Source: http://blog.pucp.edu.pe/blog/registralynotarial/author/gmendoza/
Timestamp: 2017-11-24 09:29:23
Document Index: 177709634

Matched Legal Cases: ['artículo 66', 'artículo 10', 'Artículo 1098', 'Artículo 1099', 'artículo 1549', 'artículo 949', 'artículo 1351', 'artículo 949', 'Artículo 143', 'Artículo 1411', 'Artículo 140', 'Artículo 144', 'Artículo 1624', 'artículo 1623', 'Artículo 1625', 'Artículo 156', 'Artículo 219', 'Artículo 264']

Gilberto Mendoza | Blog de Revista Electrónica EL VISIR
Archivo del Autor: Gilberto Mendoza
Acerca de Gilberto Mendoza
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Graduado con la tesis “Criterios de Imputación en la responsabilidad civil del Registrador Público.” Es Magíster en Derecho con mención en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha llevado el XI Curso Iberoamericano de Derecho Registral organizado por el Colegio de Registradores de España y la Universidad Autónoma de Madrid. Es profesor de la Facultad de Derecho de la PUCP (Acto Jurídico y Metodología de la Investigación) y Universidad de Lima. Es Profesor del Post Título con mención de Derecho Civil de la PUCP (Acto jurídico, Reales y Responsabilidad Civil), de la Maestría con Mención en Derecho Civil (Reales, Registral y Garantías Reales) y asesor de Investigación en la Maestría de Derecho de la Empresa de la misma casa de estudios. Es investigador visitante del Instituto Max Planck – Institute für Auslandisches und Internationales Privatrecht im Hamburg. Es investigador visitante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sao Paulo. Ha obtenido la beca Huiracocha para sus estudios de Doctorado en la PUCP. Se encuentra estudiando como segunda carrera economía. Es Director de la Revista Electrónica de Derecho Registral y Notarial El Visir www.elvisir.pe. Es director de la Asociación CADRI PERÚ. Ha escrito diversos artículos en revistas académicas en el ámbito nacional, y en el extranjero como la Revista Crítica de Derecho Inmobiliario. Ha sido expositor y ponente en diversos eventos nacionales e internacionales.
El índice lo pueden visualizar en el siguiente link: Libro Precedentes y acuerdos
Esta entrada fue publicada en General el 11 Julio, 2017 por Gilberto Mendoza.
Dra. Fiorella Vásquez Rebaza
Nos tomamos la libertad de publicar el presente comentario en memoria del ilustre y extinto maestro Hildebrando Castro Pozo Diaz, quien en uno de sus últimas apreciaciones jurídicas expresó : “el camino en el caso Rutas de Lima es claro: nulidad del contrato, flores para los muertos y penas y sanciones para los culpables.”
Hildebrando Castro Pozo Diaz, jurista de primer nivel, compartía sus conocimientos y experiencias con singular y pedagógico desprendimiento. Su legado académico comprende numerosos tratados y publicaciones e investigación histórico-social que constituyen hoy en día la piedra angular para redefinir el rol del derecho en nuestra sociedad. Creo que gracias a él, aprendí que un abogado debe conocer la historia y la realidad social antes de tomar cualquier decisión que pueda afectar al bien común.
El presente trabajo tiende a esbozar algunos lineamientos para un análisis de las consecuencias legales que podría acarrear el reconocimiento de la empresa constructora Odebrecht (de origen brasileño) en función de una política de sobornos ,según se dice, ascendente veintinueve millones de dólares (entre los años 2005 y 2014), a favor de funcionarios peruanos como medio indispensable para la celebración de contratos de concesión de obras públicas.
En los últimos días hemos sido testigos de innumerables informes públicos en torno a actos de corrupción ejecutados por la empresa constructora Odebrecht coludida con funcionarios del Estado Peruano, aun no identificados y revelados.
De acuerdo con CCN en Español, el Departamento de Justicia de Estados Unidos atribuyó a la empresa Odebrecht haber pagado millonarios sobornos en doce países latinoamericanos para conseguir contratos. De hecho, también se habla de una cifra que asciende a los 788 millones de dólares[1].
