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Timestamp: 2018-07-19 14:18:33
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Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 3', 'artículo 7', 'artículo 55', 'artículo 7', 'artículo 36', 'artículo 7', 'artículo 23', 'artículo 51', 'artículo 181', 'artículo 17', 'artículo 41', 'artículo 17', 'artículo 42', 'artículo 40', 'artículo 103', 'artículo 38', 'artículo 15', 'artículo 18', 'artículo 71', 'artículo 15', 'artículo 71', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 21', 'artículo 30', 'artículo 16', 'artículo 15', 'artículo 42', 'artículo 21', 'artículo 43', 'artículo 42', 'artículo 13', 'artículo 12', 'artículo 117', 'artículo 21', 'artículo 15', 'artículo 42', 'artículo 22', 'artículo 43', 'artículo 23', 'artículo 44', 'artículo 8', 'artículo 71', 'artículo 38', 'artículo 44', 'artículo 4', 'artículo 29', 'artículo 45', 'artículo 4', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 36', 'artículo 50', 'artículo 39', 'artículo 35', 'artículo 53', 'artículo 167', 'artículo 54', 'artículo 35', 'artículo 46', 'artículo 111', 'artículo 54', 'artículo 43', 'artículo 55', 'artículo 59', 'artículo 54', 'artículo 47', 'artículo 22', 'artículo 46', 'artículo 167', 'artículo 92', 'artículo 1', 'artículo 66', 'artículo 119', 'artículo 60']

Orden de 26 de mayo de 1999, por la que se desarrolla el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre. TITULO PRIMERO. Disposiciones comunes sobre la recaudación de los recursos en el sistema de la Seguridad Social
Vigencia desde 05 de Junio de 1999. Revisión vigente desde 02 de Marzo de 2000 hasta 31 de Enero de 2001
Disposiciones comunes sobre la recaudación de los recursos en el sistema de la Seguridad Social
1. La gestión recaudatoria en el ámbito de la Seguridad Social a que se refiere el artículo 1 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre, se desarrollará con arreglo a las normas de procedimiento contenidas en dicho Reglamento y conforme a las establecidas en la presente Orden y demás disposiciones complementarias.
2. El pago o cumplimiento de las demás obligaciones con la Seguridad Social que no sean objeto de gestión recaudatoria en los términos establecidos en el citado Reglamento General y en esta Orden se efectuará a la Tesorería General de la Seguridad Social conforme a las reglas especiales que se hallen establecidas y, en su defecto, se aplicarán las que correspondan a la naturaleza de la prestación objeto de la obligación de que se trate.
Organos recaudadores y colaboradores
1. Los órganos de la gestión recaudatoria en el ámbito central a que se refiere el artículo 6 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social ejercerán en todo el territorio del Estado las funciones recaudatorias que les están atribuidas de acuerdo con las normas contenidas en el propio Reglamento General, en el Real Decreto 1314/1984, de 20 de junio, por el que se regula la estructura y competencias de la Tesorería General de la Seguridad Social así como en el Real Decreto 1328/1986, de 9 de mayo, sobre organización de la recaudación en vía ejecutiva en el ámbito de la Seguridad Social, y demás disposiciones complementarias. Dichas funciones serán ejercidas, de acuerdo con la distribución de funciones que se halle establecida, tanto respecto de los demás órganos de gestión recaudatoria en su respectivo ámbito territorial de actuación, como respecto de los colaboradores de los órganos de recaudación a que se refiere el artículo 7 del citado Reglamento.
2. En el supuesto a que se refiere el apartado 3 del artículo 3 del Reglamento General, las Administraciones y las Unidades de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social ejercerán las funciones que en cada caso se establezcan dentro del ámbito territorial de actuación fijado para las mismas conforme a las normas reguladoras de su estructura y competencia.
3. Las funciones de gestión recaudatoria en el ámbito provincial se ejercerán, bajo la autoridad del respectivo Director provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, por los restantes órganos directivos y ejecutivos de cada Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, incluidas las Administraciones de la misma y sus Unidades de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social, conforme a la distribución geográfica y funcional que se halle establecida.
4. Los órganos de gestión recaudatoria de ámbito no estatal solamente podrán actuar dentro del ámbito geográfico a que se extienda su respectiva competencia. Si para el desempeño de su cometido fuese preciso practicar diligencias u otras actuaciones fuera de su demarcación, las interesarán del órgano territorial y funcionalmente competente, comunicándose al efecto directamente entre sí los Directores provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social y, por conducto de éstos, los demás órganos inferiores, salvo en los supuestos en que esté expresamente prevista la comunicación directa entre determinados órganos inferiores o la práctica de actuaciones fuera de su respectivo ámbito territorial.
Para actuar como colaboradores de los órganos de recaudación de la Tesorería General de la Seguridad Social a que se refiere el artículo 7 del Reglamento General se requerirá habilitación al respecto por disposición específica, autorización concedida por la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social o celebración del correspondiente concierto y en cuya virtud se atribuyan a aquéllos funciones recaudatorias de los recursos del Sistema de la Seguridad Social.
1. Se hallan habilitadas para actuar como oficinas recaudadoras con el carácter de colaboradoras de los órganos de gestión recaudatoria de la Tesorería General de la Seguridad Social, las entidades financieras que se determinan en el apartado 1 del artículo 55 de la presente Orden.
2. Para que las demás entidades financieras o de crédito así como los órganos o agentes a que se refiere el apartado 1 del artículo 7 del Reglamento General actúen como colaboradores de los órganos recaudatorios de la Tesorería General de la Seguridad Social se requerirá autorización de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social, que resolverá sobre las solicitudes formuladas, a las que se acompañará memoria justificativa de la posibilidad de recoger por medios técnicos la información de las operaciones que hayan de realizar como colaboradores.
2.1. Para valorar adecuadamente la conveniencia de conceder la autorización solicitada podrán considerarse aquellos datos que sean acreditativos de la solvencia del solicitante y de su posible contribución al servicio de colaboración en la recaudación. A tal fin, podrán recabarse los informes que se estimen oportunos.
2.2. La Dirección General de la Tesorería podrá aceptar o no la petición y determinar la forma y condiciones de la prestación de servicio así como limitar o denegar las autorizaciones para la colaboración en función también de los medios electrónicos, informáticos y telemáticos del solicitante respecto del suministro de datos y de la información necesarios para la gestión recaudatoria de los recursos del Sistema de la Seguridad Social efectuada por la Tesorería General. Si la resolución fuere denegatoria, la misma deberá ser motivada.
3. Todos los colaboradores de la gestión recaudatoria a que se refieren los números anteriores deberán ajustar su actuación, como tales colaboradores, a lo establecido en la presente Orden y a las instrucciones dictadas por la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Sin perjuicio de cualquiera otra responsabilidad que en cada caso proceda, la Dirección General de la Tesorería podrá suspender temporalmente o revocar definitivamente, previo expediente incoado al efecto, la colaboración de las entidades, órganos o agentes habilitados o autorizados al efecto, así como restringir temporal o definitivamente el ámbito territorial de su actuación o excluir de la prestación del servicio de colaboración alguna de las oficinas o unidades del colaborador, si por dichas entidades, órganos o agentes se incumplieren las obligaciones establecidas en esta Orden y las disposiciones dictadas por la Dirección General de la Tesorería.
En particular, la Dirección General de la Tesorería podrá hacer uso de tales facultades cuando se dieren alguna de las circunstancias siguientes:
a) Admisión de la documentación recaudatoria que no esté debidamente cumplimentada en los datos relativos a la identidad y domicilio del obligado al pago.
b) Presentación reiterada de la documentación recaudatoria, que como colaborador deba aportar a las Direcciones Provinciales o a los Servicios Centrales de la Tesorería General, fuera de los plazos establecidos, de forma incompleta, con deficiencias o con manipulación de los datos contenidos en dicha documentación, sea la que la entidad, órgano o agente colaborador debe custodiar o sea la que deba entregar a los obligados al pago.
c) Incumplimiento de las obligaciones que tienen, como colaboradores, de proporcionar o declarar cualquier tipo de datos, informes o antecedentes con trascendencia recaudatoria, incluidas las cuentas y los domicilios reales que les consten respecto de los que hubieren presentado ante ellos la documentación recaudatoria, conforme a lo establecido en el artículo 36 de la Ley General de la Seguridad Social y los artículos 117 y 189 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la misma.
d) Colaboración o consentimiento en levantamiento de bienes embargados.
e) Resistencia, negativa u obstrucción a la actuación de los órganos de recaudación.
f) No efectuar o efectuar con retraso el ingreso de las cantidades recaudadas en las cuentas de la Tesorería.
g) Escasa utilización de la autorización, manifestada por la inexistencia de ingresos realizados a través del agente, órgano o entidad colaboradora de que se trate o por el escaso volumen de los mismos.
4. Las oficinas recaudadoras habilitadas y demás colaboradores autorizados que deseen cesar en su colaboración deberán presentar su solicitud, con una antelación mínima de treinta días al previsto para el cese, ante la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social para la resolución que proceda.
5. La resolución expresa de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social autorizando la colaboración, aceptando la renuncia o acordando el cese se publicará en el boletín oficial de la provincia o provincias o en el de la Comunidad o Comunidades Autónomas en que pretendiere actuar o viniere actuando la entidad, el órgano o agente colaborador, o en el del Estado, si lo hiciere en todo el territorio del mismo y surtirá efectos desde el día primero del mes siguiente al de su publicación en el correspondiente boletín.
Los conciertos que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento General, pueda celebrar la Tesorería General de la Seguridad Social para el desarrollo de la gestión recaudatoria requerirán la previa autorización del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y deberán fijar, como mínimo, las siguientes materias:
a) Determinación de los servicios recaudatorios objeto del concierto, con indicación de los órganos que asumen las funciones de recaudación concertadas.
b) Señalamiento del procedimiento administrativo que ha de observarse en el cumplimiento de las funciones recaudatorias concertadas.
c) Fijación de las compensaciones económicas.
d) Determinación de los plazos y formas de ingreso de lo recaudado en las cuentas de la Tesorería General de la Seguridad Social.
e) Señalamiento del plazo de vigencia previsto para el concierto y procedimiento rescisorio, en su caso.
f) Mención expresa de que cualquier modificación legislativa en la regulación de la gestión recaudatoria de los recursos de la Seguridad Social que afecte al contenido del concierto después de celebrado podrá dar lugar a la revisión o rescisión del mismo, mediante resolución del Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social adoptada y publicada en la misma forma que el concierto a que se refiere.
g) Si el concierto se celebrare con entidades particulares, se requerirá autorización específica del Consejo de Ministros y la habilitación acordada tendrá en todo caso carácter temporal.
1. El pago de las deudas en el ámbito de la Seguridad Social se efectuará conforme a los requisitos y condiciones, con los medios de pago, entrega de justificantes así como, en su caso, con las garantías y efectos que para el pago o la falta del mismo se establece, respectivamente, en las Secciones 1.ª a6.ª del capítulo V del título I del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social y en las demás disposiciones de desarrollo del mismo.
