Source: https://www.scribd.com/doc/138385797/23944385-El-Procedimiento-Adminsitrativo-Fases
Timestamp: 2017-10-20 06:59:02
Document Index: 228844179

Matched Legal Cases: ['Artículo 68', 'Artículo 70', 'Artículo 8', 'artículo 5', 'Artículo 9', 'artículo 5', 'artículo 70', 'Artículo 72', 'artículo 42', 'Artículo 71', 'Artículo 73', 'in dubio', 'Artículo 74', 'Artículo 75', 'Artículo 76', 'Artículo 77', 'Artículo 78', 'Artículo 79', 'Artículo 81', 'Artículo 80', 'Artículo 83', 'Artículo 82', 'artículo 37', 'Artículo 84', 'Artículo 85', 'Artículo 86', 'Artículo 87', 'Artículo 88', 'Artículo 89', 'artículo 29', 'artículo 54', 'artículo 89', 'Artículo 90', 'Artículo 91', 'Artículo 92']

23944385 El Procedimiento Adminsitrativo Fases
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El administrativo. Ordenación. Finalización.
procedimiento Iniciación. Instrucción.
En un sentido técnico el procedimiento consiste fundamentalmente en una pluralidad de actos ligados o coordinados entre sí de manera que sin cada acto anterior, ninguno de los posteriores tiene validez y sin cada acto posterior, ninguno de los anteriores tiene eficacia. Así entendido el procedimiento, hay que hacer, sin embargo, las siguientes precisiones: El término procedimiento resulta más amplio que el de "proceso", pues éste se refiere a actuaciones judiciales, mientras que aquél se predica en general de las diversas funciones públicas. Por otro lado, el procedimiento no debe tampoco confundirse con el simple expediente administrativo, el cuál sólo representa la materialización del procedimiento mismo. Si aplicamos el concepto anterior de procedimiento a la actividad de la Administración Pública obtendremos la noción del procedimiento administrativo. Según la propia Exposición de Motivos de la Ley de Procedimiento Administrativo, éste es "el cauce formal de la serie de actos en que se concreta la actuación administrativa para la consecución de un fin". La importancia del procedimiento administrativo puede observarse a través de distintos aspectos: • • El procedimiento es un medio de producir actos administrativos; El procedimiento administrativo es un presupuesto procesal necesario para poder acudir ante los Tribunales deduciendo pretensiones frente a la Administración; El procedimiento es, finalmente, una garantía para el administrado, pues su finalidad es contribuir a la legalidad, acierto y oportunidad del acto administrativo.
Podemos distinguir administrativos:
Procedimiento ordinario: es el procedimiento general regulado en el título VI de la Ley que, tiene carácter de legislación básica, común y, por tanto, supletoria en defecto de norma especial. Procedimientos especiales: • Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, recogido en el Título IX de la Ley 30/1.992, y en Real Decreto 1398/1.993, de 4 de agosto, por el que se aprueba le Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora. Procedimiento de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas: recogido en el Capítulo I del Título X de la Ley 30/1.992, "Responsabilidad patrimonial de la Administración Pública" y en el Real Decreto 429/1.993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial.
Las fases del procedimiento administrativo son: iniciación, ordenación, instrucción y terminación
TITULO VI De las disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos CAPITULO I Iniciación del procedimiento Artículo 68. Clases de iniciación.
La iniciación del procedimiento administrativo puede producirse bien de oficio por la propia Administración o bien con una solicitud o denuncia de un particular o de otra Administración pública. Una de las cuestiones que pueden resultar de mayor trascendencia a este respecto, es la de determinar cual es el acto de iniciación, sea cual sea la forma de inicio, y la naturaleza del mismo, a fin de saber si se trata o no de un acto susceptible de impugnación. En el caso de procedimientos que se inician de oficio, el acto de iniciación lo constituye el correspondiente acuerdo dictado por el órgano competente para hacerlo. Si el procedimiento se ha iniciado mediante solicitud de un interesado el acto de iniciación es esa solicitud. La petición del particular debe cumplir con los requisitos de forma legalmente establecida para que den lugar a la iniciación del procedimiento. En este sentido se entiende, que cuando la Administración reciba una petición que cumpla con todos los
requisitos exigidos, deberá iniciar el procedimiento y tramitarlo hasta su final. La jurisprudencia mantiene que el acto de iniciación del procedimiento es un acto de trámite y por lo tanto inimpugnable. Si bien esta es la regla general, existen algunos supuestos en los que a pesar de tratarse de un acto de trámite se ha admitido la posibilidad de su impugnación , se trata de actos de iniciación que afectan directamente a un interés concreto, disponen una medida cautelar o afectan a situaciones jurídicas ajenas al procedimiento. La fecha de iniciación del procedimiento tiene importantes efectos en cuanto que la Administración viene obligada por la ley a resolver expresamente dentro de unos plazos determinados. Concretamente el articulo 42.3 establece que el plazo máximo para notificar la resolución en los procedimientos administrativos se contará, en los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación, y en los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud tenga entrada en el registro del órgano competente para su tramitación. Sobre la cuestión de cuando el transcurso del tiempo desde la iniciación del procedimiento desemboca en una resolución presunta y cuando produce la caducidad el procedimiento, se sostiene que el silencio administrativo solo se produce en procedimientos iniciados a solicitud del interesado y en los de oficio, únicamente en los supuestos en que pudiera derivarse el reconocimiento o la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas individualizadas, mientras que se podrá hablar de caducidad, en aquellos procedimientos administrativos , iniciados de oficio en los que se ejercitan potestades de intervención susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen para el ciudadano. La presentación de la solicitud del interesado, aunque sea en un órgano administrativo distinto del competente para la tramitación, interrumpe el transcurso del plazo de prescripción del derecho del interesado.
1. Los procedimientos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia. 2. Con anterioridad al acuerdo de iniciación, podrá el órgano competente abrir un período de información previa con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.
El acuerdo de iniciación del procedimiento administrativo puede ser adoptado por el órgano competente: Por propia iniciativa: debe ser una decisión meditada y fundada en unos estudios e informes previos. Orden superior Petición razonada de otros órganos
El lugar a efecto de notificaciones. por lo que no tendrá que coincidir necesariamente con su domicilio entendiendo como tal su lugar d residencia. No obstante. careciendo de la virtualidad de poner en marcha el procedimiento sancionador. en cualquier procedimiento que deba iniciarse de oficio. 1. Por lo que se refiere a la identificación del interesado no hace referencia explicita al medio. La identificación del representante deberá acreditarse por cualquier medio valido en derecho que deje constancia fidedigna o mediante declaración en comparecencia personal del interesado. Las solicitudes que se formulen deberán contener: a) Nombre y apellidos del interesado y. escritos .- Denuncia. comunicaciones y documentos se podrá efectuar en soporte papel. En cuanto al periodo de información previa. 4 . de acuerdo con lo previsto en el RD 26371996 por el que se regula la utilización de técnicas electrónicas. numerándolas y especificando la identidad de los interesados. 3 RD 772/1999 dispone que la presentación de solicitudes. La denuncia es el acto de un tercero para excitar la actuación investigadora. Solicitudes de iniciación. Se trata de actuaciones de régimen interior tendentes a determinar los hechos presuntamente constitutivos de ilícitos administrativos que no forman parte propiamente del expediente administrativo. recogiendo con precisión los requisitos que deberá de contener la misma. de la persona que lo represente. puede ser cualquier lugar elegido por el peticionario. parece lógico que se pueda hacer a través del DNI. Art. en su caso. por medios informáticos. comprobadora y en su caso sancionadora de la Administración. Artículo 70. En las oficinas de registro se pondrá a disposición de aquellas personas que pretendan la presentación simultanea de un numero superior a 10 solicitudes. escritos o comunicaciones un modelo para que relacionen aquellas. si es cierto que adquiere especial relevancia en los supuestos de denuncia. electrónico o telemáticos. los órganos destinatarios así como un extracto de los contenido. la LRJAP extiende la posibilidad del uso de este trámite al órgano competente. así como la identificación del medio preferente o del lugar que se señale a efectos de notificaciones. puesto que da la posibilidad a la Administración de conocer las circunstancias del caso concreto y decidir si inicia o no el procedimiento . Regula la iniciación a solicitud de persona interesada.
centro o unidad administrativa a la que se dirige. salvo que las normas reguladoras de los procedimientos específicos dispongan otra cosa. nuestro ordenamiento reconoce la firma electrónica. en cuanto que a efectos del procedimiento el único lugar y fecha relevante es el de presentación de la solicitud. Hay que tener en cuenta que el órgano administrativo que se estime incompetente para la resolución de un asunto debe remitir las actuaciones directamente al órgano que considere competente. (Ver Real Decreto 772/1999. Si no se aporta la copia el órgano puede realizar una copia o expedir un recibo en el que además conste el remitente. Junto a la tradicional firma autógrafa. el recibo consistirá en la mencionada copia en la que se hará constar el lugar de presentación. razones y petición en que se concrete. que aparecerá en el sello de registro d) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio. por el que se regula la presentación de solicitudes. 2. de 7 de mayo. Art. c) Lugar y fecha.5 RD 772/1999 Cuando se estime conveniente para facilitar a los ciudadanos las aportaciones de los datos e informaciones requeridos o para simplificar la 5 . los cuales deberán ser admitidos y tenidos en cuenta por el órgano al que se dirijan. 6 RD 772/1999 la expedición del los recibos acreditativos de la fecha de presentación de cualquier solicitud. escritos y comunicaciones ante la Administración General del Estado. 4. De las solicitudes. así como la fecha. escrito o comunicación se efectuara en el mismo momento de la presentación de la solicitud. la solicitud. podrán éstos exigir el correspondiente recibo que acredite la fecha de presentación. podrán ser formuladas en una única solicitud. el órgano destinatario y un extracto del contenido de la solicitud. Cuando la solicitud esté en soporte papel y la presentación se efectúe acompañando una copia. Se trata de un requisito superfluo. admitiéndose como tal una copia en la que figure la fecha de presentación anotada por la oficina. Cuando las pretensiones correspondientes a una pluralidad de personas tengan un contenido y fundamento idéntico o sustancialmente similar. 3. Los modelos mencionados estarán a disposición de los ciudadanos en las dependencias administrativas.b) Hechos. Cuando se efectúa la presentación telemáticamente el recibo se expedirá de acuerdo con las características del soporte y deberá reunir los requisitos expresado en los apartados anteriores. Los solicitantes podrán acompañar los elementos que estimen convenientes para precisar o completar los datos del modelo. comunicaciones y escritos que presenten los interesados en las oficinas de la Administración. escrito o comunicación. e) Órgano. con toda claridad. la expedición de copias de documentos y devolución de originales y el régimen de las oficinas de registro) Art. Las Administraciones Públicas deberán establecer modelos y sistemas normalizados de solicitudes cuando se trate de procedimientos que impliquen la resolución numerosa de una serie de procedimientos.
