Source: http://ww.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-291-08.htm
Timestamp: 2019-07-17 00:45:12
Document Index: 190287513

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 241', 'artículo 2', 'artículo 30', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 7', 'artículo 2', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 2', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 2', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 241', 'artículo 7', 'artículo 150', 'artículo 217', 'artículo 154', 'artículo 157', 'artículo 1', 'artículo 161', 'artículo 160', 'artículo 160', 'artículo 161', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 22', 'artículo 23', 'artículo 25', 'artículo 48', 'artículo 2', 'artículo 93', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 13', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 48', 'artículo 209', 'artículo 25', 'artículo 28', 'artículo 53', 'artículo 8', 'artículo 150', 'artículo 160', 'artículo 150', 'artículo 204', 'artículo 154']

C-291-08
Sentencia C-291/08
Este control se caracteriza por ser (i) previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a la sanción gubernamental; (ii) automático, pues la ley aprobatoria debe ser enviada directamente por el Presidente de la República a la Corte Constitucional dentro de los seis (6) días siguientes a la sanción gubernamental; (iii) integral, en la medida en que la Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la ley y del tratado, confrontándolos con todo el texto constitucional; (iv) tiene fuerza de cosa juzgada; (v) es una condición sine qua non para la ratificación del correspondiente acuerdo; y (vi) cumple una función preventiva, pues su finalidad es garantizar tanto la supremacía de la Constitución como el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano.
CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA REPUBLICA DE CHILE-Objetivo
El convenio busca facilitar a los nacionales de los dos Estados signatarios, y en general a las personas que residan y/o laboren en sus respectivos territorios, la posibilidad de acceder a algunos de los servicios y prestaciones económicas propios de la seguridad social integral, acumulando para tal efecto las cotizaciones realizadas durante los empleos que hayan tenido en el territorio de uno cualquiera de tales Estados o de ambos.
REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Validez por cuanto si bien se citó para dos días de sesiones, el anuncio tuvo las características de precisión y univocidad requeridas para la validez de la votación que se efectúe
CONCILIACION ANTE LAS COMISIONES DESIGNADAS POR EL SENADO DE LA REPUBLICA Y LA CAMARA DE REPRESENTANTES-Procedencia cuando las discrepancias no se refieren al texto del tratado
Concluido el trámite legislativo de este proyecto, y antes de su envío al Presidente de la República para su correspondiente sanción, se observaron discrepancias mínimas de forma entre los textos finales aprobados por las plenarias del Senado y de la Cámara de Representantes. Las discrepancias observadas no se referían al texto del tratado aprobado, que naturalmente era idéntico en ambas versiones, sino al de la ley aprobatoria y consistían en el artículo 1° del texto aprobado en el Senado comenzaba ordenando “Apruébase el convenio…”, mientras la versión de la Cámara rezaba “Apruébese el convenio…”. De otra parte, mientras la primera de estas versiones en sus artículos 1° y 2° decía que el susodicho convenio había sido “suscrito en Santiago”, la segunda dijo “suscrito en Santiago de Chile”. El texto conciliado fue publicado por cada una de las cámaras, y la versión final, sancionada, recogió las expresiones usadas en el texto aprobado en el Senado, esto es “Apruébase” y “suscrito en Santiago”.
Referencia: expediente LAT-308
Revisión constitucional de la Ley 1139 de junio 25 de 2007, “Por medio de la cual se aprueba el ‘Convenio de seguridad social entre la República de Colombia y la República de Chile’ suscrito en Santiago el 9 de diciembre de 2003”.
El día 4 de julio de 2007 el Secretario Jurídico de la Presidencia de la República remitió a esta corporación, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución, copia auténtica de la Ley 1139 de junio 25 de 2007, “Por medio de la cual se aprueba el ‘Convenio de seguridad social entre la República de Colombia y la República de Chile’ suscrito en Santiago el 9 de diciembre de 2003”.
Mediante providencia de julio 30 de 2007, el Magistrado sustanciador avocó el conocimiento del presente asunto y solicitó oficiar a los Secretarios Generales del Senado de la República y de la Cámara de Representantes para que enviaran los antecedentes legislativos correspondientes, documentos que se reunieron, finalmente, el 11 de septiembre de 2007.
Cumplido lo anterior, mediante auto de septiembre 14 de 2007 se dispuso comunicar el inicio del proceso de control constitucional al Presidente de la República, a la Presidente del Congreso y a los Ministros de Relaciones Exteriores y de la Protección Social para los efectos legales pertinentes. En la misma providencia se dispuso que por la Secretaría General se procediera a la fijación en lista del proceso y se surtiera el traslado al señor Procurador General de la Nación, para el concepto correspondiente.
El texto del “Convenio de seguridad social entre la República de Colombia y la República de Chile” suscrito en Santiago a los nueve (9) días del mes de diciembre de 2003 y de la ley aprobatoria objeto de revisión, es el siguiente, según la publicación efectuada en el Diario Oficial No. 46.670, del junio 25 de 2007:
“LEY 1139 DE 2007
Por medio de la cual se aprueba el ‘Convenio de Seguridad Social entre la República de Colombia y la República de Chile’, suscrito en Santiago, a los nueve (9) días del mes de diciembre del año dos mil tres (2003).
a) “Legislación”, las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones relativas al Régimen de Seguridad Social, que se indican en el artículo 2° vigentes en el territorio de cada uno de los Estados Contratantes y aquellas vigentes a la fecha de causación del derecho, para los efectos de lo señalado en el artículo 30, con las excepciones previstas en el presente Convenio;
c) “Institución Competente”, designa la Institución u Organismo responsable, en cada caso, de la aplicación de la legislación a que alude el artículo 2° de este Convenio;
El presente Convenio se aplicará a las personas que estén o hayan estado sometidas a la legislación mencionada en el artículo 2° de uno o ambos Estados Contratantes y a sus beneficiarios:
Las personas mencionadas en el artículo 3° que residan en el territorio de uno de los Estados Contratantes, tendrán las mismas obligaciones y derechos establecidos en la legislación de ese Estado Contratante para sus nacionales.
Salvo lo dispuesto en el artículo 7° del presente Convenio, el trabajador estará sujeto a la legislación del Estado Contratante en cuyo territorio ejerza su actividad laboral.
Cuando la legislación de uno de los Estados Contratantes subordine la adquisición, conservación o recuperación del derecho a las prestaciones previstas en la legislación que se menciona en el artículo 2° de este Convenio, al cumplimiento de determinados períodos de seguro, la Institución Competente tendrá en cuenta para tal efecto, cuando sea necesario, los períodos de seguro cumplidos con arreglo a la legislación del otro Estado Contratante, siempre que no se superpongan.
Para determinar el ingreso base de liquidación para el cálculo de las prestaciones que se reconozcan en aplicación de lo dispuesto en el artículo 9°, apartado 2 del presente Convenio, la Institución Competente tomará el promedio de los salarios o rentas sobre las cuales haya cotizado el afiliado en Colombia durante los diez años anteriores al reconocimiento o el promedio de todo el tiempo estimado si este fuere inferior.
