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Timestamp: 2018-02-17 21:24:29
Document Index: 260209570

Matched Legal Cases: ['artículo 10', 'artículo 27', 'artículo 1', 'artículo 53', 'artículo 137', 'artículo 47', 'artículo 35', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'artículo 2', 'Artículo 5', 'artículo 4', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'artículo 5', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'artículo 4', 'artículo 138', 'artículo 5', 'artículo 139', 'artículo 3', 'artículo 4']

Ley 9/2013, de 23 de diciembre, sobre el uso de los símbolos institucionales de las Illes Balears - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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LEY 9/2013, DE 23 DE DICIEMBRE, SOBRE EL USO DE LOS SÍMBOLOS INSTITUCIONALES DE LAS ILLES BALEARS (BOIB DEL 31)
Art. 2. Símbolos oficiales de las Illes Balears
Art. 3. La bandera de las Illes Balears
Art. 4. Uso de los símbolos en los inmuebles o muebles afectos a los servicios públicos de la comunidad autónoma de las Illes Balears
Art. 5. Responsable de adoptar las medidas adecuadas para el cese del uso no permitido
Art. 6. Potestad sancionadora
Art. 7. Infracciones leves
Art. 8. Infracción grave
Art. 9. Infracción muy grave
Art. 10. Sanción por infracción leve
Art. 11. Sanción por infracción grave
Art. 12. Sanción por infracción muy grave
Art. 13. Concurrencia de actuaciones con el orden jurisdiccional penal
Art. 14. Graduación de las sanciones
Art. 16. Prescripción de las infracciones y sanciones
Art. 17. Procedimiento sancionador y régimen disciplinario
Con esta ley lo que se pretende precisamente es objetivar el uso de los símbolos en los muebles o inmuebles afectos a servicios públicos de la comunidad autónoma para garantizar este desarrollo pleno de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a las libertades fundamentales, sin interferencias ideológicas de ningún tipo. Así, el artículo 10.1 de la Constitución Española, que pertenece al título I "De los derechos y deberes fundamentales", dispone que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y la paz social.
El artículo 27, que está encuadrado en la sección 2ª de este título I que se titula "De los derechos fundamentales y de las libertades públicas", reconoce, entre otros derechos, la libertad de enseñanza, libertad que no se ve afectada por la regulación contenida en la ley. Si bien también dispone que la educación tendrá como objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a las libertades fundamentales. Respecto a la infancia, es suficiente recordar que la Declaración de los derechos del niño, aprobada en 1959 por la ONU, dispone claramente que el interés superior del niño debe ser el principio rector de todos los que tienen la responsabilidad de su educación y orientación (principio séptimo de la Declaración).
La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto básico del empleado público, aplicable a todos los empleados de las administraciones públicas del territorio español, establece en su artículo 1.3.e), como fundamento de actuación de todos los empleados públicos, la objetividad, la profesionalidad y la imparcialidad en el servicio. Por su parte, el artículo 53 de la Ley 7/2007 dispone que la actuación de los empleados públicos debe perseguir la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos y se debe fundamentar en consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otros que puedan topar con este principio.
Así, en el ámbito de la ocupación pública, el artículo 137.i) de la Ley 3/2007 dispone que es una falta muy grave para el personal al servicio de las administraciones públicas la violación de la neutralidad o la independencia políticas haciendo valer su condición de personal funcionario. El artículo 47 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears atribuye al Gobierno de las Illes Balears la iniciativa de la potestad legislativa, al igual que el artículo 35 de la Ley 4/2001, de 14 de marzo, del Gobierno de las Illes Balears.
