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Timestamp: 2017-11-24 13:03:57
Document Index: 267508625

Matched Legal Cases: ['artículo 69', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 421', 'artículo 421', 'artículo 271', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 10', 'ARTÍCULO 59', 'ARTÍCULO 60', 'ARTÍCULO 62', 'artículo 720', 'artículo 6', 'artículo 27', 'artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 4']

Home 2012 Septiembre 2012 Impuesto de Industria y Comercio Bogotá
A continuación los aspectos que consideramos más importantes de la Resolución expedida por la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá:
Información sobre compras de bienes y/o servicios
Las Entidades Públicas de nivel nacional y territorial del orden central y descentralizado, personas jurídicas, consorcios, uniones temporales, sociedades de hecho y personas naturales comerciantes; independientemente de ser o no contribuyentes del impuesto de industria y comercio en Bogotá, que en el año gravable 2011 hayan obtenido ingresos brutos iguales o superiores a cien millones de pesos ($100.000.000), deberán suministrar la siguiente información de cada uno de sus proveedores con los que realizaron venta de bienes y/o servicios en Bogotá, durante los años gravables 2011 y 2012, cuando el monto anual acumulado de los pagos o abonos en cuenta sea igual o superior a cinco millones de pesos ($5.000.000):
Valor acumulado anual de las compras de bienes o servicios, incluido el IVA
Para efectos de la información a suministrar, entiéndase como compra de bienes en la jurisdicción de Bogotá, los siguientes eventos:
La compra de bienes efectuada a personas naturales y/o jurídicas con o sin establecimiento de comercio en Bogotá, si el contrato de suministro u orden de pedido fueron firmados en Bogotá, o si el vendedor reportó como domicilio esta ciudad.
Para efectos de la información a reportar, no se entienden como compras en Bogotá las importaciones directas o indirectas realizadas por el reportante, salvo las realizadas en las zonas francas. Del mismo modo, se prevé que se deberá reportar toda compra que cumpla las condiciones señaladas, independientemente que se le haya practicado o no la retención sobre el impuesto de industria y comercio.
Por otra parte, para efectos de la información a reportar, se entenderá como compra de servicios, los prestados en la jurisdicción del Distrito Capital sin tener en cuenta su lugar de contratación.
Información sobre ingresos recibidos
Las personas jurídicas, consorcios, uniones temporales, sociedades de hecho y personas naturales comerciantes, que durante el año gravable 2011 hayan recibido ingresos brutos superiores a quinientos millones de pesos ($500.000.000); deberán suministrar la siguiente información de cada una de las personas o entidades de quienes recibieron ingresos o abonos en cuenta por un valor acumulado igual o superior a cuarenta millones de pesos ($40.000.000), por la venta de bienes y/o servicios en la jurisdicción del Distrito Capital en los años gravables 2011 y 2012.
Monto del pago incluido IVA
Información que deben reportar los agentes de retención
Los agentes de retención del impuesto de industria y comercio que hubieren practicado o asumido retenciones en la ciudad de Bogotá, por concepto de este impuesto durante los años gravables 2011 y 2012, deberán suministrar la siguiente información, en relación al sujeto de retención (a quien se le practicó la retención):
Código de departamento (codificación DANE) Base de retención
Monto retenido anualmente
El agente retenedor deberá reportar la totalidad de las retenciones practicadas, independientemente de su monto. Las retenciones por el sistema de tarjeta débito y crédito no se incluyen en este artículo.
Información que deben suministrar los sujetos de retención del ICA
Los sujetos de retención del impuesto de industria y comercio, contribuyentes del régimen común, a quienes les retuvieron a título de impuesto de industria y comercio durante los años gravables 2011 y 2012, deberán suministrar para cada vigencia, la siguiente información, en relación con el agente retenedor:
Monto del pago, incluido IVA
Monto que le retuvieron anualmente
Información sobre inversiones en carteras colectivas y otro tipo de fondos
Los administradores de carteras colectivas, fondos mutuos de inversión, fondos privados y demás fondos administrados por sociedades vigiladas por la Superintendencia Financiera, deberán informar los siguientes datos de sus inversionistas y/o participes, respecto de las inversiones constituidas en el Distrito Capital de Bogotá, relativos a los años gravables 2011 y 2012, siempre y cuando el valor sea superior a cinco millones de pesos ($5.000.000).
