Source: https://es.scribd.com/doc/33715826/2/CAPituLo%E2%80%A6-De-Los-DeLitos-De-genoCiDio-y-etnoCiDio
Timestamp: 2016-02-13 17:15:40
Document Index: 273897646

Matched Legal Cases: ['artículo\n45', 'artículo 11', 'artículo 44', 'artículo 40', 'artículo 45', 'artículo 46', 'artículo 47', 'artículo 69', 'artículo 5']

De Los DeLitos De genoCiDio y etnoCiDio for Ley Reformatoria al Código de Procedimiento Penal y al Código Penal
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De Los DeLitos De oDioCAPítuLo…
De Los DeLitos De genoCiDio y etnoCiDio
Art. ...- Quien, con propósito de destruir total o parcialmente a un gru-
po nacional, étnico, racial o religioso, perpetre alguno de los siguientes
actos, será sancionado:
1. Quien ocasionare la muerte de sus miembros, será sancionado con
pena de reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años.
2. Quien ocasionare lesión grave a la integridad física o mental de los
miembros del grupo, será sancionado con pena de reclusión menor
ordinaria de seis a nueve años.
3. Quien sometiere intencionalmente al grupo a condiciones de exis-
tencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial,
será sancionado con pena de reclusión menor ordinaria de seis
4. Quien tomare medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno
del grupo será sancionado con pena de reclusión menor ordinaria
de seis a nueve años. La información o acceso a métodos de planif-
cación familiar, métodos anticonceptivos y servicios de salud sexual
y reproductiva, no se considerarán medidas destinadas a impedir
5. Quien traslade por la fuerza a niños y niñas del grupo a otro gru-
po, será sancionado con pena de reclusión menor ordinaria de seis
Art. ...- Quien irrespetare la autodeterminación de un grupo nacional,
étnico, racial o religioso, o su voluntad de permanecer en aislamiento
voluntario, incurrirá en delito de etnocidio y será sancionado con pena
de reclusión menor ordinaria de tres a seis años.
Art. ...- Quien realizare, con conciencia de que puede producirse la
desaparición total o parcial de grupos humanos, actividades tendientes
a infuir, alterar, o de cualquier manera cambiar la cultura, forma de
vida o identidad de los pueblos en aislamiento voluntario, será sancio-
nado con pena de prisión de dos a cuatro años.
Art. ...- El hecho de que las infracciones tipifcadas en este capítulo
hayan sido cometidas por un subordinado, no eximirá de responsabili-
dad penal al superior que la ordenó ni al subordinado que la ejecutó.
En todos estos casos, la tentativa será sancionada con la mitad de la
pena prevista para el delito consumado.
Art. …- Las acciones y las penas por los delitos de los que trata este
capítulo serán imprescriptibles.
Art. final.- Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el
Registro Ofcial.
Ley Reformatoria al Código Penal que tipifica el delito de genocidio y etnocidio
Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional ubicada en el Distrito
Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los seis días del mes
de abril de dos mil nueve.
Presidente de la Comisión Legislativa y de fiscalización
DR. FRANCISCO VERGARA O.
secretario de la Comisión Legislativa y de fiscalización
Comisión de lo Laboral y Seguridad Social
Presidente: Betty Amores (Movimiento País)
Miembros: Amanda Arboleda, Pamela Falconí, María Pazmiño, María Molina (Movi-
miento País), Rómulo Romo (Partido Sociedad Patriótica), León Roldós (Red Ética y
Democracia), Wilfrido Ruiz (Independiente)
Primer debate: 14 de de mayo
Segundo debate: 2 de junio de 2009
Publicación en el Registro Oficial: Suplemento del 28 de julio de 2009, No. 643
Votación a favor: 64 votos
Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código
Esta ley fue pensada como un intento de subsanar el perjuicio que pue-
den sufrir niños, niñas y adolescentes cuya subsistencia depende de la
fijación oportuna de una pensión alimenticia. La propuesta tomó en
cuenta datos preocupantes sobre este tema como los siguientes: las au-
diencias para fijación de pensiones alimenticias se otorgaban hasta dos
años después de solicitadas; el número de juzgados que atendían los
casos de aplicación del Código de la Niñez y Adolescencia (44) no podían
procesar más del 45% de los nuevos casos iniciados en un año; el 46%
de la carga procesal de los juzgados de la niñez y adolescencia era para
alimentos. Todo esto mostraba un enorme déficit del sistema de justicia
en la atención a las demandas de pensión alimenticia, situación que un
grupo de asambleístas se propuso revertir mediante una normativa que
garantice el cobro eficaz de este tipo de pensiones.
Un sistema para facilitar
el derecho a la pensión alimenticia
La discusión de esta ley partió de la premisa de que el espíritu de la
Constitución Política elaborada en Montecristi establece que vivimos en
un Estado Constitucional de Derechos y Justicia. Esta condición signifi-
ca que los derechos de las personas, los pueblos, las comunidades y la
naturaleza son el eje fundamental a partir del cual se estructura todo el
ordenamiento jurídico del país.
En cuanto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, el artículo
45 de la Constitución expresa la protección de su derecho a la vida. La
pensión alimenticia es un aspecto directamente relacionado con el de-
recho a la vida. Debido a que este tema se trataba en un cuerpo legal
específico del Código de la Niñez y Adolescencia vigente desde enero del
año 2003 (Título V del Libro Segundo “Del derecho a alimentos”), esta ley
reformatoria propuso reemplazarlo en su totalidad.
Para la elaboración de la ley se realizó un estudio de Derecho Com-
parado en el que se analizaron legislaciones de Perú, Chile, Colombia,
Argentina, Nicaragua, Panamá y España. Además, se entrevistó a juezas,
jueces y funcionarios de los juzgados de Niñez y Adolescencia. También
se revisaron leyes conexas y fallos del Tribunal Constitucional sobre la
materia. Por otra parte, se realizaron talleres con delegados del sistema
judicial y se trabajó con un equipo técnico del Consejo Nacional de la
Niñez y Adolescencia. Un importante número de asambleístas (20) re-
mitió observaciones al proyecto. En cuanto a organizaciones sociales, se
recibieron aportes de los Juzgados de la Mujer, de la Niñez, Adolescencia
y la Familia del Cantón Quito, Consejo Nacional de Discapacidades (CO-
NADIS), Consejo Nacional de las Mujeres (CONAMU), Consejo Nacional
de Niñez y Adolescencia y jueces temporales de Santo Domingo de los
Tsáchilas y la Asociación de Jueces de la misma provincia.
