Source: http://issuu.com/acore/docs/periodicoagosto
Timestamp: 2015-04-27 00:21:26
Document Index: 11874257

Matched Legal Cases: ['Artículo 219', 'Artículo 219', 'Artículo 80', 'Artículo 58', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 80', 'Artículo 173', 'Artículo 173', 'Artículo 216', 'Artículo 189', 'Artículo 173', 'Artículo 313', 'Artículo 158', 'Artículo 169', 'Artículo 169', 'Artículo 11', 'Artículo 83', 'Artículo 23', 'Artículo 11', 'artículo 173', 'Artículo 219', 'Artículo 219']

ISSUU - EDICIÓN 532 AGO. 2013 by ACORE
EDICIÓN 532 AGO. 2013
Editorial: ¿Obra del enemigo?; Y ahora, degradación militar y policial; ACORE hace claridad sobre su posición actual frente al proceso; Proyecto busca que la fuerza pública tenga derecho al voto; Para sostener y garantizar la paz son necesarias unas FF.AA. fortalecidas; Homosexualismo y dignidad; ¿Qué es una zona de reserva campesina?; Petro terminó de enterrar el proceso de transformación de Bogotá: Jaime Castro; Los conversatorios y las razones de ACORE; Homenaje merecido a los veteranos; Hombres y mujeres de la reserva activa no pueden quedar en el anonimato:general Navas; El espionaje: Desde los Rosemberg hasta Snowden; ¿Las Fuerzas Armadas a qué jugamos?; Los facinerosos están poniendo su propia agenda;
Y ahora, degradación militar y policial
EN PROYECTO DE LEY SOBRE ASCENSOS MILITARES Y DE POLICÍA
Los artículos 12 y 13 de un proyecto de ley que cursa en el Congreso de la República establece la figura de la degradación militar y policial (de diez a veinte años con retroactividad, si afecta derechos fundamentales), como sanción accesoria para procesos adelantados de tipo penal o disciplinario contra miembros activos o retirados de estas instituciones que sean encontrados culpables dentro del hecho investigado. El proyecto incluye, además, la disminución de la asignación salarial, privación del grado, insignias, distintivos, condecoraciones o medallas militares o policiales. El tipo de sanción que se propone, sin duda alguna, cons-. tituye una gran ofensa a la dignidad militar y policial por cuanto querer despojar de sus jerarquías, insignias y distinciones a quienes los han obtenido sirviendo a la patria legal y constitucionalmente en defensa de su soberanía y de sus instituciones, no puede tener aceptación alguna, ni para los mismos miembros de la Fuerza Pública como es apenas natural y lógico, ni tampoco para la mayoría del común de los ciudadanos, que a través de distintos y continuos pronunciamientos , consideran que los integrantes de estas instituciones son actualmente, los más sacrificados, apreciados y respetados por la nación entera. Esta deshonrosa determinación, constituiría una gravísima afrenta a la moral y voluntad de lucha de quienes conforman las instituciones armadas de la República. Un concepto de la Mesa de Trabajo Permanente de las Asociaciones de la Reserva Activa de la Fuerza Pública, sobre el particular fue dirigido al Congreso de Pag. 6 la República.
ACORE hace claridad EDITORIAL sobre su posición actual ¿Obra del frente al proceso enemigo?
ACORE reafirma, una vez más, su posición frente al proceso de negociación con el grupo terrorista de las Farc, esperando que los resultados que sean obtenidos constituyan el primer paso para lograr ese anhelo nacional de conseguir una paz firme y duradera, con la plena aceptación y satisfacción de la totalidad del pueblo colombiano. Sobre este particular se han formulado unas importantes consideraciones con la esperanza de que sean tenidas en cuenta dentro de este proceso. En el momento mismo en que ACORE fijó su posición enfatizó en la necesidad de que se cumplan, al finalizar este proceso, como requisitos mínimos, los siguientes acuerdos: •	Desmovilización total y entrega de armas. •	Suspensión definitiva de todas las actividades atinentes al narcotráfico, incluyendo producción, comercialización, entrega de rutas y, bajo ninguna circunstancia, darle carácter de delito conexo al delito político para que pueda ser efectiva su penalización. •	Acción penal real y efectiva contra quienes se desmovilicen, mediante la correcta y justa aplicación de los beneficios que sean contemplados en la ley estatutaria que establezca el Marco Jurídico para la Paz. La justicia transicional debe castigar como mínimo los delitos atroces y todas las conductas considerados Pag. 10 de lesa humanidad.
El Centro Nacional de Memoria Histórica, establecimiento público del orden nacional, adscrito al Departamento para la Prosperidad Social, acaba de publicar un documento titulado ¡BASTA YA! Según este documento, somos unos grandes criminales que hemos conformando una peligrosísima institución llamada: Fuerzas Militares de Colombia. Pág 3
La celebración de los 203 años de independencia, en el tradicional desfile militar del 20 de Julio, rindió un especial homenaje a los veteranos que participaron en el conflicto con Perú (1932); la guerra de Corea (1950); el canal de Suez y la península del Sinaí. Porta el estandarte del Ejército Nacional el coronel Guillermo Rodríguez Guzmán, Acorado, veterano de Corea. Pág. 12
Proyecto busca que la Fuerza Pública tenga derecho al voto
Se presentó a consideración del Congreso un proyecto de ley que propone modificar el inciso 2° del Artículo 219 de la Constitución, con el fin de que los miembros de la Fuerza Pública puedan ejercer el derecho al sufragio. Según el texto del proyecto, el inciso 2° del Artículo 219 de la Constitución quedaría así: “Los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo podrán ejercer el derecho al sufragio; podrán intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos y podrán ejercer cargos de elección popular previa autorización del Presidente de la República o, en su defecto, del Ministro de Defensa o quien haga sus veces”. En la exposición de motivos, los ponentes recuerdan que ya en la Asamblea Constituyente de 1991, se propusieron dos artículos sobre tema, los cuales establecían: “Artículo alternativo. La Fuerza Pública será deliberante, con ocasión e las condiciones de prestación del servicio, con arreglo a la ley. Sus miembros podrán siempre ejercer el derecho del sufragio.” Pág. 8
Día de las Reservas
FF.AA. fortalecidas
El general Alejandro Navas, dijo al conmemorar el Día de las Reservas, que estos hombres y mujeres no pueden quedar en el anonimato, pues sus hechos, hazañas y aun sus yerros, deben quedar inscritos en la historia y, además, renovarse a través del tiempo . Pág. 15
Las Zonas de Reserva Campesina son un mecanismo encaminado a eliminar y prevenir la inequitativa concentración de la propiedad o su fraccionamiento antieconómico, y regular la ocupación de las tierras baldías, dando preferencia a los campesinos de escasos recursos. Pág. 5
Hace 60 años, el 27 de julio de 1953, los hombres del Batallón Colombia se enteraron de que esa guerra había terminado y pronto volverían a casa. 5.204 colombianos apoyaron la lucha contra el comunismo. Hoy, muchos sienten que han sido olvidados. Homenaje de Semana.Pág. 11
Según el Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, Colombia en una perspectiva de mediano plazo, debe empezar a prepararse desde ya para tener unas Fuerzas Armadas fuertes, con equipos apropiados, entrenamientos y capacidades acordes con los nuevos retos. Pág. 2
2 MENSAJE DE MINDEFENSA A LA RESERVA ACTIVA, EN ACORE
Para sostener y garantizar la paz son necesarias unas FF.AA. fortalecidas
en perspectiva, porque estos hechos se pueden repetir; así como en los últimos dos años han caído 35 jefes de las Farc, incluido el máximo jefe y tres cabecillas del Estado Mayor de las Farc”. Fortalecimiento Colombia en una perspectiva de mediano plazo, debe empezar a prepararse desde ya para tener unas Fuerzas Armadas fuertes, con equipos apropiados, entrenamientos y capacidades acordes con los retos que hay. Así los terroristas dejen el terrorismo y pasen a otro estadio, automáticamente no se van a acabar las zonas donde se requiere la presencia de Fuerzas Armadas, por el narcotráfico, por la minería criminal o por otro tipo de situaciones. Para sostener y garantizar la paz son necesarias unas fuerzas armadas fortalecidas. Del 20 de julio, dijo, se pudo ver cómo está llegando material y cómo se está convirtiendo en unidades operativas. Hay más material por llegar. Las fuerzas navales y de policía han empezado a fortalecerse. Todas estas experiencias nos han permitido exportar conocimientos. Nos invitan de Centroamérica y el Caribe a participar en muchas actividades. Piden misiones policiales y de la Armada; mientras la FAC hace parte de misiones de fortalecimiento de las fuerzas de otros países. Además, la Unión Europea planteó la posibilidad de firmar un acuerdo con Colombia sobre el tema de seguridad. La guerra nos ha dejado hombres muy capacitados y no podemos perder esa experiencia; helicópteros que pueden hacer asaltos nocturnos, como también movilizar 400 hombres en posición de asalto. Muy pocos países de este hemisferio pueden hacer esto. No podemos desaprovechar eso y nos están observando, las cosas grandes de la vida muchas veces no se hacen por planeación sino por necesidad, esto se aprendió aquí por necesidad, por el esfuerzo de muchos de ustedes, eso que fue su sueño hoy ya es una realidad, esas capacidades se tienen, se utilizan y el mundo quiere saber de ellas. Retos trasnacionales Tenemos unos retos muy importantes. A la vuelta de cinco años podemos llegar a ser 50 millones de colombianos; ya de facto somos el tercer país en población de América Latina, lo cual demanda unas responsabilidades y una influencia regional pacífica. Entonces, debemos asegurarnos de que la región pueda luchar de manera efectiva contra el crimen transnacional, que podamos evitar que se tomen esas naciones porque iría en contra de nuestros intereses. No hay que perder de vista que Colombia es el principal inversionista intrarregional en Centro América con negocios importantes en bancos, aerolíneas, construcción, y obras de infraestructura. Por esa influencia regional se requieren unas Fuerzas Armadas que sean capaces de ayudarles a esos Estados a que funcionen y que nuestros intereses nacionales no corran riesgos.
Intervención del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, en Asocaci.
En la medida que se avanza mas en materia de seguridad, un solo episodio se vuelve políticamente más riesgoso, un tema crítico, porque, cada vez más, el pueblo colombiano se conmueve con la muerte de un soldado. Así lo dijo el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón Bueno, en una reunión con los miembros de la Reserva Activa convocados por Asocaci, y que se llevó a cabo en la sede nacio-
nal de ACORE. “En la guerra hay muertos y así como permanentemente producimos efectos sobre la degradación del enemigo, sobre esa amenaza terrorista, también no es menos cierto que en medio de la presión buscan también sus contraofensivas; pero la guerra no se afecta en términos definitivos y decisivos”, dijo el Ministro, y agregó que “hay que mirar estos temas
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3 Informe del Centro Nacional de Memoria Histórica
Según este documento, somos unos grandes criminales que hemos conformando una peligrosísima institución llamada: Fuerzas Militares de Colombia.
El Centro Nacional de Memoria Histórica, establecimiento público del orden nacional, adscrito al Departamento para la Prosperidad Social, acaba de publicar un documento titulado ¡BASTA YA!, elaborado por un grupo de abogados, sociólogos, politólogos, un comunicador social, un sacerdote jesuita, una trabajadora social, una antropóloga, un economista y curiosamente, solo una historiadora, perteneciente a una universidad argentina. Este extenso documento, con más de 400 páginas, consulta en forma selectiva algunas fuentes y recoge varios testimonios sobre la realidad histórica de la violencia armada sufrida por el país en los últimos sesenta años. En cinco capítulos, desarrolla diversos temas relacionados con las dimensiones y realidades de la guerra, sus motivos y transformaciones, la justicia, los daños y los impactos sobre las víctimas, las memorias de los sobrevivientes y termina con treinta recomendaciones sobre derecho a la verdad, derecho a la justicia, derecho a la reparación, garantías de no repetición y cómo debe construirse la paz. Dada la importancia y el valor que se le ha dado a este documento, se requiere una urgente y juiciosa revisión de carácter institucional, sobre ciertos hechos relacionados con los 21 casos emblemáticos que se han tomado como referencia y sobre los cuales, utilizando habilidosamente algunos de estos, se ha querido cuestionar nuestra responsabilidad como gestores directos de una buena parte de la violencia armada que ha afectado a este país en los últimos sesenta años. Con PERIÓDICO estas afirmaciones, lo que se pretende es sustentar y aprobar lo que la extrema izquierda radical (ONG nacionales y extranjeras), ha venido denunciando constantemente como ‘terrorismo de Estado’. O sea, distorsionando lo concerniente a las herramientas legales y constitucionales que utiliza el Estado a través de su Fuerza Pública, particularmente el Ejército, para reprimir las organizaciones terroristas que actúan en nuestro territorio. Las fuentes consultadas por los autores del documento (unos cuantos de reconocida tendencia izquierdista), son bastante excluyentes. Aparentemente, se utilizaron muchas falsas victimas que fueron entrevistadas en zonas tradicionalmente afectas a los terroristas y también algunas otras organizaciones de reconocida posición antimilitarista, como es el caso del CINEP. Esto le resta autenticidad y por consiguiente credibilidad. No se tuvo en cuenta otras fuentes que pudieran aportar otra visión diferente del conflicto armado. Por ejemplo, nuestras propias Fuerzas Militares, las cuales han sido parte importante dentro de este conflicto. Nuestros archivos, nuestras experiencias, nuestras publicaciones e infinidad de estudios realizados a través de los años sobre este particular, son, sin duda alguna, de gran valor histórico. Todo esto fue inexplicablemente desconocido. En otros términos, no es otra cosa que un documento sesgado y evidentemente politizado que no puede ser utilizado como texto obligatorio para la enseñanza en los distintos centros educativos del país, tal como lo anunció el Gobierno Nacional. ¡No podemos aceptar una historia tendenciosamente mal contada! Algunas de las fuentes consultadas no son suficientemente creíbles. Revisar estos hechos es absolutamente indispensable. Ciertas sutilezas, opiniones o desfiguración descuidada o mal intencionada de la realidad, alteran peligrosamente la verdad, la verdad histórica que es la que estamos obligados a conocer. Por otra parte, sus efectos pueden tener graves repercusiones en nuestras instituciones armadas. Corresponde esto a una ¿verdad judicial o a una verdad histórica? ¿Qué es lo que en el fondo se pretende? Ya se propone que el Estado, y por supuesto nuestras Fuerzas Militares deben ser las primeras en pedir perdón por esta tragedia y todos los ‘atropellos’ cometidos en estos sesenta años de violencia armada. Es decir, somos unos grandes criminales que hemos conformando una peligrosísima institución: Fuerzas Militares de Colombia. En estas condiciones, es de esperar que los terroristas procedan a justificar, como ya lo vienen haciendo, que su lucha armada corresponda a “una justa y obligante respuesta frente a una agresión de que han sido víctimas a través de un constante y sistemático terrorismo de Estado”. Son víctimas, no victimarios. El Partido Comunista Colombiano (PCC) y sus diversas corrientes políticas que ha utilizado o en las cuales se ha transformado, no es objeto de ningún tipo de cuestionamiento. Su protagonismo en diferentes hechos de violencia ha sido inexplicablemente desconocido. A diferencia del Estado, ha quedado totalmente exonerado. En estas circunstancias, debemos estar preparados desde ya, para responder prontamente ante las nuevas “Comisiones de la verdad��� que serán creadas con nuestros detractores y que han sido acordadas en el Marco Jurídico para la Paz, si hay un eventual acuerdo para la terminación del conflicto armado con la organización terrorista de las Farc. De todos es bien sabido, que en caso de sucederse, no habrá desmovilización total de estos terroristas. Los que no lo hagan, se constituirán en grupos armados ilegales que obviamente continuaran con el lucrativo negocio del narcotráfico, contando a su vez con la gran ventaja que les proporcionara la reducción de las Fuerzas Militares, tal como lo propone este preocupante estudio, ya que en uno de su apartes recomienda categóricamente que “al dar tránsito de una situación de guerra a una de paz, los presupuestos mayoritarios deberán ir a educación y salud, y no para seguridad y defensa”. ¿En qué quedamos ¡por Dios!? Este estudio no parece haber sido, ni contratado, ni aprobado y mucho menos difundido con tanto estruendo publicitario por el Gobierno Nacional: ¡parece obra del enemigo! Esta obra es una victoria más que se da en esta guerra política que preocupantemente viene perdiendo el Estado colombiano, y en especial nuestras Fuerzas Militares, ante la desidia e indiferencia de todos.
Dada la importancia y el valor que se le ha dado a este informe, se requiere una urgente y juiciosa revisión de carácter institucional, sobre ciertos hechos relacionados con los 21 casos emblemáticos que se han tomado como referencia.
No es otra cosa que un documento sesgado y evidentemente politizado que no puede ser utilizado como texto obligatorio para la enseñanza en los distintos centros educativos del país, tal como lo anunció el Gobierno Nacional. No podemos aceptar una historia tendenciosamente mal contada.
