Source: https://www.scribd.com/document/257574561/El-Principio-de-Proteccion-de-La-Confianza-Legitima-E-Garcia-de-Enterria-1
Timestamp: 2019-08-19 17:44:21
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El Principio de Proteccion de La Confianza Legitima - E Garcia de Enterria-1 | European Union Law | Case Law
El Principio De Protección De La Confianza Legítima Como Supuesto Título Justificativo De La Responsabilidad Patrimonial Del Estado Legislador (1)
Original Title: El Principio de Proteccion de La Confianza Legitima - E Garcia de Enterria-1
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Módulo 9 - Acciones Constitucionales - Tomo I - Accioìn de Tutela
SUMARIO: I. Planteamiento: la invocación del principio de protección de la confianza por
¡a jurisprudencia y la doctrina como justificación de la responsabilidad por
hecho de las Le-
yes.—II. Sólo si el principio de protección de la confianza tuviese rango constitucional podría invocarse su infracción como causa de responsabilidad del Legislador. Seguridad jurídica y protección de ¡a confianza: A) La jurisprudencia del Tribunal Constitucional no es favorable a esa extensión del principio. B) El problema en el Derecho alemán: ni un solo caso de res- ponsabilidad patrimonial del Legislador.—III. El problema en general. La necesaria libertad
del Legislador democrático para acomodar el Derecho a las circunstancias
cambiantes, Mau-
rer. La inadmisibilidad de una «petrificación»
del Derecho.—IV. El caso del Derecho Comuni-
tario. La aplicación del artículo 288 CE por el Tribunal de Justicia. La distinción entre actos
normativos y no normativos. El criterio de la inmunidad de las «opciones de política económi- ca» a partir de la Sentencia Bayerische HNL, de 1978. Las «obligaciones de comportamiento de los agentes económicos». Conclusión general. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia no determina en absoluto una generalización de ¡a responsabilidad del Legislador.—V. La idea de que la situación jurídica existente condiciona la competencia del Legislador es la característica
del orden jurídico arcaico. El principio alte, gute Recht y el postulado de su permanencia; le-
innovatio como restauración del viejo y buen
Derecho. La idea en la España medieval, en
Quevedo, en la Novísima. El caso inglés: el Parlamento, como juez defensor del oíd, good Law, hasta 183J. La caracterización de O. Mayer del Derecho Público premoderno como woh- lerworbenen Rechte Staat. La irrupción de las dos Revoluciones democráticas, francesa y americana, y la liberación de un poder legislativo soberano y creador. Jefferson: el Derecho per- tenece a cada generación viviente.—VI. El autor más relevante en la postulación de una res- ponsabilidad general del Legislador, Duguit, fue el formulador de la teoría de las situaciones jurídicas generales y objetivas que excluye cualquier «derecho adquirido» a impedir los cam-
normativos. La doctrina y su papel central en el Derecho Público francés. La recepción de
en la jurisprudencia constitucional y ordinaria española: A) Jurisprudencia consti-
tucional. B) Jurisprudencia del Tribunal Supremo. Nieto y los derechos adquiridos de los funcionarios y el correcto encaje por esta jurisprudencia de las reformas legislativas del funcionariado a partir de 1984. «¿Anti-La Fleurette española?». El reconocimiento expreso de los devastadores efectos económicos de la declaración de responsabilidad del Legislador por esas reformas. Saludables efectos de la doctrina duguitiana.
(1) Este trabajo, que forma parte de una obra más extensa sobre el problema de la responsabilidad patrimonial del Estado Legislador, que espero publicar pronto, se incluirá en el Libro Homenaje al Profesor Sebastián Martín-Retortillo, en prensa.
Núm. 159. Septiembre-diciembre 2002
EDUARDO GARCÍA DE ENTERRlA
La jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ha comenzado últi- mamente a declarar con cierta normalidad una responsabilidad pa- trimonial como consecuencia de Leyes formales, ha creído encontrar en el principio de protección de la confianza legítima (que la juris- prudencia comenzó acogiendo por influjo del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas) un fundamento explícito para justificar dicha extensión de la responsabilidad (2). También el sector de la doctrina que celebra y alienta esa jurisprudencia ha puesto en pri- mer término dicho principio, que, como es sabido, el propio Legisla- dor terminó proclamando al reformar la Ley de Régimen Jurídico y de Procedimiento Administrativo Común en 1999 (3); según esa doc-
(2) Así, Sentencias de 5 de marzo de 1993, 27 de junio de 1994 y 16 de diciembre de 1997, las tres sobre perjuicios causados a empresas pesqueras nada menos que por el Tra- tado de Adhesión de España a las Comunidades Europeas, adhesión autorizada por la Ley Orgánica 10/1985, de 2 de agosto. En otras Sentencias (por ejemplo, la de 30 de junio de 2001, que cita una jurisprudencia más extensa) se cita como especialmente relevante, en- tre otros criterios, el principio de buena fe en las relaciones entre la Administración [sicí]
y los particulares y el de seguridad jurídica, añadiendo: «Estos conceptos
están estre-
... chamente relacionados con el principio de confianza legítima, enunciado por el Tribunal
de Justicia de las Comunidades Europeas», formulándose seguidamente una exposición de esta jurisprudencia comunitaria de la que pretende inferirse ese principio, exposición
que no juzgamos acertada, como luego veremos. Se dice que esa jurisprudencia «obliga a responder en el marco comunitario de la alteración (sin conocimiento anticipado, sin me- didas transitorias suficientes para que los sujetos puedan acomodar su conducta econó- mica y proporcionadas al interés público en juego, y sin las debidas medidas correctoras ó compensatorias de las circunstancias económicas habituales y estables generadoras de es- peranzas fundadas de mantenimiento)», aunque precise luego que el principio «no garan-
tiza a los agentes económicos la perpetuación de la situación existente
ni les reconoce
... un derecho adquirido al mantenimiento de una ventaja». También se invoca el mismo principio en alguna de las Sentencias que están declarando responsabilidades patrimonia- les como consecuencia de Leyes declaradas inconstitucionales, por ejemplo, la de 15 de julio de 2000: «El ciudadano descansa en la confianza legítima de que la actuación de los
órganos públicos se ajusta a la Constitución y a las Leyes». En otra serie de Sentencias que con ocasión de la reforma funcionarial de 1984 (reducción de la edad de jubilación de
funcionarios y jueces, agravación
del régimen de incompatibilidades, etc.), que aunque no
entraron en el fondo por obligar a repetir la reclamación administrativa ante el Consejo de Ministros anunciaron ya un criterio favorable a la declaración de responsabilidad pa- trimonial (criterio que luego el Pleno de la Sala 3. a del Tribunal Supremo rechazó), de modo que quedaron en simples obiter dicta, sin valor jurisprudencial propiamente dicho, el principio de protección de la confianza fue también ampliamente invocado: Sentencias de 15 de julio de 1987, 25 de septiembre de 1987, 29 de septiembre de 1987 y 12 de febre- ro de 1988. La Sentencia del Pleno de la Sala que, al volver el asunto al Tribunal Supremo, rechazó toda responsabilidad patrimonial por esos cambios legislativos fue la de 30 de no- viembre de 1992, cuya doctrina se mantuvo incambiada en todos los casos en que se plan- teó la misma cuestión.
En la nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 15 de enero, al artículo 3 de di-
cha Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones y de Procedimiento Administrativo Común de 1992, artículo cuyo apartado 2 dice ahora: «Igualmente [las Administraciones Públicas] deberán respetar en su actuación los principios de buena fe y de confianza legí- tima».
EL PRINCIPIO DE PROTECCIÓN DE LA CONFIANZA LEGÍTIMA COMO SUPUESTO TÍTULO JUSTIFICATIVO
trina, el principio habría venido a respaldar definitivamente la res- ponsabilidad patrimonial del Legislador (4). No parece necesario hacer en este momento una exposición dete- nida del principio de protección de la confianza legítima. Bástenos ahora decir que es un principio procedente del Derecho alemán, en cuya jurisprudencia ordinaria y constitucional se formó, y de donde pasó a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, aunque con nuevas matizaciones, y de aquí, con una nota- ble precocidad, además de con una resolución sorprendente, a la ju- risprudencia de nuestro Tribunal Supremo, que inmediatamente pasó a aplicarlo a la justificación de la responsabilidad patrimonial del Legislador.
Lo primero que debe de analizarse en nuestro Derecho es si dicho principio de protección de la confianza legítima tiene efectivo rango constitucional, pues si no lo tuviera no podría reprocharse al Legisla- dor, como se comprende, que lo ignore o lo infrinja, erigiéndose en título de una inconstitucionalidad y, correlativamente, de una pre- tensión indemnizatoria. No cabe, en efecto, una responsabilidad patrimonial del Estado sin que la actividad que se reproche a éste pueda tildarse de antijurídica (lo que, por lo demás, dispone expresa- mente a propósito de la eventual responsabilidad «por la aplicación de actos legislativos» el poco feliz artículo 139.3 de la Ley de Régi- men Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, cuando dice que ha de tratarse de una lesión que los particulares «no tengan el deber jurídico de soportar», concepto que sólo puede explicarse en términos de antijuridicidad del acto legislativo) (5). No ignoramos que en el Derecho alemán, origen inmediato de la institución de la protección de la confianza, de donde pasó al Dere- cho Comunitario, el principio tiene, en efecto, rango constitucional, derivado del principio de seguridad jurídica (6). Pero el ámbito espe-
Así, R. GALÁN VIOQUE, La responsabilidad del Estado Legislador, Barcelona, 2001,
pág. 537 («el principio de seguridad jurídica en su trasunto de confianza legítima se ha convertido en un parámetro decisivo para determinar la antijuridicidad de los daños impu- tables a las Leyes»); M." C. ALONSO GARCÍA, La responsabilidad patrimonial del Estado Legis- lador, Barcelona, 1999, págs. 109 y ss.: la ilicitud del daño puede afirmarse «cuando supon- ga una ruptura del principio de confianza legítima en la estabilidad del ordenamiento jurí- dico». Igualmente otros autores, en general citados en los anteriores.
(5) Cfr. ahora mi «Prólogo» a la reciente obra de O. MIR, La responsabilidad patrimo- nial de la Administración. Hacia un nuevo sistema, Madrid, 2001, pág. 21.
Cfr. J. GARCÍA LUENGO, El principio de protección de la confianza en el Derecho Ad-
ministrativo, Madrid, 2001, págs. 183 y ss. H.-J. BLANK, Kertrauenschatz im deutschen und
cífico del principio en su alcance constitucional opera en Alemania, y no sin una calificada y fuerte oposición, por cierto, como podre- mos ver, exclusivamente respecto del tema de los límites de la re- troactividad normativa, que en la Constitución española tiene una mención especial, aparte del de seguridad jurídica, en el artículo 9.3. Ateniéndonos a nuestro ordenamiento constitucional, aunque se ha sostenido que en el principio de protección de la confianza debe verse una matización o concreción del principio de seguridad jurídi- ca, en efecto proclamado específicamente por el artículo 9.3 de la Constitución, resulta difícil pretender establecer una correlación ab- soluta entre ambos principios. La seguridad jurídica es un postulado con una muy amplia proyección, entre la cual puede entenderse sin
que pueda incardinarse el principio de protección de la
confianza (7), pero en modo alguno cabría admitir que esa deduc- ción invista necesariamente de rango constitucional a este último principio en la totalidad de sus aplicaciones. Por ejemplo: todos —absolutamente todos— los plazos de recurso o de prescripción o caducidad o de ejercicio de derechos se articulan, sin lugar a dudas, sobre el principio de seguridad jurídica, pero carecería de sentido pretender que cualquier debate sobre la pertinencia, y no digamos
sobre la aplicación, e incluso sobre la crítica, de cualquiera de esos plazos llegase a suscitar un problema constitucional, capaz de justifi- car o un recurso de inconstitucionalidad por los entes u órganos legi- timados para interponerlo, o bien el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por cual- quier órgano judicial ordinario. El principio de seguridad jurídica in- forma, en realidad, la totalidad del ordenamiento jurídico, del que es uno de sus constitutivos elementos esenciales, pero ello no impone que haya que prestar a esa totalidad rango constitucional (¿frente a qué otra parte del ordenamiento, entonces?). Es exactamente igual que el principio de «justicia», enunciado por el artículo 1.° de la Constitución no ya sólo como constitucional, sino, más aún, como «valor superior del ordenamiento», lo que nadie ha entendido que
que todas las pretensiones y exigencias de justicia que se dilu-
cidan diariamente en los miles de procesos que se sustancian a lo largo de todo el territorio alcancen por ello rango constitucional. Se trata de principios que, en efecto, informan la totalidad del or-
europaischen Venvaltimgsrecht, Tübingen, 2000, págs. 51 y ss. El principio integra la con- cepción misma del Estado de Derecho que proclaman los artículos 20.3 y 28 de la Grundge-
setz: E. BENDA, «El Estado social de Derecho», en BENDA, MAIHOFER, VOCEL y HEIDE, Ma-
nual de Derecho constitucional, traducción
y edición de A. LÓPEZ PINA, Madrid, 1996, págs.
