Source: https://www.derechoenzapatillas.org/2018/responsabilidad-de-la-empresa-de-seguridad-privada/
Timestamp: 2018-07-21 07:49:25
Document Index: 33442765

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 11', 'artículo 46', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 386', 'artículo 386', 'artículo 386', 'Artículo 10', 'Artículo 17', 'Artículo 21', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'artículo 5', 'artículo 19', 'artículo 20', 'Artículo 21']

Responsabilidad de la empresa de seguridad privada | Derecho en Zapatillas by Sergio Mohadeb
Sergio | El 01, Jul 2018
Muchos contratan una empresa de seguridad privada ante los robos que crecen. Qué pasa cuando hay un hecho de inseguridad y ¿hasta qué punto esta empresa es responsable civil por un hecho de un tercero?
La responsabilidad civil de la empresa de seguridad privada
Una usuaria del servicio de seguridad privada sufrió un robo en su vivienda en el año 2012. El slogan de esta empresa decía “cuando usted se conecta al servicio de alarmas monitoreadas de nuestra empresa puede disfrutar la tranquilidad de sentirse protegido, las 24 hs. del día, los 365 días del año…”.
Al final, sufrido el robo, la usuaria lo denunció alegando que “no era cierto puesto que la empresa verificaba el correcto funcionamiento del servicio sólo una vez por semana y no los 365 días del año” y que “no había advertido la falla del sistema -producto del corte de la línea telefónica- como tampoco había informado el siniestro acaecido en su domicilio”.
Finalmente, en mayo de 2015, defensa del consumidor dictó la disposición donde consideró que la compañía denunciada “no había logrado acreditar el cumplimiento de lo publicitado” y que “la no incorporación en el contrato de las precisiones formuladas en los prospectos, configuraba una clara infracción al artículo 8º de la Ley 24.240”. La empresa apeló la multa.
En primer lugar, el juez consideró que “la información contenida en un aviso publicitario debe ser lo suficientemente clara para no hacer incurrir en equívocos al consumidor. Ello, ya que si con posterioridad a la contratación del servicio, la recurrente pretende realizar una interpretación que difiere con el aviso publicado y que resultan perjudiciales al consumidor, nos encontraríamos en presencia de una publicidad engañosa (…)”.
Luego, destacó que la empresa “no acompañó prueba alguna que permita concluir que la publicidad resultaba conteste con el argumento que pretende esgrimir, como tampoco que haya cumplido con la garantía y seguridad promocionada“.
Además, los jueces señalaron que “no puede perderse de vista que la publicidad agregada a las actuaciones administrativas consistía en que, una vez contratado el servicio, el cliente ‘podía disfrutar la tranquilidad de sentirse protegido, las 24 hs. del día, los 365 días del año…”, circunstancia que permitía lógicamente presumir que las viviendas se encontraban vigiladas permanentemente.
Sin embargo, la usuaria no sufrió el corte de la línea telefónica- “como tampoco el siniestro acontecido en el domicilio de la usuaria denunciante”. En consecuencia, concluyó que “la sanción impuesta a la recurrente resulta congruente con la infracción cometida“.
Finalmente, la empresa de seguridad privada deberá abonar una multa de 30 mil pesos por infracción al artículo 8º de la Ley n.° 24.240 y, asimismo, la obligación de publicar la mencionada disposición en el diario “Clarín”.
Multa por la falta de instalación de un sistema de alarmas
En otro precedente judicial, el usuario contrató con la empresa referida por medio de la solicitud de servicio 163602 “la entrega en comodato de equipos de seguridad, quedando a cargo de Prosegur la instalación y conexión de los mismos” para un inmueble ubicado en la calle Ramallo 2000 de esta Ciudad, por el que abonó la suma de seiscientos noventa y siete pesos con cincuenta y seis centavos ($697,56).
Sin embargo, agregó, “[e]l tiempo transcurrió sin que personal alguno perteneciente a la empresa se hiciera presente en el domicilio indicado, ni hiciera efectivo rechazo alguno al contrato pactado” (v. fs.2, 6º párr., del EA). Afirmó que el 20 de febrero de 2009 se acercó a las oficinas de Prosegur para solucionar el problema referido y se sorprendió al ser informado que cualquier tipo de reclamo debía hacerse en forma telefónica.
