Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-1998-02963-de-enero-30-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_d98ff978e34e005ae0430a010151005a&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-12-16 22:51:07
Document Index: 350121262

Matched Legal Cases: ['artículo 185', 'artículo 267', 'artículo 227', 'artículo 90', 'artículo 2', 'artículo 132', 'Artículo 238', 'artículo 238', 'Artículo 242', 'artículo 243', 'Artículo 242']

SENTENCIA 1998-02963 DE 30 DE ENERO DE 2013
CONTENIDO:EL HECHO DE DESTINAR UN VEHÍCULO PARTICULAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE UNA MISIÓN DE CARÁCTER OFICIAL, COMO EL TRANSPORTE DE TROPA, IMPLICA UNA ACTIVIDAD DE SUYO PELIGROSA Y GENERA UNA SITUACIÓN DE RIEGO EXCEPCIONAL DE LA CUAL EL ESTADO ES RESPONSABLE. EL ESTADO ES RESPONSABLE CUANDO UTILIZA COSAS PELIGROSAS PARA CUMPLIR SUS FUNCIONES, FRENTE A QUIEN NO HA ASUMIDO LOS RIESGOS DE DE ESA ACTIVIDAD Y SUFRE UN DAÑO, ESTO, DEBIDO A SU CALIDAD DE GUARDIÁN DE ELLAS Y NO POR SER EL PROPIETARIO, PUES NO ES LA PROPIEDAD DEL BIEN LO QUE COMPROMETE LA RESPONSABILIDAD, POR LO TANTO HABRÁ UNA PRESUNCIÓN DE RESPONSABILIDAD CUANDO SE UTILICE UN BIEN DE PROPIEDAD PARTICULAR TEMPORALMENTE PARA LA PRESTACIÓN DE UNA SERVICIO PÚBLICO.
TEMAS ESPECÍFICOS:RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, PROPIEDAD, BIEN PRIVADO
Expediente: 27484
Rad.: 050012331000199802963 01
Actor: Pablo Manuel Zabaleta Pinzón y otros.
8. El Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en un proceso con vocación de segunda instancia, en los términos del Decreto 597 de 1988, debido a que la cuantía de la demanda, determinada por el valor de la mayor de las pretensiones, que corresponde a la reparación por concepto de perjuicios morales, supera la exigida por la norma para el efecto(1)”.
lI. Validez de los medios de prueba
9. El artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al procedimiento administrativo en virtud de lo dispuesto en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, señala que las pruebas practicadas válidamente en un proceso judicial podrán trasladarse a otro en copia auténtica, y serán apreciables sin más formalidades, “siempre que en el proceso primitivo se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella”.
10. En el presente caso, el actor solicitó expresamente (fl. 28, cdno. 1) el traslado de las pruebas practicadas dentro del proceso penal 1999-0091 adelantado por el Juzgado Promiscuo del Circuito de El Bagre, Antioquia, contra Wilson Antonio Manco Pastrana por la muerte del menor Albeiro Manuel Zabaleta (fls. 12-247, cdno. 2).
11. Estas pruebas serán valoradas por la Sala debido a que fueron aportadas en copia auténtica por la entidad requerida (fl. 248, cdno. 2) y estuvieron a disposición de la parte demandada, por lo que tuvo la oportunidad de conocerlas y de controvertirlas. Las declaraciones rendidas bajo juramento sólo serán objeto de valoración en la medida en que se hayan ratificado en el debate contencioso administrativo, esto es, los testimonios de Ismael Antonio Hoyos (fls. 120-121, cdno. 1), Manuel Enrique Tovar (fls. 121-122, cdno. 1), José Santiago Rico (fls. 122-123, cdno. 1) y Wilson Antonio Manco (fls. 123-125, cdno. 1).
