Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-1996-03239-de-febrero-23-de-2012?documento=jurcol&contexto=jurcol_c50bac6b4f3f00d0e0430a01015100d0&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-11-15 06:25:13
Document Index: 127017692

Matched Legal Cases: ['artículo 136', 'artículo 185', 'artículo 140', 'artículo 106', 'artículo 55', 'artículo 115', 'artículo 362', 'artículo 136', 'artículo 289', 'artículo 243']

﻿ Sentencia 1996-03239 de febrero 23 de 2012
SENTENCIA 1996-03239 DE 23 DE FEBRERO DE 2012
CONTENIDO:RÉGIMEN OBJETIVO DE RIESGO EXCEPCIONAL. CUANDO SE DESARROLLAN ACTIVIDADES PELIGROSAS, COMO OCURRE, POR EJEMPLO, CON LA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, OPERA UN RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD OBJETIVO, QUE IMPLICA QUE EL DEMANDANTE SÓLO TIENE QUE PROBAR LA EXISTENCIA DEL DAÑO Y EL NEXO DE ÉSTE CON EL SERVICIO, ESTO ES, QUE EL DAÑO SUFRIDO SE ORIGINÓ EN EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD RIESGOSA A CARGO DE LA ENTIDAD DEMANDADA, MIENTRAS QUE LA ADMINISTRACIÓN, PARA LIBERARSE DE RESPONSABILIDAD, DEBE ACREDITAR LA EXISTENCIA DE UNA CAUSA EXTRAÑA, COMO LA FUERZA MAYOR O EL HECHO EXCLUSIVO Y DETERMINANTE DE LA VÍCTIMA O DE UN TERCERO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR ACTIVIDAD PELIGROSA, FUERZA MAYOR, HECHO DE TERCERO, FALTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Sentencia 1996-03239 de febrero 23 de 2012
Radicación: 76001-23-31-000-1996-03239-01(18966)(R-3239)
Actor: María Jenny Silva Idrobo y otros
La Sala es competente para conocer del presente asunto por virtud del recurso de apelación formulado por la demandada contra la sentencia de 3 de marzo de 2000, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se declaró la responsabilidad del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, y de la aseguradora llamada en garantía, por la muerte trágica del señor Darío Alberto Cerón Orozco, en un proceso con vocación de doble instancia, toda vez que la pretensión mayor de la demanda fue establecida en $ 60’000.000, a título de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, para cada uno de los hijos y la compañera permanente de la víctima, y la cuantía fijada por la ley, para la época de presentación de la demanda, esto es, 24 de enero de 1997, para que un proceso fuese de doble instancia, en acción de reparación directa, era de $ 13’446.000(2).
De conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, aplicable para la época de los hechos(3), la acción de reparación directa caducaba al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa. En el presente asunto, los hechos ocurrieron el 22 de junio de 1996 y la demanda fue instaurada el 24 de enero de 1997, es decir, dentro del término que contemplaba el ordenamiento legal de ese entonces.
2.3. Régimen jurídico aplicable cuando se desarrollan actividades peligrosas.
Según los actores, la enjuiciada debe responder por la muerte trágica del señor Darío Alberto Cerón Orozco, toda vez que el citado señor perdió la vida en un accidente de tránsito cuando se movilizaba en un vehículo oficial de propiedad del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, el cual era conducido por un funcionario de dicha entidad, circunstancia que, por tratarse de una actividad peligrosa, hace presumir la falla del servicio.
Si bien inicialmente los eventos caracterizados por el ejercicio de actividades peligrosas fueron manejados por la jurisprudencia del Consejo de Estado bajo el régimen de la falla presunta, circunstancia frente a la cual el actor quedaba relevado de acreditar la falla del servicio, siendo necesario que este demostrara únicamente el hecho dañoso para que surgiera, en su favor y en contra del Estado, la presunción de falla y, por consiguiente, para que se invirtiera la carga de la prueba, lo cierto es que la jurisprudencia de esta corporación adoptó un nuevo criterio en torno a dicho régimen, para concluir que, en estos eventos, no es necesario que se pruebe la existencia de una falla del servicio y resulta irrelevante que se presuma la misma, puesto que opera un régimen de responsabilidad objetivo, que implica que el demandante solo tiene que probar la existencia del daño y el nexo de este con el servicio, es decir, que el daño sufrido se originó en el ejercicio de la actividad peligrosa a cargo de la entidad demandada, de tal suerte que no basta que esta última demuestre que obró con diligencia y cuidado, puesto que ello resulta insuficiente, y solo se podrá exonerar de responsabilidad, en tales casos, probando la existencia de una causa extraña, como lo es la fuerza mayor o el hecho exclusivo y determinante de la víctima o de un tercero.
