Source: http://laboralparatodos.com/sentencia-c-0238-12-inconstitucionalidad-expresion-conyuge-codigo-civil/
Timestamp: 2017-06-27 08:53:19
Document Index: 60874715

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 1233', 'artículo 1', 'artículo 1047', 'artículo 243', 'artículo 1233', 'artículo 1047', 'artículo 1047', 'artículo 1233', 'artículo 1040', 'artículo 1046', 'artículo 1047', 'artículo 411', 'artículo 163', 'artículo 1', 'artículo 1233', 'artículo 1233']

[Sentencia C-0238-12] – Inconstitucionalidad – Expresión “cónyuge” – Código Civil | laboralparatodos.com
[Sentencia C-0238-12] – Inconstitucionalidad – Expresión “cónyuge” – Código Civil
Inicio » Sentencias » [Sentencia C-0238-12] – Inconstitucionalidad – Expresión “cónyuge” – Código Civil	Descarga este documento aqui.
Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de la expresión “cónyuge” contenida en los artículos 1040, 1046, 1047 y 1233 del Código Civil
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Juan Carlos Marín Quiceno demandó la expresión “cónyuge” contenida en los artículos 1040, 1046, 1047 y 1233 del Código Civil. Mediante Auto de veintinueve (29) de agosto de dos mil once (2011), el Magistrado Sustanciador decidió admitir la demanda, dispuso su fijación en lista y, simultáneamente, corrió traslado al señor Procurador General de la Nación para los efectos de su competencia. En la misma providencia, ordenó comunicar la iniciación del proceso al Presidente del Congreso de la República, al Ministro de Justicia y a los Decanos de las Facultades de Derecho de las Universidades del Norte y Libre, para que, en caso de estimarlo conveniente, intervinieran dentro del proceso con el propósito de impugnar o defender la constitucionalidad de las disposiciones acusadas.
ARTICULO 1040. PERSONAS EN LA SUCESIÓN INTESTADA. Artículo subrogado por el artículo 2o. de la Ley 29 de 1982. El nuevo texto es el siguiente: Son llamados a sucesión intestada: los descendientes; los hijos adoptivos; los ascendientes; los padres adoptantes; los hermanos; los hijos de éstos; el cónyuge supérstite; el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ARTICULO 1046. SEGUNDO ORDEN HEREDITARIO – LOS ASCENDIENTES DE GRADO MÁS PRÓXIMO. Artículo modificado por el artículo 5o. de la Ley 29 de 1982. El nuevo texto es el siguiente: Si el difunto no deja posteridad, le sucederán sus ascendientes de grado más próximo, sus padres adoptantes y su cónyuge. La herencia se repartirá entre ellos por cabezas.
ARTICULO 1047. TERCER ORDEN HEREDITARIO – HERMANOS Y CONYUGE. Artículo subrogado por el artículo 6o. de la Ley 29 de 1982. El nuevo texto es el siguiente: Si el difunto no deja descendientes ni ascendientes, ni hijos adoptivos, ni padres adoptantes, le sucederán sus hermanos y su cónyuge. La herencia se divide la mitad para éste y la otra mitad para aquéllos por partes iguales. A falta de cónyuge, llevarán la herencia los hermanos, y a falta de éstos aquél. Los hermanos carnales recibirán doble porción que los que sean simplemente paternos o maternos. ARTICULO 1233. CARENCIA DE BIENES POSTERIOR AL FALLECIMIENTO DEL CONYUGE. El cónyuge sobreviviente que al tiempo de fallecer el otro cónyuge no tuvo derecho a porción conyugal, no lo adquirirá después por el hecho de caer en pobreza.
El demandante estima que la expresión “cónyuge”, contenida en las disposiciones acusadas contraviene lo dispuesto en los artículos 1, 2, 5, 13, 42 y 85 de la Constitución Política.
