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Timestamp: 2019-12-10 02:04:42
Document Index: 109559483

Matched Legal Cases: ['artículo 97', 'artículo 113', 'artículo 32', 'artículo 2', 'artículo 8', 'artículo 2', 'artículo 59', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 9', 'artículo 34', 'artículo 37', 'artículo 38', 'artículo 42', 'artículo 36', 'artículo 49', 'artículo 50', 'artículo 50', 'artículo 59', 'artículo 63', 'artículo 6', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 8', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 50', 'artículo 3', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 20', 'artículo 31', 'artículo 42', 'artículo 59', 'artículo 61', 'artículo 34', 'artículo 32', 'Artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'Artículo 23', 'artículo 4', 'artículo 4', 'Artículo 36', 'Artículo 36', 'Artículo 38', 'artículo 4', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 4']

BOCG. Congreso de los Diputados, serie B, núm. 265-35, de 30/06/2011
Núm. 265-35
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del Informe emitido por la Ponencia sobre la Proposición de Ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2011.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
La Ponencia encargada de redactar el Informe sobre la Proposición de Ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo, integrada por los Diputados don Manuel de la Rocha Rubí (GS), don José María Benegas Haddad (GS), don Antonio Hernando Vera (GS), don Alfonso Alonso Aranegui (GP), don Arturo García-Tizón López (GP), doña M.ª Mercè Pigem i Palmés (GC-CiU), don Emilio Olabarría Muñoz (GV-EAJ-PNV), don Joan Tardà i Coma (ER-IU-ICV), doña Rosa María Díez González (GMx), ha estudiado con todo detenimiento dicha iniciativa, así como las enmiendas presentadas a la misma, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 113 del Reglamento elevan a la Comisión el siguiente:
La Ponencia ha debatido las enmiendas presentadas a la Proposición de Ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo (núm. expte. 122/ 239) en su reunión del día 16 de junio de 2011 y ha adoptado los siguientes acuerdos:
En primer lugar, la Ponencia, considerando la existencia de una Proposición de Ley de modificación de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo (núm. expte. 122/113) que fue tomada en consideración por el Pleno de la Cámara el 12 de febrero de 2009, y remitida a la Comisión de Interior, expresa que la Proposición de Ley de reconocimiento y protección integral de las víctimas de terrorismo subsume la anterior Proposición de Ley, toda vez que da un tratamiento general y completo a la materia, a iniciativa, además, de todos los grupos parlamentarios de la Cámara.
En segundo lugar, la Ponencia visto el contenido de algunas de las enmiendas presentadas, concretamente la 149, debate sobre el alcance ordinario u orgánico de la materia contenida en esta enmienda y el posible procedimiento a seguir en el supuesto de que se considerara orgánica. Ahora bien, puesto que dicha enmienda pretende modificar el artículo 32.1.a) de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación y, conforme a la disposición final primera de dicha Ley el mencionado precepto no aparece recogido como materia con rango de Ley Orgánica, la Ponencia entiende que se trata de una modificación a la Ley Orgánica sin alcance orgánico, y que, en consecuencia, puede ser tramitada en el marco de la Proposición de Ley objeto de este Informe.
En tercer lugar, la Ponencia expresa como filosofía general que el ámbito de la Proposición de Ley es el de,
cómo su propio título indica, reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo, lo que excluiría otros casos de violencia fundamentados en otras circunstancias o en otros ámbitos.
Y en cuarto lugar, la Ponencia acuerda analizar las distintas enmiendas presentadas por los autores de las mismas, y, en consecuencia, informa en los siguientes términos.
Respecto de las enmiendas presentadas por la Diputada doña Uxue Barkos Berruezo de Nafarroa Bai (Grupo Parlamentario Mixto) enmiendas números. 1 a 8:
- La Ponencia no incorpora las enmiendas números 1, 3 y 4.
- La Ponencia acepta en sus términos la enmienda número 2 al artículo 2 apartado 2, letra a).
- Las enmiendas números 5 y 6 se incorporarían en espíritu, pero en una ubicación diferente a la que pretendían en el artículo 8 apartado 1 y apartado 3, puesto que se incardinarían en una nueva disposición adicional quinta de la Proposición.
