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Timestamp: 2017-02-28 07:11:30
Document Index: 297139646

Matched Legal Cases: ['artículo 26', 'artículo 1', 'artículo 26', 'artículo 33', 'artículo 225', 'ARTÍCULO 19', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 4', 'Artículo 4', 'artículo 3', 'artículo\n3', 'Artículo 542', 'artículo 585', 'artículo 583', 'artículo 367', 'artículo 172', 'artículo 31']

Nº 15 - Reforma al contrato de seguros by LegalPublishing - issuu
semana del 1 al 5 de octubre de 2012
Reforma al contrato de seguros
Reforma a la legislación
UNA MIRADA A LA REFORMA
A LA LEY DE SEGUROS
GLORIA CLARO MONTES
Profesor de Derecho Comercial y de Derecho Civil
Socia de Vergara, Fernández, Costa y Claro
Sobre esta materia, creemos que al inicio hay que recalcar la importancia que tienen esta reforma. Si nuestro
Código de Comercio era inicialmente alabado como novedoso por regular el seguro terrestre, desde ya largo
tiempo parte importante de esta normativa ha dejado de
aplicarse en la práctica. En efecto, las exigencias modernas de los seguros y su contratación han hecho necesario
que la industria de seguros tenga prácticas diferentes,
algunas contrarias a los textos legales expresos. Lo anterior con la necesaria complacencia del regulador pertinente, que ha tenido la prudencia de aceptar las nuevas
prácticas que son necesarias para el desarrollo de este
Por ello, llama la atención el largo tiempo que ha tomado el conocimiento de esta reforma. Quizás el mismo
hecho que la práctica de seguros haya logrado subsanar
los problemas que tiene la legislación actual ha privado
a esta reforma del sentido de urgencia que merece. Por
lo mismo, corresponde insistir en la urgente necesidad
de adaptar nuestra legislación de seguros a las prácticas
más desarrolladas en esta materia.
Respecto del proyecto en sí, siendo una normativa que
regula enteramente el negocio de los seguros, estimo
pertinente comentar sólo algunos aspectos de la misma.
(ver p. 6)
El Código de Comercio de Chile constituyó una de las
primeras codificaciones del mundo que incluyó normas
destinadas a regular el contrato de seguro de manera
sistemática. De eso ya han pasado 147 años.
En la década de los 80, se llegó al consenso que la
legislación en materia de seguros contenida en el Código
de Comercio, estaba obsoleta y completamente superada
por la práctica comercial. En 1990, se constituyó la
comisión redactora de la nueva ley de seguros teniendo
por misión proponer las normas legales que regirían el
contrato de seguro. Desde esa década y hasta ahora, se
ha ido trabajando en el proyecto de reforma.
En la actualidad, el proyecto de ley se encuentra en el
segundo trámite constitucional en el senado.
El proyecto estructura la legislación de seguros bajo
tres secciones. La primera de ellas referida a las normas
comunes a todo tipo de seguros, la segunda a los seguros
de daños en particular y la tercera a los seguros de
En general, el proyecto de ley es bueno, pero como toda
creación humana es perfectible.
Entre los aspectos positivos, lo más sobresaliente es
el tratamiento de tres materias de gran relevancia que
estaban ausentes en el Código de Comercio, a saber:
El reconocimiento de múltiples seguros que existiendo en
la práctica, no tenían regulación. Por ejemplo, se consagra
la cobertura de lucro cesante, la de responsabilidad civil,
de seguros de crédito y de cauciones. (ver p. 7)
Acerca del proyecto de
reforma al Código de
Comercio que modifica el
Prof. Dr. Marcelo Nasser
Cada vez más cerca de convertirse en ley se encuentra el
proyecto que suprime íntegramente el Título VIII del Libro
II del Código de Comercio y lo reemplaza por una serie de
artículos totalmente nuevos (Boletín 5185-03). El texto se
encuentra en su segundo trámite constitucional (Senado),
etapa en la cual ya ha informado la Comisión de Hacienda,
se ha oído a una serie de expertos, y se ha conferido un
último y nuevo plazo para formular indicaciones, algunas
de las cuales son de gran relevancia.
El proyecto de ley, que ingresó por moción parlamentaria al Congreso el 10 de julio de 2007, esto es, hace más
de cinco años, plantea rejuvenecer una legislación que la
misma reforma estima como revolucionaria para su época,
pues, como señala el mensaje, muy pocas naciones contaban con legislación específica sobre seguros en tiempos
del Presidente José Joaquín Pérez M.
Sin embargo, han pasado más de 150 años y –salvo por
los esfuerzos de los tribunales y de la doctrina mediante
un método de creación y adaptación de normas más bien
propio de un sistema de derecho consuetudinario, de precedentes y de juristas–, las actuales normas responden a
una realidad anticuada, en donde el mercado asegurador
ciertamente no tenía el desarrollo que tiene en nuestros
días. (ver p. 3)
Perfecciona la legislación
tributaria y financia la
INFRACCIÓN A LA LEY Nº 18.838
CONSEJO PARA LA
Como se sabe la regulación del Contrato de
Seguros se ha mantenido inalterada desde
los orígenes del Código de Comercio de 1865.
Existe acuerdo entre los especialistas, que
prácticamente ninguna de las regulaciones
del Código para este contrato puede ser utilizado en la actualidad, por el desuso de su
contenido. Una buena cantidad de los aspectos contemporáneos de la regulación de este
contrato han quedado reducidas a una denominada “libertad de pactos”, manifestada a
través de las condiciones de las pólizas y a la
extensión de las regulaciones administrativas
de la Superintendencia de Valores y Seguros
(SVS), a consecuencia de sus atribuciones en
el ámbito contractual entre privados.
Desde el año 1990 han existido iniciativas de
modificación en esta materia, pero todas ellas
por distintas razones no han logrado resultados. En la actualidad existe un proyecto de
ley, en segundo trámite en el Senado, que fue
iniciado el 2007 y que desde el 2010 ha logrado cierto consenso para su avance.
En concreto, el proyecto regula normas generales de seguros, para luego establecer reglas
propias para los diferentes tipos de seguros.
Por otro lado, establece que no se puede modificar unilateralmente un contrato en perjuicio de los asegurados. De esta manera, será
posible obtener un mayor equilibrio en las
relaciones entre los aseguradores y sus contrapartes, especialmente personas naturales
y pequeños y medianos empresarios.
