Source: https://www.parcan.es/pub/ds.py/2018/129/12/
Timestamp: 2019-11-11 21:51:14
Document Index: 366854500

Matched Legal Cases: ['artículo 12', 'artículo 16', 'artículo 135', 'artículo 135', 'artículo 135', 'artículo 12', 'artículo 12']

Diario de Sesiones 129/2018, de fecha 12/9/2018 - Punto 12 - Parlamento de Canarias
Diario de Sesiones 129/2018, de fecha 12/9/2018 - Punto 12
9L/PNL-0624 PROPOSICIÓN NO DE LEY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA CANARIO, SOBRE EL DESTINO EN EL EJERCICIO 2018 DEL SUPERÁVIT DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS DURANTE 2017.
La señora PRESIDENTA: Señoría, proposición no de ley 624, a instancias del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el destino en el ejercicio 2018 del superávit de la Comunidad Autónoma de Canarias durante el 2017.
Para la defensa de la misma, señor Álvaro Lavandera.
El principal objetivo de esta proposición no de ley del Grupo Socialista es hacer partícipe a este Parlamento del destino de los nuevos recursos que dispone el Gobierno de Canarias, derivados del superávit presupuestario del año 2017.
La Ley de Presupuestos Generales del Estado habilita a las comunidades autónomas con superávit a destinarlo a inversiones financieramente sostenibles, como es el caso de solo cuatro comunidades autónomas -Baleares, Navarra, País Vasco y Canarias-, y resulta desde luego significativo que Canarias forme parte de este selecto club de las comunidades más saneadas, pese a tener las necesidades y deficiencias en los servicios públicos que tiene.
La primera pregunta que deberíamos hacernos es quién tiene la responsabilidad. Pues miren, la responsabilidad es de una organización política y esa forma de entender los servicios públicos, como un gasto recortable y no prioritario, que nos ha llevado a esta absurda situación. Una gestión que incluye datos, como 300 millones de euros en impuestos pendientes de cobro de años anteriores -y posiblemente incobrables, a la vista de la nula capacidad de la Consejería de Hacienda para poder hacerlo-; 400 millones de euros de subvenciones concedidas y no justificadas; 1000 millones de remanente de tesorería; la reducción del techo de gasto con rebajas fiscales a la población de mayores ingresos y patrimonio; o 160 millones de euros que inicialmente eran para servicios públicos, y derivados a las corporaciones locales a través de un supuesto Fondo de Desarrollo de Canarias, que ha venido a engordar el superávit de ayuntamientos y cabildos. Una gestión que incluye listas de espera sanitarias vergonzosas, una gestión en dependencia inmoral, una educación pública abandonada a su suerte, una política de vivienda inexistente, una dejadez delictiva en materia de gestión de residuos y el olvido de cualquier política de promoción económica que permita mejorar la productividad de la economía canaria.
Esta es la verdad de un Gobierno en minoría que retuerce sistemáticamente la realidad, que necesita encontrar argumentos para justificar su propia incompetencia y que llega a inventarse que los recursos se los van a llevar de Canarias, que descalifica a un Gobierno socialista que arranca una mejora del escenario presupuestario global a la Comisión Europea para mejorar la situación de los servicios públicos de nuestro país, mientras aplaudía un Gobierno del Partido Popular que ha castigado a Canarias en los últimos años, incluyendo un plan económico-financiero que obligó a presentar en el año 2017, limitando, precisamente, la capacidad de gasto de esta comunidad autónoma, a la que no dijeron nada.
Este cambio de actitud, señorías, desde la perspectiva de aquellos a los que sí nos preocupa y ocupa el bienestar de la ciudadanía canaria y de los servicios públicos que se prestan en Canarias, tiene una fácil explicación: Coalición Canaria es incapaz de gestionar correctamente los recursos de que dispone, y Coalición Canaria necesita hacer guiños a un Partido Popular buscando un socio para el año 2019, mientras, por cierto, se ríe del mismo cada vez que puede.
