Source: http://www.gobcan.es/boc/2009/023/001.html
Timestamp: 2014-09-18 05:38:20
Document Index: 13521635

Matched Legal Cases: ['artículo 130', 'Artículo 5', 'Artículo 35', 'artículo 138', 'Artículo 40', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 47', 'Artículo 63', 'Artículo 66', 'Artículo 67', 'artículo 144', 'Artículo 89']

En las últimas décadas se viene asistiendo, en las sociedades más avanzadas, a profundas reformas en la legislación rectora de la gestión económico financiera de las Administraciones Públicas, que comparten líneas similares. Son rasgos comunes de esta "nueva gestión pública", la decidida implementación de una dirección basada en objetivos, a fin de orientar la gestión a resultados; el desarrollo de indicadores para medir la eficacia, eficiencia y calidad; así como el fortalecimiento de los mecanismos de seguimiento y control de estos valores, mediante la incorporación de instrumentos de evaluación de la gestión de las políticas y organizaciones públicas. Con respecto a la función de control interno existe consenso, tanto doctrinal o académico como profesional, en la necesidad de bascular desde la acepción tradicional del control, focalizada casi en exclusiva en garantizar el principio de legalidad, hacia otra concepción del mismo, en la que, sin dejar de tener en cuenta el cumplimiento de la regularidad formal, atienda, como igualmente importante, a la evaluación de los principios de eficacia, eficiencia, economía y calidad en la gestión de los servicios y políticas públicas. En efecto, la función de control ha venido desarrollándose tradicionalmente dando primacía al principio de legalidad -irrenunciable, por otra parte, en un Estado de Derecho- a fin de evitar extralimitaciones en la acción pública y garantizar al ciudadano el ejercicio de sus derechos y libertades. Sin embargo, en el contexto actual, la legitimidad de las Administraciones Públicas no se justifica exclusivamente en que éstas desarrollen su actividad con arreglo al ordenamiento jurídico, sino que se exige, además, que su actuación sea eficaz en la obtención de resultados y que sean eficientes en el uso de los recursos puestos a su disposición, en un marco de transparencia de la gestión desarrollada que intensifique la calidad democrática.
Primera.- Sustitución de la función interventora por el control financiero permanente. 1. De conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 130 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, se sustituye la función interventora por el control financiero permanente sobre el área de gestión de los recursos humanos de los sujetos del sector público con presupuesto limitativo, así como sobre los actos por los que se ordenen pagos con cargo al Tesoro de la Comunidad Autónoma, la materialización de los mismos, y aquellos por los que se acuerde el movimiento de fondos y valores de la Tesorería de la Comunidad Autónoma.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA Única.- Control posterior de los expedientes sujetos a fiscalización previa limitada.
c) Realizada la confirmación contable, si el centro gestor apreciase la existencia de errores podrá anular la operación contable confirmada, mediante la captura contable de la correspondiente operación de signo contrario a la erróneamente confirmada." Quinta.- Modificación del Decreto 151/2004, de 2 de noviembre, por el que se regula el régimen de provisiones de fondos a las habilitaciones de pagos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y se aprueba el sistema informático contable con la denominación de SIHABIL.
A N E X O REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA INTERVENCIÓN GENERAL
l) El Servicio de Control de Gestión y Evaluación de Políticas Sectoriales. m) El Servicio de Coordinación del Área de Control de Ingresos.
2. Al Interventor General le corresponde la superior dirección y coordinación de los distintos órganos y unidades adscritas al Centro Directivo y las demás facultades reconocidas en la normativa vigente a los directores generales, con las especificidades recogidas en el presente Reglamento. 3. Compete al Interventor General la determinación de los sujetos, departamentos o dependencias del sector público, programas o funciones, sobre el que las distintas Intervenciones Delegadas desarrollan sus funciones de control interno y de contabilidad.
11. Le corresponde, asimismo, solicitar la incoación de expediente para la exigencia de las responsabilidades previstas en el Título X de la Ley de la Hacienda Pública Canaria. 12. La aprobación de las normas técnicas, instrucciones y protocolos de actuación a que deben someterse sus órganos y unidades adscritos en el desarrollo de sus funciones.
e) Gestionar la edición, publicación y difusión de las monografías y publicaciones del Centro Directivo. f) Cualesquiera otras que le encomiende el Interventor General. Artículo 5.- Servicio de Contabilidad.
2. Al frente de la Oficina habrá un Director al que le corresponde, bajo la supervisión del Interventor General, la dirección y coordinación de la misma. 3. La Oficina de Auditoría Pública se estructura en los servicios de Auditoría del Sector Público; de Control Financiero de Fondos Comunitarios; de Control Financiero de Fondos Europeos Agrícolas; y de Auditoría Pública y de Control de Subvenciones,.
f) El análisis de la situación presupuestaria de las sociedades mercantiles públicas y fundaciones públicas, computada en términos de capacidad o necesidad de financiación, de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, y en las condiciones establecidas para la Comunidad Autónoma de Canarias. g) El estudio y propuesta de instrucciones en el ámbito de su competencia, así como la elaboración y propuesta de modificación de las normas de auditoría del sector público y de las normas técnicas, métodos y procedimientos aplicables.
2. Al frente de la Oficina habrá un Director al que le corresponde, bajo la supervisión del Interventor General, la dirección y coordinación de la misma. 3. La Oficina de Control y Evaluación de Políticas Públicas se estructura en los Servicios de Control de Gestión y Evaluación de Políticas de Recursos Humanos y el de Control de Gestión y Evaluación de Políticas Sectoriales.
d) La contabilización de las operaciones derivadas de los expedientes de gastos sujetos a su control. e) La realización de los controles a que se refiere la Ley General de Subvenciones y demás normativa que la desarrolla, en aquellos casos y en los términos y alcance que se determinen en el Plan anual de Auditorías. f) Desarrollar, conjuntamente con la Oficina de Control y Evaluación de Políticas Públicas y a requerimiento de los centros gestores, las funciones de asesoramiento y consultoría que se estimen oportunas, para ayudar a la concreción de los objetivos de las políticas y servicios públicos y para la determinación de los indicadores de gestión más adecuados y relevantes, que posibiliten la medición y evaluación de los resultados de las acciones que se desarrollen.
e) Siempre que la convoque el Interventor General a efectos de adoptar medidas de coordinación en el desempeño de las funciones de control y de dirección y gestión de la contabilidad pública. 5. El orden del día de las reuniones de la Junta de Interventores, que en todo caso se desarrollarán durante la jornada ordinaria de trabajo, será fijado por el Interventor General en la convocatoria, pudiendo incluir en el mismo los puntos propuestos por los miembros de dicho órgano colegiado. TÍTULO II
3. En el primer trimestre de cada ejercicio, la Intervención General, procederá a la evaluación de los resultados de la ejecución del Plan Estratégico y a la aprobación de las modificaciones que sea preciso introducir al Plan Estratégico para los próximos años. CAPÍTULO II
1. La función interventora se ejercerá en sus modalidades de intervención formal y material, según que la comprobación recaiga sobre los documentos o sobre la realidad física en que se materialice la aplicación del gasto público. 2. La intervención formal consistirá en la verificación del cumplimiento de los requisitos legales necesarios para la adopción del acuerdo, mediante el examen de todos los documentos que, preceptivamente, deban estar incorporados al expediente. En la intervención material se comprobará la real y efectiva aplicación de los fondos públicos.
1. Si la Intervención, en el ejercicio de la función interventora, se manifestase en desacuerdo con el contenido de los actos examinados o con el procedimiento seguido para su adopción, deberá formular sus reparos. Los reparos deberán ser motivados con razonamientos fundados en las normas en las que se apoye el criterio sustentado y deberán comprender todas las objeciones observadas en el expediente. 2. El reparo es la forma que adopta la Intervención de disconformidad, y puede adoptar distintas intensidades, según cuál sea el régimen de fiscalización aplicable.
De la intervención del reconocimiento de las obligaciones y de la comprobación material de la inversión
c) Que se ha comprobado materialmente, cuando resulte procedente, la efectiva y conforme realización del gasto, y que ha sido intervenida, en su caso, dicha comprobación. Artículo 35.- Intervención de la comprobación material del gasto.
De la intervención formal y material del pago correspondiente a devoluciones de ingresos indebidos
1. Antes de que finalice el mes de enero, la Intervención General elaborará el Plan anual de Control Financiero Permanente, en el que se recogerán, para los sujetos del sector público y áreas de gestión sobre los que el Gobierno ha acordado la aplicación del control financiero permanente, los objetivos de control, los responsables de su ejecución, y los recursos asignados. A tal fin, solicitará de los departamentos, organismos y entes a los que hace referencia el artículo 138 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, una propuesta de objetivos y actuaciones que se considere conveniente incluir en el Plan y la justificación de su inclusión. 2. Tras la valoración de las propuestas recibidas, el Interventor General resolverá la aprobación definitiva del Plan anual de Control Financiero Permanente, que podrá ser modificado cuando se produzcan circunstancias que lo justifiquen.
4. Para el adecuado desarrollo del control financiero permanente la Intervención Delegada o Unidad de control actuante podrá recabar en cualquier momento de los centros gestores la información y documentación que precise y efectuar las comprobaciones materiales que sean necesarias. Artículo 40.- Desarrollo de las actuaciones de control financiero permanente.
1. Las actuaciones de control financiero que se van desarrollando a lo largo del ejercicio se documentarán en el informe de control financiero permanente. 2. La Intervención Delegada, o la unidad de control actuante, remitirá, antes del 1 de marzo, al titular del departamento, organismo o entidad sobre la que ha desarrollado el control, un informe con los resultados más significativos derivados de las actuaciones de control desplegadas en el ejercicio anterior, respecto a todas las áreas en que se estructura el informe de control financiero permanente. Este informe, que será firmado por el Interventor Delegado o responsable de la unidad de control actuante, tendrá el carácter de provisional y deberá contener en cada una de sus páginas una indicación de tal condición.
Los Interventores Delegados deben establecer los mecanismos necesarios que permitan el seguimiento, tanto de las medidas correctoras propuestas en los informes definitivos, como de las actuaciones adoptadas por el sujeto controlado. En los informes definitivos de control financiero permanente evacuados en cada ejercicio se deberá consignar el estado de las recomendaciones y de las medidas correctoras propuestas en los anteriores informes de control financiero permanente. Artículo 44.- Propuestas de actuación de la Intervención Delegada u órgano de control actuante e Informe de Actuación de la Intervención General. 1. Cuando en el desarrollo del control financiero permanente se hubiese puesto de manifiesto el incumplimiento de la normativa y procedimientos aplicables a los aspectos de la gestión económica, o la existencia de errores que hubiesen ocasionado o puedan dar lugar a pagos indebidos o improcedentes, la Intervención Delegada o el órgano de control actuante pondrá de manifiesto, al centro gestor y al superior orgánico del centro gestor, esta circunstancia, así como la necesidad de que se adopten las medidas que resulten oportunas, incluido el reintegro. Si el acto está sujeto a derecho administrativo, se propondrá que previamente al reintegro se adopte alguna de las medidas siguientes:
Artículo 45.- El Informe General de Control Financiero Permanente. Los informes definitivos de control financiero permanente deberán ser remitidos a la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias, a los efectos de que ésta elabore un Informe General, en el que se recojan los resultados más significativos derivados de los mismos, en la ejecución del Plan anual de Control Financiero Permanente de cada ejercicio.
Del control financiero permanente de los derechos e ingresos del Tesoro de la Comunidad Autónoma
El control financiero permanente de los derechos e ingresos del Tesoro de la Comunidad Autónoma y los ingresos que tengan la naturaleza de rentas, frutos o percepciones producidos por los bienes patrimoniales de la Comunidad Autónoma de Canarias, se desarrollará de conformidad con el procedimiento previsto en la sección 1ª de este Capítulo, y en las instrucciones que al efecto dicte la Intervención General. Artículo 47.- Control financiero permanente de la devolución de ingresos indebidos. El control financiero de los actos por los que se acuerde la devolución de ingresos indebidos tendrá como objeto verificar, entre otros extremos, que la resolución haya sido dictada por órgano competente, la idoneidad de la norma aplicada, la no prescripción del derecho, la cuantía de la devolución, la identidad del perceptor, y el resto de aspectos formales regulados en cada caso por su normativa específica.
1. El control financiero permanente de la materialización del pago tiene por objeto verificar la identidad del perceptor, la cuantía del pago y la existencia de suficiencia de fondos en las cuentas bancarias para su atención. 2. Está sometida a esta modalidad la ejecución de las órdenes de pago que tengan por objeto:
EL CONTROL FINANCIERO DE SUBVENCIONES Y AYUDAS
1. Las actuaciones de control financiero se documentarán en comunicaciones con otros órganos administrativos o con los sujetos controlados y terceros sometidos al deber de colaboración, diligencias, para reflejar hechos relevantes que se pongan de manifiesto en el ejercicio del mismo, y en informes, que tendrán el contenido y estructura y cumplirán los requisitos que se determinen en las instrucciones dictadas por el Interventor General al efecto, o en su defecto, en las Normas de Auditoría del Sector Público. 2. Las comunicaciones, las diligencias y los informes tendrán naturaleza de documentos públicos y harán prueba de los hechos que motiven su formalización, salvo que se acredite lo contrario.
Artículo 63.- Informes provisionales y definitivos. 1. Realizado el control financiero deberá emitirse informe comprensivo del alcance y objetivos del control, de los hechos puestos de manifiesto y de las conclusiones y recomendaciones que se deduzcan del mismo. 2. Dicho informe tendrá carácter provisional y se remitirá al beneficiario o entidad colaboradora, al órgano gestor y a la Intervención Delegada que corresponda, para que, en el plazo máximo de quince días desde su recepción, puedan formular las alegaciones que estimen oportunas. 3. Transcurrido el referido plazo, se emitirá informe definitivo por el Interventor General, en el que se incluirá el informe provisional, las alegaciones recibidas y, en su caso, las observaciones que sobre dichas alegaciones hayan formulado los funcionarios designados para realizar el control. En el caso de que no se reciban alegaciones, el informe provisional se elevará a definitivo. 4. Las actuaciones de control financiero sobre beneficiarios y, en su caso, entidades colaboradoras finalizarán con la emisión del correspondiente informe definitivo.
1. Las actuaciones de control financiero sobre beneficiarios y, en su caso, entidades colaboradoras, deberán concluir en el plazo máximo de doce meses a contar desde la fecha de notificación a aquéllos del inicio de las mismas. 2. Dicho plazo podrá ampliarse cuando en las actuaciones concurra alguna de las siguientes circunstancias:
2. Si aún no ha prescrito el plazo para exigir el reintegro, se acordará el inicio de un nuevo procedimiento de control, disponiendo la conservación de todas las actuaciones de control desarrolladas en el procedimiento caducado. Artículo 66.- Procedimiento de reintegro a propuesta de la Intervención General.
12. Anualmente, la Intervención General emitirá informe de actuación, en relación con los procedimientos de reintegro no iniciados por los órganos concedentes de subvenciones en el plazo de tres meses previsto en el apartado 1 del presente artículo. El titular del departamento, en el plazo de dos meses, deberá remitir al titular del departamento competente en materia de hacienda informe relativo a las medidas adoptadas. En caso de disconformidad, el titular del departamento competente en materia de hacienda, previo informe del Interventor General, someterá las actuaciones a la consideración del Gobierno. Artículo 67.- Tramitación del procedimiento sancionador a propuesta de la Intervención General.
1. La auditoría pública consistirá en la verificación, realizada con posterioridad y efectuada de forma sistemática, de la actividad económico-financiera del sector público, mediante la aplicación de los procedimientos de revisión selectivos contenidos en las normas técnicas de auditoría, el presente Reglamento, así como en las instrucciones que se dicten por la Intervención General. El ámbito de verificación podrá extenderse a las personas físicas o jurídicas a las que se encuentren asociados los entes auditados, así como a cualquier otra persona susceptible de presentar un interés en la consecución de los objetivos, en la realización de las actividades, en la ejecución de los proyectos o en la adopción de los comportamientos.
1. Antes del día 1 de diciembre, la Intervención General elaborará la propuesta del Plan anual de Auditorías, en el que se recogerán, las auditorías y los controles financieros de subvenciones y ayudas a realizar durante el ejercicio inmediato siguiente, la modalidad de control aplicable, los objetivos de las actuaciones de control, los responsables de su ejecución y los recursos asignados, concretando si se realizan con medios propios o mediante contratación externa. 2. A tal fin, solicitará de sus distintas unidades y órganos adscritos, y de los titulares de los departamentos, organismos y entes a los que hace referencia el artículo 144 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, una propuesta sobre el control que se considere conveniente incluir en el Plan y la justificación de su inclusión. En caso de que se formulen varias propuestas, deberán estar priorizadas. 3. Tras la valoración de las propuestas recibidas, el Interventor General elaborará la propuesta del Plan anual de Auditorías, en la que incluirá las actuaciones que considere oportuno realizar en función de los medios disponibles, adjuntando al expediente un informe sobre la motivación de su inclusión. Aprobado el Plan anual de Auditorías por el titular del departamento competente en materia de hacienda, el mismo podrá ser modificado cuando se produzcan circunstancias que así lo justifiquen.
LA EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE GASTO
PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN ANUAL
CARÁCTER Y EFECTOS DE LOS TRABAJOS DE EVALUACIÓN
1. Los informes, estudios y trabajos de evaluación que se desarrollen se dirigirán al titular del departamento responsable de la gestión de las políticas, programas o servicios analizados. 2. Cuando el titular del departamento competente en materia de hacienda lo considere conveniente, por razón de la relevancia de los resultados, elevará al Gobierno los informes, estudios y trabajos de evaluación, a los efectos de dar cuenta de los mismos y solicitar la autorización de éste para que, atendiendo al principio de transparencia, la Intervención General desarrolle las acciones informativas y comunicativas que estime oportunas en orden a que los resultados más importantes de los trabajos de evaluación puedan ser accesibles a los ciudadanos y a los distintos agentes económicos y sociales interesados en los mismos, así como a los investigadores, pudiendo disponerse su difusión en la web institucional.
Cuando en la práctica de las actuaciones de control que competen a la Intervención General, se apreciaran indicios de alguna posible infracción de las previstas en el Título X de la Ley de la Hacienda Pública Canaria, el responsable del órgano o unidad que efectúa el control lo deberá poner en conocimiento del Interventor General a los efectos de que, si resulta procedente, efectúe la oportuna comunicación al órgano competente para incoar expedientes administrativos de responsabilidad contable, con los datos, antecedentes y precisiones necesarias para que se pueda efectuar la calificación de la posible infracción y la identificación del presunto o presuntos responsables. Artículo 89.- Control de situación de cajas.