Teniendo en cuenta que el régimen de falla presunta del servicio, cuya aplicación pretende la parte demandante para juzgar la responsabilidad de la entidad demandada, con ocasión de la muerte del señor Darío Alberto Cerón Orozco, no resulta aplicable en el sub judice, la Sala, de conformidad con el principio iura novit curia(4) y las pruebas obrantes en el plenario examinará, con fundamento en el régimen objetivo de riesgo excepcional, si la entidad demandada debe responder por el deceso trágico del señor Cerón Orozco, sin perjuicio de que llegare a establecerse en el proceso que los hechos acaecidos el 22 de junio de 1996, en el sitio denominado “La Bolsa”, jurisdicción del municipio de Jamundí, departamento del Valle del Cauca, obedecieren a una falla en la prestación del servicio imputable a la entidad demandada, caso en el cual así deberá declararlo la Sala, pues dicho régimen es el título jurídico de imputación por excelencia para desencadenar la obligación indemnizatoria a cargo del Estado, pues al juez administrativo le compete —por principio— una labor de control de la acción administrativa del Estado, y si la falla del servicio tiene el contenido final del incumplimiento de una obligación a su cargo, no hay duda que es ella el mecanismo más idóneo para asentar la responsabilidad patrimonial de naturaleza extracontractual(5).
2.4. Apelante único.
En el presente asunto, la entidad demandada fue la única que recurrió la sentencia anterior, de modo que no podrá agravarse su situación, dada la calidad de apelante único que aquella ostenta, pues, en virtud del principio de la no reformatio in pejus, esto es, la prohibición de empeorar la situación del apelante único, la objeción se circunscribe al contenido de la decisión que se impugna, es decir, el juez de segunda instancia solo puede modificarla, si con ello el apelante resulta favorecido o mejorado en el reconocimiento de sus pretensiones.
2.5. El caso concreto y análisis probatorio.
Además de las pruebas solicitadas y aportadas al proceso por las partes, los actores solicitaron el traslado del proceso penal que cursó en la Fiscalía 140 seccional de Jamundí, departamento del Valle del Cauca, por el delito de homicidio culposo, solicitud que no fue coadyuvada por la entidad demandada.
Mediante oficio 517 de 16 de junio de 1998, la Fiscalía 140 seccional de Jamundí remitió copia auténtica de las diligencias penales adelantadas por dicha entidad, con ocasión del accidente de tránsito en el que perdió la vida el señor Darío Alberto Cerón Orozco (fl. 4, cdno. 2).
En cuanto al traslado de pruebas, esta sección ha expresado que aquellas que no cumplan con los requisitos previstos en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil o que no hubieren sido solicitadas en el proceso contencioso administrativo por la parte contra la cual se aducen o no hubieren sido practicadas con audiencia de aquella, no podrán ser valoradas en el primer proceso(6). También ha dicho la Sala que, en los eventos en los cuales el traslado de las pruebas recaudadas dentro de otro proceso es solicitado por ambas partes, dichas pruebas pueden ser tenidas en cuenta en el proceso contencioso administrativo, aun cuando hayan sido practicadas sin citación o intervención de alguna de ellas en el proceso original y no hayan sido ratificadas en el contencioso administrativo, considerando que, en tales casos, resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio pero que, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión(7).
Aplicando tales criterios al presente asunto, encuentra la Sala que los escasos testimonios que obran en el proceso penal no podrán valorarse en el sub judice, habida cuenta de que no fueron ratificados en este proceso y la solicitud de traslado del proceso penal no fue coadyuvada por la entidad demandada, la cual tampoco intervino en su práctica.
En cuanto se refiere específicamente a la prueba documental y a los informes técnicos de dependencias oficiales que militan en el proceso penal(8), cuyo traslado solicitó la parte demandante, si bien no se agotaron las formalidades del traslado que cada medio de prueba exige, pues no se expidió providencia alguna que los incorporara formalmente al proceso ni se surtió el traslado de los mismos para garantizar el derecho de contradicción de la parte contra la cual se aducen, dicha irregularidad quedó saneada en aplicación del parágrafo del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, según el cual: “Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si no se impugnan oportunamente por medio de los recursos que este código establece”; además, la prueba documental y los informes técnicos de dependencias oficiales obran en copia auténtica y han permanecido a lo largo del proceso a disposición de las partes y nadie los tachó o manifestó inconformidad alguna, razón por la cual estos serán apreciados con el valor legal que les corresponde.