En el evento en que la parte colombiana deba comenzar a pagar antes que Chile la prorrata correspondiente, de acuerdo a lo previsto en los artículos 9° y 13 del presente Convenio, para determinar el derecho a garantía de pensión mínima en Colombia, se considerará la suma resultante de la prorrata colombiana y el monto de la pensión presunta que le correspondería pagar a Chile, a la fecha del otorgamiento de la pensión colombiana. Para estos efectos, la Institución Competente chilena informará acerca del monto de esa pensión presunta, conforme a la legislación chilena que corresponda.
1. Los afiliados de una Administradora de Fondos de Pensiones financiarán sus pensiones en Colombia con el saldo acumulado en su cuenta de ahorro pensional, y la suma adicional a cargo de la aseguradora, si a ello hubiere lugar. Cuando este fuere insuficiente para financiar pensiones de un monto al menos igual al salario mínimo legal vigente, habrá lugar a la totalización de períodos computables de acuerdo al artículo 9°, para acceder al beneficio de pensión mínima de invalidez, vejez o la de sobrevivientes.
1. Los afiliados a una Administradora de Fondos de Pensiones, financiarán sus pensiones en Chile con el saldo acumulado en su cuenta de capitalización individual. Cuando este fuere insuficiente para financiar pensiones de un monto al menos igual al de la pensión mínima garantizada por el Estado, los afiliados tendrán derecho si fuere necesario, a la totalización de períodos computables de acuerdo al artículo 9° para acceder al beneficio de pensión mínima de vejez o invalidez. Igual derecho tendrán los beneficiarios de pensión de sobrevivencia.
4. Los afiliados a los regímenes previsionales administrados por el Instituto de Normalización Previsional, tendrán derecho a totalizar períodos de seguro de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8°, para acceder a los beneficios establecidos en la legislación que se les aplique.
1. Todas las Instituciones definidas en el artículo 1° de este Convenio se comprometen a prestarse asistencia y cooperación recíproca para la aplicación del presente Convenio.
d) Notificarse toda modificación de la legislación indicada en el artículo 2°;
Bogotá, D. C., a 1° de octubre de 2004
ARTÍCULO 1o. Apruébase el ‘Convenio de Seguridad Social entre la República de Colombia y la República de Chile’, suscrito en Santiago, a los nueve (9) días del mes de diciembre del año dos mil tres (2003).
ARTÍCULO 2o. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la Ley 7a de 1944, el “Convenio de Seguridad Social entre la República de Colombia y la República de Chile”, suscrito en Santiago, a los nueve (9) días del mes de diciembre del año dos mil tres (2003), que por el artículo 1° de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
Este Ministerio intervino por conducto de apoderado especial para solicitar a la Corte Constitucional declarar exequible la Ley 1139 de 2007 que aprobó el convenio de la referencia.
El escrito presentado hace un pormenorizado análisis del contenido del convenio cuya constitucionalidad se examina, resaltando la conveniencia de que en virtud de aquél, los trabajadores que hayan laborado en ambos países, o según el caso sus familiares, puedan obtener más fácilmente sus pensiones de vejez, invalidez y/o sobrevivientes.
Señala también que la suscripción de este convenio se enmarca sin dificultad dentro de los principios constitucionales que gobiernan el manejo de las relaciones internacionales, consagrados entre otros en los artículos 2°, 9°, 189 num. 2°, 226 y 227 y contribuye el logro de los objetivos de cobertura y ampliación progresiva que la misma Carta Política ha trazado en torno al servicio público de la seguridad social, especialmente los contenidos en los artículos 48 (con las reformas introducidas por el Acto Legislativo 01 de 2005), 46, 53 y 64 ibídem.
Finalmente transcribe extensos apartes de la jurisprudencia de esta Corte en materia de seguridad social, especialmente de las sentencias C-1054 de 2004 y C-243 de 2006, en las que a su entender se plantean razones adicionales que contribuyen a sustentar la exequibilidad de un convenio de esta naturaleza.
Este Ministerio intervino, también mediante apoderada, para solicitar a la Corte la declaratoria de exequibilidad de la Ley 1139 de 2007 y del convenio internacional que a través de ella se aprueba.
La representante de este Ministerio hace un amplio análisis de las reglas recogidas por la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados y los trámites que de conformidad con la Constitución Política de Colombia deben surtirse para su entrada en vigencia. Así mismo se refiere brevemente a la evolución del tema de la seguridad social a partir de la vigencia de la Constitución de 1991 y la posterior expedición de la Ley 100 de 1993.
La interviniente resalta la conveniencia que, dentro del actual mundo globalizado, tiene un convenio como el suscrito con la República de Chile y aprobado por el Congreso Nacional mediante Ley 1139 de 2007 y menciona además el hecho de que el modelo de seguridad social establecido mediante la Ley 100 de 1993 tiene sus orígenes en el sistema chileno. También aboga por la suscripción de otros convenios internacionales con el mismo objeto del que ahora se revisa, puesto que ello redundaría en mayores opciones de seguridad social para los trabajadores colombianos.
En concepto número 4413, recibido en la Corte Constitucional el 30 de octubre de 2007, el Procurador General de la Nación solicitó a esta corporación declarar exequible la Ley 1139 de 2007 y el convenio que a través de ella se aprueba.
En primer término el jefe del Ministerio Público examina de manera detallada el trámite cumplido ante el Congreso de la República por el proyecto de ley que vino a convertirse en la Ley 1139 de 2007 que ahora se revisa, encontrando que dicho procedimiento cumplió satisfactoriamente con todas las etapas y diligencias previstas en las normas constitucionales pertinentes y en el Reglamento del Congreso. Así pues, concluye que desde el punto de vista formal debe declararse la exequibilidad de esta ley.
En lo que atañe al contenido del convenio que se revisa, hace también una presentación sobre cada una de sus cláusulas, resaltando a lo largo de su análisis la importancia y conveniencia de este acuerdo, en cuanto permitirá a los ciudadanos y trabajadores de los dos países signatarios acumular los tiempos cotizados en ambos territorios, a efectos de cumplir los requisitos conducentes a la obtención de una pensión de jubilación, invalidez o sobrevivientes, según el caso.
De manera particular, explica el concepto fiscal, que conforme a lo estipulado en el artículo 2° de este convenio, se aplicarán las leyes sobre la materia existentes en cada país al tiempo de la celebración del convenio, así como las nuevas disposiciones que en lo sucesivo se dicten por parte del poder legislativo de los Estados signatarios, salvo que las partes, en desarrollo de las reglas allí previstas, acuerden prescindir de la aplicación de una o más normas específicas de las que se expidan en el futuro.
Por todo lo anterior, considera entonces el Procurador General, que el convenio es exequible también en cuanto a su contenido, ya que facilita el acceso a los servicios y prestaciones de la seguridad social y la salud tanto a los ciudadanos colombianos como eventualmente a ciudadanos chilenos residentes en Colombia, lo que contribuye a realizar los objetivos consagrados en los artículos 48 y 49 constitucionales y afianza la integración del Estado colombiano con otros países latinoamericanos, mediante mecanismos válidos de cooperación, y sin afectar, en modo alguno, la soberanía nacional.
