Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2006-03677-de-noviembre-21-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_f251210d7c9d00cce0430a01015100cc&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-17 11:01:41
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Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 22', 'artículo 2', 'artículo 7', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 17', 'artículo 2', 'artículo 7', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 11', 'artículo 17', 'artículo 11', 'artículo 17', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 36']

﻿ Sentencia 2006-03677 de noviembre 21 de 2013
SENTENCIA 2006-03677 DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2013
CONTENIDO:RÉGIMEN PENSIONAL DE LOS CONGRESISTAS – RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. NO BASTA CON HABER CUMPLIDO 40 AÑOS A LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY 100 DE 1993 PARA HACER PARTE DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN PARA CONGRESISTASPARA HACERSE A TALES BENEFICIOS, ES NECESARIO QUE EL AFILIADO ESTUVIERA EJERCIENDO LA FUNCIÓN DE PARLAMENTARIO AL 1º DE ABRIL DE 1994, QUE ES LA FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEGISLACIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, CONGRESO DE LA REPÚBLICA, CONGRESISTA, PENSIÓN DEL CONGRESISTA, RÉGIMEN PENSIONAL DEL CONGRESISTA, RÉGIMEN PENSIONAL DE TRANSICIÓN, LIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN DEL CONGRESISTA
Sentencia 2006-03677 de noviembre 21 de 2013
Ref.: Expediente 25000232500020060367701 (18342008)
Actor: Octavio Durán Vargas c/ Fondo de Previsión Social del Congreso de la República – Fonprecon
El problema jurídico se contrae a establecer si al demandante, a quien la Gobernación del Departamento de Huila le reconoció la pensión mensual vitalicia de jubilación a partir del 1º de octubre del año 1986, le asiste el derecho a que Fonprecon le reliquide y conmute la pensión reconocida, de conformidad con el régimen pensional de congresistas, por haberse desempeñado como representante a la Cámara en el periodo constitucional 1986-1990.
Como quiera que la controversia gira en torno a la aplicación del régimen pensional de los congresistas a una persona que ya se encontraba disfrutando de su pensión de jubilación, reconocida en calidad diferente a la de parlamentario y que renunció a la misma para acceder al cargo de representante a la Cámara; es necesario inicialmente, hacer el recuento y análisis de la normativa que regula la materia, para examinar si con fundamento en la misma y luego de estudiadas las probanzas que reposan en el expediente, es posible que obtenga la conmutación y la reliquidación de la pensión de jubilación.
Se resalta que el parágrafo del artículo 2º del Decreto 1293 de 1994, fue declarado nulo por el Consejo de Estado en Sentencia de 27 de octubre de 2005, radicado: 5677-03, actor: Jorge Manuel Ortiz Guevara, C. P. Ana Margarita Olaya Forero(16).
El régimen de transición de los congresistas se constituye entonces, en la proyección del status jurídico favorable adquirido, por encontrarse en condición de actividad congresional, que permite resguardar las expectativas conforme a la normativa que luego fue retirada del ordenamiento jurídico.
Está demostrado en el expediente que el actor prestó sus servicios al Estado entre el 11 de febrero de 1952 y el 13 de diciembre de 1985, por el lapso de 24 años, 3 meses y 16 días, habiendo sido su último empleo el de diputado a la Asamblea del Huila, por lo que Gobernación (sic) de dicho departamento le reconoció su pensión de jubilación, el 7 de abril de 1987 mediante Resolución 324. (fls. 19 a 23 cdn. 2).
Igualmente, aparece probado con constancia de 30 de agosto de 2007, expedida por el subsecretario general de la Cámara de Representantes, que el demandante tomó posesión del cargo de representante a la Cámara el 4 de agosto de 1986; luego salió el 5 de agosto de 1986; entró el 1º de agosto de 1987; salió el 20 de diciembre de 1987; entró el 2º de octubre de 1989; salió el 30 de noviembre de 1989. (fl. 78 cdn. ppal. y 129 cdn. 2).
