Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/laudo-en-derecho-fundacion-santa-fe-de-bogota-vs?documento=laudosccb&contexto=laudosccb_759ff23c038070fee0430a01015170fe&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-21 10:42:43
Document Index: 149945616

Matched Legal Cases: ['artículo 1080', 'artículo 1080', 'artículo 1131', 'artículo 1311', 'artículo 86', 'artículo 86', 'artículo 19', 'artículo 13', 'artículo 1127', 'artículo 48']

﻿ LAUDO EN DERECHO FUNDACIÓN SANTA FE DE BOGOTÁ VS COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SEPTIEMBRE 16 DE 1996
LAUDO EN DERECHO DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 1996
CONTENIDO:• La declaración de responsabilidad requiere la demostración del daño, de la relación de causalidad entre el comportamiento del imputado y del daño. Según las circunstancias también es necesario demostrar la culpa del imputado.• Con el fin de que prospere una pretensión resarcitoria debe demostrarse la autoría directamente o inferida y establecida mediante pruebas controvertidas.• La obligación indemnizatoria del asegurador está sometida a la <Inclinada>condicio iuris</Inclinada> del advenimiento del riesgo, esto es, de aparecer demostrada la ocurrencia del siniestro.• La carga de la prueba sobre la ocurrencia del siniestro y de la cuantía de la pérdida, está en cabeza del asegurado.
ÁRBITROS:Fernando Hinestrosa (árbitro único)
DEMANDANTE:Fundación Santa Fe de Bogotá
DEMANDADO:Compañía Mundial de Seguros
NORMAS ANALIZADAS:Código Civil, arts. 1613, 1738, 2341, 2347, 2356Código de Comercio, arts. 871, 1045, 1072, 1077, 1127Constitución Nacional, arts. 86, 241Ley 45 de 1990, art. 48
Septiembre 16 de 1996
En Bogotá a septiembre dieciséis de mil novecientos noventa y seis, a la hora de las tres de la tarde, previa citación para la presente audiencia de juzgamiento, se reunieron en las instalaciones del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, Fernando Hinestrosa, árbitro único, Hernando Parra Nieto, secretario del tribunal, y los doctores William Salazar Luján y Carlos Darío Barrera Tapias, en su orden, apoderados de las partes convocante y convocada.
El árbitro dispuso que el secretario diera lectura al laudo, a lo cual este procedió.
1. La Fundación Santa Fe de Bogotá, solicitó al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá convocar a Tribunal de Arbitramento que dirimiera sus diferencias con la Compañía Mundial de Seguros S.A., “con fundamento en la póliza de seguro de responsabilidad civil R.C.P. 0006 con ocasión del siniestro distinguido como R.C.P. 002/84”.
I. La convocante formuló las siguientes pretensiones:
1. Declarar que la aseguradora debe cumplir las obligaciones a su cargo emanadas del contrato de seguro contenido en la póliza 00036, según certificado de renovación 80000464 de 30 de octubre de 1992, como reza el respectivo documento, o mediante la póliza R.C.P., siniestro R.C.P-002/84, según se expresa en su carta de objeción.
2. Como consecuencia de la declaración anterior, condenar a la aseguradora a pagar a la fundación la suma de $ 1.368.027, valor de los servicios que hasta la fecha de la demanda ha prestado esta al menor Diego Fernando Escobar Tejada, en obedecimiento de lo ordenado el 15 de marzo de 1993 por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá, al acoger tutela ejercida por dicho menor, con base en la imputación de responsabilidad que dicha corporación le hizo a la fundación.
3. También como consecuencia de la declaración inicial, condenar a la aseguradora a pagar a la fundación, a perpetuidad, por el término de la vida del citado menor, el valor de los servicios médicos, hospitalarios, terapéuticos y asistenciales que él requiera y que la fundación le preste en acatamiento de la orden del tribunal de Bogotá.
4. Condenar a la aseguradora a pagar a la fundación los intereses moratorios causados a favor de esta a partir del 16 de marzo de 1993 hasta el día del pago, liquidados a la tasa máxima de interés moratorio vigente entonces, tal como lo ordena el artículo 1080 del Código de Comercio.
5. Condenar a la aseguradora a pagar a la fundación los intereses moratorios sobre las sumas resultantes de condena pedida en la súplica 3, a partir de la fecha de su incumplimiento, en el evento de que se niegue a pagarlas, hasta la fecha del pago, de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 1080.
6. Condenar a la aseguradora a pagar las costas del proceso.
II. Tales pretensiones las fundó en estos hechos:
A partir del 10 de marzo de 1983 la aseguradora ha amparado interrumpidamente a la fundación para el evento de que llegue a comprometer su responsabilidad civil en desarrollo de la actividad que le es propia como centro hospitalario de medicina comunitaria. La póliza llevó inicialmente el número 00000036 y hoy está marcada con el A-0000028, para indicar variaciones en su texto.
En la primera de las “Condiciones particulares para el seguro de responsabilidad de clínicas, sanatorios, hospitales u otros establecimientos de salud”, anexa a la póliza de seguro de responsabilidad civil 006, expedida por la aseguradora el 10 de marzo de 1983, relativa al alcance del seguro”, aparece que “queda asegurada la responsabilidad civil en que pueda incurrir el asegurado a consecuencia de daños ocasionados por las actividades inherentes a una clínica ..., si el siniestro referente ocurriese dentro del período de vigencia de la póliza. En caso de que el asegurado ejerza profesión médica, este seguro cubre, en correspondencia con lo estipulado en el número 3.1.4 y 1.3.1 de las condiciones de la póliza y dentro el marco de la mismas, la responsabilidad civil profesional derivada del ejercicio de esa profesión dentro del establecimiento”.
De conformidad con el texto el certificado 80000464, relativo a la póliza 0000036, destinado a dejar constancia de la renovación del seguro para el tiempo comprendido entre el 1º de noviembre de 1992 y el 1º de noviembre de 1993, se estipuló (hoja 6), la allá denominada “cláusula de arbitramento”, invocada para esta convocatoria.
