Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2003-00024-de-abril-30-de-2008-sentencia?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920424c8ff034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-23 23:04:40
Document Index: 364553417

Matched Legal Cases: ['artículo 97', 'artículo 33', 'artículo 189', 'artículo 67', 'artículo 67', 'artículo 4', 'artículo 20', 'artículo 153', 'artículo 153', 'artículo 67', 'artículo 10', 'artículo 25', 'artículo 111', 'artículo 111', 'artículo 111', 'artículo 222', 'artículo 17', 'artículo 5', 'artículo 14', 'artículo 35', 'artículo 2', 'artículo 130', 'artículo 130']

﻿ SENTENCIA 2003-00024 DE ABRIL 30 DE 2008
SENTENCIA 2003-00024 DE 30 DE ABRIL DE 2008
CONTENIDO:SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN. EL DECRETO 1850 DE 2002 POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR Y LABORAL DE DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS ESTATALES DE EDUCACIÓN FORMAL, ADMINISTRADOS POR LOS DEPARTAMENTOS, DISTRITOS Y MUNICIPIOS NO VIOLA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NI LA LEY 715 DE 2001.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO A LA EDUCACIÓN, JORNADA LABORAL
Sentencia 2003-00024 de abril 30 de 2008
Ref.: Expedientes acumulados 11001-03-24-000-2002-00338-01, 11001-03-25-000-2002-00271-01, 11001-03-24-000-2003-00024-01.
Actores: Luis Alberto Jiménez Polanco, Jorge Humberto Valero Rodríguez y Mario Fernández.
Se decide en única instancia las acciones de nulidad interpuestas por los ciudadanos Luís Alberto Jiménez Polanco, Jorge Humberto Valero Rodríguez y Mario Fernández contra el Decreto 1850 de 2002 (ago. 13), expedido por el Ministro de Educación Nacional.
En sentencia de 15 de enero de 2003 (10) la Sala analizó la temática concerniente a la distribución de competencias entre la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo y las secciones respectivas, en relación con las acciones por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional y consignó las consideraciones siguientes:
“El Consejo de Estado ejerce sus competencias jurisdiccionales por medio de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, ya sea en Sala Plena, ya a través de alguna de sus secciones. Tratándose de la decisión de acciones de nulidad por inconstitucionalidad, el artículo 97-7 del Código Contencioso Administrativo (según fue modificado por L. 446, art. 33) distribuyó la competencia entre la Sala Plena y las secciones, reservando a la Sala Plena las concernientes a decretos (i) de carácter general, (ii) cuya inconformidad con el ordenamiento jurídico se establezca mediante confrontación directa con el ordenamiento jurídico, y (iii) que no obedezcan a función propiamente administrativa. Cuando el decreto acusado no reúna estas tres condiciones, el fallo corresponde a la sección respectiva.
La Corte Constitucional, en Sentencia C-560 de 1999, declaró exequible el aparte del artículo 33 de la Ley 446 que señaló las características que debe reunir un decreto para estar deferido a la Sala Plena.
Como el Decreto 1850 de 2002 fue expedido por el Presidente de la República con fundamento en el artículo 189-11 de la Constitución Política, que le confiere la potestad reglamentaria, de naturaleza administrativa, el fallo corresponde a la respectiva sección, en este caso, la Sección Primera.
• Regulación constitucional y legal del servicio público de educación
Según el artículo 67 de la Constitución Política la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social, con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura.
La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz, a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.
El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatorio entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica.
Mediante la Ley 115 de 1994 (feb. 8) el Congreso de la República expidió la ley general de educación. En lo esencial la normativa dispone:
La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y sus deberes.
La educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad, se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio público.
De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, define y desarrolla la organización y la prestación de la educación formal en sus niveles preescolar, básica (primaria y secundaria) y media, no formal e informal, étnicos, a personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales, y a personas que requieran rehabilitación social.
El servicio educativo comprende el conjunto de normas jurídicas, los programas curriculares, la educación por niveles y grados, la educación no formal, la educación informal, los establecimientos educativos, las instituciones sociales (estatales o privadas) con funciones educativas, culturales y recreativas, los recursos humanos, tecnológicos, metodológicos, materiales, administrativos y financieros, articulados en procesos y estructuras para alcanzar los objetivos de la educación (art. 2º).
Corresponde al Estado, a la sociedad y a la familia velar por la calidad de la educación y promover el acceso al servicio educativo, y es responsabilidad de la Nación y de las entidades territoriales, garantizar su cubrimiento.
El Estado deberá atender en forma permanente los factores que favorecen la calidad y el mejoramiento de la educación; esencialmente velará por la cualificación y formación de los educadores, la promoción docente, los recursos y métodos educativos, la innovación e investigación educativa, la orientación educativa y profesional, la inspección y evaluación del proceso educativo.
El Decreto 1860 de 1994 (ago. 3) reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994 en los aspectos pedagógicos y organizativos generales.
Las normas contenidas en ese decreto se aplican al servicio público de educación formal que presten los establecimientos educativos del Estado, los privados, los de carácter comunitario, solidario, cooperativo o sin ánimo de lucro. Su interpretación debe favorecer la calidad, continuidad y universalidad del servicio público de la educación, así como el mejor desarrollo del proceso de formación de los educandos.
