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Timestamp: 2017-07-27 23:06:41
Document Index: 281766953

Matched Legal Cases: ['Artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 29', 'artículo 49', 'artículo 3', 'artículo 49', 'artículo 8', 'artículo 30', 'Artículo 30', 'Artículo 1', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 1', 'artículo 40', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'ARTÍCULO 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1']

GUÍA DE REFERENCIA PARA LA GESTIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES EN ENTORNOS MUNICIPALES - PDF
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Fernando Soler Campos
1 2 GUÍA DE REFERENCIA PARA LA GESTIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES EN ENTORNOS MUNICIPALES MARZO DE 20073 1.- PRÓLOGO INTRODUCCIÓN ALCANCE DEL DOCUMENTO PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN... 7 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 1: INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBANISMO... 7 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 2: REDES DE TELECOMUNICACIONES EN EL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL Y HERRAMIENTAS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 3: REDES INALÁMBRICAS DE TELECOMUNICACIONES, URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 4: TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT) ALGUNAS PROPUESTAS PARA LAS ENTIDADES MUNICIPALES LA ADMINISTRACIÓN ESPECIALIZADA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. LA NECESARIA INCORPORACIÓN DE EXPERTOS EN TELECOMUNICACIONES LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMO AGENTE DINAMIZADOR DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES LA EXPERIENCIA PILOTO VISATEL FUTURE. INCORPORACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS A LA e- ADMINISTRACIÓN ANEXO 1.A - Marco Normativo de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicación (ICT) ANEXO 1.B BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS SOBRE INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIÓN (ICT) ANEXO 2.A MARCO NORMATIVO PARA LA OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO ANEXO 2.B BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS SOBRE REDES DE TELECOMUNICACIONES EN EL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL Y HERRAMIENTAS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO ANEXO 2.C LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN EN LOS PLANES URBANÍSTICOS ANEXO 3.A MARCO NORMATIVO DE LAS REDES INALÁMBRICAS DE TELECOMUNICACIONES ANEXO 3.B BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS SOBRE REDES INALÁMBRICAS DE TELECOMUNICACIONES ANEXO 4.A MARCO NORMATIVO DE LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE ANEXO 4.B BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS SOBRE LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE APÉNDICE 1 GLOSARIO DE TÉRMINOS APÉNDICE 2. Definición y descripción de las tecnologías de banda ancha4 1.- PRÓLOGO Del mismo modo que en los comienzos del siglo XX los ciudadanos reclamaban de sus ediles la construcción de carreteras y calles o la llegada de la energía eléctrica, el agua corriente y el gas, de esa misma forma la llegada de las telecomunicaciones modernas y las facilidades que aporta el uso extendido de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) deberán ser un elemento diferenciador para las poblaciones del Siglo XXI. Cada población y cada Comunidad Autónoma tiene un punto de partida distinto, unas particularidades propias y unas necesidades de su tejido económico y social específicas. Pero en conjunto, en lo que se refiere al uso y desarrollo de las Telecomunicaciones y las TIC en España, la mayoría de los indicadores están por debajo de los países de nuestro entorno europeo y de los EEUU. Es indudable que el avance ha sido notable en los últimos años, disminuyendo la diferencia con respecto a estos países, pero también es una realidad que otras sociedades lo han hecho de manera más eficiente que la nuestra. Es importante, en estos momentos, que los responsables municipales entiendan las necesidades de los ciudadanos y de las empresas del entorno municipal y lideren su plena entrada en el Siglo XXI que ha sido etiquetado como la Era de la Información. Esta guía trata de servir de orientación y referencia para ayudar a los responsables municipales en su difícil tarea de gestionar y poner en marcha proyectos de telecomunicaciones que van a permitir el aumento del bienestar de sus ciudadanos. 35 2.- INTRODUCCIÓN Dado el vertiginoso desarrollo del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en España consecuencia del proceso de liberalización del sector en estos últimos años, los aspectos regulatorios alcanzan una especial relevancia como parte fundamental de la implantación, en nuestro país, de la Sociedad de la Información. Lógicamente, este proceso de liberalización y apertura a la competencia del sector de las telecomunicaciones ha dado lugar a la aparición de un gran número de operadores de redes y de servicios de telecomunicaciones (titulares de autorizaciones generales) que necesitan desplegar las distintas infraestructuras para alcanzar a los usuarios (destinatarios de los servicios que prestan). En este despliegue de redes de telecomunicación, es necesaria la ocupación del dominio público (carreteras, autovías, autopistas, suelo municipal, etc.) para su realización. En este sentido, los ayuntamientos, como administraciones más cercanas al ciudadano, deben gestionar, dentro de sus competencias y con las herramientas disponibles (planes de urbanismo, ordenanzas municipales) estos despliegues (concesiones de licencias de obra, revisión de proyectos técnicos, licencias de funcionamiento, etc.) igual que lo han venido haciendo, desde hace décadas, con otras redes de suministro de servicios públicos (alumbrado público, gestión de residuos, aguas residuales, transportes, medio ambiente, salud pública, etc.). Los operadores que despliegan infraestructura de cable o fibra óptica, necesitan ocupar el subsuelo municipal y los operadores de redes de radiocomunicaciones (telefonía móvil, telefonía fija inalámbrica, radioenlaces, redes móviles, etc.) que necesitan ocupar el "vuelo" municipal han propiciado que las corporaciones municipales tengan que incrementar sus niveles de gestión y ampliar sus campos de actividad. Durante las últimas décadas, los avances tecnológicos en Telecomunicación han tenido como consecuencia la aparición de nuevos servicios que, en un plazo relativamente corto, se han extendido a gran parte de nuestra sociedad, cuando no a su práctica totalidad, como es el caso de la telefonía básica o la televisión terrestre. En la actualidad otros servicios como las telecomunicaciones por cable, la televisión por satélite, analógica y digital, Internet, la televisión digital y un conjunto de teleservicios basados en la banda ancha (tele-enseñanza, telemedicina, tele-ocio, banca en casa, etc.) están disponibles y son objeto de demanda por un creciente número de ciudadanos. La regulación de nuevos servicios basados en la