así como la norma de creación del fichero al que tales datos vayan a ser incorporados. 3. Figurará impresa la petición en que se concreta la solicitud. El cuerpo del modelo se estructurará en las siguientes partes: a) Datos del solicitante. También deberán figurar dos espacios para la constancia de las fechas de entrada de la solicitud en cualquiera de los lugares en que ésta fuera presentada y en el registro del órgano competente. También podrán figurar impresos los hechos y las razones en que se fundamenta la solicitud. Catálogo de modelos de solicitud. 1. Contenido de los modelos normalizados de solicitud.1 de la Ley Orgánica 5/1992. sin ser requeridos normativamente. indicándose al ciudadano la obligatoriedad de cumplimentar al menos uno. Todo modelo normalizado de solicitud correspondiente a procedimientos en los que se requiera la aportación de cualquier tipo de certificaciones emitidas por los órganos de la Administración General del Estado y los organismos vinculados o dependientes de aquella. en su caso. de 29 de octubre. el órgano competente para su instrucción o resolución podrá establecer modelos normalizados de solicitud. del representante. En la primera hoja de todo modelo normalizado de solicitud figurará. Contenido de modelos normalizados de solicitud Artículo 8. 8. en su caso. un título que exprese claramente el objeto de la solicitud. de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de este Real Decreto se utilice el castellano y la correspondiente lengua cooficial. En los modelos normalizados en los que. Todo modelo normalizado de solicitud irá acompañado de unas instrucciones por escrito en las que se informará al ciudadano de los requisitos y efectos básicos del procedimiento. sus Organismos autónomos y los Servicios Comunes y Entidades Gestoras de la Seguridad Social a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto. Estos modelos podrán integrarse en sistemas normalizados de solicitud que permitan la transmisión por medios telemáticos de los datos e informaciones requeridos siempre que se garantice el cumplimiento de los requisitos contemplados en el art.tramitación del correspondiente procedimiento. 2. (Modificado por Real Decreto 209/2003) 6 . c) Datos relativos a la notificación. que resulten estrictamente necesarios en función del procedimiento o sean requeridos por su normativa reguladora. de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal. incluyéndose además las informaciones necesarias para la correcta cumplimentación del modelo. Si el modelo puede utilizarse para diversas solicitudes alternativas o acumulables éstas figurarán claramente expresadas con las correspondientes casillas para que el ciudadano realice su opción. 4. Se establecerán apartados alternativos para que el ciudadano consigne el medio o medios preferentes por los que desea se le practique la notificación y apartados para que se puedan señalar dos lugares donde practicarla. b) Datos relativos a la solicitud. así como apartados para que aquél exprese los documentos que. (Añadido por Real Decreto 209/2003) Artículo 9. A continuación. siempre que sean homogéneos y uniformes para el procedimiento o actuación de que se trate y sin perjuicio de la facultad del solicitante para modificarlos o ampliarlos en hoja aparte. las instrucciones y la información estarán redactadas en ambas lenguas. figurará impresa la relación de los documentos preceptivos que el ciudadano debe acompañar al modelo de acuerdo con la normativa correspondiente. desea voluntariamente aportar en apoyo de la solicitud. figurarán convenientemente destacadas las advertencias a que se refiere el artículo 5. Art. 8 y 9 RD 1465/ 1999. se recogen en los arts. se establecerán los apartados necesarios para que el ciudadano señale los datos relativos a la solicitud que sean requeridos por la correspondiente normativa o resulten imprescindibles para la tramitación del procedimiento. Se establecerán apartados para que el ciudadano señale los datos personales de identificación del solicitante y. En el caso de que los datos de carácter personal consignados en el modelo normalizado vayan a ser objeto de tratamiento automatizado. Todo modelo normalizado de solicitud con efectos frente a terceros. convenientemente destacado en su encabezamiento. deberá establecer un apartado para que el interesado deje constancia. 1. 45 LRJAP En cuanto al contenido de estos modelos normalizados de solicitud. deberá públicarse en el Boletín Oficial del Estado. Asimismo. El Ministerio de Administraciones Públicas mantendrá permanentemente actualizado y a disposición pública un catálogo de los modelos normalizados de solicitud elaborados por la Administración General del Estado. 2. de su consentimiento expreso para que los datos objeto de certificación puedan ser transmitidos o certificados por medios telemáticos directamente al órgano requirente. cualquiera que sea su soporte.
(ver Sentencia Tribunal Supremo 4/02/2003) 1. Se infiere que el requerimiento de al Administración hará costar los requisitos o documentos preceptivos. el órgano competente podrá recabar del solicitante la modificación o mejora voluntarias de los términos de aquélla. La consecuencia de la falta de atención por parte del interesado al requerimiento de la Administración es que se le tendrá por desistido en su petición. que se incorporará al procedimiento. 3. hasta cinco días. Efectuado el requerimiento sin que el interesado realice ninguna actuación al respecto. con indicación de que. que han sido omitidos. 2. podrá adoptar. si así no lo hiciera. podrá 7 . cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo anterior y los exigidos. De ellos se levantará acta sucinta. 3. Una de las primeras cuestiones que debe quedar clara es que se excluye cualquier arbitrariedad de la Administración a la hora de exigir la subsanación de defectos. La Administración no puede arbitrariamente exigir cualquier documentación. Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva. previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el art 42. se requerirá al interesado para que. el órgano competente. Ya sea porque la solicitud de iniciación no reúne alguno de los requisitos exigidos en el artículo 70 o porque no vaya acompañada de los documentos preceptivos. a petición del interesado o iniciativa del órgano. Iniciado el procedimiento. subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos. (Artículo redactado según Ley 4/1999. Medidas provisionales. se da lugar a este trámite de subsanación que se configura como un derecho de todo particular en cualquier procedimiento administrativo y como una obligación de la Administración. 1. las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer. en su caso. indicación de que la subsanación deberá realizarse en un plazo de días y la advertencia de que si no lleva a cabo la rectificación solicitada se le considerara desistido en su petición. si existiesen elementos de juicio suficientes para ello. Artículo 72. de oficio o a instancia de parte. siempre que en la convocatoria se indique el diario oficial de su públicación.No será preciso públicar los modelos de solicitud correspondientes a procedimientos de convocatoria periódica cuando ya hayan sido públicados y no resulten modificados. en los casos de urgencia y para la protección provisional de los intereses implicados. En los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados. se le tendrá por desistido de su petición. previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42. se estará produciendo un desistimiento tácito en los términos previsto por este artículo y procederá el archivo de las actuaciones. que reduce al máximo las posibilidades de cierre de la vía administrativa y judicial por meros defectos formales. Los modelos normalizados de solicitud que se elaboren serán remitidos al Ministerio de Administraciones Públicas para su inclusión en el catálogo al que se refiere el apartado 1 de este artículo. Artículo 71. el órgano administrativo competente para resolverlo. Subsanación y mejora de la solicitud. de 13 de enero) EL Fundamento de este artículo se encuentra en el principio de tutela judicial efectiva de los derechos. sino solo aquella que sea indispensable para fijar los datos en base a los cuales ha de dictarse la resolución. este plazo podrá ser ampliado prudencialmente. 2. Antes de la iniciación del procedimiento administrativo. en un plazo de diez días. de oficio o a instancia de parte. por la legislación específica aplicable.
Las medidas provisionales deberán ser confirmadas. lo cual debemos unirlo al requisito de que debe ser oportuna para asegurar la eficacia de la resolución y a la prohibición de adoptar medias provisionales que puedan causar perjuicios de imposible o difícil reparación a los interesados o que impliquen violación de derechos amparados por la ley. Hay que resaltar que el principio de proporcionalidad no solo afecta al ámbito sancionador. porque tiene una finalidad aseguradora de la eficacia de la resolución que se emite al final del procedimiento. Dada la diversidad de procedimientos y de posibles resoluciones a las que las medidas provisionales pueden servir. nuestro TC ha declarado que tal principio afecta no solo al ámbito penal o al sancionador administrativo sino a cualquier medida restrictiva de derechos fundamentales En este articulo se nos dice que la medida se otorgará si existiesen elementos de juicio suficientes para ello. el cual podrá ser objeto del recurso que proceda. al venir proclamado con carácter general por el art. (Artículo redactado según Ley 4/1999. modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento. Las medidas provisionales podrán ser alzadas o modificadas durante la tramitación del procedimiento. En todo caso. Así la suspensión de empleo y sueldo aplicable a los funcionarios sujetos al procedimiento disciplinario no puede superar el plazo de 6 meses salvo paralización imputable al interesado. 3. Su carácter provisional pone de relieve que no es una medida definitiva y por su carácter privatorio muchas de ellas están sometidas aun plazo máximo. En todo caso. eficacia que debe ser entendía en un sentido amplio. 4. se estará al plazo máximo de resolver y notificar por defecto en el procedimiento que es el plazo de 3 meses. Tales medidas pueden incluir no solo el aseguramiento de la eficacia en sentido estricto de la resolución final que se dicte en el procedimiento a la que dicha medida se vincula sin también otras que la garantizan en sentido amplio: la posibilidad de contar con el aparato probatorio necesario que la sustente y evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción y satisfacer las exigencias de los intereses generales. Se exige que las medidas adoptadas sean proporcionales. resulta imposible cualquier intento de enumeracion cerrada. 53. Este artículo simplemente indica que podrán adoptarse las que se estimen oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer. se extinguirán con la eficacia de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente.2 LRJAP y que en todo caso. sino a toda actuación administrativa. de 13 de enero) Estas medidas también pueden adjetivarse como cautelares. es decir que sean adecuadas al fin perseguido y a las circunstancias concurrentes. y a falta de plazo máximo expresamente establecido en norma especial. que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción. No se podrán adoptar medidas provisionales que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes. de oficio o a instancia de parte. en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción. dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en dicho plazo o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas.adoptar las medidas correspondientes en los supuestos previstos expresamente por una norma de rango de Ley. 8 .
