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Timestamp: 2018-08-15 04:48:53
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Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 13', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 22', 'artículo 30', 'artículo 32', 'artículo 45', 'artículo 308', 'artículo 309']

El estado de la libertad de expresión en República Dominicana - Centro de Investigación de la Comunicación de Funglode
Por: Juan Bolívar Díazl
El ejercicio de la libertad de expresión y difusión en la República Dominicana registra una vigencia sistemática durante las últimas tres décadas cuando se ha producido una multiplicación y modernización extraordinaria de los medios de comunicación social.
La multiplicidad de medios alcanzó una dimensión desproporcionada en relación a la población y al mercado dominicano en la década de los noventa, generando un debilitamiento económico de los mismos, lo que a su vez abriría espacio a un proceso de concentración que estrecha el marco de las libertades.
La legislación que rige las comunicaciones sociales apenas ha comenzado a ser actualizada, tras haber quedado obsoleta hace décadas, con una fuerte herencia autoritaria de la tiranía de Rafael Leonidas Trujillo entre 1930 y 1961, pero muy pocas veces ha sido aplicada, sobre todo en la actual etapa de apertura democrática iniciada en 1978.
Graduado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, México, en 1967. Ex director de los diarios El Sol y El Nuevo Diario y de noticiarios radiofónicos. Regente del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Ex presidente del Colegio Dominicano de Periodistas. Ex embajador en Perú y Bolivia. En la actualidad es profesor del Departamento de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
Aunque hubo numerosas demandas judiciales por el ejercicio de la libertad de expresión, apenas cuatro culmi­naron en sentencias en los tribunales y dos quedaron anuladas tras sendos recursos de oposición por irregu­laridades en los procesos.
El ejercicio de la libertad de expresión, en particular en el periodismo, contribuyó de forma significativa a dar vigencia a los demás derechos políticos consagrados por la Constitución y al fortalecimiento del proceso democrático dominicano, aunque no se tradujo, en muchos casos, en control de las funciones públicas. .
Vigencia de la libertad de expresión
Tras la caída de la tiranía de Trujillo en 1961 se produjo en el país una explosión de libertades, especialmente en el marco de la libertad de expresión y la difusión del pensa­miento, limitadas significativamente a partir de la intervención militar norteamericana de 1965 y durante los doce años consecutivos que gobernó Joaquín Balaguer con fuerte represión política.
Entre 1966 y 1978 hubo momentos en que naufragaron casi todas las libertades, pero predominó un cierto respeto al ejercicio del periodismo, razón fundamental por la que a ese gobierno no se le consideró dictatorial, aunque llegó al extremo de prohibir la difusión por radio y televisión de la voz de los líderes políticos Juan Bosch, José Francisco Peña Gómez y Rafael Casimiro Castro.
Destacados periodistas como Gregorio García Castro y Orlando Martínez fueron asesinados por sicarios del gobierno, mientras otros como Aleyda Fernández, Silvio Herasme Peña, Luis Eduardo Lora y Juan Bolívar Díaz sufrieron atentados, persecuciones, cárcel y exilio. Se discriminaba a los periodistas y los medios, particularmente al diario El Nacional y a las radioemisoras, mientras que la televisión era un coto cerrado.
Mientras combatía a los periodistas, el gobierno de Balaguer se buscaba el favor de los propietarios y directivos de los medios, instaurando una serie de incentivos fiscales y cambiarios y a través de una generosa publicidad oficial, lo que inició la multiplicación de periódicos y emisoras radiofónicas.
El régimen que sucedió a Balaguer a partir de 1978, presidido por Antonio Guzmán Fernández, restauró por completo las libertades públicas, liberando a cientos de presos políticos, permitiendo el retorno de miles de exiliados y garantizando las libertades de asociación y reunión de partidos, sindicatos y todo género de organización. Se inició entonces un régimen de plena libertad de expresión que ha prevalecido hasta ahora.
Joaquín Balaguer volvió al poder entre 1986 y 1996 respetando la vigencia de las libertades y derechos, aunque con numerosos incidentes con medios de comunicación y periodistas, incluyendo la desaparición, en mayo de 1994, del comunicador Narciso González, tras pronunciar un discurso en la universidad estatal denunciando el fraude electoral de ese mes. Desde el principio se le dio por muerto y aunque se conocen testimonios que involucran a los aparatos militares del Estado, la justicia ha sido incapaz de abrir un proceso.
