Source: https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=46&tipo=2
Timestamp: 2020-04-02 20:37:50
Document Index: 371651514

Matched Legal Cases: ['artículo 45', 'artículo 45', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 9', 'artículo 46', 'artículo 48', 'artículo 50', 'artículo 148', 'artículo 149', 'artículo 46', 'artículo 149', 'artículo 4', 'artículo 46', 'artículo 25', 'artículo 7', 'artículo 46', 'artículo 1', 'artículo 46', 'artículo 235', 'artículo 250', 'artículo 254', 'artículo 3', 'artículo 167']

Por otra parte, y en cuanto a cuáles son los bienes que deben entenderse como incluidos en el Patrimonio Histórico, Cultural y Artístico, una aproximación a esta cuestión la proporciona la STC 17/1991 que afirma la existencia de "un estatuto peculiar de unos determinados bienes que, por estar dotados de singulares características, resultan portadores de unos valores que les hacen acreedores de una especial consideración y protección, en cuanto dichos valores, y hasta los mismos bienes, son patrimonio cultural de todos los españoles e incluso de la comunidad internacional por constituir una aportación histórica a la cultura universal". Añade la más reciente STC 122/2014, que "la función social última de los bienes que son portadores de valores singulares de carácter histórico, artístico o cultural, y en especial de los que por ser los más relevantes de entre ellos son declarados formalmente bienes de interés cultural, es asegurar que dichos valores puedan ser conocidos y disfrutados por todas las personas".
Más tarde, la Segunda República, reflejó constitucionalmente su especial sensibilidad e interés en la protección y difusión de la cultura y el arte. Así, el artículo 45 de la Constitución de 1931 establecía que "Toda la riqueza artística e histórica del país, sea quien fuere su dueño, constituye tesoro cultural de la Nación y estará bajo la salvaguardia del Estado, que podrá prohibir su exportación y enajenación y decretar las expropiaciones legales que estimare oportunas para su defensa. El Estado organizará un registro de la riqueza artística e histórica, asegurará su celosa custodia y atenderá a su perfecta conservación. El Estado protegerá también los lugares notables por su belleza natural o por su reconocido valor artístico o histórico."
Por tanto, el constituyente del 1931 obliga al Estado a utilizar todos los medios para proteger ese patrimonio frente al expolio y, sobre todo, frente a la salida al exterior de esas obras, asunto este que constituía la preocupación central en ese momento ante las graves pérdidas de obras de arte, enajenadas a coleccionistas o museos extranjeros. Prueba de ello es que se habilita expresamente la potestad expropiatoria para convertir en bienes de dominio público las obras de arte en manos privadas. Además, se introduce el mandato al Estado para que organice un registro que permita el control de las obras de arte, tanto en manos de la Administración como en manos privadas, con el objeto de protegerlas y de asegurar su conservación. Este artículo 45 de la Constitución de 1931 fue desarrollado por la Ley de 13 de mayo de 1933, sobre defensa, conservación y acrecentamiento del Patrimonio Histórico-Artístico Nacional, y por un Reglamento de 16 de abril de 1936.
Antes de analizar el contenido concreto del artículo 46 es necesario situarlo en el contexto constitucional que supone el Capítulo III, del Título I de la Constitución. La ubicación en este Capítulo supone la inclusión de la materia conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico entre los denominados principios rectores de la política social y económica. A este respecto, debe señalarse que los preceptos contenidos dentro del Capítulo III, aunque se incluyen en el Título I "De los derechos y deberes fundamentales" no pueden ser considerados verdaderos derechos subjetivos de los ciudadanos como el resto de derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en el citado Título. Por esta razón, de estos principios no cabe deducir pretensiones jurídicas inmediatas sino expectativas de derechos; como afirmara Alzaga, no deben confundirse estos principios rectores con los llamados derechos prestacionales, los cuales sí pueden incluirse en la órbita del status positivo del que hablara Jellinek.
Sin embargo, ello no significa que estemos ante normas meramente programáticas, sino que "el reconocimiento, el respeto y la protección" de los principios rectores de la política social y económica, informarán "la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos", según ordena el art. 53.3 de la Constitución, que añade que "sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen." Esta declaración, como ha señalado el Tribunal Constitucional, "impide considerar a tales principios como normas sin contenido y obliga a tenerlos presentes en la interpretación tanto de las restantes normas constitucionales como de las leyes" o, en otros términos, "al margen de su mayor o menor generalidad de contenido, enuncian proposiciones vinculantes en términos que se desprenden inequívocamente de los arts. 9 y 53 CE" (SSTC 19/1982, de 5 de mayo y 14/1992, de 10 de febrero).
En definitiva, si bien los principios rectores reconocidos en el Capítulo tercero del Título I de la Constitución carecen de las notas de aplicabilidad y justiciabilidad inmediatas que caracterizan a los derechos constitucionales, tienen, sin duda, el valor constitucional expresado respecto de todos los poderes públicos, orientando sus respectivas actuaciones (247/2007, de 12 de diciembre). Por ello, debe entenderse que no puede llevarse a cabo ninguna actividad contraria a estos principios por parte de los poderes públicos, que están vinculados por ellos sin excepción con el alcance y eficacia que les otorga el art. 53.3 CE.
