Source: https://psicolog.org/plantilla-normalizada-para-word-v10.html
Timestamp: 2019-12-16 04:20:30
Document Index: 332788333

Matched Legal Cases: ['Artículo 3', 'artículo 133', 'artículo 133', 'artículo 133', 'artículo 10', 'Artículo 3', 'artículo 13', 'artículo 22', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 22', 'artículo 13', 'artículo 22', 'artículo 13', 'artículo 22', 'artículo 13', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 24', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 24']

ANTECEDENTES. I.
FASE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. I.
RESULTADO, ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL TRÁMITE DE CONSULTA PÚBLICA PRACTICADO EN LA FASE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica de la Administración Pública de la CAPV. El anuncio
Aportaciones específicas. Artículo 3.- Cualificación de las personas profesionales en Atención Temprana.
Psicoterapia: Psiquiatría, Psicología General Sanitaria o Psicología Clínica.
MEMORIA RELATIVA A LA FASE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL CATÁLOGO DE TÍTULOS, ESTUDIOS Y DE COMPETENCIA PROFESIONAL QUE PERMITEN LA ACREDITACIÓN DE LA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL EN ATENCIÓN TEMPRANA
I.– Por Orden de 14 de marzo de 2018, de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, de la Consejera de Educación y del Consejero de Salud, se dio inicio al procedimiento para la elaboración del «proyecto de Decreto por el que se establece el Catálogo de títulos, estudios y de competencia profesional que permiten la acreditación de la cualificación profesional en atención temprana».
II.– La elaboración del referido proyecto de decreto corresponde a la Viceconsejería de Políticas Sociales del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, que también gestionará la instrucción del procedimiento oportuno, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado segundo de la mencionada Orden.
III.– En aplicación de lo dispuesto en el apartado cuarto de la Orden de 14 de marzo de 2018, y, a su vez, de conformidad con lo establecido en el apartado segundo de su Fundamento Jurídico VII, seguidamente a su aprobación se ejecutó el trámite correspondiente a la consulta pública previsto en el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPACAP), en la forma establecida en el apartado primero (punto 4) del Acuerdo de Consejo de Gobierno, adoptado en su sesión de fecha 12 de diciembre de 2017, por el que se aprueban las Instrucciones para la tramitación de las disposiciones norma­tivas de carácter general (publicado en el BOPV número 238, de fecha 15 de diciembre de 2017).
FASE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
I.– El artículo 133.1 de la LPACAP, dedicado a la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos, determina que con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma, acerca de: (i) los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa; (ii) la necesidad y oportunidad de su aprobación; (iii) los objetivos de la norma; y, (iv) las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
II.– En ese punto, se entiende que el trámite de participación ciudadana arriba indicado se integra en la fase de iniciación que regulan los artículos 4 y 5 de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter general (en adelante, LPEDNCG).
III.– En estrecha relación con lo anterior, el Acuerdo del Consejo de Gobierno, adoptado en su sesión celebrada en fecha 12 de diciembre de 2017, por el que se aprueban las Instrucciones para la tramitación de las disposiciones norma­tivas de carácter general, en particular, aquellas cuya iniciativa se promueva en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV), determina el protocolo de actuación a seguir para la cumplimentación del trámite de consulta pública previsto en el artículo 133.1 de la LPACAP. A tal efecto, será preciso realizar las tres actuaciones siguientes:
Publicación de un anuncio en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica de la Administración Pública de la CAPV, invitando a la ciudadanía para que pueda pronunciarse acerca de la información que se expondrá sobre la necesidad y oportunidad de aprobar la norma, sus objetivos, los problemas que se pretenden solucionar y las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
La misma información se expondrá en –Legegunea–.
