Source: https://tsj.vlex.es/vid/-528303926
Timestamp: 2018-06-24 10:50:34
Document Index: 316297418

Matched Legal Cases: ['artículo 123', 'artículo 42', 'artículo 14', 'artículo 15', 'artículo 17', 'artículo 40', 'artículo 229']

Sentencia nº 4365/2014 de TSJ Cataluña (Barcelona), Sala de lo Social, 16 de Junio de 2014 - Jurisprudencia - VLEX 528303926
Sentencia nº 4365/2014 de TSJ Cataluña (Barcelona), Sala de lo Social, 16 de Junio de 2014
Número de Resolución: 4365/2014
Número de Recurso: 2252/2014
ACCIDENTE DE TRABAJO. RECARGO DE PRESTACIONES. RIESGO QUÍMICO. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador. Se desestima la suplicación.
NIG : 17079 - 44 - 4 - 2012 - 8031807
Recurso de Suplicación: 2252/2014
En Barcelona a 16 de junio de 2014
S E N T E N C I A núm. 4365/2014
En el recurso de suplicación interpuesto por GUIU PINTURES I DECORACIO SL frente a la Sentencia del Juzgado Social 1 Girona (UPSD social 1) de fecha 5 de diciembre de 2013 dictada en el procedimiento Demandas nº 658/2012 y siendo recurrido/a INSTITUT NACIONAL DE LA SEGURETAT SOCIAL (INSS), TRESORERIA GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL, MUTUA ASEPEYO y Carlos Manuel . Ha actuado como Ponente la Ilma. Sra. MARIA PILAR MARTIN ABELLA.
Con fecha 3-7-12 tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda sobre Accidente de trabajo, en la que el actor alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminaba suplicando se dictara sentencia en los términos de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el juicio se dictó sentencia con fecha 5 de diciembre de 2013 que contenía el siguiente Fallo:
Que DESESTIMO la demanda interpuesta por la mercantil Guiu Pintures i Decoració SL frente al Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social Mutua Asepeyo y Carlos Manuel y, en consecuencia, confirmo la resolución impugnada, absolviendo a los expresados codemandados de todas las pretensiones deducidas en su contra.
El trabajador Carlos Manuel se hallaba vinculado desde mayo de 2000, desempeñando las funciones de pintor ostentando la categoría profesional de oficial 2ª, con la empresa Guiu Pintures i Decoració SL, dedicada a la actividad de pintura y acabados de fachadas exteriores, paredes, techos interiores, madera interior y exterior, barandas metálicas, pintado y tratamiento de suelos de garaje, tratamientos de suelos de madera y muebles, llevándose a cabo dicha actividad en centros de trabajos externos correspondiéndose a obras de nueva construcción, edificios e instalaciones públicos y particulares (acta de infracción, folios, 63 a 72 y contrato de trabajo, folios 267 y 268).
Para el desarrollo de su actividad la empresa, durante la estancia del trabajador, empleaba pinturas plásticas y barnices acrílicos o sintéticos para interior y exterior, tintes en el agua y disolvente, pinturas epoxi (biocomponente) para suelos de garaje, lacas, tapa poros nitro y esmaltes. Estos productos se aplicaban mediante pistola de pintura, rodillos o brochas (acta de infracción, folios 63 a 72).
La actividad concreta desarrollada por el trabajador Sr. Carlos Manuel en la empresa demandante consistió en pintados y acabados de fachadas exteriores, paredes y techos interiores, pintado y tratamiento de maderas exteriores e interiores, pintado de barandas metálicas, pintado y tratamiento de suelos de garaje, tratamiento de suelos de madera y de muebles (acta de infracción, folios 63 a 72).
El trabajador Sr. Carlos Manuel a los 13-14 años presentó un primer episodio de angiodema, tos, disnea y sibilancias. Desde entonces ocasionalmente sobre todo en primavera, presentaba episodios de rinitis y sibilancia que controlaba con B2 a demanda. Entre 1990 y 1991, cuando tenía 16 años, empezó a trabajar de pintor. En el año 2000/2001, el Sr. Carlos Manuel inició sintomatología compatible con asma sobre todo relacionada con el trabajo, cuando se exponía resinas y cuando pintaba con pistola. Los síntomas eran precoces pero retardados y parece que podrían mejorar en períodos vacacionales. A partir de mediados de 2006, los síntomas empeoraron condicionando que el Sr. Carlos Manuel ocasionalmente hubiera de acudir a urgencias. En junio de 2008, fue diagnosticado de asma ocupacional por isocianatos (informe médico del servicio de Neumología del Hospital Vall d'Hebron, folios 255 a 258).
