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Timestamp: 2018-10-15 18:07:59
Document Index: 267588737

Matched Legal Cases: ['artículo 21', 'artículo 21', 'Artículo 21', 'artículo 18', 'artículo 134', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 1', 'artículo 21', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 86']

﻿ SENTENCIA 3042 DE MARZO 26 DE 1992
SENTENCIA 3042 DE 26 DE MARZO DE 1992
CONTENIDO:MÉDICOS, DESEMPEÑO DE VARIOS EMPLEOS PÚBLICOS
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATO DE TRABAJO, EMPLEADO PÚBLICO, MÉDICO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:246 DE JUNIO DE 1992, PÁG.450
DESEMPEÑO DE VARIOS EMPLEOS PÚBLICOS
EXTRACTOS: «1. La Procuraduría sancionó al actor, con base en los siguientes cargos:
a) Percibir tres asignaciones del tesoro público, contrariando los artículos 64 de la C. N. (1886), 1° literal b) del D. 1713 de 1960 y 32 del D. 1042 de 1978.
b) Transgredir el artículo 21 literal a) del D. 1651 de 1977, en cuanto prohíbe desempeñar otro cargo diferente al de médico de la seguridad social, y cuya jornada diaria, exceda de ocho horas, salvo la actividad docente, y
c) Cruce de horarios por laborar simultáneamente en el I.S.S. Hospital Departamental y la Universidad de Nariño.
2. Tanto la Constitución Nacional de 1886 (art. 64), como la de 1991 (art. 128), prohíben la percepción de más de una asignación del tesoro público, salvo que la ley lo permita. Por lo tanto, deberá examinarse, cuáles disposiciones de las invocadas por el actor, le permiten percibir tres sueldos por desempeñar tres empleos públicos.
Invoca el actor, el artículo 21 del Decreto-Ley 1651 de 1977, cuyo texto es el siguiente:
“Artículo 21.--De los requisitos adicionales para ejercer cargos asistenciales. Además del lleno de los requisitos a que se refiere el artículo anterior, quienes vayan a ejercer un cargo asistencial deberán reunir los siguientes:
a) No desempeñar otro cargo remunerado por el tesoro y cuya jornada diaria, sumada a la del que se aspira a ejercer, exceda de ocho horas, salvo la actividad docente.
b) No tener la calidad de interno o residente en hospitales.
c) No haber hecho incurrir en responsabilidad civil o administrativa a la entidad de derecho público a la cual se hayan prestado servicios.
d) No haber sido sancionado penalmente con la suspensión en el ejercicio de la profesión.
No obstante, cuando las necesidades del servicio así lo requieran, en ciudades o poblaciones donde no existan el número suficiente de profesionales médicos o paramédicos, o no hubiere disponibilidad suficiente de equipo, podrá prescindirse de la exigencia del requisito establecido en el ordinal a) del presente artículo.
Las personas que al ingresar al servicio estuvieren desempeñando otro cargo público, deberán surtir un trámite de comprobación de jornadas y horarios con arreglo a la reglamentación que expida el Gobierno. Igual trámite cumplirán quienes estuvieren vinculados al instituto y fueren llamados a desempeñar otro cargo público”.
3. Como el actor plantea que esta norma no le es aplicable, por cuanto fue expedida cuando ya existía su relación laboral con el I.S.S. desde el 1° de julio de 1975, habrá que decir que las leyes que regulan el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, aunque no tienen carácter retroactivo, sí tienen efecto general inmediato, y quienes antes no se encontraban en el nuevo impedimento, deben adoptar los mecanismos necesarios para ajustarse al nuevo régimen, sin que sea posible alegar en su favor la existencia de una relación laboral, por tratarse de disposiciones que tienen un interés general dentro de la comunidad. No es la sociedad la que debe aceptar el impedimento, sino la persona individualmente considerada la que debe adaptarse al nuevo régimen.
Al respecto dice textualmente el inciso primero del artículo 18 de la Ley 153 de 1887:
“Las leyes que por motivos de moralidad, salubridad o utilidad pública restrinjan derechos amparados por la ley anterior, tienen efecto general inmediato”.
4. Por consiguiente, el actor cuando entró a regir el Decreto-Ley 1651 de 1977, estaba obligado a darle estricto cumplimiento, de una parte, y de otra, porque, las personas que venían vinculadas al I.S.S. y tomaron el carácter de funcionarios de la seguridad social, como el actor, debieron tomar posesión del nuevo cargo dentro de la nueva planta de personal, al tenor de lo dispuesto en el artículo 134 del citado decreto, cuyo texto expresa:
“Las personas que al entrar en vigencia el presente decreto tengan celebrados contratos individuales de trabajo con el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, serán nombrados en los empleos de la planta de personal que adoptará el Instituto de Seguros Sociales. Si aceptaren la designación, procederán a tomar posesión de sus cargos.
Se exceptúan las personas que de acuerdo con el presente estatuto tuvieren la calidad de trabajadores oficiales”.
5. Por lo tanto, como queda visto la vinculación del actor con el I.S.S., anterior a la expedición del Decreto 1651 de 1977, no era excusa para que no adecuara su conducta a la prohibición que señala el artículo 21, conforme al cual no podía desempeñar otro cargo remunerado por el tesoro, como sería el desempeño de los empleos de tiempo parcial en la Universidad de Nariño y Hospital Departamental, cuyas jornadas suman más de 8 horas diarias.
6. Tampoco el actor se encuentra dentro de la excepción de la jornada, por desempeñar una labor en el área docente, conforme al artículo antes transcrito, porque las tres vinculaciones laborales con las tres entidades públicas, no tenían tal carácter, según las certificaciones que a continuación se transcriben:
a) Vinculación con el Hospital Departamental de Nariño:
“El suscrito jefe del Departamento de Recursos Humanos del Hospital Departamental, Unidad Regional Central N° 1
Que el doctor Jorge Recalde Morán, se encuentra vinculado en el Centro de Salud Calvario, Unidad Regional Central N° 1 (que funciona en el antiguo Hospital Civil) como Médico General, nombrado según la Resolución N° 491 de julio 3 de 1984, a partir del 1° de julio de 1984, con cuatro horas de labor, de lunes a viernes en el horario de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. y en la actualidad devenga una asignación mensual de $ 38.410.
Se expide la presente constancia a petición del interesado a los diecisiete días del mes de diciembre de mil novecientos ochenta y seis (1986)”.
b) Vinculación con el I.S.S.
“El suscrito jefe Div. Serv. de Salud ISS Nariño,
Que el doctor Jorge Recalde Morán médico de consulta externa ISS Nariño, hasta el momento de su retiro, tuvo un horario de consulta de 8 a.m. a 12 m.
En constancia firmo”.
c) Vinculación con la Universidad de Nariño:
“El suscrito jefe de Bienestar Universitario de la Universidad de Nariño,
Que el doctor Jorge Recalde Morán, atendió al personal universitario desde julio a diciembre en 1984 de 6 a 7 p.m., en su consultorio particular y una hora más de coordinación en horas no fijadas.
La presente constancia se firma a los diecinueve días del mes de diciembre de mil novecientos ochenta y seis”.
7. Como el actor plantea que no se aplicó integralmente el artículo 21 del Decreto 1651, en virtud de que cuando las necesidades del servicio lo requieran, en ciudades donde no exista el número de profesionales médicos, podrá prescindirse de la prohibición que se viene comentando, debe advertirse que era a él a quien le correspondía probar que se encontraba en esa situación, no bastando para ello, alegar esta situación exceptiva, sino demostrarla.
8. Manifiesta el actor que lo percibido por el ISS no proviene del tesoro público por cuanto más de un 90% de los ingresos de dicha entidad, son aportes de los patronos y trabajadores, personas todas de derecho privado.
Al respecto, se estima necesario expresar, que conforme lo preceptúa el artículo 1° de la Ley 78 de 1931, por tesoro público se entiende como “el dinero que, a cualquier título ingrese a las oficinas públicas, sean nacionales, departamentales o municipales”.
Como el Instituto de Seguros Sociales, de conformidad con el art. 47 del Decreto-Ley 1650 de 1977, es un establecimiento público del orden nacional, y por lo tanto una oficina pública nacional, los ingresos a este organismo, aunque originalmente sean particulares, una vez ingresen a él, toman el carácter de tesoro público.
9. De la lectura de lo antes expuesto, y del examen de los tres certificados, puede concluirse que el actor, transgredió el artículo 21 del Decreto 1651 de 1977, pues desempeñó más de dos cargos públicos, excedió la jornada laboral diaria en más de ocho horas, sin que hubiera demostrado encontrarse dentro de las excepciones que dicho artículo trae por razón del ejercicio de la docencia, ya que el servicio laboral en la Universidad de Nariño, no fue de carácter docente y ello aun” sin contabilizar la hora de coordinación a que con dicha entidad pública se comprometió.
Aunque el cruce de horarios, en un sentido estricto no se produjo, la Sala observa, la irregularidad en el comportamiento del actor, al comprometerse a trabajar de lunes a viernes, entre las 2 y las 6 de la tarde para el Hospital Departamental, y entre las 6 y las siete de la noche, en su consultorio particular, pues alguna distancia tendría que existir locativamente entre estos dos sitios de trabajo, lo cual no le permitiría prestar correctamente sus servicios.