487 y ss., en particular a partir de pág. 493.
Así, GARCIA LUENGO, El principio, cit., pág.
189 y ss.; F. A. CASTILLO BLANCO, La pro-
tección de la confianza en el Derecho Administrativo, Madrid,
1998, págs. 97 y ss.
EL PRINCIPIO DE PROTECCIÓN DE LA CONFIANZA LEGITIMA COMO SUPUESTO TITULO JUSTIFICATIVO
denamiento, pero que sólo alcanzan verdadero rango constitucional o supralegal, capaz de imponerse a la superioridad de las Leyes y de quebrantar o adicionar su contenido (pues conectar a una Ley la ne- cesidad de una indemnización como consecuencia de su aplicación innova sustancialmente, como es obvio, el contenido de la misma), en casos verdaderamente extremos y singulares. ¿Es el principio de protección de la confianza uno de esos casos excepcionales, de modo que su desconocimiento pueda acarrear una responsabilidad patri- monial por la actividad del Legislador? Ésta es la cuestión y no otra.
Si consultamos la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ya copiosa tras veintitrés años de funcionamiento, comprobaremos que ni una sola vez se ha proclamado el principio de protección de la confianza como un principio capaz de imponerse a una Ley formal para determinar su inconstitucionalidad por la ausencia en sus de- terminaciones de una reparación patrimonial de los perjuicios eco- nómicos que por violación de tal principio pudiesen proceder. Si re- pasamos, sin afán de exhaustividad, la jurisprudencia constitucional producida sobre el principio de seguridad jurídica del artículo 9.3, encontramos lo siguiente:
A) Partiendo de la recopilación formada por el Profesor F. RUBIO
LLÓRENTE (Magistrado constitucional en los primeros doce años de
funcionamiento del Tribunal Constitucional) sobre la doctrina del Tri- bunal Constitucional en materia de «derechos fundamentales y princi- pios constitucionales» (8), encontramos declaraciones de este tenor
— «La seguridad jurídica es suma de certeza y legali- dad, jerarquía y publicidad normativa, irretroactivi-
F. RUBIO LLÓRENTE, Derechos fundamentales y principios constitucionales (Doctrina
constitucional), Barcelona, 1995, págs. 67 y ss. Para la doctrina constitucional posterior a la fecha de este libro, puede consultarse la cuidadosa reseña de M. PULIDO QUECEDO, La Constitución española con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, 3." ed., Pamplona, 2001, págs. 272 y ss. Véase como muestra la STC 104/2000, que resume toda la doctrina anterior: «La seguridad jurídica, entendida como la certeza sobre el ordenamiento jurídico
aplicable y los intereses jurídicamente tutelados (STC 15/1986), como la expectativa razo- nablemente fundada del ciudadano en cuál ha de ser la actuación del poder en la aplica- ción del Derecho (STC 36/1991), como la claridad del Legislador y no la confusión norma-
tiva (STC 46/1990)
En suma, sólo si en el ordenamiento jurídico en que se insertan y
... teniendo en cuenta las reglas de interpretación admisibles en Derecho, el contenido o las
omisiones de un texto normativo produjeran confusión o dudas que generaran en sus desti- natarios una incertidumbre razonablemente insuperable acerca de la conducta exigible para su cumplimiento o sobre la previsibilidad de sus efectos, podría concluirse que la norma in-
fringe el principio de seguridad jurídica» (SSTC 150/1990, 142/1993, 212/1996). Esta formu- lación es especialmente categórica. Sólo en el caso que se enuncia con toda precisión puede hablarse de una violación por una norma del principio constitucional de seguridad jurídi- ca. Por ello, justamente, el principio de seguridad está excluido de la protección del recur- so de amparo, porque afecta al Derecho objetivo y no a los derechos subjetivos directos (SSTC 28/1994 y 165/1999. con más referencias).
EDUARDO GARCtA DE ENTERRlA
dad de lo no favorable, interdicción de la arbitrarie-
la seguridad jurídica es la suma de estos prin-
cipios, equilibrada de tal suerte que permita promo- ver en el orden jurídico la justicia y la igualdad en libertad» (SSTC 27/1981 y 227/1988).
— «La expectativa razonablemente fundada del ciu- dadano en cuál ha de ser la actuación del poder en la aplicación del Derecho» (STC 36/1991). — «El Legislador debe perseguir la claridad y no la confusión normativa, debe procurar que acerca de la materia sobre la que legisla sepan los operadores jurídicos y los ciudadanos a qué atenerse y debe huir de provocar situaciones objetivamente confu-
Hay que promover y buscar la certeza del De-
recho y no provocar juegos y relaciones entre nor- mas como consecuencia de las cuales se produzcan perplejidades» (SSTC 46/1990 y 146/1993) (9). — «Una legislación confusa, oscura e incompleta difi- culta su aplicación y además de socavar la certeza del Derecho y la confianza de los ciudadanos puede terminar por empañar el valor de la justicia» (STC
150/1990).
En la última cita se encuentra, como se habrá notado, la expre- sión «la confianza de los ciudadanos» como incluida en la seguridad jurídica, pero relativa a la certeza del Derecho y no a sus propios in- tereses particulares. Podemos encontrar otras menciones a la con- fianza en el mismo sentido (10). Pero, en todo caso, encontramos la afirmación categórica, y esencial para nuestro problema, de que:
«El principio de seguridad jurídica no ampara la nece- sidad de preservar indefinidamente el régimen jurídico que se establece en un momento histórico dado en rela- ción con derechos o situaciones determinadas» (STC
227/1988),
(9) La primera de las dos Sentencias, la 46/1990, por cierto, es la única que ha decla- rado la inconstitucionalidad de una Ley, la Ley Canaria de Aguas de 22 de mayo de 1989, por infracción del principio de seguridad jurídica, dada la incertidumbre grave que ocasio- nó en Canarias en ¡a materia. (10) El principio de seguridad jurídica garantiza «la confianza que los ciudadanos pueden tener en la observancia y el respeto de las situaciones derivadas de la aplicación de normas válidas y vigentes» (STC 147/1980); y también: en el principio «está ínsita la con- fianza del ciudadano en que su caso o su pretensión será resuelta o merecerá la misma res- puesta que se dio en casos anteriores o iguales», referido a la motivación de las Sentencias (STC 120/1987).
EL PRINCIPIO DE PROTECCIÓN DE LA CONFIANZA LEGITIMA COMO SUPUESTO TÍTULO JUSTIFICATIVO
afirmación que veremos que se ha repetido más veces y que nos pa- rece decisiva al respecto.
B) En realidad, en el Derecho alemán el principio de protección
de la confianza como un verdadero límite a la potestad legislativa jue- ga únicamente —y no sin importantes críticas por el sector doctrinal más autorizado— en el tema específico de la retroactividad o irre- troactividad de las Leyes (11), y con importantes restricciones o limi- taciones. Ahora bien, en nuestra Constitución el principio de irretroac- tividad de las normas está expresamente recogido en el artículo 9.3, con independencia del de seguridad jurídica, como es sabido. Existe, sin embargo, una cierta doctrina del Tribunal Constitucional que, por una directa influencia del Tribunal Federal Constitucional alemán, que alguna vez incluso se ha citado como autoridad, ha invocado el princi- pio de protección de la confianza para abordar el problema de los lími- tes permitidos de la retroactividad de las normas. La primera vez que aparece esta doctrina constitucional parece ser el Voto Particular del Magistrado GÓMEZ FERRER en la Sentencia 6/1983 (12), al que seguirá otro del Magistrado RUBIO LLÓRENTE en la Sentencia 324/1994 (13). Pero, ya colectivamente, como tal Tribunal, este planteamiento se en-
(11) Cfr. la excelente exposición de J. GARCÍA LUENGO, El principio de protección de la confianza, cit., págs. 204 y ss.; H. MALRER, «Kontinuitátsgewáhr und Vertrauentsschutz»,
en el tomo III del magno Handbuch des Staats-Rechts, dirigido por ISENSEE y P. KIRCHOF,
2. a ed., Heidclberg, 1996, págs. 218 y ss.
y especialmente, en la reducción del concepto a las
rctroactividadcs «impropias», págs. 236 y ss.; para su inaplicación radical a los cambios fu- turos de la Ley, vid. el texto del propio autor que se cita más adelante.
(12) Al discrepar de la absolución de inconstitucionalidad que acordó la mayoría del Tribunal respecto del Real Decreto-Ley 11/1979, que había reducido los beneficios fiscales
reconocidos a las viviendas de protección oficial del 90% de la contribución urbana al 50% y de los veinte años previstos hasta entonces sólo a tres, dijo, apoyándose en la exis- tencia de cédulas individuales de cada vivienda en las que se declaraban esos beneficios,
que la innovación «puede incidir en la confianza de los ciudadanos en el Estado
los ciu-
... dadanos han confiado en el Estado y se han sometido voluntariamente a ese régimen, han obtenido, de acuerdo con la legislación aplicable, un título jurídico concreto, que especifi- ca los beneficios tributarios y limita —en la misma medida— el deber tributario durante el plazo de duración del beneficio otorgado». En realidad, lo que se ventilaba era si ese tí- tulo individual había revestido los beneficios fiscales reconocidos del carácter de derechos adquiridos y firmes definitivamente personalizados y patrimonializados en los beneficia- dos, o no; esto último significaba que tales beneficios tendrían el carácter de una «situa- ción legal o reglamentaria», lo que no impediría su modificación legal ulterior. En el fondo, pues, sobre esa base teórica, se debatía sobre si la modificación legal tenía o no ca- rácter expropiatorio, algo muy diferente de las aplicaciones ordinarias del principio de protección de la confianza.
(13) «La seguridad jurídica implica también, a mi juicio, la necesidad de que el Esta-
do no pueda abrogar libremente aquellas normas que
están precisamente destinadas a
... dotar de una mínima garantía a determinados grupos sociales. La seguridad jurídica no
exige, ciertamente, la petrificación del ordenamiento, pero sí, creo, el respeto a las garan-
tías enunciadas explícitamente como tales
quebrantados o desconocidos "los compromi-
... sos asumidos por el Estado"». De nuevo el planteamiento coincide, a mi juicio, con el ex- puesto en la nota anterior.
cuentra en las Sentencias 126/1987, 150/1990, 197/1992 y 205/1992, in- troduciendo el principio de protección de la confianza en el problema de la retroactividad o irretroactividad de las normas (14). Pero es im- portante notar que ninguna de ellas, finalmente, objetó a la constitu- cionalidad de las normas enjuiciadas, de modo que puede afirmarse ahora, con rotundidad, que el Tribunal Constitucional español, aun admitiendo, hipotéticamente, un límite al Legislador por el principio de confianza legítima convencionalmente traído a colación (15), aun- que sólo a propósito del tema de la retroactividad de las Leyes, nunca ha anulado una Ley por este motivo. Mucho menos, desde luego, por- que, en virtud de ese principio, hubiese estimado violado el artículo 33 de la Constitución y declarado, consecuentemente, la responsabilidad patrimonial de dicho Legislador. En todo caso, conviene retener dos cosas: primero, que en el Dere- cho alemán el principio de protección de la confianza no ha servido ni una sola vez, categóricamente, para declarar indemnizables supuestos perjuicios causados por las Leyes; y segundo, que en el tema de los lí- mites de la retroactividad, también incluida en el artículo 9.3 de la Constitución, hemos aportado ya pronunciamientos explícitos en la anterior exposición de esta obra (16), en los que el Tribunal Consti- tucional admite la validez de la retroactividad legislativa y de las res- trictivas de derechos individuales, no obstante el límite explícito del artículo 9.3: «fuera de ello [del campo penal y de los derechos funda- mentales], nada impide, constitucionalmente, que el Legislador dote a la Ley del ámbito de retroactividad que considere oportuno» (SSTC 27/1981, 42/1986, etc.), no digamos ya sobre las «expectativas» (STC 97/1990), o situaciones legales o reglamentarias, como veremos más adelante que el Tribunal aplicó firmemente en cuanto a la reforma en sentido restrictivo de la legislación funcionarial (STC 99/1987, etc.). En resolución, pues, el principio de protección de la confianza ni en el Derecho alemán, donde surge, ni en el Derecho español, tras su explícita recepción, ha determinado nunca en la jurisprudencia constitucional (otra cosa ha ocurrido, como hemos visto, con la ju- risprudencia del Tribunal Supremo) una responsabilidad patrimo- nial por Leyes formales.
(14) Las ha estudiado J. GARCÍA LUENGO, El principio de protección de la confianza, cit., págs. 91 y ss., a cuyo análisis me remito. (15) GARCÍA LUENGO, cit., pág. 101, observa que este recurso de nuestro Tribunal Cons- titucional al principio de protección de la confianza lo ha hecho «siguiendo a su homólogo alemán y de espaldas a las críticas que en el propio país de origen ha motivado una juris- prudencia marcadamente decisionista». Sobre esta crítica («duras críticas doctrinales»), la propia obra, pág. 89. También, págs. 204 y ss.
