Source: https://boe.vlex.es/vid/procedente-decomisados-delitos-15368667
Timestamp: 2019-09-20 10:43:05
Document Index: 311525431

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REAL DECRETO 864/1997, de 6 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento del Fondo procedente de los Bienes decomisados por trafico de Drogas y Otros delitos relacionados. - BOE. Boletín Oficial del Estado - Legislación - VLEX 15368667
REAL DECRETO 864/1997, de 6 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento del Fondo procedente de los Bienes decomisados por trafico de Drogas y Otros delitos relacionados.
Fecha de Entrada en Vigor: 30 de Junio de 1997
Marginal: BOE-A-1997-12508
CAPÍTULO II. Mesa de Coordinación de Adjudicaciones - arts. 2 a 4
Sección 1ª. Disposiciones comunes - arts. 5 y 6
Sección 2ª. Ingreso en el Fondo por los órganos judiciales de las ganancias decomisadas - art. 7
Sección 3ª. Enajenación y distribución por la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones de los bienes y caudales del Fondo - arts. 8 a 18
Sección 4ª. Destino de bienes decomisados integrantes del Patrimonio Histórico Artístico - arts. 19 y 20
CAPÍTULO IV. Integración en el Fondo del producto de sanciones impuestas por infracciones de la Ley 3/1996, de 10 de enero, sobre medidas de control de sustancias químicas catalogadas susceptibles de desvío para la fabricación ilícita de drogas - arts. 21 y 22
CAPÍTULO V. Integración presupuestaria y control de la actividad del Fondo - arts. 23 y 24
CAPÍTULO VI. Gastos de funcionamiento de la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones - arts. 25 y 26
Norma citada en: 127 sentencias, 10 artículos doctrinales, una disposición normativa, una resolución administrativa
Se aprueba, por el presente Real Decreto, el Reglamento, que se inserta a continuación, de la Ley 36/1995, de 11 de diciembre, sobre creación de un Fondo procedente de los bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados, en ejecución de las habilitaciones contenidas en las disposiciones finales primera y segunda de la misma.
Igualmente, en ejecución de la habilitación contenida en la disposición adicional única de la Ley 3/1996, de 10 de enero, sobre medidas de control de sustancias químicas susceptibles de desvío para la fabricación ilícita de drogas, por el presente Real Decreto se establecen las disposiciones reglamentarias a las que se someterá la integración de los recursos provenientes de la aplicación de sanciones previstas en dicha Ley en el Fondo regulado por la Ley 36/1995, de 11 de diciembre, a que se alude en el apartado anterior.
Disposición adicional primera Afectación de bienes decomisados.
En todo lo no previsto en la Ley 36/1995, de 11 de diciembre, ni en el Reglamento que se aprueba por el presente Real Decreto, será de aplicación al régimen jurídico de los bienes, efectos y ganancias en materia de enajenación y cesión de los mismos el texto ar ticulado de la Ley del Patrimonio del Estado, aprobado por Decreto 1022/1964, de 15 de abril, y su normativa reglamentaria de desarrollo.
En lo no previsto en la Ley 36/1995, de 11 de diciembre, ni en el Reglamento que se aprueba por el presente Real Decreto en los aspectos de la gestión y control presupuestarios del Fondo creado por aquélla, serán de aplicación el texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, y su normativa reglamentaria de desarrollo.
Disposición transitoria única Reglamentación aplicable a los bienes adjudicados al Estado cuyo destino no hubiese sido determinado.
Los bienes, efectos y ganancias, así como sus rentas o intereses, adjudicados al Estado en virtud de sentencia firme dictada en aplicación de lo dispuesto en los artículos 344 bis, e), y 546 bis, f), del Código Penal vigente en la fecha de entrada en vigor de la Ley 36/1995, de 11 de diciembre, que hubiera sido notificada a la Hacienda Pública con anterioridad a la citada fecha de entrada en vigor de esta Ley, y cuya forma de explotación no hubiese sido determinada con anterioridad a la entrada en vigor del Reglamento que se aprueba por el presente Real Decreto, quedarán sometidos a las disposiciones establecidas en el mismo.
Igualmente, quedarán sometidos a las disposiciones del citado Reglamento los bienes, efectos y ganancias, así como sus rentas o intereses, adjudicados al Estado en virtud de sentencia firme dictada por enjuiciamiento de los delitos referidos en el apartado anterior que haya sido notificada a la Hacienda Pública o a la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones creada por el artículo 6 de la Ley 36/1995, de 11 de diciembre, con posterioridad a la entrada en vigor de ésta, y cuyo destino no hubiese sido determinado con anterioridad a la fecha en que se produzca la entrada en vigor de dicho Reglamento.
El presente Reglamento tiene por objeto regular, de acuerdo con la Ley 36/1995, de 11 de diciembre, la composición y régimen de funcionamiento de la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones creada por el artícu lo 6 de dicha Ley, así como el procedimiento para la determinación por la misma del destino y los beneficiarios de los bienes, efectos, instrumentos, cualquiera que sea su naturaleza, y ganancias, así como de sus rentas e intereses, integrados en el Fondo creado por dicha norma, que hayan sido objeto de comiso en aplicación de los artículos 127 y 374 del Código Penal, y que por sentencia judicial firme se hayan adjudicado definitivamente al Estado.
Igualmente, el presente Reglamento tiene por objeto regular el procedimiento de integración del producto obtenido por aplicación de las sanciones y del comiso previstos en la Ley 3/1996, de 10 de enero, en el Fondo a que se alude en el apartado anterior, y determinar su destino de acuerdo con los fines establecidos en el artículo 2 de la Ley 36/1995, de 11 de diciembre.