- La enmienda número 7 la Ponencia entiende que queda subsumida en la enmienda 130 presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista y Popular.
- La enmienda número 8 se acepta en sus términos.
Respecto de las enmiendas presentadas por el diputado don Gaspar Llamazares Trigo del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds enmiendas números 9 a 16 la Ponencia acuerda lo siguiente:
- No se incorporan las enmiendas números 9, 10, 11, 12, 14, 15 y 16 por las razones apuntadas en el encabezamiento de este Informe.
- Se incorpora la enmienda número 13, en versión transaccional adoptada por la Ponencia, al artículo 2 apartado 1.
Respecto de las enmiendas presentadas por la diputada doña Rosa María Díez González de UPyD (Grupo Parlamentario Mixto) números 17 a 47 la Ponencia acuerda lo siguiente:
- La Ponencia entiende que las enmiendas número 17 y 18 quedan subsumidas en la enmienda número 118 de los Grupos Socialista y Popular que se va a incorporar. No obstante la enmendante mantiene dichas enmiendas.
- La enmienda número 19 se incorpora a la exposición de motivos en sus términos.
- La enmienda número 20 entiende la Pon encia que está también subsumida por la enmienda 119 del Grupo Socialista y del Popular que se va a incorporar.
- La enmienda número 21 no se incorpora al Informe.
- La enmienda número 22, coincidente con las enmiendas 82 de UPN (Mx) y 120 del Grupo Parlamentario Socialista y Popular se incorporan en el punto I, párrafo quinto de la Exposición de Motivos.
- La enmienda número 23 se acepta en la medida en que la enmienda 121 del Grupo Socialista y del Popular, se va a incorporar a la Exposición de Motivos y la Ponencia entiende que la subsume, con redacción transaccional que sustituye "victimarios" por "terroristas" del Grupo Socialista y del Popular, se va a incorporar a la Exposición de Motivos.
- La enmienda número 24 queda subsumida en la indicada enmienda 121 del Grupo Parlamentario Socialista y del Popular que se incorporará.
- La enmienda número 25, que coincide con la enmienda número 123 propuesta por el Grupo Socialista y el Popular, es objeto de un amplio debate en relación con su contenido respecto de la Exposición de Motivos, y los artículos 36 y 48. La Ponencia incorpora la enmienda, sin perjuicio de ulteriores consideraciones sobre esta materia.
- La enmienda número 26 es objeto de un amplio debate en relación con la enmienda número 106 del grupo parlamentario CiU al artículo 59 apartado 1. Acordando la Ponencia posponer la decisión sobre este asunto para trámites parlamentarios posteriores.
- La enmienda número 27 al artículo 2, punto 2. a), coincidente con las enmiendas números 2 (previamente incorporada) y 53 ha quedado incorporada.
- La enmienda número 28 se incorpora al artículo 2.2 e) con redacción transaccional propuesta por la Ponencia consistente en sustituir la primera palabra de la letra e) "Consagrar" por "Reconocer".
- La enmienda número 29 al artículo 2.2 proponiendo un nuevo apartado, la Ponencia entiende que está subsumida en espíritu en la enmienda 118 propuesta por los grupos Socialista y Popular y otras de los mismos proponentes a la Exposición de Motivos.
- La enmienda número 30 al artículo 4 apartado 5 está aceptada por haber sido subsumida por las enmiendas números 126 y 127 propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista y el Popular al artículo 4 apartados 5 y 6 nuevo. Se retira la enmienda 30.
- La enmienda número 31 la Ponencia entiende que está subsumida por la enmienda número 128 de los Grupos Parlamentarios Socialista y Popular al artículo 9.1. La diputada enmendante mantiene su enmienda.
- La enmienda número 32 la Ponencia entiende que está incorporada también por encontrarse subsumida en la enmienda número 132 propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista y del Popular que se va a incorporar.
- La enmienda número 33, coincidente con las enmiendas número 98 y 138 se incorpora dando nueva redacción al artículo 34 de la Proposición.