Del mismo modo, se establece un marco de
garantías mínimas que, respetando la libertad contractual y el desarrollo del mercado,
facilita la negociación y el cumplimiento de
los contratos, propiciando además la difusión
y comprensión del instrumento del seguro.
Por su parte, se afirma que el proyecto permitirá a la Superintendencia de Valores y
Seguros el diseño y aplicación de las normas
que imparte respecto de asegurados masivos,
así como la estandarización de los requisitos,
obligaciones y derechos de los asegurados,
simplificando los mecanismos de resolución
de controversias y reclamos.
Para todos los especialistas, esta iniciativa es fundamental para la actualización del
Contrato de Seguros, ya que la aplicación del
mismo se ha extendido ampliamente y tiene
consecuencias significativas en algunos sectores sensibles como el mercado de la salud y
Sin embargo, existen algunas críticas una de
las más importantes es que esta reforma desatiende las normas de protección de los derechos de los consumidores. En este número de
La Semana Jurídica, podremos apreciar tres
distintos enfoques sobre los efectos de esta
reforma en el mercado de los seguros.
BOLETÍN Nº: 8589-07
FECHA DE INGRESO: 12.09.2012
PROYECTO: Modifica ley Nº 19.628, sobre protección de datos de carácter personal.
BOLETÍN Nº: 8041-04
FECHA DE INGRESO: 22.11.2011
PROYECTO: Crea Superintendencia de Educación
MATERIA: Proyecto busca mayor control de datos
personales que manejan empresas que hacen ventas telefónicamente
MATERIA: La Superintendencia permite cumplir la
normativa relativa a la entrega de información, sanciona la publicidad engañosa mediante una mejor
fiscalización de universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica.
Para proteger al titular de datos personales, del
uso indiscriminado de ellos, como de su intimidad
y derecho a la privacidad, se obliga a las empresas
que acceden a estos antecedentes, a informar al
momento de hacer la llamada ofreciendo algún producto, el origen de la información. Se establece a la
vez la posibilidad para el usuario de ser borrado de
dicha base de datos.
Aumentar sus atribuciones, finalizando con el mal
uso de recursos y velando para que las universidades y otros que no respeten a sus estudiantes o sus
fines educativos, reciban las sanciones correspondientes.
Primer informe Comisión de Educación, Cultura,
NORMA: Ley Nº 20.602
FECHA PUBLICACIÓN DO: 25.09.2012
ORGANISMO: Ministerio de Desarrollo Social.
MATERIA: Deroga el inciso sexto del artículo primero transitorio de la ley Nº 20.422
El artículo 26 de la ley Nº 20.422 establece: “se
reconoce la lengua de señas como medio de comunicación natural de la comunidad sorda”, y el
inciso 6° del artículo 1º transitorio de la misma
ley prescribe: “El Estado, en conjunto con la comunidad de personas con discapacidad auditiva,
definirá en un plazo de tres años, el lenguaje de
señas chileno”.
Existe una antinomia entre los artículos, debido
a que el artículo 26 consagra expresamente el
lenguaje de señas como medio de comunicación
de la comunidad sorda, lo que debe considerarse
correcto, puesto que las lenguas no se definen,
sino más bien se reconocen o declaran.
NORMA: Ley Nº 20.630
FECHA PUBLICACIÓN DO: 27.09.2012
ORGANISMO: Ministerio de Hacienda.
MATERIA: Perfecciona la legislación tributaria y
financia la reforma educacional
El ejecutivo destaca que los pilares de la reforma
son la calidad y equidad de la educación, el fortalecimiento de la educación pública, y la libertad
de los padres de escoger la educación para sus
La reforma permitirá allegar recursos (del orden
de US$1.000 millones) para mejorar la educación,
de modo que acceder a una educación de calidad
sea derecho de todos los chilenos.
Se rebaja el impuesto a las personas que obtienen
ingresos entre los 533 mil pesos y 1 millón 982
mil, lo que regirá desde enero de 2013; así como
la modificación en el impuesto al tabaco, timbres
y estampillas, y a las empresas (subirá de 17% a
reforma al Código de Comercio
que modifica el contrato de
Cada vez más cerca de convertirse en ley se encuentra el proyecto que suprime íntegramente el Título
VIII del Libro II del Código de Comercio y lo reemplaza
por una serie de artículos totalmente nuevos (Boletín
5185-03). El texto se encuentra en su segundo trámite
constitucional (Senado), etapa en la cual ya ha informado la Comisión de Hacienda, se ha oído a una serie
de expertos, y se ha conferido un último y nuevo plazo
para formular indicaciones, algunas de las cuales son
de gran relevancia.
El proyecto de ley, que ingresó por moción parlamentaria al Congreso el 10 de julio de 2007, esto es, hace
más de cinco años, plantea rejuvenecer una legislación que la misma reforma estima como revolucionaria para su época, pues, como señala el mensaje, muy
pocas naciones contaban con legislación específica
sobre seguros en tiempos del Presidente José Joaquín
Sin embargo, han pasado más de 150 años y –salvo
por los esfuerzos de los tribunales y de la doctrina mediante un método de creación y adaptación de normas
más bien propio de un sistema de derecho consuetudinario, de precedentes y de juristas–, las actuales
normas responden a una realidad anticuada, en donde el mercado asegurador ciertamente no tenía el desarrollo que tiene en nuestros días.
“Una crítica fundamental que
puede hacerse de este proyecto, además de la técnica
legislativa, es que desestima
totalmente la legislación de
protección al consumidor salvo en lo relativo a la contratación en masa, a los medios
electrónicos y a un supuesto
derecho de retracto similar a
aquellos señalados en la ley
Nº 18.469”.
El derecho de seguros actualmente vigente no ha sido
objeto de modificaciones sustanciales (salvo, acaso, la
referida a la subrogación legal del art. 553 y toda la incorporación referida al seguro marítimo en 1988). Por
otra parte, y esto merece reconocimiento, la falta de
una legislación coherente con los tiempos y las nuevas
modalidades de seguro, llevó a que las mismas compañías aseguradoras y las necesidades del comercio,
mediante la autonomía de la voluntad, fueran perfilando con bastante claridad los alcances particulares
de cada tipo de póliza según el riesgo de que se tratare, en todo lo que no fuera contrario al derecho.
