Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2009-00303-de-mayo-11-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_fc2a30c47b574a2ba0104588b694a257&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-08-14 16:10:08
Document Index: 224025573

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 85', 'artículo 328', 'artículo 267', 'artículo 306', 'artículo 282', 'artículo 170', 'artículo 13', 'artículo 70', 'artículo 59', 'artículo 37', 'artículo 2', 'artículo 13', 'artículo 75', 'artículo 121', 'artículo 43', 'artículo 161', 'artículo 180', 'artículo 28', 'artículo 35', 'artículo 85', 'artículo 85', 'artículo 85', 'artículo 242', 'artículo 25', 'artículo 97', 'artículo 37', 'artículo 85', 'artículo 2', 'Artículo 28']

﻿ SENTENCIA 2009-00303 DE MAYO 11 DE 2017
SENTENCIA 2009-00303 DE 11 DE MAYO DE 2017
CONTENIDO:NECESIDAD DE AGOTAR LA CONCILIACIÓN COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD PARA PODER DEMANDAR ACTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS EN MATERIA AMBIENTAL CON EFECTOS DE CARÁCTER PATRIMONIAL. SE REITERA QUE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS EN MATERIA AMBIENTAL DEBEN AGOTAR EL TRÁMITE DE LA CONCILIACIÓN COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD PARA PODER SER DEMANDADOS ANTE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CUANDO LOS MISMOS TENGAN EFECTOS DE CARÁCTER PATRIMONIAL, POR TANTO LAS AUTORIDADES AMBIENTALES, EN EJERCICIO DEL PODER SANCIONATORIO Y ANTE LA INFRACCIÓN DE LAS NORMAS SOBRE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES, TIENE LA FACULTAD DE IMPONER ALGUNA DE LAS SANCIONES PREVISTA EN EL ARTÍCULO 85 DE LA LEY 99 DE 1993, ANTE LO CUAL RESULTA NECESARIO QUE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE LAS CONTENGAN PUEDAN SER OBJETO DE CONCILIACIÓN ANTE LA ADMINISTRACIÓN, POR CUANTO EN DICHO EVENTO NO SE CONCILIA SU VALIDEZ SINO LOS EFECTOS PATRIMONIALES Y LA FORMA DE PAGO DE LOS MISMOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:SANCIÓN AMBIENTAL, CONCILIACIÓN, CONCILIACIÓN PREJUDICIAL, CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, REQUISITOS DE PROCEDENCIA
Sentencia 2009-00303 de mayo 11 de 2017
Ref.: Radicación 47001233100020090030301.
Recurso de apelación en contra de la sentencia de 19 de marzo de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena.
Actora: Terminal de Gráneles Líquidos del Caribe S.A.
Demandado: Nación – Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
De acuerdo con las prescripciones del inciso 1º del artículo 328 del Código General del Proceso, aplicable por remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, corresponde a la Sala establecer (i) si era procedente el estudio de la excepción de “ineptitud sustantiva de la demanda, por falta de agotamiento del requisito de procedibilidad” cuando la misma, en el entender del recurrente, no fue interpuesta en contra de los actos acusados; (ii) si la falta de acreditación del trámite prejudicial de conciliación se encuentra subsanado en virtud de la admisión de la demanda dentro del proceso de la referencia y; iii) si resultaba procedente exigir el cumplimiento del requisito de procedibilidad de la conciliación en razón a que los actos acusados no son conciliables.
(i) ¿Resultaba procedente el estudio de la excepción de “ineptitud sustantiva de la demanda, por falta de agotamiento del requisito de procedibilidad” cuando, en el entender de la parte actora, la misma no fue interpuesta en contra los actos enjuiciados?
Manifestó el apoderado de la sociedad Terminales de Gráneles Líquidos del Caribe S.A. que se equivoca el a quo al entrar a estudiar y decidir la excepción de inepta demanda formulada por el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por cuanto, en su entender, la misma “no fue interpuesta contra de los actos enjuiciados” (fl. 353).
Al respecto y de la revisión del plenario, la Sala estima que no le asiste razón al recurrente por cuanto el escrito contentivo de la contestación de la demanda así como el que sustenta la excepción propuesta, se refieren directa e inescindiblemente a los actos administrativos expedidos con ocasión de las presuntas actuaciones irregulares de la sociedad TERLICA S.A. y a las pruebas tenidas en cuenta por la autoridad ambiental para la imposición de la multa objeto de estudio en el sub lite, esto es, por los hechos ocurridos con ocasión del derrame de aceite de crudo de palma en inmediaciones de la ensenada de Taganga.