Tal como aparece en la correspondiente historia clínica, el 11 de agosto de 1984, durante la vigencia de la póliza en el tiempo comprendido entre el 30 de enero de 1984 y el 30 de enero de 1985, ingresó al servicio de urgencias de la fundación el niño Diego Fernando Escobar, para un procedimiento de diagnóstico denominado gamagrafía de cadera. Practicada la gamagrafía, el paciente salió ese mismo día de urgencias. El día 13 regresó al hospital y fue admitido a las 13 horas, al cuidado del ortopedista Germán Carrillo; él y el pediatra Francisco Núñez sugirieron practicar punción articular diagnóstica con el fin de buscar la infección que le estaba causando al paciente dolor y fiebre. El 15 de agosto a las 14 horas, el paciente ingresó a cirugía para la punción, previa valoración pre-anestésica, en la que no se encontró contraindicación alguna. El especialista anestesiólogo hospitalario Édgar Celis Rodríguez le suministró la anestesia y el ortopedista Carrillo practicó el procedimiento quirúrgico. Durante el acto quirúrgico se presentó hipotensión, bradicardia e hipoxia, no obstante que el procedimiento anestésico fue realizado conforme a los cuidados y normas establecidos por el departamento de anestesiología. Al parecer, como consecuencia de la hipotensión que se presentó durante la cirugía, el paciente sufrió daño cerebral. Para determinar los tratamientos futuros, al paciente se le practicaron numerosos exámenes, y fue dado de alta el 31 de diciembre de 1984.
Los padres del menor achacaron a la fundación responsabilidad por lo ocurrido, por lo cual, esta y la aseguradora, por una parte, y aquellos por la otra, celebraron en el mes de marzo de 1993 (sic) transacción que implicaba renuncias a cualquier pretensión posterior de los reclamantes. Esa transacción significó un finiquito entre los padres del menor y la fundación y la aseguradora más no entre estas dos últimas.
Haciendo a un lado la transacción, los padres del menor ejercieron una tutela, que fue despachada favorablemente por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá en sentencia de 15 de marzo de 1993, para amparar “el derecho fundamental de la vida y a la salud de que es titular el menor Diego Fernando Escobar Tejada”, y en consecuencia, ordenar a la fundación “a prestar los servicios médicos, hospitalarios y asistenciales que requiera él”.
Tal sentencia fue confirmada el 29 de abril de 1993 por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, ante la que se surtió la apelación, y por la Corte Constitucional el 3 de septiembre siguiente dentro del trámite de revisión.
Seguidamente la fundación formuló reclamación a la aseguradora, que la objetó el 2 de junio de 1994, alegando que la póliza amparaba responsabilidad civil contractual y extracontractual, en tanto que la decisión de la tutela condenó a la fundación, no por responsabilidad civil, que no determinó, sino en amparo de los derechos fundamentales a la salud y a la vida.
Es de anotar que las tres providencias pronunciadas a propósito de la tutela, la concedieron “por considerar que la fundación había causado el perjuicio al menor”. Y por esa razón lo condenaron a prestarle los servicios asistenciales en forma gratuita.
La jurisdicción en el proceso de tutela eludió el efecto de la transacción alegando que esta “recae sobre derechos estrictamente patrimoniales o pecuniarios, pero en ningún caso sobre derechos personales, como la vida”. La objeción de la aseguradora es infundada, porque si “en el seguro de responsabilidad se entenderá ocurrido el siniestro en el momento en que acaezca el hecho externo imputable al asegurado” (C. Co., art. 1131) “es diáfano que en el caso concreto tal hecho lo constituye la imputación de responsabilidad que la Corte Constitucional hace a la fundación, pues como es también evidente, y no obstante ciertas menciones hechas en la parte motiva de las tres sentencias, resulta incuestionable que el punto no podrá ser debatido nuevamente ante otra jurisdicción, pues ello significaría, ni más ni menos, que la revisión de una sentencia de la Corte Constitucional dentro de un proceso ordinario que se adelantara ante la jurisdicción ordinaria”.
III. La Compañía Mundial de Seguros al contestar la demanda se opuso a todas las pretensiones y se pronunció así sobre los hechos:
La aseguradora ha amparado a la fundación sucesivamente mediante tres contratos distintos, con condiciones generales y particulares diferentes.
La fundación nunca reconoció haber tenido responsabilidad alguna en los daños causados al menor y tampoco hay sentencia judicial que haya declarado dicha responsabilidad.
No es cierto que la transacción no hubiera significado finiquito entre la fundación y la aseguradora, como tampoco que las sentencias de tutela hubieran implicado condena de aquella por responsabilidad civil.
IV. Y propuso las excepciones de “inexistencia del siniestro”, “transacción”, “prescripción” y “exceso de la reclamación sobre el valor asegurado”, que fundamentó así:
a) Conforme al artículo 1131, “se entenderá ocurrido el siniestro desde el momento en que acaezca el hecho externo imputable al asegurado”. La demandante sostiene que en este caso, tal hecho externo está constituido por “la imputación de responsabilidad que la Corte Constitucional hace a la fundación”. Pero ocurre que esa imputación no es un “hecho externo” y menos “imputable al asegurado” en los términos de aquel precepto.
La obligación que la sentencia impuso a la fundación tiene como fundamento una “responsabilidad moral civil”; no analiza la vinculación de los médicos que participaron en la punción del menor con la persona jurídica Fundación Santa Fe, para poder dilucidar si esta debía responder por el hecho de ellos; tampoco analizo la actividad de la clínica para dilucidar si había actuado con dolo o negligencia. No se ha establecido que los médicos Carrillo y Núñez tuvieran relación laboral con la fundación. Y el hecho es que la póliza 006, vigente a la época en que se produjo el accidente del menor Escobar Tejada, amparaba la responsabilidad civil del asegurado “derivada de los actos u omisiones cometidos por el personal bajo relación laboral a su cargo”, y que el asegurado no ha demostrado la existencia de esa relación, y es a él a quien le incumbe la carga de la prueba (C. Co., art. 1077);
b) Entre la Fundación Santa Fe y la Compañía Mundial de Seguros se hizo una transacción en relación con los hechos que produjeron las lesiones de Diego Fernando Escobar, y en ella se dijo que producía desde ese día el efecto de cosa juzgada y que aprovechaba o perjudicaba a las personas en ella mencionadas.
El que la Corte Constitucional hubiera dicho que con dicha transacción se violaba el derecho a la vida, nada tiene que ver con la relación puramente patrimonial entre la aseguradora y la fundación, respecto de la cual el tribunal de Bogotá le reconoció efectos;
c) Ya transcurrió el tiempo establecido en la ley para el ejercicio de la acción intentada, y
d) Para la fecha en que se produjo el siniestro, el valor asegurado era de $ 10.000.000 por evento, y en consecuencia, llegado el caso, la condena debería limitarse a esta cifra.
V. Las partes modificaron la cláusula compromisoria para reducir la composición del tribunal a un solo árbitro y procedieron a designarlo. Surtida sin éxito la audiencia de conciliación, el tribunal se instaló, se pronunció positivamente sobre su competencia y decretó la práctica de las pruebas solicitadas por ambas partes.