Señorías, más allá de la responsabilidad de Coalición Canaria de haber llegado a este punto, lo cierto es que Canarias tiene una oportunidad de mejora de su presupuesto que no puede desaprovechar. La cortina de humo que el señor Clavijo ha querido fabricar durante las últimas semanas, a cuenta de la limitación del techo de gasto y la posibilidad de poder aumentar el presupuesto en 368 millones de euros -visto el superávit previsto para 2018- en el año 2019, no puede distraernos de la verdadera responsabilidad del Gobierno de Canarias y de este Parlamento, que es mejorar la vida de los canarios con los recursos disponibles.
Desde luego, Coalición Canaria nos ha hecho perder demasiado tiempo con los videojuegos y esta estrategia de entretenimiento nos ha hecho perder también el que no abordemos este asunto fundamental, el destino de los 368 millones de euros en inversiones financieramente sostenibles para el año 2019 o la posible -y espero- modificación de la Ley de Estabilidad, que pueda dar lugar a que se destinen a gastos corrientes. Desde luego, no dudaremos en debatirlo y sumarnos a reivindicar el destino más social posible, siempre lo hemos hecho, con actos. Pero lo urgente, lo importante, es el destino de los 295 millones de euros que han de invertirse durante este año, y que este Gobierno en minoría parlamentaria ni ha consensuado ni tiene capacidad ni legitimidad moral, por sí mismo, para decidir su destino.
295 millones de euros, de los que pongo un ejemplo, podrían destinarse 160 millones a financiar el Fedecan y liberar ese importe para destinarlo a políticas públicas esenciales, de donde nunca debieron salir. Solo se necesita voluntad política, porque si de verdad este Gobierno tuviese sensibilidad con la Sanidad, la Educación, la dependencia, los servicios sociales, el empleo o la vivienda, tiene la oportunidad de hacerlo.
Ser responsable y demostrar que realmente le importa el bienestar de la ciudadanía canaria. Pero no solo puede liberar fondos del presupuesto actual destinando fondos del superávit a inversiones que se podrían considerar financieramente sostenibles y destinarlo, como he dicho, a servicios públicos esenciales, sino que también creemos que esta cámara de representación de la voluntad popular, al igual que hace con la Ley de Presupuestos, tiene que hacer un ejercicio de reflexión y priorización sobre las políticas que debe desarrollar el Gobierno con estos fondos.
Esta proposición no de ley, señorías, la presentamos con la intención política de llegar a un consenso, un consenso que será necesario si realmente este Gobierno en minoría quiere llegar a acuerdos para la aprobación de los presupuestos de la comunidad autónoma para el año 2019. Invitamos, de esta manera, a todas las fuerzas políticas a que hagan sus aportaciones, tendremos la oportunidad, a través de propuestas de resolución, de la comunicación a la que instamos al Gobierno a presentar en esta Cámara.
Porque inversiones financieramente sostenibles pueden ser desde la construcción de un puerto o ampliación del mismo -como puede ser el caso del puerto de Corralejo, pongo uno de mi isla-, o la mejora de infraestructuras hidráulicas que eviten los indeseables vertidos de aguas sin tratar adecuadamente a nuestras costas, que parece que es una constante, desde luego lo ha sido durante el verano.
También les animamos a que hagan suyas las propuestas que realizamos; propuestas que, entendemos, tienen cabida en los requisitos que nos marca la normativa. Propuestas como son inversiones en materia de infraestructuras educativas, se podría perfectamente cambiar los techos de amianto, eliminar los techos de amianto, de todos los centros educativos de Canarias con este dinero; infraestructuras sociales, sanitarias, de atención a la dependencia... y revertir así, perdón, el déficit inversor en esta materia en los años de crisis.
O la adquisición de vivienda construida, una propuesta que llevamos haciendo desde el año 2016 y que ampliaría el parque de vivienda pública para alquiler social en el corto plazo, frente a la inacción el Gobierno, que siempre lo supedita todo a que haya un convenio que se firme con Madrid.
O la adquisición de equipos diagnósticos de intervención quirúrgica, o tratamientos médicos que permitan la prestación de servicios sanitarios con medios propios, y que a día de hoy se encuentran cómoda y estratégicamente externalizados.
