Source: https://www.anasap.org/2011/03/dos-nuevas-sentencias-del-tribunal-europeo-de-derechos-humanos-el-sap-existe-en-europa-con-4-nuevas-victimas-un-nino-y-una-nina-una-madre-y-un-padre/
Timestamp: 2019-11-15 18:36:00
Document Index: 357922468

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ANASAP: Asociación Nacional de Afectados del Síndrome de Alienación Parental » Dos nuevas Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: el SAP existe en Europa con 4 nuevas víctimas (un niño y una niña, una madre y un padre).
Mar201107
Anasap
Dos nuevas Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: el SAP existe en Europa con 4 nuevas víctimas (un niño y una niña, una madre y un padre).
La “alienación parental” vulnera al progenitor excluido su derecho humano al respecto de su vida familiar. TEDH (Sección 4ª), Caso Bordeianu v. Moldavia, Sentencia de 11 enero 2011 y TEDH (Sección 2ª) Caso Piazzi V. Italia, Sentencia de 2 noviembre 2010.
Sentencia completa tras el salto:
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección 4ª)
Caso Bordeianu contra Moldavia. Sentencia de 11 enero 2011 JUR 2011\2703
DERECHO AL RESPETO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR: Medidas de protección: Sentencia que concedía la custodia de la niña a la madre sin que se pudiera ejecutar debido a la resistencia del padre: las autoridades internas no tomaron medidas eficaces para hacer valer el derecho de la demandante a mantener contacto con su hija: lapso de tiempo de casi ocho meses en producirse el primer encuentro entre madre e hija lo que causó una alienación parental de la niña que puso en peligro el cumplimiento de la Sentencia: aplazamiento de la ejecución durante casi cuatro años sin adopción de medidas que establecieran contactos efectivos regulares entre madre e hija: incumplimiento de la exigencia de celeridad: violación existente.
Jurisdicción: Protección Europea de Derechos Humanos
Demanda núm. 49868/2008
Demanda de ciudadana moldava contra la República de Moldavia, presentada ante el Tribunal el26-09-2008, por falta de medidas efectivas por parte de las autoridades internas para hacer cumplir la Sentecia que le concedía la custodia de su hija. Violación del art. 8 del Convenio: existencia: estimación de la demanda .
En el asunto Bordeianu contra Moldavia ,
El Tribunal europeo de Derechos Humanos (Sección Cuarta) constituido en una Sala compuesta por los siguientes Jueces Nicolas Bratza, Presidente , Ljiljana Mijović, David Thór Björgvinsson, Ján Šikuta, Ledi Bianku, Mihai Poalelungi, Vincent A. de Gaetano, así como por Fatoş Aracı, Secretaria adjunta de Sección,
Tras haber deliberado en privado el 7 de diciembre de 2010,
Hace referencia también a la recomendación del consejo médico en fecha de 23 de febrero de 2009 de que se aplazara la ejecución por un período de seis a doce meses. Sostiene que el cumplimiento de la sentencia en cuestión resultó ser un trámite muy delicado debido al síndrome de alienación parental que padece la niña y la alta probabilidad de que se degradara de su estado psíquico en el supuesto de que se adoptaran medidas de ejecución demasiado brutales.
En opinión del Gobierno, la injerencia en el derecho de la demandante era necesaria en una sociedad democrática y no era desproporcionada, habida cuenta de los intereses de la menor. Subraya que la obligación para las autoridades internas de adoptar medidas no es absoluta ya que, en ocasiones, la reunión de un progenitor con unos hijos que viven desde hace cierto tiempo con el otro no se puede producir inmediatamente y requiere algunos preparativos.
En respuesta, la demandante estima que la decisión del oficial de justicia de restituirle el título ejecutivo el 4 de enero de 2007 no estaba justificada. Niega haber aceptado tácitamente la situación: se opuso en varias ocasiones a las decisiones de restitución y presentó repetidas veces el título ejecutivo para que se tramitase la ejecución. Sostiene que los recursos ejercitados por el oficial de justicia solicitando la aclaración de la sentencia en cuestión, la modificación de la modalidad de ejecución, y la colocación de su hija, eran de carácter dilatorio y tenían como finalidad alejar más a la niña de su madre. Dice haberse sentido intimidada, humillada e incluso desesperada por la situación creada por O. G. y las autoridades. Afirma no tener ninguna responsabilidad en cuanto al estado psíquico de la niña o el desarrollo del síndrome de alienación parental , debiéndose éste a la influencia y la manipulación que O. G. y su entorno ejercían sobre la menor. Por último, señala que las sanciones pecuniarias impuestas a O. G. fueron ineficaces, toda vez que se archivó el procedimiento administrativo entablado contra este último. En opinión de la demandante, la mencionada actitud de las autoridades, que incumplieron su obligación fundamental de asegurar el cumplimiento de sus decisiones, es una de las causas principales de la lesión de su derecho al respeto de su vida familiar.
Valoración del Tribunal
El Tribunal señala, en primer lugar, que las partes no discuten que la relación entre la demandante y su hija entre dentro de la esfera de la vida familiar, en el sentido del artículo 8 del Convenio. En efecto, para un padre y su hijo, estar juntos representa un elemento fundamental de la vida familiar, aunque se rompa la relación entre los padres, y las medidas internas que se lo impiden constituyen una injerencia en el derecho protegido por el artículo 8 del Convenio ( RCL 1999, 1190, 1572) (véase, entre otras, Sentencias Johansen contra Noruega , 7 agosto 1996 [ TEDH 1996, 31] , ap. 52, Repertorio de sentencias y resoluciones 1996-III, y Elsholz contra Alemania [GS] [ TEDH 2000, 152] , núm. 25735/1994, ap. 43, TEDH 2000-VIII).
