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Timestamp: 2019-10-17 20:58:31
Document Index: 295056648

Matched Legal Cases: ['artículo 21', 'artículo 9', 'artículo 39', 'artículo 32', 'artículo 73', 'artículo 79']

LEY 1768 DE 23 DE OCTUBRE DE 2015
CONTENIDO:ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO QUE DEBERÁ SEGUIRSE PARA TRAMITAR Y DECIDIR LOS ASUNTOS DISCIPLINARIOS QUE CONOCE EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROFESIÓN DE ARQUITECTURA, CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA, ACTIVIDAD PROCESAL DISCIPLINARIA, PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO, INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA, UNIVERSIDAD, EDUCACIÓN SUPERIOR, INTERVINIENTES EN LA EDUCACIÓN, RÉGIMENES DE LA UNIVERSIDAD, MATRÍCULA UNIVERSITARIA
“Por la cual se establece el procedimiento disciplinario que deberá seguirse para tramitar y decidir los asuntos disciplinarios que conoce el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares”.
ART. 1º—Prevalencia de los principios rectores y aplicación residual normativa. En la interpretación y aplicación del régimen disciplinario establecido prevalecerán, en su orden, los principios rectores que determinan la Constitución Política y esta ley. Así mismo, en lo no previsto en esta ley se aplicará lo dispuesto en los códigos Disciplinario Único, de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, de Procedimiento Penal y en el Código General del Proceso.
ART. 2º—Principios. Las investigaciones disciplinarias del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y en esta ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción.
ART. 3º—Definición de falta disciplinaria. Se entiende como falta disciplinaria todo incumplimiento de los deberes o prohibiciones y cualquier violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades consagradas en el código de ética para el ejercicio de la arquitectura y sus profesiones auxiliares o en las normas que lo aclaren, complementen, modifiquen o deroguen.
ART. 4º—Formas de realización del hecho o conducta. Las faltas disciplinarias se realizarán por acción u omisión en el cumplimiento de los deberes o prohibiciones y cualquier violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades consagradas por el código de ética para el ejercicio de la arquitectura y sus profesiones auxiliares y demás que determine la ley.
ART. 5º—Elementos de la falta disciplinaria. La configuración de la falta disciplinaria deberá estar enmarcada dentro de los siguientes elementos o condiciones:
ART. 6º—Causales de exclusión de la responsabilidad disciplinaria. Está exento de responsabilidad disciplinaria quien realice la conducta:
ART. 7º—Clasificación de las faltas. Las faltas disciplinarias son:
ART. 8º—Sanciones aplicables. El Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares podrá sancionar a los profesionales responsables de la comisión de faltas disciplinarias, con:
ART. 9º—Escala de sanciones. Los profesionales de la arquitectura y de sus profesiones auxiliares, a quienes se les compruebe la violación de normas del Código de Ética para el ejercicio de la arquitectura y sus profesiones auxiliares, estarán sometidos a las siguientes sanciones por parte del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares:
ART. 10.—Criterios para determinar la gravedad o levedad de la falta disciplinaria. Se determinará si la falta es grave o leve de conformidad con los siguientes criterios:
ART. 11.—Faltas calificadas como gravísimas. Se consideran faltas gravísimas y se constituyen en causal de cancelación de la matrícula profesional de arquitectura y/o certificado de inscripción profesional las siguientes:
ART. 12.—Concurso de faltas disciplinarias. El profesional de la arquitectura o sus profesiones auxiliares, que con una o varias acciones u omisiones infrinja varias disposiciones del código de ética para el ejercicio de la arquitectura y sus profesiones auxiliares o varias veces la misma disposición, quedará sometido a la que establezca la sanción más grave o, en su defecto, a una de mayor entidad.
ART. 13.—La rehabilitación. Al profesional que se le cancele la matrícula profesional de arquitectura y/o certificado de inscripción profesional podrá ser rehabilitado luego de transcurridos seis (6) años desde la ejecutoria del acto administrativo que impone la sanción.
