Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-sl11325-2016-45089-de-junio-1-de-2016?documento=jurcol&contexto=jurcol_a0a7793f84e3464694385f5d0e5bba37&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-17 23:53:49
Document Index: 93861059

Matched Legal Cases: ['artículo 18', 'artículo 31', 'artículo 18', 'artículo 31', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 31', 'artículo 145', 'artículo 177', 'artículo 145', 'artículo 18', 'artículo 145', 'artículo 366']

﻿ SENTENCIA SL11325-2016/45089 DE JUNIO 1 DE 2016
SENTENCIA SL11325-2016 DE 01 DE JUNIO DE 2016
CONTENIDO:PRINCIPIO DE LA CARGA DINÁMICA DE LA PRUEBA, TAMBIÉN TIENE APLICACIÓN EN ASUNTOS DE ÍNDOLE LABORAL O DE LA SEGURIDAD SOCIAL. ASÍ SE PRECISA, QUE DE ACUERDO A LAS CIRCUNSTANCIAS DE HECHO DE CADA CASO EN PARTICULAR, EN QUE SE PRESENTE DIFICULTAD PROBATORIA, ES POSIBLE QUE SE INVIERTA DICHA CARGA, A FIN DE EXIGIR A CUALQUIERA DE LAS PARTES LA PRUEBA DE LOS SUPUESTOS CONFIGURANTES DEL THEMA DECIDENDUM. SIN EMBARGO, LA PARTE QUE EN COMIENZO TIENE LA OBLIGACIÓN DE PROBAR, DEBE SUMINISTRAR EVIDENCIAS O FUNDAMENTOS RAZONABLES SOBRE LA EXISTENCIA DEL DERECHO LABORAL QUE RECLAMA, PARA QUE LA CONTRAPARTE, QUE POSEE MEJORES CONDICIONES DE PRODUCIR LA PRUEBA O LA TIENE A SU ALCANCE, ENTRE A PROBAR, REBATIR O DESVIRTUAR DE MANERA CONTUNDENTE EL HECHO AFIRMADO.
TEMAS ESPECÍFICOS:CARGA DE LA PRUEBA, RECURSO DE CASACIÓN, PENSIÓN DE VEJEZ, MESADA PENSIONAL, DERECHOS DEL PENSIONADO, RELIQUIDACIÓN DEL SALARIO BASE DE LIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN, HISTORIA LABORAL DEL PENSIONADO
Sentencia SL11325-2016 de junio 1º de 2016
SL11325-2016
Radicación: 45089
Pretende el recurrente que la Corte CASE totalmente la sentencia del tribunal, para que, en sede de instancia, revoque el fallo absolutorio de primer grado, y en su lugar se acceda a las súplicas incoadas en la demanda inicial, o en subsidio, para mejor proveer, se decrete como prueba oficiar al ISS para que remita copia íntegra de la historia laboral del demandante, o se designe un perito actuario o contador para que cuantifique la mesada pensional que corresponda tomando el tiempo que le hacía falta al afiliado para adquirir el derecho.
Con tal propósito formuló dos cargos, por la causal primera de casación laboral, que merecieron réplica, los cuales se estudiarán en el orden que aparecen propuestos.
Acusó la sentencia recurrida de violar por la vía indirecta, en el concepto de aplicación indebida, respecto de la Ley 712 de 2001, artículo 18 que modificó el Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social, artículo 31, en relación con la Ley 100 de 1993, artículos 14, 36 y 141 de la Ley 100 de 1993 y la Constitución Nacional, artículos 48 y 53.
Señaló que la anterior transgresión de la ley se produjo por haber cometido el tribunal los siguientes evidentes errores de hecho:
— NO DAR POR DEMOSTRADO, ESTÁNDOLO, QUE EL PENSIONADO PROBÓ TENER DERECHO AL REAJUSTE PENSIONAL SOLICITADO.
— NO DAR POR DEMOSTRADO, SIENDO EVIDENTE, QUE EL PENSIONADO TIENE DERECHO A UNA PRIMERA MESADA PENSIONAL DE $ 893.764 SOBRE UN IBL DE $ 993.000.
Indicó que los anteriores yerros fácticos tuvieron origen en la errónea apreciación de la pieza procesal de la contestación de la demanda inicial, concretamente la respuesta al hecho séptimo.
En el desarrollo del ataque, la censura comenzó por transcribir la norma acusada, Ley 712 de 2001, artículo 18 que modificó el artículo 31 Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social, en la parte que reza:
«...La contestación de la demanda contendrá:
"(...) Un pronunciamiento expreso y concreto sobre cada uno de los hechos de la demanda, indicando los que se admiten, los que se niegan y los que no le constan. En los dos últimos casos manifestará las razones de su respuesta. Si no lo hiciere así, se tendrá como probado el respectivo hecho o hechos...».
