Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2003-02529-38439-de-marzo-15-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_51110069c70d429e82bbd30361be677a&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-08-21 00:49:06
Document Index: 167936423

Matched Legal Cases: ['artículo 136', 'artículo 136', 'artículo 140', 'in dubio', 'artículo 2', 'artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 47', 'artículo 47', 'artículo 115', 'artículo 37', 'Artículo 65', 'artículo 60', 'Artículo 47']

﻿ SENTENCIA 2003-02529/38439 DE MARZO 15 DE 2017
SENTENCIA 2003-02529 DE 15 DE MARZO DE 2017
CONTENIDO:ESTADO ES RESPONSABLE PATRIMONIALMENTE POR EL DETERIORO MATERIAL DE UNA AERONAVE AL NO NOTIFICAR AL PROPIETARIO DE LA AERONAVE. SE PRECISA POR PARTE DE LA SALA QUE LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD O PÉRDIDA DE CHANCE COMO MODALIDAD DEL CHANCE DEL DAÑO A REPARAR, CONSISTE EN REMITIR AL CÁLCULO DE PROBABILIDADES, EN LA MEDIDA EN QUE SE REFIEREN A UN TERRITORIO UBICABLE ENTRE LO ACTUAL Y LO FUTURO, ENTRE LO HIPOTÉTICO Y LO SEGURO O ENTRE LO CIERTO Y LO INCIERTO. EN ESE ORDEN DE IDEAS, LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD ALUDE A TODOS AQUELLOS EVENTOS EN LOS CUALES UNA PERSONA SE ENCONTRABA EN SITUACIÓN DE PODER CONSEGUIR PROVECHO, DE OBTENER UNA GANANCIA O BENEFICIO O DE EVITAR LA PÉRDIDA, PERO ELLO FUE DEFINITIVAMENTE IMPEDIDO, POR CONSIGUIENTE LA INCERTIDUMBRE DE SABER SI EL EFECTO BENEFICIOSO SE HABRÍA PRODUCIDO, O NO, PERO AL MISMO TIEMPO DA LUGAR A LA CERTEZA CONSISTENTE EN QUE SE HA CERCENADO DE MODO IRREVERSIBLE UNA EXPECTATIVA O UNA PROBABILIDAD DE VENTAJA PATRIMONIAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, AERONAVE, MEDIDAS CAUTELARES SOBRE AERONAVE, PROPIEDAD DE AERONAVE, PERENCIÓN DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, PROCEDENCIA DE LA PERENCIÓN DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, DERECHOS SOBRE LA AERONAVE
Sentencia 2003-02529 de marzo 15 de 2017
Radicación: 250002326000200302529 01 (38439)
Actor: Sociedad Fajardo Sandoval y Cía Ltda. y otros
Temas: Incautación de aeronave. Deterioro material del bien incautado. Falla del servicio por error judicial. Obligaciones del depositario. Daño emergente por privación del uso y goce de bien decomisado. Ausencia de prueba del lucro cesante.
La Sala es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 10 de diciembre de 2009, en proceso con vocación de doble instancia ante esta Corporación, pues la mayor pretensión que se estimó en la demanda supera los quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes exigidos para la fecha de interposición del recurso (Ley 954 de 2005)(26).
De conformidad con lo previsto en el artículo 136 del C.C.A., la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente “del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos”.
En el presente asunto, advierte la Sala que la demanda se interpuso dentro de los dos (2) años que establece el numeral 8 del artículo 136 del C.C.A.
En efecto, la responsabilidad administrativa que se demanda tuvo origen en dos hechos dañosos, a saber, la incautación de la avioneta identificada con matrícula HK2085W —acto que tuvo lugar en un proceso penal, razón por la cual el daño antijurídico sólo podía surgir con la providencia que resolviera de manera definitiva sobre la ausencia de justificación de la medida(27)— y la avería de dicha aeronave –—daño que sólo podía ser advertido por la parte demandante con la devolución del bien—.
Con respecto a la medida de incautación, se advierte que su levantamiento definitivo se verificó en virtud de lo dispuesto por el Juzgado Penal del Circuito de Leticia al ordenar que el bien aeronáutico fuera devuelto a su titular, mediante auto del 28 de junio de 2002, el cual cobró ejecutoria el 9 de julio del mismo año(28).
La devolución se efectuó en diligencia practicada por juez comisionado, durante los días 23 y 30 de agosto de 2002(29), en la ciudad de Bogotá. En la primera de las indicadas sesiones, el representante legal de la sociedad demandante y su apoderado judicial advirtieron el deterioro del aparato, al manifestar que lo recibían con sus piezas incompletas y dañadas(30), tanto las que se encontraban en los hangares de la empresa Tressa Ltda como los que se hallaban en un taller de la localidad de Fontibón, mientras que en la reanudación de la diligencia, el 30 de agosto de 2002, se hizo entrega de las restantes piezas, las cuales habían sido llevadas a otro taller, ubicado en el Aeropuerto El Dorado de la capital de la República(31).
Partiendo de las indicadas fechas se advierte que, frente a cada uno de los daños referidos en el libelo, los cuales, se reitera, consistieron en la incautación de la aeronave y su posterior deterioro, el término de caducidad habría de finalizar el 10 de julio y el 31 de agosto del año 2004, respectivamente. Luego, comoquiera que la demanda se interpuso el 10 de diciembre de 2003(32), se impone concluir que fue instaurada oportunamente.
2.3. El objeto de debate en el recurso de apelación
Como quedó señalado anteriormente, el fallo apelado declaró la falta de legitimación en la causa por activa de los demandantes Orlando Fajardo Robles, Luz Marina Sandoval Rojas, Aura María Fajardo Sandoval y Laura Isabel Fajardo Sandoval. De igual manera declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Fiscalía General de la Nación por no haber sido demandada en el proceso y denegó las pretensiones de la demanda por considerar que las demás entidades vinculadas a la parte pasiva, no estaban llamadas a responder por el daño alegado en el libelo.
El mecanismo de alzada fue interpuesto únicamente por la parte demandante, quien insistió en que se declarara en sentencia la responsabilidad patrimonial de la Nación – Rama Judicial, la Dirección Nacional de Estupefacientes y el Departamento del Amazonas y guardó silencio sobre los demás aspectos decididos por el a quo.
Por lo tanto, aun cuando el auto admisorio de la demanda fue notificado a la Fiscalía General de la Nación y está demostrado —como se verá— que esta entidad intervino en los hechos que dieron origen al presente proceso, la Sala no se pronunciará sobre su responsabilidad, ya que la misma no fue pretendida por la parte actora al incoar la acción judicial ni en el recurso de apelación. De igual manera se mantendrá incólume lo dispuesto por el Tribunal de primera instancia en lo referente a la vocación procesal de las personas naturales que acudieron como demandantes a la presente causa, puesto que este aspecto tampoco fue refutado ni debatido en el escrito de impugnación de la sentencia.
Al respecto, resulta pertinente traer a colación lo que en otras oportunidades ha señalado esta Sala en cuanto al deber de delimitar el estudio del recurso de alzada a los motivos de inconformidad expresados por el recurrente, según lo reflejan las siguientes puntualizaciones:
“Ninguna precisión resultaría necesario efectuar en relación con el régimen de responsabilidad aplicable a las circunstancias del caso concreto, ni en cuanto a la concurrencia, en el mismo, de los elementos constitutivos del régimen respectivo, habida cuenta que el recurso de apelación incoado por la entidad demandada no controvierte tales extremos y la parte actora no recurrió la sentencia de primera instancia, de manera que los referidos, son puntos de la litis que han quedado fijados con la decisión proferida por el a quo”(33).
En pronunciamiento posterior, esta corporación precisó:
“De conformidad con el principio de congruencia, al superior, cuando resuelve el recurso de apelación, sólo le es permitido emitir un pronunciamiento en relación con los aspectos recurridos de la providencia del inferior, razón por la cual la potestad del juez en este caso se encuentra limitada a confrontar lo decidido con lo impugnado en el respectivo recurso y en el evento en que exceda las facultades que posee en virtud del mismo, se configurará la causal de nulidad prevista en el numeral 2º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, relativa a la falta de competencia funcional”(34).