Enfatiza que la Corte Constitucional ha estimado que la ausencia de regulación ha generado un trato discriminatorio entre “las distintas modalidades de uniones de pareja” y precisa que la institución herencial “busca que el patrimonio de una persona, ante su muerte, pase a aquellos que le eran más cercanos, dentro de los que la legislación colombiana incluye expresamente a sus consanguíneos más allegados y a su cónyuge”. Aduce que a la luz de la Carta no existe razón suficiente para prohibirle al miembro de la pareja que reciba la herencia de aquel con quien ha compartido la vida y la carga familiar, “independientemente de la manera como se haya conformado la pareja” e indica que en el caso del compañero permanente y de la pareja del mismo sexo está pendiente una regulación referente a los derechos herenciales, razón por la cual se discrimina a los compañeros permanentes “quienes no pueden recibir herencia cuando concurren con los padres o los hermanos del causante, mientras que el cónyuge sí tiene estos derechos, por el diferente tratamiento que en el siglo XIX se le daba a las personas que no habían contraído matrimonio. El demandante solicita la declaración de exequibilidad condicionada de la expresión acusada, siempre y cuando se entienda que, en el caso de los artículos 1040, 1046 y 1047 del Código Civil los derechos y obligaciones que regulan, también son aplicables al compañero o compañera permanente, con independencia de la orientación sexual de la respectiva pareja y que, tratándose del artículo 1233 de la misma codificación se entienda que “la condición establecida frente al cónyuge sobreviviente para que tenga derecho a la porción conyugal al momento de fallecer el otro cónyuge, sea aplicable también frente al compañero permanente, con independencia de la orientación sexual de la respectiva pareja”.
Señala que lo resuelto en la Sentencia C-174 de 1996 no constituye cosa juzgada, pues a su juicio, “en dicha oportunidad la Corte Constitucional no analizó los derechos del cónyuge equiparables al compañero permanente, cuando se forma unión marital de hecho entre parejas del mismo sexo, [y] tampoco analizó la naturaleza jurídica de los hechos herenciales ni las equivalencias que existen entre las uniones maritales de hecho y las uniones matrimoniales, lo que permite vislumbrar que no resulta objetivo ni razonable darles un tratamiento diferente”.
1. Ministerio de Justicia y del Derecho En representación del Ministerio de Justicia y Derecho intervino la abogada Ana Beatriz Castelblanco Burgos, quien solicitó a la Corte Constitucional declarar la exequibilidad condicionada de las disposiciones demandadas, en el entendido de que la expresión “cónyuge”, contenida en los artículos 1040, 1046, 1047, y 1233 del Código Civil también comprende al compañero o compañera permanente y a la pareja del mismo sexo. Al respecto, indica que la Corte Constitucional, en Sentencia C-283 de 2011, reiteró su jurisprudencia frente a la diferencia que existe entre las uniones maritales de hecho y el matrimonio, así mismo aclaró que el hecho de que no se trate de vínculos iguales no impide que se puedan asimilar los derechos, garantías y cargas que el legislador le ha reconocido a los miembros de una u otra unión, en especial, en el campo patrimonial, pues los dos vínculos son el resultado de la decisión libre de las personas de convivir con una vocación de permanencia.
Adicionalmente, manifiesta que el Alto Tribunal Constitucional en la referida sentencia señaló: “lo ideal es que el legislador en el marco del Estado Social de Derecho, enmarcado en la separación de poderes y en ejercicio de su libertad de configuración, hubiese regulado todos los efectos civiles derivados de las uniones de hecho y de los derechos para las parejas del mismo sexo, teniendo como fundamento el principio democrático y teniendo cuidado de no crear discriminaciones odiosas basadas en la naturaleza del vinculo legal, complementando en algunos casos o modificando en otros las distintas disposiciones del ordenamiento civil. Sin embargo, esa ausencia de regulación ha generado tratamientos discriminatorios entre los cónyuges y los compañeros permanentes, así como entre las parejas del mismo sexo que la Corte Constitucional como guardiana de la supremacía y prevalencia de la Constitución no puede dejar de estudiar y declarar, máxime cuando la legislación que se acusa es anterior a la Constitución de 1991”.
Dichos ciudadanos consideran que, si bien la Corte Constitucional declaró exequibles los artículos 1040, 1046, 1047 y 1233 del Código Civil en la Sentencia C-174 de 1996, esto no constituye cosa juzgada material y formal, sino cosa juzgada relativa implícita, la cual se configura, según el Alto Tribunal, cuando: “la corte al examinar la norma constitucional se ha limitado a cotejarla frente a una o algunas normas constitucionales, sin extender el examen a la totalidad de la Constitución o de las normas que integran parámetros de constitucionalidad, igualmente opera cuando la Corte evalúa un único aspecto de constitucionalidad”.
