Source: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=33172
Timestamp: 2018-06-24 18:50:40
Document Index: 189877372

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 363', 'artículo 39', 'artículo 2', 'artículo 358', 'artículo 3', 'artículo 39', 'artículo 45', 'artículo 365', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 48', 'artículo 372', 'artículo 366', 'artículo 370', 'artículo 370', 'artículo 5', 'artículo 370', 'artículo 369', 'artículo 370', 'artículo 370', 'artículo 369', 'artículo 48', 'artículo 366', 'artículo 370', 'artículo 45', 'artículo 365', 'artículo 46', 'artículo 366', 'artículo 48', 'artículo 369', 'artículo 6', 'artículo 50', 'artículo 372', 'artículo 39', 'artículo 39', 'artículo 48', 'artículo 366']

Sentencia C-465 de 2008 Corte Constitucional
Ver la Sentencia de la Corte Constitucional C-695 de 2008
Las demandantes consideran que las normas acusadas violan las disposiciones contenidas en el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, "sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación", las cuales forman parte del bloque de constitucionalidad y, por consiguiente, constituyen un parámetro para el examen de constitucionalidad.
Afirman que el mencionado Convenio "promueve con amplitud los principios de la autonomía y libertad sindical (artículos 1, 3, 5 y 11) y la protección del derecho de sindicación a través de la no injerencia administrativa en el reconocimiento jurídico de los sindicatos." Agregan que, en términos generales, el Convenio "promulga abiertamente la autonomía plena de las organizaciones sindicales para constituirse, estructurarse, organizarse sin necesidad de autorizaciones por parte de entes extraños a ellos mismos (…) con la única obligación de respetar la Constitución y observar los estatutos que se establezcan."
"El art. 370 del CST se encuentra en contraposición con el aludido convenio en razón de que establece un injustificado requisito para la validez de las modificación de los estatutos por parte de la organización sindical sindicales, cual es el del depósito de esta modificación de los estatutos ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En efecto, dicha disposición va en contra del principio de autonomía sindical o de no intervención del Estado en los asuntos propios de dichas organizaciones sindicales, ya que restringe su libertad de redactar y por ende modificar los estatutos, pues aun cuando se hagan las reformas pertinentes, están no serán válidas y por tanto no podrán comenzar a regir hasta que no se cumpla con dicho trámite administrativo."
Añaden que las normas acusadas "contrarían notoriamente el artículo 8 del convenio en su numeral segundo, que señala: ‘La legislación nacional no menoscabará ni será aplicada de suerte que menoscabe las garantías previstas por el presente convenio".
"Según la Organización Internacional del Trabajo, los trabajadores tienen la libertad de organizarse como lo estimen conveniente (convenio 87 articulo 2), esto implica que ninguna autoridad administrativa tiene legitimidad para negar la inscripción de ciertas reformas de estatutos al considerar que se está contrariando la ley porque se busca crear nuevos modelos de sindicatos, que según su criterio no estarían permitidos. Este tipo de actuaciones administrativas son violatorias del derecho de asociación sindical y son un verdadero obstáculo a la adaptación del sindicalismo con las nuevas formas de relación laboral.
"El Ministerio hasta el momento sólo reconoce el derecho de asociación a los trabajadores con contrato de trabajo, eliminando la posibilidad de asociarse a aquellos trabajadores con contrato de prestación de servicios, a los trabajadores asociados en cooperativas, a los desempleados, a los pensionados y a los practicantes universitarios, esta situación tiene en la práctica como consecuencia que en el país de un total de 19 millones de trabajadores, sólo tendrían derecho a constituir sindicatos cerca de 5 millones, menos de la cuarta parta. Dónde queda entonces la recomendación del CSL que dice: ‘Todos los trabajadores sin ninguna distinción, incluida la no discriminación debido a la ocupación, deberían tener derecho a constituir libremente la organizaciones que estimen convenientes y de afiliarse a las mismas." (Recopilación 326° informe, 2113 párrafo 372.).
