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Timestamp: 2019-09-16 09:23:58
Document Index: 125904587

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'Artículo 8', 'Artículo 1', 'Artículo 4', 'Artículo 1', 'Artículo 4']

Ley Nº 24.123 Convenio para la Promoción y la Protección Recíproca de las Inversiones suscripto con la Unión Económica Belgo-Luxemburguesa. - Nacional - Códigos - Legislación - VLEX 41489135
Ley Nº 24.123 Convenio para la Promoción y la Protección Recíproca de las Inversiones suscripto con la Unión Económica Belgo-Luxemburguesa.
Apruébase el Convenio entre la República Argentina y la Unión Económica Belgo-Luxemburguesa para la Promoción y la Protección Recíproca de las Inversiones, suscripto en Bruselas (Reino de Bélgica), el 28 de junio de 1990, que consta de trece (13) artículos y un (1) acuerdo por notas reversales, cuya fotocopia autenticada en idioma español forma parte de la presente ley.
Comuníquese al Poder Ejecutivo.  ALBERTO R. PIERRI.  ORALDO BRITOS  Esther H. Pereyra Arandía de Pérez Pardo.  Edgardo Piuzzi.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO MIL NOVECIENTOS NOVETA Y DOS.
CONVENIO ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA Y LA UNION ECONOMICA BELGO-LUXEMBURGUESA PARA LA PROMOCION Y LA PROTECCION RECIPROCA DE LAS INVERSIONES
EL GOBIERNO de la REPUBLICA ARGENTINA, y EL GOBIERNO del REINO DE BELGICA, actuando en su nombre y en el del Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo, conforme a acuerdos existentes, en adelante denominados "las Partes Contratantes",
El término "inversores" designa para cada una de las Partes Contratantes:
toda persona física que posea la nacionalidad de uno de los Estados Contratantes, conforme con su legislación en materia de nacionalidad;
toda persona jurídica constituida de conformidad con la legislación de uno de los Estados Contratantes y que tenga su sede social en el territorio de dicho Estado.
El término "inversiones" designa todo elemento del activo y todo aporte directo o indirecto en dinero, en especie o en servicios, invertido o reinvertido en cualquier sector de la actividad económica, siempre y cuando la inversión se haya realizado conforme a las leyes y reglamentaciones de la Parte Contratante en cuyo territorio la misma esté situada.
los bienes muebles e inmuebles, así como los derechos reales, tales como hipotecas, privilegios, prendas, usufructos y derechos análogos;
las acciones, cuotas societarias y toda otra forma de participación aun las minoritarias o indirectas, en las sociedades constituidas en el territorio de una de las Partes Contratantes;
los derechos de autor, los derechos de propiedad industrial (tales como las patentes de invención, licencias, marcas registradas, modelos y diseños industriales), los procedimientos técnicos, la transferencia de conocimientos tecnológicos, los nombres registrados y los fondos de comercio;
las concesiones de derecho público o contractuales, en particular las relativas a la prospección, cultivo, extracción y explotación de recursos naturales.
los títulos, obligaciones y acreencias relativos a los bienes y derechos mencionados y a las prestaciones correspondientes.
El término "territorio" designa el territorio nacional así como las zonas marítimas, es decir las zonas marinas y submarinas, en las cuales un Estado Contratante tiene soberanía, derechos soberanos o jurisdicción, conforme a sus leyes y al derecho internacional.
PROMOCION DE LAS INVERSIONES.
Cada una de las Partes Contratantes promoverá las inversiones en su territorio de inversores de la otra Parte Contratante y las admitirá de conformidad con su legislación.
En particular, cada Parte Contratante autorizará, de conformidad con su legislación, la conclusión y ejecución de contratos de licencia y convenios de asistencia comercial, administrativa o técnica, siempre que dichas actividades guarden relación con las inversiones.
PROTECCION DE LAS INVERSIONES.
Todas las inversiones, existentes y futuras, efectuadas por los inversores de una de las Partes Contratantes, gozarán de un tratamiento justo y equitativo en el territorio de la otra Parte Contratante.