2. Cuando por Ley se autorice el pago en especie para las deudas de la Seguridad Social, éste se efectuará en los términos y condiciones fijados en la Ley que lo hubiere establecido y, en defecto de normas específicas, se aplicarán las reglas siguientes:
a) El deudor que pretenda utilizar el pago en especie comunicará a la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, dentro del período reglamentario de recaudación, su voluntad de utilizarlo, acompañando a la comunicación valoración de los bienes ofrecidos en pago efectuada por los órganos o unidades de la Dirección Provincial de la Tesorería General correspondiente o justificante de haberla solicitado.
b) Si los bienes que se pretenden dar en pago no estuvieren valorados antes del agotamiento del plazo reglamentario para el pago de la deuda de que se trate se entenderá concedido aplazamiento desde el agotamiento de dicho plazo reglamentario y hasta tanto se procede a la valoración de dichos bienes. Siempre que el origen o causa de la demora en la valoración no sea imputable a los órganos o unidades a los que la misma corresponda, este aplazamiento devengará el interés legal desde la fecha de su concesión hasta la entrega de los bienes a la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social.
c) La Subdirección General de Gestión de Patrimonio, Inversiones y Obras y las Secretarías Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social son los órganos competentes para acordar la aceptación de los bienes dados en pago de la deuda, requiriéndose en todo caso autorización previa del Director General de dicha Tesorería. El acuerdo de aceptación surtirá los efectos del pago desde la fecha de entrega de los bienes, los cuales se integrarán desde esa misma fecha en el patrimonio de la Seguridad Social.
Del documento justificativo de la recepción de los bienes dados en pago se remitirá copia al órgano de recaudación, si fuere distinto del que hubiere acordado la aceptación de tales bienes.
3. Cuando el pago de deudas con la Seguridad Social se efectúe mediante cheque en los términos regulados en el artículo 23 del Reglamento General, el librado deberá retener la cantidad necesaria para el pago del cheque a su presentación hasta un plazo, como mínimo, de treinta días posteriores a la fecha de su emisión.
Los cheques extendidos a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social podrán ser hechos efectivos no solamente por los órganos centrales sino también por los órganos competentes de las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social, incluidas las Administraciones de las mismas y, en su caso, las Unidades de Recaudación Ejecutiva.
Circunstancias y garantías del pago
1. La moratoria de deudas con la Seguridad Social, como circunstancia de las mismas que amplía el plazo reglamentario dentro del cual el cumplimiento de la obligación de que se trate se admite como normal, se regirá por la Ley que la hubiere establecido y, en lo no previsto en la misma, por lo dispuesto en este artículo y demás disposiciones complementarias.
2. En defecto de norma expresa, el pago de la deuda deberá efectuarse una vez finalizado el período de carencia, si se hubiere establecido al concederse la moratoria, de acuerdo con el procedimiento que fije la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social y dentro del plazo fijado en la concesión de la misma, en las cuantías y en el período o períodos que, oído el obligado al pago de la deuda de que se trate, determine, en cada caso, dicha Dirección General y que necesariamente coincidirán con meses naturales.
3. El incumplimiento de las condiciones de la moratoria determinará la resolución de la misma y dará lugar a la reclamación de la deuda incumplida por la Tesorería General de la Seguridad Social, con los recargos que procedieren conforme al procedimiento administrativo de recaudación en período voluntario y en vía ejecutiva establecido en el Reglamento General de Recaudación, en esta Orden y demás disposiciones complementarias.
1. Los fraccionamientos en el pago de las deudas con la Seguridad Social que no sean consecuencia de aplazamientos, transacciones, arbitrajes o convenios en procesos concursales se regirán por las normas específicas que los establezcan y, en su defecto o insuficiencia de éstas, se estará a lo dispuesto en los artículos 18, 37 y 181 del Reglamento General y demás disposiciones complementarias.
2. En los casos de transacciones, arbitrajes y convenios en procesos concursales sobre los derechos de la Seguridad Social en los términos establecidos en el artículo 51 de esta Orden, los Servicios Centrales y Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social podrán aceptar como entregas a cuenta del pago de deudas para con la misma cualquier ingreso parcial que se les haga por el sujeto responsable o por cuenta del mismo.
Estos ingresos parciales se imputarán al pago de las deudas conforme a las condiciones establecidas en la transacción, en el arbitraje o en el convenio y, en su defecto, se estará a lo dispuesto en el artículo 181 del Reglamento General, si la deuda de que se trate se hallare en vía de apremio.
3. Los fraccionamientos en el pago o pagos parciales de deudas con la Seguridad Social que sean consecuencia del aplazamiento de las mismas se regirán por las normas aplicables a éste.
1. No se reclamará administrativamente o, en su caso, no se seguirá el procedimiento administrativo de apremio respecto de deudas inferiores al 20 por 100 del salario mínimo interprofesional mensual vigente en el momento del nacimiento de aquéllas, sin incluir el prorrateo de las pagas extraordinarias y redondeado a mil por exceso.
A partir de: 3 febrero 2002
2. No obstante, cuando por acumulación de deudas se supere el importe indicado en el apartado anterior, se procederá a su reclamación administrativa o al seguimiento del procedimiento de deducción o de apremio para su efectividad.
Asimismo, no obstará a la reclamación de la deuda su cuantía, cualquiera que fuere, cuando se siga el procedimiento de compensación o de deducción en los términos regulados en las Secciones 2.ª y 3.ª del capítulo IV de este título.
1. En los casos y con el alcance en que proceda la consignación conforme a lo previsto en los artículos 39, 105.3 y 184.2 del Reglamento General, dicha consignación alcanzará al importe de la deuda, por principal y, en su caso, intereses, recargo y costas, si procedieren y hasta un 3 por 100 a cuenta de estas últimas, y se acreditará su realización ante el propio órgano que hubiere dictado el acto recaudatorio al que la misma esté referida.
La consignación del importe de la deuda se efectuará mediante ingreso en la Caja General de Depósitos o en entidad de crédito a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social en la cuenta que ésta determine.
2. En los supuestos y con los efectos previstos en los artículos 105 y 184.2 del Reglamento General, la consignación en metálico podrá sustituirse por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse constar expresamente la responsabilidad solidaria del avalista. A efectos de aplazamiento, se estará a lo especialmente dispuesto en el artículo 17 de esta Orden.
Del aval y, en su caso, de la consignación constituidos para la interposición de recurso ordinario frente a la resolución que eleva a definitiva la liquidación figurada en el acta de liquidación así como de la suficiencia de la consignación o del aval, se dará cuenta por la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo de diez días hábiles, a la Jefatura Provincial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que tramitó el expediente.
3. El resguardo de la consignación en dinero de curso legal o, en su caso, el documento justificativo de la misma o el aval quedarán bajo custodia del órgano que hubiere dictado el acto al que la consignación se refiera, el cual expedirá el oportuno justificante de su entrega al que hubiere efectuado la consignación.
4. Si la liquidación a la que estuviere referida el acto recaudatorio suspendido quedara totalmente sin efecto, se procederá a la devolución de la cantidad consignada o, en su caso, del documento de aval que se hubiere constituido.
Si dicha liquidación hubiere quedado en parte sin efecto, se dispondrá la devolución parcial de la consignación en la cuantía que corresponda o la liberación del aval constituido, una vez pagada la deuda resultante o tras su sustitución por otro por la nueva cuantía adeudada.
Si la liquidación del acto recaudatorio fuere confirmada en su totalidad en la resolución recaída sobre el recurso ordinario formulado, se aplicará la cantidad consignada al pago de la liquidación de que se trate o se dispondrá el mantenimiento del aval hasta que se pague la cantidad adeudada o hasta que se realice su valor en los términos establecidos en los artículos 115 del Reglamento General y 113 de esta Orden.
5. Las consignaciones constituidas a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de las cuales, en aplicación de la legislación vigente, se considere prescrito el derecho a su devolución o en las que proceda su aplicación en los términos indicados en el apartado anterior, se integrarán, como ingresos, en el Presupuesto de Recursos y Aplicaciones de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Para la devolución de las cantidades consignadas se procederá a expedir la orden o mandamiento de pago que proceda, una vez recibida la resolución administrativa o, en su caso, judicial, o testimonio o copia compulsada de las mismas o de la liquidación efectuada al respecto.
Los aplazamientos en el pago de las deudas con la Seguridad Social podrán concederse por la Tesorería General de la Seguridad Social en los términos establecidos en la Ley General de la Seguridad Social, en el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, en esta Orden y en las demás disposiciones complementarias.
Conforme a lo establecido en el artículo 41 del Reglamento General, podrán ser objeto de aplazamiento todas las deudas objeto de gestión recaudatoria por la Tesorería General de la Seguridad Social, así como las aportaciones empresariales en la cotización por Desempleo, Fondo de Garantía Salarial, Formación Profesional y demás conceptos de recaudación conjunta con las cuotas de la Seguridad Social, excluidas las deudas cuyo objeto lo constituyan cuotas correspondientes a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y las aportaciones de los trabajadores relativas a las cuotas aplazadas, cuando el sujeto responsable del ingreso de las cuotas sea el empresario o, en su caso, el representante de comercio.
1. El aplazamiento en el pago de deudas con la Seguridad Social podrá ser ordinario o extraordinario.
2. Podrán concederse aplazamientos ordinarios a los sujetos responsables del pago que, por dificultades de tesorería de carácter transitorio, se vean en la imposibilidad de cumplir sus obligaciones con la Seguridad Social en el plazo fijado para su pago, en las condiciones y conforme al procedimiento establecidos al efecto en esta Orden y demás disposiciones complementarias.
3. Podrán concederse, con el carácter de extraordinarios, aplazamientos en el pago de deudas con la Seguridad Social, cualquiera que sea la situación en que se encuentren, cuando los antecedentes y las garantías patrimoniales del deudor o la viabilidad en el cumplimiento del plan de pagos ofrecido así lo justifiquen o cuando el responsable de su pago acredite la concurrencia de causas extraordinarias en relación con el desarrollo normal de su actividad u otras circunstancias excepcionales.
1. Podrán conceder aplazamientos ordinarios en el pago de las deudas con la Seguridad Social el Director general de la Tesorería General de la Seguridad Social y, en los términos que éste acuerde, el Subdirector general correspondiente así como el respectivo Director provincial de dicha Tesorería General y, previa autorización de éste, el Subdirector provincial y el respectivo Director de la Administración correspondiente, conforme a las reglas de distribución de competencias establecidas para los mismos.
2. Con el carácter de extraordinarios, podrán conceder aplazamientos en el pago de las deudas con la Seguridad Social el Director general de la Tesorería General de la Seguridad Social y, en las condiciones y hasta las cuantías que el mismo determine, el Subdirector general, el Director provincial o el Subdirector provincial correspondiente.
Aplazamiento ordinario
Para que puedan concederse aplazamientos ordinarios, el sujeto responsable del pago de las deudas objeto de aplazamiento deberá cumplir los siguientes requisitos:
1. Presentar la solicitud de aplazamiento conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente.
2. Hallarse al corriente en el pago de sus deudas por cuotas hasta el momento en que se solicita el aplazamiento y, si se tratare de deudas de otra naturaleza, deberá acreditarse estar al corriente en el pago de las deudas de la misma naturaleza que aquéllas cuyo aplazamiento se solicita.
3. Ofrecer con la solicitud garantías suficientes que cubran el total de la deuda en los términos establecidos en el artículo 17 de esta Orden, salvo en los supuestos siguientes:
a) De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2.a) del artículo 42 del Reglamento General, cuando el solicitante sea la Administración General del Estado, una Comunidad Autónoma, entidad de la Administración local, organismo autónomo o entidad de Derecho Público con personalidad jurídica propia vinculado o dependiente de cualquiera de tales Administraciones o se trate de aplazamientos de cuotas de los trabajadores por cuenta propia o autónomos a que se refiere el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 40 de dicho Reglamento.
b) Cuando se solicite aplazamiento por un período inferior a un año, siempre que la deuda aplazable no rebase la cantidad de 10.000.000 de pesetas, o cuando la cuantía de la deuda cuyo aplazamiento se solicita sea inferior a 5.000.000 de pesetas.
c) Cuando se solicite aplazamiento por un período inferior a tres años, siempre que la deuda aplazable no rebase la cantidad de 25.000.000 y se abone el 25 por 100 de dicha cantidad dentro de los diez días hábiles siguientes al de notificación de la resolución que lo conceda.
d) En los aplazamientos a que se refiere el artículo 103 de esta Orden.
e) En los aplazamientos en que autorice expresamente su exención el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales o autoridad en quien delegue, por concurrir causas de carácter extraordinario que así lo aconsejen.