"El Ministerio cuando se trata del depósito de reformas estatutarias, se dedica a buscar de manera minuciosa fallos o contradicciones con la ley, cayendo en extremos de buscar errores de digitación o de fechas para negar el registro, ¿acaso no sería mas conveniente que permita el registro y objete ante la autoridad judicial aquellas situaciones que considere ilegales?
En el concepto aportado al proceso, el Procurador General de la Nación solicita a la Corte declarar exequibles los artículos 370 y 371 del Código Sustantivo del Trabajo, "bajo el entendido de que el depósito de las modificaciones de los estatutos sindicales ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, hoy ‘Ministerio de la Protección Social’, y la comunicación de los cambios que se surtan en la junta directiva de tales organizaciones que se exige debe darse al empleador y demás terceros señalados en el artículo 363 del Código Sustantivo del Trabajo, resultan exequibles sólo para efectos de publicidad, seguridad, prueba y protección de derechos de terceros toda vez que son trámites posteriores que no afectan la existencia de las decisiones válidamente adoptadas por la organización sindical."
Manifiesta que "Colombia es miembro de la Organización Internacional del Trabajo desde su fundación en 1919 y ha aprobado buena parte de sus convenios. Entre los Acuerdos acogidos por Colombia se encuentran el convenio No. 87, sobre la libertad sindical y protección del derecho de sindicalización- 1948; el convenio No. 98, sobre el derecho de sindicalización y negociación colectiva –, 1949; y el convenio 154 sobre el fomento de la convención colectiva."
En su concepto, la Vista Fiscal solicitó que se declarara la constitucionalidad de los preceptos atacados, en el entendido de que las obligaciones impuestas a los sindicatos en las normas acusadas - de depositar en el Ministerio las modificaciones en los estatutos y de comunicarle al mismo los cambios en sus juntas directivas – sólo son exequibles "para efectos de publicidad, seguridad, prueba y protección de derechos de terceros, toda vez que son trámites posteriores que no afectan la existencia de las decisiones válidamente adoptadas por la organización sindical."
4. A su vez, el Convenio 87 de la OIT - "Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación", establece en su primera parte una serie de normas sobre la libertad sindical. Entre ellas se encuentran:
5. De acuerdo con lo establecido en el art. 53 de la Constitución, esta Corporación ha manifestado que todos los convenios de la OIT que han sido debidamente ratificados forman parte de la legislación interna. Al mismo tiempo, la Corte ha expresado que distintos convenios de la OIT integran el bloque de constitucionalidad y que la determinación del rango de cada uno de los convenios se hace caso por caso a través de la jurisprudencia. En la sentencia C-401 de 20051 la Corte afirmó sobre este punto y sobre la pertenencia del Convenio 87 de la OIT al bloque de constitucionalidad:
Entonces, la Corte ha establecido que el Convenio 87 de la OIT forma parte del bloque de constitucionalidad,2 lo cual significa que sus normas constituyen un parámetro para el juicio de constitucionalidad de las normas legales. Por eso, los demandantes en este proceso aciertan al proponer que la Corte evalúe si las normas acusadas del Código Sustantivo del Trabajo se adecuan a los parámetros fijados por el Convenio 87 y, por consiguiente, están conformes con el orden constitucional. En este sentido, el Convenio 87, y los demás convenios de la OIT referidos al derecho de asociación sindical y a la libertad sindical que forman parte del bloque de constitucionalidad, constituyen un parámetro complementario del artículo 39 de la Constitución.
