Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/resolucion-1219-de-2001?documento=legcol&contexto=legcol_75992041bedff034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-06-27 05:06:26
Document Index: 412343628

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 2', 'artículo 2', 'artículo 17', 'artículo 18', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 10', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 18', 'artículo 19', 'artículo 22', 'artículo 506', 'artículo 499', 'artículo 25', 'artículo 315', 'artículo 504', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 5', 'artículo 266', 'artículo 271', 'artículo 272', 'artículo 295', 'artículo 506', 'artículo 512', 'artículo 506', 'artículo 506', 'artículo 243', 'artículo 505', 'artículo 505', 'Artículo 239', 'artículo 239', 'artículo 504', 'artículo 259', 'artículo 1', 'artículo 188', 'artículo 1', 'artículo 36', 'artículo 176', 'artículo 37', 'artículo 507']

﻿ RESOLUCIÓN 1219 DE 2001
RESOLUCIÓN 1219 DE 10 DE AGOSTO DE 2001
CONTENIDO:FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. EXPIDE EL "MANUAL PARA EL INTERCAMBIO DE PRUEBAS CON EL EXTERIOR", COMO REGLAMENTO BÁSICO PARA LA FORMULACIÓN Y TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y PRUEBAS QUE SE ADELANTEN CON AUTORIDADES EXTRANJERAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:EXTRADICIÓN, ENTIDAD PÚBLICA, FUNCIÓN PÚBLICA, PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DELITO, PROCEDIMIENTO PENAL, INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN ASESORA DE RELACIONES EXTERIORES, PRINCIPIOS BÁSICOS DE CONTABILIDAD PÚBLICA
DIARIO OFICIAL N°:44538 DE SEPTIEMBRE 1 DE 2001
VIGENCIA:DEROGADA POR LA RESOLUCIÓN 24 DE 2002 ARTÍCULO 2 DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
RESOLUCIÓN 1219 DE 2001
"Por medio de la cual se expide el manual para el intercambio de pruebas con el exterior".
(Nota: Derogada por la Resolución 24 de 2002 artículo 2º de la Fiscalía General de la Nación).
en ejercicio de sus facultades legales, en especial las consagradas en los numerales 1º, 3º, 4º, 5º, 7º, 8º, 11 y 12 del artículo 17 y del artículo 18 del Decreto 261 de 2000,
— Que mediante Resolución 1686 del 11 de agosto de 1994 se expidió el “manual para el intercambio de pruebas con el exterior”.
— Que conforme a lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 3º del Decreto 261 de 2000, corresponde a la Fiscalía General de la Nación: “dirigir y coordinar las funciones de Policía Judicial que en forma permanente cumple la Policía Nacional, demás organismos previstos en la ley y los restantes entes públicos a los cuales de manera transitoria el Fiscal General les haya atribuido tales funciones”.
— Que según principio consagrado en el artículo 4º del Decreto 261 de 2000: “... La Fiscalía General de la Nación ejerce sus funciones administrativas conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, sujeta en todo caso a los principios de legalidad e imparcialidad”.
— Que el artículo 10 del decreto arriba citado determina: “Los fiscales delegados actuarán siempre en representación de la Fiscalía General de la Nación bajo la dependencia de sus superiores jerárquicos y del Fiscal General, sin perjuicio de la autonomía de sus decisiones judiciales”.
— Que el numeral 1º del artículo 17 del Decreto 261 de 2000, atribuye al Fiscal General de la Nación la función general de: “Expedir reglamentos, órdenes, circulares y los manuales de organización y procedimientos conducentes a la organización administrativa y al eficaz desempeño de las funciones de la Fiscalía General de la Nación”.
— Que el Fiscal General de la Nación es vocero y responsable por las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación ante los demás estamentos del Estado y de la sociedad, de conformidad con lo indicado en el numeral 5º del artículo 17 del Decreto 261 de 2000.
— Que conforme a lo dispuesto en los numerales 7º y 8º del artículo antes mencionado, es función del Fiscal General de la Nación “dirigir el intercambio de la información y pruebas sobre nacionales o extranjeros implicados en delitos cometidos en el exterior”, así como: “Expedir los manuales de procedimientos administrativos y de normas técnicas a que se deben someter los funcionarios de la Fiscalía General y de quienes cumplen funciones de Policía Judicial”.
— Que según lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto 261 de 2000: “El Fiscal General de la Nación podrá delegar en los servidores de la fiscalía las funciones que convengan al mejor cumplimiento de los objetivos de la entidad...”.
— Que el artículo 19 del Decreto 261 de 2000 atribuye a la dirección de asuntos internacionales de la Fiscalía General de la Nación, entre otras, las siguientes funciones:
"1. Asesorar al Fiscal General en la definición de la política y diseño de los mecanismos relativos al intercambio de pruebas e información requerida por otros países u organismos internacionales y por la justicia Colombiana.
6. Hacer seguimiento de los compromisos internacionales adquiridos por Colombia en las áreas de competencia de la fiscalía.
7. Las demás funciones que le sean asignadas por el Fiscal General de la Nación y que guarden relación con la naturaleza de la dependencia".
— Que de conformidad con el numeral 4º del artículo 22 del Decreto 261 de 2000, corresponde al vicefiscal general de la Nación:
“Coordinar bajo la dirección del Fiscal General de la Nación, la asistencia judicial, el intercambio de información y pruebas sobre nacionales o extranjeros implicados en delitos cometidos en el exterior”.
— Que según lo dispuesto en el artículo 506 de la Ley 600 de 2000:
“Las autoridades colombianas, a través de la Fiscalía General de la Nación, prestarán asistencia judicial a las autoridades extranjeras que lo soliciten, las cuales podrán comisionar a funcionarios judiciales colombianos para la práctica de diligencias. Podrán conformarse unidades especiales de asistencia judicial al exterior, bajo la coordinación y dirección del Fiscal General de la Nación o a quien él delegue.
PAR.—En ningún caso se denegará la solicitud de asistencia judicial por no estar tipificada en la legislación colombiana la conducta que se investiga, salvo que resulte ser manifiestamente contraria a la Constitución Política”.
— Que según sentencia de la Corte Constitucional C-208 de 1993 los trámites, procedimientos y conductos que han de surtir las distintas dependencias del Estado para hacer efectiva la solicitud elevada por funcionarios judiciales ante las autoridades extranjeras, son de carácter operativo o administrativo. Por este motivo al fijar la dependencia que tramita la solicitud decretada no se involucran los aspectos sustanciales de la prueba en sí misma considerada y no comporta desconocimiento o trasgresión del ordenamiento constitucional colombiano.