En 2007, se hallaba realizando tareas de pintor consistentes en la aplicación con pistola de barniz tapa-poros y laca sintética de acabado cuando empezó a encontrarse mal, se mareó y acabó perdiendo la conciencia. Cuando la recobró, al cabo aproximadamente de media hora, no quedaba ningún trabajador en la obra, ya que nadie se había percatado de lo ocurrido (acta de infracción, folios 63 a 72).
El INSS, por resolución de 24/09/2009, declaró el carácter de contingencia de enfermedad profesional de la incapacidad temporal padecida por el Sr. Carlos Manuel entre el 25/06/2008 y el 12/02/2009 (folios 102 y 103).
En fecha 13/02/2009 el INSS reconoció al Sr. Carlos Manuel una incapacidad permanente total para su profesión habitual de pintor derivada de enfermedad profesional por presentar asma ocupacional (folio 99 y acta de infracción, folios 63 a 72).
La empresa demandante en fecha 17/05/2000 contrató el Servicio de Prevención de Riesgos con la entidad Asepeyo, con vigencia hasta el 16/05/2001. A partir de esa fecha, en el período que abarca desde el 17/05/2011 hasta el 8/03/2010, no consta que la empresa tuviera contratada la organización de las actividades preventivas con ninguna entidad. En fecha 9/03/2010, la empresa demandante contrató el servicio de prevención ajeno con la entidad Serviprein Sociedad de Prevención SL (acta de infracción, folios 63 a 72).
No consta planificación de la actividad preventiva en la empresa demandante entre mayo de 2001 hasta el 2009. Tampoco consta que la empresa proporcionara al trabajador Sr. Carlos Manuel formación o información preventiva. La empresa demandante no practicó reconocimiento médico laboral al citado trabajador ni recabó renuncia del mismo. Tampoco consta la investigación interna de la enfermedad profesional ni la realización de estudios de higiene industrial de agentes químicos peligrosos realizados, ni la adopción de medidas técnicas y organizativas adoptadas en relación a los riesgos derivados de la presencia y uso de los agentes químicos peligrosos. Tampoco consta la elaboración fichas de los agentes químicos peligrosos utilizados (acta de infracción, folios 63 a 72).
Entre 2006 y 2008 la empresa demandante proporcionó al trabajador Sr. Carlos Manuel equipos de protección personal consistentes en casco, gafas de protección, guantes, mascarilla de polvo, mascarilla de disolventes, arneses anti-caída, botas de seguridad y mono de trabajo (folios 207 a 209).
La empresa demandante en 2005 y 2006 redactó en su condición de contratista los correspondientes Planes de Seguridad y Salud de las siguientes obras: Parcela 13, Urbanización "La Coma" QueixansFontanals de Cerdanya y Parcelas nº1/2/3 Urbanización Norte de Queixans en el Término Municipal de Fontanals de Cerdanya (folios 117 a 206, cuyo contenido se da por reproducido).
Remitida por Inspección de Trabajo y Seguridad Social propuesta de recargo de prestaciones económicas del 30% a la Dirección Provincial de Girona del Instituto Nacional de la Seguridad Social, la misma resolvió con fecha 26/03/2009 declarar la existencia de responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad e higiene en la enfermedad profesional, así como un recargo del 30 % en todas las prestaciones derivadas del mismo con cargo a la empresa (folios 38 a 40).
Por la parte actora se interpuso reclamación previa contra la resolución señalada en el Hecho anterior (folios 24 a 27).
Contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte actora, que formalizó dentro de plazo, y que la parte contraria, a la que se dió traslado lo impugnó (Mutua Asepeyo y Carlos Manuel ), elevando los autos a este Tribunal dando lugar al presente rollo.
Contra la sentencia de instancia se alza el letrado de GUIU PINTURES I DECORACIÓ S.L. invocando como primer motivo la revisión de los hechos declarados probados en la sentencia recurrida, de conformidad con lo dispuesto en el art. 193.b) conforme a la redacción de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social .