El Tribunal reitera que si bien el artículo 8 tiene esencialmente como finalidad prevenir al individuo frente a las injerencias arbitrarias de los poderes públicos, no se limita a exigir al Estado que se abstenga de tales injerencias: a este compromiso negativo pueden añadirse obligaciones positivas inherentes al respeto efectivo de la vida privada o familiar, que pueden requerir la adopción de medidas encaminadas al respeto de la vida privada incluso en las relaciones entre individuos.
Tanto en un caso como en otro, es necesario entrar a ponderar los intereses concurrentes del individuo y del conjunto de la sociedad; igualmente, en ambos supuestos, el Estado goza de cierto margen de apreciación (Sentencia Keegan contra Irlanda , 26 mayo 1994 [ TEDH 1994, 21] , ap. 49, Serie A núm. 290).
En relación con la obligación para el Estado de adoptar medidas positivas, el Tribunal ha declarado en repetidas ocasiones que el artículo 8 implica el derecho de un progenitor a unas medidas específicas para reunirlo con su hijo y la obligación de las autoridades internas de adoptarlas (véase, por ejemplo, Sentencias Ignaccolo-Zenide contra Rumanía [ TEDH 2000, 14] , núm. 31679/1996, ap. 94, TEDH 2000-I; Nuutinen contra Finlandia [ TEDH 2000, 147] , núm. 32842/1996, ap. 127, TEDH 2000-II).
Cabe recordar que, en un asunto de este tipo, la idoneidad de una medida se juzga según la rapidez de su aplicación ( Sentencia Maire contra Portugal [ JUR 2004, 73133] , núm. 48206/1999, ap. 74, TEDH 2003-VII). En efecto, los procedimientos relativos a la atribución de la patria potestad, incluida la ejecución de la decisión que culminó el proceso, requieren una tramitación urgente, ya que el paso del tiempo podría tener consecuencias irremediables en la relación entre el hijo y el progenitor que no vive con él.
Sobre este extremo, el Tribunal reconoce que un cambio en las circunstancias puede justificar el incumplimiento de una decisión definitiva relativa a la reunión de un progenitor con su hijo. Sin embargo, habida cuenta de las obligaciones positivas que para el Estado se infieren del artículo 8 y de la exigencia general de la preeminencia del Derecho, el Tribunal debe asegurarse de que tal cambio en las circunstancias no se deba a la incapacidad de las autoridades internas para adoptar todas las medidas que razonablemente se les puede exigir al objeto de facilitar el cumplimiento de la decisión (Sentencias Sylvester contra Austria , núms. 36812/1997 y 40104/1998, ap. 63, 24 abril 2003 [ JUR 2004, 73113] ; véase también Koudelka contra República checa , núm. 1633/2005, ap. 65, 20 julio 2006 [ JUR 2006, 204617] ).
El punto decisivo consiste, por tanto, en si las autoridades internas adoptaron, para facilitar el contacto entre la demandante y su hija, todas las medidas necesarias que, en este caso, se les podía razonablemente exigir ( Sentencia Nuutinen contra Finlandia [ TEDH 2000, 147] , previamente citada).
Aplicación de los principios generales en el presente caso
En el presente caso, el Tribunal no comparte la opinión del Gobierno de que el incumplimiento de la sentencia se debe al comportamiento de la demandante, quien raramente visitó a su hija. En efecto, los hechos de la causa muestran que la demandante no pudo visitar a la niña durante al menos ocho meses a causa del carácter recalcitrante del padre y por el hecho de que no pudiera ser encontrado. El Tribunal no admite el argumento del Gobierno según el cual la demandante aceptó tácitamente la situación creada, dado el número y la frecuencia de trámites que realizó ante las autoridades. En consecuencia, el Tribunal estima que la interesada manifestó suficientemente su voluntad de encontrar a su hija.
Por el contrario, el Tribunal acepta la tesis del Gobierno según la cual el período entre el 26 de octubre de 2006 y el 13 de diciembre de 2006 no puede imputarse al Estado, toda vez que la sentencia del Tribunal de apelación de Balti no devino firme hasta el 13 de diciembre de 2006.
En lo referente al período posterior a esta fecha, el Tribunal debe determinar si las autoridades desplegaron, con una celeridad razonable, las medidas necesarias y adecuadas para facilitar el cumplimiento de la sentencia en cuestión.
La primera restitución del título ejecutivo y la primera solicitud de aclaración de la sentencia a ejecutar
El Tribunal constata que solamente veinte días después de que la sentencia adquiriera fuerza de cosa juzgada, el oficial de justicia restituyó el título ejecutivo a la demandante, sin motivar su decisión. Los tribunales internos constataron que esta decisión carecía de fundamento jurídico y la anularon, ordenando al oficial de justicia reanudar la ejecución (apartado 15 supra ). Del 14 de febrero al 27 de marzo de 2007, es decir, durante más de un mes, las medidas adoptadas por el oficial de justicia consistieron únicamente en establecer un plazo de diez días para el cumplimiento voluntario por O. G. y en solicitar ante los tribunales internos la suspensión del procedimiento de ejecución para obtener la aclaración del contenido de la sentencia a ejecutar.
El Tribunal señala, a este respecto, que la sentencia en cuestión no presentaba una dificultad especial de interpretación y que la aclaración de la sentencia no parece justificada por una necesidad objetiva. La reiterada denegación de aclaración de la sentencia por las instancias judiciales confirma aún más esta conclusión (apartados 21 y 41 supra ). Evidentemente, en ausencia de cualquier otra medida complementaria, la demora resultante ciertamente no contribuyó a facilitar la ejecución.
Por tanto, el Tribunal considera que el período comprendido entre el 13 de diciembre de 2006 y el 27 de marzo de 2007 es imputable al Estado.
La orden de busca y captura contra O. G.