6. En su jurisprudencia, esta Corporación ha establecido que el derecho de asociación sindical entraña los principios de la libertad y la autonomía sindical. En la sentencia C-385 de 20003 se expresó al respecto:
"(…) Desde la sentencia T-441/925 esta Corporación ha sostenido que la libertad de asociación sindical comprende tres enfoques, a saber: a) Libertad individual de organizar sindicatos, cuyo pluralismo sindical está consagrado en el artículo 2º del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo; b) Libertad de sindicalización (o sindicación), ya que nadie puede ser obligado a afiliarse o a desafiliarse a un sindicato; en palabras del artículo 358 del Código Sustantivo de Trabajo, inciso 1º: "Los sindicatos son asociaciones de libre ingreso y de retiro de los trabajadores" y c) Autonomía sindical que es la facultad que tiene la organización sindical para crear su propio derecho interno, para organizarse, al como lo dispone el artículo 3º del Convenio 87 de la OIT." (subrayas no originales)
De la misma manera, en la sentencia C-063 de 20086 se expresó sobre este punto:
"El artículo 39 de la Constitución consagra el derecho de sindicación, al establecer que los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones, sin intervención del Estado. Derecho de asociación sindical que comprende tres enfoques, a saber: (i) libertad individual de organizar sindicatos; (ii) libertad de sindicalización, ya que nadie puede ser obligado a afiliarse o a desafiliarse a un sindicato; y, (iii) la autonomía sindical, que es la facultad que tiene la organización sindical para crear su propio derecho interno7."
7. Por otra parte, en la sentencia C-797 de 20008 la Corte relacionó distintos elementos que componen la libertad sindical, para luego aclarar, sin embargo, que ella no tiene un carácter absoluto:
8. El criterio establecido en el último párrafo transcrito ha sido invocado por la Corte en las distintas sentencias de constitucionalidad que ha proferido sobre demandas que han sido entabladas contra normas del Código Sustantivo del Trabajo, por cuanto ellas habrían vulnerado la autonomía sindical.9 De esta manera, la Corte ha examinado en cada caso concreto si la norma que establece parámetros para el funcionamiento de la organización sindical no constituye una intromisión desproporcionada en su vida interna y su esfera de autonomía.
Sin embargo, el reconocimiento automático de la personería jurídica de los sindicatos no significó la eliminación del requisito del registro ante el Ministerio de la Protección Social y de un cierto control previo de los estatutos de las organizaciones sindicales por parte del Ministerio.10 De esta manera, el artículo 45 de la Ley 50 de 1990 modificó el artículo 365 para fijar los requisitos que debía cumplir la solicitud de inscripción:
a). Copia del acta de fundación, suscrita por los asistentes con indicación de su documento de identidad;
b). Copia del acta de elección de la junta directiva, con los mismos requisitos del ordinal anterior;
c). Copia del acta de la asamblea en que fueron aprobados los estatutos;
d). Un (1) ejemplar de los estatutos del sindicato, autenticados por el secretario de la junta directiva;
e). (Literal modificado por el artículo 4 de la Ley 584 de 2000). Nómina de la junta directiva y documento de identidad.
f). (Literal modificado por el artículo 4 de la Ley 584 de 2000). Nómina completa del personal de afiliados con su correspondiente documento de identidad.
g). (Literal declarado inconstitucional y luego derogado por el artículo 4 de la Ley 584 de 2000)
Los documentos de que trata los apartes a), b) y c) pueden estar reunidos en un solo texto o acta.11
1). Recibida la solicitud de inscripción, el ministerio del trabajo y seguridad social, dispone de un término máximo e improrrogable de quince (15) días hábiles, contados a partir de la fecha de su presentación, para admitir, formular objeciones o negar la inscripción en el registro sindical.
2). En caso de que la solicitud no reúna los requisitos de que trata el artículo anterior, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social formulara por escrito a los interesados las objeciones a que haya lugar, para que se efectúen las correcciones necesarias.
3). Vencidos los términos de que tratan los numerales anteriores, sin que el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social se pronuncié sobre la solicitud formulada, la organización sindical quedará automáticamente inscrita en el registro correspondiente.
