Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-44153-de-septiembre-18-de-2012?documento=jurcol&contexto=jurcol_cedf6a25789d01c2e0430a01015101c2&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-09-24 04:31:15
Document Index: 41526658

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 75', 'artículo 1', 'artículo 75', 'artículo 36', 'artículo 259', 'artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 36']

﻿ Sentencia 44153 de septiembre 18 de 2012
SENTENCIA 44153 DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2012
CONTENIDO:LA CALIDAD DE TRABAJADOR OFICIAL NO DESAPARECE POR EL CAMBIO DE NATURALEZA DE LA ENTIDAD. LA CALIDAD DE TRABAJADOR OFICIAL NO DESAPARECE POR MOTIVO DEL CAMBIO DE NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD, PUES ESA MUTACIÓN NO TIENE EL MÉRITO DE AFECTAR EL ESCENARIO JURÍDICO, RESPECTO DE LA PENSIÓN DE UN TRABAJADOR QUE COMPLETÓ EL TIEMPO DE SERVICIOS QUE LE ASIGNA LA LEY ANTES DE LA PRIVATIZACIÓN DEL ENTE EMPLEADOR. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE LAS PARTES HUBIERAN COTIZANDO AL I.S.S. PARA EL RIESGO DE IVM, DE MANERA ALGUNA RELEVA EN UN TODO AL EMPLEADOR OFICIAL DE SU OBLIGACIÓN FRENTE AL RÉGIMEN JUBILATORIO PREVISTO EN LAS NORMAS QUE ANTECEDEN A LA EXPEDICIÓN DE LA LEY 100 DE 1993. ES POR ELLO LA ENTIDAD DEMANDADO, SIENDO EL ÚLTIMO EMPLEADOR OFICIAL DEBE RECONOCER Y PAGAR AL PROMOTOR DEL LITIGIO LA PENSIÓN IMPLORADA, COMO LO DISPONE EL ARTÍCULO 75 DEL DECRETO 1848 DE 1969, Y REUNIDOS LOS REQUISITOS PARA LA PENSIÓN DE VEJEZ, ESTARÁ A CARGO DE LA ENTIDAD SÓLO EL MAYOR VALOR SI LO HUBIERA ENTRE AMBAS PENSIONES, CON LO CUAL EN UN CASO COMO EL QUE OCUPA LA ATENCIÓN A LA SALA, LA COEXISTENCIA DE SISTEMAS QUEDA ARMONIZADA
TEMAS ESPECÍFICOS:TRABAJADOR OFICIAL, PRESTACIONES DEL TRABAJADOR OFICIAL, PENSIÓN DE VEJEZ
Sentencia 44153 de septiembre 18 de 2012
Rad. 44153
Como bien se colige, el cargo se orienta a que se determine jurídicamente: a) Que la entidad demandada, por razón de su privatización, no está obligada a asumir el pago de la pensión de jubilación que implora el demandante con base en el régimen de transición, habida cuenta que en sentir del recurrente, al no haberse consolidado el derecho mientras el banco era de naturaleza pública, este apenas tenía una mera expectativa para acceder a una pensión oficial; y b) Que por haber estado afiliado al Instituto de Seguros Sociales y cotizado para los riesgos de IVM, durante la vigencia de la relación laboral, la situación pensional del demandante cambió y por ende se le deben aplicar las normas propias del trabajador particular, esto es, lo reglado por la Ley 90 de 1946, el Acuerdo 224 de 1966 aprobado por el Decreto 3041 de igual año, los decretos 433 de 1971 y 1650 de 1977 y el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, que es la legislación que le da derecho a percibir la pensión de vejez, una vez reúna los requisitos allí señalados.
