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Timestamp: 2019-03-23 15:20:17
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Matched Legal Cases: ['artículo 13', 'artículo 161', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 13', 'artículo 75']

﻿ Auto 2013-00581 de octubre 29 de 2014
AUTO 2013-00581 DE 29 DE OCTUBRE DE 2014
CONTENIDO:CONCILIACIÓN TRIBUTARIA – CUOTA DE CONTROL FISCAL. PARA DISCUTIR ASUNTOS TRIBUTARIOS SE DEBE ACUDIR DIRECTAMENTE A LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA SIN AGOTAR PREVIAMENTE LA CONCILIACIÓN, PUES NO ES UN REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD EN ESTOS CASOS. POR TANTO, LA CUOTA DE CONTROL FISCAL QUE FIJA LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE NATURALEZA TRIBUTARIA, ENTONCES, NO ES CONCILIABLE.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PROCESO ADMINISTRATIVO, CONTROL FISCAL, CONTRALORÍA DELEGADA SECTORIAL, AUTO, CONCILIACIÓN EN PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO, REQUISITOS DE PROCEDENCIA
Auto 2013-00581 de octubre 29 de 2014
Rad. 05001-23-33-000-2013-00581-01 [20483]
En este caso, la discusión planteada se concreta en determinar: i) si la cuota de vigilancia fiscal es un asunto tributario y ii) si la solicitud de conciliación prejudicial en temas de naturaleza tributaria suspende el término legal para promover el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Según el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009(9), cuando se pretenda demandar ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo asuntos que son conciliables es necesario cumplir con la solicitud de conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, reparación directa y de controversias contractuales.
— (...)” (Destacado fuera de texto).
Igualmente, el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA en el artículo 161 dispuso:
Para el caso del tema en discusión, esto es la determinación de la cuota de control fiscal por parte de la Contraloría General de la República, se observa que la Ley 106 de 1993, en el artículo 4º dispuso:
“ART. 4º—Autonomía presupuestal: la Contraloría General de la República tendrá autonomía para el manejo, administración y fijación de su presupuesto, en concordancia con la ley orgánica de presupuesto.
El valor total del recaudo por este concepto no podrá superar por ningún motivo el valor total de los gastos de funcionamiento de la Contraloría General de la República”. (Destacado fuera de texto)
La Corte Constitucional en Sentencia C-1148 del 31 de octubre de 2001, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, declaró exequible esa norma y respecto a la naturaleza de la cuota de control fiscal consideró:
“(...) la tarifa de control fiscal no está enmarcada dentro de los conceptos de tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les proporcionen (inc. 2 del art. 338 de la Constitución), sino que corresponde a un tributó especial, derivado de la facultad impositiva del Estado (arts. 150, num. 12, y 338 de la Carta). Y que es fijada a las entidades de la administración y a los particulares o entidades que manejen bienes o fondos de la Nación (art. 267, inc. 1º de la Carta)”. (Destacado fuera de texto)
Teniendo en cuenta lo anterior, la cuota de control fiscal fijada por la Contraloría General de la República tiene naturaleza tributaria, por lo tanto, no es conciliable. Así que los puntos que según la demandante podrían ser susceptibles de transacción o conciliación, tales como la base sobre la que se determina la cuota o si debe suspenderse el cobro mientras se decide de fondo el proceso promovido contra el acto que estableció que la Corporación Interuniversitaria de Servicios - CIS es sujeto de control no son conciliables.
Se concluye que cuando se pretenda atacar el acto administrativo que determine a una entidad como sujeto de control de la Contraloría General de la República o que fije la cuota de control fiscal no es necesario agotar el trámite de conciliación previo a acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
“ART. 21.—Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2º de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable”. (Destacado fuera de texto)
En todo caso, junto con la constancia se devolverán los documentos aportados por los interesados. Los funcionarios públicos facultados para conciliar conservarán las copias de las constancias que expidan y los conciliadores de los centros de conciliación deberán remitirlas al centro de conciliación para su archivo”. (Negrilla y subrayado de la Sala)
Para la Sala, es claro que de la lectura integral de los artículos 2º [3] y 21 de la Ley 640 de 2001 se entiende que el legislador contempló la posibilidad de que el término de caducidad o de prescripción se suspenda cuando se presenta una solicitud de conciliación extrajudicial frente a un asunto no conciliable.
