Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-12-de-enero-20-de-2010?documento=jurcol&contexto=jurcol_8149362f24ce4028e0430a0101514028&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-20 21:53:49
Document Index: 289972122

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 65', 'artículo 65', 'artículo 2', 'artículo 250', 'artículo 65', 'artículo 65', 'artículo 55', 'artículo 65', 'artículo 65', 'artículo 65', 'artículo 65', 'artículo 88', 'artículo 2', 'artículo 40', 'artículo 65', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 65', 'artículo 393', 'artículo 65', 'artículo 29', 'artículo 392']

﻿ Sentencia C-012 de enero 20 de 2010
SENTENCIA C-12 DE 20 DE ENERO DE 2010
CONTENIDO:ACCIÓN PÚBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD Y LOS REQUISITOS MÍNIMOS DEMOSTRATIVOS DEL CARGO. NO ES UN CONTROL OFICIOSO Y SE DEBE PRESENTAR UNA ARGUMENTACIÓN MÍNIMA CONSTITUTIVA DEL CARGO FORMULADO PORQUE SI LA ACCIÓN PIERDE TODA EXIGENCIA DE FUNDAMENTACIÓN, EL CONTROL SE DISTORSIONA AL PUNTO QUE LA CORTE SERÍA UN JUEZ CASI OFICIOSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL DERECHO LEGISLADO, LO CUAL EXCEDERÍA LOS MÁRGENES COMPETENCIALES DEFINIDOS POR LA PROPIA CONSTITUCIÓN. SE INHIBE DE PRONUNCIARSE RESPECTO DE LA DEMANDA DIRIGIDA CONTRA LA EXPRESIÓN " QUE OBTENGA CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO QUE NO HAYAN SIDO REPRESENTADOS JUDICIALMENTE" CONTENIDA EN EL NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 65 DE LA LEY 472 DE 1998.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN PÚBLICA DE CONSTITUCIONALIDAD, CONTENIDO DE LA SENTENCIA
Sentencia C-012 de enero 20 de 2010
Sentencia C-012 de 2010
Ref.: Expediente D-7769
Actor: Víctor Hugo Trujillo Hurtado
2. Mediante Auto del cuatro (4) de junio del año en curso, el suscrito Magistrado inadmitió la demanda de la referencia, al advertir que fue recibida sin presentación personal(1). De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 2067 de 1992, el suscrito Magistrado concedió tres días al actor para que subsanara su demanda.
3. Según informe de la secretaría general de la Corte(2), el proveído anterior fue notificado por medio del estado N° 83 del ocho (8) de junio de 2009 y el demandante, el once (11) de junio de 2009, dentro del término de ejecutoria, presentó escrito de corrección de su demanda.
2. Del contenido de la demanda.
El demandante considera que la expresión “que obtengan cada uno de los miembros del grupo que no hayan sido representados judicialmente”, contenida en numeral 6º del artículo 65 de la Ley 472 de 1998, vulnera los artículos 13 y 29 de la Constitución Política con base en los siguientes argumentos:
2.1. En relación con la presunta violación del derecho a la igualdad, (C.P., art. 13), a juicio del actor, tal precepto “señala como origen o fuente del monto reconocido por concepto de honorarios al abogado coordinador, el patrimonio de cada uno de los miembros que hacen parte del grupo y que no otorgaron poder” para que se adelantara la acción de grupo de donde obtuvieron dicha indemnización. Dice el demandante que con ello “se está sustrayendo del patrimonio de las víctimas, sin su consentimiento, parte de la indemnización, que como justo resarcimiento del daño experimentado, debe ser entregado por el agente causante del daño”.
2.1.1. Sostiene que la reparación integral del daño implica “el resarcimiento total y pleno de los agravios causados, y es deber del Estado propiciarla e impulsarla garantizando las condiciones apropiadas para que las víctimas puede (sic) acceder a ella”. Dicho presupuesto no se satisface cuando se expropia “del patrimonio de las víctimas parte de la indemnización que le corresponde con el pretexto de pagar los honorarios del abogado coordinador, todo ello en beneficio de la parte más fuerte de la disputa, el causante del daño, y en detrimento de la más débil, las víctimas”.
