Source: https://corte-suprema-justicia.vlex.com.co/vid/691918049
Timestamp: 2020-07-08 07:38:20
Document Index: 275289674

Matched Legal Cases: ['artículo 228', 'artículo 407', 'artículo 405', 'artículo 228', 'artículo 2', 'artículo 21', 'artículo 15', 'artículo 17', 'artículo 11']

Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 42706 de 10 de Agosto de 2016 - Jurisprudencia - VLEX 691918049
Número de Proceso: 42706
Número de Providencia: SP11143-2016
Delitos: Calumnia
Fuente formal: Constitución Política de Colombia de 1991 art. 2, 15, 21, 29 y 230 / Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polìticos art. 14, 15 y 17 / "Convención Americana sobre Derechos Humanos. art. 8, 9 y 11 / Ley 599 de 2000 art. 10, 221 y 228 / Ley 890 de 2004 art. 114
(Aprobado Acta No. 243).
B.D.C., agosto diez (10) de dos mil dieciséis (2016)
Derrotado el proyecto presentado por el Magistrado E.F.C., se pronuncia la Sala sobre la eventual violación de garantías fundamentales en el proceso seguido contra E.B.V., condenado como autor del delito de calumnia.
En el juicio que por los delitos de estafa y falsedad se adelantó ante la Juez Quinta Penal del Circuito de Descongestión de Bogotá contra el abogado E.B.V., en la sesión del 28 de abril de 2006, éste le atrbuyó a L.G.N.R., apoderado de la parte civil, haber comprado a la Juez 28 Penal del Circuito de la misma ciudad, funcionaria que conoció inicialmente del proceso. El debate fue suspendido por la Juez, dado que el ánimo irritado del procesado impidió su cabal desarrollo y dejó constancia de tal vicisitud en la correspondiente acta, precisando que aquél en el curso del juicio lanzó “expresiones infundadas” y “atrevidas” en su contra.
El 21 de junio siguiente, E.B. recusó mediante escrito a la juez, aduciendo que ella estaba “actuando conforme a los caprichos de la Parte Civil”, como se colige de la referida “constancia parcializada e ilegal”, además de que había surgido una enemistad grave hacia él, probada, según el recusante, porque “la Parte Civil ha hecho una afirmación gravísima que dice que tiene el fallo arreglado”.
El 28 de abril de 2006 el abogado que representaba la parte civil en el mencionado juicio formuló querella contra BONILLA VENTE por los sucesos ocurridos en esa fecha. Luego de varios aplazamientos, el 14 de septiembre de 2010, ante el Juez 56 Penal Municipal de control de garantías de Bogotá se realizó audiencia en la cual E.B. fue declarado contumaz y la Fiscalía imputó el delito de calumnia.
Presentado el escrito de acusación el 12 de octubre siguiente, se realizó la correspondiente audiencia el 19 de diciembre de 2011 en el Juzgado 15 Penal Municipal de Bogotá, en la cual la Fiscalía lo acusó como autor del mismo punible.
Surtida la fase del juicio, el 17 de junio de 2012 el Juez 15 Penal Municipal con funciones de conocimiento absolvió al acusado. La Fiscalía y la víctima apelaron ese pronunciamiento y el Tribunal Superior de Bogotá, a través de la sentencia recurrida en casación por la defensa, dictada el 12 de septiembre de 2013, la revocó y, en su lugar, condenó a E.B. a 24 meses de prisión, multa de 225,71 salarios mínimos mensuales legales vigentes, inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la pena privativa de la libertad y prohibición del ejercicio de la profesión de abogado por 39 meses, como autor del delito de calumnia objeto de acusación. Le fue concedida la condena de ejecución condicional.
Mediante auto del 26 de noviembre de 2014 esta Sala inadmitió la demanda de casación y en la misma providencia dispuso que una vez agotado el trámite del mecanismo de insistencia (el cual no prosperó), las diligencias debían regresar para decidir acerca de la eventual “infracción al principio de legalidad de los delitos y de las penas, al haberse proferido una condena por una calumnia ocurrida en actuación judicial, conducta que de acuerdo con el artículo 228 de la Ley 599 de 2000 puede no constituir delito”.