— Que con la vigencia de la Ley 600 de 2000, y con el fin de contribuir a la eficacia, economía, transparencia en el intercambio de información y pruebas, entre las autoridades colombianas y las extranjeras, tanto en indagaciones preliminares como en investigaciones penales, es necesario expedir un nuevo manual para el intercambio de pruebas con el exterior.
ART. 1º—Expedir el “manual para el intercambio de pruebas con el exterior”, como reglamento básico para la formulación y trámite de las solicitudes de información y pruebas que se adelanten con autoridades extranjeras, cuyo texto es el siguiente:
Manual para el Intercambio de Pruebas con el Exterior
De conformidad con el artículo 499 del Código de Procedimiento Penal, en materia de relaciones con autoridades extranjeras: “Son aplicables principalmente las normas internacionales y subsidiariamente las internas. Unas y otras se interpretarán de acuerdo con la doctrina y costumbre internacionales, dando prevalencia al derecho sustancial” (1) .
(1) La expresión normas internacionales se refieren a las fuentes del derecho internacional, tales como: tratados internacionales, convenciones internacionales, convenios internacionales (acuerdos entre gobiernos, canjes de notas diplomáticas, memorandos de entendimiento, etc.), protocolos, convenciones internacionales, principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas, usos y costumbres internacionales y actos unilaterales del Estado colombiano. Las decisiones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas son obligatorias para los estados de conformidad con el artículo 25 de la Carta de las Naciones Unidas. Por su parte, las decisiones judiciales y la doctrina de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones se tienen como medio auxiliar para determinar las distintas reglas del derecho.
2. Solicitudes de asistencia judicial formuladas por la Fiscalía General de la Nación.
2.1.Autoridades competentes para formular solicitudes de asistencia judicial. Son competentes para formular solicitudes de información o pruebas al exterior, (exhortos o cartas rogatorias), el Fiscal General de la Nación y los fiscales delegados.
2.2.Prohibición de ordenar o solicitar práctica de pruebas en territorio extranjero. Con excepción de lo previsto en el artículo 315 del Código de Procedimiento Penal, sobre investigación previa dispuesta por iniciativa del servidor público que ejerza funciones de policía judicial, no le es dable a dicho servidor ordenar o solicitar la práctica de pruebas en territorio extranjero, atribución que es exclusiva del fiscal de conocimiento.
2.3.Facultad de los fiscales y de los jefes de unidades de policía judicial de comunicarse directamente con autoridades extranjeras. Los servidores públicos que ejerzan funciones de Policía Judicial podrán comunicarse directamente con autoridades o funcionarios extranjeros para los fines de la investigación preliminar o la instrucción a su cargo. En ningún caso podrán suministrar, o entregar a autoridades extranjeras, elementos o documentos (originales, copias o fotocopias), frente a los cuales exista reserva legal teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 323 y 330 del Código de Procedimiento Penal.
El procedimiento regular para que una autoridad de un estado extranjero pueda obtener documentos o pruebas que reposen en una indagación preliminar o investigación penal, es la carta rogatoria formulada y tramitada por los conductos legalmente previstos, de conformidad con lo dispuesto en el punto 3 del presente manual (CPP, art. 506).
2.4.Indelegabilidad en la formulación de las solicitudes de asistencia judicial. La formulación de las solicitudes de asistencia judicial corresponde únicamente a los fiscales de conocimiento, quienes no podrán conferir comisión para estos efectos a funcionarios de policía judicial, a otros fiscales delegados, ni a servidores de la dirección de asuntos internacionales de la Fiscalía General de la Nación.
2.5.De los bienes. Los fiscales delegados no podrán poner a disposición de la dirección de asuntos internacionales, bienes relacionados con una actuación penal o de extinción del derecho de dominio, tales como vehículos u otros bienes hurtados en el exterior, casos en los que deberán dar aplicación a la normatividad vigente sobre la materia.
2.6.Canal de transmisión para el envío y trámite de las solicitudes de asistencia internacional. La dirección de asuntos internacionales, bajo la dirección del Fiscal General de la Nación, y en coordinación con el vicefiscal general de la Nación, será el conducto regular para el envío y trámite de las solicitudes de asistencia internacional ordenadas por los diferentes despachos judiciales de la Fiscalía General de la Nación y, para las que provengan de autoridades de estados extranjeros, competentes para realizar tales requerimientos. Dicha dependencia ejercerá el control de ejecución de las mencionadas solicitudes, de conformidad con lo indicado en el numeral 2º del Decreto 261 de 2000.
Cuando la asistencia solicitada no se haga necesaria en la actuación, el fiscal de conocimiento será responsable de notificar de manera inmediata esta circunstancia, a la dirección de asuntos internacionales con el fin de que dicha dependencia informe sobre el particular a la respectiva autoridad extranjera y la descargue de sus sistemas como vigente.
2.7. Clases de solicitudes de asistencia. Las solicitudes de asistencia pueden dividirse en cartas rogatorias, exhortos dirigidos a funcionarios diplomáticos o consulares de Colombia y notas suplicatorias.
2.7.1. Cartas rogatorias dirigidas a autoridades extranjeras
— Carta rogatoria. Es la solicitud de asistencia que se dirige a una autoridad extranjera competente para la obtención de información o pruebas, o para la práctica de diligencias, con destino al estado requirente.
— Oportunidad para solicitar asistencia. Cuando un fiscal tenga fundados elementos de juicio que le permitan concluir que existen pruebas o informaciones en un determinado territorio extranjero, que resulten útiles para una indagación preliminar o instrucción, o requiera la práctica de una determinada diligencia, podrá elaborar una carta rogatoria, la cual será enviada por conducto de la dirección de asuntos internacionales de la Fiscalía General de la Nación.
— Determinación del canal de remisión. La dirección de asuntos internacionales determinará, de conformidad con las normas aplicables al caso concreto, si es procedente la remisión directa de la solicitud de asistencia a una autoridad o funcionario extranjero determinado, o si bien, debe procederse, a su envío por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. En determinadas circunstancias, la dirección de asuntos internacionales, decidirá si conviene enviar copia a la Subdirección de Interpol del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.