2.1.3. Como una consecuencia de lo anterior, manifiesta que “si el individuo ejerce una acción individual y sale victorioso en el juicio corresponde a la parte vencida asumir las agencias en derecho, no obstante si sale victoriosa a través de una acción de grupo debe asumir de su bolsillo dichas agencias” acto seguido señala “[l]a desigualdad es manifiesta y la discriminación en contra de los individuos representados en una acción de grupo es inaceptable.” En relación con este planteamiento sostiene a modo de conclusión al final del apartado que “[l]a expresión demandada establece un trato diferenciador entre las víctimas resarcidas entre las personas que obtienen la reparación de su daño a través de una acción individual y aquellas que lo hacen a través de una acción de grupo, trato no justificable desde ninguna perspectiva por cuanto establece una especie de castigo o discriminación en contra de las víctimas resarcidas por intermedio de [una] acción de clase o de grupo”.
2.1.5. Por último, en relación con la acusación por violación al derecho a la igualdad, propone que no es posible argumentar válidamente que el 10% de que trata la norma “es el costo que debe asumir la víctima por el hecho de beneficiarse de un proceso que le reportó unos ingresos económicos y que si hubiere iniciado su propia acción individual igualmente tendría que asumir los costos del abogado”, porque de acuerdo con lo establecido por el preámbulo, el artículo 2º y el numeral 6º del artículo 250 de la Carta, “corresponde al Estado proteger los derechos de los ciudadanos, asegurar el cumplimiento de los deberes tanto del Estado como de los particulares y garantizarles el acceso a la justicia, dentro de lo que debe entenderse el restablecimiento del derecho y la reparación integral”. Sobre el punto indica que “tampoco puede aceptarse que la víctima deba sacrificar su patrimonio, pues bien pudieron haber tramitado la acción de grupo a través de la Defensoría del Pueblo o de los personeros municipales sin que se causara esta erogación”.
2.2. Adicionalmente, el actor argumenta que la norma acusada transgrede el derecho fundamental al debido proceso (C.P., art. 29), dado que considera que “en forma contradictoria el numeral 6º del artículo de la referencia (L. 472/98, art. 65) ordena que los gastos de apoderamiento o agencias en derecho salgan del patrimonio de las víctimas y no de la parte vencida en juicio, tal como lo establece el Código de Procedimiento Civil y el propio numeral 5º del artículo 65 de la ley en cuestión, creando una contradicción evidente por cuanto no se puede estar a lo consagrado por el CP (sic) en materia de costas, que como ya se ha dicho se compone de las expensas y las agencias en derecho y no se puede consagrar la condena en costas de la parte vencida (art. 65, num. 5º) y en el numeral siguiente condenar al costo de las agencias en derecho a las víctimas sin incurrir en una evidente contradicción que vulnera la observancia plena de la forma del juicio a que debe estarse, por lo menos respecto de la sentencia”. Concluye sosteniendo que la contradicción se presenta por cuanto la expresión acusada transgrede aquellos postulados que manifiestan que la condena en costas debe estar a cargo de la parte vencida en juicio.
En segundo lugar, agregaron que el demandante confundía los conceptos de agencias en derecho y honorarios pues “las agencias son los pagos de apoderamiento que hace la parte vencida y que se decretan a favor de la parte vencedora y no de su representante judicial como forma de compensación por los gastos en que la parte vencedora incurrió en su defensa para proteger sus intereses. Por lo tanto, el pago por concepto de honorarios al abogado recae sobre su cliente y (...) no se deriva de las costas procesales”. En otras palabras, de acuerdo con los intervinientes, las costas del proceso son un género compuesto por dos especies: (a) las agencias en derecho y (b) las expensas del proceso. Estos conceptos no incluyen los honorarios del abogado de la parte vencedora. De esta manera, concluyen sobre este tópico que lo establecido en la norma demandada es el pago de honorarios y no de agencias en derecho.