utilización del espectro radioeléctrico (radiodifusión en ondas métricas con modulación de frecuencia, servicios móviles terrestres, marítimos y aeronáuticos, fijo, satélite, acceso vía radio en el bucle local -LMDS-, TV digital terrestre, telefonía móvil, etc,) permite un mejor aprovechamiento del mismo (planificación) y su posterior monitorización, control e inspección, así como el control de la exposición de las personas a las emisiones de las instalaciones radioeléctricas. Estos avances en materia de Telecomunicaciones que permiten al ciudadano su entrada plena en la Sociedad de la Información han incidido muy directamente en las corporaciones locales que tienen que aplicar sus criterios administrativos y urbanísticos para posibilitar el despliegue de redes y servicios de telecomunicación a prestar por las empresas titulares de las autorizaciones, asegurar el cumplimiento de la legislación sobre las infraestructuras comunes de telecomunicación (ICT) en los edificios y permitir la instalación de redes de radiocomunicaciones en el ámbito de los términos municipales, todo ello de modo coordinado con las administraciones central y autonómica. Con la aplicación de esta regulación sectorial de Telecomunicaciones en el ámbito municipal se cambia el escenario de décadas pasadas que dio lugar a la aparición, no sólo de tendidos aéreos, sino a tendidos de cables por fachada y proliferación de antenas individuales para recepción de la televisión terrestre y por satélite (parabólicas) con el consiguiente impacto estético en nuestras ciudades, por un nuevo escenario de mayor calidad y más respetuoso a nivel de impacto visual, que permite a los ciudadanos/usuarios ejercer su derecho a elegir entre los distintos operadores y a garantizar a éstos la igualdad de oportunidades para ofrecer sus servicios. 46 Las corporaciones locales, administraciones cercanas al ciudadano, tienen la oportunidad de trasladar a sus convecinos las ventajas que conlleva la entrada de los municipios en la Sociedad de la Información, tanto a nivel del ciudadano, como empresarial. Claramente, las telecomunicaciones, además de ser un elemento vertebrador del territorio se han convertido en una poderosa herramienta de desarrollo económico y de alcance de un mayor bienestar social. El papel del municipio como dinamizador de la Sociedad de la Información es clave. El Ayuntamiento tratará de resolver los interrogantes que al ciudadano se le planteen ante esta auténtica y nueva revolución digital. Los nuevos servicios a distancia: tele-enseñanza, tele-banca, tele-ocio, tele-asistencia, tele-trabajo, teleadministración, etc, son algunos de los beneficios que el ciudadano encontrará en esta nueva era digital si cuenta con las adecuadas infraestructuras de banda ancha. Con el convencimiento de que el despliegue de redes y de infraestructuras de telecomunicación va a permitir que se diseñen y se presten, por los operadores, una gran cantidad de servicios de los que será beneficiario el ciudadano y el papel estratégico que juegan las corporaciones municipales en la entrada de sus convecinos en la Sociedad de la Información es por lo que el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación -COIT- ha desarrollado esta GUÍA de REFERENCIA para la puesta en marcha y la gestión de proyectos de telecomunicaciones en entornos municipales, dirigida a los regidores y técnicos municipales para aportarles una serie de conocimientos básicos sobre las telecomunicaciones y su regulación y los aspectos técnicos y administrativos involucrados sin perder de vista la visión estratégica que los propios ayuntamientos deberán aplicar en este ámbito tecnológico. 57 3. ALCANCE DEL DOCUMENTO El presente documento GUIA DE REFERENCIA para la GESTIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES EN ENTORNOS MUNICIPALES - persigue como objetivo básico transmitir a los regidores y técnicos municipales una información clara sobre los aspectos que configuran la nueva Sociedad de la Información y el papel de las telecomunicaciones y su legislación en materia de INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIÓN, DOMINIO PÚBLICO, COMPARTICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, CONTROL DE EMISIONES ELECTROMAGNÉTICAS y TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE. La GUIA DE REFERENCIA se estructura en cuatro PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN: INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBANISMO REDES DE TELECOMUNICACIONES EN EL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL Y HERRAMIENTAS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO REDES INALÁMBRICAS DE TELECOMUNICACIONES, URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE En cada protocolo de actuación se hace referencia al marco normativo aplicable, se describen los procedimientos administrativos a seguir por la corporación municipal y, finalmente, se incluye un resumen de los recursos bibliográficos o documentos de apoyo correspondientes. Se pasará revista, entre otras, a las disposiciones legales relacionadas con cada una de las materias anteriores cuyo planteamiento se recoge en la actual LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES (Ley 32/2003, de 3 de noviembre): Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, de infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación y su desarrollo reglamentario, La Ley de Ordenación de la Edificación (LOE), el Real Decreto 1066/2001 y la Orden CTE23/2002 que regulan el control de las emisiones radioeléctricas, los Reales Decretos 439/2004, de 12 de marzo y 944/2005, de 29 de julio, por los que se aprueban los Planes técnicos nacionales de la Televisión Digital Terrestre y la Ley 10/2005, de 14 de junio, sobre medidas urgentes para el impulso de la TDT. En definitiva, la Guía plantea entre otros objetivos, los siguientes: Informar sobre las disposiciones legislativas sobre las materias referenciadas que afectan a las Corporaciones Locales, los procedimientos administrativos involucrados y los elementos de coordinación entre administraciones (estatal, autonómica y local). Identificar la obligatoriedad del proyecto técnico de telecomunicaciones, visado, en el marco actual de liberalización de las telecomunicaciones, como garantía de calidad al ciudadano. Identificar las cuestiones técnico-administrativas más relevantes que influyen sobre el proceso de despliegue de redes de telecomunicaciones en el dominio público y, especialmente, las de radiocomunicación y los elementos de control de las emisiones radioeléctricas. Identificar la obligatoriedad del proyecto de ICT, como proyecto independiente, y de su certificación de fin de obra, en el proceso de concesión de las licencias de obra y de primera ocupación en las edificaciones de nueva construcción y en la gestión municipal como elemento clave de garantía de derechos fundamentales del ciudadano para el acceso a la Sociedad de la Información y como soporte de los Servicios de Hogar Digital. Tomar conciencia de la necesidad de incorporar Ingenieros de Telecomunicación, en los Ayuntamientos, para ayudar en la gestión municipal de este tipo de infraestructuras y servicios. Facilitar el conocimiento, a modo de resumen divulgativo, de las distintas tecnologías de las telecomunicaciones y sus requisitos de despliegue. 