Por lo anterior, para resolver las cuestiones planteadas en el recurso de apelación, la Sala se pronunciará en un primer momento sobre la alegada responsabilidad de las entidades por los hechos objeto de esta demanda, para pronunciarse, a renglón seguido, sobre la tipificación y cuantificación de los perjuicios que decretó el Tribunal a quo a favor de la parte actora.
2.4. Lo probado en la actuación.
De conformidad con el material probatorio obrante en el expediente, recaudado oportunamente y con el lleno de los requisitos legales, la Sala encuentra debidamente acreditado que:
• Mediante escritura pública de compraventa 3148 del 3 de noviembre de 1993(35), la sociedad Fajardo Sandoval y Compañía Limitada (Fasan y Cía Ltda.) adquirió la aeronave marca PIPER, modelo PA 34-200T, serie 34787024 y matrícula HK2085W. El acto fue inscrito en el respectivo registro el 10 de abril de 1995, ante la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil(36).
• El 8 de septiembre de 1995, la Fiscal Regional Delegada ante las Unidades Investigativas del Comando de Policía del Amazonas se trasladó hasta el corregimiento de Tarapacá, ubicado en el mencionado departamento, con el fin de incautar la avioneta de matrícula HK2085W, ya referida. La autoridad investigadora decomisó, además, otros elementos, entre éstos dos escopetas calibre 16 y munición para ese tipo de armamento(37).
• En el acta de la diligencia de incautación, la Fiscalía Regional señaló que desde el 6 de septiembre de 1995 el vehículo aeronáutico y los demás objetos confiscados habían sido retenidos y puestos a su disposición por las Fuerzas Militares de Colombia, en vista de que la avioneta estaba provista de cajas llenas de dólares cuando aterrizó en una pista clandestina que ya había sido identificada por las autoridades como un lugar destinado para actividades de narcotráfico(38).
• El 9 de septiembre de 1995 la Fiscalía Regional entregó la aeronave en calidad de custodia al Teniente del Ejército Diego Luis Villegas Muñoz. Posteriormente, el 12 de diciembre de 1995, el mismo órgano instructor remitió los bienes incautados a la Dirección Nacional de Estupefacientes(39).
• Para el 12 de noviembre de 1996 la actuación penal había pasado al conocimiento de la Fiscalía 33 Seccional Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Leticia, la cual, mediante resolución proferida en la indicada fecha, avocó el conocimiento del asunto y formuló acusación contra los pilotos Luis Alejandro Nieto Jaramillo y Ramiro Escobar Barón, por el delito de receptación(40).
• Señaló que los dos sindicados, siendo tripulantes de la aeronave HK2085W, en un comienzo fueron vinculados al instructivo penal por presunta infracción a la Ley 30 de 1986, pasando luego a ser investigados únicamente por el punible de receptación ante esa Fiscalía Seccional, dado que la Fiscalía Regional había establecido la carencia de fundamento de los cargos relacionados con delitos de narcotráfico(41).
• Sobre el bien incautado a la sociedad hoy demandante, la Fiscalía 33 Seccional de Leticia manifestó que, aun cuando la Fiscalía Regional había ordenado poner dicho elemento a su disposición, no se había llevado a cabo tal cometido. Por esta razón ordenó oficiar a la Fiscalía Regional para que pusiera la aeronave y el dinero decomisados a disposición del Juez Penal del Circuito de Leticia, a efectos de que éste “resolviera lo pertinente” en la etapa de juicio(42).
• Mediante Resolución No. 1931 del 21 de noviembre de 1996, la Dirección Nacional de Estupefacientes –DNE- destinó provisionalmente la avioneta de matrícula HK2085W al Departamento del Amazonas(43), indicándole que debía designar un depositario que, a su vez, cumpliera con los mismos deberes de los secuestres judiciales(44).
• Manifestó que la referida destinación provisional quedaba sometida a “la condición resolutoria de lo decidido por la jurisdicción competente”(45).
• La entrega material de la aeronave al Departamento del Amazonas –por parte de la DNE- se verificó el día 25 de noviembre de 1996, como se aprecia en el acta respectiva(46).
• Por medio de oficio calendado el 9 de abril de 1997, el Juzgado Penal del Circuito de Leticia le solicitó a la DNE que pusiera la avioneta objeto de controversia, a disposición de ese despacho judicial(47).
• Por auto de fecha 7 de septiembre de 1998, el Juez Penal del Circuito de Leticia resolvió un incidente que el Gobernador del Departamento del Amazonas había iniciado con el fin de que le fuera entregada la aeronave en cuestión(48).
Refirió que la sociedad hoy demandante se había opuesto a la mencionada entrega manifestando haber celebrado un contrato de promesa de compraventa sobre la aeronave, pero que “fue engañada por el promitente comprador” en cuanto éste utilizó el aparato infringiendo el reglamento aeronáutico.
De dicha promesa de compraventa no se tiene noticia en este proceso, salvo por lo que el Juzgado Penal del Circuito de Leticia indicó en el aludido auto incidental, al señalar:
“… obran sendas peticiones sobre entrega (sic) de la avioneta (…), pero como dicha aeronave había sido vendida al señor Raúl Alfonso Arango Duque (…); la señora notaria tercera de Envigado [Antioquia] nos remitió la copia del registro de defunción de Raúl Alfonso Arango Duque, fallecido el día 5 de junio de 1995 (…), observándose que el mencionado contrato promesa (sic) de compraventa aparece suscrito el día 1° de agosto de 1995 sobre la mencionada avioneta entre el gerente de Fasan, Orlando Fajardo Robles, como promitente vendedor y Raúl Arango Duque, como promitente comprador (…) encontrándose una controversia sobre la veracidad del fallecimiento del presente (sic) comprador y que es materia de investigación por parte de este Despacho (…) esto fue motivo más que suficiente para que el Despacho en ese proveído ordenara la entrega definitiva de la aeronave en forma diferida para el momento de dictar sentencia (…), a quien demuestre su titularidad legal”(49) (Negrillas fuera de texto).
• Al respecto, el operador judicial manifestó que, de comprobarse por el Instituto Nacional de Medicina Legal la adulteración del mentado contrato de promesa de compraventa, habría lugar a compulsar copias para la investigación de los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal.
• Por otro lado, el juzgador penal dio cuenta de una declaración que el piloto Fernando Escobar Trujillo había rendido el 12 de marzo de 1998, subrayando la necesidad de encender y maniobrar la aeronave para evitar que se dañara su motor(50).
• Adicionalmente, se señaló que desde el 14 de julio de 1998 la Gobernación del Amazonas había retirado la vigilancia de la avioneta, decisión que también adoptó la Aeronáutica Civil por no contar con personal para custodiar el bien.
• Con todo, el Juzgado Penal del Circuito de Leticia ordenó entregar la aeronave al Gobernador del Amazonas a título de depósito gratuito, bajo el compromiso de que cumpliera con las obligaciones previstas en los artículos 2247 del Código Civil y 1171 del Código de Comercio.
• La entrega material de la aeronave al Departamento del Amazonas —por parte del Juzgado Penal del Circuito de Leticia— se realizó el 16 de septiembre de 1998. El bien fue entregado en óptimo estado de funcionamiento, según se expresó en el acta respectiva(51).
• Mediante sentencia del 1º de junio de 1999, el Juzgado Penal del Circuito de Leticia absolvió a los señores Luis Alejandro Nieto Jaramillo y Ramiro Escobar Barón, de los cargos por el delito de receptación. En ese mismo fallo la autoridad judicial dispuso que, lo atinente a la avioneta objeto de controversia, se resolviera en el incidente propuesto con antelación “por terceros”(52).
• La sentencia absolutoria fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca el 9 de septiembre de 1999(53).
