Source: https://supremo.vlex.es/vid/extranjeros-libertades-espana-429312530
Timestamp: 2019-08-23 04:44:47
Document Index: 123808143

Matched Legal Cases: ['artículo 11', 'artículo 23', 'artículo 132', 'artículo 57', 'artículo 26', 'artículo 23', 'artículo 2', 'artículo 13', 'artículo 58', 'artículo 1', 'artículo 58', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 71', 'artículo 71', 'artículo 64', 'artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 71', 'artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 88', 'artículo 11', 'artículo 40', 'artículo 128', 'artículo 40', 'artículo 27', 'artículo 40', 'artículo 20', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 80', 'artículo 241', 'artículo 241', 'artículo 53', 'artículo 241', 'artículo 258', 'artículo 60', 'artículo 106', 'artículo 88', 'artículo 128', 'artículo 106']

STS, 12 de Marzo de 2013 - Jurisprudencia - VLEX 429312530
Número de Recurso: 343/2011
EXTRANJEROS. DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA. Las federaciones y asociaciones que han interpuesto el presente recurso impugnan de modo directo diversos artículos del Real Decreto número 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras la reforma de ésta por la Ley Orgánica 2/2009. Las asociaciones recurrentes limitan su impugnación a aquellos supuestos "en los que un procedimiento administrativo se inicia en el extranjero pero se resolvería en territorio nacional por el órgano competente". Ellas mismas admiten que su reproche no se dirige frente al resto de procedimientos (por ejemplo, los incoados en virtud de las solicitudes de visados de tránsito) cuya resolución final corresponda a la propia misión diplomática u oficina consular. En concreto, enumeran como procedimientos en los que, a su juicio, no cabría asignar a las oficinas consulares o misiones diplomáticas la inadmisión a limine de las correlativas solicitudes los que conducen a la obtención de las siguientes autorizaciones: las de estancia por estudios, movilidad de alumnos, prácticas no laborales y servicios de voluntariado; las de residencia temporal no lucrativa; las de residencia temporal y trabajo por cuenta propia; y, en fin, las de residencia temporal con excepción de la autorización de trabajo cuando la persona extranjera no sea residente en España y siempre que la duración prevista de la actividad sea superior a 90 días. Se estima en parte el recurso contencioso-administrativo.
Sentencia citada en: 797 sentencias, un tema práctico
La Federación de Asociaciones Pro-Inmigrantes Andalucía Acoge, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y la Federación SOS Racismo interpusieron ante esta Sala, con fecha 30 de junio de 2011, el recurso contencioso- administrativo número 343/2011 contra el Real Decreto número 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
"Se deja sin efecto el señalamiento acordado en las presentes actuaciones para el día 5 de febrero del año en curso a fin de oír a las partes por diez días sobre la incidencia que en cuanto a la impugnación de los párrafos segundo y tercero del apartado séptimo del Reglamento aprobado por el Real Decreto 557/2011 pudieran tener, por un lado, la sentencia del Tribunal Constitucional 17/2013, de 31 de enero y, por otro, la aplicación del artículo 11 de la Directiva 2008/115/CE, de 16 de diciembre de 2008, del Parlamento Europeo y el Consejo , relativa a las normas y procedimientos en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular."
Las federaciones y asociaciones que han interpuesto el presente recurso impugnan de modo directo diversos artículos del Real Decreto número 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras la reforma de ésta por la Ley Orgánica 2/2009.
Dada la relevancia que tendrá para la decisión del litigio es oportuno subrayar desde un primer momento que la Disposición final tercera ("adaptación reglamentaria") de la Ley Orgánica 2/2009 , que modifica la Ley Orgánica 4/2000, habilita al Gobierno para "dictar cuantas disposiciones de aplicación y desarrollo sean necesarias". El Reglamento aprobado por el Real Decreto 557/2011 se ampara precisamente en dicha habilitación.
