Source: http://notivida.org.ar/Articulos/AbortoImpune/RioNegro_OtroCasoParaLamentar.html
Timestamp: 2017-10-23 13:11:51
Document Index: 119117309

Matched Legal Cases: ['artículo 22', 'artículo 95', 'artículo 375', 'artículo 95', 'artículo 375', 'artículo 1', 'artículo 201', 'artículo 47', 'artículo 1', 'artículo 34', 'artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 19', 'Artículo 24', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 3', 'artículo 86']

RIO NEGRO: OTRO CASO PARA LAMENTAR
Alrededor del día 14 de mayo del corriente año, los padres de una menor de 13 años que se hallaba embarazada de tres meses, se presentaron promoviendo acción de amparo ante la Sala B de la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, a los fines de que el tribunal autorizara la práctica de un aborto, dado que, aparentemente, el niño habría sido concebido como consecuencia de haber sido la menor abusada sexualmente por la pareja de su abuela materna.
El día 18 de de mayo, el tribunal dispuso autorizar que se practique un aborto y que pusiera fin a la vida de la persona por nacer.
Se supo días después, que, a pesar de que la medida había sido apelada en término por la defensora del niño por nacer, la práctica se realizó inmediatamente después de que el fallo se conociera, sin esperarse a que la sentencia quedara firme, pasando en autoridad de cosa juzgada .
Pendiente de resolución dicho recurso, uno de los miembros del Superior Tribunal llamado a expedirse sobre el mismo, formuló declaraciones periodísticas en las que anticipó, fuera de la oportunidad procesal pertinente, su postura sobre el caso concreto, incurriendo así en prejuzgamiento.
Consideramos, en primer lugar, que es inválida la sentencia dictada mediante el concurso del voto de uno de los integrantes de la Sala que se hallaba en uso de licencia al momento de su formulación, por cuanto, precisamente por esa circuntancia, el magistrado carecía de jurisdicción e imperio, toda vez que no se hallaba en el regular ejercicio de sus funciones judiciales.
Ciertamente, hallándose el magistrado de licencia, no debió haberse requerido su parecer sobre la materia justiciable, sino procederse a la integración del tribunal de acuerdo con el régimen de subrogancias especialmente previsto por la Ley Orgánica del Poder Judicial de Río Negro, cuyo artículo 22 determina que en caso de recusación, excusación, licencias, vacancias u otros impedimentos, los camaristas serán reeplazados por los Jueces de Cámara del mismo asiento que los subrogados y según el orden que establezca el reglamento, por los Jueces de Primera Instancia que tengan el mismo asiento que los subrogados y según el orden que establezca el reglamento, por los conjuecesde de una lista para casos individuales y por los Jueces sustitutos, siempre que se tratare de subrogancias para la atención del despacho de la vocalía del Tribunal Colegiado por períodos no inferiores a tres (3) meses.
Asimismo, y al contrario de lo que se consigna en el fallo, ni el artículo 95 f) del Reglamento Judicial, ni el artículo 375 del Código Procesal Penal autorizan a que se omita la firma de uno de los magistrados que suscriben la sentencia.
En efecto, el artículo 95 del Reglamento Judicial, en su inciso f), se limita a consignar que:
Como se ve, la norma solo describe las condiciones en las que los magistrados o funcionarios pueden hacer uso de este tipo de licencias.
En cuanto al artículo 375 del Código Procesal Penal, el mismo determina que:
Ello implicó, en los hechos, la lisa y llana violación del artículo 1° de la Ley N° 3891[2], cnforme al cual
“Las sentencias que resuelvan las acciones de amparo serán susceptibles de recurso de apelación ante el Superior Tribunal de Justicia. El recurso se concederá en relación y con efecto suspensivo, excepto cuando ello pueda poner en riesgo grave e inminente la vida o la salud del individuo accionante o la de aquel por quien reclama, en cuyo caso se concederá al solo efecto devolutivo.
De allí que la conducta frustratoria de ese derecho, llevada a cabo por los médicos a instancias de los peticionarios del amparo y su representación letrada, no puede sino ser considerada como ilegítima y, evidentemente, generadora de responsabilidades jurídicas (incluso penales) para todos ellos.
