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Timestamp: 2017-02-22 16:28:15
Document Index: 334575812

Matched Legal Cases: ['artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 38', 'artículo 8', 'artículo 139', 'artículo 48']

Intensidad y dimensiones del debido proceso by SOCIEDADES - issuu
Intensidad y dimensiones del debido proceso
El presente artículo analiza, a partir de la STC Exp. N° 05487-2013-PA/TC, aspectos relevantes del debido proceso en el marco del fenómeno de la constitucionalización. Asimismo,
se determinará si el debido proceso se presenta de la misma manera o con la misma intensidad en todos los procesos o en todas las materias, como en el proceso penal, en el procedimiento administrativo y en los procedimientos disciplinarios de particulares.
ii PALABRAS CLAVE
Debido proceso corporativo / Eficacia horizontal /
Conflicto inter privatos / Principio de irradiación
Recibido : 13/01/2017
Aprobado : 18/01/2017
A los entes particulares, a pesar de haberse
constituido libremente por un pacto social
y encontrarse regidos por un estatuto, les es
exigible la observancia del debido proceso en
algunas relaciones, exigencia que se conoce
como el debido proceso inter privatos o debido proceso corporativo o debido proceso en
sede corporativa particular.
Precisamente, en el caso Exalmar se presentan algunas particularidades interesantes que
serán expuestas dentro de un marco teórico general en el cual desarrollaremos temas
como los derechos fundamentales en un Estado constitucional de Derecho, el fenómeno
de la constitucionalización de los derechos, el
efecto irradiador de los derechos fundamentales, las dimensiones del debido proceso, la
Magíster en Derecho Empresarial por la Universidad de Lima. Doctora en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Docente en la UNMSM en pregrado y postgrado, y en la Universidad de Lima. Ex juez civil de la Corte Superior de Justicia de Lima. Fiscal Superior Civil del Distrito Fiscal del
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J. María Elena GUERRA CERRÓN*
intensidad del debido proceso, las personas
jurídicas-asociaciones, el pacto social y el
1. En un proceso de amparo, Exalmar S.A.
pide la declaración de nulidad del acuerdo
adoptado por el Consejo Directivo, en sesión
de fecha 15/02/2012 que aprobó su exclusión
de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP),
y que, se disponga su reincorporación. Alega
afectación al debido proceso por dos razones
a)	Se ha vulnerado el principio de tipicidad.
-	Un grupo de empresas suscribió el
“Acuerdo institucional para combatir
las medidas judiciales que ordenan indebidamente el otorgamiento de derechos administrativos para la pesca industrial de anchoveta” (el acuerdo), de
fecha 17/11/2010 y se comprometieron a no adquirir o descargar la pesca de las embarcaciones de armadores
que hubieran obtenido derechos administrativos como consecuencia de procedimientos judiciales indebidos o que
resulten contrarios al ordenamiento
pesquero. Quienes incumplieran dicho
acuerdo serían sancionadas con la pérdida de la calidad de asociada, tipificada en el literal e) del artículo 12 del
Estatuto Social, previo procedimiento
-	Si bien el Consejo Directivo de la SNP
le informó que habían detectado descargas en su establecimiento industrial
pesquero de las embarcaciones Jamil y
Pontevedra, las cuales se encontraban
asociadas con una embarcación que figura en la lista de “embarcaciones pesqueras agrupadas a las embarcaciones
con mandato judicial 2006-2011”, lo
cierto es que cumplió con precisar que
Jamil y Pontevedra no integraban dicha
lista. A pesar de ello, la SNP inició un
procedimiento sancionador y dispuso
su exclusión por el supuesto incumplimiento del acuerdo institucional.
-	La conducta proscrita (descargar pesca de embarcaciones que hayan obtenido derechos administrativos como consecuencia de procedimientos judiciales
indebidos) no figura en el Código de
Conducta de la SNP como supuesto de
infracción grave sancionable con la exclusión; y, si bien este supuesto es recogido en el acuerdo institucional, su
formulación incurre en imprecisiones
que generan falta de certidumbre en su
-	La SNP pretende extender el ámbito de
aplicación de la norma sancionatoria
–el cual se restringe al supuesto de
contratación con empresas asociadas a
aquellas que hayan obtenido derechos
administrativos como consecuencia de
procedimientos judiciales indebidos–
al caso de contratación con empresas
simplemente agrupadas por cuestiones
comerciales (Jamil y Pontevedra agrupadas a la embarcación Bibaco 24, que
cuenta con un permiso de pesca obtenido judicialmente).
b)	El ente que formuló la propuesta de sanción no es competente
-	La SNP no respetó la competencia del
órgano habilitado para formular la propuesta de sanción, lo que es contrario
a lo establecido en el artículo 12.e del
Estatuto de la SNP.
-	No existió un acuerdo previo del Comité Ejecutivo que recomiende la sanción
de exclusión al Consejo Directivo. Se
permitió la participación indebida del
Comité de Ética, que finalmente propuso dicha exclusión.
2. La Sociedad Nacional de Pesquería (SNP)
contesta la demanda y señala lo siguiente:
a)	El acuerdo tenía por objeto adoptar medidas prácticas para desalentar a empresas
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y personas en el uso de un esquema irregular para obtener autorizaciones de pesca mediante resoluciones judiciales de
cuestionable origen, y que desconocen
las disposiciones establecidas por la ley
sobre límites máximos de captura por
b)	Conforme al acuerdo, las empresas integrantes de la SNP se comprometían a no
asociar sus embarcaciones con aquellas
que hubieran obtenido derechos administrativos como consecuencia de procesos
judiciales indebidos, y a no adquirir o descargar la pesca de tales embarcaciones;
supuesto que se extiende a las embarcaciones que se hubiesen asociado con estas,
para lo cual se ha tomado como referencia
la lista de “Embarcaciones Pesqueras con
Mandato Judicial (2006-2010)” de la página web del Ministerio de Producción, y
c)	Luego de un año de implementado el
acuerdo, la SNP tomó conocimiento que
Exalmar S.A. aceptó descargas de las embarcaciones Pontevedra y Jamil, que operaban asociadas a la embarcación Bibaco
24, la cual ampara sus actividades en derechos derivados de una resolución judicial y se encuentra incluida en la referida
lista de embarcaciones con mandato judicial del Ministerio de Producción.
d)	Exalmar S.A. reconoció su falta en repetidas ocasiones, pero continuó incumpliendo sistemáticamente el acuerdo durante el
mes de enero. La demandante ha aceptado
su responsabilidad en los hechos que merecieron la sanción impuesta.
3. El Sétimo Juzgado Constitucional de
Lima declaró fundada la demanda, por estimar que se afectó el subprincipio de tipicidad en la definición de la conducta que se
iba a sancionar.