En este sentido, la Sala considera que el a quo en ningún momento desconoció las garantías propias de cada juicio al analizar y decidir sobre la excepción propuesta.
(ii) ¿La falta de acreditación del trámite prejudicial de conciliación se puede entender subsanado por el hecho de haberse admitido la demanda?
Señaló el recurrente que “no es dable concluir la ineptitud sustantiva de la demanda en razón a que la misma fue admitida por el honorable tribunal, y le fue impreso el trámite correspondiente”.
Al respecto, la Sala recuerda que la “demanda en forma” es un requisito procesal que debe ser controlado por el juez y por las partes durante la etapa de la admisión de la demanda o en la contestación a la misma a través de la formulación de las respectivas excepciones previas.
En efecto, las partes pueden ejercer el control de las cuestiones de carácter procesal que surgen al inicio del proceso a través de los instrumentos que consagra el ordenamiento jurídico, esto es, mediante el ejercicio de los recursos ordinarios(1), con la interposición de un incidente de nulidad(2), o con la formulación de excepciones procesales (denominadas excepción previas(3) (4)).
En lo atinente a la actuación del juez, la Sala resalta que además del análisis previo realizado en la etapa de admisión, de conformidad con el artículo 306 del Código de Procedimiento Civil, hoy artículo 282 del Código General del Proceso, éste tiene el deber de reconocer oficiosamente en la sentencia un hecho que constituyen una excepción cuando lo halle probado.
En este contexto, para la Sala no le asiste razón al recurrente cuando afirma que por el hecho de haberse admitido la demanda se entendió subsanada la falta de acreditación del requisito de procedibilidad de la conciliación, por cuanto el control de los presupuestos procesales de la demanda no solo se puede realizar al momento de la admisión de la misma sino también en la sentencia, de oficio o petición de parte, cuando se resuelven las excepciones previas formuladas, de conformidad con el artículo 170 del Código Contencioso Administrativo aplicable al caso sub examine.
Finalmente y sin perjuicio de lo anterior, la Sala estima pertinente poner de relieve que las decisiones ilegales no atan al juez y ni cobran ejecutoria, tal y como lo ha sostenido la doctrina(5) y la jurisprudencia(6); en este sentido, en cualquier momento del proceso, el juez puede y debe adoptar a decisión que corresponda de conformidad con los poderes de saneamiento que el ordenamiento jurídico establece.
(iii) ¿Resultaba procedente exigir el cumplimiento del requisito de procedibilidad de la conciliación frente actos sancionatorios ambientales?
El apelante sostiene que los actos acusados no son susceptibles de conciliación en los términos exigidos por el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, toda vez que se trata de actos administrativos de carácter sancionatorio expedidos por el supuesto incumplimiento de la ley.
Comentó que por el hecho de que la sanción impuesta sea de carácter pecuniario no se puede entender que los actos que la contienen sean conciliables, por cuanto posibilitaría negociar vía conciliación tanto el cumplimiento como la violación de la ley.
Al respecto y para resolver, la Sala recuerda, tal y como se señaló en providencia de 30 de agosto de 2007(7), que la conciliación como mecanismo alternativo de solución de conflictos fue introducida en nuestra legislación desde el Decreto 2158 de 1948, adoptado como legislación permanente mediante el Decreto 4133 de 1948, “por el cual se expidió el Código Sustantivo del Trabajo”, encontrando un nuevo impulso a partir de la reforma del Código de Procedimiento Civil, efectuada mediante Decreto 2282 de 1989.
Con la expedición de la Ley 23 de 1991, “por medio de la cual se crean mecanismos para descongestionar los Despachos Judiciales, y se dictan otras disposiciones”, modificada por la Ley 446 de 1998 y complementada por la Ley 640 de 2001, se extendió al derecho administrativo. Allí se precisó que en los procesos contencioso administrativos sólo era procedente en los conflictos de carácter particular y de contenido económico, es decir, aquellos que se tramiten en ejercicio de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo.
En dicha ley se previó que la conciliación en asuntos contenciosos administrativos podría ser prejudicial, por lo que no constituía un requisito de procedibilidad de la acción.