12. Sobre la indagatoria del señor Wilson Antonio Manco que obra en el proceso en su contra (fls. 52-53, cdno. 2), la Sala aclara que no puede valorarse dentro del trámite contencioso administrativo como prueba testimonial ni someterse a ratificación. En efecto, si bien se trata de una declaración rendida por un tercero, no cumple con los requisitos del testimonio pues no se rinde bajo juramento, tal como lo prescribe el artículo 227 del Código de Procedimiento Civil(2).
13. De acuerdo con las pruebas incorporadas al expediente, están debidamente acreditados los siguientes hechos relevantes:
13.1. El 15 de abril de 1998, siendo aproximadamente las siete y media de la noche, en el río Nechí, municipio de Nechí, Antioquia, una embarcación en la que viajaban como tripulantes miembros del batallón de contraguerrilla 10 “Rafael Uribe Uribe” del Ejército Nacional y que conducía el señor Wilson Antonio Manco, colisionó contra la canoa en la que se encontraba pescando, al lado de su hermano Davidson Zabaleta, el menor Albeiro Manuel Zabaleta Hernández, causándole la muerte (copia auténtica de la sentencia del Juzgado Promiscuo del Circuito de El Bagre —fls. 147-159, cdno. 2—; copia auténtica del fallo de segunda instancia del Tribunal Superior de Antioquia —fls. 185-194, cdno. 2—; copia auténtica del registro civil de defunción —fl. 8, cdno. 1—). Dicha muerte se debió a una lesión con objeto contundente en la zona del tórax que le produjo un desgarro de venas pulmonares, choque anémico y paro cardiorrespiratorio (informe de necropsia realizado por medicina legal —fl. 70, cdno. 1).
13.2. En abril de 1998, en el municipio de Nechí, Antioquia, estaba prohibida la circulación de embarcaciones con motor fuera de borda en los ríos Nechí y Cauca después de las seis de la tarde(3), con el fin de prevenir acciones delictivas y evitar accidentes (oficio del comandante de la estación de policía de Nechí —fl. 64, cdno. 1—; oficio del gerente de la cooperativa “Cootraflucan” —fl. 65, cdno. 1—; oficio del inspector fluvial de Caucasia —fl. 66, cdno. 1—; oficio del inspector municipal de Nechí —fl. 105, cdno. 1—; oficio de la secretaría de gobierno del municipio de Nechí —fl. 116, cdno. 1—).
13.3. En el proceso penal seguido por la muerte del menor Albeiro Zabaleta, el Juzgado Promiscuo del Circuito de El Bagre, Antioquia, dictó sentencia condenatoria el 2 de febrero de 2000 contra el señor Wilson Antonio Manco Pastrana por el delito de homicidio culposo (fls. 147-159, cdno. 2). Apelada esta decisión, el Tribunal Superior de Antioquia, Sala de Decisión Penal, la confirmó mediante sentencia de 12 de abril de 2000 (fls. 185-194, cdno. 2).
13.4. Albeiro Manuel Zabaleta Hernández nació el 17 de enero de 1984 en Nechí, Antioquia (copia auténtica del registro civil de nacimiento —fl. 8, cdno. 1—), y sus padres fueron Pablo Manuel Zabaleta, nacido el 24 de diciembre de 1964 (copia auténtica del registro civil de nacimiento —fl. 11, cdno. 1— ), y Marcelina Hernández, nacida el 18 de junio de 1957 (copia auténtica del registro civil de nacimiento —fl. 12, cdno. 1—). Sus abuelos fueron Marcial Zabaleta y Salvadora Pinzón (copia auténtica del registro civil de nacimiento de Pablo Manuel Zabaleta Pinzón —fl. 11, cdno. 1—). Sus hermanos fueron Milena Patricia Zabaleta Hernández, Celso Manuel Moreno Hernández y Dairo Antonio Hernández (copia auténtica de los respectivos registros civiles de nacimiento —fls. 13, 15, 17, cdno. 1—).
