Source: http://fdelegal.com/v2/la-fuerza-vinculante-de-las-decisiones-del-tribunal-constitucional-2/
Timestamp: 2018-02-24 15:39:06
Document Index: 85412647

Matched Legal Cases: ['artículo 184', 'artículo 188', 'artículo 185', 'artículo 184', 'artículo 277', 'artículo 53', 'artículo 53', 'Artículo 31', 'artículo 184', 'artículo 277', 'artículo 54', 'artículo 54', 'artículo 54', 'artículo 24', 'artículo 426', 'artículo 428', 'artículo 184', 'artículo 277', 'artículo 58', 'artículo 141']

» La fuerza vinculante de las decisiones del Tribunal Constitucional
Escrito por FLAVIO DARÍO ESPINAL
(Publicado originalmente en la Revista de Ciencias Jurídicas, Volumen I, No. I, septiembre 2013)
Existe un consenso en la comunidad jurídica nacional, y en particular entre los expertos en Derecho constitucional, de que la creación del Tribunal Constitucional “para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales”, constituye uno de los principales y más trascendentales aportes de la Constitución proclamada el 26 de enero de 2010. Lo mismo puede decirse respecto de la disposición que acompaña la creación de este órgano jurisdiccional especializado, la cual establece que “(s)us decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado” (artículo 184).[1]
Si bien la República Dominicana incorporó desde su primera Constitución el principio de la supremacía constitucional y el mandato a los tribunales del país a no aplicar una ley contraria a la misma, ninguno de los tantos textos constitucionales que había tenido el país antes de la Constitución de 2010 estableció el carácter vinculante de las decisiones de los tribunales en materia constitucional, ni siquiera aquellos textos, como la Constitución de 1924 y la reforma constitucional de 1994, que estatuyeron modalidades específicas de control concentrado de la constitucionalidad de las leyes y demás normas jurídicas.[2] El quehacer judicial dominicano estuvo siempre estructurado bajo el principio de la relatividad de la cosa juzgada, por lo que los precedentes establecidos por la Suprema Corte de Justicia constituían simples referentes, sin bien de mucho peso, para los demás tribunales del país. Con el establecimiento del carácter vinculante de las decisiones del Tribunal Constitucional, la Constitución de 2010 establece una nueva lógica de relación entre el máximo intérprete de la Constitución, por un lado, y los poderes públicos y demás órganos del Estado, incluyendo el poder judicial, por el otro.
Esta problemática nos plantea como premisa para la discusión la cuestión relativa a la naturaleza y el valor de la Constitución. Es decir, la Constitución no es un texto cuyas disposiciones tengan un sentido único, apriorísticamente establecido e inmutable, al menos en lo que respecta a aquellas que tienen una formulación amplia y general susceptible de ser interpretadas y reinterpretadas en función de los contextos históricos y las filosofías jurídicas y política de los intérpretes de la Constitución. Un pensador pionero sobre esta temática fue Oliver Wendell Holmes, Jr., uno de los grandes jueces de todos los tiempos de la Suprema Corte de Estados Unidos, quien en 1920 escribió una decisión unánime de dicha corte en el caso Missouri v. Holland, el cual versó sobre el valor de los tratados internacionales dentro de la cláusula de la supremacía constitucional, en la que señaló lo siguiente: “…cuando estamos lidiando con palabras que representan a la vez un acto constitutivo, como es la Constitución de los Estados Unidos, debemos darnos cuenta que ellas han llamado a la vida un ser cuyo desarrollo no pudo ser previsto completamente por los más dotados de sus creadores. Fue suficiente para ellos materializar o tener la esperanza de haber creado un organismo; ha tomado un siglo y ha costado a sus sucesores mucho sudor y sangre probar que ellos han creado una nación”[3]
De ese pasaje innovador y poderoso surgió la idea, propagada años más tarde en Europa, América Latina y el resto del mundo, de la “Constitución viviente” (“a living constitution”), esto es, la Constitución entendida como un ente con vida que evoluciona a través del tiempo para responder a los cambios de la sociedad. Pero como no es posible convocar recurrentemente a un proceso constituyente o reformador de la Constitución, esa vida la recibe de quienes tienen la autoridad de interpretar el significado de sus disposiciones y aplicarlas a situaciones particulares, ya sean las cortes de justicia, los tribunales constitucionales, una mezcla de ambos, o cualquier otro órgano con esas funciones, como es el caso del Consejo Constitucional en Francia.
Varios años después esta misma idea fue reformulada y enriquecida por otro titán de la Suprema Corte de Estados Unidos, el juez Louis Brandeis, quien en un voto disidente en el caso Olmstead v U.S. en 1928, que versó sobre el alcance de la cuarta enmienda sobre las formas constitucionalmente admitidas de allanamientos y pesquisas, expresó: la Constitución pudo ser adoptada para enfrentar ciertos males, pero “su lenguaje general no debe necesariamente ser confinado a las formas que esos males tenían cuando la misma fue adoptada. El tiempo trae cambios, trae a la existencia nuevas condiciones y propósitos. Por tanto, para que un principio sea vital debe ser capaz de una aplicación más amplia que el problema que le dio nacimiento”.[4] Para el juez Brandeis cada generación tiene la obligación de decidir la mejor manera de materializar los principios constitucionales a la luz de las experiencias y circunstancias contemporáneas.[5]
Esta noción expuesta por el juez Holmes y retomada por el juez Brandeis desencadenó un debate en Estados Unidos, y luego en otras partes del mundo, sobre la naturaleza de la Constitución y del proceso interpretativo de la misma, el cual sigue siendo uno de los temas más prominentes y controversiales en el Derecho constitucional. En este ensayo se pone a un lado el tema de los métodos de interpretación constitucional para centrar la discusión en los órganos de interpretación y cuál de ellos tiene la última palabra en ese proceso interpretativo y aplicativo de la Constitución, particularmente en el contexto dominicano bajo la Constitución de 2010.[6]
Una serie de interrogantes surgen en relación a esta cuestión de los órganos de interpretación y al principio constitucional que otorga fuerza vinculante a las decisiones del Tribunal Constitucional. Entre estas interrogantes están: ¿cuál es el marco institucional de control de constitucionalidad en el que opera dicho principio? ¿Cuáles normas constitucionales y legales rigen la operatividad de este principio? ¿Qué se puede considerar como vinculante estrictamente hablando? ¿Cuál es el fundamento o razón de ser de este principio? ¿Cuáles son sus efectos?
LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL EN LA CONSTITUCIÓN DE 2010: UN MODELO REDEFINIDO
Si bien desde la reforma constitucional de 1994 en el país regía un modelo mixto de control constitucional con la combinación del control concentrado y el control difuso, la Constitución de 2013 formaliza y redefine dicho modelo. La formalización se manifiesta a través del artículo 188 del texto constitucional, el cual establece que: “Los tribunales de la República conocerán la excepción de constitucionalidad en los asuntos sometidos a su conocimiento”. Aunque la reforma constitucional de 1994 instituyó el control concentrado a cargo de la Suprema Corte de Justicia, dicha reforma no hizo explícito que dicho control coexistiría con el control difuso, sino que este se desprendía de la lógica del texto constitucional y de la tradición misma en materia de control constitucional en la República Dominicana.
Asimismo, la nueva Constitución redefine el modelo mixto en tanto crea un órgano especializado –el Tribunal Constitucional- a cargo del control concentrado, al tiempo que le otorga a este atribuciones que no tenía la Suprema Corte de Justicia en el ejercicio de su papel como órgano de control concentrado de la constitucionalidad de las normas jurídicas. Una de ellas –la más importante, sin lugar a dudas, es que sus decisiones “constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado”, como se señaló previamente.
Este modelo de justicia constitucional implica que no existe un monopolio en la interpretación de la Constitución, sino que todo tribunal o todo juez, sin importar su ámbito de competencia o su jerarquía en la estructura judicial, tiene la facultad, y a la vez el deber, de interpretar la Constitución y declarar inaplicable cualquier norma jurídica que sea contraria a esta. Esto quiere decir que no hay un centro único de interpretación constitucional, si bien el modelo creado por la Constitución de 2010 comporta un punto de cierre en el Tribunal Constitucional, el cual tiene la última palabra, pero no la única, en materia de interpretación constitucional.
Esta redefinición del modelo mixto de control constitucional ha creado un escenario institucional radicalmente distinto al que existía antes de la adopción de la Constitución de 2010, lo cual tiene significativas implicaciones tanto para la teoría y la práctica del control constitucional en la República Dominicana, como para el funcionamiento mismo de los poderes públicos y los órganos del Estado en el marco de lo que se denomina una democracia constitucional.
Otro hecho novedoso e igualmente significativo en este modelo redefinido de control constitucional es que la Constitución le otorga una serie de atribuciones al Tribunal Constitucional, algunas de las cuales no tenía la Suprema Corte de Justicia en su papel de órgano concentrado de control constitucional en el modelo anterior. En tal sentido, el artículo 185 de la Constitución establece que el Tribunal Constitucional será competente para conocer en única instancias: 1) Las acciones directas de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, a instancia del Presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con interés legítimo y jurídicamente protegido; 2) El control preventivo de los tratados internacionales antes de su ratificación por el órgano legislativo; 3) Los conflictos de competencia entre los poderes públicos, a instancia de uno de sus titulares; y 4) Cualquier otra materia que disponga la ley.
Este nuevo modelo de control constitucional consolida, por una parte, el control difuso en el ámbito del poder judicial, y articula, por la otra, un órgano especializado extra poder con atribuciones y funciones que están llamadas a fortalecer la supremacía de la Constitución en el ordenamiento jurídico y el sistema político de la República Dominicana.
III. EL PRECEDENTE VINCULANTE EN EL NUEVO MODELO DE CONTROL CONSTITUCIONAL
Como se señaló previamente, la Constitución de 2010 estableció en su artículo 184 que las decisiones del Tribunal Constitucional “son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado”. Hay que agregar lo que dispone el artículo 277 respecto de las decisiones judiciales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, con lo que se establece una conexión entre el Tribunal Constitucional y los tribunales del orden judicial como forma de garantizar que las decisiones del primero sean también vinculantes para el poder judicial. Dicho artículo dice así: “Todas las decisiones judiciales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, especialmente las dictadas en el ejercicio del control directo de la constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia, hasta el momento de la proclamación de la presente Constitución, no podrán ser examinada por el Tribunal Constitucional y las posteriores estarán sujetas al procedimiento que determine la ley que rija la materia”.
En cumplimiento de ese mandato constitucional se aprobó y promulgó la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales No. 137-11 (LOTCPC), cuyo artículo 53 estableció los parámetros de la revisión constitucional de las decisiones jurisdiccionales. En efecto, dicho artículo establece que el Tribunal Constitucional tendrá la potestad de revisar las decisiones jurisdiccionales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada con posterioridad al 26 de enero de 2010, fecha de proclamación y entrada en vigencia de la nueva Constitución, en los siguientes casos: 1) cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional una ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza; 2) cuando la decisión viole un precedente del Tribunal Constitucional; 3) cuando se haya producido una violación de un derecho fundamental, siempre que concurran y se cumplan todos y cada uno de los siguientes requisitos: a) que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado conocimiento de la misma; b) que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada; y c) ue la violación al derecho fundamental sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar.