Ahora, con relación a quién debe ser obligado en estos eventos a reconocer al trabajador oficial su derecho pensional, en sentencia del 29 de julio de 1998, radicada con el número 10803, que se reiteró, entre otras, en la del 20 de octubre de 2009, Radicado 36908 y del 27 de enero del 2010, Radicado 39993, esta corporación puntualizó lo siguiente:
“(...) En consecuencia, es equivocada la hermenéutica y conclusión del ad quem, pues en casos de trabajadores oficiales amparados por la Ley 33 de 1985, afiliados al I.S.S., pero no a una caja o entidad de previsión social, la pensión legal de jubilación contemplada en el artículo 1º de esta Ley, debe ser reconocida y pagada en principio por la última entidad empleadora, como lo dispone el artículo 75 del Decreto 1848 de 1969; pero como tanto el trabajador como el Estado efectuaron los aportes respectivos al ISS, para el seguro de invalidez, vejez y muerte, una vez reunidos los requisitos de edad y cotizaciones estatuidos en los reglamentos del instituto, debe este organismo otorgar la correspondiente pensión de vejez, y desde ese momento en adelante estará a cargo del empleador oficial solo el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión de jubilación primigenia, con sus reajustes, y el monto de la prestación pagada por el seguro social...”.
‘... Empero, ocurre que este caso presenta unas circunstancias diferentes a las del proceso en que se profirió el fallo que se rememora y al que acude el censor para la demostración de los cargos, como lo son que para el 1º de abril de 1994, fecha en que entró en vigencia la ley 100 de 1993, la aquí demandada era una entidad oficial sometida al régimen de la empresas industriales y comerciales del Estado y, por consiguiente, para esa fecha, el actor tenía la condición de trabajador oficial. Y esta situación implicaba, como lo analizó el tribunal, que por darse los presupuestos exigidos por el inciso 2º del artículo 36 de la ley 100 de 1993, este quedó cobijado con el régimen de transición pensional que regula tal precepto, y que en lo pertinente dispone’:
‘La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento al (sic) entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley’”.
“(...) en vigencia de la normatividad precedente a la Ley 100 de 1993, la cual rige para el asunto bajo examen, tratándose de trabajadores oficiales no son aplicables las mismas reglas dirigidas a los particulares, a propósito de la asunción del riesgo de vejez por el ISS, pues si bien los reglamentos del instituto autorizaban la afiliación de servidores públicos vinculados por contrato de trabajo, no se previó en el estatuto pensional de estos (Ver por ejemplo el D. 3135/85) que el sistema del seguro reemplazara absolutamente su régimen jubilatorio, como si aconteció para los particulares en el artículo 259 del Código Sustantivo del Trabajo, y no se contempló por consiguiente una transición del uno al otro, de forma que este régimen jubilatorio subsistió a pesar de la afiliación de los empleados al ISS y, forzosamente, en estos términos, la coexistencia de sistemas debe armonizarse con arreglo a los principios de la seguridad social. Por consiguiente, bajo los parámetros que propone el propio recurrente, emerge legalmente viable la pensión en la forma en que fue reconocida por el tribunal, esto es, a cargo de la entidad obligada, pero con la posibilidad para esta de ser relevada en todo o en parte al iniciarse el pago por el ISS de la pensión de vejez...” (resalta la Sala).
Siguiendo las directrices anteriores, que encajan perfectamente en el presente caso, se concluye que el tribunal interpretó debidamente las disposiciones que se denuncian en el ataque y por lo tanto el cargo no prospera.
Acusa la sentencia impugnada por la vía directa en el concepto de aplicación indebida de el “artículo 36 de la Ley 100 de 1.993, en relación con los artículos 1º de la Ley 33 de 1985, 27 del Decreto 3135 de 1.968 y 68 y 75 del Decreto 1848 de 1969 y la Ley 860 de 2003.”
“En el evento remoto y puramente teórico de considerar esa honorable corporación que el Banco Popular estuviera obligado al reconocimiento de la pensión de jubilación reclamada por el señor Carlos Arturo García Rico, encontrará que no es procedente la actualización del ingreso base de liquidación teniendo en cuenta el IPC, como lo dispuso el tribunal al confirmar en todas sus partes la decisión del juez de conocimiento, confirmación que conlleva lo considerado por aquel respecto de la actualización de este ingreso (...).
