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Timestamp: 2019-08-19 08:26:22
Document Index: 275497221

Matched Legal Cases: ['artículo 124', 'artículo 96', 'artículo 5', 'artículo 12', 'artículo 23', 'artículo 14', 'artículo 56', 'artículo 58', 'artículo 12', 'Artículo 1', 'artículo 56', 'artículo 56', 'Artículo 2', 'artículo 58', 'artículo 58', 'artículo 12']

BOCG. Congreso de los Diputados, serie B, núm. 74-1, de 23/01/2017
cve: BOCG-12-B-74-1
Núm. 74-1
122/000057 Proposición de Ley de adecuación de la regulación del derecho a contraer matrimonio a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 124 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición de Ley de adecuación de la regulación del derecho a contraer matrimonio a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2017.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
PROPOSICIÓN DE LEY DE ADECUACIÓN DE LA REGULACIÓN DEL DERECHO A CONTRAER MATRIMONIO A LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA ONU
España ratificó la Convención y su Protocolo Facultativo el 21 de abril de 2008, y entró en vigor el 3 de mayo de ese mismo año. A partir de este momento, y conforme a lo establecido en el apartado primero del artículo 96 de la Constitución Española de 1978, forma parte del ordenamiento interno, por lo que resultaba necesaria la adaptación y modificación de diversas normas para hacer efectivos los derechos que la Convención recoge.
La Convención establece en su artículo 5 que todas las personas son iguales ante la ley y en virtud de ella y que tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación alguna. Señala también la obligación de los Estados Partes de prohibir toda discriminación por motivos de discapacidad.
Asimismo, y en particular, el artículo 12.2 de la Convención, dispone: "los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida".
Finalmente, el artículo 23.1a) de la Convención establece: "los Estados Partes tomarán medidas efectivas y pertinentes para poner fin a la discriminación contra las personas con discapacidad en todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad y las relaciones personales, y lograr que las personas con discapacidad estén en igualdad de condiciones con las demás, a fin de asegurar que: a) Se reconozca el derecho de todas las personas con discapacidad en edad de contraer matrimonio, a casarse y fundar una familia sobre la base del consentimiento libre y pleno de los futuros cónyuges".
El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de Naciones Unidas, en el 11.° periodo de sesiones (30/3 a 11/4/2013) ha puesto de relieve que estos derechos relacionados con la capacidad jurídica incluyen el acto jurídico del matrimonio:
Nuestra Constitución reconoce también el principio de igualdad, al establecer en su artículo 14 que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
En el caso del artículo 56 del Código Civil, tanto en la redacción vigente, como en la que entrará en vigor el 30 de junio de 2017, nos encontramos con una discriminación evidente por razón de discapacidad. Lo mismo ocurre con el apartado 5 del artículo 58 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil. El problema no es que se condicione la validez del acto jurídico al estado mental psíquico de la persona en el momento de prestar el consentimiento matrimonial, sino que el texto legal no es neutro, pues dicho consentimiento se vincula además a la afectación a determinadas tipologías de deficiencia: mentales, intelectuales o sensoriales, en la redacción aprobada; deficiencias o anomalías psíquicas, en la todavía vigente.
La utilización de expresiones que vinculan o asimilan deficiencia o discapacidad (términos que usa la Convención Internacional aludida y que no son equivalentes, pero sí complementarios) con la posibilidad de limitar la capacidad jurídica resulta discriminatoria. El artículo 12 de la Convención es claro y preciso, y la interpretación que hace Naciones Unidas, como hemos visto, ratifica lo que se argumenta. El hecho de que una persona tenga una discapacidad o una deficiencia no debe ser nunca motivo para negarle la capacidad jurídica y las normas que lo establezcan deben ser derogadas.
Artículo 1. Modificación del artículo 56 del Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil.
Se modifica el artículo 56 del Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil, en el sentido de suprimir el siguiente párrafo:
"Si alguno de los contrayentes estuviere afectado por deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales, se exigirá por el Secretario judicial, Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario que tramite el acta o expediente, dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento."
Artículo 2. Modificación del apartado 5 del artículo 58 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil.
Se modifica el apartado 5 del artículo 58 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil para suprimir, al final de su primer párrafo, el siguiente inciso:
"Si alguno de los contrayentes estuviere afectado por deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales se exigirá dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento."
Disposición adicional única. Adaptación normativa relativa al ejercicio de la capacidad jurídica por las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones.
El Gobierno remitirá a las Cortes Generales, en el plazo de tres meses, un proyecto de ley de adaptación normativa del ordenamiento jurídico para dar cumplimiento al artículo 12 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en lo relativo al ejercicio de la capacidad jurídica por las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones que las demás en todos los aspectos de la vida. Dicho proyecto de ley establecerá las modificaciones necesarias en el proceso judicial de determinación de apoyos para la toma libre de decisiones de las personas con discapacidad que los precisen.