Otra amenaza se cierne sobre militares activos y retirados. La posibilidad de degradación, que repta agazapada como proyecto de ley en el Congreso
Presidente: BG Jaime Ruíz Barrera Director: CO Gustavo Mantilla Ortiz Editor: Periodista Carlos Castillo Lugo Gerente: TC Rosa María Llovera Terradas Consejo de Redacción: CN Ricardo Alberto Rosero Eraso
CO Carlos Acosta Arévalo (caricatura) CO Gustavo Plazas Jiménez Diseño Gráfico: Sandra Ximena Gallego Torres Administración y logística: Leydi Liliana Romero Fotografía: Depto Comunicaciones, Seccionales Impresión: Editorial El Globo S.A. Dirección: Cl 25D Bis # 102 A - 63 Teléfono: 42276200 EXT 1172 - 1178
Homosexualismo y dignidad
Guerra de 38 minutos
El Concepto de dignidad humana, elaborado fundamentalmente por Emmanuel Kant, alude a aquel elemento del ser humano que lo hace ser tal, esto es, que lo convierte en sujeto moral, por cuanto es invaluable, inajenable, irrenunciable y nos permite caracterizarnos como seres humanos con derechos. En las últimas controversias, a propósito de las uniones entre individuos de un mismo sexo, se han elaborado teorías de la más amplia gama para apoyar o rechazar la denominación que debe darse a este tipo de decisiones. La primera censura descansa en el reproche a la voz matrimonio, tomando de ella el sentido que le asigna nuestro Código Civil cuando enseña que por tal debe entenderse el lazo que une a un hombre y una mujer que han decidido vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. Obvio resulta descartar la posibilidad de procreación entre similares, pero no sería de recibo que por esta solo circunstancia se obligue a variar la determinación de quienes desean acercar sus vidas en el sano propósito de crecimiento mutuo, compañía, asistencia sanitaria y acercamiento de sus personales necesidades y afectos. Como puede apreciarse, de entrada, el tema nos enfrenta a otras consideraciones, igualmente polémicas como las que deben atenderse cuando se trata de soluciones paralelas, como por ejemplo la adopción y la conformación de una familia. Juegan aquí criterios religiosos, éticos, morales, sociales y, necesariamente, legales. Vale la pena recordar la propuesta minoritaria de la Comisión respectiva de la Asamblea Nacional Constituyente, que finalmente no fue acogida: “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Está compuesta por personas unidas entre sí por vínculos naturales o jurídicos o por la voluntad responsable de constituirla. Un hombre y una mujer tienen derecho a unirse en matrimonio y a conformar y desarrollar libremente su familia”. (Gaceta constitucional N° 83, página 39 y Gaceta N° 85, página 9). Esta redacción hubiera sido más abierta, más franca, más inteligible ante los súbitos cambios de la sociedad. La pareja y la familia son instituciones históricamente configuradas, variables cultural y socialmente, que cumplen funciones de cuidado y responden a distintos ideales de vida. La sociedad colombiana es dinámica, se transforma y diversifica en un contexto postradicional, de separación de la Iglesia y el Estado. Según la jurisprudencia constitucional, Colombia debe evolucionar hacia una sociedad más tolerante, respetuosa,
igualitaria e incluyente, siguiendo el ejemplo de países como España, Holanda, Argentina y México, en donde se ha superado la brecha de los prejuicios y el matrimonio ya no es una potestad exclusiva de las parejas heterosexuales. El discurso clásico de las opciones hombre/hombre, mujer/mujer y mujer/hombre, se aparta de la realidad de personas que no necesariamente se identifican con estas formas de ver al mundo, a la sexualidad y a las relaciones sociales, como sería el caso de intersexuales, travestis, transgéneros y algunas personas transexuales, que tienen la misma dignidad y los mismos derechos de la colectividad. Los transexuales, como personas que se han sometido a una operación de cambio de sexo, son una categoría relativamente reciente, pero todas estas personas anhelarán satisfacciones instintivas y grupales que imponen a las autoridades y la sociedad, cambios en sus tradicionales paradigmas. “…una mujer casada con hijos que se divorcia experimenta el modelo de familia nuclear intacto; luego, cuando se produce la ruptura, forma un hogar monoparental; más tarde, puede constituir un nuevo núcleo familiar (familia ensamblada) y, al fallecer el cónyuge o compañero, de nuevo transitar por la monoparentalidad originada en la viudez”, lo que se ha denominado “cadena compleja de transiciones familiares”. A este fenómeno se ha referido la Corte al indicar que “en su conformación la familia resulta flexible a diversas maneras de relacionarse entre las personas, a las coyunturas personales que marcan el acercamiento y el distanciamiento de sus integrantes, o a los eventos que por su carácter irremediable determinan la ausencia definitiva de algunos de sus miembros”, de manera que “la fortaleza de los lazos que se gestan en el marco de la familia y la interrelación y dependencia que marcan sus relaciones entre cada uno de sus miembros hace que cada cambio en el ciclo vital de sus componentes altere el entorno familiar y en consecuencia a la familia”. Ha adicionado la Corte que las parejas homosexuales también tienen derecho a decidir si constituyen la familia de acuerdo con un régimen que les ofrezca mayor protección que la que pudiera brindarles una unión
de hecho -a la que pueden acogerse si así les place-, ya que a la luz de lo que viene exigido constitucionalmente, procede establecer una institución contractual como forma de dar origen a la familia homosexual de un modo distinto a la unión de hecho y a fin de garantizar el derecho al libre desarrollo de la personalidad, así como de superar el déficit de protección padecido por los homosexuales. “… La existencia de una figura contractual que permita formalizar el compromiso, torna posible hacer público el vínculo que une a la pareja integrada por contrayentes del mismo sexo, lo que ante la sociedad o el grupo de conocidos o allegados le otorga legitimidad y corresponde a la dignidad de las personas de orientación homosexual, que no se ven precisadas a ocultar su relación ni el afecto que los lleva a conformar una familia…”. (Sentencia C-866 de 2010). En cuanto a la elección del proyecto de vida anotan que cuando el Estado protege una opción en particular, no necesariamente irrespeta los demás proyectos de vida, siempre y cuando dicha protección “no vaya en detrimento de la libertad que tienen todos los seres humanos de optar por un proyecto de vida distinto de aquel comúnmente aceptado por la comunidad… la familia es una realidad sociológica que fue objeto de un
reconocimiento político y jurídico en la Constitución de 1991”. La Corte ha definido la familia “en un sentido amplio”, como “aquella comunidad de personas emparentadas entre sí por vínculos naturales o jurídicos, que funda su existencia en el amor, el respeto y la solidaridad, y que se caracteriza por la unidad de vida o de destino que liga íntimamente a sus integrantes más próximos”. En la Sentencia C-075 de 2007 la Corte enfatizó que para la fecha de su expedición “la realidad homosexual”, se había hecho más visible, “en un marco más receptivo de la diversidad en el campo de las preferencias sexuales y que implica, por consiguiente, la apertura efectiva de nuevas opciones que, con anterioridad, un ambiente hostil mantenía vedadas”, a lo que agregó que “esas opciones diferentes y sus concretas manifestaciones en la vida social exigen un reconocimiento jurídico” que, en el caso entonces abordado, remitía “a la consideración del régimen patrimonial entre compañeros permanentes”. Como puede apreciarse, la omisión de la Corte a pronunciarse sobre el fondo de la temática homosexual en cuanto a la naturaleza de su relación y delegar en los notarios y jueces la responsabilidad de enfrentar la dificultad, nos lleva a escenarios de confrontación entre quienes den mayor énfasis a los dictados morales, religiosos, políticos o jurídicos. Esto, indudablemente, nos pone de presente la advertencia de las transformaciones sociales que van generando paulatinamente nuevas disposiciones a la aceptación del cambio en un núcleo comunitario que no puede ser ajeno a la dinámica universal en materia de nuevos paradigmas.
24 de agosto de 1896. Con una duración de 38 minutos tiene lugar la guerra más corta jamás registrada en la historia cuando las fuerzas del Reino Unido se enfrentan a las de Zanzíbar (que hoy forma parte de Tanzania). Victoria del Reino Unido.
15 de agosto de 1914. Se inaugura oficialmente el Canal de Panamá, cuyas obras concluyeron el 26 de septiembre de 1913. Los buques que lo utilicen se ahorrarán 15.000 km de viaje. Desde el comienzo de su construcción en 1881 han muerto entre 6.000 y 12.000 hombres.
2 de agosto de 1984. China y Gran Bretaña llegan a un acuerdo para la descolonización de Hong Kong, colosal centro financiero, que tendrá lugar en 1997, al cumplirse los 155 años de cesión que acordaron en 1842 tras la Guerra del Opio.
21 de agosto de 1986. En el lago Nyos, un idílico lago de dos kilómetros de largo ubicado en Camerún, África, tiene lugar un extraño acontecimiento volcánico al liberarse repentinamente una gran cantidad de dióxido de carbono, a consecuencia del cual más de 1.700 personas y más de 5.000 cabezas de ganado que habitan en sus orillas fallecen en menos de cinco minutos. A continuación las aguas del lago se tiñen de un extraño color rojizo al haberse movido los depósitos de hierro oxidado desde el fondo hacia la superficie.
El Artículo 80 de la Ley 160 de 1994, establece que las Zonas de Reserva Campesina son áreas geográficas que tienen en cuenta las características ambientales, agroecológicas y socioeconómicas regionales para el ordenamiento territorial, social y cultural de la propiedad, para la estabilización y consolidación de la economía campesina. La definición de Zona de Reserva Campesina (ZRC) aparece un poco más clara en el acuerdo 024 de 1996 cuando señala que son un mecanismo encaminado a eliminar y prevenir la inequitativa concentración de la propiedad o su fraccionamiento antieconómico, y regular la ocupación y aprovechamiento de las tierras baldías de la nación, dando preferencia en su adjudicación a los campesinos de escasos recursos. ¿Quién las delimita y constituye? Son delimitadas y constituidas por el Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER). ¿En qué principios constitucionales se sustentan? Artículo 58: Función social y ecológica de la propiedad; Artículo 64: El Estado debe promover el acceso a la propiedad de la tierra y los servicios sociales, por parte de los trabajadores agrarios; Artículo 65: Protección del Estado a la producción de alimentos (soberanía alimentaria); Artículo 80: El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución (sostenibilidad ambiental). ¿Cuál es el objetivo general de las Zonas de Reserva Campesina? Fomentar la economía campesina, superar las causas de los conflictos sociales que las afectan y, en general, crear las condiciones para el logro de la paz y la justicia social en las áreas respectivas. ¿Cuáles son los objetivos específicos de las Zonas de Reserva Campesina? Crear las condiciones para la adecuada consolidación y desarrollo sostenible de la economía campesina y de los colonos en las zonas rurales. Regular la ocupación y el aprovechamiento de las tierras baldías, dando preferencia para su adjudicación a los campesinos o colonos de escasos recursos; crear y construir una propuesta integral de desarrollo humano sostenible, de ordenamiento territorial y de gestión política. Facilitar la ejecución integral de las políticas de desarrollo rural; fortalecer los espacios de concertación social, política, ambiental y cultural entre el Estado y las comunidades rurales, garantizando su adecuada participación en las instancias de planificación y de decisión local y regional. Superar las causas que vienen originando graves o excepcionales conflictos de orden social y económico; la preservación del orden público y, el apoyo a la sustitución de los cultivos ilícitos (Acuerdo 24 de 1996. art.29). ¿Cuáles son los beneficios que trae constituir una ZRC? Ordenamiento del territorio en sus aspectos productivo (acorde con la vocación de sus suelos), ambiental y de infraestructura, a partir de las experiencias y expectativas de sus ocupantes. Estabilización de la frontera agrícola para el desarrollo productivo ambientalmente sostenible. Impulso, defensa y fortalecimiento de la economía campesina. Desarrollo social, cultural, ambiental, político y económico del territorio. Posibilitar que los campesinos sean verdaderos actores y partícipes de su propio desarrollo territorial a través del diálogo constructivo. Participación real y eficaz de los campesinos en las instancias locales y regionales de planificación y decisión (CMDR). Vinculación de la economía campesina a mercados internos y externos, en condiciones justas y equitativas. Los planes de desarrollo sostenible, son la expresión de las comunidades establecidas en la zona de influencia, por tanto los programas y proyectos no pueden ser impuestos por las entidades ni por otros actores. ¿En qué áreas o regiones proceden las ZRC? En las zonas de colonización y aquellas en donde predomine la existencia de tierras baldías. También en las áreas geográficas cuyas características agroecológicas y socioeconómicas requieran la regulación, limitación y ordenamiento de la propiedad o tenencia de predios rurales. En las zonas de amortiguación del área de Sistema de Parques Nacionales Naturales, con el propósito de desarrollar las actividades, modelos y sistemas productivos que se formulen en los planes ambientales establecidos para las zonas respectivas. En regiones donde predomine la economía campesina. En regiones de conflicto social, para reconstrucción del tejido social y sustitución de cultivos de uso ilícito. En predios donde se haya declarado extinción del dominio: conforme a su extensión. Las áreas comprendidas dentro del sistema nacional de parques naturales. Las establecidas como reservas forestales, salvo casos especiales Art. 1° del Decreto 1777 de 1996. Una ZRC puede abarcar toda una región, uno o más municipios o veredas. ¿En qué áreas o regiones NO proceden las ZRC? En las zonas de reserva forestal (ZRF), con las salvedades del decreto 1777 de 1996. En los territorios indígenas. En las tierras que deben titularse colectivamente a las comunidades negras. En las reservadas por el Incoder u otras entidades públicas para otros fines señalados en la ley. Las que hayan sido constituidas como zonas de desarrollo empresarial (ZDE). ¿Quiénes pueden solicitar la constitución de una Zona de Reserva Campesina? La actuación la debe iniciar el Incoder por solicitud de: Las organizaciones representativas de los intereses de los campesinos. Las entidades públicas que integran el Sistema Nacional de Reforma Agraria y el Sistema Nacional Ambiental. Los Comités Departamentales de Desarrollo Rural y Reforma Agraria. Los Concejos Municipales de Desarrollo Rural (CMDR). ¿Cuáles son las normas que rigen las ZRC? Ley 160 de 1994, Capítulo XIII (creación de las ZRC); el Decreto1777 de 1996 (que reglamentó la Ley 160 en lo relacionado con las ZRC); el Acuerdo 024 de 1996 (fija los criterios generales y procedimiento para seleccionar y delimitar las ZRC) y el Acuerdo 010 de 1999 (extensión máxima UAF, dentro de la ZRC).
Instituto de Estudios Geoestratégicos y Asuntos Políticos / IEGAP Universidad Militar Nueva Granada
6 DE PROYECTO DE LEY SOBRE ASCENSOS MILITARES Y DE POLICÍA NACIONAL
Concepto de la Mesa de Trabajo Permanente de las Asociaciones de la Reserva Activa de la Fuerza Pública, dirigido al Congreso de la República.
Bogotá, D.C., 29 de julio de 2013
Honorables Representantes CÁMARA DE REPRESENTANTES Congreso de la República
REF.: Proyecto de Ley 336 de 2013 Cámara, 092 de 2012 Senado.
En atención al trámite legislativo del Proyecto de Ley No. 336 de 2013, Cámara 092 de 2012 Senado, “Por el cual se expide el trámite para la aprobación o no aprobación de los ascensos militares y de Policía Nacional en desarrollo del Artículo 173 numeral 2 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”, la “Mesa de Trabajo Permanente de las Asociaciones de la Reserva Activa de la Fuerza Pública”, se permite dar a conocer los comentarios que aquí se exponen y que estima pertinente someter a su consideración: El proyecto de ley referenciado en el asunto y de iniciativa parlamentaria, tiene por objeto establecer el trámite para aprobar o improbar ante el Senado de la República los ascensos militares que decrete el Gobierno Nacional de los Oficiales Generales y Oficiales de Insignia de la Fuerza Pública, hasta el más alto grado. El fundamento central de la exposición de motivos se basa en el desarrollo del Artículo 173 numeral 2 de la Constitución Nacional, esto es la atribución otorgada al Senado de la República para “Aprobar o improbar los ascensos militares que confiera el Gobierno, desde Oficiales Generales y Oficiales de Insignia de la Fuerza Pública, hasta el más alto grado”. Otorgamiento y aprobación de ascensos La Fuerza Pública, según el Artículo 216 de la Constitución Política, está integrada por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. A su vez, las Fuerzas Militares están constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, cuyo objetivo primordial es la defensa de la soberanía, la independencia y la integridad del territorio nacional, y del orden constitucional (Art., 217 C.P.). La Policía Nacional, por su parte, está definida en el artícu-
lo 218 ibídem, así: “es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”. El procedimiento para los ascensos de Oficiales Generales y Oficiales de Insignia de la Fuerza Pública hasta el grado más alto, lo establece la Constitución Política en el Artículo 189 numeral 19 al señalar que son decretados por el Gobierno Nacional, como una facultad discrecional del Presidente de la República en ejercicio de la autoridad que le reporta el cargo de Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas y en desarrollo de sus funciones de dirección de la Fuerza Pública. La competencia del Senado de la República esta prevista en la Constitución, Artículo 173, numeral 2 y en la Ley 5 de 1992, Artículo 313, numeral 7. El acto por el cual el Gobierno confiere grados desde Oficial General o de Insignia de la Fuerza Pública, exige como requisito constitucional y legal
El tipo de sanción que se propone, constituye una gran ofensa a la dignidad militar y policial por cuanto querer despojar de sus jerarquías, insignias y distinciones a quienes los han obtenido sirviendo a la patria en defensa de su soberanía y de sus instituciones, no puede tener aceptación alguna.
su aprobación por parte del Senado. Lo anterior es suficiente para concluir que el otorgamiento de los ascensos debe ser aprobado por el Senado previo pronunciamiento del Gobierno; y solamente produce los efectos que le señala la Constitución y la ley a partir de dicha aprobación, la cual necesariamente debe surtirse después de que el Gobierno haya proferido el acto por el que se confiere el ascenso. De faltar el acto inicial proveniente del Gobierno en el que se otorga el grado a un miembro de la Fuerza Pública, el Senado no tendría materia sobre la cual acordar el acto de aprobación.1 (Negritas fuera de texto). La Corte Constitucional en sentencia T-1140/04, señaló que “En materia de ascensos militares, la discrecionalidad alcanza una gran amplitud, puesto que no está sometida a restricciones materiales de orden legal sino que, por el contrario, obedece al ejercicio de una facultad que la ley califica de libre y que la Constitución confía al Jefe de Estado, con el control político de aprobación ejercido por el Senado. Las normas legales regulan procedimientos y condiciones previas al ejercicio libre de la facultad presidencial. Por lo tanto, una vez cumplidos tales procedimientos y reunidas las condiciones de ley, el Presidente de la República decide libremente quién ha de ascender y quién no. (Negritas fuera de texto).2
Unidad de materia El texto de los artículos mencionados desconoce el principio de unidad de materia, que se encuentra consagrado expresamente en el Artículo 158 de la Constitución Política, conforme al cual “todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones
1. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Consejero Ponente Dr. Roberto Suárez Franco, 3 de diciembre de 1993. 2. Corte Constitucional, Sentencia T-1140/04, Magistrado Ponente Dr. Manuel José Cepeda Espinosa, 12 de noviembre de 2004.
