Source: http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=15&id=1822
Timestamp: 2017-12-17 05:59:32
Document Index: 353731148

Matched Legal Cases: ['artículo 151', 'artículo 13', 'artículo 151', 'artículo 151', 'artículo 27', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 81', 'artículo 81', 'artículo 6', 'artículo 58', 'artículo 133', 'artículo 58', 'artículo 112', 'artículo 13', 'artículo 13', 'Artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 58', 'artículo 13', 'artículo 1', 'artículo 323', 'artículo 51', 'artículo 43']

CELEBRADA EL MARTES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
Tres, de las Comisiones de Federalismo, Estudios Legislativos, Primera y de Educación, respectivamente, con la que se remiten sus Informes de Actividades del Segundo Año y sus Programas de Trabajo para el Tercer Año de Ejercicio, ambos, de la LXIII Legislatura
Una, de la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, con la que remite el informe de su participación en la ceremonia de conmemoración de los 100 años del Primer Congreso Feminista en México, celebrada en Mérida, Yucatán, los días 12 y 13 de enero de 2016
Una, de la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, con la que remite el informe de su participación en el “Foro sobre Empleo Juvenil” del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, que tuvo verificativo el 15 de septiembre de 2017, en Panamá, Panamá.
Una, del Senador Adolfo Romero Lainas, con la que remite el informe de su participación en la reunión de la Comisión de Servicios Públicos, Defensa del Usuario y el Consumidor del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, celebrada los días 14 al 16 septiembre de 2017, en Panamá, Panamá
Una, del Senador Luis Armando Melgar Bravo, con la que remite su quinto Informe de actividades legislativas
Comunicación suscrita por el Secretario General de Gobierno, con la que remite información sobre las acciones de recuperación en torno al sismo del 7 de septiembre de 2017
Del Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IX del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta
De la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que adiciona y reforma diversos artículos de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de Partidos Políticos, con el fin de apoyar a los damnificados de los terremotos del 7 y 19 de septiembre del 2017, reduciendo las prerrogativas de los partidos políticos
De la Senadora Angélica de la Peña Gómez y a nombre de los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Fondo Nacional de Reconstrucción 2017
De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley General de Cambio Climático, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Ciencia y Tecnología, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Convenio de Cooperación Científica y Técnica entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Islámica de Pakistán, firmado en la Ciudad de México, el once de marzo de dos mil quince
FUNDAMENTACIONES DEL DICTAMEN
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Justicia, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de Arabia Saudita en materia de Combate a la Delincuencia Transnacional, hecho en la Ciudad de Riad, Arabia Saudita, el diecisiete de enero de dos mil dieciséis
LA ASAMBLEA GUARDA UN MINUTO DE SILENCIO EN CONMEMORACIÓN DEL TERRREMOTO SUFRIDO EN EL PAÍS EL PASADO 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017
De las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 29 y 112 de la Ley de Migración
Senadora Silvia Leticia Martínez Elizondo
De las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 13 de la Ley de Organizaciones Ganaderas
Senador Manuel Humberto Cota Jiménez
Cuatro, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, con puntos de acuerdo
De la Comisión de Asuntos Fronterizos, Sur, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar del número de migrantes que cruzan por la frontera sur y sus nacionalidades y procurar el estricto respeto de sus derechos humanos
Del Senador Ismael Hernández Deras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República expresa su reconocimiento a la gran labor ciudadana que realizan miles de voluntarios en las tareas de rescate y remoción de escombros, tras los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, así como a la población que ha contribuido con donaciones económicas o en especie
Del Senador Héctor David Flores Ávalos del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a expedir las disposiciones que permitan la condonación de contribuciones respecto del consumo de productos en las zonas afectadas, así como respecto de las donaciones a centros de acopio y albergues
Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo por el que se requiere al titular del Poder Ejecutivo de la Federación instruir al Secretario de Relaciones Exteriores para que rechace el contenido del Acta 323 remitida para su ratificación por el Comisionado de la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas CILA
De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación un informe sobre los avances en la investigación del caso de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa presentados por el Gobierno Federal a familiares y representantes de los normalistas, en la reunión del 29 de agosto de 2017
Uno, por el que se informa sobre el calendario de sesiones para el actual período de sesiones
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: (11:58 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras Senadoras y señores Senadores.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Por instrucciones de la Presidencia, le informo a la Honorable Asamblea el resultado del registro de asistencia.
Se han acreditado hasta este momento 85 Senadores y Senadoras.
Por lo consiguiente, le comento, señor Presidente, que hay el quórum correspondiente.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Se abre la sesión del martes, 26 de septiembre, correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.
Quienes estén porque se apruebe, les pedimos que se manifiesten levantando su mano.
Quienes estén porque se rechace, de igual manera, les pedimos que levanten su mano.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Le informo a la Asamblea que se recibieron comunicaciones de las siguientes comisiones:
De la Comisión de Federalismo; de Estudios Legislativos, Primera; y de Educación, con las que se remiten sus respectivos informes de las actividades del Segundo Año y sus Programas de Trabajo para el Tercer Año de Ejercicio, todo de la LXIII Legislatura.
Asimismo, se recibieron las siguientes comunicaciones:
La primera, de la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, con la que se remite el informe de su participación en la ceremonia de conmemoración de los 100 años del Primera Congreso Feminista en México, celebrada en Mérida, Yucatán, los días 12 y 13 de enero del año 2016.
Una más, de la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, con la que se remite el informe de su participación en el “Foro sobre Empleo Juvenil” del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, que tuvo verificativo el 15 de septiembre de 2017, en Panamá, Panamá.
Una más, del Senador Adolfo Romero Lainas, con la que se remite el informe de su participación en la reunión de la Comisión de Servicios Públicos, Defensa del Usuario y el Consumidor del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, celebrado los días 14 al 16 de septiembre del año en curso, en la ciudad de Panamá, Panamá.
Y una más, del Senador Luis Armando Melgar Bravo, con la que se remite su quinto Informe de actividades legislativas.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Se recibió una comunicación suscrita por el Secretario General de Gobierno del estado de Chiapas, con la que se remite información sobre las acciones de recuperación en torno al sismo del 7 de septiembre de 2017.
Tiene el uso de la tribuna el Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IX del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia de deducción de gastos por actividades físicas.
En uso de la tribuna el Senador Olvera.
El Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo: Con su venia, señor Presidente.
La obesidad es un problema que afecta a gran parte de la población de nuestro país.
De acuerdo con datos de la OCDE, en sus estadísticas sobre salud, 2014, México, en comparación, reveló que la tasa de obesidad en la población adulta basada en medidas reales de talla y peso fue de 32.4 % en el 2012, en comparación con una tasa de 24.2 % en el año 2000, la cual representa la segunda tasa más alta de los países de la OCDE, después de los Estados Unidos con un 35.3 % en el 2012.
En este sentido, al menos un 60 % de la población mundial no realiza la actividad física necesaria para obtener beneficios para la salud.
La obesidad genera otras enfermedades crónico-degenerativas en la población que la padece, dos de ellas son la diabetes y la hipertensión.
De acuerdo con afirmaciones realizadas por el Secretario de Salud, el doctor José Narro Robles, la diabetes mata a más de 98 mil mexicanos al año.
Bajo esta misma lógica, la Secretaría de Salud junto con el Comité Nacional de Seguridad en Salud, a través del Subcomité de Enfermedades Emergentes, declararon esta enfermedad como emergencia epidemiológica, señalada con la clave EE-42016, para todo el territorio nacional ante la magnitud y la trascendencia de los casos de diabetes mellitus.
En el caso de la hipertensión, con base en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, se estima que en México hay 22.4 millones de adultos de 20 años o más que padecen esta patología, de los cuales, 11.2 millones tienen diagnóstico médico y 7.7 millones de personas mantienen el padecimiento controlado.
En días pasados, el Servicio de Administración Tributaria propuso, considera la posibilidad de hacer deducibles los gastos generados en nutriólogos y psicólogos con la finalidad de combatir la obesidad en nuestro país.
La salud de nuestra población es un tema de suma relevancia para los legisladores del PRI.
En consecuencia, propongo complementar dicho esfuerzo incentivando a la población a realizar actividad física, agregando a la fracción IX, al artículo 151 del Impuesto sobre la Renta, dicha iniciativa tiene como objetivo motivar a la población a realizar actividades físicas y reducir el sedentarismo en las nuevas generaciones, previniendo así este tipo de padecimiento.
Por tanto, se propone que se incentive a la población a que realice actividades deportivas mediante la deducción de impuestos hacia las personas que se encuentren laborando en empresas o instituciones y que realicen algún tipo de actividad física o deportiva, ya sea en gimnasios, clubes deportivos privados o públicos.
Por tal razón, les invito a favor de esta iniciativa que pretende mejorar la calidad de vida de los mexicanos y mexicanas.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Olvera.
Se concede ahora el uso de la tribuna a la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un proyecto de decreto que adiciona y reforma diversos artículos de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en materia de regulación de suelo bajo régimen agrario.
En uso de la voz la Senadora Calderón.
La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Le agradezco, Presidente.
Hace algunos días me cuestionaban sobre la constitución de un frente amplio político que suelen llamarle Frente Amplio Opositor o Democrático.
Yo opiné que puede ser, si éste es capaz de construir formas nuevas, de resolver viejos problemas, no con lugares comunes ni populistas.
Si es que esto es así, entonces, podríamos transitar una coalición, entonces tendría sentido.
Después me dijeron que era pragmatismo puro para ganar, y que la identidad partidista perdida en un frente confundiría a los votantes.
Yo dije y afirmo, y me parece señalarlo ahora: “Que al contrario, que es ahora cuando debemos sacar de los cajones nuestra doctrina y poner sobre la mesa las soluciones que derivan de ella y no de las frases que dan buena calificación en las encuestas”.
Así, comencemos, y lo haré a propósito de esta iniciativa que presento ante ustedes para modificar la recientemente aprobada Ley de Asentamientos Urbanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
En nuestro primer acercamiento a la problemática del campo, al redactar los principios de doctrina sobre lo que la nación, Acción Nacional, dijimos sobre lo que es la nación, dijimos que el problema del campo es uno de los más graves problemas nacionales, que es un problema primordial de nuestra economía, pero que es, sobre todo, un problema de elevación humana.
Y dijimos que reclama el establecimiento y la afirmación de relaciones de justicia y armonía entre todos los que cultiva la tierra.
Propusimos el establecimiento de cuadros legales de libre y fácil organización para los agricultores a fin de hacerles posible el uso del crédito, la adquisición y el empleo de aperos y maquinaria, la ejecución de mejoras permanentes, la refacción normal y el avío, el acceso ordenado a los mercados y la liberación del usurero, del intermediario, comprador a término y burócrata opresor.
Y dijimos más sobre liberarlos de la explotación y el abuso.
Ahora, la ley lo saca hasta de la toma de decisiones de si la ciudad puede crecer sobre sus tierras de cultivo, son sólo hacerlos a un lado, y eso no es ni panista, ni solidario ni injusto, ni justo ni armónico, porque así le deja más libre el camino a los intermediarios, a los usureros, a los burócratas a término que los han estado expoliando y orillándolos a dejar que liderazgos falsos aboguen por ellos, los movilicen y sean de nuevo los falsos redentores los que al final y como grupos de presión salgan ganando para dejar a los ejidatarios sin la jícara y sin la miel.
Por eso hoy vengo a presentar a nombre mío una iniciativa con proyecto de decreto por el que propongo reformar y adicionar diversos artículos de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, dicha ley es generosa en su intención de hacer efectivo el derecho a la ciudad contemplado en los objetivos de desarrollo sostenible, el cual tiene por finalidad el acceso a una vivienda adecuada.
Si bien las personas tenemos derecho a una ciudad con servicios básicos, energía, vivienda, transporte y con más facilidades para todos, también lo es que este derecho va de la mano con el mejor aprovechamiento de los recursos naturales, la reducción de la contaminación y de la pobreza, lo anterior no se encuentra considerado en la ley que se pretende reformar toda vez que tampoco vela por la equidad y la igualdad de los ejidatarios quienes de conformidad al artículo 27 constitucional tienen personalidad jurídica propia y en el que se dispone que en la ley reglamentaria de la materia debe de prevalecer el respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos.
De conformidad con el artículo 2 de la Ley Agraria, dicho ordenamiento está en lo dispuesto en la Ley General de Asentamientos Humanos, ahora Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la cual deja de lado el derecho de los ejidatarios y comuneros.
Bastará que los planes y programas de desarrollo urbano determinen que las parcelaciones son susceptibles de una acción urbanística para que en éstas se puedan realizar obras sin el consentimiento u opinión de la asamblea ejidal.
En consecuencia, si una parcela es susceptible de acción urbanística y ésta se encuentra en el plano programa de desarrollo, es susceptible de expropiación.
La ley que propongo reformar no garantiza el cumplimiento del objetivo dos de los ODS que es poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura.
Cómo vamos a poner fin al hambre si toda la tierra social es susceptible de desarrollos urbanos.
La urbanización de tierras ejidales no debería tener sólo efectos negativos para el campo si se cuenta con una ley que no sólo contempla formas de urbanización, sino promover modelos de inversión que maximicen las oportunidades de los pequeños productores, también la gente del campo tiene derecho a una vivienda digna, no sólo quienes viven en la zona urbana tienen derecho a la ciudad.
