Source: https://www.scribd.com/document/217121503/Informe-Final-Comparta
Timestamp: 2019-04-26 00:50:56
Document Index: 347658914

Matched Legal Cases: ['artículo 272', 'Artículo\n53', 'artículo 6', 'artículo 366', 'artículo 365', 'artículo 333', 'artículo 366', 'artículo 53', 'artículo 365', 'artículo 366', 'artículo 90', 'Artículo 123', 'artículo 2', 'artículo 209', 'artículo 123', 'artículo 210', 'artículo 17', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 68', 'artículo 90', 'artículo 15', 'Artículo\n53']

Hacia un Control Fiscal con Calidad y Transparencia Hacia un Control Fiscal con Calidad y Transparencia Hacia un Control Fiscal con Calidad y Transparencia Hacia un Control Fiscal con Calidad y Transparencia
E.P.S COMPARTA- CORDOBA
VIGENCIA AUDITADA 2010
CDC, SEPTIEMBRE 2011
Contralor Departamental de Córdoba FELIPE SANTIAGO PEREZ DIAZ
Vicecontralor NATALIA S. FIGUEROA MUÑOZ
Jefe Oficina Control Fiscal RODOLFO MARTINEZ MARCELO
ELVIA M. GIRALDO VERGARA
Integrantes del Equipo Auditor DAVID VERGARA ROMAN
1 CARTA DE CONCLUSIONES 4
2 RESULTADO POR LINEA DE AUDITORIA 6
3 Matriz de Estructuración de hallazgos 34
KATIA BENAVIDES LUGO
Gerente Mutual Ser
La Contraloría Departamental de Córdoba con fundamento en las facultades
otorgadas por el artículo 272 de la Constitución Nacional, practicó Auditoría
Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad especial a la E.P.S COMPARTA
correspondiente al período comprendido entre el 1°de enero al 31 de diciembre de
2010, de forma transversal a los procesos financiero, gestión, resultados y legalidad
contratación régimen subsidiados; con el fin de determinar si los recursos recibidos se
administraron, cumpliendo los principios de eficiencia, economía y equidad.
Es responsabilidad de la administración de la entidad el contenido de la información
suministrada. La responsabilidad de la Contraloría Departamental de Córdoba
consiste en producir un informe integral que contenga el concepto sobre el examen
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos de
Auditoría adoptados por la Contraloría Departamental de Córdoba, compatibles con
las de general aceptación; por lo tanto, requirió, acorde con ellas, la planeación, la
ejecución del trabajo y la elaboración del informe, de manera que el examen
proporcione una base razonable para fundamentar los conceptos y opiniones
expresados en este Informe.
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias
y documentos que soportan el manejo de los recursos de E.P.S COMPARTA, y el
cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran
debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos
de la Contraloría Departamental de Córdoba.
Se desarrollaron las siguientes líneas de auditoría:
Dictaminar sobre la eficiencia, eficacia y efectividad en la prestación del servicio
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la entidad dentro del desarrollo de
la auditoría, las respuestas de la administración fueron analizadas y se incorporó en el
informe, lo que se consideró pertinente.
En desarrollo de la presente auditoría, se establecieron Cuatro (4) Hallazgos
Administrativos, Dos (2) Fiscal por valor total de $3.019.731.168, Un (1)
Disciplinario, los cuales serán trasladados a las entidades competentes, los
administrativos deben ser suscritos en un plan de mejoramiento.
FELIPE SANTIAGO PEREZ DIAZ
Contralor General del Departamento de Córdoba
RESULTADO POR LÍNEAS DE AUDITORIA
1. Dictaminar sobre la eficiencia, eficacia y efectividad en la prestación del
• Verificar el grado de cumplimiento de los indicadores de gestión de la entidad.
La E.P.S Comparta se le observo indicadores de calidad, que son los que exige el
Ministerio de la protección Social y contienen los sistemas de información para
garantizar una adecuado consolidado de cómo de esta prestando el servicio en las
redes prestadoras.
Se observo que cuentan con el desarrollo del POA mostrando unas metas que
culminan en el 2011.
Sin embargo, el grupo auditor no observa indicadores de gestión que muestre el
correcto funcionamiento de cada uno de los procesos de la entidad, como:
Gerencia: No se observo indicadores de gerencia que midan el cumplimiento de la
plataforma estratégica ni la gestión de la oficina de control interno.
Oficina Jurídica: No se observo indicadores que permita describir números de tutelas
por no prestación de servicios poss.
Sistema de información: No se observo indicadores que permita describir si existe
software adquirido e implementado en la dirección administrativa y financiera,
indicadores que reflejen la adecuación y mejoramiento de las redes de datos,
indicador que permita identificar si las oficinas están dotadas con equipos informáticos.
Dirección de aseguramiento: No se observa un indicador que permita describir el
número de contrato legalizados oportunamente sobre número de contratos
interadministrativos, indicador que permita medir número de contratos liquidados de
número de contratos legalizados.
Dirección de calidad: No se observo indicador que permita describir el total de quejas
resultas antes de 15 días, indicador que permita verificar las cuentas radicadas y
devueltas, las ordenes autorizadas o en trámites y todas aquellas que fueron
realizadas en el sistema.
• Emitir opinión sobre la gestión realizada en el cumplimiento de su misión
La misión de la E.P.S Comparta, es la de ser una empresa solidaria, administradora
del régimen subsidiado creada para crear la accesibilidad de sus servicios con altos
niveles de calidad y eficiencia enfocados a la prevención y el manejo del riesgo en
De lo anterior, el grupo auditor verifico un cumplimiento por parte de la entidad en
cuanto al riesgo de la salud, ya que se observo indicadores de los sistemas de
información de las redes prestadoras y el desarrollo del poa que permite controlar el
riesgo en los pacientes y otras metas.
Sin embargo falta mas organización y control en el área administrativa, que permita a
la gerencia controlar y medir los procesos de cada una de las actividades del
aseguramiento, prestación del servicio, y calidad en las respuestas a los usuarios.
2. Proceso Contractual (Ley 80 y su modificatoria, Estatuto Contractual – Derecho
Dentro de la contratación, aquí realizada se tiene una contratación suscrita entre la
EPS Comparta y los entes territoriales durante la vigencia fiscal 2010, se tiene los
contratos de aseguramiento o contratos para la administración del régimen subsidiado
de seguridad social en salud suscritos con los entes territoriales y los contratos de
Contratos De Aseguramiento Suscritos Entre La Eps Comparta Y Los Entes
Territoriales Durante La Vigencia 2010
MUNICIPIO No. CONT. F. INICIAL F. FINAL AFILIADOS VALOR REAL
Montería 230012010001 01/06/2010 31/07/2010 22.779 1.099.952.352
Montería 230012010002 01/08/2010 31/03/2011 24.637 4.758.685.824
Canalete 230902010001 01/06/2010 31/07/2010 3.626 175.092.288
Canalete 230902010001- 01/08/2010 31/03/2011 3.310 639.333.120
Cereté 1622010001 01/06/2010 31/07/2010 12.204 589.306.752
Cereté 231622010001 01/08/2010 31/03/2011 12.015 2.320.721.280
Chinú 231822010001 01/06/2010 31/07/2010 5.686 274.565.568
Chinú 231822010001- 01/08/2010 31/03/2011 5.740 1.108.692.480
Ciénaga De Oro 231892010001 01/06/2010 31/07/2010 7.905 381.716.640
Ciénaga De Oro 231892010001- 01/08/2010 31/03/2011 8.535 1.648.552.320
Cotorra 3002010001 01/06/2010 31/07/2010 1.852 89.429.376
Cotorra 233002010001 01/08/2010 31/03/2011 1.989 384.179.328
La Apartada 233502010001 01/06/2010 31/07/2010 4.988 240.860.544
La Apartada 233502010001- 01/08/2010 31/03/2011 5.041 973.679.232
Lorica 234172010001 01/06/2010 31/07/2010 12.189 588.582.432
Lorica 234172010001- 01/08/2010 31/03/2011 12.088 2.334.821.376
Planeta Rica 235552010001 01/06/2010 31/07/2010 6.558 316.672.704
Planeta Rica 235552010001- 01/08/2010 31/03/2011 6.413 1.238.683.776
Pueblo 235702010001 01/06/2010 31/07/2010 10.135 489.398.880
Pueblo 235702010001- 01/08/2010 31/03/2011 10.267 1.983.091.584
Sahagún 6602010001 01/06/2010 31/07/2010 9.362 452.072.256
Sahagún 201000101 01/08/2010 31/03/2011 9.271 1.790.712.192
San Antero 236722010001 01/06/2010 31/07/2010 3.995 192.910.560
San Antero 23672201001 01/08/2010 30/09/2010 4.172 201.457.536
San Antero 236722010002 01/10/2010 31/12/2010 4.172 302.186.304
San Antero 236722010004 01/01/2011 31/03/2011 4.172 302.186.304
San Carlos 236782010001 01/06/2010 31/07/2010 3.405 164.420.640
San Carlos 2367820100010 01/08/2010 31/03/2011 3.354 647.831.808
San Pelayo 6862010001 01/06/2010 31/07/2010 8.149 393.498.912
San Pelayo 236862010002 01/08/2010 31/03/2011 8.169 1.577.858.688
Cuadro Valores Contratos De Aseguramiento De Los Municipios Que
Contrataron Con La EPS Comparta.
