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Timestamp: 2020-06-06 21:29:58
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covid-19 archivos - Grupo Camacho
Gestión de riesgos en un grupo económico
in: Artículo,COVID-19,Precios de Transferencia,Servicios
Tags: covid-19, covid19, Grupo Camacho Internacional, Precios de Transferencia
El intercambio comercial ha evolucionado en los últimos meses a raíz de la alerta sanitaria que se vive a nivel mundial. El COVID 19 ha promovido que los grupos económicos adopten diversas medidas que les permitan continuar con sus operaciones comerciales ya sea a nivel local o en diversas jurisdicciones. Incluso, se han visto obligados a reinventarse de modo que logren mantener su posición comercial o simplemente reducir sus costos de operación. Se enfrentan a otra agraviante que es la inevitable pérdida económica ocasionada por la pandemia global, o en pocos casos, a una ganancia extraordinaria.
Las operaciones intragrupo han despertado un especial interés para la mayoría de las administraciones tributarias, ya que representan un desafío para prevenir actos de evasión fiscal y traslado de beneficios.
Resulta fundamental para los grupos económicos, mediante los precios de transferencia, definir un modelo de gestión de riesgos respecto de aquellas transacciones intercompañía de mayor relevancia económica para el conglomerado. A continuación, se exponen algunos elementos que pueden considerar los grupos económicos según la actividad económica desempeñada:
Actividades de manufactura: estas actividades se caracterizan algunas por ser intensivas en mano de obra, otras requieren de mano de obra especializada o técnica y unas son intensivas en conocimiento, por lo que también desempeñan funciones de diseño e investigación. El siguiente gráfico muestra la relación margen de ganancia y asignación de riesgos para las actividades de manufactura desempeñadas:
Gráfico 1: Retribución esperada según riesgo asumido en actividades de manufactura
Fuente: Grupo Camacho Internacional
Con base en el gráfico y la descripción de empresas y operaciones en esta industria, es importante tener claro que una empresa maquiladora, la cual no asume un riesgo de inventario de materia prima, sino que su parte relacionada suministra la materia prima necesaria y esta simplemente ensambla y exporta el producto semi acabado, es de esperar que sea retribuida simplemente por el servicio de maquilado prestado.
Mientras que una empresa manufacturera especializada que utiliza activos intangibles importantes (conocimientos, procedimientos) en sus procesos productivos y asume riesgos asociados a la garantía del producto fabricado, será retribuida en mayor proporción que una empresa maquiladora.
Por lo tanto, una retribución optima por las actividades de manufactura desempeñadas, se determinará con base en la finalidad del proceso productivo, los activos tangibles e intangibles involucrados y los riesgos asumidos en relación con el producto manufacturado.
Actividades de comercialización de productos terminados: las empresas que desempeñan estas funciones aprovechan las economías de escala para ofrecer mejores precios y ocupar un nicho de mercado importante. También registran numerosos proveedores con los cuales negocian los precios de compra de los productos, venden a mejor precio a su mercado meta y obtienen mejores márgenes de utilidad. El siguiente gráfico muestra la relación margen de ganancia y asignación de riesgos para las actividades de comercialización desempeñadas:
Gráfico 2: Retribución esperada según riesgo asumido en actividades de comercialización de productos terminados
De acuerdo con el gráfico anterior, es importante considerar que el margen de ganancia atribuible a una empresa que simplemente adquiere un bien para la reventa será menor en comparación con la retribución de aquella que desempeña funciones comerciales sustanciales y asume la totalidad de los riesgos de propiedad de los bienes, publicidad, comercialización, distribución y garantía.
Resulta importante mencionar sobre los grupos económicos que mantengan canales de distribución claramente definidos a través de una sociedad intermediaria, éstos deberán prestar atención no solo al precio de reventa o de compra al proveedor; sino también a las funciones desempañadas por la entidad intermediaria y determinar si asume un riesgo de relevancia económica o la retribución es atribuible a otra sociedad del grupo económico.
El margen de ganancia que ha de esperarse por desempeñar funciones de comercialización se determinará considerando la particularidad de las funciones efectuadas y los riesgos asociados a la comercialización del producto.
Centros de servicios: inicialmente eran áreas o departamentos que generaban costos a una empresa. No forman parte de las actividades comerciales sustantivas; no obstante, los servicios prestados por estos centros han evolucionado y se han especializado, por lo que actualmente se espera no solo que cubran sus costos de operación sino también que generen una utilidad.
Usualmente estos centros operan en diversas jurisdicciones, por lo que se incrementan las obligaciones tributarias del grupo económico. El siguiente gráfico muestra la relación entre el margen de ganancia y la asignación de riesgos según actividades desempeñadas por un centro de servicios:
Gráfico 3: Retribución esperada según riesgo asumido en actividades desempeñadas por un centro de servicios
Es importante determinar si las funciones desempeñadas por el centro de servicios son meramente auxiliares, de apoyo o si se trata de una parte relacionada del grupo económico especializada. Esto significa que, si una sociedad miembro simplemente recupera los costos incurridos por la prestación de un servicio de apoyo, no obtendrá un margen de ganancia representativo.
En la medida que los servicios auxiliares o de apoyo se especialicen, generen valor y se lleven a cabo de manera independiente, se obtendrán mayores retribuciones; consecuentemente, los riesgos que asume un centro de servicios especializado son mayores; puesto que se expone a un riesgo de garantía del servicio.
En términos generales, la retribución esperada se encuentra muy ligada a las funciones desempeñadas, los activos involucrados y a los riesgos asumidos. De la misma manera, la distribución de la pérdida económica que registre el grupo económico deberá ser proporcional a los elementos antes citados.
Una adecuada administración del riesgo contribuye al grupo económico a alinear sus operaciones vinculadas de cumplimiento con el principio de plena competencia. Por esta razón, los grupos económicos, deben documentar sus políticas de precios de transferencia. Así pueden reflejar una posición convincente ante las autoridades fiscales respecto de sus declaraciones tributarias, reducir eventuales costos de cumplimiento mediante un modelo de gestión de riesgos óptimo y evitar controversias en materia de precios de transferencia.
Ante retos inusitados, los agentes económicos requieren de la excelencia y compromiso en sus servicios profesionales.
