Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-330-de-mayo-9-de-2012?documento=jurcol&contexto=jurcol_c6125a2dc1e10164e0430a0101510164&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-20 21:52:31
Document Index: 128476331

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 65', 'ARTÍCULO 452', 'ARTÍCULO 448', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 19', 'ARTÍCULO 3', 'ARTÍCULO 432', 'ARTÍCULO 143', 'ARTÍCULO 61', 'ARTÍCULO 18', 'ARTÍCULO 139', 'ARTÍCULO 111', 'artículo 432', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 65', 'artículo 111', 'artículo 46', 'artículo 74', 'artículo 241', 'artículo 432', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 65', 'artículo 46', 'artículo 74', 'artículo 116', 'artículo 444', 'artículo 9', 'artículo 445', 'artículo 10', 'artículo 448', 'artículo 63', 'Artículo 448', 'artículo 448', 'artículo 452', 'artículo 34', 'artículo 129', 'artículo 448', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 430', 'artículo1', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 19', 'artículo 18', 'artículo 65', 'artículo 3', 'artículo 432', 'artículo 143', 'artículo 116', 'Artículo 116', 'artículo 116', 'artículo 116', 'artículo 432', 'artículo 61', 'artículo 1', 'artículo 453', 'artículo 116', 'artículo 432', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 452', 'artículo 432', 'artículo 61', 'artículo 18', 'artículo 19', 'artículo 3', 'artículo 139', 'artículo 65', 'artículo 111', 'artículo 46', 'artículo 74', 'artículo 241', 'artículo 1', 'artículo 19', 'artículo 3', 'artículo 432', 'artículo 143', 'artículo 116', 'artículo 62', 'artículo 18', 'artículo 116', 'artículo 3', 'artículo 3', 'Artículo 61', 'artículo 39', 'artículo 8', 'Artículo 62', 'artículo 62', 'Artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 2', 'Artículo 111', 'artículo 111', 'Artículo 139', 'artículo 116', 'Artículo 61', 'artículo 8', 'artículo 116', 'artículo 62', 'artículo 116', 'Artículo 3', 'Artículo 111', 'artículo 116', 'Artículo 130', 'Artículo 139', 'artículo 116', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 63', 'artículo 448', 'artículo 3', 'artículo 16', 'artículo 116', 'artículo 59', 'artículo 116', 'artículo 452', 'artículo 453', 'artículo 456', 'artículo 457', 'artículo 458', 'artículo 459', 'artículo 460', 'artículo 452', 'artículo 130', 'artículo 448', 'artículo 1', 'artículo 9', 'artículo 131', 'artículo 138', 'artículo 139', 'artículo 140', 'artículo 141', 'artículo 1', 'artículo 76', 'artículo 62', 'artículo 18', 'artículo 116', 'artículo 1', 'artículo 448', 'artículo 19', 'artículo 452', 'artículo 3', 'artículo 432', 'artículo 143', 'artículo 116', 'artículo 2', 'artículo 448', 'artículo 63', 'artículo 55', 'artículo 1', 'artículo 19', 'artículo 3', 'artículo 432', 'artículo 143', 'artículo 65', 'artículo 18', 'artículo 116', 'artículo 39', 'artículo 39', 'artículo 62', 'artículo 18', 'artículo 116', 'artículo 432', 'artículo 452', 'artículo 19', 'artículo 448', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 65', 'artículo 444', 'artículo 61', 'artículo 445', 'artículo 62', 'artículo 448', 'artículo 18', 'artículo 139', 'artículo 143', 'artículo 111', 'artículo 74', 'artículo 46', 'artículo 116', 'artículo 224', 'artículo 2483', 'artículo 224', 'artículo 2483']

﻿ Sentencia C-330 de mayo 9 de 2012
SENTENCIA C-330 DE 09 DE MAYO DE 2012
CONTENIDO:ARBITRAMENTO. OBLIGATORIEDAD EN MATERIA DE CONFLICTOS COLECTIVOS DE TRABAJO, ARBITRAMENTO OBLIGATORIO Y ARBITRAMENTO VOLUNTARIO. LA AMIGABLE COMPOSICIÓN Y ARBITRAMENTO TÉCNICO. SE DECLARA INEXEQUIBLE EL INCISO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 65 DE LA LEY 143 DE 1994. SE DECLARA EXEQUIBLE EL ARTÍCULO 452 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO Y LA EXPRESIÓN “AMBAS PARTES SOLICITARÁN AL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL LA CONVOCATORIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO” CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 448 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 1º DE LA LEY 1210 DE 2008. EN CONSECUENCIA, DECLARAR EXEQUIBLE LOS LITERALES A) Y B) DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 584 DE 2000EL TÉRMINO “OBLIGATORIO” DE LOS NUMERALES 2 Y 3 DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY 48 DE 1968LAS PALABRAS “ARBITRAMENTO OBLIGATORIO” DEL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 432 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO Y EL ARTÍCULO 143 DEL DECRETO LEY 2158 DE 1948. SE DECLARA EXEQUIBLE LAS FRASES “SOLICITUD DE ARBITRAMENTO SERÁN DECIDIDAS” Y “POR LA MAYORÍA ABSOLUTA DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA, O DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LOS AFILIADOS AL SINDICATO O SINDICATOS QUE AGRUPEN MÁS DE LA MITAD DE AQUELLOS TRABAJADORES” CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 61 DE LA LEY 50 DE 1990, EL NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 61 DE LA MISMA LEY Y LA EXPRESIÓN “SI LA MAYORÍA ABSOLUTA” DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY 584 DE 2000. SE DECLARA EXEQUIBLE, POR EL CARGO ANALIZADO EN LA PRESENTE SENTENCIA, LA EXPRESIÓN “DE CARÁCTER PERMANENTE” DEL ARTÍCULO 139 DEL CÓDIGO PROCESAL DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL. SE DECLARA EXEQUIBLE LA EXPRESIÓN “O TÉCNICO” Y LA FRASE “[C]UANDO LOS ÁRBITROS PRONUNCIAN SU FALLO EN RAZÓN DE SUS ESPECÍFICOS CONOCIMIENTOS EN UNA DETERMINADA CIENCIA, ARTE U OFICIO, EL ARBITRAJE ES TÉCNICO” COMPRENDIDA EN EL ARTÍCULO 111 DE LA LEY 446 DE 1998 Y LOS ARTÍCULOS 74 DE LA LEY 80 DE 1991 Y 46 DEL DECRETO 2279 DE 1989. Y SE DECLARAN EXEQUIBLES LOS ARTÍCULOS 130, 131 Y 132 DE LA LEY 446 DE 1998.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONVENCIÓN COLECTIVA, AMIGABLE COMPOSICIÓN, ARBITRAJE, ARBITRAJE LABORAL, ARBITRAJE OBLIGATORIO LABORAL, ARBITRAJE VOLUNTARIO, ARBITRAJE TÉCNICO
Sentencia C-330 de mayo 9 de 2012
Ref.: Expediente D-8677
Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 1º del artículo 432 del Código Sustantivo del Trabajo (parcial), artículos 61 y 62 de la Ley 50 de 1990 (parciales), artículos 18 y 19 de la Ley 584 de 2000 (parciales), artículo 1º de la Ley 1210 de 2008 (parcial), numerales 2º y 3º del artículo 3º de la Ley 48 de 1968 (parciales), artículo 65 de la Ley 143 de 1994 (parcial), artículo 111 (parcial), 130, 131 y 132 de la Ley 446 de 1998, articulo 139 (parcial) y 143 del Decreto-Ley 2158 de 1948, artículo 46 del Decreto 2279 de 1989 y el artículo 74 de la Ley 80 de 1993.
Bogotá, D.C., nueve de mayo de dos mil doce
En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política, el ciudadano Mario Ricardo Osorio Hernández interpuso acción pública de inconstitucionalidad contra enunciados normativos contenidos en el numeral 1º del artículo 432 del Código Sustantivo del Trabajo, los artículos 61 y 62 de la Ley 50 de 1999, los artículos 18 y 19 de la Ley 584 de 2000, el artículo 1º de la Ley 1210 de 2008, los numerales 2º y 3º del artículo 3º de la Ley 48 de 1968, el artículo 65 de la Ley 143 de 1994, los artículos 111, 130, 131 y 132 de la Ley 446 de 1998, los artículos 139 y 143 del Decreto-Ley 2158 de 1948, el artículo 46 del Decreto 2279 de 1989 y el artículo 74 de la Ley 80 de 1993, por estimar que vulneran el artículo 116 constitucional.
Dentro del término de fijación en lista fueron allegados al expediente los escritos de intervención presentados por los ciudadanos: (i) Ángela María Bautista Pérez en representación del Misterio de Justicia y del Derecho; (ii) Johnny Alberto Jiménez Pinto en representación del Ministerio de la Protección Social; (iii) Jaime Cerón Coral, Miembro Correspondiente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia; (iv) Wilson Javier Vargas Leyva, Oscar Suárez Silva, Daniel Eduardo Cortés Cortés, Néstor Pérez Gasca y Yamil Andrés Lima Mora y Abelardo Poveda Perdomo y la ciudadana Katherine Torres, miembros de la Clínica Jurídica de la Universidad Surcolombiana.
‘ART. 432.—Delegados. 1. Aparte tachado inexequible. Siempre que se presente un conflicto colectivo que pueda dar por resultado la suspensión del trabajo, o que deba ser solucionado mediante el arbitramento obligatorio, el respectivo sindicato o los trabajadores nombrarán una delegación para que presente al (empleador), o a quien lo represente, el pliego de las peticiones que formulan’.
Diario Oficial 39.618, del 1º de enero de 1991
‘ART. 61.—El artículo 444 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 9º de la Ley 39 de 1985, quedará así:
‘ART. 444.—Decisión de los trabajadores.
Para este efecto, si los afiliados al sindicato o sindicatos mayoritarios o los demás trabajadores de la empresa, laboran en más de un municipio, se celebrarán asambleas en cada uno de ellos, en las cuales se ejercerá la votación en la forma prevista en este artículo y, el resultado final de esta lo constituirá la sumatoria de los votos emitidos en cada una de las asambleas’.
‘ART. 62.—El artículo 445 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 10 de la Ley 39 de 1985, quedará así:
‘ART. 445.—Desarrollo de la huelga.
1. La cesación colectiva del cuando los trabajadores optaren por la huelga, solo podrá efectuarse transcurridos dos (2) días hábiles a su declaración y no más de diez (10) días hábiles después.
Diario Oficial 44.043, de 14 de junio de 2000
‘ART. 18.—Modifíquese el inciso primero del numeral 3o. del artículo 448 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 63 de la Ley 50 de 1990, el cual quedará así:
‘Artículo 448 numeral 3º. Declarada la huelga, el sindicato o sindicatos que agrupen la mayoría de los trabajadores de la empresa o, en defecto de estos, de los trabajadores en asamblea general, podrán someter a votación la totalidad de los trabajadores de la empresa, si desean o no, sujetar las diferencias persistentes a fallo arbitral. Si la mayoría absoluta de ellos optare por el tribunal, no se suspenderá el trabajo o se reanudará dentro de un término máximo de tres (3) días hábiles de hallarse suspendido.
