Source: http://endefensadelosmares.org/20171006_comentariosepj.html
Timestamp: 2018-05-20 17:53:53
Document Index: 62164032

Matched Legal Cases: ['Artículo 27', 'artículo 42', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 6', 'Artículo 6', 'Artículo 50', 'artículo 48']

CODEMAR | Nuestra postura sobre el Parque Nacional Revillagigedo
Por: M. en C. Diana Piña Velasco
Biol. Benito Rafael Bermúdez Almada Director Regional Península de Baja California y Pacífico Norte Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas - SEMARNAT P r e s e n t e
Me refiero a su atento oficio número F00.1.DRPBCPN.-1268/2017 de fecha 12 de septiembre del año en curso, en el que solicita la opinión y comentarios de mi representada, Beta Diversidad, A.C., al Estudio Previo Justificativo (EPJ) por medio del cual se pretende decretar el Parque Nacional Revillagigedo en el Pacífico Mexicano, con fundamento en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), su Reglamento en Materia de Áreas Naturales Protegidas, y demás de la legislación federal aplicable.
En primer lugar y a nombre tanto de mi representada como de la Coalición en Defensa de los Mares de México (CODEMAR) de la que formamos parte, me permito extender una calurosa felicitación por la iniciativa de ampliar significativamente la cobertura y las medidas de protección del área, mismas que respaldaremos con todos los medios disponibles a nuestro alcance.
Nuestros aportes al EPJ derivan en los ámbitos jurídico, político y técnico, conforme a lo siguiente:
I.	Área Natural Protegida con la categoría de Parque Nacional
El Estado Mexicano cuenta con las atribuciones constitucionales legales necesarias y suficientes para establecer al Archipiélago de Revillagigedo y sus aguas circundantes como un Área Natural Protegida con la categoría de Parque Nacional, por las consideraciones siguientes:
El Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.
Asimismo, señala que la Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para preservar y restaurar el equilibrio ecológico.
De igual manera, dispone que son propiedad de la Nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije el Derecho Internacional; las aguas marinas interiores; las de las lagunas y esteros que se comuniquen permanente o intermitentemente con el mar; las de los lagos interiores de formación natural que estén ligados directamente a corrientes constantes; las de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, desde el punto del cauce en que se inicien las primeras aguas permanentes, intermitentes o torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional; las de las corrientes constantes o intermitentes y sus afluentes directos o indirectos, cuando el cauce de aquellas en toda su extensión o en parte de ellas, sirva de límite al territorio nacional o a dos entidades federativas, o cuando pase de una entidad federativa a otra o cruce la línea divisoria de la República; la de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riberas, estén cruzadas por líneas divisorias de dos o más entidades o entre la República y un país vecino, o cuando el límite de las riberas sirva de lindero entre dos entidades federativas o a la República con un país vecino; las de los manantiales que broten en las playas, zonas marítimas, cauces, vasos o riberas de los lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional, y las que se extraigan de las minas; y los cauces, lechos o riberas de los lagos y corrientes interiores en la extensión que fija la ley.
Así, en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes, (salvo en radiodifusión y telecomunicaciones, que serán otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones).
Aunado a lo anterior, nuestra Carta Magna dispone que la Nación ejerce en una zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a éste los derechos de soberanía y las jurisdicciones que determinen las leyes del Congreso. La zona económica exclusiva se extenderá a doscientas millas náuticas, medidas a partir de la línea de base desde la cual se mide el mar territorial.
En este contexto resulta fundamental para el régimen de protección del territorio insular establecer regulaciones pertinentes que incidan en acciones de soberanía y jurisdicción del Estado Mexicano, en términos de las disposiciones constitucionales ya descritas. Por ello, el artículo 42, en sus fracciones III y V, señala expresamente a las Islas de Revillagigedo situadas en el Océano Pacífico y a las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fija el Derecho Internacional y las marítimas interiores, como parte del territorio nacional.
Lo anterior, se ve reforzado con lo previsto por el artículo 48 de nuestra Ley Fundamental, que dispone que las islas, los cayos y arrecifes de los mares adyacentes que pertenezcan al territorio nacional, la plataforma continental, los zócalos submarinos de las islas, de los cayos y arrecifes, los mares territoriales, las aguas marítimas interiores y el espacio situado sobre el territorio nacional, dependerán directamente del Gobierno de la Federación, con excepción de aquellas islas sobre las que hasta la fecha hayan ejercido jurisdicción los Estados.
