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Timestamp: 2019-11-21 23:39:04
Document Index: 47749434

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 18', 'artículo 36', 'artículo 11', 'in fine', 'artículo 18', 'artículo 36', 'artículo 11', 'Artículo 11', 'artículo 3', 'artículo 36', 'artículo 8', 'artículo 11', 'artículo 16', 'artículo 28', 'artículo 110']

V.2019/11.#EXPERTOENDERECHO®:: EXTRANJEROS EN TRÁNSITO A LA LUZ DE LA JURISPRUDENCIA, LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY 285 DE MIGRACIÓN.
Es bien cierto que toda persona tiene derecho a una nacionalidad que es, como ha dicho la Corte Internacional de Derechos Humanos, en su sentencia del 8 de septiembre del 2005, “la expresión jurídica de un hecho social de conexión de un individuo con un Estado” y para esclarecer este concepto la doctrina mas autorizada se ha manifestado en el sentido de que “los Estados gozan de importantes márgenes de discrecionalidad a la hora de decidir quiénes son sus nacionales y es atributo de su imperio la realización de dicha determinación.
En ese sentido el artículo 1 de la Convención de la Haya del 12 de abril de 1930 sobre ciertas cuestiones relativas a los conflictos de leyes en materia de nacionalidad indica que toda cuestión relativa a saber si un individuo posee la nacionalidad de un Estado debe ser resuelta conforme a la legislación de dicho Estado.”
Las reformas constitucionales de febrero y diciembre de 1854, mantuvieron, en esencia, las mismas disposiciones que la Constitución de San Cristóbal para atribuir a los individuos la cualidad de dominicano, aunque la de diciembre de aquél año consignó la novedad de reconocer como dominicano a todo aquel que nacido en el territorio de padres extranjeros invoque esta cualidad cuando llegue a su mayor edad. En tanto que la reforma de 1858, bautizada como la “Constitución de Moca” por el lugar donde se realizaron los trabajos, en términos generales en cuanto a la cuestión de la nacionalidad, siguió el mismo patrón de las anteriores, no así la de 1865 que inauguró el sistema del Jus-soli al consagrar en su artículo 5 lo siguiente: “Son dominicanos: 1° Todos los que hayan nacido o nacieren en el territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres”.
En efecto, como parte de su abundante argumentación jurídica, la sentencia del Tribunal Constitucional admite, en primer término, que hoy día en la República Dominicana, la nacionalidad puede adquirirse por vía de los padres de la persona de que se trate, es decir, por consanguidad o “el derecho de sangre” (jus sanguinis) y, también por el lugar de nacimiento, o sea, por “el derecho de suelo” (jus soli).
Además de la “naturalización”, en virtud de la cual el Estado otorga soberanamente la nacionalidad a los extranjeros que la soliciten y satisfacen las condiciones y formalidades que corresponden en cada país, precisando las fluctuaciones que se han producido en nuestro devenir constitucional, a lo que hemos hecho referencia más arriba, de todo lo cual podemos concluir que el régimen que hoy impera nuestro ordenamiento en la materia es el sistema mixto.
2.- La sentencia del 14 de diciembre del 2005 de la Suprema Corte de Justicia. Análisis del artículo 18.3 de la Constitución 2010. La persona en tránsito.
Como ya hemos expresado, la mayor controversia que sin duda ha suscitado la Sentencia TC 0168/13 es la interpretación que se le ha dado al artículo 36 de la Ley General de Migración No.285-04 que trata en su Sección VII: De los no Residentes y sus distintas subcategorias y, sobre todo, su numeral 10 que afirma categóricamente que estos, los no residentes, para los fines de la aplicación del artículo 11 (hoy 18) de la Constitución, son considerados personas en tránsito.
En tanto que la parte in fine del numeral 3 del artículo 18 de la Constitución 2010 prescribe que: “Se considera persona en tránsito toda extranjera o extranjero definido como tal en las leyes dominicanas”, como ya lo ha hecho la Ley General de Migración No. 285-04 que es anterior, a la sentencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia del 14 de diciembre del 2005.
