Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-14381-de-noviembre-21-de-1996?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920415c82f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-02-20 06:08:08
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Matched Legal Cases: ['artículo 178', 'artículo 177', 'artículo 128', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 15', 'artículo 6', 'artículo 356', 'artículo 2', 'artículo 27', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 17', 'artículo 18', 'artículo 178', 'artículo 178']

﻿ SENTENCIA 14381 DE NOVIEMBRE 21 DE 1996
SENTENCIA 14381 DE 21 DE NOVIEMBRE DE 1996
CONTENIDO:DERECHOS ADQUIRIDOSCOMPATIBILIDAD ENTRE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS EN LA ESFERA TERRITORIAL Y LAS PENSIONES U OTRAS REMUNERACIONES DE ESCALA NACIONAL. PRERROGATIVAS EXISTENTES, EJERCICIO DE LA DOCENCIA
TEMAS ESPECÍFICOS:PENSIÓN DE JUBILACIÓN, PROCESO ADMINISTRATIVO, FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:302 DE FEBRERO DE 1997, PÁG.153
Sentencia 14381 de noviembre 21 de 1996
PENSIONES ESPECIALES DE CARÁCTER TERRITORIAL
COMPATIBILIDAD CON PENSIONES NACIONALES
Ref.: Expediente 14381
Actor: Ligia Ávila de Colmenares
Santafé de Bogotá, D.C., noviembre veintiuno de mil novecientos noventa y seis.
Decide la Sala la consulta de la sentencia proferida el 19 de junio de 1996 por el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda formulada por Ligia Ávila de Colmenares contra las resoluciones 128 de febrero 17 de 1995 y 137 de marzo 31 de 1995, expedidas por el representante del Ministerio de Educación Nacional ante el fondo educativo regional del Tolima.
Estuvo enderezada a obtener la nulidad de las resoluciones 128 del 17 de febrero de 1995 y 137 del 31 de marzo de 1995, proferidas por el representante del Ministerio de Educación Nacional ante el fondo educativo regional del Tolima, por las cuales se niega el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación a la demandante.
Que como consecuencia de lo anterior se declare que la actora tiene derecho a que la Nación (Ministerio de Educación Nacional) le reconozca y pague, a través del fondo nacional de prestaciones sociales del magisterio.
Que por lo mismo se condene a la parte demandada a pagar a la demandante el valor de las mesadas pensionales causadas desde la fecha en que ésta accedió al status de pensionado, con los ajustes de valor de acuerdo al índice de precios al consumidor o al por mayor, conforme al artículo 178 del Código Contencioso Administrativo.
Que igualmente se condene a la demandada al reconocimiento y pago de los intereses comerciales y moratorios, si hubiere lugar a ello, con arreglo al artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.
1. Ligia Ávila de Colmenares, mediante solicitud radicada bajo el Nº 9505758 de fecha 03-02-95 solicitó el reconocimiento y pago de la pensión vitalicia de jubilación al fondo nacional de prestaciones sociales del magisterio, oficina de Ibagué, por haber cumplido los requisitos legales como docente para obtener tal prestación.
2. Por medio de la Resolución 128 del 17 de febrero de 1995 el representante del Ministerio de Educación Nacional ante el fondo educativo regional del Tolima en representación de la Nación-fondo nacional de prestaciones sociales del magisterio negó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación solicitada.
3. Mediante Resolución 137 del 31 de marzo de 1995 notificada personalmente el día 23 del mismo mes y año el representante del Ministerio de Educación Nacional ante el Fondo Educativo Regional del Tolima en representación de la Nación Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del magisterio negó la reposición presentada contra la resolución anunciada en el hecho anterior.
4. No han transcurrido cuatro (4) meses desde la ejecutoria de la resolución que agotó la vía gubernativa para reclamar la pensión de jubilación de mi mandante, por lo tanto estoy dentro del plazo legal para presentar esta demanda”.
Como disposiciones violadas se citan las siguientes: Constitución Política, artículos 1º, 2º, 4º, 5º, 13, 25, 48, 53, 58, 128 y 136.