Luego reprodujo lo expresado en el hecho séptimo de la demanda inaugural y su contestación, en los siguientes términos:
7. Hecho el análisis matemático del cálculo del monto de la pensión del demandante en tres modalidades, se establece que:
(...) 7.3. EI promedio de los últimos cuatro años, que era lo que le faltaba para alcanzar el derecho a pensionarse, esto es, del primero de abril de 1994, al 14 de diciembre de 1998, asciende a $ 893.764 mensuales, suma muy superior a la que concedió la demandada en dicha resolución y las otras alternativas.
(….) SÉPTIMO: No es cierto, son formas de liquidar una pensión que no aplica al demandante, quien al momento de notificarse si estaba en desacuerdo debió de interponer los recursos dentro de los términos.
Dijo que tal como se puede observar, el ISS al contestar el hecho séptimo de la demanda inicial, incumplió la norma procesal denunciada, ya que su deber como accionada era demostrar que en verdad al demandante no le asistía el derecho al reajuste pensional impetrado, correspondiéndole derruir la afirmación de la parte actora con una fórmula o cifra que permitiera concluir que el pensionado no tenía la razón.
Agregó, que ante el referido incumplimiento del Instituto demandado al dar contestación al libelo demandatorio, la consecuencia procesal según lo dispone la norma en cita, no es otra que dar por demostrado el respectivo hecho, para el caso el séptimo, específicamente en lo atinente al IBL reclamado por el accionante por el tiempo que le faltare, lo cual da lugar a la procedencia del reajuste implorado.
El ISS en el escrito de réplica solicitó rechazar el cargo, por cuanto se involucraron aspectos jurídicos o de tipo procesal sobre los requisitos de la contestación de la demanda inicial, ajenos a la vía indirecta escogida para orientar el ataque, además que el hecho séptimo de la demanda inicial sí fue debidamente contestado, el cual se negó aclarando que la manera de liquidar que se alegó en los hechos del libelo no aplicaba para el demandante. Que lo que ahora adujo el recurrente en sede de casación, se debió alegar al momento de fijar el litigio, pues se estaría reviviendo debates que se tenían que dar en las instancias.
La censura radica su inconformidad en que los jueces de instancia, en especial el tribunal, no dieron por probado lo narrado en el hecho séptimo (7º) de la demanda inaugural, en cuanto al valor del IBL con que se debió liquidar la pensión de vejez del demandante, según el cálculo matemático que la propia parte actora elaboró, y que en su decir, daría lugar al reajuste deprecado.
Ello por virtud de que en sentir del recurrente, el Instituto demandado al dar respuesta a la demanda inicial incumplió lo previsto en la Ley 712 de 2001 artículo 18 numeral 3º, pues no realizó un pronunciamiento expreso y concreto sobre el citado hecho, ya que no bastaba con negarlo sino que debió derruir las afirmaciones allí contenidas «presentando una formula o una cifra que permitiera concluir que no asistía razón a la parte demandante», lo cual trae consecuencias procesales que no se tuvieron en cuenta.
Al respecto debe decirse, que el tribunal no cometió ningún yerro fáctico, ni tampoco apreció equivocadamente la pieza procesal de la contestación a la demanda con que se dio apertura a la presente controversia, como quiera que para tener por probado lo narrado por el demandante en el hecho séptimo (7º) de la demanda inaugural, por no haberse contestado el mismo en debida forma, era necesario que el juez instructor previamente hubiera dejado constancia, que la accionada al negar este hecho específico (fl. 36, cdno. del juzgado), omitió manifestar las razones de su respuesta, y además haya declarado expresamente mediante auto que se tenía por probado tal supuesto fáctico, ello conforme a lo dispuesto en el citado artículo 18 de la Ley 712 de 2001, que modificó el artículo 31 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, lo cual en este caso no aconteció.
Por el contrario, el Juez de conocimiento con auto calendado 4 de agosto de 2008 (fl. 41 ibíd.), tuvo por contestada la demanda en forma oportuna, sin ninguna salvedad respecto de la falta de respuesta idónea en relación con algún hecho que fundamente las pretensiones incoadas, proveído que se notificó a las partes y no fue recurrido por ellas.
