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Timestamp: 2018-11-16 14:32:25
Document Index: 266239582

Matched Legal Cases: ['artículo 36', 'artículo 20', 'artículo 1', 'artículo 75', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 20', 'artículo 6', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 21', 'artículo 6', 'artículo 3']

IP 5/10. Informe Previo sobre el Anteproyecto de Ley por el que se crea y regula el Consejo Audiovisual de Castilla y León - PDF
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Ángela Lozano Arroyo
1 IP 5/10 Informe Previo sobre el Anteproyecto de Ley por el que se crea y regula el Consejo Audiovisual de Castilla y León Fecha de aprobación: Comisión Permanente 18 de febrero de 2010
2 Informe Previo sobre el Anteproyecto de Ley por la que se crea y regula el Consejo Audiovisual de Castilla y León Con fecha 8 febrero de 2010 tuvo entrada en el Consejo Económico y Social de Castilla y León solicitud de Informe Previo sobre el Anteproyecto de Ley de por la que se crea y regula el Consejo Audiovisual de Castilla y León A la solicitud realizada por la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León se acompaña el Anteproyecto de Ley sobre la que se solicita Informe y la documentación que ha servido para su realización. De conformidad con lo previsto en el artículo 36 del Decreto 2/1992, de 16 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Económico y Social de Castilla y León, la Consejería solicita por el procedimiento de urgencia dicho Informe, justificando la misma en que se considera conveniente acometer su aplicación y desarrollo en el menor plazo de tiempo posible. El Pleno del CES en su reunión de 28 de junio de 2006 acordó que con independencia de la utilización del trámite de urgencia, cuando así se solicitara, se convocaría, siempre que fuera posible, a la Comisión de Trabajo que correspondiera para que debatiera en profundidad la norma a informar, con carácter previo a su preceptivo paso a la Comisión Permanente. La elaboración del Informe Previo fue encomendada a la Comisión de Trabajo de Economía, que lo analizó en su sesión del día 12 de febrero de 2010, siendo posteriormente remitido a la Comisión Permanente que, después de su deliberación en la reunión del 18 de febrero de 2010, aprobó el presente Informe Previo, acordando dar cuenta del mismo al Pleno en su siguiente reunión. 1
3 I.- Antecedentes a) Europeos La figura de los Consejos Audiovisuales está extendida por toda Europa: en Francia el Conseil Supérieur de l Audiovisuel, en Bélgica el Conseil Supérieur de l Audivisuel de la Communauté Française, en Reino Unido la Office of Communications (Ofcom), en Portugal la Entidade Reguladora para la Comunicaçao Social, en Alemania, el Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten, etc. De hecho, España es el único país europeo que aún no cuenta con un Consejo Audiovisual de carácter nacional. Fuera de Europa, también existen numerosos Consejos Audiovisuales Existe una Plataforma Internacional Independiente (EPRA) formada por autoridades reguladoras europeas en materia audiovisual. Constituye un foro de discusión e intercambio de información entre estas entidades y como referencia a la hora de solucionar problemas sobre la interpretación de las normas del sector audiovisual. La EPRA está formada por 49 instituciones de 41 países europeos. Cada país puede tener tres representantes como máximo. España está representada por: la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, el Consejo Audiovisual de Cataluña y el Consejo Audiovisual de Navarra. La nueva Directiva de Servicios de Medios Audiovisuales (Directiva 2007/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007) por la que se modifica la Directiva 89/552/CEE, del Consejo, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva. La nueva Directiva plantea el reto de adaptar el marco regulador a las nuevas tecnologías incorporadas a la transmisión de servicios de comunicación audiovisual, de forma que se vele por las condiciones óptimas de competitividad y seguridad jurídica para los servicios e industrias de los medios de comunicación, a la vez que se respete la diversidad cultural y lingüística. Será incorporada al Ordenamiento Jurídico español con la publicación como Ley del Proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual. 2