[Como ya notamos al comienzo, el presente trabajo es un capítulo de una obra
más amplia que esperamos publicar en breve sobre los problemas de la responsabilidad
patrimonial del Estado Legislador]
¿Pero puede sostenerse seriamente que una eventual violación por el Legislador del principio de confianza legítima haya generado responsabilidad patrimonial en algún Derecho, ya que no en el ale- mán, como acabamos de ver? Antes de entrar directamente en la contestación de esa cuestión, nos será útil retener las lúcidas palabras del Profesor Hartmud MAU-
RER(17):
«Las regulaciones por Ley que afectan exclusivamente al nacimiento futuro de situaciones, derechos o relacio- nes jurídicas no colisionan con el principio de protec- ción de la confianza. El ciudadano no puede confiar en
que las Leyes dadas en un tiempo vayan a permanecer in- cambiadas. Menos aún puede pretender que el Legislador
actúe de una determinada manera
El Legislador tiene
... que estar abierto hacia el futuro, tiene que tener la posibi-
lidad de reaccionar sobre nuevos desarrollos o evolucio- nes, admitir nuevos conocimientos e imponer nuevas
concepciones políticas, como también corregir en el futu-
ro viejos errores ...
El ciudadano debe, en un Estado de-
mocrático, confiar en que el Legislador parlamentario plasme en sus trabajos lo que le ha sido transmitido por el pueblo en su mandato democrático. Esta confianza es la que corresponde en el ámbito político y se realiza también con medios políticos (elecciones, opinión pú- blica)».
Esta idea es fundamental, y su expresión me parece particular- mente feliz, al apoyarse en conceptos políticos infraestructurales in- equívocos. Una democracia no podría existir, simplemente, si cual- quier cambio en el orden jurídico tuviese que ser indemnizado a los beati possidentis instalados en la legislación anterior. Ésa es, más bien, y precisamente, la concepción del Derecho del Antiguo Régi- men, más que la de la democracia moderna, la que subyace a la idea de que cualquier cambio legislativo que afecte a la confianza que en el Derecho anterior tuviesen los ciudadanos o grupos de ellos pueda generar en favor de los mismos una pretensión indemnizatoria, lo
H. MAÜRER, Kontinuitátsgewáhr und Vertrauensschutz, cit., págs. 243-244.
que conduciría inevitablemente, como han dicho tanto el Tribunal Constitucional (18) como el Tribunal Supremo (19), a una petrifica- ción o congelación del Derecho, a su inmovilización total o parcial, a su cierre definitivo a los cambios sociales o políticos, que es una de las grandes funciones de un poder legislativo democrático, señor in- discutido de la legis innovatio. Por ello ha podido formular CARBO- NIER un principio esencial del sistema jurídico sobre el que vivimos:
«la costumbre conserva, la Legislación innova» (20).
Sobre ello volveremos luego; quede ahora sólo constancia de que ésta es la posición tanto del Tribunal Constitucional Federal alemán como de la totalidad de la doctrina alemana, sin la menor vacilación (21).
(18) Sentencia 27/1981, de 20 de julio: «El Ordenamiento jurídico, por su propia natu-
raleza, se resiste a ser congelado en un momento histórico determinado: ordena
convivencia humana y debe responder a la realidad social de cada momento, como instru- mento de progreso y de perfeccionamiento. Normalmente lo hace así al establecer relaciones "pro-futuro". Pero difícilmente una norma puede evitar que la regla de futuro incida sobre relaciones jurídicas preexistentes, que constituyen el basamento de las relaciones venide- ras». Sentencia 106/1986, de 29 de julio, FJ 26: «el principio de irretroactividad no puede presentarse como una defensa de una inadmisible petrificación del ordenamiento jurídico».
(19) Sentencia de 30 de noviembre de 1992, FJ 6.°: «la indemnización solicitada con
base en la frustración de meras expectativas
conduciría a una petrificación legislativa
para evitar las importantes consecuencias económicas que pretendan adaptar la Legisla-
ción anterior
a las nuevas circunstancias políticas, económicas y sociales cuando, como
... ocurre con frecuencia, conllevan una privación de expectativas generadas por las Leyes que
se modifican». Este concepto de «petrificación del ordenamiento» es conocido por la doc-
trina. Por ejemplo, con más referencias alemanas,
S. CALMES, DU principe de la prolection
de la confiance legitime en droits allemand, communautaire et francais, París, 2001, pág. 496, y allí citados. Quizás convenga retener, por su simplicidad, las palabras, ya antiguas, de J. BARTHELEMY en «Revue de Droit Public» de 1907 (que cita CALMES en pág. 498): «El progreso se haría imposible si, a cada etapa de su marcha, hubiese que pagar un peaje a los privilegiados que se beneficiaban de la situación anterior».
(20) J. CARBONNIER, Ensayos sobre las Leyes, trad. de L. DIEZ-PICAZO, Madrid, 1998, pág. 184. Habla de cómo, tras la producción intensa de «capitulares» por los carolingios, «el Occidente se hunde poco a poco en el profundo bosque consuetudinario de la Alta
Edad Media», y añade: «¿Por qué buscar ejemplos tan lejanos? Hace años John GLISSEN realizó una estadística de las ordenanzas promulgadas por los soberanos de las provincias belgas desde 1507 a 1794. De ella retengo que la media anual, que era de 35 Ordenanzas en
el siglo XVIII, saltó a 90 en el período de
1741 a 1790. Henos aquí en la plena luz de las lu-
ces». Hoy son ya varios miles cada año. En términos más abstractos, sobre la caracteriza-
ción del Legislador como quien busca incansablemente eine bessere Zukunft, una mejora del futuro, vid. G. HUSSERL, Recht und Zeit. Fünf rechtsphilosophische Essays, Frankfurt am Main, 1955, págs. 63 y ss.
(21) Es por ello inexacta la presentación que hace el libro de R. GALÁN VIOOUE, La res- ponsabilidad del Estado Legislador, cit., de la posición del Derecho alemán sobre el tema de la obra, págs. 355 y ss., que habla de una «tímida acogida de la responsabilidad del Estado Legislador por la República Federal de Alemania»; no hay tal timidez, sino una posición negativa neta fuera del supuesto específico de las Leyes de contenido expropiatorio, califi- cación reservada, por supuesto, al Tribunal Constitucional. Por si hubiese alguna duda al respecto, citaremos en la literatura en español la colaboración de F. OSSENBÜHL, «La res- ponsabilidad patrimonial de los poderes públicos en la República Federal Alemana», en la obra colectiva dirigida por J. BARNÉS, Propiedad, expropiación y responsabilidad. La garantía indemnizatoria en el Derecho Europeo y comparado, Madrid, 1995, en cuya pág. 952 dice:
Pero surge aquí, sin embargo, una objeción de algún peso, el régi- men de la responsabilidad patrimonial en el Derecho Comunitario, que vimos que invoca ya alguna jurisprudencia del Tribunal Supre- mo, como la Sentencia de 30 de junio de 2001 (citada en nota 2,
Aquí, en efecto, pueden invocarse Sentencias (muy pocas, por cierto, y además antiguas, luego rectificadas) en que el Tribunal de Justicia ha invocado la protección de la confianza como fundamento de una declaración de responsabilidad patrimonial de las institucio- nes comunitarias como consecuencia de innovaciones normativas. Como es bien sabido, el artículo 288 del Tratado CE (texto conso- lidado; es el antiguo art. 215) establece en su párrafo 2.° que:
«En materia de responsabilidad extracontractual, la Comunidad deberá reparar los daños causados por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funcio- nes, de conformidad con los principios generales comu- nes a los Derechos de los Estados miembros».
Esta remisión a los «principios comunes a los Derechos de los Estados miembros» no se ha entendido por el Tribunal de Justicia (competente en la materia, según el artículo 235 —antiguo 178— del Tratado) en el sentido del «mínimo común» a todos esos Derechos, lo que hubiese arrojado la consecuencia absurda de tener que aplicar el rasero propio del Derecho nacional menos generoso y más limi- tativo en la materia, sino como un reconocimiento general del prin- cipio de responsabilidad de la Administración, principio cuya modu- lación y aplicación ha hecho luego por su cuenta el Tribunal de Justicia, poniendo en pie un cuerpo propio de principios. Lo primero que hay que observar es que en el Derecho Comunita- rio el Tribunal de Justicia actúa con normalidad con principios gene-
«Deberán compensarse aquellos daños causados por actos ilegítimos del Legislador. No obstante, en la práctica, no se ha dado hasta el momento ningún caso». Esa posición negati- va, añadimos nosotros, se ha mantenido a ultranza, incluso en el caso de infracción legisla- tiva del Derecho Comunitario y después de que el Tribunal de Justicia hubiese declarado tal infracción y proclamado pertinente en principio dicha responsabilidad, aunque remi-
tiendo a la jurisdicción interna su aplicación última (casos Brasserie du Pécheur/Factortame III, Sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de marzo de 1996, y Dillenkofer, de 8 de octubre de 1996); sobre lo cual puede verse P. SENKOVIC, L'évolution de la responsabilité de l'Élat le-
gislateur sous l'influence du Droit communautaire, Bruxelles,
2000, págs. 331 y ss., que con-
cluye: «La responsabilidad del Estado, que corresponde en el Derecho alemán al ámbito
del Derecho civil, no conoce responsabilidad del Estado Legislador» (pág. 339).
EDUARDO GARCÍA DE ENTERRfA
rales del Derecho que él mismo formula y cuyo rango pasa a ser equi- parable, a efectos del control de la actividad comunitaria y de la de los Estados miembros, a las normas formuladas en los Tratados origi- narios, que hacen las veces de una Constitución. La observación for- mulada más arriba a propósito del Derecho español de que los Tribu- nales ordinarios, incluyendo al Tribunal Supremo, no podrían repro- char al Legislador la posible infracción de principios generales del Derecho que no tuviesen rango constitucional, y que, en el caso de te- ner este rango, deberían plantear cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, sin que ellos mismos pudiesen tratar de obtener de ese reproche consecuencias contra los productos legis- lativos mismos, bien el de una nulidad, bien el de una responsabili- dad patrimonial derivada de la Ley censurada, esta observación no resulta aplicable, por tanto, al Tribunal de Justicia de las Comunida- des respecto de las normas comunitarias, porque ese Tribunal es una jurisdicción única y universal, que concentra a la vez la competencia de un Tribunal ordinario con la de un Tribunal Constitucional.