En este sentido el Gobierno de Canarias -que ya está haciendo uso de estos recursos ha hecho dos, por ahora: 3 millones para la consejería de Hacienda, equipos informáticos, y 24 millones de euros para equipamiento sanitario. Cuestión que compartimos, de hecho, lo proponemos en la proposición no de ley, pero sí queremos recalcar que ponemos en cuestión el coste-efectividad de destinar casi nueve millones de euros a cuatro robots de cirugía, vistas las necesidades de nuestro sistema sanitario, como, por ejemplo, el demandado PET-TAC del Hospital Insular de Gran Canaria.
También proponemos la adquisición o construcción de infraestructuras, la prestación de servicios públicos que en la actualidad se prestan en inmuebles alquilados o cuya propiedad corresponde a un tercero, mediante el abono de contraprestación económica, y generar los ahorros derivados de dejar de pagar alquileres. Son numerosos los inmuebles alquilados por el Gobierno de Canarias que llevan años esperando a disponer de un espacio público y poder evitar ese gasto -caso de juzgados y oficinas de diferentes departamentos del Gobierno por toda la geografía insular-, y que, en el caso de realizar las correspondientes inversiones, supondría un ahorro para la comunidad autónoma, que podría destinarse a servicios públicos esenciales.
Y por último, inversiones de carácter medioambiental o de mejora de eficiencia energética de los edificios públicos; el Gobierno de Canarias debe ser responsable con el medio ambiente y lo suficientemente inteligente para reducir la factura energética de sus infraestructuras.
Señorías, desde el Partido Socialista exigimos que para el próximo pleno el Gobierno traiga una comunicación a este Parlamento con sus intenciones sobre el destino del superávit, que contemple los acuerdos adoptados hoy, y que los diferentes grupos parlamentarios podamos presentar propuestas de resolución que, espero, sean asumidas y cumplidas por el propio Gobierno.
Esto sería lo razonable en una democracia parlamentaria con un Gobierno en minoría que necesita de acuerdos para aprobar los próximos presupuestos; otra opción es seguir aprobando suplementos de crédito -como ha hecho hasta ahora- y destinar los nuevos recursos al clientelismo y la precampaña, como ha hecho los últimos veinticinco años.
La oportunidad la tiene, la oportunidad la tenemos y la voluntad, pues ya lo veremos.
Señorías, esta PNL tiene tres enmiendas, por orden de presentación en registro, Grupo Popular.
Señor Estalella, cinco minutos.
El señor ESTALELLA LIMIÑANA (Desde su escaño): Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.
Seré más breve. Señor Lavandera, nos parece adecuada la PNL en su texto definitivo, porque este, el que presenta ahora, es un texto tranzado, como bien ha dicho, dada la situación de las finanzas de la Comunidad Autónoma de Canarias con el superávit del que hemos estado hablando estos días.
Nos parece oportuna la manera en que tiene de solicitar al Gobierno que nos proponga una lista de inversiones para discutir su conveniencia en este Parlamento en el próximo pleno, más aún si afecta a infraestructuras educativas, sociales, sanitarias o de atención a la dependencia.
También participamos en la petición de que se modifique, se estudie, la posibilidad de modificar la Ley 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que limita la utilización del superávit a pesar de tener algunos de los... unos cuantos, muchos, entre ellos, la Comunidad Autónoma de Canarias, sus cuentas saneadas dentro de un orden y unos objetivos de déficit cumplidos.
Le adelanto que votaremos a favor de esta PNL, y también le agradezco al ponente su sensibilidad al tener en cuenta al menos una de nuestras enmiendas, retirando la proposición que se refería a la adquisición de infraestructuras para la actividad audiovisual de titularidad de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Y le agradezco de antemano, también, y le solicito que nos permita votar separadamente el punto b), haciendo gala de su noble carácter propio de los pobladores de este macaronésico archipiélago, no porque no consideremos que la vivienda no es un problema sino porque tenemos -que es cierto que Canarias tiene un gravísimo problema de vivienda-, sino porque creemos que la manera de solucionar ese gravísimo problema es una ayuda directa, que permitiría tener un presupuesto flexible, adecuado a las necesidades de cada persona, de cada familia, y no aumentar el parque de viviendas porque, como ya hemos visto, existen muchos fraudes -podríamos llamarlo picaresca, utilizando un término suave- y también muchas dificultades en la gestión de aquellos organismos encargados de gestionar este parque de viviendas, como son Visocan y el Instituto Canario de la Vivienda. Por eso abogamos por un sistema más personalizado.
