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Timestamp: 2019-12-11 19:15:51
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Matched Legal Cases: ['Artículo 97', 'artículo 29', 'artículo 8', 'Artículo 22', 'Artículo 25', 'Artículo 28']

ALCALDE DAVID CORNEJO ES INVESTIGADO POR QUERER COMPRAR Lí�CTEOS DE MANERA DIRECTA
Fiscal Judith Pinto Zavalaga solicita entrega de documentos, resolución, actas de concejo, videos y transcripciones de sesiones de concejo en donde regidores oficialistas avalan desabastecimiento inminente y compra a dedo. También solicita informes de Control Interno en donde se alerta sobre presunto ilícito.
De manera compulsiva y con apoyo de la Policía Nacional, sería llevado a la sede del Ministerio Público, el alcalde de la provincia de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, para ser presentado ante el Segundo Despacho de Investigación de la Tercera Fiscalía Provincial Corporativa de Chiclayo, donde despacha la Fiscal Provincial Penal, Judith Pinto Zavalaga, y pueda responder por el presunto delito de Omisión de Actos Funcionales, Falsedad Ideológica, en agravio de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.
De acuerdo a la carpeta fiscal 3670-2017, las dos nuevas denuncias de índole penal, que afronta la autoridad municipal, se suscita por persistir en adquirir de manera directa alimentos para el Programa Vaso de Leche por la suma de 2 millones de soles, ante la existencia de un presunto desabastecimiento, el cual habría sido provocado por la supuesta acción de direccionar la compra o hacerla a “dedo” o de manera directa.
La apertura de investigación fiscal detalla que la presunta afectación al Estado se hace con la adquisición de productos lácteos a “dedo” a un proveedor que también ya sería sujeto de investigación.
Conforme a la resolución número uno de la carpeta fiscal N° 3670-2017, la denuncia fue presentada verbalmente el 23 de junio pasado por la regidora de oposición Maura Yrene Hernández Gonzales, Víctor Raúl Rojas Díaz, Guillermo Enrique Segura Díaz, los que llegaron a la sede del Ministerio Público acompañados de su abogado patrocinador, Víctor Luna Victoria Menacho
Los denunciantes han hecho conocer a la fiscal Judith Pinto Zavalaga que el 13 de junio del presente año los regidores de la comuna chiclayana recibieron invitación para participar de una sesión de concejo a desarrollarse el día 14 de junio; es decir, a las 24 horas de haberse cursado la invitación.
El punto de agenda – señalan- era “Aprobar el desabastecimiento eminente de la adquisición de alimentos del Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.
El abogado defensor de los regidores denunciantes, Víctor Luna Victoria Menacho, aclaró que los fiscalizadores acudieron a la sesión de concejo para impedir que se declare el desabastecimiento inminente, y junto a sus principales funcionarios compren los lácteos de manera directa.
“Con la licitación N°02-2017 se pretendía comprar insumos para el Vaso de Leche por 2 millones de soles, pero esa licitación había sido observada por el Órgano de Control Institucional -OC- a cargo de Wilder Castro Nieves. La observación señalaba que se había detectado una serie de “vicios” y presunto direccionamiento, motivando que la adquisición quede sin efecto y se convoque a una nueva, pero subsanando las observaciones que le hicieron a la anterior.
Víctor Luna Victoria detalla que en señal de transparencia, se hacía necesario se realice una nueva licitación pública abierta. Además, el alcalde debería haber dispuesto abrir investigación administrativa, así como sanción y denuncia penal contra aquellos funcionarios que habrían provocado el desabastecimiento inminente de los productos lácteos, pero a la fecha nada de eso se ha hecho y más bien la autoridad municipal les estaría dando todo su respaldo.
Para que la comunidad tenga conocimiento, reveló que el Comité Especial de Adquisición está conformado por la gerente de Desarrollo Social, Luz Mariela Velezmoro Delgado en su calidad de presidenta, quien además es hija del alcalde de la Municipalidad Provincial de Lambayeque, Ricardo Velezmoro Ruiz. Además, el comité es integrado por el subgerente de Logística Homero Edmundo Vigo Quintana y el responsable del órgano encargado de las compras, Marco Antonio Medina Villena.
A la fiscal Judith Pinto Zavalaga también se le hizo conocer, que en la sesión de concejo del 14 de junio, los regidores Edwin Antero Huancas Ojeda, Alfredo Adán Montenegro Bermeo, Boris Gustavo Bartra Grosso, Elvis Bustamante Tarrillo, Juan Carlos Pérez Baustista, José Luis Carlos Cabrejos Ucañay, Octavio Romero Romero y Ricardo Guillermo Lara Doig, votaron a favor de la declaratoria de desabastecimiento inminente del Programa del Vaso de Leche, y apoyaron la compra de manera directa.