Sin embargo, como no existió propiamente un cruce de horarios, la Sala así habrá de aclararlo, aunque esta afirmación en nada puede incidir en la sanción impuesta al actor, la cual estima fue correctamente aplicada.
No prospera el cargo por este aspecto.
10. Plantea el actor que su conducta laboral, la ajustó a las excepciones consagradas en los literales a) y b) del artículo 1° del D. L. 1713 de 1960. Veamos estos preceptos:
“Nadie podrá recibir más de una asignación, que provenga del tesoro público o de empresas o instituciones en que tenga parte principal el Estado, salvo las excepciones que se determinan a continuación:
a) Las asignaciones que provengan de establecimientos docentes de carácter oficial, siempre que no se trate de profesorado de tiempo completo.
b) Las que provengan de servicios prestados por profesionales con título universitario, hasta por dos cargos públicos, siempre que el horario normal permita el ejercicio regular de tales cargos;...”.
11. No puede admitirse, como lo plantea el actor, que sea viable percibir la asignación de la Universidad de Nariño, conjuntamente con las restantes asignaciones de las otras entidades públicas, porque el literal a) claramente prescribe que es compatible lo percibido en establecimiento docente, cuando se trate del ejercicio de la docencia en ellos, y como ha quedado demostrado, el actor no prestó sus servicios a ninguna de estas entidades en su carácter de docente, sino como el resultado de una gestión administrativa, en el área de la consultoría médica, a pacientes que provenían de la Universidad de Nariño, luego mal puede aceptarse que el actor, se encontrara amparado dentro de las excepciones previstas en el literal a) del citado artículo primero.
12. Tampoco puede predicarse como lo afirma el actor, que su vinculación laboral con las tres entidades públicas, se encontrara dentro de la excepción prevista en el ordinal b) del artículo 1° del Decreto 1713 de 1960, pues dicho precepto permite una vinculación laboral, pero únicamente hasta por dos cargos públicos, y siempre que el horario normal permita el ejercicio regular de tales cargos, lo cual no podía ocurrir si al vencimiento de una jornada de las seis de la tarde, era el punto de iniciación de la otra, en sitios totalmente diferentes, pues no queda demostrado que su consultorio particular estuviera ubicado en la edificación del Hospital Departamental.
También el actor, frente a esta disposición, no solo excedió la jornada máxima de 8 horas, sino que se comprometió a laborar en horas que no le permitían el ejercicio regular de las funciones de estos cargos. Por estos aspectos no están llamados a prosperar, los cargos que hace el actor al acto acusado.
13. Como el actor estima que el director del ISS, ha debido abstenerse de aplicar la sanción, por ser inconstitucional, ha de decirse que desde el punto de vista formal, el director del instituto no podía oponerse a la orden impartida por el Ministerio Público.
No está llamado a prosperar este cargo.
14. Ataca el demandante el acto de la Procuraduría, porque dice que éste omitió señalar la carencia de sus antecedentes disciplinarios, las atenuantes y eximentes de la falta, y respecto de esta última se omitió, además, expresar las razones jurídicas de ella, ya que sólo se afirmó que se constituía “gravedad” (sic), expidiéndose así el acto en forma irregular.
Al respecto, debe expresarse que la dosimetría disciplinaria en nuestro derecho administrativo laboral, no exige que la máxima sanción disciplinaria, se imponga solamente cuando el autor de la falta sea reincidente, pues lo que debe tener en cuenta el fallador en este caso, es que la falta sea grave, para que una vez así valorada, se imponga la destitución. Tampoco esta sanción debe imponerse como resultado de una sucesión de sanciones menores previas, porque la ley así no lo ha dispuesto, y porque iría contra el curso normal de la valoración de la conducta, que ante una primera falta, pero eminentemente grave, se tuviera que aplicar una sanción leve, por carecer el actor de antecedentes disciplinarios.
Como la naturaleza de la falta es grave, y los hechos por sí solos explican la medida, no puede pretenderse que el acto haya sido expedido en forma irregular, menos cuando en el proceso no se halló ni se comprobó que la conducta del actor estuviera asistida de causales atenuantes de ella.
Tampoco está llamado a prosperar el cargo, por estos motivos.
15. La inhabilidad, como sanción accesoria, a la de destitución, y no habiéndola impuesto el Ministerio Público, le correspondía fijarla al director del Instituto de los S.S., en cumplimiento del artículo 86 del Decreto 1651 de 1977».
(Sentencia de marzo 26 de 1992. Expediente 3042. Consejero Ponente: Dr. Diego Younes Moreno).