Lo anterior significa, que ante la ausencia de manifestación particularizada del juez instructor, en la que se exprese sobre cuál hecho o hechos recae la consecuencia procesal prevista en el precepto instrumental mencionado, en cuanto a que los mismos se tendrán por probados por la falta de un pronunciamiento expreso y concreto explicando las razones de su negativa, lo cual en el sub lite como quedó visto no se cumplió; en definitiva, no era posible dar por demostrado que el pensionado demandante tuviera derecho a una primera mesada pensional por valor de $893.764,oo respecto de un IBL de $ 993.000, cifras que se reseñan en el hecho séptimo (7º) de la demanda, que reza: «7. Hecho el análisis matemático del cálculo del monto de la pensión del demandante en tres modalidades, se establece que: 7.1. El promedio de toda la vida laboral, ascendió a $ 686.894, 7.2. El promedio de los últimos diez años, ascendió a $ 786.637, 7.3. EI promedio de los últimos cuatro años, que era lo que le faltaba para alcanzar el derecho a pensionarse, esto es, del primero de abril de 1994, al 14 de diciembre de 1998, asciende a $ 893.764 mensuales, suma muy superior a la que concedió la demandada en dicha resolución y las otras alternativas» (fl. 6 ídem), y que fue negado enfáticamente por la entidad convocada al proceso al expresar «(….) SÉPTIMO: No es cierto, son formas de liquidar una pensión que no aplica al demandante, quien al momento de notificarse si estaba en desacuerdo debió de interponer los recursos dentro de los términos» (fl. 36 ejusdem).
En tales condiciones, los anteriores montos afirmados por la parte actora, quedaron sometidos a prueba en el transcurso del proceso.
Por lo dicho, como el tribunal no incurrió en la errada apreciación de la pieza procesal denunciada, ante la circunstancia de no haberse cumplido por parte del juez de primer grado lo antes detallado para declarar en el curso del proceso por probado el referido hecho séptimo (7º) de la demanda inicial, situación que la parte demandante no cuestionó a través de los mecanismos procesales pertinentes y en las oportunidades señaladas en la ley, ningún reparó le merece a la Sala el actuar de la alzada de no deducir el valor del IBL de la pensión y la consecuente cuantía de la primera mesada pensional de lo aseverado en el libelo demandatorio, específicamente del citado supuesto fáctico.
De tal modo, que el cargo no prospera.
Atacó la sentencia de segundo grado por la vía directa, en los conceptos de «interpretación errónea» y «aplicación indebida» de los artículos «31» (sic) de la Ley 712 de 2001, 177 y 197 del Código de Procedimiento Civil, en armonía con el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social, lo cual llevó a que se «dejó de aplicar» los artículos 36 de la Ley 100 de 1993, 48 y 53 de la Constitución Nacional.
En la sustentación del ataque la censura reprochó la inferencia del tribunal de que el demandante no cumplió con la carga probatoria que le correspondía, para efectos de sacar avante su pretensión, lo cual condujo a la absolución impartida.
Transcribió el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en materia laboral por remisión analógica del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social, y el artículo 18 de la Ley 712 de 2001, para así exponer que la carga de la prueba incumbe a quien alega los hechos del proceso, salvo que la ley lo releve, como es el caso de las afirmaciones y negaciones indefinidas, por tanto resulta necesario evaluar cada caso en particular.
Manifestó que en materia laboral y de la seguridad social, por su carácter tuitivo, la carga probatoria no opera de forma automática, sino que depende de la posición de cada una de las partes y de su situación de cara a la cercanía con los medios probatorios.
Expresó que en un asunto como el debatido, en el que se pretende un reajuste pensional, la entidad demandada se encuentra en una situación privilegiada sobre la parte demandante, como quiera que tiene en su poder los archivos de las historias laborales de los asegurados, es decir que ostenta un deber superior probatorio de rebatir los ataques de manera fundada y desplegar una mayor actividad demostrativa que la de su contraparte.
Arguyó que la carga probatoria de la parte actora se limitaba para el caso a afirmar y fundamentar su pretensión, lo cual se hizo. Que a su turno, la demandada debía rebatir el hecho de manera contundente, con los elementos de prueba que tiene en su haber, lo que constituye el «principio de la carga dinámica de la prueba», que al no observarse por el Tribunal, se traduce en la comisión de un yerro hermenéutico que impone la quiebra de la sentencia.
Remató la argumentación copiando en extenso las sentencias de la CSJ SL, 30 de junio de 2005, radicación 22656 y 5 de mayo de 2009, radicación 34404, que trata el tema de la carga dinámica de la prueba.
