Source: http://www.slideshare.net/dealcaldes/144controv-23feb12-meridayuc-controversia-constitucional-mrida-230212
Timestamp: 2016-09-01 04:49:26
Document Index: 59659990

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 4', 'artículo 115', 'artículo 115', 'artículo 115', 'artículo 115', 'artículo 115', 'artículo 115', 'artículo 116', 'artículo 21', 'artículo 115', 'artículo 1', 'artículo 115', 'artículo 115', 'artículo 115', 'artículo 116', 'artículo 115', 'artículo 1', 'Artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'Artículo 1', 'artículo 55', 'Artículo 14', 'artículo 55', 'artículo 89', 'artículo 89', 'artículo 49', 'artículo 115', 'artículo 115', 'artículo\n115', 'artículo 115', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'artículo\n30', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'artículo 115', 'artículo 115', 'artículo 7', 'artículo 115', 'artículo 6', 'artículo 115', 'artículo 14', 'artículo 33', 'artículo 11', 'Artículo 11', 'artículo 33', 'artículo 11', 'Artículo 47', 'artículo 33', 'Artículo 33', 'artículo 33', 'artículo\n33', 'artículo 40', 'artículo 40', 'artículo 6', 'Artículo 6', 'artículo 40', 'artículo 115', 'artículo 115', 'artículo 20', 'artículo 41', 'Artículo 105', 'Artículo 41', 'artículo 1', 'Artículo 105', 'Artículo 197', 'Artículo 203', 'artículo 202', 'Artículo 1', 'artículo 105', 'artículo 115']

Controversia Constitucional Mérida 230212
SENTENCIA dictada por el Tribunal Pleno en la Controversia Constitucional 96/2008, promovida por el
Municipio de Mérida, Estado de Yucatán.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Suprema Corte de Justicia
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 96/2008
MUNICIPIO DE MERIDA, ESTADO DE YUCATAN
México, Distrito Federal. Acuerdo de Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
correspondiente al dieciocho de agosto de dos mil once.
PRIMERO. Presentación de la demanda inicial. Mediante escrito presentado el quince de agosto de dos
mil ocho ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la
Nación, César José Bojórquez Zapata, en su carácter de Presidente del Municipio de Mérida, Yucatán,
promovió controversia constitucional en contra de la titular del Poder Ejecutivo de esa entidad federativa.
En la demanda se reclamó la expedición y publicación del Decreto número 92 por el que se crea la
Coordinación Metropolitana de Yucatán, así como los actos concretos de aplicación que en adelante lleve a
cabo la Gobernadora del Estado y/o algún otro funcionario de la administración estatal con base en el
SEGUNDO. Antecedentes. La parte actora narró como antecedentes del caso lo siguiente:
“1. La Gobernadora del Estado de Yucatán, decidió crear la Coordinación
Metropolitana de Yucatán, como un órgano desconcentrado dependiente del
Despacho del Gobernador con el objeto aparente de obtener asesoría técnica y apoyo
para atender y resolver, con ese carácter, los asuntos vinculados con el desarrollo
integral de las zonas metropolitanas de Yucatán y de los centros de desarrollo
regional, comprendiendo el municipio de Mérida.
2. El día dieciocho de junio de dos mil ocho, la titular del Poder Ejecutivo del Estado
de Yucatán publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el Decreto
número 92, por medio del cual creó la Coordinación Metropolitana de Yucatán, para
los efectos del artículo uno y con las atribuciones señaladas en el artículo cuarto de
dicho decreto. Para pronta referencia, además de acompañar como prueba
documental pública un ejemplar de dicho órgano informativo (Anexo número dos),
por su importancia a continuación transcribo en su literalidad dichos preceptos:
„Artículo 1º.‟ (Se transcribe). „Artículo 4º.‟ (Se transcribe).
Más adelante me referiré concretamente a los aspectos que constituyen violaciones a
Dicho decreto entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del
Gobierno del Estado de Yucatán, o sea, el diecinueve de junio del presente año y
conforme al artículo segundo transitorio, la titular del Ejecutivo, en un plazo no mayor
de sesenta días expedirá unilateralmente el Reglamento de la Coordinación
Metropolitana de Yucatán.”
TERCERO. Conceptos de invalidez. La parte actora señaló como precepto violado el artículo 115,
fracciones I, II, III, V y VI, de la Norma Fundamental, y formuló los siguientes conceptos de invalidez:
“La norma y actos que se impugnan, así como sus efectos y consecuencias, violan en
perjuicio directo de mi representado el artículo 115, fracciones I, II, III, V y VI de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que por la naturaleza,
características y atribuciones que le fueron otorgadas, la Coordinación Metropolitana
de Yucatán, invade la esfera de competencia del Municipio de Mérida, lesionando la
autonomía municipal y vulnerando el sistema de competencias, el principio de
división funcional de poderes, la autonomía y las asignaciones competenciales
propias de cada orden de gobierno que la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece, en el caso específico en el artículo 115, de dicho máximo
ordenamiento. Por tanto, son inconstitucionales también los actos concretos de
aplicación que realicen o lleven a cabo la titular del Poder Ejecutivo Estatal y/o algún
otro funcionario con motivo del decreto que se combate.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al fijar su postura respecto al principio de
división funcional de poderes y sus características estableció que este principio
limita la actuación de las autoridades, lo que significa que todo aquello para lo que no
están expresamente facultadas se encuentra prohibido y que sólo pueden realizar los
actos que el ordenamiento jurídico prevé y, en particular, sobre las bases que
establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por otra parte, este sistema competencial puede ser de diferentes formas, pues
a) prohibiciones expresas que funcionan como excepciones o modalidades de
ejercicio de otras competencias concedidas;
b) competencias o facultades de ejercicio potestativo, en donde el órgano del Estado
puede decidir si ejerce o no la atribución conferida; y,
c) competencias o facultades de ejercicio obligatorio, en las que el órgano del Estado
al que le fueron constitucionalmente conferidas está obligado a ejercerlas
Dicho criterio jurisprudencial se contiene en la tesis que a continuación me permito
‘PRINCIPIO DE DIVISION FUNCIONAL DE PODERES. SUS CARACTERISTICAS.’ (La
transcribió).
Por su parte la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tratándose de la
distribución de competencias entre la Federación, las entidades federativas y los
municipios, estableció en jurisprudencia firme y vigente, que el ámbito competencial
de los Estados se integra, en principio, por las facultades no expresamente
conferidas a la Federación o a los Municipios, en cuanto a estos últimos las previstas
en el artículo 115, de nuestra Carta Magna, tal como lo establece la tesis que a
continuación me permito transcribir:
‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS ENTRE LA
FEDERACION, LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.’ (La transcribió).
En el mismo orden de ideas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha
determinado que los diversos órdenes jurídicos establecidos en la Constitución
Federal tienen autonomía funcional y asignaciones competenciales propias que, por
lo general, son excluyentes entre sí, contando con autonomía para su ejercicio a
cargo de las autoridades correspondientes, como se determina en la tesis
jurisprudencial que a continuación me atrevo a transcribir:
‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS DIVERSOS ORDENES JURIDICOS
ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCION FEDERAL TIENEN AUTONOMIA FUNCIONAL Y
ASIGNACIONES COMPETENCIALES PROPIAS.’ (La transcribió).
Por su parte, es relevante destacar que la reforma al artículo 115 constitucional,
publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintidós de diciembre de mil
novecientos noventa y nueve es, quizá, la más importante en toda su historia.
Contiene aspectos relevantes, algunos de ellos aplicables precisamente a la cuestión
que se plantea en esta controversia constitucional.
De los comentarios formulados a dicho precepto constitucional en la obra
‘Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Comentada y Concordada’ del
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de
México, Décima Sexta Edición, Editorial Porrúa, en lo que interesa, destaco lo
siguiente, refiriéndome en todos los casos al numeral 115 de la Constitución Federal:
1. En la fracción I, por primera vez en nuestro país, se reconoce constitucionalmente
al municipio el carácter de ámbito de gobierno y al ayuntamiento el de órgano de
gobierno. En tal virtud, se modificó dicha fracción que señalaba … ‘cada municipio será
administrado por un Ayuntamiento’… y ahora, se indica …‘cada Municipio será gobernado
por un Ayuntamiento…’
2. En la fracción II, se determina que los municipios estarán investidos de
personalidad jurídica propia y que manejarán su patrimonio conforme a la ley.
También se establece que la facultad reglamentaria de los municipios se desarrollará
con base en las leyes municipales expedidas por las legislaturas de los Estados. Lo
anterior que quiere decir que la facultad reglamentaria ya no se sujetará a las ‘bases
normativas’ sino a las ‘leyes municipales’, las que establecerán un marco normativo
homogéneo, sin hacer particularizaciones sobre determinados municipios y dispone
que el objeto de las leyes a que se refiere dicha fracción será establecer, entre otras
cosas: 1. Las bases generales de la administración pública municipal y el
procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos
para dirimir los conflictos entre la administración municipal y los particulares bajo los
principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad. 2. Las normas de carácter
general para celebrar los convenios a que se refieren tanto las fracciones III y IV del
propio artículo 115, como el segundo párrafo de la fracción VI, del artículo 116
constitucional y, 3. El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal
asuma una función o servicio municipal cuando, al no existir el convenio
correspondiente, la legislatura estatal considere que el municipio de que se trate esté
imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria la solicitud
previa del ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras
partes de sus integrantes.
3. La fracción III, constituye una de las modificaciones más importantes en la reforma
que se comenta porque se estipula que los servicios públicos allí señalados serán
competencia exclusiva de los ayuntamientos, ya que se suprime la posibilidad de que
los municipios presten esos servicios con el concurso de los estados […]‘cuando así
fuere necesario y lo determinen las leyes[…]’ En tal virtud, los municipios se hacen
cargo de manera exclusiva de determinadas funciones y servicios públicos y en el
supuesto de estar imposibilitados de ejercerlos o prestarlos podrán optar por la
transferencia a que alude la fracción II, que requiere la voluntad del ayuntamiento.
En efecto, son competencia constitucional de los municipios los siguientes servicios
y funciones: a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final
de residuos; b) Alumbrado público; c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y
disposición final de residuos; d) Mercados y centrales de abasto; e) Panteones; f)
Rastro; g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; h) Seguridad pública, en los
términos del artículo 21 de dicha constitución, policía preventiva municipal y tránsito
e, i) Los demás que las legislaturas locales determinen según las condiciones
En este mismo apartado se establece la posibilidad de que los municipios, previo
acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz
prestación de los servicios públicos o el mejor servicio de las funciones que les
correspondan. Para el caso de la asociación de municipios de dos o más Estados,
deberán contar con la aprobación de las legislaturas de los Estados respectivos.