ART. 14.—Solicitud de la rehabilitación. Al profesional que se le cancele la matrícula profesional de arquitectura y/o el certificado de inscripción profesional podrá solicitar ante el consejo, la rehabilitación en los términos consagrados en esta ley.
ART. 15.—Procedimiento de la rehabilitación.
ART. 16.—Causales de extinción de la acción disciplinaria. Son causales de extinción de la acción disciplinaria las siguientes:
PAR.—Cuando quiera que la falta hubiere afectado únicamente el patrimonio económico de particulares, se podrá decretar la extinción de la acción disciplinaria, siempre y cuando el quejoso desista de la acción y manifieste que le ha sido íntegramente indemnizado el daño.
ART. 17.—Términos de prescripción. La acción disciplinaria prescribe en cinco años, contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último acto ejecutivo de la misma.
ART. 18.—Renuncia a la prescripción. El investigado podrá renunciar a la prescripción de la acción disciplinaria dentro del término de ejecutoria del auto que la decrete. En este caso la acción solo podrá proseguirse por un término máximo de dos (2) años contados a partir de la presentación personal de la solicitud, vencido el cual, sin que se hubiese proferido y ejecutoriado decisión definitiva, no procederá determinación distinta a la declaratoria de prescripción.
ART. 19.—Causales. Son causales de extinción de la sanción disciplinaria:
ART. 20.—Término de prescripción. La sanción disciplinaria prescribe en un término de cinco (5) años, contado a partir de la ejecutoria del fallo.
ART. 21.—Dirección de la función disciplinaria. Corresponde al Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, la dirección de la función disciplinaria. La primera instancia será de competencia de uno (1) de los cinco (5) miembros que conforman el consejo, quien proferirá fallo, previo el agotamiento de la etapa de investigación. La segunda instancia se adelantará por los tres (3) miembros del consejo que sigan en turno y distintos del miembro que falló en primera instancia.
PAR.—Para lograr el cabal desarrollo e impulso de la función disciplinaria, el consejo podrá apoyarse en la oficina jurídica de la entidad o quien haga sus veces.
ART. 22.—Reparto. A efectos de integrar la primera y segunda instancia de que trata el artículo 21 de esta ley, se procederá por reparto en forma rotativa y sucesiva teniendo en cuenta el orden establecido por el artículo 9º de la Ley 435 de 1998.
ART. 23.—Iniciación del proceso disciplinario. El proceso disciplinario de que trata el presente título se iniciará de oficio, por informe o queja interpuesta por cualquier persona natural o jurídica, la cual deberá dirigirse ante el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.
ART. 24.—Sujetos procesales en la actuación disciplinaria. Podrán intervenir en la actuación disciplinaria, como sujetos procesales, el investigado y su defensor.
PAR.—La intervención del quejoso se limita únicamente a presentar y ampliar la queja bajo la gravedad de juramento, a aportar las pruebas que tenga en su poder y a recurrir la decisión de archivo y el fallo absolutorio. Para estos efectos podrá conocer el expediente en el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.
ART. 25.—Calidad de investigado. La calidad de investigado se adquiere a partir de la notificación del auto mediante el cual se dispone la apertura de la investigación disciplinaria.
ART. 26.—Derechos del investigado. Como sujeto procesal, el investigado tiene los siguientes derechos:
ART. 27.—Estudiantes de consultorios jurídicos. Los estudiantes de los consultorios jurídicos podrán actuar como defensores de oficio en los procesos disciplinarios cuando el investigado no designe uno de su confianza o si lo solicita. Según los términos previstos en la Ley 583 de 2000 y demás normas que la reglamenten o modifiquen como sujeto procesal, el defensor tiene las mismas facultades del investigado; cuando existan criterios contradictorios prevalecerá el del primero.