4. La Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la
demanda por no existir vulneración del debido proceso, en atención a lo siguiente:
a)	El acuerdo institucional es uno vinculante
y en él se detalla la conducta prohibida y
b)	Por vía electrónica, desde el 30/11/2011,
se remitió a la demandante la relación de
las embarcaciones asociadas o agrupadas que habían obtenido derechos administrativos como consecuencia de procedimientos judiciales indebidos, de modo
que tuvo conocimiento de que las embarcaciones Jamil y Pontevedra se encontraban dentro de la relación precitada.
5. Delimitación del problema por el Tribunal
a)	En cuanto al principio de tipicidad, evaluar si la falta que se imputa a la demandante y la sanción aplicada resultan lesivas o no de este principio y determinar el
nivel de precisión de la disposición.
b)	Determinar si el ente que propuso la sanción es el competente, y actuó de acuerdo
con las normas estatutarias de la sociedad
6. Se declaró infundada la demanda.
7. Hay dos votos de los magistrados Sardón
de Taboada y Espinosa-Saldaña Barreda.
1.	El Estado constitucional de
Debería ser suficiente hablar de Estado de
Derecho como marco axiológico, garantía de
libertad, de estabilidad y seguridad jurídicas;
sin embargo, la historia demostró que este se
llegó a convertir en un concepto puramente organizativo y procedimental. “Se verifica así una instrumentalización de esta categoría que pierde de vista las raíces históricas
del concepto, cuya razón de ser se asentaba
en la protección y efectiva realización de los
de los tribunales adminisderechos fundamentales”1.
trativos y órganos colegiaEn este contexto, a decir
de Víctor García Toma: La vinculatoriedad de la Cons- dos de preferir la Cons“La consolidación de la titución se proyecta no solo titución a la ley, es decir
jurisdicción constitucional en las relaciones entre par- de realizar el control difuso –dimensión objetiva–,
dentro de los sistemas juticulares con el Estado, sino forma parte del contenido
rídicos políticos implicará
la culminación del proce- también a aquellas estable- constitucional protegido
so de desarrollo del Esta- cidas entre particulares.
del administrado al debido
do de Derecho. Este perioproceso y a la tutela prodo se gesta a lo largo de
cesal ante los tribunales administrativos –ditodo el siglo XX. Dicho proceso conllevará
mensión subjetiva–”3.
a que el principio de legalidad, al que ya se
encontraba sujeto el Estado desde los inicios
Lo que se busca es dar efectividad al texto
del constitucionalismo moderno, se vea suconstitucional, ya que actualmente “no es mapraordinado por el principio de constitucioteria de debate o controversia que la Consti2
nalidad” .
tución sea considerada como la norma jurídiAsí, se produjo un cambio cualitativo en el
ca suprema, jurisdiccionalmente aplicable, y
Estado de Derecho, y se impuso el Estado
que garantice la limitación del poder para aseconstitucional de Derecho, en el que se progurar que este, en cuanto se deriva del pueclaman valores para la protección integral y
blo, no se imponga inevitablemente sobre la
efectiva de los derechos fundamentales, las licondición libre de los propios ciudadanos.
bertades individuales y políticas consagradas
En tanto norma jurídica, la Constitución poen las constituciones de los Estados.
see en la actualidad un contenido dispositivo
compuesto por valores, principios y derechos
Ciertamente, la “incidencia de los derechos
fundamentales capaz de vincular a todo poder
fundamentales en el Estado constitucional
público, a los particulares y a la sociedad en
implica, por otra parte, un redimensionasu conjunto”4.
miento del antiguo principio de legalidad en
A raíz de este imperio de la Constitución es
sede administrativa, forjado en el siglo XIX
que se presenta con fuerza el fenómeno de la
en un etapa propia del Estado liberal. Si antes
constitucionalización de los derechos.
la eficacia y el respeto de los derechos fundamentales se realizaba en el ámbito de la ley,
2.	Los derechos fundamentales y el
en el Estado constitucional, la legitimidad de
las leyes se evalúa en función de su conformiLos
derechos fundamentales son los derechos
dad con la Constitución y los derechos fundahumanos o universales que han sido incorpomentales que ella reconoce. Por eso mismo,
rados en las cartas políticas de los Estados.
es pertinente señalar que el derecho y el deber
1	MARTÍNEZ ALARCÓN, María Luz. La independencia judicial. Cuadernos y debates. N° 159, Centro de Estudios
prácticos y constitucionales, Madrid, 2004, p. 55.
2	GARCÍA TOMA, Víctor. Teoría del Estado y Derecho Constitucional. Segunda edición actualizada, Palestra, Lima,
2008, p. 152.
3	STC Exp. N° 03741-2004-AA/TC, 14/11/2005, f. j. 11.
4	STC Exp. N° 00012-2006-PI/TC, 15/12/2006.
Esta afirmación no quiere decir que solo califican como derechos fundamentales aquellos
incorporados, ya que, sea cual fuere el derecho que se vincula directa o indirectamente
con un derecho humano, tendrá que ser reconocido y protegido. Por ejemplo, en nuestra
Constitución Política, en el artículo 2 se enumeran 24 derechos de la persona, sin embargo en el artículo 3, que suele sumillarse como
derechos constitucionales numerus apertus
o simplemente amplitud de derechos se señala expresamente que: “La enumeración de
los derechos establecidos en este capítulo no
excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se
fundan en la dignidad del hombre, o en los
principios de soberanía del pueblo, del Estado
democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno”, además que tener en cuenta que el Tribunal Constitucional es su rol de
“máximo intérprete” de la Carta Fundamental
también reconoce derechos fundamentales en
sus sentencias las que quedan incorporadas en
virtud a lo señalado por artículo 3.
teoría de la siguiente manera: si bien originalmente los derechos fundamentales son aquellos que se exigen frente al Estado y en las
relaciones entre particulares, tratándose directa o indirectamente de derechos humanos,
de derechos reconocidos en disposiciones supranacionales, en normas fundamentales y en
sentencias jurisdiccionales, al materializarse
en un sistema objetivo de valores constitucionales, no hay espacio en el ordenamiento
nacional en el cual pueda alegarse exclusión,
por más que se trate de un ámbito o sector
especial o autónomo. Es así como se explica
que la concepción originaria haya evolucionado hasta la afirmación de la influencia de
los derechos fundamentales en las relaciones
entre particulares. El tercer efecto puede ser
entendido como el efecto erga omnes, el efecto expansivo de los derechos fundamentales
frente a terceros o la eficacia horizontal de
los derechos fundamentales, reconociéndose
una eficacia directa y también una indirecta;
y de todo ello es que también surge el efecto
Si nos referimos a un derecho humano, de
seguro nadie dudará que todos nos debemos
a su respeto, protección y realización, pero
cuando la referencia es a un derecho fundamental, entonces se pueden presentar matices
en cuanto a su vinculación y efectos en los diferentes ordenamientos jurídicos. Para evitar
aquello que consideramos una posible “zona
gris entre un derecho humano y un derecho
fundamental” se ha construido una doctrina
o teoría por la que se reconoce un efecto horizontal de los derechos fundamentales, con
lo que queda establecido que no existe ámbito en la sociedad que pueda estar exento del
deber de garantizar y proteger los derechos
Es esta la teoría acogida por nuestro Tribunal Constitucional como lo ilustramos a
Para explicar este efecto horizontal vamos a
recurrir a la teoría o doctrina alemana de la
drittwirkung der grundrechte, donde drittwirkung puede ser traducido como tercer
efecto, y grundrecht significa derecho fundamental. En nuestros términos, explicamos esta
a)	En el Expediente N° 00976-2001-AA/TC,
Huánuco, de fecha 13/03/2003:
“[E]sta eficacia horizontal de los derechos fundamentales en las relaciones
entre privados se deriva del concepto
de Constitución como Ley Fundamental de la Sociedad, que en nuestro ordenamiento se encuentra plasmado a través del artículo 1 de la Constitución de
1993, que pone énfasis en señalar que
‘La defensa de la persona humana y el
respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado’.