En suma, estima el Jefe del Ministerio Público que el articulado del convenio aprobado se aviene sin dificultades al contenido de la Constitución Política, y que su celebración y ejecución se enmarcan claramente dentro de los criterios planteados por los artículos 9°, 226 y 227 superiores, por lo que solicita a la Corte declarar que el citado convenio y su ley aprobatoria resultan exequibles.
Según la doctrina pacíficamente sostenida por esta Corte[1], dicho control se caracteriza por ser (i) previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a la sanción gubernamental; (ii) automático, pues la ley aprobatoria debe ser enviada directamente por el Presidente de la República a la Corte Constitucional dentro de los seis (6) días siguientes a la sanción gubernamental; (iii) integral, en la medida en que la Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la ley y del tratado, confrontándolos con todo el texto constitucional; (iv) tiene fuerza de cosa juzgada; (v) es una condición sine qua non para la ratificación del correspondiente acuerdo; y (vi) cumple una función preventiva, pues su finalidad es garantizar tanto la supremacía de la Constitución como el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano.
Dada la naturaleza especial de las leyes aprobatorias de tratados públicos, el legislador no puede alterar el contenido de éstos introduciendo nuevas cláusulas ya que su función consiste en aprobar o improbar la totalidad del tratado, no pudiendo fraccionar dicha aceptación[2]. Si el tratado es multilateral, es posible hacer declaraciones interpretativas, y, a menos que estén expresamente prohibidas, también se pueden introducir reservas que no afecten el objeto y fin del tratado[3].
El Gobierno Nacional por conducto de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, remitió a esta Corporación el 4 de julio de 2007, copia de la Ley 1139 de junio 25 de 2007, “Por medio de la cual se aprueba el ‘Convenio de seguridad social entre la República de Colombia y la República de Chile’ suscrito en Santiago el 9 de diciembre de 2003”, para su control constitucional de conformidad con el artículo 241 numeral 10 de la Carta, dentro del término de los seis (6) días siguientes a su sanción, previsto en la citada disposición constitucional.
En el presente caso, el instrumento internacional fue suscrito por la entonces Ministra de Relaciones Exteriores, cargo que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados[4] de manera expresa considera como representante del Estado contratante para estos efectos, de acuerdo con lo establecido en el numeral 2° de su artículo 7°. En consecuencia, no era necesario que se le otorgaran plenos poderes de manera particular para la suscripción del convenio cuya constitucionalidad se revisa.
El día 1 de octubre de 2004 el Presidente de la República impartió su aprobación ejecutiva al ‘Convenio de seguridad social entre la República de Colombia y la República de Chile’ suscrito en Santiago el 9 de diciembre de 2003” y ordenó someterlo a consideración del Congreso de la República, para su aprobación, de conformidad con lo previsto en el artículo 150, numeral 16 de la Constitución Política.
2.4. Trámite realizado en el Congreso de la República para la formación de la Ley 1139 de 2007
Tal como la Corte lo ha mencionado al realizar este tipo de análisis en ocasiones anteriores, salvo por la exigencia de iniciar el trámite de los proyectos de leyes aprobatorias de tratados internacionales en el Senado de la República (art. 154), la Constitución Política no estableció un procedimiento especial para la expedición de este tipo de leyes. De allí que a ellas les corresponda entonces el proceso de formación previsto para las leyes ordinarias, regulado por los artículos 157 y siguientes de la Carta. Tampoco el reglamento del Congreso, contenido en la Ley 5ª de 1992, prevé reglas especiales, salvo las contenidas en su artículo 217.
De conformidad con la documentación que obra en el expediente, el Proyecto de Ley número 129 de 2005 Senado y 285 de 2006 Cámara, agotó el siguiente trámite en el Congreso de la República:
2.4.1. El trámite en el Senado del proyecto de Ley 129 de 2005 Senado:
El Proyecto de Ley número 129 de 2005, fue presentado a consideración del Senado de la República por intermedio de los entonces Ministros de Relaciones Exteriores, Carolina Barco Isakson, Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla Barrera y Protección Social, Diego Palacio Betancourt, el día 5 de Octubre de 2005.
El texto original junto con la respectiva exposición de motivos aparece publicado en la Gaceta del Congreso Nº 699 del 7 de octubre de 2005, en las páginas 18 a 24. De esta manera, se cumplió con los requisitos de iniciación del trámite en el Senado de la República previsto en el artículo 154 constitucional, y de publicación previa a la iniciación del trámite legislativo en la comisión respectiva, conforme al artículo 157, numeral 1° ibídem.
La ponencia para primer debate, fue presentada por los Senadores Manuel Ramiro Velásquez Arroyave y Jairo Clopatofsky Ghisays y publicada en la Gaceta del Congreso Nº 847 del 2 de diciembre de 2005, páginas 18 a 24.
En relación con el anuncio previo del proyecto, la certificación de fecha 2 de agosto de 2007, suscrita por el Secretario General de la Comisión Segunda del Senado de la República informa a este respecto: "FECHA DE ANUNCIO: Diciembre 7 de 2005 según consta en el Acta 15 de esa fecha, publicada en la Gaceta Nº 124 de 2006".
A propósito de este tema, revisado el texto de la referida acta (página 19 de la Gaceta Nº 124 de 2006) se observa que inmediatamente después de instalada la sesión del día 7 de diciembre de 2005, el senador Gustavo Cataño Morales, quien la presidía, solicitó: “Por favor señor Secretario, sírvase leer los proyectos para anunciar, para la próxima sesión del martes”. En respuesta a lo cual el Secretario manifestó: “En la sesión del día de hoy, miércoles 7 de diciembre, se anuncian para ser votados los días martes y miércoles 13 y 14 de diciembre de 2005 los siguientes proyectos de ley:”. A continuación, el mismo Secretario leyó un total de 23 proyectos de ley, con su referencia completa y nombre de los ponentes, lista que es encabezada precisamente por el “Proyecto de Ley número 129 de 2005“Por medio de la cual se aprueba el ‘Convenio de seguridad social entre la República de Colombia y la República de Chile’ suscrito en Santiago el 9 de diciembre de 2003”.
Se observa, igualmente, que al finalizar la lectura de proyectos, el mismo senador Cataño Morales tomó la palabra para anunciar: “Si los honorables Senadores no tienen algo que proponer, entonces citamos para el próximo martes 13 a las 10:00 a.m. de la mañana para iniciar la discusión de estos proyectos anunciados”
La misma certificación arriba referida da cuenta de que, efectivamente, este proyecto fue discutido y aprobado en primer debate el 13 de diciembre de 2005 y que el quórum deliberatorio y decisorio estuvo integrado por 11 de los 13 senadores que conforman dicha célula legislativa, según consta en el Acta Nº 16 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 124 de 2006. Estas circunstancias pueden además constatarse con la lectura de la citada acta 16 (página 20 de la Gaceta Nº 124 de 2006), donde se observa que el Proyecto 129 encabezó el quinto punto del orden del día correspondiente a “Proyectos de ley para discutir y aprobar en primer debate, los cuales fueron anunciados en la sesión del miércoles 7 de diciembre de 2005”. Finalmente, es claro que el referido proyecto fue el primero en ser debatido y aprobado en dicha sesión, tal como puede observarse en la página 22 de la misma Gaceta 124 de 2006.