ART. 28.—Acceso al expediente. El investigado tendrá acceso a la queja o informe y demás partes del expediente disciplinario, desde la etapa de indagación preliminar.
ART. 29.—Reserva de la actuación disciplinaria. Las actuaciones disciplinarias serán reservadas hasta cuando se formule el pliego de cargos o se ordene el archivo definitivo, sin perjuicio de los derechos de los sujetos procesales.
ART. 30.—Requisitos formales de la actuación. La actuación disciplinaria deberá recogerse en medio escrito o magnético, reconocido.
ART. 31.—Utilización de medios técnicos. Para la práctica de las pruebas y para el desarrollo de la actuación se podrán utilizar medios técnicos, siempre y cuando su uso no atente contra los derechos y garantías constitucionales.
ART. 32.—Terminación del proceso disciplinario. En cualquier etapa de la actuación disciplinaria en que aparezca plenamente demostrado que el hecho atribuido no existió, que la conducta no está prevista en la ley como falta disciplinaria, que el investigado no la cometió, que existe una causal de exclusión de responsabilidad, o que la actuación no podía iniciarse o proseguirse, se declararán y ordenarán el archivo definitivo de las diligencias.
ART. 33.—Formas de notificación. La notificación de las decisiones disciplinarias, según el caso será: personal, por medios de comunicación electrónicos, por estado, en estrados, por edicto o por conducta concluyente.
ART. 34.—Notificación personal. Se notificarán personalmente los autos de apertura de indagación preliminar y de investigación disciplinaria, el pliego de cargos y el fallo.
ART. 35.—Notificación por medios de comunicación electrónicos. Las decisiones que deban notificarse personalmente podrán ser enviadas al número de fax o a la dirección de correo electrónico del investigado o de su defensor, y del quejoso cuando a ello hubiere lugar, si previamente y por escrito, hubieren aceptado ser notificados de esta manera. La notificación se entenderá surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo electrónico sea enviado. La respectiva constancia será anexada al expediente.
ART. 36.—Notificación de decisiones interlocutorias. Proferida la decisión, a más tardar al día siguiente se librará comunicación con destino a la persona que deba notificarse, si esta no se presenta al consejo dentro de los tres días hábiles siguientes, se procederá a notificar por estado, salvo en el evento del pliego de cargos.
ART. 37.—Notificación por estado. La notificación por estado se hará conforme lo dispone el Código de Procedimiento Civil.
ART. 38.—Notificación en estrado. Las decisiones que se profieran en audiencia o en el curso de cualquier diligencia de carácter verbal se consideran notificadas a todos los sujetos procesales inmediatamente se haga el pronunciamiento, se encuentren o no presentes.
ART. 39.—Notificación por edicto. Los autos que deciden la apertura de indagación preliminar e investigación y fallos que no pudieren notificarse personalmente se notificarán por edicto. Para tal efecto, una vez producida la decisión, se citará inmediatamente al disciplinado, por un medio eficaz, a la entidad donde trabaja o a la última dirección registrada en su hoja de vida o a la que aparezca en el proceso disciplinario, con el fin de notificarle el contenido de aquella y, si es sancionatoria, hacerle conocer los recursos que puede interponer. Se dejará constancia secretarial en el expediente sobre el envío de la citación.
ART. 40.—Notificación por conducta concluyente. Cuando no se hubiere realizado la notificación personal, o esta fuere irregular respecto de decisiones o del fallo, la exigencia legal se entiende cumplida, para todos los efectos, si el investigado o su defensor no reclaman y actúan en diligencias posteriores o interponen recursos contra ellos o se refieren a las mismas o a su contenido en escritos o alegatos verbales posteriores.
ART. 41.—Comunicaciones. Se debe comunicar al quejoso la decisión de archivo y el fallo absolutorio. Se entenderá cumplida la comunicación cuando haya transcurrido cinco (5) días, después de la fecha de envío por correo.