La interpretación de estas normas deberá tener en cuenta que el educando es el centro del proceso educativo y que el objeto del servicio es lograr el cumplimiento de los fines de la educación, definidos en la Ley 115 de 1994.
Las disposiciones constituyen lineamientos generales para el Ministerio de Educación Nacional y las entidades territoriales, con el objeto de orientar el ejercicio de las respectivas competencias, y para los establecimientos educativos en el ejercicio de autonomía escolar.
Por la Ley 715 de 2001 (dic. 21), se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (A.L. 01/2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros. En lo esencial la normativa dispone:
El sistema general de participaciones está constituido por los recursos que la Nación transfiere por mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política a las entidades territoriales, para la financiación de los servicios cuya competencia se les asigna en la presente ley (art. 1º).
El monto total del sistema general de participaciones, una vez descontados los recursos para los resguardos indígenas que se distribuirán y administrará de acuerdo a la presente ley, para distribuirlos entre los municipios cuyos territorios limiten con el Río Grande de la Magdalena en proporción a la ribera de cada municipio, según la certificación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, a los distritos y municipios para programas de alimentación escolar; y al Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, Fonpet, y los parágrafos transitorios 2º y 3º del artículo 4º del Acto Legislativo 4 de 2007, se distribuirá entre las participaciones mencionadas, así:
4. Un 11.6% corresponderá a la participación de propósito general (art. 4º) (11) .
Sin perjuicio de las establecidas en otras normas legales, corresponde a la Nación ejercer las siguientes competencias relacionadas con la prestación del servicio público de la educación (12) en sus niveles preescolar, básico y medio, en el área urbana y rural:
5.1. Formular las políticas y objetivos de desarrollo para el sector educativo y dictar normas para la organización y prestación del servicio.
5.2. Regular la prestación de los servicios educativos estatales y no estatales.
5.3. Impulsar, coordinar, financiar, cofinanciar y evaluar programas, planes y proyectos de inversión de orden nacional en materia de educación, con recursos diferentes de los del sistema general de participaciones. Con estos recursos no se podrá pagar personal de administración, directivo, docente o administrativo.
5.4. Definir, diseñar, reglamentar y mantener un sistema de información del sector educativo.
5.5. Establecer las normas técnicas curriculares y pedagógicas para los niveles de educación preescolar, básica y media, sin perjuicio de la autonomía de las instituciones educativas (13) y de la especificidad de tipo regional.
5.6. Definir, diseñar y establecer instrumentos y mecanismos para la calidad de la educación.
5.7. Reglamentar los concursos que rigen para la carrera docente (14) .
5.8. <Numeral INEXEQUIBLE> (15) .
5.9. Evaluar la gestión financiera, técnica y administrativa del sector educativo en las entidades territoriales y el impacto de su actividad en la sociedad. Esta facultad se podrá delegar en los departamentos, con respecto a los municipios no certificados.
5.10. Prestar asistencia técnica y administrativa a las entidades territoriales, cuando a ello haya lugar.
5.11. Vigilar el cumplimiento de las políticas nacionales y las normas del sector en los distritos, departamentos, municipios, resguardos indígenas y/o entidades territoriales indígenas. Esta facultad la podrá delegar en los departamentos, con respecto a los municipios no certificados.
5.12. Expedir la regulación sobre costos, tarifas de matrículas, pensiones, derechos académicos y otros cobros en las instituciones educativas.
5.13. Distribuir los recursos para educación del sistema general de participaciones, conforme a los criterios establecidos en la presente ley (16) .
5.14. Fijar parámetros técnicos para la prestación del servicio educativo estatal, estándares y tasas de asignación de personal, teniendo en cuenta las particularidades de cada región.
5.15. Definir anualmente la asignación por alumno, tanto de funcionamiento como de calidad, para la prestación del servicio educativo financiado con recursos del sistema general de participaciones, de acuerdo con las tipologías educativas y la disponibilidad de recursos del sistema general de participaciones.
5.16. Determinar los criterios a los cuales deben sujetarse las plantas docente y administrativa de los planteles educativos y los parámetros de asignación de personal correspondientes a: alumnos por docente; alumnos por directivo; y alumnos por administrativo, entre otros, teniendo en cuenta las particularidades de cada región.
5.17. Definir la canasta educativa.
5.18. En caso de ser necesaria la creación, fusión, supresión o conversión de los empleos que demande la organización de las plantas de personal de la educación estatal, los gobernadores y alcaldes deberán seguir el procedimiento que señale el Gobierno Nacional para tal fin (17)(18) .
5.19. Establecer los requisitos para la certificación de los municipios, y decidir sobre la certificación de los municipios menores a cien mil habitantes de conformidad con el artículo 20 de la presente ley.
5.20. Establecer incentivos para los distritos, municipios e instituciones educativas por el logro de metas en cobertura, calidad y eficiencia en el uso de los recursos.
5.21. Realizar las acciones necesarias para mejorar la administración de los recursos del sistema general de participaciones.
5.22. Cofinanciar la evaluación de logros. A cada departamento, distrito o municipio se podrá distribuir cada tres años una suma para evaluar el logro educativo de acuerdo con la metodología que señale el Ministerio de Educación Nacional. El 80% será financiado por la Nación y el 20% por la entidad territorial.