Segundo.- La impugnación se dirige, en primer lugar, contra los párrafos segundo y tercero del apartado séptimo del artículo 23 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 557/2011 .
En el caso de los extranjeros previamente expulsados que hayan contravenido la prohibición de entrada en España, dicho plazo de cinco años "no empezará a contar hasta que haya transcurrido el periodo de prohibición de entrada reiniciado". Y
En el caso de los extranjeros que pretendan entrar ilegalmente en España, el plazo de dos años "no empezará a contar hasta que haya transcurrido el periodo de prohibición de entrada determinado en la resolución de devolución".
A juicio de los recurrentes, la "devolución" de los extranjeros tiene un carácter sancionador, difiere de la "expulsión" y, dado que la Ley Orgánica 4/2000 no regula el comienzo del plazo de prescripción de aquélla, deberían aplicarse las normas subsidiarias de la Ley 30/1992 sobre la prescripción de las sanciones. En concreto, las entidades actoras propugnan que se aplique el artículo 132.3 de la Ley 30/1992 , de modo que el plazo de prescripción de la "sanción" de devolución comience a correr desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución que ordena "devolver" al extranjero, lo que convertiría en ilegal una disposición reglamentaria que se aparta de la Ley 30/1992.
Aunque el término "devolución" pudiera suscitar algún equívoco en relación con su opuesto (existe un principio de "no devolución" de los extranjeros al que aluden el artículo 57 de la misma Ley 4/2000 , las normas internacionales y nacionales sobre protección humanitaria y la Directiva 2008/115/CE, de 16 de diciembre de 2008, del Parlamento Europeo y el Consejo, relativa a las normas y procedimientos en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular) es el que usan los dos textos normativos y el que emplearemos en la sentencia. En cuanto figura jurídica con contornos propios difiere tanto de la expulsión de los extranjeros como del rechazo o denegación de entrada en nuestro país ( artículo 26 de la Ley 4/2000 ). Y se enmarca en el más amplio concepto de "retorno" de los extranjeros en situación irregular que emplea la citada Directiva 2008/115/CE.
Cuando se ordena la "devolución" del extranjero que fue expulsado y ha vuelto a nuestro país contraviniendo la prohibición, para él vigente, de entrar en España, dicha "devolución" no es sino un acto de ejecución material de aquella prohibición y carece de sustantividad sancionadora autónoma. Así lo ha declarado esta Sala en sentencias -cierto que relativas a versiones precedentes de la Ley de Extranjería- como la de 14 noviembre de 2001 (recurso de casación 7924/1997) en la que afirmamos lo que sigue:
Las órdenes de devolución contra los extranjeros "que pretendan entrar ilegalmente en el país" se aproximan más, sin embargo, a las medidas administrativas de rechazo o denegación de entrada que adoptan -pueden adoptar- los funcionarios encargados del control en los puestos fronterizos. El artículo 23.2 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 557/2011 considera incluidos entre los extranjeros sujetos a devolución por este título a los "[...] que sean interceptados en la frontera o en sus inmediaciones", sin mayores precisiones geográficas o temporales (no siendo esta previsión reglamentaria objeto del presente recurso).
De hecho, la asimilación de ambas figuras subyace también en el artículo 2 de la Directiva 2008/115/CE , a tenor del cual se permite a los Estados miembros no aplicarla "a los nacionales de terceros países a los que se deniegue la entrada con arreglo al artículo 13 del Código de fronteras Schengen, o que sean detenidos o interceptados por las autoridades competentes con ocasión del cruce irregular de las fronteras exteriores terrestres, marítimas o aéreas de un Estado miembro".
Por lo demás, y finalmente, el carácter no sancionador de las órdenes de devolución, en sí mismas consideradas, ha sido expresamente reconocido en la reciente sentencia del Tribunal Constitucional número 17/2013, de 31 de enero , al pronunciarse sobre el recurso de inconstitucionalidad número 1024-2004, interpuesto por el Letrado del Parlamento Vasco contra diversos preceptos de la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000. Las entidades recurrentes, aun no compartiendo esta parte del pronunciamiento, reconocen que con ello queda "definitivamente zanjada la cuestión" (escrito de 21 de febrero de 2013).
