Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/decreto-1215-de-julio-13-de-2018?documento=legcol&contexto=legcol_644d4172a1474f3c9650dc0f40163d94&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-08-18 13:57:30
Document Index: 373559108

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 5', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 2', 'artículo 60', 'artículo 16', 'artículo 20', 'artículo 6', 'artículo 16', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 11', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 60', 'artículo 3', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 60', 'artículo 9', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 14', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 6', 'artículo 10', 'artículo 4', 'artículo 9', 'artículo 21', 'artículo 2', 'artículo 28', 'artículo 19', 'artículo 6', 'artículo 21', 'artículo 13']

﻿ DECRETO 1215 DE JULIO 13 DE 2018
DECRETO 1215 DE 13 DE JULIO DE 2018
CONTENIDO:APRUEBA EL PROGRAMA DE ENAJENACIÓN DE LAS ACCIONES DE PROPIEDAD DE LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P.
DECRETO 1215 DE 2018
“Por el cual se aprueba el programa de enajenación de las acciones de propiedad de la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público en Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP”.
Que la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público es propietaria de mil ciento ocho millones doscientas sesenta y nueve mil doscientas setenta y un (1.108.269.271) acciones ordinarias en circulación (las “acciones”) emitidas por Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP (“Coltel”), las cuales equivalen al treinta y dos coma cinco por ciento (32,5%) del total del capital suscrito y pagado de esa sociedad;
Que Coltel es una sociedad anónima constituida mediante Escritura Pública 1331 del 16 de junio de 2003, otorgada en la Notaría 22 de Bogotá, D.C., inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, D.C. el 19 de junio de 2003 bajo el número 00885337 del libro IX, constituida bajo las leyes de la República de Colombia, que está regida por el ordenamiento jurídico colombiano y tiene por objeto principal, entre otros: “la organización, operación, prestación, provisión, explotación de las actividades, redes y los servicios de telecomunicaciones, tales como telefonía pública básica conmutada local, local extendida y de larga distancia nacional e internacional, servicios móviles, servicios de telefonía móvil, celular en cualquier orden territorial, nacional o internacional, portadores, teleservicios, telemáticos, de valor agregado, servicios satelitales en sus diferentes modalidades, servicios de televisión en todas sus modalidades incluyendo televisión por cable, servicios de difusión, tecnologías inalámbricas, video, servicios de alojamiento de aplicaciones informáticas, servicios de data center, servicios de operación de redes privadas y públicas de telecomunicaciones y operaciones totales de sistemas de información, servicios de provisión y/o generación de contenidos y aplicaciones, servicios de información y cualquier otra actividad, producto o servicios calificado como de telecomunicaciones, y/o de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) tales como, recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como voz, datos, texto, video e imágenes, incluidas sus actividades complementarias y suplementarias dentro del territorio nacional y en el exterior y en conexión con el exterior, empleando para ello bienes, activos y derechos propios o ejerciendo el uso y goce sobre bienes, activos y derechos de terceros”;
Que tal como consta en el certificado de existencia y representación de Coltel del 18 de junio de 2018 expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, “(...) la sociedad extranjera Telefónica S.A. (matriz) ejerce situación de control de forma indirecta sobre la sociedad de la referencia a través de la Sociedad Telefónica Latinoamérica Holding S. L., Latin America Cellular Holdings S. L., y Terra Networks Colombia S.A.S. en Liquidación”, por lo cual la enajenación de las acciones no implica un cambio de control de Coltel y por ende no afecta la continuidad en la prestación del servicio por parte de Coltel;
Que el Programa de enajenación de las acciones de la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público en Coltel fue preparado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se diseñó con la intención de enajenar la totalidad de la participación accionaria de la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público bajo condiciones de amplia publicidad y libre concurrencia, y fue elaborado con base en estudios técnicos preparados por instituciones idóneas privadas contratadas para el efecto y contiene, de acuerdo con el avalúo técnico-financiero preparado, un precio de venta de las acciones, todo lo anterior en consonancia con las reglas y principios establecidos en la Ley 226 de 1995 (en adelante la “Ley 226”);
Que conforme a la función asignada en el numeral 6 del artículo 5º del Decreto 1411 de 2017, la comisión intersectorial para el aprovechamiento de activos públicos (CAAP), en sesión del 10 de mayo de 2018, según consta en Acta 5, recomendó la enajenación de la participación accionaria de la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público en Coltel;
Que el Documento Conpes 3281 de 2004 resalta la importancia de “[e]nfocar el Estado (...) fundamentalmente a las actividades que se enmarcan dentro de las responsabilidades del Estado social de derecho, consagradas en la Constitución Política. Por tanto, es necesario que el sector público se desvincule de aquellas actividades y entidades donde no se amerita su participación (...)”;
Que el Documento Conpes 3851 de 2015 establece que “(...) el Gobierno nacional no debe mantener la propiedad sobre activos (...) que no cumplen con los objetivos de la propiedad estatal, y por tanto, el sector público debe desvincularse de su participación accionaria en dichos activos para enfocar los recursos en inversión social con mayor retorno para la sociedad”;
Que el Documento Conpes 3927 de 2018 establece que “(...) no es recomendable para la nación mantener participaciones minoritarias (...)” y, en consecuencia, señala que el Gobierno debe priorizar la desinversión de aquellas sociedades con participación del Gobierno nacional inferior al 50%;
Que del diseño del programa de enajenación, que se adopta en este decreto, se envió copia a la Defensoría del Pueblo mediante oficio con número de radicado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 2-2018-011007 del 12 de abril de 2018, en cumplimiento de lo previsto en el inciso segundo del parágrafo del artículo 7º de la Ley 226;
Que el 28 de febrero de 2018, por medio del documento Radicado 2-2018-006218, la comisión intersectorial para el aprovechamiento de activos públicos (CAAP), en ejercicio de las funciones a ella conferidas por el numeral 4º del artículo 5º del Decreto 1411 de 2017, presentó al Congreso de la República el plan de enajenación anual global para la vigencia 2018, el cual incluía expresamente la participación accionaria de la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público en Coltel, conforme con lo establecido en el parágrafo del artículo 8º de la Ley 226;
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 8º de la Ley 226, por conducto del Ministro de Hacienda y Crédito Público, se presentó a consideración del consejo de ministros el proyecto de programa de enajenación de las acciones y en sesión del 23 de mayo de 2018, el consejo de ministros emitió concepto favorable sobre el programa de enajenación, el cual incluye el precio por acción para su enajenación, conforme con lo establecido en los artículos 7º, 10 y 11 de la Ley 226;
Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley 226, el programa de enajenación, junto con el concepto favorable del consejo de ministros, fue remitido al Gobierno nacional por dicho consejo para su aprobación;
Que el artículo 2º de la Ley 226 establece que la Ley 80 de 1993 no es aplicable a los procesos de enajenación accionaria de carácter estatal;
Que de conformidad con el artículo 60 de la Constitución Política, la Ley 226 y el numeral 3º del artículo 16 de la Ley 789 de 2002, se debe ofrecer a los trabajadores, organizaciones solidarias y de trabajadores, condiciones especiales para acceder a la propiedad accionaria que enajene el Estado y que, de la misma manera, en el proceso se deben utilizar mecanismos que garanticen amplia publicidad y libre concurrencia, así como procedimientos que promuevan la masiva participación, todos ellos conducentes a democratizar la propiedad accionaria.
Disposiciones generales del programa de enajenación
ART. 1º—Aprobación del programa de enajenación. Apruébese el programa de enajenación (el “programa de enajenación” o el “programa”), en los términos previstos en el presente decreto, el cual contiene las reglas conforme a las cuales se enajenarán mil ciento ocho millones doscientas sesenta y nueve mil doscientas setenta y un (1.108.269.271) acciones ordinarias (en adelante y para todos los efectos las “acciones”) que la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público tiene de manera directa en Coltel, equivalente al treinta y dos coma cinco por ciento (32,5%) del total de las acciones suscritas y pagadas en circulación de la mencionada compañía.