Asimismo la información anterior se trasladará a la plataforma de gobierno abierto –Irekia–.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 10.2 de la LPEDNCG, se unirá al expediente una memoria sucinta de todo el procedimiento, en la que se reseñarán los antecedentes, los trámites practicados y su resultado y las modificaciones realizadas en el texto del proyecto para adecuarlo a las observaciones y sugerencias de los diferentes informes evacuados, y de manera especial las contenidas en los de carácter preceptivo. Se justificarán con suficiente detalle las razones que motiven la no aceptación de las observaciones contenidas en tales informes, así como el ajuste al ordenamiento jurídico del texto que finalmente se adopte.
La presente memoria se realiza en el marco de la fase de redacción del texto del «proyecto de Decreto por el que se establece el Catálogo de títulos, estudios y de competencia profesional que permiten la acreditación de la cualificación profesional en atención temprana», que será sometido a la aprobación previa de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, de la Consejera de Educación y del Consejero de Salud. En vista de ello, proceden a detallarse las diferentes aportaciones, consideraciones, observaciones, propuestas, recomendaciones y sugerencias realizadas en el curso de los trámites de consulta pública sustanciados en la fase de participación ciudadana.
Todo ello, a fin de determinar y justificar, razonadamente, si, tras el análisis y la valoración de las mismas, se han introducido o no modificaciones en el texto del proyecto normativo, y, en su caso, en qué medida y con qué alcance.
Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica de la Administración Pública de la CAPV.
El anuncio invitando a la ciudadanía a pronunciarse acerca de la iniciativa normativa propuesta (sobre la necesidad y oportunidad de aprobarla, sus objetivos, los problemas que pretende solucionar y las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias) estuvo publicado en el Tablón electrónico de Anuncios de la Sede Electrónica de la Administración Pública de la CAPV durante el periodo comprendido entre las siguientes fechas: desde el 27/03/2018 al 17/04/2018.
Durante el plazo de publicación del anuncio no se formularon aportaciones de ningún tipo ante la Viceconsejería de Políticas Sociales del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco.
No obstante lo anterior, con fecha 10 de mayo de 2018, las entidades Federación vasca de asociaciones a favor de las personas con discapacidad intelectual «FEVAS» Plena Inclusión Euskadi y Fundación Síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales del País Vasco, presentaron en el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, de forma conjunta, un escrito en virtud del cual realizan las siguientes aportaciones especificas al articulado de la iniciativa normativa propuesta, así como aportaciones de carácter general.
Aportaciones específicas.
Artículo 3.- Cualificación de las personas profesionales en Atención Temprana.
Psicomotricidad: Diplomatura en Magisterio, Grado en Educación Infantil, Grado en Educación Primaria, Educación Física, Educación Social, Enfermería, Fisioterapia, Medicina, Pedagogía, Psicopedagogía, Psicología o Terapia Ocupacional.
«En el Decreto 13/2016, en el apartado quinto del artículo 13 sobre los Equipos de Intervención en Atención Temprana (EIAT) se establece que los EIAT “Ofrecerá servicios de psicomotricidad, psicoterapia, fisioterapia, logopedia, trabajo social, psicopedagogía, psicología, terapia ocupacional, educación social y otros que puedan ser considerados adecuados para el desarrollo del niño o niña”.
En coherencia con la previsión anterior, el artículo 22 de mismo Decreto 13/2016, en relación a los requisitos de personal que deben cumplir los Centros que presten servicios en el ámbito de la Atención Temprana, determina que “Cada Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana deberá contar con un Equipo de Intervención en Atención Temprana, en los términos en los que éste se regula en el artículo 13, compuesto como mínimo por personas profesionales con la titulación o cualificación adecuada para el ejercicio de, al menos, tres de las siguientes funciones:
e) Trabajo social”.
Por lo tanto, existe una incoherencia entre lo indicado en el artículo 13 sobre la tipología de servicios ofrecidos y el listado de funciones que el artículo 22 detalla. Consecuentemente, consideramos que podrían añadirse las titulaciones de Psicología, Psicopedagogía y Pedagogía. Entendemos que son titulaciones coherentes con los servicios exigidos a los EIAT, al igual que la Psicomotricidad o la Psicoterapia. De hecho, se llevan trabajando años desde estas titulaciones».