- La enmienda número 34 se incorpora al estar subsumida en la enmienda número 140 que proponen los Grupos Parlamentarios Socialista y Popular. La diputada Díez acepta esta incorporación que se llevara a cabo como nuevo apartado 3 del artículo 37.
- No se incorpora la enmienda número 35.
- La enmienda número 36 al artículo 38 se aprueba en sus términos.
- Respecto de la enmienda número 37, al artículo 42.2 coincidente con la enmienda número 102 de CiU, la Ponencia acuerda posponer una redacción transaccional basada en las mismas para trámites parlamentarios posteriores.
- La enmienda número 38, coincidente con la 103 de CiU, no se incorpora sin perjuicio de considerar esta materia en la Exposición de Motivos y respecto del artículo 36.
- En cuanto a la enmienda número 39, al artículo 49, junto con la enmienda número 40 de la misma diputada que pretende un párrafo nuevo en dicho artículo, la Ponencia considera que pueden ser objeto de enmienda transaccional en trámites parlamentarios posteriores.
- La enmienda número 41 al artículo 50 la Ponencia considera que está subsumida en la enmienda número 142 propuesta por el Grupo Socialista y el Popular como nuevo artículo 50 bis.
- No se incorpora la enmienda número 42.
- La enmienda número 43 se entiende subsumida por la enmienda número 147 propuesta por el Grupo Socialista y el Popular que se va a incorporar como apartado 4 nuevo al artículo 59.
- Respecto de la enmienda número 44 al artículo 63: la Ponencia estudia incorporar una enmienda transaccional en trámites parlamentarios posteriores.
- Las enmiendas número 45 y 46 que pretendían incorporar sendas disposiciones adicionales nuevas no se incorporan.
- No se incorpora la enmienda 47 al artículo 6.3.
Respecto de las enmiendas presentadas por ER-IU-ICV (Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds) números 48 a 66 la Ponencia acuerda lo siguiente:
- Las enmiendas números 48, 49, 50, 51, y 52 no se incorporan por las razones que se recogen en el encabezamiento de este Informe.
- La enmienda números 53 al artículo 2.2 a) ha quedado incorporada ya por la Ponencia junto con otras enmiendas coincidentes, según se ha indicado.
- La enmienda número 54 ha quedado subsumida por la transaccional incorporada al artículo 2. 2 e).
- No se incorpora la enmienda número 55.
- La enmienda número 56 al artículo 3.1 ha quedado subsumida por la enmienda número 125 que la Ponencia incorpora.
- Las enmiendas número 57 y 58 no se incorporan.
- La enmienda número 59 al artículo 8, se incorpora como disposición adicional nueva, sin perjuicio de estudiar la posibilidad, de plantear una enmienda transaccional en trámites parlamentarios posteriores.
- La enmienda número 60 al artículo 11, queda subsumida por las enmiendas números 129 y 130 propuestas por los grupos parlamentarios Socialista y Popular a dicho artículo que se incorporan.
- La enmienda número 61 al artículo 12, se aprueba en sus términos.
- Las enmiendas números 62, 63, 64, 65, y 66 no se incorporan.
Respecto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco números 67 a 77 la Ponencia acuerda lo siguiente:
- Las enmiendas números 67, 69, 70, 72, 73 y 77 no se incorporan por las razones indicadas en el encabezamiento.
- La enmienda número 68 de nuevo apartado 6 al artículo 4 queda subsumida por la enmienda número 126 que da nueva redacción a este nuevo apartado 6 de dicho artículo.
- La enmienda número 71 que pretende incluir un nuevo apartado c) en el apartado 2 del artículo 6 no se incorpora puesto que no resulta evidente el contenido de la pretensión recogida en dicha enmienda por las razones indicadas en el encabezamiento de este Informe.
- La enmienda número 74 que pretende incorporar un nuevo apartado 4 nuevo en el artículo 22, coincidente con la enmienda núm. 94 de CiU, se incorpora en sus términos lo que supone añadir un nuevo apartado 4 al artículo 22.
- La enmienda número 75 está subsumida en la enmienda número 142 propuesta por el Grupo Socialista y el Popular como nuevo artículo 50 bis.