Ciénaga de oro 2.388.662.496,11
Montería 6.696.078.954,71
Sahagún 2.686.406.304,14
San Carlos 974.741.568,00
Chinú 1.635.079.969,11
San Pelayo 2.307.828.384,32
cotorra 561.734.303,86
Cereté 3.376.345.248,00
Planeta Rica 1.803.991.392,42
Pueblo Nuevo 2.807.802.336,37
La Apartada 1.445.163.264,17
Lorica 3.247.609.439,74
San Antero 1.140.804.000,28
Canalete 936.738.912,00
32.008.986.573,23
Se tiene al respecto, que la EPS Comparta, que por su naturaleza jurídica Empresa,
que opera en el campo de la salud como Entidad Promotora de Salud (EPS) y como
Institución Prestadora de Salud (IPS), acorde con la Ley 100 de 1993 y las demás
disipaciones reglamentarias, esta cuenta con un manual de contratación, adoptado
mediante resolución numero 00433 de fecha 22 de febrero de 2010.
En vista a que esta empresa contrata con entes territoriales del Estado, al contratar,
mantiene en sus contratos, la solicitud de requisitos mínimos para que pueda contratar
como son, los certificados de disponibilidad expedidos por el ente territorial, pólizas de
En el caso de los contratos suscritos con los municipios, se pudo evidenciar, como
regla general en todos estos acuerdos de voluntades, que los municipios, no realizan
como tampoco las EPS, suscriben actas de inicio, actas parciales, actas finales, la
póliza no tiene un acto de aprobación, como tampoco el recibo final del servicio.
Una vez se revisados estos contratos de aseguramiento, se tiene anexo las pólizas de
cumplimiento y los certificados de disponibilidad. Encontrando además, que no se
tiene anexo, otros requisitos, no menos importantes y que además hacen parte de los
contratos, faltando de acuerdo a la normatividad existente, como también lo
reglamentado en sus manuales de procedimiento, como tampoco en sus caso, la
certificación dada por el gerente que cumple con la obligación de reportar a la
Superintendencia Nacional de Salud la información solicitada de su responsabilidad,
acta de comité de contratación, formulario de prestadores de servicio de salud y
certificación de los pagos de los aportes parafiscales, la revisión del portafolio enviado
por la IPS del cual se verifica que cumplan con los requisitos según el registro especial
de prestadores (Ley 1122 de 2007 y Decreto 1020 de 2007), constancia de las visitas
a las IPS preseleccionadas (Decreto 4747 de 2007), informes de interventorias y de
visitas, existencia y representación Legal de la Institución prestadora del servicio en
salud, RUT de la IPS, como tampoco para su pago se tiene la certificación por lo
menos en copia, del cual debe reposar el original de la existencia de la cuenta
bancaria de las instituciones prestadoras de salud, entre otros documentos formales
establecidos. Incumpliendo de algún modo lo contemplado en el decreto número 4747
de 2007 y demás normas relacionadas con la materia en este sector de la salud.
De igual manera, se constató en el desarrollo de la presente auditoria, que respecto a
los contratos suscritos por esta EPS-S, se tiene, como patrón o regla general que las
pólizas son suscritas con posterioridad de uno, dos, tres y hasta cuatro meses a la
subscrición del contrato. Lo que esto significa además, es que la EPS-s, no le presta la
importancia a que esto conlleva, comenzando o dándole inicio a la ejecución de estos
contratos, sin haberse suscrito una póliza de cumplimiento. Como también no se pudo
evidenciar los otros requisitos legales y formales que deben tener anexos, cada uno
de los contratos que suscriban las EPS de acuerdo a la Ley y demás reglamentos
establecidos por ellos para darle cumplimiento a este manejo de los dineros del estado
en debida forma y la pronta responsabilidad que el Estado exige para el manejo de
estos recursos, tal como se menciono arriba. Como referencia de algunos contratos
con estas irregularidades de los cuales reposan algunas copias de las pólizas que
prueban este hallazgo, se tienen los siguientes:
Contratos número 230902010001 con vigencia del 01/08/2010 al 31/03/2011,
231622010001 con vigencia del 01/08/2010 al 31/03/2011, 231822010001 con
vigencia del 01/08/2010 al 31/03/2011, 231892010001 con vigencia del 01/08/2010 al
31/03/2011, 233002010001 con vigencia del 01/08/2010 al 31/03/2011, 233502010001
con vigencia del 01/08/2010 al 31/03/2011, 234172010001 con vigencia del
01/08/2010 al 31/03/2011, 235552010001 con vigencia del 01/08/2010 al 31/03/2011,
235702010001 con vigencia del al 01/08/2010 al 31/03/2011, 230012010001, con
vigencia del 01/06/2010 al 31/07/2010, 230902010001 con vigencia del 01/06/2010 al
31/07/2010, 1622010001 con vigencia del 01/06/2010 al 31/07/2010, 231822010001
con vigencia comprendida entre el 01/06/2010 al 31/07/2010, 231892010001
comprendido entre el 01/06/2010 al 31/07/2010, 3002010001 con periodo
comprendido entre el 01/06/2010 al 31/07/2010, 233502010001 con vigencia entre el
01/06/2010 al 31/07/2010, 234172010001 con vigencia comprendida entre el
01/06/2010 al 31/07/2010, 235552010001 con vigencia comprendida entre el
01/06/2010 al 31/07/2010, 235702010001 con vigencia entre el 01/06/2010 al
31/07/2010, 6602010001 con vigencia comprendida entre el 01/06/2010 al 31/07/2010,
236722010001 entre el 01/06/2010 al 31/07/2010, 23672201001 con vigencia entre el
01/08/2010 al 30/09/2010, 236722010002 comprendido entre el 01/10/2010 al
31/12/2010, 236782010001 con vigencia entre el 01/06/2010 al 31/07/2010 y el
numero 6862010001 suscrito con el municipio de San Pelayo con vigencia entre el
01/06/2010 al 31/07/2010.
En fin, de todo los anterior, respecto de los contratos aquí anotados y los demás
revisados de acuerdo a lo aquí visto, se puede inferir, que esta entidad, ejecuta los
contratos, sin tenerse el cumplimiento total de los requisitos establecidos en la ley y en
sus reglamentos, de lo cual, permiten el manejo de los recursos que son del Estado,
por la razón que ellos solo son unos administradores de los recursos, que los
contratistas, sean del sector público o privados, sin el cumplimiento total de requisitos
constitucionales, reglados y formales para que los particulares y los mismos servidores
públicos manejen estos recursos.
Como también, se puede seguir describiendo, que esta empresa, comienza y ordena a
que se ejecuten los contratos, sin tenerse obligación formal entre ellas, es decir
manejan estos recursos que son del Estado en forma arbitraria y sin responsabilidad
alguna, por cuanto los recursos del Estado no se pueden dejar en manos de
particulares para que haga de ellos lo que se les antoja, sino que este, además de
entregar los dineros, establece un sin número de requisitos constitucionales, reglados
y formales para que los particulares y los mismos servidores públicos manejen estos
recursos. Por cuanto se inicia la ejecución de ellos sin ninguna garantía, debido a la
posterior suscripción.