por la obligación de ser confirmadas. Se adoptaran de oficio o a instancia de parte por el órgano competente para resolver. Por otra parte estas medidas pueden adoptarse antes o después de iniciado el procedimiento. por la circunscripción a supuestos previstos expresamente por normas de rango de ley. en este último caso. sobre lo cual ha insistido la jurisprudencia del TC y del TS.1 del RD 1398/1993 indica que cuando así venga exigido por razones de urgencia inaplazable. así como por la previsión de perdida de efectos . El problema se plantea en relación con las medidas provisionales de coacción directa. el órgano competente para iniciar el procedimiento o el órgano instructor podrán adoptar las medidas provisionales que resulten necesarias. En cualquier caso si se incurre simplemente en un vicio de incompetencia jerárquica. ante lo cual no debemos olvidar lo regulado en los arts. en la misma decisión que se adopte se convocará a las partes a una comparecencia que habrá de celebrarse dentro de los 3 días siguientes. en los supuestos de especial urgencia.en el caso de que no se inicie el procedimiento o no se pronuncie sobre tales medidas el acuerdo de iniciación. ‘Antes de la iniciación del procedimiento. Así se deriva de lo dispuesto en el art. En cuanto al problema de si es necesaria la audiencia del interesado nos hallamos ante una cuestión con fallos jurisprudenciales dispares. sino que tal acto normalmente es tácito o implícito. el órgano competente en los caso de urgencia y para la protección provisional de los intereses implicados. evidenciado por facta concludentia. La solución se encuentra en una motivación de posterioridad. 9 .El acuerdo que adopta la medida ha de ser motivado. 131 y 135 LJCA que prevén la audiencia de la parte contraria en el procedimiento cautelar sin oír a la parte contraria. que se manifiestan mediante actuaciones materiales directas de reacción instantánea. mediante la convalidación de la medida por el órgano competente. que normalmente se dará en el momento de la ratificación por la autoridad competente a que tales medidas se suelen encontrar supeditadas. que deberá producirse necesariamente en el plazo máximo de15 días y podrá ser objeto de recurso. sobre el aplazamiento. lo cual se ha considerado como un exceso en la delegación normativa de la LRJAP a dicho reglamento. Pero el art. Aquí se altera la norma establecida en 72 RJAP para dar entrada a la posibilidad de que sea el órgano instructor el que dicte estas medidas. 54 LRJAP. sin acto declarativo expreso previo. modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento. mantenimiento o modificación de la medida adoptada. Pero. la misma será subsanable. podrá adoptar las medidas correspondientes en los supuestos previstos expresamente por una norma con rango de ley…’ Estamos ante las denominadas medias provisionalísimas que se caracterizan por la urgencia. 15.
sea conveniente que puedan ser resueltos por el mismo órgano administrativo que sería competente para conocer por separado de cada uno de los expediente Contra el acuerdo de acumulación o de no acumulación en el supuesto de que esta haya sido solicitada por un interesado. no cabe recurso alguno. por considerarlos actos de trámite cualificados. El órgano administrativo que inicie o trámite un procedimiento. Acumulación. 107. que debe ser notificado a los interesados. puesto que estamos ante actos que pueden considerarse que deciden indirectamente en el fondo del asunto. Sin embargo . consideramos que es posible interponerlos directamente frente a tales acuerdos. De la lectura de este articulo cabe destacar dos cuestiones: por un lado se trata de una decisión discrecional adoptada por el órgano administrativo que inicie o trámite un procedimiento. que permite a los interesados alegar su oposición a los actos de trámite no recurribles.1 de la LRJAP. pero no se expresa para el supuesto en el que las medidas se adopten con posterioridad a la iniciación del procedimiento. como presupuestos de la efectividad de la previsión contenida en el art. no cabe confundir con libre arbitrio. Que por razones de brevedad. que pueden crear indefensión o que pueden generar perjuicios irreparables a los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos. para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento. Que existan mas de un expediente y que además estén entre ellos íntimamente relacionados 2. en cuanto que para que la acumulación tenga lugar es preciso que concurran dos requisitos: 1. economía y unidad de criterio. por otra contra el acuerdo de acumulación adoptado por el órgano competente no cabra recurso alguno Aunque parece clara la discrecionalidad de la Administración. Artículo 73. Lo que da lugar a que en ocasiones el TS haya negado la necesidad de notificación del acuerdo en este sentido o la necesidad de un acto expreso de acumulación.La previsión de recursos esta recogida expresamente en el supuesto de la adopción de las medidas provisionalísima. 10 . para tomar esta decisión. podrá disponer su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión. A pesar de la naturaleza de acto de trámite del acuerdo de acumulación y como consecuencia de su carácter no recurrible. cualquiera que haya sido la forma de su iniciación. autores como Rivero González entienden que debe tratarse de un acto expreso. Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno.
Por ejemplo. Los actos de instrucción . pues los actos de ordenación se dan desde el inicio mismo del procedimiento hasta su terminación. competente para tramitarlo. y no el interesado. que pueden ser actos de la Administración. bien de oficio o bien a solicitud del interesado. la exigencia de legitimación.Ordenación del procedimiento administrativo común y responsabilidad de la tramitación En todo procedimiento cabe diferenciar tres fases: iniciación. que tiene un sentido mas amplio del que cabria inferir de los preceptos que la LRJAP dedica a la mismas (74-/77) nos limitaremos a comentar dichos preceptos. La doctrina administrativista ha tratado de ordenar el conjunto de reglas reguladoras del procedimiento administrativo en torno a una serie de principios generales. se impulsará de oficio en todos sus trámites. el principio in dubio pro actione. El procedimiento. ni siquiera como una fase dentro del desarrollo del procedimiento . Hecha esta introducción. ni regularse. son aquellos que proporcionan a las Administración los elementos de juicio necesarios para adoptar la resolución que ponga fin al procedimiento (alegaciones de los interesados o de cualquier persona en el trámite de información pública. es la Administración. desarrollo y terminación. Impulso. de los interesados o de terceros. la ordenación del procedimiento no puede concebirse. son aquellos mediante los cuales se impulsa y se resuelven las cuestiones incidentales que puedan surgir a lo largo del mismo. que solo pueden proceder de la Administración que tramita el procedimiento. CAPITULO II Ordenación del procedimiento Artículo 74. el principio de oficialidad. Que el procedimiento administrativo debe ser impulsado de oficio significa que. sometido al criterio de celeridad. como una fase del mismo . Como la LRJAP no regula un procedimiento administrativo estándar. la imparcialidad. sino que se limita a establecer una serie de reglas comunes en la tramitación de cualquier tipo de procedimiento administrativo lo que sería la regulación precisa y escalonada del desarrollo del procedimiento se sustituye sabiamente por el establecimiento de una serie de reglas comunes o generales sobre los dos tipos de actuaciones que idealmente comprende: la ordenación y las de instrucción. en la que se ha tratado de indagar el verdadero significado de la ordenación del procedimiento administrativo. una vez iniciado el procedimiento. el carácter contradictorio del procedimiento administrativo . informes y actos de prueba) los de ordenación. 1. quien tiene la obligación de procurar su desarrollo de 11 . Según la doctrina. el principio de economía procesal. el principio de transparencia y el de gratuidad.
de la que quede constancia. El incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria del infractor o. Artículo 75. En el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza. En el ámbito del procedimiento administrativo no se prescribe una forma determinada para los actos de impulso. puesto que viene aclarada sensu contrario en el propio precepto: son 12 . del plazo de resolución de los procedimientos y de las consecuencias de la falta de resolución en plazo. sin necesidad de excitación por parte de los mismos y sin que resulte admisible la paralización del procedimiento por esta causa. Y la misma podrá dar lugar a responsabilidades disciplinarias y/o patrimoniales. Se acordarán en un solo acto todos los trámites que. Sea un requerimiento para la subsanación de una instancia. será causa de remoción del puesto de trabajo. Jurídicamente lo único relevante es su consideración en todo caso como actos de trámite. salvo que por el titular de la unidad administrativa se dé orden motivada en contrario. Las consecuencias jurídicas de la falta de impulso hay que ponerlas en relación primero con la regulación de la obligación de resolver. Celeridad. con la consecuencia que de ello se deriva en orden a la imposibilidad de impugnación separada. La determinación de que trámites admiten por naturaleza una impulsión simultánea tampoco ofrece excesivos problemas. lo que obliga al interesado a estar encima de la tramitación si el interesa la pronta resolución de su asunto. que podríamos calificar de economía procedimental. se haya traducido o no todavía en un cumplimiento del plazo para resolver. 2. con la regulación del silencio administrativo. etc. Contiene una simple regla de sentido común. La consecuencia fáctica de la falta de impulso de oficio es lógicamente la paralización o el alargamiento del procedimiento administrativo que desde el punto de vista de los intereses particulares pede ser perjudicial o beneficiosa. Si el procedimiento no se impulsa adecuadamente lo primero y mas grave que puede pasar es que se exceda el plazo de resolución. 1. estos actos de impulso del procedimiento se adoptaran por el órgano en cada caso competente sin una forma ni una denominación especial. en su caso. es decir. Los actos administrativos de impulso del procedimiento no tiene una denominación ni una forma especiales. En la practica la Administración incumple muchas veces esta obligación. con lo que el impulso de oficio se torna en realidad en impulso a instancia de parte. Por lo demás los interesados pueden denunciar en cualquier momento la falta de impulso . la apertura de un periodo de prueba. por su naturaleza. admitan una impulsión simultánea y no sea obligado su cumplimiento sucesivo.desenvolvimiento hasta su tramitación.
el impulso simultaneo de dos trámites que deban cumplirse de forma sucesiva. etc. puede ser un vicio formal determinante de la anulabilidad del acto si causa indefensión o incluso de nulidad. puesto que aquella ha de ser el último trámite de instrucción previo a la redacción de la propuesta de resolución. si reviste tal gravedad que equivale a prescindir total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o lesiona derechos fundamentales. A titulo de ejemplo cabria mencionar la solicitud de informes de otros órganos o administraciones públicas distintos del que tramita y resuelve el procedimiento. los establecidos en la normativa reguladora del procedimiento en cuestión. La falta de impulsión simultanea de aquellos trámites que la permitan no deja de ser por regla general mas que una mera irregularidad no invalidante. con arreglo a la propia LRJAP es indudable que no cabe impulsar simultáneamente la audiencia a los interesados junto con otros trámites de instrucción. y en general. que por regla general. como por ejemplo. en cuanto que cada uno debe informar de los aspectos relativos a su esfera competencial. los plazos legalmente establecidos serán. de práctica de alguna prueba pericial o testifical. deberá consignarse en la comunicación cursada el plazo legal establecido al efecto. de las normas reguladoras de procedimientos administrativos concretos. pero de una importancia menor en relación con el objetivo de aceleración del procedimiento. Igualmente importante es la incorporación de medios técnicos en la tramitación y en la práctica de la notificación. Así por ejemplo. en primer término. Al solicitar los trámites que deban ser cumplidos por otros órganos. Sin duda los principios de celeridad y economía procedimental tienen otras muchas concreciones a lo largo del articulado de la LRJAP. pero pueden ser también de otro tipo. 2. de las propias reglas comunes de procedimiento que contiene la LRJAP. pero las mas de las veces se deducirá de la propia normativa sectorial reguladora de determinados procedimientos. Sin embargo. Asimismo el derecho a no presentar documentos no exigidos por las normas aplicable s al 13 . Los trámites a que se refiere el precepto serán normalmente informes. Por el contrario el escalonamiento necesario de ciertos trámites cabe inferirlo en ocasiones. podrá hacerse de esta manera. La primera y más importante medida capaz de imprimir celeridad es la exigencia de que todo procedimiento cuente con un plazo máximo resolución. La regla es de lo más razonable.naturalmente aptos para se objeto de una impulsión simultánea aquellos trámites que no sea obligado cumplir de forma sucesiva. Y por supuesto. En cuanto a las consecuencias jurídicas del incumplimiento de esta regla de tramitación cabe decir lo siguiente.
salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto. por ejemplo. con independencia de la forma de iniciación del procedimiento. el de información pública. 76 parece regular únicamente los trámites sujetos a plazo 76. hay que tener en cuenta también la posibilidad de ampliación o prorroga de los mismo regulada en el art. Regula el tiempo de los trámites que haya de ser cumplido s por los interesados durante el desarrollo del procedimiento. concediéndole un plazo de diez días para cumplimentarlo. es decir de aquellos que se han de realizar en una fecha y hora determinada. El art. la posibilidad de acordar la tramitación urgente del procedimiento.2. la regla general de inimpugnabilidad separada de los actos de trámite. En la propia LRJAP ya podemos encontrar plazos distintos para el cumplimiento de ciertos trámites por los interesados. 76 no contiene una regulación completa de los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados sujetos a plazo. no a los que hayan de ser cumplidos por la Administración.1. 2. en defecto de los que para cada trámite en concreto puedan venir establecidos por las normas reguladoras del procedimiento correspondiente. pero no hay ningún inconveniente en aplicar también el resto de sus disposiciones (6. Cumplimiento de trámites.Cuando en cualquier momento se considere que alguno de los actos de los interesados no reúne los requisitos necesarios. 1. Los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el plazo de diez días a partir de la notificación del correspondiente acto. por cuanto junto a las posibilidades de subsanación de defectos y de rehabilitación del plazo que en el se contempla. El art. la Administración lo pondrá en conocimiento de su autor. sea de oficio o a solicitud del interesado.49. Este apartado establece un plazo supletorio de diez días para el cumplimiento de trámites por los interesados.procedimiento de que se trate o que ya se encuentren en poder de la Administración actuante. etc. El precepto se refiere a los trámite que a lo largo del procedimiento deben ser cumplimentados por los interesados. y 3) a los trámites sujetos a término. Regula cuestiones relativa al tiempo de los trámites cuyo cumplimiento incumbe a los interesado en el desarrollo de un procedimiento administrativo. pero sin incluir en este último caso el propio acto de iniciación. Se excluyen también de su ámbito de aplicación los trámites que a lo largo del procedimiento puedan ser cumplidos por personas que no tengan esa condición. 14 . Artículo 76.
Lo único que se regula a propósito de ellas es su carácter no suspensivo. se les podrá declarar decaídos en su derecho al trámite correspondiente. sino puramente potestativos o eventuales es lo que se conoce como preclusión. sin embargo. la perdida del derecho al trámite correspondiente.Establece una posibilidad general de subsanación por espacio de diez días de los defectos en que pueda incurrir la actuación de los interesados a lo largo del procedimiento. Es posible. no suspenderán la tramitación del mismo. En modo alguno significa la terminación anormal o anticipada del procedimiento. que la subsanación tenga lugar en un momento en el que ya se ha pasado a otra fase del procedimiento en tanto tenga todavía sentido. se admitirá la actuación del interesado y producirá sus efectos legales. Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento. por tanto. La preclusión no significa otra cosa que la pérdida del derecho al trámite correspondiente en un procedimiento que sigue su curso hasta su terminación. En segundo lugar no establece un límite temporal determinado para que la Administración ofrezca o el interesado reclame la posibilidad de subsanación. Este precepto abre la posibilidad de subsanación respecto de cualquier tipo de actividad de los interesados a lo largo del procedimiento. Regula las consecuencias de la falta de cumplimiento de trámites por los interesados. si se produjera antes o dentro del día que se notifique la resolución en la que se tenga por transcurrido el plazo. incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones. La consecuencia general prevista aunque no en términos imperativos o inexorables. lo que obviamente puede entenderse como una aplicación concreta del mencionado principio de celeridad. es decir. Artículo 77. normal. 15 . No obstante. 3. sin definirlas ni identificarles ni regular el procedimiento que ha de seguirse a la hora de resolverla. El precepto se ocupa de las cuestiones incidentales que pueden plantearse a lo largo del procedimiento administrativo pero a los solos efectos de disponer su carácter no suspensivo. con la única excepción de la recusación. Por un lado se refiere a todo tipo de actos cualquiera que sea su forma y por otro no se refiere única y exclusivamente a los actos de los interesados para los que se ha otorgado un plazo. si ello supone perjuicio para terceros o por exigencias del principio de igualdad. salvo la recusación. sino también a las actuaciones sujetas a término. Sobre todo en procedimientos selectivos de concurrencia competitiva. excluye su producción automática por el simple hecho del vencimiento del plazo y exige que tal hecho y su consecuencia sean objeto de una resolución administrativa y que esta sea notificada al interesado. Bien es verdad que algunas actuaciones sometidas a término no serán susceptibles de subsanación. en principio. A los interesados que no cumplan lo dispuesto en los apartados anteriores. Cuestiones incidentales.
guarden con éste relación inmediata. así como las que se susciten respecto de presupuestos y requisitos procesales de influencia en el proceso. Además. y porque requiere un pronunciamiento especifico. Ello significa que planteada una cuestión incidental el procedimiento principal debe seguir su curso en paralelo con la tramitación y resolución en su caso de la cuestión incidental. sin que por el planteamiento de la cuestión incidental se interrumpan los plazos para la cumplimentación de trámites. A fortiori ello implica igualmente que el planteamiento de una cuestión incidental no interrumpe ni suspende el plazo máximo para resolver y notificar la resolución que se adopte en el procedimiento principal. en estos casos no cabe duda de que la cuestión incidental. De acuerdo con la regulación de las cuestiones incidentales en la LEC cabe hacer dos distinciones. Pero como la ley no exige que las cuestiones incidentales sean objeto de una resolución previa. 77 no dice nada sobre el procedimiento a seguir para la tramitación de las cuestiones incidentales.La legislación general de procedimiento administrativo no da un concepto propio de lo que sean las cuestiones incidentales ni los incidentes. ni exige tampoco que con carácter general. ha de ser resuelta con carácter previo. Algunas cuestiones incidentales si tienen en la LRJAP una regulación específica y en tales casos habrá que atenerse a ella. El art. Toda cuestión incidental se caracteriza porque da lugar a un procedimiento especifico. entre aquellas que tiene señalada en la ley una tramitación especial y las que siguen el procedimiento común y en segundo lugar. LEC: son cuestiones incidentales las que. cabe también la posibilidad de que en su caso sean decididas por la propia resolución que pone fin al procedimiento. en primer lugar. 77 establece como regla general el carácter no suspensivo de la tramitación del procedimiento de las cuestiones incidentales que en el puedan llegar a plantearse. estas se resuelvan con carácter previo a la terminación convencional del procedimiento. Por tratarse como tantos otros de conceptos procesales no queda otro remedio que entender que en principio existe una remisión implícita a lo que en el ámbito procesal se entiende por tales cosas. como por ejemplo en el caso de adopción de medidas provisionales o de suspensión de la ejecución del acto recurrido en vía de recurso. 16 . por su propia naturaleza. un incidente. siendo distintas de las que constituyen el objeto principal del pleito. El art. entre las que tiene carácter suspensivo del curso ordinario de las actuaciones y las que no.
caso de haber en el procedimiento otros interesados distintos del que plantea la cuestión. Ello implica la paralización total de la tramitación del procedimiento hasta que se resuelva el incidente. hay que entender que. se suspenden igualmente los plazos eventualmente concedidos para el cumplimiento de trámites. En todos estos casos estamos ante vicios de procedimiento. 79. cuya relevancia jurídica habrá que juzgar de acuerdo con las reglas generales de la Ley sobre la invalidez de los actos administrativos.2. La suspensión parece que debe afectar no solo a la actuación del recusado. tales alegaciones podrán dar lugar a la apertura de un incidente propiamente dicho e incluso a su estimación con retroacción de actuaciones y conservación. Su tramitación es sencilla y teóricamente breve. Las resoluciones que decidan incidentes constituyen.La única regla general de tramitación de toda cuestión incidental que cabe inferir de modo seguro del conjunto de la LRJAP es la audiencia al respecto de los demás interesados. Como las resoluciones adoptadas en esta materia no son 17 . obviamente actos de trámite. en su caso de trámites o simplemente a su decisión en la resolución que ponga fin al procedimiento. La resolución del incidente corresponde en todo caso al inmediato superior del recusado. Cabe preguntarnos cual es la consecuencia de la infracción de estas normas. hasta la resolución del incidente. anulabilidad o simples irregularidades no invalidantes. El art. que solo serán susceptibles de recurso independiente en los supuestos en que aquellos lo son. Lo único que queda claro es que en ningún caso suspenderán la tramitación del procedimiento. 77 menciona única y exclusivamente la nulidad de actuación como ejemplo de cuestión incidental no suspensiva. Por analogía con el sistema procesal. como la LRJAP no prescribe otra cosa. sino también de las demás autoridades y personal que intervengan en la tramitación. Es decir. Lo que aquí importa advertir es el carácter suspensivo de la tramitación del procedimiento principal. Por lo mismo. de las que puede resultar la calificación como supuestos de nulidad. los incidentes de nulidad de actuaciones serán pues alegaciones de los interesados durante la tramitación del procedimiento sobre la validez del mismo. basadas en defectos de competencia o de forma (determinantes de nulidad o anulabilidad) y formuladas al amparo del art. que relevancia jurídica tiene el hecho de que promovida la recusación esta no se trámite o no se trámite debidamente o no se suspenda la tramitación del procedimiento principal. El incidente se inicia por escrito de los interesados que se puede presentar en cualquier momento de la tramitación del procedimiento. La única cuestión incidental a la que por excepción la LRJAP otorga carácter suspensivo de la tramitación del procedimiento principal es la recusación.