VI. Dichas pruebas consistieron en las pólizas y comunicaciones de la (*)NOTA: A partir del 26 de noviembre del 2005, fecha de la publicación del Decreto 4327 del 2005, se fusionan la Superintendencia Bancaria en la de Valores, la cual en adelante se denominará Superintendencia Financiera de Colombia.Superintendencia Bancaria relativas a ellas, las sentencias recaídas en el proceso de tutela promovido por Guillermo Escobar Q., la historia clínica del menor Diego Fernando Escobar en la Fundación Santa Fe, inspección judicial a libros y asientos de contabilidad de la misma para examinar la atención prestada a aquel con posterioridad a la orden judicial y el valor cargado en la contabilidad por dicho concepto, dictamen pericial contable a dicho propósito, con proyección hacia el futuro durante el tiempo probable de vida del paciente, e interrogatorio de parte del representante de la aseguradora.
La convocante desistió de este interrogatorio, en tanto que la aseguradora, frente a la pericia contable, solicitó dictamen pericial médico a fin de determinar el tiempo probable de vida del menor en razón de sus circunstancias individuales presentes, prueba que el tribunal decretó y a la que sumó preguntas la fundación asegurada.
VII. Practicadas todas las pruebas, los apoderados alegaron de conclusión y presentaron luego sus respectivos escritos.
2. Se extractan así los argumentos:
Sostuvo la parte demandante:
El menor Diego Fernando Escobar regresó a la clínica el 134 (sic) de agosto de 1984. El 15 le fue practicada cirugía y durante ella resultó con daño cerebral irreparable. Los padres de él le achacaron responsabilidad a la fundación. Esta y la Compañía Mundial de Seguros transigieron en octubre de 1985 con ellos en $ 1.500.000 y los padres renunciaron a cualquiera reclamación ulterior. Estos, en 1993, intentaron tutela contra la fundación, diciendo haber transigido en el entendido de que el menor no viviría arriba de cuatro meses, pero que había sobrevivido y demandaba cada día más atención. El Tribunal Superior de Bogotá acogió la acción de tutela y su fallo fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia y ratificado por la Corte Constitucional.
La fundación reclamó indemnización de la aseguradora y esta objetó la reclamación. Para ello negó que con la tutela se hubiera configurado responsabilidad civil de la fundación, y ante todo que se hubiera demostrado su autoría del quebranto. La fundación insistió en vano, por lo cual pidió la convocatoria de arbitramento.
La aseguradora prácticamente aceptó todos los hechos de la demanda. La controversia es, pues, fundamentalmente jurídica.
Vale entonces preguntar: ¿En qué consiste el riesgo en el seguro de responsabilidad?; ¿cuál es el riesgo que de facto trasladó la fundación a la aseguradora? Ese riesgo es el hecho externo imputable al asegurado. El perjuicio que él causa, y que está llamado a indemnizar. El hecho dañoso del asegurado.
De ahí surgen tres obligaciones: a) la del asegurado para con la víctima; b) la del asegurador para con la víctima; c) la del asegurador para con el asegurado. El asegurado toma el seguro para salvaguardar su patrimonio. La aseguradora debe afrontar el proceso de responsabilidad y mantener indemne al asegurado. No puede extremar su defensa de modo de causar quebrantos al asegurado.
La fundación causó el daño. Con ello surgió su obligación resarcitoria. Pero también entonces surgió la responsabilidad de la Mundial (sic) el 15 de agosto surgieron las dos obligaciones: la de la fundación para con la víctima y la de la aseguradora para con la asegurada.
La simple ocurrencia del siniestro no hace exigible la indemnización. El artículo 1311 Código de Comercio, decía que hay siniestro en cuanto ocurre el hecho, pero que la indemnización no es exigible sino cuando la víctima fórmula su solicitud resarcitoria (reclamación). De acuerdo con el artículo 86 de la Ley 45 de 1990, subsiste el requisito de la reclamación. Por lo mismo, el término de prescripción no se cuenta sino a partir de la reclamación de la víctima. Y aquí la reclamación data de 1984 o 1985, y fue transigida. Conforme al artículo 86, frente a la víctima, el término corre desde cuando ocurre el hecho. Para con el asegurado, el término corre desde la presentación de la reclamación por parte de aquella.
El siniestro se produjo cuando el menor sufrió el daño, y entonces surgieron las dos obligaciones, solo que no exigibles. Hubo dos reclamaciones de la fundación, la que desembocó en la transacción y la formulada a raíz del fallo de tutela. La aseguradora debe hacer causa común con su cliente y no abandonarlo.
Replicó la parte demandada:
Ciertamente, hay coincidencia de las partes en cuanto a los hechos.
Se habla aquí del contrato de seguro, pero lo cierto es que hubo tres pólizas sucesivas, una primera hasta 1990, con tope de $ 10.000.000 y sin cláusula compromisoria: una segunda de 1990 a 1994, con tope de $ 160.000.000 y cláusula compromisoria; y una tercera, desde 1994, con límite de $ 200.000.000 y reaseguro de Colseguros S.A.
¿Dónde está el siniestro? ¿En la imputación de responsabilidad por la Corte Constitucional, o en el hecho imputable al asegurado? Acá el siniestro fue la lesión cerebral. Lo que hizo la sentencia de la Corte fue tutelar el derecho a la vida del menor, y para ello no formuló juicio alguno de responsabilidad. La Corte no se pronunció sobre la transacción, sino sobre el derecho a la vida. A la fundación le ocurrió un siniestro: la condena en la acción de tutela, pero este siniestro no estaba asegurado.
En la transacción hubo tres partes; todas transigieron. La transacción no se hizo entre aseguradora y asegurada, por una parte, y el menor representado por sus padres, por otra parte, sino que cada interviniente fue parte autónoma.
No hay lugar a insistir en la excepción de prescripción.
En cambio, si hay que tener en cuenta que la suma asegurada es el tope de la eventual obligación a cargo de la aseguradora (C. Co., art. 1047). El tope de la póliza para cuando ocurrió el accidente era de $ 10.000.000, y la compañía aseguradora pagó $ 1.500.000, por ello habría solo un remanente de $ 8.500.000.
3. Al entrar a fallar el proceso el tribunal vuelve sobre el tema de su competencia, así:
La Fundación Santa Fe de Bogotá pidió la convocatoria de arbitramento invocando el contrato de seguro de responsabilidad contenido en la póliza R.C.P. 0006 expedida por la Compañía Mundial de Seguros cuya renovación por el término de un año, comprendido entre el 1º de noviembre de 1993 y el 1º de noviembre de 1994, incluyó cláusula compromisoria del siguiente tenor:
“La compañía, de una parte, y el asegurado, de la otra, acuerdan someter a la decisión de tres árbitros todas las diferencias que se susciten en relación con este contrato. Los árbitros serán nombrados de común acuerdo por las partes y, si ello no fuere posible, se aplicará lo dispuesto por el inciso 1º del Decreto 2279 de 1989. El fallo será en derecho, el tribunal tendrá como sede la ciudad de Bogotá y el término del proceso, para todos los efectos del artículo 19 del Decreto 2279 de 1989 será de tres meses”.