En particular, la Ley 446 de 1998, que modificó la Ley 23 de 1991, estableció en su artículo 70 lo siguiente:
“ART. 70.—Asuntos susceptibles de conciliación. El artículo 59 de la Ley 23 de 1991, quedará así:
“ART. 59.—Podrán conciliar, total o parcialmente, en las etapas prejudicial o judicial, las personas jurídicas de derecho público, a través sus representantes legales o por conducto de apoderado, sobre conflictos de carácter particular y contenido económico de que conozca o pueda conocer la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo.
PAR. 2º—No puede haber conciliación en los asuntos que versen sobre conflictos de carácter tributario” (Negrillas fuera de texto).
En ese momento la conciliación en las acciones de nulidad y restablecimiento era posible de forma judicial o prejudicial, pero en ningún momento, constituía un requisito de procedibilidad de la acción.
Así mismo, solo era viable para los asuntos de carácter particular y de contenido económico de que conociera o pudiera conocer la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Sólo fue a partir de la entrada en vigencia del artículo 37 de la Ley 640 de 2001, tal y como fue publicada en el Diario Oficial 44.303 de 24 de enero de 2001, en cumplimiento del Decreto 131 de 2001 y según la corrección que le hizo el artículo 2º de éste, que se dispuso la conciliación como requisito de procedibilidad en algunas acciones previstas en el Código Contencioso Administrativo. Allí se prescribió:
“ART. 37.—Requisito de procedibilidad en asuntos de lo contencioso administrativo. Antes de incoar cualquiera de las acciones previstas en los artículos 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo, las partes, individual o conjuntamente, deberán formular solicitud de conciliación extrajudicial, si el asunto de que se trate es conciliable. La solicitud se acompañará de la copia de la petición de conciliación enviada a la entidad o al particular, según el caso, y de las pruebas que fundamenten las pretensiones” (Negrillas fuera de texto) (8)
En dicho momento legislativo, la conciliación como requisito de procedibilidad sólo era exigible en las acciones de reparación directa y de controversias contractuales.
De tal forma, que sólo fue hasta la expedición de la Ley 1285 de 2009, “por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia”, que se estableció la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
Justamente, sobre la aplicación de la conciliación como requisito de procedibilidad de la acción, resulta importante recordar que el artículo 13 de la referida Ley 1285, estableció su obligatoriedad para los asuntos que sean conciliables. A la letra la disposición prescribió:
“ART. 13.—Apruébase como artículo nuevo de la Ley 270 de 1996 el siguiente:
“ART. 42A.—Conciliación judicial y extrajudicial en materia contencioso-administrativa. A partir de la vigencia de esta ley, cuando los asuntos sean conciliables, siempre constituirá requisito de procedibilidad de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo o en las normas que lo sustituyan, el adelantamiento del trámite de la conciliación extrajudicial” (Negrilla de la Sala).
Sobre el particular, es reiterada la jurisprudencia del Consejo de Estado que ha sostenido la obligatoriedad del agotamiento del trámite de conciliación como requisito de procedibilidad en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho(9), entre las cuales se pueden citar las siguientes:
— Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 31 de agosto de 2015(10):
“Siempre que se presente demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, de reparación directa o de controversias contractuales con contenido económico, se debe agotar el requisito de procedibilidad relacionado con la solicitud de conciliación prejudicial ante el Ministerio Público, excepto en los siguientes casos: a. Cuando el asunto es de carácter tributario. b. Cuando se adelante el proceso ejecutivo de que trata el artículo 75 de la Ley 80 de 1993. c. Cuando deba acudirse a tribunales de arbitramento a resolver asuntos de carácter contractual en aplicación del artículo 121 de la Ley 446 de 1998. d. Cuando se trate de procesos ejecutivos cualquiera que sea la jurisdicción en la que se adelanten. e. Cuando el demandante solicite medidas cautelares de carácter patrimonial. f. Cuando una entidad pública funja como demandante. Es importante advertir que la norma que previó la salvedad vista en el literal a) indicó de manera general la materia tributaria sobre la cual recae excepción, es decir, no delimitó su alcance a la liquidación del tributo o a la sanción por el incumplimiento de la obligación tributaria”.
— Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 28 de enero de 2016(11):
“Siendo así, es fuerza concluir que en el presente caso, la actora debió agotar el requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial, porque como bien lo señaló el a quo, se evidencia que las pretensiones de la demanda contienen un interés eminentemente económico, representado en que BP solicita que se le reconozcan las inversiones efectuadas dentro del marco del plan de manejo ambiental como cumplimiento de la obligación del 1% contenida en el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993 y que, además, ésta solo tenga en cuenta la tasa por uso de agua y no la totalidad del costo del proyecto.
Por lo anterior, la Sala confirmará la providencia apelada, en cuanto se inhibió de pronunciarse sobre el fondo del asunto, como en efecto lo hará en la parte considerativa de esta providencia”.
— Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 23 de junio de 2016(12):
“En el presente caso se advierte que la Resolución demandada fue notificada personalmente al actor el martes 13 de agosto de 2013, por lo cual tendría hasta el lunes 16 de diciembre de ese año para incoar la demanda respectiva. Sin embargo, la presente demanda fue presentada el 6 de febrero de 2015, es decir por fuera del término de caducidad antes señalado. De otro lado se observa que, tal como lo expuso el a quo, el actor no agotó el requisito de la conciliación prejudicial contemplado en el artículo 161 numeral 1º del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. [...] En este caso es claro que la conciliación era exigible pues se trata de un conflicto de carácter particular y contenido económico, en los términos del Decreto 1716 de 2009. Ahora bien, el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que en el transcurso de la audiencia inicial se debe dar por terminado el proceso cuando se encuentre acreditada una excepción o cuando se evidencie el incumplimiento de uno de los requisitos de procedibilidad. [...] De conformidad con lo anterior, resulta claro que la decisión del a quo fue acertada pues encontró probada de oficio la excepción de caducidad y advirtió el incumplimiento de uno de los requisitos de procedibilidad, motivo por el cual declaró la terminación del proceso de conformidad con la norma antes transcrita. Así las cosas, la Sala confirmará la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia”.
En suma, la conciliación como requisito de procedibilidad ante la jurisdicción contencioso administrativa solo es exigible de acuerdo con el artículo 28(13) de la Ley 1285 a partir del 22 de enero de 2009, fecha en que la misma fue promulgada(14).
Para el efecto, reitera la Sala que dicho requisito se entenderá cumplido de acuerdo con lo previsto en el artículo 35 de la Ley 640 de 2001, cuando se efectúe la audiencia sin que se logre el acuerdo o vencido el término de tres meses contados a partir de la presentación de la solicitud, la audiencia no se hubiere celebrado por cualquier causa. En este último evento, se podrá acudir directamente a la jurisdicción con la sola presentación de la solicitud de conciliación.
En el sub lite, se tiene que la sociedad Terminal de Gráneles Líquidos del Caribe S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del CCA, pretende que se declare la nulidad de las Resoluciones 2408 de 23 de diciembre de 2008 y 1423 de 24 de julio de 2009, expedidas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, a través de las cuales se declaró responsable a la actora de los cargos formulados mediante Resolución 1671 de 24 de septiembre de 2008, esto es, por los daños ambientales ocasionados por el derrame de aceite de palma al mar en la ensenada de Taganga y, en consecuencia, se le impuso sanción de multa por la suma de trescientos ochenta y siete millones seiscientos sesenta mil pesos ($ 387.660.000).
En este sentido, encuentra la Sala que le asiste razón al tribunal de instancia cuando consideró que la sociedad actora tenía la obligación de agotar el requisito de procedibilidad consistente en el agotamiento del trámite de la conciliación prejudicial, toda vez que, de una parte, se demandó en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y, de otra, de la lectura del acto acusado se advierte que el mismo posee contenido económico, en tanto que si se declara su nulidad se dejaría sin efectos la multa impuesta, la cual es susceptible de ser conciliada con la demandada.
Lo anterior cobra mayor fuerza si se tiene en cuenta que en el libelo inicial, acápite pretensiones, la actora solicitó a título de restablecimiento del derecho que “se exonere de la sanción o multa impuesta de parte del Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial a través de los actos acusados” (fl. 136, cdno. 1).
Sobre el particular, estima la Sala necesario recordar que es reiterada y uniforme la jurisprudencia de la Sección Primera, en el sentido de considerar que los actos administrativos sancionatorios en material ambiental deben agotar el trámite de la conciliación como requisito de procedibilidad para poder ser demandados ante la jurisdicción contenciosa administrativa, cuando los mismos tengan efectos de carácter patrimonial.
