la etapa de determinación oficial del tributo, es decir, la constitución del título ejecutivo, y una vez ejecutoriado y en firme, empieza a contarse el término de prescripción de cinco años. Transcurridos los cinco años y ante la inacción por parte de la Administración Tributaria, el contribuyente podrá solicitar la declaratoria de la prescripción. De esta forma, lo que se prescribe es la facultad de la administración para iniciar el procedimiento administrativo de cobro coactivo.
La primera etapa de transformación, en el marco de las actividades de producción agropecuaria, es la desarrollada directamente por el agricultor para producir bienes alimenticios que no han sufrido ninguna transformación. En consecuencia, las actividades consistentes en la limpieza de lotes rurales para el cultivo de caña y la nivelación de predios rurales para el cultivo de caña solo podrían considerarse inmersas en la prohibición del artículo 259 del Decreto Ley 1333 de 1986 (que señala que subsiste para los departamentos y municipios la prohibición de “gravar la primera etapa de transformación realizada en predios rurales cuando se trate de actividades de producción agropecuaria, con excepción de toda industria donde haya una transformación por elemental que ésta sea”) si son realizadas por el productor primario, pues la prohibición de gravar no se hace extensiva a terceros que presten estos servicios.
Concepto 039155 de 20-11-2017
De acuerdo con el artículo 818 del ET, aplicable por las entidades territoriales en virtud de la remisión que a esa norma hace el artículo 59 de la Ley 788 de 2002, el término de prescripción de la acción de cobro se interrumpe, entre otras cosas, por la notificación del mandamiento de pago y por el otorgamiento de facilidades de pago. Señala igualmente y de manera expresa que una vez notificado el mandamiento de pago “el término empezará a correr de nuevo desde el día siguiente a la notificación del mandamiento de pago”, lo que necesariamente implica que la administración cuenta nuevamente con el término de cinco años a que hace referencia el artículo 817 del Estatuto Tributario Nacional para finalizar las actuaciones propias del proceso de cobro.
Proyecto de decreto reglamentaría ajuste del costo de activos fijos para renta o ganancia ocasional
Por el cual se modifica el Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria, para sustituir el capítulo 17 del título 1 de la parte 2 del libro 1, para reglamentar los artículos 70 y 73 del Estatuto Tributario, en lo relacionado con el ajuste del costo de los activos fijos para efectos de determinar la renta o ganancia ocasional.
Concepto 038770 de 16-11-2017
El Ministerio de Hacienda precisa que el impuesto de industria y comercio debe liquidarse sobre los ingresos ordinarios y extraordinarios obtenidos por el contribuyente, originados en la realización de actividades gravadas con el impuesto. Cabe señalar que se deben considerar los ingresos gravados independiente de si provienen de la actividad principal, en cumplimiento del objeto social o cualquiera que fuese el caso, pues debe recordarse que la actividad puede ser permanente u ocasional, directa o indirecta, con o sin establecimiento de comercio. En cuanto a las deducciones, es importante tener en cuenta que se mantienen los mismos conceptos, esto es, las devoluciones, rebajas y descuentos, los ingresos por exportaciones, la venta de activos fijos y que no hacen parte de la base gravable los ingresos por actividades exentas, excluidas y no sujetas.
Proyecto de resolución fijaría el formulario único nacional de declaración y pago del ICA
El Ministerio de Hacienda publicó un proyecto de resolución mediante la cual establecería el formulario único nacional de declaración y pago del impuesto de Industria y Comercio.
Proyecto de decreto que reglamentaría el impuesto nacional al consumo de bolsas plásticas
Por el cual se modifica el epígrafe de la parte 5 del libro 1 y se adiciona el título 6 a la parte 5 del libro 1 del Decreto 1625 de 2016 único reglamentario en materia tributaria, para reglamentar el parágrafo 1 del artículo 512-15 y los numerales 3 y 4 del artículo 512-16 del ET, referente al impuesto nacional al consumo de bolsas plásticas.
Proyecto de decreto que reglamentaría el tratamiento tributario de los contratos de concesión
Por el cual se adicionarían unos artículos al capítulo 1 del título 1 de la parte 3 del libro 1 del Decreto 1625 de 2016 único reglamentario en materia tributaria, para reglamentar el artículo 32 del ET, referente al tratamiento tributario de los contratos de concesión y asociaciones público privadas.
Concepto 037424 de 07-11-2017
Corresponde a la administración verificar si, respecto de los actos proferidos en el marco del proceso tributario, procedía o no el recurso de reconsideración, y una vez verificado este hecho, revisar si el mismo fue interpuesto en debida forma y dentro del plazo establecido, y a partir de esas consideraciones, verificar si al vencimiento del año que les otorga el artículo 732 del ET fue resuelto, expedido y notificado el recurso. De no ser así, habrá operado el silencio administrativo positivo y así deberá declararse, ya sea de oficio o a petición de parte. Ahora bien, debe precisarse que la declaratoria del silencio administrativo positivo puede ser solicitada por el contribuyente ante la administración en la vía gubernativa, o en su defecto, y en el caso en que la administración aun vencido el término para resolver el recurso haya expedido el acto, puede someter ese acto a control jurisdiccional para que sea el juez quien declare su acaecimiento.
Concepto 036694 de 01-11-2017
El Ministerio de Hacienda precisa que la categoría de no contribuyente o responsable de los impuestos a la renta e IVA, como en el caso de entidades sin ánimo de lucro, aplica para efectos de los impuestos nacionales por la expresa mención que hace el Estatuto Tributario Nacional. No obstante, tal condición no se extiende a los impuestos territoriales como lo es el de Industria y Comercio. Cabe señalar que el artículo 259 del Decreto Ley 1333 de 1986 menciona la prohibición de gravar con el impuesto de industria y comercio, entre otros, a las asociaciones de profesionales y gremiales sin ánimo de lucro, a menos que realicen actividades industriales o comerciales en los términos del artículo 201 del mismo Decreto Ley. En consecuencia, las entidades que prestan servicios que se ubiquen en este tipo de actividades, están sujetas al impuesto de industria y comercio, pues si bien pueden estar conformadas como entidades sin ánimo de lucro, no cumplen con la condición de ser asociaciones de profesionales o gremiales.