3.- En lo que concierne a las disposiciones del artículo 36 de la Ley General de Migración 285-04 de 2004;
Las disposiciones del articulo 36 sometidas asimismo al escrutinio de la Suprema Corte de Justicia, en funciones de Tribunal Constitucional, determinan primero, cuáles extranjeros son admitidos como No Residentes y, segundo, que estos, son considerados personas en tránsito para los fines de la aplicación del artículo 11 de la Constitución de La Republica; que los impetrantes alegan, para fundamentar su acción sobre este aspecto, que no obstante conceder el Estado “alta prioridad a los problemas migratorios, en reconocimiento de la Constitución, las leyes y acuerdos internacionales”, la Ley núm. 285-04 contradice la propia Constitución cuando, además de interpretarla, señala que “los No Residentes son considerados personas en Transito, para los efectos de aplicación del Artículo 11 de la Constitución de la Republica (art. 36 párrafo 10), ya que la Constitución en su artículo 3 establece que el país “reconoce y aplica las normas del Derecho internacional general y americano en la medida que sus poderes públicos las hayan adoptado”, que con esas imputaciones los impetrantes reprochan a la legislación cuestionada ser discriminatoria por estar dirigida a restringir, limitar y excluir a la minoría de haitianos y haitianas residentes en territorio dominicano; que sobre ese particular los impetrantes no señalan de manera específica a cual norma del Derecho internacional se vulnera por vía del citado párrafo 10 del artículo 36, limitándose únicamente a expresar que el artículo 8 de la Constitución no discrimina entre nacionales y extranjeros al reconocer como finalidad principal del Estado la protección efectiva de los derechos humanos, sin reparar que la Constitución no otorga la nacionalidad dominicana indiscriminadamente a todos los que hayan nacido en el territorio nacional, sino que al consagrar el jus solis, como sistema para ostentar la nacionalidad dominicana, además del jus sanguini, lo hace con dos excepciones que excluyen a los hijos legítimos de los extranjeros residente en el país en representación diplomática y a los hijos de los que están en tránsito en el.
Al desentrañar el texto legal cuestionado la teleología del numeral 1 del artículo 11 de la Constitución, esto es, el sentido y alcance de este precepto, ello ha sido posible, en la especie, al reservar la Constitución a la ley, como se ha visto todo cuanto concierne a la migración; que en ese orden y siendo la regulación y control del movimiento de personas que entran y salen del país, un derecho inalienable y soberano del Estado Dominicano, la determinación por el legislador de los extranjeros residentes permanentes y temporales; de los no residentes y las personas consideradas en tránsito; del procedimiento para ser admitido como persona no residente en la subcategoría de trabajadores temporeros; de los cambios de categoría migratorias; del control de permanencia de extranjeros y la cuestión de los recursos legales con los que estos cuentan en caso de expulsión o deportación, a todo lo cual se refieren las disposiciones adjetivas arriba señaladas y sometidas al examen de la Suprema Corte de Justicia, como Corte Constitucional, no puede en modo alguno contravenir las disposiciones constitucionales e internacionales cuya violación se denuncia a diario bajp un argumento flojo y rancio de racismo y xenofobia.
La Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, ha juzgado de manera incidental que no es extranjero transeúnte aquel que ha sido provisto de un permiso de residencia expedido por la Dirección General de Migración, lo que ha sido decidido en ocasión de desestimarse una solicitud de la parte contraria al extranjero a quien se le exigía prestar la finanza judicatum solvi, prevista en el artículo 16 del Código Civil para el extranjero transeúnte demandante, de lo que resulta, como lógica consecuencia, que para no ser transeúnte en el país, es preciso estar amparado del permiso de residencia correspondiente, antes aludido, caso contrario se reputaría No Residente, conforme a la ley, y por tanto, en tránsito, criterio que hace suyo el Pleno.
4.- El artículo 28 de la Ley General de Migración 285-04.
Debe tenerse presente que la irretroactividad es consecuencia directa de la seguridad jurídica que constituye uno de los fines esenciales del derecho, así como que en ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior como lo consagra la segunda parte del artículo 110 de la constitución del 2010.
Deseo poner punto redondo a estos comentarios haciéndome eco de las reflexiones que hace Batiffol, citado por el profesor Luis Arias en su obra Manual de Derecho Internacional Privado, sobre la noción de nacionalidad en su acepción sociológica o de hecho y su acepción jurídica. Un mismo individuo, nos dice el autor, puede pertenecer de hecho a una determinada nacionalidad y jurídicamente a otra; y pone de ejemplo el caso de Polonia, al que hace también referencia Niboget, según el cual los polacos a consecuencia de los repartos de su territorio en el Siglo XIX, tenían de derecho la nacionalidad rusa, alemana o austriaca, y de hecho eran nacionales polacos, esa seria una solucion, Estados Unidos, Canadá, Francia entre otros deberian aplicar eaa formula con haiti.
En fin, que sociológicamente la nacionalidad se traduce en un vínculo que podría aceptarse como espiritual de un individuo con una comunidad definida como Nación, mientras que en su acepción jurídica la nacionalidad está implícita en la noción de Estado.