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Timestamp: 2017-12-18 11:33:49
Document Index: 232167602

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 4', 'Artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 515', 'Artículo 2']

89-DNP-12 EN LA CÁMARA TERCERA DE LO CIVIL DE LA PRIMERA SECCIÓN DEL CENTRO: San Salvador, a las nueve horas de once de octubre de dos mil doce. - PDF
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María Josefa Torres Suárez
1 89-DNP-12 EN LA CÁMARA TERCERA DE LO CIVIL DE LA PRIMERA SECCIÓN DEL CENTRO: San Salvador, a las nueve horas de once de octubre de dos mil doce. Siendo estos el lugar, día y hora señalados, para la realización de la AUDIENCIA ESPECIAL, en el incidente de apelación del auto definitivo pronunciado por el señor Juez Noveno de Paz, a las catorce horas de treinta de marzo del presente año, en las Diligencias de Auxilio Judicial de Desalojo, promovidas por don OSCAR AMAYA RODRÍGUEZ, por medio de su apoderado licenciado José Oscar Caballero Peñate, abogado, de este domicilio, contra los señores CRISTINA TAMACAS y MARCOS ANTONIO MIRANDA, mayores de edad, de oficios del hogar y empleado respectivamente, ambos de este domicilio. Presentes los magistrados de esta Cámara EDUARDO JAIME ESCALANTE DÍAZ y EDUARDO MORALES EHRLICH, acompañados de su secretaria de actuaciones licenciada Eleonora Maristela Cabrera Herrera, procediéndose, 1) verificar la presencia de las partes, se constata que están presentes los licenciados Max Víctor Henríquez López y José Oscar Caballero Peñate, mayores de edad, abogados, quienes se identifican con sus Tarjetas de Abogado números [ ], respectivamente, el primero en su calidad de apoderado de don David Alexander Alvarado Tamacas, como apelante; y el segundo, en su calidad de apoderado de don Oscar Amaya Rodríguez, quien se encuentra presente en esta audiencia, identificándose por medio de su Documento Único de Identidad número [ ], como apelado. EL PRESIDENTE DE ESTA CÁMARA DECLARA ABIERTA LA PRESENTE AUDIENCIA; 2) Identificación de las Diligencias objeto del recurso: Diligencias de Auxilio Judicial de Desalojo, promovidas por don Oscar Amaya Rodríguez, por medio de su apoderado licenciado José Oscar Caballero Peñate; a fin de que se proceda al lanzamiento de los señores Cristina Tamacas y Marcos Antonio Miranda que se encuentran habitando en la propiedad de su mandante sin contar con justo título para ello; a continuación la Secretaria de Actuaciones de este colegiado hace un resumen de la solicitud y de la resolución que motivó el recurso que hoy nos ocupa. 3) Alegatos conforme al Art. 514 CPCM. Se procedió a darle la palabra al apelado señor Amaya Rodríguez, por medio de su apoderado licenciado Caballero Peñate, para que formule su alegato oponiéndose o adhiriéndose a la apelación, manifestando que: Con instrucciones de mi poderdante me opongo a esta apelación que considero infundada, esta orden de desalojo del Juez Noveno de Paz basada para proteger
2 el derecho de propiedad ya tenía un antecedente de prescripción que eran los tenedores del inmueble Cristina Tamacas y Marcos Antonio Miranda la cual terminó en desistimiento y resulta que luego aparece otro señor David Alexander Alvarado Tamacas diciendo que ha vivido por cuarenta años y lo representa el mismo abogado aquí presente y se requirió al juzgado Noveno de Instrucción para lanzarlo, pues los otros ya habían reconocido dominio ajeno y la apelación no tiene razón de ser, sino lo que buscan es dilatar y negar el derecho de propiedad al señor Oscar Amaya Rodríguez, por ello me opongo a la apelación.. Así terminó su intervención el apelado. El señor Presidente de esta Cámara concede la palabra a la apelante para que se pronuncie respecto de la oposición, manifestando el licenciado Cativo Sandoval, que: Mantenemos la posición en cuanto a desconocer la resolución emitida por el Juez Noveno de paz del treinta de marzo del presente año, en relación a lo dicho por la parte apelada mantenemos nuestra posición en cuanto a no estar de acuerdo en que el desalojo emitido por el Noveno de Paz era conforme a la ley ya que se desestimó el artículo 8 de la