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Timestamp: 2018-01-20 22:29:55
Document Index: 274208317

Matched Legal Cases: ['artículo 390', 'artículo 374', 'artículo 342', 'artículo 342', 'artículo 373', 'artículo 374', 'artículo 342', 'artículo 297', 'artículo 342', 'artículo 36', 'artículo 297', 'artículo 342', 'artículo 297', 'artículo 374']

DEFENSORES - Profesionales de la Justicia! - CORTE DE APELACIONES DE PUERTO MONTT. ACOGE RECURSO DE NULIDAD INTERPUESTO POR MP:
Según la Corte tampoco queda suficientemente claro por que el tribunal afirma que duda sobre la posible existencia de una patología de base que afectaba al menor, de un lado por que no explicita los factores precisos que le permiten sostener dicha apreciación, de otro por que no es coherente con el hecho de que se excluyó como causa de muerte la osteogénesis (tesis de la defensa) con los dichos de los propios peritos de la defensa, quienes afirmaron que no se pudo acreditar la existencia de otra patología en el menor.
(Que en el considerando vigésimo cuarto se dice que con el objeto de determinar la causa de la muerte y la presencia de signos que en su conjunto dieran lugar a la unidad diagnóstica de maltrato infantil y síndrome del niño sacudido, depusieron en la audiencia los testigos y peritos que señala. En este considerando se reproducen las declaraciones de ocho médicos, una perito anatomopatóloga y la enfermera M. O. T. Posteriormente en el considerando vigésimo noveno que señala las conclusiones a que han arribado los sentenciadores, en la letra d) se dice que respecto al diagnóstico de maltrato infantil, sustento de la teoría del caso del Misterio Publico y querellante particular, se debe tener presente: i.-Que efectivamente los testimonios de sus testigos médicos (médicos generales, pediatras, traumatólogos, radiólogos, neurólogos y oftalmólogo), son concordantes en afirmar la existencia de indicios o como ellos mismos señalan, síntomas patoneumónicos de maltrato infantil y síndrome del niño sacudido... lquote . Se omite a la enfermera M. O. T.. Señala que los testigos médicos de estas partes (médicos generales, pediatras, traumatólogos, radiólogos, neurólogos y oftalmólogo), concuerdan en afirmar la existencia de indicios o síntomas de maltrato infantil y síndrome del niño sacudido, versión que se reafirma principalmente por las fichas clínicas del menor, la causa instruida ante Juzgado de Menores de Castro y los informes de la ODP. Estos facultativos dicen que estos síntomas son principalmente: el traumatismo encéfalocraneano, no explicable por caída, la presencia de hemorragias retinianas y de fracturas costales bilaterales. Sumado al conocimiento previo de una hospitalización anterior del menor en el mes de diciembre de 2003, donde se le diagnosticó posible maltrato infantil, realizando el propio hospital las denuncias, antecedente conocido por los facultativos de la ciudad de Puerto Montt, al momento de su ingreso. iii.-Que, sin embargo, los peritos de la defensa, a quienes el tribunal otorga mayor credibilidad a sus versiones, en razón de los títulos que ostentan, Ximena Albornoz Castillo y Rodrigo Valdés Annunziata, la metodología utilizada y el dominio de su ciencia y arte, han logrado controvertir razonable y lógicamente cada uno de estos síntomas patoneumónicos de maltrato infantil, descritos por los testigos y peritos del ente acusador. En efecto, han expuesto latamente y en base a estudios realizados, que son posibles fracturas craneales
lineales, como la que presentaba el menor M.P., desde alturas menores a 80 cm. Segundo, que las hemorragias retinianas son solo un indicativo de posible maltrato en su versión de síndrome de niño sacudido, sin embargo, el examen histológico de la doctora Henríquez no las detectó, ni en su examen microscópico ni macroscópico. Además, la doctora Ximena Albornoz fue enfática en señalar, que uno de los signos característicos de maltrato infantil es la presencia de lesiones evidentes a nivel de piel, como lo son las equimosis, mismas que no desaparecen después de la muerte y menos que puedan ser confundidas con livideces cadavéricas, lesiones que el menor no presentaba, salvo una explicable lógicamente por los eventos del día 07 de marzo de 2004. Que en cuanto a las hemorragias retinianas, estas se encuentran presentes en otras patologías de base como el Ehelen Darlos tipo 4-A. Finalmente, las fracturas costales bilaterales, se encuentran descartadas por la propia autopsia, puesto que el doctor Quappe informó al tribunal del hallazgo de fracturas sólo en la parrilla costal izquierda. En relación a este último aspecto el tribunal no fundamenta, no explica el motivo por el cual descarta la existencia de maltrato infantil, el cual se caracteriza, como indica la Dra. Albornoz por la existencia de lesiones evidentes a nivel de piel, como son las equimosis, lesiones que fueron constatadas por los testigos de la Fiscalía, enfermera doña M. O. T. y el doctor A. E. M. C, quienes examinaron físicamente al menor, a diferencia de los peritos de la defensa Dr. Rodrigo Valdés y la anotomopatóloga doña Ximena Albornoz, quienes informaron en base a antecedentes clínicos y documentales que les fueron aportados” (considerando 13°). “Que en cuanto