El 27 de mayo de 2004, el actor elevó ante Fonprecon petición de reconocimiento del pago de la pensión de jubilación en condición de congresista, “… bajo la figura de la conmutación pensional, asumiendo el fondo la pensión de jubilación…”, que percibe de la Gobernación del Huila. Igualmente, solicitó el reajuste especial previsto a partir de la Ley 4ª de 1992, que no puede ser inferior al 75% del ingreso mensual promedio que durante el último año y por todo concepto devenguen los congresistas “… por cumplir los requisitos establecidos en el artículo 7º del Decreto 1359 de 1993 como beneficiario del régimen de transición a que hace referencia el decreto 1293 de 1994”. (fls. 1 a 5 cdn. 2.).
El fondo por medio de Resolución 125 de 7 de febrero de 2005, negó la anterior solicitud en atención a que el demandante no cumplió con los requisitos exigidos por la normativa que regula la materia, en la medida en que no acreditó al menos un año en calidad de congresista y de aportes al fondo, pues solo laboró 6 meses, 29 días. (fls. 2 a 4 cdn. ppal.).
El recurso de reposición interpuesto contra el anterior acto administrativo fue desatado por medio de la Resolución 521 de 3 de mayo de 2005, en el sentido de negarlo porque, el petente no cumple con el requisito exigido por el artículo 8º del Decreto 1359 de 1993, que otorga el derecho a la reliquidación pensional siempre y cuando el nuevo lapso de vinculación al Congreso y de aporte al fondo no sea inferior a un año en forma continua o discontinua. Niega la petición de reajuste especial, porque si bien fue pensionado antes de la Ley 4ª de 1992, lo fue en condición de diputado y no como congresista. Aclara que el tiempo laborado por el actor fue de 1 año, 5 meses y 18 días. (fls. 5 a 10 cdn. ppal.).
Luego Fonprecon por medio de la Resolución 349 de 6 de marzo de 2006, dio cumplimiento al fallo de tutela emitido por el Juzgado 14 Laboral del Circuito el 24 de noviembre de 2005, que concedió el amparo como mecanismo transitorio; en el sentido de reliquidar la pensión de jubilación del demandante en el 75% del promedio de lo que devengaban los congresistas entre el 27 de mayo de 2000 y el 26 de mayo de 2001, en el equivalente a $10.477.934,27 para el año 2001, efectiva a partir del 27 de mayo de 2001. Además, ordenó incorporarlo en nómina en forma transitoria. Esta decisión fue confirmada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial, mediante providencia de 31 de enero de 2006 (fls. 11 a 29 cdn. ppal.).
La Corte Constitucional en Sentencia de 3 de agosto de 2006, revoca los anteriores fallos, para en su lugar rechazar la acción de tutela por improcedente. (fls. 322 a 331 cdn. 2).
Por Resolución 1836 de 13 de octubre de 2005, el fondo en acatamiento a la decisión de la Corte Constitucional, procedió a revocar la Resolución 349 de 2006. (fls. 351 a 353 cdn. 2).
De las anteriores probanzas la Sala infiere, que el actor prestó sus servicios en varias entidades públicas entre los años 1952 y 1985, motivo por el cual obtuvo el reconocimiento de su pensión de jubilación en 1987, pero sin que en ningún momento hubiera laborado como parlamentario.
Con posterioridad al reconocimiento pensional fue Representante a la Cámara entre el 4 de agosto de 1986 y el 30 de noviembre de 1989, ejerciendo dicha labor de manera interrumpida.
Con lo anterior encuentra la Sala, que el demandante no es destinatario del régimen especial de los congresistas, porque tal como quedó dilucidado en análisis normativo precedente, si bien es cierto, se vinculó al Congreso, luego de obtener su pensión de jubilación, no lo es menos, que dicha vinculación no lo fue en calidad de reincorporado como parlamentario, pues es evidente, tal como se infiere de las probanzas, que con anterioridad a su jubilación no había fungido como congresista.
Ello aunado a que no ejerció como legislador a partir de la vigencia de la Ley 4ª de 1992, es decir, a partir del 18 de mayo de 1992, pues como se estableció, ejerció la actividad congresional del año 1986 al año 1989.
