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Timestamp: 2018-10-18 03:28:16
Document Index: 300128205

Matched Legal Cases: ['artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 19', 'artículo 30', 'artículo 30', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 18', 'artículo 38', 'artículo 93', 'artículo 140', 'artículo 141', 'artículo 148', 'artículo 166', 'artículo 150', 'artículo 151', 'artículo 138', 'artículo 139', 'artículo 144', 'artículo 145', 'artículo 123', 'artículo 28', 'artículo 27', 'artículo 42', 'artículo 43', 'artículo 45', 'artículo 45', 'artículo 45', 'artículo 18', 'artículo 145', 'artículo 60', 'artículo 3']

ESTRICTA LEGALIDAD: ANTEPROYECTO DE CÓDIGO PENAL 2014 - PARTE GENERAL
Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma,
Actualización e Integración del Código Penal de la Nación
(Decreto PEN 678/12)
1. Constitución y derecho internacional. Las disposiciones del presente Código se interpretarán de conformidad con los principios constitucionales y de derecho internacional consagrados en tratados de igual jerarquía.
2. Se aplicarán con rigurosa observancia los siguientes principios, sin
perjuicio de otros derivados de las normas supremas señaladas:
a) Legalidad estricta y responsabilidad. Solo se considerarán delitos las acciones u omisiones expresa y estrictamente previstas como tales en una ley formal previa, realizadas con voluntad directa, salvo que también se prevea pena por imprudencia o negligencia.
No se impondrá pena ni otra consecuencia penal del delito, diferente de las señaladas en ley previa.
b) Culpabilidad. No habrá pena sin culpabilidad ni que exceda su medida.
Para establecer el delito y la pena no se tomarán en cuenta el reproche de personalidad, juicios de peligrosidad ni otras circunstancias incompatibles con la dignidad y la autonomía de la persona.
c) Ofensividad. No hay delito sin lesión o peligro efectivo para algún bien jurídico.
d) Humanidad, personalidad y proporcionalidad. Se evitará o atenuará
toda pena que por las circunstancias del caso concreto resultare inhumana, trascendiere gravemente a terceros inocentes o fuere notoriamente desproporcionada con la lesión y la culpabilidad por el hecho.
Este Código se aplicará a los delitos:
a) Territorialidad. En que la conducta o el resultado tengan lugar en el territorio de la Nación Argentina o en los lugares sometidos a su jurisdicción.
b) Real o de defensa. Que afecten bienes jurídicos que se hallen en el territorio de la Nación Argentina.
c) Funcional. Cometidos en el extranjero por agentes o empleados de autoridades nacionales en desempeño de su cargo, según lo que disponga el derecho internacional.
d) Universal y otros. Cometidos en el extranjero y que conforme al derecho internacional deban o puedan ser juzgados por los tribunales nacionales.
e) Personalidad pasiva. Cometidos en el extranjero contra ciudadanos argentinos, que lesionen sus bienes personalísimos y no hayan sido juzgados en el lugar de comisión, con previa anuencia del Poder Ejecutivo Nacional.
1. Si la ley vigente al tiempo de cometerse el hecho fuere distinta de la que existiere al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna.
2. Si mientras persistiere algún efecto jurídico de la condena se dictare una o más leyes, la pena o el efecto se limitará a lo establecido por la más benigna.
3. En el cómputo de la prisión preventiva se observará separadamente la ley más favorable al imputado o condenado.
4. La ley más benigna se aplicará aun de oficio.
Ámbito material y personal
1. Las disposiciones generales de este Código se aplicarán a todas las infracciones y penas previstas por cualquier otra ley.
2. Este Código se aplicará a los hechos cometidos por mayores de diez y ocho años. El régimen penal de menores se establecerá en una ley especial.
a) El que obrare violentado por fuerza física irresistible o en estado de inconsciencia.
b) El que actuare en ignorancia o error invencible sobre algún elemento constitutivo de la descripción legal del hecho.
c) El que actuare en cumplimiento de un deber jurídico o en el legítimo ejercicio de un derecho, autoridad o cargo.
d) El que actuare en defensa propia o de sus derechos, siempre que concurrieren las siguientes circunstancias: i) agresión ilegítima; ii) necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla; iii) falta de provocación suficiente por parte del que se defiende.
Se presume, salvo prueba en contrario, que concurren las circunstancias de este inciso, respecto de aquel que obrare: i) para rechazar la entrada por escalamiento, fractura o violencia en un lugar habitado, ii) por encontrar a un extraño dentro de su hogar, siempre que ofreciere resistencia.
Igual presunción corresponde cuando la conducta tuviere lugar en un contexto de violencia doméstica y quien se defiende hubiese sufrido anteriores hechos de violencia.
e) El que actuare en defensa de la persona o derechos de otro, siempre que concurrieren las circunstancias i) y ii) del primer párrafo del apartado anterior y, en caso de haber precedido provocación suficiente por parte del agredido, la de que no haya participado en ella el tercero defensor.
f) El que causare un mal por evitar otro mayor e inminente, siempre que: i) el hecho fuere necesario y adecuado para conjurar el peligro; ii) la situación de necesidad no hubiere sido provocada deliberadamente por el agente; iii) el autor no estuviere jurídicamente obligado a soportar el peligro.
g) El que actuare para evitar un mal grave e inminente no evitable de otro modo, siempre que lo hiciere para apartar el peligro de su persona, de un pariente o de un tercero próximo, y se dieren las circunstancias i), ii) y iii) del
h) El que a causa de cualquier anomalía, trastorno o alteración psíquica permanente o transitoria, no haya podido, al momento del hecho, comprender su criminalidad o dirigir sus acciones conforme a esa comprensión.
i) El que actuare por error invencible que le impida comprender la
criminalidad del hecho.
j) El que actuare por error invencible sobre los presupuestos de una
k) El que actuare por error invencible sobre las circunstancias que, conforme al inciso g), lo hubieren exculpado.
1. Se impondrá la pena correspondiente al delito por imprudencia o negligencia, si estuviere previsto, al que actuare con error vencible sobre algún elemento constitutivo de la descripción legal del hecho.
2. Se impondrá la pena entre la mitad del mínimo y del máximo previsto:
a) Al que actuare con error vencible acerca de la criminalidad del acto.
b) Al que actuare con error vencible sobre los presupuestos de una causa de justificación o de una situación de necesidad exculpante.
c) Al que cometiere un hecho ilícito excediendo los límites de la legítima defensa o de un estado de necesidad justificante.
d) Al que cometiere un hecho ilícito cuando concurrieren solo parcialmente los extremos de la legítima defensa o del estado de necesidad justificante.
3. Según las circunstancias del caso, el juez podrá disminuir la pena conforme a la escala señalada en el inciso anterior a quien, en el momento del hecho, tuviere considerablemente disminuida la capacidad para comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones conforme a esa comprensión.
4. Al que actuare con error sobre circunstancias que habrían configurado el supuesto de un ilícito menos grave, se le impondrá la pena correspondiente a éste.
1. El que con el fin de cometer un delito determinado comenzare su ejecución, pero no lo consumare por circunstancias ajenas a su voluntad, será penado conforme a la escala del delito consumado reducida a la mitad del mínimo y a dos tercios del máximo.
2. El autor o partícipe de tentativa no estará sujeto a pena cuando
desistiere voluntariamente del delito o impidiere su consumación.
1. Si el medio empleado hubiere sido manifiestamente inidóneo para cometer el hecho, la pena podrá reducirse hasta el mínimo legal de su especie.
Se eximirá de pena cuando no hubiere mediado peligro alguno para el bien jurídico.
