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Timestamp: 2016-12-10 01:49:37
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Matched Legal Cases: ['artículo 81', 'artículo 9', 'artículo 38', 'artículo 17', 'artículo 2', 'artículo 9', 'artículo 9', 'Artículo 6', 'artículo 24', 'artículo 13', 'artículo 38', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 7', 'artículo 42', 'artículo 13', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 10', 'artículo 13', 'artículo 31', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 38', 'artículo 41', 'artículo 38', 'artículo 30', 'artículo 29', 'artículo 37', 'artículo 11', 'artículo 18', 'artículo 38', 'artículo 46', 'artículo 45', 'artículo 9', 'artículo 20', 'artículo 51', 'artículo 17']

Ley 6/2004, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley 5/2002, de 21 de junio, de subvenciones
Ley 6/2004, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley 5/2002, de 21 de junio, de subvenciones	Ley 6/2004, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley 5/2002, de 21 de junio, de subvenciones Mis Leyes
Ley 6/2004, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley 5/2002, de 21 de junio, de subvenciones Estado	:
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ISLAS BALEARES	EXPOSICION DE MOTIVOSArtículo único. Modificaciones de la Ley [Comunidad Autónoma de les Illes Balears] 5/2002, de 21 de junio, de subvenciones.
LEY [Comunidad Autónoma de les Illes Balears] 6/2004, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley [Comunidad Autónoma de les Illes Balears] 5/2002, de 21 de junio, de subvenciones.
La aprobación por el Parlamento de las Illes Balears de la Ley [Comunidad Autónoma de les Illes Balears] 5/2002, de 21 de junio, de subvenciones, implicó una regulación sistemática del régimen jurídico de las subvenciones dentro del ámbito de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears, y, en particular, del procedimiento administrativo para concederlas, el cual, hasta aquel momento, no estaba regulado de manera íntegra en ninguna disposición autonómica de rango legal o reglamentario, sino tan sólo parcialmente en determinados preceptos de las leyes de presupuestos generales de la comunidad autónoma para los años 1993 y 1996, y de la normativa reglamentaria de desarrollo de la Ley de finanzas y de las leyes de presupuestos generales.
En su día, la mencionada Ley [Comunidad Autónoma de les Illes Balears] 5/2002, de 21 de junio, supuso un importante avance en la regulación de las subvenciones dentro del ámbito autonómico. Algunas de sus aportaciones han influido, incluso, en la reciente legislación estatal dictada en esta materia, la cual ha sustituido un marco normativo formado, tan sólo, por el artículo 81 de la Ley general presupuestaria, entonces vigente, y por el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, que aprueba el reglamento de concesión de subvenciones públicas en el ámbito de la Administración del Estado.
La reciente entrada en vigor de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, aun recogiendo una serie de soluciones ya incorporadas en la actual ley autonómica, determina la necesidad de modificarla en algunos aspectos con el fin de adecuarla a las exigencias de carácter básico que las Cortes Generales han establecido para el conjunto de las administraciones públicas. Por otra parte, la regulación contenida en dicha ley general de subvenciones de determinados aspectos que, a pesar de no tener carácter básico, se relacionan íntimamente con otras cuestiones básicas (como, por ejemplo, en materia de obligados al reintegro) o, simplemente, aportan una solución más adecuada o completa que la actual regulación autonómica (como, entre otras, en materia de procedimiento de concesión), aconseja igualmente la modificación de la ley autonómica.
Por último, esta reforma viene acompañada de otras modificaciones puntuales en el articulado de la ley que pretenden incorporar mejoras técnicas a la regulación autonómica vigente. En este mismo sentido, la experiencia de los últimos años y la existencia de una doctrina consolidada en la materia permiten contribuir a la simplificación del procedimiento de elaboración de las órdenes por las cuales se aprueban las bases reguladoras de subvenciones, mediante la introducción en la Ley reguladora del Consejo Consultivo de una regla específica sobre el plazo de emisión de los dictámenes de este alto órgano asesor en esta materia
De acuerdo con lo anterior, se modifican los artículos 2 a 7, 9 a 14, 19 a 21, 24, 31, 35, 38, 39, 41, 43 a 47, 49 y la disposición adicional primera de la Ley [Comunidad Autónoma de les Illes Balears] 5/2002, de 21 de junio, de subvenciones, y se añaden dos nuevos artículos, el artículo 9 bis y el artículo 38 bis. Asimismo, y oído el Consejo Consultivo de las Illes Balears, se modifica el artículo 17.1 de la Ley [Comunidad Autónoma de les Illes Balears] 5/1993, de 5 de junio, del Consejo Consultivo de las Illes Balears.
