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Timestamp: 2019-09-21 15:23:37
Document Index: 409640106

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 3', 'artículo 1699', 'artículo 3', 'artículo 27', 'artículo 328', 'artículo 336', 'artículo 3', 'artículo 1699', 'artículo 1699', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 3', 'artículo 168', 'artículo 19', 'artículo 3']

Registro Oficial No 50 - Miércoles 18 de Septiembre de 2013 Edicion Especial
Última modificación: Viernes, 27 de septiembre de 2013 | 09:12
Miércoles 18 de Septiembre de 2013 - R. O. No. 50
130-2011 Rosalía Tejada López en contra de Georgina Bonilla Tejada
128-2011 Carlos Enrique Gallardo Alava y otro en contra Ulbio Vicente Villacreses Castillo y otro
Primera Sala de lo Laboral:
Recursos de casación de los juicios laborales interpuestos por las siguientes personas:
701-2009 Carlos Alberto Orellana Cabrera en contra de TRANSELECTRIC S.A.
1133-09 Empresa Procesadora de Frutas Tropicales S.A. PROVEFRUT en contra de Miriam Ximena Troya Ayo
1247-2009 Franklin Yovany Pino Amoroso en contra de la Empresa Eléctrica Riobamba S.A.
1306-2009 Doctor Jorge Eduardo Mancero Gómez en contra de PETROPRODUCCIÓN
235-2010 Yolanda Magdalena Cañas Herrera en contra de FILANBANCO S.A.
68-2011 Leandro Anselmo Ordóñez Salinas en contra del I. Municipio de Machala y otro
674-2009 Rosa Elena Gualán Quizhpe
678-2009 Ricardo Troya Andrade y otros
701-2009 Walter Samuel Barzola Zamora
703-2009 Wilfrido Méndez Suárez y otros
707-2009 Francisco José Nogales Cruz
708-2009 Teniente Coronel de Policía EM. Pablo Hernán Páez Castro, Jefe Provincial de la Policía Judicial de El Oro y otros
710-2009 Alexandra Suárez Barcia de Almeida
711-2009 Leonardo Enrique Montaño Angulo
719-2009 Segundo Julio Barragán Ambi
722-2009 José Piedra Toledo
723-2009 Juan Carlos Zapata Quintanilla y otra
234-2010 Raúl Efrén Valverde Gallardo
235-2010 Xavier Marcelo Rodríguez Guillen
237-2010 Lucas Ermel Novay Lema
245-2010 William Jesús Acuña Cabezas
No. 130-2011
ACTORA: Rosalía Tejada López.
DEMANDADA: Georgina Bonilla Tejada.
Quito, 16 de febrero de 2011, las 16H22.
VISTOS.- (Juicio No. 58-2010 ER) Conocemos la presente causa como Jueces de la Sala Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia, en mérito a lo dispuesto en la segunda disposición transitoria del Código Orgánico de la Función Judicial publicado en el suplemento del Registro Oficial No. 544 de 9 de marzo de 2009; en el numeral 4 literales a) y b) del apartado IV, DECISIÓN, de la sentencia interpretativa 001-08-SI-CC pronunciada por la Corte Constitucional el 28 de noviembre de 2008, publicada en el suplemento del Registro Oficial No. 479 de 2 de diciembre del mismo año, debidamente posesionados el 17 de diciembre último ante el Consejo de la Judicatura; y, en concordancia con el artículo 5 de la resolución sustitutiva adoptada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia el 22 de diciembre de 2008, publicada en el Registro Oficial No. 511 de 21 de enero de 2009; y los artículos 184.1 de la Constitución de la República del Ecuador y 1 de la Ley de Casación. En lo principal, en el juicio ordinario de nulidad de contrato de donación que sigue la parte actora, esto es Rosalía Tejada López contra la demandada Georgina Bonilla Tejada, y en el que se confirmó el fallo del inferior y que declaró con lugar la demanda, ésta deduce recurso de casación respecto de la sentencia pronunciada el 17 de diciembre de 2009, a las 08h10 por la sala única de la Corte Provincial de Justicia de Napo, que confirmó, como ya está dicho, la sentencia que le fue en grado dentro del juicio ya expresado seguido contra la parte recurrente. Aceptado a trámite el recurso extraordinario de casación y, encontrándose la causa en estado de resolución, para hacerlo, la Sala efectúa las consideraciones previas siguientes: PRIMERA:- Declarar su competencia para conocer el recurso extraordinario de casación en virtud de lo dispuesto en los artículos 184.1 de la Constitución de la República del Ecuador y 1 de la Ley de Casación y por cuanto esta Sala calificó el recurso de la relación por cumplir los requisitos de procedencia, oportunidad, legitimación y formalidades exigidas por el artículo 6 de la ley de la materia, admitiéndolo a trámite. SEGUNDA:- La parte recurrente, fundamenta su recurso extraordinario aduciendo la trasgresión de las normas jurídicas contenidas en los artículos siguientes: 328 numeral 1 y 27 del Código Orgánico de la Función Judicial y 1699 del Código Civil; en el primer caso, por ?falta de aplicación? y, en el segundo, por ?aplicación indebida?; y, para ambos supuestos se apoya en la causal primera del artículo 3 de la ley de la materia; todo lo cual analizaremos pormenorizadamente más adelante. De este modo, queda circunscrito los parámetros dentro de los cuales se constriñe el recurso planteado y que será motivo de examen de este Tribunal de Casación, conforme al principio dispositivo consignado en los artículos 168.6 de la Constitución de la República del Ecuador, actualmente en vigencia y 19 del Código Orgánico de la Función Judicial. TERCERA:- 3.1 Se esgrimen cargos únicamente al amparo de la causal primera, por el vicio de ?falta de aplicación? de los artículos 27 y 328 numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial; y por ?aplicación indebida? del artículo 1699 del Código Civil; en ambos casos al amparo de la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación. Se esgrimen cargos al amparo de la causal primera. Esta causal imputa vicios ?in iudicando? y puede darse por aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas de derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios, en la sentencia o auto, que hayan sido determinantes de su parte dispositiva. Aquí, tampoco se permite revalorar la prueba ni fijar nuevamente hechos ya