La fundación, convocante solicitó condena de la aseguradora al pago de prestaciones a su cargo, emanadas de sentencia condenatoria a prestar plena atención, a sus expensas, a la salud del menor Diego Fernando Escobar, proferida en contra suya por el Tribunal Superior de Bogotá el 15 de marzo de 1993, confirmada por la Corte Suprema de Justicia y mantenida por la Corte Constitucional, por cuenta de los daños a su integridad personal sufridos por el paciente, que habiendo ingresado al hospital de la fundación en agosto de 1984, fue dado de alta el 31 de diciembre de ese año.
La asegurada inició su defensa negando la competencia arbitral, anotando que el hecho que habría generado la responsabilidad de la asegurada y, en últimas, el siniestro ocurrió en agosto de 1984, durante la vigencia de póliza que no contenía cláusula compromisoria, que solo se introdujo en el seguro respectivo a partir del 1º de noviembre de 1992.
De la articulación de demanda y respuesta se sigue que la parte demandante aduce el accidente sufrido por el menor Escobar durante la intervención que se le practicó en agosto de 1984, concatenado con la decisión judicial en el proceso de tutela intentado por representante legal de aquel, que vino a quedar en firme en el año de 1993, durante la vigencia del seguro cuya póliza contiene cláusula compromisoria, y que la aseguradora demandada esgrime la defensa de ausencia de siniestro, al negarle a la sentencia condenatoria de la asegurada esa virtualidad.
De ahí que a su instalación el tribunal se hubiera declarado competente e insista ahora en dicha postura, agregando que, en qué consiste el alegado siniestro y cuál la oportunidad de su ocurrencia, es precisamente materia de la decisión de mérito que ahora se profiere.
4.1. Punto básico en este litigio es el del contenido y el alcance del seguro otorgado por la aseguradora a la fundación, tanto cuando se produjo la intervención en cuyo curso sufrió la lesión cerebral el niño Diego Fernando Escobar, como para la época en que la jurisdicción otorgó tutela a los padres de aquel.
A folios 64 a 75 y 102 a 103 del cuaderno de pruebas obra la “póliza de seguro de responsabilidad civil 0006, expedida por la Compañía Mundial de Seguros S.A. el 18 de marzo de 1983, en la que figuran como “tomador”, “asegurado” y “beneficiario”: “Fundación Santa Fe de Bogotá y/o Centro Médico de Los Andes”. La actividad del asegurado es la de “Centro hospitalario de medicina comunitaria”. Los límites y los montos de ellos son: “Hasta $ 10.000.000 por evento. Hasta $ 20.000.000 máximo anual”.
En las “Condiciones generales (RC general)”, impresas en el reverso de la hoja, se lee:
“1. Materia del seguro
1. La compañía otorga protección al asegurado si un tercero, basándose en la legislación colombiana vigente de responsabilidad civil, contractual o extracontractual sobre la materia, le exigiere indemnización por daños y perjuicios a consecuencia de un acontecimiento que, durante la vigencia de la póliza, ocasione la muerte, lesión o menoscabo de la salud de la persona (daños personales) o el deterioro o destrucción de bienes (daños materiales). 2. La protección del seguro comprende la responsabilidad civil resultante de las calidades, relaciones jurídicas y actividades normales o inherentes del asegurado, indicadas en ella y sus condiciones particulares (riesgo asegurado) ...
2. Alcance del seguro
1. La obligación de la compañía comprende ... El pago de la indemnización que el asegurado deba satisfacer en base:
— De un reconocimiento de responsabilidad de su parte, previa autorización expresa y escrita de la compañía.
— De una transacción concertada o autorizada por la compañía.
— De una sentencia judicial ...
4. Asegurado
Para los efectos de este contrato se entiende como asegurado a la persona natural o jurídica que como tal figura en la carátula de esta póliza ... Cuando el seguro abarque la responsabilidad civil de otras personas que no sean el asegurado, todas las disposiciones del contrato de seguro referentes a aquel se aplicarán análogamente a tales personas. Pero el ejercicio de los derechos derivados del contrato de seguro corresponde exclusivamente al asegurado, quien a su vez responde del cumplimiento de todas las obligaciones asumidas ...”.
En las “Condiciones particulares del seguro de RC de clínicas sanatorios, hospitales u otros establecimientos de sanidad” (fl. 65), se lee: “Alcance del seguro. Queda asegurada la responsabilidad civil en que pudiere incurrir el asegurado a consecuencia de daños ocasionados por las actividades inherentes de una clínica, sanatorio, hospital u otro establecimiento similar de salud, si el siniestro referente ocurriese dentro del período de vigencia de la póliza. En caso de que el asegurado ejerza una profesión médica, este seguro cubre, en correspondencia con lo estipulado en el número 3.1.4 y 1.3.1, de las condiciones generales de la póliza y dentro del marco de las mismas, la responsabilidad civil profesional derivada del ejercicio de esa profesión dentro del establecimiento”.
A folios 51 a 63 obra la “Póliza de responsabilidad civil extracontractual 0036”, expedida el 30 de octubre de 1992, en la que figuran como “Tomador y asegurado; Fundación Santa Fe de Bogotá, subsidiarias, afiliadas, asociadas o como sus intereses aparezcan”, y como “Beneficiario: la víctima y el asegurado”. “Sumas aseguradas: $ 80.000.000 evento. $ 160.000.000”.
“Por medio de la presente póliza la compañía indemnizará: 1. Los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado designado en la carátula de la póliza con motivo de la responsabilidad civil en que incurra por lesiones o muerte ocurridos durante la vigencia del seguro y ocasionados a consecuencia de un servicio médico quirúrgico, dental o de enfermería prestado durante la misma vigencia dentro de los predios asegurados. Incluye además aquella responsabilidad civil imputable al asegurado por actos y omisiones, cometidos por personal médico, paramédico, médico auxiliar, farmacéutico o laboratorista bajo relación laboral con el asegurado en el ejercicio de sus actividades al servicio del mismo … 5. La responsabilidad civil profesional propias de los médicos adscritos o autorizados por el asegurado mediante convenio especial, siempre y cuando figuran en una reelección que se adhiere a la presente y forma parte de la misma, ...”.