Pues bien, una vez mirada y revisada la conducta realizada por el señor gerente de la
EPS-S, y que además no desconociendo su calidad de Empleado del sector Privado, y
que por ende todas sus actuaciones son regidas por la normatividad existente en este
sector, es bien difícil poder hablar de algunas conductas o faltas disciplinarias de
acuerdo como otra falta de tipo penal y fiscal.
Pero una vez se mira la jurisprudencia y doctrina existente, para este caso de la
conducta del señor gerente que en el evento de tener la calidad de servidor público, se
encontraría incurso en falta gravísima. Pero como se describió en el renglón anterior,
la doctrina y la jurisprudencia, ha dejado algunas actuaciones de estos empleados o
en especial a particulares que administren bienes del Estado, en incumplimiento al
código disciplinario único, que sea la misma autoridad competente para los servidores
públicos, que sigan e investiguen estas conductas, sin perjuicio de la competencia que
tienen los organismos que realizan el control y vigilancia a estos particulares, en este
caso en especial a los particulares que manejan recursos de la Salud de la población
más vulnerable del país.
Para este caso, la Corte Constitucional en Sentencia C-037 de 2003, en unos de los
temas tratados, de acuerdo a las demandas presentadas en contra de varios artículos
de la ley 734 de 2002, se tienen varios conceptos emitidos por parte del Ministerio
Publico, y en especial las emitidas por la Corte respecto a la responsabilidad
disciplinaria de los particulares que manejan bienes del Estado en atención o con
fundamento específicamente en los artículos Constitucionales 6°, 365 y 366. Artículo
53 de la ley 734 de 2002 y las sentencias anteriores como la C-280 de 1996, C-563 de
1998 C-181 de 2002, S-C 286 DE 1996, S-C 1076 DE 2002, entre otras, en los
Afirma la Procuraduría:
“De otro lado, afirma que la inclusión de particulares que cumplen funciones públicas
como destinatarios de la ley disciplinaria obedece, entre otras razones, a que la
Constitución, inspirada en el principio de colaboración, le otorgó facultades a los
particulares para el desarrollo de funciones públicas – artículos 116, 123 y 209-.
Igualmente, en razón de que en la Sentencia C-286 de 1996 se advirtió la necesidad
de que dichos particulares fueran objeto de un régimen disciplinario especial, con base
en la correcta interpretación del artículo 6º de la Constitución. Al respecto, cita también
las Sentencias C-280 de 1996, C-563 de 1998 y C-181 de 2002.
Así las cosas, el legislador en ejercicio de su facultad para determinar el régimen
aplicable a los particulares que temporal y permanentemente desempeñen funciones
públicas, cuestión que incluye el ámbito disciplinario, previó que los particulares que
cumplen labores de interventoría en los contratos estatales sean destinatarios de la ley
disciplinaria, dada la naturaleza de las funciones que asumen.
Ahora bien, respecto de lo considerado en la Sentencia C-280 de 1996, traída a
colación por el accionante, en la que, refiriéndose al contrato de prestación de
servicios, determinó que el contratista no podía ser sujeto pasivo del derecho
disciplinario por cuanto entre éste y la administración no existía vínculo alguno de
subordinación, la Vista Fiscal manifiesta que tal doctrina debe ser revisada, como
quiera que ella comprende solamente el criterio subjetivo para determinar a los
destinatarios del poder disciplinario, dejando de lado el criterio material, que permite
disciplinar, con fundamento en la función que realizan, a quienes en su condición de
particulares ejercen o prestan servicios públicos.
Así mismo, dicho control encuentra razón de ser en la obligación de asegurar el
cumplimiento de los fines del Estado, a través del derecho disciplinario, fines que
deben perseguir también los particulares que han elegido prestar funciones públicas,
sin importar la condición bajo la cual han accedido a esa labor.
A juicio del Jefe del Ministerio Público la función de interventoría de los contratos
estatales, por su especificidad e importancia debe ser considerada como una función
pública y por ende, el legislador acertó al convertir en sujeto pasivo de la ley
disciplinaria a los particulares que ejercen dicha función.
-El Jefe del Ministerio Público considera que es constitucional señalar como sujetos
pasivos de la ley disciplinaria a los particulares que presten los servicios públicos de
que trata el artículo 366 de la Constitución.
Partiendo de la base de que los particulares que prestan funciones públicas deben ser
objeto del control disciplinario por parte del Estado, conceptúa que resulta razonable
establecer dicho control sobre aquellos que prestan los servicios públicos de salud,
educación, saneamiento ambiental y agua potable, por la importancia de éstos para la
totalidad de la población colombiana y la necesidad de que los mismos se presten de
manera eficiente y adecuada.
Lo anterior en armonía con el deber del Ministerio Público de ejercer la vigilancia sobre
la conducta de quienes desempeñan funciones públicas o prestan servicios públicos.
Señala que la expresión demandada no desconoce el artículo 365 de la Constitución,
que prevé que los servicios públicos se sujeten al régimen jurídico establecido en la
ley, pues el hecho de que ésta les fije uno de carácter privado, no obstaculiza la
función del Ministerio Público de vigilar la eficiencia de la prestación de los servicios
públicos, de conformidad con el inciso 1º de dicho precepto, e incluso disciplinar a los
responsables por ello.
Igualmente indica que no se desconoce la libertad de empresa – artículo 333 C.P.-,
pues lo previsto en la expresión acusada no interfiere en la capacidad de las empresas
para desarrollar su actividad y competir con libertad, siempre y cuando no
desconozcan que tienen una responsabilidad social en razón al servicio que prestan,
cuestión que fundamenta el ejercicio de la potestad disciplinaria por parte de su titular,
Finalmente, manifiesta que el hecho de que la Ley 142 de 1994 haya previsto que el
régimen laboral de las personas que se desempeñan en las empresas de servicios
públicos privadas o mixtas es el previsto en el Código Sustantivo del Trabajo no
impide que dichos particulares sean disciplinados de conformidad con el
Si la expresión "Presten servicios públicos a cargo del Estado, de los contemplados
en el artículo 366 de la Constitución Política" contenida en el artículo 53 de la Ley 734
de 2002 -en el que se establece el listado de particulares sometidos al régimen
disciplinario especial contemplado en el Libro III Ibidem-, vulnera el artículo 365
superior en cuanto permite al Estado extender sus actuaciones más allá de la
regulación, control y vigilancia a que alude dicho texto constitucional. Con lo que se
desbordaría el ámbito constitucional del control disciplinario y se desconocería que si
bien el Legislador puede determinar el régimen aplicable a los particulares que
temporalmente desempeñan funciones públicas (art 123 C.P.), en el caso de la
prestación de servicios públicos por particulares no se genera una situación de
subordinación al Estado que sería indispensable para que una persona pueda ser
sujeto del poder disciplinario.
Así mismo si dicha expresión desconoce los artículos 84 y 333 superiores, en
particular en el caso de las empresas de servicios públicos domiciliarios, sometidas al
derecho privado y a la libertad de empresa, en cuanto afectaría el marco normativo
fijado por la ley para las mismas.
Previamente la Corporación estima necesario hacer algunas consideraciones en torno
a (i) la responsabilidad del particular que cumple funciones públicas en el Estado
Social de Derecho, (ii) los particulares como destinatarios de la Ley disciplinaria y la
evolución jurisprudencial en la materia, (iii) el entendimiento dado por la Constitución
a las nociones de función pública y de servicio público y la imposibilidad de asimilar la
prestación por un particular de un servicio público con el ejercicio de funciones
públicas, y (iv) el alcance del artículo 366 constitucional, las que resultan pertinentes
para el análisis de constitucionalidad de los textos acusados.
La Responsabilidad Del Particular Que Cumple Funciones Públicas En El Estado
Como ya lo ha señalado en otras oportunidades esta Corporación Ver Sentencia C-
233/02 M.P. Álvaro Tafur Galvis., uno de los elementos más importantes en el proceso
de conformación del Estado Social de Derecho lo constituye la relevancia que ha
tomado en el ordenamiento jurídico El Principio De Responsabilidad, mirado no
solamente desde la órbita del Estado sino también de la de los particulares.