La agencia estatal de noticias peruana Andina[2] reportó que de acuerdo a la justicia de Estados Unidos, “la compañía brasileña reconoció el pago de sobornos en Perú hasta por 29 millones de dólares, entre el 2005 y 2014, a funcionarios gubernamentales”. Todo con la intención de conseguir contratos en obras públicas. En ese sentido, expresa que con esas maniobras, de acuerdo con la información de Estados Unidos, la empresa se obtuvo ganancia superior a los 143 millones de dólares. El período que señala el informe respectivo comprende las gestiones de los presidentes Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016)”, apuntó Andina.
IDL reporteros[3] señaló que durante los tres últimos mandatos presidenciales la empresa Odebrecht firmó contratos de concesión por 29 mil 657 millones 848 mil 580 soles, entre otros ..
Los más importantes contratos de concesión celebrados por Odebrecht en el Perú son: Proyecto IIRSA Sur Tramo 3, IIRSA Sur Tramo 2, IIRSA Norte, Central Hidroeléctrica Chaglla, Proyecto Integral Olmos (Irrigación) l, Gasoducto Sur Peruano, Proyecto Chavimochic – Etapa III y Vías Nuevas de Lima – Tramo Ramiro Prialé.
Ante tales sucesos, es evidente que las entidades financieras se nieguen a seguir financiando a la empresa Odebrecht para la ejecución de las obras con el velo de incertidumbre que se va extendiendo a medida que pasa el tiempo.. Por consiguiente las actuales circunstancias y la manera como ocurra el desenlace , son y continuarán siendo de vital importancia para el desarrollo del país. En ese sentido m y por lo pronto, el Presidente de la República señaló la posible venta de las acciones de la citada empresa al consorcio de capitales Techint y Sempra en el proyecto del gasoducto sur peruano (GSP). Según corroboró diario Gestión, dicha transacción se encontraría valorizada en más de US$ 500 millones[4].
Dentro de este marco, procederemos a efectuar una breve reseña de los contratos de concesión a fin de entender cuáles podrían ser los remedios jurídicos aplicables en la observación de alguna patología en los mismos.
Remedios contractuales aplicables a los contratos de concesión
El artículo 66 de la Constitución Política del Perú señala que los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho, sujeto a dicha norma legal.
Conforme establece el Decreto Supremo Nº 410-2015-EF, la concesión es el acto administrativo por el cual los Ministerios, Gobierno Regional o Gobierno Local otorgan a un inversionista la ejecución y explotación de infraestructura pública o la prestación de los servicios públicos, por un plazo determinado, cuyos derechos y obligaciones están regulados en el mismo contrato.
De acuerdo con el Tribunal Constitucional, supremo Intérprete de la Constitución, criterio establecido en la sentencia recaída en el Expediente Nº 2488-2004-AA/TC, la concesión es un acto de naturaleza dual, un acto de poder público y, a la vez, un contrato[5].
En esa línea de ideas, los remedios aplicables a la concesión concebida como acto administrativo están regulados en la en la Ley de Procedimiento Administrativo General Ley 27444[6], modificada recientemente por el Decreto Legislativo Nº 1272.
En lo referente a la regulación de los derechos y obligaciones asumidas por el Estado y el concesionarios advertimos : (i) en la concesión concebida como contrato, el cual norma el efecto derivado de un acto administrativo, (ii)en el Decreto Supremo Nº 059-96-PCM y su reglamento y (iii) en el Código Civil peruano dada a su especial naturaleza. De la lectura de los mismos, se concluye en la existencia de reglas para situaciones de incumplimiento, la suspensión del contrato y su modificación, existiendo un vacío para las situaciones de invalidez.
En el marco del derecho civil, se regula, entre otros remedios, la nulidad de pleno derecho para causales tales como la ilicitud en la causa, contrariedad al orden público y a las buenas costumbres.