Rendimientos Causados
Monto de comisiones pagadas por inversionista
Información que deben suministrar los comisionistas de bolsa
Los comisionistas de bolsa deberán suministrar por los años gravables 2011 y 2012, la información de cada una de las personas naturales o jurídicas que efectuaron a través de ellos enajenaciones o adquisiciones de acciones emitidas por sociedades domiciliadas en Bogotá y demás papeles transados en bolsa, cuyo valor acumulado sea igual o superior a cinco millones de pesos ($5.000.000), con indicación del valor total acumulado de dichas operaciones.
País de residencia o domicilio
Valor de las adquisiciones
Valor de las enajenaciones
Total rendimientos del inversionista
Información que deben suministrar las sociedades fiduciarias
Las Sociedades Fiduciarias deberán remitir para los años gravables 2011 y 2012, la siguiente información de los negocios fiduciarios constituidos y/o vigentes desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de la respectiva vigencia, independiente del lugar de su constitución, con ingresos generados en la jurisdicción de Bogotá.
Clase de fideicomiso
Nit del patrimonio autónomo
Nombre del patrimonio autónomo
Ingresos brutos del fideicomiso en Bogotá
Ingresos brutos del fideicomiso fuera de Bogotá
Fecha de constitución del fideicomiso
Fecha de finalización del fideicomiso
Tipo documento fideicomitente
Número de Identificación de(l) (los)fideicomitente(s)
Nombre de (1) (los)fideicomitente(s)
Monto de los ingresos brutos de(l) (los)fideicomitente(s) en Bogotá
Monto de los ingresos brutos de(l) (los)fideicomitente(s) fuera de Bogotá
Dirección de notificación de(l) (los)fideicomitente(s)
Código de ciudad o municipio (codificación DANE)
Dirección de correo electrónico (Email) de (1) (los)fideicomitente(s) Teléfono de(l) (los) fideicomitente(s)
Tipo documento beneficiario(s)
Número de identificación de(l) (los) beneficiario(S)
Nombre(s) de(l) (los) beneficiario(s)
Monto de los ingresos brutos de(l) (los) beneficiario(s) en Bogotá
Monto de los ingresos brutos de(l) (los) beneficiario(s) fuera de Bogotá
Dirección de notificación de(l) (los) beneficiario(s)
Dirección de correo electrónico(Email) de(l) (los) beneficiario(s)
Teléfono de(l) (los) beneficiario(s)
Para los efectos de la información a suministrar, las sociedades fiduciarias con negocios fiduciarios que no generen ingresos en Bogotá, no están obligadas a reportar información, salvo que dentro del patrimonio autónomo existan bienes inmuebles ubicados en el Distrito Capital y/o vehículos automotores matriculados en Bogotá, caso en el cual solamente se hará envío de la información pertinente, respecto de los referidos inmuebles y/o vehículos automotores.
En los contratos de mandato o administración delegada, las personas o entidades que actuaron como mandatarios, deberán reportar la información inherente (compras de bienes o servicios, retenciones practicadas o soportadas, ingresos recibidos, etc.) a las actividades ejecutadas en desarrollo de cada uno de los contratos de mandato o administración delegada.
En ningún caso la información que deba ser reportada por el mandatario o contratista deberá ser informada por el mandante.
Información parcial y personas jurídicas extranjeras
Los sujetos obligados a reportar información, que cancelaron su registro mercantil o cesaron sus actividades durante el año gravable a reportar, deberán suministrar la información por la fracción o periodo de tiempo durante el cual realizaron actividades.
Por otra parte, los sujetos obligados a reportar información, en los cuales el reportado sea persona jurídica extrajera y que carezca de número de identificación tributaria, deberán diligenciar el campo de número de documento con el código 444444000.