La afirmación del principio de responsabilidad se hace evidente, en efecto, a través
de varios elementos que reorientan en forma significativa tanto las relaciones entre
los ciudadanos y el Estado, el papel de los agentes estatales y el cumplimiento de las
funciones públicas. Así, la consolidación de la responsabilidad estatal para responder
por el daño antijurídico causado por sus agentes, la ampliación del nivel de
responsabilidad del agente estatal en relación con sus funciones y la posibilidad de
comprometer su propio patrimonio en determinadas circunstancias, el establecimiento
de una lógica de corresponsabilidad entre el Estado y los ciudadanos en el manejo de
los asuntos públicos que pretende superar la visión tradicional de la esfera de lo
puramente Estatal y de lo puramente privado, son entre otra La puesta en evidencia
de los intereses colectivos, dentro de los cuales se incluye la moralidad pública como
uno de los derechos a proteger se inscribe igualmente en este sentido. ,
manifestaciones de un mayor énfasis de los sistemas jurídicos en este principio que
busca garantizar el cumplimiento eficiente de las tareas pública Ibidem Sentencia C-
233/02 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
La Constitución de 1991 estableció en este sentido -artículo 90-, la cláusula general
de responsabilidad patrimonial que cabe por el daño antijurídico que sea imputable al
Estado, por la acción u omisión de las autoridades públicas, lo que ha significado un
importante avance para garantizar a los ciudadanos el resarcimiento de los perjuicios
que les hayan sido causados con ocasión del ejercicio de funciones públicas.
El mismo artículo estableció la obligación a cargo del Estado de repetir contra el
agente por cuya actuación dolosa o gravemente culposa aquel haya sido condenado.
Esta disposición constitucional se enmarca dentro del objetivo específico del
Constituyente de obligar al servidor público a tomar conciencia de la importancia de
su misión y de su deber de actuar de manera diligente en el cumplimiento de sus
tareas Ver Gaceta Constitucional lunes 22 de abril de 191. Informe Ponencia
Mecanismos de protección del orden jurídico y de los particulares. . El Constituyente
también quiso en este sentido someter al servidor público a un severo régimen de
inhabilidades e incompatibilidades, así como a estrictas reglas de conducta que
garanticen la moralidad pública y el ejercicio de las funciones a ellos atribuidas
orientado siempre a la defensa del interés general y al cumplimiento de los fines del
La noción de servidor público establecida en la Carta "Artículo 123. Son servidores
públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del
Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios."Los
servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus
funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento. "La ley
determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen
funciones públicas y regulará su ejercicio".
Tiene así una connotación finalista y no puramente nominal. Al respecto, recuérdese
que conforme al artículo 2°de la Constitución, las autoridades están instituidas, entre
otras razones, "para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de
los particulares" y cómo al tenor del artículo 209 constitucional son principios que
fundamentan el ejercicio de la función administrativa los "(…) de igualdad, moralidad,
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad (…)".
Ahora bien, la responsabilidad en el cumplimiento de los fines del Estado no
corresponde solamente a los servidores públicos en el Estado social de Derecho. Los
particulares asumen en él una serie de obligaciones y de tareas que antes cumplían
de manera exclusiva y en ocasiones excluyente las autoridades estatales. Así, la
Carta señala que sectores tan importantes como la salud ( art. 49 C.P. ), la
seguridad social (art. 48 C.P.), la educación (art. 67 C.P.), la ciencia y la
tecnología ( art. 71 C.P.), la protección especial de la personas de la tercera
edad (art. 46 C.P.), de los niños (art. 44 C.P.) y de los discapacitados (art. 47
C.P.), no son responsabilidad única del Estado, sino que la familia, la sociedad y
los propios interesados deben también contribuir a su desarrollo.
De otra parte, cabe recordar que enmarcada la participación como derecho-deber
(arts. 2 y 95 C.P.) se abre igualmente un sinnúmero de posibilidades para que los
ciudadanos contribuyan al cumplimiento eficiente de las tareas públicas y participen
en la vigilancia de la gestión pública (art. 270 C.P.).
En ese marco de corresponsabilidad y de cooperación entre el Estado y los
particulares, la Constitución establece la posibilidad de que éstos participen en el
ejercicio de funciones públicas. Así, el artículo 123 señala que la ley determinará el
régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen funciones
públicas, al tiempo que el artículo 210 constitucional señala que los particulares
pueden cumplir funciones administrativas en las condiciones que señale la ley.
Tomando en cuenta estos preceptos, la Corte ha aceptado que como expresión
autentica del principio de participación, los particulares sean encargados del ejercicio
directo de funciones públicas, sean ellas judiciales o administrativas, así como que
participen en actividades de gestión de esta misma índole.
Hallazgo No 1: --: Falta De Requisitos Legales y Formales Propios De Las Diferentes
Etapas Contractuales Correspondiente A Los Contratos.
como son, los certificados de disponibilidad, registro presupuestal, expedidos por el
ente territorial, pólizas de garantía.
Por lo que se constató, entonces que no anexa otros requisitos, no menos importantes
y que además hacen parte de los contratos, faltando de acuerdo a la normatividad
existente, como también lo reglamentado en sus manuales de procedimiento, como
tampoco en sus caso, la suscripción del acta de inicio, actas parciales, actas finales, la
póliza no tiene un acto de aprobación, recibo final del servicio, la certificación dada por
el gerente que cumple con la obligación de reportar a la Superintendencia Nacional de
Salud la información solicitada de su responsabilidad, acta de comité de contratación,
formulario de prestadores de servicio de salud y certificación de los pagos de los
aportes parafiscales, la revisión del portafolio enviado por la IPS del cual se verifica
que cumplan con los requisitos según el registro especial de prestadores (Ley 1122 de
2007 y Decreto 1020 de 2007), constancia de las visitas a las IPS preseleccionadas
(Decreto 4747 de 2007), informes de interventorias y de visitas, existencia y
representación Legal de la Institución prestadora del servicio en salud, RUT de la IPS,
como tampoco para su pago se tiene la certificación por lo menos en copia, del cual
debe reposar el original de la existencia de la cuenta bancaria de las instituciones
prestadoras de salud, entre otros documentos formales establecidos. Incumpliendo de
algún modo lo contemplado en el decreto número 4747 de 2007 y demás normas
relacionadas con la materia en este sector de la salud.
En Atención A La Conducta Realizada Por La Gerente De La EPS – I, Respecto A La
Falta Requisitos Legales Y Formales Ajustados A Las Diferentes Etapas Contractuales
Correspondientes A Los Contratos, Se Tiene Un Hallazgo De Tipo Administrativo.
• Evaluar cómo se realizo la contratación con la red pública (ley 1122 de
2007 y decreto 1020 de 2007).
COMPARTA- CONTRATOS DE ASEGURAMIENTO Y DE PRESTACION DE
Hallazgo No.2: Incumplimiento en la contratación con la red pública, establecido en
Contratos a partir del 01-04-10 hasta 31-03-2011.
La E.P.S Comparta contrato con la red (Nivel I, II) pública el 55.2%, equivalentes a
$16.266.612.367, y alto costo un 0.6 equivalente a $ 195.502.133 para un total con el
sector publico por $ 16.462.114.500 el resto lo contrato con el sector privado.
MUNICIPIO C.ASEGURAMI
-8% 92% Después
de gasto de
60% C. con el nivel I
C. con el
2.388.662.496 191.092.999 2.197.569.496 1.318.541.697 1.159.674.636
Montería 6.696.078.954 535.686.316 6.160.392.638 3.696.235.582 3.989.910.575
418.895.007
Sahagún 2.686.406.304 214.912.504 2.471.493.800 1.482.896.280 374.578.525
579.263.633
San Carlos 974.741.568 77.979.325 896.762.243 538.057.345 0
Chinu 1.635.079.969 130.806.397 1.504.273.572 902.564.143
791.988.673
San Pelayo 2.307.828.384 184.626.270 2.123.202.114 1.273.921.268 1.196.076.410
cotorra 561.734.303 44.938.744 516.795.559 310.077.335 266.965.998
Cerete 3.376.345.248 270.107.619 3.106.237.629 1.863.742.577 1.478.580.260
561.354.049
1.803.991.392 144.319.311 1.659.672.081 995.803.248 840.696.287
2.807.802.336 224.624.186 2.583.178.149 1.549.906.889 1.312.941.828
La Apartada 1.445.163.264 115.613.061 1.329.550.203 797.730.121 757.312.666
Lorica 3.247.609.439 259.808.755 2.987.800.683 1.792.680.409 1.992.087.695
75.871.648
195.502.133
San Antero 1.140.804.000 91.264.320 1.049.539.680 629.723.808 78.088.149
Canalete 936.738.912 74.939.112 861.799.800 517.079.880 392.326.328
32.008.986.573
2.560.718.925
29.448.267.648
17.668.960.588
14.631.228.030
1.635.384.337
La E.P.S Comparta dejo de contratar con la red pública 4.1% equivalente a
$1.206.846.088.