que no se relacionen con ella”. Dicho mandato, a su vez, se complementa con el previsto en el Artículo 169 del mismo ordenamiento Superior, al prescribir éste que “el título de las leyes deberá corresponder precisamente a su contenido”. A partir de su regulación constitucional, el principio de unidad de materia se traduce en la exigencia de que en toda ley debe existir correspondencia lógica entre el título y su contenido normativo, así como también, una relación de conexidad interna entre las distintas normas que la integran. La Corte Constitucional mediante sentencia C-133-12 señaló: “Con ello, la propia Constitución Política le está fijando al Congreso dos condiciones específicas para el ejercicio de la función legislativa: (i) definir con precisión, desde el mismo título del proyecto, cuáles habrán de ser las materias de que se va a ocupar al expedir la ley y, simultáneamente, (ii) mantener una estricta relación interna, desde una perspectiva sustancial, entre las normas que harán parte de la ley, de manera que exista entre ellas coherencia temática y una clara correspondencia lógica con la materia general de la misma, resultando inadmisibles las modificaciones respecto de las cuales no sea posible establecer esa relación de conexidad. Consecuencia de tales condiciones, sería, entonces, que el Congreso actúa en contravía del principio constitucional de unidad de materia, cuando incluye cánones específicos que, o bien [no] encajan dentro del título que delimita la materia objeto de legislación, o bien no guardan relación interna con el contenido global del articulado”.3 Ahora, sobre la metodología en el examen de constitucionalidad por vulneración del principio de unidad de materia la Corte Constitucional mediante sentencia ibídem, enunció algunos elementos que deben ser tenidos en cuenta: “Inicialmente, (i) le corresponde al juez constitucional entrar a determinar el alcance material o contenido temático de la ley parcialmente demandada, para, posteriormente, (ii) proceder a verificar si
3. Corte Constitucional, Sentencia C-133/12, Magistrado Ponente Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, 29 de febrero de 2012.
la norma que ha sido cuestionada guarda con la materia de la ley alguna relación de conexidad causal, temática, sistemática o teleológica, que justifique su incorporación al texto de la ley objeto de revisión. De igual manera, a efectos de precisar los núcleos temáticos de una ley, la jurisprudencia ha estimado que resulta útil acudir: (i) a los antecedentes legislativos, entendiendo por tal la exposición de motivos del proyecto, las diferentes ponencias, los debates en comisiones y plenarias y los textos originales y definitivos; (ii) al propio título o epígrafe de la ley, donde se anuncia y define la temática a tratar; e igualmente, (iii) al contexto o contenido básico del ordenamiento legal que se examina”. Para la Corte, la evaluación y valoración de tales elementos, ya sea de forma conjunta o independiente, según lo determinen las circunstancias particulares, es lo que le permite al órgano de control constitucional entrar a definir si una determinada disposición desarrolla o no la materia de la ley a la cual pertenece y, por tanto, si la misma respeta el principio de unidad de materia previsto en los artículos 158 y 169 de la Carta Política.4 Sobre el principio de titulación legislativa conforme al contenido de la ley, la Corte Constitucional en sentencia C-393 de 2011, magistrada ponente, Doctora María Victoria Calle Correa, ha determinado que es de suma importancia cumplir con esta obligación durante el trámite legislativo: “El título o epígrafe de las leyes o actos legislativos tiene como propósito circunscribir o delimitar la materia tratada en el respectivo cuerpo normativo. El carácter vinculante del título de un proyecto deviene del Artículo 169 de la Carta, que al prever: ‘El título de las leyes deberá corresponder precisamente a su contenido’, lo convierte en un presupuesto jurídico susceptible de ser verificado con ocasión del control de constitucionalidad”. Mandato constitucional que a su vez está desarrollado por los artículos 193 y 194 de la Ley 5ª de 1992. Como puede observarse, el título del proyecto y el contenido de los artículos 12 y 13 difieren notablemente uno de otro.
Análisis del articulado Los artículos 12 y 13 de este proyecto establecen la figura de la degradación militar y policial (de diez a veinte años con retroactividad, si afecta derechos fundamentales), como sanción accesoria para procesos adelantados de tipo penal o disciplinario contra miembros activos o retirados de estas instituciones que sean encontrados culpables dentro del hecho investigado. Incluye, además, la disminución de la asignación salarial, privación del grado, insignias, distintivos, condecoraciones o medallas militares o policiales. El tipo de sanción que se propone, sin duda alguna, Honorable Representante, constituye una gran ofensa a la dignidad militar y policial por cuanto querer despojar de sus jerarquías, insignias y distinciones a quienes los han obtenido sirviendo a la patria legal y constitucionalmente en defensa de su soberanía y de sus instituciones, no puede tener aceptación alguna, ni para los mismos miembros de la Fuerza Pública como es apenas natural y lógico, ni tampoco para la mayoría del común de los ciudadanos, que a través de distintos y continuos pronunciamientos , consideran que los integrantes de estas instituciones son actualmente, los más sacrificados, apreciados y respetados por la nación entera. Esta deshonrosa determinación, constituiría una gravísima afrenta a la moral y voluntad de lucha de quienes conforman las instituciones armadas de la República. Nuestras tropas militares y policiales requieren motivación y reconocimiento permanente por parte de Estado y de la ciudadanía para cumplir exitosamente con la difícil y peligrosa tarea que les corresponde. En vez de crear nuevas y humillantes sanciones como las que se proponen, deberían crearse nuevos y mejores estímulos de reconocimiento y bienestar que fortalezcan significativamente su espíritu de sacrificio y deseo de servir a los colombianos para protegerlos de las amenazas constantes de los grupos terroristas y delincuencia organizada que nos azota. Principio de buena fe Señala el Artículo 11 del proyecto de ley en estudio, que la Comisión Segunda o la Plenaria del Senado de la República podrá aplazar uno o varios ascensos cuando existan dudas jurídicas o de conveniencia política sobre la idoneidad de quienes ascienden. Este aplazamiento solo se resolverá hasta que las dudas o los cuestionamientos hayan desaparecido. Desconoce el contenido del articulado la dignidad de los miembros de la Fuerza Pública y el compromiso de estos hombres y mujeres héroes de la patria, quienes sacrificando su vida por garantizar el estado de derecho se ven abocados a un atropello mas, el cual es desconocer dos derechos fundamentales consagrados en nuestra carta fundamental: el principio de la buena fe (Artículo 83) y el debido proceso (Artículo 23). El Principio de la buena fe lo ha definido la jurisprudencia de la Corte Constitucional como “aquel que exige a los particulares y a las autoridades públicas ajustar sus comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de una “persona correcta (vir bonus)”. Así la buena fe presupone la existencia de relaciones reciprocas con trascendencia jurídica, y se refiere a la “confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada”.5 El Artículo 11 del mencionado proyecto de ley busca la politización de las Fuerza Pública al considerar de ”conveniencia política” el ascenso de los generales o de los oficiales de insignia, lo cual a todas luces convierte a los militares y policías de alta jerarquía en fichas políticas que quedas sujetas a los caprichos y avatares de
5. Corte Constitucional, Sentencia C-1194/08, Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil, 3 de diciembre de 2008.
los jefes políticos a nivel local o nacional, retrocediendo con ello más de medio siglo en la vida republicana de nuestro país, pues sería colocar las armas de la nación al servicio de intereses políticos, motivo por el cual también merece este articulo nuestro total rechazo. Consecuente con lo anterior, quienes abajo firmamos como representantes de las distintas asociaciones de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, respetuosamente solicitamos la eliminación de los artículos 11, 12 y 13 por considerarlos lesivos para la institución castrense y por consiguiente porque afectarán la legitimidad jurídica del Estado colombiano.
Atentamente, General HERNÁN JOSÉ GUZMÁN RODRÍGUEZ Comandante División de Infantería José María Córdova Brigadier General RAMIRO BAUTISTA MEZA Comandante Grupo de Ingenieros Militares y de la Reserva
Brigadier General PABLO HELBERT ROJAS FLOREZ Presidente Colegio de Generales de la Policía Nacional Coronel LUIS BERNARDO MALDONADO BERNATE Presidente Acorpol
Coronel LUIS ENRIQUE LARROTA BAUTISTA Presidente Asociación de Coroneles de la Policía Mayor General JAVIER HERNÁN ARIAS VIVAS Comandante Grupo Artillería Santa Bárbara
Brigadier General JAIME RUIZ BARRERA Presidente Nacional ACORE
Almirante DAVID RENÉ MORENO MORENO Presidente Cuerpo de Generales y Almirantes
Mayor HERNANDO SÁENZ Presidente Unidad Simbólica Antonio Ricaurte Teniente Coronel MANUEL MORENO RIVEROS Presidente Interlanza
General RODOLFO TORRADO QUINTERO Presidente Confecore General FABIO ZAPATA VARGAS Presidente Nacional Asorfac
Teniente Coronel GUILLERMO ENCISO PRIETO Comandante Agrupación de Oficiales de Comunicaciones Manuel Murillo Toro
En la obra “Diccionario comentado del español actual en Colombia”, de Ramiro Montoya, o en la obra “Medellín en la memoria”, de Ricardo Olano, es fácil encontrar una frase, al parecer muy utilizada en nuestras guerras civiles: “Vayan fusilando mientras llega la orden”. Pareciera que su vigencia sigue actual pero empleada en sentido figurado, ya no es quitando la vida sino arrebatando la libertad y derechos y solo aplicada a los militares por operadores de justicia o disciplinarios, generalmente ignorantes del tema militar o simplemente sesgados política o ideológicamente. Un claro ejemplo de ello es el texto aprobado en sesión plenaria del Senado del proyecto de ley 92 de 2012 en el que so pretexto de la aprobación o no de ascensos militares y policiales en la jerarquía de oficiales Generales o de Insignia, se incluyó un tradicional y popular ‘mico’, aprobado a pupitrazo y sin conocimiento del grave e injusto contenido por los honorables senadores y que textualmente reza: ‘Articulo 12 (nuevo) DEGRADACIÓN MILITAR Y POLICIAL. Crease la figura de la degradación militar y policial, la cual consistirá en una sanción impuesta por el Juez Penal Militar o Policial, el Juez ordinario o el operador Disciplinario cuando el investigado haya sido encontrado culpable por un delito o una falta disciplinaria. La degradación producirá la disminución de la asignación salarial, privación del grado, insignias, distintivos, condecoraciones o medallas militares o policiales, además de las sanciones o penas principales impuestas. La degradación puede afectar a miembros activos o retirados’. A todas luces esta injusta, oprobiosa e infame medida, constituye un fusilamiento preventivo no solo del militar o policía, sino que también se ensaña con el entorno familiar; es odiosa, peligrosa, abusiva, inequitativa y con peligrosos visos de venganza hacia lo militar o policial; es inconstitucional dado que en las funciones del senado consignadas en el artículo 173 numeral 2 solo se le faculta para “aprobar o improbar los ascensos militares que confiere el gobierno nacional” y no para degradar. Cabría preguntar para efectos de equidad, si por ejemplo los congresistas condenados por Parapolítica, los funcionarios condenados por corrupción o por cualquier sanción disciplinaria, también perderían sus pensiones, prerrogativas y condecoraciones que, al igual que a los miembros de la Fuerza Pública, de ser aprobada la ley de marras se aplicaría. ¿Por qué pasa esta ley de agache?, ¿Por qué el gobierno nacional a través del Ministerio de DEFENSA no se ha pronunciado ni ha protestado? ¿Será que esto tiene que ver con los diálogos de La Habana? Es increíble que avanzado el siglo XXI todavía siga vigente la tenebrosa frase “Vayan fusilando mientras llega la orden”; ¡qué ironía! que el premio por defender la patria sea recibir el “fusilamiento preventivo”.
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La bancada liberal en la Cámara de Representantes presentó a consideración del Legislativo un proyecto de ley por medio del cual se modifica el inciso 2° del Artículo 219 la Constitución, para que los miembros de la Fuerza Pública puedan ejercer el derecho al sufragio, entre otros objetivos. Según el texto del proyecto, el inciso 2° del Artículo 219 de la Constitución quedaría así: “Los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo podrán ejercer el derecho al sufragio; podrán intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos y podrán ejercer cargos de elección popular previa autorización del Presidente de la República o, en su defecto, del Ministro de Defensa o quien haga sus veces”. En la exposición de motivos, los ponentes recuerdan que ya en la Asamblea Constituyente de 1991, se propusieron dos artículos sobre tema, los cuales establecían: “Artículo alternativo. La Fuerza Pública será deliberante, con ocasión de las condiciones de prestación del servicio, con arreglo a la ley. Sus miembros podrán siempre ejercer el derecho del sufragio.” “Artículo Alternativo. La Fuerza Pública no es deliberante en asuntos partidistas, ni podrá reunirse sino por orden de autoridad legítima; ni dirigir peticiones sino en asuntos que se relacionen con el buen servicio y las condiciones y las condiciones para sus prestaciones y la moral, con arreglo a la ley.”
Proyecto de ley busca que la Fuerza Pública tenga derecho al voto
Argumentan los autores del proyecto que “si bien es cierto, las realidades y los contextos sociales y políticos del país cambian constantemente, las leyes no pueden ser ajenas a este devenir por lo que deben adecuarse a las actuales condiciones”, En ese sentido, destacan que en 1991 la realidad del país era muy diferente a la actual, por lo cual el constituyente mantuvo su posición de negar el voto. Y agregan “Hoy las condiciones políticas y coyunturales han cambiado, los derechos inherentes al hombre se han convertido en un mandato no sólo constitucional sino del derecho internacional por lo que mantener restringido el derecho al voto para la Fuerza Pública es injusto para esta institución y mantenerlo así vulneraría principios Constitucionales como la Igualdad”. Señalan también que ”… las Fuerzas Armadas están capacitadas no sólo en cuanto a su deber de defensa y mantenimiento del orden público, sino que se encuentran en un importante grado de profesionalización y capacitación a nivel Bachiller, Técnico y Universitario que evita a toda costa el clientelismo político que en algún momento se presentó”. Y advierten que con relación con la obediencia debida al Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, “esta se seguirá manteniendo pues se conserva un orden y una cadena de mando la cual los militares y policías deben cumplir so pena de las sanciones correspondientes, de la misma manera el derecho a votar no conlleva a la indisciplina en la tropa pues el voto es secreto y las convicciones políticas son propias de toda persona, el ser humano no puede ser apolítico pues inherente a él se encuentra la condición de ciudadano”. Más adelante el texto del proyecto destaca que los integrantes de la Fuerza Pública en otras naciones latinoamericanas han conseguido el derecho al sufragio, mientras que aquí se les “niega su derecho fundamental a la ciudadanía en cuanto al derecho a sufragar y se les compara con aquellos que han perdido su derecho al voto, por sentencia judicial. Discriminación sin fundamento alguno pues cada miembro de la Fuerza Pública es ciudadano y por lo tanto tiene derecho a sufragar, ello dentro de un contexto Constitucional”.
Conversatorio No. 19 / Situación político-administrativa de Bogotá
Petro terminó de enterrar el proceso de trasformación de Bogotá: Jaime Castro
Para analizar la situación política administrativa de Bogotá, ACORE invitó al exalcalde de Bogotá Jaime Castro Castro, en cuya administración se sentaron las bases de la construcción de la nueva Bogotá le da a la cuidad la gobernabilidad que había perdido, saneando la finanzas y estableciendo normas como la ley orgánica que ayudan a ordenar administrativamente el distrito. Posteriormente, en la administración Antanas Mockus como pedagogo le da a los ciudadanos un sentido de pertenencia y una cultura ciudadana que buscaba el civismo que nunca había existido en la cuidad, un civismo que aparece como el gran aporte de esta administración. En la siguiente administración, Enrique Peñalosa se convirtió en un gerente en la cuidad. Fue la administración que le dio un revolcón al desarrollo urbano de Bogotá. Estas tres administraciones lograron complementarse y sustentarse en construir sobre lo construido en lo que Jaime Castro denomina la Nueva Bogotá. Según el exalcalde, a partir de la siguiente administración vino el deterioro de todo: con ‘Lucho’ Garzón se frena el proceso de cambio y de transformación en la que venía la cuidad; posteriormente con Samuel Moreno se termina de estancar ese proceso. Coyuntura Petro Para el exalcalde Castro con la administración Gustavo Petro se termina de enterrar este proceso de trasformación, “no desde la perspectiva política que claramente para Petro es canalizar todos los procesos distritales públicamente y desplazar a los privados que venían haciendo determinadas actividades económicas referentes al desarrollo de la cuidad, sino desde los resultados que refleja la actual administración”. Volver públicas ciertas actividades no es el problema, dice Castro, ni va en contra para la administración o de quien gobierna, el problema es que Bogotá no tiene la institucionalidad, ni los recursos suficientes para desarrollar plenamente ciertas actividades donde antes el Distrito no participaba; es el ejemplo de las basuras. Antes existía la empresa EDIS, recuerda Castro, que era la encargada del servicio de recolección de basuras, pero esta tuvo complicaciones de salubridad, sumado a una crisis económica que obligó a su liquidación y a privatizarse en 1994. Este ejercicio llevó a que el servicio de basuras le costara cero pesos a la ciudad y a cambio recibía el 18% de esta actividad lo cual se usaba para los rellenos sanitarios y otras actividades relacionadas con el servicio, mientras el privado se quedaba con el 82% de estos recaudos. En la administración Petro y su nuevo enfoque público a cargo de la empresa de Acueducto, el Distrito ha gastado alrededor de 270 mil millones de pesos como cuota inicial para bridarle este servicio tan sólo al 50% de la cuidad. Por otro lado, el alcalde Petro se propone crear un Banco (Muisca) para competir con los privados. También propone crear una empresa llamada Alimentos Bacatá, convirtiéndose en la competencia de Corabastos, y de los demás supermercados y tiendas de los barrios de la ciudad. Toda esta maquinaria para desarrollar estos y otros proyectos demasiado ambiciosos para la capacidad del Distrito, han llevado a dos situaciones particulares: una de orden disciplinario por parte de la Procuraduría General de la Nación, y otra de carácter político de descontento y desconfianza de la ciudadanía, plasmada en el proceso de revocatoria. El exalcalde Castro, tras haber leído las 260 páginas de imputación de cargos de la Procuraduría, notó que es un documento serio con bases jurídicas sustentables y fuertes. Sobre la revocatoria, Castro dijo que va por buen camino y que el apoyo en las votaciones (si se dan) tiene que ser un trabajo de todo aquello que notamos y que no queremos este tipo de gobiernos que estancan el desarrollo en este caso de nuestra ciudad.