Plazos para presentar la información
La información correspondiente a compras de bienes o servicios, ingresos recibidos, agentes de retención, retenciones por los sistemas de tarjetas de crédito o debito, sujetos retenidos, carteras colectivas y otros fondos, comisionistas de bolsa, así como sociedades fiduciarias, deberá reportarse así:
Información correspondiente a la vigencia 2011, entre el 22 de octubre del 2012 y hasta las fechas límites establecidas a continuación:
Ultimo dígito de identificación
Información correspondiente a la vigencia 2012, entre 04 de junio de 2013 y hasta las fechas límites establecidas a continuación:
Junio 07 de 2013
La información deberá presentarse únicamente a través de la página WEB de la Secretaría Distrital de Hacienda (www.haciendabogota.gov.co). Del mismo modo, la información se recibirá únicamente en los plazos establecidos.
Las personas y entidades obligadas a suministrar información, que no suministren la información requerida, dentro del plazo establecido para ello, o cuyo contenido presente errores, o no corresponda a lo solicitado, incurrirán en las sanciones establecidas en el artículo 69 del Decreto Distrital 807 de 1993, las cuales no podrán exceder de 15.000 UVT ($390.735.000, para el año 2012).
1.1 El Consejo de Estado considera que las bonificaciones que se paguen a empleados no son deducibles del impuesto sobre la renta en forma “automática”, se requiere en cada caso demostrar los requisitos de las expensas deducibles según el artículo 107 del Estatuto Tributario (Sentencia del 1 de marzo de 2012, radicación 17432)
En primer lugar, el Consejo de Estado realizó algunas consideraciones sobre la prueba de las expensas deducibles, según el artículo 107 del Estatuto Tributario. En este punto, se consideró que la prueba de los requisitos previstos en el artículo 107 del Estatuto Tributario, en particular respecto de la necesidad de la expensa, se debe encauzar a demostrar que hay empresas que realizan determinada actividad, como la que ejerce el contribuyente que invoca la deducción respectiva, y que incurren en las mismas expensas de manera forzosa. Del mismo modo, el Consejo de Estado consideró que lo forzoso puede devenir del cumplimiento de obligaciones legales, del cumplimiento de obligaciones empresariales, o de la costumbre mercantil, en éste último caso, como “hábito, modo habitual de obrar o proceder establecido por tradición o por la repetición de los mismos actos y que puede llegar a adquirir fuerza de precepto”, y que, en todo caso, debe probarse. Por tanto, la expensa será deducible si cumple el criterio de necesidad atendiendo a cualquiera de las circunstancias descritas.
Ahora, en el caso concreto el Consejo de Estado consideró que si bien es cierto que las bonificaciones a los trabajadores, por ser pagos laborales, son costos para la empresa para efectos contables, para efectos tributarios, sólo son deducibles los que tengan por finalidad remunerar de alguna forma el trabajo, esto es, los que constituyan salario. En este punto, en criterio del Consejo de Estado no basta que la parte actora suponga que las bonificaciones que se concedieron en el caso concreto, incrementaron, per se, la productividad, para alegar la relación de causalidad. Es necesario que se pruebe la incidencia que tuvo la bonificación en la actividad productiva de la empresa. Como la parte actora no lo hizo, el Consejo de Estado no acepto la deducción por bonificaciones en el caso analizado.
2. Impuesto sobre las ventas (IVA)
2.1 El Consejo de Estado consideró que sobre los gastos pagados en especie no debe generarse el impuesto sobre las ventas (IVA), por no verificarse el hecho generador del impuesto previsto para el retiro de bienes del inventario del responsable del impuesto (Sentencia del 17 de mayo de 2012, radicación 17996)
En el caso analizado por el Consejo de Estado, la demandante solicitó en su declaración del segundo bimestre del año 2005, IVA descontable por valor de $145.837.079, por corresponder a un gasto de promoción consistente en la entrega de premios e incentivos a las directoras y consultoras. La Administración en la Liquidación Oficial de Revisión le adiciona este mismo valor como IVA generado a la tarifa del 16%, al considerar que dichos premios o incentivos registrados como gastos del ejercicio, por el solo hecho de la entrega a las promotoras de ventas, encuadra en uno de los supuestos de los que el artículo 421 del Estatuto Tributario presume la existencia de una venta, esto es, la transferencia a título gratuito de bienes corporales muebles.