González es el último caso de desaparición o asesinato de un comunicador periodista en el país como consecuencia directa de la libertad de expresión. Aunque el 14 de septiembre del 2004 fue asesinado en la ciudad de Azua el reputado periodista Juan Andujar, víctima de una banda de delincuentes, a consecuencia de su labor como activista comunitario. Contradictoriamente, Andujar criticaba las ejecuciones extrajudiciales de delincuentes y supuestos delincuentes por parte de la Policía Nacional.
Desde 1961 es relevante la contribución que han hecho los medios -de comunicación social a los avances en el proceso democrático, así como en la defensa de los derechos
Humanos, las libertades públicas v las instituciones fundamentales, como en la promoción de las organizaciones sociales, la pluralidad y la convivencia:.
También llama la atención que los medios han tenido un éxito limitado en el control de las funciones públicas; por ejemplo, en la ejecución del presupuesto, el control del gasto público y la transparencia administrativa. A menudo, el presidencialismo ha considerado que el titular y el editorial de hoy serán borrados por los de mañana.
De la multiplicación a la concentración
La multiplicidad de medios de comunicación fue uno de los factores que determinó la plena vigencia de la libertad cíe expresión y difusión en las últimas tres décadas. Al comienzo del 2003, se editaban 11 diarios y numerosos semanarios, mientras el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) registraba siete canales de televisión en la banda VHF y 43 en la UHF. Dos canales transmitían programación periodística las 24 horas.
Las empresas de Telecable registradas eran 57, muchas con más de una estación receptora y distribuidora. En el 2001 la Asociación Dominicana de Empresas de Telecable agrupaba a 69 de ellas con 120 distribuidoras que alcanzaban a 151 comunidades. Por lo menos en una docena de ciudades operaban canales de Telecable con programación local, incluyendo la periodística.
Después de haber cerrado 180 radioemisoras que operaban sin licencia oficial, INDOTEL mantenía en registro otras 323 en febrero del 2003, de las cuales 186 operaban en FM y 137 en AM. En Santo Domingo se concentraban 72′.
En “Contribuciones del Periodismo a la Lucha por la Democracia en República Dominicana”, Juan Bolívar Díaz analiza el periodo 1961-1980. Ver: Revista Estudios Sociales, número 51, septiembre de 1980, p. 103-121.
Díaz, Juan Bolívar, Ponencia en Seminario FLACSO, Santo Domingo, 26 de junio de 2003.
Todas las frecuencias radioeléctricas fueron asignadas gradualmente por los gobiernos de turno, en la mayoría de los casos a sus asociados. Una parte de ellas eran poste­riormente vendidas, a menudo sin que hubiesen sido puestas en operación. La Ley General de Telecomunicaciones número 153-98, del 27 de mayo de 1998, instaurara el concurso corno forma de asignación de frecuencias, cuando ya éstas estaban virtualmente agotadas.
La multiplicidad mediática, en muchos casos con tecnología de punta, tanto en la prensa como en la radio y la televisión, para un mercado de ocho millones y medio de personas, la mitad bajo niveles de pobreza, se fue tradu­ciendo en empresas deficitarias que originaron un mercado secundario de frecuencias. La crisis fue precipitada por la desaparición de los incentivos fiscales y cambiarios y por la reducción de la publicidad gubernamental a consecuencia de las reformas del Estado y la privatización de sus empresas.
En esas circunstancias, en una nación que acusa notables debilidades institucionales y sin ninguna legislación que impida los monopolios, se produjo lo que una revista centroamericana tituló “El asalto de los bancos”4. Cuatro grupos financieros se involucraron en la posesión de medios de comunicación en competencia con un quinto de capital comercial e industrial.