68 4. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 1: INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES EN LA EDIFICACIÓN Y EL URBANISMO Introducción La entrada en vigor, en noviembre de 1998, del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación, estableció el marco legal que hace obligatoria la existencia de una infraestructura mínima para soportar los servicios de telecomunicación en todos los edificios de nueva construcción, o que sean objeto de rehabilitación integral, que estén acogidos o deban acogerse al régimen de propiedad horizontal, y en aquéllos que hayan sido o sean objeto de arrendamiento por plazo superior a un año. A partir de entonces, ha tenido lugar el desarrollo de la normativa de aplicación de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones, comúnmente conocidas como ICT, mediante un primer Reglamento, aprobado por el Real Decreto 279/1999, de 22 de febrero y la Orden de 26 de octubre de Estas disposiciones fueron actualizadas, mediante un nuevo Reglamento aprobado por el Real Decreto 401/2003, de 4 de abril y la Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. La necesidad de actualizar la normativa de ICT es consecuencia de la rápida evolución de las tecnologías de las telecomunicación y de la información que hacen que aparezcan continuamente nuevos servicios que van configurando lo que se entiende por la Sociedad de la Información. Así el Consejo Asesor de la Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, en su ponencia de 22 de junio de 2005, sobre el Plan de Convergencia con la Unión Europea, establece la necesidad de definir una normativa para el Hogar Digital e impulsar la integración de estos servicios en los Proyectos de ICT. La legislación de ICT asigna a las Corporaciones locales la función de garantizar los derechos de los ciudadanos relativos al acceso a los servicios de telecomunicación. Así, el Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, en su exposición de motivos, establece: A su vez, las exigencias de presentación de proyectos de infraestructuras de telecomunicaciones, así como de boletines de la instalación y certificaciones de fin de obra, por parte de la Administración autonómica o local correspondiente, en la concesión de los permisos de construcción y de primera ocupación de las viviendas garantizan el acceso de los usuarios a los nuevos servicios que proporciona la sociedad de la información. España ha sido pionera en la regulación de este tipo de normativa, siendo un éxito indudable que su grado de implantación se encuentre actualmente por encima del 80 % de los edificios incluidos en su ámbito de aplicación. La ICT es, hoy en día, una marca consolidada que los promotores y constructores, en general, han asumido, no como un coste adicional de las viviendas, sino como un valor añadido de las mismas al que los usuarios tienen derecho como vía de acceso a la Sociedad de la Información. Por su parte, el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, de acuerdo a su función colaboradora con la Administración, ha puesto en marcha un Plan de Divulgación de la ICT a aquellos Ayuntamientos de más de habitantes, en los que, estadísticamente, se ha observado un menor grado de aplicación de esta normativa, consistente en el envío de cartas informativas y, en determinados casos, acompañadas de visitas en las que se informa a los responsables de la concesión de licencias, sobre las funciones que corresponden a las Corporaciones Locales en materia de telecomunicaciones, ofreciéndoles el apoyo y asesoramiento en estas cuestiones, a través de sus colegiados. En la actualidad, más de de viviendas en España disponen de ICT, teniendo asegurado el acceso a los servicios de la Sociedad de la Información. Por otra parte, es necesario señalar que, si bien la ICT tiene el ámbito de aplicación indicado anteriormente, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, establece los requisitos mínimos de calidad de los edificios y, entre los requisitos básicos de funcionalidad que deben cumplir todas las edificaciones establece: 79 Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información, de acuerdo con lo establecido en su normativa específica. (Artículo 3.a.3) Es decir, todos los edificios, incluso los no incluidos en el ámbito de aplicación de la ICT, deben disponer de una infraestructura de acceso a los servicios de telecomunicación. Como referencia para la elaboración de los proyectos se puede tomar la normativa de ICT, ya que se trata de hacer llegar los mismos servicios, a los mismos equipos terminales que en los edificios con ICT, aunque el proyectista deba adaptar el diseño de esta infraestructura, según su propio criterio, a las necesidades de cada edificio, de acuerdo a sus características y utilización. A continuación se plantean algunas cuestiones de interés sobre la actuación que corresponde a los Ayuntamientos en la aplicación de la legislación de ICT. En el Anexo 1.A se recopila el marco normativo de las Infraestructuras comunes de Telecomunicación al que se hace referencia. En qué momentos de la ejecución de los Proyectos de ICT deben intervenir los Ayuntamientos? La legislación de ICT asigna a los Ayuntamientos la función de asegurar su cumplimiento en el momento de la concesión de las licencias de obra de los edificios de nueva construcción y en la de las licencias de primera ocupación, asegurando así el acceso de los ciudadanos a los beneficios que ofrece la Sociedad de la Información. En qué condiciones pueden los Ayuntamientos conceder las licencias de obra y de primera ocupación? a) Edificios incluidos en el ámbito de aplicación de la ICT: Estos edificios son los que cumplen las condiciones establecidas en el artículo 2 del Real Decretoley 1/1998, de 27 de febrero. No obstante, es necesario señalar que la Orden ITC/1077/2006, de 6 de abril, establece como obligatorio encargar un Proyecto Técnico de Telecomunicaciones para realizar la adaptación a la TDT de las instalaciones colectivas de recepción de televisión en los edificios no residenciales (hoteles, residencias, apartamentos turísticos, colegios, universidades, hospitales, etc.) y que este proyecto será un Proyecto de ICT cuando se incluya en la nueva instalación el acceso a algún otro servicio básico de telecomunicaciones, como los de telefonía o los servicios de telecomunicaciones de banda ancha. Éste es el caso de los edificios no residenciales de nueva construcción, de donde resulta que, estos edificios deben seguir el procedimiento de ejecución y tramitación establecido para las ICT. CONCESIONES DE LICENCIA DE OBRA DE NUEVA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN INTEGRAL Para la concesión de la licencia de obras de edificios de nueva construcción o rehabilitación integral, se debe comprobar que: o Se presenta un Proyecto independiente de ICT que acompaña al Proyecto Arquitectónico de Ejecución de la edificación. o El Proyecto de ICT está firmado por un Ingeniero de Telecomunicación o Ingeniero Técnico de Telecomunicación de la especialidad correspondiente y visado por su Colegio profesional. o En ningún caso se podrá conceder la licencia de obra sin el cumplimiento de estos requisitos, según establece la Disposición adicional primera de la Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. CONCESIONES DE LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN Para concesión de la licencia de primera ocupación de los edificios de nueva construcción, se debe comprobar que: o Se presenta un Boletín de Instalación, un Certificado de Fin de Obra (1) y un Protocolo de Pruebas de ICT acompañando al Certificado de Fin de Obra de la edificación. 