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Timestamp: 2019-04-20 00:27:08
Document Index: 307065528

Matched Legal Cases: ['Artículo 18', 'Artículo 51', 'Artículo 28', 'In dubio', 'artículo 6', 'Artículo 38', 'ARTÍCULO 6', 'in dubio', 'in dubio', 'artículo 257']

Acuerdo y Sentencia 242/2016 Tribunal de Cuentas 2ª Sala
Fuente: Página web SEDECO.
ACUERDO Y SENTENCIA T.C. 2ª SALA Nº 242/16
JUICIO: “TELECEL S.A. CONTRA RESOLUCIÓN N° 703, DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2014, DICTADA POR LA SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y EL USUARIO (SEDECO)” N° 162. AÑO 2015.
En la ciudad de Nuestra Señora de la Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los diez y nueve días del mes de julio de dos mil dieciséis, estando presentes los Excmo. Sres. Miembros del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, Arsenio Coronel Benítez, la Excma. Sra. Miembro, María Celeste Jara Talavera y Gregorio Ramón Rolando Ojeda, en su sala de audiencias y público despacho, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, por ante mí el Secretario autorizante, se trajo a acuerdo el expediente caratulado: “TELECEL S.A. contra Resolución N° 703, de fecha 30 de diciembre de 2014, dictada por la SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y EL USUARIO (SEDECO)”.
¿Se encuentra ajustado a derecho el acto administrativo recurrido?
Y EL MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, SEGUNDA SALA, MAGISTRADO GREGORIO RAMÓN ROLANDO OJEDA, dijo: Que, en fecha veinte de abril del año dos mil quince, se presentó ante este Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, el Abogado representante de la firma Telefónica Celular del Paraguay Sociedad Anónima (en adelante: TELECEL S.A.), a promover demanda contencioso administrativa contra la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO). Funda la demanda en los siguientes términos: “I - OBJETO Que, en tiempo y forma, siguiendo expresas instrucciones de mi mandante, vengo a promover demanda contencioso administrativa contra la Resolución N° 703 de fecha 30 de diciembre de 2014 dictada por la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO), en el marco del SUMARIO ADMINISTRATIVO CARATULADO: "EMILIO GOTZE PETERSEN C/ TELECEL S.A. S/ SUPUESTA INFRACCIÓN DE LA LEY N° 1.334/98 DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO". Dicha resolución es alarmantemente abusiva, desconoce la vinculación contractual entre las partes y aplica de manera retroactiva e improcedente una normativa con la que sanciona a mi representada, sin siquiera estar establecida dicha sanción. Pues bien, esta representación recurre a la vía contencioso administrativa a fin de que se deje sin efecto la resolución referida, por constituir un pronunciamiento ilegítimo, infundado y arbitrario, conforme podrán corroborar V.V.E.E. luego de las cuestiones tanto de hecho como de derecho que serán expuestas en esta oportunidad. Se adelanta que, además de graves errores en la aplicación del derecho, el actuar del órgano administrativo yerra en la apreciación de hechos y la valoración probatoria, culminando con un pronunciamiento defectuoso y totalmente fuera de lugar. Para mejor ilustración de VV.EE. se exponen a continuación los antecedentes del caso. II - ANTECEDENTES La resolución hoy recurrida fue dictada por el órgano administrativo en el marco de un sumario instruido a mi principal por un supuesto actuar negligente a la hora de informar a sus clientes sobre el servicio de Roaming Internacional o también conocido como Itinerancia. El Sr. Emilio Gotze Petersen, quien fuera cliente de TELECEL S.A., hizo uso del servicio de Roaming durante los meses de junio y julio del año 2012, conforme a detalle de consumo agregado al expediente administrativo que será traído a la vista oportunamente. Esta utilización de servicio pre-acordada - como se verá más adelante - generó la suma de Gs. 9.976.479 en concepto de costo de este servicio, el cual fue instrumentado en la factura N° 001-009-1255207. El Sr. Gotze Petersen no realizó el pago correspondiente y formuló denuncia en fecha 11 de setiembre de 2012, ante la Dirección de Defensa Del Consumidor y Del Usuario del Ministerio de Industria y Comercio, dependencia hasta aquel entonces competente para este tipo de reclamos. Ello por considerar que la empresa TELECEL S.A. no se encontraba legitimada a percibir el monto facturado en concepto de "expensas" en la factura antes mencionada. La cuestión llega a su conclusión en sede administrativa, mediante Resolución N° 703 de fecha 30 de diciembre de 2014 dictada por la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO), la cual es impugnada en esta oportunidad, conforme a los argumentos que se exponen en las páginas siguientes. III - LO QUE SE DEMANDA Mi parte, impugna por esta vía la Resolución N° 703 de fecha 30 de diciembre de 2014 dictada por la SEDECO en todas sus partes, y específicamente en su parte dispositiva, la cual expresa: "Art. 1°.- DECLARAR que la Empresa TELECEL S.A. con domicilio en Zavalas Cue esq. Artillería, de la Ciudad de Fernando de la Mora, ha incurrido en infracciones a la Ley N° 1.334/98 de Defensa del Consumidor y del Usuario en su Art. 6 inc. b) c) d), f) y Art. 8.-Art. 2°.- ORDENAR a la Empresa TELECEL S.A., a la exoneración del pago de Gs. 9.976.479 (Guaraníes nueve millones novecientos setenta y seis mil cuatrocientos setenta y nueve) según factura N° 001-009- 1255207, al Sr. EMILIO GOTZE PETERSEN con C.I. N° 528.488.- Art. 3°.- APERCIBIR a la Empresa TELECEL S.A., que en caso de incumplimiento de lo dispuesto en el presente informe de Conclusiones y de reincidir en las mismas infracciones, las sanciones serán más graves. Art. 4°.