13.5. El menor Albeiro Zabaleta convivía con sus padres, abuelos y hermanos, por lo que su fallecimiento les produjo un grave sufrimiento moral (declaración de lsmael Antonio Hoyos —fls. 120 -121, cdno. 1—). Además, a pesar de su corta edad (14 años), les ayudaba económicamente a sus padres con lo que ganaba como pescador (declaraciones de Manuel Enrique Tovar —fls. 121-122, cdno. 1— y José Santiago Rico —fls. 122-123, cdno. 1—).
14. La Sala debe determinar si la demandada es responsable por los hechos que dieron lugar a la muerte del menor Albeiro Manuel Zabaleta, o si, por el contrario, se presenta la causal excluyente de responsabilidad denominada hecho exclusivo de un tercero.
15. En primer lugar, se aclara que la decisión de las autoridades de la jurisdicción penal de condenar al señor Wilson Antonio Manco por la muerte del menor Albeiro Zabaleta, no es un obstáculo para que esta corporación examine la responsabilidad de la administración en dicha muerte a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, según el cual el Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le son imputables, causados por la acción u omisión de sus autoridades.
16. En efecto, ninguna incidencia tiene en el presente proceso el hecho de que se haya sancionado penalmente al señor Wilson Manco por la muerte del menor Albeiro Zabaleta, pues esta condena no tiene el efecto de exonerar al Estado bajo la causal del hecho exclusivo de un tercero. Es claro que el proceso penal difiere sustancialmente del contencioso administrativo en cuanto a las partes, el objeto, la causa, los principios y normas que los rigen y el tipo de responsabilidad que se debate, de manera que la Sala asume el deber de determinar la responsabilidad de la administración en la muerte del menor.
17. En el asunto sub judice, la Sala encuentra que el daño, esto es, la muerte de Albeiro Manuel Zabaleta, ocurrida el 15 de abril de 1998 en el municipio de Nechí, Antioquia, como consecuencia de las lesiones sufridas por la colisión de una embarcación en la que se transportaba personal del Ejército Nacional con la canoa en la que se encontraba pescando, es un hecho que está plenamente acreditado dentro del proceso —párrafo 13.1—. No obstante, en vista de que la entidad alegó el hecho de un tercero, a saber, de Wilson Manco, como causal eximente de responsabilidad, se deben determinar las circunstancias en que ésta se produjo y, en particular, si es el resultado de alguna acción u omisión atribuible jurídica o fácticamente a la entidad.
18. En primer lugar, la Sala toma nota del relato de los hechos que proporciona el señor Wilson Antonio Manco en su declaración ante el tribunal de primera instancia, según el cual miembros del Ejército lo presionaron y lo amenazaron para que los transportara a través del río Nechí (fls. 124-125, cdno. 1):
Recuerdo que eso fue en el mes de abril del 98, ya eran por ahí las siete de la noche, yo me encontraba aquí en el puerto con unos chaluperos, en esas llegó el Ejército, un cabajo (sic) del que no sé el apellido, me preguntó que para dónde iba y yo le dije que iba a jugar chance, y me preguntaron que si estaba ocupado para que los llevara en una chalupa al otro lado del río, yo les dije que no podía, me dijeron que los tenía que llevar a las buenas o a las malas, y yo les dije que las chalupas estaban en el celadero y que el celador no dejaba sacar las chalupas de ese sitio. Se fueron dos soldados conmigo para el celadero a buscar la chalupa, el soldado le dijo que podía sacarla, yo le dije que no respondía por nada de eso, entonces sacamos la chalupa, la bajamos a la boya, empezaron a embarcarse, fuera del equipo que llevaban iban doce soldados. Estando embarcados, yo estaba arrepentido porque estaba muy oscura la noche, yo no tenía linterna, les dije eso a ellos y dijeron que no podían alumbrar porque de pronto los pillaban.