— Redacción de las solicitudes. Las cartas rogatorias dirigidas a las autoridades extranjeras, se formularán por escrito, de manera ordenada, clara y concisa, siguiendo los lineamientos del artículo 504 del Código de Procedimiento Penal y de conformidad con lo dispuesto en normas internacionales (tratados, convenios, acuerdos, etc.) que regulen la materia. Se dará especial aplicación a lo estipulado en el artículo 7º de la Convención de Naciones Unidas sobre Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988, cuando la solicitud verse sobre materias que regula ese instrumento internacional. Téngase en cuenta que las solicitudes pueden requerir traducción a otro idioma o serán enviadas a estados donde el significado de palabras técnicas, o que se acostumbran en la practica judicial, puede no ser coincidente, por lo cual se recomienda omitir expresiones que puedan representar dificultad a un traductor (Injurada, reato, etc.), o explicar el significado de determinados términos (inspección judicial, contravención, indagatoria, instrucción, investigación preliminar, causa, procurador, vinculado, etc) que pueden generar confusión a un funcionario extranjero.
— Trámites a cargo de la dirección de asuntos internacionales. La solicitud deberá remitirse a la dirección de asuntos internacionales en original y dos copias, dependencia que se encargará, una vez hecha la revisión formal de la solicitud de asistencia judicial, de adelantar los trámites previstos para su legalización, ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, traducciones y estudio del canal de transmisión pertinente.
— Contenido de las solicitudes. En las solicitudes de asistencia judicial, deberá indicarse:
a) Nombre de la autoridad judicial colombiana a cargo de la investigación preliminar o instrucción;
b) Nombre de la autoridad requerida (se recomienda dirigir las solicitudes “a la autoridad competente” sin individualizarla teniendo en cuenta la diferencia de regímenes jurídicos sobre autoridades que resultan competentes para diligenciar solicitudes de asistencia, como por ejemplo: “El fiscal delegado ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia solicita a la autoridad competente del Reino de España...” en caso de que sea aplicable un tratado internacional en donde se designen autoridades centrales, como por ejemplo la Convención de Viena de 1988, se recomienda dirigirla genéricamente “a la autoridad central designada para los efectos del artículo 7º de la Convención de Naciones Unidas sobre Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988”;
c) Enunciación breve de la índole de la actuación, etapa en que se encuentra el proceso, el número de radicación del proceso, las funciones que cumple en Colombia la Fiscalía General de la Nación, resaltando su pertenencia a la rama jurisdiccional del Estado colombiano;
d) Descripción clara de los hechos que se indagan, detallando los aspectos que permiten concluir que se adecuan a un tipo penal específico; lugar donde ocurrieron los hechos, informando adicionalmente sobre el nombre, nacionalidad, domicilio, lugar de residencia, número de documento de identificación y fecha de nacimiento de la persona o personas investigadas. (Si se tiene conocimiento de que en el Estado requerido existe un despacho judicial que está investigando el mismo asunto, se debe indicar esta circunstancia);
e) Se debe indicar, cuando sea del caso, sobre la existencia de medida de aseguramiento u órdenes de captura vigentes, y la calificación jurídica provisional cuando a ello hubiere lugar;
f) Lugar donde se encuentran los bienes cuando ello sea necesario y datos pertinentes para su localización;
g) Describir lo más detalladamente posible, las pruebas documentales que se pretenden obtener. En caso de requerirse documentos o información sobre cuentas bancarias debe indicarse, de ser posible, el nombre del banco, ciudad en donde se encuentra, dirección exacta del establecimiento en donde se localiza la cuenta, número de identificación, la clase de registro que se requiere (por ejemplo tarjeta de firma, estados de la cuenta, etc.) y períodos de los registros que se desean conocer (1º de enero de 1995 a 20 de agosto de 2001). En estos casos debe tenerse especial cuidado en indicar la identidad de su titular e informar suficientemente qué pruebas se tienen dentro del expediente que permitan colegir una relación de causalidad entre los hechos punibles que se investigan y dichas cuentas o bienes depositados;
h) Trascripción de los tipos penales presuntamente transgredidos por el imputado o sindicado. Este aspecto es de singular importancia cuando se está solicitando asistencia judicial a países con sistema jurídico de “Common Law” (derecho consuetudinario), e incluso para los de tradición romano germánica (“Civil Law”), ya que muchos estados estiman que si el hecho investigado no se encuentra previsto en la ley como punible, no hay lugar a prestar asistencia judicial;
i) Descripción completa del objeto y medios de prueba pretendidos con la diligencia, o información que se solicita, indicando la importancia para la respectiva actuación penal;
j) Si se trata de la solicitud de traslado de una prueba, se identificará el documento que debe ser enviado o reproducido, informando en lo posible el proceso en que se encuentra, la autoridad que lo tramita y el lugar de su ubicación;
k) Cuando el funcionario de conocimiento lo estime necesario, podrá señalar las instrucciones pertinentes que desea se observen por la autoridad extranjera requerida, especificando los requisitos especiales para su recepción (transcribir de las normas procesales que sean del caso, indicar si desea que se grabe la diligencia, si la misma debe transcribirse palabra por palabra o es suficiente un resumen, si el testimonio que se solicita debe ser bajo juramento, etc.) y se suministrará la información adicional que se considere útil para el adecuado cumplimiento de la petición de cooperación judicial (2) .
(2) Debe tenerse en cuenta que el funcionario extranjero que ejecute la petición lo hará de conformidad con el derecho interno del estado requerido, por lo cual solamente podrá ejecutar las instrucciones o procedimientos especiales que eventualmente se la hayan solicitado, cuando ello sea legalmente posible de conformidad con su ordenamiento jurídico.
l) Para la recepción de testimonios se indicará la dirección exacta, número telefónico u otros datos para la localización de la persona; se adjuntará el correspondiente interrogatorio y se solicitará a la autoridad extranjera que se indique al testigo que no tiene obligación de declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañera o compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. Podrá requerir igualmente que a un menor de 12 años no se le tome juramento y éste sea asistido en lo posible por su representante legal o por un pariente o persona mayor de edad (L. 600/2000, art. 266);
m) Solicitar que se autorice el uso de la información o pruebas que se lleguen a suministrar, para otros procedimientos que puedan derivarse de la investigación u otras actuaciones relacionadas. (Este requisito es importante especialmente cuando se aplican convenciones o tratados internacionales, en los cuales generalmente se limita el uso de la prueba obtenida con la asistencia internacional);
n) La dirección de asuntos internacionales coordinará lo necesario para mantener actualizado el registro de las firmas de los mencionados funcionarios concernidos de la Fiscalía General de la Nación, ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el propósito de atender la exigencia de legalización de documentos, para aceptar las solicitudes de asistencia judicial. El trámite de legalización se cumplirá a menos que exista norma internacional que permita prescindir de la legalización o apostille de la solicitud, o que el estado requerido no lo exija para dar curso a la solicitud de asistencia;
ñ) Agregar copia auténtica de la providencia que ordenó solicitar la asistencia internacional.
o) Acompañar copias auténticas de los documentos que sean necesarios para el desarrollo de la solicitud;
p) Se debe ofrecer reciprocidad al estado requerido, para casos similares, pues muchas legislaciones exigen este requisito para el trámite de la asistencia;
q) Si se pretende que el Estado requerido admita la presencia del funcionario de conocimiento o de un miembro de la Policía Judicial que participe en la investigación, debe pronunciarse sobre este particular en el texto de la solicitud.