810 o El Boletín de Instalación está firmado por una empresa instaladora, figurando en él el número de inscripción en el Registro de Empresas Instaladoras de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y sellado por la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones correspondiente. o El Certificado de Fin de Obra de ICT 1 está firmado por el Ingeniero de Telecomunicación o el Ingeniero Técnico de Telecomunicación de la especialidad correspondiente, Director de la Obra de ICT, visado por su Colegio profesional y sellado por la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones o El Protocolo de Pruebas está firmado por la empresa instaladora y el Ingeniero de Telecomunicación o Ingeniero Técnico de Telecomunicación de la especialidad correspondiente, Director de la Obra de ICT, y visado por el Colegio profesional. o En el caso de urbanizaciones o conjuntos de urbanizaciones cuya entrega se realice en varias fases, podrán presentarse Boletines de Instalación y Certificados de Fin de Obra de ICT correspondientes a dichas fases, de acuerdo a los modelos normalizados, haciendo constar en los mismos que su validez está condicionada a la presentación de los correspondientes Boletines y Certificados de Fin de Obra finales, una vez acabadas las obras contempladas en el Proyecto. o Si el Ayuntamiento quiere tener una acreditación de la presentación del Proyecto Técnico de ICT en la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones correspondiente, puede requerir a los promotores o constructores una certificación en tal sentido, expedida por dichas Jefaturas, como requisito para la concesión de la licencia de primera ocupación. b) Edificios no incluidos en el ámbito de aplicación de la ICT Se indican a continuación las actuaciones de los Ayuntamientos que, a juicio del COIT, permiten un mejor cumplimiento de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación, en el caso de edificaciones o conjuntos de edificaciones no incluidos en el ámbito de aplicación de la ICT, como pueden ser las viviendas unifamiliares independientes. CONCESIONES DE LICENCIA DE OBRA DE EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN Para la concesión de licencias de nueva construcción, comprobar que: o Se presenta un Proyecto de Infraestructura de Telecomunicación que acompaña al Proyecto Arquitectónico de Ejecución de la edificación. o El Proyecto de Infraestructura de Telecomunicación está firmado por un Ingeniero de Telecomunicación y visado en el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación. CONCESIONES DE LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN Para la concesión de la licencia de primera ocupación, comprobar que: o Se presenta un Certificado de Fin de Obra de la Infraestructura de Telecomunicación que acompaña al Certificado de Fin de Obra de la edificación. 1 El Director de Obra de ICT que expide el Certificado de Fin de Obra de ICT existirá, al menos, en los casos especificados en el artículo 3.3 de la Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. Esta presentación es requisito imprescindible para la concesión de la licencia de primera ocupación, según establece la Disposición adicional primera de la Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo, modificada por la Orden ITC/1077/2006, de 6 de abril (ver Anexo 1.A). Para una mayor garantía de que la instalación se ajusta al Proyecto, se recomienda solicitar el Certificado de Fin de Obra de ICT en todos los casos. 911 o El Certificado de Fin de Obra de la Infraestructura de Telecomunicación está firmado por un Ingeniero de Telecomunicación y visado en el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación. En algún caso, puede un Ayuntamiento obligar a instalar una ICT en un inmueble no incluido en el ámbito de aplicación de la ICT? El artículo 6 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, establece que será obligatoria la instalación de la ICT en las edificaciones construidas antes de su entrada en vigor si se dan las siguientes circunstancias (Ver anexo 1.A): a) Que el número de antenas instaladas individuales o colectivas, sea superior a un tercio del número de viviendas y locales. b) Que la Administración competente, de acuerdo con la normativa vigente que resulte aplicable, considere peligrosa o antiestética la colocación de antenas individuales en el edificio. Los Ayuntamientos, como administraciones competentes en materia urbanística pueden obligar al propietario o comunidad de propietarios de los inmuebles donde se den las circunstancias anteriores, a instalar una ICT. 1012 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 2: REDES DE TELECOMUNICACIONES EN EL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL Y HERRAMIENTAS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO Introducción Los avances en materia de Telecomunicaciones que permiten al ciudadano su entrada plena en la Sociedad de la Información han incidido muy directamente en las corporaciones locales ya que, al ser la administración más cercana a los ciudadanos y los titulares del dominio público local, tienen que aplicar sus procedimientos administrativos y sus criterios urbanísticos para posibilitar el despliegue de redes y servicios de telecomunicación a prestar por las empresas con autorización para operar en el sector, asegurar el cumplimiento de la legislación sobre las infraestructuras comunes de telecomunicación (ICT) en los edificios y permitir la instalación de redes de radiocomunicaciones en el interior de los términos municipales, todo ello de modo coordinado con las administraciones autonómicas y general del Estado. La autonomía municipal está sometida a la Ley de Bases de Régimen Local. El instrumento de ordenación de las redes de telecomunicaciones por parte municipal se expresa en el artículo 26.2 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. El procedimiento administrativo establece que los ayuntamientos, para la elaboración de los planes de urbanismo, deben recabar de la Administración General del Estado el oportuno informe sobre necesidades de redes y recogerlo expresamente en dichos planes. La Ley General de Telecomunicaciones reconoce a las Corporaciones Municipales, como Administraciones públicas, el derecho a explotar redes o prestar servicios de Telecomunicación, en las condiciones establecidas en la legislación vigente y respetando las reglas que garanticen la no distorsión de la libre competencia. Por tanto, los ayuntamientos pueden