Ley Especial con relación a la existencia de un proceso de prescripción adquisitiva por parte de los demandados; manifiesto que no obstante los señores Tamacas desistieron en el proceso anterior lo hicieron sin mi conocimiento de manera personal e igualmente al haber desistido en ese proceso según las reglas generales las cosas vuelven al estado en que se encontraban por lo cual siendo las personas diferentes las de este nuevo proceso ya que antes fue FINAMAX y ahora lo es el señor Oscar Amaya no encuentro probabilidad en que una persona que no había utilizado sus acciones posesorias lo pueda hacer en esta oportunidad y me opongo a lo manifestado.. Así concluye su intervención la recurrente. 4) Alegaciones finales. Habiendo expresado los intervinientes su deseo de hacer alegatos finales, en base al inciso último del Art. 514 CPCM se dio la palabra a la apelante, por medio de su apoderado licenciado Cativo Sandoval quien manifiesta: Me limitaré a reiterar lo establecido en el escrito de apelación, que reduzco a cuatro puntos, uno, la inspección que se realizó en las diligencias de desalojo no fueron practicadas con la asistencia de la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos como lo establece el artículo 4 de la Ley Especial de la Garantía de la Propiedad o Posesión Regular la cual llamaré la Ley Especial, la cual vulnera el derecho de defensa del Artículo 2 de la Constitución, ya que esta instancia debía personarse con el fin de garantizar los derechos inherentes a la persona humana y no fue así, el segundo punto es la parte de la defensa
3 material que no existió en la audiencia celebrada en las diligencias por que los demandados señora Cristina Tamacas y Marcos Antonio Miranda no se presentaron a la audiencia y tampoco les fue nombrado un defensor público vulnerando la constitución nuevamente en su artículo dos, ya que el artículo cinco de la Ley en comento ha sido derogado por la sentencia 40 y 41 y por lo tanto ya no existía el castigo a la inasistencia estableciendo medidas cautelares de desalojo, y en tercer lugar en la inspección realizada por el Juez A- quo no se dieron las circunstancias de una inspección del artículo trescientos noventa y trescientos noventa y cinco del Código Procesal Civil y Mercantil mediante el cual el juzgador en este tipo de diligencias debe precisar las condiciones, cualidades y circunstancias de los hechos atribuidos, es decir, verificar los hechos denunciados, lo cual no se dio y no se estableció por dichos de testigos la pacificidad, quietud y continuidad de la posesión y finalmente como cuarto punto y el más esencial en esta alzada es la falta de consideración del artículo ocho de la Ley en comento que establece que media vez se establezca el inicio de un proceso mediante el cual los invasores estén solicitando la prescripción adquisitiva del inmueble donde se encuentran, deberá mandarse al juzgado competente, en este caso el Cuarto de lo Civil y Mercantil de San Salvador donde ya iniciamos el proceso, prueba que fue presentada en tiempo y no fue valorada y hemos demostrado que se cumplen las condiciones del artículo ocho para que el juez A- quo hubiera remitido a las partes al Jugado Cuarto de lo Civil y reitero mi petición de anular la resolución del Juez Noveno de Paz del treinta de marzo y permitir que el señor David Alexander Alvarado Tamacas y sus familiares Cristina Tamacas y Marcos Antonio Miranda se mantengan en el inmueble.. Finalmente se confiere la palabra a la apelada a través del licenciado Caballero Peñate, para que exprese sus alegatos finales quien manifiesta: En primer lugar se afirma que la inspección no fue practicada con la asistencia de la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos, y para eso veamos la ley, la cual lo que exige es que se notifique a la Procuraduría, a los peritos y a la policía pero en ningún momento se ha establecido en el artículo 4 que la no asistencia aborte la diligencia y en ese sentido no se ha expresado la sanción, no hay una consecuencia, lo que la ley exige es que se notifique y el juez envió los oficios, el juez no puede obligarla; en cuanto al segundo punto puede verificarse en el expediente que la señora que permanece en el inmueble es la señora Cristina Tamacas y el juez la cita para que haga valer su derecho, no obstante que en el anterior proceso de prescripción adquisitiva tramitado en el Cuarto