Deróguese los incisos 2º y 3º del numeral 3º del artículo 448 del Código Sustantivo del Trabajo’.
‘ART. 19.—Modifíquese el artículo 452 del Código Sustantivo del Trabajo subrogado por el Decreto-ley 2351 de 1965, artículo 34, el cual quedará así:
Los conflictos colectivos en otras empresas podrán ser sometidos a arbitramento voluntario por acuerdo de las partes’.
Diario Oficial 47.050 de 14 de julio de 2008
Por la cual se modifican parcialmente los artículos 448 numeral 4º y 451 del Código Sustantivo del Trabajo y 2º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y se crea el artículo 129ª del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y se dictan otras disposiciones.
‘ART. 1º—Modifíquese el numeral 4º del artículo 448 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual quedará así:
Si en este lapso las partes no pudieren convenir un arreglo o establecer un mecanismo alternativo de composición para la solución del conflicto que les distancia, de oficio o a petición de parte, intervendrá una subcomisión de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, al tenor de lo dispuesto en el artículo 9º de la Ley 278 de 1996.
Sin perjuicio de lo anterior la comisión permanente de concertación de políticas salariales y laborales, podrá ejercer la función indicada en el artículo 9º de la Ley 278 de 1996’.
Diario Oficial 32.679, del 26 de diciembre de 1968
‘ART. 3º—Los decretos legislativos números 2351 de 1965 y 939 de 1966, seguirán rigiendo como leyes después de levantado el estado de sitio, con las modificaciones y adiciones siguientes:
1. Numeral inexequible.
2. Aparte tachado inexequible. En cualquier momento, antes de la declaración de huelga o durante su desarrollo, el sindicato o sindicatos a que estén afiliados más de la mitad de los trabajadores, o en defecto de estos, los trabajadores, en asamblea general, podrá solicitar que las diferencias precisas respecto de las cuales no se haya producido acuerdo entre las partes en las etapas de arreglo directo y de conciliación, sean sometidas al fallo de un tribunal de arbitramento obligatorio constituido en la forma que se determina más adelante.
3. El tribunal de arbitramento obligatorio se compondrá de tres miembros designados así: uno por la empresa, otro por el sindicato o sindicatos a que estén afiliados más de la mitad de los trabajadores, o en defecto de estos por los trabajadores, en asamblea general, y el tercero de común acuerdo por dichos dos árbitros. En caso de que los dos árbitros no se pongan de acuerdo para elegir el tercero dentro de las 48 horas siguientes a su posesión, dicho árbitro será designado por el Ministerio del Trabajo de lista integrada por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia integrará dicha lista para periodos de dos años con doscientos ciudadanos colombianos, residentes en los distintos Departamentos del país, que sean abogados titulados, especialistas en derecho laboral o expertos en la situación económica y social del país y de reconocida honorabilidad.
4. Si una huelga, por razón de su naturaleza o magnitud afecta de manera grave los intereses de la economía nacional considerada en su conjunto, el Presidente de la República podrá ordenar en cualquier momento la cesación de la huelga y que los diferendos que la provocaron sean sometidos a fallo arbitral. Pero el Presidente no podrá tomar esa decisión sin el concepto previo y favorable de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Se deroga el ordinal i) del artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo tal como fue sustituido por el artículo1º del Decreto Legislativo 753 de 1956.
5. Numeral inexequible.
6. La pensión de jubilación a que se refiere el numeral 14 del artículo 7º. del Decreto 2351 de 1965, es la consagrada en los artículos260 del Código Sustantivo del trabajo y 11 del Decreto 3041 de diciembre 19 de 1966.
7. La acción de reintegro que consagra el numeral 5o. del artículo 8º. del Decreto 2351 de 1965, prescribirá en el término de tres meses contado desde la fecha del despido.
en ejercicio de las facultades que le confiere,
1.) Que según decretos 1239 y 1259 del presente año, se declaró turbado el orden público y en estado de sitio de todo el territorio de la República;
‘ART. 139.—Procedimiento establecido en convenciones colectivas. Cuando en una convención colectiva las partes estipulen el establecimiento de tribunales o comisiones de arbitraje de carácter permanente, se estará a los términos de la convención, en todo lo relacionado con su constitución, competencia y procedimiento para la decisión de las controversias correspondientes, y solo a falta de disposición especial se aplicarán las normas del presente capítulo.
‘ART. 143.—Homologación de laudos de tribunales especiales. El laudo que profiera un tribunal especial de arbitramento, cuando el arbitraje fuere de carácter obligatorio, será remitido con todos sus antecedentes al Tribunal Supremo del Trabajo, para su homologación, a solicitud de una de las partes o de ambas, presentada dentro de los tres días siguientes al de su notificación’.
Diario Oficial 41.434, de 12 de julio de 1994.
‘ART. 65.—A la terminación de la concesión deben revertir a la entidad concedente todos los bienes señalados en el contrato para tal fin, mediante el reconocimiento y pago al concesionario del valor de salvamento de las instalaciones para los casos contemplados en los contratos respectivos, determinados por peritos designados, uno por cada una de las partes y un tercero de común acuerdo entre los dos anteriores’.
Diario Oficial 43.335 de 8 de julio de 1998
‘ART. 111.—Definición y modalidades. El artículo 1o. del Decreto 2279 de 1989, quedará así:
PAR. —En la cláusula compromisoria o en el compromiso, las partes indicarán el tipo de arbitraje. Si nada se estipula, el fallo será en derecho”.
‘ART. 130.—Definición. La amigable composición es un mecanismo de solución de conflictos, por medio del cual dos o más particulares delegan en un tercero, denominado amigable componedor, la facultad de precisar, con fuerza vinculante para ellas, el estado, las partes y la forma de cumplimiento de un negocio jurídico particular. El amigable componedor podrá ser singular o plural’.
‘ART. 131.—Efectos.—La decisión del amigable componedor producirá los efectos legales relativos a la transacción’.
‘ART. 132.—Designación. Las partes podrán nombrar al amigable componedor directamente o delegar en un tercero la designación. El tercero delegado por las partes para nombrar al amigable componedor puede ser una persona natural o jurídica.
Diario Oficial 39.012, del 7 de octubre de 1989
Del arbitramento técnico.
‘ART. 46.—Habrá lugar a arbitramento técnico cuando las partes convengan someter a la decisión de expertos en una ciencia o arte las controversias susceptibles de transacción que entre ellas se susciten.
Las materias respectivas y el alcance de las facultades de los árbitros se expresaran en el pacto arbitral’.
Diario Oficial 41.094 de 28 de octubre de 1993
‘ART. 74.—Del arbitramento o pericia técnicos. Las partes podrán pactar que las diferencias de carácter exclusivamente técnico se sometan al criterio de expertos designados directamente por ellas o que se sometan al parecer de un organismo consultivo del Gobierno, al de una asociación profesional o a un centro docente universitario o de enseñanza superior. La decisión adoptada será definitiva’.
El actor señala, en primer lugar, que el artículo 1º de la Ley 1210 de 2008; los literales a) y b) del artículo 19 de la Ley 584 de 2000 y el artículo 18 de la misma ley; el artículo 65 de la Ley 143 de 1994; los numerales 2 y 3 del artículo 3º de la Ley 48 de 1968; el numeral 1º del artículo 432 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 143 del Decreto-Ley 2158 de 1948 contrarían el artículo 116 Superior, por cuanto enunciados normativos contenidos en estas disposiciones prevén situaciones en las cuales es obligatorio que un conflicto se resuelva por medio de particulares que han sido investidos de la función de administrar justicia en condición de árbitros, cuando estos últimos, de acuerdo con los postulados del artículo constitucional anteriormente mencionado, únicamente pueden ser habilitados por las partes que se encuentran en la litis.
Específicamente, indica que: “El arbitramento forzoso se encuentra totalmente proscrito del ordenamiento interno (…), por cuanto la decisión del constituyente —reflejada en el Artículo 116 de la Carta Política y soportada en sus actos preparativos (Gaceta Constitucional 9 pág. 9, 83 pág. 28, 113, 123, p.6, 134 p.7 y 142 p.28)— ha sido que una de las funciones más importantes del Estado, la de administrar justicia, solo sea conferida a particulares bajo la figura del arbitraje del forma transitoria y cuando las partes en un conflicto voluntariamente les concedan dicha facultad. De esta forma, el arbitramento debe provenir de la libre y espontánea voluntad de las partes y no de imposición legal”.
Sobre el particular, señala que el legislador al instituir el arbitramento técnico, figura en virtud del cual se faculta a un particular para que este haciendo uso de sus conocimientos en una determinada ciencia, arte u oficio emita un pronunciamiento vinculante para las partes, ha extralimitado sus competencias, puesto que el artículo 116 Superior solamente autoriza el arbitramento en derecho o en equidad.
Finalmente, indica que la figura de la amigable composición, regulada en los artículos 130, 131 y 132 de la Ley 446 de 1998 infringe igualmente el artículo 116 del Estatuto Superior, por cuanto autoriza a un particular, diferente a los facultados en el referido artículo constitucional —jurados en las causas criminales, conciliadores y árbitros—, a impartir justicia.
Al respecto sostiene que esta institución confiere la potestad a un tercero que emita una decisión con fuerza vinculante sobre el estado, las partes y la forma de cumplimiento de las obligaciones de un negocio jurídico para los involucrados en este, lo que configura una decisión con efectos de cosa juzgada y “permit[e] inferir la asignación de funciones jurisdiccionales a [los] particulares en condición de amigables componedores”.
En tal sentido, explica que la discusión del arbitramento ha sido ampliamente superada, con el objetivo de fundamentar este punto cita textualmente e in extenso las sentencias C-347 de 1997, C-98 de 2001 y C-014 de 2010 proferidas por esta corporación.
El ciudadano Jaime Cerón Coral, Miembro Correspondiente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, interviene en el proceso de la referencia para solicitarle a la Corte declare exequible el numeral 1º del artículo 432 del Código Sustantivo del Trabajo; los artículo 61 y 62 de la Ley 50 de 1990; los apartes demandados de los artículos 18 y 19 de la Ley 584 de 2000 y el artículo 1º —parcial— de la Ley 1210 de 2008.
Arguye que, el artículo 453 del Código Sustantivo del Trabajo cuando ordena que el tribunal de arbitramento obligatorio estará compuesto por tres miembros, designados uno por parte de la empresa, otro por el sindicato o sindicatos a que estén afiliados más de la mitad de los trabajadores, o en defecto de estos por los trabajadores, en asamblea general, están habilitando, por medio de ese acto, a estos particulares que administren justicia conforme a lo preceptuado por el artículo 116 de la Constitución, por lo que no tendría fundamento los cargos propuestos por el demandante.