la LRJAP se limita a enunciar unos principios generales y a diseñar el régimen básico de los actos de instrucción mas habituales: alegaciones. técnicos y jurídicos precisos para que la resolución que ponga fin al procedimiento sea adecuada.susceptibles de recurso independiente. determinante de anulabilidad. la no suspensión de la tramitación del procedimiento principal durante la tramitación del incidente no admitirá una respuesta univoca. conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución. CAPITULO III Instrucción del procedimiento Sección 1ª Disposiciones Generales Artículo 78. podría constituir un supuesto de indefensión. la falta absoluta de tramitación del incidente o su rechazo de plano podría constituir un supuesto de nulidad.Los actos de instrucción necesarios para la determinación. Actos de instrucción. sin perjuicio del derecho de los interesados a proponer aquellas actuaciones que requieran su intervención o constituyan trámites legal o reglamentariamente establecidos. La Administración tiene una libertad amplia para determinar los actos de instrucción necesarios en cada caso. sino que habría que juzgarla con los criterios indicados a la luz de las circunstancias del caso. En cuanto a la recusación. 2. La estimación de un incidente de suspensión sin audiencia de otros interesados. pruebas. Los resultados de los sondeos y encuestas de opinión que se incorporen a la instrucción de un procedimiento deberán reunir las garantías legalmente establecidas para estas técnicas de información así como la identificación técnica del procedimiento seguido para la obtención de estos resultados. trámite de audiencia y la información pública. que ponga fin al procedimiento. 18 . La instrucción se encuentra también sometida a los principios de contradicción y de igualdad de los interesados. Y por lo que aquí mas importa. en cuanto a que se prescinde total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. se realizarán de oficio por el órgano que trámite el procedimiento. informes . Los actos de instrucción necesarios se realizaran de oficio por el órgano que trámite el procedimiento. cuyo cumplimiento debe asegurar el órgano instructor. del procedimiento administrativo La fase instructora tiene como finalidad proporcionar los elementos fácticos. 1. habrá que esperar para denunciar estos vicios a la impugnación del acto administrativo definitivo. La instrucción común. Y el incumplimiento de los plazos establecidos para la resolución del incidente seria una simple irregularidad.
Las alegaciones constituyen el acto típico de los interesados en el procedimiento administrativo. con antelación suficiente. Regula por tanto las alegaciones propiamente dichas. el instructor del mismo acordará la apertura de un período de prueba por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez. Dichas alegaciones podrán dar lugar. sobretodo. en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia.Artículo 79. Se trata de escritos mediante los cuales estos aportan al expediente datos de hecho y valoraciones de orden jurídico o técnico sobre las cuestiones que en el se debaten. Alegaciones. las que se producen antes del trámite de audiencia y además las que se produzcan contra los defectos de tramitación para que puedan ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto. Los interesados podrán. en cualquier momento de la tramitación anterior al trámite de audiencia. Unos y otros serán tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la correspondiente propuesta de resolución. Respecto al órgano ante el que habría de presentarse. En todo momento podrán los interesados alegar los defectos de tramitación y. Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija. Artículo 81. si hubiere razones para ello. Finalmente resaltar que el órgano competente ha de tener en cuenta estas alegaciones en el momento de elaborar la propuesta de la resolución que pone fin al expediente. mediante resolución motivada. Nada establece sobre el modo de plantear estas alegaciones ni sobre el órgano ante quien han de presentarse. La Administración comunicará a los interesados. 2. a la exigencia de la correspondiente responsabilidad disciplinaria. 2. 1. a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes. Por tanto para que el interesado presente las alegaciones que estime conveniente no es preciso que la Administración. el inicio de las actuaciones necesarias para la realización de las pruebas que hayan sido admitidas. sin perjuicio de las alegaciones especificas que pueden formularse en los trámites de audiencia o información pública. aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio. los que supongan paralización. 19 . Medios y período de prueba. infracción de los plazos preceptivamente señalados o la omisión de trámites que pueden ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto. parece evidente que sea el instructor del procedimiento. 1. 3. La característica mas sobresaliente del régimen de las alegaciones es la posibilidad ilimitada de formularlas: puede hacerse cuantas veces se estime necesario y. en especial. Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho. le otorgue un trámite específico. 1. Sección 2ª Prueba Artículo 80. Práctica de prueba. El instructor del procedimiento sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias.
a petición del interesado. Objeto de prueba en el procedimiento administrativo son los hechos en virtud de los cuales debe pronunciarse la resolución.2 prevé que los interesados presente los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. por lo tanto la carga de la prueba corresponde a quien acusa El art. En la notificación se consignará el lugar. La carga de la prueba variará según sea procedimientos administrativos incoados a instancia de parte. La LRJAP establece un plazo máximo y mínimo para la duración del periodo de prueba que se entiende común para proponer y practicar las que se 20 . fecha y hora en que se practicará la prueba. Deben ser probado por tanto todos los hechos relevantes para la resolución del procedimiento y la prueba del derecho extranjero que se invoque así como la costumbre en los limitados casos en que es fuente de derecho administrativo. 3. incumbiendo a la Administración demostrar la existencia de causas impeditivas o extintivas.2. Pese a la importancia. ésta podrá exigir el anticipo de los mismos. 80. La prueba constituye un acto de instrucción que tiene por objeto determinar la certeza de los hechos y en su caso. de que el interesado puede nombrar técnicos para que le asistan. de lo que se puede desprende que la carga de la prueba pesa sobre la persona que incoa el procedimiento. a reserva de la liquidación definitiva. la vigencia y existencia de las normas que han de servir de fundamento a la resolución del procedimiento. Por otra parte del hecho de que se regule un periodo destinado a la actividad probatoria no significa que únicamente se pueda realizar esta actividad dentro de este periodo concreto. la regulación de la LRJAP es esquemática. Incluso en el trámite de audiencia el art. 84. en los cuales se impone al interesado la obligación de acompañar su solicitud de los documentos que justifique su derecho. sino que será posible la aportación de pruebas en cualquier momento del procedimiento. En los casos en que.1 obliga en determinadas ocasiones a que la prueba se desarrolle en un trámite especifico. En el procedimiento administrativo los interesados pueden proponer cuantas pruebas estimen convenientes y necesarias y el órgano responsable esta obligado a desarrollar aun en el caso de que no lo pidan los interesados la actividad probatoria adecuada. concretamente cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o cuando la naturaleza del procedimiento lo exija. En los procedimientos sancionadores rige la presunción de inocencia. una vez practicada la prueba. En los procedimientos iniciados de oficio la carga de la prueba recae siempre sobre la Administración. con la advertencia. La liquidación de los gastos se practicará uniendo los comprobantes que acrediten la realidad y cuantía de los mismos. incumbiendo a los interesados demostrar la inexistencia de los hechos que alega la Administración. deban efectuarse pruebas cuya realización implique gastos que no deba soportar la Administración. en su caso.
En el primer caso. en cuyo caso se podrá interrumpir el plazo de los trámites sucesivos. 2. sin que existan reglas valorativas legalmente establecidas en el ordenamiento administrativo que delimite su margen de apreciación. En cambio las pruebas que precisan de personal técnico ajeno a la Administración o. 2. Un medio de prueba que adquiere gran relevancia en el proceso administrativo son las actas de inspección y los atestados y denuncias de la autoridad. 137 LRJAP: 3. el interesado no debe correr con gasto alguno. El instructor del expediente goza de la facultad de libre apreciación de las pruebas admitidas. Los informes serán evacuados en el plazo de diez días.juzguen necesarias. Habría que atender aquí a si la realización de la prueba solicitada puede ser practicado con los solos medios personales de la Administración y sin coste material alguno o no. y los que se juzguen necesarios para resolver. dichos gastos pueden correr a cuenta del interesado. 81. aunque sea propio generan costes materiales fácilmente determinables. 1. se solicitarán aquellos informes que sean preceptivos por disposiciones legales. excepto en los supuestos de informes preceptivos que sean determinantes para la resolución del procedimiento. y 21 . cuyo valor probatorio ha sido regulado en el at. De no emitirse el informe en el plazo señalado. El art. Esta previsión excluye la posibilidad de abrir un periodo indefinido o que deje su duración a la voluntad de las partes. y sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el responsable de la demora. Artículo 83. Si el informe debiera ser emitido por una Administración Pública distinta de la que tramita el procedimiento en orden a expresar el punto de vista correspondiente a sus competencias respectivas. En la petición de informe se concretará el extremo o extremos acerca de los que se solicita. Sección 3ª Informes Artículo 82. tendrán valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios administrados. en su caso. 1214 y ss del CC. Salvo disposición expresa en contrario. 1. 3. la conveniencia de reclamarlos.3 impone a los interesados el pago de los gastos que ocasionen la realización de pruebas por ellos solicitadas y cuyo coste no deba soportar la Administración. 4. Ante el silencio de la legislación administrativa en lo que se refiere a la regulación de los distinto medios de prueba. A efectos de la resolución del procedimiento. Petición. los informes serán facultativos y no vinculantes. la jurisprudencia la doctrina han acudido tradicionalmente a los art. Los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad. citándose el precepto que los exija o fundamentando. salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor. y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes. se podrán proseguir las actuaciones cualquiera que sea el carácter del informe solicitado. La cuestión mas problemática consiste en determinar que tipo de gastos no corresponde a la Administración. Evacuación.
1. La no emisión de un informe preceptivo solicitado no siempre producirá la invalidez del acto. Los informes son aquellas declaraciones de juicio provenientes de una instancia externa al instructor del procedimiento que tengan por finalidad asesorar o ilustrar en relación con los distintos aspectos jurídicos o técnicos que plantea el procedimiento. 2. a. Informes facultativos No vienen impuestos como exigencia procedimental por norma expresa. Se subordina la petición de informes facultativos a que estos sean. de este modo. dependiendo si su emisión es exigida o no por una disposición legal y vinculantes o no vinculantes en atención a sus efectos. obligación que no existe en el caso de los informes no vinculantes. salvo que sea determinante para la resolución. es posible distinguir entre informes vinculantes e informes no vinculantes. Informes preceptivos. Su solicitud se encuentra sujeta a una serie de condicionantes tendentes a garantizar el carácter necesario del informe y a evitar. Informes vinculantes y no vinculantes Atendiendo a su eficacia. Informes preceptivos e informes facultativos. El informe emitido fuera de plazo podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución. cuya ausencia puede tener efectos sobre la validez de la resolución final y cuya no emisión en plazo además permite la suspensión del procedimiento. Son informes preceptivos aquellos cuya evacuación viene impuesta por la norma reguladora del procedimiento. adecuados al objeto del procedimiento y necesarios para resolver. El concepto clave es pues el de informe preceptivo determinante. se podrán proseguir las actuaciones. Son informes preceptivos determinantes. Por último hace referencia a los informes de coordinación interadministrativa. que la resolución del expediente sufra retrasos. Salvo disposición expresa en contrario los informes serán facultativos. b. pues ni siquiera interrumpe el procedimiento. La LRJAP distingue entre informes preceptivos y facultativos. de hecho. en los primeros. que son en todo caso y por su propia esencia determinantes de la resolución y aquellos no vinculantes en los casos en los que la opinión del órgano consultivo que emite ese informe preceptivo no vinculante deba pesar de tal manera en la decisión que. en primer lugar. sea determinante del sentido de la misma. los vinculantes.transcurriera el plazo sin que aquél se hubiera evacuado. 22 . el órgano decisor esta obligado a resolver en el sentido propuesto en el informe.