Artículo único. Modificaciones de la Ley [Comunidad Autónoma de les Illes Balears] 5/2002, de 21 de junio, de subvenciones.
1. Se modifican los artículos 2.1, 3.1 c), 3.2, 4, 5, 6, 7.1, 9.2, 9.3, y se añade el apartado 3 al artículo 2, el apartado 4 al artículo 9 y el artículo 9 bis en el título 1 de la Ley [Comunidad Autónoma de les Illes Balears] 5/2002, de 21 de junio, de subvenciones, con la siguiente redacción:
e) Las aportaciones dinerarias a favor de otras administraciones públicas o de sus entidades dependientes que deban hacerse efectivas en virtud de planes y programas o de convenios de colaboración formalizados de acuerdo con la legislación de régimen jurídico aplicable a las administraciones públicas.»
1. Esta ley no es aplicable a los premios que se otorguen sin la solicitud previa del beneficiario, a las subvenciones previstas en la legislación de régimen electoral y en la legislación de financiación de los partidos políticos, y a las subvenciones a los grupos parlamentarios del Parlamento de las Mes Balears, las cuales tienen que regirse por su normativa específica.
3. La actividad de patrocinio tiene que regirse por su normativa específica y, supletoriamente, por la presente ley.»
2. Esta regulación puede contener excepciones justificadas a los principios de publicidad y concurrencia, así como reglas especiales en relación con el pago, la justificación, la comprobación y el control de la aplicación de los fondos, el reintegro y el régimen de infracciones y sanciones, en la medida en que las subvenciones se fundamenten en la actividad de proyección institucional y de cooperación al exterior del Gobierno de las Mes Balears y la naturaleza de los proyectos o las características de los destinatarios así lo requieran.»
«Artículo 6. Principios de actuación administrati va.
c) Eficiencia en la asignación y la utilización de los recursos públicos.»
d) Con carácter excepcional, las subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, o cualquier otra razón debidamente justificada que dificulte la concurrencia pública, mediante un acuerdo del Consejo de Gobierno que tiene que fijar los programas presupuestarios correspondientes.»
Cuando se trate de agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, sin personalidad, se tienen que hacer constar de manera explícita, tanto en la solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de la subvención que tiene que aplicar cada uno de ellos, que también tendrán la consideración de beneficiarios. En cualquier caso, tendrá que nombrarse un representante o apoderado único de la agrupación, con poderes suficientes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación. Asimismo, la agrupación no se entenderá disuelta hasta que no hayan transcurrido los plazos de prescripción previstos en el artículo 24 de la Ley 1/1986, de 5 de febrero, de finanzas de la comunidad autónoma de las Mes Balears, y en los artículos 46 y 49 de esta ley.
4. No pueden ser beneficiarias de subvenciones las personas, entidades o agrupaciones en las que concurra alguna de las prohibiciones establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. La forma de justificación de la no concurrencia
de estas prohibiciones y, en su caso, la apreciación de su concurrencia se regirá igualmente por lo establecido en los apartados 4 a 7 del mencionado precepto legal.»
j) Reintegrar los fondos percibidos en los supuestos previstos en el artículo 38 de la presente ley.»
2. Se modifican los artículos 10, 11 c), 12.3, 12.4, 13.2a),13.3,14.3,19.3,20.2,21y24,yseañade la letra m) al artículo 11, y un apartado 4 a los artículos 13 y 14 del título II de la Ley [Comunidad Autónoma de les Illes Balears] 5/2002, de 21 de junio, de subvenciones, con la siguiente redacción:
a) Cuando las normas sectoriales específicas de la subvención incluyan las bases reguladoras con el alcance previsto en el artículo 11 de la presente
d) Las subvenciones a que se refiere el artículo 7.1 de la presente ley, las cuales serán objeto de concesión directa sin que resulte de aplicación el procedimiento de concesión regulado en los artículos 13 a 17 de la presente ley.