La incoherencia apuntada en la aportación no es tal, porque el artículo 13 del Decreto 13/2016, de 2 de febrero, de intervención integral en Atención Temprana en la Comu­nidad Autónoma del País Vasco (en adelante, Decreto 13/2016), y que se ubica en el capítulo correspondiente a la «Organización y coordinación de la intervención integral en Atención Temprana», se limita a relacionar en su apartado quinto el variado conjunto de servicios que pueden ofrecer los Equipos de Intervención en Atención Temprana (EIAT) a través de los Centros de Desarrollo Infantil y Atención Temprana en que se integran o ubican los mismos; relación de servicios que no tienen carácter cerrado ni excluyente, sino que está abierta, a su vez, a la incorporación de cualesquiera otros servicios, distintos de los que se enumeran, que puedan ser considerados adecuados para el desarrollo del niño o de la niña.
Y, por el contrario, el artículo 22 del Decreto 13/2016, y que se ubica en el capítulo dedicado a los «Centros de Desarrollo Infantil y Atención Temprana», aborda la cuestión referida a los requisitos de personal que deben cumplir los mencionados centros a fin de obtener la preceptiva autorización de funcionamiento como tales, y, en su caso, homologación que les permita integrarse en el Sistema Vasco de Servicios Sociales.
Siendo esto así, se limita a señalar que cada Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana deberá contar con un EIAT, compuesto como mínimo por personas profesionales que, como mínimo, puedan desempeñar, al menos, tres de las cinco funciones que detalla (psicomotricidad, psicoterapia, fisioterapia, logopedia y trabajo social). Y, en este caso, dicho listado sí que resulta taxativo, al tener carácter cerrado, de forma que el mismo no puede ser ampliado por una nueva norma (de igual o inferior rango) que desarrolle el citado precepto, por cuanto estaría contraviniendo su contenido, así como los términos del mandato dirigido al Gobierno Vasco en cuanto a la determinación del catálogo de títulos, estudios y de competencia profesional que sirvan para la acreditación de la cualificación profesional en materia de atención temprana
En este punto, es preciso destacar, asimismo, como refuerzo a la inexistencia de incoherencia alguna entre el contenido del artículo 13.5 y el artículo 22.1, que el propio artículo 13 establecía en su apartado cuarto –esto es, con carácter previo a detallar la relación de servicios que pueden ofrecer los EIAT–, que los EIAT estarán integrados «por personas profesionales del ámbito biopsicosocial, con titulación en sus correspondientes disciplinas y especialización en Atención Temprana, en los términos previstos en el artículo 22 del presente Decreto».
«Por otro lado, habría que tener en cuenta que si los profesionales Psicólogos y Psicólogas inscritos en el registro de la Subdelegación de Salud están ya homologados como profesionales sanitarios, no parece razonable que tengan volver a acreditarse como tal».
La iniciativa normativa que se promueve no persigue, en ningún caso, una acreditación como profesional sanitario de las personas profesionales que cuentan con la titulación de Psicología, a fin de posibilitarles la intervención en atención temprana desde el ámbito sanitario; sino que se limita a detallar, entre las distintas titulaciones que posibilitarían el desempeño de la función de psicomotricidad en el ámbito de la intervención social en atención temprana, la correspondiente a Psicología.
«Siguiendo con las titulaciones, las de Enfermería, Educación Primaria, Educación Física, Educación Social y Medicina son muy generales y poco relacionadas con el desarrollo infantil y la discapacidad en la etapa de 0 a 6 años».
Atendiendo al hecho de que la psicomotricidad es una disciplina y una metodología respecto de la cual, actualmente, no hay un grado universitario –por lo que se considera formación no reglada–, esta disciplina puede ser desempeñada al amparo de distintas titulaciones que compartan un marco conceptual o teórico común.
