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Timestamp: 2020-05-25 13:43:23
Document Index: 369208048

Matched Legal Cases: ['artículo 137', 'artículo 230', 'artículo 230', 'artículo 137', 'artículo 137', 'artículo 45', 'artículo 36']

II. Fundamentos y competencia.
8. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se abstuvo de hacer análisis alguno respecto de las peticiones del demandante. En su concepto, no se daban las condiciones –limitadísimas, de acuerdo con la postura de dicha alta corporación- para que procediera la tutela contra decisiones judiciales. Por lo tanto, corresponderá a la Corte Constitucional precisar el objeto del debate constitucional y dictar sentencia sustitutiva.
9.1 En primer lugar, si bien es cierto que en sentencia C-543 de 1992 la Corte declaró inexequibles algunos artículos del Decreto 2591 de 1991, la Corte expresamente autorizó la tutela contra determinadas decisiones de los jueces, razón por la cual la ratio decidendi de dicha sentencia no comprende la prohibición de la tutela contra decisiones judiciales. Por el contrario, en otras sentencias que han hecho tránsito a cosa juzgada constitucional, la Corte expresamente condicionó (y, por lo tanto, integra normativamente el ordenamiento [1]) la exequibilidad de normas estudiadas, a la procedencia de la acción de tutela contra providencias de naturaleza judicial [2] . Tal es el caso de, por ejemplo, las sentencias C-037 de 1996, C-666 de 1996 y C-384 de 2000.
9.2 La Sala de Casación Penal señala que la tutela cabe para remediar “una situación que se deriva de la presencia de una actuación o determinación judicial arbitraria, caprichosa o manifiestamente ilegal”. Sobre este particular, debe observarse que la Corte ha reservado la acción de tutela contra decisiones judiciales para los eventos en los cuales se presenta una violación de los derechos fundamentales [3]. Así, pueden presentarse situaciones “manifiestamente ilegales” que no tengan capacidad de violar o amenazar derechos fundamentales, los cuales no pueden “remediarse” mediante la acción de tutela [4]. Por otro lado, en cuanto a la arbitrariedad y el capricho, la Corte ha incluido entre las conductas que las constituyen, el desconocimiento injustificado (es decir, sin exponer las razones –suficientes, claro está- por las cuales el juez se aparta) de un precedente y la interpretación de una norma de manera incompatible con la Constitución [5].
9.3 La Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Penal- aduce que el Fiscal expresó los argumentos por los cuales consideraba improcedente la admisión de la demanda de actor popular por parte del demandante y que éste, simplemente, no estaba de acuerdo. De su postura se infiere que si la decisión judicial es motivada, no procede la acción de tutela.
En relación con este punto, ha de advertirse que la validez de toda decisión estatal está sujeta a que se respeten parámetros constitucionales en la interpretación y aplicación de la ley o en la producción normativa. En este orden de ideas, no basta que se motive una decisión judicial, si ésta contraviene la jurisprudencia de la Corte Constitucional [6]o resultan incompatibles con el ordenamiento constitucional [7].
Como quiera que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia no analizó si los argumentos –la motivación- expuestos por el Fiscal General de la Nación desconocían o no los derechos fundamentales del demandante, y se limitó a señalar que el problema radicaba en que el demandante no las compartía, se revocará la sentencia de única instancia.