En tercer lugar, teniendo en cuenta la dificultad de la labor que desempeña el abogado coordinador en este tipo de acciones y el hecho de que el contrato de mandato civil, que regula la relación abogado - cliente, es oneroso, “si hay sentencia a favor de las víctimas lo justo y lo legal consistiría en que el abogado coordinador (...) reciba un pago por concepto de honorarios”. En este sentido, afirmaron que los abogados tenían derecho a recibir unos honorarios por su gestión que podían ser pactados de común acuerdo por las partes o ser establecidos por el legislador.
El ciudadano Juan Carlos Guayacán Ortiz, docente investigador de la Universidad Externado de Colombia, solicitó que la expresión acusada fuera declarada exequible debido a que “el demandante interpreta de manera errónea el sentido de la disposición acusada, pues esta en ningún momento determina que el pago efectivo de los honorarios del abogado coordinador deba ser deducido de las indemnizaciones individuales de cada uno de los miembros que estuvieron ausentes. Lo que la norma estipula es que dicha remuneración se calculará sobre la base de un 10% de lo que ellos reciban. Naturalmente, el pago le corresponde hacerlo al demandado, y le será atribuido a través de las agencias en derecho, que en este caso específico se calcula sobre el 10% de la indemnización por disposición expresa del legislador”.
Fernando Iregui Camelo, actuando en condición de defensor delegado para asuntos constitucionales y legales de la Defensoría del Pueblo, solicitó a esta Corporación la declaración de inexequibilidad de la expresión “que obtengan cada uno de los miembros del grupo que no hayan sido representados judicialmente” y la exequibilidad condicionada de la expresión “La liquidación de los honorarios del abogado coordinador, que corresponderá al diez por ciento (10%) de la indemnización” contenidas en la norma acusada.
Por un lado, consideró que el concepto de costas “comprende, tanto las expensas o gastos del proceso, como las agencias en derecho o pago de honorarios de abogado”. Se trata de “un deber para la parte que resulta vencida en el juicio y un derecho para quien resulta victorioso en el mismo” y en esta medida, en virtud de este concepto, “surge (...) un verdadero derecho de la parte que ha obtenido una sentencia favorable a que los gastos efectuados le sean reembolsados, garantía que aparece entonces incorporada como elemento del debido proceso”.
Una vez establecido que los honorarios de los abogados hacen parte de las costas procesales, el interviniente afirmó que el numeral 5º del artículo 65 de la Ley 472 de 1998 ordenaba la liquidación de las costas a cargo de la parte vencida. Es decir que ordenaba a la parte vencida el pago de las expensas judiciales y de los honorarios de abogado. A su vez, el numeral 6º acusado disponía que los beneficiarios de la sentencia no presentes durante el proceso debían pagar los honorarios del abogado coordinador.
En este mismo sentido, afirmó que, teniendo en cuenta que el debido proceso es “el conjunto de garantías, deberes y derechos (...) exigidos a las personas que se ven involucradas en una actuación judicial”, la expresión acusada violaba el debido proceso en la medida en la que el pago de las costas constituía un deber para la parte vencida y, correlativamente, un derecho para la parte victoriosa.
En segundo lugar, teniendo en cuenta que el artículo 55 de la Ley 472 de 1998 disponía que “quien no concurra al proceso, “tampoco se beneficiará en la condena de costas””, “el argumento según el cual la parte vencida debe pagar las costas sin importar si la persona participó o no en el proceso, según el numeral 5º del artículo 65 de la Ley estudiada y el Código de Procedimiento Civil es infundado”. Seguidamente, los intervinientes opinaron que los argumentos relacionados con el Código de Procedimiento Civil eran inoperantes debido a que la norma estudiada establecía su aplicación pero de manera subsidiaria, es decir, que sólo se debía aplicar en caso de que la Ley 472 de 1998 guardara silencio.