Condiciones generales: ... No ampara reclamaciones provenientes del incumplimiento de convenios o contratos o bien aquellas dirigidas a obtener una prestación sustitutoria del cumplimiento de los mismos ... Ampara la responsabilidad civil extracontractual en que incurra el asegurado en el giro normal de su negocio. El seguro se extiende a cubrir la responsabilidad civil del asegurado derivada de los actos u omisiones cometidas por el personal bajo relación laboral o académica con el asegurado”.
“Condiciones particulares: Ampara la responsabilidad civil extracontractual en que incurra el asegurado en el giro normal de su negocio. Se extiende a cubrir la responsabilidad civil del asegurado derivada de los actos u omisiones cometidos por el personal bajo relación laboral o académica con el asegurado ... Cláusula de arbitramento ... ”.
II. Se sabe que, habiéndose presentado el accidente en agosto de 1984, el menor Diego Fernando Escobar fue dado de alta al finalizar el mes de diciembre siguiente, y que el 28 de enero de 1985 la fundación, la aseguradora y los padres de aquel celebraron transacción (cdno. de pruebas, fls. 48 a 50), en la que dijeron: “... Segunda. Los reclamantes sostienen que su menor hijo legítimo Diego Fernando Escobar al igual que ellos en su condición de padres del mismo, sufrieron perjuicios materiales y morales, presentes y futuros, pero en todo caso ciertos, como consecuencia o con ocasión de los hechos relatados en la cláusula primera de este contrato, y partiendo en tal supuesto, ser titulares, personalmente y en ejercicio de la patria potestad que ejercen sobre su hijo, de acciones de responsabilidad civil contractual o extracontractuales contra la fundación, los médicos que intervinieron en la atención del paciente, y cualquier otra persona que, en una u otra forma, haya colaborado en dicha atención, tendientes a obtener la indemnización que los daños que alegan haber sufrido el menor Diego Fernando Escobar y los reclamantes, conjunta o individualmente considerados. Tercera. Sin que el presente convenio implique responsabilidad legal alguna por parte de la fundación y de las demás personas mencionadas en la cláusula segunda precedente, estos y la aseguradora, de una parte, y los reclamantes de la otra, han decidido, con el simple propósito de precaver un eventual litigio transigir sus opuestas pretensiones en los siguientes términos:
a) La aseguradora pagará a los reclamantes por cuenta de la fundación y las demás personas que acaban de mencionarse y a título de indemnización de todos los perjuicios materiales y morales que se les hayan causado tanto al menor Diego Fernando Escobar como a los reclamantes en razón de los hechos de que da cuenta la cláusula primera del presente contrato, la suma de un millón quinientos mil pesos;
b) Siguiendo instrucciones de los reclamantes, la aseguradora pagará la cantidad en dos cheques, el primero de ellos por la cantidad de un millón de pesos en forma conjunta a ambos reclamantes, y el segundo por la cantidad de quinientos mil pesos, girado a favor de la fundación ..., y
d) Mediante el pago a que se refieren los literales (sic) anteriores, los reclamantes renuncian desde ahora y para siempre, en su propio nombre y a nombre y representación de su menor hijo legítimo Diego Fernando Escobar, a toda acción contractual y extracontractual que pueda tener su base, directa o indirectamente, próxima o remotamente, en los eventuales perjuicios que la fundación y las demás personas mencionadas en la cláusula tercera le hayan podido causar tanto a ellos como al menor Diego Fernando Escobar. De consiguiente, esta transacción produce desde hoy el efecto de cosa juzgada en última instancia y aprovecha o perjudica a las personas allí mencionadas …”.
III. Del mismo modo se ha dicho y así consta en la sentencia de 15 de marzo de 1993 proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá (fls. 38 a 44 y 171 a 177), que Guillermo Escobar Q., en representación de su hijo menor Diego Fernando Escobar Tejada, propuso acción de tutela frente a la Fundación Santa Fe de Bogotá, con base en estos hechos: el ingreso de aquel a está en agosto de 1984 y la punción que se le practicó: un “incorrecto manejo de la anestesia que causó lesiones cerebrales irreversibles al niño entonces”; “la fundación informó que el niño solo viviría 4 meses y bajo ese presupuesto por conducto de una compañía aseguradora los indemnizó con la suma de $ 1.500.000, y en ese entonces se comprometieron a darle asistencia médica, hospitalaria, terapéutica y en general todo lo que necesitare el infante hasta su muerte”; que el niño lleva ya más de 8 años en estado vegetativo; la fundación se niega a prestarle servicios asistenciales arguyendo la transacción; los padres del menor no tienen medios para atender al estado de salud de este; la actitud asumida por la fundación pone en peligro los derechos a la vida y la integridad personal del niño.
El tribunal aceptó “la viabilidad del amparo solicitado, pues está dirigido contra entidad dedicada a la prestación del servicio público de salud, por ser el actor menor de edad, minoría que hace presumir la indefensión de quien pide la protección de sus derechos fundamentales a la vida y a la integridad personal”. Además, dijo acogerla “como mecanismo transitorio, ante la negativa de la fundación a prestarle al menor la atención médica y asistencial que su estado exige y la incapacidad económica de los padres para suministrársela”. Y pasó a otorgársela, como una “obligación que surge concretamente para la entidad mencionada por la condición de servicio público de su actividad, en el campo de la salud, de la relación y del nexo de causalidad entre esta y el estado actual del niño, pues fue allí donde por circunstancias no claras el menor quedó en estado vegetativo, al practicarse una pequeña cirugía”.
El tribunal, por lo demás, estimó que la transacción invocada como defensa por la fundación, “no la exime de la obligación de prestar la asistencia médica hospitalaria”, porque “puede surtir efectos respecto del reconocimiento pecuniario por los daños causados sobre bienes tangibles o intangibles. Más nunca puede enervar el derecho a la vida del menor, pues el derecho a la vida no es avaluable en dinero, sino que es personalísimo, y bajo esa condición ni padres, ni curador alguno podrán disponer de tan fundamental derecho, del que ni siquiera su titular puede disponer”. Y porque “la transacción es un negocio jurídico que en su esencia lleva intrínseco el recaer sobre derechos estrictamente patrimoniales o pecunarios, pero en ningún caso sobre derechos personales como la vida”. Y termina diciendo: “El derecho a la vida del menor Diego Fernando debe recibir la protección necesaria, pues el “contrato de transacción” incide en tópicos muy diferentes al derecho fundamental aquí invocado, tutela que se reafirma aún más ante su indefensión por ser menor de edad y agravada por el estado vegetativo en que se encuentra”.
En esa razón “ordena a la fundación prestar los servicios médicos hospitalarios, terapéuticos y asistenciales que requiera el menor Diego Germán Escobar Tejada”.