“La acción de los regidores oficialistas quedó plasmado en el Acuerdo de Concejo N° 035-2017 MPCH/A, la que aprueba la situación de desabastecimiento del Programa del Vaso de Leche, y por consiguiente se procede a la adquisición temporal de dicho insumo por el monto señalado en el Informe N° 175-2017-MPCH/SGASYA, emitido por la Sub Gerencia de Asistencia Social y Alimentaria, Luz Mariela Velezmoro Delgado, por el plazo de 60 días”, sostuvo Víctor Luna Victoria.
Aclara también que mediante dicho acuerdo se autoriza al Gerente de Administración y Finanzas y a la Sub Gerencia de Logística para que realice la compra directa e inmediata de productos lácteos.
“Los regidores oficialistas avalan también la compra de alimentos sin los debidos controles que demandan los procesos de licitación. Además, con la resolución de alcaldía N° 460-2017-MPCH/A del 13 de junio del 2017, el alcalde David Cornejo Chinguel resuelve declarar la nulidad de oficio del proceso de Selección, Licitación Pública N° 002-2017-MPCH-CS, relacionados a la adquisición de alimentos, cuando Control Interno solicitaba que se retrotraiga y se convoque a una nueva licitación, pero absolviendo las observaciones realizadas”, indica Luna Victoria.
MILLONARIO DIRECCIONAMIENTO
Ante el inicio de la investigación preliminar por parte del Ministerio Público contra el alcalde David Cornejo Chinguel y los que resulten responsables, por el plazo de 190 días naturales o calendario, la fiscal Judith Pinto Zavalaga fue alertada que la licitación pública denominada “Suministro de leche fresca de vaca y hojuelas de avena, arroz, cebada, kiwicha con semillas de girasol con leche entera en polvo con omega 3 y enriquecida con vitaminas y minerales sabor a canela, consta de dos ítem o dos partes.
La primera parte había sido adjudicado a Tulio Jesús Montenegro Vásquez, por un monto de un millón 084 mil 137.60 soles. La segunda parte de la compra, había sido adjudicada al Consorcio Chuzal, por un monto de 883 mil 868 soles.
Sin embargo, el presunto direccionamiento se dio a pesar que el 16 de mayo pasado, el Órgano de Control Interno –OCI- notificó al alcalde David Cornejo Chinguel el informe de Acción Simultánea de Control N° 005- 2017 OCI, advirtiendo la existencia de dos nuevos vicios encontrados en la licitación N° 02-2017 con el objetivo que se hagan las correcciones respectivas, al no existir pluralidad de proveedores para el requerimiento de hojuelas de avena, arroz y cebada.
“La OCI señala que a la licitación pública N° 02-2017–inicialmente se presentaron Producciones Nacionales TC EIRL., Servicios Generales & Comercializadora Mondragón EIRL, y D´Celis Bussines SAC, pero extrañamente, de todas ellas, solamente la empresa Producciones Nacionales TC EIRL es la única que cuenta con registro sanitario activo para vender productos para el consumo humano, consistente en hojuelas de avena, arroz, cebada”, explica Víctor Luna Victoria.
Teniendo en claro la denuncia, la fiscal Judith Pinto Zavalaga promovió iniciar investigación penal preliminar por 120 días normales, contra David Cornejo Chinguel en su calidad de alcalde de Chiclayo, quien debió haberse presentado a las 12 del día del martes primero de agosto y del miércoles dos de agosto, pero no lo hizo.
De igual manera, la representante del Ministerio Público ha solicitado la expedición de copias certificadas de los expedientes administrativos N° 132920 y 115361, que tendrían que ver con la entrega de buena pro a proveedores supuestamente direccionados.
Asimismo, se ha cursado oficio a la Oficina de Control Institucional a cargo de Wlder Castro Nieves, con la finalidad que emita un informe respecto a los hechos que son materia de investigación.
No conforme con ello, la fiscal Judith Pinto también emitió la providencia N° 01 de la carpeta fiscal N° 3670-2017, en la que ha pedido del abogado Víctor Luna Victoria, mediante escrito N° 01, se ha requerido al subgerente de Secretaria General de la comuna chiclayana, Gerardo Ordinola Araujo, remita los vídeos y antecedentes administrativos de la convocatoria.
También se ha solicitado sobre la asistencia y transcripción de las sesiones de concejo extraordinarias de fecha 14 y 21 de junio del 2017, en donde se convocó – la primera- para tratar el desabastecimiento inminente de la adquisición de alimentos para el Programa Vaso de Leche.
Asimismo, al alcalde David Cornejo se le ha requerido remita la integridad de los antecedentes administrativos debidamente foliados y fedateados de los antecedentes que dieron origen a la emisión de la Resolución de Alcaldía N° 460-2017-MPCH del 13 de junio del presente año, en donde se declara la nulidad del pr4oceso de selección pública N° 002-2017.
Además, se le pide que remita los antecedentes administrativos debidamente foleados y fedateados del proceso de selección licitación púbica N° 002-2017, relacionado a la compra de alimentos para el Programa Vaso de Leche.
