Source: http://bazica.org/corte-suprema-de-justicia-sala-de-casacin-penal-jos-francisco.html?page=3
Timestamp: 2018-07-18 00:40:36
Document Index: 326096456

Matched Legal Cases: ['artículo 108', 'artículo 398', 'artículo 449', 'artículo 175', 'artículo 147', 'artículo 401', 'artículo 403']

9.5. Solicitud No.5: Violación del derecho a la defensa, por incorporación tardía de elementos de prueba
Afirma el abogado que esta situación se presentó cuando de forma irregular y sin competencia para hacerlo, el Representante Investigador introdujo a este proceso, el 10 de mayo de 2016, el contenido de la investigación 11001600102201500050, adelantado en contra de su patrocinado, cuando ya había concluido la instrucción y se había emitido la acusación.
Consultado el expediente se establece lo siguiente:
Que el 6 de marzo de 2015, el Representante Investigador, en uso de sus facultades, luego de haber realizado el programa metodológico para la presente indagación, ordenó la práctica de pruebas, entre ellas la del numeral cuarto, donde comisiona al Cuerpo Técnico de Investigaciones para realizar “inspección judicial al expediente Nº 110016000102201500050 asignado al Despacho del Vicefiscal General de la Nación”25.
Que en respuesta al referido auto, el 10 de marzo de 2015, el Vicefiscal General de la Nación (e) comunicó que el envío de la información solicitada resultaba imposible, toda vez que el descubrimiento probatorio estaba limitado a lo establecido en los artículos 306, 336 a 346 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 200426.
Que mediante informe de Policía Judicial No 9-42192 dirigido al Representante Investigador, suscrito por el Director Especializado de Policía Judicial de Aforados Constitucionales (PAC) reitera lo expresado el 10 de marzo de 2015, en donde de momento no se envían los elementos materiales probatorios solicitados para proteger la evidencia dentro del proceso reseñado anteriormente27.
Que el auto de cierre de la investigación se emitió el 4 de junio de 2015 y que el escrito de acusación está fechado el 16 de septiembre del mismo año.
Que el 4 de mayo de 2016, el Fiscal General de la Nación (e), mediante Oficio No 00958, envió los elementos materiales probatorios de la investigación 110016000102201500050, anexando una carpeta con 127 folios28.
Que el 10 de mayo de 2016, el material fue puesto a disposición del Presidente del Senado por parte del Representante Investigador; y,
Que el 19 de agosto 2016, la defensa solicitó copia de la prueba aportada por la Fiscalía y que a esta petición se accedió el 25 de agosto del mismo año29.
Este recuento procesal muestra que la prueba a la que se viene haciendo referencia fue ordenada por el representante instructor en la fase investigativa, es decir, dentro del espacio procesal legalmente establecido para hacerlo, y que su aportación se hizo después de haberse superado esta fase y de haberse emitido por la Cámara de Representantes la resolución de acusación, cuando ya las diligencias cursaban en el Senado de la República.
La defensa invoca este hecho como motivo de nulidad de la actuación, por considerar que se desconoció el derecho de defensa, pero no explica de qué manera se afectó esta garantía fundamental, ni la Sala logra establecerlo, pues se sabe que la prueba fue incorporada tardíamente a la actuación, pero no que hubiese sido utilizada en contra del procesado, ni mucho menos que lo hubiese sido a espaldas de la defensa.
La informalidad que se plantea podría conducir a lo sumo a la exclusión de la prueba, por vicios en su incorporación, pero esta sanción tampoco procede en el presente caso, porque su ordenación fue legítima, toda vez que fue decretada dentro de los espacios procesales legalmente establecidos para hacerlo, y su incorporación y contradicción puede realizarse en la fase probatoria del juicio.
