Source: https://diario-oficial-generalitat-catalunya.vlex.es/vid/decreto-ley-26-2020-845537806
Timestamp: 2020-07-12 23:07:37
Document Index: 87182981

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 11', 'artículo 7', 'artículo 9', 'artículo 4', 'artículo 129', 'artículo 5', 'artículo 120', 'artículo 6', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 38', 'artículo 5', 'artículo 5', 'Artículo 10', 'artículo 4', 'artículo 120']

DECRETO LEY 26/2020, de 23 de junio, de medidas extraordinarias en materia sanitaria y administrativa. - DOGC. Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (en castellano) - Legislación - VLEX 845537806
Capítulo 2. - arts. 8 y 9
Capítulo 3. - art. 10
En tercer lugar, bajo la perspectiva de abordar planesde contingencia en aquellos ámbitos donde sea necesario y con la intensidad que la realidad de cada supuesto exija.
En el artículo 3, se da una nueva redacción al artículo 11 del Decreto ley 7/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes en materia de contratación pública, de salud y gestión de residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en materia tributaria y económica, en el cual, con esta redacción adaptada, se mantiene vigente en los términos de la disposición adicional primera. La fundamentación de la modificación propuesta viene dada por el hecho de que la emergencia sanitaria provocada por la Covid-19 es vigente y esta medida en materia de personal, en concreto en materia de incompatibilidades, resulta adecuada con el fin de poder abordar eventuales situaciones de reactivación porrebrotes que se pudieran producir en la evolución de esta emergencia sanitaria.
El artículo 7 establece la regulación del ámbito de la intervención del Departamento de Salud en las residencias manteniendo los criterios que se han seguido durando el periodo de vigencia del estado de alarma. Este precepto tiene que ser dictado dado que la normativa estatal en que se concretaba el alcance de la intervención, como se ha dichode contenido parecido, ha perdido vigencia. Por otra parte, esta disposición se complementa con el mantenimiento del resto de preceptos de los decretos ley 12/2020, de 10 de abril y 13/020 de 21 de abril, en relación con las competencias en materia de residencias.
El artículo 9 modifica el artículo único del Decreto ley 22/2020, de 2 de junio, porel que se determinan los órganos competentes para tramitar las sanciones porincumplimientos de la normativa reguladora del estado de alarma denunciados por los diferentes cuerpos policiales. Este Decreto ley se tramitó para que el consejerocompetente en materia de Interior pudiera delegar la competencia sancionadora en materia de protección civil, pero no pretendía afectar a las competencias locales. Con la nueva redacción esta delegación se entiende sin perjuicio de las competencias que la normativa vigente atribuya a las administraciones locales y se deja constancia del régimen especial del municipio de Barcelona.
El capítulo 3 se refiere a las medidas en el ámbito de las personas jurídicas de derecho privado y juntas de propietarios en régimen de propiedad horizontal. Las restricciones a la movilidad impuestas durante la vigencia del estado de alarma podían incidir de una forma especialmente negativa sobre la organización, la actividad y el cumplimientode las obligaciones legales y estatutarias por parte de las personas jurídicas de derecho privado sujetas a las disposiciones del derecho civil catalán, incluidas las sociedades cooperativas, y de las juntas de propietarios de las comunidades sujetas a régimen de propiedad horizontal. Para evitarlo, el Gobierno adoptó varias soluciones, mediante el Decreto ley 10/2020, de 27 de marzo, por el que se establecen nuevas medidas extraordinarias para hacer frente al impacto sanitario, económico y social de la Covid-19, como la ampliación de los plazos inicialmente previstos para la reunión de los órganos de estas entidades, la posibilidad de aplazar o modificar las reuniones convocadas con anterioridad a la declaración del estado de alarma, la ampliación del plazo para elaborar, aprobar y presentar las cuentas anuales o la posibilidad de celebrar reuniones y adoptar acuerdos por medio de videoconferencia o, incluso, de adoptar acuerdos sin reunión, de conformidad con los requisitos previstos por el Código civil de Cataluña y aunque los estatutos no lo previeran.