Fue la propia doctrina, encabezada por el profesor
Osvaldo Contreras, la que fundó parte sustancial del
proyecto cuya moción se presentó a la Cámara. Sin
embargo, el trámite legislativo, los informes de las distintas comisiones y las nuevas realidades (por ejemplo,
la importancia del derecho del consumo y la contratación en masa), a mi juicio, enriquecieron algunas partes del proyecto. Por otro lado, y como defecto, puede
advertirse que la supresión, durante el Primer Trámite
Constitucional, de la llamada “acción directa” para los
terceros en el seguro de responsabilidad civil, así como
la eliminación de la carga de soportar la conducción
del procedimiento que pesa sobre el asegurado, no
tienen un sustento jurídico demasiado fundado. Existe una indicación en el Senado que pretende volver a
incluir estas normas al proyecto, pero su destino, por
supuesto, no es seguro.
En lo medular, el proyecto, en el estado actual, ofrece
al comienzo una lista de definiciones, entre las que sobresale un concepto mucho más correcto de “contrato
de seguro” (art. 512), con referencia a la extensión de
los riesgos que puede tomar sobre sí un asegurador,
incluyendo expresamente aquellos que no necesariamente se refieren a bienes o patrimonio, sino los
relativos a la vida, la salud y a la integridad física e intelectual. Es del caso señalar que la actual definición
de seguro no hace referencia alguna a esos riesgos
y aquello fue precisamente criticado por la doctrina
Además de la definición de contrato de seguro, aparece una larga e inorgánica lista de nuevas definiciones (art. 513 letras a - w) que sobresale, además de su
extensión, por tratar todos los conceptos importantes
que el legislador precisa definir. Esta técnica legislativa ya había sido observada en materia de consumidor
y, aun cuando carece de sustento orgánico, es necesario reconocerle cierta utilidad para su estudio.
Dentro de esta lista de conceptos, y como innovación,
aparece la noción de “interés asegurable” (aun cuando hasta el día de hoy pende una indicación menor),
“certificado definitivo”, “certificado provisorio (ambos
útiles a la hora de enfrentar pólizas flotantes, las que
también se definen), y una tan nueva como inútil definición de “seguro elaborado a distancia”.
Respecto de la naturaleza del negocio, es relevante
señalar que el contrato de seguro se califica como consensual, favoreciendo su prueba (art. 515), aun cuando
el legislador siempre exige un principio de prueba por
escrito para acreditar su existencia.
Por otra parte, el proyecto que pretende modernizar
el tratamiento del contrato de seguro, acorta injustificadamente el contrato de seguro de transporte por
tierra (arts. 573-575) y remite su regulación, en lo no
establecido, por los muy diversos contratos que aseguran la aventura marítima. Asimismo, se acorta la
prescripción a dos años (art. 541) y establece arbitraje obligatorio para contratos superiores a 10.000 UF.
Una innovación es que se permite el pago de la prima
no sólo en dinero sino que en la entrega de una cosa
CONSTITUCIONALISMO EN CHILE
Esta obra es una recopilación de cuarenta y una
monografías publicadas en revistas jurídicas
chilenas desde 1978 a 2008, cuya selección se
hizo atendida la frecuencia con que los artículos
han sido citados y la dificultad para hallarlos por
el tiempo transcurrido desde su difusión.
La obra está estructurada en torno de tres ejes
temáticos, el primero lo constituye el énfasis en
la teoría constitucional; el segundo, se concentra
en grandes temas del derecho constitucional de
Chile en sus aspectos dogmáticos y orgánicos; y
el tercero, es la perspectiva de nuestro constitucionalismo focalizado en la justicia constitucional y el juez, en la misión excepcional de velar
por el respeto de la Carta Fundamental.
o en un hecho estimable en dinero (art. 527). Como
contrapartida, la forma de la indemnización puede ser
tanto en dinero como en la reparación o reposición de
la cosa asegurada (art. 563), dando carácter legal a
una costumbre fuertemente arraigada en nuestros seguros de bienes.
El proyecto regula expresamente varios tipos de seguro, entre los que resaltan los de vida, de crédito, de garantía de incendio, de pérdida de beneficios, de hurto,
de responsabilidad civil, etc.
Una crítica fundamental que puede hacerse de este
proyecto, además de la técnica legislativa, es que
desestima totalmente la legislación de protección al
consumidor salvo en lo relativo a la contratación en
masa, a los medios electrónicos y a un supuesto derecho de retracto similar a aquellos señalados en la ley
Nº 18.469).
Es del caso señalar que la ley Nº 20.555 (sobre contratación de adhesión con entidades financieras) y Nº
20.416 (sobre empresas de menor tamaño), ampliaron de forma desproporcionada el ámbito la aplicación de la Ley de Protección al Consumidor ya no sólo
a las personas naturales sino a las micro y pequeñas
empresas, lo que a nuestro juicio no ha sido tenido en
cuenta por el legislador a la hora de tramitar el proyecto de reforma al mercado de seguros. En efecto,
los consumidores, cualquiera que sean, quedan bajo
el ámbito de protección especial que provee la ley de
protección al consumidor, lo que hace que las disposiciones de seguros, antiguas y nuevas, puedan quedar
inaplicadas. Ello acarrea, por ejemplo, que el consumidor de seguro pueda ampararse en la legislación de
consumo para evitar la aplicación estricta de la normativa de seguros, sin que el legislador, hasta ahora,
haya advertido este problema latente.
Aplicación de multa por el Consejo
Nacional de Televisión. Ámbito de
supervigilancia y fiscalización alcanza
a los servicios de telecomunicaciones
El Consejo Nacional de Televisión impuso una multa a una empresa de televisión satelital por exhibir
en horario para todo espectador una película calificada para mayores de dieciocho años. Corte de
Apelaciones dejó sin efecto la multa, acogiendo la
apelación de la empresa. Contra esta decisión, el
Consejo recurre de queja. El Máximo Tribunal rechaza el recurso por tratarse de una cuestión de interpretación legal, pero anula de oficio el fallo de la
Corte de Apelaciones, quedando a firme la multa.
Tipo: Recurso de queja (invalidación de oficio)
Rol: 2945-2012, de 21 de septiembre de 2012
Partes: DIRECTV Chile Televisión con Consejo Nacional de Televisión
Ministros: Sres. Sergio Muñoz Gajardo, Héctor Carreño Seaman, Sonia Araneda Briones, María Eugenia Sandoval Gouet y Abogado Integrante Emilio
Pfeffer Urquiaga
El ámbito de supervigilancia y fiscalización que tiene el Consejo Nacional de Televisión se extiende a los
servicios de telecomunicaciones limitados, razón por
la cual puede regular, dentro del ejercicio de sus facultades, la transmisión y recepción de la televisión
por satélite, debiendo en consecuencia velar porque
éstos se ajusten estrictamente al “correcto funcionamiento” que se establece en el art. 1º de la ley Nº
18.838, siendo éste el único motivo por el cual dichos
concesionarios pueden ser sancionados, de conformidad con el artículo 33 de la ley precitada. No es posible excluir de ese ámbito de competencia del Consejo a la televisión por satélite por el simple hecho de
ser ésta una mera retransmisión de programas enviados desde el extranjero. Así las cosas, cualquiera
que sea la forma en que se proporcione la señal de
televisión siempre quedará sujeta al cumplimiento de
las normas que imponen la ley y la autoridad (considerandos 5º y 6º).