En este caso la Corte no alberga dudas sobre la validez del anuncio previo, no obstante que éste se hubiere hecho “… para ser votados los días martes y miércoles 13 y 14 de diciembre de 2005”, ya que en atención al alto número de proyectos incluidos en dicho anuncio y a la frase con la que el Presidente de la Comisión hizo la convocatoria de la próxima sesión (“para iniciar la discusión de estos proyectos anunciados”), era evidente que se preveía que posiblemente la Comisión no alcanzaría a evacuar todos ellos en una sola sesión. Por esta razón se hizo entonces referencia a las dos próximas sesiones. En tales circunstancias, y dado que el proyecto cuyo trámite legislativo se analiza ocupaba el primer lugar de esa larga lista, era entonces factible entender que dicho proyecto se debatiría en la primera de las dos sesiones mencionadas, como en efecto ocurrió.
Por lo anterior, encuentra la Corte que en esta fase del trámite legislativo el proyecto fue debidamente aprobado, y que el anuncio precedente tuvo las características de precisión y univocidad que según la jurisprudencia de esta corporación se requieren para que aquél ampare válidamente la votación que posteriormente se haga.
La ponencia para segundo debate, fue presentada por los mismos Senadores Velásquez Arroyave y Clopatofsky Ghisays, siendo publicada en la Gaceta del Congreso Nº 58 del 4 de abril de 2006, en las páginas 10 a 16.
En relación con el anuncio previo del proyecto, la certificación de fecha 10 de septiembre de 2007, suscrita por el Subsecretario General del Senado de la República informa que éste se produjo el día 9 de mayo de 2006, según consta en el acta 45 de esa fecha, publicada en la Gaceta Nº 137 de 2006.
Sobre este tema, revisado el texto de la referida acta (página 36 de la Gaceta Nº 137 de 2006) se lee: “Por instrucciones de la Presidencia y de conformidad con el Acto Legislativo 001 de 2003, la Secretaría anuncia los proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión”. Después de reiterar el objeto del anuncio (proyectos de ley para anunciar para la próxima sesión) se dio lectura a la correspondiente lista en cuyo segundo lugar figuraba el “Proyecto de Ley número 129 de 2005“Por medio de la cual se aprueba el ‘Convenio de seguridad social entre la República de Colombia y la República de Chile’ suscrito en Santiago el 9 de diciembre de 2003”. Más adelante la sesión concluye con el anuncio de convocatoria para “el día miércoles 10 de mayo de 2006 a las 11:00 a.m.”, quedando así precisado cuál sería la fecha de la próxima sesión para la cual se realizó el anuncio.
De otra parte, según consta en el acta 46, publicada en la Gaceta Nº 138 de 2006, este proyecto fue discutido y aprobado en segundo debate por la plenaria del Senado el miércoles 10 de mayo de 2006 y el quórum deliberatorio y decisorio estuvo integrado por 94 de los 102 senadores que conforman dicha corporación.
Así, teniendo en cuenta que el anuncio efectuado fue suficientemente claro y explícito, y habiéndose efectuado la discusión y votación del proyecto el día que fuera previamente anunciado, encuentra la Corte que esta aprobación fue constitucionalmente válida.
La ponencia para primer debate fue presentada por el Representante Hernando Betancourt Hurtado, a quien fue repartido el proyecto, siendo publicada en la Gaceta del Congreso Nº 330 del 31 de agosto de 2006, páginas 5 a 6.
La certificación de fecha 6 de agosto de 2007, suscrita por la Secretaria de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes da cuenta de que el anuncio de votación de este proyecto se produjo el 13 de septiembre de 2006, según consta en el acta 9 de esa fecha, que fue publicada en la Gaceta del Congreso Nº 509 del 3 de noviembre de 2006, en su página 17.
En este caso, según pudo constatarse con la lectura de la correspondiente gaceta, el anuncio fue hecho por la Secretaria de la Comisión en los siguientes términos: “Quinto: Anuncio proyectos de ley para primer debate”. Procedió entonces a la lectura de la respectiva lista, encontrándose en tercer lugar el Proyecto de Ley 285/06 Cámara – 129/05 Senado“Por medio de la cual se aprueba el ‘Convenio de seguridad social entre la República de Colombia y la República de Chile’ suscrito en Santiago el 9 de diciembre de 2003”. Terminada la lectura de proyectos se agregó de manera expresa “Anunciados para el martes 19 de septiembre de 2006”.
La misma certificación mencionada informa que este proyecto fue discutido y aprobado en primer debate el día 19 de septiembre de 2006 por unanimidad de los asistentes, y que el quórum deliberatorio y decisorio estuvo integrado por 17 de los 19 representantes que conforman esta célula legislativa, según consta en el Acta Nº 10 de la misma fecha, que fuera publicada en la misma Gaceta Nº 509 del 3 de noviembre de 2006, páginas 21 a 22.
Por lo anterior, también en este caso concluye la Corte que tanto el anuncio previo como la votación del proyecto de ley reunieron las condiciones de validez necesarias, por lo que no existe en este punto ninguna posible objeción de constitucionalidad que efectuar.
La ponencia para segundo debate, fue presentada por el mismo representante Betancourt Hurtado y fue publicada en la Gaceta Nº 455 del 12 de octubre de 2006, en las páginas 18 y 19.
En relación con el anuncio del proyecto previo a su votación, la certificación de 21 de agosto de 2007, suscrita por el Secretario General de la Cámara de Representantes informa que éste se produjo el 25 de octubre de 2006, según consta en el acta 21 de esa fecha, que fuera luego publicada en la Gaceta del Congreso Nº 609 de diciembre 4 de 2006.
A este respecto, en la página 16 de la referida gaceta se observa un listado de proyectos precedido de la fórmula “Se anuncian los temas, proyectos y actas para debatir el próximo martes a las tres de la tarde”. Al leer la lista, en quinto lugar se menciona el “Proyecto de ley número 285 de 2006 Cámara, 129 de 2005 Senado”. Y al concluir la lectura se reitera: “Señor Presidente, han sido anunciados los temas que estarán en el Orden del Día del próximo martes a las tres de la tarde”.
De otra parte, y de acuerdo con la misma certificación y con el contenido del acta 22 de la Cámara de Representantes publicada en la Gaceta Nº 607 de diciembre 1° de 2006, este proyecto fue discutido y aprobado en segundo debate por la mayoría de los asistentes durante la sesión del martes 31 de octubre de 2006, en la que el quórum deliberatorio y decisorio estuvo integrado por 158 de los representantes que integran esa corporación.
Por lo anterior, concluye la Corte que también en este último caso el anuncio fue explícito y correctamente realizado y la votación posteriormente efectuada estuvo entonces válidamente amparada por dicho anuncio.