El a quo accedió a las pretensiones de la demanda fundamentándose primeramente en lo ya expuesto por el Tribunal Administrativo del Tolima dentro del proceso 11854, M.P. Álvaro González Murcia, en sentencia del 30 de agosto de 1995. Al efecto transcribió:
“En los términos de esta norma, es indudable que la ley estaba facultando para otorgar una prestación de carácter especial porque iba destinada a unos funcionarios allí determinados como son los maestros o maestras de escuelas oficiales y además contemplaba un requisito excepcional como es el tiempo de servicio que no podía ser menor de quince años. En tanto que las demás pensiones de jubilación tenían destinatarios y requisitos generales” (fl. 60).
Más adelante continúa la cita textual así:
“Si se trata de una pensión especial ya reconocida mediante un acto administrativo y que por tanto se trata de un derecho particular y concreto consolidado, hay que tenerla como vigente así el fundamento legal haya desaparecido pues se está ante un derecho adquirido que, como se verá adelante, las mismas leyes laborales han protegido”. (fl. 61).
Seguidamente el tribunal transcribe otras consideraciones de la referida providencia, en las cuales se discurre a propósito de las normas pertinentes al caso (fls. 61 a 66). Finalmente se anota en la sentencia consultada:
“En el caso subexamine, la actora demostró tener más de 50 años de edad, ya que nació el 15 de enero de 1940, según registro civil adjunto y está laborando desde el 23 de abril de 1958, según se desprende de la certificación expedida por la Secretaría de Educación del Departamento del Tolima, de lo que se deduce que a la expedición de la Ley 33 de 1985, tenía más de 15 años de servicio y 20 años de servicio (sic), por lo que cumplía con los supuestos de la norma en cita para obtener el derecho a la pensión de jubilación” (fl. 66).
El Procurador Cuarto Delegado ante el Consejo de Estado solicita se confirme el fallo consultado, en razón a que:
“ ...el recibo de estas dos asignaciones por la actora, ...configuran uno de los casos de excepción a la prohibición contenida en el artículo 128 de la Constitución Nacional” (fl. 82).
Seguidamente agrega el agente fiscal:
“No quiere esta delegada dejar pasar la oportunidad de manifestar que no es aceptable, desde ningún punto de vista, que una entidad a cuyo cargo está el reconocimiento de las prestaciones de la magnitud de la que se ocupa este proceso, pretenda aprovechar el hecho de que otra entidad haya concedido un privilegio a un determinado grupo para exonerarse de sus obligaciones, desconociendo abiertamente el derecho de los administrados.
Sin embargo, de llegarse a considerar incompatibles las pensiones en comento, es el educador el llamado a escoger la que le resulte más favorable” (fl. 83).
Sea lo primero precisar los aspectos jurídicos básicos que nos permitan adentrarnos en el examen del presente asunto. Al respecto se tiene:
Por mandato del artículo 1º la Ley 33 de 1985 la edad de la mujer para efectos de jubilación se equiparó a la del varón, conforme al siguiente tenor:
“Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente ley hayan cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que reglan con anterioridad a la presente ley.
n virtud del proceso de implantación de la nacionalización de la educación (L. 43/75) se expidió la Ley 91 de 1989, por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. En lo tocante a la asunción de obligaciones prestacionales para con el personal docente por parte de la Nación y las entidades territoriales, en el numeral 2º del artículo 2º de esta ley se estipuló:
Considerando que durante el proceso de nacionalización (delimitado entre el 1º de enero de 1976 y el 31 de diciembre de 1980) se causarían prestaciones sociales, reajustes y sustituciones pensionales en relación con el personal nacionalizado, mediante el numeral 3º del prenotado artículo 2º se estableció que tales erogaciones “son de cargo de la Nación o de las respectivas entidades territoriales o de las cajas de previsión, o de las entidades que hicieren sus veces”.
“Las prestaciones sociales del personal nacional y nacionalizado que se causen a partir del momento de la promulgación de la presente ley, son de cargo de la Nación y serán pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”.
De este tenor, las prestaciones sociales preexistentes del personal nacionalizado, sin importar su especie o condición, continuarían vigentes sin solución de continuidad. A este respecto coadyuva lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 15 de la ley 91, el cual expresa:
Aquellos docentes oficiales que al entrar en vigencia la Ley 4ª de 1992 se encontraban en las situaciones previstas en el Decreto-Ley 2277 de 1979 y la Ley 91 de 1989, conservarán los derechos adquiridos a esa fecha consagrados en tales normas”.