- La enmienda número 76 que pretendía incorporar una nueva disposición adicional sobre actualización de las indemnizaciones y compensaciones, coincidente parcialmente con la enmienda número 92 de CiU, no se incorpora por la Ponencia sin perjuicio de estudiar su contenido en trámites parlamentarios posteriores, con redacción transaccional.
Respecto de las enmiendas presentadas por el diputado don Carlos Salvador Armendáriz de Grupo Parlamentario Mixto UPN números 78 a 84 la Ponencia acuerda lo siguiente:
- La enmienda número 78 no se incorpora.
- Las restantes enmiendas se entienden incorporadas al haber sido subsumidas por enmiendas propuestas por los Grupos Parlamentarios Socialista y Popular: 79 y 80 subsumidas por la 118; 81 por la 119; 82 subsumida por la 120; 83 subsumida por la 121; y 84 subsumida por la 142.
Respecto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) números 85 a 116 la Ponencia acuerda lo siguiente:
- La enmienda número 85 es retirada por el grupo proponente.
- Las enmiendas números 86, 88, 91, 93, 94, 95, 97, 101, 103, 105, 107, 109, 110, 111, 112, 115 y 116 no se incorporan.
- La enmienda número 87 al artículo 3.1 se incorpora con la redacción operada por la enmienda 125 de los Grupos Parlamentarios Socialista y Popular a este efecto.
- La enmienda número 89 al artículo 8 se incorporará en espíritu puesto que la Ponencia pondera la conveniencia de elaborar como enmienda transaccional en trámites parlamentarios posteriores una nueva disposición adicional relativa a que "lo establecido en la presente Ley se entenderá sin perjuicio de las competencias autonómicas".
- La enmienda número 90 al artículo 9 apartado 1 se entiende subsumida en la enmienda número 128 al mismo precepto, propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista y el Popular.
- La enmienda número 92 al artículo 20 apartado 4 no se incorpora sin perjuicio de que la Ponencia estudiará presentar una formula transaccional basada en esta enmienda y la 76 del Grupo Parlamentario Vasco para trámites parlamentarios posteriores.
- La enmienda número 96 al artículo 31. 4 se aprueba en coincidencia con la enmienda 137 que también se incorpora.
- Las enmiendas números 98, 99 y 100 se entienden parcialmente subsumidas en las enmiendas números 138, 140 y 141 propuestas por el Grupo Parlamentario Socialista y el Popular.
- La enmienda número 102 de supresión del apartado 2 del artículo 42 no se incorpora en la Ponencia sin perjuicio de estudiar una posible transaccional basada en la misma y en la 37 de la Diputada Rosa María Díez González.
- La enmienda número 104 queda subsumida en las enmienda número 142 del Grupo Parlamentario Socialista y Popular.
- La enmienda número 106 al artículo 59.1 no se incorpora por el momento sin perjuicio de su posterior consideración en trámites parlamentarios posteriores.
- La enmienda número 108 al artículo 61 apartados 1 y 2 será objeto de consideración como enmienda transaccional que recoja el espíritu de la enmienda en trámites parlamentarios posteriores.
- La enmienda número 113 de CiU de modificación de la disposición adicional cuarta se entiende subsumida en la enmienda número 138 que da nueva redacción al artículo 34.
- La enmienda número 114 de CiU se incorpora en sus términos como nueva disposición adicional.
Respecto de las enmiendas presentadas por el diputado por el Grupo Parlamentario Socialista y Popular 117 a 151 la Ponencia acuerda lo siguiente:
- La enmienda número 117 es objeto de una transacción para incorporar en el punto I párrafo IV de la Exposición de Motivos tras Ertzaintza "Mossos d'Esquadra".
- En la enmienda 121 se sustituye la palabra "victimarios" por "terroristas"
- La enmienda número 150 se retira al considerar la Ponencia que la modificación que contempla la enmienda número 149 del artículo 32.1.a) de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo reguladora del derecho de asociación no constituye, a tenor de la disposición final primera 1) de la citada Ley Orgánica, materia con rango de Ley Orgánica.
