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Timestamp: 2020-08-05 08:37:03
Document Index: 59203188

Matched Legal Cases: ['artículo 35', 'artículo 60', 'artículo 145', 'artículo 141', 'artículo 141', 'artículo 36', 'artículo 12', 'artículo 305', 'artículo 24', 'artículo 36', 'artículo 53', 'artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 305', 'artículo 230', 'artículo 36', 'artículo 7', 'artículo 21', 'artículo 5', 'Artículo 5', 'artículo 53', 'artículo 7']

Sentencia 43904 de 26-03-2014
Sentencia 43904
SL 4457 – 2014
Radicación No. 43904
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por JOSÉ GONZÁLEZ TORRES BORDA, contra la sentencia del 29 de mayo de 2009 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., en el juicio que promovió en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.
En cuanto al memorial obrante a folios 52 a 53 del cuaderno de la Corte, téngase como sucesor procesal del Instituto de Seguros Sociales hoy en Liquidación a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, de acuerdo a lo previsto en el artículo 35 del Decreto 2013 de 2012, en armonía con el artículo 60 del C.P.C., aplicable a los procesos laborales y de la seguridad social, por expresa remisión del artículo 145 del C.P.L. y S.S.
El actor llamó a juicio al Instituto de Seguros Sociales a fin de obtener en su favor el reconocimiento y pago de la pensión de vejez a partir del 7 de julio de 2007 por haber cotizado un total de 1059 semanas, reajustes de ley, mesadas adicionales, intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, lo ultra y extra petita y las costas del proceso (fls. 1 a 5).
En apoyo de sus pretensiones narró que se encuentra cobijado por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, en tanto nació el 26 de junio de 1942 y al 1° de abril de 1994 tenía 51 años de edad, «y más de 15 años debidamente cotizados»; bajo ese amparo con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990 solicitó al ISS el reconocimiento de su pensión; que el ente demandado se la negó con acto administrativo 020054 del 30 de mayo de 2006, porque solo había «cotizado un total de 221 semanas, de las cuales 144 corresponde a los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima requerida», decisión contra la que interpuso los recursos de reposición y apelación que fueron resueltos en su contra, el primero a través de la Resolución 006396 que tuvo en cuenta 641 semanas cotizadas al ISS, de las cuales 221 fueron durante los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, y el segundo mediante Resolución 01368 de julio de 2007 que confirmó la anterior.
Ante la omisión de subsanar la contestación de la demanda, el juzgado de conocimiento la dio por no contestada (fl. 34).
Con sentencia de 26 de febrero de 2009, el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogotá, condenó al ISS a pagar al actor la pensión de jubilación por aportes a partir del 1º de julio de 2007 con sus respectivos reajustes legales, junto con los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 (fls. 41 a 46).
Llegado el proceso a la segunda instancia por apelación del ISS, el Tribunal Superior de Bogotá con sentencia de 29 de mayo de 2009, revocó la decisión de primer grado y no impuso costas en la alzada.
Basó su decisión en cuatro pilares, a saber:
El accionante tenía «más de 40 años de edad» a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, y por tal razón es beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 ibídem.
Aseveró, conforme a lo anterior, «que la litis se debe dirimir de conformidad a lo consagrado en el artículo 12 del acuerdo 049 de 1990, aprobado por el decreto 758» de la misma anualidad.
Previa alusión de los requisitos exigidos en el precitado acuerdo, concluyó que Torres Borda no tiene derecho a la pensión de vejez solicitada porque «cotizó al ISS 1.551 días que equivalen a 221,57 semanas, de las cuales 77,14 se realizaron dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima».
Precisó que conforme a los hechos y las pretensiones de la demanda, la pensión solicitada fue la de vejez y no la pensión por aportes, y así reprochó al a quo por haber desconocido «el principio de congruencia que enseña que la sentencia debe estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidas en la demanda y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas» tal y como lo exige el artículo 305 del C.P.C., luego de lo cual afirmó que si bien el sentenciador de primer grado tiene la facultad de fallar extra petita, en el sub lite, «no se discutió (…) tal hecho, condición indispensable para fallar por fuera de lo pedido (art. 50 CPT y SS)».
No obstante, señaló que si lo anterior se pasara por alto, igualmente el accionante no tendría derecho a la pensión por aportes consagrada en la Ley 71 de 1988 y reglamentada por el Decreto 2709 de 1994, porque:
(…) sumado el tiempo servido o cotizado a la Policía Nacional, relacionado en las resoluciones del ISS que obran en autos, y las semanas cotizadas al ISS da un total de 641.57, muy inferior al exigido por la ley, por lo que tampoco bajo esa normatividad tiene derecho a esta pensión.