a que el tribunal no ha efectuado una exposición y análisis completo y claro de las diversas lesiones sufridas por la víctima y, en especial, de la lesión que presentaba en su zona abdominal, cabe consignar que la sentencia en el numeral seis del motivo cuatrigésimo quinto concluye que analizada y valorada la prueba después de una consideración cuidadosa e imparcial de ella le ha originado una verdadera duda respecto de que la muerte del menor L. P. M. P. no tuvo como origen directo una acción material u omisión por parte de los acusados, sino que incluso el resultado muerte se haya producido por un conjunto de factores, entre ellos, la existencia de una patología de base que afectaba al menor. Sin embargo, tal conclusión no se ve avalada con la fundamentación necesaria, toda vez que no refiere los factores precisos que le permiten sustentar dicha apreciación y, por otra parte, en relación a la existencia de una patología de base que podría haber padecido el menor (la que no se precisa) no resulta dicha conclusión coherente con la circunstancia de haberse establecido como causa de la muerte el traumatismo craneano encefálico y abdominal (considerando cuatrigésimo quinto número uno) y el haberse probado que la osteogénesis debe descartarse como causa de la lesión abdominal, según lo señalaron los propios peritos de la defensa (doctor Valdés Annunziata y la anotomopatóloga doña Ximena Albornoz para motivo vigésimo sexto) y el no haberse acreditado que el menor padecía de otra patología que pudiese haber sido la causa de su muerte” (considerando 14°)).
PUERTO MONTT, treinta de diciembre dos mil cinco.
En la causa del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puerto Montt, Rit Nº 25-2005, RUC Nº 0400090056-0, por el delito de parricidio, seguida en contra de P. A. D. C. M. T. y S. L. P. P., por sentencia de fecha 28 de octubre del año en curso, se absolvió a ambos de la acusación que en su contra formulara el Ministerio Público como autores de delito de parricidio, previsto y sancionado en el artículo 390 del Código Penal en grado de consumado, todo ello respecto del menor L. P. A. M. P. de un año y cuatro meses de edad. Sostuvo la acusación particular la parte querellante Servicio Nacional de Menores. En contra de esta sentencia interpusieron recurso de nulidad don Rafael Mera Muñoz, Fiscal Regional de la Décima Región y doña María Iris Soledad Cárdenas Mundaca, abogada, en representación del querellante Servicio Nacional de Menores, Región de Los Lagos. El primero de conformidad con lo dispuesto en los artículos 352, 372, 342 letra c) y 374 letra e), todos del Código Procesal Penal, deduce recurso de nulidad contra la sentencia definitiva dictada en el juicio oral de fecha veintiocho de octubre de dos mil cinco, que absolvió a los acusados por delito de parricidio P. A. D. C. M. T., y S. L. P. P. . Invoca como causal la señalada en el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, esto es, cuando en la sentencia se hubiere omitido alguno de los requisitos previstos en el artículo 342 letras c), d) o e) , a fin que se anule el juicio oral y la sentencia. Estima que se ha configurado la causal de nulidad mencionada, pues en l a sentencia recurrida se ha omitido específicamente lo dispuesto en el artículo 342 letra c) del Código Procesal Penal, ya que el tribunal no efectuó una exposición y análisis completo y claro de las diversas lesiones sufridas por la víctima y, en especial, de la lesión que presentaba en su zona abdominal y que permite llegar a conclusiones distintas a la que arribó el sentenciador. Indica que éste sólo dedicó dos párrafos (el noveno del considerando vigésimo noveno y el segundo del cuatrigésimo quinto) para simplemente transcribir la información aportada por el médico legista Germán Quappe, en relación a tal lesión. Tampoco se analizó y valoró en modo alguno el testimonio del perito Andrés Manen Chinchon y de la testigo M. O. T., en relación con las lesiones externas detectadas en el cuerpo del menor fallecido. En consecuencia, en ninguna parte de la sentencia se analizan dos aspectos fundamentales de lo señalado por los peritos y testigos ofrecidos por la Fiscalía: a) que el traumatismo abdominal que presentaba el menor, por su naturaleza e intensidad, necesariamente fue provocado, y no puede atribuirse a un mero accidente o a una patología de base; y b) que el menor presentaba lesiones externas, que daban clara cuenta de una situación de maltrato. El recurrente a continuación señala lo que declararon el doctor Quappe y la perito anatomopatóloga María Alejandra Henríquez Véliz sobre el traumatismo abdominal que presentaba el menor. Agrega que todo el razonamiento de la sentencia -expuesto fundamentalmente en el considerando vigésimo noveno- se refiere a lo relativo a una posible enfermedad de base que pudo afectar a la víctima en relación a su estructura ósea y al carácter accidental o provocado del traumatismo encéfalo craneano que presentaba. Sin embargo, salvo en tres líneas, en las que solo reproduce la información entregada por los peritos de la Fiscalía, no existe análisis alguno del traumatismo en la zona abdominal, el cual, según señala la propia sentencia, fue el que en definitiva le causó la muerte al menor.