• Posteriormente, por auto del 15 de diciembre de 1999 el Juzgado Penal del Circuito de Leticia denegó otra petición de entrega de la avioneta HK2085W, impetrada por la compañía hoy demandante. El juez penal insistió en que la propiedad de la aeronave se encontraba en entredicho por cuenta del contrato de promesa de compraventa en el cual figuraba como promitente comprador un ciudadano ya fallecido(54).
• Agregó:
“Debido a que no hay suficiente claridad, tanto frente al derecho civil como especialmente al derecho penal, de la validez y eficacia de la mencionada transacción y a que la Sala Penal Decisoria del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en septiembre 23/99 expuso: ‘…así como respecto de la promesa de compraventa de la avioneta, en tanto que para su fecha ya había fallecido su propietario (sic) Raúl Alfonso Arango Duque y los sellos y rúbricas notariales fueron objeto de imitación, se decreta tal expedición de copias con destino a la Fiscalía General de la Nación (…). Del mismo modo, y frente a la pretensión de entrega de la aeronave que cursa en el expediente, se previene al juzgador de instancia para que obre en consonancia con las circunstancias que motivaron la presente compulsación de copias’; son razones de fondo que nos conminan a denegar el petitorio de entregar la avioneta mencionada, a FASAN”(55).
• El 29 de enero de 2002 el Departamento del Amazonas celebró con la sociedad Transcontinental de Servicios Aéreos S.A. el contrato de concesión 001, cuyo objeto era la administración, mantenimiento y explotación de la aeronave HK2085W y de los demás elementos entregados en virtud de dicho negocio(56). De conformidad con la cláusula quinta contractual, la indicada concesión tendría una duración de cinco años(57).
• Las obligaciones pactadas a cargo de la empresa concesionaria comprendían, entre otras, la inversión de recursos para mantener el aparato en estado de aeronavegabilidad, el trámite periódico del certificado de aeronavegabilidad ante la autoridad competente, la disposición del bien para las inspecciones que efectuara la Aeronáutica Civil y el empleo de la aeronave para fines lícitos. De igual manera, la concesionaria debía permitirle al Departamento del Amazonas el uso del aerodino por 10 horas mensuales acumulables, para transportar al personal de la Gobernación(58).
• Por auto del 28 de junio de 2002, el Juzgado Penal del Circuito de Leticia ordenó la entrega de la avioneta HK2085W a favor de la sociedad Fasan y Cía Ltda., luego de constatar que dicha empresa había acreditado plenamente su condición de propietaria del bien. En este proveído, el citado juzgado guardó silencio sobre la controversia que había girado en torno al contrato de promesa de compraventa que, en las anteriores oportunidades, había impedido la devolución del aparato a su titular. Asimismo, requirió a la Gobernación del Amazonas para que pusiera la aeronave a disposición de ese despacho, en un término de diez días(59).
• En diligencia del 23 de agosto de 2002, adelantada en Bogotá en atención al despacho comisorio 0052-2002 procedente del Juzgado Penal del Circuito de Leticia, se llevó a cabo la entrega de la aeronave de marras, a la sociedad Fasan y Cía Ltda. El juez comisionado(60) se dirigió con los peritos y los sujetos intervinientes al hangar de la empresa Tressa Ltda y allí, una vez identificado el fuselaje de la avioneta, se le ordenó a la apoderada del Departamento del Amazonas que describiera el estado del aparato, ante lo cual manifestó:
“… la gobernación del Departamento del Amazonas no es la tenedora real del bien que se entrega hoy. Dicho bien fue entregado mediante contrato de concesión No. 001 de enero 21 del año 2002 al señor Hernando Prada Flórez, presente en esta diligencia, por el gobernador de la época (…). Observando en esta diligencia que el bien es solamente una estructura, fuselaje o casco y que en ninguna manera (sic) corresponde a las condiciones de aeronavegabilidad que le fue entregada por la gobernación, faltando los motores, las elises (sic), la instrumentación de radio, comunicación y navegación del panes de instrumentos, los trenes principales y de nariz, equipos indicadores de motores, superficies de control, sistema hidráulico, sistema de combustible, eléctrico y pirostático, falta también el borde de ataque del empenaje (…), sin la silletería instalada como igualmente tampoco el sistema de alambrado está fijo, se halla suelto porque está en reparación. Hay dos vidrios laterales del fuselaje rotos, lados izquierdo y derecho, la tapicería que se halla desarmada se encuentra en mal estado…”(61)(Énfasis fuera de texto).
• El juez comisionado corroboró lo anotado por la representante de la entidad territorial en cuanto al estado de la aeronave. A su turno, el señor Hernando Prada Flórez —representante de la firma Tressa Ltda.— manifestó que las hélices de la nave no fueron entregadas en Leticia porque habían sido hurtadas, mientras que los motores del aparato habían sido llevados a un taller ubicado en Fontibón, debido a que estaban incompletos. Agregó que los trenes del aerodino se hallaban en talleres de “Tecnohidráulicos” a la entrada del aeropuerto El Dorado, al tiempo que las llantas se encontraban en mal estado en el aeropuerto de Guaymaral(62).
• En presencia del hoy actor Orlando Fajardo Robles, el apoderado judicial de la firma Fasan y Cía Ltda recibió el fuselaje y las piezas de la aeronave que se encontraban en el lugar, dejando constancia del estado en que se encontraban todos esos elementos. Acto seguido, el juez y los demás intervinientes se trasladaron a un taller de aeroreparaciones ubicado en la localidad de Fontibón, en donde fueron hallados los motores de la avioneta completamente desarmados y “en lista para su reparación general”. En esas condiciones le fueron entregados al apoderado judicial de la sociedad hoy demandante, los indicados motores junto con algunas de sus piezas externas. El togado manifestó que los citados componentes estaban “totalmente inservibles y desbaratados”(63).
• Por encontrarse cerrado el taller “Tecnohidráulicos” ubicado en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, fue necesario aplazar la diligencia, la cual fue reanudada el 30 de agosto de 2002. En esta oportunidad, se evidenció que en dicho establecimiento se encontraban tres pares de rines pertenecientes a los trenes de la aeronave, con dos campanas o discos de freno, todo ello desarmado y “en proceso de reparación”. Evidenciado lo anterior, el apoderado judicial de los hoy demandantes, señaló:
“Yo recibo en forma material las partes que según el inventario y el peritaje del representante de la Aerocivil deben pertenecerá la mencionada aeronave, inservibles. Partes que, será el taller donde se encuentran, quien manifestará si pueden ser reparadas o no…”(64).
• Como lo indican las facturas y recibos aportados al proceso, la sociedad Fasan y Cía Ltda. les pagó a los talleres Tresa Ltda., Tecnohidráulicos y Aeroreparaciones Ltda. varios servicios de reparación de la aeronave HK2085W, en la suma total de $11’568.000(65).
• El 23 de septiembre de 2002, la Dirección Nacional de Estupefacientes declaró la pérdida de fuerza ejecutoria de la Resolución N° 1931 del 21 de noviembre de 1996, mediante la cual había destinado provisionalmente la avioneta PIPER HK2085W al servicio de la Gobernación del Amazonas. En las motivaciones respectivas, la entidad señaló que la aeronave había quedado por fuera de su administración desde el 14 de marzo de 1997, cuando requirió al Gobernador del Amazonas para que hiciera entrega del bien al Juez Penal de Leticia, en vista de que esta autoridad judicial le había ordenado a la DNE que pusiera la aeronave a su disposición(66).
Los testimonios rendidos en la actuación
• En diligencia del 18 de febrero de 2005 el ciudadano Ángel María Mejía Vélez rindió declaración testimonial(67) manifestando haber fungido como director del Departamento Administrativo de Fomento Ecoturístico del Amazonas, entre el mes de diciembre de 1999 y el mes de febrero de 2002. Señaló que en esa época la entidad territorial fue vinculada por el Ministerio de Hacienda a un proceso riguroso de saneamiento fiscal que condujo al despido de más de 600 empleados y a un recorte de recursos que le impidió al gobernador usar y mantener en buen estado las aeronaves que se encontraban al servicio de la entidad. Agregó que ante dicha circunstancia, la solución adoptada fue entregar las aeronaves en concesión para que empresas privadas procedieran a su administración y mantenimiento.