No obstante esa capital observación, que corresponde a la radical diferencia entre la posición de los Tribunales ordinarios españoles y la del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, hay que decir que este último sólo ha declarado en contadísimas ocasiones, tan po- cas que sobran dedos de una mano para enumerarlas, la responsabili- dad patrimonial de las instituciones comunitarias como consecuencia de normas generales comunitarias y, de ellas, muchas menos aún por el motivo de la infracción del principio de protección de la confianza. Hay que comenzar notando que no ha sido corriente en el Dere- cho Comunitario (quizás por influjo del Derecho Administrativo francés) la distinción en los «actos» o «decisiones» de sus institu- ciones a los que se refiere indistintamente el artículo 249 del Texto consolidado (antiguo art. 189) entre aquellos que tienen contenido normativo general y los que son simples actos de aplicación aun cuando puedan tener alcance general (22). Pues bien, si la responsa-
(22) Hasta tal extremo ha dominado esta corriente que, recientemente, el Abogado General D. RUIZ-JARABO (asunto Aloys Schróder c. Comisión, Sentencia de 10 de diciembre de 1998), formado en las técnicas del Derecho Administrativo español, que ve entre Regla- mentos y simples actos administrativos una diferencia de sustancia, se ha creído obligado a subrayar esa diferencia (por cierto, con cita del Curso de Derecho Administrativo de T. R. FERNANDEZ y mío), destacando que el acto normativo es ordinamental, abstracto, per- manente en el tiempo, afecta a destinatarios no singularmente determinados, en tanto que los actos administrativos son siempre aplicación de una norma previa, dirigidos a sujetos determinados y cuya aplicación en el tiempo agota su eficacia. Precisamente a efectos de responsabilidad esta distinción es esencial. Cfr. GUICHOT, La responsabilidad de los poderes
públicos según el Derecho Comunitario, Valencia, 2001, págs. 214 y ss., que glosa amplia- mente el concepto «ordinamental» de RUIZ-JARABO. Pero aún más: como observó certera-
el Abogado General CAPOTORTI, en sus conclusiones en el caso Bayerische HNL, las
bilidad patrimonial del artículo 288 del Tratado por simples actos administrativos de las instituciones es declarada ya muy restrictiva-
mente por el Tribunal de Justicia, hay que decir de declarar esa responsabilidad por verdaderas
que cuando se trata normas jurídicas la
posición del Tribunal de Justicia es ya absolutamente cerrada, cierre que apenas han podido superar algunos, muy pocos, casos aislados. El criterio central que maneja el Tribunal de Justicia es el de ac- tos que implican «una opción de política económica», que serían los estrictamente normativos, en los que se da «un amplio margen de discrecionalidad», y que son, justamente, los equiparables a las Le- yes en el Derecho interno, esencialmente distintos de los simples ac- tos aplicativos. La Sentencia básica es, sin duda, Bayerische HNL, de 25 de mayo de 1978 (C-83 y 94/76, 4, 15 y 40/77) (23), que invoca ya la virtual inexistencia de una responsabilidad por actos legislativos en el Derecho interno de los Estados, de modo que no se pongan obstáculos a la «libertad de opción política». Pero no se opone única- mente por principio al reconocimiento de una responsabilidad; se exige, por de pronto, no sólo una ilegalidad, que en el caso de las normas tiene que ser una violación de los Tratados (o de los princi- pios generales ínsitos en los mismos), sino una «infracción sufi- cientemente caracterizada» o sumamente grave, una ilegalidad «ra- yana en lo arbitrario», que además produzca un daño anormal y singular (24). Y todavía más —y esto es importante—, que la norma violada estuviese dictada en interés subjetivo del reclamante, según la Schutznormtheorie alemana (25), lo que rara vez se dará en una
normas emanadas del propio Consejo carecen de la «investidura democrática, esa capaci- dad de expresar la soberanía popular que puede justificar la inmunidad del Legislador por
relación a las reglas generales de la responsabilidad» (cit. por J. M. FAVRET, Les influences reciproques du Droit Communautaire et du Droit national de la responsabilité publique extra- contractuelle, París, 2000, págs. 182). La doctrina, en generaJ, ha subrayado que son raros los actos comunitarios puramente normativos, observando que casi siempre llevan ínsitos
actos de ejecución (vid. FAVRET, cit., págs. 183 y
(23) Sentencia que «marca un hito jurisprudencial, cuyas repercusiones todavía pla-
nean sobre el contenido de la responsabilidad comunitaria» (GUICHOT, pág. 242). El texto
Sentencia, en su apartado 5, es categórico: «El poder legislativo no puede ser obstaculi-
zado en sus disposiciones por la perspectiva de una acción indemnizatoria cada vez que se en- cuentra en el caso de adoptar, en consideración al interés general, medidas normativas suscep- tibles de causar perjuicios a los intereses de los particulares».
lle de la Communauté
jurisprudenciales, en F. FINES, Elude de la responsabilité extracontractue- Économique Européenne, París, 1990, págs. 312 y ss. GUICHOT, págs. 240
y ss.; balance, en págs. 252 y ss.; esta jurisprudencia «eleva el listón de la responsabilidad nor- mativa hasta marcas que sólo supuestos absolutamente excepcionales podrían franquear».
Paradigmática, la Sentencia HNL Vermekntngbetriebe GmbH, de 5 de julio de
1977, pero luego doctrina constantemente repetida. Vid. E. GRABITZ, «Liability for Legislati-
vo Acts», en la obra colectiva dirigida por SHERMES, HENKEL y MEAD, Non contractual lia-
bility ofthe European Comtnunities, Dordrecht-Boston-London,
1988, en especial págs. 6-7.
Para la teoría general en Derecho alemán, que se plasma en el artículo 839 del BGB, vid.
G. KROH.M y G. LOWISCH, Eigentumsgarantie. Enteignung. Entschadigung, Handbuch für die
Praxis, 3." ed., Kóln, 1984, págs. 45 y ss.
verdadera norma general y abstracta. Sentados estos criterios, la ju- risprudencia a partir de los años ochenta no reconoce ya ni un solo caso de responsabilidad (26). En los noventa, la exigencia de una ile- galidad suficientemente caracterizada se convierte en un «bastión casi inexpugnable» (27). Y así afrontamos el supuesto de si la violación del principio gene- ral de protección de la confianza, construido por el propio Tribunal de Justicia sobre la influencia alemana, como bien sabemos, puede o no ser causa de responsabilidad patrimonial en el Derecho Comuni- tario referido a normas generales verdaderas. El Tribunal de Justicia
Sentencia Merkur Ausenhandeln GmbH, de 15 de di-
ciembre de 1977, que ese principio concierne esencialmente al caso en que el operador económico hubiese obtenido la fijación previa de la suma que haya de pagar o recibir en el momento de una opera- ción determinada (28). Pero aun el Tribunal ha sostenido también que un interés público perentorio puede legítimamente pasar por en- cima de tal principio (29). El Tribunal de Justicia invoca constante- mente «las obligaciones de comportamiento que pesan sobre los agentes económicos». Así, «la naturaleza previsible de los riesgos que comportaban las condiciones del mercado excluye que la pérdi- da de competitividad que [la empresa] ha sufrido pueda ser repara- da» (Sentencia Biovilac, de 6 de diciembre de 1984). O, en la Senten- cia Union Malt, de 26 de febrero de 1978:
«Estas circunstancias tenían que haber hecho conscien- tes a los demandantes que, vistas las condiciones del mercado de malta, la Comisión fuese conducida a ha- cer uso de la posibilidad de reducir los plazos de estan- cia bajo control aduanero en vista de restablecer un equilibrio».
GUICHOT, págs. 252
GUICIIOT, págs. 267 y ss. Enumera en págs. 278 y ss. las Sentencias en que se
ha estimado responsabilidad, que son concretamente cuatro, más alguna otra referente a los casos de queümaehl y al gritz de maíz. De ellas no todas se refieren a verdaderas normas.
FINF-S, pág.
FINES, pág. 335. En el libro de S. CALMES, DU principe de protection de la confiance
legitime en Droits allemand, communaulaire et frangais, París, 2001, págs. 24 y ss., se indica
que en una Sentencia (anterior a la posición sustancialmentc negativa adoptada a partir de 1979) el Tribunal de Justicia declaró la responsabilidad comunitaria en virtud del principio de protección de la confianza (por cierto, contra el criterio del Abogado General
TRABUCCHI): Sentencia C.N.T.A., de 14 de mayo
de 1975, sobre modificación de montantes
compensatorios por norma de la Comisión (no del Consejo, por lo que puede considerarse como norma secundaria de ejecución reglamentaria y no propiamente legal o primaria). En todo caso, en el mismo supuesto, por Sentencia Helmut Stimming K.G., de 27 de abril de 1978 (CALMES, págs. 24 y ss.), se denegó la responsabilidad expresamente, alterándose, pues, la jurisprudencia anterior.
La idea, repetida muchas veces, es que la prudencia de un comer- ciante razonable ha de comprender las necesidades necesariamente evolutivas de la política económica, cuya libertad debe ser incoerci- ble por reglas abstractas. En resolución: son mínimos, y todos antiguos, los casos en que el Tribunal de Justicia ha reconocido una responsabilidad patrimonial de las instituciones por actos de inequívoca naturaleza normativa que supusiesen una teórica infracción del principio de protección de
la confianza. La obra de F. GUICHOT, tan circunstanciada y analítica, justamente deja de serlo al tratar de este supuesto específico, que re- sume en dos páginas y en base a referencias bibliográficas (30). Al final, hace suya en términos generales la conclusión de R. GARCÍA
MACHO en un artículo publicado en «REDA»
(31), que dice, exactamen-
te: «La actitud restrictiva del Tribunal frente a la confianza legítima proviene del carácter perturbador que este principio tiene frente a los objetivos de los poderes públicos, e incluso puede cuestionar otros principios generales, especialmente el principio de legalidad. Por ello, solamente se considera infringida la confianza legítima cuando la normativa formada es legal, pero hasta tal punto desesta- bilizadora que rompe los límites razonables en las relaciones entre la Administración y los administrados». En realidad, esta conclusión general es ya más favorable de lo que resulta del propio trabajo de GARCÍA MACHO, quizás referida a toda la larga evolución jurispruden- cial del tema, pero la verdadera conclusión de este autor me parece ser la siguiente: «A partir de entonces (Sentencia Lührs, de 1 de fe- brero de 1978), la violación de este principio [de protección de la confianza] no es apenas aceptada por el Tribunal de Justicia, por lo que pierde una cierta capacidad garantizadora» (32). Referido al
de la responsabilidad por genuinos actos normativos su-
periores, es nuestra propia conclusión, eliminando el relativizador «apenas».
(30) GUICHOT conoce perfectamente la tendencia negativa del Tribunal de Justicia en
esta materia, como recoge en su colaboración al libro colectivo ya citado dirigido por
J. BARNES, Propiedad, expropiación y responsabilidad. La garantía expropiatoria en el Derecho
europeo y comparado, págs. 895 y ss., con el título «La responsabilidad extracontractual en la Comunidad Europea», donde llega a decir, pág. 916: «Permítasenos decir, con cierto des- enfado, que la jurisprudencia de Luxemburgo parecía así hacer suya la frase de Rousseau:
... to a los subditos, puesto que es imposible que el cuerpo entero pueda perjudicar a todos
por consiguiente el poder soberano no tiene ninguna necesidad de garantía con respec-
sus miembros y ahora veremos cómo no puede perjudicar a ninguno en particular. El sobe- rano, sólo por serlo, es siempre lo que debe ser"», aunque observa una interpretación más benévola en «la más reciente jurisprudencia», siempre sin distinguir entre actos normati- vos, donde no se da tal tendencia, y actos individuales.
R. GARCIA MACHO, Contenido y límites del principio de confianza legitima: estudio
sistemático en ¡a jurisprudencia del Derecho comunitario,
«REDA», 56, 1987, págs. 571 y ss.
R. GARCÍA MACHO, pág.
Nos parece más explícita y clara la exposición de una investiga- dora reciente, S. CALMES (33), que, aunque algo extensa, parece opor- tuno transcribir para excluir cualquier sospecha de voluntarismo propio: «El cuidado constante del Tribunal de Justicia de adaptar su jurisdicción a los objetivos fundamentales de la construcción comu- nitaria se traduce en materia de respeto de la confianza legítima en la primacía reconocida por los jueces a las "exigencias económicas" —o al estatuto de la función pública, por ejemplo— sobre la protec- ción de los individuos: para esto los jueces deben evitar un escollo al que habría conducido una aplicación demasiado extensa de este principio, el de una protección demasiado amplia de la confianza de los justiciables en la estabilidad de una reglamentación en vigor que les permitiese sustraerse a los aleas del mercado, paralizando bien a menudo la acción administrativa comunitaria. Tal aplicación del principio sería, en efecto, contraria al objetivo del buen funciona- miento del Mercado común, que orienta en su conjunto la jurispru-
dencia del Tribunal y que reposa a la vez sobre el respeto del libre juego de las fuerzas del mercado, característico del funcionamiento normal de una economía de mercado, y sobre el reconocimiento de un poder de apreciación a las instituciones comunitarias, necesario a su intervencionismo económico, que es el que únicamente puede
permitir una defensa eficaz del interés general comunitario
primacía de las exigencias económicas sobre los intereses de la con-
fianza constituye un imperativo de política legislativa que
de Justicia debe respetar. El Legislador comunitario tiene,
te, el deber de obrar cuidadosamente, facilitando las transacciones, pero debe también responder a las evoluciones frecuentes de la vida
económica, en el interés de la mayoría. Hay aquí una exigencia esen-
cial a todo intervencionismo económico
Esta prevalencia dada a los
... imperativos económicos se traduce en rechazar admitir la violación del principio de protección de la confianza legítima en la hipótesis en que los actos impugnados fuesen previsibles por un operador prudente
y avisado, pero también en la hipótesis de que los imperativos econó- micos prohiban "por naturaleza" toda protección, especialmente cuan-
do el ámbito de que se trate sea económico
Se trata, sobre todo, de
paralizar la acción de las autoridades comunitarias cuando inter-
vienen sobre el mercado
Es un principio de "moralidad jurídica"»,
(33) CALMES, DU principe de protection de la confiance, cit., págs. 434-435. Parte del texto transcrito incluye un párrafo de la tesis de Burdeos de E. TRAPN, Le principe de la con- fiance legitime en contentieux communautaire, 1992. Un resumen de la jurisprudencia que justifica las afirmaciones del texto, en la larga nota 124, págs. 433-435.
En definitiva, contra lo que parece creer nuestro Tribunal Supre- mo y los autores que le respaldan y le animan, el principio de protec- ción de la confianza no es hoy fundamento en el Derecho Comuni- tario para una responsabilidad patrimonial por genuinos actos legis- lativos; otra cosa, como sabemos, llevaría a una «petrificación» insoportable de tales actos legislativos y al fracaso inevitable de toda la política comunitaria, que trata justamente de promover el libre mercado, no de impedirlo, dando una injustificada prima a los sin- gulares beneficiarios de la normativa existente en un momento dado.