A continuación, expresó que, si se declara la inexequibilidad de la cuota de honorarios consagrada en la expresión demandada, “habría que concluir que es inconstitucional que los abogados pacten con sus clientes honorarios, en la medida en que —cualquier suma que estos deban pagar— reduce el monto de la suma que tienen derecho a recibir”.
Por otra parte, manifestó que la norma acusada no violaba el principio legal a la reparación integral pues “tal principio es un propósito que en la mayoría de los casos [es] imposible de cumplir, pues determinar el valor de una indemnización implica —en la gran mayoría de los casos— suponer situaciones que no existieron en realidad, y que se habrían presentado en el futuro solo si no hubieses existido el daño”. El hecho de que “el demandante deba pagar honorarios (...) no atenta contra ese principio. Ese pago se realiza en desarrollo de un contrato o en cumplimiento de un mandato legal como ocurre con el caso de la norma demandada”.
Finalmente, consideró que el mecanismo de remuneración consagrado en la norma acusada era “esencial para la adecuada marcha de la acción de grupo” pues “de no existir (...) no habría en realidad un incentivo para que estas acciones se iniciaran y el mecanismo fracasaría”.
El Procurador General de la Nación, en ejercicio de las competencias descritas en los artículos 242-2 y 278-5 de la Constitución Política, presentó concepto en el presente trámite, en el que solicitó a esta corporación declarar exequible la expresión “que obtengan cada uno de los miembros del grupo que no hayan sido representados judicialmente”, contenida en el numeral 6º del artículo 65 de la Ley 472 de 1998.
Según el concepto del procurador, el demandante se equivoca al considerar que dicha obligación hace parte de la obligación de pagar las costas del proceso, que está en cabeza de la parte vencida, de acuerdo a lo establecido en el Código de Procedimiento Civil. En efecto, una cosa es la obligación de pagar las costas del proceso, que incluyen las agencias en derecho, y otra es la obligación de pagar los honorarios pues, de conformidad con la Sentencia C-539 de 1999, la condena en costas “no corresponde, necesariamente, a los honorarios efectivamente pagados por la parte vencedora a su apoderado”. Por este motivo, las personas que se ven beneficiadas por la sentencia pero no hicieron parte del proceso, no se benefician de la condena en costas (art. 55 ib.).
Por otra parte, para el procurador no existe ninguna contradicción entre los numerales 5º y 6º del artículo 65 de la Ley 472 de 1998 pues se refieren a conceptos diferentes. Así, el numeral 5º dispone que en la sentencia que pone fin al proceso el juez debe disponer la liquidación de las costas mientras que el numeral 6º regula el pago de honorarios a cargo de los beneficiaros que no hicieron parte del proceso.
Como en esta ocasión el objeto de la acción pública recae sobre la expresión “que obtengan cada uno de los miembros del grupo que no hayan sido representados judicialmente” contenida en numeral 6º del artículo 65 de la Ley 472 de 1998 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”, en razón a la presunta existencia de vicios de fondo, la Corte es competente para adelantar el correspondiente examen de constitucionalidad.
2.1. Esta corporación, de manera reiterada y en concordancia con lo prescrito por el artículo 2º del Decreto-Ley 2067 de 1991, ha sostenido que cuando un ciudadano ejerce la acción pública de inconstitucionalidad contra una norma determinada, debe señalar con precisión: (a) el objeto normativo demandado, (b) el concepto de la violación y (c) la razón por la cual la Corte es competente para conocer del asunto”(3).
El segundo elemento señalado, esto es, el concepto de la violación, debe contener necesariamente las razones por las que quien acuse una disposición normativa considera que esta vulnera la Constitución Política. Por este motivo, se ha precisado(4) que, a partir de lo dispuesto en el Decreto 2067 de 1991, al ciudadano le corresponde (i) hacer ‘el señalamiento de las normas constitucionales que se consideren infringidas’; (ii) exponer el contenido normativo de las disposiciones constitucionales que supuestamente contrarían las normas demandadas; y (iii) presentar las razones por las cuales los textos normativos demandados violan la Constitución.