Asimismo, el referido artículo 53 establece que cuando la solicitud de revisión se fundamenta en lo previsto en el numeral 3) de este artículo, la misma sólo será admisible por el Tribunal Constitucional cuando éste considere que, en razón de su especial trascendencia o relevancia constitucional, el contenido del recurso de revisión justifique un examen y una decisión sobre el asunto planteado. Señala también que el tribunal siempre deberá motivar su decisión.
Esto significa que las decisiones de los tribunales del orden judicial son revisables por el Tribunal Constitucional, pero no ocurre lo mismo con las decisiones de este último que no son susceptibles de revisión por ningún otro tribunal u órgano político por ser el punto de cierre de la interpretación constitucional. Esto evoca la famosa frase del Juez Robert H. Jackson de la Suprema Corte de Estados Unidos, en su opinión concurrente en el caso Brown v. Allen en 1953: “No tenemos la última palabra porque seamos infalibles, pero somos infalibles sólo porque tenemos la última palabra”.[7] Su idea era que si hubiera una super-Suprema Corte en Estados Unidos muchas de las decisiones que adoptaba dicho tribunal serían revocadas, pero no lo eran porque la Suprema tenía la última palabra en esta materia. En el caso dominicano, al igual que en muchos otros países en los que existen Tribunales Constitucionales, esa última palabra en materia constitucional la tiene a partir de la Constitución de 2010 el Tribunal Constitucional, cuyas decisiones se imponen sobre el propio poder judicial, así como sobre los demás poderes y órganos del Estado.
Lo que se procura con este carácter vinculante de las decisiones del Tribunal Constitucional es que haya una interpretación y aplicación uniforme de las normas constitucionales por parte de los diferentes órganos del Estado, lo que procura evitar, al decir de Humberto Nogueira Alcalá, que “comportamientos declarados inconstitucionales vuelvan a repetirse o que se interpreten normas de una manera diferente a la declarada por el Tribunal Constitucional, otorgando una cierta seguridad jurídica de los caminos por los cuales los órganos y las personas pueden transitar en el marco de la Carta Fundamental”.[8] Dicho de otra manera, la supremacía de la Constitución se garantiza a través de este carácter vinculante que tienen las decisiones del Tribunal Constitucional respecto del resto del engranaje institucional del Estado.
LO VINCULANTE DE LAS DECISIONES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Al discutir el carácter vinculante de las decisiones del Tribunal Constitucional, o de cualquier otro tribunal u órgano que ejerza funciones similares, hay que partir de una definición de lo que se entiende por precedente. Según el académico chileno Miguel Ángel Fernández, “el precedente es la decisión contenida en una sentencia y la interpretación de la o las normas que le sirven de base directa, la cual debe ser repetida cuando se aplica a un caso análogo o donde se deben considerar las mismas normas, salvo que el tribunal que lo dictó lo enmiende fundadamente”.[9] Esto significa, según este autor, que la obligación de cumplir con el precedente tiene un doble alcance: fallar igual que como se falló en un caso similar e interpretar igual a como ya se interpretó, en este caso la interpretación que ofrece el Tribunal Constitucional.[10]
No obstante esta doble exigencia que comporta la observación y respeto al precedente vinculante surgen interrogantes en torno a qué es lo que es vinculante en las decisiones del Tribunal Constitucional. En otras palabras, ¿cuáles componentes de la sentencia resultan obligatorios? ¿Todos o solo una parte de ellos?
Es sabido que la sentencia –en este caso la sentencia constitucional- tiene tres componentes diferenciados, si bien los mismos están relacionados y articulados. Estos componentes son:
El ratio decidendi o el razonamiento de la decisión, el cual contiene los principios, y argumentos que sirven de premisa y sustento a la decisión, los que si fuesen modificados implicaría necesariamente un cambio en lo decidido.
El dictum, llamado también Oviter Dicta, lo que hace referencia a afirmaciones tangenciales o complementarias que hace el Tribunal en el discurrir discursivo de su sentencia, ya sea para ilustrar, ejemplificar o expandir sus motivaciones.
La decisum o decisión, lo cual se refiere a lo decidido en un caso en particular.[11]
De estos tres aspectos solo el primero –el ratio decidendi o el razonamiento de la decisión- tiene fuerza vinculante. Los otros dos no tienen ese carácter: el dictum porque no es parte esencial del razonamiento argumentativo del Tribunal Constitucional y la decisum o decisión porque la misma tiene una singularidad que deriva de las circunstancias particulares del caso. Por supuesto, como cada caso es único no es posible que la decisión sea exactamente la misma, pero esto no es contradictorio con el planteamiento de que, ante situaciones similares, la aplicación del mismo razonamiento contenido en el precedente vinculante debe llevar lógicamente a decisiones similares.
Es importante destacar que otros autores, como Ricardo G. Vineata Medina[12], agregan a la estructura interna de las decisiones del Tribunal Constitucional otros elementos a los tres esenciales antes descritos. Según este autor, la sentencia contiene los siguientes elementos:
La razón declarativa-axiológica, la cual se refiere a la parte de la sentencia en la que el Tribunal Constitucional hace reflexiones sobre los principios y valores contenidos en la Constitución.
La razón suficiente o ratio decidendi, la cual contiene la formulación del principio o regla jurídica constitucional que sirve de sustento o fundamento de la decisión que resuelve el caso.
La razón subsidiaria o accidental (obiter dicta), la cual refiere a consideraciones complementarias o marginales que si bien son útiles en la estructuración de la sentencia no son imprescindibles para la fundamentación de la decisión por parte del Tribunal Constitucional.
La invocación preceptiva, la cual se refiere a las normas de la Constitución o del bloque de constitucionalidad en sentido más amplio que se utilizan para decidir sobre el conflicto planteado.
La decisión o fallo constitucional (decisum), la cual constituye la parte final o resolutiva de la sentencia que, sobre la base de todo lo anterior, resuelve el caso específico planteado a la consideración del Tribunal Constitucional.