2. No se impondrá pena si faltare el objeto requerido en la descripción legal del hecho.
1. Los que tomaren parte en la ejecución del hecho o prestaren al autor o autores un auxilio o cooperación sin los cuales no habría podido cometerse, tendrán la pena establecida para el delito. En la misma pena incurrirán los que hubieren determinado directamente a otro a cometerlo.
2. Los que cooperaren de cualquier otro modo a la ejecución del hecho y los que prestaren una ayuda posterior cumpliendo promesas anteriores a éste, serán penados conforme a la escala correspondiente al autor reducida a la mitad del mínimo y del máximo.
Si el hecho no se consumare, se les impondrá la pena conforme a la escala del correspondiente delito reducida a un cuarto del mínimo y del máximo.
3. Al que hubiere querido determinar al autor a un delito menos grave, se le aplicará la pena correspondiente al delito al que hubiere querido determinar. La misma regla se aplicará al cooperador.
4. En los delitos cometidos a través de los medios de comunicación e información, no se considerarán concurrentes a las personas que solamente prestaren al autor la cooperación material necesaria para su publicación, difusión o venta.
5. Las relaciones, circunstancias y calidades personales, cuyo efecto fuere disminuir, excluir o agravar la penalidad, tendrán influencia sólo respecto del autor o cómplice a quien correspondan.
Actuación en lugar de otro
1. El que actuare como directivo u órgano de una persona jurídica, o como representante legal o voluntario de otro, responderá por el hecho punible aunque no concurrieren en él las calidades legales del autor, si tales características correspondieren a la entidad o persona en cuya representación actuare.
2. Lo dispuesto en este artículo será aplicable aun cuando el acto
jurídico determinante de la representación o del mandato fuere ineficaz.
Cuando una conducta cayere, total o parcialmente, bajo más de una sanción penal, se aplicará solamente la que fijare pena más grave.
1. Cuando concurrieren varios hechos independientes reprimidos con prisión, la pena aplicable tendrá como mínimo, el mínimo mayor, y como máximo,
la suma resultante de la acumulación de las penas correspondientes a los diversos hechos.
2. Esta suma no podrá exceder del doble del máximo mayor de las penas correspondientes a los delitos concurrentes, y en ningún caso será superior al máximo legal de treinta años.
3. Respecto de las demás penas, se aplicarán reglas similares.
Cuando los hechos constituyan delito continuado la pena aplicable será solamente la más grave de las previstas para esos hechos.
Concursos aparentes
1. (Especialidad) Si la misma conducta estuviere prevista en una
disposición general y en otra especial, se aplicará solo la especial.
2. (Subsidiariedad) Si la misma conducta estuviere contenida en otra descripción legal prevaleciente o más severamente penada, se considerará solo esta última.
3. (Consunción) Si una descripción legal abarcare lo realizado normalmente antes o después de lo definido por otra, se aplicará solo aquélla.
1. Cuando un condenado por sentencia firme lo fuere nuevamente por uno o más hechos cometidos antes de la primera condena, el tribunal que lo condene en último término le impondrá una única pena por todos los delitos, aplicando las reglas del artículo 12º, sin alterar las declaraciones de hechos de
los tribunales que hubieren intervenido anteriormente.
2. Cuando por cualquier razón no se hubiere procedido en la forma prescripta en el párrafo anterior, la unificación de condenas corresponderá al tribunal que hubiere impuesto la pena más grave.
3. En ninguno de estos casos la pena única excederá la suma de las penas impuestas ni el máximo de treinta años de prisión, ni el de la especie en las restantes penas.
Cuando un condenado por sentencia firme cometiere un delito durante el cumplimiento de la pena y se dictare una nueva sentencia condenatoria, el tribunal que lo condene por el último hecho le impondrá una pena que unifique lo que le restare cumplir de la primera condena con la pena del hecho posterior, conforme a las reglas del artículo 12º.
DE LAS PENAS Y MEDIDAS
Capítulo I. De las penas y su determinación
Las penas de este Código son prisión, multa e inhabilitación y, en su caso, las alternativas.
1. La pena se determinará conforme a la culpabilidad por el ilícito, para lo cual se tendrá en cuenta:
b) La mayor o menor comprensión de la criminalidad del hecho, la
capacidad de decisión en la situación concreta y la calidad de los motivos que impulsaron al responsable a delinquir.
2. Por regla general, serán circunstancias atenuantes:
b) Cualquier padecimiento que disminuya considerablemente las expectativas de vida.
c) Las circunstancias personales, económicas, sociales y culturales que limiten el ámbito de autodeterminación, en especial la miseria o la dificultad para ganarse el sustento propio necesario y el de los suyos.
d) Actuar por motivos valiosos que no eximan de responsabilidad.
e) Las consecuencias lesivas considerables que hubiere sufrido el autor o partícipe como resultado de la ejecución del hecho.
f) Haberse esforzado por desistir o evitar la consumación.
g) El comportamiento espontáneo posterior al delito, que revele su disposición a mitigar o reparar el daño o a resolver el conflicto.
h) La cooperación en el esclarecimiento del hecho.
i) Las previstas en los incisos 2º y 3º del artículo 19º, cuando no se
verificaren suficientemente los requisitos para la aplicación de aquellas
3. Por regla general, serán circunstancias de mayor gravedad:
a) La pluralidad de agentes.
b) La alta organización.
c) La indefensión de la persona o del bien jurídico afectados.
d) Valerse de la condición de autoridad pública o de una relación de superioridad o confianza.
e) Actuar por motivos fútiles, abyectos, o por odio fundado en razones políticas, ideológicas, religiosas, o en prejuicios raciales, étnicos, de nacionalidad, género u orientación sexual.
f) Actuar con crueldad o inferir grave dolor físico o moral a la víctima.
g) Provocar daños o perjuicios innecesarios en la ejecución del hecho.
h) Valerse de un menor de catorce años o de una persona incapaz.
4. En todos los casos serán circunstancias de máxima gravedad:
a) Valerse de un alto grado de conocimiento técnico, idóneo para
producir destrucción o peligro masivo para la vida o la integridad física.
b) La inusitada crueldad del medio utilizado o del modo de comisión, o la vulnerabilidad de la víctima, en hechos contra la vida, la integridad física, la libertad o la integridad y libertad sexual.
c) Valerse de una función relevante en una asociación ilícita de alta organización y complejidad o de una función de mando en empleo público, en la comisión de hechos contra la vida, la integridad física o la integridad y libertad sexual.
5. No se considerarán circunstancias agravantes las constitutivas de la descripción legal del hecho.
Exención y reducción de la pena
1. Exención de pena. Insignificancia. No se impondrá pena alguna cuando el daño o el peligro para el bien jurídico fueren insignificantes.
2. Exención de pena y aplicación de la pena por debajo del mínimo.
El juez podrá imponer la pena por debajo del mínimo previsto, o incluso prescindir de ésta, en los siguientes casos:
a) Pena natural en hechos culposos. En los hechos cometidos por imprudencia o negligencia, cuando las consecuencias hubieren afectado gravemente al autor o partícipe.
b) Pueblos originarios: sanciones. Cuando el agente fuere parte de un pueblo originario, el delito se hubiere cometido entre sus miembros y hubiere sufrido una sanción conforme a sus costumbres.
Se atenderá a la magnitud de la sanción sufrida y a la gravedad del hecho.
c) Hechos conforme a la cultura originaria. Cuando la conducta fuere conforme a la respectiva cultura originaria, salvo que se tratare de delitos contra la vida, la integridad física o la integridad y libertad sexual, cuya impunidad importare una grave lesión a la dignidad humana.