El Tribunal señala que el 12 de abril de 2007, el Tribunal de Donduşeni emitió una orden de busca y captura contra O. G. El Tribunal reconoce que tal medida pudo resultar razonable y necesaria cuando O. G. eludió cumplir su obligación. Sin embargo, el Tribunal considera que el Gobierno no ha aportado ninguna prueba de que la búsqueda de O. G. se llevara efectivamente a cabo y de que ésta se hubiera enfrentado a algún obstáculo por el que fuera difícil, incluso imposible, aplicar a O. G. medidas coercitivas para garantizar la ejecución. El Tribunal señala que pese a la reticencia a cooperar manifestada por O. G., los tribunales nunca ordenaron su comparecencia forzosa ante el oficial de justicia. Por otra parte, el Tribunal duda de la eficacia de la orden de búsqueda, ya que el oficial de justicia siguió ignorando la nueva dirección de O. G. en la tramitación posterior.
Las multas impuestas a O. G.
El Tribunal señala que O. G. hizo fracasar el encuentro previsto para el 18 de mayo de 2007, y que fue sancionado con multas el 9 de julio y el 27 de julio de 2007 (apartado 25 supra ).
En relación con estas multas, el Tribunal reitera que cuando surgen dificultades, motivadas principalmente por la negativa del progenitor con el que se encuentra el niño a cumplir la resolución que ordena su restitución inmediata, corresponde a las autoridades competentes adoptar las medidas necesarias para sancionar esta falta de cooperación y, aunque en este ámbito delicado no sean en principio deseables las medidas coercitivas respecto a los niños, no debe excluirse el recurrir a sanciones en caso de comportamiento manifiestamente ilegal del progenitor con el que vive el menor ( Sentencia Maire [ JUR 2004, 73133] , previamente citada, ap. 76). El Tribunal no tiene el convencimiento de que el importe de dichas sanciones fuese suficientemente importante para llevar al padre a cambiar de actitud. Además, el Tribunal constata que la última se vio privada de efecto ya que finalmente fue anulada por decisión de 20 de noviembre de 2007.
Por tanto, el Tribunal ha de constatar que las multas en cuestión no constituyeron medidas suficientes y adecuadas para garantizar el cumplimiento y que la demora entre el 18 de mayo de 2007 y el 10 de agosto de 2007 (fecha del primer encuentro entre las partes) es igualmente imputable a las autoridades estatales.
Conclusión del Tribunal en relación con el período del 13 de diciembre de 2006 al 10 de agosto de 2007
El Tribunal sólo puede constatar que cuando se produjo el primer encuentro entre madre e hija habían transcurrido casi ocho meses desde que la sentencia a ejecutar hubiera devenido firme. La falta de encuentros es confirmada por la constatación de la autoridad de asistencia social de fecha 10 de agosto de 2007 (apartado 28 supra ), según la cual la causa de la alienación parental de la niña era precisamente el hecho de que desde el divorcio hasta hoy, las visitas y la comunicación de la madre con su hija fueron limitadas por O. G.
Por tanto, habida cuenta de lo que antecede, el Tribunal concluye que durante este período, el Gobierno no adoptó medidas suficientes y adecuadas para prevenir las consecuencias de una separación demasiado prolongada entre la demandante y su hija y para facilitar el cumplimiento de la sentencia.
La segunda restitución del título ejecutivo
El Tribunal señala que el encuentro entre las partes en fecha de 10 de agosto de 2007 fracasó por la negativa de la menor a volver son su madre. De ello se infiere que en ese momento de la ejecución las autoridades ya no podían ignorar que la alienación parental de la niña había alcanzado un grado que ponía en peligro el cumplimiento de la sentencia y que la solución del problema requería un enfoque complejo con la participación de expertos en la materia. Era en ese momento cuando, como muy tarde, las autoridades deberían haber sido conscientes de la gravedad del problema y haber adoptado un dispositivo de medidas destinadas a preparar la entrega de la niña de un progenitor a otro. Ahora bien, el Tribunal señala que nada de esto se hizo en el presente caso. El oficial de justicia decidió restituir el título ejecutivo el 27 de noviembre de 2007. El Gobierno no justifica en forma alguna el plazo transcurrido entre el 10 de agosto de 2007 y el 27 de noviembre de 2007.
Asimismo, el Tribunal señala que el oficial de justicia reanudó la ejecución el 22 de enero de 2008, fijando para el 1 de abril de 2008 (es decir, dos meses y medio después) la fecha para el encuentro entre las partes. Tal plazo parece excesivo a juicio del Tribunal. El 1 de abril de 2008, el intento de entrega de la menor se saldó con un nuevo fracaso, ya que la niña rehusaba cualquier contacto con su madre. Se señaló una nueva fecha, el 20 de agosto de 2008, es decir, cuatro meses y diecinueve días más tarde. Ahora bien, aunque el Tribunal reconoce que en las circunstancias creadas parecía necesario aplazar la ejecución, señala que tal aplazamiento no venía acompañado de ningún dispositivo de medidas pedagógicas o terapéuticas destinadas a reducir las consecuencias de la prolongada separación de la madre y su hija.
Por tanto, el Tribunal considera que el período comprendido entre el 10 de agosto de 2007 y el 20 de agosto de 2008, que abarca más de un año, es igualmente imputable a las autoridades estatales.
En relación con los nuevos trámites realizados por el oficial de justicia ante el Tribunal de Donduşeni, y porteriormente ante el Tribunal de apelación de Bălţi solicitando la aclaración de la sentencia a ejecutar, éstos fueron rechazados por carecer de fundamento. En opinión del Tribunal, los trámites eran puramente dilatorios, ya que el contenido de la sentencia era inequívoco.
