Source: http://politkvlog.blogspot.com/2012/08/la-actuacionprobatoria-o-etapa.html
Timestamp: 2017-08-21 15:50:04
Document Index: 178439257

Matched Legal Cases: ['in dubio', 'Artículo 235', 'Artículo 163', 'artículo 88', 'Artículo 164', 'Artículo 165']

POLITKVLOG : VISION DE LA POLITICA ACTUAL: LA ACTUACIÓN PROBATORIA O ETAPA PROBATORIA, PREVIA A LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS AL COLECTIVO.
Pero, ¿en qué cual de las etapas en mención es que se genera el proceso de conocimiento probatorio, para que se pueda concluir con una sanción administrativa?. El tratadista español Ramón Parada, señala que . . . “iniciado el procedimiento sancionador, la Administración desarrollará los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos, en virtud de los cuales deba pronunciarse (...) Estos actos se realizarán de oficio por el órgano que tramite el procedimiento . . .” [2] ; ente organizacional conocido como “órgano de instrucción”.
Y adiciona a ello respecto a la oportunidad en que se debe determinar, conocer y comprobar los datos, en virtud de los cuales deba pronunciarse la Administración a través del conocido como “órgano de resolutor” que : “en el Procedimiento Administrativo existe la obligación de la apertura de un período probatorio para cuando la administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o cuando la naturaleza del procedimiento lo exija, como en el caso de los procedimientos sancionadores donde la regla de la presunción de inocencia (... ) y el principio in dubio pro administrado implica que la carga de la prueba pese exclusivamente sobre quien acusa, de manera que la administración en su condición de acusador es quien tiene que probar los hechos y la culpabilidad del administrado y no éste quien ha de probar su inocencia . . .” [3]. Período probatorio que debe encontrarse inserto dentro de la secuela de la etapa de instrucción del procedimiento sancionador.
Y que no es otro que el establecido por el inciso 4) del Artículo 235º de la Ley Nº 27444, que textualmente señala que: . . . “vencido el plazo para la presentación de descargos y/o alegatos, y con el respectivo descargo o sin él, la autoridad que instruye el procedimiento realizará de oficio todas las actuaciones necesarias para el examen de los hechos, recabando los datos e informaciones que sean relevantes para determinar, en su caso, la existencia de responsabilidad susceptible de sanción”; actuaciones que conforme a lo ya expuesto se insertan en la denominada etapa o actuación probatoria.
En tal sentido queda absolutamente claro, el hecho irrefutable de que conforme primero a la doctrina y luego a la normatividad nacional, después del inicio del procedimiento sancionador y previo a la expedición de la resolución final que impone una sanción; es necesario la generación de una etapa intermedia, denominada de “actuación probatoria” o “etapa probatoria”, que permita que la administración, determine, conozca y compruebe los información, en virtud de los cuales, luego se pronuncie el órgano resolutor.
Etapa que debe de respetar los plazos y reglas contenidos en el numeral 163.1. y 163.2. del Artículo 163º de la Ley Nº 27444 que establecen que , . . . “cuando la administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los administrados o la naturaleza del procedimiento lo exija [4], la entidad dispone la actuación de prueba, siguiendo el criterio de concentración procesal, fijando un período que para el efecto no será menor de tres días ni mayor de quince, contados a partir de su planteamiento. Sólo podrá rechazar motivadamente los medios de prueba propuestos por el administrado, cuando no guarden relación con el fondo del asunto, sean improcedentes o innecesarios . . .” y “ la autoridad administrativa notifica a los administrados, con anticipación no menor de tres días, la actuación de prueba, indicando el lugar, fecha y hora”; en razón que “el objeto de esta notificación es que el interesado sepa cuándo se inicia la evacuación de las pruebas y tenga la posibilidad para ejercer su derecho al control del medio de prueba. Este derecho, le permite comparecer y participar en la actuación probatoria (por ejemplo, preguntar a los testigos, o declarantes), oponerse a la actuación por alguna motivación justificada (por ejemplo, si concurren en los testigos, peritos o declarantes alguna de las causales de abstención previstas en el artículo 88 de la Ley), presentar contrapruebas que considere pertienentes (por ejemplo, para rebatir alguna declaración, etc) o presentar observaciones a la forma en que se actúa la prueba. En nuestro ordenamiento, no existen pruebas reservadas. La ausencia de esta notificación, afecta el debido procedimiento del administrado, acarreando la nulidad de los hechos subsecuentes del procedimiento directamente vinculados a la prueba, y convierte en ilícita la actuación probatoria realizada” [5].
Pero como lo menciona el viejo aforismo costumbrista, “toda regla tiene su excepción”, y en el caso de la actuación probatoria ello no es una excepción, para observar ello sólo basta con dar una lectura a lo establecido en el Artículo 164º de la Ley Nº 27444, que refiere que . . . “las entidades podrán prescindir de la actuación de pruebas cuando decidan exclusivamente en base a los hechos planteados por las partes, si los tienen por ciertos y congruentes para su resolución”. . . , supuesto normativo al que hay que adicionar lo establecido en el Artículo 165º del citado cuerpo legal respecto a que . . . “no será actuada prueba respecto de hechos públicos o notorios, respecto de hechos alegados por las partes cuya prueba consta en los archivos de la entidad, sobre los que se haya comprobado con ocasión del ejercicio de sus funciones, o sujetos a la presunción de veracidad, sin perjuicio de su fiscalización posterior . . .”
Cabe precisar que cuando la norma hace referencia a hechos comprobados con ocasión del ejercicio de funciones por la administración, ello refiere a la acción de “comprobar”, inserta dentro del trilogísmo procesal del procedimiento sancionador, (trilogimo de determinar, conocer y comprobar), la misma que corresponde a un actuar distinto del “determinar”, en razón que aquella hace referencia a la actuación previa al inicio del mismo, y que se encuentra orientada a establecer con carácter preliminar si concurren circunstancias que justifiquen el inicio del procedimiento sancionador, en tanto que la acción de “determinar” corresponde a la fijación o precisión plena o casi plena de un hecho dentro de la secuela probatoria inserta en un procedimiento sancionador.
[1] MORON URBINA, Juan Carlos; “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”. Gaceta Jurídica; Lima – Perú. 6ta e.d, 2007, pp. 694.
[2] PARADA, Ramón; “Derecho Administrativo I – Parte General “. Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A. Madrid – España. 13era e.d., 2002, pp 239-240.
[3] PARADA, Ramón; Op. cit, pp 244.
[4] Leáse el comentario de Ramón Parada sobre lo que se debe entender respecto ha “cuando la naturaleza del procedimiento administrativo exige la generación de una actuación probatoria”.
[5] MORON URBINA, Juan Carlos; Op cit, p.459.
Publicadas por CARPIO & VARAS QUEZADA ABOGADOS ASOCIADOS a la/s 8/31/2012 11:29:00 a.m.
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