3. Aplicación de la pena por debajo del mínimo.
El juez podrá determinar la pena por debajo del mínimo previsto en la escala conminada, en los siguientes casos:
a) Menor significación. Cuando el daño o el peligro para el bien jurídico fueren de escasa significación. El juez podrá imponer la pena de multa reparatoria.
b) Pena natural en hechos dolosos. En las circunstancias del apartado a) del inciso 2º, y tratándose de hechos dolosos, cuando mediare una significativa desproporción entre la lesión sufrida por el agente y la causada por éste al bien jurídico.
c) Penas o lesiones ilícitas infligidas por funcionarios. Cuando el agente hubiere sido objeto de tortura, tormento o vejaciones por acciones u omisiones de funcionarios encargados de su detención, cuidado o transporte, o hubiere sufrido un grave daño en su salud por la inseguridad de los lugares de detención o los medios de transporte.
4. Recursos. La exención o reducción de la pena conforme a lo dispuesto en el presente artículo, como también su individualización según las pautas del artículo anterior, serán susceptibles de revisión en todas las instancias ordinarias y extraordinarias habilitadas respecto de la condenación.
Capítulo II: De la pena de prisión y sus alternativas
De la pena de prisión y del cómputo de la prisión preventiva
1. La pena de prisión consiste en la privación de la libertad ambulatoria del condenado, en establecimientos adecuados destinados al efecto. Tendrá una duración mínima de seis meses y máxima de treinta años.
2. El tiempo que una persona hubiere cumplido en detención o prisión preventiva, aunque fuere en otro proceso simultáneo, será computado en la condena que le sea impuesta a razón de un día de prisión o dos de multa o dos de inhabilitación, por uno de detención o prisión preventiva.
Cuando la multa hubiere sido impuesta como pena conjunta con una pena de prisión, la prisión preventiva se computará solo sobre ésta. Si la prisión preventiva excediere a la pena de prisión, los días en exceso se descontarán a la multa. Si se hubiere impuesto inhabilitación como pena conjunta con una
pena de prisión o con una de multa, la prisión preventiva se computará primero sobre éstas.
1. La pena de prisión que no exceda de dos años, por uno o más delitos, excepcionalmente podrá ser impuesta en forma condicional en el momento de la sentencia.
2. El juez fundará esta decisión, bajo pena de nulidad, en la personalidad moral del condenado, su actitud posterior al delito, los motivos que lo impulsaron a delinquir, la naturaleza del hecho y las demás circunstancias que demuestren la inconveniencia de aplicar efectivamente la pena. El juez requerirá las informaciones pertinentes para formar criterio, pudiendo las partes aportar también pruebas útiles a tal efecto.
3. La condenación condicional a la pena de prisión no procederá cuando, con anterioridad al hecho, el agente hubiere sido condenado o beneficiado con una suspensión del proceso a prueba.
4. La condenación condicional a prisión no suspenderá la ejecución de las otras penas que se le impongan conjuntamente ni afectará los efectos de la condena o la reparación del daño.
5. La condenación se tendrá como no pronunciada si dentro del término de cuatro años, contados a partir de la fecha de la sentencia, el condenado no cometiere un nuevo delito penado con prisión. Si cometiere un nuevo delito, sufrirá la pena impuesta en la primera condenación y la que le correspondiere por el segundo delito, conforme a lo dispuesto sobre unificación de penas.
En los casos de sentencias recurridas, los plazos se computarán desde la fecha del pronunciamiento originario.
6. Si el condenado condicionalmente fuere un extranjero sobre el que
pesare una orden administrativa de expulsión firme, se dispondrá su extrañamiento. Si dentro del término de cuatro años, contados a partir de la fecha de la sentencia, la persona reingresare al país, sufrirá la pena impuesta.
En los casos y condiciones previstas en este Código, la pena de prisión podrá sustituirse por las siguientes:
a) Detención domiciliaria
b) Detención de fin de semana
c) Obligación de residencia.
e) Prestación de trabajos a la comunidad
f) Cumplimiento de las instrucciones o reglas judiciales.
g) Multa reparatoria.
1. La detención domiciliaria obligará al penado a permanecer en un domicilio determinado, del que podrá salir únicamente por motivos justificados y previa
2. No impedirá la detención domiciliaria la carencia de domicilio del penado.
De la detención de fin de semana
1. La detención de fin de semana limitará la libertad ambulatoria por
períodos correspondientes a los días sábados y domingos, durante treinta y seis horas como mínimo y cuarenta y ocho como máximo. Podrá extenderse por veinticuatro horas más en los días feriados que antecedan o sucedan inmediatamente al fin de semana.
2. En razón de circunstancias especiales, el juez podrá ordenar que esta pena se cumpla en días diferentes.
3. La detención siempre se cumplirá en lugares especialmente destinados a ella.
De la obligación de residencia
1. La obligación de residencia exigirá al penado habitar dentro de un perímetro urbano o rural, o de un partido, municipio, comuna, departamento o provincia, establecido por el juez, con prohibición de salir de él sin autorización judicial.
2. Tendrá por objeto prevenir conflictos, permitir un control mayor del condenado o favorecer su integración social. No podrá fundarse en necesidades demográficas, ni elegirse parajes inhóspitos o de difícil comunicación, salvo que el propio penado lo solicite.
De la prohibición de residencia y tránsito
1. La prohibición de residencia y tránsito impedirá habitar dentro de un perímetro urbano o rural, o de un partido, municipio, comuna, departamento o provincia, establecido por el juez, y transitar por él sin autorización judicial.
2. Tendrá por objeto prevenir conflictos.
De la prestación de trabajos para la comunidad
1. La prestación de trabajos para la comunidad obligará al condenado a cumplir entre ocho y diez y seis horas semanales de trabajo no remunerado en los lugares y horarios que establezca el juez.
2. Se realizará en instituciones, establecimientos u obras de bien público, bajo el control de sus autoridades u otras que se designen.
3. Estará a cargo del penado presentar al juez la documentación que acredite su cumplimiento.
4. El trabajo será adecuado a la capacidad o habilidades del condenado y no afectará su dignidad ni perjudicará su actividad laboral ordinaria.
5. En ningún caso el control del cumplimiento estará a cargo de organismos de seguridad.
Del cumplimiento de instrucciones judiciales
1. La pena de cumplimiento de instrucciones judiciales consiste en la
sujeción a un plan de conducta en libertad, elaborado por el juez con
intervención del penado. Las instrucciones deberán estar vinculadas al hecho
punible y el plan podrá contener las siguientes directivas:
a) Fijar residencia.
b) Observar las reglas de inspección y de asistencia establecidas por el
c) Dar satisfacción material y moral a la persona afectada en la medida
d) Adoptar un trabajo u oficio, a su elección o que le fuere provisto, o una actividad de utilidad social adecuada a su capacidad.
e) Concurrir a actividades educativas o de capacitación.
f) Someterse a un tratamiento o control médico o psicológico.
g) Abstenerse de concurrir a ciertos lugares o de relacionarse con
h) Abstenerse del consumo abusivo de bebidas alcohólicas o
estupefacientes y aceptar los exámenes de control.
2. El juez podrá modificar las instrucciones durante la ejecución de la pena, con intervención del penado.
3. Las instrucciones no podrán afectar la dignidad del penado, su ámbito de privacidad, sus creencias religiosas o sus pautas de conducta no relacionadas con el delito. Tampoco podrán impartirse instrucciones para tratamientos invasivos o que impliquen una intervención en el cuerpo del penado.
4. El condenado estará obligado a acreditar ante el juez el cumplimiento de las instrucciones, cuyo control será ejercido por éste con la colaboración de inspectores y asistentes.