Puntualizan que en la sucesión intestada los cónyuges sobrevivientes se encuentran dentro del segundo orden hereditario como consecuencia de la existencia de un vínculo de permanencia entre el difunto y el cónyuge supérstite y destacan que la unión marital de hecho, según el artículo 1 de la Ley 54 de 1990, tiene como objetivo la formación de una comunidad de vida permanente que implica cargas y derechos. En ese orden de ideas, los intervinientes señalan que los artículos demandados violan el derecho fundamental a la igualdad establecido en la Constitución Política, por solo referirse al cónyuge y no al compañero o compañera permanente como una de las personas que tiene el derecho a suceder al causante en su patrimonio, en caso de sucesión intestada.
Así mismo, indica que la Corte Constitucional en Sentencia C-283 de 2011, respecto de la diferencia que existe entre las uniones maritales de hecho y el matrimonio señaló: “el que no sean vínculos iguales no impide que se puedan asimilar los derechos, garantías y cargas que el legislador le ha reconocido a los miembros de una u otra unión, en especial, en el campo patrimonial, pues los dos vínculos están basados en la decisión libre de las personas de convivir con una vocación de permanencia, apoyo, ayuda mutua, entre otros”.
La Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Norte considera que si el derecho a heredar forma parte del régimen de protección patrimonial del cónyuge supérstite, el desconocer ese derecho al compañero o compañera supérstite constituye una discriminación prohibida por la Constitución. En consecuencia, solicita declarar la exequibilidad condicionada de las disposiciones acusadas, en el entendido de que los derechos consagrados también comprenden al compañero o compañera permanente y a la pareja del mismo sexo.
Para la Vista Fiscal, “no se puede pasar por alto la circunstancia de que, en la Sentencia C-174 de 1996, la Corte declaró exequible la expresión “cónyuge”, contenida en los artículos 1040, 1046, 1047 y 1233, entre otros, del Código Civil. Así mismo, tampoco se puede pasar por alto la circunstancia de que, en la Sentencia C-105 de 1994, la Corte declaró exequible “en su integridad” el artículo 1047 del mismo Código”.
Frente a la afirmación del demandante de que lo resuelto en la Sentencia C-174 de 1996 no constituye cosa juzgada, el Procurador General de la Nación señaló que “basta revisar las sentencias aludidas, para constatar que allí la Corte sí hizo una comparación entre el matrimonio y la unión marital de hecho, y que precisamente al hacerlo fue que concluyó que “[l]a ley determina una situación jurídica diferente de los cónyuges y de quienes viven en unión libre”, existiendo, por ejemplo, algunas prohibiciones y restricciones para los primeros que no existen para los segundos; y, en segundo lugar, que la asignación del estado civil corresponde a la ley y no a la jurisprudencia pues, en palabras de la Corte, “[n]o es admisible pedir a la Corte Constitucional que al examinar la constitucionalidad, que no se discute y ni siquiera se pone en duda, de normas que asignan derechos y obligaciones a quienes tienen el estado civil de casados, asigne esos mismos derechos y obligaciones a quienes no tienen tal estado civil, sino uno diferente”. En este sentido, para la Corte, “[e]l juez constitucional no puede crear una igualdad entre quienes la propia Constitución consideró diferentes, es decir, entre los cónyuges y los compañeros permanentes”.
En consecuencia, el Jefe del Ministerio Publico concluyó que “la mera circunstancia de argüir que en las sentencias en comento no se analizaron derechos que el actor considera equiparables, no es suficiente para desconocer la existencia de cosa juzgada constitucional sobre esta materia, al tenor de lo dispuesto por el artículo 243 Superior”.