Respecto del numeral 1º del artículo 432 del Código Sustantivo del Trabajo señala que este “fue declarado exequible mediante la Sentencia C-797 del 2000, salvo la expresión “tres de ellos”, que fue declarada inconstitucional”.
Frente a los artículos 61 y 62 —parciales— de la Ley 50 de 1990 explica que “los trabajadores pueden votar la huelga o decidir por mayoría acudir a un Tribunal de Arbitramento que es obligatorio ya que es nombrado únicamente por una de las partes del conflicto, el sindicato, respetando así el derecho de asociación sindical y de negociación colectiva (sic)”.
Acerca del artículo 1º de la Ley 1210 de 2008, afirma que esta disposición establece dos clases de tribunales de arbitramento, “el primero voluntario cuando se expresa que el empleador y los trabajadores pueden acudir al arbitraje para poner término a las diferencias. Este tribunal arbitral se escapa a la razón de ser de la demanda”.
Por otra parte y con el objetivo de terminar su intervención sostiene que los numerales 2º y 3º del artículo 3º de la Ley 48 de 1968 “fueron derogados por las leyes 39 de 1985, 50 de 1990, 584 de 2000 (sic)”.
Los ciudadanos Wilson Javier Vargas Leyva, Oscar Suárez Silva, Daniel Eduardo Cortes Cortes, Nestor Pérez Gasca y Yamil Andrés Lima Mora y Abelardo Poveda Perdomo y la ciudadana Katherine Torres, miembros de la Clínica Jurídica de la Universidad Surcolombiana, intervinieron en el proceso de la referencia para solicitarle a la Corte declare la inexequibilidad del literal c) del artículo 452 de Código de Sustantivo del trabajo y la constitucionalidad de los otros enunciados demandados.
Adicionalmente, indican que, de conformidad con diversos pronunciamientos de la organización internacional del trabajo los conflictos colectivos de trabajo deben ser resueltos por medio de tribunales de arbitramento voluntarios. No obstante, las normas en cuestión “persiguen un fin constitucionalmente valido, puesto que lo que se pretende con esas disposiciones, es solucionar efectivamente el conflicto colectivo, en ese sentido, las medidas que existen en nuestro ordenamiento y que regulan el arbitraje son proporcionales y adecuadas al fin perseguido, el cual es constitucionalmente valido”.
El Procurador General de la Nación, mediante Concepto 5251, solicita a la Corte, lo siguiente:
“[q]ue declare exequibles las expresiones y normas: ‘obligatorio’ contenida en el artículo 432 del Código Sustantivo del Trabajo; ‘o la solicitud de arbitramento’ contenida en el artículo 61 de la Ley 50 de 1990; el numeral 2º del artículo de la Ley 50 de 1990; ‘la mayoría absoluta’, contenida en el artículo 18 de la Ley 584 de 2000; los literales a), b), y c) del artículo 19 de la Ley 584 de 2000; ‘ambas partes solicitaran al Ministerio de la Protección Social la convocatoria al tribunal de arbitramento’, contenida en el articulo1º de la Ley 1210 de 2008; ‘obligatorio’, ‘y se reanudará dentro del término máximo de tres días hábiles siguientes al tribunal de arbitramento llamado a proferir fallo”, “y que los diferendos que la provocaron serán sometidos a fallo arbitral”, contenidas en los numerales 2,3, y 4, respectivamente, del artículo 3º de la Ley 48 de 1968; “de carácter permanente”, contenida en el artículo 139 del Decreto-Ley 2158 de 1948; el 143 del Decreto-Ley 2158 de 1948; “si una de las partes no acepta el dictamen pericial, la situación se resolverá mediante un tribunal de arbitramento que emita fallo en derecho”, contenida en el artículo 65 de la Ley 143 de 1994; “o técnico” y “cuando los árbitros pronuncian su fallo en razón a sus específicos conocimientos en una determinada ciencia, arte u oficio, el arbitraje es técnico”, contenidas en el artículo 111 de la Ley 446 de 1998; los artículos 130, 131 y 132 de la Ley 446 de 1998; artículo 46 del Decreto 2279 de 1989 y el artículo 74 de la Ley 80 de 1993, en lo acusado.
Esta corporación es competente para decidir sobre la constitucionalidad de las disposiciones acusadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 241, numerales 4º y 5º de la Constitución.
1. La expresión “ambas partes solicitarán al Ministerio de la Protección Social la convocatoria del tribunal de arbitramento” contenida en el artículo 1º de la Ley 1210 de 2008; los literales a) y b) del artículo 19 de la Ley 584 de 2000; el término “obligatorio” de los numerales 2º y 3º del artículo 3º de la Ley 48 de 1968; las palabras “arbitramento obligatorio” del numeral 1º del artículo 432 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 143 del Decreto-Ley 2158 de 1948 vulneran el artículo 116 de la Constitución al obligar a las partes de un conflicto colectivo de trabajo a acudir a la figura del arbitramento sin que medie su consentimiento previo o concomitante.
3. Las frases “solicitud de arbitramento serán decididas ” y “por la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa, o de la asamblea general de los afiliados al sindicato o sindicatos que agrupen más de la mitad de aquellos trabajadores” contenidas en el artículos 61 de la Ley 50 de 1990, el numeral 2º del artículo 62 de la misma ley y la expresión “si la mayoría absoluta” del artículo 18 de la Ley 584 de 2000 vulneran el artículo 116 de la Carta, al permitir que la decisión de acudir a arbitramento sea tomada por la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa, o de la asamblea general de los afiliados al sindicato o sindicatos que agrupen más de la mitad de aquellos trabajadores y no sea adoptada de manera unánime, lo que según el demandante sería contrario al principio de voluntariedad del arbitramento.
3. Cuestiones previas. Inexistencia de cosa juzgada constitucional sobre los preceptos acusados. Vigencia de los numerales 2º y 3º del artículo 3º de la Ley 48 de 1968.
Debido a que el Procurador General de la Nación y la mayoría de los intervinientes alegan la existencia de cosa juzgada constitucional respecto de algunas de las disposiciones acusadas, y en este sentido argumentan que fueron objeto de pronunciamientos previos por cargos idénticos a los propuestos por el ciudadano Osorio Hernández, pasará la Sala Plena a considerar este tópico. Igualmente se pronunciará respecto de la vigencia de los numerales 2º y 3º del artículo 3º de la Ley 48 de 1968 pues uno de los intervinientes sostiene que fueron derogados.
3.1. Artículo 61 de la Ley 50 de 1990.
En esta providencia la Sala Plena declaró la exequibilidad de la disposición y en concreto señaló: “tal exigencia se ajusta perfectamente a la Constitución. Para demostrarlo no es menester acudir a complicadas lucubraciones. Basta considerar que de conformidad con el inciso segundo del artículo 39 de la misma Constitución, “La estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos”. Si en la vida de un sindicato uno de los actos más importantes es la declaración de huelga, resulta inaceptable la pretensión de que precisamente ese acto se sustraiga a los principios democráticos. Principios entre los cuales se destaca el de la primacía de la voluntad de la mayoría”.
En Sentencia C-696 de 2008, esta corporación se pronuncio nuevamente sobre la disposición objeto de estudio y en esta oportunidad se analizó si el plazo de 10 días hábiles finalizada la etapa de arreglo directo para decidir si se acude a huelga o a arbitramento era contrario a los artículos 25, 39 y 56 de la Constitución Política y al numeral 2º del artículo 8º del Convenio 87 de la OIT.
3.2. Artículo 62 de la Ley 50 de 1990.
Esta corporación en la Sentencia C-085 de 1995 también se pronunció sobre la constitucionalidad del numeral 2º del artículo 62 de la Ley 50 de 1990, el cual prevé que durante el desarrollo de la huelga la mayoría de los trabajadores de la empresa o la asamblea general del sindicato o sindicatos que agrupen más de la mitad de aquellos trabajadores, podrán determinar someter el diferendo a la decisión de un tribunal de arbitramento. Los cargos formulados en aquella oportunidad consistieron en que tal requisito contrariaba los artículos 55 y 56 de la Constitución.
3.3. Artículo 3º de la Ley 48 de 1968.
En Sentencia C-548 de 1994, este tribunal declaró la constitucionalidad del numeral 4º del artículo 3º de la Ley 48 de 1968.
Afirma la sentencia en mención, que al tratarse de una medida excepcional que tiende a evitar que se produzcan situaciones que perturben y afecten los intereses de la economía nacional considerada en su conjunto ésta se ajusta a la Carta Política, dado que “desde el mismo Preámbulo de la Constitución se estableció la finalidad de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes el trabajo, dentro de un marco que garantice entre otras “un orden económico y social justo”. Igualmente cabe destacar que dentro de los principios fundamentales consagrados en la Carta Política se encuentra el de la prevalencia del interés general —artículo 1º C.P.— y como finalidades esenciales del Estado se establece la de servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, para la vigencia de un orden justo —artículo 2º C.P.—”.
3.4. Artículo 111 de la Ley 446 de 1998.
Por otra parte, mediante la Sentencia C-672 de 1999 la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 111 de la Ley 488 de 1998, por cuanto el mismo no requería estar incluido en una ley estatutaria. En este sentido, la declaración de exequibilidad contenida en ese fallo, está restringida específicamente a dicho aspecto, de manera que, en este evento no se configura cosa juzgada constitucional.
3.5. Artículos 130, 131 y 132 de la Ley 446 de 1998.
3.6. Artículo 139 del Decreto-Ley 2158 de 1948.
En este evento, no existe cosa juzgada constitucional, por cuanto la decisión en cuestión, en primer lugar, no se abordó la posible vulneración del artículo 116 constitucional y en segundo lugar, la declaración de exequibilidad contenida en ese fallo, está restringida específicamente a los cargos analizados.
Disposición demandada Sentencia Cosa juzgada
Artículo 61 de la Ley 50 de 1990 C-696 de 2008 En este evento no se configura cosa juzgada constitucional, puesto el análisis realizado se limitó a estudiar la posible vulneración de los artículos 25, 39 y 56 de la Constitución Política y el numeral 2º del artículo 8º del Convenio 87 de la OIT y no el artículo 116 Constitucional.
C-85 de 1995 Inexistencia de cosa juzgada constitucional, por cuanto el examen de constitucionalidad que se efectuó en esa ocasión se refirió únicamente a los artículos 55 y 56 de la Constitución.
Numeral 2º del artículo 62 de la Ley 50 de 1990 C-85 de 1995 Aunque se presenta identidad entre el aparte demandado del artículo en comento, el examen de constitucionalidad no analizó la posible vulneración del artículo 116 Superior.
Artículo 3º de la Ley 48 de 1968 C-548 de 1994 En el presente asunto no se configura cosa juzgada constitucional, puesto que el análisis realizado recayó sobre normas superiores diferentes a las que ahora sirven como parámetro de control de constitucionalidad.
