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Timestamp: 2016-12-04 06:51:13
Document Index: 101753689

Matched Legal Cases: ['artículo 168', 'artículo 169', 'artículo 195', 'artículo 21', 'artículo 28', 'artículo 31', 'artículo 35', 'artículo 37', 'artículo 39', 'artículo 42', 'artículo 67', 'artículo 67', 'artículo 84', 'artículo 98', 'artículo 119', 'artículo 120', 'artículo 133', 'artículo 134', 'artículo 135', 'artículo 136', 'artículo 156', 'artículo 159', 'artículo 156', 'artículo 107', 'artículo 161', 'artículo 216', 'artículo 161', 'artículo 217', 'artículo 167', 'artículo 167', 'artículo 168', 'artículo 171', 'artículo 172', 'artículo 186', 'artículo 175', 'artículo 191', 'artículo 193', 'artículo 194', 'artículo 234', 'artículo 209', 'artículo 215', 'artículo 217', 'artículo 221', 'artículo 217', 'artículo 226', 'artículo 226', 'artículo 232', 'artículo 254', 'artículo 267', 'artículo 272', 'artículo 278', 'artículo 254', 'artículo 285', 'artículo 289', 'artículo 296', 'artículo 304', 'artículo 309', 'artículo 312', 'artículo 316', 'artículo 324', 'artículo 325', 'artículo 326', 'artículo 325', 'artículo 328', 'artículo 328', 'artículo 334', 'artículo 336', 'artículo 337', 'artículo 343', 'artículo 345', 'artículo 347', 'artículo 349', 'artículo 363', 'artículo 366', 'artículo 286', 'artículo 345', 'artículo 369', 'artículo 370', 'artículo\n226', 'artículo 373', 'artículo 407', 'artículo 203', 'artículo 266', 'artículo 450', 'Artículo 57', 'artículo 10', 'artículo 57', 'artículo 441', 'artículo 11', 'artículo 44', 'artículo 40', 'artículo 45', 'artículo 46', 'artículo 69', 'artículo 5']

portada6 by Asamblea Nacional - issuu
de Procedimiento Penal y al Código Penal
que Tipifica el Delito de Genocidio y Etnocidio
Libro II del Código de la Niñez y Adolescencia
No. 572, el 17 de abril de 2009
No. 578, el 27 de abril de 2009
Introducción a la Ley Reformatoria al Código de Procedimiento
Penal y al Código Penal	11
Introducción a la Ley Reformatoria al Código Penal que Tipifica
los Delitos de Genocidio y Etnocidio	77
Ley Reformatoria al Código Penal que Tipifica los Delitos de Genocidio y Etnocidio
Introducción a la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código de la Niñez y Adolescencia	93
Del Derecho a alimentos	105
Derecho de alimentos	105
Del procedimiento para la fijación y cobro de pensiones
alimenticias y de supervivencia	117
DISPOSICIÓN FINAL 124
Miembros: Rosana Alvarado, Teresa Benavides, Mauro Andino (Movimiento País) César
Gracia (Partido Roldosista Ecuatoriano), Julio Logroño (Partido Sociedad Patriótica),
Vicente Taiano (Partido Renovador Institucional Acción Nacional)
Primer debate: 6 de enero de 2009
Segundo debate: 11 de febrero de 2009
Publicación en el Registro Oficial: Suplemento del 17 de abril de 2009, No. 572
Más agilidad y eficiencia
Este proyecto de ley surgió como iniciativa del presidente de la República, Rafael Correa, y tiene relación con las tendencias contemporáneas
del derecho penal que manejan la oralidad en los procesos, apuntan
a la rehabilitación de los sentenciados y ofrecer reparación a las víctimas.
Una motivación importante para concebir el proyecto fue la necesidad
de desarrollar mecanismos más ágiles para la administración de justicia
penal, cuyo desempeño había llegado a límites de ineficacia (90% de
denuncias rezagadas y menos del 2% con sentencia condenatoria). Esto
indicaba un alto nivel de impunidad, preocupante en una época de escalada de los índices delincuenciales.
Dentro de los objetivos de la ley se buscó que los jueces se ocupen de
aquellos hechos que merecen una sanción de alcance social, como los
homicidios o la violencia hacia las personas por motivos de sexo, raza
y otros; y no tengan sus agendas copadas con casos como una pelea
callejera, robos de celulares, etc. La ley responde a esta situación con una
propuesta para descongestionar los juzgados, redistribuyendo algunas
de sus tareas. Este es el caso del hurto por menos de 654 dólares, que sigue siendo sancionado. Con la nueva ley se establece que lo conozcan los
jueces de contravenciones, a fin de que se pueda sancionar con agilidad.
La ley también ofrece nuevas alternativas de sanción para ciertos casos,
con el propósito de lograr una rehabilitación más efectiva de las personas. El ejemplo más elocuente al respecto son las lesiones producidas
en el seno familiar. La experiencia señala que en muchos de estos casos
las víctimas abandonaban el trámite legal, pues no querían la cárcel
como sanción para infractores que son sus parientes. Al no contar con
otra alternativa de sanción, la víctima o víctimas quedaban más indefensas. En estos casos, se determinaron respuestas como el tratamiento
sicológico y otras.
Un aspecto muy importante sobre la intención de esta ley es avanzar
hacia un sistema de justicia oral, lo cual ya está previsto en la Constitución Política de la República.
sobre los mecanismos de la justicia
Esta iniciativa de ley del presidente de la República, Rafael Correa, fue
presentada el 28 de noviembre a la Comisión Legislativa y de Fiscalización. Una vez que fue remitida a la Comisión de lo Civil y Penal, se realizó
una reunión para acoger opiniones y aportes de diversos sectores cercanos al tema, el 10 de diciembre. En esta ocasión participaron expertos en
materia penal, jueces penales, miembros de tribunales penales, catedráticos, abogados. A lo largo del proceso de debate de la ley, la discusión se
centró, casi en su totalidad, en aspectos técnicos de los artículos, pues en
general, los actores coincidían con el espíritu más amplio de la ley, que
es agilitar la administración de justicia.
Entre los aportes recibidos por organizaciones de la sociedad civil, se
pueden mencionar los comentarios del Consejo Nacional de las Mujeres (CONAMU). Esta entidad sugirió a la Comisión regular tipos penales
y sanciones en el tema de violencia intrafamiliar y violencia de género, para evitar la impunidad. Por su parte, la Federación Nacional de
Asociaciones de Judiciales del Ecuador (FENAJE) presentó una reforma
procesal penal integral. El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CNNA) propuso reforzar la prohibición de abstenerse de iniciar una
investigación penal o desistir de la ya iniciada en los casos de delitos
sexuales. El coronel Luis Hernández, quien fue parte de la Asamblea
Constituyente, presentó observaciones en cuanto a las reformas a la Ley
de Fabricación, Importación, Exportación, Comercialización y Tenencia
de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios, que también fueron tratadas por la Comisión.
El organismo responsable recibió varias propuestas sobre reformas más
extensas al Código Penal, pero el consenso de sus miembros fue profundizar la reforma central del Código de Procedimiento Penal y trabajar
otras reformas, solo en los casos relacionados.
Entre los aspectos técnicos en debate estuvieron las facultades discrecionales para la Fiscalía (relacionadas con la decisión de no iniciar investigaciones o suspenderlas cuando la denuncia tiene características
específicas como referirse a hechos que no son delito o que no se pueden investigar, entre otros), la oralidad en etapas previas al juicio, las
medidas cautelares, los mecanismos de simplificación procesal, el desarrollo del juicio y la prueba, y otros. La ley contiene más de 100 reformas
Un avance en materia de legislación penal ecuatoriana es la tipificación de los delitos de odio en el Código Penal, que contempla prisión de
seis meses a tres años para quien, públicamente o mediante cualquier
medio apto para su difusión pública, incitare al odio, al desprecio, o
a cualquier forma de violencia moral o física contra una o más personas
en razón del color de su piel, su raza, sexo, religión, origen nacional
o étnico, orientación sexual o identidad sexual, edad, estado civil o
Carlos Guzmán /Alt- Jorge
Germánico Patricio Pazmiño
Vladimir Vargas /Alt- José Vicente Partido Renovador
Sofía Espín /Alt- Rommel
Eduardo Alfonso Zambrano
María Augusta Calle /
Alt- Pamela Falconí Loqui
Félix Fernando Burbano
Dionicio Cando /Alt- Tito Galo
Lara Yépez
Mercedes Panta /Alt- Edison
Raul Narváez Guerra
Altiva y Soberana,
AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO
PENAL Y AL CÓDIGO PENAL
Que,	el artículo 168 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que la sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el
sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y dispositivo;
Que,	el artículo 169 de la Constitución declara que el sistema procesal es
un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales
consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia,
inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las
garantías del debido proceso;
Que,	de acuerdo a lo previsto en el artículo 195 de la Constitución, le
corresponde a la Fiscalía ejercer la acción penal pública con sujeción
a los principios de oportunidad y mínima intervención;
Que,	para que los mandatos constitucionales tengan una efectiva aplicación y realización en materia penal, es indispensable introducir modificaciones sustanciales en la organización, desarrollo y conclusión de
los procesos, transparentando y agilizando la actuación de los operadores de la justicia;
Que,	la implementación de la oralidad en todas las etapas e instancias del
proceso, requiere la adopción de un sistema de audiencias para el
conocimiento y disposición, tanto respecto a la iniciación como la
sustanciación de las causas, cuanto para la expedición de decisiones
de mérito y los pronunciamientos directamente relacionados con
la defensa y tutela de derechos fundamentales;
Que,	asimismo, es necesario introducir reformas de trascendencia que
posibiliten al sistema penal ofrecer una respuesta pronta, ágil y oportuna a la solución de los conflictos, así como la organización de procedimientos especiales y alternativos al proceso penal ordinario;
Art. …- Debido proceso.- Se aplicarán las normas que garanticen
el debido proceso en todas las etapas o fases hasta la culminación del
trámite; y se respetarán los principios de presunción de inocencia, inmediación, contradicción, derecho a la defensa, igualdad de oportunidades
de las partes procesales, imparcialidad del juzgador y fundamentación
Art. …- Contradictorio.- Las partes tendrán derecho a conocer y controvertir las pruebas, así como a intervenir en su formación. El juez resolverá con base a los argumentos y elementos de convicción aportados.
El juez carecerá de iniciativa procesal.
Art. …- Oralidad.- En todas las etapas, las actuaciones y resoluciones
judiciales que afecten los derechos de los intervinientes se adoptarán en
audiencias donde la información se produzca por las partes de manera
oral. No se excluye el uso de documentos, siempre que estos no reemplacen a los peritos y testigos, ni afecten a las reglas del debido proceso
y del principio contradictorio.
Queda prohibida la utilización por parte de los juzgadores de elementos
de convicción producidos fuera de la audiencia o contenidos en documentos distintos a los anotados en el inciso anterior, salvo las excepciones
Art. …- Mínima intervención.- En la investigación penal, el Estado
se sujetará al principio de mínima intervención. En el ejercicio de la
acción penal se prestará especial atención a los derechos de los procesados
y ofendidos.
Art. 2.- Sustitúyase el numeral 3 del artículo 21 y añádase el numeral
4 al mismo artículo:
3.- Cuando no fuere posible determinar el lugar de comisión del delito,
o el delito se hubiere cometido en varios lugares, o en uno incierto,
será competente el juez de garantías penales del lugar del domicilio del procesado, siempre que éste llegare a establecerse, aunque
estuviere prófugo. Si no fuere posible determinar el domicilio será
competente el juez de garantías penales del lugar donde se inicie la
instrucción fiscal. La resolución de instrucción fiscal se dictará en el
lugar donde se encuentren los principales elementos de convicción.
4.- Cuando se hubieren cometido infracciones conexas de la misma
o distinta gravedad, en un mismo lugar o en diversos lugares, habrá un solo proceso penal ante la jurisdicción donde se consumó el
delito más grave.
“Art. 27.- Competencia de los jueces de garantías penales.- Los
jueces de garantías penales tienen competencia para:
1)	Garantizar los derechos del procesado y ofendido conforme a las facultades y deberes establecidos en este Código, la Constitución y los
instrumentos internacionales de protección de derechos humanos;
2)	Tramitar y resolver en audiencia, en la fase de indagación previa y
etapa de instrucción fiscal, la adopción, exención, revisión, fijación de
plazo y control de necesidad de mantención de medidas cautelares;
3)	Tramitar y resolver en audiencia las solicitudes de archivo procesal,
desestimaciones, acuerdos reparatorios, suspensiones condicionales
al procedimiento y conversiones;
4)	Tramitar y resolver en audiencia el juzgamiento de delitos de acción
5)	Conocer y resolver las solicitudes que se presenten en la audiencia
6)	Conocer y, de ser el caso, dictar correctivos en audiencia para subsanar posibles violaciones o limitaciones a los derechos del procesado,
en razón de actuaciones ilegítimas de la Fiscalía o Policía;
7)	Conocer y resolver solicitudes temporales de mantención de reserva
de elementos de convicción y otros documentos hasta que se efectúen ciertas prácticas investigativas;
8)	Determinar, con base a los elementos de convicción, el monto de
los daños y perjuicios causados, para garantizar la reparación de los
ofendidos;
9)	Ejecutar la sentencia condenatoria en lo referente a la reparación
10)	Las demás previstas en la ley.”
Art. 4.- En artículo 28. 2, a continuación de la expresión “procedimiento
abreviado,” agregar la expresión “procedimiento simplificado”.
Art. 5.- En el artículo 31, numeral 1, literal a), luego de la expresión “que
se hubiera propuesto”, agréguese lo siguiente:
“Siempre que no hubiera sido posible determinarse los perjuicios en la
misma sentencia o si la determinación hubiese sido parcial,”.
“Si en esta igualmente no fue posible determinar los perjuicios, o si la
determinación fue solo parcial”.
“Art. 32.- Clasificación.- Desde el punto de vista de su ejercicio, la
acción penal es de dos clases: pública y privada.”
Art. 9.- En el artículo 35 suprímase la frase “o de instancia particular”;
y, a continuación del artículo, agréguese lo siguiente: “En los casos de
acción privada será el juez de garantías penales quien podrá realizar
tales actos, con notificación a la persona contra quien se presentará
la diligencia”.
g)	La estafa y otras defraudaciones, excepto en los casos en que se determine que existen 15 o más víctimas u ofendidos por el mismo
hecho antijurídico.
h)	La violación de domicilio;
i)	La revelación de secretos de fábrica;
j)	El hurto; y,
k)	Las lesiones que no superen los treinta días de enfermedad o incapacidad para el trabajo, excepto en los casos de violencia intrafamiliar
y delitos de odio.
“Art. 37.- Las acciones por delitos de acción pública pueden ser transformadas en acciones privadas, a pedido del ofendido o su representante, siempre que el juez de garantías penales lo autorice. El fiscal podrá
allanarse a este pedido; de no hacerlo, argumentará al juez de garantías
a)	Cuando se trate de delitos que comprometan de manera seria el
b)	Cuando se trate de delitos contra la administración pública o que
afectan los intereses del Estado;
c)	Cuando se trate de delitos de violencia sexual, violencia intrafamiliar
o delitos de odio;
d)	Cuando se trate de crímenes de lesa humanidad; o,
e)	Cuando la pena máxima prevista para el delito sea superior a cinco
Si hubiere pluralidad de ofendidos, es necesario el consentimiento de
todos ellos, aunque solo uno haya presentado la acusación particular.
Transformada la acción cesarán todas las medidas cautelares que se
Si el ofendido decide presentarse como querellante para iniciar la acción
privada, será competente el mismo juez de garantías penales que conocía del proceso en la acción pública. El plazo para la prescripción de la
acción privada correrá a partir de la resolución de la conversión.
La conversión procederá hasta el término de cinco días después de que
el tribunal de garantías penales avoque conocimiento de la causa.”
