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Timestamp: 2018-12-12 06:09:10
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Matched Legal Cases: ['Artículo 238', 'Artículo 239', 'Artículo 240', 'Artículo 241', 'Artículo 243', 'Artículo 244', 'Artículo 235', 'artículo 1', 'artículo 13']

TÍTULO V - Ley del procedimiento administrativo general
Artículo 238.- Disposiciones Generales
Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de la administración pública
Artículo 239.- Faltas administrativas
Artículo 240.- Criterios para la aplicación de sanciones.
Artículo 241.- Restricciones a ex autoridades de las entidades
Artículo 243.- Autonomía de responsabilidades
Artículo 244°.- Denuncia por delito de omisión o retardo de función
De la responsabilidad de la administración pública y del personal a su servicio
238.1 Sin perjuicio de las responsabilidades previstas en el derecho común y en las leyes especiales, las entidades son patrimonialmente responsables frente a los administrados por los daños directos e inmediatos causados por los actos de la administración o los servicios públicos directamente prestados por aquéllas. (24)7
238.2 En los casos del numeral anterior, no hay lugar a la reparación por parte de la Administración, cuando el daño fuera consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante del administrado damnificado o de tercero.
Tampoco hay lugar a reparación cuando la entidad hubiere actuado razonable y proporcionalmente en defensa de la vida, integridad o los bienes de las personas o en salvaguarda de los bienes públicos o cuando se trate de daños que el administrado tiene el deber jurídico de soportar de acuerdo con el ordenamiento jurídico y las circunstancias.(25)8
238.3 La declaratoria de nulidad de un acto administrativo en sede administrativa o por resolución judicial no presupone necesariamente derecho a la indemnización.(26)9
238.4 EI daño alegado debe ser efectivo, valuable económicamente e individualizado con relación a un administrado o grupo de ellos. (27)10
238.5 La indemnización comprende el daño directo e inmediato y las demás consecuencias que se deriven de la acción u comisión generadora del daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral. (28)11
238.6 Cuando la entidad indemnice a los administrados, podrá repetir judicialmente de autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido, tomando en cuenta la existencia o no de intencionalidad, la responsabilidad profesional del personal involucrado y su relación con la producción del perjuicio. Sin embargo, la entidad podrá acordar con el responsable el reembolso de lo indemnizado, aprobando dicho acuerdo mediante resolución.
Art. 4º del D.S. Nº 048-2007-EM.
Las autoridades y personal al servicio de las entidades, independientemente de su régimen laboral o contractual, incurren en falta administrativa en el trámite de los procedimientos administrativos a su cargo y, por ende, son susceptibles de ser sancionados administrativamente con amonestación, suspensión, cese o destitución atendiendo a la gravedad de la falta, la reincidencia, el daño causado y la intencionalidad con que hayan actuado, en caso de:
6. No comunicar dentro del término legal la causal de abstención en la cual se encuentro incurso.
10. Difundir de cualquier modo o permitir el acceso a la información confidencial a que se refiere el numeral 160.1 de esta Ley.
Las correspondientes sanciones deberán ser impuestas previo proceso administrativo disciplinario que, en el caso del personal sujeto al régimen de la carrera administrativa, se ceñirá a las disposiciones legales vigentes sobre la materia, debiendo aplicarse para los demás casos el procedimiento establecido en el Artículo 235 de la presente Ley, en lo que fuere pertinente.
Art. 1º de la Ley Nº 27699.
Las demás faltas incurridas por las autoridades y personal a su servicio con respecto de los administrados no previstas en el artículo anterior serán sancionadas considerando el perjuicio ocasionado a los administrados, la afectación al debido procedimiento causado, así como la naturaleza y jerarquía de las funciones desempeñadas, entendiendo que cuanto mayor sea la jerarquía de la autoridad y más especializada sus funciones, en relación con las faltas, mayor es su deber de conocerlas y apreciarlas debidamente.
241.1 Ninguna ex autoridad de las entidades podrá realizar durante el año siguiente a su cese alguna de las siguientes acciones con respecto a la entidad a la cual perteneció:
241.1.1 Representar o asistir a un administrado en algún procedimiento respecto del cual tuvo algún grado de participación durante su actividad en la entidad.
241.1.2 Asesorar a cualquier administrado en algún asunto que estaba pendiente de decisión durante su relación con la entidad.
241.1.3 Realizar cualquier contrato, de modo directo o indirecto, con algún administrado apersonado a un procedimiento resuelto con su participación.
241.2 La trasgresión a estas restricciones será objeto de procedimiento investigatorio y, de comprobarse, el responsable será sancionado con la prohibición de ingresar a cualquier entidad por cinco años, e inscrita en el Registro respectivo.
Por disposición del artículo 1 del DECRETO SUPREMO Nº 089-2006-PCM publicado el 15/12/2006 se reglamenta el funcionamiento, actualización y consulta de la información en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido - RNSDD, al que hace referencia el presente artículo.
Con fecha 19/05/2004 se publica la RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 135-2004-PCM Directiva para el funcionamiento y actualización de información del Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido; que precisa el presente artículo.
Por disposición del artículo 13º de la Ley Nº 27815 publicada el 13/08/2002 se amplía el contenido del Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido, establecido en el presente artículo.
243.2 Los procedimientos para la exigencia de la responsabilidad penal o civil no afectan la potestad de las entidades para instruir y decidir sobre la responsabilidad administrativa, salvo disposición judicial expresa en contrario.
El Ministerio Público, a efectos de decidir el ejercicio de la acción penal en los casos referidos a delitos de omisión o retardo de función, deberá determinar la presencia de las siguientes situaciones:
a) Si el plazo previsto por ley para que el funcionario actúe o se pronuncie de manera expresa no ha sido excedido.
b) Si el administrado ha consentido de manera expresa en lo resuelto por el funcionario público.
(Artículo adicionado por el artículo único de la LEY N° 28187 publicada el 09/03/2004).
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Que, mediante la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General se
Nota 1: Ver Ley 1437 de 2011
Nota : Ver Ley 1437 de 2011, “por la cual se expide el CÓdigo de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo”,...
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