En resumen, apoyaremos la PNL con la excepción del punto b), si nos permite votarlo separadamente.
Turno ahora para el Grupo Parlamentario Nueva Canarias, que también ha presentado enmiendas, señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señora presidente. Señorías, buenas tardes.
Me parece oportuna la iniciativa del Grupo Socialista de presentar esta PNL porque creo que nos hace conscientes de una nueva oportunidad que tiene esta comunidad y es utilizar el superávit, por ahora, al menos en inversiones financieramente sostenibles; quiere decirse que, gracias a la Ley de Presupuestos que se aprobó antes del verano, 295 millones que antes iban a amortizar deuda, ahora pueden ir a inversiones. Y me parece oportuna, además, la formulación que hace la PNL, y es pedirle este Parlamento al Gobierno que remita una comunicación estableciendo el orden, las prioridades donde piensa el Gobierno gastar semejante cantidad; estamos hablando de una cantidad muy significativa que bien dirigida y bien gestionada puede contribuir a recuperar, digamos, atrasos y recortes de otra época. Por lo tanto, buena idea que el Gobierno se dirija a este Parlamento con una comunicación, estableciendo un orden de prioridades. El Grupo Socialista hace un conjunto de propuestas -matizables y mejorables, como todo lo humano-, y creo que se puede llegar en la negociación a un listado razonable y consensuado.
A estas dos consideraciones -la necesidad de la comunicación, la importancia de las inversiones financieramente sostenibles y su orientación- nosotros añadimos una enmienda; una enmienda que tiene el sentido de llevar esta conquista de la utilización del superávit, no solo a las inversiones financieramente sostenibles sino también al gasto corriente de las administraciones con superávit en el ámbito de sus competencias. Ya decíamos ayer en una comparecencia al Gobierno que las administraciones locales españolas han acumulado un superávit en la crisis cercano a los treinta mil millones de euros, que hoy están en los bancos porque ya hay muchas administraciones locales que no tienen deuda, hay ayuntamientos muy importantes; el más poblado no tiene deuda, sin embargo, tiene dinero y no lo puede aplicar a las prestaciones sociales y a las muchas necesidades que tienen las ciudades.
Por lo tanto, de lo que se trataría, además de ordenar y que este Parlamento pueda opinar y decidir sobre la orientación del listado de inversiones financieramente sostenibles, es añadir a esta PNL la exigencia o la petición de este Parlamento al Gobierno de Canarias para que este inste al Gobierno de España para que se produzcan las modificaciones legales pertinentes para permitir que el superávit se aplique también a las competencias de las administraciones locales, de las administraciones autonómicas que han cumplido con el déficit, con la deuda, con el pago a proveedores y que además tienen superávit. Esto no será fácil porque, como mínimo, como mínimo, tendrá que ser una modificación vía ley de presupuestas, de la Ley de Estabilidad -que es discutible el procedimiento jurídico-. Seguramente lo más razonable, y después de que hay un proyecto de ley ya en tramitación, es que en el proyecto de ley en tramitación que ha presentado el Partido Socialista Obrero Español y Unidos Podemos para modificar la Ley de Estabilidad, para evitar el veto del Senado -que nosotros compartimos que es innecesario-, se puedan producir los cambios en el artículo 12, en el artículo 16, que permitan a las instituciones con superávit aplicar en los próximos años ese superávit, no solo a inversiones sino también a gasto en el ámbito de sus competencias. Este es el objeto de la enmienda que añadimos a la propuesta socialista, y sé -porque ha habido negociación- que en relación con la comunicación y en relación a la priorización de las inversiones hay una aproximación que a nosotros nos parece oportuna y necesaria.