Art. 12.- A continuación del artículo 37, agréguense los siguientes
artículos innumerados:
Art. …- Acuerdos de Reparación.- Excepto en los delitos en los que
no cabe conversión según el artículo anterior, el procesado y el ofendido, podrán convenir acuerdos de reparación, para lo cual presentarán
conjuntamente ante el fiscal la petición escrita que contenga el acuerdo y, sin más trámite, se remitirá al juez de garantías penales quien lo
aprobará en audiencia pública, oral y contradictoria, si verificare que el
delito en cuestión es de aquellos a los que se refiere este inciso y que
los suscriptores del acuerdo lo han hecho en forma libre y con pleno
conocimiento de sus derechos. A esta audiencia deberán ser convocados
el fiscal y el defensor, cuya comparecencia será obligatoria.
El acuerdo de reparación procederá hasta el plazo de cinco días después
que el tribunal de garantías penales avoque conocimiento de la causa.
En la resolución en que se apruebe el acuerdo reparatorio se ordenará el
archivo temporal de la causa. El archivo definitivo solo procederá cuando
el juez de garantías penales conozca del cumplimiento íntegro del mismo.
La resolución que aprueba el acuerdo reparatorio tendrá fuerza ejecutoria; y, si no se cumpliere, el afectado podrá escoger entre las opciones de
hacer cumplir el acuerdo o que se continúe la acción penal.
Los jueces de garantías penales llevarán un registro de los acuerdos de
reparación aprobados, y se ingresarán en el sistema informático para
conocimiento de todos los operadores de justicia.
Art. …- Suspensión condicional del procedimiento.- En todos los
delitos sancionados con prisión y en los delitos sancionados con reclusión
de hasta cinco años, excepto en los delitos sexuales, crímenes de odio,
violencia intrafamiliar y delitos de lesa humanidad; el fiscal, con el acuerdo del procesado, podrá solicitar al juez de garantías penales la suspensión condicional del procedimiento, siempre que el procesado admita su
La suspensión se pedirá y resolverá en audiencia pública a la cual
asistirán el fiscal, el defensor y el procesado. El ofendido podrá asistir
a la audiencia y si quisiera manifestarse será escuchado por el juez de
Al disponer la suspensión condicional del procedimiento, el juez de
garantías penales establecerá como condición una o más de las medidas contempladas en el artículo siguiente. Las condiciones impuestas no
podrán exceder de dos años.
Durante el plazo fijado por el juez de garantías penales se suspende
el tiempo imputable a la prescripción de la acción penal y a los plazos
de duración de la etapa procesal correspondiente. Cumplidas las condiciones impuestas, el juez de garantías penales declarará la extinción de
Art. …- Condiciones.- El juez de garantías penales dispondrá, según
corresponda, que durante el período que dure la suspensión, el procesado cumpla una o más de las siguientes condiciones:
a)	b)	c)	d)	Residir o no en un lugar determinado;
Abstenerse de frecuentar determinados lugares o personas;
Someterse a un tratamiento médico o psicológico;
Tener o ejercer un trabajo o profesión, oficio, empleo, o someterse
a realizar trabajos comunitarios;
e)	Asistir a programas educacionales o de capacitación;
f)	Reparar los daños o pagar una determinada suma al ofendido a título
de indemnización de perjuicios o garantizar debidamente su pago;
g)	Fijar domicilio e informar a la Fiscalía de cualquier modificación del
h)	Presentarse periódicamente ante la Fiscalía u otra autoridad designada por el juez de garantías penales, y en su caso, acreditar el
cumplimiento de las condiciones impuestas; e,
i)	No tener instrucción fiscal por nuevo delito.
El juez de garantías penales resolverá en la misma audiencia la suspensión e impondrá la o las condiciones y el período durante el cual deben
cumplirse. El ofendido u otros interesados podrán solicitar copia de la
resolución. Dicha copia en poder del destinatario operará como una
orden directa a la Policía para que intervenga en caso de que la condición esté siendo violada.
Art. …- Revocación de la suspensión condicional.- Cuando el
procesado incumpliere cualquiera de las condiciones impuestas o transgrediere los plazos pactados, el juez de garantías penales, a petición del
fiscal o el ofendido, convocará a una audiencia donde se discutirá el
incumplimiento y la revocatoria de la suspensión condicional. En caso
de que en ella el juez de garantías penales llegue a la convicción de que
hubo un incumplimiento injustificado y que amerita dejarla sin efecto,
la revocará y se sustanciará el procedimiento conforme a las reglas del
procedimiento ordinario. Revocada la suspensión condicional, no podrá
volver a concederse.
“Art. 38.- El fiscal podrá solicitar al juez de garantías penales la desestimación, el archivo provisional y el archivo definitivo de las investigaciones.”
“Art. 39.- Desestimación.- El fiscal solicitará al juez de garantías penales, mediante requerimiento debidamente fundamentado, el archivo de
la denuncia, parte informativo o cualquier otra forma por la que llegue
la noticia del ilícito, cuando sea manifiesto que el acto no constituye
delito o cuando exista algún obstáculo legal insubsanable para el desarrollo del proceso.
La resolución del juez de garantías penales no será susceptible de impugnación. Si el juez decide no aceptar el pronunciamiento del fiscal,
enviará el caso al fiscal superior, quien a su vez delegará a otro fiscal
para que continúe con la investigación pre procesal o en su caso, prosiga
con la tramitación de la causa.”
Art. 15.-	A continuación del artículo 39, agréguense los siguientes
Art. …- Archivo Provisional y Definitivo.- En todos los delitos, en
tanto no se hubiere iniciado la instrucción fiscal, el fiscal podrá solicitar
al juez de garantías penales el archivo provisional de la investigación,
cuando de ella no se haya podido obtener resultados suficientes para deducir una imputación. De encontrarse nuevos elementos de convicción,
el fiscal podrá reabrir la investigación y proseguirá con el trámite.
Si no se llegaren a establecer elementos de convicción, la investigación
penal se archivará definitivamente dentro de un año en los casos de delitos sancionados con prisión y dentro de dos años en los casos de delitos
sancionados con reclusión.
El ofendido podrá solicitar al fiscal la reapertura de la investigación.
Asimismo, podrá reclamar de la denegación de dicha solicitud ante
el fiscal superior, quien tendrá facultad de revocar la decisión de archivo
y disponer que se continúe con la investigación, decisión que la adoptará en el plazo máximo de diez días.
Transcurrido el plazo para el cierre de la indagación previa, el fiscal
hará conocer al juez de garantías penales, quien verificará las exigencias
legales y de ser el caso declarará la extinción de la acción y dispondrá
el archivo definitivo del caso, calificando si la denuncia es maliciosa
o temeraria.
1.	El hecho constitutivo de presunto delito no comprometa gravemente
el interés público, no implique vulneración a los intereses del Estado
y tenga una pena máxima de hasta cinco años de prisión.
2.	En aquellos delitos donde por sus circunstancias el infractor sufriere un daño físico grave que le imposibilite llevar una vida normal
o cuando tratándose de un delito culposo los únicos ofendidos fuesen su cónyuge o pareja y familiares comprendidos hasta el segundo
Cuando se trate de delitos de violencia sexual, violencia intrafamiliar
o delitos de odio, el fiscal no podrá abstenerse en ningún caso de iniciar
Art. …- Trámite.- A pedido del fiscal, el juez de garantías penales convocará a una audiencia donde las partes deberán demostrar que el caso
cumple con los requisitos legales exigidos. El ofendido será notificado
para que asista a esta audiencia. Su presencia no será obligatoria.
En caso de que el juez de garantías penales constate que el delito no sea
de los establecidos en el numeral 1 del artículo anterior o que los afectados no sean las personas descritas en el numeral 2 del mencionado
artículo; enviará su resolución al fiscal superior para que el trámite sea
En caso de que el juez de garantías penales no estuviese de acuerdo con
la apreciación, enviará al fiscal superior para que de manera definitiva
se pronuncie sobre el archivo del caso.
Art. …- En los casos de desestimación o archivo, si el juez de garantías penales considera improcedente este requerimiento, enviará el expediente
al fiscal superior, quién dispondrá que se continúe con la investigación
a cargo de un fiscal distinto al que solicitó la desestimación o archivo.
La autoridad de la Fiscalía que conociere el reclamo lo resolverá en el
plazo de diez días. Si se revoca la decisión del fiscal de origen, el caso
pasará a conocimiento de otro fiscal, para que inicie la investigación,
o en su caso, se continúe con la tramitación de la misma. Si se ratifica la
decisión de abstención, se remitirá lo actuado al juez de garantías penales para que declare la extinción de la acción penal respecto del hecho.
Art. ...- Oportunidad.- El fiscal en razón de una eficiente utilización
de los recursos disponibles para la investigación penal y de los derechos
de las partes, podrá abstenerse de iniciar la investigación penal o desistir
de la ya iniciada cuando:
La extinción de la acción penal por los motivos previstos en este artículo,
no perjudica, limita ni excluye el derecho del ofendido para perseguir
por la vía civil el reconocimiento y el pago de la indemnización de perjuicios derivados del acto objeto de la denuncia.
Art. …- Obligación de remitir expediente.- En los casos de violencia intrafamiliar que no constituyan delito, el fiscal, tan pronto se
abstenga de tramitarlos, remitirá el expediente al juez competente para
su respectivo conocimiento.
Art. 16.- Sustitúyase el artículo 42 por el siguiente:
“Art. 42.- La persona que conociere que se ha cometido un delito de
acción pública, excepto aquella a quien la ley se lo prohíbe, debe presentar su denuncia ante el fiscal competente, la Policía Judicial o la
Policía Nacional.”
Art. 17.- En el Art. 66 sustitúyase la frase “de las pruebas” por “de los
elementos de convicción”; y se reemplaza el inciso segundo del mismo
artículo por el siguiente:
“Debe proceder oralmente en la indagación previa, así como en todas
las etapas procesales, sin perjuicio de su obligación de llevar registros de
las diligencias ordenadas y practicadas, por los medios técnicos e idóneos que garanticen su conservación y reproducción”.
Art. 18.- Sustitúyase la parte inicial del artículo 67 por lo siguiente:
Excusa o Separación.- El fiscal debe excusarse o puede ser separado del
conocimiento de una causa:
Y, añádase como literal e), lo que sigue:
e)	cuando asuma el conocimiento de causas en que intervengan o tengan interés sus amigos íntimos o enemigos manifiestos.
Art. 19.- A continuación del artículo 67, agréguese el siguiente artículo
innumerado:
Art. 20.-	Sustitúyase el artículo 84 por el siguiente:
“Art. 84.- Objeto de la prueba.- Se pueden probar todos los hechos y
circunstancias de interés para el caso. Las partes procesales tienen libertad para investigar y practicar pruebas siempre y cuando no contravengan la ley y derechos de otras personas.”
“Art. 86.- Apreciación de la prueba.- Toda prueba será apreciada
por el juez o tribunal conforme a las reglas de la sana crítica. Ninguna
de las normas de este Código, se entenderá en contra de la libertad de
criterio que establece el presente artículo.”
“Art. 95.- Informes periciales.- Durante la indagación previa, o en
la etapa de instrucción, los peritos realizarán informes sobre la experticia realizada. Este documento lo incorporará el fiscal en el expediente y
el defensor lo exhibirá durante la etapa intermedia.
Si hubiere peligro de destrucción de huellas o vestigios de cualquier naturaleza en las personas o en las cosas, los profesionales en medicina,
enfermeros o dependientes del establecimiento de salud a donde hubiere concurrido la persona agraviada, tomarán las evidencias inmediatamente y las guardarán hasta que el fiscal o la Policía Judicial dispongan
que pasen al cuidado de peritos para su examen.
Si se tratare de exámenes corporales, la mujer a la cual deban practicárselos podrá exigir que quienes actúan como peritos sean personas de su
El Consejo de la Judicatura fijará las escalas de remuneración de los peritos.”
Art. ...- Subrogación.- Si el fiscal es sancionado con la suspensión,
remoción o destitución por incurrir en las prohibiciones establecidas en
el Código Orgánico de la Función Judicial, será subrogado por otro fiscal,
de conformidad con lo establecido en la mencionada ley.
Art. 23.- Sustitúyase el artículo 98 por el siguiente:
No podrá actuar un fiscal mientras esté siendo investigado en proceso penal.
1.	La descripción detallada de lo que se ha reconocido o examinado,
tal cual lo observó el perito en el momento de practicar el reconocimiento o examen;
“Art. 98.- Contenido del informe pericial.- El informe pericial
2.	El estado de la persona o de la cosa objeto de la pericia, antes de la
comisión del delito, en cuanto fuere posible;
3.	La determinación del tiempo probable transcurrido entre el momento
en que se cometió la infracción y el de la práctica del reconocimiento;
4.	El pronóstico sobre la evolución del daño, según la naturaleza de
la pericia;
5.	Las conclusiones finales, el procedimiento utilizado para llegar
a ellas y los motivos en que se fundamentan;
6.	La fecha del informe; y,
7.	La firma y rúbrica del perito.
En el caso de que hubiesen desaparecido los vestigios de la infracción,
los peritos opinarán, en forma debidamente motivada sobre si tal
desaparición ha ocurrido por causas naturales o artificiales. Esta opinión deberá sujetarse a los principios del debido proceso y la presunción
El procesado tiene derecho a conocer oportunamente el informe pericial, a formular observaciones y a solicitar aclaraciones al perito, sin
perjuicio de su derecho a interrogarle en la audiencia.”
Art. 24.- Sustitúyase el primer inciso de artículo 119 por el siguiente:
“Art. 119.- Recepción.- La prueba testimonial se recibirá en la etapa
del juicio ante el tribunal de garantías penales.
Los partes informativos, informes periciales, versiones de los testigos
y cualquier declaración anterior se podrá usar en el juicio con los únicos objetivos de refrescar la memoria y sacar a relucir contradicciones,
siempre bajo prevención de que no sustituya al testimonio; no serán
admitidos como prueba.
Como excepción, los jueces de garantías penales pueden recibir y practicar los testimonios urgentes de personas enfermas, personas que van
a salir del país, de las víctimas de violencia sexual y de aquellos que
demuestren que no pueden concurrir al tribunal de garantías penales
en la etapa del juicio.
Estos testimonios surtirán eficacia probatoria en la etapa de juicio. Se
practicarán en una diligencia que se llevará a efecto con presencia de
la defensa y cumplirá con el mismo procedimiento y respeto a similares
garantías y principios que los fijados para el testimonio en el juicio.”
Art. 25.- Sustitúyase el artículo 120 por el siguiente:
“Art. 120.- Constancia escrita.- Toda declaración será oral. Al tratarse del testimonio urgente, el juez de garantías penales ordenará que
se lo reduzca a escrito debiendo ser la diligencia un fiel reflejo de lo
expuesto por el declarante, sin perjuicio de que este testimonio pueda
ser grabado. La diligencia será firmada por el juez de garantías penales,
el secretario, el intérprete o el curador, si hubieran intervenido, y por el
deponente. Si éste no supiere, no quisiere o no pudiere firmar, firmará
por él un testigo en presencia del juez de garantías penales y del secretario, quién dejará constancia de este hecho en la diligencia. Este testimonio será leído a los sujetos procesales en la audiencia de juicio.
En el juzgamiento de los delitos de acción privada, los testimonios
serán orales, los que debidamente grabados o registrados se agregarán
Art. 26.-	A continuación del artículo 133, agréguese el siguiente artículo
Art. …- Peritos.- Son peritos los profesionales especializados o personas que por su experiencia aportan conocimientos específicos sobre
su ciencia, arte u oficio. Su acreditación se realizará ante el tribunal de
garantías penales que conoce la causa mediante el interrogatorio de la
parte que solicita su presencia. La contraparte tendrá la facultad en su
contrainterrogatorio de cuestionar su capacidad técnica.