Debe destacarse que la figura de la cosa juzgada implícita no es el resultado de una interpretación extraña de la Constitución, sino que responde a claros criterios –seguridad jurídica- y a la tradición del país. Además, dicho fenómeno se impone como consecuencia de la misión de la Corte Constitucional de unificar la interpretación de la Constitución, como le corresponde a la Corte Suprema en materia ordinaria. [8]
11.2 Esta primera aproximación no resuelve plenamente el problema, pues no resulta claro qué de la sentencia sustenta la declaración de exequibilidad condicionada del inciso primero del artículo 137 de Código de Procedimiento Penal –ley 600 de 2000-
“La anterior referencia [C-131 de 1993] muestra que esta Corte ha señalado que una sentencia tiene las mismas partes mencionadas anteriormente, y que cada una de ellas tiene un efecto obligatorio específico, tal y como señaló en los fundamentos anteriores de la presente providencia. Así, explícitamente la Corte señala que las motivaciones incidentales son un mero dictum, que no es obligatorio sino persuasivo; la parte resolutiva o decisum hace tránsito a cosa juzgada, con la particularidad de que en los juicios de constitucionalidad de las leyes tiene efecto erga omnes; y, finalmente, la cosa juzgada implícita equivale a la ratio decidendi, razón por la cual esta Corporación le ha reconocido efectos vinculantes. Estas distinciones y criterios han sido reiterados por la Corte en decisiones posteriores, en especial en la sentencia C-037 de 1996...”[9].Ello no implica que el obiter dictum de una sentencia de Control de Constitucionalidad abstracto carezca de relevancia jurídica, pues la Corte ha señalado que cumplen papel de criterio auxiliar, en los términos del artículo 230 de la Constitución. En sentencia C-836 de 2001, la Corte señaló al respecto que:
“22. Si la parte de las sentencias que tiene fuerza normativa son los principios y reglas jurídicas, ello significa que no todo el texto de su motivación resulta obligatorio. Para determinar qué parte de la motivación de las sentencias tiene fuerza normativa resulta útil la distinción conceptual que ha hecho en diversas oportunidades esta Corporación entre los llamados obiter dicta o afirmaciones dichas de paso, y los ratione decidendi o fundamentos jurídicos suficientes, que son inescindibles de la decisión sobre un determinado punto de derecho.[10]Sólo estos últimos resultan obligatorios, mientras los obiter dicta, o aquellas afirmaciones que no se relacionan de manera directa y necesaria con la decisión, constituyen criterios auxiliares de la actividad judicial en los términos del inciso 2º del artículo 230 de la Constitución. Por supuesto, la definición general de dichos elementos no es unívoca, y la distinción entre unos y otros en cada caso no resulta siempre clara. Sin embargo, la identificación, interpretación y formulación de los fundamentos jurídicos inescindibles de una decisión, son labores de interpretación que corresponden a los jueces, y principalmente a las altas Cortes. La ratio decidendi de un caso, por supuesto, no siempre es fácil de extraer de la parte motiva de una sentencia judicial como tal, y por lo tanto, su obligatoriedad no implica la vinculación formal del juez a determinado fragmento de la sentencia descontextualizado de los hechos y de la decisión, aun cuando resulta conveniente que las altas Cortes planteen dichos principios de la manera más adecuada y explícita en el texto de la providencia, sin extender ni limitar su aplicabilidad, desconociendo o sobrevalorando la relevancia material de aquellos aspectos fácticos y jurídicos necesarios para su formulación en cada caso concreto.
En sentencia SU-047 de 1999, la Corte indicó que la ratio decidendi corresponde a la “formulación general, más allá de las particularidades irrelevantes del caso, del principio, regla o razón general que constituyen la base de la decisión judicial específica. Es, si se quiere, el fundamento normativo directo de la parte resolutiva”. La Corte ha comprendido que la ratio corresponde, pues, a la norma que aplica el juez en el caso concreto[11]y que esta norma comprende los hechos determinantes del caso o la situación fáctica relevante, pues tales hechos son los que concretan la norma y permiten una exigencia de igualdad de trato. Así, por ejemplo, en sentencia SU-544 de 2001, la Corte estableció que los precedentes existentes en materia del derecho al acceso a cargos públicos no eran aplicables al caso concreto, pues los hechos determinantes eran distintos. El mismo juicio se realizó en la sentencia T-960 de 2002. Esta comprensión de la ratio decidendi, que supone introducir los hechos relevantes a la norma que aplica el juez, resulta plenamente armoniosa con los casos claramente contenciosos y concretos, como los que ocupan a la jurisdicción ordinaria, la contenciosa y la tutela. Sin embargo, genera enormes problemas a la hora de aplicarla para los juicios de control abstracto, en los cuales no existen hechos, sino la confrontación de normas de inferior jerarquía con otras superiores.
Tratándose del control abstracto de constitucionalidad, podría argumentarse que la demanda de inconstitucionalidad suple el presupuesto fáctico. Ello se explicaría por el hecho de que la Corte Constitucional no puede asumir de oficio el control de leyes de la República. Sin embargo dos razones obligan a desecharla. La primera, que la demanda de inconstitucionalidad es uno de los mecanismos de activación de la competencia de la Corte Constitucional, al lado de la cual existen sistemas automáticos –sean previos o posteriores a la entrada en vigencia de las normas -, en los cuales no existen demandas: leyes estatutarias, leyes aprobatorias de tratados internacionales, ley que convoca a un referendo o a una asamblea constituyente, decretos que declaran estados de excepción y sus desarrollos. En todos estos casos la Corte ejerce un control abstracto y el problema se mantendría, pues sólo en un evento de control abstracto existe demanda, de ahí que, ¿cómo se determina la ratio en los restantes casos?