- Se incorporan en la Ponencia todas las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Popular desde la 117 -con redacción transaccional-, a la 151 excepción hecha de la citada enmienda 150.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2011.-Manuel de la Rocha Rubí, José María Benegas Haddad, Antonio Hernando Vera, Alfonso Alonso Aranegui, Arturo García-Tizón López, M.ª Mercè Pigem i Palmés, Emilio Olabarría Muñoz, Joan Tardà i Coma y Rosa María Díez González, Diputados.
El valor de la memoria como la garantía última de que la sociedad española y sus instituciones representa
tivas no van a olvidar nunca a los que perdieron la vida, sufrieron heridas físicas o psicológicas o vieron sacrificada su libertad como consecuencia del fanatismo terrorista. El Estado salvaguarda así el recuerdo de las víctimas del terrorismo con especial atención a su significado político, que se concreta en la defensa de todo aquello que el terrorismo pretende eliminar para imponer su proyecto totalitario y excluyente. La significación política de las víctimas exige su reconocimiento social y constituye una herramienta esencial para la deslegitimación ética, social y política del terrorismo. El recuerdo es así un acto de justicia y a la vez un instrumento civilizador, de educación en valores y de erradicación definitiva, a través de su deslegitimación social, del uso de la violencia para imponer ideas políticas.
Esta ley asume igualmente una idea relativamente novedosa, que impregna todo su articulado y es que las víctimas del terrorismo son, en efecto, víctimas de violaciones de derechos humanos. Esta tesis refuerza sin duda el estatus normativo de la víctima, vinculando sus
derechos a los valores constitucionales y universales de las sociedades abiertas y democráticas y señalando correlativamente obligaciones jurídicas vinculantes para el Estado que aseguran la adecuada compensación de quienes han sufrido el terrorismo.
Este esfuerzo y compromiso colectivo, plasmado en la presente ley, se concreta en el reconocimiento y en el apoyo integral a las víctimas del terrorismo que supone asimismo un aumento, también cualitativo, de las ayudas, prestaciones y honores al los que tienen derecho aquéllas.
Esta ley integral articulada bajo el principio de constituir un cuerpo legal unitario regula de manera unificada las prestaciones y ayudas económicas directas y todas aquellas que permitan que la incorporación a la vida familiar, social o laboral se realice en las mejores y óptimas condiciones posibles. Sin perjuicio de que, en determinados aspectos y una vez formulado el reconocimiento de los derechos, deba acudir para su adecuada ejecución a su complementación en otros instrumentos normativos y especialmente en aquellos supuestos en que es necesario contar con las diferentes Administraciones Públicas que ejercen competencias sobre materias específicas fallecieron y a sus familiares, a quienes sufrieron en su integridad como las de sanidad, vivienda o empleo.
La dignidad de la sociedad se mide también por la dignidad con la que ampara y protege a quienes han sido víctimas de las acciones del terrorismo. Por ello constituye un eje fundamental de la ley la defensa de la dignidad y el respeto a la memoria de quienes física o sicológica los daños directos y a sus familias.
El Título Segundo incorpora las medidas que, por su carácter general e inmediato, han de ponerse en práctica ante la situación de atentado terrorista. Parte de la necesaria colaboración y cooperación de todas las Administraciones Públicas de manera que los medios de que todas y cada de ellas disponen, se pongan al servicio de las víctimas y las personas afectadas de manera que reciban y dispongan de atención personalizada para poder hacer efectivos sus derechos.
En primer lugar se ha procedido a unificar en esta ley las prestaciones que hasta el momento actual venían reguladas de manera diferenciada en las leyes anteriores a la vez que se ha incrementado su importe. Se mantiene el principio de asunción por parte del Estado del abono de las indemnizaciones fijadas en sentencia firme en concepto de responsabilidad civil señalando una cuantía específica para los supuestos de fallecimiento, gran invalidez, invalidez en su diferentes grados y lesiones no invalidantes de manera que todas las víctimas tengan garantizado un mismo trato indemnizatorio, evitando con ello posibles diferencias de trato económico ante situaciones iguales. Todo ello sin perjuicio de que las víctimas conservan el ejercicio de acciones civiles para poder reclamar a los responsables de los delitos las diferencias que se puedan derivar en el supuesto de que las indemnizaciones fijadas pudieran ser superiores a las asumidas por el Estado.