5.23. Las demás propias de las actividades de administración y distribución, regulación del sistema general de participaciones (art. 5º).
Sin perjuicio de lo establecido en otras normas, corresponde a los departamentos en el sector de educación las siguientes competencias:
6.1.1. Prestar asistencia técnica educativa, financiera y administrativa a los municipios, cuando a ello haya lugar.
6.1.2. Administrar y responder por el funcionamiento, oportunidad y calidad de la información educativa departamental y suministrar la información a la Nación en las condiciones que se requiera.
6.1.3. Apoyar técnica y administrativamente a los municipios para que se certifiquen en los términos previstos en la presente ley.
6.1.4. Certificar a los municipios que cumplen los requisitos para asumir la administración autónoma de los recursos del sistema general de participaciones. Si el municipio cumple los requisitos para ser certificado y el departamento no lo certifica, podrá solicitarla a la Nación.
Competencias frente a los municipios no certificados.
6.2.1. Dirigir, planificar; y prestar el servicio educativo (19) en los niveles de preescolar, básica, media en sus distintas modalidades, en condiciones de equidad, eficiencia y calidad, en los términos definidos en la presente ley.
6.2.2. Administrar y distribuir entre los municipios de su jurisdicción los recursos financieros provenientes del sistema general de participaciones, destinados a la prestación de los servicios educativos (20) a cargo del Estado, atendiendo los criterios establecidos en la presente ley.
6.2.3. <Aparte en letra itálica resaltada CONDICIONALMENTE exequible> administrar, ejerciendo las facultades señaladas en el artículo 153 de la Ley 115 de 1994, las instituciones educativas y el personal docente y administrativo de los planteles educativos, sujetándose a la planta de cargos adoptada de conformidad con la presente ley. Para ello, realizará concursos, efectuará los nombramientos del personal requerido, administrará los ascensos, sin superar en ningún caso el monto de los recursos disponibles en el sistema general de participaciones y trasladará docentes entre los municipios (21) , preferiblemente entre los limítrofes, sin más requisito legal que la expedición de los respectivos actos administrativos debidamente motivados (22) .
6.2.4. Participar con recursos propios en la financiación de los servicioseducativos (23) a cargo del Estado, en la cofinanciación de programas y proyectos educativos y en las inversiones de infraestructura, calidad y dotación. Los costos amparados con estos recursos no podrán generar gastos permanentes a cargo al sistema general de participaciones.
6.2.5. Mantener la cobertura actual y propender a su ampliación.
6.2.6. Evaluar el desempeño de rectores y directores, y de los docentes directivos, de conformidad con las normas vigentes (24) .
6.2.7. Ejercer la inspección, vigilancia y supervisión de la educación en su jurisdicción, en ejercicio de la delegación que para tal fin realice el Presidente de la República.
6.2.10. Distribuir entre los municipios los docentes, directivos y empleados administrativos, de acuerdo con las necesidades del servicio, de conformidad con el reglamento (25) .
6.2.11. Distribuir las plantas departamentales de personal docente, directivos y empleados administrativos, atendiendo los criterios de población atendida y por atender en condiciones de eficiencia, siguiendo la regulación nacional sobre la materia (26) .
6.2.13. Vigilar la aplicación de la regulación nacional sobre las tarifas de matrículas, pensiones, derechos académicos y otros cobros en los establecimientos educativos.
6.2.14. Cofinanciar la evaluación de logros de acuerdo con lo establecido en el numeral 5.22.
6.2.15. Para efectos de la inscripción y los ascensos en el escalafón, la entidad territorial determinará la repartición organizacional encargada de esta función de conformidad con el reglamento que expida el Gobierno Nacional (27) .
Algunas de estas competencias, salvo la de nominación y traslado de personal entre municipios, se podrán delegar en los municipios no certificados que cumplan con los parámetros establecidos por la Nación (28) (art. 6º).
Competencias de los distritos y los municipios certificados:
7.1. Dirigir, planificar y prestar el servicio educativo (29) en los niveles de preescolar, básica y media, en condiciones de equidad, eficiencia y calidad, en los términos definidos en la presente ley.
7.2. Administrar y distribuir entre los establecimientos educativos de su jurisdicción los recursos financieros provenientes del sistema general de participaciones, destinados a la prestación de los servicios educativos (30) a cargo del Estado, atendiendo los criterios establecidos en la presente ley y en el reglamento.
7.3. Administrar, ejerciendo las facultades señaladas en el artículo 153 de la Ley 115 de 1994, las instituciones educativas, el personal docente y administrativo de los planteles educativos, sujetándose a la planta de cargos adoptada de conformidad con la presente ley. Para ello, realizará concursos, efectuará los nombramientos del personal requerido, administrará los ascensos, sin superar en ningún caso el monto de los recursos de la participación para educación del sistema general de participaciones asignado a la respectiva entidad territorial (31) y trasladará docentes entre instituciones educativas, sin más requisito legal que la expedición de los respectivos actos administrativos debidamente motivados (32)(33) .