Al respecto, la Sala estima pertinente citar los siguientes pronunciamientos:
— Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 2 de junio de 2016(15):
“El 18 de junio de 2013, la ciudadana Norma Constanza Navarrete Castro, en nombre propio (...) presentó ante la Sección Primera del Consejo de Estado, demanda de nulidad contra la Resolución 2948 de 2011 (30 de diciembre), por la cual la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena declaró responsable a EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA, de los hechos constitutivos de infracción ambiental consistentes en generación de impactos ambientales negativos sobre los recursos suelo e hídrico, concebidos como el resultado del vertimiento de aguas residuales domésticas generado sobre áreas productivas que fueron preparadas y sembradas dentro del predio la manguita y sobre la quebrada Mampuesto y el Río Magdalena, con una multa correspondiente a la suma de trescientos millones trescientos ochenta y siete mil trescientos veinte pesos ($ 300.387.320,oo) M/CTE. (...)
Mediante auto de 6 de marzo de 2015, el Tribunal Administrativo del Huila avocó conocimiento del proceso, adecuó su trámite al del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y rechazó la demanda.
Señaló que a pesar de que la actora presentó la demanda en ejercicio del medio de control de nulidad simple, la misma debía interpretarse como de nulidad y restablecimiento del derecho, toda vez que la eventual declaratoria de nulidad del acto acusado generaría un restablecimiento automático en favor de EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA, consistente en dejar sin efectos la sanción impuesta con ocasión de la infracción de normas de protección ambiental.
Consideró que debía rechazarse la demanda por caducidad de la acción, puesto que la demanda fue presentada más de cuatro meses después de notificado el acto acusado.
Puso de presente que la Resolución 2948 de 2011 (30 de diciembre) fue notificada mediante edicto fijado del 8 de febrero al 21 de febrero del 2012, circunstancia por la que el término de caducidad de la acción corrió del 22 de febrero al 22 de junio de 2012, de lo que se desprende que la demanda fue presentada extemporáneamente el 22 de junio de 2013.
Indicó que también debía rechazarse la demanda por no agotarse el requisito de procedibilidad consistente en la conciliación prejudicial, toda vez que la actora no allegó la correspondiente constancia que acreditara el requisito. En ese sentido puso de presente que los efectos económicos del acto acusado son de naturaleza conciliable. (...)
Advierte la Sala que asiste razón al Tribunal cuando considera que la actora tenía la obligación de agotar el requisito de procedibilidad consistente en la conciliación prejudicial, toda vez que se desprende que posee contenido económico” (Negrillas y subrayado fuera de texto).
— Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 17 de septiembre de 2015(16):
“En esta oportunidad a efecto de resolver el recurso de apelación, la Sala de debe determinar si la demanda presentada por la parte actora se encontraba o no caducada. Para abordar el siguiente problema la Sala analizará: I) la exigencia de la conciliación prejudicial como requisito de la demanda; y II) el término oportuno para la presentación de la demanda.
Revisado el expediente se observa que lo pretendido con la demanda es la nulidad de los siguientes actos administrativos: I) del auto 00785 del 23 de 2014; II) la Resolución N° 01325 del 9 de mayo de 2014; y III) la Resolución N° 2008 del 13 de junio de 2014 proferidas por la Secretaría Distrital de Ambiente de la Alcaldía Mayor de Bogotá, mediante las cuales, respectivamente, se formuló pliego de cargos, resolvió un proceso sancionatorio ambiental y resolvió un recurso de reposición interpuesto por el señor Alejandro Ortiz Pardo contra la sanción sancionatoria ambiental impuesta.
En el presente caso, la suspensión finalizó el martes 11 de noviembre de 2014, día en que la Procuraduría 144 Judicial II para Asuntos Administrativos expidió constancia por medio de la cual se declaró fallida la audiencia de conciliación.
Visto lo anterior, la Sala concluye que después de la entrega de la constancia expedida por la Procuraduría, la parte actora tenía hasta el día sábado 3 de enero de 2015, para presentar la demanda ya que la suspensión se produjo precisamente faltando 53 días para que la acción caducara y en esa medida el término de caducidad se reanudaba el día siguiente de expedida el acta de conciliación prejudicial.
Teniendo en cuenta que entre el 20 de diciembre de 2014 y el 12 de enero estaba cerrado el tribunal por la vacancia judicial se tiene que la demanda podía ser interpuesta en tiempo el 13 de enero de 2015.