Se trata, además, de una consecuencia
que se deriva, en todos sus alcances,
del propio artículo 38 de la Constitución, según el cual ‘Todos los peruanos tienen el deber (...) de respetar,
cumplir (...) la Constitución (...)’. Con
dicho precepto constitucional se establece que la vinculatoriedad de la
Constitución se proyecta erga omnes,
no solo al ámbito de las relaciones entre los particulares con el Estado, sino
también a aquellas establecidas entre
particulares. De manera que la fuerza
normativa de la Constitución, su fuerza activa y pasiva, así como su fuerza
reguladora de las relaciones jurídicas,
se proyecta también a las establecidas
entre particulares, por lo que cualquier
acto proveniente de una persona natural o persona jurídica de derecho privado, que pretenda conculcarlos o desconocerlos, deviene inexorablemente en
En suma, pues, los derechos constitucionales informan y se irradian por todos
los sectores del ordenamiento jurídico
(...)”5.
b)	En el Expediente Nº 00607-2009-PA/TC,
Lima, 15/03/2010:
“Como este Colegiado ha tenido ocasión de precisar en diversas oportunidades, la presencia o el ejercicio de un
derecho fundamental en el orden privado no hace perder al mismo la calidad de tal, ni mucho menos su eficacia
normativa o fuerza vinculante. Así, este
Tribunal ha apreciado que:
‘La dignidad de la persona trae
así consigo la proyección universal, frente a todo tipo de destinatario, de los derechos fundamentales, de modo que no hay ámbito
social que se exima de su efecto normativo y regulador, pues
de haber alguno, por excepcional
que fuese, significaría negar el
valor normativo del mismo principio de dignidad. En consecuencia, los derechos fundamentales
vinculan, detentan fuerza regulatoria en las relaciones jurídicas
de derecho privado, lo cual implica que las normas estatutarias de
las entidades privadas y los actos de sus órganos deben guardar
plena conformidad con la Constitución y, en particular, con los derechos fundamentales’.
4. La eficacia de los derechos
fundamentales frente a particulares cobra, por otro lado, especial sentido en un contexto donde
la presencia e importancia de la
empresa privada en la vida económica y social del país es cada
vez mayor, lo cual puede generar,
además de grandes beneficios en
atención al progreso material, serios peligros en el ejercicio de
determinados derechos iusfundamentales (…)”6.
El efecto irradiación de derechos fundamentales es el complemento del carácter horizontal de los derechos fundamentales, y se explica por cuanto los derechos fundamentales
cual rayos de luz atraviesan todos los ámbitos, se difunden y se transmiten. Al ser objeto
de tutela general (universal), ninguna persona, ya sea persona natural o jurídica pública o
privada, está exenta del respeto efectivo a los
3.	El debido proceso
Si buscamos una definición común y general de proceso vamos a encontrar que se trata
de un conjunto de fases sucesivas para un fin.
5	Fundamento 5. Se recomienda leer la sentencia completa en: <http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/009762001-AA.html>. El énfasis es propio.
6	El énfasis es propio.
Ahora, si queremos una definición particular
de proceso entonces tendremos que recurrir a
la materia que nos interese, y así habrán definiciones de proceso de gestión, proceso informático, proceso médico o proceso judicial,
entre otros, y de seguro a partir de cada uno
de ellos habrán diferencias y particularidades,
como en el proceso judicial en el que tenemos proceso civil (conocimiento, abreviado y
sumarísimo), el proceso único de ejecución,
proceso penal o proceso contencioso-administrativo por citar algunos.
El proceso es una forma y es un medio para
alcanzar un fin, el proceso no es importante
en sí mismo, lo es por su utilidad para alcanzar un resultado o una finalidad deseada. Si
bien se trata de alcanzar el resultado deseado,
no se trata de realizarlo de acuerdo al libre albedrío; por el contrario, hay un imperativo de
hacerlo en orden, respetando los protocolos,
los niveles de mando y autoridad, los procedimientos, las técnicas, o las reglas o directivas, así como los términos y plazos, de acuerdo a la naturaleza de cada proceso.
Solo a manera de comparación, traemos el
ejemplo del ISO 9000, que es un conjunto de normas sobre calidad y gestión de calidad, establecidas por la Organización Internacional de Normalización (ISO)7. Estas pueden
ser aplicadas a cualquier organización o actividad de producción de bienes o servicios. Especialmente, en las normas ISO 9000, se destaca la importancia de identificar los procesos
necesarios en un sistema de gestión de calidad para permitir que la organización cumpla
con los requisitos de los productos y aplicarlos con este fin. Lo que se busca es identificar, comprender y gestionar los procesos y el
modo en que se correlacionan entre sí. A su
vez, las normas ISO 9001 introducen el concepto de enfoque basado en procesos. Cualquier profesional de los Sistemas de Gestión
de la Calidad debe conocer que un proceso es
un conjunto de actividades que están interrelacionadas y que pueden interactuar entre sí.
Los procesos constan de elementos de entrada y salida, los cuales pueden ser tangibles o
intangibles. Los clientes y partes interesadas
que tengan necesidades y expectativas en los
procesos, son los que definirán los resultados
que requiere un determinado proceso. Cualquier resultado debería ser analizado para poder determinar si existe necesidad de aplicar
algún tipo de acción correctiva o de mejora.
Los procesos deben servir para aportar valor
a una organización, además deben estar alineados con los objetivos, alcance y grado de
Si bien las normas ISO han sido diseñadas
para las empresas, y no son vinculantes o supervisadas por alguna autoridad administrativa, su observancia es exigible de parte de
algunos clientes quienes condicionan la adquisición de bienes y servicios al cumplimiento de los procesos establecidos. Para estos clientes existirá un “debido proceso” y se
verificará este con el control de calidad del
Este comentario de las normas ISO nos sirve
para destacar que el término proceso –que es
un conjunto de fases sucesivas y ordenadas
con el fin de lograr un producto o servicio, o
simplemente un resultado determinado– no es
solo una categoría jurídica, ya que sirve y es
usado en cualquier ámbito, circunstancia, materia o disciplina.
