Source: https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1997/RAP/SUP-RAP-00004-1997.htm
Timestamp: 2019-03-24 09:47:36
Document Index: 299835015

Matched Legal Cases: ['artículo 33', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 27', 'artículo 38', 'artículo 35', 'artículo 67', 'artículo 44', 'artículo 25', 'artículo 26', 'artículo 5', 'artículo 27', 'artículo 49', 'artículo 27', 'artículo 35', 'artículo 82', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 33', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 10', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 49', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 34', 'artículo 33', 'artículo 5', 'artículo 33']

SUP-RAP-004-1997
SUP-RAP-004/97
ALIANZA CIVICA, A.C.
AGRUPACION POLITICA NACIONAL.
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.
MAGISTRADA PONENTE: ALFONSINA BERTA NAVARRO HIDALGO.
SECRETARIO: JESUS ARMANDO PEREZ GONZALEZ.
México, Distrito Federal, a catorce de febrero de mil novecientos noventa y siete.
VISTO, para resolver el recurso de apelación al rubro indicado, interpuesto por Sergio Aguayo Quezada, como representante legal de Alianza Cívica, A.C., Agrupación Política Nacional, en contra de la resolución de quince de enero de mil novecientos noventa y siete, pronunciada por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, sobre la solicitud de su registro como Agrupación Política Nacional; y,
PRIMERO.- Mediante decreto del diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y seis, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día veintidós del mes y año referidos, se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, entre otros ordenamientos jurídicos, destacando, en lo que en la especie interesa, el Capítulo Segundo, del Título Primero, del Libro Segundo, del Código mencionado, dentro del cual se comprendió el artículo 33, advirtiéndose que en éste se introduce la figura jurídica de las agrupaciones políticas nacionales, conceptuándolas como formas de asociación ciudadana que coadyuvan al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, así como a la creación de una opinión pública mejor informada; del mismo modo, se aprecia que el párrafo 1, numeral 35 de la legislación en comento, estatuye que quien solicite el registro como tal ---agrupación política nacional---, deberá acreditar ante el Instituto Federal Electoral diversos requisitos, entre otros, contar con un mínimo de siete mil asociados en el País, con un órgano directivo de carácter nacional y tener delegaciones en cuando menos diez Entidades Federativas, así como disponer de documentos básicos y una denominación distinta a cualquier otra agrupación o partido; el mismo precepto invocado, en su párrafo 2, señala que la asociación interesada presentará durante el mes de enero del año anterior al de la elección, junto con su solicitud de registro, la documentación con la que acredite los anteriores requisitos y los que, en su caso, señale el Consejo General del Instituto.
SEGUNDO.- En sesión extraordinaria celebrada el veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y seis, el Consejo General del Instituto Federal Electoral, en ejercicio de la facultad que le confirió el mencionado artículo 35, párrafo 2, del código de la materia, aprobó el acuerdo por el que se indican los requisitos que deberán cumplir las asociaciones de ciudadanos que pretendan constituirse como agrupaciones políticas nacionales, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y seis, que, en lo conducente, dice:
"... PRIMERO.- El Consejo General, en atención a lo dispuesto por los artículos 35, párrafos 1 y 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y séptimo transitorio del artículo primero del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del mismo ordenamiento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 1996, precisa los requisitos que deberán cumplir las asociaciones de ciudadanos, a fin de que puedan obtener su registro como agrupación política nacional:
1.- El plazo para que las asociaciones de ciudadanos interesadas presenten su solicitud de registro como agrupación política nacional, abarca a partir de la fecha de publicación del presente acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, y hasta el 15 de diciembre de 1996, inclusive.
2.- Las solicitudes deberán presentarse en el formato anexo al presente acuerdo y que forma parte integrante del mismo. Dicho formato queda a disposición de las organizaciones solicitantes en la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral...
3.- La solicitud deberá presentarse acompañada de la documentación fehaciente y en original con la que acrediten los siguientes requisitos:
A) Demostrar con documentación fehaciente la constitución de la asociación de ciudadanos de que se trate, presentando el documento original o en su caso, copia certificada del mismo.
B) Demostrar con documentación fehaciente, la personalidad de quién o quiénes suscriben la solicitud de registro como agrupación política nacional por parte de la asociación de ciudadanos, presentando el documento original, o en su caso, copia certificada del mismo.
C) Contar con un mínimo de 7,000 asociados en el país, lo cual deberá demostrarse presentando los originales de las respectivas listas de asociados, que se integraran con el nombre y apellidos paterno y materno, en orden alfabético; la clave de la credencial para votar con fotografía, y su domicilio particular, dichas listas de asociados deberán estar agrupadas por entidad federativa y se acompañaran de las cédulas u hojas formales de asociación en original autógrafa que haya suscrito cada ciudadano a la asociación de que se trate, debiendo también agruparse por entidad federativa.
D) Contar con un órgano directivo a nivel nacional, y tener delegaciones en cuando menos 10 entidades federativas, lo cual deberá además demostrarse con documentación fehaciente en original, que acredite la existencia del domicilio social de la asociación de ciudadanos solicitante, a nivel nacional, y el de sus delegaciones a nivel estatal.
E) Disponer de declaración de principios, programa de acción y estatutos, en los términos de los artículos 25, 26 y 27 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para lo cual deberá presentar un ejemplar de cada uno estos documentos (sic).
F) La documentación solicitada en los incisos anteriores, deberá ostentar una denominación distinta a cualquier otra organización o partido político, no pudiendo utilizarse bajo ninguna circunstancia las denominaciones "partido" o "partido político" en ninguno de sus documentos, en cumplimiento a lo señalado por los artículos 33, párrafo 2 y 35, párrafo 1, inciso b), del Código ya invocado.
SEGUNDO.- La documentación comprobatoria de los requisitos legales, presentada en términos de lo dispuesto en el punto anterior de este acuerdo, deberá ser verificada por el Consejo General, a través de la comisión correspondiente..."