Con la finalización del estado de alarma, plazo final de las habilitaciones mencionadas, se han levantado completamente las restricciones a la circulación, pero siguen vigentes varias medidas, como el mantenimiento de una distancia física mínima interpersonal, que dificultan o impiden la concentración de números elevados de personas en un mismo lugarEl impacto de la pandemia, la duración del estado de alarma y la vigencia de estas medidas aconsejan mantener temporalmente varias medidas de carácter extraordinario con la misma finalidad perseguida por el artículo 4 del Decreto ley 10/2020, de 27 de marzo, de facilitar el funcionamiento y el cumplimientode las obligaciones legales por parte de las asociaciones, las fundaciones y las juntas de propietarios. En esta misma línea, en el ámbito de las sociedades cooperativas, el Decreto ley 19/2020, de 19 de mayo, de medidas complementarias en materia social y sanitaria para paliar los efectos de la pandemia generada por la Covid-19, prolongó algunas de las medidas previstas porel Decreto ley 10/2020, de 27 de marzo, más allá de la fecha de finalización de la declaración del estado de alarma y hasta el 31 de diciembre de 2020.
Las medidas contenidas en este artículo se dictan al amparo del artículo 129 del Estatuto de autonomía de Cataluña y se fundamentan en la extraordinaria y urgente necesidad de adoptarlas para facilitar que las asociaciones, las fundaciones y las juntas de propietarios puedan desarrollar su actividad y hacer frente a sus obligaciones legales en un contexto de reanudaciónen el que la prevención y la seguridad obligan a evitar la concurrencia de un gran número de personas en un mismo espacio.
En segundo lugar, se mantiene la vigencia de los artículos 5, 6 y disposición adicional tercera del Decreto ley 8/2020, 24 de marzo, de modificación parcial del Decreto ley 7/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes en materia de contratación pública, de salud y gestión de residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en materia tributaria y económica, y de adopción de otras medidas. Respecto del artículo 5, a pesar de la buena evolución de la pandemia en nuestro territorio, la situación de emergencia sanitaria todavía perdura y se prevé que en cualquier momento puedan ser necesarias actuaciones sanitarias urgentes e inmediatas ante la aparición de rebrotes de la Covid-19. Esta circunstancia aconseja que tanto el Departamento de Salud, como las entidades que de él dependen, dispongan de una cobertura legal que establezca claramente y sin interpretaciones la posibilidad de celebrar contratos para hacer frente a la Covid-19 al amparo de lo que prevé el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos de sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Por otra parte, respecto del artículo 6 es el resultado de la constatación del hecho que la utilización de medios electrónicos en sesiones de órganos de gobierno resulta necesaria, ya que la evidencia clínica en el contexto de la pandemia aconseja la adopción de medidas de distanciamiento físico como acción preventiva en todos los ámbitos dondesea posible. En paralelo, la evolución tecnológica pone al alcance de las entidades los recursos para garantizar la seguridad y la confidencialidad en el proceso de toma de decisiones a distancia con plenas garantías, que en ningún caso las comprometen, ni cuestionan el modelo de funcionamiento de los órganos colegiados en ningún extremo. Actualmente, pues, se constata plena solvencia de las soluciones tecnológicas disponibles para no amenazar ningún derecho ni garantía en los términos que establece la normativa. La medida propuesta también resulta congruente con la legislación básica y la tendencia a la implantación efectiva de la administración electrónica. Por otra parte, cualquier nueva incidencia en la evolución de la crisis sanitaria que pueda requerir acciones de confinamiento no puede poner en riesgo la continuidad en el funcionamiento de las entidades y del conjunto de órganos susceptibles de resultar instrumentos clave para dar una respuesta socialmente responsable y bajo plenas garantías jurídicas. En relación con la medida referida al mantenimiento de la disposición adicional tercera, respecto del régimen especial de los convenios relacionados con la Covid-19, su necesidad deriva de la constatación del hecho que, la coordinación en la acción de las diferentes administraciones territoriales, las entidades proveedoras de salud y otras instituciones de nuestra sociedad se ha mostrado como un activo relevante para afrontar las exigencias de la crisis sanitaria en varios niveles (obtención de suministros, estímulo de la investigación, dotación de equipamientos, gestión de recursos destinados a la atención, etcétera).