Art. 27.- Sustitúyase el artículo 134 por el siguiente:
“Art. 134.- Los testimonios de testigos y peritos serán practicados de
acuerdo a las preguntas de las partes procesales. Primero declararán
bajo el interrogatorio que realice la parte que solicitó su presencia
y terminarán con el contrainterrogatorio de la contraparte. El acusador
particular y el fiscal para efectos de diferenciación de interrogatorios
y contrainterrogatorios estarán sometidos a las mismas reglas.”
Art. 28.- Suprímase el artículo 135.
Art. 29.- Sustitúyase el artículo 136, por el siguiente:
“Art. 136.- Prohibición de interrupción.- Las partes procesales no
podrán interrumpir las declaraciones.
Cualquiera de las partes puede objetar aquellas actuaciones que violenten los principios del debido proceso; tales como: presentación de
pruebas que han sido declaradas ilegales; presentación de testigos
improvisados o de última hora; comentarios referidos al silencio del
procesado; realización de preguntas capciosas, impertinentes, repetitivas, irrespetuosas y vagas o difusas; las sugestivas en el interrogatorio;
aquellas que estén fuera de la esfera de percepción del testigo por opiniones, conclusiones e hipotéticas salvo en los casos de peritos dentro
del área de su experticia; preguntas que sean autoincriminatorias para
el procesado; referenciales, salvo que las personas a quienes les consta
los hechos vayan a declarar en la audiencia.
En el momento en que se presente una objeción, el presidente del tribunal de garantías penales quedará obligado a calificarla según la causal
esgrimida, y resolverá si el testigo la contesta o se abstiene de hacerlo.”
Art. 30.- Se agrega como segundo inciso del artículo 156, el siguiente:
No se requerirá la autorización a la que se refiere el artículo anterior, en
los casos en que las grabaciones de audio o video sean obtenidas por
cámaras de seguridad o en lugares públicos; así como tampoco en los
casos en que se divulguen grabaciones de audio o video obtenidas por
uno de los intervinientes. En estos casos el juez tendrá la facultad de
admitir o no la prueba obtenida a través de estos medios, valorando su
autenticidad, la forma en que se obtuvo, los derechos en conflicto, y el
to de la procedencia y eficacia de los actos de investigación o de prueba
que se formulen a través de dichos medios.
Las actuaciones que se realicen, y los documentos o información obtenidas a través de estos procedimientos, serán válidos y eficaces siempre
que se garantice su integridad, autenticidad y reproducción, y no afecten
en modo alguno los derechos y garantías fundamentales reconocidas en
Las actuaciones y procesos que se tramiten con soporte informático, deberán garantizar la confidencialidad, privacidad y seguridad de los datos
e informaciones de carácter personal que contengan.
Sin embargo, en aquellos casos de grabaciones o filmaciones relacionadas
a un hecho constitutivo de infracción, registradas de modo espontáneo al
momento mismo de su ejecución, por los medios de comunicación social
o por cámaras de seguridad, ubicadas en lugares públicos, le servirán
al fiscal para integrar la investigación y para introducirlas al juicio como
elemento de prueba para su valoración. Éstas no requerirán de la autorización a la que se refiere el artículo ciento cincuenta y cinco.
Art. 32.- Sustitúyase el artículo 159 con el siguiente:
“Art. 159.- A fin de garantizar la inmediación del procesado al proceso
y la comparecencia de las partes al juicio, así como el pago de la indemnización de daños y perjuicios al ofendido, el juez podrá ordenar una
o varias medidas cautelares de carácter personal y/o de carácter real.
En todas las etapas del proceso las medidas privativas de libertad se
adoptarán siempre de manera excepcional y restrictiva, y procederán
en los casos que la utilización de otras medidas de carácter personal
alternativas a la prisión preventiva no fueren suficientes para evitar que
el procesado eluda la acción de la justicia.
Art. 31.- A continuación del artículo 156 agréguese el siguiente artículo
Se prohíbe disponer medidas cautelares no previstas en este Código.”
Art. ...- Los Fiscales podrán utilizar todos aquellos medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos que resulten útiles e indispensables
para sustentar sus actuaciones y pronunciamientos, cumpliendo con los
requisitos y obteniendo las autorizaciones que se exijan en la ley respec-
“Art. 160.- Las medidas cautelares de carácter personal, son:
1)	La obligación de abstenerse de concurrir a determinados lugares;
2)	La obligación de abstenerse de acercarse a determinadas personas;
3)	La sujeción a la vigilancia de autoridad o institución determinada,
llamada a informar periódicamente al juez de garantías penales,
o a quien éste designare;
4)	La prohibición de ausentarse del país;
5)	Suspensión del agresor en las tareas o funciones que desempeña
cuando ello significare algún influjo sobre víctimas o testigos;
6)	Ordenar la salida del procesado de la vivienda, si la convivencia implica un riesgo para la seguridad física o psíquica de las víctimas
o testigos;
7)	Ordenar la prohibición de que el procesado, por sí mismo o a través
de terceras personas, realice actos de persecución o de intimidación
a la víctima, testigo o algún miembro de su familia;
8)	Reintegrar al domicilio a la víctima o testigo disponiendo la salida
simultánea del procesado, cuando se trate de una vivienda común
y sea necesario proteger la integridad personal y/o psíquica;
9)	Privar al procesado de la custodia de la víctima menor de edad, en
caso de ser necesario nombrar a una persona idónea siguiendo lo
dispuesto en el artículo 107, regla 6 del Código Civil y las disposiciones del Código de la Niñez y Adolescencia;
10)	La obligación de presentarse periódicamente ante el juez de garantías penales o ante la autoridad que éste designare;
11)	El arresto domiciliario que puede ser con supervisión o vigilancia
12)	La detención; y,
13)	La prisión preventiva.
1)	El secuestro;
2)	La retención; y,
3)	El embargo”
Art. 34.- A continuación del Art. 160, añádase el siguiente artículo innumerado:
Art. ...- Audiencias para la medida cautelar de prisión
preventiva.- Desde el inicio de la instrucción, la medida cautelar de
prisión preventiva deberá ser resuelta en audiencia oral, pública y contradictoria, salvo las excepciones previstas en este Código.
Al efecto, el juez de garantías penales convocará a los sujetos procesales
en el término de hasta cinco días a audiencia. La parte que pretenda
valerse de un elemento de convicción tendrá la carga de su presentación
en la diligencia, la cual, sin embargo, no podrá suspenderse por falta de
tal elemento.
El juez de garantías penales escuchará en primer lugar al fiscal; luego
concederá la palabra a la contraparte y promoverá el debate sobre los
puntos litigiosos de los elementos presentados. El juez de garantías penales decidirá en la misma audiencia exclusivamente sobre lo solicitado,
lo debatido y aquello que resulte directa y procesalmente relacionado.
La comunicación de la resolución, que en todo caso será oral, bastará
como notificación a los sujetos procesales.
Toda convocatoria a audiencia llevará la prevención que de no asistir
el defensor particular del sospechoso o procesado, actuará en su lugar
el defensor público, designado por el juez de garantías penales en la
misma providencia que contenga tal convocatoria.
Se redactará un extracto de la audiencia, la cual contendrá la identidad
de los participantes, los puntos propuestos y debatidos y lo resuelto por
el juez de garantías penales. El acta será suscrita por el secretario.
Art. 35.- Sustitúyase el artículo 161 por el siguiente:
“Art. 161.- Detención por delito flagrante.- Los agentes de
la Policía Nacional, de la Policía Judicial, o cualquier persona pueden
detener, como medida cautelar, a quien sea sorprendido en delito flagrante de acción pública. En este último caso, la persona que realizó la
detención deberá inmediatamente entregar al detenido a un miembro
El policía que haya privado de libertad o recibido a una persona sorprendida en delito flagrante, comparecerá de inmediato con el detenido
ante el juez de garantías. El fiscal, con la presencia del defensor público,
podrá proceder previamente conforme lo determina el artículo 216 de
este Código, luego de lo cual el agente de la Policía elaborará el parte
correspondiente, quien además comunicará a éste sobre el hecho de
Dentro de las veinticuatro horas desde el momento en que ocurrió la
detención por delito flagrante, el fiscal solicitará al juez de garantías
penales que convoque a audiencia oral en la que realizará o no la imputación, y solicitará la medida cautelar que considere procedente, cuando
el caso lo amerite.”
Art. 36.- A continuación del artículo 161, añádase el siguiente artículo
Art. …- Audiencia de calificación de flagrancia.- El juez dará inicio a la audiencia identificándose ante los concurrentes como juez de garantías penales, señalando los derechos y garantías a que hubiere a lugar.
Luego concederá la palabra al representante de la Fiscalía quien expondrá
el caso, indicando las evidencias encontradas en poder del sospechoso,
y fundamentando la imputación que justifica el inicio de la instrucción
fiscal, de conformidad con los requisitos establecidos en el artículo 217
de este Código. El fiscal solicitará las medidas cautelares que estime necesarias para la investigación y señalará un plazo máximo de hasta treinta
días para concluir la instrucción fiscal. Acto seguido el juez de garantías
penales concederá la palabra al ofendido, en caso de haberlo, al policía
si lo estimare necesario, a fin de que relate las circunstancias de la detención. Luego escuchará al detenido para que exponga sus argumentos de
defensa, quién lo hará directamente o a través de su abogado defensor.
La intervención del detenido no excluye la de su defensor.
El juez de garantías penales concluirá la audiencia resolviendo la existencia de elementos de convicción para la exención o no de medidas
cautelares. Inmediatamente, dispondrá la notificación a los sujetos procesales en el mismo acto de la audiencia. Posteriormente, el fiscal de
turno, remitirá lo actuado a la Fiscalía General, a fin de que continúe
con la instrucción el fiscal especializado que avoque conocimiento, en
“Art. 162.- Delito flagrante.- Es delito flagrante el que se comete
en presencia de una o más personas o cuando se lo descubre inmediatamente después de su supuesta comisión, siempre que haya existido una
persecución ininterrumpida desde el momento de la supuesta comisión hasta la detención, así como que se le haya encontrado con armas,
instrumentos, el producto del ilícito, huellas o documentos relativos al
No se podrá alegar persecución ininterrumpida si han transcurrido más
de veinticuatro horas entre la comisión del delito y la detención.”
Art. 38.- Agréguese en el artículo 167, a continuación del numeral 3, los
4.	Indicios suficientes de que es necesario privar de la libertad al procesado para asegurar su comparecencia al juicio.
5.	Indicios suficientes de que las medidas no privativas de libertad son
insuficientes para garantizar la presencia del procesado al juicio.
Art. 39.- A continuación del artículo 167 agréguese el siguiente artículo
Art. …- La solicitud de prisión preventiva será motivada y el fiscal deberá demostrar la necesidad de la aplicación de dicha medida cautelar.
El juez de garantías penales rechazará la solicitud de prisión preventiva
que no esté debidamente motivada.
Si el juez de garantías penales resuelve no ordenar la prisión preventiva,
y se estableciera que la libertad del procesado puede poner en peligro
o en riesgo la seguridad, o la integridad física o psicológica del ofendido,
testigos o de otras personas, la Fiscalía adoptará las medidas de amparo previstas en el sistema y programa de protección a víctimas, testigos
y demás participantes en el proceso penal.
Si se trata de delitos sexuales o de lesiones producto de violencia intrafamiliar cometidos en contra de mujeres, niños, niñas o adolescentes,
a más de las medidas de amparo adoptadas por la Fiscalía, el juez de
garantías penales prohibirá que el procesado tenga cualquier tipo de
acceso a las víctimas o realice por sí mismo o a través de terceras personas actos de persecución o de intimidación a las víctimas o algún miembro de su familia.
Toda medida de prisión preventiva se adoptará en audiencia pública,
oral y contradictoria, en la misma que el juez de garantías penales
resolverá sobre el requerimiento fiscal de esta medida cautelar, y sobre
las solicitudes de sustitución u ofrecimiento de caución que se formulen
En esta audiencia, si el ofendido considera pertinente, solicitará fundamentadamente al fiscal la conversión de la acción, o el procesado podrá
solicitar la aplicación del procedimiento abreviado, en la forma y términos previstos en este Código.
Art. 40.- En el artículo 168, suprímase la expresión: “por propia decisión o”.
“Producida la caducidad de la prisión preventiva, en la misma providencia que la declare el juez dispondrá que el procesado quede sujeto a la
obligación de presentarse periódicamente ante el juez y la prohibición
de ausentarse del país, o una sola de estas medidas si la estimare suficiente, para garantizar la inmediación del procesado con el proceso”.
Art. 42.- Sustitúyase el artículo 171, por el siguiente:
“Art. 171.- Revisión.- El juez de garantías penales puede sustituir o
derogar una medida cautelar dispuesta con anterioridad o dictarla no
obstante de haberla negado anteriormente, cuando:
a)	Concurran hechos nuevos que así lo justifiquen;
b)	Se obtenga evidencias nuevas que acrediten hechos antes no justificados o desvanezcan los que motivaron la privación de libertad.
Siempre que no se trate de delitos contra la administración pública, de
los que resulte la muerte de una o más personas, de violación o de odio,
la prisión preventiva podrá ser sustituida por el arresto domiciliario en
los casos en que la persona procesada sea mayor de sesenta años de
edad, o una mujer embarazada o parturienta, y en este último caso hasta noventa días después del parto. Este plazo podrá extenderse cuando
el niño o niña hubiera nacido con enfermedades que requieran el cuidado de la madre, hasta que las mismas se superen.
Para adoptar la medida cautelar que corresponda, buscará la menor intervención que permita garantizar la presencia del procesado al juicio.
Cuando el fiscal haya incumplido el plazo fijado por el juez de garantías
penales para el cierre de la investigación y en la audiencia para revisar
la medida cautelar no otorgue una explicación satisfactoria, el juez de
garantías penales podrá derogar o sustituir la medida cautelar.
Las mujeres embarazadas privadas de libertad que no puedan beneficiarse con la sustitución de la prisión preventiva, cumplirán la medida
cautelar en lugares especialmente adecuados para este efecto.
El control del arresto domiciliario está a cargo del juez de garantías penales, quien podrá verificar su cumplimiento a través de la Policía Judicial o por cualquier otro medio. El arrestado no estará necesariamente
sometido a vigilancia policial interrumpida; esta podrá ser reemplazada
por vigilancia policial periódica.
Si se incumpliere la medida sustitutiva, el juez de garantías penales la
dejará sin efecto, y en el mismo acto ordenará la prisión preventiva del
procesado. En este caso, no procederá una nueva medida de sustitución.
El funcionario designado para el control de la presentación periódica
ante la autoridad, tendrá la obligación ineludible de informar al juez de
garantías penales dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al día
previsto para la presentación si ésta se ha producido o no, bajo pena de
quedar sujeto a las responsabilidades administrativas, civiles o penales
La prohibición de salir del país será notificada a la Dirección Nacional
de Migración y a las Jefaturas Provinciales de Migración, organismos que
serán responsables de su cumplimiento, bajo prevenciones legales.”
Art. 43.- Sustitúyase el artículo 172 por el siguiente:
“Art. 172.- El procesado o el fiscal, pueden apelar de la orden de prisión
preventiva impuesta o negada por el juez de garantías penales cuando
consideren que hubo errónea valoración de los elementos aportados por
las partes para la adopción de la resolución. Su trámite se realizará conforme a lo establecido en el presente Código.
El juzgador podrá negar el pedido de caución cuando por la gravedad del
caso, el interés público o el incentivo de fuga, considere que no procede.
La impugnación y la concesión del recurso no tendrán efecto suspensivo,
ni serán causa que obstaculice la prosecución de la investigación fiscal
El fiscal, el ofendido o el procesado, pueden apelar de la resolución judicial, si consideran que el monto fijado no corresponde a las circunstancias procesales. La apelación se concederá en efecto devolutivo.”
