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Timestamp: 2019-01-17 00:23:34
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Segunda cuestión: ¿En la sentencia recurrida existe interpretación directa de algún precepto constitucional?
Quejoso y recurrente
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A juicio de esta Primera Sala sí hubo tal interpretación, esto al margen de que la mayoría de las consideraciones dadas por el tribunal federal fueron para dar respuesta a temas de mera legalidad. Así el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito negó el amparo al quejoso, bajo las consideraciones siguientes:
28.1 El tribunal federal califica de inoperantes los conceptos de violación del quejoso en los que combate la sentencia de primera instancia, pues la materia de estudio en el juicio de amparo es la sentencia de apelación dictada por la sala responsable, que sustituyó procesalmente a la resolución emitida por la juez natural; motivo por el cual, dicho órgano jurisdiccional estima que no estaba en condiciones de analizar una sentencia que ya fue sustituida por otra. Ello, conforme a la jurisprudencia de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO IMPUGNAN UNA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE YA FUE SUSTITUIDA POR OTRA DE SEGUNDO GRADO"7.
28.2 Por otro lado, el órgano colegiado estima que los motivos de inconformidad en los que el promovente del amparo alega violación al derecho de debido proceso, tutelado en el artículo 14 constitucional eran infundados.
El tribunal de amparo señaló que conforme a la jurisprudencia 139/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo epígrafe es: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE"8, se determinó que entre las garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento del derecho fundamental de audiencia, se encuentra la referente a las formalidades esenciales del procedimiento, conocida también como debido proceso legal, la que se refiere al cumplimento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime la cuestiones debatidas.
Así, tal derecho fundamental permite a los justiciables acceder a los órganos jurisdiccionales para hacer valer sus derechos de manera efectiva, en condiciones de igualdad procesal, así como ofrecer las cuestiones debatidas, lo que se traduce en el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento, es decir, al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional (instrucción, defensa, pruebas y sentencia).
El tribunal colegiado señala que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 47/95 de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO"9, en la que se determinó que las formalidades esenciales del procedimiento se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alega y, 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas.
Sobre esa base, el órgano de amparo estima que no es verdad que exista violación a tal principio, pues en conformidad con las constancias del juicio natural y del toca de apelación se desprende todas y cada una de las etapas procesales del juicio (para ello hace una relación de lo acontecido en primera y segunda instancias).
Precisados los antecedentes del juicio, para el tribunal colegiado, quedó evidenciado que no se violó el derecho fundamental de debido proceso, pues el quejoso conoció y compareció al juicio, en el que se le dio la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, alegar y, en su oportunidad, se dictó sentencia, aunque no favorable a sus pretensiones, en contra de la cual el demandado interpuso recurso de apelación, cuya sentencia es materia de análisis en el juicio de amparo directo.
El órgano jurisdiccional agregó que los argumentos en los que el peticionario del amparo alegó que no se admitió la prueba pericial en materia de grafoscopía y documentoscopía ofrecida por el quejoso, para acreditar su excepción de falsedad de los documentos base de la pretensión, así como el desechamiento del recurso de revocación que interpuso en contra de esa determinación resultaban inoperantes, porque las condiciones para su estudio como violación a las leyes del procedimiento no fue preparada por el enjuiciado, en términos del artículo 171 de la Ley de Amparo, al no haber interpuesto el recurso idóneo –apelación– en contra del auto que desechó la prueba pericial, de manera que incumplió con los requisitos previstos en el artículo 171 de la Ley de Amparo.
28.3 Por otro lado, el órgano de amparo estima que no asiste razón al quejoso, al manifestar que indebidamente se le declaró confeso en la audiencia de desahogo de pruebas, ya que asistió a dicha audiencia minutos más tarde de la hora fijada y el apercibimiento decretado fue para el caso de su incomparecencia, ello porque las partes pueden intervenir en las audiencias siempre y cuando no se haya emitido algún acuerdo, cuando en dicha diligencia ya se había dictado el proveído respectivo, pues de haberlo permitido la juzgadora vulneraría los principios de igualdad procesal que debe prevalecer entre las partes y de imparcialidad a que está obligada la juzgadora.