2. La aprobación de las bases tiene que seguir el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas generales regulado en la Ley [Comunidad Autónoma de les Illes Balears] 4/2001, de 14 de marzo, del Gobierno de las Illes Balears, con las particularidades siguientes:
a) El estudio económico a que se refiere el artículo 42.1 de la Ley [Comunidad Autónoma de les Illes Balears] 4/2001, de 14 de marzo, del Gobierno de las Illes Balears, deberá suscribirlo la secretaría general de la consejería correspondiente y tendrá que pronunciarse sobre la suficiencia de recursos económicos, previstos o previsibles, a los efectos de preverlas disponibilidades presupuestarias que permitan dictar, en su caso, el acto de convocatoria regulado en el artículo 13 de esta ley.
b) Tiene que adjuntarse al anteproyecto de orden un informe de la dirección general competente en materia de presupuestos relativo a la adecuación del anteproyecto al plan estratégico de subvenciones aplicable.»
c) Los criterios objetivos que, con carácter general, tienen que regir el otorgamiento de la subvención y, en su caso, su ponderación.
m) Los criterios de gradación de los posibles incumplimientos de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de la subvención, y que, de conformidad con el principio de proporcionalidad, tienen que servir para fijar la cuantía que finalmente tenga que percibir el beneficiario o, si procede, el importe que tenga que reintegrar».
3. El procedimiento tiene que iniciarse a solicitud de la persona interesada, en todo caso, en los supuestos previstos en las letras c) y d) del artículo 7.1 de la presente ley.
Asimismo, en los casos a que se refiere la letra b) del artículo 7.1 en los cuales la norma de rango legal no haga una delimitación precisa de los beneficiarios, el procedimiento también debe iniciarse a solicitud de las personas interesadas.
4. En los casos a que se refiere el apartado anterior de este artículo, el órgano competente para la concesión de la subvención puede dictar un acto de convocatoria informativa, el cual tendrá el carácter de simple presupuesto de los procedimientos que, en su caso, se inicien posteriormente con las solicitudes que se presenten.».
a) La indicación de la disposición o del instrumento jurídico que establecen las bases reguladoras y el Butlletí Oficial de les Illes Balears en que se haya publicado, salvo los supuestos a que se refieren las letras b) y c) del artículo 10.1 de la presente ley, en los que la convocatoria podrá incluirse en el propio instrumento de planificación o convenio, respectivamente.
4. De acuerdo con la legislación de finanzas de la comunidad autónoma, es nulo de pleno derecho el acto de convocatoria dictado sin la consignación previa del crédito presupuestario correspondiente. Cuando la ayuda consista en la cesión de bienes o derechos o en la prestación de servicios, cuya adquisición o contratación se haya hecho con la finalidad exclusiva de entregarlos a los beneficiarios, será necesaria la consignación previa del crédito presupuestario destinado a la adquisición o contratación correspondiente.»
3. Cuando la subvención tenga por objeto la financiación de actuaciones que tenga que realizar el solicitante y el importe de la subvención que resulte del informe previo que tiene que servir de base a la propuesta de resolución sea inferior al importe solicitado, el beneficiario podrá, dentro del trámite de audiencia previo a la propuesta de resolución, modificar su solicitud inicial con el fin de ajustarse al importe de la subvención susceptible de otorgamiento.
4. En la propuesta de resolución tiene que expresarse el beneficiario o la lista ordenada de beneficiarios para los cuales se propone el otorgamiento de la subvención y la cuantía de ésta.»
c) Los consejos insulares, los ayuntamientos y el resto de corporaciones locales, así como las asociaciones a que se refiere la disposición adicional quinta de la Ley [Comunidad Autónoma de les Illes Balears] 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, del ámbito territorial de las Illes Balears.
e) Las corporaciones de derecho público y las fundaciones del sector público.
3. No pueden obtener la condición de entidad colaboradora las personas jurídicas en las que concurra alguna de las prohibiciones establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. La forma de justificación de la no concurrencia de estas prohibiciones y, en su caso, la apreciación de su concurrencia, se regirá igualmente por lo establecido en los apartados 4 a 7 del mencionado precepto legal.
4. Las entidades colaboradoras tienen que actuar en nombre y por cuenta de la entidad que concede las subvenciones, las cuales, en ningún caso, se consideran integrantes de su patrimonio.
5. Cuando la Administración decida que la entrega de los fondos públicos a los beneficiarios o la realización de otras funciones de gestión se efectúe mediante una entidad colaboradora, ambas partes tienen que formalizar un convenio en el cual tienen que concretarse los términos de la colaboración.
a) Delimitación del objeto de colaboración y de las obligaciones de la entidad colaboradora. En particular, se deberá hacer constar el momento y las condiciones de la entrega de los fondos a la entidad colaboradora, así como las condiciones de su depósito hasta la entrega posterior a los beneficiarios.