En la expresión “cónyuge”, contenida en cada uno de los artículos citados, el demandante funda sus pretensiones de inconstitucionalidad, tras considerar que esa mención no comprende a “los compañeros permanentes que formen una unión marital de hecho” y que constitucionalmente debería comprenderlos, “con independencia de la orientación sexual de la respectiva pareja”, por lo cual solicita que, en cada uno de los casos, la exequibilidad se condicione, a fin de que el derecho a heredar, establecido en los artículos 1040, 1046 y 1047 del Código Civil, y el derecho a la porción conyugal, en la forma como está regulado en el artículo 1233, sean aplicables a los referidos compañeros permanentes, “con independencia de la orientación sexual de la pareja”.
Ciertamente en la Sentencia C-105 de 1994 la Corporación examinó la constitucionalidad del artículo 1047 del Código Civil y, en el numeral 3º de la parte resolutiva de esta providencia, decidió declararlo exequible “en su integridad”. La fórmula empleada hace pensar que se trata de una cosa juzgada absoluta y no solo por la referencia a la totalidad del artículo, sino también por la ausencia de expresiones indicativas de una eventual limitación de la cosa juzgada a ciertos cargos.
Sin embargo, dado que la cosa juzgada puede ser aparente si la declaración de exequibilidad no se encuentra fundada en un análisis efectivo de la disposición a la luz de la Carta o relativa de forma implícita cuando su referencia a algunas acusaciones no se hace explícita en la sentencia, resulta claro que la sola revisión de la parte resolutiva es insuficiente para establecer, a cabalidad, si el asunto puesto a consideración de la Corte ha entrado o no en autoridad de cosa juzgada constitucional, siendo indispensable, por consiguiente, examinar lo efectivamente considerado en la sentencia previa y confrontarlo con la nueva demanda para determinar si hay cosa juzgada y, en caso afirmativo, cuál es su alcance.
Al despachar el cargo, la Corte precisó que el demandante confundía a los hermanos carnales con los hermanos legítimos y, a la vez, equiparaba los hermanos maternos y paternos a los hermanos extramatrimoniales, e indicó que en nada resulta contrario a la igualdad que en una sucesión intestada los hermanos carnales reciban el doble de la porción correspondiente a los simplemente paternos o maternos, pues se ajusta a la lógica y a la justicia que el hermano carnal herede toda la herencia, “porque no es hermano medio, sino hermano completo”, teniendo presente “que se trata de la herencia entre hermanos, es decir, cuando alguien hereda a quien es su hermano”.
Con base en los anteriores argumentos, la Corporación concluyó que el artículo 1047 del Código Civil sería declarado exequible y así lo plasmó en la parte resolutiva de la citada sentencia, añadiéndole la expresión “en su integridad” que no puede tener la consecuencia de conferirle carácter absoluto a la cosa juzgada o de cerrar todo debate sobre la constitucionalidad del precepto examinado en aquella oportunidad, pues claramente se advierte que el análisis se limitó al cargo específico que el demandante esgrimió y que en nada coincide con el formulado en la demanda ahora examinada que se refiere al sentido de la palabra cónyuge a efectos de determinar si, a la luz de la Constitución, en el caso de la unión de hecho entre heterosexuales o entre personas del mismo sexo el compañero que sobrevive puede tener vocación hereditaria.
En cuanto hace a los artículos 1040, 1046 y 1233 del Código Civil, el señor Procurador General de la Nación estima que se configura la cosa juzgada constitucional, porque el examen pleno de su constitucionalidad se habría efectuado en la Sentencia C-174 de 1996, en la cual la expresión “cónyuge” en ellos contenida fue declarada exequible, sin que de la parte resolutiva se derive limitación de lo decidido a los cargos entonces esgrimidos y analizados.
Quien en aquella oportunidad presentó la demanda solicitó que se hicieran extensivos a los compañeros permanentes los derechos de los cónyuges en relación con la vocación hereditaria, porque la exclusión de los compañeros vulneraba la igualdad, en cuanto implicaba discriminación por razones de origen familiar, así como la libertad de conciencia “por constreñirse a las personas a contraer matrimonio para poder ser titular de dichos beneficios”.