Ninguna referencia hay a lo declarado por la perito anatomopatóloga María Alejandra Henríquez Véliz en el sentido que dicha lesión no era accidental y que tuvo su origen en un impacto directo sobre el abdomen del niño. Manifiesta que el traumatismo en la zona abdominal no tiene ninguna relación con una supuesta patología de base que habría afectado a su estructura ósea y que por su gravedad no podía ser atribuido a una caída o accidente. No obstante la relevancia de esa lesión, el sentenciador no la analiza ni considera al momento de estimar si hubo o no una acción directa del acusado Pablo Mancilla. Además, expresa que los dos peritos de la defensa no centraron su testimonio en la mencionada lesión abdominal, sino que analizaron la supuesta patología de base que habría afectado la estructura ósea del menor o el carácter accidental o provocado del traumatismo en la zona encéfalo craneana. Por otra parte, señala el recurrente que la sentencia concluye que el menor no habría presentado lesiones externas que dieran cuenta de maltrato infantil. Sin embargo, esto no concuerda ni se hace cargo de la información aportada por los peritos y testigos de la Fiscalía, en particular, el neurocirujano A. M.C. que examinó al niño y la enfermera M.O.T. que atendió al menor en el hospital. Lo anterior, incluso, es ratificado por la perito de la defensa Ximena Albornoz Castillo. Increíblemente los sentenciadores concluyen que no se encontraron lesiones en el cuerpo del menor que dieran cuenta de maltrato infantil, sin que en ninguna parte de la sentencia se analice, valore o desestime lo declarado por los testigos y peritos de la Fiscalía antes señalados sobre este punto. A su vez, la querellante Servicio Nacional de Menores interpuso recurso de nulidad en contra de la mencionada sentencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 352, 372 y siguientes del Código Procesal Penal, a fin que se anule el juicio oral y la sentencia. Invoca como causa principal de nulidad la contemplada en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, esto es, una errónea aplicación del derecho, que influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo. En forma subsidiaria, invoca como causal la señalada en el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, esto es, cuando en la sentencia, s e hubiere omitido alguno de los requisitos previstos en el artículo 342 letras c), d) o e) del mencionado cuerpo legal. Respecto a la primera causal señala que la sentencia razonó en el sentido de que a pesar de tener por acreditados los hechos de la acusación fiscal y particular, no resulta posible imputar a los acusados las acciones que se le atribuyen, es decir, por no cumplir con el requisito del nexo causal entre el resultado (muerte del niño) y la acción o los actos ejecutados por los acusados. La circunstancia de tener el niño 250 c.c. de sangre en la cavidad peritoneal y hematoma en la parte retriperitoneal fue descartada como causal primera de muerte por parte de los peritos presentados por Fiscalía y su parte, siendo la lesión en el cráneo la que provocó la muerte cerebral del niño y su posterior muerte. Cita las disposiciones legales que estima infringidas: los artículos 329 del Código Procesal Penal; 15,16 y 390 del Código Penal. Con la prueba rendida se debió condenar a los acusados, pues se dan todos los elementos del tipo penal, los que enumera. Si no hubiera existido error se habría dictado sentencia condenatoria. En cuanto a la segunda causal que se interpuso, en forma subsidiaria, la sentencia hace una exposición completa de los hechos y circunstancias que se dan por probadas, pero no cumple con hacer una exposición lógica de los hechos, circunstancias que se dan por probadas y la valoración de los medios de prueba que fundamentare sus conclusiones, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 297 del Código Procesal Penal. Por último, ambos recurrentes concluyen solicitando que se acoja el recurso, se declare que se ha incurrido en las causales de nulidad invocadas, se anule el juicio y la sentencia impugnada, determinando el estado del procedimiento en que debe quedar