24 ce. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado. 3.c. Tampoco se suspende el procedimiento cuando el informe deba ser emitido por una Administración distinta de la que lo tramita en orden a expresar el punto de vista correspondiente a sus competencias respectivas y dicho informe no se emite en plazo. El informe se configura como una vía que permite coordinar una actuación administrativa con la posición que mantiene al respecto las restantes administraciones que van a verse afectadas. en su caso. salvo lo que afecte a las informaciones y datos a que se refiere el artículo 37. 4. se tendrá por realizado el trámite. 23 . podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. 2. El trámite de audiencia esta ligado a la garantía efectiva del derecho de defensa del art. No puede incoarse ex oficio. Si antes del vencimiento del plazo los interesados manifiestan su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones. La tramitación del informe comienza con la petición de informe. pero que podrá se mayor o menor por disposición expresa de una norma o como consecuencia del cumplimiento del resto de los plazos previstos para el procedimiento. en tanto en cuanto garantiza la realización del principio general de que nadie puede ser condenado sin ser oído. Esta petición ha de permitir delimitar el contenido del mismo y en ella habrán de manifestarse las causas que fundamentan la necesidad de la consulta y además en la solicitud del informe debe señalarse el plazo de que se dispone para su evacuación. e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución. a sus representantes. en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince. Sección 4ª Participación de los interesados Artículo 84. Si el informe requerido no es emitido en el plazo previsto no se suspende el procedimiento excepto en los supuestos de informes preceptivos que sean determinantes. se pondrán de manifiesto a los interesados o. Instruidos los procedimientos. Trámite de audiencia. siquiera sea indirectamente por la decisión finalmente adoptada. Los interesados. esta sujeta a la solicitud por parte del órgano que está tramitando el procedimiento principal. La LRJAP establece un plazo máximo de 10 días.5. 1. Informes de coordinación interadministrativa Son aquellos informes emitidos por las administraciones públicas en orden a expresar el punto de vista correspondiente a sus competencias respectivas.
conociendo la existencia del expediente y la posibilidad de intervenir en el no hace uso de la posibilidades que le brinda la ley. Artículo 85. Finalmente no existe indefensión si el interesado. El primer efecto de la audiencia del interesados con la incorporación de alegaciones y justificaciones al expediente. puede alegar lo que a su derecho conviene sin limitación alguna. 1. La Administración esta obligada a conceder este trámite a todo aquel que reúna la condición de interesado conforme a lo establecido en el art. 24 . pero también es posible obtener copias del mismo. En cuanto al momento para la realización del trámite se sitúa entre la terminación de la instrucción del procedimiento y la redacción de la propuesta de resolución. ya sea en los recursos administrativos o contencioso administrativos pertinentes. De este modo se subordina la nulidad a que la omisión del trámite de audiencia provoque en el procedimiento administrativo una indefensión real y efectiva. en principio no se produce cuando el interesado. plazo que por estar fijado en días únicamente se computaran los hábiles. Actuación de los interesados. El legislador permite prescindir de este trámite esencial en dos supuesto: cuando en el procedimiento no figuran ni serán tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado y cuando el afectado manifieste expresamente su decisión de no utilizarlo. con sus obligaciones laborales o profesionales. no será inferior a 10 días ni superior a 15. que. es el de constituir su exposición antecedente necesario para el contenido del acto definitivo. Y esta indefensión. y no la meramente formal.Es preciso distinguir las alegaciones de este trámite de audiencia que responde a la idea de dar la posibilidad de que conozca en su totalidad el expediente. ya que ello no tiene lugar sino se ha producido indefensión. en la medida de lo posible. Por último el plazo durante el cual ha de evacuarse el trámite será el que señale el órgano competente. Del mismo modo. salvo disposición especial . la omisión de este trámite carece de relevancia si puede presumirse que la retroacción de actuaciones no cambiaria el sentido de la resolución impugnada. O sea cuando en el expediente constan ya todos los elementos de juicio a tomar en consideración para proponer la decisión. Los actos de instrucción que requieran la intervención de los interesados habrán de practicarse en la forma que resulte más cómoda para ellos y sea compatible. pues la indefensión prescrita es la material. Por lo demás el expediente puede ser consultado en las oficinas públicas donde se halle. 31 LRJAP. No siempre que se produzca la omisión del trámite de audiencia se declara inválida la resolución final.
las Administraciones Públicas podrán establecer otras formas. por sí misma. El anuncio señalará el lugar de exhibición y determinará el plazo para formular alegaciones. de la Comunidad Autónoma. en todo caso. Artículo 86. A tal efecto. actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses. 4.2. Por otro lado. Los interesados podrán. el órgano al que corresponde la instrucción. que en ningún caso podrá ser inferior a veinte días. directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la Ley en el procedimiento de elaboración de las disposiciones y actos administrativos. la condición de interesado. En cualquier caso. o la parte del mismo que se acuerde. podrá acordar un período de información pública. La información pública es un trámite de la instrucción que está tanto al servicio de la participación ciudadana como de la mejor adquisición por parte del órgano decisor del conocimiento de las cuestiones que son objeto del procedimiento y que consiste en el establecimiento de un plazo para que cualquier persona. La competencia para acordar abrir el trámite de información pública corresponde al órgano que tiene atribuida la decisión del procedimiento. la información pública no se dirige únicamente a los 25 . 3. como aquellos otros en las que la trascendencia social del objeto del procedimiento o los intereses generales y colectivos en juego aconsejan oír todas las voces que puedan alzarse. el órgano instructor adoptará las medidas necesarias para lograr el pleno respeto a los principios de contradicción y de igualdad de los interesados en el procedimiento. careciendo de competencia por tanto. medios y cauces de participación de los ciudadanos. como ya hemos señalado. El órgano al que corresponda la resolución del procedimiento. quienes presenten alegaciones u observaciones en este trámite tienen derecho a obtener de la Administración una respuesta razonada. se anunciará en el «Boletín Oficial del Estado». 3. La incomparecencia en este trámite no impedirá a los interesados interponer los recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento. y en cuanto a los destinatarios de este trámite. que podrá ser común para todas aquellas alegaciones que planteen cuestiones sustancialmente iguales. Según Jiménez Cruz los procedimientos en los que debe darse el trámite de información pública son tanto aquellos en los que existe un conjunto indeterminado de interesados que deban ser oídos. Pese a este planteamiento general. 1. puedan formular alegaciones o aportar datos en relación con las cuestiones que son objeto del procedimiento. a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el procedimiento. 2. y no solo los interesados. No obstante. o en el de la Provincia respectiva. es muy frecuente que la normativa específica de ciertos procedimientos imponga expresamente con carácter preceptivo la apertura de un periodo de información pública. Conforme a lo dispuesto en las Leyes. Pero en cualquier caso hay que tener en cuenta que la relevancia de esta determinación es relativa ya que. Información pública. cuando la naturaleza de éste lo requiera. La comparecencia en el trámite de información pública no otorga. aunque la naturaleza del procedimiento lo aconseje la apertura de este trámite por parte del órgano decisor es discrecional.
el desistimiento. cuando tal renuncia no esté prohibida por el Ordenamiento Jurídico. salvo cuando viene impuesto por la legislación especifica aplicable. Pondrán fin al procedimiento la resolución. 2. Por otra parte la jurisprudencia se niega. La resolución que se dicte deberá ser motivada en todo caso. que podrá ser común para todas aquellas alegaciones que planteen cuestiones sustancialmente iguales. Terminación. Podemos establecer una clasificación de las formas de terminación del procedimiento que diferenciaría entremedios normales y anormales de finalización. Los efectos de la comparecencia en el trámite de información pública se reducen a la incorporación dicha de las alegaciones y documentos que acompañen a estas al expediente. al público en general. los interesados no tienen obligación de comparecer en ella y verter por este cauce sus alegaciones.la ley previene que quienes presente alegaciones u observaciones en este trámite tiene derecho a una repuesta razonada. Consecuentemente. además de a examinar el expediente. por lo que habrá que estar a lo que al respecto dispongan las normas especiales eventualmente aplicables. de conformidad con la LRJAP son la resolución. parece lógico pensar. la renuncia al derecho y la declaración de caducidad. una vez exista un corpus documental que pueda servir como término de referencia para quienes deseen concurrir a él. Los medios de terminación del procedimiento. se limita a señalar que este trámite será objeto de un anuncio en el boletín oficial correspondiente. Terminación del procedimiento administrativo CAPITULO IV Finalización del procedimiento Sección 1ª Disposiciones Generales Artículo 87. 1. que debe abrirse en la fase inicial del procedimiento. También producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas. Por normales hemos de entender únicamente la resolución 26 MEDIOS DE TERMINACION DEL PROCEDIMIENTO . a declarar la nulidad por omisión del trámite de información pública. y la declaración de caducidad. la renuncia al derecho en que se funde la solicitud. a formular las alegaciones oportunas y a aportar los documentos o pruebas que se considere oportuno.interesados en el procedimiento. A falta de ellas. Además . sino a todos los ciudadanos. Nada dice en cuanto al momento en el que el trámite en cuestión debe tener lugar. El trámite da derecho a los comparecientes. La LRJAP es parca en la regulación de la tramitación de la información pública. sistemáticamente. el desistimiento..
como aquellos otros como el silencio administrativo que la norma crea para asimilar y dar cobertura legal a los efecto s de aquel incumplimiento. NORMAL ANORMAL Otros medio de terminación SILENCIO ADMINISTRATIVO resolución expresa y en plazo Por la actividad de los sujetos unilateral bilateral Por la inactividad de losPor hechos que privan de razón sujetos de ser al procedimiento Por la inactividad de los sujetos Extinción y Reforma transformación de normativa los interesados Renuncia desistimient o transacción Desistimiento tácito El 87. como es la imposibilidad de continuar el procedimiento por causas sobrevenidas. siempre que no sean contrarios al Ordenamiento Jurídico ni 27 . si bien podemos considerar como generales los siguientes supuestos: El fallecimiento del interesado La modificación de la situación jurídica de los interesados Las reformas legislativas Artículo 88. Terminación convencional. Las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos. convenios o contratos con personas tanto de derecho público como privado. 1.2 LRJAP recoge otro medio de terminación anormal del procedimiento. La casuística de este modo de finalización del procedimiento puede ser muy amplia. Quedarían dentro del medios anormales aquellos que se prevén en la ley como alternativos ala resolución convencional. pactos.expresa y en plazo.