De acuerdo al art. 13 de la ley Nº 18.838, el Consejo no
podrá intervenir en la programación de los servicios
de televisión de libre recepción ni en la de los servicios
limitados de televisión, pero podrá determinar la hora
a partir de la cual podrá transmitirse material fílmico
calificado para mayores de 18 años por el Consejo de
Calificación Cinematográfica. El Consejo Nacional de
Televisión ha dictado normas sobre contenidos de las
emisiones de televisión, aplicables a los servicios de
radiodifusión televisiva limitada, razón por la cual la
multa aplicada se ajusta a derecho (considerandos
6º a 8º).
Cita online: CL/JUR/2073/2012
Arts. 1º, 12, 13 y 33 de la ley Nº 18.838; 1º de la ley
Nº 18.168.
Elementos del Acto Jurídico. Requisitos de existencia y de validez del Acto
Jurídico. Error esencial. Contratos que
no produjeron efectos jurídicos.
Recurre de casación en el fondo una empresa de
factoring, contra el veredicto de los jueces del fondo mediante el cual rechazan su demanda de cobro
de pesos por entender que carecía de legitimación
activa, alegando la desnaturalización de las cláusulas de los contratos de cesión de crédito en que
funda su acción. Sin embargo, el Máximo Tribunal
mantendrá a firme la decisión de los jueces de la
instancia, rechazando el recurso.
Tipo: Recurso de casación en el fondo (rechazado)
Rol: 9135-2009, de 24 de septiembre de 2012
Partes: Bancredito Factoring SA. con Ministerio de
Ministros: Sres. Héctor Carreño Seaman, Pedro
Pierry Arrau, María Eugenia Sandoval Gouet, Carlos Cerda Fernández y Abogado Integrante Ricardo
Peralta Valenzuela
El acto jurídico tiene elementos de tres especies: de
la esencia, de la naturaleza y accidentales. Por otro
lado, en doctrina se distinguen en el acto jurídico los
requisitos de existencia y de validez: los primeros son
la voluntad, el objeto, la causa y las solemnidades
del acto; y los segundos son la voluntad sin vicios, la
capacidad y el objeto y causa lícitos (considerandos
8º y 9º).
El art. 1453 del C.C. establece el denominado error
esencial, que vicia el consentimiento y se manifiesta
cuando el error de hecho recae sobre la especie del
acto o contrato que se ejecuta o celebra, o sobre la
identidad de la cosa específica de que se trata. Por
tanto, si los negocios jurídicos en virtud de los cuales
el actor pretende apoyar la titularidad de sus derechos al cobro de los créditos objeto del juicio no fueron debidamente determinados, ello importa la configuración de un error esencial y no de un mero error
de expresión. Los contratos de cesiones de créditos
que pretende hacer valer el demandante carecen de
toda eficacia, si lo que intenta es cobrar créditos que
no fueron traspasados en virtud de tales actos jurídicos. Manifestados de un modo inequívoco, los hechos concluyentes en los actos jurídicos respecto al
objeto en que recayeron, no pueden ser cambiados
sin sustento por medio de reglas de interpretación de
los contratos como el art. 1560 del C.C, que ordena
estar más a la intención de los contratantes, cuando
ésta es conocida claramente, que a lo literal de las
palabras, desde que no existió contradicción entre la
voluntad real y la voluntad declarada en los referidos
contratos de cesión de créditos (considerandos 10º
y 11º).
Progenitores que viven separados.
Causas que permiten alterar la regla
general de que el cuidado personal corresponde a la madre. Interés superior
Tribunal de primera instancia acoge demanda
de cuidado personal interpuesta por el padre de
las menores en contra de la madre, sustentando
aquella decisión en determinadas conductas reprochables en que ha incurrido la madre –impedir
el régimen comunicacional e inventar historias de
supuestos abusos del padre–. Corte de Apelaciones
revoca aquel veredicto, rechazando la demanda, señalando que tales actitudes de la madre no son suficientes para entregar el cuidado personal al padre.
Tipo: Recurso de apelación (acogido)
Rol: 1000-2012, 25 de septiembre de 2012
Partes: Constantino Moreno Garbarino con Marlene
Contreras Peralta
Ministros: Sres. Dobra Lusic Nadal, Juan Cristóbal
Mera Muñoz y Abogado Integrante Rodrigo Asenjo
Que la madre haya hecho todo lo posible para que
las menores no vean a su padre, inventando historias
acerca de supuestos abusos sexuales y perversiones
que éste habría cometido con sus hijas, abusando de
las herramientas que la ley le entrega para impedir
que se cumpla el régimen de visitas o comunicacional
regulado provisoriamente a favor del padre, demuestra una conducta reprochable por parte de la madre
demandada, pues no hay evidencia seria de los supuestos abusos y su renuencia a cumplir con el régimen de relación directa y regular provisorio es indiciaria de una obcecación que no se puede tolerar, pero no
constituye un “maltrato” o un “descuido” u otra causa
calificada que, por el interés superior del niño, haga
variar la regla general del artículo 225 inciso 1º del Código Civil. En tales condiciones, no hay razón alguna
que permita al tribunal mudar el cuidado personal de
los menores desde la persona a la que naturalmente le
corresponde –la madre–, al padre, desde que no hay
pruebas que permitan concluir que el interés superior
del niño haga indispensable, por maltrato, descuido
u otra causa calificada, entregar la tuición al padre
demandante (considerandos 8º, 9º, 10º y 12º).
A mayor abundamiento, que la forma de actuar de la
madre haya llevado a que las niñas presenten un “síndrome de alienación parental”, no puede entenderse
como maltrato, descuido u otra causa calificada que
amerite otorgar el cuidado personal al padre demandante, toda vez que el referido síndrome no constituye una enfermedad o psicopatología (considerando
10º).