Los derechos de los niños y niñas en el centro del debate
Durante el debate se crearon algunas normas para garantizar la cele-
ridad en la fijación de pensión alimenticia. Entre ellas se pueden men-
cionar: la demanda sin patrocinio de abogado, la audiencia única, el
dictamen de la resolución en audiencia única, entre otros. Asimismo,
se creó la Tabla de Pensión Alimenticia Mínima, concebida para evitar
la discrecionalidad en la fijación de las pensiones. Mediante la ley, se
facultó al Consejo de la Niñez y la Adolescencia a elaborar y publicar la
mencionada tabla en base a estudios técnicos.
Esta ley constituye un avance importante para garantizar derechos hu-
manos y constitucionales de los niños, niñas y adolescentes.
Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código de la Niñez y Adolescencia
Se abstieneAusenteBlancoNo
1Roberto Ponce
2Sindulfo Balerio Estacio Valencia
3Hilda Dolores Roca Bósquez
4León Roldós Aguilera
5Tito Nilton Mendoza Guillén
6José Vicente Taiano
7Francisco Asán
8Leonardo Viteri
9Sócrates Vera
10Roberto Espinel
11Hólger Chávez Canales
12Julio Logroño (†)
13Jaime Heriberto Abril Abril
14Gorki Dimitrov Aguirre Torres
15Teresa Benavides
16Rosana Alvarado Carrión
17Margarita Morocho /Alt- Mauro
Edmundo Andino Reinoso
18Rosa Elena De La Torre
19Amanda Guadalupe
20Aminta Buenaño
21Carmen Irina Cabezas
22Jorge Eduardo Calvas
23Denisse María Coka Bastidas
24Fernando Cordero Cueva
MovimientoSe abstieneAusenteBlancoNo
25Ana Moser
26Gustavo Humberto Darquea
27Pedro De La Cruz
28Gina Godoy
29Pamela Falconí Loqui
30María José Carrión
31Betty Amores
32Tatiana María del Carmen
Hidrovo Quiñónez
33Mario Francisco Játiva Reyes
34Nelson Fernando López
35Marcos Martínez Flores
36Édison Raúl Narváez Guerra
37Pilar Núñez Cañizares
38María Alexandra Ocles Padilla
39María del Rosario Palacios TorresMovimiento Patria
40Rolando José Panchana
41Germánico Patricio Pazmiño
42María Diocelina Pazmiño García
43José Gregorio Picoita Quezada
44Virgilio Hernández
45Guido Rivas Vásconez
46Vicente Masaquiza
/Alt- José Gabriel Rivera López
47César Rodríguez
48María Paula Romo Rodríguez
49Jaime Rodrigo Ruiz
50Luis Fernando Salazar Granda
51Abel Patricio Ávila Portocarrero
52Jorge Escala
53César Washington Gracia Gámez
54Édgar Eduardo Sánchez Paredes
55Ana Beatriz Tola Bermeo
56Luis Gilberto Guamangate Ante
57Carlos Manuel Pilamunga
58Jorge Rodrigo Sarango Lozano
59Ernesto Carrasco /
Alt- Luis Hernández
Red Ética y Democracia
60María Soledad Vela
61Francisco Velasco Andrade
62Elsa Ximena Bohórquez Romero
63Wilfrido Ruiz
64Édgar Andrés Pavón Mesa
65Jaime Eduardo Alcívar
66Eduardo Alfonso Zambrano
67Rafael Esteves Moncayo
68Carlos Guzmán
/Alt- Jorge Salomón Fadul
69Nelson Fernando Alarcón
70Laly Yadira Caicedo
71Félix Fernando Burbano
72Rory Regalado
73Héctor Gómez
74Tito Galo Lara Yépez
75Romel Eduardo Rivera Carvajal
76Rómulo Rosendo Romo Sacoto
AL TÍTULo V, LIBRo II
DEL CÓDIGo DE LA NIÑEZ
Publicada en el Suplemento del Registro Ofcial
No. 643, el 28 de julio de 2009
EL PLENO DE LA COMISIÓN LEGISLATIVA
Que, el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de la República del
Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de
2008 determina que “El más alto deber del Estado consiste en respetar y
hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución.”;
Que, el artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador es-
tablece la obligación del Estado de garantizar a las niñas, niños y
adolescentes “su interés superior”, consistente en que sus “derechos
prevalecerán sobre los de las demás personas”;
Que, el numeral 6 del artículo 40 de la Constitución de la República deter-
mina que es deber del Estado proteger a las familias transnacionales
y los derechos de sus miembros;
Que, el artículo 45 de la Constitución, dispone que los niños, niñas y ado-
lescentes son titulares de todos los derechos humanos además de los
específicos de su edad. Tendrán derechos a la salud integral y nutri-
ción; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a tener una
familia y a disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria;
Que, el artículo 46 de la misma Carta Fundamental, ordena que el Estado
adoptará medidas para la protección y atención de las niñas, niños
y adolescentes “contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación
sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque
tales situaciones”, así como, recibir atención prioritaria y especializada
en los ámbitos público y privados;
Que, el artículo 47 de la Constitución establece la obligación del Estado
de procurar la equiparación de oportunidades para las personas con
Que, los numerales 1 y 5 del artículo 69 de la Constitución de la Re-
pública indican que debe promoverse la maternidad y paternidad
responsables, la obligación de los progenitores en la alimentación de
los hijos e hijas y su desarrollo integral; así como la corresponsabilidad
materna y paterna y vigilar el cumplimiento de los deberes y dere-
chos recíprocos entre progenitores hijos e hijas;
Que, la Constitución ordena que los principios por los cuales se regirá el
sistema procesal como medio para la realización de la justicia son: la
simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y econo-
mía procesal;
Que, los Juzgado de Niñez y Adolescencia, actualmente, son los más con-
gestionados del país, debido a la falta de recursos humanos, tecno-
lógicos e infraestructura, impidiendo el ejercicio efectivo de los dere-
chos de las niñas, niños y adolescentes;
Que, en el Registro Oficial No. 737 de 3 de enero del 2003, se publicó el
Código de la Niñez y Adolescencia; y,
Ley Reformatoria al titulo v,
Libro ii del Código orgánico de la niñez y Adolescencia
Art. Único.- Reemplácese el Título V del Libro II: “Del Derecho a Alimen-
tos” del Código de la Niñez y Adolescencia por el siguiente:
DEL DERECho A ALImENTos
Art. innumerado 1.- áMbito y ReLACión Con otRos CueRPos
LegALes.- El presente Título regula el derecho a alimentos de los niños,
niñas, adolescentes y de los adultos y adultas considerados como titula-
res de derechos establecidos en esta Ley. En lo que respecta a las demás
personas que gozan de este derecho, se aplicarán las disposiciones sobre
alimentos del Código Civil.