5. El inspector elevará al juez un informe mensual sobre el cumplimiento de las instrucciones y de las restantes penas conjuntas, si las hubiere; el asistente ayudará al penado a cumplir las instrucciones y las restantes penas conjuntas. Estas funciones no podrán delegarse en los organismos policiales ni en los funcionarios encargados de la seguridad de los institutos penales.
De la multa reparatoria
1. La pena de multa reparatoria obligará al condenado a pagar a la víctima o a su familia una suma de dinero o una parte de sus ingresos mensuales, provenientes de su trabajo o de su renta.
2. Conforme a la gravedad del daño inferido por el delito, se fijará un porcentaje mensual que no excederá de la tercera parte de sus ingresos y por un período no mayor de un año, o una suma total equivalente.
3. En caso de mediar reparación civil, la multa reparatoria se tendrá
como parte de ésta.
Reemplazo de la pena de prisión por penas alternativas. Disposiciones
1. El juez podrá reemplazar la pena de prisión por igual tiempo de una o más penas alternativas.
2. Estas penas se aplicarán separada o conjuntamente, por igual tiempo, y podrán ser modificadas durante la ejecución.
3. El reemplazo se cancelará y se cumplirá el resto de la pena en prisión, cuando el penado cometiere un nuevo delito conminado con prisión.
4. Si cometiere un nuevo delito no conminado con prisión o incumpliere las penas alternativas, el juez, según la gravedad del incumplimiento y la predisposición del penado, podrá disponer conforme al inciso anterior o establecer un nuevo reemplazo.
6. El juez deberá tener especialmente en cuenta la situación del penado cuando:
d) Fuere madre encargada de un menor de diez y ocho años o padre como
único encargado, atendiendo al interés superior de aquél.
Reemplazo de prisión no superior a tres años
El juez podrá reemplazar la pena de prisión que no exceda de tres años.
Reemplazo en penas superiores a tres años
1. La pena de prisión que exceda de tres años y que no supere los diez, se podrá reemplazar después del cumplimiento de la mitad de su duración.
2. Se podrá reemplazar sólo después de cumplidos dos tercios de la
pena, si el agente hubiere sufrido pena de prisión como condenado en los cinco años anteriores a la comisión del hecho.
3. Se podrá reemplazar después de cumplido un tercio de la pena en los casos señalados en el inciso 6º del artículo 30º.
4. La pena de prisión mayor de diez años se podrá reemplazar después de cumplidos los dos tercios de su duración; podrá reemplazarse después de cumplida la mitad en los casos del inciso 6º del artículo 30º
5. Cuando se trate de penas impuestas por delitos del Título I del Libro II o en razón de las circunstancias establecidas en el inciso 4º del artículo 18º, deberá requerirse opinión fundada del Ministerio Público. En estos supuestos, el juez sólo podrá disponer el reemplazo, previo informe favorable de tres peritos como mínimo, designados por el juez, y propuestos por el propio juez, el Ministerio Público y la universidad nacional más cercana.
1. A pedido de parte interesada, el juez dispondrá que la pena de prisión se reemplace por detención domiciliaria cuando el condenado fuere:
a) Enfermo incurable en período terminal.
b) Enfermo y la prisión le impidiere recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia siempre que no correspondiere su internación en un establecimiento hospitalario.
c) Discapacitado, y la prisión fuere inadecuada por su condición, implicándole un trato indigno, inhumano o cruel.
2. Teniendo en cuenta la gravedad del hecho y previo dictamen del
Ministerio Público, el juez también podrá disponer el reemplazo por detención domiciliaria cuando el penado fuere:
a) Mayor de setenta y cinco años.
b) Mujer embarazada.
c) Madre encargada de un menor de cinco años.
d) Padre encargado único de un menor de cinco años.
e) Padre o madre de un menor de catorce años, cuando circunstancias excepcionales lo hicieren necesario.
f) O tuviere a su cargo una persona con discapacidad.
3. La prisión domiciliaria no se concederá, cuando de ella se pudiere derivar riesgo o perjuicio para la persona afectada por el hecho o para los convivientes del condenado.
4. No impedirá la detención domiciliaria la carencia de domicilio del
Capítulo III: De la pena de multa
1. La pena de multa consiste en el pago de una suma de dinero al Estado,
destinada a un fondo especial para solventar la asistencia social a las víctimas
de delitos y a las familias de los condenados.
2. La multa se determina por días, cuyo mínimo será de cinco y su máximo
de setecientos veinte.
3. El importe de cada día de multa se establecerá según las condiciones económicas del condenado y su capacidad de pago. No será inferior al diez por ciento del salario mínimo vital y móvil vigente al tiempo de la sentencia ni superior al importe de éste, sin exceder del treinta por ciento de la renta real diaria del condenado; de no acreditarse ésta, se lo hará conforme a su renta potencial.
4. Cuando el pago inmediato de la multa fuere excesivamente gravoso, se podrá conceder un plazo razonable o autorizar el pago en cuotas.
5. Cuando el condenado no tuviere capacidad de pago no se impondrá pena de multa. Cuando estuviere prevista como pena única o en forma alternativa con la pena de prisión se la reemplazará con trabajos para la comunidad, a razón de una hora de trabajo por cada día de multa.
1. Si el condenado no pagare la multa en el plazo fijado en la sentencia, la pena o lo que reste de ella se convertirá en prisión, a razón de un día por cada dos días de multa.
2. Si el penado pagare en cualquier momento lo que le reste cumplir de pena de multa, cesará la prisión. Del importe se descontará la parte proporcional al tiempo de detención que hubiere sufrido.
3. La prisión sustitutiva de la multa se cumplirá en forma efectiva.
4. Cuando sin culpa grave del condenado variaren significativamente sus condiciones económicas, su capacidad de pago o su renta real, el juez podrá adecuar el monto del día de multa fijado en la sentencia a las nuevas circunstancias.
Capítulo IV: De la pena de inhabilitación
De la pena de inhabilitación
1. La inhabilitación producirá la privación del empleo, cargo, profesión o derecho sobre el que recayere y la incapacidad para obtener otro del mismo género. Tendrá una duración mínima de seis meses y máxima de veinte años.
2. Aunque la inhabilitación no estuviere expresamente prevista, podrá
imponerse por un plazo de seis meses a seis años, cuando el delito importare:
a) Incompetencia o abuso en el ejercicio de un empleo o cargo público.
b) Abuso en el ejercicio de la patria potestad, adopción, tutela o
3. Quien hubiere cometido el hecho en el ejercicio no autorizado de una actividad, podrá ser interdictado para adquirir el ejercicio legal de ella por un plazo igual al de la inhabilitación aplicable.
Rehabilitación del sancionado
1. El condenado a inhabilitación puede ser restituido al uso y goce de los derechos y capacidades de que fue privado, luego de transcurrida la mitad del plazo impuesto en la condena, que en ningún caso podrá exceder de diez años.
2. Son condiciones del beneficio que el condenado haya:
a) Respetado la inhabilitación.
b) Remediado, en su caso, la incompetencia.
c) Reparado el daño, en la medida de lo posible.
3. Cuando la inhabilitación hubiere significado la pérdida de un empleo o cargo público, la rehabilitación no implicará la reposición en los mismos puestos.
4. Para todos los efectos, en los plazos de inhabilitación no se computará el tiempo en que el inhabilitado hubiere estado prófugo o privado de libertad por el hecho o por otro en que hubiere sido condenado.
5. Tratándose de penas para los delitos del Título I del Libro Segundo de este Código o en el caso del inciso 4º del artículo 18º, deberá requerirse la opinión del Ministerio Público Fiscal.