La propuesta de reforma y adición que se realiza es también necesaria ya que existe en una concurrencia de leyes entre la Ley de Asentamientos Humanos, la primera pretende lograr el desarrollo ordenado de los asentamientos urbanos; y la segunda, vela por el respeto al derecho de los núcleos agrarios y sus integrantes.
Por lo que resulta necesario aclarar en la Ley de Asentamientos, que es general, que el suelo proveniente del régimen agrario se está a lo dispuesto en la Ley Agraria, ya que en diversas disposiciones del ordenamiento que se propone reformar se hace referencia a la propiedad ejidal o comunal como susceptible de desarrollo urbano, sin tomar en cuenta que se requiere consultar a la Asamblea ejidal o comuneros correspondientes.
Por ello, se propone adicionar una fracción VI al artículo 1° en la que se establezca la concurrencia de esta ley con la Ley Agraria, con ello se evitará repetir o aclarar de forma ociosa lo mismo en el cuerpo de ésta Ley General de Asentamientos Urbanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
Se insiste en la necesidad de esta reforma ya que la constitución del asentamiento humano en los núcleos agrarios deberá adecuarse a los planes de desarrollo urbano.
De igual forma se considera necesario eliminar la palabra parcelaciones de la definición de acción urbanística en el artículo 3°, ya que dicho concepto las incluye de forma directa para uso y aprovechamiento del suelo, o las comprende también para la realización de obras de equipamiento, infraestructura o servicios urbanos.
Si bien previo al cumplimiento de la Ley Agraria y a las autorizaciones de la Asamblea ejidal ello puede suceder, en determinado caso dicho concepto puede ser base para que de entablarse un juicio no se respete la voluntad de las personas que representan núcleos agrarios bajo el argumento de que la Ley General prevalece sobre la federal; sin embargo, respecto de los artículos 62, 63, 86 y 87, propongo reformarlos para que expresamente dispongan que se está a lo dispuesto en la Ley Agraria, y a las autorizaciones de la Asamblea ejidal, como aquí lo ha propuesto el Senador Flores, unos días antes, o de comuneros, toda vez que disponen lo relativo a las regulaciones de propiedad en los centros de población, pero a su vez su contenido versa en el aprovechamiento de áreas y predios ejidales o comunales comprendidos dentro de los límites de los centros de población y de constituir, ampliar y delimitar la zona de urbanización ejidal.
Aunado a lo anterior, si no se cautela la autonomía y las decisiones de la Asamblea será fuente de conflictos más que de resoluciones, no puede desaparecerse de un plumazo la existencia de la autonomía, de los ejidos y de sus autoridades sobre el uso de su tierra.
Asimismo, propongo adicionar el artículo 81 especificando que en todo lo relativo al suelo social se estará a lo dispuesto en la Ley Agraria toda vez que el artículo 81 se refiere al suelo en general; sin embargo, se encuentra ubicado dentro del capítulo relativo al suelo proveniente del régimen agrario.
Por su atención, gracias Presidente, y le pido que esta iniciativa también sea turnada a la Comisión de Reforma Agraria.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Se obsequia su solicitud.
Gracias, Senadora Calderón.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; de Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos, y atendemos la petición de la Senadora Calderón.
Enseguida, tiene el uso de la palabra el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de Partidos Políticos, en cuestiones de apoyo a los damnificados de los terremotos.
En uso de la tribuna el Senador Robles Montoya.
Démosle a México la retribución digna que a través de la soberanía que nos ha sido delegada podemos impulsar, para la memoria de las mexicanas, de los mexicanos, con esto arranco esta intervención, septiembre de este 2017 será recordado como la fecha en la que el país enfrentó una catástrofe natural en tres distintos momentos: a principios de dicho mes, hay que recordar, el sureste y centro del país fueron azotados por la fuerza destructora del Huracán Katia, el cual afectó severamente los estados de Oaxaca, de Veracruz, Chiapas y la Ciudad de México.
Y sin tiempo para recuperarse de este fenómeno natural, la media noche del 7 de septiembre, un terremoto, como aquí ya se ha abordado, de proporciones demoledoras, el más imponente en los últimos 100 años en México, cimbró lamentablemente los estados de Oaxaca y Chiapas, en particular el Istmo de Tehuantepec que fue catalogado como urgencia nacional.
No obstante esta lamentable situación, el 19 de septiembre otro sismo de 7.1 grados Richter, golpeó los estados de Morelos, Puebla, Estado de México y la propia Ciudad de México, provocando una estela de devastación en Jojutla, Morelos, y decenas de edificaciones colapsadas en la ciudad capital del país.
Del centro al sureste del país, el proceso de reconstrucción y cicatrización social debe empezar de inmediato. El número de víctimas mortales, sumando los tres fenómenos naturales, superan ya los 500, aunado a los más de dos millones de damnificados que han perdido sus hogares, y a ello habrá que tutelar la reconstrucción de millares de casas, de cientos de escuelas, de edificios, de negocios, de calles, carreteras y un sinnúmero de elementos de infraestructura social.
Su servidor ante este escenario nacional, pone a su consideración la presente propuesta legislativa, a fin de aportar sistemáticamente recursos que coadyuven a la reconstrucción nacional.
Debemos entender que lo ocurrido en el país supera cualquier caso de desastre natural en la historia reciente de nuestro país, y del mismo modo que supera cualquier coyuntura política, social o jurídica en ciernes en la República.
La siguiente tesis que propone reducir excepcionalmente el monto de financiamiento público que recibirán los partidos políticos a partir de la siguiente ministración mensual, la propuesta es la reducción del 30 % que sería destinado al fondo que para tal motivo los gobiernos federal y locales instituyan para la reconstrucción de las zonas devastadas, la atención de víctimas y el proceso que conlleve para la reanudación de la vida social.
También, como caso de excepción que amerita esta urgencia nacional, se instruye en esta propuesta que por única ocasión los períodos de precampaña y campaña de los procesos electorales federales, se reduzcan considerablemente, a fin de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral actualice los topes de gastos de cada elección y destine el presunto ahorro al citado fondo.
Asimismo proponemos que los recursos obtenidos por la aplicación de multas e infracciones electorales, por esta ocasión se destinen al fondo que los gobiernos provean para la reconstrucción de la infraestructura dañada y la atención de las víctimas.
El primer momento ante la tragedia ha sido la solidaridad de la sociedad civil, en comunión con los cuerpos de rescate y Fuerzas Armadas para salvar vidas humanas. Después de esta heroica misión corresponde de manera inmediata dar atención a las personas damnificadas. Y queda claro que la siguiente etapa será hacer un balance de los inmuebles colapsados, de los que deberán ser demolidos y de los que necesitan reparaciones, ello con el objetivo de planificar la reconstrucción de las zonas afectadas.
Y si bien es cierto que aún pareciera muy pronto para contar con un diagnóstico que permita conocer el costo que tendrá la reconstrucción requerida después de los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre, sin embargo no podemos permitir que este proceso dilate 32 años, como lo que ocurrió con el resarcimiento de daños a las víctimas del sismo de 1985.
El proceso de elaboración del programa de reconstrucción deberá concluirse en no más, desde mi punto de vista, en no más de seis meses a partir de que cuente con el censo de inmuebles afectados, y la reconstrucción de éstos no debe ir más allá de cuatro años.
Apelamos a la experiencia internacional, países que en catástrofe salieron avantes y orgullosos de las medidas estrictas que se impusieron. Necesitamos ejemplos de éxito, como Chile y Nueva Zelanda.
La ciudadanía, compañeras y compañeros, nos ha dado, ya lo hemos dicho aquí, una gran lección, nos ha mostrado que todo es posible siempre y cuando se esté dispuesto a darlo todo, al sacrificio incluso.
Las legisladoras y legisladores, el gobierno federal y local, los partidos políticos y el Instituto Nacional Electoral no tendrían por qué ser la excepción.
De aprobarse esta iniciativa que hoy pongo a su consideración estaríamos enviando, sin duda, a las mexicanas y a los mexicanos un mensaje fuerte, un mensaje claro y contundente de solidaridad, les estaríamos demostrando que no somos sordos, ni ciegos ante sus necesidades y que en verdad somos las y los representantes populares que se necesitan en estos momentos.
Son tiempos de unidad, por lo tanto convoco a todas y a todos mis compañeros a que asumamos nuestra responsabilidad y nuestra pasión por México.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Benjamín Robles Montoya.
Se concede ahora el uso de la tribuna a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, para presentar a nombre de las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, un proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Fondo Nacional de Reconstrucción 2017.
En uso de la voz la Senadora De la Peña.
Buenos días Senadoras y Senadores:
El día de hoy estamos presentando para su consideración, para su análisis y por urgente, además de solución, la creación de un fondo, en la presentación de la ley, para crear el Fondo Nacional de Reconstrucción 2017.
La Ley de Orden Público, Interés Social y de Observancia General tiene por objeto la creación del Fondo Nacional de Reconstrucción 2017, para hacer frente a las acciones de reconstrucción y rehabilitación derivada de los sismos de los días 7 y 19 de septiembre de este año.
El Estado asume la responsabilidad de coordinación integral entre los gobiernos de las entidades federativas, municipales, sector social y privado para el restablecimiento y reconstrucción de la infraestructura de vivienda, servicios de salud, educación, comunicación y en general realizar acciones de la reactivación de la economía y la normalización de las actividades de la sociedad, el sector público y privado en las entidades afectadas por dichos fenómenos naturales.
Primero. Construir un fondo que garantice recibir, administrar y distribuir los recursos, los ingresos derivados de las asignaciones y contribuciones para la reconstrucción y rehabilitación de viviendas, infraestructura escolar, provisión de albergue y servicios médicos, infraestructura de agua potable, construcción y rehabilitación de carreteras, vialidades y caminos rurales, así como para la atención de las personas damnificadas de los sismos de los días 7 y 19 de septiembre de este año.
Segundo. Establecer las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios o demarcaciones territoriales afectados para el ejercicio del fondo.
Tercero. Garantizar la participación y supervisión de instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil para el correcto ejercicio de los recursos del fondo.
Cuarto. Generar un censo para determinar las necesidades de la reconstrucción y rehabilitación de las entidades federativas afectadas en el país por estos sismos.
Quinto. Diseñar un plan de trabajo para la reconstrucción y rehabilitación de las entidades federativas afectadas en el país por los sismos, a que hago referencia.
Sexto. Generar los estudios técnicos, científicos y tecnológicos necesarios para la reconstrucción y rehabilitación de la infraestructura y vivienda dañada por estos sismos.
La integración del fondo, quiero remarcar que estamos proponiendo en esta ley, que este fondo se integre por las aportaciones de la Federación, las entidades federativas y los municipios, las dependencias y entidades de los diversos órdenes de gobierno, los estados extranjeros que hoy están dando donaciones al Estado mexicano, los organismos internacionales, que igualmente lo están haciendo, las organizaciones de la sociedad civil y las personas, las personas físicas y morales, las personas jurídicas y morales de carácter privado, y cualquier otro de procedencia lícita, autorizado por el Consejo.
Así como la devolución del financiamiento público por parte de los partidos políticos, de los ahorros y recortes de organismos autónomos y de los Poderes de la Unión en lo que resta del ejercicio fiscal 2017, pero también tomar la previsión de lo que ya está etiquetado para el 2018, para que pase a este fondo de manera íntegra.
El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, destinará una partida inicial para el fondo por un monto de 20 mil millones de pesos para el ejercicio fiscal del 2018, exclusivamente para el objeto del presente decreto.
También apuntamos en el artículo 6, que los recursos se concentrarán en una cuenta especial en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y será conducido por el Comité en Coordinación con el Consejo, de tal manera que se pueda cumplir el objeto de la ley de manera transparente, los recursos del fondo se aplicarán exclusivamente para financiar las acciones que se determinen en el Programa Nacional, que es uno de los elementos importantes, contenidos en este presente decreto.
Y, además, las aportaciones que realicen las personas físicas y jurídicas de carácter privado, podrán ser consideradas como donativos no onerosos ni remunerativos y serán deducibles de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Impuesto sobre la Renta.
La administración del fondo será de conformidad con las disposiciones establecidas, por supuesto, en este decreto.
El fondo sesionará con las comisiones legislativas correspondientes, una vez que se esté en el período legislativo o cuando así lo soliciten con la Comisión Permanente, para informar sobre los avances de este programa de reconstrucción.
Sobre la fiscalización y la rendición de cuentas.
La Auditoría Superior de la Federación, en coordinación con el comité, establecerá los mecanismos de participación y de fiscalización permanente del ejercicio de los recursos presupuestales del fondo, de conformidad con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas.
Sobre el Programa Nacional, lo que plantea nuestra propuesta, es que establezca en este programa los criterios objetivos, ejes, mecanismos y líneas de acción a corto, a mediano y a largo plazo para la reconstrucción y la recuperación de las entidades afectadas por los sismos, con el objeto de garantizar la resiliencia de las personas damnificadas, la recuperación social, física y cultural de las comunidades y zonas afectadas, así como su reactivación económica.
Las acciones y políticas que se desprendan de este Programa Nacional, tendrán como base, la protección humana, el desarrollo humano, sostenible y sustentable y la reducción y prevención de riesgos, de conformidad con los principios que establece esta ley.
Se garantizarán mecanismos para la participación de la sociedad civil, instituciones académicas y de reconocimiento a nivel nacional, incuestionable prestigio y colegiales de profesionistas en diversas materias a través del comité.
El programa Nacional deberá contener, como mínimo, diagnósticos de daños de las entidades afectadas, a fin de determinar con toda puntualidad el impacto de los sismos.