Art. innumerado 2.-DeL DeReCho De ALiMentos.- El derecho a ali-
mentos es connatural a la relación parento-flial y está relacionado con
el derecho a la vida, la supervivencia y una vida digna. Implica la ga-
rantía de proporcionar los recursos necesarios para la satisfacción de las
necesidades básicas de los alimentarios que incluye:
Alimentación nutritiva, equilibrada y sufciente;
Salud integral: prevención, atención médica y provisión de medici-
Rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente tuviere alguna
discapacidad temporal o defnitiva.
Art. innumerado 3.- CARACteRístiCAs DeL DeReCho.- Este derecho
es intransferible, intransmisible, irrenunciable, imprescriptible, in-
embargable y no admite compensación ni reembolso de lo pagado,
salvo las pensiones de alimentos que han sido fijadas con anterio-
ridad y no hayan sido pagadas y de madres que hayan efectuado gastos
prenatales que no hayan sido reconocidos con anterioridad, casos en
los cuales podrán compensarse y transmitirse a los herederos.
Art. innumerado 4.- tituLARes DeL DeReCho De ALiMentos.- Tie-
nen derecho a reclamar alimentos:
Las niñas, niños y adolescentes, salvo los emancipados voluntaria-
mente que tengan ingresos propios, a quienes se les suspenderá el
ejercicio de este derecho de conformidad con la presente norma;
Los adultos o adultas hasta la edad de 21 años que demuestren
que se encuentran cursando estudios en cualquier nivel educativo
que les impida o difculte dedicarse a una actividad productiva y
carezcan de recursos propios y sufcientes; y,
Las personas de cualquier edad, que padezcan de una discapacidad
o sus circunstancias físicas o mentales les impida o difculte procu-
rarse los medios para subsistir por sí mismas, conforme conste del
respectivo certifcado emitido por el Consejo Nacional de Discapaci-
dades CONADIS, o de la institución de salud que hubiere conocido
del caso que para el efecto deberá presentarse.
Art. innumerado 5.- obLigADos A LA PRestACión De ALiMentos.-
Los padres son los titulares principales de la obligación alimentaria, aún
en los casos de limitación, suspensión o privación de la patria potestad.
En caso de: ausencia, impedimento, insufciencia de recursos o discapa-
cidad de los obligados principales, debidamente comprobado por quien
lo alega, la autoridad competente ordenará que la prestación de alimen-
tos sea pagada o completada por uno o más de los siguientes obligados
subsidiarios, en atención a su capacidad económica y siempre y cuando
no se encuentren discapacitados, en su orden:
Los abuelos/as;
Los hermanos/as que hayan cumplido 21 años y no estén
comprendidos en los casos de los numerales dos y tres del artículo
anterior; y,
Los tíos/as.
La autoridad competente, en base al orden previsto en los numerales
precedentes, en los grados de parentesco señalados, de modo simultá-
neo y con base en sus recursos, regulará la proporción en la que dichos
parientes proveerán la pensión alimenticia, hasta completar el monto
total de la pensión fjada o asumirla en su totalidad, según el caso.
Los parientes que hubieren realizado el pago podrán ejercer la acción de
repetición de lo pagado contra el padre y/o la madre.
Los jueces aplicarán de ofcio los instrumentos internacionales ratifcados por
el Ecuador a fn de garantizar el derecho de alimentos de los niños, niñas
y adolescentes, hijas e hijos de padres o madres que hubieren migrado al
exterior, y dispondrán todas las medidas necesarias para asegurar el cobro
efectivo de la pensión.
La autoridad central actuará con diligencia para asegurar el respeto de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes, y, responderá en caso de
Art. innumerado 6.- LegitiMACión PRoCesAL.- Estarán legitimados
para demandar la prestación del derecho de alimentos a favor de un
niño, niña o adolescente o de las personas de cualquier edad que pa-
dezcan de una discapacidad física o mental que les impida hacerlo por
sí mismas:
La madre o el padre bajo cuyo cuidado se encuentre el hijo o hija y, a
falta de ellos, la persona que ejerza su representación legal o quien
esté a cargo de su cuidado; y,
Los y las adolescentes mayores de 15 años.
Para plantear la demanda no se requerirá del auspicio de abogado. El o
la reclamante la presentarán en el formulario que para este propósito
diseñará y publicitará el Consejo de la Judicatura. Si por la complejidad
del caso, el juez/a o la parte procesal considerare que es necesario el
patrocinio legal, dispondrá la participación de un defensor público o de
un defensor privado, respectivamente.
Art. innumerado 7.- PRoCeDenCiA DeL DeReCho sin sePARACión.-
La pensión de alimentos procede aún en los casos en que el alimentado y
el obligado convivan bajo el mismo techo.
Los miembros de la familia ampliada que en virtud de una medida de
protección dispuesta por la autoridad competente o en ejercicio de la tutela se
encuentren conviviendo con niños, niñas y adolescentes titulares del derecho
de alimentos, no serán obligados subsidiarios de la pensión de alimentos.
Art. innumerado 8.- MoMento DesDe eL Que se Debe LA Pensión
De ALiMentos.- La pensión de alimentos se debe desde la presentación de
la demanda. El aumento se debe desde la presentación del correspondiente
incidente, pero su reducción es exigible sólo desde la fecha de la resolu-
ción que la declara.