Inhabilitación accesoria a la pena de prisión de tres o más años
1. Todo condenado a prisión por tres o más años, será privado del empleo o cargo público que ejercía, aunque proviniere de elección popular, durante el tiempo de la condena.
2. Tampoco podrá obtener durante el tiempo de la condena empleos,
cargos, comisiones o ejercer funciones públicas.
Capítulo V: De las medidas
Internación en establecimiento psiquiátrico u otro adecuado
1. Quien cometiere un hecho conminado con una pena cuyo máximo fuere superior a diez años, del que hubiere sido absuelto conforme al apartado h) del artículo 5º o por el que se le hubiere impuesto una pena atenuada en razón del inciso 3º del artículo 6º, será sometido por el juez a un examen de peritos que verificarán si su padecimiento determina agresividad contra la vida, la integridad física o la integridad y libertad sexual. En ese caso, el juez dispondrá la internación en un establecimiento psiquiátrico u otro adecuado para su atención, contención y control.
2. Lo mismo se dispondrá cuando las circunstancias previstas en el inciso anterior sobrevinieren durante el cumplimiento de la pena de prisión.
3. La internación cesará cuando se verificare la desaparición del riesgo creado por la agresividad o cuando:
a) En el caso del apartado h) del artículo 5º se agotare el tiempo que el juez, en razón de la gravedad del hecho, hubiere fijado en la sentencia como límite máximo, el que no podrá exceder del máximo de la pena conminada.
b) En el caso del inciso 3º del artículo 6º, si agotare el tiempo de la pena de prisión que se le hubiese impuesto.
c) En el caso del inciso 2º de este artículo, cuando se agotare la pena de prisión impuesta, computándose en ésta todo el tiempo de internación.
4. En caso de que desapareciere el padecimiento, el condenado cumplirá en establecimiento ordinario la pena remanente.
5. El juez dará intervención al juez civil competente respecto de personas incapaces en los siguientes supuestos:
a) Cuando la persona absuelta sufriere un padecimiento y no se reunieren los requisitos del inciso 1º para disponer una internación.
b) Cuando debiere cesar la internación y la persona continuara sufriendo un padecimiento mental.
6. Cuando en la comisión del delito hubiere tenido incidencia la dependencia de alguna sustancia estupefaciente, el juez podrá disponer la internación del condenado en un establecimiento o lugar adecuado para su
deshabituación, que cesará cuando se obtenga este resultado o se agote la pena.
Intervención judicial en medidas
1. Durante la ejecución de la sentencia el juez dispondrá, mediante
procedimiento contradictorio:
a) El cese de la internación cuando se hubiere verificado la desaparición del riesgo derivado de la agresividad.
b) La sustitución del establecimiento en que se cumple la medida, cuando lo considerare más adecuado para la persona o para el control de la agresividad.
c) La suspensión provisoria de la internación antes de su cesación definitiva.
d) El reemplazo de la internación por la sujeción al control de un establecimiento o servicio especializado, con las posibilidades de salidas
periódicas o de tratamientos ambulatorios. Éste se dispondrá de conformidad con la dirección del establecimiento o servicio, previa aprobación del programa de salidas periódicas o del tratamiento ambulatorio.
2. Antes de disponer el reemplazo, el juez oirá en procedimiento contradictorio a la persona en forma directa e indelegable.
3. En cualquier caso, el juez deberá analizar como mínimo una vez al año, el mantenimiento, cese, suspensión o sustitución de la internación, oyendo personalmente al interesado, proveyéndole de asistencia jurídica si no la tuviere.
4. Tratándose de hechos previstos en el Título I del Libro Segundo o que hubieren debido penarse conforme a las circunstancias del inciso 4º del
artículo 18º, el juez sólo podrá disponer el reemplazo de la internación en las condiciones del inciso 6º del artículo 38º.
Criterio de la intervención judicial en penas y medidas
1. La resolución de todas las cuestiones de ejecución, reemplazo y
control de las penas y medidas, será de exclusiva competencia de los jueces.
2. En ejercicio de esta competencia, el juez atenderá a lo más
a) Evitar o reducir cualquier eventual efecto negativo de la pena.
b) Proteger a la víctima, a su familia y a las personas que de ella
c) Mitigar las carencias económicas, sociales y educativas del condenado.
d) Resolver o atenuar los conflictos generados por el delito o por el
contexto en que se hubiere cometido.
e) Reducir la trascendencia de la pena a terceros inocentes.
Ejercicio de la acción pública.
1. Las acciones penales son públicas o privadas. El Ministerio Público Fiscal tendrá la obligación de ejercer, de oficio, la acción penal pública, salvo en los casos en que fuere necesaria la instancia de la persona directamente ofendida por el delito.
2. También podrá ejercerla la persona directamente ofendida en las condiciones establecidas por las leyes procesales.
3. No obstante, el Ministerio Público Fiscal podrá fundadamente no
promover la acción o desistir de la promovida hasta antes de la fijación de fecha para el debate oral en los siguientes casos:
a) Cuando se tratare de hechos de menor significación, salvo que fueren cometidos por un funcionario público en razón de su cargo o cuando apareciere como un episodio dentro de un contexto de violencia doméstica o motivada por la nacionalidad, etnia, religión, ideología política, género, orientación o identidad sexual de la persona ofendida, o por prejuicios raciales.
b) Cuando las consecuencias del hecho sufridas por el imputado fueren de tal gravedad que tornaren innecesaria o desproporcionada la aplicación de una pena;
c) Cuando la pena en expectativa careciere de importancia con relación a otra pena ya impuesta;
d) En los hechos delictivos con contenido patrimonial cometidos contra particulares y sin violencia sobre las personas, y en los delitos culposos sin resultado de muerte, cuando mediare conciliación o acuerdo entre las partes.
4. En los supuestos de los apartados a) y b) del inciso 3º, será necesario que el imputado haya reparado los daños y perjuicios en la mayor medida que le fuere posible.
5. La persona directamente ofendida podrá interponer querella dentro del término de sesenta días hábiles desde la notificación de la decisión que admitiere el criterio de oportunidad, en cuyo caso la acción se convertirá en privada. Vencido el término, la acción penal quedará extinguida para el autor o partícipe en cuyo favor se aceptó el criterio de oportunidad, salvo el supuesto del apartado a) del inciso 3°, en que los efectos se extenderán a todos los intervinientes.
Acciones públicas dependientes de instancia privada
1. Son acciones públicas dependientes de la previa instancia privada las que nacen de los siguientes delitos:
a) Los establecidos en los artículos 126 y 127 de este Código, siempre que no resultare la muerte de la persona ofendida o lesiones gravísimas (artículo 93 de este Código).
b) Lesiones leves, sean dolosas o culposas.
c) Amenazas y coacciones (artículos 114, inciso 1º y 115, inciso 1º, de este Código).
d) Hurto simple (artículo 140, inciso 1º, de este Código).
e) Robo con fuerza en las cosas (artículo 141, primer supuesto).
f) Insolvencias punibles (Título VII, Capítulo X).
g) Cheques sin provisión de fondos (artículo 148 de este Código).
h) Desviación de clientela (artículo 166 de este Código).
i) Estafas y otras defraudaciones (artículos 143, 144, 145 inciso 1º,
apartados a), b) y c), y 146, de este Código); salvo que se cometiere en
perjuicio de alguna administración publica;
j) Daños (artículos 162, incisos 1º y 2º, de este Código);
k) Los relativos a los derechos intelectuales (artículo 150 de este
Código) y a las marcas y designaciones (artículo 151 de este Código);
l) Los vinculados con los fraudes al comercio y a la industria (artículos
165, inciso 1º, apartado b), e inciso 2º, de este Código);
m) Incumplimiento de deberes de asistencia (artículo 138 de este
Código);
n) Obstrucción o impedimento de contacto (artículo 139 de este
ñ) Violación de domicilio (art. 117 de este Código)
2. En tales cosos se procederá a formar causa sólo si mediare denuncia de la persona directamente ofendida o de sus representantes legales. Los menores podrán formular denuncia desde los diez y seis años.