Para conocer y resolver la apelación, se enviará copia del proceso al
Art. 46.- Sustitúyase el artículo 186 por el siguiente:
La Sala a la que le corresponda, resolverá por el mérito de lo actuado en
un plazo de cinco días; de no hacerlo, el superior jerárquico impondrá
a los respectivos jueces la multa de un salario mínimo vital por cada día
de retraso; si el atraso fuere causado por una de las salas de la Corte Nacional la sanción será impuesta por el tribunal en Pleno, con exclusión
de los jueces que incurrieron en el retraso.”
Art. 44.- Refórmese el numeral 1 del artículo 175 por el siguiente:
1.	En los delitos sancionados con pena máxima privativa de la libertad
superior a cinco años;
A continuación del numeral 3, agréguese un numeral más con el siguiente texto:
4.	En los delitos de odio, sexuales y de violencia intrafamiliar, o aquellos que por sus consecuencias y circunstancias causen gran alarma
social, a criterio del juez de garantías.
“Art. 176.- Caución.- La procedencia y monto de la caución se discutirá en audiencia pública. El monto deberá ser suficiente para garantizar
la presencia del procesado al juicio; para el efecto se tomará en cuenta
las circunstancias personales del procesado y el delito de que se trate. En
ningún caso el monto establecido podrá ser inferior al de los daños y perjuicios ocasionados al afectado, donde entre otros rubros se calcularán
los daños personales y económicos sufridos, los ingresos que ha dejado
de percibir fruto del delito causado, el patrocinio legal, el daño causado
a su núcleo familiar y el tiempo invertido por parte del afectado.
“Art. 186.- Hecha efectiva la caución, su monto se destinará a satisfacer
la indemnización por daños y perjuicios y la reparación del daño causado; de haber excedente, el 50% se destinará para la Función Judicial y el
50% para la Fiscalía.”
Art. 47.- Sustitúyase el artículo 191 por el siguiente:
“Art. 191.- Modalidades.- Para asegurar la presencia del procesado
a juicio, la ejecución de la pena y las indemnizaciones pecuniarias, el
juez de garantías penales podrá ordenar sobre los bienes de propiedad
del procesado el secuestro, la retención o la prohibición de enajenar.
Estas medidas cautelares sólo podrán dictarse cuando el caso reúna las
condiciones necesarias como para hacer previsible que el procesado
pueda ser llevado a juicio como autor o cómplice y que la necesidad de
precautelar la administración de justicia así lo impugnan.”
Art. 48.- Sustitúyase el artículo 193 por el siguiente:
“Art. 193.- En todo caso en que se expida el auto de llamamiento a
juicio, el juez de garantías penales dispondrá una de las medidas cautelares de carácter real si antes no lo hubiera dispuesto, por una cantidad
equivalente al valor de la multa y a las indemnizaciones civiles, por los
La prohibición de enajenar y el embargo de inmuebles se inscribirán obligatoriamente y en forma gratuita por los Registradores de la Propiedad.”
Art. 49.- En el artículo 194 numeral 1, sustitúyase la palabra “aprehender” por “detener”.
Art. 50.- En el Libro IV, antes del Título I, agréguese el siguiente Título
aquello que más favorezca a los principios del debido proceso, del sistema acusatorio-oral y la realización de la justicia.
Art. …- Resoluciones.- Toda resolución que afecte a los derechos de
las partes, será adoptada en audiencia con sujeción a los principios del
debido proceso y al sistema acusatorio oral.
El juez de garantías penales podrá limitar las intervenciones únicamente
Se prohíbe que los jueces discutan temas de fondo del caso con fiscales,
abogados o interesados fuera de las audiencias.
Art. …- Trámite de las audiencias.- Las partes podrán proponer
cualquier tema que crean procedente, con excepción de los que entran
en contradicción con el debido proceso, aquellos en los que exista una
prohibición legal o afecten de manera ilegitima a uno de los derechos
Se pueden plantear temas tales como: legalidad de la detención; solicitudes referidas a adoptar medidas para que la Fiscalía y la Policía no
violen los derechos del procesado; resoluciones para autorizar ciertos
actos investigativos; auto de apertura de la instrucción fiscal; medidas
cautelares, revisión de las medidas cautelares o apelación de las medidas cautelares; cierre del tiempo de investigación cuando se haya dictado
prisión preventiva; procedimientos alternativos al juicio como acuerdos
reparatorios, conversiones, suspensión condicional del procedimiento,
Son actores indispensables para la válida realización de una audiencia;
el juez o tribunal de garantías penales, el fiscal, el abogado defensor
Art. …- Desarrollo de la audiencia.- Instalada la audiencia, el
juez concederá la palabra a quien la haya solicitado y abrirá la discusión
sobre los temas que sean admisibles. En caso de haber un pedido de
revisar la legalidad de la detención, este punto será siempre el primero
en abordarse.
Como regla general los fiscales y defensores tendrán derecho a presentar
de forma libre sus propuestas, intervenciones y sustentos.
1.	Cuando se introduzca información irrelevante en relación al punto
2.	En caso de utilizarse retóricas que tiendan a alargar de manera innecesaria la audiencia.
3.	Cuando las réplicas no aporten información nueva y la discusión se
vuelva repetitiva y circular.
El juez de garantías penales tiene la obligación de resolver todos aquellos temas planteados en la audiencia de manera fundamentada.
Art. …- Inasistencia.- En caso de que el procesado, fiscal, testigos o
peritos no comparezcan de manera injustificada a una audiencia, serán responsables de conformidad a lo establecido en el artículo 234 del
Código Penal, sin perjuicio de lo que dispone el Código Orgánico de la
Art. 51.- En el artículo 209 al numeral 1, agregar lo siguiente: “y bajo
su dirección jurídica, aplicar todos los medios y técnicas de investigación que se requieran para recoger evidencias respecto de los actos
presuntamente delictivos y de los posibles responsables, conforme a lo
dispuesto en el Capítulo de la Prueba Material, lo que incluirá reconocer
lugares, recoger y analizar resultados, huellas, señales, armas, objetos
e instrumentos, aplicando los principios de la cadena de custodia”; y, en el
numeral 3 cambiar la palabra “aprehensión” por “detención”.
Art. 52.- El inciso tercero del artículo 215 sustitúyase por el siguiente:
“De no existir fundamentos para deducir la imputación, la indagación
no podrá mantenerse abierta por más de un año, y transcurrido este plazo, el fiscal dispondrá el archivo provisional del expediente o solicitará
al juez su archivo definitivo, según fuera el caso; este plazo se contará
desde la fecha en la cual el fiscal dio inicio a la indagación previa”.
Art. …- Conducción del debate.- El juez de garantías penales, para
resolver los incidentes que se presenten en la audiencia, optará por
Art. 53.- Sustitúyase el inciso quinto del Art. 215, por el siguiente:
Sin perjuicio de las garantías del debido proceso y del derecho a la defensa; las actuaciones de la Fiscalía, de la Función Judicial, de la Policía
Judicial y de otras instituciones y funcionarios que intervengan en la
indagación previa, se mantendrán en reserva de terceros ajenos a ésta
y del público en general, sin perjuicio del derecho del ofendido, y de
las personas a las cuales se investiga y de sus abogados, de tener acceso
inmediato, efectivo y suficiente de las investigaciones. El personal de
las instituciones mencionadas que habiendo intervenido en estas actuaciones, las divulguen o pongan de cualquier modo en peligro el éxito
de la investigación o las difundan atentando contra el honor y al buen
nombre de las personas en general, serán sancionados conforme a lo
previsto en el Código Penal.
Art. 54.- Sustitúyase el artículo 217 por el siguiente:
“Art. 217.- Cuando el fiscal cuente con la información necesaria y los
fundamentos suficientes para deducir una imputación, enviará a la sala
de sorteos la petición al juez de garantías penales, a fin de que señale día
y hora para la audiencia de formulación de cargos, acto en el que solicitará de estimar pertinente, las medidas cautelares personales y reales.
El juez de garantías penales que conozca el caso, dentro de las veinticuatro horas subsiguientes, señalará día y hora para la audiencia solicitada,
la que deberá realizarse dentro de cinco días a partir de dicho señalamiento, indicando en la notificación a los sujetos procesales, que de no
concurrir a la misma, se contará con el defensor público.
El juez de garantías penales dará inicio a la audiencia, identificándose ante los concurrentes como juez de garantías; luego concederá la
palabra al fiscal, quién en su exposición, y luego de identificarse, deberá
consignar en su pronunciamiento lo siguiente:
1.	La descripción del hecho presuntamente punible;
2.	Los datos personales del investigado; y,
3.	Los elementos y resultado de la indagación que le sirven como fundamento jurídico para formular la imputación.
El fiscal solicitará al juez de garantías penales que notifique con el inicio
de la instrucción a los sujetos procesales; y señalará además el plazo dentro del cual concluirá la etapa de instrucción fiscal, la que en todo caso, no
excederá de noventa días, con la excepción prevista en el artículo 221.
La resolución de la instrucción fiscal, con todos los datos consignados en
la audiencia y la notificación respectiva, quedará registrado en el extracto de la audiencia, elaborado por el secretario de la judicatura y suscrito
por él, bajo su responsabilidad.
En esta audiencia, si el ofendido considera pertinente, solicitará fundamentadamente al fiscal la conversión de la acción, y el procesado podrá
solicitar la aplicación del procedimiento abreviado, así como cualquiera
de los derechos y garantías de que se crea asistido, en la forma y términos previstos en la Constitución y este Código.
No impedirá la realización de la audiencia, el desconocimiento, respecto
del lugar o domicilio en que deba notificarse a la persona o personas
contra quienes se vaya a formular la imputación; y en todo caso la audiencia se desarrollará con la intervención del defensor público, para
garantizar el derecho a la defensa.”
“Art. 221.- En cuanto aparezcan en el proceso datos que hagan presumir la autoría o participación de una persona en el hecho objeto de
la instrucción, el fiscal formulará la imputación observando el procedimiento y requisitos señalados en el artículo 217 de este Código.
En estos casos, la etapa de instrucción se mantendrá abierta por un
plazo máximo de hasta treinta días adicionales, contados a partir de la
notificación con esa resolución al nuevo procesado o al defensor público
designado por el juez de garantías penales.”
“Art. 224.- Concluida la instrucción en el plazo establecido en la Ley o en
el convenido en la audiencia de formulación de cargos, el fiscal solicitará
al juez de garantías penales que interviene en el proceso, que dentro de
veinticuatro horas, señale día y hora con el fin de que se lleve a efecto la
audiencia en la que el fiscal sustentará y presentará su dictamen, la misma
que se efectuará dentro de los quince días siguientes a la petición.
Cuando el fiscal estime que los resultados de la investigación proporcionan datos relevantes sobre la existencia del delito y fundamento grave
que le permita deducir que el procesado es autor o partícipe de la infracción, debe emitir dictamen acusatorio y requerir al juez de garantías
penales que dicte auto de llamamiento a juicio.
1.	La determinación de la infracción acusada, con todas sus circunstancias;
2.	Nombres y apellidos del procesado;
3.	Los elementos en los que se funda la acusación al procesado. Si fueren varios los procesados, la fundamentación deberá referirse individualmente a cada uno de ellos, describiendo los actos en los que
participó en el hecho; y,
4.	La disposición legal y constitucional que sanciona el acto por el que
gatoria y motivada, elevar la consulta al fiscal superior, para que éste
ratifique o revoque el dictamen de abstención formulado en la audiencia. De ratificarse la no acusación, el juez de garantías penales deberá
emitir el correspondiente auto de sobreseimiento, y en caso de revocatoria, sustanciará la causa con la intervención de un fiscal distinto del
que inicialmente se pronunció por la abstención, quien sustentará la
acusación en una nueva audiencia oral.”
Art. 59.- A continuación del artículo 226, agréguense los siguientes
Art. …- Adicionalmente, la audiencia preparatoria del juicio y de formulación del dictamen a que se refieren los artículos 224 y 226, tiene las
En caso de existir pluralidad de procesados, de haber evidencia suficiente
para acusar a unos y no a otros, el dictamen será acusatorio y abstentivo,
1.-	Conocer de los vicios formales respecto de lo actuado hasta ese momento procesal, los mismos que, de ser posible, serán subsanados
en la propia audiencia.
2.-	Resolver sobre cuestiones referentes a la existencia de requisitos de
procedibilidad, cuestiones prejudiciales, competencia y cuestiones
de procedimiento que puedan afectar la validez del proceso.
3.-	Los sujetos procesales anunciarán las pruebas que serán presentadas
en el juicio, cada una tendrá el derecho a formular solicitudes, observaciones, objeciones y planteamientos que estimaren relevantes referidos a la oferta de prueba realizada por los demás intervinientes.
4.-	Resolver sobre las solicitudes para la exclusión de las pruebas anunciadas, cuyo fundamento o evidencia que fueren a servir de sustento
en el juicio, hubieren sido obtenidas violando las normas y garantías
determinadas en los instrumentos internacionales de protección de
Derechos Humanos, la Constitución y en este Código; y,
5.-	Los sujetos procesales podrán llegar a acuerdos probatorios con el
fin de dar por demostrados ciertos hechos y evitar controvertirlos en
Si el fiscal resuelve no acusar y el delito objeto de la investigación está
sancionado con pena de reclusión mayor extraordinaria o especial, así
como cuando se trate delitos contra la administración pública, o si hay
acusación particular, el juez de garantías penales deberá en forma obli-
Art. …- Procedimiento de la audiencia preparatoria del
juicio.- La ausencia del procesado no será causa para que la audiencia
no se lleve a efecto, bastará la asistencia de su abogado defensor o del
Formulada la acusación, el fiscal entregará al juez de garantías penales
las actuaciones de investigación que sustentan su pronunciamiento.”
“Art 226.- Cuando el fiscal estime que no hay mérito para promover
juicio contra el procesado, en la audiencia solicitada al juez de garantías
penales de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior, se pronunciará sobre su abstención de acusar cuando concluya que no existen
datos relevantes que acrediten la existencia del delito; o, si frente a la
existencia del hecho, la información obtenida no es suficiente para formular la acusación.
Cuando el procesado se encuentre libre bajo caución y no asista a la
audiencia, se hará efectiva la caución.
El acusador particular podrá comparecer personalmente o a través de su
abogado defensor a la audiencia.
Los representantes legales o procuradores judiciales de las instituciones
del sector público, obligatoriamente deben presentarse como acusadores particulares en los procesos por actos punibles que afecten el interés
estatal, bajo prevención que de no hacerlo será declarada su responsabilidad penal.
Instalada la audiencia, el juez de garantías penales consultará a los
sujetos procesales para que, directamente o a través de sus defensores,
se pronuncien acerca de la existencia de vicios de procedimiento que
pudieran afectar la validez del proceso; de ser pertinentes, el juez de
garantías penales los resolverá en la misma audiencia.
A continuación el juez de garantías penales ofrecerá la palabra al fiscal,
que formulará su dictamen, expresando los motivos y fundamentos de
su pronunciamiento. Luego del fiscal intervendrá el acusador particular,
Realizadas las intervenciones del fiscal y del acusador particular, si lo
hubiere, el procesado, directamente o a través de su defensor, alegará respecto del dictamen fiscal y pedirá la exclusión de las evidencias
que considere ilícitas o ilegalmente obtenidas, especificando las normas
o garantías constitucionales o procesales que considere han sido transgredidas. La intervención del procesado no excluye la de su defensor.
Los sujetos procesales pueden presentar la evidencia documental que
sustente sus alegaciones.
Art. …- Resolución.- Concluidas las intervenciones de los sujetos
procesales el juez de garantías penales anunciará de manera verbal a
los presentes su resolución, la que se considerará como notificada en el
mismo acto. La secretaría del juzgado conservará por escrito o en una
grabación las actuaciones y exposiciones realizadas en la audiencia y el
Si el juez de garantías penales observare que las alegaciones respecto de
la existencia de causas de nulidad del proceso están debidamente sustentadas, declarará la nulidad a partir del acto procesal que lo invalida.