El dueño de la chalupa estaba embriagado, se llama Antonio Osorio, él dijo que no los podía llevar, entonces me dijo a mí y yo le dije que no porque estaba muy oscuro y bajaba mucho palo por el río. Ahí un soldado me dijo "tienes que llevarnos porque ya estamos embarcados", entonces yo procedí a llevarlos, salimos normalmente hacia el río Nechí, como salí del claro hacia la oscuridad veía o quedé encandilado, me fui al pasitico, yo no vi nada por dónde iba, cuando me di cuenta tenía a dos niños encima, ellos venían en una canoa, no traían foco o linterna, los atropellé, y un señor cogió a uno de los muchachos, yo le dije al señor que los llevara donde el papá porque yo no los conocía. Los militares se dieron cuenta de lo sucedido, ellos dijeron "ah, matamos al peladito sin culpa", ellos dijeron "vamos a devolvernos a cogerlo", yo los llevé al otro lado de Las Flores, que pertenece a Nechí, descargué a los soldados, y me regresé con cinco soldados para Nechí, ellos le contaron al cabo que había ocurrido un accidente al otro lado, y yo me entregué a la policía.
19. Esta es la única prueba de la presión o amenaza ejercida por el Ejército en contra del señor Wilson Manco para que transportara a su personal. Sobre este punto, la parte apelante alegó que el tribunal a quo había ignorado los testimonios que corroboran las amenazas al señor Wilson Manco (fls. 170-171, cdno. 3). No obstante, la Sala comprueba que si bien los señores Ismael Antonio Hoyos y José Santiago Rico, pescadores de la zona, afirmaron que soldados del Ejército Nacional obligaron al muchacho que apodaban "Ñato" (Wilson Antonio Manco) para que los transportara en una chalupa al otro lado del río (fls. 121, 123 cdno. 1), estas personas no son testigos presenciales de los hechos.
20. Ahora bien, la responsabilidad del ejército en el presente caso no surge del hecho de haber presionado o no al señor Wilson Manco para que transportara a un personal suyo a través de una vía fluvial. Aun cuando apenas hubiera solicitado dicho transporte, el hecho de destinar un vehículo particular para el cumplimiento de una misión de carácter oficial —el transporte de tropa—, implica una actividad de suyo peligrosa y genera una situación de riesgo excepcional de la cual el Estado es responsable.
21. En este caso, está probado que la embarcación conducida por Wilson Antonio Manco es de propiedad del señor José Antonio Osorio (fls. 23-24, cdno. 2). Por lo tanto, es preciso analizar la responsabilidad del Estado en la realización de actividades peligrosas con elementos o bienes que no son de su propiedad, pero que están transitoriamente bajo su control. Al respecto, la corporación ha señalado:
Un aspecto fundamental que debe resolverse antes de entrar en el análisis del caso concreto es el referido a la responsabilidad del Estado cuando el bien con el que se ejerce la actividad peligrosa no es de su propiedad. El Estado responde cuando utiliza cosas peligrosas para cumplir sus funciones frente a quien no ha asumido los riesgos de esa actividad y sufre un daño, dada su calidad de guardián de ellas y no por ser su propietario. Así, cuando un automóvil o un arma de propiedad particular se utilizan temporalmente para la prestación de un servicio público, el régimen aplicable para resolver las demandas que se presenten contra el Estado será el de presunción de responsabilidad, ya que el fundamento para darle ese tratamiento jurídico no deviene del carácter oficial del bien sino de su naturaleza que implica un riesgo considerable que las víctimas no están en la obligación de soportar(4).