- (...)". La resolución administrativa, cuya parte resolutiva se transcribe adolece de vicios desde su motivación, valoración de los hechos y aplicación, normativa hasta su parte dispositiva. Es decir, la resolución motivo de la presente demanda es contraria a derecho desde todo punto de vista. A continuación, mi parte se referirá en primer término a las cuestiones que hacen al servicio de Roaming Internacional y al caso particular del cliente Gotze Petersen (1); también sobre el punto que TELECEL S.A. no tenía en aquel entonces obligación legal alguna de restringir el servicio (2); en este sentido, no puede existir sanción al no existir una obligación legal expresa (3); además la resolución es arbitraria ya que impone una sanción que no se encuentra establecida como tal en la legislación vigente (4); en síntesis, la administración no puede inventar sanciones (5). Se pasa a exponer el primero de los puntos. (1) Servicio de Roaming internacional Como cuestión preliminar, corresponde hacer notar a VVEE que el cliente Sr. Gotze Petersen, ya había utilizado con anterioridad este tipo de servicio. Por ende, estaba en pleno conocimiento de las características sobre el Roaming internacional. Prueba de ello constituyen las facturas emitidas a nombre de este mismo cliente con anterioridad, individualizadas como N° 5571239 del año 2010 y N° 6690946 del año 2011. Estas facturas, no fueron cuestionadas por el denunciante en aquel entonces, ni tampoco en el sumario administrativo, por lo que queda de manifiesto que el mismo no solo estaba en pleno conocimiento de este tipo de servicio, sino que también consentía su modalidad. Aclarado esto, pasemos a establecer un orden sobre las cuestiones que serán desarrolladas a continuación, para lo cual mi parte considera conveniente abordar primeramente el concepto de este tipo de servicio prestado por la empresa telefónica. En este orden, el servicio de Roaming internacional constituye una modalidad en la cual las Operadoras de Telefonía Móvil de otros países, que mantienen convenios con mi representada, prestan efectivamente el servicio a los clientes de esta última, siempre y cuando los mismos soliciten esta modalidad y se encuentren en los países en los cuales TELECEL S.A. tenga contrato vigente con la Operadora extranjera. Son estas Operadoras extranjeras, quienes fijan las tarifas correspondientes por la utilización de este tipo de servicio. Por ende, TELECEL S.A. se limita a trasladar estas tarifas a sus usuarios, quienes son los que, por voluntad propia, solicitan este tipo de servicio. TELECEL S.A. cumple una función meramente ¡ntermediadora frente a los usuarios que soliciten este tipo de servicio específico. Las tarifas son fijadas por las Operadoras de cada país, limitándose TELECEL S.A. a trasladar las tarifas a los usuarios. Además, toda la información concerniente al servicio de Roaming internacional se encuentra detallada en forma clara en la página web de la empresa http://www.tigo.com.py/nuevas-tarifas-roaming, sitio al cual los usuarios pueden acceder en cuestión de segundos a la información respecto a costos, tarifas, etc., para este tipo de servicios. Entonces tenemos que el art. 6o inc. c) y d) de la Ley N° 1.334/98 que tratan sobre la adecuada educación al consumidor y la información clara sobre los diferentes productos y servicios es cumplido cabalmente por el proveedor del servicio, en este caso TELECEL S.A., ya que como hemos visto, están a entera disposición del cliente y también del público en general. En síntesis, el servicio de Roaming internacional es habilitado a pedido expreso del cliente de TELECEL S.A., quien en este caso en particular ya lo había utilizado en oportunidades anteriores (años 2010 y 2011), aplicándosele las tarifas fijadas por las Operadoras extranjeras del rubro, y son éstas quienes cuantifican los servicios prestados en sus territorios correspondientes. Toda esta información, es efectivamente proveída al cliente. Pasemos ahora a la cuestión del límite a este tipo de servicio. (2) No existía obligación legal de TELECEL S.A. de restringir el servicio de Roaming. Para referirnos a este punto, debemos necesariamente remitirnos a la Resolución N° 871/2014 de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) que establece el nuevo reglamento en materia de Telecomunicaciones. En efecto, esta nueva disposición normativa señala en su Artículo 18: "El operador está obligado a notificar al abonado, vía SMS u otro medio de notificación, al momento que su nivel de consumo alcance el 20%, 40%, 60%, 80% y el 100% del monto máximo establecido por el cliente. Una vez alcanzado el 100% del monto máximo, el Operador debe restringir el uso de los servicios de roaming, salvo que el abonado gestione, si así lo desea, la ampliación del monto, autorizando al operador a establecer un nuevo monto máximo de consumo” .(el resaltado es nuestro) La Resolución de la SEDECO articula sus fundamentos en la norma transcripta, considerando que TELECEL S.A. no presta a sus usuarios una adecuada educación acerca de este tipo de servicio, dando a entender que la empresa debía limitar el servicio prestado. Sin embargo, al momento de la utilización del Roaming Internacional que motivó el sumario administrativo, no existía este nuevo reglamento en materia de telecomunicaciones. De lo mencionado se desprende que la resolución administrativa hoy impugnada omite el principio básico de irretroactividad de la ley consagrado tanto en la Constitución Nacional de la República del Paraguay (art. 14) como en el Código Civil Paraguayo (art. 2°), por lo que este único hecho amerita desde ya su revocatoria. Sin embargo, los errores no terminan con la violación de este principio elemental de nuestro sistema jurídico. Hay más... (3) La resolución viola el principio de legalidad De acuerdo al principio de legalidad que rige en el Derecho Administrativo una sanción administrativa sólo puede existir cuando se encuentre un deber u obligación establecido en la ley. La Resolución N° 703 de fecha 30 de diciembre de 2014 de la SEDECO funda la sanción establecida en contra de TELECEL S.A. en el incumplimiento del Art. 6 de la Ley N° 1334/1998 - Ley de Defensa del Consumidor. Ello es así específicamente con relación a lo establecido en los incisos b), c), d) y f), a saber: "b) la protección a la vida, la salud, y la seguridad contra los riesgos provocados por la provisión de productos y la prestación de servicios considerados nocivos y peligrosos; c) la adecuada educación y divulgación sobre las características de los productos y servicios ofertados en el mercado, asegurando a los consumidores la libertad de decidir y la equidad en las contrataciones; d) la información clara sobre los diferentes productos y servicios con las correspondientes especificaciones sobre la composición, calidad, precio y riesgos que eventualmente presenten; f) La efectiva prevención y reparación de los daños patrimoniales y morales o de los intereses difusos (...)" En primer término, mi parte se ve obligada a señalar el error trascendental de la Administración al invocar el inc. b) del articulado transcrito como supuestamente trasgredido por mi mandante. VV.EE.: ¿en qué escenario posible, un servicio de Roaming Internacional podría haber afectado la vida, la salud o la seguridad del consumidor? Esto demuestra la total incoherencia de la resolución impugnada, ya que ni