Se estableció en el proceso que el señor Darío Alberto Cerón Orozco perdió la vida en un accidente de tránsito, el 22 de junio de 1996. Así lo acreditan el registro civil de defunción, proveniente de la Notaría Única de Jamundí, departamento del Valle del Cauca (fl. 19, cdno. 1), el acta de levantamiento (fl. 9, cdno. 2) y la necropsia practicada al cadáver de la víctima por el Instituto Nacional de Medicina Legal, en la que se estableció que el señor Cerón Orozco “falleció a causa de shock hipovolémico secundario a hemotórax izquierdo y luxación de C1 por C2” (fls. 26-27, cdno. 2).
Teniendo en cuenta lo anterior, no hay duda que se encuentra debidamente acreditado el daño antijurídico sufrido por los demandantes, pues la muerte trágica del señor Darío Alberto Cerón Orozco constituye un menoscabo a un bien jurídicamente tutelado por el legislador, del cual se derivan los perjuicios cuyo resarcimiento se pretende en este caso.
Establecida la existencia del daño antijurídico sufrido por los demandantes, se pretende ahora determinar si este resulta imputable a la entidad demandada y, por lo tanto, si le asiste el deber jurídico de resarcir los perjuicios derivados del mismo.
En este proceso rindieron declaración las siguientes personas:
Alexandra Quintero Mora, quien para la época de los hechos laboraba en el SENA, sobre lo ocurrido aseguró:
“Yo llegué al SENA de Popayán a las ocho de la mañana y en ese momento se recibió una llamada de la policía, informando del accidente, se informó a los jefes y me desplacé hasta Jamundí (…) fueron 4 muertos, uno de ellos funcionario nuestro, el señor Ciro Omar Aragón, quien era instructor del SENA con funciones de coordinación de la sede norte, en Santander de Quilichao. Sobre el accidente no hubo testigos, aclaro, no tengo conocimiento de que hayan habido testigos, en el examen de alcoholemia no se encontró (sic) muestras de embriaguez en nuestro funcionario quien conducía el vehículo (…)” (fls. 18-19, cdno. 3).
El señor Hernando Ramírez Dulcey, quien para ese entonces ocupaba el cargo de jefe del centro industrial del SENA, manifestó:
“(…) El día lunes en compañía del subdirector administrativo y financiero de la regional visitamos el sitio del accidente y también solicitamos a las entidades competentes se nos permitiese verificar el estado en que quedó el vehículo (…). Mirando el sitio donde ocurrió el accidente y el estado en que quedó el vehículo se puede concluir que el vehículo iba bastante rápido y al entrar en una curva se sale de la vía, golpeándose en el costado derecho delantero con el borde de un caño de agua. El motivo por el cual el vehículo se sale de la vía no se podría precisar, bien pudo ser la presencia de algún semoviente, que por esos lados es común encontrarse en la vía, o la presencia de otro vehículo o simplemente por una mala maniobra del conductor, todo lo anterior difícilmente se podría corroborar” (fls. 20-21, cdno. 3).
Leonardo Salomón Bastidas Palacios, funcionario del SENA, indicó lo siguiente:
“(…) Conozco por antecedentes históricos en la regional del SENA, que el señor Ciro Omar Aragón, el día 21 de junio de 1996 fue comisionado para clausurar un curso, en el municipio de Suárez, dicha clausura se realizaba en horas de la noche y el señor Aragón Labio, instructor que ejercía las funciones de jefe de la zona norte, se desplazó a dicha localidad en el vehículo de propiedad del SENA. El día 22 de junio tuve conocimiento del accidente y del resultado trágico del mismo, en el cual fui informado por el señor Sixto Quiñonez —Instructor coordinador de programa— que hacia la media noche del día de clausura, porque ya fue al otro día, el señor Ciro Omar regresó a Santander de Quilichao, momento en el cual los integrantes del trio contratado por los alumnos para la actividad de clausura solicitaron el favor de que les transportara a Santander de Quilichao (…) en el lugar únicamente quedaban (sic) huellas del vehículo y, por lo tanto, no podría establecer causas o circunstancias en que ocurrió el accidente (…)” (fls. 22-23, cdno. 3).