TERCERO.- Mediante escrito presentado ante el Instituto Federal Electoral, el quince de diciembre de mil novecientos noventa y seis, suscrito por Sergio Aguayo Quezada, como representante de Alianza Cívica, A.C., solicitó se le otorgara a su representada, su registro como Agrupación Política Nacional.
CUARTO.- El Consejo General del Instituto Federal Electoral, en sesión extraordinaria celebrada el quince de enero de mil novecientos noventa y siete, decidió lo concerniente a tal solicitud, cuya resolución, en lo conducente, concluyó con los siguientes puntos decisorios:
PRIMERO.- Procede el otorgamiento del registro como agrupación política nacional, a la asociación civil denominada `Alianza Cívica' A.C., en los términos de los considerandos de esta resolución, toda vez que cumple con lo dispuesto por el artículo 35 párrafo 1, incisos a) y b) y 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y por satisfacer los requisitos precisados en el acuerdo respectivo, que fue expedido al efecto por este Consejo General.
SEGUNDO.- Comuníquese a la asociación denominada `Alianza Cívica' A.C., que cuenta con 30 días naturales, contados a partir de la fecha de notificación de esta resolución, a efecto de informar a este Consejo General de la fecha en que realizarán las reformas a sus estatutos, a fin de cumplir cabalmente con los extremos establecidos por el artículo 27, párrafo 1, inciso c), fracción IV del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y las modificaciones a los contenidos en su programa de acción relativos a la observación electoral. El plazo que establezca la asociación `Alianza Cívica' A.C., deberá ser lo más breve posible, en la medida que lo permitan sus estatutos para convocar a la reunión ordinaria o en su caso, extraordinaria que deba realizar el órgano directivo estatutariamente competente para este fin. Dichas modificaciones deberán hacerse del conocimiento de este Consejo General en el término establecido por el artículo 38, párrafo 1, inciso I), del Código invocado, y para que, previo dictamen sean agregados al expediente respectivo.
TERCERO.- Apercibiéndose a la asociación denominada `Alianza Cívica' A.C., que en el caso de no cumplir en sus términos con lo señalado en el punto segundo de la presente resolución, este Consejo General procederá a declarar la pérdida del registro como agrupación política nacional previa audiencia en que la interesada será oída en defensa. En términos de lo preceptuado por el artículo 35, párrafo 13, incisos d) y f), en relación con el artículo 67, párrafo 2, ambos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales."
QUINTO.- Inconforme con tal resolución, Sergio Aguayo Quezada, como representante de Alianza Cívica, A.C., Agrupación Política Nacional, interpuso, en su contra, recurso de apelación, el cual fue recibido por la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral a las "12:30" "P.M." el "24 Ene 97", según se advierte del sello impreso en el ocurso que contiene tal medio de impugnación.
SEXTO.- Mediante oficio de treinta de enero próximo pasado, el Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, turnó el asunto a la Magistrada Alfonsina Berta Navarro Hidalgo; proveída que fue su admisión y una vez cerrada la instrucción, se formuló el proyecto de resolución correspondiente; y,
PRIMERO.- Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver el presente negocio, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186 fracción V y 189 fracción I, inciso c) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el artículo 44, párrafo 2, inciso a) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por impugnarse, durante un proceso electoral federal, una resolución emitida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral.
SEGUNDO.- En relación con los agravios que se hacen valer y que posteriormente se expondrán, debe tenerse en cuenta, al realizar su examen, la motivación conducente que rige el sentido de la resolución recurrida, la cual, al pronunciarse, aprobó el dictamen que le fuera presentado por la Comisión designada para tal fin; dictamen que, en lo conducente, es del tenor literal siguiente:
"8.- Que la comisión que suscribe el presente dictamen y proyecto de resolución, tal como lo establece el inciso e) del considerando uno de este instrumento, analizó la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos que presentó la asociación de ciudadanos solicitante, a efecto de comprobar si los mismos cumplen en lo conducente con los extremos señalados respectivamente, por los artículos 25, 26 y 27 del Código de la Materia.
Que el resultado de este análisis, indica que la declaración de principios cumple con los extremos establecidos por el artículo 25 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Que por lo que hace al análisis del programa de acción, cumple con lo establecido por el artículo 26 del referido ordenamiento; que no obstante lo anterior, esta comisión anota que el programa de acción de la asociación que nos ocupa establece entre sus actividades la observación electoral, que de conformidad con el artículo 5, párrafo 3, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, es una actividad que no pude ser realizada por partidos u organización política alguna, en tanto su calidad de personas morales.
Que respecto al análisis de los estatutos, se obtuvo como resultado, que estos no contravienen lo dispuesto por el artículo 27, párrafo 1, inciso c), fracción IV de la Ley Electoral vigente, aunque dichos documentos no hacen explícita las funciones, facultades y obligaciones de sus órganos directivos; y contar con el órgano responsable de la administración de sus recursos financieros y de la presentación de los informes referidos en el artículo 49-A del Código invocado.
El resultado de estos análisis se relaciona como anexo número seis, que en dos fojas útiles, forma parte del presente dictamen y proyecto de resolución.
9.- Que la comisión analizó el conjunto de la documentación presentada, para constatar que la solicitante se ostenta con una denominación distinta a cualquier otra organización o partido político, dando como resultado que, al denominarse "Alianza Cívica" A.C., y al presentar documentación con dicha denominación, se tiene por cumplido el requisito objeto de el presente considerando.
10.- Que con base en toda la documentación que conforma el expediente de constitución como agrupación política nacional, de la asociación civil denominada "Alianza Cívica" A.C., y con fundamento en los resultados de los análisis descritos en los considerandos anteriores, se concluye que la solicitud de la asociación de ciudadanos señalada, no contraviene las formalidades establecidas por el inciso e) del punto primero del acuerdo citado en el punto 1 del apartado de antecedentes del presente proyecto de resolución, aunque no hace explícitos los requisitos establecidos para los estatutos por el artículo 27 párrafo 1, inciso c), fracción IV del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Por otra parte, se hace referencia en su programa de acción a la actividad de observación electoral, actividad que no podrá ser realizada por partido u organización política alguna; que sin embargo, atendiendo al hecho de que cumple con todos los requisitos, y que la observancia de los puntos mencionados en este considerando puede ser subsanada por el órgano de dirección estatutariamente facultado para el efecto; que de lo anterior se concluye que es procedente otorgar el registro correspondiente, siempre y cuando, se realicen las modificaciones necesarias para el cabal cumplimiento del ya señalado artículo del Código de la Materia.