ART. 2º—Régimen de enajenación de las acciones. La enajenación de las acciones de que trata el presente decreto será efectuada de conformidad con las reglas, condiciones y procedimientos previstos en la Ley 226, en las normas contenidas en el presente decreto y en las disposiciones establecidas en los reglamentos de enajenación y adjudicación que se expidan para el efecto, de conformidad con el artículo 20 del presente decreto.
ART. 3º—Etapas del programa de enajenación. El programa de enajenación al que se refiere el presente decreto se desarrollará en las siguientes etapas:
3.1. primera etapa: En desarrollo de la primera etapa (la “primera etapa”) se realizará una oferta pública de la totalidad de las acciones, en condiciones de amplia publicidad y libre concurrencia, al precio fijo por acción señalado en el literal (b) del artículo 6º del presente decreto, a los destinatarios de las condiciones especiales de que tratan los artículos 3º de la Ley 226 y 16 de la Ley 789 de 2002.
Son destinatarios de las condiciones especiales, para los efectos del programa, en forma exclusiva, las siguientes personas (los “destinatarios de las condiciones especiales”):
(a) Los trabajadores activos y pensionados de Coltel, y de las entidades en donde Coltel tiene participación mayoritaria;
(b) Los ex trabajadores de Coltel y de las entidades en donde Coltel tiene participación mayoritaria, siempre y cuando no hayan sido desvinculados con justa causa por parte del empleador;
(c) Las asociaciones de empleados o ex empleados de Coltel;
(d) Los sindicatos de trabajadores debidamente constituidos de conformidad con la ley;
(e) Las federaciones de sindicatos de trabajadores y confederaciones de sindicatos de trabajadores debidamente constituidos de conformidad con la ley;
(f) Los fondos de empleados debidamente constituidos de conformidad con la ley;
(g) Los fondos mutuos de inversión debidamente constituidos de conformidad con la ley;
(h) Los fondos de cesantías y de pensiones debidamente constituidos de conformidad con la ley;
(i) Las entidades cooperativas definidas por la legislación cooperativa debidamente constituidas de conformidad con la ley; y
(j) Las cajas de compensación familiar debidamente constituidas de conformidad con la ley.
La primera etapa se entenderá agotada: (i) en el momento en que se produzca el registro en el libro de registro de accionistas de Coltel o la anotación en cuenta, a favor de quienes resulten adjudicatarios y se haya cumplido con las demás condiciones establecidas en el presente decreto y en el reglamento de enajenación y adjudicación que se expida para la primera etapa (en adelante “reglamento de la primera etapa”) para que se les transfiera la propiedad sobre las mismas, o (ii) en el momento en que la primera etapa sea declarada desierta por parte de la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público o por la Bolsa de Valores de Colombia S.A. (en el evento en que la enajenación se realice por su conducto), de acuerdo con las causales para declarar desierta esta etapa señaladas en el reglamento de la primera etapa. A partir del acaecimiento de uno de estos dos momentos, se podrá proceder a realizar la oferta de la segunda etapa, en caso de que no se venda la totalidad de las acciones en la primera etapa.
3.2. Segunda etapa: En desarrollo de la segunda etapa (la “segunda etapa”) se ofrecerán, al público en general, las acciones que no hayan sido adquiridas por los destinatarios de condiciones especiales en la primera etapa, en las condiciones que se establecen en este decreto y acudiendo a mecanismos que garanticen condiciones de amplia publicidad y libre concurrencia, pudiendo ofrecerse tales acciones en los mercados locales y/o internacionales, a personas naturales o jurídicas y a entidades de otra naturaleza legal, tales como patrimonios autónomos, y otros vehículos de inversión sin personería jurídica, tanto nacionales como extranjeras, que tenga(n) capacidad legal para participar en el capital social de Coltel, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el presente decreto y en el reglamento de enajenación y adjudicación que se expida para la segunda etapa (en adelante “reglamento de la segunda etapa”) y en conjunto con el reglamento de la primera etapa, (los “reglamentos de enajenación”), con el fin de que presenten ofertas de compra por la totalidad o una parte de las acciones que no sean enajenadas en la primera etapa, según lo determine el Comité de Activos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y se incluya o establezca en el Reglamento de la segunda etapa.
El precio mínimo de las acciones en la segunda etapa será aquel señalado en el numeral 16.1 del artículo 16 del presente decreto o sus modificaciones o adiciones.
La segunda etapa se entenderá agotada en el momento en que (i) se produzca el registro en el libro de registro de accionistas de Coltel o la anotación en cuenta, a favor de quien(es) resulte(n) adjudicatario(s) en la segunda etapa y se hayan cumplido con las demás condiciones establecidas en el presente decreto y en el Reglamento de la segunda etapa para que se les transfiera la propiedad sobre las mismas o, (ii) en el evento en que sea declarada desierta por parte de la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público o por la Bolsa de Valores de Colombia S.A. (en el evento en que la enajenación se realice por su conducto), de acuerdo con las causales para declarar desierta esta etapa señaladas en el Reglamento de la segunda etapa.
Enajenación de acciones en la primera etapa
ART. 4º—Procedimiento de enajenación en la primera etapa. Las acciones se ofrecerán a los destinatarios de las condiciones especiales a través de una oferta pública de venta, mediante un mecanismo de amplia publicidad y libre concurrencia de acuerdo con lo previsto en el presente decreto y en el reglamento de la primera etapa, mecanismo que se llevará a cabo por intermedio de la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público o de la Bolsa de Valores de Colombia S.A. (en el evento en que la enajenación se realice por su conducto). En este último caso, dicho mecanismo se deberá implementar a través de sociedades comisionistas de bolsa.
PAR. 1º—Para que se dé inicio a la primera etapa, deberá publicarse el respectivo aviso de oferta en al menos dos (2) diarios de amplia circulación nacional, en el cual se haga pública la oferta de venta de las acciones a los destinatarios de condiciones especiales. La oferta pública tendrá la vigencia que señale el respectivo aviso de oferta y en todo caso no podrá ser inferior a dos (2) meses contados a partir del día hábil siguiente a la publicación del aviso de oferta pública para la primera etapa. Si las publicaciones del aviso de oferta en los diarios de amplia circulación nacional tienen lugar en fechas distintas, el plazo de dos (2) meses a que se refiere este parágrafo se contará a partir del día hábil siguiente a la publicación del último aviso de oferta pública.
PAR. 2º—Para todos los efectos legales, las acciones serán transferidas a sus compradores una vez estas hayan sido adjudicadas, se haya efectuado el registro en el libro de registro de accionistas de Coltel o la anotación en cuenta de las acciones adjudicadas, y se cumpla con las demás condiciones establecidas en el presente decreto y en el reglamento de la primera etapa.
ART. 5º—Forma de pago de las acciones adquiridas durante la primera etapa. El precio de las acciones que sean adquiridas por los destinatarios de las condiciones especiales será pagado de contado en moneda legal colombiana, de conformidad con los términos y condiciones establecidos en el presente decreto y en el reglamento de la primera etapa. La falta de pago del precio dará lugar a la resolución inmediata del contrato de compraventa de acciones, sin necesidad de reconvención previa, ni declaración judicial.