Explicó luego que no le dio valor a la documental obrante a folios 15 a 22 «en la medida en que no están firmados ni fueron aceptados expresamente por el ISS (art. 269 del C.P.C.), por lo que tampoco se le puede valorar en los términos del artículo 24 de la ley (sic) 712 de 2001, al no ser copias simples conforme a lo acabado de decir».
Bajo las anteriores reflexiones revocó la decisión apelada, absolvió al ISS de todas las pretensiones y no impuso costas en la alzada (fls. 55 a 61 vto.).
V. El recurso extraordinario
Lo interpuso el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia de segundo grado y, en sede de instancia, confirme la del a quo, «puesto que el actor cumplió a cabalidad los requisitos de edad y densidad de semanas para el reconocimiento de la pensión, con apoyo en la norma de transición artículo 36 de la ley 100 de 1993 artículo 53 del Estatuto Superior».
Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados y se estudiarán de manera conjunta, porque aunque están dirigidos por vías distintas, se valen de argumentación complementaria, denuncian la violación de similar elenco normativo y persiguen el mismo fin.
Acusa la sentencia recurrida de violar directamente, por interpretación errónea, los artículos 36 de la Ley 100 de 1993, en relación con los artículos 11, 31, 33, 35, 48, 50 y 142 ibídem; 7º de la Ley 71 de 1988; 12 del Decreto 758 de 1990; 42, 48 y 53 de la Constitución Nacional y 21 del C.S.T.
En la demostración señala que el Tribunal argumentó que el actor no reunía los requisitos del Art. 12 del Decreto 758 de 1990 ni los consagrados en el Art. 7º de la Ley 71 de 1988. Para combatir tales aseveraciones afirma que el régimen pensional goza de especial protección constitucional y legal «por tratarse de un medio de vital importancia, en la época de ancianidad de las personas», que busca la subsistencia en los últimos años de vida.
Asegura que el ad quem se equivocó en la exégesis que le dio a la normativa cuya violación acusa, porque dejó de lado «la densidad de aportes (1059 semanas sufragadas)»; que la decisión censurada es ilegal, pues distorsiona el sentido que tienen las disposiciones que regulan el derecho pensional.
Asevera que los requisitos que exigen los artículos 12 del Acuerdo 049 de 1990 y 7º de la Ley 71 de 1988 son claros al definir quienes tienen derecho a la pensión de vejez y jubilación, y apoya su dicho en la sentencia T-426 de 1992 que al efecto parcialmente trascribe.
Acusa la sentencia de violar la ley sustancial por la vía indirecta, por aplicación indebida de los artículos 33, 34, 35 y 288 de la Ley 100 de 1993; 95, 187 y 305 del C.P.C.; 95, 51, 54 A, 60 del C.P.L., y 46, 48, 63 de la Constitución Política.
1. Dar por demostrado, sin estarlo, que el señor José Gonzalo Torres Borda no reunió los requisitos para acceder a la pensión.
2. No dar por demostrado, estándolo, que el señor José Gonzalo Torres Borda, hizo aportes al régimen de seguridad social en pensiones en el sector público y en el Instituto de Seguros Sociales representados en más de 1.000 semanas sufragadas.
3. No dar por demostrado, que el señor José Gonzalo Torres Borda, hizo cotizaciones para pensión durante su vida laboral por un total de 1055 semanas.
4. No dar por demostrado estándolo que el número de semanas cotizadas le dan derecho a percibir la pensión por aportes.
Como pruebas erróneamente apreciadas, señala el registro civil de nacimiento del actor (fl. 7), la Resolución No. 020054 de 30 de mayo de 2006 (fl. 8), la Resolución No. 0006396 de 26 de febrero de 2007 (fls. 9 y 10), la Resolución No. 01369 de 23 de julio de 2007 (fls. 11 y 12), el escrito de julio 25 de 2007 (fl. 13), el memorial de julio 30 de 2007 (fl. 14), y el reporte de semanas cotizadas expedidas por la Vicepresidencia de Pensiones del ISS (fls. 15, 16,17, 18, 19, 20, 21 y 22).