4). Son causales para negar la inscripción en el registro sindical únicamente las siguientes:
a). (Aparte tachado INEXEQUIBLE). Cuando los estatutos de la organización sindical sean contrarios a la Constitución Nacional, la Ley o las buenas costumbres;
b). Cuando la organización sindical se constituya con un número de miembros inferior al exigido por la ley,
c). (Literal INEXEQUIBLE)
PARAGRAFO. El incumplimiento injustificado de los términos previstos en el presente artículo hará incurrir al funcionario responsable en causal de mala conducta sancionable con arreglo al régimen disciplinario vigente.12
"ARTICULO 369. MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS. (Artículo modificado por el artículo 48 de la Ley 50 de 1990). Toda modificación a los estatutos debe ser aprobada por la asamblea general del sindicato y remitida, para efectos del registro correspondiente, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación, con copia del acta de la reunión donde se haga constar las reformas introducidas y firmadas por todos los asistentes.13
"ARTICULO 372. Ningún sindicato puede actuar como tal, ni ejercer las funciones que la ley y sus respectivos estatutos le señalen, ni ejercitar los derechos que le correspondan, mientras no se halla constituído como tal, registrado ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y sólo durante la vigencia de ésta inscripción."14
Como se observa, el inciso primero del artículo 372 del CST - subrogado por el art. 50 de la Ley 50 de 1990 - dispone que "[n]ingún sindicato puede actuar como tal, ni ejercer las funciones que la ley y sus respectivos estatutos le señalen, ni ejercitar los derechos que le correspondan, mientras no se haya inscrito el acta de constitución ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y sólo durante la vigencia de esta inscripción." Al mismo tiempo, el literal a) del numeral 4° del artículo 366 del CST – modificado por el art. 46 de la Ley 50 de 1990 – autoriza al Ministerio para negar la inscripción en el registro sindical "cuando los estatutos de la organización sindical sean contrarios a la Constitución Nacional y a la Ley."
Empero, lo cierto es que la evolución del derecho internacional del trabajo y el compromiso del Estado colombiano de cumplir las obligaciones internacionales que genera la ratificación de los convenios internacionales del trabajo permite concluir que es necesario impedir no solo las intervenciones directas del Estado en la autonomía sindical sino prevenir cualquier riesgo claro de afectación de dicha autonomía.15
Al respecto es importante tener en cuenta que el Comité de Libertad Sindical de la OIT ha establecido que, si bien se pueden imponer algunas formalidades para la creación de las organizaciones sindicales, esas formalidades no deben constituirse en un obstáculo para ello. En este sentido es importante transcribir algunas decisiones y principios desarrollados por el Comité de Libertad Sindical acerca del punto de la autorización previa, extractados de la publicación "La libertad sindical. Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT":16
"295. El derecho al reconocimiento mediante el registro oficial es un aspecto esencial del derecho de sindicación ya que ésta es la primera medida que deben adoptar las organizaciones de empleadores y de trabajadores para poder funcionar eficazmente y representar adecuadamente a sus miembros. (Véase 324.º informe, caso núm. 2053, párrafo 232.)
"302. En los casos en que el encargado del registro tiene que basarse en su propio criterio para decidir si un sindicato reúne las condiciones para ser registrado – aunque su decisión pueda ser objeto de apelación ante los tribunales – el Comité estimó que la existencia de un recurso judicial de apelación no parece una garantía suficiente; en efecto, no modifica el carácter de las facultades concedidas a las autoridades encargadas de la inscripción, y los jueces ante quienes se plantean tales recursos no tendrán más posibilidad que cerciorarse de que la legislación ha sido correctamente aplicada. El Comité llamó la atención acerca de la conveniencia de definir claramente en la legislación las condiciones precisas que los sindicatos deberán cumplir para poder ser registrados y de prescribir criterios específicos para determinar si esas condiciones se cumplen o no. (Véase Recopilación de 1996, párrafo 266; 333.er informe, caso núm. 2301, párrafo 594.)