CAPÍTULO II Mesa de Coordinación de Adjudicaciones Artículos 2 a 4
La Mesa de Coordinación de Adjudicaciones creada por el artículo 6 de la Ley 36/1995, de 11 de diciembre, que se adscribe al Ministerio del Interior, a través de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, estará presidida por el Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y la integrarán, además, los siguientes vocales:
En representación del Ministerio de Economía y Hacienda:
En representación del Ministerio del Interior:
En representación del Ministerio de Justicia:
El Abogado del Estado-Jefe del Servicio Jurídico del Estado en el Ministerio del Interior, que actuará con voz, pero sin voto.
Actuará como Secretario de la Mesa, con voz, pero sin voto, un funcionario del grupo A de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, a designar por el Delegado del Gobierno.
Sin perjuicio de las competencias que tiene atribuidas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al Secretario de la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones le corresponde:
Proponer al Presidente de la Mesa el nombramiento de peritos a los efectos establecidos en los ar tículos 6.1 y 12.2.
Preparar, bajo la supervisión del Presidente de la Mesa, para el estudio por ésta, la documentación relativa a los criterios de distribución anual de los bienes y caudales líquidos decomisados entre los beneficiarios legalmente previstos, que hayan de ser sometidos a la aprobación del Consejo de Ministros, a propuesta de los Ministros de Economía y Hacienda, del Interior y de Justicia.
Proponer a la Mesa, para su aprobación, conforme a los criterios aprobados por el Consejo de Ministros, la distribución y asignación anual de los bienes y caudales del Fondo.
Elaborar los proyectos de convenios de asignación de bienes muebles e inmuebles decomisados, para su aprobación por la Mesa.
Recibir, para su traslado a la Mesa, la información y valor de tasación a los que se alude en el artícu lo 9.
Preparar la documentación necesaria, en coordinación con el servicio competente de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, relativa a las transferencias presupuestarias derivadas de la asignación de caudales del Fondo.
Proponer a la Mesa, para su aprobación, las convocatorias y su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de las ofertas de bienes del Fondo a las que se alude en los artículos 14.2 y 15.3, así como el Proyecto de Orden ministerial a que se alude en el artículo 13.4.
Elaborar, bajo la supervisión del Presidente de la Mesa, para su aprobación por la misma, el informe que aquél deberá remitir a las Cortes Generales, de acuerdo con el artículo 24.1.
Elaborar y actualizar, bajo la supervisión del Presidente de la Mesa, el Inventario de Bienes Decomisados por Tráfico Ilícito de Drogas y otros delitos relacionados.
La Mesa de Coordinación de Adjudicaciones, que tendrá plena capacidad jurídica, ejercerá las funciones que le atribuye el artículo 6 de la Ley 36/1995, de 11 de diciembre, de acuerdo con las normas de procedimiento establecidas en las secciones 1.ª, 3.ª y 4.ª del capítulo III del presente Reglamento.
La citada Mesa ejercerá también las funciones establecidas en el artículo 6 de la Ley citada en el apartado anterior, con relación al destino del producto de las sanciones y decomiso aplicados por infracciones de la Ley 3/1996, de 10 de enero, de acuerdo con las normas establecidas en el capítulo IV del presente Reglamento.
En el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas por el artículo 6.3 y 6.4 la Ley 36/1995, de 11 de diciembre, la Mesa tendrá en cuenta exclusivamente los fines a que alude el artículo 2 de aquella Ley, los criterios aprobados por el Consejo de Ministros para efectuar la distribución de bienes, así como lo establecido en los apartados siguientes del presente artículo.
Una vez deducidos los gastos de conservación y administración que se produzcan y los derechos de importación que, en su caso se devengen, la Mesa deberá destinar al menos un 50 por 100 del producto de los bienes decomisados, que no hubiesen sido previamente adscritos a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado o al Servicio de Vigilancia Aduanera, a la realización de programas de prevención de toxicomanías, a la asistencia a drogodependientes y a la inserción social y laboral de éstos. A tal efecto, se deberán tomar en consideración los criterios aprobados anualmente al respecto, a iniciativa de la Mesa, y a propuesta de los Ministros de Economía y Hacienda, del Interior y de Justicia, por el Consejo de Ministros, de acuerdo con las prioridades del Plan Nacional sobre Drogas en las citadas áreas.
El producto de los bienes y ganancias decomisados restante, una vez efectuadas las adjudicaciones a que se refiere el apartado anterior, será distribuido por la Mesa entre los beneficiarios legalmente establecidos de acuerdo con los criterios que apruebe el Consejo de Ministros. Para la distribución de estos bienes y ganancias se ponderarán debidamente las adjudicaciones de bienes ya efectuadas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 de este Reglamento.
Artículo 4 Reuniones y acuerdos.
La Mesa de Coordinación de Adjudicaciones se reunirá, previa convocatoria del Presidente o de quien le sustituya, siempre que el mismo lo considere oportuno, o cuando lo soliciten, de forma motivada, al menos dos vocales de la misma.
Para la válida constitución de la Mesa a efectos de celebración de sesiones, deliberaciones y adopción de acuerdos, se requerirá la concurrencia del Presidente y del Secretario, o de quienes les sustituyan, y la de, al menos, cuatro vocales.
De cada reunión se levantará acta por el Secretario, que, una vez aprobada, será remitida a todos los miembros de la Mesa, hayan asistido o no a aquélla.