Los precios de transferencia hasta hace poco, un servicio comoditizado para cumplimiento, donde el precio mandaba, deben ser hoy el eje con el que las empresas logren la mejora de sus habilidades competitivas de gestión para aprovechar mejorar su rentabilidad y reducir su tributación relativa con el menor de los riesgos fiscales relativos e inherentes.
Grupo Camacho Internacional es una respuesta integral a los retos que representa esta crítica condición pandémica, con un enfoque holístico, apegado a la realidad y con visión de empresarios y emprendedores, más allá que meros prestadores de servicios de temporada.
El COVID19 y los Precios de Transferencia
in: Artículo,COVID-19,Precios de Transferencia
Tags: administración tributaria, covid-19, OECD, Precios de Transferencia
El 2020 será un año muy particular para los estudios de precios de transferencia. Debemos recordar que, si bien la obligación es anual, las administraciones tributarias tienen un plazo de 4 o 5 años para solicitar el estudio (el plazo de prescripción varía en la región latinoamericana), por lo cual será de vital importancia que la documentación de este año lleve explícitos todos los efectos que sufrió la empresa y el grupo económico por la crisis económica producto de la pandemia COVID 19.
Los principales puntos para incluir o abordar de mejor manera en los informes son los siguientes:
Asignación de riesgos en el grupo económico,
cadena de valor y sus modificaciones,
financiamientos intragrupo,
costos fijos en la estructura y su efecto en resultados,
asuntos de comparabilidad,
documentación de hechos extraordinarios,
acuerdo de precios por anticipado, y
cambios de metodología de análisis.
En futuras entregas abordaremos cada uno de estos elementos enunciados a efectos introductorios en esta entrega.
Es fundamental documentar la asignación de riesgos dentro de las empresas del grupo. Desde la aplicación de las Directrices OECD 2017, la definición contractual de los términos y condiciones es primordial en la delimitación de la transacción por ser analizada, el punto de partida del análisis de la transacción.
Una asignación clara de riesgos coherente con el modelo de negocio y la sustancia de cada operación dará fuerza a las conclusiones de precios de transferencia que se realicen para este periodo. Debe considerarse en el análisis, en particular en las últimas tendencias, la capacidad de la unidad de negocios a enfrentar las consecuencias de los riesgos asumidos, en caso de que los mismos lleguen a materializarse.
Respecto a la cadena de valor, en el 2020, las empresas han tenido que cambiar su forma de operar. Han utilizado todas las estrategias posibles dentro de sus grupos económicos, pero muchos de estos cambios han tenido efectos en la cadena de valor del grupo y se debe tener esta documentación de nuevas funciones, riesgos y activos bien definida. Es fundamental diferenciar aquellas decisiones de orden circunstancial de las que devienen de un cambio estructural permanente que de todas formas el grupo habría reestructurado aún sin la pandemia.
Uno de los principales temas, sino el principal, para este 2020, es el efectivo. La pérdida de flujo de caja que han tenido las empresas lleva a los grupos económicos al aumento de sus operaciones financieras intercompañía, en concreto, las de tesorería común o centralizada, ya que el sentido de propiedad del recurso se ha convertido en un concepto de uso más que de pertenencia económica y jurídica.
La mayoría de estas operaciones no están respaldadas por contratos y carecen de un análisis tributario respecto a la deducibilidad de gastos por transacciones financieras entre relacionadas, así como la contraprestación de mercado por esta operación.
Se debe considerar que tenemos países con normas de subcapitalización establecidas que van desde el 30% de los intereses netos como máximo deducible hasta el 20% mencionado por la OECD. Además, en algunos países de la región los intereses entre relacionadas son ingresos gravables, pero gastos no deducibles. Es necesario realizar una evaluación exhaustiva de la transacción y poner en marcha acciones de planificación fiscal que eventualmente no fueran usuales en otras circunstancias, a fin de evitar que, el costo fiscal de la decisión correcta, la convierta en invaluable el costo.
La aplicación de ajustes de comparabilidad técnicos y económicos podrán ser muy relevantes en el contexto de la crisis. Por ejemplo, practicar ajustes por capacidad ociosa para compañías intensivas en bienes de capital, donde se pueden remover del análisis ciertos gastos extraordinarios que de otra forma distorsionarían las conclusiones.
Se debe sobreabundar en detalles que normalmente no sería necesario ahondar. Las condiciones absolutamente irrepetibles de esta pandemia deben preparar la prueba para años futuros de muchísimo litigio tributario, donde precios de transferencia será parte importante de la ecuación en el aumento de la recaudación fiscal.
Es de vital importancia registrar y valorar el impacto que ha tenido el coronavirus en la Compañía analizada como, por ejemplo, la reducción del volumen de negocio, anulación de pedidos, comunicaciones con clientes, proveedores y el Grupo, o los costes adicionales en lo que se han incurrido como podrían ser, costes de restructuración, gastos de publicidad, amortización de inventario, etc., para poder aislar la pérdida generada por estos motivos.
Una posible solución sería comparar la ratio costes de venta, generales y administrativos de la Compañía analizado en relación con los ingresos (costes/Ingresos) del periodo actual con efectos de la pandemia, respecto con ejercicios de años anteriores, para intentar extraer conclusiones a aplicar en la corrección calculada y poder justificar que las pérdidas o disminución del beneficio son debidas al impacto del Coronavirus y no a la aplicación de precios de transferencia inadecuados.
La elaboración de información contable que nos lleve al uso de metodologías directas será altamente recomendable para este periodo. La mayoría de las empresas cerrarán su periodo con marginaciones operativas inferiores al año anterior y en algunas ocasiones en negativo, por lo cual realizar un análisis de margen neto hará quedar a la empresa fuera del rango de plena competencia y, sin la documentación soporte, puede provocar que llame la atención a la administración tributaria. Es un año para lograr que finalmente se hagan las respectivas adopciones de la Normativa contable de NIIF, donde sea aplicable.
El impacto es variado según cada grupo empresarial, por lo que el mensaje más relevante es tener claro el sentido de oportunidad. Debe ser en este momento, y no al final del año, donde se analice y determine:
¿Cómo impacta el COVID 19 al grupo económico?
¿Cuál es su interrelación con los resultados de la operación del Grupo Económico?
Es fundamental tener claridad sobre cómo y qué documentar- procurando lograr un análisis y documentación robusta-para el cumplimiento de los precios de transferencia del periodo, así como las demás obligaciones tributarias, siendo precios de transferencia accesorio a la determinación de la base imponible del impuesto sobre la renta.