4 b) Estatales Constitución Española, artículo 20 que reconoce, entre otros, el derecho fundamental a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión ; artículos y , en cuanto a la competencia específica de las Comunidades Autónomas para crear y regular entidades de control y supervisión de los audiovisuales, como marco jurídico de distribución competencial. El primero de estos artículos reserva al Estado la competencia exclusiva en materia de telecomunicaciones, y el segundo fija una competencia compartida entre Estado y Comunidades Autónomas: reserva al Estado la regulación básica del régimen de prensa, radio y televisión y permite que las Comunidades Autónomas puedan desarrollar las disposiciones estatales. La Plataforma Española de Consejos Audiovisuales, organismo que agrupa a las autoridades independientes de regulación de la comunicación audiovisual dentro del Estado español y que actualmente está formada por las tres únicos órganos de este tipo que existen en España: los Consejos Audiovisuales de Cataluña, Navarra y Andalucía. Proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual, actualmente en tramitación en la Comisión Constitucional del Senado. El objeto de esta futura Ley, tal y como aparece descrito en el artículo 1 es regular la comunicación audiovisual de cobertura estatal y establecer las normas básicas en materia audiovisual sin perjuicio de las competencias reservadas a las Comunidades Autónomas y a los Entes Locales en sus respectivos ámbitos. El Título V del Proyecto regula el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) y el Comité Consultivo del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales. c) De Castilla y León Ley 4/2009, de 28 de mayo, de Publicidad Institucional de Castilla y León, cuya Disposición Final Primera, bajo el título de Consejo Audiovisual de 3
5 Castilla y León, disponía que En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, la Junta de Castilla y León remitirá a las Cortes de Castilla y León un proyecto de ley a través del cual se cree el Consejo Audiovisual de Castilla y León, como órgano independiente de las instituciones, empresas, agentes y entidades directamente relacionadas con el sector, y que actuará con carácter consultivo y asesor, para promover el respeto de los derechos, libertades y valores constitucionales y estatutarios, y el cumplimiento de la normativa vigente en materia audiovisual y de publicidad en el ámbito de los medios audiovisuales en Castilla y León. En base a este mandato se elabora el Anteproyecto sometido al presente Informe. Ley Orgánica 14/2007, de 3 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, en su artículo º, establece competencia exclusiva de la Comunidad de Castilla y León en materia de Industria cinematográfica y audiovisual y º que establece la competencia de desarrollo normativo y ejecución de Castilla y León en materia de Prensa, radio, televisión y otros medios de comunicación social. Decreto Legislativo 1/1989, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Consejo Asesor de Radio Televisión Española en Castilla y León, que quedará derogado con la entrada en vigor de la Ley que se informa. d) De otras Comunidades Autónomas Ley 1/2004, de 17 de diciembre, de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía. Decreto 219/2006, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento orgánico y de funcionamiento del Consejo Audiovisual de Andalucía. Ley 10/2007, de 29 de marzo, de Medios audiovisuales de Castilla-La Mancha. Ley 2/2000, de 4 de mayo, del Consejo Audiovisual de Cataluña, modificada por la Ley 3/2007, de 28 de junio. 4
6 Decreto 3/1997, de 7 de enero, por el que se aprueba el reglamento de funcionamiento del Consejo Audiovisual de Cataluña, modificado por el Decreto 222/1998, de 30 de junio. Decreto 307/1995, de 13 de julio, por el que se crea el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y del Audiovisual de Galicia y establece su composición y su régimen de funcionamiento Decreto 276/1999, de 21 de octubre, por el que se regulan la composición y funciones del Consejo Asesor de Telecomunicaciones y Audiovisual de Galicia, modificado por los Decretos 326/2003, de 24 de julio, el 592/2005, de 29 de diciembre y el 364/2009, de 30 de julio. Ley 2/2001, de 18 de abril, de Contenidos Audiovisuales y Servicios Adicionales de Televisión de Madrid, por la que se creó el Consejo Audiovisual de la Comunidad de