Finalmente se determina una cuestión que es de relevante importancia en la especie y
es que la constitución dispone que cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea
necesario, podrá celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o
a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos
de ellos, o bien se presenten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio
municipio. Esto quiere decir, ni más ni menos, que tratándose de funciones o
servicios que corresponden al municipio, el Estado solamente podrá intervenir en la
prestación y/o atención de esas funciones o servicios si se satisfacen las siguientes
condiciones: a) Que esa intervención sea necesaria a juicio del ayuntamiento y que la
solicite y) b) Que se celebren convenios previos para tal objeto y que la participación
del Estado sea sólo en forma temporal.
4. La fracción V se modificó de tal manera que las materias concurrentes del
municipio se señalan en incisos y no de manera continuada. Se faculta al municipio
no solo para controlar y vigilar el uso del suelo sino para autorizarlo, así como para
intervenir en la elaboración y aplicación de programas de transporte urbano, materia
ecológica, protección al ambiente y planeación regional. Adicionalmente se establece
que, en los términos de las leyes federales y estatales, los municipios están
facultados, entre otras cosas, para formular, aprobar y administrar la zonificación y
planes de desarrollo urbano municipal; para participar en la creación y administración
de sus reservas territoriales; para participar en la formulación de planes de desarrollo
regional, obligando a los estados a asegurar la participación de los municipios
cuando éstos elaboren proyectos de desarrollo regional.
5. La fracción VI, del artículo 115, que se comenta es la única que permite que las
entidades federativas, en el ámbito de su competencia, y además de manera conjunta
y coordinada con los municipios respectivos, podrán planear y regular el desarrollo
de dos o más centros urbanos con apego a la ley federal de la materia, cuando se
trate de dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más
entidades federativas y tiendan a formar una continuidad demográfica.
Pues bien, la creación de la Coordinación Metropolitana de Yucatán, con el objeto
señalado en el artículo 1º del decreto de su creación y las facultades que le atribuye el
numeral 4 del mismo decreto invade la esfera de competencia del Municipio de
Mérida, lesionando la autonomía municipal y vulnerando el sistema de competencias,
el principio de división funcional de poderes, la autonomía y las asignaciones
competenciales propias de cada orden de gobierno que la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos establece, en el caso específico en el artículo 115 de
dicho máximo ordenamiento.
Esto es así simplemente porque tal organismo, en su carácter de órgano
desconcentrado del Poder Ejecutivo Estatal, se arroga la potestad de atender y
resolver aspectos que competen en forma exclusiva a los municipios, en particular al
de Mérida, Yucatán que jurídicamente represento.
Efectivamente, la Coordinación Metropolitana de Yucatán, lesiona la autonomía del
municipio actor porque suplanta y mediatiza sus facultades constitucionales, invade
la esfera de competencia de éste y pudiera impedir la comunicación directa que debe
existir entre ambos niveles de gobierno. Es decir, dadas sus atribuciones, propicia
que el Ejecutivo Estatal tome decisiones y resuelva por sí solo asuntos que son
competencia del municipio de Mérida.
La norma y actos reclamados, constituyen violación por parte del Poder Ejecutivo del
Estado de Yucatán, al primer párrafo del artículo 115 constitucional, que establece la
forma de gobierno republicano, representativo y popular, teniendo como base de la
división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre.
De igual forma, la parte demandada invade la esfera de competencia del gobierno
municipal, ya que nada ni nadie puede interferir entre esos niveles de gobierno. En
suma, al crearse semejante órgano, se invade la autonomía municipal en todos y cada
uno de los aspectos que contienen las fracciones I, II, III, V y VI del artículo 115
En realidad, la creación de la Coordinación Metropolitana de Yucatán, no busca el
fortalecimiento de los servicios públicos o el desarrollo integral de zonas
metropolitanas o centros de desarrollo. El verdadero objetivo es tener injerencia y
participación directa en los programas y planes de desarrollo del municipio que
represento invadiendo su competencia y atribuciones exclusivas.
Lo anterior se deriva de la circunstancia de que la parte demandada tiene la mira
puesta en las próximas elecciones municipales a celebrarse en el año dos mil nueve.
Como ciudadano y como servidor público estoy totalmente de acuerdo en la
pluralidad política como factor esencial de la democracia de nuestro país. Tengo la
más firme convicción de que, tal y como dispone el artículo 116, fracción IV, inciso a)
de la Constitución General de la República, las elecciones de los gobernadores, de
los miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se
realicen mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.
Lo que jurídicamente es inconstitucional e ilegal es la injerencia de órganos y
personas extrañas en las funciones, acciones, servicios públicos y tareas propias del
municipio de Mérida, más aún cuando se hace con fines de proselitismo a favor de
Lo que jurídicamente es inconstitucional e ilegal es aprovechar recursos para resaltar
frente a los ciudadanos meridanos la imagen de personas físicas o de institutos
políticos, mediante la intromisión ilegal de un organismo en programas y acciones
concretas del municipio de Mérida, ya que esas actividades, realizadas en forma
constante, podrían desvirtuar la característica del voto libre.
Señoras y Señores Ministros, es pertinente aclarar que los anteriores comentarios se
formulan con el único propósito de dar una idea a ustedes de los diversos elementos
de carácter político que forman parte de los hechos que circundan la presente
controversia, disfrazados o encubiertos en un decreto, aunque sin perder de vista que
lo que aquí se discute es la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma y de
los actos reclamados.
La Coordinación Metropolitana de Yucatán es un órgano prohibido por el artículo 115,
fracción I, de la Constitución Política Mexicana y es suficiente para acreditar ese
extremo la simple lectura del artículo 1º del decreto de su creación: ‘Artículo 1º.’ (Lo
De la interpretación gramatical y razonada de tal precepto se advierte que será la
titular del Poder Ejecutivo la que atienda y resuelva por sí misma los asuntos en las
zonas metropolitanas y centros de desarrollo regional, en cuestiones que son
competencia exclusiva del municipio actor, o en el mejor de los casos, siendo de
competencia concurrente. De todas maneras el Poder Ejecutivo, mediante dicho
órgano, atrae y reserva para su conocimiento y resolución exclusiva esos asuntos.
Gramaticalmente hablando la preposición es una partícula que determina o concreta
el significado de la palabra que le sigue en relación con la que le precede. En el caso
concreto, la preposición ‘en’, por el lugar que ocupa, significa ‘por’, de manera que se
atribuyen exclusivamente a la titular del Poder Ejecutivo esas facultades y en tales
condiciones es la única autoridad facultada para atender y resolver esos asuntos.
En otro orden de ideas, en la parte considerativa, al tratar el decreto de ‘zonas
metropolitanas’, lo hace en plural, es decir, como queriendo significar que el Estado de
Yucatán, existen dos o más de ellas.
Sin embargo, según datos oficiales, en el Estado de Yucatán, existe una sola zona
metropolitana y es precisamente la formada por los municipios de Mérida, Umán,
Kanasín, Conkal y Ucú, (en la norma impugnada, por razones que se desconocen, no
se incluyen los municipios de Conkal y Ucú, las que por cierto están administradas
por autoridades emanadas del Partido Acción Nacional).
En efecto, según datos del documento denominado ‘Delimitación de las zonas
metropolitanas de México’, que llevó a cabo la Secretaría de Desarrollo Social del
Gobierno Federal por conducto del Consejo Nacional de Población y el Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Anexo número Tres), en el Estado
de Yucatán, existe una sola zona metropolitana que está integrada, como ya se dijo,
por los municipios de Mérida, Umán, Kanasín, Conkal y Ucú. En ese documento
aparecen los datos relativos a población, tasa de crecimiento, superficie y densidad
media urbana del período comprendido entre 1990 y 2000, considerándose como
municipio central precisamente el de Mérida. La elaboración de ese trabajo estuvo a
cargo de un Grupo Interinstitucional con base en la cartografía y en los datos del XII
Censo General de Población y Vivienda 2000, declaratorias y programas de
ordenación de zonas conurbadas y zonas metropolitanas y el Programa Nacional de
Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 2001-2006.
Por esa razón, aunque se trate vanamente de ocultar, la Coordinación Metropolitana
de Yucatán, está diseñada para suplantar o mediatizar las facultades constitucionales
del municipio de Mérida y el objetivo de aquella es político, no de otra naturaleza.
De la simple lectura de las atribuciones que han sido conferidas a dicho organismo se
advierte que, aún enclavada en el Poder Ejecutivo del Estado, lesiona la autonomía
del municipio actor, suplanta y mediatiza las facultades que conforme a la
constitución le corresponden e invaden su esfera de competencia.
Puedo afirmar que la inconstitucionalidad de los actos y de la norma impugnados,
queda demostrada, porque:
a) La fracción II, del artículo 4º del decreto impugnado dota de imperio a la
Coordinación Metropolitana de Yucatán al disponer que será ese organismo quién
desarrollará las estrategias y acciones que establezca el Programa de Atención a
Zonas Metropolitanas y Centros de Desarrollo Regional, con lo que se deja todo el
poder de decisión al Ejecutivo Estatal;
b) La fracción VI, del mismo precepto legal incurre en la misma ilegalidad cuando
establece que la Coordinación Metropolitana de Yucatán establecerá, con el acuerdo
del Titular del Poder Ejecutivo, los mecanismos necesarios para articular las acciones
que las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal realicen e
incidan en el desarrollo municipal;
c) La fracción VII, del propio artículo 4º, dice categóricamente que la Coordinación
Metropolitana de Yucatán, tiene facultades para ‘Sentar las bases para la creación de
una institución permanente que tenga como fin atender los problemas que afecten las zonas
metropolitanas y a los centros de desarrollo regional’ (sic).
Visto lo anterior, surgen algunos cuestionamientos que, siguiendo el método de la
mayéutica, planteamos:
¿Hay duda alguna en cuanto a que, en los términos del multicitado decreto 92, el
Poder Ejecutivo del Estado se está arrogando competencia para llevar a cabo las
acciones y estrategias en materia de zonas metropolitanas y centros de desarrollo?
¿Puede dudarse que el Poder Ejecutivo del Estado, al crear la Coordinación
Metropolitana de Yucatán, se arroga facultades de decisión y resolución en asuntos
que son competencia del municipio?
Las respuestas tienen que ser en sentido negativo y ponen en claro que la
Coordinación Metropolitana de Yucatán lesiona la autonomía del municipio actor al
suplantar e invadir sus facultades constitucionales e invadir su esfera de
competencia, además de que sus resoluciones son vinculatorias porque están
dotadas de imperio y someten al municipio actor.
Existen otros argumentos jurídicos con los que se demuestra la invalidez de la norma
y de los actos que se reclaman.
En efecto, la autoridad demandada, aun suponiendo la facultad que tiene para crear
órganos administrativos desconcentrados, no puede dotarlos de las facultades que
atribuye a la Coordinación tantas veces citada.