(a) Se les ofrecerán, en primer lugar y de manera exclusiva, la totalidad de las acciones; la oferta pública tendrá una vigencia que no podrá ser inferior a dos (2) meses, de conformidad con lo previsto en el parágrafo 1º del artículo 4º del presente decreto;
(b) (Modificado).* Las acciones se ofrecerán inicialmente por un precio por Acción igual a dos mil setenta y cinco pesos ($2.075), el cual estará indicado en el aviso de oferta de la primera etapa (el “precio fijo por acción”) y deberá pagarse conforme lo establecido en el artículo 5º del presente decreto;
*(Nota: Modificado por el Decreto 1360 de 2018 artículo 1° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
(c) El precio fijo por acción se mantendrá vigente durante la primera etapa, siempre y cuando no se presenten interrupciones al programa, de modo que, si se presentan interrupciones al mismo durante el plazo de la oferta, el Gobierno, de conformidad con lo señalado en el numeral 2º del artículo 11 de la Ley 226 y en las condiciones previstas en el reglamento de la primera etapa, podrá ajustar el precio fijo antes indicado, para lo cual tendrá en cuenta los parámetros establecidos en el artículo 7º de la Ley 226;
(d) La oferta pública en la primera etapa solo iniciará cuando una o varias entidades financieras establezcan líneas de crédito o condiciones de pago para financiar la adquisición de las acciones, conforme a las disposiciones legales, dentro del monto y los requisitos que determine cada entidad crediticia y con las características a que se refiere el artículo 7º del presente decreto; y
(e) Cuando los adquirentes sean personas naturales, podrán utilizar sus cesantías con la finalidad de adquirir las acciones ofrecidas, conforme con las disposiciones contenidas en el numeral 4º del artículo 11 de la Ley 226, reglamentado por el capítulo 2 (enajenación de la propiedad accionaria a trabajadores y ex trabajadores) del título 1 (enajenación de propiedad accionaria) de la parte 5 (gestión de activos) del libro 2 del Decreto 1068 de 2015 (Decreto Único del Sector Hacienda y Crédito Público) y las demás normas que lo modifiquen o complementen.
ART. 7º—Líneas de crédito para los destinatarios de condiciones especiales. De conformidad con el numeral 3º del artículo 11 de la Ley 226 y con el objeto de facilitar a los destinatarios de las condiciones especiales el acceso a la propiedad de las acciones, estas se ofrecerán en la primera etapa una vez una o varias instituciones hayan establecido líneas de crédito o condiciones de pago para financiar la adquisición de las mismas, que impliquen una financiación disponible de crédito no inferior, en su conjunto, al diez por ciento (10%) del valor total de las acciones objeto del programa de enajenación contenido en el presente decreto.
Los créditos se otorgarán de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, dentro del monto y los requisitos que determine la respectiva entidad otorgante de la línea de crédito, y cumplirán con las siguientes condiciones:
(a) Plazo total de amortización: No será inferior a cinco (5) años, incluyendo el periodo de gracia;
(b) Período de gracia a capital: No podrá ser inferior a un (1) año. Los intereses causados durante dicho período de gracia podrán ser capitalizados para su pago junto con las cuotas de amortización a capital;
(c) Intereses remuneratorios máximos: La tasa de interés aplicable no podrá ser superior a la tasa de interés bancario corriente certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente al momento del otorgamiento del crédito; y
(d) Garantía: Serán admisibles como garantías aquellas que cada entidad financiera otorgante considere satisfactorias, incluyendo las garantías que se constituyan sobre las acciones que se adquieran con el producto del crédito.
ART. 8º—Reglas para presentar aceptaciones de compra en la primera etapa por parte de personas naturales destinatarios de las condiciones especiales. En aplicación de los principios generales previstos en los artículos 2º, 3º, 4º y 14 de la Ley 226, así como en el artículo 60 de la Constitución Política, la aceptación que presente cada una de las personas naturales destinatarias de las condiciones especiales en desarrollo de la primera etapa, estará sujeta a las siguientes reglas y límites:
8.1. La aceptación de compra deberá estar acompañada de los documentos exigidos en el presente decreto y en el reglamento de la primera etapa que demuestren su condición de destinatario de condiciones especiales, así como los que certifiquen el cumplimiento de las condiciones impuestas por la ley, incluyendo las normas contra la corrupción y el lavado de activos y la financiación del terrorismo previstas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en la Ley 190 de 1995, la Ley 970 de 2005, la Ley 1121 de 2006, la Ley 1474 de 2011, la Ley 1778 de 2016, y demás normas que las modifiquen, adicionen, sustituyan o reglamenten.
8.2. Para la presentación de la aceptación, el respectivo destinatario de las condiciones especiales deberá acompañar copia de los documentos que se indican a continuación:
(a) Todo destinatario de las condiciones especiales que es persona natural deberá entregar:
(i) Si está legalmente obligado a presentar declaración de renta, una copia de la declaración de renta correspondiente al último año gravable que, de acuerdo con la ley, el interesado ya haya debido presentar; o
(ii) Si no está legalmente obligado a presentar declaración de renta, una copia del certificado de ingresos y retenciones del último año; no obstante, en el evento en que el aceptante de la oferta hubiere presentado voluntariamente la declaración de renta, este deberá entregar copia de la misma (correspondiente al último año gravable).
(b) Los destinatarios de las condiciones especiales de que tratan los literales (a) y (b) del numeral 3.1 del artículo 3º del presente decreto, deberán entregar, además de los documentos a que se refiere el literal (a) anterior, un certificado expedido por Coltel, o por las entidades en donde Coltel tiene participación mayoritaria, según corresponda, dentro del mes anterior a la fecha de presentación de la respectiva aceptación, mediante el cual se acredite que el destinatario es, según corresponda, empleado activo, pensionado o ex trabajador y que no fue retirado por justa causa de Coltel o de las entidades en donde Coltel tiene participación mayoritaria;
(c) Los destinatarios de las condiciones especiales que sean empleados activos de Coltel o de las entidades en donde Coltel tiene participación mayoritaria y que además ocupen cargos de nivel directivo, deberán acompañar una certificación expedida por el área de recursos humanos de Coltel o el área correspondiente que ejerza dichas funciones en cada entidad, en la que conste su remuneración anual en Coltel o en las entidades en donde Coltel tiene participación mayoritaria, según corresponda, de acuerdo con lo que se establezca en el Reglamento de primera etapa.
PAR.—Se entenderá por “remuneración anual”:
(1) Todas las sumas devengadas por el empleado (incluyendo salario fijo y remuneración variable) en un periodo de doce (12) meses anteriores a la fecha de expedición de la certificación, para los destinatarios de las condiciones especiales que hayan ocupado, por un año o más en la fecha de expedición de la respectiva certificación, cargos de nivel directivo y que hayan sido empleados de Coltel o de las entidades en donde Coltel tiene participación mayoritaria, y
(2) El salario mensual (incluyendo salario fijo y el promedio mensual de componente variable) del respectivo empleado multiplicado por doce (12), para los destinatarios de las condiciones especiales que ocupen cargos de nivel directivo y que hayan sido empleados de Coltel o de las entidades en donde Coltel tiene participación mayoritaria por un periodo inferior a doce (12) meses a la fecha de expedición de la respectiva certificación.