Concepto 036692 de 01-11-2017
Los Concejos municipales se encuentran autorizados por ley para establecer un tributo municipal denominado “sobretasa” que puede recaer como un porcentaje que se liquida sobre el monto de unos de los impuestos de su propiedad, como por ejemplo, el impuesto predial o de industria y comercio. En ese contexto, la sobretasa bomberil es un tributo de la entidad territorial destinado a la financiación de la actividad bomberil y otras actividades tendientes a la mitigación y atención integral del riesgo originado en incendios, rescates, incidentes y atención de desastres. Para la ejecución de dichos recursos, la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas constituyen un servicio esencial ejecutado por instituciones bomberiles oficiales o cuerpos de bomberos voluntarios.
Concepto 036686 de 01-11-2017
El Ministerio de Hacienda precisa que, tratándose del impuesto de industria y comercio, de acuerdo con el artículo 54 de la Ley 1430 de 2010 modificado por el artículo 177 de la Ley 1607 de 2012, son sujetos pasivos de los impuestos departamentales y municipales las personas naturales, jurídicas, sociedades de hecho y aquellas en quienes se configure el hecho generador del impuesto, a través de consorcios, uniones temporales o patrimonios autónomos. En consecuencia, habrá lugar al pago del impuesto si la actividad realizada es industrial, comercial o de servicios, acorde con los artículos 197, 198 y 1991 del Decreto Ley 1333 de 1986 y su ejecución se realice en la jurisdicción del municipio, caso en el cual se dan los presupuestos normativos para aplicar la retención en la fuente. Cabe señalar que, el sistema de retención en la fuente debe ser adoptado en cada municipio, por lo que es necesario consultar la normativa de cada entidad en donde ejerce actividad económica gravada, a fin de establecer las obligaciones en calidad de agente retenedor y/o sujeto pasivo del impuesto.
Concepto 036688 de 01-11-2017
De acuerdo con el artículo 6 de la Ley 44 de 1990, una vez se lleve a cabo la formación o actualización catastral en los térmnos de la Ley 14 de 1983, el impuesto predial a pagar no podrá exceder del doble del impuesto liquidado en el año inmediatamente anterior. En este sentido, la administración municipal está en la obligación de respetar las limitaciones consagradas en el artículo 6 de la citada ley; dicha disposición no contiene ninguna restricción en relación con las vigencias, por lo que si el valor resultante del impuesto (avalúo por tarifa) excede el doble del monto liquidado por el mismo concepto en más de una vigencia, el límite del impuesto deberá respetarse en cada una de ellas. Ahora bien, la norma contempla algunas excepciones aplicables para la generalidad de los predios que cumplan con las características o aspectos definidos en el artículo, independientemente de su ubicación en el área rural, urbana o suburbana. Sin embargo, para el caso de predios en el sector rural, deberá tenerse en cuenta que tal limitación no aplica si: I) los predios se incorporan por primera vez al catastro, y II) si el predio figuraba como lote no construido y el nuevo avalúo obedece a la construcción o edificación en él realizada.
Proyecto de Decreto que fijaría el calendario tributario del 2018
El 24 de octubre de 2017 el Ministerio de Hacienda publicó el proyecto de decreto a través del cual establecería los plazos para la presentación y pago de los impuestos, anticipos y retenciones en la fuente en el año 2018. Este proyecto contempla, entre otras cosas, que los grandes contribuyentes que soliciten vincular su impuesto de renta a cualquiera de las modalidades de pago en obras por impuestos no están obligados a realizar el pago de la primera cuota, siempre y cuando soliciten antes de su vencimiento tal vinculación con el lleno de los requisitos exigidos para su procedencia. De ser aprobado el proyecto, las personas jurídicas y demás contribuyentes presentarían la declaración del impuesto de renta y realizarían el pago de la primera cuota entre el 10 de abril y el 8 de mayo de 2018, dependiendo de los dos últimos dígitos del NIT, sin tener en cuenta el dígito de verificación; en el caso de las personas naturales, lo harían entre el 9 de agosto y el 19 de octubre de 2018, igualmente, dependiendo de los dos últimos dígitos del NIT, sin tener en cuenta el dígito de verificación.
Concepto 035256 de 23-10-2017
Para establecer si un convenio o contrato genera el pago de tributos, entendidos estos en sentido genérico, es decir, impuestos, tasas, contribuciones, estampillas, etc., los funcionarios encargados deben verificar las normas propias de cada entidad territorial, a razón de que municipios y departamentos en ejercicio de su autonomía pueden adoptar los impuestos creados y autorizados por la ley, además de reglamentar o complementar los elementos no desarrollados por ésta. A manera de ejemplo, si el hecho generador del tributo en los términos de la norma territorial es la firma o suscripción de contratos y dicho hecho generador se cumplió a pesar de no haberse ejecutado en su totalidad el contrato, debió pagarse el tributo una vez causado (firma contrato) sin lugar a devolución. Si, por el contrario, en la norma territorial el hecho generador establecido es la ejecución del contrato y el pago del tributo se liquida en proporción al monto ejecutado, podría considerarse la posibilidad de efectuar devolución.
Proyecto de Decreto por el cual se reglamentaría la distribución del IVA de licores, vinos y aperitivos
Por el cual se adicionaría el capítulo 8, título 1, parte 3 del libro 1 del Decreto 1625 de 2016, único reglamentario en material tributaria, y se reglamentaría la distribución del recaudo de IVA de licores, vinos, aperitivos y similares con destino al aseguramiento en salud.
Concepto 034638 de 18-10-2017
El artículo 59 de la Ley 788 de 2002 establece que los procedimientos tributarios que deben aplicar las entidades territoriales en la administración de sus impuestos son los establecidos en el Estatuto Tributario Nacional; además, faculta a la entidad territorial para que, de un lado, disminuya el monto de las sanciones teniendo en cuenta su proporción en relación con los montos de los impuestos territoriales; y, de otro lado, simplifique los términos de aplicación del Estatuto Tributario Nacional. Así pues, en la estructuración de los estatutos tributarios locales las entidades territoriales deberán tener en cuenta las etapas, ritualidades, actuaciones, términos y demás elementos contenidos en la norma nacional, para lo cual podrán: 1. recoger las normas de procedimiento ajustándolas a la naturaleza de los tributos del orden territorial, es decir, prescribiendo una norma propia que deberá sujetarse al estatuto nacional; y 2. hacer remisión expresa del artículo del ETN aplicable en la entidad territorial. En consecuencia, frente a las modificaciones incorporadas por la Ley 1819 de 2016, Minhacienda indica que la norma propia de la entidad territorial en materia de procedimiento tributario que se definió en el estatuto local se mantiene vigente hasta tanto se modifique mediante acto del concejo o asamblea. Si, como en el segundo caso, se hace remisión a artículos del ETN del procedimiento y estos fueron modificados por la ley, la norma territorial se modifica por efectos de la entrada en vigencia de dicha reforma.