En esa línea, puntualizó que tras múltiples e infructuosos intentos, finalmente logró hablar con personal de la empresa, que le explicó que las demoras solían ser normales pero que registraría el reclamo a fin de que a la brevedad algún agente de la empresa se presentase en su domicilio a fin de cumplir con la prestación solicitada. A lo que añade, que ello no ocurrió lo que motivó sucesivos llamados que culminaron con la misma respuesta.
Cansado de esperar, explicó, el 8 de septiembre de 2009 envió un fax a la empresa por medio del cual solicitó la baja de la solicitud de servicio aludida, así como la restitución del dinero, lo que motivó que le informaran que su reclamo sería satisfecho en carácter urgente. Por todo ello, afirmó, es que el 20 de octubre de 2009 presentó su denuncia ante la Dirección General de Protección y Defensa al Consumidor a fin de obtener el reintegro de su dinero, con más sus intereses, así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados.
Ante la imposibilidad de arribar a un acuerdo conciliatorio se le imputó a la empresa la infracción al art. 19 de la ley 24.240, así como también se puso en su conocimiento la posibilidad de determinar, al momento de resolver, la existencia de daño directo. Como defensa expuso que:”la alarma no se terminó de instalar y poner en funcionamiento en el domicilio de la requirente, toda vez que [.] no había total acuerdo entre la requirente y el departamento técnico de mi mandante, sobre algunos puntos relacionados con la instalación del sistema, especialmente con la ubicación”.
Finalmente, los jueces multaron a la empresa y ordenaron indemnizar al usuario como consecuencia de su incumplimiento contractual, dado que, si bien la demandada y el denunciante llegaron posteriormente a un acuerdo, lo cierto es que es se comprobó el desinterés por parte de la empresa en instalar el equipo de alarmas que había convenido, configurando una infracción a la ley de defensa del consumidor por la simple verificación de la acción calificada de ilícita, sin necesidad de daño o culpa en concreto.
Es que la ley 24240 de protección al consumidor establece infracciones formales, por lo que la simple verificación de la acción calificada de ilícita hace nacer la responsabilidad del infractor y no se requiere daño concreto sino simplemente el incumplimiento de lo prescripto por la ley, sin que pueda ser causa exculpatoria el hecho que haya mediado error.
Anexo con la sentencia completa sobre empresa de vigilancia y seguridad
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 12 días del mes de junio de
dos mil dieciocho, reunidos en acuerdo los señores jueces de la sala II de la Cámara de
Buenos Aires para dictar sentencia en los autos caratulados “PROSEGUR ACTIVA
ARGENTINA SA Contra GCBA Sobre RECURSO DIRECTO SOBRE
RESOLUCIONES DE DEFENSA AL CONSUMIDOR”, Expte. 11102/2015-
0. Practicado el sorteo, y conforme la nueva integración del tribunal, resultó que la
votación debía realizarse en el siguiente orden: Esteban Centanaro, Carlos F. Balbín y
1. Llegan las presentes actuaciones a conocimiento del tribunal en virtud
del recurso directo interpuesto por la empresa Prosegur Activa Argentina SA. (en
adelante, Prosegur) contra la Disposición DI-2015-543-DGDYPC dictada por la
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor de esta Ciudad –
autoridad de aplicación-, a través de la cual se impuso a la aquí actora una multa de
pesos treinta mil (30.000) por la infracción al artículo 8º de la Ley 24.240 y,
asimismo, la obligación de publicar la mencionada disposición en el diario “Clarín”.
2. Las referidas actuaciones administrativas se iniciaron a raíz de la denuncia
que había realizado la señora S. A. B. ante la Dirección General de Defensa y Protección
del Consumidor de esta Ciudad, con sustento en el incumplimiento de los términos de la
publicidad emanada de la empresa sumariada.
En ese contexto, la denunciante relató que, en el mes de agosto de 2007, había
adquirido el servicio de alarma monitoreada de la empresa Prosegur, bajo el
eslogan “[c]uando usted se conecta al servicio de alarmas monitoreadas de PROSEGUR
ACTIVA, puede disfrutar la tranquilidad de sentirse protegido, las 24 hs. del día, los 365
días del año…” (v. fs. 2 del exp. adm.). Sin embargo constató, como consecuencia del
robo ocurrido en su vivienda en enero de 2012, que ello no era cierto puesto que la
empresa verificaba el correcto funcionamiento del servicio sólo una vez por semana y no
Asimismo destacó que la sumariada no había advertido la falla del sistema –
producto del corte de la línea telefónica- como tampoco había informado el siniestro
acaecido en su domicilio. Por lo expuesto solicitó, ante la autoridad de aplicación, una
compensación económica por las pérdidas materiales sufridas.
3. Finalizadas las diligencias sumariales, la Dirección General de Defensa y
Protección al Consumidor -en fecha 19 de mayo de 2015- dictó la disposición aquí
recurrida. Para decidir como lo hizo, consideró que la empresa denunciada no había
logrado acreditar el cumplimiento de lo publicitado. En tal sentido señaló
que “…mientras el sistema se promociona como infalible en el prospecto citado […] del
contrato surge que esa afirmación no resulta aplicable a todos los sistemas de alarma, y
en particular no resulta aplicable al contratado por la denunciante” (v. fs. 204 vta. del
exp. adm.).
Por último sostuvo que la no incorporación en el contrato de las precisiones
formuladas en los prospectos, configuraba una clara infracción al artículo 8º de la Ley
4. Contra dicha resolución, Prosegur interpuso el presente recurso directo, de
conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 11 de la Ley 757 (v. fs.
Su crítica, en apretada síntesis, giró en torno a explicar el funcionamiento del
sistema, sus características y las condiciones del contrato suscripto. Asimismo afirmó
haber cumplido acabadamente sus obligaciones, como también el deber de información.
Finalmente citó jurisprudencia en sustento de su postura, ofreció prueba e
5. Conferido el pertinente traslado, a fs. 48/54 vta. el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (en adelante, GCBA) contestó los agravios de su contraria y,
por los argumentos allí vertidos, solicitó el rechazo del recurso interpuesto.
Transcurrida la etapa probatoria, se pusieron los autos a disposición de las
partes para que aleguen sobre el mérito de la prueba, carga que ha sido cumplida por la
recurrente (v. fs. 138/142).
Finalmente, a fs. 144 se hizo saber a las partes la nueva integración del
7. En primer término, corresponde recordar que los jueces no se encuentran
obligados a pronunciarse sobre todos los argumentos esgrimidos por las partes, ni a hacer
referencia a la totalidad de las pruebas producidas, bastando que valoren las que sean
“conducentes” para la correcta composición del litigio (conf. art. 310 CCAyT y Fallos:
272:225; 274:486; 276:132 y 287:230 entre otros).
Previo al tratamiento de los fundamentos expuestos en el presente recurso
directo, resulta conveniente recordar que el marco jurídico que rige la relación de
consumo, tiene en miras la protección del consumidor o usuario, es decir, de las personas
físicas o jurídicas que contraten a título oneroso para su consumo final o beneficio propio
o de su grupo familiar o social.
Este régimen protectorio encuentra asidero en nuestra Constitución Nacional
que prevé que “[l]os consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la
relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a
una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato
equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la
educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de
distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la
calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de
consumidores y de usuarios…” (art. 42 CN, 1º y 2° párrafo).
Del mismo modo, la Constitución local dispone en los párrafos 1º y 2° del
artículo 46 que “[l]a Ciudad garantiza la defensa de los consumidores y usuarios de
bienes y servicios, en su relación de consumo, contra la distorsión de los mercados y el
control de los monopolios que los afecten. Protege la salud, la seguridad y el patrimonio
de los consumidores y usuarios, asegurándoles trato equitativo, libertad de elección y el
acceso a la información transparente, adecuada, veraz y oportuna, y sanciona los
mensajes publicitarios que distorsionen su voluntad de compra mediante técnicas que la
ley determine como inadecuadas…”.
En esta inteligencia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en adelante,
CSJN) entendió que “…la ley 24.240 de Defensa del Consumidor fue sancionada por el
Congreso de la Nación, dentro de las facultades que le otorga el art. 75, inc. 12 de la
Constitución Nacional y, según se desprende de los antecedentes parlamentarios, tuvo
por fin llenar un vacío existente en la legislación argentina, pues otorga una mayor
protección a la parte más débil en las relaciones comerciales -los consumidoresrecomponiendo,
con un sentido ético de justicia y de solidaridad social, el equilibrio que
deben tener los vínculos entre comerciantes y usuarios, que se veían afectados ante las
situaciones abusivas que se presentaban en la vida cotidiana…” (Fallos 324:4349).