Los efectos de la citada nulidad son los siguientes: i) efecto liberatorio-extintivo, en virtud del cual las partes dejan de estar jurídicamente comprometidas por el vínculo contractual ii) la restitución de las prestaciones ejecutadas en virtud del contrato nulo, lo que acarrea la re-liquidación de trabajos ejecutados según las reglas del enriquecimiento sin causa (restitución de costo) y consiguiente pérdida de la rentabilidad de la operación para las partes, iii) Aplicación de la no repetición de lo pagado bajo un fin inmoral y iv) Oponibilidad a terceros.
Por su parte, en el instituto de la resolución, y como secuela de una posible resolución unilateral o uso de la cláusula anticorrupción, es posible detectar los siguientes efectos: i) efecto liberatorio-extintivo, ii) el efecto retroactivo, por el cual la resolución se proyecta hacia atrás en el tiempo ( retroactivo) ; iii) el efecto restitutorio o reintegrativo, por el cual las partes quedan obligadas a devolver las prestaciones patrimoniales ejecutadas en cumplimiento del contrato ; y iv) el efecto resarcitorio, que se produce en caso se provoque daño a la parte perjudicada por el incumplimiento.
En este contexto es posible efectuar una liquidación de trabajos ejecutados a valor contractual ; no habría extorno de la rentabilidad y podría reclamarse resarcimiento a cargo de las partes corruptas. No generándose oponibilidad a terceros de buena fe.
Del análisis de ambos ,está claro que sería más conveniente al Estado aplicar la nulidad del contrato, pues de esa manera conseguirá que retorne a su patrimonio la rentabilidad obtenida por la empresa que ejecutó (aunque sea parcialmente) la obra en el marco del contrato nulo, la restitución exclusivamente del costo de las obras y no resarcimiento a las partes corruptas.
De la revisión de antecedentes, hemos podido advertir que hasta la fecha Proinversión no ha declarado algún contrato de concesión ineficaz, inválido o nulo, excepto aquellos procesos declarados desiertos debido a la ausencia de postores interesados. De modo que, es la oportunidad para que se haga un análisis crítico respecto al remedio a utilizarse en dichos contratos de concesión obteniéndose la irrenunciable protección al bien común.
Los usuarios, consumidores y terceros no pueden quedar desamparados ante el vacío contractual y legal pues se corre el riesgo de afectar la infraestructura y el servicio público materia del Contrato de Concesión , perjudicándose así el objetivo de la Ley 29970 y el interés público.
Consideramos que el remedio aplicable para el caso concreto sería el de la nulidad y no el de la resolución del contrato. Así se obligaría a la empresa Odebrecht a retornar al patrimonio estatal la rentabilidad obtenida ilícitamente, sin resarcimiento a las partes corruptas.
[1] Según el informe del Departamento de Justicia, “durante o entre 2001 y 2016, Odebrecht, junto a sus cómplices, consciente y deliberadamente conspiró y acordó con otros proveer corruptamente cientos de millones de dólares en pagos y otros objetos de valor”. El reporte continúa diciendo que los pagos se hicieron “para el beneficio de funcionarios oficiales extranjeros, partidos políticos extranjeros, miembros de partidos políticos extranjeros y candidatos políticos extranjeros para asegurar una indebida ventaja e influenciar a esos funcionarios extranjeros, partidos políticos extranjeros y candidatos políticos extranjeros a fin de obtener y retener negocios en varios países alrededor del mundo”. Ver en: http://cnnespanol.cnn.com/2017/01/05/caso-odebrecht-la-fiscalia-de-peru-logra-el-primer-acuerdo-de-entrega-de-ganancias-ilicitas/.
[2] Ver en: http://www.andina.com.pe/agencia/seccion-politica-17.aspx?sec=17.