Ciertamente una aproximación inicial permitiría sostener que se está ante una cosa juzgada de carácter absoluto, porque, además, en la parte considerativa de la sentencia C-174 de 1996 se advierte que la constitucionalidad de las disposiciones que asignan derechos y obligaciones a quienes tienen el estado civil de casados “no se discute y ni siquiera se pone en duda”, por lo que se anunció la declaración de constitucionalidad de “todas las normas demandadas, porque no contrarían en nada la Constitución”.
Sin embargo, no se puede perder de vista que en la reciente Sentencia C-283 de 2011, al estudiar una demanda referente a la expresión “cónyuge”, contenida en preceptos referentes a la porción conyugal, que también fueron demandados en el libelo que dio lugar a la sentencia C-174 de 1996, la Corte consideró que no se configuraba cosa juzgada constitucional en relación con las disposiciones sobre porción conyugal.
Según lo pusieron de manifiesto los magistrados que en aquel momento aclararon el voto, la sentencia “se limitó a considerar las diferencias relevantes entre el matrimonio y la unión marital de hecho, sin atender a las equivalencias sustanciales entre estas dos instituciones, elemento necesario para estudiar el cargo de inexequibilidad planteado por el actor”, como que, pese a las diferencias anotadas, “las dos instituciones dan origen a una familia”, por lo que los preceptos que establecen un trato diferenciado deben respetar “la identidad sustancial existente entre las dos instituciones que dan origen a cada una de dichas condiciones” .
Por lo anterior, no resultaba suficiente un análisis “en bloque de la normatividad demandada”, criterio que fue retomado en la Sentencia C-283 de 2011 y que en la presente causa debe ser reiterado, ya que, en la medida en que no se adelantó un examen específico de la porción conyugal o de la vocación hereditaria del cónyuge a la luz de los elementos comunes al matrimonio y a la unión marital de hecho, no cabe predicar que la aproximación general realizada en la Sentencia C-174 de 1996 implique la existencia de cosa juzgada constitucional sobre estos aspectos que ahora son objeto del debate constitucional propuesto por el actor.
En segundo lugar, en la Sentencia C-283 de 2011 se estimó que no podía entenderse que hubiese operado el fenómeno procesal de la cosa juzgada constitucional, en razón del evidente cambio de contexto que, de acuerdo con la jurisprudencia, debe ser apreciado, pues la identidad que exige la cosa juzgada no solo ha de responder al aspecto formal, sino también a las circunstancias en que fueron analizadas las disposiciones, habida cuenta de que en la sociedad tienen lugar transformaciones capaces de generar la necesidad de un nuevo análisis respecto de preceptos cuya exequibilidad se declaró en el pretérito con fundamento en una realidad distinta de la que constituye el contexto actual.
De esta situación fue consciente la Corte en 1996, pues, en la sentencia C-174 de ese año, se lee que los derechos y deberes que comporta el estado civil deben ser fijados, entre otros factores, de conformidad “con la evolución social”, de modo que el paso del tiempo podría conducir a “avanzar hacia la igualdad, dentro de lo posible, entre el tratamiento jurídico de los cónyuges y de los compañeros permanentes”.
Conforme ha quedado expuesto, el vocablo “cónyuge”, contenido en los artículos 1040, 1046, 1047 y 1233 del Código Civil, ha sido demandado por considerar que excluye a los compañeros permanentes que conformen una unión marital de hecho, trátese de parejas de distinto sexo o de las integradas por personas del mismo sexo, exclusión que en el caso de los tres primeros artículos tendría por consecuencia el privarlos de la vocación hereditaria, mientras que, respecto del último, los dejaría por fuera de la regulación allí plasmada sobre el derecho a la porción conyugal.
En el fundamento de la vulneración aducida tiene especial importancia la invocación del derecho a la igualdad y fácilmente se advierte que alrededor de él se estructuran las posibles violaciones de los artículos 1, 2, 5, 42 y 85 de la Constitución, pues la solicitud que se formula consiste en que, en relación con los artículos 1040, 1046 y 1047 del Código Civil el derecho a heredar, respectivamente establecido para el orden hereditario en cada uno de ellos previsto, también sea aplicable al “compañero permanente, con independencia de la orientación sexual de la respectiva pareja” y, tratándose del artículo 1233, se pide que “la condición establecida frente al cónyuge sobreviviente para que tenga derecho a la porción conyugal al momento de fallecer el otro cónyuge, sea aplicable también al compañero permanente, con independencia de la orientación sexual de la respectiva pareja”.