Nada, pues, justifica, contra lo que se ha pretendido entre noso- tros (34), la idea de que el Derecho Comunitario esté determinando que todos los Derechos nacionales tengan que admitir la responsabi- lidad patrimonial del Estado Legislador por razón de la violación del principio de protección de la confianza. Ningún país, fuera del nues- tro, ha llegado en absoluto a tan extremada conclusión.
La idea de que la protección de los derechos o intereses que los particulares tengan en el mantenimiento de la situación jurídica existente debe prevalecer sobre cualquier intento de innovar ésta, o en otro caso merecer una indemnización, es, justamente, como ya notamos más atrás, una nota característica del orden jurídico anti- guo o premoderno, nota que la nueva configuración del Legislador que salió de las revoluciones democráticas arrumbó definitivamente. En efecto, el antiguo Derecho, el más arcaico, se basaba en la idea esencial del alte, gute Recht, good, oíd Law, el viejo y buen Dere- cho, que proscribía como el primer atentado a la comunidad alterar las viejas costumbres, en el que el pueblo había encontrado el secre- to de su identidad, y que se concebían por ello como un fruto o de una revelación divina o como la iluminación de un padre o de un hé- roe históricos que habían fundado y establecido para siempre la es- tructura y el orden de su funcionamiento privilegiado, en medio de un caos o de un entorno de inimicus existenciales. Fritz KERN (35) ha explicado luminosamente esta concepción, que hoy puede sor-
Son citables en este sentido las obras citadas de GUICHOT, que ya eleva la tesis a
su propio título, y GALÁN VIOQUE, explícitas ambas, y últimamente J. David JANER TORRENS, La influencia del Derecho Comunitario en la creación de un ius commune de la responsabili- dad patrimonial de los poderes públicos nacionales, en «Revista de Derecho Comunitario Europeo», 11, abril 2002, págs. 177 y ss.
F. KERN, Recht und Verfassung ¡m Mittelalter, Basel, s.d., en Bruno Schwabe & Co.
Verlag. La obra original del primero de los trabajos, Recht, que es el que nos interesa, pro-
cede de 1914, Leipzig.
EDUARDO GARCfA DE ENTERRlA
prendernos. En la Edad Media el primer y fundamental carácter del Derecho era el de ser viejo, el de estar arraigado en las antiguas cos- tumbres. La costumbre, en la que se había condensado la experien- cia de los padres y de las generaciones pasadas, era por ello la fuente primaria del Derecho. El príncipe podía emitir rescriptos o privile- gios singulares, pero no alterar el ordo comunitatis establecido por las generaciones y los padres históricos. Por eso, no el príncipe sino «Dios es el origen de todo Derecho» (36) y Dios se expresa en la cos- tumbre sempiterna, que acaso Él mismo reveló en los mismos oríge- nes de la comunidad. Por ello, contra lo que hoy se nos aparece como un rasgo elemental del Derecho, que el Derecho nuevo deroga al anterior, en la Edad Media regía el principio justamente contrario, que altes Recht bricht jüngeres Recht, que el Derecho viejo rompe o invalida el Derecho nuevo (37). La renovación del Derecho consistía precisamente en restaurar el viejo Derecho impurificado por «malos usos», el «viejo y buen Derecho» (38).
Lo arraigado de esta arcaica concepción del Derecho le permitió mantenerse hasta el momento mismo de la introducción de las nue- vas concepciones políticas directamente vinculada a la democracia,
en Inglaterra hasta el siglo xvin, que es cuando se instaura el princi-
pio de la parliamentary supremacy (39); en
Europa continental hasta
la configuración nueva del Derecho ligada a la Revolución Francesa y a la recepción de sus principios por todos los Estados europeos en el siglo xix, que consagra el «Estado Legislativo» (40). Puede traerse a colación en España (aparte de las constantes pe- ticiones en los pliegos de las Cortes medievales para que se restable- ciesen los derechos antiguos, supuestamente ignorados o perverti- dos por los funcionarios regios), dada su significación general y su formidable belleza expresiva, la justamente famosa Epístola censo- ria de QUEVEDO, dirigida al Conde Duque de Olivares, según la tradi- ción (41), que comienza: «No he de callar, por más que con el dedo,/ ya tocando la boca, ya la frente,/ silencio avises o amenaces miedo».
KERN, pág.
(39) GOUGH, a cuyo gran libro Fundamental Law in English Constitutional History, 1955, nos referimos luego, prolonga la permanencia del anterior sistema hasta 1832, en que el Reform Bill configuró definitivamente el moderno órgano legislativo, cuya función, como veremos, es, justamente, innovar el Derecho, no conservarlo.
En la lúcida caracterización de Cari SCHMITT, Legalitat und Legitimitát, 1932, re-
cogido en su obra recopilativa Verfassungsrechtliche Aufsatze aits den Jahre 1924-1954. Ma- teriale zi< einer Verfassungslehre, Berlín, 1958, págs. 263 y ss. «Lo que en los Estados del continente europeo desde el siglo XIX se entendía como "Estado de Derecho" era, en reali- dad, sólo un "Estado Legislación"».
Cito por el texto de F. DE QUEVEDO, Obra poética, ed. de J. M. BLECUA, tomo I, Ma-
drid, 1969, págs. 294 y ss.
En esta Epístola se contrasta sistemáticamente la virtud antigua con el presente amargo:
«Yace aquella virtud desaliñada, que fue, si menos rica, más temida, en vanidad y en ocio sepultada. Y aquella libertad esclarecida, que donde supo hallar honrada muerte nunca quiso tener más larga vida».
Va describiendo las virtudes que adornaban aquel antiguo y recio orden («aquella pura/República de grandes hombres») y termina in- timando al ministro a que restablezca el antiguo orden:
«Mandadlo así: que aseguraros puedo que habéis de restaurar más que Pelayo, pues valdrá por ejércitos el miedo, y os verá el cielo administrar su rayo»,
verso final. Esa «restauración» es, justamente, la del viejo y buen De- recho. Pero al margen de esta versión literaria, y bien hermosa, nuestro antiguo Derecho, presente todavía en la Novísima Recopilación (1804), contiene formulaciones específicas sobre la invalidez de los rescriptos regios contra ius (o «cartas desaforadas»), Leyes 2 a 12 del Título IV del Libro III de dicha Recopilación. Ley 2. a : «No valgan ni se cumplan las Reales cartas dadas contra Derecho, Ley o fuero usado». El caso inglés es aún más perfilado. MCILWAIN, en su clásico e im- portante libro The High Court of Parliament, 1910 (42), ya destacó que el Parlamento inglés desde sus orígenes mantenía el common Law como fundamental Law, inmodificable; los statutes parlamentarios eran depuraciones y aclaraciones de ese depósito sagrado, no, como ocurre hoy, modificaciones del mismo, y así siguió siendo hasta la primera mitad del siglo xvn. Tenía, por ello, el Parlamento una fun- ción más judicial que legislativa. En su espléndido libro Fundamental Law in English Constitutional History (43), J. W. GOUCH ha observado que en realidad esa idea de considerar al common law como intangi- ble se mantiene hasta el Reform Bill de 1831, que es cuando el Parla- mento comienza a legislar con resolución y a plantearse como su función propia, precisamente, alterar de forma directa y resuelta el
Yale, 1910, pág. 131.
J. W. GOUGH, Fundamental Law in English Constitutional History, Oxford, 1955,
págs. 31-32.
EDUARDO GARCÍA DE ENTERRjA
Derecho tradicional, que, no obstante, sigue siendo «común». De ahí la doctrina del famoso Dr. Bonham case, de COKE, del siglo xvn, que tanto influyó en el constitucionalismo americano, sobre el control por el common law de los actos del Parlamento (44), que está en el origen del control de constitucionalidad de las leyes. Esta vieja concepción, que entraría en conflicto con la aparición de la parliamentary sovereig- nity en el siglo xvm, se mantiene aún en el imaginario colectivo de los ingleses, tanto que en su himno nacional uno de sus párrafos pide a la Reina que «defends our Laws», lo que, evidentemente, dice GOUGH, no se reñere a las copiosas recopilaciones legislativas (statute books, el equivalente de nuestro «Aranzadi») en vigor, constantemente reno- vadas, sino a ese núcleo esencial del viejo y buen Derecho (pennanent vestad rights) (45), que sigue entendiéndose que sería el secreto pro- fundo de la libertad del pueblo inglés y de su éxito histórico.
Más aún. En la clásica exposición histórica del Derecho Adminis- trativo que hizo Otto MAYER (46), en el primer estadio, el que llama de «los derechos de superioridad del Príncipe o regalías», las prerro- gativas de éste «encuentran un límite en los derechos individuales de
los subditos ...
derechos a los que se llaman derechos adquiridos [woh-
lerworbenen RechteJ, jura quaesita
dado sobre un título especial
El jus quasitum
es el derecho fun-
... una barrera verdadera que se oponía al
... poder público, fuese cual fuese la forma en que éste pudiera aparecer, le-
gislación, justicia o administración». Ese título que origina el derecho adquirido podía tener el mismo origen que la regalía, esto es, un «tí- tulo especial» (concesión imperial o regia, convención, prescripción), y obtienen la protección de los tribunales imperiales (47). De ahí la
(44) Cfr. una revisión reciente de esta influencia en el Apéndice «Dr. Bonham case» del libro de R. BIÍRGER, Congress v. The Supreme Court, Harvard, 1969, págs. 649 y ss., y allí referencias. (45) J. VV. GOGH, pág. 50; o en palabras de un jurista del siglo XVIII, EuOT, the ancient and fundamental Law of this Kingdom (pág. 51). La expresión explícita the good oíd Law se usó hasta el siglo xvi (pág. 68).
(46) Cito por la edición francesa de 1903 que hizo el mismo autor, Le Droit Adminis- tratifallemand, tomo I, París, 1903, págs. 24 y ss. La exposición se mantiene virtualmente incambiada en las ulteriores ediciones alemanas, la última de 1923. Manejo la 2.°, Deuts-
ches Venvaltungsrecht, 2. a ed
I, München und Leipzig, 1914, págs. 31 y ss. Puede verse
.. ahora en castellano sobre este autor la refrescante semblanza que de él hace F. SOSA WAG- MER, en su reciente libro Maestros alemanes del Derecho Público, Madrid, 2002, págs. 204 y ss.; en especial, sobre esta obra, págs. 220 y ss. (47) O. MAYER, págs. 33-34. El autor cita a los autores del antiguo Derecho: FUTTER, MOSER, STRLBEN, etc., con explícitas declaraciones. Como ejemplo de que el sistema era el vigente en España puede citarse el caso del CONDE DUQUE DE OLIVARES, que no podía revo- car los nombramientos de todos los funcionarios (abusivamente) nombrados por su prede- cesor el DUQUE DE LERMA en los Consejos y órganos centrales, porque se trataba, nos dice el espléndido libro de J. H. ELLIOT (El Conde-Duque de Olivares. El político en una época de de- cadencia, ed. esp., Barcelona, 1990, pág. 150), de «un sistema administrativo en el que no se podía privar a nadie del cargo que ostentaba sin abrirle previamente un proceso judi- cial». Puede sorprendernos hoy, pero así era el «Estado de los derechos adquiridos», como hemos visto que recogían aún Leyes incluidas en la Novísima Recopilación.
normalidad con que esos derechos se convierten en hereditarios y la fortaleza y rigidez inconmovibles de los estamentos que los poseen. Todo esto cambia de forma radical cuando advienen las dos gran- des Revoluciones modernas, con su gran aportación, la democracia, edificada precisamente sobre la asignación al pueblo, a través de las Cámaras Legislativas, del poder legislativo. Este poder es ya, resuel- tamente, un poder de innovación del Derecho existente, sin que fren- te a esta potestad soberana pueda ser opuesto ningún derecho subje- tivo de nadie a permanecer en las regulaciones que son definitiva- mente derogadas y sustituidas. Este poder es, pues, absoluto, la expresión por excelencia de la soberanía del pueblo. Recordemos que la Revolución Francesa comenzó en el orden jurídico, tras la au- toproclamación de la representación del Tercer estado como Asam- blea Nacional titular del poder constituyente, incondicionado por ninguna Ley o título anterior (48), con la famosa abolición de todos los privilegios, y especialmente los hereditarios, en la desde entonces mítica fecha de la noche de 4 de agosto de 1789 (49). Por ello, el «Proyecto [girondino] de Declaración de derechos na- turales, civiles y políticos de los hombres», de 1793, artículo 33, es- pecificaba: «Una generación no tiene el derecho de sujetar a sus Le- yes a las generaciones futuras y toda herencia en las funciones es absurda y tiránica». De la Revolución americana podríamos citar infinidad de decla- raciones, de actos y de leyes, pero me parece que puede ser más ex- presivo recordar los famosos párrafos de un escrito de uno de los más relevantes «padres fundadores» o Framers, redactor él mismo de la Declaración de Independencia y, desde 1801, Presidente de la Unión durante dos períodos, hombre capital en la configuración jurí- dica del sistema, Thomas JEFFERSON (50). Escribió éste en una de sus justamente famosas cartas:
Permítaseme citar mi propio resumen en el libro La lengua de los derechos. La
formación del Derecho público europeo tras la Revolución Francesa, 2." ed., Madrid, 2001, págs. 102-103. «Todo el ideario político de la Revolución está contenido, como el árbol
frondoso en la semilla, en el fundacional texto de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. En su artículo 3 se ha inscrito la idea esencial del nuevo orden po- lítico: "El principio de toda soberanía reside esencialmente en la Nación. Ninguna corpora- ción o estamento, ningún individuo puede ejercer autoridad que no emane expresamente de ella". Partiendo de que todos los hombres "nacen y permanecen libres e iguales" (art. 1 de la Declaración), sólo de ellos mismos puede surgir un poder que les afecte. Sólo la co- munidad puede disponer sobre sí misma. Es el principio básico sobre el poder que la Revo-
lución aporta
Es el soporte de la rebelión del tercer estado, de su autodenominación
... como Asamblea Nacional y Asamblea Constituyente, de la proclamación de sus grandes de- cisiones constituyentes».