4 de lo Civil el dieciséis de septiembre de dos mil nueve promovido precisamente por el abogado aquí presente, al momento de la audiencia se hace presente el abogado pero ahora ya no dice que representa a Cristina Dionicia, sino que a David Alexander y se muestra parte como apoderado únicamente de éste y como estrategia para alegar lo que ahora alega, por todo ello no puede alegar que ahora solo representa a uno, y no a los demás, al que nunca ha residido en ese lugar porque así lo estableció en el Juzgado Cuarto de lo Civil, el punto era precisamente establecer que los que habían sido citados no estaban, pero si estaba el que no había sido citado, así lo dijo en la demanda que ellos residen ahí Marco Antonio y Dionicia, aquí ha reconocido que ese juicio inició y terminó en desistimiento que dice que no es válido porque no le preguntaron, no le fue comunicado, ante ese drama que se había presentado cuando le notifican la comparecencia el Juez Noveno de Paz alega que hay un proceso civil iniciado el cual lo fue posterior del auto donde están notificando la comparecencia del señalamiento a la audiencia y presenta al Cuarto de lo Civil una demanda de prescripción para encontrarse dentro de los parámetros que exige el Artículo ocho de la Ley Especial, pero no se fijó que el artículo ocho es claro, como lo advirtió el juez Noveno de Paz, y dice que no procede las diligencias de desalojo cuando previamente se haya iniciado juicio de prescripción, etcétera, quiere forzar la ley para que pase a discutirse en un proceso que ni siquiera sabemos en que aterrizó lo cual no es la esencia del caso, el espíritu del legislador en la Ley Especial ha sido claro cuando dice que no habrá lugar cuando previamente se ha iniciado un juicio pero no puede hacerse a la inversa, la Ley Especial es clara y los moradores nunca dijeron que un David Alexander viviera ahí y por ende tratando de encontrar salida en violación al principio de buena fe el Juez le dice que ha ido corriendo a interponer la demanda en ese sentido, los cuatro puntos señalados se establece no tener fundamento legal en razón de que no ha habido violación de derecho constitucional como alega, antes promovió las diligencias FINAMAX, del que era representante el señor Rodríguez, son los mismos sujetos, ahora tratan de ganar tiempo para que el derecho de propiedad del señor Amaya Rodríguez nunca se materialice, pido se declare no ha lugar y se confirme la resolución recurrida la cual esta apegada a derecho y tiene su fundamento en la Ley Especial.. Así concluye su intervención. Esta Cámara hace un receso para proceder a deliberar conforme los Arts. 219 y 220 CPCM. ( ) Presentes nuevamente los Magistrados y Secretaria de Actuaciones de esta Cámara, así como los apoderados de la recurrente y recurrida, conforme al Art. 515 CPCM se estima pertinente pronunciar de inmediato el auto definitivo, en consecuencia: CONSIDERANDO: I. LIMITES
5 DEL RECURSO. La sentencia se pronuncia exclusivamente sobre los puntos y cuestiones planteadas en el presente recurso, todo en estricto cumplimiento a lo ordenado en el inciso segundo del artículo 515 CPCM. II. ANTECEDENTES DE HECHO: En el sub litem, don Oscar Amaya Rodríguez, por medio de su apoderado licenciado Caballero Peñate, presentó solicitud de Diligencias de Auxilio Judicial de Desalojo, en base a la Ley Especial Para la Garantía de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles (LEGPPRI), pretendiendo que se proceda al lanzamiento del inmueble propiedad de su mandante que ilegítimamente habitan los señores Cristina Tamacas y Marcos Antonio Miranda pues no cuentan con justo título para ello. III. SUSTANCIACIÓN DE LAS DILIGENCIAS: 1. EN PRIMERA INSTANCIA. A. Conforme resolución de las dieciséis horas treinta y cinco minutos de veintiuno de marzo del presente año, fs. 19 p.p., se admitió la solicitud, se tuvo por parte como solicitante al licenciado Rivera Quintanilla (sic)(?), conforme al Art. 4 inciso segundo de la Ley Especial para la Garantía de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles se señaló fecha y hora para la práctica de la inspección en el inmueble objeto de las presentes diligencias, lo cual se les notificó a los señores Tamacas y Miranda, como consta en acta de fs. 20 p.p. B. Mediante acta de las trece horas diez minutos de veintidós de marzo del presente año, fs. 25 p.p., se documentó la inspección que se practicó en el inmueble que se reclama. C. De fs. 28 a 29 p.p. obra acta de celebración de audiencia en cumplimiento al Art. 4 inciso tercero de la LEGPPRI, a la cual no comparecieron los señores Tamacas y Miranda; habiéndose presentado el señor David Alexander Alvarado Tamacas por medio de su apoderado licenciado Max Víctor Henríquez López, quien fue identificado como habitante del inmueble objeto de las presentes diligencias al momento de practicarse inspección en el mismo. D. Por auto de las ocho horas de veintiocho de marzo del presente año, fs. 39 p.p., se ordenó librar oficio al Juzgado Cuarto de lo Civil y Cuarto de lo Civil y Mercantil solicitando informe y certificación de pasajes. E. Conforme resolución de las quince horas cinco minutos de veintiocho de marzo del presente año, fs. 45 p.p., se recibió vía fax oficio procedente de la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos. F. Mediante resolución de las catorce horas cuarenta minutos de veintinueve de marzo del año en curso, fs. 47 p.p., se revocó la resolución de fs. 39 p.p. por medio de la cual se solicitaban oficios. G. De fs. 54 a 55 p.p. obra la resolución recurrida. H. Por auto de las once horas treinta minutos de trece de abril del presente año, fs. 58 p.p., se tuvo por recibido escrito de apelación, y en virtud del mismo se suspendió la realización del desalojo programada y en base al Art. 464 (sic) y siguientes Pr.Pn. se
6 corrió traslado al licenciado Caballero Peñate por cinco días a efecto de que se pronuncie sobre el mismo, diligencia que evacuó dicho profesional en escrito de fs. 60 p.p. 2. EN ESTA INSTANCIA. Mediante resolución de las doce horas treinta y cinco minutos de siete de mayo del presente año, fs. 5 a 6, nos declaramos incompetentes para conocer del recurso de apelación interpuesto y lo remitimos al Juzgado Quinto de lo Civil y Mercantil el cual lo remitió a la Corte Suprema de Justicia para que dirimiera el conflicto de competencia que dijo haberse suscitado por parte de esta Cámara y la Tercera de lo Penal, así como su tribunal. Por auto de las nueve horas treinta y cinco minutos de tres de septiembre del presente año, fs. 31 p.p., se recibió oficio de la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia por medio del cual se declaró competente a esta Cámara para conocer del recurso de apelación interpuesto. Conforme resolución de las nueve horas treinta minutos de doce de septiembre anterior, fs. 40 p.p., se admitió la apelación interpuesta, señalándose lugar, hora y fecha para la práctica de la diligencia que hoy nos ocupa. III) FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN. El impetrante al fundamentar su recurso alega: Que la inspección(sic) que se practicó en el inmueble se hizo sin la presencia de la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos, lo cual trae como consecuencia la nulidad del acto pues no se le ha dado cumplimiento a lo que establece el Art. 4 de la LEGPPRI, ya que no es opción del juzgador sino una obligación el hacerse acompañar por dicha Procuraduría; que se vulneró es en cuanto a la defensa material por cuanto los denunciados no se presentaron a la audiencia y no les fue nombrado un defensor público vulnerando la Constitución en su Artículo 2; en la inspección (sic) realizada no se dieron las circunstancias de una inspección(sic) del Art. 390 y 395 CPCM, pues la inspección (sic) debería ser una prueba esencial para tomar cualquier decisión en el proceso y no limitarse a la verificación de la posesión (sic) de los invasores en el inmueble reclamado, pues el Juez debió indagar con los vecinos la forma en que se encontraban habitando el inmueble y así demostrar que lo ha sido de