Madrid. Ley 2/2006, de 21 de junio, de supresión del Consejo Audiovisual de la Comunidad de Madrid. Ley Foral 18/2001, de 5 julio, Regula la actividad audiovisual de Navarra y crea el Consejo Audiovisual de Navarra Ley Foral 17/2002, de 6 de junio, que modifica la Ley Foral 18/2001, de 5 de julio de 2001, que regula la actividad audiovisual en Navarra y crea el Consejo Audiovisual de Navarra Acuerdo de 6 de mayo de 2003, por el que se aprueba el Aprueba el Estatuto Orgánico y de Funcionamiento del Consejo Audiovisual de Navarra. Para completar el panorama de las autoridades de lo audiovisual en el ámbito autonómico, es preciso hacer referencia las previsiones normativas en la Comunidad Valenciana, en la que está pendiente de desarrollo legislativo la previsión contenida en la Ley 1/2006, de 19 de abril, del sector audiovisual, que prevé la creación del Consejo Audiovisual de la Comunidad Valenciana. e) Otros Informe Previo del CES de Castilla y León IP 3/09, sobre el Anteproyecto de Ley de Publicidad Institucional de Castilla y León. 5
7 Dictamen 15/2003 del Consejo económico y Social de Andalucía sobre el Anteproyecto de Ley de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía. Dictamen al Anteproyecto de Ley del Sector Audiovisual emitido por el Comité Económico y Social de la Comunidad Valenciana en sesión extraordinaria del 9 de marzo de f) Trámite de audiencia En la tramitación del Anteproyecto de Ley, se ha dado traslado del texto a todas las Consejerías, en virtud de los previsto en el artículo 75 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. En el trámite de audiencia, se han mantenido reuniones con representantes de sectores de la sociedad relacionados con el sector audiovisual, en concreto con los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León, los directores de los Consejos Audiovisuales autonómicos de Cataluña, Andalucía y Navarra, expertos de las Universidades de Castilla y León, responsables de empresas audiovisuales y profesionales de la producción audiovisual que operan en Castilla y León, representantes de los sindicatos más representativos y los directores de los medios de comunicación de Castilla y León. II.- Estructura del Anteproyecto de Ley El Anteproyecto de Ley consta de una Exposición de Motivos, seguida de ocho artículos, una Disposición Transitoria, una Disposición Derogatoria y dos Disposiciones Finales. En el articulado se regulan la Creación y sede (artículo 1), la Finalidad (artículo 2), el Ámbito de actuación (artículo 3) y la Composición (artículo 4) del Consejo Audiovisual, la Duración del mandato de sus miembros (artículo 5), las Funciones del Consejo (artículo 6), la Organización y funcionamiento (artículo 7), así como los Medios materiales con los que contará dicho Consejo (artículo 8). 6
8 La Disposición Transitoria establece que el Consejo Asesor de Radiotelevisión Española en Castilla y León seguirá ejerciendo sus funciones en un plazo de 6 meses de la entrada en vigor de esta Ley. La Disposición Derogatoria afecta expresamente al Decreto Legislativo 1/1989, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Consejo Asesor de Radio Televisión Española en Castilla y León y, de forma general, a cualquier otra norma de igual o inferior rango que se oponga a la Ley informada. Por último, las Disposiciones Finales prevén el desarrollo reglamentario y la entrada en vigor de la norma. III.- Observaciones generales Primera.- Tal y como se cita en los antecedentes del presente Informe la Disposición Final Primera de la Ley 4/2009, de 28 de mayo, de Publicidad Institucional de Castilla y León previó la creación del Consejo audiovisual de nuestra Comunidad en virtud de ley específica (el Proyecto de la cuál debía ser remitido por la Junta de Castilla y León a las Cortes de Castilla y León en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de dicha norma). En este sentido, el CES manifestó en la Recomendación Undécima de su Informe Previo 3/09 sobre el Anteproyecto de Ley de Publicidad Institucional de Castilla y León que ( )Parece haberse aprovechado la presente norma para comprometer un plazo (seis meses) para la creación de un Órgano no necesariamente ligado a las materias propias del Anteproyecto informado. En todo caso se trata de un compromiso del Ejecutivo, que este Consejo valorará oportunamente con ocasión del análisis concreto del previsto Anteproyecto de Ley, aunque, de una lectura literal del texto actual, parece derivarse el carácter meramente consultivo y asesor de este Consejo Audiovisual que, al contrario de los existentes en Cataluña, Andalucía y Navarra (distinto es el caso de Galicia), no tendrá funciones disciplinarias, ni valorará o controlará contenidos, por lo que, más que garantizar derechos y libertades, podrá 7
