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Timestamp: 2019-01-17 22:59:26
Document Index: 184586409

Matched Legal Cases: ['artículo 135', 'artículo 135', 'artículo 135', 'artículo 128', 'artículo 81', 'artículo 82', 'artículo 81', 'artículo 14', 'Artículo 2', 'Artículo 4', 'Artículo 7', 'Artículo 9', 'artículo 109', 'Artículo 29', 'artículo 89']

LAS PRIMERAS CONSTITUCIONES DEL MUNDO ( E.U. y Francia ).
La formación de los EE.UU. como nación independiente es el resultado de la lucha armada del pueblo estadounidense en contra de la dominación colonial inglesa. Los primeros colonos europeos llegados a las nuevas tierras el norte de América pretenden encontrar en ellas un hogar permanente donde no se les persiguiese por sus creencias religiosas.
En 1774, se habían establecido trece colonias inglesas; siendo la primera la que se estableció en Jamestown, Virginia. Estas colonias ya contaban con una población de más de 3,000,000 de habitantes. El 5 de septiembre del mismo año, se convoca a un congreso continental debido a que los colonos se consideraban ciudadanos británicos poseedores de derechos civiles y políticos, y reclamaban al gobierno imperial a causa de los impuestos y las restricciones comerciales que entorpecen su desarrollo económico. Pero Londres rechazó todas las protestas de los colonos debido a que en ellos veía una fuente de abastecimiento de materias primas, así como un mercado de salida para los productos ingleses.
Esta situación provocó choques armados entre las tropas inglesas y los colonos. El 4 de julio de 1776 el congreso promulgó en la declaración de independencia. Thomas Jefferson, se basa en las demandas de igualdad de los ciudadanos insulares y los del continente, y escribe: "sostenemos como verdades evidentes que todo los hombres nacen iguales, que todos les confiere a su creador ciertos derechos inmutables entre los cuales están la vida, la libertad y la consecución de la felicidad, para garantizar esos derechos, los hombres instituyen gobiernos que derivan sus justos poderes del consentimiento de los gobernadores, que siempre que una forma de gobierno tiende a destruir esos fines, el pueblo tiene derecho a reformarlo o abolirla, e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y a organizar sus poderes en aquella forma que a su juicio garantice mejor su seguridad y su felicidad".
Estos revolucionarios principios dieron cabida a la constitución de los Estados Unidos que fue expedida en la convención de Filadelfia en 1787, y adoptada al año siguiente, tuvo la influencia de grandes patriotas como: Washington, Franklin, Madison y a Hamilton.
El resumen de los principios de la constitución se encuentran en el párrafo introductorio del libro La democracia en América: "nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una unión más perfecta, de establecer la justicia, de asegurar la tranquilidad interior, y que proveer de la defensa común, de acrecentar el bien general y Yasser durables para nosotros y para nuestra posteridad los beneficios de la libertad, hacemos, decretamos y establecemos esta constitución para los Estados Unidos de América".
Entre todas las corrientes constitucionalistas o políticas influirían en la constitución de los Estados Unidos, la división de poderes, la interpretación o desarrollo elaborado por Montesquieu fue especialmente importante.
A los signos de haber sido promulgada, a constitución de los Estados Unidos se mantiene en vigor, y ha sufrido muy pocas enmiendas, que no han lesionado los principios fundamentales que se consignaron en ella en ocasión del triunfo y consolidación de la independencia de la corona británica.
Los movimientos originados en Francia no sólo sacudieron a esta sociedad, sino que se extendieron por casi todo el planeta. Las ideas de la ilustración francesa se convirtieron en el pensamiento agitador que estimuló los principios independentistas del continente americano. Estos se plasmaron en los documentos y actos que derivarían guerras de insurrección y, consumadas las independencias nacionales, en las constituciones, plenas de conceptos de igualdad, fraternidad y justicia.
Perry Anderson señala: "las tres grandes rupturas del orden político fueron, naturalmente, la guerra de los 100 años en el siglo XV, las guerras de religión en el siglo XVI y la fronda en el siglo XVII. La transición de la monarquía medieval a la absoluta se vio paralizada en un primer momento y acelerada inmediatamente después por estas crisis.
Luis XIV también conocido como el Rey sol, estableció una monarquía y se dio al ejercicio de lo que se denominó el "depotismo ilustrado", tanto en el orden político como en el financiero económico, comercial y en el religioso. Respecto a su política exterior, basada en los conflictos bélicos y en las anexiones territoriales, preparo la guerra de sucesión española (1701-1714). Durante su período se creó una fuerza permanente de policía, para conservar el orden y reprimir las protestas populares en París. El crecimiento del aparato militar se constituyó, en el mejor recurso para lograr un desarme final de la nobleza provinciana, al tiempo que aumentó la capacidad de aplastar las rebeliones populares.
A la muerte de Luis XIV , su sucesor, LuisXV, encontró que la autoridad del monarca estaba bastante debilitada. Francia emprendió guerras inútiles y desgastantes . En el interior del país, la conmoción entre las masas era cada vez más fuerte, y las alianzas entre los diversos grupos populares cobraban mayor fuerza.
En el período conocido como la revolución francesa, durante el reinado de Luis XVI (1774-1792), tiene su origen en la situación que encontró el nuevo monarca: un país convulsionado y arruinado. Entre otras causas, la ayuda que prestó a la guerra de independencia de los Estados Unidos había agravado la economía, y esto contribuyó a la difusión de las ideas liberales. Los diputados del "tercer estado" decidieron proclamarse en asamblea constituyente. Luego el pueblo de París se subleva y toma la bastilla, con lo que se inicia la revolución.
Los acontecimientos obligan a la ley a huir hacia Metz , al año siguiente en se reunió una nueva asamblea, que se denominó convención nacional la cual decidió abolir la monarquía y proclamar la república. Durante el mes de diciembre en la convención enjuicia al rey y lo condena a la pena capital, la que fue ejecutada el 21 de enero de 1793. Durante los siguientes cinco años gobernó un directorio, al producirse un golpe de estado el directorio entrega el poder a Napoleón, quien tres años más tarde se proclama cónsul vitalicio y hereditario, para después ser consagrado emperador de los franceses. Cuando es derrotado en la batalla de Waterloo, se restaura la monarquía constitucional, bajo el gobierno de LuisXVII hasta 1820 y posteriormente en 1848 se proclama la segunda república.