forma quieta y pacífica, y de acuerdo al acta en la cual se practicó la misma, el juzgador no se interesó en averiguar tales hechos, siendo un deber del juzgador y no una opción, por ello considera que con la inspección (sic) únicamente se determina la estancia de los señores pero no se puede asegurar que esa posesión sea ilegal pues no fue constatado, pues en este caso se invierte la carga de la prueba y obliga al demandado a demostrar que la posesión que ostenta no es ilícita; y por último reclama que no se tomó en cuenta el hecho de que ya se encuentra promovido proceso de prescripción, lo cual en base al Art. 8 LEGPPRI les permite demostrarlo y
7 que así se hizo al presentarse la boleta de presentación de demanda de prescripción adquisitiva extraordinaria en contra del señor Amaya Rodríguez y con esto el juzgador debía desligarse de la pretensión(sic) y advertir a las partes que lo ventilen en el Juzgado Cuarto de lo Civil y Mercantil tribunal en el cual lo han iniciado. IV) FUNDAMENTOS DE DERECHO: El señor Amaya Rodríguez, por medio de su apoderado licenciado Caballero Peñate, presentó solicitud de Auxilio Judicial de Desalojo, contra los señores Tamacas y Miranda. El Juez Noveno de Paz, por resolución de las catorce horas de treinta de marzo del presente año, ordenó proceder al desalojo de los señores Cristina Tamacas, Marcos Antonio Miranda y David Alexander Alvarado Tamacas. Ante tal situación, el señor David Alexander Alvarado Tamacas quien al practicarse reconocimiento judicial en el inmueble que se reclama se encontraba en el mismo junto a la señora Cristina Tamacas, solicitada en las diligencias, no así el otro solicitado, señor Marcos Antonio Miranda, pero se hizo constar que efectivamente habitaba ahí; a la audiencia señalada únicamente se hizo presente el señor Alvarado Tamacas, presentando copia de demanda presentada al Juzgado Cuarto de lo Civil y Mercantil de esta ciudad a fin de que se aplicara lo dispuesto en el Art. 8 de la LEGPPRI. V) CONSIDERACIONES DE LA CÁMARA. Respecto del primer agravio, que consiste en la inasistencia de un representante de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos durante la inspección (sic) en el inmueble objeto de desalojo es de aclararle a las partes que el Art. 4 de la Ley Especial para la Garantía de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles establece que el juzgador se haga acompañar de diferentes personas de Instituciones del Estado, entre ellas la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos, la referida norma procesal es de aquellas normas que en el Derecho Romano conocemos como normas imperfectas, esto es que contiene un supuesto hipotético, salvaguardando algún bien jurídico, pero no establecen sanción ante su incumplimiento, por lo que este Tribunal no puede atribuirle como sanción la nulidad al reconocimiento judicial como lo solicita el apelante, ya que el Art. 232 CPCM establece que los actos procesales serán nulos solo cuando así lo establezca expresamente la ley. Agrega el apelante de que la falta de personamiento de representantes de dicha Procuraduría le acarrea a su representado la infracción al derecho constitucional de defensa, no expresando las razones ni motivos por los cuales considera materialmente tal violentación, ni encuentra esta Cámara razones por las cuales se pudiera ver enervado el derecho de defensa, razón por la cual este tribunal rechaza este agravio. Respecto del agravio identificado como número dos, referido a la violación al derecho material de defensa
8 durante la audiencia, por el hecho de no haber comparecido los denunciados, no obstante haber sido legalmente citados durante el versado reconocimiento judicial, esta Cámara para resolver este agravio debe, en primer lugar, reconocer que el Art. 5 LEGPPRI fue expulsado del ordenamiento jurídico por decisión de la Honorable Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que era la disposición legal que se refería a la suerte de las diligencias ante la incomparecencia de los denunciados; y en segundo lugar, y al no haber norma especial que regule la falta de personación de los demandados deberemos aplicar el Derecho