Dado que, a juicio del Tribunal Constitucional, "la medida de prohibición de entrada que lleva aparejada toda devolución carece, en su condición de sanción, de la apertura y tramitación de un procedimiento contradictorio con las garantías que, conforme a nuestra doctrina, han de reconocerse en toda actividad sancionadora de la Administración", la conclusión del razonamiento es que procede declarar inconstitucional y nulo el inciso "asimismo, toda devolución acordada en aplicación del párrafo b) del mismo apartado de este artículo llevará consigo la prohibición de entrada en territorio español por un plazo máximo de tres años" del artículo 58.6 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, en la redacción dada al mismo por el artículo 1.31 de la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre . El inciso anulado figura actualmente con el mismo tenor en el apartado séptimo (no ya sexto) del artículo 58 de la Ley Orgánica 4/2000 tras la reforma operada por la Ley Orgánica 2/2009.
El Abogado del Estado, en su escrito de 22 de febrero de 2013, sostiene que "en nada afecta al recurso en los extremos del RD que han sido recurridos. En el caso que se entendiera que sí afecta, debería procederse al planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia, por cuanto la STC vulnera flagrantemente el artículo 11 de la Directiva".
Las entidades recurrentes, por el contrario, consideran que, reconocido el carácter sancionador de la prohibición de entrada por el Tribunal Constitucional, "[...] se refuerza la tesis de nuestro recurso, en el sentido de que de, si bien la devolución no es una sanción, al haberse declarado la inconstitucionalidad del inciso [...] es manifiestamente ilegal pues establece el día a quo a partir del cual comienza el inicio del cómputo de la devolución, una vez haya transcurrido una prohibición de entrada que el propio Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional".
La Directiva 2008/115/CE ha sido, además, interpretada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en términos que refuerzan de modo considerable el deber de los Estados de proceder cuanto antes a asegurar la eficacia de los procedimientos de retorno de los extranjeros en situación irregular, eficacia que implica para los Estados miembros "la obligación de llevar a cabo la expulsión, tomando todas las medidas necesarias" ( sentencias de 28 de abril de 2011, asunto C-61/11 PPU ; de 6 de diciembre de 2011, asunto C-329/11 y de 6 de diciembre de 2012, asunto C-430/11 ). Jurisprudencia del Tribunal de Justicia que, por lo demás, posiblemente obligará a modular la interpretación hasta ahora efectuada, y la aplicación de las normas legales que permiten en ciertos supuestos "elegir" entre la expulsión y la multa de los extranjeros en situación irregular.
Si no estimamos necesario plantear al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la cuestión prejudicial que nos sugiere el Abogado del Estado no es por dudar de la obligada aplicación del régimen comunitario al régimen de retorno de los extranjeros en situación irregular. En reiterados pronunciamientos hemos mantenido la primacía del Derecho de la Unión, que el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha recordado recientemente al responder en su sentencia de 26 de febrero de 2013 (asunto C-399/11 , Melloni) a una cuestión prejudicial suscitada por el Tribunal Constitucional español. Consideramos, sin embargo, que la Directiva 2008/115/CE no se opone de modo necesario a que la decisión correspondiente -esto es, la decisión de retorno acompañada de la (en ocasiones preceptiva) prohibición de entrada- se adopte una vez tramitado un determinado tipo de procedimiento administrativo que, sin mengua de su eficacia, respete las garantías a las que se refiere el Tribunal Constitucional en la sentencia 17/2013 . De hecho, el apartado 2 del artículo 11 de la Directiva 2008/115/CE exige que la duración de la prohibición (en principio no mayor de cinco años) se determine "con la debida consideración de todas las circunstancias". No se nos ocultan, en todo caso, las obvias dificultades de cohonestar la eficacia de la devolución inmediata con la incoación y tramitación de un procedimiento sancionador.