3. El fiscal procederá de oficio cuando el hecho fuere cometido contra un menor de diez y seis años o un incapaz que no tuvieren representantes, o si lo hubiere realizado uno de éstos.
4. Si existieren intereses contrapuestos entre alguno de los representantes y el menor o incapaz, el fiscal deberá actuar de oficio si
resultare más conveniente para el interés de éstos.
5. Cuando cesare la incapacidad o el menor cumpliere los diez y seis años, podrán desistir de la acción promovida por su representante o, en su caso, por el fiscal.
1. Son acciones privadas las que nacen de los siguientes delitos:
a) Delitos contra el honor (artículos 115, 116, 118, 119 y 122).
b) Violación de secretos (artículo 144 de este Código), salvo en los casos del artículo 145 de este Código.
c) Acceso ilegítimo a información (artículo 123, inciso 1º y apartados a) y c) del inciso 3º).
2. En tales supuestos se procederá únicamente por querella del agraviado o de sus representantes legales. En los casos de injurias o calumnias, la acción podrá ser ejercida sólo por el agraviado y después de su muerte por el cónyuge o conviviente, hijos, nietos o padres sobrevivientes.
1. El imputado de uno o más delitos, reprimido con pena de prisión que no exceda de tres años en su mínimo, que no hubiere sido condenado a pena de prisión o que no hubiere sufrido prisión como condenado en los cinco años anteriores a la comisión del hecho, ni hubiere gozado de una suspensión ni de una condenación condicional en igual término, podrá solicitar hasta la citación a juicio la suspensión del proceso a prueba.
2. Del pedido, previa vista a la persona directamente ofendida, deberá
requerirse la opinión del representante del Ministerio Público Fiscal.
3. El imputado deberá ofrecer la reparación de los daños en la mayor medida de sus posibilidades, sin que esto importe confesión o reconocimiento de responsabilidad civil. El juez oirá a la persona directamente ofendida y
decidirá en resolución fundada, acerca de la razonabilidad del ofrecimiento.
Si el trámite del proceso se suspendiere, la persona directamente ofendida tendrá habilitada la acción civil por lo que restare de la reparación plena, sin resultar aplicables las reglas de prejudicialidad del Código Civil.
4. El imputado deberá abandonar en favor del Estado los bienes que
hubiere correspondido decomisar en caso de condena.
5. No procederá la suspensión del proceso a prueba, para el funcionario público que en ejercicio o con motivo de sus funciones hubiere participado en el delito.
6. El juez dispondrá la suspensión del proceso a prueba por un plazo entre uno y tres años, según la gravedad y circunstancias del hecho, bajo reglas de conducta análogas en lo pertinente a las previstas en el artículo 28º. También podrá disponer la prestación de trabajos para la comunidad análogamente a lo previsto en el artículo 27º. Las disposiciones del juez no obstarán a las sanciones administrativas y disciplinarias que pudieren corresponder.
7. Cuando se atribuyere un hecho que pueda o deba ser reprimido con pena de inhabilitación, se procurará en calidad de regla de conducta, la realización de actividades dirigidas a solucionar su presunta incompetencia o inidoneidad.
8. Si el delito o alguno de los delitos que integran el concurso estuviera reprimido con pena de multa aplicable en forma conjunta con la de prisión, será condición, además, que se pague el mínimo de la multa correspondiente.
9. Si el imputado no fuese condenado por ningún delito cometido durante el plazo de suspensión, reparase los daños conforme a lo ofrecido y cumpliese regularmente las reglas de conducta establecidas, se extinguirá la acción penal.
10. Si fuere condenado por un delito cometido durante el período de
prueba, no cumpliere con la reparación a pesar de poder hacerlo, o incumpliere injustificada y reiteradamente las reglas de conducta, se dejará sin efecto la suspensión y continuará el trámite del proceso. Si en este proceso resultare absuelto, se le reintegrarán los bienes entregados al Estado, aunque no podrá pretender el reintegro de las reparaciones ya cumplidas.
11. Siendo procedente la suspensión del proceso a prueba y tratándose de un extranjero sobre el que pesare una orden administrativa de expulsión firme, se dispondrá el extrañamiento del imputado. El extrañamiento interrumpirá la prescripción de la acción penal y ésta se extinguirá si en los cinco años posteriores a su salida la persona no reingresare al país.
1. La acción penal se extinguirá:
b) Por la amnistía.
c) Por la prescripción
d) En el supuesto del inciso 5° del artículo 42°.
e) En el supuesto del inciso 5° del artículo 43°.
e) En los supuestos del incisos 9º y 11° del artículo 45º.
g) Por la renuncia del agraviado, respecto de los delitos de acción
2. La renuncia de la persona ofendida al ejercicio de la acción penal, sólo tendrá efecto para el renunciante y sus herederos.
Salvo en los casos en que no fuere admisible conforme a la Constitución Nacional o al derecho internacional, la amnistía extinguirá la acción penal y hará cesar la condena y todos sus efectos, con excepción de las
indemnizaciones debidas a particulares.
Extinción de la acción en los delitos reprimidos exclusivamente con pena de multa
1. La acción penal por delito reprimido con multa, aplicable aun en forma alternativa, se extinguirá en cualquier estado de la causa mientras no se hubiere iniciado el juicio, por el pago voluntario del mínimo de días de multa previstos, conforme al valor de éstos que el juez considerare como posible monto en caso de condenación.
2. Si se hubiere iniciado el juicio, podrá extinguirse con el pago de dos tercios del máximo de días de multa conforme a lo señalado en el inciso anterior.
3. En cualquier caso se exigirá también la previa reparación de los daños causados por el delito y el imputado deberá abandonar en favor del Estado los objetos que presumiblemente resultarían decomisados en caso que recayere condena.
4. El modo de extinción de la acción penal previsto en este artículo no será admisible si en los cinco años anteriores a la comisión del hecho se hubiere extinguido de la misma forma una acción penal a favor del imputado.
1. La acción penal prescribirá en el tiempo fijado a continuación:
a) Después de transcurrido el máximo de duración de la pena señalada para el delito, si se tratare de hechos reprimidos con prisión, no pudiendo en ningún caso exceder de doce años ni bajar de tres años.
b) A los dos años, cuando se tratare de un hecho reprimido únicamente con inhabilitación.
c) A los tres años, cuando se tratare de hechos reprimidos únicamente
2. No prescribirán las acciones en los casos en que la prescripción no fuere admisible conforme a la Constitución Nacional o al derecho internacional.
3. La prescripción de la acción empezará a correr desde la medianoche del día en que se cometió el delito o, si éste fuere permanente o continuado, en que cesó de cometerse. Cuando la persona directamente ofendida fuere un menor de diez y ocho años, correrá desde el día en que alcance esta edad.
Causas de suspensión e interrupción de la prescripción
1. La prescripción se suspenderá:
a) En delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, para todos los que hubieren participado, mientras cualquiera de ellos se encontrare desempeñando un cargo público en cuyo ejercicio pudiere impedir o dificultar la investigación.
b) En el supuesto previsto en el artículo 45, durante el período de
Terminada la causa de la suspensión, la prescripción seguirá su curso.