"369. Las disposiciones legislativas que regulan detalladamente el funcionamiento interno de las organizaciones de trabajadores y de empleadores entrañan graves riesgos de injerencia por las autoridades públicas. En caso de que su adopción fuera considerada indispensable por las autoridades, estas disposiciones deberían limitarse a establecer un marco general, dejando a las organizaciones la mayor autonomía posible para regir su funcionamiento y administración. Las restricciones a este principio deberían tener como únicos objetivos garantizar el funcionamiento democrático de las organizaciones y salvaguardar los intereses de sus afiliados. Por otra parte, debería preverse un recurso ante un órgano judicial, imparcial e independiente, a fin de evitar todo riesgo de injerencia excesiva o arbitraria en el libre funcionamiento de las organizaciones. (Véase Recopilación 1996, párrafo 331 y 321.el informe, caso núm. 2011, párrafo 215.)
12. No sobra advertir que, como bien se señala en la presentación de la cuarta edición, de 1996, de la Recopilación citada, la compilación se refiere "por una parte, a decisiones del Comité de Libertad Sindical adoptadas en función de las particularidades de uno u otro caso, que por ello deben ser consideradas en su contexto específico y, por otra, a principios de alcance más o menos general, a veces formulados a partir de decisiones anteriores que presentaban similitud con el caso objeto de examen." Por lo tanto, no son recomendaciones en sí mismas, sino principios orientadores de la interpretación de los Convenios de la OIT. Al momento de la quinta edición, en 2006, la recopilación se fundaba en el examen de más de 2.500 casos tramitados en los más de 50 años de existencia del Comité de Libertad Sindical. Por ello es preciso reiterar la importancia de estos pronunciamientos y la autoridad que han adquirido.17
14. En el año 1990, el Congreso de la República expidió la Ley 50 de 1990, "por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones." Tal como lo señala la exposición de motivos del proyecto de ley presentado por el Ministro del Trabajo y Seguridad Social, la propuesta de reforma tenía por fin "adecuar las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo a los convenios de la OIT, ya que, en forma reiterada, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de dicho organismo, ha venido formulando observaciones en el sentido de que la legislación nacional no está acorde con los postulados de los precitados convenios."18
15. En el año 2000, el Congreso de la República expidió la Ley 584 de 2000, "por medio de la cual se derogan y modifican algunas disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo." En la exposición de motivos del proyecto de ley que fue presentada por el Ministro del Trabajo y Seguridad Social se expuso que la propuesta tenía "por objeto primordial modificar y derogar varios artículos del Código Sustantivo del Trabajo, que se oponen de forma directa a la Constitución Política de Colombia, al ser restrictivos de la libertad de asociación y que en criterio de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones se la Organización Internacional del Trabajo, OIT, no consultan los textos de los convenios 87 y 98 ratificados por Colombia, relacionados con la libertad sindical y de negociación colectiva, respectivamente."19
En el proyecto inicial no se contemplaba la reforma del artículo 370 del Código Sustantivo del Trabajo. Sin embargo, durante el curso de la propuesta por el Congreso de la República se decidió brindar espacio a las organizaciones sindicales para que expresaran sus opiniones y presentaran propuestas adicionales. Con base en esas propuestas, en la ponencia para segundo debate – Senado se decidió incorporar una modificación al artículo 370 del Código Sustantivo del Trabajo, de manera que este estableciera que ninguna modificación de los estatutos sindicales tendría validez ni entraría a regir hasta que no se efectuara su depósito ante el Ministerio del Trabajo.20 Lamentablemente, en las Gacetas del Congreso respectivas no se registró ningún argumento que justificara el cambio propuesto.
Empero, esta exigencia fue eliminada por el artículo 5 de la Ley 584. En el nuevo texto del artículo 370 se suprimió toda referencia al registro. En su lugar, se estableció que para que la modificación entre en vigor es suficiente con que la organización sindical "efectúe su depósito" ante el mismo Ministerio de la Protección Social.
Este cambio permite concluir que el Ministerio de la Protección Social ya no puede negar la inscripción en el registro de las modificaciones de los estatutos de las organizaciones sindicales que sean depositadas ante él. Si la obligación del sindicato es simplemente la de "depositar" la modificación de los estatutos ante el Ministerio – lo que implica también depositar los documentos que acrediten que la modificación se realizó de acuerdo con las exigencias legales -, el Ministerio no puede entrar a juzgar si esas enmiendas se ajustan a la Constitución o a la ley. De esta manera, si el Ministerio considera que las reformas introducidas son inconstitucionales o ilegales tendrá que acudir a la jurisdicción laboral para que así lo declare.