2.4.3. Trámite de conciliación ante las comisiones designadas por el Senado de la República y la Cámara de Representantes
Concluido el trámite legislativo de este proyecto, y antes de su envío al Presidente de la República para su correspondiente sanción, se observaron “discrepancias mínimas de forma”[5] entre los textos finales aprobados por la plenaria del Senado el día 10 de mayo de 2006 y posteriormente por la plenaria de la Cámara de Representantes el 31 de octubre del mismo año. Las discrepancias observadas no se referían al texto del tratado aprobado, que naturalmente era idéntico en ambas versiones, sino al de la ley aprobatoria y consistían en lo siguiente: Mientras que el artículo 1° del texto aprobado en el Senado comenzaba ordenando “Apruébase el convenio…”, la versión de la Cámara de Representantes rezaba “Apruébese el convenio…”. De otra parte, mientras la primera de estas versiones en sus artículos 1° y 2° decía que el susodicho convenio había sido “suscrito en Santiago”, la segunda dijo “suscrito en Santiago de Chile”.
Por lo anterior se decidió que este proyecto de ley surtiera el procedimiento previsto en el artículo 161 constitucional, relativo a la conciliación de dichos textos por parte de representantes de ambas cámaras. Dichas comisiones estuvieron integradas por los congresistas que en su momento fueron ponentes de este proyecto, además del representante Luis Felipe Barrios Barrios.
Cumplida dicha diligencia el día 10 de abril de 2007, el texto conciliado fue publicado por cada una de las cámaras, para el caso del Senado en la Gaceta 118 del 17 de abril de 2007, y para la Cámara de Representantes en la Gaceta 119, también del 17 de abril de 2007. La versión final, misma que fue sancionada, recogió las expresiones usadas en el texto aprobado en el Senado, esto es “Apruébase” y “suscrito en Santiago”.
Dicho informe fue aprobado entonces por la plenaria de la Cámara de Representantes durante la sesión del día 18 de abril de 2007, según consta en el acta 42 de la fecha, publicada en la Gaceta 208 del 24 de mayo de 2007. Previamente, en la sesión del día anterior se efectuó el anuncio a que se refiere el inciso final del artículo 160 constitucional, lo cual puede corroborarse en el acta 42 de 17 de abril de 2007, publicada en la Gaceta 207 de la misma fecha.
Finalmente, este informe fue estudiado y aprobado por la plenaria del Senado en sesión realizada el día 15 de mayo de 2007, según consta en el acta 58 de la fecha, publicada en la Gaceta 330 del 19 de julio de 2007, previamente a lo cual, en la sesión del jueves 10 de mayo anterior, se efectuó ante esta cámara el anuncio a que antes se hizo referencia, lo cual ha sido constatado en el acta 57 de aquella fecha, publicada en la Gaceta 329 de 19 de julio de 2007.
2.4.4. Análisis sobre el cumplimiento de los requisitos constitucionales aplicables al trámite legislativo surtido por este proyecto:
Frente al trámite cumplido en las cámaras legislativas por el proyecto de ley 129 de 2005 – Senado / 285 de 2006 Cámara, que posteriormente vino a convertirse en Ley 1139 de 2007, la Corte observa lo siguiente:
El proyecto agotó de manera satisfactoria los requisitos generales previstos en la Constitución y en el reglamento del Congreso para la aprobación de una iniciativa de esta naturaleza. En efecto, este proyecto: (i) comenzó su trámite en el Senado de la República (art. 154); (ii) fue publicado previamente al inicio del proceso legislativo; (iii) fue aprobado tanto en primero como en segundo debate en cada una de las dos cámaras que conforman el órgano legislativo, con el quórum y las mayorías exigidas por la Constitución y el reglamento; (iv) las ponencias, tanto en comisiones como en plenaria fueron publicadas antes de iniciarse los respectivos debates; (v) en cada caso la votación de este proyecto fue debidamente anunciada por la Presidencia de la respectiva comisión o célula legislativa en una sesión distinta y anterior a aquella en la que finalmente se produjo la votación, y en términos suficientemente claros e inequívocos, en cumplimiento de lo previsto en el inciso final del artículo 160 constitucional; (vi) entre el primero y segundo debate realizado en cada cámara, así como entre la aprobación del proyecto en la plenaria del Senado y la iniciación del trámite en la Cámara de Representantes transcurrieron los términos mínimos previstos en el texto constitucional (art. 160); (vii) ante la discrepancia existente entre los textos aprobados por las dos cámaras se adelantó el procedimiento de conciliación establecido por el artículo 161constitucional; (viii) fue sancionado por el Presidente de la República una vez concluido el trámite legislativo; (ix) fue enviado para su revisión de constitucionalidad a conocimiento de esta Corte dentro de los seis (6) días siguientes a su sanción presidencial.
En consecuencia, bajo todos estos respectos, la Ley 1139 de 2007 debe ser considerada exequible, en lo que se refiere a la validez de su trámite legislativo.
2.5. Análisis material sobre las estipulaciones del tratado internacional aprobado mediante Ley 1139 de 2007.
2.5.1. El contenido de este tratado
El “Convenio de seguridad social entre la República de Colombia y la República de Chile” cuya exequibilidad se analiza contiene un total de 32 artículos, distribuidos en cuatro títulos[6].
El primero de estos títulos, sobre Disposiciones Generales (arts. 1° a 5°), incluye en su parte inicial las definiciones de uso común en las restantes estipulaciones de este convenio (artículo 1°), su ámbito de aplicación material (artículo 2°), el ámbito de aplicación personal (artículo 3°), la garantía de igualdad de trato (artículo 4°) y lo relacionado con la llamada exportación de pensiones (artículo 5°).
A continuación el Título Segundo contiene lo relativo a las Disposiciones sobre la Legislación Aplicable (arts. 6° y 7°), a propósito de lo cual se plantea una regla general de sujeción a la legislación de aquel Estado en el que la persona ejerza su actividad laboral (artículo 6°) y un conjunto de reglas especiales o excepciones (artículo 7°) en las que se aplicará la legislación del otro Estado contratante.
El Título Tercero trata, en tres capítulos, lo referente a las pensiones de invalidez, vejez y sobrevivientes (arts. 8° al 21). El primero de estos capítulos contiene disposiciones comunes a los tres tipos de pensiones, incluyendo las reglas sobre acumulabilidad de las cotizaciones efectuadas en el territorio de ambos Estados (artículos 8° a 10), asignación por muerte o auxilio funerario (artículo 11) y determinación de las incapacidades (artículo 12). Los capítulos segundo y tercero contienen, las reglas relativas a la aplicación de la legislación colombiana (arts. 13 a 19) y chilena (arts. 20 y 21) respectivamente, destacándose por su mayor extensión y detalle la parte correspondiente al efecto de la legislación colombiana.
Finalmente, el último título, sin nombre, contiene en tres distintos capítulos, disposiciones diversas, transitorias y finales (arts. 22 a 32) respectivamente. El primer capítulo incluye, entre otras, reglas relativas al reajuste periódico de las pensiones (artículo 22), trámites administrativos (artículo 23), exenciones aplicables (artículo 25), atribuciones de las autoridades competentes y asistencia recíproca entre ellas (artículos 24 y 27). El segundo capítulo contiene reglas atinentes al tránsito de legislación que se presentará con ocasión de la entrada en vigencia de este convenio (artículos 29 y 30). Finalmente, el tercer capítulo (artículos 31 y 32) determinan lo referente a la entrada en vigencia de este convenio y a su eventual terminación.