Los invitamos a tener una conversación por los diversos medios que tenemos disponibles a fin de valorar estos aspectos en su negocio, contáctenos.
in: Artículo,COVID-19,Impuesto al Valor Agregado,La República - Carlos Camacho Córdoba,Reforma Fiscal
Tags: covid-19, Finanzas públicas, IVA, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ministerio de Hacienda
Es una pregunta de difícil respuesta… En realidad, tomamos rumbo norte y de pronto, dimos un viro en reversa de forma acelerada al sur. El país ha perdido a un funcionario de probado quilate. Cuando se designó a don Rodrigo Chaves como ministro de Hacienda, no solo le felicitamos, sino que advertimos en este mismo medio, a lo que venía en un país con un gobierno de brújula cargada del magnetismo de la confusión.
El descontrol del discurso y la acción práctica nos ha llevado a diversos actores de la sociedad civil a sentirnos frente a una gran tomadura del pelo.
Es ridículo cómo nos creímos la mentira con la que apoyamos la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, bajo la promesa de una disciplina fiscal regulada por una vilipendiada “regla fiscal.” Ahora descubrimos que aplicable solo a una vaga mitad de los que voluntariamente se someten temporalmente a ella, para guardar las apariencias temporales.
Tenemos un gobierno con una cabeza que tiene sus órganos desconectados y descoordinados. Oye, pero no escucha. Habla, pero no comunica. Ve, pero obvia la realidad, y deja que cada uno en el ámbito del Poder Ejecutivo haga una mejor o peor imitación de su corroída disfunción, desde la cabeza misma de este Poder.
Tenemos un banquero central que le da miedo aumentar el circulante, función inherente a la banca central del país, pero no tiene empacho de alzar la voz para decir que hay que subir las tarifas del IVA del 13% actual al 15%. Una ausencia funcional que – de nuevo – solo imita la incoherencia de su presidente.
¡No es de recibo! Tenemos un país con urgencia de una inyección seria, con coraje, de dinero circulante, pero nuestro banquero central – al menos a nivel nominal – lleva su puesto en una disfunción, como quien no tiene tarea propia, y se mete en el patio de su vecino y colega del Banco Mundial, el entonces Ministro de Hacienda Rodrigo Chaves.
Esto fue la penúltima gota que se aportaba al vaso lleno.
La ley que releva a las municipalidades de la opcional “regla fiscal” simplemente es la manera que, en concurso el Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, llegaron a dar la estocada final.
No a Rodrigo Chaves, quien simplemente continuara su vida, sino a las valoraciones del compromiso efectivo que parecía haber asumido el país con los que le financiamos, con organismos internacionales y contribuyentes.
Nos dan a todos una doble bofetada en retribución a haber creído en su gran mentira. Han pateado a quienes financiamos la fiesta, que a manos llenas tiene este gobierno, de los recursos de todos como si estuviéramos en Jauja.
Recordemos el estado del entorno en el momento en que se discutía la ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Estábamos al borde del precipicio. Las calificadoras de riesgo, como parteras, estaban en la sala esperando el momento del parto de la norma, para mejorar la condición de riesgo calificado como agravado por la indisciplina fiscal y la carencia de recursos frescos. Le mentimos como país al mundo. ¡Qué pena me da! Fui participe de esta gran mentira y pido disculpas.
Disculpas a los contribuyentes que, de buena fe, pero sin buena gana – pues pagar impuestos no es placer ni siquiera de los más pervertidos masoquistas – y, en un acto de altruismo nacional, dimos el apoyo desde la academia, la empresa y los grupos de cámaras empresariales a la necesidad de contar con un IVA que según ley tenía potencial recaudatorio directo e indirecto.
Es decir, tanto el propio del impuesto indirecto como el de recabar información de gran valor para determinar cumplimiento en materia del impuesto sobre la renta. Que, a la vez, se modernizó de manera profunda, pero sin mucho concierto, de a callado.
Disculpas a la comunidad de organismos internacionales. Entre otros, El Banco Mundial del que era – es – funcionario el pateado exministro de Hacienda. También se les engañó en el compromiso de entrar en el camino de la seriedad del manejo de las finanzas públicas con diligencia, compromiso y rumbo de racionalidad.
¡Esto nos va a salir caro! Las calificadoras de riesgo verán con ojos distintos la próxima hoja de ruta, donde la “dulce revancha” viene empacada de reformas estructurales más drásticas e imperativas.
En la década de los 80, cuando el país rompe con el Club de París, que llevó a la debacle económica que nos costó décadas recuperarnos, fue un acto frontal, con agallas, estemos o no de acuerdo con lo hecho. No se entró en una posición de amañada mentira institucional, como la que hoy leemos en el par de años que ha manejado la Administración Alvarado Quesada. De manera rastrera se engañó, en lugar de enfrentar como lo hizo Carazo Odio en aquel entonces.
Retomar el camino de la reconstrucción económica nos hizo pasar por tres dolorosos programas de ajuste estructural. Nos puso en remojo económico y tensiones sociales por diez largos años, cuando aún las condiciones de la realidad política permitían poner de acuerdo, no sin dolor, costo y dificultad. Fue el comienzo del fin del bipartidismo manejable y contrastante con la sociedad de hoy, que en su conjunto y su manifestación atomizada en diversidad de partidos y diputados independientes hace que no se vea una clara respuesta a la pregunta que planteamos, de ¿Quo Vadis Costa Rica?
La ocurrencia del señor Cubero, quien propone subir el IVA del 13 al 15%, amerita que le dedique unas líneas, porque el mérito de la carencia de mérito, lo amerita.
Cualquier persona seria, que conozca mínimos de economía, así como todo aquel que goce del privilegio del sentido común, sabe que estamos en una profunda y aún no dimensionada recesión.
En una recesión – si queremos salir de ella – debemos estimular el consumo, claramente la ocurrente propuesta no va en esa dirección.
Desde el más básico consumidor dependiente de un ingreso fijo, hasta el mas docto de los economistas sabe que, subir un impuesto que recae sobre el consumo de bienes y servicios, reduce la cantidad que de estos puede consumir el conjunto de los agentes económicos. Como consecuencia se reduce la velocidad a la que la economía podrá salir de la profunda recesión en que nos han sumido el Covid-19 de manera inocente y la Administración Alvarado Quesada de manera absurda y desde antes que la pandemia fuera la cobija que abriga y disimula la falta de gestión sesuda de lo económico.