Entonces, en cualquier ámbito, la manera
adecuada o apropiada de hacer o desarrollar
el proceso viene a constituir una garantía para
alcanzar la finalidad deseada, solo así se tratará del proceso debido o adecuado (apropiado,
apto, conveniente, oportuno). Si trasladamos
estas afirmaciones al ámbito jurisdiccional nos daremos cuenta de que no distan de
ISO, <http://www.iso.org/iso/home.html, 20/12/2016>.
la realidad judicial ya que todas las personas
tienen derecho a una forma, a un trámite o desarrollo de las etapas o procedimientos en un
proceso con garantías mínimas, especialmente cuando se atribuya a una persona una conducta no regular, o un deber, entre otros.
4.	¿Es el debido proceso un derecho
Cuando se hace referencia al debido proceso, por lo general se señala que se trata de un
derecho; sin embargo, para nosotros, se trata de una garantía; y, por ello, queremos establecer la diferencia entre derecho y garantía.
Mientras que el derecho importa una atribución, la garantía es el medio para la realización de esa atribución, esto es, que la materialización de los derechos se asegura con las
garantías. Del proceso se dice que es el instrumento para la realización de los derechos, sin
embargo este proceso debe seguirse con ciertas garantías mínimas, lo que constituye un
De la revisión de normas supranacionales,
como por ejemplo la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, encontramos que
en el artículo 8 se regulan las “Garantías Judiciales” y se establece en el numeral 1 que
toda persona tiene derecho a ser oída, con las
debidas garantías, y en el numeral 2 se señala que toda persona inculpada de delito tiene
derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, con garantías
Pues bien, esas garantías judiciales y garantías mínimas no son otra cosa que el debido
proceso. Toda persona tiene el derecho a acudir a un órgano jurisdiccional y que su causa se siga en un proceso, pero además este
8	9	proceso debe tramitarse respetando garantías
mínimas que tienen su origen en el due process of law, que se resume en la comunicación de la conducta atribuida y el derecho a
ser oído que no es otra cosa que el derecho a
Nuestro Tribunal Constitucional señala de
manera indistinta que el debido proceso es
un derecho fundamental, pero también ha señalado que se trata del derecho fundamental al debido proceso, como a continuación
a)	“(…) el debido proceso es un derecho fundamental de naturaleza procesal con alcances genéricos, tanto en lo que respecta
a los ámbitos sobre los que se aplica como
en lo que atañe a las dimensiones sobre las
que se extiende (…)”8.
b)	“El derecho fundamental al debido proceso, tal como ha sido señalado por este
Tribunal en reiterada jurisprudencia, es
un derecho –por así decirlo– continente puesto que comprende, a su vez, diversos derechos fundamentales de orden procesal. A este respecto, se ha afirmado que:
‘(...) su contenido constitucionalmente
protegido comprende una serie de garantías, formales y materiales, de muy distinta naturaleza, que en conjunto garantizan
que el procedimiento o proceso en el cual
se encuentre inmerso una persona, se realice y concluya con el necesario respeto y
protección de todos los derechos que en él
puedan encontrarse comprendidos’ (STC
Exp. N° 07289-2005-PA/TC, f. j. 5)”9.
En esta oportunidad el Tribunal Constitucional si bien señala que el debido proceso es un derecho continente reconoce que
se trata de una garantía o conjunto de garantías formales y materiales. Es posible
STC Exp. N° 03075-2006-PA/TC, 29/08/2006, f. j. 4.
STC Exp. N° 03433-2013-PA/TC, 18/03/204, f. j. 3.
que la consideración del debido proceso
como derecho haya partido de la lectura
del artículo 139, numeral 3, de la Constitución Política, puesto que la sumilla de
este artículo es “Principios y derechos de
la función jurisdiccional” y en el numeral 3 se señale: “La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional”, y se
considere que se trata de un derecho, pero
léase bien, que hay un deber para la magistratura de “observar el debido proceso”
lo que constituye para las personas naturales y jurídicas un derecho a que se observe
el debido respeto, eso es que se tramite de
acuerdo a las garantías.
El proceso no es un derecho, tampoco es un
derecho el debido proceso. El debido proceso
es una garantía procesal o procedimental, por
lo tanto lo correcto es referirse al derecho fundamental al debido proceso, lo que equivale
a decir el derecho fundamental a la garantía
del debido proceso. Consideramos relevante esta distinción, puesto que a partir de esta
concepción, el proceso como herramienta al
servicio de los derechos sustanciales pierde
consistencia: no se le asigna un fin por sí mismo, sino para realizar el derecho que viene a
consolidar10.
5.	El efecto irradiación del debido
Si el derecho al debido proceso es un derecho fundamental y si existe una horizontalidad y efecto irradiación de los derechos fundamentales, entonces igual efecto o atributo
hay en el debido proceso. Así ya ha sido señalado en reiteradas oportunidades por el Tribunal Constitucional:
“[Q]ueda claro que dicho atributo desborda la órbita estrictamente judicial para involucrarse o extenderse en otros campos
como el administrativo, el corporativo
particular, el parlamentario, el castrense,
entre muchos otros, dando lugar a que en
cada caso o respecto de cada ámbito pueda hablarse de un debido proceso jurisdiccional, de un debido proceso administrativo, de un debido proceso corporativo
particular, de un debido proceso parlamentario, etc. (...)”11.
6.	Dimensiones del debido proceso
Por la fuerza del fenómeno de la
constitucionalización de los derechos, no hay
espacio que pueda considerarse exento del
control constitucional. Efectivamente, hoy no
se puede resolver una causa si no se tiene en
cuenta el criterio jurisprudencial constitucional, y ello ha producido como principal efecto
una transformación en el sentido de las decisiones acerca de los derechos, de cómo interpretar y de cómo razonar.
Hoy, además de la dimensión procesal o formal del debido proceso, se reconoce también
un debido proceso material o sustancial. Resulta que “(...) la obligación de los estados
de respetar un debido proceso no se limita a
una faceta procesal sino también sustantiva.
En efecto cuando nos referimos a un debido
proceso, comprendemos tanto el denominado debido proceso sustantivo como el debido proceso procesal (…) En el primer caso
nos referimos a un estándar o patrón de justicia mínimo que debe ser observado por el
operador de justicia (sea este un funcionario, juez etc.); vale decir, apunta a establecer
10	GOZAINI, Oswaldo. Derecho Procesal Constitucional. El debido proceso. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2004, p. 25.
