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Timestamp: 2017-03-27 12:30:33
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Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3']

Capítulo 892 - Donde profundizamos sobre la definición jurídica de Conflicto Armado No Internacional (CANI). El derecho
consuetudinario se ha abierto paso, y remozado ha pasado a sustentar un puesto
si se quiere de privilegio, en este punto. Entre los elementos de convicción, adquiridos en las distintas causas penales seguidas contra imputados por violación de los derechos
humanos, se encuentran en lugar trascendente, las opiniones originadas en instituciones del más alto prestigio internacional, en la materia.
Tal el caso de la Cruz Roja Internacional.
Una Organización imparcial, neutral e
independiente, donde el Comité Internacional de la
Cruz Roja (CICR) tiene la misión exclusivamente
humanitaria de proteger la vida y la dignidad de las
víctimas de la guerra y de la violencia interna,
y de prestarles asistencia. Dirige y
coordina las actividades internacionales de socorro del Movimiento en
situaciones de conflicto. Procura, asimismo, prevenir el sufrimiento, promoviendo
y fortaleciendo el derecho humanitario y los principios humanitarios
universales.”
Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja encarnan la labor y los principios del Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en 189 países. Las
Sociedades Nacionales actúan como auxiliares de los poderes públicos de sus
propios países en el campo humanitario y ofrecen una serie de servicios, entre
los que se incluyen el socorro en casos de desastre y los programas sanitarios
y sociales. En tiempos de guerra, las Sociedades Nacionales ayudan a la
población civil afectada y brindan apoyo a los servicios médicos del ejército
cuando la situación lo requiere. Para formar parte del Movimiento, todas las
Sociedades Nacionales deben ser reconocidas por el CICR, sobre la base de las condiciones de reconocimiento establecidas. Posteriormente, pueden hacerse miembros
de la Federación, organismo coordinador de las Sociedades Nacionales. Todos los
componentes del Movimiento se rigen por los
mismos siete Principios Fundamentales:
humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad. La
Conferencia Internacional es uno de los más importantes foros humanitarios
del mundo. Agrupa a los representantes de los componentes
del Movimiento y a los representantes de los Estados Partes en
los Convenios de Ginebra. La
Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja es la más
alta autoridad deliberante del Movimiento. Examina cuestiones humanitarias de
interés común y cualquier otro asunto relacionado con ellas y toman decisiones
“La Conferencia Internacional contribuye a la unidad del Movimiento y a la
realización de su misión en el respeto estricto de los Principios Fundamentales.
también al respeto y al desarrollo del derecho
internacional humanitario y de otros
convenios internacionales de particular interés para el Movimiento. Es la única
entidad competente para modificar los Estatutos
y el Reglamento del Movimiento y para zanjar, en última instancia, tras
solicitud de uno de sus miembros, toda
divergencia relativa a la interpretación y a la aplicación de los Estatutos y
del Reglamento. La conferencia Internacional elige a título personal
a los miembros de la Comisión Permanente, teniendo en cuenta sus cualidades
En 2011 se celebró
en Ginebra, Suiza la XXXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja, la que tuvo como objetivo tratar el tema “El Derecho
contemporáneos” teniendo como antecedente un documento preparado por el Comité
Internacional de la Cruz Roja. (https://www.icrc.org/spa/assets/files/red-cross-crescent-movement/31st-international-conference/31-int-conference-ihl-challenges-report-11-5-1-2-es.pdf).
final, sometido a la aprobación y rúbrica de los asistentes, en su parte
pertinente reza: “(…) 2) Clasificación de los conflictos armados. En debates
recientes y actuales se ha planteado la cuestión de saber si la actual dicotomía del DIH, según la cual los conflictos armados están
clasificados como internacionales y no internacionales, es suficiente para abordar nuevas
situaciones de hecho, y si
hace falta una nueva clasificación de los conflictos. Cabe recordar que la distinción
esencial entre conflicto armado internacional y no internacional es la calidad
de las partes implicadas. Mientras que un CAI presupone
el uso de fuerza armada entre dos o varios Estados, un CANI implica hostilidades entre un Estado y un grupo armado organizado no estatal (la parte no estatal), o entre grupos de esta índole.