No se trató de simples injurias expresadas por litigantes en los estrados judiciales. Por el contrario, las expresiones del procesado al abogado L.G.N. confirman la imputación de un delito de cohecho, en la modalidad de dar u ofrecer (artículo 407 Ley 599 de 2000) por haber “comprado” a la juez, es decir, por haberle entregado dinero u otra utilidad a cambio de favorecer los intereses que representaba, proceder que también involucra a dicha funcionaria al inculparle el delito de cohecho propio por realizar un acto contrario a sus deberes oficiales (artículo 405 ídem).
La taxatividad de los tipos penales, principio de tipicidad o de legalidad estricta, es una garantía que obliga tanto al legislador como al funcionario judicial y se deriva de axiomas universales, tales como, “no hay delito sin ley previa que lo defina”; “no hay lugar a pena sin ley anterior que la defina”; “corresponde a la ley establecer el juez natural del caso”; “sólo se puede imponer una sanción luego de un juicio legal”, también reconocidos en tratados internacionales vinculantes en virtud del Bloque de Constitucionalidad, como por ejemplo, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 14 y 15)[1] y la Convención Americana de Derechos Humanos (artículos 8 y 9)[2], los cuales incluyen normas que se refieren en general a las garantías judiciales, la preexistencia de la ley y sus respectivas sanciones, el derecho al juez natural y el debido proceso[3].
Como en el auto inadmisorio de la demanda de casación del 26 de noviembre de 2014 esta S. ordenó que una vez surtido el mecanismo de insistencia, se debería verificar la posible “infracción al principio de legalidad de los delitos y de las penas, al haberse proferido una condena por una calumnia ocurrida en actuación judicial, conducta que de acuerdo con el artículo 228 de la Ley 599 de 2000 puede no constituir delito”, resulta de singular importancia constatar las diferencias esenciales entre los delitos de injuria y calumnia, pues respecto del primero opera para las injurias entre litigantes la indemnidad reglada en la citada norma.
La injuria y la calumnia son delitos que atentan contra el bien jurídico de la integridad moral. Imputar hechos delictivos falsos concretos, a sabiendas de que no son ciertos, es calumniar, mientras que hacer imputaciones o afirmaciones deshonrosas indeterminadas, o enrostrar condiciones de inferioridad, aunque sean verdaderas, es injuriar[4].
En los debates del proyecto que finalmente dio lugar a la expedición de la Ley 599 de 2000, respecto de las pretensiones de algunos sectores orientadas a desprisionalizar los delitos de injuria y calumnia, de modo que únicamente tuvieran pena pecuniaria, se adujo que tales posturas son “apartadas del contexto constitucional que califica la honra como derecho fundamental y objeto de especial garantía a la persona por parte del Estado” (artículos 2º y 21), pues dada “la intensidad de la guerra verbal que en nuestro país se vive, hace aconsejable mantener la pena privativa de la libertad. Lo anterior especialmente, por cuanto por razones políticas, publicitarias y otras, sería muy rentable injuriar y calumniar, para posteriormente, por la vía de la oblación, extinguir la punición sin consecuencias de ningún tipo en el ámbito de la prevención general y especial”[5].
Los delitos de injuria y calumnia protegen derechos fundamentales reconocidos en disposiciones constitucionales, en este sentido el artículo 2 señala que “las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades”. El artículo 21 establece que “Se garantiza el derecho a la honra. La ley señalará la forma de su protección”. Por su parte, el artículo 15 dispone que “Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar”. También se encuentran reconocidos en instrumentos internacionales tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 17) y la Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 11).
El derecho fundamental a la integridad moral es “inherente a la persona misma en tanto el hombre es el valor supremo de la Nación constituida como Estado. Su protección se funda en el respeto a la dignidad humana cualidad intangible del ser humano y por tanto no susceptible de ser desplazada por...
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de casación civil y agraria nº T 1100112030002009-01762-00 de 9 de Octubre de 2009