Antes de hablar de cambiar la tarifa al alza del impuesto, hay muchas cosas que se deben considerar de previo:
Hacer un reglamento de IVA que sea legal, eliminando el exceso de orificios que a la ley se le crearon, en el reglamento ilegal promovido por el Ejecutivo en sentido contrario a la Constitución Política. De esto da cuenta ya al menos una sentencia del Contencioso Administrativo.
Eliminar de una buena vez el disfraz de legalidad que da el régimen simplificado y la multiplicidad de distorsiones que provoca al sector formal la falsa formalidad que brinda este régimen y la forma que hace deficiente la recaudación y potencial recaudatorio del IVA y renta, así como la transparencia de origen de abundantes riquezas.
Eliminar de manera sensata las múltiples exenciones del artículo 8 de la Ley del IVA, así como sus ilegales encadenamientos otorgados por normas infra legales, incluyendo el reglamento, resoluciones y otras disposiciones de mera fuente de nueva normativa del Facebook de la Administración.
Al nuevo ministro de Hacienda don Elián Villegas, los mejores deseos. Tanto por él por su excelente gestión efectuada en su anterior institución, el Instituto Nacional de Seguros; como por que, al irle bien a él, nos iría bien a todos.
Sin ánimo pesimista, oírle hablar en sus primeras declaraciones me da pena por él. Parece estar desconectado a los acontecimientos de indisciplina fiscal que es liderada por el presidente mismo. Una contradicción respecto de su propósito de mantener la disciplina en materia del gasto público. Propósito que aplaudimos mucho, pero desconfiamos pues estará durmiendo con el enemigo, si no hay un cambio milagroso en la dirección y efectivo compromiso de acción del Poder Ejecutivo en la quebrantada “regla fiscal”.
Costa Rica, Patria mía, que pena me da no poder responderte con claridad y exactitud ¿para adónde vamos? o más aún ¿para adónde nos llevan?
Publicado en el periódico La República el 02 de junio del 2020
Servicios veterinarios gravados al 4% con el IVA, beneficios y complicaciones
Tags: covid-19, IVA, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas
Los médicos veterinarios podrán facturar a un 4% de IVA sus servicios, luego de la resolución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda en el que le da la razón al Colegio de Médicos Veterinarios.
Los Veterinarios interpusieron una demanda para revisar la legalidad del artículo 23.1.b del Reglamento a la Ley del IVA, que consideraba como servicios de salud únicamente los prestados a humanos.
El Contencioso resolvió a favor del Colegio de Veterinarios en la Sentencia 009-2020-VII y a continuación explicamos, no solo las razones en las que el órgano judicial fundamenta su decisión, sino otras implicaciones relacionadas que es necesario mencionar.
La autoridad judicial se basa en que el artículo 11.1.b de la Ley del IVA indica de forma general, que tendrán tarifa reducida: “(…) Los servicios de salud privados prestados por centros de salud autorizados, o profesionales en ciencias de la salud autorizados. Los profesionales en ciencias de la salud deberán, además, encontrarse incorporados en el colegio profesional respectivo.” En adición, incorpora que la interpretación de lo que se debe considerar por profesionales de la salud está contenido en el artículo 40 de la Ley General de Salud, donde están mencionados los especialistas que tengan mínimo grado de licenciatura en: Farmacia, Medicina, Microbiología Química Clínica, Odontología, Veterinaria, Enfermería, Nutrición y Psicología Clínica.
La sentencia concluye que “la norma reglamentaria restringe de manera abierta y flagrante las disposiciones al respecto establecidas en la ley, modificando en esencia el contenido de la norma legal que regula, lo cual sin duda alguna constituye una flagrante violación al principio de supremacía legal y de jerarquización normativa”.
El Tribunal Contencioso Administrativo le recordó al Ministerio de Hacienda que las potestades reglamentarias están en subordinación con respecto a una norma con carácter de Ley; por lo que es fundamental apegarse al principio de reserva de ley, especialmente cuando se trata de materia tributaria.
Se determinó que la limitación creada vía reglamentaria, que obligaba a los profesionales en medicina veterinaria a gravar sus servicios a una tarifa del 13% de IVA, es ilegal; y por ende deberá aplicarse la tarifa diferenciada del 4%en estos.
Un asunto colateral a lo resuelto a nivel tarifario tiene que ver con el tema de la devolución automática del IVA.
El último párrafo del artículo 28 de la Ley de IVA estableció que cuando se presta un servicio de salud privado y este haya “(…) sido cancelados por medio de tarjeta de crédito, débito o cualquier otro medio electrónico que autorice la Administración Tributaria (…)”, se realizará la devolución del monto del impuesto. Mientras que el artículo 39 del Reglamento a la Ley de IVA establece que:
“(…) 1. En el caso de la prestación de servicios de salud privados, cuando el pago se realice mediante tarjetas de crédito o de débito o cualquier otro medio electrónico de pago que mediante resolución general autorice la Administración Tributaria, siempre y cuando esta tenga acceso a la información de la transacción realizada; el contribuyente que preste el servicio deberá reembolsar el impuesto cobrado al consumidor final. Para estos efectos, el contribuyente utilizará el campo asignado dentro de la estructura del comprobante electrónico para registrar el reembolso del impuesto.
En estos casos, el contribuyente deberá registrar el débito correspondiente de la operación realizada y aplicando como pago a cuenta el impuesto reembolsado al consumidor final, en la declaración auto liquidativa correspondiente.”
El hecho de que se incluya a los servicios veterinarios como gravados al 4%; hace que sea de acatamiento obligatorio también la norma que se refiere a la devolución del impuesto. De tal manera, los médicos veterinarios deberán aplicar la figura de la devolución en su proceso de facturación, cuando reciban el pago por los medios indicados.
No todo es completamente positivo para el sector de los médicos veterinarios.
Si bien lograron que los usuarios y consumidores finales de sus servicios tengan que cancelar menos IVA o no cancelarlo del todo (por el asunto de las devoluciones); lo cierto es que esas ventas a tarifa reducida generan consecuencias importantes.
Los médicos veterinarios comprarán por regla general sus insumos a tarifa del 13% de IVA y solo se podrán acreditar hasta un 4%, por lo que el restante 9% deberán tomarlo como un costo (artículo 30.1 de la Ley de IVA).