9 servir para promover el respeto de los derechos, libertades y valores constitucionales y estatutarios. Debe señalarse que los aspectos que del futuro Consejo Audiovisual de Castilla y León se deducían por el CES de la interpretación de la Disposición Final Primera de esta Ley se plasman o desarrollan en el Anteproyecto que ahora se informa. Segunda.- La nueva Directiva de Servicios de Medios de Comunicación Audiovisuales del Parlamento Europeo modifica la anterior, conocida como de Televisiones sin Fronteras y regula no sólo la televisión convencional, sino también otros servicios de medios audiovisuales como el video bajo demanda, que con la digitalización van a extenderse a la mayoría de los espectadores. La citada norma insta a los Estados miembros a crear organismos e instituciones reguladoras nacionales de los contenidos y servicios de los medios de comunicación para garantizar su independencia y velar porque ejerzan sus competencias con imparcialidad y transparencia. Tercera.- Los Consejos Audiovisuales son autoridades independientes que regulan la actividad de los medios audiovisuales, en el marco legal de la sociedad democrática, con el fin de velar por el cumplimiento de la normativa audiovisual y por el respeto de los derechos y libertades de los ciudadanos en materia audiovisual, de regular y apoyar el desarrollo de la industria audiovisual y de observar la adecuada relación de la Administración con los medios de comunicación audiovisuales. Los consejos audiovisuales, como autoridades independientes de regulación, se integran en el marco del régimen de la radiodifusión sonora y televisiva, un ámbito donde existe una distribución competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas. En España, en la actualidad existen el Consejo Audiovisual de Navarra, el Consejo Audiovisual de Cataluña y el Consejo Audiovisual de Andalucía. Los tres 8
10 Consejos integran la Plataforma Española de Consejos Audiovisuales, creada en Cuarta.- La Comunidad Autónoma de Madrid suprimió en 2006 la autoridad autonómica en materia audiovisual (Consejo Audiovisual de la Comunidad de Madrid), invocando en la Exposición de Motivos de la Ley 2/2006, de 21 de junio, de dicha Comunidad, la protección de los derechos constitucionales reconocidos en el artículo 20 de la Constitución Española: derecho fundamental a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas, opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, así como el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión, que no pueden verse restringidos por ningún tipo de censura. Quinta.- En su origen, los Consejos Audiovisuales se crearon ante la necesidad de arbitrar una distribución justa de las licencias para prestar los servicios de radio y televisión, teniendo en cuenta que el espectro radioeléctrico es limitado, y la administración de éste por parte de los gobiernos podría ejercerse con arreglo a intereses ideológicos y partidistas. Los Consejos Audiovisuales surgieron como un mecanismo para evitar los abusos y concentraciones de poder. Al mismo tiempo, estos organismos asumieron la función de velar por el cumplimiento de la normativa y de las obligaciones adquiridas por parte de los organismos audiovisuales, tanto públicos como privados. Actualmente, los Consejos Audiovisuales deben velar, a grandes rasgos, por la regulación de los contenidos audiovisuales, la protección de los menores y la publicidad. Sexta.- Las funciones de los Consejos Audiovisuales deben ir dirigidas en tres direcciones, coincidentes con el público hacia el que se dirige su acción: 9