siquiera se detuvo a analizar cuales pudieron haber sido los derechos trasgredidos por mi mandante. Con respecto a los incisos c), d) y f) ha quedado demostrado que estos derechos se cumplieron a cabalidad, ya que las condiciones de uso del servicio de TELECEL S.A. son aprobadas por el usuario en dos instancias: 1. al momento de suscribir el contrato de prestación de servicios de telefonía móvil correspondiente; y 2. también al momento de solicitar específicamente el servicio de Roaming Internacional. Reiteramos además que no era esta la primera vez que este cliente hacía uso de este tipo de servicio. Es decir, inclusive antes de la vigencia del nuevo Reglamento en materia de Telecomunicaciones, mi principal ya proveía información acabada referente a los servicios en el ámbito de telefonía móvil. De manera sencilla, los usuarios podían y pueden acceder a toda la información correspondiente a la amplia gama de servicios proveídos por mi principal. Ahora bien, cabe resaltar que el nuevo Reglamento en materia de Telecomunicaciones fue elaborado justamente porque, antes de su entrada en vigencia, las relaciones entre usuarios y telefónicas se regían únicamente por los contratos, es decir, no existían obligaciones legales expresas establecidas para los proveedores en relación al Roaming Internacional específicamente. En este orden, la Administración no puede imponer deberes a TELECEL S.A. sin que existiera una obligación legal expresa a tal efecto. De admitirse esta teoría, estaríamos justificando una violación directa al principio de legalidad. Sobre el punto, Eduardo García De Enterría expresa: "El principio de legalidad impone, pues, la exigencia material absoluta de predeterminación normativa de las conductas y de las sanciones correspondientes exigencia que afecta a la tipificación de las infracciones (...) La tipicidad es, pues, la descripción legal de la conducta específica a la que se conectará una sanción administrativa". (el resaltado es nuestro). En consecuencia, la Resolución en cuestión viola el principio de legalidad, ya que impone una sanción a una conducta que no se encuentra tipificada como infracción o falta. (4) La resolución realiza una aplicación abusiva y arbitraria de la ley Siguiendo con los defectos que caracterizan a la resolución impugnada, tenemos que misma resolvió cuanto sigue: "ORDENAR a la Empresa TELECEL S.A., a la exoneración del pago de Gs. 9.976.479 (Guaraníes nueve millones novecientos setenta y seis mil cuatrocientos setenta y nueve) según factura N° 001-009-1255207, al Sr. EMILIO GOTZE PETERSEN con C.I. N° 528.488." Ahora bien, de acuerdo al Art. 16 del Decreto N° 2199/2014 que Reglamenta las Funciones de la SEDECO, las sanciones por infracciones a las disposiciones de la Ley N° 1.334/1998 serán establecidas por Resolución de la SEDECO, previo sumario administrativo, con intervención de los interesados, de conformidad con el Artículo 51 de la citada norma, en concordancia con los Artículo 28 y 30 del Decreto N° 21.004/2003. Por ello, la SEDECO única y exclusivamente podía sancionar a la empresa TELECEL S.A. con alguna de las siguientes sanciones establecidas legalmente: a) Art. 51 de la Ley de Defensa del Consumidor De acuerdo al Art. 51 de la Ley de Defensa del Consumidor sanciones a las infracciones de la mencionada ley por parte de las proveedoras de servicios son las siguientes: - Prohibir la exhibición, circulación, distribución, transporte o comercialización de productos. - Incautación de productos cuando sean peligrosos o dañinos para la salud; - Cese de la actividad cuando sean operaciones o acciones prohibidas en esta ley; - La clausura temporal de un establecimiento, negocio o instalación; - Multas conminatorias tendientes al cumplimiento de lo ordenado en sentencias definitivas o en medidas cautelares; - Ordenar la publicación de sentencias definitivas o partes de ella, a costa del condenado, en diarios, revistas, en radiodifusoras o teledifusoras; - Intimar el cumplimiento o la adecuación a cualquier dispositivo de esta ley y decretar el apercibimiento de aplicar otras sanciones previstas en esta ley o en otras normas jurídicas; y, - Dejar sin efecto, las cláusulas dispuestas en los contratos. Como puede apreciarse, en el texto antedicho no se encuentra contemplada sanción alguna que consista en la exoneración del pago. Estamos, pues, ante un invento de la autoridad administrativa. Gravísimo. b) Art. 28 y 30 del Decreto 21004/2003 Las sanciones establecidas por el Art. 30 del Decreto 21004/2003 son las siguientes: Amonestación; Multa. Decomiso de las mercaderías y dé los productos objeto de la infracción; Clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado. Inhabilitación. Por su parte, el Art. 28 establece: "Sin perjuicio de las sanciones a que hubiera lugar, en la misma resolución final, las autoridades de aplicación, actuando de oficio o a pedido de parte, podrá imponer a los proveedores que incurran en alguna de las infracciones tipificadas en el presente decreto, una o conjuntamente alguna de las siguientes medidas correctivas: Decomiso y destrucción de mercadería, envases, envolturas y/o etiquetas. Clausura temporal del establecimiento o negocio. Publicación de avisos rectificatorios o informativos en la forma que determine la autoridad. Reposición y reparación de productos. Devolución de la contraprestación pagada por el reclamante. Medidas para revertir los efectos que la conducta infractora hubiera ocasionado". Nuevamente, como puede verse, la sanción aplicada por la autoridad administrativa no se ha enmarcado dentro de las previsiones legales existentes, lo que deviene en una interpretación arbitraria y abusiva, confirmando los motivos para la procedencia de la revocatoria solicitada en esta oportunidad. (5) Se insiste: no pueden "inventarse" sanciones Hemos visto que de la gama de sanciones potencialmente aplicables por la Administración según las disposiciones trascriptas en el punto anterior, la resolución impugnada aplica una que no se encuentra prevista. La exoneración no es una sanción aplicable por la SEDECO. Entonces, de consentirse la resolución administrativa impugnada, se estaría dando luz verde a la trasgresión expresa de los principios del derecho administrativo. Sobre el punto Gordillo expresa: "...si la ley no autoriza expresamente a la administración a ejecutar ella misma el acto, ni tampoco la autoriza implícitamente o hay sanción penal, civil o administrativa por el incumplimiento, entonces simplemente la administración no puede ejecutar el acto de oficio por la coerción (...) La solución opuesta no tendría fundamento alguno de orden positivo e implicaría un claro disvalor político... no es sino la aplicación del principio de que cuando una norma no otorga a la administración determinada facultad, ha de interpretarse que no la tiene." Esta misma posición la ha sostenido el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, al fallar en un caso idéntico al que nos ocupa, cuanto sigue: "otro punto que compromete también seriamente al principio de legalidad, es lo referente a la aplicación de sanciones en donde la autoridad de aplicación incurrió en equívocos al aplicar la exoneración de créditos cuando la misma no se encuentra entre las sanciones aplicables, conforme claramente lo establece en la Ley 1334 (...) como vemos el catálogo de sanciones es taxativo y ni siquiera menciona la exoneración de créditos, cuya aplicación se encuentra al margen de las disposiciones que legisla sobre el particular." Surge clarísimo de este fallo, cuyos argumentos son plenamente aplicables a este caso, que no pueden imponerse sanciones administrativas si la conducta no se encuentra previa y taxativamente tipificada al efecto. IV- CONCLUSIONES Conforme podrán corroborar V.V.E.E., de los argumentos arriba expuestos y de las constancias que serán traídas a la vista de este Excmo. Tribunal en la etapa procesal oportuna, surgen las siguientes conclusiones: 1) Las tarifas establecidas para el Servicio de Roaming Internacional son fijadas por las Operadoras extranjeras del país donde se utilice efectivamente este servicio. 2) La empresa TELECEL S.A. se limita a trasladar al usuario del servicio citado los importes por utilización de la modalidad mencionada (Roaming Internacional). 3) Estas condiciones de servicio eran perfectamente conocidas por el cliente Gotze Petersen, teniendo en cuenta la utilización de este servicio en oportunidades anteriores (años 2010 y 2011). 4) La SEDECO motivó la Resolución N° 703 de fecha 30/12/14 en una normativa posterior a los hechos denunciados por el usuario, atentando contra el principio de raigambre constitucional de irretroactividad de la ley. 5) La Resolución N° 703 de fecha 30/12/14 atenta igualmente contra el principio de legalidad, al imponer una sanción a una conducta que no se encontraba regulada ni tipificada a la fecha de
la denuncia del usuario. 6) La SEDECO se extralimitó en sus atribuciones, realizando una aplicación arbitraria y abusiva de la ley, al imponer a mi mandante una "exoneración", punición que no se encuentra entre las sanciones aplicables” (fs. 17/29 de autos).
Termina solicitando, que previo los trámites de rigor, el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, dicte Sentencia revocando in totum la Resolución N° 703, de fecha 30 de diciembre de 2014, dictada por el Secretario de la SEDECO, con costas.
Que, en fecha treinta de julio del año dos mil quince se presentó el Abogado representante de la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO), quien pasó a contestar la presente demanda contencioso administrativa, en los términos siguientes: “En primer lugar niego categóricamente todas las aseveraciones de la demandada, salvo aquellas que expresamente sean reconocidas en este escrito. La Resolución N° 703 de fecha 30 de diciembre de 2014, dictada por la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO), en el marco del Sumario más arriba mencionado, no es alarmantemente abusiva, tampoco desconoce la vinculación contractual, ni aplica de manera retroactiva e improcedente la normativa con que sancionó a TELECEL S.A.- En la misma, al momento de su dictamiento, no hubo una apreciación errónea de los hechos ni en la valoración probatoria que la conviertan en una resolución defectuosa y fuera de lugar. La sanción impuesta a la forma TELECEL S.A. (TIGO), se ajusta a derecho, porque la Ley Nro. 1334/98 " De Defensa del Consumidor y Usuario" en su Art. 6o Inc. d) establece como un derecho básico del consumidor "la información clara sobre los diferentes productos y servicios con las correspondientes especificaciones sobre la composición, calidad, precio y riesgos que eventualmente presenten; f) la efectiva prevención y reparación de los daños patrimoniales y morales o de los intereses difusos ocasionados a los consumidores, ya sean individuales o colectivos". La Ley 1.334/98 de Defensa del Consumidor es de Orden público y de carácter tuitivo (guarda, ampara y defiende), con acierto la ley establece el principio rector "In dubio pro consumidor"... (En caso de duda se interpretara lo más favorable al consumidor). La parte actora, inicialmente alude que la resolución recurrida es: - Alarmantemente abusiva: En este aspecto, esta parte desconoce en vías de derecho en que sustenta su aseveración la actora, ya que la Resolución N° 703 de fecha 30 de diciembre de 2014, se funda en la estricta aplicación de la ley de fondo y forma en materia de Protección al Consumidor, en virtud de la cual se ordenó la exoneración de pago de una cuenta en del denunciante, habida cuenta una serie de situaciones que ya pasaremos a fundar seguidamente. De las constancias de autos, y apelando a la palabra "abusiva"-, utilizada por la recurrente, el único abuso constatado durante la tramitación del sumario, fue el monto consignado en concepto de EXENTAS, o sea la suma de Gs. 9.976.479 (nueve millones novecientos setenta y seis mil cuatrocientos setenta y nueve) que la empresa pretendía percibir. Si bien es cierto, la empresa alega que el consumidor estaba en conocimiento del sistema de uso y consumo, dicha aseveración resulta poco creíble, ya que si bien alegan la existencia de facturas de pago por dichos servicios en los años 2010 y 2011, es de hacer notar que los montos abonados no llegaban a la suma consignada en la factura N° 001 009 1255207. Al respecto, el consumidor en oportunidad de prestar su descargo manifestó que sus facturas no superaban la suma de Gs. 2.000.000 (dos millones), hasta que en forma abrupta fueron incrementándose los costos, razón por la que el usuario realizó los reclamos pertinentes no obteniendo una respuesta satisfactoria, teniendo que abonar dichos costos para poder "ejercer su derecho a reclamar", hasta que en la factura de referencia se consignó la suma ya mencionada. En este punto, la empresa TELECEL S.A. debió informar al cliente del incremento del monto a ser facturado, teniendo en cuenta justamente la variación del costo del servicio, y no limitarse a manifestar que las condiciones de uso y costos se encuentran publicadas en la página web de la empresa, la que resulta insuficiente, incumpliendo el derecho fundamental de información, prevista en la ley de defensa del consumidor. Es más, la responsabilidad de la empresa se acentúa al alegar en su escrito de presentación que con la utilización de un aparato celular BLACK BERRY aumentó el consumo y que el cliente "NO TOMÓ LAS PRECAUCIONES", trasladando alegremente la responsabilidad al cliente.