8.3. En relación con el número máximo de acciones a adquirir por cada destinatario de las condiciones especiales, será el más bajo que resulte de aplicar las siguientes reglas:
(a) Ningún destinatario de las condiciones especiales que sea persona natural y esté legalmente obligado a presentar declaración de renta, podrá adquirir un número de acciones que, multiplicado por el precio fijo por acción (tal como el mismo pueda ser ajustado conforme a lo dispuesto en este decreto), tenga un valor superior a una (1) vez el patrimonio líquido que figure en la declaración de renta presentada conforme a lo dispuesto en el sub-numeral 8.2(a)(i) del artículo 8º de este decreto;
(b) Ningún destinatario de las condiciones especiales que sea persona natural (que esté o no legalmente obligado a presentar declaración de renta), podrá adquirir un número de acciones que, multiplicado por el precio fijo por acción (tal como el mismo pueda ser ajustado conforme a lo dispuesto en este decreto), tenga un valor superior a cinco (5) veces sus ingresos anuales que figuren en la declaración de renta o en el certificado de ingresos y retenciones presentado conforme a lo dispuesto en el subnumeral 8.2(a) del artículo 8º de este decreto;
(c) Para el caso específico de los destinatarios de las condiciones especiales que ocupen cargos de nivel directivo en Coltel o en las entidades en donde Coltel tiene participación mayoritaria, además de las limitaciones indicadas en los subnumerales 8.3(a), 8.3(b) y 8.3(e) del presente artículo, no podrán adquirir acciones que, multiplicado por el precio fijo por acción (tal como el mismo pueda ser ajustado conforme a lo dispuesto en este decreto), tengan un valor superior a cinco (5) veces su remuneración anual derivada de Coltel o de las entidades en donde Coltel tiene participación mayoritaria, según corresponda, de acuerdo con la certificación expedida según se indica en el subnumeral 8.2 (c) de este decreto;
(d) Las personas que lleguen a ocupar cargos de nivel directivo en Coltel o en las entidades en donde Coltel tiene participación mayoritaria con posterioridad a la fecha de publicación del aviso de oferta pública, podrán adquirir acciones en la primera etapa, en calidad de destinatarios de las condiciones especiales, siempre que estén vinculadas a Coltel o a alguna de las entidades en donde Coltel tiene participación mayoritaria el día hábil anterior a que venza el plazo para presentar aceptaciones a que haga referencia el aviso de oferta que se expida conforme al reglamento de la primera etapa. Dichas personas no podrán adquirir acciones que, multiplicado por el precio fijo por acción (tal como el mismo pueda ser ajustado conforme a lo dispuesto en este decreto), tengan un valor superior a cinco (5) veces su remuneración anual derivada de Coltel o de las entidades en donde Coltel tiene participación mayoritaria, según corresponda, de acuerdo con la certificación expedida según se indica en el subnumeral 8.2 (c) de este decreto;
(e) Sin perjuicio de los anteriores numerales, ningún destinatario de las condiciones especiales que sea persona natural podrá adquirir más de cinco millones quinientas cuarenta y un mil trescientas cuarenta y siete (5.541.347) acciones.
8.4. Para efectos de dar aplicación a las reglas previstas en el presente artículo y determinar los anteriores límites se considerará:
(a) El patrimonio líquido y los ingresos que figuren en la declaración de renta presentada conforme a lo dispuesto en el subnumeral 8.2 (a) (i); o
(b) Los ingresos que figuren en el certificado de ingresos y retenciones o en la declaración de renta (si la presentó voluntariamente) presentado(s) para los no obligados a declarar conforme a lo dispuesto en el subnumeral 8.2 (a) (ii); y
(c) La remuneración anual certificada de cada una de las personas que ocupan cargos de nivel directivo, conforme a lo dispuesto en el subnumeral 8.2 (c).
PAR.—Se entenderá por “patrimonio líquido” el declarado por el destinatario de las condiciones especiales en la declaración del impuesto de renta de conformidad con lo establecido en el estatuto tributario.
8.5. Cualquier aceptación de compra de acciones por un monto superior a los límites previstos en el numeral 8.3 del presente artículo, si cumple con las demás condiciones establecidas en el reglamento de la primera etapa, se entenderá presentada por la cantidad permitida de conformidad con las reglas y limitaciones indicadas en los subnumerales 8.3 (a) a 8.3(e) del presente decreto.
8.6. Únicamente se considerarán aceptaciones de compra válidas de las diligencias en los formularios de que trata el numeral 8.9 en los cuales la persona manifieste por escrito su voluntad incondicional e irrevocable de:
(a) No negociar las acciones dentro de los dos (2) años inmediatamente siguientes a la fecha de enajenación de las mismas por parte de la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público;
(b) No realizar conductas tendientes a que personas diferentes del aceptante tengan dentro de los dos (2) años inmediatamente siguientes a la fecha de enajenación de las mismas por parte de la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el carácter de Beneficiario Real (tal como dicho término se define en el artículo 6.1.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010 y las demás normas que la sustituyan, modifiquen, adicionen o complementen) de los derechos derivados de las acciones;
(c) No dar en pago o enajenar de cualquier otra forma las acciones dentro de los dos (2) años inmediatamente siguientes a la fecha de enajenación de las mismas por parte de la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público;
(d) No subrogar el crédito adquirido con base en la línea de crédito de que trata el artículo 7º del presente decreto, si lo hubiere recibido, ni prestar su consentimiento, ni participar directa o indirectamente ni en forma alguna en tal subrogación, ni en ningún acto o negocio que produzca el mismo o similar efecto, dentro de los dos (2) años inmediatamente siguientes a la fecha de enajenación de las acciones por parte de la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público; y
(e) Aceptar todas las condiciones de la oferta pública en los términos previstos en este decreto, en el aviso de oferta y en el reglamento de la primera etapa;
8.7. Los destinatarios de las condiciones especiales que sean personas naturales deberán igualmente acompañar a su respectiva aceptación los demás documentos que se establezcan en el reglamento de la primera etapa.
8.8. En todo caso, al aceptar la oferta, las personas naturales destinatarias de las condiciones especiales, directamente o por intermedio de su apoderado, deberán declarar bajo la gravedad del juramento que actúan, y adquiere(n) las acciones de propiedad de la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público en Coltel, por su propia cuenta y beneficio.
8.9. Para todos los efectos del programa de enajenación y especialmente para la aceptación por parte de los adquirentes de las acciones durante la primera etapa, como parte del reglamento de la primera etapa se establecerá un formulario de aceptación donde se incluirán las manifestaciones de voluntad necesarias para el programa, incluyendo las descritas en el presente artículo 8º.
ART. 9º—Reglas para presentar aceptaciones de compra en la primera etapa por parte de aceptantes diferentes a personas naturales destinatarios de las condiciones especiales. En aplicación de los principios previstos en los artículos 2º, 3º, 4º y 14 de la Ley 226, así como en el artículo 60 de la Constitución Política, las aceptaciones que presenten los aceptantes diferentes a personas naturales destinatarias de las condiciones especiales en desarrollo de la primera etapa, estarán sujetas a las siguientes reglas y límites:
9.1. Para la presentación de la aceptación, las asociaciones de empleados o ex empleados de Coltel y las entidades cooperativas definidas por la legislación cooperativa que presenten aceptación de compra, deberán acompañar copia de:
(a) Sus estados financieros debidamente auditados y aprobados con corte a diciembre 31 de 2017, y
(b) La declaración de renta correspondiente al último año gravable del año fiscal inmediatamente anterior a la expedición de este decreto, que de acuerdo con la ley ya haya debido presentar.
En el evento en que los aceptantes establecidos en el presente subnumeral tengan menos de un año de constitución, deberán acompañar la aceptación de una certificación suscrita por el representante legal y el revisor fiscal o contador público, en los términos establecidos en el reglamento de la primera etapa y copia de los últimos estados financieros de períodos intermedios disponibles.
9.2. Los sindicatos de trabajadores, las federaciones de sindicatos de trabajadores, las confederaciones de sindicatos de trabajadores, los fondos de empleados, los fondos mutuos de inversión, los fondos de cesantías, de pensiones y las cajas de compensación familiar que presenten aceptación de compra, deberán acompañar copia de:
(b) Copia de la declaración de ingresos y patrimonio con corte a 31 de diciembre del año anterior a la expedición de este decreto, debidamente certificada por su revisor fiscal.