Este principio se aplica cuando tengan identificación específica entre sus compras y sus ventas. Caso contrario, si no se cuenta con identificación específica y venden a diferentes tarifas, este IVA al 4% generará la obligación de realizar cálculos de proporcionalidad o prorrata más complejos.
El 9% restante del IVA debe ser considerado un gasto cuando, por ejemplo, el médico veterinario compra un producto, digamos de limpieza exclusiva de su mesa de trabajo (al 13%) que será utilizado sí y solo sí, para la venta de sus servicios de consulta de medicina veterinaria, que será vendida con un IVA del 4%.
Mientras que, el recibo de electricidad o el agua del local deberá incluirse en el cálculo de prorrata, pues esos servicios, comprados al 13% de IVA serán utilizados de manera indistinta para la venta de servicios médicos (al 4%) como en la venta de alimentos, juguetes y accesorios para mascotas que deben venderse con IVA al 13%.
Será más que necesario para estos profesionales contar con el suficiente conocimiento o con las herramientas necesarias que hagan posible una aplicación pacífica de la normativa tributaria.
Es importante mencionar que la anulación de la norma reglamentaria, no afecta las actuaciones que hicieron los profesionales en veterinaria ajustándose a una norma ilegal. En este sentido, el órgano jurisdiccional establece que “(…) Dicha anulación surtirá efectos declarativos y retroactivos a la fecha de entrada en vigencia de la norma, todo sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe y de las situaciones jurídicas que se hayan consolidado durante la vigencia de la misma (…)”.
Se debe reconocer la importancia de esta sentencia no solo a nivel del gremio de los médicos veterinarios, sino como la primera muestra de cómo se irán resolviendo algunas otras ilegalidades – que abundan – en las normas reglamentarias de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Situación comentada en diversas oportunidades por los especialistas en la materia tributaria, que hemos manifestado vicios en normativa infralegal “post-reforma fiscal”. Esta es la primera ilegalidad de muchas otras que pronto serán discutidas en Tribunales de Justicia; generando gran cantidad de anulaciones de disposiciones normativas.
in: Artículo,COVID-19,Editorial,La República - Carlos Camacho Córdoba,Reforma Fiscal
Tags: covid-19, covid19, Finanzas públicas, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas
Ahora tenemos más claras las características del problema económico que teníamos antes del COVID – 19 y aunque las consecuencias pandémicas en la economía continúan en proceso de definición, la realidad pre-COVID no debe escudarse en esta realidad posterior; más cuando las sus dimensiones efectivas aún están escribiéndose y empeorando.
Primera reflexión para rescatar: El mundo entero verá como consecuencia de Covid-19 una caída de sus niveles de producción y empleo, pero no todo el mundo partió de realidades económicas equivalentes. De igual manera que ese decrecimiento ocurra al colectivo, no se manifiesta de manera equitativa a todos los agentes de la economía, ni siquiera de manera proporcional.
Segunda reflexión clara: Costa Rica venía sumida en una profunda recesión desde hace muchos años, donde la más acelerada caída por supuesto la vemos ahora, pero que tiene cola desde junio de 2019, mucho antes que Covid-19 como pretexto y realidad saliera a la luz pública. Digo junio, por que desde entonces la administración Alvarado Quesada nos ha venido dando “atolillo con el dedo” en su acostumbrada y cada vez menos creíble estrategia de manejo de expectativa en divulgar milagros, sin contar con el “milagrero”.
Tercera reflexión: El tamaño, la profundidad y duración de las consecuencias de orden económico, de la realidad exacerbada por la pandemia sanitaria, simplemente dependerán de las medidas de reactivación que cada economía presente y, más que proyecte, ponga en acción de manera oportuna.
Cuarta reflexión: La reactivación económica debe ser diferente, pero acá se ha venido manejando de manera indistinta por moros y cristianos, a la solución de los efectos desatados y encendidos por la pandemia. Si la seguimos tratando de sanar por los síntomas, vamos indudablemente a errar. La reactivación económica es el conjunto de acciones sistemáticas y programáticas tendentes a solventar las causas y nunca los efectos de la caída de la producción.
Quinta reflexión: Costa Rica es un país poco competitivo por problemas estructurales, que no han sido atendidos desde hace décadas que vienen maquillándose. En este estornudo de Covid-19, simplemente se le está cayendo su añejo maquillaje multicapas, aportadas cada una de ellas, por las múltiples administraciones de Estado, que han pilotado la nave nacional antes y durante la actual administración.
Sexta reflexión: No hemos iniciado el camino de la reactivación económica. Los actos “magnánimos” hasta hoy legislados van en la línea del alivio del síntoma originado en el gran mal de nuestra economía, ser incapaz de gastar más que lo que es capaz de recolectar por medio de ingresos sanos al Estado. A la economía hay que meterle plata de verdad, estamos hablando de dotar de estímulos financieros de fondos no reembolsables producto de emisión. El banquero central debe despertar y apechugar, no es de recibo mantener entradas de dólares provenientes de, no se sabe dónde, que hagan del Colón costarricense la única moneda no devaluada del mundo. No le debe tener miedo a seguir cuidando el indicador de inflación que le asusta como el tigre debajo de la cama.
El Estado puede financiarse de tres formas fundamentales: mediante impuestos, deuda o donaciones. Estas últimas se han venido a más en los actos solidarios derivados de la pandemia de la Covid-19, pero no son por demás un medio normal y recurrente de vivir con el digno título de país en vías de desarrollo. Título que nos hemos enchufado en nuestro cerebro y nos hemos creído, por que es menos feo que el de subdesarrollados, o por que quienes dictan las medidas para esa clasificación, simplemente toman en cuenta algunas y no todas las variables de fondo de las economías.
Un país en vías de desarrollo es en contraste a uno subdesarrollado, aquel que va camino, es decir, con dirección a puerto de salida, de la condición de precarias variables económicas y sociales, con un paso sostenido y sostenible en el tiempo, para mejorar sus condiciones de competitividad. Es de la competitividad de donde se deriva el desarrollo, la capacidad de generar riqueza que produzca bienestar.
Que bien suena, pero entendámoslo… Una sociedad desarrollada es aquella que tiene o está, en proceso de construir en el mediano plazo condiciones de solvencia en sus variables mas críticas de orden fundamental.