1. La solicitud de aplazamiento ordinario se dirigirá a la Administración de la Seguridad Social o a la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en la provincia en que el empresario o sujeto responsable del pago tenga autorizada la cuenta de cotización o, en su defecto, en la que el mismo tenga su domicilio.
La solicitud podrá presentarse en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. En la solicitud deberán exponerse todos los datos necesarios para la completa identificación del sujeto responsable, las circunstancias de hecho que motiven la solicitud, explicando suficientemente las causas de las dificultades transitorias de tesorería, el período de aplazamiento y los plazos de amortización que se proponen.
Igualmente, habrá de expresarse la cuantía de la deuda objeto del aplazamiento solicitado y acompañarse liquidación de la misma.
2.1 En los aplazamientos de deudas por cuotas, la liquidación será la que resulte de descontar del importe de las cuotas aplazables tanto el importe de las deducciones en las mismas por bonificaciones o reducciones de cualquier otra naturaleza que tenga reconocidas el solicitante y no hubiere perdido, como el de las prestaciones satisfechas por la empresa en régimen de pago delegado, correspondientes unas y otras al mismo período que el de las cuotas aplazables, salvo que se minoren o se compensen con las inaplazables.
Las liquidaciones de cuotas se presentarán necesariamente en los documentos de cotización debidamente cumplimentados, que se acompañarán a la solicitud de aplazamiento.
2.2 La empresa o sujeto responsable que tuviera asignados distintos códigos de cuenta de cotización deberá indicar en la solicitud su código de cuenta de cotización principal así como los demás códigos de cuenta de cotización afectados y señalar si, simultáneamente, formula petición de aplazamiento en otras Direcciones Provinciales de la Tesorería General o en cualesquiera de sus Administraciones.
3. La solicitud de aplazamiento ordinario deberá presentarse dentro de los veinte primeros días naturales del plazo reglamentario establecido para el pago de la deuda cuyo aplazamiento se solicita. Las solicitudes presentadas fuera de dicho plazo darán lugar, sin más trámite, a su desestimación por extemporáneas, sin perjuicio de que el interesado, una vez vencido el plazo reglamentario, pueda solicitar aplazamiento extraordinario en los términos y circunstancias establecidos en los artículos 24 y siguientes de esta Orden.
4. La solicitud de aplazamiento será tramitada por la Administración o Subdirección de la Dirección Provincial de la Tesorería General a la que deba ser dirigida, sin perjuicio de lo especialmente dispuesto en los artículos siguientes en orden a su resolución.
1. El ofrecimiento de garantías suficientes a que se refiere el apartado 3 del artículo 15 de esta Orden deberá estar referido a la constitución, a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social, de aval de entidades de depósito o de crédito, cooperativas de crédito o sociedades de garantía recíproca o seguro de caución por compañías de seguros autorizadas para operar en el ramo correspondiente y, si no fuere posible obtener dicho aval o dicho seguro, de hipoteca, prenda con o sin desplazamiento o cualquier otra garantía suficiente para el pago total de la deuda más los intereses exigibles sobre la cantidad aplazada desde que surta efectos la concesión del aplazamiento hasta el pago así como el importe del recargo de mora o, en su caso, de apremio en que pudiera incidirse.
1.1. El no ofrecimiento de garantías, si resultare incumplido el requerimiento de subsanación a que se refiere el artículo 18.1, dará lugar al archivo del expediente sin más trámite.
1.2. El ofrecimiento de aval y demás formas de garantía personal deberá ir acompañado de la aceptación de los avalistas o garantes y, en la fianza y aval, de la renuncia expresa de los beneficios de división y excusión.
El referido aval, cuando se constituya, deberá ser registrado en el Registro Especial de Avales.
El ofrecimiento de garantías reales deberá acompañarse de la documentación acreditativa de la propiedad y cargas de los bienes así como de una valoración pericial de los mismos.
2. Las garantías se ofrecerán para que se constituyan por un término que exceda, al menos, en seis meses al vencimiento del plazo o plazos garantizados.
1. Cuando la solicitud de aplazamiento formulada incurriera en defectos u omisiones, el órgano que deba tramitarla, sea o no el competente para dictar resolución sobre la misma, requerirá al solicitante, en el plazo máximo de diez días hábiles, para que subsane los defectos en igual plazo, con indicación de que, si así no lo hiciere, se elevará el expediente al órgano competente para que dicte resolución en la que se tenga por desistido al solicitante conforme a lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. Las Direcciones Provinciales de la Tesorería General y las Administraciones competentes para su tramitación podrán recabar cuantos informes y actuaciones estimen convenientes antes de resolver o, en su caso, de elevar el expediente al órgano provincial o central competente para resolver.
1. La Administración de la Seguridad Social o la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social ante la que se haya presentado y tramitado la solicitud de aplazamiento procederá de la siguiente forma:
a) Si observase que no concurre alguno de los requisitos señalados en el artículo 15 de esta Orden, salvo el relativo al ofrecimiento de garantía cuando ésta sea exigible y se solicite su exención, y que continúan los defectos u omisiones señalados al solicitante, sin haber sido subsanados en el plazo establecido en el artículo anterior, se dictará resolución en la que se le tenga por desistido conforme a lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
b) Si observara que concurren los requisitos reglamentarios y le compete dictar resolución, el Director, el Subdirector provincial de la Tesorería General o, en su caso, el Director de la Administración, dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones al efecto, resolverá concediendo o denegando lo solicitado, en función de las circunstancias a que se refieren los artículos 40.1 del Reglamento General y 13 de esta Orden.
Normalmente serán objeto de denegación las solicitudes de aplazamiento de deudas inferiores al doble del salario mínimo interprofesional establecido mensualmente sin incluir la parte correspondiente a pagas extraordinarias, salvo que concurran circunstancias especiales que puedan justificar su concesión.
Asimismo, a efectos de la resolución que proceda será especialmente ponderada la reiteración en el incumplimiento, en todo o en parte, de los aplazamientos anteriormente concedidos al solicitante.
2. Si la Administración de la Seguridad Social o la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social ante la que se hubiere presentado y tramitado la solicitud de aplazamiento apreciase que concurren los requisitos reglamentarios y correspondiere al Subdirector general o al Director general de la Tesorería General dictar la resolución pertinente, trasladará las actuaciones a los Servicios Centrales de la Tesorería General de la Seguridad Social con informe y propuesta razonada del Director provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Los órganos centrales de la Tesorería General de la Seguridad Social decidirán sobre las solicitudes cuya resolución les corresponda y que se comunicará al interesado y a la correspondiente Dirección Provincial.
3. En todo caso, una vez completada la documentación que deba aportar el solicitante, la resolución que proceda deberá adoptarse y notificarse en el plazo establecido en el apartado 3 del artículo 42 del Reglamento General y en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, practicándose la notificación conforme a lo previsto en los artículos 59 a 61 de dicha Ley.
4. Las resoluciones que concedan aplazamiento determinarán los siguientes extremos:
a) La cuantía de la deuda aplazada que, en su caso, será aquella que, conforme a lo dispuesto en los artículos 16.2.1 y 21.1 de esta Orden, resulte de compensar de las deudas aplazadas el importe de las prestaciones satisfechas por la empresa en régimen de pago delegado correspondientes al mismo período y de deducir las bonificaciones, reducciones u otros créditos que el sujeto responsable tuviere con la Tesorería General de la Seguridad Social y que puedan ser compensados o deducidos de conformidad con lo establecido en los artículos 35, 48 y 74 de esta Orden.
b) Plazos para el cumplimiento de las condiciones de efectividad del aplazamiento establecidas en los números 1 y 2 del artículo 21 de esta Orden.
c) El período total de aplazamiento.
Este período no deberá exceder de dos años. No obstante, el órgano competente para conceder el aplazamiento podrá autorizar que se fije otro límite al período de aplazamiento hasta un máximo de cinco años. El Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social podrá autorizar aplazamientos por períodos superiores a cinco años.
d) Los plazos de amortización y la cantidad a abonar en cada uno de ellos.
5. Si el solicitante hubiere pagado la deuda y la resolución expresa concediendo el aplazamiento fuere notificada después de dicho pago, se condonará el recargo de mora si se hubiere pagado y serán devueltos de oficio dicho recargo así como el importe de la deuda aplazada que se hubiere satisfecho, una vez deducida la parte correspondiente a los plazos concedidos que hubieren vencido y sin perjuicio de lo previsto en el apartado 1.4 del artículo 30 de esta Orden cuando el titular del derecho a la devolución resultare deudor con la Tesorería General de la Seguridad Social por deudas distintas de las aplazadas, a cuyo pago se aplicará la cantidad objeto de devolución.
Denegado el aplazamiento solicitado, el pago de la deuda podrá realizarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la resolución denegatoria sin incurrir en ningún tipo de recargo de mora. Sin embargo, no procederá la exención de dicho recargo si la no concesión del aplazamiento es debida al incumplimiento de los requisitos y obligaciones señalados en los artículos 15, 16 y 17 de esta Orden o no llegan a formalizarse en plazo las garantías aceptadas y exigidas por causa imputable al solicitante.
1. Para que el aplazamiento concedido surta los efectos que le son propios, es necesario que el sujeto responsable ingrese en todo caso en plazo reglamentario las aportaciones de los trabajadores por cuenta ajena y las cuotas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales correspondientes al período objeto de aplazamiento, presentando los documentos de cotización debidamente formalizados.
En estas liquidaciones podrá aplicarse tanto la compensación de las cuotas debidas con las prestaciones abonadas en régimen de pago delegado como la deducción de las bonificaciones o reducciones de cualquier naturaleza que el sujeto responsable tenga reconocidas y relativas unas y otras al mismo período que las cuotas aplazables, en idénticos términos y cuantía que, en su caso, se deriven de la declaración efectuada al respecto en la solicitud de aplazamiento, cumplimentada ésta en la forma descrita en el artículo 16.2 de esta Orden.
En los aplazamientos a que se refiere el artículo 15.3.c) de esta Orden la concesión del aplazamiento queda condicionada además a que el sujeto responsable ingrese el 25 por 100 de la deuda aplazada dentro de los diez días hábiles siguientes al de la notificación de la resolución que los conceda.
2. Cuando sea exigible la constitución de garantía para el aplazamiento, ésta se aportará en el plazo de treinta días naturales siguientes al de la notificación del acuerdo de concesión. Este plazo podrá ampliarse hasta noventa días hábiles por el Director provincial, Subdirector provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social o el Director de Administración de la misma, según proceda, o hasta seis meses por el Director general de la Tesorería General de la Seguridad Social, previa solicitud razonada del interesado en todo caso.
Si transcurrido el plazo o plazos concedidos para la formalización de la garantía, ésta no se hubiere constituido, quedará sin efecto automáticamente el acuerdo de concesión del aplazamiento, produciéndose los mismos efectos que para el supuesto de denegación se establecen en el artículo anterior.
2.1. La aceptación de la garantía compete al órgano que deba resolver sobre el aplazamiento solicitado.
2.2. Las garantías serán liberadas una vez comprobado el pago total de la deuda garantizada incluidos, en su caso, recargos e intereses devengados.
Para la liberación parcial de las garantías, se estará a lo especialmente dispuesto al efecto en la legislación común o especial aplicable a la garantía personal o real que se hubiere constituido.