los acuerdos que versen sobre materias de la competencia directa de dicho órgano. pues en realidad son sinónimos. ni un tiempo limitado para que se desarrollen las 28 . Pero también puede ocurrir que estos pactos sirvan simplemente para preparar algún aspecto parcial de la decisión. Ahora bien la firma del acuerdo estar reservada a la autoridad que ostente la competencia conforme al art. a la resolución que les ponga fin. vinculante o no. 3.versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado. Por parte de la Administración el protagonista en la negociación puede corresponder al instructor del procedimiento. Requerirán en todo caso la aprobación expresa del Consejo de Ministros. la contraparte puede ser un sujeto privado o publico. En tales casos. La ley no ha previsto un momento concreto para que la negociación del acuerdo tenga lugar. objeto y causa. 12 LRJAP. Los contratos pueden definirse como un negocio jurídico multilateral consistente en un acuerdo de voluntades alcanzado entre la Administración competente y los interesados en el seno de un procedimiento administrativo para regular jurídicamente el asunto que en el mismo se dilucidaba. Por tanto también son posibles acuerdos con una parte de los interesados. pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo. La distinción entre acuerdos. La libertad contractual comprende el derecho de cualquier interesado y de la propia Administración a no iniciar o a apartarse de la negociación cuando constate la falta de disposición negociadora propia o ajena o la inviabilidad del acuerdo. contratos y pactos carece de trascendencia jurídica. efectos y régimen jurídico específico que en cada caso prevea la disposición que lo regule. con el alcance. cuyo contenido estará o no predeterminado por lo estipulado en el acuerdo alcanzado durante la tramitación. aunque pueda presentar algunas peculiaridades propias del tráfico administrativo y de la participación de las administraciones públicas. la Administración deberá dictar una resolución unilateral. Esto acuerdo pueden poner fin al procedimiento sustituyendo a la resolución administrativa. debiendo públicarse o no según su naturaleza y las personas a las que estuvieran destinados. 2. funcional y territorial. En la terminación convencional se dan los elementos esenciales de la institución contractual: consentimiento. Los citados instrumentos deberán establecer como contenido mínimo la identificación de las partes intervinientes. La terminación convencional es una de las más destacadas novedades traídas por la LRJAP. convenios. el ámbito personal. como por ejemplo la desigualdad entre las partes y el hecho que de fin a un procedimiento administrativo. Los acuerdos que se suscriban no supondrán alteración de las competencias atribuidas a los órganos administrativos ni de las responsabilidades que correspondan a las autoridades y funcionarios relativas al funcionamiento de los servicios públicos. 4. y el plazo de vigencia. con carácter vinculante o no. Una parte de la terminación convencional ha de ser una Administración pública.
salvo que una norma especial establezca otra cosa. Por tanto desde el punto de vista del derecho administrativo mas que las materias en si mismas. tendrá que acordarse así. sobre el que más dudas surgen. La materia que puede ser objeto de una terminación convencional es uno de los aspectos cruciales de esta figura y. mientras el mismo se esté tramitando. Lo cual no es extraño si tenemos en cuenta que el precepto que estamos analizando trata de acotar este aspecto mediante un criterio negativo. 29 . Lo único que si deja claro es que el trascurso del plazo máximo legal para resolver el procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender cuando se inicien negociaciones con vistas a la conclusión de este tipo de pactos o convenios. En cualquier caso.conversaciones al efecto. como seria el caso de los actos estrictamente reglados. parece obvio que la terminación convencional carecería de objeto y el expediente habrá de concluir mediante una resolución administrativa. el ámbito personal. para ver si es susceptible de ser negociado y resuelto mediante acuerdo. salvo que estuviera excluida por previsión legal especifica. Esto quiere decir que la transaccionabilidad ha de apreciarse a la luz de las características del asunto en controversia. La incorporación de los acuerdos al procedimiento exige su formalización escrita. funcional y territorial del acuerdo. según su naturaleza y personas afectadas. el plazo de vigencia y la públicación. al disponer que los acuerdos no podrán versar sobre materias no susceptibles de transacción. Por lo tanto debemos pensar que una vez iniciado el procedimiento las negociaciones pueden llevarse a cabo en cualquier momento. que puedan realizarse concesiones reciprocas entre la partes y que con ello se sustituya el conflicto por una relación cierta. Junto a esto. lo que constituirá el concreto régimen jurídico de las obligaciones derivadas de ese contrato. El consejo de estado tiene establecido en su doctrina que para ser procedente una transacción deben darse tres condiciones: una relación jurídica incierta. El contenido mínimo de la terminación convencional es la mención de las partes contratantes. tanto si se trata de acuerdo preparatorios o de trámite como si sustituyen a la resolución y ponen fin al procedimiento. litigiosa o susceptible de crear un litigio. Si el asunto en cuestión no permite hacer concesiones. una vez abiertas las negociaciones la suspensión no es automática. serán los asuntos los que se presten o no a transacción y por ende a una terminación convencional. en el sentido de no ser susceptible de someterse a discusión. al mismo tiempo. las estipulaciones y demás contenidos sustantivos del contrato lógicamente variará en función de la relación o asunto en cuestión.
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno. 1. Expresas o tacitas tramitación del administrativos pueden ser 30 . De su forma a. en su caso. De su eficacia jurídico material: a. Tanto en los procedimientos iniciados de oficio como a instancia de parte la resolución es el acto finalizador por antonomasia del procedimiento administrativo. En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado. adoptadas durante la procedimiento pero que no le dan término b. si procede. la resolución será congruente con las peticiones formuladas por éste. 2. para que formulen las alegaciones que estimen pertinentes y aporten. sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial y sin perjuicio de la potestad de la Administración de incoar de oficio un nuevo procedimiento. Expresarán. además. los recursos que contra la misma procedan.Los limites materiales establecidos por el articulo 88 son el que ha de estar dirigida a la satisfacción de un interés publico y el principio de legalidad. Sección 2ª Resolución Artículo 89. oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso. Definitivas c. poniéndolo antes de manifiesto a aquéllos por un plazo no superior a quince días. 4. el órgano competente podrá pronunciarse sobre las mismas. Las resoluciones de los procedimientos clasificadas desde diverso puntos de vista: 1. Dicho carácter de medio normal o típico de finalización del procedimiento se deriva igualmente del hecho de constituirse legalmente la resolución como una obligación ineludible para la Administración. Provisionales. aunque podrá resolver la inadmisión de las solicitudes de reconocimiento de derechos no previstos en el Ordenamiento Jurídico o manifiestamente carentes de fundamento. sin perjuicio del derecho de petición previsto por el artículo 29 de la Constitución. que será motivada en los casos a que se refiere el artículo 54. Escritas u orales b. los medios de prueba. En ningún caso podrá la Administración abstenerse de resolver so pretexto de silencio. Contenido. 3. que resuelven los incidentes que se muestran durante la tramitación del expediente 2. De trámite. 5. La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo. órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos. Las resoluciones contendrán la decisión. Cuando se trate de cuestiones conexas que no hubieran sido planteadas por los interesados. La aceptación de informes o dictámenes servirá de motivación a la resolución cuando se incorporen al texto de la misma.
que en el caso de ampliaciones del objeto del procedimiento por el órgano resolutor precisará la audiencia previa de los interesado por plazo máximo de quince días.3. Por su momento temporal a. plazo en el cual se concentraran además otras actuaciones instructoras cuales son la formulación de alegaciones y la aportación de los medios de prueba que se estimen pertinentes. Motivadas b. Dictadas en plazo señalado para resolver b. de trascendencia muy diversa según cada supuesto: 1. El órgano resolutor como representante del interés publico. podrá entrar a conocer y resolver de otras cuestiones que se susciten o aparezcan a lo largo de la tramitación administrativa. Este trámite no se prevé de haberse instado por un interesado la resolución de cuestiones conexas. Este principio no se limita estrictamente a la petición de las partes sino que se extiende a todo el desarrollo del procedimiento administrativo de modo que el órgano resolutor no queda ceñido forzosa e inexorablemente en su actividad resolutoria a las pretensiones de las partes. Principio de congruencia. Aquellas que no requieren motivación Del artículo 89 se desprenden una serie de requisitos exigibles a la resolución. Reformatio in peius El concepto de reformatio in peius consiste para este precepto y para los procedimientos incoados a instancia de parte en la interdicción de agravar en la resolución del órgano administrativo la previa situación del interesado 3. 2. Por su motivación a. La resolución de cuestiones conexas puede incoarse tanto por los propios interesados a lo largo del procedimiento hasta el trámite de propuesta de resolución y sin perjuicio de la facultad de admisión del órgano resolutor. Dictadas con posterioridad al vencimiento del plazo para resolver 4. Adecuación al ordenamiento jurídico 31 . Las cuestiones conexas Se refiere a la necesidad esencial de que el procedimiento administrativo concluya en una resolución que venga a dar respuesta a lo pretendido en el mismo. El principio de congruencia visto recoge en el procedimiento administrativo una regulación flexible.
los recursos que procedan contra la misma. los dictados en el ejercicio de potestades discrecionales. tanto para los supuestos que precisan motivación . La estructura de la resolución contiene un conjunto de elementos entre los cuales destacan los siguientes: 1. sino mas bien como una garantía. en la configuración del contenido de las resoluciones administrativas rige el principio del antiformalismo. los de suspensión de actos y los relativos a medidas provisionales. al menos . ello sin perjuicio de que el interesado ejercite aquello otros que tenga por conveniente. los que se aparten del criterio seguido anteriormente. definen fundamentalmente el 32 . los que resuelvan recursos. Cláusulas legales Son obligación o deberes que la Administración impone al destinatario de una resolución declarativa de derechos de forma obligatoria en los casos que proceda según la ley.4. Tal motivación corresponde al órgano resolutor del procedimiento como manifestación razonada de su parecer y argumentación interna y ha de ser suficiente pero a la vez sucinta. 54 LRJAP: actos desfavorables. la reserva de revocación y el modo.como para aquellos en que la misma no constituya requisito esencial propio. Motivación La motivación de las resoluciones no puede entenderse como una mera formalidad exigida para el contenido de estas. La motivación de las resoluciones ha de producirse en los supuestos del Art. Entre las mas habituales se encuentra el término. órgano ante el cual cabe su interposición y plazo para la misma. la resolución administrativa deberá expresar. la condición . aquellos otros en que así lo requiere una norma. principio que no obstante no limita la necesidad de que exista un mínimo rigor en el contenido de la resolución en aras a la mejor defensa de los intereses jurídicos que la misma trata de preservar. Forma Pese a la concurrencia del principio general de constancia escrita. si agota la vía administrativa. los que pongan fin a procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva. Integrado por aquellos factores que derecho otorgado al particular 2. Contenido básico del derecho. En todo caso. 5.