Es del conocimiento general que todo acto de autoridad, para ser válido, debe ser
ordenado, emitido y/o ejecutado por la autoridad competente, es decir, por quien esté
expresamente facultado por la ley para llevarlo a cabo. La doctrina sostiene que, en
un estado de derecho, la autoridad solamente puede hacer lo que la ley le permite
expresamente, en tanto que el gobernado puede hacer todo lo que no esté prohibido.
Según el Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de
la Universidad Nacional Autónoma de México, Editorial Porrúa, Décima Cuarta
Edición, Tomo D-H, página 1328 ‘…Poder Estado de Derecho (Rule of law para los juristas
angloamericanos) se entiende, básicamente, aquel Estado cuyos diversos órganos e
individuos miembros se encuentran regidos por el derecho y sometidos al mismo; esto es,
Estado de Derecho alude a aquel Estado cuyo poder y actividad están regulados y
controlados por el derecho. En ese sentido, el Estado de derecho contrasta con todo poder
arbitrario y se contrapone a cualquier forma de Estado absoluto o totalitario (como ocurre
con el llamado Estado de Policía que, lejos de proponerse el mantenimiento del orden
jurídico, se caracteriza por otorgar facultades discrecionales excesivas a la administración
para hacer frente a las circunstancias y conseguir los fines que ésta se proponga alcanzar)’.
Pues bien, la Gobernadora del Estado de Yucatán carece de facultades para crear,
mediante decreto, un organismo de la naturaleza y con las características y
facultades que se atribuyen en el decreto 92, cuestionado a la Coordinación
Metropolitana de Yucatán, es decir, no puede conferirle las atribuciones contenidas
en el artículo 4º del decreto impugnado.
El segundo párrafo del decreto número 92, publicado en el Diario Oficial del Gobierno
del Estado de Yucatán, el dieciocho de junio del año en curso, dice literalmente que el
poder demandado actúa: ‘…EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS AL
TITULAR DEL PODER EJECUTIVO POR LOS ARTICULOS 55, FRACCION II DE LA
CONSTITUCION POLITICA; Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 14 Y 21,
FRACCION VI, DEL CODIGO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, AMBAS DEL ESTADO
DE YUCATAN…’
Y luego, en la hoja número nueve de dicho órgano de difusión se establece,…‘Por lo
antes expuesto y fundado: DECRETO POR EL QUE SE CREA LA COORDINACION
METROPOLITANA DE YUCATAN. Artículo 1º. Se crea la Coordinación Metropolitana de
Yucatán, como órgano desconcentrado del Despacho del Gobernador que tiene por objeto
brindar asesoría técnica y apoyar al Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado en
la atención y resolución de los diversos asuntos vinculados con el desarrollo integral de las
zonas metropolitanas de Yucatán y de los centros de desarrollo regional’
El artículo 55, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Yucatán, faculta al
Gobernador del Estado expresamente para promulgar, publicar y ejecutar las leyes
que expida el Congreso, proveer en su (sic) esfera administrativa a su exacta
observancia, publicar los bandos y reglamentos que acuerden los ayuntamientos,
siempre y cuando éstos no cuenten con sus propios órganos de difusión oficial.
Por su parte, los numerales 14 y 21, fracción VI, del Código de la Administración
Pública del Estado de Yucatán, disponen:
a) El primero, en la parte que interesa, dice:
Artículo 14. Son facultades y obligaciones del Gobernador del Estado, las siguientes:
I.- Crear mediante decreto consejos, comisiones, comités, órganos normativos, técnicos,
coordinadores, órganos de apoyo, por servicio, por función, por territorio o con criterio
múltiple, a fin de lograr un funcionamiento y una operación más eficiente de los programas y
acciones gubernamentales;
II.- Instituir las unidades de asesoramiento, apoyo técnico y coordinación que las
necesidades de su función requieran en áreas prioritarias que él mismo determine, así como
los puestos de control y evaluación que considere pertinentes en su Despacho, en las
VIII.- Suscribir los reglamentos, decretos y acuerdos que emita, con el refrendo del
Secretario General de Gobierno y la firma de los titulares a quienes se les establezca
intervención en el asunto que se trate;
IX.- Mandar a publicar en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, para su obligatoriedad,
los reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones de carácter general, así como
aquellos que considere; [...].’
Luego entonces, debe distinguirse entre la facultad reglamentaria del Ejecutivo a que
se refiere el artículo 55, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Yucatán,
que consiste en proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las
leyes expedidas por el Congreso local y la atribución de crear, mediante acuerdo o
decreto, consejos, comisiones, comités, órganos normativos, técnicos,
coordinadores, órganos de apoyo por servicio, por función, por territorio o con
criterio múltiple.
Los aspectos relativos a promulgar, publicar y ejecutar las leyes que expida el
Congreso y a publicar los bandos y reglamentos que acuerden los ayuntamientos
cuando éstos no cuenten con sus propios órganos de difusión oficial son claros, no
suscitan duda.
En cambio, el tema relativo a la ‘facultad reglamentaria’ que se entiende como la
obligación de proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes,
hace seguir algunas dudas, por lo que este aspecto debe ser analizado e interpretado
UNAM, Editorial Porrúa, Tomo D-H, Décima cuarta Edición, página 1414 al tratar el
tema de la facultad reglamentaria, informa que la función de reglamentar las leyes que
expide el Congreso de la Unión corresponde al Presidente de la República, de
conformidad con lo que dispone la fracción I, del artículo 89 de la Constitución
General de la República. La misma obra, sostiene que todas las constituciones que
precedieron a la del 1857, contuvieron en forma clara y precisa la facultad del
ejecutivo para dictar reglamentos que en forma inexplicable en el Congreso
Constituyente de 1856-1857, se modificó esta situación, sustituyéndose, al parecer
sin razón por la expresión ‘proveyendo en la esfera administrativa a su exacta
observancia’. El constituyente de Querétaro transcribió literalmente esta expresión sin
discusión y quedó asentada en el invocado artículo 89, fracción I, de la Carta Magna.
Entonces, si trasladamos esta cuestión al ámbito de las entidades federales y siempre
mediante el sistema de la mayéutica planteamos:
¿Qué significa ‘proveer’ en la esfera administrativa a la exacta observancia de las
leyes expedidas por la legislatura local?
¿Son iguales jurídicamente un decreto y un acuerdo?
Finalmente: ¿Puede el titular del Ejecutivo Estatal dotar a un organismo
desconcentrado de atribuciones que el ejecutivo no tiene?
En cuanto a la primera interrogante tendríamos que responder que la función de
reglamentar las leyes que expide el Congreso del Estado corresponde, sin duda, al
Gobernador del Estado. Esta facultad reglamentaria constituye una excepción al
principio de la separación de poderes, pues siendo los reglamentos normas
abstractas, generales e impersonales, son actos materialmente legislativos pero
formalmente administrativos. Por eso tal actividad compete al Ejecutivo Estatal en
razón de que la función de los reglamentos es facilitar y hacer posible la ejecución de
Pero los reglamentos solo pueden desarrollar y precisar leyes lo que quiere decir que
no puede haber ‘reglamento’ sin ‘ley’. Además, los reglamentos no pueden ni deben
contrariar o exceder el alcance de las leyes a que se refieren.
Otra cosa totalmente distinta es la creación de órganos administrativos en uso de la
facultad de emitir acuerdos y en el caso concreto con base en los numerales 14 y 21,
fracción VI, del Código de la Administración Pública del Estado de Yucatán. Sin
embargo, en virtud del principio general de derecho que establece que nadie puede
dar lo que no tiene y considerando el artículo 49 de la Constitución General de la
República que establece la división de poderes el Ejecutivo Estatal no puede dotar de
atribuciones de las que carece a los órganos, comisiones o coordinaciones que forme
en el ámbito administrativo.
En el presente caso, hay ausencia de materia porque el organismo que se impugna,
se refiere a aspectos de desarrollo en zonas metropolitanas y en centros de
desarrollo regional lo que implica el establecimiento de planes y programas de
desarrollo urbano, prestación de servicios públicos reservados al municipio, entre
otras cosas, y es evidente que tanto el artículo 115, fracción III, de la Constitución
Federal como la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Yucatán, reservan
dichas facultades.
Respecto de la formación de zonas metropolitanas, la fracción VI, del artículo 115
constitucional, señala que: ‘Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios
municipales de dos o más entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad
demográfica, la Federación, las entidades federativas y los Municipios respectivos, en el
ámbito de sus competencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el
desarrollo de dichos centros con apego a la ley federal de la materia.’
De donde se desprende que las acciones de los diversos órdenes de gobierno en
estos casos y en sus similares cuando se trate de municipios de una misma entidad
federativa, necesariamente han de respetar el ámbito de las respectivas competencias
de los órdenes de gobierno, sin demérito de ninguno (sic) de ellos y, además, la
misma Constitución Federal ordena que se actúe con apego a la ley de la materia.
Si bien la disposición constitucional se refiere de manera expresa a las
conurbaciones que se susciten entre centros de población ubicados en diferentes
entidades federativas, es claro que el mandato lleva implícita la obligación de
sujetarse a las correspondientes leyes locales de la materia, en los casos en que se
trate de diferentes municipios dentro de una misma entidad federativa.
El concepto ‘zona metropolitana’, definido tanto por la Ley General de Asentamientos
Humanos como por la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Yucatán, como
‘el espacio territorial de influencia dominante de un centro de población’ es sustituido en el
decreto 92, que se combate, lo que evidencia la ilegalidad e inconstitucionalidad del
mismo, como ‘Centro urbano que rebasa sus límites administrativos municipales y/o
estatales y se conturba (sic) con otros centros de menor tamaño, con los que forma una
unidad socioeconómica, territorial ambiental que exige de coordinación entre sus gobiernos
para planificar su desarrollo y para el funcionamiento de sus servicios.’
De cualquier manera, en una u otra definición, más aún en la que se usa en el decreto
de creación de la Comisión Metropolitana de Yucatán, que lo remarca de manera
expresa, queda claro que una zona metropolitana no es otra cosa sino una
conurbación, con la característica particular de que existe un centro de población
Las conurbaciones encuentran su sustento jurídico tanto en la fracción VI, del artículo
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en la Ley
General de Asentamientos Humanos y en el caso particular en la Ley de
Asentamientos Humanos del Estado de Yucatán.
Es el caso que la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Yucatán, al igual que
la Ley General de Asentamientos Humanos, define la conurbación como ‘la continuidad
física y demográfica que formen o tiendan a formar dos o más centros de población’,
definición que se ajusta exactamente a la expresada en la fracción VI, del artículo 115
Asimismo, la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Yucatán, dispone para
tales casos, en sus artículos del 30 al 34, lo siguiente:
‘Artículo 30. Las conurbaciones pueden presentarse:
I. Entre centros de población ubicados en el mismo municipio.
II. Entre centros de población ubicados en diferentes municipios del Estado.
III. Entre centros de población ubicados en municipios del Estado y en los municipios de otra
u otras entidades federativas.’