Tan sólo el Banco Intercontinental (Baninter) llegó a disponer de cuatro diarios, ocho canales de televisión, 76 radioemisoras y decenas de empresas de Telecable, en su gran mayoría adquiridos con los dineros de sus clientes, lo que contribuyó a su escandalosa quiebra de marzo de 2003, con un déficit que el Banco Central estimó, en principio, en 56 mil millones de pesos, pero que ascendió después a 72 mil millones de pesos, suma muy aproximada al total del
4 Revista Estrategia y Negocios, Diciembre, 2000, p. 54-56.
presupuesto de la nación de ese año que ascendía a 82 mil millones de pesos5.
Los propietarios de otra de las instituciones financieras quebradas en el 2003, el Banco Nacional de Crédito, poseían un diario y varias revistas, un sistema de Telecable con numerosas filiales y una compañía de telecomunicaciones e importantes inversiones en un canal de televisión.
Entre las propiedades del Baninter que la fiscalía del Distrito Nacional intervino a partir del 15 de mayo del 2003, tratando de recuperar parte de los ahorros malversados y amparándose en la Ley sobre Lavado .de Activos, se contó su amplio parque mediático incluyendo sus cuatro diarios: el decano de los periódicos dominicanos el Listín Diario, El Financiero, El Expreso y el vespertino Última Hora, estos dos últimos de distribución gratuita. Todos esos medios eran financiados con dinero del banco colapsado6.
Como todos los periódicos eran deficitarios, comenzaron a ser cenados uno tras otro, sobreviviendo tan sólo el más influyente, Listín Diario, pero dado que el gobierno se apresuró a designar un nuevo director en medio de una campaña electoral que incluía intento de reelección presi­dencial, tomaron cuerpo los alegatos de abuso contra la libertad de prensa por parte de quienes reclamaban su propiedad.
El 7 de septiembre del 2004 el matutino fue devuelto al señor Ramón Báez Romano, quien reclamaba la presidencia de la editora, aunque en la data del periódico de ese mismo día seguía apareciendo su hijo Ramón Báez Figueroa, como presidente. Este último también presidía el Baninter.
Las quiebras bancarias del 2003 devaluaron el peso de 17 a 54 pesos por dólar en un año. Para enero del 2005 se había recuperado a 30 pesos por dólar.
Todos los documentos relacionados a las quiebras bancarias del 2003 están en un sitio de Internet habilitado por el Banco Central de la República Dominicana, www.crisisbancaria.com
La devolución fue dispuesta por una sentencia de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional del 22 de abril del 2004, ratificada en septiembre por la Suprema Corte de Justicia ante un recurso de amparo interpuesto por los abogados de Báez Figueroa y Báez Romano. Aunque recuperó las instalaciones, ,a empresa no ha reanudado la publicación de los otros tres diarios.
El Banco Central asumió y honró, mediante certificados, depósitos en el Baninter por 72 mil millones de pesos y amparado en la Ley de Lavado de Activos procedió a ocupar las propiedades adquiridas con los recursos de la institución financiera colapsada. Aún después del cambio de gobierno operado en agosto del 2004, se mantienen procesos judiciales contra Báez Figueroa que incluyen el reclamo de todas las empresas a su nombre, incluido el Listín Diario. El seguimiento de los recursos judiciales es de los condicio­namientos impuestos por el Fondo Monetario Internacional para el acuerdo stand by con el Estado dominicano aprobado el 31 de enero del 20057.
Según la documentación publicada por el Banco Central, los propietarios del Baninter adquirieron la mayoría de las acciones del Listín Diario en el año 2000 con dinero de esa institución financiera mediante tres modalidades: emitiendo cheques de hasta 65 millones de dólares a favor de una empresa constituida en Islas Vírgenes con un capital de 1,000 dólares, la Bear Park Internacional LTD; cambiando deudas con el banco por acciones del periódico, y emitiendo certificados de depósitos en el banco por el valor de otras acciones8.
La grave crisis financiera originada en las quiebras bancarias del 2003, que produjo una devaluación que llegó al
Punto 34 del Memorando de Políticas Económicas para 2004-2006 acordado con el FMI. Listín Diario, 31 de enero de 2005, p. 11-14.
La información completa aparece en Baninter: Caso Listín Diario,
www.crisisbancaria.com
200%, no sólo ha producido el cierre de muchos medios, sino el debilitamiento económico de la mayoría a consecuencia de una desproporcionada elevación de sus costos operativos, especialmente de las importaciones, de­jando interrogantes sobre el futuro de la pluralidad mediática dominicana.