3. la Administración podrá limitar los efectos del desistimiento o la renuncia al interesado y seguirá el procedimiento. y declarará concluso el procedimiento salvo que. imposición que permite otorgar lo solicitado al particular. el desistimiento o la renuncia sólo afectará a aquellos que la hubiesen formulado. habiéndose personado en el mismo terceros interesados. Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio que permita su constancia. 2. Lo importante es que figure en la resolución. Si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase interés general o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento. en algunos casos deben ser incluidos a través de una remisión general en el contenido obligatorio de la resolución según la ley 4. 2. Deberes legales Son las obligaciones del destinatario de la resolución establecidas en la normativa aplicable con carácter general. fecha. con la mayor claridad posible lo siguiente: 1. 1. No es necesario que exista una autorización legal expresa. instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento. Sección 3ª Desistimiento y renuncia Artículo 90. Ejercicio. antefirma del titular del órgano y firma del mismo. razonamientos o razonamientos en los que se funda la misma. que además. Motivación de la resolución. En cuanto a la estructura formal no existe en la ley una regla al efecto. La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia. 5. Lugar. Artículo 91. Clausulas accesorias propias Aquellas determinaciones que la ley permite a la Administración imponer en los casos en que el particular no posee derecho subjetivo a obtener lo solicitado. etc. Medios y efectos. 2. Datos que encabecen la resolución y que determinen procedimiento de que se trate. renunciar a sus derechos. el 33 . sino que en tanto que la ley no lo impida. Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados. Todo interesado podrá desistir de su solicitud o. nombres de los interesados. 3. Breve alusión a los preceptos legales aplicables 4. la Administración puede imponerlas.3. Hechos que sirvan de apoyo a la resolución. cuando ello no esté prohibido por el Ordenamiento Jurídico. 1. decisión propiamente dicha 6.
La Administración. o la caducidad. Mientras tanto. Que tal acto de voluntad se manifieste por cualquier medio que permita su constancia. Dichas causas. 3. inactividad que tendría los efectos comunes que marca la LRJAP. El carácter unilateral del acto de la renuncia o del desistimiento no impide que tales acciones deban ser aceptadas por la Administración mediante resolución expresa. habría de resolverse en el sentido de continuar el procedimiento y ello pese a una eventual inactividad del interesado cesante. habrá de limitarse a una mera y obligada recepción del parecer del sujeto y asimilación del mismo por parte de aquella. La diferencia entre una y otra figura radica en que mientras la renuncia afecta a los derechos objeto del procedimiento . Los requisitos del desistimiento vienen recogidos con claridad por el dictamen del consejo consultivo d e castilla la mancha: 1. con lo que tiene un alcance mucho mas limitado que aquella. aceptara de plano el desistimiento o la renuncia. En este sentido afirma el TS que la declaración de voluntad deberá ser clara y terminante. que incluso podría poseer el mismo objeto.El desistimiento y la renuncia son actos unilaterales del administrado que suponen medios anormales de terminación del procedimiento administrativo. 2. resultaría inejercitable en otro procedimiento administrativo ulterior que guardara igual objeto. de razonada concurrencia para su aplicación por la Administración son la prevalencia de los intereses generales y la presencia de terceros interesados que pudieran ver afectados sus derechos e intereses por acto ajeno a los mismo como es la renuncia o desistimiento del otro. De este modo caso de producirse la renuncia o el desistimiento en alguno de estos supuesto. mediando renuncia. el desistimiento se refiere exclusivamente al procedimiento en si. 4. Que exista un acto de voluntad del interesado manifestando el desistimiento. En principio la resolución de la Administración. Ello es así salvo que se den las causas de excepción que recoge el propio Art. De esta manera la renuncia supone una perdida definitiva ante la Administración del derecho cuyo ejercicio se pretende. ya sea la perdida al trámite en cuestión continuando su marcha el procedimiento. haciendo limitar a este los efectos de su actividad de renuncia o desistimiento. 91 y que han de primar sobre la propia voluntad del particular. Que se produzca mientras subsista el procedimiento iniciado 34 . Que la manifestación de voluntad del administrado se dirija al órgano administrativo competente. de modo que el mismo. el desistimiento supone el abandono del procedimiento sin perjuicio de la apertura de otro posterior. sin que sea licito deducirla de expresiones equivocas o actos de dudosa significación.
2 entre aquellos que junto con el renunciante o desistido han incoado el procedimiento y un segundo grupo que conformaran aquellos que se han incorporado posteriormente al mismo. Que el desistimiento se concrete en un objeto determinado. Así las cosas. aquellos personados a lo largo de la marcha del procedimiento administrativo. de dicha petición. o bien se personaron en el expediente para oponerse o ejercer un cierto control sobre las pretensiones del instante. dada la esfera personal independiente de cada uno de los sujetos.1 al exigir que tanto el desistimiento como la renuncia deban presentarse ante la Administración por cualquier medio que permita su constancia. En estos el precepto viene a otorgarles tácitamente una inferior consideración con respecto a los incoadores del procedimiento. se les exige para continuar el procedimiento la realización de un acto positivo en tal sentido como es el de instar expresamente su continuación en el plazo de diez días a contar desde que se fueron notificados del desistimiento. por tanto. marca el 91.2 señal la continuación automática del procedimiento. de plano. ante la renuncia o desistimiento la Administración. el principal requisito a considerar es el que recoge el 91.2 y 91. Para los primero el 90. 35 .2 un régimen distinto del anterior. la ley establece en el 91. o bien que ostenten un interés menos directo al no haber ellos instado el procedimiento. que nada se ha de objetar en atención a la libertad que es inherente al individuo y que.2 una primera aceptación. El caso es que a esos terceros interesado. puesto que se trata de derechos propios de la esfera mas intima del sujeto y se considera. de modo que la renuncia o el desistimiento de aquel otro u otros con los que instaron el mismo. Una vez conocido por la Administración el deseo del interesado de renunciar a su derecho o de desistir del procedimiento. Mas allá de lo reseñado en referencia a los interesados el 91. no les afecta a la hora de proseguir las actuaciones en curso. Para los segundos.3 LRJAP viene a conceder un amplio margen a la Administración al permitir que esta pueda continuar el procedimiento a pesar de haberse producido la renuncia o el desistimiento del interesado. Sobre lo anterior. Estos interesados son distinguidos por los arts. puesto que se considera que. cuando existen intereses que van mas allá de los propios de este o incluso de los de otros terceros interesados. Lo cual no es una regla cierta en la totalidad de los casos. 90. dado que una incorporación tardía no quiere decir que para los mismos no puedan derivarse consecuencias directas del propio expediente. únicamente concurre el limite de la no interdicción del ordenamiento jurídico. en este primer estadio. ha de resolver declarando concluso el procedimiento por este medio anormal y notificara dicha resolución a todos los interesados en el procedimiento. ahora retiradas.5.
la Administración acordará el archivo de las actuaciones. Contra la resolución que declare la caducidad procederán los recursos pertinentes. de referirse a aquellos no incoadores personados a lo largo del expediente la ley no prevé para estos mas consecuencias que el supuesto de decaimiento en el trámite. 2. o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento. Esta solución precisa la concurrencia de un interés general que la Administración venga llamada a preservar y que haga conveniente sustanciar y resolver el procedimiento para la definición y esclarecimiento de la cuestión que conforma su objeto. Por último reseñar que la declaración de caducidad habrá de adoptar la forma de resolución. cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo. pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción. viene a desoír el mismo adoptando una posición de inactividad en la realización de un trámite esencial para la correcta resolución del procedimiento. 36 . siempre que no sean indispensables para dictar resolución. 1. 4. se producirá la caducidad del mismo. mas no se trata de cualquier interesado sino del incoador del procedimiento. Dicha inactividad no tendrá otro efecto que la pérdida de su derecho al referido trámite. Consumido este plazo sin que el particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación. Dicha resolución. además de precisar motivación habrá de ser debidamente notificada al interesado y contra la misma cabrán los recursos que sean pertinentes. trámite que solo puede ser practicado por el propio sujeto interesado. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración. El concepto de caducidad a que se refiere el precepto en estudio es el referido a la causada por la inactividad del interesado. Los requisitos procedimentales se traducen en la necesidad de un imprescindible requerimiento expreso al interesado que debe ser ulterior al inicial requerimiento para que este cumplimente el trámite de que se trate y lógicamente al vencimiento del plazo que este a tal fin ofrezca. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado. 3. en los que la Administración limitaría la renuncia o el desistimiento al interesado que la hubiese solicitado. continuando con la tramitación incluso en solitario. el cual. Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte al interés general. pese a haber recibido el preceptivo requerimiento al efecto de la Administración instructora. puesto que. Sección 4ª Caducidad Artículo 92. La caducidad del procedimiento puede definirse como un modo anormal de terminación del procedimiento que se origina a causa de la paralización del procedimiento por causa imputable al interesado. Requisitos y efectos. No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la cumplimentación de trámites. notificándoselo al interesado. transcurridos tres meses.Se trata de supuestos de conversión en procedimiento de oficio. la Administración le advertirá que.
En el caso de que esos actos debido del particular no resulten imprescindibles a tal fin se producirá meramente la pérdida del trámite en cuestión.Los números 2 y 4 del art. en principio. debiera genéricamente entenderse comprendido en el concepto de interés general. pues. El segundo supuesto de excepción es el contenido en el 92. Igual consecuencia se deriva de estimar la Administración. del mismo se denota a juicio de la Administración un interés general que hace que esta entienda pertinente la subsistencia del procedimiento pese a la no actuación de aquel interesado y que llevará finalmente a aquella a concluir éste.4 que actúa sobre el mismo fundamento que la excepción de finalización del procedimiento por desistimiento o renuncia. y ante la carecía de interesados en el mismo. Se trata de supuestos en que. este es el que motiva genéricamente la acción de los distintos órganos administrativos y en este caso. al fin y al cabo. pese a la inactividad del incoador del procedimiento. 37 . 92 presentan dos excepciones a la regla general de la caducidad. en principio mediante resolución sobre el fondo del asunto. la prosecución del procedimiento en cuestión. supuesto que. El primero requiere para hablar de caducidad por inactividad del incoador del procedimiento el que dicha inactividad se dirija frente actos que resulten indispensables para dictar dicha resolución. que fuera conveniente continuar el procedimiento para su definición o esclarecimiento.
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