Aún con esta definición más amplia a los aspectos integrantes de una sentencia constitucional, para este autor también la ratio decidendi o razonamiento de la decisión constituye la parte de la sentencia que tiene fuerza vinculante para los demás órganos del Estado, pues se trata del marco argumentativo utilizado por el Tribunal Constitucional para resolver un caso, el cual debe ser utilizado por los demás jueces para decidir casos similares. En otras palabras, es el principio o razonamiento subyacente a la decisión el que tiene fuerza vinculante, no así los demás elementos que integran la sentencia.[13]
Esto plantea la necesidad de que el Tribunal Constitucional, o cualquier órgano jurisdiccional que tenga la potestad de interpretar y aplicar la Constitución como sería la Suprema Corte de Justicia o una Sala Constitucional en algunos país, deberá fundamentar bien sus decisiones para que los demás tribunales y órganos del Estado tengan un marco de referencia claro al momento en que se encuentren ante situaciones similares que requieran hacer valer un precedente constitucional. Una mala o confusa fundamentación por parte del Tribunal Constitucional no contribuye a que sus precedentes sean respetados, como tampoco a una aplicación uniforme de la Constitución por parte de los tribunales y demás poderes y órganos estatales.
PRECEDENTE VINCULANTE: RAZÓN DE SER Y SUS EFECTOS
La razón de ser del carácter vinculante de las decisiones del Tribunal Constitucional es, al decir de Humberto Nogueira Alcalá, la garantía de “los principios de igualdad, seguridad jurídica y confianza de las personas, ya que por su intermedio se obliga a los tribunales a ser consistentes con las decisiones previamente adoptadas, impidiendo que casos iguales o semejantes sean analizados y resueltos en forma diferente en otra oportunidad”. Y agrega: “La ratio iuris se encuentra en la fuerza de la cosa juzgada que se encuentra en la ratio decidendi de la sentencia del Tribunal Constitucional”.[14] El mismo planteamiento hace Miguel Ángel Fernández: “No hay duda que el valor que justifica la vinculación a los precedentes radica en la seguridad jurídica y el respeto del principio de igualdad con proscripción de discriminaciones”.[15]
La invocación de los principios de igualdad y seguridad jurídica como fundamentos del carácter vinculante de las decisiones del Tribunal Constitucional presuponen un elemento primordial que ha estado subyacente en esta discusión: la supremacía de la Constitución como expresión de la voluntad del pueblo a la cual deben someterse los poderes constituidos. Un orden jurídico y político que tenga una Constitución, pero que no tenga mecanismos para hacer valer una determinada interpretación de la misma equivale a dejar que cada quien haga su propia interpretación, lo que necesariamente subvertiría y dejaría sin valor y eficacia el principio de la supremacía constitucional.
Por supuesto, la aplicación de un precedente vinculante del Tribunal Constitucional plantea retos importantes a los demás agentes del proceso interpretativo de la Constitución, particularmente a los jueces de los demás tribunales. El precedente se convierte en “una regla preceptiva común”,[16] lo que significa que solo puede ser aplicado en aquellos casos en los que se determine que se han conjugado los elementos de hecho que dicha regla presupone.
Se entiende que, por regla general, las decisiones del Tribunal Constitucional vinculan al propio tribunal, lo que no significa que sus decisiones se petrifiquen en el tiempo y que este no pueda variar sus propias decisiones. En efecto, el cambio de circunstancias, de valores y de las demandas de la sociedad, así como de la filosofía jurídica y doctrina política de los jueces del Tribunal Constitucional, inciden en las variaciones jurisprudenciales de este último.
La clave de la legitimidad de los cambios de precedentes por parte del Tribunal Constitucional está en el razonamiento y la fundamentación que ofrezca como justificación de los mismos. En algunos casos el propio Tribunal Constitucional define los criterios que habrá de observar para que este pueda variar sus propios precedentes. Es el caso del Tribunal Constitucional de Perú, el cual ha establecido que la sustitución de un precedente vinculante está sujeta a los siguientes elementos: 1) la expresión de los fundamentos de hecho y derecho que sustentan la decisión; 2) la expresión de “la razón declarativa-teológica”, razón suficiente e invocación preceptiva” en que se sustenta la decisión; y 3) la determinación de sus efectos en el tiempo.[17]
Hay países en los que ni el propio Tribunal ni ninguna ley establece los criterios para el cambio de precedente, sino que el propio desarrollo institucional del órgano intérprete de la Constitución ha instituido la práctica de la fundamentación explícita de los cambios jurisprudenciales como sustento de la legitimidad de sus decisiones. Es el caso de Estados Unidos, en el que, si bien no hay un Tribunal Constitucional, la Suprema Corte juega un papel similar como intérprete último de la Constitución, además de que fue dicho tribunal el que instituyó, con su famosa sentencia Marbury vs Madison, la práctica del control constitucional o judicial review como se le llama en Estados Unidos. Aunque ninguna ley define los criterios para el cambio de precedentes por parte de la Suprema Corte, es inconcebible que esta tome una decisión que revoque o modifique otra anterior sin que exprese los razonamientos que sirven de base a dicho cambio.[18]
En lo que concierne a la República Dominicana, la propia Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales No. 137-11 establece en su Artículo 31, Párrafo I, lo siguiente: “Cuando el Tribunal Constitucional resuelva apartándose de su precedente, debe expresar en los fundamentos de hecho y de derecho de la decisión las razones por las cuales ha variado su criterio”.