establecidos, que se dan por aceptados pues, la esencia de esta causal apunta a demostrar, jurídicamente, la vulneración propiamente dicha de normas de derecho. Es que cuando el juzgador dicta sentencia y llega a la convicción de la veracidad de determinados hechos, alegados ora por el actor ora por el demandado (demanda y contestación); luego de reducir los hechos a los tipos jurídicos conducentes, busca una norma o normas de derecho sustantivo que le sean aplicables (subsunción del hecho en la norma y que es una operación de abstracción mental propia del intelecto humano). Una norma material, estructuralmente hablando, tiene dos partes por así decirlo: un supuesto y una consecuencia. En ocasiones, la norma carece de estas dos partes pero se complementa con una o más normas con las que forma una proposición jurídica completa. La subsunción no es sino la operación o encadenamiento lógico mental, propio de la lógica formal, de una situación fáctica, específica, concreta en la previsión abstracta, genérica o hipotética contenida en la norma en cuestión. El vicio de juzgamiento o ?in iudicando? contemplado en esta causal se da en tres casos: 1. Cuando el juzgador deja de aplicar la norma sustantiva al caso controvertido y que, de haberlo hecho, habría determinado que la decisión en la sentencia sea distinta; 2. Cuando el Juez entiende rectamente la norma pero la aplica a un supuesto fáctico diferente del hipotético contemplado en ella, incurriendo así en un error en la equivocada relación del precepto con el caso controvertido; y, 3. Cuando el juzgador incurre en un yerro de hermenéutica, de exégesis jurídica al interpretar la norma, atribuyéndole un sentido y alcance que no tiene. En la especie, la parte recurrente aduce vulneración de normas jurídicas no aplicadas o inaplicadas por el tribunal de instancia, normas ya mencionadas en el numeral segundo y que dicen relación al Código Orgánico de la Función Judicial y al Código Civil. Examinemos primero, en el orden en que la parte recurrente efectúa su exposición discursiva: la norma primeramente mencionada, esto es el artículo 27 del expresado código orgánico dice relación al principio de la verdad procesal por virtud del cual, los juzgadores resolverán únicamente atendiendo a los elementos aportados por las partes no debiendo exigirse prueba de los hechos públicos y notorios aunque se deberá declararlos en el proceso ?cuando los tome en cuenta para fundamentar su resolución?. Y, el numeral 1 del artículo 328 del mismo instrumento orgánico, consigna una prohibición para patrocinar por razones de función una serie de servidores públicos detallados en esa disposición y, el numeral primero, refiere a ?funcionarios y empleados de los ministerios del Estado?; toda vez que, según aduce la parte recurrente, uno de los abogados de la actora fue su patrocinador hasta después que se aprobara el código de la relación al no habérselo sustituido en la defensa habiendo sido servidor público 3 de uno de los ministerios; sin embargo, el haber continuado suscribiendo peticiones en la defensa profesional en cuestión y no haber sido reemplazado en la misma (no obstante haber habido dos profesionales en la defensa) no es causal de nulidad del proceso pues, a las nulidades deben caracterizarlas requisitos de especificidad y trascendencia y que en doctrina se denomina error in procedendo; debiendo, por tanto, encontrarse previamente consignadas en la ley y, además, ser de tal naturaleza que la trasgresión de las normas que lo informan afecten en verdad sustantivamente el trámite procesal y que sean insuperables, esto es, insanables. Ciertamente que hay incompatibilidad para patrocinar, como señala el Código Orgánico de la Función Judicial; empero, no es causal de nulidad procesal y, más bien, puede ejercitar la parte interesada las acciones correspondientes y previstas en el régimen disciplinario del mismo cuerpo legal y cuyas sanciones corresponde imponerlas al Consejo de la Judicatura atento a o previsto en el artículo 336. Lo anterior, por un lado; por otra parte, que la recurrente no siquiera invocó la causal segunda del artículo 3 de la Ley de Casación como para aspirar a obtener una declaratoria de nulidad que tampoco le alcanzaba por los razonamientos precedentes. Por tanto, se desestima el cargo imputado al fallo que reprocha. 3.2 Con relación a la aplicación indebida de la norma contenida en el artículo 1699 del Código Civil, aducida por la recurrente, dicha norma versa en torno a la nulidad absoluta que puede y debe ser declarada por el juez, aún sin petición de parte, cuando aparece de manifiesto en el acto o contrato, como en la especie, a juicio del tribunal de instancia. Es verdad que la norma citada por la parte recurrente en el memorial del recurso excluye en esa alegación a quien ejecutó el acto o celebró el contrato, ?sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba?; pero, conforme a las pruebas actuadas ante el juzgador de segundo nivel y valoradas por él, atento a su potestad jurisdiccional, resulta evidente que la actora no sabía del vicio que invalidaba el negocio jurídico en mención, esto es, la donación de su propiedad, toda vez que se vició el consentimiento, y así las cosas, resulta fuera de lugar aducir o argüir que se aplicó indebidamente el artículo 1699 del Código Civil cuando, por el contrario, se aplicó correctamente en el fallo confirmatorio que reprocha la parte recurrente. En consecuencia, se rechaza el cargo por el vicio en cuestión. Por las consideraciones y motivaciones precedentes, esta Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, no casa la sentencia de la que se ha recurrido y que fuera pronunciada por la Sala única de la Corte Provincial de Justicia de Napo el 17 de diciembre de 2009, a las 08h10. Con costas por considerarse que se ha litigado con mala fe. Léase, notifíquese y devuélvase.