‘Artículo 31. Cuando se presenten las conurbaciones previstas en la fracción I del artículo
inmediato anterior, el ayuntamiento respectivo elaborará o modificará los programas de
desarrollo urbano que correspondan.’
‘Artículo 32. Cuando se presenten las conurbaciones previstas en la fracción II del artículo
30 los ayuntamientos respectivos suscribirán un convenio mediante el cual se reconozca la
existencia de la zona conurbada.’
‘Artículo 33. El convenio mencionado en el artículo inmediato anterior, contendrá además:
I.- La localización, extensión y delimitación de la zona conurbada.
II.- Los compromisos asumidos por cada uno de los participantes.
III.- La obligación de elaborar un programa de ordenación y regulación de la zona
IV.- La designación de los representantes de las autoridades participantes para integrar la
comisión intermunicipal de zona conurbada.’
‘Artículo 34. La comisión intermunicipal de zona conurbada tendrá carácter permanente y
estará formada por un número igual de representantes de cada uno de los ayuntamientos
que hubieren suscrito el convenio y por un representante del Gobernador, quien fungirá
como coordinador.’
De los preceptos acabados de transcribir claramente se desprende que: toda acción
relacionada cuando la conurbación afecte a uno o más municipios dentro del mismo
Estado, es competencia exclusiva del municipio y solamente en el caso en que en la
conurbación se involucren dos o más municipios la ley le otorga participación al
Ejecutivo del Estado, misma que se limita a designar a un representante que fungirá
como coordinador de la comisión intermunicipal acordada por los municipios en el
convenio que suscriban, sin intervención alguna por parte del Ejecutivo hasta ese
Las disposiciones de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Yucatán, no
hacen sino trasladar al ámbito local el mandato constitucional contenido en la
fracción VI, del multicitado artículo 115, con respeto irrestricto a las competencias de
las órdenes de gobierno constitucionalmente consagradas.
Por ende, la Gobernadora del Estado de Yucatán carece de facultades para intervenir,
salvo que se hubieren cumplido los actos previos propios y exclusivos de los
municipios previstos en la ley y, por mayoría de razón, carece de facultades para
establecer un órgano de injerencia previa en asuntos que son de la competencia
exclusiva de los municipios y en el caso particular, del Municipio de Mérida que
legalmente represento.
Por tanto el decreto 92, que crea la Comisión Metropolitana de Yucatán, resulta a
todas luces violatorio de la autonomía municipal, vulnerando el sistema de
competencias, el principio de división funcional de poderes, la autonomía y las
asignaciones competenciales propias de cada orden de gobierno que la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en el caso específico en el
artículo 115 de dicho máximo ordenamiento.
Por otra parte, la misma Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Yucatán, en
su artículo 7º, fracción IV, establece que compete a la Secretaría de Desarrollo
Urbano, Obras Públicas y Vivienda del Estado de Yucatán ‘Coordinar las comisiones
intermunicipales que se constituyan cuando se presenten las conurbaciones en los términos
de la presente ley.’
Esta disposición se ajusta al precepto constitucional, toda vez que condiciona la
acción de coordinación por parte de la citada dependencia del Ejecutivo (Secretaría
de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vivienda) al hecho de que se presenten las
conurbaciones y que este hecho se concrete en los términos de la propia ley, cuyo
tratamiento respecto de conurbaciones ya hemos analizado.
Pero por otra parte, confirma lo que he sostenido en relación con que el decreto de
creación de la Comisión Metropolitana de Yucatán, no solamente invade la esfera de
competencia del gobierno municipal, sino que carece de sustento legal alguno, toda
vez que el Gobernador del Estado no está facultado para establecer un órgano
coordinador de zonas metropolitanas –que como ya se ha razonado se concreta
jurídicamente en un asunto de conurbación- cuando la ley de la materia (Ley de
Asentamientos Humanos del Estado de Yucatán), Expedida por el Poder Legislativo
del Estado, cuyas disposiciones no puede exceder el Ejecutivo Estatal al ejercer su
facultad reglamentaria, establece con claridad cuál es la dependencia del Ejecutivo a
cuyo cargo se encuentra la coordinación en materia de conurbaciones y, por ende, de
zonas metropolitanas (Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vivienda).
Con el decreto de creación de la Comisión Metropolitana de Yucatán, el Ejecutivo
estatal sustituye entonces, sin tener facultades para ello, a la dependencia encargada
de atender por cuenta del propio Ejecutivo la participación que a éste corresponde en
materia de conurbaciones, pretendiendo además eliminar las limitaciones que a dicha
participación imponen (sic) el artículo 115, fracciones I y VI de la Constitución General
de la República y la ley local de la materia.
Tan es cierto lo anteriormente aseverado, que si bien la Ley de Asentamientos
Humanos del Estado de Yucatán, al conceder facultades y atribuciones a las
autoridades contempla también a los municipios, por su parte el decreto de creación
de la Comisión Metropolitana de Yucatán, no solamente establece facultades que ni
siquiera competen a quien lo emite, sino que ignora las de los municipios, a quienes
pretende relegar a la simple condición de integrantes de un consejo consultivo
(artículo 6º, fracción VI del decreto 92), sin capacidad de decisión alguna en el seno
del ilegal órgano, lo que es una prueba contundente de la violación constitucional
invocada y confirma que con el aludido decreto el Ejecutivo pretende arrogarse
facultades que constitucional y legalmente son de la competencia exclusiva del
¿O puede sostenerse jurídicamente que la pertenencia a un Consejo Consultivo
signifique respeto a las respectivas competencias de órdenes de gobierno e implique
la planeación y regulación conjunta de las conurbaciones acordadas en los términos
de la constitución y de la ley con motivo de la aparición de zonas metropolitanas?
La respuesta es evidentemente negativa, pues es inconstitucional que mediante un
simple decreto de creación de un órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo del
Estado de Yucatán, se relegue a la simple calidad de invitado o testigo a un órgano
que constitucional y legalmente tiene las facultades que con flagrante violación de la
máxima norma del país se está arrogando el poder demandado.
Por otra parte, y para concluir con los presentes conceptos de violación de invalidez,
a mayor abundamiento me permito citar que la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, al fijar su postura respecto a los organismos que se consideran violatorios de
la autonomía y competencia de los municipios, se ha manifestado en tres posiciones
esenciales sobre el tema, a saber:
a) En la primera de ellas se considera como autoridad intermedia aquella que, siendo
ajena al Estado y al Municipio, se instituye para conocer de los asuntos propios de
estos dos niveles de gobierno, cuando estos asuntos, corresponden a ambos.
b) La segunda, que es la que al presente caso interesa, es la que considera que
autoridad intermedia es aquella que, cualquiera que sea su origen o denominación,
lesiona la autonomía municipal, suplantando o mediatizando sus facultades
constitucionales, o invadiendo la esfera competencial del Ayuntamiento, y
c) Finalmente, la tercera posición sobre la autoridad intermedia es considerar como tal
a la que impida la comunicación directa entre el Municipio y el Gobierno del Estado.
En el presente caso y por todos los conceptos previamente expresados se actualiza
la hipótesis prevista en el inciso b) precedente en cuanto a que la Comisión
Metropolitana de Yucatán invade la esfera competencial del Ayuntamiento como antes
ya quedó dicho con amplitud.
Sustenta lo anterior la siguiente jurisprudencia que a continuación me permito
‘AUTORIDAD INTERMEDIA. INTERPRETACION DE LA FRACCION I, DEL ARTICULO 115
DE LA CONSTITUCION FEDERAL.’ (Se transcribe).‟
CUARTO. Trámite. El Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante proveído de
quince de agosto de dos mil ocho, ordenó registrar el asunto con el número 96/2008 y, por razón de turno,
designó como Instructora del procedimiento a la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, quien
mediante auto del día veinte siguiente tuvo por presentado a César José Bojórquez Zapata, en su carácter de
Presidente del Municipio de Mérida, admitió a trámite la demanda, ordenó el emplazamiento de la demandada
y dar vista al Procurador General de la República. Con relación a la suspensión solicitada, ordenó formar el
cuaderno incidental.
QUINTO. Primera ampliación de demanda. Mediante escrito presentado el veintidós de agosto de dos
Nación, César José Bojórquez Zapata, en su carácter de Presidente del Municipio actor, promovió ampliación
de demanda en contra de actos realizados con motivo o como consecuencia del decreto impugnado y que
hizo consistir en los siguientes:
Participación con el carácter de “Titular de la Coordinación Metropolitana de Yucatán” del señor
Nerio Torres Arcila, en la reunión de presentación de proyectos de Desarrollo Regional del Banco
Mundial celebrada en la ciudad de México, Distrito Federal.
Un video informativo de las funciones de la Coordinación Metropolitana de Yucatán, elaborado por
Integración de un Comité Técnico Ciudadano de la Coordinación Metropolitana de Yucatán.
SEXTO. Trámite de la primera ampliación. Mediante proveído de veintisiete de agosto de dos mil ocho,
se admitió la ampliación de la demanda y dispuso que se realizaran los trámites legales correspondientes.
SEPTIMO. La Gobernadora del Estado de Yucatán, junto con Sergio Bogar Cuevas, Consejero Jurídico
del Poder Ejecutivo estatal, mediante escrito presentado el ocho de octubre de dos mil ocho ante la Oficina de
Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia, produjo contestación a la
demanda, haciendo valer como causa de improcedencia la falta de legitimación procesal activa de quien
compareció en representación del Municipio actor.
OCTAVO. Segunda ampliación de la demanda. Mediante escrito presentado el trece de octubre de dos
mil ocho, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la
Nación, César José Bojórquez Zapata, en su carácter de Presidente del Municipio actor, promovió una
segunda ampliación de la demanda contra un diverso acto superveniente de la Gobernadora del Estado de
Yucatán, consistente en el Decreto 119 mediante el cual se expidió el Reglamento de la Coordinación
Metropolitana de Yucatán, publicado en el Diario Oficial del Gobierno de dicha entidad el veintidós de
septiembre de dos mil ocho, formulando al efecto los siguientes conceptos de invalidez:
“El decreto 119, expedido por la Gobernadora del Estado de Yucatán, publicado en el
Diario Oficial de fecha veintidós de septiembre de dos mil ocho, y que entró en vigor
al día siguiente, así como sus efectos y consecuencias y los actos concretos de
aplicación del mismo, violan el artículo 115, fracciones I, II, III, V y VI de la
Lo anterior es así porque, el Reglamento de la Coordinación Metropolitana de
Yucatán, invade la esfera de competencia del municipio actor lesionando la
autonomía municipal y el principio funcional de división de poderes, de donde
resultan inconstitucionales también los actos concretos de aplicación que realicen o
lleven a cabo la titular del Poder Ejecutivo Estatal y/o algún otro funcionario de la
administración pública de esta entidad federativa.