En relación con el tercer requerimiento, la jurisprudencia constitucional(5) ha construido reglas suficientemente definidas sobre las condiciones de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia que deben cumplir las razones que fundamentan el cargo de constitucionalidad.
2.1.3. El requisito de especificidad resulta acreditado cuando la demanda contiene al menos un cargo concreto, de naturaleza constitucional, en contra de las normas que se advierten contrarias a la Carta Política. Este requisito refiere, en estas condiciones, a que los argumentos expuestos por el demandante sean precisos, ello en el entendido que “el juicio de constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución Política, resultando inadmisible que se deba resolver sobre su inexequibilidad a partir de argumentos“vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales”(6) que no se relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se acusan. Sin duda, esta omisión de concretar la acusación impide que se desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad”(7) (resaltado fuera de texto).
2.1.4. Las razones que sustentan el concepto de la violación son pertinentes en tanto estén construidas con base en argumentos de índole constitucional, esto es, fundados “en la apreciación del contenido de una norma superior que se expone y se enfrenta al precepto demandado”(8). En ese sentido, cargos que se sustenten en simples consideraciones legales o doctrinarias; la interpretación subjetiva de las normas acusadas por parte del demandante y a partir de su aplicación en un problema particular y concreto; o el análisis sobre si la conveniencia de las disposiciones consideradas inconstitucionales, entre otras censuras, incumplen con el requisito de pertinencia del cargo de inconstitucionalidad.
2.1.5. Por último, la condición de suficiencia ha sido definida por la jurisprudencia como la necesidad de que las razones de inconstitucionalidad guarden relación “en primer lugar, con la exposición de todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto del precepto objeto de reproche; (...) Por otra parte, la suficiencia del razonamiento apela directamente al alcance persuasivo de la demanda, esto es, a la presentación de argumentos que, aunque no logren prima facie convencer al magistrado de que la norma es contraria a la Constitución, sí despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional”(9).
“La jurisprudencia de la Corte ha establecido un precedente reiterado sobre los requisitos sustanciales del cargo de inconstitucionalidad. Esta doctrina ha partido de considerar que la acción pública es una modalidad de ejercicio del derecho político previsto en el artículo 40-6 del Código Penal, razón por la cual su admisibilidad no está sometida a complejas condiciones de técnica judicial, lo que lleva a colegir que la actividad de la Corte en esta instancia debe estar guiada por el principio pro actione. No obstante, la jurisprudencia también ha contemplado que la falta de exigencia de las condiciones citadas no es óbice para que la demanda deba cumplir con unos criterios mínimos de racionalidad argumentativa, dirigidos exclusivamente a permitir que el pleno de este tribunal pueda adoptar una decisión de fondo. El objetivo de estos requisitos es permitir que se ponga a consideraciones de la Corte un problema jurídico constitucional de carácter sustancial, que viabilice el efectivo contraste entre las normas del derecho legislado y las disposiciones de la Carta. Además, tales condiciones cumplen fines constitucionalmente valiosos, como es facilitar la autorrestricción judicial y garantizar correlativamente la efectividad del derecho a la autonomía individual, para que sea el ciudadano demandante —y no el Tribunal Constitucional— quien defina el ámbito de ejercicio el control jurisdiccional.”
2.2. Ahora, con el fin de exponer los motivos por los que, en el presente caso, los alegatos del actor no satisfacen los anteriores requisitos, se adoptó la siguiente metodología: a pesar de que el demandante sostiene que la disposición acusada viola dos mandatos constitucionales (C.P., arts. 13 y 29), dada la dificultad de establecer un hilo conductor claro en la narrativa de la demanda, el magistrado sustanciador al momento de elaborar los antecedentes de esta decisión, realizó una identificación individualizada de las principales afirmaciones encaminadas a defender cada uno de los cargos propuestos. Entonces, a continuación se analizará cada una de estas consideraciones. Así, primero se revisarán los planteamientos que intentan justificar la existencia una violación del derecho a la igualdad y, segundo, los encaminados a argumentar una violación del debido proceso por parte de la expresión demandada. En tercer lugar, se resolverá.