Así pues, visto todo lo expuesto, con la finalidad de conseguir una mayor seguridad jurídica en la materia, de evitar confusiones a los ciudadanos y de respetar sus derechos, como es el de recibir cualquier servicio público en condiciones de total imparcialidad, en estos momentos se considera también conveniente aclarar, mediante una norma, cuáles son los símbolos que se pueden utilizar en los inmuebles o muebles afectos a servicios públicos propios de la comunidad autónoma de las Illes Balears. La determinación de cuáles son los símbolos oficiales y la regulación de la forma en que deben utilizarse es fundamental para que cumplan la función representativa y de integración simbólica que les corresponden. No se trata de impedir la libertad de expresión, sino de que ésta no se desarrolle en espacios que, per se, no deben tener ninguna connotación ideológica. En el caso de los empleados públicos, además, es necesario que la neutralidad y la lealtad institucional sean una garantía para todos los ciudadanos destinatarios de los servicios públicos, y que estos ciudadanos, adultos o niños, no puedan ser utilizados -directa o indirectamente- como vehículo de transmisión de ideas personales de los empleados que prestan sus servicios. El desempeño de sus funciones debe estar presidido por la neutralidad y la objetividad, porque de no ser así no habría servicio público. Es esencial al mismo la neutralidad y la objetividad que conforman su íntima naturaleza.
Artículo 1. Ámbito de aplicación.—El ámbito de aplicación de esta ley es el territorio de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
Artículo 2. Símbolos oficiales de las Illes Balears.—Se consideran símbolos oficiales de las Illes Balears:
b) Las banderas, los días de celebración y los símbolos distintivos propios de cada isla acordada por el consejo insular respectivo.
Artículo 3. La bandera de las Illes Balears.—La bandera de las Illes Balears debe ondear junto a la bandera de España y ocupar un lugar preferente inmediatamente después de ésta, en el exterior de todos los edificios públicos civiles situados en el territorio de la comunidad autónoma de las Illes Balears. En los mismos términos, la bandera de las Illes Balears se mostrará junto a la bandera de España cuando ésta se utilice en el interior de los edificios civiles públicos situados en el mencionado territorio.
Artículo 4. Uso de los símbolos en los inmuebles o muebles afectos a los servicios públicos de la comunidad autónoma de las Illes Balears.—1. En los bienes inmuebles o muebles afectos a los servicios públicos propios de la comunidad autónoma de las Illes Balears sólo se permite utilizar o colocar la bandera de la Unión Europea y el resto de símbolos oficiales de la Unión Europea; la bandera de España, el escudo de España y otros símbolos oficiales del Estado español; y los símbolos oficiales propios de las Illes Balears que se describen en el artículo 2 de esta ley.
Artículo 5. Responsable de adoptar las medidas adecuadas para el cese del uso no permitido.—1. La persona que por su cargo ocupe el lugar de más responsabilidad en los inmuebles o muebles a los que se refiere el artículo anterior debe adoptar las medidas adecuadas a fin de que cese de manera inmediata el uso no permitido o no autorizado por esta ley, así como para que se disponga de la placa identificativa que exige el artículo 4.4 de esta ley.
Artículo 6. Potestad sancionadora.—1. La potestad sancionadora corresponde a la consejería a la que esté afecto el servicio público que se presta en el bien mueble o inmueble en el que se haya cometido la presunta infracción. En caso de que no se pueda atribuir claramente a una consejería o que afecte a diversas, la potestad sancionadora corresponde a la consejería competente en materia de patrimonio.
Artículo 7. Infracciones leves.—Constituyen infracciones leves los incumplimientos de las obligaciones que recoge esta ley cuando no sean infracciones graves o muy graves. En particular, constituye infracción leve:
Artículo 8. Infracción grave.—Constituye una infracción grave no adoptar las medidas adecuadas a fin de que cese de manera inmediata el uso no permitido o no autorizado de acuerdo con lo establecido en esta ley cuando se está obligado a hacerlo de acuerdo con lo que dispone el artículo 5 de esta ley.
Artículo 9. Infracción muy grave.—Constituye una infracción muy grave, con respecto a los bienes inmuebles o muebles afectos a servicios públicos de la comunidad autónoma de las Illes Balears, utilizar o colocar símbolos no permitidos o no autorizados de acuerdo con lo establecido en esta ley.