Noveno.- Los recurrentes censuran, del artículo 71 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 557/2011 , dos previsiones específicas contenidas en su apartado segundo. El referido artículo 71 trata de la renovación de las autorizaciones de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena, una vez que hayan expirado; y su apartado segundo regula los supuestos y condiciones en que, expirada una de aquellas autorizaciones, puede ser objeto de renovación, bien porque se acredite la continuidad en la relación laboral, bien porque se disfrute de una prestación contributiva por desempleo o una prestación asistencial, bien porque concurran determinadas circunstancias excepcionales (entre otras, ser víctima de "violencia de género").
Disponga de un nuevo contrato que reúna los requisitos establecidos en el artículo 64 y con inicio de vigencia condicionado a la concesión de la renovación.
Que en el momento de solicitud de la renovación tiene un contrato de trabajo en vigor."
A juicio de los recurrentes el Reglamento impone requisitos (en concreto, el "requisito de cotización") que excederían de los contemplados en el artículo 38.6.a) de la Ley 4/2000 , sin que este último precepto legal contenga en su actual redacción, a diferencia de lo que sucedía con las precedentes, ninguna remisión a las normas reglamentarias de desarrollo.
El artículo 38 resulta susceptible de desarrollo en cualquiera de sus apartados aunque alguno de ellos no contenga una remisión específica al Reglamento, en contra de lo que sostienen las entidades actoras. Basta a estos efectos la cobertura general que ofrece la Disposición final tercera de la Ley Orgánica 2009, a la que ya nos hemos remitido. Premisa a partir de la cual puede afirmarse que ninguno de los dos preceptos reglamentarios singularmente impugnados en este epígrafe vulnera, al desarrollarlo, el artículo 38.6, letra a), de la Ley 4/2000 .
De los dos supuestos previstos en la letra a) del artículo 38.6 de la Ley Orgánica 4/2000 , el primero (la persistencia o renovación en la misma relación laboral) no es objeto del presente litigio. El Reglamento lo desarrolla en la letra a) del apartado segundo del artículo 71, letra que no es impugnada. El recurso se dirige, por el contrario, tan sólo contra las previsiones reglamentarias que se refieren a la existencia de un "nuevo contrato" en el momento de expiración de la primitiva autorización, esto es, a las hipótesis en que no se haya producido la continuidad del mismo contrato de trabajo.
Posiblemente el Reglamento no hubiera contravenido el artículo 38.6.a) de la Ley si hubiera limitado la renovación de las autorizaciones ya extinguidas a aquellos casos en que la relación laboral no había sufrido interrupción alguna durante el período de vigencia de aquéllas. Pero, quizás por consideraciones ligadas a la inestabilidad laboral en tiempos de crisis (a la que aluden los recurrentes), ha optado por "suavizar" la exigencia de continuidad en términos que, cuando menos, mantengan una cierta coherencia con el designio legislativo. A estos efectos los preceptos reglamentarios ahora impugnados exigen seis meses de trabajo por año (primera hipótesis) o tres meses por año (segunda hipótesis) respectivamente cuando, no dándose aquella continuidad laboral, sin embargo o bien exista un nuevo contrato (en la primera hipótesis) o bien el cese de la anterior relación laboral se hubiera debido a causas ajenas a la voluntad del trabajador (en la segunda hipótesis). Ni una ni otra exigencia contravienen, pues, el artículo 38.6 de la Ley 4/2000 ; antes al contrario, son más favorables para sus destinatarios que un desarrollo puramente literal de aquél.
Décimo.- El tercero de los preceptos reglamentarios impugnados es el inciso "los plazos para la interposición de los recursos que procedan serán computados a partir de la fecha de notificación al empleador o empresario", que contiene el artículo 88.5, párrafo 4°, del Reglamento aprobado por el Real Decreto 557/2011 .