En la práctica no
hay, aparentemente, ninguna situación de violencia armada entre partes
organizadas que no pueda ser equiparada a una de las dos clasificaciones antes
mencionadas. Lo que sí se observa es que predominan los CANI, y se puede decir
que es una tipología que se ha extendido, como se expondrá más adelante.
Cabe recordar al menos dos criterios concretos para que una
situación de violencia pueda ser entendida como un CANI según el artículo 3 común:
i) las partes
implicadas deben tener cierto grado de organización, y
ii) la violencia debe
alcanzar cierto grado de intensidad.
i) El artículo 3
común se refiere expresamente a «cada una de las
partes en conflicto», dando a entender con
ello que un requisito previo para su aplicación es la existencia de dos partes, como mínimo. Normalmente no es
difícil establecer si existe una parte estatal, pero
determinar si un grupo armado no estatal constituye una «parte» a efectos del
artículo 3 común sí puede plantear dificultades sobre todo por la falta de claridad en los hechos
concretos y, en algunas ocasiones, por la
ausencia de voluntad política de los Gobiernos de reconocer que están
implicados en un CANI. Sin embargo, está ampliamente reconocido que
por «parte no estatal en un CANI» se entiende un grupo armado con cierto grado
internacional ha elaborado elementos indicativos que sirven de base para
considerar el criterio de «organización». Estos incluyen la
existencia de una estructura de mando, de
normas y mecanismos de disciplina dentro del grupo armado, un centro de operaciones, la capacidad de procurarse,
transportar y distribuir armas, la
capacidad del grupo de planificar, coordinar y llevar a cabo operaciones
incluidos los movimientos de las tropas y la logística, capacidad para negociar y pactar acuerdos, por ejemplo un alto el fuego o un
manera, a pesar de que el nivel de violencia
en una situación concreta puede ser muy alto (en
una situación de disturbios masivos, por ejemplo), no se puede hablar de CANI, a menos que una de las partes
sea un grupo organizado.
segundo criterio al que se recurre habitualmente para saber si hay un conflicto armado según
el artículo 3 común es
el grado de intensidad que la violencia debe alcanzar. Éste es también
sobre el terreno. Según la
jurisprudencia internacional, los
elementos indicativos para la evaluación incluyen el número de enfrentamientos y la duración e intensidad de
cada uno de ellos, el
tipo de armas y de otro material militar utilizado, el número y el calibre de las municiones
utilizadas, el
número de personas y los tipos de fuerzas que participan en los
enfrentamientos, el
número de bajas, la
extensión de la destrucción material y el número de civiles que huyen de las zonas de combate. Asimismo, la eventual intervención del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas puede dar una idea de la intensidad de un
Según el Tribunal Penal Internacional
para ex Yugoslavia (TPIY), existe un CANI en el sentido del artículo 3 común cuando hay una violencia armada prolongada
(sin cursiva en el original) entre autoridades gubernamentales y grupos armados organizados, o entre estos grupos, en el territorio
subsiguientes decisiones del Tribunal se han
basado en esta definición, explicando que el requisito de «prolongado» es, de hecho, parte integrante del criterio de intensidad.
Donde profundizamos sobre la definición jurídica de Conflicto Armado No Internacional (CANI).
Uno de los principios fundamentales del derecho internacional humanitario es el de distinción entre quienes
participan directa o activamente en las hostilidades y quienes en ellas
no tienen esa participación. Aplicar tal principio
resulta necesario para determinar las obligaciones y los derechos que
corresponden a unos y a otros.
La aplicación del principio de distinción
obliga, entre otras cosas, a:
1ª Garantizar a la población civil y a las
personas civiles el trato humano y la protección general que les otorgan los
instrumentos de derecho humanitario.
2ª Asegurar a quienes se han rendido y a quienes
han quedado fuera de combate el trato humano para ellos previsto por el
3ª Hacer efectivas las garantías previstas por
el derecho humanitario para las personas privadas de la libertad por motivos
relacionados con el conflicto (por ejemplo, darles un trato humano que incluya
proporcionarles condiciones dignas de detención y no exponerlas a los peligros
4ª Evitar ataques contra bienes que no son
5ª Facilitar las actividades emprendidas por las
organizaciones humanitarias para atender a las víctimas del conflicto).