actuar también como operadores de telecomunicación cumpliendo las condiciones impuestas a estos agentes y las condiciones de un mercado de libre competencia. A continuación se plantean algunas cuestiones de interés sobre la participación de los Ayuntamientos en la aplicación de la legislación sobre la ocupación del dominio público para el despliegue de redes de telecomunicación. En el Anexo 2.A se recopila el marco normativo del despliegue de redes de telecomunicación en el dominio público al que se hace referencia. Cómo se pueden incluir las necesidades de redes de telecomunicación en los instrumentos de planificación territorial? El artículo 26.2 de la Ley General de Telecomunicaciones establece claramente que los Ayuntamientos deben recabar de la Administración General del Estado (Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información) los informes sobre necesidades de redes de telecomunicaciones y, asimismo, cita que los Planes generales de Urbanismo de los Ayuntamientos tendrán que recoger las necesidades de redes de telecomunicaciones contenidas en los citados informes: - Los órganos encargados de la redacción de los distintos instrumentos de planificación territorial o urbanística deberán recabar de la Administración General del Estado el oportuno informe sobre las necesidades de redes públicas de comunicaciones electrónicas en el ámbito territorial a que se refieran. - Los instrumentos de planificación territorial o urbanística deberán recoger las necesidades de redes públicas de comunicaciones electrónicas contenidas en los informes emitidos por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y garantizarán la no discriminación entre los operadores y el mantenimiento de condiciones de competencia efectiva en el sector. En qué condiciones los operadores de telecomunicación pueden ocupar el dominio público? La Normativa aplicable a la ocupación del dominio público y la propiedad privada se recoge en los artículos 28 y 29 de la Ley General de Telecomunicaciones. En la autorización de ocupación del dominio público será de aplicación, además de lo previsto en la Ley General de Telecomunicaciones, la normativa específica 1113 relativa a la gestión del dominio público concreto de que se trate y la regulación dictada por su titular en aspectos relativos a su protección y gestión. El artículo 29 garantiza el derecho de ocupación del dominio público y privado por los operadores. Se establecen un conjunto de procedimientos que los ayuntamientos deben ir poniendo en marcha en su proceso de gestión de forma inmediata. Asimismo será de aplicación en la ocupación del dominio público y la propiedad privada para la instalación de redes públicas de comunicaciones electrónicas la normativa específica dictada por las Administraciones públicas con competencias en medio ambiente, salud pública, seguridad pública, defensa nacional, ordenación urbana. La aprobación del proyecto técnico por el órgano competente de la Administración General del Estado llevará implícita, en cada caso concreto, la declaración de utilidad pública. El proyecto técnico es el documento que justifica la necesidad de ocupar el dominio público o privado, debiendo ir firmado por un ingeniero de telecomunicación y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación. Está regulada la compartición de infraestructuras? La herramienta clave es el planeamiento urbanístico pero, el legislador regula el uso compartido de las infraestructuras estableciendo dos procedimientos: 1º. Las Administraciones públicas fomentarán la celebración de acuerdos voluntarios entre operadores para la ubicación compartida y el uso compartido de infraestructuras situadas en bienes de titularidad pública o privada. 2º. A falta de acuerdo, las condiciones del uso compartido se establecerán, previo informe preceptivo de la citada Administración competente, (en medio ambiente, salud pública, seguridad pública, defensa nacional, ordenación urbana y territorial) mediante Resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Dicha resolución deberá incorporar, en su caso, los contenidos del informe emitido por la Administración competente interesada que ésta califique como esenciales para la salvaguarda de los intereses públicos cuya tutela tenga encomendados. Pueden los Ayuntamientos establecer tasas por la ocupación del dominio público local? El artículo 49 de la LGTel establece que los operadores y titulares de derechos de uso del dominio público estarán sujetos al pago de las tasas establecidas en el ordenamiento jurídico. Según se establece en los Artículos 49.2.c, 49.3 y 49.4 de la Ley General de Telecomunicacioens, las tasas que establezcan los ayuntamientos por la ocupación del dominio público local tendrán como finalidad, entre otras cuestiones, cubrir los gastos que ocasione la gestión, control y ejecución de los derechos de ocupación del dominio público, los derechos de uso del dominio público radioeléctrico y la numeración. Además, las tasas establecidas por el uso del dominio público necesario para la instalación de redes de comunicaciones electrónicas tendrán como finalidad la necesidad de garantizar el uso óptimo de estos recursos, teniendo en cuenta el valor del bien cuyo uso se otorga y su escasez. Dichas tasas deberán ser no discriminatorias, transparentes, justificadas objetivamente y ser proporcionadas a su fin. Asimismo, deberán fomentar el cumplimiento de los objetivos y principios establecidos en el artículo 3 de la Ley General de Telecomunicaciones (principio PATRÓN de la LEY), en los términos que se establezcan reglamentariamente. Las tasas serán impuestas de manera objetiva, transparente y proporcional, de manera que se minimicen los costes administrativos adicionales y las cargas que se derivan de ellos. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones, así como las Administraciones territoriales que gestionen y liquiden tasas subsumibles en el apartado 2 del artículo 49 de la Ley General de Telecomunicaciones, publicarán un resumen anual de los gastos administrativos que justifican su imposición y del importe total de la recaudación. 1214 Pueden las Corporaciones Locales prestar servicios o explotar redes de Telecomunicación? El artículo 8 de la Ley General de Telecomunicaciones, posibilita que las Corporaciones Locales puedan prestar servicios o explotar redes de telecomunicaciones, siempre que se ajusten a lo dispuesto en esta Ley y en sus normas de desarrollo y se realicen con la debida separación de cuentas y con arreglo a los principios de neutralidad, transparencia y no discriminación. En particular, se tratará este punto, en el Protocolo 4, en relación con la instalación de emisoras de Televisión Digital local y la iniciativa local en la extensión de la cobertura de la Televisión Digital. Cuál podría ser, en la práctica el procedimiento recomendado para prever las dotaciones para los servicios de telecomunicación en las herramientas de planificación urbanística? El procedimiento a seguir pasa por la elaboración de un Proyecto de Infraestructuras de Telecomunicación que contemple las necesidades de los operadores interesados en desplegar sus redes en la zona de actuación urbanística de que se trate. En el anexo 2.C se incluyen algunas recomendaciones a tener en cuenta en los procesos de elaboración y ejecución de los Proyectos de Infraestructuras de Telecomunicación para las nuevas actuaciones urbanísticas. 