Concepto 034472 de 17-10-2017
El Ministerio de Hacienda precisa que la sanción de cierre de establecimiento, en el marco del artículo 23 de la Ley 1762 de 2015 (que se da cuando el valor de los productos sometidos al impuesto al consumo es igual o inferior a 456 UVT y no se acredita el pago del impuesto), debe imponerse una vez se encuentre en firme el acto de decomiso directo de la mercancía y previa aplicación del procedimiento de requerimiento especial establecido en los artículos 582 y siguientes del Decreto 390 de 2016. Ahora bien, tratándose de mercancías con valor superior a 456 UVT, la imposición de la sanción de cierre de establecimiento comercial, entre otras, deberá sujetarse al procedimiento establecido en el artículo 24 de la Ley 1762 de 2015, como expresamente lo señala esa norma.
Decreto 1684 de 17-10-2017
El Ministerio de Hacienda expidió el Decreto 1684 del 17 de octubre de 2017, mediante el cual adiciona el capítulo 6, título 1, parte 2 del libro al Decreto 1625 de 2016 único en materia tributaria, en lo relacionado con la determinación y distribución del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado, fijando el procedimiento para determinar los ingresos adicionales que se generen a partir del 1 de enero de 2017 por el aumento de la tarifa del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado destinados a financiar el aseguramiento en salud y mantener las destinaciones de dicho impuesto, anteriores a la Ley 1819 de 2016.
Proyecto de decreto reglamentaría el artículo 238 de la Ley 1819 de 2016
Por el cual se adicionaría el título 5 de la parte 6 del libro 1 al Decreto 1625 de 2016 para reglamentar el artículo 238 de la Ley 1819 de 2016, referente al pago de impuestos con obras en las Zomac.
Decreto 1650 de 09-10-2017
De acuerdo con los artículos 236 y 237 de la Ley 1819 de 2016, las nuevas sociedades que sean micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, que tengan su domicilio principal y desarrollen toda su actividad económica en las zonas más afectadas por el conflicto armado –Zomac–, y que cumplan con los montos mínimos de inversión y de generación de empleo, podrán gozar de los beneficios en el cumplimiento de las obligaciones tributarias relacionadas con el impuesto de renta. No obstante, dada la necesidad de establecer las reglas para las reorganizaciones empresariales por parte de las sociedades que opten por estos beneficios tributarios, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el Decreto 1650 del 9 de octubre de 2017, con el cual reglamenta esta materia.
Concepto 032824 de 04-10-2017
Mediante el artículo 343 de la Ley 1819 de 2016 se precisó respecto de la territorialidad del impuesto de industria y comercio que este se debe causar a favor del municipio en el cual se realice la actividad gravada con el impuesto. Asimismo, quedó establecido que en el caso de la actividad de transporte, el ingreso se entenderá percibido en el municipio o distrito desde donde se despacha el bien, mercancía o persona. Así pues, es claro que la norma fijó una regla para la determinación de la jurisdicción ante la cual deben cumplirse las obligaciones formales y sustanciales del impuesto de industria y comercio en calidad de sujeto pasivo, que para la actividad de servicios de transporte corresponde al municipio o distrito desde donde se despacha el bien, mercancía o persona, es decir, desde donde se aborda la persona o mercancías objeto de traslado por medio aéreo.
Concepto 032705 de 03-10-2017
El impuesto sobre vehículos automotores se encuentra regulado en la Ley 488 de 1998, en donde se definen como beneficiarios de la renta del impuesto a los municipios, distritos, departamentos y el Distrito Capital de Bogotá, en las condiciones y términos establecidos en el artículo 139 de la misma ley. La distribución del recaudo se precisa en el artículo 150 de la misma Ley 488 de 1998, de acuerdo con el cual a cada distrito y municipio le corresponde recibir el 20 % del total de lo recaudado en cualquier departamento por las declaraciones en las que se haya informado una dirección del respectivo distrito o municipio. Por su parte, el impuesto de circulación y tránsito fue sustituido por el impuesto sobre vehículos automotores al que acaba de hacerse referencia (artículo 138). Sin embargo, el parágrafo 4º del artículo 145 de la Ley 488 de 1998 autorizó a los municipios que lo tuvieran establecido a la fecha de sanción de dicha ley mantenerlo vigente para los vehículos de servicio público. En consecuencia, los distritos pueden seguir recaudando el impuesto de circulación y tránsito para los vehículos de servicio público si para el 28 de diciembre de 1998 lo tenía establecido.
Concepto 031346 de 26-09-2017
El impuesto de industria y comercio recae sobre todas las actividades comerciales, industriales y de servicio (hecho generador) que se ejerzan o realicen en las respectivas jurisdicciones municipales (sujeto activo), directa o indirectamente, por personas naturales, jurídicas o por sociedades de hecho, así como consorcios, uniones temporales y patrimonios autónomos, de conformidad con el artículo 54 de la Ley 1430 de 2010 (sujeto pasivo), ya sea que se cumplan en forma permanente u ocasional, en inmuebles determinados, con establecimientos de comercio o sin ellos. Cabe señalar que la realización de actividades industriales, comerciales o de servicios, puede ser gravada con el impuesto de industria y comercio por los municipios, sin importar la naturaleza de la persona (natural o jurídica) que la realice, ni la existencia o no de un establecimiento de comercio; por tanto, dentro de esta posibilidad está la de gravar las actividades de prestación de los servicios públicos domiciliarios.
Decreto 1564 de 25-09-2017
El Ministerio de Hacienda expidió el Decreto 1564 del 25 de septiembre de 2017, mediante el cual define los requisitos para acreditar la exclusión de IVA en los equipos y elementos nacionales o importados que se destinen a la construcción, instalación, montaje y operación de sistemas de control y monitoreo necesarios para el cumplimiento de las disposiciones, regulaciones y estándares ambientales vigentes, establecida en el numeral 7 del artículo 424 del ET; y la exclusión del IVA en la importación de maquinaria o equipo, siempre y cuando dicha maquinaria o equipo no se produzcan en el país, y esté destinada a reciclar y procesar basuras o desperdicios, y la destinada a la depuración o tratamiento de aguas residuales, emisiones atmosféricas o residuos sólidos para recuperación de los ríos o el saneamiento básico para lograr el mejoramiento del medio ambiente, siempre y cuando hagan parte de un programa que se apruebe por el Ministerio del Medio Ambiente, de que trata el literal f) del artículo 428 del ET.