IV. Apelado ese fallo, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia lo confirmó el 29 de abril de 1993 (fls. 178 a 187), sosteniendo que: “en aquellos casos en que el servicio de salud es necesario e indispensable para salvaguardar el derecho a la vida, se está en la obligación de prestarlo a personas necesitadas en los términos del artículo 13 de la Constitución; máxime si como acá ocurre, la institución de quien se pide esta protección tiene los medios apropiados para brindarla: además de existir entre ella y el peticionario un nexo causal respecto del hecho que originó en el menor el estado vegetativo que hoy lo lleva a pedir tal amparo”. Todo ello, agrega, “sin perjuicio de que por los medios judiciales apropiados, pueda entrar a discutirse y definirse por quien tenga interés en ello, el grado de responsabilidad que por tal hecho pueda caber y desde luego, quien deberá asumir definitivamente las erogaciones y demás prestaciones de tipo patrimonial”.
V. En fin, la Corte Constitucional, en Sala de Revisión de Tutelas, reiteró la decisión precedente el 3 de septiembre de 1993, con estos argumentos: “El problema consiste en saber si la fundación Santa Fe luego de producir el daño que reconoce en el texto de la “transacción” suscrita por su representante, debe amparar el derecho a la vida del menor. Pues siendo gratuito o no siéndolo, el derecho debe ser amparado, por cuanto no depende de esto, sino de las causas que produjeron el daño y de su naturaleza misma. No podría decirse, acudiendo a un argumento al absurdo, que por el hecho de que los particulares responsables, no ejerzan actividades gratuitas, esta sola circunstancia los libere de responsabilidad frente a la violación de derechos fundamentales ...
“(La transacción) no puede interpretarse como la liberación que ese tipo de contratos produce para efectos patrimoniales, a las partes que en ellos se obligan ..., cuando está de por medio el derecho a la vida; tampoco puede tenerse como recurso para eludir las circunstancias que obliguen ... a una persona determinada con base en ese tipo de convenios, con vínculos causales en ... los hechos que se tradujeron en el estado vegetativo del menor, pues este llegó al centro médico en determinadas condiciones de salud y el trato profesional a que fue allí sometido le produjo el daño cerebral ... La actual imposibilidad de los padres para seguir atendiendo la salud del menor, y su demanda del derecho a la vida, por vía de la acción de tutela, no puede encontrar un límite para su amparo en la existencia del contrato de transacción y los servicios de salud ordenados por las decisiones de instancia aparecen como necesarios e indispensables para salvaguardar el fundamental derecho a la vida”.
La sentencia afirma que “además de las acciones penales por los daños causados al menor, las acciones ordinarias de resolución del contrato por objeto ilícito ..., y la acción de responsabilidad extracontractual que cabría contra la fundación, se encuentra autorizada la acción de tutela”, y como se anotó, confirma la sentencia de la Corte Suprema.
El salvamento de voto del magistrado disidente (fls. 134 a 147) resalta “la ausencia de pruebas de la relación y el nexo de causalidad entre la actividad de la Fundación Santa Fe y el estado actual del niño. Esa relación de causalidad, descartada expresamente en el contrato de transacción, solo podría ser declarada por el juez al término de un proceso ordinario ... Afirmar que la fundación está obligada, solo es posible en virtud de su responsabilidad contractual o extracontractual. Pero siendo opuestas las pretensiones de las partes, solo la justicia ordinaria podría, al término de un proceso ordinario, imponer a una de ellas, la fundación en este caso, la obligación de reparar el daño ... La transacción no versó sobre la vida. Se hizo sobre los perjuicios materiales y morales originados por los hechos que al parecer arruinaron la salud del menor, y todo indica que se celebró debidamente”.
6. Es el seguro contrato mediante el cual, contra el pago de una prima, alguien traslada, hasta por el valor de la suma asegurada, las consecuencias adversas de un infortunio a que está expuesto él u otro sujeto. La obligación “indemnizatoria” del asegurador, que está sometida a la condicio iuris del advenimiento del riesgo, se causa y hace exigible entonces, es decir, con el siniestro, que es “la realización del riesgo asegurado” (C. Co., art. 1072). Sobre el asegurado pese a la carga de la prueba de la ocurrencia del siniestro y de la cuantía de la pérdida, si fuere del caso (art. 1077, ibíd.). El seguro de responsabilidad “impone al asegurador la obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales que sufra el asegurado con motivo de determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley” (C. Co., art. 1131), y en el “se entenderá ocurrido el siniestro desde que acaezca el hecho externo imputable al asegurado. Pero la responsabilidad del asegurador ... solo podrá hacerse efectiva, cuando el damnificado o sus causahabientes demanden judicial o extrajudicialmente la indemnización”, según las voces iniciales del artículo 1127, Código de Comercio que regía a la celebración del seguro de 1983 mantenidas en lo fundamental en el artículo 48 de la Ley 45 de 1990. En fin, la víctima de daño supuestamente causado por el asegurado cuenta hoy con acción indemnizatoria directa contra el asegurador, obviamente sobre la base de la responsabilidad del asegurado (art. 87, ley cit.).
En qué consiste el riesgo y, por lo mismo, cuáles los caracteres que individualizarán el siniestro, es algo esencial al contrato y que, naturalmente la póliza ha de determinar (C. Co., art. 1045). Acá, como ya se señaló y merece repetirse, la compañía aseguradora “otorgó protección al asegurado si un tercero, basándose en la legislación colombiana, vigente de responsabilidad civil, contractual o extracontractual sobre la materia, le exigiere indemnización por daños y perjuicios a consecuencia de un acontecimiento que, produciéndose durante la vigencia de la póliza, ocasione la muerte, lesión o menoscabo de la salud de la persona (daños personales). La protección del seguro comprende la responsabilidad civil legal resultante de las calidades, relaciones jurídicas y actividades normales o inherentes del asegurado, indicadas en la póliza y sus condiciones particulares ... ” (v., fl. 76), aquí las de “Centro hospitalario de medicina hospitalaria” (fl. 76, frente).
La fundación asegurada ha sido reiterativa al señalar el hecho de la lesión cerebral sufrida por el menor Escobar Tejada en agosto de 1984 en sus instalaciones, mientras se le practicaba una punción, que considera constitutivo de siniestro, en cuanto “hecho externo imputable al asegurado, que la víctima puso de presente y cuyas consecuencias, señaladas en la condena en el proceso de tutela, ha venido haciendo valer, y la fundación sostiene le debe resarcir a ella la aseguradora.