Es por ello que, con base en el acatamiento de los preceptos constituciones ya referidos, el Estado Mexicano emitió la Ley Federal del Mar, ordenamiento jurídico que establece la jurisdicción del Gobierno Federal sobre territorio insular en términos del artículo 48 Constitucional arriba mencionado, la cual de manera puntual contempla la categoría de Parque Nacional en su artículo 6º, fracción IV, al tenor literal siguiente:
"Artículo 6º.- La soberanía de la Nación y sus derechos de soberanía, jurisdicciones y competencias dentro de los límites de las respectivas zonas marinas, conforme a la presente Ley, se ejercerán según lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho internacional y la legislación nacional aplicable, respecto a:
IV.- El aprovechamiento económico del mar, inclusive la utilización de minerales disueltos en sus aguas, la producción de energía eléctrica o térmica derivada de las mismas, de las corrientes y de los vientos, la captación de energía solar en el mar, el desarrollo de la zona costera, la maricultura, el establecimiento de parques marinos nacionales, la promoción de la recreación y el turismo y el establecimiento de comunidades pesqueras."
Además, dicha Ley, así como en su Reglamento en Materia de Áreas Naturales Protegidas, contemplan tanto el procedimiento, formulación y emisión de la declaratoria respectiva de forma prolija y detallada; prueba de ello, es que la Ley dentro del Capítulo I Áreas Naturales Protegidas, de su Título Segundo Biodiversidad, en el tema que nos ocupa, abarca de los artículos 44 al 77 BIS, de los cuales se resaltan los artículos 50 y 51, preceptos normativos que señalan lo siguiente:
“Artículo 50.- Los parques nacionales se constituirán, tratándose de representaciones biogeográficas, a nivel nacional, de uno o más ecosistemas que se signifiquen por su belleza escénica, su valor científico, educativo, de recreo, su valor histórico, por la existencia de flora y fauna, por su aptitud para el desarrollo del turismo, o bien por otras razones análogas de interés general.
En los parques nacionales sólo podrá permitirse la realización de actividades relacionadas con la protección de sus recursos naturales, el incremento de su flora y fauna y en general, con la preservación de los ecosistemas y de sus elementos, así como con la investigación, recreación, turismo y educación ecológicos.
En estas áreas se permitirán y, en su caso, se restringirán o prohibirán las actividades o aprovechamientos que procedan, de conformidad con lo que disponen esta Ley, la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley Federal del Mar, las convenciones internacionales de las que México sea parte y las demás disposiciones jurídicas aplicables.”
En virtud de las consideraciones jurídicas ya vertidas, y que la propiedad originaria de la Nación en donde ejerce su soberanía y jurisdicción, es que históricamente el adjetivo de Parque Nacional se adecua precisamente tanto a los establecidos en zona terrestre como en zona marina, razones de índole jurídica por las que se considera procedente el establecimiento de Área Natural Protegida con la categoría de Parque Nacional al Archipiélago de Revillagigedo y aguas circundantes.
Lo anterior, aunado al carácter finalista del derecho ambiental y su objetivo de tutela de bienes jurídicos esenciales como la vida, salud y el equilibrio ecológico, el cual se puede cumplir mediante el establecimiento del Parque Nacional materia del EPJ en análisis, toda vez que con ello la autoridad busca aumentar la protección de la biodiversidad conduciendo a un medio ambiente mejor que el anterior en beneficio de las futuras generaciones.
II.	Zonificación
La zonificación que consideramos idónea para esta nueva ANP es establecer como Zona Núcleo la mayor parte del polígono propuesto, haciendo una proyección de la zona núcleo de la actual Reserva de la Biosfera del Pacífico Profundo desde el fondo del mar hasta la superficie, incluyendo las cuatro islas y los corredores biológicos que se forman entre ellas. El resto del ANP, incluyendo las pequeñas porciones de las islas destinadas a instalaciones militares, instalaciones de la CONANP, pistas aéreas y muelles, establecerlas como Zonas de Amortiguamiento.