11 Ciudadanos, en el sentido de velar por que se respeten sus derechos y libertades de en materia audiovisual, protegiendo además los intereses socioculturales del territorio de que se trate. Medios de comunicación audiovisuales, regulando y apoyando el desarrollo de la industria audiovisual y, especialmente, lo relacionado con la producción y los contenidos de programación y publicidad. Instituciones, velando por el cumplimiento de la normativa audiovisual y, en ese marco, también observa la adecuada relación de la Administración con los medios de comunicación audiovisuales. Séptima.- En el caso del Consejo Audiovisual objeto del presente Informe, y a diferencia de los Consejos Audiovisuales regulados en las Comunidades Autónomas de Navarra, Cataluña y Andalucía, así como a diferencia del diseño que del futuro Consejo Estatal de Medios Audiovisuales se hace en el Proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual actualmente en trámite parlamentario, de las funciones que incluye el artículo 6 del Anteproyecto para Castilla y León, se deduce que en nuestro caso el Consejo Audiovisual no tendrá funciones disciplinarias, ni valorará o controlará contenidos (como los otros Consejos citados), sino que se limitará a emitir y recibir informes, conocer y atender quejas y sugerencias, y promover iniciativas que contribuyan a impulsar o dinamizar el sector audiovisual. Es decir, que tal y como indica el texto del artículo 2 del Anteproyecto que se informa, el Consejo Audiovisual de Castilla y León se convertirá en un órgano consultivo y asesor en materia audiovisual, para promover el respeto de los derechos, libertades y valores constitucionales y estatutarios, fundamentalmente. Octava.- El presente Informe ha sido solicitado por el trámite de urgencia. El CES quiere reiterar una vez más que este trámite dificulta el sosegado análisis y la adecuada discusión sobre el contenido de los proyectos normativos a informar, por parte de los consejeros de esta Institución, por lo que solicita de la Administración la utilización cautelosa de este procedimiento administrativo, que debería quedar 10
12 relegado a proyectos de normas con una urgencia incuestionable, lo que difícilmente es defendible en los Anteproyectos de Ley. IV.- Observaciones particulares Primera.- En el artículo 1 del Anteproyecto de Ley se crea el Consejo Audiovisual de Castilla y León, como órgano colegiado adscrito a la Consejería competente en materia de comunicación. La forma elegida es distinta a la de otros Consejos Audiovisuales Autonómicos, que han optado por dotarles de personalidad jurídica propia. El CES opina a este respecto que, sea cual sea la forma jurídica elegida, en todo caso debe garantizarse la más absoluta independencia del Consejo Audiovisual, tanto del poder político, como de los intereses particulares de los agentes que intervienen en esta actividad. El CES considera que configurándose el Consejo Audiovisual como un órgano colegiado de la Administración de nuestra Comunidad, debería hacerse constar expresamente que en todo lo no previsto en el Anteproyecto por el que se crea el Consejo Audiovisual, el funcionamiento de dicho Consejo habrá de ajustarse al Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, relativo a los órganos colegiados de la Administración, así como a lo que al respecto determina el Capítulo IV del Título V de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del gobierno y de la administración de la Comunidad de Castilla y León. Segunda.- Partiendo de la concepción que el Anteproyecto de Ley otorga al Consejo Audiovisual de Castilla y León como órgano colegiado y asesor, el CES considera que, además de los miembros ya previstos en este Anteproyecto (que podría considerarse como una parte técnica), el citado Consejo Audiovisual debería contar con otra parte que asegurara la presencia paritaria de los agentes económicos y sociales en la forma prevista en el Titulo II de la Ley 8/2008, de 16 de octubre, para 11
13 la creación del Consejo del Diálogo Social y regulación de la participación institucional, entendiendo, claro está, que la paridad indicada se refiere a los componentes de la parte de representación que se propone, y no al hecho de que el número de los representantes de esa parte deba coincidir necesariamente con el número de miembros de la parte técnica que el Anteproyecto contiene. Tercera.