Otra petición se ha hecho al jede de Control Institucional de la MPCH, Wilder Castro Nieves, a quien se le ha solicitado remitir el informe de acción simultánea N° 005-2017 OCI-0425-AS del 18 de abril al 12 de mayo del 2017.
También que remita al despacho fiscal los antecedentes que dieron origen al oficio N° 151-2017-MPCH, y las respuestas al mismo por parte de la Municipalidad de Chiclayo.
“La acción legal contra el alcalde David Cornejo Chinguel se está judicializando de dos formas. Una de ellas va con la denuncia penal que se ha interpuesto haber insertado un hecho falso en la sesión extraordinaria de concejo del 14 de junio, que no es más que por el delito de falsedad ideológica y omisión de funciones”, añade Luna Victoria.
Explica También que dentro de sus funciones, el alcalde debió haber puesto en conocimiento del seno edil el informe de la OCI, pero no lo hizo, mintió, omitió su función y lo peor de todo es que ha mentido al pleno de concejo municipal”, sostuvo.
De igual manera, sobre la autoridad municipal –indica- cae una demanda contenciosa administrativa, la que tiene por objeto lograr que el poder judicial suspenda los efectos del Acuerdo de Concejo N° 36-2017-MPCH/A, que declara infundada la reconsideración por afectación a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, afectando el principio de legalidad.
“Considero que no solamente el alcalde debe estar inmerso en la inversión, y es por ello que está ampliado contra los que resulten responsables, ya que existiría contubernio con algunos regidores, como los del oficialismo: Edwin Antero Huancas Ojeda, Alfredo Adán Montenegro Bermeo, Boris Gustavo Bartra Grosso, Elvis Bustamante Tarrillo, Juan Carlos Pérez Baustista, José Luis Carlos Cabrejos Ucañay, Octavio Romero Romero y Ricardo Guillermo Lara Doig, los que deben explicar porque votaron a favor del desabastecimiento y por la compra directa”, recalcó.
JUBILADOS SE OPONEN A LA VENTA DE ACCIONES: CAUSAS DE LA CRISIS EN LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL TUMí�N
La Asociación de Jubilados viudas y herederos legales de Tumán y anexos, ante los últimos acontecimientos en la Empresa Agroindustrial Tumán SAA, de la cual sus integrantes son accionistas fundadores, ha presentado una lista detallada sobre los antecedentes de la crisis que aún enfrenta la azucarera, a fin de posibilitar un mejor entendimiento del problema.
“Hay que hacer una exegesis de cómo es que se ha llegado a la situación actual, el gobierno fujimorista en el año 1995 a través del Decreto Legislativo N° 802, Ley de saneamiento económico financiero de las empresas agrarias azucareras, dio un dispositivo legal en el cual se obligó a las entonces cooperativas agrarias de producción, entre ellas Tumán, a cambiar de modelo societario de cooperativa a sociedad anónima. Si bien es cierto el régimen cooperativo fracasó por múltiples motivos, la propiedad de la empresa en todo momento se mantuvo en poder de sus trabajadores, que a la vez eran socios cooperativistas, este Decreto Legislativo N° 802, resultó funesto por varias razones”, explica José Asunción Reyes, asesor legal de la asociación.
Entre las razones menciona que el cambio de modelo empresarial de cooperativa a sociedad anónima se dio sin previamente capacitar y preparar a los futuros accionistas, repitiéndose el error del modelo cooperativo y que a través del Decreto Legislativo N° 802 se capitalizó la compensación por tiempo de servicio y demás adeudos laborales de los trabajadores y jubilados al valor nominal de 10 soles cada acción. Es decir, a cada trabajador le costó 10 soles cada acción de la naciente sociedad anónima.
Otra razón – señala – es que el Estado no se preocupó por reflotar o establecer políticas de promoción e incentivos de las nacientes sociedades anónimas. Por el contrario, sobrecargó tributos, cargas e impuestos sin tener en cuenta que durante todo el tiempo de época cooperativista el Estado no invirtió en las localidades.
“El Estado no dio luz, agua ni servicios alguno, porque Tumán como modelo cooperativo era un pequeño Estado dentro del Estado Peruano, autogestionario en todos sus niveles. El Estado nunca realizó políticas de inversión durante años. Sin embargo, la infraestructura de hospitales y colegios las aprovecho el Estado cuando se creó el distrito de Tumán el fecha 29 de enero de 1998, mediante Ley N° 26921, sin recibir ninguna compensación económica ni ningún tipo de apoyo a cambio”, precisa el abogado.
Añade que el Estado, lejos de adoptar políticas sanas de competitividad, dejó a la merced del mercado la fluctuación del valor de las acciones en bolsa de valores.