En el presente caso existen violaciones notorias e indudables de forma y de fondo
que invalidan los actos reclamados.
En cuanto a las violaciones de forma, tenemos:
El artículo 14, fracción VIII, del Código de la Administración Pública de Yucatán,
dispone que el titular del Poder Ejecutivo del Estado debe suscribir los
reglamentos, decretos y acuerdos que emita, con el refrendo del Secretario
General de Gobierno y la firma de los titulares a quienes se les establezca
intervención en el asunto de que se trate.
Lo anterior quiere decir que, para ser obligatorios esos reglamentos, decretos y
acuerdos deben contener, como requisito formal al ser publicados en el medio de
difusión oficial, la firma de los titulares de las dependencias de la administración
estatal a quienes se les asigne alguna intervención en las disposiciones de que se
El Decreto número 119, contiene solamente la firma de la Gobernadora del Estado de
Yucatán, y la del Secretario General de Gobierno a pesar de que, para su validez,
debieron suscribirlo además los titulares de las Secretarías de Hacienda, de
Planeación y Presupuesto, de Política Comunitaria y Social, de Desarrollo Urbano y
Medio Ambiente, de Obras Públicas, del Comité Estatal para la Planeación del
Desarrollo y del titular de la Coordinación Metropolitana de Yucatán, porque conforme
al artículo 33, del Reglamento en cuestión, tienen intervención en asuntos relativos a
dicho órgano desconcentrado.
Debido a lo anterior, el Reglamento de la Coordinación Metropolitana de Yucatán,
carece de valor y de eficacia jurídica y no es obligatorio por vicios de forma.
Una segunda violación formal que contiene el decreto 119, que se impugna
consiste en la ‘creación’ de una entidad identificada como ‘Consejo de Desarrollo
Metropolitano’, misma que se puede calificar como ‘fantasma’ o inexistente porque
el artículo 11, del mismo Reglamento de la Coordinación Metropolitana de
Yucatán, limita las unidades administrativas, consejos, comités, comisiones y
subcomités que integran la Coordinación Metropolitana de Yucatán, en donde no
aparece el Consejo de Desarrollo Metropolitano.
En efecto, la integración de la aludida e inconstitucional Coordinación Metropolitana
de Yucatán, que contiene el citado numeral 11, del decreto 119, impugnado dice
‘Artículo 11. La Coordinación Metropolitana de Yucatán estará integrada por:
I. La Coordinación General;
II. La Unidad de Desarrollo Metropolitano y Regional;
III. La Unidad Operativa;
V. El Comité Técnico Ciudadano.
Además contará con los siguientes instrumentos:
I. El Sistema Metropolitano de Información;
II. Las Comisiones Metropolitanas;
III. El Comité Técnico del Fideicomiso Metropolitano, (FIMEY), y
IV. El Subcomité Técnico de Evaluación.’
De la simple lectura del aludido precepto legal se aprecia con absoluta claridad que
en ningún momento se menciona a dicho Consejo.
Reitera la inexistencia de dicho Consejo de Desarrollo Metropolitano, instancia que no
contempla el decreto original número 92, previamente impugnado, que además
tampoco se contempla dicho Consejo en el catálogo de definiciones contenido en el
numeral 2, del decreto 119, que es materia de esta nueva y ampliada impugnación
Finalmente debemos señalar en cuanto a esta segunda violación de forma, que el
artículo 33, del propio reglamento menciona la forma en que se integra dicho consejo,
pero no le otorga atribuciones o funciones de ninguna clase y en esas condiciones,
con independencia de lo que más adelante se expresará, resulta evidente que dicha
instancia identificada como ‘Consejo de Desarrollo Metropolitano’ se encuentra
legalmente impedida para actuar.
En este punto, es conveniente mencionar que el más Alto Tribunal de nuestro país ha
sostenido en tesis de jurisprudencia que ‘las autoridades solo pueden hacer lo que la ley
les permite’ y que ‘dentro del sistema constitucional que nos rige, ninguna autoridad puede
dictar disposición alguna que no encuentre apoyo en un precepto de la ley’ y finalmente
que ‘los actos de autoridades administrativas que no estén autorizadas por ley alguna,
importan violación de garantías’ (Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, Comentada y Concordada, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM, Editorial Porrúa, Décima Sexta Edición, página 212).
Una tercera violación formal se encuentra en la instancia identificada como
‘Subcomité Técnico de Evaluación’ mencionado en la fracción IV, de la segunda
relación contenida en el artículo 11, del Reglamento de la Coordinación
Metropolitana de Yucatán, impugnado en este memorial, en donde tampoco
aparece definido en el numeral 2, del mismo ni aparece mencionado en algún
otro de los cincuenta y cinco artículos del citado reglamento, dicho Subcomité,
por lo que se trata de una nueva entidad ‘fantasma’ porque no se prevé la forma
en que se integra ni se le asignan facultades o atribuciones en la materia de que
Una cuarta violación formal la podemos claramente identificar del contenido
del numeral 47 del inconstitucional decreto 119, que por esta vía se impugna el
cual dispone:
‘Artículo 47. Para dar viabilidad financiera a las estrategias, proyectos y acciones destinadas
al desarrollo metropolitano, se contará con el Fideicomiso Metropolitano de Yucatán,
(FIMEY) a cargo de un Comité Técnico integrado, como mínimo, por los titulares de las
siguientes dependencias y organismos del Gobierno del Estado, con voz y voto:
I. Secretaría de Hacienda, quien presidirá el Comité;
II. Secretaría General de Gobierno;
III. Secretaría de Planeación y Presupuesto;
IV. Secretaría de Política Comunitaria y Social, y
V. Coordinación Metropolitana de Yucatán.’
Del contenido del precepto acabado de transcribir se aprecia una nueva ilegalidad y
violación formal al establecer en un decreto la existencia de un Comité Técnico de un
fideicomiso identificado como ‘Fideicomiso Metropolitano de Yucatán (FIMEY)’, mismo
que además no existe.
En efecto, del texto del numeral 47, del decreto 119, impugnado por esta vía
constitucional consta que dicho fideicomiso no existe ya que el texto hace alusión al
‘Fideicomiso Metropolitano de Yucatán, (FIMEY)’ en tiempo futuro al usar la expresión:
‘…se contará con el Fideicomiso Metropolitano de Yucatán, (FIMEY)’ (sic).
Esto es, el decreto 119, está creando un ente que debe formar parte de un
fideicomiso, sin que dicho fideicomiso exista.
Además es de explorado derecho que, tal y como está reglamentado en la Ley
General de Títulos y Operaciones de Crédito y en la Ley de Instituciones de Crédito, el
fideicomiso es un contrato, esto es, un acuerdo de voluntades, lo que implica que
deba existir dicho pacto para dar vida en el ámbito del derecho al citado fideicomiso,
Luego entonces, no se puede crear a una de las partes de un contrato, si el citado
contrato (fideicomiso) no existe.
Robustecen las anteriores afirmaciones el contenido de las disposiciones del actual
Código de la Administración Pública de Yucatán, el cual establece en su Título IV,
Capítulo Unico, artículos 96 al 100, todo lo relativo a la constitución, organización y
funcionamiento de los fideicomisos públicos, destacando que el contenido de los
numerales 95, 96 y 100 aluden a la necesaria existencia de un contrato, en el que
participa el Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Planeación y Presupuesto
como fideicomitente único de la Administración Pública Estatal, haciendo alusión a
los Comités Técnicos que integren dichos fideicomisos públicos.
Lo anterior evidencia la ilegalidad e inconstitucionalidad del decreto 119, impugnado,
habida cuenta de que en un Reglamento de un órgano desconcentrado del Despacho
del titular del Poder Judicial Ejecutivo del Estado de Yucatán, crea a una de las partes
integrantes de un contrato, como lo es el fideicomiso, sin que dicho pacto contractual
En cuanto a las violaciones de fondo:
Desde su inicio la norma impugnada contiene el reconocimiento expreso de que la
planeación y atención de los problemas de las zonas conurbadas, son competencia y
corresponden a la autoridad municipal y que el Gobierno del Estado puede participar.
Lo anterior se comprueba fehacientemente en el considerando Primero del decreto
119, impugnado que dice:
‘PRIMERO. Que en el Estado de Yucatán han existido diversos esfuerzos de participación
de las autoridades, que muestran una sólida preocupación por los temas relacionados con
la planeación regional y la atención de problemas comunes entre diversos gobiernos. Tal es
el caso del Decreto publicado en 1985 donde se declara la zona conurbada intermunicipal y
se define que su planeación debe efectuarse por las autoridades municipales con la
participación del Gobierno del Estado, para lo que se propuso la creación de una Comisión
de Conurbación como instancia de planeación regional y de gestión, donde ubicamos los
antecedentes remotos de esta Coordinación Metropolitana.’
No obstante haberla hecho valer como violación de forma, en este apartado me
permito demostrar las violaciones de fondo que se cometen en el decreto 119,
impugnado en este escrito ampliatorio de demanda, con la creación del llamado
‘Consejo de Desarrollo Metropolitano.’
Un primer aspecto de las violaciones de fondo cometidas lo podemos apreciar
partiendo de que, como antes se refirió, el capítulo VI del impugnado Reglamento de
la Coordinación Metropolitana de Yucatán (decreto 119), que comprende únicamente
el artículo 33, del mismo, se establece la integración de un ‘Consejo de Desarrollo
Metropolitano’, en los siguientes términos:
‘Artículo 33. El Consejo para el Desarrollo Metropolitano se integrará como mínimo por los
representantes de las dependencias y organismos siguientes:
I. Del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán:
b) Secretaría de Hacienda;
c) Secretaría de Planeación y Presupuesto;
d) Secretaría de Política Comunitaria y Social;
e) Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente;
f) Secretaría de Obras Públicas;
g) Comité Estatal para la Planeación del Desarrollo;
h) Coordinación Metropolitana de Yucatán;
II. Del ámbito Federal:
a) SEDESOL (Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio); y
b) SEMARNAT (Subsecretarías competentes).
III. Del ámbito municipal: los ayuntamientos de los municipios que conformen zonas
metropolitanas que así lo consideren.’
Como antes se señaló, no existe precedente alguno, ni en el decreto de creación de la
Coordinación Metropolitana de Yucatán (Decreto 92), ni en las disposiciones de su
reglamento (decreto 119) que establecen su estructura orgánica, de la existencia o
creación de este llamado ‘Consejo de Desarrollo Metropolitano.’
Es decir, dentro de un reglamento que única y exclusivamente debe referirse a la
Coordinación Metropolitana de Yucatán, órgano desconcentrado del Despacho del
Gobernador del Estado, aparece sin explicación alguna ni sustento jurídico, la
integración de un Consejo que ni forma parte de la estructura orgánica de la citada
Coordinación Metropolitana de Yucatán, a la que pretende reglamentar el
ordenamiento que se comenta, ni fue citado o anunciado en el decreto de creación del
órgano desconcentrado al que el reglamento dice referirse, ni tampoco en otra parte
del propio reglamento en el que aparece insertado.