Artículo 10. Sanción por infracción leve.—Las infracciones leves son objeto de sanción de multa de 500,00 a 2.000,00 euros.
Artículo 11. Sanción por infracción grave.—Las infracciones graves son objeto de sanción de multa de 2.001,00 a 5.000,00 euros.
Artículo 12. Sanción por infracción muy grave.—Las infracciones muy graves son objeto de sanción de multa de 5.001,00 a 10.000,00 euros.
Artículo 13. Concurrencia de actuaciones con el orden jurisdiccional penal.—1. En los casos en que la conducta pueda ser constitutiva de delito, la administración pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente y se abstendrá de seguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme, se produzca el sobreseimiento o el archivo de las actuaciones o el ministerio fiscal retorne el expediente.
Artículo 14. Graduación de las sanciones.—Las sanciones previstas en esta ley se graduarán en consideración a las siguientes circunstancias:
Artículo 15. Responsabilidad.—Son responsables de las infracciones administrativas previstas en esta ley las personas físicas y jurídicas que lleven a cabo las infracciones tipificadas en los artículos anteriores. En concreto:
Artículo 16. Prescripción de las infracciones y sanciones.—1. Las infracciones previstas en esta ley prescriben en el plazo de seis meses las leves, de dos años las graves y de tres años las muy graves.
Artículo 17. Procedimiento sancionador y régimen disciplinario.—1. La imposición de sanciones en materia de esta ley se efectuará mediante un procedimiento administrativo, que se debe tramitar según lo dispuesto en el capítulo II del título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y la normativa autonómica aplicable.
Disposición adicional única.—Los símbolos identificativos de entidades o empresas con un concierto o sostenidas total o parcialmente con fondos públicos de la comunidad autónoma de las Illes Balears quedan autorizados a los efectos de lo que establece el artículo 4.3 de esta ley.
Disposición transitoria única.—Se sustituirán los símbolos o las placas que no se ajusten a lo establecido en esta ley en el plazo máximo de un año desde su entrada en vigor.
Disposición derogatoria única.—Quedan derogadas todas las disposiciones de rango igual o inferior que se opongan a esta ley, la contradigan o sean incompatibles con lo que dispone.
Disposición final primera.—1. Se añaden las letras o) y p) al artículo 138 de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la función pública de la comunidad autónoma de las Illes Balears, que tienen la siguiente redacción:
"o) La utilización o la colocación en los bienes inmuebles o muebles afectos a servicios públicos de la comunidad autónoma de las Illes Balears de símbolos no permitidos o no autorizados según lo que establece la Ley sobre el uso de los símbolos institucionales de las Illes Balears.
p) La no adopción de las medidas adecuadas para que cese de manera inmediata el uso no permitido o no autorizado según lo que establece la Ley sobre el uso de los símbolos institucionales de las Illes Balears cuando se está obligado a hacerlo según lo que dispone el artículo 5 de la misma ley." 2. Se añaden las letras f), g) y h) al artículo 139 de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la función pública de la comunidad autónoma de las Illes Balears, que tienen la siguiente redacción:
"f) La utilización en la bandera de las Illes Balears, en el escudo de la comunidad autónoma de las Illes Balears y en el resto de emblemas oficiales de las administraciones públicas de las Illes Balears de cualquier símbolo o siglas de partidos políticos, sindicatos, asociaciones o entidades privadas.
h) El incumplimiento, por parte de las personas que ocupen el puesto de más responsabilidad en los edificios civiles públicos o de las que las sustituyan en caso de ausencia, enfermedad u otro impedimento temporal, de lo que establecen los apartados 1, 2, 3 y 4 del artículo 3 de la Ley sobre el uso de los símbolos institucionales de las Illes Balears."
Disposición final segunda.—Se autoriza al Gobierno para que dicte las disposiciones necesarias para desarrollar y ejecutar esta ley y para regular el procedimiento de autorización al que se refiere el artículo 4 de esta ley.
Disposición final tercera.—Esta norma entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial de les Illes Balears.