Si a criterio del juez de garantías penales no hay vicios de procedimiento
que afecten la validez del proceso, dictará auto de llamamiento a juicio
cuando el dictamen fiscal sea de acusación.
Si se impugna la constitucionalidad o la legalidad de la evidencia, el
juez de garantías penales deberá pronunciarse rechazando la objeción
o aceptándola, y en este último caso declarará qué evidencias son ineficaces hasta ese momento procesal.
En el evento anterior, el juez de garantías penales preguntará al fiscal si
es su decisión mantener la acusación sin contar con la evidencia que se
considera ineficaz hasta ese momento; si el fiscal decide mantenerla, el
juez de garantías penales dictará auto de llamamiento a juicio, en cuya
etapa la Fiscalía deberá desarrollar los actos de prueba necesarios para
perfeccionar y legalizar la evidencia ineficaz.
El secretario elaborará, bajo su responsabilidad y su firma, el extracto
de la audiencia, que recogerá la identidad de los comparecientes, los
procedimientos especiales alternativos al proceso ordinario que se hubieren aplicado, las alegaciones, los incidentes y la resolución del juez
Art. 60.- Suprímanse los artículos correspondientes a la sección Primera
del Titulo II, Libro IV, que van desde los artículos 227 hasta el 231.
Inclúyanse en el mismo Titulo II, los artículos 224, 226 y los innumerados a continuación del artículo 226, bajo la Sección Primera, con el
Titulo: Audiencia Preparatoria del Juicio.
Art. 61.- Sustitúyase el artículo 232, por el siguiente
“Art. 232.- Auto de Llamamiento a Juicio.- Si el juez de garantías
penales considera que de los resultados de la instrucción fiscal se desprenden presunciones graves y fundadas sobre la existencia del delito y
sobre la participación del procesado como autor, cómplice o encubridor,
dictará auto de llamamiento a juicio, iniciando por pronunciarse sobre
la validez del proceso. En el mismo auto deben incluirse los siguientes
1.-	La identificación del procesado;
2.-	La determinación del acto o actos punibles por los que se juzgará
al procesado, así como la determinación del grado de participación,
la especificación de las evidencias que sustentan la decisión y la cita
de las normas legales y constitucionales aplicables;
3.-	La aplicación de medidas cautelares no dictadas hasta el momento,
o la ratificación, revocación, modificación o sustitución de las medidas cautelares dispuestas con antelación; y,
4.-	Los acuerdos probatorios que hayan convenido los sujetos procesales
y aprobados por el juez de garantías penales.
Las declaraciones contenidas en el auto de llamamiento a juicio no surtirán efectos irrevocables en el juicio.
En los siguientes tres días posteriores a que se encuentre ejecutoriado
el auto de llamamiento a juicio, las partes procesales presentarán ante
el juez de garantías penales la enunciación de la prueba con la que sustanciarán sus posiciones en el juicio. El juez de garantías penales remitirá esta información al tribunal de garantías penales.
El auto de llamamiento de juicio, conjuntamente con el acta de la
audiencia y los anticipos probatorios, serán los únicos enviados al tribunal de garantías penales y el expediente será devuelto al fiscal.”
“Art. 235.- PROCESADO CON CAUCIÓN.- Si el procesado hubiere rendido caución, al tratarse de fianza personal se notificará al garante con
el auto de llamamiento a juicio en el domicilio judicial señalado, a fin de
que haga comparecer al procesado ante el tribunal de garantías penales
para efectos de la realización y desarrollo del juicio, bajo las prevenciones legales.
Si el procesado no se presentare al juzgamiento, el tribunal de garantías
penales ordenará la ejecución de la caución y dispondrá la medida cautelar personal necesaria para garantizar la inmediación del procesado al
proceso de juicio.”
Art. 64.- Los artículos 232, 233 y 235, que ahora se reforman, formarán
parte de la Sección II, del Título II, Libro IV, bajo el Titulo: Auto de Llamamiento a Juicio.
“De la iniciativa probatoria de los jueces en la audiencia o de las nuevas
pruebas que ordene el tribunal penal”.
“Art. 233.- Suspensión y continuación.- Si al tiempo de expedirse
el auto de llamamiento a juicio, el procesado estuviere prófugo, el juez
de garantías penales después de dictado dicho auto, ordenará se suspenda la iniciación de la etapa del juicio hasta que sea detenido o se
presente voluntariamente, excepto en los procesos penales que tengan
por objeto delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento
ilícito, en los que la continuación de la causa se realizará en ausencia
“Art. 253.- Inmediación.- El juicio debe realizarse con la presencia
ininterrumpida de los jueces y de los sujetos procesales.
Si fueren varios los procesados, y unos estuvieren prófugos y otros presentes, se suspenderá el inicio del juicio para los primeros y continuará
respecto de los segundos.”
Si el defensor del procesado no comparece al juicio o se aleja de la audiencia se debe proceder en la forma prevista en los artículos 129 y 279
Si el defensor no comparece al segundo llamado, el Presidente del tribunal de garantías penales designará a un defensor de oficio para que
asuma la defensa, con el carácter de obligatorio para el procesado.
Los jueces formarán su convicción a base del mérito y resultados de la
prueba cuya producción y formulación hayan apreciado directamente
en el curso del juicio, y de acuerdo con las normas de este Código, salvo
las excepciones que la ley consagra.
Los testigos y peritos podrán ser interrogados exclusivamente por los sujetos procesales en el juicio, su testimonio no podrá ser sustituido por la
lectura de registros en que constaren declaraciones o informes previos;
salvo el caso del testimonio urgente. Los jueces del tribunal de garantías penales podrán pedir explicaciones a los declarantes para tener una
Los elementos de cargo y de descargo, así como los documentos que
constituyan evidencia durante la etapa indagatoria y de instrucción fiscal, anunciados como anticipos probatorios, formarán parte del expediente del juicio y no necesitarán ser reproducidos, sin perjuicio de que
en virtud del principio de contradicción, sean presentados y actuados
como prueba en la audiencia de juicio para que tengan eficacia.”
Art. 68.-	A continuación del artículo 254 agréguense el siguiente artículo:
Art. ...- Por razones de seguridad o utilidad procesal, y en aquellos casos
en que sea imposible o gravosa la comparecencia de quien deba intervenir en la audiencia del juicio como acusado, testigo o perito, el tribunal
de garantías penales podrá disponer, de oficio o a petición de parte,
que la intervención de tales personas se realice a través de videoconferencia u otros medios técnicos semejantes, siempre que permitan la
comunicación real, directa y fidedigna, tanto de imagen como de sonido,
entre quienes se presentan a través de estos medios y los jueces y sujetos
procesales asistentes a la audiencia.
En todo caso, el tribunal de garantías penales adoptará las medidas que
sean indispensables para garantizar el derecho de defensa y el principio
de contradicción que caracteriza a estas actuaciones.
Cuando se proceda de esta forma, la secretaría del tribunal de garantías
penales deberá acreditar, al inicio de la presentación por videoconferencia, la identidad de las personas que intervienen a través de estos
sistemas, ya sea porque se pueda reconocer físicamente a tales personas,
por exhibición de documentos, o por otros medios que resulten idóneos
“Art. 262.- Convocatoria para la Audiencia.- El Presidente del tribunal de garantías penales pondrá en conocimiento de los sujetos procesales
y de los jueces del tribunal de garantías penales la recepción del caso
y de las actuaciones remitidas por el juez de garantías penales, por el
Transcurrido el plazo al que se refiere el inciso anterior, el Presidente señalará día y hora en que el tribunal de garantías penales debe instalarse
en audiencia pública o privada, según el caso.
Si no hubiere excusas o recusaciones, la audiencia se instalará no más
tarde de diez días ni antes de cinco, contados desde la fecha de la convocatoria, la que se notificará inmediatamente a los otros jueces del
tribunal de garantías penales, al fiscal, al procesado o a su defensor, y si
los hubiere, al acusador particular y al garante.”
“Art. 266.- Juez Suplente.- Si por cualquier causa faltare un juez para
integrar el tribunal de garantías penales, el Presidente o quien haga sus
veces, convocará al respectivo juez suplente que previa y legalmente
se haya posesionado de su cargo, a efectos de que integre el tribunal
de garantías penales hasta la conclusión del juicio.”
Art. 71.- Sustitúyase el artículo 267 por el siguiente:
“Art. 267.- Lista de testigos y petición de pruebas.- Hasta tres
días antes de que se reúna el tribunal de garantías penales, las partes
presentarán una lista de los testigos que deben declarar en la audiencia,
expresando la edad, los nombres, los apellidos, la profesión y residencia
de ellos, y pedirán las demás pruebas a fin de que se practiquen durante
la audiencia, siempre que no hubieren sido anunciadas y discutidas en la
audiencia preparatoria del juicio.
Estas pruebas podrán ser objetadas por las partes en la audiencia de juzgamiento.”
Art. 72.- Sustitúyase el segundo inciso del artículo 272, por el siguiente:
El tribunal de garantías penales podrá dictar sentencia si el testimonio
no se hubiere recibido dentro del plazo fijado en la Comisión.
Art. 73.- En el artículo 278 agréguese el siguiente inciso:
“No obstante lo antes previsto, la audiencia se podrá desarrollar con
la utilización de los sistemas de videoconferencia en los casos y términos señalados en el artículo innumerado agregado a continuación del
artículo 254”.
Art. 74.- Agréguese a continuación del Art. 284 un inciso que diga:
“En el caso de los procesados que habiéndose beneficiado de la caducidad de la prisión preventiva no se presentaren a la audiencia de juicio,
el tribunal de garantías penales ordenará su comparecencia por medio
de la fuerza pública”.
Art. 75.- En el artículo 285, suprímase la expresión “lo que va a oír
y, ordenar la lectura del auto de llamamiento a juicio” y, en su lugar se
incluye lo siguiente: “Las actuaciones y exposiciones que se van a desarrollar y formular durante el trámite de la audiencia”.
“Art. 286.- Exposición de los sujetos procesales.- A continuación, el Presidente dará la palabra al fiscal, al acusador particular si lo hubiere y a la
defensa del procesado, en ese orden, para que realicen sus exposiciones
iniciales respecto a los hechos que son objeto del juzgamiento.”
Art. 77.- A continuación del artículo, 286, agréguense los siguientes
Art. …- Orden de la prueba.- Finalizada la exposición de los sujetos procesales, el Presidente solicitará la presentación de los medios de
prueba; correspondiendo en primer lugar recibir los medios probatorios
de la acusación y luego los de la defensa.
Los sujetos procesales pueden convenir en: acuerdos específicos relacionados a hechos constitutivos de prueba, los que serán puestos a conocimiento del tribunal de garantías penales.
Art. …- Interrogatorio por los sujetos procesales.- Los testigos y peritos declararán a través de las preguntas que formulen los sujetos procesales. Primero serán examinados por los sujetos procesales que
los presentan, luego por los sujetos procesales afines, y finalmente por
la o las contrapartes. Los jueces del tribunal de garantías penales podrán
pedir explicaciones a los declarantes para tener una comprensión clara
de lo que están diciendo.
Art. …- Límite de la facultad de preguntar.- Los sujetos procesales
no podrán dirigir al testigo o perito preguntas capciosas o impertinentes.
Las preguntas sugestivas estarán por regla general prohibidas en el interrogatorio solicitado por los sujetos procesales a sus propios testigos
o peritos, pero serán permitidas para el contra examen.
Art. …- Prohibición.- En ningún caso se podrá mencionar, invocar,
dar lectura o incorporar como medio de prueba antecedente alguno vinculado con la proposición, aceptación, discusión, procedencia, rechazo
o revocatoria de un acuerdo de reparación, suspensión condicional
del procedimiento o de la tramitación de un procedimiento abreviado
o simplificado, en relación con el procesado y con el caso que se está
conociendo en juicio.
Art. …- Objetos, documentos y otros medios.- Los documentos
que pretendan ser incorporados como prueba instrumental serán leídos
en el juicio en su parte relevante, que esté directa e inmediatamente
relacionada con el objeto del juicio, previa acreditación por quien lo
presenta y que deberá dar cuenta de su origen.
Los objetos que pretendan ser incorporados como prueba, podrán ser
exhibidos en el juicio, si igualmente están relacionados con la materia del
juzgamiento, y previa acreditación de acuerdo con el inciso precedente.
Los videos, grabaciones u otros medios análogos serán incorporados,
previa acreditación, mediante su reproducción por cualquier medio que
garantice su fidelidad y autenticidad.
Art. …- Utilización de declaraciones.- Las declaraciones o informes ofrecidos o emitidos con anterioridad por una persona que está
prestando testimonio en juicio, sólo podrán ser leídos estrictamente en
las partes pertinentes, para apoyar la memoria de dicha persona, o para
demostrar inconsistencias o contradicciones con su testimonio actual.
Art. 78.- El artículo 289, se sustituye con el siguiente:
“Art. 289.- Los sujetos procesales pueden interrogar al ofendido. El Presidente del tribunal de garantías penales cuidará que las preguntas sean
legales y procedentes, y las calificará ante la presentación de objeciones.”
“Art. 295.- Al rendir testimonio el procesado o el ofendido, los jueces
del tribunal de garantías penales podrán pedir explicaciones al declarante para tener una comprensión clara de lo que está diciendo.”
Art. 80.- En el primer inciso del artículo 296 sustitúyase la frase “le preguntará el Presidente” por “le preguntarán los sujetos procesales”.
Art. 81.-	Suprímanse los artículos 299 y 301.
Art. 82.-	El artículo 304-A, se sustituye por el siguiente:
“Art. 304 A.- La sentencia debe ser motivada y concluirá declarando
la culpabilidad o confirmando la inocencia del procesado; en el primer caso, cuando el tribunal de garantías penales tenga la certeza de
que está comprobada la existencia del delito y de que el procesado es
responsable del mismo; y en el segundo caso, si no se hubiere comprobado la existencia del delito o la responsabilidad del procesado,
o cuando existiere duda sobre tales hechos.”
“Art. 305.- Terminado el debate, el Presidente ordenará a los sujetos procesales que se retiren. A continuación, el tribunal procederá a deliberar
con vista de los medios de prueba practicados durante la audiencia de
Mientras dure la deliberación no se permitirá la entrada a ninguna persona y el Presidente dictará las medidas necesarias para el cumplimiento de esta disposición.
El tribunal deliberará de modo continuo y permanente hasta que llegue
a una decisión y no podrá suspender la deliberación.
Una vez que el tribunal tenga una decisión, el Presidente dispondrá la
reinstalación de la audiencia y dará a conocer oralmente a los sujetos
procesales su decisión de declarar la culpabilidad o confirmar la inocencia de los procesados.”
“Art. 306.- Sentencia reducida a escrito.- Luego de haber pronunciado su decisión en la forma prevista en el artículo precedente, y dentro
de los tres días posteriores, el tribunal de garantías penales elaborará
la sentencia que debe incluir una motivación completa y suficiente,
y la regulación de la pena respectiva en caso que se hubiera declarado la
Por secretaría se procederá a notificar a los sujetos procesales con la
sentencia, de la que se podrán interponer los recursos expresamente
previstos en este Código y la Constitución de la República del Ecuador.”
“Art. 308.- Votos necesarios.- Para toda clase de sentencia se necesitan al menos dos votos conformes.”
Art. 86.- En el artículo 309, cámbiese el primer inciso, por el siguiente:
La sentencia reducida a escrito, deberá contener:
Sustitúyanse los numerales 5 y 6 y agréguese el numeral 7:
5.	La condena a pagar los daños y perjuicios ocasionados por la infracción en la determinación del monto económico a ser pagado por el
sentenciado al ofendido haya o no presentado acusación particular;
6.	La existencia o no de una indebida actuación por parte del fiscal
o defensor. En tal caso se notificará con la sentencia al Consejo de la
Judicatura para el trámite correspondiente; y,
7.	La firma de los jueces.
Art. 87.- En el artículo 312, cámbiese “condenatoria”, por “que declare
la culpabilidad”.