Lo anteriormente señalado, se detalla en el anexo número siete, que en una foja útil, forma parte del presente dictamen y proyecto de resolución.
11.- Que por lo anteriormente expuesto y fundado, esta comisión concluye que la solicitud de la asociación civil denominada "Alianza Cívica" A.C., reúne los requisitos necesarios para obtener su registro como agrupación política nacional, de acuerdo a lo prescrito por el artículo 35, párrafos 1, incisos a) y b); y 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y en el acuerdo emitido al efecto por el Consejo General.
En consecuencia, la comisión que suscribe propone al Consejo General del Instituto Federal Electoral, que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 35, párrafo 3 y 80 en relación con el séptimo transitorio del artículo primero, del decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; y en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 82, párrafo 1, incisos k) y z) del mismo ordenamiento, dicte la siguiente:"
TERCERO.- En su escrito relativo, la agrupación impugnante hace valer como agravios los siguientes:
"SOBRE LA ACTIVIDAD DE LA OBSERVACION ELECTORAL
PRIMERO. Violación al principio de legalidad, al pretender prohibir la actividad de observación electoral.
El acto reclamado adolece de grave ilegalidad de conformidad con la consideraciones jurídicas que adelante se señalan, y que atentamente solicito sean consideradas de manera particular y como agravios cuya fundación y procedencia no depende de la procedencia de los primeros:
1) En los considerandos 8 y 10 de la resolución impugnada, la autoridad responsable manifiesta que:
"8... El programa de Acción de la Asociación que nos ocupa establece entre sus actividades la observación electoral, que de conformidad con el artículo 5, párrafo 3, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, es una actividad que no puede ser realizada por partidos u organización política alguna, en tanto su calidad de personas morales"
"10... Por otra parte, se hace referencia en su Programa de Acción a la actividad de Observación Electoral, actividad que no podrá ser realizada por partido u organización política alguna (pero) considerando (que ello) puede ser subsanado por el órgano de dirección estatutariamente facultado para el efecto...es procedente otorgar el registro correspondiente, siempre y cuando se realicen las modificaciones necesarias para el cabal cumplimiento del ya señalado artículo del código de la materia"
2) Mediante esta deficiente, ilegal e inconstitucional interpretación de las normas del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la autoridad responsable condiciona el registro otorgado a Alianza Cívica, A.C., bajo la exigencia y apercibimiento de que se modifiquen los estatutos de la Agrupación Política. Además, cabe agregar que la autoridad responsable exige que se modifiquen los estatutos de la A.C., mismos que no contienen mención alguna a la actividad de la observación electoral, por lo que se exige una cuestión sin materia jurídica.
Independientemente de lo anterior, es necesario señalar lo siguiente:
3) La actividad de la observación electoral, es un derecho de los ciudadanos mexicanos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5, párrafo 3:
"Es derecho exclusivo de los ciudadanos mexicanos participar como observadores de los actos de preparación y desarrollo del proceso electoral, así como de los que se lleven a cabo el día de la jornada electoral, en la forma y términos en que determine el Consejo General del Instituto para cada proceso electoral"
De la simple lectura de este artículo, es evidente que ninguna persona moral podría realizar tal actividad "en tanto su calidad de personas morales", puesto que la ciudadanía es un atributo exclusivo de las personas físicas, y este derecho en particular es exclusivo de los ciudadanos mexicanos. Por ello, resulta innecesaria la prevención manifestada por la autoridad responsable y, por ende, resulta ilegal el apercibimiento y el ilegal e infundado condicionamiento del registro en favor de Alianza Cívica, A.C.
Respecto de la supuesta imposibilidad de las agrupaciones políticas para "realizar" la actividad de observación electoral, indebidamente fundada en el artículo 5, párrafo 3 inciso b), es conveniente manifestar lo siguiente:
4) El mismo artículo 5, en su párrafo 1, establece que:
"Es derecho de los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos nacionales y agrupaciones políticas y afiliarse a ellos individual y libremente"
En el párrafo 3 de este mismo precepto, se establece el derecho exclusivo de los ciudadanos mexicanos, para actuar como observadores, atendiendo a las bases previstas por dicho ordenamiento, entre las que se encuentra el citado inciso b):
"Los ciudadanos que pretendan actuar como observadores deberán señalar en el escrito de solicitud los datos de identificación personal anexando fotocopia de su Credencial para Votar con fotografía, y la manifestación expresa de que se conducirán conforme a los principios de imparcialidad, objetividad, certeza y legalidad y sin vínculos a partido u organización política alguna"
Resulta claro y evidente que de este precepto no puede hacerse ninguna inferencia lógica que permita concluir que las agrupaciones políticas no puedan, o tengan prohibido, realizar actividades de observación, por lo que es evidente el agravio que causa a la parte actora la condición y el apercibimiento impuesto por la autoridad responsable al respecto.
5) El propio párrafo 3 del artículo 5, en su inciso c), establece que:
"La solicitud de registro para participar como observadores electorales, podrá presentarse en forma personal o a través de la organización a la que pertenezcan, ante el presidente del Consejo Local o Distrital correspondiente a su domicilio, a partir del inicio del proceso electoral y hasta el 31 de mayo del año de la elección. Los presidentes de los Consejos Locales y Distritales, según el caso, darán cuenta de las solicitudes a los propios Consejos, para su aprobación, en la siguiente sesión que celebren. La resolución que se emita deberá ser notificada a los solicitantes. El Consejo General garantizará este derecho y resolverá cualquier planteamiento que pudiera presentarse por parte de los ciudadanos o las organizaciones interesadas;
Es evidente que en el Programa de Acción presentado por Alianza Cívica Agrupación Política Nacional, al amparo de esta misma disposición, establece que dicha agrupación.