III.	Área Natural Protegida con prohibición total de pesca
La intención de reconvertir efectivamente a la zona de influencia del Archipiélago de Revillagigedo se funda en diversos análisis que indican que la pesca de atún no se verá afectada por una nueva Área Natural Protegida con exclusión pesquera y que, de hecho, la reserva beneficiaría a la pesquería en zonas colindantes (resultados de la expedición más reciente, realizada por un equipo multinacional de los programas Pristine Seas de la National Geographic y Mares Mexicanos de la Scripps Institution of Oceanography, Aburto et. al., 2016).
En este sentido, la evidencia es indicativa de que sólo un porcentaje muy pequeño del esfuerzo pesquero de los atuneros mexicanos ocurre dentro del área propuesta como Área Natural Protegida (Parque Nacional) con exclusión de pesca comercial, y que debido a que los atunes migran dentro y fuera del área, la flota pesquera puede capturarlos en la parte externa a la poligonal. Una gran reserva marina ayudaría al sector atunero a recuperar los stocks y a mejorar las capturas, según se ha documentado ampliamente en otros casos alrededor del mundo, cuando el esfuerzo pesquero desplazado se redistribuye y se concentra en las orillas y alrededor de nuevas áreas protegidas (Murawski et al, 2005; Goñi et al, 2008; Stelzenmüller et al, 2008).
La creación de este Parque Nacional en la zona marina no sólo ayudará a controlar la pesca ilegal y no regulada que ya ocurre, también contribuirá a que la flota atunera mexicana avale acuerdos internacionales que México ha suscrito, haciendo que esta industria eleve sus estándares de sustentabilidad y sea candidata a certificaciones internacionales en materia de pesca sustentable.
Especies incluidas en la lista de Especies en Riesgo, NOM SEMARNAT 059
En el área materia del EPJ, habitan 14 especies de mamíferos marinos, cuatro de tortugas marinas, una de peces, dos de tiburones y tres de aves enlistadas, para un total de 24 especies.
De estas especies, dos en particular, la ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) y la tortuga verde (Chelonia midas) utilizan la zona como área de reproducción y, por lo tanto consideramos una incompatibilidad absoluta con la pesca industrializada e incluso la deportiva.
En el caso de la Pardela de Revillagigedo (Puffinus auricularis), esta es micro endémica a la Isla Socorro, por lo cual consideramos necesario la creación de esquemas de conservación lo más estricto posible para asegurar su permanencia.
Efecto de derrama o Spillover
Se ha comprobado científicamente que las Áreas Marinas Protegidas con exclusión de pesca comercial incrementan las poblaciones de todas las especies que las habitan. Entre sus principales beneficios destacan (Sala, E, et al. (2016) “Fish Banks: An Economic Model to Scale Marine Conservation”, Journal of Marine Policy, 73 (2016) 154-161):
Las cadenas alimenticias o ecológicas tenderán a reequilibrarse, y con ello no habrá pérdidas de especies
Los stocks de pesquerías se incrementan, y cuando las especies son migratorias (como el atún), pueden continuarse pescando afuera del área protegida, pero con la garantía de que sus poblaciones continuarán estables o en aumento.
La biomasa, o masa de animales y plantas, aumenta considerablemente.
El tamaño promedio de los animales también aumenta de manera notable.
La diversidad, o número de especies, crece significativamente.
Las especies severamente explotadas tienden a mostrar los incrementos más relevantes en sus poblaciones.
Cuando los animales marinos llegan a ser más abundantes dentro de una reserva marina, los adultos colonizan otras áreas externas, se desplazan, crecen y se reproducen en el nuevo hábitat.
La ciencia ha documentado dichos movimientos desde diversas reservas marinas hacia otras áreas en Estados Unidos, Bahamas, Santa Lucía, Kenia, Filipinas, Australia, Nueva Zelanda y el Mar Mediterráneo.
IV.	Turismo
Nuestras aspiraciones para la realización de actividades turísticas en el Archipiélago, se suscriben dentro de lo que consideramos un turismo de naturaleza, o turismo de bajo impacto ambiental, y que se trata de aquel que cumpla con tres requisitos básicos:
Que todos los visitantes cuenten con un guía debidamente capacitado y autorizado por la CONANP.