A su turno, el opositor dijo que este cargo no tiene vocación de prosperidad, por cuanto si el demandante estaba demandando una reliquidación de la pensión, por lo menos debió aportar el sustento de sus pretensiones y, ante la falta de diligencia no puede ahora invocar la carga dinámica de la prueba, pues no se trata de un asunto cuya demostración fuera gravosa o desproporcionada para el actor, quien también pudo aportar los documentos requeridos y que echó de menos el tribunal.
Lo primero que hay que señalar, es que el censor incurrió en una impropiedad al acusar simultáneamente por la vía directa, respecto de los mismos preceptos legales —arts. «31» (sic) de la L. 712/2001, 177 y 197 del CPC en armonía con el artículo 145 del CPT y SS—, dos conceptos de violación de naturaleza diferente, el de la interpretación errónea que consiste en darle una inteligencia equivocada a la norma distorsionando o desconociendo su genuino y cabal sentido, y el de la aplicación indebida que se presenta cuando entendida rectamente la disposición legal, se aplica a un caso o hecho no previsto en ella, o se le da un alcance que no le corresponde, cuya acusación debió formularse por separado.
Sin embargo, lo anterior podría superarse bajo el entendido que frente a dichos preceptos legales, la modalidad de violación que verdaderamente se está endilgado en el cargo corresponde a la interpretación errónea, por cuanto en la sustentación del ataque se alude principalmente a un yerro hermenéutico de la norma procedimental que gobierna la carga de la prueba, que conduce a la violación de las disposiciones sustantivas que igualmente integran la proposición jurídica y que para el impugnante impone la quiebra de la sentencia de segundo grado.
Pues bien, al abordar el fondo de la acusación, vista la motivación de la sentencia recurrida en el punto que atañe a la carga de la prueba, el tribunal en esencia estimó que el demandante no había cumplido con la carga probatoria que le correspondía en aras de sacar avante su pretensión, demostrando que el promedio alegado del tiempo que le hacía falta para adquirir el derecho le era más favorable que el tomado por el ISS para establecer el IBL de la pensión de vejez, pues no allegó la prueba de los salarios base o las cotizaciones de todo el período, presentándose en el plenario la ausencia de la historia laboral completa del pensionado, sin que se pueda tomar como prueba de ello la proyección o liquidación que realizó el demandante que corre a folios 21 a 33 del cuaderno del juzgado, por tratarse de «un documento que proviene del accionante más no de la entidad de seguridad social».
La censura, en síntesis sostiene, que en materia laboral y de la seguridad social, por su carácter tuitivo, la carga probatoria no opera automáticamente, sino que depende de la posición de cada de una de las partes y de su situación de cara a la cercanía con los medios probatorios, por lo que en el presente asunto a juzgar, al demandante le corresponde solo afirmar y fundamentar la pretensión, mientras que a la demandada le correspondía rebatir de manera contundente, quien por tener una situación privilegiada sobre la parte actora, al conservar en su poder los archivos de las historias laborales, debía desplegar una mayor actividad demostrativa, lo que constituye el «principio de la carga dinámica de la prueba», que al no observarse se traduce en la comisión de un yerro de interpretación.
Planteadas así las cosas, debe decirse que no es cierto lo manifestado por el recurrente en el sentido de que en este asunto la parte actora estaba relevada por completo de la carga de la prueba, habida cuenta que es sabido que quien pretende un derecho tiene la carga de alegar y probar los hechos que lo producen, pues «De antaño se ha considerado como principio universal en cuestión de la carga probatoria, que quien afirma una cosa es quien está obligado a probarla, obligando a quien pretende o demanda un derecho, que lo alegue y demuestre los hechos que lo gestan o aquellos en que se funda, desplazándose la carga de la prueba a la parte contraria cuando se opone o excepciona aduciendo en su defensa hechos que requieren igualmente de su comprobación, debiendo desvirtuar la prueba que el actor haya aportado como soporte de los supuestos fácticos propios de la tutela jurídica efectiva del derecho reclamado» (Sent. CSJ SL, abr. 22/2004, rad. 21779).
Conforme a lo anterior, si el demandante pretendía el reajuste o reliquidación de su pensión de vejez, porque estima que el ISS debió liquidar un IBL superior al que tomó para reconocer la prestación pensional, por resultarle más favorable, es lógico que en un principio dicha parte tiene la carga probatoria de acreditar los presupuestos o supuestos fácticos en que soporta la pretensión y, por ende, no le basta con indicar el monto de la primera mesada otorgada por la entidad de seguridad social y hacer una proyección matemática para llegar a una cifra más elevada, dado que en el proceso debe quedar debidamente acreditado y soportado ese IBL superior, para arribar a la certeza que efectivamente el cálculo de los salarios base de cotización o cotizaciones realizadas dentro del período reclamado arroja una suma mayor, que al aplicarle la respectiva tasa de reemplazo se traduzca en una primera mesada pensional más favorable a la otorgada, carga probatoria que de no cumplirse trae como consecuencia que las súplicas incoadas no sean acogidas o no puedan tener éxito, como en este caso aconteció.