El seguro de responsabilidad, sin desconocer sus efectos protectores de las víctimas de accidentes, tiene por función propia, típica, la tranquilidad y la indemnidad patrimonial del asegurado delante del riesgo de incurrir en responsabilidad o más precisamente de resultar obligado a resarcir un perjuicio causado por él (C.C., arts. 1613, 2341 y 2356) o del que deba responder indirectamente (C.C., arts, 1738 y 2347, ss.). De lo cual se sigue, como es obvio, que para que el asegurador resulte obligado a cubrir al asegurado, directamente o —valga el giro— por intermedio de la víctima, es indispensable la presencia de una “responsabilidad” cuya responsabilidad que presupone, alternativamente, como lo prevé la cláusula 2.1.2 de las “Condiciones generales”, un reconocimiento suyo, autorizado por la aseguradora, o una transacción con la víctima, concertada con la aseguradora o autorizada por ella, o una sentencia judicial.
Acá, ocurrida la lesión y establecido su carácter definitivo, y habiéndosela achacado los padres del menor víctima a “responsabilidad de la clínica” (fundación), esta se entendió al efecto con la aseguradora, y las dos juntamente transigieron (en ene./85) con los padres del menor su litigio eventual a propósito de íntegras las consecuencias patrimoniales del accidente, tanto respecto del menor, como de los padres, que obraron tanto en calidad de representantes de él, como en nombre e intereses propios. O sea que entonces se hizo efectivo el seguro de responsabilidad y el tema se consideró por todos liquidado definitivamente con una transacción juzgada válida y con efecto pleno, universal.
Ocho años después, el padre del menor accidentado propuso tutela contra la fundación, en busca de condena de esta a prestarle a este gratuitamente los servicios de salud que requiera, inicialmente “como mecanismo transitorio” y luego, “como mecanismo definitivo”, habida consideración de la transacción vigente (cdno. de pruebas, fl. 6), para proteger sus derechos fundamentales a la vida y a la salud. Y esa pretensión fue acogida sucesivamente por el tribunal superior, la Corte Suprema y la Corte Constitucional, de modo que la fundación, en fuerza de la orden reiterada de esas corporaciones jurisdiccionales, hubo de proveer, a su expensas, al menor de la atención correspondiente, y habrá de continuar prestándosela mientras le sea necesaria, hasta su muerte, o sea durante veinte años más de aquí en adelante, conforme al cálculo del perito médico que dictaminó en este proceso al efecto.
Delante de tales hechos incumbe al tribunal determinar si lo ocurrido en agosto de 1984 fue “el hecho externo imputable al asegurado”, prevenido como riesgo en la póliza, si la sentencia del proceso de tutela puede considerarse determinante de la consiguiente obligación indemnizatoria a cargo de la aseguradora y, eventualmente, si la transacción de enero de 1995 habría dejado a cubierto a la aseguradora.
La contención entre partes de este proceso ha girado desde un comienzo en derredor de estos puntos, que, por lo demás, constituyen el supuesto de hecho de las normas en que se basan tanto la acción, como las excepciones de “inexistencia del siniestro” y “transacción”.
Una vez más: el seguro en cuestión (según la póliza 0006/83) es de responsabilidad civil —sin calificaciones— en que pudieran incurrir la “Fundación Santa Fe o el Centro Médico de Los Andes”, dentro de su “actividad de centro hospitalario de medicina comunitaria”, en razón de acontecimiento producido durante su vigencia, causante de muerte, lesión o menoscabo de persona, resultante de las actividades normales de aquellos. Y su efectividad está ciertamente subordinada a un reconocimiento de responsabilidad por parte del asegurado, expresamente autorizado por la aseguradora, a una transacción autorizada o celebrada por ella, o a decisión judicial.
Nuevamente: en enero de 1985 se celebró transacción dentro de los supuestos de la póliza, y la aseguradora cubrió lo acordado por ella y la fundación con la víctima y sus allegados. Dicha transacción, dados su objeto y su contenido, estaba llamada a cancelar toda eventualidad de reclamo ulterior de parte de los sujetos intervinientes, contra asegurado y aseguradora.
Pero como quiera que años después y con fundamento en normatividad sobrevenida en el entretanto, representante de la víctima intentó y obtuvo contra la fundación asegurada tutela del derecho a la vida y del derecho a la salud del menor víctima, es ineludible preguntarse si tal pronunciamiento de condena a la fundación, que soslayando la transacción la obligó a prestar a sus expensas atención indefinida (vitalicia) al menor, trasciende a la aseguradora, o en términos más precisos desde el punto de vista del seguro en cuestión, si pudiera o ha de considerarse la “sentencia judicial” prevista en la cláusula “2.1.2 de las condiciones generales”, como base o presupuesto idóneo para la efectividad de la obligación indemnizatoria de la aseguradora para con el asegurado.
La tutela es una figura iuris originada en la Constitución de 1991 (art. 86), o sea posterior al contrato de seguro de 1983 y a la transacción de 1985. Se puede ejercer respecto de actos de autoridad pública y procede también contra particulares encarnados de la prestación de servicio público, compete a autoridades jurisdiccionales, en últimas, a la jurisdicción constitucional (art. 241.9), y la decisión que en ella recaiga es de cumplimiento ineludible. En fin, su fundamento es exclusivamente “la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales” de la persona, cuando resulten vulnerados o amenazados (art. 86, cit.).
No le corresponde a este tribunal emitir juicio de valor u opinión acerca del acogimiento de la tutela propuesta por el señor Guillermo Escobar Q., en representación de su hijo menor Diego Fernando Escobar. Deber suyo es tomar nota de la decisión en sí, y examinar el contenido de las sucesivas sentencias, para indagar sobre su posible relación con el contrato de seguro, más precisamente sobre la individualidad del siniestro y, eventualmente, sobre la transacción anterior.
Tornando al seguro de responsabilidad civil, es incuestionable que el amparo se otorga para el riesgo de que el asegurado llegue a incurrir responsabilidad civil, ora por no cumplimiento o cumplimiento retardado o defectuoso de obligación, contractual o no; ora por causar daño resarcible en encuentro social ocasional. En otras palabras, para el caso de que resulte obligado a indemnizar perjuicios. Obligación que solo puede ser deducida por allanamiento del asegurado, consentido por la aseguradora, por transacción realizada o autorizada por ella, o por sentencia judicial. La póliza a la que le corresponde puntualizar esas eventualidades, como se ha repetido, las califica y circunscribe.
En lo que hace a la transacción, es evidente que allá la aseguradora sirvió el contrato, y que, respecto de la “responsabilidad del asegurado”, la eliminación del litigio en ciernes, no solo no trajo consigo reconocimiento de ella, sino que la excluyó expresamente. Es oportuno anotar que la transacción no acarrea de suyo reconocimiento de responsabilidad alguna y que en la que se comenta, el texto es terminante al expresar que “no implica responsabilidad legal alguna por parte de la fundación”. Allá solo se aceptó la ocurrencia del hecho dañino. De manera que ese antecedente no es aducible como sustento y prueba de la responsabilidad del asegurado.