Concepto 031091 de 22-09-2017
Ante la certeza del incumplimiento de los deberes formales y el deber sustancial del pago del tributo, los funcionarios competentes de las entidades territoriales podrán imponer las sanciones (en virtud del artículo 59 de la Ley 788 de 2002) previstas en el Estatuto Tributario Nacional con el posible ajuste o disminución acorde con la naturaleza de los tributos de la entidad territorial, caso en el cual se requiere acto administrativo expedido por la corporación que así lo establezca. En cada caso, corresponderá a la administración municipal verificar si se materializó el hecho sancionable y, establecer la no entrega de la información o, si se entregó, la forma en que se hizo, a efectos de verificar cuál es la sanción a aplicar.
Decreto 1555 de 22-09-2017
Mediante el Decreto 1555 del 22 de septiembre de 2017 expedido por el Ministerio de Hacienda se sustituye el artículo 1.2.4.6.10 del Decreto 1625 de 2016, en lo referente a que los pagos o abonos en cuenta por concepto de compras de bienes o productos de origen agrícola o pecuario, sin procesamiento industrial o con transformación industrial primaria, que se realicen a través de las ruedas de negocios de las Bolsas de Productos Agropecuarios legalmente constituidas, no están sometidos a retención en la fuente, independientemente de su cuantía. Dicha sustitución se debe a que, aunque el Decreto 574 de 2002 había reglamentado esta excepción, se consideró necesario precisar el alcance de la figura de la exención de retención en la fuente en este tipo de productos, además de agregar algunas disposiciones que permitan asegurar el mejor aprovechamiento de los beneficios que la tecnología y el manejo sistematizado de la información por parte de las Bolsas de Productos Agropecuarios puede conllevar en relación con la trazabilidad de las transacciones y la formalización de la economía en los sectores agrícola y pesquero.
Concepto 031090 de 22-09-2017
El Ministerio de Hacienda señala que con la modificación introducida por el artículo 342 de la Ley 1819 de 2016 al artículo 196 del Decreto Ley 1333 de 1986, con la que se estipula que la base gravable del impuesto de industria y comercio comprende la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios, se recoge el criterio expuesto en diferentes pronunciamientos del Consejo de Estado en el sentido de señalar que serán gravados todos los ingresos provenientes del ejercicio de actividades gravadas ya sean ordinarios o extraordinarios, pero, además, persiste el concepto de ingresos obtenidos o percibidos por el ejercicio de actividades gravadas, lo que permite concluir que deben darse o cumplirse los hechos generadores del impuesto en el año gravable para que sean declarados dentro de los plazos que determine la administración municipal para el efecto, en la vigencia fiscal que corresponde al año inmediatamente siguiente junto con el correspondiente pago del impuesto. Además, precisa que la nueva definición de la base gravable del impuesto de industria y comercio contenida en el artículo 342 de la Ley 1819 de 2016 no comprende una ampliación del hecho generador o de los sujetos pasivos del tributo; la norma actualiza los conceptos deducibles, confirma la anualidad del período gravable del impuesto (año gravable) y precisa que serán gravados todos los ingresos provenientes del ejercicio de actividades gravadas ya sean ordinarios o extraordinarios.
Decreto 1515 de 15-09-2017
El artículo 175 de la Ley 1819 de 2016 modificó el artículo 424 del ET con el propósito de señalar los bienes excluidos del impuesto sobre las ventas, entre los cuales se encuentran los dispositivos móviles inteligentes (tabletas y celulares) cuyo valor no exceda las 22 UVT; además, con dicha modificación, en particular la relacionada con el numeral 6 del artículo 424 del ET, el artículo 1.3.1.12.10 del Decreto 1625 de 2016 relacionado con los dispositivos móviles inteligentes tiene decaimiento a partir del 1 de enero de 2017. Por lo anterior, el Ministerio de Hacienda expidió el Decreto 1515 del 15 de septiembre de 2017 con el cual sustituye las disposiciones contenidas en el artículo 1.3.1.12.10 del Decreto 1625 de 2016 y define las características de los dispositivos móviles inteligentes para efectos de la correcta aplicación de la exclusión del IVA.
Concepto 030187 de 15-09-2017
La dación en pago surge del acuerdo voluntario de las partes de un crédito (acreedor y deudor) en donde el acreedor acepta voluntariamente del deudor principal, en descargo de la deuda, la entrega material de una cosa distinta del objeto de la prestación inicialmente debida, con la correspondiente transferencia de la propiedad. La dación en pago, como modo de extinción de las obligaciones, resulta procedente para el pago de obligaciones de naturaleza tributaria siempre y cuando sea autorizada por la corporación pública de la entidad territorial y reglamentada por parte de la administración, en orden a precisar su alcance y las formalidades propias de esta figura jurídica. En todo caso, la reglamentación y aplicación de este mecanismo se sujetará a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que correspondan, dentro de ellas las referidas a planeación, presupuesto y contratación pública.
Concepto 028727 de 11-09-2017
De conformidad con la Ley 44 de 1990 los municipios pueden establecer la declaración o liquidación privada del impuesto predial unificado, para lo cual la base gravable liquidada por el contribuyentes será el auto avalúo del predio que deberá atender los criterios contenidos en el artículo 14 de dicha ley; adicionalmente, con la entrada en vigencia del artículo 187 de la Ley 1753 de 2015, en la liquidación privada del impuesto los contribuyentes declarantes deberán tener en cuenta las bases presuntas mínimas que defina la administración municipal. Significa lo anterior, que para dar aplicación a lo establecido en el artículo 187 de la Ley 1753 de 2015, los municipios deberán adoptar la declaración privada del impuesto predial unificado, y los contribuyentes en general podrán optar por declarar el avalúo catastral vigente o el auto avalúo determinado a partir de las bases presuntas mínimas para cada año. En el caso de los contribuyentes cuyos predios carezcan de avalúo catastral fijado por la autoridad catastral, deberán auto liquidar su impuesto y determinar como base gravable el auto avalúo resultante de aplicar las bases presuntas mínimas que para cada año establezca la administración municipal.
