Source: https://es.scribd.com/document/241696796/Venezuela-Ley-de-Igualdad-pdf
Timestamp: 2020-07-03 18:01:22
Document Index: 54488131

Matched Legal Cases: ['artículo 75', 'artículo 76', 'artículo 78', 'artículo 21', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 10', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'artículo 88', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'artículo 24', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'Artículo 65']

Proyecto De Ley Organica Para La Equidad E Igualdad De Genero | Igualdad de género | Etnia, raza y género
Proyecto De Ley Organica Para La Equidad E Igualdad De Genero
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oratoria sexualidad y equidad de genero
LENGUAJE.ENSAYO
Republica Bolivariana de Venezuela Asamblea Nacional Comisión Permanente Familia, Mujer y Juventud
Sin duda, el siglo veinte significó el período más revolucionario en la lucha por conquistar el derecho a la igualdad y la equidad entre hombres y mujeres. Por milenios, en todas las culturas del planeta, las mujeres han sido objeto de discriminación en todas las esferas sociales y políticas, bajo la argumentación de supuestas diferencias naturales. Es en el siglo veinte cuando los fundamentos ideológicos que habían sustentado la condición de subordinación de la mujer se ven seriamente cuestionados: Las mujeres se organizan para transformar lo que hasta ese momento había sido considerado el orden natural, reivindicando un nuevo orden social fundamentado en los principios de igualdad, democracia y ciudadanía para todas las personas, decretados desde la Revolución Francesa.
La conquista por el voto, el acceso a la educación, al trabajo remunerado, y la demanda de leyes no discriminatorias, constituyeron hitos en el proceso que aún vivimos para impulsar las transformaciones sociales, políticas, económicas y en general de todo orden, conducentes a la igualdad de derechos que superen las discriminaciones y desigualdades que aún persisten entre hombres y mujeres.
En Venezuela, los movimientos de mujeres han protagonizado importantes movilizaciones sociales impulsando los cambios y las modificaciones necesarias para la construcción de una sociedad más justa, pluralista, democrática en todas las dimensiones pero muy específicamente en lo vinculado a la equidad entre hombres y mujeres.
A partir de 1928 fecha en que se funda la primera asociación de mujeres (Sociedad Patriótica de Mujeres Venezolanas) se producen una serie de hechos:
Av.Sur 21. Esquina de pajaritos. Edif
José María Vargas. Piso 7. Telf. 0212 409.6876/ 6884/6888
Correo: comisiondefamilia_an@hotmail.com/ cfamiliamujeryjuventud@gmail.com martes, 05 de agosto de 2008
La lucha de las mujeres contra la dictadura de Juan Vicente Gómez (1936), la
participación en las reformas del código civil en 1942, la conquista del derecho
al voto en 1945 y la aprobación de una constitución que consolidó estos logros
en 1947, todos los cuales muestran los frutos de las dos primeras décadas de reivindicaciones por los derechos de las mujeres.
Los años 50 se dedican a la lucha contra la dictadura de Pérez Jiménez, la búsqueda de la libertad y la democracia signan ese período. Los sesenta y los
setenta, son la época de la creación de los Comités de Defensa por los Derechos de las Mujeres, surgen movimientos sociales autónomos de mujeres (feministas)
y se inician nuevas formas de institucionalidad gubernamental, como por
ejemplo el Ministerio para la Participación de la Mujer en el Desarrollo (1978). En este período se realiza también la primera Conferencia Internacional de la Mujer convocada por la Organización de las Naciones Unidas (México 1975) y se proclama el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer (1975 - 1985).
La década del 80 es propia de las formulaciones de políticas públicas a
favor de la mujer. En el ámbito internacional se aprueba la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, (Cedaw),
la cual fue decretada ley por el Congreso de la República de Venezuela en 1982 y
actualmente refrendada por la Asamblea Nacional (febrero 2001).
En 1987 se creó el Ministerio de la Familia y en 1989 se conformó el Ministerio de Estado para la Promoción de la Mujer; la Comisión Femenina Asesora de la Presidencia de la República y la Comisión Bicameral para los Derechos de la Mujer del Congreso Nacional.
En 1991 se da la Reforma de la Ley Orgánica del Trabajo que establece el Título VI “De la Protección Laboral de la Maternidad y la Familia” centrados en derechos de la mujer trabajadora, como el fuero maternal.
En 1992 se decretó la creación del Consejo Nacional de la Mujer, incorporado en la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer (1993), siendo convertido en Instituto Nacional de la Mujer en 1999. Durante 1993 se aprobó la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer, con la cual se reafirma el compromiso asumido por el país al aprobar la Convención. Sobre Toda Forma de Discriminación Contra la Mujer (Cedaw).
Para 1998 se aprueba la Ley Contra la Violencia hacia la Mujer y la Familia, puesta en vigencia en enero 1999, año en el cual se da inicio al proceso Constituyente, mediante el cual se consolida el reconocimiento de los derechos de la mujer, a través de la nueva Constitución aprobada ese mismo año.
A todo lo largo del siglo XX las mujeres venezolanas no sólo levantaron y lucharon por las banderas de la Igualdad y la Democracia, sino que fue construyendo espacios e instituciones desde los cuales hizo escuchar su voz en defensa de sus derechos y manifestando solidaridad hacia las otras mujeres.
Legislar con perspectiva de género tiene que ver justamente con construir mecanismos para superar las discriminaciones, exclusiones y agresiones en las relaciones entre los géneros, con gran perjuicio casi siempre para las mujeres.