Los acuerdos de la Mesa serán adoptados por mayoría de los votos de los miembros de la misma presentes. Los empates en las votaciones se dirimirán por el voto de calidad del Presidente.
En todo lo no previsto en este artículo, serán de aplicación las normas que sobre régimen jurídico y funcionamiento de los órganos colegiados se regulan en los artículos 22 a 27 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
CAPÍTULO III Procedimiento para la enajenación de los bienes decomisados y para la adjudicación y distribución del producto existente en el fondo Artículos 5 a 20
Sección 1ª Disposiciones comunes Artículos 5 y 6
Artículo 5 Notificación de sentencias y recepción de bienes.
Declarada la firmeza de una sentencia por el órgano judicial que la hubiese dictado, en la cual se decrete el comiso y adjudicación definitiva al Estado, por aplicación de los artículos 127 y 374 del Código Penal, de los bienes y efectos de cualquier clase que hubiesen servido de instrumento para la comisión de cualquiera de los delitos regulados en los artículos 301.1, segundo párrafo, y 368 a 372 del citado Código, o provinieren de los mismos, así como las ganancias de ellos obtenidas, será notificada por dicho órgano judicial, en el plazo de los tres días hábiles siguientes, al Presidente de la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones. De forma inmediata a su recepción, el Presidente trasladará a la Delegación del Ministerio de Economía y Hacienda correspondiente del lugar donde se encuentren depositados o donde radiquen los bienes copia de la sentencia citada.
Junto a la ejecutoria testimoniada, el Secretario del órgano jurisdiccional remitirá también testimonio de la resolución en la que el órgano judicial hubiese acordado la utilización provisional de los bienes por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con competencias en materia de narcotráfico, o por el Servicio de Vigilancia Aduanera, y, en su caso, las unidades específicas de una y de otro beneficiarias de dicha utilización provisional.
Los bienes decomisados que no consistiesen en dinero u otros instrumentos de pago al portador serán recepcionados por la Mesa en el plazo más breve de tiempo, con la colaboración de la Delegación del Ministerio de Economía y Hacienda correspondiente al lugar donde los mismos se encuentren o estén depositados, suscribiéndose la correspondiente acta, por duplicado, que firmarán el Secretario del órgano jurisdiccional y el representante de la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones designado, al efecto, por la misma. La identidad del representante de la Mesa será notificada con antelación al citado órgano jurisdiccional por el Presidente de la misma.
Artículo 6 Valoración de la aptitud de los bienes por la Mesa.
Recibida por el Presidente de la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones la documentación referida en el artículo anterior y recibidos los bienes, dispondrá de inmediato el nombramiento de uno o más peritos, los cuales elaborarán un informe, en el plazo máximo de quince días desde su designación, acerca de la aptitud de los bienes decomisados, que no consistan en dinero u otros instrumentos de pago al portador, para el cumplimiento de los fines establecidos en el artículo 2 de la Ley 36/1995, de 11 de diciembre.
Recibido el informe pericial, el Presidente de la Mesa convocará a los miembros de ésta a una reunión en el plazo de tiempo más breve posible, a fin de adoptar un acuerdo sobre la aptitud de los referidos bienes para el cumplimiento de los fines reseñados en el apartado anterior, y sobre su enajenación o asignación.
Aquellos bienes no consistentes en dinero u otros instrumentos de pago al portador que la Mesa no considerase idóneos para el cumplimiento de los fines descritos en el artículo 2 de la Ley 36/1995, de 11 de diciembre, serán enajenados, previa tasación e inventario de los mismos en la forma establecida en los artículos 8 y 9, por el procedimiento que resulte aplicable de los establecidos en el artículo 17.2 y 17.4 de este Reglamento, o bien serán abandonados o inutilizados, a excepción de los bienes inmuebles, según el libre criterio de la Mesa.
Los bienes decomisados integrantes del Patrimonio Histórico-Artístico quedarán sometidos, no obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, a las disposiciones contenidas en la sección 4.ª del presente capítulo.
Sección 2ª Ingreso en el Fondo por los órganos judiciales de las ganancias decomisadas Artículo 7
Artículo 7 Ingreso de cantidades líquidas de dinero y otros instrumentos de pago.
Sección 3ª Enajenación y distribución por la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones de los bienes y caudales del Fondo Artículos 8 a 18
Artículo 8 Identificación e inventario de bienes.
Aquellos bienes decomisados, no consistentes en dinero u otros instrumentos de pago al portador, que hubiesen sido considerados por la Mesa aptos para el cumplimiento de los fines establecidos en el artículo 2 de la Ley 36/1995, de 11 de diciembre, serán identificados y tasados pericialmente, a instancias de dicha Mesa, con carácter previo a su enajenación o asignación.
Una vez identificados y tasados, se formalizará el ingreso de los bienes en el patrimonio del Estado, mediante la incorporación al Inventario de Bienes Decomisados por Tráfico Ilícito de Drogas y otros delitos relacionados, que estará a cargo de la Mesa. Si los bienes decomisados fueran mercancías no comunitarias, se hará constar expresamente su consideración de mercancías incluidas en el régimen de depósito aduanero.
Artículo 9 Notificación a la Mesa de la tasación y de los gastos producidos.
Artículo 10 Inscripción de bienes en Registros pú blicos.
La Delegación del Ministerio de Economía y Hacienda inscribirá en los correspondientes Registros, a nombre del Estado, los bienes y derechos decomisados que sean susceptibles de inscripción. Para su ejecución, la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones habilitará los fondos necesarios.