la causa ante el Tribunal no inhabilitado que deba conocer del nuevo juicio. Con fecha trece de diciembre en curso, previa cuenta de admisibilidad del recurso, se llevó a efecto la audiencia respectiva, quedando la causa en acuerdo, fijándose para la lectura del fallo el día 30 de diciembre de 2005, a las 11:30 horas. Con lo relacionado y considerando:
PRIMERO: Que en el recurso de nulidad interpuesto por el Ministerio Público, representado por el señor Fiscal Regional de la Décima Región, se solicita se anule el juicio y la sentencia impugnada pronunciada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puerto Montt, constituido por los Jueces don José Bustos Valenzuela, doña Loreto Paredes Carreño y don Juan Carlos Silva Opazo, de fecha veintiocho de octubre del año en curso, determinando el estado en que debe quedar el procedimiento y el tribunal no inhabilitado que debe conocer del nuevo juicio, por estimar que dicha sentencia incurrió en la causal de nulidad a que se ha hecho referencia en la parte expositiva de esta sentencia.
SEGUNDO: Que siendo dos los recursos de nulidad deducidos en contra del fallo en alzada, a fin de mantener un adecuado ordenamiento, desarrollo y entendimiento de las reflexiones que a su respecto emitirá este tribunal, se procederá a analizar, en primer término, el recurso de nulidad interpuesto por el Ministerio Público y para dilucidar si concurre el motivo absoluto de nulidad en que se funda este recurso se efectuará un análisis de la sentencia, ello con el propósito de verificar si ésta, efectivamente, contiene los requisitos exigidos por el artículo 342 del Código Procesal Penal.
TERCERO: Que de la lectura del considerando cuatrigésimo quinto numeral uno, se aprecia que el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puerto Montt estableció como hecho de la causa el siguiente: Que el día 13 de marzo de 2004 falleció en el Hospital Base de esta ciudad el menor L.P.M.P, como consecuencia de un traumatismo craneano encefálico y abdominal, provocándole esta última lesión una anemia aguda que consecuencialmente le provoca la muerte. Que el hecho anterior se encuentra acreditado con los atestados del perito Médico Legista don Germán Fernando Quappe de la Maza y a las fotografías correspondientes a la persona de la víctima y al peritaje de autopsia realizado a su respecto, mismas que revelan los traumatismos craneano encefálico y abdominal y, la presencia de aproximadamente 250 c.c. de sangre en la cavidad peritoneal y hematoma en la parte retriperitoneal. Que, por otra parte, en el motivo vigésimo noveno, letra d), los sentenciadores arriban a la conclusión de la inexistencia de maltrato infantil, teoría del caso sustentada por Fiscalía y querellante.
CUARTO: Que el considerando vigésimo noveno contiene las conclusiones a que llegó el Tribunal, entre ellas, en lo relacionado con el recurso, se expresa: c) Que fundados en la propia declaración del legista antes indicado, las fotografías del procedimiento de autopsia, los atestados de la Doctora Aburto, ficha clínica del Hospital de Castro y declaraciones de ambos peritos de la defensa, en cuanto a la causa de la muerte, es posible, igualmente establecer: i.- La existencia en la cavidad abdominal de 250 cc. de sangre. ii.- La existencia de un hematoma en la parte retriperitoneal. iii.-Que el menor al ingresar el día 10 de marzo al Hospital de Castro presentaba una hemoglobina de 7,2. (Anormal para un menor de su edad). Una vez ingresado al Hospital de Puerto Montt esta se redujo a 6,4. Que estas tres circunstancias anotadas conducen
necesaria y razonablemente a que el menor sufrió una anemia aguda a causa de la lesión abdominal, misma, que es un factor, que también explica lógicamente su deceso.