En lo que respecta a los efectos del carácter vinculante de las decisiones del Tribunal Constitucional, hay que señalar que esta disposición contenida en el artículo 184 de la Constitución de 2010 ha modificado radicalmente el sistema de fuentes de Derecho en nuestro país. Como bien señala el constitucionalista Cristóbal Rodríguez, “no se trata sólo de que la jurisprudencia adquiere la categoría de norma que hace parte del sistema de fuentes directas, -no ya con carácter accesorio- del derecho, sino que además las normas derivadas por vía jurisprudencial de los enunciados normativos contenidos en la Constitución tienen al mismo tiempo rango constitucional”.[19] Esto implica de manera lógica un cambio en la jerarquía de las fuentes de derecho, pues como las decisiones del Tribunal Constitucional se equiparan a la propia Constitución, las mismas están en un rango superior a la Ley, lo cual no ocurría en el viejo sistema de fuentes del Derecho en el que la jurisprudencia estaba en un rango inferior a la Ley y actuaba como simple auxiliar en la interpretación de la misma.
Como se indició al inicio de este trabajo, este carácter vinculante de las decisiones del Tribunal Constitucional alcanza a los tribunales del orden judicial por vía de lo dispuesto en el artículo 277 de la Constitución y las disposiciones complementarias de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales No. 137-11. Es decir, todos los tribunales del país, incluyendo la Suprema Corte de Justicia, están sometidos a la interpretación que de la Constitución haga el Tribunal Constitucional como intérprete último de la misma. Los numerales 9 y 10 del artículo 54 de la referida Ley establecen el mecanismo a través del cual se concretiza la aplicación del precedente vinculante del Tribunal Constitucional respecto de los demás tribunales del país. El numeral 9 dice así: “La decisión del Tribunal Constitucional que acogiere el recurso, anulará la sentencia objeto del mismo y devolverá el expediente a la secretaría del tribunal que la dictó”. Por su parte, el numeral 10 dispone lo siguiente: “El tribunal de envío conocerá nuevamente del caso, con estricto apego al criterio establecido por el Tribunal Constitucional en relación del derecho fundamental violado o a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma cuestionada por la vía difusa”.[20]
Por supuesto, la forma como esto operará en la práctica para lograr un punto de cierre que asegure la observancia de las decisiones del Tribunal Constitucional es un desafío de la mayor importancia pues no hay una garantía institucional absoluta de que el tribunal cuya decisión fue anulada por el Tribunal Constitucional habrá de fallar “con estricto apego al criterio establecido” por este último. De hecho, la primera decisión del Tribunal Constitucional mediante la cual se anula una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, así como la decisión que adoptó esta última en ejecución de lo dispuesto por el Tribunal Constitucional, ha dado lugar a una importante controversia que algunos han calificado de “choque de trenes”, como se discutirá a continuación.
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA: ¿CHOQUE DE TRENES?
En fecha 11 de febrero de 2013, el Tribunal Constitucional emitió la Sentencia No. TC/0009/13 mediante la cual anuló la Resolución No. 830-2012 dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia en fecha 16 de enero de 2012 y ordenó el envío del expediente a la Suprema Corte de Justicia para los fines establecidos en el antes citado numeral 10 del artículo 54 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, No. 137-11. Mediante su fallo, las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia declararon la inadmisibilidad de los recursos de casación interpuestos por las partes en conflicto por no cumplirse ninguno de los supuestos previstos por los artículos 425 y 426 del Código Procesal Penal para admitir un recurso de casación.[21]
La razón básica que ofreció el Tribunal Constitucional para anular la referida Resolución No. 830-2012 es que en la misma “no se disciernen con suficiente claridad los motivos que indujeron a la Suprema Corte de Justicia a negar la falta de tipificación de todos los supuestos previstos en los citados artículos 425 y 426”, circunstancia que induce “a que este Tribunal Constitucional proceda a fijar el alcance del compromiso que tienen los tribunales de dictar decisiones motivadas como parte de la sujeción a la garantía constitucional del debido proceso”.[22]
En refuerzo a lo antes expuesto, el Tribunal Constitucional señaló: “a) que reviste gran importancia que los tribunales no se eximan de correlacionar los principios, reglas, normas y jurisprudencia, en general, con las premisas lógicas de cada fallo, para evitar la vulneración de la garantía constitucional del debido proceso por falta de motivación; b) que para evitar la falta de motivación en sus sentencias, contribuyendo así al afianzamiento de la garantía constitucional de la tutela judicial efectiva al debido proceso, los jueces deben, al momento de exponer las motivaciones, incluir suficientes razonamientos y consideraciones concretas al caso específico objeto de su ponderación; c) que también deben correlacionar las premisas lógicas y base normativa de cada fallo con los principios, reglas, normas y jurisprudencia pertinentes, de forma que las motivaciones resulten expresas, claras y completas”.[23]
Asimismo, el Tribunal Constitucional expuso que el cabal cumplimiento del deber de motivación por parte de los tribunales del orden judicial requiere: “a) desarrollar de forma sistemática los medios en que fundamenta sus decisiones; b) exponer de forma concreta y precisa cómo se producen la valoración de los hechos, las pruebas y el derecho que corresponde aplicar; c) manifestar las consideraciones pertinentes que permitan determinar los razonamientos en que se fundamenta la decisión adoptada; d) evitar la mera enunciación genérica de principios o la indicación de las disposiciones legales que hayan sido violadas o que establezcan alguna limitante en el ejercicio de una acción; e) asegurar, finalmente, que la fundamentación de los fallos cumpla la función de legitimar las actuaciones de los tribunales frente a la sociedad a la que va dirigida la actividad jurisprudencial”.[24]
En base a estas consideraciones, el Tribunal Constitucional anuló la referida Resolución 830-2012 y envió el expediente de nuevo a la Suprema Corte de Justicia para que esta fallase de conformidad con los criterios establecidos por el primero en su decisión.