“El Estado en ningún momento se preocupó por capacitar lo que significaba ser accionista en la empresa, tal es así que los trabajadores y jubilados no eran conscientes lo que representa una acción, siendo esta la propiedad de una sociedad y empezaron a vender como si fuera cualquier mercadería a precios irrisorios, no respetándose el derecho que establece de preferencia conforme al Artículo 97 y 208 de la Ley General de Sociedades, sino ofertándose directamente en bolsa de valores, todo esto originó que seudo accionistas hayan adquirido a precios de regalo las acciones de Tumán, consiguiendo con ello pretender tener el control y la propiedad de la empresa, como ha sucedido con el írrito V Directorio”, cuestiona Asunción Reyes.
Añade que la situación es aún más crítica en otras empresas azucareras, donde los trabajadores perciben menos de la Remuneración Mínima Vital – RMV, que asciende legalmente a 850 soles. En Tumán, el promedio de los ingresos de un trabajador es de mil 200 soles.
¿Quiénes son los responsables de la situación que atraviesa la agroindustrial?
Según la asociación, uno de los principales responsables es César Sandoval, quien en su momento estuvo en la administración judicial de la Empresa Agroindustrial Tumán SAA, y – denuncian - no se preocupó en lo más mínimo por convocar a elecciones para elegir a Directorio cuando las acciones del Grupo Oviedo estaban suspendidas por mandato del Juzgado Mixto de Ferreñafe, con expediente N° 114 – 2016.
Similar carga pesa sobre Leoncio Egúsquiza, también ex administrador judicial, quien tampoco se preocupó en realizar las elecciones de la Junta General de Accionistas para elegir al Directorio.
“Por el contrario, se creyeron eternos y una vez sentados se olvidaron de las promesas y de lo que debieron hacer, usufructuando el cargo, tratando de proteger su permanencia en el poder y aquí están los resultados que han traído abajo a Tumán. Ambos se encuentran descalificados para pretender conducir Tumán”, afirma José Asunción.
POSICIÓN DE LOS ASOCIADOS
Asunción Reyes refiere que la Asociación de Jubilados, Viudas y Herederos de Tumán y Anexos es en rechazo a al Grupo Oviedo y también a Ernesto Flores Vílchez, quien estaría detrás de la resistencia que se mantiene en cierta parte de los trabajadores.
“La Asociación de Jubilados, Viudas y Herederos Legales de Tumán y Anexos es absolutamente autónoma, no obedece a ningún grupo económico, únicamente se debe a sus miembros, a los socios que la conforman, es por eso que no se ha prestado ni se ha sometido para ninguna situación que deslegitime su naturaleza gremial”, refiere el abogado.
Afirma que la asociación la asociación posee el mayor paquete de acciones y por ello demanda enérgicamente a los trabajadores, jubilados y accionistas a no seguir vendiendo sus acciones. “No debe venderse ni una acción más, especialmente este clamor se hace llegar a los herederos legales, que son los que últimamente están vendiendo en mayor cantidad sus acciones porque consideran que solo es una mera herencia que deben repartirse”, indica el abogado, quien asegura que los fundadores de la empresa todavía poseen un poco más del 50 % de las acciones de la empresa.
“Saludamos la nulidad de la Resolución N° 550, del expediente N° 4430-2001 del Séptimo Juzgado Civil de Chiclayo, resuelto por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, respaldando al fiscal Juan Carrasco Millones, investigando al señor Oviedo y la cúpula que en su momento administró y depredó la Empresa Agroindustrial Tumán S.A.A. Asimismo, rechazamos la decisión judicial que deja sin efecto la administración judicial que es encabezada por el ingeniero Daniel Rioja Sánchez, ordenada por el Juzgado Mixto y Penal Unipersonal de la provincia de Bongará, de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, con expediente N° 00018 – 2017”, manifiesta Asunción Reyes.
Por otro lado, a nombre de la asociación exhorta Daniel Rioja Sánchez a seguir liderando la residencia al V Directorio instalado en la azucarera.
“Cuestionamos que la Zona II Registral de Chiclayo haya inscrito en la Partida Electrónica N° 11002177 el nombramiento del V Directorio de la Sociedad Anónima Empresa Agroindustrial Tumán a sabiendas que las resoluciones emitidas por la Primera Sala Civil de Chiclayo han anulado al IV Directorio y la administración judicial, ambas del Grupo Oviedo por lo que en su oportunidad denunciaremos al registrador que ha incurrido en ilícito penal”, advierte.
Asimismo, propone que todos deben unirnos para exigir que las acciones del Estado sean transferidas a los jubilados.
“Proponemos iniciar una cruzada para comprar acciones, todo el pueblo de Tumán desde la ama de casa, el universitario, jubilado, el trabajador que tiene acciones, tenga más acciones, el que no tiene acciones comprarlas en la bolsa de valores, para de esta manera garantizar la propiedad de la Empresa Agroindustrial Tumán, sobretodo unirnos y lograr sacar a este V Directorio, logrando así una verdadera elección únicamente entre los accionistas fundadores de la Empresa Agroindustrial Tumán SAA”, concluye.