Con carácter previo, se alega por el letrado de Carlos Manuel que no se ha hecho efectivo por la empresa el ingreso total del capital coste del recargo del 30% de las prestaciones derivadas del accidente de trabajo. No obstante, sus pretensiones no pueden ser estimadas por cuanto el art. 230 de la LRJS a que se refiere dispone en su apartado 2º que a) Cuando en la sentencia se reconozca al beneficiario el derecho a percibir prestaciones, para que pueda recurrir el condenado al pago de dicha prestación será necesario que haya ingresado en la Tesorería General de la Seguridad Social el capital coste de la pensión o el importe de la prestación a la que haya sido condenado en el fallo, con objeto de abonarla a los beneficiarios durante la sustanciación del recurso, presentando en la oficina judicial el oportuno resguardo, que se testimoniará en autos, quedando bajo la custodia del secretario. El mismo ingreso deberá efectuar el declarado responsable del recargo por falta de medidas de seguridad, en cuanto al porcentaje que haya sido reconocido por primera vez en vía judicial y respecto de las pensiones causadas hasta ese momento, previa fijación por la Tesorería General de la Seguridad Social del capital coste o importe del recargo correspondiente", pero no estamos ante este supuesto pues la sentencia de instancia es desestimatoria y no se ha reconocido porcentaje por primera vez en vía judicial.
Y en relación a la revisión de hechos interesada por el letrado de la recurrente: En primer lugar, la recurrente solicita la modificación del hecho probado cuarto para que se haga constar el contenido que propone, al amparo de los folios 255 y 256.1 y 69 lo que debe ser desestimado pues pretende introducir conceptos que predeterminan el fallo de la sentencia.
En segundo lugar, la recurrente solicita la modificación del hecho probado décimo para que se haga constar el contenido que propone, al amparo de los folios 255 y 256.1 y 69 lo que debe ser desestimado pues conviene recordar al efecto la doctrina sentada por el Tribunal Supremo, por ejemplo en Sentencia de 16 de abril de 1984, según la cual, "las actas levantadas por la inspección de trabajo, aunque gozan de valor de presunción de "iuris tantum" en la vía administrativa, no tienen en el proceso laboral más valor que las demás pruebas admitidas en derecho, siendo en consecuencia ineficaces e insuficientes para demostrar el error de derecho - SS 14 junio 1967 y 14 y 17 enero 1975 -", doctrina reiterada en numerosas Sentencias del Alto Tribunal, como las de 24 de enero de 1.986, 3 de abril de 1.987, 27 de junio de 1.988, 12 de abril de 1.989, 23 de julio de 1.990, 23 de abril de 1.994 y 10 de julio de 1.995, y seguida por los Tribunales Superiores de Justicia, como los de Murcia en sentencia de 13 de junio de 1.996, del País Vasco en la de 5 de marzo de 1.998, de Madrid en la de 16 de julio de 1.997, de Cataluña en la de 5 de febrero de 1.999, de La Rioja en la de 27 de enero de 1.998, de Galicia en la de 2 de julio de 1.998, de Asturias en la de 15 de enero de
1.999 y este de Extremadura en las de 25 de septiembre de 1.996, 14 de mayo y 4 de septiembre de 1.994 y 9 y 10 de marzo de 1.998 .
Se alega como segundo motivo del recurso, de conformidad con lo dispuesto en el art. 193.c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la infracción del art. 123 de la Ley General de Seguridad Social aprobada mediante Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y la jurisprudencia asociada.