Creo que es bueno para esta comunidad que en asuntos de estas características coincidamos. Hay elementos, muchos, para la discrepancia, pero en estos temas que son estratégicos, que comprometen no solo el presente sino el medio plazo, es necesario ámbitos de consenso.
Esta PNL, a propuesta de los socialistas canarios, tiene contenidos relevantes, creo que muy oportunos, y esta tarde tenemos la oportunidad, con las enmiendas presentadas, el consenso generado, de sacar una posición de este Parlamento que puede tener mucho recorrido y mucha utilidad para el interés general.
Turno ahora para el otro grupo enmendante. Grupo Podemos, señora Del Río.
Señorías, ocupen sus escaños, si son tan amables, por favor, para poder seguir el pleno. Señorías... Señorías.
La señora DEL RÍO SÁNCHEZ: Buenas tardes a todas y a todos.
El superávit del Gobierno de Canarias al finalizar el año 2016 fue de cerca de trescientos millones de euros, un 0,67 % del producto interior bruto. Dejamos de gastar por entonces 295 millones de euros en un año en el que, sin incumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria, podíamos haber incurrido en un déficit de 0,60 %; el superávit del Gobierno de Canarias al final 2017 fue alrededor de los cuatrocientos millones de euros.
La señora Dávila y el Gobierno del señor Clavijo han querido ser los primeros de la clase en el cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, aunque esto haya implicado que Canarias se sitúe entre las regiones con más alta tasa de paro, con listas de espera sanitaria más largas, con peores servicios sociales, en la cola a la atención a la dependencia, nefastas políticas de vivienda y prácticamente inexistente financiación para la educación de 0 a 3 años.
Y esta situación se debe a tres motivos: la modificación del artículo 135 de la Constitución por el Partido Socialista y el Partido Popular, por el que se daba rango constitucional a la prioridad absoluta para el pago de los intereses y el capital de la deuda pública sobre cualquier otra necesidad de gasto y que llevó, para su desarrollo, a la aprobación, en abril del 2012, de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, modificación que se ha demostrado ineficaz y sirvió de justificación para un conjunto de recortes sociales y privatizaciones.
Toca ya avanzar en la revisión del artículo 135, pues, de lo contrario, seremos incapaces de reconstruir el Estado del bienestar.
El Gobierno de Canarias ha sido uno de los principales garantes de la puesta en marcha de las políticas de austeridad en nuestra tierra y que ha dejado a tanta gente atrás. Y claro que queremos disponer del dinero del superávit para servicios sociales, pero eso lo hemos defendido siempre; no es de ahora, lo defendimos ya para el superávit del 2016 y para el superávit del 2017, y lo seguimos defendiendo ahora con coherencia, no con un interés electoral o partidista, como ahora parece que se hace también desde la propia consejera Rosa Dávila, que no fue capaz de invertir el superávit en inversiones financieramente sostenibles, como podía haber hecho y como establece la disposición adicional de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018.
Es inaudito que el Gobierno de Canarias no haya remitido al Parlamento todavía comunicación o proyecto de ley presupuestario con el destino del superávit del 2017 y en el que se podían hacer inversiones financieramente sostenibles en las que puedan tener cabida inversiones en materia educativa, social, sanitaria, etcétera.
Podemos presentó a finales de 2017 en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para flexibilizar la regla de gasto, así como hemos puesto sobre la mesa las negociaciones abiertas recientemente con el presidente Pedro Sánchez la necesidad de modificar la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y de terminar, de una vez por todas, con la regla de gasto, dentro de un paquete de medidas que supone la recuperación de derechos en materia de Sanidad, Educación, dependencia y otras más.
Están, por tanto, ahora en el tejado del Partido Socialista dos cosas: abandonar las tesis que llevaron a la modificación del artículo 135 de la Constitución, y dejar de apoyar la defensa de las políticas de austeridad que defendían cuando Rosa Dávila estaba en el Gobierno -porque les recordamos que si Clavijo es presidente es gracias al Partido Socialista-.
Por eso, y compartiendo y aceptando las propuestas de esta PNL, queremos dar un paso más que nos permita salir de esta situación de precariedad que afecta a nuestros servicios y que tanto daño está haciendo a toda la ciudadanía en Canarias.