"Realizará y apoyará la observación electoral en las elecciones federales, locales y municipales. También realizará y apoyará conteos rápidos relacionados con los resultados electorales, en los términos que establezcan las leyes"
Como puede apreciarse, la ley electoral reconoce la posibilidad de que los observadores actúen a través de las "organizaciones" a las que pertenezcan, tanto para obtener su acreditación (art. 5.3.c), como para capacitarse (art. 5.3. d. IV) y reunir fondos (art. 5.4.). Es en este sentido en el que la agrupación "REALIZARA (como conjunto de ciudadanos organizados, que tienen derecho de tramitar su acreditación a través de la organización a la que pertenecen, y en ningún momento "en su calidad de persona moral", ya que Alianza Cívica NO puede acreditarse como OBSERVADOR por sí misma) y APOYARA (por ejemplo, con financiamiento, difusión, capacitación, etc.)" , la observación electoral, que, al fin de cuentas, es un derecho exclusivo de los ciudadanos que integran la propia Agrupación Política Nacional.
6) Suponiendo que la autoridad responsable equivocada e infundadamente, equipare e iguale el concepto de "agrupación política nacional" con el de "organización política", cabe señalar lo siguiente:
a) El término Agrupación Política Nacional se encuentra plenamente definido por el artículo 33 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos electorales, por lo que la referencia a una "organización política", dentro del mismo contexto normativo, no puede entenderse como un sinónimo, sino como dos palabras claramente diferentes y con significados distintos.
Lo anterior se hace evidente en diversos artículos del propio Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales entre los que se encuentra el art. 22:
"La organización o agrupación política que pretenda constituirse en partido político para participar en las elecciones federales deberá obtener su registro ante el Instituto Federal Electoral".
Resulta claro, que la ley está señalando una clara distinción entre ambos conceptos, ya que si fueran sinónimos, bastaría que se refiriera a alguna de ellas, por lo que resulta palmaria que la interpretación de la autoridad responsable adolece gravemente de ilegalidad e incluso de inconstitucionalidad, puesto que pretende limitar y privar de un derecho a la agrupación política nacional, como organización de ciudadanos, y a sus integrantes en lo particular, sin fundamento alguno.
7) Ahora bien, cabe mencionar que antes de la última reforma electoral, el artículo 5, párrafo 3, inciso c), establecía que el registro de observadores podría tramitarse a través de la agrupación a la que pertenecieran, pero tras las modificaciones legales, dicho vocablo fue sustituido por el de "la organización a la que pertenezcan". Este cambio resulta a todas luces lógico y necesario puesto que, como ya se ha manifestado en el presente ocurso, la intención legislativa era "abrir" cauces de participación, en lugar de cerrarlos. Desde el momento en el que la ley define el concepto de "Agrupaciones Políticas Nacionales", cualquier referencia a la palabra "agrupaciones" se entendería dirigida a tales personas morales, definidas en ley, de tal suerte que, en el caso que nos ocupa, la lectura del artículo citado sería que sólo las agrupaciones políticas podrían fungir acreditar observadores, cerrando las puertas a otros tipos de organizaciones. Es evidente que el cambio legislativo no pretende "prohibir", como lo afirma la autoridad responsable, a las agrupaciones políticas su función de organizaciones de observadores, sino que pretende abrir esta posibilidad a todo tipo de organizaciones cuyo objeto sea el de ejercitar tal prerrogativa ciudadana.
8) Adicionalmente, cabe señalar que el propio artículo 5, párrafo 3, inciso d), establece limitativamente, a contrario sensu, los sujetos que no pueden actuar como observadores, es decir, aquellos que no reúnan las características que ahí se establecen. En el caso de las organizaciones y partidos, el único límite es el no haber sido candidato o miembro de dirigencias nacionales, estatales o municipales, de partido u organización alguna en los últimos tres años.
9) La autoridad responsable excede sus facultades y causa agravio a la parte actora y, en general, incurre en ilegalidad al tratar de extender estas prohibiciones a otros ámbitos en los que la sola lectura de la ley no permite su aplicabilidad.
10) El hecho de que un ciudadano decida integrar o afiliarse a los partidos políticos o a alguna agrupación política nacional, no excluye sus demás derechos políticos, en tanto no exista una norma expresa o un acto de autoridad particular que así lo determine. Tal es el acertado criterio jurisprudencial establecido por el Tribunal Federal Electoral:
"NORMAS JURIDICAS. CONGRUENCIA ENTRE ELLAS.- Es de explorado derecho que dos normas pertenecientes a un mismo ordenamiento legal, deben ser congruentes entre sí, de tal manera que la observancia de una no pueda acarrear simultáneamente el incumplimiento de la otra."
SC-I-RAP-030/94. Partido Acción Nacional. 11-V-94. Unanimidad de votos.
En este sentido, es importante destacar que el propio término de "organización", es empleado en el artículo 5, párrafo 3, tanto en su inciso b) (organización política), como en su inciso c) (organización a la que pertenezcan). En estricto sentido, no habría una diferencia clara entre "ambos" tipos de organizaciones, ya que aquéllas referidas a los observadores, también podrían ser consideradas como organizaciones políticas, de conformidad con el criterio jurisprudencial sentado por el Tribunal Federal Electoral, en el sentido siguiente:
"ACTIVIDAD POLITICA. SIGNIFICACION DE LA.- El término POLITICA derivado del adjetivo de POLIS POLITIKOS, que significa todo lo que se refiere a la ciudad, dio origen al concepto aristotélico de ARTE o CIENCIA de GOBERNAR; sin embargo, no estamos frente a un concepto unívoco que, en lógica, es el término que se aplica siempre con la misma significación; tampoco es un concepto equívoco en cuanto que pueda aplicarse propiamente a diversos conceptos que no guarden entre sí ninguna relación, sino que es un término análogo en cuanto se aplica a diversos conceptos que guardan relación entre sí o con otro principal, como el arte o ciencia de gobernar, pero además, como términos secundarios, por una analogía propia de participación, a toda actividad relacionada directamente con el gobierno, ya sea para conquistarlo, conservarlo, tomar en él alguna participación, desarrollar una crítica de su desempeño, proponer objetivos y medios para alcanzarlos. En suma, la significación de la política, lo político o la actividad política, puede tener una gran amplitud".