El actor en la demanda propone una serie de afirmaciones para justificar su posición según la cual la expresión “que obtengan cada uno de los miembros del grupo que no hayan sido representados judicialmente”, contenida en numeral 6º del artículo 65 de la Ley 472 de 1998, vulnera el derecho a la igualdad protegido por el artículo 13 superior. Dada la dispersión argumentativa en este acápite, sus premisas fueron agrupadas en cinco grupos de enunciados. (Ver supra I/2). A continuación se examinará cada uno ellos.
Sobre este planteamiento la Sala encuentra dos tipos de reproches: el primero de especificidad y el segundo de suficiencia. El primero parte de un interrogante que queda sin resolver de lo dicho por el actor, esto es, ¿por qué de esta afirmación se infiere una violación al derecho a la igualdad? ¿Dónde está la real confrontación normativa o relación de lo dicho sobre el enunciado acusado respecto del artículo 13 superior? En el texto de la demanda, y aquí el segundo reproche, el actor no desarrolla ni justifica las razones, que lo llevan a concluir que de la situación descrita se configure una violación al artículo 13 de la Constitución Política lo cual impide que se desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad a partir de este punto.
2.2.1.2. Una situación similar ocurre con el segundo argumento (supra I/2/2.1.2; p. 4). El actor sugiere que existe una contradicción interna en el contenido del artículo 65 de la Ley 478, en tanto en la primera parte remite a las disposiciones generales de Código de Procedimiento Civil —lo cual, a su juicio, obligaría a que se aplicara lo dispuesto en el artículo 393 de este código en relación con el pago de las costas— pero por otro lado, la norma indica que aquellas personas que no fueron parte en una acción de grupo, pero se beneficiaron con el resultado, deben cancelar el costo de los honorarios del abogado coordinador un 10% de la indemnización que les fue reconocida. La contradicción radicaría en que, de acuerdo con el Código de Procedimiento Civil, las costas las debe asumir la parte vencida en juicio y no aquella a quien se le reconoce el daño.
Independientemente de la consistencia o validez argumentativa de lo dicho por el actor, este planteamiento tiene los mismos problemas, en términos de análisis de constitucionalidad, del anterior: especificidad y suficiencia. Como se indicó antes, el juicio de constitucionalidad requiere que realmente exista una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución Política y en este caso, no lo hay. El actor no explica por qué de su apreciación, según la cual se debe respectar lo dispuesto por el Código de Procedimiento Civil, en relación con que las costas deban ser asumidas por la parte vencida en juicio y no de otra forma, se presenta una violación al derecho a la igualdad. No hay en su texto una sola explicación que al menos lo sugiera. A partir de este planteamiento, encuentra la Sala que tampoco es posible desarrollar la discusión propia del juicio de constitucionalidad.
La Corte ha indicado que cuando se acusa una disposición por contrariar el derecho a la igualdad, es un requisito indispensable de la construcción del cargo, la identificación de los grupos que están recibiendo un trato diferenciado por parte de una disposición normativa junto con el señalamiento “de la fundamentación acerca de la razón por la cual una determinada clasificación legal comporta un trato discriminatorio en contra de un subgrupo de personas”(10). Esto significa que en la demanda deben exponerse los argumentos que expliquen por qué el tratamiento desigual resulta ser constitucionalmente injustificado, desproporcionado o irrazonable.
Con base en lo anterior, se pueden señalar dos problemas en el tercer planteamiento del actor. El primero tiene que ver con la identificación del grupo discriminado. El actor afirma que el trato diferenciado se presenta “entre las personas que obtienen la reparación de su daño a través de una acción individual y aquellas que lo hacen a través de una acción de grupo” [negrilla fuera de texto]. La Sala advierte que durante todo el devenir argumentativo de la demanda, el actor hizo referencia a aquellas personas que obtuvieron una indemnización en el marco de una acción de grupo, pero que nunca hicieron parte del proceso. Empero, a la hora de satisfacer el requisito de identificar los grupos que están recibiendo un tratamiento discriminatorio, señaló, sin distinción alguna, a todas aquellas personas que obtuvieron resarcimiento judicial a través de una acción de grupo en general, sin diferenciar entre quienes consiguieron este resarcimiento o indemnización porque hicieron parte del proceso y quienes nunca lo hicieron. El problema está en que los argumentos de la demanda, no pueden predicarse de forma indiscriminada entre unos y otros.