Ese famoso artículo 12 que, en su apartado 5, dice que "los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto se destinarán íntegramente a reducir el nivel de deuda pública"; esto tenemos que acabarlo y, bueno, ya tenemos mecanismos. Por eso propusimos la siguiente enmienda: "instar al Gobierno de Canarias a que a su vez inste al Gobierno del Estado a impulsar la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Financiera, en la medida que permita a las comunidades autónomas y administraciones locales a utilizar el superávit en las cuentas públicas en gasto corriente de las administraciones en los servicios públicos".
En esto coincidimos con la petición de Nueva Canarias y hemos aceptado la transaccional que nos han propuesto, de tal manera que la enmienda queda un poco recogida que... incluir en la comunicación que está prevista nuestra reivindicación de cambiar la ley orgánica del 2012 para que las comunidades autónomas puedan, en este caso -y las corporaciones locales-, cumpliendo con el objetivo del déficit, las que tengan superávit puedan aplicarlo en su totalidad a la financiación de los servicios públicos.
Ese es prácticamente nuestro objetivo y es lo que queríamos conseguir con esta propuesta. Creo que es el momento y que nuestro pueblo lo está esperando.
Hay una transaccional pero entiendo que el grupo proponente... ¿se ciñe a la transaccional, señor Álvaro Lavandera?
Sí, hay una transaccional, pactada por todos los grupos, en el que se incluye el aspecto de la necesaria modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, donde se recoge la necesidad de...
La señora PRESIDENTA: No, no me la cuente. Diga si están todos de acuerdo.
El señor ÁLVARO LAVANDERA (Desde su escaño): Bueno, en principio sí, sí, sí, están todos de acuerdo, menos un punto que habrá que hacer una votación separada, porque el Partido Popular no cree en la vivienda pública, pero de resto, sí.
Continuamos, señorías. Grupo Mixto, señora Mendoza.
En cuanto a la proposición no de ley que nos trae el Grupo Socialista en la tarde de hoy, evidentemente estamos de acuerdo en poder destinar el superávit a otros fines que no sean solo amortizar deuda; unos fines que, desde nuestro punto de vista, deben ser fines claramente sociales pero, a pesar de las limitaciones que nos establece la Ley de Presupuestos del Estado de 2018, no puede ser así, ya que indica que deben ser inversiones sostenibles, y esto hace difícil poder incluir dinero en proyectos que nos gustaría poder dotar.
Y se lo digo porque las administraciones locales lo sufrimos mucho: tener superávit y tener que destinarlo a amortizar deuda, sabiendo y siendo conocedora de las carencias que tienen muchos de sus ciudadanos, es muy triste. Y, al igual que el señor Román ha dicho que hay un ayuntamiento que prácticamente no tiene deudas, el Cabildo de La Gomera prácticamente tampoco tiene deuda y no nos queda otro remedio, porque es poco el margen que nos permite la ley, que dedicarlo a amortizar deuda.
Por lo tanto, poco más que aportar a la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista. Y por supuesto que vamos a votar a favor de la iniciativa.
La señora LUIS DOMÍNGUEZ: Gracias, señora presidenta. Señorías. Señor Lavandera.
Le agradecemos desde el Grupo Nacionalista su disposición a llegar a un acuerdo y, efectivamente, que hayamos podido entre todos hacer esa transaccional que vamos a votar a favor, pero, desde luego, su intervención y todo el contenido inicial de la misma no lo compartimos; no tengo tiempo ahora para contestarle, pero créame que me gustaría.
Con respecto a la proposición de ley, tal como señala la exposición de motivos de su propuesta, pues, efectivamente, en los presupuestos generales del Estado se contuvo una disposición adicional que lo que permitió fue exonerar del cumplimiento estricto de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera a las corporaciones locales en el destino del superávit, de forma que se pudieran destinar no solo a pagar deudas -o amortizar deuda- sino a las inversiones financieramente sostenibles y, en menor medida, a amortizar deuda.