- Sobre el punto, lo que EMILIO GOTZE reclamó, más allá de desconocer la utilización de servicio o tiempo de aire, fue el costo exagerado del monto facturado.- La empresa al respecto alega que de fs. 10 a 17 del expediente sumarial, obran los antecedentes de uso del servicio brindado por la empresa brasilera VIVO de Brasil, pero es importante mencionar que dichas documentales carecen de validez, ya que se tratan de meras fotocopias simples. La ley 4974/98, de creación de la SEDECO, en su artículo 6 Inc.) I establece como facultad la de "Abrir sumarios administrativos y, en consecuencia, aplicar medidas preventivas, cautelares, correctivas y sancionar o absolver a proveedores que hayan sido sumariados por infracción a las normas en materia de protección al consumidor, así como disponer otras medidas que fueren necesarias para el cumplimiento de sus funciones. A su vez, el Decreto 2199/14, establece en su Art. 16.- Las sanciones por infracciones a las disposiciones de la Ley N° 1334/98, serán aplicadas de conformidad al Art. 51 de la citada norma, en concordancia con los Art 28 y 30 del Decreto 21.004/03. A su vez, el Art. 28 del Decreto Nro. 21.004/03, faculta claramente a la SEDECO a adoptar medidas sin perjuicio de alguna sanción, como medida correctiva, aquella que tenga por finalidad revertir los efectos que la conducta infractora hubiera ocasionado o evitar que esta se produzca nuevamente, circunstancia acaecida en el caso particular que nos ocupa. -Desconocimiento de la vinculación contractual: Como señala JUAN M. FARIÑA, en su obra NORMAS DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES, se entiende por relación de consumo, la relación jurídica en la que interviene un sujeto débil, desde el punto de vista jurídico, sujeto que adquiere o utiliza bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o grupo familiar o social. La relación de consumo, lleva implícito el concepto de destinatario final que podrá invocar toda persona que reciba o consuma el bien o servicio cerrando de esa manera el ciclo "producción -consumo", por lo que tiene las garantías propias del derecho de defensa del consumidor, pues para la ley es indiferente que haya o no relación contractual, ya que la tutela al consumidor es independiente no solo de la relación de consumo, una noción mas amplia que el "contrato de consumo", sino de la existencia de cualquier vinculación entre el proveedor y consumidor.-, circunstancia que facilita la aplicación de la ley y evita el desarrollo de teorías jurídicas que permitan justificar la no aplicación de defensa del consumidor. Aplicación retroactiva de la ley. Esta Ley, que es de Orden Público, irrenunciable y de carácter obligatorio, constituye un sistema protector, que corrige el modo de contratar y de usar los bienes y servicios, evitando la vulnerabilidad del consumidor. Es así que nos encontramos con una parte fuerte, constituida por el proveedor y una parte débil llamada consumidor, esta disparidad de fuerza es la que pone de manifiesto la necesidad de la función tuitiva del Estado, a efectos de restituir, de algún modo, el equilibrio. En el afán de querer encubrir la infracción en la que ha incurrido la empresa TELECEL S.A., en su escrito de demanda se remite a un NUEVO REGLAMENTO de la CONATEL, alegando que al momento de comisión de la infracción, la empresa no se encontraba obligada legalmente a RESTRINGIR el servicio de roaming, postura para esta parte, totalmente errónea, ya que cae de maduro, que la Resolución Nro. 871/2014, de la CONATEL, es un reglamento en materia de telecomunicaciones, en el ámbito administrativo propio de dicho ente regulador, o sea, dicha disposición contempla las sanciones propias para infracciones dentro de su ámbito de protección. La SEDECO, al momento de expedirse resolución mediante "FUNDA SU SANCIÓN EN EL INCUMPLIMIENTO DE LA LEY 1334/98 ", específicamente del Art. 6 y art. 8 de dicho cuerpo legal, ya que si bien es cierto, obra la Nota PR 1849/2014, remitida por CONATEL, se rescata del mismo como certeza del expediente "que el cambio de celular pudo provocar el aumento de la facturación por desconocimiento del uso, situación que pudo evitarse a través de una efectiva campaña de información a favor del cliente. Señores Miembros del Tribunal, la Resolución recurrida, en esencia, se nutre de las disposiciones de la ley marco Nro 1334/98, no en un mero reglamento técnico de aplicación interna en el órgano regulador en materia de Telecomunicaciones.- Es más, es de público conocimiento que la CONATEL se vio en la necesidad de reglamentar este aspecto, habida cuenta la cantidad importante de transgresiones en este ámbito de la comunicación por parte de las empresas de telefonía móvil, ya que como hemos sostenido ab initio, LA EMPRESA TELECEL NO PRESTÓ A SU USUARLO UNA ADECUADA EDUCACIÓN ACERCA DEL SERVICIO DE ROAMING, o sea, bajo ningún sentido puede sostener la actora que la SEDECO fundó su resolución en un reglamento posterior al hecho de la infracción. Se sancionó a la empresa TELECEL por infracciones de la ley de Defensa del Consumidor, ley positiva vigente con raigambre constitucional, previsto en el Art. Artículo 38 - DEL DERECHO A LA DEFENSA DE LOS INTERESES DIFUSOS: ... "toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a reclamar a las autoridades públicas medidas para la defensa del ambiente, de la integridad del habitat, de la salubridad pública, del acervo cultural nacional, de los intereses del consumidor y de otros que, por su naturaleza jurídica, pertenezcan a la comunidad y hagan relación con la calidad de vida y con el patrimonio colectivo". Así mismo, pasaré a referir algunas consideraciones de la actora: -SERVICIO DE ROAMING INTERNACIONAL: La empresa TELECEL claramente habla de que es la misma, como empresa, que mantiene convenios con otras telefónicas del extranjero, y que estas empresas extranjeras son las prestadoras efectivas del servicio al cliente de TELECEL, CUANDO EL CLIENTE SOLICITA ESTA MODALIDAD. Hasta este punto, es muy comprensible, pero es en este momento en donde de igual manera surgen las siguientes interrogantes: 1- En que momento el cliente solicito la habilitación de roaming para su utilización en el extranjero? 2- Existe constancia documental escrita que avale que EMILIO GOTZE haya solicitado dicho servicio a las empresas del extranjero? 3- Ha extendido la empresa TELECEL algún documento explicativo a su cliente sobre los alcances y costos del servicio a su cliente? Por tales razones, no puede la empresa TELECEL, alegremente manifestar quela misma "se limita a trasladar" esta tarifa a su sus usuarios, ni puede alegar en su escrito la frase "por voluntad propia", ya que el afectado particular desconocía estas informaciones, que tampoco fueron proporcionadas por la empresa. -LA RESOLUCIÓN DE SEDECO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD: Sin entrar en muchos detalles, me remitiré directamente al principio de legalidad aludido por la actora, principio rector en materia administrativa. Efectivamente, esta parte se ratifica en que LA EMPRESA TELECEL S.A. INCURRIÓ EN INFRACCIÓN DE LA LEY Nro. 1334/98, ARTÍCULO 6 INC. B, C, D y 8. No puede la empresa alegar, nuevamente que estos derechos no fueron conculcados, ya que simple y llanamente NO SE CONSIGNO EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS lo concerniente al servicio de roamnig internacional, no existe tal suscripción en dichos términos. TAMPOCO existe constancia alguna de que el cliente haya solicitado en forma expresa tal servicio. Es impensable que cualquier usuario, si conociese los alcances del servicio y sobre de su costo, no tome los recaudos pertinentes, toda vez que haya sido correctamente informado. De todas las constancias obrantes en autos y la valoración de las mismas, nos permiten concluir en forma certera que la EMPRESA TELECEL si incurrió en la comisión de un hecho típico- FALTA DE INFORMACIÓN, que también tiene sus fundamentos en el Art. 28 de la C.N.- DEL DERECHO A INFORMARSE: ... "se reconoce el derecho de las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime. Toda persona afectada por la difusión de una información falsa, distorsionada o ambigua tiene derecho a exigir su rectificación o su aclaración por el mismo medio y en las mismas condiciones que haya sido divulgada, sin perjuicio de los demás derechos compensatorios. Un principio cardinal del derecho del consumidor lo constituye el derecho a la información reglado en el art. 6°, 8° y 9° de la Ley 1.334/98, en cuanto dispone que el proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee y las condiciones de su comercialización. Le corresponde al proveedor la obligación de colaborar en el esclarecimiento de la cuestión aportando todos los elementos que tenga en su poder. La Autoridad de Aplicación busca que empresas nacionales internalicen la citada Ley a la atención de sus usuarios. Es de resaltar que estas prácticas utilizadas por trasnacionales dejan muy buena impresión en el usuario y en la Autoridad Competente al ver respetadas la Dignidad del Usuario. La Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario, fue creada con el fin de defender los derechos de los Consumidores y Usuarios en virtud de la Ley 4974/13, conforme al Art. 2, es la Autoridad de Aplicación en el ámbito nacional, que dispone "LA PRESENTE LEY ESTABLECE LAS NORMAS DE PROTECCIÓN Y DE DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS, EN SU DIGNIDAD, SALUD, SEGURIDAD E INTERESES ECONÓMICOS"; y del Decreto 21004/03 Art. 4° último párrafo "Quien a sabiendas proporcione a la autoridad información falsa u oculte, destruya o altere cualquier libro, registro o documento que haya sido requerido por la autoridad o sin justificación incumpla los requerimientos de información que se le haga o se le niegue a comparecer o, mediante violencia o amenaza, impida o entorpezca el ejercicio de las funciones de las autoridades de aplicación, se le impondrá automáticamente una sanción de hasta el máximo de la multa permitida, para cuya graduación se tomara en cuenta los criterios que emplea la autoridad al emitir resoluciones finales". Valorando el Sumario abierto, contra la firma Telecel S.A. y la Nota N° 902/2013 de fecha 27 de noviembre de 2013, la propia CONATEL (Comisión Nacional de Telecomunicaciones), sugiere la aplicación de una sanción a la empresa infractora, según el criterio de la Dirección General de Defensa del Consumidor. Como Secretaría de Defensa del Consumidor nos ratificamos en lo dispuesto en la Resolución N°703 del 30 de diciembre de 2014, y solicitamos el rechazo in límine de la demanda presentada ante el Tribunal de Cuentas por la empresa TELECEL S.A. (TIGO)” (fs. 141/147).
Termina solicitando, que previo los trámites de rigor, el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, dicte resolución definitiva rechazando la acción por su notoria improcedencia. Con costas.
Y EL MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, SEGUNDA SALA, MAGISTRADO GREGORIO RAMÓN ROLANDO OJEDA, prosiguió diciendo:
En primer lugar, debemos hacer un breve esbozo de las particularidades principales que se exponen por medio de la presente demanda en los escritos inicial y su respectiva contestación y, en ese sentido, tenemos a fs. 17/29 que el representante legal de la firma AMX PARAGUAY S.A. se ha presentado ante este Tribunal de Cuentas a promover demanda contencioso administrativa contra la Resolución 703 de fecha 30 de diciembre del año 2014, mediante la cual el Secretario de la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario resolvió lo siguiente: ““.Art. 1°.- DECLARAR la Empresa TELECEL S.A., con domicilio en Zavalas Cue esq. Artillería, de la Ciudad de Fernando de la Mora, ha incurrido en infracciones a la Ley N° 1.334/98 de Defensa del Consumidor y del Usuario en sus Art. 6 inc. b), c), d), f) y Art.8; Art. 2°.- ORDENAR a la Empresa TELECEL S.A., a la exoneración del pago o la devolución del monto de Gs. 9.976.479 (guaraníes nueve millones novecientos setenta y seis mil cuatrocientos setenta y nueve) según factura Nro. 001-009-1255207, al Sr. EMILIO GOTZE PETERSEN con C.l. N° 528.488; Art. 3°.- APERCIBIR a la Empresa TELECEL S.A., que en caso de incumplimiento de lo dispuesto en el presente lnforme de Conclusiones y de reincidir en las mismas infracciones, las sanciones serán más graves; Art. 4°.- ORDENAR a la Firma TELECEL S.A., a la actualización inmediata de los datos comerciales del Señor Emilio Gotze Petersen con C.l. N° 528.488, en INFORCOM, en el perentorio plazo de 5 (cinco) días, plazos que corren a partir del día siguiente de recepcionada la presente Resolución; Art. 5°.- COMUNICAR a quienes corresponda y una vez cumplida archivar...” (fs. 126).