3. Asimismo, para que la concesión del aplazamiento produzca los efectos que le son propios, si el responsable del pago de los plazos de amortización señalados contrajere con la Seguridad Social otras deudas de la misma naturaleza posteriores a las aplazadas o estuviere obligado a cotizar a cualquiera de los Regímenes del Sistema de la Seguridad Social en razón de su actividad o situación, además de abonar la cantidad correspondiente a cada plazo de amortización, deberá mantenerse al corriente en el pago de las nuevas deudas de la misma naturaleza distintas a cuotas así como ingresar en período voluntario las cuotas y conceptos de recaudación conjunta, devengadas con posterioridad a la notificación del aplazamiento concedido.
En otro caso, el aplazamiento concedido quedará sin efecto desde que se inicie la vía ejecutiva para la exigibilidad de la nueva o nuevas deudas generadas o, si ésta no resultare procedente, desde que se inicie el procedimiento de deducción al respecto, sin perjuicio de que pueda solicitarse y obtenerse nuevo aplazamiento si procediere.
4. La efectividad del aplazamiento quedará sujeta a las demás condiciones específicas que pueda establecer la resolución que lo hubiere concedido.
1. La deuda aplazada devengará, en todo caso, intereses conforme al tipo de interés legal del dinero que, en la fecha de efectos de la concesión del aplazamiento, estuviere fijado con arreglo a lo dispuesto en la Ley 24/1984, de 29 de junio, sobre modificación del tipo de interés legal del dinero.
Los intereses serán exigibles por el tiempo que medie entre la fecha desde la que surta efectos la concesión del aplazamiento, que en ningún caso podrá ser anterior a la fecha de vencimiento del plazo reglamentario de ingreso, y la fecha de pago.
2. Las empresas y demás sujetos responsables que tengan concedido aplazamiento en el pago de sus deudas con la Seguridad Social, en tanto cumplan las condiciones para su efectividad señaladas en el artículo anterior, se considerarán al corriente respecto de las mismas tanto para el reconocimiento del derecho a las prestaciones como a los efectos indicados en el apartado 3.b) del artículo 42 del Reglamento General y demás disposiciones complementarias.
3. El pago de los plazos de amortización concedidos, en los términos y condiciones fijados en la resolución que conceda el aplazamiento, se efectuará directamente en la entidad financiera, sin necesidad de previa autorización de la Dirección Provincial de la Tesorería General o Administración de la misma.
1. La Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social o la Administración de la misma ante la que se haya tramitado la solicitud vigilará el exacto cumplimiento de las condiciones que para la efectividad de los aplazamientos concedidos se establecen en el artículo 21 de esta Orden así como del pago, a su vencimiento, de los plazos de amortización establecidos en la resolución que conceda el aplazamiento y de las demás obligaciones a que se refiere el apartado 2 del artículo 43 del Reglamento General.
2. El incumplimiento de las condiciones para la efectividad del aplazamiento ordinario concedido dará lugar a la continuación del procedimiento recaudatorio que se hubiere suspendido o, en su caso, a la expedición de la reclamación de deuda que proceda y demás trámites del procedimiento recaudatorio si, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.3.b) del Reglamento General, la resolución que concedió el aplazamiento hubiere acordado expresamente la terminación del procedimiento recaudatorio.
Si, no obstante el incumplimiento de las condiciones del aplazamiento, el obligado al pago ingresara la deuda y los intereses correspondientes antes del agotamiento del período voluntario de recaudación por iniciación de la vía ejecutiva, el recargo de mora que proceda se aplicará sobre el importe de la misma y/o sobre sus intereses, en la cuantía en que a cada uno de dichos conceptos corresponda.
2.1. La falta de ingreso de cualquiera de los plazos de amortización establecidos en la resolución que conceda el aplazamiento así como, en su caso, no mantenerse al corriente en el pago de nuevas deudas que, no siendo cuotas, sean de la misma naturaleza que las aplazadas y, en cualquier caso, el no ingresar en el período voluntario de recaudación las nuevas cuotas y conceptos de recaudación conjunta con las mismas, devengados con posterioridad a la fecha de notificación de la resolución que conceda el aplazamiento, dará lugar a que éste se declare sin efecto por el mismo órgano que lo hubiere concedido, efectuándose, en su caso, las pertinentes comunicaciones, y determinará la iniciación o continuación del procedimiento recaudatorio en la fase en que por la concesión del aplazamiento se hubiere suspendido, con deducción del importe de los plazos y de los intereses que se hubieren ingresado y sin perjuicio de reclamar al deudor, si procediere, en forma separada los intereses devengados pendientes de ingreso o bien, en su caso, al garante del pago mediante la expedición de la correspondiente reclamación de deuda por la totalidad o parte de la principal aplazada y no pagada así como por los intereses devengados pendientes de ingreso, incrementados con el recargo de mora procedente en la fecha de expedición de la reclamación.
2.2. Para la ejecución de las garantías constituidas a efectos del aplazamiento, se estará a lo dispuesto en los artículos 115 del Reglamento General y 113 de esta Orden.
Concluida la ejecución de las garantías que se hubieren constituido para la concesión del aplazamiento sin que resulte pagada en todo o en parte la deuda reclamada frente al garante así como cuando se incumplan los aplazamientos en los que no se exigiera la constitución de garantías, se seguirá el procedimiento recaudatorio en período voluntario y, en su caso, el procedimiento de apremio o el procedimiento de deducción conforme a lo establecido en el Reglamento General y en esta Orden.
Aplazamiento extraordinario
1. El aplazamiento extraordinario de las deudas con la Seguridad Social se regirá por las normas previstas en esta subsección y, en lo que en ella no se halle previsto, se aplicarán las reglas relativas al aplazamiento ordinario.
2. Podrán ser objeto de aplazamiento extraordinario las deudas con la Seguridad Social que se determinan en el apartado 3 del artículo 13 de esta Orden en relación con el artículo 12 de la misma, una vez vencido el plazo reglamentario de ingreso, cualquiera que fuese la situación en que las mismas se encuentren, incluso en apremio, y aun cuando hubieran sido objeto de aplazamiento anterior, debiendo comprender también los recargos, intereses y costas que, en su caso, correspondan a las deudas objeto de aplazamiento en la fecha de solicitud.
El aplazamiento extraordinario deberá comprender asimismo la totalidad de las deudas con la Seguridad Social constituidas por recursos de la misma naturaleza que el responsable del pago tenga con la Seguridad Social en el momento de formular su solicitud de aplazamiento de dicha clase de deudas.
La solicitud, la tramitación y la resolución de los aplazamientos extraordinarios se regirán por lo dispuesto en la subsección precedente, con las particularidades siguientes:
1. Los aplazamientos extraordinarios habrán de solicitarse una vez transcurrido el plazo reglamentario para el pago de la deuda cuyo aplazamiento se solicita y en cualquier momento anterior a la autorización y determinación de la forma de enajenación de los bienes embargados a que se refiere el artículo 117 de esta Orden.
La solicitud de aplazamiento presentada fuera de dicho plazo será objeto de desestimación por extemporánea y no interrumpirá el procedimiento recaudatorio a ningún efecto.
2. Cuando corresponda dictar resolución al Subdirector general competente o al Director general de la Tesorería General de la Seguridad Social, los solicitantes podrán también ser requeridos de subsanación por dichos órganos centrales con carácter previo a su resolución.
3. No será aplicable la compensación de las cuotas debidas, objeto del aplazamiento, con las prestaciones abonadas en régimen de pago delegado o la deducción de las bonificaciones o reducciones que el interesado tuviere concedidas y no hubiere perdido por falta de ingreso en plazo reglamentario de las cuotas y conceptos de recaudación conjunta devengados con posterioridad a su obtención, por sanción o por cualquier otra causa, y correspondientes, unas y otras, al mismo período o períodos objeto de aplazamiento, si el responsable, en su caso, no hubiere presentado los documentos de cotización en plazo reglamentario.
4. Cuando, por el plan de viabilidad presentado por la empresa o requerido de la misma, resulte aconsejable la concesión del aplazamiento, éste, además de las condiciones que para su efectividad establece el artículo 21 de esta Orden, podrá condicionarse a que, durante el período de vigencia del mismo, solamente sean repartidos beneficios en el supuesto de que el fondo de garantía para el pago de obligaciones pendientes con la Seguridad Social, que la empresa habrá de constituir con carácter de reserva como aplicación previa de los resultados del ejercicio, alcance al menos el 150 por 100 del importe del principal a amortizar en el año en que dichos beneficios vayan a ser distribuidos.
1. Las deudas por principal y, en su caso, por recargo de mora o de apremio, intereses devengados y no pagados por anteriores aplazamientos o costas causadas en el procedimiento de apremio, cuando fueren objeto de aplazamiento extraordinario concedido al amparo de lo dispuesto en esta subsección, devengarán el interés legal desde la fecha de efectos de la concesión del aplazamiento hasta la de pago.
2. El pago de las deudas objeto de aplazamiento extraordinario deberá garantizarse en los mismos casos y en la forma previstos en los artículos 15 y 17 de esta Orden con las salvedades siguientes:
a) En los supuestos de aplazamiento a que se refieren los apartados b) y c) del artículo 15.3, se mantendrá la anotación preventiva del embargo que se hubiere producido, salvo que la resolución que lo conceda declare expresamente finalizado el procedimiento de apremio.
b) Si las deudas estuvieran sometidas a procedimiento de apremio, la garantía para ser suficiente deberá cubrir, además del pago total de las deudas aplazables y los intereses legales correspondientes a los plazos de amortización fijados en el correspondiente plan, el importe del recargo de apremio y el de las costas de dicho procedimiento causadas hasta la fecha de efectos de la concesión del aplazamiento.
A estos efectos, se considerará suficiente garantía si, por dichas cuantías, se ha realizado, en registro público y en relación con la deuda en vía ejecutiva, anotación preventiva de embargo de bienes suficientes del solicitante conforme a lo establecido en el apartado segundo del número 2 del artículo 42 del Reglamento General y la misma no fuere objeto de cancelación durante el período del aplazamiento concedido.
c) El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, cualquiera que sea el órgano competente para dictar resolución, podrá autorizar la concesión de aplazamientos extraordinarios sin la exigencia de garantías en los términos previstos en los artículos 15 y 17 de esta Orden.
1. En tanto se cumplan las condiciones del aplazamiento extraordinario, éste producirá los efectos previstos en el apartado 2 del artículo 22 de la presente Orden.
2. En los casos de impago de las cuotas inaplazables, no constitución de las garantías cuando fueren exigibles o incumplimiento de las condiciones para la efectividad del aplazamiento impuestas en la resolución que lo conceda y de las demás obligaciones a que se refiere el apartado 2 del artículo 43 del Reglamento General, se estará a lo dispuesto en el artículo 23 de esta Orden.
1. Los sujetos obligados al pago de deudas con la Seguridad Social, objeto de gestión recaudatoria, tendrán derecho a la devolución total o parcial de las cantidades que hubiesen ingresado indebidamente por error de hecho o de derecho con ocasión del pago de dichas deudas y, en particular, en los casos de duplicidad en el pago de una misma deuda, de pago de cantidad superior al importe de las autoliquidaciones de los sujetos obligados o al de las liquidaciones efectuadas por el órgano competente, de ingreso después de prescribir la acción para exigir su pago o el derecho a efectuar la oportuna liquidación y, en general, de cualquier error material o aritmético cometido en las liquidaciones o en cualquier acto de gestión recaudatoria así como cuando exista condonación de deuda ya ingresada.
2. La cantidad a devolver estará constituida por el importe del principal, recargos, intereses y costas erróneamente ingresados, así reconocido a favor de los obligados al pago y en los términos establecidos en el apartado 4 del artículo 44 del Reglamento General.