28.4 Además, para el tribunal federal, el hecho de que la juez natural no estuviera físicamente en el local del juzgado no genera la nulidad de la audiencia de desahogo de la prueba de confesión, porque en el acta de la diligencia referida se hizo constar que dicha juzgadora fue la que declaró la apertura y presidió la diligencia.
28.5 El argumento del quejoso en el que pretende combatir el emplazamiento, por no cumplir con las formalidades que exige la ley fue calificado inoperante por el órgano de amparo, porque aquél promovió incidente de nulidad de actuaciones por defecto en el emplazamiento, el cual fue declarado improcedente y se dejó firme tal actuación. En contra de tal decisión, el demandado interpuso recurso de apelación, cuya resolución determinó confirmar la interlocutoria referida; sin que el promovente del amparo expusiera argumentos tendentes a controvertir dicha resolución, la cual era materia de análisis en el juicio de amparo directo que se promoviera en contra de la sentencia definitiva.
28.6 Sobre esa base, el tribunal colegiado estima que la sentencia reclamada no vulnera el derecho fundamental de igualdad ante la ley. Dicho órgano jurisdiccional señaló que en relación al tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 81/2004, de rubro "IGUALDAD. LÍMITES A ESTE PRINCIPIO"10 (la cual fue transcrita) para determinar qué debe entenderse por ese derecho fundamental, incluso señala que tal derecho se refiere a la posibilidad de acceder en igualdad de circunstancias a la jurisdicción para defender esos derechos. Dicho órgano jurisdiccional cita la jurisprudencia 55/2006, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo epígrafe es "IGUALDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL LEGISLADOR RESPETA ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL"11 y señala que en la ejecutoria de donde derivó tal criterio, se resolvió que cuando se conoce de un caso en el cual la ley distingue entre dos o varios hechos, sucesos, personas o colectivos, se debe analizar si dicha distinción descansa en una base objetiva y razonable o si, por el contrario, constituye una discriminación constitucionalmente vedada.
El órgano colegiado considera que no se vulnera el principio de igualdad ante la ley entre las partes y no discriminación, porque el Código de Comercio tiene por objeto regular los actos comerciales, para lo cual determina el proceso jurisdiccional como solución a los litigios de trascendencia jurídica en materia mercantil, así como los principios rectores y sus elementos fundamentales, así como los procedimientos a seguir, como sería el ejecutivo mercantil y las formalidades que deben seguirse, las cuales ocurrieron en el caso concreto –a juicio del tribunal colegiado–, pues el quejoso tuvo la oportunidad de contestar la demanda, oponer sus excepciones y defensas, ofrecer pruebas, alegar y recurrir la sentencia que no fue benéfica a sus intereses.
28.7 Además, dicho órgano jurisdiccional considera que tampoco asiste razón al promovente del amparo al exponer que por ser una persona de la tercera edad, sin recursos económicos y políticos (sin que esto hubiera quedado demostrado en autos) hubiera sido víctima de un abuso de autoridad, pues el quejoso fue representado en juicio, al haber autorizado a profesionistas en derecho y si éstos lo hicieron adecuadamente o no, ello tampoco puede considerarse como responsabilidad del Estado a fin de determinar la violación a los derechos humanos.
28.8 A juicio del tribunal federal, contrariamente a lo sostenido por el promovente del amparo, la sala responsable sí analizó y dio respuesta a cada uno de los agravios expuestos por el demandado, para ello dicho órgano jurisdiccional señala los agravios formulados y transcribió la parte conducente de la sentencia reclamada en donde el tribunal de apelación dio respuesta a cada uno se esos motivos de inconformidad. Incluso, el órgano colegiado analizó las violaciones procesales alegadas por el quejoso, sobre el emplazamiento y el desechamiento de la prueba pericial, los cuales fueron desestimados también.
28.9 Por otro lado, el tribunal colegiado califica de infundado el concepto de violación en el que el quejoso reitera que le causa agravio que la sala responsable declarara insuficientes sus agravios, porque consideró que debía suplirse la deficiencia de la queja, aun respecto de la prueba con la que pueda acreditar la inconstitucionalidad del acto reclamado, así como el argumento en donde el peticionario del amparo adujo la violación en su perjuicio a los derechos humanos referidos en el artículo 1º constitucional.