Fdo.) Dres. Galo Martínez Pinto, Carlos Ramírez Romero yManuel Sánchez Zuraty, Jueces Nacionales y Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario Relator que certifica.
RAZÓN: Las tres (3) copias que anteceden son iguales a sus originales, constantes en el juicio No. 58-2009 ER (Resolución No. 130-2011); que sigue Rosalía Tejada López contra Georgina Bonilla Tejada.- Quito, 25 de Febrero de 2011.
f.) Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario Relator, Sala Civil, Mercantil y Familia, Corte Nacional de Justicia.
No. 128-2011
ACTORES: Carlos Enrique Gallardo Álava y Guillermo Humberto Chiquito Gamboa.
DEMANDADOS: Ulbio Vicente Villacreses Castillo y Franklin Ricardo Pérez.
Quito, 16 de febrero de 2011, las 16H12.
VISTOS: (Juicio No. 853-2009 ER) Conocemos la presente causa como Jueces de la Sala Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia, en mérito a lo dispuesto en la segunda disposición transitoria del Código Orgánico de la Función Judicial publicado en el suplemento del Registro Oficial No. 544 de 9 de marzo de 2009; en el numeral 4 literales a) y b) del apartado IV, DECISIÓN, de la sentencia interpretativa 001-08-SI-CC pronunciada por la Corte Constitucional el 28 de noviembre de 2008, publicada en el suplemento del Registro Oficial No. 479 de 2 de diciembre del mismo año, debidamente posesionados el 17 de diciembre último ante el Consejo de la Judicatura; y, en concordancia con el artículo 5 de la resolución sustitutiva adoptada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia el 22 de diciembre de 2008, publicada en el Registro Oficial No. 511 de 21 de enero de 2009; y los artículos 184.1 de la Constitución de la República del Ecuador y 1 de la Ley de Casación. En lo principal, en el juicio verbal sumario que por nulidad de nombramiento siguen Carlos Enrique Gallardo Alava y Guillermo Humberto Chiquito Gamboa contra Ulbio Vicente Villacreses Castillo y Franklin Ricardo Pérez, los demandados deducen sendos recursos extraordinarios de casación respecto de la sentencia expedida el 16 de julio de 2009, a las 15h59 por la Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, declara con lugar la demanda.- Aceptado a trámite los recursos de casación y, encontrándose la causa en estado de resolución, para hacerlo, la Sala efectúa las consideraciones previas siguientes: PRIMERA: Declarar su competencia para conocer el recurso extraordinario de casación en virtud de lo dispuesto en los artículos 184.1 de la Constitución de la República del Ecuador y 1 de la Ley de Casación y por cuanto esta Sala calificó los recursos de la relación por cumplir los requisitos de procedencia, oportunidad, legitimación y formalidades exigidas por el artículo 6 de la ley de la materia, admitiéndolo a trámite. SEGUNDA: En primer lugar se analiza el recurso de casación interpuesto por Franklin Ricardo Pérez. La parte recurrente ha formulado su recurso extraordinario aduciendo la trasgresión de las siguientes normas: Los numerales 1 y 2 del Art. 249 de la Ley de Compañías, el literal h) del Art. 114 de la Ley de Compañías; el inciso segundo del Art. 216 y el Art. 353 de la misma Ley; el Art. 560 del Código Penal y el Art. 142 del Código de Procedimiento Civil; y, las causales en que sustenta su reclamación son la primera y tercera del artículo 3 de la Ley de Casación. TERCERA: Como consecuencia del principio dispositivo contemplado en el artículo 168.6 de la Constitución de la República del Ecuador, actualmente en vigencia, desarrollado en el artículo 19 del Código Orgánico de la Función Judicial, corresponde a la parte recurrente la fijación de los límites dentro de los cuales se constriñe el recurso deducido, y, efectivamente, así ha quedado establecido en el memorial del recurso extraordinario planteado. CUARTA: Corresponde analizar el cargo con fundamento en la causal tercera de casación. 4.1.- Esta causal se conoce como de violación indirecta de normas sustantivas por aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, siempre que hayan conducido a una equivocada aplicación o a la no aplicación de normas de derecho en la sentencia o auto. En la configuración de esta causal concurren dos trasgresiones sucesivas: la primera, violación de preceptos jurídicos aplicables a la valoración probatoria por cualquiera de los tres supuestos antes mencionados; y, la segunda afectación de normas de derecho como consecuencia de la primera y que conduce a la equivocada aplicación o no aplicación de estas normas materiales en la sentencia o auto. Por tanto, la parte recurrente, al invocar esta causal debe determinar lo siguiente: 1. Los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba que pudiesen haber sido violentados; 2. El modo por el que se comete el vicio, esto es, aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación; 3. Qué normas de derecho han sido equivocadamente aplicadas o no aplicadas como consecuencia de la trasgresión de preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba; y, 4. Explicar y demostrar, cómo la aplicación indebida, falta de aplicación o la errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a dicha valoración probatoria han conducido a la afectación de normas de derecho, ora por equivocada aplicación o por su falta de aplicación. 4.2.- En la especie, el recurrente señala que la Corte Provincial, al analizar la prueba de confesión judicial rendida por Holanda Estela Ponce Gómez, ante la Jueza Noveno de lo Civil del cantón Jipijapa, solo considera la respuesta a la pregunta l) cuando responde que ?recuerda haber escrito que el cargo de Gerente quedaba para don Vicente Villacreses y el de Presidente quedada en acefalia, incluso en mis apuntes que tomé en la sesión tengo apuntado así??, por lo que existe una aplicación indebida de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, concretamente del Art. 142 del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone que la confesión prestada es una acto en los juicios civiles indivisible, que debe hacerse uso de toda la declaración o de ninguna de sus partes, excepto cuando haya graves presunciones u otra prueba contra la parte favorable al confesante.