• Manifestó que el aeropuerto en el que permaneció aparcada la avioneta no contaba con hangares, al punto que ni aun las aeronaves de las Fuerzas Militares que llegaban a la zona podían contar con esa clase de servicio. De igual manera afirmó que el aparato había sido guardado a la intemperie durante todo el tiempo en que el departamento lo tuvo en su poder.
• Por su parte, la señora Elsy Leonor Núñez Torres(68) refirió haber fungido como directora jurídica del Departamento del Amazonas desde el 28 de diciembre de 1999 —bajo el período del gobernador Hernando Zambrano— y haber estado al tanto del contrato de concesión que fue celebrado para el mantenimiento de la avioneta HK2085W.
• Afirmó que al iniciar la administración del gobernador Hernando Zambrano, las aeronaves asignadas al departamento se encontraban en mal estado de aeronavegabilidad, y que a pesar del esfuerzo del mandatario para recuperar el funcionamiento de la flota, la limitación de los recursos se lo impidió.
• La testigo también mencionó el proceso de ajuste fiscal adelantado por el Ministerio de Hacienda y señaló que en él se restringieron los rubros para recuperar las aeronaves. Con base en ello, recalcó que era necesario que una empresa privada asumiera los costos de reparación y mantenimiento, por lo cual se celebró el mencionado contrato de concesión, previa aprobación de la respectiva garantía de cumplimiento.
• Al ser interrogada sobre el conocimiento que hubiera tenido el departamento sobre el abandono y deterioro de la aeronave cuando se hallaba bajo concesión, la declarante expresó que unos días después de que la firma concesionaria recibiera el aparato, se evidenció el robo de las hélices y otros componentes, hecho que fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación.
2.5. La jurisprudencia referente a la retención de bienes
En abundante jurisprudencia, esta Corporación se ha referido a la responsabilidad del Estado generada con ocasión de la retención de bienes que supuestamente se han utilizado para el tráfico de sustancias controladas, según lo establecido por la Ley 30 de 1986 y normas concordantes, en aquellos casos en que el resultado de las investigaciones penales no permita imputar algún delito al investigado.
Ante un caso similar al que ahora se analiza, la Sala consideró(69):
“(…) la situación a la que se vio avocado el demandante con ocasión de la incautación de su vehículo se origina en dos situaciones fácticas distintas, con sus respectivas implicaciones jurídicas: de una parte la responsabilidad estatal derivada de la imposición de una medida preventiva y punitiva de naturaleza jurisdiccional respecto de un bien privado y de otra parte la responsabilidad estatal derivada de sus obligaciones como depositario de bienes objeto de tales medidas.
“… situaciones como la descrita ameritan un estudio en concreto a efectos de determinar si las particulares circunstancias del caso dan lugar a concluir, o no, que el ciudadano en quien recaen tales medidas precautelativas en el ámbito punitivo efectivamente debe soportar sus consecuencias. Dadas las graves implicaciones que tales consecuencias comportan para los titulares de los bienes afectados, resultan predicables y por tanto plenamente aplicables los criterios que ha venido siguiendo esta Corporación a propósito de la detención preventiva de personas.
“Ha dicho la Sala que aun cuando el ejercicio del ius puniendi por parte del Estado comporta la posibilidad de restringir la libertad personal con fines preventivos, en determinadas circunstancias esa detención bien puede llegar a ser calificada de injusta y por ende constitutiva de un daño antijurídico, incluso en aquellos eventos en los cuales la absolución del sindicado deviene de la aplicación del principio del in dubio pro reo por no haberle sido desvirtuada la presunción de inocencia que lo ampara constitucionalmente(70).
“Como aspectos fundantes de dichos planteamientos ha esgrimido la Sala(71) que ‘carece de asidero jurídico sostener que los individuos deban soportar toda suerte de sacrificios, sin compensación alguna, por la única razón de que resultan necesarios para posibilitar el adecuado ejercicio de sus funciones por las autoridades públicas’ e invocando el postulado general contenido en el artículo 2º de la Constitución Política en cuanto a que uno de los fines esenciales de la organización estatal es la protección de las libertades y los derechos de todas las personas residentes en Colombia, precepto que también alude expresamente a sus bienes; ha recordado igualmente que
‘Entre las consideraciones acerca de la naturaleza del daño antijurídico se ha sostenido que, en cada caso, ha de corresponder al juez determinar si el daño va más allá de lo que, normalmente y sin compensación alguna, debe soportar una persona por el hecho de vivir en una comunidad jurídicamente organizada y comportarse como un sujeto solidario. En ese orden de ideas, no pocas veces se ha concluido que constituye daño antijurídico aquel que se experimenta en el ámbito puramente material, por vía de ejemplo, cuando se devalúa un bien inmueble por la proximidad de un puente vehicular que ha sido construido y puesto en funcionamiento para el bienestar de toda la colectividad”.
“Del mismo modo, la Sala ha reconocido la existencia de daños antijurídicos originados en situaciones distintas a la detención preventiva de personas, como cuando se restringen las libertades de locomoción y circulación e incluso ante la imposición de cauciones prendarias, cuando tales restricciones y medidas resultan injustificadas y el afectado con las mismas ‘no originó el hecho que dio lugar a la medida cautelar’. En dicha oportunidad expuso la Sala las siguientes consideraciones:
“Para la Sala es claro que si se exonera a un sindicado bajo el supuesto de que quedó establecido en el plenario que él no cometió el hecho del que se le acusa, la restricción a la libertad de locomoción y de residencia a la que se le sometió, le produjo un daño antijurídico que no estaba obligado a soportar y, por consiguiente, hay lugar a indemnizarlo. Lo que a juicio de la Sala compromete la responsabilidad de la Administración en estos eventos es la antijuridicidad del daño padecido por la víctima, como que ésta no tiene el deber de padecerlo.
De manera que, las obligaciones derivadas de la medida cautelar dineraria (caución prendaria) la obligación de no cambiar de domicilio ni salir del país sin previa autorización de la autoridad judicial respectiva, a la postre pueden generar un daño antijurídico cuando se establezca, entre otras hipótesis que la conducta no fue cometida por el sindicado. En tanto esa decisión judicial revela el daño anormal que se hizo padecer al sindicado.”(72)
“Por esta misma senda argumentativa es perfectamente posible entonces llegar a la conclusión de que en el presente caso la imposición de la medida de incautación respecto del vehículo del señor Jacobo Arends Gonzalez fue injustificada, más aún cuando resultó exonerado de la responsabilidad penal que le fue imputada en razón a la presunta ilicitud en la utilización de dicho automotor, lo cual conduce necesariamente a calificar de antijurídico el daño patrimonial consecuente” (se destaca).
A su turno, esta Sala ha considerado que el fundamento de la responsabilidad del Estado en este tipo de casos es el daño especial. En efecto:
“… la imposición y subsistencia de la medida en contra de la parte demandante, consistente en la incautación del automotor por el término durante el cual se adelantó la investigación penal, sobrepasó la carga pública que estaban llamados a resistir los actores como consecuencia del ejercicio del ius puniendi por parte del Estado”(73).
A la luz de la jurisprudencia anteriormente reseñada se tiene que la responsabilidad del Estado en casos de retención de vehículos por supuesta violación de la Ley 30 de 1986, cuando quiera que las investigaciones terminen con auto de preclusión de la investigación, suele encontrar su fundamento en el rompimiento del equilibrio de las cargas públicas; es decir, en casos como el presente, el hecho de que el bien se retenga sin que se hubiere podido comprobar por las autoridades competentes la comisión de una conducta punible genera la responsabilidad patrimonial del Estado, puesto que se trata de una carga que los ciudadanos no están en la obligación jurídica de soportar. Lo anterior no excluye, sin embargo, que si se encuentran razones suficientes que le permitan al fallador declarar probada la existencia de una falla del servicio, éste sea el régimen que fundamente la declaratoria de responsabilidad patrimonial de la entidad demandada.