Ahora bien, el Consejo de Estado señala que es un hecho no discutido por las partes, y que se reafirma en el dictamen pericial practicado dentro del proceso, que la actora adquiere los premios de terceros y que no hacen parte de su inventario, sino que se orientan a desarrollar programas de incentivos o premios para una red de distribuidores.
Por consiguiente, la Sala advierte que dentro de la actividad productora de renta de la demandante, la entrega de incentivos o premios a sus promotoras de ventas como parte de su política de incentivos, constituye un mecanismo que le permite incrementar sus ingresos, en la medida en que la comercialización de sus productos depende exclusivamente de las compras que realicen las “consultoras” y “directoras”, porque por su forma de operación en el mercado, no cuenta con puntos de venta abiertos al público como lo hacen otros productores de bienes. En consecuencia, los incentivos y premios que entrega YANBAL representan estímulos que de manera indirecta contribuyen a desarrollar su objeto social y tienen un efecto en la productividad de la empresa.
En esas condiciones, la el observa que cuando YANBAL adquiere los premios y los entrega como incentivos a las consultoras que cumplieron con las metas de compras, esto en su conjunto corresponde a un gasto dentro de su actividad productora de renta, porque los gastos son precisamente “flujos de salida de recursos, que no tienen una relación directa con la adquisición de bienes o prestación de servicios de los cuales la empresa obtiene sus ingresos. Están relacionados con los incurridos en actividades de administración, comercialización, investigación y financiación”.
El Consejo de Estado entiende que la DIAN parte de un supuesto equivocado al confundir en este caso un gasto, con una transferencia de bienes corporales muebles a título gratuito, para así encuadrarlo dentro del literal a) del artículo 421 Estatuto Tributario, que establece una de las presunciones de venta desde el punto de vista fiscal en el impuesto sobre las ventas. Así las cosas, el Consejo de Estado advierte que los hechos que se consideran venta en el ordenamiento tributario son taxativos y de los previstos en la norma mencionada, no puede concluirse que la entrega física de los premios previstos dentro de una política de incentivos dentro de la actividad de una empresa pueda considerarse como una venta.
Así pues, analizado el papel que juegan dentro de la actividad de la actora los incentivos y premios, el Consejo de Estado concluye que la entrega no puede ser vista sino como el gasto en que incurre YANBAL con el objeto de contribuir a incrementar sus ventas. Así las cosas, el Consejo de Estado reitera que en este caso no puede aislarse lo que el gasto representa en su conjunto, para ver en él un hecho generador del IVA, como erróneamente interpreta la Administración Tributaria.
1.1 La DIAN considera que el principio de “transparencia fiscal” predicable de los contratos de fiducia mercantil, no resulta aplicable para efectos de deducir pérdidas fiscales de los patrimonios autónomos en materia de impuesto sobre la renta, ni para efectos de disminuir la base gravable del impuesto al patrimonio, ni para depurar la base de calculo de la renta presuntiva (Concepto 48995 de 2012)
La Administración Tributaria señala que el régimen tributario colombiano contempla la aplicación del principio de transparencia fiscal en los contratos de fiducia mercantil, en relación con las utilidades que se generen en virtud de dichos contratos en cabeza del constituyente o de un tercero beneficiario. Así mismo, el artículo 271-1 del Estatuto Tributario consagra las reglas para la determinación del valor patrimonial de los derechos fiduciarios, señalando que éstos deben ser declarados por quien tenga la explotación económica de los respectivos bienes.
Así las cosas, la DIAN señala que estas disposiciones desarrollan parcialmente el principio de transparencia en el sentido de que, en el contexto de la realización de los ingresos, obligan al beneficiario en los contratos de fiducia a declarar las utilidades que se causen a favor del patrimonio autónomo, conservando el carácter de gravables o no gravables y el mismo concepto y condiciones tributarias que tendrían si las hubiere percibido directamente. Patrimonialmente, obligan a declarar el valor de los derechos fiduciarios de acuerdo con su participación en el patrimonio líquido del fideicomiso.