2. La prescripción se interrumpirá solamente por:
a) La comisión de otro delito sobre el que hubiere recaído sentencia
condenatoria firme;
b) El auto de llamado a indagatoria, la requisitoria de elevación y la citación a juicio, o los actos procesales equivalentes;
c) La sentencia condenatoria, aunque no se encuentre firme.
d) La oportuna declaración de rebeldía.
e) La primera solicitud de extradición.
f) El extrañamiento previsto en el inciso 11º del artículo 45º.
3. La prescripción corre, se suspende o se interrumpe separadamente para cada delito y para cada uno de sus intervinientes.
4. La prescripción operará, independientemente de las suspensiones e
interrupciones, una vez transcurrido el doble del máximo de la pena señalada para el delito, salvo en el supuesto del apartado a) del inciso 1º. En cualquier caso el plazo de prescripción no superará los veinte años.
1. Las penas prescriben en los términos siguientes:
a) la de prisión o la alternativa que la reemplazare, junto con la
inhabilitación accesoria, en un tiempo igual al de la condena.
b) la de multa, a los dos años.
c) la de inhabilitación, en un tiempo igual al de la condena.
2. La pena no prescribirá cuando no fuese admisible conforme a la
Constitución Nacional o al derecho internacional.
3. La prescripción de la pena empezará a correr desde la medianoche del día en que se notificare al condenado o a su defensor la sentencia firme o desde el quebrantamiento de la condena, si ésta hubiese empezado a cumplirse.
4. La prescripción de la pena se interrumpirá por sentencia condenatoria firme por un nuevo delito.
Indulto, extrañamiento y perdón del ofendido
1. Salvo los casos en que no fuere admisible conforme a la Constitución Nacional o al derecho internacional, el indulto del condenado extinguirá la pena y sus efectos, con excepción de las indemnizaciones debidas a particulares.
2. Cuando el condenado fuese un extranjero en situación irregular en el país, cumplida la mitad de la pena de prisión y no mediando otra previsión legal, el juez podrá disponer su extrañamiento y la pena se extinguirá si en los diez años posteriores a su salida el condenado no regresare al país; si lo hiciere cumplirá la pena hasta su agotamiento. Esta disposición no rige para condenaciones por delitos agravados por las circunstancias del inciso 4º del artículo 18º ni por los del Título Primero del Libro Segundo.
3. El perdón de la parte ofendida extinguirá la pena impuesta por los delitos de acción privada. Si hubiere varios partícipes, el perdón a favor de uno de ellos aprovechará a los demás.
DEL REGISTRO PENAL
1. Todo ente oficial que lleve registros penales se abstendrá de informar sobre datos de un proceso terminado por sobreseimiento o sentencia absolutoria.
2. En ningún caso se informará la existencia de detenciones que no provinieren de la formación de causa, salvo que los informes se requieran para resolver un hábeas corpus o en causas por delitos de que hubiere sido víctima el detenido.
3. El registro de las sentencias condenatorias caducará a todos sus efectos después de:
a) Ocho años desde la sentencia en los casos de penas no superiores a tres años.
b) Diez años desde la extinción de la pena cuando ésta fuese superior a tres años.
c) Cinco años desde la sentencia para las condenas a pena de multa o inhabilitación.
4. La información deberá brindarse siempre que mediare solicitud o consentimiento expreso del condenado o de sus causahabientes.
5. Excepcionalmente los jueces podrán requerir la información de un
registro cancelado por resolución que sólo podrá fundarse en la necesidad concreta del antecedente como elemento de prueba de los hechos en un proceso judicial.
6. Los jueces deberán comunicar a los organismos de registro:
a) La fecha de caducidad del registro de toda sentencia condenatoria
firme a penas no superiores a tres años o la que devenga del cumplimiento de las superiores a ese tiempo.
b) Los sobreseimientos y absoluciones firmes.
c) El auto firme de extinción de las acciones o de las penas por cualquier causa que fuere.
7. La cancelación del registro importará la prohibición de informar fuera de las excepciones señaladas en este artículo y su inobservancia será considerada como violación de secreto en los términos del artículo 145 de este Código.
DECOMISO DEL PROVECHO E INSTRUMENTOS DEL DELITO
Decomiso del provecho
1. El juez dispondrá el decomiso del provecho del delito a favor del
Estado, si no correspondiere su devolución al damnificado. Se entiende por provecho del delito los bienes provenientes directamente de él y aquellos en que se hubiesen transformado o que los hubiesen sustituido.
2. Cuando el autor hubiere actuado en beneficio de otra persona, sea
física o jurídica, el decomiso se pronunciará contra ésta. Si hubiese resultado beneficiado un tercero a título gratuito, el decomiso se pronunciará contra
3. Cuando el decomiso se pronuncie contra un tercero será condición que éste haya tenido oportunidad de ejercitar su derecho de defensa.
Decomiso de bienes e instrumentos
1. El juez ordenará el decomiso a favor del Estado de los bienes o instrumentos de que se hubiere valido el condenado para preparar, facilitar o cometer el hecho, sin perjuicio de los derechos de restitución o indemnización del damnificado y terceros y de los adquirentes de buena fe a título oneroso.
2. El decomiso procederá cuando los bienes o instrumentos fueren de
propiedad del condenado o estuvieren en su poder sin que mediaren reclamos de terceros. También procederá cuando los bienes o instrumentos fueren
peligrosos para el condenado o para terceros.
3. El decomiso no será procedente en caso de hechos culposos.
1. Los artículos 55 y 56 serán aplicables también cuando por cualquier razón no mediare condena, pero en el proceso se hubiere probado el origen ilícito de los bienes y su vinculación con el delito.
2. El juez dispondrá la venta de los bienes decomisados, destinando el producto a los programas de asistencia a las víctimas.
3. Cuando la venta fuere imposible o inconveniente, el juez podrá darles el destino que considere de mayor utilidad social u ordenar su destrucción.
Procederá siempre su destrucción cuando no tuvieren valor lícito alguno o
fueren peligrosos, si no pudiere aprovecharlos el Estado.
4. Durante el proceso el juez dispondrá:
a) La venta de los bienes si fuesen perecederos o cuando su cuidado o administración fuesen complejos o altamente costosos, previa intervención de todos los interesados. El producto será depositado en la forma que mejor preserva su valor. Si finalmente no se aplicare el decomiso, el depósito será entregado al interesado.
b) La destrucción de armas, municiones y explosivos, cuando no hubiere lugar a restitución a su tenedor legal y no fuere necesaria su conservación como elemento de prueba.
c) El juez podrá adoptar desde el inicio de las actuaciones judiciales las medidas cautelares suficientes para asegurar el decomiso de todo bien o derecho patrimonial sobre los que, por tratarse de instrumentos o efectos relacionados con el o los delitos que se investigan, éste pudiere presumiblemente recaer.
El mismo alcance podrán tener las medidas cautelares destinadas a
hacer cesar la comisión del delito o sus efectos, o a evitar que se consolide su provecho o a obstaculizar la impunidad de sus partícipes.
En todos los casos se deberá dejar a salvo los derecho de restitución o indemnización de la persona afectada, de su familia y de terceros.
El juez podrá ordenar en la sentencia:
a) La reposición al estado anterior a la comisión del delito, en cuanto sea posible, disponiendo a ese fin las restituciones y demás medidas necesarias.
b) La indemnización del daño civil causado a la persona afectada, a su familia o a un tercero, fijándose el monto prudencialmente por el juez en defecto de plena prueba.