Finalmente, en cuarto lugar, se mantiene vigente el sistema de pago de la actividad concertada, por una cuestión de seguridad jurídica y deja claro que continúa vigente el artículo 2 del Decreto ley 12/2020, de 10 de abril, modificado por el artículo 1 del Decreto ley 14/2020, de 28 de abril, porel que se adoptan medidas en relación con el Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña, en el ámbito tributario y social, para paliar los efectos de la pandemia generada porla Covid-19 y de adopción de otras medidas urgentes con el mismo objetivo.
Por su parte, la disposición adicional segunda, de ayudas en apoyol empleoprevé, en relación a la convocatoria para el año 2020 de la Línea 2 de las ayudas destinadas a dos líneas de apoyoal empleode trabajadores con discapacidad de características especiales de los centros especiales de trabajo, regulada mediante la Orden TSF/223/2017, de 28 de septiembre, per la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ajudas destinadas a dos líneas de apoyo a la ocupación de trabajadores con discapacidad de características especiales de los centros especiales de trabajo, un mecanismo que permita dar solución al supuesto en el que el número de peticiones exceda el importe de la partida presupuestaria.
Respecto de la disposición transitoria, en su punto primero se establece el periodo de vigencia de determinadas disposiciones, fundamentalmente las referidas a aspectos de carizsanitario o relacionadas con éste y que se vincula a la finalización del plande acción PROSICAT. En su apartado segundo se prevé la posibilidad de hacer uso del procedimiento de contratación en su modalidad de emergencia, pero limitado al ámbito sanitario y a la debida justificación. Por el contrario, el resto de disposiciones contenidas en el Decreto ley extienden su vigencia hasta el 30 de septiembre de 2020, fecha en la que se considera se habrá producido la normalización de los procedimientos afectados por la pandemia originada por la Covid-19 en orden a permitir la presencialidad en la prestación de determinados servicios.
De acuerdo con el artículo 38 de la Ley 13/2008, del 5 de noviembre, de la presidencia de la Generalidad y del Gobierno, el Gobierno puede dictar disposiciones legislativas provisionales bajo la forma de decreto ley. En el presente supuesto, el carácter extraordinario y excepcional de la situación deriva de la declaración del estado de alarma provocada por la situación sanitaria que requiere adoptar de manera urgente medidas para el nuevo contexto de reanudacióny que no pueden aplazarse, incluso, mediante la utilización de medios legislativos de urgencia a un momento posterior.
Capítulo 1 Artículos 1 a 7
Medidas de continuidad respecto de la puestaal servicio del Sistema público de salud de los recursos de centros y establecimientos sanitarios privados y de mutuas de accidentes de trabajo.
1.2 Esta habilitación comporta la integración funcional, transitoria y parcial, de estos centros y establecimientos al Sistema Sanitario Integral de Cataluña (SISCAT). A estos efectos, los centros y establecimientos sanitarios privados, laboratorios clínicos y mutuas de accidentes de trabajo tienen que atender los encargos de actividad procedentes del Servicio Catalán de la Salud, teniendo en cuenta que no se establece una reserva íntegra de actividad asistencial a favor suyo y pueden desarrollar la que les sea propia con normalidad, siempre que eso no entre en contradicción con el cumplimientode la obligación de atención que se los asigna por motivos de interés general en cumplimiento del derecho a la protección de la salud de la población.