Tratándose de las parejas conformadas por personas de distinto sexo, el demandante no solicita la declaración de inconstitucionalidad pura y simple, de la expresión “cónyuge”, contenida en los artículos 1040, 1046 y 1047 del Código Civil, sino su exequibilidad condicionada, a fin de que el derecho a heredar actualmente reconocido al miembro supérstite de una pareja unida por el vínculo matrimonial sea también reconocido al compañero o compañera sobreviviente que haya vivido en unión de hecho con el causante.
Sobre el particular es importante destacar que, como se puso de presente en la Sentencia C-891A de 2006, no le incumbe a la Corte analizar la constitucionalidad de la expresión demandada a partir de los postulados de la Constitución de 1886, aunque sí “constatar que la entrada en vigencia de la Carta de 1991 trajo consigo un replanteamiento de la legislación anterior frente al nuevo ordenamiento superior, dados los novedosos contenidos incorporados en él”.
Según lo expuesto en la providencia citada, si bien es cierto que, al entrar en vigencia, la Constitución de 1991 no derogó en bloque la legislación preexistente, no lo es menos que cuando son demandados preceptos vigentes pero anteriores a la Carta que ahora rige, resulta “viable confrontar materialmente esa legislación con la nueva preceptiva superior”.
El artículo 1040 del Código Civil señala quiénes son los titulares de la sucesión intestada y entre ellos menciona al cónyuge supérstite, mención que también aparece en el artículo 1046 referente al segundo orden hereditario y en el artículo 1047 que regula el tercer orden hereditario. En todos estos casos la expresión “cónyuge” alude a la persona que en vida del causante tuvo con él un vínculo surgido de la celebración del contrato de matrimonio y que sobrevive a su pareja.
Que el vocablo contenido en los artículos objeto de la demanda ha sido entendido como exclusivamente referido al viudo o a la viuda con quien el causante tuvo vínculo matrimonial surge del alcance de las modificaciones que en los tres preceptos introdujo el legislador mediante los artículos 2, 5 y 6 de la Ley 29 de 1982, pues las variaciones entonces incorporadas estuvieron presididas por esta comprensión, como que, según lo informa Valencia Zea, el Congreso no tuvo en cuenta la posibilidad de establecer la herencia para aquellos que, conforme al lenguaje de la época, eran denominados la concubina y el concubinario.
En estas condiciones la relación entre los compañeros permanentes no es igual a la que se establece entre los cónyuges y tampoco procede que lo sea, pues no puede celebrarse un matrimonio “a espaldas del Estado” o pretenderse la imposición de reglamentaciones contrarias al rasgo esencial de la unión marital de hecho, “que no es otro que el de ser una unión libre”.
Así ha obrado la Corte Constitucional que, por ejemplo, estimó aplicables a los compañeros permanentes que quieran adoptar el hijo de su pareja las disposiciones atinentes a la adopción del hijo del cónyuge, dada la finalidad de la adopción y la inexistencia de motivos para mantener una distinción que resultaba injustificada a la luz de los postulados de la Constitución de 1991 y, en particular, del derecho de los niños a tener una familia y a obtener una protección especial en situaciones de debilidad manifiesta como el abandono.
Con posterioridad, la Corte extendió a los compañeros permanentes la obligación alimentaria inicialmente prevista en el artículo 411 del Código Civil a favor del cónyuge, habida cuenta de que tanto el matrimonio como la unión de hecho comportan la ayuda y el socorro mutuo entre los miembros de la pareja y en atención a que esta obligación encuentra fundamento en el principio de solidaridad del cual no procede excluir a los compañeros, basándose en el distinto origen del vínculo que los une.
En el caso de la afiliación al régimen de salud, el requisito de mantener la convivencia durante dos años que se exigía a los compañeros permanentes fue declarado inconstitucional, porque la Corte juzgó contrario al derecho a la igualdad que la afiliación del cónyuge no pendiera de esta condición injustificadamente impuesta solo a los compañeros y, tratándose de la pensión de sobrevivientes, se consideró que el régimen anterior a la Carta de 1991 que hacía referencia exclusiva al cónyuge supérstite implicaba una inadmisible diferencia de trato que afectaba a los compañeros permanentes.