Por su parte, Javier Alonso Peña Cifuentes relató:
“El estado de los músicos al igual que el del señor Ciro Omar Aragón era de sobriedad en el momento en que salieron de Suárez y me consta porque el señor Ciro no tomaba o no tomó en esa celebración y el carro lo salió manejando él (…) (fls. 44-45, cdno. 2)”.
Según el informe 185 de 14 de septiembre de 1996, suscrito por la unidad investigativa de delitos contra la vida de la Fiscalía General de la Nación (Se transcribe tal cual obra en el expediente):
“El día 22 de junio de 1996, en la vía que de Jamundí conduce al paso de la Bolsa, el inspector de policía de la localidad procedió a practicar diligencia de levantamiento de cadáver a cuatro (4) personas que se movilizaban en un vehículo Trooper cabinado, color azul, adscrito al SENA, regional Cauca, demarcado con las placas OYA-012 de Popayán.
Para tratar de establecer las causas o circunstancias envolventes en el homicidio culposo, materia de investigación, decidimos establecer comunicación con la autoridad que practicó la diligencia de levantamiento de los cadáveres, inspector primero, quien de acuerdo a lo que observó aduce una y la más acertada causa de este siniestro, al parecer tiene relación con fallas humanas, debido a que en la vía no se observaron frenadas bruscas y se encontraron botellas de licor en el lugar del hecho, además de instrumentos musicales, lo que lleva a pensar posiblemente (sic) el conductor perdió el control del automotor, saliéndose de la vía.
Inicialmente procedimos a realizar una minuciosa lectura del expediente que reposa en el despacho fiscal 140, con el fin de obtener claros detalles respecto a la investigación que se adelanta, de donde se pudo enfocar que los tripulantes, hoy occisos, el día viernes 21 de junio de 1996 se encontraban en la ciudad de Cali amenizando una fiesta, posteriormente iniciaron desplazamiento al municipio de Santander de Quilichao, Cauca, utilizando como vía de retorno Jamundí-Paso de la Bolsa, llegando a la curva frente a la finca Santa Inés, vereda Sánchez, al parecer se salieron de la carretera y colisionaron contra la orilla de un caño que por este terreno atraviesa (…) es importante anotar que la vía no presenta señalización ni iluminación, además con la colaboración del inspector primero de policía, señor Paterson Alirio Cabezas Reyes, titular del despacho, procedimos a inspeccionar el lugar de los hechos lo cual ilustra una posible pérdida del control del vehículo por la ruptura que se encuentra en la cerca de alambre de púas que en el lugar se evidencia.
Manifiesta además que cuando se adelantaba la diligencia pudo encontrar botellas que contenían licor, determinando que los ocupantes del campero ingerían licor durante el trayecto.
Cabe anotar que no existen testigos presenciales de los hechos, puesto que el sitio es parcialmente despoblado, tan solo a la margen izquierda aproximadamente 200 metros se observa una finca pero los comentarios de muchos de los transeúntes de la descongestionada vía argumentan que en las horas de la mañana algunos pasaron por este lugar y pudieron observar el automotor encunetado después de la cerca en un caño que atraviesa una finca ganadera, dando clara apariencia de que por falta de luz, señalización vial, el conductor haya perdido el control o simplemente no se percató de la continuación de la fatal curva por malas condiciones de señalización o iluminación de la vía.
Igualmente se visitaron las instalaciones de medicina legal ubicadas en el Hospital Piloto de la comarca donde solicitamos se nos certificara si las víctimas u ocupantes presentaban signos de alcohol en el organismo, aportan las siguientes respuestas:
Oliverio Paz Montero, positivo alcoholemia, primer grado, pasajero.
Carlos Antonio Solarte Salazar, positivo alcoholemia, segundo grado, pasajero.
Darío Alberto Cerón Orozco, positivo alcoholemia, segundo grado.
Ciro Omar Aragón, en este caso se realizaron pruebas de sicotrópico con resultados negativos, al parecer conductor del móvil
Conclusión: No existen bases fundamentales para afirmar que el homicidio culposo que se investiga tiene participación de manos asesinas, pero no podemos descartar los atenuantes como son: Estado de embriaguez de algunos de sus ocupantes, malas condiciones de la vía, falta de señalización e iluminación de la vía que al parecer evitara percatarse de la existencia de una curva por donde salió el automotor golpeando con la orilla de un caño que cruza en el potrero de la finca Santa Inés, vereda Sánchez (…)” (fl. 21, cdno. 2).