Vid. las referencias en mi libro citado La lengua de los derechos, pág. 20.
Vid., por todos, sobre este capital protagonista, con más referencias, B. SCHWARTZ,
Main currents in American Legal Thought, Carolina Academia Press, Durham, 1993, págs. 53 y ss. Se me permitirá citar una preciosa anécdota de John F. Kennedy. Éste reunió a ce-
«¿Puede una generación vincular a otra, a todas las de- más, en sucesión perpetua? Yo pienso que no. El crea- dor ha hecho la tierra para los vivos, no para los muer- tos. Los derechos y los poderes sólo pueden pertenecer a las personas, no a las cosas, no a la mera materia, no dotada de voluntad. Los muertos no son ni siquiera co- sas. Las partículas de materia que compusieron sus cuerpos forman parte ahora de los cuerpos de otros animales, vegetales o minerales, en cientos de formas. ¿A qué, entonces, están unidos los derechos y poderes que ellos tuvieron mientras poseyeron forma de hom- bres? Una generación puede vincularse ella misma mientras su mayor parte continúa viva; cuando ha des- aparecido, otra mayoría ha ocupado en su lugar todos los derechos y deberes que sus predecesores habían po- seído una vez y pueden cambiar sus Leyes e institucio- nes para que les sirvan a ellos. Nada, pues, es inaltera- ble, salvo los derechos inherentes e inalienables del hombre» (51).
Con su naturalismo un tanto ingenuo, JEFFERSON proclama aquí vigorosamente que la tierra pertenece a cada generación viviente, lo
que jurídicamente significa que el Legislador democrático
que va re-
presentando sucesivamente a cada generación en ejercicio no está en modo alguno vinculado por las Leyes dictadas por otras genera- ciones, o aun por la misma Cámara, supuesto que ésta, como vimos
nar una noche en la Casa Blanca a todos los americanos vivos que habían sido laureados con el Premio Nobel y, al hacer el brindis final del acto, dijo: «Pienso que ésta es la más ex- traordinaria colección de talento, de conocimiento humano que ha estado reunido junto en la Casa Blanca, con la posible excepción de cuando Thomas Jefferson cenaba solo» (solo, porque si le acompañaba alguien la media de talento, inevitablemente, descendía). A JEFFERSON (cuyos faros jurídicos eran COKE y BLACKSTONE) quizás se deba, en particular, el mantenimiento de los Estados Unidos en el common law. lo que no es precisamente
poca cosa (SCHWARTZ, págs. 55 y ss.). TOCQUEVILLE le llamó (cit. por SCHWART, pág. 57) «el
más grande demócrata que la democracia de América ha producido nunca». Fue, por cier- to, el redactor personal nada menos que de la esencial «Declaración de Independencia» de 1776 (vid. el clásico libro de Cari BECKER, The Declaralion of Independence, ed. de New York, 1960, págs. 116 y ss. y 136 y ss.) y el redactor también de la mayoría de los 126 famo- sos draft biüs de Virginia, que fueron un modelo general del nuevo Derecho, especialmente en cuanto a la nueva consideración del derecho de propiedad privada, liberándola de los elementos feudales que subsistían (y aún se mantienen parcialmente) en el Derecho inglés, una de las bases del capitalismo americano, y con la abolición de los mayorazgos (SCHWARTZ, págs. 65 y 58 y ss., respectivamente).
Letler to Major John Cartwright, de 1824. La traduzco del libro Tl¡e Life and Selec-
ted Writings of Thomas JEFFERSON, ed. por A. KOCH y W. PEDEN, New York, 1972. pág. 714.
Quizás resuenen aquí conceptos del Proyecto de Declaración de derechos girondino, que JEFFERSON pudo conocer como Embajador que fue en París de los EE.UU. durante el perío- do revolucionario.
que resaltaba certeramente MAURER, es la única intérprete capaz de expresar jurídicamente las necesidades o políticas nuevas, las aspira- ciones cambiantes del pueblo, que sólo así, con esa libertad plena, puede navegar en la historia. La democracia, que es la que ha creado enteramente el concepto mismo de Legislación sobre el que hoy vivimos (52), no tolera la invo- cación de ninguna confianza, o comodidad, o interés de nadie en mantener la situación existente y que pueda justificar la imposibili- dad de que el Legislador pueda cambiar la Ley a su arbitrio. De esta omnipotencia salva JEFFERSON, como se habrá notado, los derechos fundamentales del hombre, único espacio (además de los particula- rismos de cada Constitución) irreductible al mismo. «La libre confi- guración» (53), como facultad necesaria del Legislador, resulta insos- layable y echa por tierra definitivamente cualquier intento de condi- cionarla invocando la confianza que cualquiera pudiera haber puesto en una estabilidad normativa cualquiera o gravando su ejercicio con cargas indemnizatorias en favor de quienes invoquen un perjuicio de- rivado del cambio normativo. Es una regla esencial del sistema. El Tribunal Constitucional ha sido en alguna ocasión categórico a este respecto, como en su Sentencia 108/1986, de 29 de julio, cuando dice:
«La teoría (calificada de «huidiza») de los derechos ad- quiridos no está acogida deliberadamente en la Constitu-
ción (STC 27/1981, de 20 de julio) ...
que justifica el res-
peto que merece el campo de acción del Legislador y las
posibilidades de reforma del ordenamiento jurídico pro- pios de un Estado social y democrático de Derecho (art.
1.1 de la Constitución), que hace que aun en la hipótesis de existencia de derechos subjetivos (y con más razón, sin duda, tratándose de expectativas) no podría invocar-
se el principio
de seguridad jurídica para hacerlos valer
frente al Legislador ante este Tribunal».
Difícilmente, como se ve, se puede ser tan claro. Hemos de hacer la reserva de los derechos patrimoniales garantizados expresamente
(52) Cfr. mi ya citado libro La lengua de los derechos, pág. 122, nota 1, que puntualiza la completa novedad de los términos «legislación», «legislar» en las lenguas modernas (francés, inglés, alemán, español), términos que no irrumpen en éstas hasta finales del si- glo xvm o principios del xix.
concepto, vid. el Curso de Derecho Administrativo de T. R. FERNANDEZ y
yo mismo, vol. I, 10." ed., 2001, pág. 125. El concepto procede del Derecho Constitucional
alemán (Cestaltungsfreiheit des Gesetzgebers) y lo reitera constantemente nuestro Tribunal Constitucional.
(cuando no se trata de meras «delimitaciones de su contenido de
acuerdo con las Leyes», salvadas como legítimas
por el art. 33.2 de la
Constitución) por el artículo 33.3 de esta última. Por ello, se entiende perfectamente la categórica afirmación de J. GARCÍA LUENGO, en la más autorizada exposición del principio de protección de la confianza legítima con que cuenta nuestra biblio- grafía (54): «Creemos que la alegación del principio en este contexto [de la responsabilidad del Estado Legislador] no tiene sentido».
Hemos acudido al reto específico que la invocación del principio de protección de la confianza legítima nos ofrecía como supuesto fundamento de una responsabilidad patrimonial del Estado Legisla-
dor y creemos que hemos podido demostrar lo insostenible de esa
tesis, que, no obstante, utilizan con sorprendente
resolución el Tribu-
nal Supremo y la doctrina que le respalda y le alienta a ulteriores de-
sarrollos aún más extensos. Pero lo que quizás sea digno de notar todavía es que el autor más caracterizado entre quienes a principios del siglo xx postularon la normalidad de una responsabilidad patrimonial por hecho de las Le- yes, en la que veía una de las líneas de progreso del Derecho, León DUGUIT, como vimos más atrás, es también quien formuló más lúci- damente la doctrina sobre la inexistencia de derechos oponibles de ningún tipo a la potestad libre del legislador para cambiar a su arbi- trio las regulaciones existentes. Aludo a su famosa y lúcida concep- tualización de la doctrina de las «situaciones jurídicas», doctrina que, formulada en su Traite de Droit Constitutionnel (55), pasó a ser considerada en adelante en el Derecho Público francés como la esen- cia misma de la «técnica jurídica» (56). La base de esta construcción está en la distinción entre situaciones jurídicas subjetivas o indivi- duales y situaciones jurídicas objetivas, generales o impersonales.
J. GARCÍA LUENGO, El principio de protección de la confianza, cit., pág. 79.
Cito por la 3.° ed., tomo II, París, 1928, en particular págs. 238 y ss. Vid. también
en el tomo I, 1926, págs. 307 y ss.; y en el tomo V, págs. 308 y ss.
(56) Bajo ese epígrafe («La technique juridique dit Droit Administratif», que procede directamente de G. JÉZE, como veremos), todavía el Profesor Andró DE LAUBADÉRE expuso, en todas las ediciones que publicó en vida de su excelente Traite de Droit Administratif, esa construcción conceptual de las situaciones jurídicas, que conecta directamente a DUGLIT y
a su escuela, en la cual él se movía. Son los «conceptos de base» del Derecho Administrati-
vo, dice. Vid. el tomo I de su Traite de Droit Administratif, ed. de J. C. VENEZIA e
MET, 9. a ed.,
París, 1984, págs. 15 y ss., en particular págs. 16 y ss. Por cierto que
Y. GAUDE- en la últi-
ma edición, la 16. a , de 2001, ya bajo la responsabilidad exclusiva de Y. GAUDEMET, esa expo-
sición inicial ha desaparecido (incluso en el índice de materias).
Las primeras son situaciones especiales, individuales y temporales, y su contenido y extensión están determinados por un acto singular distinto de la Ley, aunque de conformidad con ésta. Estas situacio-
nes no pueden ser afectadas por una Ley nueva; cuando el título es-
pecial las creó
eran conformes a la Ley, y la Ley ulterior no puede
privarlas de la validez que de la anterior han derivado; sólo una Ley con retroactividad máxima, que DUGUIT considera contraria al «Dere- cho superior», podría hacerlo, pero la validez de esta Ley sería cues- tionable. Ejemplo entre todos: un contrato válidamente celebrado. En cambio, las situaciones jurídicas generales, impersonales y obje- tivas, que son las creadas por Leyes o Reglamentos igualmente gene- rales, impersonales y objetivos, no tienen ninguna posibilidad de perseverar ante el cambio de la Ley o Reglamento que las ha creado y que puede, con la misma potestad, sustituirlas por una nueva si- tuación general y objetiva, frente a la cual ninguno de los incluidos en la situación legal o reglamentaria anterior tiene absolutamente ningún derecho. Son situaciones legales o reglamentarias, definito- rias de status legales a los que están acogidos un número indetermi- nado de sujetos, eventualmente todos (por ejemplo, el status de la nacionalidad). Son, pues, el resultado de la aplicación misma de la Ley o del Reglamento que las ha definido. Lo característico es, por tanto, que si la Ley o el Reglamento que han creado esa «situación objetiva» cambian, las situaciones anteriores dejan en el mismo mo- mento de existir y los sujetos afectados pasarán a tener los derechos que resulten de la nueva Ley, exclusivamente, sin que puedan opo- nerse a esa sustitución. «La situación legal creada directamente por la Ley puede ser siempre modificada por una Ley nueva. Y esto no implica ningún efecto retroactivo» (57). Toda regla de Derecho afec- tará a sujetos, pero esta afección —dice DUGUIT— (58) «no constituye un carácter propio del sujeto, una modalidad de su voluntad. Pueden variar en número y en extensión, a pesar de lo cual la condición del
L. DUGUIT, Traite, II, pág. 240. Analiza distintos supuestos en que esa regla se apli-
caría: Leyes sobre estado y capacidad de las personas, sobre nacionalidad, sobre el estatuto de familia, quiebra y ejecución judicial, régimen de la propiedad y los derechos reales, si- tuación y competencia de los funcionarios, competencia de los Tribunales, procedimiento y medios de prueba, recursos, impuestos, Leyes penales, etc.