6. Cuando las entidades colaboradoras sean personas sometidas al derecho privado, tienen que seleccionarse previamente mediante un procedimiento sometido a los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación, y la colaboración tiene que formalizarse mediante convenio, salvo que, atendiendo al objeto de la colaboración, resulte plenamente aplicable el texto refundido de la Ley de contratos de las administraciones públicas, aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.
El contrato, que tiene que incluir necesariamente el contenido mínimo previsto en el apartado 5 de este artículo, así como lo que sea preceptivo de acuerdo con la normativa reguladora de los contratos administrativos, tiene que hacer mención expresa a la sumisión del contratista al resto de las obligaciones que la presente ley impone a las entidades colaboradoras.»
3. Se modifica el artículo 31 del título III de la Ley [Comunidad Autónoma de les Illes Balears] 5/2002, de 21 de junio, de subvenciones, que pasa a tener la siguiente redacción:
1. Con la periodicidad y en los términos que se determinen reglamentariamente, tienen que publicarse en el Butlletí Oficial de les Illes Balears las subvenciones que otorguen la Administración de la comunidad autónoma y las entidades públicas dependientes de ésta, con expresión de la convocatoria, el programa y el crédito presupuestario al que se imputen, el beneficiario, la cantidad concedida y la finalidad o las finalidades de la subvención.
2. Esta publicación no será necesaria en lo que concierne a las subvenciones que se relacionan a continuación:
a) Las subvenciones a que se refiere la letra a) del artículo 7.1 de la presente ley.
b) Las subvenciones a que se refiere la letra b) del artículo 7.1 de la presente ley en las que la norma de rango legal haga una delimitación precisa de los beneficiarios.
3. Asimismo, no tienen que publicarse los datos relativos a los beneficiarios cuando, por las características de éstos o de la subvención recibida, ello pueda afectar la salvaguarda del honor o de la intimidad personal y familiar de las personas físicas regulada en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y así se prevea en las normas reguladoras de la subvención.
No obstante, en estos casos tiene que publicarse, si procede, el resto de datos de la subvención a que se refiere el apartado 1 de este artículo.
4. Los beneficiarios tienen que cumplir las medidas de difusión relativas al carácter público de la financiación de la actividad objeto de subvención que, en su caso, se establezcan en las bases reguladoras de la subvención.»
4. Se modifican los artículos 35, 38, 39 y 41.2, y se añade el artículo 38 bis y los apartados 4 y 5 al artículo 41 en el título IV de la Ley [Comunidad Autónoma de les Illes Balears] 5/2002, de 21 de junio, de subvenciones, con la siguiente redacción:
1. Los beneficiarios y, en su caso, las entidades colaboradoras tienen la obligación de justificar ante el órgano concedente la aplicación de los fondos percibidos a la finalidad que haya servido de fundamento a la concesión de la subvención, en la forma y en los plazos que las bases reguladoras y la convocatoria establezcan.
2. Con carácter general y sin perjuicio de la aplicación de las normas contenidas en el artículo 38 de la presente ley, no se entenderá completamente justificada la aplicación de los fondos percibidos hasta que no se haya acreditado, como mínimo, el importe del proyecto de actuación que sirvió de base a la concesión de la subvención. En todo caso, la forma de acreditación de la aplicación de los fondos se regirá por el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, la normativa reglamentaria de desarrollo y las bases reguladoras de la subvención.
3. Se consideran gastos susceptibles de subvención aquéllos que respondan, indudablemente, a la naturaleza de la actividad objeto de subvención, se realicen dentro del plazo establecido en las bases reguladoras y no superen el valor de mercado. A tal efecto, y excepto que las bases reguladoras establezcan otro criterio, se considerará como gasto realizado aquél que haya sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del plazo de justificación que establezcan las bases reguladoras de la subvención. En todo caso, tienen que aplicarse las normas en materia de gastos susceptibles de subvención, comprobación de subvenciones y comprobación de valores que establecen los artículos 31, 32 y 33 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
4. El beneficiario sólo puede subcontratar, total o parcialmente, la ejecución de la actividad subvencionada cuando las bases reguladoras lo prevean y en el marco del artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.»
1. Corresponde el reintegro, total o parcial, de las cantidades recibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha de la resolución por la cual se acuerde el reintegro, en los casos establecidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
2. El reintegro parcial de la subvención como consecuencia del cumplimiento parcial de la actividad que fundamenta la concesión de la subvención se regirá por lo que dispongan los criterios de gradación a que se refiere el artículo 11 m) de la presente ley, y, en todo caso, por el principio de proporcionalidad, siempre que la finalidad de la subvención,
atendida su naturaleza, sea susceptible de satisfacción parcial.