Es por ello que a través del Catálogo de títulos, estudios y de competencia profesional propuesto se pretende posibilitar el acceso al desempeño de la función de psicomotricidad al mayor número de colectivos profesionales del ámbito biopsicosocial; si bien, será preciso, a su vez, que las personas profesionales pertenecientes a dichos colectivos acrediten estar en posesión de una titulación acreditativa de una formación específica, de carácter teórico-práctico, en la materia.
En este punto, se considera oportuno señalar que a efectos de establecer el catálogo de titulaciones que posibilitan el desempeño de la función de psicomotricidad, se tomó como referencia la «Resolución de 31 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre los criterios para determinar el contenido del servicio de promoción de la autonomía personal para las personas reconocidas en situación de dependencia en grado II y III, y la evaluación anual correspondiente al ejercicio 2013 de los resultados de aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las personas en situación de dependencia».
De acuerdo con la citada resolución, a los recursos humanos dedicados al desempeño del servicio de atención temprana (considerado éste con carácter general, y sin entrar a descender, a afectos de determinar las titulaciones, a las distintas actuaciones desempeñadas en el marco del mismo) se les exige contar con alguna de las siguientes titulaciones universitarias: Trabajo Social, Psicología, Pedagogía, Psicopedagogía, Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Logopedia, Educación Social, Maestro de Especialidad en Pedagogía Terapéutica, Maestro de Especialidad en Educación Especial, Maestro de Especialidad de Audición y Lenguaje.
Siendo esto así, entre el listado de titulaciones mencionadas se constatan también las relativas a Medicina, Enfermería o Educación Social que se contemplan en la iniciativa normativa que se propone, además de la de Maestro (Especialidad en Pedagogía Terapéutica; Especialidad en Educación Especial; o, Especialidad de Audición y Lenguaje).
«En caso de seguir una homologación transitoria (no automática), podría establecerse un periodo transitorio de 24 meses para poder cumplir los requisitos de experiencia o formación (no de titulación). Se podría plantear el modelo de la habilitación general sanitaria (PGS) para los profesionales con titulación de Psicología. Hace años, se habilitó esta titulación en el ámbito sanitario, mediante la homologación de una formación a todos los psicólogos, para que obtuviesen la acreditación de Psicólogo General Sanitario (PGS), lo que permitió que recibiesen su número de registro. En el caso de la Atención Temprana, se podría seguir este mismo modelo».
De conformidad con lo expuesto en relación a la aportación anterior, y en base a los mismos argumentos, se considera oportuna la exigencia a las personas profesionales que pretendan la prestación de servicios de psicomotricidad desde el ámbito de la intervención social en atención temprana de una titulación acreditativa de una formación específica, de carácter teórico-práctico, en dicha disciplina.
Y, en coherencia con ello, no se considera apropiado establecer mecanismos de homologación que habiliten para la intervención en dicha disciplina.
«Con respecto a los servicios exigidos en el Decreto 13/2016, consideramos que se pueden ofrecer desde la especificidad de cada caso, en función de las siguientes áreas:
Servicios del Decreto coherentes con éstas
Motoras y desarrollo físico:
Coordinación visual y motora
Control del tono postural
Autonomía de desplazamiento
Coordinación, succión, masticación y deglución
Terapia ocupacional»
La aportación realizada no se ajusta al contenido del artículo 22.1 del Decreto 13/2016, en el cual se exige la acreditación por las personas profesionales de los EIAT–integrados o ubicados en los Centros de Desarrollo Infantil y Atención Temprana– de estar en posesión de la titulación o cualificación adecuada para el ejercicio de las funciones que relaciona, esto es, psicomotricidad, psicoterapia, fisioterapia, logopedia o trabajo social.
Y, en consonancia con dicha disposición, el mandato dirigido al Gobierno Vasco se concreta en la obligación de determinar el catálogo de títulos, estudios y de competencia profesional que sirvan para la acreditación de la cualificación profesional para el desempeño o ejercicio de dichas funciones, y no de otras.
Es por todo ello que no resulta apropiado establecer las titulaciones adecuadas para el ejercicio de distintas áreas de trabajo o ámbitos de actuación, en lugar de atender a las funciones en el sentido que determina el artículo 22.1 del Decreto 13/2016.