El nivel I contrato el 49.6%, equivalente a $ 14.631.228.030, el nivel II, el 5.5%
equivalente a $ 1.635.384.337.
Este hallazgo es de tipo administrativo con alcance Disciplinario y Fiscal puesto que la
Ley 1122 de 2007 establece que las Entidades Promotoras de Salud del régimen
subsidiado contratarán obligatoria y efectivamente un mínimo porcentual del gasto en
salud con las Empresas Sociales del Estado debidamente habilitadas en el municipio
de residencia del afiliado, siempre y cuando exista allí la correspondiente capacidad
resolutiva. Dicho porcentaje será, como mínimo, el sesenta por ciento (60%). Lo
anterior estará sujeto al cumplimiento de requisitos e indicadores de calidad y
resultados, oferta disponible, indicadores de gestión y tarifas competitivas. Las
Entidades Promotoras de Salud de naturaleza pública del Régimen Contributivo,
deberán contratar como mínimo el 60% del gasto en salud con las ESE escindidas del
ISS siempre y cuando exista capacidad resolutiva y se cumpla con indicadores de
calidad y resultados, indicadores de gestión y tarifas competitivas.
El Ministerio de la Protección Social reglamentará este artículo de tal manera que
permita la distribución adecuada de este porcentaje en los diferentes niveles de
complejidad, teniendo en cuenta la diversidad de las diferentes Entidades Territoriales.
• Verificar el proceso de liquidación contratos régimen subsidiado.
Para esta revisión, en aplicación directa de las normas, que aplican a este régimen en
especial, como es para el caso, se tiene el artículo 17 de la Ley 1122 de 2007, como
norma transitoria, la cual consagra: “Liquidación de contratos en el régimen
subsidiado. Los gobernadores y/o alcaldes tendrán un plazo de seis (6) meses a partir
de la vigencia de la presente ley, para liquidar de mutuo acuerdo, en compañía de las
EPS del Régimen Subsidiado, los contratos que hayan firmado las Entidades
territoriales como consecuencia de la operación del Régimen Subsidiado, y que
tengan pendiente liquidar en cada Entidad Territorial”.
Pues bien, una vez se revisan los contratos suscritos, con esta EPS, se tiene, que no
se anexa, el acta de liquidación de los contratos suscritos en la vigencia a 31 de marzo
de 2010. Como también, al mirar, la relación de las cuentas por cobrar y cuentas por
pagar, y en especial las actas suscritas por las partes contratantes, la Secretaría de
Salud Departamental y la Procuraduría, durante los días 27, 28 y 29 de abril del año
en curso, se pudo constatar, algunas deudas o acreencias de los entes territoriales
con las EPS-S como también estas con las Red Restadora de servicios,
desconociendo así mismo el fin que se persigue con la liquidación de los contratos, tal
como se sustenta más adelante.
En lo referente a al cumplimiento de los contratos comprendidos entre el 1º de abril de
2010 al 31 de marzo de 2011, no se tiene diligencia alguna que muestre el
cumplimiento de las normas correspondientes a liquidación de los contratos,
teniéndose además que existen contratos como los números 230012010001, Suscrito
con el municipio de montería, con vigencia del 01/06/2010 al 31/07/2010 por valor de
$1.099.952.352, 230902010001 Con el municipio de Canalete con vigencia del
01/06/2010 al 31/07/2010 por valor de $175.092.288, 1622010001 suscrito con el
municipio de Cereté con vigencia del 01/06/2010 al 31/07/2010 por valor de
$589.306.752, 231822010001 suscrito con el municipio de Chinú con vigencia
comprendida entre el 01/06/2010 al 31/07/2010 por valor de $274.565.568,
231892010001 suscrito con el municipio de Ciénaga De Oro comprendido entre el
01/06/2010 al 31/07/2010 por valor de $381.716.640, 3002010001 suscrito con el
municipio de Cotorra con periodo comprendido entre el 01/06/2010 al 31/07/2010 por
valor de $89.429.376, 233502010001 suscrito con el municipio de La Apartada, con
vigencia entre el 01/06/2010 al 31/07/2010 por valor de $240.860.544, 234172010001
suscrito con el municipio de Lorica, con vigencia comprendida entre el 01/06/2010 al
31/07/2010 por valor de $588.582.432, 235552010001 suscrito con el municipio de
Planeta Rica, con vigencia comprendida entre el 01/06/2010 al 31/07/2010 por valor
de $316.672.704, 235702010001 suscrito con el municipio de Pueblo con vigencia
entre el 01/06/2010 al 31/07/2010 por valor de $489.398.880, 6602010001 suscrito
con el municipio de Sahagún con vigencia comprendida entre el 01/06/2010 al
31/07/2010 por valor de $452.072.256, 236722010001 suscrito con el municipio de
San Antero, entre el 01/06/2010 al 31/07/2010 con valor de $192.910.560,
23672201001suscrito con el municipio de San Antero con vigencia entre el
01/08/2010 al 30/09/2010 por valor de $201.457.536, 236722010002 suscrito con el
municipio de San Antero comprendido entre el 01/10/2010 al 31/12/2010 con valor de
$302.186.304, 236782010001 suscrito con el municipio de San Carlos con vigencia
entre el 01/06/2010 al 31/07/2010 por valor de $164.420.640, y el numero 6862010001
suscrito con el municipio de San Pelayo con vigencia entre el 01/06/2010 al
31/07/2010 por valor de $393.498.912.
Así mismo, se pudo constatar, que hasta la fecha de visita de la presente auditoria,
respecto a los contratos que cumplieron su vigencia de ejecución a 31 de marzo de
2011, también se conoció, una falta de diligencia, por cuanto la ley otorga, tal como se
puede describir en la Ley 1122 de 2007 y demás normas que regulan la materia como
Para comenzar, se realiza una transcripción de lo consagrado en los artículos 60 y 61
de la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y acuerdo 415 de 2009, tal como
desplegará seguidamente.
Artículo 60º.- De Su Ocurrencia y Contenido Los contratos de tracto sucesivo,
aquéllos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo
requieran, serán objeto de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes,
procedimiento que se efectuará dentro del término fijado en el pliego de condiciones o
términos de referencia o, en su defecto a más tardar antes del vencimiento de los
cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto
administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la
disponga. Inciso derogado por el art. 32 de la Ley 1150 de 2007, excepto el texto
También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos
En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones
a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder
declararse a paz y salvo. (Negrilla de los auditores)
Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de
la garantía del contrato a la estabilidad de la obra, a la calidad del bien o servicio
suministrado, a la provisión de repuestos y accesorios, al pago de salarios,
prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad civil y, en general para avalar las
obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato.
Artículo 61º.- De la Liquidación Unilateral. Derogado por el art. 32, Ley 1150 de
2007. Si el contratista no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdos
sobre el contenido de la misma, será practicada directa y unilateralmente por la
entidad y se adoptará por acto administrativo motivado susceptible del recurso de
Pues bien debe tenerse presente, que si la Ley 1122 de 2007, al igual que las
disposiciones de la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, trae para las EPS-s, un
término de cuatro (4) meses para la liquidación de los contratos, entonces la EPS-S, y
los entes territoriales, toma los términos máximos para hacerlo, y esto no es el sentir
de las normas, por cuanto en estas utiliza la expresión “hasta” y otras “dentro de los
cuatro (4) meses” y no que necesariamente se debe esperar los cuatro (4) meses
para liquidar los contratos. Esto si además se tiene en cuenta, que la liquidación de
estos, no sólo es parte del curso normal del contrato, sino una obligación legal.
Además así como lo establecen las normas anteriores vistas también, el Ministerio de
la Protección Social, en especial expide el acuerdo número 415 de 2009, el cual
modifica, la forma y condiciones de operación del Régimen Subsidiado del Sistema
General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones, en su articulo
68, al referirse a la Liquidación de los contratos consagra, que al finalizar la vigencia
contractual, se efectuará una revisión integral de la ejecución del contrato para efectos
de determinar el cumplimiento de las obligaciones por parte de las EPS-S y la
ejecución de recursos. Y que además la liquidación del contrato deberá efectuarse a
más tardar cuatro (4) meses finalizado el período contractual. (Subraya fuera de texto).