Cita online: CL/JUR/2081/2012
Cita online: CL/JUR/2093/2012
Arts. 1444, 1445, 1453, 1545 y 1560 del CC.
Arts. 225 del CC; 16 de la ley Nº 19.968.
(ARTÍCULO 19 Nº 8 CPR)
I. Derecho a vivir y trabajar en un medio
II. Obligación de Gendarmería de velar
por el adecuado estado de recintos
Funcionarios de Gendarmería interponen recurso de
protección contra el Director Regional de la institución, alegando la vulneración de su derecho a vivir y
trabajar en un medio ambiente sin contaminación,
debido a las numerosas deficiencias sanitarias de un
centro de cumplimiento penitenciario. El tribunal de
primera instancia rechaza la acción constitucional,
pero la Corte Suprema revoca aquel veredicto, acogiéndolo.
Rol: 5438-2012, de 21 de septiembre de 2012
Partes: Pedro Pacheco Cartes y otros con Director
Regional de Gendarmería de Chile Región de la
Ministros: Sres. Sergio Muñoz Gajardo, Héctor Carreño Seaman, Pedro Pierry Arrau, María Eugenia
Sandoval Gouet y Abogado Integrante Alfredo Prieto Bafalluy
I. El art. 19 Nº 8 de la Carta Fundamental consagra el
derecho de toda persona a vivir en un ambiente libre
de contaminación, garantía que obviamente se extiende al lugar en que ésta presta sus labores (considerando 12º).
II. Del examen de los arts. 3º letras a) e i) y 6º Nºs. 14
y 21 de la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile se
desprende que este órgano tiene entre sus obligaciones y funciones el velar por el adecuado estado de
los recintos penitenciarios, pues debe otorgar a cada
persona bajo su cuidado un trato digno propio de su
condición humana, trato que por cierto se extiende a
los funcionarios y personal que ahí labora, en tanto
ellos también son usuarios de dichas dependencias,
pues es en dicho lugar donde prestan sus servicios. A
su vez, resulta aplicable a los centros de cumplimiento
penitenciario lo dispuesto en los artículos 184 del Código del Trabajo –la obligación de seguridad que recae
sobre el empleador– y en los arts. 1º, 3º y 11 del Reglamento sobre Condiciones Ambientales y Sanitarias en
los Lugares de Trabajo, siendo obligación del Estado,
de acuerdo a los art. 67 del Código Sanitario, velar por
el cumplimiento de las normas que garanticen a los
trabajadores desarrollar su trabajo en un ambiente seguro y libre de contaminación, obligación que se ejecuta a través del Servicio de Salud, autoridad que en el
caso de constatar alguna vulneración a la normativa
sanitaria tiene la facultad de sancionar dicha infracción y velar porque la misma se supere (considerandos
4º a 9º).
Cita online: CL/JUR/2074/2012
Arts. 19 Nº 8 de la CPR; 184 del CTRAB; 67 y 82
del CSAN; 3º letras a) e i) y 6º Nºs. 14 y 21 del DL
Nº 2.859; 1º, 3º y 11 del DS Nº 594, de 1999, del Ministerio de Salud.
Facultades del Instituto
Funcionarios del Instituto de DD.HH.
están facultados para abordar buses
de Carabineros durante protestas.
Resguardo de derechos de personas
Instituto de DD.HH. consulta si para el cumplimiento de sus funciones y en virtud de lo previsto en el artículo 4°, inciso segundo, de la ley N° 20.405, podría
comisionar a personeros para ingresar a vehículos
policiales. Contraloría señala que es procedente el
ingreso de funcionarios de dicho instituto a cualquier
lugar espacialmente limitado, incluyendo vehículos
policiales que se encuentren a cargo de funcionarios
públicos, en que pueda configurarse una privación
Dictamen N° 58.070, de 21 de septiembre 2012
El concepto de recinto público donde una persona
esté o pueda estar privada de libertad, a que alude
el artículo 4°, inciso segundo, de la ley N° 20.405,
debe interpretarse de un modo que permita el cumplimiento de los objetivos del INDH, y que armonice
con lo previsto en los tratados internacionales, siendo útil precisar que en este contexto el sentido de la
encomendación que contempla ese precepto legal es
que por su intermedio dicho Instituto obtenga antecedentes para ejercer las atribuciones que le entrega el
artículo 3° de esa ley, entre las cuales se cuenta la de
deducir acciones legales ante los tribunales de justicia
(…) De acuerdo con lo expuesto corresponde entender
que es procedente en derecho que el INDH comisione
a los personeros que indica el precitado artículo 4°,
inciso segundo, para que ingresen a cualquier lugar
espacialmente limitado, que se encuentre a cargo de
funcionarios públicos, en que pueda configurarse una
privación de libertad, con la finalidad de obtener antecedentes necesarios para el cumplimiento de las atribuciones de dicha corporación, hipótesis normativa
que concurre tratándose de vehículos policiales.
No obstante es necesario precisar que el desarrollo de
esa comisión no puede interferir ni duplicar las actuaciones de otros órganos que en virtud de la ley ejercen
funciones en relación con la materia, como los Tribunales de Justicia, el Ministerio Público o Carabineros
de Chile, con quienes deberá coordinarse respetando
su ámbito de competencia.
De esta manera, el acceso de los consejeros, del Director o del personal del Instituto Nacional de Derechos
Humanos a los vehículos policiales, expresamente
comisionados para tal objeto, puede tener lugar mediando la debida comunicación con la respectiva autoridad de Carabineros de Chile, debiendo aquel organismo adoptar las medidas necesarias que provean a
una adecuada identificación de tales personeros.
Cita online: CL/JADM/1135/2012
Artículo 4°, inciso segundo, de ley N° 20.405; artícu
lo 435 del Código de Justicia Militar.
Corporaciones municipales están sujetas al régimen de transparencia establecido en Ley de Transparencia. Solicitud de acceso a la información.
Una persona deduce reclamo por infracción a las
normas de transparencia activa, en contra de corporación municipal. El Consejo acoge el reclamo señalando que la Ley de Transparencia rige a dichas corporaciones.
