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Timestamp: 2019-08-17 22:53:19
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Domingo M. López Saavedra La Franquicia Deducible y su Oponibilidad a los Terceros en los Seguros de RC del Transporte Público Automotor
Presentamos un informe de Domingo M. López Saavedra, de López Saavedra, Armando, Esnaola y Vidal Raffo sobre un reciente fallo de la Corte en el que se declaró que la franquicia contenida en una póliza de RC para el transporte público de pasajeros, de $40.000, también es oponible a los terceros. La importancia de este fallo radica en que reconoce la aplicabilidad del art. 118 de la Ley de Seguros a los terceros, aun en los seguros obligatorios.
I- Un Reciente Fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el Tema
El pasado 29 de agosto de este año la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó un trascendente fallo en los autos “Villarreal, Daniel E. contra Fernández, Andrés y Otros”, el que creo que debería servir para poner un punto final a este controvertido tema de si, en los seguros de Responsabilidad Civil tomados por las empresas de transporte público automotor, la franquicia deducible de $ 40.000 por acontecimiento contenida en los mismos es o no oponible a los terceros.
Si bien es cierto que la Corte Suprema sólo decide en los casos concretos que le son sometidos a su consideración, es doctrina pacífica del Alto Tribunal que los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a las conclusiones arribadas en aquellos, a menos que sustenten su discrepancia en razones no eximidas o resueltas por el Tribunal. Y en el caso que nos ocupa, me parece que no queda margen de duda alguna que en el futuro los tribunales inferiores no van a poder discrepar de los fundamentos inconmovibles y ajustados a derecho de nuestro Alto Tribunal en torno a la correcta y razonada aplicación del artículo 118 de la Ley de Seguros.
II- El Caso en Cuestión: El Fallo del Tribunal A Quo y el de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
Se trataba de una colisión entre dos vehículos de transporte público automotor en la que quien en definitiva resultó responsable del accidente tenía la cobertura asegurativa para el transporte público automotor establecida por la Resolución Nº 25.429/97 de la Superintendencia de Seguros de la Nación -en adelante, la SSN -, es decir, con una franquicia deducible de $40.000, importe éste que era superior al monto de los reclamados, por lo que al actor no le cabía ejecutar la sentencia obtenida contra el asegurador de Responsabilidad Civil del condenado, de acuerdo a lo que prescribe el artículo 118 de la Ley de Seguros en su tercera parte.
El Tribunal a quo sostuvo en su sentencia que la Ley de Tránsito Nº 24.449, en su artículo 68, establece que “Todo automotor, acoplado o semi-acoplado, debe estar cubierto por seguro, de acuerdo a las condiciones que fije la autoridad en materia aseguradora, que cubra eventuales daños causados a terceros, transportados o no”, por lo que la franquicia deducible contenida en la póliza del condenado violaría lo que dispone la norma antes citada.
La Procuración Fiscal de la Corte Suprema, en dictamen a consecuencia del Recurso Extraordinario interpuesto por la parte perdidosa, cuyos fundamentos fueron íntegramente compartidos por el Alto Tribunal, señaló que le asistía razón a la recurrente -la aseguradora citada en garantía- toda vez que el a quo, al decidir incluirla en la condena y dejar de lado lo acordado entre asegurado y asegurador respecto a la franquicia pactada en la póliza, “prescindió de lo dispuesto en la Ley N° 17.418 que específicamente establece que la sentencia de condena contra el responsable civil será ejecutable contra el asegurador ‘en la medida del seguro’ (artículo 118, tercera parte) y de la normativa dictada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, que prevé como cobertura básica del seguro de Responsabilidad Civil de vehículos destinados al transporte público de pasajeros una franquicia de $40.000. (Resolución N° 25.429/97, Anexo II, Cláusula 4)”.
En relación con la afirmación del a quo que la franquicia violaría lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley de Tránsito, la Procuración Fiscal sostuvo que si bien el mencionado artículo impone la obligación de asegurar todo automotor, acoplado o semi-acoplado, deja a salvo la estipulación de las condiciones del contrato a lo que fije la autoridad en materia aseguradora, por lo que al apartarse de la normativa citada y vigente sin fundamento idóneo y suficiente, descalificó la sentencia recurrida como acto jurisdiccional válido, especialmente cuando el Alto Tribunal con anterioridad ha resuelto que en “el seguro de Responsabilidad Civil la franquicia pactada en la póliza es oponible al tercero damnificado (Fallos 313.988; 321;394), y en ese mismo sentido ha emitido dictamen en una cuestión sustancialmente análoga a la presente (S.C.N. N° 312. L, XXXIX, "Nieto, Nicolasa del Valle c/ La Cabaña S.A. y Otros").
III- La Ley Nº 20.091 y la Obligación que tienen las Aseguradoras de Operar con Pólizas Previamente Aprobadas por el Organismo de Control
Antes de continuar con el análisis de este tema y para su mejor evaluación, me parece útil precisar algunos aspectos importantes de la normativa que rige la actividad aseguradora en nuestro país, específicamente la Ley Nº 20.091 .
