Source: https://it.scribd.com/document/220975398/Sentencia-Bienes-de-Uso-Publico
Timestamp: 2020-02-28 13:42:53
Document Index: 97414272

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 241', 'artículo 674', 'artículo 58', 'artículo 329', 'artículo 55', 'artículo 1', 'artículo 82', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 82', 'artículo 5', 'artículo 166', 'artículo 82', 'artículo 63', 'artículo 178', 'artículo 6', 'artículo 169', 'artículo 175', 'artículo 6', 'artículo 679', 'artículo 177', 'artículo 682', 'artículo 682', 'artículo 124', 'artículo 1005', 'artículo 63', 'artículo 58', 'artículo 63', 'artículo 150', 'artículo 338', 'artículo 338', 'artículo 317', 'artículo 328', 'artículo 150', 'artículo 6']

Sentencia Bienes de Uso Publico | Propiedad | Impuestos
SalvaSalva Sentencia Bienes de Uso Publico per dopo
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 6º, numeral 3º, parcial de la ley 768 de
2002 “por la cual se adopta el régimen político, administrativo y fiscal de los distritos portuario
e industrial de Barranquilla, turístico y cultural de Cartagena de indias y turístico, cultural e histórico de Santa Marta”.
pago de este impuesto no genera ningún derecho sobre el terreno ocupado”.
Consideraciones de la
En virtud de lo dispuesto por el artículo 241 -4 la Corte Constitucional es competente para conocer de las demandas de inconstitucionalidad contra normas de rango legal, como la que se acusa en la demanda que se estudia.
Comentario [71]: Qué es el dominio privado y qué es el dominio público?
”(2). En esta categoría se encuentran los bienes fiscales , definidos en el artículo 674
Comentario [72]: BIENES DE USO PUBLICO.
3.1. La Constitución Política y la ley, reconocen dos clases de dominio sobre los bienes: el
dominio privado y el dominio
El primero de ellos, esto es, el dominio privado puede ser: individual como lo establece el artículo 58 superior, en el cual se garantiza la propiedad privada, la cual concibe con una función social que implica obligaciones, “y los demás derechos adquiridos” conforme a las leyes civiles, que no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores; y, la colectiva, a la que hacen referencia los artículos 329 y 55 transitorio de la Carta, con las limitaciones que establecen los artículos citados en relación con su posibilidad de enajenación. Así, el artículo 329 superior, dispone que “*l+os resguardos son de propiedad colectiva y no enajenable”, y el artículo 55 transitorio ídem, se ocupa de los bienes baldíos de las zonas rurales ribereñas de las cuencas del pacífico, y dispone que la propiedad reconocida sobre ellos a las comunidades negras “sólo será enajenable en los términos que señale la ley”. Este dominio privado, se encuentra regulado por el régimen jurídico que rige las relaciones entre particulares.
El domi nio público, por el contrario, y sin entrar en las diferentes tesis que origina la formulación de un criterio para determinar lo que es el dominio público, asunto que ha sido esbozado en varias sentencias proferidas por esta corporación(1), lo constituye “el conjunto de bienes que la administración afecta al uso directo de la comunidad o que lo utiliza para servir a
del Código Civil como “*I+os bienes de la unión cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes, se llaman bienes de la unión, o bienes fiscales”, denominados también bienes patrimoniales del Estado o de las entidades territoriales sobre los cuales se tiene una propiedad ordinaria sometida a las normas generales del derecho común(3).
Comentario [73]: CUALES SON LOS BIENES FISCALES?
Comentario [74]: QUE DICE EL
Comentario [75]: QUE SE DICE SOBRE EL CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICO?
Los bienes fiscales o patrimoniales se encuentran destinados a la prestación de servicios públicos que la administración utiliza de forma inmediata, como por ejemplo los edificios en que funcionan las oficinas públicas. Dentro de esta clase de bienes, también se encuentra lo que se denomina bienes fiscales adjudicables, que son aquellos que la Nación puede traspasar a los particulares que cumplan con las exigencias establecidas en la ley, como es el ca so de los
Ahora, los bienes de uso público propiamente dicho, que pueden ser por naturaleza o por el destino jurídico(4), se caracterizan por pertenecer al Estado o a otros entes estatales, estar destinados al uso común de todos los habita ntes, y por encontrarse fuera del comercio, ser imprescriptibles e inembargables. Están definidos en la ley como aquellos que “su uso pertenece a todos los habitantes de un territorio, como el de calles, plazas, puentes y caminos, se llaman bienes de la unión o de uso público o bienes públicos del territorio” (C.C., art. 674).