NOTA: Se recomienda que las solicitudes dirigidas a Panamá se titulen como solicitudes de asistencia judicial internacional y no se utilice la expresión “carta rogatoria”, teniendo en cuenta que dicho Estado no da el trámite previsto en el artículo 7º de la Convención de Naciones Unidas sobre Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988, si no se indica expresamente: “Solicitud de Asistencia Judicial Internacional” y se incluye copia de la providencia que ordenó la práctica de la prueba en el exterior por medio de solicitud de asistencia judicial.
2.7.2. Exhortos dirigidos a embajadores o cónsules de Colombia en el exterior
— Exhortos. Son comisiones formuladas por funcionarios judiciales, a los agentes diplomáticos o consulares de Colombia en el exterior, para la obtención de información o pruebas, o para la práctica de diligencias. Dichas comisiones son ejecutadas por dichos funcionarios de conformidad con la normatividad colombiana vigente.
— Atribución de los funcionarios consulares. Los funcionarios consulares colombianos acreditados en el exterior, se encuentran facultados por el artículo 5º de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, para comunicar las decisiones judiciales y para diligenciar exhortos de conformidad con los acuerdos internacionales y a falta de ellos, de manera que sean compatibles con las leyes y reglamentos del estado receptor.
— Debe advertirse que el cónsul o agente diplomático, para la práctica de diligencias, no tiene poder conminatorio y, en consecuencia, se ve impedido para exigir la colaboración de las autoridades locales para los fines de las comisiones de funcionarios judiciales.
— Requisitos del exhorto
a) Este tipo de comisiones debe dirigirse genéricamente al “Cónsul de Colombia que sea competente para la ciudad de...”, con el fin de evitar problemas de competencia interna entre los diferentes agentes consulares radicados en determinado territorio de un estado;
b) Nombre de la autoridad encargada de la investigación, identificada con su denominación;
c) Descripción del asunto objeto de investigación preliminar o instrucción, estado de la misma, mención sumaria de los hechos y suministro de todos los datos necesarios que sean importantes para el éxito de la comisión;
d) La descripción completa de la prueba que se requiere practicar, documento o información que se solicita, utilizando un lenguaje claro y sencillo, especificando los requisitos y procedimientos legales que se exigen para su recepción. Se darán las informaciones adicionales que se consideren útiles para el adecuado cumplimiento de la comisión. Se recomienda transcribir o enviar fotocopia de las normas que rigen la diligencia dando las explicaciones necesarias, y de ser posible formatos para el desarrollo de la diligencia, teniendo en cuenta que los miembros del servicio exterior de Colombia no tienen, por lo general, formación jurídica;
e) Para la recepción de testimonios se indicará la dirección exacta, número telefónico u otros datos pertinentes para localizar la persona. Se adjuntará el correspondiente interrogatorio y se advertirá al cónsul o agente diplomático, que debe indicar al testigo que no tiene obligación de declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañera o compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. Igualmente instruirá en cuanto a que, tratándose de un menor de 12 años no se debe tomar juramento y éste sea asistido en lo posible por su representante legal o por un pariente o persona mayor de edad de conformidad con lo preceptuado en el artículo 266 del Código de Procedimiento Penal;
f) Si el exhorto tiene por objeto la notificación de alguna providencia interlocutoria, debe incluirse el modelo del acta de notificación, con indicación de los recursos procedentes y el procedimiento que le corresponde observar en caso de impugnación;
g) Conducto para su envío. Estas comisiones serán trasmitidas por conducto de la dirección de asuntos internacionales de la fiscalía, una vez cumplidos los requisitos indispensables para ello, cuyos servidores se encargarán de trasmitirlas al cónsul o agente diplomático que sea competente para el territorio donde deba surtirse la diligencia.
— Algunos estados, como por ejemplo Francia, prohíben que los cónsules acreditados en su territorio reciban testimonio a un ciudadano francés dentro de su territorio.
— Los exhortos no requieren certificación de firma y ejercicio del cargo por ser una comisión a un funcionario del Estado colombiano que actúa bajo la ley colombiana.
— Caso especial de testimonio de agente diplomático o consular de Colombia en el exterior. De conformidad con el artículo 271 del Código de Procedimiento Penal, los agentes diplomáticos y consulares de Colombia en el exterior, rendirán su testimonio por medio de certificación jurada, y con este objeto se le notificará y formulará un cuestionario, indicando de manera sucinta los hechos objeto de declaración. La certificación jurada debe devolverse al despacho de origen dentro de los 8 días siguientes a la recepción del cuestionario.
Para efectos de la notificación prevista en el artículo antes citado se recomienda al funcionario de conocimiento elaborar un exhorto comisionando un funcionario diplomático o consular diferente de quien debe prestar testimonio por certificación jurada.
2.7.3.Notas suplicatorias
— Nota suplicatoria. Es la solicitud de asistencia dirigida vía diplomática para la obtención de testimonio de ministro o agente diplomático de nación extranjera acreditado en Colombia, su familia o su comitiva, o para obtener información de documentos que reposen en una embajada o consulado extranjero.
— Oportunidad para solicitar la asistencia. Cuando en una investigación preliminar o instrucción, se requiere información o documentos que sean de conocimiento de los miembros de la misión diplomática de que habla el artículo 272 del Código de Procedimiento Penal, el funcionario de conocimiento remitirá a la dirección de asuntos internacionales de la Fiscalía General, la nota suplicatoria correspondiente, para su trámite ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.
— Registro de inmuebles y naves que conforme al derecho internacional gocen de inmunidad. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 295 del Código de Procedimiento Penal:
“Para el allanamiento y registro de las casas y naves, que conforme al derecho internacional gozan de inmunidad diplomática, el funcionario pedirá su venia al respectivo agente diplomático, mediante oficio en el cual rogará que conteste dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes. Este oficio será remitido por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores.