22. En una decisión reciente, en la cual la corporación analizó la responsabilidad del Estado en la colisión de una lancha particular que transportaba a funcionarios del Estado con otra embarcación, se dijo que no es la propiedad del bien lo que compromete la responsabilidad de la administración, sino la naturaleza de la función que cumple(5):
Precisamente, en los precedentes de la Sala por actividades peligrosas, como la conducción de vehículos terrestres, se vienen señalando que la tesis que opera es la del riesgo excepcional(6) lo que implica que en relación con este tipo de actividades el actor debe probatoriamente demostrar los supuestos de hecho que permitan que opere la valoración del riesgo en su creación, asunción y materialización. De esta forma, incumbe al actor demostrar que la actividad desplegada es riesgosa y que es en atención a esta y a la conducta desplegada por la administración pública que se produce el perjuicio reclamado. En otras palabras, al actor le incumbe probar el hecho, el daño y la relación de causalidad, en tanto que a la administración pública demandada le corresponderá aportar la prueba que permita determinar la prueba de la fuerza mayor, el hecho exclusivo de un tercero y el hecho determinante y exclusivo de la víctima. Sin perjuicio de lo anterior, el precedente indica que cabe pensar que siendo el riesgo elemento suficiente para la imputación del daño, este no excluye que eventualmente la administración pública incurra en una falla del servicio.
A esta postura, cabe agregar el precedente de la Sala según el cual se distinguen los casos en los que se puede inferir en cabeza de la administración pública la "guarda jurídica" y la "guarda material", incluso si aquella no ejerciera la tenencia material del vehículo, de manera que la administración pública para eximirse de responsabilidad deberá probar la causa jurídica que lo releve de la situación de guarda de la cosa peligrosa, teniendo en cuenta que el propietario de elementos e instrumentos con los que se despliega una actividad peligrosa es el que asume la posición de guardián de la misma(7).
Se reitera, además, que aunque no se pruebe la propiedad del vehículo en cabeza de la entidad demandada, pero si este estaba destinado al servicio de la misma para la fecha de los hechos, ejerciendo la guarda material y dirección de la actividad peligrosa, compromete la responsabilidad de la administración(8).
23. En el asunto bajo examen, a partir del análisis de los medios de prueba obrantes en el proceso, la Sala encuentra que aun cuando la embarcación era de propiedad de un particular, en el momento del accidente que acabó con la vida del joven Albeiro Zabaleta estaba al servicio del Ejército y, por lo tanto, se encontraba bajo el control material del Estado, situación que compromete su responsabilidad.
24. Además, no se comprueba el hecho personal de los agentes como causal eximente de responsabilidad para la entidad, pues ésta no aportó ningún elemento de juicio que corrobore tal hipótesis. Por el contrario, la Sala evidencia que la función que cumplían los soldados, consistente en desplazarse desde el municipio de Nechí Antioquia, hacia el corregimiento Las Flores, en el mismo departamento, es de carácter oficial. Así lo demuestra la declaración de Wilson Manco, según la cual los soldados “iban vestidos esa noche de camuflado, con equipo de campaña y armas largas” (fls. 124-125, cdno. 1), es decir, se desplazaban en cumplimiento de una misión.
25. Paralelamente, la entidad demandada incurrió en una falla en el servicio, pues, al solicitar a un ayudante de chalupa que transportara a una patrulla del Ejército a través del río Nechí en horas de la noche, violó las disposiciones del departamento de policía, la inspección fluvial y la cooperativa “Cootraflucan” que prohíben la circulación de embarcaciones con motor en los ríos Nechí y Cauca después de las seis de la tarde, para evitar accidentes. Estas reglas de circulación no solo están consignadas en los documentos antes señalados —párrafo 13.2—, sino que son conocidas por los pescadores de la zona, como lo demuestran las declaraciones de Ismael Antonio Hoyos (fl. 121, cdno. 1), Manuel Enrique Tovar (fl. 122, cdno. 1) y José Santiago Rico (fl. 123, cdno. 1).
26. Antes de fijar el valor correspondiente a los perjuicios morales, se advierte que a pesar de que las pretensiones de la demanda se definen en gramos oro, la condena se proferirá en el valor equivalente a salarios mínimos legales mensuales vigentes (smImv)(9).