Art. innumerado 9.- fijACión PRovisionAL De LA Pensión De ALi-
Mentos.- Con la califcación de la demanda el juez/a fjará una pensión
provisional de acuerdo a la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas
que con base en los criterios previstos en la presente ley, elaborará el
Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, sin perjuicio de que en
la audiencia, el Juez/a tenga en cuenta el acuerdo de las partes, que en
ningún caso podrá ser inferior a lo establecido en la mencionada tabla.
Cuando la fliación no ha sido establecida, o el parentesco en el caso de los
demás parientes consanguíneos, el Juez/a ordenará en la providencia
de califcación de la demanda, el examen comparativo de los patrones
de bandas o secuencias de ácido desoxirribonucleico (ADN), sin menosca-
bo de la fjación provisional de alimentos.
Art. innumerado 10.- obLigACión DeL PResunto PRogenitoR.- El
juez/a fjará la pensión de alimentos a favor del niño, niña o adolescente
a una persona cuya fliación o parentesco en el caso de los demás parien-
tes consanguíneos no ha sido legalmente establecida, de acuerdo con
En el evento de existir negativa por parte del demandado
o demandada a someterse a las pruebas científcas de ADN
que el juez/a disponga, se presumirá de hecho la fliación o
relación de parentesco en el caso de los demás parientes
consanguíneos, con el alimentario y en la misma providencia
se fjará la pensión provisional, la cual será exigible desde la
Si el resultado del examen de ADN es positivo, el Juez/a declarará
la fliación y la correspondiente paternidad o maternidad y
dispondrá la inscripción de la respectiva Resolución en que así
lo declare en el Registro Civil; o la relación de parentesco en
el caso de los demás parientes consanguíneos. En la misma
providencia fjará la pensión defnitiva de alimentos, la cual
será exigible desde la fecha de presentación de la demanda.
Si el demandado o demandada funda su negativa para la
práctica del examen de ADN en la circunstancia de carecer de
recursos para sufragarlo, el Juez/a dispondrá que el Ministerio
de Salud Pública, a través de una Unidad de Investigación
Genética, realice el examen de ADN en forma gratuita.
Se admitirá la demostración de la carencia de recursos del presunto
padre, madre o pariente consanguíneo obligado a sufragar los gastos que
demande el examen de ADN, así como las costas procesales y los gastos
del estudio social, cuando del estudio de la ofcina técnica se probare
dicho particular y de conformidad con la prueba que se actúe en la au-
diencia respectiva.
Se prohíbe practicar los exámenes de ADN al que está por nacer; sin
embargo se lo puede hacer en personas fallecidas, cuando ello sea nece-
sario para establecer la relación parentoflial.
Art. innumerado 11.- ConDiCiones PARA LA PRuebA De ADn.- Ten-
drán valor probatorio en juicio, el examen comparativo de los patrones de
bandas o secuencias de ácido desoxirribonucleico (ADN) practicadas por
laboratorios especializados públicos y privados, que cuenten con peritos
califcados por la Fiscalía. En el caso de los laboratorios privados deberán
contar con el permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud Pública.
La identidad de la persona a la que pertenece la muestra, se comproba-
rá mediante la cédula de identidad o ciudadanía o pasaporte o cual-
quier otro mecanismo que asegure fehacientemente la identidad
de la persona y, el registro de su huella digital. La identifcación y
toma de muestras se hará en presencia de la autoridad que la ordena o su
delegado, el/la perito y las partes o quienes las representen.
Los resultados de las pruebas de ADN son confdenciales. Todo movi-
miento de la muestra deberá ser registrado con indicación de la fecha,
la hora y el nombre e identifcación de las personas que intervinieron.
El juez/a, podrá disponer el auxilio policial, la intervención de médicos
legistas o de otros peritos a petición de la parte interesada, para asegu-
rar la autenticidad y confabilidad de la toma de muestras, su examen,
custodia y transporte.
Art. innumerado 12.- ResPonsAbiLiDAD De Los PeRitos.- Los peri-
tos serán administrativa, civil y penalmente responsables por los proce-
dimientos y metodología, resultados falsos o adulterados de las pruebas
que practican y por los informes que emiten, sin perjuicio de la respon-
sabilidad civil solidaria del laboratorio en el que se ha practicado la pe-
ricia y de la descalifcación del perito por la Fiscalía. Esta responsabilidad
se extiende a los hechos y actos de las personas que intervienen bajo su
dirección o dependencia en dichas pruebas o informes.
Art. innumerado 13.- sufiCienCiA De LA PRuebA De ADn.- La prue-
ba de ADN con las condiciones de idoneidad y seguridad previstas en
esta ley, se tendrá por sufciente para afrmar o descartar la paternidad
o maternidad. No será admitida la dilación de la causa a través de la
petición de nuevas pruebas, salvo que se fundamente y pruebe el in-
cumplimiento de las condiciones previstas en la presente ley.
Art. innumerado 14.- foRMA De PRestAR Los ALiMentos.- El Juez/a,
fjará el pago de la pensión de alimentos y de los subsidios y benefcios
adicionales, principalmente, y, si así lo solicitare el alimentario o su re-
presentante, a través del depósito de una suma de dinero que deberá
efectuarse por mensualidades anticipadas, dentro de los cinco primeros
días de cada mes, y, en caso de subsidios y benefcios adicionales, en
la fecha señalada para el efecto; en la cuenta que para ello se señale,
cuyo certificado de depósito constituirá prueba para demostrar el
pago o la falta a favor de la beneficiaria/o o de quien legalmente lo
Podrá además efectuarse el pago de la pensión alimenticia y de los
subsidios y benefcios adicionales de la siguiente manera:
La constitución de derechos de usufructo, la percepción de
una pensión de arrendamiento u otro mecanismo similar,
que aseguren rentas u otros frutos sufcientes para la debida
prestación de alimentos del benefciario; y,
El pago o satisfacción directos por parte del obligado, de las
necesidades del benefciario que determine el Juez.
Cuando se trate del usufructo o la percepción de la renta de arrenda-
miento de bienes inmuebles, el Juez/a comprobará que no se encuentren
limitados por otros derechos reales o personales ni afectados por embargo,
prohibición de enajenar o gravar, anticresis o cualquier otro gravamen
o contrato que afecte o puedan impedir o difcultar dicho disfrute o
percepción. La resolución que los decrete se inscribirá en el Registro
de la Propiedad del cantón en que se encuentre ubicado el inmueble.