3.2. Aduce el demandante que la norma acusada vulnera la prevalencia del interés
sobre el particular que consagra la Constitución Política en su artículo 1º, pues con esa disposición se “legaliza” la ocupación, invasión o destinación de los bienes de uso público por parte de los particulares, circunstancia que contraría el destino de los mismos, que no es otro que el uso común por parte de todas las personas. Adicionalmente, considera que se vulnera el artículo 82 de la Carta, porque el legislador con la norma acusada les está otorgando el carácter de bienes privados a bienes que ostentan la categoría de públicos como especies del género “denominado espacio público” en los términos del artículo 5º de la Ley 9ª de 1989.
El artículo 1º de la Constitución Política, establece que Colombia es un Estado social de derecho, fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la s olidaridad de las personas y en la prevalencia del interés general. Ello se traduce en la búsqueda de una mejor calidad de vida de las personas, así como en el reconocimiento y protección de los derechos y libertades de los ciudadanos. Por ello, la Constit ución en el artículo 82 establece como un deber del Estado velar por la “protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular”, a fin de asegurar el acceso de todas las personas, el disfrute y utilización de los espacios públicos(5).
“Entiéndase por espacio público el conjunto de inmuebles y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los
intereses individuales de los
Este concepto de espacio público que trae el artículo 5º de la Ley 9ª de 1999, complementa el contenido en el Decreto- Ley 2324 de 1984, artículo 166, que establece como bienes de uso público “Las playas, los terrenos de bajamar y las aguas marítimas, son bienes de uso público, por tanto intransferibles a cualquier título a los particulares, quienes sólo podrán obtener concesiones, permisos o licencias para su uso y goce de acuerdo a la ley y a las disposiciones del presente decreto. En consecuencia, tales permisos o licencias no confieren títul o alguno sobre el suelo y el subsuelo”. (negrillas fuera de texto).
La Constitución Política, establece en el artículo 82 como se señaló, el deber del Estado de
por la integridad del espacio público y su destinación al uso común el cual prevalece
Comentario [76]: CUAL ES EL DEBER DEL ESTADO RESPECTO AL ESPACIO PUBLICO?
so bre el interés particular. Por su parte, el artículo 63 de la Carta, dispone que los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardos, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley,
son inalienables, imprescriptibles
e inembargables. Inalienables,
Comentario [77]: QUE QUIERE DECIR INALIENABLE, INEMBARGABLE, IMPRESCRIPTIBLE?
encuentran por fuera del comercio, por lo tanto no pueden ser objeto de actos jurídicos que impliquen tradición o pérdida de la finalidad del bi en; inembargables, característica que se desprende de la anterior, como quiera que se trata de bienes que no pueden ser objeto de embargos, secuestros, o en general cualquier medida de ejecución judicial que tienda a restringir el uso directo o indirecto el bien; e, imprescriptibles, esto es, que no son susceptibles de usucapión.
Comentario [78]: AQUÍ SE PUEDE
HACER OTRA PREGUNTA.
Comentario [79]: CUANDO PUEDEN
SER OCUPADOS?
y el artículo 178
En ese orden de ideas se tiene que cuando bienes de uso público de la Nación, sean
en manos de particulares, no puede ser por “cualquier razón”, como lo contempla el numeral 3º del artículo 6º de la Ley 768 de 2002, sino únicamente en virtud de autorización de autoridad competente en la forma establecida en la ley. En efecto, el Decreto 2811 de 1974 o Código de Recursos Naturales, establece los “modos de adquirir derecho a usar los recursos naturales renovables de dominio público”, a través de permisos y concesiones temporales, como se dispone en el título V del citado decreto. Por otra parte, el Decreto 2324 de 1984, establece en el artículo 169 que la Dirección General Marítima y Portuaria podrá otorgar concesiones para uso y goce de las playas marítimas y de los terrenos de bajamar, previo el cumplimiento de los requisitos que señala esa norma. Así mismo, el artículo 175 consagra dentro de los requisitos exigidos para autorizar el permiso, que al vencimiento del término para el cual se concede, se “reviertan a la Nación las constr ucciones” y, se obliga al interesado a comprometerse a “reconocer que el permiso no afecta el derecho de dominio de la Nación sobre los terrenos, ni limita en ningún caso el derecho de ésta para levantar sus construcciones en cualquier sitio que considere conveniente”.