La recurrente considera que no se ha acreditado que concurra relación de causa-efecto entre la omisión de medidas de seguridad generales o particulares se seguridad e higiene en el trabajo y la enfermedad profesional, pues la inspección de trabajo no identifica infracción específica alguna que haya determinado la aparición de la enfermedad, ni cabe apreciar que las infracciones alegadas en el acta hayan tenido incidencia en la agravación de la enfermedad debido a que las materias empleadas fueran las determinantes del agravamiento de la enfermedad ya latente, estando basada la conclusión a la que se llega para imponer el recargo en meras presunciones, suposiciones y no en precisiones médicas o científicas., pues la enfermedad diagnosticada al actor la padece desde los 13-14 años. De los informes que sirven de base para la inspección no puede concluirse que, si bien el trabajador tuvo exposición laboral a diversos productos con posibilidad de actuar como desencadenantes del asma, provocaran o agravaran el tipo de asma que afectó la capacidad laboral del actor, no pudiendo establecerse de forma indubitada la relación de causalidad entre la exposición ocupacional de dicho trabajador y el referido asma ocupacional por isociatanos, elementos químicos que no constan en los materiales que empleaba el trabajador. Existen 7 años desde el inicio de los trabajos y los primeros síntomas de la enfermedad, no siendo hasta 2007 cuando sufre el actor el primer accidente grave, momento en el que al actor se le limita el contacto con determinados productos. No podemos descartar en este caso otras posibilidades en cuanto a que el asma latente se viniera afectada por otros motivos o causas ajenas en su trabajo. Por las razones expuestas, considera que es improcedente la imposición del recargo a la empresa.
El letrado de ASEPEYO MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 151 invoca la excepción de falta de legitimación pasiva, entendiendo que la responsabilidad que se discute no puede alcanzar a la misma.
Sobre la cuestión planteada, debemos empezar transcribiendo la reciente doctrina del Tribunal Supremo contenida en la sentencia de 12 de junio de 2013 Rec. 793-12 que viene a proclamar que "conviene, ante todo, recordar la doctrina sentada por esta Sala sobre la materia en sus recientes sentencias de 12 de julio de 2007 (R. 938/2006 ) y 26 de mayo de 2009 (R. 2304/2008 ) entre otras. en la primera de ella se dice: " El artículo 123.1 de la Ley General de Seguridad Social preceptúa que procederá la responsabilidad empresarial en el recargo de prestaciones de seguridad social "cuando la lesión se produzca por máquinas, artefactos e instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los dispositivos de precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad e higiene en el trabajo o las elementales de salubridad o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador".".
"Este mismo concepto de responsabilidad por "el incumplimiento de los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales" se reafirma en el artículo 42 de la ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), cuyo ordinal 3 se refiere específicamente al recargo de prestaciones . Especifica también la misma ley en su artículo 14.2, que "en cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo...". En el apartado 4 del artículo 15 señala "que la efectividad de las medidas preventivas deberá prever (incluso) las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador". Finalmente, el artículo 17.1 establece "que el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo que debe realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores".".
"Además es de significar, que el mandato constitucional, contenido en el artículo 40.2 de la Constitución
, obliga a los poderes públicos a velar por la seguridad e higiene en el trabajo; y que las Directivas europeas relativas a la aplicación de las medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores, entre las que se encuentra, como más significativa la 89/391 CEE, así como los compromisos internacionales del Estado Español, figuran en el preámbulo de la repetida ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales como factores determinantes para la publicación de dicha ley cuyo objeto (art. 5 ) es "la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo dirigido a elevar el nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo".".
"A la luz de estos preceptos reiterada doctrina jurisprudencial ( por todas STS de 2 de octubre de 2000 ) viene exigiendo como requisito determinante de la responsabilidad empresarial en el accidente de trabajo los siguientes: a) que la empresa haya cometida alguna infracción consistente en el incumplimiento de alguna medida de seguridad general o especial, añadiendo que no siendo posible que el legislador concrete la variadísima gama de los mecanismos ante la imposibilidad de seguir el ritmo de creación de nuevas maquinarias, bastará que se violen las normas genéricas o deudas de seguridad, en el sentido de falta de diligencia de un prudente empleado ( STS 26 de marzo de 1999 ), b) que se acredite la causación de un daño efectivo en la persona del trabajador, y c) que exista una relación de causalidad entre la infracción y el resultado dañoso; conexión que puede romperse cuando la infracción es imputable al propio interesado ( STS 6 de mayo de 1998 ) ."