4. En el supuesto a que se refiere el artículo 18 de la presente ley tiene que exigirse el reintegro del exceso obtenido respecto del coste de la actividad subvencionada con los intereses de demora correspondientes.
5. El procedimiento de reintegro tiene que iniciarse de oficio por resolución del órgano competente y se regirá por las disposiciones generales sobre procedimientos administrativos contenidas en la legislación estatal básica, sin perjuicio de las particularidades establecidas en la presente ley, en las disposiciones reglamentarias de desarrollo y en la legislación de finanzas.
El órgano competente puede acordar, mediante resolución motivada y como medida cautelar, la retención del pago de las cantidades pendientes de abonar al beneficiario con el límite de la cuantía que conste en la resolución de iniciación del expediente y los intereses de demora que se hayan devengado. Esta medida cautelar se mantendrá mientras se mantengan las causas que la fundamenten o hasta que finalice, por cualquier causa, el procedimiento de reintegro, sin perjuicio que, previamente y a instancia del interesado, pueda levantarse con la constitución de cualquier garantía admitida en derecho que se considere suficiente.
6. Las cantidades reintegrables tendrán la consideración de ingresos de derecho público y podrán ser exigidas por la vía de apremio.»
1. Los beneficiarios y las entidades colaboradoras, en los casos previstos en el artículo 38 de la presente ley, deben reintegrar, total o parcialmente, las cantidades percibidas más, si procede, los intereses de demora correspondientes. Dicha obligación es independiente de las sanciones que, en su caso, les sean exigibles.
5. En caso de defunción del obligado al reintegro, la obligación de satisfacer las cantidades pendientes de restitución se transmitirá a los causahabientes, sin perjuicio de lo que establezca el derecho civil común, foral o especial aplicable a la sucesión para determinados supuestos, particularmente para el caso de aceptación de la herencia a beneficio de inventario.»
2. Con carácter general, prevalecen los controles posteriores a los previos, los cuales tienen que ejercerse de conformidad con la legislación de finanzas de la comunidad autónoma y sus normas de desarrollo.
4. Los beneficiarios, las entidades colaboradoras y los terceros relacionados con el objeto o la justificación de la subvención estarán obligados a colaborar y a facilitar toda la información y documentación que les sea requerida por la Intervención General de la comunidad autónoma en el ejercicio de sus funciones, en los términos establecidos en el artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
Esta misma obligación recaerá sobre las autoridades y el personal integrado en las unidades y los órganos administrativos que gestionen las subvenciones. Además, dichas unidades y dichos órganos estarán obligados a suministrar toda la información que les requiera la Intervención General de la comunidad autónoma a efectos de coordinar con la Intervención General del Estado la elaboración de los planes de control financiero relativos a las ayudas y subvenciones financiadas total o parcialmente con fondos comunitarios a que se refiere el artículo 45 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
5. Los funcionarios de la Intervención General de la comunidad autónoma, en el ejercicio de las funciones de control financiero de subvenciones, serán considerados agentes de la autoridad.»
5. Se modifican los artículos 43, 44, 45, 46, 47.3 y 49 del título V de la Ley [Comunidad Autónoma de les Illes Balears] 5/2002, de 21 de junio, de subvenciones, que pasan a tener a la siguiente redacción:
a) Los beneficiarios de subvenciones, así como los miembros de las personas jurídicas y de las agrupaciones que prevén el apartado 2 y el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 9 de esta ley, en relación con las actividades subvencionadas que se hayan comprometido a efectuar.
d) Las personas o entidades, relacionadas con el objeto de la subvención o su justificación, obligadas a prestar la colaboración y a facilitar toda la documentación que les sea requerida por los órganos de control financiero en el ejercicio de sus funciones.
4. En el caso de sociedades o entidades disueltas y liquidadas en las que la ley limite la responsabilidad patrimonial de los socios, partícipes o cotitulares, se transmitirán a éstos las sanciones pecuniarias pendientes, los cuales responderán solidariamente y hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que se les haya adjudicado o se les hubiera debido adjudicar.»
2. La responsabilidad derivada de las infracciones se extinguirá por el pago o cumplimiento de la sanción, por prescripción y por defunción.»
Las sanciones previstas en la presente ley prescribirán en el plazo de cuatro años.»