En caso de registro de residencia u oficinas de los cónsules se dará aviso al cónsul respectivo y en su defecto a la persona a cuyo cargo estuviere el inmueble objeto de registro”.
Este tipo de solicitudes debe efectuarse por nota suplicatoria. La falta de respuesta o la denegación de lo solicitado, no puede entenderse como autorización para efectuar el registro requerido, pues ello sería violatorio de la inmunidad amparada por el derecho internacional y acarrearía responsabilidad penal y disciplinaria del empleado público. Los mencionados registros o allanamientos, solamente pueden efectuarse con expresa autorización del representante del estado extranjero o del cónsul, de ser el caso.
— Aplicación preferente de los tratados, convenciones o acuerdos internacionales en materia de inmunidades. Los funcionarios judiciales y de policía judicial son responsables de respetar las inmunidades sobre personas, bienes y organizaciones protegidas por el derecho internacional (personal diplomático, personal consular, personal de organismos internacionales como Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, entre otros). Se dará aplicación preferente a lo estipulado en normas internacionales sobre la materia (3) .
(3) Convención de Viena de relaciones diplomáticas suscrita el 18 de abril de 1961 y aprobada mediante Ley 6ª de 1972, (arts. 22, 24, 27, 29, 30, 31, 37, y 38) y la Convención de Viena de relaciones consulares suscrita en Viena el 24 de abril de 1963 (art. 31, 42, 43, 44).
3. Solicitudes de asistencia judicial formuladas por autoridades extranjeras
3.1.Normas aplicables. La formulación de solicitudes de asistencia o pruebas por parte de autoridades extranjeras, se regula por lo previsto en las normas internacionales y en su defecto, o en lo no previsto en ellas, por el artículo 506 de la Ley 600 de 2000.
3.2. Conducto regular. Las solicitudes de asistencia o pruebas en materia penal, o las relacionadas con medidas sobre bienes requeridas por autoridades extranjeras competentes, que sean recibidas por la Fiscalía General de la Nación, ya sea directamente, o por conducto de las autoridades centrales designadas de conformidad con tratados, convenios o acuerdos internacionales vigentes, o por vía diplomática, serán tramitadas por la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, dependencia que procederá a su estudio, registro y envío al despacho de la Fiscalía General, que deba atender coordinar y llevar a cabo la asistencia requerida.
3.3.Estudio de requisitos. La dirección de asuntos internacionales, estudiará si la solicitud contiene los elementos requeridos para darle curso, y si ha sido allegada por los canales conducentes para el caso particular (vía diplomática, autoridades centrales previstas en tratados, convenios o acuerdos internacionales, conductos internos que deben agotar las autoridades competentes del estado requirente). En caso contrario, la devolverá directamente o por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores, según el caso, con el fin de que la autoridad competente del estado extranjero subsane los defectos observados. Si estima que la información resulta insuficiente para un adecuado desarrollo de la asistencia, requerirá dicha información a la autoridad extranjera que sea competente.
3.4.Información insuficiente advertida por el fiscal asignado. Si el fiscal asignado para la ejecución de la solicitud, considera que la información resulta insuficiente, solicitará por conducto de la dirección de asuntos internacionales los datos necesarios, indicando las razones por las cuales debe adicionarse.
3.5.Remisión al director seccional o jefe de unidad nacional. Si resulta procedente dar curso a la solicitud, la dirección de asuntos internacionales la remitirá al director seccional de fiscalías o jefe de unidad nacional de fiscalías, que se determine de conformidad con las políticas fijadas por el Fiscal General de la Nación, con el fin de que se asigne un fiscal delegado que las ejecutará siempre y cuando resulten procedentes conforme al ordenamiento jurídico interno.
3.6.Procedimientos o condiciones especiales. Si la autoridad extranjera solicita que las pruebas se practiquen según determinados procedimientos o condiciones, el funcionario judicial colombiano comisionado, estudiará esta solicitud, siempre y cuando no sea contraria a la normatividad internacional vigente, a los derechos y garantías consagrados en la Constitución Política y el ordenamiento jurídico de Colombia.
3.7.Motivos de negación de la asistencia. Si la dirección de asuntos internacionales determina que con la ejecución de la solicitud de asistencia se pudiera afectar la seguridad o interés nacional, el orden público u otros intereses esenciales del Estado colombiano, o perjudicar el desarrollo de una investigación preliminar, de una instrucción o de un juicio que se encuentre en curso en Colombia; o considere que existen motivos para presumir una violación de derechos fundamentales de alguna persona en el estado requirente, o cuando estas actuaciones puedan redundar en un segundo juzgamiento, o cuando sea evidente que el delito no fue cometido en el exterior, podrá, previa consulta con el Fiscal General de la Nación, devolver la solicitud a las autoridades respectivas o diferir dicha asistencia hasta que termine el proceso en Colombia, siguiendo las instrucciones que impartan sobre el particular el Fiscal General de la Nación o el vicefiscal general de la Nación.
Si el funcionario que ejecuta la solicitud observa que se puede dar alguna de las circunstancias antes indicadas, informará inmediatamente sobre el particular al director de asuntos internacionales, con el fin que se tome la determinación respectiva.
3.8.Protección del principio de especialidad de la extradición. Si la solicitud de asistencia se encuentra relacionada con una persona sujeta al trámite de extradición hacia el estado requirente, se haya concedido su extradición diferida o haya sido extraditada por Colombia a ese mismo estado; la dirección de asuntos internacionales revisará si la utilización de las pruebas recaudadas pudiera constituir violación al principio de especialidad de la extradición consagrado en el artículo 512 del Código de Procedimiento Penal o de otras condiciones impuestas por el Gobierno para la entrega del individuo reclamado.
En caso de determinarse dicha situación, se negará la asistencia requerida. En este caso, de considerarse pertinente, se coordinará lo necesario con el Ministerio de Justicia y del Derecho o con el Ministerio de Relaciones Exteriores.
3.9.Prohibición de capturar personas. La solicitud de captura de una persona contra la cual existen imputaciones o se encuentra sindicada por autoridad extranjera, solamente es viable dentro de un trámite de extradición seguido de acuerdo con las reglas del Código de Procedimiento Penal, previa resolución suscrita por el Fiscal General de la Nación.