Se observa, además, que el único artículo que menciona al llamado ‘Consejo de
Desarrollo Metropolitano’, solamente establece cómo se integra, pero es omiso en
forma absoluta respecto de las atribuciones o facultades que dicha entidad tendrá y
tampoco se refiere a la forma y términos de cómo funcionará tal Consejo.
Es de explorado derecho que, cuando la autoridad con atribuciones para ello ejerce la
facultad reglamentaria, no puede modificar o alterar el contenido de la norma que
reglamenta, o lo que es lo mismo, los reglamentos tienen como límite natural los
alcances de las disposiciones que dan cuerpo y materia a la norma o disposición que
reglamentan, detallando sus hipótesis y supuestos normativos de aplicación, sin que
pueda contener mayores posibilidades o imponga distintas limitantes a las de la
propia disposición legal que va a reglamentar.
En este mismo orden de ideas, si el reglamento sólo debe funcionar en la zona del
cómo, sus disposiciones podrán referirse a las otras preguntas (qué, quién, dónde y
cuándo), siempre que éstas ya estén previamente contestadas por la ley; es decir, el
reglamento desenvuelve la obligatoriedad de un principio ya definido por la ley y, por
tanto, no puede ir más allá de ella, ni extenderla a supuestos distintos ni muchos (sic)
menos contradecirla, sino que sólo debe concretarse a indicar los medios para
En la especie resulta por demás evidente la ilegalidad e inconstitucionalidad del
Reglamento de la Coordinación Metropolitana de Yucatán contenido en el decreto
119, que en este libelo ampliatorio se impugna, por las razones antes expuestas, al
exceder y rebasar los propios límites del decreto 92, inicialmente impugnado por esta
vía constitucional, que contiene el decreto de creación de la citada Coordinación
Metropolitana de Yucatán.
Resulta aquí aplicable la siguiente jurisprudencia: No. Registro: 172,521,
Jurisprudencia, Materia (s): Constitucional, Novena Epoca, Instancia: Pleno, Fuente:
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXV, mayo de 2007, Tesis: P./J.
30/2007, Página: 1515, ‘FACULTAD REGLAMENTARIA. SUS LIMITES.’ (Se transcribe).
Un segundo aspecto de las violaciones de fondo se evidencia del contenido literal del
inciso h) de la fracción I, del citado artículo 33, del reglamento que se comenta, que
señala como integrante del Consejo de Desarrollo Metropolitano a la propia
Coordinación Metropolitana de Yucatán, lo que es un absurdo, toda vez que se
pretende crear en el Reglamento de un órgano desconcentrado del Despacho del
Gobernador (Decreto 119), un organismo colegiado que a todas luces es ajeno y de
mayor envergadura que la Coordinación Metropolitana de Yucatán, tan es así que se
estipula que ésta formará parte de aquél, es decir, que formará o pasará a ser una
parte de sí misma, lo que constituye no solo un grave desatino o dislate jurídico, sino
que evidencia la ilegalidad e inconstitucionalidad del Reglamento impugnado en este
escrito ampliatorio.
Un tercer aspecto de las violaciones de fondo vinculadas con la creación del Consejo
de Desarrollo Metropolitano, que es especialmente grave para los efectos de la litis
originalmente planteada, lo encontramos en el contenido de la fracción III, del artículo
33, en comento, en el que se dice que formarán parte del multicitado Consejo de
Desarrollo Metropolitano ‘…los ayuntamientos de los municipios que conformen zonas
La gravedad de la violación de fondo se aprecia si consideramos que, precisamente
uno de los argumentos que esgrimí al promover la controversia constitucional en el
escrito inicial de demanda, consistió en señalar que con el decreto de creación de la
Coordinación Metropolitana de Yucatán, se pretende reducir la participación de los
municipios en la citada Coordinación Metropolitana de Yucatán, al papel de
integrantes de un Consejo Consultivo, sin derecho a contar con una participación
efectiva en la toma de decisiones sobre asuntos que por disposición constitucional
son de competencia municipal.
El absurdo que se pretende ahora es que los municipios que conformen zonas
metropolitanas -hay que considerar que en Yucatán sólo hay una, la de Méridaintegren un organismo que carece de atribuciones y facultades y adicionalmente se
les incluya en el Reglamento de la propia Coordinación Metropolitana de Yucatán
(órgano desconcentrado del Despacho del Gobernador del Estado), supeditada a la
misma Coordinación, lo que invade la esfera de competencia del municipio actor y
pretende anular sus facultades y atribuciones.
No es mi intención poner en tela de juicio la necesidad de crear un Consejo para el
Desarrollo Metropolitano en Yucatán, pero esto ha de hacerse en la vía y forma
adecuadas, con apego a la Ley, y no de la manera ilegal e inconstitucional como se
pretende hacer, o mejor dicho se hace, en el Decreto 119, impugnado en esta
Una demostración de las violaciones de fondo cometidas en el Decreto 119, que
contiene el Reglamento de la Coordinación Metropolitana de Yucatán, lo podemos
apreciar sin sombra de duda, si partimos de considerar que el artículo 40, del Decreto
de Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal 2008, estableció
un Fondo Metropolitano para financiar la ejecución de estudios, programas,
proyectos acciones y obras públicas de infraestructura y su equipamiento, que: a)
impulsen la competitividad económica y las capacidades productivas de las zonas
metropolitanas; b) coadyuven a su viabilidad y a mitigar su vulnerabilidad o riesgo
por fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica
y económica; y c) incentiven la consolidación urbana y el aprovechamiento óptimo de
las ventajas competitivas de funcionamiento regional, urbano y económico del
espacio territorial de las zonas metropolitanas.
El acceso a los recursos federales que conforman el Fondo Metropolitano a que se
refiere dicho artículo 40, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal 2008, motivó la emisión de las Reglas de Operación del
aludido Fondo Metropolitano, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el 28 de
marzo de 2008, así como de las que el (sic) futuro regulen la administración del Fondo
Dichas Reglas de Operación, nos demostrarán en forma contundente la ilegalidad e
inconstitucionalidad del Decreto 119 impugnado, si comparamos la ilegal forma en
que éste aborda el multicitado ‘Consejo de Desarrollo Metropolitano’ respecto de una
instancia denominada en la misma forma por (sic)aludidas Reglas de Operación, las
que, entre otras disposiciones, establecen:
Del Consejo para el Desarrollo Metropolitano
‘23. Las Entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales
del Distrito Federal, en las que se delimita cada Zona metropolitana que reciba recursos del
Fondo Metropolitano, constituirán un Consejo para el Desarrollo Metropolitano, conforme a
las disposiciones federales y locales aplicables.’
‘24. En el caso de que ya exista alguna instancia similar o equivalente para atender el objeto
y las funciones que se prevén en las presentes reglas para el Consejo para el Desarrollo
Metropolitano, las Entidades federativas podrán determinar las adecuaciones que
consideren pertinentes y necesarias, a fin de que se cumpla con el propósito expuesto en
estas reglas y se coadyuve a la eficiencia y eficacia en la aplicación de los recursos del
Fondo Metropolitano.’
‘29. El Consejo para el Desarrollo Metropolitano se integrará, como mínimo, por los
siguientes representantes o su equivalente, quienes tendrán el nivel de Subsecretario o
a) Secretaría de Gobierno;
d) Secretaría de Desarrollo Metropolitano;
e) Secretaría de Desarrollo Social;
f) Secretaría de Medio Ambiente;
g) Secretaría de Obras; y
h) Comité Estatal para la Planeación del Desarrollo.
Del ámbito Federal:
i) SEDESOL (Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio); y
j) SEMARNAT (Subsecretarías competentes).’
De la lectura del numeral 23, de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano, se
colige que:
La constitución de un Consejo para el Desarrollo Metropolitano es una condición
exclusivamente aplicable a aquellos casos de entidades federativas y municipios
‘que reciban recursos del Fondo Metropolitano’ (Yucatán actualmente no los recibe);
La constitución de un Consejo para el Desarrollo Metropolitano es una acción de
coordinación institucional, no una acción unilateral de uno sólo de los órdenes
de gobierno involucrados; y
Que la constitución del Consejo para el Desarrollo Metropolitano deberá
ajustarse a las disposiciones federales y locales aplicables.
En conclusión, el Consejo para el Desarrollo Metropolitano no es una institución
pública autónoma, sino un instrumento necesario para la administración del Fondo
Metropolitano, que encuentra su origen en las Reglas de Operación del propio fondo.
¿Cuál sería entonces el sentido de crear un llamado ‘Consejo de Desarrollo
Metropolitano’ dentro del Reglamento de un órgano desconcentrado del despacho del
Gobernador de Yucatán?
Si consideramos lo previsto en el numeral 24, de las reglas de operación del Fondo
Metropolitano, se evidencia que lo que la titular del Ejecutivo del Estado de Yucatán,
pretende es que la ‘instancia similar o equivalente’ a que dicho numeral se refiere sea la
propia Coordinación Metropolitana de Yucatán, pues de otra manera no se explica la
intrusión en el reglamento de aquella de un capítulo exclusivamente dedicado a la
creación de un Consejo de Desarrollo Metropolitano con una estructura similar, por
no decir idéntica a la establecida en las reglas de operación del Fondo Metropolitano.
Adicionalmente, el artículo 6º, del Reglamento de la Coordinación Metropolitana de
Yucatán, dice:
‘Artículo 6. Para coadyuvar en el logro del desarrollo integral, equilibrado y sustentable en
las zonas metropolitanas y los centros de desarrollo regional del Estado de Yucatán,
mediante acciones que propicien la participación y colaboración; la Coordinación
Metropolitana, fomentará e impulsará la realización de estudios, programas, proyectos,
acciones, obras de infraestructura y equipamiento, para los que orientará sus esfuerzos
fundamentalmente en los temas de consolidación del desarrollo urbano; crecimiento
económico; desarrollo social, y preservación del equilibrio ecológico y protección del medio
ambiente, lo anterior articulando la participación de los diversos órdenes de gobierno en
términos de sus respectivas competencias.’