Y frente a las sentencias de tutela, es evidente que ellas no se pronunciaron, ni podían hacerlo sobre una eventual responsabilidad de la fundación en el accidente sufrido por el menor Diego Fernando Escobar y las lesiones que de allí se siguieron. La competencia estaba circunscrita a decidir si había o no lugar a una determinada protección al derecho a la vida y la salud de aquel, y el hecho es que los fallos bordearon el tema de la responsabilidad, pero no lo afrontaron. Insinúan una relación de causalidad, que no definen, ayunas como estaban de pruebas controvertidas y de los trámites de rigor, y en últimas respaldan la condena a la fundación a asistir gratuita e indefinidamente al menor haciendo pie en que el accidente ocurrió estando él en sus instalaciones y “en circunstancias poco claras” y en la circunstancia de que sus padres carecen de medios para prestársela.
La efectividad de la obligación de la aseguradora para con el asegurado exige un pronunciamiento regular y firme sobre la responsabilidad de este. Tal el sentido propio del “hecho externo imputable al asegurado”, relacionado con las estipulaciones de la póliza, dentro del proceso de integración del contenido del contrato (C. Co, art. 871). Y ese pronunciamiento, que no puede atribuirse a la transacción de marras o inferirse de ella, tampoco se encuentra en las sentencias de tutela.
La responsabilidad, cualquiera que sea su índole, a más de la demostración del daño, que bien puede considerarse aquí satisfecha, impone, la prueba de la relación de causalidad entre el comportamiento del imputado y aquel daño y, según las circunstancias, la prueba de la culpa de aquel cuya presunción, cuando fuere del caso, determina que dicho imputado tenga oportunidad de descargarla o de probar la intervención de una causa extraña.
Tanto en la demanda como en la alegación de la convocante se da por sentada la responsabilidad de esta, al tomar la lesión sufrida por el menor mientras se le practicaba la punción en la clínica como prueba fehaciente de ella responsabilidad, deducida, además —en su sentir—, por la jurisdicción especial de tutela. A lo cual ha de anotarse que el mero reconocimiento del asegurado carece de relevancia y que la condena en el proceso de tutela, destinado de por sí a tutelar el derecho a la vida y a la salud, no es la declaración o sentencia judicial de responsabilidad al término de proceso regularmente iniciado y tramitado con esa finalidad y ante la jurisdicción legalmente idónea, que señala la exigibilidad de la obligación resarcitoria de la aseguradora para con el asegurado.
La autoría demostrada directamente o inferida y establecida mediante pruebas controvertidas: la exigencia de la culpa del demandado (contratante o no) o la dispensa de ella. Y en el primer supuesto, su presunción, con posibilidades de descargo, sin que también de la prueba de elemento extraño, y de todos modos el cumplimiento de las reglas de la oportunidad de defensa y del debido proceso, son presupuestos ineludibles de la prosperidad de una pretensión resarcitoria. Que aquí no se dan. Y apenas hay que anotar que la autoría, la culpa y, en últimas, la responsabilidad de la fundación en el accidente tantas veces mencionado, no se pueden por sentadas con alusiones o insinuaciones, ambiguas o equívocas, en una o varias o todas las tres sentencias de tutela, empeñadas en parejamente en fundamentar la condena en la protección del derecho a la vida y a la salud, a tiempo que en no lanzar un juicio de responsabilidad del todo fuera de su competencia y de las lindes del proceso. Es manifiesto que la condena de la fundación allá no obedeció a un juicio de responsabilidad, sino a un afirmado amparo del derecho a la vida y del derecho a la salud del menor indefenso y destituido, cuya asistencia resolvió asignar la jurisdicción constitucional al establecimiento donde ocurrió el insuceso, sin ocuparse de averiguar en qué condiciones y por qué causa, pero a la vez que sin aventurarse en atribuciones de autoría ni en juicios de reproche de la conducta de aquel.
Llega así el tribunal a la conclusión de que no aparece demostrada la ocurrencia del siniestro, o sea la realización del riesgo asumido por la aseguradora, y que por lo mismo, las pretensiones de la fundación convocante han de ser denegadas.
Valgan estas precisiones finales: la “inexistencia del siniestro” fue esgrimida por la aseguradora como excepción. Sin embargo, tal fenómeno a juicio del tribunal, no es excepción en el sentido de que no implica una afirmación que imponga la presencia de hechos modificativos de la situación planteada, con su consiguiente prueba, sino algo que simplemente significa negación de la relevancia de los hechos y las pruebas aducidos en la demanda. De ahí que no se declare probada la excepción, sino que se desestime la pretensión. Igualmente, no estando llamada a prosperar esta, no hay lugar a pronunciamiento sobre las excepciones de transacción, prescripción y límite pecunario del amparo, sin por ello dejar de advertir que la demanda prescindió de la segunda.
7. Siendo del todo desestimatorio el laudo, habrá de condenarse a la fundación convocante al pago de las costas del proceso, a cuya liquidación se procede, teniendo en cuenta que cada parte consignó la mitad del total de lo que el tribunal señaló para honorarios y gastos, que la fundación canceló los honorarios del perito contable y que las dos partes pagaron por mitades los del perito médico.
Mitad de los honorarios de árbitro y secretario $ 9.000.000
Mitad de los gastos de funcionamiento del tribunal 1.160.000
Mitad de los honorarios del perito médico 750.000
Señálanse como agencias en derecho a favor de la parte demandada la suma de tres millones de pesos ($ 3.000.000), que se añade a los rubros anteriores, para un total de trece millones novecientos diez mil pesos ($ 13.910.000).
Una vez protocolizado el expediente se procederá a devolver a las partes el remanente de los dineros consignados por ellas.
En mérito de lo expuesto, el Tribunal de Arbitramento constituido para dirimir la controversia surgida entre la Fundación Santa Fe de Bogotá y la Compañía Mundial de Seguros S.A. en torno de la póliza de seguro de responsabilidad civil expedida por esta a favor de aquella, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
1. Deniéganse todas las súplicas de la demanda y, consiguientemente, absuélvese a la demandada de los cargos que le formuló la demandante.
2. Condénase a la parte demandante al pago de las costas del proceso, que de acuerdo con la liquidación antecedente, ascienden a la suma de trece millones novecientos diez mil pesos ($ 13.910.000), que pagará a la demandada, dentro del término de cinco días luego de ejecutoriado el laudo.