Las asignaciones de bienes inmuebles efectuadas por la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones, de acuerdo con la Ley 36/1995, de 11 de diciembre, y con el presente Reglamento, a favor de beneficiarios no integrados en la Administración General del Estado o sus organismos públicos, se harán constar en el Registro de la Propiedad por medio de inscripción a favor del correspondiente beneficiario.
Artículo 11 Conservación de bienes.
Artículo 12 Disposiciones generales sobre distribución y adjudicación de caudales y bienes entre los beneficiarios.
Una vez efectuadas las operaciones descritas en artículos precedentes, la Mesa realizará asignación de los caudales y demás bienes, en su caso existentes en el Fondo con arreglo a lo dispuesto en los artículos 13, 14, 15 y 16 de este Reglamento.
La Mesa podrá contar, en el ejercicio de tales funciones, con el asesoramiento técnico necesario, designando al efecto los peritos que estime oportunos, ya pertenezcan a la Administración del Estado o no.
Las resoluciones de la Mesa pondrán fin a la vía administrativa, siendo recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con su normativa reguladora.
Podrán ser beneficiarios o destinatarios de los caudales y demás bienes existentes en el Fondo los organismos e instituciones a que se alude en el artículo 3 de la Ley 36/1995, de 11 de diciembre, quedando sometidos a las obligaciones referidas en el acuerdo de asignación y, en su caso, en el convenio de cesión de los bienes, así como a las demás que se establecen en el artículo 18 de este Reglamento.
Distribuidos los caudales líquidos y hecha, en su caso, la asignación de los demás bienes por la Mesa, se efectuarán con cargo a los créditos presupuestarios correspondientes de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas las pertinentes transferencias, en el primer caso, y se formalizará la cesión del uso de los bienes, en el segundo caso, a través del oportuno convenio, si no se trata de órganos de la Administración General del Estado, en el cual se fijarán las condiciones a las que se someterá dicha cesión, señalándose, en su caso, la inclusión de tales bienes en el régimen de depósito aduanero.
El Presidente de la Mesa remitirá, a continuación, a la Delegación del Ministerio de Economía y Hacienda correspondiente al lugar en el que se encuentren los bienes muebles o inmuebles, copia del acuerdo de asignación de los mismos, y, en su caso, del convenio, que regule las condiciones de su cesión. La Delegación ministerial indicada procederá a hacer efectiva la misma, levantándose acta a tal efecto o formalizando en documento público, en su caso, previa delegación de facultades que corresponda.
Cuando los beneficiarios de la asignación de bienes sean órganos integrados en la Administración General del Estado o en la Fiscalía General del Estado, el Presidente de la Mesa remitirá, además, copia del acuerdo de asignación de los bienes a la Dirección General del Patrimonio del Estado, del Ministerio de Economía y Hacienda, a efectos de que por la misma se proceda a la afectación de dichos bienes al Departamento ministerial en el que esté o estén integrados los órganos beneficiarios.
Artículo 13 Distribución de caudales líquidos.
Las sumas de dinero que hubiesen sido decomisadas por sentencia judicial firme y que hubieran sido ingresadas en el Fondo, así como también aquellas otras incorporadas al mismo con posterioridad como consecuencia de la enajenación de otros bienes, y los intereses correspondientes, serán distribuidas, anualmente, por la Mesa entre los distintos beneficiarios, teniendo en cuenta los criterios establecidos, a iniciativa de la misma, y a propuesta de los Ministros de Economía y Hacienda, del Interior y de Justicia, por el Consejo de Ministros.
A tales efectos, la Dirección General de la Policía, la Dirección General de la Guardia Civil, la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráfico Ilícito de Drogas presentarán a la Mesa, en el primer trimestre de cada año, los planes de actuación en materia de lucha contra el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales, con omisión de aquellos aspectos que estimen reservados, que pretendan llevar a cabo, en los que se especificarán, clara y detalladamente, las necesidades materiales que los mismos conlleven o, en su defecto, una memoria detallada de las necesidades materiales que se deriven del ejercicio ordinario de sus funciones en aquel tipo de actividades, incluyendo, en su caso, las previsiones sobre recursos que puedan necesitar para la satisfacción de los gastos a que se alude en los párrafos a) y c) del artículo 2 de la Ley 36/1995, de 11 de diciembre.
Las cantidades que se asignen por la Mesa a las Comunidades Autónomas serán distribuidas entre las mismas teniendo en cuenta los criterios aprobados por el Consejo de Ministros, a iniciativa de aquélla, y de acuerdo con las previsiones que al respecto establezca la Conferencia Sectorial del Plan Nacional sobre Drogas. Estas previsiones podrán contemplar, igualmente, que un porcentaje de las asignaciones que se efectúen a las Comunidades Autónomas deban ser distribuidas por las mismas entre los entes locales y organizaciones no gubernamentales y entidades privadas sin ánimo de lucro de su territorio.
La Mesa podrá acordar, teniendo en cuenta los criterios aprobados por el Consejo de Ministros, a iniciativa de la misma, que un porcentaje de los caudales líquidos del Fondo sean asignados a los entes locales, teniendo en cuenta las previsiones del Plan Autonómico sobre Drogas correspondiente. Los requisitos a que se someterá dicha asignación serán establecidos, a propuesta de la Mesa, por Orden del Ministro del Interior, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».
Las cantidades que la Mesa acuerde distribuir entre las entidades privadas sin ánimo de lucro de ámbito estatal, cuya labor se desarrolle total o parcialmente en el campo de las drogodependencias, incrementarán la partida presupuestaria de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas correspondiente a las transferencias corrientes a organizaciones sin ánimo de lucro de ámbito estatal que desarrollen programas de este ámbito dentro de las prioridades del Plan Nacional sobre Drogas. La distribución efectiva entre dichas entidades se someterá a los requisitos establecidos, a propuesta de la Mesa, por Orden del Ministro del Interior, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».