SC-I-RA-002/91. Organización denominada Partido Verde Ecologista México. 9-II-91. Unanimidad de Votos.
En este sentido, las organizaciones de observadores también serían parte del concepto amplio de organizaciones políticas, sin embargo, atendiendo al principio de congruencia de las normas, apuntado anteriormente, tal interpretación no tiene lugar y por lo tanto, tampoco la tiene aquélla que pretende igualar a las agrupaciones políticas con las organizaciones políticas referidas en el inciso b), del párrafo 3, del artículo 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Resulta claro entonces, que la intención del legislador en el precepto señalado, que obliga a los observadores a manifestar expresamente que "se conducirán conforme a los principios de imparcialidad, objetividad, certeza y legalidad y sin vínculos a partido u organización política alguna", no es otra que la de garantizar precisamente la imparcialidad y objetividad de los ciudadanos, con el afán de garantizar que no sean "juez y parte" dentro del proceso electoral que observarán y sobre el cual emitirán, eventualmente, una opinión.
En este sentido, Alianza Cívica, establece expresamente en sus documentos básicos, así como en cada una de las 7,711 cédulas de afiliación individual de sus miembros, que no postulará candidatos, ni tendrá vínculos con partidos políticos. De esta manera, cada uno de los afiliados a Alianza Cívica Agrupación Política Nacional, ya han manifestado expresamente que no se conducirán con vínculos a organización o partido político, puesto que han aceptado este principio de no postulación y de independencia frente a ellos, de tal suerte que bajo ninguna circunstancia, tendrían un conflicto de intereses que los llevara a ser "juez y parte".
De esta manera, es patente el agravio que causa la autoridad responsable, cuando pretende condicionar el registro como Agrupación Política Nacional, a la renuncia expresa de un derecho político de los ciudadanos que la integran, y a la aceptación de una prohibición no prevista por ninguna norma o disposición legal, con lo que se causa un agravio evidente en contra de la parte actora.
11) Atendiendo al criterio de congruencia normativa y al sistemático de interpretación de las normas electorales, es necesario señalar el sentido y alcance del inciso b) del párrafo 3, del artículo 5 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
En primer lugar, el derecho de los ciudadanos para afiliarse a agrupaciones y partidos políticos, no se ve limitado de ninguna manera por la ley electoral. Respecto al derecho para actuar como observador, la ley no impone prohibición alguna, sino que se trata de un mandato legal, puesto que lo único que puede entenderse de la norma en comento, es que los ciudadanos, al solicitar su acreditación como observadores, deben manifestar expresamente, que se conducirán, en tanto ejercen la actividad de observación, sin vínculos a partido u organización alguna.
En este mismo sentido, el inciso d) del mismo artículo no establece como requisito, para obtener la acreditación, la no militancia o afiliación, y más aún, el inciso e) siguiente, establece las obligaciones de abstención de los observadores, entre las que se encuentran las actividades de proselitismo y las manifestaciones en favor de partidos o candidatos.
De todo lo anterior se desprende una clara y congruente interpretación, en el sentido de que el ciudadano puede ejercitar su derecho exclusivo de libre asociación política y de afiliación, pero ello no implica que no pueda ejercitar su derecho también exclusivo de actuar como observador. Sin embargo, la ley le exige que su actuación se guié por los principios rectores y que, durante la observación, se abstenga de manifestar sus preferencias políticas, es decir, que se abstenga de actuar o conducirse según los vínculos que tenga con partidos u organizaciones políticas. No puede haber otra interpretación, puesto que esos vínculos y preferencias constituyen actividades plenamente lícitas de los ciudadanos.
12) Asimismo, la autoridad responsable tiene expresamente la obligación de garantizar ese derecho (el de la observación), pero mediante la resolución impugnada, no sólo no lo garantiza, sino que atenta en contra de él, puesto que no aporta ningún tipo de interpretación fundada y convincente que justifique su equívoca e ilegal aplicación del pluricitado artículo legal, cuyos destinatarios son los ciudadanos y no las agrupaciones políticas.
13) En virtud de todo lo anterior, el condicionamiento de la autoridad responsable causa agravios en contra de la parte actora, a quien debe otorgarse el registro de manera llana y sin el condicionamiento referido al aspecto de la observación electoral, en virtud de que interpreta erróneamente el inciso b) del párrafo 3 del artículo 5 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, e incumple gravemente con lo dispuesto por el inciso c) del mismo precepto mencionado."
CUARTO.- Previo el análisis de los agravios hechos valer, por ser de orden público y de carácter preferente, se procede al estudio de la causal de improcedencia hecha valer por la autoridad responsable quien, en su informe circunstanciado, argumenta que resulta improcedente el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, en términos de lo previsto por el artículo 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por haber sido interpuesto en forma extemporánea, toda vez que la resolución que impugna el apelante le fue notificada el veinte de enero del año en curso y éste interpuso su recurso el día veinticinco de ese mismo mes y año, transcurriendo, con exceso, el plazo de cuatro días a que se refiere el párrafo 1 del artículo 8 de la invocada Ley, manifestando, al efecto, "bajo protesta de decir verdad", que el recurso fue recibido en la Secretaría Ejecutiva a las "00:30 horas del día 25 de enero de 1997", no obstante que el sello del reloj fechador que aparece en el escrito recursal señala las "12:30 p.m. del 24 de enero", lo que ocurrió por un error, ya que dicho reloj no cambia automáticamente de fecha, agregando que, la parte actora presentó 40 minutos antes, una demanda de juicio de protección de los derechos político-electorales del ciudadano, la cual fue sellada por el reloj checador a las "11:50 p.m. del 24 de enero de 1997", por lo que, al haberse recibido el presente recurso de apelación 40 minutos después, las "12:30 p.m." en realidad corresponden a las "00:30 horas" del día siguiente.