9.6. Solicitud No.7: Desconocimiento del debido proceso por haberse dispuesto el cierre del debate en el Senado, antes del tiempo requerido para hacerlo
Sostiene la defensa que la actuación es nula porque en la sesión tercera de los debates en el Senado se cerró la discusión por suficiente ilustración antes de cumplirse las tres horas, y que esto viola lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley 5ª de 1992, que dice:
“CIERRE DEL DEBATE. Cualquier miembro de la respectiva corporación podrá proponer el cierre del debate por suficiente ilustración, transcurridas tres (3) horas desde su iniciación. El Presidente, previa consulta con los miembros de la Mesa Directiva, aceptará o negará la proposición. Su decisión podrá ser apelada”.
Una lectura desprevenida del texto de esta disposición permite concluir sin dificultad que lo regulado por ella es la procedencia de la proposición de cierre del debate por suficiente ilustración, y que para que ésta sea viable exige el cumplimiento de dos condiciones, (i) que la proposición proceda de uno de sus miembros, y (ii) que hayan trascurrido por lo menos tres horas desde la iniciación del debate.
La exigencia referida al tiempo mínimo requerido para la procedencia de la proposición, hace alusión al transcurrido desde la iniciación o apertura del debate, no al de iniciación de las sesiones de continuación del mismo, como lo entiende el memorialista, pues lo que se busca a través de esta regulación es garantizar que el tiempo mínimo total de discusión no sea inferior a tres horas, y asegurar que antes de su vencimiento no procedan solicitudes de cierre por suficiente ilustración.
Hechas estas precisiones, se concluye que el motivo de nulidad invocado no tiene fundamento fáctico procesal, porque en el presente caso, de acuerdo con la información disponible, la proposición de cierre del debate por suficiente ilustración la elevó la Senadora CLAUDIA LÓPEZ, por considerar que llevaban dos días de discusión, situación que evidencia el cumplimiento de las condiciones exigidas por la norma para la procedencia y aceptación de la proposición.
9.7. Solicitud No.8: Porque la resolución de acusación no cumple los requisitos sustanciales ni formales previstos en los artículos 397 y 398 de la Ley 600 de 2000
El primer cuestionamiento, donde el memorialista descalifica el soporte probatorio de la resolución de acusación, resulta desacertado, porque el incumplimiento de los estándares legales de conocimiento mínimo requeridos para proferir acusación, no constituye motivo de nulidad, y porque detrás de este cuestionamiento lo que realmente subyace es una pretensión de impugnación contra una decisión que no la admite.
En cuanto a los requisitos formales, los artículos 341 inciso segundo de la Ley 5ª de 1992 y 435 inciso segundo de la Ley 600 de 2000 remiten a los establecidos en ese Código de Procedimiento, lo que significa que debe acudirse a lo dispuesto en el artículo 398 ejusdem, que exige, (i) una narración sucinta de los hechos y las circunstancias que los especifiquen, (ii) la indicación y evaluación de las pruebas aportadas, (iii) la calificación jurídica, y (iv) las razones por las cuales se acogen o desestiman las argumentaciones de las partes.
Revisada la resolución de acusación dictada por la Cámara de Representantes, se observa que se integra de las siguientes partes, (i) un recuento detallado de los hechos que motivan la decisión, (ii) la relación de las pruebas recaudadas con ilustración de su contenido, (iii) un resumen de las alegaciones, (iv) la calificación jurídica, (v) la indicación de la prueba que acreditaba la materialidad de la conducta, (vi) la relación de la prueba que compromete la responsabilidad del procesado en los hechos, y (vii) la respuesta a las alegaciones de las partes, contenido que deja al descubierto la sinrazón de los cuestionamientos de la defensa.
9.8. Solicitud No. 9: Violación al derecho de defensa técnica por no haberse permitido la intervención del abogado del procesado en el trámite ante el Senado de la República
Se argumenta que el Senado de la República negó al defensor del procesado el derecho a intervenir ante esa Corporación cuando aprobaron la acusación, y que esta decisión desconoce el derecho a la defensa, amparado por la Constitución Nacional y varios Convenios internacionales suscritos por Colombia.