3. Reconocida la procedencia de la devolución de cuotas, el derecho para exigir el pago caducará, asimismo, a los cinco años, plazo que empezará a contarse desde la fecha de la notificación del acto de reconocimiento del derecho a la devolución.
1. Los expedientes de devolución tienen como objeto bien el reconocimiento del derecho a la devolución y consiguiente pago material de lo indebidamente ingresado o bien la ejecución de la devolución solamente cuando el derecho a la devolución haya sido reconocido en una resolución administrativa o judicial ajena al expediente administrativo de devolución.
2. Los expedientes de devolución podrán iniciarse de oficio o a instancia de los interesados en ella.
2.1 En especial, se iniciará de oficio el expediente de devolución por el órgano encargado de su instrucción:
a) En los casos en que se haya reconocido el derecho a la devolución en la resolución de un recurso ordinario, en resolución judicial o en cualquier acuerdo o resolución que suponga la revisión o anulación del acto administrativo que hubiere dado lugar a un ingreso indebido, en todo o en parte, en la Tesorería General de la Seguridad Social.
b) Cuando se haya acordado, en los términos establecidos, la condonación o anulación de un recargo de mora, de una sanción pecuniaria por infracción de las normas de la Seguridad Social o del importe de cualquier deuda con la misma y que ya hubieran sido ingresados.
c) Cuando la Tesorería General de la Seguridad Social tenga constancia del carácter indebido de un ingreso por duplicidad, por exceso en el pago de una deuda, por el ingreso de deudas prescritas o por error material o aritmético en una liquidación o acto de gestión recaudatoria, siempre que no haya caducado el derecho a la devolución.
2.2. Podrá solicitar la devolución de un ingreso indebido, según los casos, quien realizara dicho ingreso o cualquier interesado al que las normas reconozcan tal derecho.
Las solicitudes de devolución por los responsables del pago a que se refiere el artículo 8 del Reglamento General que hubieren realizado el ingreso indebido se formularán en nombre propio y, en su caso, en el de los trabajadores afectados. Estos podrán interesar del empresario que formule dichas solicitudes respecto de la parte correspondiente a su aportación o presentarlas directamente cuando se acredite que el empresario se ha negado a hacerlo o hubiese desaparecido.
2.2.1. Las solicitudes de devolución deberán dirigirse al Organo Central de la Tesorería General de la Seguridad Social o a la Dirección Provincial de dicha Tesorería o Administración de la misma, ante el que produjo efectos el ingreso indebido cuya devolución se solicita.
2.2.2. La solicitud de devolución deberá contener los datos siguientes:
a) Nombre y apellidos, si se tratare de persona física, o denominación social, si fuere persona jurídica, y domicilio del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente, así como, si procedieren, código de cuenta de cotización, Régimen de la Seguridad Social de encuadramiento y entidad aseguradora de los riesgos profesionales.
b) Hechos, razones y petición en la que se concrete con toda claridad la pretensión.
c) Declaración expresiva del medio elegido por el que haya de realizarse la devolución material, pudiendo optar entre:
1) Transferencia bancaria, indicando el número de cuenta y los datos identificativos de la entidad.
2) Cheque nominativo.
d) Lugar, fecha y firma o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio.
e) Organo al que se dirige la petición.
2.2.3. A la solicitud se adjuntarán los documentos que demuestren el derecho a la devolución y la realización del ingreso indebido así como cuantos elementos de prueba el interesado considere oportunos al efecto.
Los justificantes del ingreso realizado podrán sustituirse por la mención exacta de los datos identificativos del mismo.
Cuando se soliciten devoluciones de cuotas, deberán presentarse documentos de cotización adicionales en los que figuren únicamente las modificaciones por decrementos respecto de los presentados con errores de hecho o de derecho.
2.2.4. Si la solicitud no reuniere los datos o no fuere acompañada de los documentos a que respectivamente se refieren los apartados 2.2.2 y 2.2.3 precedentes, se requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciere, se dictará resolución en la que se le tenga por desistido, conforme a lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
2.2.5. Las solicitudes de devolución podrán ser presentadas en el Organo Central de la Tesorería General de la Seguridad Social, Dirección Provincial de la misma o Administración de la Seguridad Social a que figure adscrita la empresa y ante el que se hubiere producido el ingreso. Dichas solicitudes podrán también ser presentadas conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
1. Los expedientes de devolución deberán instruirse por el órgano ante el que se haya producido el ingreso indebido objeto del expediente de devolución.
1.1. Instruido el expediente e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrá de manifiesto a los interesados para que, en un plazo de quince días, aleguen y presenten los documentos y justificantes que estimen pertinentes.
Se podrá prescindir de este trámite cuando se acuerde la devolución solicitada por el interesado y no figuren en el expediente ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el mismo.
1.2. Si el titular del derecho a la devolución resultare deudor con la Seguridad Social y su deuda se hallare en período voluntario de recaudación, en la propia propuesta de resolución el importe de dicha deuda se compensará o se deducirá del importe de la devolución conforme a lo establecido respectivamente en los artículos 35 y siguientes y 46 y siguientes de esta Orden, procediendo únicamente la ejecución material de la devolución por la cantidad restante, si la hubiese.
1.3. Si el titular del derecho a la devolución se hallare sometido a procedimiento de deducción o de apremio por otras deudas con la Seguridad Social, el órgano que deba efectuar la devolución notificará el importe del crédito a devolver al órgano de la Tesorería que siga el procedimiento de deducción o al recaudador ejecutivo ante el que se siga el procedimiento para la exacción forzosa de aquéllas.
1.4. Cuando el titular del derecho a la devolución de ingresos indebidos tuviere a su vez con la Seguridad Social deudas por las que haya pedido y obtenido aplazamiento, la cantidad a devolver se aplicará al pago de los plazos concedidos pendientes de ingreso aunque no hubieren vencido, sin perjuicio, en su caso, de la revisión de las condiciones del aplazamiento concedido si la aplicación de la cantidad a devolver afectare a la deuda aplazada y/o a los plazos inicialmente concedidos.
2. En un plazo no superior a seis meses desde la solicitud de devolución, el órgano competente dictará y notificará la resolución correspondiente, declarando o no el derecho a la devolución. Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución, se estará a lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 44 del Reglamento General.
Son competentes para resolver los expedientes de devolución, según los casos, el Director general de la Tesorería General de la Seguridad Social, el Subdirector general correspondiente de la misma y, previa autorización del respectivo Director provincial de la Tesorería, el Subdirector provincial que tenga asumidas las funciones de recaudación en período voluntario del recurso cuya devolución se solicita o el Director de la Administración ante el que se produjo el ingreso indebido, en los términos que dicho Director general determine.
1. El órgano central o territorial que hubiere dictado la resolución reconociendo el derecho a la devolución propondrá su ejecución mediante la expedición de la orden o mandamiento de pago por la cuantía que corresponda y se efectuará el pago material en los términos y condiciones establecidos en materia de pagos en el ámbito de la Seguridad Social.
2. Cuando el derecho a la devolución haya sido reconocido en una resolución administrativa o judicial ajena al expediente administrativo de devolución, una vez recibida en la Tesorería la resolución, testimonio o copia certificada de la misma o la liquidación que haya de efectuarse, se procederá a expedir la orden o mandamiento de pago que proceda a favor de la persona a la que se haya reconocido el derecho, en los términos que de dicha resolución resulten.
3. El importe del ingreso indebido en la Seguridad Social, cualquiera que sea su causa, no podrá ser compensado ni deducido en las liquidaciones de cuotas que, como sujeto responsable de su pago, deba efectuar el titular del derecho a la devolución de aquél, sin perjuicio de la compensación, deducción y aplicación del importe a devolver a las deudas aplazadas, en los términos que se indican en el apartado 1 del artículo anterior.
Reglas específicas de la devolución de cuotas y conceptos de recaudación conjunta
1. Cuando se trate de recursos que tengan la naturaleza de cuotas, no procederá la devolución de las ingresadas maliciosamente, sin perjuicio de las responsabilidades de todo orden a que hubiere lugar.
2. Cuando las cuotas hayan sido ingresadas indebidamente por error no malicioso y hayan servido de base para el cálculo de prestaciones, se deducirá de la cantidad a devolver el importe de la diferencia entre lo satisfecho por tales prestaciones y la cuantía que éstas hubieran tenido de no existir el ingreso erróneo, sin perjuicio de que, acordada la devolución a que este apartado se refiere, se revisen, en la forma que legalmente proceda y sin efecto retroactivo, las cuantías de tales prestaciones.
3. La compensación y deducción a que se refiere el artículo anterior no podrá afectar a la parte de cuota correspondiente a la aportación de los trabajadores, cuando ésta haya sido descontada a los mismos en virtud de las normas que regulan en el Sistema de la Seguridad Social la retención e ingreso de tales aportaciones por parte de los empresarios, salvo que, por no haber efectuado tal descuento en el momento de hacer efectivas sus retribuciones, dichos empresarios hayan quedado obligados a ingresar la totalidad de las cuotas a su exclusivo cargo.
Cuando proceda la devolución de la aportación de los trabajadores, se realizará al empresario advirtiéndole de la obligación de reintegrar a los trabajadores la parte que a cada uno le corresponda en la cantidad objeto de devolución.
1. La competencia para resolver sobre la procedencia de la devolución de las cantidades ingresadas indebidamente por los conceptos de recaudación conjunta con las cuotas a que se refiere el apartado 2 del artículo 4 del Reglamento General corresponde a los órganos u organismos gestores de los mismos, los cuales, en su caso, darán traslado a la Tesorería General de la Seguridad Social de sus resoluciones, una vez agotada la vía administrativa.
2. No se requerirá resolución previa de los aludidos órganos u organismos gestores en aquellos supuestos en que la devolución se solicite como consecuencia de errores materiales o de cálculo, por duplicidades de ingreso o por exceso sobre el tope máximo absoluto de la base de cotización o después de haber prescrito la acción para exigir su pago, si para tal devolución ha de dictarse por la Tesorería General de la Seguridad Social resolución basada únicamente en la comprobación material, aritmética o contable o en el simple cómputo de los extremos alegados por los interesados. Asimismo, tampoco será necesaria dicha resolución cuando se trate de devolución de conceptos de recaudación conjunta con las cuotas de Seguridad Social correspondientes a períodos posteriores a la fecha de efectos de la baja.
3. A efectos de lo dispuesto en los números precedentes, la Tesorería General de la Seguridad Social decidirá sobre las solicitudes de devolución presentadas conforme a lo indicado en el artículo 29 de la presente Orden o las remitirá al Organismo correspondiente para la resolución que proceda, junto con la documentación que aporten los interesados en justificación de sus alegaciones, así como informe del órgano competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, acreditativo de haberse ingresado las cantidades por el período cuya devolución se solicita o de la situación en que se hallaren, según resulte de los datos obrantes ante el mismo, así como de cuantos otros extremos puedan tener incidencia en la emisión de la resolución que se interesa.