Publicada el 4 de octubre de 1824. República representativa popular y federal. Religión católica, e intolerancia religiosa. Ejecutivo unipersonal y vicepresidente; legislativo bicamaral; judicial integrado por una corte suprema de justicia, tribunales de circuito y juzgados de distrito. Se contemplaba la existencia de un consejo de gobierno, mismo que entrada en funciones cuando estaba en receso el congreso general. No contenían ninguna mención a las garantías individuales, pero algunos de los estados libres y soberanos elaboraron, a su amparo, constituciones locales en las que se consagraban las libertades individuales.
Publicadas el 15 de diciembre de 1835. República representativa popular. Religión católica e intolerancia religiosa. Ejecutivo unipersonal; legislativo bicamaral; judicial integrado por una corte suprema de justicia y por los tribunales que estableciera la ley. No se consagraron las garantías individuales. El gobierno local departamental, con un gobernador y juntas departamentales a la cabeza.
Publicadas el 30 de diciembre de 1836. Supremo poder conservador, constituido por cinco individuos que se notaría en el cargo; para su selección se seguiría el procedimiento de insaculación, y se tomaban en cuenta los ingresos personales. Podría declarar nulos los actos de los tres poderes, reformar la constitución y sólo respondía ante Dios y la opinión pública. Ejecutivo unipersonal; consejo de gobierno y cuatro ministros; legislativo bicamaral; judicial formado por: corte suprema de justicia, tribunales superiores de los departamentos, tribunal de hacienda y juzgados de primera instancia.
Publicada el 12 de junio de 1843. República representativa federal. Religión católica e intolerancia religiosa. Ejecutivo unipersonal y cinco ministerios; legislativo bicamaral; judicial: Suprema Corte de justicia, corte marcial y tribunal para juzgar a los ministros de la Suprema Corte; y un consejo de gobierno constituido por el presidente con diecisiete vocales. Garantías individuales: libertad de prensa y opinión, reconocimiento del fuero militar y religioso, inviolabilidad de la propiedad, ciudadanía condicionada al ingreso anual de $200 y a saber era una leer y escribir.
Publicada el 21 de mayo de 1847. Reformas a la constitución de 24: desaparición de la vicepresidencia. Consagración de las garantías individuales: libertad de asociación, derecho de petición, libertad de imprenta, seguridad, inviolabilidad de la propiedad privada, igualdad.
ESTATUTO ORGANICO PROVISIONAL DE LA REPUBLICA MEXICANA.
Publicado el 23 de mayo de 1856. Dejaba abierta la posibilidad de régimen federal o centralista. No hablaba de religión. El gobierno general estaría constituido por un presidente y seis ministros que formaban el consejo de gobierno; poder judicial; Suprema Corte de justicia, tribunales de circuito y jueces. Garantías individuales: libertad, igualdad, seguridad, inviolabilidad de la propiedad, derecho de petición, de reunión, y de ocupar cargos públicos; por ningún delito se perdía el fuero común. Estados de la federación libres y soberanos.
COSTITUCION FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
Publicada el 5 de febrero de 1857. República representativa, democrática, popular y federal. Tolerancia religiosa. Ejecutivo unipersonal; legislativo unicamaral y más fuerte que el ejecutivo; judicial, corte suprema de justicia, tribunales de circuito y jueces de distrito. Garantías individuales: igualdad, inviolabilidad de la propiedad privada, seguridad, libertad de asociación, de prensa, de pensamiento, de circulación, de enseñanza, de ocupación, abolición de privilegios, fuero de guerra para delitos y faltas relacionadas con la disciplina militar, abolición de trabajos personales, prohibición a las corporaciones civiles y eclesiásticas de adquirir propiedades más allá de las estrictamente necesarias para su funcionamiento; los estados de la federación serían libres y soberanos.
Publicado el 10 de abril de 1865. Monarquía moderna hereditaria con un príncipe católico. Emperador; regencia en los casos de ausencia de este, y un ministerio constituido por nueve departamentos ministeriales; consejo de estado conforme lo determinara la ley; tribunales de acuerdo con la ley; tribunal de cuentas; comisarios imperiales y visitadores; prefecturas y subprefecturas de distinto tipo. Garantías individuales: igualdad ante la ley, seguridad personal, propiedad, el libre ejercicio del culto religioso, libertad de publicar las opiniones.
La constitución de 1917 fue una mezcla de los ideales de justicia social de la revolución y los ideales de libertad individual y democracia política heredados de la constitución liberal de 1857.
La constitución política de 1917 confirmó el ideal democrático de la nación, o sea, la voluntad de respetar y aplicar las leyes, así como la designación de las autoridades políticas por los ciudadanos, a través de elecciones periódicas.
Reafirmó también el federalismo y sus niveles de poder político: el poder federal y el poder de los estados soberanos que integran la federación. Garantizo los derechos políticos básicos de los ciudadanos, como son el sufragio y la igualdad ante la ley, así como el amparo contra abusos de autoridad.
Si partimos del significado de la palabra "constituyente", y entendemos este concepto como la acción de "constituir", observamos que se revierte al principio de crear algo.
La disputa acerca del origen y conformación, tanto del término como de la primera acción en sí, aún no se ha dirimido. Sin embargo, gracias a las investigaciones histórico-jurídicas, además de las interpretaciones ideológicas manifiestas, se puede concluir que desde la antigüedad hasta nuestros días el acto de "constituir" implica una voluntad general de quienes se ven afectados por el mismo.
La teoría del poder constituyente se vincula estrechamente con el concepto de soberanía, el cual reside única y exclusivamente en el pueblo, el que en todo los casos es el único que puede determinar su propia forma de organización a través de un poder constituyente.
2. CONCEPTO DE SOBERANIA.
2.1 ORIGEN HISTORICO DEL CONCEPTO DE SOBERANIA: EXTERIOR E INTERIOR.
La soberanía es un producto histórico y, como afirma Jellinek, un concepto polémico. No fue conocida desde la antigüedad, porque no se dio entonces "la oposición del poder del estado a otros poderes". La idea se gestó en las finales de la edad media para justificar ideológicamente la victoria que alcanzó el rey, cómo encarnación del estado, sobre las tres potestades que le habían mermado autoridad los. El papado, el imperio y los señores feudal. La lucha fue larga y variados sus episodios, pero el resultado fue casi idéntico en las dos grandes monarquías, unificadas y fuertes, donde culminó la victoria: Francia y España.
Entonces fue cuando Bovino definió al estado en funciones de su soberanía: "el estado es un recto gobierno, de varias agrupaciones y de lo que les es común, con potestad soberana".
Al sustituir la soberanía del rey por el del pueblo, los doctrinarios que influyeron en la revolución francesa lo hicieron sino trasladar al nuevo titular de la soberanía las notas de exclusividad, de independencia, de invisibilidad, y delimitación que habían caracterizado al poder soberano.