- En relación a la composición del Consejo Audiovisual de Castilla y León actualmente regulada en el artículo 4 del Anteproyecto, y refiriéndonos en exclusiva a ese grupo de componentes del Consejo Audiovisual, y no al propuesto en nuestra anterior Observación Particular, el CES valora favorablemente la extracción de los miembros (profesionales de reconocido prestigio, especialmente, en el ámbito de la comunicación, la cultura o la Universidad), que es la que en organismos de esta naturaleza se viene recogiendo en otras normas autonómicas, no así el modo de elección de los mismos, en cuanto que esta Institución consideraría más adecuado que todos los miembros de esta parte del Consejo sean elegidos por las Cortes por mayoría de tres quintos. El CES entiende que para que el Consejo Audiovisual funcione correctamente, debe garantizarse su plena independencia. Con este fin, el Consejo de Europa estableció una serie de criterios a tener en cuenta por parte de los gobiernos de los Estados miembros en relación con el nombramiento, composición y funcionamiento de los Consejos Audiovisuales: independencia económica, poderes y competencias, régimen de responsabilidad en el que incurren estas autoridades de regulación del sector audiovisual. El CES comparte la necesidad de que se cumplan estos criterios y, por ello, propone que se tengan muy en cuenta en el momento de determinar el estatuto personal de los miembros de esta parte técnica del Consejo Audiovisual, previsto en el artículo 4.5 del Anteproyecto de Ley. 12
14 Cuarta.- En relación a la duración del mandato de los miembros que se menciona en el artículo 5 del Anteproyecto, el CES estima adecuado, en relación a las finalidades del Consejo Audiovisual, el establecimiento del periodo de cinco años y que asimismo, los Consejeros puedan ser elegidos únicamente para un mandato más. Sin embargo, esta Institución considera que entre las restantes causas de cese de los miembros (más allá de la expiración del plazo para el que fueron nombrados) la regulación realizada en el Anteproyecto es escasa, señalándose que el mandato de los miembros puede finalizar además de por la causa ya expuesta o por renuncia, por decisión motivada de la Institución que lo eligió. Este Consejo considera, en beneficio de la independencia de los miembros del Consejo Audiovisual, que en todo caso deberían de tasarse claramente las causas de cese sin que se pudiera hacer depender dicho cese de una decisión motivada de la Institución que eligiera un consejero sin hacerse mayor referencia en el Anteproyecto sobre las causas que puedan llevar a dicha decisión motivada, teniendo en cuenta que en otras leyes autonómicas (Navarra, Cataluña, Andalucía) se establecen de manera tasada las causas de cese o pérdida de la condición de miembro del Consejo Audiovisual autonómico correspondiente. Todo lo anterior se entiende en referencia a aquellos miembros del Consejo Audiovisual previstos en el Anteproyecto de Ley, entendiendo el CES que respecto a los miembros que en base a la propuesta que esta Institución plantea en la Observación Particular Segunda, resultaría de aplicación, dada su distinta naturaleza y extracción, lo previsto con carácter general en el Titulo II de la Ley 8/2008, de 16 de octubre, para la creación del Consejo del Diálogo Social y regulación de la participación institucional. Quinta.- El artículo 6 establece las funciones que se le atribuyen al Consejo Audiovisual de Castilla y León, tratándose de una relación abierta que prevé la realización de cualquier otra función que se le encomiende en relación con su finalidad. 13
15 Este Consejo entiende que debería ser función del Consejo audiovisual el control de la objetividad y la veracidad de las informaciones de las televisiones o las radios y, en este sentido, propone que el Consejo elabore con carácter anual un informe en el que se detalle, entre otras cosas, la evolución de los niveles de pluralismo político, social, religioso, cultural y de pensamiento, en la radio y la televisión o las actuaciones que serían necesarias para mejorar esos niveles. Por otra parte, en dicho informe se debería evaluar también si los contenidos protegen a la infancia y la juventud y si favorecen el acceso a las personas discapacitadas, al tratarse de segmentos de población que precisan un mayor grado de protección, debido a su especial vulnerabilidad y a la importancia que su correcto desarrollo tiene de cara al futuro de toda la sociedad. En relación con este mismo artículo 6, el CES considera que, por lo que se refiere a la función del apartado1.f) que se refiere a conocer y atender las quejas y sugerencias de los ciudadanos en materia audiovisual sería recomendable que se hiciera constar la vía o procedimiento para manifestar tales quejas o sugerencias, ya sea regulándola expresamente en el Anteproyecto, o remitiéndose a otra regulación que sobre este aspecto sea de aplicación. Sexta.