El hijo o la hija benefciario no estará obligado a confeccionar inventario
ni rendir la caución que la ley exige al usufructuario.
En ningún caso se obligará al niño, niña o adolescente cuya tenencia y
cuidado han sido confados al otro progenitor o a un tercero, a convivir
con quien está obligado a prestar los alimentos, con el pretexto de que
ésta sea una forma de pensión alimenticia en especie.
Art. innumerado 15.- PARáMetRos PARA LA eLAboRACión De LA
tAbLA De Pensiones ALiMentiCiAs MíniMAs.- El Consejo Nacional
de la Niñez y Adolescencia, defnirá la Tabla de Pensiones Alimenticias
Mínimas en base a los siguientes parámetros:
a) Las necesidades básicas por edad del alimentado en los
términos de la presente Ley;
b) Los ingresos y recursos de el o los alimentantes, apreciados en
relación con sus ingresos ordinarios y extraordinarios, gastos
propios de su modo de vida y de sus dependientes directos;
c) Estructura, distribución del gasto familiar e ingresos de los
alimentantes y derechohabientes; y,
d) Infación.
El juez/a, en ningún caso podrá fjar un valor menor al determinado en
la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas. Sin embargo podrá fjar una
pensión mayor a la establecida en la misma, dependiendo del mérito de
las pruebas presentadas en el proceso.
Las pensiones establecidas en la tabla serán automáticamente indexa-
das dentro de los quince primeros días del mes de enero de cada año,
considerando además el índice de infación publicado por el Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos, (INEC) en el mes de diciembre del año
inmediato anterior y en el mismo porcentaje en que se aumente la re-
muneración básica unifcada del trabajador en general.
En los casos en que los ingresos del padre y la madre no existieren o
fueren insufcientes para satisfacer las necesidades del derechohabiente,
el juez/a a petición de parte, dispondrá a los demás obligados, el pago
de una parte o de la totalidad del monto fjado, quienes podrán ejercer
la acción de repetición de lo pagado contra el padre y/o la madre, legal-
mente obligados al cumplimiento de esta prestación.
Art. innumerado 16.- subsiDios y otRos benefiCios LegALes.-
Además de la prestación de alimentos, el alimentado tiene derecho a
percibir de su padre y/o madre, los siguientes benefcios adicionales:
1.- Los subsidios legales o convencionales por carga familiar que reciba
2.- Dos pensiones alimenticias adicionales que se pagarán en los meses
de septiembre y diciembre de cada año para las provincias del
régimen educativo de la Sierra y en los meses de abril y diciembre
para las provincias del régimen educativo de la Costa y Galápagos. El
pago de las pensiones adicionales se realizará aunque el demandado
no trabaje bajo relación de dependencia; y,
3.- El 5% del monto de las utilidades legales recibidas por el prestador
de alimentos por cargas familiares, que deberá prorratearse entre
todos quienes tengan derecho a pensión de alimentos, cuando tenga
derecho a dichas utilidades.
Art. innumerado 17.- DeL efeCto De CosA juzgADA.- La providencia
que fja el monto de la pensión de alimentos y los obligados a prestarla,
no tiene el efecto de cosa juzgada.
Art. innumerado 18.- obLigACiones De LAs entiDADes PÚbLiCAs
y PRivADAs.- Si el obligado al pago de alimentos goza de remunera-
ción, honorarios, pensión jubilar u otros ingresos, con o sin relación de
dependencia, el auto que fje la pensión de alimentos se notifcará al
pagador o a quien haga sus veces. La entidad responsable de realizar
el pago, tendrá la obligación de depositar la pensión fjada dentro del
término de 48 horas, contadas desde el momento en que recibió la no-
tifcación del juez/a, para lo cual remitirá a esta autoridad el original
o copia certifcada del depósito. En el mismo término deberá remitir la
información solicitada por el juez/a sobre los ingresos totales que perci-
ba el demandado.
El incumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior, hará solidaria-
mente responsable al empleador, con los intereses de mora respectivos.
Si el empleador o la entidad obligada a proporcionar la información no
lo hiciere dentro del término de 48 horas, ocultare o proporcionare
información incompleta o falsa sobre los ingresos que percibe el de-
mandado, no cumpliere con las obligaciones determinadas en esta ley,
difculte o imposibilite el fel y oportuno cumplimiento de la obligación
alimenticia, será sancionada, de ser del sector privado, con multa equi-
valente al doble del valor de la prestación fjada por el juez/a y en caso
de reincidencia con multa equivalente al triple del valor de la prestación
fjada por el juez/a.
Si la entidad es de carácter público, se sancionará al funcionario o fun-
cionaria responsable, con el valor de la multa antes señalada y en caso
de reincidencia, con la destitución del cargo, previo el sumario admi-
nistrativo correspondiente. El mismo juez/a que impuso la sanción será
competente para ejecutar las sanciones previstas. Estas multas serán
depositadas en la cuenta que el/la demandante haya acreditado para el
depósito de las pensiones alimenticias.
Art. innumerado 19.- PAgo PoR MeDio DeL sisteMA finAnCieRo.-
En la primera providencia el juez/a dispondrá que el derechohabiente o
su representante determine la cuenta corriente o de ahorros en la que
deberá depositarse las pensiones alimenticias.
Art. innumerado 20.- inCuMPLiMiento De Lo ADeuDADo.- En caso
de incumplimiento en el pago de dos o más pensiones alimenticias sean
o no sucesivas, el Juez/a dispondrá la prohibición de salida del país del
deudor/a y su incorporación en el registro de deudores que el Consejo de
la Judicatura establecerá para el efecto.
El registro de deudores de la jurisdicción que corresponda, se publicará
en la página Web del Consejo de la Judicatura y éste a su vez remitirá el
listado a la Superintendencia de Bancos y Seguros para la incorporación
de los deudores en el Sistema de Registro o Central de Riesgos.