ART. 42.—Clases de recursos y sus formalidades. Contra las decisiones disciplinarias proceden los recursos de reposición y apelación, los que se interpondrán por escrito, salvo norma expresa en contrario.
ART. 43.—Oportunidad para interponer los recursos. Los recursos de reposición y apelación se podrán interponer desde la fecha de expedición de la respectiva decisión hasta el vencimiento de los tres (3) días siguientes a la última notificación.
ART. 44.—Sustentación de los recursos. Quien interponga recursos deberá expresar por escrito las razones que los sustentan ante el funcionario que profirió la correspondiente decisión. En caso contrario, se declararán desiertos. La sustentación del recurso deberá efectuarse dentro del mismo término que se tiene para impugnar.
ART. 45.—Recurso de reposición. El recurso de reposición procederá únicamente contra la decisión que resuelva la nulidad, la negación de la solicitud de copias o pruebas al investigado o a su apoderado.
ART. 46.—Trámite del recurso de reposición. Cuando el recurso de reposición se formule por escrito debidamente sustentado, se decidirá en un término de ocho (8) días, contados a partir del último vencimiento del término para impugnar la decisión.
ART. 47.—Recurso de apelación. El recurso de apelación procede únicamente contra las siguientes decisiones: la que niega la práctica de pruebas solicitadas en los descargos, la decisión de archivo y el fallo de primera instancia.
ART. 48.—Prohibición de la reformatio in pejus. En el recurso de apelación contra el fallo sancionatorio, cuando el investigado sea apelante único, en la providencia que lo resuelva no podrá agravarse la sanción impuesta.
ART. 49.—Ejecutoria de las decisiones. Las decisiones disciplinarias contra las que proceden recursos quedarán en firme tres (3) días después de la última notificación. Las que se dicten en audiencia o diligencia, al finalizar esta o la sesión donde se haya tomado la decisión, si no fueren impugnadas.
ART. 50.—Corrección, aclaración y adición de los fallos. En los casos de error aritmético, o en el nombre o identidad del investigado, o de omisión sustancial en la parte resolutiva del fallo, este debe ser corregido, aclarado o adicionado, según el caso, de oficio o a petición de parte, por el mismo que lo profirió.
ART. 51.—Necesidad. Toda decisión interlocutoria y el fallo disciplinario deben fundarse en prueba legal y oportunamente allegada al proceso.
ART. 52.—Investigación integral. El funcionario buscará la verdad material. Para ello deberá, investigar con igual rigor los hechos y circunstancias que demuestren la existencia de la falta disciplinaria y la responsabilidad del investigado, y los que tiendan a demostrar su inexistencia o lo eximan de responsabilidad. Para tal efecto, el funcionario podrá decretar pruebas de oficio.
ART. 53.—Medios de prueba. Son medios de prueba la confesión, el testimonio, la peritación, la inspección judicial y los documentos, o cualquier otro medio técnico o científico, los cuales se practicarán conforme a las normas del Código de Procedimiento Penal en cuanto sean compatibles con la naturaleza y reglas del derecho disciplinario.
ART. 54.—Libertad de pruebas. La falta y la responsabilidad del investigado podrán demostrarse con cualquiera de los medios de prueba legalmente reconocidos.
ART. 55.—Petición y rechazo de pruebas. Los intervinientes pueden aportar y solicitar la práctica de las pruebas que estimen conducentes y pertinentes. Serán rechazadas las inconducentes, las impertinentes, las manifiestamente superfluas y las ilícitas.
ART. 56.—Práctica de pruebas en el exterior. La práctica de las pruebas o de diligencias en territorio extranjero se regulará por las normas legalmente vigentes.
ART. 57.—Prueba trasladada. Las pruebas practicadas válidamente en una actuación judicial o administrativa, dentro o fuera del país, podrán trasladarse a la actuación disciplinaria mediante copias autorizadas por el respectivo funcionario y serán apreciadas conforme a las reglas previstas en este código.