En este punto, para la DIAN es claro que la titularidad de derechos fiduciarios poseídos en razón de la transferencia de la propiedad de acciones en sociedades nacionales en virtud de la suscripción de un contrato de fiducia mercantil, corresponde a un activo distinto a acciones en tanto la propiedad de las acciones está en cabeza de la fiduciaria, porque salen de patrimonio del fideicomitente para formar parte del patrimonio autónomo tal como lo señala la Superintendencia Financiera de Colombia en el Oficio 2012039176-001 del 17 de julio de 2012.
Por tanto, en lo que se refiere a la determinación de la base para el cálculo de la renta presuntiva y para el impuesto al patrimonio, la DIAN entiende que no existe ninguna disposición que de manera expresa contemple la posibilidad de detraer el valor patrimonial neto de los derechos fiduciarios correspondientes a acciones o aportes en sociedades nacionales, como tampoco existe disposición que avale el reconocimiento, para efectos del impuesto sobre la renta, de las pérdidas derivadas del contrato de fiducia.
En conclusión, la DIAN señala que es posición reiterada de la doctrina y la jurisprudencia que las detracciones como factor de depuración, en tanto minoran las bases gravables resultando un menor impuesto a cargo, son de aplicación restrictiva, es decir, que se limitan a los que taxativamente contempla la ley, sin que sea dable al intérprete o al operador de las normas tributarias, inferir tratamientos que desbordan lo previsto en las normas que regulan la materia impositiva, como es el caso del contrato de fiducia mercantil, para el cual el legislador, en todo caso, previo de manera expresa los efectos en materia fiscal.
1.2 La Administración Tributaria considera que la disposición de utilidades susceptibles de ser destinadas a reservas patrimoniales en cabeza de una sociedad, no puede ser tenida en cuenta a la luz del Convenio para evitar la Doble Imposición vigente entre Colombia y España (Concepto 48993 de 2012)
La DIAN entiende que según el artículo 10 y el protocolo al mismo del Convenio entre el Reino de España y la República de Colombia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, los dividendos o utilidades repartidos a un residente en España que procedan de utilidades exentas del impuesto sobre la renta en cabeza de la sociedad, quedarán sometidos a una tarifa del 0% si tales dividendos o participaciones se reinvierten en la misma actividad productora en Colombia durante un término no inferior a tres años. Una vez cumplidos los requisitos establecidos por el numeral 2 del protocolo al artículo 10 del Convenio, tales dividendos o participaciones se benefician con la reducción de la tarifa al 0%.
Ahora, con respecto la consulta formulada a la Administración, relativa a la posibilidad de que la asamblea de accionistas pueda decidir qué parte de las utilidades pueden mantenerse en el patrimonio de la sociedad en una reserva patrimonial, debe indicarse que en el caso presente, conforme con las disposiciones del artículo 10 y el Protocolo del Convenio, el concepto objeto de regulación corresponde a utilidades repartidas a título de dividendos o participaciones. En consecuencia, la DIAN entiende que la disposición de utilidades susceptibles de ser destinadas a reservas patrimoniales no puede ser tenida en cuenta a la luz del Convenio, pues al tratarse de utilidades de ejercicios anteriores no repartidas, resulta improcedente calificarlas de dividendo o participación mientras no hayan sido decretadas como tal por el máximo órgano social.
En consecuencia, en criterio de la Administración, una vez decretados los dividendos por la Asamblea, tales dividendos o participaciones quedan a disposición de los socios al ser abonados en cuenta a su favor y, si así se decide, podrán los socios acogerse a lo dispuesto en el Convenio con el fin de beneficiarse de las tarifas reducidas allí contenidas, en los términos atrás expuestos.
