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Timestamp: 2018-03-18 21:52:13
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1 Los dominios originario e indígena
2 Mauricio Pinto Los dominios originario e indígena Su reconstrucción histórico-dogmática en el régimen jurídico argentino
3 Pinto, Mauricio Esteban Los dominios originario e indígena : su reconstrucción histórico-dogmática en el régimen jurídico argentino. - 1a ed. - Mendoza : Universidad del Aconcagua, p. ; 21x16 cm. ISBN Pueblos Originarios. 2. Derecho Indígena. I. Título. CDD 323 Diagramación y diseño de tapa: Arq. Gustavo Cadile. La ilustración que ilustra la portada se basa en la imagen titulada Viceroyalty of La Plata. (Boston: Published by Thomas & Andrews. 1812), y pertenece a David Rumsey Historical Map Collection. Copyright by Editorial de la Universidad del Aconcagua Catamarca 147 (M5500CKC) Mendoza Teléfono (0261) Correo electrónico: Queda hecho el depósito que marca la ley Impreso en Argentina Primera Edición: Abril de 2011 ISBN: Reservados todos los derechos. No está permitido reproducir, almacenar en sistemas de recuperación de la información ni transmitir ninguna parte de esta publicación, cualquiera sea el medio empleado electrónico, mecánico, fotocopia, grabación, etc., sin el permiso previo de los titulares de los derechos de propiedad intelectual.
4 INDICE Abreviaturas utilizadas... 9 Prólogo Capítulo I Introducción El abordaje que se procura realizar Una aclaración terminológica Capítulo II El dominio originario antes de la Constitución Nacional de El dominio originario durante la colonización española A) El dominio originario en el derecho constitucional americano B) El título originario de la Corona de Castilla sobre los bienes en América C) El dominio derivado y otros derechos sobre el dominio originario durante la colonización española a) El reparto de tierras b) El uso de las aguas c) El derecho sobre los minerales El uti possidetis iuris y el dominio originario de los Estados provinciales argentinos, como sucesores de la Corona
5 MAURICIO PINTO A) La sucesión estadual de 1810/1816 de la Corona en las provincias B) El dominio originario de los ríos navegables: un caso concreto de debate El dominio derivado en el derecho patrio A) La propiedad y los arts. 14 y 17 CN B) La facultad de reglar la materia minera y civil y los dominios derivados a) El dominio en el Código Civil b) El dominio en el Código Minero c) El dominio provincial, los Códigos de Fondo y las legislaciones provinciales d) El dominio público parcial del río Limay, un caso de dominio derivado nacional Capítulo III El dominio indígena antes de la Constitución Nacional de El contenido del dominio indígena precolombino El dominio indígena y su subsistencia en la colonización La violación y pérdida del dominio indígena La situación de las tierras indígenas a partir de la Constitución de La evolución de la propiedad indígena colectiva antes de Capítulo IV Situación actual: la Constitución Nacional de 1994 y el nuevo régimen dominial La reforma constitucional y las clásicas propiedades individuales El dominio originario en la Constitución de 1994: su abordaje desde los recursos naturales (art. 124 in fine CN) A) La génesis del texto constitucional de B) Naturaleza del dominio originario previsto en la Constitución de a) El dominio originario como propiedad distinguible del dominio eminente como función b) La discusión sobre naturaleza propietaria del dominio originario
6 C) Contenido del dominio originario previsto en la Constitución de La propiedad o dominio indígena (art. 75 inc. 17 CN) A) La incorporación del dominio indígena al texto constitucional de B) Contenido del dominio indígena en el régimen constitucional vigente C) Caracteres del dominio indígena en el régimen constitucional vigente D) Percepción jurisprudencial del dominio indígena a) Caso Paismán b) Caso Comunidad aborigen de Quera y Aguas Calientes - Pueblo Cochinoca c) Caso Comunidades Aborígenes Lhanka Honhat d) Caso Comunidad Indígena del Pueblo Wichi Hoktek T Oi e) Caso Sede, Alfredo y Otros c/ Vila, Herminia y otro s/ Desalojo" f) Caso Comunidad Mapuche Huayquillan g) Caso Andrada de Quispe Rosalía Ladiez y ots h) Caso Comunidades Indígenas La Bendición y El Arenal i) Caso Fermín j) Caso Eben Ezer k) Caso Comunidad Huarpe Milcallac l) La Corte Interamericana de Derechos Humanos y el dominio indígena Capítulo V Coordinación entre el dominio originario, derivado y la propiedad indígena El dominio originario sobre los recursos naturales y el dominio derivado como dominio público, civil y minero en Argentina La propiedad indígena y su coexistencia con el dominio originario y derivado Índice bibliográfico Índice Jurisprudencial