Una vez cancelada la obligación el juez dispondrá tanto al Consejo
de la Judicatura como a la Superintendencia de Bancos la eliminación
Art. innumerado 21.- inhAbiLiDADes DeL DeuDoR De ALiMentos.-
El padre o madre que adeude dos o más pensiones de alimentos, mien-
tras no cancele las obligaciones vencidas quedará inhabilitado para:
a) Ser candidato/a a cualquier dignidad de elección popular;
b) Ocupar cargo público para el cual hubiere sido seleccionado/a
en concurso público o por designación;
c) Enajenar bienes muebles o inmuebles, salvo que los benefcios
sean directamente para el pago de alimentos adeudados, en
cuyo caso se requerirá autorización judicial; y,
d) Prestar garantías prendarias o hipotecarias.
Art. innumerado 22.- APReMio PeRsonAL.- En caso de que el padre o
madre incumpla el pago de dos o más pensiones alimenticias, el juez/a
a petición de parte y previa constatación mediante la certifcación de
la respectiva entidad fnanciera o del no pago, y dispondrá el apremio
personal hasta por 30 días y la prohibición de salida del país. En caso de
reincidencia el apremio personal se extenderá por 60 días más y hasta
por un máximo de 180 días.
En la misma resolución en la que se ordene la privación de libertad,
el juez/a ordenará el allanamiento del lugar en el que se encuentre el
deudor, siempre y cuando preceda la declaración juramentada sobre el
ocultamiento del obligado/s, por parte de quien solicita dicha medida.
Previo a disponer la libertad del alimentante moroso, el juez/a que co-
noció la causa, realizará la liquidación de la totalidad de lo adeudado y
receptará el pago en efectivo o cheque certifcado. Pagada la totalidad
de la obligación, el juez/a dispondrá la libertad inmediata.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, el juez/a podrá eje-
cutar el pago en contra de los demás obligados.
Similar procedimiento se cumplirá cuando el obligado haya dejado de pa-
gar dos o más obligaciones asumidas mediante acuerdos conciliatorios.
Art. innumerado 23.- APReMio PeRsonAL A Los obLigADos subsi-
DiARios.- El juez dispondrá el apremio personal de las/los obligadas/os
subsidiarios que habiendo sido citados con la demanda de alimentos,
bajo prevenciones de ley, no hayan cumplido con su obligación de pago
conforme lo previsto en esta ley.
Art. innumerado 24.- otRAs MeDiDAs CAuteLARes A Los obLigA-
Dos subsiDiARios.- La prohibición de salida del país como las demás
medidas cautelares reales previstas en la presente ley, se impondrán a
los obligados subsidiarios siempre que hayan sido legalmente citados
con la demanda y bajo prevenciones de ley.
Art. innumerado 25.- PRohibiCión De sALiDA DeL PAís.- A petición
de parte, en la primera providencia, el juez decretará sin notifcación
previa, la prohibición de ausentarse del territorio nacional, la que se
comunicará de inmediato a la Dirección Nacional de Migración.
Art. innumerado 26.- MeDiDAs CAuteLARes ReALes.- Para asegurar
el pago de la prestación de alimentos, el Juez/a podrá decretar cualquiera
de los apremios reales contemplados en el Código de Procedimiento Civil.
Art. innumerado 27.- CesACión De Los APReMios.- La prohibición
de salida del país y el apremio personal a los que se referen los artícu-
los anteriores podrán cesar si el obligado rinde garantía real o personal
estimada sufciente por el Juez/a. En el caso de garantía personal, el
garante o fador estará sujeto a las mismas responsabilidades y podrá ser
sometido a los mismos apremios que el deudor principal.
Los demás apremios e inhabilidades sólo cesarán con la totalidad del
pago adeudado y sus respectivos intereses, en efectivo o mediante che-
que certifcado.
Art. innumerado 28.- otRAs inhAbiLiDADes.- El progenitor que se
encuentre en mora en el pago de la prestación de alimentos no podrá
solicitar que se le entregue la patria potestad del hijo o hija benefcia-
rio, pero sí podrá ejercer el derecho de visitas regulado en el presente
Art. innumerado 29.- APLiCACión De estAs noRMAs en otRos
juiCios.- Dentro de los juicios o procesos por violencia intrafamiliar, re-
clamación de la fliación, separación de bienes, divorcio y en general, en
cualquier otro procedimiento en el que la ley contemple expresamente la
posibilidad de solicitar alimentos a favor de niños, niñas y adolescentes,
se aplicarán obligatoriamente las normas establecidas en la presente ley.
Art. innumerado 30.- obLigACión PRiviLegiADA.- La prestación eco-
nómica de alimentos, tiene privilegio de primera clase y se preferirá a
cualquier otra obligación.
Art. innumerado 31.- inteRés PoR MoRA.- Se aplicará la tasa de in-
terés por mora fjada por el Banco Central del Ecuador o el ente estatal
encargado de hacerlo, por cada día de retraso en el pago de la prestación
Art. innumerado 32.- CADuCiDAD DeL DeReCho.- El derecho para
percibir alimentos se extingue por cualquiera de las siguientes causas:
Por la muerte del titular del derecho;
Por la muerte de todos los obligados al pago; y,
Por haber desaparecido todas las circunstancias que generaban
el derecho al pago de alimentos según esta ley.
Art. innumerado 33.- iMPRoCeDenCiA De LA ACuMuLACión De
ACCiones y De LA ReConvenCión.- Las acciones por alimentos, te-
nencia y patria potestad deberán tramitarse por cuerda separada. Pro-
híbese la reconvención.
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA FIjACIÓN y CObRO DE
PENSIONES ALIMENTICIAS y DE SUPERVIVENCIA
Art. innumerado 34.- LA DeMAnDA.- La demanda se presentará por
escrito, en el domicilio del titular del derecho y en el formulario que
para el efecto elabore el Consejo de la Judicatura, el cual estará dispo-
nible en su página Web. El formulario deberá cumplir con los requisitos
establecidos en el Código de Procedimiento Civil y esta ley y además
contendrá una casilla en la que el/la reclamante individualice los datos
de las personas que son obligados subsidiarios de la prestación de ali-
mentos según lo determina el artículo 5 innumerado de esta ley; para
notifcaciones se señalará casillero judicial y/o la dirección de correo
electrónico para las notifcaciones que le correspondan al actor.