Vivienda, desarrollo urbano y territorial, educación, salud, obras públicas, obras de agua y riego, transporte y telecomunicaciones, patrimonio cultural, la identificación de necesidades inmediatas, realizando un análisis de las opciones de respuestas viables, la identificación de grupos socioeconómicos y personas damnificadas en condiciones de discriminación múltiple, planes de reconstrucción y recuperación por entidad federativa con individualización de los municipios o demarcaciones territoriales afectadas que incluyan las metodologías sistematizadas que concentren la información concerniente a las estrategias, mecanismos de coordinación, líneas de acción y políticas para la reconstrucción y recuperación, así como los indicadores de monitoreo y evaluación.
Las metas propuestas y resultados esperados de la ejecución de estas estrategias, por supuesto, deberán estar contenidas de manera puntual, como ejes de acción del Programa Nacional.
Principios del fondo y del Programa Nacional, de manera muy breve, simplemente rescato que los recursos del fondo, deberán ser administrados y ejercidos bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, honradez, transparencia y rendición de cuentas para satisfacer los objetivos a los que están destinados.
La Auditoría Superior de la Federación, deberá fiscalizar la totalidad del uso de los recursos del fondo para la supervisión de la administración y ejercicio del fondo, deberá de garantizarse la participación de la sociedad civil y de instituciones académicas a través del comité.
Es importante, y no sigo leyendo, por cuestiones de tiempo, de que este decreto sea estudiado de manera emergente, de manera puntual, si es que en realidad, si es que en verdad, quienes conformamos este Senado de la República y formamos parte del Congreso de la Unión, queremos dar una respuesta más allá de las que se han venido ventilando.
Es claro que muchas de las propuestas que están circulando, incluso de reforma constitucional, incluso de integración de lo que tendría que ser el nuevo Congreso, incluso alguna que ya está conformando un fondo específico para resolverlo de manera unilateral, todas esas respuestas tienen que estar, en primer lugar, en el marco de la ley, pero también en el tiempo y en el espacio.
Hay cuestiones que debemos de dar respuesta hoy, hoy, ahora, el fondo tiene que reestructurarse, no puede ser el Fonden, hay que leer lo que nos dicen, y lo que nos dicen es que haya transparencia, que los recursos lleguen de manera clara, precisa a quien tienen que llegar.
Por eso es importante que nos pongamos de acuerdo, esta es una propuesta más de las que seguramente se pondrán en la mesa de discusión, pero hay que hacerlo pronto, hay que hacerlo ya.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora De la Peña.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda.
En otro apartado de nuestra agenda me permito informar a la Asamblea que está inscrito para su primera lectura el dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley de Bioseguridad…
El Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: (Desde su escaño) Presidente.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Sí, Senador Encinas.
El Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: (Desde su escaño) Antes de pasar al siguiente tema, y toda vez que ya han cerrado el momento de presentar iniciativas, yo quisiera solicitarle atentamente que la iniciativa de decreto que tengo presentada ante este Pleno para el día de hoy la turne, por favor, a las Comisiones de Gobernación; de Hacienda; y de Estudios Legislativos, Segunda, para que pueda seguir el mismo proceso del decreto de emergencia que presentaron legisladores del Partido Acción Nacional, toda vez de que se trata de una modalidad legislativa distinta, no se trata de una iniciativa de ley, sino de una iniciativa de decreto, que es una figura legislativa que no hemos utilizado en el Senado de la República, y en la cual tenemos plenas competencias y tiene que ver justamente con los temas derivados de los sismos que se vivieron en este mes de septiembre en ocho entidades del país.
Entonces le pediría que en lugar de guardarla para la siguiente sesión se turne, por favor, este mismo día.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Atendiendo puntualmente a su solicitud, señor Senador, al término del orden del día, junto con otras iniciativas que están en una semejanza a este planteamiento, se les turnará tal y como usted lo sugiere.
Y la protección, continúo con el apartado que nos ocupa.
La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley General de Cambio Climático, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, en materia de procedimiento de inspección ambiental.
En otro apartado de nuestra agenda tenemos la segunda lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Ciencia y Tecnología con proyecto de decreto por el que se aprueba el Convenio de Cooperación Científica y Técnica entre México y la República Islámica de Pakistán.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del anterior dictamen.
Quienes estén porque se omita, favor de manifestarlo levantando su mano.
Quienes estén porque no se omita, favor de manifestarlo levantando su mano.
Le informo, señor Presidente, que sí se omite la lectura.
En tal virtud se concede el uso de la palabra a la Senadora Gabriela Cuevas Barron, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores.
En uso de la voz la Senadora Cuevas Barron.
Las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; de Justicia; y de Ciencia y Tecnología ponemos a su consideración la ratificación del Acuerdo de Cooperación entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno del Reino de Arabia Saudita en materia de combate a la delincuencia trasnacional, y del Convenio de Cooperación Científica y Técnica entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Islámica de Pakistán.
México busca constantemente estrechar los vínculos, los lazos y todos los programas de cooperación que se encuentran en distintas zonas de nuestro planeta. Somos un actor con responsabilidad global y es nuestra tarea fomentar la presencia de México en el mundo y promoveré la cooperación entre todos los campos.
En esta labor México ha buscado un mayor acercamiento con países islámicos. El 25 % de la población mundial es musulmana, por lo que resulta fundamental unir puentes de entendimiento con estas naciones.
A raíz de la visita que realizó el Presidente Enrique Peña Nieto a la Península Arábiga en 2016, las relaciones con Arabia Saudita se han vuelto más dinámicas.
Con la firma de once convenios se buscó ampliar la relación económica y el diálogo político. Sin duda, este nuevo impulso político debe ir acompañado de los instrumentos legales que permitan darle mucho mayor dinamismo y, por supuesto, estabilidad a la relación.
Por supuesto, los temas de desarrollo económico y de combate a la delincuencia cobran una especial importancia.
En ocasiones un mayor número de flujos económicos conlleva también un flujo delictivo, por lo que no podemos permitir que la delincuencia se vuelva un obstáculo al desarrollo económico.
Además hay que mencionarlo, Arabia Saudita es un país con importante influencia en toda la región, en Medio Oriente y, por supuesto, en la mayor parte de los países musulmanes.
Es un país estratégico para la geopolítica mundial al ser el principal exportador y productor de petróleo, no obstante, al igual que México, el país enfrenta grandes desafíos en materia de crímenes trasnacionales.
Es por ello que debemos destacar que este acuerdo permitirá que la Procuraduría General de la República colabore con el Ministerio del Interior Saudí en el fortalecimiento mutuo de capacidades de servidores públicos, intercambio de información y mejores prácticas y coordinación para la investigación de actos delictivos.
La investigación y persecución de delitos ya no sólo se circunscriben dentro de las fronteras nacionales, lo que obliga a México a buscar colaboración con otros países.
Hoy más que nunca debemos entender que la delincuencia, que los crímenes no respetan fronteras, por ello la cooperación internacional resulta indispensable.
Respecto al acuerdo con Pakistán, es un acuerdo en el que se apuesta a la ciencia y tecnología como motor del desarrollo. Como política gubernamental se planteó el objetivo desde 2015 de adquirir experiencia en tecnologías emergentes, en establecer parques de nanotecnología e incubadoras de innovación, así como formar cuadros de profesionales técnicos, esto da cuenta del compromiso pakistaní con el desarrollo de capacidades tecnológicas que resulten en beneficios globales.
La innovación tecnológica para mejorar los servicios públicos también es un área importante, ha impulsado la utilización de energías renovables como la construcción de celdas solares de tercera generación utilizando materiales orgánicos, recurriendo a prácticas autóctonas, lo cual, además de significar un hito dentro de la tecnología solar fotovoltaica, representa un ejemplo de inclusión en el ámbito tecnológico.
Podremos obtener un gran provecho de los intercambios académicos con Pakistán y de sus instituciones, y el potencial de aprovechamiento es mucho mayor.
Las a veces difusas similitudes que compartimos, como lo son nuestras pobladas manchas urbanas y los retos compartidos en materia de bienestar para nuestras jóvenes poblaciones, por ejemplo, marcan la pauta para trabajar en la demanda conjunta de cooperación científica que resulten mejores prácticas para nuestras sociedades.
La aprobación de estos dos instrumentos, tanto con Arabia Saudita como con Pakistán, se encuentran, primero, por supuesto, acordes a la política exterior de México; en segundo lugar, sí representan una oportunidad de mayor cooperación y colaboración con estos dos países y, tercero, representan también una oportunidad política muy importante.
Primero, por la influencia que tiene Arabia Saudita y, en segundo lugar, hay que reconocer que México tiene una deuda importante con Pakistán, cerramos nuestra embajada en ese país hace algunos años, sin embargo, eso no debe obstaculizar una intensa cooperación con estos países tan importantes.
Se concede ahora el uso de la palabra al Senador Patricio Martínez García, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Ciencia y Tecnología.
En uso de la voz el Senador Martínez García.
El Senador Patricio Martínez García: Muchas gracias, señor Presidente.
En esta primera ocasión que estoy en tribuna, después de los lamentables sismos que han enlutado a la población mexicana, hago un reconocimiento a toda la población, y las condolencias, considerando que, no obstante la circunstancia difícil que se tiene, en este Senado hemos estado trabajando en dos frentes: atendiendo la emergencia y atendiendo las tareas que son propias, como ésta que presento en este momento, de presentar dictámenes.
Dicho esto pues, presento el posicionamiento a favor del dictamen por el que se aprueba el Convenio de Cooperación Científica y Técnica entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Islámica de Pakistán, firmado en la Ciudad de México el 11 de marzo de 2015.
La estrategia de diversificación de los socios de México se ha convertido en un objetivo central de la política exterior de la actual administración.
En los últimos años el país ha incrementado su presencia en el mundo y ha intensificado sus vínculos políticos, comerciales, de inversión, turismo y de cooperación internacional en los más variados espacios geográficos.
Asia se ha constituido como una región clave en la diversificación de los vínculos de México con el exterior, y en torno a la cual se han desplegado diversidad de acciones para atraer el mercado y también a inversionistas.
Pakistán, en concreto es una nación con al cual México ha buscado incrementar sus vínculos comerciales, de inversión y de cooperación.
Entre ambos países existe un deseo mutuo por fortalecer los tradicionales lazos de amistad que se han mantenido desde hace más de 60 años.
Los vínculos entre México y Pakistán han sido cordiales, y es así como desde 1955, año en que se establecieron las relaciones diplomáticas, ambos países ocupan un papel central en el escenario internacional, son economías emergentes con mercados potenciales y riqueza cultural muy antigua y, ahora, cada vez más entrelazados por estos nexos.
Ambos países han fortalecido sus vínculos en los últimos años y han intentado encontrar mayores espacios de colaboración.
En este sentido, un logro fundamental es el Convenio de Cooperación Científica y Técnica entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Islámica de Pakistán, firmado, como lo dije, el pasado 11 de marzo de 2015.
Su objetivo es establecer las bases para que las partes lleven a cabo las actividades de cooperación científica y técnica siempre regidos por los principios de igualdad y beneficio mutuo.
Los convenios de cooperación científica y tecnológica tienen amplios beneficios, pues indudablemente impactan en el desarrollo social y económico.
Además, permiten profundizar en el conocimiento político, económico, social y cultural de la otra o de otras naciones.
Por medio del diseño y desarrollo de programas en el ámbito científico y técnico, las naciones adquieren el intercambio de experiencias exitosas que pueden aplicar al desarrollo de sus respectivos países.
En este caso, México y Pakistán llevarán a cabo el intercambio de recursos humanos y técnicos a través del flujo de información y documentos; así como el intercambio de especialistas, investigadores, docentes, estudiantes, y la capacitación de sus recursos humanos.
Este convenio también permitirá a México impulsar los vínculos bilaterales con Pakistán, destacando el fomento a la cooperación científica, técnica, cultural y educativa.
En un contexto de alta complejidad en que el desarrollo de la ciencia y tecnología avanzan a pasos acelerados, la cooperación científica y tecnológica es un importante instrumento en el ejercicio de la diplomacia de México.
Permite al país continuar con su proceso de innovación, competitividad y modernización y, sobre todo, da pautas para el intercambio de experiencias exitosas que pueden ser aplicadas a nivel nacional.
En el grupo parlamentario del PRI estamos a favor de aprobar los acuerdos que sean convenientes para México y que reditúen en mejores oportunidades sociales y económicas para todos.
En este sentido el convenio de cooperación científica y tecnológica cumple con las disposiciones constitucionales para su aprobación, y cumple con los principios de Derecho Internacional en los cuales se rigen las relaciones internacionales.
Por lo anterior, los invitamos a favor del presente dictamen.
Hago también la aclaración de la importancia que tiene el desarrollar estos vínculos y el tener esta clase de convenios.
La diversificación de los mercados y de las relaciones científicas y tecnológicas de México, resulta cada vez más importante, y no sólo eso, sino también apremiante ante la nueva relación que se nos ha presentado con aquellas naciones con las que hemos tenido tradicionalmente nuestra mayoría de mercado y de aprovisionamiento.
Por esta razón me parece que, aunque parezca lejana en la geografía la relación con Pakistán, esto nos permite acercarla, acercar a esta nación y así ir cumpliendo con una relación que es urgente, la de diversificar nuestros mercados y diversificar nuestras relaciones.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Patricio Martínez.
Al no haber oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.
Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Le informo, Presidente y a la Asamblea, que tenemos 83 votos a favor; cero votos en contra y cero abstenciones.
ERNESTO CORDERO AROYO
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: En consecuencia, queda aprobado el decreto que contiene el Convenio de Cooperación Científica y Técnica entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Islámica de Pakistán, firmado en la Ciudad de México, el 11 de marzo de 2015.
Pasamos a la segunda lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores; y de Justicia, con proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo de Cooperación entre México y el Reino de Arabia Saudita, en materia de combate a la delincuencia trasnacional.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del anterior dictamen.
Quienes estén porque se omita, les pedimos que lo manifiesten levantando su mano.
Quienes estén porque no se omita, también, de igual manera les pedimos que lo manifiesten levantando su mano.
Se concede el uso de la palabra a la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Justicia.
La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Con su permiso, Presidente.
A nombre de la Comisión de Justicia presentamos el dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico; Relaciones Exteriores; y Justicia, en relación al proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de Arabia Saudita, en materia de combate a la delincuencia trasnacional, firmado en la Ciudad de Riad, el 17 de enero de 2016.
En este contexto, la celebración de tratados internacionales entre nuestro país y otras naciones, se realiza a través de la concurrencia del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo.
Como ustedes saben, el primero tiene la facultad exclusiva de conducir la política exterior del Estado mexicano, entre estas atribuciones de política exterior, destaca la celebración de tratados internacionales; mientras que el poder Legislativo, por medio de la Cámara de Senadores, tiene la facultad exclusiva de aprobar los instrumentos internacionales suscritos por el Presidente de la República.
Y de conformidad con el artículo 133 de nuestra Constitución, la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanan de ella y todos los tratados que están de acuerdo con las mismas, celebrados por el Presidente de la República, con aprobación del Senado serán la ley suprema de toda la unión.
En este contexto, y en virtud de la necesidad de acuerdos internacionales, con postulados constitucionales cada vez más sólida, se destaca el combate al crimen organizado trasnacional.
El crimen organizado se ha diversificado a tal grado que ha alcanzado dimensiones macroeconómicas en actividades ilícitas, delitos como el tráfico de armas, los ciberdelitos, el terrorismo, el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, la trata de personas afectan la gobernanza, las instituciones democrática y el tejido social de los pueblos.
Pero además, hay que decirlo, por más eficaz que puedan ser las instituciones de aquellos países en donde estos delitos se hacen presentes, es imposible hacer a las organizaciones criminales que han venido traspasando fronteras y que su poder se ha generado ya con presencia regional en el ámbito internacional. Es por ello que debemos ser conscientes de que es necesario intensificar la cooperación en esta materia.
Por ello estamos presentando, para su aprobación, este acuerdo que significará un combate eficaz a los delitos en todas las formas de la delincuencia trasnacional entre estas dos naciones.
Este acuerdo que ponemos a su consideración dentro del marco establecido y en congruencia con los principios del derecho internacional, sin duda aportará elementos importantes hacia la eficacia en el combate a estos fenómenos de delincuencia trasnacional.
Hay que señalar que México y Arabia Saudita son parte de la Convención de Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, así como de sus tres protocolos complementarios:
El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños.
El Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, por tierra, mar y aire.
Y el Protocolo Contra la Fabricación y el Tráfico de Ilícitos de Armas de Fuegos, sus piezas, componentes y municiones.
Asimismo, estas naciones han dado seguimiento a las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para investigar, sancionar y prevenir los delitos que comprende la delincuencia organizada trasnacional, con la finalidad de reforzar la respuesta de la comunidad internacional y la amenaza que representa este fenómeno a la paz y a la seguridad internacionales.
Este instrumento puesto a su consideración, señala como objetivo primordial promover la colaboración entre México y Arabia Saudita a fin de combatir en forma integral los fenómenos delictivos que comprenden la delincuencia trasnacional y que lesionan los intereses de ambos estados.
Directriz internacional, que continúa el gran esfuerzo iniciado desde las Naciones Unidas por estos países.
Por las razones antes mencionadas, debe decirse: “Que el Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de Arabia Saudita, en materia de combate a la delincuencia trasnacional, suscrito el 17 de enero de 2016, es congruente con la política exterior mexicana en los países de la región y del Medio Oriente, que los pueblos democráticos sigan el camino de la paz y el bienestar de sus ciudadanos.
Se concede el uso de la palabra al Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar a favor del dictamen.
El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz: Muchas gracias, Senador Presidente, Ernesto Cordero Arroyo.
En mi carácter de Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, vengo a hablar a favor de este acuerdo. este acuerdo en materia de delincuencia trasnacional con el gobierno de Arabia Saudita y que en sesiones de Comisiones Unidas de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico y Justicia, nos hemos reunido para analizar este instrumento y el resultado es que hemos aprobado por unanimidad en comisiones sustentándolo en las siguientes razones.
El acuerdo de cooperación entre México y Arabia Saudita en materia de combate a la delincuencia trasnacional fue aprobado en razón de que promueve la colaboración para combatir los fenómenos de delincuencia organizada que pudieran lesionar los intereses de ambos países.
Este instrumento establece las áreas y las modalidades de la cooperación que se dará entre ambos países, así como la confidencialidad con la que se manejará la información proporcionada por las partes y la integración de un comité de especialistas para combatir la delincuencia trasnacional.
Igualmente señala cómo se deben cubrir los costos que resulten de la aplicación del mismo y la manera en que se solucionarán las controversias que se susciten.
Ahora bien, recordando que las relaciones diplomáticas entre México y los Países de Medio Oriente se han incrementado y fortalecido, particularmente con el Reino de Arabia Saudita, se debe resaltar que este acuerdo es congruente con la política exterior mexicana conducida por el titular del Ejecutivo Federal hacia los países de Medio Oriente.
En general, estas medidas se traducirán en ciudadanos mejores preparados para contribuir con el desarrollo económico, político y social de México.
Por lo anterior y por la sintonía de este acuerdo con la quinta meta del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, México con responsabilidad global, su implementación será benéfica para las relaciones bilaterales y para el desarrollo del país.
Por los resultados en el trabajo en comisiones constatamos que en el Senado de la República impulsamos mecanismos e instrumentos que serán base de un nuevo capítulo de nuestras relaciones bilaterales, estoy seguro que a partir de la buena disposición con que este día apoyemos este instrumento será posible ampliar, estrechar y fortalecer las relaciones de México y sus países hermanos, como es el caso de Arabia Saudita.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Senador Ávila.
Agotada la lista de oradores, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.
Una vez que ha transcurrido el tiempo indicado por la Presidencia, ciérrese el sistema electrónico.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Le informo a la Presidencia y a la Asamblea que son 83 votos a favor; y cero votos en contra y cero abstenciones.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: En consecuencia, queda aprobado el decreto que contiene el acuerdo de cooperación entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno del Reino de Arabia Saudita, en materia de combate a la delincuencia trasnacional, hecho en la Ciudad de Riad, Arabia Saudita, el 17 de enero de 2016.
Senadora Mariana Gómez del Campo, ¿quiere hacer algún comentario?
La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Muchas gracias, Presidenta.
Le quisiera pedir, hace una semana, a la 13:14 de la tarde, 13:14 minutos, se llevó a cabo el desastroso sismo que sacudió a nuestro país, concretamente a la Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Morelos, que pudiéramos guardar un minuto de silencio.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Muy pertinente su planteamiento.
Favor de ponerse de pie para guardar un minuto de silencio por el sismo ocurrido hace exactamente una semana.
Remítase al Ejecutivo Federal el decreto en comento.
Tenemos ahora la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 29 y 112 de la Ley de Migración, en materia de denominación de la Ciudad de México.
Quienes estén porque se omita, manifestarlo levantando su mano.
Quienes estén porque no se omita, de igual manera manifestarlo levantando su mano.
Le informo Presidenta, que sí se omite la lectura del dictamen.
Se concede el uso de la palabra a la Senadora Sylvia Leticia Martínez Elizondo, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones.
Buenas tardes compañeras, compañeros legisladores:
A nombre de la Comisión de Asuntos Migratorios, presento esta iniciativa que en términos legislativos es muy sencilla, pero que en los hechos es un acto que va a mejorar la vida de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en tránsito por nuestro territorio nacional.
Las y los integrantes de esta comisión nos hemos tomado muy en serio la crisis de derechos humanos por la que atraviesa México, en particular por las y los migrantes que transitan por nuestro territorio, con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida y quienes muchas veces ven vulnerados sus derechos cuando van en busca de este propósito.
El objetivo de la reforma que se propone en la minuta, es de armonizar la Ley de Migración con la reforma constitucional sobre la Ciudad de México.
Para sustituir el nombre de Distrito Federal en lo referente a la participación de los sistemas DIF en la protección de niñas, niños y adolescentes migrantes.
De tal forma, cuando alguna niñas, niño o adolescente migrante no acompañado o acompañado, sea puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración, éste deberá canalizarlo de manera inmediata al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los sistemas estatales DIF y de la Ciudad de México, con el objeto de privilegiar su estancia en lugares donde se les proporcione la atención adecuada mientras se resuelve su situación migratoria y dará aviso al consulado de su país, como señala el artículo 112 de la Ley de Migración.
La propuesta de este cambio se propone debido a la reforma constitucional que transformó al Distrito Federal en la Ciudad de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero del año 2016.
Por lo que reconocemos la importancia de adecuar el lenguaje jurídico, elemento esencial en la seguridad jurídica que la legislación debe proveer como parte del Estado de derecho, a fin de no dejar preceptos legales que se presten a malas interpretaciones, toda vez que los cambios estudiados se refieren a la protección de niñas, niños y adolescentes migrantes.
La migración infantil es un tema sumamente delicado y así debe priorizarse en la agenda legislativa, atendiendo la urgencia e importancia que amerita, con el propósito de diseñar un andamiaje legal que asegure la protección y el respeto de los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, durante su estadía, tránsito y eventual repatriación a sus países de origen, de manera que se cumpla lo establecido en la normativa internacional de protección de la niñez, y en específico la Convención sobre los Derechos del Niño, de Naciones Unidas.
En este sentido quiero aprovechar la tribuna para hacer un llamado a la Comisión de Estudios Legislativos, y apelar a la buena ley de sus integrantes, para favorecer la armonización de la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados, protección complementaria y asilo político con la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Desde el 25 de abril de este año, la Comisión de Asuntos Migratorios aprobó este dictamen en materia de infancia migrante, consideramos que se ha dado un plazo razonable para su revisión y esperamos que en esta nueva etapa que vive la Comisión de Estudios Legislativos culmine el proceso de dictaminación pendiente y se someta al pleno del Senado lo más pronto posible.
Hago eco del llamado que desde el 6 de septiembre representantes de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México; el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados; el Representante de la Organización Internacional para la Migración y el Fondo de las Naciones Para la Infancia han llegado a la Presidencia de la Junta de Coordinación Política en el mismo sentido de culminar este proceso legislativo.
Confío en que existe sensibilidad para avanzar en este tema sin mayores dilaciones, particularmente por el dictamen en materia de impacto presupuestal proveniente de la Secretaría de Hacienda.
Argumento que la Comisión de Estudios Legislativos utilizó para detener el proceso, cuando está plenamente demostrado que no se necesitan mayores recursos económicos a los presupuestados.
Regresando al tema que nos compete, en esta ocasión está a consideración de todas y de todos ustedes, esperamos contar con su voto a favor.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Está a discusión en lo general.
Para esta discusión en lo general se ha inscrito la Senadora Verónica Martínez Espinoza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
En consecuencia, tiene el uso de la palabra la Senadora Verónica Martínez Espinoza.
La Reforma Política de la Ciudad de México representó una importante transformación en la estructura y organización de la capital del país.
Permitió que la capital del país adquiriera los mismos derechos y deberes de los estados en concordancia con los principios del pacto federal.
En esencia, busca que la Ciudad de México alcance su pleno desarrollo y mejore la calidad de vida de todos sus habitantes. Esta forma advierte que la Ciudad de México continuará siendo sede de los Poderes de la Unión, pero ahora todas las transformaciones que implica conformarse como una entidad federativa en los términos jurídicos, políticos y sociales.
Una de las transformaciones más palpables es la modificación del nombre Distrito Federal.
Si bien la Reforma Política refiere que el cambio de nombre no genera perjuicio político, es necesario adecuar los ordenamientos jurídicos a fin de crear uniformidad y congruencia en las normas.
El término Distrito Federal alude a la construcción de un territorio que se encuentra bajo la soberanía de la nación en los que existe una jurisdicción directa y exclusiva del gobierno central.
Hoy, esto ya no funciona así, la Ciudad de México es una entidad más, y por ello es necesario modificar las leyes a fin de dar congruencia jurídica en la redacción.
Las leyes de México deben ser congruentes con estas transformaciones y deben atender a las reformas del Estado mexicano.
La reforma que está a discusión sustituye el nombre de Distrito Federal por la de Ciudad de México, en lo referente a la participación de los sistemas DIF, en la protección de niñas, niños y adolescentes migrantes.
Con este cambio, evitamos que la redacción actual se preste a malas interpretaciones, dando certeza jurídica y garantizando la protección de este sector.
Es importante recalcar que si bien es cierto, el cuidado que se tuvo al construir la Constitución de la Ciudad de México en la que existe un transitorio que ya determina que se debe de entender por Ciudad de México, lo que antes era Distrito Federal, también resulta importante que sea el Senado quien apuntale lo ya establecido en dicha Constitución.