Conforme a lo establecido en el artículo 45 del Reglamento General, la obligación del pago de las deudas a la Seguridad Social cuyo objeto esté constituido por los recursos de la misma enumerados en el artículo 4 del citado Reglamento prescribirá en los plazos que para cada una de ellas se especifican a continuación:
a) Prescribirá a los cinco años, contados a partir de la fecha en que preceptivamente debieron ser ingresadas, la obligación de pagar las cuotas del Sistema de la Seguridad Social y demás conceptos de recaudación conjunta con las mismas.
b) En el plazo de quince años prescribirá la obligación de satisfacer las cantidades que, por cualquier concepto, deban efectuarse a favor de la Seguridad Social en virtud de los conciertos cuyo objeto sea la dispensación de prestaciones sanitarias, farmacéuticas o asistenciales.
c) Prescribirá en el plazo de cinco años la obligación de pagar las aportaciones para el sostenimiento de los Servicios Comunes y Sociales de la Seguridad Social y de contribución a los demás gastos generales y a la satisfacción de las exigencias de la solidaridad nacional, que deban efectuar las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social y las empresas autorizadas a colaborar voluntariamente en la gestión de la Seguridad Social.
d) En el plazo de cinco años prescribirá la obligación de pagar los capitales coste de renta que deban abonar las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social y las empresas responsables por prestaciones a su cargo. Dicho plazo comenzará a contarse del siguiente modo:
a') Para los capitales coste de renta por incapacidad permanente en cualquiera de sus grados, desde el día en que haya sido declarada.
b') Para los capitales coste de renta por muerte y supervivencia, desde la fecha de fallecimiento del causante.
El plazo a que se refiere este apartado es independiente del plazo de prescripción de quince años fijado para el ejercicio de la acción de repetición del importe de las indemnizaciones que se hayan satisfecho con cargo al Presupuesto de la Seguridad Social, en ejercicio de la función de garantía, ante el incumplimiento, por las empresas, de las obligaciones de las que hubieran sido declaradas responsables por prestaciones a su cargo.
e) La obligación de pagar a la Seguridad Social las deudas originadas por la percepción indebida de prestaciones prescribirá a los cinco años, contados a partir de la fecha del respectivo cobro o desde que fue posible ejercitar la acción para exigir la devolución, con independencia de la causa que originó la percepción indebida, incluidos los supuestos de revisión de las prestaciones por error imputable a la Entidad Gestora.
f) La obligación de reintegrar los préstamos que tengan el carácter de inversión social prescribirá a los cinco años, contados a partir de la fecha en que preceptivamente debió ser ingresado el importe correspondiente al respectivo plazo de amortización o, si el contrato fuese rescindido, a los quince años contados desde la fecha de rescisión.
g) Prescribirá a los tres años, contados a partir de la fecha en que dejaron de recaudarse, la obligación de pagar a la Seguridad Social los premios de cobranza o de gestión que se deriven de la recaudación de cuotas u otros conceptos para organismos y entidades ajenos a la Seguridad Social.
h) En el plazo de cinco años prescribirán las acciones para exigir el cumplimiento de las sanciones impuestas por infracciones en materia de Seguridad Social, contándose dicho plazo desde que éstas fueren notificadas a los sujetos responsables.
i) La obligación de pagar la aportación empresarial por ayudas previas a jubilaciones ordinarias y por ayudas equivalentes a jubilaciones anticipadas prescribirá a los cinco años, contados a partir de la fecha en que preceptivamente debió ser ingresada.
j) Los plazos de prescripción de las obligaciones de pagar recargos o intereses de mora o de capitalización, que recaigan sobre los recursos del Sistema de la Seguridad Social señalados en los números anteriores, serán los mismos que los de la obligación principal sobre los que aquéllos recaen.
k) La prescripción de las acciones para exigir el cumplimiento de las demás obligaciones con la Seguridad Social, constituidas por recursos que sean objeto de gestión recaudatoria distintos de los indicados en los números anteriores, se producirá por el transcurso de los plazos fijados en las normas que las hubieren establecido y, en defecto o silencio de las mismas, en los plazos que correspondan según la naturaleza de la obligación de que se trate.
Compensación: Normas generales
1. Las deudas por cuotas de la Seguridad Social únicamente podrán ser objeto de compensación con el crédito por las prestaciones satisfechas por los empresarios en régimen de pago delegado, como consecuencia de su colaboración obligatoria en la gestión de la Seguridad Social, y correspondientes al mismo período a que se refieran los documentos de cotización, siempre que éstos hayan sido presentados en plazo reglamentario y concurran los supuestos y condiciones establecidos en los artículos 74 y siguientes de esta Orden.
2. Podrán extinguirse total o parcialmente por compensación las demás deudas que los obligados al pago a que se refieren los artículos 8 y siguientes del Reglamento General tengan con la Seguridad Social, tanto si se encuentran en período voluntario de recaudación como en vía ejecutiva, con los créditos que hayan sido reconocidos, liquidados y notificados a los mismos por las entidades gestoras y la Tesorería General de la Seguridad Social y, en especial, los siguientes derechos:
2.1. El derecho a la devolución por ingreso indebido de cualquier recurso del Sistema de la Seguridad Social distinto a cuotas, reconocido en los términos y condiciones establecidos en los artículos 28 y siguientes de la presente Orden.
2.2. Los demás créditos respecto de los que se prevea expresamente su compensación con las deudas que no sean por cuotas del obligado al pago con la Seguridad Social, mediante disposición de carácter general y en los términos y condiciones que dicha norma regule.
3. Los créditos y débitos recíprocos entre las Administraciones Públicas o demás entes públicos y la Seguridad Social a que se refieren los artículos 52 y siguientes del Reglamento General serán objeto de compensación y deducción en los términos establecidos en la Subsección 3.ª de esta Sección y en la siguiente Sección, sin perjuicio, en su caso, de lo dispuesto en el Capítulo II del Título II del Libro Primero del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre.
Compensación común
1. Para que las deudas y créditos a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior puedan ser objeto de compensación deben concurrir los siguientes requisitos:
a) Que las deudas y créditos reúnan los demás requisitos que se establecen en los artículos 1.196 y siguientes del Código Civil.
b) Que exista acto administrativo previo que reconozca y liquide las deudas y los créditos.
Se entenderá que existe acto administrativo previo de reconocimiento y liquidación del crédito cuando la Tesorería General de la Seguridad Social hubiere reclamado a los obligados al pago el importe de sus deudas, sin que éstos hayan impugnado la reclamación de la deuda o cuando, habiéndose formulado impugnación, hubiere recaído resolución definitiva sobre la deuda reclamada.
2. La compensación se llevará a cabo por el procedimiento establecido en los artículos siguientes de la presente Orden o en las normas especiales que establezcan este modo de extinción de las obligaciones, salvo en el supuesto previsto en el apartado 1 del artículo precedente, en el que la compensación se produce automáticamente en los documentos de cotización debidamente formalizados.
Compete al Director general de la Tesorería General de la Seguridad Social, a los Subdirectores generales, al Director provincial, a los Subdirectores provinciales y a los Directores de las Administraciones, en los términos que establezca el Director general de dicha Tesorería, acordar la aplicación de la compensación, tanto de oficio como a instancia de los obligados al pago, en los supuestos a que se refiere el apartado 2 del artículo 35 de esta Orden.
1. La solicitud de compensación a instancia del obligado al pago de las deudas distintas a cuotas, a que se refieren el apartado 2 del artículo 35 y el artículo 36 de esta Orden, se presentará en el mismo Organo Central o Territorial de la Tesorería General de la Seguridad Social ante el que aquél debe efectuar el pago de sus deudas con la Seguridad Social que se pretenden compensar.
2. La solicitud de compensación deberá formularse por escrito y, como mínimo, contendrá los requisitos especificados en el apartado 2 del artículo 50 del Reglamento General.
3. A la solicitud se acompañará necesariamente los siguientes documentos:
a) Acto administrativo o resolución judicial justificativa de la liquidez y firmeza del crédito del solicitante frente a las entidades gestoras y la Tesorería General de la Seguridad Social, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 39 de esta Orden.
b) Renuncia expresa a toda impugnación o recurso contra los actos en los que se reconozcan la deuda y el crédito compensables, siempre que llegaren a extinguirse por compensación.
c) En su caso, la reclamación de la deuda o la resolución que la misma determine y por la que se fija y se reclama la deuda que se pretende compensar.
d) En caso de que la deuda con la Seguridad Social fuese de cuantía superior al crédito frente a las entidades gestoras y la Tesorería General de la Seguridad Social, deberá acompañarse justificante del ingreso de la diferencia.
1. El órgano central o territorial de la Tesorería General de la Seguridad Social competente dictará resolución en la que se declare la procedencia o improcedencia de la compensación, tanto en los supuestos de compensación a instancia de los obligados al pago como en los que aquélla se aplique de oficio, salvo en el supuesto del apartado 1 del artículo 35 de esta Orden.
2. Cuando la resolución declare la aplicación de la compensación, la Tesorería General de la Seguridad Social entregará al obligado al pago el oportuno justificante de la extinción de su deuda con la Seguridad Social en la cantidad concurrente con el crédito compensado.
3. Cuando el crédito del obligado al pago fuese superior al importe de su deuda con la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social practicará liquidación minorando el crédito y expresando la cuantía del remanente a favor del interesado, comunicando en todo caso dicha minoración al Organo que hubiera ordenado o deba ordenar su pago.
4. Cuando la deuda del obligado al pago fuese superior al importe de su crédito frente a la Seguridad Social, se procederá a la cancelación de la parte de deuda extinguida por compensación, declarándola totalmente cancelada si el interesado hubiese aportado el justificante de ingreso de la cantidad no concurrente.
Normas especiales sobre compensación de deudas entre las Administraciones y demás entes públicos y la Seguridad Social
1. Son susceptibles de compensación, en los casos y conforme al procedimiento establecidos en esta Subsección, los créditos y débitos recíprocos existentes entre cualquiera de las entidades gestoras y la Tesorería General de la Seguridad Social y la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las entidades que integran la Administración Local y las demás entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de dichas Administraciones, salvo las deudas por cuotas de la Seguridad Social que unas y otras tengan frente a la Tesorería General de la Seguridad Social, las cuales únicamente podrán ser compensadas en los documentos de cotización presentados en plazo reglamentario con los créditos por prestaciones satisfechas por la misma en su calidad de empresario y correspondientes al mismo período a que se refieren dichos documentos de cotización.
Entre las deudas de las entidades gestoras y la Tesorería General de la Seguridad Social se incluyen expresamente las resultantes de las obligaciones que tales organismos tengan con la Hacienda Pública como consecuencia de las retenciones practicadas a los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
2. Para que pueda aplicarse el procedimiento especial de compensación a que se refiere la presente Subsección, será suficiente que las deudas y créditos cuya compensación se pretenda reúnan los requisitos siguientes:
a) No haber sido satisfechos en los plazos y forma establecidos al efecto, según la naturaleza de los recursos que constituyan su objeto.
b) Ser definitivos en vía administrativa, reputándose tales, a estos efectos, las deudas y créditos contra los que no se haya formulado en plazo impugnación o cuando, formulada ésta, la misma hubiere sido desestimada en todo o en parte.
1. A efectos del procedimiento a que se refiere esta Subsección, las entidades gestoras y, en su caso, los Servicios Centrales de la Tesorería General de la Seguridad Social remitirán al Director provincial de dicha Tesorería, que en cada caso corresponda, comunicación de la existencia de créditos y deudas a que se refiere el artículo anterior, así como documentación justificativa de la extensión de unos y otras.
2. El órgano central o territorial competente de la Tesorería General de la Seguridad Social procederá a la reclamación de las deudas con la Seguridad Social en los casos y en la forma que procedan.
1. Una vez sean definitivas en vía administrativa las reclamaciones administrativas formuladas conforme al apartado 2 del artículo anterior o las resoluciones que las mismas hubieren originado, sin haberse efectuado el ingreso, se notificará la iniciación del procedimiento para la compensación a la otra parte interesada en el mismo con especificación del crédito líquido y exigible por principal, recargo de apremio e intereses, en su caso.
Transcurridos quince días desde la notificación sin ingreso del importe adeudado, el Subdirector general, el Director provincial de la Tesorería General y, a través de éste, el Director de la Administración, sin despachar providencia de apremio ni mandamiento alguno de ejecución por tales débitos, elevará todo lo actuado al Director general de la Tesorería General de la Seguridad Social.