Señala la funcionaria informante, en el punto 80
que “los y
las docentes fueron objeto de ataques y acciones violentas en 2010 por los
grupos guerrilleros. Por ejemplo, en un colegio en Caldas, personas
que se identificaron como integrantes del ELN asesinaron al rector y en el
siguiente que “la
siembra de minas antipersonal continúa causando grandes daños a la población
civil.” (…) .
En distintos puntos del informe marcó diversas
conductas penales, subordinadas a delitos internacionales, por el carácter
aberrante de ellos. En efecto, imputa a los grupos guerrilleros haber llevado a cabo
ataques que supusieron sufrimientos excesivos para los combatientes. Tal
imputación, como se afirmó, fue contra los integrantes de las FARC-EP quienes
atacaron con armas de fuego a un camión de la policía de Colombia, en la
localidad de El Doncello, Caquetá, ocasión en que se apreciaron evidencias de
la utilización de explosivos rellenos de clavos y metales y de que uno de los
policías heridos habría sido rematado. A nadie escapa que califica prima facie como
delitos de lesa humanidad tal accionar. Reiteramos que, para la
justicia de nuestro país, se habría tratado de delitos comunes ya que ni
siquiera el delito de terrorismo se encuentra legislado. En los siguientes puntos, imputa a las
FARC-EP como al ELN seguir tomando rehenes. Otra imputación reseña que “Los niños,
niñas y adolescentes siguen siendo víctimas de las acciones de los grupos
guerrilleros de forma “generalizada, sistemática y habitual”. Por
ejemplo, en febrero las FARC-EP convocaron a una reunión general de la población en un municipio de Antioquia en la que
censaron a los niños y las niñas con el fin de reclutar a los y las mayores de
8 años. En numerosas ocasiones, los niños y niñas utilizados resultaron muertos
en enfrentamientos armados y otras acciones, como el caso de un niño de 12 años
muerto en marzo al ser utilizado presuntamente por las FARC-EP para colocar una
carga explosiva en El Charco (Nariño). “
Finalmente expresó que “los grupos armados ilegales están obligados,
en cualquier circunstancia, a no incorporar,
ni aceptar la incorporación, de menores de 18
años en sus filas, ni utilizarlos en las
hostilidades, ni en funciones de apoyo, como
cocineros o mensajeros. El Estado debe considerar como víctimas a
los menores reclutados o utilizados por los grupos armados ilegales”.
al escribir el presente, en los ataques sufridos por distintos cuarteles
militares, en la Argentina. Sin embargo, la multiplicidad de esos
ataques, no activó nunca la aplicación de tales
disposiciones del artículo 3 Común.
Tal gravísima omisión, a su vez, determinó que no se hubiera calificado nunca,
por parte de ningún órgano jurisdiccional, como crímenes de guerra o delitos de
lesa humanidad, si fuera el caso, el accionar aberrante, sanguinario y criminal
de los eventuales autores. Como
los Delitos de Lesa Humanidad, según nuestra Corte
Suprema de Justicia, no prescriben nunca, y como el Estado tiene obligación de
esclarecer tales sucesos, no se comprende como
los miembros de nuestro más Alto tribunal, hayan tenido a la vista estas
actuaciones, o sea la cara de la moneda, pero
no hayan visto la ceca de la misma o sea la conducta penal
internacional citada.” (…) “. Reiteramos
que tal actitud merece una calificación muy grave, ya que no actuar contra los
otrora subversivos es lisa y llanamente desconocer, entre otras resoluciones,
que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de
Estados Americanos, señaló en un pronunciamiento válido, que esta forma de
violencia interna reúne las características de conflicto armado no
Sigamos detallando la
postura adoptada por la CIDH en el caso Abella, relacionadas con la aplicación
de las disposiciones del artículo 3 común. Nos dice “…la Comisión
concluye que el choque violento entre los
atacantes y los miembros de las fuerzas armadas argentinas, a pesar de su corta duración, activó la aplicación de las disposiciones del artículo 3
común, así como de otras normas relevantes para
la conducción de conflictos internos.”. Señaló la Comisión que “… el Derecho Internacional Humanitario no
se aplica por lo general en tiempo de paz, y su objetivo fundamental es restringir la