Y en este sentido, los Senadores del Grupo Parlamentario del PRI, votaremos a favor del presente dictamen que busca armonizar la Ley de Migración con la reforma política de la Ciudad de México.
Al no haber más oradores registrados en la discusión en lo general, consulto a la Asamblea, si existe interés en reservar algún artículo del proyecto de decreto.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: 85 votos a favor; cero votos en contra y también cero abstenciones.
Es cuanto, Presidenta,
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Está aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se reforman los artículos 29 y 112 de la Ley de Migración.
Tenemos ahora la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 13 de la Ley de Organizaciones Ganaderas, en materia de expedición de documentos provisionales a manera de factura.
Quienes estén porque no se omita la lectura del dictamen, de igual manera manifestarlo levantando su mano.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Informo a la Asamblea, que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.
Se concede el uso de la palabra al Senador Manuel Humberto Cota Jiménez, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones.
El Senador Manuel Humberto Cota Jiménez: Con su permiso, señora Presidenta.
Hago uso de esta tribuna, en mi calidad de Presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería del Senado de la República, para presentar el dictamen de las Comisiones Unidas de la propia comisión en mención y la de Estudios Legislativos, Primera, a iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 13 de la Ley de Organizaciones Ganaderas, en materia de medidas y facilidades para la movilidad de ganado en el territorio nacional, promovida por el Senador Adolfo Romero Lainas, al tenor de lo siguiente:
Actualmente la Ley de Organizaciones Ganaderas, establece como requisito necesario para lo legal y pacífica movilización de ganado, el acreditar la propiedad con la factura de compra-venta que en su caso se tenga, con el propósito de acreditar la propiedad legal o la tenencia de la misma.
La actividad ganadera en nuestro país se ha convertido en un activo de vital importancia, se practica en casi todo el territorio donde existen pastizales, en una extensión de casi 75 millones de hectáreas que corresponden al 39 % del territorio nacional.
Existen un millón y medio de productores pecuarios que colocan a nuestro país como el quinto productor de proteína de origen animal en el mundo.
En 2015 se logró una producción récord de carne en canal con 6.2 millones de toneladas, lo que significa 276 mil toneladas, más que las obtenidas en el 2012 como resultado de los aumentos en la carne de bovino, en ave y pecuario.
A partir del primero de enero del 2014, derivado de las reformas en materia fiscal, entraron en vigor disposiciones fiscales de aplicación estricta para personas físicas y morales operando en todo el territorio nacional, entre las cuales se encuentra la obligación relativa a emitir factura en forma electrónica de manera obligatoria como medida de actualización para cumplir con compromisos de carácter fiscal.
En materia pecuaria, concretamente en relación al sector ganadero de pequeña y mediana escala, la medida fiscal anterior viene a representar una realidad gravosa derivado que los hombres y mujeres del campo encuentran enormes dificultades para emitir documentos con características digitales.
En atención a la preocupación de lo anterior, ha generado estas Comisiones Unidas, tuvieron a bien aprobar la presente iniciativa presentada por el Senador Romero Lainas con el propósito de realizar las modificaciones legales necesarias para que, en más allá de las medidas de carácter fiscal, estemos en condiciones de atenuar un efecto legal indirecto, que es el de obligar a la presentación de factura, más aún cuando éstas deben ser generadas en forma digital o electrónica para evitar actos de molestia de autoridades en relación a la movilidad del ganado, siendo que la factura, sea ésta impresa o electrónica, debe ser en esencia un documento comprobatorio de obligaciones fiscales únicamente y no uno de acreditación de propiedad, o para acreditar la legal tenencia durante la movilidad de ganado de cualquier otro bien.
Es decir, ante la dificultad que representa para todos del sector ganadero, particularmente aquel de pequeña y mediana escala, pero, sobre todo, atendiendo a las malas prácticas que por desgracias son recurrentes en estados del sureste del país. De esa forma lo que se busca es eliminar conductas ilícitas y arbitrariedades de las propias autoridades.
Lo anterior es así, ya que encontramos la grave problemática de que son las autoridades mismas, siendo de carácter federal, estatal o municipal, las que en ocasiones patrullan las carreteras y caminos, mismas que al solicitar la factura y ante la imposibilidad de presentarla, de la gran mayoría de los pequeños y medianos ganaderos, muchos de ellos son remitidos al Ministerio Público por presunto abigeato.
Por ello, es muy importante que esa factura electrónica, como único y estricto comprobando de la propiedad del ganado en tránsito, sea suprimida por un procedimiento muy sencillo.
Es por eso que presentamos con un proyecto de decreto único que se apruebe con modificaciones el proyecto de decreto por el que se modifica el inciso a) del artículo número 13 de la Ley de Organizaciones Ganaderas para quedar como sigue:
Artículo 13. La movilización de ganado que se efectúe en la República Mexicana con motivos de transmisión de propiedad o cualquier otro propósito, se llevará a cabo siempre y cuando.
Inciso a) Se acredite debidamente la legal tenencia durante el tránsito con cualquier documento público privado donde conste:
I.- El nombre y firma del comprador y el vendedor.
II.- El número de cabezas de ganado y sus características.
III.-. Datos sobre la marca de herrar, arete o tatuajes si lo tuviere.
IV.- El nombre y firma de los testigos para el caso del documento derivado.
Por lo anteriormente expuesto, les solicito su voto aprobatorio a la presente propuesta.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Senador Cota.
Se concede el uso de la palabra al Senador Adolfo Romero Lainas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a favor del dictamen.
El Senador Adolfo Romero Lainas: Buenas tardes a todos.
Con el permiso, señora Presidenta.
Compañeros, compañeras Senadoras y Senadores:
El reciente cambio de la reforma hacendaria del 2014 se concibió como una gran reforma social tendiente a elevar el crecimiento y la estabilidad económica garantizando a todos los mexicanos una red de protección social mediante un sistema hacendario que fuera justo, simple, transparente y federalista, que busca apoyar sectores prioritarios con potencial de crecimiento y, en especial, a los pequeños productores del campo que reciban ingresos menores a 900 mil pesos anuales, lo anterior bajo el sistema simplificado que les permita darse de alta y pagar menos impuestos al formalizar sus actividades.
En este sector es de considerar a la ganadería, la cual participa en casi todo el territorio nacional donde existen grandes extensiones de pastizales, cuya extensión es alrededor de los 65 mil millones de hectáreas en nuestro territorio nacional, que corresponde al 39 % del territorio total.
Para nadie es desconocidas las grandes brechas que existen entre los ganaderos del norte y del sur, en tanto que lo señalados permiten gozar de un mejor capital que les permita contribuir al abastecimiento y desarrollo nacional del país, por el contrario, los ganaderos del sur en su mayoría son productores en menor escala, siendo inclusive unidades de producción individual, por lo cual hace un esfuerzo extraordinario para poder cumplir obligaciones que les sean impuestas en normas que están señaladas para los grandes productores donde no existe ninguna carencia ni precariedad.
Productores ganaderos de menor escala, muchos de ellos se encuentran en nuestros estados de sur, como es Veracruz, Chiapas, Oaxaca y toda la parte del otro México del sur, que para nadie es desconocido; sin embargo, están dispuestos a cumplir con las disposiciones que marca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es decir, las fiscales, pero que se encuentran materialmente imposibilitados para hacerlos.
Señalado como ejemplo algo muy sencillo que sucede en nuestra gran parte de las regiones donde no existe ni energía eléctrica, ni red de internet para poder hacer esa gran factura electrónica; sin embargo, como lo dijo el que me antecedió, se buscaron otros mecanismos más sencillos para que puedan movilizar sus ganados, para que pudieran seguir llevando a cabo sus actividades como productores pecuarios.
Es justo y necesario convocarlos a todos ustedes porque de esta manera pudiéramos evitar esa gran desventaja que tienen nuestros productores en nuestros estados del sur.
Mi voto va a ser a favor.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Gracias, Senador Romero.
Se concede ahora el uso de la palabra a la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a favor del dictamen.
La Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Muchas gracias, señora Presidenta.
La iniciativa que presenta el Senador Adolfo Romero Lainas, que hoy se dictamina y que consiste en adicionar un párrafo al inciso a) del artículo 13 de la Ley de Organizaciones Ganaderas, busca adecuar la realidad del campo mexicano en el sentido de facilitar la correcta acreditación de propiedad.
Para nadie es desconocido también que aparte de la exposición de motivos que con mucha claridad ha dado aquí, para nadie es desconocido que, sobre todo los pequeños productores son víctimas de abigeato, porque no tienen las instalaciones correctas, porque no tienen los mismos recursos para poder proteger a sus animales; y también el problema de las ventas ocurre a menor precio.
A diferencia de otros sectores económicos, en el caso ganadero no resulta lo más adecuado utilizar la factura electrónica para acreditar la propiedad del ganado, justo en el momento en que se realiza su tránsito y movilidad; ya que ésta no se obtiene de manera inmediata, y deviene en una circunstancia poco útil para acreditar operaciones privadas en la realidad del ámbito ganadero.
De tal modo, el dictamen que hoy se presenta al Pleno especifica el mecanismo para acreditar la legal tenencia mediante documento público o privado que conste de cuatro datos precisos.
Primero, el nombre y firma del comprador y el vendedor; el número de cabezas de ganado y sus características; datos sobre la marca de herrar, arete o tatuaje, si lo tuviera, y el nombre y firma de dos testigos para el caso del documento privado.
Sin obviar los demás trámites legales que permita durante el tránsito de propiedad del ganado, que exista certidumbre jurídica para el comprador y facilite el proceso cotidiano del tránsito del mismo.
Por esa razón, es que este proyecto de decreto modifica el artículo 13 de la Ley de Organizaciones Ganaderas.
Por esa razón, pedimos el voto a favor de este dictamen acompañando la intención original de agilizar y facilitar la movilidad del ganado presentada en este Pleno.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Agotada la lista de oradores, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Senadora Presidenta, damos cuenta de la votación que dan 87 votos a favor; cero votos en contra y cero abstenciones.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 13 de la Ley de Organizaciones Ganaderas.
Tenemos enseguida la discusión de cuatro dictámenes de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, con puntos de acuerdo, todos están publicados en la Gaceta de hoy.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Doy cuenta con las materias de los dictámenes.
1.- El que exhorta al Titular del Ejecutivo Federal a enviar a la Cámara de Senadores el Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo sobre protección de la maternidad y la recomendación 191.
2.- Por el que se reitera el exhorto al titular del Ejecutivo Federal para que envíe a la Cámara de Senadores el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares.
3.- Que exhorta al Titular del Ejecutivo Federal a enviar a la Cámara de Senadores el Anexo VI de las “Reglas para prevenir la contaminación atmosférica ocasionada por los buques”, del Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques.
4.- Por el que se reitera el exhorto al Ejecutivo Federal para efectuar los trámites y procedimientos necesarios para que nuestro país ratifique el convenio 189 y adopte las disposiciones complementarias de la recomendación 201 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos.
La Presidenta Senadora Graciela Ortiz González: Se concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse a los dictámenes.
Si me permite, quiero referirme a tres dictámenes en una sola intervención, los que tienen que ver con la Organización Internacional del Trabajo, es importante reconocer que por fin podemos lograr enviar este exhorto al Titular del Poder Ejecutivo para que pudiera considerar enviar al Senado de la República la aprobación del convenio, me refiero en particular al 156, que es el más antiguo de la Organización Internacional del Trabajo que considera el tema de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres desde tres ópticas.
Este convenio sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadoras y trabajadores es importante porque, en primer lugar, una de las cuestiones es destacar el enfoque de derechos humanos y la condición especial para lograr una democracia efectiva en las relaciones entre trabajadoras y trabajadores como un asunto de justicia social, y también para influir en la disminución de la pobreza, y también para fomentar el desarrollo social y económico.
Obviamente, por la época en que data este convenio, no está invocando la sostenibilidad, pero en la lectura, efectivamente, habla de esta relación que tiene que haber entre las trabajadoras y los trabajadores y, sobre todo, cuidar que estas brechas de separación del porcentaje de mujeres que se encuentran en condiciones adversas, puedan estar al mismo nivel de los trabajadores.
Si tomamos en cuenta, alrededor de 18 millones de mujeres en México, que trabajan alrededor del 10, casi 11 millones no cuenta con servicios de salud, pues son contratadas en formas mediante las cuales los empleadores evaden el pago de prestaciones sociales, y además encontramos un trecho de diferencia respecto del salario que reciben en relación a los hombres.
Es importante que mandemos este Convenio 153 de la Organización Internacional del Trabajo.
Y el 183, también de la OIT, que tiene que ver con la protección de la maternidad, y además tiene un anexo que es la recomendación 191, también de la OIT, todo en relación a lograr, en primer lugar, garantizar una maternidad segura, la atención de la salud de la madre y la supervivencia del recién nacido como parte esencial de la vida y sobre todo en el marco del trabajo digno y decente y la productividad de las mujeres, pues, necesariamente es uno de los ejes fundamentales para garantizar la igualdad de género. Es importante que este convenio sea aprobado.
También quiero destacar que parte de lo que establece algunas cuestiones trascendentales, incluso, ya pudieran estar superadas en la legislación laboral de nuestro país.
Hay que entender que este convenio es un piso, es el piso mínimo que los estados parte se comprometen a cumplir, por lo tanto, los preceptos que van, incluso, más allá en el ámbito legal de nuestro país, no puede ser, de ninguna manera, una justificación para que el gobierno mexicano lo apruebe, sobre todo para garantizar lo que todavía sigue estando pendiente.