1.3 El Servicio Catalán de la Salud establecerá, mediante Resolución con este objeto, los mecanismos de relación con los centros y establecimientos sanitarios privados, laboratorios clínicos y mutuas de accidentes de trabajo para hacer efectivos los encargos en el marco del SISCAT así como el sistema de contraprestación económica porla realización de actividad por cuenta del Sistema público de salud que les corresponda.
1.4 La puestaa disposición de los laboratorios a los que hace referencia los párrafos anteriores incluye la facultad de imponer autorizaciones para la realización de pruebas de carácter privado con el objeto de garantizar la disponibilidad de la capacidad productiva máxima para el sistema público de salud en caso de necesidad, así como la posibilidad de adoptar las medidas necesarias para el establecimiento de precios máximos aplicables a la realización de pruebas diagnósticas para garantizar un acceso en condiciones de equidad y evitar el riesgo de cualquier situación.
Medidas de continuidad respecto de la habilitación de espacios para uso sanitario.
Con carácter excepcional y transitorio, con la finalidad de afrontar la emergencia sanitaria provocada porla Covid-19 y durante la vigencia de este artículo, se declara de interés público que el conjunto del personal sanitario del sistema público pueda desarrollar otras actividades públicas sanitarias en los sectores, servicios, empresas públicas, centros y unidades que se prevén en los puntos 1 y 2 del Acuerdo GOV/183/2013, de 23 de diciembre, prorrogado porel Acuerdo del GOV/185/2019, de 17 de diciembre, y consiguientemente, se vuelve compatible el ejercicio de estas actividades públicas.
Modificación del Decreto 159/2007, de 24 de julio, porel que se regula la receta electrónica y la tramitación telemática de la prestación farmacéutica a cargo del Servicio Catalán de la Salud
n) Hoja de medicación activa: documento, en formato papel o electrónico según la elección de la persona paciente, que incluye la información que sobre la prescripción se tiene que dar a la persona paciente y un código que lo vincula con la receta electrónica.
Modificación del Decreto 27/1999, de 9 de febrero, de la gestión de residuos sanitarios
Infección: Covid-19.
Infección: Covid-19. Residuos contaminados con secreciones respiratorias.
Comunicación de datos por parte de las empresas funerarias
6.1 Las empresas que prestan servicios funerarios tienen que seguir comunicando al Departamento de Salud en relación con cada persona difunta los datos siguientes: DNI o NIE; sexo; edad; fecha y causa de defunción; municipio de residencia; lugarde defunción y destino final (inhumación o incineración).
Intervención de los centros residenciales
Traslado de las personas residentes a otros dispositivos residenciales.
Redistribución del personal del centro residencial.
Suspensión de la actividad, de mutuo acuerdo con el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, de la entidad gestora del centro residencial y atribución de la gestión a otra entidad prestadora de servicios sociales autorizada.
Medidas de dirección y coordinación de la actividad asistencial de la residencia mediante la designación de un profesional del sistema público de salud que pueda disponer de los recursos materiales y humanos del centro intervenido, así como de los recursos vinculados con la actividad sanitaria asistencial que se presta de forma habitual a las personas residentes, tanto del mismo centro como del sistema público de salud.
Medidas de control y prevención de la infección, actuaciones de sectorización, higienización y desinfecciones.
Medidas de apoyopuntual al centro residencial con personal, en caso de necesidad.
Capítulo 2 Artículos 8 y 9
Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2020 la medida establecida en el artículo 5.3 del Decreto ley 10/2020, de 27 de marzo, porel que se adoptan medidas económicas, sociales y administrabas, para paliar los efectos de la pandemia generada por la Covid-19 y otras complementarias, que, de forma excepcional, autoriza el consejo rector a acordar la suspensión total o parcial de la actividad cooperativizada de todas las personas socias trabajadoras, socias de trabajo, o personas trabajadoras o de una parte de estas cuando se den una serie de requisitos establecidos en el artículo 5.3 mencionado.