Situación esta que no se evidenció en esta EPS-S, por cuanto como se ha venido
afirmando, se infiere, que están esperando que se cumplan los cuatro (4) meses
legales establecidos para comenzar a liquidar los contratos, y este no es el espíritu o
más bien el mandato de la norma. Es decir, no se está cumpliendo lo consagrado en
ésta, por cuanto todas estas aquí vistas siempre han estado mandando, que se deben
liquidar los contratos dentro de los cuatro meses a la fecha de terminación o ejecución
del contrato y no que espere cuatro meses para liquidarlo. Por lo que en resumen, se
puede inferir, un incumplimiento a la normatividad existente que regula esta materia.
“Artículo 68.- Liquidación de los contratos. Al finalizar la vigencia contractual, se
efectuará una revisión integral de la ejecución del contrato para efectos de determinar
el cumplimiento de las obligaciones por parte de las EPS-S y la ejecución de recursos.
La liquidación del contrato deberá efectuarse a más tardar cuatro (4) meses finalizado
el período contractual. Las Entidades Territoriales responsables de la operación del
Régimen Subsidiado que no se encuentren en cobertura superior, no podrán acceder
a recursos de ampliación de cobertura sin cumplir este requisito.
Si en el proceso de liquidación de contratos se encuentren recursos excedentes
correspondientes a la cofinanciación del Fondo de Solidaridad y Garantía “FOSYGA”,
luego de agotar las demás fuentes de financiación del Régimen Subsidiado, deberán
destinarse para garantizar la continuidad de la afiliación al Régimen Subsidiado de la
siguiente vigencia contractual, sin que tal destinación constituya sustitución de ninguna
Parágrafo. Respecto de los contratos para el aseguramiento suscritos entre las EPS-S
y las Entidades Territoriales responsables de la operación del Régimen Subsidiado,
previos a la vigencia de contratación que inicia el 1º de octubre de 2009, se aplicarán
los criterios auxiliares presentados en el artículo 90 del presente Acuerdo”.
De todo lo anterior, se deduce además que como etapa final del contrato, tanto los
entes territoriales como las EPS-S, que en esta ocasión contratan con el sectores
público y privados, no le brindan la importancia que merece ejecutar ésta etapa, mas
por ineficiencia que por desconocimiento, que además al parecer un tema sencillo, es
tan complicado, por la falta de investigación y conceptualización del fin o el efecto que
produce la liquidación de los contratos. En fin es tan importante este documento o acta
de liquidación, por cuanto, es la última oportunidad que tienen las partes de
restablecer el equilibrio del contrato que se pudo haber roto durante la ejecución del
contrato. Y que así mismo, con este acto de liquidación, lo que una vez fue el acuerdo
de voluntad es etapa negocial, queda terminada y cerrada definitivamente en lo que
atañe al cumplimiento de las obligaciones que se derivan del mismo para las partes, lo
que implica la extinción definitiva del vínculo contractual, la certeza acerca del pasado
y futuro del contrato.
Hallazgo No. 3: --: Falta De Diligencia Y Omisión En La Liquidación De Los Contratos
Y Falta De Gestión En La Recuperación De La Carteras.
desconociendo así mismo el fin que se persigue con la liquidación de los contratos.
En lo referente al cumplimiento de los contratos comprendidos entre el 1º de abril de
puede describir en la Ley 1122 de 2007 y demás normas que regulan la materia.
2011, también se conoció, una falta de diligencia, por cuanto la ley otorga un termino
de liquidación de cuatro meses o dentro de los cuatro meses y no que se debe esperar
el cumplimiento de los cuatro meses para empezar a liquidar los contartos. Conducta
esta vista por el gerente de esta EPS-S, por cuanto no se pudo evidencia, diligencia
alguna, después de pasado dos o tres mes de haber finalizado el período contractual,
tal como se consagra en la Ley 1122 de 2007, artículos 60 y 61 de la ley 80 de 1993,
Ley 1150 de 2007 y acuerdo 415 de 2009.
Es decir, a esta obligación, presentada dentro de la etapa final del contrato, no le
brindó la importancia que esta merece, mas por ineficiencia que por desconocimiento
de las normas, que además al parecer un tema tan sencillo, es tan complicado, por la
falta de investigación y conceptualización del fin o el efecto que produce la liquidación
de los contratos. En fin es tan importante este documento o acta de liquidación, por
cuanto, es la última oportunidad que tienen las partes de restablecer el equilibrio del
contrato que se pudo haber roto durante la ejecución del contrato. Y que así mismo,
con este acto de liquidación, lo que una vez fue el acuerdo de voluntad es etapa
negocial, queda terminada y cerrada definitivamente en lo que atañe al cumplimiento
de las obligaciones que se derivan del mismo para las partes, lo que implica la
extinción definitiva del vínculo contractual, la certeza acerca del pasado y futuro del
Falta De Liquidación Y A La Falta De Gestión En El Cobro De La Cartera, Se
Configura Un Hallazgo De Tipo Administrativo.
• Verificar el estado de los pagos de los contratos 1° de abril 2010 a 1°de
abril de 2011. (Entes territoriales a E.P.S- Mutual ser).
Por los valores verificados en la cartera a los entes territoriales, se deduce que ha
habido un recaudo de 64.38 % de los contratos de la vigencia 2010.
• Verificar si se cumplió con el requisito mínimo del 60% para contratar
con la red pública. articulo 16 ley 1122 de 2007, decreto 4972 de 2007,
decreto 1020/07.
No se cumplió, ya que se verifico y se evidencio un total contratado con la red pública
de 53.9%, dejando de contratar un valor nominal de $1.778.926.037.
• Determinar cuál fue el valor contratado con los municipios y el
departamento de córdoba. (desglosar por entidad territorial).
MUNICIPIO C.ASEGURAMIENTO
Ciénaga de oro 2.388.662.496
Montería 6.696.078.954
Sahagún 2.686.406.304
San Carlos 974.741.568
Chinu 1.635.079.969
San Pelayo 2.307.828.384
cotorra 561.734.303
Cerete 3.376.345.248
Planeta Rica 1.803.991.392
Pueblo Nuevo 2.807.802.336
La Apartada 1.445.163.264
Lorica 3.247.609.439
San Antero 1.140.804.000
• Determinar cuál es el valor contratado con las ips públicas, y privadas
por nivel de atención (primero, segundo y tercer nivel).
• Verificar si cumplieron con la regulación de integración vertical
patrimonial. artículo 15 de la ley 1122 de 2007, que especifica que las
eps,s no podrán contratar directamente o a través de terceros con sus
propias ips, más del 30% del valor del gasto en salud.
La entidad certifica no tener integración vertical patrimonial.
Canalete 936.738.912
C. con el nivel I
nivel I,II
Ciénaga de oro 1.159.674.636
Montería 3.613.332.759
Sahagún 374.578.525
San Carlos 0 X
San Pelayo 1.196.076.410
cotorra 266.965.998
Cerete 1.478.580.260
Planeta Rica 840.696.287
Pueblo Nuevo 1.312.941.828
La Apartada 757.312.666
Lorica 1.992.087.695
San Antero 78.088.149
Canalete 392.326.328
14.254.650.214
4.068.076.466
8.395.837.668
3. Proceso Financiero.
Determinar el presupuesto asignado para la vigencia fiscal 2010 y el valor del
presupuesto auditado para el 2010. (Información en miles de pesos).
La entidad certifica no tener el presupuesto desagregado, todo se maneja a nivel
general, siendo la sede la ciudad de Bucaramanga.
• Identificar las fuentes de financiación: (miles de pesos) a nivel general de
la eps en otros departamentos.
Régimen subsidiado upc 405.875.567
Copagos 168.306
Recobros fosiga 10.554.768
Otros ingresos oper 804.006
• Determinar cuál es la deuda que el departamento y/o municipio tiene con
la E.P.S especificando monto, edad, y acreedor.