Lo anterior deviene en un problema de certeza en tanto la proposición planteada por el actor, según la cual la desigualdad se presenta entre las personas que obtienen la reparación de su daño a través de una acción individual y quienes la logran a través de una acción de grupo, no se desprende, en estricto sentido, del tenor literal de la norma. En este punto, la sala recaba en los argumentos para la decisión que habrá de tomar, puesto que además de las falencias que ya se han anotado a la demanda, el hecho de que la norma no exprese con claridad lo que el actor entiende por ella hace que los argumentos para atacar la constitucionalidad del aparte acusado, deben tener mayor contundencia. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional(11), para satisfacer el requisito de certeza, se requiere que la acusación se realice efectivamente contra una proposición normativa claramente contenida en la disposición acusada y no sobre una distinta, inferida por el demandante. Y al leer la disposición que contiene el enunciado acusado, encuentra la Sala que la norma no dispone de modo alguno, ningún tipo de discriminación entre los grupos indicados expresamente por el actor.
Respecto de este punto, resulta importante precisar que a la Corte no le está dado superar la ausencia de certeza en las acusaciones hechas por los ciudadanos mediante presunciones o reconstrucciones interpretativas de lo que dicen o tratan de decir las demandas en su conjunto, para con ello, subsanar las deficiencias o satisfacer los requisitos o cargas mínimas que el actor debe satisfacer —en este caso, la identificación de los grupos respecto de los cuales se predica una eventual discriminación para la construcción de un cargo por violación a la igualdad—. Si se admitiera la realización de este tipo de inferencias por parte de la Corporación, ello significaría admitir que la Sala Plena puede rehacer la demanda, lo cual, claramente, excede su marco de competencias. La jurisprudencia ha sido enfática en sostener que, “[s]i bien la Corte debe tomar en cuenta el carácter democrático de la acción de constitucionalidad y la necesidad de adoptar un criterio pro actione en el examen de las demandas que le son presentadas, no puede llegar al extremo de suplantar al actor en la formulación de los cargos, ni de determinar por sí misma, el concepto de la violación de las normas que ante ella se acusan como infringidas, pues esta es una carga mínima que se le impone al ciudadano para hacer uso de su derecho político a ejercer la acción de inconstitucionalidad”(12).
Ahora, incluso si no se tuviera en cuenta lo anterior, el segundo problema resulta menos tolerable. Como puede apreciarse en el texto de la demanda, el actor se limita a afirmar la existencia del trato presuntamente discriminatorio, —Dice “[l]a desigualdad es manifiesta y la discriminación en contra de los individuos representados en una acción de grupo es inaceptable”—. pero omite explicar por qué dicho tratamiento desigual resulta ser constitucionalmente injustificado, desproporcionado o irrazonable para el caso concreto de dichas personas. Dado que la Corte ha entendido que aun en aquellos casos en que existen supuestos de hecho equivalentes, el legislador debe dispensar un tratamiento igual, “siempre que no existan razones suficientes para otorgarles un trato diferente”(13), las explicaciones vertidas por el demandante no pueden entenderse suficientes, pues no explican ni siquiera de manera tácita, dónde está la irrazonabilidad o desproporción en el trato acusado de discriminatorio.