·	De acuerdo a lo que dispone dicha ley en su artículo 64, la SSN es el organismo de control de las entidades aseguradoras y sus deberes y funciones son, entre otras, “dictar las resoluciones de carácter general en los casos previstos por esta ley y las que sean necesarias para su aplicación”.
·	La póliza que cubre la responsabilidad del transporte público automotor y que utilizan las aseguradoras de plaza que operan en ese ramo, fue aprobada por la SSN mediante la Resolución General Nº 25.429/97 y la misma contempla una franquicia deducible para los reclamos que puedan formular los terceros de $ 40.000.
·	De acuerdo al artículo 23 de la mencionada ley, las aseguradoras no podrán operar en ninguna rama del seguro sin estar expresamente autorizadas para ello y los planes de seguro así como sus elementos técnicos y contractuales, “deben ser aprobados por la autoridad de control antes de su aplicación”.
·	Las primas deben ser suficientes para el cumplimiento de las obligaciones de los aseguradores y si bien son libremente establecidas por ellos, requieren la autorización del órgano de control.
·	Cuando un asegurador infrinja las disposiciones de la ley en cuestión “o no cumpla con las medidas dispuestas en su consecuencia por la autoridad de control” y de ello resulte el ejercicio irregular de la actividad aseguradora, será pasible de sanciones que van desde un llamado de atención hasta la revocación de la autorización para operar como tal.
De lo expuesto precedentemente surge algo que creo que merece ser especialmente resaltado y muy tenido en cuenta: las aseguradoras argentinas no podían ni pueden operar con pólizas y primas no aprobadas por el órgano de control y en consecuencia, para el aseguramiento de los riesgos de transporte público -incluyendo el de Responsabilidad Civil en que puedan incurrir- dichas aseguradoras debieron obligatoriamente operar con las condiciones técnico contractuales que estableció la Superintendencia de Seguros de la Nación mediante su Resolución General Nº 25.429/97.
En otras palabras, cuando las aseguradoras emiten pólizas con una franquicia de $ 40.000 para el transporte público de pasajeros, no hacen otra cosa que cumplir con lo que la Ley Nº 20.091 específicamente les impone y aquí tal vez valdría la pena recordar el principio que consagra el artículo 1071 del Código Civil, cuando establece que “El ejercicio regular de un derecho o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto”.
IV- El Concepto de Franquicia
Me parece ante todo conveniente precisar el concepto de franquicia en el contrato de seguro, lo que no resulta una tarea simple, ya que el mismo no aparece definido en forma específica en la Ley de Seguros, más allá de que los usos y costumbres, la jurisprudencia y la doctrina nacional más autorizada se han encargado de hacerlo.
Creo que no hay duda alguna sobre que la obligación de indemnizar que asume el asegurador bajo un contrato de seguro que ha celebrado con un asegurado, lo es en la medida de los términos, límites y condiciones establecidos en la póliza respectiva. Y uno de esos límites de la obligación que asume el asegurador de indemnizar el daño sufrido por su asegurado es el que resulta de la aplicación de una franquicia incorporada en la póliza respectiva, es decir, que en el caso en que ocurra un siniestro amparado por el contrato de seguro, el asegurado deberá soportar una parte del daño sufrido, el que estará representado por el monto de dicha franquicia.
Las razones técnicas por las cuales existen las franquicias son varias.
Una de ellas es evitarle al asegurador la atención y administración de una cantidad importante de siniestros de poca monta que lo hacen incurrir en gastos que, en algunos casos y en función de una frecuencia siniestral, pueden representar sumas importantes que afecten el debido equilibrio entre prima y riesgo. Otra razón es inducir a los asegurados a que actúen con la mayor diligencia posible en evitar la ocurrencia de siniestros, ya que ocurridos ellos, una parte de los daños los van a tener que soportar a través de la franquicia.
A las franquicias las podemos dividir en “condicionales” o “simples” y en “incondicionales”, “absolutas” o “deducibles”. En las primeras, el asegurador indemnizará el daño sufrido por el asegurado solamente si el mismo supera el importe o el porcentaje previsto en la póliza como franquicia; en las segundas, el asegurador indemnizará los daños sufridos por el asegurado en la medida en que los mismos superen la franquicia pactada pero, en este caso -es decir, si la superan-, su importe será deducido de la indemnización que debería abonar el asegurador -de allí es que a estas últimas habitualmente se las denomine en las pólizas como franquicias deducibles o, directamente, como deducibles.
V- La Oponibilidad de la Franquicia al Tercero en los Seguros de Responsabilidad Civil en General
Me parece que este tema, mas allá de que para algunos pueda ser opinable, está perfectamente claro en la Ley de Seguros, específicamente en su artículo 118, en el que tras establecer que cuando el asegurador es citado en garantía la sentencia que se dicte contra el asegurado será ejecutada contra aquél “en la medida del seguro”, prescribiendo luego que en el “juicio o en la ejecución de la sentencia, el asegurador no podrá oponer defensas nacidas después del siniestro”. Por otra parte, este artículo 118 de la Ley de Seguros en uno de los inmodificables por su letra y naturaleza.
