Source: http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=6321
Timestamp: 2014-10-26 03:26:08
Document Index: 349041370

Matched Legal Cases: ['Artículo 66', 'Artículo 150', 'Artículo 87', 'Artículo 86', 'Artículo 62', 'Artículo 148', 'Artículo 149', 'Artículo 20', 'Artículo 44']

España: Constitución Española de 1978
Año de la actual versión:1978Fecha de entrada en vigor del texto original:29 de diciembre de 1978Fecha del texto (Adoptado):31 de octubre de 1978Tipo de texto:Constitución / Ley básicaAsunto:OtrosNotas:
La Constitución Española, ratificada por referéndum el 6 de diciembre de 1978 y adoptada el 27 de diciembre de 1978, fue aprobada tras el periodo de transición que finalizó con el régimen franquista. La Constitución ha sido reformada en dos ocasiones: en 1992 y en 2011. España es un estado social y democrático de Derecho bajo la forma política de monarquía parlamentaria. La Constitución prevé la división de poderes.
El poder legislativo recae en el Parlamento formado por el Congreso de los Diputados y el Senado. Las Cortes Generales, “ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y demás competencias que les atribuya la Constitución” (Artículo 66). Asimismo, las Cortes Generales podrán delegar a las Comunidades Autónomas, la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas” (Artículo 150). Las Comunidades Autónomas también podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir al Congreso una proposición de ley (Artículo 87).
El poder ejecutivo está representado por el Rey y el Gobierno. El Rey es el Jefe del Estado español y “asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales” (Artículo 86). Asimismo, sanciona, promulga leyes y expide los decretos acordados en el Consejo de Ministros” (Artículo 62). El Gobierno, compuesto por el Presidente y el Consejo de Ministros, dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Asimismo, ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria. Eventualmente, puede dictar normas con rango de ley por delegación de las Cortes Generales para una materia concreta y durante un plazo (Decreto Legislativo) o en caso de “extraordinaria y urgente necesidad” (Decreto-Ley). En este último caso, deberá someterse a votación de la totalidad al Congreso para tramitarlo como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
El poder judicial administra justicia en nombre del rey. El Tribunal Supremo (nombrado por el Rey a propuesta del Consejo General del Poder Judicial) es el órgano supremo. Los órganos judiciales con potestad jurisdiccional son: Juzgados de Paz, de Primera Instancia, de Instrucción, de Primera Instancia, de lo Mercantil, de Violencia sobre la Mujer, de lo Penal, de lo Contencioso-administrativo, de lo Social, de Menores y de Vigilancia Penitenciaria; Audiencia Provincial, Tribunal Superior de Justicia, Audiencia Nacional, Tribunal Supremo. El Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución, independiente de los demás, está sometido sólo a la Constitución y a la Ley Orgánica que desarrolla sus funciones. La Jurisprudencia no crea derecho, pero las sentencias del Tribunal Constitucional que declaren la inconstitucionalidad de una norma con fuerza de ley, tienen plenos efectos “erga omnes”.
Las fuentes del derecho son: la Ley, la costumbre y los Principios Generales el Derecho (enunciados normativos que expresan un juicio deontológico sobre otras normas). Las leyes pueden ser emanadas por el Parlamento, el Gobierno y los Parlamentos de las Comunidades Autónomas, respecto a las normas para las que tienen competencia en virtud del Artículo 148 de la Constitución Española. Por orden de rango legal, encontramos: Constitución, Ley Orgánica y Estatuto de Autonomía, Ley Ordinaria, Real Decreto-Ley, Decreto-ley y Real-Decreto Legislativo. La Constitución contiene disposiciones específicas de propiedad intelectual. El Artículo 149(9) reconoce competencia exclusiva al Estado en materia de legislación sobre propiedad intelectual e industrial. El Artículo 20(1b) reconoce el derecho fundamental a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. Adicionalmente, el Artículo 44 de la Constitución, establece que los poderes públicos tutelarán y promoverán el acceso a la cultura; y a la ciencia e investigación científica y técnica en beneficio del “interés general”.
Textos disponibles: EspañolConstitución Española de 1978 InglésSpanish Constitution of 1978 N° WIPO Lex:ES116