En cuanto a la solicitud de modificación de la modalidad de ejecución presentada por el oficial de justicia ante el Tribunal de Donduşeni el 5 de septiembre de 2008, el Tribunal estima que era de carácter dilatorio toda vez que, como señalaron los tribunales internos, tal solicitud en ningún caso puede perseguir la modificación del contenido de la sentencia.
Asimismo, la solicitud de colocación en una institución pública para la rehabilitación y guarda de la menor no constituye, a juicio del Tribunal, una medida destinada a facilitar que se reanudara la relación madre-hija, más aún cuando los servicios sociales habían recomendado un plan de encuentros a intervalos regulares y la intervención de un psicólogo (apartado 39 supra ). Evidentemente, tal intervención no podía limitarse, como en el presente caso, a la mera constatación de que debía aplazarse la ejecución debido al riesgo para el estado psíquico de la niña, sino que debía proponer medidas concretas (por ejemplo, una terapia previa o la asistencia de expertos en la materia).
Habida cuenta de las constataciones que preceden, pese a la reciente evolución del proceso de ejecución mencionada en las alegaciones del Gobierno, el Tribunal sólo puede constatar que, después de casi cuatro años, se sigue sin dar cumplimiento a la sentencia definitiva de 29 septiembre 2006. Señala, de entrada, que esta situación continuada no es de modo alguno imputable a la demandante, quien regularmente realizó trámites ante las autoridades para poner fin a la ejecución y conseguir el retorno de su hija.
El Tribunal reconoce que el incumplimiento es imputable sobre todo a la negativa manifiesta del padre, y luego a la de la hija, condicionada por el primero.
Sin embargo, cabe constatar en este caso que las autoridades no mostraron la debida diligencia para lograr que O. G., quien se resistía a cumplir su obligación, cambiara de actitud, en su caso, mediante medidas coercitivas suficientemente sistemáticas, incluso más severas. El Tribunal reitera que en este tipo de asuntos, la idoneidad de una medida se juzga por la rapidez de su aplicación: los procedimientos relativos a la atribución de la patria potestad, incluida la ejecución de la resolución que culminó el proceso, requieren en efecto una tramitación urgente, ya que el paso del tiempo podría tener consecuencias irremediables en la relación entre el hijo y el progenitor que no vive con él (Sentencias, previamente citadas, Ignaccolo-Zenide [ TEDH 2000, 14] , ap. 102; véase también, mutatis mutandis, Maire , ap. 74, Sentencias Pini y otros contra Rumanía [ JUR 2004, 178985] , núms. 78028/2001 y 78030/2001, ap. 175, TEDH 2004-V (extractos), y Monory contra Rumanía y Hungría , núm. 71099/2001, ap. 82, 5 abril 2005 [ JUR 2005, 84066] ). Atendiendo a la edad de la niña, cinco años en 2007, y al contexto familiar perturbado, el Tribunal tiene en cuenta el argumento de la demandante según el cual cuando se produjo el primer encuentro, la menor llevaba más de ocho meses bajo la influencia exclusiva de su padre, en un medio hostil a la demandante.
En opinión del Tribunal, el incumplimiento de la sentencia favorable a la demandante es imputable sobre todo a la tolerancia de facto , por las autoridades de ejecución y los tribunales, de la resistencia constante del padre, y a la ausencia de medidas para establecer contactos efectivos y regulares entre madre e hija, a intervalos razonables. Las autoridades internas no llegaron a lo que razonablemente podía esperarse de ellas, incumpliendo así su obligación positiva derivada del artículo 8 del Convenio ( RCL 1999, 1190, 1572) .
En estas condiciones, no se puede imputar a la demandante la responsabilidad de la impotencia de las autoridades en la adopción de medidas rápidas y adecuadas para establecer contactos efectivos entre ella y su hija (véase, mutatis mutandis , Sentencia Bove contra Italia , núm. 30595/2002, ap. 50, 30 junio 2005 [ TEDH 2005, 72] ), ni sostener que las autoridades desplegaron los esfuerzos necesarios para hallar una solución a esta situación desesperada. A juicio del Tribunal, las autoridades internas permitieron en este caso que el litigio se resolviera por el simple paso del tiempo, de forma que el restablecimiento del vínculo entre la interesada y su hija ya no parece posible en la actualidad.
Habida cuenta de lo que antecede, y pese al margen de apreciación del Estado demandado en la materia, estos elementos son suficientes para que el Tribunal concluya que ha habido violación del artículo 8 del Convenio ( RCL 1999, 1190, 1572) debido al incumplimiento de la sentencia firme favorable a la demandante.
Sobre la violación del artículo 6.1 del Convenio
La demandante se queja esencialmente de la violación de su derecho a un juicio justo y dentro de un plazo razonable. Denuncia, en particular, las demoras en la ejecución de la decisión en materia de derecho de custodia y la laxitud de las autoridades ante el comportamiento del padre de su hija.
El Gobierno solicita al Tribunal que constate la no violación del artículo 6.1 teniendo en cuenta la complejidad del litigio y el comportamiento de la demandante.
El Tribunal señala que esta queja, formulada en el terreno del derecho a un tribunal, tiene relación con la examinada anteriormente y, en consecuencia, debe declararla admisible.
En el presente caso, cabe constatar que el comportamiento de las autoridades internas en el proceso de ejecución del derecho de custodia constituye el núcleo de la queja planteada por la interesada desde el punto de vista del artículo 8, que no solamente engloba las exigencias procedimentales inherentes, sino que corre parejo con el objetivo más amplio de asegurar el adecuado respeto, entre otras cosas, de la vida familiar ( Sylvester contra Austria [ JUR 2004, 73113] , previamente citada). En opinión del Tribunal, las circunstancias de la causa no hacen necesario el examen desde la perspectiva del artículo 6.1 del Convenio ( RCL 1999, 1190, 1572) .