"(...) Como ha afirmado esta Sala en la sentencia de 8 de octubre de 2001 (Rec. 4403/2000 ) del juego de los preceptos antes descritos: artículos 14.2, 15.4 y 17.1 L.P.R.L . "se deduce, como también concluye la doctrina científica, que el deber de protección del empresario es incondicionado y, prácticamente, ilimitado. Deben adoptarse las medidas de protección que sean necesarias, cualesquiera que ellas fueran. Y esta protección se dispensa aún en los supuestos de imprudencia no temeraria del trabajador. No quiere ello decir que el mero acaecimiento del accidente implique necesariamente violación de medidas de seguridad, pero sí que las vulneraciones de los mandatos reglamentarios de seguridad han de implicar en todo caso aquella consecuencia, cuando el resultado lesivo se origine a causa de dichas infracciones".".
A ello debe añadirse que el empresario no incurre en responsabilidad alguna cuando el resultado lesivo se hubiese producido por fuerza mayor o caso fortuito, por negligencia exclusiva no previsible del propio trabajador o por culpa exclusiva de terceros no evitable por el empresario [argumentando los Arts.1.105 del CC (LA LEY 1/1889) y 15.4 de la LPRL ], pero en todos estos casos es al empresario a quien le corresponde acreditar la concurrencia de esa posible causa de exoneración, en tanto que él es el titular de la deuda de seguridad y habida cuenta de los términos cuasiobjetivos en que la misma está concebida legalmente. También procede añadir en cuanto a la relación de causalidad que la obligada consecuencia de que la carga de la prueba sobre tal causalidad corresponde al accidentado o causahabientes ( SSTSJ Madrid 12/02/92 AS 993 y Extremadura 03/09/93 AS 4081), de manera que el desconocimiento de las circunstancias en que se produjo el accidente determina que la sola presencia de infracción de medida de seguridad no da lugar a la imposición del recargo ( SSTSJ Castilla y León/Burgos 05/07/91 AS 4362, Madrid 12/02/92 AS 993 y Extremadura 03/09/
93 AS 4081).
En el caso de autos, la recurrente no niega que ha incumplido las medidas de seguridad que se le imputan, ni la existencia de la enfermedad profesional, sino que considera que no existe relación de causaefecto entre los incumplimientos imputados a la misma y la enfermedad profesional detectada al trabajador. Estos razonamientos no pueden ser compartidos por esta Sala. La sentencia de instancia considera probado que el actor trabajaba como pintor vinculado a la demandada desde mayo de 2000 y que en el desarrollo de la actividad de la empresa, empleaba pinturas plásticas y barnices acrílicos o sintéticos para interior y exterior, tintes en el agua y disolvente, pinturas epoxi para suelos de garaje, lacas, tapa poros nitro y esmaltes, que se aplicaban mediante pistola de pintura, rodillos o brochas. Concretamente la actividad del actor consistía en pintados y acabados de fachadas exteriores, paredes y techos interiores, pintado de barandas metálicas, pintado y tratamiento de suelos de garaje, tratamiento de suelos de madera y muebles. En el año 2000/2001, el actor inició sintomatología compatible con asma sobre todo relacionada con el trabajo cuando se exponía a resinas y cuando pintaba con pistola. Los síntomas eran precoces pero retardados y parece que podrían mejorar en períodos vacacionales.
A partir de mediados de 2006, los síntomas empeoraron condicionando que el actor tuviera que acudir a urgencias. En 2007 se hallaba realizando tareas de pintor consistentes en la aplicación de pistola con barniz tapa-poros y laca sintética de acabado cuando empezó a encontrarse mal, se mareó y acabó perdiendo la consciencia. En junio de 2008, fue diagnosticado de asma ocupacional por isocianatos. No consta planificación de la actividad preventiva en la empresa entre mayo de 2001 hasta el 2009. Tampoco consta que la empresa proporcionara al actor formación e información preventiva, ni practicó reconocimiento médico laboral al mismo ni recabó su renuncia; tampoco consta la investigación interna de la enfermedad profesional ni la realización de estudios de higiene industrial de agentes químicos peligrosos realizados, ni la adopción de medidas técnicas y organizativas adoptadas en relación a los riesgos derivados de la presencia y uso de agentes químicos peligrosos. Tampoco consta la elaboración de fichas de los agentes químicos peligrosos utilizados. La sentencia da por probado que hubo infracción de los arts. 14, 15, 16, 22 y 25 de la Ley de prevención de riesgos laborales, de lo que se infiere la existencia del primer requisito del recargo, lo que no cuestiona la recurrente. En segundo lugar, consta que por resolución del INSS se declaró el carácter profesional de la incapacidad