El tal sentido la doctrina nacional más autorizada y también la jurisprudencia han entendido que la norma antes citada ha sentado el principio de que cuando el asegurador ha sido traído a un proceso judicial a través de una citación en garantía, su obligación de indemnizar es en la medida del seguro y que al reclamante le podrá oponer todas las defensas, excepciones y limitaciones que tenía contra el asegurado y que existan con anterioridad al siniestro.
Así las cosas, creo que no debería haber dudas en el sentido de que una franquicia contenida en una póliza de seguros será oponible al tercero, ya que se trata de una limitación existente con anterioridad a la ocurrencia del siniestro.
VI- La Oponibilidad de la Franquicia al Tercero en los Seguros de Responsabilidad Civil del Transporte Público Automotor
En realidad, me parece que la respuesta que cabría dar a la pregunta de si la franquicia en los seguros de Responsabilidad Civil del transporte público automotor es oponible o no a los terceros, debe ser exactamente igual a la que he comentado en el Capítulo anterior en relación con los seguros de Responsabilidad Civil en general: la franquicia siempre es oponible al tercero.
Y en mi opinión ello es así, básicamente, por dos razones.
Una, es la que señala la Corte en su fallo referido precedentemente en el Capítulo I, es decir, lo que dispone el artículo 118 de la Ley de Seguros y al que ya me he referido. La otra, sería una aplicación supletoria de lo que dispone el artículo 1.199 del Código Civil, es decir, que los contratos no pueden oponerse a terceros, ni invocarse por ellos, salvo en el supuesto de los artículos 1.161 y 1.162 de dicho Código -el caso de quien contrata a nombre de un tercero sin estar autorizado a ello y su eventual ratificación.
El seguro de Responsabilidad Civil protege la integridad del patrimonio del asegurado y no se trata de un seguro en favor de un tercero, sin perjuicio de los derechos que le confiere a este último el artículo 118 de la Ley de Seguros. La relación jurídica contractual es exclusivamente entre el asegurado y el asegurador, quien podrá oponerle al primero todas las defensas nacidas con anterioridad al siniestro -entre ellas, la franquicia- conforme lo establece el ya citado artículo 118, tercera parte, de la Ley de Seguros.
Sin embargo, la jurisprudencia ha sido dubitativa en los casos de seguros de Responsabilidad Civil de transporte público automotor en los que, como vimos, hay una franquicia deducible de $ 40.000, lo que hace que muchas veces el tercero no cobre nada o perciba solamente una parte de su crédito del asegurador y la duda ha nacido, sin duda, en razón de lo que dispone el articulo 68 de la Ley de Tránsito Nº 24.449 cuando prescribe: “SEGURO OBLIGATORIO. Todo automotor, acoplado o semi-acoplado debe estar cubierto por seguro, de acuerdo a las condiciones que fije la autoridad en materia aseguradora, que cubra eventuales daños causados a terceros, transportados o no”.
Entre los fallos en los que se ha aceptado que en estos seguros la franquicia es oponible a los terceros, aun teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley de Tránsito, nos encontramos con los siguientes pronunciamientos -además de los de la Corte Suprema ya mencionados en el Capítulo I:
·	Es oponible al damnificado la franquicia pactada en la póliza, sin que implique contradecir los términos del artículo 68 de la Ley Nº 24.499 que establece la obligatoriedad del seguro automotor: conforme Cámara Civil, Sala C, 20.11.2003, en autos “Rodríguez Lucía contra Gamarra W. y otros”, en Revista de la Responsabilidad Civil y Seguros, 2004, página 318 y siguientes.
·	Habiéndose citado en garantía al asegurador corresponde hacer extensiva la sentencia condenatoria contra dicho asegurador en la medida del seguro, esto es, en los límites y con los alcances de la cobertura, entre los que se cuenta la franquicia pactada en la póliza: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Matanza, Sala Primera, en autos “Massara M. contra La Vecinal de La Matanza S.A.C.I.”, Expediente 422/1.
·	La Resolución Nº 25.429, Anexo II de la SSM, en tanto declara oponible frente a terceros la franquicia hasta la suma de $ 40.000 es constitucional y oponible a los damnificados, ya que no se trata de una desigualdad o de la violación al carácter imperativo del seguro; por otra parte el artículo 68 de la Ley de Tránsito difirió en la SSN la extensión y modalidades del seguro, cosa que así fue hecha a través de su Resolución General Nº 24.429: conforme Cámara Civil, Sala B, fallo 13.6.2003, en autos “Gurevich N. contra Transportes Alberdi”.
·	La franquicia procura moralizar el contrato de seguro, especialmente en los seguros de Responsabilidad Civil, en donde se reprocha al asegurado su indiferencia por los daños causados a terceros. De acuerdo a lo que dispone el artículo 118 de la Ley de Seguros y en relación con el asegurador citado en garantía, la sentencia que se dicte en contra del asegurado será ejecutable contra dicho asegurador, pero tal ejecución lo será “en la medida del seguro”. Cuando exista una franquicia deducible en un contrato de seguro, el asegurado debe soportar parte del siniestro ya que se trata de una defensa anterior al siniestro: Cámara Comercial, Sala B, autos “Albarenza D. contra Expreso Caraza S.A.C.”, fallo del 20.6.2005.