No obstante lo anterior, en el sello de recibido del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se advierte que la demanda fue presentada el viernes 27 de febrero de 2015, esto es, por fuera del término para hacerlo, motivo por el cual ya había operado el fenómeno jurídico de la caducidad” (Negrillas y subrayado fuera de texto).
— Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 21 de mayo de 2015(17).
La Sala de Decisión al analizar la pretensión de nulidad de la Resolución Nº 4384 de julio 14 de 2009. Por medio de la cual se resuelve un proceso sancionatorio, se impone una multa y se toman otras determinaciones, frente a la Secretaría Distrital de Ambiente, concluyó lo siguiente:
“Como la acción que procede en este caso es la contemplada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, y para la fecha de interposición de la demanda (11 de diciembre de 2009) ya se encontraban vigentes tanto la citada Ley 1285 como el Decreto 1716 del 14 de mayo de 2009 que la reglamentó, se colige que a la sociedad CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. le asistía el deber de acreditar tal requisito. Revisado el expediente se observa que la actora no allegó la constancia de la solicitud de conciliación prejudicial, lo que indica que no cumplió con el requisito de procedibilidad indicado para acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo” (Negrillas y subrayado fuera de texto).
— Consejo de Estado. Sección Primera. Auto de 2 de julio de 2015(18):
La Sala de Decisión de la Sección Primera señaló la procedencia de la conciliación en materia de actos administrativo sancionatorios al estudiar la legalidad del acuerdo conciliatorio celebrado entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB ESP y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, respecto de los efectos de la Resolución 0656 del 19 de abril de 2000, mediante la cual resolvió de fondo un trámite administrativo sancionatorio e impuso una multa a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, ESP, por valor de ciento treinta y seis mil trescientos treinta y dos millones quinientos veinte mil cuatrocientos cincuenta y un pesos ($ 136.332´520.451) moneda legal colombiana, equivalente a quinientos veinticuatro mil ciento cincuenta y cuatro (524.154) salarios mínimos.
Así pues y con base en las anteriores citas jurisprudenciales, la Sala pone de presente que las autoridades ambientales, en ejercicio del poder sancionatorio y ante la infracción de las normas sobre protección ambiental y aprovechamiento de recursos naturales renovables, tienen la facultad de imponer alguna de las sanciones previstas en el artículo 85 de la Ley 99 de 1993(19).
Adicionalmente, que en el caso de la imposición de la sanción de multa, los actos administrativos que la contengan puede ser objeto de conciliación ante la administración, por cuanto en dicho evento no se concilia su validez sino los efectos patrimoniales y la forma de pago de los mismos(20), contrario a lo señalado por el actor.
En este orden de ideas, la Sala considera que, como bien lo expuso el Tribunal de instancia, la parte actora no acreditó el agotamiento del trámite de conciliación como requisito de procedibilidad, razón por la cual debía declararse probada la excepción de ineptitud sustancial de la demanda. Por lo anterior, se confirmará la sentencia proferida por el a quo como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído.
1. CONFIRMAR el proveído apelado, esto es, la sentencia proferida el 19 de marzo de 2014 por el Tribunal Administrativo del Magdalena, por las razones expuestas en la parte motiva.
2. Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente a la Corporación Judicial antes referida.
Consejeros: Roberto Augusto Serrato Valdés, Presidente—María Elizabeth García González—Hernando Sánchez Sánchez».
1 El artículo 242 del CCA establece que el recurso de reposición procede en contra de los autos que no sean susceptibles de apelación o súplica, tal y como ocurre con el auto que admite la demanda.
2 El artículo 25 de la Ley 1285 de 2009 dispone que agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades dentro del proceso.
3 Entiéndase por excepciones previas aquellas cuya finalidad primordial es atacar el procedimiento y no la cuestión de fondo del litigio.
4 El artículo 97 del CPC señala que el demandado, en el proceso ordinario y en los demás en que expresamente se autorice, dentro del término de traslado de la demanda, podrá proponer las siguientes excepciones previas: (...) 7. Ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones.
5 CHIOVENDA, Giuseppe. Principios de derecho procesal civil. Traducción Española de la Tercera Edición Italiana. Editorial Reus. Madrid. 1925.
6 Corte Constitucional. Sentencia T-1274 de 6 de diciembre de 2005, M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil.