Primero, un sector privado que cuente con las libertades de gestión que le permitan el cumplimiento de su triple misión: generar riqueza, empleo y contribuir a las cargas públicas en un sistema tributario equitativo y certero en lo jurídico; simple – ojo, no simplista – en el cumplimiento y que sea competitivo en lo horizontal de la comparación con las condiciones de los países de sus ares de influencia en el mercado.
Segundo, contar con un Estado que sea eficiente y eficaz en la función de asumir sus roles fundamentales de garantizar bienes o servicios no susceptibles de ser manejados de forma eficiente ni rentable por el sector privado.
Es decir, prestaciones tales como la sanidad universal en su acceso y accesibilidad, de la que hoy podemos dar cuenta al mundo con tanto orgullo. La seguridad ciudadana en todas sus caras, desde la seguridad física, la de tránsito, la jurídica, el acceso a la justicia pronta, cumplida y objetiva; esto alude a la justicia sin sesgos a favor o en contra de cargas ideológicas, o más aun exenta de corrupción.
Un Estado que pague salarios y prestaciones justas a sus servidores, siendo estricto y riguroso en el nivel de exigencia y propiciando el crecimiento de los funcionarios. Que abole, como se hizo con el ejército, la inamovilidad que es la fuente mayor tutela de la incompetencia y la corrupción del compadrazgo. Que, en ese concepto de justicia en la compensación de sus funcionarios, sea una justicia con métricas de gestión y competencia leal con el sector privado en materia laboral. Sin privilegios ni gollerías, adecuado a la realidad fiscal del Estado para sostener las cargas laborales.
Un Estado de función de regulación de la libre gestión de la armonía, entre las naturales contraposiciones y dicotomías entre desarrollo o ambiente, entre recursos naturales y su racional aprovechamiento, procurando que el estado de equilibrio se logre con la mínima intervención, como un padre que cuida sin sobreprotección ni descuido a sus hijos.
Un Estado que mantenga el acceso universal a la educación de forma cualitativa y cuantitativa. Que entienda que no basta con contar con aulas en el rincón más recóndito del país – que es motivo de orgullo nacional – pero ¿para qué aulas sin empleo? Hay que dar condiciones a la educación en lo cualitativo, orientar los programas y dotación de medios materiales, humanos y tecnológicos de equivalencia a los que se cuenta en las mejores instituciones educativas del sector privado. Modelar desde las bases una efectiva accesibilidad de los educandos a la inserción social. No apretarles como embutidos en el embudo social a ley de la selva en condiciones tan dispares. Una educación que atienda la función de formación para la vida, que incluya la capacidad orientativa de orden vocacional y con miras a la demanda de la empresa privada por personas capacitadas y capaces de ser competitivas y competentes.
Un Estado que, sabiendo que debe tener deudas, las adquiera con la certeza razonable de su capacidad de pagarlas y con el fruto del fomento de su buen uso. Endeudarse responsablemente conlleva a usar los recursos prestados para inversión en infraestructura, para dotar a la empresa privada de capacidades incrementadas de competitividad. Un estado de que valore el monto acumulado de sus compromisos de deuda mediante una planificación que trascienda a la Administración del gobernante de turno, que sea obediente a un proyecto país, que sea sustentable, evitando endeudarse para el pago de gastos corrientes.
Este debe ser un Estado delgado, pero bien alimentado. Con unos impuestos como fuentes principales de su financiamiento para sus gastos funcionales y de inversión, que fomenten la creación de la riqueza, entendiendo que su función es la de promotor y no de obstructor y mucho menos enemigo de la pagadora de sus recursos, que es la empresa privada.
Una empresa privada que cuente con un Estado amigable como el descrito, donde la natural contraposición de intereses no se exime, pero se pacta de forma transparente sin costos o agendas ocultas de parte y parte, indudablemente, será una empresa privada que tendría un marco de acción inicial para hablar de un plan de reactivación económica.
En esos términos, a las empresas privadas no les dolerá pagar impuestos justos, basados en su creación de riqueza, para que la función redistributiva del Estado sea ejecutada con la mira a la inserción de quienes no lo han logrado aun, pero evitando convertir el subsidio en la profesión u oficio del receptor, excepto en casos de orden natural.
Es necesario sintetizar todo lo anterior a ver si las autoridades de una buena vez entienden.
O reducen la ineptitud de gestión del Estado, cortando ya, no mañana, el tamaño, las funciones, las personas y las actitudes obstructivas y destructivas del clima de inversión, o el punto de partida de la reactivación económica no se puede siquiera plantear.
Costará y dolerá, pero la gangrena social que se viene alimentando con una empresa privada decreciente, desmotivada, con costos crecientes de operación resultantes de las evidentes falencias de infraestructura pública, dejará muy pronto al Estado solitario y habiendo matado la “gallina de los huevos de oro”.
Señores del Estado, esto es a todos los Poderes de éste. Ustedes han asumido el deber constitucional de defender los intereses de la patria. Hagan lo que se debe hacer de una buena vez. De otra forma, cada día que pasa está hundido en la historia y ésta se los cobrará.
La falta de valentía, sensatez y coraje que les vienen caracterizando solo avizora que la crisis no es de dos, sino de tres componentes: sanitaria, económica y de ineptitud en las autoridades, de todas ellas, la peor es la última.
Estoy seguro de que Costa Rica cuenta con un gran capital humano para salir adelante. Si ustedes no van a hacer nada, al menos no obstruyan el paso, pero tengan la responsabilidad de dejar hacer a quienes queremos construir un país que se dirija al norte del desarrollo y no al sur del populismo que les caracteriza su gestión.
Publicado en el periódico La República el 26 de mayo del 2020
Tags: covid-19, Crisis, reactivación econónica
Estamos ante la encrucijada de Alicia en el país de las maravillas y su encuentro con el conejo y la paradoja de qué camino tomar: ¿Sabes adónde vas? – pregunta el conejo. La tímida respuesta fue no. Entonces no importa que camino tomes, siempre llegaras a cualquier sitio.
Publicado en el periódico La República el 12 de mayo del 2020
Tags: administración tributaria, covid-19, economía, gestión de riesgo
Aunque la pregunta puede ser vista desde diversos ángulos, es importante remarcar la importancia de incluir un repaso de nuestro entorno mundial, ya que en una economía global e interdependiente como la que vivimos, hay una diversa gama de fenómenos que estamos experimentando, que nos son inexplicables a primera vista.