2. El Director general de la Tesorería General de la Seguridad Social, dentro de los quince primeros días de cada mes natural, elevará a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social propuesta de realización del procedimiento de compensación, en la que se comprenderán todos los créditos y débitos susceptibles de extinción por el procedimiento regulado en la presente Subsección de los que haya tenido conocimiento hasta el último día hábil del mes natural anterior, así como los documentos justificativos de los mismos.
3. Aceptada, en su caso, por la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y la Agencia Estatal de Administración Tributaria o el órgano competente de las demás Administraciones o entidades afectadas la realización del procedimiento de compensación conforme a lo indicado en el artículo 53 del Reglamento General, la Secretaría de Estado de la Seguridad Social comunicará a la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social el resultado de la decisión adoptada respecto a la compensación, a efectos de que, si se acordare la aplicación de ésta, la Dirección General de dicha Tesorería remita a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera o al órgano competente de las demás Administraciones o entidades afectadas las oportunas relaciones de débitos y créditos sobre los que hubiese recaído acuerdo aprobatorio, para que conozca que se ha procedido a la compensación, con la consiguiente extinción de unos y otros, en la cantidad concurrente, extendiéndose los justificantes de pago que fueren solicitados por los interesados.
3.1. Si, operada la compensación, no quedaren extinguidos en su totalidad los créditos de la Tesorería General de la Seguridad Social, se instará el cobro de la deuda pendiente por los procedimientos ordinarios establecidos según la clase de crédito de que se trate, mediante la correspondiente reclamación administrativa de deuda y, si no fuese satisfecha, se incluirá de nuevo en la propuesta a que se refiere el apartado 2 de este artículo, para la realización del procedimiento especial de compensación o, en su caso, el de deducción, a opción de la Tesorería General, dentro del mes siguiente al de la notificación a la Tesorería General de la Seguridad Social del crédito resultante del procedimiento compensatorio anterior.
3.2. En defecto de inclusión en la nueva propuesta de compensación o si, incluida en ella, dicha deuda no resultare compensada, o cuando no resultare procedente la compensación ni la deducción, se actuará conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 167 del Reglamento General.
Deducciones por la Tesorería General de la Seguridad Social
Normas especiales sobre deducción de deudas de las Administraciones y demás entes públicos, así como de determinadas empresas privadas con la Seguridad Social
1. Podrán ser objeto del procedimiento de deducción regulado en la Sección 3.ª del Capítulo VI del Título I del Reglamento General de Recaudación y en la presente Subsección las deudas que, cualquiera que fuere su naturaleza jurídica, tengan con la Seguridad Social la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Diputaciones, Cabildos, Ayuntamientos y demás entidades que integran la Administración Local, las entidades de Derecho Público con personalidad jurídica, vinculadas o dependientes de dichas Administraciones, las empresas públicas y demás entes públicos, así como las empresas privadas que reciban subvenciones o cualesquiera otra clase de ayudas públicas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, conforme a lo establecido en el artículo 54 del Reglamento General.
Las deudas definitivas en vía administrativa de las entidades gestoras y de la Tesorería General de la Seguridad Social con aquellas Administraciones, entidades o entes públicos y empresas públicas o privadas que, durante la tramitación de los expedientes de deducción a que se refiere la presente Subsección, se acrediten ante la Tesorería General de la Seguridad Social, podrán ser objeto de compensación en los términos previstos en el artículo 35 y en el apartado 2 del artículo 46 de esta Orden.
2. Para que las deudas a que se refiere este artículo puedan ser objeto del procedimiento de deducción que se regula en la presente Subsección, las mismas han de reunir las condiciones siguientes:
a) No haber sido satisfechas en los plazos reglamentarios establecidos por norma o por pacto, según la naturaleza de los recursos que constituyan su objeto.
b) Que la liquidación de la deuda se haya efectuado en la correspondiente reclamación administrativa de la misma, mediante reclamación de deuda o acta de liquidación no impugnadas o, en otro caso, en la resolución administrativa que las mismas originen, y dichos actos no hayan quedado sin efecto por cualquiera de las causas previstas en el artículo 111.3 de esta Orden.
1. Las entidades gestoras, con las que las Administraciones, entidades o entes públicos y empresas públicas o privadas, a que se refiere el artículo anterior, tengan deudas liquidadas en forma definitiva en vía administrativa, pondrán en conocimiento de la Dirección Provincial de la Tesorería General competente o, en su caso, de los órganos centrales de la Tesorería General la existencia de tales débitos, acompañando documentación acreditativa de los mismos.
Por tales deudas y las que acrediten los órganos centrales y provinciales de la Tesorería General, será competente para la iniciación del procedimiento de deducción regulado en la presente Subsección la Subdirección General de la Tesorería que determine el Director general de la misma y el órgano de la Dirección Provincial de dicha Tesorería General ante el que deba efectuarse el pago de la deuda cuya liquidación se hubiere realizado por los sujetos obligados o, en su caso, que hubiere efectuado la reclamación administrativa de las deudas a que se refiere el artículo anterior.
2. La Subdirección General o la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social competente comprobará si se ha procedido o no a la reclamación administrativa de la deuda en la forma que corresponda conforme a lo establecido en los artículos 80 y siguientes del Reglamento General.
En el supuesto de que no se hubiere efectuado la reclamación administrativa de la deuda, se reclamará su importe en la forma que corresponda y en caso de impugnación, con consignación o aval cuando proceda, dictada la resolución que fije definitivamente la deuda, ésta deberá ser satisfecha dentro de los quince días hábiles siguientes al de su notificación, con la consiguiente incidencia, en otro caso, en la situación de apremio y en el recargo correspondiente excepto cuando se trate de deudas contraídas por el Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales y demás entidades de Derecho Público o empresas dependientes de las mismas que realicen prestaciones públicas. Fuera de estos supuestos, se podrá despachar providencia de apremio contra el deudor, a efectos de la opción o del seguimiento simultáneo del procedimiento administrativo de apremio y el procedimiento de deducción conforme a lo establecido en el apartado 2 del artículo 54 del Reglamento General.
1. Comprobada la existencia de una deuda o deudas de las indicadas en el artículo 43 de esta Orden e iniciada, en su caso, la vía ejecutiva en la forma establecida, la Subdirección General o la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, previa autorización del Director general de la misma, comunicará a la Administración, entidad o ente público o empresa pública o privada afectado que se inicia el procedimiento para su deducción, haciendo constar en la comunicación la naturaleza, origen y cuantía total de la deuda por la que se ha abierto el expediente de deducción.
En la comunicación a que se refiere el párrafo anterior se concederá a la Administración, entidad, empresa o ente público deudor un plazo de quince días hábiles, a partir de la recepción de aquélla, para el trámite de audiencia en los términos establecidos en el artículo 55.2 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social.
Las comunicaciones a que se refiere este apartado se practicarán por cualquiera de los medios a que se refiere el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
2. Comunicada la iniciación del procedimiento de deducción a la Administración, entidad, ente público o empresa pública o privada deudora, se formulen o no alegaciones al respecto, si resultare acreditada la existencia de deudas líquidas y definitivas con los mismos por parte de las entidades gestoras o la Tesorería General de la Seguridad Social, la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social o la Subdirección General que inició el expediente solicitará de la entidad gestora o unidad correspondiente de la Tesorería General afectada la conformidad o reparos con el crédito que la Administración, entidad, ente público o empresa pública o privada deudora hubiere acreditado.
3. Concluido el trámite de audiencia, en su caso, y recibida la conformidad o reparos a que se refiere el apartado anterior o transcurrido el plazo de quince días sin contestación, la Dirección Provincial o Subdirección General correspondiente elevará todas las actuaciones, incluidas las alegaciones y los documentos y justificaciones pertinentes, con su informe al respecto, a la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social, salvo que ésta hubiere delegado la competencia para su resolución, en cuyo caso las actuaciones se remitirán o conservarán en el órgano en que se hubiere delegado.
1. Si por las pruebas practicadas o en el trámite de audiencia resultare acreditada la inexistencia de deuda alguna, por la que, sin embargo, se hubiere iniciado el procedimiento de deducción, el Director general de la Tesorería General o Autoridad en quien delegue dictará sin más trámites la correspondiente resolución, que será notificada al interesado y se dará por finalizado el procedimiento.
2. En los casos en que deba seguirse el procedimiento de deducción por la existencia de deudas con la Seguridad Social, si éstas hubieren sido contraídas por la Administración de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, por empresas públicas y entidades de Derecho Público vinculadas a las citadas Administraciones o por cualquiera de los entes públicos a que se refiere el artículo 54 del Reglamento General, antes de dictar la resolución correspondiente, deberá solicitarse informe de la Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales. A la solicitud de informe se acompañarán los datos relativos a las deudas cuya retención se propone y por las que se sigue el correspondiente procedimiento de deducción, con especificación de la naturaleza, período e importe de las mismas. El informe de la Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales tendrá carácter determinante en orden al procedimiento de ejecución subsiguiente para la aplicación de las cantidades retenidas que, con cargo al Presupuesto del Estado, deban transferirse a la Administración, entidad, ente público, empresa pública o que deba recibir la empresa privada como subvención o ayuda pública y frente a la que se sigue el procedimiento de deducción.
En los demás casos en que, a efectos de la retención de las cantidades que deban transferirse, el procedimiento de deducción se siga con cargo a presupuestos distintos del Presupuesto del Estado, no será necesario el informe de la Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales y, si se le solicitare, dicho informe no tendrá carácter determinante de la ulterior actuación del Ordenador de Pagos, General o Secundario, a que se refiere el apartado 4 de este artículo.
3. Recibido, en su caso, el informe preceptivo a que se refiere el apartado anterior o transcurrido el plazo de veinte días sin haberse recibido, así como en los supuestos en que aquél no sea necesario ni determinante, el Director general de la Tesorería General de la Seguridad Social o Autoridad en que hubiere delegado, a la vista, en su caso, de las alegaciones efectuadas, de los documentos y demás pruebas practicadas y de los informes recibidos, resolverá sobre la procedencia de la deducción y, en su caso, sobre la compensación del importe del crédito o créditos aducidos por el ente deudor, conforme a lo dispuesto en los artículos 56 y 57 del Reglamento General.
La resolución que acuerde la procedencia de la deducción fijará de forma expresa la fecha en que la misma producirá efectos, que, en ningún caso, podrán ser anteriores al vencimiento del plazo fijado en el artículo 47.1 de esta Orden.
Las retenciones parciales practicadas deberán ser coincidentes con los plazos fijados en la resolución que las acuerde, a cuyo efecto, en los supuestos en que deba solicitarse informe de la Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales, dicho informe será determinante tanto en orden a la posibilidad de acordar tales deducciones parciales o totales como para la ejecución de los subsiguientes trámites a desarrollar por la Administración General del Estado para la efectividad de la resolución que las acuerde.
4. La resolución, que agota la vía administrativa, se notificará a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera o, en su caso, al Ordenador de Pagos, General o Secundario, competente a efectos de aplicar al pago de la deuda con la Seguridad Social el importe acordado retener a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social respecto de las cantidades que, con cargo al respectivo Presupuesto de los Generales del Estado, deban transferirse a la Administración, entidad, ente público o empresa pública o que deba recibir la empresa privada como subvención o ayuda pública y frente a los cuales se ha seguido el procedimiento de deducción.
Asimismo, la resolución se notificará a la Administración, entidad, ente público o empresas públicas o privadas interesadas, a los que igualmente se comunicará la deuda a la que se impute el pago de lo retenido y por la que se hubiere seguido el procedimiento de deducción.
1. Los efectos de la resolución que acuerde la deducción no podrán ser anteriores al vencimiento del plazo de tres meses contados a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la misma.