Como puede verse, el material probatorio citado no permite establecer con certeza cuál fue la causa real del accidente, en el que resultó involucrado un vehículo del SENA, pues en el plenario no obra informe de tránsito ni declaración alguna de testigos presenciales que den cuenta sobre los móviles y las circunstancias que rodearon el siniestro del campero oficial donde perdieron la vida 4 personas, entre ellas el señor Darío Alberto Cerón Orozco.
Cabe precisar, en todo caso, que si bien el informe de la Fiscalía General de la Nación mencionó como una de las causas probables del accidente, el estado de embriaguez del señor Ciro Omar Aragón Ladino, toda vez que en el lugar de los hechos se encontraron botellas de licor, no obra dictamen de alcoholemia alguno que permita establecer que el citado señor condujera bajo los efectos del alcohol, a diferencia de lo ocurrido con los demás ocupantes del campero oficial siniestrado, a quienes sí se les comprobó dicho estado mediante la correspondiente prueba de alcoholemia.
A lo anterior se suma que el señor Javier Alonso Peña Cifuentes, quien estuvo presente en el evento organizado por el SENA en el municipio de Suárez, departamento del Cauca, al que también asistieron los ocupantes del campero oficial accidentado, aseguró que el señor Ciro Omar Aragón Labio se encontraba sobrio antes de que abordara y condujera el automotor oficial de retorno al municipio de Santander de Quilichao.
Lo único que obra en el plenario en torno al estado anímico del señor Aragón Ladino, el día de los hechos, corresponde a una prueba de sicotrópico que le fue practicada, para la detección de sustancias alucinógenas, la cual arrojó resultado negativo, según se infiere del informe de la Fiscalía General de la Nación al que se hizo alusión anteriormente.
De otro lado, no es cierto, como lo afirmó el recurrente, que en el proceso penal se estableció que el conductor del automotor oficial no fue el causante del accidente, lo cual, a su juicio, exonera de responsabilidad a la demandada, pues lo que ocurrió realmente fue que la Fiscalía 40 seccional de Jamundí, Cauca, profirió resolución inhibitoria, dentro del proceso penal que cursó por la muerte de los ocupantes del campero oficial, con fundamento en que el deceso del señor Ciro Omar Aragón Labio extinguió la acción penal y no porque este hubiese sido exonerado de responsabilidad en el accidente de tránsito, como erradamente lo sostiene el libelista (fls. 30 a 32, cdno. 2).
Así, visto con detenimiento el material probatorio aportado al plenario, lo único cierto es que el hoy occiso perdió la vida cuando se movilizaba en un vehículo de propiedad del SENA, después de asistir a un evento organizado por dicha entidad en el municipio de Suárez, departamento del Cauca, el cual era conducido por el señor Ciro Omar Aragón Labio, quien para la época de los hechos se desempeñaba como director seccional de la demandada.
Como se dijo ab initio, cuando se desarrollan actividades peligrosas, como ocurre, por ejemplo, con la conducción de vehículos automotores, opera un régimen de responsabilidad objetivo, que implica que el demandante solo tiene que probar la existencia del daño y el nexo de este con el servicio, esto es, que el daño sufrido se originó en el ejercicio de la actividad riesgosa a cargo de la entidad demandada, mientras que la administración, para liberarse de responsabilidad, debe acreditar la existencia de una causa extraña, como la fuerza mayor o el hecho exclusivo y determinante de la víctima o de un tercero, pero resulta que nada de ello se demostró en el sub judice, de modo que la responsabilidad de la demandada aparece comprometida en la muerte del señor Darío Alberto Cerón Orozco y, por lo tanto, deberá resarcir los perjuicios que ello les produjo a los demandantes.
En cuanto a la aseguradora llamada en garantía, debe señalarse que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca la condenó a reembolsar las sumas de dinero que, como consecuencia de este fallo, deba sufragar la entidad demandada, según las condiciones establecidas en la póliza de responsabilidad civil extracontractual 63219, documento que, como se dijo anteriormente, fue aportado al proceso en copia simple, circunstancia que le impedía al juez valorarlo; sin embargo, tal como lo sostuvo el Ministerio Público, la aseguradora no recurrió la decisión del tribunal que la condenó a reembolsar tales sumas de dinero, razón por la cual la Sala no hará pronunciamiento alguno en torno a ello y mantendrá la decisión del tribunal, en ese aspecto.
Teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia de 3 de marzo de 2000, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en cuanto declaró la responsabilidad de la entidad demandada por la muerte del señor Darío Alberto Cerón Orozco, en un accidente de tránsito ocurrido el 22 de junio de 1996, en el sitio conocido como “La Bolsa”, jurisdicción del municipio de Jamundí, departamento del Valle del Cauca.
Por la muerte del señor Darío Alberto Cerón Orozco concurrieron al proceso Yenny Silva Idrobo, José Darío y María Alejandra Cerón Silva, Aura Edelmira Orozco Idrobo, Jesús Napoleón, María Astrid, Miguel Hernán, Aura Edelmira, Deisy Yolanda, Gloria del Socorro, Gerardo Alfonso, Alberto y Julio Cesar Cerón Orozco, según se desprende de la demanda y de los poderes debidamente conferidos a su apoderado (fls. 1 a 5, 22 a 30, cdno. 1).
Se encuentra acreditado en el plenario que José Darío Cerón Silva y María Alejandra Cerón Silva son hijos de Darío Alberto Cerón Orozco (occiso) y María Yenny Silva Hidrobo, según los registros civiles de nacimiento visibles a folios 6 y 7 del cuaderno 1. Así mismo, se encuentra acreditado que el hoy occiso y la señora María Yenny Silva Hidrobo vivían en unión libre, según las declaraciones de Javier Alonso Peña Cifuentes, Cielo Cruz Pabón Narváez, Ariel Armando Barona Mina y José Hernando Orozco Medina (fls. 44 a 47, cdno. 2).
Se demostró, igualmente, que Jesús Napoleón, María Astrid, Miguel Hernán, Aura Edelmira, Deisy Yolanda, Gloria del Socorro, Gerardo Alfonso, Alberto y Julio César Cerón Orozco son hermanos del fallecido Darío Alberto Cerón Orozco, de conformidad con los registros civiles de nacimiento visibles a folios 9 a 18 del cuaderno 1 y que la señora Aura Edelmira Orozco Idrobo es la madre del hoy occiso (fl. 19, cdno. 1).
Acreditado el parentesco de los demandantes con Darío Alberto Cerón Orozco, puede inferirse, aplicando las reglas de la experiencia, que los actores tenían un nexo afectivo importante con la víctima que determinó la existencia de lazos de alianza y solidaridad entre ellos y que, por lo tanto, aquellos sufrieron un profundo dolor y pesar con la muerte trágica de Darío Alberto. Pueden considerarse suficientes, entonces, las pruebas del parentesco aportadas al proceso para tener demostrado el daño moral reclamado por los demandantes.
Respecto de la cuantía de la indemnización de este perjuicio inmaterial, debe recordarse que, de conformidad con lo expresado en la sentencia de 6 septiembre de 2001, la Sala abandonó el criterio que consideraba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980, para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicios morales, y estimó que la valoración de dicho perjuicio debía ser hecha por el juez, en cada caso, según su prudente juicio, sugiriéndose la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquel se presente en su mayor grado de intensidad(9).
Así las cosas, la Sala confirmará la condena que el tribunal le impuso a la entidad demandada, por concepto de perjuicios morales, pero esta se tasará en salarios mínimos legales mensuales vigentes, por las razones anteriormente señaladas. En consecuencia, la entidad demandada deberá pagar, por concepto de perjuicios morales, la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada una de las siguientes personas: Aura Edelmira Orozco Idrobo (madre de la víctima), María Yenny Silva Idrobo (compañera permanente), José Darío Cerón Silva y María Alejandra Cerón Silva (hijos); y la suma de 50 salarios mínimos mensuales vigentes para cada una de las siguientes personas: Jesús Napoleón Cerón Orozco, María Astrid Cerón Orozco, Miguel Hernán Cerón Orozco, Aura Edelmira Cerón Orozco, Deisy Yolanda Cerón Orozco, Gloria del Socorro Cerón Orozco, Gerardo Alfonso Cerón Orozco, Alberto Cerón Orozco y Julio César Cerón Orozco (hermanos).