7 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Providencia del 30 de agosto de 2007, Rad. 2002-00493, C.P. Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
8 El motivo de la corrección reseñado se presentó en la parte considerativa del citado Decreto 131 de 2001, así: “Que en el artículo 37 de la Ley 640 de 2001 se incluyó una referencia al artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, la cual es errada toda vez que el legislador sólo aprobó referenciar los artículos 86 y 87 del mismo Código, tal como consta en el texto aprobado en segundo debate por la Cámara de Representantes y en el texto de la comisión accidental de conciliación, aprobado por las plenarias de las Cámaras, ambos el 12 de diciembre de 2000”. El artículo 2º del mismo, que dispuso tal corrección, fue encontrado ajustado a derecho en sentencia de 30 de enero de 2004, Exp.: 6914, en la cual se negaron las pretensiones de la demanda de nulidad que se formularon contra el mismo.
9 Ver entre otras las siguientes: Auto de 5 de octubre de 2016, Rad. 2013-00142, M.P. Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera; Sentencia de 16 de agosto de 2016, Rad. 2016-00607 (AC), M.P. Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera; Sentencia de 12 de mayo de 2016, Rad. 2014-0709, M.P. Dra. Marta Nubia Velásquez Rico. Auto de 18 de marzo de 2016, Rad. 2015-00992, M.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Auto de 29 de febrero de 2016, Rad. 2014-00254, M.P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve. Auto de 21 de enero de 2016, Rad. 2013-00337, M.P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve. Auto de 22 de octubre de 2015, Rad. 2012-00760, M.P. Dra. María Claudia Rojas Lasso. Auto de 23 de junio de 2016, Rad. 2015-00375, M.P. Dr. Guillermo Vargas Ayala. Sentencia de 8 de junio de 2016, Rad. 2016-00523, M.P. Dra. María Elizabeth García González, Sentencia de 112 de mayo de 2016, Rad. 2014-00709, M.P. Dra. Marta Nubia Velásquez Barrera.
10 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 31 de agosto de 2015, Rad. 2014-01513, M.P. Dr. Guillermo Vargas Ayala.
11 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 28 de enero de 2016, Rad. 2011-00820, M.P. Dra. María Elizabeth García González.
12 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 23 de junio de 2016, Rad. 2015-00375, M.P. Dr. Guillermo Vargas Ayala.
13 Artículo 28. “La presente Ley rige a partir de su promulgación”.
14 La promulgación de una ley se relaciona exclusivamente con la publicación o divulgación del contenido de la ley, tal como ésta fue aprobada por el Congreso de la República. La promulgación no es otra cosa que la publicación de la ley en el Diario Oficial, con el fin de poner en conocimiento de los destinatarios de la misma los mandatos que ella contiene.
15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 2 de junio de 2016, Rad. 2015-00018, M.P. Dra. María Claudia Rojas Lasso.
16 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 17 de septiembre de 2015, Rad. 2015-00491, M.P. Dr. Guillermo Vargas Ayala.
17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de mayo de 2015, Rad. 2010-00024, M.P. Dr. Guillermo Vargas Ayala.
18 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 2 de julio de 2015, Rad. 2001-001030, M.P. Dr. Marco Antonio Velilla Moreno.
19 ART. 85.—Tipos de sanciones. Subrogado por la Ley 1333 de 2009. El Ministerio del Medio Ambiente y las corporaciones autónomas regionales impondrán al infractor de las normas sobre protección ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables, mediante resolución motivada y según la gravedad de la infracción, los siguientes tipos de sanciones y medidas preventivas: 1) Sanciones: Multas diarias hasta por una suma equivalente a 300 salarios mínimos mensuales, liquidados al momento de dictarse la respectiva resolución; Suspensión del registro o de la licencia, la concesión, permiso o autorización; Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio respectivo y revocatoria o caducidad del permiso o concesión; Demolición de obra, a costa del infractor, cuando habiéndose adelantado sin permiso o licencia, y no habiendo sido suspendida, cause daño evidente al medio ambiente o a los recursos naturales renovables; Decomiso definitivo de individuos o especímenes de fauna o flora o de productos o implementos utilizados para cometer la infracción”.
20 Ver RODAS MONSALVE, Julio. Conciliación en materia ambiental. En Lecturas del derecho del medio ambiente Nº 2. Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 2002.