Afortunadamente, Venezuela inaugura la antesala del siglo XXI con una nueva Constitución, la cual, producto de la activa participación del movimiento amplio de mujeres, establece desde su Preámbulo el principio de igualdad “sin discriminación ni subordinación alguna” y construye un discurso constitucional visibilizando lo femenino y con una clara perspectiva de género que en forma transversal impregna todo el espíritu de la Carta Magna. La Constitución visibiliza a la mujer como ciudadanas de deberes y derechos, creadora y autónoma, imprescindibles para el pleno desarrollo de la sociedad. El lenguaje no sexista de la Constitución de 1999 basado en el principio de la igualdad y la no discriminación, constituye una ruptura paradigmática con el viejo modelo patriarcal de la subordinación y la exclusión en las relaciones de género. De ahí que se hacen presentes artículos de una gran trascendencia para el desarrollo de una cultura democrática de género, para la igualdad y equidad entre hombres y mujeres.
Desde esta perspectiva este proyecto legislativo busca desarrollar a los
fines de implementar acciones que aseguren la igualdad de oportunidades para
la calidad de vida de todas y todos, los principios constitucionales establecidos
a) En el artículo 75, donde se reconoce la existencia de diversas estructuras
y organizaciones familiares y con ello superar la visión unilateral de la sola
existencia de la familia nuclear. Se visibiliza el hogar dirigido por mujer sola u hombre solo y se establece el tipo de relaciones familiares que deben orientar el
clima de convivencia familiar: Deberes e igualdad de derechos, la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto recíproco entre sus integrantes (eliminación de la violencia intrafamiliar).
b) El artículo 76 el cual establece la protección a la maternidad, la paternidad y la consagración del derecho de las parejas a decidir libre y responsablemente el número de hijas e hijos que deseen concebir y a disponer de la información y los medios que aseguren el ejercicio de ese derecho; así como el derecho a servicios integrales de planificación familiar basados en valores éticos y científicos.
c) El artículo 78 reconoce a las niñas, niños y las y los adolescentes como
sujetas y sujetos plenos de derechos.
d) El artículo 21 garantiza la Igualdad ante la Ley de hombres y mujeres sin ningún tipo de discriminación.
e) Los artículos 62 y 70 que contemplan los derechos a la participación
política protagónica, incorporando a las mujeres a los puestos de poder y de elección popular, en condiciones de igualdad.
f) Los artículos 88 y 89 en los cuales se reconoce el valor económico del
trabajo doméstico y la seguridad social para las amas de casa, así como la protección material, moral e intelectual de las trabajadoras.
Las mujeres en Venezuela, ciertamente han avanzado mucho en la eliminación de la legislación discriminatoria pero esta igualdad formal no se ha traducido necesariamente en igualdad real, por lo que la mayoría de ellas continúan sufriendo discriminación y subordinación. En esta dirección, es importante anotar indicadores que recogen esta situación de exclusión de procesos económicos, políticos, sociales y culturales que afectan la vida cotidiana de las mujeres y que día a día vulneran sus derechos humanos.
“El patriarcado como sistema de poder y modelo de dominación es preexistente, pero el capitalismo neoliberal se apoya en el patriarcado, hay alianza y
complementariedad entre ambos. Estos sistemas se fortalecen mutuamente. El sistema patriarcal, inculcado de generación en generación a través de los mecanismos tradicionales de socialización, que diferencian a hombres y mujeres en base a los roles de género, jerarquiza lo masculino fundamentando así la asimetría en el poder y en la valoración de los sexos. Las mujeres, culturalmente ligadas al ámbito de la reproducción de la vida en lo doméstico -dentro del patriarcado-, tienen menos valor y menor participación en las decisiones sociales” 1 .
1) Desarrollar desde los principios de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela una cultura democrática e igualitaria de género,
promoviendo y garantizando los derechos de las mujeres y los hombres
basados en la equidad, justicia y no discriminación.
2) Garantizar la paridad de género como propulsora de la democracia
participativa y protagónica para alcanzar la igualdad en el ejercicio del
poder y en la toma de decisiones en todos los ámbitos de la sociedad.
3) Garantizar la transversalización del enfoque de género en todas las
políticas públicas, incluyendo los presupuestos nacionales, estadales y
municipales con el fin de ampliar el acceso de las mujeres a los recursos para una mejor calidad de vida.
4) Garantizar, en el marco de los principios de solidaridad y corresponsabilidad con equidad de género, los derechos a la salud, incluyendo salud sexual y reproductiva, derecho a la educación, al empleo, vivienda, recreación, cultura, al desarrollo económico y a la participación en las políticas públicas (programas y misiones), para el protagonismo social.
Fomentar y promover la educación y la formación para la igualdad, como garantía de la corresponsabilidad y solidaridad entre los sexos en la familia y la sociedad.
6) Fortalecer el respeto al derecho humano de las niñas, las adolescentes y las mujeres a una vida libre de violencia como base necesaria para una sociedad fundamentada en el valor de la vida y en la cultura de la paz.
7) Promover medidas para fortalecer y desarrollar la institucionalidad de género nacional, estadal, municipal y local, para dar garantía de los derechos humanos de mujeres y hombres en condiciones de igualdad.
8) Promover medidas de acción positivas para saldar la deuda social en materia de género que busquen proteger a grupos excluidos: indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, campesinas, jefas de familia, adulta mayor, mujeres privadas de libertad y la no discriminación por preferencias sexuales.
9) Proporcionarle viabilidad a todos los convenios y tratados internacionales, suscritos por la República Bolivariana de Venezuela, tales como la Ley Aprobatoria de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer (Convención de Belén Do Pará), la Declaración
del Milenio y el Consenso de Quito.
Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social Ley de Creación del INPSASEL, en 1992 Norma Oficial para la atención integral de la salud sexual y reproductiva, Noviembre 2003. Lineamientos Estratégicos para la Promoción y el Desarrollo de la Salud Integral de los y las Adolescentes de Venezuela, julio 2003. Ministerio de Salud y Desarrollo Social. LOPCYMAT (Comisión Presidencial 1977, Promulgación en 1986, Nueva LOPCYMAT en 2005). Reglamento Parcial de la LOPCYMAT, en 2006
Ley Orgánica por el Derecho de las Mujeres a una Vida libre de Violencias, 2005 La Ley Orgánica de Protección de las niñas, niños y adolescentes, de 1998 y su reforma, 2006
1.- Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (Cedaw, 1979). 2.- Conferencia Mundial de los Derechos Humanos (Viena, 1993). 3.- La Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (Cairo,
4.- La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará, 1994). 5.- La Cuarta Conferencia de la Mujer (Beijing, 1994).
1.- Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer (Costa Rica). 2.- Ley Contra la Violencia a la Mujer y a la Familia (Ecuador). 3.- Ley Contra la Violencia Intrafamiliar (República Dominicana). 4.- Ley General para la Igualdad de Hombres y Mujeres, México, 2 de Agosto de 2006
COMISION PERMANENTE DE FAMILIA, MUJER Y JUVENTUD Proyecto de Ley Orgánica para la Equidad e Igualdad de Género
Objeto de la Ley Artículo 1.- Esta Ley tiene por objeto garantizar y promover el ejercicio de los derechos de mujeres y hombres basado en la igualdad, justicia, no discriminación y corresponsabilidad consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los tratados y convenios internacionales suscritos por la República Bolivariana de Venezuela.
De la igualdad ante la Ley Artículo 2.- El Estado garantizará a mujeres y hombres sin discriminación de ninguna índole la protección, el goce y ejercicio de sus Derechos Humanos; a través de políticas públicas, planes y programas con perspectiva de género, sobre la base de un sistema integral de seguridad social conforme a salud, educación, alimentación, empleo y estabilidad laboral, cultura, deporte y recreación.
Definiciones Artículo 3.– A los efectos de la aplicación de esta Ley se establecen las siguientes definiciones:
a.- Género: Es una categoría de análisis de la realidad social que define un conjunto de prácticas, ideas y discursos relativos a lo femenino y lo masculino, que se expresan en relaciones desiguales de poder en un contexto histórico.
b.- Igualdad: Es el reconocimiento a todas las ciudadanas y ciudadanos del goce y ejercicio de los mismos derechos.
c.- Equidad: Supone dar a cada cual lo que le pertenece, reconociendo las condiciones o características específicas de cada persona o grupo humano según sexo, género, clase, religión, edad, reconociendo la diversidad.
d.- Discriminación: Es toda distinción, exclusión o restricción que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce, o ejercicio con principios de igualdad de los derechos humanos de las mujeres en cualquier esfera de la vida social.
e.- Patriarcado: Es un sistema de dominación histórico socio-cultural donde priva el poder de lo masculino sobre lo femenino en sus manifestaciones y condiciones sociales e individuales.
Transversalización del enfoque de género en los Poderes Públicos Artículo 4.– Los Poderes Públicos y la administración pública en el ámbito
nacional, estadal, municipal y comunal, tienen la obligación de transversalizar el
enfoque de género en todas sus políticas públicas, planes y programas, a fin de
lograr la equidad e igualdad en todos los ámbitos de la vida para garantizar el
pleno desarrollo de derechos humanos de mujeres y hombres. Igualmente, están
obligados a presentar en sus informes anuales los resultados en la aplicación de
Capítulo II De los Derechos Protegidos
Sección Primera Derechos Sexuales y Reproductivos
Definición Artículo 5.- Se entiende por derecho a la salud sexual y reproductiva un
proceso que conduce al bienestar físico, emocional, social y cultural, en todos los
aspectos relacionados con la sexualidad y reproducción humana de mujeres y
hombres. Entraña la capacidad de disfrutar una vida sexual satisfactoria,
responsable, sin riesgos y la libertad de decidir o no procrear, que incluyen:
El derecho a no morir por causas previsibles y prevenibles relacionados con la salud sexual y reproductiva. (art. 43 CRBV)
El derecho a la igualdad y no discriminación en la vida sexual y reproductiva. (art. 21 CRBV) El derecho de toda persona a vivir una sexualidad placentera, responsable y libremente decidida y la capacidad de ejercer la orientación sexual e identidad y expresiones de género sin discriminación y en condiciones de igualdad. (art. 19,21,60 CRBV) (art. 23 tratados) El derecho a la autonomía e integridad corporal. Incluye el derecho de la mujer a tomar decisiones responsables y libres relativas a su sexualidad y reproducción sin sufrir discriminación, coacción y violencia. (art. 23 tratados int.) El derecho a educación de la sexualidad de calidad con enfoque de género adecuado al ciclo de vida. (art. 103 educación integral) El derecho de recibir servicios de atención integral para la salud sexual y reproductiva a lo largo del ciclo de vida, con los principios de gratuidad, oportunidad, confidencialidad. (art. 83,84,76 CRBV) El derecho a decidir libre, responsablemente y sin coacción o violencia tener o no hijos e hijas, el número y el intervalo de los nacimientos. (art. 76 CRBV) El derecho a la accesibilidad y gratuidad a los métodos anticonceptivos seguros, modernos y eficaces de prevención del embarazo respetando los principios de aceptabilidad, autonomía y mediante consentimiento previo informado. (art. 76 CRBV y 46, ordinal 3) El derecho a recibir orientación, información, atención integral y tratamiento técnico profesional integral, transdisciplinario y humanizado durante todo evento obstétrico y durante la lactancia. (art. 76 CRBV)
Parágrafo único.-El Estado garantizará que todo lo contemplado en la Sección anterior se extenderá en iguales condiciones a las mujeres que se encuentren privadas de libertad.