7.4. Distribuir entre las instituciones educativas los docentes y la planta de cargos de acuerdo con las necesidades del servicio entendidas como población atendida y por atender en condiciones de eficiencia, siguiendo la regulación nacional sobre la materia (34) .
7.5. Podrán participar con recursos propios en la financiación de los servicioseducativos (35) a cargo del Estado y en la cofinanciación de programas y proyectos educativos y en las inversiones de infraestructura, calidad y dotación. Los costos amparados con estos recursos no podrán generar gastos permanentes a cargo al sistema general de participaciones.
7.6. Mantener la actual cobertura y propender a su ampliación.
7.7. Evaluar el desempeño de rectores y directores, y de los directivos docentes (36) .
7.8 Ejercer la inspección, vigilancia y supervisión de la educación en su jurisdicción, en ejercicio de la delegación que para tal fin realice el Presidente de la República.
7.10. Administrar el sistema de información educativa municipal o distrital y suministrar la información al departamento y a la Nación con la calidad y en la oportunidad que señale el reglamento.
7.12. Organizar la prestación del servicio educativo en su jurisdicción.
7.13. Vigilar la aplicación de la regulación nacional sobre las tarifas de matrículas, pensiones, derechos académicos y cobros periódicos en las instituciones educativas.
7.14. Cofinanciar la evaluación de logros de acuerdo con lo establecido en el numeral 5.22.
7.15. Para efectos de la inscripción y los ascensos en el escalafón, la entidad territorial determinará la repartición organizacional encargada de esta función de conformidad con el reglamento que expida el Gobierno Nacional (37) (art. 7º). A los municipios no certificados se les asignarán las siguientes funciones:
8.1. Administrar y distribuir los recursos del sistema general de participaciones que se le asignen para el mantenimiento y mejoramiento de la calidad.
8.2. Trasladar plazas y docentes entre sus instituciones educativas, mediante acto administrativo debidamente motivado (38)(39) .
8.3. Podrán participar con recursos propios en la financiación de los servicios educativos a cargo del Estado y en las inversiones de infraestructura, calidad y dotación. Los costos amparados por estos recursos no podrán generar gastos permanentes para el sistema general de participaciones (40) .
8.4. Suministrar la información al departamento y a la Nación con la calidad y en la oportunidad que señale el reglamento (art. 8º).
La institución educativa es un conjunto de personas y bienes promovida por las autoridades públicas o por particulares, cuya finalidad será prestar un año de educación preescolar y nueve grados de educación básica como mínimo, y la media. Las que no ofrecen la totalidad de dichos grados se denominarán centros educativos y deberán asociarse con otras instituciones con el fin de ofrecer el ciclo de educación básica completa a los estudiantes.
Las instituciones educativas combinarán los recursos para brindar una educación de calidad la evaluación permanente, el mejoramiento continuo del servicio educativo y los resultados del aprendizaje, en el marco de su programa educativo institucional.
Las instituciones educativas estatales son departamentales, distritales o municipales (art. 9º).
Por motivos de utilidad pública o interés social, las instituciones educativas departamentales que funcionen en los distritos o municipios certificados serán administradas por los distritos y municipios certificados. Por iguales motivos se podrán expropiar bienes inmuebles educativos, de conformidad con la Constitución y la ley. Durante el traspaso de la administración deberá garantizarse la continuidad en la prestación del servicio educativo. Para el perfeccionamiento de lo anterior se suscribirá un convenio interadministrativo entre las entidades territoriales (41) (par. 1º).
Las deudas por servicial públicos de las instituciones educativas cuya administración se traspase de los departamentos a los distritos y municipios certificados, causadas con anterioridad a la fecha del traspaso, serán pagadas por los departamentos (par. 2º).
Los establecimientos públicos educativos del orden nacional que funcionan con recursos del presupuesto nacional, serán traspasados con los recursos a las respectivas entidades territoriales, conservando su autonomía administrativa (42) (par. 3º).
Habrá una sola administración cuando en una misma planta física operen más de una jornada. También podrá designarse una sola administración para varias plantas físicas, de conformidad con el reglamento (43) (par. 4º).
El rector o director de las instituciones educativas públicas, que serán designados por concurso, además de las funciones señaladas en otras normas, tendrá las siguientes:
10.7. Administrar el personal asignado a la institución en lo relacionado con las novedades y los permisos (44) .
10.8. Participar en la definición de perfiles para la selección del personal docente, y en su selección definitiva (45) .
10.10. Realizar la evaluación anual del desempeño de los docentes, directivos docentes y administrativos a su cargo (46) .
10.11. Imponer las sanciones disciplinarias propias del sistema de control interno disciplinario de conformidad con las normas vigentes (47) .
10.18. Las demás que le asigne el gobernador o alcalde para la correcta prestación del servicio educativo (art. 10).
El desempeño de los rectores y directores será evaluado anualmente por el departamento, distrito o municipio, atendiendo el reglamento que para tal fin expida eI Gobierno Nacional (48) . La no aprobación de la evaluación en dos años consecutivos implica el retiro del cargo y el regreso al ejercicio de la docencia en el grado y con la asignación salarial que le corresponda en el escalafón (par. 1º).