contienda armada para disminuir los efectos de las
lo tanto, es comprensible que las disposiciones del Derecho Humanitario
convencional y consuetudinario otorguen, en general, una
protección mayor y más concreta para las víctimas de los conflictos armados, que las garantías enunciadas de manera
más global en la Convención Americana y en otros instrumentos sobre derechos
Con relación al ataque al Regimiento de La Tablada, llevado a cabo
el 23 de enero de 1989, tomó intervención el
Juzgado Federal nº1, secretaría nº 3 de
Morón, Pcia. de Buenos Aires. Tramitó allí la causa caratulada
“Rojas, René Miguel y otros, siendo condenados los imputados por el ataque y
sus secuelas. Se subordinó legalmente los delitos cometidos por los imputados
como delitos comunes. No se los condenó ni persiguió por delitos
internacionales. Con fecha 18 de enero de 2010, la Cámara Federal de San Martín
revocó una resolución emanada del inferior, mediante la que se calificaba a los
eventos sucedidos como delitos de lesa humanidad, perpetrados por los militares
que defendieron el cuartel. O sea que ese Tribunal pasó por alto,
olímpicamente, lo que opina,con la autoridad que emana de su alta investidura, la
Pasó por alto la opinión convincente de nuestra Corte
Suprema de Justicia, quien señaló oportunamente que ese organismo internacional
es una suerte de faro interamericano, una guía en la interpretación de las
normas internacionales relacionadas con los tratados referidos a los derechos
humanos y su violación. No dejamos de lado, que se hizo referencia al accionar
de los defensores del Cuartel, pero no olvidamos que los funcionarios
judiciales al leer la causa, pudieron empaparse de su contenido y pudieron
llegar a la conclusión de que los atacantes no solamente cometieron delitos
comunes sino también cometieron delitos internacionales, lo que no fue nunca
tenido en cuenta a sus fines. En virtud
de esta omisión, no se llegó a investigar tales imputaciones contra los
sedicentes atacantes. Sin embargo, al
reseñar lo acontecido, hemos podido detectar fácilmente hechos que pueden
subordinarse legalmente a la tipología internacional que pena a los violadores
de los derechos humanos. Argentina, por medio de sus autoridades jurisdiccionales, debió
cumplir con su deber, en su carácter de uno de los miembros de los países que
oportunamente han rubricado tratados internacionales, tendientes a impedir la
violación de los derechos humanos. Debió facilitar la ulterior investigación
jurisdiccional tendiente a individualizar al o a los autores, de posibles
violaciones a los derechos humanos, eventualmente integrantes de las
formaciones subversivas. Debió el Tribunal extraer testimonio de la
causa a fin de denunciar la presunta comisión de delitos internacionales.
Recordando lo sucedido, era público y notorio ya en esa época, que aunque desde
las primeras horas del día, corrían versiones referidas al ataque contra el
Cuartel del Regimiento 3, pasa el tiempo y los medios persisten en presentarlo
como una acción llevada a cabo por “carapintadas”. La realidad, es muy otra sin embargo. Se trataba de un sangriento rebrote
de la guerrilla marxista, protagonizada por el MTP, estando al mando de los elementos atacantes uno de los jefes del ERP
Enrique Haroldo Gorriarán Merlo quien ha contado con grandes medios
para emprender las acciones bélicas. Además del número apreciable de
combatientes reclutados, están éstos provistos de munición en abundancia y de
armamento sofisticado, adquirido en el extranjero (RPG7 soviéticos,
lanzacohetes de fabricación china y lanza granadas 2079 de 40 mm).
Recordemos que la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, al respecto y en el caso Abella, referido al ataque al Cuartel de La
Tablada, sostuvo taxativamente“(…) la
Comisión debe necesariamente referirse y aplicar estándares y reglas
pertinentes del Derecho Humanitario, como fuentes de interpretación autorizadas al resolver ésta y otras denuncias similares que aleguen la violación de la Convención Americana en
situaciones de combate. Si la Comisión obrara de otra forma, debería declinar el ejercicio de su competencia en muchos
casos de ataques indiscriminados perpetrados
por agentes del Estado que provocan un número considerable de bajas civiles.