Artículo 111 de la Ley 446 de 1998 C-98 de 2001 En este caso no se presenta cosa juzgada constitucional, dado que en esta decisión no existió pronunciamiento alguno sobre si consagrar el arbitraje técnico como una modalidad especifica dentro de este mecanismo de solución de conflictos, vulnera el artículo 116 superior.
C-672 de 1999 Inexistencia de cosa juzgada constitucional, puesto que la declaración de exequibilidad contenida en ese fallo, está restringida específicamente si la norma impugnada debió ser estar contenida en una ley estatutaria.
Artículo 130, 131 y 132 de la Ley 446 de 1998 C-672 de 1999 Al no corresponder con los cargos ahora estudiados con los analizados en la sentencia, no se configura cosa juzgada constitucional.
Artículo 139 del Decreto-Ley 2158 de 1948 C-330 de 2000 No existe cosa juzgada constitucional, por cuanto la decisión en cuestión, en primer lugar, no se abordó la posible vulneración del artículo 116 Constitucional y en segundo lugar, la declaración de exequibilidad contenida en ese fallo, está restringida específicamente a los cargos analizados.
3.7. Vigencia de los numerales 2º y 3º del artículo 3º de la Ley 48 de 1968.
Uno de los intervinientes señala que los numerales 2º y 3º del artículo 3º de la Ley 48 de 1968 fueron derogados por las leyes 39 de 1985, la Ley 50 de 1990 y la Ley 584 de 2000, y por tanto como lo señalado esta corporación en múltiples oportunidades las normas acusadas no podrían ser objeto de control de constitucionalidad, dado que es necesario que éstas hagan parte del ordenamiento jurídico vigente o se encuentren produciendo efectos jurídicos actuales, al momento en que la Corte profiera su decisión.
Declarada la huelga, el Ministro de Trabajo y Seguridad Social de oficio o a solicitud del sindicato o sindicatos que agrupen la mayoría de los trabajadores de la empresa, o en defecto de estos, de los trabajadores en asamblea general, podrá someter a votación de la totalidad de los trabajadores de la empresa, si desean o no, sujetar las diferencias persistentes a fallo arbitral. Si la mayoría absoluta de ellos optare por el tribunal, no se suspenderá el trabajo o se reanudará dentro de un término máximo de tres (3) días hábiles si se hallare suspendido.
En la resolución de convocatoria de la asamblea, se indicará la forma en que se adelantará ésta, mediante votación secreta, escrita e indelegable; y el modo de realizar los escrutinios por los inspectores de trabajo, y en su defecto por los alcaldes municipales” (resaltado fuera del texto).
Como se observa, la situación que regula es diferente a establecida en el numeral 2º del artículo 3º de la Ley 48 de 1968, pues éste prevé esta posibilidad acudir a la justicia arbitral únicamente declarada la huelga, en cambio la disposición acusada permite que aún antes de la declaratoria de la huelga se utilice el arbitramento como mecanismo para la solución de conflicto colectivo de trabajo.
Aunado a lo anterior, el numeral 3º del artículo 3º de la Ley 48 de 1968 establece como ha de conformase el tribunal de arbitramento en estos casos, circunstancia que no se encuentra regulada en el artículo 63 de la Ley 100 de 1993.
Deróguense los incisos 2º y 3º del numeral 3º del artículo 448 del Código Sustantivo del Trabajo.
Así las cosas, al no haber una derogación expresa en las leyes 39 de 1985, 50 de 1990 y 584 de 2000 y no producirse una derogatoria tacita, los numerales 2º y 3º del artículo 3º de la Ley 48 de 1968, la Corte es competente para pronunciarse sobre estos.
4. El arbitramento —reiteración de jurisprudencia—.
La Corte ha señalado que el arbitramento es un mecanismo “en virtud del cual las partes en conflicto deciden someter sus diferencias a la decisión de un tercero, aceptando anticipadamente sujetarse a lo que allí se adopte”(1). Este procedimiento supone conferir la jurisdicción respecto de un conflicto específico a favor de un particular, quien queda investido de la facultad temporal de resolverlo con carácter definitivo y obligatorio mediante una decisión denominada laudo arbitral.
El ejercicio de la facultad de administrar justicia denota su naturaleza eminentemente jurisdiccional y marca el carácter procesal de esta figura ya que como lo ha explicado esta corporación “se trata de un proceso, puesto que los particulares, al administrar justicia como árbitros, deben materializar, dentro de la lógica propia del arbitraje y atendiendo a sus especificidades, los derechos fundamentales al debido proceso, de defensa y de acceso a la administración de justicia, respetando el marco trazado por el legislador. Por ello, el arbitramento se concibe como un proceso que garantiza los derechos de las partes enfrentadas, mediante un conjunto de etapas y oportunidades para discutir argumentos, valorar pruebas, controvertir la posición de la otra parte e incluso controlar las decisiones de los árbitros”(2).
En otras palabras, el sustento de la justicia arbitral es el reconocimiento constitucional expreso de la decisión libre y voluntaria de las partes contratantes de no acudir al sistema estatal de administración de justicia sino al arbitraje para la decisión de sus disputas(3), la habilitación voluntaria de los árbitros es, por lo tanto, un requisito constitucional imperativo que determina la procedencia de este mecanismo de resolución de controversias(4).
También ha señalado que la justificación constitucional de esta figura estriba no sólo en su contribución a la descongestión, eficacia, celeridad y efectividad del aparato estatal de administración de justicia, sino en que proporciona a los ciudadanos una opción voluntaria de tomar parte activa en la resolución de sus propios conflictos(5), materializando así el régimen democrático y participativo que diseñó el constituyente(6).
La voluntad de las partes se manifiesta en diferentes aspectos del sistema arbitral, por medio de su acuerdo, deciden libremente que no acudirán a la justicia del Estado para resolver sus diferendos, establecen cuáles controversias someterán al arbitraje, determinan las características del tribunal, designan los árbitros e incluso fijan el procedimiento arbitral a seguir dentro del marco general trazado por la ley. La voluntad de las partes es, así, un elemento medular del sistema de arbitramento diseñado en nuestro ordenamiento jurídico, y se proyecta en la estabilidad de la decisión que adoptará el tribunal arbitral. Más aún, como consecuencia del acuerdo de voluntades reflejado en el pacto arbitral, las partes aceptan por anticipado que se sujetarán a lo decidido por el tribunal de arbitramento(7).
(iii) Es un mecanismo de carácter temporal, porque su existencia se da solamente para la resolución del caso específico sometido a consideración de los árbitros. En palabras de la Corte, “no es concebible que el ejercicio de la jurisdicción, como función estatal, se desplace de manera permanente y general a los árbitros y conciliadores”(8).
(iv) Es excepcional, pues “existen bienes jurídicos cuya disposición no puede dejarse al arbitrio de un particular, así haya sido voluntariamente designado por las partes enfrentadas”(9).
En distintas providencias se han identificado algunas controversias reservadas a la jurisdicción permanente del Estado. Por ejemplo, en la Sentencia C-242 de 1997 la Corte señaló que no pueden someterse a decisión arbitral los temas relacionados con el estado civil de las personas. Luego, en la Sentencia C-294 de 1995, se indicaron como ejemplos de asuntos no sujetos a transacción: las obligaciones amparadas por leyes “en cuya observancia estén interesados el orden y las buenas costumbres”, al tenor del artículo 16 del Código Civil; las cuestiones relacionadas con los derechos de los incapaces; o los conflictos relacionados con derechos de los cuales la ley prohíbe a sus titulares disponer. También han sido incluidos en esta categoría, el conjunto de derechos mínimos de los trabajadores(10) y el control de legalidad de los actos administrativos(11).
(v) Es una institución de orden procesal, lo cual significa que el arbitramento “garantiza los derechos de las partes enfrentadas disponiendo de una serie de etapas y oportunidades para la discusión de los argumentos, la valoración de las pruebas aportadas y, aún, la propia revisión de los pronunciamientos hechos por los árbitros”(12).
Una consecuencia importante del papel central de la voluntad autónoma de las partes dentro del sistema de arbitramento es que cualquier circunstancia que vicie la voluntad de las partes de acudir a este mecanismo de resolución de conflictos afecta la legitimidad, tanto del tribunal arbitral, como de las decisiones que él adopte, y constituye un obstáculo indebido en el acceso a la administración de justicia. De tal manera, el pacto arbitral debe resultar de la libre discusión y autónoma aceptación por las personas concernidas, sin apremio alguno(13), a la luz de su evaluación autónoma de las circunstancias que hacen conveniente recurrir a tal curso de acción, y no de una imposición que afecte su libertad negocial(14).
En consecuencia, para la Corte la norma acusada, al disponer que se había de acudir obligatoriamente al arbitramento, era contraria al carácter voluntario, temporal y excepcional de la justicia arbitral; por ello el legislador había excedido los límites de la figura del arbitraje, basados en el acceso libre y opcional de las partes a esta forma alternativa de resolución de conflictos(15). Al enfatizar que tanto la cláusula compromisoria como el compromiso son instituciones jurídicas derivadas de un acuerdo explícito, y que resultan del análisis de circunstancias jurídicas y económicas concretas que hacen recomendable recurrir a un tribunal arbitral, la Corte afirmó que no se puede crear mediante ley un arbitramento obligatorio para resolver disputas contractuales, ya que ello crearía una instancia forzosa que desconocería la libertad de las partes para solucionar sus conflictos y restringiría el acceso a la administración de justicia. Con fundamento en los anteriores argumentos la Corte declaró inexequibles las expresiones acusadas y reiteró que las diferencias entre el Estado y los concesionarios del servicio de televisión, o entre éstos y las ESP, pueden someterse a tribunales arbitrales siempre y cuando se decida hacerlo en forma libre y reflexiva y no como consecuencia de una imposición legal(16).
En la Sentencia C-1038 de 2002, la Sala Plena de la Corte se pronunció sobre las normas legales —contenidas en el Decreto 2651 de 1991 y la Ley 446 de 1998— que atribuían a los centros de arbitraje funciones de índole jurisdiccional durante la etapa prearbitral, en relación con la admisión o rechazo de la solicitud de convocatoria a un tribunal arbitral, la realización de la audiencia de conciliación, la designación de los árbitros y la conformación e instalación del tribunal. Se argumentaba en la demanda que, al no haber sido designados expresamente por las partes para administrar justicia, los funcionarios de los centros de arbitraje no podían cumplir con estas funciones, las cuales eran contrarias al artículo 116 Superior.
Al resolver el problema jurídico planteado consideró esta corporación que, si bien, no pugna con la Constitución ni con el carácter voluntario del arbitramento la previsión de una etapa prearbitral —puesto que el legislador mantiene su competencia constitucional para establecer los términos en que se ejercerá la función arbitral y para proteger el debido proceso—, y que tampoco es inconstitucional que, dentro del marco legal, los centros de arbitraje colaboren para la conformación adecuada y ágil de los tribunales, afirmó que sí surge un problema constitucional cuando a los funcionarios de dichos centros se les confieren legalmente funciones judiciales, que reñirían con el principio de habilitación de los árbitros por las partes.