Principios Artículo 6.- Todas las personas en condiciones de igualdad real y efectiva
dispondrán de los mecanismos necesarios para hacer exigibles los derechos
reconocidos en esta Ley que se regirán bajos los siguientes principios:
a. Accesibilidad oportuna y eficaz, equidad, gratuidad, debida diligencia, dotación de insumos y medicamentos e infraestructura.
b. Consentimiento previo, libre, amplio e informado y libertad de decisión.
c. cumplimiento de los principios éticos y científicos, la confidencialidad
la privacidad en el ejercicio profesional de los prestadores y
prestadoras de servicios de salud así como informar, prevenir, atender y tratar generando buenas prácticas con calidad y calidez en su ejercicio
profesional público o privado.
Artículo 7.- El Estado tiene la obligación indeclinable de adoptar todas las
medidas administrativas, legislativas, judiciales y de cualquier otra índole,
necesarias y apropiadas que aseguren el cumplimiento universal y equitativo de
esta Ley, garantizando el ejercicio y la exigibilidad de los derechos sexuales y
reproductivos sin discriminación y en condiciones de igualdad real y efectiva.
Artículo 8.- Las personas, instituciones públicas o privadas que menoscaben
con sus actos u omisiones, cuyos resultados vulneren o discriminen los derechos
sexuales y reproductivos tendrán sanciones civiles, penales y administrativas.
Medidas de promoción de derechos sexuales y reproductivos
Articulo 9.- Le corresponderá al Estado mediante sus instituciones promover
los cambios culturales, sociales, económicos, políticos e institucionales, así
como definir las políticas públicas, planes, programas y proyectos para hacer
efectivo y exigible el pleno ejercicio de estos derechos sexuales y reproductivos
en condiciones de igualdad sin discriminación, con la corresponsabilidad de los
consejos comunales y todas las formas de organización social y política.
Disponibilidad de servicios de salud sexual y reproductiva
Artículo 10.- Todas las personas tienen derechos a servicios de atención en
salud sexual y reproductivas integrales diferenciados y especializados de
acuerdo al ciclo de vida y género que garanticen la confidencialidad e incluyan,
entre otros, información, prevención, tratamiento y cuidado de las infecciones
de transmisión sexual, VIH-SIDA, cáncer de cuello uterino, cáncer de mama y
Políticas de igualdad para la adolescencia Articulo 11.- El Estado está obligado a garantizar las políticas públicas,
planes, programas y proyectos con enfoque de genero para hacer efectivo y
exigible el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las y los
adolescentes con el objeto de que puedan asumir su sexualidad de manera
responsable para la prevención del embarazo en adolescentes y las infecciones
de transmisión sexual incluyendo el VIH-SIDA.
Articulo 12.- El Estado esta obligado a garantizar la información, orientación
y servicios de planificación familiar de calidad en todo el sistema público
nacional de salud adecuados a las necesidades de mujeres, hombres y
adolescentes así como proveer de manera gratuita y universal métodos
anticonceptivos altamente efectivos incluida la anticoncepción de emergencia.
Atención obstétrica Articulo 13.- Todas las mujeres tienen derecho a la información y atención
integral, confidencial, continua, humanizada, acompañada y libre de riesgo
antes y durante todo evento obstétrico, contando para ello con acceso oportuno
a las diferentes modalidades de atención segura, tanto intra como extra
hospitalaria, haciendo énfasis en la garantía de los cuidados obstétricos de
Sección Segunda Derecho a una Vida Libre de Violencia Campañas educativas
Artículo 14.– Con el propósito de garantizar el derecho de las niñas, niños,
adolescentes, mujeres y hombres a vivir una vida sin violencia, el Estado asume
la responsabilidad de desarrollar programas, proyectos y campañas de
educación a través de los diversos medios de comunicación social, para
fomentar una cultura de paz e igualdad.
Artículo 15.– El Estado apoyará y fortalecerá las actividades de las entidades
pertinentes encargadas de prestar apoyo y asistencia a mujeres y hombres
víctimas de cualquier forma de violencia.
Articulo 16.- El Estado deberá garantizar la atención integral, con perspectiva
de género, a las mujeres privadas de libertad y especialmente el derecho a
recibir visita intima y la de sus hijos e hijas en ambientes acondicionados de
acuerdo con las demandas especificas de las mujeres.
Recintos carcelarios para mujeres Articulo 17.- Para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres privadas
de libertad se eliminarán de los establecimientos carcelarios los anexos
femeninos, promoviendo la creación de edificaciones adecuadas a las
especificidades, donde se le proporcionen las condiciones para el desarrollo y la
reinserción social de las mujeres.
Sección Tercera Derecho a la Educación con enfoque de género
Difusión, promoción y educación
Artículo 18.– El Ministerio del Poder Popular para la Educación, y el
Educación Superior deberán:
a) Incorporar la transversalización del enfoque de género en los proyectos, planes y programas de estudios en todos los niveles de la educación a los fines de eliminar todos los estereotipos de roles entre mujeres y hombres que perpetúan la discriminación y la violencia.
b) Formar y sensibilizar a la comunidad educativa con perspectiva de género bajo los lineamientos del órgano rector en la materia.
c) Promover la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en el acceso a todas las modalidades y niveles de escolaridad.
d) Estimular la educación mixta e implementar los valores de igualdad de género entre mujeres y hombres para incentivar el respeto, las obligaciones familiares compartidas, así como los principios de solidaridad entre mujeres y hombres.
e) Normar los diseños curriculares, los proyectos, programas de estudios, textos, publicaciones y materiales de apoyo utilizados con equidad de género para fomentar la corresponsabilidad entre mujeres y hombres, en el ejercicio de derechos y obligaciones, su contribución social e histórica para que todo contenido contrario a los principios enunciados, sea excluido de la actividad docente, pública y privada.
f) Aplicar todas las medidas apropiadas para lograr la igualdad de género, equidad y paridad, tanto en las actividades del sector público como del privado.
g) Diseñar programas de difusión en los medios de comunicación como instrumentos esenciales para el desarrollo de la igualdad entre mujeres y hombres y eliminar cualquier contenido que de manera directa o subliminal discrimine y atente contra la dignidad y/o los principios de igualdad consagrados en la constitución y las leyes.
h) Crear centros especiales para la formación y especialización de género bajo la orientación del órgano rector en la materia.
