Source: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/1998/00522-1997-AA.html
Timestamp: 2017-12-13 22:41:58
Document Index: 378039653

Matched Legal Cases: ['artículo 27', 'artículo 1', 'artículo 37', 'artículo 26', 'artículo 37', 'Artículo 37', 'Artículo 26', 'Artículo 27']

0522-1997-AA
EXP. N° 522-97-AA/TC
EULOGIO GRACIANO ROJAS
En Lima, a los quince días del mes de julio de mil novecientos noventa y ocho, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados: Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente; Nugent y García Marcelo, pronuncia sentencia
Recurso de Casación entendido como Extraordinario interpuesto por don Eulogio Graciano Rojas contra la resolución expedida por la Sala Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas ciento ochenta y ocho, su fecha diecisiete de abril de mil novecientos noventa y siete, que confirmando la apelada declaró improcedente la Acción de Amparo.
Con fecha catorce de octubre de mil novecientos noventa y seis, don Eulogio Graciano Rojas interpone demanda de Acción de Amparo contra el Alcalde del Concejo Municipal Distrital del Rimac, don José Carlos Navarro Levano, solicitando que se le reponga en sus labores como obrero y se ordene el pago de las remuneraciones y demás beneficios sociales, por haberse violado su derecho al debido proceso; así como los derechos de la igualdad ante la ley, de la tutela jurisdiccional efectiva, el derecho a la defensa, a la estabilidad en el trabajo, que le ampara el artículo 27°, de la Constitución Política del Estado, refiriendo como hechos que es trabajador del Concejo Distrital del Rimac, con más de ocho años y medio de servicios prestados a la entidad demandada, habiendo sido contratado mediante servicios no personales en el mes de octubre de mil novecientos ochenta y siete, hasta la primera quincena de junio de mil novecientos noventa y seis, que se le destituyó sin expedirse resolución y sin previo proceso administrativo. El demandante sostiene que su despido se debe a que interpuso reclamo con fecha veintidós de abril de mil novecientos noventa y seis en donde solicita que se oficialice su nombramiento; que su derecho se encuentra amparado en la Ley N° 24041, así como el pago de las mensualidades de enero ha abril de mil novecientos noventa y seis.
Los demandados contestan la demanda precisando que mediante expediente administrativo N° A-280-G. el demandante solicitó con fecha veintidós de abril de mil novecientos noventa y seis, su nombramiento como servidor público ante la demandada argumentando para ello el hecho de que laboró como albañil, picapedrero y otras tareas similares desde el año de mil novecientos ochenta y siete, que asimismo conforme a las pruebas aportadas por el demandante, que en la relación contractual civil no hubo solución de continuidad, los servicios prestados por la primera fueron eventuales e interrumpidos características de un contrato de locación de servicios; que conforme a las pruebas aportadas por el propio demandante, desempeñó diversas labores tales como albañil, ayudante del comedor municipal; y, obrero de limpieza pública, por lo que, sus labores no eran de naturaleza permanente, y que al no haber existido solución de continuidad en sus servicios ni una labor de naturaleza permanente no se reúnen los requisitos exigidos por el artículo 1°, de la Ley N° 24041.
El Juez del Tercer Juzgado Especializado en Derecho Público, con fecha veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y seis, a fojas cuarenta y seis, declara improcedente la demanda, por considerar principalmente que, la demanda fué presentada el día catorce de octubre y que el demandante fué impedido de ingresar a su centro de labores el día diez de junio de mil novecientos noventa y seis, conforme lo establece el artículo 37° de la ley 23506 concordada con el artículo 26° de la ley 25398.
La Sala Especializada en Derecho Público, de la Corte Superior de Justicia de Lima, con fecha diecisiete de abril de mil novecientos noventa y siete, a fojas ochenta y ocho, confirma la apelada, por estimar que el artículo 37° de la Ley N° 23596 prescribe que el ejercicio de la Acción de Amparo caduca a los sesenta días hábiles de haberse producido la afectación, siempre y cuando el interesado en aquella fecha se hubiese hallado en la posibilidad de interponer la acción.
1. Que, como puede verse a fojas veintiséis, el demandante interpuso su Acción de Amparo el catorce de octubre de mil novecientos noventa y seis, vale decir, a más de los sesenta días después de que se produjo la presunta agresión.
2. Que, a fojas dieciocho aparece copia certificada de la Constancia Policial, en la que se desprende que al demandante se le impidió el ingreso a su centro de labores en la División de Transportes de Limpieza Pública del Rimac, el día diez de junio de mil novecientos noventa y seis, que siendo esto así, se colige claramente que ha transcurrido el plazo de caducidad de sesenta días desde que se produjo la afectación aducida por el demandante.
3. Que, el Artículo 37° de la Ley N° 23506 de Hábeas Corpus y Amparo, concordante con el Artículo 26° de su Ley N° 25398 (complementaria), establece que: “El ejercicio de la Acción de Amparo caduca a los sesenta días hábiles de producida la afectación, siempre que el interesado, en aquella fecha, se hubiese hallado en la posibilidad de interponer la acción. Si en dicha fecha esto no hubiese sido posible, el plazo se computará desde el momento de la remoción del impedimento”.
4. Que, en el caso sub júdice, el demandante no ha demostrado en autos haber tenido algún impedimento, que lo hubiese, imposibilitado de interponer oportunamente su acción, con lo cual se puede concluir que dicha acción resulta en improcedente.
5. Que, en cuanto al despido del que fué objeto el demandante, conforme se desprende de la demanda, éste no interpuso recurso administrativo alguno, al no haber hecho uso de los medios impugnativos que le franquea el Decreto Supremo N° 02-94-JUS, no agotó la vía administrativa previa; por lo que resulta de aplicación al presente caso, el Artículo 27° de la Ley N° 23506, que señala: “Sólo procede la Acción de Amparo cuando se hayan agotado las vías previas”.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confiere la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica,
CONFIRMANDO la resolución expedida por la Sala Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas ochenta y ocho, su fecha diecisiete de abril de mil novecientos noventa y siete, que confirmando la apelada que declaró IMPROCEDENTE la demanda. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados.