Source: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=20005573
Timestamp: 2019-07-23 17:40:29
Document Index: 142504746

Matched Legal Cases: ['artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 39', 'artículo 65', 'artículo 29', 'artículo 356', 'artículo 46', 'artículo 39', 'artículo 150', 'artículo 29', 'Artículo 65', 'Artículo 29', 'Artículo 29']

C-102 de 2003
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020005573CC-SENTENCIAC102200312/02/2003CC-SENTENCIA_C_102__2003_12/02/2003200055732003SENTENCIA C-102/03 INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL -Ineptitud sustantiva de la demanda EXPENSA JUDICIAL -Determinación legislativa de cobro RECURSO DE APELACION EN PROCESO LABORAL -Pago del valor de las copias PRINCIPIO DE GRATUIDAD EN PROCESO LABORAL -No es absoluto AMPARO DE POBREZA EN PROCESO LABORAL -Asunción de cargas y expensas Referencia: expediente D-4207
LUIS EDUARDO FORERO BELTRANCONSTITUCIONALIDADAlfredo Beltrán SierraDemanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 29, parcial, de la ley 712 de 2001 "Por la cual se reforma el Código Procesal de Trabajo".D4207Identificadores20020005574true16225Versión original20005574Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 29, parcial, de la ley 712 de 2001 "Por la cual se reforma el Código Procesal de Trabajo".
DEMANDA de inconstitucionalidad en contra del artículo 29, parcial, de la ley 712 de 2001 "Por la cual se reforma el Código Procesal de Trabajo".
La ley 712 de 2001, vigente desde el 9 de junio de 2002 reformó parcialmente el Código Sustantivo del Trabajo que rige en Colombia desde hace 54 años. El artículo 39 del Código, que no fue objeto de modificación, dispone el principio de gratuidad en el procedimiento laboral. Principio que cumple los postulados de equidad y justicia social que pregona la Constitución, y es una forma de proteger la parte más débil de la relación laboral. La excepción a este principio de gratuidad en los procesos laborales que se tramitan en los procesos ordinarios, según el actor "se entiende legal y doctrinariamente aplicado a los honorarios de los auxiliares de la justicia, como curadores para la litis, peritos, posibles indemnizaciones a testigos y condenación en costas." (fl. 4)
Manifiesta que no existe una norma constitucional que expresamente consagre la gratuidad del servicio de justicia que presta el Estado "sino que se ha inferido dicho principio de gratuidad de la circunstancia de que la justicia constituye uno de los pilares o fundamentos esenciales para lograr la convivencia, la paz y un orden justo que haga realidad la igualdad jurídica y material arbitrando los mecanismos idóneos para que puedan acceder a ella todas las personas en condiciones de igualdad. Es así como por vía legislativa aparece reconocido el principio de gratuidad de la justicia, con algunas limitaciones en los Códigos de Procedimiento Laboral y Civil ya que se entiende que la situación económica de las partes no puede colocar a una de ellas en situaciones de privilegio frente a la otra ni propiciar, por consiguiente la discriminación." (fl. 45)
Respecto de las demás disposiciones constitucionales que el demandante estima violadas, el señor Procurador considera que los argumentos del actor no permiten establecer la relación directa o indirecta que existe entre los principios y valores contenidos en las normas superiores y el mandato de la ley que acusa. Los cargos están formulados de manera general sin el mínimo de concatenación. La argumentación del actor "es una diatriba contra las denominadas clases dominantes como causantes de todos los males que aquejan al país y contiene una crítica al Gobierno porque las medidas que profiere lesionan los intereses de los trabajadores, no siendo consecuentes, en su sentir, las medidas que profiere en su favor, sin que ello por sí mismo, se pueda tener como un cargo idóneo de constitucionalidad." (fl. 60). En consecuencia, pide a la Corte que se declare inhibida para fallar sobre ese particular por ineptitud sustantiva de la demanda.
Por ello, no resulta válida la argumentación del actor de demostrar que se viola el principio de gratuidad con la disposición acusada, porque el Estado no puede dispensar justicia sin que, en aplicación con el principio de la correlatividad de los derechos y los deberes, los beneficiarios del servicio público de justicia no asuman las cargas mínimas que comporta poner en funcionamiento los distintos órganos de administración de justicia. Señala que "el pago de las copias requeridas para viabilizar el recurso de apelación en los procesos laborales constituye una carga procesal que compete a la parte que recurre la providencia del juez de instancia, y, en tal virtud, no se vulnera el derecho a la igualdad, porque la norma cuestionada está dirigida en abstracto a las partes del proceso." (fl. 62).
3.1 Lo primero que se advierte es que el artículo 65 del Código Procesal del Trabajo, tal como quedó modificado en la Ley 712 de 2001, en el artículo 29 parcialmente acusado, introdujo expresamente la obligación del recurrente de proveer lo necesario para la obtención de las copias, cuando la apelación fuere concedida,so pena de que se declare desierto el recurso.
Antes de esta reforma, el trámite del recurso de apelación, en cuanto a las copias, estaba regulado así : "(...) Este recurso se concederá en el efecto devolutivo, enviando al superior copia de las piezas del proceso que fueren necesarias,la cual se compulsará gratuitamente y de oficio por la secretaría, dentro de los dos días siguientes al de la interposición del recurso. (...)" (se subraya)
3.2 En la Ley 712 de 2001, el legislador lo que hizo en este aspecto fue acoger, en términos semejantes, lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil, artículo 356, modificado por el Decreto 2282 de 1989, numeral 174, que en lo pertinente dijo: "(...) En el auto que conceda la apelación el Juez determinará las piezas cuya copia se requiera; si el apelante no suministra lo necesario para la copia dentro del término de cinco días a partir de la notificación de dicho auto, el recurso quedará desierto." (se subraya)
"5. Compatibilidad de la carga procesal en estudio con el principio de gratuidad de la justicia. Razonabilidad y proporcionalidad del efecto sancionatorio de la misma y su concordancia con el derecho al debido proceso y la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas
En resumen, la puesta en marcha de todo el aparato judicial para efectos de la resolución sobre un derecho debatido, supone a las partes procesales asumir algunos costos económicos o la realización de algunas actividades, como ya se dijo, atendiendo argumentos de racionalidad como los vistos que impiden que se desconozca el derecho a la igualdad y a la libertad de las personas para acceder a la administración de justicia." (sentencia C-1512 de 2000, M.P., doctor Alvaro Tafur Galvis).
3.4 De lo dicho por la Corte, como lo recuerda la sentencia que se acaba de transcribir, la Ley Estatutaria de Administración de la Justicia, sobre el principio de gratuidad, advirtió que"será responsabilidad del legislador definir, en cada proceso, si amerita o no el cobro de las expensas judiciales" (sentencia C-037 de 1996).
"Sin embargo, con respecto al recurso de apelación existe una norma especial que reafirma el principio de gratuidad (inciso 2 del art. 65), en el sentido de que se debe compulsar gratuitamente y de oficio por la secretaría, dentro de los dos días siguientes a la interposición del recurso, "copia de las piezas del proceso que fueren necesarias".
A juicio de la Corte y como acertadamente lo entendió el juzgador de primera instancia el acto de compulsar copia de las partes pertinentes de la actuación procesal para efecto del recurso de apelación, debe entenderse como instrumental de la efectividad del principio de gratuidad en los procesos del trabajo, que naturalmente hace efectivo el derecho del trabajador del acceso a una justicia gratuita, con las excepciones ya anotadas. En tal virtud, la interpretación que más se adecúa al principio de efectividad de los derechos (art. 2 de la C.P.) es la siguiente: la secretaría debe enviar dentro de la oportunidad procesal al tribunal para que se surta el recurso de apelación la copia de la correspondiente actuación procesal, ya sea mediante transcripción mecanográfica o por reproducción utilizando los medios técnicos de los cuales disponga el respectivo despacho judicial entre sus elementos de trabajo; si no cuenta con dichos medios, la parte interesada debe sufragar los gastos que implique la utilización de estos para reproducir dicha copia, aplicando analógicamente la disposición del artículo 46 del C.P.L." (sentencia T-522 de 1994)
c) Además de las razones de índole constitucional existen razones legales que tratan y limitan el contenido del principio de gratuidad en el proceso laboral. En efecto, el artículo 39 del Decreto 2158 de 1948, adoptado por el Decreto 4133 de 1948 como legislación permanente, establece: "Principio de gratuidad. La actuación en los juicios del trabajo se adelantará en papel común, no dará lugar a impuesto de timbre nacional ni a derechos de secretaría, y los expedientes, despachos, exhortos y demás actuaciones cursarán libres de porte por los correos nacionales."
Aunado a lo anterior, como lo ha indicado ampliamente la jurisprudencia, el proceso laboral implica que gastos como "los necesarios para el desplazamiento de los funcionarios que deban realizar notificaciones; la indemnización que el juez puede decretar en favor del testigo, según el art. 221 del Código de Procedimiento Civil; los honorarios de los auxiliares de la justicia; los gastos necesarios para el registro de embargos en las competentes oficinas del registro de instrumentos públicos y en las cámaras de comercio; la utilización de medios técnicos para la grabación de las actuaciones de las audiencias públicas y, en general, todo gasto que propiamente no se encuentre comprendido dentro de las actuaciones a que alude el art. 39, antes transcrito." (sentencia T-522 de 1994), deben ser cubiertos por las partes, o, por la parte interesada, de acuerdo con el momento procesal en que se esté.
3.7 En conclusión : la disposición acusada será declarada exequible por no violar las normas en que se funda el Estado Social de Derecho, pues, no está imponiéndole cargas desproporcionadas e irrazonables a una de las partes del proceso laboral, que es la más débil (el trabajador o ex trabajador en el proceso laboral). El trabajador o ex trabajador que carezca de los medios económicos para asumir las cargas y expensas establecidas por la ley para el desarrollo del proceso, puede acudir a la institución delamparo de pobreza, lo que conduce a que el recurso no se declare desierto por no suministrar los dineros necesarios para las copias. El artículo, en lo acusado, es producto de la libertad de configuración normativa del legislador, artículo 150, numeral 2, de la Constitución, sin que esto signifique que se esté equiparando el proceso laboral con otros procesos, como el civil, dado que la Constitución confiere al trabajo como valor y derecho fundamental, garantías expresas en el preámbulo y en los artículos 1, 25 y 53 de la Constitución, además, de lo establecido en los convenios internacionales de trabajo debidamente ratificados, que hacen parte de la legislación interna (art. 53 de la Carta).
Primero : Declarar exequible la expresión " El recurrente deberá proveer lo necesario para la obtención de las copias dentro de los cinco (5) días siguientes al auto que concedió el recurso. En caso contrario se declarará desierto", contenida en el artículo 29 de la Ley 712 de 2001 "por la cual se reforma el Código Procesal del Trabajo", sólo por los cargos estudiados.
Exequible Artículo 65 DECRETO_2158_1948_24/06/1948
Exequible la expresión ... Artículo 29 LEY_712_2001_05/12/2001
Inhibida por ineptitud de la demanda Artículo 29 LEY_712_2001_05/12/2001
[1]Ver también la Sentencia C-539 de 1999.