Al desarrollar el cargo se apoya en los argumentos del salvamento de voto de la sentencia atacada, así:
El salvamento de voto del Señor Magistrado Doctor Jorge Alberto Giraldo Gómez, pone de relieve el error en que incurrió el Tribunal al desconocer el valor probatorio de los documentos obrantes en el proceso y expuso:
“para el caso del accionante encontramos que el actor laboró el servicio de la Policía Nacional desde el 3 de febrero de 1961 y hasta el 2 de abril de 1969, esto es por espacio de 8 años un mes y 29 días, que equivale a 2939 días; de otra parte cotizó para los riesgos de IVM en el ISS desde el 5 de noviembre de 1971 y el 19 de septiembre de 1988 y que con posterioridad estuvo vinculado mediante el régimen subsidiado desde octubre de 2004 y hasta junio de 2007, para un total de 16 años, 6 meses y 14 días que aunados a los 8 laborados al servicio de la Policía Nacional, le permitían al actor acceder a la pensión por aportes contendida (sic) en la Ley 71 de 1988.
De otra parte no comparto la apreciación hecha por la Sala en cuanto niega el valor probatorio de las documentales obrantes a folios 15 a 22 la (sic) no haber sido suscritas por la encartada, tal afirmación carece de sustento pues dichas pruebas fueron allegadas por el demandante y debatidas dentro del proceso, sin que el ISS demandado tachara de falso la documentación en cita, por lo que las pruebas fueron legales y oportunamente allegadas y gozan de pleno valor probatorio sin que exista motivo alguno para desestimarlas”.
Sostiene que erró el Tribunal, pues no obstante haber dado por no contestada la demanda, afirmó: «“Contestación de la Demanda…” fue contestada por la entidad demandada en forma legal y oportuna (folios 26 a 28), quien se opuso a las pretensiones y respecto de los hechos los admitió salvo los que consideró consideraciones subjetivas o no eran hechos. Propuso las excepciones de buena fe, prescripción y pago».
En esa medida, se refiere al escrito de contestación de la demanda que tilda de desordenado al punto que las pruebas solicitadas están relacionadas con una pensión de sobrevivientes, y «que el demandante señor José Gonzalo Torres Borda está vivo pide es el reconocimiento y pago de la pensión de vejez. Por esta y otras falencias del escrito fue que el Juzgado inadmitió la demanda y luego la tuvo por no contestada». Asimismo ataca lo resuelto en la audiencia del 25 de febrero de 2009, por cuanto en la etapa de decreto de pruebas se tuvieron como tal los documentos relacionados con la demanda, y allí se encuentran los reportes de semanas expedidas por el ISS de folios 15 a 22.
Asegura que se apreciaron erróneamente las pruebas que relacionan todas las cotizaciones y aportes efectuados por el actor al régimen de seguridad social en pensiones, y afirma que tales yerros son suficientes «para la prosperidad del cargo, dada la clara presencia de la prueba de los supuestos fácticos que sustentan el derecho pretendido a la prestación económica demandada».
Se opone a la prosperidad del recurso y al efecto destaca defectos de técnica. Agrega que los alegatos no derriban la principal conclusión del Tribunal según la cual, no es posible la sumatoria de tiempos de servicio y de cotización, por no haberse solicitado una pensión por aportes.
En primer lugar, debe acotarse que no le asiste razón a la oposición cuando afirma que el recurrente no atacó el principal fundamento de la decisión, toda vez que la censura hizo suyos los argumentos del salvamento de voto que incluso trascribió, en los cuales se reprocha la inaplicación de la Ley 71 de 1988.
En segundo lugar, y con miras a determinar el problema jurídico, se impone recodar que los fundamentos del juez de segundo grado para revocar la sentencia del a quo, fueron los siguientes: (i) que el accionante es beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; (ii) que el juez de primer grado desconoció el principio de congruencia al resolver el asunto bajo la égida de la Ley 71 de 1988, en la medida que debió dirimir el conflicto con basamento en las normas invocadas por el actor como sustento jurídico de la demanda, esto es, el Acuerdo 049 de 1990; y (iii) que Torres Borda no tiene derecho a la pensión de vejez solicitada porque no cotizó la densidad de semanas requeridas “dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima.”.
En ese orden, el problema jurídico se contrae a determinar si el régimen anterior aplicable al demandante en su calidad de beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es el establecido en el Acuerdo 049 de 1990 –como lo dijo el juez ad quem-, o el de la pensión de jubilación por aportes de que trata la Ley 71 de 1988.