27. En el presente caso, está demostrado que Albeiro Manuel Zabaleta Hernández fue hijo de Pablo Manuel Zabaleta y Marcelina Hernández, nieto de Marcial Zabaleta y Salvadora Pinzón, y hermano de Milena Zabaleta Hernández, Celso Manuel Moreno Hernández y Dairo Antonio Hernández —párrafo 13.4—.
28. Esta Sala ha indicado que el parentesco puede constituir indicio suficiente de la existencia, entre miembros de una misma familia, de una relación de afecto profunda y del sufrimiento que experimentan unos con la desaparición o el padecimiento de otros(10). Sin perjuicio de esta regla, en este caso, los testimonios de lsmael Antonio Hoyos, Manuel Enrique Tovar y José Santiago Rico —párrafo 13.5— dan cuenta de la afectación moral que la muerte del menor Albeiro Manuel Zabaleta produjo en sus padres, abuelos y hermanos.
29. En virtud de lo anterior, por concepto de reparación del daño moral, se condenará, a favor de Pablo Manuel Zabaleta y Marcelina Hernández, padres de la víctima, por el valor correspondiente a 100 smlmv para cada uno; a favor de Marcial Zabaleta y Salvadora Pinzón, abuelos de la misma, por el valor equivalente a 50 smlmv para cada uno de ellos; y a favor de Milena Zabaleta Hernández, Celso Moreno Hernández y Dairo Antonio Hernández, hermanos del menor, por el valor equivalente a 50 smlmv para cada uno.
30. Para la reparación de los perjuicios materiales solicitada en la demanda, la Sala considera que a partir de pruebas testimoniales se demostró que el joven Albeiro Zabaleta les ayudaba económicamente a sus padres con lo que obtenía de su labor como pescador —párrafo 13.5—.
30.1. La Sala reconoce la existencia de dinámicas sociales en las que los jóvenes, desde muy temprana edad, se ven impelidos a trabajar para cubrir sus propios gastos o aliviar la carga económica de su grupo familiar, sin que esto tenga, necesariamente, un impacto dañino en su desarrollo psicosocial o en sus estudios, pues, por el contrario, puede potenciar sus habilidades y talentos. Al respecto, la Corte Constitucional ha autorizado el trabajo desde los catorce años, con las siguientes condiciones: que no se realicen trabajos peligrosos o ilícitos, que exista flexibilidad laboral en cuanto a los horarios y las condiciones de trabajo, y que cuente con la respectiva autorización del inspector de trabajo o, en su defecto, de la primera autoridad local a solicitud de los padres o del defensor de familia(11).
30.2. La ley protectora del menor exige una autorización escrita de las autoridades de trabajo para que este pueda realizar actividades laborales(12). La función de estas autoridades consiste en evaluar si las condiciones socioeconómicas de la zona permiten asegurar el acceso al sistema educativo, y determinar si los medios de educación están(sic) encuentran insuficientemente desarrollados, de manera que el joven pueda dedicarse de plano a sus estudios(13). El cumplimiento de este requisito, adicional a los antes indicados, constituye la regla general para efectos de definir si hay lugar a la reparación del lucro cesante a favor de quienes recibían ayuda económica de un menor de edad(14)”.
30.3. Sin embargo, en el presente caso, es preciso llamar la atención sobre la escasa cultura institucional en determinados lugares del país, particularmente en zonas periféricas en las que el desarrollo social y económico es precario y la presencia estatal, débil. En tales contextos dominados por la carencia y la necesidad, además de una marcada afectación por el conflicto armado(15), el trabajo de los jóvenes se lleva a cabo sin mediación del Estado, sin que por ello se comprometa la integridad física y psicológica de los menores, o la permanencia de sus estudios, que son los propósitos últimos de la autorización. En síntesis, el registro y la valoración de tales dinámicas son esenciales para promover una aplicación de la norma ajustada a la realidad social.
31. De acuerdo con lo anterior, se reconocerá la indemnización del perjuicio material a favor de Pablo Manuel Zabaleta y Marcelina Hernández, con base en lo dejado de percibir por estos con ocasión de la muerte de su hijo.