Como fundamento de la impugnación aducían las entidades recurrentes en su demanda el artículo 11.3 de la Directiva 2009/150/CE , relativa a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países para fines de empleo altamente cualificado. En el escrito de conclusiones, sin embargo, se limitan a invocar las disposiciones generales de la Ley 30/1992 sobre la noción de interesado y su derecho a recurrir desde que le sea notificado el acto administrativo que le afecte. Prescindiremos, pues, de contrastar el precepto impugnado con aquella Directiva cuyo contenido, por lo demás, tiene un alcance muy limitado desde el punto de vista subjetivo.
A juicio de las entidades recurrentes esta previsión infringe el principio de reserva de ley en cuanto se opone a lo dispuesto en el artículo 40.1 de la Ley 30/19992 ("la comparecencia de los ciudadanos ante las oficinas públicas sólo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango de ley"). Sostienen que las únicas previsiones de la Ley Orgánica 4/2000 en que se podría amparar "la posibilidad de la Administración de exigir la comparecencia personal de los solicitantes para efectuar la entrevista" son las consignadas en la Disposición Adicional tercera de aquella Ley Orgánica, limitadas a "los casos de presentación personal de las solicitudes relativas a las autorizaciones de residencia y de trabajo, [...] y cuando el sujeto legitimado se encuentre en territorio extranjero para la presentación de solicitudes de visado". Y citan en su apoyo la doctrina contenida en el fundamento jurídico tercero de la sentencia de esta Sala de 18 de marzo de 2003 , recaída en relación con el Reglamento de ejecución de la Ley de Extranjería aprobado por el Real Decreto 864/2001.
Llevan razón los recurrentes también en este punto si partimos de la base de que el "requerimiento" al que se refiere el apartado 4 del artículo 128 del Reglamento no es una mera "invitación" sino una exigencia de comparecer impuesta a los solicitantes de autorización de residencia por circunstancias excepcionales. Y no es que dicha exigencia pudiera carecer en sí misma de razonabilidad, habida cuenta de que las circunstancias singulares que concurren en aquellos expedientes, sino que debe ser el Legislador y no el titular de la potestad reglamentaria quien resuelva cuándo es razonable y cuándo no imponer a los administrados la carga de comparecer en las dependencias públicas (en este caso, a los efectos de mantener una entrevista), siempre bajo el principio general que inspira el ya citado artículo 40.1 de la Ley 30/1992 .
La referencia que se hace en la demanda a la Disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 4/2000 (según su redacción vigente a la hora de aprobar el reglamento de desarrollo) es acertada y de ella se deduce la misma consecuencia. Si el legislador en materia de extranjería ha definido por sí mismo mediante aquella disposición adicional (y el artículo 27.3 de la misma ley , relativo a los visados) cuáles son los supuestos específicos en que se impone la "exigencia de comparecencia personal", con ello excluye simultáneamente la posibilidad de que el Reglamento de desarrollo autorice a la Administración a exigir en otros procedimientos las comparecencias personales de los solicitantes.
Puesta en conexión esta premisa con la regla general del artículo 40.1 de la Ley 30/1992 , que no es sino expresión de una reserva de ley, y según ya avanzamos en nuestra sentencia de 20 de marzo de 2003 , queda desautorizada la concreta disposición reglamentaria objeto de esta parte del recurso. El Abogado del Estado trata de desvirtuar la aplicación de aquella regla a los procedimientos administrativos en materia de extranjería apelando a la Disposición adicional decimonovena de la Ley 30/1992 . Pero es la propia Ley Orgánica 4/2000 la que en su artículo 20.2 dispone que los procedimientos administrativos que se establezcan en materia de extranjería respetarán en todo caso las garantías previstas en la legislación general sobre procedimiento administrativo, especialmente en lo relativo a publicidad de las normas, contradicción, audiencia del interesado y motivación de las resoluciones, "salvo lo dispuesto en el artículo 27 de esta Ley ", esto es, salvo los procedimientos relativos a los visados.