En segundo lugar se ha regulado expresamente el sistema indemnizatorio para los supuestos de ayudas excepcionales por daños sufridos en el extranjero. Regulación que estaba pendiente de desarrollo y que había constituido una de las demandas de las diferentes Asociaciones de víctimas. Para configurar estas ayudas excepcionales y en atención a su naturaleza se han tenido en cuenta los criterios generales que son de aplicación en otros ámbitos de la actividad indemnizatoria de la Administración. Así se ha fijado la cuantía del cincuenta por ciento para quienes tengan su residencia habitual en el país en que se produzcan los daños; un cuarenta por ciento para quienes no teniendo la residencia habitual en el país dispongan de algún tipo de aseguramiento y un treinta por ciento para quienes no dispongan de ningún tipo de aseguramiento.
En el Título Cuarto se configura ya de manera integral todo el conjunto de medidas que bajo la denominación de " régimen de protección social" tienen como finalidad atender las necesidades de todo tipo que a lo largo de la vida se generan para quienes se han visto afectados por la acción terrorista.
El Capítulo séptimo de este Título cuarto es reflejo de la importancia que la defensa y protección de la dignidad de las personas víctimas de terrorismo tiene para la sociedad en su conjunto. La protección de su intimidad, la declaración de ilicitud de aquella publicidad que
pretenda dar o de un trato despectivo o vejatorio a las víctimas o familiares, la necesidad de que por parte de los medios de comunicación se evite todo uso desproporcionado o inadecuado de las imágenes personales de las mismas y la realización por parte de las Administraciones Públicas de campañas y actividades de formación y sensibilización de los profesionales de la información darán como resultado que la dignidad de las víctimas sea respetada en todo momento.
El Título Quinto está destinado en su totalidad a proteger a las víctimas y a sus familias en el ámbito procesal. Junto con las ayudas para una asistencia jurídica especializada, se consagra el denominado principio de mínima lesividad en el desarrollo del proceso penal de manera que no se vean obligadas a mantener contacto directo visual con los imputados o acusado y que eviten las manifestaciones, signos o declaraciones que puedan denigrarlas u ofenderlas.
En cumplimiento de esos principios y de configurar un marco legislativo que de respuesta a la necesidad de protección integral para las víctimas de terrorismo no solo se han establecido previsiones hacia el futuro. Por ello la Ley en su disposición primera aborda la aplicación retroactiva para quienes a lo largo del tiempo hubieran podido recibir indemnizaciones o compensaciones económicas inferiores a las contempladas en el Anexo 1 de la norma.
c) Resarcir a las víctimas, mediante las indemnizaciones y ayudas previstas en la ley, de los daños personales y materiales sufridos con consecuencia de la acción terrorista
1. La presente ley será de aplicación, a quienes sufran la acción terrorista, definida ésta como la llevada a cabo por personas integradas en organizaciones o
grupos criminales que tengan por finalidad o por objeto subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública.
Artículo 4. Titulares de los derechos y prestaciones
5. En el supuesto de fallecimiento, serán considerados como víctimas del terrorismo, exclusivamente a efectos honoríficos, de respeto, dignidad y defensa pública de estos valores, el cónyuge del fallecido o persona ligada con él por análoga relación de efectividad, los padres y los hijos, abuelos y hermanos. Todo ello sin perjuicio de los derechos, prestaciones, indemnizaciones y demás ayudas que les otorga la presente ley.
1. El régimen de las ayudas, prestaciones e indemnizaciones aplicará cuando los hechos se cometan en territorio español o bajo jurisdicción española.
1. Las Administraciones Públicas competentes establecerán, de forma coordinada, en sus respectivos ámbitos y competencias, los mecanismos de información que permitan conocer los procedimientos para obtener las ayudas, indemnizaciones y prestaciones que corresponda.
La Administración General del Estado, en los términos que reglamentariamente se establezcan, asumirá los gastos de traslado, sepelio e inhumación y/o incineración ión de las personas que resulten fallecidas como consecuencia de un atentado terrorista.