Examinados los artículos 344 a 347 de la Ley 5ª de 1992 y 439 a 449 de la Ley 600 de 2000, que regulan el trámite que debe cumplirse en el Senado para la admisión o rechazo de la acusación, se establece que ninguno de estos estatutos autoriza la intervención de la defensa en este estadio procesal, y que la petición de anulación por este motivo carece por tanto de sustento legal.
Estos estatutos solo permiten la intervención ante el Senado del Representante Acusador designado por la Cámara, con el fin de que presente la acusación y la sustente (artículos 437, 439 y 444 de la Ley 600 de 2000), acto que, por su naturaleza, excluye la posibilidad de intervención o réplica de los demás sujetos procesales, por tratarse de un acto privativo y absolutamente autónomo de la Cámara de Representantes, quien ejerce la titularidad de la función acusadora.
9.9. Solicitud No.10: Por desconocimiento del presupuesto del ante juicio político ante el Senado
El memorialista sostiene que la Corte no es competente para conocer del asunto porque previamente debió agotarse el juicio político ante el Senado de la República y obtenerse fallo de responsabilidad por indignidad. En apoyo de su tesis transcribe el contenido de los artículos 174 y 175 de la Constitución Política, y 347 de la Ley 5ª de 1992, y apartes del comunicado de la Corte Constitucional alusivo a la Sentencia C-373 de 2016.
Este entendimiento es equivocado. Como ya se dijo en el apartado donde fueron estudiados los presupuestos procesales y sustanciales requeridos para la habilitación de la competencia, la Corte conoce del juzgamiento en dos casos, (i) cuando se procede por delitos cometidos en ejercicio de funciones, que tienen pena distinta de la destitución del empleo o la privación temporal o definitiva de los derechos políticos, y (ii) cuando se procede por delitos comunes, entendidos por tales, los no funcionales.
Y el juzgamiento, de acuerdo con lo previsto en los artículos 347 de la Ley 5ª de 1992 y el artículo 449 de la Ley 600 de 2000, se inicia con la acusación debidamente aprobada por el Senado de la República, no con la sentencia afirmativa de responsabilidad que pueda darse en el juicio político, como lo entiende la defensa.
Lo que ocurre es que en el primer caso, además del juicio de responsabilidad penal que compete adelantar a la Corte, también procede el juicio político ante el Senado de la República, para los fines previstos en la regla dos del artículo 175 de la Constitución Política, pero esto no significa que para el seguimiento del juicio penal sea necesario la terminación del político, ni mucho menos que éste deba culminar con decisión positiva de responsabilidad, como lo entiende la defensa.
Introducir esta condición implicaría aceptar que cuando se procede por un delito no funcional, basta la acusación de la Cámara debidamente aprobada por el Senado para el adelantamiento del juicio de responsabilidad penal ante la Corte, y que cuando se procede por un delito funcional no es suficiente, diferenciación que no tiene sentido, porque en ambos casos el juzgamiento se inicia con la resolución de acusación debidamente aprobada, como ya se dejó visto.
9.10. Solicitud de nulidad Nº 11: Por falta de firmas del acta de la diligencia de indagatoria
Se afirma que la actuación es nula a partir del cierre de la investigación, porque el instructor incumplió lo dispuesto en el artículo 147 de la Ley 600 de 2000, que establece que las actas deben contener el nombre de la entidad, el lugar, la hora, día, mes y año en que se verifiquen y terminar con las firmas de quienes en ella intervienen.
Revisada la actuación se establece que la indagatoria se cumplió el 9 de abril de 2015 utilizando el sistema de audio30. Posteriormente, se hizo transcripción de la diligencia, la cual fue agregada a la foliatura31. Así mismo, existe una constancia de 1º de junio de 2015, del Secretario de la Comisión de Investigación y Acusación, donde se da fe de lo anterior, y se indica que el 28 de abril de 2015 se remitió la referida transcripción a los sujetos procesales, para que expresaran alguna inquietud. También se dejó constancia que el 25 de mayo de 2015 se volvió a oficiar a las partes para que concurrieran a firmar el acta de la transcripción32, y a la fecha de elaboración de la constancia, no se había manifestado alguna inquietud ni alguna persona había comparecido a firmar el documento.