Decisión amparo C805-12, de 12 de septiembre de 2012
I. La Ley de Transparencia resulta plenamente aplicable
a las Corporaciones Municipales, quienes, por lo tanto,
están sujetas al régimen de transparencia que establece dicho cuerpo legal, tanto en lo relativo al derecho de
acceso a la información como a los deberes de transparencia activa. El criterio señalado ha sido ratificado reiteradamente por distintos Tribunales de Alzada, quienes
conociendo de reclamos de ilegalidad interpuestos por
dichas Corporaciones Municipales en contra de determinadas decisiones, se han pronunciado en la misma
línea que el Consejo; así ocurre con la sentencia dictada
el 14 de junio de 2010, por la Iltma. Corte de Apelaciones
de Valparaíso, en la causa Rol Nº 2.361-2009, caratulada “Corporación Municipal de Viña del Mar con Consejo
para la Transparencia”, decisión Rol Nº R23-09; sentencia dictada el 29 de junio de 2010, por la Iltma. Corte
de Apelaciones de Valparaíso, en la causa Rol Nº 2942010, caratulada “Corporación Municipal de Villa Alemana con Consejo para la Transparencia”, decisión Rol
Nº A194-09; sentencia dictada el 22 de julio de 2010,
por la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel, en la
causa Rol Nº 132-2009-ILE, caratulada “Corporación
Municipal de San Miguel con Consejo para la Transparencia”, decisión Rol Nº A327-09; sentencia dictada el
10 de agosto de 2010, por la Iltma. Corte de Apelaciones
de Santiago, en la causa Rol Nº 8131-2009, caratulada
“Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa con Consejo para la Transparencia”, decisión Rol
Nº A242-09; y sentencia dictada el 27 de enero de 2011,
por la Iltma. Corte de Apelaciones de Puerto Montt, en
la causa Rol N° 8395-2010, caratulada “Corporación
Municipal de Desarrollo Social de Dalcahue con Consejo para la Transparencia”.
II. Las consultas efectuadas sólo pueden ser entendidas
como solicitud de acceso a la información formuladas
al amparo de la Ley de Transparencia, en la medida
que la información a que se refieren obre en poder del
órgano requerido en algún soporte material, según se
desprende de lo establecido en los artículos 5º y 10 de la
Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en el
artículo 3º, letra g) de su Reglamento.
Cita online: CL/JADM/1137/2012
Artículos 5º, 7º y 10 de Ley de Transparencia; artículo
3°, letra g) de su Reglamento.
Sobre esta materia, creemos que al inicio hay que
recalcar la importancia que tienen esta reforma. Si
nuestro Código de Comercio era inicialmente alabado
como novedoso por regular el seguro terrestre, desde
ya largo tiempo parte importante de esta normativa
ha dejado de aplicarse en la práctica. En efecto, las
exigencias modernas de los seguros y su contratación han hecho necesario que la industria de seguros
tenga prácticas diferentes, algunas contrarias a los
textos legales expresos. Lo anterior con la necesaria
complacencia del regulador pertinente, que ha tenido la prudencia de aceptar las nuevas prácticas que
son necesarias para el desarrollo de este comercio.
Por ello, llama la atención el largo tiempo que ha
tomado el conocimiento de esta reforma. Quizás el
mismo hecho que la práctica de seguros haya logrado subsanar los problemas que tiene la legislación
actual ha privado a esta reforma del sentido de urgencia que merece. Por lo mismo, corresponde insistir en la urgente necesidad de adaptar nuestra legislación de seguros a las prácticas más desarrolladas
Respecto del proyecto en sí,1 siendo una normativa
que regula enteramente el negocio de los seguros,
estimo pertinente comentar sólo algunos aspectos
Por una parte, se modifica la naturaleza solemne de
este contrato, estableciendo expresamente que el
seguro es un contrato consensual.2 Pero para que
ello no afecte la situación de los asegurados ante
prácticas de contratación telefónica, se exige que
haya siempre un principio de prueba por escrito. Lo
interesante es que para reconocer la realidad de los
mecanismos de contratación de seguros, se contem	Para estas notas, se ha tenido en consideración el proyecto incluido en
el Primer Informe de la Comisión de Hacienda del Senado, de 16 de abril
pla como principio de prueba por escrito el registro
digital o electrónico de la palabra escrita o verbal.
Si bien con lo anterior parecía resultar adecuadamente balanceado el dinamismo y necesidades en
la contratación de estos negocios con la protección
de los asegurados, cabe agregar que el proyecto contempla para los asegurados un derecho a retracto sin
expresión de causa ni cargo alguno en los contratos
de seguro celebrados a distancia, dentro del plazo de
diez días desde la recepción de la póliza.3 La incorporación de este retracto está en línea con la actual
normativa de protección del consumidor en los contratos a distancia, pero parece ser excesiva para la
protección del asegurado cuya decisión fue adecuadamente registrada por un medio electrónico, necesario para la validez del seguro a distancia. Con esta
disposición, pierde seguridad para el asegurador la
contratación a distancia de seguros, necesaria en el
dinamismo actual de los negocios y de conveniencia
práctica para los mismos asegurados, que pueden fácilmente celebrar este contrato cuando lo necesitan.
Por otro lado, se reconoce la realidad de las situaciones de morosidad en el pago de las primas, al
contemplarse que el no pago de la prima termina el
seguro transcurridos 15 días desde la fecha de envío
de una comunicación de terminación por la aseguradora.4 Si bien en muchos casos esto no es un problema por la contratación de sistemas de pagos automáticos, esta propuesta da al asegurado un plazo
suficiente para subsanar un atraso en el pago. Pero
llama la atención que la normativa además dispone
que si el asegurado no paga dentro de dicho plazo,
la terminación del seguro se produce sólo al vencimiento del mismo. Si bien se contempla el derecho
del asegurador de asumir la prima devengada en el
término intermedio, el mismo queda expuesto a los
“Lo interesante es que para
reconocer la realidad de los
de seguros, se contempla como
principio de prueba por escrito
el registro digital o electrónico de
la palabra escrita o verbal. ”.
siniestros que ocurran en el mismo período, en una
situación de incumplimiento del asegurado.
Finalmente, el proyecto establece la imperatividad de
sus normas en los contratos que se celebren, sin perjuicio de la validez de las estipulaciones contractuales más beneficiosas para el asegurado o beneficiario. Pero además, excepciona de dicha imperatividad
los seguros de daños contratados individualmente
en que el asegurado y beneficiario sean personas jurídicas y el monto de la prima anual supere UF 1.000,
como asimismo en los seguros de casco y transporte
marítimo y aéreo.5
De este modo, el proyecto plantea una interesante
dualidad entre seguros masivos, en que propone una
estructura de contratos de adhesión con cláusulas
limitadas por la ley, y seguro de grandes riesgos, en
que impera la libertad contractual. Así, se plantea
una diferencia entre situaciones en que puede resultar necesaria la protección imperativa legal ante contratos de adhesión impuesto a partes supuestamente
más débiles, frente a situaciones en que dicha protección resulta inoportuna e inconveniente para partes
suficientemente preparadas para asumir los riesgos
y ventajas de la libre contratación. Sería interesante
estudiar la aplicación de una dualidad semejante a
otras áreas del derecho en que la creciente regulación de los contratos de adhesión se aplica incluso a
partes que no necesita su eventual protección.