·	El asegurador está obligado a reparar los daños y perjuicios sufridos por un pasajero, circunscripta tal obligación a lo que dispone el artículo 118 de la Ley de Seguros, y no es posible desconocer la validez de la Resolución Nº 25.429 de la SSN por cuanto su eventual inconstitucionalidad no fue planteada por el actor: conforme Cámana Civil, Sala A, fallo del 15.9.2005 en autos “Bossio J. contra Expreso Paraná S.A.”, en Revista de la Responsabilidad Civil y Seguros, junio de 2006.
Encontramos también pronunciamientos judiciales en sentido contrario, es decir, que consideran que la franquicia deducible contenida en una póliza de seguros no es oponible al tercero en un seguro de Responsabilidad Civil de transporte público automotor y así vemos que:
·	Resulta inoponible a la víctima de un accidente de tránsito la franquicia contenida en la póliza de seguros, porque ella permite al vehículo circular y en consecuencia el asegurador debe abonar la indemnización fijada en la sentencia sin perjuicio de luego repetir de su asegurado; conforme Cámara Civil, Sala B, 24.10.2003, en autos “Terraza H. contra Transportes Automotores Lujan S.A.”, Revista de la Responsabilidad Civil y Seguros, Enero/Febrero 2004, página 105.
·	La cláusula inserta en el contrato de seguro denominada franquicia a cargo del asegurado no es oponible a la víctima porque para poder circular un vehículo automotor se requiere contar con un seguro que garantice a la eventual víctima la indemnización suficiente para cubrir sus daños y ello no puede ser dejado sin efecto por el contrato de seguro: Cámara Civil, Sala B, fallo del 8.10.2004, en autos “A.M. del C.C. contra Lemo y otros”, en Revista de la Responsabilidad Civil y Seguros, Febrero 2005, página 68.
·	El derecho de daños en su concepción actual protege al débil y por ende a la víctima y en tal sentido, el daño individual resulta distribuido entre todos los asegurados; no se trata, simplemente, de hallar sujetos a quienes exigirles la indemnización, sino que el perjudicado sea satisfecho en su reclamo. La franquicia de $ 40.000 se torna irrazonable porque atenta contra el derecho del asegurado de contratar una cobertura que lo preserve de la multiplicidad de daños a pasajeros y terceros y es por eso que es inconstitucional la franquicia creada por la Resolución Nº 25.429 de la SSN: Cámara Civil, Sala K, fallo del 13.3.2006, “P.C.A. contra Enpresa San Vicente y otros”, en La Ley del 22.5.2006.
Desde el punto vista doctrinario, Stiglitz R. y Compiani M.F. se han manifestado abiertamente en contra de la posibilidad de oponer a terceros la franquicia de $ 40.000 en las pólizas de seguro de Responsabilidad Civil de transporte público sosteniendo entre otras cosas la inconstitucionalidad de la mencionada Resolución Nº 25.429 de la SSN.
Frick P. en su artículo “¿Se consolida la doctrina judicial de la oponibilidad de la franquicia?” -se refiere al caso de los transportes públicos- hace un valioso e interesante análisis del tema desde el punto de vista jurisprudencial y también doctrinario, señalando que las soluciones adoptadas por los tribunales “han sido diferentes y poco aportan a la seguridad jurídica”, agregando además que “Ninguna de ellas atraviesa con éxito el óbice de la actual redacción del artículo 118 ni sortea la defectuosa técnica legislativa-administrativa de la SSN que viola los artículos 31 y 75 inc. 12 de la Constitución Nacional, al contradecir una ley nacional y al absorber indebidamente facultades legislativas”.
Traverso A. en su reciente trabajo “La judiciabilidad de la franquicia en el contrato de seguro vs. la técnica aseguradora” hace un interesante análisis del tema centrando su atención en los aspectos técnicos del seguro, en la evaluación del riesgo, en su probabilidad de producirse e intensidad y recordando que la prima es, en definitiva, el precio del riesgo asumido por el asegurado. Y en tal sentido apunta el autor que la franquicia se enmarca dentro de los principios técnicos que permiten al asegurador delimitar el riesgo asumido según su comportamiento en el pasado y en la libre contratación que tiene su fundamento en el Código Civil, por lo que él la considera como oponible a los terceros, aun en el caso de los seguros de Responsabilidad Civil del transporte público automotor.
