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Timestamp: 2019-08-18 17:12:18
Document Index: 82032170

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'artículo 38', 'artículo 83', 'Artículo 3', 'artículo 2', 'Artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'Artículo 4', 'artículo 38', 'artículo 2']

BOE.es - Documento BOE-A-2000-1547
Documento BOE-A-2000-1547
«BOE» núm. 22, de 26 de enero de 2000, páginas 3410 a 3412 (3 págs.)
BOE-A-2000-1547
https://www.boe.es/eli/es/rd/2000/01/14/27
Artículo 1. Cumplimiento alternativo de la obligación de reserva. Excepcionalidad.
1. Las empresas públicas y privadas que vengan obligadas a contratar trabajadores discapacitados en los términos previstos en el artículo 38.1 de la Ley 13/1982, de Integración Social de Minusválidos, podrán excepcionalmente quedar exentas de esta obligación, tal y como prevé el referido artículo, de forma parcial o total, bien a través de acuerdos recogidos en la negociación colectiva sectorial de ámbito estatal y, en su defecto, de ámbito inferior, a tenor de lo dispuesto en el artículo 83, apartados 2 y 3, del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo ; o bien, en ausencia de aquéllos, por opción voluntaria del empresario, siempre que en ambos supuestos se aplique alguna de las medidas sustitutorias, alternativa o simultáneamente, que se regulan en el presente Real Decreto, en desarrollo de la mencionada Ley de Integración Social de Minusválidos.
1.a Realización de un contrato mercantil o civil con un centro especial de empleo, o con un trabajador autónomo discapacitado, para el suministro de materias primas, maquinaria, bienes de equipo, o de cualquier otro tipo de bienes necesarios para el normal desarrollo de la actividad de la empresa que opta por esta medida.
2.a Realización de un contrato mercantil o civil con un centro especial de empleo, o con un trabajador autónomo discapacitado, para la prestación de servicios ajenos y accesorios a la actividad normal de la empresa.
3.a Realización de donaciones y de acciones de patrocinio, siempre de carácter monetario, para el desarrollo de actividades de inserción laboral y de creación de empleo de personas con discapacidad, cuando la entidad beneficiaria de dichas acciones de colaboración sea una fundación o una asociación de utilidad pública cuyo objeto social sea, entre otros, la formación profesional, la inserción laboral o la creación de empleo en favor de los minusválidos que permita la creación de puestos de trabajo para los mismos y, finalmente, su integración en el mercado de trabajo.
2. El importe anual de los contratos mercantiles o civiles con centros especiales de empleo de las medidas 1.a y 2.a del apartado anterior habrá de ser, al menos, 3 veces el salario mínimo interprofesional anual por cada trabajador minusválido dejado de contratar por debajo de la cuota del 2 por 100.
El importe anual de la medida alternativa 3.a del apartado anterior habrá de ser, al menos, de un importe de 1,5 veces el salario mínimo interprofesional anual por cada trabajador minusválido dejado de contratar por debajo de la cuota del 2 por 100.
Artículo 3. Comunicación al servicio público de empleo.
2. Las empresas que, de acuerdo a lo dispuesto en la presente norma, utilicen cualquiera de las medidas alternativas 1.a y 2.a del apartado 1 del artículo 2, deberán proceder a comunicar al correspondiente servicio público de empleo las contrataciones realizadas en sus titución de la obligación principal en el plazo del mes siguiente al de la formalización.
3. Las empresas que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo anterior utilicen la medida 3.a de su apartado 1, deberán comunicarlo al servicio público de empleo con carácter previo a su aplicación.
Artículo 4. Obligación de los centros especiales de empleo y entidades.
1. Los centros especiales de empleo que realicen contratos de los previstos en las medidas 1.a y 2.a del apartado 1 del artículo 2, deberán destinar los recursos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones relativas, además de a la prestación de servicios de ajuste personal o social que requieran sus trabajadores minusválidos, a aquellas precisas para desarrollar acciones que promuevan su tránsito hacia el mercado de trabajo no protegido, tales como la formación permanente de los mismos o la adaptación de aquéllos a las nuevas tecnologías.
2. Las fundaciones o asociaciones de utilidad pública a las que se refiere la medida 3.a del apartado 1 del artículo 2 destinarán las donaciones o acciones de patrocinio a las actividades que se indican en dicho apartado.
3. Anualmente, los centros especiales de empleo y las entidades referidas en la medida 3.a del apartado 1 del artículo 2 presentarán ante el servicio público de empleo correspondiente, como organismo competente para resolver la concesión de subvenciones y ayudas y efectuar el seguimiento de éstas, una memoria sobre la tipología de las acciones que se han realizado y los recursos financieros aplicados a las mismas.
Disposición adicional segunda. Adecuación normativa del Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, sobre empleo selectivo y medidas de fomento de empleo de los trabajadores minusválidos.
"Artículo 4. Conforme a lo dispuesto en el artículo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, las empresas públicas y privadas que empleen a un número de 50 o más trabajadores vendrán obligadas a que de entre ellos, al menos, el 2 por 100 sean trabajadores minusválidos. No obstante lo anterior, las empresas responsables podrán excepcionalmente quedar exentas de tal obligación en los términos previstos en la referida Ley 13/1982, así como en lo dispuesto en su normativa de desarrollo."
"3. Los beneficios aquí previstos no podrán, en concurrencia con otras ayudas públicas para la misma finalidad, superar el 60 por 100 del coste salarial anual correspondiente al contrato que da derecho a los mismos."
Disposición final primera. Habilitación para la modificación de módulos de contratos.
El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales podrá modificar los módulos de los contratos mercantiles o civiles u otras medidas alternativas que sirven de base para determinar el cumplimiento de la obligación alternativa.
Asimismo, a la vista de la experiencia en la aplicación de la medida alternativa 3.a contemplada en el apartado 1 del artículo 2, podrá modificar la determinación de las entidades beneficiarias.
SE DEROGA, salvo la disposición adicional 2, por Real Decreto 364/2005, de 8 de abril (Ref. BOE-A-2005-6308).
SE MODIFICA el art. 2.1, por Real Decreto 290/2004, de 20 de febrero (Ref. BOE-A-2004-3277).
SE DICTA DE CONFORMIDAD regulando el procedimiento administrativo de las medidas: Orden de 24 de julio de 2000 (Ref. BOE-A-2000-15125).
SUSTITUYE los arts. 4 y 7.3 del Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo (Ref. BOE-A-1983-15813).
DE CONFORMIDAD con el art. 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abril (Ref. BOE-A-1982-9983).
Ley 50/1998, de 30 de diciembre (Ref. BOE-A-1998-30155).