Source: https://es.scribd.com/document/45799813/Ley-de-tierras
Timestamp: 2017-06-25 16:12:42
Document Index: 94478879

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36']

Ley de tierrasCargado por pmedina1373Related InterestsState (Polity)Public SphereVirtueGovernment InformationSocial InstitutionsRating and Stats0.0 (0)Document ActionsDescargaShare or Embed DocumentInsertarVer másCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as DOC, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentPROYECTO DE LEY 085 2010 CAMARA. Por el cual se establecen normas trancisionales para la restitución de tierras.Autores: Ministro del interior y de justicia Germán Vargas Lleras Ministro de agricultura y desarrollo rural Juan Camilo Restrepo El proyecto de ley que se presenta a consideración contiene el desarrollo de políticas que permitan romper con la cadena de testaferrato que se apoderó de los predios de campesinos desplazados y restituirles la tierra despojada. La responsabilidad del Estado es establecer con precisión los lugares donde causaron impacto social los hechos de violencia que ocasionaron el abandono de las tierras y determinar a quiénes pertenecían, para que el propio Estado acuda ante la justicia en favor de las víctimas y se cancelen los derechos posteriores al despojo en las regiones donde ocurrieron, sin que valgan sus apariencias de legalidad, que pierden valor como origen del derecho frente a la violencia como verdadera causa ilegal de las transferencias. La Corte Constitucional en el Auto 008 de 2009 señaló los parámetros que fundan las disposiciones del proyecto de ley que se presenta a consideración de las Cámaras, el cual no ha tenido ninguna modificación hasta el momento.
Cerca de 750.000 hogares CAPÍTULO I Derecho a la restitución campesinos fueron desplazados de sus territorios por la fuerza en las últimas dos décadas, de los cuales 460.000 abandonaron un poco más de tres millones de hectáreas. De las tierras abandonadas, una parte permanece así, otra está cuidada por parientes o vecinos, o ha sido repoblada con campesinos a quienes los jefes armados adjudicaron tierras despojadas y otra parte fue transferida de hecho o de derecho a terceros, generalmente personas sin conexión victimarios. El despojo asumió varias aparente con los
Radicado 7 de septiembre 2010.
Artículo 1°. Restitución de tierras: El gobierno declara de tierras interés social aquellas que se utilizaran para la restitución de tierras, de no ser posible la restitución, se determinara y reconocerá la compensación económica correspondiente. Artículo 2°. Beneficiarios de la restitución. Personas que fueran propietarias, y que hayan sido despojadas como consecuencia directa de violencia armada ilegal, en procesos reconocidos de justicia y paz, pueden solicitar la restitución de tierras en los términos establecidos en la presente ley. Artículo 3°. Despojo de tierras. Se entienden como despojo de tierras el abandono forzado de un predio, o la privación de la propiedad, como consecuencia directa del contexto de violencia generalizada. Artículo 4°. Presunción de despojo. Se presumen afectadas por la fuerza que vicia el consentimiento, las transferencias de propiedad, y el abandono forzado de tierras inscritas en el registro de tierras despojadas dentro de las zonas afectadas por la violencia generalizada. El Gobierno Nacional declarará las zonas afectadas con la violencia generalizada, determinará con precisión sus límites, así como el período durante el cual se ejerció influencia armada ilegal en la zona respectiva. CAPÍTULO II Procedimiento de restitución y protección de derechos de terceros
modalidades, desde las compras forzadas a menor valor hasta el destierro, la usurpación física de la posesión y la destrucción de las viviendas y cercas que delimitaban los predios. El despojo de tierras fue legalizado, muchas veces, con
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Artículo 5°. Registro de tierras despojadas. Se crea el REGISTRO DE TIERRAS DESPOJADAS. El registro se desarrollará en concordancia con las declaratorias de zonas afectadas. La conformación y administración del registro estará a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas. Artículo 6°. Requisito de procedibilidad. La inscripción en el registro de tierras despojadas es requisito para iniciar el proceso de restitución. La inscripción en el registro procederá de oficio o por solicitud del interesado. En el registro el Estado determinará el predio objeto del despojo, la persona o núcleo familiar despojado y el predio al cual puede ser restituido el despojado, privilegiando la posibilidad de restitución al mismo predio.
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registradores, y el rastro de los testaferros y múltiples traspasos a terceros de aparente buena fe. El reto del Estado es reparar un enorme daño sufrido por más de medio millón de hogares campesinos, sumidos en la indigencia y la pobreza en tugurios urbanos, y con ello, saldar una deuda insoluta que la sociedad y el Estado tienen con las víctimas del despojo y un deber ineludible si el Estado colombiano quiere cumplir las normas del Derecho Internacional Humanitario que forman parte del bloque de constitucionalidad.
Artículo 7°. Competencia para conocer de los procesos de restitución de tierras. Los Tribunales Superiores de Distrito Judicial -Salas Agrarias, o las que ejerzan sus funciones- serán competentes en única instancia para conocer y decidir judicialmente los procesos de restitución de tierras. Artículo 8°. Competencia territorial. Será competente el juez del lugar donde se hallen ubicados los bienes, y si estos comprenden distintas jurisdicciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elección de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas. Artículo 9°. Solicitud de restitución. Declarada por el Gobierno Nacional una zona afectada con la presunción de despojo, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas solicitará al juez la titulación y entrega del respectivo predio incluido en el registro de tierras despojadas, a favor de la persona, grupo familiar, pueblo o comunidad que figure en el registro de tierras despojadas. Artículo 10. Contenido de la solicitud. Requisitos de la solicitud. Artículo 11. Trámite de la solicitud. La sustanciación de la solicitud estará a cargo del presidente de la sala o del magistrado a quien este designe. El juez tendrá en consideración la especial trascendencia social de la restitución para considerar su tramitación preferente, así como la especial protección de las mujeres, los niños y los discapacitados. Artículo 12. Admisión de la solicitud. El auto que admita la solicitud deberá disponer: a) La inscripción de la solicitud en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos b) La sustracción provisional del comercio del predio o de los predios cuya restitución se solicita, hasta la ejecutoria de la sentencia. c) La suspensión de los procesos que afecten el predio. d) La Publicación de la admisión de la solicitud por el medio que el juez considere más expedito y eficaz. e) La fijación en lista por tres (3) días una vez cumplido el término de la notificación, con la prevención de que en este término se podrán presentar oposiciones a la solicitud y solicitar pruebas.
Artículo 13. Traslado de la solicitud. El traslado de la solicitud a quienes figuren como titulares inscritos de derechos en el certificado de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria donde esté comprendido el predio sobre el cual se solicite la restitución. Artículo 14. Oposiciones. Las oposiciones a la solicitud se presentarán bajo la gravedad del juramento y se admitirán, si son pertinentes. Artículo 15. Pruebas. Son pruebas admisibles todas las reconocidas por la ley. En particular el juez tendrá en cuenta los documentos y pruebas aportadas con la solicitud. Tan pronto el juez llegue al convencimiento respecto de la situación litigiosa, podrá proferir el fallo sin necesidad de decretar o practicar las pruebas solicitadas. Artículo 16. Período probatorio. El período probatorio será de treinta (30) días, dentro del cual serán practicadas las pruebas que se hubieren decretado en el proceso. Artículo 17. Contenido del fallo. En la sentencia se podrá titular el inmueble a favor del demandante, ordenar la inscripción del inmueble a su favor y la cancelación de los títulos anteriores. Artículo 18. Notificaciones. Las providencias que se dicten se notificarán a las partes o intervinientes por el medio que el juez considere más expedito y eficaz. Artículo 19. Actuaciones y trámites inadmisibles. En este proceso no son admisibles la demanda de reconvención, la intervención excluyente o coadyuvante, la acumulación de procesos, incidentes por hechos que configuren excepciones previas, ni la conciliación. En caso de que se propongan tales actuaciones o trámites, el juez deberá rechazarlas de plano, por auto que no tendrá recurso alguno. Artículo 20. Pago de compensaciones. El valor de las compensaciones que decrete el juez, será pagado por el fondo administrado por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas. En ningún caso el valor de la compensación o compensaciones excederá el valor del predio acreditado en el proceso. El valor de las compensaciones podrá ser pagado con TES por su valor de mercado al momento de la sentencia. Artículo 21. Entrega del predio restituido. La entrega del predio objeto de restitución se hará a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas a favor del despojado. Artículo 22. Protección de la restitución. Para proteger al restituido en su derecho y garantizar el interés social de la actuación estatal, el derecho a obtener la restitución no será transferible por acto entre vivos a ningún título, salvo que se trate de un acto entre el despojado y el Estado. CAPÍTULO III La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas Artículo 23. Creación de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas. Por el término de diez (10) años,
adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con autonomía administrativa, personería jurídica y patrimonio independiente. Su domicilio está en la ciudad de Bogotá y contará con el número plural de dependencias, que el Gobierno Nacional disponga, según lo requieran las necesidades del servicio. Artículo 24. Objetivos de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas. Tendrá como objetivos fundamentales servir de órgano administrativo del Gobierno Nacional para la restitución de tierras de los despojados a que se refiere la presente ley. Artículo 25. Funciones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas. 1. Crear, administrar y conservar el Registro de Tierras Despojadas de conformidad con esta ley y el reglamento. 2. Incluir en el registro las tierras despojadas, de oficio o a solicitud de parte. 3. Tramitar los procesos de restitución de predios de los despojados en nombre de los despojados. 4. Pagar en nombre del Estado las sumas ordenadas por el juez de restitución de predios despojados a favor de los terceros de buena fe. 5. Determinar y pagar a los desplazados las compensaciones a que haya lugar cuando, en casos particulares, no sea posible restituir el predio al desplazado, de conformidad con el reglamento que expida el Gobierno Nacional. 6. Crear y administrar programas de subsidios para cancelar los impuestos territoriales que se causen por la titulación de los predios a favor de los despojados. 7. Las demás funciones que le señale la ley. Artículo 26. Dirección y representación. Estará dirigida por su Consejo Directivo y por el Director Ejecutivo de la Unidad, quien será su representante legal. Artículo 27. Consejo directivo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas. El Consejo directivo estará integrado de la siguiente manera: 1. El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado, quien lo presidirá. 2. El Ministro del Interior y de Justicia, o su delegado. 3. El Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado. 4. El Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado. 5. El Director General de la Agencia Presidencial para la acción social y la Cooperación Internacional. 6. El Director del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder. 7. El Presidente del Banco Agrario. 8. El Presidente del Fondo para el Financiamiento Agropecuario, Finagro.
El Director Ejecutivo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas asistirá con voz a las sesiones del Consejo. Artículo 28. Director Ejecutivo de la Unidad. El Director Ejecutivo de la Unidad será su representante legal, funcionario de libre nombramiento y remoción, designado por el Presidente de la República. Artículo 29. Estructura interna. El Gobierno reglamentará la estructura interna de la Unidad, su composición y funciones, dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley. Artículo 30. Régimen Jurídico de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas. Será el de los establecimientos públicos del orden nacional. Artículo 31. Del Fondo Rotatorio de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas. Créase el Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas como un fondo sin personería jurídica. El Fondo tendrá como objetivo servir de instrumento financiero para la restitución de tierras de los despojados. Artículo 32. Administración del Fondo. Los recursos del Fondo se administrarán a través de una fiducia comercial de administración contratada con una o más sociedades fiduciarias, cuyo constituyente y beneficiario será la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas. Artículo 33. Recursos del Fondo. Al Fondo ingresarán los siguientes recursos: 1. Los recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación. 2. Donaciones públicas o privadas. 3. Los aportes de cualquier clase provenientes de la cooperación internacional. 4. Los bienes y recursos que le transfieran el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y las demás entidades públicas. 5. Las propiedades y demás activos que adquiera a cualquier título con los recursos del Fondo y las sumas que reciba en caso de enajenación de estos. 6. Los ingresos y los rendimientos producto de la administración de los recursos y bienes del Fondo. 7. Los demás bienes y recursos que adquiera o se le transfieran a cualquier título. CAPÍTULO IV Otras disposiciones Artículo 34. Creación de cargos. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura procederá a crear con carácter transitorio los cargos de magistrados de las Salas Agrarias así como la creación de los cargos de otros funcionarios. Artículo 35. Régimen penal. El que obtenga la inscripción en el registro
de tierras despojadas alterando o simulando deliberadamente las condiciones requeridas, incurrirá en prisión de siete (7) a doce (12) años. De la misma manera, el servidor público que teniendo conocimiento de la alteración fraudulenta, facilite, o efectúe la inscripción en el registro de tierras despojadas, incurrirá en la misma pena e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de diez (10) a veinte (20) años. Artículo 36. Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación.
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