Art. 88.- Suprímanse los artículos 313 y 314.
Art. 89.- En el artículo 316, primer inciso, luego de la palabra tribunal,
agréguese lo siguiente: “que intervinieron en la sustanciación y conclusión de la audiencia del juicio”.
Art. 90.- En el artículo 324, sustitúyase la frase “sentencias, autos y resoluciones” por “providencias”.
Art. 91.- A continuación del artículo 325, añádase el siguiente artículo
Art. …- TRÁMITE DE LOS RECURSOS.- La sustanciación de los recursos
previstos en este Código se desarrollará mediante audiencia pública, oral
y contradictoria, que se iniciará concediéndole la palabra, en primer
lugar, al recurrente para que se pronuncie sobre los fundamentos y motivos de la impugnación, y a continuación se escuchará a las otras partes, para que igualmente se pronuncien sobre lo expuesto y alegado por
Al finalizar el debate, la Sala deliberará y emitirá la resolución que
La comunicación oral de la resolución bastará como notificación a los
Luego de haber emitido su decisión, en la forma prevista en el inciso
precedente, y en el plazo máximo de tres días, la Sala elaborará la resolución debidamente fundamentada.
De la audiencia se elaborará un acta que contendrá un extracto de la
misma y será suscrita por el secretario bajo su responsabilidad.
Art. 92.- A continuación del artículo 326, añádase el siguiente artículo
Art. …- Abandono del recurso.- La falta de comparecencia de uno
o más recurrentes a la audiencia de que trata el artículo 325, dará lugar
a que se declare el abandono del recurso respecto de los ausentes.
Art. 93.- Sustitúyase el artículo 328 por el siguiente:
“Art. 328.- Limitación.- Al resolverse cualquier recurso, no se podrá
empeorar la situación jurídica del recurrente.”
Art. 94.- A continuación del artículo 328, agréguese el siguiente artículo
Art. ...- Los recursos deberán resolverse en la misma audiencia en que
se fundamentan.
“Art. 333.- Remisión.- Si el recurso se hubiese interpuesto en el plazo
legal, el juzgador remitirá a la Corte Provincial la solicitud del recurso
y el proceso en sobre sellado. En caso contrario, lo negará.”
Art. 96.- Suprímase el artículo 334.
Art. 97.- Sustitúyase el artículo 336, por el siguiente:
“Art.- 336.- Trámite del recurso.- La Corte Provincial convocará a
los sujetos procesales para que expongan oralmente sus posiciones respecto del recurso en audiencia pública, oral y contradictoria. Intervendrá en primer lugar el recurrente y luego la contraparte. Habrá lugar a
réplica. Los jueces podrán preguntar a los sujetos procesales sobre los
fundamentos de sus peticiones.
En los casos de fuero de Corte Provincial o Nacional, la Sala respectiva
procederá en la forma señalada en el inciso anterior.”
Art. 98.- Sustitúyanse el artículo 337 y el 338 por el siguiente:
“Art. 337.- Si el recurso lo hubiere interpuesto el fiscal, la Corte en la
audiencia escuchará al fiscal superior con la finalidad de que pueda
insistir o desistir del mismo. Si insiste deberá fundamentarlo.
Si desiste del recurso y siempre que este no hubiese sido interpuesto por ningún otro sujeto procesal, la Corte dispondrá que se ejecute
la sentencia.”
“Art. 341.- Si la Corte Provincial aceptare el recurso de nulidad y esta se
hubiera producido total o parcialmente en la etapa del juicio, el proceso será remitido a otro tribunal de garantías penales para que proceda
a sustanciar dicha etapa, a partir del momento procesal en que se produjo la causa que generó la nulidad.”
Art. 101.- Sustitúyase el artículo 343, por el siguiente:
“Art. 343.- Procede el recurso de apelación en los siguientes casos:
1.	De los autos de nulidad, de prescripción de la acción, de llamamiento a
juicio, de sobreseimiento y de inhibición por causa de incompetencia.
2.	De las sentencias dictadas en proceso simplificado, proceso abreviado y las que declaren la culpabilidad o confirmen la inocencia
3.	Del auto que concede o niega la prisión preventiva. En este caso el
recurso se lo concederá en efecto devolutivo.”
Art. 102.- Sustitúyase el artículo 345, por el siguiente:
“Art. 345.- Trámite.- Una vez recibido el recurso, la Sala respectiva de la
Corte Provincial, convocará a los sujetos procesales a una audiencia oral,
pública y contradictoria, dentro del plazo de diez días contados desde
la fecha de recepción del recurso. La audiencia se llevará a cabo dentro
de los diez días siguientes a la convocatoria, en la cual los intervinientes expondrán oralmente sus pretensiones. Intervendrá en primer lugar
el recurrente y luego la contraparte. Habrá lugar a réplica. Los jueces
podrán preguntar a los sujetos procesales sobre los fundamentos de
Finalizado el debate, la Sala procederá a la deliberación, y en mérito de
los fundamentos y alegaciones expuestas, pronunciará su resolución en
la misma audiencia, considerándose que la decisión queda notificada
legalmente a los sujetos procesales asistentes.
Luego de haber pronunciado su decisión y dentro de los tres días posteriores, la Sala elaborará la sentencia, que debe incluir una motivación
completa y suficiente y la resolución de mérito adoptada sobre el objeto
del recurso, la que se pondrá en conocimiento de los sujetos procesales
en los domicilios judiciales respectivos.
procederá en la forma señalada en los incisos anteriores.”
“Art. 346.- Efectos de la resolución.- Si al resolver la apelación
la Corte decide aceptar el recurso mediante revocación o reforma de la
sentencia impugnada, dictará la que corresponda conforme a lo previsto
Art. 104.- En el artículo 347 cámbiese la expresión “el proceso” por “lo
actuado en la audiencia, con copia auténtica de la sentencia”.
Art. 105.- Sustitúyase el artículo 349 por el siguiente:
“Art. 349.- El recurso de casación será procedente para ante la Corte
Nacional de Justicia, cuando en la sentencia se hubiera violado la ley,
ya por contravención expresa de su texto, por indebida aplicación, o por
No serán admisibles los pedidos tendientes a volver a valorar la prueba.”
“Art. 350.- Término.- El recurso de casación se interpondrá dentro del
término de cinco días contados a partir de la notificación de la sentencia,
ya sea en procesos penales de acción pública o de acción privada; y de
inmediato se remitirá en sobre cerrado a la Corte Nacional de Justicia.”
Art. 107.- Sustitúyanse los artículos 352 y 353, por el siguiente:
“Art. 352.- El recurso se fundamentará en audiencia oral, pública y contradictoria, siguiendo el procedimiento previsto en el Art. 345 de este
En las audiencias de los procesos de casación que tengan por objeto
la impugnación de sentencias expedidas en procesos de acción penal
pública, se contará con la intervención del Fiscal General del Estado, o su
representante o delegado, debidamente acreditados.”
“Art. 354.- Si el recurso es interpuesto por la Fiscalía General del Estado,
quién deberá fundamentarlo será el Fiscal General o su representante
o delegado, debidamente acreditados.”
Art. 109.- Suprímanse los artículos 355, 356, 357.
Art. 110.- En el artículo 363, luego de la palabra “recurso” añádase: “el
juez de garantías penales”; luego de la palabra “tribunales” suprímase la
palabra “penal” y añádase en su lugar: “de garantías penales”; y, suprímanse los artículos, 364 y 365.
Art. 111.- Sustitúyase el artículo 366, por el siguiente:
“Art 366.- La formulación y presentación de nuevas pruebas, las exposiciones y alegaciones de revisión, y la pretensión del recurrente, se tramitarán y resolverán mediante el procedimiento de audiencia oral, pública
y contradictoria, en la forma prevista en los artículos innumerados agregados a continuación del artículo 286 y en el artículo 345 de este Código,
en lo que fuere aplicable.
En las audiencias de los procesos de revisión que tengan por objeto la
impugnación de sentencias expedidas en un proceso de acción penal
pública, se contará también con la intervención del Fiscal General del
Estado, o su representante o delegado, debidamente acreditados.”
Art. 112.- Sustitúyase el artículo 369, por el siguiente:
“Art. 369.- Admisibilidad.- Desde el inicio de la instrucción fiscal hasta antes de la audiencia de juicio, se puede proponer la aplicación del
procedimiento abreviado previsto en este Título, cuando:
1.	Se trate de un delito o tentativa que tenga prevista una pena privativa de libertad, de hasta cinco años;
2.	El procesado admita el hecho fáctico que se le atribuye y consienta
en la aplicación de este procedimiento; y,
3.	El defensor acredite con su firma que el procesado ha prestado su consentimiento libremente, sin violación a sus derechos fundamentales.
La existencia de coprocesados no impide la aplicación de estas reglas
a alguno de ellos.”
“Art. 370.- Trámite.- El fiscal o el procesado deben presentar por escrito el sometimiento a procedimiento abreviado, acreditando todos los
requisitos previstos en el artículo precedente.
El juez de garantías penales debe oír al procesado, insistiendo sobre las
consecuencias del presente procedimiento al procesado. Si lo considera
necesario puede oír al ofendido.
Si el juez de garantías penales rechaza la solicitud del procedimiento
abreviado, el fiscal superior podrá insistir y enviará esta solicitud directamente al tribunal de garantías penales.
Si la resolución es conforme a la petición del procesado, el juez de garantías penales enviará inmediatamente al tribunal de garantías penales
para que avoque conocimiento y resuelva la adopción o no de la pena
como consecuencia del procedimiento abreviado. La pena en ningún
caso será superior a la sugerida por el fiscal.
Si el tribunal de garantías penales rechaza el acuerdo de procedimiento
abreviado, devolverá el proceso al juez de garantías penales para que
prosiga con el trámite ordinario.
Cualquiera de las partes podrá apelar del fallo que admita o niegue el
procedimiento abreviado.”
Art. 114.- A continuación del artículo 370, agréguese el siguiente artículo innumerado:
Art. ...- Procedimiento simplificado.- Hasta antes de la audiencia
preparatoria del juicio, en los casos en que se trate de delitos sancionados
con una pena máxima de cinco años de privación de la libertad, y que
no impliquen vulneración o perjuicio a intereses del Estado, y cuando el
fiscal así lo solicite expresamente al juez de garantías, para que el caso
se ventile y resuelva mediante el trámite de procedimiento simplificado, será competente para sustanciar y resolver dicho procedimiento, en
audiencia oral y pública, el tribunal de garantías penales que por sorteo
hubiera correspondido la competencia.
El tribunal de garantías penales convocará, previa solicitud del fiscal,
a audiencia dentro de las veinte y cuatro horas si la persona está privada
de su libertad, y dentro de cinco días si está en libertad.
Al inicio de la audiencia el tribunal de garantías penales explicará en presencia del procesado sobre las consecuencias del procedimiento simplificado.
Posteriormente el fiscal formulará la acusación con relación a las pruebas
que hasta la fecha haya producido. En todo momento el procesado podrá
consultar con su abogado defensor. Se observarán las reglas aplicables al
desarrollo de la audiencia de juzgamiento en el procedimiento ordinario.
Se podrán efectuar las alegaciones por los asuntos a los que se refieren
los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo innumerado agregado al artículo
226 de este Código, y si el tribunal de garantías penales observare que las
alegaciones respecto de la existencia de causas de nulidad del proceso
están debidamente sustentadas, declarará la nulidad a partir del acto
procesal que lo invalida.
Descartando la existencia de vicios de procedimiento, procedibilidad
e ilegalidad de pruebas, el tribunal de garantías penales podrá expedir
sentencia declarando su culpabilidad o ratificando su inocencia, aplicando de ser el caso, una pena no mayor a la solicitada por el fiscal.
Si el juez de garantías penales no consiente en la aplicación del procedimiento simplificado, continuará la causa en procedimiento ordinario,
que se sustanciará conforme a las reglas previstas en este Código, sin
perjuicio del derecho de apelación que tienen las partes. En este caso no
estará limitado el fiscal por la pena previamente solicitada.
“Art. 372.- Admitida la querella a trámite, se citará con la misma al
querellado, quien la contestará en un plazo de diez días. Una vez contestada, el juez de garantías penales concederá un plazo de seis días
para que las partes presenten sus pruebas documentales, soliciten los
peritajes del caso y anuncien los testigos que deberán comparecer en su
favor en la audiencia de la que habla el artículo siguiente.”
Art. 116.- Sustitúyase el artículo 373 por el siguiente:
“Art. 373.- Una vez que concluya el plazo para la presentación de prueba documental y anunciación de testigos, el juez de garantías penales
señalará día y hora para la audiencia final, en la que el querellante
y procesado podrán buscar un amigable componedor para que busque
la conciliación que ponga fin al juicio.
A continuación se iniciará el debate concediéndole la palabra primeramente al accionante y luego al querellado, garantizando el derecho
a réplica para ambas partes.
Si el querellante no asistiere con motivo justificado a la audiencia, el
juez de garantías penales, de oficio, declarará desierta la acusación con
los mismos efectos del abandono, sin perjuicio de que se la declare maliciosa y temeraria.
Si el procesado fuera quien no asiste a la audiencia, se continuará con la
misma en su ausencia.
Terminada la audiencia el juez de garantías penales dictará sentencia en
el plazo de cuatro días.
Se redactará un extracto de la audiencia que contendrá la identidad de
los participantes y los puntos propuestos y debatidos. El acta será suscrita por el secretario, bajo su responsabilidad.”
“En las contravenciones de violencia intrafamiliar, la o el ofendido no requerirá presentar acusación particular para acceder a la indemnización
de daños y perjuicios”.
Art. 119.- En el artículo 407, a continuación de la frase “copia de la sentencia para”, incorpórese la frase “los jueces de garantías penitenciarias”.
Si no se lograre conciliación, se continuará con la audiencia y el querellante o su abogado, primeramente formalizará su acusación y presentará
sus testigos y peritos previamente anunciados, y de forma oral relatarán
la relación con la acusación formulada, pudiendo ser repreguntados por
la contraparte y el juez de garantías penales.
Luego el procesado o su defensor procederán de igual forma con sus
testigos presentados y pruebas.
PRIMERA.- Todas las audiencias que se realicen en el proceso penal,
serán grabadas y sus archivos magnetofónicos serán conservados.
SEGUNDA.- En todas las disposiciones de este Código donde se haga
referencia a las frases: Corte Suprema, Corte Superior, Ministerio Público,
Ministro Fiscal General, Ministro Fiscal de Distrito y Agente Fiscal, debe
leerse: Corte Nacional de Justicia, Corte Provincial de Justicia, Fiscalía
General del Estado, Fiscal General, Fiscal Provincial y Fiscal.
Suprímase la figura del defensor de oficio, contándose únicamente con
el defensor público, a través de la Defensoría Pública como órgano autónomo de la Función Judicial.
TERCERA.- En los artículos 1, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 45.b, 55.5, la
nomenclatura del Capítulo III del Título III, 70, 73, 77, 78, 85, 112, 115,
117, 141.5, 147, 149, 150, 152, 167, 167.2, 168.1, 170, 177, 182, 184, 185,
188, 189.4, 195, 209.7, 216.7, 218, 219, 220, 222, 222A, 223, 240, 241,
242, 243, 244, 246, 248, 326, 378, 416, 419, 425, sustitúyase la palabra
“imputado” por “procesado”.
281, 293, 294, 303, 310, 315, 316, 317, 318, 320, 321, 322, 330, 344, 347,
361, 412, 413, 415, 420, 423, 425, 428, sustitúyanse las palabras “tribunal”, “tribunales”, o “tribunal penal” por “tribunal de garantías penales”
o “tribunales de garantías penales”, respectivamente.