17. En este punto es importante resaltar la contradicción que existe actualmente entre los artículos 369 y 370 del CST, pues mientras el artículo 369 exige que toda modificación de los estatutos sindicales debe ser registrada ante el Ministerio, el cual puede admitirlas, objetarlas o denegarlas, el artículo 370 establece que las modificaciones estatutaria simplemente deben ser depositadas ante el mismo Ministerio.21
Sin embargo, la coordinación entre los dos artículos del Código desapareció con la expedición de la Ley 584, pues ella solamente modificó el artículo 370 del CST. De esta manera, mientras el artículo 369 – el artículo 48 de la Ley 50 de 1990 – exige la inscripción de la modificación de los estatutos y remite para ello al trámite fijado en el artículo 366, el artículo 370 establece que para que las reformas estatutarias sean válidas es necesario que ellas sean depositadas en el Ministerio, lo cual significa que el Ministerio ya no puede negar la inscripción de las mismas.
1 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. La sentencia contó con sendas aclaraciones de voto de los magistrados Jaime Araújo Rentería, Jaime Córdoba Triviño y Manuel José Cepeda Espinosa.
2 Ver, entre otras, la mencionada sentencia C-401 de 2005 y las sentencias T-568 de 1999, M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-567 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; C-797 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell; y C-1491 de 2000, M.P. Fabio Morón Díaz.
5 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
7 Sentencia T-656 de 2004. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
8 M.P. Antonio Barrera Carbonell. La sentencia contó con tres salvamentos parciales de voto, conjuntos, de los magistrados Antonio Barrera Carbonell, Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández Galindo; Alfredo Beltrán Sierra, Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández Galindo; y Eduardo Cifuentes Muñoz, Vladimiro Naranjo Mesa y Álvaro Tafur Galvis. También presentó un salvamento parcial de voto el magistrado Fabio Morón Díaz.
9 Ver, entre otras, las sentencias C-280 de 2007, M.P. Humberto Sierra Porto; C-043 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; y C-201 de 2002, M.P. Jaime Araújo Rentería.
10 En la exposición de motivos se manifestó en relación con varios de los artículos que a continuación se comentan:
11 En su sentencia C-567 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra (con una aclaración de voto conjunta de los magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz y Vladimiro Naranjo Mesa) se declaró la constitucionalidad de la mayor parte del artículo 45 de la Ley 50 de 1990, que modificó el artículo 365 del Código Sustantivo del Trabajo. De esta declaración se exceptuó el literal g), el cual fue declarado inconstitucional. Este inciso prescribía: "g) Certificación del correspondiente inspector del trabajo sobre la inexistencia de otro sindicato, si se trata de un sindicato de empresa que puede considerarse paralelo. En los lugares donde no haya inspección de trabajo, la certificación debe ser expedida por la primera autoridad política."
12 En la misma sentencia C-567 de 2000 la Corte declaró la constitucionalidad de la mayor parte del artículo 46 de la Ley 50 de 1990, que modificó el artículo 366 del Código Sustantivo del Trabajo. De esta declaración se exceptuaron la expresión "o las buenas costumbres", contenida en el literal a) del numeral 4, y el literal c), normas que fueron declaradas inexequibles. Así mismo, la Corte se inhibió de pronunciarse sobre el parágrafo del artículo. En relación con el literal a) del numeral 4 manifestó la Corte: "Respecto a la expresión contenida en el literal a), en el sentido de que los estatutos de la organización sindical no sean contrarios a la Constitución, la ley o "las buenas costumbres", hay que señalar que las dos primeras expresiones resultan perfectamente ajustadas a la Carta. Sin embargo, no ocurre lo mismo cuando la disposición legal le atribuye al Ministerio de Trabajo, la facultad de negar la inscripción de un sindicato, por ser contrario a las buenas costumbres."