De esta secuencia procesal se sigue que lo afirmado por el defensor, en el sentido que el acta de la indagatoria carece de firmas, encuentra sustento en la actuación procesal, pero esto no tiene la virtualidad de afectar la validez de la diligencia, ni de la actuación subsiguiente, porque el audio es también un medio idóneo para recoger la prueba, que resultaba suficiente para acreditar su realización y verificar el cumplimiento de los requisitos legales.
La Sala ha sostenido, además, en forma pacífica, que la falta de firmas en las actas de una actuación no genera nulidad, en virtud del principio de instrumentalidad de las formas 33, y que la nulidad tampoco tiene cabida cuando la parte que la invoca ha coadyuvado con su conducta a la realización del acto irregular, en virtud del principio de protección de los actos procesales, situación que sería predicable del procesado y su defensor, puesto que ambos fueron repetidamente citados a firmar el acta y no lo hicieron.
9.11. Solicitud Nº12: Por haberse cerrado la investigación antes de que se formulara imputación al abogado VÍCTOR PACHECO en el proceso que se adelantaba en su contra por los mismos hechos
Argumenta el peticionario que la actuación es nula porque el representante investigador dispuso la clausura de la investigación a sabiendas de que la Fiscalía estaba próxima a formular imputación al abogado VÍCTOR PACHECO por los mismos hechos, y que allí se iban a publicar elementos materiales probatorios que podían afectar la decisión a tomar.
Este cuestionamiento es absolutamente insubstancial, porque el peticionario no denuncia propiamente una informalidad procesal, sino la conveniencia de una decisión que es autónoma del funcionario instructor, y porque el derecho a tener la oportunidad de probar solo puede invocarse frente a pruebas ciertas, pertinentes, conducentes y útiles, no frente a situaciones probatorias inciertas, derivadas de la especulación o de una expectativa.
9.12. Solicitud Nº13: Por desconocimiento del concepto de “plazo razonable” al decretarse el cierre de la investigación
En concreto se afirma que el vencimiento del término legalmente establecido para el adelantamiento de la investigación no justificaba su cierre, y que debió dejarse correr un plazo razonable antes de la ordenación de la clausura.
El término para el adelantamiento de la investigación en los procesos especiales ante el Congreso de la República es de treinta (30) días cuando se trata de un solo sindicado y se procede por un solo delito, y de sesenta (60) días cuando se procede por delitos conexos o cuando son dos o más los sindicados, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 339 de la Ley 5ª de 1992 y 432 de la Ley 600 de 2000.
En el caso estudiado, la investigación se declaró formalmente abierta el 20 de marzo de 2015 y se clausuró el 4 de junio siguiente, es decir, cuando habían transcurrido dos (2) meses y quince (15) días calendario, dentro de los que se cuentan cincuenta (50) días hábiles, tiempo muy superior al legalmente previsto para el adelantamiento de la instrucción en la primera hipótesis treinta (30) días, cualquiera sea el referente que se tome para establecerlo.
Esto muestra que no hubo un recorte indebido de los términos legalmente establecidos para el adelantamiento de la instrucción, que hubiera podido incidir negativamente en el plan de trabajo diseñado por la defensa, sino uno muy superior al legalmente previsto, y la Sala no encuentra, ni el peticionario demuestra, que el concedido fuese racionalmente insuficiente para el aseguramiento mínimo de los derechos a presentar pruebas y controvertir las allegadas en su contra.
9.13. Solicitud Nº.14: Porque el Representante Investigador no tenía facultades para comisionar para la práctica del testimonio de FÁTIMA MARÍA RODRÍGUEZ FONTALVO
Sostiene la defensa que la actuación es nula desde el cierre de la investigación porque el Representante Investigador comisionó al Grupo Especializado de Investigación de Aforados Constitucionales para la práctica del testimonio de la señora FÁTIMA MARÍA RODRÍGUEZ FONTALVO, sin tener facultades para hacerlo, y porque se realizó sin la citación del defensor.