SÉPTIMA.- En los artículos 21, 29, 30, 76, 316, 321, 322, 323, 335, 347,
358, 360, 363, 367, 376, 377, 381, 382, 410, 416, 423, 428, sustitúyase
las palabras “Corte Suprema” y “Cortes Superiores” por “Corte Nacional”
y “Cortes Provinciales”, respectivamente.
OCTAVA.- En los artículos 1, 12 y 15, a continuación de la frase “Constituci��n Política de la República”, agréguese la siguiente frase: “los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos,”.
NOVENA.- En los artículos 163, 197, 205 y 280, sustitúyanse las palabras
“aprehensión”, “aprehendido”, “aprehender”, por “detención”, “detenido” y “detener”, respectivamente.
CUARTA.- En los artículos 11, 25, 52, 62, la nomenclatura del Capítulo I
del Título III, 69.2, 69.4, 94, 113, 118, 207, 208, 214, 220, 244, 376, sustitúyase la frase “Ministerio Público” por “Fiscalía”.
QUINTA.- En los artículos 11, 12, 16, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 31, 55, 56,
57, 61, 67.c, 69.6, 76, 79, 82, 87, 92, 109, 115, 129, 130, 131, 139, 149,
150, 155, 156, 164, 166, 167, 168, 169, 177, 178, 181, 183, 187, 189, 192,
194, 195, 197, 203, 204, 209.3, 210, 216, 219, 222, 222A, 223, 237, 241,
242, 243, 244, 245, 246, 248, 321, 322, 329, 330, 344, 347, 371, 412, 413,
415, 420, 423, 425, 427, sustitúyanse las palabras “juez”, “jueces”, “juez
penal” o “juez competente”, por “juez de garantías penales” o “jueces de
garantías penales”, respectivamente.
SEXTA.- En los artículos 11, 12, 16, 21, 23, 25, 28, 31, 67.c, 69.6, 76, 79,
87, 90, 91, 92, 109, 115, 127, 129, 131, 133, 137, 138, 140, 143, 144, 149,
169, 216, 252, 255, 256, 259, nomenclatura de Capítulo II, 260, 261, 263,
264, 265, 268, 269, 271, 274, nomenclatura de Capítulo IV, 277, 278, 279,
PRIMERA.- En los artículos del Código de la Niñez y Adolescencia, que
hagan referencia a los delitos de acción pública de instancia particular
y el trámite previsto para los mismos, se entenderá el previsto para los
delitos de acción penal pública.
Art. 1.- Suprímanse los Capítulos VI del Título IV y el Capítulo IV del
Título VI, del Libro II del Código Penal.
SEGUNDA.- Los procesos que actualmente se encuentren en trámite
continuarán sustanciándose conforme a las reglas del Código de Procedimiento Penal vigente al tiempo de su inicio, y hasta su conclusión.
“Art 197.- Serán sancionados con penas de 2 meses a un año de prisión,
quienes interceptaren sin orden judicial, conversaciones telefónicas
o realizadas por medios afines y quienes se sustrajeran o abrieran sobres
de correspondencia que pertenecieren a otro sin autorización expresa.
TERCERA.- Los jueces y tribunales que mantengan actualmente bajo su
conocimiento y despacho causas que se tramiten conforme a las reglas
previstas en el Código de Procedimiento Penal de 1983, las concluirán
y resolverán en el plazo máximo de hasta seis meses, no pudiendo ser
recusados ni será aplicable la disposición contenida en el artículo 203 de
la Ley Orgánica de la Función Judicial. El incumplimiento de esta disposición será sancionado con la destitución del cargo.
El Consejo de la Judicatura será el órgano encargado de la ejecución,
seguimiento y vigilancia de la presente disposición, a efectos de lograr
su cabal e integral cumplimiento.
CUARTA.- Mientras se haga el nombramiento de los jueces suplentes a los
que se refiere el artículo 266, continuarán actuando los jueces Ad-hoc.
QUINTA.- El Consejo de la Judicatura estructurará un cronograma de
implementación progresiva de la presente reforma; salvo en el caso del
principio de oportunidad, archivo provisional y definitivo, procedimiento simplificado, acuerdos reparatorios y suspensión provisional del procedimiento que se aplicarán de forma inmediata.
La implementación total de esta reforma deberá concluir en un plazo
Art. 2.- Sustitúyanse los Artículos 197 y 198 por el siguiente:
Se exime la responsabilidad de quien lo hizo cuando la intercepción telefónica o la apertura de sobres se produce por error, en forma accidental
o fortuita.”
Art. 3.- A continuación del numeral 9 del artículo 450, agréguese el
10.	Con odio o desprecio en razón de raza, religión, origen nacional
discapacidad, de la víctima.
Art. 4.- En el Art. 607, numeral 1 del Código Penal, reemplácese la expresión “un salario mínimo vital general” por “tres remuneraciones básicas
unificadas del trabajador en general”.
Art. 5.- Sustitúyase el Capítulo Innumerado del Título II del Código
Penal, por el siguiente:
Art. …- Será sancionado con prisión de seis meses a tres años el que
públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública incitare al odio, al desprecio, o a cualquier forma de violencia moral
o física contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza,
sexo, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad
cometiere actos de violencia moral o física de odio o de desprecio con-
tra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, religión,
origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual, edad,
Si de los actos de violencia a que se refiere este artículo, resultare herida
alguna persona, los autores serán sancionados con prisión de dos a cinco
años. Si dichos actos de violencia produjeren la muerte de una persona,
sus autores serán sancionados con reclusión de doce a dieciséis años.
Art. …- Será sancionado con prisión de uno a tres años, el que en ejercicio de sus actividades profesionales, mercantiles o empresariales, niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho,
o excluya a una persona o niegue o vulnere o restrinja los derechos
consagrados en la Constitución, por razón del color de su piel, su raza,
religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual,
edad, estado civil o discapacidad.
Art. …- Al que, siendo servidor público, incurra en alguna de las conductas previstas en este capítulo o niegue o retarde a una persona un trámite o servicio al que tenga derecho, se sancionará conforme lo previsto en
el artículo anterior. En estos casos el funcionario quedará inhabilitado
para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta.
Esta Ley entrará en vigencia, a partir de su publicación en el Registro
Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los diecisiete días
del mes de marzo de dos mil nueve.
DR. ANDRÉS SEGOVIA S.
Pro Secretario de la Comisión Legislativa y de Fiscalización
Ley Reformatoria al Código Penal que tipifica el Delito
de Genocidio y Etnocidio
Gracia (PRE), Julio Logroño (†) (Partido Sociedad Patriótica), Vicente Taiano (Partido
Renovador Institucional de Acción Nacional)
Publicación en el Registro Oficial: Suplemento del 27 de abril de 2009, No. 578
Votación a favor: 47 votos
Una ley que sanciona los delitos
El espíritu que animó esta ley fue el rechazo general y explícito a cualquier acto que aliente o conduzca al exterminio de pueblos o nacionalidades. En el mundo entero estos actos son identificados como crímenes
de lesa humanidad, que se deben perseguir y sancionar de manera estricta. Los asambleístas consideraron que la tipificación del genocidio
y el etnocidio en la ley fortalece la postura del Ecuador como un país que
repudia y condena estos actos.
En el campo legal, la Constitución Política del Ecuador (Artículo 57, numeral 21) establece la necesidad de contar con una ley que tipifique el
etnocidio y genocidio, pues el texto constitucional señala que el Estado
adoptará medidas para garantizar la vida de los pueblos en aislamiento
voluntario, precautelará la observancia de sus derechos y tipificará la
violación de los mismos como delito de etnocidio. Además, desde el año
2002 está vigente en Ecuador el Estatuto de Roma, tratado internacional
que contempla este tema y que fue aprobado por la Corte Penal Internacional en 1998.
El debate técnico
perfeccionó la ley
El 26 de enero de 2009, los asambleístas Édison Narváez, Mario Játiva,
Patricio Pazmiño, María Pazmiño, Marcos Martínez y Jaime Ruiz presentaron el proyecto a la Comisión Legislativa y de Fiscalización. Los cuestionamientos, tanto del primero como del segundo debate, se enfocaron
más bien en la técnica jurídica y legislativa de los artículos propuestos,
pues se habían detectado algunas inconsistencias en el texto original.
Las referencias para las enmiendas fueron principalmente el Estatuto de
Roma y el análisis comparativo de la legislación.
En el curso de aprobación de la ley, la Comisión de lo Civil y Penal cambió su nombre y estableció una diferencia conceptual entre el genocidio
y el etnocidio. Para evitar confusión entre uno y otro término, se tipificó
el delito de genocidio y, dentro del mismo, se incluyó al etnocidio. Mientras el genocidio se entiende como el exterminio sistemático de un grupo social por motivos de raza, etnia, nacionalidad o religión, el etnocidio
es genocidio cultural de un grupo étnico o de una comunidad. Es decir,
el etnocidio es la represión, deslegitimación o exterminio de los rasgos
culturales de un grupo étnico o una comunidad (su cultura, lengua y
forma de vida, por ejemplo) lo que conduce a la muerte de la diversidad
cultural e implica la lenta desaparición de la especificidad de los seres
La Comisión distinguió claramente la gravedad de los delitos de genocidio y etnocidio y estableció las penas de forma proporcional a la falta
y en concordancia con la legislación penal vigente en Ecuador. La aprobación de esta ley mantiene coherencia con dos características fundamentales del proyecto de país planteado en la nueva Constitución: un
Estado intercultural y plurinacional.
Pablo Pinargote /Alt- Tito Nilton
Mendoza Guillén
José Vicente Taiano
Héctor Gómez /Alt- Tito Galo
Geovanni Atarihuana /
Alt- Jorge Escala
ID - Poder Ciudadano
Rosa Elena De La Torre /
Alt- Pilar Núñez Cañizares
QUE TIPIFICA EL DELITO
Que,	el artículo 10 de la Constitución prevé que las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de
los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos
Que,	el segundo inciso del numeral 21 del artículo 57 de la Constitución dispone que la violación de los derechos de los pueblos en aislamiento
voluntario constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por la ley;
Que,	el Ecuador ratificó el Estatuto de Roma de 1998 con fecha 17 de
diciembre de 2001 y de acuerdo a la Convención de Viena de 1969
Sobre el Derecho de los Tratados, es obligación de los Estados parte
cumplirlos de buena fe; y,
Art. 1.- Agréguese antes del artículo 441 del Código Penal, dentro del
Título VI del Libro II, el siguiente Capítulo innumerado:
Art. ...- Quien, con propósito de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, perpetre alguno de los siguientes
1.	Quien ocasionare la muerte de sus miembros, será sancionado con
2.	Quien ocasionare lesión grave a la integridad física o mental de los
3.	Quien sometiere intencionalmente al grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial,
4.	Quien tomare medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno
de seis a nueve años. La información o acceso a métodos de planificación familiar, métodos anticonceptivos y servicios de salud sexual
5.	Quien traslade por la fuerza a niños y niñas del grupo a otro grupo, será sancionado con pena de reclusión menor ordinaria de seis
a influir, alterar, o de cualquier manera cambiar la cultura, forma de
vida o identidad de los pueblos en aislamiento voluntario, será sancionado con pena de prisión de dos a cuatro años.
Art. ...- El hecho de que las infracciones tipificadas en este capítulo
hayan sido cometidas por un subordinado, no eximirá de responsabilidad penal al superior que la ordenó ni al subordinado que la ejecutó.
Miembros: Amanda Arboleda, Pamela Falconí, María Pazmiño, María Molina (Movimiento País), Rómulo Romo (Partido Sociedad Patriótica), León Roldós (Red Ética y
Esta ley fue pensada como un intento de subsanar el perjuicio que pueden sufrir niños, niñas y adolescentes cuya subsistencia depende de la
cuenta datos preocupantes sobre este tema como los siguientes: las audiencias para fijación de pensiones alimenticias se otorgaban hasta dos
un Estado Constitucional de Derechos y Justicia. Esta condición significa que los derechos de las personas, los pueblos, las comunidades y la
Durante el debate se crearon algunas normas para garantizar la celeridad en la fijación de pensión alimenticia. Entre ellas se pueden mencionar: la demanda sin patrocinio de abogado, la audiencia única, el
Esta ley constituye un avance importante para garantizar derechos humanos y constitucionales de los niños, niñas y adolescentes.
pensión alimenticia es un aspecto directamente relacionado con el derecho a la vida. Debido a que este tema se trataba en un cuerpo legal
Para la elaboración de la ley se realizó un estudio de Derecho Comparado en el que se analizaron legislaciones de Perú, Chile, Colombia,
Niñez y Adolescencia. Un importante número de asambleístas (20) remitió observaciones al proyecto. En cuanto a organizaciones sociales, se
y la Familia del Cantón Quito, Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS), Consejo Nacional de las Mujeres (CONAMU), Consejo Nacional
Margarita Morocho /Alt- Mauro
Ernesto Carrasco /
Rolando José Panchana
Que,	el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de la República del
Que, el artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador establece la obligación del Estado de garantizar a las niñas, niños y
Que, el numeral 6 del artículo 40 de la Constitución de la República determina que es deber del Estado proteger a las familias transnacionales
Que,	el artículo 45 de la Constitución, dispone que los niños, niñas y adolescentes son titulares de todos los derechos humanos además de los
específicos de su edad. Tendrán derechos a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a tener una
Que,	el artículo 46 de la misma Carta Fundamental, ordena que el Estado
Que, los numerales 1 y 5 del artículo 69 de la Constitución de la República indican que debe promoverse la maternidad y paternidad
materna y paterna y vigilar el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre progenitores hijos e hijas;
Que,	la Constitución ordena que los principios por los cuales se regirá el
simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal;
Que,	los Juzgado de Niñez y Adolescencia, actualmente, son los más congestionados del país, debido a la falta de recursos humanos, tecnológicos e infraestructura, impidiendo el ejercicio efectivo de los derechos de las niñas, niños y adolescentes;
Que,	en el Registro Oficial No. 737 de 3 de enero del 2003, se publicó el
niñas, adolescentes y de los adultos y adultas considerados como titulares de derechos establecidos en esta Ley. En lo que respecta a las demás
Art. Innumerado 2.-Del derecho de alimentos.- El derecho a alimentos es connatural a la relación parento-filial y está relacionado con
el derecho a la vida, la supervivencia y una vida digna. Implica la garantía de proporcionar los recursos necesarios para la satisfacción de las
1.	Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente;
2.	Salud integral: prevención, atención médica y provisión de medicinas;
3.	Educación;
4.	Cuidado;
5.	Vestuario adecuado;
6.	Vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos;
7.	Transporte;
8.	Cultura, recreación y deportes; y,
9.	Rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente tuviere alguna
discapacidad temporal o definitiva.
es intransferible, intransmisible, irrenunciable, imprescriptible, inembargable y no admite compensación ni reembolso de lo pagado,
salvo las pensiones de alimentos que han sido fijadas con anterioridad y no hayan sido pagadas y de madres que hayan efectuado gastos
Art. Innumerado 4.- Titulares del derecho de alimentos.- Tienen derecho a reclamar alimentos:
1.	Las niñas, niños y adolescentes, salvo los emancipados voluntariamente que tengan ingresos propios, a quienes se les suspenderá el
2.	Los adultos o adultas hasta la edad de 21 años que demuestren
que les impida o dificulte dedicarse a una actividad productiva y
carezcan de recursos propios y suficientes; y,
3.	Las personas de cualquier edad, que padezcan de una discapacidad
o sus circunstancias físicas o mentales les impida o dificulte procurarse los medios para subsistir por sí mismas, conforme conste del
respectivo certificado emitido por el Consejo Nacional de Discapacidades CONADIS, o de la institución de salud que hubiere conocido
Art. Innumerado 5.- Obligados a la prestación de alimentos.Los padres son los titulares principales de la obligación alimentaria, aún
En caso de: ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad de los obligados principales, debidamente comprobado por quien
lo alega, la autoridad competente ordenará que la prestación de alimentos sea pagada o completada por uno o más de los siguientes obligados
1.	Los abuelos/as;
2.	Los hermanos/as que hayan cumplido 21 años y no estén
3.	Los tíos/as.
precedentes, en los grados de parentesco señalados, de modo simultáneo y con base en sus recursos, regulará la proporción en la que dichos
total de la pensión fijada o asumirla en su totalidad, según el caso.