Los conversatorios y las razones de ACORE
Teniente coronel ROSA MARÍA LLOVERA TERRADAS
Sede Nacional ACORE Calle 70 No. 4 -24 / Tel: 3450511
procedentes de bandos opuestos nacionales e internacionales, y estar prestos a dar respuestas oportunas. Como dijo algún Asociado, “si no somos nosotros los que defendemos nuestros intereses, ¿entonces quién?”, porque sí, el Fuero Militar es un interés propio, nuestro, puede que ya no estemos activos, pero Dios no lo permita, en cualquier investigación retroactiva que se adelante, puede terminar afectando a algún integrante de la reserva activa, sin distingo de grado, fuerza o especialidad y entonces ahí si se escucharan las voces que reclamen a grito herido, si no estuvimos presentes. No hay tema más álgido que la salud, ese estropeado derecho que como colombianos tenemos, y mal de muchos consuelo de tontos, pero no solamente está afectado el Subsistema de Salud de las FF.MM. sino toda la cobertura nacional; razón más que suficiente para que ACORE quisiera contar con un representante en cada comité de salud, para que sea el vocero de las inquietudes y necesidades de los usuarios de ese sistema. Hay quienes consideran que deben ser otras personas quienes estén en esas instancias, es válida la posición; pero lo que si no se puede desconocer es que gracias a ese trabajo arduo, silencioso y gratuito, es que al menos estamos siendo escuchados; sabemos que alguien por lo menos cuestiona la inversión de dineros en proyectos que han fracasado, como la famosa y tan anhelada sistematización, dineros que salen de los aportes mensuales que hacemos todos; por lo menos alguien propone que el sistema crezca y se desarrolle a través del planeamiento de proyectos lógicos y no de caprichos de momento. Si alguien manifiesta que este no es tema en el que deba participar ACORE, francamente perdió la perspectiva, porque todos somos usuarios o beneficiarios y a todos mes a mes nos descuentan la cuota obligatoria. Desde un comienzo ACORE manifestó su apoyo al proceso de negociación que se adelanta en La Habana con las Farc, a pesar de tener objeciones las cuales fueron oportunamente expuestas. Lograr una vida en paz, es un anhelo de todos los colombianos, estemos o no de acuerdo con la manera como se están desarrollando las conversaciones; el hecho es que nuestro país está en un proceso de cambio que implica la aceptación de situaciones que en el pasado no imaginamos que viviríamos, pero de eso se trata el cambio, de aceptarlo y si queremos contribuir con alguna idea, ACORE a través de sus conversatorios, con el uso de los medios de comunicación propios y las redes sociales, busca análisis y opiniones que contribuyan en la construcción de un futuro para las nuevas generaciones de colombianos. Estas son algunas de las razones de ACORE para injerir en el desarrollo de temas que nos afectan directamente y para confrontar con argumentos a muchos detractores de la gran familia castrense, es decir, está cumpliendo con su objeto social, que tiene que ver con el mejoramiento de las condiciones de vida de los Asociados.
Ya son veinte los conversatorios realizados en ACORE, con la participación de personajes de gran importancia en el escenario nacional, como Humberto de la Calle, general Jorge Mora Rangel, el Ministro de Defensa, el Procurador, congresistas y generadores de opinión. Los temas que se han tratado tiene relación con aspectos que afectan a nuestra comunidad castrense, que vive afectada por crisis sensibles como Fuero Militar, guerra jurídica, deficiencias en los servicios de salud, y prestaciones sociales y salariales, entre muchos otros. Algunos se preguntarán por qué ACORE ha tomado estas banderas?, si de alguna manera están más relacionadas con quienes están en servicio activo que con los retirados de las Fuerzas Militares, y por lo tanto sus defensores deberían estar liderados por los mandos del momento; es posible, pero también es indudable que lo que afecta a uno repercute en el otro, pero fundamentalmente por el sentido de solidaridad que nos debe caracterizar como integrantes de una misma y gran familia, que como en cualquier otra, hay diferencias de opinión entre algunos de sus integrantes, pero no por eso deja de ser parte de ese trascendente núcleo. Lo que sí es importante es que esas diferencias de opinión, se expresen en los escenarios que la Asociación ofrece a quienes desean participar activamente de su desarrollo y crecimiento, por eso sus argumentos, análisis, críticas y diferencias son necesarias porque indudablemente debemos estar preparados para el futuro que se avecina para el país y para la institución militar y que a pasos agigantados ya nos piza los talones, lo que nos obliga a mantener la mente abierta ante situaciones que seguramente no imaginábamos que íbamos a vivir, de nosotros dependerá que solo seamos espectadores o protagonistas. Respecto del Fuero Militar, como ha expresado en más de una ocasión un académico, abogado y asociado, “… en cada reforma nos quitan algo…”, en esa frase está encerrada la importancia de la participación activa, en los diferentes debates que se dan en escenarios que estamos en la obligación de aprovechar, para que tanto la opinión pública en general, así como la Reserva Activa en particular, estemos al tanto de lo que sucede, de las críticas y diversas opiniones
ACORE INVITA
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SM (r) PEDRO IGNACIO CORREA ESCOBAR
Militares Reserva Activa Oficiales Profesionales de la Reserva Accidentes de Tránsito Pensionados Ministerio de Defensa Hospital Militar Seguro Social y Defensa Civil.
Obituarios periódicos El Tiempo y El Espectador Trámites de Sustitución Pensional (Sin costo) Repatriación de cuerpos o cenizas Asistencia Protocolo y Ceremonial Militar Póliza Exequial Grupo Familiar
Carrera 13 A No. 28 - 38 Of . 259 Bogotá D.C. E-mail: pedrocorrea-65@hotmail.com Tel: 310 779 63 26 - 313 210 62 99
Posición actual frente al proceso
ACORE y el acuerdo suscrito entre el Gobierno Nacional y el grupo terrorista de las Farc para la finalización del conflicto armado. COMPROMISO PRESIDENCIAL:
•	No repetir los mismos errores del pasado. •	Lograr la terminación del conflicto en el menor tiempo posible, evitando su prolongación indefinida. •	Mantener e incrementar las operaciones militares en todo el territorio nacional.
5.	La paz puede ser la victoria, pero como bien se dice, para alcanzarla hay que ganar la guerra. Ganar la guerra es quebrar la voluntad de acción de los terroristas. Es debilitarlos tanto como sea necesario para lograr que renuncien a sus aspiraciones y se sometan a las leyes de la República. Esto no implica exterminar hasta el último terrorista. 6.	Queremos una paz estable y duradera y unas Fuerzas Militares altamente motivadas y fortalecidas que tengan la suficiente capacidad para garantizarla. 7.	No queremos terroristas ejerciendo cargos de poder y militares que han defendido legal y constitucionalmente esta nación, condenados, humillados y confinados en las distintas cárceles del país. 8.	Negociar en medio del conflicto, ofrece ventajas y desventajas. Esta organización criminal tratará de aprovechar esta circunstancia para intensificar su accionar terrorista y obtener algunos beneficios en la mesa de conversaciones. En un momento oportuno, deberá imponerse un cese al fuego unilateral que prohíba expresamente el accionar terrorista indiscriminado contra la población civil, el uso de campos minados, el desalojo de tierras, el secuestro, la extorsión y la comisión de otros delitos atroces que perturben la tranquilidad ciudadana. 9.	Todo tema relacionado con nuestras Fuerzas Militares debe ser innegociable. De todos es bien conocido, la intención de debilitar nuestro aparato militar, único freno real y efectivo que les impediría lograr en un futuro inmediato implantar un régimen extremista, al estilo de los ya existentes en nuestra región. En este proceso de negociaciones, sin duda alguna tratarán de imponer, como mínimo, algunas condiciones como la eliminación definitiva del Fuero y de la Justicia Penal Militar, la doctrina de seguridad nacional, la revisión de la situación laboral de nuestros combatientes en su carácter de régimen especial, reducción del pie de fuerza y restricciones significativas de tipo presupuestal. También podrían incluir la creación de una guardia o milicia nacional, que podría ser integrada por los terroristas que sean desmovilizados. Existe gran preocupación en cuanto a la posible negociación de que puedan ser objeto nuestras Fuerzas Militares, tal como se expuso en el numeral anterior. Para evitar este riesgo, los oficiales pertenecientes a la Reserva Activa de nuestras FF.MM., consideraron indispensable tener una amplia participación de carácter permanente en las mesas de dialogo previstas y no en mecanismos diferentes como los que le fueron anunciados al Partido Comunista Colombiano (PCC) por parte del Presidente de la República. Para este propósito, se propuso la designación de un Oficial que actuaría como vocero permanente con carácter de plenipotenciario, llevando la representación institucional. Tal propuesta, fue oportunamente aprobada. Las consideraciones anteriores fueron presentadas como un decálogo de compromisos, con la esperanza de que sean tenidos en cuenta en este importante proceso, el cual a nuestro juicio y como requisitos mininos, debe finalizar con los siguientes acuerdos: 1.	Desmovilización total y entrega de armas. 2.	Suspensión definitiva de todas las actividades atinentes al narcotráfico, incluyendo producción, comercialización, entrega de rutas y, bajo ninguna circunstancia, darle carácter de delito conexo al delito político para que pueda ser efectiva su penalización. 3.	Acción penal real y efectiva contra quienes se desmovilicen, mediante la correcta y justa aplicación de los beneficios que sean contemplados en la ley estatutaria que establezca el Marco Jurídico para la Paz. La justicia transicional debe castigar como mínimo los delitos atroces y todas las conductas considerados de lesa humanidad. Finalmente, queremos reafirmar una vez más, nuestra clara intención de respaldar este proceso dentro de las circunstancias aquí planteadas, esperando que los resultados que sean obtenidos, constituyan el primer paso para lograr ese anhelo nacional de conseguir una paz firme y duradera, con la plena aceptación y satisfacción de la totalidad del pueblo colombiano. Brigadier General JAIME RUIZ BARRERA Presidente Nacional ACORE Bogotá, D.C., 18 de julio de 2013
PRONUNCIAMIENTO ACORE:
•	“Señor Presidente, a la paz no le tenemos miedo; a lo que si tememos, al igual que muchísimos colombianos, es a la forma de negociar”. •	”Usted bien sabe que nuestras Fuerzas Militares están plenamente capacitadas para derrotar esta amenaza (Farc), siempre y cuando se les proporcione la seguridad jurídica requerida y una legislación antiterrorista adecuada”. •	“La única guerra que hemos perdido hasta el momento es la jurídica en los estrados judiciales”. •	“Queremos una paz estable y duradera y unas Fuerzas Militares altamente motivadas y fortalecidas que tengan la suficiente capacidad para garantizarla”. •	“El Gobierno solo debe ofrecer lo que nuestras instituciones democráticas otorgan a todos nuestros conciudadanos”.
A finales de agosto de 2012, los medios de comunicación hicieron público un documento secreto, según el cual, el Gobierno Nacional conjuntamente con el grupo terrorista Farc, iniciaría una mesa de conversaciones con el propósito de llegar a un acuerdo final que permitiría la terminación del conflicto armado en el territorio nacional. Este documento, que posteriormente fue confirmado como auténtico, constaba de cinco puntos principales, e incluía una agenda pormenorizada sobre temas relacionados con desarrollo agrario, participación política, fin del conflicto, cultivos ilícitos, resarcimiento a las víctimas, acuerdo final y algunas reglas de funcionamiento. El Presidente de la Republica, confirmó en su momento la realización de este acuerdo, anunciándole al país tres determinaciones fundamentales sobre las cuales se pondrían en ejecución inmediata: 1.	No repetir los mismos errores del pasado. 2.	Lograr la terminación del conflicto en el menor tiempo posible, evitando su prolongación indefinida. 3.	Mantener e incrementar las operaciones militares en todo el territorio nacional. Al analizar la agenda acordada por los negociadores, salta a la vista que los temas previstos, corresponden, en términos generales, a los mismos que habitualmente este grupo terrorista ha llevado a otras mesas de negociación con gobiernos anteriores y que, al final, por distintas circunstancias, han terminado en rotundos fracasos, que solo beneficiaron intereses de esta organización criminal. Esperábamos en ese momento que no se repetiría la misma historia, ya que esta ha sido la constante en este tipo de negociaciones. Al observar esta agenda, el concepto generalizado fue que parecía redactada por los terroristas. No se veía por ninguna parte temas de interés nacional que el gobierno debe preservar y proteger a toda costa como valores supremos innegociables. La impresión fue que solo contenía claras imposiciones de los terroristas y pocas o ningunas de nuestros negociadores. Esto era muy preocupante. La paz, sin duda alguna, siempre ha sido un anhelo nacional y en esas circunstancias, se quiso creer, una vez más, en la buena voluntad de este grupo armado. Como oficiales de la Reserva Activa de las FF.MM., respecto de este importante y crucial tema, reafirmamos en ese momento lo dicho en pronunciamientos anteriores, particularmente en carta abierta que le fuera enviada el 14 de junio del año pasado a nuestro Comandante en Jefe, y de la cual extractamos los siguientes apartes: •	“Señor Presidente, a la paz no le tenemos miedo. Lo que si tememos, al igual que muchísimos colombianos, es a la forma como se pudiera negociar”. •	”Usted bien sabe que nuestras Fuerzas Militares están plenamente capacitadas para derrotar esta amenaza (Farc), siempre y cuando se les proporcione la seguridad jurídica requerida y una legislación antiterrorista adecuada”. •	“Sobra repetir todo, lo que inexplicablemente se ofrecería en cuanto a impunidad y oportunidad para algunos de estos terroristas, que les permitiría ocupar posiciones de gobierno o en cuerpos colegiados, sin castigo, sin verdad y sin ningún tipo de reparación, no obstante haber sembrado de sangre, miseria y horror en los campos colombianos. Al ofrecer todo este tipo de ventajas se les estaría entregando importantes cuotas de poder que jamás hubieran alcanzado, a través de su lucha armada”. Al firmar un acuerdo en las condiciones planteadas por esta agenda de discusión, “haría un país derrotado por la agresión terrorista: entregar todo o casi todo, por nada o casi nada. Señor Presidente, tenga la certeza que este no es el caso colombiano”. La única guerra que hemos perdido hasta el momento, es la jurídica en los distintos estrados judiciales. Conscientes de lo que fue expresado públicamente a nuestro Comandante en Jefe respecto de éste proceso, consideramos también muy pertinente formular las siguientes consideraciones: 1.	Bajo ninguna circunstancia podemos sacrificar nuestros principios y valores democráticos, con el fin de lograr inciertas soluciones. 2.	Un manejo político inapropiado o equivocado frente a exageradas demandas, constituiría un daño irreparable al futuro de nuestro país. Se pondría en alto riesgo el porvenir de la República. 3.	La excesiva generosidad del Estado en este proceso, constituiría una gran muestra de debilidad que será hábilmente explotada por los terroristas. 4.	El Gobierno solo debe ofrecer lo que nuestras instituciones democráticas les otorgan a todos nuestros conciudadanos.