En fecha 14 de marzo de 2013, la Suprema Corte de Justicia dictó, “en cumplimiento de la citada sentencia del Tribunal Constitucional”, una resolución en la que hizo valer sus motivos para declarar inadmisible los referidos recursos de casación.[25] La pregunta que se ha planteado en el debate jurídico es si la Suprema Corte de Justicia ha fallado “con estricto apego al criterio establecido por el Tribunal Constitucional”, según lo dispuesto por el numeral 10 del artículo 54 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales No. 137-11, o si por el contrario se ha declarado en rebeldía frente a lo decidido por el Tribunal Constitucional cuyas decisiones, como se ha expuesto en el transcurso de este trabajo, “constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado”.[26]
La decisión de la Suprema Corte de Justicia tiene dos momentos en su secuencia expositiva, en uno de los cuales este tribunal parece situarse, en tono y contenido, en posición de desafío al Tribunal Constitucional, mientras que en el otro se percibe un mayor sentido de cumplimiento a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional en lo que respecta al requerimiento de motivación de su decisión de inadmisibilidad en el caso en cuestión.
El primer momento está marcado por el planteamiento formulado por la Suprema Corte de Justicia de que “es preciso determinar, antes de asumir la decisión que corresponde, cuál es el test motivacional que requiere una resolución como la de la especie”.[27] Con esta frase, la Suprema Corte de Justicia parece decirle al Tribunal Constitucional que va a fijar su propio criterio respecto de cuál debe ser el alcance de la motivación cuando el tribunal emita una decisión que declare la inadmisibilidad de un recurso de casación. En este orden, la Suprema Corte señala que “si bien es cierto que, según el artículo 24 del Código Procesal Penal, los jueces están obligados a motivar en hecho y derecho sus decisiones… no es menos cierto que la suficiencia de motivación dependerá de la complejidad de cada caso concreto y del alcance de la controversia”.[28]
En esta línea argumentativa, la Suprema Corte de Justicia señala que “el plus motivacional a adoptar dependerá esencialmente de la naturaleza de la resolución, de manera pues, que determinadas resoluciones requerirán de una motivación reforzada, mientras que en otras bastará con una motivación sucinta, tal sería el caso de la presente resolución, la cual sólo debe comprobar si se dan los presupuestos derivados de las cuestiones puramente objetivas que se desprenden del contexto de los artículos precitados”. Y al respecto agrega: “a juicio de estas Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, no se requiere de una motivación detallada cuando de lo que se trata es de in inadmitir un recurso de casación, o de admitirlo para luego conocer del fondo del mismo; motivación extensa que sí se justifica cuando admitido el recurso de casación se va a rendir decisión sobre el fondo del mismo”. Y va aún más lejos al señalar que “se advierte que en el caso no hay vulneración a esas garantías de los derechos fundamentales cuando se consignan los motivos necesarios y pertinentes para fundamentar una resolución que se limita pura y simplemente a inadmitir, como en el caso de que se trata, un recurso de casación”.[29]
Con estas consideraciones la Suprema Corte de Justicia parece más bien acoger el argumento planteado por los Magistrados Hermógenes Acosta de los Santos, Wilson S. Gómez Ramírez e Idelfonso Reyes en su voto disidente en la referida sentencia del Tribunal Constitucional. De hecho, de haberse quedado en ese punto de su línea expositiva y argumentativa, la Suprema Corte de Justicia se hubiese situado en total desafío frente al Tribunal Constitucional pues prácticamente está diciendo que ella tiene su propio criterio de cómo fallar los casos de inadmisibilidad independientemente de lo que piense el máximo intérprete de la Constitución.
En el segundo momento de su decisión, en cambio, la Suprema Corte de Justicia adopta una perspectiva distinta, pues modera su tono y hace lo que no hizo en su anterior decisión, es decir, expandir las motivaciones de su decisión en base a los hechos del caso a la luz de lo que disponen los artículos 425 y 426 del Código Procesal Penal. Este momento en la estructura de su sentencia se produce cuando muestra las razones por las cuales en el caso “no se verifican ningunas de las causales o motivos que den lugar al recurso de que se trata”,[30] según lo que dispone el artículo 426 del Código Procesal Penal. En este sentido, las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia exponen en su decisión lo siguiente:
En cuanto a la inobservancia o errónea aplicación de disposiciones legales, constitucionales o contenidas en los pactos internacionales en materia de derechos humanos, dichas Salas sostienen que esta hipótesis “no concurre en el caso, ya que el recurrente le fue garantizado el derecho constitucional de accesar a la justicia para hacer valer sus derechos fundamentales; el derecho constitucional a la recurribilidad, mediante el recurso de apelación y el derecho a una sentencia motivada, tanto en primer grado como en apelación”.[31]
En cuanto a la causal de que la sentencia de condena imponga una pena privativa de libertad mayor de diez años sostienen que tampoco se cumple “ya que la condenación consistió en una sanción pecuniaria, consistente en el pago de una multa de Cincuenta (50) salarios mínimos, y una compensación económica de Seis Millones de Pesos (RD$6,000,000.00).[32]
En cuanto a que la sentencia recurrida sea contradictoria con un fallo anterior de la Corte, de donde proviene la decisión o de la Suprema Corte de Justicia, también sostienen dichas Salas que esta condición “no se verifica en la sentencia recurrida luego de haber examinado estas Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia la jurisprudencia constante y firme con relación a los puntos de derecho que han sido decididos por esta sentencia”.[33]
En cuanto a que la sentencia sea manifiestamente infundada señalan que esta condición “tampoco concurre, al exponer la Corte a-qua, conforme comprobación de estas Salas Reunidas de esta Suprema Corte de Justicia, que la sentencia dictada al efecto ha sido debidamente motivadas”.[34]
Y en cuanto a la última causal, es decir, que estén presentes los motivos del recurso de revisión, sostienen dichas Salas Reunidas que esta condición “tampoco aplica, ya que ninguna de las circunstancias previstas por el artículo 428 del Código Procesal Penal han sido invocadas por las partes recurrentes en el caso de que se trata”.[35]
Al momento de concluirse este ensayo, el Tribunal Constitucional no había conocido de nuevo el caso, por lo que no se puede determinar si dicho Tribunal comparte el argumento expuesto precedentemente en cuanto a los dos momentos en la estructura de la sentencia dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia a propósito del envío recibido de parte del Tribunal Constitucional como resultado de la anulación que este produjo de la Resolución No. 830-2012. Esto significa que la cuestión permanece abierta no tanto como un “choque de trenes” trágico, sino como un diálogo complejo, tenso y difícil entre la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional, como es inevitable en cualquier sistema institucional que tenga un órgano extra poder como es el Tribunal Constitucional que tiene la última palabra en materia de interpretación constitucional y sus decisiones sean vinculantes para todos los poderes y órganos del Estado, incluyendo el poder judicial.