7 Abreviaturas utilizadas Art.:. Artículo Arts.:. Artículos B.O.:. Boletín Oficial CC:. Código Civil CM:. Código de Minería CN:. Constitución Nacional Dir.:. Director Ed.:. Editorial ed.:. edición inc.:. inciso nº:. número ob cit:. Obra citada OIT:. Organización Internacional del Trabajo p.:. Página ps.:. Páginas ss.:. Siguientes Tº:. Tomo Vol.:. Volumen 9
8 Prólogo Tierra, Territorio y Recursos naturales se han convertido en temas prioritarios de la agenda pública de todos los países latinoamericanos, Argentina no es la excepción. El valor económico de las tierras, el incremento del accionar de las empresas trasnacionales en la búsqueda de recursos naturales para explotar, la ampliación del horizonte sojero que reclama nuevas tierras, han instalado la necesidad de afinar marcos regulatorios ya existentes para dirimir potenciales e inevitables- conflictos alrededor de dichas tierras y territorios, y consecuentemente alrededor de la propiedad de bosques, minerales, hidrocarburos, agua, etc. Este trabajo realiza distinciones relevantes para entender el contexto en el que estos debates, diferencias y disputas se han desarrollado, desde una mirada que aúna el análisis histórico con el análisis dogmático clásico que realizan los juristas, para intentar compatibilizar instituciones que tensionan, friccionan y no terminan de resolver acabadamente la superposición de intereses y titulares alrededor de la propiedad. Más allá de las diferencias que subsisten alrededor de las lecturas históricas, la preservación de la propiedad indígena, las descripciones fácticas que muchas veces no tienen nada que ver con las leyes existentes, Mauricio Pinto lleva adelante una reconstrucción indispensable 11
9 MAURICIO PINTO para entender los procesos a los que fueron sometidos los diferentes dominios cualquier sea la interpretación que se les adjudique- para que a modo de punto de partida podamos dotar de un contenido más completo a la reformada y ya necesitada de algunos otros cambios- Constitución de Este ensayo bucea en los orígenes de la propiedad, posesión, dominio en tiempos precolombinos, y rastrea su evolución en épocas de la colonia y posteriormente, y a partir de la conformación del Estado tal como hoy lo conocemos, cómo las instituciones fueron heredadas del derecho indiano y reformuladas en un nuevo derecho, que tradujo algunos de sus principales postulados hasta la incorporación de algunas formulaciones novedosas en 1994, que han sido objeto de numerosas y disímiles interpretaciones. Tal como lo demuestra el autor, las decisiones judiciales en el tema de la propiedad indígena y alrededor de las interpretaciones del artículo 75 inc. 17- han sido oscilantes y los fundamentos de las sentencias divergentes, y no siempre invocando la característica colectiva de la propiedad indígena. Lamentablemente, la ratificación del Convenio 169 de la OIT y la suscripción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas no son razones suficientes para todos los jueces y juristas de tomarse en serio la propiedad indígena. Por otra parte, subsiste una tensión notable y preocupante que Mauricio Pinto ha identificado y al que le dedica un apartado- entre la propiedad indígena y el dominio originario sobre los recursos naturales. Sería deseable una profundización del tema a la luz de los nuevos instrumentos jurídicos internacionales, de las interpretaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y de las nuevas discusiones suscitadas en países latinoamericanos como Ecuador y Bolivia, que a través 12