La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, así como otros organismos o entidades públicas de la Administración General del Estado podrán ser beneficiarios de los caudales distribuidos por la Mesa, siempre que lo soliciten de la misma, para el desarrollo de programas concretos relacionados con los fines previstos en el artículo 2.1 y 2.2 de la Ley 36/1995, de 11 de diciembre, y de acuerdo con los objetivos prioritarios marcados por los órganos del Plan Nacional sobre Drogas. A tal efecto, presentarán a la Mesa, durante el primer trimestre del año, memoria detallada del programa o programas que pretendan llevar a cabo, adjuntando presupuesto del mismo y precisando la cantidad solicitada para la realización de aquéllos.
Los organismos internacionales podrán recibir asignaciones de la Mesa para el desarrollo de programas de cooperación internacional relacionados con los fines previstos en el artículo 2.1 y 2.2 de la Ley 36/1995, de 11 de diciembre. A tal efecto dirigirán a la Mesa la correspondiente solicitud en el primer trimestre del año, acompañando una memoria detallada del programa o actividad que pretendan llevar a cabo, especificando el presupuesto de los mismos y las cantidades solicitadas. La Mesa requerirá, en estos casos, informes previos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas sobre tales programas y actividades, resolviendo las indicadas peticiones de acuerdo con los informes recibidos, si ambos contuviesen un mismo pronunciamiento favorable o desfavorable; en caso de discrepancia, la Mesa resolverá discrecionalmente.
Artículo 14 Adjudicación de otros bienes muebles.
No obstante lo establecido en el artículo 6.3, último párrafo, de este Reglamento la Mesa podrá asignar, con carácter excepcional, conforme a los criterios aprobados por el Consejo de Ministros, a los beneficiarios que los soliciten, los bienes muebles no consistentes en dinero u otros instrumentos de pago al portador, que por sentencia judicial firme hubiesen sido decomisados y declarados aptos por dicha Mesa para el cumplimiento de los fines previstos en el artículo 2.1 y 2.2 de la Ley 36/1995, de 11 de diciembre.
A los efectos establecidos en el apartado anterior, los bienes muebles que la Mesa considere aptos para el cumplimiento de los citados fines, y susceptibles de ser asignados a los beneficiarios legalmente establecidos, serán ofertados por la misma, para su cesión en uso, mediante anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», que se insertará de forma gratuita. En el citado anuncio deberá figurar el plazo para efectuar la correspondiente solicitud, el cual no podrá ser inferior a quince días ni superior a treinta.
En las solicitudes de asignación que formulen a la Mesa los organismos e instituciones, unos y otras deberán hacer constar el destino o finalidad a los que se aplicarán los bienes, procediéndose, en caso de omisión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. No serán tomadas en consideración aquellas solicitudes en las que se especifique un destino o finalidad que no sea concordante con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 36/1995, de 11 de diciembre. A las solicitudes que formulen las entidades privadas sin ánimo de lucro se deberá acompañar certificación acreditativa de la autorización de funcionamiento de dichas entidades y, en su caso, acreditación, expedida por el órgano competente de la Comunidad o Comunidades Autónomas donde estén situados sus centros.
La Mesa resolverá sobre las solicitudes presentadas en el plazo máximo de seis meses, contados a partir de la fecha de publicación de la correspondiente convocatoria, entendiéndose desestimadas aquellas que no hubiesen sido expresamente resueltas en dicho plazo.
Los bienes muebles asignados no podrán ser enajenados, arrendados, cedidos ni gravados por los beneficiarios, salvo autorización expresa de la Mesa y en las condiciones que establezca ésta, ingresándose, en tal supuesto, el producto de las operaciones de enajenación o arrendamiento en el Fondo, siendo nulo cualquier pacto o acuerdo al respecto sin aquella autorización. Las operaciones realizadas con bienes incluidos en el régimen de depósito aduanero estarán sujetas, además, a lo previsto en relación con las mercancías incluidas en dicho régimen aduanero en los Reglamentos (CEE) núme ros 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Código Aduanero Comunitario, y 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento anterior.
Artículo 15 Asignación de bienes inmuebles.
No obstante lo establecido en el artículo 6.3, último párrafo, de este Reglamento, en casos determinados, y de forma motivada, la Mesa podrá acordar que los bienes inmuebles no enajenados sean destinados a la instalación, ampliación o reubicación de dispositivos dedicados a la prevención, asistencia e inserción social y laboral de drogodependientes, así como a la mejora de la ejecución de los servicios de represión, investigación y persecución de los delitos previstos en los artículos 301.1, segundo párrafo, y 368 a 372 del Código Penal, conforme a los criterios aprobados por el Consejo de Ministros, a iniciativa de dicha Mesa.
Para el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior, la Mesa anunciará, mediante inserción gratuita en el «Boletín Oficial del Estado», conjunta o separadamente con el anuncio al que alude el artículo 14.2 de este Reglamento, convocatoria para la asignación de los bienes reseñados, en la que se contendrá, además de otros requisitos, una sucinta descripción de los bienes que pretendan asignarse comprensiva de su naturaleza, situación y superficie. El plazo de solicitud de estos bienes no podrá ser inferior a veinte días ni superior a cuarenta, contados a partir del siguiente a la fecha de publicación de la convocatoria.