Además de haber declarado inexequibles ciertas disposiciones legales —como las que se acaban de reseñar— por ser contrarias al principio de habilitación voluntaria de los árbitros por las partes, la Corte también ha asumido este principio como criterio guía para determinar la constitucionalidad de otras disposiciones del ordenamiento nacional.
Así, por ejemplo, en la Sentencia C-211 de 2000, este alto tribunal examinó el artículo 59 de la Ley 79 de 1988, en virtud del cual las diferencias que surjan en las cooperativas de trabajo asociado “se someterán al procedimiento arbitral previsto en el título XXXIII del Código de Procedimiento Civil o a la justicia laboral ordinaria”. Este precepto fue declarado exequible porque no imponía un arbitramento forzoso sino voluntario, puesto que dejaba abierta la opción a las partes de recurrir al sistema estatal de administración de justicia.
En el mismo sentido, en la Sentencia C-330 de 2000, este tribunal constitucional examinó las normas del Código Procesal del Trabajo (arts. 130 a 142) que consagran y regulan el arbitramento voluntario en materia laboral. La Corte señaló explícitamente que en el campo laboral es aplicable la figura del arbitramento voluntario, siempre y cuando en su regulación legal se respeten las garantías constitucionales mínimas que amparan a los trabajadores(17), así como el debido proceso, las reglas constitucionales que rigen el arbitramento, y el principio según el cual el recurso a un tribunal arbitral debe ser resultado de la libre manifestación de los contratantes, y no el producto de la presión ejercida por alguna de las partes con base en su superioridad de poder o negocial, caso en el cual se incurriría en un objeto ilícito. Con estas precisiones, las normas fueron declaradas ajustadas a la Constitución.
Sin embargo, advirtió esta corporación que tal restricción legal se debe enmarcar dentro de la realidad de la desigualdad estructural de las relaciones laborales, la naturaleza de contrato de adhesión que usualmente presenta el contrato de trabajo y la subordinación del trabajador, así como el deber correlativo del Estado de mantener el equilibrio en las relaciones empleador-trabajador(18).
Después de afirmar que por la trascendencia de la decisión de los trabajadores de renunciar a la resolución de los conflictos por el sistema estatal de administración de justicia, el Estado está en la obligación de adoptar las precauciones legales pertinentes, el órgano de cierre de la jurisdicción constitucional concluyó que la norma bajo estudio establecía un equilibrio legal entre las partes, al presumir que la cláusula compromisoria incluida en los pactos o convenciones colectivas surgía como producto de una amplia discusión previa y que limitaba la posibilidad de que los trabajadores individuales firmaran cláusulas que no compartían o no habían podido controvertir, y que eventualmente podrían transformarse en obstáculos para la defensa de sus derechos laborales, dado —entre otros factores— el carácter oneroso de la justicia arbitral. En tal sentido, caracterizó la norma estudiada como una intervención legítima del legislador, orientada a proteger los derechos del trabajador y su acceso a la justicia, que además no impedía que los trabajadores optaran por la justicia arbitral si la cláusula compromisoria estaba incluida en un pacto o convención o si se firmaba el compromiso luego de la existencia del conflicto laboral.
El anterior recuento jurisprudencial demuestra, en síntesis, la importancia dada por la Constitución a la autonomía de las partes como fundamento del origen de cada proceso arbitral, y que el principio de habilitación voluntaria de la justicia arbitral por las partes ha sido uno de los ejes cardinales de la doctrina constitucional sobre el tema, en aplicación del artículo 116 de la Carta. Incluso el legislador debe respetar la autonomía de la voluntad de las partes. “La Corte ha concluido que son contrarias a este principio esencial que determina el origen, los alcances, el ámbito y los efectos del arbitramento las normas legales que (i) imponen a los particulares en determinados contextos la obligación de acudir al arbitraje; (ii) exigen a ciertas empresas estatales someter las diferencias que puedan surgir en los contratos que celebran a procesos arbitrales; (iii) obligan a las partes en ciertos tipos de contratos a incluir una cláusula compromisoria; o (iv) atribuyen funciones arbitrales a entidades o individuos que no han sido expresamente habilitados por las partes en ejercicio de su voluntad libre y autónoma”(19).
6. El arbitramento en materia laboral.
6.1. El arbitramento obligatorio en materia laboral.
6.1.1. El régimen normativo.
El arbitramento obligatorio se encuentra consagrado en el capítulo VI y VII del título III del Código Sustantivo del Trabajo. El capítulo VI establece en que eventos procede esta clase de arbitramento —artículo 452—, como ha de constituirse éste —artículo 453—, y a qué personas les está vedado la calidad de árbitros en este tipo de procesos.
Por su parte, el capítulo VII dispone cual es el quórum decisorio —artículo 456—, las facultades que tiene el tribunal —artículo 457—, los aspectos sobre los que ha de pronunciarse —artículo 458—, el término que se cuenta para fallar —artículo 459—, la forma de notificación del fallo —artículo 460— y finalmente el efecto jurídico y la vigencia de la decisión que se adopte en este mecanismo alternativo de solución de conflictos.
6.1.2. Objeto.
Es importante destacar que la diferencia existente entre la naturaleza de los conflictos económicos que deben ser solucionados por medio del tribunal de arbitramento obligatorio y los conflictos jurídicos que se resuelven mediante tribunal de arbitramento voluntario, implica que se les dé un tratamiento normativo diferente, pues en el primer caso, la decisión que ha de tomarse se basa en criterios de justicia material por ser una decisión que involucra aspectos económicos de las partes, en cambio, en el segundo, el litigio ha de resolverse en derecho, al ser una diferencia en la aplicación de una norma legal o convencional.
En este sentido, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia señaló en sentencia de homologación del 20 de octubre de 1949, que: “los árbitros del artículo 452 Código Sustantivo del Trabajo [tribunal de arbitramento obligatorio] son distintos de los previstos en este artículo 130, porque aquellos tienen el carácter de árbitros de reglamentación y ejercen una jurisdicción en equidad, mientras que éstos ejercen una jurisdicción en derecho”.
6.1.3. Casos en los cuales procede el arbitramento obligatorio.
El numeral 4º del artículo 448 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 1º de la Ley 1210 de 2008, prevé otro evento en el cual procede el arbitramento obligatorio y ambas partes deben solicitar al Ministerio de la Protección Social la convocatoria de un tribunal: (iv) cuando una vez terminada la etapa de arreglo directo no se haya logrado un acuerdo entre el empleador y los trabajadores, luego de ejercidos los buenos oficios por parte de la comisión de concertación de políticas salariales y laborales.
Sin perjuicio de lo anterior la comisión permanente de concertación de políticas salariales y laborales, podrá ejercer la función indicada en el artículo 9º de la Ley 278 de 1996 (resaltado añadido).
6.2. El arbitramento voluntario en materia laboral.
6.2.1. Régimen jurídico.
“ART. 130.—Arbitramento voluntario. Los patronos y los trabajadores podrán estipular que las controversias que surjan entre ellos por razón de sus relaciones de trabajo sean dirimidas por arbitradores” (resaltado fuera del texto).
Las restantes disposiciones del referido capítulo desarrollan la cláusula compromisoria —artículo 131—, la designación y remplazo de los árbitros —artículos 132 y 133—, el modo de realizar la audiencia y el trámite dentro del proceso —artículos 134 y 142—, la forma del fallo y el término para fallar —artículos 135 y 136—, la cancelación de los gastos y honorarios del tribunal —artículo 138—, el procedimiento de los arbitramentos establecidos en convenciones colectivas —artículo 139—, los efectos del laudo —artículo 140—, y el mecanismo de homologación que se puede presentar en contra del mismo —artículo 141—.
6.2.2. Objeto.
Este arbitramento, a diferencia del anterior, busca la solución de “los conflictos surgidos por razón de su vínculo”(20), es decir de aquellas controversias se originen directamente en el contrato de trabajo. Este tipo desacuerdos se denominan conflictos jurídicos, los cuales versan sobre la interpretación de un derecho ya existente.
7. El arbitramento técnico.
'ART. 11—Definición y modalidades. El artículo 1º del Decreto 2279 de 1989, quedará así:
'ART. 1º—El arbitraje es un mecanismo por medio del cual las partes involucradas en un conflicto de carácter transigible, defieren su solución a un tribunal arbitral, el cual queda transitoriamente investido de la facultad de administrar justicia, profiriendo una decisión denominada laudo arbitral.
PAR. —En la cláusula compromisoria o en el compromiso, las partes indicarán el tipo de arbitraje. Si nada se estipula, el fallo será en derecho.
“Lo técnico tiene que ver con las aplicaciones prácticas de las ciencias, de los oficios, de las artes, en lo que de especial tiene cada uno; se refiere a métodos de trabajo, a la habilidad en el empleo de instrumentos, al desarrollo de fórmulas científicas, a la utilización de materiales, la instalación de equipos, a los cálculos, estudios, proyectos, planos, especificaciones localización, cimentación, estructuras, etc., previos a la ejecución de una obra.
En la definición del Diccionario de la Academia de la Lengua Española, técnica es “el conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o arte”, y “la pericia o habilidad para usar esos procedimientos y recursos”. De modo que ella es propia de expertos, de peritos, de especialistas, de quienes conocen esos procedimientos y saben aplicarlos.