NOMBRE 0 a 120 120 a 150 150 a 360 > a 360 Total general
49.192.640,40
319.388.583,92
368.581.224,32
1.900.362.481,98
214.222.989,61
2.114.585.471,59
27.168.423,39
230.472.871,73
375.305.091,80
605.777.963,53
134.823.580,00
1.220.613.367,27
1.355.436.947,27
CIENAGA DE
665.669.305,31
209.289.489,99
874.958.795,30
13.220.387,55
373.226.398,97
132.082.242,92
518.529.029,44
77.547.189,65
699.809.922,55
392.665.148,73
1.170.022.260,93
159.020.377,53
244.733.150,10
303.976.938,79
707.730.466,42
12.748.033,33
418.101.654,68
204.797.521,84
635.647.209,85
25.733.021,67
80.294.519,85
12.458.308,00
118.485.849,52
104.921.237,48
239.339.482,03
117.460.127,50
461.720.847,01
194.814.579,27
828.010.735,64
709.011.361,98
1.731.836.676,89
19.957.052,66 47.960.074,99 8.274.993,28 76.192.120,93
121.709.904,00
148.410.191,42
211.193.218,21
481.313.313,63
778.864.423,54
6.011.214.369,25
4.457.907.807,23
11.247.986.600,02
• Determinar cuál es la deuda que la eps tiene con la ips pública y privada.
especificando monto, edad, y acreedor.
La E.P.S Comparta tiene una cartera total con la red publica de $1.024.772.583. La
entidad no suministro la cartera con la red privada.
Hallazgo No. 4: Cartera mayor de 360 días con las redes prestadoras de salud,
Se evidencio cartera mayor de 360 días con las redes prestadoras de salud, en la red
pública por valor total de $44.194.620, según información suministrada por la entidad.
Este hallazgo es Administrativo.
• Conceptuar sobre la viabilidad financiera y económica de la entidad.
El grupo auditor procede a evaluar la información reportada y suministrada a 31 de
diciembre de 2010, en el balance General, y el estado de resultado sobre las siguientes
Hallazgo No.5: Cartera mayor de 360 días, de los entes territoriales con la E.P.S
Se evidencio cartera mayor de 360 días a corte 31-03-2011, por parte de los Municipios
a la E.P.S Comparta por un valor total de $4.457.907.807 en cabeza de los Alcaldes.
Así: Un total de $1.812.885.080, Planeta Rica $37.742.905, San Carlos $329.938.186,
Cerete $479.460.170, Ciénaga de oro $344.736.066, Chinu $503.101.966, La apartada
$117.905.787.
Este hallazgo es Administrativo con connotación Fiscal.
Indicador de Liquidez: Estos indicadores miden la capacidad que tiene la entidad para
cancelar sus obligaciones de corto plazo y le sirve a la alta dirección para establecer la
facilidad o dificultad que presenta para pagar sus pasivos corrientes.
El ejercicio auditor practicado en comparación con los resultados arrojados en la
aplicación de los indicadores financieros se puede concluir lo siguiente.
RAZON CORRIENTE= Activo corriente/Pasivo corriente
131.077.379/ 125.844.223= $1.0
La EPS Comparta cuenta con recursos para responder con sus obligaciones
acorto plazo, el indicador razón corriente se muestra que por cada peso de
deuda de la E.S.E, esta puede responder con sus activos hasta el $1.0 pesos
de sus obligaciones de corto plazo.
CAPITAL DE TRABAJO= Activo corriente- Pasivo Corriente
131.077.379-125.844.223= 5.233.156
El capital de trabajo de 5.233.156 es un valor positivo que nos indica que los
activos corrientes pueden cubrir las obligaciones a corto plazo.
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO= Total pasivo/Total Activo*100%
127.942.840/134.867.549= 95%
El nivel de endeudamiento de la E.S.P es Inaceptable puesto que se encuentra
por encima del nivel de endeudamiento aceptado que es el 60%, poniendo en
grave crisis financiera a la entidad.
ROTACION DE CARTERA: cartera /venta servicio* 360
80.644.885/405.875.567 *360= 71 días
La rotación de cartera nos indica que las cuentas por cobrar se están
recuperando en promedio cada 71 días, es decir que la E.P.S después de haber
firmado contratos de aseguramiento con los entes territoriales, va recaudando
cada 2 meses aproximadamente lo cual muestra que es una rotación muy
La E.P.S no registro perdidas en el ejercicio en la vigencia 2010, sin embargo
en el análisis se evidencio un nivel de endeudamiento muy inaceptable, debido
a los elevados pasivos que tiene la entidad.
El anterior análisis se realizo con la información contable de la empresa
Comparta a nivel general.
• Verificar si la empresa tiene giro directo.
Tiene giro directo con san carlos, canalete, chinu, sahagun, san pelayo.
• Realizar seguimiento a las funciones de advertencia.
La E.P.S –Comparta no recibió función de advertencia en la vigencia 2010, por parte
de la Contraloría General del Departamento de Córdoba.
• Emitir pronunciamiento sobre los beneficios generados por las mismas.
El grupo auditor no emite pronunciamiento debido a que nunca se ha hecho función de
MATRIZ DE CONSOLIDACION DE HALLAZGOS
ENTIDAD AUDITADA: EPS COMPARTA
Nº Descripción Hallazgo Cuantía millones
En vista a que esta empresa contrata con entes
territoriales del Estado, al contratar, mantiene en
sus contratos, la solicitud de requisitos mínimos
para que pueda contratar como son, los
certificados de disponibilidad, registro
presupuestal, expedidos por el ente territorial,
Por lo que se constató, entonces que no anexa
otros requisitos, no menos importantes y que
además hacen parte de los contratos, faltando de
acuerdo a la normatividad existente, como también
lo reglamentado en sus manuales de
procedimiento, como tampoco en sus caso, la
suscripción del acta de inicio, actas parciales,
actas finales, la póliza no tiene un acto de
aprobación, recibo final del servicio, la certificación
dada por el gerente que cumple con la obligación
de reportar a la Superintendencia Nacional de
Salud la información solicitada de su
responsabilidad, acta de comité de contratación,
formulario de prestadores de servicio de salud y
certificación de los pagos de los aportes
parafiscales, la revisión del portafolio enviado por
la IPS del cual se verifica que cumplan con los
requisitos según el registro especial de prestadores
(Ley 1122 de 2007 y Decreto 1020 de 2007),
constancia de las visitas a las IPS
preseleccionadas (Decreto 4747 de 2007),
informes de interventorias y de visitas, existencia y
representación Legal de la Institución prestadora
del servicio en salud, RUT de la IPS, como
tampoco para su pago se tiene la certificación por
lo menos en copia, del cual debe reposar el original
de la existencia de la cuenta bancaria de las
instituciones prestadoras de salud, entre otros
documentos formales establecidos. Incumpliendo
de algún modo lo contemplado en el decreto
número 4747 de 2007 y demás normas
relacionadas con la materia en este sector de la
En fin, de todo los anterior, respecto de los
contratos aquí anotados y los demás revisados de
acuerdo a lo aquí visto, se puede inferir, que esta
entidad, ejecuta los contratos, sin tenerse el
cumplimiento total de los requisitos establecidos en
la ley y en sus reglamentos, de lo cual, permiten el
manejo de los recursos que son del Estado, por la
razón que ellos solo son unos administradores de
los recursos, que los contratistas, sean del sector
público o privados, sin el cumplimiento total de
requisitos constitucionales, reglados y formales
para que los particulares y los mismos servidores
Pues bien, una vez mirada y revisada la conducta
realizada por el señor gerente de la EPS-S, y que
además no desconociendo su calidad de
Empleado del sector Privado, y que por ende todas
sus actuaciones son regidas por la normatividad
existente en este sector, es bien difícil poder hablar
de algunas conductas o faltas disciplinarias de
Pero una vez se mira la jurisprudencia y doctrina
existente, para este caso de la conducta del señor
gerente que en el evento de tener la calidad de
servidor público, se encontraría incurso en falta
gravísima. Pero como se describió en el renglón
anterior, la doctrina y la jurisprudencia, ha dejado
algunas actuaciones de estos empleados o en
especial a particulares que administren bienes del
Estado, en incumplimiento al código disciplinario
único, que sea la misma autoridad competente
para los servidores públicos, que sigan e
investiguen estas conductas, sin perjuicio de la
competencia que tienen los organismos que
realizan el control y vigilancia a estos particulares,
en este caso en especial a los particulares que
manejan recursos de la Salud de la población más
vulnerable del país. Sustentada por la Corte
Constitucional en Sentencia C-037 de 2003, en
unos de los temas tratados, de acuerdo a las
demandas presentadas en contra de varios
artículos de la ley 734. De 2002, teniéndose, en
varios conceptos emitidos por parte del Ministerio
Publico, y en especial las emitidas por la corte
respecto a la responsabilidad disciplinaria de los
particulares que manejan bienes del Estado en
atención o con fundamento específicamente en los
artículos Constitucionales 6°, 365 y 366. Artículo
53 de la ley 734 de 2002 y las sentencias
anteriores como la C-280 de 1996, C-563 de 1998
C-181 de 2002, S-C 286 DE 1996, S-C 1076 DE
2002, entre otras.
