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Timestamp: 2019-05-25 17:37:19
Document Index: 92092919

Matched Legal Cases: ['artículo 290', 'artículo 290', 'artículo 390', 'artículo 290', 'artículo 291', 'artículo 291', 'artículo 292', 'artículo 293', 'artículo 293', 'artículo 294']

Guia práctica de los delitos societarios | BURGUERA ABOGADOS
6.1 Compártalo:
Los delitos societarios se encuentran regulados en el Código Penal dentro del Capítulo XIII titulado “De los delitos societarios” en que se castigan una serie de conductas que se cometen dentro del ámbito de las sociedades por parte de los administradores o socios de las mismas, recogidos en los artículos 290 a297 del CP.
Regulado en el artículo 290 del C.P castiga la siguiente conducta: “Los administradores, de hecho o de derecho, de una sociedad constituida o en formación, que falsearen las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad, de forma idónea para causar un perjuicio económico a la misma, a alguno de sus socios, o a un tercero,”
El objeto material según el artículo 290 serían las cuentas anuales u otros documentos que tienen por finalidad reflejar la situación jurídica o económica de la sociedad.
– Falsear entre las que se encuentran alguna de las conductas del artículo 390 del Código Penal.
– Por último, Perjuicio valorable económicamente. Si el perjuicio llega efectivamente a producirse, el párrafo segundo del artículo 290 del Código Penal castiga los hechos con una pena superior, como se comentó anteriormente no es necesario que se produzca el perjuicio económico en la sociedad para que la conducta sea penalizada.
Elemento subjetivo, es necesario que exista dolo para que el delito sea castigado, es decir que se actúe conociendo los elementos que conforman los requisitos del tipo penal.
Se encuentra regulado en el artículo 291 y 292
El artículo 291 establece que “Los que, prevaliéndose de su situación mayoritaria en la Junta de accionistas o el órgano de administración de cualquier sociedad constituida o en formación, impusieren acuerdos abusivos, con ánimo de lucro propio o ajeno, en perjuicio de los demás socios, y sin que reporten beneficios a la misma, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años o multa del tanto al triplo del beneficio obtenido”.
Y el artículo 292 del mismo cuerpo legal “La misma pena del artículo anterior se impondrá a los que impusieren o se aprovecharen para sí o para un tercero, en perjuicio de la sociedad o de alguno de sus socios, de un acuerdo lesivo adoptado por una mayoría ficticia, obtenida por abuso de firma en blanco, por atribución indebida del derecho de voto a quienes legalmente carezcan del mismo, por negación ilícita del ejercicio de este derecho a quienes lo tengan reconocido por la Ley, o por cualquier otro medio o procedimiento semejante, y sin perjuicio de castigar el hecho como corresponde si constituyese otro delito”.
Elemento subjetivo: se trata de un delito doloso, la persona tiene que tener “ánimo de lucro” como dice literalmente el precepto.
Penalidad: La pena prevista según el 291 es de prisión de seis meses a tres años o, alternativamente, multa del tanto al triplo del beneficio obtenido.
En cuanto al sujeto activo también puede serlo cualquier persona cuando se utiliza el acuerdo impuesto por los miembros de la junta de accionistas u órgano de administración.
Por lo que se refiere al sujeto pasivo, además de los socios también se encuentra la sociedad en sí.
Previsto en el artículo 293 del Código Penal, se regula de la siguiente forma: “Los administradores de hecho o de derecho de cualquier sociedad constituida o en formación, que sin causa legal negaren o impidieren a un socio el ejercicio de los derechos de información, participación en la gestión o control de la actividad social, o suscripción preferente de acciones reconocidos por las Leyes, serán castigados con la pena de multa de seis a doce meses”.
El sujeto activo, al tratarse de un delito especial propio, únicamente puede ser cometido por quien tenga la cualidad de administrador de hecho o derecho.
El sujeto pasivo, será el socio que ve vulnerado su derecho.
En cuanto a la conducta típica, la acción debe estar formada por los siguientes elementos:
Por último, la penalidad es la prevista en el artículo 293 del C.P y la de multa de seis a doce meses.
El sujeto pasivo sería la Administración Pública a la que se le impidiese su actuación inspectora o supervisora.
El objeto material del delito serían las sociedades, constituidas o en formación sometidas o que actúen en mercados sujetos a supervisión administrativa.
La conducta típica consiste como indica el artículo 294 del C.P en negar o impedir la actuación inspectora o supervisora. Se trata por tanto en una acción de desobediencia que se comete tanto con la negativa expresa de la actuación, como, sin negarlo expresamente, impidiendo de hecho directa o indirectamente la actuación de los agentes o inspectores. Es necesario para que la actuación sea penada que la negativa a la actividad supervisora sea intencionada, es decir se requiere que sea dolosa.
La penalidad para este delito es la pena de prisión de seis meses a tres años o, alternativamente, multa de doce a veinticuatro meses.
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