Investigación con enfoque de género Artículo 19. – El Ministerio del Poder Popular para la Educación, y el Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior tienen la obligación de incorporar a los órganos competentes en materia de investigación las estrategias y enfoques de género a fines de producir conocimiento que mejoren las condiciones de igualdad y no discriminación entre mujeres y hombres.
Formación para la igualdad Artículo 20. – El Ministerio del Poder Popular para la Educación y el Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior como órganos rectores de las políticas educativas tienen la obligación de garantizar la formación igualitaria de mujeres y hombres a través de las organizaciones sociales, bajo los principios del respeto, solidaridad, corresponsabilidad compartida, igualdad de deberes y derechos, sin discriminación, ni subordinación alguna.
Evitar mensajes discriminatorios Artículo 21. – El Ministerio del Poder Popular para la Comunicación, el Ministerio del Poder Popular para la Educación y el Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior velarán porque los medios de comunicación no contengan mensajes discriminatorios por razones de sexo, raza, credo, género, orientación sexual, identidad de género, condición social que menoscaben la dignidad y el derecho a la igualdad de las personas.
Sección Cuarta Derechos Económicos, Laborales y de la Seguridad Social
Modelo económico igualitario Artículo 22. – El Estado promoverá el desarrollo de un modelo económico fundado en el principio de igualdad con preponderancia de los intereses colectivos de todos los sectores a los fines de garantizar la participación en el desarrollo de una economía social de mujeres y hombres.
Incorporación al desarrollo económico Artículo 23.- El Estado velará por la efectiva incorporación de mujeres y hombres, en la producción social, cooperativas, micro empresas, pequeñas, medianas y grandes industrias en igualdad de condiciones.
Acceso en igualdad de condiciones Artículo 24.- El Estado garantizará en condiciones de igualdad a través de todas sus instituciones y conforme a esta Ley, el acceso a la tenencia de tierras, créditos, asistencia técnica, capacitación y todo lo establecido en las leyes especiales que regulen la materia.
Igualdad en condiciones y oportunidades laborales Artículo 25.- El Estado velará por las condiciones y oportunidades iguales con equidad para mujeres y hombres, en la ejecución del derecho al trabajo, aplicando los mismos criterios de selección, según sus capacidades, al ascenso, estabilidad laboral, formación profesional y a igual remuneración por igual trabajo.
Acceso a las ofertas laborales Artículo 26.– Se prohíben las ofertas de empleo emanadas de instituciones públicas o privadas fundadas en discriminaciones por razones de sexo, edad, grupo étnico, apariencia física, orientación sexual e identidad de género que obstaculice su acceso al empleo.
Acceso a cargos de dirección Artículo 27 .– Las instituciones del Estado y cualquier otro ente dedicado a la investigación y a la producción están obligados a fomentar y auspiciar la participación paritaria de mujeres y hombres en cargos de dirección empresarial
y docente, en el campo de las ciencias y la tecnología, garantizando la igualdad de condiciones y oportunidades, ingresos, evaluación y ascensos.
Derecho a la seguridad social Artículo 28.– El Estado garantizará el derecho efectivo y la accesabilidad a la seguridad social, transversalizandola con enfoque de género. Todas las personas tienen derecho a la seguridad social en condiciones de equidad e igualdad, de conformidad con los términos previstos en la ley que la regula.
Personas adultas mayores Artículo 29 . – El Estado esta obligado a velar por el bienestar, la seguridad
social y potencial vocacional de las personas adultas mayores promoviendo sus
aptitudes en actividades productivas, creativas, asociativas y educativas,
garantizando la protección de sus Derechos Humanos, sin discriminación, en
los términos y condiciones, establecidas en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela y en las leyes especiales que rigen la materia.
Programa integral de asistencia Artículo 30.- El Estado establecerá un programa integral de asistencia a las amas de casas, personas con discapacidad, pobreza extrema, adultas y adultos mayores que incluya pensiones, prestaciones por enfermedad, subsidios para vivienda o residencias especiales acordes a la dignidad humana.
Sección Primera Atribuciones del Ente Rector
Objeto Artículo 31.- El Ministerio de Estado para Asuntos de la Mujer, coordinará lo relativo al desarrollo humano con equidad e igualdad de género, protección integral de las mujeres y la participación protagónica en la defensa y garantía de sus derechos, así como el diseño, formulación, ejecución, regulación y seguimiento de las políticas públicas orientadas a los asuntos de las mujeres, especialmente de aquellas expuestas a situaciones de exclusión, explotación, discriminación y violencia en cualquiera de sus formas y expresiones.
Atribuciones Artículo 32.- La Ministra de Estado para Asuntos de la Mujer, tendrá las siguientes atribuciones:
1. Asesorar al Ejecutivo Nacional en lo referente a la regulación, formulación, seguimiento y evaluación de las políticas publicas integrales del Estado dirigidas a la mujer, en especial en la materia de salud, educación, cultura, recreación, formación, capacitación, empleo y seguridad social, en coordinación con los demás órganos y entes de la Administración Pública Nacional central y descentralizada.