Al respecto, esta Sala Superior considera que en el presente caso no se actualiza la causal de improcedencia hecha valer por la autoridad responsable, toda vez que la misma ningún elemento de convicción aportó, que acredite su dicho o desvirtúe la presentación en tiempo del recurso de apelación; presentación oportuna que ponen de relieve las constancias de autos, de las que se advierte, claramente, que la resolución que impugna el apelante le fue notificada el veinte de enero de año en curso, y su escrito recursal fue presentado ante la responsable, a las "12:30 p.m" del veinticuatro de enero de mil novecientos noventa y siete, pues así lo evidencia el sello que aparece impreso en el mismo, de lo que se colige que la parte actora interpuso en tiempo su recurso de apelación, es decir, dentro del plazo de cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tuvo conocimiento del acto o resolución impugnada, de conformidad a lo previsto en el artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; habida cuenta que no es suficiente para tener por comprobado lo aducido por la responsable respecto a la fecha de presentación del recurso de que se trata, el que tal autoridad haya expresado sus aseveraciones relativas "bajo protesta de decir verdad", pues al constituir manifestaciones vertidas por parte interesada, las mismas, para ser acogidas favorablemente a sus pretensiones, requieren ser justificadas a través de los distintos medios de prueba existentes; luego, al no haber alguno que revele la veracidad de los asertos correspondientes, éstos deben desestimarse.
QUINTO.- El estudio de los agravios aducidos por la recurrente, permite arribar a las siguientes consideraciones jurídicas:
El primero de ellos carece de las cualidades necesarias para ser estimado como verdadero agravio, pues en él, sólo se transcribe parte de la resolución recurrida, omitiendo impugnar con algún argumento jurídico lo decidido por la autoridad responsable.
Por otra parte, son infundados los que se hacen valer bajo los apartados dos y tres del escrito relativo, ya que, contrariamente a lo que en ellos se arguye, la autoridad responsable al emitir la resolución recurrida, en relación a la actividad de observación electoral, no impuso a la agrupación apelante la obligación de que reformara sus estatutos, dado que, según se aprecia, al hacer alusión a la observación electoral, dicha autoridad especificó que lo que debería modificar era el programa de acción relativo y cuando se refirió a la reforma que debía hacerse en torno a los estatutos, aludió a la falta de órgano responsable de la administración de sus recursos financieros y de la presentación de los informes establecidos en el artículo 49-A del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; consideración esta última que, por cierto, cabe aclarar, no es impugnada en forma alguna en los agravios hechos valer y como este Tribunal no la encuentra objetivamente incorrecta, debe subsistir y continuar rigiendo tal aspecto del acuerdo recurrido. De suerte que, si la impugnante basa su agravio en una aseveración que se aleja de la realidad, en tanto que, como se puso de relieve, la restricción a que hizo referencia la autoridad en lo que atañe a la observación electoral, la relacionó con el programa de acción presentado por la inconforme, no así con los estatutos que regirán la vida interna de tal agrupación, de ello resulta que los agravios que sobre el particular se hacen valer, como arriba se indica, devienen infundados.
Igual calificativo merece el agravio hecho valer en siguiente término, pues en él, la propia recurrente reconoce que ninguna persona moral puede realizar la actividad de observación electoral, en virtud de lo que dispone el artículo 5, párrafo 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, ya que la ciudadanía es un atributo exclusivo de las personas físicas y el derecho de observador también es exclusivo de los ciudadanos mexicanos; empero, no por ello la prevención que formuló la autoridad responsable acerca de que, como ente moral, la apelante no estaba facultada para realizar la actividad de observación electoral puede reprochársele, pues precisamente su apreciación en el sentido apuntado se ajusta cabalmente a lo que establece tal norma jurídica, lo que justifica, en última instancia, y contrariamente a lo que se aduce, el apercibimiento que en la resolución recurrida hizo dicha autoridad a la inconforme, habida cuenta que la pretensión de tal autoridad, sobre el tema de que se trata, no fue otra sino la de que la impugnante modificara su programa de acción y suprimiera lo concerniente a la actividad electoral, para que su actuar fuera acorde con lo establecido por las disposiciones legales aplicables.
También es infundado el agravio externado bajo el apartado número cuatro, dado que, si bien las normas jurídicas que transcribe la inconforme, prevén derechos establecidos en favor de los ciudadanos mexicanos, tanto para constituir partidos políticos nacionales, agrupaciones políticas, afiliarse a ellos individual y libremente, así como para actuar como observadores con las obligaciones que el párrafo 3, inciso b), del artículo 5 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales indica, lo importante para declarar infundado el agravio de que se trata, radica en que es inexacto que de tales preceptos no se infiera la prohibición a las agrupaciones políticas de realizar actividades de observación electoral; pues aparte de que los derechos de los ciudadanos mexicanos son diferentes a los que tienen las agrupaciones políticas, sucede que, de lo previsto por el inciso b), del párrafo 3 del invocado artículo 5, claramente se desprende que una agrupación política, como tal, no puede intervenir en la actividad de la observación electoral; ya que dicha disposición es categórica al señalar que los "ciudadanos mexicanos" al actuar como observadores deben conducirse conforme a los principios de imparcialidad, objetividad, certeza y legalidad "y sin vínculos a partido u organización política alguna"; lo que viene a significar que al desplegarse tal actividad, quien la realice ---persona física---, debe estar totalmente desvinculada de cualquier partido político u organización política, entendiéndose que este último vocablo comprende a las agrupaciones políticas; limitación que es explicable si se tiene en cuenta que uno y otra tienen la facultad legal, el primero por sí mismo y la segunda a través de algún acuerdo de participación, de intervenir activamente en las distintas fases que conforman los procesos electorales federales, pudiendo postular a candidatos para ocupar puestos de elección popular en los términos previstos por la Ley de la Materia, cuya actuación, por su propia naturaleza, descarta o excluye la concerniente a la de observación electoral; de allí que, de lo establecido por el repetido párrafo 3 del invocado artículo 5, en oposición a lo que arguye la inconforme, válidamente puede inferirse que la actividad de observación electoral no pueden realizarla los partidos políticos ni las agrupaciones políticas.