Las mujeres siguen estando sufriendo la solicitud de la prueba de embarazo para poder tener un trabajo, o son despedidas cuando se embarazan, o cuando regresan ya no encuentran su trabajo después de la etapa de descanso para la atención de su maternidad y, por supuesto, todavía se necesitan mayores condiciones para los lactarios dignos, decentes, para que se proteja este derecho cuando así lo determine la madre.
Es decir, hay todavía algunos aspectos importantes que tenemos que seguir atendiendo.
Y, finalmente, voy a comentar el último, el último Convenio de la Organización Internacional del Trabajo, que en repetidas ocasiones, distintas Senadoras de todos los grupos parlamentarios hemos estado proponiendo, exhortado al Ejecutivo para que envíe el Convenio 189 que tiene que ver con el reconocimiento de los derechos labores de las y de los trabajadores, de los trabajadores del hogar, de quienes realizan este tipo de trabajo donde, hay que decirlo con puntualidad, más del 95 % tiene que ver con trabajadoras del hogar, aunque hay un número importante de hombres que realizan estos trabajos, como podemos observar, tiene un ámbito amplísimo para proteger a las mujeres, sobre todo para que no sigan sufriendo discriminación, para que podamos trabajar siguiendo lo que otros países están haciendo con mucho éxito, países centroamericanos y, sobre todo, sudamericanos que son un ejemplo de cómo podemos lograr que se reconozcan los derechos laborales de las trabajadoras del hogar.
Hemos estado observando la altísima discriminación, los conceptos peyorativos y discriminatorios contra quienes están trabajando en nuestros hogares; quienes también lo hacen en otros centros de trabajo y sufren una gran discriminación, son las personas más pobres, son las personas que están en mayor situación de vulnerabilidad, y hoy me parece que aprobar estos tres convenios de la OIT, junto con el cuarto que es otra materia, ve muy bien al Senado de la República.
De tal manera, que agradecemos de manera anticipada que la comisión, que las comisiones nos presenten estos dictámenes para que sigan su curso en el exhorto respetuoso al Presidente de la República y nos mande ya estos tratados internacionales para que los podamos aprobar como es debido por el Senado de la República.
Les agradezco, a todas y a todos ustedes, su atención.
Se concede ahora el uso de la tribuna a la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse al dictamen sobre el Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la protección de la maternidad y la recomendación 191.
Yo les invito que pensemos por un segundo ¿qué pasaría en este país si un día las mujeres no laboráramos, ni fuera de la casa, ni en el trabajo, ni sirviendo a la comunidad? Todos sabemos que sería un verdadero caos.
Aunque la incorporación de las mujeres al mercado laboral ha sido un proceso complejo, en la gran mayoría de los casos su jornada laboral, aunque sea poco reconocida, se extiende también a las labores domésticas y, sobre todo, al cuidado de los hijos.
La maternidad constituye una etapa central, no sólo en la vida de las mujeres que deciden tomar esa decisión y asumir esa responsabilidad, sino también en el desarrollo de las niñas y los niños.
La protección de la maternidad es un derecho laboral fundamental que se encuentra consagrado en tratados universales de derechos humanos.
Todos los estados deben garantizar a las mujeres una maternidad segura con la atención a la salud de la madre y la supervivencia del recién nacido.
Pese a los importantes avances que hemos logrado en México en favor de las mujeres, la maternidad es una tarea primordial que aún debemos reforzar en nuestro país.
Cifras de la Organización Internacional del Trabajo estiman que en México, únicamente ¡Fíjense lo importante que es esto! Entre el 10 y el 32 % de las mujeres trabajadoras cuentan con algún tipo de protección social durante la maternidad.
En contraste, en otros países de la región latinoamericana, ni siquiera de Europa, es en la región latinoamericana, la cobertura oscila entre el 33 y el 89 %.
Hay países, hermanos nuestros en Latinoamérica, que por mucho, mucho han avanzado sobre el rezago que nosotros tenemos.
Además, aún existen mujeres que no cuentan con las prestaciones de ley que les permite ejercer su maternidad sin preocupaciones.
Una problemática adicional es que el embarazo prevalece como una causa de discriminación contra las mujeres en el ámbito laboral.
Según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, entre 2011 y 2017, se abrieron 2 mil 935 expedientes por presuntos actos de discriminación; 713 corresponden a expulsiones en el embarazo, que serán en estricto sentido durante el parto; 762 por condiciones de salud; 369 por razones de género; 358 por apariencia física; 317 por discapacidad; y 282 por cuestiones de edad, estamos hablando alrededor de 3 mil expedientes, de un tema donde no es común, al contrario, lo común es que no se denuncie.
Esto solamente nos da visibilidad del tema de fondo, de lo que hay, es solamente la punta del iceberg de lo que hay, porque no es un tema en el que haya una práctica en la que las mujeres denuncien la discriminación, porque dan por hecho circunstancias que agreden sus propios derechos y su dignidad humana.
Sin dejar de lado también en este tema un tipo de violencia en el que aquí en el Senado estamos pendientes por avanzar, que es la violencia obstétrica, algo tan fundamental es un hecho que en este país se exacerba también la violencia contra las mujeres que tienen que ver con la violencia obstétrica antes, durante y posterior al parto.
Ante el escenario descrito debemos garantizar mejores condiciones para que las mujeres disfruten de una maternidad más segura. Por ello, es importante que se remita a esta soberanía el Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la protección de la maternidad, así como también la recomendación 191 para efectos de su aprobación.
El Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo, como todos sabemos, es un instrumento central que fortalece dicho objetivo y que contempla la obligatoriedad de cada centro de trabajo de otorgar una licencia antes o después del período de maternidad o en caso de enfermedad, o bien en el caso de complicaciones.
También prohíbe al empleador despedir a una mujer que presenta durante su embarazo, durante la licencia de maternidad o después de haberse reintegrado al trabajo, esto que parece algo básico, que tiene que ver con la dignidad inherente de las mujeres es el pan nuestro de cada día, todos los días en este país las mujeres siguen siendo despedidas porque se enteran que se embarazaron, ya a los pocos meses es notorio su embarazo, o una vez que ellas han dado a luz al regresar, al reintegrarse a su trabajo, de manera cruel y atentado contra sus derechos humanos las mujeres siguen siendo despedidas.
Y en lo que se refiere a la recomendación 191 sugiere estándares más altos de protección y de mayores beneficios, es más precisa sobre ciertos aspectos de la protección de la maternidad que se abordan en el propio convenio, como la manera de asegurar la protección a la salud, los tipos de licencia de maternidad y el financiamiento de las prestaciones, ambos instrumentos internacionales nos permitirán avanzar y fortalecer de manera importante la legislación relacionada a la maternidad y caminar a la par una vez que nos lo envíen en la legislación internacional, es un tema que en este país mucho tenemos que avanzar y una deuda importante tenemos con las mujeres trabajadoras.
Las mujeres tienen un papel central dentro de la transformación de nuestro país, llevan a cabo actividades primordiales y constituyen una fuerza de trabajo significativa y determinante en la economía.
A partir de este contexto, compañeras y compañeros, los invitamos a votar a favor de este dictamen. Nuestro grupo parlamentario así lo hará.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora De la Torre.
Se concede ahora el uso de la palabra a la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse al dictamen en torno al Anexo VI del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques.
El Convenio MARPOL para Prevenir la Contaminación por los Buques es el principal convenio internacional que versa sobre la prevención de la contaminación del medio marino por los buques a causa de factores de su funcionamiento, factores accidentales.
El Convenio MARPOL fue adoptado el 2 de noviembre de 1973 en la sede de la Organización Marina Internacional.
El Protocolo de 1978 se adoptó en respuesta al gran número de accidentes de buques-tanque ocurridos entre 1976 y 1977.
Debido a que el Convenio MARPOL 1973 aún no había entrado en vigor, el Protocolo de 1978, relativo a este convenio, absorbió el convenio original, el nuevo instrumento entró en vigor el 2 de octubre de 1983, a lo largo de los años ha sido objeto de diversas actualizaciones mediante la incorporación de enmiendas.
En el convenio figuran reglas encaminadas a prevenir y reducir al mínimo la contaminación ocasionada por los buques, tanto accidental como procedente de las operaciones normales, actualmente incluye seis anexos técnicos que regulan aspectos especiales con controles estrictos respecto de las descargas operacionales de los buques y que vienen a contaminar los océanos, los mares y a donde está el producto que se considera el más sano que es el pez para la alimentación de la humanidad.
En 1997 se adoptó un protocolo al Convenio MARPOL que añadió el Anexo VI, mismo que entró en vigor el 19 de mayo de 2005, las disposiciones de este Anexo VI limitan los principales contaminantes atmosféricos contenidos en los gases de escape de los buques, principalmente las emisiones de óxidos de azufre y de nitrógeno, prohíben la emisión deliberada de sustancias degradantes del ozono, regulan la incineración a bordo y las emisiones de compuestos orgánicos volátiles, procedentes de los buques tanques.
Este Anexo VI se compone de tres capítulos: el de las generalidades, el reconocimiento, certificación y reglas de control; y tres, las prescripciones para el control de las emisiones de los buques.
Asimismo, este Anexo VI cuenta con siete apéndices técnicos como el modelo de certificado internacional de prevención de la contaminación atmosférica, ciclos de ensayo y factores de ponderación, criterios y procedimientos para la designación de zonas de control de las emisiones, homologación y límites de servicio de los incineradores de a bordo, información que debe incluirse en la nota de entrega de combustible, procedimiento de verificación del combustible a partir de las muestras de fueloil, estipuladas en el Anexo VI del MARPOL, y zona de control de las emisiones de Norteamérica.
Ahora bien, de acuerdo con datos de la Organización Marítima Internacional, la Organización Marítima Internacional, el transporte marítimo es responsable del 2.5 % del total global de emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual representa más del total de emisiones de nuestro país, las cuales ascienden a 1.4 %.
Por ello, en junio de 2015, al participar en el IV Congreso Nacional de la Marina Mercante en el marco del Día Marítimo Mundial, el entonces coordinador general de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, anunció que México trabajaría para adherirse a los anexos III, IV y VI del convenio referido, a fin de ser coherentes con los compromisos internacionales y la legislación nacional respecto a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Es en este sentido que compartimos la propuesta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, para exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a que envíe a la brevedad a esta Asamblea el Anexo VI “Reglas para prevenir la contaminación atmosférica ocasionada por los buques” del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, para su análisis y, en su caso, aprobación.
Toda vez que la adhesión de nuestro país al Anexo VI de este convenio servirá para alinear los propósitos de la Organización Marítima Internacional con los compromisos adquiridos por la Comunidad Internacional en el Acuerdo de París sobre el cambio climático y en la Agenda 2030, particularmente el objetivo 13 de acción climática.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senadora Palafox.
Se concede ahora el uso de la palabra a la Senadora Diva Gastélum Bajo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse al dictamen en torno a la ratificación del Convenio 189.
En uso de la tribuna la Senadora Gastélum.
En virtud de que la Senadora Gastélum no se encuentra en este momento presente en el salón de plenos, se registrará en el Diario de los Debates su intervención.
Se concede ahora el uso de la palabra al Senador Raúl Morón Orozco, para referirse a todos los dictámenes.
En uso de la voz el Senador Morón.
Generosamente el Senador Morón permite que la Senadora Gastélum, que se está incorporando en este momento al salón de plenos, haga uso de la palabra.
Muchas gracias Senador Morón, por su generosidad.
En uso de la voz, la Senadora Diva Gastélum.
La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Muchas gracias, Presidente.
Y es una gran oportunidad poder hablar de un tema que hemos discutido, impulsado por mucho tiempo y que es urgente se atienda, que es el Convenio 189 y la Recomendación 201 de la OIT, y es un tema que en esta tribuna se ha tratado mucho, que es lo que tiene que ver con trabajo doméstico, o las empleadas del hogar, o el trabajo decente, como lo hemos nombrado.
Es urgente que llegue a este Senado, que se envíe este convenio.
Debo decir que una de las líderes que más conocemos, es la líder bautista, que ha hecho todo lo necesario para que este convenio sea ratificado, y tiene sentido, hace sentido. Para que en una casa desgraciadamente esté en orden y muchas mujeres estemos aquí, y muchos varones, hay otra mujer que se quedó ahí en la casa haciendo actividades que socialmente nos han dado la carga a las mujeres, pero que es una corresponsabilidad de hombres y mujeres.
Y hemos estudiado muchas formas de cómo se reconozca este trabajo. De hecho ellas se han asociado sindicalmente y no lo hemos logrado, los datos están a la vista, hasta serie de televisión hemos tenido referente al trabajo doméstico, siempre la trabajadora doméstica se ve como una parte discriminatoria, como una parte menor, hay series infantiles, de adultos, que hablan de lo que una trabajadora doméstica realiza.
Y más allá de esto, son las cifras, cómo las cifras pintan de cara sobre quien descansa esta responsabilidad. Y no voy a entrar a hablar sobre economía del cuidado, que ése es otro tema que le hemos dado muchas vueltas y que tiene un precio, y que tiene un costo y que es necesario se pueda hablar y se pueda legislar en la materia.
Por eso hoy a nombre de mi grupo parlamentario, nosotros estamos buscando la aprobación de este Convenio 189 que nos va a permitir resolver una serie de problemáticas que tenemos, laborales, relaciones de prestaciones sociales.