Se revocará la sentencia apelada y en su lugar se declarará que las entidades demandadas en el presente proceso están llamadas a responder por los daños antijurídicos aducidos en la demanda.
En efecto, encuentra la Sala que en el proceso se demostró la ocurrencia del daño antijurídico consistente en la incautación y posterior deterioro de la aeronave HK2085W, perteneciente a la sociedad Fajardo Sandoval y Cía Ltda., hoy demandante, quien acreditó el derecho de dominio sobre dicho medio de transporte allegando al plenario el certificado de inscripción del bien en el Registro Aeronáutico Nacional y el Folio de Matrícula Aeronáutica, documentos expedidos por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en los cuales figura la compañía hoy demandante como propietaria del aparato.
Asimismo, se advierte que los hechos dañosos les son imputables a las entidades demandadas, como se pasará a indicar.
Con respecto a la responsabilidad que se le atribuye a la Rama Judicial en el presente caso por el decomiso de la aeronave, la parte actora reprocha los autos proferidos por el Juez Penal del Circuito de Leticia el 7 de septiembre de 1998 y del 15 de diciembre de 1999, por considerar que tales providencias fueron contrarias a la ley en la medida en que denegaron la devolución del aerodino incautado pese a que se encontraba acreditada la propiedad de la demandante sobre el bien, y se fundó la negativa únicamente en las supuestas inconsistencias halladas en un contrato de promesa de compraventa celebrado sobre la aeronave.
En efecto, como quedó anotado en líneas precedentes, la incautación fue practicada por la Fiscalía Regional Delegada ante el Comando de Policía del Amazonas, que investigaba la presunta infracción de la Ley 30 de 1986. Descartada esta circunstancia por la autoridad instructora, la actuación penal continuó ante la Fiscalía Seccional 33 de Leticia por el punible de receptación, tipificado en el Decreto 100 de 1980 —Código Penal vigente en la época de los hechos— por lo cual su persecución judicial debía regirse por la normatividad ordinaria, esto es, el Decreto 2700 de 1991. A la luz de dicho estatuto procesal penal, la restitución de bienes incautados debía resolverse mediante incidente, siempre que no debiera decidirse de plano en sede de demanda de constitución en parte civil o al liquidar los perjuicios derivados de la condena penal(74).
Pues bien, el 7 de septiembre de 1998, al resolver el incidente propuesto por el Departamento del Amazonas para que le fuera asignada la tenencia del bien, el juez penal decidió entregarle al gobernador la aludida aeronave a título de depósito gratuito, señalando que la sociedad hoy demandante no podía fungir siquiera como depositaria del aparato en razón a un contrato de promesa de compraventa que ponía en entredicho su titularidad, puesto que el promitente comprador había fallecido antes de la celebración de dicho negocio jurídico. Este mismo argumento fue esgrimido por el operador judicial en auto del 15 de diciembre de 1999, mediante el cual denegó la solicitud de devolución de la aeronave, presentada por Fasan y Cía Ltda, pese a que previamente había dictado fallo absolutorio.
Frente a la circunstancia anterior, si bien la parte actora alegó y demostró en este proceso que, tanto para el 7 de septiembre de 1998 como el día 15 de diciembre de 1999 había acreditado la propiedad del aerodino incautado —lo cual hacía procedente, en principio, la entrega de dicho bien—, lo cierto es que no acreditó la interposición de los recursos de ley contra los autos proferidos por el Juez Penal del Circuito de Leticia en las indicadas fechas.
Es así que, al originarse la responsabilidad que la actora le atribuye a la Rama Judicial, en el error jurisdiccional contenido en las providencias aludidas la demandante debía acreditar los presupuestos establecidos en los artículos 67 y 70 de la Ley 270 de 1996, esto es, la interposición de los recursos procedentes contra las decisiones reprochadas y la ejecutoria de tales proveídos.
Establecen las citadas normas:
“ART. 67.—El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos:
1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad (…).
“ART. 70.—El daño se entenderá como debido a la culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o cuando no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado.
En el presente caso, fue aportada al plenario la copia auténtica de los autos que denegaron la devolución de la aeronave, proferidos el 7 de septiembre de 1998 y el 15 de diciembre de 1999, por la autoridad penal. No obstante, la parte actora no probó —como era su carga— haber impugnado tales providencias mediante los recursos que contra ellas procedían.
Por lo anterior, resulta claro que, en lo que respecta a las imputaciones hechas en la demanda contra la Rama Judicial, se configuró la culpa exclusiva de la víctima de conformidad con el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, arriba citado, lo cual exime de responsabilidad a la citada entidad demandada, como lo declarará la Sala en la presente sentencia(75).
La Dirección Nacional de Estupefacientes
La parte actora le reprocha a la Dirección Nacional de Estupefacientes el hecho de haber entregado provisionalmente la aeronave al Departamento del Amazonas sin tener la competencia para ello, así como la circunstancia de no haberle permitido a la actora ejercer su derecho de preferencia, previsto en el artículo 47 de la Ley 30 de 1986, el cual establece:
“Los bienes, muebles, equipos y demás objetos donde ilícitamente se almacene, conserve, fabrique, elabore, venda o suministre a cualquier título marihuana, cocaína, morfina, heroína o cualquier otra droga que produzca dependencia, al igual que los vehículos y demás medios de transporte, utilizados para la comisión de los delitos descritos en este capítulo, (…) serán decomisados y puestos a disposición inmediata del Consejo Nacional de Estupefacientes, el cual, por resolución, podrá destinarlos provisionalmente al servicio oficial o entidades de beneficio común instituidas legalmente, darlos en arriendo o deposito. Quien tuviere un derecho lícito demostrado legalmente sobre el bien, tendrá preferencia para recibirlo en depósito o bajo cualquier otro título no traslaticio del dominio, el Consejo Nacional de Estupefacientes dará aviso inmediato a los interesados para el ejercicio de su derecho.
PAR.— Cuando se trate de algunos bienes enumerados en este artículo y sujetos a registro de propiedad, deberá el Consejo Nacional de Estupefacientes notificar inmediata y personalmente a las personas inscritas en el respectivo registro”.
Con respecto al depósito temporal de la aeronave en la gobernación del Amazonas, por parte de la DNE, la Sala advierte que dicha entrega se dispuso y efectuó en el mes de noviembre de 1996, vale decir, cuando ya se había proferido en el proceso resolución de acusación por un delito no contemplado en la Ley 30 de 1986 —lo cual aconteció el 12 de noviembre de 1996— y se había ordenado la remisión de las diligencias a los juzgados penales del Circuito Judicial de Leticia.
Conviene precisar que la imputación del daño antijurídico a la DNE no deviene por la falta de competencia para realizar tal depósito a favor del Departamento del Amazonas —a través de la Resolución 1931 del 21 de noviembre de 1996—, puesto que no hay prueba de que en la fecha de esa entrega provisional, la autoridad de estupefacientes hubiera sido notificada o informada sobre el curso que estaba siguiendo el proceso penal en el que se había ordenado la incautación de la aeronave. Por lo tanto, lo que refleja el material probatorio es que, al entregar el bien a la entidad territorial, la Dirección Nacional de Estupefacientes ejerció una facultad que le confería la Ley 30 de 1986(76) con el convencimiento de que el aerodino seguía bajo su guarda provisional y a órdenes de la Fiscalía Regional que había practicado previamente su decomiso. Más aun, en la Resolución 903 del 23 de septiembre de 2002 -por la cual la DNE declaró la pérdida de fuerza ejecutoria de la Resolución 1931 del 21 de noviembre de 1996-, no se señaló que la autoridad de estupefacientes carecía de competencia para entregar la aeronave a terceros, sino que se precisó que, una vez el juzgado le ordenó transferir a éste la guarda de la aeronave, ésta quedó por fuera de la administración del DNE.