Concepto 029355 de 11-09-2017
La contribución de valorización es una contribución especial que grava la propiedad inmueble y que constituye una contraprestación o pago que realizan quienes se ven beneficiados con un incremento en el valor de sus inmuebles, por la realización de una obra o la inversión realizada por una entidad estatal. La contribución de valorización es una renta o recurso propio impuesta por una entidad territorial mediante acto administrativo; los recursos obtenidos por la misma hacen parte del presupuesto de la entidad y constituyen una fuente de financiación de algún proyecto de inversión que se estime realizar y que está contenido en el plan de desarrollo. Por tal razón, no es correcto afirmar que si la contribución de valorización no alcanza para financiar un proyecto, la administración municipal debe financiar lo faltante con sus recursos propios, pues como ya se mencionó, la contribución de valorización es un recurso propio de la entidad territorial y no un aporte (o préstamo) que hace la comunidad para que el municipio haga una obra.
Concepto 029198 de 11-09-2017
De acuerdo con el artículo 143 de la Ley 488 de 1998 que trata sobre la base gravable del impuesto sobre vehículos automotores, en aquellos casos en los que dentro de la tabla de avalúos expedida por el Ministerio de Transporte no figuren determinados vehículos que son objeto de impuesto, para efectos de su liquidación se podrá acudir al avalúo del vehículo incorporado en la resolución que más se asimile a sus características. Es decir que la autorización para determinar la base gravable de los vehículos no incorporados a partir de aquel que más se le asimile, no parte de la resolución expedida por el Ministerio de Transporte, sino que se trata de un mandato legal. Cabe señalar que dicho artículo no condiciona la determinación de la base gravable en esos términos a una decisión de orden administrativo, es decir que no se hace necesario que el departamento, como sujeto activo, o el Ministerio de Trasporte, emitan un pronunciamiento para que el contribuyente cuyo vehículo no se encuentre incluido en la resolución expedida por esa cartera determine la base gravable tomando el avalúo del vehículo que más se asimile en sus características al suyo.
Concepto 029245 de 11-09-2017
El Ministerio de Hacienda señala que, con base en los pronunciamientos del Consejo Técnico del Estado, se encuentran sujetos al impuesto predial unificado los bienes fiscales de las entidades territoriales con personería jurídica que formen parte de la estructura orgánica del Estado, con fundamento en la Ley 489 de 1998 y demás normas que lo modifiquen. Igualmente, reitera que no están gravados con impuesto predial unificado los bienes de uso público por la naturaleza jurídica misma de esos bienes, indistintamente de la entidad pública que los administre. No obstante, cabe señalar que, con base en lo establecido en la Ley 1617 de 2012, los distritos tiene la la posibilidad de gravar con el impuesto predial las construcciones, edificaciones o cualquier tipo de mejora sobre bienes de uso público de la Nación cuando estén en manos de particulares, y para los demás municipios, la de gravar con el impuesto predial los bienes de uso público que sean explicados económicamente en virtud de licencia, concesión o permiso de ocupación temporal por los particulares, en los términos de la Ley 1430 de 2010.
Concepto 026790 de 23-08-2017
El Ministerio de Hacienda precisa que los concejos municipales, en ejercicio de sus atribuciones, pueden conceder exenciones de sus impuestos, para lo cual deben tener en cuenta los requisitos señalados en la Ley 14 de 1983, tales como: la consistencia de las exenciones tributarias con el plan de desarrollo y con el marco fiscal de mediano plazo; el estudio y presentación del impacto fiscal de la medida propuesta en los términos del artículo 7 de la Ley 819 de 2003; la presentación de los costos fiscales de la iniciativa y la fuente alternativa de financiación que genera los costos de una medida como la estudiada; y la limitación relativa al plazo de la exención, la cual no puede ser mayor de diez años. En consecuencia, es claro que los concejos municipales pueden otorgar exenciones sobre los impuestos de su propiedad, de manera discrecional, para los bienes de las comunidades religiosas, tanto la católica como las demás iglesias autorizadas por el Estado en condiciones de igualdad.
Concepto 026897 de 23-08-2017
De acuerdo con el artículo 24 de la Ley 191 de 1995 y el Decreto 400 de 2005, la internación temporal de vehículos no es un impuesto, sino una medida administrativa con la cual se autoriza a los residentes de las unidades especiales de desarrollo fronterizo la internación de vehículos, motocicletas y embarcaciones fluviales menores con matrícula de un país vecino. Al respecto, es importante tener en cuenta que cuando se desee solicitar o renovar la internación temporal de vehículos, los interesados deberán proceder con el cumplimiento de las obligaciones formales y sustanciales derivadas del impuesto sobre vehículos automotores señaladas en la Ley 488 de 1998. En este caso, el sujeto pasivo será el propietario o poseedor del vehículo automotor objeto de la internación temporal; la base gravable sobre la cual se liquidará el impuesto será el avalúo comercial establecido por el Ministerio de Trasporte para el respectivo año; la tarifa corresponderá a la establecida por el artículo 145 de la Ley 488 de 1998, dependiendo del avalúo del vehículo, y la causación será la fecha de solicitud de internación; respecto a la declaración y pago, se deberá hacer previo a la solicitud de internación.
Concepto 026348 de 18-08-2017
Las sanciones aplicables a los impuesto al consumo se encuentra establecidas, de una parte, en el Estatuto Tributario Nacional, y de otra, en los artículos 14 a 26 del capítulo II de la Ley 1762 de 2015, en donde se establece el régimen sancionatorio común para productos sometidos al impuesto al consumo de cervezas, sifones y refajo; al impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares; y al impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado.
Concepto 025868 de 15-08-2017
El Ministerio de Hacienda precisa que en caso de presentarse superávit por recaudos de la sobretasa bomberil al cierre del ejercicio fiscal la entidad territorial debe comparar los ingresos corrientes de libre disposición y de destinación específica incluyendo los no presupuestados y las disponibilidades iniciales en caja, frente a la sumatoria de los pagos de la vigencia, las reservas presupuestales y las cuentas por pagar constituidas al 31 de diciembre. Si efectivamente existe superávit, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 111 de 1996, los recursos se deberán adicionar al presupuesto de la vigencia siguiente dentro de los recursos de capital, recursos del balance. En el caso de la sobretasa bomberil, por tratarse de recursos con destinación específica en virtud de la Ley 1575 de 2012, el valor del superávit se adiciona al presupuesto como recursos del balance y mantiene para la vigencia siguiente su destinación legal.