Dentro del derrotero seguido por el régimen prestacional de los docentes nacionales o nacionalizados y particularmente en lo relacionado con la compatibilidad de las asignaciones recibidas del tesoro público, con arreglo a lo preceptuado en los artículos 151, 288, 356 y 357 de la nueva Carta Política, se expidió la Ley 60 de agosto 12 de 1993 que a términos del inciso tercero de su artículo 6º reza:
Como bien sabemos, la nueva Constitución Nacional definió a Colombia como, “...un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada...”. Bajo la perspectiva de la descentralización previó la Carta en su artículo 356 lo relativo a los servicios a cargo de la Nación y de las entidades territoriales, defiriéndole a la ley su fijación, salvo en lo previsto por la misma Constitución.
Sobre el anterior basamento constitucional se promulgó la Ley 60 de 1993, la cual reguló en su capítulo 1º lo correspondiente a la distribución de competencias, señalando en el numeral 1º de su artículo 2º las competencias de los municipios en el campo docente, las cuales abarcan, entre otras, la administración de los servicios educativos estatales en los niveles de preescolar, básica primaria y secundaria y media. Así mismo se les asigna a los municipios potestades en lo atinente a la financiación de inversiones en infraestructura y dotación, así como en lo tocante a labores de inspección, vigilancia, supervisión y evaluación de los servicios educativos estatales.
Como bien puede apreciarse, a partir de la nueva Constitución la descentralización del servicio educativo estatal implica la redefinición del cumplimiento de vitales responsabilidades a cargo de los municipios y departamentos, amén de los distritos. Para tales efectos la Nación continuará sosteniendo financieramente dicho servicio a través de las correspondientes transferencias. Con todo, las obligaciones del tesoro nacional frente a las prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados se circunscriben al régimen previsto en la Ley 91 de 1989, sin detrimento de compatibilidad entre las prestaciones reconocidas en la esfera territorial y las pensiones u otras remuneraciones de escala nacional. Adicionalmente la supradicha ley enfatiza el respeto al régimen prestacional vigente de la respectiva entidad territorial, a propósito del personal docente de vinculación departamental, distrital y municipal que por mandato de la misma ley debe ser incorporado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio.
EI régimen prestacional de los educadores estatales es el establecido en la Ley 91 de 1989, en la Ley 60 de 1993 y en la presente ley”.
Dentro del plenario está demostrado (fls. 17 y 18, tercer cuaderno) que a la fecha de expedición de la Ley 33 de 1985 la actora ya había cumplido más de 15 años de servicio, circunstancia que la privilegiaba a efectos de acceder a la pensión ordinaria de jubilación tan pronto como cumpliera los cincuenta años de edad, según voces del artículo 27 del Decreto 3135 de 1968.
La demandante solicitó el reconocimiento y pago de su pensión vitalicia de jubilación el 3 de febrero de 1995, fecha en la cual ya había cumplido 55 años de edad según el Registro Civil de Nacimiento (fl. 13 del tercer cuaderno), y más de 20 años de servicio como docente.
Así, pues, habiendo cumplido satisfactoriamente la libelista con los requisitos de tiempo de servicio y edad, fuerza es reconocer su derecho al disfrute de la mentada pensión a partir de su causación.
Contra la evidencia conceptual de todo el universo jurídico que gobierna el presente caso se rebela la parte demandada alegando en primer lugar inepta demanda por no haberse citado a la fiduciaria La Previsora, “...que es la entidad contratada por delegación de la Nación, para el manejo de los recursos, teniendo en cuenta que el fondo de prestaciones sociales del magisterio no tiene personería”.
Sobre el particular es necesario anotar que la demanda fue correctamente instaurada contra la Nación-Ministerio de Educación Nacional, resultando superflua la citación de algún otro ente. Además, como bien claro quedó, la función pagadora en lo atinente a las prestaciones sociales (causadas a partir de la Ley 91 de 1989) del personal nacional y nacionalizado le corresponde al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y no a La Previsora.
Por lo mismo, la excepción de inepta demanda no está llamada a prosperar.
La parte demandada también esgrime como excepción:
“La incompatibilidad entre la pensión vitalicia de jubilación reconocida por la caja de previsión social del departamento del Tolima y la que se pretende le sea reconocida por el fondo de prestaciones del magisterio”.