QUINTO: Que conforme los fundamentos del recurso que nos ocupa, y en relación al hecho de presentar el menor lesiones externas que dieren cuenta de un maltrato infantil, debemos detenernos en el examen de la prueba de peritos y testigos que el Ministerio Público denuncia no haber sido analizados ni debidamente valorados por el tribunal recurrido en la sentencia en alzada. En primer término cabe consignar que doña M. O. T., enfermera, quien trabaja en el Hospital de Puerto Montt en la unidad pediátrica de la UTI., señala que el niño ingresó el día 10 de marzo, venía desde Castro con TEC complicado, con muerte cerebral, se encontraba conectado a ventilación mecánica, en coma. Ella efectuó al menor un examen físico. Encontró un niño con algunas lesiones evidentes en el cuerpo, tenía un aumento de volumen en la parte superior, una lesión en el brazo que por la forma parecía una mordedura, lesiones de tipo equimóticas en distintas partes del cuerpo (fojas 18). Sin embargo de tal declaración, el sentenciador sin realizar análisis ni valoración de ella, ni expresar tampoco los razonamientos por los cuales se le desestima o resta mérito probatorio, concluye que el menor no habría presentado lesiones externas que dieran cuenta de maltrato infantil, hecho que reviste especial importancia si se considera que la testigo fue enfática en señalar, precisamente, el haber encontrado la existencia de lesiones equimóticas en distintas partes del cuerpo, característica ésta que la propia perito de la defensa, doña Ximena Albornoz Castillo, señala ser signo característico de maltrato infantil, como se establece en el punto tres, letra d) del considerando vigésimo noveno, del fallo impugnado. Existe, entonces, a este respecto una clara contradicción no resuelta.
SEXTO: Que en el mismo considerando vigésimo noveno, refiriéndose la sentencia a los dos peritos de la defensa, a quienes el tribunal otorga mayor credibilidad a sus versiones, en razón de los títulos que ostentan, (los que indica), la metodología utilizada y el dominio de su ciencia, se señala que han logrado controvertir razonable y lógicamente cada uno de los síntomas patoneumonicos de maltrato infantil, descritos por los testigos y peritos del ente acusador. Sin embargo tal conclusión, a juicio de este tribunal, no resulta del todo razonable y lógica si se contrasta con el claro tenor de la declaración ya referida de la enfermera, doña M. O. T. y la del perito Andrés Elías Manen Chinchon (letra f), considerando vigésimo cuarto) médico neurocirujano, quien expresó que examinó al menor de un año tres meses, conectado a ventilación mecánica, sin respuesta clínica al dolor o reflejos. Describe lesiones en su cuerpo, diferentes equimosis y moretones que fueron consignados en la ficha clínica. Agrega que cuando practicó al menor un examen físico completo, fondo de ojo con oftalmoscopio, encontró la presencia de hemorragias y edemas de papilas que es la traducción de edema cerebral, lesiones externas, equimosis frontales, pared toráxica abdominal extremidades superiores e inferiores, equimosis circular con una erosión en la zona que le sugirió la forma de una mordedura porque tenía la forma circular con impresiones dentarias. El recurrente, Ministerio Público, señala que respecto de este perito tampoco la sentencia contiene una adecuada fundamentación pues no analizó, valoró, ni expresó el porque se le restó mérito probatorio a su testimonio, en relación a las lesiones externas que presentaba el menor, lo que es efectivo, por cuanto en este caso la sentencia solo reproduce la declaración del perito.
SEPTIMO: Que en el señalado considerando vigésimo noveno se indica que respecto al diagnóstico de maltrato infantil, sustento de la teoría del caso de la Fiscalía y querellante, que efectivamente los testimonios de sus testigos médicos (médicos generales, pediatras, traumatólogos, radiólogos, neurólogos y oftalmólogo), son concordantes en afirmar la existencia de indicios o como ellos mismos señalan síntomas patoneumonicos de maltrato infantil y síndrome del niño sacudido, versión que es reafirmada principalmente por las fichas clínicas del menor, la causa instruida ante el Juzgado de Menores de Castro y los informes de la ODP.. Posteriormente, concluye en la letra d) iii que los peritos de la defensa han logrado controvertir razonable y lógicamente cada uno de los síntomas patoneumónicos de maltrato infantil.