1. El arbitraje técnico, creado por el artículo 76 del Decreto 150 de 1976, no puede referirse a divergencias de índole jurídica derivadas de la estipulación y ejecución de un contrato, ni a su incumplimiento, ni a la definición de responsabilidad derivada de éste. Al calificar de “técnico” un tribunal de arbitramento, la ley restringe el sentido genérico del arbitraje a ese solo campo; de modo que un tribunal técnico es tal porque profiere decisiones técnicas, lo que exige que lo integren técnicos, mas no necesariamente a la inversa;
2. El calificativo “técnico” se predica propiamente de la naturaleza de las divergencias materia de la decisión del tribunal y del carácter mismo de esa decisión, por oposición al arbitraje jurídico que precave o desata litigios de este orden, y solo secundariamente se utiliza tal adjetivo en razón de la capacitación profesional de los árbitros;
3. El arbitraje técnico tiende a dirimir cuestiones objetivas y de hecho referentes al cumplimiento y ejecución física de la obra, esto es, lo atinente a las operaciones necesarias para la realización de las obligaciones resultantes de lo estipulado contractualmente, pero no puede extenderse al juzgamiento de las obligaciones mismas de su dimensión jurídica;
4. Las competencias de ambos tipos de tribunal no pueden ser idénticas, pues se trataría de una duplicidad normativa innecesaria de los artículos 66 y 76 del Decreto 150; y porque, cuando la primera de estas disposiciones establece que el fallo será siempre; en derecho, y en la segunda se da una integración especial al tribunal, se está indicando que los arbitrajes técnicos no versarán sobre asuntos jurídicos en sí, y como tales, sino sobre los aspectos técnicos derivados de las estipulaciones contractuales;
5. La competencia concreta de los tribunales de arbitraje técnico resulta, como sucede en los de carácter jurídico, no de la declaración legal genérica de medio para precaver y resolver divergencias entre los contratantes, sino, en ambos casos, de la estipulación específica de la cláusula compromisoria. Siendo ésta facultativa y no habiendo la ley señalado en detalle los puntos objeto de dicha estipulación, quiere decir que la ley defirió a la voluntad de las partes contratantes la determinación particularizada de los asuntos concretos que pueden someter a la decisión arbitral, de carácter jurídico en un caso y de naturaleza técnica en el otro;
6. De la disposición legal de que los árbitros técnicos no sean abogados, ya que deben ser ingenieros o arquitectos, no puede deducirse que el fallo no se pronuncie en derecho sino en conciencia. El significado de esta circunstancia, es precisamente el de que los expertos que componen el tribunal, ciñéndose a la ley y a las estipulaciones del contrato que, también son ley para las partes, disponen con fuerza vinculante para éstas cuáles son los procedimientos y actuaciones que se deben aplicar y cumplir, para dar correcta ejecución técnica a las obligaciones jurídicas nacidas de la ley o del pacto contractual en estos aspectos, pero no sobre el contrato mismo, que es materia jurídica que no puede ser objeto de una decisión técnica, en el sentido en que venimos empleando este vocablo;
7. En definitiva, un laudo de arbitraje técnico debe ocuparse de las cuestiones técnicas que según la estipulación contractual respectiva deba dirimir, como sucede con las pruebas periciales. Simplemente, que en el caso del arbitraje su valor y fuerza jurídica son distintos. No se trata entonces de un dictamen controvertible y apreciable por el juez de derecho, como en la pericia, sino de una decisión judicial, proferida por un órgano jurisdiccional pactado convencionalmente, pero a la cual da la ley fuerza de sentencia, o sea obligatoria para los contratantes. Pero uno y otro acto tienen idéntico contenido o materia, y
8. Se podría afirmar, finalmente, que el arbitraje técnico parte del supuesto de la validez del contrato, de su debida estipulación, de que no existen dudas jurídicas sobre obligaciones y derechos de las partes, y que solo hay disparidades de criterio en cuanto a su aplicación en el orden técnico, en aspectos cuantitativos y cualitativos de ese orden.
La Sala comprende que lo técnico incide en lo jurídico, obviamente. Pero cree que ambos campos son distinguibles y separables, pudiendo configurarse con base en esa diferenciación la respectiva atribución de competencias” (resaltado fuera del texto).
Sobre el concepto de equidad y su aplicación en el ejercicio de la función jurisdiccional, la Corte en Sentencia SU-837 de 2002 indicó:
“(H)istóricamente, la preocupación por integrar consideraciones de equidad al derecho ha sido continua. En efecto, desde el derecho romano, mediante la labor de los pretores, hasta nuestros días, legisladores y jueces se han preocupado continuamente por adecuar la generalidad de las normas jurídicas a las particularidades de la realidad, introduciendo en ellas matices y excepciones para integrar ciertas consideraciones de equidad. De este modo han surgido diversas instituciones jurídicas. A manera de ejemplo, se puede citar que frente al principio de “pacta sunt servanda” surgió la cláusula “rebus sic stantibus (…)”, que posteriormente fue adaptada nuevamente a comienzos de siglo por la jurisprudencia administrativa francesa, mediante la decisión del conocido caso de la Compañía de Gas de Burdeos. Esta decisión dio origen a la llamada “teoría de la imprevisión”.
En segundo lugar, la equidad actúa como un elemento de ponderación, que hace posible que el operador jurídico atribuya y distribuya las cargas impuestas por la norma general, proporcionalmente, de acuerdo con aquellos elementos relevantes, que la ley no considera explícitamente. La consecuencia necesaria de que esta ley no llegue a considerar la complejidad de la realidad social, es que tampoco puede graduar conforme a ésta los efectos jurídicos que atribuye a quienes se encuentren dentro de una determinada premisa fáctica contemplada por la ley. Por ello, la equidad —al hacer parte de ese momento de aplicación de la ley al caso concreto— permite una graduación atemperada en la distribución de cargas y beneficios a las partes. En este sentido, el operador, al decidir, tiene en cuenta no las prescripciones legales, sino los efectos concretos de su decisión entre las partes” (resaltado añadido).
8. La amigable composición.
ART.130.—Definición. La amigable composición es un mecanismo de solución de conflictos, por medio del cual dos o más particulares delegan en un tercero, denominado amigable componedor, la facultad de precisar, con fuerza vinculante para ellas, el estado, las partes y la forma de cumplimiento de un negocio jurídico particular. El amigable componedor podrá ser singular o plural.
En este sentido, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, ha sostenido que la amigable composición es: “una transacción lograda a través de terceros con facultades para comprometer contractualmente a las partes”(21).
Por el contrario, la amigable composición corresponde a una modalidad de negocio contractual cuyo origen deviene de las instituciones de derecho sustancial, en especial, del derecho de los contratos. Esta figura se clasifica dentro de la tipología de los actos jurídicos complejos, pues comprende la intervención de dos o más pronunciamientos para integrar un sólo acto substancial. Por una parte, requiere el pacto o convenio mediante el cual las partes delegan en un tercero la solución de un conflicto (contrato de composición); y por la otra, el resultado de la gestión asignada y adelantada por el amigable componedor, por lo general a título de mandato, se plasma en un documento final equivalente a un negocio jurídico contractual mediante el cual las partes asumen compromisos voluntarios que se tornan definitivos, inmutables y vinculantes entre ellas(22) (composición propiamente dicha).
“(...) La ley no regula la forma como se adelantará la amigable composición, dejando a las partes en libertad para pactar lo que estimen conveniente; lo que en manera alguna implica que la decisión por mayoría convierta la figura en una decisión de carácter judicial, dado que los amigables componedores obligan contractualmente a las partes porque actúan por mandato de éstas, y no con la fuerza procesal de la sentencia. Los tratadistas nacionales, en consonancia con lo dispuesto en la normatividad procesal civil, coinciden en tratar la figura de la amigable composición como un acuerdo de carácter contractual, cuyos efectos se asimilan a los de la transacción, sin reconocerle al acuerdo que se logre el carácter de decisión judicial, que solo puede ser proferida por quien esté investido de jurisdicción, bien sea en forma permanente o transitoria, por la voluntad de las partes cuando la ley así se los permite, mientras que los amigables componedores no están investido de jurisdicción” (rad. 11477).
• La amigable composición es una institución del derecho sustancial, y concretamente del derecho de los contratos, como también lo es la transacción (C.C., art. 2469); mientras que la conciliación y el arbitramento corresponden a instituciones procesales, aun cuando tengan su origen en un acuerdo de voluntades.
• Los amigables componedores no ejercen función jurisdiccional; por el contrario, los árbitros sí lo hacen, conforme lo establece directamente la Constitución Política.
• Tanto la amigable composición como la transacción se manifiestan a través del desarrollo de un trámite contractual, y por lo mismo, no tienen consecuencias de carácter procesal, sino que se deja al criterio de las partes la fijación de las actuaciones a seguir. Por su parte, la conciliación y el arbitramento se someten a las disposiciones del derecho procesal, pues pertenecen al ejercicio de la función jurisdiccional del Estado.
• La amigable composición concluye con el “convenio de composición” elaborado por el tercero; la transacción con un contrato suscito por las partes; el arbitramento termina en un laudo arbitral que produce los efectos propios de las sentencias judiciales; y la conciliación mediante un acta suscrita por las partes.
• La transacción y la amigable composición comparten similitudes en cuanto a su origen contractual; su principal distinción radica en que mientras la primera supone la superación del conflicto a través de un arreglo exclusivamente negociado por la partes; en la segunda, tanto la fórmula de solución como las actuaciones para llegar a ella, se delegan en un tercero.
• El vínculo que se establece entre el amigable componedor y las partes tiene su origen en un contrato de mandato, cuyas facultades se limitan conforme a lo establecido en el contrato de composición. Así las cosas, la amplitud de las actuaciones que adelante el amigable componedor dependerá de las restricciones o no que se le fijen por parte sus mandatarios.
• El documento final que suscriba el amigable componedor no contiene resoluciones ni órdenes, pues se limita a fijar los compromisos voluntarios que asumen las partes, para definir el conflicto surgido entre ellas.
• Según el caso, el citado documento se convierte en un contrato adicional y modificatorio al contrato que le dio origen a la discrepancia solucionada.
• El compromiso suscrito al amparo del amigable componedor produce los efectos de la transacción, esto es, “(...) el efecto de cosa juzgada en última instancia (...)” (C.C., art. 2483).
• El amigable componedor puede ser singular o plural.
• La designación pueden hacerla las partes directamente involucradas en la controversia o a través de un tercero que ellas mismas elijan. Dicho tercero puede ser una persona natural o jurídica.
• Como consecuencia de su naturaleza contractual, el compromiso suscrito entre las partes a partir de la decisión del amigable componedor, no es susceptible de ningún recurso de tipo procesal. La única forma de controvertir dicho arreglo es precisamente demandando su eficacia como acto jurídico. En estos términos, habría que demostrar, entre otros, la falta de capacidad de las partes, la ausencia de consentimiento, la existencia viciada del mismo o la presencia de objeto o causa ilícita.
9. Examen de las disposiciones acusadas.
3. Las frases “solicitud de arbitramento serán decididas” y “por la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa, o de la asamblea general de los afiliados al sindicato o sindicatos que agrupen más de la mitad de aquellos trabajadores” contenidas en el artículos 61 de la Ley 50 de 1990, el numeral 2º del artículo 62 de la misma ley y la expresión “si la mayoría absoluta” del artículo 18 de la Ley 584 de 2000 vulneran el artículo 116 de la Carta, al permitir que la decisión de acudir a arbitramento sea tomada por la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa, o de la asamblea general de los afiliados al sindicato o sindicatos que agrupen más de la mitad de aquellos trabajadores y no sea adoptada de manera unánime, lo que según el demandante sería contrario al principio de voluntariedad del arbitramento.
9.1. Examen del primer cargo.
La Sala Plena determinará, en primer lugar, si la expresión “ambas partes solicitarán al Ministerio de la Protección Social la convocatoria del tribunal de arbitramento” contenida en el artículo 1º de la Ley 1210 de 2008, modificatorio del numeral 4º del artículo 448 del Código Sustantivo del trabajo; los literales a) y b) del numeral 1º artículo 19 de la Ley 584 de 2000, modificatorio del artículo 452 del Código Sustantivo del Trabajo; el término “obligatorio” de los numerales 2º y 3º del artículo 3º de la Ley 48 de 1968; las palabras “arbitramento obligatorio” del numeral 1º del artículo 432 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 143 del Decreto-Ley 2158 de 1948, al prever que un conflicto se resuelva obligatoriamente por medio de particulares que han sido investidos de la función de administrar justicia en condición de árbitros, vulneran el artículo 116 constitucional porque desconocen el principio de voluntariedad del arbitramento.