Un fenómeno que no dejó de sorprender de manera completa a propios y extraños fue la inusitada conducta del precio del petróleo en el mercado internacional, para entregas a mayo. Conducta que no se ha limitado a este bien -clasificado en la familia de los “commodities”- sino que ha impactado a muchos relacionados con las industrias de la construcción, la movilización y la energía.
Los “commodities” tienen la característica de ser transados en los mercados entre productores o intermediarios, adquiridos por una dualidad de compradores. Tanto por aquellos que encuentran en estos bienes una manera de inversión, como por los que son grandes distribuidores de regiones o países que consumen dichos bienes.
Aunque sea la primera vez que nos acerquemos a mirar esta forma particular de bienes en la economía, es importante indicar que solo mediante el acercamiento a ellos, sin exceso de tecnicismos, podemos comprender qué pasó con el petróleo y por que éste y sus hermanos los “commodities” son medios para invertir.
Si el lector presta cuidado, habrá notado que he mencionado el precio que bajó fue el del petróleo con entregas a mayo, lo que nos da una de las múltiples característica de estos “commodities.” No se transan para ser entregados al momento, como los demás bienes de consumo o de inversión, sino que se transan a un precio, el día de adquisición para una fecha de compromiso de entrega en el futuro, variando el precio según el momento de la entrega.
Esto nos lleva a por qué los inversionistas usan los “commodities” como instrumentos para obtener beneficios. Conforme más se aleja la fecha de entrega, el precio al que se transa el bien tiende a ser menor por los riesgos y el valor del dinero en el tiempo, asimilable a los rendimientos en medios directos, tales como las tasas de interés, siendo más altos, conforme está mas cerca el momento de la entrega.
Todo se basa en el principio básico que supone que obtendrá una ganancia, aquel que, en condiciones normales de mercado, haya comprado a más largo plazo y venda cerca de la fecha de la entrega. Sin embargo, aquí está la explicación del inusitado “precio negativo.” Estas transacciones suponen “condiciones normales de mercado”, al variar esta condición simplemente el precio se comporta de manera absolutamente caprichosa, pudiendo ser mayor o menor según sean las condiciones de riesgo que los compradores y vendedores perciban.
Al alargarse la crisis de salud, con la consecuente medida de confinamiento o distanciamiento social, se ha provocado una condición anormal en el mercado. El petróleo que ya estaba embarcado por los exportadores, conforme caminaban las manecillas del reloj a la fecha de entrega, no encontraba compradores – pues los consumidores finales se encuentran paralizados -y genera un gran aprieto a los que habían comprado sin conocer siquiera la existencia del Covid-19 y sus consecuencias en la movilización y por ende, en los patrones de consumo del petróleo.
Esto hizo que los dueños del petróleo estuvieran dispuestos a pagarle a su comprador, así como lo lee, por llevarse el producto, para reducir el tamaño de sus pérdidas y la consecuencia en la mayor parte de los mercados fue la reducción consecuente de los derivados del petróleo. Anormal, lo que es indicador de que los mercados se están comportando de manera totalmente anormal.
Ya no solo el de los “commodities” sino el de los demás productos como aquellos relacionados a los nuevos consumos, sean los que se utilizan para la atención de la emergencia sanitaria, así como la demanda desordenada, estimulada por el temor, la histeria y el pánico de que nos quedáramos sin abasto de alimentos y el curioso consumo masivo de papel higiénico.
De ahí que cuando nuestras autoridades sanitarias nos dicen que el mercado de las mascarillas, el de los aparatos para hacer pruebas de contaminados, así como muchos otros requeridos en la atención del Covid-19, están experimentando condiciones anormales de mercado, es precisamente, por comportarse de forma distinta a la que se comportaban antes de la pandemia.
Hacer este espeso repaso por dos áreas de las múltiples que ocurren actualmente en el mundo, nos dicen cuáles son los retos por superar cuando estamos decidiendo: ¿qué debemos hacer con nuestra empresa en los tiempos actuales?
Si nos miramos nuestros zapatos solamente, pues nos aprietan en la actual situación, permaneciendo en nuestro metro cuadrado, estamos limitando las posibilidades de la empresa para sobrevivir en las turbulencias que vive la burbuja azul, el planeta en el que vivimos todos. El problema no son los zapatos, el problema es el terreno que estamos pisando.
Son los mismos zapatos, aquellos en los que nos sentíamos cómodos, los que de repente nos dan una sensación agobiante de incomodidad inexplicable. Es equívoco creer que el problema son los zapatos, navegar en las batidas aguas económicas de hoy, es agobiante y mortal, si no logramos definir cuáles son los adecuados vestidos y equipamiento con que debemos enfrentar esta travesía de indefinida temporalidad.
Responder la pregunta ¿qué está pasando en el mundo? con la inocencia de sospechar que el problema son mis zapatos, es garantía letal para su empresa o emprendimiento.
Valga decir, que, además, percatarnos de la diferencia por la persistente molestia en nuestros pies, puede llegar a ser un factor exacerbante de la condición de riesgo en la que nos encontramos.
Estamos en una recesión económica resultado de la pandemia, que los optimistas indican que no se iniciará a recuperar antes del final de 2021, lo que nos lleva a tener que tomar decisiones valientes, disruptivas e innovadoras a la mayor brevedad. El tiempo es como el oxígeno del tanque, tan crítico como saber, con cuanto cuento para sobrellevar esta situación.
Cuando el empresario o emprendedor llega a este punto de la encrucijada necesita ayuda, pero lo aconsejable es que la busque lo antes posible. Estamos viviendo tiempos que nunca a nuestra generación le tocó vivir. Apasionantes como reto de supervivencia, pero se necesita de mucha ayuda especializada, no en Covid-19, sino en gestión de crisis en al menos cinco pilares básicos.
Primer pilar: manejo de riesgo, siendo esto la capacidad primaria de identificarlos, medirlos y gestionarlos; ya sea trasladándolos a otros agentes de la economía, o identificando cómo reducirlos o mitigarlos. Esto es toda una disciplina de la gestión administrativa que toma años de preparación y tenemos días, con suerte meses, para poder actuar.
Segundo pilar: estructuración financiera. Un factor crítico al que en nuestra práctica profesional hemos detectado la mayor parte de las empresas. Empresarios y emprendedores cuentan con la mayor experiencia, aunque los que han tenido que renegociar y aprovechar los diversos alivios institucionales existente, renquean de manera importante, ya por exceso o por defecto.