Y en ese sentido va su propuesta, que lo que propone es instar al Gobierno de Canarias a remitir una comunicación a esta Cámara determinando el destino del superávit del año 2017 -que, por cierto, son 295 millones de euros, no cuatrocientos y pico-, proponiendo, además, que se prioricen una serie de inversiones con las que nuestro grupo podía estar de acuerdo; sí es verdad que tenemos dudas en que algunas puedan ser calificadas por el Estado -que es a quien le corresponde- como inversiones financieramente sostenibles, pero, en términos generales, como concepto, estamos de acuerdo con ella.
En el debate de ayer reclamamos la modificación del artículo 12 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Por cierto, señora Del Río, sabemos que ustedes están de acuerdo y sabemos que el Partido Socialista Canario está de acuerdo, pero a ver si se lo hacen llegar a los compañeros de Madrid.
Pero también poníamos de manifiesto las importantes dificultades que están existiendo para ejecutar las inversiones financieramente sostenibles. Señora Del Río, no es solo una cuestión de voluntad, ya lo decía el señor Rodríguez, es que están teniendo las corporaciones locales de toda España verdaderas dificultades para hacer efectivo el cumplimiento de las inversiones financieramente sostenibles, entre otras cosas porque sobre todo las comunidades no tienen una normativa específica para hacerlo, y las corporaciones locales la tienen -que se hizo a través del real decreto-, pero tienen muchísimas dificultades.
En fin, nos parece muy adecuada la incorporación, por supuesto, de las propuestas de Podemos y de Nueva Canarias, nos parece imprescindible, y le agradecemos, también, que haya incorporado que no solo en esa comunicación del Gobierno venga la relación de inversiones financieramente sostenibles que se pueden ejecutar, sino también que nos traigan todos los datos de la dificultades de las administraciones locales, para ver si es posible que entre todos, aquí, en esta Cámara, saquemos una iniciativa, proponiendo algún tipo de solución; así que vamos a votar a favor de su propuesta, pero otro día vamos a debatir de lo que dijo al principio.
Han concluido todas las... Dígame, señor... inexactitudes no es el 81, es el 79. Dígame, ¿me está hablando... me está hablando usted en serio o es la hora de que me está...? ¿Me está hablando usted en serio? ¿Qué me quiere decir, señor Álvaro?
El señor ÁLVARO LAVANDERA (Desde su escaño): Simplemente aclarar la cuantía del superávit, yo en mi intervención no he dicho cuatrocientos y pico millones...
La señora PRESIDENTA: Espere, espere, espere un momento... tiene un minuto, señor Álvaro.
El señor ÁLVARO LAVANDERA (Desde su escaño): Yo, mi intervención, como se ha dirigido a mí, yo no he hablado de cuatrocientos y pico millones de superávit de 2017 que se puedan gastar en el 2018, son 295; es cierto que cuando hablamos de cifras hay que hablar con rigor, al igual que para el 2019 son 368, no son 600. Lo digo para que se apliquen el mismo rigor en su grupo parlamentario.
Señora Luis. Sí, sí.
En realidad no me refería a usted cuando hablaba de eso, sino a la alusión que hizo la señora Del Río a esos cuatrocientos y pico millones, para aclarar que realmente en este año son 295, pero no me refería a usted. Pero, bueno. Está bien.
La señora PRESIDENTA: Bueno, muchas gracias, aclarado, señorías.
Ah, perdón, una versión, no... (La señora presidenta hace sonar el timbre de llamada a votación).
Señorías, ocupen sus escaños. Cierren las puertas del hemiciclo, por favor.
A ver, señorías, vamos a votar todo el texto, menos el apartado 1 b). ¿De acuerdo? Todo el texto de la PNL menos el apartado 1 b). Comienza la votación, señorías. (Pausa).
Señorías, 44 votos emitidos: 44 sí, ningún no, ninguna abstención.
Votamos ahora, señorías, el apartado b); 1 b). Comienza la votación.
Señorías, 43 votos emitidos: 34 sí, 9 no y ninguna abstención.
9L/PNL-0624 Sobre el destino en el ejercicio 2018 del superávit de la Comunidad Autónoma de Canarias durante 2017.