- Que los Jueces Provinciales dan valor probatorio a una parte de la confesión y descartan las otras respuestas a las pregunta de los literales ?j, k, l, m o y s? que favorecen a la defensa de los demandados, violando de esta manera el precepto jurídico que obliga a que los jueces deben hacer uso de toda la declaración o de ninguna de sus partes, provocando la aplicación indebida de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de prueba, específicamente con la confesión judicial. 4.3.- Al respecto, esta Sala estima que la acusación no está formulada en forma completa, que el recurrente no ha hecho la proposición jurídica completa de la causal tercera de casación, pues omite señalar las norma(s) de derecho que ha sido violentadas, ya sea por equivocada aplicación o por falta de aplicación, como efecto de la primera infracción; siendo este uno de los requisitos fundamentales para la procedencia del recurso de casación por la causal tercera, según se indicó anteriormente. Tampoco explica, el contenido y las preguntas y respuestas de la referida confesión judicial, que en su criterio le favorecen, y cómo entonces, se habría producido la ?división o fragmentación? de la confesión judicial, insinuando que esta Sala vuelva a valorar esa diligencia probatoria, lo que no corresponde en materia de casación. En tal virtud se desecha la acusación formulada con cargo en la causal tercera de casación QUINTA: Corresponde ahora analizar la acusación con sustento en la causal primera de casación. 5.1.- Esta causal procede por falta de aplicación de normas de derecho incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios en la sentencia o auto y que hayan sido determinantes en su parte dispositiva; causal que doctrinalmente hablando se conoce como de vicios ?in iudicando? y que no permite apreciar la prueba actuada ni tampoco hacer una nueva consideración de los hechos que se da por aceptados; apuntando sí, esencialmente, a la vulneración de normas propiamente. Es que cuando el juzgador dicta sentencia y llega a la convicción de la verdad de determinados hechos, alegados ora por el actor, ora por el demandado (demanda y contestación); luego de reducir los hechos a los tipos jurídicos conducentes, busca una norma o normas de derecho sustantivo que le sean aplicables (subsunción del hecho en la norma). Una norma material o sustancial, tiene, estructuralmente hablando, de ordinario, dos partes: un supuesto y una consecuencia. En ocasiones, las normas no tienen estas dos partes sino que se complementa con otra o más normas con las que forma una proposición lógico jurídica completa. La subsunción no es sino el encadenamiento lógico de una situación fáctica específica, concreta en la previsión abstracta, genérica o hipotética contenida en la norma. El vicio de juzgamiento o ?in iudicando? contemplado en esta causal se da en tres casos: a) Cuando el juzgador deja de aplicar la norma sustantiva al caso controvertido y que, de haberlo hecho, habría determinado que la decisión en la sentencia sea distinta; b) Cuando el juez entiende rectamente la norma pero la aplica a un supuesto fáctico diferente del hipotético contemplado en ella, incurriendo así en un error en la equivocada relación del precepto con el caso controvertido; y, c) Cuando el juzgador incurre en un error o yerro de hermenéutica, de exégesis jurídica al momento de interpretar la norma, atribuyéndole un sentido y alcance que no tiene. 5.2.- El recurrente señala que en la sentencia recurrida no debió aplicarse (indebida aplicación) la disposición del Art. 216 de la Ley de Compañías, porque tal disposición norma los derechos de los accionistas para impugnar los acuerdo de las juntas generales o de los organismos de administración que no se hubieren adoptado de conformidad con la ley o el estatuto social, pero de una compañía anónima y no de una compañía de responsabilidad limitada, como es la empresa Los Bizarros del cantón Jipijapa, ya que los derechos de los socios que integran una compañía de responsabilidad limitada están normados por el Art. 114 de la Ley de Compañías, cuyo inciso segundo dice: ?No obstante cualquier estipulación contractual los socios tendrán los siguientes derechos: a) A recurrir a la Corte Superior del distrito impugnando los acuerdos sociales, siempre que fueren contrarios a la ley o a los Estatutos?, inciso segundo que dice: ?En este caso se estará a lo dispuesto en los Arts. 249 y 250, en lo que fueren aplicables?. Señala el recurrente que esas eran las disposiciones que debieron aplicarse en este caso y no el Art. 216 de la Ley de Compañías que se aplicó indebidamente en la sentencia recurrida; expresando que si se aplicaban las disposiciones de los Art. 249 y 250, en concordancia con el Art. 114, literal h) de la referida Ley, se debió declarar sin lugar la demanda por extemporánea, pues la acción fue presentada cincuenta y ocho días después de la fecha de clausura de la junta general de socios, y los accionantes sí concurrieron a la Asamblea y no dieron su voto en contra de la resolución, conforme obra de autos. 5.3.