Por tanto, y teniendo en cuenta su conclusión relativa a la violación del artículo 8, el Tribunal estima que no ha lugar a examinar separadamente las alegaciones de la demandante en el terreno del artículo 6 del Convenio (véase, mutatis mutandis , Sentencia Koudelka contra República checa, [ JUR 2006, 204617] previamente citada).
Aplicación del artículo 41 del Convenio
A tenor de lo dispuesto en el artículo 41 del Convenio ( RCL 1999, 1190, 1572) ,
«Si el Tribunal declara que ha habido violación del Convenio o de sus Protocolos y si el derecho interno de la Alta Parte Contratante sólo permite de manera imperfecta reparar las Consecuencias de dicha violación, el Tribunal concederá a la parte perjudicada, si así procede, una satisfacción equitativa.»
Perjuicio material
Por el perjuicio material sufrido, la demandante reclama 5.200 EUR.
El Gobierno considera que no existe un nexo causal entre la violación alegada de los derechos de la demandante y el perjuicio material sufrido, y que las pretensiones de la demandante carecen de fundamento.
El Tribunal considera que no ha lugar a conceder a la demandante una indemnización a este respecto.
En concepto de daño moral, la demandante reclama 25.000 EUR.
El Gobierno formula las mismas objeciones que las planteadas respecto al perjuicio material.
El Tribunal recuerda que una sentencia que constata una violación implica, para el Estado demandado, la obligación jurídica de poner fin a la violación y eliminar sus consecuencias de forma que se restablezca en lo posible la situación anterior a ésta ( Metaxas , núm. 8415/2002, ap. 35, 27 mayo 2004 [ JUR 2004, 185244] e Iatridis contra Grecia (indemnización justa) [GS], núm. 31107/1996, ap. 32, TEDH 2000-XI).
Teniendo en cuenta la circunstancias de la causa, en particular la falta de diligencia de las autoridades internas y el hecho de que a día de hoy la demandante no mantiene contacto con su hija, el Tribunal considera que ha sufrido un daño moral considerable que la mera constatación de violación no puede compensar.
En estas circunstancias, habida cuenta de los elementos que obran en su poder y resolviendo en equidad, como exige el artículo 41 del Convenio ( RCL 1999, 1190, 1572) , el Tribunal considera que procede conceder a la demandante 10.000 EUR en concepto de daño moral.
La demandante no formula reclamación por los gastos y costas satisfechos ante los tribunales internos o ante el Tribunal.
El Tribunal considera apropiado fijar el tipo de los intereses de demora en el tipo de interés de la facilidad marginal de los préstamos del Banco central europeo incrementado en tres puntos.
POR ESTOS MOTIVOS, EL TRIBUNAL, POR UNANIMIDAD
Declara admisible la demanda;
Declara que ha habido violación del artículo 8 del Convenio ( RCL 1999, 1190, 1572) ;
Declara que no ha lugar a examinar la queja relativa al artículo 6.1 del Convenio ( RCL 1999, 1190, 1572) ;
a) Que el Estado demandado deberá abonar a la demandante, dentro del plazo de tres meses a partir de que la sentencia sea definitiva, de conformidad con el artículo 44.2 del Convenio ( RCL 1999, 1190, 1572) , 10.000 EUR (diez mil euros) en concepto de daño moral, más las cargas fiscales correspondientes, a convertir en lei moldavos al cambio aplicable en el momento del pago;
b) Que esta suma se verá incrementada por un interés simple anual equivalente al tipo de interés de la facilidad marginal de los préstamos del Banco central europeo incrementado en tres puntos a partir de la expiración del antedicho plazo y hasta el pago;
Rechaza el resto de la solicitud de indemnización.
Hecha en francés y notificada por escrito el 11 de enero de 2011, conforme a los artículos 77.2 y 77.3 del Reglamento del Tribunal. Firmado: Nicolas Bratza, Presidente – Fatoş Aracı, Secretaria adjunta.
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección 2ª)
Caso Piazzi contra Italia. Sentencia de 2 noviembre 2010 JUR 2010\360648
Demanda núm. 36168/2009
En el asunto Piazzi contra Italia ,
El Tribunal europeo de Derechos Humanos (Sección Segunda), constituido, en una Sala compuesta por los siguientes Jueces Françoise Tulkens, Presidenta , Ireneu Cabral Barreto, Danutė Jočienė, Dragoljub Popović, András Sajó, Işıl Karakaş, Guido Raimondi, así como por StanLey Naismith, Secretario de Sección,
Después de haber deliberado en privado el 12 de octubre de 2010,
Sobre la violación del artículo 8 del convenio (RCL 1999, 1190, 1572)
El demandante alega una violación de su derecho al respeto de su vida familiar debido a que, a pesar de la existencia de un resolución del Tribunal de menores que fijaba las condiciones de ejercicio de su derecho de visita, no pudo ejercer este derecho desde 2001. Considera que los servicios sociales se quedaron al margen en la ejecución de las decisiones del Tribunal de menores y que éste último no ejerció su deber de vigilancia constante sobre el trabajo de los servicios sociales con el fin de que el comportamiento de éstos no hiciera fracasar las decisiones del Tribunal.
El artículo 8 del Convenio ( RCL 1999, 1190, 1572) está redactado de la siguiente manera:
«1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida (…) familiar, (…).
2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho, sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la Ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria (…) la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás.»
El Gobierno se opone a la tesis del demandante.
Sobre la admisión
El Tribunal constata que la queja planteada del artículo 8 no carece manifiestamente de fundamento en el sentido del artículo 35.3 del Convenio ( RCL 1999, 1190, 1572) . Por otro lado, señala que no presentaba ningún otro motivo de inadmisión y, por tanto, conviene declararla admisible.