1. Las personas comprendidas en el artículo 4, apartado primero, tendrán los derechos y las prestaciones establecidas en esta ley por los daños personales que les hayan causado las acciones terroristas Si como consecuencia de la actividad delictiva la víctima hubiese fallecido, los titulares serán las personas que se indican en el artículo 4 apartado segundo de la ley.
Sección 1.ª Daños personales.
2. Los titulares de este derecho, de conformidad con el artículo 4 apartado segundo serán, por orden de preferencia, las siguientes personas:
Las victimas del terrorismo que como consecuencia del delito sufran daños personales tendrán derecho a las indemnizaciones fijadas en las tablas I, II y III del anexo de la ley para los distintos grados de incapacidad, lesiones no invalidantes y secuestro.
- Fallecimiento. 500.000 euros.
- Gran invalidez 750.000 euros.
- Incapacidad permanente absoluta 300.000 euros.
- Incapacidad permanente total 200.000 euros.
- Incapacidad permanente parcial 125.000 euros.
- Lesiones no invalidantes 100.000 euros.
Si el español tiene su residencia habitual en el país en que se produzca la acción terrorista percibirá el 50% de las cantidades fijadas en la Tabla 1 el Anexo.
Si el español no tuviera su residencia habitual en el país en que se produzca la acción terrorista percibirá el 40% de las cantidades fijadas en la tabla 1 del Anexo siempre que disponga de algún tipo de aseguramiento y el 30% de dichas cantidades si no dispone de ningún tipo de aseguramiento.
4. (Nuevo) El reconocimiento de esta ayuda no producirá efectos en otras legislaciones específicas.
Artículo 23. Alcance de la indemnización por- daños materiales.
1. Los daños materiales causados como consecuencia o con ocasión de los delitos de los delitos de terrorismo a quienes no fueren responsables de los mismos, serán resarcibles por la Administración General del Estado en los términos previstos en el presente artículo y los artículos siguientes.
1. En las viviendas habituales de las personas físicas serán indemnizables los daños sufridos en la estructura, instalaciones y mobiliario que resulte necesario reponer para que recuperen las acondiciones anteriores de habitabilidad, excluyendo los elementos suntuarios. En las viviendas que no tengan el carácter de residencia habitual, el resarcimiento comprenderá el cincuenta por ciento de los daños, con el límite por vivienda que se determine reglamentariamente.
1. En el caso de establecimientos mercantiles o industriales, el resarcimiento comprenderá el valor de las reparaciones necesarias para poner nuevamente en funcionamiento dichos establecimientos, incluyendo el mobiliario y equipo siniestrado, con el límite de indemnización por que se fije reglamentariamente.
Las solicitudes de los interesados deben cursarse en el plazo máximo de un año desde que se produjeron los daños. A efectos de plazos, se computa el daño corporal a fecha de alta o consolidación de secuelas, conforme acredite el Sistema Nacional de Salud. En los supuestos en que, como consecuencia directa de las lesiones, se produjese el fallecimiento, se abrirá un nuevo plazo de igual duración para solicitar el resarcimiento o, en su caso, la diferencia que procediese entre la cuantía satisfecha por tales lesiones y la que correspondiera por fallecimiento. De igual modo se procederá cuando, como consecuencia directa de las lesiones, se produjese una
situación de mayor gravedad a la que corresponda una cantidad superior.
4. El Sistema Nacional de Salud deberá prever en el régimen específico al que se refieren los apartados anteriores la prestación de atención psicológica, psicopedagógica y, en su caso, psiquiátrica a las personas comprendidas en el artículo 4, en sus apartados 1 y 2, sin que de ello se derive automáticamente derecho
alguno en el ámbito de la reparación o de la compensación económica.
1. Las personas a las que se refiere el artículo 4, en sus apartado 1, que tuviesen la condición de funcionarios públicos tendrán derecho a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo y a la movilidad geográfica de centro de trabajo, en los términos que se determinen en su legislación específica.
Ayudas extraordinarias a las víctimas del terrorismo. Artículo 36. Ayudas extraordinarias a las victimas del terrorismo
Artículo 36. Ayudas extraordinarias a las victimas del terrorismo.