3.10. Preservación de la reserva legal de investigaciones preliminares e instrucciones. Sin perjuicio de las responsabilidades penales y disciplinarias que resulten procedentes, el fiscal que ejecute la solicitud de asistencia judicial y los funcionarios de policía judicial que participen o conozcan de su desarrollo, preservarán la confidencialidad y la reserva de las actuaciones y no podrán suministrar originales, copias o fotocopias de los documentos o elementos recaudados a funcionarios extranjeros, sin mediar autorización previa y escrita de la dirección de asuntos internacionales. No obstante, si en el texto de la solicitud de asistencia judicial se autoriza a una o varias personas para presenciar la práctica de las pruebas, el fiscal de conocimiento podrá autorizar la entrega de las copias correspondientes, siempre y cuando no exista duda de que no se incurre en las situaciones indicadas en los numerales 3.6, 3.7. y 3.8 del presente manual.
3.11. Presencia de funcionarios extranjeros y abogados de la defensa en la práctica de diligencias solicitadas a la Fiscalía General de la Nación. La presencia de funcionarios extranjeros (jueces, magistrados, fiscales, procuradores, miembros de organismos de policía judicial, funcionarios del cuerpo diplomático o consular del estado extranjero, etc.) y la de abogados defensores en la práctica de diligencias solicitadas por autoridades del exterior, es viable, siempre y cuando así se haya requerido en la solicitud formal de asistencia teniendo en cuenta las siguientes reglas:
— Corresponde al funcionario designado para practicar la diligencia, autorizar la presencia de personas indicadas en la solicitud de asistencia. La dirección de asuntos internacionales de la Fiscalía General de la Nación podrá orientar al fiscal encargado del asunto, en relación con la concesión de la autorización y desarrollo de las diligencias, teniendo en cuenta su función asignada por la ley en lo relativo al control de ejecución de las solicitudes de asistencia judicial recíproca. (D. 261/2000, art. 19, num. 2º).
— La dirección de la diligencia es exclusiva del fiscal colombiano.
— La diligencia se deberá desarrollar de conformidad con los requisitos previstos por la normatividad procesal colombiana.
— El fiscal colombiano deberá velar porque con la presencia del funcionario extranjero no se violen ni desconozcan los derechos y garantías procesales de quienes en ella intervienen o de un tercero.
— La actuación de las autoridades extranjeras, se deberá restringir a la presencia y eventual auxilio al funcionario nacional.
3.12.Práctica de la diligencia por parte de funcionarios judiciales extranjeros. En la práctica de diligencias, llevadas a cabo directamente por funcionarios extranjeros, debe tenerse presente que:
Cuando en la solicitud de asistencia se pida autorización para la práctica de diligencias en territorio colombiano, directamente por parte de funcionarios judiciales extranjeros (jueces, magistrados, o fiscales que necesariamente pertenezcan a la rama judicial del respectivo estado), se dará aplicación a lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 506 del Código de Procedimiento Penal, de conformidad con lo indicado a continuación. El fiscal delegado para el conocimiento de la solicitud de asistencia, podrá autorizar la presencia del funcionario judicial del estado requirente, siempre y cuando determine que dichas diligencias no resulten contrarias a la normatividad vigente. En ningún evento podrá admitirse que el funcionario extranjero intente alguna diligencia que atente contra derechos fundamentales de personas, información amparada con reserva legal o pretenda realizar actos que la Constitución o la ley reserva a las autoridades de Colombia. Durante la práctica de las diligencias autorizadas, deberá estar presente el fiscal delegado asignado para el conocimiento de la asistencia y un representante del Ministerio Público. (CPP, art. 506, inc. 2º) Las coordinaciones que sean necesarias para la presencia del representante del Ministerio Público serán responsabilidad del fiscal asignado.
— Conductas no tipificadas en Colombia. De conformidad con lo indicado en el parágrafo del artículo 506 del Código de Procedimiento Penal, si la conducta por la cual se solicita la asistencia no se encuentra tipificada en la legislación colombiana, en ningún caso se denegará la asistencia por esta circunstancia, salvo que resulte ser manifiestamente contraria a la Constitución Política.
— Medidas sobre bienes. Las solicitudes de autoridades extranjeras que tengan que ver con inmovilización, incautación, comiso, decomiso o entrega de bienes, solo podrán ser ejecutadas por fiscales, cuando así lo autorice expresamente una norma internacional aplicable al caso particular o la ley colombiana.
— Solicitudes de ejecución directa de providencias extranjeras. Si la autoridad extranjera solicita la ejecución directa de una orden proferida dentro de su jurisdicción, que implique extinción del derecho de dominio, pérdida o suspensión del poder dispositivo sobre bienes, y a juicio del fiscal delegado existiere duda sobre la competencia de dicho funcionario para expedir la medida, deberá pedir las aclaraciones del caso a la autoridad requirente, por conducto de la dirección de asuntos internacionales de la Fiscalía General de la Nación.
— Entrega controlada, seguimientos pasivos y agentes encubiertos. La solicitud y oferta de desarrollar entregas vigiladas o controladas entre estados, o para que funcionarios de policía incursionen activa o pasivamente en organizaciones criminales, deberán ser autorizadas por el Fiscal General de la Nación.
— Testimonio en el exterior de particulares requeridos por carta rogatoria. Cuando una autoridad de un estado extranjero solicite mediante carta rogatoria la comparecencia de una persona en su territorio para prestar testimonio o rendir un informe dentro de un asunto de naturaleza penal, el fiscal a quien se haya asignado el conocimiento de la asistencia requerida, invitará al testigo o perito a comparecer en forma voluntaria ante la autoridad competente del Estado requirente, dejará constancia escrita e informará a la dirección de asuntos internacionales, para que por este conducto, se informe a la autoridad solicitante.
Debe tenerse en cuenta lo previsto en tratados o convenios internacionales vigentes para Colombia en relación con las garantías que deba ofrecer el estado requirente al testigo o perito que consienta en colaborar con la actuación judicial en su territorio.
— Responsabilidad en el inicio de actuación cuando existe noticia criminis. El fiscal delegado que se encuentre a cargo de la asistencia judicial, será responsable de iniciar las correspondientes indagaciones penales, si durante su ejecución se advierten hechos que deban investigarse en Colombia de conformidad con la normatividad vigente sobre la materia. Para estos efectos ordenará se conserve copia integral del trámite evacuado.
— Certificación expedida por el director seccional o jefe de unidad nacional de fiscalías. Evacuada total o parcialmente la asistencia, el director seccional de fiscalías o el jefe de la unidad nacional respectiva, expedirá certificación sobre la firma, ejercicio del cargo y número de folios u otros documentos o elementos que se acompañen. Este requisito es indispensable para obtener la apostille o la legalización de su firma. Esta certificación puede ser expedida igualmente por el director nacional de fiscalías, el secretario general de la fiscalía, o cualquier otro funcionario que tenga registrada su firma ante la oficina de legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores.