Proyecto de Decreto modificaría Régimen de Precios de Transferencia
Por el cual se sustituyen y modifican artículos de los capítulos 1, 2, 3 y 4 del título 2 de la parte 2 y el capítulo del título 3 de la parte 6 del libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, en lo relacionado con las modificaciones introducidas al régimen de precios de transferencia por la Ley 1819 de 2016.
Proyecto de decreto reglamentaría IVA en la adquisición de neveras nuevas para sustitución
Por el cual se adiciona el capítulo 8 del título 1 parte 3 del libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, para reglamentar el impuesto sobre las ventas en la adquisición de neveras nuevas para sustitución.
Proyecto de decreto que reglamentaría la conciliación fiscal establecida en el artículo 772-1 del ET
Por el cual se sustituiría la parte 7 del libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, en lo relacionado con la reglamentación de la conciliación fiscal de que trata el artículo 772-1 del Estatuto Tributario.
Proyecto de decreto que reglamentaría la excepción de retefuente en la adquisición de acciones
Por medio del cual se adicionaría el artículo 1.2.4.9.1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, referente a la excepción de retención en la fuente a título de renta en los pagos o abonos en cuenta “que correspondan a la adquisición de acciones, derechos sociales, títulos valores o similares”.
Proyecto de Decreto que reglamentaría la cotización de independientes al sistema de seguridad social
El Ministerio de Hacienda publicó en su portal web un proyecto de decreto que reglamentaría el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015, en lo referente a la retención, liquidación y giro de los aportes al sistema de seguridad social integral de los contratistas por parte de los contratantes. Este proyecto de decreto estará disponible para comentarios hasta el 14 de agosto de 2017.
Proyecto de Decreto que reglamentaría el descuento por inversiones en conservación del medio ambiente
Por el cual se modifica parcialmente el capítulo 18, título 1, parte 2, libro 1 del Decreto 1625 de 2016 para reglamentar el artículo 255 del ET, que trata sobre el descuento en el impuesto de renta a que tienen derecho las personas jurídicas que realicen inversiones en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente.
Concepto 023624 de 27-07-2017
También para efectos de los impuestos territoriales, al proferir liquidación de aforo, acto mediante el cual se determina oficialmente el impuesto a cargo pendiente de pago, debe agotarse el procedimiento que contiene como pasos precedentes: el emplazamiento previo por no declarar, la sanción por no declarar, y consecuencia de la no presentación de la declaración con motivo del emplazamiento. Cuando se trata de tributos cuyo cumplimiento se ejerce sin declaración tributaria, como es el predial unificado, la administración debe obviar el emplazamiento para declarar y la sanción por no declarar, y deberá proferir directamente una liquidación oficial dentro de los cinco años contados a partir del vencimiento del plazo para pagar que contenga los elementos del tributo, como son: identificación y calidad del sujeto pasivo, identificación del predio, base gravable, tarifa, elementos para la tarifa como estrato, áreas, periodos; de tal forma que se constituya en el título ejecutivo que presta mérito ejecutivo, susceptible de cobro coactivo a fin de garantizar el pago de la obligación tributaria.
Concepto 023140 de 25-07-2017
El artículo 37 de la Ley 1575 de 2012 autoriza a los concejos municipales para establecer un tributo municipal denominado “sobretasa” que puede recaer como un porcentaje que se liquida sobre el monto de uno de los impuestos de su propiedad, como por ejemplo, el impuesto predial o el de industria y comercio. En ese contexto, la sobretasa bomberil es un tributo de la entidad territorial destinado a la financiación de la actividad bomberil y otras actividades tendientes a la mitigación y atención integral del riesgo originado en incendios, rescates, incidentes y atención de desastres. Para la ejecución de dichos recursos, la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas, constituyen un servicio esencial que debe ser ejecutado por instituciones bomberiles oficiales o mediante la contratación con cuerpos de bomberos voluntarios. Así mismo, cabe señalar que para cumplir con el objetivo de la Ley 1575 de 2012, los municipios podrán dotar al cuerpo de bomberos de maquinaria y equipos especializados para la prevención y control de incendios y otras calamidades, por lo que es necesario definir las condiciones legales para que la entidad pueda hacer entrega de dichos equipos a esa institución (comodato, por ejemplo), estableciendo claramente las condiciones de cuidado, custodia, responsabilidad, conservación y operación.
Proyecto de decreto para reglamentar la exclusión del IVA en elementos para sistemas de control ambiental
Por el cual se modifica parcialmente y se adiciona el capítulo 14, título 1, parte 3, libro 1 del Decreto 1625 de 2016, único reglamentario en materia tributaria.
Concepto 022305 de 18-07-2017
El Ministerio de Hacienda señala que a quien corresponde la declaración y el pago de los derechos de explotación derivados del ejercicio del monopolio de producción será a la persona de derecho público o privado con la cual el departamento suscriba el contrato de que tratan los artículos 7 y 8 de la Ley 1816 de 2016.
Concepto 022328 de 18-07-2017
Con respecto a la aplicación de la condición especial de pago señalada en el artículo 356 de la Ley 1819 de 2016, el Ministerio de Hacienda precisa que los pagos realizados por los contribuyentes “deberán imputarse al período e impuesto que estos indiquen”, es decir, que se trata de una decisión autónoma del contribuyente que debe ser acatada por la administración, sin que le sea dado a esta exigir el pago de otros períodos o tributos como condición para la aplicación de los pagos realizados por el contribuyente.
Concepto 022256 de 18-07-2017
Con relación al impuesto de industria y comercio, el Ministerio de Hacienda precisa que, considerando que el legislador se ha encargado de definir los tres grupos de actividades gravadas con el ICA, y que el establecimiento y reglamentación de los tributos municipales es una atribución del concejo municipal o distrital supeditada a lo que ordene la constitución o la ley, a partir de enero de 2017 la definición de actividades de servicios que pueden ser gravadas por los municipios con el impuesto de industria y comercio es la señalada por la Ley 1819 de 2016, aun sin ser incorporada en el acuerdo municipal. En sintonía con esto, cabe señalar que la anterior definición legal de actividad de servicios ha sido derogada y que, en consecuencia, la misma definición contenida en los acuerdos municipales existentes a la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016 perdió vigencia por decaimiento al haber desaparecido la definición legal que le daba sustento.