Sin embargo, al omitir la notificación ordenada en el artículo 47 de la Ley 30 de 1986 a favor de la propietaria de la aeronave, la citada entidad le impidió injustamente el ejercicio de su derecho de preferencia consagrado en la norma, provocándole así la pérdida de oportunidad que la ley le otorgaba, independientemente de que al solicitar la entrega provisional de la aeronave, ésta le hubiera sido denegada.
La pérdida de oportunidad ha sido analizada por la jurisprudencia de esta corporación, y al respecto, en providencia del 11 de agosto de 2010(77), esta Sala señaló:
“Se ha señalado que las expresiones ‘chance’ u ‘oportunidad’ resultan próximas a otras como “ocasión”, “probabilidad” o “expectativa” y que todas comparten el común elemento consistente en remitir al cálculo de probabilidades, en la medida en que se refieren a un territorio ubicable entre lo actual y lo futuro, entre lo hipotético y lo seguro o entre lo cierto y lo incierto, a una zona limítrofe que se corresponde con “ … una situación en que hay un comportamiento antijurídico que ha interferido en el curso normal de los acontecimientos, de manera que ya no puede saberse si el afectado por ese comportamiento …, habría o no obtenido cierta ganancia o evitado cierta pérdida. Es decir que para un determinado sujeto había probabilidades a favor y probabilidades en contra de obtener o no cierta ventaja patrimonial, pero un hecho cometido por un tercero le ha impedido tener la oportunidad de participar en la definición de esas probabilidades”(78).
“En ese orden ideas, la pérdida de oportunidad o pérdida de chance alude a todos aquellos eventos en los cuales una persona se encontraba en situación de poder conseguir un provecho, de obtener una ganancia o beneficio o de evitar una pérdida, pero ello fue definitivamente impedido por el hecho de otro sujeto, acontecer o conducta de este que genera, por consiguiente, la incertidumbre de saber si el efecto beneficioso se habría producido, o no, pero que al mismo tiempo da lugar a la certeza consistente en que se ha cercenado de modo irreversible una expectativa o una probabilidad de ventaja patrimonial(79)(…).
“La pérdida de oportunidad como rubro autónomo del daño demuestra que éste no siempre comporta la transgresión de un derecho subjetivo, pues la sola esperanza probable de obtener un beneficio o de evitar una pérdida constituye un bien jurídicamente protegido cuya afectación confiere derecho a una reparación que debe limitarse a la extensión del “chance” en sí mismo, con prescindencia del resultado final incierto, frente a lo cual resulta lógico que dicha oportunidad perdida “tiene un precio por sí misma, que no puede identificarse con el importe total de lo que estaba en juego, sino que ha de ser, necesariamente, inferior a él”, para su determinación” (negrillas la Sala).
Por lo tanto, al abstenerse de notificar a la propietaria de la aeronave a fin de que pudiera ejercer sus derechos, la Dirección Nacional de Estupefacientes, DNE, lo privó de la oportunidad que la ley le confería para tener provisionalmente el bien incautado y poderlo explotar económicamente por no hallarse fuera del comercio.
En consecuencia, el indicado daño antijurídico deberá repararse, entendiéndose que fue provocado por la autoridad de estupefacientes por el lapso comprendido entre el 21 de noviembre de 1996 —fecha en que le fue entregado el aerodino por parte de la DNE al departamento del Amazonas— hasta el 9 de abril de 1997 —cuando el aparato fue requerido por el Juez Penal del Circuito de Leticia—.
El Departamento del Amazonas
Las pruebas del proceso hacen palmaria la responsabilidad patrimonial del Departamento del Amazonas, por el considerable deterioro de la aeronave PIPER HK2085W, ocurrido durante el tiempo en que el bien permaneció bajo el depósito provisional de dicha entidad territorial.
Se demostró en el sub judice que, al efectuarse la entrega de la aeronave al gobernador del Amazonas, por parte del Juzgado Penal de Leticia, el aparato presentaba óptimas condiciones de funcionamiento, tal como se señaló expresamente en el acta de entrega, suscrita el 17 de septiembre de 1998(80).
En tanto depositario del bien incautado, el Departamento del Amazonas debía responder por su conservación, en los términos de los artículos 2247 del Código Civil y 1171 del Código de Comercio, tal como lo advirtió también la autoridad penal en la providencia que ordenó la entrega provisional del aparato a la administración departamental. Sin embargo, las actas que se suscribieron cuando la aeronave fue devuelta a la sociedad hoy demandante, demuestran fehacientemente que, mientras estuvo bajo el depósito de la gobernación del Amazonas, la avioneta fue desbaratada y sus piezas distribuidas en diferentes talleres de mantenimiento, inservibles y a la espera de reparación.
En este punto es pertinente advertir que el contrato de concesión 001 de 2002, celebrado entre la entidad territorial y la sociedad Transcontinental de Servicios Aéreos Ltda. para la administración y mantenimiento del aerodino, no tiene la virtud de exonerar de responsabilidad al Departamento del Amazonas por lo ocurrido con la aeronave y sus partes, puesto que dicho negocio jurídico no ponía fin a las obligaciones que el ente depositario tenía frente al depositante y frente al dueño del aparato. Asimismo, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado en forma reiterada que le son imputables al Estado los daños causados por el hecho de sus contratistas, en el entendido de que la actividad desplegada por éstos en ejecución del contrato estatal, debe ser analizada como si hubiera sido realizada directamente por la entidad contratante(81).
Así pues, probada como se tiene la responsabilidad patrimonial de la Nación – Rama Judicial, la Dirección Nacional de Estupefacientes y el Departamento del Amazonas, corresponde a la Sala pronunciarse sobre los perjuicios reclamados por los demandantes.
2.7. Indemnización de perjuicios
2.7.1. Lucro cesante
En su escrito de demanda la parte actora reclamó el pago del lucro cesante estimado en la suma de $2.376’000.000, como ingreso dejado de percibir por la sociedad demandante durante el tiempo que la avioneta permaneció decomisada. En sustento de esta pretensión, manifestó que por espacio de 8 años y 3 meses el Departamento del Amazonas había explotado comercialmente el bien incautado, y que en tal virtud, el monto estimado como lucro cesante se obtenía al multiplicar $800.000 –establecido como precio de la hora de vuelo en el contrato de concesión N° 001 de 2002- por las 2.970 horas que, según su dicho, permaneció la avioneta bajo la custodia provisional de la gobernación del Amazonas.
Adicionalmente, planteó como pretensión subsidiaria el pago de “los frutos civiles dejados de percibir sobre el valor de la hora de vuelo que para septiembre de 1995 estaba en $450.000”(82).
Advierte la Sala que en el sub lite no hay lugar a reconocer el lucro cesante alegado por la actora, toda vez que las pruebas obrantes en la presente causa no permiten establecer en forma alguna que la aeronave incautada le reportara ganancia, beneficio, ingreso o provecho patrimonial a la firma Fasan y Cía Ltda.
En efecto, el certificado de existencia y representación legal de la sociedad demandante, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, describe el objeto social de dicha compañía en los siguientes términos:
“Compra, venta y permuta de bienes muebles e inmuebles, incluidos toda clase de vehículos automotores, naves y aeronaves y lo relacionado con inversión nacional y extranjera, así como la importación o exportación de dichos bienes y similares, y su venta al por mayor o al detal. También será objeto principal de la sociedad la construcción de bienes inmuebles y su correspondiente comercialización…”(83).
Se sigue de lo anterior, que la firma Fasan y Cía Ltda. no prestaba servicios de transporte aéreo ni se dedicaba a ninguna actividad que implicara la explotación regular de la avioneta HK2085W, materia de esta controversia. Sin embargo, su objeto social comprendía, entre otras cosas, la compra y venta de aeronaves, lo cual concuerda con las piezas del proceso penal, en las cuales, como quedó señalado anteriormente, se puso de presente un contrato de promesa de compraventa que, al margen de las dudas sobre la identidad del comprador, fue fallido por razón de la incautación del aparato. Se aprecia entonces que, dedicándose la citada compañía a la compra y venta de aeronaves —además de otras actividades comerciales—, es procedente concluir que como consecuencia del hecho dañoso ya descrito, Fasan y Cía Ltda. perdió la posibilidad o la oportunidad de vender el citado vehículo aeronáutico y dejó de celebrar negocios jurídicos sobre él, por cuenta del decomiso ya referido.