Pues bien, para resolver importa precisar en primer lugar que, el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a los juicios laborales por así permitirlo el 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, estatuye que la sentencia debe estar «en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda», pretensiones que a su vez están conformadas por razones de hecho y de derecho «entendiendo que las primeras vienen dadas por el relato histórico de todas las circunstancias fácticas de las que se pretende deducir aquello que se pide de la jurisdicción, mientras que las segundas son afirmaciones concretas de carácter jurídico que referidas a esos antecedentes de hecho, le permiten al demandante autoatribuirse el derecho subjetivo en que apoya su solicitud de tutela a las autoridades judiciales, afirmaciones estas que, desde luego, no hay lugar a confundir en modo alguno con los motivos abstractos de orden legal que se aduzcan para sustentar la demanda incoada» (CSJ SC, 19 de feb. 1999, rad. 5099).
Es por ello que si el accionante, previa relación de los hechos en los que sustenta el derecho demandado se equivoca al invocar las normas que lo consagran, debe el juzgador acoger aquella que regula el asunto fáctico puesto a su consideración, sin que signifique que por tal razón profirió un fallo extrapetita (CSJ SL, 21 jun. 2011 rad. 38224).
Esta Sala en sentencia de 27 de julio de 2000, radicación 13507, sostuvo que «el principio de congruencia en ningún caso quiere decir que las condenas impuestas en la sentencia deben ser un calco de las pretensiones de la demanda, pues bien puede ocurrir que la solución jurídica, resultante del examen fidedigno y sin alteración de los hechos y con respaldo en el ordenamiento normativo, sea distinta a la propuesta por el demandante».
Dicho de otro modo, las normas y argumentos jurídicos sostenidos en la demanda no son vinculantes para el fallador, puesto que corresponde al juzgador y no a los litigantes definir el derecho que se controvierte.
Ciertamente es conocido de tiempo atrás el aforismo «dadme los hechos y yo os daré el derecho», de manera que como lo ha reiterado esta Sala en múltiples ocasiones, le corresponde al juez al resolver el litigio a partir de los hechos acreditados en el plenario, subsumirlos en la norma que consagra el derecho en discusión, dado que conforme al mandato superior del artículo 230 constitucional «Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley…». Véanse entre otras las sentencias: CSJ SL, 21 jun. 2011, rad. 38224; CSJ SL, 14 oct. 2009, rad. 33352, CSJ SL, 03 dic. 2007, rad. 2962, y 21517 del 27 de julio de 2005.
En ese contexto, se advierte en las resoluciones emanadas del ISS y aportadas con la demanda, lo siguiente:
a. La Resolución No. 0006396 de 26 de febrero de 2007 a través de la cual el ISS resolvió negativamente el recurso de reposición que el accionante formuló contra la que le negó el derecho pensional, indica que Torres Borda cotizó «a entidades de previsión del sector público» y «al SEGURO SOCIAL» (fls. 9 a 10).
b. En ese mismo acto administrativo consta «que para acreditar semanas necesarias para la pensión se presentan certificados sobre tiempo de servicios al sector público no cotizado al ISS» por espacio de 2940 días, entre el 3 de febrero de 1961 y el 2 de abril de 1969, y que la historia laboral acredita que el actor cotizó «válidamente» al ISS en el sistema general de pensiones, 1551 días.
c. Por su parte, la Resolución 1369 de 2007 a través de la cual se resolvió negativamente la apelación contra el ante-citado acto administrativo, repite lo expuesto en precedencia y agrega que:
(…) el tiempo cotizado a otras cajas de previsión del Sector Público y el cotizado al ISS acredita un total de 4491 días equivalentes a 641 semanas, de las cuales 221 semanas corresponden a los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima requerida.
Siendo ello así, indudablemente, las citadas probanzas daban cuenta que el demandante prestó servicios tanto en el sector público como en el privado y que en ambos sectores cotizó para efectos de su pensión, de modo que la normativa a la luz de la cual debía dilucidarse su situación pensional no es otra diferente a la Ley 71 de 1988, punto en el cual debe precisarse que el Tribunal erró al no acoger las reflexiones del a quo, quien así lo determinó.
Con otras palabras, si el accionante es beneficiario del régimen de transición pensional consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y cotizó «válidamente» en cajas o entidades del sector público y en el ISS, el régimen que lo ampara, es el contemplado en la Ley 71 de 1988.
Ahora bien, si alguna duda se ventila sobre el particular, a pesar de que el Instituto de Seguros Sociales en las resoluciones objeto de discusión aceptó que Torres Borda cotizó «a otras cajas de previsión del Sector Público» (fl. 11), ello, le ofrece a la Corte la oportunidad de revisar la línea jurisprudencial que ha venido sosteniendo según la cual, no es posible sumar tiempos de servicios en el sector público no cotizados, con los efectivamente aportados al ISS para tener derecho a la pensión consagrada en el art. 7° de la Ley 71 de 1988.