VII.1- El fallo de la Corte Suprema es Plenamente Ajustado a Derecho
La doctrina de la Corte Suprema en el fallo referido, desde un punto de vista estrictamente jurídico, creo que es absolutamente ajustada a derecho ya que conforme a lo específicamente dispuesto por el artículo 118 de la Ley de Seguros, la sentencia contra el responsable de un daño será ejecutable contra su asegurador "en la medida del seguro" y la Resolución Nº 25.429, al establecer una franquicia de $ 40.000 por acontecimiento para el seguro de Responsabilidad Civil de transporte publico automotor, de ninguna forma viola lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley de Tránsito, pues si bien dicha norma impone la obligación de asegurar todo automotor, acoplado o semi-acoplado que cubra eventuales daños causados a terceros, transportados o no - obligación obviamente de sus propietarios o guardianes y no de las aseguradoras -, deja a salvo la estipulación de las condiciones del contrato a lo que fije la autoridad en materia aseguradora, esto es, la SSN.
Creo además que los sólidos y concisos fundamentos del fallo de la Corte Suprema en el juicio antes mencionado en el Capítulo I, declarando oponible a los terceros la franquicia contenida en los seguros de Responsabilidad Civil para el transporte público automotor, debería constituir el punto final para todos los enfoques encontrados en torno al tema en cuestión.
VIII.2. El Fallo de la Corte Suprema también es Plenamente Ajustado a los Principios Esenciales y Básicos de la Técnica Aseguradora.
Pero no solamente el fallo de la Corte Suprema es correcto en términos estrictamente jurídicos, sino también ajustado a los principios esenciales y básicos de la técnica aseguradora, de los que no se puede prescindir a menos que se quiera llevar el sistema a su colapso económico-financiero.
En el contrato de seguro coexisten tres elementos fundamentales que son el riesgo, la prima y la prestación a cargo del asegurador una vez que ha ocurrido el evento previsto en la póliza, pero de todos ellos, el que tal vez sea el mas importancia, es sin duda el riesgo, a punto tal que si éste no existe, no puede haber contrato de seguro.
El riesgo es para el seguro la posibilidad de que se produzca un hecho incierto susceptible de provocar un daño en el interés asegurado; el mismo está íntimamente vinculado con la prima -es decir, el precio del seguro- cuyo cálculo se apoya sobre distintos elementos técnicos.
Lo primero que hay que tener en cuenta es que la prima constituye el equivalente matemático del riesgo que ha asumido el asegurador y por debajo de ese límite -es decir, si la prima es insuficiente- se compromete el equilibrio técnico, lo que pondrá a riesgo la solvencia del asegurador -esto es lo que se denomina prima pura, neta o técnica del riesgo.
Esta prima se calcula sobre bases estadísticas tomando en cuenta la posibilidad, intensidad y también frecuencia de los riesgos y así calculada le permitirá al asegurador -si en el futuro se confirman sus hipótesis sobre el pasado- cumplir fielmente con las obligaciones asumidas frente a sus asegurados.
Juan Carlos Félix Morandi, uno de los grandes juristas argentinos dedicado al estudio del Derecho de Seguros y Reaseguro, explicó con toda claridad y autoridad cómo funciona el sistema asegurador y así nos decía: “Nos referimos específicamente a que las contribuciones (prima o cotización, según el tipo societario del asegurador), hechas por cada asegurado conforme a su riesgo, van a formar el ‘fondo de primas’, del cual el asegurador extraerá las cantidades necesarias para hacer frente a los siniestros. Este fondo viene a ser la real garantía que en el aspecto económico tiene el asegurado, en el sentido de que lo prometido por el asegurador en el contrato (indemnización cuando se produzca el riesgo previsto), podrá efectivizarse cuando el evento se verifique. Es, pues, la ‘mutualidad de asegurados’ (lato sensu), el medio técnico de ‘repartir’ y ‘compensar’ los riesgos. Por eso se ha sostenido que esta ‘mutua cobertura’ o ‘ayuda financiera recíproca’ que se prestan las unidades económicas aseguradas, amenazadas por riesgos (o peligros) análogos (homogeneidad cualitativa), es la que permite la compensación de los riesgos asegurados, considerados en su conjunto […]. De aquí se infiere que las primas deberán ser ‘solventes’, es decir ‘suficientes’, o sea, ‘equivalentes’ al riesgo cubierto por el asegurador, para que éste pueda abonar las indemnizaciones que prometió pagar contractualmente a los asegurados”.
Y el citado autor, en la introducción a su “Proyecto de Ley Modelo de Seguros”decía, en la página 4, que así como la prima se considera como el “equivalente del riesgo”, dentro de la estructura económica, técnico y jurídica del negocio, el “fondo de primas” es la garantía real que en el aspecto económico tiene el asegurado y de allí que las primas deben ser “solventes”, es decir “suficientes” a fin de que permitan neutralizar los efectos desfavorables del riesgo asumido por el asegurador.
En consecuencia y esto es algo que todos deberíamos tener muy en cuenta, todas las indemnizaciones que pagan los aseguradores -incluyendo las excesivas o desproporcionadas- son hechas con el fondo de primas, es decir, con todas las primas que han pagado cada uno de los asegurados como formando parte de la “comunidad del álea” y que, en consecuencia, serán ellos -los asegurados- quienes, al final del día, terminarán soportando el peso de mayores cuando no exorbitantes primas o se encontrarán con la dura realidad de que no hay coberturas disponibles en los mercados para amparar sus legítimas necesidades.