10 de sus nuevas Constituciones aportan un nuevo contexto jurídico a este complejo escenario. En Argentina, actualmente encontramos realidades que confrontan con el material normativo vigente. Los debates que se suscitan alrededor de estos temas ahondan las diferencias de los distintos sectores, por lo que la tala de bosques, la mega-minería, la preservación de los glaciares, la siembra indiscriminada de soja a lo que recursos naturales se refiere-, los temas medioambientales, el dominio público de las aguas y ríos navegables, la propiedad indígena que a pesar de la disposición constitucional es debatida y desconocida por muchos operadores judiciales, componen un abanico de problemas que requiere de algo más que una norma jurídica para su solución. Nuestra organización federal de gobierno, tal como lo señala claramente el autor, genera un solapamiento aparente de los dominios, y discusiones que parecerían saldadas con el nacimiento mismo del Estado argentino, al preservar las provincias expresamente las facultades no delegadas a la Nación, sin embargo siguen arrastrándose a pesar de que puntualmente frente a los recursos naturales, su situación es transparentada en el art. 124 de la CN al reconocer el dominio originario de los recursos naturales a las provincias. No obstante, es indudable que son también las provincias las que desconocen la propiedad indígena, y son las provincias las que muchas veces y en uso de su dominio originario- conceden licitaciones que atentan contra el medio ambiente y por ende contra la ciudadanía. Hasta el presente carecemos de legislación y jurisprudencia que pueda asegurar la preservación de todos estos derechos. 13
11 MAURICIO PINTO En relación a los Pueblos originarios, la Ley ha intentado bajar a tierra la norma constitucional, ordenando el relevamiento técnico jurídico catastral para superar los conflictos por tierras que resurgen en toda la República Argentina. Sin embargo, esta Ley promulgada en 2006 tuvo que ser prorrogada hasta 2013, porque la demarcación territorial en gran parte de los casos no se había iniciado y porque en definitiva se carecía y se carecede la voluntad política necesaria para determinar con claridad cuáles son los territorios indígenas. Resumiendo: trabajos como el que se propone en este caso al lector son imprescindibles para desmembrar la compleja trama de intereses alrededor de las tierras y los bienes naturales. Asimismo, discernir también lo que es materia exclusivamente provincial, lo que corresponde a la Nación, cuáles son las tierras y recursos que pertenecen a los Pueblos originarios y cómo pueden dirimirse los eventuales conflictos. En definitiva, en una historia de despojos a los Pueblos originarios y en la situación actual de disputa permanente alrededor de los recursos naturales, debemos volver a pensar cuáles son los orígenes de lo que hoy se disputa, cómo deben entenderse ciertas instituciones jurídicas y cómo deconstruir y volver a construir relaciones jurídicas que deben contemplar las relaciones históricas, políticas y las dificultades que generan los intereses económicos que atraviesan toda la polémica. Este trabajo avanza en ese sentido. Silvina Ramírez 1 1 Abogada. Directora de Investigaciones del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Profesora de Derecho Constitucional y de Derecho de los Pueblos Originarios en la Facultad de Derecho de la UBA. 14
12 Capítulo I Introducción El abordaje que se procura realizar El presente trabajo procurará considerar el contenido de los dominios originario e indígena, incorporados en forma expresa a partir de 1994 en el texto constitucional argentino. A tal efecto, se practicará un análisis de la génesis de ambas instituciones y su evolución hasta el derecho constitucional vigente. La problemática que se pretende dilucidar con este análisis, no es otra que la delimitación del contenido de tales configuraciones normativas, en el concepto de que, aunque novedosas en el derecho constitucional positivo, tal contenido no definido por la norma constitucional- es determinado por su configuración normativa histórica. Ello nos exigirá, desde el postulado que adelantamos en el párrafo anterior, analizar la cuna de tales institutos, e incluso su desarrollo en 15