Luego, de conformidad con lo que hasta aquí se ha señalado, resulta claro que la firma Fasan y Cía Ltda. era propietaria legítima del bien incautado, de suerte que el decomiso y la privación de su uso y goce le generaron y la pérdida de la oportunidad de venta del aerodino, perjuicio que, en consecuencia, deberá repararse.
Ahora bien, las pruebas del proceso no permiten avaluar el detrimento patrimonial sufrido por la actora con motivo de la indicada incautación. Por lo tanto, para la indemnización de este perjuicio la Sala impondrá condena en abstracto, la cual deberá ser liquidada mediante incidente en el cual se deberá demostrar con contratos, cotizaciones, certificaciones, comprobantes, recibos, dictámenes y demás medios de prueba permitidos por la ley, el concepto y el monto de lo que la sociedad Fasan y Cía Ltda sufrió a título de lucro cesante con ocasión del decomiso de la avioneta HK2085W, sobre la base de que dicho lucro cesante devino únicamente por la pérdida de la oportunidad de venta de la aeronave incautada, y por consiguiente, por la no obtención de la respectiva ganancia que dicho negocio habría reportado, de no haber acontecido el hecho dañino.
2.7.2. Daño emergente
Al formular las pretensiones de la demanda, la parte actora señaló que el daño emergente se produjo por la “pérdida de los elementos patrimoniales” y por los costos actuales y futuros de reparación de la aeronave que es materia de debate(84).
En efecto, en el presente proceso quedó establecida la pérdida de varios componentes del bien decomisado, pues, durante la diligencia de entrega de la aeronave a su propietaria hoy demandante, el juez comisionado encontró que el aparato había quedado reducido al fuselaje, puesto que le faltaban los componentes necesarios para su funcionamiento, a saber: motores, hélices, paneles y equipos de navegación, trenes, instrumentación de radio, sistema hidráulico y sistema de combustible, entre otras piezas(85).
En consecuencia, ante la pérdida parcial de la aeronave HK-2085W, su indemnización deberá corresponder al valor de su reparación, a lo cual es pertinente añadir que el monto reconocido por dicho concepto no debe exceder el valor total del bien(86).
Ahora bien, a fin de demostrar el monto de los perjuicios materiales reclamados, la parte actora solicitó la práctica de un dictamen pericial en el cual se estableciera el valor comercial de los componentes extraídos de la aeronave incautada, así como los costos de su reparación, incluyendo los repuestos y la mano de obra. La misma prueba técnica debía determinar, además, el valor comercial de la aeronave en la fecha de su incautación y en el momento en que fue devuelta a su titular, así como “el valor de la hora de vuelo en el mencionado aerodino HK-2085W para el momento de los hechos [septiembre 7 de 1995] y el valor de la hora de vuelo para la fecha de devolución del mismo [agosto 30 de 2002]”(87).
Dicho medio probatorio fue decretado por el Tribunal de primera instancia mediante auto del 24 de junio de 2004.
El 4 de noviembre de 2004 el perito designado presentó su experticia(88), en la cual examinó el contenido de ocho cotizaciones emitidas entre los años 2003 y 2004 por diferentes talleres especializados, con el costo de la reparación de la avioneta, incluidos el suministro y ensamble de las partes faltantes. Las especificaciones e ítems no fueron los mismos en todas las proyecciones de costos, sin embargo el auxiliar de la justicia extrajo de tales cotizaciones un listado general de servicios, mano de obra y repuestos -mostrando el menor precio de los ítems que sí hubieran coincidido-, para finalmente avaluar la reparación del aparato en la suma de $693’762.321.
En lo atinente al precio de la aeronave, fue establecido por el perito en la suma de $223’298.902 para la época de la incautación (septiembre de 1995), y en un monto de $584’933.384 para la fecha de su devolución definitiva (agosto de 2002)(89), éste último valor fue soportado con una certificación expedida por la compañía Aeroindustrias Leaver & Cía Ltda, documento anexo al dictamen pericial(90).
De igual manera, de conformidad con las facturas y comprobantes aportados al plenario, la Sala evidencia que la firma Fasan y Cía Ltda pagó por servicios de reparación un total de $11’568.000, distribuidos como sigue(91):
a) $9’860.000 pagados el 30 de mayo de 2003 al taller TRESA LTDA., por concepto de “Servicio aeronave HK-2085”. El indicado establecimiento comercial había presentado el 30 febrero de 2003, una cotización por $78’462.400(92).
b) $1’508.000 pagados el 15 de octubre de 2002 a la empresa Aeroreparaciones Ltda, por concepto de lavado e inspección de dos motores de avioneta.
c) $200.000 pagados el 15 de octubre de 2002 al establecimiento Tecnihidráulicos, por concepto de “desarme, lavado e inspección partes del tren de aterrizaje de la aeronave HK-2085”.
Vale la pena señalar que los valores cuyo pago está acreditado por la hoy demandante, se subsumen en el costo total de la reparación, puesto que cubren sólo una parte de los ítems y especificaciones cotizados por los establecimientos de servicios aeronáuticos.
Ahora, en punto a las cifras que se viene de mencionar, esta Sala reitera que el monto a reconocer por la pérdida parcial del bien incautado no debe superar el valor total del mismo, por lo cual se establecerá como indemnización, la suma de $584’933.384, acreditada en el dictamen pericial como precio de la aeronave en la fecha de su devolución.
La mencionada cantidad será actualizada a la fecha del presente fallo, con la siguiente fórmula aplicada por el Consejo de Estado:
Ra: Renta actualizada a establecer.
Rh: Renta histórica que se va a actualizar: $584’933.384, correspondiente al valor de la aeronave deteriorada bajo la guarda del Estado.
Ipc (f): Es el índice mensual de precios al consumidor final, es decir, el último conocido a la fecha en que se realiza la actualización: 136,12.
Ipc (i): Es el índice mensual inicial de precios al consumidor, es decir, el correspondiente a la fecha de devolución de la aeronave (agosto de 2002): 70,01
Suma que le corresponderá pagar al Departamento del Amazonas, por haber incumplido las obligaciones que le competían en tanto depositario de la aeronave HK2085W, perteneciente a la sociedad demandante.
Primero: REVOCAR la sentencia apelada, esto es la proferida el 10 de diciembre de 2009 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Segundo: DECLARAR la responsabilidad administrativa y patrimonial de la Dirección Nacional de Estupefacientes –hoy liquidada y sucedida procesalmente por la Sociedad de Activos Especiales S.A.S.-, por los daños materiales causados a la sociedad demandante por la retención de la aeronave HK 2085W, en el marco de un proceso penal que culminó con sentencia absolutoria.
Tercero: CONDENAR en abstracto a la Dirección Nacional de Estupefacientes – con cargo a su sucesora procesal, la Sociedad de Activos Especiales S.A.S.-, a pagar a la sociedad Fajardo Sandoval y Compañía – Fasan y Cía Ltda, el lucro cesante derivado de la incautación de la aeronave HK-2085W, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia.
Cuarto: DECLARAR la responsabilidad administrativa y patrimonial del Departamento del Amazonas, por los daños materiales causados a la sociedad demandante a raíz del deterioro y la pérdida parcial de la aeronave HK-2085W, cuando se encontraba bajo la guarda de dicha entidad estatal a título de depósito provisional.
Quinto: CONDENAR al Departamento del Amazonas a pagar a la sociedad Fajardo Sandoval y Compañía – Fasan y Cía Ltda, la suma de mil ciento treinta y siete millones doscientos ochenta y dos mil doscientos setenta y siete pesos m/cte ($1.137’282.277), por concepto de daño emergente derivado de la pérdida parcial de la aeronave HK2085W, de acuerdo a lo señalado en la parte motiva del presente fallo.