En el evento en que los aceptantes establecidos en el presente subnumeral tengan menos de un año de constitución, deberá acompañarse de una certificación suscrita por el representante legal y el revisor fiscal o contador público, en los términos establecidos en el reglamento de la primera etapa o copia de los últimos estados financieros de períodos intermedios disponibles, si los tuviere.
9.3. Los destinatarios de las condiciones especiales diferentes a personas naturales, podrán adquirir acciones hasta por un monto igual al límite máximo autorizado para esta clase de inversiones establecido en las normas legales que le sean aplicables a cada uno de tales destinatarios de las condiciones especiales según su naturaleza y objeto, así como las previstas en las normas estatutarias que regulan la actividad de tales entidades, sin superar en todo caso las reglas y límites de que tratan el numeral 9.4 del artículo 9º y sus subnumerales siguientes del presente decreto.
(a) Los límites de inversión que son aplicables al aceptante, tanto legales como estatutarios, de ser el caso, y
(b) Que el monto de las acciones que se acepta comprar se encuentra dentro de los límites legales, estatutarios y/o de sus respectivos reglamentos de inversión, de ser el caso, que le sean aplicables al aceptante al momento de presentar la aceptación de compra.
9.4. En relación con el número máximo de acciones a adquirir por cada destinatario de las condiciones especiales diferentes a personas naturales, se tomará el menor monto que resulte de aplicar las siguientes reglas:
(a) Los destinatarios de las condiciones especiales diferentes a personas naturales, no podrán adquirir un número de acciones que, multiplicado por el precio fijo por acción (tal como el mismo pueda ser ajustado conforme a lo dispuesto en el presente decreto), tenga un valor superior a una (1) vez el valor del Patrimonio Ajustado presentado conforme a lo dispuesto en los artículos 9.1 (a) y 9.2 (a). Para efectos del presente decreto, se entenderá por “Patrimonio Ajustado” el resultado de restarles a los activos totales, los pasivos totales y el superávit por valorización. Entiéndase como superávit por valorización todo tipo de valorizaciones contempladas en el patrimonio, incluida la cuenta de revalorización del patrimonio.
(b) Los destinatarios de las condiciones especiales distintos a personas naturales no podrán adquirir un número de acciones que, multiplicado por el precio fijo por acción (tal como pueda ser ajustado conforme a lo dispuesto en el presente decreto), tenga un valor superior a cinco (5) veces sus ingresos anuales que figuren en:
(i) La declaración de renta o de ingresos y patrimonio presentada, según sea el caso, correspondiente al último año gravable que de acuerdo con la ley haya debido presentar, conforme a lo dispuesto en los artículos 9.1 (b) y 9.2 (b); y
(ii) Los documentos presentados conforme a lo dispuesto en los artículos 9.1 (a) y 9.2
(a) En caso de que existan diferencias entre el monto de ingresos anuales mencionados anteriormente, para efectos del presente artículo se tomará el mayor valor.
(c) No podrán adquirir más de cinco millones quinientas cuarenta y un mil trescientas cuarenta y siete (5.541.347) acciones, de conformidad con el procedimiento que se establezca para estos efectos en el reglamento de la primera etapa.
9.5. Cualquier aceptación de compra de acciones por un monto superior a los límites previstos en los numerales anteriores del presente artículo, si cumple con las demás condiciones establecidas en el reglamento de la primera etapa, se entenderá presentada por la cantidad permitida de conformidad con las reglas y los límites previstos en los subnumerales 9.4 (a), 9.4 (b) y 9.4 (c) del presente artículo.
9.6. Únicamente se considerarán aceptaciones de compra válidas las diligenciadas en los formularios de que trata el numeral 9.8 en los cuales el aceptante de la oferta, en su aceptación de compra manifieste expresamente su voluntad incondicional e irrevocable de:
(b) En el marco del presente Programa no realizar conductas tendientes a que personas diferentes del aceptante tengan dentro de los dos (2) años inmediatamente siguientes a la fecha de enajenación de las mismas por parte de la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el carácter de Beneficiario Real (tal como dicho término se define en el artículo 6.1.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010 y las demás normas que la sustituyan, modifiquen, adicionen o complementen) de los derechos derivados de las acciones;
(c) En el marco del presente Programa no dar en pago las acciones dentro de los dos (2) años inmediatamente siguientes a la fecha de enajenación de las mismas por parte de la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público;
(d) En el marco del presente Programa no subrogar el crédito adquirido con base en la línea de crédito de que trata el artículo 7º del presente decreto, si lo hubiere recibido, ni prestar su consentimiento, ni participar directa o indirectamente ni en forma alguna en tal subrogación, ni en ningún acto o negocio que produzca el mismo o similar efecto, dentro de los dos (2) años inmediatamente siguientes a la fecha de enajenación de las acciones por parte de la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público; y
(e) Aceptar todas las condiciones de la oferta pública en los términos previstos en este decreto, en el aviso de oferta y en el reglamento de la primera etapa.
9.7. En todo caso, al aceptar la oferta los destinatarios de las condiciones especiales deberán declarar bajo la gravedad del juramento, que actúan por su propia cuenta y beneficio. Deberán igualmente acompañar a su respectiva aceptación los demás documentos que se establezcan en el reglamento de la primera etapa.
9.8. Para todos los efectos del programa de enajenación y especialmente para la aceptación por parte de los adquirentes de las acciones durante la primera etapa, como parte del reglamento de la primera etapa se establecerá un formulario de aceptación donde se incluirán las manifestaciones de voluntad necesarias para aceptar la oferta de acciones, incluyendo las descritas en el presente artículo.
9.9. El solo acto de hacer una oferta para adquirir las acciones ofrecidas en la primera etapa se entenderá como una afirmación formal y expresa por parte del oferente de que tiene la capacidad legal y estatutaria para comprar estas acciones, y que ha obtenido las autorizaciones y permisos requeridos para el efecto, si estos fueren necesarios. La anterior disposición no exime a dicho aceptante de la oferta de presentar todos los documentos que se exigen en el presente decreto.
ART. 10.—Efectos del incumplimiento.
10.1. Si cualquiera de los destinatarios de las condiciones especiales incumple cualquiera de las obligaciones que aceptó conforme a lo dispuesto en el numeral 8.6 del artículo 8º o el numeral 9.6 del artículo 9º del presente decreto, según corresponda, le acarreará al aceptante que resulte adjudicatario de las acciones, sin perjuicio de los demás efectos que según la ley se puedan producir, incluyendo las sanciones penales, una multa en favor de la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público, calculada sobre el mayor de los siguientes valores:
(a) El del precio de adquisición de las acciones por parte del destinatario de las condiciones especiales;
(b) El del precio por Acción u otra contraprestación que el aceptante incumplido obtenga de un tercero por la transferencia de las acciones o de los derechos o beneficios que de la transferencia se deriven; o
(c) El precio que reciba la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público por Acción en la segunda etapa, según sea el caso.
Estos valores de referencia serán ajustados en enero de cada año, de acuerdo con el índice de precios al consumidor nacional certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior.