DOCENTES GESTORES, FUNDADORES Y ORGANIZADORES: DESPEDIDOS ILEGALMENTE DE LA UNIVERSIDAD DE CHICLAYO
Juan Prado Quispe y Nelson Espinoza Guerrero gozaban de su período vacacional cuando fueron notificados con Carta Notarial, el pasado 14 de julio, que el vínculo laboral que sostenían con la Universidad Particular de Chiclayo había extinguido por límite de edad, decisión que según la casa de estudios adoptó de acuerdo a ley.
El docente universitario Nelson Espinoza Guerrero, durante la gestión del arquitecto Alberto Felipe Ortiz Prieto como rector, ha sido despedido cinco veces de manera ilegal.
El primer despido se realizó en el 1999, cuando la universidad sostuvo que por estar involucrado en un proceso penal en Iquitos no debería trabajar ni ser reincorporado.
El segundo despido se produjo en el año 2000. El argumento fue que “por una razón moral no merecía ser docente” de la referida casa de estudios.
El tercer despido tuvo lugar en el 2001, ocasión en la que la universidad refirió que al haber cobrado parte de su CTS, a Espinoza Guerrero ya no le unía vínculo laboral alguno con su empleadora.
El cuarto despido fue en el 2002. Aquella vez la UPCH ejecutó la destitución al sostener, de manera increíble, el argumento del año 2001, a pesar de haberse declarado judicialmente ilegal.
El quinto despido data del año 2004, en el momento que la UPCH convocó al proceso de Rectificación Docente con un reglamento ilegal. En aquella oportunidad, lo cesó junto a otros integrantes del Sindicato de Docentes de la UDCH. Todas las reposiciones que Espinoza Guerrero ha logrado se han realizado a través del Poder Judicial.
Nelson Espinoza Guerrero ha solicitado a través de un proceso de Amparo se declare la Nulidad del Despido, por la causal prevista en el inciso “c” del artículo 29 del Decreto Supremo 003-97-TR, declarando nula y sin efecto legal la Carta Notarial de Despido de fecha 14 de julio del presente año, en la cual se decide extinguir su vínculo laboral que sostiene con la Universidad Particular de Chiclayo, requiriendo además que el Juez del Juzgado Especializado en lo Civil que corresponda disponga su reposición como docente principal con nivel A-3 de la UDCH, más costas y costos del proceso, sin perjuicio a iniciar una acción judicial por los daños ocasionados.
Espinoza Guerrero sostiene en su demanda que él, junto a otros docentes gestionó la Ley de Creación de la Universidad Particular de Chiclayo, Ley N° 24086, de fecha 11 de enero de 1985, y posteriormente logró su institucionalización ante la Asamblea Nacional de Rectores – ANR, en 1992, conforme a la certificación Rectoral existente.
A mérito de ello, la universidad, conociendo su significativa labor cumplida en bien de la educación superior en Lambayeque, procedió a reconocer a la Comisión Organizadora los beneficios y remuneraciones de autoridad A-3 a Espinoza Guerrero y de autoridad A-2 a Roger Luna Jiménez, César Cubas Quijano y Juan Prado Quispe, cargos equivalentes al del Rector y de los Vicerrectores en ejercicio a través de la Resolución 137-94-R-UPCH, de fecha 22 de agosto de 1994, tal como el demandante lo prueba en el expediente.
Este beneficio fue posteriormente ampliado a través de la Resolución 130 -95-R- UPCH, de fecha 6 de febrero de 1995, conforme se acredita, disponiéndose además que para todos los efectos se les consignará el nivel de autoridad A-3 y de autoridad A-2 en sus Boletas de Pago; estatus que la universidad demandada ha reconocido hasta la fecha y desde hace 23 años consecutivos e ininterrumpidamente.
Señala el demandante que los beneficios y remuneraciones fueron determinados judicialmente en múltiples procesos laborales y de garantía, cuando la gestión de Ortiz Prieto se atrevió a desconocerlos.
La nivelación de la remuneración de la que goza Espinoza Guerrero es lograda a través de una decisión y fallo judicial emitido el 1 de julio del 2004, dictada por la Sala Laboral de Lambayeque, la cual confirmó el fallo de primera instancia de fecha 28 de marzo del 2004 y donde se le reconocen entre otros derechos la nivelación de su remuneración de Autoridad A-3. Es decir, Espinoza Guerrero cuenta con un mandato judicial para que siga percibiendo el sueldo de rector en ejercicio.
La otrora autoridad universitaria, señaló a Expresión que actualmente cumple el cargo de Secretario General del Sindicato de Docentes de la UDCH, gremio que logró precisamente, en enero del 2007, suspender la solicitud de Adecuación de la UDCH al Decreto Legislativo N° 882 y denunciar penalmente a las principales autoridades y directivos de la universidad por el delito Contra la Administración de Personas Jurídicas y otros ilícitos más, que incluso generaron Comisiones Investigadoras por parte del Congreso de la República.