1315 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 3: REDES INALÁMBRICAS DE TELECOMUNICACIONES, URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE Introducción La aparición de nuevos servicios basados en la utilización del espectro radioeléctrico (radiodifusión en ondas métricas con modulación de frecuencia, móviles terrestres, marítimos y aeronáuticos, fijo, satélite, servicios acceso fijo vía radio -SAFI ó LMDS-, TV digital terrenal, telefonía móvil, etc,). hace muy necesario, al ser un bien demanial y escaso, la aparición de una regulación que permita un máximo aprovechamiento del mismo (planificación) y su posterior monitorización, control e inspección y el control de las emisiones de las instalaciones radioeléctricas. Estos avances en materia de Telecomunicaciones que permiten al ciudadano su entrada plena en la Sociedad de la Información han incidido muy directamente en las corporaciones locales ya que, al ser la administración más cercana a los ciudadanos, tienen que aplicar sus procedimientos administrativos y criterios urbanísticos para posibilitar el despliegue de redes y servicios de telecomunicación a prestar por las empresas con título habilitante permitiendo la instalación de redes de radiocomunicaciones en el interior de los términos municipales, todo ello de modo coordinado con las administraciones autonómicas y central. Entre las numerosas aplicaciones de uso cotidiano que utilizan la energía electromagnética, la telefonía móvil ha visto incrementado de forma espectacular el número de usuarios, dada las ventajas que ofrece a los ciudadanos. Para conseguir estos resultados es necesario desplegar una estructura de radiocomunicaciones constituida por estaciones base. En el despliegue de las infraestructuras de telefonía móvil se ha producido un rechazo por determinados colectivos por el pretendido efecto de las emisiones electromagnéticas en la salud, lo que ha ocasionado, en no pocas ocasiones una ralentización en las autorizaciones de las corporaciones locales para la instalación de nuevas estaciones. Por ello es legítima la demanda de información, por parte de los ciudadanos, en cuanto a los posibles efectos de las emisiones radioeléctricas sobre la salud y sobre las condiciones de funcionamiento de las estaciones base, para asegurar que se respetan los límites establecidos, evitando cualquier riesgo. A continuación se plantean algunas cuestiones de interés sobre la participación de los Ayuntamientos en la aplicación de la legislación sobre la ocupación del dominio público o privado para el despliegue de redes de radiocomunicación, en el ámbito municipal. En el Anexo 3.A se recopila el marco normativo de las redes inalámbricas de telecomunicaciones. Qué normativa regula las emisiones radioeléctricas utilizadas en la radiocomunicación? La Ley General de Telecomunicaciones establece que corresponde al Gobierno desarrollar reglamentariamente los procedimientos de determinación, control e inspección de los niveles de emisión radioeléctrica tolerable y que no supongan un peligro para la salud, en concordancia con lo dispuesto por las recomendaciones de la Comisión Europea. La Recomendación del Consejo 1999/519/CE, de 12 de julio de 1999, relativa a la exposición del público en general a campos electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz) establece unos valores máximos de determinados parámetros, como la densidad de potencia y las intensidades de campos eléctrico y magnético. El Gobierno español ha adaptado esta Recomendación europea a la legislación española mediante la publicación del Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas, y la Orden CTE/23/2002, de 11 de enero, por la que se establecen condiciones para la presentación de determinados estudios y certificaciones por operadores de servicios de radiocomunicaciones. Pueden las Comunidades Autónomas o los Ayuntamientos modificar los niveles máximos de exposición de las personas a las emisiones radioeléctricas establecidos en la normativa anterior? 1416 Los límites establecidos en la normativa estatal están de acuerdo con la Recomendación de la Comisión Europea citada anteriormente y con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salid. No hay, por tanto, razón para modificar dichos límites. Por el contrario, la mejor práctica es que los límites de exposición sean únicos para todo el territorio nacional y se fijen o se modifiquen siguiendo las recomendaciones de los organismos citados y las que puedan emanar de otras instituciones españolas de referencia comúnmente aceptadas. El establecimiento de niveles de referencia distintos en cada territorio sólo sirve para crear confusión y desconfianza entre los ciudadanos. Cómo se han determinado los niveles máximos de exposición a las emisiones radioeléctricas? La determinación de estos niveles se hace estableciendo parámetros medibles en las instalaciones, como la Tasa de Absorción Específica (TAE o SAR en inglés). La normativa establece la relación entre la TAE y el nivel de densidad de potencia del campo electromagnético que se mide en W / m 2 o mw / cm 2. Los niveles de referencia fijados por la Recomendación Europea y por el Real Decreto citado para la densidad de potencia son coincidentes: 10 W/m 2 para MHz y 4,5 W/m 2 para 900 MHz, que son las frecuencias que emplean los sistemas de telefonía móvil. Estos valores son unas 50 inferiores a los considerados inocuos. Cómo se puede asegurar que las instalaciones cumplen la normativa? Mediante la existencia de un proyecto técnico y la certificación de fin de obra correspondiente, firmados por un Ingeniero de Telecomunicación y visados por su Colegio profesional, que incluyan las correspondientes certificaciones de que se cumplen los niveles de emisión radioeléctrica establecidos en la normativa. La normativa española establece la obligación para los operadores de presentar un estudio de niveles de las estaciones en proyecto, que tenga en cuenta el nivel de emisión preexistente, en el entorno de la estación. Antes de su puesta en servicio, las nuevas estaciones deben pasar una inspección de los servicios técnicos de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. Además, anualmente los operadores titulares de las estaciones deben presentar una certificación, firmada por un Ingeniero de Telecomunicación, visada, de que se mantienen los niveles de emisión dentro de los límites establecidos en la normativa. Quién debe autorizar la instalación de una estación base? La instalación de una estación base de radiocomunicación contempla dos aspectos: el arquitectónico y el de telecomunicación y requiere contar con la autorización del titular del edificio o terreno donde se pretende instalar. De acuerdo con la Ley de Propiedad Horizontal, en el caso de una comunidad de propietarios, para la aprobación de esta autorización, resulta exigible la mayoría de las 3/5 partes