11	Expediente N° 3075-2006-PA/TC, 29/08/2006 .
b)	[S]in perjuicio de esta
ciertos límites a la discredimensión procesal, el
cionalidad del magistrado
Tribunal Constitucioa la hora de aplicar el dere- El proceso no es un derenal ha reconocido en
cho y administrar justicia, cho, tampoco es un derecho
este derecho una dino pudiendo interpretar y el debido proceso. El debido
mensión sustancial, de
aplicar las normas de cualproceso es un derecho funmodo tal que el juez
quier manera (…) Y es que
el debido proceso sustanti- damental a la garantía del
constitucional está levo exige que ‘exista cierta debido proceso.
gitimado para evasustancial y razonable relaluar la razonabilidad y
ción entre la ley y la seguproporcionalidad de las
ridad, salubridad, moralidad y bienestar, etc.,
decisiones judiciales. De ahí que este Code la población (...). En el segundo caso estalegiado haya señalado, en anteriores promos ante un conjunto de requisitos y garannunciamientos, que el derecho al debido
tías procedimentales mínimas que aseguren
proceso en su faz sustantiva ‘se relaciona
un resultado justo del proceso (…)’”12.
con todos los estándares de justicia como
son la razonabilidad y proporcionalidad
En los siguientes fragmentos del Tribunal
que toda decisión judicial debe suponer’
Constitucional se explica con precisión las
(STC Exp. N° 09727-2005-HC/TC, f. j. 7).
a)	“[L]as dimensiones del debido proceso no
solo responden a ingredientes formales o
procedimentales, sino que se manifiestan
en elementos de connotación sustantiva
o material, lo que supone que su evaluación no solo repara en las reglas esenciales con las que se tramita un proceso (juez
natural, procedimiento preestablecido, derecho de defensa, motivación resolutoria,
instancia plural, cosa juzgada, etc.) sino
que también, y con mayor rigor, se orienta
a la preservación de los estándares o criterios de justicia sustentables de toda decisión (juicio de razonabilidad, juicio de
proporcionalidad, interdicción de la arbitrariedad, etc.). Así las cosas, el debido
proceso es un derecho de estructura compleja, cuyos alcances corresponde precisar a la luz de los ámbitos o dimensiones
en cada caso comprometidas”13.
3.3.3) Dicho lo anterior y atendiendo
al petitorio de la demanda, se procederá a analizar si, en el caso concreto, se
ha producido algún tipo de afectación
del derecho fundamental al debido proceso alegado por el recurrente, que en
su dimensión procesal comprende, entre otros, el derecho a la motivación de
las resoluciones judiciales y, en su dimensión sustantiva, supone que toda
decisión judicial debe ser razonable y
proporcional”14.
c)	“Como este Colegiado ha tenido oportunidad de señalar mediante uniforme y
reiterada jurisprudencia, el debido proceso es un derecho fundamental de naturaleza procesal con alcances genéricos, tanto en lo que respecta a los ámbitos sobre
los que se aplica como en lo que atañe a
las dimensiones sobre las que se extiende.
12	NOVAK, Fabián y NAMIHAS, Sandra. Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Manual para magistrados y auxiliares de justicia. Academia de la Magistratura, Lima, 2004, p. 240 (el énfasis es propio).
13	Expediente N° 3075-2006-PA/TC.
14	Expediente N° 03433-2013-PA/TC, f. j. 3, 18/03/2014.
Con relación a lo primero, queda claro
que dicho atributo desborda la órbita estrictamente judicial para involucrarse o
extenderse en otros campos como el administrativo, el corporativo particular, el
parlamentario, el castrense, entre muchos
otros, dando lugar a que en cada caso o
respecto de cada ámbito pueda hablarse
de un debido proceso jurisdiccional, de un
debido proceso administrativo, de un debido proceso corporativo particular, de un
debido proceso parlamentario, etc. Por lo
que respecta a lo segundo, y como ha sido
puesto de relieve en innumerables ocasiones, las dimensiones del debido proceso
no solo responden a ingredientes formales o procedimentales, sino que se manifiestan en elementos de connotación sustantiva o material, lo que supone que su
evaluación no solo repara en las reglas
esenciales con las que se tramita un proceso (juez natural, procedimiento preestablecido, derecho de defensa, motivación
resolutoria, instancia plural, cosa juzgada, etc.) sino que también, y con mayor rigor, se orienta a la preservación de los estándares o criterios de justicia sustentables
de toda decisión (juicio de razonabilidad,
juicio de proporcionalidad, interdicción
de la arbitrariedad, etc.). Así las cosas, el
debido proceso es un derecho de estructura compleja, cuyos alcances corresponde precisar a la luz de los ámbitos o dimensiones en cada caso comprometidas.
Como ya se anticipó, en el caso de autos,
se trata de un reclamo por la transgresión
al debido proceso en sede administrativa,
no solo en el ámbito formal sino también
sustantivo. Corresponde, por tanto, a este
Colegiado emitir pronunciamiento respecto de ambos extremos invocados”15.
d)	En la sentencia bajo comentario en el fundamento 4 se sigue el criterio (STC Exp.
Nº 03075-2006-PA/TC, f. j. 4) expuesto
precedentemente respecto a las dimensiones del debido proceso.
Aun cuando existen pronunciamientos del
Tribunal Constitucional en los cuales se reconocen las dos dimensiones o facetas expuestas, el tema no es nada pacífico y lo verificamos con los votos en esta causa del
magistrado Espinoza-Saldaña Barreda y Sardón de Taboada.
Del voto del magistrado Sardón de Taboada
- Se aparta del fundamento 4 de la sentencia:
“4. El Tribunal Constitucional ha dejado sentado, en uniforme y reiterada jurisprudencia, que el debido proceso es un
derecho fundamental de naturaleza procesal y estructura compleja, cuyos alcances corresponde precisar a la luz de
los ámbitos o dimensiones en cada caso
comprometidas (STC Exp. Nº 030752006-PA/TC, f. j. 4). En cuanto a los ámbitos en los que se manifiesta, queda claro que dicho atributo desborda la órbita
estrictamente judicial, y su observancia
resulta exigible en otros campos como
el administrativo, parlamentario, castrense, corporativo particular, entre otros. De
otro lado, respecto a las dimensiones del
debido proceso, se ha reconocido que su
esenciales con las que se tramita un proceso (juez natural, procedimiento preestablecido, derecho de defensa, motivación resolutoria, instancia plural, cosa
juzgada, etc.), sino que también, y con
mayor rigor, se orienta a la preservación
de los estándares o criterios de justicia
que sustentan una decisión (juicio de razonabilidad, juicio de proporcionalidad,
interdicción de la arbitrariedad, etc.)”.