Para Espinoza Guerrero, la autoridad rectoral de la Universidad Particular de Chiclayo ha aplicado de manera ilegal el artículo 8 de la Ley 30220 y ha cursado una carta de extinción de contrato porque el rector Alberto Ortiz Prieto no le perdonaría los logros sindicales que ha obtenido en tanto él representa a los trabajadores de la Universidad Particular de Chiclayo como secretario general del gremio.
“Al margen de ello, he sostenido con la UPCH, cerca de veinte procesos judiciales, por el tema de mis cinco despidos, pago de devengados, acciones de amparo, acciones de cumplimiento, nivelación, cese de hostilidad y otros. Todos estos hechos acreditan con suficiente solvencia que la alta dirección de la universidad sigue tomando represalias contra mi persona y ahora, tratando de modificar y variar mis condiciones de trabajo, aplicándome el cese por límite de edad, previsto en la ley solo para los docentes de la universidades públicas”, precisa Nelson Espinoza.
El docente y dirigente universitario también refiere que en la vía administrativa, la Junta Directiva que preside ha promovido la Negociación Colectiva 2014 y 2105, en la cual también es parte de la Comisión Negociadora representando al Sindicato de Docentes de la UDCH, trámite que ya ha superado, la primera y segunda etapa de la Negociación Colectiva, es decir la Etapa de trato directo y conciliación, encontrándose ahora en la tercera y última etapa que es el arbitraje.
“La Negociación Colectiva 2014 y 2015 se encuentra registrada ante la Gerencia Regional de Trabajo de Lambayeque, bajo el Expediente N° 1331033-2014-GR- LAMB/GRTPE-L/DPSC, y sus últimos dos actos procesales son: la Resolución de fecha 23 de marzo de 2017, en la cual la Autoridad de Trabajo requiere a la UDCH para que en el plazo de cinco días designe a su arbitro y presente su Información Económica Financiera y Laboral; bajo apercibimiento de multa; acto procesal promovido a pedido del Sindicato de fecha 18 de noviembre del 2016, según Registro 2725947. El otro acto es la Resolución de fecha 22 de junio del 2017, en la cual la autoridad de Trabajo, ante el incumplimiento de la UDCH, dispuso multarla con tres mil 37.50 soles. A raíz de ello, la UDCH en represalia ha decidido despedirme, disponiendo la extinción de mi contrato de trabajo a partir del 15 de julio del 2017”, indica.
Ante evidentes irregularidades del despido, el docente ha fundamentado un proceso de Amparo el pasado 24 de julio que busca su inmediata restitución de trabajador de la casa de estudios en la que ha laborado por más de 35 años.
DEMANDA DE PRADO QUISPE
Por su parte, el también fundador de la UDCH, Juan Prado Quispe, docente principal de la casa de estudios superiores, ha entablado un proceso de amparo porque precisa que con la Carta Notarial de Extinción del Vínculo Laboral han sido violados su derecho al trabajo, garantizado por el Artículo 22 de la Constitución Política y demás normas internacionales; derecho a las vacaciones, garantizado por el Artículo 25, segundo párrafo de la Constitución Política y demás leyes, y el derecho a la sindicalización y negociación colectiva, garantizado por el Artículo 28 de la Constitución Política y demás leyes.
HUMBERTO ACUí�A EN SU INFORME DE GESTIÓN DE MEDIO Aí�O: "LA EDUCACIÓN DE CALIDAD ES MI MAYOR
Destaca también que su trabajo ha sido orientado a que la población con necesidad tenga una mejor atención de salud. Espera que el Gobierno Central apoye a Lambayeque en la realización de la obra del Terminal Marítimo de Puerto Eten.
“Somos una entidad que provee servicios públicos e infraestructura de calidad, fomentando la inversión pública y privada con la participación de los actores sociales, para el desarrollo regional sostenible e inclusivo”, sostuvo el Gobernador Regional de Lambayeque, Humberto Acuña Peralta en su informe de gestión y desarrollo durante la Primera Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.
En ese sentido, la autoridad regional manifestó que se efectivizaron 267 millones 457 mil soles del Presupuesto Institucional Modificado (PIM).
El primer mandatario de la región fue muy optimista en afirmar que a la fecha de su gestión –en el año 2017- existe un 51 por ciento de avance en la ejecución de inversiones y muy maduro –políticamente- al señalar que el Gobierno Regional de Lambayeque, ocupa el segundo lugar en el ranking nacional de acuerdo al reporte de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El mandatario regional destacó una serie de obras ejecutadas en el sector Salud, Educación, Transporte, Infraestructura, entre otros, esperando el apoyo del Gobierno Central con el objetivo de hacer realidad grandes proyectos como por ejemplo el Terminal Marítimo de Puerto Eten.
DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
Humberto Acuña Peralta reveló que en el presente año, el presupuesto institucional ampliado (PIM) alcanza los 267 millones 457 mil soles, los que han sido destinados a la ejecución de 122 proyectos en beneficio de la población lambayecana.
Revela que el logro al que ha llegado, no es más que una demostración de la transparencia y eficiencia en administración pública en la atención a los diferentes sectores con que cuenta la región Lambayeque, como Salud, Vivienda, Transportes, Agricultura, Producción, Turismo, Seguridad y Orden.