— Entrega de las diligencias practicadas a la dirección de asuntos internacionales. Atendida la solicitud, la documentación correspondiente se enviará de regreso a la dirección de asuntos internacionales para los fines de su competencia.
4. Entrega vigilada o controlada
4.1. Definición. Es la técnica consistente en dejar que remesas ilícitas o sospechosas, u otros bienes relacionados con la comisión de un hecho punible, salgan de territorio de uno o más países, lo atraviesen o entren en él, con el conocimiento y bajo la supervisión de sus autoridades competentes, con el fin de identificar a las personas involucradas en la comisión de delitos.
4.2.Autoridad competente. Las decisiones de recurrir a la entrega vigilada o controlada se adoptarán caso por caso, directamente por el Fiscal General de la Nación o por comisión.
4.3.Fiscal comisionado. El fiscal delegado para el desarrollo de una entrega vigilada o controlada, ordenará la incursión o seguimiento pasivo, citará al agente del Ministerio Público de conformidad con lo establecido en el artículo 243 de la Ley 600 de 2000, dirigirá las labores y tomará las medidas necesarias para su ejecución, bajo la coordinación del Fiscal General de la Nación o el funcionario delegado. Los servidores con funciones de policía judicial que actúen en desarrollo de la entrega, actuarán bajo la dirección exclusiva del fiscal delegado.
4.4.Información básica exigida a un Estado que realice una solicitud de oferta de entrega. La solicitud de proceder a una entrega controlada o vigilada deberá contener los motivos que, justifican la operación; características pormenorizadas y cantidad de mercancías; puntos de entrada y salida previstos en el estado; medios de transporte, itinerarios, identidad de los sospechosos, autoridad responsable de la operación, jefe de investigación encargado de la misma.
Igualmente deberá contener información precisa sobre el fiscal o juez de instrucción que autoriza la entrega, servicios de policía o aduana que apoyan la operación, detalles sobre las técnicas especiales propuestas (agentes encubiertos, dispositivos de seguimiento, etc.).
4.5.Garantías necesarias. Se podrá solicitar que se garantice la entrega de los informes, resúmenes de resultados, que la remesa será finalmente incautada, que se dará curso a las acciones legales contra los implicados y en especial que se van a compartir sin dilación alguna las pruebas o muestras que sean recaudadas durante la investigación o juicio.
4.6.Solicitud por parte de la Fiscalía General de la Nación de Colombia. Las solicitudes y oferta de entregas vigiladas o controladas a un estado extranjero son competencia del Fiscal General de la Nación o de quien sea delegado para estos efectos.
4.7.Denegación de la solicitud. La solicitud podrá ser denegada, entre otros motivos, cuando no provenga de autoridad homóloga (fiscal del estado extranjero o funcionario judicial); cuando no se suministre suficiente información, cuando no exista acuerdo sobre el asunto particular con otros estados involucrados en el tránsito de la mercancía, cuando exista riesgo de pérdida de la mercancía; o falta de proporcionalidad para acudir a la operación; cuando no existan recursos suficientes para participar en la operación; cuando se desconozca el destino final de la mercancía; cuando no se garantice el procesamiento de las personas que participan en el delito; cuando se crea que existe determinación al delito de personas que no se encontraban predispuestas por parte de agentes de otro estado, y en especial cuando no se garantice la entrega a la Fiscalía General de la Nación de informes, muestras, o pruebas que se recauden por parte de autoridades del otro estado.
4.8.Riesgo o amenaza contra la integridad o la vida de quienes participan en la operación. La operación será inmediatamente abortada si existe riesgo o amenaza contra la integridad personal o la vida de quienes participan en la entrega.
4.9.Prohibición de inducir a la comisión de un delito. Bajo ninguna circunstancia, los funcionarios que participen en el desarrollo de la entrega controlada o vigilada, podrán inducir a la comisión de conductas ilícitas para las cuales no existía predisposición.
4.10.Presentación de informe. Concluida la operación el fiscal de conocimiento rendirá un informe al Fiscal General de la Nación o a la persona delegada.
5. Traslado de fiscales al exterior para la práctica de diligencias
5.1. El artículo 505 del Código de Procedimiento Penal permite el traslado de fiscales colombianos para la práctica de diligencias en territorio extranjero, cuando el Fiscal General de la Nación advierta dicha necesidad, siempre y cuando exista aprobación de las autoridades legitimadas para otorgarla.
5.2. Para la autorización de traslado al exterior se tendrán en cuenta la naturaleza de la actuación, la urgencia, la realización de las diligencias necesarias para que la persona requerida comparezca al despacho del fiscal delegado en Colombia y, la disponibilidad presupuestal para atender el traslado del funcionario judicial.
5.3. Corresponde al vicefiscal general de la Nación autorizar el traslado de funcionarios de la Fiscalía General de la Nación para la práctica de diligencias en territorio extranjero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 505 de la Ley 600 de 2000.
5.4. Trámite de las solicitudes de autorización para traslado de funcionarios al exterior.
a) El fiscal de conocimiento dirigirá la solicitud de autorización a la dirección de asuntos internacionales de la fiscalía para su estudio, de conformidad con los requisitos indicados en el punto 3 de este manual. Previa consulta con el Fiscal General de la Nación o el vicefiscal general de la Nación, realizará los trámites correspondientes ante el estado en donde deba practicarse la diligencia, con el fin de obtener la autorización del estado requerido;
b) De ser necesario el envío de una solicitud de asistencia (carta rogatoria) para obtener la autorización, coordinará lo necesario con el fiscal de conocimiento del proceso;
c) Obtenida la autorización del estado extranjero, el despacho del vicefiscal general de la Nación, proferirá la correspondiente comisión de servicios al exterior, autorizando al funcionario para el desplazamiento y práctica de la diligencia;
d) El funcionario que haya practicado diligencias en el exterior (4) deberá rendir informe de la gestión realizada dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a su llegada a territorio colombiano, remitiendo el original al despacho del vicefiscal general y copia a la dirección de asuntos internacionales.
(4) Artículo 239 del Código de Procedimiento Penal: "Las pruebas practicadas válidamente en una actuación judicial o administrativa dentro o fuera del país, podrán trasladarse a otra en copia auténtica y serán apreciadas de acuerdo con las reglas previstas en este código".
6. Vinculación de personas que se encuentren en el exterior cuando no sea posible el desplazamiento por parte del funcionario de conocimiento
6.1. Cuando se deba vincular a una persona que se encuentre en el exterior, el funcionario judicial mediante exhorto dirigido al embajador o al cónsul competente de Colombia, procederá a citarla para que comparezca al despacho judicial en una fecha determinada.