Modificación del Decreto ley 22/2020, de 2 de junio, porel que se determinan los órganos competentes para tramitar las sanciones porincumplimientos de la normativa reguladora del estado de alarma denunciados por los diferentes cuerpos policiales
Se modifica el artículo único del Decreto ley 22/2020, de 2 de junio, por el que se determinan los órganos competentes para tramitar las sanciones porincumplimientos de la normativa reguladora del estado de alarma denunciados por los diferentes cuerpos policiales, que queda redactado de la manera siguiente:
Capítulo 3 Artículo 10
Modificación del artículo 4 del Decreto ley 10/2020, de 27 de marzo, por el cual se establecen nuevas medidas extraordinarias para hacer frente al impacto sanitario, económico y social de la Covid-19
4.5 Las medidas previstas en este artículo se entienden vigentes desde la finalización del estado de alarma.
Mantenimiento de la vigencia de determinados preceptos y actos de desarrollo
Es declaran vigentes las disposiciones siguientes dictadas durante el estado de alarma decretado por el Real decreto 463/2020, de 14 de marzo:
Durante la etapa de la reanudaciónen el territorio de Cataluña en el marco de la emergencia sanitaria vigente provocada por la Covid-19, permanece vigente la simplificación regulada para los órganos correspondientes de los trámites procedimentales de carácter económico-financiero con relación a las actuaciones derivadas de procedimientos administrativos susceptibles de producir obligaciones de naturaleza económica o financiera que se tengan que llevar a cabo de forma presencial y/o con documentación original, para los cuales no se haga uso de medios electrónicos o telemáticos, de acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria séptima del Decreto ley 10/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan medidas económicas, sociales y administrativas para paliar los efectos de la pandemia generada por la Covid-19 y otros complementarias.
Las disposiciones normativas de rango inferior, los acuerdos del Gobierno, las instrucciones y resoluciones dictadas en desarrollo de las disposiciones legales que de acuerdo con el presente Decreto ley mantienen su vigencia, se mantienen igualmente vigentes hasta que lo haga la disposición que desarrollan, sin perjuicio de su modificación o derogación.
Ayudas en apoyo al empleo
En relación a la convocatoria para el año 2020 de la Línea 2 de las ayudas destinadas a dos líneas de apoyoal empleode trabajadores con discapacidad de características especiales de los centros especiales de trabajo, regulada mediante la Orden TSF/223/2017, de 28 de septiembre, porla que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas destinados a dos líneas de apoyoal empleode trabajadores con discapacidad de características especiales de los centros especiales de trabajo, y en el caso que el número de solicitudes que cumplen los requisitos fijados supere la cuantía prevista en la partida presupuestaria establecida en la convocatoria mencionada se tiene que aplicar, para la concesión de la subvención, la puntuación obtenida en la Resolución de concesión de la subvención correspondiente a la convocatoria del año 2020 de las subvenciones del Programa 1, regulado mediante la Orden TSF/91/2017, de 15 de mayo, hasta agotar el presupuesto establecido en la convocatoria, y por lo tanto, se tienen que priorizar el otorgamiento de las subvenciones de los expedientes según esta puntuación.
Las disposiciones contenidas en el capítulo 1 y en el apartado 1 de la disposición adicional primera de este Decreto ley, mantendrán su vigencia hasta que se mantenga activado el plan de actuación PROCICAT para emergencias asociadas en enfermedades transmisibles emergentes con potencial alto riesgo.
La adopción de medidas de carácter urgente dirigidas a la protección de personas derivadas del Plande actuación PROCICAT y mientras esté vigente para los órganos del Departamento de Salud y de las entidades adscritas para hacer frente a la Covid-19, podrá justificar el uso del procedimiento de emergencia previsto en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público.
El resto de disposiciones contenidas en este Decreto ley serán vigentes hasta el 30 de septiembre de 2020.
Vicepresidente del Gobierno y consejerode Economía y Hacienda
Resolución de 05/10/2009, , por la que se convoca el proceso selectivo para el ingreso, por los sistemas general de acceso libre y de promoción interna, en la categoría de Facultativo Especialista de Área de Medicina Física y Rehabilitación, de las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.