Precisamente por esta salvedad y por la previsión expresa que contiene el referido artículo 27.4 de la Ley Orgánica 4/2000 , puede requerirse la comparecencia personal de los solicitantes de visado. Pero ello no se extiende al resto de los procedimientos administrativos regulados, y en concreto, al que debe tramitarse cuando se ha cursado una solicitud de autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales (arraigo, razones humanitarias, colaboración con autoridades, seguridad nacional o interés público) que no requieren visado.
En fin, no puede aceptarse la tesis del Abogado del Estado a cuyo entender la comparecencia personal sería una "prueba de interrogatorio" admisible al venir prevista expresamente en la Ley de Enjuiciamiento Civil y con carácter general en el artículo 80 de la Ley 30/1992 . Este último precepto, relativo a la instrucción de los procedimientos administrativos, debe ser puesto en sintonía con el resto de la propia Ley 30/1992 cuya regla general en la materia es, según ya hemos afirmado, que sólo en los supuestos en que una norma específica con rango de ley lo autorice pueda requerirse la comparecencia de los ciudadanos ante las oficinas públicas.
Duodécimo.- El quinto de los preceptos impugnados es un concreto inciso del apartado 2 del artículo 241 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 557/2011 .
Dicho artículo 241 contempla la existencia de diversos procedimientos administrativos "concurrentes" y, en concreto, su apartado segundo regula la conducta a seguir cuando, en el marco de un procedimiento en el que se haya solicitado la autorización de residencia por determinadas circunstancias excepcionales, se compruebe que consta contra el solicitante "una medida de expulsión no ejecutada" cuyo origen hubiera sido alguna de las infracciones previstas en las letras a ) y b) del artículo 53.1 de la Ley Orgánica 4/2000 .
Las circunstancias excepcionales a las que se refiere el precepto reglamentario son las consignadas en los artículos 31 bis ("mujeres extranjeras víctimas de violencia de genero"), 59 ("colaboración contra redes organizadas"), 59 bis ("víctimas de la trata de seres humanos") o 68.3 (arraigo demostrado) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero . Para estas hipótesis singulares el Reglamento dispone en su artículo 241.2 que la medida de expulsión no ejecutada "será revocada siempre que del análisis de la solicitud derive la procedencia de la concesión de la autorización de residencia por circunstancias excepcionales".
La pretensión de los recurrentes es que la misma previsión de revocar, excepcionalmente, la expulsión en los casos referidos se aplique tanto si la medida de expulsión no fue ejecutada (sólo a esta hipótesis se remite el Reglamento) como si lo fue. No impugnan, pues el Reglamento tanto por lo que dice, pues están de acuerdo en que se revoquen las órdenes de expulsión no ejecutadas, como por lo que omite. Y aducen en favor de su tesis el designio de protección de las víctimas que inspira los artículos 31 bis , 59 y 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000 , en su versión reformada de 2009 (por razones temporales no pueden alegar la versión de algunos de dichos preceptos que contiene la Ley Orgánica 10/2011, pero ello no altera significativamente el debate sobre este punto).
Decimotercero.- El sexto de los preceptos impugnados es un inciso del artículo 258.6 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 557/2011 .
De nuevo el recurso contra esta parte del Reglamento no defiende su anulación por lo que dice (pues, una vez más, los recurrentes están de acuerdo en que se comuniquen al juez las informaciones a las que se remite el precepto) sino porque, a su juicio, debería ser transmitida al órgano jurisdiccional "cualquier [otra] circunstancia que afecte al internado", conforme dispone el artículo 60.3 de la Ley Orgánica 4/2000 .
