Source: https://es.scribd.com/document/363678332/Fallo-Scba-Szyszko-c-Bridgestone
Timestamp: 2019-04-20 04:29:42
Document Index: 152756884

Matched Legal Cases: ['in fine', 'in fine', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 16', 'Artículo 16', 'in dubio']

Fallo Scba, Szyszko c Bridgestone
Cargado por jfbarbaro
Fallo de la Corte de la Provincia de Buenos Aires
En la ciudad de La Plata, a 29 de mayo de 2013,
habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en
el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden
de votación: doctores Negri, Hitters, de Lázzari, Genoud,
se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de
Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia
definitiva en la causa L. 107.955, "Szyszko, Jorge Víctor
contra Bridgestone Firestone Argentina S.A.I.C. Despido".
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento
Judicial Lomas de Zamora, con asiento en dicha ciudad, hizo
lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la
demandada (fs. 264/272).
Ésta dedujo recurso extraordinario de
inaplicabilidad de ley (fs. 294/299), que fue concedido por
el citado tribunal a fs. 300 y vta.
Dictada la providencia de autos (fs. 331) y
hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la
Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente
¿Es fundado el recurso extraordinario de
inaplicabilidad de ley?
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor
Negri dijo:
I. El tribunal de trabajo acogió la acción
promovida por Jorge Víctor Szyszko contra Bridgestone
Firestone de Argentina S.A.I.C. en cuanto le había
reclamado el cobro de indemnizaciones por despido
injustificado, integración y falta de preaviso, así como
las previstas en los arts. 2 de la ley 25.323 y 16 de la
ley 25.561.
Lo hizo por entender que el despido directo
notificado por la accionada el día 17-III-2007 resultó
Sin perjuicio de destacar inicialmente que la
redacción del telegrama mediante el cual se comunicó al
accionante el distracto no fue para nada precisa -toda vez
que se invocaron causales genéricas, sin indicación
concreta de la conducta motivante de la denuncia,
incumpliéndose así la exigencia prevista en el art. 243 de
la Ley de Contrato de Trabajo, al impedir conocer con
certidumbre al destinatario las circunstancias que
determinaron el cese laboral (sent., fs. 266 y vta.)-,
puntualizó el a quo que la empleadora no produjo ningún
elemento probatorio para acreditar las causales aducidas en
la comunicación rescisoria -que fueran categóricamente
desconocidas por el actor- ni, mucho menos, que las mismas
impidieran la prosecución del vínculo laboral.
Especificó que la prueba testimonial ofrecida por
la patronal careció de contundencia, y que la orfandad de
la misma fue de tal magnitud que los dichos de los testigos
no pudieron aseverar ninguna de las causales esgrimidas
para legitimar el despido (sent., fs. 266 vta.).
A todo evento resaltó que, aún prescindiendo de
lo señalado, no existió una adecuada relación de
proporcionalidad entre la sanción impuesta por la demandada
y la entidad de la falta imputada (sent., fs. 267 y vta.).
En otro orden, puesto a cuantificar la base
salarial de la indemnización prevista en el art. 245 de la
Ley de Contrato de Trabajo, especificó el sentenciante que
la mejor remuneración mensual, normal y habitual ascendía a
$ 7.841,52, importe al que arribó tras añadir al salario
básico la bonificación por antigüedad, los viáticos y los
feriados pagos ($ 6.818,71) y el monto que el actor percibía
mensualmente en concepto de "tickets canasta" ($ 1.022,81;
vered., fs. 259).
Más adelante, haciendo lugar al planteo deducido
por el actor, declaró la inconstitucionalidad del tope
indemnizatorio previsto en el precepto legal citado y
determinó que -con arreglo a lo resuelto por la Corte
federal en el precedente "Vizzoti" (sent. del 14-IX-2004)-
la base salarial para el cálculo de la mentada
indemnización debía fijarse en la cifra de $ 5.253,82,
condenando a la accionada a abonar al actor en tal concepto. 103 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. 3 del decreto 1433/2005 y 18 de la Constitución nacional (fs. Plantea los siguientes agravios: 1. II. para seguir sosteniendo luego que hay omisión de prueba. 294/299). 16 de la ley 25. declaró la procedencia de la indemnización prevista en el art. 268). con sustento en el decreto 1433/2005. el absurdo en que incurrió el tribunal de grado. En primer lugar.. todo lo cual demuestra. 4 de la ley 25. cuestiona que se haya declarado injustificado el despido del accionante. Por último.. fs.972. 294 vta. 44 incs. . normal y habitual referida en el párrafo anterior (sent. el 50% de la indemnización prevista en el art. fs. fs.importe resultante de reducir en un 33% la mejor remuneración mensual. que la medida adoptada de despido del actor resulta desproporcionada" (v. "d" y "e" de la ley 11. Contra el pronunciamiento mencionado. in fine). 268/269).653.561. a su criterio. y por último. Afirma que el fallo ha sido construido "sobre un análisis de oscuridad en la descripción de los hechos que se consideraron injuriosos. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (sent. la vencida interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo y violación de los arts.
En segundo término.700) que./296 vta. en tanto esa falta de proporcionalidad sólo puede imputarse a una sanción fundada en hechos reales. de los cuales se desprende que el agravante indemnizatorio .pues si por un lado se señala que la demandada omitió probar las causales de despido. el tribunal ha violado los arts.022. lo que demuestra que el fallo se contradice a sí mismo en un razonamiento aparente y viciado por absurdo.). y así debe ser declarada por ser absurda" (fs. Refiere que. al haber acumulado al salario tomado como base para calcular la indemnización por despido el importe abonado por la demandada en carácter de "tickets canasta" ($ 1. denuncia que. 4 de la ley 25. el tribunal ha violado el art. 103 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 24. al disponer el incremento de las indemnizaciones por falta de preaviso.972 y 3 del decreto 1433/2005. 3. 295 in fine). en tanto ha mediado un apartamiento de las reglas de la lógica formal. En consecuencia -concluye-. expresamente. integración y el sueldo anual complementario. 2. "la sentencia es nula. 295 vta. no puede sostenerse por el otro que éste constituyó una medida desproporcionada.81 mensuales). califica a dichos vales alimentarios como beneficios sociales no remunerativos (fs.Ello así -explica.
