Source: http://voiurisabogados.es/2017/10/17/
Timestamp: 2018-04-24 10:27:41
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17th octubre 2017 – voiuris abogados
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EN QUÉ CONSISTE Y CÓMO SE DEBERÍA APLICAR EL ARTÍCULO 155 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
By Victor 17th octubre 2017 0
1.- Introducción: Desde Vo Iuris Abogados y Asesores Tributarios, queremos poner nuestro conocimiento a disposición de los clientes y amigos de la página en aras de aclarar que es el famoso artículo 155 de la Constitución española y como debería ser su aplicación. No puede descartarse en este contexto la aplicación del artículo 116 de idéntico cuerpo legal en aras de cómo se produzcan los acontecimientos, el denominado estado de excepción que si goza de un marco normativo que lo regula y que de momento dejamos de lado, pero no podemos dejar de citarlo por cuanto solo las situaciones que se produzcan supondrán su aplicación o no. Por ello nos centraremos exclusivamente en el artículo 155 y esperaremos acontecimientos.
El Artículo 155 de la Constitución Española dispone expresamente:
“1.- Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
2.- Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas”.
La redacción del artículo, que no está regulada por distinto marco normativo que el del propio artículo, ha dado lugar a innumerables horas de tertulias y opiniones desde el punto de vista de su modo de ponerse en marcha. Sin embargo, hemos encontrado ciertas lagunas en cuanto a la aplicación del mismo y lo que puede suponer para la población de Cataluña. Intentaremos dar respuesta a las mismas.
En primer lugar, si bien, desde distintos sectores se ha iniciado un debate desde nuestro punto de vista estéril sobre si la aplicación del artículo supone una suspensión de la Comunidad Autónoma o no, entendemos que si bien el citado artículo no es explícito en ese punto, estaremos de acuerdo en que lo mínimo que supondrá es una intervención de facto de dicha Comunidad. Más allá de si se produce la suspensión o no (dudamos mucho de que se emplee este término), en caso de aplicación veremos como en los próximos días desde el gobierno se dirá que no se ha producido una suspensión como tal.
Volviendo a lo práctico, la intervención en cualquier caso no es, ni puede ser una intervención de carácter generalista, sino que debe estar tasada específicamente con una serie de medidas propuestas que son las que debe aprobar el Senado.
Estas medidas deben estar amparadas además desde el punto de vista del Derecho internacional, con respeto a los numerosos Pactos Internacionales que tiene suscrito España. Es decir, se pueden intervenir o suspender ciertos derechos, pero de conformidad con la legislación nacional e internacional.
2.- Aplicación del artículo 155 de la Constitución Española: Hemos comprobado que para su aplicación se precisa la mayoría del Senado (previo requerimiento al Presidente de la Comunidad, lo que ya se ha producido), lo que en el marco político actual de España, no ocasionaría mayores problemas dado que el partido del gobierno, goza de mayoría absoluta en dicha cámara.
En cuanto a su aplicación y conforme a lo expuesto los requisitos para ello deberían respetar los principios de derecho internacional que se pasan a enumerar.
2.1.- Principio de Proclamación y notificación:
De conformidad con estos dos principios, con carácter previo a su adopción, el estado que vaya a adoptarlo debe proclamar a la población con carácter previo la existencia de tal situación. Se procederá con total seguridad por parte del Presidente del Gobierno a realizar una comparecencia en el Senado y probablemente en el Congreso de los Diputados aunque esta tenga carácter informativo dado que es en el Senado donde debe llevarse a cabo la notificación. Posteriormente será publicada en el Boletín Oficial del Estado.
Además debe ser notificado de conformidad con el artículo 4.3 del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos que dispone:
Todo Estado Parte en el presente Pacto que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás Estados Partes en el presente Pacto, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido y de los motivos que hayan suscitado la suspensión. Se hará una nueva comunicación por el mismo conducto en la fecha en que se haya dado por terminada tal suspensión.
2.2.- Principio de No discriminación y de Proporcionalidad: No podrá existir discriminación a toda o parte de la Sociedad Civil por razón de raza, sexo, idioma, color, religión u orientación sexual, debiendo ser las medidas adoptadas proporcionales a aquellas que se pretenden proteger.
Así el artículo 15.1 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, establece expresamente que:
“En caso de guerra o de otro peligro público que amenace la vida de la nación, cualquier Alta Parte Contratante podrá tomar medidas que deroguen las obligaciones previstas en el presente Convenio en la medida estricta en que lo exija la situación, y supuesto que tales medidas no estén en contradicción con las otras obligaciones que dimanan del derecho internacional”.
2.3.- Principio de Temporalidad, estas medidas deben de ser temporales y así debe de expresarse de manera meridiana en el documento que las contenga, prohibiendo el abuso de derecho.
Huelga decir que en ningún caso pueden ser restringidos principios o derechos, recogidos el artículo 4.2 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos:
Sometimiento a torturas o actos denigrantes, inhumanos o crueles
Encarcelamiento por incumplimiento de Obligaciones Contractuales.
Condena por delitos no tipificados como tales por el derecho internacional en el momento de producirse.
Injerencias arbitrarais o ilegales en los derechos de las personas, su vida privada, sus familias o domicilios.
Es decir la intrusión por parte del estado en este último grupo de derechos debe estar justificada y amparada en una resolución judicial previa.
Lo que parece lógico o lo que nos dice la interpretación del artículo, es que podría tratarse de una aplicación temporal de unos 60 días, plazo para que pudieran convocarse nuevas elecciones autonómicas sin perjuicio de solicitar prórroga del mismo si fuera necesario.
En cualquier caso con el respeto a los Derechos Fundamentales ya citados.
3.- Conclusiones: Por último desde Vo Iuris Abogados y Asesores Tributarios, queremos hacer un llamamiento a las partes implicadas para evitar mayores perjuicios que los que se están causando a la población en caso de seguir con esta situación.
Llamamiento que tenemos muy claro que no puede ser igual para ambas partes.
La Generalitat de Catalunya, debe volver a la ley, y solo dentro de la ley iniciar un diálogo y una negociación con el resto de fuerzas políticas que termine con una solución que recoja todas las sensibilidades implicadas en el asunto, debiendo ser los españoles los que acordemos los cambios legislativos y constitucionales en su caso que se propongan por los representantes que hemos elegido entre todos. Aún para el caso en que se acordará una suerte de referéndum solo por parte de Catalunya, para decidir la separación de España o no (da igual las preguntas que se hagan), nuestra Carta Magna no contempla que ese cambio sustantivo de la Constitución no deba ser refrendado por la mayoría de los españoles. Un cambio por tanto de tanta magnitud deberá pasar por un referéndum previo de todo el estado español.
Por otro lado el Gobierno, en caso de tener que aplicar el artículo 155 de la Constitución Española debe hacerlo garantizando los derechos y libertades de los ciudadanos de Cataluña y del resto del Estado Español de conformidad con el Derecho Internacional y con los pactos suscritos por España.
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