8. Sentado lo expuesto, corresponde abordar los cuestionamientos esbozados
En concreto se agravió de la ausencia de fundamentos fácticos para sostener
el incumplimiento del artículo 8° de la Ley 24.240. Dicho artículo refiere a los efectos de
la publicidad e indica -en lo que aquí interesa- que “[l]as precisiones formuladas en la
publicidad o en anuncios, prospectos, circulares u otros medios de difusión se tienen por
incluidas en el contrato con el consumidor y obligan al oferente…”.
De ello, se colige que el deber de cumplir con lo convenido se relaciona
íntimamente con el deber de brindar información clara y veraz, que el usuario pudo haber
tenido en cuenta al momento de contratar los servicios prestados. En este sentido, tiene
dicho Wajntraub: “…el cumplimiento conforme a lo ofrecido, publicitado o convenido,
¿es una opción para el proveedor? Bajo ningún concepto. Se trata de circunstancias que
deben acoplarse, en función de que es la única solución que se ajusta a los criterios de la
ley (valor vinculante de las ofertas, inclusión contractual de precisiones publicitarias,
solución más favorable para el consumidor en caso de dudas…”(Wajntraub, Javier H.,
“Protección Jurídica del Consumidor”, Buenos Aires, Lexis Nexis, 2004, p. 126, el
destacado me pertenece).
Lo dicho hasta aquí, revela la importancia de que la información contenida en
un aviso publicitario debe ser lo suficientemente clara para no hacer incurrir en equívocos
al consumidor. Ello, ya que si con posterioridad a la contratación del servicio, la
recurrente pretende realizar una interpretación que difiere con el aviso publicado (confr.
fs. 2, segundo párrafo) y que resultan perjudiciales al consumidor, nos encontraríamos en
presencia de una publicidad engañosa, en flagrante contradicción a la normativa antes
Por ello se entiende que “cuando de la publicidad y del instrumento
contractual surjan contradicciones o superposiciones acerca de un mismo supuesto, la
respuesta será clara: debemos estar a la solución que resulte más favorable para el
consumidor (art. 37, ley 24.240 y art. 1095, CCCN), por lo que el contenido expreso del
instrumento sólo será exigible cuando no sea superado por prestaciones más favorables
al consumidor recogidas o prometidas en la publicidad” (Wajntraub, Javier H. “Régimen
Jurídico del Consumidor Comentado”, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni Editores, 2017, p.84)
En este contexto, cabe destacar que la recurrente no acompañó prueba alguna
que permita concluir que la publicidad resultaba conteste con el argumento que pretende
esgrimir, como tampoco que haya cumplido con la garantía y seguridad promocionada.
En tal sentido, Prosegur alegó, en su expresión de agravios, que “…la
protección se da los 365 días del año, las 24 hs, pero el sistema de alarmas no es
infalible (ninguna alarma lo es) y por lo tanto esa definición publicitaria se enlaza con la
limitación que propone la cláusula 6.4…” (v. fs. 2). Sin embargo, la administración al
momento de tener por configurada la infracción sostuvo que la no incorporación en el
contrato de las precisiones formuladas en los prospectos conformaba una evidente
violación al artículo 8º de la Ley 24.240 (v. fs. 204 vta.), por lo que es fácil advertir que
las manifestaciones expuestas por la recurrente no resultan concordantes con la prueba
producida como tampoco refuta los argumentos expuestos por la administración para
tener por configurada la infracción.
9. Dicho 1o anterior, abordaré el argumento referido a la “irrazonabilidad” del
Sobre el punto, la recurrente sostuvo que “…las circunstancias particulares
del caso convierten en irrazonable la resolución impugnada” (v. fs. 7). En esa
inteligencia señaló que la administración no había valorado su conducta; puesto que no
había contemplado los servicios alternativos ofrecidos como la información suministrada
junto con las facturas (“Newsletters”).
En este contexto, cabe destacar que la mera manifestación de la vulneración a
un deber legal, sin un adecuado sustento probatorio que la respalde, no resulta suficiente
para configurar, en este aspecto, un acto arbitrario.
Del análisis de la disposición atacada y de las restantes actuaciones obrantes
en el expediente administrativo surge con evidencia que la Administración configuró el
cuadro fáctico imputado a Prosegur de forma precisa y congruente. Pues la disposición
impugnada se integra con el informe realizado por la Gerencia Operativa de Asuntos
Jurídicos en el que se detallaron los antecedentes fácticos y normativos que dan sustento
a la multa impuesta.
Por su parte, no puede perderse de vista que la publicidad agregada a las
actuaciones administrativas consistía en que, una vez contratado el servicio, el
cliente “…p[odía] disfrutar la tranquilidad de sentirse protegido, las 24 hs. del día, los
365 días del año…”, circunstancia que permitía lógicamente presumir que las viviendas
se encontraban protegidas y vigiladas permanentemente. Sin embargo, la actora no ha
logrado demostrar haber advertido la falla del sistema -producto del corte de la línea
telefónica- como tampoco el siniestro acontecido en el domicilio de la usuaria
En razón lo antedicho cabe concluir que la sanción impuesta a la recurrente
resulta congruente con la infracción cometida; por ello entiendo que el agravio bajo
análisis no tendrá favorabIe acogida.
10. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1º, 3°, 12,
16, 17, 20, 21, 23, 24, 29, 54, 56, 60, 62 y concordantes de la Ley 5134 y considerando el
monto, complejidad de la cuestión planteada, la extensión y calidad jurídica de la labor
desarrollada, su resultado, trascendencia y entidad, así como los montos mínimos que
establece la ley, corresponde regular los honorarios de la dirección letrada del GCBA en
la suma de pesos diecinueve mil quinientos treinta (1.530.-).
Dicho monto resulta de calcular los proporcionales correspondientes para las
etapas cumplidas con relación al valor de 10 unidades de medida arancelaria fijado en un
mil novecientos cincuenta y tres pesos por la resolución de Presidencia del Consejo de la
Magistratura N°1000/2017.
Seguidamente, corresponde regular los emolumentos profesionales a favor del
perito ingeniero interviniente, Julio Cesar Carossella, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 386 del CCAyT, en la suma de un mil quinientos pesos (1500).
Por tanto, a mérito de las consideraciones expuestas propongo al acuerdo que:
I) se rechace el recurso directo interpuesto y, en consecuencia, se confirme la Disposición
DI-2015-543-DGDYPC, que fuera materia de impugnación; II) se impongan las costas a
la actora vencida [art. 62 del CCAyT]; III) se regulen los honorarios de la dirección
letrada del GCBA en la suma de pesos diecinueve mil quinientos treinta (19.530.-) y los
del perito ingeniero en la suma de pesos un mil quinientos (1500.-).
I. Adhiero, por los fundamentos allí expuestos, al voto del juez Esteban
Centanaro, a excepción de la estimación de los emolumentos del perito ingeniero
interviniente, Julio César Carosella.
II. Con relación a ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 386
del CCAyT y las pautas aplicables para la ponderación de los emolumentos, y
considerando el mérito de la labor profesional y la importancia de la gestión, así como la
proporcionalidad y adecuación que han de mantener los honorarios de los peritos y demás
auxiliares de la justicia con los de los letrados –que actúan durante todo el proceso y en
sus distintas etapas– corresponde, a efectos de conformar mayoría, regular los
emolumentos del señor Julio César Carosella en la suma de pesos tres mil ($ 3.000.-).
Atento a las consideraciones expuestas, propongo al acuerdo que, en caso de
compartirse este voto: a) se rechace el recurso interpuesto; b) se impongan las costas a la
parte actora vencida (art. 62, CCAyT); y c) se regulen honorarios profesionales
intervinientes de acuerdo a lo expuesto en el punto 10 del voto del juez Esteban
Centanaro, con excepción a los emolumentos del perito ingeniero, que se estiman de
acuerdo al considerando II de este voto.
1. Adhiero al voto del juez Esteban Centanaro, con excepción de lo resuelto
en el considerando 10.
2. En lo relativo a los honorarios profesionales, por las actuaciones que ante
esta instancia realizó la letrada de la parte demandada, corresponde señalar que el
régimen de aranceles estructura la regulación de honorarios, por una lado, a partir de
porcentajes calculados sobre el monto del pleito y aranceles mínimos que postula como
infranqueables (arts. 17, 23, 24, 26, 34, 60 de la ley Nº5134).
Por otro, el sistema también consagra el principio de proporcionalidad pues
en la ley se establece que se tendrá en cuenta al regular los honorarios, las etapas
cumplidas, la extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada, así como su
complejidad y la responsabilidad que pudiera haberse derivado para el profesional (arts.
17 y 29 de la ley Nº5134). Tales pautas, indican que la validez de la regulación no
depende exclusivamente del monto o de las escalas referidas pues debe existir adecuada
relación entre la labor desarrollada y la retribución que por ella se otorga (Fallos:
239:123; 251:516; 256:232, entre otros).
Así, el acceso a una remuneración proporcional al trabajo realizado representa
el derecho del profesional involucrado y también delimita el alcance de la obligación del
condenado al pago. En ambos casos, la desproporción puede provocar la invalidez de la
regulación cuando la aplicación mecánica de las escalas o los mínimos legales excedan la
retribución que justifican las tareas realizadas conforme la importancia del pleito.
La interpretación propiciada busca otorgar al régimen normativo aplicable
una hermenéutica que concilie sus previsiones con los derechos de las partes que
aparecen comprometidos. De esta forma, se evita que la competencia judicial para fijar
honorarios quede injustificadamente recortada, sin generar por ello un sistema que
abrogue el régimen general, pues se trata de supuestos de excepción que exigen
demostrar por qué acorde con las circunstancias de cada caso se justifica el apartamiento
de las escalas o mínimos aplicables para evitar el menoscabo del derecho del obligado al
pago (art. 60 de la ley Nº5134).
Desde esa perspectiva, teniendo en cuenta el monto del asunto, la
complejidad de la cuestión planteada, el resultado obtenido y el valor, motivo, extensión
y calidad de la labor desarrollada, corresponde regular los honorarios de la representación
letrada de la parte demandada en la suma de siete mil quinientos pesos (7500), de
conformidad con lo previsto en los arts. 16, 29, 54, 56, 60, 62 y concordantes de la ley
Nº5134.
En caso de resultar la letrada responsable inscripta en el impuesto al valor
agregado, a la suma regulada, deberá adicionarse la que resulte de la aplicación de la
alícuota del mencionado impuesto.
Finalmente, corresponde regular los emolumentos profesionales a favor del
perito ingeniero interviniente, Julio Cesar Carossella, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 386 del CCAyT, en la suma de tres mil pesos (3000).
3. Por las razones dadas, propongo al acuerdo que, en caso de compartir mi
voto: i) se rechace el recurso directo interpuesto por la parte actora; ii) se impongan las
costas a la recurrente (cf. art. 62 del CCAyT), y iii) se regulen los honorarios de la letrada
apoderada de la parte demandada y del perito ingeniero interviniente, de conformidad con
lo expuesto en el punto 2.
En mérito de la votación que antecede, el tribunal RESUELVE: I) Rechazar
el recurso directo interpuesto y, en consecuencia, confirmar la Disposición DI-2015-543-
DGDYPC, que fuera materia de impugnación; II) Imponer las costas del proceso a la
actora vencida [art. 62 del CCAyT]; III) Regular los honorarios de la dirección letrada del
GCBA en la suma de pesos diecinueve mil quinientos treinta (19.530.-) y los del perito
ingeniero en la suma de pesos tres mil (3000.-).
Ley regulatoria de la seguridad privada
Artículo 10.- Obligaciones – Los prestadores se encuentran obligados a:
Si cuenta con autorización para el uso de armas deberá acreditar además, su registro en la categoría de Legítimo Usuario de Armas del Registro Nacional de Armas – RENAR – y que se encuentra autorizado para la portación, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nacional N° 20.429 y su Decreto Reglamentario N° 395/75.
Artículo 17.- Requisitos: el Director Técnico debe ser idóneo en seguridad. A dicho fin se requiere que posea título universitario o terciario en materia de seguridad, reconocido por la autoridad educativa correspondiente. Deberá cumplir además, con los requisitos del art. 5°, Incisos c), e), g), h), i), j) de la presente ley. En su caso, acreditará que cumple con el requisito establecido a su vez en el art. 7°, inc. a).