[3] Ver en: https://idl-reporteros.pe/los-contratos-de-odebrecht-en-peru/
[4] Ver en: https://www.google.com.pe/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=ppk%20venderemos%20las%20acciones%20de%20odebrecht
[5] “La concesión es tanto un acto de autoridad estatal como un contrato
La naturaleza jurídica de la concesión, ha sido desarrollada por varias corrientes doctrinales. Una primera, entendía que en el caso de la concesión, el Estado actuaba como persona privada contratando con los particulares y sometiéndose a las reglas del Derecho Común, negándose que pueda existir algún elemento legal o reglamentario de Derecho Público. En contraposición a ella, una segunda concibe a la concesión como un acto exclusivamente de Derecho Público, lo que supone que la concesión implica la subordinación del interés individual al interés general, por lo que se trata de una figura regida únicamente por el Derecho Público.Finalmente, una tercera ve a la concesión como un acto con dos facetas. Por un lado, un acto de poder público que se refiere al aspecto legal o reglamentario de la concesión y en atención al cual el Estado se desprende de una determinada actividad para entregarla al sector privado, conservando los poderes de vigilancia y control en atención al interés público; y por otro, una faz contractual, que se refiere a los deberes que recíprocamente se fijan las partes y en las que es posible referirse al contrato de concesión administrativa. (…)
La naturaleza mixta de la concesión a la que nos hemos referido da lugar a que esta figura permita otorgar a los particulares la gestión de un servicio público que típicamente era realizado de modo directo por la Administración. De este modo, la concesión implica una transferencia limitada de facultades de administración de un servicio público, respecto de las cuales el Estado mantiene facultades de imperio. Ello en atención al interés público que subyace a la noción misma de la concesión y cuya satisfacción constituye el objeto de la misma. Las facultades que el particular recibe son las estrictamente necesarias para la prestación del servicio, manteniendo la Administración sus poderes de control y supervisión así como una serie de potestades y derechos entre los que se encuentra la posibilidad de modificar el contenido del contrato e inclusive el poder de resolverlo antes de la fecha pactada. No obstante, tales potestades se encuentran subordinadas a la noción del interés público.”(Las negritas son nuestras)
[6] Dentro de este marco, se debe tener en cuenta que el artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo General señala como causales de nulidad de pleno derecho del acto administrativo entre otros la contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias y los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma.
Esta entrada fue publicada en General el 23 Enero, 2017 por Gilberto Mendoza.
Mg. Gilberto Mendoza del Maestro
Acaba de salir publicado el IX Pleno Casatorio, despejándose ciertas dudas y creándose otras. Ha existido la intención que sea didáctico, aunque se ha cometido diversos errores en su contenido como por ejemplo en el considerando 31 se generaliza a la doctrina alemana a partir de un autor, no entendiéndose que el sistema de transferencia en Alemania es distinto, lo cual tiene repercusión en las patologías negociales.
No obstante ello vamos a analizar del Pleno a partir de la formalidad, la obligación de formalizar la transferencia y los efectos en el sistema registral.
FORMA, FORMALIDAD Y FORMALISMO
En doctrina se distingue entre forma, formalidad y formalismo. En el caso de la forma Messineo afirma que la forma es el aspecto exterior que asume la declaración de voluntad[1] que se concretiza a través de gestos, expresiones orales o escritas, entre otros.
Es clara la comparación que Ihering realizó en su momento: „Die form ist für die Rechtsgeschäfte, was das Gepräge für die Münzen“[2] es decir que la forma es para el negocio jurídico lo que el cuño para la moneda.[3]
Formalidad en cambio son aquellas exigencias adicionales a la exteriorización normal de la voluntad.[4] En la RAE existen diversas acepciones para el término formalidad[5] ya sea como compostura en algún acto, los requisitos para ejecutar algo, entre otros.
Finalmente formalismo jurídico[6] cuando las consecuencias jurídicas de determinado negocio jurídico dependen de realizar ciertos actos prestablecidos (normativa o consensualmente) reconocibles exteriormente[7].
El considerando 10 del Pleno citando a Bianca señala: “Las principales formas del contrato son la escritura pública, la escritura privada, la forma oral y el comportamiento concluyente.” La escritura pública es una formalidad, decir lo contrario implica generalizar el concepto de forma a todos los supuestos de formalidad.
Si bien es cierto es una cita, se debió procesar la información que se cita, lo cual consideramos que no sólo ha sido un error en este caso sino en diferentes considerandos que simplemente se ha citado sin entender bien lo que los autores quieren decir, o simplemente verificar que lo dicho no es aplicable en nuestro ordenamiento.