temporal padecida por el actor entre el 25-6-08 y el 12-2-09 y que el INSS en fecha 13-2-09 le reconoció una incapacidad permanente para su profesión habitual por enfermedad profesional por padecer asma ocupacional. La recurrente alega que en el acta de inspección no identifica infracción específica alguna que haya determinado la aparición de la enfermedad ni se acredita de forma indubitada la relación de causalidad entre la exposición ocupacional de dicho trabajador y el referido asma ocupacional por isociatanos, elementos químicos que no constan en los materiales que empleaba el trabajador; lo que no puede ser compartido por esta Sala pues el diagnóstico del actor fue asma ocupacional por isocianatos, y si bien es cierto que en el acta de inspección se hace constar que el informe técnico sobre higiene industrial del CSSL de Girona de fecha 22 de febrero de 2011 se concluye que no se ha identificado la presencia de isocianatos en la composición de los diferentes productos químicos utilizados" ello se refiere sólo a los trabajos de pintura", añadiéndose en dicho informe que "no se puede descartar que la exposición ambiental a los diferentes agentes químicos a que estaba expuesto el mencionado trabajador durante los años en que desarrolló su actividad para la empresa, pueda haber causado daño a su salud", desprendiéndose de los hechos probados que además de la actividad de pintura, la empresa realiza tratamiento de suelos de garaje, de suelos de madera y muebles, y que emplea lacas y esmaltas, sin que se haya acreditado la ausencia de isociatanos en su composición. No podemos entender acreditado la existencia de otras posibilidades en cuanto a que el asma latente se viniera afectada por otros motivos o causas ajenas en su trabajo.
En base a lo anterior, podemos entender acreditado la existencia de relación de causalidad entre la enfermedad profesional padecida por el actor y los incumplimientos en materia preventiva imputados a la empresa, que de haber sido observados hubieran evitado a buen seguro el resultado producido, pues consta en los informes médicos obrantes en autos que desde que el paciente ha dejado la exposición se ha objetivado una franca mejoría clínica (folio 260). Respecto a la excepción de falta de legitimación pasiva invocada por la Mutua, debe ser estimada por cuanto ha sido absuelta en la sentencia de instancia, cuyo criterio hemos de confirmar.
Por lo expuesto, no podemos sino desestimar el recurso interpuesto confirmando la sentencia de instancia.
VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación.
Que desestimando el recurso de suplicación interpuesto por el letrado de GUIU PINTURES I DECORACIÓ S.L. contra la sentencia del juzgado social 1 de GIRONA, autos 658/2012, de fecha 5 de diciembre de 2013, seguidos a instancia de la recurrente contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, la MUTUA ASEPEYO y Carlos Manuel
, debemos de confirmar y confirmamos la citada resolución en todos sus pronunciamientos. Estimamos la excepción de falta de legitimación pasiva invocada por la Mutua. Se condena al recurrente al pago de las costas causadas en el presente recurso en la cuantía de 450 euros, comprenderán los honorarios del abogado o del graduado social colegiado de la parte contraria que hubiera actuado en el recurso en defensa o en representación técnica de la parte, así como a la pérdida del depósito constituido para recurrir; debiendo darse a las cantidades consignadas el destino legal.
Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 229 del Texto Procesal Laboral, todo el que sin tener la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social o no goce del beneficio de justicia gratuita o no se encuentre excluido por el art. 229.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, consignará como depósito, al preparar el Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina, la cantidad de 600 euros en la cuenta de consignaciones que tiene abierta esta Sala, en BANCO SANTANDER, Oficina núm. 2015, sita en Ronda de Sant Pere, nº 47, Nº 0965 0000 66, añadiendo a continuación los números indicativos del recurso en este Tribunal.
La consignación del importe de la condena, cuando así proceda, se realizará de conformidad con lo dispuesto en el art. 230 la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y se efectuará en la cuenta que esta Sala tiene abierta en BANCO SANTANDER (oficina indicada en el párrafo anterior), Nº 0965 0000 80, añadiendo a continuación los números indicativos del Recurso en este Tribunal, y debiendo acreditar el haberlo efectuado, al tiempo de preparar el recurso en esta Secretaría.
Auto nº 172/2016 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 14 de Enero de 2016