V. Prejuzgamiento en el Superior Tribunal de Justicia.
En la edición del día 22 de mayo de “La Mañana Neuquén”, mediante una nota que lleva el sugestivo título de “Sodero Nievas respaldó el fallo que autorizó el aborto”, pudo saberse que, antes de que se expidiera el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia sobra la apelación interpuesta por la defensora del niño por nacer, uno de sus integrantes, el Dr. Víctor Sodero Nievas emitió opinión sobre el fallo de la Cámara de Apelaciones, asegurando que la decisión tiene “sustento jurídico y científico” porque, según él, “...en los casos de violación y demás sometimientos de las personas por medio de la fuerza o aprovechándose de su incapacidad permanente o transitoria o cualquier otro motivo que afecta la integridad física y sexual de las persona humana, el Código Penal argentino autoriza a proceder, con la información que corresponde a los padres o tutores, como lo ordena la Cámara Criminal, Sala B...” El magistrado añadió dogmáticamente que “...el legislador en este tipo de casos ha privilegiado la libertad e integridad y dignidad de la madre sobre el derecho a la vida del niño...” y que en este caso concreto “...no se aplica la convención del interés superior del niño porque se aplica a las personas que han nacido...”.
Obviamente, esas declaraciones sobre la materia a decidir por el Superior Tribunal, emitidas fuera de la oportunidad procesal pertinente, determinan que Sodero Nievas haya incurrido en prejuzgamiento, comprometiendo la imparcialidad de sus funciones de un modo vedado por el artículo 201 de la Constitución Provincial.
Tal es la solución que emerge prístina del texto expreso del artículo 47 del Código Prtocesal Penal de la Provincia que impone al Juez el deber de inhibirse cuando: “...10)...hubiere...manifestado extrajudicialmente su opinión sobre el proceso a alguno de los interesados...”, toda vez que la declaración periodística, por la amplitud de su difusión masiva. implica tal manifestación.
No es verdadero, por otra parte, el aserto con el que Sodero Nievas pretende cohonestar lo decidido por la Cámara, pues el paradigma que se consagrara en el Código Penal de 1921 ha cambiado radicalmente a partir de la ratificación por parte de nuestro país de la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumentos ambos elevados a rango constitucional mediante la reforma de 1994 y, por lo tanto, de rango ostensiblemente superior a dicho Código.
La insólita pretensión de que el interés superior del niño solo sería un crterio para nacidos no solo no encuentras fundamento en texto legal alguno, sino que contradice directamente:
a) Lo consignado en el Preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño, donde se puntualiiza que el niño merece protección legal “tanto antes como después del nacimiento[3]”;
c) El texto de la declaración formulada por la República Argentina al momento de ratificar el tratado, que constituye una condición de vigencia del mismo y conforme a la cual: “...con relación al artículo 1º de la Convención sobre los Derechos del Niño, la República Argentina declara que el mismo debe interpretarse en el sentido de que se entiende como niño todo ser humano desde el momento de su concepción hasta los 18 años de edad...”.
Queda, entonces, a la vista que carece por completo de asidero la extravagante pretensión del Juez Sodero Nievas, en orden a excluir a las personas por nacer de la protección consagada por la Convención de los Derechos del Niño, que en la República Argentina goza de jerarquía constitucional.
Luego de una reseña de los antecedentes de la causa, el magistrado que había prejuzgado al hablar sobre la misma al periodismo durante el mes anterior a la sentencia, propició que la cuestión sea declarada abstracta, pues, habiéndose practicado el aborto, cualquier pronunciamiento resultaría “...carente de todo interés y finalidad práctica...”.
Sin embargo, “obiter dictum”, Sodero Nievas reitera los conceptos vertidos en sus declaraciones periodísticas en orden a pretender que “...la conducta de los médicos intervinientes, de la vícitma y de sus padres no pueden merecer reproche penal alguno...”, concluyendo su voto .con la afirmación de que “...el caso, por su notoria claridad no da lugar a esta altura del pronunciamiento a ninguna otra consideración posible ya que el Superior Tribunal de Justicia no puede erigirse en un órgano o “Tribunal de consulta” y decide controversis a que se le planteen puntualmente, siendo la norma del art. 86, inc. 2° del Código Penal (subtipo violación) perativa, sin necesidad de que ningún Juez lo declare...”.