A partir de esto, se producio una ambigüedad, pues unos creían que la soberanía significaba: "la negación de toda subordinación o limitación del estado por cualquier otro poder", o, "una potestad pública que se ejerce autoritariamente por el estado sobre todo los individuos que forman parte del grupo nacional".
La independencia mira principalmente a las relaciones internacionales; desde este punto de vista, el poder soberano de un estado existe sobre las bases de igualdad con relación a los demás estados soberanos. En la medida en que un estado se halla subordinado a otro, su soberanía sea amengua o desvanece. La independencia es, pues cualidad de la soberanía exterior.
La supremacía, en cambio, se refiere exclusivamente a la soberanía interior, por cuanto a que la potestad del estado se ejerce sobre los individuos y las colectividades que están dentro de la órbita del estado. La soberanía es, por lo tanto, un súper activo, mientras que la soberanía exterior es un comparativo de igualdad. "Ninguna potestad superior a la suya en el exterior, ninguna potestad igual a la suya en el interior"; de allí, en otros términos expresadas las características de los dos aspectos de la soberanía.
TITULAR DE LA SOBERANIA EN EL SISTEMA EUROPEO.
La evolución histórica de la soberanía culminó al localizar el estado como titular del poder soberano. El estado como personificación jurídica de la nación, es susceptible de organizarse jurídicamente. Más como el estado es una ficción, cabe preguntarse quien ejerce de hecho la soberanía. Toda la doctrina europea moderna insiste en que el sujeto de la soberanía es el estado, pero fatalmente llega a la consecuencia de que tal poder tiene que ser ejercido por los órganos. Según Esmein: "el estado, sujeto y titular de la soberanía, por no ser sino una persona moral, una ficción jurídica; es preciso que la soberanía sea ejercida en su nombre por personas físicas, una o varias, que quieran y obran por el. Es natural y necesario que la soberanía, al lado de su titular perpetuo y ficticio, tenga otro titular actual y activo, en quien residirá necesariamente el libre ejercicio de esta soberanía". Este titular es el órgano u órganos en quienes se deposita el ejercicio actual y permanente del poder supremo, es decir, los gobernantes, como lo dice Carre de Malberg: "es la nación la que da vida al estado al hacer delegación de su soberanía de los gobernantes que instituye en su constitución".
De este modo la realidad se ha impuesto sobre la ficción. Y la realidad consiste en que son personas físicas, el reducido número, las detentadoras de este poder rival llamado soberano, ejercido sobre una inmensa mayoría. Ante esta realidad, al fin y al cabo resultó estéril el esfuerzo de Jellinek, en contra de la identificación de la soberanía del estado y la soberanía del órgano: "al decir que el poder soberano no tiene límites, se quiere indicar con ello que ningún otro poder puede impedir jurídicamente el modificar su propio orden jurídico". "Esto no significa - afirma Carre de Malberg- que toda decisión legislativa sea irreprochable por el sólo hecho de provenir de una autoridad competente, pero sí significa que el derecho no podría, por sus propios medios, impedir de una manera absoluta que se produzcan a veces divergencias e incluso oposiciones más o menos violentas entre la regla ideal y la ley positiva".
TITULAR DE LA SOBERANIA EN EL SISTEMA AMERICANO.
La doctrina europea ha fracasado porque deposita el poder soberano ficticiamente en el estado y realmente en los órganos o en los gobernantes. Ahora veremos la experiencia norteamericana conforme a la cual se destituye de soberanía a los gobernantes y se la reconoce originariamente en la voluntad del pueblo, exteriorizada por escrito en el documento llamado constitución.
En el sistema americano no tiene cabida a la soberanía del órgano, de los gobernantes o del estado, porque ni los poderes federales, ni los poderes de los estados, ni, en suma, ninguna persona física o entidad moran que desempeñó funciones de gobierno puede entenderse, en este sistema, como jurídicamente ilimitada.
Dentro del sistema americano, el único titular de la soberanía es el pueblo o la nación. Este titular originario de la soberanía hizo uso de tal poder cuando se constituyó en estado jurídicamente organizado. Para ese fin el pueblo soberano expidió su ley fundamental, llamada constitución, en la que - como materia estrictamente constitucional- consignó la forma de gobierno, creó los poderes públicos con sus respectivas facultades y reservó para los individuos cierta zona inmune a la invasión de las autoridades (los derechos públicos de la persona que nuestra constitución llama "garantías individuales").
De este modo los poderes públicos creados por la constitución dos o soberanos. No lo son en su mecanismo interno, porque la autoridad está fragmentada entre los diversos órganos, cada uno de los cuales no tiene sino la dosis y la clase de autoridad que le atribuyó la constitución.
El pueblo, a su vez, titular originario de la soberanía subsumió en la constitución su propio poder soberano. Mientras la constitución exista, ella vincula jurídicamente, no sólo a los órganos, sino también al poder que los creo. La potestad de alterar la constitución sólo cabe ejercerla por cauces jurídicos.
Lo anterior nos lleva a la conclusión de que la soberanía, una vez que el pueblo la ejerció, reside exclusivamente en la constitución, y no en los órganos ni en los individuos que gobiernan.
Se llama titular de la soberanía en el sistema americano por que los principales países del continente americano hacen uso de esta.
DIFERENCIA ENTRE EL PODER CONSTITUYENTE Y LOS PODERES CONSTITUIDOS.
El poder constituyente el que absoluta pertenencia del pueblo; es el resultado de la expresión soberana de una nación, traducida en la elección de una asamblea encargada de redactar y promulgar una constitución.
Como resultado del trabajo encomendado a dicha asamblea, sus deliberaciones se concretan en el establecimiento de los poderes constituidos que, inscritos en el texto constitucional o Carta Magna, son generalmente 3: ejecutivo, legislativo y judicial.
Jorge Carpizo dice : "el constitucionalismo requiere una clara división y separación entre el poder constituyente y los poderes constituidos".
Es un poder originario, en sí.
Es un poder creador de todo el orden jurídico.
En principio es un poder ilimitado
Es poder de una sola función: darse su constitución.
Son poderes derivados de la constitución.
Son poderes creados por el constituyente.
Están completamente limitados. No pueden actuar más allá de su competencia.
Fueron precisamente creados para gobernar.
3. CONCEPTO DE CONSTITUCIÓN.
LOS DIFERENTES TIPOS DE CONSTITUCIÓN: RIGIDA Y ESCRITA, FLEXIBLE CONSUETUDINARIA.
En un mundo tan heterogéneo como en que vivimos, las constituciones de los estados no podrían ser genéricas, por esta razón se han hecho varias clasificaciones de las constituciones de acuerdo con su forma jurídica, su origen y su carácter de reformabilidad.