Que todas las actividades se lleven a cabo sin requerir construcción de infraestructura y minimizando los impactos ambientales.
Que el diseño de los recorridos sea para la apreciación de los valores intrínsecos del área y la importancia de su conservación.
Dadas sus excepcionales características biológicas, su lejanía al Continente y la complejidad de su manejo, se considera necesario contar con una evaluación constante de la capacidad de carga turística y sobre ésta analizar la posibilidad de desarrollar una oferta turística de bajo volumen, para visitas guiadas a las islas, siempre bajo la tutela de la autoridad. Ejemplo de ello, es el aviturismo, que se conforma por un segmento de la población culto y preparado, que dedica una gran parte de su tiempo libre a viajar a lugares prístinos como Revillagigedo. Lo mismo aplica para los buzos que visitan el área, los que según datos oficiales, todos cuentan con una certificación técnica e invierten considerables cantidades de recursos económicos y desde luego también, tiempo. Con esto en mente, no sólo fungen como turistas sino que resultan ser aliados para la conservación.
Por lo anterior, el turismo de bajo impacto ambiental puede representar una fuente importante de recursos para el área materia del EPJ en análisis.
Para efectos de lo señalado en el presente punto, se somete a la consideración de ésa autoridad la siguiente definición:
“Turismo de bajo impacto ambiental: modalidad turística ambientalmente responsable consistente en visitar los espacios naturales relativamente sin perturbar, con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales de dichos espacios; así como cualquier manifestación cultural del presente y del pasado que puedan encontrarse ahí, a través de un proceso que promueve la conservación y minimiza los impactos antropogénicos, y que para su realización no requiere de construcción de infraestructura.”
En conclusión, opinamos que la nueva Área Natural protegida en Revillagigedo debe ser un Parque Nacional. La figura de Parque Nacional tiene muchas ventajas sobre otras de menor rigor (como las Reservas de la Biosfera), especialmente en los mares. Esto se debe a que:
La propiedad del mar es del Estado, totalmente pública; por ende no hay propiedad privada individual, ejidal o comunal como en la Áreas Naturales Protegidas terrestres. Esto permite un mayor margen de maniobra y autonomía regulatoria para el Estado, y busca una conservación estricta a perpetuidad sólo con aprovechamientos turísticos y recreativos.
La figura de Reserva de la Biosfera es una opción subóptima en materia de conservación, ya que trata de compatibilizar la explotación del territorio (marino o terrestre) por parte de la población y propietarios locales con su conservación. Se trata de una regulación basada en la negociación del interés público frente a derechos de propiedad privada.
La figura de Reserva de la Biosfera parte del supuesto de la existencia de comunidades locales, a quienes se reconocen derechos de propiedad privada y de explotación del territorio y de los recursos naturales; esto, en las zonas de amortiguamiento que resultan ser la mayor parte de las poligonales de las propias Reservas de la Biosfera. Sólo en las zonas núcleo se persigue una conservación estricta, aunque es poco factible en la medida en que se trata regularmente de propiedades privadas (ejidales, comunales, individuales).
Basar la conservación en la conciliación de intereses privados con intereses colectivos difícilmente puede garantizarla a perpetuidad, y significa un reconocimiento de la debilidad del Estado frente a los propietarios privados (ejidos, comunidades, individuos) ya que parte de la premisa de que no es posible comprar o expropiar el territorio correspondiente o mantenerlo como propiedad pública. En el mar no es necesario comprar ni expropiar territorio, tal vez sólo, si acaso, permisos de pesca.
Por ley y por concepción e ideología, las Reservas de la Biosfera establecen derechos de explotación para determinados propietarios, grupos o sectores. La exclusión total de pesca comercial es difícilmente compatible con una figura de Reserva de la Biosfera. Esto se ve reforzado con lo que establece el artículo 48 de la LGEEPA, al señalar que: “en las zonas de amortiguamiento de las reservas de la biosfera sólo podrán realizarse actividades productivas emprendidas por las comunidades que ahí habiten al momento de la expedición de la declaratoria respectiva o con su participación”.