La segunda razón se deriva de la obligación de la Corte Constitucional (art. 22 Decreto 2067 de 1991 y art. 46 de la Ley 270 de 1996) de realizar un control integral; esto es, confrontar las normas acusadas o controladas, con toda la Constitución. Tratándose de procesos de control abstracto iniciados con demanda ciudadana, el demandante no está obligado a confrontar la norma demandada con toda la Constitución, únicamente tiene el deber de explicar e indicar las disposiciones constitucionales que estima violadas (art. 6. Decreto 2067 de 1991). ¿Qué pasa si la declaración de constitucionalidad o de inconstitucionalidad deriva de un argumento o una norma constitucional no considerado por el demandante? ¿Cuál sería la ratio decidendi? En tal evento, se estaría frente a la misma situación abstracta que las sentencias que la Corte dicta en ejercicio de control automático –previo o posterior -.
11.4 Según la definición de ratio decidendi adoptada por la Corte Constitucional, ella tiene que ver con aquello que efectivamente aplicó el juez para resolver el caso concreto. De allí que, tratándose del control abstracto de constitucionalidad, la ratio decidendi se identificará a partir del problema jurídico que realmente analiza la Corte. Lo anterior, por cuanto esta es la única manera de establecer la racionalidad de la decisión. La racionalidad de la decisión judicial supone, como mínimo, que exista un problema jurídico que se ha resuelto debidamente. A partir del problema es posible establecer si los argumentos expuestos y los análisis realizados (i) permiten resolver el problema, (ii) responden a los elementos de juicio (empíricos y jurídicos) relevantes para el caso y (iii) finalmente, si la decisión es consistente con las premisas dadas como argumentos de justificación de la decisión[12].
13. La construcción del concepto de ratio decidendi al que ha arribado la Corte Constitucional, implica que, prima facie, la Corte, así como cualquier juez, construye una norma - regla (por oposición a norma - principio) [13]que es precisa para resolver el caso. Ello explica que el sistema de precedente suponga un método de aplicación analógica de la ley y “operen como silogismos”.
14. La declaración de exequibilidad condicionada del primer inciso del artículo 137 de la Ley 600 de 2000 implicó la adopción de una ratio decidendi de norma - principio, además de una norma - regla (lo mismo puede señalarse respecto de cada uno de los incisos). La Corte Constitucional no configuró, en lo que a la norma - principio respecta, de manera detallada y precisa –supuesto de hecho y consecuencias jurídicas- el derecho a constituirse en parte civil en procesos penales. Se limitó a señalar que las víctimas y perjudicados por los hechos punibles tienen derecho a constituirse en parte civil, no sólo para lograr una indemnización de los perjuicios causados, sino también para establecer la verdad y para lograr justicia –que no haya impunidad -.
El hecho de que se trate de una norma - principio no implica que cualquier persona sea titular del derecho. La Corte condicionó –sin que por ello se torne en una norma - regla- el ejercicio del derecho a la existencia de una legitimación, consistente en que existiera un daño. Sin embargo, tal daño no tiene que ser patrimonial:
“se requiere que haya un daño real, no necesariamente de contenido patrimonial, concreto y específico, que legitime la participación de la víctima o de los perjudicados en el proceso penal para buscar la verdad y la justicia, el cual ha de ser apreciado por las autoridades judiciales en cada caso” [14] .
En relación directa con este punto, la Corte ha señalado que existen hechos punibles respecto de los cuales “el interés de las víctimas y de los perjudicados en conocer la verdad de los hechos y en establecer responsabilidades individuales, se proyecta a la sociedad en su conjunto”[15].