Artículo 38. Exención de tasas académicas
Las Administraciones Públicas competentes y, en su caso, las autoridades educativas adoptarán, en los distintos niveles educativos, las medidas necesarias para asegurar la exención de todo tipo de tasas académicas en los centros oficiales de estudios a las víctimas de actos terroristas definidas en el artículo cuatro, apartado 1, de la presente Ley, así como a los hijos de aquellos que han sufrido daños físicos y/o psíquicos a consecuencia de la actividad terrorista.
Derechos específicos de los extranjeros victimas del terrorismo
1. En las actuaciones y procedimientos relacionados con el terrorismo, se protegerá la intimidad de las víctimas; en especial sus datos personales, los de sus descendientes y los de cualquier otra persona que esté bajo su guarda o custodia.
1. Las víctimas del terrorismo a que se refiere el artículo 4, en sus apartados 1 y 2 que acrediten insuficiencia de recursos para litigar, en los términos establecidos en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, tienen derecho a la representación y defensa gratuitas por Abogado y Procurador en todos los procesos y procedimientos administrativos que tengan causa directa o indirecta en la situación que provoca la citada condición. En estos supuestos, una misma dirección letrada asumirá la defensa de la víctima.
2. En todo caso, se garantizará la jurídica gratuita de forma inmediata a todas las víctimas del terrorismo que lo soliciten, sin perjuicio de que si no se les reconoce con posterioridad el citado derecho, deberán abonar al Abogado y al Procurador, en su caso, los honorarios devengados por su intervención.
Artículo 54. Reconocimiento de la condición de victima del terrorismo en la actividad honorífica del Estado.
Artículo 55 bis (Nuevo). Centro Nacional para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo".
1. El Estado asume la defensa de la dignidad de las víctimas, estableciendo la prohibición de que en los lugares públicos existan monumentos, escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas o de exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del terrorismo, de los terroristas o de las organizaciones terroristas.
4 (Nuevo). Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas velarán por el cumplimiento de la obligación establecida en los párrafos anteriores por parte de las Corporaciones Locales, a los efectos de su reclamación de oficio ante los tribunales de justicia que sean competentes.
La Administración General del Estado podrá, en los términos y condiciones que se determinen en las nor
mas de desarrollo, conceder subvenciones a las asociaciones cuyo objeto sea la representación y defensa de los intereses de las víctimas del terrorismo. En el establecimiento de este régimen subvencional se priorizará aquellas asociaciones que cuenten con mayor número de víctimas a cuyo fin se establecerá un procedimiento para que, con el consentimiento de los interesados, esta condición pueda hacerse pública al órgano competente para conceder las subvenciones.
Fallecimiento.;250.000,00 ?
Gran Invalidez.;500.000,00 ?
Incapacidad Permanente Absoluta.;180.000,00 ?
Incapacidad Permanente Total.;100.000,00 ?
Incapacidad Permanente Parcial.; 75.000,00 ?
Incapacidad temporal;IPREM/día x 2, hasta el límite de 18 mensualidades.
Secuestro;IPREM/día x 3, hasta el límite de lo establecido en este anexo para la Incapacidad Permanente Parcial.
1. En el marco del Plan de Empleo del Reino de España, se incluirá un programa de acción específico para las personas previstas en el Artículo 4 apartado 1 de esta ley y que consten inscritas como demandantes de empleo.
Disposición adicional quinta (Nueva). Protocolos generales de actuación para situaciones derivadas de atentados terroristas.
Las Administraciones Públicas competentes establecerán protocolos generales de actuación para
situaciones derivadas de un atentado terrorista, con la finalidad de prever las acciones inmediatas a ejecutar y los servicios u organismos llamados a intervenir en estos casos.
La Administración General del Estado establecerá los criterios esenciales para la elaboración de los citados protocolos. En ambos casos la elaboración de dichos criterios y protocolos deberán estar en vigor antes de 1 año desde la publicación de esta ley.
2. Las necesidades presupuestarias ordinarias se consignarán en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado"
En lo no previsto en esta ley, será de aplicación la legislación sobre resarcimiento a las víctimas de delitos de terrorismo o bandas armadas, las disposiciones sobre subvenciones y ayudas públicas y en su caso la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común.