¿Quién jubila a una trabajadora doméstica?
¿Ante quién se pueden quejar acerca de las agresiones y atropellos que una trabajadora doméstica tiene, una trabajadora del hogar?
No tenemos más que la defensa que ellas han hecho, y levantar la voz ante las instancias como Conapred, como la Secretaría del Trabajo, el área de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación.
Por eso pido votemos a favor este exhorto que habla de justicia de un sector tan importante de mujeres y algunos hombres que realizan este trabajo tan importante que se ve reflejado también en la economía de este país.
Por su atención, muchísimas gracias por su voto, más lo vamos a agradecer.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchísimas gracias Senadora Diva Gastélum Bajo.
En uso de la tribuna el Senador Morón.
México tiene la obligación de atender de manera puntual la normativa internacional de la cual es parte, así como la ratificación de convenios que apuntan a combatir y revertir las profundas desigualdades e inequidades arraigadas profundamente en nuestra sociedad.
Los tiempos no están como para que nos rezaguemos aún más en materia de derechos laborales y en derechos con perspectiva de género, desgraciadamente nuestro país pasa por uno de los momentos más complicados en cuestión de equidad, en cuestión de igualdad.
El día de hoy se le propone a esta Asamblea la aprobación de varios dictámenes en los que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que remita a esta soberanía convenios como el 156 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre los trabajadores y las trabajadoras con responsabilidades familiares.
El 183 y la Recomendación 191, de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la protección de la maternidad a esta soberanía.
Y el 189, y la Recomendación 201, de la Organización Internacional del Trabajo, sobre el trabajo decente para las y los trabajadores domésticos, así como un punto de acuerdo relativo al Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, entre otros, para su aprobación.
Quiero razonar mi voto a favor de estos dictámenes, con base en las siguientes consideraciones:
Entiendo a estos convenios como parte fundamental de las herramientas jurídicas para la equidad, la igualdad y la protección de derechos laborales.
En el caso del Convenio 189 y la Recomendación 201 de la OIT, debe tomarse en cuenta que el trabajo doméstico remunerado es una actividad que la ejercen mayoritariamente mujeres, por lo cual resulta fundamental abordar el tema con una perspectiva de género y en estricta vinculación con otras normas, tanto internacionales, como nacionales, que apunten a superar la discriminación largamente padecida por el sector.
Estos dictámenes son relevantes, desde la consideración de los compromisos y responsabilidades de México y de su política internacional. Estos derechos y la ratificación de convenios internacionales ayuda a sentar las herramientas jurídicas que nos servirán para enfrentar graves problemas de inequidad, discriminación y violencia entre los trabajadores y las mujeres, además de que son instrumentos de primer orden para reconocer la igualdad de derechos y responsabilidades, tanto en hombres como en mujeres trabajadoras, en lo que se refiere a los roles sociales y familiares.
Proteger el derecho a la libre elección del empleo, garantizar condiciones dignas laborales y de seguridad social.
La lucha de las mujeres por la igualdad que debe encontrar en los hombres aliados para establecer una perspectiva de género en todos los ámbitos de la vida pública, especialmente en aquellos en los que las mismas mujeres son ya una fuerza importante que sostiene parte de la generación de riqueza de nuestra sociedad, como es el ámbito laboral. Y revertir el proceso de precarización laboral que en los últimos años experimenta la clase trabajadora en nuestro país y, sobre todo, las formas del trabajo infravaloradas, como lo es el trabajo doméstico.
No sólo se debe incorporar a la normatividad vigente a las y los trabajadores domésticos, con prestaciones y el derecho a un día de descanso obligatorio a la semana, además se les debe garantizar a estos trabajadores derechos como la firma de un contrato de trabajo, la libertad de asociación sindical y el derecho de negociación colectiva respecto a la privacidad, condiciones de empleo equitativas, seguridad social, incluyendo las correspondientes a la maternidad, horario de trabajo definido, pago de horas extras, prima vacacional, eliminación de todas las formas de trabajo forzoso, entre otras.
Quedan muchas tareas pendientes, en lo que se refiere a estos temas, pero la primera de ellas es no retardar la firma de estos convenios.
Otra es que su ratificación se transforme en una efectiva herramienta para hacer cumplir estos derechos, ya que es muy importante anotar que estos convenios centran su atención en un sector tradicionalmente discriminado que soporta pésimas condiciones de trabajo como lo es el de las mujeres.
Y por el contexto actual en nuestro país de vulnerabilidad y precarización laboral y al mismo tiempo de violencia feminicida, esperamos también que por fin, estos convenios una vez ratificados, puedan tener una divulgación masiva que impulse una sensibilización en la sociedad y su cabal cumplimiento.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, Senador Morón por su intervención.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Por indicaciones del Presidente, consulto a la Asamblea, si son de aprobarse los anteriores acuerdos.
Quienes estén porque se aprueben, manifestarlo levantando su mano.
Quienes estén porque se rechacen los acuerdos, favor de manifestarlo de igual manera, levantando su mano.
Le informo, señor Presidente, que han sido aprobados.
Enseguida pasamos a la discusión de un dictamen de las Comisiones de Asuntos Fronterizos, Sur, con punto de acuerdo que exhorta a informar del número de migrantes que cruzan por la frontera sur y sus nacionalidades, y procurar el estricto respeto de sus derechos humanos.
La Secretaria Senadora Itzel Ríos de la Mora: Doy lectura a los puntos resolutivos del dictamen.
Único.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que a través del Instituto Nacional de Migración informe al Senado de la República, del número de migrantes que cruzan por la frontera sur, sus nacionalidades y se procure el estricto respeto a sus derechos humanos, así como nosotros lo exigimos para con nuestros connacionales en los Estados Unidos.
Dado en el Senado de la República a los 14 días del mes de septiembre del 2017.
El Presidente Senador Adolfo Romero Lainas: Está a discusión.
Se concede el uso de la palabra al Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a favor del dictamen.
Saludo su debut en este Senado, en la conducción de la sesión.
Quienes integramos el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, consideramos de vital importancia señalar que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas en su informe sobre migración mundial del año 2015, calculaba que había 244 millones de personas en situación de movilidad a nivel internacional.
México es parte del corredor migratorio de América del Norte, el más transitado del planeta, siendo un país de origen, tránsito, destino y retorno de personas en contexto de migración.
Asimismo, de acuerdo con la Organización Internacional para Migraciones OIM, en el país se ha registrado la llegada de más de 450 mil personas que cruzan cada año la frontera entre México y Guatemala para pedir asilo o seguir su camino hacia Estados Unidos.
No obstante, el Instituto Nacional de Migración, reporta que en 2016, ingresaron por el estado de Chiapas, 2 millones 958 mil 230 personas, lo cual representa el flujo migratorio regular, sea para turismo o trabajo, la mayoría de estos migrantes son salvadoreños, hondureños y guatemaltecos, aunque el año pasado se detectó un crecimiento de migraciones de personas provenientes de Cuba, Haití, así como de países africanos y asiáticos.
De 2011 a 2016, el número de personas que solicitaron asilo en el país se incrementó en mil 60 % ya que sólo en 2016, 8 mil 781 personas solicitaron protección como personas refugiadas y más del 90 % vienen de Honduras, El Salvador y Guatemala, países que conforman el Triángulo del Norte en Centroamérica, aunque se ha reportado recientemente un aumento de personas provenientes de países africanos y asiáticos.
En este sentido, la violencia, los conflictos armados, el crimen organizado, la persecución y la inseguridad causaron que el nivel global haya actualmente más de 60 millones de personas que sufren el desplazamiento forzado y no puedan regresar a sus hogares, los refugiados obligados a abandonar sus hogares y sus vidas, parten en busca de una vida mejor, pero a veces se enfrentan a la intolerancia y al rechazo.
Cabe destacar que las personas refugiadas sufren peligros al salir de sus países y enfrentan graves riesgos durante su huida.
En ese sentido, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha manifestado en diferentes informes especiales, recomendaciones y pronunciamientos, su preocupación e inquietud por la situación de vulneralidad que atraviesan los grupos de personas que se encuentran en situación de migración, tanto nacionales como extranjeros, de manera particular, aquellos que están en una situación migratoria irregular.
En consecuencia, se exponen a situaciones de vulnerabilidad en la cual son más propensos para ser víctimas de crimen organizado, de secuestros, de trata de personas, de explotación laboral y sexual, mal trato, así como hacer víctimas de la delincuencia común en situaciones climáticas extremas y de ser sujetos de abusos de autoridad, trayendo como consecuencia violaciones a sus derechos humanos por su condición migratoria irregular.
Al respecto, es preciso señalar que el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce de manera amplia, sin excepción, el derecho de toda persona de gozar de los derechos reconocidos por el Estado mexicano en la Constitución y en los instrumentos internacionales suscritos por éste.
Este reconocimiento amplio implica que no sólo los nacionales gozarán de los mismos derechos, sino toda persona, por supuesto, extranjeros, ante esto, la población migrante, con independencia de su condición jurídica en el país, le son reconocidos todos los derechos que al resto de las personas y por ende deben ser respetados.
El respeto irrestricto de los derechos humanos de la población migrante, es uno de los principios en los que se sustente la Ley de Migración publicada el 25 de mayo de 2011.
Y máxime ahora, compañeros, cuando hemos sido objeto de agresiones y señalamientos xenófobos, por el gobierno de los Estados Unidos.
Incluso, México ha sido señalado como una de las naciones que menos respeta los derechos humanos por organismos internacionales.
Y nos han puesto aquí, incluso hasta de ejemplo, que la profesión más peligrosa es la profesión de periodista.
Por ello, consideramos fundamental, parafraseando a Osorio, que como mínimo debe darse una información en este sentido.
Por estas razones, quienes integramos el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, compartimos la propuesta de la comisión dictaminadora, ya que resulta oportuno solicitar al Instituto Nacional de Migración un informe respecto del número de inmigrantes que cruzan la frontera sur, así como generar las acciones necesarias para asegurar y garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de todas las personas que se encuentran en contexto de migración, en situación migratoria regular o de irregular, o a través de la promoción y en la divulgación de sus derechos humanos, los cuales deben ser reconocidos y garantizados por el Estado mexicano como lo marca la Ley Nacional y los tratados internacionales de los que México es parte.
El Presidente Senador Adolfo Romero Lainas: Gracias, Senador Isidro Pedraza.
Le informo, Presidente, que sí ha sido aprobado el acuerdo.
El Presidente Senador Adolfo Romero Lainas: Aprobado el acuerdo.
En el apartado de proposiciones se concede el uso de la palabra al Senador Ismael Hernández Deras, para presentar a nombre de los Senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, un punto de acuerdo que exhorta a intensificar los recorridos de inspección en comercios, a fin de prevenir e inhibir prácticas indebidas en las entidades afectadas por el terremoto.
El Senador Ismael Alfredo Hernández Deras: Con su permiso, señor Presidente.
Como es de todos conocido el tema que hemos sufrido con los sismos de los días 7 de septiembre y 19 de septiembre, esta emergencia, sin duda, pone a prueba la respuesta de todas las instituciones del Estado mexicano, pero, sin duda, también pone a prueba la generosidad, solidaridad del pueblo de México para apoyar a nuestros hermanos que resultaron afectados por estos fenómenos naturales.
La respuesta de la sociedad mexicana ha estado, sin duda, también a la altura de las circunstancias. Miles de mexicanos, de todos los sectores sociales y de todas las condiciones, han salido a las calles a ayudar a labores de rescate y a brindar con apoyos a damnificados en las diferentes partes de estos sismos.
Ante estas emergencias también, sin duda, la atención del gobierno federal, de los gobiernos estatales y de varios, muchos gobiernos municipales han sido oportuna, y a través de trabajo cada vez más coordinado con las diferentes Secretarías de la Administración Pública y con las diferentes organizaciones se atienden a los damnificados, a fin de superar la primera etapa de la emergencia que hoy vivimos en diferentes regiones del país.
La situación por la que atraviesan las entidades federativas de Chiapas, Oaxaca, la Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala, que son de las entidades que resultaron con efectos más severos, en sus afectaciones requieren, sin duda, acciones inmediatas de parte del Estado mexicano para, en su caso, y en una de las acciones que más sensible se puede provocar, que es la atención a los servicios, bienes, insumos, la comida de esas regiones del país.
La Procuraduría Federal del Consumidor, como la instancia encargada de proteger los derechos del consumidor y procurar la certeza jurídica entre las relaciones de proveedores y consumidores, tiene hoy en esas partes del país un papel relevante para proteger la economía y las circunstancias extraordinarias que están viviendo esas áreas afectadas.
De ahí la importancia de prevenir el alza irregular de precios de combustibles, de materiales de construcción, de alimentos, de ropa, de calzado, y este punto de acuerdo, el objetivo fundamental es estar verificando de manera constante a través de un operativo extraordinario y especial que no se vayan a registrar actos de especulación que afecten, en primer lugar, la disponibilidad de productos de la primera necesidad y, por otro lado, que no vaya a impactar en los precios de manera desmedida aprovechando la circunstancia por las que están atravesando estas partes del país.
Por ello, radica la importancia y la trascendencia de este punto de acuerdo que hoy presentamos, para que la Procuraduría Federal del Consumidor verdaderamente nos informe y fortalezca operativos que está realizando o que inicia realizar para prevenir y evitar aumentos injustificados en los alimentos, sobre todo cualquier producto y combustibles en estas zonas en las que hoy han recibido esta desgracia de los sismos.