Tercer pilar: administración del asunto de continuidad de negocio, o el de negocio en marcha. Muchos, por ver el corto plazo, están obviando que, al tomar decisiones apresuradas y carentes de dimensionamiento, pueden estar poniendo en riesgo la efectiva capacidad de continuar en negocios, después de indiscriminadas conductas o recortes que se convertirán en un boomerang mal administrado, que golpea a la vuelta.
Cuarto pilar: tema tributario. Es momento para navegar aprovechando cada alivio que la ley marco así denominada, de Alivio Fiscal, otorga con conciencia y responsabilidad. De igual manera es imperdonable no acceder a la planificación adecuada de las cargas tributarias, para lograr disminuir este importante costo – que llega casi al 58% de carga acumulada – dentro del marco de la ley. Disciplina que debe pasar por un apoyo experto, distinto a la buena técnica de llenado de declaraciones impositivas.
Quinto pilar: tan crítico como los anteriores, la comunicación en su dimensión estratégica, orden operativo, manejo de comunicación en crisis en la diversidad de públicos y en sus dimensiones internas y externas. Este es un suero vital que muchas organizaciones han perdido de vista y de no gestionarlo, aun si hipotéticamente estuvieran haciendo bien el resto de los pilares, podrían estar sembrando el germen de su futura lápida.
Administrar en crisis requiere, como pueden notar, una diversidad multidisciplinaria que debe estar atenta como en una unidad de cuidados intensivos a cada signo vital, a cada progreso o retroceso. No son solo son los respiradores los importantes, también lo son la gama de valoraciones multidisciplinarias que en estas salas especializadas y escasas se deben gestionar. Así como son de escasas las camas de UCI (Unidades de Cuidados Intensivos) también lo son los proveedores integrales de apoyo profesional para poder mejorar las posibilidades de supervivencia empresarial.
Así como un paciente prudente debe evitar la automedicación en todos los casos, se hace absolutamente exigente que, cuando se llega a necesitar de cuidados intensivos, evite por más que su empirismo empresarial le haya sido útil, llegar a tratar de resolver por sí mismo algo absolutamente nuevo, ya que puede estar acelerando lo que cree estar evitando, la muerte de su negocio y aumentando el riesgo sobre los bienes personales y familiares.
Déjenos ayudarle, somos su unidad de cuidados intensivos empresariales, no se espere para el final, puede que no haya camas, espacios, respiradores o que su propia condición haga que ya nada le logre evitar.
Publicado en el periódico La República el 05 de mayo del 2020
DGT: Una pausa en las fiscalizaciones
in: Artículo,COVID-19,Impuestos
Tags: administración tributaria, covid-19, fiscalización tributaria, riesgo tributario
¿Qué hacemos en esta pausa de dos meses? ¡Es hora de trabajar! – Lineamientos temporales extraordinarios de los procesos de fiscalización
La atención de la emergencia del COVID-19 conlleva una serie de consecuencias relacionadas en las diferentes áreas del aparato gubernamental. De ahí los cinco lineamientos temporales relacionados con los procesos de actuaciones fiscalizadoras publicados por la Dirección General de Tributación.
Entre los lineamientos publicados destaca el que “No se notificarán nuevas comunicaciones de inicio de actuación fiscalizadora durante los meses de abril y mayo de 2020”. Un antónimo a la filosofía expuesta por el Ministerio de Hacienda en cuanto a las acciones tendientes a la recaudación tributaria.
Lo cierto es que estas cosas no suceden todo el tiempo y que, en lugar de tomar un respiro, frotarnos las manos y hacer lo que es más cómodo – que es nada -, deberíamos estar pensando y ejecutando las maneras en las que podemos sacar ventaja del mandato temporal. Aprovechar que, de momento, no tendremos que lidiar con nuevos procesos de fiscalización en los próximos dos meses.
De seguro muchos de los que están leyendo esto se encuentran en una etapa incómoda de sus negocios. Más de uno no puede dormir tranquilo porque es conocedor de sus “pecados” tributarios… ¿Cuántos sienten que están a punto de ser “descubiertos” y no tienen claridad de lo que deberían estar haciendo para que los disparos, cuando lleguen, no sean mortales?
Puede que usted no sea parte de ese grupo, pero que pertenezca a otro aún peor: el de los que no conocen siquiera que tienen prácticas y políticas empresariales riesgosas.
Los que no conocen que tienen condiciones objetivas y subjetivas que los hacen ser el siguiente en la lista de “prospectos a fiscalizar.” Estos últimos tienen una doble exposición respecto al grupo anterior.
Si usted es de este segundo grupo de seguro duerme tranquilo, sí, pero tiene la batalla perdida desde ya si sus conductas son fiscalizadas y la Administración considera que sus prácticas de negocios, en su criterio, son distintas a las previstas por la normativa.
De acuerdo con nuestra experiencia profesional, la mayor parte de quienes reciben traslados de cargos resultantes de fiscalizaciones, se confiesan sorprendidos. Desconocían que sus prácticas no eran acordes a las disposiciones legales, esto inclusive por ser temas de puro criterio subjetivo de la Administración Tributaria.
Y ¿qué es lo que deberíamos estar haciendo en esta fase de “tregua”?
La respuesta es, al menos, el definir su mapa de riesgos.
Para poder tener una buena estrategia, es necesario trabajar los riesgos desde tres perspectivas: 1. Identificarlos, 2. Medirlos y 3. Mitigarlos.
El momento de actuar es ya, no mañana ni en una, cuatro u ocho semanas. Tome estos dos meses de ventaja como una oportunidad en medio de la crisis. Diagnostique su negocio y empiece a trabajar en las medidas preventivas y correctivas necesarias para mitigar los riesgos que ya tiene y en los que podría estar a punto de incurrir.
De seguro la Administración Tributaria seguirá afilando el hacha, haciendo inteligencia tributaria con la información que le están obligando a declarar. Procesándola, analizándola y comparándola.
Lo aseguramos… a su regreso, dentro de dos meses, ellos sí que tendrán una estrategia de fiscalización. ¿Tendrá usted la suya lista?
En Grupo Camacho Internacional le ayudamos con la preparación y administración de su mapa de riesgos y le asesoramos en cuanto a las medidas que desde el punto de vista estratégico es conveniente que vaya implementando. Somos su aliado antes, durante y después de un proceso de fiscalización.
Lucía Vargas Solís