Cuando el actor realiza la presentación de este cargo reitera uno de los planteamientos hechos cuando argumentó la violación del derecho a la igualdad (el descrito en supra I/2/2.2). Específicamente, la idea según la cual si la norma que contiene el apartado acusado, en la parte general dispone que la sentencia se someterá a las reglas del Código de Procedimiento Civil, según las cuales (CPC, art. 392) las costas deben ser asumidas por la parte vencida, al final de la disposición, cuyo apartado se acusa, dispone que cuando se trata de personas que no hicieron parte de la acción de grupo pero que se beneficiaron del fallo y en consecuencia recibieron una indemnización deban pagar el 10% al abogado coordinador de la acción.
Sobre este punto el reproche que se le hace al actor tiene dos componentes. El primero es similar a los realizados en apartes precedentes, relacionado con el hecho de que al momento de articular un cargo no realiza una verdadera confrontación normativa que explique, al menos someramente, por qué los contenidos normativos de la Carta invocados resultan violados. Particularmente, en este caso el actor asume que de su interpretación del primer inciso del artículo 65 de la Ley 478 del 98 se deriva la violación al debido proceso por parte del enunciado acusado del numeral 6º de la misma norma. No obstante, el actor no explica por qué de esa situación se deriva una violación a alguno de los contenidos normativos del artículo 29 de la Constitución, que como es bien sabido, tiene varios componentes. Luego de hacer la lectura sobre las apreciaciones del actor es imposible identificar, específicamente dónde está la violación al derecho al debido proceso.
Incluso, si se tuvieran por ciertas las afirmaciones del actor sobre la interpretación de la norma, existe un segundo componente de reproche. El actor considera que el enunciado acusado, viola el debido proceso porque habría una contradicción entre el numeral 6º de la Ley 478 de 1998 y lo dicho por el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil. La Sala estima pertinente precisar que el juicio de constitucionalidad se hace respecto de aquellas normas que hacen parte de la Constitución, bien sea de manera directa o con ocasión al bloque de constitucionalidad, más no adelanta juicios de correspondencia entre diferentes textos de orden legal, dado que ello no hace parte de su competencia.
Magistrados: Nilson Pinilla Pinilla, Presidente—Juan Carlos Henao Pérez—María Victoria Calle Correa—Luis Ernesto Vargas Silva—Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, salvamento de voto—Mauricio González Cuervo—Jorge Ignacio Pretelt Chaljub—Humberto Antonio Sierra Porto—Jorge Iván Palacio Palacio, salvamento de voto.
(1) Cfr. Folio 9. || Al respecto, la jurisprudencia de esta corporación ha establecido que la acción pública de inconstitucionalidad es un derecho político reservado a los ciudadanos colombianos en ejercicio, condición que se acredita con la diligencia de presentación personal ante las autoridades legalmente habilitadas e identificación del demandante con la cédula de ciudadanía o mediante un documento jurídicamente homologable. Al respecto se pueden ver entre otras las sentencias C-003 de 1993, C-275 de 1996, C-536 de 1998, C-592 de 1998, C-113 de 2000, C-366 de 2000, C-562 de 2000, C-1647 de 2000 y C-708 de 2002.
(2) Cfr.Folio 22.
(3) Ver sentencias C-1052 de 2001, C-427 de 2009 y C-429 de 2009.
(5) La síntesis de este precedente se encuentra en la Sentencia C-1052 de 2001. Para este caso, se utiliza la exposición efectuada por la Decisión C-370 de 2006.
(6) Estos son los defectos a los cuales se ha referido la jurisprudencia de la Corte cuando ha señalado la ineptitud de una demanda de inconstitucionalidad, por inadecuada presentación del concepto de la violación. Cfr. autos 97 de 2001 y 244 de 2001 y las sentencias C-281 de 1994, C-519 de 1998, C-013 de 2000, C-380 de 2000, C-177 de 2001, entre otras.
(7) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-1052 de 2001. Fundamento jurídico 3.4.2.
(10) Cfr. Sentencia C-1052 de 2004 y C 1067 de 2008.
(11) En el mismo sentido ver las sentencias C-1197 de 2008, C-504 de 2005, C-994 de 2004 y C-831 de 2002.
(12) Cfr. Sentencia C-520 de 2002.
(13) Cfr. Sentencia C-624 de 2008.