Es decir, desde el punto de vista jurídico los bienes de uso público de la Nación, no pueden ser ocupados por los particulares legítimamente conforme a la Constitución, sino cuando se les hubiere otorgado licencia, concesión o permiso de ocup ación temporal y, en consecuencia, la expresión “por cualquier razón” contenida en el numeral 3º del artículo 6º de la Ley 768 de
2002, resulta inexequible y, así lo declarará la Corte en esta
Conviene aclarar que si bien el artículo 679 del Có digo Civil, establece que “Nadie podrá construir, sino por permiso especial de autoridad competente, obra alguna sobre las calles, plazas, puentes, playas, terrenos fiscales y demás lugares de propiedad de la unión”, el artículo 177 del Decreto-Ley 2324 de 1984 dispone que “La Dirección General Marítima y Portuaria no
concederá permiso para construcción de vivienda en las playas marítimas
del mencionado decreto impone a los capitanes de puerto el deber de hacer respetar los derechos de la Nación en las playas, terrenos de bajamar y las aguas marítimas, para lo cual deberán enviar a la Dirección General Marítima y Portuaria “un informe pormenorizado sobre las construcciones particulares que existan en tales terrenos, con indicación de las personas
que las ocupen y su alinderación, con el objeto de solicitar al respectivo agente del Ministerio Público que se inicie la acción del caso para recuperar los bienes que han pasado al patrimonio del Estado en virtud del artículo 682 del Código Civil”.
3.4. Ahora bien, teniendo claro que el aprovechamiento de los bienes
solamente puede realizarse en virtud de permiso, concesión o licencia, las autoridades respectivas deberán estar atentas en cumplimiento del mandato constitucional d e velar por el espacio público, que comprende los bienes de uso público, a obtener la restitución de los bienes de la Nación una vez se cumpla el término por el cual fueron concedidas, ejerciendo para el efecto las acciones legales pertinentes. Así lo disp one el artículo 682 de la legislación civil, al disponer que:
En el evento de presentarse una ocupación irregular o ilegal en bienes de uso público por parte
particulares, esto es, sin la debida autorización de la autoridad competente, el Estado
Comentario [710]: QUE SUCEDE SI SE PRESENTA UNA OCUPACION IRREGULAR EN BIENES DE USO PUBLICO?
cuenta con los instrumentos necesarios para obtener la restitución de los mismos, a través del poder de policía o de los demás mecanismos legales que consagra la ley. Así lo expresó esta c orporación al analizar el deber de las autoridades para preservar el uso público, manifestando lo siguiente:
“El bien de uso público por la finalidad a que está destinado, otorga al Estado la facultad de detentar el derecho a la conservación de los mismos y por tanto la normatividad que los regula ordena velar por el mantenimiento, construcción y protección de esos bienes contra ataques de terceros. La protección se realiza a través de dos alternativas: por un lado la administrativa,
se deriva del poder general de policía del Estado y se hace efectivo a través del poder de
Comentario [711]: COMO SE REALIZA LA PROTECCION?
sus decisiones ejecutorias y ejecutivas. Para el caso el artículo 124 del Decreto 1355 de 1970 o Código Nacional de Policía, dispone que “a la policía le corresponde de manera especia l prevenir los atentados contra la integridad de los bienes de uso público”
El alcalde como primera autoridad de policía de la localidad (L. 136/94, art. 84), tiene el deber jurídico de ordenar la vigilancia y protección del bien de uso público, en def ensa de los intereses de la comunidad, por lo tanto en su cabeza se encuentra la atribución de resolver la acción de restitución de bienes de uso público tales como vías públicas urbanas o rurales, zona de paso de rieles de tren, según lo dispuesto en el a rtículo 132 del Código de Policía.
, los bienes
Comentario [712]: SEGÚN LA CORTE:
COMO SE DISTINGUEN LOS BIENES DE USO PUBLICO?
Por otro lado existe otra alternativa que permite la defensa de los bienes de uso público, que es la posibilidad que tienen los habitantes de recurrir a la vía judicial, a través de acciones posesorias, reivindicatorias o la acción popular consagrada en el artículo 1005 del Código Civil
”(6).