Concepto 021919 de 14-07-2017
Los concejos municipales deben tener en cuenta que la base gravable del impuesto predial unificado es el avalúo catastral fijado por la autoridad catastral, o el autoavalúo cuando se establezca la declaración anual del impuesto, en los términos de la Ley 44 de 1990.
Concepto 021934 de 14-07-2017
El literal b) del artículo 37 de la Ley 1575 de 2012 autoriza a las asambleas departamentales para establecer tributos, tales como estampillas, tasas o sobretasas a contratos, obras públicas, interventorías, concesiones o demás que sean de competencia del orden departamental, para lo cual deberá fijar mediante ordenanza los elementos del tributo, entre estos, las tarifas, sujetos pasivos, hechos generadores y demás aspectos necesarios para su administración y recaudo.
Concepto 021704 de 13-07-2017
El precio de venta al detallista que se constituye como base gravable del impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas es el precio facturado a los vendedores o expendedores al detal, el cual debe ser el reflejo del precio de fábrica a nivel del productor, y del margen de comercialización desde su salida de la fábrica hasta su entrega al expendedor al detal, aspectos que conforme con la misma norma deben valorarse conforme con las condiciones reales del mercado.
Concepto 021523 de 12-07-2017
Luego de analizar la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el Ministerio de Hacienda resalta que en respeto de los derechos fundamentales de defensa y del debido proceso, los deudores solidarios deben ser vinculados al proceso de determinación de las obligaciones tributarias, y que en tal virtud a aquellos les asistirá el derecho de responder requerimientos, presentar pruebas, interponer recursos y, en general, todas las actuaciones propias de ese proceso. Sin embargo, aun estando clara la necesidad de vincular a los deudores solidarios, es importante precisar que no existe hoy día dentro del Estatuto Tributario nacional ninguna disposición que imponga la obligación de vincular a los deudores solidarios a la etapa de determinación del impuesto, como tampoco existe un proceso expresamente reglado para estos efectos.
Concepto 021343 de 11-07-2017
El hecho generador del impuesto de industria y comercio es la realización de cualquier actividad industrial, comercial o de servicios en una jurisdicción municipal. Por ende, quien realice tal actividad deberá cumplir con las obligaciones de los contribuyentes, es decir, inscribirse, declarar y pagar. Los artículos 197, 198 y 199 del Decreto ley 1333 de 1986 establecen qué se entiende por actividad industrial, comercial y de servicios, respectivamente, para efectos de la liquidación del impuesto de industria y comercio.
Concepto 021378 de 11-07-2017
El Ministerio de Hacienda señala que, de acuerdo con nuestro ordenamiento constitucional, le corresponde a cada concejo distrital o municipal definir los elementos estructurales del impuesto de delineación urbana, dentro de los límites que señala la constitución y la ley. Asimismo, para establecer el procedimiento que debe seguir el municipio para la liquidación del impuesto de delineación urbana, se debe acudir al estatuto municipal y demás normas locales.
Proyecto de decreto para reglamentar la exclusión del IVA a vehículos de transporte público
Debido a la modificación del artículo 424 del ET introducida por la Ley 1819 de 2016, se hace necesario reglamentar lo establecido en el numeral 10 de dicho artículo, referente a la exclusión del IVA a vehículos de transporte público y, por ende, sustituir los artículos reglamentarios desarrollados en el DUR 1625 de 2016. Al respecto de este tema el Ministerio de Hacienda publicó un proyecto de decreto a través del cual reglamentaría las condiciones y el procedimiento para acceder al beneficio de la exclusión del impuesto sobre las ventas, no solamente para vehículos y automotores destinados al transporte público de pasajeros y empleados solo a reposición, sino también, adecuar las condiciones para que opere la exclusión a la importación o venta de chasis con motor y su carrocería, para conformar un vehículo completo nuevo, destinados al servicio de transporte público de pasajeros, entendiéndose que se trata de vehículos completos y de aquellos chasis cuya carrocería es ensamblada posteriormente.
Proyecto de decreto para reglamentar régimen de transición del IVA para contratos de entidades estatales
Por el cual se adicionan unos artículos al capítulo 1 del título 1 de la parte 3 del libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en materia tributaria, para reglamentar el artículo 193 de la Ley 1819 de 2016, referente al régimen de transición del IVA en contratos de construcción suscritos por entidades estatales.
Concepto 019767 de 28-06-2017
La prestación de servicios públicos domiciliarios es una actividad gravada con el impuesto de industria y comercio en los municipios en donde se prestan los servicios; para su determinación deberán tenerse en cuenta las reglas de causación y base gravable definidas en la Ley 383 de 1997.
Concepto 018957 de 20-06-2017
Antes de la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016 las normas relacionados con el impuesto de industria y comercio consideraban como actividades de servicios gravadas aquellas dedicadas a satisfacer necesidades de la comunidad, y los servicios de consultoría profesional prestados a través de sociedades regulares o de hecho, lo que permitía concluir que los servicios de consultoría profesional prestados por personas naturales no eran actividades de servicios gravados con ICA. Sin embargo, con la modificación realizada por el artículo 345 de la ley antes mencionada al artículo 36 de la Ley 14 de 1983, es claro que ahora todas aquellas “obligaciones de hacer” a cargo de personas naturales se encuentran gravadas con impuesto de industria y comercio. Por lo anterior, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016, los municipios deben verificar sus estatutos tributarios en el sentido de establecer las tarifas correspondientes a las actividades que resulten gravadas a partir de la nueva definición de la actividad de servicios del artículo 345 de la Ley 1819 de 2016, de tal forma que los contribuyentes conozcan las reglas de tributación y de retención en la fuente, si el municipio tiene adoptado este sistema de recaudo anticipado.
Proyecto de decreto que reglamentaría las donaciones y el régimen tributario especial
Por el cual se sustituirían los capítulos 4 y 5 del título 1 de la parte 2, y se adicionaría un artículo al capítulo 2 del título 4 de la parte 2 y un inciso al artículo 1.6.1.2.19. del Decreto 1625 de 2016, único reglamentario en materia tributaria, en lo relacionado con la reglamentación aplicable a las donaciones y el régimen tributario especial en el impuesto de renta y complementario.