Preferencia, solidaridad e insolvencia
1. La obligación de indemnizar es preferente a todas las que contrajere el responsable después de cometido el delito, como también a la ejecución del decomiso y al pago de la multa.
2. Si los bienes del condenado no fueren suficientes para cubrir todas sus responsabilidades pecuniarias, éstas se satisfarán en el orden siguiente:
a) La indemnización de los daños y perjuicios.
b) El resarcimiento de los gastos del juicio.
c) El comiso del producto o el provecho del delito.
d) El pago de la multa.
3. La obligación de reparar el daño es solidaria entre todos los responsables del hecho punible.
4. El que por título lucrativo participare de los efectos de un delito, estará obligado a la reparación hasta la cuantía en que hubiere participado.
2. En caso de insolvencia total o parcial, se observarán las reglas siguientes:
a) Tratándose de condenados a prisión, se deducirá un diez por ciento del producido de su trabajo en concepto de reparación, mientras dure la privación de su libertad.
c) En los demás casos, el tribunal señalará la parte de sus ingresos que deba depositar periódicamente hasta el pago total.
1. Las personas jurídicas privadas son responsables, en los casos que la ley expresamente prevea, por los delitos cometidos por sus órganos o representantes que actuaren en beneficio o interés de ellas. La persona jurídica quedará exenta de responsabilidad solo si el órgano o representante
actuare en su exclusivo beneficio y no generare provecho alguno para ella.
6. La transformación, fusión, absorción o escisión de una persona
jurídica trasladará su responsabilidad a las entidades en que se transforme, quede fusionada o absorbida o resultaren de la escisión, sin perjuicio de los terceros de buena fe. En tal caso el juez moderará la sanción a la entidad en función de la proporción que la originariamente responsable guarde con ella.
2. Son aplicables a las personas jurídicas las disposiciones de los Títulos VII y VIII del Libro Primero de este Código.
7. La suspensión y la clausura parcial tendrán un máximo de seis meses.
La suspensión del uso de patentes y marcas, la pérdida o suspensión de beneficios estatales, la suspensión para participar en concursos o licitaciones estatales y la suspensión en los registros estatales, tendrán un máximo de tres años.
8. Las prestaciones del apartado f) del artículo 60º, conjuntamente con la multa, no podrán superar el límite señalado en el inciso 3º. (4º)
1. Las sanciones se determinarán teniendo en cuenta el grado de inobservancia de reglas y procedimientos internos, el grado de omisión de vigilancia sobre la actividad de los intervinientes y, en general, la
trascendencia social y la gravedad del hecho ilícito.
2. Cuando las sanciones pudieren ocasionar graves consecuencias sociales y económicas, serios daños a la comunidad o a la prestación de un servicio de utilidad pública, el juez aplicará las que resulten más adecuadas para preservar la continuidad operativa de la empresa, de la fuente de trabajo y de los
intereses de los socios ajenos al accionar delictivo.
6. Cómputo de la sanción precedente. El juez y la administración
tendrán en cuenta las sanciones que uno u otro aplicaren por el mismo hecho y con iguales fundamentos. Cuando la sanción fuere de multa, deberán descontar el monto de la aplicada por la otra competencia.
1. Los plazos a que este código se refiere serán contados con arreglo a las disposiciones del Código Civil. Sin embargo, la liberación de los condenados a penas privativas de libertad se efectuará al mediodía del día correspondiente.
2. Se consideraran indistintamente masculinos y femeninos aquellos
términos que correspondan.
3. El monto de los salarios vitales y móviles se entiende siempre conforme al valor vigente al tiempo del hecho.
4. Para la inteligencia del texto del presente Código se tendrán presentes los siguientes conceptos:
a) Por “reglamentos” u “ordenanzas” se entienden todas las disposiciones de carácter general dictadas por la autoridad competente en la materia de que traten.
b) Con “funcionario público” y “empleado público” se abarca a todo el que participa en forma accidental o permanente del ejercicio de funciones públicas, sea por elección popular o por nombramiento de autoridad competente.
c) Por “militar” se entiende a quien revista estado militar en el momento del hecho, conforme la ley orgánica respectiva, como también los funcionarios públicos civiles que integran la cadena de mando.
d) Con la palabra “mercadería”, se designa toda clase de efectos
susceptibles de expendio.
e) Por “capitán” se entienda a todo comandante de embarcación o al que
le sustituye.
f) El término “estupefacientes”, comprende los estupefacientes, psicotrópicos y demás substancias susceptibles de producir dependencia física o psíquica, que se incluyan en las listas que se elaboren y actualicen periódicamente por decreto del Poder Ejecutivo Nacional.
g) El término “establecimiento rural” comprende todo inmueble que se destine a la cría, mejora o engorde del ganado, actividades de tambo, granja o cultivo de la tierra, a la avicultura u otras crianzas, fomento o aprovechamiento semejante.
h) Queda comprendido en el concepto de “violencia”, el uso de medios hipnóticos o narcóticos.
i) Por “información privilegiada” se entiende toda información concreta que se refiera a uno o varios valores o emisores de valores, que no se haya hecho pública y cuya publicidad podría influir de manera sustancial sobre las condiciones o precio de colocación o el curso de negociación de esos valores.
j) Los términos “firma” y “suscripción” comprenden la firma digital, la creación de una firma digital o firmar digitalmente. Los términos “documento”, “instrumento privado” y “certificado” comprenden al documento digital firmado digitalmente.
k) Se considerará “documento” a la representación de actos o hechos, con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo que contenga datos.
l) Se entiende que una o más personas jurídicas o naturales gozan de “posición dominante” cuando, para un determinado tipo de producto o servicio es la única oferente o demandante dentro del mercado nacional o extranjero o, cuando sin ser única, no está expuesta a una competencia sustancial.
ll) Son “personas y bienes protegidos”, los que el derecho internacional ampara como tales en el marco de los conflictos armados, tengan o no carácter internacional.
m) Se entenderá por “objetivos militares” en lo que respecta a bienes, aquellos que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización, contribuyan eficazmente a la acción militar y cuya destrucción total o parcial, captura o neutralización ofrezca en las circunstancias de momento, una ventaja militar
definida, con exclusión de los bienes protegidos y de bienes destinados a fines civiles. En caso de duda de si un objeto que normalmente se destina a fines civiles, se utiliza con el fin de contribuir efectivamente a una acción militar, se presumirá que se utiliza para fines civiles. No se considerarán como un solo objetivo militar, diversos objetivos militares claramente separados e individualizados que se encuentren en una ciudad, pueblo, aldea u otra zona en que haya una concentración análoga de personas o bienes protegidos.
n) Por “guardador” se entiende a quien tuviera a su cargo, por cualquier motivo, el cuidado de un menor.
ñ) Por “fauna silvestre” se entiende el concepto del artículo 3º de la ley 22.421.
o) Toda referencia a las “Provincias” comprende la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
p) Por “Fisco” se entiende el nacional, los provinciales y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
q) Por “seguridad social” se entiende tanto la nacional, como las provinciales y la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
r) Por “arma” debe entenderse la destinada por su naturaleza a lesionar gravemente o matar como también cualquier otro objeto con similar capacidad.
rr) Por “sistema informático” se entenderá todo dispositivo aislado o conjunto de dispositivos interconectados o relacionados entre sí, cuya función, o la de alguno de sus elementos, sea el tratamiento automatizado de datos en ejecución de un programa.
s) “Dato informático” es toda representación de hechos, información o conceptos expresados de cualquier forma, que se preste a tratamiento informático, incluidos los programas diseñados para que un sistema informático ejecute una función y los datos relativos al tráfico.
Publicado por José Fernando Teseyra en 21:01