El Listín Diario y el gratuito Diario Libre siguen en manos de los propietarios de dos de los tres bancos quebrados en el 2003, con un margen de libertad de expresión, sobre todo de crítica al poder político, reducido por la defensa de su situación jurídica y sin posibilidades de disensión. Un tercero, El Caribe, es propiedad del mayor grupo financiero privado y tres —Hoy, El Nacional y El Día—corresponden a la familia Corripio, propietaria también de tres canales de televisión y dos radioemisoras. El Nuevo Diario y La Información —éste de Santiago— apenas circulan para mantenerse y su influencia en la opinión pública es casi nula.
El desempleo que ha generado la crisis de los medios de comunicación dominicanos con despidos y reducción de personal en la mayoría de los periódicos escritos y electrónicos, es otro factor que está contribuyendo a reducir la libertad de expresión en un ambiente de crecientes restricciones y escasa protección laboral. Entre periodistas en ejercicio hay consenso en el sentido de que la censura y autocensura están creciendo considerablemente, espe­cialmente en los periódicos.
Un régimen legal obsoleto
La Constitución dominicana data del mismo año de la fundación de la República en 1844, aunque ha sufrido 35 modificaciones, casi todas para establecer o suprimir la reelección presidencial. La más profunda y progresista fue la de 1963, que fue de las causas que originó el golpe de estado contra el gobierno del profesor Juan Bosch a los siete meses de instaurado. Tras la vuelta al poder de Joaquín Balaguer, en
Centroamérica, México r República Dominicana
1966, se redactó una nueva Constitución que rige hasta hoy, aunque con reformas superficiales en 1994 y 2003.
La constitución establece un marco general adecuado a la libre expresión y difusión. El inciso 6 del artículo 8, que versa sobre los Derechos Individuales y Sociales, expresa: Toda persona podrá, sin sujeción a censura previa, emitir libremente su pensamiento mediante palabras escritas, o por cualquier otro medio de expresión, gráfico u oral. Cuando el pensamiento expresado sea atentatorio a la dignidad y a la moral de las personas, al orden público o a las buenas costumbres de la sociedad, se impondrán las sanciones dictadas por las leyes. Le sigue un párrafo prohibiendo toda propaganda subversiva, ya sea por anónimos o por cualquier otro medio de expresión que tenga por objeto provocar desobediencia a las leyes, sin que esto último pueda coartar el derecho a análisis o crítica de los preceptos legales.
El inciso 10 del mismo artículo constitucional instituye: Todos los medios de información tienen libre acceso a las fuentes noticiosas, oficiales y privadas, siempre que no vayan en contra del orden público o pongan en peligro la seguridad nacional.
La nación es suscriptora de la Convención Americana de Derechos Humanos cuyo artículo 13 garantiza la libertad de expresión y difusión, que como todos los tratados internacionales de naturaleza colectiva en el país tiene rango por encima de las leyes y a la par de la Constitución.
La legislación que rige la comunicación social es obsoleta, en particular la referente a los medios electrónicos. Es el caso de la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento y la Ley 1951 sobre la Reglamentación de Espectáculos Públicos y Emisiones Radiofónicas y su Reglamento 824 para el Funcionamiento de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía.
Hace muchos años que se viene reclamando la actua­lización de estas legislaciones, especialmente la de radio-
fonía, para eliminar preceptos autoritarios heredados de la dictadura de Trujillo e incorporarle nuevos conceptos y garantías de la libre comunicación.
La Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensa­miento, del 15 de diciembre de 1962, fue promulgada en un contexto libertario por el presidente Rafael F. Bonnelly pero contiene algunas limitaciones a la libre expresión. En el 2001 fue aprobado por el Senado un proyecto de modificación de la misma, fruto de una comisión de periodistas instituida el año anterior por decreto presidencial y de numerosos esfuerzos de concertación y vistas públicas, pero ha quedado en manos de una comisión de la Cámara de Diputados que no ha cumplido su misión.