16.1 En el fundamento 12. de esta sentencia, se dejó en claro que la Corte dictó 4 rationes decidendii en la sentencia C-228 de 2002. La primera de ellas –como se estableció en el fundamento 14.-, se refirió a la configuración del derecho a constituirse en parte civil –bien fuera como parte civil individual o como actor popular (art. 45 de la Ley 600 de 2000)-. Las restantes, se dirigieron a estudiar las restricciones impuestas en el artículo 137 de la Ley 600 de 2000. Al analizar tales restricciones, la Corte no analizó la situación precisa del actor popular, pues no correspondía al problema jurídico planteado. Se limitó a responder los cuestionamientos puntuales y, por lo mismo, la exequibilidad se limitó a los cargos analizados. Por lo mismo, únicamente tiene calidad de precedente para el presente caso, la primera ratio decidendi, conforme a la cual la parte civil –sea individual o colectiva- no tiene por objeto exclusivo la persecución de la reparación –indemnización- del daño causado, sino que es posible perseguir, de manera autónoma, la verdad y la justicia.
16.2 El artículo 45 de la Ley 600 de 2000 autoriza la constitución de la parte civil como actor popular “cuando se trate de lesión directa a bienes jurídicos colectivos”. De acuerdo con ello, existe una restricción a la legitimación en la causa para convertirse en actor popular en el proceso penal, consistente en que se esté lesionado un “bien jurídico colectivo”. Una pregunta es obligada: ¿la comisión de delitos de lesa humanidad –asunto que es relevante en este caso- implica la afectación de bienes jurídicos colectivos?
La competencia de la Corte Penal Internacional está limitada “a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto” (art. 5 del Estatuto). Según se estableció en el mismo artículo, la competencia de la Corte Penal Internacional está restringida al crimen de genocidio, a los crímenes de lesa humanidad, a los crímenes de guerra y al crimen de agresión (art. 5 del Estatuto). Teniendo en cuenta que se trata de hechos punibles trascendentales para la comunidad internacional y habida consideración de la naturaleza de los mismos, resulta claro que existe una identidad común, pues ellos implican graves atentados contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y una severa puesta en peligro de la paz colectiva. La Corte ha señalado, según se vio, que existe un interés en cabeza de la sociedad –verdad y justicia -, respecto de la desaparición forzada, que es un delito de lesa humanidad. De acuerdo con lo expuesto, es razonable asumir que existe una relación entre la gravedad del hecho punible y la existencia de un interés de la sociedad en conocer la verdad y hacer justicia. Los hechos punibles que revisten dicha gravedad, serán aquellos que impliquen graves atentados contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y una severa puesta en peligro de la paz colectiva.
16.4 Con lo anterior, únicamente se ha establecido que existe un interés de la sociedad en su conjunto –así como de la comunidad internacional- en conocer la verdad sobre la ocurrencia de hechos punibles que impliquen la comisión de delitos de lesa humanidad y en establecer los responsables, pero no resulta claro cómo la realización de tales hechos afecta bienes jurídicos colectivos.
17. La referencia de la sentencia C-228 de 2002, transcrita en el fundamento 15 de esta sentencia, adquiere, luego de lo expuesto, un significado distinto. Como se puede observar, la Corte sujetó el análisis del interés legítimo a la naturaleza del bien jurídico protegido. Cuando quiera que el bien jurídico supone una protección de los mínimos de civilidad –en principio y no de manera exclusiva, respeto por los derechos humanos, respeto por el derecho internacional humanitario y el respeto de la paz y seguridad colectiva -, el interés que legitima la conformación de la parte civil no se limita a un interés individual o de una comunidad determinada. En presencia de tales hechos punibles, está en jaque la sociedad entera y el conocimiento de la verdad y el logro de la justicia adquieren una mayor significación, pues se tornan en condiciones básicas para mantener la concordia y la paz.
La paz –art. 22 de la C.P.- es un bien colectivo al cual tienen derechos los ciudadanos, su respeto es un deber por parte de éstos y de las autoridades públicas, quienes tienen, además, la obligación de procurar su preservación [17]. En sentencia T-008 de 1992, la Corte Constitucional, señaló que la paz es un derecho de naturaleza colectiva, lo cual sólo puede entenderse por comprender bienes jurídicos colectivos.
En este orden de ideas, debe admitirse que en presencia de hechos punibles que impliquen graves atentados contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y una grave puesta en peligro de la paz colectiva, valorados por el respectivo juez o fiscal, debe admitirse la participación de la sociedad –a través de un actor popular -, como parte civil en el proceso penal.
Ahora bien, debe advertirse que el actor popular –en casos de graves atentados contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y una grave puesta en peligro de la paz colectiva- deberá reunir condiciones que aseguren que no se trata de una persona con mera intención vindicativa, sino que demuestre un genuino compromiso con el esclarecimiento de los hechos investigados y con la promoción y protección de los valores jurídicos antes mencionados.