6.2. De no comparecer la persona que deba rendir indagatoria, se deberá dar aplicación a los artículos 336 y 344 del Código de Procedimiento Penal que regula la declaratoria de persona ausente.
7. Algunas reglas fijadas en la ley para la valoración e incorporación al proceso de las pruebas obtenidas de las autoridades extranjeras
7.1. Se presume la legalidad y autenticidad de los documentos y pruebas obtenidos de autoridad extranjera. (CPP, art. 504). Esta previsión desarrolla del principio lex locus regit actum que implica que los actos y documentos se regirán por la ley del lugar de ocurrencia o celebración.
7.2. De conformidad con el artículo 239 del Código de Procedimiento Penal:
“Las pruebas practicadas válidamente en la actuación judicial o administrativa dentro o fuera del país, podrán trasladarse a otra en copia auténtica y serán apreciadas de acuerdo con las reglas previstas en este código.
Si se hubieren producido en otro idioma, las copias serán vertidas al castellano por un traductor oficial”.
7.3. Cuando el documento público no haya sido allegado al proceso en desarrollo de una solicitud de asistencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 504 del Código de Procedimiento Penal, se dará aplicación a lo dispuesto sobre el particular en tratados internacionales y en su defecto a lo preceptuado en el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1º del Decreto 2282 de 1989 que expresa:
“Los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionario de éste o con su intervención, deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República, y en su defecto por el de una nación amiga, lo cual hace presumir que se otorgaron conforme a la ley del respectivo país. La firma del cónsul o agente diplomático se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes consulares de un país amigo, se autenticará previamente por el funcionario competente del mismo y los de éste por el cónsul colombiano”.
7.4. Sin perjuicio de lo dispuesto en tratados o convenios internacionales, de conformidad con el artículo 188 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1º del Decreto 2282 de 1989:
“El texto de normas jurídicas que no tengan alcance nacional y el de las leyes extranjeras, se aducirá al proceso en copia auténtica de oficio o a solicitud de parte.
8. Testimonios de funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y de servidores con funciones de policía judicial en relación con investigaciones preliminares o instrucciones de competencia de la Fiscalía General de la Nación
8.1. Cuando mediante solicitud de asistencia judicial un estado extranjero requiera la cooperación de un servidor de la Fiscalía General de la Nación, para rendir testimonio dentro de un procedimiento que adelante una jurisdicción extranjera, sobre un asunto cobijado con reserva legal, el Fiscal General de la Nación o el vicefiscal general de la Nación, podrán autorizar que el servidor preste su declaración y en caso necesario se autorizará el desplazamiento.
8.2. Los servidores de las diferentes instituciones que tengan atribuidas funciones de Policía Judicial, no podrán declarar o rendir testimonio ante autoridades extranjeras sobre asuntos amparados con reserva legal relacionados con investigaciones preliminares o instrucciones penales, sin autorización expresa del Fiscal General de la Nación o del vicefiscal general de la Nación, previa solicitud de asistencia emanada de autoridad competente, debidamente tramitada ante la dirección de asuntos internacionales de la entidad.
8.3. El funcionario que con ocasión de su cargo revele ante una autoridad extranjera información amparada con reserva, sin tener en cuenta los mecanismos legales de cooperación judicial entre estados, previstos en el ordenamiento jurídico para suministrar dicha asistencia, incurrirá en las sanciones penales y disciplinarias previstas por la ley colombiana.
8.4. Este tipo de solicitudes deben efectuarse por conducto de carta rogatoria cuando exista reserva legal que ampare dicha información.
9. Remisión de procesos al exterior de actuaciones iniciadas en Colombia
Si de acuerdo con las normas aplicables a un caso particular, se constata que un asunto no corresponde a la jurisdicción de Colombia, o si el imputado resulta estar amparado por inmunidad diplomática o consular de acuerdo con lo previsto en tratados o convenciones internacionales (sobre relaciones diplomáticas, relaciones consulares, o acuerdos referentes a organismos internacionales, entre otros), la actuación deberá dirigirse a la autoridad competente, mediante documento elaborado con formato similar al de una carta rogatoria, requiriendo, dar lugar a la actuación que corresponda.
El envío del expediente debe realizarse por conducto de la dirección de asuntos internacionales al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, previa certificación del Director General de Protocolo sobre la existencia de dicha inmunidad.
10. Situación de extranjeros en Colombia
10.1. Privación de la libertad de extranjeros. De acuerdo a lo establecido en el literal b) del artículo 36 de la Convención de Viena de 1963 sobre asuntos consulares, si el interesado lo solicita, el funcionario deberá remitir el formato diligenciado a la Dirección de Asuntos Internacionales para que por este conducto, se informe a la representación consular del país correspondiente en Colombia, y a falta de ésta, a la del país más próximo que cuente con consulado del país de origen del extranjero vinculado a investigación penal en Colombia.
Conviene advertir en este punto, la obligación de los funcionarios judiciales, de dar a conocer esta situación, a la Subdirección de Extranjería del Departamento Administrativo de Seguridad, de acuerdo con el Decreto 2371 de 1996, artículo 176.
10.2. Fallecimiento de ciudadanos extranjeros. Una vez el funcionario judicial conozca del fallecimiento de un ciudadano extranjero, deberá comunicarlo en forma inmediata a la dirección de asuntos internacionales, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 37 de la Convención de Viena de 1963 sobre asuntos consulares.
ART. 2º—Los empleados y funcionarios de Policía Judicial deberán aplicar este manual para la formulación y trámite de las solicitudes de asistencia judicial internacional, exhortos y demás actuaciones que se desarrollen con autoridades y funcionarios en el exterior.
ART. 3º—La dirección de asuntos internacionales elaborará y difundirá las ayudas que sirvan de guía a los fiscales delegados en la elaboración de cartas rogatorias, exhortos y notas suplicatorias y atenderá las inquietudes que suscite el uso del presente manual.
ART. 4º—La dirección nacional administrativa y financiera en coordinación con la oficina jurídica y la unidad de fiscalías para la extinción del derecho de dominio y lavado de activos, realizarán los estudios y labores necesarias para la implementación del fondo de asistencia judicial internacional, previsto en el artículo 507 de la Ley 600 de 2000.
ART. 5º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las resoluciones 243 de 9 de diciembre de 1992 y 0-1686 de agosto 11 de 1994.
Dado en Bogotá, D.C., a 10 de agosto de 2001.