Ello, porque el órgano de amparo estima que si bien los jueces de todo el sistema jurídico mexicano, en sus respectivas competencias, deben acatar el principio pro persona, consistente en adoptar la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate y, además, al margen de los medios de control concentrado de la constitucionalidad adoptados en la Constitución Federal, todos los juzgadores deben ejercer un control de convencionalidad ex officio del orden jurídico, conforme al cual pueden inaplicar una norma cuando ésta sea contraria a los derechos humanos contenidos en la propia Constitución, en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, así como en la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación y en los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; pues –según el tribunal federal– si el juez no advierte oficiosamente que una norma violente los derechos humanos mencionados, a fin de sostener la inapalicación de aquélla en el caso concreto, dicho control de convencionalidad no llega al extremo de que el juez deba oficiosamente comparar y analizar en abstracto en cada resolución todos los derechos humanos que forma parte del orden jurídico mexicano, ya que ello haría ineficaz e irrealizable el desarrollo de la función jurisdiccional, en detrimento del derecho humano de acceso a la justicia por parte de los gobernados, con la consecuente afectación que ello significa.
Así, –continuó el tribunal de amparo– la sola mención de que una autoridad violentó derechos humanos en la demanda de garantías, es insuficiente para que si el juzgador de amparo no advierte implícitamente ex officio la transgresión a una de dichas prerrogativas, analice expresamente en la sentencia todos los demás derechos humanos que pudieran resultar relacionados con el caso concreto, para resolver la litis conforme al principio por persona, a fin de determinar si el acto reclamado es o no contario a derecho.
Por tanto, el órgano colegiado desestima el argumento del quejoso, porque por una parte aduce, de manera genérica, violación a los derechos humanos previstos en el artículo 1º constitucional, sin que advirtiera ex officio la transgresión a alguna de dicha prerrogativas y, por otro lado, porque aun cuando el promovente del amparo sostiene que se vulnera en su perjuicio las formalidades esenciales del procedimiento ello no ocurrió así. Además, el tribunal de amparo consideró que si bien tal precepto constitucional exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, lo cierto es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo, como ocurrió en el caso.
28.10 El tribunal colegiado estima que tampoco se actualiza la suplencia de la queja, conforme a la fracción VI del artículo 79 de la Ley de Amparo, al no advertir violación manifiesta de ley en contra del quejoso, que lo hubiera dejado sin defensa.
28.11 El órgano de amparo hizo la aclaración sobre la confesión ficta, esto es, que no se refieren a hechos falsos, como lo entendió el quejoso y dio la justificación sobre ese tema.
28.12 El órgano jurisdiccional resuelve que es inatendible el argumento del quejoso en el que manifestó que se violó en su perjuicio el principio de presunción de inocencia, así como los derechos fundamentales contenidos en el artículo 20, fracción IV, V y VI, de la Constitución Federal, pues ese principio y los derechos fundamentales contenidos en ese precepto son aplicables a la materia penal y, en el caso, se está ante un procedimiento mercantil; para justificar tal decisión, el tribunal colegiado agregó las consideraciones derivadas de la jurisprudencia 1a./J. 26/2014, de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA"12.
28.13 El motivo de inconformidad en el que el peticionario del amparo expone que con la copia de una averiguación previa que exhibió con su demanda de amparo, dentro de la cual se encuentra el dictamen pericial en grafoscopía y documentoscopía que demuestran la falsedad de pagarés base la pretensión fue desestimado por el tribunal colegiado, porque en términos de los artículos 75 y 170 al 189 de la Ley de Amparo, el tribunal de amparo debe apreciar el acto reclamado tal como fue probado ante la autoridad responsable.
28.14 Finalmente, a juicio del tribunal federal, tampoco asiste razón al quejoso que el fallo reclamado se encontrara indebidamente fundado y motivado, porque la sala responsable dio las razones y los fundamentos con los que justificó el porqué la actora acreditó sus pretensiones.
Consecuentemente, dicho órgano jurisdiccional estimó negar el amparo, ante la ineficacia de los conceptos de violación.
En ese tenor, al margen de la validez intrínseca de las aseveraciones formuladas por el tribunal colegiado, lo contundente es que en las consideraciones que han quedado relacionadas, éste no emprendió la interpretación directa de los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Federal.