Un resultado de esa índole
sería claramente absurdo, a la luz del objeto y fin de la Convención Americana
y de los tratados de Derecho Humanitario.” “… cuando
existen diferencias entre las normas legales que
rigen derechos idénticos o similares en la
Convención Americana y en un instrumento de Derecho humanitario, la
Comisión está obligada a asignar efecto legal a las disposiciones del tratado con el estándard más elevado que resulte aplicable a los derechos o libertades en cuestión. Si dicho estándard
se encuentra en una norma de derecho
humanitario, la Comisión debe aplicarla.” Publicado por
El Derecho Internacional Humanitario no se aplica por lo general en tiempo de paz,
y su objetivo fundamental es restringir la contienda armada para disminuir los efectos de las hostilidades
Capítulo 889 - Los Principios de Distinción, Limitación y Proporcionalidad, fueron ignorados por los integrantes de las grupos subversivos en la Argentina. (continuación)
El informe citado, de la
aludida funcionaria de la Organización de las Naciones Unidas, ofrece la prueba
terminante que, en
el orden internacional las cosas no son como las presentan las distintas
resoluciones de nuestros jueces, en la materia aludida. Argentina, no se
ocupó de materializar los mecanismos destinados a
evitar las sanciones, a quienes violaron los DDHH, a fin de respetar de tal suerte, las pautas que la funcionaria de las
NNUU señala. A mayor abundamiento debemos
señalar que según el diario español El País, del 4 de marzo de 2011 el Fiscal
Jefe de la CPI el doctor Luis Moreno Ocampo, expresó que “ la Corte es imparcial y es consciente de que los opositores
también tienen armas, por lo que podrían ser objeto de
investigación. "No habrá impunidad en Libia", ha advertido. Si han cometido crímenes, también serán responsables".
Lo que pone de relieve una vez más, que los guerrilleros sin ninguna relación
con un Estado pueden ser objeto de imputaciones de delitos internacionales. La
acusación por el momento se centra en crímenes contra la humanidad, pero podría
incluir también crímenes de guerra si se considera que existe un conflicto armado con dos bandos.
Moreno Ocampo subrayó la imparcialidad de la Corte. Salvo que el Fiscal Jefe de
la Corte Penal Internacional, sea un ignorante, o que prevaricando dictamine
que debe ser sometido a proceso judicial quien no debe ser procesado, conforme
a derecho. Creemos que la postura de nuestra Justicia merece el puesto de honor
en el libro Guinness.
En el caso de Libia, es la segunda vez en su historia que la fiscalía de
la corte actúa contra un presidente en ejercicio. El otro es el sudanés Omar el
Bashir, acusado de genocidio en Darfur y en busca y captura desde 2009. Señaló
el Fiscal de la Corte Penal Internacional Dr. Luis Moreno Ocampo "A
los que tengan autoridad sobre las tropas se les puede pedir cuentas de lo que
estén haciendo", advirtió, en clara alusión al entorno del líder libio.
Hay un problema, sin embargo. “La Corte carece de policía. Depende de las
fuerzas del orden de otros países para detener a los sospechosos. Y Gadafi no
piensa moverse de Libia. La falta de agentes propios ha convertido incluso en
insólita la situación de Omar el Bashir. La misma Unión Africana que ha
colaborado con la Corte Penal Internacional en su investigación sobre Libia
indicó a sus miembros que no detuvieran al presidente sudanés. La UA aduce que
ella misma analiza lo ocurrido en Sudán, país que no pertenece al tribunal.”
caso de Libia, como antes el de Sudán, ha llegado a la Corte a través del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es un procedimiento previsto en sus
estatutos, pero supone un punto de inflexión en la labor de la Corte Penal
Internacional. En estos momentos tiene cinco causas en marcha en países africanos:
Uganda, República Democrática de Congo, República Centroafricana, Darfur y Kenia.
precedente al considerar crimen de guerra el reclutamiento de niños soldados.
Pero sólo en el caso de Libia ha decidido Estados Unidos apoyar sin reservas la
justicia penal internacional. Volviendo al informe de la Alta Comisionada de
las NN.UU. en Colombia, en ocasión de referirse a los grupos guerrilleros
actuantes en ese país, (punto 1 “Grupos Guerrilleros”) nos señala en el punto
77 que “La oficina en
Colombia registró ataques sistemáticos contra la población y bienes civiles,
tales como masacres,
asesinatos selectivos, reclutamiento y utilización de menores y amenazas
atribuidos a las FARC-EP y al ELN. En varios casos, estos grupos, especialmente las FARC-EP, dirigieron
acciones directamente contra la población civil, empleando armas prohibidas y
minas antipersonal y atacando instalaciones y bienes civiles. (…).