31.1. Ante la carencia de un medio de prueba que acredite el monto de lo percibido por una persona en edad productiva, la Sala presume que ésta devengaba por lo menos un salario mínimo. Sin embargo, en el caso del menor Albeiro Zabaleta, al tratarse de un joven de 14 años, debe hacerse la proporción aritmética de lo devengado de acuerdo con la jornada laboral que le estaba permitida según la ley(16).
31.2. Actualmente, el salario mínimo de una persona mayor de edad con una jornada de trabajo máxima de ocho horas diarias es de $589 500. Por lo tanto, en proporción, un joven de 14 años con un trabajo limitado a una jornada de 6 horas diarias debe devengar, hasta los 16 años, un salario no inferior a $442.125, y a partir de esta edad un salario mínimo equivalente al que perciben los mayores de edad, pues le está permitido laborar hasta 8 horas al día(17).
31.3. En cuanto al lucro cesante consolidado, se hará la liquidación de la siguiente forma: (i) se toma como base el salario devengado por la persona en su valor actual; (ii) se adiciona el 25%, que equivale a las prestaciones sociales; y (iii) se resta el 50%, que corresponde a la destinación para gastos personales. De esta operación anterior se deduce que la ayuda prestada por el joven Zabaleta a sus padres, en valor actualizado, ascendía a $276.328 hasta los 16 años y de $368.437 a partir de esa edad y hasta los 25 años, edad en la que, se presume, la persona hace una vida independiente de su núcleo familiar.
31.4. Estos valores se dividen en partes iguales entre los padres, lo que da como resultado que estos sufrieron, cada uno, la pérdida de un lucro cesante mensual de $138.164 hasta la fecha en que su hijo cumpliera 16 años, y de $184.219 hasta el momento en que alcanzara los 25. A estos valores se les aplica un interés mensual de 0,004867, por los 129 meses transcurridos desde la muerte del joven Albeiro Zabaleta (abril de 1998) hasta el momento en que habría alcanzado la edad de 25 años (17 de enero de 2009).
31.5. Para el cálculo del lucro cesante consolidado desde la fecha de los hechos hasta el momento en que el menor cumpliera los 16 años, se procederá así:
31.6. Para el cálculo del lucro cesante consolidado desde la fecha en que el menor cumpliera los 16 años hasta el momento en que llegara a los 25, se procederá así:
1. REVOCAR la sentencia de 19 de enero de 2004 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión.
2. DECLARAR la responsabilidad administrativa y patrimonial de la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional por la muerte del menor Albeiro Manuel Zabaleta Hernández.
3. CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional a pagar por concepto de perjuicios morales: (i) a favor del señor Pablo Manuel Zabaleta y la señora Marcelina Hernández, el valor correspondiente a 100 smlmv para cada uno; (ii) a favor de Marcial Zabaleta y Salvadora Pinzón, el valor equivalente a 50 smlmv para cada uno; (iii) a favor de Milena Zabaleta Hernández, Celso Moreno Hernández y Dairo Antonio Hernández, el valor equivalente a 50 smlmv para cada uno.
4. CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional a pagar, por concepto de perjuicios materiales, a favor del señor Pablo Manuel Zabaleta y la señora Marcelina Hernández, la suma de $57.674.817 para cada uno.
(1) En la demanda presentada el 24 de septiembre de 1998, la pretensión de mayor valor, correspondiente a la indemnización del perjuicio moral causado al padre de la víctima, fue estimada en 2000 gramos oro, que a la fecha correspondían a $29.174.100. Por estar vigente al momento de la presentación de la demanda, se aplica en este punto el artículo 2 del Decreto 597 de 1988, que modifica el numeral 10 del artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, y que establece que la cuantía necesaria para que un proceso iniciado en 1998 fuera de doble instancia, debía ser superior a $18.850.000.