Sobre el fondo
Apreciación del Tribunal
Como ha recordado el Tribunal en varias ocasiones, aunque el artículo 8 tiene como finalidad esencial prevenir al individuo contra las injerencias arbitrarias de los poderes públicos, no se limita a ordenar al Estado que se abstenga de dichas injerencias: a este compromiso más bien negativo, pueden añadirse las obligaciones positivas inherentes a un respeto efectivo de la vida privada o familiar. Pueden implicar la adopción de medidas que persigan el respeto de la vida familiar hasta en las relaciones entre los individuos, entre ellas la puesta en marcha de un arsenal jurídico adecuado y suficiente para asegurar los derechos legítimos de los interesados, así como el respeto de las decisiones judiciales, o de medidas específicas apropiadas (ver, mutatis mutandis , Zawadka contra Polonia, núm. 48542/1999, ap. 53, 23 junio 2005 [ TEDH 2005, 69] ).
En cuanto a este asunto, el Tribunal señala en primer lugar que en el momento de su separación de hecho en 1993, el demandante y su ex esposa llegaron a un acuerdo sobre la modalidad del derecho de visita del interesado. Sin embargo, tras el traslado y el nuevo matrimonio de su ex esposa (C.), ésta comenzó a oponerse, y el demandante interpuso en 2002 un recurso ante el Tribunal de menores («Tribunal») para solicitar el respeto del derecho de visita. Su esposa señala que L. había afirmado haber sufrido tocamientos sexuales por parte de su padre y de su familia. En estas condiciones, el Tribunal, el 19 de junio de 2002, ordenó un examen del menor (apartado 11 supra). El informe presentado por el perito puso en evidencia la incapacidad de los dos padres para ejercer «todas las funciones de un padre». Además, los intentos de la madre para influir en su hijo en contra de su padre podían conducir, en este caso, a un síndrome de alienación parental . En opinión del psicólogo, era poco probable que L hubiera sufrido tocamientos sexuales por parte de su padre.
En estas circunstancias, el Tribunal limitó la patria potestad los dos padres sobre el hijo y autorizó al demandante a ver a su hijo en presencia de los asistentes sociales según las modalidades establecidas por los mismos servicios sociales. Los encuentros debían tener lugar cada quince días durante una hora. Las autoridades tenían, por tanto, la obligación de adoptar medidas para reunirle con su hijo. No se presta a controversia, en este caso, que los trámites llevados a cabo por éstas no aportaron el resultado deseado y que el demandante no ve a su hijo desde 2001.
Sin embargo, el hecho de que los esfuerzos de las autoridades fueron vanos no conduce automáticamente a la conclusión de que el Estado no cumplió las obligaciones positivas que se desprenden del artículo 8 del Convenio ( RCL 1999, 1190, 1572) (ver, mutatis mutandis , Mihailova contra Bulgaria [ JUR 2006, 53426] , núm. 35978/2002, ap. 82, 12 enero 2006). En efecto, la obligación para las autoridades nacionales de adoptar medidas con el fin de reunir al padre y al hijo que no viven juntos no es absoluta, y la comprensión y la cooperación del conjunto de personas afectadas constituye un factor importante. Aunque las autoridades nacionales deben esforzarse para facilitar dicha colaboración, la obligación para ellas de recurrir a la coacción en la materia estaría limitada: tienen que tener en cuenta los intereses y los derechos y libertades de estas personas, y principalmente los intereses superiores del menor y los derechos que le reconoce el artículo 8 del Convenio (Voleský contra República checa, núm. 63297/2000, ap. 118, 29 junio 2004 [ JUR 2006, 204650] ). Como reconoce la jurisprudencia reiterada del Tribunal, se impone una gran prudencia cuando se trata de recurrir a la coacción en un tema tan delicado (Reigado Ramos contra Portugal, núm. 73229/2001, ap. 53, 22 noviembre 2005 [ TEDH 2000, 152] ), y el artículo 8 del Convenio no podría autorizar al padre a adoptar medidas perjudiciales a la salud y al desarrollo del menor ( Elsholz contra Alemania [GC] [ TEDH 2000, 152] , núm. 25735/1994, aps. 49-50, CEDH 2000-VIII). El punto decisivo consiste, por tanto, en saber si las autoridades nacionales adoptaron, para facilitar la reunión, todas las medidas necesarias que se les podía razonablemente exigir ( Nuutien contra Finlandia [ TEDH 2000, 147] , núm. 32842/1996, ap. 128, CEDH 2000-VIII).
En este caso, ante la imposibilidad de poner en marcha su derecho de visita determinado por la resolución de 1 de diciembre de 2003, el demandante buscó en primer lugar la asistencia de los servicios sociales con el fin de hacer respetar esta decisión. Hay que constatar que no se dio curso a estas demandas. Este incumplimiento, teniendo en cuenta la edad del niño (once años en 2003) y el contexto familiar perturbado, fue tan grave que el transcurso del tiempo tuvo efectos negativos sobre la posibilidad para el demandante de retomar la relación con su hijo.
En 2006, el demandante solicitó al Tribunal la ejecución de la decisión de 1 diciembre 2003. Entre tanto, y precisamente tres años después de la primera resolución del Tribunal, los servicios sociales presentaron el primer informe sobre la situación del menor y de la familia. El Tribunal señala que los dos psiquiatras que redactaron el informe nunca vieron al niño, que fue tratado por un psicoterapeuta elegido por la madre del menor. La solución considerada en el informe fue la de esperar a que madurara el niño, que de momento se negaba a ver a su padre.