-	Señala el magistrado, en resumen, lo
15	STC Exp. N° 03075-2006-PA/TC, 29/08/2006, f. j. 4.
a)	El derecho constitucional (no dice fundamental) al debido proceso tiene naturaleza procesal y contenidos complejos,
pues alberga en su seno un conjunto de
derechos que deben ser respetados en
las sedes judiciales, administrativas, arbitrales e incluso corporativas.
en aquellos criterios clásicos de interpretación normativa (literal, teleológico, sistemático e histórico), sino que abarquen,
entre otros elementos, una serie de principios que informan la labor hermenéutica del juez constitucional. Tales principios son (…).
b)	El derecho al debido proceso no debiera cobijar los criterios de justicia,
juicios de razonabilidad, proporcionalidad, etc., porque ello significaría
otorgar carta libre a la justicia constitucional para decidir sobre el fondo de
cualquier controversia.
c)	El principio de corrección funcional:
Este principio exige al juez constitucional que, al realizar su labor de interpretación, no desvirtúe las funciones
y competencias que el Constituyente
ha asignado a cada uno de los órganos
constitucionales, de modo tal que el
equilibrio inherente al Estado Constitucional, como presupuesto del respeto
de los derechos fundamentales, se encuentre plenamente garantizado (...)”16.
c)	De admitir tales criterios, se rompería
con el principio de corrección funcional y con el marco de competencias,
atribuciones y libertades que la Constitución Política otorga al Poder Judicial,
al Poder Ejecutivo y a los particulares.
d)	La justicia constitucional debe servir
como corrector procesal o procedimental de lo actuado en dichas sedes.
Para una mejor comprensión de este voto
recurrimos a la STC Exp. N° 05854-2005PA/TC, Piura, del 18/11/2005, en la que se
explica el principio de corrección funcional
“4. Principios de interpretación constitucional
12. Reconocida la naturaleza jurídica de
la Constitución del Estado, debe reconocerse también la posibilidad de que sea
objeto de interpretación. No obstante,
la particular estructura normativa de sus
disposiciones que, a diferencia de la gran
mayoría de las leyes, no responden en su
aplicación a la lógica subsuntiva (supuesto normativo –subsunción del hecho–
consecuencia), exige que los métodos de
interpretación constitucional no se agoten
En conclusión para el magistrado Sardón de
Taboada no debe admitirse la dimensión sustantiva del debido proceso ya que ello significaría un desconocimiento de las atribuciones
constitucionales y roles de los diferentes órganos del Estado.
Del voto del magistrado Espinosa-Saldaña
-	Respecto a la dimensión sustantiva extraemos las siguientes precisiones:
a)	El tema de la configuración en abstracto del acuerdo y su aparente inobservancia de la presunción de constitucionalidad de los actos jurisdiccionales
no ha sido objeto de la demanda, pero
ameritaría en el futuro un pronunciamiento por parte del Tribunal.
b)	Los miembros de la SNP parten de
comprender que toda medida cautelar obtenida a favor de embarcaciones
sería irregular, lo cual es inexacto y,
en algunos casos, posiblemente injusto. En principio, las resoluciones del
16	El énfasis es propio.
Poder Judicial, sean
cautelares o no, nacen con una presunción iuris tantum de legalidad y
debiéndose,
bien, acreditar su
El efecto irradiación de los
derechos fundamentales, no
es un ‘efecto cascada’ donde
la tutela se extiende ‘automáticamente’, ello lejos de garantizar la seguridad jurídica
puede afectarla.
c)	Las
algunas restricciones a la libertad de
contratación, siempre que las mismas
sean razonables y no afecten derechos
d)	El acuerdo no ha sido discutido, pues
de hecho es suscrito por todas las partes. Ejercer el control sobre actos de
particulares en este extremo excedería
el respeto a una congruencia con lo solicitado, sin que por cierto se advierta
una situación de gravedad que habilite
una intervención más intensa en las decisiones de la referida asociación.
De estas afirmaciones entendemos que se admite la dimensión sustantiva del debido proceso, es más se hace una apreciación de los
alcances del contenido del acuerdo (norma
entre particulares); sin embargo, como no ha
sido invocada o demandada su invalidez –por
el principio de congruencia– no se ingresa a
7.	Intensidad del debido proceso en
No cabe duda de la importancia y relevancia
del debido proceso, más aún con el fenómeno de la constitucionalización de los derechos
y como garantía de la seguridad jurídica; sin
embargo, es igualmente importante cuidar la
razonabilidad de las garantías en función a los
contextos, materias o procesos. El efecto irradiación que subyace a los derechos fundamentales, no equivale a un “efecto cascada” donde la tutela se extiende “automáticamente” sin
diferenciaciones, ello lejos
jurídica puede afectarla.
Explicamos este “efecto
cascada” en el caso de una
invocación general o genérica de la vulneración del
debido proceso, alegándose una serie de argumentos que salen de un cajón
de sastre, ello con el objeto de perseguir la nulidad de un acto procesal o de todo un proceso. Es cuando el debido
proceso forma parte de la cultura de la forma por la forma (formalismo), y simplemente se omite realizar el análisis objetivo de la
alegada vulneración y sin una correcta evaluación, se llega inevitablemente a la declaración de nulidad.
Bien se puede ponderar la trascendencia de
la afectación que se invoca, y la naturaleza
del proceso o procedimiento ya sea que se trate, por ejemplo, de un proceso penal, un procedimiento disciplinario administrativo o un
procedimiento disciplinario particular. Como
ha sido señalado por el Tribunal Constitucional, “(…) sin ánimo de proponer una definición, conviene precisar que el objeto del
es investigar y, de ser el caso, sancionar supuestas infracciones cometidas como consecuencia de una conducta ilegal por parte de
los administrados. Si bien la potestad de dictar sanciones administrativas al igual que la
potestad de imponer sanciones penales, derivan del ius puniendi del Estado, no pueden
equipararse ambas, dado que no solo las sanciones penales son distintas a las administrativas, sino que los fines en cada caso son distintos (reeducación y reinserción social en
el caso de las sanciones penales y represiva
en el caso de las administrativas). A ello hay
que agregar que en el caso del derecho administrativo sancionador, la intervención jurisdiccional es posterior, a través del proceso
contencioso-administrativo o del proceso de
amparo, según corresponda”17.
Como complemento a lo expuesto, nos es
muy útil lo señalado por el magistrado Espinosa-Saldaña Barreda en su voto en la causa
“5. Ahora bien, y tal como sucede respecto de los procedimientos administrativos,
los mecanismos de control político o las
evaluaciones éticas, si bien existe tutela de derechos fundamentales, y en específico, del debido proceso en todos estos
ámbitos, la intensidad con la que se materializan los diferentes derechos no necesariamente es la misma.
denominación social, se integran generalmente por una pluralidad de individuos, y
se rigen por reglas internas, de acuerdo a las
cuales se forma su voluntad. Junto a las personas físicas existen dichas personas jurídicas, que son entidades a las que el derecho
atribuye y reconoce una personalidad jurídica propia y en consecuencia, capacidad para
actuar como sujetos de derecho, esto es, capacidad para adquirir y poseer bienes de toda
clase para contraer obligaciones y ejercitar
acciones judiciales”19.