Por otro lado, en cuanto al agravio número cinco, si bien el párrafo 3 inciso c), del artículo 5 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que la solicitud de registro para participar como observadores electorales, podrán presentarla los interesados en forma personal o a través de la organización a la que pertenezcan, ante la autoridad y en la fecha que el propio artículo especifica, el cual también prevé que el Consejo General garantizará ese derecho, no menos verídico resulta que tal norma jurídica carece de la interpretación que pretende atribuirle la inconforme, quien con base en tal precepto arguye que el mismo la faculta a realizar la actividad de la observación electoral, pues, si bien los aspirantes a observadores electorales pueden solicitar su acreditación y capacitarse a través de las organizaciones a las que pertenezcan, no puede aceptarse, en cambio, que por ese motivo una agrupación política tenga facultades para, por sí misma, llevar adelante las actividades propias de los observadores electorales; de modo que, lo explicado hace que deba considerarse infundado el agravio que se analiza, como también los que se hacen valer en sexto y séptimo lugares, puesto que, aunque fuera verdad que la frase "Organización Política" no constituye, en rigor, una sinonimia de la "Agrupación Política", ya que, como luego se verá, existe una particularidad que las distingue, sucede que, en ninguna parte de la resolución recurrida la autoridad responsable las equiparó o igualó, como inexactamente lo asegura la recurrente, a más de que cuando la ley prevé que los observadores podrán solicitar su registro como tales a través de la "Organización" a la que pertenezcan, dicha norma jurídica no hace referencia a que las organizaciones atinentes sean "Políticas" mucho menos que esas "Organizaciones" deban equipararse a "Agrupaciones Políticas", como lo quiere hacer ver la apelante; habida cuenta que, en todo caso, el vocablo "Organizaciones Políticas" vendría a ser el género y las palabras "Partidos Políticos" y "Agrupaciones Políticas", especies de aquélla; a lo que debe sumarse que es igualmente inexacto que la autoridad responsable, en la resolución recurrida, pretenda, en alguna forma, limitar y privar a los integrantes de la agrupación inconforme, en lo particular, de los derechos que como ciudadanos mexicanos la ley les confiere para desempeñar, de manera personal e independiente de la agrupación política a la que pertenecen, la actividad de observación electoral, ya que la lectura de dicha resolución permite constatar que la autoridad lo que estimó fue que la actividad de observación electoral no podía realizarse a través de una persona moral, constituída en agrupación política nacional; habida cuenta que, la recurrente en el agravio que se analiza, indica que, como agrupación política nacional, se le limita y priva del derecho de realizar la actividad de observación electoral; empero, es de destacarse que no señala cuáles son las normas jurídicas que prevén ese derecho en su favor, el cual, por otra parte, como en párrafos anteriores se anotó, está reservado exclusivamente a los ciudadanos mexicanos, quienes son los únicos facultados para ejercerlo, siempre y cuando cumplan con los demás requisitos que prevé para ese efecto la Ley de la Materia.
De la misma manera devienen infundados los agravios hechos valer bajo los apartados ocho y nueve del escrito recursal, pues si bien, en el inciso d), del párrafo 3 del multicitado artículo 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se señalan las personas que no pueden actuar como observadores, sin incluir, de manera expresa, a las agrupaciones políticas, ello no significa que, por tal razón, las mismas puedan realizar la actividad de observación electoral, sobre todo, si se tiene en cuenta que si tal quehacer está reservado para que se lleve a cabo por determinadas personas ---exclusivamente por ciudadanos mexicanos desvinculados de cualquier partido u organización política---, ello hizo innecesario que el legislador enumerara a las distintas personas morales que puedan existir, y que dada su constitución y objeto para la que se crearon, no pueden llevar a cabo dicha actividad, verbigracia partidos políticos, sociedades anónimas, etc.; de suerte que, se repite, la falta de inclusión en la referida norma legal, de las agrupaciones políticas, no hace que, por tal razón, deba considerarse que las agrupaciones políticas pueden actuar como observadoras electorales.
En otro aspecto, es cierto que el hecho de que un ciudadano decida integrar o afiliarse a un partido político o a alguna agrupación política nacional, no lo priva de sus demás derechos políticos, en tanto no se sitúe en alguna de las hipótesis restrictivas que señalan las leyes; empero, tal situación, en modo alguno, permite que una agrupación política nacional lleve a cabo la actividad de observación electoral, fundamentalmente, por que como ya se apuntó en párrafos precedentes, las agrupaciones políticas están facultadas para proponer candidatos para ocupar puestos de elección popular, mediante acuerdos de participación que celebren con partidos políticos, cuyo derecho, debe entenderse, constituye uno de carácter público y como tal, irrenunciable, lo que hace que cualquier estipulación en la que se establezca lo contrario es nula de pleno derecho y, como consecuencia, debe tenerse por no puesta. Dicho de otra manera, la naturaleza misma de la ley de orden público (artículo 34 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales), hace prevalecer su aplicación a las estipulaciones o acuerdos de interés particular, por lo que la renuncia que de ella se hiciere, expresa o implícitamente, se tendrá como nula y no puesta, en tanto que, las disposiciones de orden público, como las que contiene el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, son irrenunciables, precisamente por el interés de la sociedad en su observancia y aplicación. En tales condiciones, resulta irrelevante que la agrupación política quejosa haya establecido que dicha agrupación no postulará candidatos, ni tendrá vínculos con partidos políticos, dado que, las manifestaciones relativas que contienen sus documentos básicos y cada una de las cédulas de afiliación, por implicar la renuncia de un derecho público, deben tenerse por no puestas y así debe convenirse que en tal situación es inconsistente el argumento de la inconforme acerca de que como no postulará candidatos, su actuación le permite realizar la observación electoral, dado que, ésta, se repite, no puede ejercerse a través de una agrupación política, cuyo objetivo principal estriba en realizar los fines que prevé el artículo 33 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, esto es, coadyuvar en el desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, así como la creación de una opinión pública mejor informada, con los derechos que de manera expresa, le confieren las disposiciones subsiguientes, entre las que destaca la relativa a la postulación de candidatos para desempeñar cargos de elección popular, claro está, previo acuerdo de participación con un partido político, todo lo cual viene a revelar que, por ese motivo es incompatible, dada la naturaleza de las actividades que puede realizar, con las atinentes a las de observación electoral; de allí que, también devenga infundado el agravio que se hace valer en siguiente término, pues aunque ciertamente la ley no prohibe de manera sacramental, a las agrupaciones políticas actuar como observadores electorales, la limitación correspondiente deriva de la propia naturaleza política de que se encuentra investida una agrupación política como la recurrente.