2. Diseñar, planificar e instrumentar a través de los órganos y entes adscritos, proyectos, programas y planes dirigidos a la garantía de los derechos de la mujer en materia jurídica, socioeconómica, sociocultural, sociopolítica y sociodoméstica, en especial a la afrodescendiente, indígena y mujeres con discapacidad o en situación de vulnerabilidad , para garantizar el libre acceso de las mismas a los medios y mecanismos para el pleno desarrollo de sus capacidades y destrezas dentro de un Estado democrático, participativo, protagónico, igualitario paritario y socialista.
3. Proponer y revisar proyectos de leyes, reglamentos, decretos, resoluciones, ordenanzas y otros actos normativos con enfoque de género en los ámbitos nacional, estadal y municipal, de conformidad con la Constitución y la ley.
4. Revisar y opinar sobre los proyectos de tratados, convenios y acuerdos internacionales en materia de derechos de las mujeres y la igualdad y la equidad de género, propiciando su participación activa en el contexto internacional, en coordinación con los órganos competentes de la Administración Pública nacional.
5. Solicitar ante el Ejecutivo Nacional recursos materiales y financieros para la ejecución de las políticas, planes, programas, proyectos y actividades, por parte de sus entes adscritos.
6. Diseñar los criterios de asignación de recursos financieros y de inversión social destinados a las mujeres; especialmente a las expuestas a situación de exclusión, discriminación, explotación y violencia conforme a la planificación centralizada del Ejecutivo Nacional para promover un modelo productivo socialista con equidad de género en la socialización de los medios de producción y el establecimiento de relaciones económicas de producción.
7. Desarrollar programas comunicacionales, educativos y culturales para la promoción, divulgación, difusión y defensa de los derechos de las mujeres, con la finalidad de desmontar los prejuicios y los estereotipos sobre su imagen.
8. Propiciar el empoderamiento de las mujeres para su participación política, en el marco de la democracia protagónica y revolucionaria.
9. Promover e impartir los lineamientos para la creación y funcionamiento de los institutos estadales y municipales de la mujer.
10. Promover un sistema de seguridad social que garantice el acceso de las amas de casa, al disfrute efectivo del derecho consagrado en el artículo 88 de la Constitución Bolivariana de Venezuela.
11. Coordinar, evaluar y supervisar a los órganos y entes que le sean adscritos, estableciendo las políticas y mecanismos de coordinación que sean necesarios, conforme a la planificación centralizada aprobada por el Ejecutivo Nacional.
12. Garantizar la participación de las mujeres indígenas, mediante su inclusión en los proyectos, planes, programas y políticas en la materia, en coordinación con el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas.
13. Formular políticas que permitan incentivar al sector privado y a los Consejos Comunales en la participación de proyectos, planes y programas orientados al desarrollo integral de la mujer.
14. Realizar el seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos en la ejecución de políticas, planes y programas con enfoque de género.
15. Las demás que le asignen el Ejecutivo Nacional y la ley.
Entes adscritos Artículo 33.- Quedan adscritos al Ministerio de Estado para Asuntos de la Mujer, los siguientes entes descentralizados:
1. El Instituto Nacional de la Mujer.
2. El Banco de la Mujer, C.A.
3. Fundación “Misión Madres del Barrio Josefa Joaquina Sánchez”.
Cooperación interinstitucional Artículo 34.- Los órganos y entes de la Administración Pública Nacional,
Estadal y Municipal deberán prestar toda la cooperación que requiere la
Ministra de Estado para Asuntos de la Mujer en el ejercicio de sus atribuciones,
de conformidad con el artículo 24 de la Ley Orgánica de la Administración
Recursos presupuestarios Artículo 35.- Los recursos presupuestarios necesarios para el ejercicio de las
atribuciones que se le asignan a la Ministra de Estado para los Asuntos de la
Mujer, así como los correspondientes a los órganos y entes adscritos, se
tramitarán a través de un programa que se establecerá en el presupuesto del
Ministerios relacionados Artículo 36.- Los Ministros del Poder Popular del Despacho de la Presidencia,
para la Economía Comunal, para las Finanzas, para la Participación y
Protección Social, para la Planificación y Desarrollo y para los Pueblos
Indígenas se encargaran de la ejecución de las presentes atribuciones.
Sección Segunda Instituto Nacional de la Mujer
Constitución El Instituto Nacional de la Mujer tiene carácter de Instituto
Autónomo, dotado de personalidad jurídica, con patrimonio propio e
independiente del Fisco Nacional.
Sede Artículo 38.- El Instituto Nacional de la Mujer tendrá su sede en la ciudad de Caracas, con facultades para emprender la consecución de sus actividades en el resto del país, en coordinación o con el apoyo de los gobiernos estadales y municipales.
Función Artículo 39.- El Instituto Nacional de la Mujer, bajo la rectoría del Ministerio con competencia, es el órgano ejecutor de las políticas públicas dirigidas a la promoción, defensa y respeto de los derechos mujeres, con carácter permanente, cumpliendo funciones de ejecución, dirección, coordinación, seguimiento, evaluación, en igualdad de género.
Artículo 40.- El Instituto Nacional de la Mujer, tiene como finalidad:
1) Planificar, coordinar y ejecutar las políticas dirigidas a las mujeres referente a salud, educación, formación, capacidad de ingreso, empleo y seguro social.
2) Planificar políticas y programas de prevención y atención de la violencia hacia las mujeres para ser implementados en los órganos del Poder Publico Nacional, Estadal y Municipal.
Diseñar conjuntamente con los Ministerios del Poder Popular de Interior y Justicia, Educación, Salud, Educación Superior, de Participación, Protección Social, de Comunicación e Información, TSJ, y Ministerio Público, los planes de capacitación para las funcionarias y funcionarios, dirigidos a formar para la prevención, elaboración de proyectos y programas de igualdad de deberes y derechos, basados en los principios de no violencia respeto y equidad de género.