Por la muerte de Darío Alberto Cerón Orozco, los actores solicitaron la suma de $ 180’000.000 para la compañera permanente y los hijos de la víctima. A su turno, el tribunal condenó a la entidad demandada a pagar, por dicho concepto, la suma de $ 145’258.660,13 para María Yenny Silva Idrobo, la suma de $ 18’401.052,52 para José Darío Cerón Silva y la suma de $ 45’236.085,32 para María Alejandra Cerón Silva.
La entidad demandada cuestionó el hecho de que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca hubiera tomado las sumas de dinero que, a juicio de los actores, devengaba la víctima como comerciante y como músico, para calcular la indemnización reclamada por la compañera permanente y los hijos del hoy occiso, toda vez que no se acreditó en el proceso que este percibiera tales sumas de dinero.
Por su parte, el Ministerio Público se opuso al reconocimiento de perjuicios materiales para los demandantes, por estimar que el tribunal los calculó con fundamento en los ingresos que la víctima devengaba como comerciante y no como músico, cuando debió ser al contrario, pues la muerte del señor Cerón Orozco no supuso la desaparición o cierre del establecimiento de comercio de su propiedad —cacharrería y papelería— y, por ende, que su compañera permanente y sus hijos sufrieran una merma económica, y comoquiera que la parte actora no recurrió la sentencia que así lo dispuso, no habrá lugar al reconocimiento de tales perjuicios “porque solo estos ingresos cuya negativa no fue cuestionada serían los dejados de percibir por la muerte del señor Cerón Orozco”.
Se encuentra acreditado que la persona fallecida era propietaria del establecimiento de comercio denominado “Variedades Olímpica”, ubicado en el municipio de Santander de Quilichao, destinado a la compra venta de artículos de miscelánea, según lo indica el certificado de existencia y representación de la Cámara de Comercio del Cauca (fls. 1 a 3, cdno. 2), actividad que le habría representado ingresos mensuales de $ 1’600.000, según certificación expedida por un contador público (fl. 20, cdno. 1).
A diferencia de lo sostenido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, la Sala considera que la muerte del señor Cerón Orozco no implicó el cierre definitivo del citado establecimiento de comercio y, por ende, que se produjera un desmedro patrimonial para la compañera permanente y los hijos de la víctima, como acertadamente lo sostuvo el Ministerio Público, pues no obra prueba alguna en el plenario que permita establecer que el deceso del citado señor hubiese tenido repercusiones económicas en dicho negocio, particularmente porque este se encontraba a cargo de su esposa, quien contaba con la colaboración de dos empleadas permanentes, lo que permite inferir que este siguió prestando servicio al público y generando dividendos para los demandantes.
Así se infiere de lo manifestado por el señor Javier Alonso Peña Cifuentes, amigo personal de la víctima, quien aseguró que el negocio contaba con la ayuda permanente de dos empleadas, además de la presencia de su esposa y algunas veces de su hijo mayor (fls. 45, 46, cdno. 2). Por su parte, el señor Ariel Armando Barona Mina señaló que, a raíz de la muerte de Darío Alberto, su familia quedó dependiendo económicamente del establecimiento de comercio “Variedades Olímpica” (fl. 46, cdno. 2).
Lo dicho por los testigos deja claro que el establecimiento precitado no desapareció ni sufrió merma económica alguna con la muerte del señor Cerón Orozco; por el contrario, las pruebas indican que su familia siguió derivando el sustento económico de dicho negocio, de tal suerte que el tribunal se equivocó al calcular los perjuicios materiales sufridos por los demandantes con base en los ingresos que este les reportaba.
No obstante, lo cierto es que la víctima, además del comercio, se dedicaba también a la música, pues en vida conformó el trío denominado “Éxito”, actividad que le representaba ingresos que eran destinados al sostenimiento de su familia. Precisamente, el día del accidente, la víctima retornaba a su casa después de una presentación con su grupo musical en el municipio de Suárez, departamento del Cauca.
Pero lo cierto es que, tal como lo aseguró el Ministerio Público, los demandantes no tienen derecho alguno al reconocimiento de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, si se tiene en cuenta que ellos no recurrieron la sentencia del tribunal que los liquidó con base en los ingresos que la víctima percibía como comerciante y no como músico.