3.5. Ha de recordarse por la Corte que en la Sentencia T-572 de 9 de diciembre de 1994, esta corporación, al interp retar el artículo 63 de la Constitución Política, expresó que:
“*L+a Nación es titular de los bienes de uso público por ministerio de la ley y mandato de la Constitución. Este derecho real institucional no se ubica dentro de la propiedad privada respaldada en el artículo 58 de la Constitución, sino que es otra forma de propiedad, un dominio público fundamentado en el artículo 63 de la Carta, el cual establece que “los bienes
son inalienables, imprescriptibles e inembargables”.
Esto muestra entonces que la teoría de la comercialidad de los bienes se rompe cuando se trata de bienes de uso público. No es válido entonces exigir matrícula inmobiliaria de tales bienes para determinar si son de uso público, puesto que tales bienes, por sus especi ales características, están sometidos a un régimen jurídico especial, el cual tiene rango directamente constitucional. Por ello durante la vigencia de la anterior Constitución, la Corte Suprema de Justicia había dicho que “el dominio del Estado sobre los b ienes de uso público, es un dominio sui generis”. Y la Corte Constitucional también ha diferenciado con nitidez, en
anteriores decisiones, el dominio público y la propiedad privada. Así, según la
de dominio público se distinguen “por su afectación al dominio público, por motivos de interés general (C.P., art. 1º), relacionadas con la riqueza cultural nacional, el uso público y el espacio público”. En particular, sobre los bienes de uso público, la Corte señaló en esa misma sentencia que estos son inalienables, imprescriptibles e inembargables, y precisó tales características en los siguientes términos:
c) Imprescriptibles: la defensa de la integridad del dominio público frente a usurpaciones de los particulares, que, aplicándoles el régimen común, terminarían por imponerse por el transcurso del tiempo, se ha intentado encontrar, en todas las épocas, con la formulación del dogma de la imprescriptibilidad de tales bienes. Es contrario a la lógica que bienes que est án destinados al uso público de los habitantes puedan ser asiento de derechos privados, es decir, que al lado del uso público pueda prosperar la propiedad particular de alguno o algunos de los asociados”.
En ese orden de ideas al Estado corresponde el dere cho y el deber de velar por la integridad de esos bienes de uso público. Si además, esos bienes se ligan con la recreación (C.P., art. 53) con la función ecológica de la propiedad (C.P., art. 58), con la conservación de las áreas de especial importancia ec ológica (C.P., art. 79), con la prevención del deterioro ambiental, protección de
Comentario [713]: PORQUE NO CONFIERE DERECHO SOBRE EL SUELO OCUPADO?
ecosistemas y garantía del desarrollo sostenible (C.P., art. 80), ello implica adicionalmente el deber del Estado de velar por la protección de la integridad del espacio públ ico, el cual prevalece sobre el interés particular (art. 82 ibíd.)”.
imprescriptibles, inalienables e inembargables, según expresa disposición constitucional (C.P., art. 63), y, en consecuencia, la ocupación temporal del bien a título precario ya sea en virtud de licencia, permiso o concesión, conforme a la ley, no confiere en ningún caso derecho
alguno sobre el suelo ocupado, lo que significa que, con mayor razón no se adquiere ningún derecho sobre el mismo en caso de detentación irregular de cualquier bien de uso público,
Del mismo modo, quien obtiene un permiso, licencia o concesión para levantar construcciones
se lo concede se prevea en cuanto al destino de tales construcciones o edificaciones cuando expire el permiso, licencia o concesión, y, en todo caso, es claro que no podrá invocar derecho de retención sobre el bien de uso público para prolongar de esa manera la detentación del mismo, pues, se repite, el particular en esa hipótesis no tiene derecho alguno sobre el bien de uso público, ni aducir en ningún caso que se trata de mejoras a las que se refi ere el Código Civil, pues no lo son de ese carácter dada la naturaleza de bienes de uso público sobre el cual
edificaciones en bienes de uso público, habrá de atenerse a lo que en el respectivo acto que
han sido realizadas. Además, sería absurdo que la Nación que confiere la concesión, licencia o permiso, apareciera luego como deudora del particul ar para resultar gravada con el pago de mejoras como consecuencia de haber otorgado un derecho de ocupación temporal de un bien que conforme a la Constitución, sólo al Estado le pertenece. No resulta constitucionalmente admisible que aquél a quien se beneficia con la posibilidad de explotación económica de un bien de uso público mediante una ocupación temporal, se encuentre luego legitimado para obtener una contraprestación económica a cargo del Estado por construcciones o edificaciones que allí hubiere levantado, las cuales, como accesorias que son pertenecen al Estado.