Revista Semana Edición 1630 / 29 de julio al 5 de agosto de 2013 El pasado 20 de julio, un grupo de hombres mayores encabezó el tradicional desfile del Día de la Independencia. Detrás de ellos, marchaban el presidente Juan Manuel Santos, la primera dama y miles de militares y policías acompañados de modernos helicópteros y aviones. Pero los ancianos saltaban a la vista. Vestían de negro, y sus gorros y medallas hacían parecer que venían de otro tiempo. Y así era: se trataba de un grupo de veteranos de la guerra de Corea. Hace 60 años, el 27 de julio de 1953, los hombres del Batallón Colombia se enteraron de que esa guerra había terminado y pronto volverían a casa. Durante los tres años que duró el conflicto de Corea del Norte y sus aliados comunistas contra Corea del Sur y sus aliados liderados por Estados Unidos, 5.204 colombianos desembarcaron en las costas de ese país y recorrieron sus montes, muchas veces entre la nieve, para apoyar la lucha de Washington contra el comunismo. De ellos, 557 resultaron heridos, 143 murieron, 71 desaparecieron y de los 30 que las tropas enemigas capturaron dos nunca volvieron. Con el paso de los años la mayoría ha muerto y de los 795 que aún viven muchos se sienten olvidados. Para entender lo que los veteranos vivieron hay que recordar el año 1950. El 25 de junio, 75.000 soldados norcoreanos cruzaron el paralelo 38, una línea que dividía a Corea en dos: el norte, aliado con la Unión Soviética y China, y el sur, que gobernaba un dictador amigo de Occidente. Esa invasión dio pie a la primera conflagración militar de la Guerra Fría, ese periodo de tensa calma se inició después de la Segunda Guerra Mundial. El choque entre comunistas y capitalistas en la península coreana estremeció la política internacional. Estados Unidos decidió apoyar al sur agitando las banderas de la democracia y la libertad y difundiendo la idea de que se trataba de una “guerra contra las fuerzas del comu-
nismo internacional”. La Casa Blanca no tardó en tocar a las puertas de sus aliados. Con el amparo de las Naciones Unidas, 16 países mandaron sus tropas y Colombia fue la única nación latinoamericana que participó. De Buenaventura y Cartagena salían barcos cargados de colombianos. La mayoría tenía menos de 20 años y se había ofrecido voluntariamente. Muchos no sabían qué era pelear en tierra ajena y tras un breve entrenamiento llegaron a las trincheras, donde conocieron los horrores de la guerra. La guerra de Corea devastó a esa península y dejó 5 mi-
llones de muertos, de los cuales la mayoría eran campesinos que ignoraban los vaivenes de la geopolítica. Hubo masacres, crímenes de guerra, y Estados Unidos llegó a considerar una ofensiva atómica. Pero la posibilidad de que las hostilidades se expandieran hacia China y la Unión Soviética y que se desatara una tercera guerra mundial obligó a los bandos a llegar a un acuerdo. Los veteranos colombianos saben más que nadie que esa guerra, además de olvidada, no tuvo triunfadores. Corea sigue hoy dividida. Y ellos la recuerdan como si la hubieran vivido ayer.
El general Álvaro Valencia Tovar tenía 29 años cuando debió aplazar su boda y zarpar rumbo a Corea. A sus 90, recuerda que allá aprendió a ser un buen soldado. La noticia lo tomó por sorpresa. Se suponía que los colombianos que lucharían del lado de Estados Unidos solo serían voluntarios. Y Álvaro Valencia Tovar, entonces capitán del Ejército, no se había ofrecido. Es más: tenía previsto casarse. Pero una lista en el periódico dio al traste con esos planes y él debió embarcarse con otros 1.100 hombres en un buque que lo llevó de Buenaventura al puerto coreano de Busan en 1951. “Era deprimente, todo estaba destruido”, dice. Aunque pronto varios de sus hombres quedaron heridos, él estaba resuelto a cumplir. Recuerda que cuando le ordenaron tomarse un cerro mientras lo atacaban con granadas, él les dijo a los suyos: “Nos lo tomamos, cueste lo que cueste. ¡Pelotón, al asalto! ¡Viva Colombia!”. Así, de triunfo en triunfo, se mantuvo con vida y volvió a Bogotá a finales de 1952. En el aeropuerto lo esperaban su familia y su prometida, con quien se casó y vive hasta hoy. Valencia Tovar fue general y comandó el Ejército. Sobre su experiencia hace 60 años dice: “Haber ido me enseñó todo lo necesario para ser un buen soldado”.
Desfile militar conmemorativo a
Homenaje merecid
Cerca de 12 mil hombres y mujeres de las Fuerzas Militares y de Policía marcharon el pasado 20 de julio en Bogotá, por la avenida 68, entre las calles 26 y 80, durante el tradicional desfile de conmemoración del grito de independencia. La celebración de los 203 años de independencia rindió un especial homenaje a los veteranos que participaron en el conflicto con Perú (1932); la guerra de Corea (1950); y el canal de Suez y la península del Sinaí. Detrás de la Quinta División, unidad operativa que tiene como responsabilidad la seguridad en los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Huila y Meta, marcharon los bloques de los héroes de la patria heridos en actos del servicio, el bloque histórico, las escuelas de formación de las diferentes
a los 203 años de independencia
do a los veteranos
Fuerzas, Armas y especialidades, así como sus agrupaciones y equipos especiales. La Fuerza Aérea realizó una demostración de poder aéreo en una imponente demostración conjunta donde participarán 117 aeronaves de ala fija y rotatoria, que surcarán los cielos de la capital colombiana. De otro lado, más de 2.000 hombres y mujeres de la Armada Nacional hicieron parte del dispositivo militar con personal de la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla, la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla, la Escuela de Formación de Infantería de Marina, Fuerzas Especiales Navales, Aviación Naval y del Cuerpo de Guardacostas. Esa fuerza también presentó una muestra del componente fluvial, la Fuerza Expedicionaria de Paz y atención de desastres, más vehículos tácticos terrestres del batallón de movilidad de Infantería de Marina, botes de guardacostas, helicópteros navales y aeronaves tipo Patrullero Marítimo Casa. Como es tradición desde 1964, cuando llegaron las gaitas a la Armada Nacional, diez cadetes gaiteros desfilaron haciendo gala de sus toques armoniosos, pulcritud y marcialidad, manteniendo la práctica marinera conocida desde tiempos remotos en la Armada Inglesa, en la cual se tocaban las gaitas cuando los marineros entraban en batalla. 14
TC MY VA CN CO Ejc Ejc Arc Arc Ejc Juan Carlos Acelas Zambrano Robinson Fernández López José Joaquín Sanabria Fonseca Carlos Fernando Torres Lozano Carlos Arturo Velásquez Peláez Bogotá Quindío Bogotá Bolívar Bogotá
Lo que nuestras familias deben saber el día que Dios nos haga el llamado final
Con el fin de facilitar las diligencias que se deban adelantar cuando un Asociado fallece, ACORE se permite informarles a los familiares que, ante dicho evento, se deben comunicar inmediatamente con el Departamento de Socios de la Asociación al conmutador 3450511, extensión 105, de lunes a viernes en horario de 8:30 a.m. a las 5:30 p.m. Los fines de semana y festivos o en horas no laborales, deben comunicarse al 320 2321292. A través de estas líneas se les orientará sobre las siguientes diligencias: Exequias del Asociado fallecido Pago del AVODE Orientación para la sustitución pensional
CO CT CN MY TE Sra. MY BG Ejc Ejc Felipe José Becerra Agudelo Luis Alfonso Galindo Rojas Bogotá Tolima Bogotá Quindío Bogotá Bogotá Valle del Cauca Bogotá Arc Jorge Guerrero Echeverry Ejc Jorge Emiro Gómez Quintero Fac Víctor Manuel Herrera Rodríguez Fanny Reveiz de Lozano Fac Eduardo Sarria Molina Ejc Jesús Jamasait Yusef Arias
Exequias del Asociado fallecido:
MY Pedro Julio Arias Leal
AVODE Nuevos Afiliados
Ante el fallecimiento del titular de la asignación de retiro, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares asume los costos del servicio funerario. Cada familia es libre de seleccionar la funeraria para las exequias. El Departamento de Socios de ACORE hace los contactos necesarios a nivel nacional, con la oficina de Coordinación ubicada en el Cantón Norte para las exequias.
VALOR PAGADO $ 6’969.155 $ 6’969.155 $ 6’969.155 $ 20’967.556 $ 21’020.104 $ 62’895.125
Isabel González de BG Jesús Jamasait Yusef Yusef Arias Yadira Yusef González Jaime Yusef Gonzalez MY Eduardo Sarria María del Pilar Ayerbe Molina de Sarria CN Jorge Eva Isabel Daza de Alfonso Guerrero Guerrero Echeverry TOTAL
Se invita a los nuevos y demás afiliados que no hayan reclamado el certificado, acercarse a la Gerencia del AVODE, para firmar el Certificado de Afiliación.	Aquellos afiliados a quienes por incapacidad de pago CREMIL no les esta haciendo el descuento correspondiente al AVODE, lo deben pagar por ventanilla en ACORE. * Traslado del cuerpo de la clínica, hospital o residencia a la funeraria. * Traslado del cuerpo vía aérea o terrestre dentro del territorio nacional. * Trámites ante Secretaria de Salud y de Notaria para registrar el fallecimiento. * Arreglo del cuerpo. * Coordinación del servicio, incluidos los Honores Militares. * Cofre para la inhumación o cremación. * Sala de velación. * Carroza de lujo para llevar el cuerpo al cementerio. * Cinta con el grado y nombre del fallecido. * Libro de firmas para los asistentes. * Atención en servicio de cafetería en la sala. * Misa, exequias o ceremonia cristiana. * Arreglo floral. * Cremación o inhumación en lote o bóveda por cuatro años o por el tiempo * *
establecido en cada región. Un bus o buseta para acompañantes sala-iglesia-cementerio. Para la ceremonia militar se provee de Pabellón Tricolor para ser entregado a la familia.
‘JOB nacido desde las cenizas
Ocho semanas después de su liberación, en la oficina del padre Germán Darío Acosta, director de Radio María de Colombia, el mayor Guillermo Solórzano entregó su testimonio de tres años, ocho meses, y doce días de secuestro. Luego de estar retenido en tierras del Tolima y del Valle del Cauca, regresó a la libertad el 16 de febrero de 2011, junto al Cabo Primero del Ejército, Salín Sanmiguel Valderrama. Este testimonio, ‘JOB nacido desde las cenizas’, que en principio no tenía otra aspiración mayor a la de ser una cartilla impresa, pasó a ser meditación conmovedora sobre la obra de Dios en los largos días de cautiverio del mayor Solórzano. Durante su cautiverio en la selva el oficial de la Policía Nacional pudo escuchar Radio María Colombia y la Santísima Virgen lo llevó a los brazos de Dios. Al leer el libro ‘JOB nacido desde las cenizas’, el lector comprenderá que incluso en medio de un secuestro es posible encontrar la paz y el amor. De venta en ACORE. Valor mínimo (de donación) $10.000, los cuales serán destinados para el sostenimiento de la emisora Radio María.
Pago del AVODE
Los beneficiarios deben presentar los siguientes documentos para recibir el auxilio: Póliza de afiliación original o informe por pérdida firmado por el beneficiario (s). Cédula de ciudadanía del beneficiario (s). Certificado de defunción. Si los beneficiarios no pueden reclamar el auxilio personalmente (por incapacidad o por que se encuentre fuera del país) y desean delegar a otra persona, deben elaborar un poder amplio y suficiente (autenticado en Notaria/ consulado) a la persona que deleguen para reclamar el auxilio y anexar fotocopia de las cédulas y demás documentos. El desembolso se realiza de dos formas: cheque (a nombre del beneficiario), o transferencia bancaria caso en el cual debe anexar certificación de la cuenta.
Radio María Emisora de evangelización las 24 horas del día. 1220 AM Bogotá 1320 AM Antioquia 1580 AM Atlántico 1500 AM Caldas 1260 AM Cali 1360 AM Risaralda 1390 AM Bucaramanga TeleAmiga Programa de televisión ‘El Surco’. 7:00 p.m.
Cuando el grupo familiar decida tomar una póliza exequial, tenga en cuenta no incluir al titular de la asignación de retiro por parte de la Caja, debe hacerlo a partir del cónyuge e hijos. Ante el fallecimiento de un Oficial con asignación de retiro pagado por la Caja Retiro, sus beneficiarios deben informar a Cremil de manera inmediata, para que la entidad suspenda el pago y evitar el inicio de una acción legal.
El Departamento de Socios de ACORE brinda la asesoría para la elaboración de los documentos exigidos por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares para adelantar la sustitución pensional.
Palabras del Comandante General de las Fuerzas Militares, general Alejandro Navas Ramos, con ocasión de la celebración del Día de las Reservas de la Fuerza Pública, llevado a cabo en las instalaciones del Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Militares, en Bogotá, el pasado 26 de julio
Hombres y mujeres de la Reserva Activa no pueden quedar en el anonimato: general Navas
“En nombre de los hombres y mujeres que integran las Fuerzas Militares de Colombia, deseo expresar mi gratitud por atender esta invitación y contar con su presencia en este sencillo, pero significativo encuentro. Con el paso del tiempo quienes ejercemos el mando pasaremos al retiro y será entonces, en esa condición, donde quizá comprendamos con absoluta claridad el gran valor que ostentan los viejos guerreros, aquellos soldados, infantes, pilotos y policías de quienes aun tenemos mucho por aprender, pues su experiencia de vida se ha ido convirtiendo en esa sabiduría que tanto se requiere en momentos de apremio. Quienes estamos en actividad tenemos la confianza de poder contar, con aquellos viejos guerreros que aun sin uniforme a la vista, lo portan con firmeza en el alma conservando intacto ese espíritu militar que les llevó a optar desde muy jóvenes por la profesión de las armas. Hoy el país y sus Fuerzas Armadas, viven una época en que se abordan nuevas realidades, un momento histórico al cual hemos llegado como resultado del esfuerzo de nuestros hombres y mujeres, un instante que requiere una lealtad a toda prueba no solo con el pueblo colombiano sino con nuestras víctimas y desaparecidos, con aquellos que han perdido su vida o han visto afectada su integridad física, pero también con quienes aún sobreviven tras participar en este cruento conflicto que hemos librado por 50 años enfrentando, en nombre de la sociedad, formas degradadas e inenarrables de violencia y terror. Todo el esfuerzo de nuestros héroes, puede quedar en el olvido si no se incluye en esa narrativa que está en construcción, un ejercicio de memoria histórica que debe, además, contemplar el contexto en el cual se libró cada instante de la guerra, sin dejar en el olvido: masacres, asesinatos selectivos, uso de armas no convencionales, desplazamiento forzado, empleo de minas antipersona, reclutamiento infantil, destrucción de poblaciones, extorsión, secuestro y todas aquellas acciones degradantes que han ejecutado los grupos alzados en armas. En este largo espiral de violencia, han sido los soldados, infantes, pilotos y policías quienes en defensa del país y sus instituciones han dado lo mejor de sí. Hombres y mujeres que no pueden quedar en el anonimato, pues sus hechos, hazañas y aun sus yerros, deben quedar inscritos en esa historia que no es del todo pasado, sino una historia viva que debe perpetuarse y renovarse a través del tiempo. Los miembros de las Fuerzas Armadas tenemos una mirada particular sobre la realidad del país pues todos, en actividad o en la Reserva Activa, hemos cumplido tareas de gran responsabilidad, trasegado por remotas regiones siempre en contacto con ese pueblo al que juramos defender, todo un cúmulo de experiencias que nos permiten conocer a Colombia como pocos, pues hemos sido testigos de excepción de sus realidades, circunstancia que debería ser aprovechada para actuar en otros escenarios con plena decisión”.
AGOSTO 14 AGOSTO 28 10:00 a.m
Sede Nacional ACORE Calle 70 No. 4 -24
Nueva sede Seccional Tolima
El presidente Nacional de ACORE, brigadier general Jaime Ruiz Barrera, en compañía del teniente coronel William Santiago Molina, presidente de la Seccional Tolima, y los Asociados, corta la cinta de inauguración de la nueva Sede Campestre de la Seccional Tolima. La bendición estuvo a cargo del Obispo de Ibagué, monseñor Orlando Roa. Para el orgulloso Presidente Seccional, esta maravillosa sede, adquirida con recursos de ACORE Nacional, está al servicio de todos los Asociados del país.
Día de la Familia en Antioquia
Con el fin de mantener vivo el compañerismo, el afecto y las buenas relaciones interpersonales, se llevó a cabo en las instalaciones de la seccional el Día de la Familia con un almuerzo especial, y una animada tarde amenizada con música y rifas. Igualmente, un merecido homenaje de gratitud, compañerismo y reconocimiento a su lealtad con la institución les fue ofrecido a dos oficiales Acorados que 70 años de egresados de la Escuela Militar: el brigadier general Jesús Eudoro Velásquez Carrillo, y el capitán Marco Tulio Acosta Rave, quien fue además fundador de la seccional. Para plasmar en forma tangible ese recuerdo se les otorgaron sendos escudos de Armas.
Acorados en Villa de Leyva
Trece Acorados de Villa de Leyva se reunieron en la Casa Museo Antonio Nariño, con el presidente Nacional de ACORE, brigadier general Jaime Ruiz Barrera, con el fin de intercambiar opiniones respecto a temas de interés nacional sobre las Fuerzas Militares y la Reserva Activa. La reunión fue convocada por el Presidente ACORE Seccional Boyacá, CF Roberto Mora Gaitán.