Ahora bien, entrando a auscultar el fondo de la cuestión tenemos que la controversia en estos autos se da en el marco de un sumario administrativo instruido a la firma TELECEL S.A., mediante el cual la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario declaró las infracciones cometidas por la empresa mencionada en el marco de la Ley N° 1.334/98 "De Defensa del Consumidor y del Usuario”.
Básicamente y lo medular de la cuestión, es determinar la legalidad o no de la resolución impugnada que determinó la falta atribuida a la firma denunciada en el sumario administrativo, lo que derivó posteriormente en la imposición de la exoneración del pago o devolución de exentas por valor de Gs. 9.976.479, facturada al señor Emilio Gotze Petersen por el usufructo del servicio de roaming ofrecida por la compañía telefónica en cuestión.
Ingresando al análisis de fondo, tenemos que el génesis del sumario administrativo instruido a la firma TELECEL S.A., fue a raíz de la denuncia realizada por el señor Emilio Gotze Petersen por irregularidades detectadas en el servicio roaming ofrecido por la accionante como empresa proveedora, la que generó la factura N° 001-009-1255207 emitiendo en concepto de exentas la suma de Gs. 9.976.479 y una suma total de Gs. 13.286.047 (ver fs. 38).
En primer término cabe oportuno mencionar que el "roaming” es un servicio que permite a un usuario tener operativa la línea móvil cuando sale de su país; con ello es posible utilizar el teléfono a través de la red de comunicaciones de una empresa del país extranjero. De esta manera, aunque una persona esté fuera de las fronteras de su país podrá realizar y recibir llamadas, usar aplicaciones que requieren del uso de datos como las redes sociales, navegar por internet y enviar o recibir SMS y MMS.
En el caso de marras, el señor Gotze Petersen manifestó en su denuncia que no utilizó en ningún momento el servicio de roaming para que pudieran cobrarle en la facturación final la exuberante suma de Gs. 14.041.255, por lo que solicitó el descuento del pago de dicho servicio sobrefacturado y no utilizado.
En ese contexto de ideas, la operadora indicó en sede administrativa, que el cobro es debido a la utilización del servicio roaming y que el mayor consumo visualizado en el detalle de GPRS es la de Roaming Internacional y que no hubo cargos indebidos en su factura ni sobrefacturación; específicamente en Brasil es la utilización que se detalló, dicho servicio fue de la Empresa Vivo de Brasil.
En cuanto a la Sedeco, la misma señaló en parte de su resolución hoy recurrida, que la operadora “simplemente declara que el consumidor utilizó dicho servicio, pero en ningún momento probó de manera efectiva y fehaciente que el consumidor contrato el servicio de roaming... a falta de pruebas y en caso de duda sobre la activación y conocimiento del servicio por parte del consumidor, se aplica el principio “in dubio pro consumidor”. Que aplica otorgarle a la persona situada en la posición más débil (consumidor o usuario) la razón, en caso que existieran dudas acerca de la controversia planteada. Incluso de contar con la documentación que acredite la activación del roaming, no han presentado prueba acerca de la información brindada al consumidor sobre el servicio de roaming, ya que la información sobre el uso del servicio es necesaria para su correcta utilización por parte del consumidor, de manera que no ocurran errores que concluyan con una facturación “sorpresa” para el mismo... si el usuario ha contratado el servicio de roaming, tampoco se ha determinado un monto máximo de consumo para dicho servicio, es decir, el consumidor está al libre arbitrio de que la empresa determine cuál es el monto que considere que el consumidor ha de pagar. Esta Autoridad considera que dicha situación atenta contra la seguridad del consumidor, ya que le puede producir como en el caso que nos ocupa, un grave daño patrimonial’ (ver fs. 122/3).
Continuando con ese análisis y puesto la obligación de resolver las posiciones en pugna, anticipo en citar lo dispuesto por la Ley N° 1.334 "De Defensa Del Consumidor y del Usuario”, la cual en su Art. 6° incisos "c”, "d”, "h” e "i” refieren lo siguiente: "...Constituyen derechos básicos del consumidor: ...c) la adecuada educación y divulgación sobre las características de los productos y servicios ofertados en el mercado, asegurando a los consumidores la libertad de decidir y la equidad en las contrataciones; d) la información clara sobre los diferentes productos y servicios con las correspondientes especificaciones sobre la composición, calidad, precio y riesgos que eventualmente presenten; ...h) la adecuada y eficaz prestación de los servicios públicos por sus proveedores, sean éstos públicos o privados; e, i) recibir el producto o servicio publicitado en el tiempo, cantidad, calidad y precio prometidos.’’, en concordancia con lo establecido en la Ley N° 2.340 "QUE AMPLIA LA LEY N° 1334 DEL 27 DE OCTUBRE DE 1998 "DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO”.
A fin de enmarcar la situación de TELECEL S.A. como empresa comercializadora de servicios de telefonía celular cable, se debe igualmente tener en cuenta lo prescripto en el Art. 8 de la Ley N° 1.334, el cual establece: "Quienes produzcan, importen, distribuyan o comercialicen bienes o presten servicios, suministrarán a los consumidores o usuarios, en forma cierta y objetiva, información veraz, eficaz y suficiente sobre las características esenciales de los mismos. La oferta y presentación de los productos o servicios asegurará informaciones correctas, claras, precisas y visibles, escritas en idioma oficial, sobre sus características, cualidades, cantidad, composición, precio, garantía, plazo de validez, origen, dirección del local de reclamo y los riesgos que presenten para la seguridad de los consumidores, en su caso’’.