Si eso es así, con respecto a construcciones o edificaciones o cualquier mejora levantada sobre bienes de uso público por quien obtuvo en su momento un título precario para ello, con mucha m ayor razón ha de concluirse que quien no tiene título distinto a ser un detentador de facto, carece también de razón jurídica para impetrar el ejercicio de un derecho de retención o para reclamar previamente a la restitución del predio indemnización alguna, pues el origen vicioso de su ocupación no puede conferirle ningún derecho frente al Estado.
Lo procedente, al vencimiento del permiso, licencia o concesión, es la restitución del bien de uso público con lo que a él accede, la que habrá de obtenerse media nte el ejercicio de las acciones legales pertinentes por la autoridad pública que corresponda, si el particular voluntariamente no lo restituye. Y, cuando se trate de detentadores de hecho, la autoridad pública no tiene alternativa diferente a la de cumpli r con su deber de ejercer las acciones previstas en el ordenamiento jurídico para obtener la restitución de los bienes de uso público
listado, incluido todo lo que accede a ellos.
Comentario [714]: RESPECTO DE LA
POSIBILIDAD DE GRAVAR CON IMPUESTO PREDIAL.
Comentario [715]: QUE DICE LA
de uso público por
4. Posibilidad de gravar con impuesto predial
edificaciones o mejoras realizadas sobre bienes de uso público de la
4.1. Visto como está, que si bien los bienes de uso público se encuentran destinados al uso y
goce de toda la colectividad, pues esa es su vocación, sobre ellos puede recaer
diferente y especial previa autorización de autoridad competente en los términos que señale la ley, e incluso se pueden realizar construcciones, edificaciones o mejoras, sin que con ello se viole la Constitución Política, como quiera que esos “usos especiales o diferentes”, no mutan la
naturaleza de los bienes de uso público. Tanto es así, que una vez vencido el término del permiso, licencia o concesión, o abandonadas las obras, como lo expresa la ley, los bienes se restituyen a la Nación. Es decir, no pierden su carácter de bienes inembargables, imprescriptibles e inalienables, por cuanto el Estado no pierde en ningún momento su derecho de dominio sobre ellos, simplemente otorga una autorización para que se les dé un uso distinto o especial, en muchas ocasiones en beneficio de la misma colectividad, pero siempre manteniendo su dominio sobre ellos, los cuales le son restituidos al vencimiento del término otorgado en la autorización por parte de la autoridad competente. Incluso, como se señaló, dado el carácter precario de la situación derivada de la autorización en cualquiera de sus formas, esta puede ser revocada por razones de interés general.
4.2. Ahora bien, la pregunta que surge es si ¿pueden los concejos distritales imponer un gravamen sobre bienes de uso público que se encuentren en manos de particulares? A juicio
de la Corte, la respuesta es afirmativa por las siguientes
Considera el demandante que el Congreso de la República desbordó las competencias que le confiere la Constitución Política, al atribuir competencias a los concejos distritales para gravar
particulares, vulnerando con ello e! artículo 150, numeral 9º de la Carta.
El principio de representación popular en materia tributaria, se traduce en que solamente las corporaciones de representación popular pueden imponer contribuciones fiscales o parafiscales, por ello el artículo 338 de la Constitución establece que “solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales”. Así mismo, la Carta Política confiere a los departamentos y a los municipios la facultad de establecer impuestos de conformidad con la ley (C.P., arts. 300-4 y 313 -4); adicionalmente otorga a los municipios la facultad exclusiva de gravar la propiedad inmueble, sin perjuicio de la contribución de valorización (C.P., art. 317).
Es importante recordar que el órgano legislativo tiene la facultad de crear impuestos de orden nacional, evento en el cual la ley debe definir los elementos que conforman la obligación tributaria. No obstante, tratándose de tributos de orden territorial, la ley puede autorizar su creación, caso en el cual las corporaciones correspondientes de representación popular pueden desarrollar el tributo autorizado por la ley, circunstancia que armoniza con lo dispuesto por el artículo 338 superior, en el cual se ordena la predeterminación del tributo, sin
Comentario [716]: EL LEGISLADOR AUTORIZA A GRAVAR CON IMPUESTO PREDIAL QUE CLASE DE BIENES?