Las constituciones escritas y las consuetudinarias (o no escritas), forman parte de la clasificación de acuerdo a su forma jurídica.
Las constituciones escritas según Esmein, reposan sobre dos ideas: "primeramente, la superioridad de la ley escrita sobre la costumbre era entonces reconocida en forma general; por lo tanto era necesario llevar a la forma escrita a las reglas constitucionales más importantes. En segundo lugar, los hombres del siglo XVIII veían necesario redactar sus cláusulas en la forma más solemne y más completa. Pensaban que las constituciones así redactadas proporcionaban el excelente medio de educación política, que se extendería con seguridad entre los ciudadanos el conocimiento y, al mismo tiempo, el amor de sus derechos".
Los partidarios del estado de derecho fueron quienes impulsaron y destacaron la necesidad de un documento escrito "en el que se estableciera con toda claridad y precisión su contenido. Con ella se daría fin a las vaguedades y /o confusiones".
Las constituciones consuetudinarias, o no escritas del autor afirma: "no existe un texto específico que contenga la totalidad o casi la totalidad de las normas básicas. El ejemplo clásico es el de Inglaterra, en la que hay una serie de leyes comunes, de tradiciones y de prácticas que forman la organización jurídica básica. Se reúnen convenciones, declaraciones de derechos y leyes ordinarias".
Las constituciones rígidas o flexibles forman parte de la clasificación según su reformabilidad.
Las constituciones flexibles son en las que la naturaleza de una constitución las hace susceptible de modificación en todo momento, tanto en su aplicación, en su misma restricción. En los países denominados de primera clase (algunos europeos), sería un conjunto de leyes, pues no hay normas constitucionales propiamente dichas, y tampoco tienen distinción los grados de autoridad.
Las constituciones rígidas son en las que las leyes y normas que describen la naturaleza de los poderes y funciones del poder público están reunidas en uno o varios documentos, emanados de la autoridad superior al poder legislativo ordinario. Un ejemplo significativo es nuestra Carta Magna, que se caracteriza por ser rígida y única, o sea que está por encima de toda ley, y al mismo tiempo es la base de cualquier otra, que debe de estar indefectiblemente sujeta a ella en su espíritu y procedimiento.
La intangibilidad de la constitución en relación con los poderes constituidos significa que la constitución es rígida. En ningún sistema constitucional se admite ciertamente que cualquier órgano constituido pueda poner la mano en la constitución, pues tal cosa implicaría la destrucción del orden constitucional.
La rigidez de una constitución proviene, de que ningún poder constituido (especialmente el legislativo) puede tocar la constitución: la flexibilidad consiste en que la constitución puede ser modificada por el poder legislativo.
La rigidez de la constitución encuentra su complemento en la forma escrita. Aunque no indispensable, si es conveniente, por motivos de seguridad y de claridad, que la voluntad del constituyente se exteriorice por escrito en un documento único y solemne.
LA SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN Y NULIDAD DE LOS ACTOS CONTRARIOS A LA CONSTITUCIÓN.
La constitución es la ley suprema, de esto nos habla Hamilton, "no hay proposición que se apoye sobre principios más claros que la que afirma que todo acto de una autoridad delegada, contrario a los términos del mandato con arreglo al cual se ejerce, es nulo. Por lo tanto, ningún acto legislativo contrario a la constitución puede ser válido. Negar esto equivaldría a afirmar que el mandatario es superior al mandante, que el servidor es más que su amo, que los representantes del pueblo son superiores al pueblo mismo y que los hombres que obran en virtud de determinados poderes pueden hacer, no sólo lo que estos no permiten, sino incluso lo que prohíben".
La nulidad de los actos no autorizados por la constitución, señaladamente los del poder legislativo, es la consecuencia final a que conduce dentro del sistema americano la separación del poder constituyente y de los poderes constituidos. El órgano que se encarga de declarar la nulidad de un acto de autoridad es el poder judicial federal, en última instancia la Suprema Corte de justicia. De este modo la Suprema Corte, según expresión de Bryce , es: "la voz viva de la constitución", cuando interpretando la ley máxima declaración acto de autoridad está o no de acuerdo con la misma.
La defensa de la constitución consiste en la nulificación de los actos que la contratarían, la cual incumbe principalmente a la Suprema Corte de justicia instancia final. Los actos de la Suprema Corte, realizados en interpretación constitucional, son los únicos actos de un poder constituido que escapan de la sanción de nulidad, lo que se explica si se tiene en cuenta que la corte obra siempre, no sobre la constitución, sino en su nombre.
LA CONSTITUCIÓN EN EL SENTIDO MATERIAL Y FORMAL, PARTES DE LA CONSTITUCIÓN.
En términos generales, podemos afirmar que todos los países poseen, el sentido material, una constitución pero únicamente aquellos con constitución escrita la poseen también desde el punto de vista formal. Jorge Carpizo señala, "la constitución formal implica que las normas que se encuentran en el documento llamado constitución, sólo se modifican o se crean a través de un procedimiento generalmente es más complicado que el que se sigue para reformar la legislación ordinaria".
El artículo 135 de nuestra Carta Magna señala: "la presente constitución puede ser adicionar a o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el congreso de la unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados. El congreso de la unión o la comisión permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas, y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas".
Así, el termino “constitución” se aplica, en sentido material, a la organización política propiamente dicha, lo que determina la competencia de los diversos poderes.
La constitución contemplada desde el ángulo material, contiene tres facetas determinantes que, según Carpizo, son las siguientes:
a).- el proceso de creación y derogación de las leyes;
b).-las normas que crean y otorgan competencia a los órganos de gobierno, y
c).-la serie de derechos que el hombre puede oponer frente a los órganos de gobierno.
La subdivisión anterior puede entenderse, en primerísimo lugar, a la manera de mecanismos que la Carta Magna consagra con la metodología que debe seguirse para que toda ley a ser creada o derogada, tenga validez, en la medida que se cumpla del modo más estricto con los procedimientos indicados para el efecto.
En segundo término, se señala la forma que debe asumir el gobierno, así como las diferentes instancias, organismos y campo de acción de cada uno de ellos.
Por último, en la constitución se halla la consagración de los más elementales derechos y deberes que protegen la integridad de la persona humana, a la vez que se indican las responsabilidades del ciudadano frente a la sociedad, los cuales generalmente se denominan "garantías individuales".
4. EL CONSTITUYENTE PERMANENTE.
LA SOBERANIA Y LA FACULTAD DE REVISAR LA CONSTITUCIÓN, EL PODER CONSTITUYENTE PERMANTE.