Concepto 018488 de 14-06-2017
Con el ánimo de procurar claridad y mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes en los municipios en donde efectivamente realizan las actividades gravadas con el impuesto de industria y comercio, el legislador se ocupó de fijar algunas reglas de territorialidad para este impuesto a través del artículo 343 de la Ley 1819 de 2016. En lo referente a la actividad comercial, dicho artículo señala que el impuesto debe pagarse en el municipio en donde se realiza la actividad; si se realiza a través de establecimientos de comercio, pagarse donde se encuentren dichos establecimientos y, de no tener establecimientos, la actividad se entiende realizada en el lugar en donde se concreta el precio y la cosa vendida (en los dos últimos casos se precisa el elemento espacial del tributo, un territorio).
Concepto 018505 de 14-06-2017
La condición especial de pago señalada en el artículo 356 de la Ley 1819 de 2016 debe ser adoptada por la Asamblea Departamental o el Concejo Municipal. No obstante, si esas corporaciones administrativas no la adoptan dentro de los cuatro meses siguientes a la entrada en vigencia de la ley, podrán hacerlo los gobernadores y alcaldes. Así, si bien las autoridades municipales y departamentales se encuentran habilitadas para adoptar el beneficio, prevalece el respeto por la autonomía de las entidades territoriales consagrado en la Constitución Política.
Concepto 018315 de 13-06-2017
Los consorcios o uniones temporales deberán cumplir con las obligaciones formales y sustanciales relacionadas con el impuesto de Industria y Comercio cuando a través de esta figura contractual se ejerzan o desarrollen actividades gravadas con dicho impuesto.
Concepto 017782 de 09-06-2017
La base gravable especial, para efectos del ICA, definida para los distribuidores de derivados del petróleo y demás combustibles se encuentra vigente. No obstante, cabe señalar que, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 1333 de 1986, el tratamiento preferencial se otorgó únicamente para la comercialización de combustibles, de suerte que el margen bruto de comercialización no debe aplicarse a productos como grasas, aceites, lubricantes, etc.
Decreto 975 de 09-06-2017
El Ministerio de Hacienda publicó el Decreto 975 del 9 de junio de 2017 con el cual amplía el plazo hasta el 31 de agosto de 2017 para que los contribuyentes que opten por el monotributo se inscriban en el RUT. Lo anterior tiene como fin que la administración tributaria pueda adelantar las jornadas de divulgación para la aplicación de las disposiciones contenidas en el Decreto 738 del 8 de mayo de 2017 –reglamentario del monotributo–, de tal manera que se facilite a los contribuyentes el proceso de formalización.
Proyecto de decreto para reglamentar el numeral 8 del artículo 235-2 del ET sobre rentas exentas
Por el cual se modifica el Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en materia tributaria para adicionar el artículo 1.2.22.41 al capítulo 22 del título 1 de la parte 1 del libro 1, y reglamentar el numeral 8 del artículo 235-2 del ET, respecto a la prestación del servicio de transporte fluvial con embarcaciones y planchones de bajo calado.
Entidad que emite Cualquier entidad Agencia Nacional de Contratación PúblicaAlcaldía de BarranquillaAlcaldía de BogotáAlcaldía de BucaramangaAlcaldía de Santiago de CaliBanco de la RepúblicaCámara de RepresentantesColcienciasComisión de Regulación de ComunicacionesConcejo de BogotáConcejo de Santiago de CaliCongreso de ColombiaConsejo de EstadoConsejo Técnico de la Contaduría PúblicaContaduría General de la NaciónContraloría General de la RepúblicaCorte ConstitucionalCorte Suprema de JusticiaDepartamento Administrativo de Hacienda MunicipalDepartamento Administrativo de la Función PúblicaDepartamento Administrativo de la Presidencia de la RepúblicaDepartamento Administrativo Nacional de EstadísticaDepartamento Administrativo para la Prosperidad SocialDepartamento Nacional de PlaneaciónDIANDirección Nacional de Derecho de AutorInstituto Colombiano de Bienestar FamiliarJunta Central de ContadoresMinisterio de AgriculturaMinisterio de ambienteMinisterio de ComercioMinisterio de ComunicacionesMinisterio de CulturaMinisterio de Defensa NacionalMinisterio de Educación NacionalMinisterio de HaciendaMinisterio de Justicia y del DerechoMinisterio de Minas y EnergíaMinisterio de Protección SocialMinisterio de Relaciones ExterioresMinisterio de Salud y Protección SocialMinisterio de Tecnologías de la Información y las ComunicacionesMinisterio de TransporteMinisterio de ViviendaMinisterio del Interior y de JusticaMinisterio del TrabajoPresidencia de la RepúblicaProcuraduría General de la NaciónRegistraduría Nacional del Estado CivilSecretaría de Hacienda de BogotáSecretaría Distrital de PlaneaciónSenado de la RepúblicaServicio Nacional de AprendizajeSubdirección de Gestión Normativa y DoctrinaSuperbancariaSuperfinancieraSuperindustria y ComercioSuperintendencia de Notariado y RegistroSuperintendencia de Puertos y TransporteSuperintendencia de Servicios Públicos DomiciliariosSuperintendencia de VigilanciaSupersaludSuperserviciosSupersociedadesSupersolidariaSupersubsidioTribunal Administrativo de CundinamarcaUGPPUIAFUnidad Administrativa Especial Contaduría General de la Nación
Tipo de norma Cualquier tipo AcuerdoCircularConcepto / OficioDecretoJurisprudencia / SentenciasLeyOrientación ProfesionalOtrosProyectosResolución
Consejo Técnico de la Contaduría Pública IVA SAS CTCP Impuesto de Renta renta Resumen Semanal liquidación Retención en la Fuente Supersociedades revisor fiscal NIIF ​DIAN retención procedimiento
Entre el 1 y 31 de marzo de 2018 29,02 %
Entre el 1 y 28 de febrero del 2018 29,52 %
Entre el 1 y 31 de marzo de 2018 20,68 %
Entre el 1 y 28 de febrero de 2018 21,01 %
Entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2018 36,78 %
Entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2017 36,76 %
Entre el 1 y 31 de marzo de 2018 31,02 %
Entre el 1 y 28 de febrero de 2018 31,52 %
Entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2018 55,17 %
Entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2017 55,14 %
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