Las consecuencias que el peticionario pretende derivar de las irregularidades que denuncia son equivocadas, porque cuando se presentan vicios en el proceso de incorporación de la prueba, por desconocimiento de los requisitos legales requeridos para su validez, no se causan efectos invalidantes más allá de la prueba misma, razón por la que la sanción procesal no es la nulidad de la actuación, sino la exclusión del medio indebidamente producido, como se dejó atrás visto.
Al margen de esto, el primer cuestionamiento, por no tener el Representante Investigador facultades para comisionar a la Fiscalía General de la Nación para la práctica de pruebas, es totalmente infundado, porque los artículos 333 de la Ley 5ª de 1992 y 428 de la Ley 600 de 2000, aplicables al caso, lo autorizan para hacerlo. Y el Grupo que recaudó el testimonio pertenece a la Fiscalía.
El otro reparo, por falta de citación de la defensa, no tiene, por su parte, las implicaciones que el memorialista le atribuye, pues la Sala tiene dicho que esta omisión no vicia de suyo la actuación procesal, ni afecta la validez de la prueba, porque la defensa cuenta con otros medios para su contradicción, y porque el artículo 401 de la Ley 600 de 2000 faculta a la parte para pedir la repetición en el juicio de las pruebas que no tuvieron oportunidad jurídica de controvertir en la fase instructiva.
10. Análisis de las solicitudes probatorias
10.1 De la defensa
10.1.1. Pruebas que se ordenan
Por ajustarse a las reglas de conducencia, pertinencia, racionalidad y utilidad, la Sala decreta la práctica de las siguientes pruebas:
10.1.1.1. Testimonio del Abogado VÍCTOR PACHECO RESTREPO.
10.1.1.2. Testimonio del abogado RODRIGO ESCOBAR GIL.
10.1.1.3. Testimonio del señor HELBERT EDUARDO OTERO PACHECO.
10.1.1.4. Testimonio del señor ABEL GUILLERMO CABALLERO LOZANO.
10.1.1.5. Testimonio del ex Magistrado MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO, para que declare sobre las manifestaciones realizadas en ampliación de denuncia, el 12 de marzo de 2015, donde hizo referencia a una invitación del doctor JOSÉ IGNACIO PRETELT CHALJUB a almorzar en el restaurante La Table de Michel, al que se le habría sumado el abogado RODRIGO ESCOBAR GIL, quien le hizo mención de la tutela interpuesta por FIDUPETROL, siendo él, Magistrado Ponente.
10.1.1.6. Testimonio del abogado FERNANDO MENDOZA MENDOZA, para que declare sobre el tipo de relación que existía entre el doctor JOSÉ IGNACIO PRETELT CHALJUB y el abogado VÍCTOR PACHECO.
También se decretan las siguientes pruebas documentales:
10.1.1.7. Copia simple del acta de 5 de noviembre de 2015, de la sesión de la Comisión de Investigación y Acusación.
10.1.1.8. Disco compacto de la audiencia en la cual la Juez 12 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento hace lectura de la sentencia condenatoria en contra del abogado VÍCTOR PACHECO RESTREPO. Se aclara que el disco no contiene el anuncio del sentido del fallo, como lo indica el peticionario, sino el proferimiento de la sentencia.
10.1.1.9. Disco compacto de las sesiones de la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes y de la Plenaria de esa Corporación.
10.1.1.10. Disco compacto contentivo de la entrevista rendida por el abogado VÍCTOR PACHECO en el programa “Hora 20” de Caracol Radio.
Pruebas que se niegan
10.1.2.1. El testimonio del doctor JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB en la audiencia, por ser improcedente, toda vez que esta prueba no es legalmente permitida en el procedimiento de la Ley 600 de 2000, que rige esta actuación. En este procedimiento los medios habilitados para escuchar al procesado son la indagatoria, la ampliación de indagatoria y el interrogatorio34, siendo este último el previsto para la audiencia pública de juzgamiento, sin que sea necesaria su petición u ordenación anticipada, porque opera por mandato legal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 403 ejusdem.