Ahora bien, en el considerando 13 se alejan de la clasificación de negocios formales y no formales alegando que podría interpretarse la existencia de negocios sin forma por lo que hace referencia a una nueva clasificación que es distinguir entre negocios vinculados (ya sea por exigencia legal o por autonomía privada) y negocios no vinculados.
La terminología es poco feliz dado que sean “vinculados” o “no vinculados” igual vinculan a las partes, quizá lo que quisieron
Antes de entrar a su explicación es necesario definir algunos conceptos que pueden ser útiles para regular de forma plena la forma y formalidad en nuestro ordenamiento: En principio encontramos la “Wirkform” o forma efectiva o necesaria para conseguir el efecto jurídico deseado. De otro lado encontramos a la “Shutzform” o protección de la forma, por ejemplo a nivel probatorio. Y finalmente la denominada Zweckform[8] o cuál es el fin de la forma.
Con esto podemos entender que la forma como manifestación de la autonomía privada se señala que existe el principio de libertad de forma regulado en el Art. 143[9] del Código Civil.
No obstante ello, también los privados podemos exigir el cumplimiento de determinadas formalidades bajo el ropaje de disposiciones normativas sancionando con nulidad su inobservancia, lo cual si bien no es aceptado por un sector de la doctrina nacional, se puede verificar en los artículos 1411[10] y 1412 del Código Civil.
La razón de ello es que el negocio jurídico tiene fuente de validez en las demás normas superiores del ordenamiento, y a su vez es fuente de producción de efectos jurídicos.[11] Ahora bien, si se puede lo más, se puede lo menos, por autonomía privada también podemos señalar que las partes pueden señalar que el incumplimiento de una formalidad voluntaria da como resultado la ineficacia del acto.
Se señala incorrectamente que los supuestos de bajo sanción de nulidad 140[12]son supuestos de formalidad ad solemnitatem,[13] cuando aquel es producto de la patología de ausencia del requisito lo que sería más preciso señalar como formalidad ad substantiam (forma dat ese rei) la cual debería tener como sanción la inexistencia dado que el negocio carece de un elemento esencial.
Lamentablemente el Código se quedó corto en ello y fusionó la formalidad ab substantiam y la ad solemnitatem con un solo efecto: la nulidad. Ejemplo de ello lo encontramos 1624[14], 1625[15], 156[16], 219[17], 264[18].
Artículo 1098.- La hipoteca se constituye por escritura pública, salvo disposición diferente de la ley.
Artículo 1099.- Son requisitos para la validez de la hipoteca:
(…) 3.- Que el gravamen sea de cantidad determinada o determinable y se inscriba en el registro de la propiedad inmueble.
TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD Y REGISTROS PÚBLICOS
El considerando 88 señala algunas cosas importantes: Distingue un primer momento de configuración del negocio de transferencia, y un segundo momento el de lograr mayor oponibilidad aplicando ¿analogía? con el artículo 1549 como obligación esencial.
Para entender ello, es necesario recordar que la transferencia de bienes inmuebles tiene una influencia francesa (1138 del Code derogado) el cual recoge un sistema espiritualista mediante el cual el mero consenso transfiere propiedad:
Dicho artículo ha sido materia de diversas interpretaciones por diferentes autores en nuestro medio. No obstante ello nos limitaremos en esta parte a mostrar algunas posiciones.
Existen los autores que señalan que el contrato sólo tiene efectos obligacionales,[19] y que en caso se generaran efectos reales estas tienen que verificarse en el nivel de ejecución de las propias obligaciones.[20]
TORRES MÉNDEZ señala que la transferencia opera con la entrega, no con el contrato. Así pues señala que el código contiene una contradicción interna entre el artículo 949 y el 1529, teniendo este sólo efectos obligacionales. En este sentido, propone que el Art. 1529 es una norma de excepción, por lo que el 949 no se aplicaría a la compraventa de bienes inmuebles.[21]
Ahora bien, para que se consolide la transferencia aplica analógicamente el Art. 947, señalando que esta contiene el requisito necesario de la tradición. Por tanto, el Art. 949 quedaría restringido a los supuestos de contratos atípicos.[22]
Del otro lado, existen autores que siguen la posición –con ciertos matices- del sistema consensualístico.[23]
Así pues indica que basta sólo el contrato para transferir propiedad, no obstante llo luego entra en contradicción al señalar que en el contrato de compraventa de bienes inmuebles confluyen título y modo.[24] Si se requiere título y modo, ¿no basta entonces el contrato para transferir propiedad?