En efecto, desde la sentencia de 7 de mayo de 2008 rad. 32615, se ha reiterado en múltiples oportunidades que el artículo 7º de la Ley 71 de 1988 “no se refirió para nada (…) a la posibilidad de que los aportes pudieran ser reemplazados por tiempos de servicios en los cuales no hubo cotización o pago de aportes”, tesis que se apoyó también en el artículo 21 del Decreto 1160 de 1989 cuyo contenido y alcance se repitió en el artículo 5º del Decreto 2709 de 1994.
Artículo 5°. Tiempo de servicios no computables. No se computará como tiempo para adquirir el derecho a la pensión de jubilación por aportes, el laborado en empresas privadas no afiliadas al Instituto de Seguros Sociales para los riesgos de invalidez, vejez y muerte, ni el laborado en entidades oficiales de todos los órdenes cuyos empleados no aporten al sistema de seguridad social que los protege.
(i) El artículo 53 dispone que: “El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: [La] garantía a la seguridad social (…)”.
Conforme se advierte en la resolución 1369 del 23 de julio de 2007, el ISS dejo sentado que José Gonzalo Torres Borda, prestó sus servicios a la Policía Nacional por un lapso de 2940 días (equivalente a 420 semanas), aspecto que no fue controvertido en la primera instancia y tampoco en la alzada. De otro lado, se evidencia en la historia laboral de la página de Internet de COLPENSIONES, que el demandante cotizó al ISS un total de 635 semanas, de modo que sumadas las del sector público con las cotizadas al ISS arroja un total de 1055, lo que a su vez equivale a 20,51 años de servicio.
Ahora, como quiera que el actor cumplió los 60 años de edad el 26 de junio de 2002 según registro civil de nacimiento que milita a folio 7, es viable el reconocimiento de la pensión consagrada en el artículo 7º de la Ley 71 de 1998.
En lo relacionado con el valorde la mesada pensional y la fecha a partir de la cual se dispondrá su reconocimiento, ha de tenerse por tal lo establecido por el juez de primer grado, esto es, una pensión equivalente al salario mínimo legal mensual vigente para el año 2007 ($433.700,oo) a partir del 1º de julio de esa anualidad, toda vez que dicho monto y la fecha a partir de la cual se ordenó su reconocimiento, no fue materia de inconformidad por el recurrente en la alzada, razón por la cual –entiende la Sala- estuvo de acuerdo con lo allí dispuesto.
Igual suerte corre la condena a los intereses moratorios que profirió el juez a quo, ya que no fue objeto de discordia en el recurso de apelación por parte del ISS.
Ahora bien, con el fin de concretar las condenas, respetando, claro está, lo que dispuso el juez de primera instancia, se tiene que el Instituto de Seguros Sociales –hoy COLPENSIONES- debe cancelar un retroactivo pensional a favor del actor por valor de $49.196.700,oo, por el período comprendido entre el 1º de julio de 2007 y el 31 de marzo de 2014. Asimismo, debe cancelar unos intereses moratorios por la suma de $36.968.702,79, correspondientes al lapso comprendido entre el 1º de noviembre de 2007 y el 31 de marzo de 2014, conforme se evidencia con los siguientes cálculos:
Costas en las instancias a cargo del Instituto demandado.
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el 29 de mayo de 2009, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., dentro del juicio ordinario laboral seguido por JOSÉ GONZALO TORRES BORDA al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES HOY COLPENSIONES.
Primero: Confirmar la sentencia proferida el 26 de febrero de 2009, por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogotá D.C. que condenó al Instituto de Seguros Sociales a pagar la pensión de jubilación por aportes al señor José Gonzalo Torres Borda, en cuantía de $433.700,oo, a partir del 1º de julio de 2007, con los reajustes de ley y mesadas adicionales.
Segundo: Condenar al Instituto de Seguros a pagar a José Gonzalo Torres Borda por concepto de retroactivo pensional la suma de $49.196.700,oo, causado entre el 1º de julio de 2007 y el 31 de marzo de 2014.
Tercero: Condenar al Instituto de Seguros a pagar a José Gonzalo Torres Borda por concepto de intereses moratorios, la suma de $36.968.702,79, correspondientes al período comprendido entre el 1º de noviembre de 2007 y el 31 de marzo de 2014
Cuarto: Adicionar la sentencia proferida el 26 de febrero de 2009, por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogotá D.C., en el sentido de que el Instituto de Seguros Sociales, hoy COLPENSIONES, deberá cobrar la cuota parte pensional con la que debe concurrir la Policía Nacional.
Quinto: Costas como se indicó en la parte motiva.
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