Destaca que del total de proyectos desarrollados y ejecutados por el Gobierno Regional, un total de 39 corresponden al sector Educación, 23 a Producción, 12 a Planeamiento, 3 a Transportes, 8 a Agricultura, 6 a Salud, 8 a Transporte Interurbano, 4 a Turismo, 1 a Medio Ambiente, 3 a Seguridad y Orden Público, 3 a Saneamiento Básico, 3 a Energía, 3 a Gobernabilidad y 6 a Vivienda.
En el sector educación, el cual es uno de los de su mayor preocupación con la finalidad de acabar con el analfabetismo en la región Lambayeque y dar una profesión a los jóvenes y una labor a los adultos, señala que en el primer semestre del 2017 se ha logrado una inversión de 90 millones 473 mil con 6 soles.
Además, revela se viene atendiendo a un total de 107 mil 466 estudiantes de instituciones educativas estatales, así como a 354 estudiantes con discapacidad severa y a mil 1,340 estudiantes inclusivos, con discapacidad leve o moderada.
En cuanto a los Programas No Escolarizados –Pronoeis- destaca que se necesita seguir invirtiendo. En la actualidad –sostuvo- se viene atendiendo a Pronoeis de las tres provincias, con una cantidad de 3,094 niños en las zonas rurales y 5,967 niños en las zonas urbanas.
Otra acción en educación, es la existencia de programa de educación logros de aprendizaje, el cual está fortaleciendo el trabajo en el aula. En este programa existen un total de 2,785 docentes de la región, los que tienen a su cargo a un total de 59,370 estudiantes, lo que a la fecha han mejorado su aprendizaje en lectura y matemática.
En cuanto a infraestructura educativa, explica la obra de mejoramiento del servicio educativo en el colegio Elvira García y García, el cual es remodelado con una in versión presupuestaria de 10 millones 690 mil 226 soles, y cuya obra se encuentra en un avance físico del 3 por ciento.
“En mi gobierno regional no tenemos miramiento por nadie, todos son iguales y es por ello nuestra atención. En el sector Valle Nuevo, en el colegio 10996, en el colegio 10140 del caserío Pítipo Burga, en el colegio 11068 del caserío San Luis, ubicados en los distritos de Mochumí Pítipo, se ha invertido un total de 3 millones 305 mil 956 soles, teniendo un avance físico del 100 por ciento; es decir, ya están concluidos”, detalló.
Indicó que en los colegios 329, 10090, 339 de los distritos de Incahuasi y Mórrope, se ha hecho una inversión de 3 millones 957 mil 376 soles, los cuales se encuentran en un avance físico del 82 por ciento.
“También se ha hecho una inversión de 2 millones 443 mil 734 soles en el mejoramiento y ampliación del colegio inicial de Huaca Blanca, en Chongoyape, el cual ya tiene un avance físico del 100 por ciento”, sostuvo.
Pero eso no es todo, Humberto Acuña hizo conoce que un total de 6 millones 177 mil 662 soles se vienen invirtiendo en el mejoramiento del servicio educativo de 8 colegios de nivel primario en Motupe, Olmos, Salas, Pitipo, Cañaris y Chiclayo.
Sin embargo, Humberto Acuña destacó la inversión de 54 millones 957 mil 223 soles, en el mejoramiento del servicio educativo del Colegio Militar Elías Aguirre, destacando que a la actualidad la obra se encuentra en un 61 por ciento de avance.
“Estamos cumpliendo el compromiso asumido con el sector Educación y con la mejora de la calidad educativa en Lambayeque. Apostamos por esta obra, porque estamos convencidos de que beneficiará la formación en valores y disciplina de miles de jóvenes lambayecanos.
La inversión es de más de 54 millones de soles, porque contempla la construcción integral de nueva infraestructura, construcción de pabellones de aulas, dormitorios, laboratorios, biblioteca, coliseo, área de ceremonias especiales, entre otras áreas”, expresó Acuña Peralta
Destacó también la existencia del Programa Presupuestal 051- Devida, el cual abarca a alumnos y familias sensibilizadas para prevenir el consumo de drogas.
“En esta tarea existen 423 docentes tutores debidamente capacitado, los que están ubicados en 21 colegios que agrupan a un total de 15 mil 330 estudiantes beneficiados. Pero eso no acaba allí, también contamos con 60 docentes capacitados que apoyan u orientan a 900 familias, y de los cuales en la actualidad se cuenta con 361 líderes capacitados”, explicó.
Otra preocupación educativa – indica- que ha llevado a su gobierno regional a tener en la agenda del día, es el aprendizaje del idioma inglés; lengua que en la actualidad es hablada en todas partes del mundo.
“Contamos con 80 docentes asistidos en inglés que brindan atención educativa a 16 mil alumnos de 64 instituciones educativas. Eso es en la zona urbana, ya que en la zona rural hay un total de 1209 alumnos que son beneficiados con este programa”, sostuvo.