En primer término, debemos decir que no es verdad que el mal llamado aborto terapéutico se identifique con el estado de necesidad previsto por el artículo 34, inciso 3° del Código Penal, que declara no punible a quien “...causare un mal por evitar otro mayor inminente a que ha sido extraño...”. Por lo pronto, la muerte directamente provocada de la persona por nacer no permite –de suyo– evitar el acaecimiento de mal alguno. Tampoco puede considerarse esa muerte como un “mal menor” frente a la salud o la vida de la madre, toda vez que la vida del niño es de superior jerarquía respecto de la salud de la madre y de igual valor respecto de la vida de esta última.
Menos aún puede sostenerse el aserto de la sentencia en el caso concreto de la causa que analizamos, pues la invocada afección psíquica de ninguna manera puede suponerse como “mal mayor” frente a la supresión directa de la vida de una persona inocente.
En otros lugares nos hemos ocupado del tema[8], por lo que nos limitaremos a unas pocas consideraciones desde el estricto miraje de las normas positivas del ordenamiento jurídico en vigor, y que -estimamos- resultan definitivas.
Principiaremos por referirnos al caso conocido como “Baby Boy”, que fuera resuelto en 1981 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ser éste un precedente habitualmente invocado por el pensamiento abortista para pretender -equivocadamente- que, a partir de lo allí resuelto, algunas formas de aborto podrían resultar admisibles en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos.
Los antecedentes son los siguientes: en el año 1973, a partir de las sentencias dictadas en los casos “Roe vs. Wade”[9] y “Doe vs. Bolton”[10], el aborto fue admitido en los Estados Unidos. Por esa razón dicho país fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por violación al derecho a la vida de las personas por nacer protegidos, según los peticionarios, por el artículo 1° de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de 1948 (“Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad”)[11].
La Comisión declaró –con opiniones divididas[12]- que ese derecho no alcanzaba a los niños por nacer porque del artículo de la Declaración Americana de 1948 se había eliminado la referencia al momento de la concepción que se hacía en los trabajos preparatorios.
De todas maneras señaló -y esto es muy importante- que si ese instrumento internacional hubiera incluido ese derecho –derecho a la vida desde la concepción- ello hubiera implicado la derogación, ya en 1948, de todos los artículos de los códigos penales que por alguna razón excluyeran de sanción penal algún supuesto de aborto[13] .
Pues bien, a nuestro juico esa derogación a la que alude la Comisión ocurrió para nuestro país con la suscripción y ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, puesto que dicho instrumento prescribe claramente que “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social...”; que “Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano”. (Artículo 1.2.); que “Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica” (Artículo 3); que “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente...” (Artículo 4.1); que “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral...3. La pena de muerte no puede trascender de la persona del delincuente” (Artículo 5.1); que “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, la sociedad y del Estado”(Artículo 19); que “Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley” (Artículo 24).
Analicemos la cuestión más detenidamente, examinando el texto completo del artículo 4 de la Convención, dedicado a la consagración del Derecho a la Vida, para luego cotejarlo con el resto de las normas que hemos mencionado precedentemente:
En torno a este concepto de igualdad y su relación con los niños, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado que “...la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un grupo determinado, conduzca a tratarlo con privilegio; o que a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación de inferioridad. No es admisible crear diferencias de tratamiento entre seres humanos que no se correspondan con su única e idéntica naturaleza...”[14].
Todo ello demuestra que toda forma de aborto se encuentra en contradicción con los principios y normas de la Convención analizada, lo que –dicho sea de paso- incluye a los supuestos conocidos en el derecho positivo bajo los nombres de terapéutico, eugenésico y sentimental, debiendo añadirse respecto a esta última hipótesis (caso del embarazo proveniente de una violación) que si, como lo establece el artículo 5.3. de la Convención, “la pena no puede trascender a la persona del delincuente”, resulta que no debe, por causa del delito, privarse de la vida a la persona que ha resultado concebida a partir del mismo, pues ella no ha realizado ninguna acción delicitiva y resulta completamente inocente.
De todo lo expuesto se sigue que, a la luz de todo lo dicho, en modo alguno podrían ampararse casos de aborto “legal” o “no punible”, desprendiéndose de ello que toda norma legislativa ordinaria que pretendiera la autorización para la realización de cualesquier actro de esa naturaleza resultaría claramente contraria a la Convención.
Pero si no bastara con lo hasta aqui dicho, debemos también considerar que con posterioridad a la adopción de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, nuestro país suscribió y ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño (Ley 23.849), expresando al hacerlo que “la República Argentina declara...que se entiende por por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad”.
Por consiguiente, la República Argentina quedó internacionalmente obligada a reconocer todos y cada uno de los derechos que la Convención consagra a todos los niños desde el momento de la concepción.
De esta manera, a partir del momento del momento de la concepción “Todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida” (artículo 6.1), sin que quepa la más mínima posibilidad de que el principio sea atenuado o modulado por vía de interpretación, pues los términos de la norma son suficientemente categóricos.
Además de ello, es de destacarse nuestro país se obligó a actuar en consonancia con la cláusula contenida en el artículo 3.1 de la misma Convención que establece “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una condición primordial a la que se atenderá será el interés superior del niño”.
Dicho concepto ha sido desarrollado en el arttículo 3° de la Ley 26.061, donde se prescribió que “A los efectos de la presente ley se entiende por interés superior de la niña, niño y adolescente la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley...” y que “...Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros”.
Desde 1994 tanto el Pacto de San José de Costa Rica, como la Convención sobre los Derechos del Niño tienen jerarquía constitucional, en las condiciones de su vigencia, adquiriendo primacía sobre todo el universo infraconstitucional de normas, entre las que se encuentra el Código Penal.
Resulta evidente, entonces, que dichos instrumentos internacionales que ahora se encuentran en el vértice de nuestro ordenamiento jurídico positivo, han desplazado la hipotética validez de los supuestos que en 1921 contenía el artículo 86 del Código Penal, dispositivos estos que, siguiendo el criterio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso citado anteriormente, han venido a quedar definitivamente derogados.
Por lo tanto, no existe en nuestro ordenamiento jurídico ningún supuesto válido de “aborto no punible” y sí, en cambio, y de manera terminante, absoluta e intangible, se encuentra consagrada la ´protección -sin cortapisas, ni modulaciones- del derecho a la vida de toda persona desde la concepción.
De allí que las sentencias que comentamos resulten manifiestamente inconstitucionales, en tanto que decidieron autorizar y convalidar la muerte directamente provocada de una persona por nacer, en franca violación de claras normas de jerarquía superior al Código Penal, como lo son las contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño.
El caso que hemos analizado ha presentado ribetes verdaderamente escandalosos y difícilmente compatibles con un adecuado servicio de justicia, efectivamente respetuoso de los derechos humanos.
En el dictado de la sentencia de la Cámara de Apelaciones, en contradicción con las normas que rigen las subrogancias en la justicia provincial de Río Negro, se dio intervención a un magistrado que se encontraba en uso de licencia, siendo, por ello, inválido su pronunciamiento. Tampoco la sentencia aparece firmada por todos los magistrados intervinientes en su formulación, lo que constituye otro capítulo de nulidad.
[3] Concuerda con la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por las Naciones Unidas el 20 de noviembre 1959: “El Niño, por la falta de madurez psíquica e intelectual, necesita una protección especial y de atenciones especiales, particularmente de una protección legal apropiada, antes como después del nacimiento”.
[4] Protocolizada el T° II Se. 48 F° 426/438 – Sc. 4°. El texto al que hemos accedido es el qiue se encuentra en el sitio web del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro http://www.jusrionegro.gov.ar.
[5] Elliot Institute, PO Box 7348, Springfield, IL 62791 “A List of Major Physical Sequelae Related to Abortion”, puede consultarse en el sitio web http://www.afterabortion.org/physica.html
[13] CIDH Res. 23/81, Caso 2441, numeral 19, párrafo e). Puede consultarse a través del sitio web de la OEA.
[14] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-17/2002, numeral 45