10.2. Para determinar el monto de la multa:
(a) El monto total de la multa se determinará así: se multiplicará el mayor de los valores previstos en los numerales 10.1(a), 10.1(b) y 10.1(c) de este artículo, por el número de acciones que hayan sido negociadas, enajenadas o cuyos derechos hayan sido limitados, o en relación con las cuales se hayan efectuado negocios que tengan como objeto o efecto el que un tercero se convierta en Beneficiario Real de tales acciones, según sea el caso, y dicho resultado deberá ser pagado a la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público en los siguientes porcentajes:
(i) El ciento por ciento (100%) si el incumplimiento ocurre dentro de los primeros seis (6) meses siguientes a la fecha de enajenación por parte de la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público al respectivo destinatario de las condiciones especiales;
(ii) El setenta y cinco por ciento (75%) si el incumplimiento ocurre dentro del período comprendido entre los seis (6) meses y un (1) día y los doce (12) meses siguientes a la fecha de enajenación por parte de la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público al respectivo destinatario de las condiciones especiales;
(iii) El cincuenta por ciento (50%) si el incumplimiento ocurre dentro del período comprendido entre los doce (12) meses y un (1) día y los dieciocho (18) meses siguientes a la fecha de enajenación por parte de la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público al respectivo destinatario de las condiciones especiales; o
(iv) El veinticinco por ciento (25%) si el incumplimiento ocurre dentro del período comprendido entre los dieciocho (18) meses y (1) un día y los veinticuatro (24) meses siguientes a la fecha de enajenación por parte de la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público al respectivo destinatario de las condiciones especiales;
(b) Sobre el valor de la multa se aplicarán intereses de mora a la tasa más alta legalmente permitida desde la fecha en que haya un incumplimiento hasta el día en que se efectúe el pago de la misma.
10.3. La Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público está exclusivamente facultada para imponer las multas a que hace referencia el presente artículo y exigir su pago de conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley 226, y según lo determine el reglamento de la primera etapa para efectos del procedimiento y cuentas donde se deben recaudar los valores correspondientes a tales multas.
10.4. Las multas a las que se refiere el presente artículo se aplicarán sin perjuicio de las limitaciones a la propiedad sobre las acciones que puedan resultar de los mecanismos de garantía establecidos como parte del programa de enajenación. En todo caso, los compradores de acciones durante la primera etapa estarán obligados a suscribir los contratos a los que haya lugar y efectuar las demás actividades necesarias para perfeccionar la inmovilización de las mismas de acuerdo con lo previsto en el artículo siguiente del presente decreto y en el reglamento de la primera etapa.
ART. 11.—Mecanismos de garantía en la primera etapa. Con el fin de respaldar el cumplimiento de aquellas obligaciones previstas en el numeral 8.6 del artículo 8º y el numeral 9.6 del artículo 9º del presente decreto y todas aquellas otras obligaciones que surjan a cargo de cada uno de los destinatarios de las condiciones especiales que, en desarrollo de la primera etapa, resulten adjudicatarios de las acciones que se ofrecen en venta, se utilizarán como garantías y/o respaldo de cumplimiento a favor de la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público los mecanismos que se definan en el reglamento de la primera etapa por el tiempo máximo permitido en la Ley 226, incluyendo pero sin limitarse a la inmovilización o bloqueo de las acciones que sean adjudicadas, de manera que estas no se puedan negociar, hasta tanto tales limitaciones sean aplicables.
En el aviso de oferta y en el reglamento de la primera etapa se establecerá la aplicación de dichos mecanismos, los cuales se entenderán aceptados por los adjudicatarios de la primera etapa.
ART. 12.—Adjudicación de las aceptaciones en la primera etapa. La adjudicación se llevará a cabo a través de la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público o de la Bolsa de Valores de Colombia S.A. (en el evento en que la enajenación se realice por su conducto), una vez vencido el plazo de la oferta pública, conforme con las siguientes reglas generales y las demás que se establezcan en el reglamento de la primera etapa.
12.2. Si el total de acciones sobre el cual se presenta aceptación de la oferta sobrepasa la cantidad de acciones ofrecidas, la adjudicación se hará con base en el mecanismo de prorrateo establecido en el reglamento de la primera etapa. En consecuencia, el monto de acciones adjudicadas podrá ser igual o menor al monto de acciones demandadas por efecto de los mecanismos de adjudicación señalados de manera general en este artículo.
12.3. Si durante la adjudicación se establece la existencia de acciones remanentes sin adjudicar por las fracciones resultantes del prorrateo al que se refiere el numeral 12.2 anterior, estas acciones serán adjudicadas de conformidad con el mecanismo establecido en el reglamento de la primera etapa.
12.4. Para todos los efectos, debe entenderse como acciones demandadas, aquellas que correspondan a aceptaciones que sean válidas por cumplir con todas las condiciones establecidas en este decreto, en el aviso de oferta y en el reglamento de la primera etapa, y cuya cantidad se ajuste a los límites establecidos para tales efectos.
12.5. Con base en el estudio y evaluación de las aceptaciones que presenten los destinatarios de las condiciones especiales, se rechazarán aquellas en las cuales:
(a) La aceptación se presente por fuera del plazo de la oferta pública;
(b) El aceptante no tenga la calidad de destinatario de las condiciones especiales;
(c) La información solicitada para subsanar o aclarar la aceptación no sea suministrada oportunamente o no cumpla con los requisitos establecidos en el presente decreto y/o en el reglamento de la primera etapa;
(d) No se acredite que se pagó el precio de las acciones en las condiciones establecidas en el reglamento de la primera etapa, cuando dicho pago deba tener lugar antes de la adjudicación de las acciones, si así lo dispone el reglamento de la primera etapa; o
(e) Las demás que sean establecidas en el reglamento de la primera etapa.
12.6. Las declaraciones formuladas en el documento de aceptación de compra de acciones por parte de los destinatarios de las condiciones especiales serán verificadas por la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público o por la Bolsa de Valores de Colombia S.A. (en el evento en que la enajenación se realice por su conducto), incluso con posterioridad a la adjudicación de las acciones, lo cual autorizarán los aceptantes en el documento de aceptación de compra, de conformidad con lo establecido en el reglamento de primera etapa.
Las falsedades, inexactitudes o cualesquiera otro tipo de hechos o conductas que impliquen de una u otra forma trasladar los beneficios que otorgan las condiciones especiales a personas diferentes del destinatario de las condiciones especiales aceptante, violar las reglas para la adquisición de acciones previstas en el artículo 8º y el artículo 9º del presente decreto o, convertir en beneficiarios reales (tal como dicho término se define en el artículo 6.1.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010 y las demás normas que la sustituyan, modifiquen, adicionen o complementen) de las acciones o, de los derechos derivados de las mismas, a personas diferentes del aceptante, dará lugar, sin perjuicio de la multa a que se refiere el artículo 10 del presente decreto, al inicio de procesos para la imposición de las sanciones pertinentes previstas en las normas penales y demás disposiciones aplicables.
ART. 13.—Finalización de la primera etapa. Para todos los efectos del programa se entenderá finalizada la primera etapa una vez las acciones se entiendan transferidas a los destinatarios de las condiciones especiales conforme a lo dispuesto en el parágrafo 2º del artículo 4º en el momento en que la primera etapa se declare desierta por parte de la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público o la Bolsa de Valores de Colombia S.A. (en el evento en que la enajenación se realice por su conducto). A partir de ese momento se podrá proceder a realizar la oferta de la segunda etapa respecto de la totalidad de las acciones que no hayan sido enajenadas en la primera etapa.
Enajenación de acciones en la segunda etapa
ART. 14.—Procedimiento de enajenación en la segunda etapa. En desarrollo de esta etapa, se invitará públicamente a presentar ofertas a los interesados en participar en el proceso de enajenación de las acciones que no sean enajenadas en la primera etapa y que reúnan las condiciones que se establezcan en el presente decreto, en el reglamento de la segunda etapa y en el aviso de oferta de la segunda etapa. Esta etapa tendrá la duración que para el efecto se indique en el reglamento de la segunda etapa. Esta invitación deberá publicarse mediante avisos en al menos dos (2) diarios de amplia circulación nacional, en la cual se haga pública la oferta de venta de las acciones que no sean enajenadas en la primera etapa.
14.1. El reglamento de la segunda etapa podrá establecer reglas de precalificación en las cuales se determine de manera clara los requisitos técnicos, financieros y legales que deben cumplir las personas que deseen ser precalificadas para presentar ofertas de compra de acciones en la segunda etapa.