Garantizar y promover la participación activa y paritaria en las organizaciones públicas y privadas dedicadas a la atención de las mujeres, así como los consejos comunales y organizaciones de base a los fines de impulsar la creación de servicios socio económicos, culturales, políticos y jurídicos en los términos contemplados en esta Ley.
Intervenir en los casos de discriminación hacia las mujeres y canalizar los correctivos ante órganos competentes del poder público y sector privado.
Proponer proyectos de leyes, reformas y reglamentos que promuevan la igualdad de género, que aseguren el ejercicio de sus derechos sin discriminación entre mujeres y hombres.
Coordinar conjuntamente en el Instituto Nacional de Estadísticas, los censos, estadísticas, estudios e investigaciones permanentes para suministrar información y recopilaciones de datos en materia de los derechos de las mujeres.
Asesorar y sensibilizar a organismos nacionales, estadales y municipales en igualdad de género.
Diseñar programas de difusión masiva respecto a las disposiciones legales relativas a las mujeres.
desarrollo de unidades o centros de atención integral para las mujeres.
Canalizar ante los órganos competentes los recursos financieros sensibles al género para la ejecución de los programas.
Las atribuidas por la Ley Orgánica sobre los Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Artículo 41.– constituido por:
Patrimonio El patrimonio del Instituto Nacional de la Mujer estará
c) Los bienes provenientes de las donaciones, legados y aportes de toda índole.
d) Sus ingresos propios, obtenidos por el desarrollo de sus actividades y por los servicios que preste.
Organización interna Artículo 42.– La Dirección del Instituto Nacional de la Mujer estará a cargo de un Directorio Ejecutivo conformado por cinco (5) miembras o miembros, los cuales deberán ser ciudadanas y/o ciudadanos venezolanas o venezolanos de reconocida trayectoria en la defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres. Tales miembras o miembros serán de libre nombramiento y remoción de la Presidenta o Presidente de la República. El Directorio Ejecutivo estará compuesto por un Presidente o Presidenta, un
Vicepresidente o Vicepresidenta, un Secretario o Secretaria General y dos (2)
Directorio Ejecutivo Artículo 43.– El Directorio Ejecutivo constituye la suprema autoridad de dirección del Instituto Nacional de la Mujer y, en consecuencia, es el encargado de definir los planes y políticas generales del Instituto así como también, de ejecutar directamente la administración del mismo.
Reglamento interno Artículo 44.- El Directorio Ejecutivo dictará el Reglamento Interno, el cual determinará la organización y funcionamiento del Instituto Nacional de la Mujer.
Prerrogativas del Instituto Articulo 45.- Todas las actuaciones que sean efectuadas por el Instituto
Nacional de la Mujer o por cualquiera de sus dependencias, estarán exentas del
pago de cualquier arancel, tasa o contribución con ocasión a la utilización de los
servicios de Registro y Notaría, así como también, con ocasión a los procesos y
acciones judiciales en los que participen o intenten por ante los órganos de
La presente exención incluye cualquier otro concepto que sea capaz de generar
las actuaciones del Instituto o cualquiera de sus dependencias frente a
organismos y entes públicos para la estricta consecución de sus actividades.
Oposiciones y contradicciones Artículo 46.- A los únicos fines de los procedimientos administrativos y
judiciales, la no comparecencia de los representantes o apoderados o
apoderadas del Instituto, así como también la omisión en la interposición de un
recurso por parte de aquellos no comportarán la confesión o aceptación de
hechos y circunstancias de ninguna índole. En todo caso, tales omisiones se
entenderán como oposiciones y contradicciones expresas a las pretensiones o
imputaciones formuladas por la parte contraria.
Medidas judiciales Artículo 47.- Los Bienes del Instituto Nacional de la Mujer no podrán ser
objeto de medidas cautelares o ejecutivas de ninguna índole por parte de los
Todos los fallos judiciales que se dicten en causas en las que participe el
Instituto directamente o a través de apoderados o apoderadas, deberán
someterse a consulta obligatoria ante el Juez Superior.
Capitulo IV Defensoría Nacional de los Derechos de las Mujeres
Designación Artículo 48 .- El Directorio Ejecutivo designará a la Defensora Nacional de los
Derechos de las Mujeres, quien ejercerá la dirección y administración de la
Defensoría Nacional de los Derechos de las Mujeres.
Defensoras delegadas
nombrará defensoras delegadas, quienes actuarán en representación y
asistencia gratuita, en los términos expuestos en la Ley especial que regula la
materia ante los juzgados, instituciones y demás órganos del Poder Público o
ante los particulares en los casos de discriminación y violencia de género,
cuando las mujeres carezcan de asistencia jurídica, en actuación coordinada con
los órganos de seguridad ciudadana, jueces y juezas.
Funciones Artículo 50 .- La Defensoría Nacional de los Derechos de la Mujer coordinará las defensorías estadales y municipales y tendrá las siguientes funciones:
a) Velar por el respeto y ejercicio efectivo del derecho a la justicia de las mujeres víctimas de violencia de género y ejercer la defensa de sus derechos desde los actos iniciales de la investigación.
b) Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, resoluciones, ordenanzas, declaraciones, convenciones y disposiciones que guarden relación con la igualdad de género.
c) Estudiar y proponer proyectos de reformas a la normativa destinada a asegurar la defensa de los derechos de las mujeres, dentro del marco de su jurisdicción y competencia.
d) Garantizar a través de las instancias correspondientes los derechos jurídicos, sociales, políticos y culturales de las mujeres en condiciones de vulnerabilidad.
e) Denunciar e intervenir en el procedimiento para asegurar la reivindicación de los derechos infringidos.