DUGUIT, Traite, I, págs. 215 y ss. En los términos de LAUBADÉRE (9. a ed., cit., de su
Traite, pág. 17), el interés de la distinción entre situaciones legales e individuales «es capi- tal, pues a cada uno de los dos tipos de situaciones se aplica un régimen jurídico propio ...
El principal interés de la distinción concierne a la posibilidad de modificaciones aportadas
por vía general a las situaciones jurídicas una vez que éstas han sido adquiridas por titulares
Las modificaciones producidas en las Leyes y Reglamentos [que crean esas si-
tuaciones] se aplican de plano a los titulares ya investidos de las mismas
las situaciones individuales y subjetivas no son tocadas por modificación de las Leyes y de los Reglamentos, porque su contenido no ha sido determinado por ellos. Son, se dice a ve- ces, intangibles».
sujeto no cambia, incluso ni es siquiera modificada. Su situación continúa la que era, la de un individuo perteneciente a un grupo so- cial, sometido a la norma jurídica de ese grupo. La norma evolucio- na, pero el individuo miembro del grupo permanece siempre en la misma situación; sigue siendo un ser social sometido a la Ley del grupo de que forma parte. Esto es lo que yo he querido expresar en mis obras precedentes al decir que él está, a este respecto, en una si- tuación puramente objetiva». Estos conceptos, más precisados y desarrollados por JÉZE, BON- NARD y toda la Escuela de Burdeos, pasaron a ser «la clave de bóveda de la sistematización de los actos jurídicos y de su régimen» (59), pa- san a dominar el Derecho público francés hasta muy recientemente. Su punctum saliens, como se habrá notado, se sitúa en el fenómeno de la mutabilidad y de la intangibilidad, respectivamente, de dichas situaciones. Lo que ahora nos interesa es que la mutabilidad es la esencia de las situaciones legales y objetivas. DUGUIT lo explicaba di- ciendo que la Ley o el Reglamento que las crean no es más que la consagración oficial de diversos imperativos sociales, que a su vez proceden del principio primero de la «solidaridad» social. Esta so- lidaridad es esencialmente variable, cambiante y evolutiva, lo que justifica la mutabilidad de las reglas de Derecho (60). JÉZE lo expre- saba de manera especialmente pertinente para nuestra cuestión:
«Políticamente es absurdo, quimérico y criminal querer encerrar las generaciones sucesivas en las instituciones políticas, administrativas, sociales, etc., que quizás es- tén en contradicción absoluta con el ideal del momen- to, la moral a la moda, los ideales de justicia, las nece- sidades, políticas, económicas, etc.; es forzar a una generación a la revolución y a la violencia» (61).
Sin perjuicio de que la doctrina haya merecido ciertas críticas (62), es lo cierto que la misma ha prestado notables servicios para diluci- dar el problema de la posibilidad y de los efectos de los cambios normativos. Es así un hecho que la explicación de los efectos de la mutación de las situaciones generales y objetivas, legales y reglamen-
(59) Vid. una última exposición crítica en C. YANNAKOPOULOS, La notion de droits ad- quis en Droit Administratiffrangais, París, 1997, págs. 284 y ss., de quien procede la frase entrecomillada en el texto.
DUGUIT, Traite, I, pág.
(61) G. JÉZE, Du retrait des actes juridiques, «Revue de Droit Public», 1913, pág. 225, en especial pág. 229.
Vid. YANNAKOPOULOS, La notion de droits adquis, págs. 288 y ss., con más referen-
tarias, sigue acudiendo, aun despojándola de algunos de sus conven- cionales elementos, a la explicación duguitiana.
Así, con alguna base en la doctrina propia (63), tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo la adoptaron para negar
cualquier derecho a permanecer
en el régimen modificado al cam-
biarse en sentido restrictivo o reductor el estatuto legal de funcio- narios y jueces, fuese cual fuese la «confianza» que los interesados
pudiesen haber depositado en su permanencia. Recordamos estos pronunciamientos.
— Sentencia
108/1986, de 29 de julio. El Tribunal Constitucional
se enfrenta con la reducción de la edad de jubilación de jueces y ma- gistrados por la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985. Dice: «El que el Estatuto de los jueces esté fijado por una Ley significa que la Ley define los elementos que la componen y que puede modificarlos,
dentro, naturalmente, de la Constitución
Sólo son expropiables, y
... por tanto indemnizables, la privación de bienes o derechos o incluso
intereses patrimoniales legítimos aún no garantizados como dere- chos subjetivos (por ejemplo, las situaciones de precario); pero en
ningún caso lo son las expectativas. Más aún, la doctrina jurídica y la jurisprudencia consideran, casi unánimemente, que sólo son indem- nizables las privaciones de derechos ciertos, efectivos y actuales,
pero no eventuales o futuros. En la medida en que, como
cho, no existe un derecho adquirido a que se mantenga una determi-
nada edad
de jubilación, debe concluirse que de lo que se ha privado
a Jueces y Magistrados es de una expectativa, pero no de un derecho actual consolidado, con la consecuencia de que esa privación no es expropiatoria». — Sentencia 99/1987, de 11 de junio. Se enfrenta con la reduc- ción de la edad de jubilación de los funcionarios civiles de 70 a 65
ejemplo, el Curso de Derecho
Administrativo I, 10. a cd., 2001, de To-
más R. FERNANDEZ y E. GARCIA DE ENTERRIA, pág. 93: «El tema de la posible eficacia de los
derechos adquiridos como posible obstáculo a un cambio de regulación, ha solido abordar- se en Derecho Administrativo desde una famosa categorización de situaciones jurídicas que formuló a principios de siglo DUGUTT. Existen, por una parte, ciertas situaciones que se- rían objetivas, legales o reglamentarias, porque son generales y configuran status jurídicos
de todas las personas a las que se refieren en cuanto que tienen su origen directo en la ley o
norma que las creó y no en acto o resolución alguna
les situaciones
Nacidas directamente de la Ley, ta-
... habrían de seguir en todo momento las vicisitudes de la propia ley que les
... dio vida, cuya ulterior modificación, sustitución o abrogación por otra ley posterior no po- dría considerarse por ello atentatoria contra los derechos en su día reconocidos a sus titu- lares por la norma primitiva».
años por la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. «El funcionario que ingresa en la Administra- ción Pública se coloca en una situación jurídica objetiva, definida le- gal y reglamentariamente y, por ello, modificable por uno u otro ins- trumento normativo de acuerdo con los principios de reserva de Ley y de legalidad, sin que, consecuentemente, pueda exigir que la situa- ción estatutaria quede congelada en los términos en que se hallaba
regulada al tiempo de su ingreso
Se ostenta el derecho a la jubila-
... ción y al disfrute de las situaciones legalmente reconocidas, pero no el derecho sino la expectativa frente al Legislador a que la edad de jubilación o el catálogo de las situaciones continúen inmodificadas por el Legislador, de modo que permanecieran tal y como él las en- contró al tiempo de su ingreso».
— Sentencia 70/1988, de 19 de abril. La misma doctrina a propó-
sito de la misma reducción de la edad de jubilación forzosa a los profesores de EGB (Real Decreto-Ley 17/1982, de 24 de septiembre). — Sentencia 65/1990, de 5 de abril. ídem a propósito de la agrava- ción del régimen de incompatibilidades de los funcionarios por la Ley de Presupuestos para 1984.
B) Sentencias del Tribunal
Aquí podrían citarse infinidad de Sentencias, especialmente co- nocidas en materia de los famosos «derechos adquiridos» de los fun- cionarios, en nombre de los cuales éstos han solido recurrir con nor- malidad las modificaciones (primero sólo las reglamentarias, dada la inexistencia de un control de constitucionalidad de las Leyes; tras la Constitución de 1978, también las modificaciones legislativas, como hemos podido comprobar ya con la anterior reseña de Sentencias del Tribunal Constitucional). Pues bien, el Tribunal Supremo ha mantenido siempre, con clara determinación, que no existían tales derechos adquiridos, de modo que llegasen a impedir la modificación in pejus para sus destinatarios, del régimen jurídico funcionarial existente en un momento dado. Esta cuestión ha sido estudiada, clásicamente, por un justamente famoso estudio de Alejandro NIETO en el núm. 39 de esta REVISTA, de 1964, recientemente incluido por el autor en su recopilación Estu-
dios de Derecho y Ciencia de la Administración,
2001, acometida con
motivo de su jubilación universitaria (64).
(64) A. NIETO, LOS derechos adquiridos de los funcionarios, núm. 39 de esta REVISTA,
1964. La citada recopilación, editada por el Centro de Estudios Políticos y Constituciona-
EL PRINCIPIO DE PROTECCIÓN DE LA CONFIANZA LEGÍTIMA COMO SUPUESTO TITULO JUSTIFICATIVO
En este trabajo se resume la jurisprudencia producida desde 1900 y su sentido uniforme es que los funcionarios no pueden pretender la estabilidad permanente y definitiva de la regulación funcionarial en un momento dado (65). Unas veces bajo el imperio de la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa de 1894, en el carácter pura- mente discrecional de esa reforma normativa, cuando frente a la dis- crecionalidad no se admitía la protección de derechos; otras en la idea de que la norma sólo garantiza los derechos surgidos durante su vigencia pero no su permanencia indefinida; otras, en fin, en la doc- trina duguitiana de las situaciones jurídicas objetivas legales y regla- mentarias, que se importa a España a través de la traducción de la obra de JÉZE que hizo el Profesor GARCÍA OVIEDO y que éste manten- drá luego en su manual (66).
No tendría demasiado interés que adujésemos ahora toda la juris- prudencia ulterior a la exposición de Nieto en 1962. Baste decir que, sin una sola excepción, se reitera la misma doctrina. Nos interesa ahora solamente exponer la posición del Tribunal Supremo ante las reformas del régimen funcionarial que se plasman sobre todo por vía legislativa a partir de la Ley 30/1984, reformas ante las que conoce- mos ya las reacciones explícitas del Tribunal Constitucional, expues- tas en el anterior apartado.
— La primera Sentencia del Tribunal Supremo en esa materia es la de 30 de noviembre de 1992 (67). Es la primera en que el Tribunal Supremo se enfrenta con las restricciones a los derechos anteriores de los funcionarios que operó la Ley 30/1984, en concreto en este caso con la supresión del llamado «turno de consorte» para los tras- lados en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza General Básica, que
les, Madrid, 2001, incluye este trabajo en sus págs. 482 y ss. En la nota previa de la inclu- sión en este libro de su trabajo, cuarenta años después de su publicación. NIETO se sorpren- de de que a su trabajo no hayan seguido otros más actuales y los reclama para que «ese viejo artículo de 1962 pueda, al fin, ser jubilado después de tantos años de servicio». Pero el que ese trabajo no haya sido actualizado es, justamente, porque resolvió definitivamente la cuestión y apenas queda nada nuevo que añadir, sino una larga cita de Sentencias poste- riores que siguen la línea que este clásico estudio marcó. Más que jubilarle, como dice su autor, lo que se puede precisar es, simplemente, ponerle al día. Debo aclarar que no es ésa mi intención aquí.
(65) Págs. 498 y ss. del libro de NIETO citado Estudios de Derecho y Ciencia de la Admi- nistración. (66) NIETO, Estudios, págs. 494-495; se transcribe allí la opinión de GARCÍA OVTEDO- MARTINEZ-USEROS, Derecho Administrativo, 8." ed., tomo II, 1962, pág. 190. La traducción es-
pañola de GARCÍA
OVIEDO es: G. JÉZE, LOS principios generales del Derecho Administrativo,
Madrid, 1928, con Prólogo del traductor; la distinción (bajo el mismo epígrafe de «Técnica jurídica», que comprende el Libro Primero de la obra) entre situaciones generales e imper- sonales y las individuales y subjetivas, en págs. 37 y ss., sobre las tesis de Ducurr, que perfi- la. En la edición argentina de su obra, ya completa, en 6 volúmenes, con otro traductor y so- bre otra edición posterior del original francés, Buenos Aires, 1948, vid. tomo I, págs. 13 y ss.
(67) Aranzadi, 9393. Ponente, R. TRILLO.
había operado el Real Decreto de 14 de junio de 1989, pero al ampa- ro de una habilitación contenida en la Ley 30/1984, Disposición Adi- cional 15. El Tribunal Supremo recuerda su doctrina sobre la inexis- tencia de «derechos adquiridos» en su FJ 4.°, en estos términos:
«Es doctrina jurisprudencial de esta Sala, reflejada en-
tre otras en Sentencias de 8 de
mayo de 1981 y 29 de
noviembre de 1986, la de que los funcionarios públicos sujetos a un status legal y reglamentario sometido al poder innovatorio de la Administración, no pueden es- grimir con éxito más que los derechos que por consoli- dación hayan alcanzado la cualidad de adquiridos, que la propia doctrina jurisprudencial ha limitado a los de orden económico o al contenido de la función a reali- zar, pero no cabe alegar expectativas que entran de lleno en la potestas variandi de la Administración. Pre- tender que las meras o simples expectativas son suscep- tibles de protección jurídica frente a la norma posterior que modifica el régimen establecido en la anterior es desconocer la virtualidad y eficacia de las normas, como correctivas de situaciones innovativas de las rela- ciones jurídicas que han de ser condicionadas por las situaciones sociales cambiantes».