En las solicitudes de asignación que formulen a la Mesa los organismos o entidades, éstos deberán hacer constar el destino o finalidad a los que serán destinados los inmuebles, procediéndose, en caso de omisión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.1 de la Ley 39/1992, de 26 de noviembre. No serán tomadas en consideración las solicitudes en las que se especifique un destino o finalidad que no sea concordante con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 36/1995, de 11 de diciembre.
En los casos a que se refiere el apartado 2, aunque la titularidad de los inmuebles corresponda al Estado, su uso podrá ser cedido por la Mesa a cualquiera de los destinatarios a que alude el artículo 3.1 de la Ley 36/1995, de 11 de diciembre, siempre que lo soliciten, y en los términos y condiciones que se prevean en el acuerdo de cesión y, en su caso, en el convenio suscrito al efecto. Los beneficiarios deberán acreditar ante la Mesa estar en posesión de las correspondientes autorizaciones para realizar en el inmueble las actividades previstas, quedando condicionada la efectiva cesión al cumplimiento de este requisito. El período de cesión de bienes inmuebles a organismos o entidades beneficiarios no integrados en la Administración General del Estado ni dependientes de la misma tendrá una duración máxima de cincuenta años, revirtiendo a su finalización al Fondo, o, en su defecto, al Patrimonio del Estado.
Las Comunidades Autónomas podrán proponer a la Mesa ceder el uso de inmuebles a entes locales radicados en su territorio o a entidades privadas sin ánimo de lucro que desarrollen sus actividades en su ámbito territorial. A tal fin, la Mesa, una vez estimada la solicitud, presentada ante la misma, propondrá al Ministro del Interior la suscripción del convenio que regulará la cesión con el correspondiente ente local, o suscribirá el mismo, a través de su Presidente, si se trata de entidades privadas sin ánimo de lucro, previo informe favorable en cualquier caso, de la Comunidad Autónoma donde esté situado el inmueble, informe que deberá ser emitido en un plazo no superior a diez días hábiles, entendiéndose favorable el mismo si no se emite en el citado plazo.
Los bienes inmuebles asignados no podrán ser enajenados, arrendados, cedidos ni gravados por los beneficiarios, siendo nulo cualquier pacto o acuerdo al respecto, estándose, a tal efecto, a lo establecido en el artículo 26 de la Ley Hipotecaria y en el artículo 10.2 de este Reglamento.
La Mesa, con la colaboración de las Delegaciones Provinciales del Ministerio de Economía y Hacienda, adoptará las medidas que estime oportunas para vigilar la aplicación efectiva de los bienes inmuebles cedidos a los fines expresados en el acuerdo de cesión y, en su caso, en el convenio, en los términos y condiciones expresados en los mismos.
Artículo 16 Adscripción definitiva de bienes cedidos provisionalmente.
La Dirección General de la Policía, la Dirección General de la Guardia Civil y la Agencia Estatal de Administración Tributaria que, de conformidad con lo establecido en el artículo 374.2 del Código Penal, viniesen utilizando provisionalmente, en virtud de resolución judicial, bienes muebles o inmuebles, posteriormente decomisados por sentencia firme, solicitarán a la Mesa su adscripción definitiva en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente a la fecha en que se les hubiese dado traslado por el Presidente de la Mesa de copia de la sentencia firme dictada.
La falta de la citada solicitud en el plazo reseñado facultará a la Mesa para poder asignar a otros beneficiarios los referidos bienes, o bien enajenar con la colaboración de las Delegaciones del Ministerio de Economía y Hacienda, o proponer al Consejo de Ministros su enajenación en los términos establecidos en el artículo 17.2 y 17.4 de este Reglamento. Formulada solicitud expresa en plazo, la Mesa asignará los bienes con carácter definitivo a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado o al Servicio de Vigilancia Aduanera, que los viniesen usando y poseyendo, en los términos que se establezcan en el acuerdo de cesión.
Artículo 17 Destino de los bienes y recursos no adjudicados.
Aquellas cantidades de dinero existentes en el Fondo,
Los bienes que, de conformidad con lo establecido en este Reglamento, no hubiesen sido asignados en una o más convocatorias sucesivas a beneficiario alguno, de los legalmente establecidos en el artículo 3.1 de la Ley 36/1995, de 11 de diciembre, se enajenarán, mediante subasta pública, por la Mesa, con la colaboración de la Delegación del Ministerio de Economía y Hacienda correspondiente, si su valor unitario de tasación no supera los tres mil millones de pesetas, y por el Consejo de Ministros, a propuesta de la Mesa, si el citado valor excediese de tal cantidad. El procedimiento de enajenación mediante subasta pública se ajustará a lo establecido en el apartado siguiente, y podrá desarrollarse en dos convocatorias. No se admitirán en las mismas aquellas ofertas de licitadores que no igualen, al menos, el precio o valor de licitación establecido en cada una de las referidas convocatorias, pudiendo exigirse a dichos licitadores las garantías previas que se estimen precisas.
Las convocatorias de subastas se anunciarán en el «Boletín Oficial del Estado», con al menos quince días de antelación a la fecha de finalización del plazo de presentación de propuestas, si su objeto está constituido exclusivamente por bienes muebles, y con, al menos, veinte días de antelación a la fecha de finalización del plazo de presentación de propuestas, si su objeto incluye bienes inmuebles. Las propuestas deberán formularse por escrito, designando con claridad el bien o bienes cuya adjudicación se solicita, y la oferta económica que se realiza por cada uno de ellos, haciendo expresión, igualmente, de la fecha de la convocatoria en la que los bienes se hayan ofertado, así como la de la publicación de la misma en el «Boletín Oficial del Estado».