8.	Personas jurídicas y asociaciones
Como realización del derecho de asociatividad, las personas pueden crear o constituir,
entre otros una asociación que es una agrupación permanente que “(...) se plasma en
una estructura organizativa que los correspondientes estatutos concretarán en virtud del
correspondiente pacto asociativo. En tal sentido, toda asociación civil, por principio, se
encuentra sometida a su propio régimen estatutario, el cual regula su funcionamiento, y
establece los derechos y obligaciones de sus
asociados; sin embargo, ello no las dispensa
de observar un estricto respeto del derecho
constitucional del debido proceso, sea en sus
manifestaciones de derecho de defensa, doble
instancia, motivación resolutoria u otro atributo fundamental, debiéndolo incorporar a la
naturaleza especial del proceso particular que
hubiesen establecido, a efectos de garantizar
un adecuado ejercicio de la facultad sancionadora que poseen”20.
Las personas jurídicas son “(…) sujetos ideales, cuya personalidad nace de instituciones jurídicas que permiten su creación de
acuerdo a determinadas reglas, sea que tengan fines económicos o puramente civiles.
Las personas jurídicas tienen un nombre o
Respecto a las asociaciones, en los artículos 81 y 82 del Código Civil se regula sobre
el estatuto y su contenido; y, entre otros, la
general de asociados, consejo directivo y demás órganos de la asociación; las condiciones
Debe atenderse, entonces, a la naturaleza
jurídica de cada espacio para consolidar
niveles de protección eficientes y eficaces, que sin dejar de lado el reconocimiento y tutela de un debido proceso, respeten
los contenidos y márgenes de las instituciones y sus derechos involucrados”18.
Entonces queda claro que el contenido de la garantía del debido proceso no es único, su exigibilidad estará en función del tipo de proceso,
del derecho que se invoca y según la materia,
por lo tanto este es el enfoque que se tiene que
seguir para analizar los argumentos de quienes denuncian vulneración del debido proceso.
17	18	19	20	STC Exp. N° 01873-2009-PA/TC, 03/09/2010, f. j. 11 (el énfasis es propio).
El énfasis es propio.
Casación N° 2821-2005 Lima, publicada el 3 de octubre del 2006 (el énfasis es propio).
STC Exp. N° 01461-2004-AA/TC, 23/06/2004 (Jorge Américo Peña Dioses con Asociación de Vehículos Menores
Motokar Pineda).
para la admisión, renuncia y exclusión de sus
miembros y los derechos y deberes de los
asociados, siendo que la asamblea general es
el órgano supremo de la asociación.
Los acuerdos en asamblea general pueden ser
impugnados judicialmente por los asociados,
cuando estos violen las disposiciones legales
o estatutarias, dentro de los plazos previstos
Cuando se habla de pacto social y estatuto
puede tratarse de una sociedad o una asociación civil, contexto en el cual destacamos el
principio de pacta sunt servanda, que establece que lo pactado entre los celebrantes debe
9.	Pacto social y estatuto
Si bien, el negocio jurídico o contrato son reconocidos constitucionalmente como fuerza generadora de normas jurídicas, se acepta que la experiencia jurídica no solamente es
regida por normas legales de carácter genérico, sino también por normas particulares e
Del pacto social que contiene el estatuto, se
puede decir que se trata de “(…) un ordenamiento permanente particular que, a pesar de
su origen contractual, es como una ley especial vigente para esta, que los socios, presentes
y futuros, están obligados a observar y que regula la acción social, incluso frente a terceros.
Este ordenamiento especial está, naturalmente, subordinado al ordenamiento general que
el Estado prevé para todas las sociedades en
general y para determinados tipos de sociedades, sobre todo para los tipos más complejos,
con disposiciones de carácter inderogable”21.
Precisamente por el sometimiento a un marco jurídico general, es que el efecto irradiación de debido proceso alcanza a las relaciones entre privados, explicándose claramente
“[N]o es argumento válido para desestimar la presente demanda, el empleado por
el Club emplazado, que sostuvo que ‘la
sanción adoptada por la Junta Calificadora y de Disciplina en el caso del demandante respondió a los estatutos del Club
(...) y que es meridianamente claro que ese
proceso (disciplinario) no puede ser considerado bajo las formalidades propias de
un juicio o procedimiento judicial’, lo que
no parece aceptable, por cuanto el respeto de las garantías del debido proceso,
no puede soslayarse, de modo que también son de aplicación en cualquier clase de proceso o procedimiento disciplinario privado, como el desarrollado por el
Club demandado22; que si bien, en consecuencia, no se privó al demandante de
todo derecho de defensa, tampoco se le
brindaron las garantías constitucionales
del caso”23.
10.	De los acuerdos institucionales
Como un efecto de la asociatividad, del establecimiento de reglas internas en sede corporativa particular y del principio pacta sunt
servanda, los asociados pueden realizar
acuerdos que los vinculen. Esa exigibilidad
entre las partes es por efecto de la autonomía
de la voluntad que “(...) se refiere a la capacidad residual que permite a las personas regular sus intereses y relaciones coexistenciales de conformidad con su propia voluntad.
21	BRUNETTI, BRUNETTI, Antonio. Sociedades Mercantiles. Tomo 2, Sociedad anónima, Editorial Jurídica Universitaria, Ciudad de México, 2002, pp. 315 y 316, citando a Salandre, p. 316.
22	El resaltado es nuestro.
23	STC Exp. N° 067-93-AA/TC, Lima, 12/12/1996 (Pedro Arnillas Gamio-Club de Regatas Lima).
Es la expresión de la volición, tendente a la
creación de una norma jurídica con interés
particular”24.
Claro está que en tanto estos acuerdos no se
opongan al pacto social, estatuto, leyes de la
materia y el marco constitucional, son exigibles entre los socios.
11.	Intensidad y doble dimensión del
debido proceso corporativo
En cuanto a la intensidad, ha sido ya expuesto que esta no será la misma en todos los procesos de tutela de derechos fundamentales, ya
que “(...) la delimitación del contenido de los
referidos derechos no puede prescindir de las
circunstancias de hecho que rodean cada caso
concreto. En efecto, si bien es cierto que el análisis armónico y sistemático de las disposiciones constitucionales, así como la revisión de la
jurisprudencia nos van a proporcionar un concepto del derecho fundamental del que se trate, este análisis se encontrará incompleto si es
que se prescinde de los hechos que caracterizan
cada caso y lo distinguen de otros, pues el contenido de todo derecho fundamental no es posible determinarlo en forma general o abstracta
–de modo que pueda tener validez para todos
los casos, al igual que sucede con las fórmulas
matemáticas­–, sino que deberá fijarse a la luz
de cada caso, teniendo en cuenta las particulares circunstancias que rodean el mismo”25.