El espionaje: desde los Rosenberg hasta Snowden
Coronel DARIO DE JESÚS RUIZ TINOCO
Los servicios de inteligencia y la propia seguridad de Estados Unidos han sido nuevamente cuestionados, vulnerados y afectados de manera grave, esta vez por cuenta de la acción del exagente de la CIA, Edward Snowden, quien por salir del anonimato, escaló el merecido podio reservado a los más infames de la historia estadounidense por haber traicionado a su patria. Snowden no tuvo ningún reparo ético o moral para divulgar los métodos y procedimientos de espionaje que los servicios de inteligencia de Estados Unidos adelantan en varios países, donde pueden haber amenazas contra sus intereses, lo que obviamente incluye a Colombia, cuya canciller María Ángela Holguín, como corresponde, ha pedido explicaciones a su gran aliado del norte, invocando para ello la violación de convenios internacionales. Como reza el refranero popular: ”Con esos amigos, para qué enemigos”. Es un hecho incontrovertible que a los Estados los mueven los intereses y en ese sentido, no cabe la menor duda que una de las motivaciones para espiar a Colombia se deriva de sus propias reservas acerca de las negociaciones que su aliado, el Gobierno de Santos, adelanta con los terroristas y narcotraficantes de las Farc, con extensión al Eln. No hay que olvidar que Estados Unidos, por principio, no transa o negocia con terroristas o narcotraficantes. El término espionaje suena duro por la esencia de ilegalidad, ilegitimidad y hasta perversidad que puede llegar a encerrar, y se hace sutil y hasta aceptable cuando se define como: “La obtención de información de inteligencia a cubierta”, que es precisamente la labor de inteligencia que adelantan los Estados a través de sus agentes y analistas con sus medios y métodos legales. El espionaje es tan antiguo como la historia de la humanidad. Adán y Eva fueron espiados por el Padre Celestial, que todo lo sabe y todo lo ve y era legítimo hacerlo para determinar una condición inherente a la propia naturaleza humana. La complejidad del asunto puede ser el procedimiento, que en muchas ocasiones resulta necesario, así para algunos, todo acto de espionaje resulte un hecho inaceptable. Lo cuestionable consiste en divulgar el medio empleado y darlo a conocer con la perversidad que lo ha hecho Snowden. Las grandes potencias y los
demás Estados que no ostentan tal categoría internacional, recurren de manera permanente al espionaje cuando existen intereses amenazados o en juego y ello resulta normal y necesario en muchas ocasiones, así como el empleo de los recursos tecnológicos creados para tal efecto que permiten actuar contra reales o potenciales enemigos. Aclaro, no se puede confundir, no son sinónimos la labor de inteligencia y el espionaje. Aquellos gobernantes que, con evidente hipocresía, condenan a ultranza los actos de espionaje y los clasifican equivocadamente en la misma categoría de inmoralidad en todos los casos, desconocen la historia, porque tanto en tiempos de guerra o de paz, este ha sido un recurso de la inteligencia de todo Estado, matizado eso sí, con diferentes términos. Es una gran utopía concebir un escenario internacional donde los Estados observen la normatividad que prohíbe el espionaje. Vale la pena preguntarse ¿qué ocurriría, entonces, con aquellos gobiernos sponsor (los que apoyan al terrorismo)? o aquellos que actúan en contra de la seguridad internacional, como Irán, Corea del Norte y otros tantos que apoyan el narcotráfico y el tráfico ilícito de armas, si fuesen protegidos por una normatividad internacional coercitiva y prohibitiva con respecto al espionaje. No cabe la menor duda que obtendrían “la patente de corso” necesaria para el desarrollo de todas sus actividades clandestinas contra los Estados democráticos. Lo importante es determinar cuáles son los fines que se persiguen, porque no todos ellos son mezquinos y muchos de ellos son válidos. Edward Snowden ha cometido un grave delito contra su país, Estados Unidos, que encaja en la calificación de “delito de traición a la Patria”, por haber dado a conocer al mundo las actividades clandestinas de la NSA, sus interceptaciones, cuya divulgación violó la reserva que compromete a todo agente de inteligencia, por ello es requerido por la justicia de su país y por esto debe ser castigado, no sé si con la pena de muerte, o la cadena perpetua. (Ley de Espionaje de 1917 o Ley Rosenberg de 1954). No obstante su conducta ha recibido la simpatía y apoyo de varios gobiernos, obviamente algunos calificados de ‘parias’ y otros enemigos acérrimos de Estados Unidos, que ahora se disputan el “merecido honor y privilegio” de brindar asilo territorial al gringo traidor, como lo ha hecho el gobierno de Nicolás Maduro, lo cual ni sorprende, ni extraña, porque todo delincuente inter-
La información suministrada por el ingeniero Julios Rosenberg y su esposa Ethel, les permitió a los soviéticos fabricar su propia bomba atómica. Por ello fueron sentenciados a la pena de muerte.
nacional que actué contra los intereses de las democracias tradicionales, tiene seguro refugio bajo el régimen de Maduro, tal y como ocurrió, durante el tristemente recordado régimen de Chávez. No podría faltar por su puesto, en esta tragicomedia internacional, la posición del decadente club del Alba, encabezado por los presidentes Maduro, Ortega, Correa y el agraviado Evo Morales, quien ante la sospecha, por cierto infundada de que Snowden se encontraba escondido en su avión presidencial, varios gobiernos europeos, torpemente lo trataron como trataban a los indígenas en la colonia y en la república, esa fue la actitud de Francia, Italia, Portugal y España, al haberle cerrado la posibilidad de tránsito por su espacio aéreo, en acto de imperial violación al respeto por el Derecho Internacional y a la inmunidad que inviste y protege a un Presidente, así sea un indígena y así estas potencias lo traten de justificar con alguna inaceptable explicación, basada en la nula confianza que Estados Unidos y sus aliados europeos le profesan a Evo Morales y a sus amigos de Alba. Esta desconfianza tiene sustentables, más no justificables razones de fondo, porque estos gobiernos condenan internacionalmente la persecución a Snowden y a la vez, actúan dentro de una profunda contradicción y doble moral, porque censuran en sus propios países a los opositores, los calumnian e injurian, cerrando la prensa de oposición, espiándola e interceptándola en sus comunicaciones, expropiando medios de comunicación; otros van aún más lejos, porque protegen, albergan y entrenan terroristas
en su territorio, etc. y actúan bajo esa cuestionada moral que caracteriza su proceder político, consecuente con sus tendencias totalitarias. La historia que hoy se está escribiendo sobre este escándalo internacional, hace recordar el caso de los judíos estadounidenses Julios Rosenberg y Ethel Greenglass, una pareja de esposos, matriculados en el clandestino Partido Comunista de los Estados Unidos, en la época más álgida de la guerra fría, que fueron acusados de vender a los soviéticos nada más y nada menos que los secretos de Proyecto Manhattan, al cual tenían acceso, y con el que se fabricó la bomba atómica, que fue lanzada contra las indefensas poblaciones japonesas de Hiroshima y Nagasaki, en agosto de 1945, lo que determinó la rendición inmediata e incondicional del Imperio del Japón. Según los fiscales del caso, la información suministrada por los acusados, el ingeniero Julios Rosenberg y su esposa Ethel, les permitió a los soviéticos fabricar su propia bomba atómica, que fue probada en agosto de 1948, dando a la Unión Soviética el “equilibrio del terror nuclear” frente a Estados Unidos, hecho que representó la principal característica militar de la llamada Guerra Fría o Conflicto EsteOeste. ¿Merecían la pena de muerte estos esposos? Esa fue el gran dilema y el drama de la historia estadounidense. El juicio contra los esposos Rosenberg fue profundamente cuestionado por un sector de la opinión pública de Estados Unidos, y apoyado y aplaudido por otro mayoritariamente anticomunista. El cúmulo de indicios y evidencias que obraban en contra
de los acusados y que fueron presentados por el fiscal del caso Irving Kaufman, los llevó a la silla eléctrica. La defensa poco o nada pudo hacer para salvar a los esposos Rosenberg de la pena de muerte. Jean Paul Sartre, el famoso filósofo existencialista francés, calificó la ejecución de los Rosenberg como: “Un linchamiento legal que mancha de sangre todo un país”. Los Rosenberg fueron juzgados en aplicación de la Ley de Espionaje de 1917 y con su muerte quedaron huérfanos sus pequeños hijos de 3 y 7 años. El Congreso de Estados Unidos promulgó posteriormente la irónica Ley Rosenberg de 1954, que contempla la aplicación de la pena capital para actos de espionaje contra la seguridad de Estados Unidos en tiempos de paz. Ahora bien, queda como colofón de este artículo la gran incógnita sobre el castigo que se le debería imponer Edward Snowden, por la comisión de delitos contra la seguridad del Estado o al creador de WikiLeaks, el australiano Assange, asilado en el Embajada del Ecuador en Londres, en caso de llegar a ser aprehendidos por la Interpol o por autoridades de Estados Unidos. Ni Assange, ni Snowden son inocentes a la luz de los acontecimientos y menos para la justicia de Estados Unidos, porque cometieron graves delitos que afectaron la seguridad internacional de Estados Unidos. El delito es de orden político y en contra de los más sensibles intereses de la gran potencia del norte, que son precisamente los relacionados con la seguridad, como ocurrió en el caso de los esposos Rosenberg.
Investigación del Instituto de Estudios Geoestratégicos y Asuntos Políticos, IEGAP.
‘Desarme, Desmovilización y Reintegración, DDR: una introducción para Colombia’
El Instituto de Estudios Geoestratégicos y Asuntos Políticos, IEGAP, de la Universidad Militar Nueva Granada, entregó a la comunidad académica un nuevo Cuaderno de Análisis titulado ‘Desarme. Desmovilización y Reintegración, DDR: una introducción para Colombia’, documento que se complementa con el relativo a los procesos de paz (1989 - 2012), expedido recientemente por el Instituto. Para la elaboración de esta investigación, aplicable a los propósitos del diálogo que actualmente se desarrolla con el objetivo de lograr el fin del conflicto armado en nuestro país, el equipo de trabajo del IEGAP, que dirige el brigadier general Gustavo Rosales Ariza, recurrió a importantes fuentes de información, destacándose entre estas las que provienen de los Estándares Integrales de la ONU, de la Escuela de Cultura de Paz de Barcelona (ECP), y del Institute for National Strategic Studies (lNSS), sin perjuicio de incluir los objetivos y normas que existen en Colombia operados desde la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR). El presente análisis resulta de la mayor utilidad para quienes desean conocer los orígenes y procedimientos operativos del DDR. Se trata de un documento de carácter didáctico que, partiendo de conceptos básicos, se refiere a cada una de las etapas del DDR acompañada de gráficos y cuadros estadísticos que facilitan una asimilación apropiada, los cuales se complementan con seis anexos inherentes al propósito del trabajo. Dada su importancia, se incluyen los principales cometidos de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), entidad que viene cumpliendo una destacada tarea en beneficio de la paz y la reconciliación nacional. El documento fue producido por los investigadores Juan Esteban Ugarriza, director del proyecto; Natalia Sequera y Jimmy Mora, internacionalistas; Andrés Cotrina, politólogo y Álvaro Méndez, analista.
Forjando el criterio militar
Lecturas y antología.
Esta selección es resultado de una simple pero dispendiosa labor del coroenl Silvio Vallejo Rosero, aplicada a abreviar literalmente ideas, conceptos y planteamientos de valor, contenidos en las obras de algunos de las más reconocidos filósofos de la guerra y la política, que van desde Sun Tzu, hace más de dos milenios, pasando por los comienzos del Renacimiento con Maquiavelo, incursionando en la edad moderna con Clausewitz, Liddell Hart, Montgomery, y David Galula, hasta llegar a nuestros días cuando salta a la arena un nuevo tipo de estrategia en que el Estado y el Ejército pueden ser derrotados y condenados sin conocer a su adversario: ésta es la estrategia de la aproximación indirecta librada de manera agresiva desde los estrados de la justicia, y animada por simpatizantes o abanderados de la izquierda radical. El espíritu de esta recapitulación es, como lo dice la porta-
da, contribuir a la construcción del pensamiento militar, de tal manera que nuestros oficiales, al llegar a los mandos altos de la jerarquía, puedan divisar el panorama con mayor amplitud y decidir con mayor acierto, o, por lo menos, con mayor confianza y seguridad, sobre los temas que tendrán que dilucidar en un futuro que cada día aflora más sombrío y amenazante. Esta antología está dedicada a todos los hombres que, teniendo como única mira la concordia y el ordenamiento social, sufren en carne propia las penalidades y rigores de la guerra y que, al contrario de opiniones hostiles, desearían que la llama del conflicto se apagara a la mayor brevedad y para siempre, para poder gozar la paz de sus hogares, paz que, por razones de una profesión que demanda sacrificio, siempre estará muy distante en su perspectiva personal y bien lejana en su horizonte familiar.
el Socialismo del Siglo XXI, el peligro son los chinos. Hay muchos retos por delante. Hay que investigar muy bien estos indicios que le he suministrado. Los colombianos aún no sabemos lo que perdimos con Panamá. ¿Se va a volver a repetir la historia? En un mapa mire cuál va a ser la ruta de los buques tanqueros que zarpen de Venezuela con rumbo al canal de Nicaragua y entenderá, por que Nicaragua insiste en obtener una mayor porción de mar continental. ¿Será que mis nietos costeños para usar el sombrero volteado, tendrán que utilizar el chino y no el sampuesano? Piense en todo lo que nos van a poner a consumir cuando ese canal esté en funcionamiento. Lo último que me queda es hacer una propuesta, para las futuras generaciones. Se que va a ser calificada como descabellada. No importa. La idea es la construcción de la Gran Colombia. Esta nueva nación debería contar con los territorios de los actuales países de Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela y Ecuador. Un Estado Nación con este territorio y con todas las riquezas naturales que en ellas hay, se le garantizaría una mejor calidad de vida a sus habitantes. Además, sería una nación muy marítima. Esta nación podría contar con unas Fuerzas Militares que le brinden la independencia de cualquier poder internacional extranjero. Capitán de Fragata Ángel Gabriel Conde Romero
Consideraciones sobre la construcción del canal interoceánico de Nicaragua
Bogotá, D.C., 23 de julio de 2013 Doctor RAFAEL NIETO NAVIA
El pasado martes 23 de julio, en la sede de ACORE, dictó Ud. una conferencia titulada: Realidad del diferendo con Nicaragua. En la segunda parte de su conferencia se refirió al canal interoceánico de Nicaragua. Deseo hacerle algunos comentarios personales sobre algunas consideraciones que pienso son determinantes en el interés por la construcción del mencionado canal. Lo primero, Dr. Nieto es lo que considero el objetivo principal. Los buques que tienen 12 metros de calado, 290 metros de eslora, y transportan 4.000 o más contenedores no son rentables económicamente para transportar mercancías o combustible entre Asia y América. Los buques post panamax tienen más de 130.000 toneladas de desplazamiento, 400 metros de eslora, más de 16 metros de calado y deben transportar 13.500 contenedores. El flete en los buques sub panamax el costo es de 10 centavos TEU/milla. El costo del flete en los post panamax para ser rentables deben reducirse hasta 2 centavos de dólar TEU/milla. El Canal de Panamá después de su ampliación, sus cámaras en las esclusas quedaran con 33,53 metros de anclo y 320 metros de longitud. La esclusa Pedro Miguel no puede aumentar su profundidad a más de 12,55 metros. O sea que consideraciones económicas y físicas hacen indispensable la construcción del canal interoceánico de Nicaragua. Tal como Ud. lo planteo, el canal será construido por Wang Jing, de la China. La empresa HK Nicaragua Canal Development Investment Co. Ltda. que desarrollará la construcción del canal, la inscribió el señor Jing, en el registro de Empresas del gobierno de Hong Kong el 20 de agosto de 2012 bajó el código 1788941, con garantía inicial de 500.000 dólares hongkoneses, depositados en el banco HSBC de la calle Queens de Hong Kong. Wang es un empresario chino, propieta-rio de la empresa de telecomunicaciones Xinwei, fundada en noviembre de 1995 con un capital de dos mil millones de yuanes. Estoy aclarando si el señor Wang es nieto del señor Wang Zhen, vicepresidente de China entre 1988 y 1993. La construcción no será por el estado Chino como se viene diciendo; pero es que el canal de Panamá no fue construido por Estados Unidos, fue construido por el señor Vanderbilt. Se repiten los errores y la historia. La última reunión de las autoridades políticas nacionales de Venezuela y las autoridades Chinas se llevaron a cabo el 21 de abril del año en curso, en el cuartel de la Montaña, ubicado en el barrio 23 de Enero. Estos encuentros entre China y Venezuela vienen desde 2008. En los distin-
tos convenios comerciales que han venido realizando, el objetivo de ampliar la producción petrolera es el más importante. El compromiso de la industria petrolera china es incrementar la producción diaria de Venezuela de 2.400.000 barriles diarios a 6.000.000 de barriles diarios. Como Ud. sabe China no es un país productor de petróleo y requiere de este preciado producto para comercializar su producción industrial y abastecerse de materias primas. Las primeras noticias que salieron sobre la construcción del canal interoceánico por Nicaragua, en la prensa de Nicaragua hablaban que iba a ser construido entre Irán, China, Rusia y Venezuela. Al leer esta noticia, pensé que era una conspiración, doctor Navia. Pensé que el islamismo se unía a una fracción del comunismo ateo internacional para tomar venganza en contra del judaísmo norte-americano. Todo comenzó al iniciar el siglo XX cuando los judíos Rusos le solicitaron ayuda al judaísmo rico estadounidense y estos no se las suministraron. Japón ganó la guerra. 40 años después se repite la historia en la Segunda Guerra Mundial y dejo como resultado, 6.000.000 de judíos muertos. Como Ud. sabe los judíos pobres que llegaban a América, no eran dejados ingresar a EE.UU. sino tenían $ 6.000 dólares de capital. Las autoridades de EE.UU los enviaban a Cuba hasta que reunieran este capital. Creo que tengo derecho a pensar que hay ganas de tomar venganza. Y es aquí donde entra Cuba en escena. Y entra con su llegada a Venezuela. Llegan después del golpe fallido de Carmona, en 2002. Tengo formación académica de la Universidad de los Andes y soy consciente del riesgo profesional que corro al hacer algunas conjeturas. No me debo apartar del análisis documental y académico. Pero lo hago doctor Nieto por los altos riesgos que corre la región latinoamericana si se deja llegar a los empresarios capitalistas chinos al continente. Mi primera conjetura: Chávez, ya sabemos su interés, llama a las Farc y las obliga a negociar. De lo contrario los expulsaría del territorio venezolano. Y las negociaciones se inician en La Habana. Además, no es una coincidencia, para mi doctor, que las Farc hayan aplazado las negociaciones para el mismo día que se dio lectura al fallo en La Haya, el 19 de noviembre de 2012. Entre Chávez y los cubanos armaron el bloque de países que participarían en este negocio. Los candidatos son Nicaragua, Venezuela y Argentina. Para no hacer mas extensa esta carta le envió copia de la misiva que le envié al Presidente de AMIA en Buenos Aires, Argentina. La primera gran pregunta es el papel que va a jugar Estados Unidos. ¿Será que se opone o apoya la construcción del canal? ¿Habrá algún sector interesado
y otro que se opone? Para iniciar me referiré a las declaraciones de exembajador de Nicaragua en Estados Unidos, Arturo Cruz Sequeira, que piensa que la construcción del canal es un hecho ya que las siguientes empresas norteamericanas están formando parte de las empresas que están asesorando al empresario chino, en los estudios de perfectibilidad y factibilidad, así como los estudios medioambientales. Estas son: La Royal Hoskoning, empresa Holandesa que hace los estudios medioambientales. Esta empresa trabajó en el puerto de el Callao, Perú. La Compañía McLarty Associates, empresa consultora de negocios. En ella trabaja su yerno Stephen C. Donehoo. El dueño de esta empresa es Mack McLarty, miembro del gabinete del presidente Bill Clinton. Está empresa se asoció con Henry Kissinger y crearon Mclarty-Kissinger. Kissinger, en Nueva York, y Maclarty, en Washington. Kissinger escribió un libro llamado China, en el demuestra la gran experiencia y conocimiento que tuvo con los chinos. En 2008 se separaron. Otra firma es Kirkland & Ellis que es uno de los bufetes de mayor tamaño en Estados Unidos. Doctor Nieto, si las Farc en los acuerdos de Paz, salidos de las conversaciones de Paz, en La Habana, sede a todas las pretensiones o exigencias del gobierno de Juan Manuel Santos, es que el interés superior de este bloque de países se lo exige. ¿A cambio de qué? El peligro no es
Colombia compra drones a Israel
El comandante de la Fuerza Aérea, general del Aire Tito Saúl Pinilla, aseguró que al país llegarán más aviones no tripulados, pero desde Israel. El comandante de la FAC anunció un paquete de aviones no tripulados procedentes desde Israel y que llegarán al país en octubre, dentro de un convenio gobierno a gobierno que ya fue firmado. Un primer paquete de drones más pequeños llegará al país por un costo de cerca de 30 millones de dólares, pero no confirmó cuántos aviones. Esos drones son mucho más grandes que los Scan Eagle que ya tiene la FAC desde hace tres años. Además, el general Pinilla confirmó que el drone criollo -un proyecto conocido como Iris y que fue realizado en Colombia- ya está en prueba.