Ahora bien, por regla general el onus probandi, en la forma referida, permanece inmodificable, pero hay eventos donde cobra vigencia el carácter dinámico de la carga de la prueba, para efectos de distribuirla de manera equitativa y lograr un equilibrio de las partes en la obligación de probar, ello dentro del marco de lealtad y colaboración.
El denominado principio de la carga dinámica —y no estática— de la prueba, también tiene aplicación en asuntos de índole laboral o de la seguridad social y, dadas las circunstancias de hecho de cada caso en particular, en que se presente dificultad probatoria, es posible que se invierta dicha carga, a fin de exigir a cualquiera de las partes la prueba de los supuestos configurantes del thema decidendum. Sin embargo, la parte que en comienzo tiene la obligación de probar, debe suministrar evidencias o fundamentos razonables sobre la existencia del derecho laboral que reclama, para que la contraparte, que posee mejores condiciones de producir la prueba o la tiene a su alcance, entre a probar, rebatir o desvirtuar de manera contundente el hecho afirmado.
De ahí que, no basta con las solas afirmaciones de la parte demandante para que se aplique el principio de la carga dinámica de la prueba, menos en un asunto como el que ocupa la atención de la Sala, en el que ni siquiera coincide, el valor de la primigenia mesada pensional obtenida según el accionante con el promedio mensual de lo devengado o cotizado del período reclamado y que aparece indicada en la demanda inicial, hecho séptimo ($ 893.764, fl. 6, cdno. ppal.), con el quantum alegado como primera mesada en el recurso de apelación interpuesto por el actor contra la sentencia absolutoria de primer grado ($ 863.972, fl. 56 ibíd.).
Además, como lo puso de presente el tribunal en la decisión impugnada, el demandante no ejerció la más mínima actividad probatoria para obtener la historia laboral de aportes o reporte de cotizaciones completa del afiliado, en especial del lapso que en su decir arroja la suma superior a la reconocida por el ISS hoy Colpensiones y que mejoría el ingreso base de cotización, pues no desarrolló ninguna actuación ni elevó en el transcurso de las instancias solicitud de prueba con esos específicos fines y, por el contrario, guardó silencio cuando el juez de conocimiento cerró el debate probatorio para citar para audiencia de juzgamiento (fl. 43 ídem), lo que refuerza la ineficiencia probatoria de quien demandó.
En consecuencia, en el sub lite no es posible acudir al principio de la carga dinámica de la prueba invocada por el recurrente, por no darse los presupuestos explicados, lo cual trae consigo la no demostración del yerro jurídico en los términos planteados por el recurrente, ello alrededor de la hermenéutica jurídica de normas procedimentales o adjetivas que regulan la carga probatoria, sin que se presente entonces la violación de medio formulada en el cargo, que conduzca a la transgresión de las normas sustanciales que integran la proposición jurídica.
Finalmente y al margen de lo anterior, debe agregarse que respecto «del historial de cotización en pensión» o «historial de aportes», obrante a folios 12 a 19 del cuaderno del juzgado y que el tribunal descartó por no cubrir la totalidad de las cotizaciones o aportes efectuadas por el demandante, se tiene que la censura no acreditó por la vía adecuada, que esa prueba documental era suficiente para extraer la información que demostrara un mayor IBL y una mesada inicial superior a la otorgada por el ISS, que es el eje central y soporte de las pretensiones incoadas. Del mismo modo, el recurrente dejó libre de ataque la inferencia del ad quem de que «la proyección aportada por el demandante visible a folios 21 a 33 ibídem, no puede tomarse como prueba de las cotizaciones, por cuanto es un documento que proviene del accionante más no de la entidad de seguridad social, cosa diferente sería, que existiese el sostén de éstos, representados, se itera, en las autoliquidaciones del accionado». Lo dicho también contribuye a que la decisión de segunda instancia se mantenga incólume.
Por todo lo expresado, el segundo cargo tampoco puede tener prosperidad.
Las costas en el recurso extraordinario serán a cargo del recurrente demandante, por cuanto la acusación no tuvo éxito y hubo réplica Se fijan como agencias en derecho la suma de $ 3.250.000, que se incluirán en la liquidación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Primera de decisión Civil - Familia - Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, el 3 de diciembre de 2009, en el proceso que instauró GUILLERMO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES hoy ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES.