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Timestamp: 2018-09-26 11:15:03
Document Index: 71973178

Matched Legal Cases: ['artículo 85', 'artículo 627', 'artículo 627', 'artículo 5', 'artículo 4', 'artículo 13']

﻿ ACUERDO PSAA13-10071 DE 2013
ACUERDO 10071 DE 27 DE DICIEMBRE DE 2013
CONTENIDO:IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO PROCESAL DE LA ORALIDAD. DE ACUERDO CON LA IMPLEMENTACIÓN GRADUAL DE LA ORALIDAD QUE PROMUEVEN LA LEY 1395 DEL 2010 Y EL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO, LA SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DISPUSO LA ENTRADA EN VIGENCIA DE ESTE TIPO DE SISTEMA PARA OCHO DESPACHOS JUDICIALES DEL PAÍS ENTRE ENERO Y ABRIL DEL 2014. A PARTIR DEL 13 DE ENERO DE 2014, EN LOS DISTRITOS JUDICIALES DE ARAUCA, BARRANQUILLA Y CALI EL SISTEMA PROCESAL ORAL. Y A PARTIR DEL 30 DE ABRIL DE 2014, EN LOS DISTRITOS DE CÚCUTA, MEDELLÍN, PAMPLONA, SANTA ROSA DE VITERBO Y TUNJA EL SISTEMA PROCESAL ORAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO PROCESAL, SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA RAMA JUDICIAL, PROCESO ORAL, CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO
ACUERDO PSAA13-10071 DE 2013
“Por el cual se implementa el modelo procesal de la oralidad”.
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, especialmente en los numerales 12, 13 y 14 del artículo 85 de la Ley 270 de 1996, y en aplicación de la Ley 1395 de 2010 y la Ley 1564 de 2012, de conformidad con lo aprobado en la sesión de Sala Administrativa del 18 de diciembre de 2013,
1. Que la implementación de los procesos orales y por audiencias contemplada en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia responde a exigencias propuestas a los aparatos estatales de justicia desde la misma Constitución Política, especialmente relacionadas con el acceso efectivo, la eficiencia en el servicio, los plazos razonables y la respuesta oportuna a los ciudadanos.
2. Que la legislación que establece y desarrolla los procesos orales y por audiencias en las distintas jurisdicciones y especialidades, concibe la gradualidad en la implementación de los nuevos sistemas orales como un supuesto fundamental que le permite formular una estrategia que da respuesta a nuevas exigencias relacionadas con la infraestructura física, la tecnología y las comunicaciones, la necesidad de formación y capacitación de los servidores judiciales, los nuevos esquemas organizacionales relativos a plantas de personal y procedimientos de trabajo, y los demás elementos necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento de los procesos orales y por audiencias.
3. En tal sentido, el legislador ha entendido que la gradualidad es necesaria para el cumplimiento de los principios que inspiran el nuevo proceso y la consecución de sus fines. No es pues un componente insubstancial, sino la forma de garantizar el elemento teleológico de la norma procesal y por ende, el respecto a los derechos y garantías que la Constitución, la ley estatutaria y las leyes procesales buscan proteger.
4. Que el legislador ha venido incorporando el proceso oral y por audiencias de manera progresiva, en primer lugar, a través de la Ley 1395 de 2010, y posteriormente mediante el Código General del Proceso cuyo alcance es más integral y definitivo. En tal sentido, la gradualidad no solo se expresa en la incorporación territorial en el ámbito de aplicación de la ley, sino en el mismo diseño procesal expresado en una primera etapa, transicional si se quiere, expresada en la Ley 1395, y en una segunda etapa, definitiva o permanente, reflejada en el Código General del Proceso.
5. Es por ello que cuando se habla de “Proceso oral y por audiencias” se hace referencia a un modelo procesal genérico, independientemente de la fuente normativa en la cual se establece, de manera que tanto la Ley 1395 de 2010 como la Ley 1564 de 2012 expresan dicho modelo procesal que requiere de unas condiciones de aplicación especiales, máxime si se tiene en cuenta que ese proceso oral por audiencias se aplica previamente y de forma transicional en virtud de la Ley 1395, como presupuesto para la aplicación ulterior del Código General del Proceso.
6. En este escenario, cuando el Código General del Proceso en el numeral 6º de su artículo 627, señala que los artículos del mismo, que no hayan entrado en vigencia hasta 2013, lo harán en forma gradual, en la medida en que se hayan ejecutado los programas de formación de funcionarios y empleados y se disponga de infraestructura física y tecnológica, del número de despachos judiciales requeridos al día, y de los demás elementos necesarios para el funcionamiento del proceso oral y por audiencias, está admitiendo que las condiciones necesarias para implementar la oralidad, previstas igualmente en la Ley 1395 de 2010, aún no se han conseguido, motivo por el cual extendió el plazo para su implementación enlazándolo con la gradualidad allí prevista(1).
7. En tratándose del Código General del Proceso, el legislador le confirió a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura la potestad de definir la gradualidad de su entrada en vigencia, a diferencia de otros sistemas procesales en los que directamente fijó el ámbito de aplicación gradual. En tal sentido, la potestad legislativa residual que la constitución política y la ley estatutaria han reconocido a la Sala Administrativa, se expresa de manera clara y concreta en el numeral 6º del artículo 627 de la Ley 1564 de 2012, por lo que la Sala Administrativa al definir la gradualidad, prácticamente actúa con potestad legislativa.
8. Tampoco puede soslayarse que la administración de justicia está caracterizada, a partir de las reformas a la Ley Estatutaria de Administración de Justicia y a la expedición de los códigos de procedimiento en diversas áreas, para el presente caso en el área civil, familia y comercial, por acoger un sistema oral y por audiencias. El concepto de sistema clásicamente denotado por la existencia de diversos componentes que se relacionan entre sí y que tienen un entorno referente, se expresa no solo en cuanto las condiciones de infraestructura física, de tecnología y de comunicaciones, esquemas organizacionales, formación del talento humano y demás elementos necesarios, conforman dicho sistema, pues permiten no solo su funcionamiento interno, sino su relación con el entorno de los servicios estatales y no estatales de justicia, con las estructuras político-administrativas y en general, con el entorno social; sino que se expresa en un sistema oral conformado por dos hitos legales: la Ley 1395 de 2010 y la Ley 1564 de 2012, que conforman un bloque normativo, caracterizado por la incorporación de un modelo procesal genérico, y que parten de un tránsito, continuidad o transición necesaria entre ellos(2).
De conformidad con lo anterior y para todos los efectos de la gradualidad en la implementación de la oralidad en las especialidades civil, familia, agrario y comercial,
ART. 1º—Implementación del sistema oral. Implementar a partir del 13 de enero de 2014, en los distritos judiciales de Arauca, Barranquilla y Cali el sistema procesal oral.
Implementar a partir del 30 de abril de 2014, en los distritos de Cúcuta, Medellín, Pamplona, Santa Rosa de Viterbo y Tunja el sistema procesal oral.
Los demás distritos judiciales ingresarán en el momento en que lo disponga la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
ART. 2º.—Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de su publicación en la Gaceta de la Judicatura.
Dado en Bogotá, D.C., a 27 de diciembre del 2013.
(1) Refiriéndose al punto la Corte Constitucional señaló en la Sentencia C-805 de 2005: (...) La Corte advierte que mediante esta regla jurídica, contenida en la primera parte del parágrafo del artículo 5º transitorio del Acto Legislativo 3 de 2002, el constituyente derivado impuso una condición para la aplicación del nuevo sistema procesal en cada distrito judicial. Esa condición consiste en que el sistema solo podrá aplicarse en un distrito judicial determinado si se hallan garantizados los recursos suficientes para su adecuada implementación y, de manera prioritaria, los del sistema de defensoría pública. Para la Corte es claro que si esta condición no se cumple, es decir, si no están garantizados esos recursos, el sistema no podrá aplicarse en el distrito judicial en el que ello ocurra pues así lo dispuso el constituyente derivado colombiano. En este sentido, esa condición opera como un parámetro de control de aquellas normas legales que fijan las progresivas etapas de entrada en funcionamiento del nuevo sistema procesal y por ello, en caso de serle planteada a través de la acción pública de inconstitucionalidad, a la Corte Constitucional le corresponde la verificación del cumplimiento o incumplimiento, por parte del legislador, de esa condición fijada por el constituyente.
Ese condicionamiento impuesto por el Congreso de la República, en cumplimiento de la función de reforma de la Constitución, es razonable pues lo menos que puede exigirse es que en el distrito judicial en el que, por decisión del legislador, debe iniciarse la aplicación del nuevo sistema procesal, estén satisfechas las exigencias de estructura y funcionamiento por él impuestas. Esto es así al punto que carecería de sentido el giro hacia un sistema de tendencia acusatoria si en él se van a mantener o incrementar las deficiencias estructurales y funcionales que afectan al anterior régimen procesal penal.
(2) En Sentencia C-873-03 la Corte Constitucional señaló: “Teniendo en cuenta los puntos expuestos en los acápites precedentes, la Corte considera necesario efectuar dos precisiones adicionales para resolver el problema jurídico sobre el parámetro de constitucionalidad que se debe aplicar en el presente proceso:
(a) Ya se señaló que fue voluntad del constituyente instaurar un nuevo sistema penal; y según ha expresado esta corporación, “un sistema se define por el hecho de no ser un simple agregado desordenado de elementos sino por constituir una totalidad, caracterizada por una determinada articulación dinámica entre sus partes y una cierta relación con su entorno”(2). Por lo mismo, si bien las normas jurídicas que constan en el Acto Legislativo 3 de 2002 son parte integrante de dicho sistema, este también incluye tanto (i) las leyes que lo habrán de desarrollar, como (ii) la infraestructura necesaria para su implementación, según dispone el artículo 4º transitorio de dicho acto legislativo, los cuales constituyen parte integrante del nuevo esquema diseñado por el constituyente derivado; y
(…) La norma demandada no vulnera el artículo 13 superior porque el mandato de no discriminación en la formulación del derecho no se opone a que el mismo constituyente tome la decisión política de darle aplicación progresiva a un nuevo sistema de procedimiento penal, mucho más si esa progresividad es coherente con el esfuerzo institucional que implica darle aplicación a un sistema de esa índole en la medida en que plantea unos frentes de atención que demandan grandes esfuerzos institucionales.