La disposición contenida en el artículo 184 de la Constitución de 2010, según la cual las decisiones del Tribunal Constitucional “son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado”, no solo representa una innovación en la tradición jurídica y constitucional dominicana, sino que también redimensiona el principio de la supremacía constitucional y cambia radicalmente el sistema de fuentes de Derecho en la República Dominicana. Es una de las disposiciones constitucionales que está llamada a tener mayores efectos en la vida institucional del país por el papel que le asigna al Tribunal Constitucional como intérprete último de la Constitución y la capacidad que le otorga de que sus decisiones sean de acatamiento ineludible por todos los órganos estatales, incluyendo el poder judicial.
En efecto, la inclusión del artículo 277 de la Constitución estableció el vínculo indisoluble entre el Tribunal Constitucional y el poder judicial en virtud del cual se garantiza que el último esté subordinado al primero en materia de interpretación constitucional en un contexto institucional en el que se combina el control difuso y el control concentrado de constitucionalidad. Por su parte, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales No. 137-11 establece las normas operativas en función de las cuales se garantiza que las decisiones del Tribunal Constitucional sean vinculantes para el poder judicial.
Por la naturaleza de esta relación entre el Tribunal Constitucional y el poder judicial, es inevitable que entre estos dos ámbitos del ordenamiento institucionales se produzcan conflictos y tensiones, a veces más agudos que en otras. No es casual que en el primer caso en el que el Tribunal Constitucional anuló una decisión de la Suprema Corte de Justicia hayan surgido disparidades de criterios y, en consecuencia, tensiones entre ambos órganos.
No es posible, y si fuese posible no sería deseable, que la relación entre el Tribunal Constitucional y los tribunales del orden judicial sea perfectamente armónica, pues se trata de instituciones habitadas por seres humanos con sus filosofías, experiencias y perspectivas que inciden en la manera de interpretar las normas constitucionales. Se espera, sin embargo, que todos los poderes públicos y órganos del Estado, incluyendo el poder judicial, sean leales a la Constitución y respeten la cláusula que dispone que las decisiones del Tribunal Constitucional “constituyen precedentes vinculantes” para ellos. En otras palabras, que la conflictividad propia de una relación entre el Tribunal Constitucional y demás órganos del sistema institucional, particularmente el poder judicial, no se interprete como validación para situarse en posición de rebeldía o desacato abierto frente al Tribunal Constitucional, pues esto traería consecuencias funestas para la vida institucional del país.
El paso del tiempo, por supuesto, permitirá que estas nuevas normas e instituciones de la Constitución de 2010 se vayan consolidando y, es de esperar, se hagan cada vez más sólidos y eficaces los principios de la supremacía constitucional y el papel del Tribunal Constitucional como intérprete y garante último de la constitucionalidad en el país.
[1] El experto constitucionalista Cristóbal Rodríguez sostiene que la cláusula que establece el carácter vinculante de las decisiones del Tribunal Constitucional “representa la más trascendente de cuantas disposiciones informan la Constitución dominicana”, la cual implica “una auténtica revolución copernicana para el sistema jurídico nacional en su conjunto”. Cf. FINJUS, Constitución Comentada, 3era edición. Santo Domingo: Editora Búho, 2013, p. 382.
[2] La Constitución de 1924, la cual tuvo una duración de no más de tres años, estableció un sistema muy peculiar de control concentrado de constitucionalidad, según el cual la Suprema Corte de Justicia tenía la atribución de “decidir en primera y última instancia sobre la constitucionalidad de las leyes, decretos, resoluciones y reglamentos, cuando fueron objeto de controversia entre partes ante cualquier Tribunal, el cual, en este caso, deberá sobreseer su decisión sobre el fondo hasta después del fallo de la Suprema Corte; y, en interés general, sin que sea necesario que haya controversia judicial, cuando se trate de leyes, decretos, resoluciones y reglamentos atentatorios a los derechos individuales consagrados por la presente Constitución”. (artículo 58, numeral 5). Por su parte, la reforma constitucional de 1994 introdujo el control constitucional concentrado y por vía de acción directa ante la Suprema Corte de Justicia, en coexistencia con el tradicional control difuso de constitucionalidad.
[3] Missouri v. Holland, 252 U.S. 416, 433 (1920). Traducción libre..
[4] Olmstead v. United States, 277 U.S. 438, 475-476, 472 (1928). Traducción libre.
[5] Para una discusión más general sobre este tema, Cf. Howard Gillman, “The Collapse of Constitutional Originalism and the Rise of the Notion of the ‘Living Constitution’ in the Course of American State-Building. Studies in America Political Development, Vol II, Fall 1997, pp. 191-247.
[6] Para una interesante discusión más amplia sobre el proceso y los actores de la interpretación constitucional, Cf. Peter Häberle, “La sociedad abierta de los intérpretes constitucionales. Una contribución para la interpretación pluralista y ‘procesal’ de la Constitución”. Academia: revista sobre enseñanza del derecho de Buenos Aires. a.6, n.11, 2008 , pp. 29-61
[7] Juez Robert H. Jackson, caso Brown v. Allen, 344 U.S. 443, 540 (1953).