En nuestro régimen, el pueblo hizo uso de su soberanía por medio de sus representantes reunidos en una asamblea especial, cuya obra fue la constitución, la cual viene a ser de este modo expresión de la soberanía.
Una vez que llenó su cometido, dicha asamblea desapareció y al extinguirse pudo entenderse que se había agotado el ejercicio de la soberanía. En su lugar aparecieron la Constitución, como exteriorización concreta de la soberanía, y los poderes por ella organizados, los cuales no son ya soberanos, pues sus facultades están enumeradas y restringidas.
El poder constituyente únicamente otorga facultades, pero nunca las ejercita, al contrario de los poderes constituidos, que ejercitan las facultades recibidas del constituyente, sin otorgárselas nunca a sí mismos.
El artículo 135 establece un órgano, integrado por la asociación del Congreso de la Unión y de las legislaturas de los Estados, capaz de alterar la Constitución mediante adiciones y reformas a la misma.
Ese órgano tiene que participar en alguna forma de la función soberana, desde el momento en que puede afectar la otra que es expresión de la soberanía. Su función es, pues, función constituyente. Y como, por otra parte, se trata de un órgano que sobrevive al autor de la Constitución, cuya vida se extinguió con su tarea, consideramos que merece por todo ello el nombre de poder Constituyente Permanente.
La presencia del Constituyente Permanente al par de los Poderes constituidos, requiere ser explicada y justificada dentro de un régimen que, como el nuestro, descansa en la separación de las dos clases de Poderes, lo que da a la Constitución su carácter de rígida.
El Congreso Federal es Poder constituido; cada una de las legislaturas de los Estados también lo es. Pero eso acontece cuando actúan por separado, en ejercicio de sus funciones normales; una vez que se asocian, en los términos de los artículos 135, componen un órgano nuevo, que ya no tiene actividades de Poder constituido, sino únicamente de Poder constituyente.
El alcance de sus actividades consiste en adicionar y reformar la Constitución. Adicionar es agregar algo nuevo a lo ya existente; es tratándose de leyes, añadir un precepto nuevo a una ley que ya existe. Reforma es la sustitución de un texto por otro, dentro de la ley existente.
5. EL COSNTITUYENTE REVOLUCIONARIO
El único procedimiento jurídico para alterar cualquier texto constitucional, es el previsto por el artículo 135. No son jurídicos los procedimientos
pacíficos diversos al anterior, como serían la consulta directa al pueblo, la reunión de un Constituyente o, la ratificación ningún órgano con competencia para iniciar ni realizar ninguno de esos procedimientos. Nos corresponde estudiar ahora si la Constitución autoriza o telera su propia derogación o reforma por medios violentos. Estamos, pues, en presencia de este doble problema: el derecho a la revolución y el derecho de la revolución.
Entendemos por revolución la modificación violenta de los fundamentos constitucionales de un Estado. Excluimos, por lo tanto, del concepto de revolución las rebeliones, motines o cuartelazos, tan frecuentes en México, que tienen por origen acusaciones de personas o de facciones y por objeto el apoderamiento del mando, sin mudar el régimen jurídico existente, antes bien invocando como pretexto el respeto debido al mismo. Desde la revolución de Ayutla, que mereció ese nombre por haber creado un nuevo orden constitucional, sólo ha habido en México otra revolución, la constitucionalista de 1913, que como aquélla varió en forma violenta los fundamentos constitucionales del Estado Mexicano, por más que al iniciarse tomó como bandera la restauración del orden constitucional anterior.
5.2 FUNDAMENTACION MORAL Y NO JURIDICA, DEL DERECHO A LA REVOLUCION.
El derecho a la revolución puede tener, en algunos casos, una fundamentación moral, nunca jurídica.
Moralmente el derecho a la revolución se confunde con el derecho de resistencia del pueblo contra el poder político. Muy discutible el referido derecho, hay quienes lo admiten cuando el poder político desconoce y vulnera los principios fundamentales del derecho natural. Pero jurídicamente el derecho a la revolución no existe.
La mayor responsabilidad que un pueblo o un hombre de Estado puede echar sobre sí, es la violación del Derecho. Supone la imposibilidad moral de soportar el derecho formal. Solamente la inevitable ruina del pueblo o el conflicto que ha llegado a ser insufrible entre la Moral y el Derecho pueden explicar la violación del Derecho en función de la Moral. Con frecuencia el orden jurídico es injusto, pero su violación es y origina una injusticia aun peor. Con la introducción de las modernas Constituciones y de la forma parlamentaria de la representación popular ha desaparecido paulatinamente la idea de un derecho de resistencia, jurídicamente fundado, frente al poder político, dando entrada a la concepción ahora dominante de que un derecho semejante puede ser reconocido, a lo sumo, como puramente moral.
En el Estado de Derecho Constitucional no puede ser reconocido un derecho del pueblo a la revolución, porque allí donde existen medios jurídicos que ofrecen al pueblo la posibilidad legal de alcanzar una reforma del orden político de acuerdo con sus necesidades jurídicas, puede decirse que está asegurada la justicia. En nuestro rígido sistema constitucional ese medio jurídico consiste en la reforma constitucional, por conducto del Constituyente Permanente.
Aunque el precepto habla de rebelión, refiérase sin duda a revolución, en el sentido que antes hemos dado al término, puesto que alude al establecimiento de un gobierno contrario a los principios que la Constitución sanciona; esto último equivale a la subversión violenta de los fundamentos constitucionales del Estado, que es en lo que consiste la revolución y no simplemente a la rebelión contra los titulares del gobierno, sin tocar los principios de la Constitución.
En nuestro derecho, como manifestación de la súper legalidad constitucional, el principio de que la ley suprima no está al alcance de las revoluciones; es lo que el título noveno de la misma llama “inmovilidad de la Constitución”.
Tal es la teoría, y, sin embargo, casi todos nuestros regímenes reconocidos posteriormente como constitucionales, han tenido su origen en el desconocimiento por la violencia de una Constitución anterior. Ello acaeció con nuestra Constitución actual, que al reemplazar a la del 57 violó el artículo 128 de la misma, idéntico al 136 de la vigente.
En el mes de febrero de 1913 un grupo de militares y civiles llevó a cabo un cuartelazo en la ciudad de México contra el gobierno legítimo del presidente Madero. Cualquiera que haya sido los móviles de la rebelión, es lo cierto que en esos días se enfrentó la fuerza a la legitimidad, sin que la primera adujera en su favor ningún argumento sacado del derecho positivo.