- Igualmente, dentro de la causal primera de casación se expresa que la Sala de Segunda Instancia no debió aplicar en su sentencia la disposición del Art. 353, inciso sexto de la Ley de Compañías, ya que esta norma legal trata sobre las compañías que se encuentran vigiladas por interventores designados por la Superintendencia de Compañías, caso totalmente diferente al de la Compañía de Responsabilidad Limitada Los Bizarros del cantón Jipijapa, que no se encuentra en estado de intervención. Que igualmente no debieron aplicar el Art. 560 del Código Penal, que tipifica y reprime las estafas y otras defraudaciones, ya que, dice, el presente caso solo se trata de la impugnación del nombramiento de Presidente de la Compañía antes indicada; indebida aplicación que ha provocado que en la sentencia se establezca que existen responsabilidades civiles y penales de quienes cometieron el delito. 5.4.- Sobre esta acusación, esta Sala considera que la Ley de Compañías establece los mecanismos legales mediante los cuales los socios de una compañía pueden impugnar las resoluciones o acuerdos de los organismos de dirección o administración de aquellas, por razones de legalidad o incluso de conveniencia a los intereses de las mismas. En el presente caso, la impugnación planteada por dos de los socios de la Compañía ?Los Bizarros Cía. Ltda.?, Carlos Enrique Gallardo Alava y Humberto Guillermo Chiquito Gamboa, quienes cuestionan una supuesta resolución, por adulteración del acta de junta general, según dicen, en lo que respecta a la designación del Presidente de la Empresa, pues, lo que realmente se resolvió en la Junta General de 31 de diciembre del 2008, fue que no se pudo nombrar presidente de esa empresa por cuanto hubo un empate en las votaciones de los candidatos, quedando prorrogado en sus funciones el anterior Presidente, Carlos Gallardo Alava, más no nombrar como tal a Franklin Ricardo Pérez, como se hace aparecer con un acta adulterada, con la cual se procede a extender e inscribir un nombramiento a favor de tal persona. La norma del Art. 114, letra h) de la Ley de Compañías, establece que, entre los derechos de los socios de la compañía de responsabilidad limitada, está el de recurrir ante la Corte Superior del distrito impugnando los acuerdos sociales, para cuyo caso se seguirá el procedimiento previsto en los Arts. 249 y 250 de esa Ley, los cuales disponen que una minoría que represente al menos el 25% del capital pagado, podrá apelar de las decisiones de mayoría cumpliendo los requisitos determinados en esa norma, entre otros que sea presentada la apelación dentro de los treinta días siguientes a la fecha de clausura de la Junta General, que no hayan concurrido a la junta o hubieren dado su voto en contra de la resolución.- En la especie, no se trata de una apelación a una resolución de mayoría de una junta general, no es una minoría de socios la que impugna el acto, tampoco que los socios minoritarios no hayan concurrido a la junta o hubieren votado en contra de la resolución; lo que en realidad se impugna, es la inexistencia de un nombramiento de Presidente de la citada Compañía a favor de Franklin Ricardo Pérez, porque esa no fue la resolución que adoptó la Junta General celebrada el 31 de diciembre del 2008; por tanto, la supuesta resolución que otorgó ese nombramiento, su posterior expedición e inscripción en el Registro Mercantil, son actos nulos; siendo entonces aplicable al caso las normas de los Arts. 215 y 216 de la Ley de Compañías, que determina la facultad de los socios de una compañía de ?impugnar? las resoluciones de una junta pero por motivos de legalidad, por ser contrarias a la ley o a los estatutos sociales, cuyo trámite se regirá por la norma del Art. 249 de la Ley de Compañías, empero, respecto al trámite y plazo para presentar la impugnación es aplicable la norma del inciso segundo Art. 216 ibídem, en cuanto a que la acción de nulidad de los acuerdos contrarios a la ley, no queda sometida a plazos de caducidad, lo que es jurídicamente coherente, pues los actos nulos carecen de valor alguno y constituyen un aspecto de orden público, que interesa o mira el interés de la sociedad y no solo al interés privado. 5.5.- En torno a la segunda imputación de indebida aplicación de las normas de los Art. 353, inciso sexto de la Ley de Compañías y Art. 560 del Código Penal, esta Sala considera que efectivamente aquellas normas no son aplicables al caso que se juzga, por cuanto no se trata del caso de una compañía sujeta a intervención por parte de la Superintendencia de Compañías, cuando se hubiere realizado operaciones o documentos que requieran el visto bueno del interventor o interventores para su validez, ya que la Compañía ?Los Birrazos Cía. Ltda.?, no está sujeta a ese régimen; y respecto a las posibles responsabilidades penales de los administradores, aquello corresponde determinar a la jurisdicción penal.- No obstante lo señalado, esta violación no es determinante de la parte dispositiva de la sentencia, como lo exige la parte final de la causal primera de casación, toda vez que el fallo del Tribunal ad quem se limita a declarar la nulidad del nombramiento como Presidente de esa Compañía conferido a Franklin Ricardo Pérez y su inscripción en el Registro Mercantil.- Por las consideraciones antes anotadas, se desecha la acusación formulada con cargo a la causal primera de casación. SEXTA: Corresponde en segundo término analizar el recurso de casación interpuesto por Ulbio Vicente Villacreses Castillo (fs. 239 a 241 del cuaderno de segunda instancia).- El recurrente ha formulado su recurso extraordinario aduciendo la trasgresión de las siguientes normas: los Arts. 76, numerales 1 y 7, letras h), m) y l), y el Art. 75 de la Constitución de la República; los Arts. 5, 9, 22 y 25 del Código Orgánico de la Función Judicial; el inciso segundo del Art. 216 de la Ley de Compañías; y los Arts. 113, 117 y 122 del Código de Procedimiento Civil; funda su recurso en la causal quinta del artículo 3 de la Ley de Casación.- Al respecto, cabe reiterar lo expresado en el considerando Tercero de este fallo, respecto al ámbito que este Tribunal de Casación le compete. SEPTIMA: Corresponde analizar en primer término, los cargos de violación de normas constitucionales, en virtud de orden jurídico jerárquico que tienen esas disposiciones y en orden a los mandatos contenidos en el Art. 11, numerales 3 y 4 de la Constitución. 7.1.- Al formular su cargo, el recurrente expresa que los juzgadores de instancia no han considerado la excepción por él propuesta de improcedencia de la acción, por cuanto los demandantes no siguieron el proceso previsto en el Art. 249 numeral 2 de la Ley de Compañías, por lo que la acción es extemporánea, violándose así los principios establecidos en el Art. 76, numeral 7, letra h), numeral 1, en relación con el Art. 75 de la Constitución.- Añade que los juzgadores al fundamentar su sentencia, analizan en forma escueta el Art. 216 , inciso segundo de la Ley de Compañías, al manifestar que es procedente la acción de nulidad solicitada por los actores, sin que se analice dicho inciso el cual dice que no queda sometida al plazo (30 días) de caducidad la acción de nulidad de los acuerdos contrarios a la ley, de los cual se colige, dice el casacionista, que el acto antijurídico supuestamente cometido por los demandados en la elaboración del acta, no está comprobado ya que la supuesta prueba, confesión judicial, solicitada por los demandantes, nada tiene que ver con la elaboración y suscripción del acta, confesión rendida por una persona auxiliar, Secretaria de la compañía que no tiene nada que ver con la elaboración y suscripción del acta de 31 de diciembre del 2008, persona que no firma el documento y que no es parte societaria de la compañía, ya que tal obligación corresponde al Secretario de la Junta; confesión que carece de fuerza probatoria y no debió ser tomada en cuenta por los jueces por tratarse de una prueba írrita, de aquellas que el Art. 76 de la Constitución no da valor probatorio.- Continúa indicando que al referirse a la inspección judicial ordenada por la Jueza Novena de lo Civil de Manabí, los jueces la valoran sin raciocinio jurídico y por partes, seccionando la integridad de la prueba , al darle sólo crédito a las conclusiones de la perito sobre la existencia de dos actas creadas el 6 de enero del 2009, con lo que se comprueba que el acta no fue realizada el 31 de diciembre del 2008, ya que dicha documentación electrónica no puede ser valorada como prueba de la falsificación o forjamiento de una persona determinada, puesto que en el computador pudieron existir cuatro, cinco, seis o más borradores con el mismo texto; además que el perito concluye que las actas recuperadas no tienen firmas por lo tanto no son documentos legales, y que los Jueces han fallado en base a simples papeles anónimos que no tienen los elementos básico de un documento.- Que se debió desechar la prueba aportada por los demandantes por mal actuada, ya que le Art. 117 del Código de Procedimiento Civil define la prueba debidamente actuada y tomando en consideración que los documentos aportados por los demandantes como medidas preparatorias pierden su eficiencia jurídica, ya que no fueron procesalmente pedidos, presentados y practicados, no hacen fe en juicio y violan las garantías al debido proceso y consecuentemente a la Constitución. Que es obligación del juez observar que el demandante pruebe los hechos expuestos afirmativamente en la demanda, como lo prescribe el Art. 113 del Código de Procedimiento y más aun, comprobar que no han existido omisiones de formalidades sustanciales en la elaboración del acta de 31 de diciembre del 2008 que va en contraposición de la ley, ya que en el caso de no hacerlo se ?comprueba la inexistencia de la tutela efectiva, imparcial y expedita de los derechos establecido en el Art. 75 de la Constitución, violándose los Arts. 5, 9, 22 y 25 del Código Orgánico de la función Judicial, sin que exista la condición jurídica que conlleve al juzgador a declarar la nulidad del acta impugnada por nulidad de la misma y declarar como consecuencia responsabilidades personal o solidaria de los demandados, pues de ser así se estaría atropellando las normas procesales exigiendo la nulidad de un acto lícito y válido ya que no existe un fundamento razonable para aquello, que al no haberse probado por los actores y no considerarse las pruebas aportadas por los demandados, ha hecho que se dicte una sentencia sin que contenga los requisitos exigidos por la ley, como es la motivación jurídica, vulnerándose la letra l9 del numeral 7 del Art. 76 de la Constitución. Finalmente, indica que los actores no han probado que se hallen constituidos los elementos para que se declare la nulidad del acta de la junta general, como son la convocatoria de socios de acuerdo a la ley y los estatutos; la notificación del orden del día, el quórum correspondiente, etc. (Art. 246 Ley de Compañías), como es el caso de la prueba de confesión judicial presentada por los actores, pues la confesante no está en capacidad de certificar lo ocurrido en la Junta, manifestando respuestas que no son puras sobre los hechos preguntados con una serie de contradicciones que no pueden ser valoradas como pruebas, ya que no guardan crédito, pues la confesión solo hace fe contra sí mismo conforme lo prescribe el Art. 122 del Código de Procedimiento Civil. 7.2.- Las normas constitucionales cuya violación se imputa, establecen: ?Art. 75.