Incumplimiento en la contratación con la red
pública, establecido en ley 1122 de 2007.
Contratos a partir del 01-04-10 hasta 31-03-
La E.P.S Comparta contrato con la red (Nivel I, II)
pública el 55.2%, equivalentes a $16.266.612.367,
y alto costo un 0.6 equivalente a $ 195.502.133
para un total con el sector publico por $
16.462.114.500 el resto lo contrato con el sector
La E.P.S Comparta dejo de contratar con la red
pública 4.1% equivalente a $1.206.846.088.
El nivel I contrato el 49.6%, equivalente a $
14.631.228.030, el nivel II, el 5.5% equivalente a $
1.635.384.337.
Este hallazgo es de tipo administrativo con alcance
Disciplinario y Fiscal puesto que la Ley 1122 de
2007 establece que las Entidades Promotoras de
Salud del régimen subsidiado contratarán
obligatoria y efectivamente un mínimo porcentual
del gasto en salud con las Empresas Sociales del
Estado debidamente habilitadas en el municipio de
$1.206.846.088 x x x
residencia del afiliado, siempre y cuando exista allí
la correspondiente capacidad resolutiva. Dicho
porcentaje será, como mínimo, el sesenta por
ciento (60%). Lo anterior estará sujeto al
cumplimiento de requisitos e indicadores de
calidad y resultados, oferta disponible, indicadores
de gestión y tarifas competitivas. Las Entidades
Promotoras de Salud de naturaleza pública del
Régimen Contributivo, deberán contratar como
mínimo el 60% del gasto en salud con las ESE
escindidas del ISS siempre y cuando exista
capacidad resolutiva y se cumpla con indicadores
de calidad y resultados, indicadores de gestión y
este artículo de tal manera que permita la
distribución adecuada de este porcentaje en los
diferentes niveles de complejidad, teniendo en
cuenta la diversidad de las diferentes Entidades
Pues bien, una vez se revisan los contratos
suscritos, con esta EPS, se tiene, que no se anexa,
el acta de liquidación de los contratos suscritos en
la vigencia a 31 de marzo de 2010. Como también,
al mirar, la relación de las cuentas por cobrar y
cuentas por pagar, y en especial las actas
suscritas por las partes contratantes, la Secretaría
de Salud Departamental y la Procuraduría, durante
los días 27, 28 y 29 de abril del año en curso, se
pudo constatar, algunas deudas o acreencias de
los entes territoriales con las EPS-S como también
estas con las Red Restadora de servicios,
desconociendo así mismo el fin que se persigue
con la liquidación de los contratos.
En lo referente al cumplimiento de los contratos
comprendidos entre el 1º de abril de 2010 al 31 de
marzo de 2011, no se tiene diligencia alguna que
muestre el cumplimiento de las normas
correspondientes a liquidación de los contratos,
teniéndose además que existen contratos como los
números 230012010001, Suscrito con el municipio
de montería, con vigencia del 01/06/2010 al
31/07/2010 por valor de $1.099.952.352,
230902010001 Con el municipio de Canalete con
vigencia del 01/06/2010 al 31/07/2010 por valor de
$175.092.288, 1622010001 suscrito con el
municipio de Cereté con vigencia del 01/06/2010
al 31/07/2010 por valor de $589.306.752,
231822010001 suscrito con el municipio de Chinú
con vigencia comprendida entre el 01/06/2010 al
31/07/2010 por valor de $274.565.568,
231892010001 suscrito con el municipio de
Ciénaga De Oro comprendido entre el 01/06/2010
al 31/07/2010 por valor de $381.716.640,
3002010001 suscrito con el municipio de Cotorra
con periodo comprendido entre el 01/06/2010 al
31/07/2010 por valor de $89.429.376,
233502010001 suscrito con el municipio de La
Apartada, con vigencia entre el 01/06/2010 al
31/07/2010 por valor de $240.860.544,
234172010001 suscrito con el municipio de Lorica,
31/07/2010 por valor de $588.582.432,
235552010001 suscrito con el municipio de
Planeta Rica, con vigencia comprendida entre el
01/06/2010 al 31/07/2010 por valor de
$316.672.704, 235702010001 suscrito con el
municipio de Pueblo con vigencia entre el
$489.398.880, 6602010001 suscrito con el
municipio de Sahagún con vigencia comprendida
entre el 01/06/2010 al 31/07/2010 por valor de
$452.072.256, 236722010001 suscrito con el
municipio de San Antero, entre el 01/06/2010 al
31/07/2010 con valor de $192.910.560,
23672201001suscrito con el municipio de San
Antero con vigencia entre el 01/08/2010 al
30/09/2010 por valor de $201.457.536,
236722010002 suscrito con el municipio de San
Antero comprendido entre el 01/10/2010 al
31/12/2010 con valor de $302.186.304,
236782010001 suscrito con el municipio de San
Carlos con vigencia entre el 01/06/2010 al
31/07/2010 por valor de $164.420.640, y el numero
6862010001 suscrito con el municipio de San
Pelayo con vigencia entre el 01/06/2010 al
Así mismo, se pudo constatar, que hasta la fecha
de visita de la presente auditoria, respecto a los
contratos que cumplieron su vigencia de ejecución
a 31 de marzo de 2011, también se conoció, una
falta de diligencia, por cuanto la ley otorga, tal
como se puede describir en la Ley 1122 de 2007 y
falta de diligencia, por cuanto la ley otorga un
termino de liquidación de cuatro meses o dentro de
los cuatro meses y no que se debe esperar el
cumplimiento de los cuatro meses para empezar a
liquidar los contartos. Conducta esta vista por el
gerente de esta EPS-S, por cuanto no se pudo
evidencia, diligencia alguna, después de pasado
dos o tres mes de haber finalizado el período
contractual, tal como se consagra en la Ley 1122
de 2007, artículos 60 y 61 de la ley 80 de 1993,
Es decir, a esta obligación, presentada dentro de la
etapa final del contrato, no le brindó la importancia
que esta merece, mas por ineficiencia que por
desconocimiento de las normas, que además al
parecer un tema tan sencillo, es tan complicado,
por la falta de investigación y conceptualización del
fin o el efecto que produce la liquidación de los
contratos. En fin es tan importante este documento
o acta de liquidación, por cuanto, es la última
oportunidad que tienen las partes de restablecer el
equilibrio del contrato que se pudo haber roto
durante la ejecución del contrato. Y que así mismo,
con este acto de liquidación, lo que una vez fue el
acuerdo de voluntad es etapa negocial, queda
terminada y cerrada definitivamente en lo que
atañe al cumplimiento de las obligaciones que se
derivan del mismo para las partes, lo que implica la
extinción definitiva del vínculo contractual, la
ELVIA MARINA GIRALDO VERGARA DAVID VERGARA ROMAN
certeza acerca del pasado y futuro del contrato.
Se evidencio cartera mayor de 360 días con las
redes prestadoras de salud, en la red pública por
valor total de $44.194.620, según información
suministrada por la entidad.
Cartera mayor de 360 días, de los entes territoriales
con la E.P.S Comparta.
Se evidencio cartera mayor de 360 días a corte 31-
03-2011, por parte de los Municipios a la E.P.S
Comparta por un valor total de $4.457.907.807 en
cabeza de los Alcaldes.
Así: Un total de $1.812.885.080, Planeta Rica
$37.742.905, San Carlos $329.938.186, Cerete
$479.460.170, Ciénaga de oro $344.736.066, Chinu
$503.101.966, La apartada $117.905.787.
Este hallazgo es Administrativo con connotación
$1.812.885.080
TOTAL $3.019.731.168
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