El proyecto instituye preceptos como la cláusula de conciencia del periodista, que garantiza el derecho a dimitir con indemnizaciones en circunstancias que atenten contra sus convicciones y la protección del secreto profesional y sanciona las agresiones físicas y destrucción de equipos de los periodistas en ejercicio de sus funciones. También establece garantías de acceso a las fuentes informativas, pero una ley sobre el particular promulgada posteriormente cumple ya esta función.
Sobre la Ley 1951 y su reglamento todavía no existe ni siquiera un anteproyecto de modificación, aunque funcio­narios de la Secretaría de Estado de Cultura han expresado su propósito de elaborarlo.
El primer reglamento (5906) de esta Ley, fue dictado por el presidente Rafael Trujillo el 5 de julio de 1949. Le siguió otro, el 995 del 13 de julio de 1955 promulgado por el presidente Héctor B. Trujillo y el que todavía rige, el 824 del 25 de marzo de 1971. A este se le introdujeron numerosas reformas, mediante decreto 4306 del 22 de febrero de 1974, pero dejaron intactas prescripciones autoritarias y hasta de censura previa, que chocan con la Constitución.
Por ejemplo, el artículo 4 de la Ley 1951 prohíbe proyectar películas en las cuales trabajen artistas reco‑
nocidos como comunistas o que tiendan a servir de propaganda a la ideología comunista. Los artículos 66 y 68 del reglamento 824 establecen la previa aprobación de los programas radiofónicos. El 71 ordena la revisión de los libretos de los anuncios por parte de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía. El 83 indica que Todas las estaciones de radio y televisión estarán en la obligación de encadenarse, cuando se trate de informa­ciones trascendentes para la nación, igualmente lo harán, cuando el Presidente de la República vaya a dirigirse a la nación.
También en la letra (t) de la Ley Electoral 275-97 hay una previsión considerada obsoleta por cuanto atribuye exclusivamente a la Junta Central Electoral la facultad de emitir informaciones en el período que va de las 24 horas antes hasta las 24 posteriores a los procesos electorales, mediante una cadena de radio y televisión. Prohíbe a los medios emitir o difundir noticias, informaciones, mensajes, comunicados, etc. de índole electoral, o que, en alguna otra forma, trastornen el normal desarrollo del proceso electoral.
Hasta las elecciones de 1994 la Junta Central Electoral se amparaba en esa facultad para establecer una cadena obligatoria de radio y televisión. Desde 1996 es voluntaria la integración a la cadena, pero medios electrónicos han sido cerrados temporalmente por ofrecer informaciones electo­rales. Los reglamentos electorales prohíben la difusión de encuestas a la salida de las urnas y de conteos rápidos o cualquier información que no sea ofrecida por el órgano rector de las elecciones.
Dos nuevas legislaciones
Dos legislaciones de los últimos años muestran una tendencia a la actualización de la legislación referente a la comunicación: la Ley General de Telecomunicaciones 153-98, promulgada el 27 de mayo de 1998, y la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, aprobada por el Congreso Nacional el 13 de julio de 2004.
El estado de la libertad de e. presión
La ley de Telecomunicaciones es un moderno instru­mento para la regulación técnica y operativa de la radiofonía, la televisión en todas sus variedades y la telefonía. No contiene prescripciones sobre el contenido de la comu­nicación, pero tampoco establece previsiones para impedir los monopolios de las frecuencias radioeléctricas.
En su artículo 1, la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública garantiza a toda persona el derecho a solicitar y recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna, de cualquier órgano del Estado dominicano y de todas las sociedades anónimas, compañías anónimas o compañías por acciones con participación estatal. Incluyendo organismos autónomos o descentralizados del Estado y municipales9.
También contiene, en su artículo 22, garantías para las investigaciones de los medios de comunicación corno manifestación de su función social reclamando para ellas una especial protección y apoyo por parte de las autoridades públicas. Y en su artículo 30 establece sanciones con privación de libertad e inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos para quien niegue, obstruya o impida el acceso a la información requerida.
Sin embargo, la ley es generosa en las excepciones a través de las cuales puede colarse la negativa a ofrecer información requerida, indicando 12 de interés público y tres por intereses privados. Algunas son tan genéricas como Cuando la entrega extemporánea de la información pueda afectar el éxito de una medida de carácter público, o en el caso de Información cuya difusión pudiera perjudicar estrategia del Estado en procedimientos de investigación administrativa.