Sobre el particular obra en el expediente la Resolución 0287 del 16 de febrero de 1984 expedida por el Director de la Caja de Previsión Social del Tolima (fls. 11 y 12 tercer cuaderno), contentiva del reconocimiento de una pensión mensual de jubilación a favor de la demandante en razón de haber prestado sus servicios docentes al departamento del Tolima durante 20 años.
El precitado acto tiene como fundamento jurídico el contenido de los artículos 25 y 26 de la Ordenanza 57 de 1966, proferida por la asamblea del Tolima, conforme a los cuales, “Las pensiones de jubilación de maestros serán decretadas por la Secretaría de Educación Pública, tan pronto como el titular del derecho haya cumplido veinte años de servicios continuos o discontinuos en el ramo oficial, sin consideración a su edad”. Que así mismo, “los maestros que hubieren servido en el magisterio oficial del Tolima durante quince (15) años, y otros cinco (5) por lo menos en establecimientos privados, impartiendo enseñanza primaria o secundaria en el departamento, tendrán derecho a la pensión de jubilación”.
Si cotejamos la anterior preceptiva con el artículo 18 de la misma ordenanza, fácil es concluir que la pensión reconocida en la mentada resolución tiene un carácter especial, puesto que para su causación sólo eran necesarios 20 años de servicio, esto es, sin consideración alguna a la edad. Dicho de otro modo, esta inferencia se apoya en el hecho de que el prenotado artículo 18 alude al derecho a la tradicional pensión vitalicia de jubilación, siguiendo los precisos términos del literal b) del artículo 17 de la Ley 6ª de 1945, al paso que los artículos 25 y 26 de la susodicha ordenanza se apartan parcialmente de los lineamientos establecidos en esta ley. Para mayor ilustración veamos el contenido del referido artículo 18:
El contraste normativo que subyace entre los referidos artículos de esta ordenanza muestra nítidamente la calidad especial que entraña la pensión reconocida a la actora en la Resolución 0287 de 1984, emitida por el director de la Caja de Previsión Social del Tolima.
Dentro del espectro jurídico ya reseñado en estas disquisiciones hay lugar para las dos pensiones en cuestión; vale decir, la ya reconocida pensión especial de jubilación de linaje departamental y la pensión de jubilación de estirpe nacional que hoy impetra la demandante, son perfectamente compatibles. Por lo mismo, el reconocimiento de ésta última debe imperar en la decisión que se habrá de tomar.
Consecuentemente la Sala considera que las pretensiones de la demandante están llamadas a prosperar, por lo cual habrá de confirmarse la sentencia de primer grado.
Así mismo, de conformidad con la tesis acogida por la Sala en cuanto a la aplicación de los ajustes de valor contemplados en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo (indexación) se pronunciará la sentencia en tal sentido, habida consideración de que se trata de un factor de equidad, en virtud del cual se conserva la capacidad adquisitiva de esas sumas, por manera que lo contrario implicaría un desmedro o empobrecimiento para la actora, y consecuentemente, un enriquecimiento sin causa para el organismo oficial.
Confirmase la sentencia consultada, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el diecinueve (19) de junio de mil novecientos noventa y seis (1996), en el juicio promovido por Ligia Ávila de Colmenares contra las resoluciones 128 del diecisiete (17) de febrero de mil novecientos noventa y cinco (1995), y ciento treinta y siete (137) del treinta y uno (31) de marzo del mismo año, expedidas por el representante del Ministerio de Educación Nacional ante el Fondo Educativo Regional del Tolima.
De igual modo se ordena la actualización de las condenas en los términos del artículo 178 del Código Contencioso Administrativo , dando aplicación a la siguiente fórmula:
En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (R H), que es lo dejado de percibir por la demandante por concepto de las mesadas pensiónales de jubilación, desde el quince (15) de enero de mil novecientos noventa (1990) hasta la fecha de ejecutoria de esta sentencia, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE, vigente en la fecha de ejecutoria de esta providencia, por el índice vigente en la fecha en que se causaron las sumas adeudadas, teniendo en cuenta los aumentos o reajustes producidos o decretados durante dicho período, como se indicó en la parte motiva de esta sentencia.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su reunión del 21 de noviembre de 1996.
Javier Díaz Bueno—Silvio Escudero Castro—Carlos A. Orjuela Góngora.