En lo que se refiere a la doble dimensión, en
general hay ideas encontradas, por un lado se
admite y así lo ha hecho el Tribunal Constitucional, sin embargo –teniendo en cuenta la
diferenciación en la intensidad por la naturaleza de los proceso– bien podría decirse que
en el ámbito privado no debe admitirse el debido proceso sustancial. Como lo hemos expuesto anteriormente en el fundamento de los
votos de dos magistrados del Tribunal Constitucional, uno de ellos niega la dimensión sustantiva porque ello significaría desconocer
(romper con el principio de corrección funcional) las competencias, atribuciones y libertades del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y de los particulares y el otro magistrado,
más bien brinda una apreciación sobre la validez del acuerdo y su contenido, pero como
no ha sido objeto de la demanda, por respeto al principio de congruencia, no procede un
En cuanto a nuestra posición, esta es por la
completa tutela de los derechos fundamentales, ya sea en su dimensión formal como
también en la dimensión sustantiva solo que
reiteramos que hay que evitar el cajón de sastre y por el contrario delimitar con precisión
el contexto y el ámbito de la tutela de tales
III.	ARGUMENTOS DE SOLUCIÓN DE
1.	Del principio de tipicidad
a)	La conducta atribuida a Exalmar S.A. es
que se detectó hasta 38 descargas en sus
establecimientos pesqueros industriales
de Chimbote y del Callao de las embarcaciones Jamil y Pontevedra, las que se encontraban asociadas a una embarcación
que contaba con una medida judicial (Bibaco 24), lo que fue informado mediante 6
comunicaciones a dicha empresa. Tanto la
conducta prohibida como la sanción han
sido establecidas en el “Acuerdo Institucional para combatir las medidas judiciales que ordenan indebidamente el otorgamiento de derechos administrativos para
la pesca industrial de anchoveta”.
24	STC Exp. N° 047-2004-AI/TC, Lima, 24/04/2006, f. j. 44.
25	STC Exp. N° 00023-2005-PI/TC, 27/10/2006, f. j. 46 (el énfasis es propio).
b)	La conducta atribuiacordó que el caso sea
da no está prevista en
evaluado por el Comité de
el Código de Conduc- Hay que evitar el ‘cajón de Ética. El artículo 48 del
ta de la SNP, pero sí sastre’ y por el contrario de- mismo Estatuto en su inlo está en el “Acuer- limitar con precisión el con- ciso 1) refiere que es una
do Institucional para
atribución del Comité de
combatir las medidas texto y el ámbito de la tutela Ética:
judiciales que ordenan de tales derechos.
“1. Velar por el cumpliindebidamente el otormiento del Código de
gamiento de derechos
Conducta y proponer las sancioadministrativos para la pesca industrial de
nes al Consejo Directivo para su
anchoveta” de fecha 17/11/2010.
c)	Las empresas que suscribieron voluntad)	El Comité de Ética puede proponer la
riamente el acuerdo se comprometieron a
sanción de exclusión cuando se evidenno incurrir en una serie de actividades escie la afectación del Código de Conductablecidas como prohibidas y acordaron
ta el cual, en su artículo tercero, estala expulsión como sanción a su eventual
blece las infracciones graves que serán
sancionables al amparo de dicho Código,
d)	En el acuerdo establecieron las acciones
sin perjuicio del establecimiento de nueprohibidas y estas son respetuosas del
vas infracciones, como ocurrió en el caso
principio de taxatividad ya que su finaliExalmar a través del acuerdo.
dad se desprende con meridiana claridad.
e)	El Comité Ejecutivo cumplió con recoe)	El Tribunal Constitucional no comparte la
mendar al Consejo Directivo la suspensión
distinción que propone la demandante enpor seis meses de la empresa demandante,
tre empresas “asociadas” y “agrupadas”.
así como su exclusión definitiva y automática en caso de nuevo incumplimiento.
2.	De la competencia para proponer
la sanción de exclusión
a)	El demandante alegó que no existió un
acuerdo previo del Comité Ejecutivo que
recomiende la sanción de exclusión al
Consejo Directivo, sino que, además, se
permitió la participación indebida del Comité de Ética.
b)	El Tribunal Constitucional interpreta de
manera conjunta los artículos 12 y 31 del
estatuto de la SNP, y establece que es competencia del Consejo Directivo, a propuesta del Comité Ejecutivo, decidir sobre los
casos de exclusión de socios, en particular
en el supuesto considerado en el inciso e)
del primero de dichos dispositivos.
c)	El Comité Ejecutivo acordó elevar los casos al Consejo Directivo, quien a su vez,
f)	El Consejo Directivo de la SNP hizo suya
la recomendación formulada por el Comité de Ética en sesión del 15 de febrero, por
lo que se excluye a Exalmar de la Sociedad Nacional de Pesquería por tener intereses contrarios a aquella.
Teniendo en cuenta el marco teórico general previo que hemos desarrollado afirmamos
nuestra coincidencia con la solución en este
caso concreto. Como ha sido decidido por el
Tribunal Constitucional “(...) la sanción impuesta se ha dado dentro de un procedimiento en sede corporativa particular en el que se
han respetado los derechos de la empresa demandante –en tanto esta tuvo conocimiento
de los actos que se le imputaban, así como
de las incidencias del procedimiento seguido en su contra de forma oportuna– y en el
que dicha sanción fue impuesta por el órgano
competente; en consecuencia (…) la sanción
aplicada a la demandante resulta legítima en
tanto ha sido respetuosa de las garantías que
derivan de su derecho al debido proceso inter privatos”.
En cuanto a la intensidad de la garantía del
debido proceso, esta no es la misma en todos
los procesos, por ello es deber de los magistrados delimitar el ámbito de tutela de los derechos fundamentales y su naturaleza.
Por la reconocida intensidad y necesidad de
diferenciación de ámbitos, la revisión a partir
de una doble dimensión del debido proceso
no debe ser la regla general, porque ello efectivamente iría en contra del principio de corrección funcional, y también la autonomía de
la voluntad y la libertad; sin embargo, en este
último caso, no debe olvidarse que la obligatoriedad de las normas particulares “(…) no
se deriva de la voluntad de los socios, no por
las adhesiones iniciales, ni por las posteriores,
ni por las modificaciones estatutarias, por lo
que su origen ha de buscarse en su naturaleza
de normas de derecho objetivo (…)”26 , entonces en ciertos casos sí será necesario revisar la dimensión sustantiva.
•	BRUNETTI, BRUNETTI, Antonio. Sociedades Mercantiles. Tomo 2, Sociedad
anónima, Jurídica Universitaria, México,
•	GARCÍA TOMA, Víctor. Teoría del Estado y Derecho Constitucional. Segunda
edición, Palestra, Lima, 2008.
•	GOZAINI, Oswaldo. Derecho Procesal
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•	MARTÍNEZ ALARCÓN, María Luz. La
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•	NOVAK, Fabián y NAMIHAS, Sandra.
Humanos, Manual para magistrados y
auxiliares de justicia. Academia de la Magistratura, Lima, 2004.
26	BRUNETTI, BRUNETTI, Antonio. Ob. cit., pp. 315 y 316, citando a Scorza, p. 316.