(2) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de marzo de 2012, expediente 21.380, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
(3) El comandante de la estación de policía de Nechí expresó, sin embargo, que la prohibición se hace efectiva después de las seis y media de la tarde (fl. 64, cdno. 1)
(4) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 18 de abril de 2002, expediente 14.076, C.P. Ricardo Hoyos Duque.
(5) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 24 de enero de 2011, expediente 18.437, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
(6) [2] Sentencias 10024 de 16 de junio de 1997. M.P Ricardo Hoyos Duque; 12420 de 27 de enero de 2000. M.P. María Elena Giraldo, 11401 de 2 de marzo de 2000. M.P. Alier Eduardo Hernández, 11842 de 19 de julio de 2000. M.P. Alier Eduardo Hernández; 12998 de 9 de agosto de 2001. M.P. María Elena Giraldo Gómez; 12707 de 18 de octubre de 2000. M.P. Ricardo Hoyos Duque; 14694 y 15640 de 11 de mayo de 2006. M.P. Ramiro Saavedra Becerra; 14974 de 4 de diciembre de 2006. Ruth Stella Correa Palacio; 16365 de 22 de julio de 2009. M.P. Mauricio Fajardo Gómez; 15055 de 29 de enero de 2009. M.P. Miriam Guerrero de Escobar; 18967 de 14 de abril de 2010. M.P. Enrique Gil Botero.
(7) [3] Sentencia 11842 de 19 de julio de 2000. M.P. Alier Eduardo Hernández.
(8) [4] Sentencias 14076 de 18 de abril de 2002. M.P. Ricardo Hoyos Duque; 16365 de 22 de junio de 2009. M.P. Mauricio Fajardo Gómez, 18541 de 28 de abril de 2010. M.P. Mauricio Fajardo Gómez, 18967 de 14 de abril de 2010. M.P. Enrique Gil Botero, 19007 de 23 de junio de 2010. M.P. Enrique Gil Botero.
(9) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 6 de septiembre de 2001, expediente 13232-15646, C.P. Alier Hernández.
(10) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de marzo de 2005, expediente 14.808, C.P. Germán Rodríguez.
(11) Corte Constitucional, Sentencia C-170 de 2004, M.P. Rodrigo-Escobar Gil.
(12) Decreto 2737 de 1989. “Por el cual se expide el Código del Menor”. Artículo 238. Los menores de dieciocho (18) años necesitan para trabajar autorización escrita del inspector del trabajo o, en su defecto, de la primera autoridad local, a solicitud de los padres y, a falta de estos, del defensor de familia.
(13) Corte Constitucional, Sentencia C-170 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(14) Ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de enero de 2013, expediente 22274, C.P. Danilo Rojas Betancourth. En este caso se reconoció el lucro cesante a favor de los padres de Sugeys Peñaloza, una joven de 17 años que trabajaba como niñera. No obstante, ante la ausencia del requisito que fija el artículo 238 del Código del Menor, el mencionado perjuicio se liquidó a partir de la fecha en que la adolescente habría cumplido 18 años.
(15) Presidencia de la República, Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, “Diagnóstico Departamental Antioquia”, págs. 1-3; Misión de Observación Electoral, “Monografía Político Electoral. Departamento de Antioquia, 1997 a 2007”, págs. 2-7.
(16) Decreto 2737 de 1989. Artículo 242. La duración máxima de la jornada de trabajo del menor se sujetará a las siguientes reglas: (...) 2. Los mayores de catorce (14) y menores de dieciséis (16) años sólo podrán trabajar en una jornada máxima de seis (6) horas diarias; artículo 243. (...) El salario del menor trabajador será proporcional a las horas trabajadas.
(17) Decreto 2737 de 1989. Artículo 242. La duración máxima de la jornada de trabajo del menor se sujetará a las siguientes reglas: (...) 3. La jornada de trabajo del menor entre dieciséis (16) y dieciocho (18) años, no podrá exceder de ocho (8) horas diarias.