Por lo demás, tampoco puede ser favorecido por el régimen de transición de los parlamentarios, pues aunque es cierto que para el 1º de abril de 1994, fecha de vigencia de la Ley 100 de 1993, ya había cumplido la edad de 40 años, no lo es menos, que para dicha época no era miembro del cuerpo legislativo, condición que como se analizó en apartado anterior, resulta ser indispensable para ser beneficiario de dicho régimen, pues está probado que laboró como parlamentario desde mucho tiempo antes.
Corolario de lo anterior, al actor no le asiste el derecho a la reliquidación pensional ni a la conmutación tal como lo pretende, razón por la cual habrá de revocarse el fallo apelado.
Primero. REVÓCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 21 de febrero de 2008, que accedió a las súplicas de la demanda instaurada por Octavio Durán Vargas contra el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República —Fonprecon—.
Segundo. NIEGÁNSE las súplicas de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.
Ref.: 1834-08
Actor: Octavio Durán Vargas c/ Fonprecon.
Problema jurídico: Conmutación de la pensión reconocida por la Gobernación del Huila, porque fue congresista con posterioridad a su jubilación.
Labor congresional:
Representante a la Cámara: entre 1986 y 1989, en forma discontinua.
Decisión: No tiene derecho porque aunque se vinculó al Congreso luego de obtener su pensión de jubilación, esta vinculación no fue en calidad de reincorporado como parlamentario, porque con anterioridad a su jubilación no había fungido como Congresista.
Tampoco fue parlamentario a partir de la vigencia de la Ley 4ª de 1992 —18 de mayo de 1992—.
No es destinatario del régimen de transición de congresistas —Decreto 1293 de 1994—, porque este extiende su cobertura a quien siendo parlamentario para el 1º de abril de 1994 —vigencia de la Ley 100 de 1993— además cumpla con la edad 40 o 35 y cotización o tiempo servido de 15 años.
Se revoca la decisión del Tribunal, pues consideró que el actor lo cobijaba el régimen de transición de Ley 100 de 1993, por lo que el fondo debió aplicarle la Ley 33 de 1985».
(3) Las expresiones “durante el último año”, “y por todo concepto”, “Y se aumentarán en el mismo porcentaje en que se reajuste el salario mínimo legal”, fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de 7 de mayo de 2013. M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
(4) La locución “por todo concepto” fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de 7 de mayo de 2013. M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
(6) La Ley 4ª de 1992, en su artículo 22 dispone que rige a partir de la fecha de su promulgación, que lo fue el 18 de mayo de 1992, en el Diario Oficial Nº 40451.
(10) Ley 71 de 1988, artículo 2º: “Ninguna pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual, ni exceder de quince (15) veces dicho salario; salvo lo previsto en convenciones colectivas, pactos colectivos y laudos arbitrales”.
(12) Tal como la Sección lo consideró en anteriores oportunidades en Sentencia de 29 de mayo de 2003, expediente 3054-2002, C. P. Alejandro Ordóñez Maldonado; Sentencia de 12 de febrero de 2009, expediente 1732-2008, C. P. Bertha Lucía Ramírez; Sentencia de 14 de octubre de 2010, expediente 2036-2008, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; la edad a la que hace referencia el artículo 7º del Decreto 1359 de 1993, es de 50 años en razón a que no es la indicada en la regla general de la Ley 33 de 1985, sino la señalada en el parágrafo 2º de su artículo 1º, que remite a la norma especial que rige con anterioridad, que no es otra, que el Decreto 1723 de 1964, que en el literal b) de su artículo 2º, exige la edad de 50 años para efecto de obtener la pensión de jubilación.
(16) En la misma dirección la Corte Constitucional consideró en las conclusiones de la Sentencia C-258 de 2013, que “… resulta claro que el régimen dispuesto por el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, es constitucional si se entiende que: (i) no puede extenderse el régimen pensional allí previsto, a quienes con anterioridad al 1º de abril de 1994, lo cual incluye lo establecido en el artículo 2º del Decreto 1293 de 1994, no se encontraren afiliados al mismo…”.