FORNO en cambio argumenta que el contrato tiene efectos reales en la transferencia de bienes inmuebles dado que según nuestro artículo 1351 se establece que el contrato tiene como fin crear, regular, modificar o extinguir una “relación jurídico patrimonial”. Siendo que dichas relaciones no sólo contienen derechos subjetivos y deberes jurídicos, sino otras situaciones jurídicas subjetivas.[25] Si bien el artículo 949 contiene el término “obligación” sin embargo que la misma no tiene estructura, contenido ni función del término técnico, por lo que se agota inmediatamente ocurre. En este sentido, dicho artículo contiene el efecto real.[26]
En ese sentido se ha asumido que en nuestro país, respecto a los bienes inmuebles, el contrato produce efectos reales. Si bien consideramos que dicha opción legislativa genera una serie de problemas al no existir la tradición en el supuesto de hecho de configuración de la transmisión, el dispositivo normativo permite la interpretación de los efectos reales generados por los contratos.
En este sentido al indicarse en los considerandos del pleno que la formalización es una obligación esencial, salvo pacto en contrario, indirectamente está señalando que la inscripción en el registro es obligatoria salvo disposición distinta de las partes.
Este razonamiento lo consideramos correcto dado que nuestro país debe tender a la formalización de las titularidades, y el registro debe ser el medio por excelencia.
Registrar la propiedad tiene diversos efectos positivos como revalorizar los bienes, reduce los supuestos de apariencia, y permite dinamizar el crédito.
[8] KÖTZ, Hein. Formerfordernisse. En: Handwörterbuch des Europäischen Privatrechts. Band I, Mohr Siebeck, 2009, p. 617.
[9] Artículo 143.- Cuando la ley no designe una forma específica para un acto jurídico, los interesados pueden usar la que juzguen conveniente.
[10] Artículo 1411.- Se presume que la forma que las partes convienen adoptar anticipadamente y por escrito es requisito indispensable para la validez del acto, bajo sanción de nulidad.
[11] Fuente de producción como modo de producción y de manifestación de la norma jurídica. Fuente de validez al ser creada de acuerdo a derecho FERRI, Luigi, La autonomía privada, Traducción y notas de derecho español de Luis Sancho Mendizábal, Edición al cuidado de José Luis Monereo Pérez, Editorial Comares, Granada, 2001, p.30 , 31.
[12] Artículo 140.- El acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Para su validez se requiere:
[13] Artículo 144.- Cuando la ley impone una forma y no sanciona con nulidad su inobservancia, constituye sólo un medio de prueba de la existencia del acto.
[14] “Artículo 1624.- Si el valor de los bienes muebles excede el límite fijado en el artículo 1623, la donación se deberá hacer por escrito de fecha cierta, bajo sanción de nulidad.
En el instrumento deben especificarse y valorizarse los bienes que se donen.”
[15] “Artículo 1625.- La donación de bienes inmuebles, debe hacerse por escritura pública, con indicación individual del inmueble o inmuebles donados, de su valor real y el de las cargas que ha de satisfacer el donatario, bajo sanción de nulidad.“
[16] Artículo 156.- Para disponer de la propiedad del representado o gravar sus bienes, se requiere que el encargo conste en forma indubitable y por escritura pública, bajo sanción de nulidad.
[17] Artículo 219.- El acto jurídico es nulo:
[18] Artículo 264.- El matrimonio puede contraerse por apoderado especialmente autorizado por escritura pública, con identificación de la persona con quien ha de celebrarse, bajo sanción de nulidad. Es indispensable la presencia de esta última en el acto de celebración.