Con ello no sólo estamos protegiendo la economía familiar de los damnificados, sino también prevenimos que se eviten prácticas indebidas que provoquen la escasez de productos de primera necesidad.
El grupo parlamentario del PRI estamos, sin duda, con la preocupación y estamos a la altura de las exigencias que la emergencia por la que atraviesa nuestro país requiere, razón por la cual hoy venimos el grupo parlamentario del PRI a proponer este punto de acuerdo.
Gracias, compañeros y compañeras legisladoras.
El Presidente Senador Adolfo Romero Lainas: Gracias, señor Senador Ismael Hernández Deras.
Túrnese a las Comisiones de Comercio y Fomento Industrial.
En el turno del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar su proposición, entregaron a la Mesa Directiva una propuesta de punto de acuerdo que no está inscrita en el orden del día.
Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a expedir las disposiciones que permitan la condonación de contribuciones respecto del consumo de productos en las zonas afectadas, así como respecto de las donaciones a centros de acopio y albergues.
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que el asunto se incorpore a la agenda de este día para su trámite.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se integre a los asuntos del día de hoy, la proposición referida por la Presidencia.
Quienes por la negativa, de igual manera, manifestarlo levantando su mano.
Le informo Presidente, que sí se autoriza.
El texto de la proposición está disponible en sus escaños.
Se concede el uso de la tribuna al Senador Héctor David Flores Ávalos, para presentarla.
El Senador Héctor David Flores Ávalos: Gracias, Senador Presidente.
El día de ayer anuncié esta proposición con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a la brevedad expida las disposiciones de carácter general que permitan condonar contribuciones respecto del consumo de productos de primera necesidad no necesariamente alimentos en las zonas afectadas por los sismos; así como respecto de las donaciones cuya entrega a centros de acopio y albergues oficiales sea verificable.
Los daños ocurridos en comunidades de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, y después, desde luego, en el Distrito Federal o la Ciudad de México, o en zonas de Morelos y Puebla, han sido devastadoras.
En muchos de estos lugares las personas lo han perdido todo, literalmente todo.
Sin casa y sin vestido la gente ha tenido que enfrentar quizá una segunda tragedia.
Aquí es importante destacar que el ejemplo y la solidaridad de la sociedad ha sido extraordinaria, las donaciones recibidas han permitido aliviar enormemente este problema, pero no es suficiente, hay todavía mucho por hacer.
Esta tragedia ha abierto un nuevo debate sobre la forma de encauzar y priorizar el ejercicio del gasto público ante situaciones de emergencia como la que ahora se vive.
El presente punto de acuerdo tiene como objeto exhortar al Titular del Poder Ejecutivo para utilizar todos los mecanismos disponibles, particularmente lo relacionado con la exención de impuestos con el propósito de aminorar el impacto económico a las familias que viven en las zonas afectadas, así como para permitir la reducción de la carga fiscal a los donativos que se reciben por parte de la sociedad.
De conformidad con la información disponible es posible identificar de inmediato aquellos artículos que pueden ser considerados de primera necesidad, y no me refiero solamente alimentos, que pudieran no estar gravados; me refiero a cuestiones de vestido básico, mobiliario elemental, como pueden ser colchones o cobijas, incluso electrodomésticos para la preparación de alimentos indispensables.
También es posible delimitar de inmediato las zonas afectadas por los sismos, y de igual forma es posible levantar un padrón de los centros oficiales de apoyo, así como de los albergues oficiales, que incluya, desde luego a los puntos autorizados por la Cruz Roja Mexicana.
Con base en esta información el Ejecutivo Federal está en capacidad de decretar de inmediato la condonación de impuestos al consumo de artículos de primera necesidad o de emergencia en las zonas afectadas, así como de aquellos bienes que son donados a los centros de acopio y albergues oficiales, primero, para paliar y mitigar el gasto de las personas damnificadas y sus familias y, segundo, para permitir el abaratamiento de las donaciones que se reciben y cuyo destino es efectivamente verificable.
Es importante, compañeras y compañeros, no perder de vista que la facultad exclusiva de condonar impuestos le corresponde al Ejecutivo Federal, y está prevista, precisamente para momentos como el que hoy atraviesa nuestro país.
Actuemos ya, aprovechemos todas las opciones que tenemos a la mano.
El Presidente Senador Adolfo Romero Lainas: Gracias, Senador Héctor David Flores.
Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Se concede ahora el uso de la palabra al señor Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un punto de acuerdo en torno al contenido del artículo 323 remitida para ratificación por el Comisionado de la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, CILA.
El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Compañeros, compañeras:
Muchas gracias por atender a este compañero Senador.
Las relaciones internacionales son de suyo complicadas, la interacción de un país emergente con la primera potencia del mundo es aún más intrincada.
Sin embargo, nuestra historia y los principios normativos de política exterior pueden y deben ser nuestra guía.
Los invoco de esta forma porque se está gestando un diferendo con el vecino país del norte, se trata de la distribución de las aguas del Río Colorado.
En 1944 se firmó entre México y Estados Unidos un Tratado de Aguas, en dicho acuerdo se fijan con toda claridad los volúmenes de agua que corresponden a una y otra nación, tanto en condiciones normales como en circunstancias de sequía o de excedentes que, por supuesto, los ha habido.
Producto del tratado de común acuerdo se decretó la existencia de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, ya invocada por el compañero Presidente, la llamada CILA.
Este organismo se aboca a instrumentar el tratado en relación con las aguas superficiales y las aguas subterráneas, entre otras tareas.
La mecánica de la función de límites y aguas es la siguiente:
La sección mexicana y la sección estadounidense se reúnen periódicamente y llegan a acuerdos en torno a la dinámica de esta relación.
Los compromisos son preasumidos y quedan plasmados en actas o minutas.
Estas actas son remitidas a las cancillerías de los respectivos países donde se revisan, y, en su caso, se ratifican.
Recientemente se levantó el Acta 323, este instrumento ha provocado una honda provocación y una gran preocupación entre los habitantes y productores del Valle de Mexicali, por supuesto, se cuenta el norte de Sonora.
En síntesis el Acta 323 va más allá y desnaturaliza el Tratado de Aguas de 1944.
Disfrazada bajo la rúbrica de programación de infraestructura en realidad se consiente la venta del agua destinada expresamente para el desarrollo de la región agrícola del Valle de Mexicali, de Baja California.
Se trata de una descarada alteración del tratado, es bien sabido que los únicos autorizados por la Constitución para modificar los tratados internacionales son: el Presidente de la República con la aprobación de esta Cámara.
El Valle de Mexicali es una región semiárida que requiere de la totalidad de las aguas pactadas desde mediados del siglo pasado para su sobrevivencia, todavía hoy en día hay compañeros productores que a pesar de contar con una resolución presidencial no han visto una sola gota de agua en una extensión de aproximadamente 1,500 hectáreas a que tienen derecho.
Es importante mencionar que el Acta 323 se refiere también a otros puntos que no nos afectan, por ello, vengo a esta tribuna para pedir a ustedes, procedamos a solucionar esta disyuntiva.
Los invito a exhortar al Presidente de la República, se requiere que el Presidente instruya al Secretario de Relaciones Exteriores, a efecto de que se abstenga de confirmar el contenido del Acta 323.
Únicamente digo en la parte que afecta al interés nacional.
La relación con los Estados Unidos de América ha entrado, desde hace unos meses, en una etapa complicada.
Para nadie es un secreto que la nueva administración, al otro lado de la frontera, trata de imponer sus puntos de vista mediante el hostigamiento y la presión.
Durante casi 150 años, México ha logrado desarrollar una relación equilibrada en la distribución de las aguas con nuestro vecino del norte.
Al Senado le corresponde la revisión de la política exterior mexicana.
El apego a los principios normativos de nuestra política exterior, solicitemos con convicción al Presidente de la República, se sirva defender la soberanía nacional.
Hay que poner en contraste la venta del agua en el Acta 323 con nuestros principios soberanos.
La conclusión es inmediata y evidente, no procede, y en consecuencia, no es de extender la ratificación del acta en los puntos que vulneran el legítimo interés nacional.
Los habitantes del Valle de Mexicali, del norte de Sonora, han resistido con estoicismo terremotos y sequías en los últimos años.
Sin agua, el oasis que ha levantado con sus manos, volverá a convertirse en un desierto.
Demos, pues, nuestro apoyo a estas y estos mexicanos de Mexicali, que defienden sus recursos y, por supuesto, la soberanía nacional.
Gracias, compañeros de la Asamblea.
El Presidente Senador Adolfo Romero Lainas: Gracias, Senador Marco Antonio Blásquez.
Tiene ahora el uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo por el que se solicita un informe sobre los avances en la investigación del caso de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa.
Sonido en el escaño de la Senadora Dolores Padierna, por favor.
La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Me parece que este tema, por sensibilidad de la Asamblea, debiera declararse de urgente y obvia resolución, y si fuera el caso yo solicitaría la palabra para el mismo tema.
La proponente, según entiendo, no solicitó la urgente resolución.
Senadora Angélica de la Peña, por favor, sonido en su escaño.
Yo creo que tiene razón la Senadora Padierna, amerita una urgente y obvia resolución, sobre todo a tres años de estos terribles acontecimientos.
Si usted gusta ser tan gentil en pedir que pueda ser aprobado por obvia y urgente resolución, se lo agradecería muchísimo.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Con todo gusto, Senadora, consultamos a la Asamblea, si se considera de urgente resolución.
Pediría a la Secretaría, en votación económica, consulte a la Asamblea si se acepta este asunto de urgente resolución.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Se consulta a la Asamblea, en votación económica, si este asunto anteriormente tratado es considerado de urgente y obvia resolución.
Quienes consideren que no es de urgente resolución, favor de levantar su mano.
Le informo, Presidente, que no es de urgente resolución.
El Senador Rabindranath Salazar está solicitando la palabra, y se la concedemos desde su escaño.
El Senador Rabindranath Salazar Solorio: (Desde su escaño) Gracias, Presidente.
Sólo para sumarme, por supuesto, a la petición de que sea tratado de urgente resolución en virtud de que han pasado tres años y no se ha esclarecido este lamentable acontecimiento, no se puede borrar de la memoria de los mexicanos esta tragedia también.
Sabemos, por supuesto, que en este momento estamos pasando por momentos terribles en nuestro país; sin embargo, creo que es muy importante que no olvidemos a estos jóvenes también.
Por lo tanto, yo exhortaría amablemente a mis compañeros que pudieran pensar y que podamos retomar el tema, yo creo que sería muy importante que se trate a la brevedad para que se dé el informe que corresponde por parte de la Secretaría de Gobernación.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Gracias, Senador Rabindranath Salazar.
La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Solamente solicitar su venia para inscribir un texto que hice llegar a la Mesa Directiva con mi pronunciamiento en relación a Ayotzinapa.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Así lo haremos, Senadora, que la secretaría técnica de la Mesa favor de recibir el comunicado de la Senadora Dolores Padierna.
Compañeros Senadoras y Senadores:
Recibimos en la Mesa Directiva una comunicación de la Junta de Coordinación Política con el que remite el acuerdo por el que se establece el calendario de sesiones para el actual período de sesiones, esta Asamblea se da por enterada.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Por instrucciones del Presidente doy cuenta e informo que se amplío el turno a los siguientes proyectos de decreto.
Al que se reforma diversos artículos de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, presentado el 12 de septiembre pasado para quedar en las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos.
Uno.- Al que se abroga la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, publicada el 25 de febrero del año 2003.
Y se expide la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, presentado el 9 de marzo de 2017, para quedar en las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; y de Estudios Legislativos.
El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Esta Presidencia ratifica los turnos que ha dado a conocer la Secretaría.
Como fue anunciado, daremos turno a diversos asuntos.
Al proyecto de decreto del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, que propone establecer diversas medidas para coadyuvar con las acciones de auxilio, recuperación y reconstrucción con motivo de los fenómenos geológicos e hidrometeorológicos que afectaron a diversas entidades federativas de la nación.
Al proyecto de decreto de los Senadores Luisa María Calderón Hinojosa, Ernesto Cordero Arroyo, Roberto Gil Zuarth, Jorge Luis Lavalle Maury, Javier Lozano Alarcón, Mariana Gómez del Campo Gurza, José María Martínez Martínez, Octavio Pedroza Gaitán, Jesús Santana García, Fernando Torres Graciano y Salvador Vega Casillas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que se suspende la aplicación del artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos, ambos proyectos de decreto se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.
Asimismo, daremos turno directo a la proposición del Senador Miguel Barbosa Huerta, con punto de acuerdo con relación a los sismos que golpearon el territorio sur-sureste y centro de nuestro país, y se turna a la Comisión de Protección Civil.
A partir de las solicitudes de los Senadores Raúl Gracia Guzmán y Luz María Beristain, Navarrete, esta Presidencia emite excitativa a las comisiones correspondientes en cada caso a fin de que presenten los dictámenes sobre el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para la Prohibición de la Fractura Hidráulica, presentada el 17 de marzo de 2016; y sobre el proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, presentado el 11 de noviembre del 2014.
Les informo ahora que las proposiciones referidas, a solicitud de recursos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, se turnarán directamente a la Cámara de Diputados para, en su caso, permitir su atención oportuna.
Se cita a la siguiente sesión ordinaria el próximo jueves 28 de septiembre, a las 11:00 horas.
Se levantó la sesión a las 15:12 horas
http://www.senado.gob.mx:80/index.php?watch=15&id=1822