[8] Humberto Nogueira Alcalá, “La sentencia constitucional en Chile: aspectos fundamentales sobre su fuerza vinculante”. Estudios Constitucionales, Revista Semestral del Centro de Estudios Constitucionales: Santiago, Chile, 2006, p. 104.
[9] Miguel Ángel Fernández, “La sentencia del tribunal constitucional, su eventual carácter vinculante y la inserción en las fuentes del derecho”, Estudios Constitucionales, Revista Semestral del Centro de Estudios Constitucionales, Universidad de Talca, Santiago: Chile, junio de 2006, p.137.
[11] Para una discusión sobre esta temática, Cf. Jesús M. Casal Hernández, “Cosa juzgada y efecto vinculante en la justicia constitucional”, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
[12] Cf. Ricardo Guillermo Vinaeta Medina, “La aplicación del precedente vinculante del Tribunal Constitucional Peruano en la jurisprudencia nacional”, (mimeo).
[13] Para una interesante discusión sobre esta temática en un país de tradición distinta a los de América Latina, Cf. Dilip K. Sheth, “Supreme Court Decisions-Whether Always Binding?”, The Chartered Account, Marzo 2004, en el que este autor desarrolla una discusión sobre el artículo 141 de la Constitución de la India y en el que también argumenta que la ration decidendi es lo que resulta vinculante de una sentencia constitucional, en su caso la Suprema Corte de Justicia, que es la que tiene el poder de control de constitucionalidad.
[14] Humberto Nogueira Alcalá, op. cit., p. 115.
[15] Miguel Ángel Fernández, op. cit., p. 138.
[16] Cf. Ricardo G. Vineta Medina, op. cit., p. 17. Este autor toma el concepto de “regla preceptiva común” de la sentencia del Tribunal Constitucional del Perú No. 0024-2003, AI/TC.
[17] Sentencia del Tribunal Constitucional de Perú correspondiente al Expediente No. 0024-2002-AI/TC, citado por Ricardo G. Vinatea Medina, op. cit., p. 19.
[18] Cf. David M. O’Brien, Constitutional Law and Politics, Volume Two, Civil Rights and Civil Liberties, New York: W.W. Norton & Company, 1991, chapter 2.
[19] Cristóbal Rodríguez, op. cit., p. 383.
[20] Cf. Eduardo Jorge Prats, Comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, Santo Domingo: JUS NOVUM, 9. 2011.
[21] Cf. Sentencia TC/0009/13 de fecha 11 de febrero de 2013 del Tribunal Constitucional respecto del Expediente TC-04-2012-0019 relativo al Recurso de Revisión Constitucional de Decisiones Jurisdiccionales interpuesto por la sociedad comercial Malespín Constructora, S.A. y Marcos E. Malespín contra la Resolución No. 830-2012 dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia en fecha 16 de enero de 2012.
[22] Cf. Ibid., p. 10.
[24] Ibid., pp. 12-13.
[25] Cf. Resolución de las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia de fecha 14 de marzo de 2013 con relación al envío del expediente por parte del Tribunal Constitucional, mediante sentencia TC/0009/13 de fecha 11 de febrero de 2013 relativo al recurso de revisión constitucional de decisiones jurisprudenciales.
[26] Para una fuerte crítica de la decisión de la Suprema Corte de Justicia en este caso, Cf. Eduardo Jorge Prats, “Supremo Desacato Judicial”, Hoy, 5 de abril de 2013.
[27] SCJ, Resolución citada, p. 11.
[29] Ibid. pp. 11, 12 y 13..
[33] Ibid., pp. 14-15.
Casal Hernández, Jesús M., “Cosa juzgada y efecto vinculante en la justicia constitucional”, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Constitución de la República Dominicana de 2010.
Fernández, Miguel Ángel, “La sentencia del tribunal constitucional, su eventual carácter vinculante y la inserción en las fuentes del derecho”, Estudios Constitucionales, Revista Semestral del Centro de Estudios Constitucionales, Universidad de Talca, Santiago: Chile, junio de 2006.
FINJUS, Constitución Comentada, 3era edición. Santo Domingo: Editora Búho, 2013
Gillman, Howard, “The Collapse of Constitutional Originalism and the Rise of the Notion of the ‘Living Constitution’ in the Course of American State-Building”. Studies in America Political Development, Vol II, Fall 1997.
Häberle, Peter, “La sociedad abierta de los intérpretes constitucionales. Una contribución para la interpretación pluralista y ‘procesal’ de la Constitución”. Academia: revista sobre enseñanza del derecho de Buenos Aires. a.6, n.11, 2008.
Jackson, Robert H, caso Brown v. Allen, 344 U.S. 443, 540 (1953).
Jorge Prats, Eduardo, Comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, Santo Domingo: Jus Novum, 2011.
Jorge Prats, Eduardo, “Supremo Desacato Judicial”, Hoy, 5 de abril de 2013.
Missouri v. Holland, 252 U.S. 416, 433 (1920
Nogueira Alcalá, Humberto,“La sentencia constitucional en Chile: aspectos fundamentales sobre su fuerza vinculante”. Estudios Constitucionales, Revista Semestral del Centro de Estudios Constitucionales: Santiago, Chile, 2006.
O’Brien, David M., Constitutional Law and Politics, Volume Two, Civil Rights and Liberties, New York: W.W. Norton & Company, 1991.
Sheth, Dilip K., “Supreme Court Decisions-Whether Always Binding?”, The Chartered Account, Marzo 2004.
Vinaeta Medina, Ricardo Guillermo, “La aplicación del precedente vinculante del Tribunal Constitucional Peruano en la jurisprudencia nacional” (mimeo).
Modificado por última vez en 04 de agosto de 2016