(17) Tal como la Sección lo consideró en anteriores oportunidades en Sentencia de 29 de mayo de 2003, expediente 3054-2002, C. P. Alejandro Ordóñez Maldonado; Sentencia de 12 de febrero de 2009, expediente 1732-2008, C. P. Bertha Lucía Ramírez; Sentencia de 14 de octubre de 2010, expediente 2036-2008, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; la edad a la que hace referencia el artículo 7º del Decreto 1359 de 1993, es de 50 años, en razón a que no es la indicada en la regla general de la Ley 33 de 1985, sino la señalada en el parágrafo 2º de su artículo 1º, que remite a la norma especial que rige con anterioridad, que no es otra, que el Decreto 1723 de 1964, que en el literal b) de su artículo 2º, exige la edad de 50 años para efecto de obtener la pensión de jubilación.
(22) El parágrafo del artículo 11 del Decreto 816 de 2002, fue declarado nulo por el Consejo de Estado en Sentencia de 2 de abril de 2009, radicado: 5678-03, actor: Jorge Manuel Ortiz Guevara, C. P. Gerardo Arenas Monsalve.
(24) Sentencia de 3 de mayo de 2002, expediente 1276-2001, actor: Oscar Emilio Vinasco Vinasco, C. P. Alberto Arango Mantilla.
(25) En esta misma dirección la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de 2013 consideró, “Esta corporación declarará la inexequibilidad de las expresiones “y por todo concepto” y “por todo concepto”, contenidas en el inciso primero y en el parágrafo, respectivamente, del artículo 17 de la Ley 4 de 1992.// En este caso, ante la expulsión del ordenamiento de las expresiones en comento y en vista del mandato del Acto Legislativo 1 de 2005 en el sentido de que “[p]ara la liquidación de las pensiones solo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones”, la Sala considera necesario además condicionar la exequibilidad del resto del precepto censurado en el entendido de que como factores de liquidación de la pensión, solo podrán tomarse aquellos ingresos que hayan sido recibidos efectivamente por el beneficiario, que tengan carácter remunerativo del servicio y sobre los cuales se hubieren realizado las cotizaciones respectivas al sistema de pensiones”.
(26) En igual sentido la Corte Constitucional en la Sentencia C-608 de 1999 consideró, que se rompe el equilibrio mínimo y de paso se afecta el derecho a la igualdad, cuando se puede acceder a la pensión jubilatoria con un tiempo de ejercicio en la actividad congresional que solo comprende pocos meses. Al efecto señaló “… sería contrario a los objetivos de la pensión y rompería un equilibrio mínimo, afectando el postulado de la igualdad, el hecho de que pudiese acceder a la pensión, tomando el promedio que en general devengan los congresistas durante el mencionado periodo, si el promedio personal y específico es distinto, por ejemplo cuando el tiempo de ejercicio del congresista cubre apenas unos pocos meses”.
(28) Sentencia de 2 de abril de 2009, radicado: 5678-03, actor: Jorge Manuel Ortiz Guevara, C. P. Gerardo Arenas Monsalve, que declaró la nulidad del parágrafo del artículo 11 y del inciso 1º del artículo 17 del Decreto 816 de 2002, este último artículo modificado por el artículo 1º del Decreto 1622 de 2002. En similar sentido Sentencia de 7 de septiembre de 2006, radicado: 9798-05, actor: Paulina Consuelo Salgar de Montejo, C. P. Jaime Moreno García.
(29) Se debe recordar que la Ley 33 de 1985 en el parágrafo 2º de su artículo 1º determinó el régimen de transición en los siguientes términos: “Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente ley hayan cumplido 15 años continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente ley. // Quienes con 20 años de labor continua o discontinua como empleados oficiales, actualmente se hallen retirados del servicio, tendrán derecho cuando cumplan 50 años de edad si son mujeres o 55 años si son varones, a una pensión de jubilación que se reconocerá y pagará de acuerdo con las disposiciones que regían al momento de su retiro”. Y, por su parte la Ley 100 de 1993 en su artículo 36 lo estableció así: “Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.// La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley (…)”.