Ahora bien, el contenido de este artículo 46 no puede entenderse en toda su extensión si no se pone en conexión con otros preceptos constitucionales que regulan la materia cultura. Además de la declaración que se hace en el Preámbulo respecto a la promoción de la cultura como fin último de la Constitución y, por tanto, del Estado, también el artículo 9.2, establece que corresponde a los poderes públicos facilitar la participación de los ciudadanos en la vida cultural. Dentro de la categoría de los principios rectores de la política social y económica, junto al propio artículo 46, el art. 44 dispone que los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, y el artículo 48 establece que aquéllos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo cultural. Con parecidos términos, el artículo 50 recoge un mandato concreto a los poderes públicos para que establezcan un sistema de servicios sociales que atienda a los problemas de salud, vivienda, cultura y ocio de los ciudadanos durante la tercera edad.
Por ello, el artículo 148 en sus apartados 15ª, 16ª y 17ª recoge distintas materias relacionadas con la cultura; museos, bibliotecas, conservatorios de música y patrimonio monumental de interés de la Comunidad Autónoma, así como fomento de la cultura, como asumibles por las Comunidades Autónomas.
Fruto de esta complejidad en la distribución competencial, el Tribunal Constitucional en su Sentencia 84/1983 ya afirmó que existe en la materia cultura en sentido amplio un impreciso deslinde competencial por la amplitud de la materia en relación especialmente a lo que establece el artículo 149.2, el cual afirma que, sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio a la cultura como deber y atribución esencial. Por todo ello, la doctrina ha subrayado que en esta materia más que un reparto competencial lo que se produce en realidad es la concurrencia de competencias entre Estado y Comunidades Autónomas ordenada a un fin, que es la preservación y estímulo de los valores culturales, como ha afirmado la STC 49/1984, de 5 de abril o la más reciente 177/2016, de 20 de octubre. Esta concurrencia competencial impregna toda la materia cultura en sus múltiples manifestaciones, incluida evidentemente la de la protección y enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico.
Específicamente en materia de patrimonio histórico el Tribunal Constitucional ha afirmado que las Comunidades Autónomas que hayan asumido esta competencia estatutariamente tienen una competencia general enmarcada por ciertas competencias estatales (SSTC 17/1991, de 31 de enero y 6/2012, de 18 de enero). De igual modo, la declaración formal de un determinado de un determinado bien como integrante de la categoría bien de interés cultural corresponde a las Comunidades Autónomas siempre que hayan asumido en sus Estatutos la competencia respectiva, sin perjuicio de la del Estado cuando se trate de bienes del Patrimonio Histórico Español adscritos a servicios públicos gestionados por la Administración General del Estado, o pertenecientes al Patrimonio Nacional (SSTC 17/1991 y 136/2013, de 6 de junio).
No obstante, el precepto constitucional central que atiende a la distribución competencial entre Estado y Comunidades Autónomas en la materia contenida en el artículo 46, es decir, conservación y promoción del enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico, es el artículo 149.1.28ª, el cual, atribuye a la competencia exclusiva del Estado la "Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación: museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas".
En cuanto a la defensa frente a la expoliación, el artículo 4 de la Ley antes citada, define la expoliación como toda acción u omisión que ponga en peligro de pérdida o destrucción, todos o algunos de los valores de los bienes que integran el patrimonio Histórico Español, o perturbe el cumplimiento de su función social.
Además, las Comunidades Autónomas, sobre la base de lo establecido en los artículos 149.1.28 y 148.1.16, han asumido competencias legislativas y de ejecución en esta materia. Así, las Comunidades han aprobado las siguientes leyes: Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del patrimonio Cultural Catalán; la Ley 5/2016, de 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia; la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía; la Ley 11/1998, de 13 de octubre, del Patrimonio Cultural de Cantabria; la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano; la Ley 3/1999, de 10 de marzo, de Patrimonio Cultural de Aragón; la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha; la Ley 4/1999, de 15 de marzo, del Patrimonio Histórico de Canarias; la Ley 12/1998, de 21 de diciembre, del Patrimonio Histórico de las Islas Baleares; la Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid; la Ley 2/1999, de 29 de marzo, del Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura; la Ley 1/1991, de 21 de febrero, de Patrimonio del Principado de Asturias; la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Histórico de Castilla y León; la Ley 7/2004, de 18 de octubre de Patrimonio Histórico de La Rioja; la Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre, del Patrimonio Cultural de Navarra; la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco; y la Ley 4/1990, de 11 de abril, de medidas de fomento del patrimonio histórico de la Región de Murcia.