resultara inferior al 10%. De todos modos -agrega. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. y así surge del Informe de Resultados del primer trimestre de 2007 sobre "Mercado de Trabajo. 4 de la ley 25. Ello así. En consecuencia -finaliza.no corresponde a la accionada abonar el citado incremento indemnizatorio. pues el citado art. que había perdido vigencia al momento del despido. De la lectura del telegrama mediante el cual .N. a.ocurrió en el primer trimestre de 2007.972 prescribe que dicha medida de emergencia quedaría sin efecto cuando la tasa de desocupación elaborada por el I. principales indicadores". condición que -como es de público y notorio conocimiento. El agravio dirigido a cuestionar la decisión del tribunal de grado en cuanto declaró injustificado el despido del actor no resulta atendible.8% de la población económicamente activa.C.E.previsto en el art.el fallo atacado soslayó que el agravamiento indemnizatorio previsto en la normativa citada había quedado sin efecto a la fecha en que el actor fue despedido (17-III-2007). III. publicado por el citado organismo de estadísticas y acompañado al contestar la demanda. cuando dicho guarismo ascendió al 9. El recurso es improcedente. 16 de la ley 25.561 debe aplicarse exclusivamente sobre la indemnización por despido prevista en el art. 1.D.
Puesto a analizar los hechos denunciados. destacó el a quo en el veredicto que con las declaraciones de los testigos -propuestos todos por la demandada.la demandada notificó el despido se desprende que las causales invocadas para justificar la medida disciplinaria fueron -en síntesis. y a los que calificó como coincidentes y veraces. fs. 10). Precisando el contenido de las deposiciones. b. todo lo cual produjo el "quebrantamiento de confianza ínsita a su contrato de trabajo" (v. lo que indujo a "considerar su actuación como manifiestamente irregular" y su conducta "contraria a los deberes de lealtad. ni tenía incidencia en las provisiones. conforme a los ingresos percibidos en la empresa. al . (ii) se advirtió "un proceso o situación económica de gasto y/o incremento patrimonial progresivo" por parte del actor que no se correspondía con su capacidad.las siguientes: (i) haber mantenido el actor relaciones directas y/o personales impropias de su función con empresas proveedoras de la accionada. especificando asimismo que éste no contrataba a los proveedores. detalló el juzgador que los deponentes declararon desconocer por completo los motivos por los cuales fue despedido el actor.no se pudo probar la existencia de ninguno de los hechos denunciados por el empleador en la comunicación rescisoria. probidad y buena fe". que transcribió largamente en el fallo de los hechos.
. fs. 267 vta.. sin perjuicio de ello. 243 de la Ley de Contrato de Trabajo y añadió que.. También señalaron que. que tratándose de un despido directo correspondía a la patronal demostrar los hechos invocados para legitimar la extinción del contrato. fs.punto tal que la aprobación de los procedimientos de compras requerían de por lo menos cuatro o cinco autorizaciones. con posterioridad al despido. destacó que el despido debe guardar una relación de proporcionalidad con la falta que lo motiva. destacó que la comunicación rescisoria no había cumplido con los requisitos exigidos por el art.). no lograron acreditarse ninguna de las injurias allí invocadas por el empleador (sent. presupuesto que tampoco fue respetado en el caso (sent. 261/262 vta. y teniendo en cuenta. además. y con cita de jurisprudencia de esta Corte. 267).). la empresa continuó contratando a los mismos proveedores y los costos no disminuyeron (vered. volviendo finalmente a reiterar que los hechos injuriosos "no fueron acreditados en la causa" (sent.). cuestión tercera. c. concluyó el tribunal que aquélla no había logrado satisfacer con dicho imperativo de su propio interés. A todo evento. Partiendo de esa base. fs. Ya en la sentencia. 266 vta. Las críticas que introduce la recurrente con . fs..
(i) En primer lugar. del 17-III-2010. 100. sent.).165. "Martínez". sent. del 9-III- 1993). del 10-XII-1996. sent. 52. sent. causas L.904. cuando logre evidenciarse que dicha ponderación ha sido efectuada por el tribunal sin la prudencia que la ley exige. "Hunt de Fara". "Bertora". sent.722. en su lacónico cuestionamiento (fs. del 31-VIII-1993. L. se limita la impugnante a señalar. "Carzoglio". L. "Morandi de Amado".275. 50. L. la accionada no ha denunciado violación del art. L. "Moyano". 58. del 7-X-2009. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo (conf. 71. cuadra recordar que valorar las causales invocadas para justificar el despido es una facultad privativa de los jueces laborales que sólo puede ser revisada en casación en caso de que se demuestre absurdo o. sent. 91.. L. En efecto. "Lobo". 84. que el tribunal habría incurrido en un absurdo formal al afirmar que no se . sent. sent.el objeto de revertir este aspecto del pronunciamiento son palmariamente ineficaces para conmover lo resuelto en la instancia. del 19-VII-2006.575. "Fernández". L. 56. 86. L. (ii) En el caso. 294 vta. del 19-XII-1995. sent.883.863. en su defecto. "Novoa". L.519.284. del 14-II- 2007. transgrediéndose el art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo y tampoco logra demostrar el absurdo que invoca. del 30-VIII-2000.
. cuales son: que la notificación del despido no cumplió con los requisitos establecidos en el art..que ninguno de esos hechos resultaron acreditados en la causa. fs. sent.acreditaron los hechos invocados en la comunicación rescisoria. como erróneamente lo postula la recurrente. en modo alguno puede sostenerse que aquella aseveración -formulada solo a mayor abundamiento por el juzgador. 266 vta. contradictoriamente. fs.)..) que la recurrente no intenta siquiera . para posteriormente señalar. fs. 262 vta.constituya una contradicción insalvable que deba conducir a revocar la sentencia. que el despido constituyó una sanción disciplinaria desproporcionada. 243 de la Ley de Contrato de Trabajo al no precisar con claridad las causales de injuria. Más allá que la conclusión del tribunal relativa a la ausencia de proporcionalidad entre la falta imputada y la medida adoptada por la patronal (sent. fs. 260/262 vta. 267) no era necesaria una vez que ya había tenido por no acreditados los hechos en que se basó la injuria (vered.. y -fundamentalmente.. Lo relevante para descartar el agravio reside en que el recurso ha dejado completamente sin rebatir los dos argumentos centrales sobre los que se asienta este tramo del fallo. aspecto este último fundado en un detenido análisis de la prueba testimonial ofrecida por la propia accionada (vered.
418. L.a evidenciar su criterio discrepante y criticar posibles fisuras en la evaluación realizada por los sentenciantes. transgrediendo el art. "Brites". y tampoco alcanza a demostrar la configuración del absurdo que invoca (conf.debe permanecer firme la sentencia del tribunal de trabajo que declaró injustificado el despido dispuesto por el empleador si el recurrente no ha denunciado que el juzgador hubiere valorado la injuria sin la prudencia que la ley exige. 89. sin demostrar que tales aspectos secundarios del fallo logren conmover la estructura que lo dota de sustento (conf. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo. del 11-VI-2008.cuestionar. 86. 94.). la crítica debe ser desestimada. del 6-VI-2007. sent. sent.769. En suma. 88. sent. "Fernández Alonso". En ese contexto. limitándose -en cambio. 94. cit. Tampoco prospera el agravio destinado a .586. pues -como lo ha señalado esta Corte. L. del 16- III-2011. "Brites". L.033. del 27-XII-2006). causa L. sent.033. "Maldonado". basta para desechar el agravio la conocida jurisprudencia de este Tribunal según la cual es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que el interesado omite controvertir idóneamente el análisis y fundamentos desarrollados en el pronunciamiento. 2. causas L. "Gatica".
la accionada negó tanto que el actor percibiera mensualmente el 10% de su salario básico en vales.que dicha cifra debía adicionarse al salario de $ 6. A su turno. Como quedó señalado. fs. En el escrito de inicio.81.022. 29). y dispuso -sin mayor fundamentación. la recurrente cuestiona este aspecto del pronunciamiento. añadiendo posteriormente que. debían computarse los "Tickets Canasta de carácter remunerativos y por tanto integrantes de la remuneración" (fs. porque precisamente no poseen tal característica" (réplica..controvertir la inclusión del importe de los vales alimentarios en la base de cálculo de las indemnizaciones derivadas del despido. 20). el actor señaló que percibía el 10% del salario básico en tickets canasta (demanda. normal y habitual a $ 7. que el actor percibía tickets canasta por un importe mensual de $ 1. cuanto que aquéllos "fueran de naturaleza remunerativa.818. c.). a. a los fines de determinar la mejor remuneración mensual que debe utilizarse como base para calcular la indemnización por despido. 259).841. ascendiendo la mejor remuneración mensual. fs.52 (vered. fs. destacando que vulnera el . 92 y vta. El tribunal de grado consideró acreditado -con la pericia contable (fs. 139). b.71.
.818. fs.. tras determinar el importe del salario básico y los adicionales ($ 6. fs.percibía el actor mensualmente en concepto de vales alimentarios en la base de cálculo de la indemnización por despido no fue debidamente fundamentada. 295 vta. Aunque por los fundamentos que he de esgrimir. sin brindar explicación alguna de por qué debía incluirse dicho rubro en la mentada base salarial. 103 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 24. según surge del citado informe pericial agregado a fs. en cuanto establece que los vales alimentarios son beneficios sociales que no tienen carácter remuneratorio (rec. considero que el agravio no puede prosperar toda vez que -más allá del dogmatismo que exhibe la sentencia en este punto.71).022. se limitó a señalar que "a dicha suma deberá adicionarse el monto correspondiente a tickets canasta correspondientes al citado mes por un importe de pesos un mil veintidós con 81/100 ($ 1.art. desde que el juzgador..81). 139.700).52)" (vered. en conclusión firme. 259).la posición de la recurrente luce contraria a la doctrina legal de esta Suprema Corte sobre la materia debatida. ascendiendo a la suma de pesos siete mil ochocientos cuarenta y uno con 52/100 (7. la decisión del a quo de incluir el importe que -según resultó demostrado. d./296). (i) En efecto.841.
101. L. 103 bis inc. B. causas L. los mentados vales alimentarios eran considerados beneficios sociales de carácter no remunerativo. en lo pertinente.. toda vez que es doctrina legal de esta Corte que el art. (iii) Inicialmente. texto según ley 24. la parte actora no haya . del 24-XII- 2007).164. la circunstancia indicada no alcanza para modificar lo resuelto.es inconstitucional (conf.341. al voto en primer término del doctor Hitters-). antes de su derogación por ley 26. como lo anticipé. 101. "Dorado" y L. "c". "c" de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 24. debo aclarar que en modo alguno obsta a la aplicación al caso de la doctrina citada el hecho de que.T. "Quintana". ambas sents.700) -en cuanto atribuye carácter de beneficio social no remuneratorio a los vales alimentarios.C.564.700.el importe de tales rubros no debería ser incluido en la base salarial que se utiliza como módulo para calcular las indemnizaciones por despido. El carácter dogmático que evidencia dicho aspecto del decisorio es particularmente relevante si se repara en la circunstancia de que -como lo señala la recurrente- según la legislación vigente durante la relación laboral (art. del 27-VI-2012 -en las cuales adherí. razón por la cual -de considerarse aplicable al caso dicho precepto legal. en la especie.O. (ii) Con todo. 103 bis inc.
sent. sent. L. 101. sent.003. del 7-II-2007. del 23-XII-2002. del 30-VI-2004. 82. Al respecto. "Barone". 69.A.planteado la inconstitucionalidad de la norma referida.". L. del 20-X-2010. entre otras. Ac. mis votos en las causas C. sent. sent.F. Argumentos que.P. causas P.984. del 7-III- 1995. "Kolarik". L. sent. Como lo he señalado reiteradamente la declaración oficiosa de inconstitucionalidad puede y debe hacerse cuando las circunstancias así lo exijan. entre muchas otras).824.025.C. 53.G. "Adan". "Pérez". sent.. 92. L.523.850. "Fernández". 85. "Gentile". 96. 102. "Banco de La Pampa". sent. "Lorenzi".405. del 1-IV-2004). del 1-IX-2010. fueron posteriormente compartidos por la mayoría de los integrantes de esta Suprema Corte (conf. "I. 91. L. "Fisco de la Provincia de Buenos Aires". sent. del 2-IX-2009. sent. "Moyano". Ac. toda vez que el tema de la congruencia constitucional de las normas a aplicar se le plantea al juez antes y más allá de cualquier propuesta formulada por las partes (conf. L.I. sostenidos inicialmente en mis votos en minoría o en opiniones personales. sent. 78.)". este Tribunal ha señalado en numerosas ocasiones que la declaración oficiosa de .256.521.220. del 17-II-1998. L. "Fisco Nacional (A. 82. del 27-IV-2011.I.095. del 10-VIII-1993. sent.557.D. Ac. C. 60. sent. D". 51.. del 10-III-2011.062. del 8-VI-2005. "Gojam S.
L. sent. "Da Rosa Pacheco". "Zaniratto". 83. causas C. sent. sent. la presunción de validez de los actos estatales no se opone a la declaración de inconstitucionalidad de oficio (conf. porque el control de constitucionalidad constituye una cuestión de derecho que. "F. en tanto tal. del 6-V-2009. "Pratesi".tampoco quiebra la igualdad de las partes en el proceso ni afecta la garantía de la defensa en juicio. 79. C. L. "Martínez". P.046. del 2-XII-2009. L. del 22- XII-2004). sent. sent. o F. del 31- III-2004.091. del 23-XII-2003. 100.688.781. por los fundamentos señalados. L. P.. 88. "B. "Ramos".252. principio que incluye el deber de mantener la supremacía de la Ley Fundamental. del 22-X-2003). 104. 79. 73.540. del 11-XI-2009. 97.200. razón por la cual. proceder que -por lo demás. 74. puede ser resuelta por el juez mediante la facultad de suplir el derecho no invocado por las partes (iura novit curia).que procede el control oficioso de constitucionalidad de las leyes (conf. del 8-VIII-2007.156. sent. 80. sent.943. R". sent. sent. del 15-III-2006. "Escudero".. "Dirección . la que no puede ser argumentada frente al derecho aplicable para resolver la contienda (conf. sent. L.171.". En definitiva -ha declarado esta Corte. M". L.083.inconstitucionalidad no implica un avasallamiento del Poder Judicial sobre los demás poderes. del 20-II-2008. causas C. 98. "Fernández". "R.
349.General Impositiva" sent. 103 bis inc. del 18-XI-2009). el Convenio 95 de la Organización . en los cuales esta Corte declaró la inconstitucionalidad del art. no puede prescindirse del dispositivo legal específico pero. cuál es el concepto básico de remuneración. en otras palabras. obviamente. en el cual se debatía el carácter salarial de las asignaciones "no remunerativas" de carácter alimentario previstas en el decreto 1273/2002 y la resolución de la C.A. "c" de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 24. En consecuencia. noción para la que. Por su parte. los conceptos vertidos en los precedentes citados en el apartado anterior. "Juárez" -sent. considero necesario recordar las notas tipificantes del salario o.T. y a la vez. por la mera circunstancia de haber puesto su fuerza de trabajo a disposición del empleador. con un concepto que excede al de ventaja patrimonial. (iv) Tal como lo hice al emitir mi voto en las causas citadas (reiterando a su vez lo señalado en el precedente L. del 27-VI-2012-. 97. tampoco pueden descartarse preceptos superiores. habré de reproducir. como una contraprestación que el trabajador debe percibir como consecuencia del contrato de trabajo. en lo sustancial.700). aún en el caso que no prestara servicios. El art.N. 103 de la Ley de Contrato de Trabajo define a la remuneración. 10/2002).
sea cual fuere su denominación o método de cálculo. T. 75 inc. 476). además. p. revisado parcialmente en 1992). Justo. (v) Por lo que se viene de decir. el término salario significa la remuneración o ganancia. Const.. nac. por ende. que debe prevalecer la presunción de naturaleza salarial de todo pago realizado por el empleador al trabajador en el marco de un contrato de trabajo. Así es que el salario. sin embargo. 1971.. 1º que ". y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo. por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar". ratificado por nuestro país y. "El salario". es la contraprestación del trabajo subordinado (conf. aquella posibilidad del legislador no es equivalente a . fijada por acuerdo o por la legislación nacional.Internacional del Trabajo sobre la Protección del Salario (1949. surjan de la ley (o bien las que deban ser demostradas por el empleador en caso que no se encontrasen reguladas). escrito o verbal. Buenos Aires. siempre que pueda evaluarse en efectivo. en lo que aquí interesa. por existir causa diferente. López. en el entendimiento. en "Tratado de Derecho del Trabajo". expresa en su art. con jerarquía supralegal (art.). dirigido por Mario Deveali. 22. II. salvo las excepciones que.
respaldo constitucional. como es sabido. como primera medida. del 14-V-2008). (vi) Se impone señalar. "Aló". pues queda en el medio nada menos que el derecho constitucionalmente reconocido a una retribución justa y aquella definición amplia del Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo (art. mis votos en las citadas causas L. sent. 1 del Convenio 95 prescribe expresamente -en una clara aplicación del principio de primacía de la realidad que.T. "Juárez".349. texto según ley 24. Ese es el contexto en el que debe ser analizado si la prescindencia de la noción remuneratoria que ostenta la norma cuestionada (art. "Quintana"). L. lo que viene a significar que la calificación como "no remunerativa" de una prestación .que.937. 91... debe ser considerado de naturaleza salarial sea cual fuere su denominación. 89.164. 101. por lo que preside e ilumina la materia laboral (conf. Const. en consecuencia.sostener que pueda crear categorías no remuneratorias con sólo referir alguna causa determinada como justificación para ello. 97. causa L. 14 bis. L. 101. está enraizado en la esencia misma del derecho del trabajo (conf. "Medic Skontra".C. en tanto y en cuanto un determinado crédito del trabajador reúna las notas tipificantes allí descriptas.501. nac. que el citado art. "c" de la L. del 28-V-2008).700) es razonable y tiene.564. conf. 103 bis inc. "Dorado" y L. sent.
En ese sentido -como se puntualizó en los citados precedentes de este Tribunal. sobre la base de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa P.XLII. con independencia del nombre que el legislador o los particulares le atribuyan. "llamar a las cosas por su nombre. que regula las prestaciones interindividuales sobre la base de una igualdad estricta. como lo precisó la Corte federal. por una norma estatal- es ineficaz para enervar su carácter jurídico salarial. por el . esto es. En suma -se destacó allí.debida al trabajador como contraprestación por la puesta a disposición de su fuerza de trabajo -sea que hubiese sido efectuada unilateralmente por el empleador." (sent. Ello así pues. la naturaleza jurídica de una institución debe ser definida por los elementos que la constituyen. "Pérez. por acuerdo individual o colectivo e. por lo que cualquier limitación constitucional que se pretendiera ignorar bajo el ropaje del nomen iuris sería inconstitucional. del 1-IX-2009)-. para estar regidas por el principio de justicia social. máxime cuando la determinación y los alcances de las prestaciones debidas por el empleador al trabajador rebasan el cuadro conmutativo.A. Aníbal Raúl c/ Disco S. la voluntad del legislador o del empleador son inválidas para modificar el título con el cual se corresponde una prestación a la luz constitucional. incluso.1911.
del 10-VI- 1997.825. sent. Al respecto. "Quintana".nombre que el ordenamiento constitucional les da. "Dorado" y L. del 8-XI-2000. sent. sent.164. como sucede en el caso. "Albanesi". 81. en el caso.564. Por otra parte. 64. por lo que dichas consideraciones resultan enteramente aplicables al caso bajo examen. aunque los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sólo obligan dentro del marco de las causas concretas en las que conoce (conf. tras destacar que la noción de remuneración en manera alguna podía entenderse de alcances . L. "Bravo". para fundar su conclusión relativa a la inconstitucionalidad del art. L. "Romiti". su contenido sea receptado en orden a su validez conceptual. sent.703.930. cuadra traer a colación la relevancia que -en los citados precedentes L. M. "c" de la Ley de Contrato de Trabajo. 103 bis inc. del 25-II-2009. entre otras).". ello no obsta a que. 78. (vii) Por lo demás. 101. resulta. L. 65. tal como lo señalé al emitir mis votos en las causas citadas. 101. un tributo a la ‘justicia de la organización del trabajo subordinado’.asignó esta Corte tanto al mentado Convenio 95 como a los dictámenes de los órganos de control de normas de dicha organización supranacional. "D.583. del 15-IV-1997. L.. principio rector a cuya observancia no es ajena ‘la empresa contemporánea’".
independientemente de su denominación o cálculo. las obligaciones del Convenio en materia de protección de los salarios de los trabajadores. resultando necesario que la legislación nacional "proteja la remuneración del trabajo. se tuvieron especialmente en consideración allí las observaciones dirigidas a la República Argentina por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. . resaltó esta Corte que. no pueden eludirse mediante la utilización de subterfugios terminológicos". practicadas en algunos países.menores que la acuñada en el art. en particular con respecto a las políticas de ‘desalarización’. en el informe presentado por el órgano citado en la 97° Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo. cualquiera sea la forma que adopte. sí tiene como objeto garantizar que las remuneraciones reales de los trabajadores. En ese sentido. puntualizando que "como lo demuestra la experiencia reciente. de manera amplia y de buena fe". la Comisión de Expertos le recordó a nuestro país que si bien el artículo 1° del Convenio 95 no tiene el propósito de elaborar un modelo vinculante de definición del término "salario". 1° del Convenio 95 sobre protección del salario. sean protegidas íntegramente en virtud de la legislación nacional. celebrada en el año 2008.
En especial. por otra parte. había incorporado en nuestro ordenamiento jurídico beneficios sociales no remuneratorios similares a los introducidos por aquélla).700] retrotrae a la situación de discrepancia con las disposiciones del Convenio" que ya se había formulado respecto de los mencionados decretos. 1° de la mencionada norma internacional del trabajo". 2000. Cabe precisar. .C. la Comisión de Expertos recomendó a nuestro país que los beneficios sociales allí contemplados "deberían estar incluidos en la remuneración del trabajo en concordancia con lo dispuesto en el art. Es dable añadir a lo señalado que. con anterioridad a la sanción de la ley 24. aun antes. se recordó que.) y. 1995 y 1996 (en relación a la normativa interna -decretos 1477/1989.que. según el texto de la ley 24.T. 103 bis de la L. en las pronunciadas en los años 1994.700. 2002 y 2003 (respecto del art. en las observaciones formuladas en los años 1998 y 1999. 1999. la Comisión de Expertos precisó que "lamenta[ba] observar que esta nueva legislación [art. que la citada observación formulada por la Comisión de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo en el año 2008 no hizo más que reiterar lo que dicho órgano ya había sostenido previamente en las observaciones efectuadas a la República Argentina en los años 1998. en el informe correspondiente al año 1996. 1478/1989 y 333/1993. 103 bis de la LCT.
"c" de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 24. se encuentran comprendidos dentro de la noción de salario que brindan tanto las normas internacionales ratificadas por la República Argentina. Const. perderían buena parte de su sentido y efectividad si no expresaran una conceptualización del . como se desprende de la doctrina legal de este Tribunal y de la jurisprudencia de la Corte federal antes citadas. afecta los principios constitucionales de protección del trabajador y retribución justa (art. en el informe correspondiente al año 2002. como los vales alimentarios. (viii) A ello cabe aún añadir que. la Comisión reiteró su esperanza de que el gobierno nacional tomara todas las medidas necesarias para garantizar el pleno cumplimiento de las exigencias del Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo.Asimismo. en cuanto han hecho del trabajador un sujeto de preferente tutela constitucional.700) no resulta compatible con el citado Convenio 95. En efecto. 103 bis inc. Todo lo expuesto demuestra claramente que el art. la indebida exclusión de conceptos que.). nac. 14 bis. el mentado principio protectorio y el plexo de derechos laborales que de él se derivan. como las disposiciones de los instrumentos internacionales. como la propia legislación nacional.
En consecuencia. y que. 103 bis inc. no remunerativas". como los vales alimentarios. En suma. desde el ángulo conceptual. calificación que -como se señaló en los precedentes citados. existiendo una incompatibilidad manifiesta entre la norma legal indicada (art. esto es. 103 bis inc. con no menor transparencia. "prestaciones de naturaleza jurídica de seguridad social. suplantar como causa del crédito al contrato de empleo por un acto del empleador ajeno a este último o introducir en un nexo oneroso para ambos celebrantes una suerte de prestación gratuita por parte de uno de ellos. sólo encuentran motivo o resultan consecuencia del contrato de trabajo o de la relación de empleo. El art.resulta poco afortunada. "c" no proporciona elemento alguno que. es decir. autorice a diferenciar a la concesión de los vales alimentarios asumida por el empleador de un mero aumento de salarios adoptado a iniciativa de éste. catalogar a los vales alimentarios como beneficios sociales. entrañan para el trabajador. carente de contenido y un evidente contrasentido. . inequívocamente. una "ganancia". implicaría mutar al trabajador en beneficiario y al empleador en beneficiador. resulta inadmisible que caiga fuera del alcance del concepto de salario una prestación que.salario que posibilitara su identificación. Por lo tanto.
T. (i) Sostiene la quejosa que la norma no se . "c" de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 24. tampoco prosperan los agravios vinculados a la procedencia de la indemnización prevista en el art.) que resultan aplicables al caso. Finalmente."c" de la L.700) -en cuanto atribuye carácter de beneficio social no remunerativo a los vales alimentarios. debo señalar en primer lugar que no le asiste razón en cuanto sostiene que al tiempo en que se notificó el distracto (17-III-2007) había perdido vigencia el agravante indemnizatorio en cuestión.700) y confirmar -por los argumentos aquí señalados.y las normas constitucionales (art.561.) e internacionales con jerarquía supralegal (art. (ix) En definitiva corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. nac.C. 14 bis de la Const.. 1 del Convenio 95 de la O. 103 bis inc.T. 3.I. Invirtiendo el orden de tratamiento de las críticas esgrimidas por la recurrente por razones de orden metodológico. 16 de la ley 25. texto según ley 24. lo resuelto por el tribunal de grado en cuanto consideró que el importe abonado por el empleador en concepto de vales alimentarios debía ser computado para liquidar los rubros indemnizatorios adeudados al trabajador. a. se impone descalificar la validez constitucional del citado precepto legal.
(iii) La ley 25. financiera y cambiaria.los argumentos esgrimidos al emitir mi voto en primer término en el precedente citado. habida cuenta que. fs. del 28-IX-2011). en su parte pertinente. En su art. 16. la tasa de desocupación correspondiente al primer trimestre del año 2007 había descendido por debajo del 10% de la p.N.. administrativa.e.361. 297 vta.encontraba vigente al momento del despido.E.O. En caso de producirse despidos en contravención a lo aquí dispuesto. condición resolutoria a la que el art.). en la causa L. 4 de la ley 25.declaró la emergencia pública en materia social. económica. En consecuencia. de conformidad a los datos divulgados por el I. del 7-I- 2002). en sentido adverso a lo que postula la recurrente. cuadra señalar que la cuestión ya ha sido resuelta por esta Corte.561 -denominada de Emergencia Pública y de Reforma del Régimen Cambiario (B. "Pellitero" (sent..C.D. los empleadores deberán abonar a los trabajadores perjudicados el doble de la indemnización que les .972 -norma que denuncia transgredida- supeditó la continuidad del agravante indemnizatorio (rec. (ii) Empero.a. habré de reproducir -en lo sustancial./298 vta. 106. prescribe: "Por el plazo de ciento ochenta (180) días quedan suspendidos los despidos sin causa justificada.
O. Así. Posteriormente. y ello. el precepto en cuestión -en el marco del declarado estado de emergencia. 1351/2003.D.C.N. B.E. del 29-V- 2002. fueron dictadas sucesivas normas que prorrogaron la vigencia de la denominada "suspensión" de los despidos sin causa justificada y el agravante indemnizatorio en cuestión (decs. entre muchas). del 26-VI-2003. . sent. estableció un agravamiento temporal de las consecuencias jurídicas (en su faz indemnizatoria) derivadas de los despidos sin causa justificada dispuestos en violación a la "suspensión" allí plasmada. B. 883/2002.418. 256/2003. aunque reduciendo progresivamente la magnitud del agravamiento -más allá de las distintas precisiones que también se efectuaron en torno a los rubros indemnizatorios que abarcaba. "Battaglia".O.O. B. Más adelante. del 21-III-2003. de conformidad a la legislación laboral vigente". B.O. con la aclaración de que cuando esa tasa resultara inferior al 10% quedaría sin efecto aquella disposición (v. 662/2003. L. dec. B. acontecieron nuevas prórrogas. con el objeto de "preservar el empleo en un contexto económico-social en extremo difícil" (conf. 91.. del 2-IV-2004). del 8-VII-2008. 369/2004. del 6-I-2004.O.en función de la evolución de la tasa de desocupación que trimestralmente publica el I.correspondiese.
del 23-XI-2005.972 y el decreto 1224/2007) una sola tasa de desocupación.O. 16 de la ley 25. del 28-VI-2004. 4 de la ley 25.972.O. (iv) Por las razones que seguidamente expresaré. del 17-XII- 2004.972. 1433/2005. hasta que la tasa de desocupación elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) resulte inferior al DIEZ POR CIENTO (10%)". sino al menos tres índices destinados . decs. 91. la citada ley 25. del 11-IX- 2007) estableció lo siguiente: "Declárase cumplida la condición prevista por el primer párrafo del artículo 4º de la Ley N° 25. B.418. 4: "Prorrógase la suspensión de los despidos sin causa justificada dispuesta por el artículo 16 de la Ley N° 25. cit. B. debe ponderarse la circunstancia de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos no elabora (al menos no lo hacía al momento del dictado de la ley 25. el decreto 1224/2007 (B. 2014/2004. En ese sentido.O.O.561 y sus modificatorias. sólo debe considerarse cumplida a partir del dictado del decreto 1224/2007. "Battaglia".O. B. B. en lo referente a la finalización de la vigencia temporal del incremento indemnizatorio previsto en el art. en el primer párrafo de su art. Finalmente. ley 25.561.972. prescribió. conf.972". considero que la condición prevista en el art.). del 7-I-2005.823/2004. (v) En primer lugar. causa L.
que ponderan diversas variables: (1) el que considera desocupadas a las personas beneficiarias del plan asistencial "Jefes y Jefas de Hogar". fs. Lo señalado es particularmente relevante si se repara en la circunstancia de que..1% de la p.dificultad para determinar cuándo operó la condición prevista en el precepto legal citado: descifrar cuál de los tres indicadores mencionados debe tomarse en cuenta a los fines de verificar el cumplimiento del requisito al que se supedita la vigencia del agravante indemnizatorio.5% y al 11. Resultando que el art. superando el . 298) dos de los tres indicadores mencionados ascendieron al 10. 4 de la ley 25. en singular. y (3) el que considera desocupadas a las personas asistidas por los planes indicados y que no realizan contraprestación. (2) el que considera desocupadas a las personas beneficiarias del plan mencionado.e.972 no especificó a cuál de esos indicadores se refería (recuérdese que hizo referencia. para el período mencionado por la recurrente (primer trimestre del año 2007.a medir el indicado guarismo.a. independientemente de que busquen o no empleo. pero sólo en caso de que no realicen contraprestación y busquen activamente empleo. a la "la tasa de desocupación"). esta circunstancia presenta una primera -y no menor.
22).972 (conf. cabe añadir que las informaciones estadísticas que formula el I. que ello se produjo el día 31-III-2007. I. limitándose a señalar -de un lado. y -del otro. 4 de la ley 25. al finalizar el trimestre en el cual -según se conoció con posterioridad. esto es. a la fecha del despido (17-III-2007). "Mercado de trabajo: principales indicadores.C.N.E.N. o bien. no se publican en el Boletín Oficial. que era "público y notorio" que.E.que con la . Adelanto de resultados". tanto podría sostenerse que ello ocurrió al momento en que el organismo dio a conocer informalmente esa información (6-VI-2007). por el contrario.D.. Adviértase que. En ese sentido. lo que agrega otro elemento de incertidumbre a los fines de desentrañar con exactitud cuándo hubo de verificarse la condición prevista en el precepto legal citado.972.indicado límite del 10% previsto en el art. informe de prensa del 6-VI-2007. (vi) A lo expresado en el párrafo anterior.C. pág. Resultados del 1° trimestre de 2007. el índice de desocupación ya había descendido por debajo del nivel previsto en la ley 25.uno de los tres índices arriba mencionados resultó inferior al 10% establecido como límite en la norma de marras. en el presente caso.D. la propia recurrente no identifica cuál sería la fecha exacta en la que habría dejado de regir el agravante indemnizatorio.
972 no incluyó en su texto la expresión resaltada. el día 6- VI-2007. a diferencia del decreto 823/2004 (primera norma que supeditó la vigencia del art. dec. por ende. como anticipé.972 la finalización del período de vigencia del agravante indemnizatorio no habría de caducar de pleno derecho. que se encontrare vigente en ese momento" (art.) que prescribió que -verificada dicha circunstancia.O. del 28-VI-2004. y que.D.C. el subrayado no es del original).561.. "quedará sin efecto de pleno derecho la prórroga de lo establecido por el Artículo 16 de la Ley N° 25. es decir varios meses después de ocurrido el distracto. siendo necesario el dictado de una norma que así lo declarase. se podía conocer dicha circunstancia (rec.que su exclusión fue deliberada. argumento que soslaya que dicha información fue publicada.e. 298).561 a la condición de que el índice de desocupación superase la tasa de desempleo del 10% de la p. lo que autoriza a interpretar -toda vez que la norma fue dictada pocos meses después.a. 823/2004. el art. (vii) Tampoco puede perderse de vista que.información de acceso público disponible en el sitio de internet del I. y en tanto no cabe suponer ignorancia o imprevisión del legislador. . 16 de la ley 25.N. 4 de la ley 25. 3. modificada por la Ley N° 25.E.820. fs. a partir de la sanción de la ley 25. B.
No puede ignorarse que el dictado del decreto 1224/2007 debe ser razonablemente enmarcado en el ámbito del art. hallándonos . el porcentaje resarcitorio adicional que debía pagarse por sobre la indemnización por despido.561. al igual que la fijación del momento en que se produjo la condición legal a la que quedaba supeditada la vigencia del agravante indemnizatorio. 2 de la ley 25. 16 de la ley 25. en el marco de la emergencia. lo que refuerza la pertinencia de una norma expresa para declarar cumplida la condición prevista en el art. (ix) Finalmente cuadra recordar que.podría traer aparejadas. circunstancia que -precisamente. Facultad esta que aparece coherente con la propia delegación legislativa en el poder administrador de la potestad de determinar. que facultó expresamente al Poder Ejecutivo a declarar la cesación total o parcial del estado de emergencia pública en alguna o todas las materias comprendidas en la ley citada "cuando la evolución favorable así lo aconseje".pudo hallar su fundamento en las ventajas que -a juicio del legislador. la derivación hacia el Poder Ejecutivo de la tarea de ponderar la contingente evolución de las circunstancias socioeconómicas que habían motivado la sanción de una norma transitoria como el art. 4 del mismo cuerpo legal.972. (viii) Más aún. a partir de la sanción de la ley 25.972.
517.. "Díaz". 16 de la ley 25. 81. Pedro José c/ Swiss Medical S.309. sent. y 9 de la L. "César".T. "Stieben".N. "Romano". Fallo Plenario N° 324.049. 82.261. C. 14 bis de la Const. 74. causas L. s/ Despido". conf. Ac. he de señalar que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ha resuelto -en pleno. L.503. prov. 4 de la ley 25.A. causas L. "Arce". (xi) Como corolario de los argumentos expuestos cabe concluir que el art. L. "Lawson. sent. 16 de la ley 25. 82. 78. del 12-V-1998. 91. sent. del 28-V-2003.ante una multiplicidad de hermenéuticas jurídicas posibles.. sent. Ac. entre muchas). del 28-IX-1993).041.A. Ac. sent.996.561. sent. del 30-VI-2010). (x) Para concluir.C.972. y si bien no puede soslayarse que la jurisprudencia de tribunales ajenos a esta Suprema Corte no constituye doctrina legal (conf. debe propiciarse la interpretación de la norma más favorable al trabajador por aplicación del principio in dubio pro operario que rige en la materia (arts. "Evangelista".561 -prorrogado por el art. del 18-XI-2003. 51. sólo debe considerarse cumplida a partir del dictado del decreto 1224/2007 (conf.472. "Jara".T. que la finalización de la vigencia temporal del incremento indemnizatorio previsto en el art. del 9-VIII-2006. "Agosta". 39 de la Const. sent. 64.. L. nac.mantuvo su vigencia hasta . del 10-II-2010. del 18-VII-2007. sent. sent. del 15-XII-2004.
Por último.). b. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (rec. de adoptarse una solución opuesta.).972). (xii) En virtud de lo señalado. corresponde desestimar el agravio y confirmar el pronunciamiento en cuanto declaró la procedencia de la indemnización establecida en el art. el ámbito de aplicación temporal de la normativa examinada habría quedado sujeto a la variable interpretación que -conforme las diversas alternativas hermenéuticas ya analizadas. 106. 16 de la ley 25. causa L. "Pellitero". 297 y vta.habría de conspirar contra la certeza y la seguridad jurídica. cit.972 al aplicar el agravante allí establecido sobre rubros ajenos a la indemnización prevista en el art. valores estos de los cuales no debe ni puede prescindirse en la tarea de administrar justicia. Ello así. En definitiva. fs. tampoco acierta la recurrente en cuanto señala que el juzgador vulneró el art.en cada caso pudiesen formular las partes y -en última instancia. 4 de la ley 25.561 (prorrogada por ley 25. pues de la simple lectura de la ..361. que declaró cumplida la condición establecida en el último precepto legal mencionado (conf.la publicación del decreto 1224/2007. lo que -huelga señalarlo.los órganos jurisdiccionales llamados a intervenir en cada singular contienda en que se debatiese la temática bajo examen.
39) representa exactamente la mitad de la suma establecida por el resarcimiento previsto en el art. En virtud de lo expuesto. "c" de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 24. 268). lo que se comprueba con advertir que el importe de condena por la indemnización del art. 103 bis inc. desestimar el recurso extraordinario traído y confirmar la sentencia atacada en cuanto resultó materia de agravios.P. el agravio debe ser desestimado.T.78.. 16 de la ley 25.sentencia se desprende que.700). IV. 245 de L.561 ($ 76. A la cuestión planteada. el señor Juez doctor Hitters dijo: Adhiero al voto del doctor Negri. fs. Costas a la recurrente vencida (art.). ver liquidación de fs.C. Por lo tanto. Voto por la negativa. 245 de la ley laboral ($ 152.C. tras señalar expresamente que en virtud de lo establecido en el decreto 1433/2005 correspondía hacer lugar al agravante establecido en la citada norma "con un 50% por sobre la indemnización conforme lo establecido en el art. en lo que respecta a la atribución de los . corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 269).180. 289 del C." (sent.C.360. permitiéndome señalar que. el a quo procedió a incrementar en el referido porcentaje exclusivamente la indemnización por despido injustificado.
83. "Zaniratto" (sent. votó también por la negativa.700). "Benítez" (sent. del 1-IX-2009). El señor Juez doctor de Lázzari.LXII. del 22-XII-2004). el señor Juez doctor Genoud dijo: Adhiero al sufragio del doctor Negri con el siguiente alcance. 1911. A la cuestión planteada.jueces para declarar de oficio la inconstitucionalidad de las leyes. siguiendo las directrices plasmadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa P. del 29-XII-2004) y L. 74.311. Con el alcance expuesto y reiterando mi adhesión al voto del colega que dio apertura al acuerdo. en razón de brevedad. Anibal Raúl c/Disco" (sent. Ello así.cabe reconocer al Tribunal . por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri. a los conceptos vertidos en oportunidad de emitir mi voto en las causas L. por razones de celeridad y economía procesal y en función de la innegable gravitación que -con prescindencia de lo que pueda sostenerse sobre su eventual aptitud vinculatoria. "Perez. habré de remitirme. voto por la negativa. 103 bis inc. comparto la propuesta decisoria del distinguido colega. En lo que hace a la temática referida a la validez constitucional del art. "c" de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 24.781.
con costas (art. a los argumentos que he esgrimido al sufragar las causas L.366.). del 28-VI- 2006).023. del 22-XII-2004).311.781. 289.C. "Bravo Elizondo" (sent. 123 y 127. Regístrese. 79. se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído por la demandada. 5. 108. Const. "Zaniratto" (sent. dictándose la siguiente S E N T E N C I A Por lo expuesto en el acuerdo que antecede. 91.federal por su ubicación en la cúspide del ordenamiento judicial (arts. nac. Con lo que terminó el acuerdo. L. HECTOR NEGRI . 83. L.C. C.P. 74.suscribo la solución propuesta.). notifíquese y devuélvase. Sobre los demás tópicos examinados -incluida la posibilidad de declarar oficiosamente la inconstitucionalidad de una norma. en lo pertinente y merced a la brevedad. remitiendo. Voto por la negativa. del 29-XII-2004) y L. del 4-X-2006). "Bergdolt" (sent. "Benítez" (sent.
JUAN CARLOS HITTERS LUIS ESTEBAN GENOUD EDUARDO NESTOR DE LAZZARI GUILLERMO LUIS COMADIRA Secretario gw .
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