El derecho a la verdad y a la justicia son bienes jurídicos que tienen un marcado valor individual (víctima y sus familiares), pero en ciertas circunstancias, adquieren carácter colectivo. Este carácter colectivo tiene dimensiones distintas, alcanzando el nivel de la sociedad cuando los cimientos de una sociedad civilizada y los mínimos constitutivos del orden jurídico –paz, derechos humanos y restricción y uso racional de la fuerza militar- se amenazan y está en entredicho el cumplimiento de las funciones básicas del Estado [18] .
La interpretación propuesta –aquella que excluye el interés de la sociedad, por estar representado en el Estado -, implica una restricción inadmisible del derecho a la verdad y a la justicia, que cercena las posibilidades de paz en Colombia. Por lo mismo, genera una restricción desproporcionada de los derechos de los residentes del país a lograr la paz, ver protegidos sus derechos constitucionales y realizado el cumplimiento de los deberes establecidos en el ordenamiento jurídico. Implica, finalmente, negar la posibilidad de una participación efectiva en el control del ejercicio del poder estatal.
La opción hermenéutica que acogió el Fiscal General de la Nación parece fundarse en la ratio decidendi de la sentencia C-228 de 2002 que se está analizando, máxime cuando la Corte sostuvo –sin que integrara la ratio decidendi en cuestión- que “ello no significa que cualquier persona que alegue que tiene un interés en que se establezca la verdad y se haga justicia pueda constituirse en parte civil –aduciendo que el delito afecta a todos los miembros de la sociedad- ni que la ampliación de las posibilidades de participación de actores civiles interesados sólo en la verdad o la justicia pueda llegar a transformar el proceso penal en un instrumento de retaliación contra el procesado”. Se ha analizado, sin embargo, cómo el derecho a la verdad y a la justicia no es un interés individual (sea de la víctima y sus familiares o de una comunidad determinada), sino que, en algunas ocasiones, se trata de un asunto que le compete a la sociedad en su conjunto. Tal interés se presenta, cuando el o los hechos punibles supongan por ejemplo, la violación o amenaza de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y una severa puesta en peligro de la paz colectiva. Bajo tales condiciones, no podía el Fiscal, si se daban las circunstancias, negarse a autorizar la conformación de la parte civil –por parte del demandante- en el proceso que se sigue contra el General (R) Rito Alejo del Río. Una negativa en tal sentido constituye una decisión judicial violatoria de la Constitución y de derechos fundamentales.
En el presente caso, si bien la decisión del Fiscal se apoya en una interpretación prima facie razonable de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la ratio de la sentencia C-228 de 2002, se ha demostrado (i) que ella no corresponde, tomando en consideración todos los factores relevantes –entre ellos, el deber de adoptar la opción hermenéutica más favorable para la protección de los derechos fundamentales (art. 2 de la C.P.)-, a la decisión de la Corte Constitucional y (ii) que esta Corporación ha precisado que la sociedad sí tiene un interés en conocer la verdad y que se haga justicia. Por lo tanto, deberá revocarse la decisión del Fiscal General de la Nación, al resultar incompatible con la jurisprudencia de esta Corporación.
De la postura de la Corte se desprende, necesariamente, que la parte civil es un sujeto activo y pleno dentro del proceso penal, tal como lo indicó la Corte en la misma sentencia. Ello apareja que su participación no se limita a lograr lo perseguido a partir del trabajo probatorio de los investigadores y a observar la argumentación y análisis realizados por el ente acusador, sino que tiene derecho a participar de la investigación –“aportando pruebas y cooperando con las autoridades judiciales”- y a participar activamente en el análisis y valoración de tales pruebas, “conociendo y controvirtiendo” las decisiones.
Por otra parte, según se ha establecido en el fundamento 1 de esta sentencia, el demandante ha demostrado un genuino interés por establecer la verdad y lograr la justicia en relación con los hechos acaecidos en la zona de Urabá durante los años 1997 y 1998. No puede pasar desapercibido para esta Corporación que, el demandante, ha intentado por diversos medios informar al Estado colombiano sobre la ocurrencia de graves violaciones a los derechos humanos de los residentes de la zona. También, que el demandante no ha dudado en señalar los presuntos responsables y llegar a la conclusión de que se trata de una conducta sistemática y coordinada o planificada, de tal envergadura, que admiten, en su concepto, el calificativo de delitos de lesa humanidad. La denuncia formal de tales hechos y su intento por constituirse en parte civil –como actor popular- son prueba de la intención real, y no meramente vindicativa, de lograr la protección y respeto por los derechos humanos en Colombia. Que tales hechos sean responsabilidad del General (R) Rito Alejo del Río, no le compete determinarlo a la Corte Constitucional. Es más, la Corte es enfática en señalar, que no está haciendo ningún juicio de valor sobre la responsabilidad del General. Ciudadano que se presume inocente y quien tiene derecho a todas las garantías que brinda un Estado de Derecho. Cualquier imputación en su contra, debe fundarse en pruebas sólidas y contundentes, pues de lo contrario no podrá atribuírsele hecho punible alguno.
Segundo. Ordenar al Fiscal General de la Nación que, en el término de 48 horas a partir de la notificación de la presente sentencia, proceda a admitir la demanda de constitución de parte civil, presentada por Javier Giraldo Moreno. Tercero. Por Secretaría, líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
CLARA INÉS VARGAS HERNANDEZ Magistrado
1 Ver sentencia C-836 de 2001 y aclaraciones de voto a la misma sentencia. (regresar)
2 Sobre este punto, ver sentencia SU-058 de 2003. (regresar)
3 Ver, por ejemplo, sentencia T-1011 de 2000. (regresar)
4 Ver, por ejemplo sentencia T-414 de 2000. (regresar)
5 Ver sentencias, sentencia T-1625 de 2000 y T-1031 de 2001. (regresar)
6 Ver sentencias SU-640 de 1998, SU-168 de 1999 y SU-1184 de 2001 (regresar)
7 Ver sentencia T-1031 de 2001. (regresar)
8 Ver sentencias SU-1184 de 2001 y C-836 de 2001. (regresar)
9 Sentencia SU-047 de 1999. (regresar)
10Sobre los conceptos de ratio decidendi y obiter dicta ver las siguientes providencias: SU-168/99, (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), SU-047/99 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), SU-640/98 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-961/00 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), T-937/99 (M.P. Alvaro Tafur Galvis), Auto A-016/00 (M.P. Alvaro Tafur Galvis), T-022/01 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger), T-1003/00 (M.P. Alvaro Tafur Galvis). (regresar)
11 Ver sentencia T-960 de 2002 (regresar)
12 Sobre el tema de la racionalidad de las decisiones judiciales, ver la obra The judicial application of law de Jerzy Wróblewski y la Teoría de la Argumentación Jurídica, de Robert Alexi, entre otras. (regresar)
13 En sentencia C-1287 de 2001, la Corte analizó la diferencia entre normas-regla y normas-principio. Las normas-regla se definieron a partir de la postura de Luciano Parejo: “1.1.4. En lo que concierne a las reglas, tales serían las disposiciones jurídicas en las que se “define, en forma general y abstracta, un supuesto de hecho y se determina la consecuencia o consecuencias jurídicas que se derivan de la realización del mismo; una disposición, pues, derechamente construida para regular u ordenar de forma directa la vida humana, la realidad social”- Es decir, en virtud de esta estructura lógica, las reglas operan como silogismos” (regresar)
14 Sentencia C-228 de 2002. (regresar)
15 Sentencia C-875 de 2002. (regresar)
16 En casos de desaparición forzada los mecanismos como las comisiones de la verdad de carácter internacional, gubernamental, o privado han contribuido a la erradicación de dicha práctica. En particular, pueden citarse los casos del informe “Nunca más”, presentado por la llamada “Comisión Sábato” en Argentina, la cual aunque era de naturaleza privada, fue apoyada por el gobierno de entonces, y sirvió como base para el juzgamiento de algunos mandos militares por delitos cometidos durante la dictadura Videla. Así mismo, en cumplimiento del Acuerdo de Paz entre el gobierno y el FMLN en El Salvador, la Asamblea General de la ONU creó una “Comisión para la verdad en El Salvador”, presidida por Thomas Buergenthal ex-presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual publicó los nombres de los responsables de las diversas violaciones de derechos humanos durante el conflicto salvadoreño, originando con ello un proceso de responsabilidad individual e institucional. (regresar)
17 Sentencia C-225 de 1995, entre otras. (regresar)
18 Sentencia SU-1184 de 2001. (regresar)