En caso que así fuere, procederá a:
1. Proporcionar asistencia judicial y extra judicial en los casos contemplados en las leyes que regulan la materia.
2. Investigar la situación sometida a su consideración.
3. Ejercer la representación de la mujer que carezca de recursos, ante las instancias judiciales y extrajudiciales.
4. Orientar a la denunciante en el supuesto de que la Defensoría no pueda asumir su caso, para que ejerza sus derechos ante las instancias, organismos o entes competentes.
5. Proporcionar especial atención a las mujeres trabajadoras para proteger el pleno ejercicio y disfrute de sus derechos.
6. Coordinar con los organismos competentes a los fines de evitar el tráfico y trata de personas, así como prevenir y eliminar la explotación y las diversas expresiones de esclavitud a las que son sometidas bajo circunstancias pseudo laborales.
f) Llevar registros estadísticos de los casos atendidos por la Defensoría.
Reglamento Artículo 51.– La organización interna y las demás funciones y requisitos de la Defensoría Nacional de los Derechos de la Mujer, se determinarán en el Reglamento de esta Ley.
Colaboración entre poderes e instituciones Artículo 52.– Los poderes públicos y demás instituciones del Estado están obligados a ofrecer la mayor colaboración a la Defensoría Nacional de los Derechos de la Mujeres para el desempeño de sus funciones.
Capítulo V Relaciones Internacionales
Representación Articulo 53.- Considerando los compromisos y tratados internacionales en
materia de derechos humanos, no discriminación e igualdad y equidad de
género que la República Bolivariana de Venezuela ha firmado y ratificado y que
integran nuestra Carta Magna, el Estado, a través de las instancias
correspondientes, garantizará recursos humanos y materiales suficientes para
mantener una representación apropiada ante los mecanismos de protección y
seguimiento de los derechos humanos de las mujeres, y otras instancias
internacionales relacionadas.
Participación en logros del decenio Artículo 54.- El Estado a través de sus órganos competentes y con base en su
soberanía, favorecerá vínculos de cooperación con organismos nacionales,
internacionales, extranjeros que contribuyan a aumentar el logro de la equidad e
igualdad entre hombres y mujeres, y la superación de la feminización de la
Participación internacional Artículo 55.- El Estado venezolano con el objetivo de desarrollar esquemas de
integración que profundicen la democracia promoverá y fortalecerá espacios
especializados en el logro de la equidad e igualdad de género, así como el
intercambio y articulación entre movimientos sociales, movimientos feministas,
y redes de mujeres que produzcan alternativas a la globalización.
Representación femenina Artículo 56.- El Estado venezolano favorecerá el estudio de feminización de la
migración, desarrollando planes, programas y acciones para que sus derechos
puedan ser efectivamente ejercidos.
Capítulo VI Derechos políticos en igualdad de condiciones Principios de igualdad y paridad Artículo 57.- En cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y a los fines de garantizar una sociedad justa, participativa, protagónica y el pleno ejercicio de la democracia, la participación social y política de mujeres y hombres en igualdad de condiciones se regirá por el
principio de paridad que implica la integración de un 50% de mujeres y un 50% de hombres, utilizando el mecanismo de alternabilidad por sexo, mujer-hombre
u hombre- mujer.
Postulación a cargos en organizaciones sociales y en organizaciones con fines políticos Artículo 58.– La participación de las mujeres en cargos de dirección en organizaciones sociales, agrupaciones de ciudadanas y ciudadanos con fines políticos, grupos de electores, partidos políticos y en consejos comunales, comités, sindicatos y gremios, se hará por postulación en igualdad de condiciones, paritaria y alterna que garantice el principio de igualdad de género.
Participación en los cuerpos deliberantes Artículo 59.- Los partidos y organizaciones políticas postularan a cargos de
elección popular para cuerpos deliberantes, nacionales, estadales y municipales
a mujeres y hombres, bajo los principios de paridad y alternabilidad.
Sindicatos y gremios Los sindicatos, los gremios de profesionales y técnicos, velarán
por la integración efectiva de las mujeres y hombres en todos los niveles de la estructura organizativa en igualdad de condiciones, bajo el principio de equidad de género, para lo cual adecuaran sus estatutos.
Organismos públicos y mixtos Artículo 61.– En los directorios, juntas directivas o administradoras, consejos de administración de los institutos autónomos y órganos de desarrollo económico o social del sector público y de las empresas en que el Estado u otra persona de derecho público, sea titular de mas de 50% del capital, se promoverá
y garantizará la participación paritaria de mujeres y hombres. Organismos y empresas privados
Artículo 62.- Se exhorta a las empresas y organismos privados a promover el ascenso a los cargos de Dirección, tanto a mujeres y hombres en igualdad de condiciones y de conformidad con sus conocimientos, capacidades y destrezas, respetando el principio de paridad y alternabilidad.
Financiamiento Artículo 63.– Las mujeres y hombres que integren las organizaciones con fines políticos tendrán derecho, en igualdad de condiciones, a participar y obtener recursos de las campañas financieras de las referidas organizaciones.
Asesoría y asistencia Artículo 64.- El Consejo Nacional Electoral garantizará el cumplimiento de los principios de paridad y alternabilidad establecidos en esta Ley. A tal efecto prestará asesoría y asistencia técnica a los partidos y organizaciones políticas, los sindicatos, las organizaciones profesionales, los consejos comunales y a las mujeres y hombres organizados.
Artículo 65.– Se deroga la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer, publicada en la Gaceta Oficial Nº 5.398, Extraordinario, del 26 de octubre de 1999.
Dip. MARELIS PÉREZ MARCANO Presidenta
Dip. FLOR RÍOS
DIP. ROMELIA MATUTE
Dip. ALBERTO CASTELLAR Vicepresidente
Dip. DILUVINA CABELLO
Dip. CARMEN RODRÍGUEZ
FR/eg.-
07/07/ 2008
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