[19] ARIAS – SCHREIBER PEZET, Max. Exégesis. Tomo I. Lima, Studium, 1987, p.155. En otros ordenamientos la mera promesa de transmisión de una posición jurídica patrimonial, confiere una pretensión de la transmisión del acreedor al deudor subordinando sus intereses más no así la transmite, en principio, por sus efectos meramente obligacionales. ENNECCERUS, L. , NIPPERDEY, H. C.. Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts. V.2, 15. ed. Tübingen: J. C. B. Mohr, 1960, p.891-2. VON TUHR, Andreas. Der allgemeine Teil des deutschen bürgerlichen Rechts. V.2, T.1.Leipzig: Duncker & Humblot, 1957, p.369-70.
[20] CASTILLO FREYRE, Mario. Comentarios al contrato de compraventa. Lima: Gaceta Jurídica, p. 18.
[21] TORRES MÉNDEZ, Miguel. Estudios sobre el contrato de compraventa (parte I), Lima, Grijley, 1993, pp. 143-145.
[22] TORRES MÉNDEZ, Miguel. Ibid., p.148.
[23] FERNÁNDEZ CRUZ, Gastón. “La obligación de enajenar y el sistema de transferencia de la propiedad inmueble en el Perú”. En: Revista Thémis, Segunda Época, No. 30, Lima, 1994, p. 171. Tómese en cuenta que este autor toma como finalidades concretas de cualquier sistema de propiedad: i) La facilitación de la circulación de la riqueza. ii) La reducción de los costos de transacción en las transferencias voluntarias. Iii) La reducción (o eliminación) del riesgo de adquisición “a non domino” a través de signos de publicidad. OSTERLING PARODI, Felipe. Las Obligaciones. Biblioteca para Leer el Código Civil. Vol. VI. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 1988, p. 40.
[24] BIGIO CHREM, Jack. “la compraventa y la transmisión de propiedad”. En: VV.AA. Biblioteca para leer el Código Civil, 1984, pág. 183.
[25] FORNO FLÓREZ, Hugo. “El contrato con efectos reales”, En: Revista Ius et Veritas, Año IV, No. 7, Lima, 1993, pág. 77.
[26] FORNO FLÓREZ, Hugo. Ibid., pág. 86. En igual sentido: ESCOBAR ROZAS, Freddy. El contrato con efectos reales. Análisis del sistema de transferencia de propiedad adoptado por el Código Civil peruano. Ius et veritas 25, pp.58 y 59. Incluso algunos autores han ampliado el ámbito de aplicación de dicha posición a los bienes muebles, asumiendo que el contrato automáticamente produce la modificación del título posesorio, operando la tradición ficta señalada en el Art. 947 del Código Civil. LOHMANN LUCA DE TENA, Juan Guillermo. Notas polémicas sobre la regulación de la reserva de propiedad. En: Temas de Derecho Civil. Lima: Universidad de Lima, 1991.
Esta entrada fue publicada en General el 22 Enero, 2017 por Gilberto Mendoza.
El ANUARIO DE DERECHO REGISTRAL IBEROAMERICANO – ADRI abre su convocatoria a la recepción de artículos para su segundo número, el cuál será publicado en el año 2017.
Fecha de recepción de artículos: 15 de marzo de 2017 vía correo electrónico a gmendoza@pucp.pe
El Anuario de Derecho Registral Iberoamericano – ADRI se publica una vez al año y busca difundir investigaciones sobre Derecho Registral. La convocatoria está abierta a la publicación de artículos y monografías inéditos,comentarios de jurisprudencia, recensiones y comentarios de libros sobre la materia registral en general, siendo en este número como temas principales: ” Propiedad Horizontal, Copropiedad y Multipropiedad.”
Toda colaboración será revisada, tanto en el fondo como en la forma, por el Comité Editorial el cuál está conformado por profesores de Derecho Civil y Registral de los diversos países de Iberoamérica.
Los artículos, monografías y comentarios de jurisprudencia serán sometidos a un sistema de arbitraje, de doble anonimato, en el que participarán pares académicos nacionales o extranjeros especialistas de derecho registral, nombrados al efecto por el Comité Editorial de la Revista.