1.3 La DIAN considera que el término para interponer el recurso de reconsideración contra los actos de la Administración, se debe contar a partir del día de la notificación de la liquidación oficial, la resolución que imponga una sanción u ordene el reintegro de las sumas devueltas, o la fecha de notificación del acto respectivo, y finaliza a los 2 meses siguientes según el calendario (Concepto 30810 de 2012)
Se le consulta a la Administración, a partir de qué fecha se debe empezar a contar el término para interponer el recurso de reconsideración, para el correcto agotamiento de la vía gubernativa, en las actuaciones que se surten ante la DIAN.
En este punto, la DIAN considera que ni el Estatuto Tributario ni el Código Contencioso Administrativo consagran normas específicas sobre la forma de contabilizar los términos, de manera que resulta necesario remitirse para el efecto a la regulación contenida en las disposiciones del Código de Régimen Político y Municipal, que a continuación se enuncian:
“ARTÍCULO 59. Todos los plazos de días, meses o años, del que se haga mención legal, se entenderá que terminan a la medianoche del último día del plazo. Por año y por mes se entienden los del calendario común...".
"ARTÍCULO 60. Cuando se dice que un acto debe ejecutarse en o dentro de cierto plazo, se entenderá que vale si se ejecuta antes de la media noche en que termina el último día del plazo. Cuando se exige que haya transcurrido un espacio de tiempo para que nazcan o expiren ciertos derechos, se entenderá que estos derechos nacen o expiran a la medianoche del día en que termine el respectivo espacio de tiempo...".
"ARTÍCULO 62. En los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan según el calendario; pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil.”
De acuerdo con las normas atrás transcritas, la DIAN entiende que los términos de meses o años corren de fecha a fecha, es decir, el número del mes o del año en el que comienza debe coincidir con el mismo número del mes o el año en el que termina.
Así las cosas, la Administración considera que el término previsto en el artículo 720 del Estatuto Tributario para interponer el recurso de reconsideración se debe contar a partir del día de la notificación de la liquidación oficial, la resolución que imponga una sanción u ordene el reintegro de sumas devueltas, o la fecha de notificación de los demás actos producidos en relación con los impuestos administrados por la DIAN, y finaliza a los dos (2) meses siguientes según el calendario.
1.3 La DIAN considera que si un contribuyente no cumple con los requisitos sustanciales y formales para tener derecho a los beneficios tributarios de que trata la Ley 1429 de 2010 en un año gravable, (Concepto 48990 de 2012)
Se le realiza la siguiente consulta a la DIAN: a) Si los contribuyentes denominados como nuevas pequeñas empresas o pequeñas empresas preexistentes, presentan los documentos exigidos en los numerales 1 y 2 del artículo 6 del Decreto 4910 de 2011 con posterioridad a las fechas allí señaladas, ¿Podrían ser beneficiarios de la progresividad en el pago del impuesto sobre la renta y complementarios, de que trata la Ley 1429 de 2010 por los años siguientes al primero?
En primer lugar, la Administración señala que en virtud del principio de interpretación consagrado en el artículo 27 del Código Civil, cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. De la anterior disposición se puede establecer que para efectos de control y para acceder al beneficio de que trata el artículo 4 de la Ley 1429 de 2010, es requisito de las nuevas pequeñas empresas o de las pequeñas empresas preexistentes presentar ante la División de Gestión de Fiscalización, o la dependencia que haga sus veces, de la Dirección Seccional de Impuestos Nacionales o de Impuestos y Aduanas Nacionales a la que corresponda de acuerdo con su domicilio fiscal, los documentos señalados en el artículo 6 del Decreto 4910 de 2011, y dentro de las fechas indicadas el mismo precepto, según se trate de nuevas pequeñas empresas o pequeñas empresas preexistentes.
Así las cosas, la DIAN entiende que de no presentarse los documentos exigidos en el artículo 6 del Decreto 4910 de 2011, o de presentarse de manera extemporánea, las nuevas pequeñas empresas o las pequeñas empresas preexistentes no podrán acceder a los beneficios señalados en el artículo 4 de la Ley 1429 de 2010 (progresividad en materia del impuesto sobre la renta y complementarios) por el primer año, ni por los años subsiguientes.