Sexto: DECLARAR, de oficio, la excepción de culpa exclusiva de la víctima, únicamente respecto de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia.
Octavo: Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.
1 Folios 1 al 4 del cuaderno principal.
2 Hoy liquidada.
3 Folio 10 del C1.
4 Folio 7 del C1.
5 Folios 28 y 29 del cuaderno principal.
6 Folios 33 al 37 del cuaderno principal.
7 Folios 43 al 59 del cuaderno principal.
8 Folios 60 al 66 del C1.
9 Folios 84 y 85 del C1.
10 Folio 32 del C1.
11 Folios 1 al 7 del cuaderno incidental.
12 Folios 162 al 165 del C1.
13 Folios 106 al 107 del cuaderno principal.
14 Folio 179 del cuaderno principal.
15 Folios 214 al 219 del cuaderno principal.
16 Folios 253 al 265 del cuaderno de segunda instancia.
17 La falta de legitimación en la causa por pasiva fue propuesta por la Rama Judicial y la Dirección Nacional de Estupefacientes, mientras que la excepción de caducidad sólo fue formulada por ésta última entidad.
18 Al abordar lo referente a la caducidad, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mencionó el 30 de agosto de 2002 como fecha de devolución de la avioneta, pero en el análisis de fondo señaló que ese acto se había realizado el 23 de agosto de 2002. Ello pudo obedecer a que la diligencia de entrega comenzó en ésta última fecha, pero fue suspendida y luego reanudada el 30 de agosto de 2002, como más adelante se verá.
19 Folio 276 del cuaderno de segunda instancia.
20 Folio 293 del cuaderno del Consejo de Estado.
21 El apelante guardó silencio respecto de la Fiscalía General de la Nación.
22 Folio 295 del cuaderno de segunda instancia.
23 Folios 308 al 12 del cuaderno de segunda instancia.
24 Folios 313, 314 y 324 al 329 del cuaderno de segunda instancia.
25 Folios 426 al 429 del cuaderno de segunda instancia.
26 La cuantía del proceso supera la exigida para que esta Corporación pueda conocer en segunda instancia respecto de un proceso de reparación directa, de conformidad con la Ley 954 de 2005, esto es 500 S.M.L.M.V., que equivalían a $130’050.000 teniendo en cuenta que la demanda se presentó en el año 2000 y el salario mínimo para ese año se fijó en la suma de $260.100. En efecto, en la demanda se solicitó la suma de $397’370.764 como lucro cesante futuro a favor del actor Héctor Julio Rojas Gutiérrez.
27 Como se analizará más adelante, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que la incautación de bienes y otras medidas restrictivas de derechos patrimoniales, adoptadas en procesos penales, constituyen daño antijurídico cuando se establece que la persona sindicada no participó en la conducta que motivó la investigación y/o el juicio. Así, en sentencia proferida por esta Sección el 7 de octubre de 2009, se dijo:
“… la Sala ha reconocido la existencia de daños antijurídicos originados en situaciones distintas a la detención preventiva de personas, como cuando se restringen las libertades de locomoción y circulación e incluso ante la imposición de cauciones prendarias, cuando tales restricciones y medidas resultan injustificadas y el afectado con las mismas ‘no originó el hecho que dio lugar a la medida cautelar’.
Por esta misma senda argumentativa es perfectamente posible entonces llegar a la conclusión de que en el presente caso la imposición de la medida de incautación respecto del vehículo (…) fue injustificada, más aún cuando resultó exonerado de la responsabilidad penal que le fue imputada en razón a la presunta ilicitud en la utilización de dicho automotor, lo cual conduce necesariamente a calificar de antijurídico el daño patrimonial consecuente”. (Expediente No. 17.377).
28 Folios 64 al 69 del cuaderno de pruebas (C2).
29 Actas obrantes a folios 70 al 80 del C2.
30 Folios 70 al 77 del C2.
31 Folio78 del C2.
32 Folio 25 del cuaderno principal.
33 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de agosto del 2008, Exp. 14638.
34 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 1° de abril de 2009, Exp. 32.800, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.
35 Folios 1 al 9 del cuaderno de pruebas (C2).
36 Folio 15 del C2.
37 Folios 19 y 20 del C2.
38 Folio 19 del C2.
39 Folios 22 al 24 del C2.
40 Folios 25 al 38 del C2.
41 Folio 32 del C2.
42 Folio 38.
43 Folios 39 al 42 del C2.
44 Folio 41 del C2.
45 Folio 42.
46 Folio 43 del C2.
47 Folio 155 del C2.
48 Folio 133 del C2.
49 Folios 135 y 136 del C2.
50 Folio 137 del C2.
51 Folio 140 C2.
52 Folios 49 al 57 del C2.
53 Folios 58 al 62.
54 Folios 138 al 144 del C2.
55 Folios 143 y 144 del C2.
56 Folios 92 al 98 del C2.
57 Folio 94 del C2.
58 Folio 94 del C2.
59 Folios 64 al 69 del C2.
60 En el acta de la diligencia no se identifica el juzgado.
61 Folios 71 y 72 del C2.
63 Folios 74 al 76 del C2.
64 Folio 80 del C2.
65 Folios 149 al 154 del C2.
66 Folios 147 y 148 del C2.
67 Folios 169 al 174 del C2.
68 Acta de la audiencia de testimonio, visible en los folios 178 al 180 del C2.
69 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de octubre de 2009, Exp. 17.377.
70 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de junio de 2009. Exp. 16.201.
71 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006. Exp. 13.168
72 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de marzo de 2008, exp. 16075, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
73 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de enero de 2012, Exp. 18754.
74 Artículo 65 – numeral 1° del Decreto 2700 de 1991. Al tenor del artículo 60 del mismo Código, en la liquidación de los perjuicios derivados del delito debía resolverse de plano sobre la devolución de los bienes a quien acreditara sumariamente su titularidad o legítima posesión.
75 Al respecto, véanse, entre otras, las sentencias proferidas por la Sección Tercera de esta Corporación el 8 de febrero de 2017 C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, expediente N° 2090503-68001-23-31-000-2004-01925-01 (38778) y el 20 de octubre de 2014, C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz, expediente N° 2080538-25000-23-26-000-2002-01255-01 (29575).
76 Artículo 47, anteriormente citado.
77 Consejo de Estado Sección Tercera, Subsección A, expediente 18.593, CP: Mauricio Fajardo Gómez.
78 Original de la cita: CAZEAUX, Pedro, “Daño actual. Daño futuro. Daño eventual o hipotético. Pérdida de chance”, en Temas de responsabilidad civil. En honor al doctor Augusto M. Morello, N° 10, p. 23 y ss., apud TRIGO REPRESAS, Félix Alberto, Pérdida de chance. Presupuestos. Determinación. Cuantificación, Astrea, Buenos Aires, 2008, pp. 25-26.
79 Original de la cita: MAYO, Jorge, “El concepto de pérdida de chance”, en Enciclopedia de la responsabilidad civil. Tomo II, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1998, p. 207.
80 Folio 140 del C2.
81 Consúltese al respecto, la sentencia del 7 de junio de 2007. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Radicación No. 76001-23-31-000-1995-02796-01 (16089). En el mismo sentido fue proferida la sentencia de fecha 18 de febrero de 2015. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Radicación No. 25000-23-26-000-1998-02725-02(29794).
82 Folio 7 del C1.
83 Folio 17 del C2.
84 Folio 10 del C1.
85 Folios 71 y 72 del C2.
86 HENAO, Juan Carlos. El Daño. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2007, cap. III.
87 Folio 23 del cuaderno principal.
88 Cuaderno número 3.
89 Folios 22 y 23 del C3.
90 Folio 22 del C3.
91 Folios 149 al 154 del C2.
92 Folio 106 del C2.