Cubrir el riesgo del transporte público automotor con una franquicia de $ 40.000 y cobrar la prima correspondiente a ese riesgo y terminar pagando indemnizaciones ignorando tal franquicia, es atentar contra principios básicos del seguro, especialmente contra la integridad y solvencia del “fondo de primas” y llevar a las aseguradoras al riesgo de insolvencia con las lamentables consecuencias que ello habrá de significar para asegurados y también para terceros.
Imaginar que el monto de una indemnización que sea excesiva o desproporcionada “está bien” porque la terminó pagando el asegurador, es un sofisma sin sentido fruto del desconocimiento de la realidad del sistema asegurador- reasegurador y de como funciona los llamados “fondo de primas” y “comunidad del álea”.
Encerrarse en simples soluciones voluntaristas que, en aras de una supuesta defensa de los intereses de los asegurados o de los terceros, pretendan ignorar la naturaleza técnico-jurídica del contrato de seguro y la realidad de los mercados internacionales de reaseguros, es condenar a los asegurados de un país a no tener coberturas de seguro serias y confiables que los protejan adecuadamente o directamente a no tenerlas.
VII.3- La Supuesta Inconstitucionalidad de la Resolución Nº 25.249 de la SSN
Algunos fallos y también parte de la doctrina han sostenido que la citada Resolución Nº 25.429 de la SSN sería inconstitucional porque se habría intentado modificar por vía de una disposición meramente administrativa una obligación impuesta por una norma de mayor jerarquía constitucional como lo es una ley de la Nación.
La Corte Suprema, en el fallo en cuestión, entiendo que descarta esas hipótesis cuando califica de afirmación dogmática la que sostiene que la franquicia dispuesta por la Resolución de la SSN viola lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley de Tránsito y señala que dicho artículo “deja a salvo la estipulación de las condiciones del contrato a lo que fije la autoridad en materia aseguradora” - esto es, la SSN.
Por otra parte, la fijación de la franquicia de $ 40.000 por acontecimiento establecida por la Resolución Nº25.429 de la SSN, no fue un acto arbitrario ni caprichoso -y menos inconstitucional- sino uno fundado legalmente en la delegación de atribuciones que le había conferido el artículo 68 de la Ley de Tránsito y en las razones técnico aseguradoras que lo justificaba, las que están bien descriptas en los fundamentos de tal Resolución, cuando se decía en ella, entre otras cosas, que:
·	La operatoria de los autotransportes públicos había sido afectada en los últimos años por distintos factores, como ser el aumento de la siniestralidad seguido de una imposibilidad correlativa de aumento de las primas, pérdidas operativas de magnitud sostenidas, licuación de activos debido a la inflación, eliminación del reaseguro estatal, lo que habían provocado las circunstancias descriptas en los considerandos del Decreto Nº 260/97, a los que dicha Resolución se remitía.
·	La sustentabilidad del sistema, además de la vigencia de la norma referida, requería un mayor compromiso de las empresas de transporte aseguradas, tanto en lo patrimonial como en la reducción de la siniestralidad.
·	Para ese fin resulta conveniente impulsar la adopción de formas jurídicas y de exigencias patrimoniales que refuercen el compromiso patrimonial de los asegurados o, en su caso, de los accionistas, en consonancia con el tipo de riesgo asumido (de altísima siniestralidad) que difiere de otras coberturas en explotación por el mercado asegurador.
·	También resulta conveniente establecer mecanismos que garanticen la aplicación de premios y castigos efectivos en función de los siniestros, tales como franquicias y fórmulas de ajustes de primas.
·	Se ha contado con la colaboración de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos en la elaboración de la presente norma.
1- Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: C.173.XXXI, del 24.10.95, en autos “Caporale Susana sobre Infracción Ley Nº 23.737”; V.61.XX, 5.10.95, “Videla Cuello Marcelo su sucesión contra Provincia de La Rioja”; L.308.XXIX, 19.10.95, “Lloyd’s Bank (BLSA) contra Okecki Juan José”; G.152.XXXVI, 27.6.2002, “Galfer SRL contra Compañía Argentina de Seguros Visión S.A.”; etc.
2- “Cosa juzgada. La sentencia que se dicte hará cosa juzgada respecto del asegurador y será ejecutable contra él en la medida del seguro. En este juicio o en la ejecución de la sentencia el asegurador no podrá oponer las defensas nacidas después del siniestro. También el asegurado puede citar en garantía al asegurador en el mismo plazo y con idénticos efectos”.
3- Se refiere a la aseguradora citada en garantía en los términos del artículo 118 de la Ley de Seguros.
4- Ley de Entidades de Seguros y su control, ADLA XXXIII-A-150.
5- Conforme artículo 67, inciso a) de la mencionada ley; según su inciso g), es el asesor del Poder Ejecutivo en las materias relacionadas con el seguro.
6- Los planes y elementos requeridos por la autoridad de control para su aprobación comprenden el texto de las pólizas, la propuesta de seguro, las primas y sus fundamentos técnicos y la base para el cálculo de las reservas técnicas cuando no existan normas generales aplicables: conforme artículo 24 de la citada Ley Nº 20.091.
7- Conforme artículo 26 de la Ley Nº 20.091 y 26.1.1. del Reglamento General de la Actividad Aseguradora, Resolución de la SSN Nº 21.523/92.
8- Conforme artículo 58 de la Ley Nº 20.091.
9- Dentro de un contrato de seguro existen varios límites a la obligación del asegurador de indemnizar los daños sufridos por el asegurado en caso de que ocurra un siniestro cubierto por él. Por ejemplo, la suma asegurada fijada en la póliza establece el límite máximo de la responsabilidad del asegurador en caso de siniestro. La existencia de un infraseguro -el caso previsto en el artículo 65 de la Ley de Seguros- es otro caso en el que la responsabilidad del asegurado se hallará limitada si ocurre un siniestro, en función del descubierto que presente la relación valor asegurable y valor asegurado. Cuando ha ocurrido un siniestro que afecta el interés asegurado y el asegurador no rescinde el contrato, según lo prevé el artículo 52, éste solo responderá en el futuro por el remanente de la suma asegurada, salvo pacto en contrario.
10- Stiglitz R., en “La franquicia y su oponibilidad a terceros”, Revista de la Responsabilidad Civil y Seguros 2004, página 320, señala que “Nos referimos a la franquicia como supuesto de fracción de riesgo no cubierto”.
11- Stiglitz-Siglitz, “Seguros contra la responsabilidad civil”, página 577, señalan que mediante la franquicia el asegurador se libra de indemnizar daños que no excedan su importe y que con ello “se logra mantener al tiempo de la contratación del seguro cierto interés económico del asegurado en evitar el siniestro”.
12- Sobre el tema ver López Saavedra D. M., “La franquicia en los seguros de Responsabilidad Civil”, La Ley 2001-D-932.
13- Si bien el artículo 118 no aparece expresamente en la lista de normas inmodificables del artículo 158 de la Ley de Seguros, el mismo presenta dos singulares características que en la opinión de la doctrina sí lo hacen por su letra y naturaleza: por un lado, establece la figura de la citación en garantía y por el otro, el principio de que la sentencia que se dicte contra el asegurado, será ejecutable contra el asegurador en la medida del seguro. Es que sobre la normativa prevista en el artículo 118 junto con la del artículo 116, se estructura todo el régimen jurídico de los seguros de Responsabilidad Civil previsto en la Ley de Seguros, especialmente en lo que se refiere a la obligación que asume el asegurador de mantener indemne al asegurado en caso de un siniestro. Sobre el tema, ver Morandi J.C.F., “Estudios de Derecho de Seguros”, página 402 y siguientes; conforme también Stiglitz-Stiglitz, en op. cit, página 146.
14- Conforme Halperín Morandi, “Seguros”, pág. 683; Stiglitz-Stiglitz, en op. cit. pág. 557 sostienen que “la franquicia participa de la esencia de una defensa anterior al siniestro y, por lo tanto, es oponible”.
15- Stiglitz R., en op. cit., página 319, dice que en razón de que los contratos no pueden ser invocados por terceros (artículo 1.199 del Código Civil) todas las hipótesis de delimitación del riesgo les son oponibles. Sin embargo, el mencionado autor aclara al final de su trabajo que este enfoque es solamente válido para lo que él llama “seguros voluntarios” y que no lo sería para los seguros obligatorios previstos en la Ley de Tránsito por las razones que allí expone -el mismo no habría sido regulado legislativamente y las Resoluciones dictadas por la SSM sobre el tema serían inconstitucionales.
16- Efectivamente, el seguro de Responsabilidad Civil protege el patrimonio del asegurado y entonces la obligación del asegurador es mantener indemne al asegurado frente a los reclamos de terceros a consecuencia de hechos ocurridos en el período convenido: conforme artículo 109 de la Ley de Seguros. No se trata pues de un seguro a favor del tercero, más allá del derecho que, como señalé ut supra, la ley le confiere al mismo en el artículo 118 -citación en garantía y ejecutabilidad de la sentencia que se dicte contra el asegurado en la medida del seguro. Meilij y Barbato, en “Tratado de Derecho de Seguros”, página 317, supra, dicen que se trata de un seguro de daños que otorga amparo al asegurado contra un perjuicio concreto provocado por su conducta o por el de las personas de las que se sirve y cuyo objeto es evitar toda lesión directa al patrimonio asegurado. Stiglitz-Stiglitz, op. cit. página 545 y siguientes, señalan el carácter resarcitorio de esta modalidad asegurativa, la que ha sido concebida exclusivamente a favor del asegurado, y que “solo a éste (y no al tercero-víctima) compete el derecho a exigir el pago de la indemnización al asegurador”.
17- “La franquicia en el seguro para el transporte público de pasajeros. Su inconstitucionalidad por irrazonabilidad”, La Ley 2005-E-1322; ver también de los mismos autores, “La viabilidad de la declaración de oficio de la inconstitucionalidad de la franquicia en el seguro de transporte automotor de pasajeros”, en La Ley 2006-B-311.
18- Conforme Frick P., en Revista de Responsabilidad Civil y Seguros, junio de 2006, páginas 57 y siguientes. Según interpreto, el autor hace un interesante análisis del problema, aceptando la inconstitucionalidad de la Resolución de la SSN Nº 25.429, pero interpreto que reconoce como valla para la inoponibilidad de la franquicia a los terceros la letra del artículo 118 de la Ley de Seguros, cuyo texto considera como necesario de ser reformado.
19- Traverso A., op. cit., en El Dial, Suplemento de Seguros, 28.9.2006.
20- Conforme Morandi J.C.F., op. cit. páginas 208 y 209.
21- Conforme Morandi, op. cit. en la nota anterior, página 214.
22- Conforme Morandi J. C. F., “La agravación y las otras modificaciones del riesgo”, trabajo presentado por el autor en el VII Congreso Mundial de Derecho de Seguros, Budapest, del 5 al 9 de Mayo de 1986 y publicado por la Revista Jurídica Argentina del Seguro, La Empresa y la Responsabilidad Civil, Nº10/12, página 30 y siguientes.
23- Según un informe de la calificadora Best, en la década del ‘80, en los Estados Unidos quebraron algo más de 220 aseguradoras, en buena parte afectadas por la ola de juicios de lo que se llamó la “asbestosis” -la enfermedad producida por el asbestos-; se estima que esta litigiosidad al final del día alcanzará a 1.500.000 juicios con un costo del orden de los 200.000 millones de dólares. Hoy por hoy, los riesgos del asbestos, al igual que los del sílice, son inasegurables, como también lo son ciertos riesgos de Responsabilidad Civil que no sean amparados bajo coberturas “claims made” o de base “reclamos”.
24- Morandi, querido amigo y gran maestro del derecho, en la introducción a su ya mencionado Proyecto de Ley Modelo decía: “Pero también es digno de tener en cuenta que la técnica del procedimiento asegurativo, basada en la ‘comunidad de riesgos’ y su ‘compensación’ postula la aplicación e implica el conocimiento de nociones, principios y metodologías que se apoyan a su vez en otras disciplinas, como la economía, la estadística, la matemática actuarial y las ciencias de las finanzas, las que si bien pueden tener, según el caso, poco de común con el derecho, constituyen la base de comprensión interdisciplinaria indispensable para la valoración correcta de las soluciones jurídicas en la materia. De esta manera, el contrato individual es influenciado por la actividad empresarial del asegurador, porque mientras ésta le da tutela y protección al asegurado, con sus dispositivos técnicos, económicos y financieros, el asegurado participa mediante la contribución de su prima, a lograr el objetivo de neutralización de los eventos: op. cit, página 5.
25- Sobre el particular, ver la opinión de Stigliz R. y Compiani M. F. en los artículos citados en la nota 17 que antecede.
26- En otras palabras, el mencionado artículo 68, si bien impone la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil que cubra eventuales daños causados a terceros, transportados o no delegó la fijación de las condiciones del seguro en cuestión en la “autoridad en materia aseguradora”, esto es la SSN.
27- El Decreto de Necesidad y Urgencia 260/97 que declaró en estado de emergencia a la actividad aseguradora y a la situación de las empresas prestadoras de estos servicios, en sus considerandos señalaba que se observaba un notable incremento en el inicio de demandas judiciales por resarcimiento de daños provocados por accidentes de tránsito vehicular, agravado por la creciente complejidad del mismo, el que ascendía a un 20% anual, llegándose en ese momento a un total de 27.000 juicios, lo que, sumado a los reclamos extrajudiciales del sector, superaba holgadamente la suma de $600.000.000, sin contar otros pasivos contingentes, lo cual demostraba un incremento de los pleitos entablados contra las empresas del sector y por supuesto sus aseguradoras, lo que hacía que sólo unas pocas compañías de seguros operasen en el ramo. A partir de 1991 -continuaban los considerandos del mencionado Decreto- se llegó a una situación en la cual estas últimas no se encontraban en condiciones de hacer frente a la deuda judicial producida, por carecer de fondos suficientes para ello, lo que configuró una situación de emergencia en la actividad aseguradora del servicio de autotransporte público, que de no tomarse urgentes medidas para revertirla, afectaría directamente a dicho servicio, con los gravísimos perjuicios socio-económicos que ello evidentemente implicaría. Frente a esta situación, se dictó el mencionado DNU, por lo cual se instrumentó un régimen especial de exigibilidad de las sentencias condenatorias que permitiera, por una parte, respetar los derechos adquiridos de los damnificados y. por otra parte, evitar la crisis de la red de autotransporte público -y obviamente de sus aseguradores- en salvaguarda del interés público comprometido en la materia, instruyéndose a la Secretaría de Obras Públicas y Transporte del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, para que elabore las medidas necesarias encaminadas, entre otras cosas, a realizar un reordenamiento de las normas legales vigentes.