13 MAURICIO PINTO el contexto de otras instituciones propietarias que se presentan en el régimen argentino 2. En este sentido, la Constitución argentina de y sus posteriores reformas hasta no regularon expresamente instituciones dominiales, con la salvedad de la liberal garantía a la propiedad que enuncian los arts. 14 y 17 de la misma 4. Además de la garantía señalada, la Carta establece en el Congreso de la Nación una competencia regulatoria en materia civil al 2 Las instituciones jurídicas que en el régimen argentino acuden a la noción de propiedad o dominio son diversas y distinguibles: dominio originario (art. 124 CN y art. 10 CM), dominio público (arts y 2340 CC y normas provinciales), dominio civil (arts CC), dominio minero (Título I CM), y propiedad indígena (art. 75 inc. 17 CN). 3 La Constitución Nacional de Argentina (en adelante CN) fue sancionada en 1853, y reformada en 1860, 1866, 1898, 1957 y En las siguientes citas se transcribirán los textos constitucionales referenciando el año al que corresponden. 4 Art. 14 CN 1853: Todos los habitantes de la Confederación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber: de trabajar y ejercer toda industria licita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender. Este artículo, continúa en las posteriores Constituciones, aunque el término Confederación fue sustituido por Nación. Art. 17 CN 1853 y posteriores: La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Sólo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4. Ningún servicio personal es exigible, sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley. Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento por el término que le acuerde la ley. La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino. Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones, ni exigir auxilios de ninguna especie. 16
14 autorizarlo a dictar los llamados códigos de fondo 5, reservando en las provincias las facultades no delegadas de dictar regulaciones procesales y administrativas 6. No existe norma expresa alguna en el texto constitucional nacional en relación al dominio público. La reforma constitucional de 1994, que incorporó distintas alteraciones al texto constitucional vigente a ese momento, aborda desde novedosas ópticas la materia dominial. En concreto, sin modificar el régimen ya descripto, se refiere expresamente al dominio originario que sobre los recursos naturales corresponde a las provincias (art. 124 CN 7 ), y se regula indirectamente al establecer dentro de las competencia del Congreso el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural indígena, y la posesión y 5 Art. 64 inc 11 CN 1853 (art. 67 inc. 11 CN 1860): Corresponde al Congreso: Dictar los códigos civil, comercial, penal, y de minería, y especialmente leyes para toda la Confederación, sobre ciudadanía y naturalización, sobre bancarrotas, sobre falsificación de la moneda corriente y documentos públicos del Estado, y las que requiera el establecimiento del juicio por jurados ; a partir de 1957 el texto de este artículo hoy vigente como art. 75 inc. 12 de la CN incorporará también al Código del Trabajo y Seguridad Social. 6 Art. 101 CN 1853: Las Provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno federal ; Art. 104 CN 1860 y posteriores (Art 121 CN 1994): Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación. 7 Art. 124 CN 1994: Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico - social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación y no afecten las facultades delegadas al Gobierno Federal o el crédito público de la Nación; con conocimiento del Congreso Nacional. La ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen que se establezca a tal efecto. Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio 17
