Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/auto-2013-00336-de-marzo-10-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_f6afa945030a02a2e0430a01015102a2&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-11-15 13:06:20
Document Index: 414246707

Matched Legal Cases: ['artículo 13', 'artículo 37', 'artículo 134', 'artículo 128', 'artículo 134', 'artículo 5', 'artículo 18', 'artículo 148', 'artículo 3', 'artículo 18', 'artículo 2']

﻿ Auto 2013-00336 de marzo 10 de 2014
AUTO 2013-00336 DE 10 DE MARZO DE 2014
CONTENIDO:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO CONTRA ACTO DE CARÁCTER GENERAL. PRESENTAR UNA DEMANDA DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DIRIGIDA CONTRA UN ACTO DE CARÁCTER GENERAL Y ABSTRACTO, ES POSIBLE SIEMPRE Y CUANDO LA DEMANDA SE INTERPONGA DENTRO DE LOS 4 MESES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DEL ACTO QUE SE DEMANDA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD, ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, ACTO ADMINISTRATIVO GENERAL, VOTO EN BLANCO, CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Auto 2013-00336 de marzo 10 de 2014
Radicación: 110010324000-2013-00336-00
Actor: Miguel Ignacio Martínez
Bogotá, D.C., diez de marzo de dos mil catorce.
El despacho observa que la demanda versa sobre la nulidad de la Resolución 920 de 2011 por medio de la cual el Consejo Nacional Electoral reguló “la promoción del voto en blanco”, conjuntamente al restablecimiento del derecho que expresamente solicita el demandante consistente en que se condene al Consejo Nacional Electoral “a pagar todos los gastos de campaña para la promoción del voto en blanco”. De igual forma, pide que sean pagados los daños que, a su parecer, le ocasionó el acto que acusa al vulnerarle sus derechos a participar en política, elegir y ser elegido. Consecuente con esta clase de acción, el demandante, en un acápite especial de la demanda, procedió a establecer la cuantía de los perjuicios materiales y morales en un monto de 100 SMLMV.
A partir con lo anterior, contrario a lo que considera el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito de Santa Marta, es claro para el despacho que el señor Miguel Ignacio Martínez no solicita únicamente que se decrete la nulidad del acto acusado, sino también que se le restablezcan sus derechos, a su juicio vulnerados por la Resolución 920 de 2011 y, en consecuencia, que se condene a la entidad demandada al pago de una de perjuicios materiales y morales.
Esto es, se trata de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que se dirige contra un acto de carácter general y abstracto, lo cual, de acuerdo con reiterada jurisprudencia de esta corporación, es posible siempre y cuando la demanda se interponga dentro de los 4 meses siguientes a la publicación del acto que se demanda, situación que acaece en el presente caso.
Ratifica que la intención expresa del demandante es la de ejercer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho el hecho de que el señor Martínez Olano, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, en concordancia con el artículo 37 de la Ley 640 de 2011, a fin de agotar el requisito de procedibilidad para acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, adelantó la conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación.
Entonces, de acuerdo con el numeral 3º del artículo 134b del Código Contencioso Administrativo(2), que, valga aclarar, era la norma que se encontraba vigente al momento de interposición de la presente demanda y que por lo tanto es la que aquí aplica, el competente para conocer del presente proceso es el juez administrativo, puesto que el acto acusado fue expedido por autoridad del orden nacional (el Consejo Nacional Electoral) y habida cuenta de que el monto de las pretensiones es inferior a los 300 salarios mínimos legales mensuales.
Es decir, el acto que se acusa emana de una autoridad del orden nacional, pero no estamos frente a una demanda sin cuantía, puesto que el demandante hace reclamo de condena indemnizatoria. Por el contrario, si la demanda no tuviere cuantía, el conocimiento y decisión correspondería al Consejo de Estado en única instancia según las voces del numeral 2º del artículo 128 del Código Contencioso Administrativo.
En consecuencia, el proceso debe ser remitido a los juzgados administrativos, pero de Bogotá, pues la Resolución 920 del 18 de agosto de 2011 que se demanda se expidió en esa ciudad y el Consejo Nacional Electoral no tiene oficinas en el domicilio del demandante, esto es, la ciudad de Santa Marta. En estos términos lo preceptúa el literal b del artículo 134D del Código Contencioso Administrativo.
Ahora bien, como quiera que los juzgados administrativos del Circuito de Bogotá están organizados por secciones de la misma manera como se integra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca(3), de acuerdo con el artículo 5º del Acuerdo No. PSAA-3501 de 2006, en concordancia con el artículo 18 del Decreto 2288 de 1989(4), el expediente se enviará a los juzgados administrativos de la Sección Primera, que conocen de los asuntos de carácter electoral.
Aunado a lo anterior, el despacho considera necesario poner de presente que, de acuerdo con lo que prevé el inciso tercero del artículo 148 del Código de Procedimiento Civil, el juez a quien se envía este proceso no puede declararse incompetente, pues la remisión la efectúa su superior funcional.
REMÍTASE por competencia el proceso de la referencia a los juzgados administrativos del Circuito de Bogotá - Sección Primera - Oficina de reparto, previas las anotaciones que sean del caso.
(2) ART. 134B.—Competencia de los jueces administrativos en primera instancia.
7. De los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía no exceda de trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales (resaltado fuera de texto).
(3) Acuerdo PSAA-3501 de 2006 “ART. QUINTO.—En los juzgados administrativos del Circuito Judicial de Bogotá, en desarrollo de lo establecido en los artículos 1º y 2º del Decreto 1382 de 2000, artículo 3º de la Ley 393 de 1997 y de los artículos 16 y 51 de la Ley 472 de 1998, en concordancia con el artículo 18 del Decreto 2288 de 1989 y el artículo 2º del Acuerdo 3345 de 2006, el reparto se someterá a los siguientes lineamientos:
5.1. Para los asuntos que deben asignarse a cada uno de los grupos de juzgados, según la correspondencia que entre ellos existe en las secciones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el reparto se hará en forma equitativa y al azar, teniendo en cuenta el número que identifica a cada despacho.
(4) “ART. 18.—Atribuciones de las secciones. Las Secciones tendrán las siguientes funciones:
2. Los electorales de competencia del tribunal (resaltado fuera de texto).