Artículo 542. Llama la atención que se reitere la imperatividad en el
artículo 585 para efectos del reaseguro, pero sin contemplar la dualidad comentada. En especial, ello puede ser relevante para situaciones
en que no sea necesaria la autonomía del contrato de seguro frente al
reaseguro dispuesta en el artículo 583, incluso en que su supresión sea
necesaria para la aseguradora por la entidad del riesgo que asume.
UNA MIRADA A LA REFORMA A LA
El Código de Comercio de Chile constituyó una de
las primeras codificaciones del mundo que incluyó
normas destinadas a regular el contrato de seguro
de manera sistemática. De eso ya han pasado 147
legislación en materia de seguros contenida en el
Código de Comercio, estaba obsoleta y completamente superada por la práctica comercial. En 1990,
se constituyó la comisión redactora de la nueva ley
de seguros teniendo por misión proponer las normas legales que regirían el contrato de seguro. Desde esa década y hasta ahora, se ha ido trabajando
en el proyecto de reforma.
“Sin perjuicio de que lo señalado anteriormente, existen
ciertos puntos que requieren
de una revisión o replanteamiento. Estos son básicamente: la inexistencia de la acción
directa del afectado en contra
de la compañía de seguro,
la consagración del arbitraje
forzoso y que no se señale de
manera específica el momento a partir del cual surge la
obligación del asegurador de
pagar la indemnización y las
consecuencias que de ello se
derivan”.
En la actualidad, el proyecto de ley se encuentra en
el segundo trámite constitucional en el senado.
tres secciones. La primera de ellas referida a las normas comunes a todo tipo de seguros, la segunda a
los seguros de daños en particular y la tercera a los
En general, el proyecto de ley es bueno, pero como
toda creación humana es perfectible.
el tratamiento de tres materias de gran relevancia
que estaban ausentes en el Código de Comercio, a
El reconocimiento de múltiples seguros que existiendo en la práctica, no tenían regulación. Por ejemplo,
se consagra la cobertura de lucro cesante, la de responsabilidad civil, de seguros de crédito y de cauciones. El reconocimiento de estos seguros implica una
gran diferencia conceptual con lo existente, toda vez
que permiten no sólo resguardar uno o varios activos
considerados individualmente, sino el patrimonio de
una empresa o persona. En seguros de vida también
hay un cambio conceptual de relevancia, al consagrarse además de los seguros por riesgo de muerte,
otros que cubren sobrevivencia y la salud.
Asimismo, el proyecto reconoce y regula los seguros
colectivos masivos, respecto de los cuales entiende
que los asegurados se encuentran en una posición
asimétrica de información y negociación en relación
a los aseguradores, cuestión que amerita contar con
estándares de amparo y fiscalización superiores.
Parece también destacable que el proyecto visibilice
la participación de los reaseguradores en el mercado asegurador, intervención cada vez más intensa y
directa, que hoy a falta de norma, se encuentra desregulada.
Habiendo destacado, a mi juicio, los aportes más importantes del proyecto, es necesario hacer referencia
a otras contribuciones bastante meritorias:
El proyecto reconoce la naturaleza consensual del
contrato de seguro y permite que se pruebe su existencia por todos los medios de prueba que admite la
legislación chilena, siempre que exista un principio
de prueba por escrito. Por el contrario, la ley vigente dispone que el seguro es un contrato solemne y
se prueba con la póliza, en circunstancias que en
la práctica, la contratación de una póliza de seguro debe ser uno de los negocios más informales en
cuanto a su contratación.
También parece muy rescatable la incorporación del
principio de equidad ante el incumplimiento de las
obligaciones del asegurado, las que dependiendo de
su entidad, dan derecho a rebajar la indemnización,
y sólo en casos muy calificados, cuando el contratante incurre inexcusablemente en errores, reticencias o inexactitudes sustanciales en la información
que otorgue, da derecho al asegurador a reclamar la
Otro aporte que hace el proyecto de ley, es la redefinición de los deberes del asegurado. Bajo la legislación actual el asegurado debe declarar todas las
circunstancias necesarias para identificar la cosa
asegurada y apreciar la extensión de los riesgos.
Pues bien, el proyecto reconoce que es la compañía de seguros quien está en posición de determinar mejor los riesgos que desea asegurar, por lo que
establece que sea ésta quien determine cuales son
las circunstancias determinantes para apreciar el
Finalmente es también destacable la consagración
de una figura penal especial en caso de estafa en la
contratación o cobro de un seguro.
Sin perjuicio de que lo señalado anteriormente, existen ciertos puntos que requieren de una revisión o
replanteamiento. Estos son básicamente: la inexistencia de la acción directa del afectado en contra de
la compañía de seguro, la consagración del arbitraje
forzoso y que no se señale de manera específica el
momento a partir del cual surge la obligación del
asegurador de pagar la indemnización y las consecuencias que de ello se derivan.
La acción directa tiene por objeto que el tercero
afectado se dirija directamente contra el asegurador
para exigirle el cumplimiento de la prestación del
PRESENTE Y FUTURO DEL DERECHO
Documentos del XX Congreso Mundial
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Equipo Editorial Legal Publishing
Esta obra recoge las tres ponencias generales
presentadas en el XX Congreso Mundial de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, desarrollado en Santiago de Chile los días 25 a 28 de
Cada una de estas ponencias es un análisis privilegiado y actualizado de derecho comparado,
realizado por destacados especialistas, referido a
aproximadamente 30 países de los diversos continentes.
1.- Eficacia del Derecho del Trabajo y rol de la Inspección del Trabajo
2.- Acoso moral y sexual en el lugar de trabajo
3.- La huelga como un derecho fundamental y
su colisión con otros derechos fundamentales de
seguro. Este derecho se consagra a propósito del
seguro de responsabilidad civil y tiene por objeto la
protección del tercero perjudicado con el fin de hacer que el afectado se vea indemnizado de una forma más eficiente, toda vez, que se evita que el perjudicado tenga que reclamar al causante del daño
y éste, a su vez a su asegurador. La mayoría de las
legislaciones modernas sobre seguros la reconoce y
la consagra, por lo que creemos que sería un aporte
importante su incorporación.