- El Anteproyecto de Ley que se informa no prevé la realización de funciones de inspección, control y sanción por las infracciones de la legislación relativa a audiovisuales y publicidad, funciones que no están previstas en la redacción del artículo 6 del Anteproyecto, a diferencia de lo que ocurre en otros Consejos Audiovisuales autonómicos. Parece evidente para el CES, que las funciones aludidas (y que el Consejo Audiovisual de Castilla y león no tendrá), difícilmente podrían incluirse en un órgano adscrito a la Administración, al entender que tendrían más cabida en una Institución u organismo con personalidad jurídica propia, que garantizaría en todo caso de una manera más clara la actuación independiente de sus miembros. 14
16 V Conclusiones y Recomendaciones Primera.- El CES valora favorablemente el propósito de creación del Consejo Audiovisual en cuanto pueda servir a la finalidad descrita en el artículo 2 del Anteproyecto relativa a promover el respeto de los derechos, libertades y valores constitucionales y estatutarios, velar por el cumplimiento de la normativa en la materia y fomentar la actividad del sector. Sin embargo, este Consejo considera que hubiera resultado deseable una regulación de este órgano sustancialmente diferente con el objeto de poder cumplir mejor con la finalidad del órgano que se crea, finalidad que ya fue apuntada en la Disposición Final Primera de la Ley 4/2009, de 28 de mayo, de Publicidad Institucional de Castilla y León. Segunda.- En este sentido, cabe señalar que en la Ley 1/2004 del Consejo Audiovisual de Andalucía (artículo 1.2), el Consejo Audiovisual de esta Comunidad se configura como una entidad pública con personalidad jurídica propia, con plena capacidad y autonomía orgánica y funcional para el ejercicio de sus funciones ;el Consejo Audiovisual de Cataluña es un ente público de carácter institucional que, como autoridad independiente dotada de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, tanto en el ámbito público como en el privado, actúa con plena independencia de las administraciones públicas en el ejercicio de sus funciones (artículo 1.1 de la Ley 2/2000, de 4 de mayo, del Consejo del Audiovisual de Cataluña), mientras que la naturaleza del Consejo Audiovisual de Navarra es la de un ente de Derecho público, con personalidad jurídica propia, independiente de las Administraciones Públicas, con plena capacidad, y autonomía orgánica y funcional para el ejercicio de sus funciones (artículo 21.1 de la Ley Foral 18/2001, de 5 de julio, por la que se regula la actividad audiovisual de Navarra y se crea el Consejo Audiovisual de Navarra). En el ámbito estatal, en la última redacción del Proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual, actualmente en tramitación en la Comisión Constitucional del Senado, el futuro Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, como autoridad independiente supervisora y reguladora de actividad de los medios de titularidad del 15
17 Estado o que estén bajo su competencia se configurará como un Organismo Público de los previstos en la Disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración general del Estado, caracterizados por su independencia funcional y especial autonomía (aunque dicho Consejo Estatal estará adscrito al Ministerio de Presidencia). Así, y de acuerdo a la configuración que de organismos de esta naturaleza se realiza tanto en el ámbito estatal como en el autonómico (con la única excepción de Galicia), esta Institución considera que con el fin de asegurar una mayor independencia del Consejo Audiovisual de Castilla y León hubiera resultado recomendable no configurarlo como un órgano colegiado adscrito a la Consejería competente en materia de comunicación, tal y como así se prevé en la actual redacción del Anteproyecto, sino como un verdadero Ente público con autonomía funcional y personalidad jurídica propia, aunque es evidente que la redacción de la Disposición Final Primera de la Ley 4/2009 no daba ya lugar a cambios de esta naturaleza. Tercera.