Abona la idea de la pretensión del Ejecutivo estatal de convertir a la Coordinación
Metropolitana de Yucatán en ‘la instancia similar o equivalente’, cuando se compara este
artículo con el punto I, de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano, que dice:
‘I. Presentación
En el artículo 40, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio
Fiscal 2008, se prevé que los recursos del Fondo Metropolitano se destinen,
prioritariamente, al desarrollo de estudios, programas, proyectos, acciones y obras públicas
de infraestructura y su equipamiento, que impulsen la competitividad económica y las
capacidades productivas de las zonas metropolitanas; que coadyuven a su viabilidad y a
mitigar su vulnerabilidad o riesgos por fenómenos naturales, ambientales y los propiciados
por la dinámica demográfica y económica; y que incentiven la consolidación urbana y el
aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional, urbano y
económico del espacio territorial de las zonas metropolitanas.’(sic)
Tan es así, que avala mi afirmación el texto del artículo primero del mismo
Reglamento de la propia Coordinación Metropolitana de Yucatán, que estipula que:
‘Las disposiciones de este Reglamento tienen por objeto establecer la estructura orgánica y
las facultades y obligaciones de los servidores públicos de la Coordinación Metropolitana de
Yucatán, como órgano desconcentrado del Despacho del Titular del Poder Ejecutivo;
encargado de brindar asesoría técnica y apoyo al Gobernador del Estado de Yucatán en la
atención y resolución de asuntos vinculados con el desarrollo integral de las zonas
metropolitanas y los centros de desarrollo regional de esta entidad federativa.’
Luego entonces si el Consejo de Desarrollo Metropolitano aparece en dicho
Reglamento, es clara la pretensión de que forme parte de la estructura orgánica de la
Esta pretensión y la ilegal manera de tratar de conseguirla, es doblemente grave, por
En virtud de exceder a la norma que pretende reglamentar, como ya se ha dicho
antes, la creación del Consejo de Desarrollo Metropolitano resulta ilegal, con lo
que se pone en riesgo la posibilidad de acceso al Fondo Metropolitano, en
perjuicio del Municipio de Mérida, toda vez que se trata del municipio dominante
en la conurbación que constituye la única zona metropolitana en Yucatán.
Aceptar que dentro del Reglamento de la Coordinación Metropolitana de
Yucatán, quede un Consejo de Desarrollo Metropolitano, necesariamente
implicaría supeditarlo a la misma, con lo que ésta, a pesar de presentarse
formalmente como un órgano desconcentrado del Despacho del Gobernador de
Yucatán, se constituiría de hecho en una autoridad intermedia entre el gobierno
del Estado y el gobierno municipal de Mérida, circunstancia prohibida
expresamente por la Constitución General de la República.
Todo lo expuesto en los conceptos de invalidez acabados de expresar, tanto en lo que
toca a las violaciones de forma, así como a las violaciones de fondo, demuestran la
plena procedencia de la presente controversia constitucional ya que la norma
(decreto 119) que se impugna en esta ampliación de demanda, así como sus efectos y
consecuencias, violan en perjuicio directo de mi representado el artículo 115,
fracciones I, II, III, V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
ya que por la naturaleza, características y atribuciones que le fueron otorgadas a la
Coordinación Metropolitana de Yucatán en el Reglamento que se impugna, invade la
esfera de competencia del Municipio de Mérida, lesionando la autonomía municipal y
vulnerando el sistema de competencias, el principio de división funcional de poderes,
la autonomía y las asignaciones competenciales propias de cada orden de gobierno
que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en el caso
específico en el artículo 115, de dicho máximo ordenamiento.”
NOVENO. Trámite de la segunda ampliación. La señora Ministra Instructora, mediante proveído de
catorce de octubre de dos mil ocho, admitió la ampliación de la demanda precisada en el resultando que
antecede y dispuso se realizaran los trámites legales correspondientes.
DECIMO. Contestación a la primera y segunda ampliaciones de la demanda. Por escritos presentados
el dieciséis de octubre y el veintiocho de noviembre de dos mil ocho, ante la Oficina de Certificación Judicial y
Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Gobernadora del Estado de Yucatán y el
Consejero Jurídico de la entidad, dieron contestación a la primera y segunda ampliaciones de la demanda, y
mediante proveídos de diecisiete de octubre y primero de diciembre de dos mil ocho, se les tuvo por
presentados con la personalidad que ostentan formulando dichas contestaciones, respectivamente.
DECIMO PRIMERO. Tercera ampliación de demanda. Mediante escrito presentado el dieciséis de
febrero de dos mil nueve, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte
de Justicia de la Nación, César José Bojórquez Zapata, en su carácter de Presidente del Municipio actor,
promovió una tercera ampliación de la demanda en contra de actos realizados con motivo o como
consecuencia del decreto impugnado y que hizo consistir en los siguientes:
“ACTOS SUPERVENIENTES CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA
Los actos realizados por la Gobernadora del Estado de Yucatán con los que, aprovechándose
del marco de la Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo de la Coordinación Metropolitana de
Yucatán (COMEY) y precisamente durante la celebración de ésta el día treinta y uno de enero
de dos mil nueve a las once horas, ilegalmente logró:
La instalación del Comité Técnico del Fideicomiso Metropolitano de Yucatán.
b) La instalación del Subcomité de Evaluación de Proyectos.
La instalación del Consejo de Desarrollo Metropolitano y,
d) El nombramiento de todos y cada uno de los integrantes del Consejo de Desarrollo
Se señalan también como supervenientes los actos concretos de aplicación que pudiera
realizar la Coordinación Metropolitana, a través o por conducto del Consejo de Desarrollo
Metropolitano, así como los efectos que se deriven o que sean consecuencia de los
mencionados anteriormente.”
DECIMO SEGUNDO. Trámite de la tercera ampliación de demanda. Al escrito precisado, recayó
proveído de diecisiete de febrero siguiente, que admitió la ampliación de la demanda y dispuso se realizaran
los trámites legales correspondientes.
DECIMO TERCERO. Opinión del Procurador General de la República. El Procurador General de la
República, mediante escrito de dieciocho de febrero de dos mil nueve, rindió su opinión, y solicitó lo siguiente:
“PRIMERO. Tenerme por presentado, en tiempo y forma, con la personalidad que
tengo debidamente acreditada en autos.
SEGUNDO. Declarar que esa Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente
para conocer y resolver la controversia constitucional, misma que fue promovida por
persona legitimada y en tiempo.
TERCERO. Declarar infundada la causal de improcedencia hecha valer por la
CUARTO. Por las consideraciones vertidas en el cuerpo del presente asunto, declarar
la validez constitucional del Decreto 92, publicado en el periódico oficial de Yucatán el
18 de junio de 2008 y la invalidez del Decreto 119, publicado el (sic) medio de
comunicación oficial del Estado el 22 de septiembre de 2008”.
La opinión del Procurador General de la República en el sentido de que debía declararse la invalidez del
Decreto 119, mediante el cual la Gobernadora del Estado de Yucatán expidió el Reglamento de la
Coordinación Metropolitana de Yucatán, se sustentó en la falta de refrendo de dicho ordenamiento legal que,
en su concepto, debió otorgarse por parte de los titulares de las dependencias estatales cuyas facultades
tienen que ver con la materia regulada.
DECIMO CUARTO. Contestación a la tercera ampliación de la demanda. Por escrito presentado el día
siete de abril de dos mil nueve, depositado en el correo el día tres de abril, la titular del Poder Ejecutivo del
Estado de Yucatán y su Consejero Jurídico, comparecieron y dieron contestación a la tercera ampliación de
demanda que promovió el Municipio de Mérida, recayéndole el proveído del día catorce siguiente, teniéndola
por presentada.
DECIMO QUINTO. Agotado el procedimiento, el once de junio de dos mil nueve se llevó a cabo la
audiencia final en la que se admitieron las pruebas y alegatos de las partes y se declaró cerrada la instrucción.
DECIMO SEXTO. Desistimiento. Por escrito presentado el veintidós de febrero de dos mil once ante la
Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Angélica
del Rosario Araujo Lara y Santiago Altamirano Escalante, en su carácter de Presidenta del Municipio de
Mérida, Yucatán, y Secretario del Ayuntamiento de ese Municipio, respectivamente, desistieron de la
controversia constitucional planteada en la demanda inicial y de sus respectivas ampliaciones, solicitando el
sobreseimiento en términos del artículo 20 de la Ley Reglamentaria de la materia.
En cumplimiento al proveído dictado en esa misma fecha por la Ministra Instructora, los mencionados
funcionarios municipales, mediante ocurso recibido el diez de marzo de dos mil once en la Oficina de
Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, exhibieron primer testimonio de la escritura
pública que contiene el acta número cuarenta y cinco, levantada ante la fe del Notario Público número
cincuenta y seis del Estado de Yucatán, en la que consta la comparecencia de Angélica del Rosario Araujo
Lara y Alvaro Omar Lara Pacheco, en sus respectivos caracteres de Presidenta Municipal y Secretario del
Ayuntamiento de Mérida, quienes ante la presencia del fedatario público ratificaron, en cuanto a su contenido
íntegro y firmas que lo calzan, el escrito de desistimiento en la controversia constitucional 96/2008 antes
señalado (fojas 1359 tomo II).
PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es
competente para resolver la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 105, fracción I, inciso i) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con la fracción I del punto Tercero del
Acuerdo 5/2001, en razón de que se plantea un conflicto entre una entidad federativa y uno de sus municipios,
concretamente entre el Estado de Yucatán y el Municipio de Mérida, asunto en el cual además se impugnan
SEGUNDO. Certeza de los actos reclamados en la demanda principal. El artículo 41, fracción I, de la
Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, establece que las sentencias que
se dicten con base en esta ley deberán contener la fijación breve y precisa de las normas generales o actos
objeto de la controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por
demostrados, por lo que en cumplimiento de esta disposición se procede a analizar, en primer lugar, la
existencia de los actos reclamados que se deduzcan del estudio integral de la demanda, en términos de la
jurisprudencia 98/2009 del Tribunal Pleno cuyo rubro es “CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES.
REGLAS A LAS QUE DEBE ATENDER LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION PARA LA
FIJACION DE LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA EN EL DICTADO DE LA
SENTENCIA.”
En su escrito inicial la actora esencialmente reclamó de la titular del Poder Ejecutivo del Estado de
Yucatán, la expedición del Decreto 92, publicado el dieciocho de junio de dos mil ocho en el Diario Oficial del
Gobierno de ese Estado, por virtud del cual se creó la Coordinación Metropolitana de Yucatán, acto cuya
existencia no requiere de prueba alguna en términos de la jurisprudencia 65/2000 de la Segunda Sala cuyo
rubro es: “PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y
ACUERDOS DE INTERES GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION.”
“Artículo 41. Las sentencias deberán contener: I. La fijación breve y precisa de las normas generales o actos objeto de la controversia y, en
su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados; [...].”
“Novena Epoca, Núm. Registro IUS: 166985, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Tomo XXX. Julio de 2009, Materia(s): Constitucional. Tesis: P./J. 98/2009, página: 1536.”
“Novena Epoca, Núm. Registro IUS: 191452, Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta. Tomo XII. Agosto de 2000, Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 65/2000, página: 260.”