Los jueces aplicarán de oficio los instrumentos internacionales ratificados por
el Ecuador a fin de garantizar el derecho de alimentos de los niños, niñas
niño, niña o adolescente o de las personas de cualquier edad que padezcan de una discapacidad física o mental que les impida hacerlo por
1.	La madre o el padre bajo cuyo cuidado se encuentre el hijo o hija y, a
2.	Los y las adolescentes mayores de 15 años.
que el juez/a disponga, se presumirá de hecho la filiación o
se fijará la pensión provisional, la cual será exigible desde la
Art. Innumerado 7.- Procedencia del derecho sin separación.La pensión de alimentos procede aún en los casos en que el alimentado y
incidente, pero su reducción es exigible sólo desde la fecha de la resolución que la declara.
Art. Innumerado 9.- Fijación provisional de la pensión de alimentos.- Con la calificación de la demanda el juez/a fijará una pensión
Cuando la filiación no ha sido establecida, o el parentesco en el caso de los
de calificación de la demanda, el examen comparativo de los patrones
de bandas o secuencias de ácido desoxirribonucleico (ADN), sin menoscabo de la fijación provisional de alimentos.
juez/a fijará la pensión de alimentos a favor del niño, niña o adolescente
a una persona cuya filiación o parentesco en el caso de los demás parientes consanguíneos no ha sido legalmente establecida, de acuerdo con
a)	En el evento de existir negativa por parte del demandado
o demandada a someterse a las pruebas científicas de ADN
b)	Si el resultado del examen de ADN es positivo, el Juez/a declarará
la filiación y la correspondiente paternidad o maternidad y
providencia fijará la pensión definitiva de alimentos, la cual
c)	Si el demandado o demandada funda su negativa para la
del estudio social, cuando del estudio de la oficina técnica se probare
dicho particular y de conformidad con la prueba que se actúe en la audiencia respectiva.
embargo se lo puede hacer en personas fallecidas, cuando ello sea necesario para establecer la relación parentofilial.
Art. Innumerado 11.- Condiciones para la prueba de ADN.- Tendrán valor probatorio en juicio, el examen comparativo de los patrones de
calificados por la Fiscalía. En el caso de los laboratorios privados deberán
La identidad de la persona a la que pertenece la muestra, se comprobará mediante la cédula de identidad o ciudadanía o pasaporte o cualquier otro mecanismo que asegure fehacientemente la identidad
de la persona y, el registro de su huella digital. La identificación y
Los resultados de las pruebas de ADN son confidenciales. Todo movimiento de la muestra deberá ser registrado con indicación de la fecha,
la hora y el nombre e identificación de las personas que intervinieron.
legistas o de otros peritos a petición de la parte interesada, para asegurar la autenticidad y confiabilidad de la toma de muestras, su examen,
Art. Innumerado 12.- Responsabilidad de los peritos.- Los peritos serán administrativa, civil y penalmente responsables por los procedimientos y metodología, resultados falsos o adulterados de las pruebas
que practican y por los informes que emiten, sin perjuicio de la responsabilidad civil solidaria del laboratorio en el que se ha practicado la pericia y de la descalificación del perito por la Fiscalía. Esta responsabilidad
Art. Innumerado 13.- Suficiencia de la prueba de ADN.- La prueba de ADN con las condiciones de idoneidad y seguridad previstas en
esta ley, se tendrá por suficiente para afirmar o descartar la paternidad
petición de nuevas pruebas, salvo que se fundamente y pruebe el incumplimiento de las condiciones previstas en la presente ley.
fijará el pago de la pensión de alimentos y de los subsidios y beneficios
adicionales, principalmente, y, si así lo solicitare el alimentario o su representante, a través del depósito de una suma de dinero que deberá
días de cada mes, y, en caso de subsidios y beneficios adicionales, en
subsidios y beneficios adicionales de la siguiente manera:
a)	La constitución de derechos de usufructo, la percepción de
que aseguren rentas u otros frutos suficientes para la debida
prestación de alimentos del beneficiario; y,
b)	El pago o satisfacción directos por parte del obligado, de las
necesidades del beneficiario que determine el Juez.
Cuando se trate del usufructo o la percepción de la renta de arrendamiento de bienes inmuebles, el Juez/a comprobará que no se encuentren
o contrato que afecte o puedan impedir o dificultar dicho disfrute o
El hijo o la hija beneficiario no estará obligado a confeccionar inventario
cuidado han sido confiados al otro progenitor o a un tercero, a convivir
de la Niñez y Adolescencia, definirá la Tabla de Pensiones Alimenticias
El juez/a, en ningún caso podrá fijar un valor menor al determinado en
la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas. Sin embargo podrá fijar una
Las pensiones establecidas en la tabla serán automáticamente indexadas dentro de los quince primeros días del mes de enero de cada año,
considerando además el índice de inflación publicado por el Instituto
inmediato anterior y en el mismo porcentaje en que se aumente la remuneración básica unificada del trabajador en general.
fueren insuficientes para satisfacer las necesidades del derechohabiente,
de una parte o de la totalidad del monto fijado, quienes podrán ejercer
la acción de repetición de lo pagado contra el padre y/o la madre, legalmente obligados al cumplimiento de esta prestación.
Art. Innumerado 16.- Subsidios y otros beneficios legales.Además de la prestación de alimentos, el alimentado tiene derecho a
percibir de su padre y/o madre, los siguientes beneficios adicionales:
que fija el monto de la pensión de alimentos y los obligados a prestarla,
y privadas.- Si el obligado al pago de alimentos goza de remuneración, honorarios, pensión jubilar u otros ingresos, con o sin relación de
dependencia, el auto que fije la pensión de alimentos se notificará al
el pago, tendrá la obligación de depositar la pensión fijada dentro del
término de 48 horas, contadas desde el momento en que recibió la notificación del juez/a, para lo cual remitirá a esta autoridad el original
o copia certificada del depósito. En el mismo término deberá remitir la
información solicitada por el juez/a sobre los ingresos totales que perciba el demandado.
información incompleta o falsa sobre los ingresos que percibe el demandado, no cumpliere con las obligaciones determinadas en esta ley,
dificulte o imposibilite el fiel y oportuno cumplimiento de la obligación
alimenticia, será sancionada, de ser del sector privado, con multa equivalente al doble del valor de la prestación fijada por el juez/a y en caso
fijada por el juez/a.
Si la entidad es de carácter público, se sancionará al funcionario o funcionaria responsable, con el valor de la multa antes señalada y en caso
de reincidencia, con la destitución del cargo, previo el sumario administrativo correspondiente. El mismo juez/a que impuso la sanción será
Art. Innumerado 19.- Pago por medio del sistema financiero.En la primera providencia el juez/a dispondrá que el derechohabiente o
Art. Innumerado 21.- Inhabilidades del deudor de alimentos.El padre o madre que adeude dos o más pensiones de alimentos, mientras no cancele las obligaciones vencidas quedará inhabilitado para:
c) Enajenar bienes muebles o inmuebles, salvo que los beneficios
a petición de parte y previa constatación mediante la certificación de
la respectiva entidad financiera o del no pago, y dispondrá el apremio
Previo a disponer la libertad del alimentante moroso, el juez/a que conoció la causa, realizará la liquidación de la totalidad de lo adeudado y
receptará el pago en efectivo o cheque certificado. Pagada la totalidad
Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, el juez/a podrá ejecutar el pago en contra de los demás obligados.
Similar procedimiento se cumplirá cuando el obligado haya dejado de pagar dos o más obligaciones asumidas mediante acuerdos conciliatorios.
Art. Innumerado 23.- Apremio personal a los obligados subsidiarios.- El juez dispondrá el apremio personal de las/los obligadas/os
Art. Innumerado 24.- Otras medidas cautelares a los obligados subsidiarios.- La prohibición de salida del país como las demás
de parte, en la primera providencia, el juez decretará sin notificación
de salida del país y el apremio personal a los que se refieren los artículos anteriores podrán cesar si el obligado rinde garantía real o personal
estimada suficiente por el Juez/a. En el caso de garantía personal, el
garante o fiador estará sujeto a las mismas responsabilidades y podrá ser
pago adeudado y sus respectivos intereses, en efectivo o mediante cheque certificado.
solicitar que se le entregue la patria potestad del hijo o hija beneficiario, pero sí podrá ejercer el derecho de visitas regulado en el presente
juicios.- Dentro de los juicios o procesos por violencia intrafamiliar, reclamación de la filiación, separación de bienes, divorcio y en general, en
Art. Innumerado 30.- Obligación privilegiada.- La prestación económica de alimentos, tiene privilegio de primera clase y se preferirá a
acciones y de la reconvención.- Las acciones por alimentos, tenencia y patria potestad deberán tramitarse por cuerda separada. Prohíbese la reconvención.
para el efecto elabore el Consejo de la Judicatura, el cual estará disponible en su página Web. El formulario deberá cumplir con los requisitos
de las personas que son obligados subsidiarios de la prestación de alimentos según lo determina el artículo 5 innumerado de esta ley; para
notificaciones se señalará casillero judicial y/o la dirección de correo
electrónico para las notificaciones que le correspondan al actor.
su competencia en caso de que el titular del derecho cumpliere la mayoría de edad.
Art. Innumerado 31.- Interés por mora.- Se aplicará la tasa de interés por mora fijada por el Banco Central del Ecuador o el ente estatal
que justifiquen la relación de filiación y parentesco del reclamante así
antes de la fecha fijada para la audiencia única.
1.	Por la muerte del titular del derecho;
2.	Por la muerte de todos los obligados al pago; y,
3.	Por haber desaparecido todas las circunstancias que generaban
juez/a calificará la demanda dentro del término de dos días posteriores
a su recepción; fijará la pensión provisional de alimentos en base a la
partes a una audiencia, la misma que será fijada dentro del término de
de las pruebas y en la misma audiencia, el juez/a fijará la pensión
Si el obligado/a negare la relación de filiación o parentesco en el caso de
días, transcurridos los cuales y con los resultados de las pruebas practicadas, resolverá sobre la fijación de la pensión alimenticia definitiva y
sobre la relación de filiación.
quien represente al derechohabiente carezca de los recursos para hacerlo, el Consejo de la Judicatura realizará una sola publicación mensual en
el periódico de mayor circulación nacional, pudiendo solicitar la devolución de lo pagado, cuando el citado/a comparezca.
en su comparecencia deberá proporcionar obligatoriamente su dirección electrónica, a efectos de que se le asigne su clave de acceso.
Las notificaciones que se realicen dentro del proceso se harán en el casillero judicial o en las direcciones electrónicas señaladas por las partes.
notificaciones, debidamente certificadas por el Secretario.
Art. Innumerado 37.- Audiencia única.- La audiencia será conducida personalmente por el Juez/a, quien informará a las partes sobre
las normas que rigen la fijación de las pensiones alimenticias, subsidios
y beneficios, y su cumplimiento; se iniciará con la información del
Juez/a al demandado sobre la obligación que tiene de proveer los alimentos para cubrir las necesidades señaladas en el artículo innumerado
la obligación que tiene de señalar casillero judicial o dirección electrónica para futuras notificaciones; y acerca de sus obligaciones que
procurará la conciliación y de obtenerla fijará la pensión definitiva de
juez/a, la resolución provisional se convertirá en definitiva.
Art. Innumerado 38.- Diferimiento de la audiencia.- La audiencia podrá diferirse por una sola vez hasta por el término de tres días y
dictará el auto resolutorio que fija la pensión alimenticia definitiva, subsidios y beneficios y la forma de pagarlos, el pago de costas judiciales,
incurriere por falta de cumplimiento de la obligación por parte del demandado.
Dentro del término de tres días a partir de la notificación del auto resolutorio, las partes podrán solicitar ampliación o aclaración la cual no podrá
modificar el monto fijado.
de Justicia, dentro del término de tres días de notificado.
El escrito de apelación deberá precisar los puntos a los que se contrae el recurso y sin este requisito la instancia superior lo tendrá por no interpuesto.
Art. Innumerado 41.-Tramitación en segunda instancia.- Recibido el proceso, la Sala de la Corte Provincial de Justicia, en base a los
término de 10 días contados a partir de la recepción. Concluida la tramitación del proceso en segunda instancia la sala remitirá el proceso al
fija la pensión alimenticia, el juez/a, podrá revisar y modificar la resolución, previo el procedimiento establecido en este capítulo.
Será competente para conocer este incidente el mismo juez/a que fijó
la pensión alimenticia salvo los casos de cambio de domicilio del alimentado.
Art. Innumerado 43.- Indexación Automática Anual.- Sin perjuicio del derecho de las partes para solicitar aumento o reducción de la
pensión alimenticia, hasta el 31 de enero de cada año el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia publicará en los periódicos de mayor
el porcentaje de inflación que determine el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
establecidas en la mencionada tabla, por lo que las pensiones alimenticias que fueren inferiores serán indexadas automáticamente sin necesidad de acción judicial de ninguna naturaleza.
y montos fijados por la presente ley. En caso de reincidencia procederá
en esta sección, se aplicará el Procedimiento Contencioso General, descrito en el presente código y a falta de éste las disposiciones del Código
con este Código, que no tengan destino específico, serán enviadas a la
Cuenta Única del Tesoro Nacional y servirán para financiar los costos de
financiar proyectos relacionados con la reducción de la mora judicial
SEGUNDA.- Los Jueces/as de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia oficiarán al Consejo Nacional Electoral, a la SENRES, a la Superintendencia de Bancos y Seguros, al Registrador Mercantil, al Registrador de la
Propiedad y a cuanta autoridad se requiera, notificando el nombre del
para la satisfacción de las necesidades básicas de los beneficiarios.
Una vez que el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia se transforme en uno de los Consejos Nacionales de Igualdad, la actualización y
fijación de la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas será efectuada
depuración de los procesos judiciales inactivos o en abandono; eliminación de la mora judicial a través de la fijación masiva de pensiones
alimenticias básicas de conformidad con lo que se determina en la presente ley y el establecimiento de medidas emergentes e inmediatas para
impedir el retardo del pronunciamiento judicial en materia de fijación
provisional y emergente de Jueces de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, en el número que sea necesario para las ciudades de: Quito,
Una comisión especializada del Ministerio de Justicia evaluará los resultados del programa y emitirá el informe respectivo, para que en caso
TERCERA.- El Consejo de la Judicatura en el plazo de treinta días contados a partir de la puesta en vigencia de la presente Ley, elaborará y
Demanda de Pensión Alimenticia y de Incidente de Aumento o Disminución de Pensión Alimentos”. El incumplimiento de esta obligación será
iniciación del respectivo juicio político para la destitución de los y las vocales o miembros de dichos consejos, por parte de la Asamblea Nacional.
la Función Judicial y en los que no se haya fijado una pensión provisional
SEXTA.- A partir de que entre en vigencia la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas, ninguna pensión alimenticia podrá ser inferior a la
practiquen en forma gratuita los exámenes comparativos de los patrones de bandas o secuencias de ácido desoxirribonucleico (ADN).
Para efectos de otras informaciones, el Consejo de la Judicatura elaborará el respectivo proyecto a fin de efectuar un cruce de información con
Las instituciones descritas y las que determine el Consejo de la Judicatura, implementarán mecanismos gratuitos de entrega automática y por
PRIMERA.- Derógase el Título V Del Libro Segundo “Del Derecho a Alimentos” del Código de la Niñez y Adolescencia, publicado en el Registro
Oficial No. 737 de 3 de enero del 2003.