de la las cuotas de participación. Los Ayuntamientos pueden regular, mediante Ordenanzas Municipales específicas, la concesión de licencias urbanísticas para la instalación de estaciones base. Las Comunidades Autónomas también pueden regular, dentro de sus competencias, reglamentos para regular aspectos medioambientales de la instalación. En cualquier caso, para autorizar la instalación con las debidas garantías se debe exigir un proyecto técnico y una certificación de fin de obra que incluya las certificaciones de medidas radioeléctricas, todo ello firmado por un Ingeniero de Telecomunicación y visado por su Colegio Profesional. Se ha desarrollado un procedimiento práctico que facilite el despliegue de las infraestructuras de radiocomunicación? La Ley General de Telecomunicaciones estableció la necesidad de crear un órgano de cooperación para impulsar, salvando las competencias de las Administraciones implicadas, el despliegue de las infraestructuras de radiocomunicación, especialmente las redes de telefonía móvil y fija inalámbrica. La Federación Española de Municipios y Provincias formó parte de la Comisión Sectorial para el Despliegue de Infraestructuras de Radiocomunicación, creada para ese fin, junto con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, las Comunidades autónomas, los operadores de telefonía móvil, AETIC y el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, llegándose a aprobar un marco de cooperación recogido en el Código de buenas prácticas para la instalación de infraestructuras de telefonía móvil, publicado por la FEMP. 1517 Este código incluye una serie de recomendaciones, entre las cuales se encuentran: Que las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos establezcan la obligación de los operadores de la presentación previa del Plan Territorial de Infraestructuras, que debe tener un carácter informativo y no condicionante o autorizatorio, lo que debería traducirse en una agilización de trámites y una mayor flexibilidad de los procedimientos. Que las Administraciones públicas territoriales promuevan la celebración de acuerdos con los operadores para establecer requisitos que reduzcan el impacto visual de las instalaciones. Que las Administraciones públicas territoriales promuevan la celebración de acuerdos cojuntamente con los operadores en lo relativo a la compartición de infraestructuras de radiocomunicaciones, siempre que se respeten las normas sobre exposición a los campos electromagnéticos. Que las autoridades públicas y administrativas faciliten y oferten emplazamientos y terrenos para la instalación de infraestructuras de radiocomunicación. El código también establece un procedimiento administrativo para agilizar la aprobación del proyecto técnico de telecomunicaciones con el estudio de niveles de exposición radioeléctrica que permite la obtención de una licencia urbanística única, que incluya la licencia de obras, instalación y actividad y la de la licencia de funcionamiento, una vez superada la inspección de las instalaciones, conforme al `proyecto técnico. En principio, este procedimiento permite acortar el plazo total para la puesta en funcionamiento a 6,5 meses, en lugar de los 12 a 18 meses que duraba habitualmente. Deben los Ayuntamientos promover la ubicación compartida y el uso compartido de las instalaciones radioeléctricas? En estos procedimientos, un aspecto muy importante es, al igual que en la gestión del dominio público municipal, el adecuado planeamiento urbanístico que fomente la ubicación y el uso compartido de instalaciones radioeléctricas; según se establece en el artículo 30 de la LGT. Artículo 30. LGT Ubicación compartida y uso compartido de la propiedad pública o privada. 1. Las Administraciones públicas fomentarán la celebración de acuerdos voluntarios entre operadores para la ubicación compartida y el uso compartido de infraestructuras situadas en bienes de titularidad pública o privada Cuando en aplicación de lo dispuesto en este artículo se imponga el uso compartido de instalaciones radioeléctricas emisoras pertenecientes a redes públicas de comunicaciones electrónicas y de ello se derive la obligación de reducir los niveles de potencia de emisión, deberán autorizarse más emplazamientos si son necesarios para garantizar la cobertura de la zona de servicio. Pueden los ayuntamientos desplegar redes inalámbricas basadas en las tecnologías Wi-Fi o Wimax? El 3 de abril de 2003, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, a través de la Entidad Pública Red.es, y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) firmaron un Convenio Marco de Colaboración para la puesta en marcha del programa Internet Rural. De este modo los municipios españoles pueden participar en este programa, estableciendo redes inalámbricas de acceso a Internet. En qué consisten las tecnologías Wi-Fi? Las tecnologías inalámbricas, conocidas generalmente como Wi-Fi y Wimax, están basadas en el estándar y sus variantes del IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.). Estas tecnologías posibilitan la extensión de redes corporativas en múltiples entornos, con conexiones de banda ancha. Su principal atractivo es que utilizan frecuencias de uso común, en las bandas de 2,4 y 5 GHz, que no requieren solicitud expresa del uso del espectro radioeléctrico. Existe un marco regulatorio para las redes Wi-Fi? 1618 El que las frecuencias utilizadas sean de uso común no significa que no exista un marco regulatorio específico. Por ejemplo, el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF) establece limitaciones en cuanto a la Potencia Isotrópica Radiada Equivalente (P.I.R.E.) de estas instalaciones, que no puede tener un valor superior a 100 mw, lo que es especialmente importante cuando se utiliza esta tecnología para dar un servicio público de acceso a otras redes de telecomunicación (telefonía, Internet,...), en cuyo caso debe cumplirse lo establecido en la Ley General de Telecomunicaciones y su desarrollo reglamentario en cuanto a notificación a la Comisión del Mercado de las Telecomunicación (CMT), como en el caso de cualquier operador que quiera explotar redes o prestar servicios de telecomunicaciones (Ver Protocolo 2). Estos aspectos regulatorios son tenidos en cuenta en varias Resoluciones emitidas por la CMT. En ellas se separa la posibilidad de disponer del espectro, que es común, de su uso o aplicación. En consecuencia, si la red inalámbrica Wi-Fi se configura como una red pública de Telecomunicaciones, cuando sirve de soporte a determinados servicios de telecomunicaciones a terceros, (por ejemplo, provisión de acceso a Internet de banda ancha), dicha actividad se encontrará sujeta al régimen de autorizaciones administrativas establecido en la ley General de Telecomunicaciones, debiendo el operador (en su caso, el Ayuntamiento) notificar fehacientemente a la CMT su intención de explotar una determinada red o de prestar un determinado servicio de telecomunicaciones, con anterioridad al inicio de la actividad, en los términos que se determinan en la reglamentación de desarrollo de la Ley General de Telecomunicaciones. Es necesario un proyecto para la instalación