ART. 58.—Apoyo técnico. El funcionario judicial que conozca de la actuación disciplinaria podrá solicitar, gratuitamente a todos los organismos, del Estado la colaboración técnica que considere necesaria para el éxito de las investigaciones.
ART. 59.—Oportunidad para controvertir la prueba. Los Intervinientes podrán controvertir las pruebas a partir del auto de apertura de proceso disciplinario.
ART. 60.—Testigo renuente. Cuando el testigo citado sea un particular y se muestre renuente a comparecer, podrá disponerse la conducción del testigo por las fuerzas de policía, siempre que se trate de situaciones de urgencia y que resulte necesario para evitar la pérdida de la prueba. La conducción no puede implicar la privación de la libertad.
ART. 61.—Inexistencia de la prueba. La prueba recaudada sin el lleno de las formalidades sustanciales o con desconocimiento de los derechos fundamentales del investigado, se tendrá como inexistente.
ART. 62.—Apreciación integral. Las pruebas deberán apreciarse conjuntamente de acuerdo con las reglas de la sana crítica, y valorarse razonadamente.
ART. 63.—Prueba para sancionar. Para proferir fallo sancionatorio se requiere prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado.
ART. 64.—Causales. Son causales de nulidad:
ART. 65.—Declaratoria oficiosa. En cualquier estado de la actuación disciplinaria, cuando el funcionario que conozca del asunto advierta la existencia de una de las causales previstas en la norma anterior, declarará la nulidad de lo actuado y ordenará que se reponga la actuación que dependa del acto declarado nulo para que se subsane el defecto.
ART. 66.—Solicitud. El interviniente que alegue una nulidad deberá determinar la causal que invoca, las razones en que se funda y no podrá formular una nueva, sino por causal diferente o por hechos posteriores.
ART. 67.—Principios que orientan la declaratoria de las nulidades y su convalidación.
ART. 68.—Procedencia, fines y trámite de la indagación preliminar. En caso de duda sobre la procedencia de la investigación disciplinaria se ordenará previamente la indagación preliminar.
PAR.—Cuando la información o queja sea manifiestamente temeraria o se refiera a hechos disciplinariamente irrelevantes o de imposible ocurrencia o sean presentados de manera absolutamente inconcreta o difusa, o una vez verificado en el registro de arquitectos y profesionales auxiliares de la arquitectura que el posible investigado no ostenta la calidad de arquitecto o profesional auxiliar, o mediante anónimo, se procederá de plano a inhibirse de iniciar actuación alguna.
ART. 69.—Procedencia de la investigación disciplinaria. Cuando, con fundamento en la queja, en la información recibida o en la indagación preliminar, se identifique al posible autor o autores de la falta disciplinaria, se ordenará la apertura de la investigación disciplinaria mediante providencia motivada.
ART. 70.—Finalidades de la decisión sobre investigación disciplinaria. La investigación disciplinaria tiene por objeto verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometió y la responsabilidad disciplinaria del investigado.
ART. 71.—Contenido de la investigación disciplinaria. La decisión que ordena abrir investigación disciplinaria deberá contener:
ART. 72.—Notificación de la apertura de la investigación. Dispuesta la apertura de la investigación disciplinaria se notificará al investigado y se dejará constancia en el expediente respectivo. En la notificación se debe informar al investigado que tiene derecho a nombrar defensor, y que en caso de no designarlo se le asignará uno de oficio previo el trámite de que trata el artículo 39 de la presente ley, con quien se surtirá la notificación y continuará representándolo en el trámite de la actuación.
ART. 73.—Término de la investigación disciplinaria. El término de la investigación disciplinaria será de máximo seis (6) meses, contados a partir de la decisión de apertura.