15 MAURICIO PINTO propiedades de dichos pueblos- la existencia de una propiedad comunitaria indígena 8. Esta modificación, al menos en la formalidad del texto constitucional, importa aparentemente un desarrollo de instituciones innovadoras en cuanto al derecho positivo constitucional. Pero entendemos, sin embargo, que sustancialmente estos institutos no son verdaderamente novedosos en el derecho argentino. Afirmamos que el dominio originario y la propiedad indígena han estado presentes implícitamente en el régimen constitucional y su desarrollo legal como figuras jurídicas contrastables con las correspondientes a regímenes civiles, mineros, y con el dominio público. En ese sentido, el análisis que se procura realizar no puede desconocer que las propiedades previstas en los regímenes legales dictados en base a las tradicionales previsiones constitucionales como los Códigos Civil y Minero- no son comunitaria ni están extraídas del tráfico inmobiliario como esa propiedad que ha incorporado el art. 75 inc. 17 de la Constitución de 1994, ni ésta se corresponde en principios con un dominio titularizado por las entidades públicas y destinado al uso público que suele definirse como dominio público; tampoco ni el dominio privado ni el público 8 Art. 75 inc. 17 CN 1994: Corresponde al Congreso: Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afectan. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones. 18
16 pueden expresar el mismo contenido que el de un dominio que se cualificado como originario, y que bajo titularidad provincial pretende extenderse sobre todos los recursos naturales la generalidad de los cuales han sido establecidos normativamente bajo el dominio público o privado de distintos sujetos de derecho, muchos de ellos no estatales-. El dominio originario introducido en el texto constitucional de 1994 se presenta conforme desarrollaremos- con una naturaleza y un contenido distinto al de los dominios derivados que a partir de éste se conforman mediante los títulos que otorga el Estado. Y dentro de los dominios derivados, la propiedad indígena reconocida expresamente en el actual texto constitucional será un tipo de dominio que no puede reducirse a otras formas propietarias como la propiedad civil en el marco del derecho privado, o el dominio público en el derecho administrativo-. Esta diferencia que ab initio observamos entre el dominio originario, la propiedad indígena, y otros dominios derivados privado civil, minero, etc.- y público será el objeto del presente trabajo, procurándose en los capítulos siguientes clarificar la implicancia de las nuevas normas constitucionales sancionadas en Metodológicamente, luego de aclarar algún extremo terminológico, abordaremos en los capítulos siguientes las instituciones que corresponden al dominio originario y a la propiedad indígena. Primeramente en los antecedentes históricos de cada una de estas instituciones y su evolución en Argentina, para luego analizarlas a la luz del régimen constitucional vigente. Así, consideraremos inicialmente (capítulo II) la relación dominial que calificada como originaria - corresponde a los Estados provinciales sobre las cosas. Para ello, atenderemos como antecedente la 19
17 MAURICIO PINTO presencia del dominio originario como institución en el derecho comparado americano, para luego detenernos en el surgimiento del dominio estatal en el inicio de la época colonial, el otorgamiento de títulos derivados a partir de tal dominio originario, y la sucesión de los Estados provinciales en los dominios de la Corona al independizarse de ésta. Sobre este basamento conceptual, abordaremos el régimen de los dominios derivados que establece el derecho argentino y su relación con el llamado dominio originario. Posteriormente (capítulo III), abordaremos la llamada propiedad indígena en su configuración y desarrollo hasta 1994, es decir, el derecho de los pueblos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupaban, ya sea antes de la época colonial, al iniciarse el derecho patrio, y en el régimen constitucional anterior a Una vez analizadas ambas instituciones el dominio originario y el indígena- en su conformación jurídica e histórica, abordaremos el régimen constitucional que a partir de 1994 refiere a las mismas. En este análisis (capítulo IV), procuraremos observar el régimen positivo de dichos dominios y sus antecedentes, y el contenido y otros aspectos relevantes de los mismos. Finalmente (capítulo V), atenderemos las conclusiones que pueden extraerse del análisis anterior, observando la relación entre el dominio originario, la propiedad indígena y otros dominios derivados. 20