• Violación de los artículos 67, 189 - 11 y 287 de la Constitución Política, 5º (5.1, 5.2) y 10 (10,8) de la Ley 715 de 2001 (49) al asumir el Gobierno Nacional el desarrollo del calendario académico para deferir en el rector o director del establecimiento educativo la potestad de distribución de actividades de los docentes para cada día de la semana, discriminando el tiempo dedicado al cumplimiento de la asignación académica y a las actividades curriculares complementarias
Consideran los actores que el Decreto 1850 de 2001 viola los artículos 67, 18911 y 287 de la Constitución Política, 5º (5.1, 5.2) y 10 (10.8) de la Ley 715 de 2001 por cuanto el Gobierno Nacional desarrolló el calendario académico y defirió en el rector o director del establecimiento educativo la potestad de distribución de actividades de los docentes para cada día de la semana, discriminando el tiempo dedicado al cumplimiento de la asignación académica y a las actividades curriculares complementarias.
Es bien sabido que en desarrollo del artículo 67 de la Constitución Política de 1991, la ley general de educación (L. 115) introdujo reformas estructurales y de fondo a la educación básica.
Según quedó expuesto, la Ley 715 de 2001 distribuyó las competencias del sector educación entre la Nación, las entidades territoriales (departamentos, distritos y municipios certificados y municipios no certificados), las instituciones educativas y los rectores o directores.
En tal virtud, a la Nación, sin perjuicio de las establecidas en otras normas legales, le compete ejercer competencias relacionadas con la prestación del servicio público de la educación en sus niveles preescolar, básico y medio en las áreas urbana y rural, y entre ellos formular las políticas y objetivos de desarrollo para el sector educativo y dictar normas para la organización y prestación del servicio.
A criterio de la Sala, el Gobierno Nacional, lejos de exceder la potestad reglamentaria otorgada por el legislador, mediante el contenido normativo del acto acusado aseguró el cumplimiento de las cuarenta (40) semanas de tal forma que se cumplan las intensidades horarias mínimas, semanales y anuales, de actividades pedagógicas relacionadas con las áreas obligatorias y fundamentales y con las asignaturas optativas, para cada uno de los grados de la educación básica y media, con miras a garantizar la calidad de la educación.
A la vez, determina el horario mínimo que los educandos dedicarán a la asignación académica y de desarrollo institucional, con miras a garantizar la calidad de la educación.
Tampoco se excedió al deferir al rector o director la potestad de distribuir actividades de los docentes para cada día de la semana, discriminando el tiempo dedicado al cumplimiento de la asignación académica y a las actividades curriculares complementarias pues el numeral 10.9 del artículo 10 de la Ley 715 de 2001 dispone que compete al rector distribuir las asignaciones académicas, y demás funciones de docentes, directivos docentes y administrativos a su cargo, de conformidad con las normas de la materia, además de las funciones asignadas por otras normas, de tal suerte que no hubo exceso al otorgarle tales funciones.
Si bien se estableció una jornada laboral de ocho horas, éstas se reparten en un mínimo de seis (6) horas diarias distribuidas en la asignación académica y las dos (2) horas restantes podrán realizarlas fuera de la institución educativa dedicadas a la administración del proceso educativo, la preparación de su tarea académica, la evaluación, edificación, planeación, disciplina y formación de los alumnos, las reuniones de profesores generales o por área, la dirección de grupo y servicio de orientación estudiantil, la atención a la comunidad, en especial a los padres de familia, las actividades formales, culturales y deportivas contempladas en el proyecto educativo institucional, PEI, la realización de otras actividades vinculadas con organismos o instituciones del sector que incidan directamente e indirectamente en la educación, actividades de investigación y actuación pedagógica relacionadas con el PEI y actividades de planeación y evaluación institucional.
Por lo demás, es infundado el argumento según el cual los docentes tienen un derecho adquirido pues según jurisprudencia de esta corporación estos son los que se hubiesen consolidado durante la relación laboral. No las expectativas a cuya intangibilidad no se tiene ningún derecho, como ocurre en el sub judice.
• El Decreto Reglamentario 1850 de 2002 no puede desconocer la existencia del gobierno escolar al deferir en el rector la potestad de distribución de actividades de los docentes para cada día de la semana, discriminando el tiempo dedicado al cumplimiento de la asignación académica y a las actividades curriculares complementarias
Consideran los actores que el Decreto 1850 de 2002 no puede desconocer la existencia del gobierno escolar al deferir exclusivamente al rector la potestad de distribuir de actividades de los docentes para cada día de la semana, discriminando el tiempo dedicado al cumplimiento de la asignación académica y a las actividades curriculares complementarias.
El artículo 25 del Decreto 1860 de 1994 le otorgó al rector las siguientes funciones:
“ART. 25.—Funciones del rector. Le corresponde al rector del establecimiento educativo:
a) Orientar la ejecución del proyecto educativo institucional y aplicar las decisiones del gobierno escolar;
j) Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, atinentes a la prestación del servicio público educativo, y
k) Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el proyecto educativo institucional”.
Las atribuciones relacionadas y especialmente las de orientación y ejecución del proyecto educativo institucional (lit. a) y velar por el cumplimiento de las funciones docentes (lit. b) habilitan al rector para distribuir el tiempo de la jornada de los educadores con miras a la mejor prestación del servicio.