Por resolución de 13 de mayo de 2008, el Tribunal constató la no ejecución de su decisión de 1 diciembre 2003 y que los servicios sociales habían delegado en la madre la gestión del seguimiento psicológico de su hijo. Sin embargo, teniendo en cuenta el rechazo del menor a ver al demandante, el Tribunal ordenó que el niño continuara con el tratamiento psicológico con el fin de comprender y canalizar la rabia que sentía hacia su padre. El Tribunal ordenó a los servicios sociales que controlaran igualmente el comportamiento de la madre y utilizaran para el seguimiento de la trayectoria del menor las estructuras públicas.
Conviene recordar que en un asunto de este tipo, el carácter adecuado de una medida se juzga en la rapidez de su puesta en marcha ( Maire contra Portugal [ JUR 2004, 73133] , núm. 48206/1999, ap. 74, CEDH 2003-VII). En consecuencia, el Gobierno demandado explica el comportamiento de los servicios sociales y del Tribunal por la voluntad de no traumatizar al menor. Sin embargo, el Tribunal señala que el 19 de abril de 2006, el demandante solicitó al Tribunal la ejecución de su decisión de 2003. Ahora bien, el Tribunal constató la inejecución de la medida en 2008. El Tribunal señala igualmente que desde 2003 los servicios sociales no habían presentado ningún informe sobre la situación psicológica del menor. En opinión del Tribunal, dichas dilaciones no podrían ser justificadas ya es cada Estado Contratante quien debe organizar su sistema judicial de manera que asegure el respeto de las obligaciones positivas que le corresponde en virtud del artículo 8 del Convenio ( RCL 1999, 1190, 1572) .
Así, en lugar de adoptar las medidas propias que permitan la ejecución del derecho de visita, el Tribunal tomó en consideración la situación del menor, y ordenó a los servicios sociales que siguieran la trayectoria terapéutica del menor revelando que éste se sentía amenazado en presencia de su padre y no quería verle. El Tribunal recuerda al respecto que no le corresponde sustituir con valoración la de las autoridades nacionales competentes en cuanto a las medidas que debían haber sido adoptadas puesto que las autoridades están, en principio, mejor situadas para proceder a dicha valoración, en particular puesto que están en contacto directo con el contexto del asunto y las partes implicadas ( Reigado Ramos contra Portugal [ TEDH 2005, 127] , previamente citada, ap. 53). En este caso, no podría ignorar la opinión del psicólogo citada en la resolución de 1 de diciembre de 2003, según la cual los intentos de la madre de enfrentar al menor contra su padre podían desembocar en un síndrome de alienación parental .
El Tribunal reconoce que, en este caso, las autoridades se enfrentaban a una situación muy difícil debida a la tensión entre los padres. Sin embargo, una falta de cooperación entre padres separados no dispensaría a las autoridades competentes de poner en marcha todos los medios susceptibles de permitir el mantenimiento del vínculo familiar (ver, mutatis mutandis , Reigado Ramos [ TEDH 2005, 127] , citada, ap. 55). Ahora bien, en consecuencia las autoridades nacionales hicieron lo que razonablemente se podía esperar de ellas: el Tribunal delegó la gestión de los encuentros a los servicios sociales, que a su vez delegaron a la madre la gestión del seguimiento de la trayectoria terapéutica del menor. Posteriormente, aunque el menor declaró no querer ver a su padre, el Tribunal afirma que según el informe pericial citado en la resolución de 1 de diciembre de 2003, era importante que el niño le viera. Las autoridades fallaron en su deber de adoptar medidas prácticas con el fin de incitar a los interesados a una mejor cooperación, teniendo siempre en cuenta el interés del menor (ver Zawadka [ TEDH 2005, 69] , citada, ap. 67).
El Tribunal afirma que el desarrollo del proceso ante el Tribunal hizo que aparecieran una serie de medidas automáticas y estereotipadas, como las demandas sucesivas de información y una delegación del seguimiento a los servicios sociales ordenándoles que se respetara el derecho de visita del demandante. Las autoridades dejaron que se consolidara una situación de hecho sin tener en cuenta las decisiones judiciales, incluso cuando el simple transcurso de tiempo tenía consecuencias cada vez más graves para el demandante, privado del contacto con su hijo. Al respecto, no habría que ignorar que en el momento de ser interrogado por el Tribunal, el menor se encontraba desde hacía un tiempo bajo la influencia exclusiva de la madre, en un medio hostil para el interesado y que habían transcurrido más de 4 años sin contacto entre el demandante y su hijo. Además, el Tribunal señala que los dos psicólogos que redactaron el informe sobre la situación del menor trabajaban en la misma ASL que el padrastro del menor, profesor de universidad y jefe del servicio. Tampoco parece que las autoridades consideraran, teniendo en cuenta las dificultades para los padres de llegar a un acuerdo en la elección del psicólogo, que éstos fueran obligados a seguir una terapia familiar (ver Pedovic contra República checa, núm. 27145/2003, ap. 34, 18 julio 2006 [ JUR 2006, 204595] ) o que los encuentros tuvieran lugar en el seno de una estructura especializada (ver, por ejemplo, Mezl contra República checa, núm. 27726/2003, ap. 17, 9 enero 2007 [ JUR 2007, 6918] ; Zavrel contra República checa, núm. 14044/2005, ap. 24, 18 enero 2007 [ JUR 2007, 22426] ).
En estas circunstancias, el Tribunal considera que, frente a dicha situación, las autoridades debían haber adoptado medidas más directas y más específicas para restablecer el contacto entre el demandante y su hijo. En particular, la mediación de los servicios sociales debía haber sido utilizada para hacer que las partes cooperaran y, conforme a la resolución de 1 de diciembre de 2003, debían haber organizado los encuentros entre el demandante y su hijo. Ahora bien, las jurisdicciones internas no adoptaron ninguna medida apropiada para crear de cara al futuro las condiciones necesarias para la realización del derecho de visita del demandante (Macready contra República checa, núm. 4824/2006 y 15512/2008, ap. 66, 22 abril 2010 [ JUR 2010, 121726] ).