Pero después de varios días de lucha en la Capital de la República, el jefe de las fuerzas leales al Gobierno, general Victoriano Huerta, traicionó al presidente Madero, aprehendiéndolo juntamente con el vicepresidente Pino Suárez; los defensores de la Ciudadela se unieron al traidor, mediante un pacto firmado en la embajada de Estados Unidos.
De allí en adelante se modifica sustancialmente la situación jurídica. Por renuncia del presidente y del vicepresidente, sustituyó a aquél de acuerdo con el artículo 81 de la Constitución del 57, el secretario de Relaciones, quien inmediatamente después designó para ocupar la Secretaría de Gobernación a Victoriano Huerta la Presidencia. La Cámara de Diputados aceptó las renuncias, en ejercicio de la facultad que le confería el artículo 82 de la Constitución; el Poder judicial, el ejército y los gobernadores de los Estados, excepto uno, reconocieron que el régimen nuevo continuaba son interrupción el sistema de legalidad.
En efecto, las formalidades constitucionales se habían observado impecablemente. Ni Madero ni Pino Suárez tuvieron la entereza de eludir la complicidad en la traición, negando sus renuncias; ni la Cámara de Diputados, donde había mayoría adicta a Madero, tuvo la gallardía de rehusar su aprobación a las renuncias. Todos colaboraron a colocar el puente por donde el traidor ingresó a la legalidad.
Por eso el gobierno de Huerta no fue de usurpación. El jurista que se precie de tal tiene que acentuar ese hecho, rigurosamente exacto desde el punto de vista formal, por más que en el aspecto moral e histórico condene enérgicamente la traición más ignominiosa de muestra historia.
Huerta tenía una investidura, que constitucionalmente era regular. Cuando más tarde, en el año de 1926, la Comisión de Reclamaciones entre México y Estados Unidos reconoció que “la asunción del poder por Huerta fue una simple usurpación”, tuvo que hacerlo “fijando su atención en la sustancia más que en su forma, sustancia que no es difícil de descubrir a pesar del aspecto baladí de poder constitucional bajo el cual ese régimen trató de ocultarse”.
En los hechos anteriores las formalidades legales estaban extenuadas, no podían servir sino para solapar una situación notoriamente inmoral y antisocial. Era llegado el caso de violar el derecho positivo en función de la Moral, había nacido el derecho moral de la revolución.
Cuando a raíz del asesinato de Madero y de Pino Suárez, el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, se rebeló contra Huerta, iba a hacer una verdadera revolución. Poco importa que en los titubeos naturales de los primero días la revolución hubiera invocado argumentos legales, que no existían, como la violación del artículo 81 de la Constitución por no haberse convocado a elecciones extraordinarias; poco importa que la revolución hubiera empleado el nombre de “constitucionalista”, con el pretexto de restaurar una Constitución que estaba violando y que después iba a derogar. Lo que la salva moralmente en aquel momento, aunque todavía no la justifique legalmente, es que iba a cumplir la misión consignada en la enérgica expresión de Ihering: “Sobre el Derecho está la vida, y cuando la situación es en realidad tal como aquí la presumimos, es decir, un estado de necesidad política, la disyuntiva entre el Derecho y la vida se agudiza y la decisión, entonces, no es dudosa: el poder sacrifica el Derecho y salva la vida”.
Frente a la legalidad, desprovista de contenido moral, que encarnaba Huerta, estaba la revolución, que si al principio pretextaba ser una simple rectificación política, con el tiempo se colmaba de reivindicaciones sociales. La lucha estaba entablada entre la forma y el fondo; entre la ley, que si era hábil, para encubrir una traición no servía en cambio para satisfacer las urgencias populares, y el pueblo mexicano, que buscaba nuevas fórmulas de justicia, aplazadas por la rebelión de Madero. Cuando de rectificación política la revolución pasó a reivindicación social, tuvo una nueva justificación. “Cuando los poderes existen se mantienen aferrados a una rígida situación jurídica, carente hace tiempo de vida, en oposición con la convicción general del pueblo, sin adaptarse a las progresivas concepciones culturales, y permaneciendo sordos a todos los deseos y apremios de aquél, se puede y es permitido llegar a la revolución violenta. Porque el antiguo Derecho no es ya tal Derecho. El nuevo se halla en sus orígenes. La revolución no es ninguna violación del Derecho, sino única y exclusivamente creación del mismo.
Carranza estableció un período preconstitucional, mientras la revolución triunfaba. Con ello desmintió su falsa actitud anterior de respeto a la Constitución, entró en la realidad de la revolución y eludió el serio problema con que se enfrentaba la teoría, relativo al derecho que debe regir mientras dura la etapa de transición de la revolución al gobierno. Al mismo tiempo Carranza desconoció, por decretos de 24 de abril de 1913 y de junio de 1915, los actos del gobierno de Huerta, aunque más tarde, por decreto de 11 de junio de 1916, autorizó la revalidación de actuaciones judiciales y notariales. Fueron dichas disposiciones revolucionarias, y otras de la misma índole, las que al convertirse en derecho positivo por el triunfo de la revolución han servido de base para clasificar al régimen huertista como usurpador, pero el derecho positivo no coincide en este punto con la teoría, como hemos visto.
6. EL DERECHO CONSTITUCIONAL
6.1 ORIGEN Y EVOLUCION DEL DERECHO CONSTITUCIONAL
En Francia se creó una cátedra de derecho constitucional en 1835, que fue suprimida en 1851, después del golpe de estado de Napoleón III.
Restablecida por la República en el 79, todavía en el 85 se quejaba Boutmy de que la rama más importante del derecho público estuviese abandonada en Francia y de que no la enseñase ningún autor reconocido.
La explicación del fenómeno por el que se disoció de la enseñanza metódica la intensa vida política, estriba acaso en la influencia, superviviente y poderosa de grandes teorizantes del siglo XVIII. En ellos hallaron su inspiración las realizaciones revolucionarias, y más que organizar a éstas, se trataba de desenvolver las doctrinas de Montesquieu y de Rousseau.
El colapso del régimen monárquico, la necesidad de organizar a la república sobre bases nuevas y las experiencias inglesa y norteamericana como ejemplos prácticos, todo eso hizo resurgir en Francia los estudios del derecho constitucional, a partir del último tercio de la centuria pasada.
Finalizando el siglo (1895) cuando Esmein publicaba la primera edición de sus Elementos de derecho constitucional francés y comparado.