Las consideraciones transcritas llevan a concluir que el sentenciador de segunda instancia, al confirmar la decisión del Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Bogotá, aplica indebidamente las disposiciones legales relacionadas en la formulación de este cargo, pues era indispensable tener en cuenta que como el señor Carlos Arturo García Rico se retiró del Banco Popular el 14 de junio de 1993, es decir con anterioridad a la expedición misma de la Ley 100 de 1993, ordenamiento legal que estableció la actualización del ingreso base de liquidación del trabajador para efectos de la determinación de la cuantía de la pensión de jubilación, pues para la determinación del monto de la pensión deberá considerarse el 75% del salario promedio devengado por el trabajador en el último año de servicios, que es lo dispuesto en los artículos 1º de la Ley 33 de 1985 y 75 del Decreto 1848 de 1969.
Se reitera, entonces, que si la pensión reclamada por el señor Carlos Arturo García Rico no es la de las contempladas expresamente en la Ley 100 de 1993, por haberse desvinculado del Banco Popular el 14 de junio de 1993, no podía ser actualizado el ingreso base de liquidación teniendo en cuenta el IPC como lo dispuso el tribunal, al confirmar lo resuelto por el a quo sobre el particular, resultando aplicadas indebidamente las disposiciones legales relacionadas en el cargo”.
La oposición refiere que esta Sala ha declarado procedente la indexación de la primera mesada pensional de las pensiones legales como es la del caso, máxime si se causó en vigencia de la Ley 100 de 1993; al igual que la fórmula utilizada para el efecto; y concluye con algunas observaciones que atacan la técnica del recurso.
Pretende la censura que en el evento de considerarse que la accionada está obligada al reconocimiento de la pensión que se reclama, no es procedente la indexación de la base de la liquidación de la primera mesada, así le enrostra al tribunal como yerro jurídico, la aplicación indebida de las disposiciones legales que integran la proposición jurídica, pretendiendo hacer variar el criterio mayoritario que ha venido sosteniendo esta Sala sobre la actualización del ingreso base de liquidación para efectos de determinar el monto de la primera mesada pensional; y concluye que en casos como este no es procedente la indexación deprecada, pues se trata de una pensión de jubilación de carácter oficial reconocida en los términos de la Ley 33 de 1985, a cargo directo del empleador.
Descendiendo al caso que nos ocupa, al estar encaminado el ataque por la vía directa, quedan incólumes las siguientes conclusiones fácticas del tribunal: que el actor laboró para el ente demandado como trabajador oficial, por más de 20 años en el periodo comprendido entre el 3 de agosto de 1971 y el 14 de junio de 1993, y que cumplió 55 años de edad el 11 de febrero de 2004.
Así las cosas, queda claro que bajo la vigencia tanto de la actual Constitución como de la Ley 100 de 1993, este completó el requisito de la edad —55 años— para adquirir la titularidad del derecho pensional, y por lo tanto al tener también cumplido el tiempo de servicios en el sector oficial, es conforme a tales preceptos que se debe determinar el reajuste del valor inicial de la pensión reconocida.
En consecuencia, al estar el actor cobijado por el fenómeno jurídico de la transición consagrado en el artículo 36 de la ley de seguridad social, se le respetaron tres aspectos: a) la edad para acceder a la prestación, b) el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas y c) el monto porcentual de la pensión, para el caso en un 75% conforme a los artículos 27 del Decreto 3135 de 1968, 73 del Decreto Reglamentario 1848 de 1969 y 1º de la Ley 33 de 1985; empero el ingreso base de liquidación objeto de actualización se regula por la nueva ley arriba citada que consagró esta prerrogativa, y que tiene sustento supralegal en la Constitución Política.
Por consiguiente, procede la actualización reclamada del ingreso base que sirve para liquidar la pensión de jubilación del demandante a que fue condenada la accionada, según la orientación jurisprudencial que ha prevalecido, y en este orden de ideas, el punto objeto de discusión debe ser resuelto a la luz de la regla contenida en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sin que haya lugar a cambiar la actual postura mayoritaria de la Sala.
Costas en el recurso extraordinario a cargo de la parte demandada, toda vez que su demanda de casación no salió avante y tuvo réplica, las cuales se fijan en la suma de seis millones de pesos ($ 6.000.000) M/cte.
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 18 de septiembre de 2009, en el proceso ordinario adelantado por Carlos Arturo García Rico contra el Banco Popular S.A.