Aclara, que también se cuenta con 28 docentes que están en escuelas rurales, asistiendo a alumnos en las materias académicas de matemática y comunicación.
Finalmente, sostuvo que una de las preocupaciones de su gestión regional es el fortalecimiento del trabajo del alumno en aula, y para ello se cuenta con 2 mil 785 docentes en toda la región, los que cuentan con el apoyo de 62 acompañantes pedagógicos, para ofrecer atención educativa a 59 mil 370 escolares, los que han mejorado su aprendizaje en lectura y matemática.
TRABAJO LEGAL Y DE DESARROLLO
Durante su alocución, Humberto Acuña precisó que el consejo regional realizó 19 sesiones, emitiendo 63 acuerdos regionales, 22 dictámenes y 11 ordenanzas regionales, las que han sido trabajadas a conciencia, teniendo en cuenta que Lambayeque necesita del desarrollo y desarrollar para seguir siendo considerado piloto de desarrollo del norte del país.
Asimismo, indicó que el área de Asesoría Jurídica atendió 637 casos administrativos, de los cuales 567 fueron de asesoría técnica legal de diferentes unidades orgánicas y dependencias regionales. De igual manera, 70 de ellas fueron de opinión legal emitidas en relación a recursos administrativos y quejas.
Aparte de ello, señala, se firmaron 245 convenios entre ellos el N° 04-2017 con la empresa promotora del desarrollo agropecuario sostenible, para la implementación de acciones y transferencia de tecnología en manejo de cultivos, crianzas y recursos ambientales.
“También se suscribió el convenio N° 013-2017 con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables para el desarrollo del programa de adopción en la región Lambayeque”, explicó.
En cuanto a la Procuraduría Pública, su trabajo ha estado centrado en 31 mil 530 procesos en materia laboral, constitucional, civil y penal, de los cuales, entre los meses de enero a junio, un total de 253 demandas han sido archivadas.
Advierte el mejoramiento de la infraestructura vial y peatonal de la Av. Los Incas, con una inversión de 6 millones 948 mil 290 soles, la que en la actualidad se encuentra en un avance del 82 por ciento.
En el sector agricultura, se han desarrollado defensas ribereñas en las márgenes del rio Reque, que abraza a los distritos de Ciudad de Eten y Monsefú, lo que ha demandado una inversión de 15 millones 929 mil 04 soles, y donde se han visto beneficiadas un total de mil 357 familias de la zona.
También se han realizado descolmatación de drenes
Humberto Acuña fue práctico al sostener que su trabajo como autoridad regional gira en torno al plan de desarrollo regional concertado Lambayeque 2011- 2021, teniendo como base cuatro ejes fundamentales para gobernar y apuntar al desarrollo de la región Lambayeque.
“Mi trabajo como autoridad regional está centrado en cuatro ejes estratégicos de trabajo. El primero es el eje de la Inclusión e integración socio cultural y acceso a servicios sociales básicos, que abarca Educación, Salud, Programas Sociales, Vivienda”, destacó.
Agrega que el segundo eje estratégico es el de Competitividad Económica - Productivo e Innovación, que abarca, Agricultura, Transportes, Turismo, Energía y Minas.
Indica que en lo que concierne al Proyecto Olmos, se alcanzó la meta de 17 mil 342 hectáreas sembradas en el Valle Nuevo y 597 hectáreas en el Valle Viejo.
En el sector Transporte, se asignó un presupuesto de 10 millones 785 mil soles para el mejoramiento de la transitabilidad en convenio con pro vías descentralizado. También se trabaja en el mejoramiento de la carretera Ciudad Eten- Villa el Milagro- Cascajales, y Puente Los Pósitos
De igual manera se culminó la construcción del camino vecinal tramo Mamajpampa – Cañaris, que une los distritos altoandinos de Cañaris e Incahuasi.
En turismo, se ejecuta el mejoramiento de los accesos turísticos al Bosque de Pómac, y en el sector de Energía, se culminó con la electrificación de 19 caseríos del área rural.
El tercer eje es el de Gobernabilidad y Gestión Pública, que abarca Defensa Civil y Seguridad Ciudadana y Promoción de Inversiones, se atendió la emergencia por las lluvias de "El Niño Costero”, llevando 1,500 toneladas de ayuda humanitaria.
Además, se culminó con los proyectos de fortalecimiento del servicio de equipo mecánico y de la gerencia pública.
Finalmente, el cuarto eje es el de Gestión Territorial y Ambiental, que preocupa en Gestión Ambiental, que agrupa instalación de viveros, reforestación, apoyo en limpieza pública en zonas críticas de Chiclayo, José Leonardo Ortiz y La Victoria.
Además, se ha consideró la instalación de 15,630 plantones en la reserva forestal Montes de la Virgen y se erradicaron un total de 9 mil 787 toneladas de basura en José Leonardo Ortiz y La Victoria.