En el caso 1768 contra Islandia, publicado en el informe 299 de 1995, el mencionado comité tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre la materia, a propósito de una ley promulgada por el Althing (Parlamento islandés) mediante la cual se prohíben una huelga y un cierre patronal en el transbordador Herjólfur y se instituye un Tribunal de Arbitraje para determinar la remuneración de los miembros de esa tripulación del Herjólfur. En este asunto a pesar de reconocer que la conducta desplegada por el Estado Islandés era contraria a los convenios 87 y 98 señaló: “el comité, de la misma manera que la comisión de expertos en aplicación de convenios y recomendaciones, reconoce que existe un momento en la negociación en el cual tras negociaciones prolongadas e infructuosas, puede justificarse la intervención de las autoridades, cuando es obvio que el bloqueo de las negociaciones no será superado sin una iniciativa de las mismas (véase Estudio General sobre Libertad Sindical y Negociación Colectiva, CIT, 81.a reunión, 1994, párr. 258). El comité estima que se llegó a este bloqueo en el conflicto de que se trata. Fortalece su convicción el hecho de que, en virtud del artículo 2º de la ley, incumbe al tribunal de arbitraje determinar las condiciones de remuneración y de trabajo de los miembros de la tripulación solamente si las partes en el conflicto no llegan a un acuerdo sobre el particular antes del 1º de junio de 1993. Por consiguiente, se concedieron dos meses adicionales a las partes en el conflicto para llegar a un acuerdo por vía de negociación, pero este objetivo no se alcanzó en el presente caso. Por esta razón se designó un tribunal de arbitraje”(23).
Adicionalmente, al deber estatal de promover la solución pacífica de los conflictos laborales se aúna la necesidad de preservar la empresa como una unidad productiva y generadora de empleo, cuya existencia se vería en riesgo de no preverse un mecanismo que pusiera fin a los conflictos laborales. Como los sostuvo la Corte Suprema de Justicia en Sentencia 115 del 26 de septiembre de 1991 cuando se pronuncio sobre la constitucionalidad los numerales 3º y 4º del artículo 448 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 63 de la Ley 50 de 1990: “la empresa y en general el orden económico que merece igual protección; era necesario, en consecuencia, buscar el equilibrio entre los intereses opuestos y así lo comprendió el constituyente de 1936 que no permitió la huelga en los servicios públicos y defirió a la ley la reglamentación de su ejercicio, como lo ha hecho con muy buen juicio, el precepto que se examina (L. 50/90, art. 63); la imagen bien conocida de instituciones industriales desoladas, abandonadas, inútiles, indefinidamente libradas al deterioro y la improductividad, como testigos permanentes de un conflicto que nadie quiso resolver para rescatar los bienes perdidos y el mismo empleo, sirvió para que la ley acudiera a evitar el empobrecimiento general y el daño social que la contumacia de las partes irrogaba, mediante métodos alternativos que dejaran a salvo la protección debida a todos y que ahora tienen especial apoyo en el artículo 55 constitucional, conforme al cual, “es deber del Estado promover (...) los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo”, como lo es, precisamente, la instancia arbitral” (resaltado fuera de texto).
Finalmente, la desigualdad estructural de las relaciones laborales y los principios constitucionales del derecho al trabajo también justifican la previsión de la obligatoriedad del arbitramento en materia laboral. En efecto a la ficción jurídica del pensamiento liberal de que la sociedad está conformada enteramente por individuos capaces, autónomos y autosuficientes, que además intervienen en condiciones de igualdad en las diferentes esferas de la vida, se opone la realidad verificable en el ámbito laboral, en la que el empleador es el propietario del capital y de los mecanismos de producción el que impone las condiciones de cantidad, calidad, forma y remuneración del servicio personal por el trabajador prestado.
Este ideal se compagina fielmente con los mandatos establecidos por el preámbulo y los artículos 1º, 2º, 25, 39, 53, 54, 55, y 64 Superiores, que constituyen la “Constitución del Trabajo”, y que propende por el establecimiento de relaciones laborales justas, mediante la eliminación de los factores de desequilibrio propios de éstas, para así asegurar la vigencia y efectividad del principio de igualdad, la protección de ciertos sectores de la población que se encuentran en situación de debilidad, que son los trabajadores, y un orden social y económico justo.
Por lo tanto se declarar la exequibilidad de la expresión “ambas partes solicitarán al Ministerio de la Protección Social la convocatoria del tribunal de arbitramento” contenida en el artículo 1º de la Ley 1210 de 2008; los literales a) y b) del artículo 19 de la Ley 584 de 2000; el término “obligatorio” de los numerales 2º y 3º del artículo 3º de la Ley 48 de 1968; las palabras “arbitramento obligatorio” del numeral 1º del artículo 432 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 143 del Decreto-Ley 2158 de 1948, por el cargo examinado en la presente decisión.
9.2. Examen del segundo cargo.
En este orden de ideas, se declarara inexequible el inciso 2º del artículo 65 de la Ley 143 de 1994.
9.3. Examen del tercer cargo.
El tercer cargo que se examinara es si las frases “solicitud de arbitramento serán decididas ” y “por la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa, o de la asamblea general de los afiliados al sindicato o sindicatos que agrupen más de la mitad de aquellos trabajadores” contenidas en el artículos 61 de la Ley 50 de 1990, el numeral 2º de la misma ley y la expresión “si la mayoría absoluta” del artículo 18 de la Ley 584 de 2000 vulneran el artículo 116 de la Carta, al prever que la decisión de acudir a arbitramento sea tomada por la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa, o de la asamblea general de los afiliados al sindicato o sindicatos que agrupen más de la mitad de aquellos trabajadores.
La voluntad así configurada se ajusta perfectamente a la Constitución, pues si el funcionamiento de los sindicatos y de las organizaciones sociales está sujeta a los principios democráticos, conforme al artículo 39 de la Constitución, no puede ser excepción uno de los actos más importantes que estos realizan que es, en este caso la convocatoria a tribunal de arbitramento obligatorio y la regla de la mayoría prevista en la disposición acusada constituye una expresión de dicho principio constitucional.
En un sentido similar, la Sentencia C-085 de 1995 señaló que la declaratoria de la huelga realizada por la mayoría de los trabajadores: “se ajusta perfectamente a la Constitución. Para demostrarlo no es menester acudir a complicadas lucubraciones. Basta considerar que de conformidad con el inciso segundo del artículo 39 de la misma Constitución, “La estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos”. Si en la vida de un sindicato uno de los actos más importantes es la declaración de huelga, resulta inaceptable la pretensión de que precisamente ese acto se sustraiga a los principios democráticos. Principios entre los cuales se destaca el de la primacía de la voluntad de la mayoría”.
Por tanto, las frases “solicitud de arbitramento serán decididas” y “por la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa, o de la asamblea general de los afiliados al sindicato o sindicatos que agrupen más de la mitad de aquellos trabajadores” contenidas en el artículos 61 de la Ley 50 de 1990, el numeral 2º del artículo 62 de la misma ley y la expresión “si la mayoría absoluta” del artículo 18 de la Ley 584 de 2000 serán declarados exequibles.
9.4. Examen del cuarto cargo.
El artículo 116 de la Constitución establece que: “[l]os particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de […] árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho y en equidad, en los términos que determine la ley”.
Ha indicado, que en virtud de lo anterior, “no es concebible que el ejercicio de la jurisdicción, como función estatal, se desplace de manera permanente y general a los árbitros y conciliadores”(24), pues la función estatal de administrar justicia es la regla general y para cumplirla el Estado cuenta con una estructura organizativa de carácter permanente.
9.5. Examen del quinto cargo.
9.6. Examen del sexto cargo.
Tal y como se señalo en las consideraciones de esta sentencia, la amigable composición es un mecanismo de solución de conflictos de tipo eminentemente contractual, no procesal —como lo es el arbitramento o la conciliación—, en la cual existe un pacto o convenio mediante el cual las partes delegan en un tercero la solución de un conflicto, y por la otra, el resultado de la gestión asignada y adelantada por el amigable componedor, por lo general a título de mandato, se plasma en un documento final equivalente a un negocio jurídico contractual mediante el cual las partes asumen compromisos voluntarios que se tornan definitivos, inmutables y vinculantes entre ellas(25).
1. Declarar EXEQUIBLE la expresión “arbitramento obligatorio” del numeral 1º del artículo 432; y los literales a) y b) del numeral 1º del artículo 452 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 19 de la Ley 584 de 2000, por los cargos examinados en la presente sentencia.
2. Declarar EXEQUIBLE la expresión “ambas partes solicitarán al Ministerio de la Protección Social la convocatoria del tribunal de arbitramento”, contenida en el artículo 448 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 1º de la Ley 1210 de 2008, por los cargos examinados en la presente sentencia.
3. Declarar EXEQUIBLE el término “obligatorio” de los numerales 2º y 3º del artículo 3º de la Ley 48 de 1968, por los cargos examinados en la presente sentencia.
4. Declarar INEXEQUIBLE el inciso segundo del artículo 65 de la Ley 143 de 1994 .
5. Declarar EXEQUIBLE las frases “solicitud de arbitramento serán decididas” y “por la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa, o de la asamblea general de los afiliados al sindicato o sindicatos que agrupen más de la mitad de aquellos trabajadores” contenidas en el artículo 444 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 61 de la Ley 50 de 1990, y el numeral 2º del artículo 445 del Código Sustantivo del trabajo, modificado por el artículo 62 de la Ley 50 de 1990, por los cargos examinados en la presente sentencia.
6. Declarar EXEQUIBLE la expresión “si la mayoría absoluta” del numeral 3º del inciso primero del artículo 448 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 18 de la Ley 584 de 2000, por los cargos examinados en la presente sentencia.
7. Declarar EXEQUIBLE la expresión “de carácter permanente” del artículo 139; y el artículo 143 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, Decreto-Ley 2158 de 1948, por los cargos examinados en la presente sentencia.
8. Declarar EXEQUIBLE la expresión “o técnico” y la frase “[c]uando los árbitros pronuncian su fallo en razón de sus específicos conocimientos en una determinada ciencia, arte u oficio, el arbitraje es técnico” comprendida en el artículo 111 de la Ley 446 de 1998, y los artículos 130, 131, y 132 de la misma ley por los cargos examinados en la presente sentencia.
9. Declarar EXEQUIBLE el artículo 74 de la Ley 80 de 1993, por los cargos examinados en la presente sentencia.
10. Declarar EXEQUIBLE el artículo 46 del Decreto 2279 de 1989, por los cargos examinados en la presente sentencia.
Magistrados: Gabriel Mendoza Martelo—Maria Victoria Calle Correa.
(1) Corte Constitucional, Sentencia C-242 de 1997.