Ello en razón a que, para considerar que el tribunal colegiado realizó una interpretación directa de esos preceptos, se debe atender a la tesis de esta Primera Sala sobre los criterios positivos y negativos para identificar tal interpretación. Dicha tesis determina lo siguiente:
"INTERPRETACIÓN DIRECTA DE NORMAS CONSTITUCIONALES. CRITERIOS POSITIVOS Y NEGATIVOS PARA SU IDENTIFICACIÓN. En la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueden detectarse, al menos, dos criterios positivos y cuatro negativos para identificar qué debe entenderse por "interpretación directa" de un precepto constitucional, a saber: en cuanto a los criterios positivos: 1) la interpretación directa de un precepto constitucional con el objeto de desentrañar, esclarecer o revelar el sentido de la norma, para lo cual puede atenderse a la voluntad del legislador o al sentido lingüístico, lógico u objetivo de las palabras, a fin de entender el auténtico significado de la normativa, y ello se logra al utilizar los métodos gramatical, analógico, histórico, lógico, sistemático, causal o teleológico. Esto implica que la sentencia del tribunal colegiado de circuito efectivamente debe fijar o explicar el sentido o alcance del contenido de una disposición constitucional; y, 2) la interpretación directa de normas constitucionales que por sus características especiales y el carácter supremo del órgano que las crea y modifica, además de concurrir las reglas generales de interpretación, pueden tomarse en cuenta otros aspectos de tipo histórico, político, social y económico. En cuanto a los criterios negativos: 1) no se considera interpretación directa si únicamente se hace referencia a un criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia en el que se establezca el alcance y sentido de una norma constitucional. En este caso, el tribunal colegiado de circuito no realiza interpretación alguna sino que simplemente refuerza su sentencia con lo dicho por el Alto Tribunal; 2) la sola mención de un precepto constitucional en la sentencia del tribunal colegiado de circuito no constituye una interpretación directa; 3) no puede considerarse que hay interpretación directa si deja de aplicarse o se considera infringida una norma constitucional; y, 4) la petición en abstracto que se le formula a un tribunal colegiado de circuito para que interprete algún precepto constitucional no hace procedente el recurso de revisión si dicha interpretación no se vincula a un acto reclamado."13
En el caso, no se actualiza ninguno de los mencionados criterios positivos ya que en la sentencia combatida, según se pudo ver en el resumen señalado anteriormente, no se llevó a cabo argumentación alguna por la cual desentrañara el sentido de algún precepto constitucional, a través de algún método de interpretación jurídica, ni tampoco mediante la consideración de aspectos históricos, sociales, políticos o económicos.
El tribunal de amparo más bien llevó a cabo un ejercicio de revisión sobre la actuación de la sala responsable para justificar lo siguiente:
33.1 Por un lado, para sostener la legalidad tanto del emplazamiento al demandado, como del desechamiento de la prueba pericial en grafoscopía y documentoscopía ofrecida por aquél, así como de la decisión de tenerlo por confeso de las posiciones calificadas de legales; además, de revisar si el tribunal de alzada cumplió con la obligación de dar respuesta a cada uno de los agravios expuestos por el enjuiciado.
33.2 Por otro lado, para determinar si con la sentencia reclamada se violan los derechos fundamentales de debido proceso, igualdad ante la ley y presunción de inocencia.
Respecto al derecho de debido proceso tutelado en el artículo 14 constitucional, el órgano jurisdiccional partió de la base de lo sostenido en dos jurisprudencias de esta Primera Sala, a saber, "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE" y "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO", a fin de determinar que dicho principio se entiende como aquel mediante el cual deben satisfacerse las formalidades esenciales del procedimiento jurisdiccional conforme a lo dispuesto por la ley, para concluir con el dictado de una sentencia que dirima la controversia. Con ello, el órgano colegiado resuelve que no se vulnera ese derecho por haberse llevado el juicio con las formalidades exigidas por la ley.
Por lo que se refiere al principio de igualdad ante la ley, el órgano de amparo citó las jurisprudencias de esta Sala de rubros: "IGUALDAD. LÍMITES A ESTE PRINCIPIO" e "IGUALDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL LEGISLADOR RESPETA ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL" para justificar que si bien la Constitución determina que todos los hombres son iguales ante la ley, ello no implicaba que todos los individuos deban ser iguales en todo, sino que dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, traducida en la seguridad de no tener que soportar un perjuicio desigual e injustificado, así como la posibilidad de acceder en igualdad de circunstancias a la jurisdicción para defender esos derechos, además de que debe analizarse si la distinción entre varios hechos, sucesos, personas o colectivos descansa sobre una base objetiva y razonable o no. Determinado el alcance de tal principio, el tribunal federal resolvió que tanto la parte actora como la demandada estuvieron en igualdad de circunstancias durante el proceso, pues los dos tuvieron la oportunidad de defenderse en el juicio, ofrecer pruebas, alegar y que se les dictara una sentencia que dirimiera la controversia generada entre ellos y, por tanto, no hubo un trato discriminatorio. Además, dicho órgano jurisdiccional estimó que el quejoso no fue discriminado por la autoridad responsable debido a su condición personal (persona de la tercera edad, sin recursos económicos y políticos), pues fue representado en juicio por profesionistas en derecho.
En relación al principio de inocencia previsto en el artículo 20, fracciones IV, V y VI, constitucional, en la ejecutoria de amparo se señaló que ese derecho tiene varias vertientes encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal, entre ellas la forma en que debe tratarse a una persona que está sometida a proceso penal, en conformidad a la jurisprudencia de esta Primera Sala cuyo epígrafe es "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA", para concluir el tribunal colegiado que tal principio es aplicable a la materia penal y, en el caso, se trata de un procedimiento mercantil.
Precisado lo anterior, como ya se adelantó, el tribunal federal sí realiza un ejercicio de interpretación, pero exclusivamente del artículo 1º constitucional, respecto del cual expone lo siguiente:
"… este tribunal colegiado también estima debe desestimarse el argumento del quejoso relativo a que se violentaron en su perjuicio los derechos humanos referidos en el artículo 1º de la Constitución General de la República.
En efecto, este tribunal considera que si bien los jueces de todo el sistema jurídico mexicano, en sus respectivas competencias, deben acatar el principio pro persona, consistente en adoptar la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate y, además, al margen de los medios de control concentrado de la constitucionalidad adoptados en la Constitución General de la República, todos los juzgadores deben ejercer un control de convencionalidad ex officio del orden jurídico, conforme al cual pueden inaplicar una norma cuando ésta sea contraria a los derechos humanos contenidos en la Ley Fundamental, en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, así como en la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación y en los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; se estima que si el juez no advierte oficiosamente que una norma violente los derechos humanos mencionados, a fin de sostener la inapalicación de aquélla en el caso concreto, dicho control de convencionalidad no llega al extremo de que el juez deba oficiosamente comparar y analizar en abstracto en cada resolución todos los derechos humanos que forma parte del orden jurídico mexicano, puesto que ello haría ineficaz e irrealizable el desarrollo de la función jurisdiccional, en detrimento del derecho humano de acceso a la justicia por parte de los gobernados, con la consecuente afectación que ello significa.
Por tanto, la sola mención de que una autoridad violentó derechos humanos en la demanda de garantías, es insuficiente para que si el juzgador de amparo no advierte implícitamente ex officio la transgresión a una de dichas prerrogativas, analice expresamente en la sentencia todos los demás derechos humanos que pudieran resultar relacionados con el caso concreto, para resolver la litis conforme al principio por persona, a fin de determinar si el acto reclamado es o no contario a derecho."
Al respecto, esta Primera Sala estima que la consideración transcrita en el punto anterior puede estimarse como una interpretación directa del artículo 1º constitucional, pues el tribunal federal trata de justificar cómo se debe entender tal numeral, a fin de estar en condiciones de determinar si se viola o no dicho precepto con la sentencia dictada por la sala responsable.
Sin embargo, el hecho de que la justificación de ese artículo constitucional dada por el órgano jurisdiccional se asuma como una interpretación directa, ello no hace procedente el presente recurso de revisión, debido a que los agravios del recurrente no controvierten esa consideración. Así, esto da pauta para dar respuesta al siguiente cuestionamiento.