Los decretos marinos de Reserva de la Biosfera en México están devaluados, basta citar la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, donde la pesca comercial ha llevado a una práctica extinción de la vaquita marina; a la Reserva de la Biosfera de Banco Chinchorro, que permite aún hoy la pesca; y, en fechas más recientes, la Reserva de la Biosfera de Pacífico Mexicano Profundo, que establece la zona de protección, pero sólo a más de 800 metros de profundidad. Otro decreto de Reserva de la Biosfera en estas condiciones sólo generaría escepticismo y suspicacia por parte de la comunidad conservacionista nacional e internacional, y de los medios de comunicación.
Por esa razón, será difícil que una Reserva de la Biosfera sea capaz de atraer reconocimiento y financiamiento internacional y nacional.
Un Parque Nacional es una figura legal actual con gran fuerza; implicaría la reafirmación de la soberanía del Estado sobre el territorio marino de México, un acto fundamental de gobernabilidad, y la manifestación de una clara voluntad del gobierno de garantizar a perpetuidad la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas. Situación que atiende el estatus de progresividad del derecho ambiental como derecho humano, el cual busca la evolución continuada de la normatividad mediante medidas sucesivas y continuas cada vez más favorables, cuya finalidad es la de asegurar las condiciones ambientales más aptas para las generaciones presentes y futuras.
El Parque Nacional, por lo mismo, contribuiría a acrecentar el prestigio de México y a integrarnos a un conjunto de países civilizados que han asumido liderazgo y se han responsabilizado de la conservación del patrimonio nacional y de bienes públicos globales vitales. México se contaría entre países como Estados Unidos (con Barak Obama), Francia, Chile, Australia y otros más que han creado grandes Áreas Protegidas Marinas con exclusión de la pesca comercial.
El Parque Nacional, además de permitir que México cumpla con sus compromisos internacionales, ofrecería un mayor atractivo de mercadeo (marketing) para el turismo de conservación nacional y global.
De acuerdo con la LGEEPA, la figura de Parque Nacional, puede prohibir las actividades de pesca (lo que haría al decreto jurídicamente más robusto y difícil de atacar por amparos y otros recursos).
El Parque Nacional, de acuerdo también con la referida Ley, permite el desarrollo de actividades turísticas y recreativas sostenibles centradas en la apreciación de la naturaleza. Téngase en cuenta que, por ejemplo, en materia de turismo centrado en la naturaleza, el Parque Nacional Galápagos genera 270 millones de dólares anuales; y que cifras de un orden de magnitud similar se alcanzan en Islas Marshall, Palau, Fidji y otras zonas protegidas marinas que excluyen la pesca comercial. Esto es mucho más que los ingresos derivados de la pesca comercial en el polígono propuesto como Parque Nacional.
En cualquier caso, la existencia del Parque Nacional con exclusión pesquera no significa un impacto para la industria pesquera; se capturaría con creces fuera del Parque Nacional gracias a su función de refugio, vivero, zona de reproducción, desove y alimentación, y por el efecto de derrame (spillover) hacia fuera de la poligonal. Recordemos por otro lado, que las capturas por unidad de esfuerzo pesquero (CPUE) de atún aleta amarilla son prácticamente similares dentro y fuera de la poligonal propuesta como Parque Nacional, lo que no implicaría necesariamente mayores costos para la industria.
Para terminar, la justificación amplia de nuestros argumentos la anexamos en archivos adjuntos, conforme al siguiente índice:
Análisis Político para la Protección del Ecosistema Marino del Archipiélago de Revillagigedo.
Elementos para la justificación de No Pesca
Descripción de las especies enlistadas en una categoría de riesgo.
Queremos despedirnos expresando que el Parque Nacional sería la legitimación por parte del Estado Mexicano, en el sentido que el territorio marino de nuestro país es patrimonio de todos los mexicanos y que su conservación es condición de vida para las generaciones presentes y futuras.
Le deseamos éxito en los pasos a seguir para la consecución del Decreto Presidencial y le reiteramos nuestra entera disposición para apoyar esta iniciativa por el tiempo que se nos indique y con todos los recursos humanos de nuestra organización.
M. en C. Diana Piña Velasco
Directora General de Beta Diversidad, A.C.
Miembro activo de la Coalición en Defensa de los Mares de México
Ccp: Ing. Rafael Pacchiano Alamán.- Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Lic. Alejandro del Mazo Maza.- Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
Biol. César Sánchez Ibarra.- Director General de Conservación para el Desarrollo.