2. En todos los casos, la Administración, entidad, ente público o empresa pública o privada respecto del que se hubiere acordado la retención únicamente será considerado al corriente, en relación con la deuda a cuyo pago se aplique, desde la práctica de la retención por el total de aquélla o, en el caso de retenciones parciales, desde que se realice la última retención fijada en la resolución que las establezca.
Si las deudas por las que se hubiere acordado la retención total o parcial fueren objeto de aplazamiento, éstas surtirán los efectos previstos en el artículo 22.2 de la presente Orden y su concesión se notificará a la Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales cuando el informe de la misma tenga el carácter previsto en el apartado 2 del artículo 46 de esta Orden.
3. Cuando la resolución acordando la retención total o parcial no fuere objeto de ejecución subsiguiente, de acuerdo con el contenido del informe de la Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales, o por cualquiera otra causa, la Tesorería General de la Seguridad Social, reiterará sucesivamente a la Administración, entidad, ente público o empresa pública, obligados al pago, comunicación especial de la deuda con antelación suficiente al vencimiento del plazo de prescripción de la misma y procederá, además, en los términos previstos en los apartados a) y b) del número 2 del artículo 167 del Reglamento General.
Otras deducciones para el cobro de deudas con la Seguridad Social
1. La Tesorería General de la Seguridad Social podrá aplicar el procedimiento de deducción, en los términos establecidos en el artículo siguiente, para el cobro de las deudas con la Seguridad Social, descontando su importe del de los créditos que los deudores tuvieren, a su vez, frente a las entidades gestoras y a la Tesorería General de la Seguridad Social y aplicando la cantidad descontada al pago de tales deudas, en los supuestos y términos siguientes:
1.1. El crédito de la Tesorería General de la Seguridad Social por el importe de los premios de cobranza o de gestión que se hallen establecidos, como consecuencia de la recaudación de cuotas u otros conceptos para organismos y entidades distintos de las entidades gestoras y de la Tesorería General de la Seguridad Social, se deducirá de las deudas que dicha Tesorería tuviere con tales organismos y entidades por el importe de los conceptos recaudados por cuenta de éstos.
1.2. El crédito de la Tesorería General de la Seguridad Social por los descuentos o aportaciones de los laboratorios se deducirá del importe de las deudas que la Seguridad Social tuviere con los mismos por suministros directos a instituciones sanitarias de la Seguridad Social.
1.3. El importe de las liquidaciones de la Tesorería General de la Seguridad Social a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social por las cotizaciones recaudadas por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales respecto de empresas que tengan concertada con aquéllas la protección de las situaciones derivadas de dichas contingencias, así como el importe de cualquier otro crédito que dichas Mutuas ostenten frente a las entidades gestoras y la Tesorería General de la Seguridad Social, siempre que no hubieren sido satisfechos dentro del plazo reglamentario establecido, se descontarán de los siguientes créditos de la Tesorería General de la Seguridad Social frente a dichas Mutuas:
a) El crédito por las aportaciones para el sostenimiento de los Servicios Comunes y Sociales de la Seguridad Social, en los términos previstos en el artículo 92 de la presente Orden.
b) El crédito por las contraprestaciones que correspondan a la Tesorería General de la Seguridad Social en concepto de reaseguro obligatorio.
c) El crédito por las primas del concierto facultativo de reaseguro de exceso de pérdidas.
d) El crédito por el importe de las derramas de los conciertos facultativos citados en el apartado anterior y que se encuentren liquidados en los términos establecidos en los mismos.
e) El crédito a que ascienda el importe de los capitales coste de renta de los que hayan sido declaradas responsables las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, hasta el importe del límite máximo de responsabilidad convenido, incrementado con los intereses de capitalización y el recargo que, en su caso, procedan.
f) El crédito por el 80 por 100 del exceso de excedentes a que se refiere el artículo 1 de la Orden de 2 de junio de 1980, por la que se regula el ingreso en la Tesorería General de los excedentes de las Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo, cuando no se haya efectuado su ingreso por la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en el plazo señalado en el artículo 66.1 del Reglamento General sobre colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre.
g) El crédito por el importe de las cuotas de la Seguridad Social, conceptos de recaudación conjunta y, en su caso, recargos, intereses e importe de sanciones adeudados por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social respecto del personal a su servicio, cuando dichas Mutuas no hayan compensado su importe con el de las prestaciones abonadas por las mismas en régimen de pago delegado durante el período a que se refiera la liquidación de cuotas efectuada en los documentos de cotización presentados en plazo reglamentario ni hayan procedido a su ingreso una vez sea definitiva en vía administrativa la reclamación de deuda o el acta de liquidación al no ser impugnada y haber transcurrido el plazo para su pago o, en caso de impugnación con consignación o aval, una vez transcurridos los quince días siguientes al de la notificación de la resolución recaída.
1.4. Los créditos de la Tesorería General por cuotas de la Seguridad Social, conceptos de recaudación conjunta con ellas y recargos, intereses e importe de sanciones, así como por el importe de los capitales coste de renta y demás prestaciones a su cargo, adeudados por los responsables de su pago, se descontarán del importe de las deudas de cualquier clase que las entidades gestoras y la Tesorería General de la Seguridad Social tuvieren con dichos responsables.
1.5. El crédito de la Tesorería General de la Seguridad Social nacido de las obligaciones o responsabilidades contraídas dentro de la Seguridad Social por el beneficiario de prestaciones de la misma se descontará del importe de la deuda por tales prestaciones, a partir de la cuantía embargable de las mismas.
1.6. Todo crédito de la Tesorería General de la Seguridad Social respecto del que se establezca expresamente, por norma o por pacto, que se descuente su importe del de los créditos que a su vez tuviere el deudor frente a dicha Tesorería General o frente a cualquier entidad gestora de la Seguridad Social.
2. Asimismo, el importe de las prestaciones o subsidios indebidamente percibidos del Instituto Nacional de Empleo podrá deducirse del importe de las prestaciones de la Seguridad Social de las que fueren acreedores los que hubiesen percibido indebidamente aquéllas.
Si fueren las prestaciones de la Seguridad Social las indebidamente percibidas, su importe podrá a su vez deducirse del de las prestaciones o subsidios de desempleo de los que fueren acreedores los que hubieren percibido indebidamente las de la Seguridad Social.
Las deducciones a que se refieren los apartados anteriores estarán sujetas a las restricciones establecidas para el embargo de las prestaciones en el artículo 119 del Reglamento General.
1. La deducción del importe de las deudas con la Seguridad Social, en los supuestos a que se refiere el artículo anterior, se sujetará al procedimiento siguiente:
1.1. Comprobada la existencia de deuda o deudas con la Seguridad Social de las indicadas en el artículo anterior y una vez éstas se encuentren fijadas de forma definitiva en vía administrativa, el Director general, el Subdirector general, el Director provincial, el Subdirector provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social o el Director de la Administración que sea competente para recaudar su importe, comunicará al deudor que se procederá a deducir aquélla o aquéllas del importe del crédito o créditos que dicho artículo determina y que aquél tuviere frente a la Seguridad Social, concediéndole un plazo de diez días para alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.
En dicha comunicación se hará constar la naturaleza, origen y cuantía total de la deuda o deudas con el recargo correspondiente y, en su caso, intereses e importe de sanciones, así como que, por no haberse pagado en los plazos establecidos y ser definitiva en vía administrativa, la Tesorería General resolverá sobre la retención del importe del crédito o créditos, aplicando lo retenido al pago de aquéllas.
1.2. Si, una vez aplicada la cantidad retenida, resultare aún impagada parte de la deuda o deudas con la Seguridad Social, se seguirá el procedimiento recaudatorio en los términos establecidos en el Reglamento General, en la presente Orden y demás disposiciones complementarias.
Si la deuda con la Seguridad Social resultare pagada con la cantidad deducida y subsistiere parte del crédito frente a la misma, se minorará éste en dicha cantidad, notificándose en todo caso al pagador del crédito.
2. Cuando exista norma o pacto que establezca otras condiciones para la aplicación de la deducción, ésta se sujetará a lo específicamente establecido o acordado.
Condonación, transacción y arbitraje
1. La Tesorería General de la Seguridad Social podrá condonar total o parcialmente el recargo por mora cuando concurran circunstancias excepcionales que justifiquen razonablemente el retraso en el pago de las deudas con las entidades gestoras y la Tesorería General de la Seguridad Social y se trate de sujetos obligados al pago que viniesen efectuando dicho ingreso con puntualidad.
La condonación no podrá alcanzar al recargo de apremio ni al importe de las demás deudas con la Seguridad Social, salvo que por Ley se establezca lo contrario y en los términos que la misma regule.
2. La condonación del recargo de mora se solicitará mediante escrito, que se presentará en la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social, Dirección Provincial o Administración de la misma en la que corresponda efectuar el pago de la deuda sobre la que aquél recae.
Si el recargo cuya condonación se pretende correspondiese a varios devengos, la solicitud se formulará, necesariamente, por medio de un solo escrito en el que se relacionarán las cuentas de cotización afectadas, el importe y el período a que se refiera.
3. La presentación de la solicitud no interrumpirá el procedimiento que pudiera seguirse para la recaudación del importe de la deuda de que se trate, sin perjuicio del posterior reintegro del recargo en el supuesto de que se acceda a su condonación.
4. La Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social, la Dirección Provincial o la Administración de la misma, ante la que deba presentarse la solicitud de condonación, podrá pedir informe sobre los presupuestos y circunstancias de la solicitud a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con carácter previo a su resolución de acuerdo con la distribución de competencias establecidas por el Director general de la Tesorería.
1. Las transacciones judiciales o extrajudiciales y los arbitrajes sobre los derechos de la Seguridad Social se acomodarán a los requisitos y condiciones fijados en el Real Decreto o, en su caso, en la Ley que los hubiere acordado y, en todo lo no previsto en los mismos, se aplicarán las normas comunes o especiales que se hallen establecidas.
2. Los acuerdos o convenios en los procesos concursales previstos en el apartado 2 del artículo 60 del Reglamento General podrán suscribirse directamente por el Subdirector general o los Directores provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social de acuerdo con la distribución de funciones establecida al respecto por el Director general de la misma.
3. En los procesos concursales como quiebras, suspensiones de pagos, concursos de acreedores, liquidaciones por la Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras y en cualquier otro proceso de ejecución universal del patrimonio de un deudor a la Seguridad Social seguido ante órganos judiciales o administrativos, la dirección y gestión de las actuaciones de la Tesorería General de la Seguridad Social para la suscripción de acuerdos o convenios a que se refiere el apartado anterior serán asumidas por el Director general de la misma o, en los términos que el mismo acuerde, por el Subdirector general que designe o por el Director provincial de dicha Tesorería en cuya circunscripción tenga su domicilio la otra parte, el Juzgado o el órgano administrativo competente para conocer de tales procesos o el deudor en liquidación.
Cuando en la citada Dirección Provincial de la Tesorería General no existan deudas con dicho deudor pero sí en otra o las existentes en otras Direcciones Provinciales sean superiores, el Director provincial de la Tesorería General podrá proponer a la Dirección General de la misma, o ésta acordar de oficio, el traslado de las actuaciones a la Dirección Provincial más afectada o a la Subdirección General de la Tesorería General que aquélla determine.
En los términos que se establezcan por el Director general de la Tesorería General de la Seguridad Social, el Subdirector general o el Director provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social que aquél determine podrá asumir directamente la dirección y gestión de las actuaciones en los procesos concursales de mayor importancia o transcendencia, extendiendo su actuación a todo el territorio del Estado o al ámbito geográfico que se señale, incluso superior al de una Dirección Provincial de la Tesorería General, con las funciones que específicamente se establezcan.