2.5.2. El propósito del convenio analizado
En lo que atañe a sus objetivos generales, la Corte destaca que el convenio que se analiza busca responder de manera eficiente a algunas de las dificultades que para el bienestar de los trabajadores y sus familias surgen de la migración laboral internacional, fenómeno de carácter económico y demográfico que si bien ha sido recurrente en el pasado reciente y aun en la antigüedad, tiene mayor incidencia y plantea nuevos retos como resultado del mas reciente movimiento de la globalización.
Para ello, este convenio busca facilitar a los nacionales de los dos Estados signatarios, y en general a las personas que residan y/o laboren en sus respectivos territorios, la posibilidad de acceder a algunos de los servicios y prestaciones económicas propios de la seguridad social integral, acumulando para tal efecto las cotizaciones realizadas durante los empleos que hayan tenido en el territorio de uno cualquiera de tales Estados o de ambos. Así, personas que en distintos momentos de su vida hayan laborado en el territorio de estos dos países, y que en ausencia de este instrumento internacional posiblemente no podrían acreditar en ninguno de ellos el cumplimiento de los requisitos necesarios para tener derecho a tales prestaciones, podrán hacerlo a partir de su vigencia, al aceptarse ahora la ya referida acumulación.
En relación con este propósito la Corte no alberga dudas de que el convenio examinado resulta ajustado a la Constitución Política de Colombia, ya que tiene un efecto directo sobre la posibilidad de acceder a las prestaciones económicas del sistema de seguridad social integral, favoreciendo así la realización de este derecho irrenunciable y la ampliación progresiva de la cobertura de estos servicios, objetivos a los que se endereza la acción del Estado colombiano en relación con el tema, de conformidad con lo previsto en el artículo 48 superior. Reflexiones similares a estas hizo la Corte al analizar, en su momento, las antes citadas Leyes 826 de 2003 y 1112 de 2006, por las cuales se incorporaron al derecho interno sendos tratados internacionales celebrados con la República Oriental del Uruguay y el Reino de España, respectivamente, con propósitos análogos a los que justifican este convenio, y de contenido bastante similar[7].
De la misma forma, las posibilidades adicionales que se abrirán a partir de la vigencia de este convenio contribuirán simultáneamente al desarrollo de otras disposiciones constitucionales, entre ellas, la relativa a la garantía del derecho al trabajo en condiciones dignas y justas (arts. 25 y 53), la protección a las personas de la tercera edad y la disponibilidad de los servicios de la seguridad social para tales personas (art. 46), la rehabilitación de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos (art. 47), así como la promoción de las condiciones necesarias para que la igualdad entre las personas sea real y efectiva (art. 13). También constituyen una forma válida de participar en el cumplimiento de los fines esenciales del Estado previstos en el artículo 2° ibídem, especialmente los de promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los derechos consagrados en la misma Constitución.
De otra parte, en lo que atañe al manejo y los objetivos de las relaciones internacionales, entiende también la Corte, en coincidencia con los intervinientes, que la suscripción y cumplimiento de este es enteramente congruente con los parámetros constitucionales sobre la materia.
En efecto, este tratado contribuye a la internacionalización de las relaciones económicas y sociales de Colombia y de sus nacionales (art. 226), y particularmente, fomenta y afianza la integración económica y social de nuestro país con otra nación latinoamericana, tal como lo postulan concordantemente los artículos 9° y 227 de la Carta Política. Por lo demás, tal como lo exigen las referidas normas, lo hace sobre bases de equidad, reciprocidad y mutua conveniencia y sin afectar en modo alguno la soberanía nacional, ya que los beneficios que el Estado colombiano y sus instituciones ofrecen a los nacionales chilenos y a las personas residentes en ese país, son los mismos que las autoridades e instituciones de aquél ofrecerán a los nacionales colombianos y a las personas residenciadas en nuestro país.
De otra parte, la suscripción de este convenio se ajusta a lo previsto en el artículo 93 de la Carta Política, al poder entenderse como válido desarrollo de otros compromisos internacionales de carácter multilateral previamente asumidos por Colombia en materia de seguridad social, entre los cuales pueden destacarse especialmente la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares incorporada al ordenamiento interno mediante la Ley 146 de 1994[8], el Código Iberoamericano de Seguridad Social incorporado mediante la Ley 516 de 1999[9], e incluso el llamado Protocolo de San Salvador aprobado mediante Ley 319 de 1996[10], para citar sólo algunos ejemplos.
2.5.3. La exequibilidad de las disposiciones de este tratado
Del análisis individual de las estipulaciones contenidas en este instrumento internacional, observa la Corte que ninguna de ellas resulta violatoria de algún precepto constitucional. Por el contrario, entiende que constituyen mecanismos idóneos para el logro de los objetivos antes señalados, además de lo cual, como se indicará en el lugar correspondiente, contienen salvaguardas que preservan la vigencia de importantes principios del derecho colombiano, varios de ellos contenidos en la Constitución Política. A continuación la Corte realiza el estudio particular de cada una de estas disposiciones.
El artículo 1°, que como se ha dicho, contiene las definiciones de los principales términos de uso corriente en las restantes estipulaciones de este convenio, es en tal sentido una norma neutra destinada a facilitar la aplicación y cumplimiento de aquél. Por lo demás, ninguna de tales definiciones contiene algún elemento que contraríe la preceptiva constitucional colombiana.
Lo mismo cabe decir sobre los artículos 2° y 3°, que delimitan el ámbito de aplicación material y personal de este convenio. La primera de estas normas hace referencia a las prestaciones concretas contempladas por la ley, tanto chilena como colombiana, vigente al tiempo de la suscripción del tratado, así como a las que tales legislaciones establezcan en el futuro, siempre que el respectivo Estado no manifieste al otro, dentro de los 6 meses siguientes, su objeción frente a la posibilidad de dicha inclusión. Mientras que la segunda se refiere simplemente a las personas que estén o hayan estado sometidas a la legislación antes mencionada, en uno o en ambos Estados contratantes.
El artículo 4° se refiere a la igualdad de trato, a partir de la cual los residentes de cada uno de los Estados contratantes tendrán frente al otro Estado los mismos derechos y obligaciones que la ley reconozca a los residentes de este último. Mientras que el artículo 5°, en directa aplicación de este principio, advierte sobre la imposibilidad de reducir o modificar las pensiones que se paguen de acuerdo con la legislación de uno de los Estados signatarios, por el solo hecho de que el beneficiario de tales pagos resida en el otro país, o incluso, en territorio de un tercer Estado. Estas disposiciones, lejos de merecer cuestionamiento alguno, reafirman la vigencia de los principios de equidad y reciprocidad en la aplicación de este tratado, así como la garantía de igualdad ante la ley a que se refiere el artículo 13 de la Constitución colombiana.