(2) Este punto se explicó así en la Sentencia C-330 de 2000: “El arbitramento, tal como ha sido concebido en nuestro ordenamiento jurídico, es una figura procesal. Cuando la Constitución defiere a los particulares la función de administrar justicia en calidad de árbitros, les confía, como a todos los demás jueces, la solución de contenciones jurídicas entre las partes en concordancia con la Constitución y las leyes. De ahí que la institución arbitral en nuestro ordenamiento tenga el carácter de un proceso, que garantiza los derechos de las partes enfrentadas disponiendo de una serie de etapas y oportunidades para la discusión de los argumentos, la valoración de las pruebas aportadas y, aun, la propia revisión de los pronunciamientos hechos por los árbitros. // El arbitramento es un verdadero procedimiento judicial —en sentido material— y, como tal, está sometido en todas sus etapas a la estricta aplicación de las normas que regulan este tipo de actuaciones tanto desde el punto de vista formal como material. Se trata de un mecanismo en el que han de aplicarse con rigor las garantías del debido proceso aplicables a toda actuación judicial, pues de nada sirve la inclusión de mecanismos de solución de litigios, adicionales y alternativos al sistema ordinario contemplado en la legislación, si su aplicación se traduce en el desconocimiento de derechos constitucionales fundamentales”.
(3) Corte Constitucional, Sentencia C-098 de 2001: “El arbitramento como mecanismo alternativo de resolución de conflictos, ha de entenderse como la derogación que hacen las partes involucradas en un conflicto o precaviendo su existencia, de la jurisdicción en cabeza del Estado y en favor de un particular (árbitro), quien queda investido de la facultad temporal de resolver con carácter definitivo y obligatorio, a través de una decisión denominada laudo arbitral, las diferencias que se susciten entre ellos”.
(4) Corte Constitucional, Sentencia C-163 de 1999: “De lo expuesto es fácil concluir que el sustento de la justicia arbitral es el acto voluntario y libre de los contratantes de acudir a los árbitros (…). Por consiguiente, la habilitación de los árbitros que realizan las partes contratantes, es un requisito constitucional imperativo sin el cual no es procedente la justicia arbitral”. En el mismo sentido, Sentencia C-330 de 2000: “El arbitramento es voluntario. La decisión de presentar las disputas surgidas en una relación jurídica ante un tribunal de arbitramento (antes que acudir a los jueces ordinarios), es el resultado de un acuerdo previo de carácter voluntario y libre efectuado por los contratantes. El arbitramento, al ser un instrumento jurídico que desplaza a la jurisdicción ordinaria en el conocimiento de ciertos asuntos, “tiene que partir de la base de que es la voluntad de las partes en conflicto, potencial o actual, la que habilita a los árbitros para actuar (…) Así, el fundamento de esta figura procesal es, entonces, la determinación voluntaria de acudir a una forma alternativa de resolver conflictos, con la garantía de que, como acontece en los demás procesos, los derechos consagrados en la Constitución y la ley tienen plena vigencia”.
(5) Corte Constitucional, Sentencia C-098 de 2001: “…el arbitramento como la conciliación o la amigable composición, han de entenderse como institutos a los que el Constituyente les reconoció una función fundamental dentro la administración de justicia, pues son mecanismo a los que pueden recurrir opcionalmente las personas para poner término a sus controversias, sin la intervención directa del Estado, lo que permite no sólo la descongestión del aparato de justicia sino la participación activa de los particulares en la definición de sus conflictos”.
(6) Corte Constitucional, Sentencia C-163 de 1999: “Además, estos mecanismos alternativos de resolución de conflictos encuentran base constitucional no sólo en su reconocimiento expreso en el artículo 116 superior sino también en otros principios y valores constitucionales. Así, su presencia puede constituir una vía útil, en ciertos casos, para descongestionar la administración de justicia formal, con lo cual se potencia la eficacia, celeridad y efectividad de la justicia (C.P., art. 228). Además, y más importante aún, la Carta establece un régimen democrático y participativo (C.P., art. 1º), que propicia entonces la colaboración de los particulares en la administración de justicia y en la resolución de sus propios conflictos. En ese orden de ideas, es perfectamente posible que el legislador estimule la resolución de conflictos directamente por los propios afectados, por medio de figuras como la conciliación o la amigable composición, o por terceros que no sean jueces, como sucede en el caso de los árbitros o de ciertas autoridades administrativas y comunitarias”.
(7) Corte Constitucional, Sentencia C-242 de 1997: “El arbitramento, que es el que interesa para el caso en estudio, consiste en un mecanismo jurídico en virtud del cual las partes en conflicto deciden someter sus diferencias a la decisión de un tercero, aceptando anticipadamente sujetarse a lo que allí se adopte”.
(8) Corte Constitucional, Sentencia T-057 de 1995.
(9) Corte Constitucional, Sentencia C-060 de 2001.
(10) Se dijo en esta providencia: “El arbitramento es excepcional. La habilitación de particulares para solucionar conflictos por medio del arbitramento cuenta también con claras limitaciones materiales, pues no todo problema jurídico puede ser objeto de un laudo. El legislador ha sido consciente de que la equiparación funcional que se hace entre los funcionarios del Estado y ciertos ciudadanos, temporalmente investidos de poder jurisdiccional, no puede extenderse a todas las materias, pues es claro que existen bienes jurídicos cuya disposición no puede dejarse al arbitrio de un particular, así haya sido voluntariamente designado por las partes enfrentadas. // Principios como el de la seguridad jurídica hacen necesario que ciertos asuntos sean ventilados a través de la jurisdicción ordinaria, pues se trata de eventos que se relacionan con la garantía de derechos constitucionales fundamentales, con el reconocimiento de facultades legalmente reconocidas a favor de ciertos ciudadanos —v.g. derechos mínimos de los trabajadores—, o con el ejercicio del control estatal sobre ciertas circunstancias jurídicamente relevantes como “la fijación del estado civil, las cuestiones que tengan que ver con derechos de incapaces o derechos sobre los cuales la ley prohíbe a su titular disponer””.
(11) Corte Constitucional, Sentencia C-1436 de 2000.
(12) Corte Constitucional, Sentencia C-330 de 2000.
(13) Corte Constitucional, Sentencia C-098 de 2001: “La nota característica de este instituto, requisito que la propia Constitución impone y que la jurisprudencia constitucional ha resaltado (…), está en que los sujetos en controversia o que prevean que pueden llegar a estarlo, determinen autónoma y voluntariamente que su diferencia no será decidida por el Estado a través de sus jueces, sino por un particular a quien ellos le reconocen el poder y la competencia para resolver sus desavenencias —poder habilitante de las partes—. Es, en este contexto, en donde el arbitramento adquiere su condición de mecanismo alternativo de resolución de conflictos, pues son las partes las que voluntariamente y sin apremio alguno, deciden no hacer uso del aparato de justicia estatal”.
(14) Corte Constitucional, Sentencia C-060 de 2001: “Sobre este particular, no puede perderse de vista el hecho de que, tanto la cláusula compromisoria —que se incluye en los contratos con el propósito de hacer posible los arreglos arbitrales—, como el compromiso, son entidades jurídicas que surgen del acuerdo explícito de las partes y, como tal, son el resultado del análisis de circunstancias concretas que desde el punto de vista jurídico —incluso económico—, hacen recomendable recurrir a un tribunal de arbitramento”.
(15) En términos de la Corte: “Resulta contradictorio con el carácter voluntario, temporal y excepcional que se le reconoce al arbitramento —en los términos ya aludidos—, que una disposición legal pretenda establecer la obligatoriedad de dicho mecanismo en el evento de no existir acuerdo sobre el uso de ciertas redes de comunicación entre el Estado o las empresas prestadoras de servicios públicos, y los concesionarios del servicio de televisión. Sin duda, se trata de una norma que excede los límites sobre los que la institución arbitral se sustenta, que guardan íntima relación con el hecho de que la utilización de la justicia arbitral, como forma alternativa de resolución de los conflictos, sea el resultado de la libre decisión de las partes que ante un evento cierto, que se debate, optan por encargar su resolución a particulares designados por ellas”.
(16) Dijo la Corte: “Ahora bien: no puede pensarse, so pena de incurrir en un grave error de interpretación, que el pronunciamiento de la Corte sobre este particular impide u obstaculiza la aplicación de formas alternativas de solución de conflictos a las diferencias que se presenten entre el Estado y los concesionarios del servicio público de televisión. El sometimiento de los desacuerdos nacidos en cumplimiento de un contrato —en este caso el de concesión—, a la decisión de particulares investidos de poderes judiciales, es una figura constitucional —C.P., art. 116— cuya aplicación ha sido respaldada y alentada por la jurisprudencia de la Corte, si bien siempre condicionada a la necesidad de proteger la integridad de la jurisdicción ordinaria y asegurar el recto ejercicio de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos, quienes de manera libre y reflexiva siempre podrán optar por acudir ante la justicia arbitral para la resolución de sus problemas jurídicos”.
(17) En términos de la Corte, “Las consideraciones que hasta ahora se han hecho alrededor de las características del arbitramento como mecanismo alternativo de resolución de conflictos, son plenamente aplicables cuando el estudio se restringe concretamente al ámbito del derecho laboral. Las controversias de carácter individual o colectivo que surgen como resultado de la existencia de una relación de trabajo bien pueden ser ventiladas y resueltas por tribunales de arbitramento regidos por la ley. (…) En síntesis es posible afirmar que el legislador goza de plena autonomía para dictar disposiciones tendientes a desarrollar el ejercicio de funciones judiciales por parte de particulares a través de la institución del arbitramento y, de esta forma, regular un procedimiento reconocido desde la propia Constitución como una forma alternativa de resolver conflictos jurídicos —también los originados en la relación de trabajo— (C.P., art. 116). Sin embargo, este poder de configuración que se reconoce a la rama legislativa no es ilimitado, pues debe concordar con los principios y derechos consagrados en la Constitución en materia laboral”.
(18) En términos de la Corte: “…A partir de la realidad de la desigualdad estructural de las relaciones laborales, de la obligación del Estado de intervenir con acciones positivas encaminadas a mantener el equilibrio en las relaciones entre empleador y trabajador, de la subordinación del trabajador al empleador, de considerar que el contrato de trabajo corresponde a un contrato por adhesión, es donde se debe ubicar la restricción legal de suscripción de la cláusula compromisoria”.
(19) Corte Constitucional, Sentencia SU-174 de 2007.
(20) Sentencia C-349 de 2009.
(21) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 6 de febrero de 1998, radicación 11477, C.P. Daniel Suárez Hernández.
(22) Decreto 1818 de 1998, artículo 224 y Código Civil, artículo 2483.
(23) El Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el caso 1768 contra Islandia, publicado en el informe 299 de 1995.
(24) Corte Constitucional, Sentencia T-057 de 1995.
(25) Decreto 1818 de 1998, artículo 224 y Código Civil, artículo 2483.