Comentario [717]: CUAL ES LA
FINALIDAD DE PERMITIR GRAVAR CON IMPUESTO PREDIAL ESAS CONSTRUCCIONES?.
que ello signifique que la fijación de sus elementos sea facultad exclusiva del legislador, como
acuerdos(7).
Ahora bien, el impuesto predial es un gravamen de orden municipal según lo establece la
misma Carta Política en su artículo 317 al preceptuar que “Sólo los municipios podrán gravar
facultados para gravar la propiedad inmueble, a través de sus concejos municipales o
Ello significa que por mandato constitucional los municipios están
Si bien resulta cierto que los bienes de uso público no están gravados con el impuesto predial y complementario, por cuanto se trata de un impuesto que recae sobre la propiedad raíz, el legislador por razones de política fiscal, reconociendo una situación de hecho, consideró que en los distritos especiales de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, cuya creación se llevó a cabo directamente por el constituyente(8), los concejos distritales pudieran gravar con dicho impuesto las construcciones, edificaciones y cualquier otro tipo de mejoras que realicen los particulares sobre bienes de uso público, teniendo en cuenta que se trata de inmuebles por adhesión permanente. En tal virtud, mientras se encuentren “en manos de particulares” y ellos los estén aprovechando económicamente, hasta tanto no vuelvan al dominio del Estado bien por el vencimiento de los términos señalados en las autorizaciones legalmente otorgadas, o mientras el Est ado logra la restitución de dichos bienes en caso de que se encuentren en manos de particulares en forma ilegal o irregular, no contraría la Carta Política que el Congreso considere como predios objeto de gravamen esas construcciones,
edificaciones o mejoras a que se refiere la norma
A juicio de la Corte, la posibilidad de gravar con el impuesto predial las construcciones, edificaciones o mejoras realizadas sobre bienes de uso público que estén en manos de particulares, se aviene con el objeto y finalidad de la Ley 768 de 2002 de la cual hace parte la norma acusada, cual es dotar a los distritos especiales de Barranquilla, Cartagena de Indias y Santa Marta “de las facultades, instrumentos y recursos que les permitan cumplir las funciones y prestar los servicios a su cargo; promover el desarrollo integral de su territorio para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, a partir del aprovechamiento de sus recursos y ventajas derivadas de las características, condiciones y
circunstancias especiales que presentan estos, considerados en
Por otra parte, también es importante recordar que “los distritos especiales de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla son entidades territoriales y están reguladas por un estatuto
Comentario [718]: ENTONCES, CUAL
ES LA DIFERENCIA ENTRE LO SOSTENIDO POR EL DEMANDANTE, Y LO QUE EN REALIDAD ESTA PROTEGIENDO LA NORMA?
político, administrativo y fiscal especial, en desarrollo de los actos legislativos de su creación, por remisión del artículo 328 de la Constitución y del Acto Legislativo 1 de 1993. Hacen parte de este estatuto especial las normas constitucionales sobre entidades territoriales y las que con carácter especial determine el legislador”(9).
4.3. Siendo ello así, no puede aceptarse el argumento esgrimido por el demandante, en el sentido de que la disposición objetada viola el artículo 150- 9 de la Constitución, pues el legislador no está autorizando la enajenación de bienes nacionales, sencillamente se está facultando a los concejos distritales para gravar con impuesto predial las construcciones, edificaciones o mejoras que s obre esos bienes se efectúen dado el aprovechamiento económico que los particulares están derivado de ellas, sin que ello implique que el pago de dicho impuesto genere algún derecho sobre el terreno ocupado, como lo establece el inciso final del artículo 6 º, numeral 3º, de la Ley 768 de 2002, aspecto este último que el actor no se
detiene a analizar, es más, ni siquiera transcribe en el escrito de
Así las cosas, la norma demandada no “legaliza” la ocupación de bienes de uso público como erradament e lo interpreta el demandante, lo que hace la norma, como lo señalan el Ministerio Público y la entidad interviniente, es reconocer una situación fáctica y a partir de ella imponer una obligación tributaria con fundamento en el principio de equidad y de ig ualdad ante las cargas públicas, sin que el pago de ese impuesto implique algún derecho sobre el terreno como la misma ley lo establece.
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