Source: http://www.gobiernodecanarias.org/tributos/portal/jsf/publico/infoTributaria/doctrina/ver.jsp?identificadorConsulta=47243&jftfdi=&jffi=ver.jsp
Timestamp: 2020-01-18 16:47:06
Document Index: 277856780

Matched Legal Cases: ['artículo 25', 'artículo 24', 'artículo 25', 'artículo 40', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 6', 'artículo 25', 'artículo 23', 'artículo 25', 'artículo 25']

Consulta NO VINCULANTE n° 363
Fecha salida: 10/05/2000
Texto consulta: El consultante expone en esencia la siguiente situación: la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente debe entregar unas parcelas urbanizadas de 125.000 metros cuadrados (que aún no tienen delimitación física) a la entidad consultante en concepto de justiprecio de un procedimiento expropiatorio. Se consulta si la posterior venta o aportación societaria del derecho a recibir las parcelas puede tener la consideración de entrega exenta por el artículo 25 de la Ley 19/1994, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, siendo así que el adquirente del derecho sería una sociedad mercantil que cumple con los requisitos subjetivos, objetivos, temporales y documentales señalados en dicho precepto.
Respuesta: Visto el escrito presentado en la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio por -la entidad consultante- el día 19 de abril de 2000 (R.E. 130), en el que se formula consulta tributaria relativa al IGIC, esta Dirección General de Tributos, en uso de la atribución conferida en la Disposición Adicional Décima Tres de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias (en adelante, Ley 20/1991), en relación con el artículo 24.4.e), del Decreto 338/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio, emite la siguiente contestación:
PRIMERO. El consultante expone en esencia la siguiente situación: la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente debe entregar unas parcelas urbanizadas de 125.000 metros cuadrados (que aún no tienen delimitación física) a la entidad consultante en concepto de justiprecio de un procedimiento expropiatorio. Se consulta si la posterior venta o aportación societaria del derecho a recibir las parcelas puede tener la consideración de entrega exenta por el artículo 25 de la Ley 19/1994, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, siendo así que el adquirente del derecho sería una sociedad mercantil que cumple con los requisitos subjetivos, objetivos, temporales y documentales señalados en dicho precepto.
SEGUNDO. El núcleo esencial de la cuestión planteada consiste sencillamente en determinar si los derechos expropiatorios pueden tener en cuanto tales la condición de bienes de inversión conforme a la normativa del IGIC. El artículo 40.8 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias (al que remite el artículo 25 de la Ley 19/1994), define los bienes de inversión como aquellos bienes corporales, muebles, semovientes o inmuebles que, por su naturaleza y función, estén normalmente destinados a ser utilizados por un periodo de tiempo superior a un año como instrumentos de trabajo o medios de explotación. A la vista de este concepto, la naturaleza tangible de los bienes de inversión excluye la posibilidad de que puedan considerarse como tales los elementos patrimoniales que en el momento de su adquisición son derechos incorporales, por más que vayan a materializarse en un periodo de tiempo más o menos breve. Por añadidura, la exención del artículo 25 de la Ley 19/1994 se circunscribe, en el ámbito de las operaciones interiores del IGIC, a las entregas de tales bienes. El concepto de entrega está establecido en el artículo 6.1 de la Ley 20/1991, entendiéndose por tal la transmisión del poder de disposición sobre bienes corporales. En el supuesto planteado se produce una cesión de derechos, que tiene desde el punto de vista del IGIC la consideración de prestación de servicios (cfr. art. 7.1 de la Ley 20/1991). No debe extenderse a este supuesto por vía analógica la exención del artículo 25 por la prohibición expresa al respecto contenida en el artículo 23.3 de la Ley General Tributaria.
TERCERO. De acuerdo con lo expuesto, este Centro Directivo emite la siguiente contestación: Los derechos expropiatorios, dado su carácter inmaterial, no pueden ser considerados bienes de inversión desde el punto de vista del IGIC. Además, su cesión no tiene la condición de entrega de bienes, sino de prestación de servicios. Por todo ello, la cesión onerosa de tales derechos a una sociedad constituida o que haya ampliado capital hace menos de tres años, o bien su aportación a una sociedad con ocasión de una constitución o ampliación de capital, no pueden estar exentas del IGIC por el artículo 25 de la Ley 19/1994, y ello con independencia de que después de la transmisión de los derechos se produzca la realización de los mismos y la sociedad adquirente incorpore las parcelas recibidas a su actividad como tales bienes de inversión. Obviamente, si la materialización de los derechos expropiatorios se realizara antes de la venta o aportación societaria, la entrega de los bienes recibidos podría beneficiarse de la exención del artículo 25 si concurren los requisitos previstos en el mismo.