OCTAVO: Que, en el mismo sentido, y como lo expresa la Fiscalía recurrente el fallo omite todo análisis y valoración -respecto del traumatismo abdominal que presentaba el menor- de la declaración que prestó la perito anatomopatóloga, doña María Alejandra Henríquez Véliz, (letra e, considerando vigésimo cuarto) quien expresó que a través de alteraciones estructurales de las células de los tejidos son capaces de hacer diagnósticos y así sustentar el trabajo tanatológico, ya sea confirmarlo, ampliarlo o descartarlo. En cuanto al examen abdominal indica que llama la atención el hemiperitoneo, que significa sangre acumulada en la cavidad abdominal, en un volumen descrito en la autopsia de 250cc si se considera que el volumen circulante en un niño de esta edad es de 700 cc y 250 están en la cavidad abdominal, el niño cursó un cuadro de anemia importante, esto porque como lo muestra la foto se ve un amplio desgarro mesentérico. Señala recibió muestras de la zona y en relación al desgarro y en esa zona vio hemorragias, reacción linfática, focos de necrosis del tejido graso correspondiente al mesenterio, y también en algunas zonas reacción de tipo reparativo inicial, lo que significa que esta lesión es vital y que tiene algunos días de evolución, esta lesión es de origen traumático y no accidental. Esto se explica por un impacto directo sobre el abdomen con compresión de las vísceras el mesenterio y provoca la rotura de vasos que están surcándolo y por lo tanto la hemorragia que se vio en la cavidad abdominal. Además, entre las muestras que se le enviaron había intestino delgado que mostraban focos de hemorragia a nivel parietal, especial en la submucosa, que hablan también de una lesión de tipo contusión. Finalmente expuso esta perito, que respecto a las conclusiones de su pericia son concordantes con los hallazgos del protocolo de autopsia, es decir, este niño muere por un traumatismo craneoencefálico y abdominal, las lesiones son vitales, que justifican la muerte, que tienen algunos días de evolución y que desde el punto de vista histológico puede dar entre 3 y 5 días, y que se explican por el antecedente de maltrato infantil. Sobre este particular el recurrente observa que la sentencia a pesar de la importancia de esta lesión que fue la que, en definitiva, causó la muerte del menor (como se señala en la letras b) y c) del motivo vigésimo noveno), no la analiza ni la considera a la hora de estimar si hubo o no una acción directa del acusado Pablo Mancilla.
NOVENO: Que respecto de la causa de la muerte del menor cabe señalar que, como hemos ya adelantado, en el considerando vigésimo noveno letra b) se indica que en base a la declaración del perito forense Sr. Quappe y de la doctora Henríquez la causa de la muerte seria traumatismo encéfalo craneano y abdominal, provocados ambos
por maltrato infantil. Que tal elemento también se encuentra consignado en el certificado de defunción y ficha clínica del menor, incorporadas al juicio.
DECIMO: Que el recurrente de nulidad invoca, igualmente, la falta de análisis de la declaración prestada por el médico legista Germán Quappe de la Maza, en cuanto a las labores que realizó al efectuar la autopsia del niño. El médico fue claro en señalar que no encontró lesiones externas propias del maltrato infantil porque no las buscó. Sin embargo, este hecho atendidas las pruebas rendidas e incorporadas al juicio- no permite concluir que el niño no haya presentado tales lesiones lo que, por lo demás, aparece desvirtuado con lo declarado por el neurocirujano Andrés Manen y la enfermera Mónica Oyarzún según se desprende de sus testimonios, precedentemente referidos.
DECIMO PRIMERO: Que la Excma. Corte Suprema se ha pronunciado en el sentido que el tribunal deberá hacerse cargo en su fundamentación de toda la prueba producida, incluso de aquélla que hubiese desestimado, indicando en tal caso las razones que hubiere tenido en cuenta para hacerlo. La valoración de la prueba en la sentencia requerirá el señalamiento de los medios de prueba. Esta fundamentación deberá permitir la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar a las conclusiones a que llegare la sentencia. El inciso 2º del artículo 36, aplicable en la especie por ser común a todo tipo de resoluciones dictadas en el juicio oral, declara que la simple relación de los documentos del procedimiento o la mención de los medios de prueba o solicitudes de los intervinientes no sustituirá en caso alguno aquella debida fundamentación. De todo lo relacionado resulta muy claro que el nuevo proceso penal obliga a los jueces en su sentencia a indicar todos y cada uno de los medio probatorios atinentes a fijar los hechos y circunstancias propuestos por los intervinientes, expresar sus contenidos y en base a ellos razonar conforme a las normas de la dialéctica a fin de evidenciar las motivaciones que se han tenido en cuenta para preferir uno del otro o para darle preeminencia (Rol Nº1743, sentencia de 2 de julio de 2003; Rol Nº 964-03, fallo de fecha 12 de mayo de 2003).