18 Una aclaración terminológica Para analizar la distinción y relación entre el dominio derivado (público, civil, minero, etc.) y el dominio originario, y entre éstos y el indígena, es necesario primeramente acordar el concepto que, en el marco jurídico argentino, corresponde a las ideas de propiedad y dominio, dándose así cierta unidad discursiva al desarrollo, a efectos de que resulte claro en los objetos que refiere. Esta aclaración terminológica, en cuanto en este trabajo -como en el derecho argentino- propiedad y dominio pueden utilizarse como sinónimos, pudiendo referir ambos conceptos en ciertas circunstancias a la misma noción En esta idea, este abordaje no puede perder de vista que el derecho de propiedad es una de las estructuras básicas del sistema jurídico argentino, reconocido y amparado en los artículos 14 y 17 de la Constitución Nacional, derecho que puede adoptar distintas modalidades y objetos de acuerdo a la necesidad instrumental que debe satisfacer el sistema jurídico. Como un primer aspecto a clarificar, y a pesar de la deficiente técnica legislativa que ello puede importar en el régimen positivo vigente, terminológicamente dominio y propiedad en ocasiones aparecen entremezclados, equiparándose uno con el otro, como verdaderos sinónimos. Posiblemente, ello ocurre en cuanto el derecho sobre las cosas que en el Código Civil argentino se regula como derecho real de dominio en el art es denominado en otros regímenes como propiedad, tal como 9 Art CC: El dominio es el derecho real en virtud del cual una cosa se encuentra sometida a la voluntad y acción de una persona 21
19 MAURICIO PINTO ocurre por ejemplo en la legislación francesa utilizada como fuente por el legislador argentino 10. Esta confusión terminológica es clara en el Código Civil argentino, dictado en 1869, donde para referirse al derecho sobre las cosas se utiliza indistintamente ambos vocablos (propiedad y dominio) y así, por ejemplo, la voz "dominio" está contemplada en los arts. 2506, 2507, 2508, 2510 (en este caso ambas voces) y 2524, y la palabra "propiedad" en los arts. 2509, 2511, 2512, 2513, 2515, 2516, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522 y Seguramente por ello SALVAT sostuvo que "En nuestra opinión la palabra dominio ha sido empleada por el codificador en el sentido de propiedad..." 11, y dentro de las acepciones jurídicas que se otorga a la voz propiedad se señala en el derecho argentino el contenido que el Código Civil otorga al dominio. 12 Algo similar ocurre con el Código Minero de 1886, el que denomina propietario al titular particular de las minas a las que considera bienes inmuebles-, y a éstas propiedad minera, distinguiéndolas de la propiedad común (arts. 2, 10, 11, 93, 138, 140, 144, 154, 161, entre otros). Al mismo tiempo el Título I de dicha norma se denomina De las minas y su 10 El codificador al anotar el artículo 2506 del entonces proyecto de Código Civil, refirió expresamente al artículo 544 CC francés. 11 SALVAT, Raymundo M. y ARGAÑARAZ, Manuel, Tratado de derecho civil argentino, Derechos Reales, Tº II, N 612, Ed. Tea, Buenos Aires, 1962, p OSSORIO, Manuel, voz propiedad, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Ed. Heliasta, Buenos Aires, 1992, p. 619, señala dentro del concepto de propiedad el contenido exacto con que el artículo 2506 del Código Civil argentino define al derecho real de dominio: Para el legislador civil argentino, que copia aquí a Aubry y Rau, la propiedad es el derecho real en virtud del cual una cosa se encuentra sometida a la acción y a la voluntad de una persona (el resaltado nos pertenece, e indica el texto que transcribe el concepto que el Código Civil da al dominio. 22