La actora también reclamó en su escrito inicial, como actos concretos de aplicación del citado Decreto 92,
los que posteriormente y en forma general se llevasen a cabo por la titular del Poder Ejecutivo del Estado de
Yucatán y/o algún otro funcionario de la administración estatal, y los demás actos que se deriven o que sean
consecuencia o efecto de los mismos; sin embargo, dada la amplitud e imprecisión de estos actos futuros de
realización incierta, no ha lugar a tenerlos por reclamados, con base en la jurisprudencia 64/2009 del Tribunal
Pleno, cuyo rubro es: “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ACTOR DEBE SEÑALAR EN SU
DEMANDA DE MANERA ESPECIFICA LOS ACTOS Y NORMAS QUE IMPUGNE Y NO REALIZAR UNA
MANIFESTACION GENERICA O IMPRECISA DE ELLOS.”
No obstante lo anterior, en virtud de que la demanda original fue ampliada en tres ocasiones para
incorporar a la materia del juicio diversos actos de aplicación del Decreto 92 reclamado, se reserva el estudio
de la certeza de los mismos para realizarlo en los siguientes considerandos.
TERCERO. Certeza de los actos reclamados en la primera ampliación de demanda. Al promover la
primera ampliación de demanda, el actor precisó como actos impugnados los siguientes:
La participación del titular de la Coordinación Metropolitana de Yucatán, Nerio Torres Arcilla, en la
reunión de presentación de proyectos de Desarrollo Regional del Banco Mundial celebrada
en la ciudad de México, Distrito Federal. A este acto la actora le atribuyó como fecha de realización el
dieciocho de agosto de dos mil ocho, y afirma que lo conoció el día veintiuno siguiente.
La integración de un Comité Técnico Ciudadano de la Coordinación Metropolitana de Yucatán. A este
acto le atribuyó como fecha de realización el dieciocho de agosto de dos mil ocho, y afirma que lo
conoció el día veintiuno siguiente.
A efecto de acreditar la existencia de estos actos impugnados en la primera ampliación, el municipio actor
ofreció como medios de prueba los siguientes:
Nota informativa de la publicación electrónica de “La Revista Peninsular” número 982, de fecha
dieciocho de agosto de ese año, recuperadas según su manifestación, de la página electrónica de
internet identificada como www.larevista.com.mx, del día veintiuno siguiente, cuyo texto impreso obra
en el cuaderno principal, en la que se da cuenta de la integración del Comité Técnico Ciudadano de
la Coordinación Metropolitana de Yucatán.
b) Nota informativa de la misma publicación electrónica anterior, en la que se describe la participación
del titular de la referida Coordinación en el Foro de Zonas Metropolitanas del Sur-Sureste,
organizado por la Cámara de Diputados en la ciudad de Cancún, Quintana Roo.
Diversa nota informativa de la edición electrónica del Diario de Yucatán, también del día dieciocho de
agosto de dos mil ocho, recuperada del sitio www.yucatan.como.mx el día veintiuno de ese mes y
año, en la que se destaca la asistencia del mencionado titular de la Coordinación Metropolitana de
Yucatán a la presentación de proyectos de Desarrollo Regional al Banco Mundial, que tuvo
verificativo en la Ciudad de México, Distrito Federal.
d) Un video informativo de las funciones a cargo de la Coordinación Metropolitana de Yucatán, cuya
confección atribuye el actor al propio órgano.
Los medios de prueba que aporta la actora aunque carecen de eficacia probatoria plena, en términos de
los artículos 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por
disposición del artículo 1° de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, tienen sin embargo el carácter de indicios de los hechos que se
pretenden demostrar.
Por su parte, la Gobernadora del Estado de Yucatán, al producir la contestación a la primera ampliación de
demanda principal del Municipio de Mérida, si bien objeta las notas periodísticas de mérito, su objeción está
encaminada a evidenciar la ineficacia probatoria de estos medios de prueba, así como a subrayar que, en
todo caso, constituyen una apreciación de los hechos narrados por una tercera persona, los cuales por tanto
no le constan a la parte actora, absteniéndose de negar las afirmaciones del actor por cuanto a la
participación en diversos eventos del titular de la Coordinación Metropolitana de Yucatán, así como
la instalación del Comité Técnico Ciudadano de esa Coordinación.
“Novena Epoca, Núm. Registro IUS: 166990, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Tomo XXX. Julio de 2009, Materia(s): Constitucional. Tesis: P./J. 64/2009, página: 1461.”
Fojas 194 y 195, tomo I.
Fojas 197 y 198, tomo I
Fojas 199 y 200, tomo I.
“Artículo 197. El tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas; para determinar el valor de las
mismas, unas enfrente de las otras, y para fijar el resultado final de dicha valuación contradictoria; a no ser que la ley fije las reglas para hacer
esta valuación, observando, sin embargo, respecto de cada especie de prueba, lo dispuesto en este capítulo.”
“Artículo 203. El documento privado forma prueba de los hechos mencionados en el, sólo en cuanto sean contrarios a los intereses de su
autor, cuando la ley no disponga otra cosa. El documento proveniente de un tercero sólo prueba en favor de la parte que quiere beneficiarse
con el y contra su colitigante, cuando éste no lo objeta. En caso contrario, la verdad de su contenido debe demostrarse por otras pruebas. --(F. DE E., D.O.F. 13 DE MARZO DE 1943) --- El escrito privado que contenga una declaración de verdad, hace fe de la existencia de la
declaración; más no de los hechos declarados. Es aplicable al caso lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 202.
Se considera como autor del documento a aquel por cuya cuenta ha sido formado.
“Artículo 1°. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en las disposiciones del presente Título, las
controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de
Procedimientos Civiles.”
En estas condiciones, como la citada demandada no niega expresamente los hechos que se le imputan,
debe estimarse que su omisión robustece el valor indiciario de las pruebas antes relacionadas, y a tener por
demostrados los mismos.
A mayor abundamiento, en sus manifestaciones la citada demandada sostiene que la participación del
titular de la Coordinación en una reunión de presentación de proyectos de Desarrollo Regional, como fue la
organizada por el Banco Mundial en la ciudad de México, Distrito Federal, así como su asistencia al Primer
Foro de Zonas Metropolitanas Sur-Sureste, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, no son cuestiones que por
sí mismas demuestren intromisión de la Coordinación Metropolitana de Yucatán, así como la del Estado, en la
vida municipal, ya que esto atañe únicamente a una cuestión organizativa interna.
Por cuanto a la presentación de un video de las funciones de la Coordinación Metropolitana de Yucatán,
la propia demandada sostiene que con la descripción de los hechos que contiene no se transgrede de manera
alguna el artículo 115 de la Constitución Federal.
Consecuentemente, como todas estas manifestaciones de la demandada evidencian el reconocimiento de
la existencia de estos actos reclamados en la primera ampliación de la demanda, procede admitir su certeza,
sin que por otra parte esto signifique prejuzgar sobre la pretensión de invalidez de la parte actora.
CUARTO. Certeza de los actos reclamados en la segunda ampliación de demanda. Mediante un
segundo escrito de ampliación de demanda la actora reclamó de la titular del Poder Ejecutivo del Estado de
Yucatán la expedición del Decreto 119 que contiene el Reglamento de la Coordinación Metropolitana
de Yucatán, publicado en el Diario Oficial del Gobierno de ese Estado el veintidós de septiembre de dos mil
La existencia de este acto tampoco requiere de prueba alguna en términos de la jurisprudencia 65/2000 de
la Segunda Sala cuyo rubro es “PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES,
REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERES GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACION.”
QUINTO. Certeza de los actos reclamados en la tercera ampliación de demanda. La actora una vez
más amplió su demanda para reclamar los actos realizados por la Gobernadora del Estado de Yucatán
durante la sesión ordinaria del Consejo Consultivo de la Coordinación Metropolitana de Yucatán, celebrada el
treinta y uno de enero de dos mil nueve, consistentes en:
La instalación del Subcomité de Evaluación de Proyectos.
La instalación del Consejo de Desarrollo Metropolitano, y
El nombramiento de todos y cada uno de los integrantes del Consejo de Desarrollo Metropolitano.
Los actos que se reclaman en esta tercera ampliación de demanda quedan plenamente acreditados con la
documental pública que exhibe la parte demandada al producir su contestación, consistente en el acta número
5, a folio 196 del Tomo II, Volumen “D”, levantada ante la fe del Notario Público número 31 de la ciudad
de Mérida, Yucatán, que contiene certificación de hechos relativos a la celebración de la sesión ordinaria del
Consejo Consultivo de la Coordinación Metropolitana de Yucatán, la cual tuvo verificativo el treinta y uno
de enero de dos mil nueve, a la que se anexan nombramientos de integrantes del Consejo de Desarrollo
Metropolitano, convocatorias a la sesión, lista de asistencia con las firmas de los consejeros, acta de la
sesión, contrato de fideicomiso y copia del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Fondo
Metropolitano , documento con valor probatorio pleno en términos de los supletorios artículos 129 y 202 del
Adicionalmente, en esta tercera ampliación de la demanda la actora reclamó los actos concretos de
aplicación que pudiera realizar la Coordinación Metropolitana de Yucatán por conducto del Consejo
de Desarrollo Metropolitano, así como los efectos que deriven o sean consecuencia de los anteriores; sin
embargo, dada la amplitud e imprecisión de estos actos futuros de realización incierta, no ha lugar a tenerlos
por reclamados, con base en la jurisprudencia 64/2009 del Tribunal Pleno, cuyo rubro es “CONTROVERSIA
CONSTITUCIONAL. EL ACTOR DEBE SEÑALAR EN SU DEMANDA DE MANERA ESPECIFICA LOS
ACTOS Y NORMAS QUE IMPUGNE Y NO REALIZAR UNA MANIFESTACION GENERICA O IMPRECISA
SEXTO. Oportunidad de la demanda principal con relación al Decreto 92 por virtud del cual se creó
la Coordinación Metropolitana de Yucatán. A fin de hacer el cómputo respectivo que determine la
oportunidad de su impugnación, debe señalarse que las normas generales a que se refiere este considerando
fueron reclamadas por su sola expedición, lo cual se precisa de conformidad con la jurisprudencia 65/2009 del
Tribunal Pleno, cuyo rubro es: “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. TRATANDOSE DE NORMAS
GENERALES, AL ESTUDIARSE EN LA SENTENCIA LA OPORTUNIDAD EN LA PRESENTACION DE LA
DEMANDA RELATIVA DEBERA ANALIZARSE SI LA IMPUGNACION DE AQUELLAS SE HACE CON
MOTIVO DE SU PUBLICACION O DE SU PRIMER ACTO DE APLICACION.”
Gaceta. Tomo XII. Agosto de 2000, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 65/2000, página: 260.”
Fojas 1208 y siguientes.
“Novena Epoca, Núm. Registro IUS: 166990, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Tomo XXX. Julio de 2009, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 64/2009, página: 1461.”
“Novena Epoca, Núm. Registro IUS: 166987, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Tomo XXX. Julio de 2009, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 65/2009, página: 1535.”
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