(...)”. (Destacado fuera de texto)
De las anteriores normas se infiere que el término de caducidad de la acción se suspende en aquellos conflictos no susceptibles de conciliación, como los tributarios, y que corresponde a los procuradores ante quienes se presente una solicitud de conciliación en un caso tributario expedir, dentro de los 10 días calendarios siguientes, constancia de que no es un tema conciliable.
En el sub examine se observa que los actos demandados son: i) la Resolución 2012-421-001357-4 del 28 de junio de 2012(13), por la cual la Contraloría General de Antioquia fijó el valor definitivo de la cuota de vigilancia fiscal para la vigencia de 2012 y ii) la Resolución 2012-421-001541-4 de 30 de julio de 2012 que resolvió no reponer la resolución recurrida y no conceder el recurso de apelación.
Como se explicó en párrafos anteriores, la cuota de control fiscal es un asunto de naturaleza tributaria, razón suficiente para que el acto administrativo que la determine pueda demandarse directamente ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Para este caso se observa que la Resolución 2012-421-001541-4 de 30 de julio de 2012, con la que se agotó la vía gubernativa, se notificó por correo, recibido por la Corporación Interuniversitaria de Servicios - CIS el 18 de octubre de 2012(14).
Significa que el término de caducidad en el caso concreto comenzó a contabilizarse a partir del día siguiente al de la notificación personal, es decir, el 19 de octubre de 2012 y, en principio, vencía el 19 de febrero del 2013. La demanda se radicó el 5 de abril de 2013.
Empero, es necesario referirse a la suspensión del término de caducidad para determinar si en el sub examine la demanda se presentó oportunamente. Sobre la suspensión de ese plazo cuando a pesar de ser asuntos no susceptibles de conciliación se solicita conciliación prejudicial, la Sección Primera de esta corporación en auto de 4 de octubre de 2012(15) consideró:
En concordancia con la norma citada, el artículo 2º de dicha ley, igualmente transcrito, prevé en su numeral 3º, que “Cuando se presente una solicitud para la celebración de una audiencia de conciliación, y el asunto de que se trate no sea conciliable de conformidad con la ley. En este evento la constancia deberá expedirse dentro de los 10 días calendario siguientes a la presentación de la solicitud”. (Las negrillas y subrayas no son del texto original).
Dicho en otras palabras, cuando se presenta una solicitud de conciliación prejudicial y el asunto no es conciliable, como ocurre en este caso, por tratarse de actos relativos a la definición de la situación jurídica de la mercancía, dicha solicitud solo suspende el término de caducidad hasta el día en que se expide la certificación de que trata el numeral 3º del artículo 2º de la Ley 640 de 2001” (Negrillas y subrayado de la providencia transcrita).
En tales circunstancias, mal podría atribuírsele a la demandante el vencimiento del término de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, por haber interpuesto la demanda por fuera del mismo, si se tiene en cuenta que en el caso concreto, el vencimiento de dicho término durante el trámite del requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial, se produjo por la desatención del ente conciliador a la normativa pertinente (art. 2º, núm. 3º, L. 640/2001), no por culpa de la actora, menos aún si, como quedó visto, esta presentó la solicitud correspondiente el 28 de febrero de 2011 y la oportunidad legal para presentar la demanda se extendía hasta el 3 de marzo del mismo año.