Otro punto al que hay que prestarle atención dice
relación con la consagración del arbitraje forzoso
para la resolución de los conflictos que surjan entre
el asegurado y asegurador con motivo de un siniestro de un monto superior a 10.000 unidades de fomento. Hay que recordar que al ser los contratos de
seguros contratos de adhesión, es importante que
el control jurisdiccional de su contenido se haga vía
tribunales de justicia. Ahora bien, si las partes, una
vez ocurrido el siniestro, desean someter la resolución de la controversia a un árbitro, no hay problema, pero no debe ser la ley quien, a priori, sustraiga
estos contratos del conocimiento de los tribunales
Por último, se echa de menos que la reforma no se
haya hecho cargo específicamente de cuándo nace
la obligación de indemnizar al asegurado. El asegurado sufre un daño el día que le ocurre un siniestro y
la obligación de indemnizar se gatilla para el asegurador en ese momento, cuestión que el nuevo proyecto no consagra de modo específico.
¿Es necesario modificar la
suscritos por las empresas?*
La entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010 de
22 de junio (RCL 2010, 1658), por la que se modifica
el Código Penal español, ha supuesto, entre otras
muchas cosas, el reconocimiento de la posibilidad
de que una persona jurídica pueda ser sujeto penalmente responsable de la comisión de un delito.
Frente a esta nueva alerta legal muchas empresas
han integrado en su organización los llamados programas de Corporate Compliance con el objeto de
intentar exonerarse de la posible responsabilidad
penal (y civil directa –ya no subsidiaria–) en que
pudieran incurrir si en su seno y beneficio, bien un
empleado, bien un administrador, comete alguno
de los delitos de posible perpetración por la persona
Se plantea ahora la cuestión de si, con la adopción
de estos programas de cumplimiento normativo y,
sobre todo, con la atribución de funciones de implementación y ejecución de los mismos a determinados trabajadores de la compañía, resulta necesario
modificar la cobertura, en lo que a su ámbito subjetivo se refiere, de los ya más que conocidos en nuestro ordenamiento jurídico seguros de Directors and
Esta variante del tradicional seguro de responsabilidad civil presenta una doble virtualidad: por una
parte, salvaguarda el patrimonio personal de aquellos administradores o altos directivos de la compañía que, con ocasión del ejercicio de su cargo, pudieran haber causado un daño o perjuicio a un tercero
y, por otra, sirve también de cobertura a las propias
empresas por las cantidades que éstas tiene que su	Publicado en Actualidad Jurídica Aranzadi Nº 845/2012 parte Comentario. Editorial Aranzadi, SA, Pamplona. 2012. CITA WESTLAW
ESPAÑA: BIB 2012\1177.
fragar, en su calidad de responsables civiles, como
consecuencia de los comportamientos dañinos de
sus administradores o altos directivos cuando éstos
no puedan reparar íntegramente el perjuicio causado.
Teniendo en cuenta que, de acuerdo con lo dicho
hasta el momento, este contrato ha devenido imprescindible en la gestión y administración social,
una vez superado el viejo aforismo “societas delinquere non potest”, el seguro D&O se erige aún más
en un instrumento absolutamente fundamental
para paliar la responsabilidad en la que pudieran
incurrir las personas a las que la empresa les asigne funciones en materia de prevención del delito y
Y es que, si bien las conductas de los administradores potencialmente generadoras de un perjuicio a
terceros se encuentran bien delimitadas, no sucede
lo mismo en lo que se refiere al ámbito de actuación
de los encargados de los programas de Corporate
Así, la responsabilidad de los administradores queda circunscrita a los casos de: (i) responsabilidad por
daños “por los actos u omisiones contrarios a la ley
o a los estatutos o por los realizados incumpliendo
los deberes inherentes al desempeños de su cargo”,
(ii) responsabilidad del artículo 367 de la Ley de Sociedades de Capital por las deudas posteriores a la
concurrencia de causa legal de disolución cuando
el administrador incumple su obligación de convocar la Junta General para que se adopte el acuerdo
de disolución o no solicita la disolución judicial una
vez ha resultado infructuosa la primera opción y (iii)
responsabilidad concursal del artículo 172.3 de la
Ley Concursal cuando en la generación del estado
de insolvencia de la sociedad haya mediado culpa
grave de los administradores sociales. Frente a esto,
la eventual responsabilidad de los llamados Compliance Officer no es en absoluto tan clara.
responde a una creación legislativa tremendamente
novedosa en el ordenamiento jurídico español sobre
la que no existe todavía jurisprudencia de desarrollo que permita definir con certeza (y seguridad jurídica) qué se entiende por el “debido control” que
exige el artículo 31 bis del Código Penal o qué grado
de diligencia se va a exigir por parte de los Jueces y
Tribunales a la empresa para entenderla exonerada
de toda responsabilidad penal cuando en su seno y
beneficio tiene lugar la comisión de un delito.
El problema estriba en que, si en beneficio de una
empresa se perpetra uno de los delitos susceptibles
de ser reprochados penalmente a la persona jurídica
y el juzgador entiende que el encargado del cumplimiento del programa de Corporate Compliance ostenta una posición de garante (derivada de las obligaciones laborales que tiene asumidas por contrato),
dentro de la cual no ejerció el “debido control” sobre
los empleados de la sociedad en evitación del delito,
es posible (y así lo ha reconocido expresamente el
Tribunal Supremo Federal alemán en su sentencia
de 17 de julio de 2009) que no resulten solamente
imputados penalmente la sociedad y el trabajadorautor material del hecho, sino que también lo sea
el propio responsable del cumplimiento normativo
(o Compliance Officer) en comisión por omisión del
delito efectivamente cometido por su autor.
Ante este panorama, parece fundamental que las
empresas negocien con sus compañías aseguradoras la inclusión en la cobertura subjetiva de sus pólizas de los principales responsables del cumplimiento de los programas de prevención del delito.
Y es que se plantea como una realidad más que
probable el que, de no incluirse en la póliza del
seguro D&O a los principales encargados de velar
por el cumplimiento de los programas de Corporate Compliance, la sociedad, como responsable civil
subsidiaria del delito cometido por el encargado
del cumplimiento normativo, haya de sufragar la indemnización que pudiera corresponder en concepto
de responsabilidad civil ex delicto.
Nº 15 - Reforma al contrato de seguros