- Por otra parte, y a diferencia del Consejo Audiovisual de nuestra Comunidad, tal y como está concebido en el Anteproyecto, los Consejo Audiovisuales que se citan como ejemplo en la Recomendación anterior, tienen expresamente atribuidas potestades sancionadoras en el ámbito de sus competencias o funciones, lo cual está directamente vinculado al carácter no únicamente consultivo y asesor de los citados Consejos, sino a las funciones verdaderamente decisorias que a los mismos se otorga. Sin perjuicio de la importancia de las funciones que se otorgan al Consejo Audiovisual en el artículo 6 del Anteproyecto, el CES observa que todas ellas corresponderían a un carácter asesor o consultivo, considerando esta Institución que para la plena eficacia y garantía de los derechos, libertades y valores constitucionales y estatutarios en este ámbito, hubiera sido recomendable la atribución de funciones inspectoras o decisorias a este Consejo Audiovisual, junto a la posibilidad de ejercer potestades sancionadoras. 16
18 Considera este Consejo, sin embargo, que la atribución de funciones decisorias y de la potestad sancionadora debería haber ido unido en todo caso a la configuración del Consejo Audiovisual como un verdadero Ente independiente con personalidad jurídica propia, supuesto que no se da en el actual Anteproyecto. Cuarta.- En relación a las funciones del Consejo Audiovisual de Castilla y León, y más propiamente respecto al ámbito de actuación del artículo 3 del Anteproyecto, el CES considera que el ámbito de actuación de dicho Consejo sería más amplio y englobaría el ámbito de actuación o funciones de la Comisión de Evaluación y Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre (creada por la Disposición Adicional Segunda de la Ley de Publicidad Institucional, cuyo Reglamento de Organización y Funcionamiento fue aprobado por Decreto 74/2009), por lo que considera esta Institución que sería recomendable aludir a esta cuestión en la Exposición de Motivos o en la Memoria del Anteproyecto. Por otra parte, en opinión de este Consejo, entre las funciones del Consejo Audiovisual debería aparecer de forma expresa la valoración y control de contenidos y publicidad pues, del mismo modo que los rasgos de independencia y autonomía resultan relevantes en relación con el principio de neutralidad respecto al poder político, la misión de garantizar los derechos de los usuarios de la comunicación social, justifica su función de control sobre determinados aspectos de los medios de comunicación. Quinta.- El CES considera que deberían hacerse constar en el Anteproyecto incompatibilidades para poder ser elegido miembro del Consejo Audiovisual (tal y como se realiza en otras legislaciones autonómicas) al objeto de asegurar una mayor independencia de criterio de estos consejeros. Sexta.- Respecto al contenido de la Disposición Transitoria del Anteproyecto que dispone que el Consejo Asesor de Radiotelevisión Española en Castilla y León seguirá ejerciendo sus funciones durante seis meses más, a partir de la entrada en vigor de la Ley que se informa, el CES considera que dicho plazo no guarda relación 17
19 con el plazo que en su día estableció la norma que creaba este Consejo Asesor ( que era de 3 meses máximo) y, por otra parte, la propia Memoria del Anteproyecto de Ley objeto de este Informe prevé la disolución del Consejo Asesor de Radiotelevisión Española en Castilla y León, debido a que los cambios producidos en la naturaleza jurídica y en la estructura de Radiotelevisión Española ha hecho que desaparezcan las razones que justificaron su creación. Teniendo en cuenta que la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, ya efectuó los cambios en la naturaleza jurídica que operan en esta materia, no resulta clara la razón de esta transitoriedad, a la que ni siquiera se hace referencia en la Exposición Motivos del Anteproyecto de Ley que se informa. Séptima.- Dado el carácter asesor y consultivo de este Consejo Audiovisual, y teniendo en cuenta lo estipulado en el Título II de la Ley 8/2008, de 16 de octubre, para la creación del Consejo del Diálogo Social y regulación de la participación institucional, por la cual se establece la participación de las Organizaciones Sindicales y Empresariales más representativas, el CES considera que debería replantearse en el texto informado la composición y el modo de designación de los miembros de este Consejo Audiovisual de Castilla y León, en el sentido de lo indicado en las Observaciones Particulares Segunda, Tercera y Cuarta de este Informe. Valladolid, 18 de febrero de 2010 El Presidente El Secretario General Fdo.: José Luis Díez Hoces de la Guardia Fdo.: José Carlos Rodríguez Fernández 18