Precisamente esas y otras excepciones fueron aducidas por el Jefe de la Policía Nacional, general Manuel de Jesús
9 El artículo 32 prevé un reglamento que debió promulgarse en un plazo, ya vencido, de 90 días. A fines de enero del 2005 estaba en proceso de emisión.
Pérez Sánchez, en la primera prueba a que fue sometida la nueva legislación, cuando en medio de un escándalo el director del diario El Día, Rafael Molina Morillo, le solicitó el listado con los nombres y rangos de los miembros de la Policía Nacional que utilizaban o utilizan vehículos recupe­rados por esa Institución, tras haber sido reportados como robados”°
Posteriormente el diario El Día recurrió en un recurso jerárquico ante el Secretario de Interior y Policía, Franklin Almeida, para que este superior del jefe policial dispusiera la entrega de la información requerida. Pero el ministro tam­bién se amparó en las mismas excepciones para ratificar la
negativa”El artículo 45 de la Ley sobre Expresión y Difusión del
Pensamiento establece que no darán lugar a procedimiento judicial los discursos que se pronuncien en las cámaras legislativas ni la cuenta fiel que publiquen o transmitan de buena fe los periódicos, radiodifusoras, televisoras o noticiarios cinematográficos de las sesiones públicas del Congreso, los ayuntamientos y otros organismos deli­berantes oficiales, como tampoco los escritos producidos o los discursos pronunciados ante los Tribunales de Justicia y del orden contencioso administrativo.
El Código Procesal Penal, Ley 76-02 promulgada el 19 de julio del 2002, que entró en vigencia el 27 de septiembre del 2004, consagra en su artículo 308 que los juicios serán públicos, aunque otorga jurisdicción al tribunal para hacerlo a puerta cerrada, previa motivación, en casos en que se afecte directamente el pudor, la vida privada, o la integridad física de alguno de los intervinientes o en caso de que peligre un secreto oficial autorizado por la ley, o un secreto
10 El recurso del doctor Molina fue interpuesto el 8 de septiembre del 2004 y respondido por el doctor Pérez Sánchez el 13 del mismo mes.
ll Recurso Jerárquico interpuesto por los doctores Molina Morillo y Julio C. Castaños el 22 de septiembre del 2004, respondido por el doctor Franklin Almeida el 29 de septiembre del 2004.
Particular comercial o industrial, cuya revelación indebida resulte punible.
El artículo 309 del mismo Código autoriza la presencia de los comunicadores sociales, aunque condicionadamente: El tribunal señala en cada caso las condiciones en que se ejerce el derecho a informar. El tribunal puede, sin embargo, prohibir mediante auto debidamente fundamentado, la grabación, fotografía, filmación, edición o reproducción, cuando puedan resultar afectados algunos de los intereses señalados en el artículo precedente o cuando se limite el derecho del imputado o la víctima a un juicio imparcial y justo.
La libertad de información sobre las actividades legislativas, municipales y de los tribunales se ha respetado durante las últimas tres décadas, con la excepción de algún esporádico incidente originado en una sala judicial, provocando el desalojo del público y periodistas.
Escasos procesos judiciales
A pesar de que la legislación sobre expresión y difusión es en gran medida obsoleta y excesivamente proteccionista de los funcionarios públicos, los jefes de Estado y agentes diplomáticos 12 las relaciones entre los poderes públicos y los medios de comunicación han sido generalmente buenas. Se puede sostener que en general los funcionarios públicos han sido tolerantes a las críticas a lo largo de las últimas décadas, aunque también es notable que las irregularidades y actos de corrupción graves generalmente se publican cuando los responsables han salido de los cargos públicos. En ese sentido los medios han sido débiles.
En numerosos casos, funcionarios públicos han amena­zado con formular demandas judiciales, citando la Ley 6132, pero casi nunca han pasado a los hechos. Las pocas querellas por supuestos excesos en la expresión y difusión, han salido de exfuncionarios y dirigentes políticos. Casi siempre ter‑
12 Artículos 26, 39 y 40 de la Ley 6132.
minan en transacciones al margen de los tribunales o caducan por pérdida de interés de los demandantes y en la práctica no han intimidado al grado de impactar en el ejercicio de la libre expresión.