20 Por considerarlo de interés general publicamos un artículo editado por la Academia de Estudios Políticos y Estratégicos, Anepe, de Chile.
Las Fuerzas Armadas del Siglo XXI: desafíos actuales y futuros
VÍCTOR GUZMÁN MARTÍNEZ Anepe / Chile
Junto con la instalación de las nuevas estrategias de seguridad en varios Estados, han surgido interrogantes referidas al papel de las FF.AA. en un nuevo escenario globalizado, cuyas respuestas son difusas e insuficientes para resolver situaciones que surgen en diferentes países, como es el tema de una ciudadanía que hoy demanda y exige reivindicaciones, ejerciendo una presión inusitada en sus respectivos gobiernos. Si se considera que los desafíos y amenazas aún vigentes (terrorismo, crimen organizado, narcotráfico, tráfico de personas, migraciones ilegales, corrupción, tráfico de armas, etc.), sumados a aquellos que hoy impactan a la sociedad en volumen y cantidad nunca antes visto, estén las instituciones preparadas o no para enfrentarlas, han puesto en la agenda de los Estados la necesidad de replantear las estrategias de seguridad y defensa; reformular las políticas sociales; desarrollar políticas de integración social; y, proponer una serie de iniciativas que permitan mejorar la gobernabilidad democrática1. En este contexto, es necesario revisar el concepto de seguridad, que “ahora debe contemplar la fragmentación e integración producto de la globalización, la desigualdad económica en aumento, rápidos cambios sociales, desafíos relacionados con la identidad cultural, ideológica y religiosa de los pueblos, crisis económica mundial, armas de destrucción masiva, problemas medioambientales, expresiones ciudadanas cada vez más violentas, falta de confianza en la clase política”2. Sobre la base de estas dificultades, las nuevas estrategias de seguridad han debido considerar también, de manera clara y precisa, el papel y la función de las fuerzas armadas y de las fuerzas policiales en estados democráticos en que se defiende el “estado de derecho”. Una iniciativa de esta naturaleza sólo podrá hacerse realidad sobre la base de sólidos consensos a nivel nacional, donde la multidimensionalidad es crucial para hacer frente a la complejidad del panorama descrito3. El papel y funciones de las FF.AA. en el siglo XXI están íntimamente ligados a las tendencias que marcan la época contemporánea y que se asocian a la consolidación de los procesos democráticos. En este sentido, es imprescindible que
se haga una clara diferenciación entre defensa y seguridad. En el caso de Chile, el Libro de la Defensa Nacional define la Defensa como: “…la acción y efecto de conservar la posesión de un bien o de mantener un grado suficiente de libertad de acción que permita alcanzar tal bien,”. La Defensa Nacional se puede definir como el conjunto de medios materiales, humanos y morales que una nación puede oponer a las amenazas de un adversario, en contra de sus objetivos nacionales, principalmente para asegurar su soberanía e integridad territorial. Su propósito es alcanzar una condición de seguridad externa tal que el país pueda lograr sus objetivos nacionales libre de interferencias exteriores. Debe entenderse que entre los medios de la defensa las Fuerzas Armadas conforman el órgano esencial y que dichos medios están orientados por una política estatal que expresa la voluntad del Estado de Chile para usar tales medios en la paz, mediante la disuasión o la cooperación, y en la guerra, mediante acciones bélicas, para enfrentar interferencias externas que amenacen el logro de nuestros objetivos nacionales”4. Por otro lado, el concepto de seguridad es definido como todas aquellas actividades necesarias para proteger los intereses del país cuando éste se ve enfrentado a riesgos y amenazas o interferencias que afecten su desarrollo social y económico. Es así como la “defensa contribuye a la seguridad del país tanto por medio de su preparación para el empleo legítimo de la fuerza, su contribución a la disuasión y la participación de sus medios en misiones de cooperación internacional”5. España, por su parte, considera que “el término de seguridad ha ampliado su campo de referencia, yendo desde los aspectos internos a los internacionales”6. Esto para ellos significa que los límites que una vez pudieron haber existido “entre el ámbito de lo interno y lo externo de un país son cada vez más difusos”7. En realidad, las personas y los Estados pueden definir seguridad de manera distinta, dependiendo del momento y del propio escenario. No obstante, lo que los conceptos de seguridad tienen en común es que se basan en el temor de un ataque real o potencial a las autoridades públicas, a las personas y a la propiedad8. La verdad sea dicha, los conceptos clásicos de Seguridad y
Defensa están siendo superados por las complejidades del mundo actual que demandan compromisos nacionales e internacionales, sean estas misiones de estabilización posconflicto, catástrofes humanitarias, climáticas y otras del tipo no convencional. Para el Chile del futuro, país cuya realidad se percibe positivamente por su “economía abierta al mundo y un horizonte estratégico que incluye desafíos transnacionales”9, que contemplan “las garantías para el flujo de su comercio internacional; la estabilidad política en las zonas de su interés; el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado; la vulnerabilidad energética y la presión sobre los recursos naturales”10. Es precisamente dicha apertura la que amplía sus compromisos y (consecuentemente) “queda más expuesto a riesgos y amenazas, lo que demanda mayores niveles de seguridad”11. El análisis del papel de las Fuerzas Armadas, contemplando con seriedad los escenarios de hoy, sugiere que las fuerzas de seguridad no pueden tener una visión ni benévola ni malévola de sus blancos. Históricamente, han sido condicionadas para ver a sus blancos como “el enemigo”. Por supuesto, esta imagen mental los predispone a tratar a aquellos que los desafían de manera hostil, mientras que las fuerzas policiales ven a sus blan-
Aunque parezca ciencia ficción, una idea que últimamente se ha ido imponiendo en algunos países latinoamericanos es la de que las Fuerzas Armadas deberían ser reconfiguradas en dirección a la seguridad interna. Ejemplo de esto se ve en Colombia, país que se encuentra en ‘guerra con las Farc’, donde las Fuerzas Armadas ya se dedican prioritariamente al combate contra la guerrilla.
cos como ciudadanos, personas de carne y hueso que merecen protección. Entonces una fuerza de seguridad tendría que ser un puente entre estos dos conceptos12, una fuerza especialmente capacitada para separar los grupos malignos de los benignos y así darles un trato totalmente diferente13. En este sentido, cabe reflexionar que los Estados no pueden militarizar la policía, como tampoco hacer de los militares una Guardia Civil. Ontológicamente, una fuerza de seguridad no puede ser transformada tan radicalmente que pierda su esencia, como tampoco se puede cambiar a los militares al extremo de perder sus capacidades para la Defensa. A pesar de estas dificultades, pareciera que una versión hibrida intermedia podría ser una solución para los desafíos arriba detallados, con mandatos legales y presupuestos separados, con personal de dedicación exclusiva y capacitación especializada14. Aunque parezca ciencia ficción, una idea que últimamente se ha ido imponiendo en algunos países latinoamericanos es la de que las Fuerzas Armadas deberían ser reconfiguradas en dirección a la seguridad interna. Ejemplo de esto se ve en Colombia, país que se encuentra en ‘guerra con las Farc’, donde las Fuerzas Armadas ya se dedican prioritariamente al combate contra la guerrilla; en Perú, donde aún mantienen una mirada vigilante sobre los resquicios de Sendero Luminoso y de otros grupos guerrilleros15. México también es ejemplo de esta situación puesto que a raíz de la lucha contra el narcotráfico, se utiliza a los militares en gran medida. Por ello, Peña Nieto quiere crear un nuevo cuerpo policial, el cual, estaría compuesto por militares, y se llamaría Gendarmería Nacional cuya misión sería la lucha contra el crimen organizado y, por último, están
Bolivia y Ecuador países en que “los militares se están transformando, gradualmente, en grupos empresariales o de apoyo a obras de infraestructura o sociales del Estado” 16. Lo opuesto sucede en países como Argentina o Paraguay, donde los militares parecen estar tan inactivos que se preguntan por qué no se les podría asignar labores más útiles, como el control de fronteras o el combate al tráfico de drogas. Lo mismo se puede decir en el caso de Brasil, pues la sociedad clama por la intervención de las Fuerzas Armadas para combatir el crimen organizado (y también el crimen común) en las grandes ciudades. La excepción, en este cuadro es Chile, donde el llamado popular para la transformación de los militares en policías parece ser menos significativo17. CONCLUSIÓN
Esta situación, por el momento hipotética, pareciera ir en la dirección de una profunda reformulación del papel de las Fuerzas Armadas en aquellos Estados donde se ha puesto en jaque su gobernabilidad, la que, mirada bajo el prisma de Bartolomé18, como concepto, se refiere a la capacidad que tiene un Estado para gozar de la legitimidad y eficacia que garantice su vigencia mientras ejerce el poder político mediante la obediencia cívica del pueblo. Siguiendo esta línea de pensamiento, la gobernabilidad, no sería un atributo del Estado, sino de la sociedad, dependiendo de la capacidad de los gobernantes, de los ciudadanos y de sus intermediarios para lograr consensos que hagan posible formular políticas que respondan a las demandas ciudadanas.
1. Rojas Aravena, Francisco (2011) Violencia en América Latina: La inequidad, el crimen organizado y la debilidad estatal inhiben el desarrollo humano. Proyecto Repensar América Latina. UNESCO: América Latina y el Caribe: Globalización y conocimiento. Repensar las Ciencias Sociales p.311. 2. Guzmán Martínez, Víctor (2012) Estatus militar de Brasil y su estrategia de seguridad y defensa. Academia de Estudios Políticos y Estratégicos, Santiago, Chile,p.4. 3. Rojas Aravena (2011) op.Cit. p 311. 4. Libro de la Defensa de Chile (2010). 5. Ibid. 6. Ministerio de Defensa de España (2009) Hacia una estrategia de Seguridad Nacional para España, construyendo roles. Democracia y Fuerzas Armadas. Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. Documento de Seguridad y Defensa No 25. 7. Ibid. 8. Al-Rodham, Nayef R.F. (2008.) The three Pillars of Sustainable National Security in a Transnational World. Transaction Publishers, New Brunswick, (U.S.A.) 184 pages. 9. Consulta De S.E. El Presidente De La República, Sebastián Piñera Echenique, Al Honorable Senado de La República sobre La “Estrategia Nacional De Seguridad Y Defensa” 2012-2024. 10. Ibid. 11. Ibid.12. Pion-Berlin, David (2010) Neither Military Nor Police: Facing Heterodox Security Challengers and Filling the Security Gap in Democratic Latin America. Department of Political Science, University of California, Riverside, Riverside, C. 13. Ibid. 14. Ibid. 15. Bertonha, João Fábio (2012) ¿Seguridad o defensa? Dilemas de las Fuerzas Armadas Latinoamericanas en los comienzos del siglo XXI. 16. Ibid. 17. Ibid. 18. Bartolomé, Mariano Cesar (2006). La seguridad internacional post 11S: contenidos, debates y tendencias. 1ª edición – Buenos Aires: Instituto de Publicaciones Navales.
boa y Ámsterdam, entre otros) hacia una fase de integración y cooperación económica, política, diplomática y militar con los otros países del continente, pero únicamente con aquellos que cumplían los requisitos políticos fundadores. La base de esa construcción de paz fue la derrota del agresor, de la fuerza, de la Alemania de Hitler y de la Italia de Mussolini, primero, y la firmeza ante los desafíos de la URSS durante la Guerra Fría. La paz en ese gran espacio geográfico no fue el resultado de negociar el futuro con los nazi-fascistas derrotados, ni con los soviéticos en pleno auge expansionista. Por el contrario, fue el resultado de perseverar en una línea de resistencia firme durante la Guerra Fría contra las pretensiones del totalitarismo soviético y de renuncia voluntaria, por otra parte, a las viejas prácticas colonialistas de los principales países de Europa Occidental. Los anzuelos del sovietismo fueron muchos y muy hábiles. La URSS exigía el abandono de los Acuerdos de París de 1954, que establecieron la plena soberanía de Alemania Occidental y la adhesión de ésta a la OTAN. Si los países libres europeos hubieran cedido, si hubieran aceptado “negociar la paz” del continente con los agresores, la posibilidad de una Unión Europea defensora de ciertos valores, habría muerto. En 1954, Moscú propuso a las potencias occidentales un “tratado europeo de seguridad colectiva” que consistía en hacer entrar el bloque soviético al bloque atlántico. Moscú quería sacar así a los Estados Unidos de los asuntos europeos. Mediante la propuesta envenenada de una falsa seguridad colectiva, el Kremlin quería paralizar la OTAN para dejarle libre juego a las ambiciones del Pacto de Varsovia. Pero la Europa democrática rechazó esa propuesta. Rehusó abrirle la casa al enemigo. ¿Colombia será capaz de sacar las buenas conclusiones de esos ejemplos históricos? La otra estructura que encuadra hoy a Europa es, precisamente, la OTAN. Esta organización militar es sin duda el resultado de la paz americana. Pues la paz en Europa no fue hecha sólo por los europeos. La hicieron éstos con la ayuda formidable de los norteamericanos y de otros países democráticos del mundo anglosajón. Gracias a la OTAN la paz y el equilibrio inter partes persiste. Ninguna nación europea puede tener ahora una vocación imperial. Francia es la gran potencia nuclear europea y pese a ello no se impone sobre las otras naciones, ni sobre los otros ejércitos. El armamentismo incontrolado, la fuerza y las pretensiones imperialistas de los países europeos, fueron eliminados por el proceso de la construcción europea. La UE es un bloque de paz, pero no es un bloque angelista, ni ofuscado, ni desarmado. Un cierto realismo prima: la suma de los presupuestos de defensa de los países que integran la UE, constituye el segundo renglón de los gastos militares en el mundo. La OTAN es la organización de la seguridad de la UE, pero la OTAN no habría podido subsistir, tras el fin de la Guerra Fría, sin la UE. La paz estuvo siempre amenazada por el bloque soviético. El hecho de haber sido parte del campo vencedor de la segunda guerra mundial explica la duración de ese sistema inviable. Pero con el derrumbe de la URSS, el 25 de diciembre de 1991, desapareció el gran obstáculo para la expansión de la libertad y de la democracia. En 2004 ingresaron a la UE diez nuevos Estados. Ocho de ellos salían del bloque soviético y escapaban a la tutela rusa: Polonia, Hungría, Letonia, Lituania, Estonia, República Checa, Eslovaquia y Eslovenia. Tres años después ingresaron Bulgaria y Rumania. Ucrania no la podido zafarse de la presión rusa. Hoy el Parlamento Europeo representa 500 millones de personas. El 1 de julio de 2013, la UE se convirtió un espacio integrado por 28 países, tras el ingreso de Croacia.