Como se ve, el Tribunal Supremo conoce perfectamente la doctri- na que expone. Niega seguidamente la existencia de una expropiación de dere- chos, por no existir violación del artículo 33 de la Constitución (FJ 6.°):
«En relación con la acusada vulneración del artículo 33
repetimos una vez más para re-
..., chazar esta presunta vulneración que el RD 895/1989 [impugnado] no priva de derechos y sí tan sólo elimina la expectativa a participar en la adjudicación de plazas por el "turno de consortes", por lo que siendo, según doctrina de esta Sala, sólo expropiables la privación de bienes y derechos e incluso de intereses legítimos, pero en ningún caso las expectativas y sólo indemnizables las privaciones de derechos ciertos, efectivos y actuales, pero no los hipotéticos y eventuales, mal puede soste- nerse que el precitado RD infrinja dicho precepto de la Constitución».
La doctrina es, pues, firme y es importante notar que la Senten- cia viene a admitir que sólo por la vía de la violación del artículo 33 de la Constitución (que, en todo caso, en el supuesto de una Ley sólo hubiese motivado el planteamiento de una cuestión de inconstitucio- nalidad ante el Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Supremo no podría declarar por sí solo tal infracción) es como puede llegarse a declarar una responsabilidad del Legislador.
— Otra segunda Sentencia de la misma fecha, de 30
de 1992 (68), es sumamente importante: fue dictada por el Pleno de la Sala 3. a del Tribunal Supremo para fijar un criterio, que luego se apli- có uniformemente en otra serie de Sentencias ulteriores, sobre las re- clamaciones de indemnización que miles de funcionarios formaliza- ron al ser jubilados como consecuencia de la reducción de la edad de jubilación de 70 a 65 años que operó la Ley 30/1984, de 2 de agosto. El retraso temporal de la decisión judicial se debió a que inicialmente el Tribunal Supremo no entró en el fondo de las reclamaciones, para remitirlas, previa una nulidad de actuaciones, a una reclamación pre- via ante el Consejo de Ministros, tras cuya decisión desestimatoria se formalizaron los nuevos recursos contencioso-administrativos cuya decisión marcó esta Sentencia del Pleno.
La Sentencia me parece excelentemente motivada, opinión que ve- remos que no comparte toda la doctrina. Comienza rechazando que del artículo 9.3 de la Constitución se derive directamente una respon- sabilidad del Legislador en nuestro Derecho, ante la falta de un desa- rrollo legislativo del principio abstracto, como ha ocurrido en el caso de la responsabilidad de la Administración (en desarrollo del art. 106.1 de la Constitución) y de la actuación de los órganos judiciales (en desa- rrollo del art. 121). En todo caso, no resulta posible la aplicación ana- lógica del régimen de responsabilidad de la Administración, pues todas las normas que lo rigen se refieren al «funcionamiento de los servicios públicos», concepto en el que no es posible subsumir al Legislador. El Derecho Comparado ofrece soluciones contradictorias, según ten- gan o no una jurisdicción constitucional, dice. Pero, en último término:
«No podría invocarse como soporte para generalizar la
responsabilidad a los daños y perjuicios derivados de la aplicación de cualquier Ley no expropiatoria (69) ocasio- nados en meras expectativas de derechos, en los derechos no consolidados»,
Aranzadi, 8769. Ponente, C. GONZÁLEZ MALLO.
Sobre la pertinencia de la distinción entre Leyes expropiatorias y no expropiato-
rias o reguladoras, remito a lo indicado más atrás en esta obra.
citando las Sentencias del Tribunal Constitucional que habían decla- rado constitucionales las Leyes que adelantaron la edad de jubila- ción de funcionarios, jueces y magistrados y profesores de EGB:
«Admitir lo contrario conduciría a una petrificación le- gislativa para evitar las importantes consecuencias eco- nómicas de modificaciones que pretendan adaptar la
a las nuevas circunstancias polí-
... ticas, económicas y sociales»,
concepto que ya conocemos. En fin, cita el artículo 139.3 de la Ley 30/1992, aunque por su fecha no sería aplicable a los hechos, y del que también resultaría la exclusión de un derecho de indemnización. La doctrina de esta Sentencia será reiterada en cuantas reclama- ciones de responsabilidad se formularon por la reducción de la edad de jubilación y otras restricciones de los derechos reconocidos hasta entonces en la Ley por nuevas Leyes contrarias. Merece la pena observar que contra esta Sentencia, que nos pare- ce perfectamente correcta, se elevó una nutrida crítica, en general inspirada por los funcionarios afectados, directa o indirectamente, y por quienes defendieron sus procesos (70). Pero un autor reciente
(70) No parece necesaria una relación completa, que se encontrará, por lo demás, en las obras sobre la materia, últimamente GALÁN VIOQUE, págs. 479 y ss. Especial significa- ción, la postura de F. GARRIDO FALLA, La responsabilidad del Estado Legislador en la nueva Ley 30/1992 y en la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de noviembre de 1992, en «REDA», núm. 77, págs. 125 y ss. GARRIDO, que defiende la eficacia directa en la materia del artículo 9.3 de la Constitución, estima, en todo caso, que sólo por la vía del artículo 33, previa de- claración de inconstitucionalidad de la Ley es posible llegar a la consecuencia de la respon- sabilidad patrimonial, fórmula mucho más ponderada que la de otros autores entusiastas. Donde estimo que está el error (lo que yo entiendo error, naturalmente) de GARRIDO es en entender que hay expropiación legislativa siempre que se produzca una afección de «dere- chos o intereses patrimoniales legítimos», en los términos del artículo 1." de la Ley de Ex- propiación Forzosa, cuando lo que hay que dilucidar según el texto del propio artículo 33 de la Constitución (y según ocurre en todos los Derechos que conocen el control de consti- tucionalidad de las Leyes, desde el Derecho norteamericano, que forjó hace más de cien años la distinción entre taking y regulation, siendo indemnizable sólo la primera de estas fi- guras) es si nos encontramos ante una «delimitación del contenido» de los derechos, según su función social, o ante una verdadera expropiación, «despojo» o «ablación», que sería la expropiación legislativa estricta, como ha precisado una jurisprudencia constitucional fir- me y repetida, que hace sólo indemnizable el último supuesto y en modo alguno el prime- ro. Sobre lo cual remitimos a otro lugar de esta obra, aunque citemos ya ahora las Senten- cias constitucionales 227/1988 (sobre la Ley de Aguas), 149/1991 (sobre la Ley de Costas), 6/1998 (sobre el Real Decreto-Ley de 20 de julio de 1979, que redujo ciertos beneficios fis- cales en la contribución urbana), 108/1986 (sobre la Ley Orgánica del Poder Judicial y su rebaja de la edad de jubilación de jueces y magistrados), 99/1987 (sobre la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, que redujo la edad de jubilación de los funciona- rios), 70/1988 (sobre el Real Decreto-Ley de 24 de septiembre de 1982, con la misma reduc- ción para los profesores de EGB), 65/1990 (sobre la Ley de Presupuestos para 1984, que agravó el régimen de incompatibilidades económicas de los funcionarios), 401/1993 (sobre la Ley de Propiedad Horizontal de 1960), 89/1994 (sobre la Ley de Arrendamientos Urba- nos de 1989), etc.
lleva su entusiasmo por la doctrina de la responsabilidad general por hecho de las Leyes hasta el punto de llamar a esta Sentencia «/a anti- La Fleurette española» (71). Este juicio carece de sentido, con todos los respetos. No hay paralelismo posible entre el arrét La Fleurette, en el que el Consejo de Estado reconoció una indemnización a una sola empresa afectada por una Ley de protección de un sector industrial determinado, supuesto que puede calificarse sin violencia de expro- piatorio (calificación que la ausencia de una jurisdicción constitucio- nal venía a forzar al Consejo de Estado a la decisión que adoptó, que en todo caso no se hizo sin constatar expresamente que el Legislador ni directa ni indirectamente había excluido indemnizar), con una operación de reconfiguración global de la función pública, afectante, pues, a millones de personas. Operaciones de esta significación y al- cance las ha realizado Francia, como se comprende, en los casi se- tenta años transcurridos desde 1938 a la actualidad por docenas, sino centenas, en el convulso panorama político que ha dominado en Francia durante ese tiempo, y ni al Consejo de Estado, ni a ningún jurista, ni siquiera a DUGUIT, como hemos visto, padre absoluto de la doctrina general de una responsabilidad por hecho de las Leyes, se les ha ocurrido gravar al Estado con indemnizaciones que probable- mente hubieran supuesto la ruina de su Hacienda.
Hay que precisar que el propio autor que tan duramente critica esta Sentencia es consecuente, pues en otro lugar de su libro (72) re- conoce lúcidamente que, dado que el anticipo de la edad de jubila- ción afectaba, según un autor, a 200.000 funcionarios (en realidad, a muchos más, pues la tesis de los derechos adquiridos afectaría a la to- talidad de los funcionarios activos existentes en el momento en que la Ley 30/1984 se dicta, más de dos millones, aunque no pudiesen hacer- lo valer hasta el momento de la jubilación rebajada), «el aumento del
déficit público que hubiese causado la ejecución de todas las sentencias de este tipo podría haber alejado a España de la moneda única» y hasta
causar una agravación seria de la crisis económica iniciada justamen- te en 1992. Pero el autor parece dispuesto a pagar ese precio exorbi- tante en favor de la sacrosanta doctrina de la responsabilidad del Es- tado Legislador y de la garantía patrimonial absoluta asegurada a los beati possidentis de los supuestos derechos adquiridos. El principio fíat iustitia, pereat mundus parece excesivo como precio de una simple convicción doctrinal, que, por lo demás, esti- mamos, como intentamos justificar, que no es correcta, con todo res-
(71) R. GALÁN VIOOUE, La responsabilidad del Estado Legislador, cit., pág. 478, «consti-
tuye, a nuestro juicio, un grave retroceso en la consagración del principio de garantía del patrimonio de los particulares frente a la actuación de los poderes públicos» (pág. 479).
(72) GALÁN VIOQUE, pág. 480.
peto por quienes opinan lo contrario. La coherencia del sistema polí- tico y social, como se ve, parece excluir esa convicción entusiasta, que no se encuentra, rigurosamente, en ningún país occidental y que sería un obstáculo definitivo para su desarrollo y su progreso. Felizmente, ese riesgo quedó en esta ocasión eliminado pues la doctrina de la Sentencia del Pleno del Tribunal Supremo que acaba- mos de resumir fue repetida en cuantas ocasiones análogas se pre- sentaron con motivo de la reducción del nivel de derechos funciona- riales iniciada en 1984. No tiene mucho interés hacer ahora un catá- logo completo de esta serie (73). La doctrina duguitiana de las situaciones jurídicas generales, im- personales y objetivas ha jugado, pues (certeramente, a mi juicio), un papel decisivo para el mantenimiento tanto en el Tribunal Consti- tucional como en el Tribunal Supremo en la línea correcta en ese momento clave del problema que fue la reforma de la legislación funcionarial.
(73) Puede verse un resumen en M." José GALLARDO TRILLO, Seis años de jurispruden- cia sobre jubilaciones anticipadas, en el núm. 133 de esta REVISTA, 1994, aunque en una ver- sión crítica. Hay que notar que el Tribunal Constitucional, que mantuvo siempre que esa legislación funcionarial no era inconstitucional, afirmó en alguna ocasión también que los perjuicios causados a los funcionarios afectados pueden ser «difícilmente justificables» (STC 70/1988), incluso más, que «de no ser corregidos pueden merecer algún género de compensación» (STC 108/1986). El Tribunal Supremo no aceptó que eso fuese una invita-
ción a declarar responsabilidad patrimonial por el hecho de tales Leyes y estimó (explícita- mente en Sentencias del Pleno de 13 de enero de 1996, FJ 4) que se trataba más bien de una reflexión dirigida al Legislador, lo cual era algo más, por cierto, que una salida ocu- rrente, pues de haber pretendido otra cosa el propio Tribunal Constitucional hubiese esti- mado la inconstitucionalidad de las Leyes restrictivas, lo que no hizo resueltamente en nin- gún caso, como el Tribunal Supremo resaltó. Éste mantuvo así firme su negación de responsabilidad patrimonial. Vid. Sentencias de 18 y 20 de enero de 1994, 3 y 20 de abril,
20 y 23 de mayo, 17 y 26 de junio de 1995, 13 de enero de 1996, ciembre de 1999, etc.
11 de febrero y 18 de di-
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