La Mesa, en colaboración con la Delegación del Ministerio de Economía y Hacienda correspondiente al lugar donde se encuentren, podrá utilizar el procedimiento de enajenación directa de los bienes, en lugar de la subasta pública a la que se refiere el apartado 2, en los supuestos siguientes:
Cuando el adquirente sea una Administración pública, organismo autónomo, ente público, o sociedad pública de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales.
Cuando el adquirente sea una entidad de carácter asistencial sin ánimo de lucro, o una iglesia o confesión religiosa legalmente constituida.
Tras la celebración de la segunda convocatoria de una subasta pública, cuando la misma se haya declarado desierta, y un adquirente solicite con posterioridad la adquisición del bien o bienes por el tipo o valor de licitación establecido en dicha convocatoria.
Cuando por las características inherentes a un bien concreto, y demás circunstancias sobre su situación, discrecionalmente apreciadas por la Mesa, se pueda presumir por ésta que la subasta quedaría desierta.
Cuando por razones excepcionales, debidamente justificadas, resulte el procedimiento de enajenación directa más aconsejable, a juicio de la Mesa, para el cumplimiento de los fines establecidos en el artículo 2 de la Ley 36/1995, de 11 de diciembre, teniendo en cuenta el deterioro de los bienes o su obsolescencia, el escaso valor de los mismos y los elevados gastos de conservación y administración que conlleven, siempre que, tales circunstancias no determinasen su abandono, y no se trate de bienes inmuebles.
El producto de la enajenación se ingresará en el Tesoro Público integrándose en los estados de gastos del presupuesto de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas en la forma establecida en el artículo 23. Cuando dicho producto proceda de la enajenación de mercancías no comunitarias se notificará a la correspondiente unidad de contabilidad de la Administración de Aduanas e Impuestos Especiales o de la Sección de Aduanas e Impuestos Especiales de la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a los efectos de la constatación de los recursos propios comunitarios, debiéndose proceder al cálculo y a la contracción de los derechos de importación.
Artículo 18 Obligaciones de los beneficiarios y adjudicatarios.
Los beneficiarios de caudales provenientes del Fondo regulado por la Ley 36/1995, de 11 de diciembre, y por el presente Reglamento, estarán obligados a aplicar los mismos al fin para cuyo cumplimiento les fueron concedidos, así como también al cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el artículo 81.4 de la Ley General Presupuestaria.
Los beneficiarios y cesionarios de otros bienes muebles o de bienes inmuebles dedicarán los mismos al fin para cuyo cumplimiento les hubieran sido cedidos, sometiéndose a las obligaciones establecidas en el acuerdo de cesión, así como, en su caso, en el correspondiente convenio y, en particular, a la de facilitar cuanta información relativa a la situación, utilización y demás circunstancias de los bienes les sea requerida por los servicios del Patrimonio del Estado o por la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones.
El incumplimiento por los beneficiarios de caudales provenientes del Fondo de las obligaciones establecidas en este artículo conllevará el reintegro de aquéllos, en los términos previstos en el artículo 81.9 de la Ley General Presupuestaria, así como las sanciones previstas en el artículo 82.3 de la misma Ley.
Sección 4ª Destino de bienes decomisados integrantes del Patrimonio Histórico Artístico Artículos 19 y 20
Artículo 19 Notificación de sentencias.
Declarada la firmeza de una sentencia por el órgano jurisdiccional que la hubiese pronunciado, en la cual se declare el comiso y adjudicación definitiva al Estado de bienes que pudieran ser integrantes del Patrimonio Histórico Español, será notificada a la Mesa en el plazo establecido en el artículo 5.1, procediendo la misma a recepcionarlos en la forma establecida en el artículo 5.3 de este Reglamento. La Mesa trasladará de forma inmediata copia de la citada sentencia al Ministerio de Educación y Cultura, el cual procederá a establecer la adecuada protección jurídica y determinar el valor económico que debe otorgarse a los indicados bienes, de conformidad con la Ley 16/1985, de 25 de junio, notificando en un plazo máximo de tres meses a aquélla sus estimaciones en informe al respecto.
La Mesa acordará o, en su caso, instará la colaboración de la Delegación del Ministerio de Economía y Hacienda correspondiente al lugar donde se encuentren, o propondrá al Consejo de Ministros, en los términos establecidos en el artículo 17.2 y 17.4 de este Reglamento, la enajenación de aquellos bienes que, de acuerdo con el informe al que se alude en el apartado anterior, no hubiesen sido considerados como integrantes del Patrimonio Histórico Español, o del Patrimonio Histórico de alguna Comunidad Autónoma, previa audiencia de éstas. En caso contrario, se estará a lo dispuesto en el artículo siguiente.
Artículo 20 Destino de los bienes.
El destino definitivo de los bienes decomisados integrantes del Patrimonio Histórico Español quedará sometido a lo dispuesto en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, y en su normativa reglamentaria de desarrollo. El Ministerio de Educación y Cultura pondrá en conocimiento de la Mesa el destino al que quedarán afectados los referidos bienes.
Los bienes muebles o inmuebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnológico, científico o técnico, que integren el Patrimonio Histórico de una Comunidad Autónoma, quedarán sometidos, en cuanto a su destino definitivo, a lo que dispongan las normas reguladoras del Patrimonio Histórico de la Comunidad Autónoma correspondiente.