Las leyes dominicanas no protegen el secreto profesional del periodista y no se conoce un sólo caso en que algún informador haya apelado a la confidencialidad de una fuente informativa ni haya sido condenado por desacato.
Muy escasos procesos relacionados con la Ley 6132 han concluido en sentencias de primer grado. Entre periodistas y abogados especializados en la materia se recuerdan sólo cuatro pronunciadas contra comunicadores desde que entrara en vigencia esa legislación, dos de las cuales fueron posteriormente anuladas por vicios de procedimiento al ser dictadas en ausencia de los acusados.
La sentencia más rigurosa fue dictada el 19 de junio de 1996 por el juez de la Sexta Cámara Penal, Juan María Severino, condenando al periodista Juan Bolívar Díaz a seis meses de cárcel, una multa de 200 pesos y una indemni­zación de tres millones de pesos a favor de Generoso Ledesma, quien como exfuncionario de relaciones públicas de la corporación estatal de electricidad se dio por difamado en el libro Trauma Electoral 3.
El juicio fue celebrado al vapor en ausencia del acusado, por lo que fue recurrido en oposición y el juez recusado. Un dictamen de la Suprema Corte de Justicia del 3 de octubre de 1996 aceptó la recusación y transfirió el proceso a otro tribunal. Tras el cambio adelantado del gobierno fruto del fraude electoral denunciado, el demandante desistió del proceso.
La periodista Nuria Piera también fue condenada en ausencia el 4 de septiembre del 2004 bajo cargo de difa­mación interpuesto por el ex fiscal Prim Pujols. El juez
13 Díaz, Juan Bolívar, Trauma Electoral, Editora Mograf, Santo Domingo. Marzo, 1996.
interino de la Tercera Cámara Penal, Luís Aclames Mejía, le impuso cinco días de cárcel, multa de cinco pesos y dos millones de pesos de indemnización. Recurrida también en oposición, la sentencia quedó automáticamente suspendida y pendiente de un nuevo juicio.
Con una condena definitiva en primera instancia quedó el periodista Miguel Ángel Velásquez Mainardi, por querella de difamación interpuesta por el abogado y dirigente político Enmanuel Esquea Guerrero. La sentencia con 200 pesos de multa y 150 mil pesos de indemnización, fue dictada por el juez de la Primera Cámara Penal del DN el 25 de septiembre de 1996. Posteriormente las partes llegaron a un acuerdo: Esquea se comprometió a no cobrar la indemnización y Velásquez a no apelar.
El otro periodista condenado por la aplicación de la Ley 6132 fue Carlos Cepeda, de la ciudad de Santiago, demandado por el abogado y dirigente político Milton Ray Guevara. Se le impuso un peso de multa.
En sentido general, el poder político y los medios de comunicación han convivido en la última década en todo el país, en un marco de amplia libertad de expresión, de denuncias y críticas de todos los niveles, aunque con esporádicos incidentes y abusos como la detención del periodista Marino “tapete, el 11 de junio de 2003 y de los locutores de Montecristi Horacio Emilio Lernoine y Carlos Martínez, el 27 de julio del mismo año, en ambos casos por razones políticas. El primero fue interrogado y dejado en libertad el mismo día y los otros dos trasladados a Santo Domingo esposados y retenidos hasta el día siguiente, cuando fueron liberados. Ninguno de los tres fue procesado.
Más que por restricciones legales, actitudes políticas o gubernamentales, los periodistas dominicanos están preocupados hoy día por la reducción de la libertad de información y opinión en algunos medios, a causa de su concentración en manos de los mayores grupos económicos y de las debilidades financieras por las que muchos atraviesan.
Los programas y actividades del Instituto Interamericano de Derechos Humanos
son posibles por el aporte de agencias internacionales de cooperación, fundaciones,
organizaciones no gubernamentales, agencias del sistema de Naciones Unidas, agencias
y organismos de la Organización de Estados Americanos, universidades y centros académicos.
Las diferentes contribuciones fortalecen la misión del IIDH, reforzando el pluralismo de
su acción educativa en valores democráticos y el respeto de los derechos humanos en las Américas