Tampoco es cierto que tales atribuciones desconozcan el gobierno escolar pues los artículos 144 y 145 de la Ley 115 de 1994 y 23 y 24 del Decreto 1860 de 1994 no otorgan competencias al gobierno escolar para distribuir asignaciones académicas y demás funciones a los docentes, directivos docentes y administrativos.
• Ámbito de aplicación del Decreto 1850 de 2002 para los docentes vinculados bajo el Decreto 2277 de 1979 y el Decreto 1278 de 2002
Afirman los actores que el Decreto 1850 de 2002 no debió fundarse en el Decreto 2277 de 1979 por cuanto este no regula el calendario académico ni la jornada laboral y escolar; y como no se invocó como el Decreto 1278 de 2002 como fundamento normativo, no puede ser aplicado a los docentes vinculados bajo este régimen.
Para un mejor entendimiento, la Sala comenzará por hacer una breve síntesis del contenido normativo del Decreto-Ley 2277 de 1979 —anterior estatuto nacional docente— y el Decreto-Ley 1278 de 2002 —actual estatuto de profesionalización docente—, expedido con fundamento en las facultades extraordinarias conferidas por el artículo 111 de la Ley 715 de 2001.
Decreto-Ley 2277 de 1979 —anterior estatuto nacional docente— (50)(sic)
Mediante este decreto, expedido por el Presidente de la República en uso de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 8ª de 1979, se adoptaron normas sobre el ejercicio de la profesión docente y se estableció un régimen especial para regular las condiciones de ingreso, ejercicio, estabilidad, ascenso y retiro.
Según quedó expuesto, mediante la Ley 715 de 2001 se expidieron las normas orgánicas en materia de recursos y competencias conforme a los artículos 151, 288, 356 y 357 de la Constitución Política (A.L. 01/2001) y se dictaron otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros; se atribuyó competencia a la Nación para reglamentar los concursos que rigen la carrera docente (arts. 5.7 y 111); y a los departamentos, distritos y municipios para administrar las instituciones educativas y el personal docente y administrativo de los planteles educativos, previo concurso (arts. 6.2.3 y 7.3).
El artículo 111 (51) ídem otorgó facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir un nuevo régimen de carrera docente y administrativa de acuerdo con la distribución de recursos y competencias denominado “estatuto de profesionalización docente”, a aplicarse al personal directivo y administrativo que ingresare a partir de su promulgación (D.O. 44.654, dic. 21/2001).
Precisó, igualmente la citada ley, que el régimen de carrera de los nuevos docentes y directivos docentes que se vinculen, de manera provisional o definitiva, a partir de la vigencia de la presente ley, será el que se expida de conformidad con el artículo 111 (art. 24, par.).
• Decreto-Ley 1278 de 2002 —estatuto de profesionalización docente—
En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 715, el Presidente de la República expidió el Decreto 1278 de 2002 (52) —estatuto de profesionalización docente—, el cual tiene por objeto regular las relaciones del Estado con los educadores a su servicio, garantizar que la docencia sea ejercida por personal idóneo, partiendo del reconocimiento de su formación, experiencia, desempeño y competencia, como atributos esenciales que deben orientar el ingreso, permanencia, ascenso y retiro del servicio (art. 1º).
Las normas del nuevo estatuto se aplican a quienes se vinculen a partir de la vigencia del decreto, para desempeñar los cargos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica primaria y secundaria o media y, a quienes sean asimilados conforme a la misma disposición (art. 2º).
La expedición de un nuevo estatuto aplicable a los docentes, directivos docentes y administrativos consonante con la distribución de recursos y competencias entre las entidades territoriales para la prestación del servicio de educación, se explica por la incidencia directa que los ingresos del sistema general de participaciones que la Nación transfiere a las entidades territoriales tiene en la financiación de los servicios que están a su cargo, uno de cuyos aspectos más importantes son los costos laborales.
Así pues, resulta acorde con la nueva regulación constitucional y legal de la participación de las entidades territoriales en los ingresos de la Nación para la prestación de los servicios que les corresponda de acuerdo con la ley, entre ellos el de educación, que exista un régimen de carrera para el personal de docentes, directivos docentes y administrativos y que este no se aplique a quienes se vincularon antes de su promulgación, para garantizar los derechos adquiridos por el personal docente que se vinculó en vigencia del régimen constitucional anterior a la Constitución de 1991 y bajo el anterior estatuto docente.
Ello en modo alguno significa que la diferenciación del personal docente en cuanto al estatuto que rige su ingreso, permanencia y carrera opere también en relación con sus deberes y funciones pues a todos es aplicable por igual la regulación normativa que gobierna los aspectos administrativos e institucionales que rigen la prestación del servicio público de la educación.
Como quedó expuesto, el tratamiento diferenciado del régimen de personal aplicable a los docentes se explica por la transición constitucional de regímenes y por la necesidad de adecuar el estatuto docente al esquema constitucional que rige la participación de las entidades territoriales en los ingresos de la Nación, pues su vinculación se financia con cargo a los recursos que les transfiere a título de la participación de propósito general.
• Violación a las normas que establecen la emergencia del sistema educativo
En cuanto a las normas relativas a la emergencia del sistema educativo, precisa la Sala que fueron derogadas por el artículo 222 de la Ley 115 de 1994 como contrarias al nuevo sistema de educación.