Sin perjuicio de las medidas necesarias para el mantenimiento del orden público, las inversiones gozarán de una seguridad y protección permanentes, con exclusión de toda medida injustificada o discriminatoria que pudiera obstaculizar de hecho o de derecho, su gestión, mantenimiento, uso, goce o liquidación.
NACION MAS FAVORECIDA.
En todas las materias regidas por el presente Convenio, los inversores de cada Parte Contratante gozarán, en el territorio de la otra Parte, del tratamiento a la nación más favorecida. Este tratamiento no será en ningún caso menos favorable que el reconocido por el derecho internacional.
Sin embargo, este tratamiento no se extenderá a los privilegios que una Parte Contratante acuerde a los inversores de un tercer Estado, en virtud:
de su participación o de su asociación a una zona de libre comercio, una unión aduanera, un mercado común o toda otra forma de organización económica internacional;
de un Convenio tendiente a evitar la doble imposición fiscal o de todo otro convenio en materia impositiva.
MEDIDAS PRIVATIVAS Y RESTRICTIVAS DE PROPIEDAD.
Cada una de las Partes Contratantes se compromete a no tomar directa o indirectamente ninguna medida de expropiación o nacionalización o ninguna otra medida que tenga un efecto similar con relación a las inversiones que se encuentren en su territorio y que pertenezcan a inversores de la otra Parte Contratante.
En caso de que imperativos de utilidad pública, de seguridad o de interés nacional justifiquen una derogación de lo indicado en el párrafo 1, deberán cumplirse las siguientes condiciones:
que las medidas sean tomadas según el respectivo procedimiento legal;
que ellas no sean discriminatorias, ni contrarias a un compromiso específico;
que las mismas estén acompañadas de disposiciones que prevean el pago de una indemnización adecuada y efectiva.
El monto de la indemnización corresponderá al valor real que las inversiones pertinentes tenían en las vísperas del día en que las medidas fueron adoptadas o publicadas.
Los inversores de una de las Partes Contratantes cuyas inversiones hubiesen sufrido pérdidas a causa de una guerra o de cualquier otro conflicto armado, revolución, estado de emergencia nacional o insurrección ocurrido en el territorio de la otra Parte Contratante, recibirán de esta última, un tratamiento por lo menos igual al otorgado a los inversores de la nación más favorecida en lo que se refiera a restituciones, indemnizaciones, compensaciones y otros resarcimientos.
Para las materias reguladas por el presente artículo, cada Parte Contratante otorgará a los inversores de la otra Parte un tratamiento que será por lo menos igual al que la misma acuerda en su territorio a los inversores de la nación más favorecida. Dicho tratamiento no será en ningún caso menos favorable que el reconocido por el derecho internacional.
Cada Parte Contratante en cuyo territorio los inversores de la otra Parte Contratante efectuaron inversiones, otorgará a dichos inversores la libre transferencia de sus activos líquidos, particularmente de los siguientes:
los beneficios, dividendos y otras ganancias normalmente derivadas de las inversiones;
las sumas necesarias para el reembolso de los préstamos genuinamente contraídos directamente ligados a la realización de la inversión y los intereses correspondientes;
el producto de la ejecución de sus activos, la liquidación total o parcial de la inversión, inclusive las plusvalías eventuales e incrementos del capital invertido;
las indemnizaciones pagadas en ejecución del artículo 5;
las sumas necesarias para los gastos vinculados al funcionamiento de la inversión, tales como pagos de licencias similares;
Los nacionales de una de las Partes Contratantes autorizados para trabajar con relación a una inversión admitida en el territorio de la otra Parte Contratante serán autorizados igualmente a transferir a sus respectivos países de origen una parte apropiada de su remuneración.
La libre transferencia tendrá lugar de conformidad con los procedimientos establecidos por cada una de las Partes Contratantes las que no podrán denegar, suspender indefinidamente o desnaturalizar ese derecho.
Cada Parte Contratante conserva el derecho, en caso de dificultades excepcionales de balance de pagos, de establecer limitaciones a las transferencias, en forma equitativa, sin discriminaciones y de conformidad con sus obligaciones internacionales. Dicha limitación no podrá exceder para cada inversor, un período de treinta y seis meses e incluirá la posibilidad de escalonar cada transferencia en varias fracciones por períodos de no más de dieciocho meses.
Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo 4, cada Parte Contratante otorgará, en todo momento a los inversores de la otra Parte, la libre transferencia de dividendos efectivamente distribuidos, con divisas provenientes de sus exportaciones.
Las transferencias a las que se refieren los Artículos 5 y 6 del presente Convenio serán efectuadas de acuerdo al tipo de cambio aplicable a la fecha en que las mismas se realicen y según la reglamentación cambiaria en vigencia en el Estado en cuyo territorio la inversión ha sido efectuada.
Dichos tipos de cambio en ningún caso podrán ser menos favorables que los acordados a los inversores de la nación más favorecida, particularmente en virtud de obligaciones específicas, previstas en convenios o arreglos concluidos en materia de protección de inversiones.
En todos los casos, los tipos de cambio aplicados serán justos y equitativos.
Si una de las Partes Contratantes o un organismo público de dicha Parte, pagara indemnizaciones a sus propios inversores en virtud de una garantía acordada a una inversión, la otra Parte Contratante reconocerá que los derechos de los inversores indemnizados fueron transferidos a la Parte Contratante o al organismo público pertinente, en su calidad de asegurador.
La subrogación se extenderá igualmente a los derechos de libre transferencia y de recurso al arbitraje a los que se refieren los Artículos 6 y 12.
Con relación a los derechos transferidos, la otra Parte Contratante podrá hacer valer respecto del asegurador subrogado en los derechos de los inversores indemnizados, las obligaciones que incumbían legal o contractualmente a estos últimos.
Las inversiones que hayan sido objeto de un acuerdo especial entre una de las Partes Contratantes y los inversores de la otra Parte Contratante se regirán por las disposiciones del presente Convenio y por las de dicho acuerdo especial.
Cada una de las Partes Contratantes respetará en todo momento los compromisos contraídos con los inversores de la otra Parte Contratante.
CONTROVERSIAS ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES EN CUANTO A LA INTERPRETACION O APLICACION.
Toda controversia relativa a la interpretación o aplicación del presente Convenio deberá solucionarse, en lo posible, por la vía diplomática.
En caso de que las Partes no llegaran a un acuerdo por la vía diplomática, la controversia será sometida a una Comisión compuesta por representantes de las dos Partes; dicha Comisión se reunirá a pedido de la Parte más diligente y sin demora injustificada.
Si la Comisión no pudiera solucionar la controversia, ésta será sometida, a pedido de cualquiera de las Partes Contratantes, a un procedimiento de arbitraje establecido para cada caso particular, de la siguiente manera:
El Tribunal así constituido fijará sus propias normas de procedimiento. Sus decisiones serán tomadas por mayoría de votos; serán definitivas y obligatorias para las Partes Contratantes.
Cada Parte Contratante sufragará los gastos que demande la designación de su árbitro. Los desembolsos inherentes a la designación del tercer árbitro así como los gastos de funcionamiento del Tribunal serán sufragados por las Partes Contratantes por partes iguales.
SOLUCION DE CONTROVERSIAS RELATIVAS A LAS INVERSIONES.
Toda controversia relativa a las inversiones que surja entre un inversor de una de las Partes Contratantes y la otra Parte Contratante respecto de las materias regidas por el presente Convenio será, en la medida de lo posible, solucionada por consultas amistosas entre las partes en la controversia.
Si estas consultas no aportan una solución, la controversia podrá ser sometida a la jurisdicción administrativa o judicial competente de la Parte Contratante sobre cuyo territorio está situada la inversión.
Si una controversia subsistiera luego de la expiración de un plazo de dieciocho meses contados a partir de la notificación del comienzo del procedimiento ante la jurisdicción precedentemente establecida, esta controversia podrá ser sometida al arbitraje internacional.
A partir del comienzo de uno de los procedimientos de arbitraje, cada Parte en la controversia tomará todas las medidas requeridas para el desistimiento de la instancia judicial en curso.
 al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (C. I. A. D. I.), creado por el "Convenio sobre Arreglo de Diferencias relativas a las inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados", abierto a la firma de Washington, el 18 de marzo de 1965, cuando cada Estado parte del presente Convenio haya adherido a aquél. Mientras esta condición no se cumpla, cada Parte Contratante da su consentimiento para que la controversia sea sometida al arbitraje conforme con el reglamento del Mecanismo complementario del C. I. A. D. I.;
 a un tribunal de arbitraje "ad hoc", establecido de acuerdo con las reglas de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (C. N. U. D. M. I.).