Extraigamos, de tales
afirmaciones la circunstancia de que esta funcionaria internacional, al
subordinar al derecho penal internacional, la conducta de los guerrilleros
calificando a que tipos penales podría adscribirse la misma, torna dificultoso
poder afirmar lisa y llanamente, como se haría en la Argentina, que se trata de
delitos comunes. A continuación señala diversos casos, diversas conductas
constituitivas de tales delitos por lo que, a título ilustrativo las traemos a
colación. En el punto 78 dice: “En octubre, se atribuyó a Nicolás Rodríguez Bautista,
alias “Gabino”, comandante del ELN, un comunicado público en el que hace una declaración expresa de acatamiento al derecho internacional humanitario. ( …) Ésta es la
primera vez que la oficina en Colombia registra una declaración de esta
naturaleza por parte del ELN. No se ha conocido una declaración similar de las
FARC-EP. En el punto 79 sostiene “La oficina en Colombia observó con particular preocupación la infracción al “principio de distinción”
en la conducción de hostilidades por los grupos guerrilleros, especialmente las FARC-EP, que resultó en numerosas personas civiles muertas y heridas. Por ejemplo, en Toribio (Cauca),
los numerosos ataques atribuidos a las FARC-EP durante el año dejaron un saldo
de tres civiles muertos y 20 heridos.
(N.de R.: con relación al denominado “principio de
distinción” debe señalarse que la ONU firmó con
el Gobierno de Colombia un convenio
mediante el cual se obligaba el Estado Colombiano a aplicarlo. Pero por el
derecho consuetudinario, se considera que la
otra parte del conflicto, es decir los
guerrilleros tiene la obligación consuetudinaria
y Convencional de aplicarlo en un todo.
Conforme los términos del citado Convenio se señala: “… En caso de conflicto
armado interno el derecho internacional humanitario impone, por igual, claras
obligaciones a todos los que en él toman parte directa. Esas obligaciones
tienen, pues, como destinatarios tanto a los miembros de las fuerzas armadas
del Estado como a los miembros de los grupos armados ilegales, sea cual sea la
denominación que a estos últimos se les dé.) “Desconocer la existencia de tal conflicto podría dar lugar
a que los integrantes de los grupos ilegales se creyeran, equivocadamente, liberados de cualquier deber jurídico con
respecto a la observancia de los principios internacionales de distinción, limitación y proporcionalidad,
y ajenos a cualquier exigencia internacional sobre el cumplimiento
de los mismos. Por lo demás, la infracción sistemática de la
normativa humanitaria por la parte no estatal, expondría a mayores
vulneraciones y amenazas los derechos inalienables de los civiles afectados por
la guerra.” No podemos dejar de expresar nuestra inquietud, por cuanto en la
Argentina, los grupos de guerrilleros subversivos, ERP, Montoneros, FAR y los
demás todos conocidos en nuestro país en su calidad de tales, y todos actuantes activamente en la funesta década del 70, se creyeron
dolosa o equivocadamente, liberados de su deber jurídico en cuanto al
respeto de esos Principios Internacionales y, por ende ajenos a cualquier exigencia
internacional sobre el cumplimiento de los mismos. Al punto que pasados años del conflicto armado, insisten en revestirse
solapadamente en su supuesta calidad de “víctimas”, cuando la cruel realidad
para ellos, es que no lo son. Las víctimas reales fueron las
que resultaron muertas, por medio de asesinatos arteros, o tullidas como
resultado de sus actividades criminales.
“Conviene anotar que los actos de terrorismo, entendiendo por tales aquellas acciones
deliberadas de violencia cuya finalidad sea aterrorizar a la población en general, a un grupo de
personas o a personas determinadas, ocurren, lamentablemente, tanto dentro de un conflicto
armado como fuera de él. Tales actos constituyen crímenes atroces y son
reprochables en toda circunstancia, independientemente de que sus autores sean o no
partícipes directos en las hostilidades. Publicado por
Limitación y Proporcionalidad fueron ignorados por los integrantes de las grupos subversivos en la Argentina,
Los Principios de Distinción