Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/651573-d-210-2019-de-25-sep-ca-cataluna-determina-el-organo-competente-para-ejercer.html
Timestamp: 2020-04-07 17:14:58
Document Index: 388821346

Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 46', 'artículo 144', 'artículo 150', 'artículo 4', 'artículo 11', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 129', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 2', 'artículo 9']

DECRETO 210/2019, de 25 de septiembre, por el que se determina el órgano competente para ejercer en Cataluña las funciones relativas al control de la comercialización de equipos de refrigeración cargados con gases fluorados, de acuerdo con el artículo 9.8 del Real decreto 115/2017, de 17 de febrero, y se establecen aspectos instrumentales para el cumplimiento de las obligaciones que el precepto citado establece
Órgano DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD
Publicado en DOGC núm. 7969 de 27 de Septiembre de 2019
Vigencia desde 28 de Septiembre de 2019
Artículo 1 Órgano competente
Artículo 2 Aspectos instrumentales
Disposición transitoria única Comunicación correspondiente al año 2018
El artículo 46 del Estatuto de autonomía de Cataluña establece que los poderes públicos tienen que velar por la protección del medio ambiente por medio de la adopción de políticas públicas basadas en el desarrollo sostenible y la solidaridad colectiva e intergeneracional y el artículo 144 establece que corresponden a la Generalidad la competencia compartida en materia de medio ambiente y la competencia para el establecimiento de normas adicionales de protección.
Desde el punto de vista organizativo, tanto el artículo 150 del Estatuto de autonomía de Cataluña como el artículo 4 de la Ley 13/1989, de 13 de junio, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la administración de la Generalidad, establecen la competencia de autoorganización de la administración de la Generalidad.
El artículo 11.5 del Reglamento (UE) núm.517/2014, del Parlamento europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre los gases fluorados con efecto de invernadero establece que los aparatos no sellados o cerrados herméticamente y que estén cargados de gases fluorados con efecto de invernadero sólo se pueden vender al usuario final cuando se aporten pruebas conforme la instalación la realizará una empresa habilitada.
El Real decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el cual se regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y de los equipos que estén basados en estos mismos gases, así como la certificación de los profesionales que los utilizan y por los cuales se establecen los requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollan actividades que emiten gases fluorados, en su artículo 9.8 aplica la previsión citada del Reglamento mediante el establecimiento de unas obligaciones al comercializador de los equipos y al comprador o compradora, que se concretan en la presentación de una documentación específica, de acuerdo con los modelos que constan en el mismo Real decreto. Estos documentos permiten por un lado dejar constancia que el comprador o compradora ha sido convenientemente informado del contenido del artículo 9.8 del Real decreto 115/2017 (documento de la parte A del anexo VI, en adelante documento A) y por el otro que la instalación la ha realizado una empresa habilitada (documento de la parte B del anexo VI, en adelante documento B).
De acuerdo con el artículo 9.8 citado, el comercializador tiene que informar, anualmente, a partir del 1 de enero de 2018 en el órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente de los compradores que no hayan enviado el documento B, adjuntando copia del documento A.
Asimismo el artículo 9.8 citado establece que el incumplimiento por parte de los compradores y de los comercializadores de las obligaciones que prevé queda sujeto al régimen sancionador previsto en el capítulo VII de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre de calidad del aire y de protección de la atmósfera. La competencia para aplicar este régimen sancionador también corresponde a las comunidades autónomas.
Este Decreto se incluye en el Plan normativo de la Administración de la Generalidad de Cataluña para los años 2019-2020, se ha tramitado de acuerdo con la Ley 26/2010, de 3 de agosto, del régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, y se ajusta a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, según el cual, en el ejercicio de la potestad reglamentaria las administraciones públicas tienen que actuar de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
De acuerdo con los principios de necesidad y eficacia, las disposiciones de este Decreto están justificadas por la necesidad de determinar el órgano competente para ejercer en Cataluña las funciones que, de acuerdo con el artículo 9.8 del Real decreto 115/2017, de 17 de febrero, corresponden a las comunidades autónomas y el procedimiento de presentación de la documentación que se tiene que informar; la regulación, de acuerdo con el principio de proporcionalidad, contiene las previsiones imprescindibles para atender la necesidad de que se tiene que cubrir con la norma; la potestad reglamentaria se ejerce de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, atendiendo el principio de seguridad jurídica; en aplicación del principio de transparencia, la Administración de la Generalidad de Cataluña posibilita el acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y a los documentos propios de su proceso de elaboración.
Por todo eso, a propuesta del consejero de Territorio y Sostenibilidad, y con la deliberación previa del Gobierno,
La Dirección General competente en materia de cambio climático es el órgano competente de la Generalidad de Cataluña para ejercer las funciones que corresponden a las comunidades autónomas de acuerdo con el artículo 9.8 del Real decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y de los equipos que estén basados en esos mismos gases, así como la certificación de los profesionales que los utilizan y por los cuales se establecen los requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollan actividades que emiten gases fluorados. Las funciones indicadas, excepto la competencia para imponer sanciones, tienen que ser ejercidas a través de la Oficina Catalana del Cambio Climático.
La competencia para imponer las sanciones que resulten del régimen sancionador aplicable de acuerdo con el artículo 9.8 citado corresponde a la persona titular de la dirección general competente en materia de cambio climático para las sanciones por infracciones de carácter leve y grave, y a la persona titular de la secretaría sectorial competente en materia de cambio climático para las sanciones por las infracciones de carácter muy grave.
2.1 La empresa comercializadora tiene que entregar al comprador o compradora dos ejemplares del documento B, a fin de que se acredite la instalación del/de los equipo/s por parte de una empresa habilitada con personal certificado para esta instalación.
2.2 Un ejemplar del documento B tiene que ser enviado, en el plazo máximo de un año, por el comprador o compradora del equipo en la empresa comercializadora por vía telemática o por otro medio que permita tener constancia de la entrega y de la recepción.
2.3 Las empresas comercializadoras tienen que comunicar en la Oficina Catalana de Cambio Climático, antes del 31 de marzo de cada año, la relación de los compradores de equipos que no han cumplido la obligación de enviarles el documento B dentro del año natural anterior. Con la comunicación se tiene que adjuntar copia del documento A de todos y cada uno de los compradores incluidos en la relación.
La comunicación se tiene que tramitar por medios electrónicos, con el contenido y requisitos técnicos que se determinan en el portal único para las empresas, al cual se puede acceder también desde la sede electrónica de la Generalidad de Cataluña.
Los modelos de la documentación necesaria para efectuar la tramitación del procedimiento estarán disponibles en el mismo portal del trámite.
La comunicación prevista en el artículo 2.3, en tanto que es obligatoria a partir del 1 de enero del 2018, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9.8 del Real decreto 115/2017, de 17 de febrero, se tiene que realizar respecto del año 2018 entre el 10 de octubre de 2019 y el 10 de diciembre de 2019, ambos incluidos.