Efectivamente, los actores tenían derecho únicamente al reconocimiento de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, calculados con base en los ingresos que la víctima percibía como músico y no como comerciante, pues, como se vio, el establecimiento de comercio de su propiedad siguió abierto al público y, por lo tanto, generando dividendos económicos para su familia, de modo que ningún perjuicio sufrieron al respecto; sin embargo, el tribunal estableció dichos perjuicios con base en los ingresos de la víctima como comerciante, cuando lo correcto era calcularlos con los ingresos que percibía como músico, aspecto éste que no fue cuestionado por los actores, pero sí por la entidad demandada en el recurso de apelación.
Así las cosas, la Sala revocará la decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en cuanto condenó a la entidad demandada al pago de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, por las razones anotadas.
Toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, en el sub lite, resulta que ninguna de ellas actuó de esa manera, no habrá lugar a imponerlas.
1. MODIFÍCASE la sentencia de 3 de marzo de 2000, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. En su lugar:
a. DECLÁRASE responsable al Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, por la muerte de Darío Alberto Cerón Orozco, en hechos ocurridos el 22 de junio de 1996 en jurisdicción del municipio de Jamundí, departamento del Valle del Cauca.
b. CONDÉNASE al Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, a pagar, por concepto de perjuicios morales, la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada una de las siguientes personas: Aura Edelmira Orozco Idrobo, María Yenny Silva Idrobo, José Darío Cerón Silva y María Alejandra Cerón Silva; y la suma de 50 salarios mínimos mensuales vigentes para cada de las siguientes personas: Jesús Napoleón Cerón Orozco, María Astrid Cerón Orozco, Miguel Hernán Cerón Orozco, Aura Edelmira Cerón Orozco, Deisy Yolanda Cerón Orozco, Gloria del Socorro Cerón Orozco, Gerardo Alfonso Cerón Orozco, Alberto Cerón Orozco y Julio César Cerón Orozco.
c. CONDÉNASE a la aseguradora Atlas S.A., a reembolsar las sumas de dinero que la demandada deba sufragar como consecuencia de este fallo, hasta el máximo del valor asegurado, de conformidad con lo pactado en el contrato de seguros celebrado entre la accionada y dicha compañía de seguros.
e. ABSTIÉNESE de condenar en costas.
3. Dese cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil. Para tal efecto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca cumplirá los dictados del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil.
(3) Con la entrada en vigencia de la Ley 446 de 1998 —7 de julio de ese año—, norma que modificó el artículo 136 del Decreto 2304 de 1989, se estableció que la acción de reparación directa caducaría al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa (se resalta).
(4) En virtud del principio iura novit curia, corresponde al juez definir la norma o el régimen jurídico aplicable al caso frente a los hechos alegados y probados por la parte demandante, potestad del juez que no debe confundirse con la modificación de la causa petendi, esto es, los hechos que se enuncian en la demanda como fundamento de la pretensión. Por ello, es posible que, frente a unos mismos hechos, resulten aplicables distintos regímenes de responsabilidad, como ocurre en el sub lite, teniendo en cuenta, por supuesto, las circunstancias particulares de cada caso y el material probatorio obrante en el plenario.
(5) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 13 de julio de 1993, Expediente 8163.
(6) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de julio 7 de 2005, Expediente 20.300.
(7) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de febrero 21 de 2002, Expediente 12.789
(8) “En cuanto a los documentos, públicos o privados autenticados, podrán ser valorados en el proceso contencioso administrativo al cual son trasladados, siempre que se haya cumplido el trámite previsto en el artículo 289 del Código de Procedimiento Civil. En efecto, una vez allegado el documento, deberá expedirse un auto que ordene tenerlo como prueba; la parte contra la cual se aduce podrá tacharlo de falso dentro de los cinco días siguientes a su notificación. Debe tenerse en cuenta que, según lo dispuesto en la misma norma, no se admitirá la tacha de falsedad cuando el documento impugnado carezca de influencia en la decisión, o se trate de un documento privado no firmado ni manuscrito por la parte a quien perjudica.
Sobre los informes técnicos y peritaciones de entidades y dependencias oficiales, el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil establece que deberán ponerse en conocimiento de las partes por el término de tres días, para que puedan pedir su complementación o aclaración, de manera que, una vez trasladados a un proceso administrativo, deberá surtirse este trámite para garantizar el derecho de contradicción de la parte contra la que se pretenden hacer valer (C.E., Secc. Tercera, Sent. abr. 13/2000, Exp. 11.898).
(9) Consejo de Estado, Sección Tercera, expedientes 13.232-15.646.