Por otro lado, el Tribunal afirma que, actualmente, L. ya es mayor.
En vista de lo que antecede y a pesar del margen de apreciación del Estado demandado en la materia, el Tribunal considera que las autoridades nacionales omitieron ejercer el esfuerzo adecuado y suficiente para hacer respetar el derecho de visita del demandante o permitirle, al menos, restablecer el contacto con su hijo, vulnerando de esta manera su derecho al respeto de su vida familiar garantizado por el artículo 8 del Convenio ( RCL 1999, 1190, 1572) .
Ha habido, por tanto, violación de esta disposición.
Sobre la aplicación del artículo 41 del convenio
En términos del artículo 41 del Convenio ( RCL 1999, 1190, 1572) ,
«Si el Tribunal declara que ha habido violación del Convenio o de sus Protocolos y si el derecho interno de la Alta Parte Contratante sólo permite de manera imperfecta reparar las consecuencias de dicha violación, el Tribunal concederá a la parte perjudicada, si así procede, una satisfacción equitativa».
El demandante reclama la reparación del daño moral debido a la larga separación de su hijo, y a la angustia sufrida. Solicita 240.000 EUR.
El Gobierno considera que esta cantidad es excesiva y recuerda la jurisprudencia del Tribunal en los asuntos Bove contra Italia (núm. 30595/2002, ap. 61, 30 junio 2005 [ TEDH 2005, 72] ) y Andelová contra República checa (nú. 995/2006, ap. 113, 28 febrero 2008 [ JUR 2008, 64114] ).
Teniendo en cuenta las circunstancias del caso y la constatación de la ruptura de las relaciones entre el demandante y su hijo, el Tribunal considera que el interesado sufrió un daño moral que no podría ser reparado únicamente con la constatación del artículo 8 del Convenio ( RCL 1999, 1190, 1572) . Sin embargo, la cantidad reclamada es exagerada. En vista del conjunto de los elementos que posee y resolviendo en equidad, como exige el artículo 41 del Convenio ( RCL 1999, 1190, 1572) , el Tribunal concede al interesado 15.000 EUR al respecto.
Costas y gastos
El demandante solicita 33.742,79 en concepto de reembolso de las costas satisfechas ante las jurisdicciones nacionales y 27.131,44 en concepto de reembolso de las satisfechas ante el Tribunal.
El Gobierno señala que aunque el demandante presento dos facturas, correspondientes a las costas satisfechas ante las jurisdicciones nacionales, éstas no contenían ninguna lista detallada de los actos que incluían. Considera igualmente que las cantidades reclamadas son excesivas y se remite a la sabiduría del Tribunal.
Respecto a las costas satisfechas ante las jurisdicciones internas, el Tribunal señala que, a pesar de que una parte de estas costas fueron satisfechas para hacer corregir la violación del artículo 8 del Convenio ( RCL 1999, 1190, 1572) , las facturas presentadas no indican detalladamente la naturaleza de las prestaciones de abogado del demandante.
En lo que concierne a las costas satisfechas ante él, el Tribunal juzga excesiva la cantidad solicitada por el demandante.
En estas condiciones, resolviendo en equidad y teniendo en cuenta la práctica de los órganos del Convenio en la materia, considera razonable conceder al demandante 5.000 EUR.
El Tribunal considera apropiado basar el tipo de los intereses de demora en el tipo de interés marginal de la facilidad de préstamo del Banco central europeo incrementado en tres puntos.
POR ESTOS MOTIVOS, EL TRIBUNAL, POR UNANIMIDAD,
Declara la demanda admisible;
Declara , que ha habido violación del artículo 8 del Convenio ( RCL 1999, 1190, 1572) ;
Declara ,
a) que el Estado demandado deberá abonar al demandante, dentro del plazo de tres meses a contar desde que la sentencia se convierta en definitiva conforme al artículo 44.2 del Convenio:
i. 15.000 EUR (quince mil euros), en concepto de daño moral, más toda cantidad que pueda deberse al impuesto;
ii. 5.000 EUR (cinco mil euros), en concepto de costas y gastos, más toda cantidad que pueda deberse al impuesto;
b) que a contar desde el vencimiento del antedicho plazo hasta el pago, estas cantidades se verán incrementadas por un interés simple a un tipo equivalente al de la facilidad de préstamo del Banco central europeo aplicable durante este período, incrementado en tres puntos;
Rechaza , el resto de la demanda de indemnización.
Hecha en francés, y notificada por escrito el 2 de noviembre de 2010 en aplicación de los artículos 77.2 y 77.3 del Reglamento. Firmado: Françoise Tulkens, Presidenta– StanLey Naismith, Secretario.
Fundación Filia
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Revista luso-brasileña de ALIENACIÓN PARENTAL
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Diccionario de términos médicos de la Real Academia Nacional de Medicina: el SAP es MALTRATO INFANTIL
La Exposición de Motivos del Real Decreto 1160/2010, de 17 de septiembre, por el que se regula el Instituto de España (que incluye, entre otras, la Real Academia Española y…
V CONGRESO INTERNACIONAL 26-28 de mayo 2016 en LEÓN (España)
“LAS RUPTURAS FAMILIARES EN LA SALUD MENTAL INFANTO JUVENIL Y LOS DERECHOS HUMANOS” http://www.congresointernacionalsap.org/
I Congresso Luso-Brasileiro Alienação Parental
I Congresso Luso-Brasileiro Alienação Parental, 29 e 30 de Janeiro de 2015, en Lisboa (Portugal). http://ibdfam.org.br/assets/img/upload/files/%7B9da5d38f-5ec5-40ee-ac21-abea2b897416%7D(2).pdf
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