EDUARDO MACKENZIE Periodismosinfronteras.com 1 de julio de 2013
No se puede negociar la paz entregándole la casa al agresor. Sobre todo si éste ha sido vencido política y militarmente. En el campo internacional contemporáneo no hay un sólo proceso de paz durable que indique lo contrario. Veamos el caso más importante que existe hoy en el mundo en materia de negociación y acuerdos de paz. Hablo de la construcción de la Unión Europea. Gracias a ese proceso, las naciones europeas han evitado entrar en guerra con ellas mismas desde 1948. Sin embargo, el Viejo Continente era, en forma recurrente, el teatro de numerosos y devastadores conflictos y mucho antes de la primera guerra mundial. La Unión Europea (28 países) es una construcción de paz por las vías pacíficas, no por la fuerza. La UE son diez tratados que han sido negociados concienzudamente y después suscritos y ratificados por los parlamentos de esos países. La gestación de esa zona de paz y de prosperidad, que hoy
A estas alturas es cada vez más claro lo que dijimos desde un comienzo: por la soberbia y el cinismo de las Farc, y la ingenuidad y la impericia del Gobierno, los diálogos de La Habana están condenados al fracaso. Esto ya lo sabe el Gobierno, lo sabe la guerrilla y lo sospecha buena parte de la opinión pública. Por tanto, su continuación, a sabiendas de que van hacia el fracaso, es una farsa. Por eso se deben suspender. Y condicionar su continuación al cumplimiento, por parte de la guerrilla, de ciertas exigencias. Veamos: Es evidente que para las Farc hay al menos cuatro inamovibles para firmar un acuerdo de paz: la impunidad, la no entrega de armas, el control territorial y la Asamblea Constituyente. Me apresuro a responder a los crédulos que argumentarán que ‘Andrés París’ dijo en estos días que la Constituyente no era un inamovible… para continuar los diálogos, pero lo sigue siendo para firmar un acuerdo de paz. Una cosa es dialogar y otra firmar la paz. Las condiciones para lo uno no son las mismas que para lo otro. No hay que dejarse engañar con los alambicados argumentos de las Farc, leguleyos y retóricos hasta más no poder. Así es que han venido enredando a los ingenuos voceros gubernamentales. Ninguna de esas pretensiones inamovibles de las Farc es aceptable por el país. La impunidad como elemento integrante
hace de Europa la primera potencia comercial mundial, no cayó del cielo, ni fue un regalo de la Guerra Fría, ni de la llamada coexistencia pacífica, ni de la política de bloques. La paz vino de la decisión del grupo occidental de preservar la democracia representativa y la economía de mercado, y de proyectar sus valores hacia el universo entero, sin permitir que las ideas totalitarias comunistas tomaran el mando y desnaturalizaran ese horizonte. Tras el aplastamiento del Tercer Reich y de la condena mundial de la ideología nazi, las potencias europeas decidieron superar sus rivalidades, deponer sus nacionalismos belicosos, liberar sus colonias, unir sus esfuerzos y crear, finalmente, en 1951, una zona de cooperación económica entre dos países, Francia y Alemania, la Comunidad Europea del carbón y del acero (CECA), que se abrió enseguida a otros países. En 1957, con el Tratado de Roma, seis Estados deciden crear el mercado común europeo. La voluntad de construir una Europa de paz siguió su camino y avanzó (tratados de Roma, París, Maastricht, Lis-
Ninguna de las pretensiones inamovibles de las Farc es aceptable por el país
ALFREDO RANGEL Revista Semana 13 de julio de 2013
de un acuerdo de paz es rechazada por la inmensa mayoría de la opinión, además de ser una condición inmoral y totalmente ilegal e inconstitucional. Pero las Farc la exigen, junto con la inimputabilidad por cualquier tipo de delitos, incluidos, obviamente, los de lesa humanidad. Saben que la impunidad es la condición para que sus principales líderes, miembros del Secretariado y de su Estado Mayor, puedan ser elegibles y participar en política. Esto también lo rechaza la opinión pública y lo hace imposible la ley. Lo hemos dicho hasta el cansancio. Ahora parece que hasta el Fiscal General lo reconoce así, en un giro de posición que aplaudimos, al señalar que es “cada vez más lejana la posibilidad de que ellos (los miembros del Secretariado) participen en política”, pues serían responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos durante las últimas décadas. Adicionalmente, es previsible que la Corte Constitucional rechace las opciones
de impunidad contenidas en el Marco Jurídico para la Paz. La no entrega de armas es igualmente una exigencia inaceptable. Si un acuerdo de paz no tiene como consecuencia inmediata el desarme verificable de la guerrilla, que es la garantía tangible de su abandono de la violencia, no tiene ningún sentido desgastarse en unos diálogos de paz. Así también lo ratifica el Fiscal al señalar que “sin desarme no podrá existir solución negociada al conflicto en Colombia”. La pretensión de las Farc de mantener las armas después de la firma de un acuerdo de paz es un disparate inaceptable. El control de territorios por medio de las Zonas de Reserva Campesina es otra exigencia inamovible de las Farc. Pretenden tener allí total autonomía para controlar el territorio y la población, manteniendo las armas en su poder. Los colombianos no aceptamos que el costo de la paz sea la secesión territorial y que el país se balcanice y se divida. La integridad del territorio patrio es una línea roja que no se puede sobrepasar. Pero las Farc impulsan esa bandera secesionista tanto en La
Habana como en Catatumbo, y lo harán en otras regiones del país mediante la manipulación armada de la movilización social. Finalmente, las Farc saben que sus inamovibles, así como sus reformas de corte castrochavistas del Estado y de la economía, no los pueden conseguir en la mesa de La Habana ni por medio de leyes en el Congreso. Para eso necesitan una Asamblea Constituyente manejada por la guerrilla, integrada a dedo y no mediante elecciones abiertas. Que es el elemento central e inamovible de la estrategia de la guerrilla para firmar un acuerdo de paz lo confirman las terminantes palabras de ‘Iván Márquez’ cuando asevera: “La Asamblea Constituyente es nuestra certeza de paz. De ella depende la solución política o la guerra”. Pero el país entero ha cerrado filas en contra de semejante estropicio. Voceros del Gobierno, de los partidos políticos, el Procurador General y hasta el Fiscal General –en otro giro que igual aplaudimos– han negado rotundamente tal posibilidad. Eso es absolutamente inviable. Así las cosas ¿para qué seguir conversando? ¿Para qué continuar ofreciéndoles a las Farc
una tribuna en La Habana? ¿A cuenta de qué permitirles ese protagonismo mediático nacional e internacional? ¿A cambio de qué su reconocimiento como contraparte legítima del Estado para discutir la agenda del país? Tal y como van, esos diálogos son ganancia para la guerrilla y pérdida para el país. Las Farc han ganado un nuevo aire, han obtenido ganancias políticas gratis, a cambio de nada. Esto es un pésimo negocio para el país, que el Gobierno mantiene para distraer a la opinión, mientras las Farc aprovechan la situación. Hay que suspender los diálogos hasta que las Farc acepten que habrá cárcel para delitos de lesa humanidad, que no serán elegibles los condenados por esos delitos, que deben entregar las armas, que no se les dará control territorial y que no habrá Constituyente integrada a dedo. Y volver a dialogar sólo si cesan previamente la violencia contra el Estado y la sociedad.
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Si el problema del país es netamente político
¿Las Fuerzas Armadas a qué jugamos?
Mayor NÉSTOR FAJARDO
Para nadie es un secreto que el problema social, económico, de inseguridad, de justicia, inclusive religioso, de nuestro país, es culpabilidad y responsabilidad de muchos por no decir que de los políticos, que con intenciones infundadas, se dedican a ejercer la política con aprovechamiento económico personal, más aún si vemos los altos salarios que devengan los políticos, sin tener en cuenta los beneficios que ellos mismos se autorizan. De ahí mi pregunta en este titular ¿a qué jugamos las Fuerzas Armadas’ a ser leales, responsables, honestos. Por eso en nuestro juramento a la bandera nos comprometemos a “no abandonar a nuestros jefes superiores y compañeros en acción de guerra ni en ninguna otra ocasión”. Entonces, si analizamos la parte salarial de las Nació paquidérmico e insoluble y así se ha mantenido. Y no es para menos: este proceso lo vimos casi que aparecer a nuestras espaldas; cuando advertimos ya casi estaba en Oslo (Noruega) y luego en La Habana (Cuba) apoyado por Venezuela. El fallecido presidente Chávez fue sin duda su gestor, es decir, el proceso no nació de una voluntad política propia; sino que, aparentemente, su origen y su agenda con la complacencia colombiana nació en el hermano país. El balón del poder solo ha llevado a grandes desesperanzas y por eso muchos colombianos ya no creen en nada y mucho menos después de que los bandidos han dejado pueblos arrasados, familias mutiladas y en la más absoluta pobreza. Nuestros militares y policías no han sido ajenos al problema y por lo mismo han tratado de contener la situación orquestada por los propios políticos de turno. Es-
Fuerzas Armadas, vemos que es un abuso el que se está cometiendo con sus integrantes, inclusive con los que estamos en la Reserva Activa, pues no es difícil entender lo que gana un soldado y sus equivalentes y un general y sus equivalentes. En ambos casos, un soldado está en forma permanente al servicio de la nación y disponible para todo lo que la Constitución le impone, durante los días con sus noches, aparte de ofrendar su vida por sus superiores jerárquicos y por los colombianos, incluidos los políticos sin importar de qué partido sean. Qué decir de un General de la República que entregó su vida a la Patria asumiendo una carga de tanta responsabilidad, pero cumpliendo con seriedad, lealtad, honestidad, ética y sacrificio, para que después de más de treinta años de servicio su pensión no sea justa. Si esto le pasa a un General ¿qué podremos esperar el resto?
Los facinerosos están Actualice imponiendo su propia agenda sus datos
sí quieren conseguir mucho, imponiendo hasta condiciones en materia jurídica, pues ellos nunca han sido narcos, ni secuestradores, ni han violentado a nadie; ellos son unas buenas personas ausentes de crímenes y de toda hostilidad. Han osado decir que hasta la justicia del país es un desastre, que es corrupta, cuando lo que hemos visto es una suma de indultos por sus crímenes con la natural indignación de las víctimas. Es apenas lógico que nadie quiera ver absuelto a un asesino. En definitiva no les sirve ni la impunidad total; solo los alienta llegar al Congreso con la ayuda de Marcha Patriótica, sus movimientos comunistas clandestinos y, por supuesto, formar parte de la Izquierda Internacional (Foro de Sao Paulo, Foro Social Mundial, Alba, China, Corea del Norte, India, Rusia e Irán). Se busca en este proceso llegar hasta una reforma constitucional configurada desde luego a su hechura. Y el Presidente, con sus frases, ha dado cabida a esta posición: “No se puede pedir a las Farc que se arrodillen, se rindan o se entreguen“. Qué nos espera entonces en las negociaciones con las Farc? Presidente: muchos colombianos estamos confundidos así tengamos una brújula en la mano; ella no tiene norte. Presidente: muchos colombianos desconocen acerca del proceso de paz y sus avances. No hay entonces manera de opinar. Presidente: hace días leí una frase de Abraham Lincoln: “Un político puede engañar a unos todo el tiempo y a todos por algún tiempo, pero no logrará engañar a todos, todo el tiempo”. Presidente: Sun Tzu decía que “al principio hay que mostrar la ingenuidad de la doncella, luego será demasiado tarde”. Presidente: la justicia es honradez y valentía. Hacia dónde cree Ud. que va el país con el proceso en La Habana? Hemos avanzado tan poco que estamos en ascuas con el primer punto, y ¿sabe por qué? Simplemente los facinerosos están imponiendo su propia agenda.
Si un político, en el cargo que sea, que no va todos los días a su trabajo; que viaja permanentemente, dentro y fuera del país, con dineros del Estado; que no trabaja ni sábados ni domingos y mucho menos los festivos; que disfruta de varias temporadas de vacaciones en el año, y después de algunos cortos años y en algunos casos en cortos meses que estuvieron remplazando a su colega de turno, quedan con unas pensiones según ellos injusta porque los $15.000.000 que les asignan no cumple lo por ellos esperado. Sin embargo, recordemos que siempre y durante las veinticuatro horas del día han sido custodiados por miembros de las Fuerzas Armadas. No puedo dejar pasar la situación de la justicia colombiana, donde, como reza el refrán “La justicia cojea pero llega” claro que llega, pero con tantos colectivos de abogados con formación de izquierda cuyo objetivo no va
más que la de atacar las Fuerzas Armadas. Qué podemos decir de los comportamientos y conductas antijurídicas de algunos jueces en el momento de dictar las sentencias a los presuntos infractores de la ley en casos como el del Palacio de Justicia, Santo Domingo, Mapiripán y los otros. ¿Fueron emitidos por miedo? ¿Bajo presión? ¿Fueron impuestos? Basta ver las sentencias dictadas en contra de los miembros de las Fuerzas Armadas donde se aplica de todo menos la verdadera justicia. Ahora el pan de cada día son las acusaciones contra las Fuerzas Armadas por la presunta falta de presencia del Estado. Por fortuna la formación que recibimos en las Fuerzas Armadas están llenas de valores morales, éticos, dentro de los cuales no está en ninguno de nosotros el ser golpistas. Pero hoy, ya es hora de revaluar y pensar en el voto de los militares activos, eso sí fortale-
cería la democracia colombiana, así como también es hora de revaluar el significado de “deliberar y libertad de expresión”, pues para los políticos cuando los militares en servicio activo hablan, a ellos no les conviene. Entonces, empiezan los ataques empleando en los medios de comunicación con la famosa frase “Ruido de sables” y luego aparece la destitución de los militares presionada por algunos políticos. Finalmente, quiero aquí resaltar la labor del brigadier general Jaime Ruiz Barrera al frente de nuestra Asociación. Cuántos somos los de las Fuerzas Armadas con nuestras familias y qué podemos hacer todos unidos. Siendo un subalterno suyo, mi General, es primera vez que veo a alguien defendiendo las Fuerzas Armadas de los ataques desmedidos e irracionales de la izquierda, y de todos los ene-migos de las Fuerzas Armadas, con excelentes y contundentes argumentos.
tos prohombres y sus dinastías han llevado a que Colombia ocupe hoy lugares honrosos de corrupción, narcotráfico, pobreza, diferencias sociales y el colapso general, no teniendo fórmula diferente que acudir a una reconciliación con quienes han causado tanto daño a la nación. El Gobierno planteó cinco puntos de negociación, pero eso no ha pasado de ser una diatriba y una situación que se está saliendo de madre, pues los asesinos de marras no quieren responder por nada, pero
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ENTRETENIMIENTO CRUCIGRAMA Horizontales
1. Simple, cándido. Furor, enojo ciego (inv.), 2. Que tiene mucho aparato. 3. Viento violento, muy seco y caluroso que sopla en el Sahara. Prefijo que denota separación. 4. Día y fiesta que sigue a la boda. 5. Limpiar una cosa con líquido. 6. Perteneciente a la nariz. 7. Med., dícese del buen temperamento y constitución de un sujeto (fem.). 8. Vivacidad. 9.Poco común o frecuente. Oculta, esconde. Verticales 1. Dar golpes con bastón. 2. Droga narcótica. Sala donde se enseña en las universidades. 3. Ar., entregar a bulto y sin peso ni medida cosas vendibles. 4. Serón grande y redondo. Geom., porción de curva. 5. Aplacar, sosegar. 6. Murc., adobe. Movimiento convulsivo habitual de ciertos músculos. 7. Amér., tratamiento que se antepone al nombre de un hombre. Que tiene la forma de huevo. 8. Tostada. Óxido de calcio. 9.Fig., reprensión áspera.
Convalidación académica. Validación que el Gobierno va a hacerles a todas las materias cursadas por los miembros de las Farc en la carrera criminal que adelantan en el monte. Esa validación los faculta para ejercer cargos públicos. Legislatura. Periodo de sesiones del Congreso que al principio arranca lento para, al final, pegar unos tremendos ‘carrerones’ que hacen que la legislación no resulte como se esperaba. Tesis de Grado. Trabajo que adelantan los integrantes de las Farc en delitos de lesa humanidad para obtener el grado que los capacitará para desempeñarse a la mayor brevedad en el sector oficial. Contrabando. Nuevo embrollo que, junto con el del hacinamiento en las cárceles, entra a la lista de aquellos que el Estado nunca ha podido resolver, como la corrupción, la inseguridad, la salud, el desempleo, la pésima infraestructura, etc. Diplomado en Impunidad. Curso de corta duración que adelantan los de las Farc en La Habana, con el que pasarán de agache cincuenta años de bellaquerías de toda índole y ellos quedarán capacitados moral y éticamente para orientar, guiar, disciplinar, fiscalizar y juzgar a los colombianos. (Colaboración de Diego Gantiva). Pupitrazo. Golpe sutil que los congresistas le dan a su mesa para aprobar aquellos proyectos de ley que no quieren leer ni saber de qué se tratan. Entrega de las armas. Esfuerzo que no harán las Farc porque se quedarían sin su principal argumento de toda la vida, con el cual han demostrado su capacidad de discernir, debatir, convencer, proponer, resolver problemas, persuadir, gobernar, administrar, delegar, etc. Barras bravas. Las de los camioneros, los cafeteros, los paperos, los del Catatumbo, y otras que tienen alborotada a la tribuna porque el Gobierno no les está jugando limpio. Gol. El que le van a meter las Farc al Gobierno si éste, en la cancha, no cambia sus estrategias de juego ni sus líneas, tanto de defensa como de ataque. Y si no cuenta con un volante que sepa repartir juego. Gol olímpico. El que Nicaragua le metió a Colombia desde la esquina de San Andrés porque el equipo colombiano carecía de defensa y le faltó estrategia de juego y compromiso con sus seguidores, es decir, el pueblo colombiano. Terna arbitral. Formada por el Fiscal, el Procurador, la Contralora y el cuarto árbitro, el Auditor. Esta terna nunca se pone de acuerdo; el central, el Fiscal, no pita sino lo que le parece y no les para bolas a las faltas que señalan el Procurador y la Contralora. El Auditor no aparece. Tarjeta amarilla. La que, según las encuestas, le están sacando a la Reelección. Tarjeta roja. La que le van a sacar a la Reelección si el Gobierno sigue jugando como lo está haciendo. Administración de Justicia. Acción fundamental del Poder Judicial que no tiene nada de administración y tiene muy poco de justicia.
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AJEDREZ # 4
A 8 B C D E F G H
C O L A A M O S
S E R A B A E R I T E T E O B A L S C O A R U T T T I A B A S A F L O R I T O U T A L U D A D O
I R I D I O
L A C O B A T I R
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MY. O. Rivas osrivgut@hotmail.com, oscrivgut@hotmail.com
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Solución al problema No. 3 1). Dxf3 1)… TxD 2). Tg1mate: Si: CxD 2). CxC mate