El juez/a que estuviere en conocimiento de la demanda mantendrá
su competencia en caso de que el titular del derecho cumpliere la ma-
yoría de edad.
En el formulario que contiene la demanda, se hará el anuncio de pruebas
que justifquen la relación de fliación y parentesco del reclamante así
como la condición económica del alimentante y en caso de contar con
ellas se las adjuntará. De requerir orden judicial para la obtención de
pruebas, deberá solicitárselas en el formulario de demanda.
El/la demandado/a podrá realizar anuncio de pruebas hasta 48 horas
antes de la fecha fjada para la audiencia única.
Art. innumerado 35.- CALifiCACión De LA DeMAnDA y CitACión.- El
juez/a califcará la demanda dentro del término de dos días posteriores
a su recepción; fjará la pensión provisional de alimentos en base a la
tabla de pensiones; dispondrá la citación bajo prevenciones que de no
comparecer el demandado se procederá en rebeldía; y convocará a las
partes a una audiencia, la misma que será fjada dentro del término de
diez días contados desde la fecha de citación.
La citación se la hará en la forma prevista en el Código de Procedimiento
Civil, a través de notario público o por boleta única de citación que será
entregada al demandado de ser necesario, con el apoyo de un miembro
de la fuerza pública, quien sentará la respectiva razón.
En los casos en los que se desconozca el domicilio del demandado/a, y
quien represente al derechohabiente carezca de los recursos para hacer-
lo, el Consejo de la Judicatura realizará una sola publicación mensual en
el periódico de mayor circulación nacional, pudiendo solicitar la devolu-
ción de lo pagado, cuando el citado/a comparezca.
Art. innumerado 36.- notifiCACión eLeCtRóniCA.- El demandado
en su comparecencia deberá proporcionar obligatoriamente su direc-
ción electrónica, a efectos de que se le asigne su clave de acceso.
Las notifcaciones que se realicen dentro del proceso se harán en el ca-
sillero judicial o en las direcciones electrónicas señaladas por las partes.
El juez/a mantendrá en el proceso, la constancia escrita del envío de las
notifcaciones, debidamente certifcadas por el Secretario.
Art. innumerado 37.- AuDienCiA ÚniCA.- La audiencia será con-
ducida personalmente por el Juez/a, quien informará a las partes sobre
las normas que rigen la fjación de las pensiones alimenticias, subsidios
y benefcios, y su cumplimiento; se iniciará con la información del
Juez/a al demandado sobre la obligación que tiene de proveer los alimen-
tos para cubrir las necesidades señaladas en el artículo innumerado
2 de esta ley; sobre las consecuencias en caso de no hacerlo; sobre
la obligación que tiene de señalar casillero judicial o dirección elec-
trónica para futuras notifcaciones; y acerca de sus obligaciones que
incluyen la provisión de cuidado y afecto. Estas indicaciones en ningún
caso constituyen prevaricato por parte del juez/a.
A continuación, se procederá a la contestación a la demanda, y, el juez/a
procurará la conciliación y de obtenerla fjará la pensión defnitiva de
común acuerdo, mediante el respectivo auto resolutorio, el cual podrá
ser revisado.
De no lograrse el acuerdo continuará la audiencia, con la evaluación
de las pruebas y en la misma audiencia, el juez/a fjará la pensión
defnitiva.
Si el obligado/a negare la relación de fliación o parentesco en el caso de
los demás parientes consanguíneos, el juez/a ordenará la realización de
las pruebas de ADN y suspenderá la audiencia por un término de 20
días, transcurridos los cuales y con los resultados de las pruebas prac-
ticadas, resolverá sobre la fjación de la pensión alimenticia defnitiva y
sobre la relación de fliación.
Si las partes no comparecieren a la audiencia única convocada por el
juez/a, la resolución provisional se convertirá en defnitiva.
Art. innumerado 38.- DifeRiMiento De LA AuDienCiA.- La audien-
cia podrá diferirse por una sola vez hasta por el término de tres días y
siempre que en el escrito de petición correspondiente, conste el mutuo
Art. innumerado 39.- ResoLuCión.- En la audiencia única el juez/a
dictará el auto resolutorio que fja la pensión alimenticia defnitiva, sub-
sidios y benefcios y la forma de pagarlos, el pago de costas judiciales,
honorarios del abogado/a y todos los gastos en los que el actor o actora
incurriere por falta de cumplimiento de la obligación por parte del de-
Dentro del término de tres días a partir de la notifcación del auto resolu-
torio, las partes podrán solicitar ampliación o aclaración la cual no podrá
modifcar el monto fjado.
Art. innumerado 40.- ReCuRso De APeLACión.- La parte que no esté
conforme con el auto resolutorio, podrá apelarlo ante la Corte Provincial
de Justicia, dentro del término de tres días de notifcado.
El escrito de apelación deberá precisar los puntos a los que se contrae el re-
curso y sin este requisito la instancia superior lo tendrá por no interpuesto.
En todo caso, la apelación se concederá solamente en el efecto devolutivo.
El Juez/a inferior remitirá el expediente al superior dentro del término de
cinco días siguientes a la concesión del recurso.
Art. innumerado 41.-tRAMitACión en segunDA instAnCiA.- Reci-
bido el proceso, la Sala de la Corte Provincial de Justicia, en base a los
méritos que constan en el proceso pronunciará su resolución dentro del
término de 10 días contados a partir de la recepción. Concluida la tra-
mitación del proceso en segunda instancia la sala remitirá el proceso al
juez/a de primera instancia, en el término de tres días.
Art. innumerado 42.- inCiDentes PARA AuMento o DisMinuCión
De Pensión.- Si cualquiera de las partes demostrare que han variado
las circunstancias y hechos que sirvieron de base para la resolución que
fja la pensión alimenticia, el juez/a, podrá revisar y modifcar la resolu-
ción, previo el procedimiento establecido en este capítulo.
Será competente para conocer este incidente el mismo juez/a que fjó
la pensión alimenticia salvo los casos de cambio de domicilio del ali-
Art. innumerado 43.- inDexACión AutoMátiCA AnuAL.- Sin perjui-
cio del derecho de las partes para solicitar aumento o reducción de la
pensión alimenticia, hasta el 31 de enero de cada año el Consejo Na-
cional de Niñez y Adolescencia publicará en los periódicos de mayor
circulación nacional, la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas, más
el porcentaje de infación que determine el Instituto Nacional de Esta-
dísticas y Censos.