Ninguna de las Partes Contratantes, que sea parte en una controversia, planteará excepciones, en ninguna etapa del procedimiento de arbitraje o de la ejecución de una sentencia de arbitraje, por el hecho de que el inversor que sea parte contraria en la controversia haya percibido una indemnización destinada a cubrir todo o parte de las pérdidas sufridas, en ejecución de una póliza de seguro o de la garantía prevista en el Artículo 8 del presente Convenio.
El órgano arbitral decidirá en base al derecho de la Parte Contratante que sea parte en la controversia-incluidas las normas relativas a conflictos de leyes-, en base a las disposiciones del presente Convenio y a los términos de eventuales acuerdos especiales concluidos con relación a la inversión, como así también según los principios del derecho internacional en la materia.
Las sentencias arbitrales serán definitivas y obligatorias para las partes en la controversia. Cada Parte Contratante se compromete a ejecutar tales sentencias, de conformidad con su legislación.
ENTRADA EN VIGOR Y DURACION.
El presente Convenio entrará en vigor un mes después de la fecha en la cual las Partes Contratantes hayan intercambiado sus respectivos instrumentos de ratificación. El presente Convenio permanecerá en vigencia por un período de diez años.
Las inversiones efectuadas con anterioridad a la fecha de expiración del presente Convenio permanecerán sujetas a sus disposiciones por un período de diez años a partir de dicha fecha.
Bruselas, 28 de junio de 1990.
Durante las negociaciones que concluyeron con la firma del Convenio entre la República Argentina y la Unión Económica Belgo-Luxemburguesa, para promover y proteger reciprocamente las inversiones, se convino lo siguiente:
La interpretación del Artículo 1, pár. 1, a) del Convenio es que, en lo que concierne a la República Argentina, el Convenio no se aplica a las inversiones de las personas físicas que sean nacionales de Bélgica o de Luxemburgo, si aquéllas, a la fecha de la inversión, están domiciliadas desde hace más de dos años en el territorio de la República Argentina.
La interpretación del Artículo 4 del Convenio es que las Partes Contratantes consideran que la aplicación del tratamiento de la nación más favorecida no se extiende a los privilegios particulares que la República Argentina reserva a los inversores extranjeros por una inversión realizada en el marco de un financiamiento concesional, previsto por un convenio bilateral concluido por la República Argentina con el país al que pertenezcan los citados inversores.
Se entiende que si las Partes Contratantes concluyen entre ellas un convenio similar, los inversores belgas y luxemburgueses que realicen inversiones en el marco de tal Convenio beneficiarán, en el territorio de la República Argentina, de un tratamiento al menos igual al arriba previsto.
Le agradeceré tenga a bien confirmarme su acuerdo con lo que precede.
Saludo al Señor Ministro con mi mayor consideración.
D. Mark Eyskens
Tengo el honor de acusar recibo de su carta de la fecha, que expresa lo siguiente:
1. La interpretación del Artículo 1, pár. 1, a) del Convenio es que, en lo que concierne a la República Argentina, el Convenio no se aplica a las inversiones de las personas físicas que sean nacionales de Bélgica o de Luxemburgo, si aquéllas, a la fecha de la inversión, están domiciliadas desde hace más de dos años en el territorio de la República Argentina.
2. La interpretación del Artículo 4 del Convenio es que las Partes Contratantes consideran que la aplicación del tratamiento de la nación más favorecida no se extiende a los privilegios particulares que la República Argentina reserva a los inversores extranjeros por una inversión realizada en el marco de un financiamiento concesional, previsto por un convenio bilateral concluido por la República Argentina con el país al que pertenezcan los citados inversores.
Le confirmo por la presente mi acuerdo con lo que precede.
Le ruego aceptar, Señor Ministro, la expresión de mi mayor consideración.
Ministro de Relaciones Exteriores del Reino de Bélgica
D. Domingo Cavallo