Los artículos 6° y 7° contienen, respectivamente, la regla general de sujeción a la legislación del Estado en cuyo territorio se ejerza la actividad laboral, y las excepciones a la aplicación de este principio. Entiende la Corte que tanto la referida regla como las excepciones resultan razonables, consultan las normas y usos propios del Derecho Internacional, tanto público como privado, y no contrarían tampoco precepto constitucional alguno.
Los artículos 8°, 9° y 10 plantean los supuestos y desarrollan las reglas conforme a las cuales podrán acumularse los tiempos cotizados en ambos Estados contratantes, cuando ello fuere necesario para que el interesado logre acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos para tener derecho a una determinada prestación pensional. Como ya se dicho, a más de hacer posible el cumplimiento del objetivo central de este convenio, y con ello la efectiva realización de varios postulados superiores, estas reglas observan plenamente el principio de reciprocidad, por lo que se avienen plenamente con los parámetros constitucionales aplicables.
El artículo 11 contiene reglas relativas al pago del auxilio funerario en caso de muerte de un pensionado, mientras que el artículo 12 regula lo relativo a la comprobación de la incapacidad médica que daría lugar a la pensión de invalidez, incluyendo la posibilidad de que se requieran exámenes médicos que deban realizarse en el territorio de un Estado contratante por solicitud de la institución competente del otro Estado contratante. Se trata en ambos casos de reglas operativas encaminadas a hacer posible la cumplida ejecución de este convenio y que tampoco dan lugar a objeciones de inconstitucionalidad.
Las normas del Capítulo 2° del Título III establecen los parámetros a partir de los cuales se aplicará la legislación colombiana a pensionados residentes en Colombia que adquieran su derecho pensional conforme a la legislación chilena. Incluye las reglas referentes a la liquidación de la pensión mínima (art. 13), el cálculo del ingreso base de liquidación (art. 14), la suspensión o supresión de la pensión en caso de ejercerse una actividad laboral (art. 15), el cumplimiento de la edad requerida (art. 16), la contabilización del tiempo trabajado en diferentes entidades (art. 17), así como particularidades del régimen de ahorro individual con solidaridad (art. 18) y la exigencia de que los pensionados mantengan en todo momento su afiliación a los servicios de salud en Colombia (art. 19).
Inmediatamente después, los artículos que conforman el Capítulo 3° del Título III contienen las reglas pertinentes al caso inverso, esto es, la aplicación de la legislación chilena a pensionados residentes en ese país, que hayan adquirido su derecho a la pensión a partir de lo previsto en la ley colombiana, en lo referente al cálculo de las pensiones (art. 20) y a la posibilidad de que los pensionados mantengan su afiliación a los servicios de salud (art. 21).
La Corte considera que todas estas regulaciones, además de resultar razonables y necesarias para la adecuada aplicación del presente convenio, tampoco vulneran ninguna regla o principio de carácter constitucional que conlleve su inexequibilidad.
Por su parte, las disposiciones contenidas en los artículos 22 a 28 de este convenio regulan otros diversos aspectos operativos, convenientes y/o necesarios para la cumplida ejecución de aquél. Se destacan entre ellas:
i) la norma relativa al reajuste periódico de las pensiones conferidas en desarrollo de este tratado, en las mismas condiciones aplicables a las pensiones otorgadas de conformidad con la legislación interna del respectivo país (art. 22), cuya inclusión garantiza el cumplimiento del principio establecido en el inciso 5° del artículo 48 constitucional sobre mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones;
ii) la regla según la cual las solicitudes, reclamaciones y peticiones que deban presentarse ante las autoridades competentes de uno de los Estados contratantes se entenderán presentadas en la fecha en que se radiquen ante la autoridad homóloga del otro Estado (art. 23), la cual hace posible la aplicación al caso concreto de varios de los principios que conforme al artículo 209 superior deben orientar el cumplimiento de la función administrativa;
iii) disposiciones referentes a las atribuciones conferidas en cada país a las autoridades competentes y el principio de asistencia recíproca y mutua colaboración entre ellas (arts. 24 y 27);
iv) la exención, tanto de impuestos como de la necesidad de legalizaciones especiales (art. 25) para los trámites y documentos que sea necesario diligenciar para el otorgamiento de pensiones dentro del marco de este convenio, en las mismas condiciones en que estarían exentos de tales requisitos los trámites de pensiones cumplidos conforme a lo previsto en la legislación local;
v) la precisión de que las mesadas derivadas de pensiones que dentro del marco de este convenio deban pagarse por las instituciones competentes de un Estado contratante a una persona residente en el otro Estado podrán cancelarse en la moneda de cualquiera de estos dos Estados, o incluso en dólares de los Estados Unidos de América (art. 26);
vi) las reglas conforme a las cuales deberán resolverse las controversias que surjan entre los Estados signatarios por temas relacionados con la interpretación de este tratado (art. 28), las cuales contemplan como primera opción la negociación directa, y como alternativa ante el fracaso de aquélla, la posibilidad de someter el asunto al conocimiento de una comisión arbitral cuya composición y procedimiento se fijarán por común acuerdo de las partes.
La Corte encuentra que, más allá de su conveniencia práctica, los anteriores mecanismos no lesionan ninguna regla o principio constitucional, por lo que también resultan claramente exequibles. Sin embargo, estima pertinente añadir las siguientes breves reflexiones:
El artículo 25, relacionado con la exención de impuestos y trámites de legalización, no crea ni establece ninguna ventaja particular para este tipo de diligencias, que dé origen a una situación de desigualdad con respecto a los trámites no regidos por este convenio. Por el contrario, se limita a garantizar que tales diligencias podrán adelantarse con las mismas facilidades y beneficios que la ley de cada uno de los Estados signatarios reconozca a los trámites pensionales que habitualmente realizan ante sus autoridades e instituciones los ciudadanos del respectivo país. Desde esta perspectiva, esta norma contribuye también a hacer posibles condiciones de igualdad real y efectiva entre aquellas personas que podrán obtener su pensión gracias a este convenio y los demás ciudadanos que no requieran de su aplicación.
Por su parte, en lo que atañe al artículo 28, que contiene las reglas para dirimir las controversias interpretativas que llegaren a presentarse, precisa la Corte que en cuanto aquellas pueden afectar al monto de las prestaciones que en un caso concreto deban reconocerse a un trabajador, la solución a que se llegue en estos casos deberá observar el principio de favorabilidad, previsto en el artículo 53 de la Constitución colombiana como criterio de interpretación de carácter obligatorio para este tipo de situaciones.
En el capítulo sobre Disposiciones Transitorias, los artículos 29 y 30 contienen las reglas conforme a las cuales se manejarán dentro del marco de este convenio las situaciones sucedidas total o parcialmente antes de su vigencia. La Corte encuentra que estas disposiciones no generan situaciones que merezcan reproche constitucional, antes bien, resalta la pertinencia de su incorporación, así como el hecho de que tales reglas buscan mejorar, tanto como sea legalmente posible, la situación de los ciudadanos beneficiarios de este convenio, al contemplar que se tomarán en cuenta las cotizaciones efectuadas con anterioridad a su entrada en vigencia y que se atenderán, de conformidad con las reglas allí previstas, contingencias acaecidas dentro de esos mismos períodos.