Además, debe tenerse en cuenta, que no sólo las Comunidades Autónomas están obligadas a actuar en esa materia. La cláusula "poderes públicos" que contiene el artículo 46 también incluye la obligatoriedad de que la Administración Local actúe en defensa del patrimonio histórico-artístico. Por ello, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local recoge en su artículo 25.2.e) que la protección del patrimonio histórico-artístico será una materia sobre la cual el Municipio ejercerá en todo caso competencias en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas. En concreto, la Ley 16/1985, de 25 de julio, del Patrimonio Histórico Español, en su artículo 7, menciona las funciones de cooperación en esta materia con las Administraciones Autonómicas. Además, se incluye la obligación municipal de redactar Planes especiales de protección para los Conjuntos históricos, Sitios Históricos, o Zonas arqueológicas declarados como Bien de Interés Cultural por el Estado o las Comunidades Autónomas (art. 20).
El texto fundamental que desarrolla el artículo 46 de la Constitución es la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, desarrollada a su vez por el RD 111/1986, de 10 de enero, modificado por RD 64/1994, de 21 de enero y por RD 162/2002, de 8 de febrero.
La Ley, en su artículo 1.2, en línea con la concepción de patrimonio histórico consagrada por la doctrina italiana, extiende el concepto de Patrimonio Histórico Español a "los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico. También forman parte del mismo el patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y parques que tengan valor artístico, histórico o antropológico." Asimismo, conforme a la reforma de la Ley 16/1985 efectuada por la Ley 10/2015, de 26 de mayo, también forman parte del Patrimonio Histórico Español, "los bienes que integren el Patrimonio Cultural Inmaterial, de conformidad con lo que establezca su legislación especial." Tienen dicha consideración los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos, reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural, entre otros: las tradiciones y expresiones orales, los usos sociales, rituales y actos festivos, las técnicas artesanales tradicionales, la gastronomía o la música y las danzas tradicionales (art. 2 de la Ley para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial).
La Ley establece la obligatoriedad de inventariar o declarar de interés cultural los bienes más relevantes del Patrimonio Histórico Español. Pieza esencial en la configuración de la protección que regula la Ley es por tanto la declaración de Bien de Interés Cultural. A este respecto, son las Comunidades Autónomas las administraciones competentes con carácter general (arts. 6 y 9.2 de la Ley) mientras que la Administración General del Estado lo será cuando se le atribuya de modo expreso por una norma esa competencia, o sea necesaria su intervención para la defensa contra la exportación ilícita y la expoliación de bienes del Patrimonio Histórico Español.
En otro orden de cuestiones, la protección penal de estos bienes se establece, siguiendo el mandato constitucional contenido en el propio artículo 46, fundamentalmente en los artículos 321 a 324 del Código penal, bajo la rúbrica de "Delitos sobre el patrimonio histórico", del Capítulo II del Título XVI del Libro II. En dichos artículos, se configura la protección de edificios singularmente protegidos por su interés histórico, artístico, cultural o monumental con penas de prisión de seis meses a tres años, así como penas específicas para las autoridades o funcionarios públicos por actos contra este tipo de edificios. También se contemplan penas para el que cause daños en bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental, o en yacimientos arqueológicos, terrestres o subacuáticos, que serán castigados con pena de prisión de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro meses; misma pena con la que se castigarán los actos de expolio contra aquéllos. La imprudencia grave se castigará con la pena de multa de tres a dieciocho meses, atendiendo a la importancia de los daños.
También, en otros títulos del Código Penal, se contempla la realización de actos delictivos respecto a bienes del patrimonio histórico artístico. Así, el artículo 235, contempla la punición por delito de hurto con penas de prisión de uno a tres años si se sustraen cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico. Además, debe tenerse en cuenta que en la regulación de otros delitos se considera circunstancia agravante el hecho de que el delito se proyecte sobre bienes que integren el patrimonio histórico artístico cultural o científico, como en el delito de estafa, artículo 250.1.3º del Código Penal, o el de apropiación indebida, regulado en el artículo 254 de la misma norma.
Por último, debe tenerse en cuenta lo establecido en el Derecho de la Unión Europea. A este respecto el factor cultural, manifestado en la defensa del patrimonio cultural europeo, es profusamente regulado en la normativa de la Unión Europea. Así, el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea, recoge el mandato para la Unión de "velar por la conservación y el desarrollo del patrimonio cultural europeo". Además, el artículo 167 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y por lo que respecta sólo a la protección del patrimonio, afirma que la acción de la Unión completará la acción de los Estados miembros en el ámbito de "la conservación y protección del patrimonio cultural de importancia europeo".
La Ley 36/1994, hoy derogada, incorporó al Ordenamiento jurídico español la normativa comunitaria vigente en aquel momento (Directiva 93/7/CEE del Consejo, de 15 de marzo). En la actualidad rige en esta materia la Ley 1/2017, de 18 de abril, sobre restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio español o de otro Estado miembro de la Unión Europea, por la que se incorpora al ordenamiento español la Directiva 2014/60/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo de 2014.
Sobre distribución competencial entre Estado y Comunidades Autónomas, vid. las SSTC 17/1991, de 31 de enero y 6/2012, de 18 de enero y 122/2014, de 17 de julio.