14.2. La segunda etapa se hará utilizando mecanismos que contemplen condiciones de amplia publicidad y libre concurrencia, y se efectuará a través de la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público o de la Bolsa de Valores de Colombia S.A. (en el evento en que la enajenación se realice por su conducto), mediante el mecanismo bursátil o extrabursátil que se establezca en el reglamento de la segunda etapa.
14.3. Si el reglamento de la segunda etapa contiene condiciones de precalificación, solo las personas que resulten precalificadas, conforme a lo establecido en el presente artículo, podrán presentar ofertas de compra de acciones en desarrollo de la segunda etapa, en los términos indicados en el reglamento de la segunda etapa.
14.4. Cuando la ley establezca determinados requisitos previos para adquirir las acciones, será responsabilidad de las personas obligadas a ello dar estricto cumplimiento a los mismos. En consecuencia, el solo acto de hacer una oferta para adquirir las acciones ofrecidas en la segunda etapa se entenderá como una afirmación formal y expresa por parte del oferente de que tiene la capacidad legal y estatutaria para comprar estas acciones, y que ha obtenido las autorizaciones y permisos requeridos para el efecto, si estos fueren necesarios. La anterior disposición no exime a dicho oferente de presentar todos los documentos que se exigen en el presente decreto y/o en el reglamento de la segunda etapa.
14.5. Sin perjuicio de lo anterior, si, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9º de la Ley 1340 de 2009, un interesado se encuentra bajo los supuestos allí establecidos, deberá notificar u obtener la autorización de la Superintendencia de Industria y Comercio en los términos dispuestos por la citada norma y en las normas que las sustituyan, modifiquen o complementen.
ART. 15.—Adjudicación de las acciones en la segunda etapa. La adjudicación de las acciones en la segunda etapa se llevará a cabo por la Bolsa de Valores de Colombia S.A. o por el comité técnico de que trata el artículo 21 del presente decreto, mediante procedimientos que tengan como propósito procurar: (1) amplia publicidad y libre concurrencia; y (2) transparencia y objetividad del proceso de adjudicación.
ART. 16.—Precio y forma de pago de las acciones en la segunda etapa. Las acciones que se dispongan en la segunda etapa, se enajenarán teniendo en cuenta lo siguiente:
16.1. Las acciones se ofrecerán inicialmente por un precio por acción igual a dos mil setenta y cinco pesos ($2.075) el cual, como mínimo, deberá ser igual al precio fijo por acción, ajustado con base en el IPC mensual que rija para los meses que transcurran entre la expedición del presente decreto y la adjudicación de la segunda etapa, conforme a los términos que se establezcan en el reglamento de la segunda etapa.
(Nota: Modificado por el Decreto 1360 de 2018 artículo 2° del Ministerio de Hacienda y Crédito Público)
16.2. En ningún caso el precio de adjudicación de las acciones que se ofrezcan en la segunda etapa podrá ser inferior al precio determinado conforme a lo dispuesto en el numeral 16.1 anterior.
16.3. Las acciones serán pagaderas en pesos corrientes y/o su equivalente en dólares de los Estados Unidos de América, en los términos que disponga el presente decreto y el reglamento de la segunda etapa y en el caso del pago en dólares de los Estados Unidos de América, dando cumplimiento a las normas que regulan el mercado cambiario. El reglamento de la segunda etapa contendrá los mecanismos de verificación del cumplimiento de tales normas.
16.4. El precio de venta de las acciones deberá pagarse conforme a las siguientes reglas:
(a) El o los compradores de las acciones pagarán el precio de venta de contado de conformidad con lo dispuesto para el efecto en el reglamento de la segunda etapa; y
(b) Si la venta se efectúa por conducto de la Bolsa de Valores de Colombia S.A., el o los compradores de las acciones pagarán el precio de venta de contado, de conformidad con los términos y condiciones establecidos por los reglamentos e instructivos de la Bolsa de Valores de Colombia S.A. y por las demás normas que reglamenten la materia.
16.5. Previo cumplimiento de los requisitos legales, el precio mínimo para la segunda etapa se podrá actualizar conforme a las siguientes reglas:
(a) La valoración de las acciones será revisada por el comité de activos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público: (i) cuando, estando en desarrollo de la segunda etapa, el proceso se reanude después de haber estado suspendido o aplazado; y, en cualquier caso, (ii) cuando la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público lo considere necesario por las condiciones de mercado y las propias del negocio durante el desarrollo de la segunda etapa.
(b) Si el resultado de cualquiera de las revisiones llevadas a cabo conforme a lo dispuesto en la subsección anterior arroja una variación que, en consideración de la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público, genere la necesidad de realizar una actualización del precio mínimo para la segunda etapa, el Ministro de Hacienda y Crédito Público llevará este punto al consejo de ministros, para que este apruebe el precio mínimo para la segunda etapa;
(c) En todo caso, el precio mínimo por el cual se ofrecerán las acciones en la segunda etapa no será menor que el precio por el cual se hayan ofrecido las acciones en la primera etapa.
ART. 17.—Finalización de la segunda etapa. Siempre que ello ocurra dentro de la vigencia del programa de enajenación establecida en el artículo 28 de este decreto, la segunda etapa se entenderá agotada en (i) la fecha en que se declare desierta la segunda etapa por parte de la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público o por la Bolsa de Valores de Colombia S.A. (en el evento en que la enajenación se realice por su conducto), o (ii) la fecha en que se registren en el libro de accionistas de Coltel y/o se anoten en cuenta las acciones a nombre de quienes se les hayan adjudicado las mismas, y se haya cumplido con las condiciones establecidas en el reglamento de la segunda etapa para que se les transfiera la propiedad sobre las mismas.
Reglas generales del proceso de enajenación
ART. 18.—Garantías. Quienes deseen adquirir las acciones, bien sea en la primera etapa o en la segunda etapa, deberán constituir las garantías que se establezcan en los respectivos reglamentos de enajenación, como requisito necesario para que puedan presentar aceptaciones u ofertas, según sea el caso, dentro del proceso de enajenación de las acciones.
ART. 19.—Información de Coltel
19.1. Con el fin de procurar que los destinatarios de las condiciones especiales y los participantes en la segunda etapa cuenten con información adecuada para participar en el proceso de enajenación de la propiedad sobre las acciones, se les brindará información de Coltel a la que la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público tenga acceso, en los términos y con sujeción a las obligaciones de confidencialidad que se establezcan en el reglamento de la primera etapa o el reglamento de la segunda etapa, según corresponda.
19.2. Los Reglamentos de enajenación podrán prever mecanismos de publicidad presenciales o virtuales, incluyendo mecanismos para que los interesados puedan formular preguntas, con el objetivo de informar a los destinatarios de las condiciones especiales y a los participantes en la segunda etapa acerca del proceso, este decreto, los reglamentos de enajenación y la información disponible de Coltel cuya implementación garantizará la confidencialidad de la información de Coltel y se hará en los términos que se definan en el reglamento de la primera etapa o en el reglamento de la segunda etapa, según corresponda.
19.3. Los reglamentos de enajenación contemplarán medidas adecuadas para que la implementación de los mecanismos de publicidad previstos en este artículo 19 se hagan de manera que se proteja la información relativa a datos personales y secretos comerciales e industriales de Coltel o de terceros y, en general, de la información sometida a reserva.