de una red Wi-Fi? Según se ha indicado en la pregunta anterior, la legislación vigente exige al titular de una red Wi-Fi notificar a la CMT, previamente al comienzo de la actividad, su intención de establecer una red o de prestar un servicio público de telecomunicaciones, presentando documentación detallada sobre: Descripción de la red o servicio a explotar o prestar Descripción de la ingeniería y diseño de la red Tecnologías empleadas Medidas de seguridad y confidencialidad a implantar en la red Descripción funcional de los servicios Oferta de servicios y su descripción comercial Fecha prevista de inicio de la actividad Lo anterior se cumple con la presentación de un Proyecto Técnico de la red a instalar, firmado por un Ingeniero de Telecomunicación y visado por su Colegio profesional. Es importante recordar que una red Wi-Fi sin un adecuado diseño, sin una debida planificación de recursos, sin una cuidada instalación y sin unos adecuados protocolos de pruebas producirán: Problemas de interferencias con otras redes que usen ese mismo estándar o con otros equipos y sistemas que trabajen en otras bandas de frecuencias. Dificultades de protección frente a otras redes concurrentes u otros aparatos (equipos de microondas) que emplean las mismas frecuencias. Cobertura inadecuada, como consecuencia de un mal diseño. Problemas de funcionamiento como resultado de un inadecuado dimensionamiento de la capacidad de la red. Problemas por falta de seguridad de la red, con usuarios no autorizados que hacen uso de los recursos de red o acceden ilegalmente a información privada. Falta de flexibilidad de la red para adecuarse al número y perfil de los usuarios. Problemas de movilidad por no valoración de los procesos de itinerancia y traspaso. Problemas con el tránsito a nuevas aplicaciones y servicios por un inadecuado diseño de la red. El respeto a la normativa vigente y la existencia de un Proyecto Técnico elaborado por un Ingeniero de Telecomunicación, visado, garantizará que esta tecnología sea utilizada de forma eficaz. Existe algún organismo al que los Ayuntamientos puedan acudir para solicitar asesoramiento sobre cualquier cuestión relacionada con el despliegue de infraestructuras de radiocomunicación? Como uno de los resultados de la Comisión Sectorial para el Despliegue de las Infraestructuras de Radiocomunicación, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Asociación de 1719 Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de España (AETIC) firmaron un acuerdo que establecía, entre otras cosas, la necesidad de puesta en marcha de un Servicio de Asesoramiento Técnico e Información (SATI) sobre todas aquellas cuestiones de interés para las Corporaciones Locales ligadas a la implantación de infraestructuras de radiocomunicación. Este servicio comprende cuatro áreas de asesoramiento: Técnico-jurídica Telecomunicaciones Biomédica Estrategia El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación coordina el área de asesoramiento de Telecomunicaciones. El contenido principal del área de Telecomunicaciones es la elaboración de informes y la respuesta a las peticiones de información de los Ayuntamientos, sobre las características y funcionamiento de las estaciones base de telefonía móvil, en especial, en lo relativo a las emisiones radioeléctricas. Este servicio, será prestado por la FEMP a las Corporaciones Locales durante un periodo de 18 meses desde febrero de20 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 4: TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT) Introducción La Televisión Digital Terrestre es una modalidad de televisión digital, como lo son la televisión digital por satélite, la televisión digital por cable o la televisión digital por par de cobre (ADSL), que se recibe a través de la antena de televisión disponible en todas las viviendas. Esta tecnología ofrece varias ventajas con relación a la televisión analógica actual: Permite recibir un mayor número de programas, con un mejor aprovechamiento del espectro radioeléctrico. Por un canal radioeléctrico digital de 8 MHz se pueden transmitir 4 o 5 programas, en comparación con 1 programa en un canal analógico. Proporciona mejor calidad de imagen y sonido. Permite ofrecer servicios adicionales, como opción de idiomas y subtítulos, accesibilidad para discapacitados, visión en diferido, guía electrónica de programación, etc. Permite ofrecer servicios interactivos (acceso a Internet, participación de los teleespectadores en votaciones, concursos, etc.) Esta nueva tecnología coexistirá con la televisión analógica hasta el 3 de abril de 2010, fecha límite para que desaparezcan todas las emisiones de televisión analógica actuales. La difusión de las señales de TDT requiere, por una parte, el despliegue de una infraestructura de radiocomunicación que permita la cobertura de todo el territorio nacional y, por otra, la adaptación de las instalaciones de recepción colectiva existentes en los edificios que no disponen de una Infraestructura Común de Telecomunicaciones (ICT). Los Ayuntamientos tienen asignadas funciones importantes, tanto en lo que se refiere a facilitar el despliegue de las infraestructuras necesarias para la difusión de la Televisión Digital Terrestre, como en garantizar que los ciudadanos dispongan de los sistemas y redes adecuados para la recepción de la TDT en sus hogares.. A continuación se plantean algunas cuestiones de interés sobre la participación de los Ayuntamientos en la aplicación de la legislación sobre la Televisión Digital Terrestre. Qué funciones corresponden a los Ayuntamientos con relación al despliegue de las infraestructuras necesarias para la difusión de las señales de TDT? Aparte de las funciones que corresponden a los Ayuntamientos, como titulares del dominio público local, en la concesión de licencias para la ocupación del dominio público, obras y funcionamiento de cualquier infraestructura necesaria para el despliegue de redes o la explotación de servicios de telecomunicaciones, según se ha explicado anteriormente, corresponden a los Ayuntamientos dos funciones específicas, con relación a la TDT: Actuar como titulares de concesiones de estaciones o redes radiodifusoras de Televisión digital local Aplicar la Iniciativa local en la extensión de la cobertura En que consisten estas funciones? Con relación a la titularidad de concesiones de estaciones radiodifusoras de TDT, la legislación vigente sobre TDT contempla la existencia de canales múltiples, de titularidad municipal, destinados a ámbitos de cobertura local, que pueden estar constituidos por los términos municipales de una o más localidades. Con relación a la extensión de la cobertura, la legislación vigente contempla la posibilidad de que los Ayuntamientos, acuerden la instalación de estaciones reemisoras en red de frecuencia única, para la difusión a sus ciudadanos del servicio de Televisión Digital Terrestre, en zonas de baja población que no estén cubiertas por las redes de los radiodifusores correspondientes. Qué legislación regula las concesiones del servicio de televisión digital local? 19 Mostrar más
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