A este respecto, no sobra señalar que, si la entidad conciliadora hubiese expedido la certificación correspondiente a los asuntos no conciliables, dentro de los diez (10) días calendario, siguientes a la solicitud de la conciliación prejudicial, conforme lo ordena la norma mencionada en el párrafo precedente, la parte actora habría tenido a su disposición término suficiente para interponer la demanda en forma oportuna”. (Destacado fuera del texto)
De la revisión del expediente se observa que, el 4 de febrero de 2013, la demandante, previo al vencimiento del término para instaurar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, inició trámite conciliatorio ante la procuraduría 169 judicial I para asuntos administrativos de Medellín, entidad que, en lugar de expedir la correspondiente constancia dentro de los 10 días siguientes, fijó como fecha para celebrar audiencia de conciliación el 21 de marzo de 2013.
De la lectura del acta que se levantó el 21 de marzo de 2013, se observa que la parte convocante —Corporación Interuniversitaria de Servicios - CIS— solicitó dejar sin efectos los actos que determinaron el valor de la cuota de control fiscal para el 2012. Por su parte, las convocadas —departamento de Antioquia y Contraloría General de Antioquia— no presentaron fórmula conciliatoria. En consecuencia, la convocante solicitó el desglose de los documentos y la expedición del acta respectiva para continuar con la vía judicial. En esos términos el funcionario del Ministerio Público declaró fracasada la audiencia(16).
Se advierte de lo anterior, que la determinación de la cuota de control fiscal es un asunto tributario, la Procuraduría no emitió la respectiva constancia dentro del término exigido en el numeral 3º del artículo 2º de la Ley 640 de 2001, sino que convocó a las partes a audiencia de conciliación, precisamente porque no advirtió que se tratara de un asunto tributario.
Empero, como el Ministerio Público incurrió en varios errores, estos son: (i) no considerar la determinación de la cuota de control fiscal como un asunto tributario, ii) no expedir la respectiva constancia dentro del término legal y iii) citar a las partes para audiencia de conciliación; estos errores no deben afectar el derecho de acceso a la administración de justicia pues se le impediría al interesado demandar oportunamente ante esta jurisdicción.
Si la Procuraduría hubiera expedido dentro del término legal la correspondiente constancia de que la discusión planteada versaba sobre un tema tributario no susceptible de conciliación, la corporación actora hubiera interpuesto en tiempo la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, pero no lo hizo por causas atribuibles al ente conciliador.
En consecuencia, debe entenderse suspendido el término de caducidad mientras se tramitó la solicitud de conciliación prejudicial, esto es desde el 4 de febrero hasta el 21 de marzo de 2013, un total de 47 días. Entonces como para el día en que se acudió a la procuraduría faltaban 15 días para que se venciera el plazo para demandar, ese término continuó corriendo a partir del 22 de marzo de 2013 y venció el 5 de abril de 2013.
La Corporación Interuniversitaria de Servicios - CIS radicó la demanda el 5 de abril de 2013(17), es decir, en tiempo, razón por la cual prospera el recurso interpuesto y, en consecuencia, se revocará el auto de 15 de mayo de 2013 para en su lugar, ordenarle al a quo que provea sobre la admisión de la demanda, para lo cual deberá verificar los demás presupuestos de procedibilidad de la acción.
1. DECLÁRASE fundado el impedimento manifestado por el doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez. En consecuencia, sepárasele del conocimiento del presente asunto.
2. REVÓCASE el auto de 15 de mayo de 2013, proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, objeto de apelación, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En su lugar ese tribunal deberá:
(9) Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la administración de justicia.
(10) Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del capítulo V de la Ley 640 de 2001.
(11) Sobre el tema ver autos de 26 de noviembre de 2009, Rad. 17800, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y de 2 de septiembre de 2010, Rad. 18217, M.P. William Giraldo Giraldo.
(13) Folios 70-72.
(14) Folio 85.
(15) Exp. 05001-23-31-000-2011-01246-01, actor: Máquinas Dalca Ltda., M.P. María Elizabeth García González.
(16) Folio 114 y vto.
(17) A folio 28 se observa el sello de recibido del Tribunal Administrativo de Antioquia.