Decimocuarto.- En el séptimo y último de los epígrafes de su demanda las asociaciones recurrentes impugnan dos preceptos reglamentarios que tienen entre sí una indudable conexión. Se trata, por un lado, del apartado primero, párrafo segundo, de la Disposición adicional primera del Reglamento aprobado por el Real Decreto 557/2011 . Y, por otro, del inciso "o en su caso resolverá la inadmisión a trámite" que contiene el artículo 106.3, párrafo primero, del mismo Reglamento.
Consideran las entidades recurrentes que esta previsión "resulta contra legem , dado que la Disposición Adicional Cuarta , apartado 1, de la Ley de Extranjería (LO 4/2000) atribuye la competencia para inadmitir las solicitudes [...] a la Autoridad competente para resolver". A su juicio, en los supuestos específicos en que el propio Reglamento atribuye a las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno la competencia para resolver el fondo de determinados procedimientos (citan, en concreto, tres procedimientos de autorización de residencia temporal y otro más de estancia por estudios, movilidad de alumnos, prácticas no laborales y servicios de voluntariado), las misiones diplomáticas u oficinas consulares no pueden inadmitir a trámite las correspondientes solicitudes.
La norma legal supuestamente vulnerada (el apartado primero de la Disposición adicional cuarta , apartado 1, de la Ley 4/2000) ciertamente expone una serie detallada de motivos - ocho- de inadmisión a trámite de las solicitudes presentadas, cuyos reparos de inconstitucionalidad han sido rechazados en la sentencia constitucional 17/2013. Se trata de causas -de diversa naturaleza, formales o no- que justifican el rechazo a limine de las solicitudes "relativas a los procedimientos regulados en esta Ley ". Rechazo o inadmisión preliminar que, según la referida disposición adicional, corresponde a las mismas autoridades que serían "competentes para resolver" el fondo de aquellas solicitudes, si hubieran superado el obstáculo inicial.
Es cierto que la Ley 4/2000 no contiene propiamente una reserva competencial de carácter general a favor de unas autoridades (las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno, o cualquier otro órgano administrativo) frente a otras (las oficinas consulares o misiones diplomáticas) para resolver según qué procedimientos de extranjería, bien sea en fase liminar o en las ulteriores. Ahora bien, el criterio general que recoge la Disposición adicional cuarta es que, sea quien sea el órgano competente para resolver el fondo, lo es también para inadmitir a limine . Y salvo que este criterio esté exceptuado en algunos otros preceptos singulares de la Ley (como sucede, por ejemplo, en el caso de los visados) el Reglamento no puede establecer una ruptura generalizada entre los órganos que han de resolver y los que pueden, al margen de aquéllos, inadmitir. El motivo impugnatorio, pues, debe ser estimado.
El inciso "los plazos para la interposición de los recursos que procedan serán computados a partir de la fecha de notificación al empleador o empresario", que contiene el artículo 88.5, párrafo 4°, del Reglamento objeto de recurso.
El apartado 4 del artículo 128 del citado Reglamento, a tenor del cual en los procedimientos para obtener la autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales, sin necesidad de visado, el órgano competente "podrá requerir la comparecencia del solicitante y mantener con él una entrevista personal".
El apartado primero, párrafo segundo, de la Disposición adicional primera, así como el inciso "o en su caso resolverá la inadmisión a trámite" que contiene el artículo 106.3, párrafo primero del mismo Reglamento, en la medida en que atribuyen a las misiones diplomáticas u oficinas consulares españolas en el exterior la competencia "en materia de admisión a trámite de procedimientos iniciados en el extranjero" cuando no la tengan para resolver el fondo de los procedimientos para la obtención de las siguientes autorizaciones:
las de estancia por estudios, movilidad de alumnos, prácticas no laborales y servicios de voluntariado;
las de residencia temporal no lucrativa;
las de residencia temporal y trabajo por cuenta propia; y
las de residencia temporal con excepción de la autorización de trabajo cuando la persona extranjera no sea residente en España y siempre que la duración prevista de la actividad sea superior a 90 días.