Así, en el ámbito patrimonial, la Corte estimó que los derechos de esta índole deben ser reconocidos a los compañeros permanentes, quienes requieren una protección similar a la que, en el caso de los cónyuges, brinda la sociedad conyugal y, a propósito de la porción conyugal, la Corporación consideró que, si se entiende como una forma de compensar y equilibrar las cargas propias de compartir una vida en común, no hay motivo válido para estimar que solo se predica de los cónyuges, mas no de los compañeros permanentes, pues estos, al igual que aquellos, actúan con la convicción y en la libertad de compartir un proyecto de vida, prodigándose solidaridad, cuidado y apoyo mutuo.
Es importante destacar que la vocación hereditaria es un aspecto concreto que permite la comparación puntual propuesta en la demanda y que sus fundamentos son el parentesco y el lazo conyugal, criterios que remiten a la institución familiar, pues, conforme lo ha señalado la doctrina, “nuestro derecho aún considera, con buen acierto, a la familia como la institución merecedora de recoger los bienes de sus miembros”, en perfecta adecuación con “la tradición social y la mentalidad colombiana derivadas de circunstancias sentimentales (afecto), religiosas (creencias), sociales y jurídicas, etc.”.
Ahora bien, en la demanda se plantea que, para los efectos de la vocación hereditaria, la expresión “cónyuge”, perteneciente a los artículos 1040, 1046 y 1047 del Código Civil debería comprender, adicionalmente, al compañero o compañera permanente de las parejas conformadas por personas del mismo sexo, puesto que la exclusión del miembro de la pareja que sobrevive implicaría una inconstitucionalidad, dada la protección que, en acatamiento de las exigencias superiores, debería discernírsele a esta clase de uniones de hecho.
Acerca de este particular, la Corte ha destacado que en su jurisprudencia se advierte una consideración referente a la persona del homosexual, pero también una aproximación a partir de la perspectiva del grupo situado en condición minoritaria y sometido a prejuicios, así como un acercamiento que tiene en cuenta a la pareja integrada por personas del mimo sexo, en la medida en que, su unión de hecho corresponde a una opción válida que comporta “una relación íntima y particular entre dos personas, fundada en el afecto, de carácter exclusivo y singular y con clara vocación de permanencia”.
En ejercicio de sus competencias, la Corporación le ha brindado protección a las parejas del mismo sexo y primordialmente lo ha hecho con base en los derechos, garantías u obligaciones que previamente ha reconocido a las parejas de heterosexuales que conviven en unión de hecho. Así por ejemplo, la Corte declaró exequible la Ley 54 de 1990, relativa a las uniones maritales de hecho y al régimen patrimonial de los compañeros permanentes, con las modificaciones hechas por la Ley 979 de 2005 “en el entendido que el régimen de protección en ella contenido se aplica también a las parejas homosexuales”.
En idéntico sentido, la Corporación declaró la exequibilidad del artículo 163 de la Ley 100 de 1993 sobre vinculación al régimen contributivo en materia de salud, bajo la condición de que se entendiera que el régimen de protección allí previsto es también aplicable a las parejas del mismo sexo, cuya exclusión del sistema de seguridad social juzgó más grave que la exclusión del régimen patrimonial.
Así mismo, estimó que las parejas permanentes conformadas por personas del mismo sexo también son beneficiarias de la pensión de sobrevivientes, siempre y cuando acrediten su condición en la misma forma en que lo hacen las parejas heterosexuales, esto es, mediante la expresión, ante un notario, de la voluntad de conformar una pareja singular y permanente, tal como fue indicado en la Sentencia C-521 de 2007.