DECIMO SEGUNDO: Que la doctrina también se pronuncia en tal sentido, el solo hecho de consagrar la libre valoración de la prueba importa que el tribunal deberá hacer un análisis de los hechos y las pruebas para llegar a las conclusiones (Código Procesal Penal, Anotado y Concordado, Pág.305, Emilio Pfeffer Urquiaga); el solo hecho de consagrar la libre valoración de la prueba importa que el tribunal deberá hacer un análisis de los hechos y las pruebas para llegar a las conclusiones. (Tratado del Proceso Penal y del Juicio Oral, Tomo I, J. Cristóbal Núñez Vásquez, Pág. 328). La apreciación de la prueba entonces debe ser íntegra, en cuanto el tribunal debe hacerse cargo en su fundamentación de toda la prueba producida en tiempo y forma en el proceso, incluso aquella que hubiera desestimado. Que en opinión de esta Corte, el tribunal debe valorar toda la prueba rendida y decidir si es suficiente para vencer la presunción legal de inocencia, más allá de toda duda razonable. El Tribunal es soberano para valorar la prueba rendida de conformidad al artículo 297 del Código Procesal Penal, pero le es imperativo hacerse cargo de ella, incluso de la que desestimare.
DECIMO TERCERO: Que en el considerando vigésimo cuarto se dice que con el objeto de determinar la causa de la muerte y la presencia de signos que en su
conjunto dieran lugar a la unidad diagnóstica de maltrato infantil y síndrome del niño sacudido, depusieron en la audiencia los testigos y peritos que señala. En este considerando se reproducen las declaraciones de ocho médicos, una perito anatomopatóloga y la enfermera M.O.T. Posteriormente en el considerando vigésimo noveno que señala las conclusiones a que han arribado los sentenciadores, en la letra d) se dice que respecto al diagnóstico de maltrato infantil, sustento de la teoría del caso del Misterio Publico y querellante particular, se debe tener presente: i.-Que efectivamente los testimonios de sus testigos médicos (médicos generales, pediatras, traumatólogos, radiólogos, neurólogos y oftalmólogo), son concordantes en afirmar la existencia de indicios o como ellos mismos señalan, síntomas patoneumónicos de maltrato infantil y síndrome del niño sacudido... lquote . Se omite a la enfermera M.O.T.. Señala que los testigos médicos de estas partes (médicos generales, pediatras, traumatólogos, radiólogos, neurólogos y oftalmólogo), concuerdan en afirmar la existencia de indicios o síntomas de maltrato infantil y síndrome del niño sacudido, versión que se reafirma principalmente por las fichas clínicas del menor, la causa instruida ante Juzgado de Menores de Castro y los informes de la ODP. Estos facultativos dicen que estos síntomas son principalmente: el traumatismo encéfalocraneano, no explicable por caída, la presencia de hemorragias retinianas y de fracturas costales bilaterales. Sumado al conocimiento previo de una hospitalización anterior del menor en el mes de diciembre de 2003, donde se le diagnosticó posible maltrato infantil, realizando el propio hospital las denuncias, antecedente conocido por los facultativos de la ciudad de Puerto Montt, al momento de su ingreso. iii.-Que, sin embargo, los peritos de la defensa, a quienes el tribunal otorga mayor credibilidad a sus versiones, en razón de los títulos que ostentan, Ximena Albornoz Castillo y Rodrigo Valdés Annunziata, la metodología utilizada y el dominio de su ciencia y arte, han logrado controvertir razonable y lógicamente cada uno de estos síntomas patoneumónicos de maltrato infantil, descritos por los testigos y peritos del ente acusador. En efecto, han expuesto latamente y en base a estudios realizados, que son posibles fracturas craneales lineales, como la que presentaba el menor Mancilla Paillaleve, desde alturas menores a 80 cm. Segundo, que las hemorragias retinianas son solo un indicativo de posible maltrato en su versión de síndrome de niño sacudido, sin embargo, el examen histológico de la doctora Henríquez no las detectó, ni en su examen microscópico ni macroscópico. Además, la doctora Ximena Albornoz fue enfática en señalar, que uno de los signos característicos de maltrato infantil es la presencia de lesiones evidentes a nivel de piel, como lo son las equimosis, mismas que no desaparecen después de la muerte y menos que puedan ser confundidas con livideces cadavéricas, lesiones que el menor no presentaba, salvo una explicable lógicamente por los eventos del día 07 de marzo de 2004. Que en cuanto a las hemorragias retinianas, estas se encuentran presentes en otras patologías de base como el Ehelen Darlos tipo 4-A. Finalmente, las fracturas costales bilaterales, se encuentran descartadas por la propia autopsia, puesto que el doctor Quappe informó al tribunal del hallazgo de fracturas sólo en la parrilla costal izquierda. En relación a este último aspecto el tribunal no fundamenta, no explica el motivo por el cual descarta la existencia de maltrato infantil, el cual se caracteriza, como indica la Dra. Albornoz por la existencia de lesiones evidentes a nivel de piel, como son las equimosis, lesiones que fueron constatadas por los testigos de la Fiscalía, enfermera doña M.O.T. y el doctor Andrés Elías Manen Chinchon, quienes examinaron físicamente al menor, a diferencia de los peritos de la defensa Dr. Rodrigo Valdés y la anotomopatóloga doña Ximena Albornoz, quienes informaron en base a antecedentes clínicos y documentales que les fueron aportados.