6. Se modifica la disposición adicional primera de la Ley [Comunidad Autónoma de les Illes Balears] 5/2002, de 21 de junio, de subvenciones, que pasa a tener la siguiente redacción:
1. Los consorcios sometidos al ordenamiento autonómico y las fundaciones del sector público autonómico tienen que ajustar su actividad de fomento, en todo caso, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y en los artículos 2, 4, 5, 6, 7, 9, 9 bis y 31, así como el título V, con la excepción del artículo 51 de la presente ley.
3. A los efectos de la presente ley se consideran consorcios sometidos al ordenamiento autonómico aquéllos que cumplan los requisitos establecidos para ello en la legislación de régimen jurídico de la Administración de la comunidad autónoma. Por otra parte, la delimitación de las fundaciones del sector público autonómico a efectos de la presente ley se regirá por lo establecido en la disposición adicional decimosexta de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.»
Se añade un segundo párrafo al apartado 1 del artículo 17 de la Ley [Comunidad Autónoma de les Illes Balears] 5/1993, de 5 de junio, del Consejo Consultivo de las Illes Balears, con la siguiente redacción:
1. El Gobierno de las Illes Balears y las consejerías tienen que adaptar la normativa reglamentaria de la actividad de subvenciones en cada sector de la acción pública a las determinaciones de la presente ley.
2. Asimismo, las bases reguladoras de los programas de subvenciones tienen que adaptarse a las determinaciones de la presente ley y, en su caso, a las normas reglamentarias dictadas por el Consejo de Gobierno.
Los procedimientos de elaboración o modificación de bases reguladoras iniciados antes de la entrada en vigor de la presente ley se regirán por la normativa vigente al tiempo de su iniciación.
3. La adaptación exigida en los apartados anteriores tiene que hacerse efectiva antes del día 19 de febrero de 2005, fecha a partir de la cual quedarán sin efecto en todo aquello en lo que se opongan.
1. Los procedimientos administrativos de concesión y justificación de subvenciones ya iniciados a la entrada en vigor de la presente ley se regirán por la normativa vigente al tiempo de su iniciación.
2. Los procedimientos administrativos de concesión y justificación de subvenciones iniciados durante el plazo de adecuación previsto en la disposición transitoria primera también se regirán por la normativa anterior que les sea aplicable, excepto que hayan entrado en vigor las normas de adaptación de las bases reguladoras a que se refiere el apartado 2 de la disposición transitoria primera de esta ley.
3. Por lo que se refiere a los procedimientos de control financiero y de reintegro, las normas contenidas en la presente ley serán de aplicación desde su entrada en vigor.
4. El régimen sancionador previsto en la presente ley será de aplicación a los beneficiarios y a las entidades colaboradoras, en lo que concierne a las acciones u omisiones cometidas antes de su entrada en vigor, siempre que sea más favorable que lo establecido en la legislación anterior.
A los efectos de la presente ley, las referencias contenidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, a la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de incompatibilidades de los miembros del Gobierno de la nación y de los altos cargos de la Administración General del Estado, se entenderán hechas a la Ley autonómica [Comunidad Autónoma de les Illes Balears]2/1996, de 19 de noviembre, por la que se regula el régimen de incompatibilidades de los miembros del Gobierno y de los altos cargos.
Se autoriza al Gobierno de las Illes Balears para elaborar, antes del 31 de diciembre de 2005, un texto refundido de la Ley [Comunidad Autónoma de les Illes Balears] 5/2002, de 21 de junio, de subvenciones, al que se incorporarán las disposiciones contenidas en la presente ley y en cualquier otra norma autonómica de rango legal vigente aplicable en materia de subvenciones, así como, si procede, el texto de los preceptos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, a los que se remite el articulado de la presente ley, con autorización para regularizar, aclarar y armonizar las disposiciones objeto de refundición.
1. Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar todas las disposiciones que sean necesarias para el desarrollo de la presente ley.
2. Asimismo, se autoriza al Consejo de Gobierno para que actualice las cuantías que se indican en la presente ley.
LUIS ÁNGEL RAMIS DE AYREFLOR CARDELL, JAIME MATAS PALOU, Consejero de Economía, Hacienda e Innovación	Presidente
Orden de la consejera de Educación y Cultura, de 1 de julio de 2009, por la cual se establecen las bases reguladoras de las sub- venciones en materia de educación y culturaLey 13/2010, de 9 de diciembre, de publicidad institucional de las Illes BalearsLEY 13/2010, de 9 de diciembre, de publicidad institucional de las Illes Balears	Cerrar PDF
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