ART. 74.—Decisión de evaluación. Cuando se haya recaudado prueba que permita la formulación de cargos, o vencido el término de la investigación, dentro de los treinta (30) días siguientes, mediante decisión motivada, se evaluará el mérito de las pruebas recaudadas y se formulará pliego de cargos contra el investigado u ordenará el archivo de la actuación, según corresponda.
ART. 75.—Procedencia de la decisión de cargos. Se formulará pliego de cargos cuando esté objetivamente demostrada la falta y exista prueba que comprometa la responsabilidad del investigado.
ART. 76.—Contenido de la decisión de cargos. La decisión mediante la cual se formulen cargos al investigado deberá contener:
ART. 77.—Archivo definitivo. En los casos de terminación del proceso disciplinario previstos en el artículo 32 y en el evento consagrado en el inciso 3º del artículo 73 de esta ley, procederá el archivo definitivo de la investigación. Tal decisión hará tránsito a cosa juzgada.
ART. 78.—Notificación del pliego de cargos. El pliego de cargos se notificará personalmente al investigado o a su defensor. Para el efecto, una vez proferido el auto de cargos a más tardar al día siguiente se librará comunicación a los sujetos procesales y se surtirá con el primero que se presente.
ART. 79.—Término para presentar descargos. Notificado el pliego de cargos, el expediente quedará en la secretaría del consejo, por el término de diez (10) días, a disposición de los sujetos procesales, quienes podrán aportar y solicitar pruebas. Dentro del mismo término, el investigado o su defensor, podrán presentar sus descargos.
ART. 80.—Renuencia. La renuencia del investigado o de su defensor a presentar descargos no interrumpe el trámite de la actuación.
ART. 81.—Término probatorio. Vencido el término señalado en el artículo 79 de la presente ley, al miembro del consejo que le corresponde conocer la primera instancia fijará fecha para audiencia pública y ordenará la práctica de las pruebas que hubieren sido solicitadas, las que de oficio considere de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad.
ART. 82.—Audiencia pública. A la audiencia pública deberán asistir el miembro del consejo al que le corresponde conocer de la primera instancia, el investigado y su defensor. Si se considera necesario, una vez culminada la práctica de pruebas y ante la solicitud del investigado o su apoderado, previo a escucharse los argumentos de los sujetos procesales en alegatos de conclusión, se procederá a escucharlo en versión libre o ampliación.
ART. 83.—Término para fallar. Celebrada la audiencia pública el miembro del consejo al que le corresponde conocer de la primera instancia proferirá el fallo dentro de los treinta (30) días siguientes.
ART. 84.—Contenido del fallo. El fallo debe ser motivado y contener:
ART. 85.—Trámite de la segunda instancia. Los miembros del consejo que conforman la Sala de Segunda Instancia deberán decidir dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha en que hubiere recibido el proceso. Si lo consideran necesario, decretarán pruebas de oficio, en cuyo caso el término para proferir el fallo se ampliará hasta en otro tanto.
PAR.—El recurso de apelación otorga competencia a los miembros del consejo que conforman la Sala de Segunda Instancia para revisar únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación.
ART. 86.—Ejecución de las sanciones. La sanción impuesta se hará efectiva por el consejo profesional nacional de arquitectura y sus profesiones auxiliares.
ART. 87.—Cómputo de la sanción. Las sanciones impuestas, empezarán a computarse a partir de la fecha de ejecutoria de la providencia o acto administrativo que la ordenó.
ART. 88.—Registro de sanciones. Las sanciones disciplinarias proferidas contra los arquitectos o sus profesionales auxiliares deberán ser registradas en la dirección ejecutiva del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, para efectos de la expedición del certificado de vigencia digital y antecedentes, una vez quede en firme la providencia o acto administrativo correspondiente.
ART. 89.—Transitoriedad. Los procesos disciplinarios que al entrar en vigencia la presente ley se encuentren en la etapa de investigación continuarán su trámite de conformidad al procedimiento sancionatorio aplicable hasta la fecha.
ART. 90.—Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.