A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el apartado anterior, el Ministerio de Educación y Cultura trasladará al Departamento competente de la Comunidad Autónoma donde se encuentren o radiquen los bienes decomisados, y, si tuviesen un origen histórico-artístico conocido en otra Comunidad Autónoma distinta, también al Departamento competente de esta última, copia de la sentencia en la que se decretó el comiso, al objeto de que en el plazo máximo de treinta días, contados a partir de la recepción de la misma, se pronuncie expresamente sobre su disposición a hacerse cargo de tales bienes.
CAPÍTULO IV Integración en el Fondo del producto de sanciones impuestas por infracciones de la Ley 3/1996, de 10 de enero, sobre medidas de control de sustancias químicas catalogadas susceptibles de desvío para la fabricación ilícita de drogas Artículos 21 y 22
Artículo 22 Aplicación del producto de sanciones.
Una vez firme la resolución administrativa por la que se imponga una sanción pecuniaria por cualquiera de las infracciones previstas en los artículos 14, 15 y 16 de la Ley 3/1996, de 10 de enero, o se decrete el comiso del beneficio ilícitamente obtenido como consecuencia de dichas infracciones, será notificada a la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones creada por el artículo 6 de la Ley 36/1995, de 11 de diciembre, por el órgano competente que la dictó.
Ingresada la sanción por la persona física o jurídica responsable de la infracción en período voluntario o en procedimiento de apremio, el órgano de recaudación notificará a la indicada Mesa el correspondiente ingreso, especificando que el mismo proviene de la imposición de una sanción por infracción de la Ley 3/1996, de 10 de enero. De igual modo, efectuada la oportuna transferencia por dicho órgano recaudador al Tesoro Público, éste contabilizará el ingreso por dicho concepto junto a las correspondientes cantidades obrantes en el Fondo creado por la Ley 36/1995, de 11 de diciembre, poniéndolo, al mismo tiempo, a disposición de la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones mediante la oportuna comunicación.
Las resoluciones administrativas sancionadoras firmes en las que el órgano competente haya declarado el decomiso de las sustancias relacionadas en los anexos I, II y III de la Ley 3/1996, de 10 de enero, por aplicación de su artículo 21, serán notificadas también a la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones. Tales sustancias serán enajenadas en concurso-subasta público, o destruidas, por el órgano del Ministerio del Interior o de Economía y Hacienda que hubiere impuesto la sanción, ingresando a continuación, en su caso, el producto de la enajenación en el Tesoro Público, en los términos expuestos en el apartado anterior. Cuando dicho producto proceda de la enajenación de mercancías no comunitarias, se notificará a las unidades de la Administración Aduanera, previstas en el apartado 5 del artículo 17 de éste Reglamento, a los mismos efectos allí previstos.
CAPÍTULO V Integración presupuestaria y control de la actividad del Fondo Artículos 23 y 24
Artículo 23 Integración de los recursos del Fondo en los Presupuestos Generales del Estado.
Los recursos que nutren el Fondo de titularidad estatal que se crea en virtud de lo establecido en el artículo 1.2 de la Ley 36/1995, de 10 de diciembre, se aplicarán al Presupuesto de Ingresos del Estado, quedando afectados a la financiación de los créditos del Presupuesto de Gastos de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas que tengan el carácter de ampliables en cada ejercicio, para su ulterior distribución en los términos previstos en la citada Ley y en el presente Reglamento.
Los créditos presupuestarios de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, a los que se confiera el carácter de ampliables en virtud de lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio correspondiente, serán ampliados hasta el límite de los ingresos que constituyen el Fondo, en cada ejercicio anual.
Artículo 24 Control de la actividad del Fondo.
Dentro del primer trimestre de cada ejercicio, el Presidente de la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones remitirá a las Cortes Generales, a través de los Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado un informe completo sobre la actividad del Fondo, en donde se recogerán tanto el detalle de las principales operaciones como los datos económicos más destacados que permitan conocer el alcance de sus actividades en relación a los fines legalmente atribuidos.
La Dirección General del Tesoro y Política Financiera, del Ministerio de Economía y Hacienda, informará trimestralmente a la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones de los ingresos que se hayan realizado en el Tesoro Público, en aplicación de lo dispuesto en la Ley 36/1995, de 11 de diciembre, y en las disposiciones del presente Reglamento.
Con independencia de lo establecido en el apartado 1 de este artículo, el Fondo estará sometido al control propio de la Intervención General del Estado, en el ámbito de sus competencias, y al del Tribunal de Cuentas.
CAPÍTULO VI Gastos de funcionamiento de la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones Artículos 25 y 26
Artículo 25 Gastos de constitución y funcionamiento de la Mesa.
La constitución y funcionamiento ordinario de la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones no supondrá, en ningún caso, incremento del gasto ni asignación presupuestaria específica.
Los gastos derivados del asesoramiento técnico que precise la Mesa en el ejercicio de sus funciones, y los demás gastos que se puedan originar desde su integración en el Fondo por la conservación de los bienes y los producidos en el desarrollo de los procedimientos de asignación y enajenación regulados en los artícu los 13, 14, 15, 16 y 17, serán satisfechos con cargo a los créditos presupuestarios de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas que tengan el carácter de ampliables de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de este Reglamento.
Artículo 26 Habilitación presupuestaria.
Ley 5/1986, de 7 de Junio, de Presupuestos generales de la Comunidad autonoma de las Islas baleares para 1986.
DECRETO 95/2005, de 20 de mayo, del Consell de la Generalitat, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monumento, el Canal de Bellús a Xàtiva. [2005/F5974]
DECRETO 98/2005, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Plan Estadístico de Castilla y León 2006-2009.