Finalmente, los artículos 31 y 32 (Disposiciones Finales) regulan de manera clara los temas de entrada en vigencia del convenio y de su eventual terminación, de acuerdo con los principios del Derecho Internacional Público, y en particular, de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados[11], por lo que encuentra la Corte que también estas estipulaciones resultan exequibles en lo que se refiere a su contenido material.
Realizado el análisis de este convenio, tanto en su aspecto formal como material, considera la Corte que en todo se ajusta a los preceptos constitucionales, pues de una parte se han cumplido los requisitos procedimentales exigidos por la Constitución y la ley para integrar el ordenamiento jurídico interno; y, por otra, el contenido del convenio sometido a control constitucional desarrolla preceptos consagrados en la Carta Política, como quiera que a través de su suscripción se procura facilitar el cumplimiento de los requisitos necesarios para que los ciudadanos colombianos, así como otras personas que residan o hayan laborado en Colombia, puedan acceder a los beneficios de la seguridad social, dentro de un marco de reciprocidad y conveniencia nacional.
Primero.- DECLARAR exequible el “Convenio de seguridad social entre la República de Colombia y la República de Chile” suscrito en Santiago el 9 de diciembre de 2003”.
Segundo.- DECLARAR exequible la Ley 1139 de 2007 por la cual se aprueba el “Convenio de seguridad social entre la República de Colombia y la República de Chile” suscrito en Santiago el 9 de diciembre de 2003”.
SALVAMENTO DE VOTO A LA SENTENCIA C-291 DE 2008 DEL MAGISTRADO JAIME ARAUJO RENTERIA
COMISION DE CONCILIACION EN TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Nombramiento constituye vicio insubsanable (Salvamento de voto)
COMISION DE CONCILIACION EN TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Inviabilidad (Salvamento de voto)
En el caso del trámite legislativo de aprobación de tratados internacionales resulta inviable el nombramiento de una comisión de conciliación, pues éstos no pueden ser modificados por el Congreso de la República, el cual debe limitarse a aprobarlos o improbarlos.
Revisión de constitucionalidad de la Ley 1139 de 2007, “por medio de la cual se aprueba el “Convenio de seguridad social entre la República de Colombia y la República de Chile” suscrito en Santiago el 9 de diciembre de 2003
Con el respeto acostumbrado por las decisiones de esta Corte, me permito salvar mi voto a la presente decisión, por cuanto en mi concepto la Ley 1139 de 2007 adolece de dos vicios de procedimiento en su formación que son insubsanables, como paso a exponer a continuación:
1. En primer término, para el suscrito magistrado existe en el trámite legislativo de la Ley aprobatoria de tratado que nos ocupa un vicio de procedimiento insubsanable relativo al no cumplimiento en debida forma del aviso previo de la discusión y votación de la citada ley exigido en el artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003 (art. 160 C.P).
En este sentido, evidencio que el proyecto de ley aprobatorio de tratado sub examine presenta irregularidades en el anuncio para votación tanto en el primer como segundo debate en la Cámara de Representantes. Por consiguiente, la citada ley ha debido ser declarada inexequible.
A este respecto, me permito reiterar los argumentos con base en los cuales sostengo que el requisito del anuncio previo para votación con el lleno de todas las exigencias constitucionales es fundamental para la validez de las normas jurídicas y su falta constituye un vicio insubsanable. A este respecto me referiré (i) en primer lugar, al problema de teoría del derecho respecto de la producción de las normas jurídicas, la validez de las mismas, y su importancia en el control constitucional; y (ii) en segundo lugar, a la naturaleza del anuncio previo para votación de los proyectos como requisito constitucional.
2. En segundo lugar, para el suscrito magistrado se configura en el trámite legislativo de la ley aprobatoria de tratado sub examine, un segundo vicio procedimental insubsanable, relativo a que se haya nombrado una comisión de conciliación que no es viable en el caso de aprobación de tratados internacionales, pues estos no pueden ser modificados por el Congreso de la República, el cual debe limitarse a aprobarlos o improbarlos, según lo establece el artículo 150-16 de la Constitución Política. Por consiguiente, por esta segunda razón, la citada ley ha debido ser declarada inexequible.
3. Con fundamento en lo anterior, el suscrito magistrado reitera que la ley bajo estudio debió ser declarada inexequible, (i) en primer lugar, porque no se cumplió con la exigencia del anuncio previo para votación contenido en el artículo 160 Superior, exigencia que no es un simple formalismo sino que es de fundamental importancia en un Estado constitucional y democrático de Derecho, ya que atañe directamente con el problema de la validez de las normas jurídicas y de su legitimidad democrática; y (ii) en segundo lugar, por cuanto se nombró una comisión de conciliación que no es viable en el caso de aprobación de tratados internacionales, en cuanto los tratados internacionales no pueden ser modificados por el Congreso de la República, organismo que debe limitarse exclusivamente a aprobarlos o improbarlos, de conformidad con el artículo 150-16 de la Constitución Política.
[2] Según lo dispuesto en el artículo 204 del Reglamento del Congreso, los proyectos de ley aprobatorios de tratados internacionales se tramitan por el procedimiento legislativo ordinario o común, con las especificidades establecidas en la Carta (sobre la iniciación del trámite de la ley en el Senado de la República, artículo 154, CN) y en el reglamento sobre la posibilidad del presentar propuestas de no aprobación, de aplazamiento o de reserva respecto de Tratados y Convenios Internacionales (art. 217 de la Ley 5ª de 1992).
[5] Esta es la expresión textual que se usa en el informe de conciliación publicado en las Gacetas 118 y 119 de 2007.
[6] De manera general, la estructura y contenido de este convenio son análogos a los de otros tratados suscritos con otros Estados con una finalidad semejante, tales como el celebrado con la República Oriental del Uruguay (incorporado al derecho interno mediante Ley 826 de 2003) y con el Reino de España (aprobado por Ley 1112 de 2006).
[7] Ver a este respecto las sentencias C-279 de 2004 (M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra) y C-858 de 2007 (M. P. Manuel José Cepeda Espinosa)
[8] Ley 146 de 1994, por medio de la cual se aprobó la “Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares”, hecha en Nueva York, el 18 de diciembre de 1990. Declarada exequible por sentencia C-106 de 1995 (M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[9] Ley 516 de 1999 por la cual se aprueba el “Código Iberoamericano de Seguridad Social”, acordado por unanimidad en la reunión de ministros, máximos responsables de seguridad social de los países iberoamericanos, celebrada en Madrid (España), los días dieciocho (18) y diecinueve (19) de septiembre de mil novecientos noventa y cinco (1995). Declarada exequible en la sentencia C-125 de 2000 (M. P. Carlos Gaviria Díaz).
[10] Ley 319 de 1996, por medio de la cual se aprobó el “Protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales - Protocolo de San Salvador”, suscrito en San Salvador el 17 de noviembre de 1988. Declarada exequible por sentencia C-251 de 1997 (M. P. Alejandro Martínez Caballero).
[11] Incorporada al derecho interno colombiano mediante Ley 32 de 1985.