Común. Y en ese tanto el Art. 287 CPCM a su letra expresa: La falta de personamiento del demandado en el plazo otorgado al efecto producirá su declaración de rebeldía, pero no impedirá la continuación del proceso, sin que deba entenderse su ausencia como allanamiento o reconocimiento de hechos, por lo que este colegiado deberá declarar sin lugar también este agravio, no existiendo violación a la defensa material ni al Art. 12 de la Constitución. Respecto del agravio identificado como número tres y que se refiere a que la diligencia de inspección (sic) no cumplió con los Arts. 390 y 395 CPCM, por no haber cumplido el Juez con la finalidad del reconocimiento judicial; en primer lugar es de aclarar, que dichas disposiciones legales, no son de aplicación a las presentes diligencias, puesto que las mismas tienen como fundamento la Ley Especial de marras, y solo serán aplicables las normas generales cuando no existan reglas especiales, pero en la referida Ley Especial en el párrafo segundo del Art. 4 establece: Dentro de las veinticuatro horas posteriores de haber recibido la denuncia, el Juez de Paz deberá apersonarse al inmueble invadido a fin de realizar inspección de campo con la finalidad de verificar la realidad de los hechos denunciados,..., que es la norma de aplicación para este agravio en virtud del principio IURA NOVIT CURIA, que encuentra su desarrollo en el Art. 536 y 14 CPCM, este tribunal deberá resolver el agravio con las normas pertinentes, aún cuando no coincidan con las invocadas por el recurrente. En segundo lugar, con el acta del reconocimiento judicial en manos, este colegiado puede observar que el Juez de la causa no le dio cumplimiento a la finalidad de la diligencia, finalidad que imperativamente establece la ley, esto es, verificar la realidad de los hechos denunciados, y por su parte el postulante del peticionante y principal interesado en acreditar los extremos de su denuncia, esto es, la verificación de los hechos denunciados, debió intervenir y requerir al Juez de la causa el cumplimiento del Art. 4 de la LEGPPRI, es más, en la referida acta se constata que los denunciados tienen la calidad de residentes, y no se constató por ningún elemento material o personal que éstos tuvieren
9 la calidad de invasores, y dicha calidad es de importancia cardinal para las presentes diligencias ya que constituye, en el supuesto hipotético de la norma invocada, el predicado de la misma, es decir que con las presentes diligencias no se logró acreditar la legitimidad pasiva, tampoco los otros extremos de la denuncia, y al no tener la calidad de invasores los denunciados, no es procedente su lanzamiento, por lo que deberá acogerse este agravio y declararse sin lugar el lanzamiento solicitado. En vista de haberse acogido este agravio, innecesario se torna analizar el agravio identificado como número cuatro, por lo que debemos revocar la resolución venida en apelación y declarar sin lugar el desalojo pretendido. POR TANTO: de conformidad a las consideraciones relacionadas, disposiciones legales citadas y a los artículos 1, 2,11, 15, 18 y 172 Inc. 3 Cn.; 1, 2, 3, 14, 15, 17, 216, 218, 219, 222, 287, 514 y 515 CPCM, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR ESTA CÁMARA RESUELVE: A) REVÓCASE la resolución venida en apelación pronunciada por el señor Juez Noveno de Paz, a las catorce horas de treinta de marzo del presente año, en virtud de las razones dichas en la presente. B) DECLÁRASE SIN LUGAR EL LANZAMIENTO SOLICITADO en las diligencias de desalojo promovidas por don Oscar Amaya Rodríguez, por medio del licenciado José Oscar Caballero Peñate. Y, C) Condénase a la parte perdidosa al pago de las costas procesales de ambas instancias. En este estado, quedan legalmente notificadas las partes que han intervenido en esta audiencia de la resolución que se ha pronunciado en forma oral y que ha quedado constancia en esta acta. En su oportunidad deberá devolverse la pieza principal al Juzgado de su origen con certificación de la presente, para los fines de rigor. No habiendo nada más que hacer constar damos por terminada la presente acta y previa lectura para constancia firmamos.