Las pensiones alimenticias en ningún caso serán inferiores a las mínimas
establecidas en la mencionada tabla, por lo que las pensiones alimenti-
cias que fueren inferiores serán indexadas automáticamente sin necesi-
dad de acción judicial de ninguna naturaleza.
Art. innumerado 44.- sAnCión PoR inCuMPLiMiento De téRMinos
y PLAzos.- El Consejo de la Judicatura sancionará con suspensión de
30 a 45 días a los Jueces o juezas que incumplieran los términos, plazos
y montos fjados por la presente ley. En caso de reincidencia procederá
a la destitución del cargo.
Art. innumerado 45.- noRMAs suPLetoRiAs.- En todo lo no previsto
en esta sección, se aplicará el Procedimiento Contencioso General, des-
crito en el presente código y a falta de éste las disposiciones del Código
PRiMeRA.- El producto de las multas que se impongan de conformidad
con este Código, que no tengan destino específco, serán enviadas a la
Cuenta Única del Tesoro Nacional y servirán para fnanciar los costos de
los exámenes de ADN, en los casos previstos en la presente ley o para
fnanciar proyectos relacionados con la reducción de la mora judicial
en los juicios de alimentos.
segunDA.- Los Jueces/as de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia of-
ciarán al Consejo Nacional Electoral, a la SENRES, a la Superintenden-
cia de Bancos y Seguros, al Registrador Mercantil, al Registrador de la
Propiedad y a cuanta autoridad se requiera, notifcando el nombre del
deudor, el monto de la obligación vencida con sus respectivos intereses
y la obligación de cumplir y hacer cumplir la resolución de inhabilidad
prevista en la presente ley.
PRiMeRA.- El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, en el plazo de
sesenta días contados a partir de la vigencia de la presente ley, elaborará
y publicará la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas, la que deberá
ser elaborada con base en estudios técnicos sobre el monto requerido
para la satisfacción de las necesidades básicas de los benefciarios.
Una vez que el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia se transfor-
me en uno de los Consejos Nacionales de Igualdad, la actualización y
fjación de la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas será efectuada
por el Ministerio de Inclusión Social y Económica.
segunDA.- El Consejo de la Judicatura, en el plazo de hasta noventa
días contados a partir de la vigencia de la presente ley, ejecutará un
Programa Nacional de Mejoramiento y Modernización de los Juzgados
de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. Dicho programa incluirá: la
depuración de los procesos judiciales inactivos o en abandono; elimi-
nación de la mora judicial a través de la fjación masiva de pensiones
alimenticias básicas de conformidad con lo que se determina en la pre-
sente ley y el establecimiento de medidas emergentes e inmediatas para
impedir el retardo del pronunciamiento judicial en materia de fjación
de pensiones alimenticias.
En el mismo plazo facúltase al Consejo de la Judicatura la designación
provisional y emergente de Jueces de Familia, Mujer, Niñez y Adoles-
cencia, en el número que sea necesario para las ciudades de: Quito,
Guayaquil, Manta, Santo Domingo de los Colorados, Esmeraldas y en las
capitales de provincia que el Consejo determine.
Una comisión especializada del Ministerio de Justicia evaluará los resul-
tados del programa y emitirá el informe respectivo, para que en caso
de negligencia o incumplimiento, la Asamblea Nacional inicie el juicio
político respectivo contra los y las Vocales del Consejo de la Judicatura.
teRCeRA.- El Consejo de la Judicatura en el plazo de treinta días con-
tados a partir de la puesta en vigencia de la presente Ley, elaborará y
dispondrá la inmediata implementación del “Formulario Único para la
Demanda de Pensión Alimenticia y de Incidente de Aumento o Disminu-
ción de Pensión Alimentos”. El incumplimiento de esta obligación será
informado por el Ministerio de Justicia y de ameritarlo dará lugar a la
iniciación del respectivo juicio político para la destitución de los y las vo-
cales o miembros de dichos consejos, por parte de la Asamblea Nacional.
CuARtA.- El Consejo de la Judicatura, implementará en el plazo de 120
días, un sistema de acceso directo automatizado a la información sobre
los ingresos de los/as obligados/as a prestar alimentos, para cuyo efecto
suscribirá el respectivo convenio con el Servicio de Rentas Internas, SRI.
Para efectos de otras informaciones, el Consejo de la Judicatura elabora-
rá el respectivo proyecto a fn de efectuar un cruce de información con
otros sistemas de registro como el de la Superintendencia de Bancos, el
de la propiedad y el mercantil.
Las instituciones descritas y las que determine el Consejo de la Judicatu-
ra, implementarán mecanismos gratuitos de entrega automática y por
medios electrónicos de información a los jueces a través de sistemas de
claves u otros.
QuintA.- En los juicios de alimentos que, a la fecha de expedición de la
Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas, se encuentran en trámite en
la Función Judicial y en los que no se haya fjado una pensión provisional
de alimentos, fíjase como pensión de alimentos provisional la básica
determinada en la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas.
sextA.- A partir de que entre en vigencia la Tabla de Pensiones Ali-
menticias Mínimas, ninguna pensión alimenticia podrá ser inferior a la
mínima establecida en dicha Tabla.
séPtiMA.- El Ministerio de Salud Pública implementará en un plazo no
mayor de 360 días una Unidad de Investigación Genética en la que se
practiquen en forma gratuita los exámenes comparativos de los patro-
nes de bandas o secuencias de ácido desoxirribonucleico (ADN).
oCtAvA.- En el plazo de ciento ochenta días a partir de la aprobación
de esta ley, los municipios que no han creado las Juntas de Protección de
Derechos, tendrán la obligación de hacerlo. El incumplimiento acarreará
la correspondiente acción por parte de la Contraloría General del Estado.
PRiMeRA.- Derógase el Título V Del Libro Segundo “Del Derecho a Ali-
mentos” del Código de la Niñez y Adolescencia, publicado en el Registro
Ofcial No. 737 de 3 de enero del 2003.
Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el
Distrito Metropolitano de Quito, a los catorce días del mes de julio de
dos mil nueve.
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