«Consideramos que las horas de formación específica exigidas (300 horas) son excesivas. Actualmente, la Psicomotricidad está adquiriendo una mayor importancia en el ámbito educativo, sanitario y sociocomunitario, ya que es una disciplina científica en permanente desarrollo y evolución. No obstante, consideramos que 100 horas de formación, frente a las 300 indicadas en el actual Decreto, son más coherentes con las exigencias actuales de una buena práctica en esta disciplina. Entendemos que este número de horas cubren sobradamente las necesidades formativas para hacer frente a la realidad cambiante y a las nuevas competencias que se requieren, para el ejercicio de su profesión en Atención Temprana».
Como ya se ha indicado anteriormente, atendiendo al hecho de que la psicomotricidad es una disciplina y una metodología respecto de la cual, actualmente, no hay un grado universitario, y que como tal puede ser desempeñada al amparo de distintas titulaciones que compartan un marco conceptual o teórico común, se considera no sólo apropiado, sino también necesario, exigir a las personas profesionales del ámbito biopsicosocial que vayan a desempeñar su actividad laboral u oficio en dicho ámbito de actuación una formación específica, de carácter teórico-práctico, en la materia.
Y, a tal efecto, y considerando que la formación en psicomotricidad debe asentarse en un campo de conocimiento para el que existe un modelo teórico específico que hay que conocer, así como sobre una base experiencial que permita la práctica posterior en dicho campo, se entiende que el número de horas propuesto no resulta excesivo.
En todo caso, y tomando en consideración que las ofertas formativas actuales se conforman en base a un número de créditos y no de horas, se considera más adecuado precisar que la formación específica deberá ser de, al menos, 30 créditos, o, en su caso, su equivalente en horas, y que será determinado por el centro docente o Colegio Oficial Profesional que imparta la formación.
«Se considera que se ha omitido la antigua Licenciatura en Psicología que en sí misma, a diferencia del actual grado en Psicología, es reconocida como equivalente al nivel de Máster por la Resolución de 14 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria.
De conformidad con lo establecido en el artículo 24 del Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, se determina que el título oficial universitario de Licenciado en Psicología se corresponde con el nivel 3 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior. Asimismo, se indica que el nivel 3 de MECES se corresponde con el nivel 7 del Marco Europeo de Cualificaciones, tal como se indica en el artículo 4 del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, en su redacción dada por el Real Decreto 22/2015, de 23 de enero, por el que se establecen los requisitos de expedición del Suplemento Europeo a los títulos regulados en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y se modifica el Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior.
En nuestra opinión, se tendría que diferenciar la “antigua” Licenciatura en Psicología del Grado en Psicología actual, puesto que el plan de estudios y en consecuencia la formación recibida y la preparación es mucho más completa y especializada en clínica en el caso de la Licenciatura que en el Grado, debiendo entrar las personas que poseen Licenciatura en Psicología en el artículo 3 “Cualificación de las personas profesionales en Atención Temprana” dentro del apartado b) Psicoterapia. (Además, en el artículo 24 del Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, se determina que el título oficial universitario de Licenciado en Psicología se corresponde con el nivel 3 de Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior)».
Conforme al ordenamiento jurídico vigente, a fin de poder ejercer la actividad u oficio de Psicoterapia, ya sea en el ámbito público o en el privado, es preciso que las personas profesionales en psicología, además de la Licenciatura o Grado en Psicología, dispongan de alguno de los siguientes títulos o certificados:
Título oficial de especialidad en Psicología Clínica (Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada).
Título Oficial de Máster en Psicología General Sanitaria (Orden ECD/1070/2013, de 12 de junio, en la que se establecen los requisitos para el Título de Máster en Psicología General Sanitaria).
Habilitación para el ejercicio de actividades sanitarias, concedido por el Gobierno Vasco (Decreto 31/2006, de 21 de febrero, de autorización de los centros, servicios y establecimientos sanitarios).