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley?. ?Art. 76. En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 7 El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: h) Presentar en forma verbal o escrita as razones o argumentos de los que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y contradecir las que se presentaren en su contra?; l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados.?. En cuanto se refiere a la norma del Art. 75 de la Constitución, aquella contiene una serie de principios doctrinarios de filosofía de acción como es el derecho de acceso gratuito a la justicia, el derecho a recibir una tutela efectiva imparcial y expedida de los derechos, la garantía del derecho a la defensa y el precepto de que el incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley. En cambio, el debido proceso es un principio jurídico procesal o sustantivo según el cual, toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legitimas frente al juez. Es el conjunto de etapas formales secuenciadas e imprescindibles realizadas dentro un proceso por los sujetos procesales cumpliendo los requisitos prescritos en la Constitución con el objetivo de que: los derechos subjetivos de las partes no corran el riesgo de ser desconocidos y también obtener de los órganos judiciales un proceso justo, pronto y transparente. El Tratadista Mario Madrid-Malo Garizábal, en la obra ¨Derechos Fundamentales¨, precisa: ¨El debido proceso es el que en todo se ajusta al principio de juridicidad propio del Estado de derecho y excluye, por consiguiente, cualquier acción contra legem o praeter legem. Como las demás potestades del Estado, a la de administrar justicia está sujeta al imperio de lo jurídico: sólo puede ser ejercida dentro de los términos establecidos con antelación por normas generales y abstractas que vinculan en sentido positivo y negativo a los servidores públicos. Estos tienen prohibida cualquier acción que no esté legalmente prevista, y sólo puede actuar apoyándose en una previa atribución de competencia. El derecho al debido proceso es el que tiene toda persona a la recta administración de justicia. El derecho al debido proceso es el derecho a un proceso justo; a un proceso en el que no haya negación o quebrantamiento de los que cada uno tenga jurídicamente atribuido o asignado. Es debido aquel proceso que satisface todos los requerimientos, condiciones y exigencias necesarias para garantizar la efectividad del derecho material. Se le llama debido porque se le debe a toda persona como parte de las cosas justas y exigibles que tiene por su propia subjetividad jurídica? (obra citada, Segunda Edición. Bogotá. 1997. 3R Editores, página 146). En la especie, el recurso de casación está dirigido a atacar la valoración de la prueba realizada por el Tribunal ad quem, la forma en que éste consideró las actuaciones probatorias actuadas dentro del proceso para determinar que la acción formulada por los actores era procedente, pues el recurrente, insiste en señalar que no se ha demostrado la nulidad del acta de junta general tantas veces mencionada. En materia de casación no es procedente que el Tribunal de Casación vuelva a valorar la prueba, como pretende el recurrente, pues tal tarea corresponde a la actividad autónoma del juzgador de instancia, conforme lo ha expresado la Corte de Casación en innumerables fallos cuando ha expresado: ?La doctrina de Casación Civil atribuye a la soberanía del tribunal de instancia la apreciación de la fuerza probatoria de los distintos medios que no estén sujetos a tarifa legal.- Esta soberanía significa que el mérito valorativo que de tales medios desprenda el Tribunal de Instancia o su desestimación al considerarlas insuficientes para adquirir su convicción, pertenecen al criterio soberano del juzgador de instancia y no puede ser modificado por la Corte de Casación menos que se desconozca la evidencia manifiesta que de ellos aparezca?. (Manuel Tama, El Recurso de Casación en la jurisprudencia nacional, Tomo I, EDILEX S.A., Guayaquil, 2003, pág. 21). En todo caso, la transgresión de las normas de valoración de la prueba tiene que ser atacada a través de la causal tercera de casación. De las actuaciones procesales se establece que los demandados han ejercido plenamente su derecho a la defensa, al contestar la demanda, presentar pruebas e impugnar aquellas que ha solicitado la parte contraria, sin que entonces se evidencia una vulneración de sus derechos de acceso a la justicia y a la tutela de sus derechos, pues el hecho de que la sentencia no haya sido favorable a la pretensión de los demandados, no implica violación de las garantías previstas en el Art. 75 de la Constitución, sino el resultado de la decisión de los jueces en ejercicio de su facultad jurisdiccional. Respecto de las garantías al debido proceso, concretamente aquella prevista en el Art. 76, numeral 7, letra h) de la Constitución, cabe indicar que igualmente los demandados han ejercido su derecho de contradicción al contestar la demanda y proponer las excepciones de las que se consideraban asistidos, solicitar y practicar pruebas y replicar las pruebas presentadas por los actores, formular sus alegatos y formular el recurso de casación. El recurrente no ha demostrado que de alguna manera, dentro del proceso, se le haya impedido u obstaculizado ejercer su derecho de contradicción, pues, una cosa es estar en desacuerdo con la valoración probatoria de los juzgadores de instancia y otra muy distintas es que en el juicio se le hubiese imposibilitado de actuar prueba o de contradecir la prueba de la otra parte. Además, las actuaciones realizadas mediante diligencias preparatorias, si constituyen prueba válidamente actuada, cuando han sido reproducidas dentro del juicio principal, sin que exista vulneración al principio de legalidad de la prueba previsto en el Art. 117 del Código de Procedimiento Civil. 7.3.- Finalmente, en lo que respecta al requisito de motivación previsto en el Art. 76, numeral 7, letra l) de la Constitución expresamos que la motivación es un requisito esencial para la validez de las resoluciones de los poderes públicos, pues en ella se exige que las decisiones de las personas que ejercen jurisdicción y competencia, ya sea en el ámbito judicial como administrativo, sustenten sus decisiones en la ley y en la pertinencia de su aplicación a los hechos preestablecidos; este requisito se lo ha establecido para evitar abuso o arbitrariedades de las autoridades y jueces. Es tal su importancia que en la Carta Constitucional de 1998 se lo elevó a la categoría de derecho constitucional y en la actual Constitución, además, constituye causal de nulidad del acto o resolución. En la especie, la sentencia del Tribunal ad quem se encuentra suficientemente motivada al aplicar las normas de derecho que estima pertinentes a los hechos establecidos en el proceso, concluyendo que se han probado los fundamentos de la demanda. Distinto es el caso en que el recurrente discrepe de los motivos o fundamentos que han tenido los juzgadores para llegar a su decisión, o la forma en que han valorado la prueba, como es el cuestionamiento del casacionista, lo que no comporta falta de motivación. OCTAVA: Cabe finalmente analizar el cargo formulado a través de la causal quinta de casación.- 8.1.- Dicha causal hace relación a los requisitos que la ley establece para la validez de una sentencia y a decisiones contradictorias o incompatibles en la resolución.- La primera parte de esta causal se refiere a los requisitos de fondo y forma de una resolución judicial; siendo el requisito esencial de fondo la motivación, que constituye la obligación del juzgador de señalar las normas legales o principios jurídicos que sustenta su fallo y la pertinencia de su aplicación al caso sometido a su decisión, en lo formal, se refiere a los requisitos que están contenidos en los Arts. 275 y 287 del Código de Procedimiento Civil. La segunda parte, en cambio, determina que existen motivos para casar una sentencia o auto definitivo, cuando en su parte resolutiva se adoptan decisiones contradictorias o incompatibles. Toda resolución judicial constituye un silogismo lógico, partiendo de los antecedentes del caso que se juzga, con la descripción de la posición de las partes en la acción y las excepciones, las pruebas aportadas dentro del proceso, para luego hacer las consideraciones de índole legal y jurídico que permiten arribar a una decisión, por lo tanto se trata de un razonamiento lógico, armónico y coherente; sin embargo, este principio se rompe, cuando lo resuelto no guarda armonía con los antecedentes y fundamentos de derecho, como por ejemplo si en un juicio de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio el juez estima que se han reunido todos los requisitos que la ley exige para esta forma de adquirir el dominio de bienes inmuebles, sin embargo en la parte resolutiva de la sentencia declara sin lugar la demanda, evidentemente existe contradicción, incongruencia, etc.; la incompatibilidad resulta de la propia resolución, porque las disposiciones del juez carecen de congruencia y no permiten su ejecución. 8.2.- En su acusación el recurrente dice que en la sentencia impugnada hay decisiones contradictorias e incompatibles con las tablas procesales y la actividad probatoria, ya que indica ha probado que los actos realizados en la Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía LOS BIZARROS CIA. LTDA. fueron lícitos y enmarcados dentro de la ley, pues se observaron los procedimientos establecidos en la Ley de Compañías para proceder a elegir como presidente a Franklin Ricardo Pérez, cumpliendo el Acta con los requisitos formales exigidos en el Art. 122 de la Ley de Compañías y las solemnidades previstas en los Arts. 117, 118, 119, 120 y 121 ibídem, por tanto no se puede objetar la validez de un documento privado que se demanda la nulidad, ya que el acta se encuentra certificada por el secretario de la Junta de 31 de diciembre del 2008, único funcionario con capacidad para dar tal certificación y por el Presidente de la Junta, por tanto, las decisiones tomada en aquella son válidas. 8.3.- Nuevamente se trata de cuestionar la valoración de la prueba realizada por el Tribunal de instancia, respecto de la validez del acuerdo societario que determinó o no la designación del Presidente de la mencionada Compañía.- Analizado el fallo de la Sala Civil de la Corte Provincial de Manabí tenemos que no existe contradicción alguna entre la parte considerativa del mismo, en especial el considerando Tercero donde se analiza la prueba actuada dentro del proceso y la parte resolutiva que acepta la demanda. Existiría contradicción en la sentencia si lo juzgadores al revisar las actuaciones probatorias establecieren como ciertos y verdaderos los hechos, pero en la decisión expresaren lo contrario, cosa que no ocurre en el caso analizado.- Cabe señalar además, que de conformidad con lo previsto en el inciso primero del Art. 122 de la Ley de Compañías, las actas de las juntas generales llevarán las firmas del Presidente y Secretario de la junta; en el presente caso, el único documento que lleva tales firmas es la copia certificada del Acta de la Junta General Extraordinaria de 31 de diciembre del 2008 que en copia certificada se adjunta a la demanda (fojas 1 y 2 del proceso), acta en la cual se dice que ?el señor Carlos Gallardo en el cargo de Presidente quedará prorrogado, hasta la próxima Junta ??; es decir, no existe la supuesta acta en la que se designa como Presidente al demandado Franklin Ricardo Pérez, como afirma el recurrente. 8.4.- Por último, respecto del requisito de motivación, que se dice no existe en la sentencia, cabe reiterar lo expresado en el numeral 7.3 del considerando Séptimo de este fallo.- Por lo expresado, la Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA?, no casa la sentencia expedida el 16 de julio de 2009, a las 15h59 por la Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia d