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Timestamp: 2018-09-23 19:01:12
Document Index: 268365887

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 1', 'in fine', 'artículo 134', 'artículo 15', 'artículo 208', 'artículo 181']

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Gilberto Bruzual Báez*
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es un organismo tripartito que tiene por finalidad procurar la justicia social y los derechos humanos laborales mundialmente reconocidos. Fue creada a raíz de terminada la primera guerra mundial en el Tratado de Paz de Versalles en 19l9. Se dice que es el único resultado importante que ha perdurado de ese Tratado, y hoy día es un organismo internacional que goza de gran prestigio y respeto en los países democráticos. El Tratado de Versalles dio origen a la Sociedad de la Naciones, convirtiéndose la OIT en 1946 en el primer organismo especializado de la ONU, en protección del trabajo como hecho social. Dentro del sistema de las Naciones Unidas es la única organización, autónoma, donde están representados los gobiernos, patronos y trabajadores.
La creación de la OIT estuvo contemplada en la parte XIII del Tratado de Versalles. La Comisión de Legislación Internacional del Trabajo nombrada en la Conferencia de la Paz, le correspondió redactar la Constitución de la OIT. La Comisión estuvo integrada por nueve países: Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Japón, Cuba, Bélgica, Francia, Checoslovaquia y Polonia. Fue presidida por Samuel Gompers, Presidente de la Federación Estadounidense del Trabajo (AFL).
Como precursores de esa organización internacional, podemos citar a dos personajes industriales, que ya en el siglo XIX, Robert Owen (1771-1853) y Daniel Legrand (1783-1859) abogaron por una asociación internacional laboral. En 1901 se funda en Basilea (Suiza), la Asociación Internacional Para la Protección Legal de los Trabajadores, la cual surge como antecedente de la OIT.
En el preámbulo de su Constitución se señala que la paz universal y permanente sólo puede basarse en la justicia social y que la existencia de condiciones de trabajo que entrañan tal grado de injusticia, miseria y privaciones para un gran número de seres humanos, constituyen una amenaza para la paz y armonía universal.
Luego en su documento rector - art. 1 se dispone que la organización fundada tiene carácter permanente, encargada de trabajar por la realización del programa expuesto en el preámbulo y en la declaración relativa a los fines y objetivos de la Organización Internacional del Trabajo adoptada en Filadelfia el 10 de mayo de 1944, cuyo texto figura como anexo de la Constitución. Entre otros principios esa Conferencia declaró que el trabajo no es una mercancía, que la libertad de expresión y de asociación son esenciales para el progreso constante, considerando la pobreza como un peligro para la prosperidad en todas partes. Reconoce la obligación de la OIT de fomentar entre todas las Naciones del Mundo, programas para alcanzar la plenitud del empleo y la elevación de los niveles de vida, salario mínimo vital, derecho a la contratación colectiva, medidas de seguridad social, ,protección a la infancia y a la maternidad, etc.
Se dispone que son asociados de la OIT los Estados que eran miembros de la Organización el 1º de noviembre de 1945 y los países que adquieran esa calidad. Se establece también que los integrantes originarios de las Naciones Unidas y los Estados admitidos después por decisión de la Asamblea General, de acuerdo con las disposiciones de la Carta Constitutiva podrán adquirir la calidad de afiliado la OIT, comunicando al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo la aceptación formal de las obligaciones que emanan de la Constitución de la OIT.
Los tres órganos tripartitos de la Organización son: La Conferencia Internacional del Trabajo, el Consejo de Administración y la Oficina Internacional del Trabajo.
Los Estados miembros conforman la Conferencia y participan en la reunión anual de ella, que se celebra en Ginebra en el mes de junio. Cada Estado está representado por dos delegados del gobierno, uno de los empleadores y otro, de los trabajadores. Los delegados a su vez podrán estar acompañados de sus consejeros técnicos. Generalmente, el Ministerio del Trabajo preside la delegación de cada país y expone las opiniones oficiales. Los delegados de los empleadores y de los trabajadores pueden opinar y votar independientemente.
La Conferencia es el órgano encargado de aprobar (2/3 de sus miembros presentes) los convenios y recomendaciones que son normas y orientaciones internacionales. Los convenios ( tratados) para ser obligatorios requieren ser ratificados por las autoridades competentes de cada Estado. En los convenios internacionales se establecen normas que protegen el trabajo. Las recomendaciones establecen sugerencias y orientaciones sobre condiciones y protecciones laborales, pero no son vinculantes ni requieren ser ratificados. Además la Conferencia sirve para debatir problemas y soluciones laborales de importancia para humanizar el trabajo. Aprueba el presupuesto de la Organización.
Es el órgano ejecutivo de la OIT y se reúne tres veces por año en Ginebra. Sus miembros duran tres años en sus funciones Entre otras atribuciones, decide la política de la Organización, establece el proyecto de presupuesto para ser aprobado por la Conferencia; y elige al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. El Consejo está integrado por 56 miembros: 28 gubernamentales, 14 representantes de los empleadores o patronos y 14 de los trabajadores. Diez (10)representantes de los gobiernos serán nombrados por los miembros de mayor importancia industrial y los 18 restantes, por los delegados gubernamentales a la Conferencia, con exclusión de los delegados de los diez miembros permanentes mencionados . El Consejo de Administración determinará cada vez que sea necesario cuáles son los miembros de la organización de mayor importancia industrial. Los patronos y los trabajadores eligen sus representantes.
Es la secretaría permanente de la Organización y tiene la responsabilidad primordial de las actividades que prepara con la supervisión del Consejo de Administración. El Director General de la Oficina dura en su ejercicio cinco años. Ese organismo cuenta con mil novecientos (1.900) funcionarios de cien (100) nacionalidades en su sede en Ginebra y en cuarenta (40) Oficinas en diferentes partes del mundo. Tiene cerca de seiscientos (600) expertos que efectúan misiones en diferentes regiones. También la Oficina tiene labores de investigación, documentación y publicación de estudios especializados, informes y periódicos.
Venezuela pertenece a la OIT desde 1919. En 1957 quedó excluida, para volver a pertenecer desde 1958. Ha ratificado 53 convenios (49 en vigor).
La primera reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo se celebró a partir del 29 de octubre de1919 en Washington. Se aprobaron en esa reunión los primeros seis (6) convenios. El Consejo de Administración en esa oportunidad nombró a Albert Thomas (francés) primer director de la Oficina Internacional del Trabajo. Ejerció el cargo por trece (13) años. Fue sustituido por el inglés Harold Butler, quien había sido su adjunto.
Corredactor de la Ley Orgánica del Trabajo.
EL POLICÍA Y SUS DERECHOS LABORALES
Cuando el ciudadano común escucha la palabra policía, inmediatamente la relaciona con la persona que vela por el orden en la comunidad. Sin embargo, el término policía tiene múltiples acepciones; reglamentación de la limitación de la libertad individual; actividad de mantenimiento del orden público que ejercen los órganos públicos a nivel nacional, estadal o municipal. Otros consideran la policía como un servicio público. También la palabra puede estar referida al cuerpo armado, uniformado o no, que tiene por finalidad la prevención, mantenimiento y restitución del orden público o la represión de los hechos punibles; y en este sentido hablamos de policía administrativa general y de policía judicial. El término policía deriva de la palabra griega politeía como organización política del Estado; del latín politía; y las normas tienen su fuente en la palabra griega polis, concepto de la ciudad- estado que existió en la Grecia antigua y que en sentido amplio significa la ciudad organizada, el orden en ella para una buena convivencia. En este artículo trataremos en especial y en una forma general los derechos laborales del policía como persona natural que presta sus servicios a la comunidad, pero bajo la subordinación de los estados o de los municipios; venezolanos, padres de familias que cumplen con una noble y sacrificada misión. El policía estadal o municipal es un trabajador que pertenece a un cuerpo armado de naturaleza civil, aunque tienen un régimen disciplinario y condiciones laborales especiales por la misma finalidad de la institución: mantener el orden público, garantizar la paz ciudadana , la salubridad y la moral pública. La Ley del Trabajo de 1936 excluyó a los policías de su campo de aplicación, cuando en el artículo 6 previó que no estarían sometidos a las disposiciones de esa ley y de su reglamentación los miembros de los cuerpos armados ni los funcionarios o empleados públicos. La redacción parecía indicar que los policías o demás miembros de organismos no eran funcionarios públicos, conceptualización errada, por cuanto los policías si son funcionarios públicos, sólo que no se rigen por la legislación laboral como estatuto principal.
En el anteproyecto presentado al Congreso de la República por el Dr. Rafael Caldera en 1985 se contemplaba en un artículo (sin numeración) lo siguiente: No estarán comprendidos en las disposiciones de esta Ley los miembros de cuerpos armados. Se entenderá por cuerpos armados, las organizaciones de las Fuerzas Armadas Nacionales, las instituciones policiales y demás entidades vinculadas a la defensa y seguridad de la Nación.
Cuando en 1989 la Cámara de Diputados aprobó el Proyecto (artículo 7) se le dio esta redacción:
No estarán comprendidos en las disposiciones de esta Ley los miembros de los cuerpos armados; pero las autoridades respectivas, dentro de sus atribuciones legales, establecerán, por vía reglamentaria, los beneficios mínimos de que deberá gozar el personal civil que allí presta sus servicios a cambio de su labor, los cuales, en cuanto sea posible, serán similares de los demás trabajadores regidos por esta Ley en cuanto sea compatible con la índole de us funciones. Se entenderán por cuerpos armados, las organizaciones de las Fuerzas Armadas Nacionales, las instituciones policiales y demás entidades vinculadas a la defensa y seguridad de la Nación.
Observen que la disposición señalaba que esos beneficios mínimos se establecerían en cuanto sea posible. La disposición final, actualmente vigente, es diferente. Como corredactor que fuimos de esa Ley, intervinimos en la redacción aprobada, el cual le da un sentido diferente, en protección de los derechos laborales del policía y demás miembros de los cuerpos armados. Eliminamos la expresión en cuanto sea posible y quedó pautado simplemente que esos beneficios que gozarán los miembros de los cuerpos armados no serán inferiores a los de los trabajadores regidos por la Ley Orgánica del Trabajo en cuanto sea compatible con la índole de sus labores.
Es diferente el régimen disciplinario del policía, que se le aplica su ley o reglamento especial, por su disciplina (mal llamada) para-militar en el cumplimiento de sus funciones. Sin embargo, es importante resaltar que el funcionario policial-como el militar- tiene derecho al debido proceso, tanto judicial como administrativo. Para que un policía sea sancionado administrativamente por sus superiores, tiene que hacerse de conformidad con las disposiciones legales. Un policía para ser sancionado en forma escrita o destituido tiene que dársele garantía al debido proceso; notificarle los cargos; derecho a la defensa; a promover pruebas; presunción de inocencia, etc; y finalmente, toda sanción tiene recurso administrativo y jurisdiccional. La sociedad debe abogar por un buen sistema de seguridad social y planes de vivienda, para los guardianes de la ciudad.
La nueva Ley del Estatuto de la Función Pública (Gaceta Nº 37.482 del 11 de julio de 2002) no excluyó de su aplicación a los funcionarios policiales, por lo tanto, también tienen derecho a una bonificación de fin de año, equivalente a un mínimo de noventa días de sueldo integral y una bonificación mínima anual de cuarenta días de sueldo, además de otros beneficios socio-económicos reconocidos en esa Ley o en sus propios ordenamientos, cuando éstos son más favorables.
EMPACADORES DE SUPERMERCADOS SON
TRABAJADORES REGIDOS POR LA LOT
Gilberto Bruzual Baez*
Esos trabajadores tienen derecho a su salario mínimo,prestaciones sociales, vacaciones, utilidades etc y a la seguridad social.
Afirman los patronos duenos de supermercados que las personas, generalmente adolescentes, que prestan sus servicios empacando y llevando hasta los vehiculos los artículos y alimentos que adquieren los compradores de esos negocios, no son trabajadores de ellos, son laborantes no dependientes, que trabajan en nombre propio y por su cuenta. Practicamente los equiparan a los profesionales liberales o a los comerciantes independientes. Eso no es asi. Por ley, doctrina y jurisprudencia venezolana son trabajadores sometidos a la legislacion laboral. El artículo 1º de la Ley Organica del Trabajo senala: Esta Ley regira las situaciones y relaciones derivadas del Trabajo como hecho social , aunque aceptamos que casi todas las disposiciones de ese instrumento legal van dirigidos al trabajo dependiente o subordinado. El articulo 65 ejusdem, establece la presuncion (relativa) de la existencia de una relacion de trabajo entre quien presta un servicio personal y quien lo recibe, exceptuandose aquellos casos en los cuales por razones de orden tecnico o de interes social se presten servicios a instituciones sin fines de lucro con propositos distintos a los de la relacion laboral.
En el proceso laboral el trabajador demandante requiere probar unicamente la prestacion de servicio, no asi la dependencia, la ajenidad (prestacion de servicio por cuenta ajena) y la apropiacion por el patrono de los frutos o reditos derivados de ese trabajo. De conformidad con el citado articulo, una vez probada la existencia de la prestacion de servicio surge esa presuncion, la cual admite prueba en contrario del patrono demandado, quien debera probar durante el debate que la relacion no es laboral, sino por ejemplo, civil o mercantil. En el comentado caso de los jovenes empacadores de los supermercados (y negocios similares), casi nunca hay contratos de trabajo, pero no importa, basta la prestacion de servicio en forma dependiente y por cuenta ajena para que la legislacion laboral los proteja. Estos trabajadores (dependientes) reciben ordenes e instrucciones de las cajeras y de los supervisores; cumplen un horario de trabajo que generalmente excede de la jornada de trabajo (si son menores de 18 años, un maximo de seis (6) horas), son sancionados con suspension o destitucion del trabajo cuando faltan, llegan tarde o incumplen las ordenes. Alegan los patronos que no son trabajadores porque no reciben un salario de la empresa, sino una propina del cliente; que no son trabajadores porque no estan afiliados al Seguro Social. Esos trabajadores aunque no tengan contratos de trabajo (verbal o escrito), prestan un servicio subordinado, existe una relacion laboral protegida por el Derecho del Trabajo; teniendo todos su derechos como recibir su salario mínimo, ademas de las propinas que les proporcionan los compradores; horas extras, bono nocturno, recargo legal del salario si trabajan en dias feriados, descanso semanal, vacaciones, bono vacacional, utilidades etc. y deben estar protegidos por el sistema de Seguridad Social.
Corredactor de la Ley Organica del Trabajo .
DEL TRABAJO DE LOS MENORES EN LA "LEY ORGANICA PARA LA PROTECCION DEL NINO Y DEL ADOLECENTE" (LOPNA)
La Ley Organica para la Protección del Nino y del Adolescente (LOPNA ) califica como ninos a los menores de doce anos, y adolescentes, a los menores de dieciocho (18) anos. La Convencion Sobre los Derechos del Nino suscrita y ratificada por Venezuela, considera ninos a todos los menores de 18 anos.
La Constitucion de 1999 concede a los ninos y adolescentes condicion de sujetos plenos de derecho y su proteccion por la legislacion, organos y tribunales especializados, los cuales respetaran, garantizaran y desarrollaran los contenidos de la Constitucion, la Convencion Sobre los Derechos del Nino y demas tratados internacionales que en esta materia haya suscrito y ratificado Venezuela.
El Estado con la participacion solidaria de las familias y la sociedad, creara oportunidades para estimular el transito productivo del joven (menores) hacia su vida adulta y en particular la capacitacion y el acceso al primer empleo. Asimismo, prohibe el trabajo de adolescentes en labores que puedan afectar su desarrollo integral, protegiéndolos contra cualquier explotacion económica y social.
La LOPNA prohibe el trabajo de los ninos y reglamenta el de los adolescentes, prohibiendoles el trabajo de horas extraordinarias; se fija la edad de catorce anos como edad minima para el trabajo; inscripcion obligatoria en el Registro de Adolescentes para poder trabajar; se les concede el derecho a la sindicalizacion y huelga de conformidad con la ley. Se establece para ellos una jornada de trabajo que no podra exceder de seis (6) horas diarias y un maximo de treinta (30) horas semanales. Tienen derecho a disfrutar de un período de veintidos (22) dias habiles de vacaciones remuneradas. Nada dice del bono vacacional, pero debera pagarsele de conformidad con la LOT. Las acciones de los ninos y adolescentes provenientes de la relacion laboral o para reclamar la indemnizacion por accidentes o enfermedad profesional, prescriben a los cinco anos contados, respectivamente a partir de la terminacion de la relacion de trabajo o a partir de la fecha del accidente o de la constatacion de la enfermedad. Corresponde a los Tribunales de Proteccion del Nino y del Adolescente el ejercicio de la jurisdiccion para la resolución de los asunto contenciosos del trabajo que no sean materia de conciliación o arbitraje (V. Arts. 94 al 116 LOPNA). Esta ley organica deroga los articulos 247, 248, 254, 263, 264 y el encabezamiento del articulo 404 de la LOT.
LAS PROPINAS DE LOS TRABAJADORES DE RESTAURANTES Y CAFETINES
De conformidad con el articulo 133 de la Ley Organica del Trabajo (LOT) salario es toda remuneracion, provecho o ventaja, cualquiera fuere su denominacion o método de calculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, que corresponde al trabajador por la prestacion de su servicio, entre otros, comprende las comisiones, primas, gratificaciones, participacion en los beneficios o utilidades, sobresueldos, bono vacacional, asi como recargos por dias feriados, horas extras o trabajo nocturno, alimentacion y vivienda. Es un concepto amplio, integral de salario. Por otra parte, el artículo 134 dispone que en los locales en que se acostumbre cobrar al cliente por el servicio un porcentaje sobre el consumo, tal recargo se computara en el salario, en la proporcion que corresponda a cada trabajador de acuerdo con lo pactado, la costumbre o el uso. En Venezuela se ha hecho costumbre el cobro por recargo del diez por ciento (10%) del consumo total del cliente en negocios tales como restaurantes, fuentes de soda, cafetines, hoteles etc., generalmente para los trabajadores denominados mesoneros. El aparte de ese mismo articulo preve la regulacion de las propinas.Expresa la normativa:
Si el trabajador recibiere propinas de acuerdo con la costumbre o el uso local, se considerara formando parte del salario el valor que para él representa el derecho a percibirlas, el cual se estimara por convencion colectiva o por acuerdo entre las partes. En caso de desacuerdo entre el patrono y el trabajador la estimacion se hara por decision judicial. Para calcular el valor que para el trabajador representa el derecho a recibir la propina se toma en cuenta la calidad del servicio, el nivel profesional y la productividad del trabajador, la categoría del local y demás elementos derivados de la costumbre o del uso.
Antes que la propina (su valor) formara parte del salario, cuando regía la Ley del Trabajo de 1936 por ejemplo un mesonero de restaurante, cafetin, hotel etc. que durante el ano había recibido un promedio mensual de trescientos mil bolivares (Bs. 300.000,00) con el recargo del diez por ciento (10%) del consumo, y el promedio ademas, de propinas que habia percibido durante el ano, alcanzaba a otros doscientos mil bolivares (para un total de quinientos mil bolívares mensuales, como promedio de ingresos), solo se consideraba para fijar el monto del salario a los efectos de vacaciones, utilidades, prestaciones de antiguedad etc. la cantidad de trescientos mil bolivares, porque no se incluia la suma del valor de las propinas.
A partir de la LOT de 1990, esos otros doscientos mil bolivares por concepto de propinas se incorporan al salario para todos los derechos laborales, incluso para el bono nocturno y horas extraordinarias. En el caso señalado hemos partido del supuesto de que esa cantidad (Bs. 200.000,00 por propinas) fue fijada de mutuo consentimiento o por convención colectiva. Dijimos que si no hay acuerdo, la estimacion la hará el juez laboral. Por ultimo, hay que senalar que en el ejemplo expuesto no esta incluido el salario minimo, el cual tienen tambien derecho esos trabajadores, independientemente del porcentaje por el consumo de los clientes y de las propinas. Estos derechos son irrenunciables.
*Abogado.Profesor Universitario
Corredactor de la Ley Organica del Trabajo
Con ponencia del magistrado Dr. Omar Mora Diaz, la Sala de Casacion Social establecio en sentencia del 5 de abril de 2001, que la persona juridica (patrono) debio ser citada en el juicio intentado por el extrabajador contra la empresa demandada en su condicion de beneficiaria del servicio que presta la contratista. El demandante era trabajador de la contratista, pero demando únicamente a la empresa beneficiaria. La Sala asentó:
En el caso de autos, planteada así la acción, es decir, al haberse demandado al beneficiario del servicio en calidad de persona solidaria de las obligaciones legales que tiene el patrono con su trabajador, opera la llamada figura del litis consorcio pasivo necesario, en razón de que existe una relacion juridica sustancial, con varias partes pasivos que deben ser llamados a juicio para que puedan defender en forma conjunta sus intereses, asi como poder traer al proceso elementos de utilidad a los efectos de la referida defensa, lo contrario, es decir citar solamente al obligado solidario, conlleva a una violación del derecho de la defensa del patrono del trabajador, toda vez que al no ser llamado a juicio se le impide demostrar si éste ha cumplido con su obligación legal.
El juicio trataba sobre una reclamacion del extrabajador por cobro de prestaciones sociales. Termina el fallo expresando: Asi pues, determina la Sala que en el caso sub iudice, la recurrida infringio el artículo 15 del Codigo de Procedimiento Civil por violación o menoscabo del derecho a la defensa de la empresa x y el artículo 208 del mismo Codigo al no reponer la causa al estado en que se practicara la citacion de dicha empresa, para la contestacion de la demanda incoada por un extrabajador de esa persona juridica, razon por la cual la presente delacion se declara procedente. Asi se establece.
En la decision se anula la sentencia definitiva dictada por el Juzgado Superior y se repone la causa al estado de que el Juzgado de Primera Instancia practique las citaciones tanto a la beneficiaria del servicio (demandada) como a la contratista.
La nueva Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece en su articulo 51 lo siguiente:
En el caso de litis consorcio necesario activo, si no hubieren comparecido todos los interesados, el Tribunal no dara curso a la demanda hasta tanto se cumpla ese requisito. La misma facultad tendra tratandose del litis consorcio necesario pasivo, mientras la parte actora no proporcione los datos necesarios para que todos los litisconsortes puedan ser emplazados en forma legal. Esta norma todavía no está vigente. En cambio el articulo 49 de la LOPT si es de aplicacion obligatoria inmediata, pues por mandato de esa ley ya entro en vigencia. Ese articulo dispone lo siguiente:
Dos o mas personas pueden litigar en un mismo proceso judicial del trabajo en forma conjunta , sea activa o pasivamente, siempre que sus pretensiones sean conexas por su causa u objeto, o cuando la sentencia a dictar con respecto a una de ellas pudiera afectar a la otra.
Los actos de cada uno de los litigantes no favorecerán ni perjudicaran la situación procesal de los restantes, sin que por ello se afecte la unidad del proceso; en consecuencia, varios trabajadores podran demandar sus derechos y prestaciones sociales, en un mismo libelo y a un mismo patrono.
Particularmente, nos parecia mas clara la redaccion (antes art. 52) que habia adoptado la Asamblea Nacional cuando sanciono el 30 de abril de 2002 la LOPT, senalando, que varios patronos podian demandar a un mismo patrono sus derechos y prestaciones sociales en un mismo libelo, aun cuando no existiera conexión entre las causas, en los terminos del Codigo de Procedimiento Civil para la acumulacion subjetiva laboral; aunque entendemos que la referencia a ese Codigo era innecesaria.
*Abogado. Profesor universitario.
Corredactor de la Ley Organica del Trabajo.
Micro Prensa Agraria:
EL TSJ ESTABLECE CRITERIO DE COMPETENCIA PARA IMPUGNAR DECRETOS DE GOBERNADORES
En reciente decisión del día trece (13) de septiembre de 2002, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político Administrativa fijó criterio sobre la competencia que tienen los Tribunales Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo de las regiones para conocer y decidir sobre la nulidad, por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad de los decretos dictados por los Gobernadores.
El caso concreto se refiere a la solicitud que hizo el día 2 de abril de 1997 el Fiscal General de la Republica, quien para esa época era el Dr. Ivan Darío Vadell, de declaratoria de nulidad, por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad del Decreto Nº 79 de fecha 3 de junio de 1994, mediante el cual se crea el Servicio Autonomo Loteria Turistica del Estado Anzoategui, y del Decreto de fecha 8 de agosto de 1994, dictados por el Gobernador de ese Estado. El Fiscal solicito, con fundamento en el articulo 135 de la Ley Organica de la Corte Suprema de Justicia que se dictara sentencia definitiva, sin relacion ni informes, por ser el asunto de mero derecho.
Se recuerda que en sentencia publicada el 22 de mayo de 1996, caso Jose Reyes Hernandez, la Sala interpreto de manera restrictiva el articulo 181 de la Ley Organica de la Corte Suprema de Justicia, estableciéndose en esa oportunidad que cuando se alegaren unica y exclusivamente razones de inconstitucionalidad, la competencia sería de la Sala Politico Administrativa. Por el contrario, si en el recurso o acción de nulidad se adujeren, ademas de dichas razones, cuestiones atinentes a vicios de ilegalidad, la competencia corresponderia a los Tribunales Superiores con competencia en lo contencioso administrativo.
Además expresa la sentencia: Al respecto, esta Sala Político Administrativa tal como señalo en sentencia del 15 de junio del 2000, signada con el Nº 1.407, sigue los criterios expresados por la Sala Constitucional en sentencia del 4 de abril de 2000, registrada bajo el Nº 194, en la cual interpreta el contenido del artículo 181 de la Ley Organica de la Corte Suprema de Justicia en los terminos siguientes:
...conforme a lo expuesto, abandona este Alto Tribunal su reiterada posición, conforme a la cual los tribunales regionales de lo contencioso administrativo tenían competencia para conocer los recursos de nulidad interpuestos contra los actos administrativos generales o individuales emanados de las autoridades estadales o municipales de su jurisdicción, cuando se impugnaban razones de inconstitucionalidad y de ilegalidad, y por el contrario, cuando la acción o el recurso se fundamentaban únicamente en la inconstitucionalidad del acto, la competencia correspondía a este Supremo Tribunal.
En consecuencia, debe entenderse que los Tribunales Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo, si tienen competencia para conocer en sus respectivas circunscripciones de las acciones o recursos de nulidad interpuestos contra los actos administrativos de efectos generales o particulares, emanados de autoridades estadales o municipales de su jurisdicción, cuando aleguen razones tanto de inconstitucionalidad como de ilegalidad en forma conjunta o separada. Así se establece.
Se agrega a lo anterior, que la vigente Constitucion de la Republica Bolivariana de Venezuela en el articulo 259, señalo que: ...Los organos de la jurisdiccion contencioso administrativa son competentes para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho.... texto que sin duda comprende tantos razones de ilegalidad como de inconstitucionalidad.