10.1.2.2. El testimonio de la señora IRASEMA BULA VIDES. La defensa sustenta esta solicitud argumentando que en la acusación se incluyen como hechos que constituyen delito, una inducción y una solicitud dineraria, acaecida en Bogotá en el apartamento del doctor JOSÉ IGNACIO PRETELT CHALJUB, el 18 de octubre de 2013. Así mismo, que en su indagatoria de agosto de 2014, el procesado manifestó que cuando se encontraba en el restaurante Cocina 33, ubicado en la ciudad de Barranquilla, el abogado VÍCTOR PACHECO lo abordó y le hizo referencia a la tutela interpuesta por FIDUPETROL, a lo que él le respondió que se mantuviera al margen de ese asunto, porque SANDRA MORELLI RICO le había comentado sobre irregularidades referentes a ese caso. Acerca de la utilidad de la prueba se dice que además de haber estado la testigo en el referido restaurante, con su dicho se puede determinar la inexistencia de la inducción o la solicitud de dinero que se le endilga al procesado.
La solicitud evidencia falta de pertinencia y utilidad del testimonio, porque si la solicitud dineraria se hizo en el apartamento del procesado en Bogotá, y los hechos de que puede informar la testigo ocurrieron en Barranquilla, no se ve de qué manera pueden desvirtuarse, a través del mismo, unos hechos que la testigo no presenció. Además, el incidente en el restaurante Cocina 33 de Barranquilla ya fue abordado suficientemente por otros testimonios durante la instrucción.
10.1.2.3. Ampliación de los testimonios de los Magistrados de la Corte Constitucional MARÍA VICTORIA CALLE CORREA, LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ, GABRIEL MENDOZA MARTELO, ALBERTO ROJAS RÍOS, JORGE IVÁN PALACIO PALACIO, LUIS ERNESTO VARGAS SILVA y del ex Magistrado MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO. La defensa sostiene que aunque estos testigos fueron escuchados durante la investigación, posteriormente, cuando rindió testimonio el abogado CAMILO MENDOZA QUIÑONES, se le puso de presente un correo electrónico del que se extraía que el abogado VÍCTOR PACHECO informaba haber hablado con 3 magistrados, y tener cita con la Magistrada MARÍA VICTORIA CALLE y el abogado RODRIGO ESCOBAR GIL, y además, que hablaría con el ex Magistrado MAURICIO GONZÁLEZ, aseveraciones que la defensa no tuvo oportunidad de controvertir.
La Sala advierte innecesario hacer comparecer a la audiencia de juicio a los Magistrados y al ex Magistrado mencionados, para interrogarlos sobre el conocimiento, trato, amistad, entrevistas o temas conversados con el abogado VÍCTOR PACHECO, porque esos aspectos fueron detalladamente expuestos en las declaraciones que se rindieron en la etapa investigativa.
10.1.2.4. Testimonio de la doctora MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ. Esta petición se sustenta en el hecho de tener la condición de Secretaria General de la Corte Constitucional y haber sido en varias oportunidades Magistrada interina de la Corte Constitucional. También, por su condición de profesora de las Universidades del Rosario y Sergio Arboleda, lo que le permitiría relatar las circunstancias en que se llevó a cabo el trámite de selección, reparto y aprobación del fallo de la tutela relacionada con los hechos de este caso.
La Sala considera que esta prueba es también innecesaria, porque los aspectos sobre los que declararía ya se encuentran ampliamente documentados e ilustrados en el sumario con certificaciones, actas y providencias expedidas por esa Corporación, que fueron allegados por requerimiento del Representante Investigador y su equipo, o por testigos. Y también los Magistrados que intervinieron en estos procedimientos, hicieron amplias narraciones de cómo se llevaron a cabo.