En la historia de la literatura constitucional mexicana, podrían señalarse varios períodos. Desde los comienzos del siglo pasado hasta la constitución del 57, no son por lo común profesionales del derecho los dedicados a estos tópicos ni sus estudios tienen por objeto temas concretos de derecho constitucional. Pero como el problema de la época era el de la organización política del país, sus obras ofrecen importantes aspectos de lucubración constitucional. Libros fundamentales desde este punto de vista son la “Historia de la revolución de Nueva España” (1813), de Fray Servando Teresa de Mier; el “Ensayo histórico de las revoluciones de México” (1831), de Lorenzo de Zavala; “México y sus revoluciones” (1836), de José María Luis Mora; el “Ensayo sobre el verdadero estado de la cuestión social y política en la República Mexicana” (1842), de Mariano Otero; “El Porvenir de México” (1851), de Luis G. Cuevas.
Al consolidarse con el triunfo de la República en el 67 la vigencia de la Constitución del 57, se inicia propiamente el estudio de del derecho constitucional mexicano. Aparte de los compendios o catecismos de varios autores, escribieron textos de derecho constitucional para uso de las escuelas profesionales de la República, José M. Del Castillo Velasco, Ramón Rodríguez, Isidro Montiel y Duarte, entre otros.
Montiel y Duarte escribieron una obra en cuatro tomos con el título de “Derecho Público Mexicano” , muy valiosa para el estudio de nuestros Congresos Constituyentes y de las Constituciones que de ellos emanaron.
Entre todos los autores de esa época descuellan, muy por encima de los demás, José María Lozano e Ignacio L. Vallarta. El primero inspiró al segundo con su obra “Tratado de los Derechos del Hombre”, publicada en 1876. En cuanto a Vallarta, comparte con Rabasa el lugar más alto en la doctrina del derecho constitucional mexicano.
La Constitución, que era casi letra muerta en la práctica de las instituciones, cobro vida y animación en las ejecutorias de que era autor el presidente de la Corte. La incompetencia de origen, las facultades extraordinarias del ejecutivo, la amplitud del amparo, fueron entre otras varia las cuestiones constitucionales en que Vallarta trazó direcciones definitivas. Él enseñó a interpretar la Constitución de acuerdo con las teorías que en Estados Unidos echaron a andar al modelo norteamericano.
Y él dio, sobre todo, una lección práctica de incalculable importancia, pues con su probidad personal, con su independencia de criterio y son su ponderación para no ofender no quebrantar el equilibrio de los poderes, enalteció a la Corte y dio alto ejemplo de lo que debe ser el juez que juzga los actos de los gobernantes.
El camino abierto por Vallarta, lo frecuentó más tarde Emilio Rabasa. Al juicio de amparo dedicó Rabasa dos obras: “El artículo 14”, escrita en 1905, y “El juicio Constitucional”, que aunque publicada en 1919, se refiere a la Constitución del 57.
La manera enfática y oratoria de Vallarta contrasta con la rigurosa técnica literaria que campea en las páginas de Rabasa, gran señor del estilo, pero los dos coinciden en su admiración por el derecho público norteamericano y en la aplicación del método histórico a las cuestiones constitucionales.
La Constitución de 1917 está muy lejos de haber despertado en los estudiosos el mismo interés de su predecesora. Prescindiendo de la materia del amparo, que sigue llamando vivamente la atención de los juristas mexicanos, en lo estrictamente constitucional no han aparecido bajo la vigencia de aquella Constitución, como tratados generales, sino el de Miguel Lanz Duret “Derecho constitucional mexicano y consideraciones sobre la realidad política de nuestro régimen”(1931,1933,1936 y 1947), el de Aurelio Campillo “Tratado elemental del derecho constitucional mexicano”(1928) y el de Fernando López Cárdenas “Compendio de derecho constitucional mexicano”(1947).
No puede omitirse la obra de Manuel Herrera y Lasso, que reunida en parte “Estudios Constitucionales” (1940), y disperso el resto en numerosos artículos periodísticos, ensayos y conferencias, representa el estudio más serio e imparcial de que ha sido objeto la Constitución en vigor.
6.2 EL METODO JURIDICO PURO EN LA DOCTRINA DEL ESTADO Y EL METODO HISTORICO EN EL DERECHO CONSTITUCIONAL.
Los autores que desde Vallarta y Rabasa hasta nuestros días se han referido a las instituciones políticas de México, lo han hecho según el método histórico. Se ha dicho que, por lo tanto, carecemos de tratados que hubieren superado la época del método histórico político y emprendido la tarea de investigar nuestro derecho público con el método técnico jurídico puro; en otras palabras, según esa opinión un tanto generalizada, nos hemos detenido, desgraciadamente, en la obra de Rabasa.
Jellinek, que tanta influencia ha ejercido en la adopción del método jurídico puro, tuvo la lealtad de iniciar su capítulo sobre el método de la doctrina del Estado con la advertencia de que por doctrina del Estado, por lo que excluía lo referente al método en la doctrina individual del Estado.
La doctrina individual y específica de determinado régimen de Estado, es el derecho constitucional; de allí que no le sea aplicable el método jurídico puro.
Posada afirma que el derecho constitucional es sólo un valor histórico, aunque de significación ideal. En confirmación de lo expuesto, Hauriou nos dirá que el régimen constitucional se ha producido dos veces en la historia de la civilización mediterránea: la primera vez en la época de los Estados antiguos, y la segunda vez en el siglo XVIII de nuestra Era, cuando los Estados modernos contaban ya, en su mayor parte, de siete a ocho siglos de existencia. Es en esta última aparición del régimen constitucional cuando, al decir de Duguit, la época moderna ha llegado a la noción precisa del Estado de derecho y ha comprendido que el fin esencial que debe perseguirse es limitar al Estado por el derecho, determinando rigurosa y minuciosamente sus facultades y obligaciones.
Ese producto histórico de fines del XVIII, llamado derecho constitucional, que alcanzó su plena sazón en el XIX y cuyo destino parece estar en entredicho en esta segunda mitad del XX, no puede concebirse sino en cuanto aspiración concreta de cada pueblo a ejercitar su soberanía, conforme a principios que tienen un mínimo de generalidad, como son la democracia, la representación, la división de poderes, los derechos fundamentales de la persona. Con expresión tan concisa como atinada, se ha dicho que el derecho constitucional es la técnica de la libertad.
No siempre el derecho del Estado es constitucional; a riesgo de aparentar un juego de palabras, podemos decir que el derecho constitucional es el derecho del Estado, cuando el Estado es de derecho.
La dogmática jurídica, que consiste en abstraer normas de los fenómenos jurídicos y en deducir las consecuencias que aquellas implican, alcanza aplicación innegable en el derecho constitucional, que no merecería se una rama del derecho si no pudiera reducirse a la unidad de los principios. Mas los principios del derecho constitucional, a diferencia de los que presiden la teoría pura del derecho o del Estado, se sumergen en la vida total de cada pueblo y de allí surgen con particular fisonomía.