ART. 20.—Reglamentos de enajenación y adjudicación
20.1. Los reglamentos de enajenación y adjudicación que se expidan para cada una de las etapas para desarrollar el presente programa de enajenación y/o los instructivos operativos, si la enajenación se efectúa a través de la Bolsa de Valores de Colombia S.A., contendrán como mínimo, según sea el caso y entre otros aspectos, los siguientes:
(a) Las reglas, procedimientos, condiciones y modalidades correspondientes a la oferta pública de venta de las acciones y al desarrollo del proceso de enajenación;
(b) Las condiciones especiales de que trata el artículo 6º del presente decreto;
(c) Las reglas aplicables para la presentación de aceptaciones de compra y la recepción de ofertas;
(d) La forma de acreditar los requisitos que se establezcan;
(e) El tipo, monto y la calidad de las garantías de las aceptaciones y ofertas;
(f) El precio y la forma de pago;
(g) Los mecanismos y las reglas aplicables para subsanar las aceptaciones presentadas;
(h) Los instrumentos que incentiven la participación de inversionistas interesados en adquirir las acciones;
(i) Las reglas correspondientes a la adjudicación de las acciones;
(j) Las reglas correspondientes a la ley de circulación y administración de las acciones; y
(k) En general, todos los aspectos que se requieran para desarrollar el programa de enajenación de que trata el presente decreto.
20.2. El aviso de oferta y los instructivos operativos se harán de acuerdo con las instrucciones impartidas por el comité técnico de que trata el artículo 21 del presente decreto.
ART. 21.—Dirección del proceso. La dirección del programa de enajenación estará a cargo del comité técnico (el “comité técnico”), el cual estará integrado por: (i) El director general de participaciones estatales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, (ii) Un (1) asesor de al menos nivel 1020-10 de la dirección general de participaciones estatales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, (iii) El director de la dirección general de crédito público y tesoro nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público o su delegado, y (iv) El director del departamento administrativo de la Presidencia de la República o su delegado. Este comité técnico, sin perjuicio de las demás funciones asignadas al mismo en el presente decreto, tendrá las siguientes funciones:
(a) Fijar las políticas y directrices de acuerdo con las cuales se desarrollará el programa de enajenación adoptado en el presente decreto;
(b) Aprobar y expedir los reglamentos de enajenación y sus respectivas adendas que los aclaren o modifiquen;
(c) Coordinar la oferta de las acciones durante la primera etapa y segunda etapa;
(d) La respuesta a las consultas respecto del presente decreto o los reglamentos de Enajenación que sean formuladas por los interesados; y
(e) En general, todas aquellas funciones incluidas en el presente decreto y en los reglamentos de enajenación que se expidan para cada una de las etapas.
ART. 22.—Otras actividades del proceso. La Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público tiene capacidad y está autorizado para adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades competentes para efectos de los trámites y procedimientos requeridos para la enajenación de las acciones bajo el programa de enajenación.
Fuente de los recursos y prevención del lavado de activos
ART. 23.—Derechos y bienes excluidos de la venta. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley 226, los derechos que Coltel posee sobre fundaciones, obras de arte y bienes relacionados con el patrimonio histórico y cultural, están excluidos de la venta. Los anteriores derechos y bienes serán transferidos por Coltel a la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público de conformidad con lo establecido en capítulo 1 (patrimonio histórico y cultural) del título 1 (enajenación de propiedad accionaria) de la parte 5 (gestión de activos) del libro 2 del Decreto 1068 de 2015 (decreto único del sector hacienda y crédito público), y demás normas aplicables.
ART. 24.—Prevenciones y mecanismos de control. Las instituciones financieras que establezcan líneas de crédito para financiar la adquisición de las acciones y las sociedades comisionistas de bolsa que intervengan en el proceso de enajenación, de ser el caso, darán estricto cumplimiento a lo dispuesto en la normativa sobre corrupción, lavado de activos, financiación del terrorismo y prevención de actividades delictivas previstas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en la Ley 190 de 1995, la Ley 970 de 2005, la Ley 1121 de 2006, la Ley 1474 de 2011, la Ley 1778 de 2016, así como las demás normas que las modifiquen, adicionen, sustituyan, reglamenten, complementen o deroguen. Las mencionadas entidades dejarán constancia de haber realizado las correspondientes actividades de control.
ART. 25.—Disponibilidad y fuente de recursos.
25.1. Quienes deseen presentar aceptaciones para la adquisición de las acciones deberán acreditar, a satisfacción de la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público o de la Bolsa de Valores de Colombia S.A. (en el evento en que la enajenación se realice por su conducto) conforme con el reglamento que se expida según el caso, que los recursos para el pago del precio de las acciones se encuentran disponibles, y en el evento que la enajenación se realice por conducto de la Bolsa de Valores de Colombia S.A., a disposición de las sociedades comisionistas de bolsa.
El incumplimiento de este requisito constituirá un impedimento para adquirir las acciones.
25.2. En caso de que la enajenación de las acciones se lleve a cabo por conducto de la Bolsa de Valores de Colombia S.A., las sociedades comisionistas de bolsa a través de las cuales se presenten las aceptaciones a la oferta en la primera etapa o las ofertas en la segunda etapa, deberán dar cumplimiento a las normas sobre prevención de actividades delictivas y lavado de activos previstas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en la Ley 190 de 1995, la Ley 970 de 2005 y demás normas que las modifiquen, adicionen, sustituyan, reglamenten, complementen o deroguen. Adicionalmente deberán verificar que los aceptantes u oferentes no tengan inscrito en su certificado de existencia y representación legal algún acto administrativo sancionatorio de la Superintendencia de Sociedades por virtud de lo establecido en la Ley 1778 de 2016.
ART. 26.—Responsable de las ofertas.
26.1. Los destinatarios de condiciones especiales que presenten aceptaciones de oferta en primera etapa, así como aquellos que presenten aceptaciones de compra en segunda etapa, responderán ante la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público y ante la propia Bolsa de Valores de Colombia S.A. por la seriedad y el cumplimiento de dichas aceptaciones de compra conforme con lo previsto en el presente decreto.
26.2. La Bolsa de Valores de Colombia S.A. únicamente responderá por las obligaciones a su cargo establecidas en el reglamento de la Bolsa de Valores de Colombia S.A., en este decreto, en los reglamentos que se expidan para cada una de las etapas, en los instructivos operativos elaborados para el presente programa de enajenación y en los contratos que con ella se celebren.
26.3. Respecto de la primera y segunda etapa, sin perjuicio de las garantías que la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público exigirá al momento de la presentación de las ofertas, tanto el reglamento de la primera etapa como el reglamento de la segunda etapa establecerán el alcance de la responsabilidad que asumirán las sociedades comisionistas de bolsa durante cada una de las etapas.
26.4. No obstante lo anterior, tanto en la primera etapa como en la segunda etapa las sociedades comisionistas de bolsa, si llegaren a presentarse aceptaciones a través de estas, deberán verificar el cumplimiento de lo previsto en el presente decreto y en el reglamento de enajenación y adjudicación que se expida para cada etapa, y deberán cumplir todas las obligaciones que, siendo de su naturaleza, estén contenidas en el instructivo operativo para la enajenación a través de la Bolsa de Valores de Colombia S.A., en el evento en que la enajenación se realice por su conducto.
ART. 27.—Ineficacia. Sin perjuicio de las disposiciones penales que le sean aplicables, si en cualquier momento se determina que la adquisición de las acciones en cualquiera de las etapas se realizó en contravención de las disposiciones de la Ley 226 de 1995, del presente decreto o de los reglamentos de enajenación, el negocio será ineficaz.
ART. 28.—Vigencia del programa de enajenación. La vigencia del programa de enajenación contenido en el presente decreto será de un (1) año contado a partir de la fecha de publicación del presente decreto en el Diario Oficial. El Gobierno podrá prorrogar el término del programa de enajenación hasta por un (1) año más, suspenderlo o terminarlo anticipadamente.
PAR.—Para la contabilización de los términos de esta vigencia, no se tendrá en cuenta el tiempo durante el cual el presente decreto o el proceso o actuación administrativa sea suspendido por decisión judicial.