En caso de que durante el proceso de evaluación de pares surjan divergencias entre éstos y las/los autores, éstas serán resueltas por el Comité Editorial.
Una vez revisados las contribuciones por los pares académicos, y, en su caso, resueltas las eventuales observaciones formuladas en el proceso de revisión, se procederá a su publicación en el plazo más breve posible. La Revista se reserva el derecho de aceptar o rechazar los artículos recibidos sin expresión de causa.
Las/los autores que publiquen en el ADRI autorizan la reproducción del contenido de la publicación, siempre que se reconozca y se cite al autor/autora original y la publicación, no se realicen modificaciones a la obra y no se utilice para fines comerciales.
Formato y envíos
Los documentos deben estar en un archivo en Word, en hoja tipo carta, letra Times New Roman tamaño 12 con un interlineado simple.
Extensión total de los artículos:
– Artículos científicos y monografías: Hasta 30 páginas incluida la bibliografía.
– Comentarios de jurisprudencia: 5 páginas de comentarios sin incluir resolución.
– Recensiones y comentarios de libros: 3 páginas (incluidas las referencias bibliográficas).
Los documentos deben contener:
– Información biográfica de la/el autor donde se indiquen sus principales grados académicos (licenciatura, maestría, doctorado o pos doctorado, según sea pertinente) u ocupación, afiliación institucional y lugar donde está ubicada (universidad, institución del Estado, institución internacional, organización no gubernamental, etc.), dirección de correo postal y electrónica.
– Título y subtítulos en castellano e inglés.
– Resumen, en castellano e inglés, de no menos de 100 ni más de 200 palabras donde se indiquen claramente las ideas centrales del artículo y cómo se desarrollan en el texto.
– Palabras claves: un listado de entre 3 y 6 palabras claves en castellano e inglés.
– Referencias bibliográficas: Citado
Los artículos y las consultas pueden remitirse al correo electrónico: gmendoza@pucp.pe
Esta entrada fue publicada en General el 11 Diciembre, 2016 por Gilberto Mendoza.
El 22 y 23 de octubre se llevará a cabo el I Congreso Internacional de Derecho Registral en la Ciudad del Cuzco.
Federico Nuñez Argentina
Pilar Peinado Bolivia
Juan Carlos Merlo Bolivia
Marcelo Lima Brasil
Manuel Godoy Chile
Marco Antonio Sepúlveda Chile
Angel Valero España
Francisco Palacios España
Fernando Mendez España
Juan Carlos Mejía Coto Honduras
María Elena García Flores Mexico
Rocío Abril de Panamá Panamá
Griselda Capurro Paraguay
Ana Cristina Puerto Rico Puerto Rico
Luis Aliaga Huaripata Perú
Yesenia Campos Perú
Liliana Nuñez Perú
Fernando Tarazona Perú
Renzo Ortiz Perú
Gilberto Mendoza del Maestro Perú
José Rosario Perez República Dominicana
Público en General 250 soles
Funcionarios Públicos y Corporativo de 3 o más personas: 200 soles
Estudiantes de pregrado: 200 soles
Pronto pago hasta el 15 de setiembre: 150 soles
Cuenta Corriente: Banco de Crédito 192-1855701-0-53
Celular: 941481300
Correo electrónico: cadriperu@gmail.com
Facebook: CADRI PERU
Esta entrada fue publicada en General el 13 Septiembre, 2015 por Gilberto Mendoza.
RECONOCIMIENTO JUDICIAL DE LA UNION DE HECHO [ 78033 vistas ]
SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA [ 41171 vistas ]
DECLARATORIA DE FÁBRICA (OBRA NUEVA, AMPLIACIÓN, MODIFICACIÓN) Y DEMOLICIÓN TOTAL O PARCIAL. [ 37849 vistas ]
INDEPENDIZACIÓN POR SUBDIVISIÓN DE PREDIO URBANO [ 32238 vistas ]
CERTIFICADO DE VIGENCIA DE PODER [ 26571 vistas ]