Por cumplir una misión eminentemente social, el derecho constitucional no puede desarticularse de lo histórico no sólo tiene cabida la serie de los más o menos importantes episodios pretéritos, sino también y relevantemente los factores éticos e intencionales, que se exteriorizan a su vez por la manera de reaccionar la sicología humana ante las normas. El formalismo de las normas recoge la savia, favorable o adversa, de los factores vitales, y de este modo el derecho constitucional no puede ser nunca formalismo puro, sino vida que se acendra en la norma o que la niega. El derecho constitucional es, por todo ello, el común aliento jurídico de cada pueblo, la expresión más alta de su dignidad cívica, el complejo más íntimo de su historia.
En México asumen especial confirmación estas especies. Su nuestras Constituciones han sido, por regla general, imitación extralógica de las extranjeras, la vida nacional en cambio ha cavado sus propios cauces, evadiendo a veces y obedeciendo en otras la dirección de las normas. En tales condiciones, no es posible recluirse en el sentido formal de los textos, sino emplear el análisis psicológico e histórico para descubrir el significado real de la Constitución por debajo de su estructura formal.
6.3 EL METODO HOSTORICO Y LA INTERPRETACION EVOLUTIVA.
El método histórico aplicado en materia constitucional ofrece la posibilidad, de llegar a una interpretación que se aparte del texto formal. Dicha escisión se hace palpable cuando un mismo texto intacto soporta sucesivamente ( es decir, en el devenir histórico, en la evolución social) diversas interpretaciones.
El hecho de que la doctrina proponga, simultánea o sucesivamente, diferentes soluciones en matera constitucional, no puede entrañar nunca la misma trascendencia de las variantes interpretativas que emanan de la autoridad. En este último caso, la letra incólume ha sido alterada en su contenido por quien de hecho puede variarla, todo ello bajo el influjo de factores sociales, históricos, que actúan a través del intérprete. El fenómeno lo hemos contemplado anteriormente desde el punto de vista de la supremacía constitucional, en cuanto los poderes constituidos modifican el sentido la ley suprema.
6.4 LA METODOLOGIA EN EL DERECHO PRIVADO Y EN DERECHO CONSTITUCIONAL.
La diferencia entre los métodos interpretativos del derecho civil y del derecho constitucional obedece, a nuestro entender, a un determinante teleológico. El derecho civil tiene por finalidad esencial realizar la justicia distributiva; cualquiera que sea la escuela a que se afilie el intérprete, desde la exegética hasta la del derecho libre, su misión no consiste sino en dar con la fórmula de acuerdo con la cual habrá de hacerse el reparto de derechos y obligaciones entre los individuos y si se quiere entre los grupos sociales. La tarea del intérprete de la Constitución es otra; estriba en tomar el pulso a ese ser profundamente complejo que es el Estado, representación jurídica de la nación, la cual, a su vez, es un todo que vive, con un pasado que actúa en el presente, con un presente que día a día va haciendo suyo el porvenir. Permeado así del medio histórico y social del país, cada Estado se proyecta también hacia la vida internacional y está condicionado por ella.
De aquí que las relaciones entre particulares, una vez que son reguladas por el derecho privado, permanecen casi inalterables por tiempo indefinido; mientras que las relaciones de los poderes públicos entre sí, de los poderes públicos con los particulares, de cada Estado con los demás Estados, son esencialmente cambiantes y no toleran una dirección inmutable. El Código de Napoleón asistió impasible a los numerosos cambios de Constitución que ocurrieron durante el siglo XIX en los países que lo adoptaron; y cuando en el siglo XX ha incluido en la fórmula de la justicia distributiva la protección al económicamente débil, no ha necesitado sino introducir reformas que no socavan la estructura del edificio. De este modo se explica que los civilistas auténticos rechacen por innecesario y peligroso el método evolutivo de interpretación, que no es sino el método histórico aplicado a la actividad variable de los factores económicos, sociales, políticos, etc. Mas para el constitucionalista, este método es llave maestra en materia de interpretación.
7. LAS GARANTIAS INDIVIDUALES.
7.1 CLASIFICACION.
Artículo 2o.- Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional, alcanzarán, por ese solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.
Artículo 4o.- La Nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social, y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. En los juicios y procedimientos agrarios en que aquellos sean parte, se tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas en los términos que establezca la ley.
Artículo 7o.- Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito.
Las leyes orgánicas dictarán cuantas disposiciones sean necesarias para evitar que sean pretexto de las denuncias por delitos de prensa, sean encarcelados los expendedores, "papeleros", operarios y demás empleados del establecimiento de donde haya salido el escrito denunciado, a menos que se demuestre previamente la responsabilidad de aquellos.
Artículo 9o.- No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar.
En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.
No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial sin que preceda denuncia o querella de un hecho determinado que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado.
V.- Se le recibirán los testigos y demás pruebas que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, siempre que se encuentren en el lugar del proceso;
VI.- Será juzgado en audiencia pública por un juez o jurado de ciudadanos que sepan leer y escribir, vecinos del lugar y partido en que se cometiere el delito, siempre que éste pueda ser castigado con una pena mayor de un año de prisión. En todo caso serán juzgados por un jurado los delitos cometidos por medio de la prensa contra el orden público o la seguridad exterior o interior de la Nación;
VII.- Le serán facilitados todos los datos que soliciten para su defensa y que consten en el proceso;
No se considerará confiscación de bienes la aplicación total o parcial de los bienes de una persona hecha por la autoridad judicial, para el pago de la responsabilidad civil resultante de la comisión de un delito, o para el pago de impuestos o multas. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial, de los bienes, en caso del enriquecimiento ilícito, en los términos del artículo 109; ni el decomiso de los bienes propiedad del sentenciado, por delitos de los previstos como de delincuencia organizada, o el de aquellos respecto de los cuales éste se conduzca como dueño, si no acredita la legítima procedencia de dichos bienes.
Artículo 29.- En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los Titulares de las Secretarías de Estado, los Departamentos Administrativos y la Procuraduría General de la República y con aprobación del Congreso de la Unión, y, en los recesos de éste, de la Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a determinado individuo. Si la suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación, pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará sin demora al Congreso para que las acuerde.
7.2 EL JUICIO DE AMPARO.
a) Cuando habiéndose impugnado en la demanda de amparo, por estimarlos directamente violatorios de esta Constitución, leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el Presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 de esta Constitución y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, o por el Jefe del Distrito Federal, subsista en el recurso el problema de constitucionalidad;
Antecedentes constitucionales en MéxicoSoberaníaPoder constituyenteInterpretación evolutivaGarantías individuales y juicio de amparo