Cabe también citar, el informe emitido por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), glosada a fs. 89 de autos, en la que expresa, respecto al reglamento de protección al usuario de telecomunicaciones, en su Art. 18, Servicios de Roaming Internacional o Itinerancia Internacional, lo siguiente: “Los operadores sólo podrán activar los servicios de roaming o itinerancia internacional, previa solicitud expresa y comprobable del abonado, a través de cualquier mecanismo de atención al usuario. El usuario deberá establecer o autorizar un monto máximo de consumo para dicho servicio, el que será utilizado por el operador para el control de consumo de los servicios de roaming del abonado en el exterior. Este proceso de activación y de establecimiento del monto máximo de consumo, se debe realizar cada vez que el abonado tenga acceso a un servicio de roaming internacional..".
La irregularidad detectada imputable a la firma calificada, la que catalogada como violación de normas que establecen derechos de los usuarios, individualizándose la falta en el servicio ofrecido, atendiendo que estas atañen a cuestiones de falta de información en la prestación brindada la cual constituye una obligación de los proveedores con el usuario, antes de ofrecerle el servicio de conformidad al “Principio de Buena Fe” consagrado en la normas jurídicas vigentes.
A mayor abundamiento, no esta demás mencionar que existen en nuestro ordenamiento jurídico principios rectores para la aplicación de normas. Ellos constituyen normas claramente establecidas y principios generales de aplicación de otras, alrededor de un criterio que protegen intereses y sobre todo derechos superiores a otros. Así el derecho del consumidor se haya protegido por el principio “in dubio pro consumidor” derivado del antiguo principio romano conocido como favor debilis, se encuentra plasmado en la Ley N° 1.334 y el Decreto N° 20.572/03.
El amparo legal de este principio comprende la duda en la apreciación de los hechos como del derecho y la prueba mediante la llamada doctrina de las cargas probatorias dinámicas. Mas específicamente, tiene cabida este principio, cuando un consumidor contrata un servicio determinado en base a la información brindada por la empresa en presunto cumplimiento al deber de información estipulado en el Art. 8 de la Ley N° 1.334 y luego durante la relación o ejecución de la prestación se advierte que la primigenia información proporcionada resulta ambigua, excluyente o contradictoria. En efecto, el acto de ocultar la realidad o desinformar en materia precontractual concluye en una violación al deber de buena fe mencionado más arriba, objetiva como directiva de conducta. Aquellos contratos que se ejecutan en un escenario diametralmente opuesto al informado y esperado por el usuario tornan viable la aplicación del instituto tratado para la solución de la controversia.
Por lo hasta aquí expuesto y por las constancias de autos, ha observado esta Magistratura que los argumentos esgrimidos por la firma accionante no alcanzan a desvirtuar lo actuado por la SEDECO, quien ha actuado dentro de sus facultades regladas, respetando el Principio de legalidad que debe tener en cuenta la autoridad administrativa en su actuar.
Dicho principio se basa en la exigencia de que la actuación de la Administración se realice de conformidad con el ordenamiento positivo. Es decir, se traduce en la exigencia de que el accionar de la Administración se realice de acuerdo con las normas y valores del sistema jurídico, como forma de garantizar que los organismos del estado actúen de acuerdo a la finalidad de bien común para la que fueron creados. El Principio de Legalidad ha sido recepcionado por la Constitución Nacional en su artículo 257° al expresar que “los órganos del Estado se subordinan a los dictados de la ley...". El equilibrio al que deben propender las relaciones entre el particular administrado y la Administración Pública requiere un justo y eficaz sistema de garantías que compensen la situación de desigualdad en la que se encuentra el particular frente al Estado. El fundamento de este sistema de garantías es la realización de la justicia distributiva del bien común -libertad, igualdad, etc.- entre los particulares. La sujeción de la Administración a la ley constituye uno de los principios capitales del Estado de Derecho. El nacimiento del Principio de legalidad se debe al pensamiento revolucionario de 1789, que al modificar la concepción del antiguo régimen estableció en sus últimas consecuencias que la Administración Pública no deriva de la emanación personal del soberano, sino que se origina en una creación abierta del derecho y que, a su vez, se encuentra sometida a una legalidad objetiva que puede ser invocada por los particulares mediante un sistema de recursos y acciones que se transforman en un haz de derechos subjetivos públicos (TOMAS HUTCHINSON “REGIMEN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS” editorial Astrea 2da. Edición actualizada - 1994”).
El tratadista Roberto Dromi, en su obra Derecho Administrativo, Pág. 272, sostiene: “Los actos administrativos, por serlo, tienen a su favor la presunción de constituir el ejercicio legitimo de autoridad administrativa y, por consiguiente, toda invocación de nulidad contra ellos debe ser necesariamente alegada y probada en juicio; así sucede cuando se ha desconocido o vulnerado principio de derecho público o garantías individuales”. En el caso que nos ocupa, observamos que el acto administrativo impugnado fue dictado por autoridad competente y se ha respetado el debido proceso y la forma estipulada en la ley, también se han valorado detenidamente las pruebas ofrecidas.
De la ratio decidendi del aludido acto administrativo resulta evidente que la misma cuenta con el requisito de legalidad, en razón de estar debidamente fundamentada en situaciones fácticas y jurídicas.
En conclusión, por todo el fundamento expuesto recientemente, considero que la presente demanda debe ser rechazada y que el acto administrativo impugnado, Resolución N° 703 de fecha 30 de diciembre del año 2014, dictada por la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario - SEDECO, debe ser confirmada in totum.
En cuanto a las costas, las mismas deben ser impuesta a la parte perdidosa conforme a la teoría del “riesgo asumido” la cual establece que el litigante que asume una posición controversial, es quien debe cargar con las consecuencias ante el rechazo de su pretensión jurídica, esta aserción es la que prima en el Art. 192 del C.P.C. ES MI VOTO.
A su turno, los Magistrados ARSENIO CORONEL BENÍTEZ y MARÍA CELESTE JARA TALAVERA, manifiestan que se adhieren al voto que antecede, por sus mismos fundamentos.
Asunción, 19 de julio del 2.016.
1.-) NO HACER LUGAR a la presente demanda contencioso administrativa, instaurada en los autos “TELECEL S.A. contra Resolución N° 703, de fecha 30 de diciembre de 2014, dictada por la SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y EL USUARIO (SEDECO)” y, en consecuencia;
2.-) CONFIRMAR la Resolución 703, de fecha 30 de diciembre de 2014, dictada por la SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y EL USUARIO (SEDECO), de conformidad y de acuerdo con los fundamentos expresados en el exordio de la presente Resolución.
3.-) IMPONER LAS COSTAS a la parte perdidosa.