Asimismo, infundados resultan los agravios hechos valer bajo los apartados once y doce del escrito relativo. Ciertamente, como se afirma, el derecho de los ciudadanos para afiliarse a agrupaciones y a partidos políticos, no se ve limitado en forma alguna por la Ley Electoral; también es verídico que de lo dispuesto por el inciso b), del párrafo 3, del artículo 5 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los ciudadanos, al solicitar su acreditación como observadores deben manifestar expresamente que en tanto ejerzan la actividad relativa se conducirán sin vínculos a partidos o a organizaciones políticas, y de que, en fin, también resulta certero lo que expresa la recurrente acerca de que la autoridad responsable está obligada a garantizar el derecho a la observación, todo ello, no resulta benéfico a la accionante en sus pretensiones jurídicas, por cuanto a que, contrariamente a lo que se aduce, en la resolución recurrida la autoridad responsable no dijo que los asociados de la agrupación impugnante, por pertenecer a ésta, estaban impedidos para realizar la actividad de la observación electoral, dado que, lo que apreció tal autoridad fue que dicha agrupación política, como tal, no podía ejecutar los actos concernientes a la observación electoral; apreciación que, en oposición a lo que se asevera, debe estimarse, como ya se ha puntualizado, apegada a derecho, en virtud de que las agrupaciones políticas, dada su propia naturaleza, carecen de la facultad de llevar a la práctica tan encomiable labor, por cuanto a que su cometido principal es,como lo señala el artículo 33, párrafo I, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, coadyuvar al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, así como a la creación de una opinión pública mejor informada, otorgándosele la facultad participativa en los procesos electorales federales, como lo preceptúa el párrafo I del siguiente precepto de la Ley de la Materia, mediante acuerdos de participación con un partido político, previéndose en este precepto cómo deben registrarse los candidatos surgidos de los acuerdos atinentes, todo lo cual patentiza que dada la intervención que pueden tener durante los procesos electorales federales, la actividad de observación electoral no es compatible jurídicamente, con aquella de postulación de candidatos para ocupar cargos de elección popular, aunque tal postulación se haga de manera indirecta, ya que lo verdaderamente importante es que la ley le otorga ese derecho, mismo que, como arriba se expresa, es irrenunciable y las claúsulas de sus documentos básicos u hojas de afiliación en el que se establezca lo contrario,deban tenerse por no puestas; y siendo ello así, es evidente que el último de los agravios hechos valer también debe calificarse de infundado, pues, se insiste, la autoridad responsable no irroga agravio alguno a la inconforme por haber estimado que de su programa de acción debía suprimir lo concerniente a la actividad de observación electoral, por no competer a dicha inconforme llevar a cabo la misma.
Consecuentemente, ante lo infundado de los agravios hechos valer, procede confirmar la resolución recurrida, no sin antes dejar aclarado que tal como se considera en el diverso juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, radicado bajo el número de expediente SUP-JDC-009/97, que se resuelve en esta misma fecha por este propio Tribunal, para los efectos jurídicos correspondientes, Alianza Cívica A.C., Agrupación Política Nacional y Alianza Cívica, Agrupación Política Nacional, deben ser consideradas como un mismo ente jurídico, en virtud de que, como se hace notar en una parte de la sentencia respectiva "... de acuerdo con las constancias que obran en autos, al no haber un deslinde ante los ciudadanos que se fueron afiliando acerca de que se trataba supuestamente de personas distintas, los actos respectivos confluyeron como sí se tratara de una misma persona moral interesada en la obtención del registro..."
Por todo lo anteriormente expuesto, y con fundamento además en los artículos 41, fracción IV, 94 y 99, párrafo IV, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 2, 6, 40, 41, 44, 47 y 48 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se resuelve:
PRIMERO.- Se declara infundado el recurso de apelación interpuesto por Alianza Cívica, A.C., Agrupación Política Nacional, por conducto de su representante legal ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, Sergio Aguayo Quezada.
SEGUNDO.- Se confirma la resolución del quince de enero de mil novecientos noventa y siete, emitida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, que resolvió su registro como Agrupación Política Nacional, bajo las condiciones que en tal acuerdo se especifican.
TERCERO.- Notifíquese personalmente al actor y por oficio a la autoridad responsable, acompañándole copia de la presente sentencia, y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.
Así por unanimidad de votos, lo resolvieron y firmaron los señores Magistrados José Luis de la Peza Muñoz Cano, Leonel Castillo González, Eloy Fuentes Cerda, Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, quien fue la ponente, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, José de Jesús Orozco Henríquez y Mauro Miguel Reyes Zapata, quienes integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante el Secretario General que da fe.
JOSÉ LUIS DE LAPEZA
JOSE DE JESÚS OROZCO HENRIQUEZ
FLAVIO GALVAN RIVERA