20 dominio, y su Capítulo II regula el Dominio de las minas, refiriendo la norma a la subsistencia de un dominio originario del Estado que concede tal propiedad (arts 10 y 219), y a minas cuyo dominio corresponde al dueño del suelo (art. 215). A su vez, para referirse al inmueble superficiario o al titular del derecho real de dominio sobre el mismo utiliza alternativamente la voz dominio, propiedad o propietario (arts. 25, 26, 27, 31, 32, 33, 41, 100, 101, 124, 171, 173, 201, 203, 153, 154, 155, 160, 164, entre otros). A pesar de ello, parte de la doctrina y jurisprudencia ha sido clara al distinguir que en realidad no toda propiedad es un derecho de dominio sobre las cosas. MOLINARIO 13 expresa así que "los términos propiedad y dominio no son sinónimos. Si no se incurre en impropiedad de lenguaje al utilizar como sinónimo de dominio el vocablo propiedad, porque todo dominio es propiedad, no sucede lo mismo si se pretende proceder a la inversa, ya que no toda propiedad es dominio, desde el momento que existen propiedades que versan sobre bienes, en la acepción restringida que a da al vocablo nuestro Código Civil, y no sobre cosas. Más aún: por propiedad debe entenderse todo derecho patrimonial subjetivo, de tal manera que los derechos creditorios, en su aspecto activo, constituye una propiedad para el acreedor". "Cuando nuestra Constitución Nacional reconoce expresamente el derecho de propiedad, en las disposiciones que alude a él, abarca todos los derechos susceptibles de apreciación pecuniaria que integran el patrimonio, sea de la persona de existencia visible o de la persona de existencia ideal". 13 MOLINARIO, Alberto, Derecho patrimonial y derecho real. Buenos Aires: La Ley, 1965, p
21 MAURICIO PINTO Estos conceptos, han sido sostenidos coincidentemente por la jurisprudencia del máximo tribunal nacional de manera constante hasta la actualidad 14 : El vocablo propiedad, empleado por la Constitución comprende todos los intereses apreciables que un ser humano puede poseer fuera de sí mismo, fuera de su vida y de su libertad. Todo derecho que tenga un valor reconocido como tal por la ley, sea que se origine en las relaciones privadas sea que nazca de actos administrativos, integra el concepto constitucional de propiedad a condición, de que su titular disponga de una acción contra cualquiera que intente interrumpirlo en el goce del mismo. Con ello, y a los efectos de no caer en confusiones conceptuales en el tema que se aborda, debemos apreciar que propiedad en el derecho argentino presenta un sentido equívoco en cuanto define dos conceptos, uno lato más acotado en su objeto- y otro preciso desde una perspectiva técnica con un objeto más extenso-. En sentido preciso, en forma apegada a las exigencias o precisiones terminológicas que exige la buena técnica legislativa y jurídica, hace referencia a la esfera jurídico-patrimonial de un sujeto, incluyendo aspectos que exceden al derecho real de dominio sobre las cosas 15 ; en sentido lato aunque muy presente en la normativa vigente- su 14 Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re Bourdie P.E. c. Municipalidad de Capital s/ Devolución de impuestos, fallo del 16/12/1925 (Fallos: ); in re Tejedurías Magallanes S.A c/ Administración Nacional de Aduanas, fallo del 19/09/1989, (Fallos 312:1656);in re Massa, Juan Agustín c/poder Ejecutivo Nacional - dto. 1570/01 y otro s/amparo ley , fallo del 27/12/2006 (Fallos 329:5913); in re Rinaldi, Francisco Augusto y otro c/guzmán Toledo, Ronal Constante y otra s/ejecución hipotecaria, fallo del 15/03/2007 (Fallos 330:855). 15 Corte Suprema de Justicia de la Nación, sentencia del 28/07/1924, publicada en Revista Jurisprudencia Argentina, T 13, p. 310, donde se consideró que El art. 17 de la Constitución Nacional ampara todo aquello que forma patrimonio, ya se trate de derechos reales o de derechos personales; a los efectos de la garantía constitucional, todo es propiedad. En sentido igual, fallos referidos en nota anterior. 24
Veinticinco de Mayo, 28 de enero de 2015 Ref.: Opinión escrita en los términos del artículo 73.3 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre la pregunta 6 de la solicitud de Opinión