DECIMO CUARTO: Que en cuanto a que el tribunal no ha efectuado una exposición y análisis completo y claro de las diversas lesiones sufridas por la víctima y, en especial, de la lesión que presentaba en su zona abdominal, cabe consignar que la sentencia en el numeral seis del motivo cuatrigésimo quinto concluye que analizada y valorada la prueba después de una consideración cuidadosa e imparcial de ella le ha originado una verdadera duda respecto de que la muerte del menor L.P.M.P. no tuvo como origen directo una acción material u omisión por parte de los acusados, sino que incluso el resultado muerte se haya producido por un conjunto de factores, entre ellos, la existencia de una patología de base que afectaba al menor. Sin embargo, tal conclusión no se ve avalada con la fundamentación necesaria, toda vez que no refiere los factores precisos que le permiten sustentar dicha apreciación y, por otra parte, en relación a la existencia de una patología de base que podría haber padecido el menor (la que no se precisa) no resulta dicha conclusión coherente con la circunstancia de haberse establecido como causa de la muerte el traumatismo craneano encefálico y abdominal (considerando cuatrigésimo quinto número uno) y el haberse probado que la osteogénesis debe descartarse como causa de la lesión abdominal, según lo señalaron los propios peritos de la defensa (doctor Valdés Annunziata y la anotomopatóloga doña Ximena Albornozpara, motivo vigésimo sexto) y el no haberse acreditado que el menor padecía de otra patología que pudiese haber sido la causa de su muerte.
DECIMO QUINTO: Que, como puede verse, es fácilmente perceptible que la sentencia recurrida no satisface, en concepto de estos sentenciadores, las exigencias del artículo 342 letra c) del Código Procesal Penal, y menos con aquellas que establece el artículo 297 del mismo texto legal, en la medida que omite el adecuado análisis y valoración de algunos medios de prueba aportados en el juicio y los razonamientos y conclusiones por las cuales pondera unos en perjuicio de otros, circunstancia que conduce a acoger el recurso de nulidad interpuesto por el Ministerio Público, al haberse incurrido con ocasión de la dictación de la sentencia, en el motivo absoluto de nulidad que se le reprocha.
DECIMO SEXTO: Que concurriendo el motivo de nulidad invocado por el Ministerio Público, resulta innecesario el análisis de la causal de nulidad reclamada por la querellante particular. Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 297, 342 letra c), 352, 372, 374 letra e), 376, 384 y 386 del Código Procesal Penal, se declara que se acoge el recurso de nulidad por la causal absoluta del artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, que dedujo don Rafael Mera Muñoz, Fiscal Regional de la Décima Región, agregado a fojas 40 y siguientes, y se declara que se anula la sentencia pronunciada con fecha veintiocho de octubre del año en curso por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puerto Montt, constituido por los Jueces don José Bustos Valenzuela, doña Loreto Paredes Carreño y don Juan Carlos Silva Opazo, que rola a fojas 1 y siguientes de esta carpeta y el juicio oral en que recayó, debiendo el Tribunal Oral no inhabilitado correspondiente proceder a un nuevo juicio.
Regístrese, dése a conocer a los intervinientes que asistan a la audiencia fijada al efecto, sin perjuicio de su notificación por el estado diario y devuélvase.
Redacción del abogado integrante Emilio Pérez Hitschfeld. Pronunciada por el Ministro Titular don Hernán Crisosto Greisse, Ministro Suplente doña Ivonne Avendaño Gómez y Abogado Integrante don Emilio Pérez Hitschfeld.
Se deja constancia que no firma el Ministro don Hernán Crisosto Greisse, pese a haber concurrido a la vista y acuerdo en esta causa, por encontrarse haciendo uso de permiso.Rol Nº 415-2005.