Llevar un registro de sanciones. ñ) Inscribir y llevar un registro de institutos de formación.
Artículo 21.- Publicidad de los registros: toda persona tiene derecho a acceder a la información pública contenida en los registros que esta ley establece. La solicitud no requerirá expresión de causa. Sin perjuicio del párrafo precedente, la autoridad de aplicación publicará en el sitio web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires los siguientes datos:
Las condiciones de habilitación del servicio de seguridad privada.
El listado de prestadores de servicios de seguridad privada habilitados y en su caso, la habilitación para el uso de armas.
El nombre, documento nacional de identidad, y antecedentes profesionales -si los tuvieren- de los socios y/o miembros de las personas físicas y jurídicas que prestan servicios de seguridad privada.
El nombre, documento nacional de identidad, y antecedentes profesionales -si los tuvieren-, de quienes integren los órganos de administración y representación de las personas físicas y jurídicas que prestan servicios de seguridad privada.
El nombre, documento nacional de identidad, y antecedentes profesionales -si los tuvieren- del personal de cada prestadora.
(*) La autoridad de aplicación actualizará los datos publicados en el sitio web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en forma trimestral.
(Conforme texto Art. 1º de la Ley Nº 3.188, BOCBA Nº 3282 del 20/10/2009)
Exhibición obligatoria de una cartelera en lugar visible, con la nómina del personal asignado a la seguridad y en su caso la prestadora contratada. Quedan exceptuados de los requisitos establecidos en el inciso b), los siguientes locales de espectáculos en vivo: Teatros independientes, Peñas Folclóricas, Salones Milongas y Clubes de música en vivo.
(Conforme texto Art. 1º de la Ley Nº 2.518, BOCBA N° 2831 del 13/12/2007)
Artículo 30.- Deróguense las Leyes N° 118 (B.O. N° 607), N° 963 (B.O. N° 1603) y N° 1.262 (B.O. N° 1854), N° 1.651 (B.O. N° 2171) y la Ordenanza N° 51.215 de fecha 12 de diciembre de 1996 (B.O. N° 124, pág. 1.507 de fecha 29/1/97).
Artículo 31.- En todo lo que no esté previsto por esta ley se aplicará la Ley Nacional 26370, que establece las reglas de habilitación del personal que realiza tareas de control de admisión y permanencia de público en general, para empleadores cuya actividad consista en la organización y explotación de eventos y espectáculos públicos.
(Incorporado por el Art. 2º de la Ley Nº 4.855, BOCBA N° 4329 del 30/01/2014)
Primera:A los fines de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 5º, Inciso a) de la presente ley:
Establécese un plazo de diez (10) años para el personal que se encontrara prestando servicios a la fecha de la puesta en vigencia de la presente ley.
Exceptúase de dicho requisito a las personas que a la fecha de la puesta en vigencia de la presente ley tengan como mínimo cuarenta (40) años de edad siempre y cuando su actividad no implique la portación de armas de fuego.
Exceptúase de dicho requisito a las personas que a la fecha de la puesta en vigencia de la presente ley tengan como mínimo cuarenta y cinco (45) años de edad, que sea personal retirado de las fuerzas armadas, policiales o de seguridad con más de diez (10) años de servicio.
(Conforme texto Art. 1º de la Ley Nº 2.063, BOCBA Nº 2531 del 26/09/2006)
Reglamentación: Decreto Nº 394/013 del 24/09/2013 (11, 17 y los incisos e) y f) del artículo 19 y el inciso j) del artículo 20)
(*) Nota: El Art. 2º de la Ley Nº 3.188, BOCBA Nº 3282 del 20/10/2009 dice: “La obligación de la autoridad de aplicación de publicar la información en el sitio web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, conforme al segundo párrafo del Artículo 21, entrará en vigencia a los ciento ochenta (180) días de sancionada la presente ley.”
Las Reglamentaciones mantienen su vigencia hasta tanto sean modificadas, sustituidas o derogadas por las normas de ejecución de la Ley N° 5.688, BOCBA N° 5042 del 06/01/2017, conforme Cláusula Transitoria Primera de la citada
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