13 En la sentencia C-797 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell, se declaró la constitucionalidad de la expresión "dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación, con copia del acta de la reunión donde se haga constar las reformas introducidas y firmadas por todos los asistentes", contenida en el artículo 48 de la Ley 50 de 1990, que modificó el artículo 369 original del Código Sustantivo del Trabajo.
14 Posteriormente, mediante el artículo 6 de la Ley 584 de 2000 se adicionó al artículo un segundo inciso, el cual dispone: "En los municipios donde no exista Oficina del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, la inscripción se hará ante el alcalde, quien tendrá la responsabilidad de enviar la documentación a la oficina del ministerio del municipio más cercano, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes. A partir de la inscripción se surten los efectos legales." Es importante anotar que la Corte Suprema de Justicia declaró la constitucionalidad del artículo 50 de la Ley 50 de 1990 – hoy primer inciso del artículo 372 - mediante la sentencia N° 115 del 26 de septiembre de 2001, M.P. Jaime Sanín Greiffenstein. En la sentencia se expresó al respecto:
"Puede criticare este artículo de contrariar el 44 ibídem conforme al cual ‘toda organización sindical de trabajadores por el solo hecho de su fundación, y a partir de la fecha de la asamblea constitutiva, goza de personería jurídica’, dado que aquél subordina el ejercicio de las funciones y de los derechos -que es en lo que consiste fundamentalmente la personería jurídica- de las organizaciones sindicales al registro respectivo, pero no puede decirse que sea inconstitucional, según se explicó ampliamente cuando se analizó el artículo 39 de la Carta. (…)
"Cabe anotar que si bien no se llega al extremo deseado por el actor de que sea la mera manifestación de voluntad de los fundadores la que dé nacimiento inmediato a la asociación, lo cierto es que no se imponen requisitos previos a esa voluntad ni se le sujeta a permisos o limitaciones de ese estilo, y que se reemplaza la concesión de personería por un registro más ágil y rápido en el que rige el silencio administrativo positivo, lo que, en sentir de la Corte, se acomoda al nuevo principio constitucional ya citado, de que los sindicados deben poderse formar ‘sin intervención del Estado’ y que ‘su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acto de constitución’ como aquí ocurre, pues no hay un poder absoluto e ilimitado para formar sindicatos y estos siguen sometidos al régimen legal, ya que, en veces de la misma Constitución, ‘se sujetarán al orden legal y la de principios democráticos’ (art. 39 ibídem) cuya verificación y cumplimiento competen al Estado."
15 En este sentido, por ejemplo, ha de entenderse que la norma del artículo 39 de la Constitución que establece que el reconocimiento jurídico de los sindicatos "se producirá con la simple inscripción del acta de constitución" no exige que el acta se deposite necesariamente ante el Ministerio de la Protección Social, razón por la cual el acta puede ser entregada ante cualquier autoridad pública que pueda certificar su recibo.
16 La obra es publicada por la Oficina Internacional del Trabajo. Los apartes aquí transcritos provienen de la quinta edición, de 2006. Se puede encontrar en la siguiente dirección electrónica:
17 En la presentación de la quinta edición se advierte al respecto:
18 Ver la "Compilación de la Reforma Laboral" publicada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en Bogotá, en 1991. El texto citado se encuentra en la página 61.
19 Gaceta del Congreso N° 26 de 1999, p. 9.
20 Ver Gaceta del Congreso 403 de 1999, pp. 1-9.
21 El texto actual de los artículos es el siguiente:
"ARTICULO 369. Modificación de los estatutos. (Artículo modificado por el artículo 48 de la Ley 50 de 1990). Toda modificación a los estatutos debe ser aprobada por la asamblea general del sindicato y remitida, para efectos del registro correspondiente, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación, con copia del acta de la reunión donde se haga constar las reformas introducidas y firmadas por todos los asistentes. // Para el registro, se seguirá en lo pertinente, el trámite previsto en el artículo 366 de éste Código."