De igual manera, al examinar la constitucionalidad del parágrafo 1º del artículo 1º de la Ley 1181 de 2007 que, tratándose del delito de inasistencia alimentaria, ordenaba tener por compañero o compañera permanente únicamente al hombre y a la mujer que forman parte de la unión marital de hecho durante un lapso no inferior a dos años, la Corporación estimó que, salvo la expresión “únicamente”, el resto del artículo era exequible, siempre y cuando se entendieran comprendidos los integrantes de las parejas del mismo sexo, decisión que también adoptó respecto de la constitucionalidad de un amplio conjunto de preceptos contentivos de diversas medidas de protección para familiares cercanos, al señalar que las alusiones al cónyuge y al compañero o compañera permanente incluyen, en igualdad de condiciones, a las parejas del mismo sexo.
En los casos que se dejan reseñados la extensión de los respectivos derechos, garantías u obligaciones se hizo bajo la consideración de que las parejas del mismo sexo soportan un notable déficit de protección jurídica que la Corte ha juzgado indispensable corregir, dentro del ámbito de sus atribuciones y de acuerdo con las particularidades de cada caso concreto, por lo cual, siempre que se pretenda la equiparación es menester verificar que las parejas heterosexuales y las parejas del mismo sexo son asimilables en la situación específica de que se trate.
Al respecto procede recordar que ya la Corte señaló que los miembros de la pareja homosexual que conviven en forma permanente forman una familia, porque el elemento que confiere identidad a la familia no es la heterosexualidad o la consanguinidad, sino el afecto que da lugar a su existencia, fundada “en el amor, el respeto y la solidaridad” y en la conformación de una “unidad de vida o de destino que liga íntegramente a sus miembros e integrantes más próximos”.
Adicionalmente, la Corte enfatizó que esa familia conformada por personas del mismo sexo es, como las demás, “institución básica y núcleo fundamental de la sociedad”, por lo que “merece la protección de la sociedad misma y del Estado”, de donde fluye que al excluir de la vocación hereditaria al compañero o compañera permanente del mismo sexo también se genera una omisión inconstitucional, en la medida en que la protección que, en la materia analizada, se discierne solamente al cónyuge resulta insuficiente, dados los más amplios términos en que la Constitución la ha concebido.
Son suficientes los anteriores argumentos para concluir que la inconstitucionalidad de la omisión legislativa parcial debe ser reparada mediante una proyección de los contenidos de la Constitución sobre los artículos 1040, 1046 y 1047 del Código Civil que permita entender que la expresión “cónyuge”, a ellos perteneciente, comprende a la persona del mismo sexo que haya integrado con el causante una unión de hecho.
Conforme se ha anticipado en estas consideraciones, de la porción conyugal ya se ha ocupado la Corte en la Sentencia C-283de 2011 y, tras entenderla como una figura de índole compensatoria que afecta el patrimonio del causante mediante una asignación forzosa que le permita al supérstite contar con un patrimonio adecuado, teniendo como referente el patrimonio del fallecido, la Corporación juzgó que no existe razón válida para sostener que esa protección, de carácter patrimonial, no pueda ser reconocida al compañero o compañera que sobreviva a su pareja del otro sexo, con quien en vida integró una unión marital de hecho y de idéntica manera, decidió que el miembro supérstite de la pareja del mismo sexo tiene derecho a que se le llame como titular de la porción conyugal dentro de la sucesión de su compañero o compañera, en los términos y condiciones en que la figura está regulada en los preceptos que, en esa ocasión, fueron objeto de acusación.
Como quiera que el artículo 1233 del Código Civil regula un aspecto referente a la porción conyugal y alude al cónyuge sobreviviente y al cónyuge que ha fallecido, es claro que, por las razones anotadas, la inconstitucionalidad originada en la insuficiencia de la regulación y en la consecuente exclusión del compañero o compañera, de distinto sexo o del mismo sexo, también alcanza a este precepto, motivo por el cual se impone entender que en las menciones en él hechas al “cónyuge” comprenden al compañero o compañera permanente que sobrevive al causante, sea que la respectiva unión de hecho haya sido conformada por personas de distinto sexo o por personas del mismo sexo. Así lo decidirá la Corte en la parte resolutiva de esta providencia.
Segundo.- Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados en esta sentencia, la expresión “cónyuge”, contenida en el artículo 1233 del Código Civil, siempre y cuando se entienda que ella comprende al compañero o compañera permanente de distinto sexo o del mismo sexo que conformó con el causante, a quien sobrevive, una unión de hecho.