Tampoco es cierto que no se haya precisado la fecha en que debería regir la nueva jornada, puesto que el artículo 17 demandado dispone que rige a partir de su publicación, esto es del 15 de agosto de 2002, excepto el artículo 5º concerniente a la asignación académica, que cobra vigencia el 1º de septiembre de 2002.
En cuanto al cargo de haberse creado un año solar inexistente, se advierte que carece de fundamento pues según el estado de la técnica los años tienen en efecto 52 semanas, equivalentes a las semanas del calendario académico establecidas en el artículo 14 demandado.
• Falta de motivación y desviación de poder
Para la Sala no existe la alegada falta de motivación porque tratándose de una norma reglamentaria y de carácter general la ley no exige una motivación expresa. Sin embargo, si se analizan las disposiciones impugnadas se observa que de manera general la administración aduce las razones que los justifican y, por lo tanto, sería inadmisible exigir que el acto contenga otras razones específicas y concretas.
La circunstancia de no tener una motivación más extensa o explícita en cuanto a las razones de hecho que le sirvieron de causa, no infringe el artículo 35 del Código Contencioso Administrativo dado que la motivación expresa que contiene resulta suficiente, en cuanto se completa con la regulación específica sobre la materia, la cual se presume conocida.
DENIÉGANSE Ias súplicas de la demanda.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 30 de abril de 2008».
(10) Expedientes acumulados 6414/6424/6447/6452/6453/6522/6523/6693/6714/7057. Actores: Franky Urrego Ortiz y otros.
(11) Artículo modificado por el artículo 2º de la Ley 1176 de 2007.
(12) Aparte resaltado declarado EXEQUIBLE, solo por los cargos estudiados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-918 de 2002 (oct. 29), M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
(13) Aparte resaltado declarado EXEQUIBLE, solo por los cargos estudiados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-918 de 2002 (oct. 29), M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
(14) Numeral declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-618 de 2002 (ago. 8), M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, “con relación al cargo de violación del principio de unidad de materia”.
(15) Numeral 5.8 declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-723-04 de 3 de agosto de 2004, M.P. Jaime Araújo Rentería.
(16) Aparte resaltado declarado EXEQUIBLE, solo por los cargos estudiados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-918 de 2002 (oct. 29), M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
(17) Numeral declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-618 de 2002 (ago. 8), M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, “con relación al cargo de violación del principio de unidad de materia”.
(18) La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre este numeral por ineptitud de la demanda, mediante Sentencia C-983 de 2005 (sep. 26), M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
(19) Aparte resaltado declarado EXEQUIBLE, solo por los cargos estudiados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-918 de 2002 (oct. 29), M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
(20) Aparte resaltado declarado EXEQUIBLE, solo por los cargos estudiados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-918 de 2002 (oct. 29), M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
(21) Aparte en letra itálica y resaltado “sin superar en ningún caso el monto de los recursos disponibles en el sistema general de participaciones” declarado CONDICIONALMENTE exequibles por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-423 de 2005 (abr. 26), M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Condiciona el fallo en los siguientes términos: “en el entendido de (i) que el reconocimiento de un ascenso de la carrera docente no podrá ser supeditado a la suficiencia de los recursos con destino a educación que debieron ser apropiados en el sistema general de participaciones para la correspondiente vigencia fiscal en razón de los ascensos que debieron ser previstos para dicho año, y (ii) que las consecuencias fiscales de dicho reconocimiento, de no haber disponibilidad presupuestal en un caso determinado, se harán efectivas a más tardar en la siguiente vigencia fiscal a partir del acto de reconocimiento del derecho”.
(22) La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA para pronunciarse de fondo sobre los apartes demandados de este numeral, mediante Sentencia C-508 de 2004 (mayo 25), M.P. Jaime Araújo Rentería.
Aparte en letra itálica declarado EXEQUIBLE, solo por los cargos estudiados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-918 de 2002 (oct. 29), M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
Mediante Sentencia C-618 de (sic)20021 (ago. 8), M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, la Corte Constitucional declaró estése a lo resuelto en a la Sentencia C-617-02.
Aparte resaltado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-617 de 2002 (ago. 8), M.P. Alfredo Beltrán Sierra y M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(23) Aparte resaltado declarado EXEQUIBLE, solo por los cargos estudiados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-918 de 2002 (oct. 29), M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
(24) La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre este numeral por ineptitud de la demanda, mediante Sentencia C-723 de 2001 (ago. 3), M.P. Jaime Araújo Rentería.
Numeral declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-618 de 2002 (ago. 8), M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, “con relación al cargo de violación del principio de unidad de materia”.
(25) Numeral declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-618 de 2002 (ago. 8), M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, “con relación al cargo de violación del principio de unidad de materia”.
(26) Numeral declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-618 de 2002 (ago. 8), M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, “con relación al cargo de violación del principio de unidad de materia”.
(27) Inciso resaltado declarado EXEQUIBLE, solo por los cargos estudiados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-918 de 2002 (oct. 29), M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
(28) Numeral 6.2.15 declarado EXEQUIBLE “... respecto de los cargos por violación de los artículos 67, 125 y 288 de la Constitución” por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-508 de 2004 (mayo 25), M.P. Jaime Araújo Rentería. La misma sentencia declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-918-02 “... en relación con el cargo por violación del artículo 130 de la Constitución”.
(29) Aparte resaltado declarado EXEQUIBLE, solo por los cargos estudiados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-918 de 2002 (oct. 29), M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
(30) Aparte resaltado declarado EXEQUIBLE, solo por los cargos estudiados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-918 de 2002 (oct. 29), M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
(31) Aparte resaltado declarado CONDICIONALMENTE exequible por los cargos analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-423 de 2005 (abr. 26), M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Condiciona el fallo en los siguientes términos: “en el entendido de (i) que el reconocimiento de un ascenso de la carrera docente no podrá ser supeditado a la suficiencia de los recursos con destino a educación que debieron ser apropiados en el sistema general de participaciones para la correspondiente vigencia fiscal en razón de los ascensos que debieron ser previstos para dicho año, y (ii) que las consecuencias fiscales de dicho reconocimiento, de no haber disponibilidad presupuestal en un caso determinado, se harán efectivas a más tardar en la siguiente vigencia fiscal a partir del acto de reconocimiento del derecho”.
(32) Aparte en letra itálica declarado EXEQUIBLE, solo por los cargos estudiados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-918 de 2002 (oct. 29), M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
(33) La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA para pronunciarse de fondo sobre los apartes demandados de este numeral, mediante Sentencia C-508 de 2004 (mayo 25), M.P. Jaime Araújo Rentería.
— Numeral declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-618 de 2002 (ago. 8), Magistrado Ponente Dr. Manuel José Cepeda Espinosa, “con relación al cargo de violación del principio de unidad de materia”.
(34) Numeral declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-618 de 2002 (ago. 8), M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, “con relación al cargo de violación del principio de unidad de materia”.
(35) Aparte resaltado declarado EXEQUIBLE, solo por los cargos estudiados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-918 de 2002 (oct. 29), M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
(36) La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre este numeral por ineptitud de la demanda, mediante Sentencia C-723 de 2004 (ago. 3), M.P. Jaime Araújo Rentería.
(37) Numeral 7.15 declarado EXEQUIBLE “... respecto de los cargos por violación de los artículos 67, 125 y 288 de la Constitución” por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-508 de 2004 (mayo 25), M.P. Jaime Araújo Rentería. La misma sentencia declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-918-02 “... en relación con el cargo por violación del artículo 130 de la Constitución”.
Numeral declarado EXEQUIBLE, solo por los cargos estudiados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-918 de 2002 (oct. 29), magistrado ponente Dr. Eduardo Montealegre Lynett. Numeral declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-618 de 2002 (8 de agosto), Magistrado Ponente Dr. Manuel José Cepeda Espinosa, “con relación al cargo de violación del principio de unidad de materia”.
(38) Aparte resaltado declarado EXEQUIBLE, solo por los cargos estudiados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-918 de 2002 (oct. 29), M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
(39) Numeral declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-611 de 2002 (ago. 8), M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, “con relación al cargo de violación del principio de unidad de materia”.
(40) Aparte resaltado declarado EXEQUIBLE, solo por los cargos estudiados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-918 de 2002 (oct. 29), M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
(41) Mediante Sentencia C-918 de 2002 (oct. 29), M.P. Eduardo Montealegre Lynett, la Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre el parágrafo 1º por ineptitud de la demanda.
(42) Parágrafo 3º declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-983 de 2005, magistrado ponente: Humberto Antonio Sierra Porto, “en los términos indicados en las consideraciones de la presente sentencia”.
(43) Mediante Sentencia C-918 de 2002 (oct. 29), M.P. Eduardo Montealegre Lynett, la Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre el aparte resaltado por ineptitud de la demande.
(44) Numeral declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-618 de 2002 (ago. 8), M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, “con relación al cargo de violación del principio de unidad de materia”.
(45) Numeral declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-618 de 2002 (ago. 8), M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, “con relación al cargo de violación del principio de unidad de materia”.
(46) La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre este numeral por ineptitud de la demanda, mediante Sentencia C-723 de 2004 (ago. 3), M.P. Jaime Araújo Rentería.
Numeral declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-618 de 2002 (ago. 8), magistrado ponente Dr. Manuel José Cepeda Espinosa, “con relación al cargo de violación del principio de unidad de materia”.
(47) Numeral declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-618 de 2002 (ago. 8), M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, “con relación al cargo de violación del principio de unidad de materia”.
(48) Aparte tachado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-723 de 2004 (ago. 3), M.P. Jaime Araújo Rentería.
(49) “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (A.L. 01/2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros”. Diario Oficial 44.654 de 2001 (dic. 21).
(51) ART. 111.—Facultades extraordinarias. 111.2. Se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República, por el término de seis (6) meses contados a partir de la vigencia de la presente ley para expedir un nuevo régimen de carrera docente y administrativa para los docentes, directivos docentes, y administrativos, que ingresen a partir de la promulgación de la presente ley, que sea acorde con la nueva distribución de recursos y competencias y con los recursos.
Declarada exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-617 de 2002.
(52) Diario Oficial 44.840 de 20 de junio 2002.