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Timestamp: 2019-02-20 01:23:17
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Ponente: ministra margarita beatriz luna ramos
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CONFLICTO COMPETENCIAL 102/2007.
SUSCITADO ENTRE EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA AMBOS DEL TERCER CIRCUITO.
PONENTE: MINISTRA MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIA: estela jasso figueroa.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diecisiete de octubre de dos mil siete.
V I S T O, para resolver el expediente relativo al conflicto competencial 102/2007, suscitado entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa ambos del Tercer Circuito, para conocer de la demanda de amparo directo promovida por Jorge Eduardo Sánchez Carrasco, contra el acto que reclamó del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, consistente en el laudo dictado el dieciséis de enero de dos mil siete en el expediente laboral 890/2003-B; seguido en su contra por el Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco.
PRIMERO. Por escrito presentado el veintiséis de febrero de dos mil siete, en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, Jorge Eduardo Sánchez Carrasco, por conducto de su apoderado, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y por el acto que se transcriben a continuación:
AUTORIDAD RESPONSABLE: Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco.
ACTO RECLAMADO: Laudo dictado con fecha dieciséis de enero de dos mil siete, dictado dentro del expediente laboral No. 890/2003-B.
SEGUNDO. La parte quejosa narró los antecedentes del caso, señaló como garantías violadas en su perjuicio las consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes.
TERCERO. Mediante acuerdo de veintinueve de junio de dos mil siete, el Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, a quien por razón de turno correspondió conocer de la demanda, la admitió a trámite y la registró con el número de expediente 375/2007.
El Tribunal Colegiado de referencia en sesión plenaria de cinco de septiembre de dos mil siete, emitió resolución en la que se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda presentada Jorge Eduardo Sánchez Carrasco, a través de sus apoderados, declinó la competencia al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito en turno y, ordenó remitir el cuaderno de amparo y anexos a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito.
Las consideraciones que sustentan esta determinación, son las siguientes:
“ÚNICO. Resulta innecesario transcribir los conceptos de violación, toda vez que este Tribunal Colegiado de Circuito se considera legalmente incompetente para conocer del presente juicio de garantías, en razón de la materia.--- Lo anterior es así, ya que como se desprende conjuntamente de la demanda y contestación a la misma, el conflicto sujeto a debate ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, origen del presente amparo, derivó de la destitución que como sanción por faltas administrativas se le impuso al ahora quejoso, por parte del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco, quien actuó para ello, no como patrón, sino como autoridad municipal, en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, cuyo artículo 3° le otorga dicha facultad, al establecer textualmente:--- ‘Artículo 3°. Las autoridades competentes para aplicar la presente ley serán: … IX. Los Ayuntamientos y dependencias municipales y sus descentralizados;…’.
--- Lo cual se corrobora con la resolución definitiva del procedimiento de responsabilidad administrativa número 13/2003-D.S.I.V., instaurado en contra del citado servidor público, mismo que en su parte conducente dice: (cuaderno de pruebas).--- (Se transcribe).--- Por tales circunstancias, el conflicto materia del juicio de origen es de naturaleza administrativa y no laboral, tal como lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la novena época, al resolver la contradicción de tesis 2/98, de la cual emanó la jurisprudencia número 14/99, publicada en la página 257, del tomo IX, marzo de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice textualmente:--- ‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. ES IMPROCEDENTE LA VÍA LABORAL PARA DEMANDAR LA REINSTALACIÓN O LA INDEMNIZACIÓN CUANDO LA DESTITUCIÓN, CESE O SUSPENSIÓN CONSTITUYE UNA SANCIÓN POR FALTAS ADMINISTRATIVAS.’ (Se transcribe).--- No obsta a lo anterior, que la autoridad responsable sea el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, quien si bien es cierto es una autoridad que de manera esencial aplica el derecho laboral burocrático a nivel Estatal y Municipal; también lo es que la misma Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, en su artículo 76, expresamente dota de competencia legal a ese órgano jurisdiccional, para conocer de este tipo de asuntos administrativos, donde la demanda interpuesta por un servidor público se formula con motivo de una sanción administrativa aplicada en su contra, como sucede en el caso, que es la destitución del servidor público, ya que en él se preceptúa lo siguiente:--- ‘Artículo 76. Las resoluciones por las que se impongan las sanciones administrativas previstas en las fracciones de la III a la VI del artículo 64 de esta ley, podrán ser impugnadas por el servidor público ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón…’.--- Así las cosas, en el caso, el tribunal responsable no actúa como autoridad laboral sino administrativa.--- Tiene aplicación, el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el conflicto competencial número 93/2001, suscitado entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, ambos de este Circuito y que en lo conducente: (Se transcribe).--- Tampoco es óbice, el hecho de que la demanda de amparo en cuestión hubiera sido admitida por acuerdo de Presidencia, toda vez que este tipo de acuerdos sólo corresponde a un estudio preliminar del asunto, pues el examen relativo a la competencia del tribunal atañe al propio Colegiado, motivo por el cual, en ese aspecto no causa estado.--- Asimismo, no constituye un obstáculo a la conclusión anterior, el hecho de que este órgano jurisdiccional hubiese conocido de los diversos amparos directos 597/2005 y 717/2005, relacionados entre sí, a los que recayeron sendas ejecutorias de fecha catorce de agosto de dos mil seis; lo anterior, dado que dichos asuntos ingresaron durante el período durante el cual, se modificó de manera temporal la competencia de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y por ese tiempo, también conocía de asuntos en materia administrativa.--- Consecuentemente, como se recibió una demanda de amparo directo de la que debe conocer un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 48 bis, último párrafo de la Ley de Amparo, este Órgano de Control Constitucional se declara legalmente incompetente para conocer de este asunto, siendo procedente remitirlo a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito, para que lo turne al tribunal que corresponda, con residencia en esta ciudad, a efecto de que proceda en términos del precepto aludido.”
CUARTO. Por proveído de diecisiete de septiembre de dos mil siete, el Magistrado Presidente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, órgano a quien se le turnó el amparo directo del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito tuvo por recibidos los autos relativos y formó el expediente de amparo directo en materia administrativa número 326/2007. En esa misma fecha emitió acuerdo en el que determinó que el Órgano Colegiado que preside es legalmente incompetente para conocer y resolver sobre el juicio de amparo en comento, considerando que el Órgano Colegiado que declinó la competencia es quien debe conocer del juicio de garantías, y ordenó remitir los autos relativos a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Los razonamientos en que se apoya esta determinación son los siguientes:
“Guadalajara, Jalisco, a diecisiete de septiembre de dos mil siete.--- Visto lo de cuenta se provee: Se tiene por recibido el oficio 6438/2007, que suscribe el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al cual adjunta, el juicio laboral 890/2003-B, en trescientas cincuenta y dos fojas, un sobre cerrado y un amparo directo 375/2007, en ochenta fojas, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. Acúsese recibo.--- Ahora bien, de los autos del citado amparo directo, se advierte la resolución de cinco de septiembre actual, mediante la cual, el citado Órgano Colegiado se declara legalmente incompetente para conocer y resolver dicho juicio de amparo, por tal motivo, ordena la remisión de los autos de referencia al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito a través de la Oficina de Correspondencia Común; cuyo conocimiento, en razón de turno, correspondió a este Tribunal Federal; sin embargo, este Órgano Colegiado carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Rosa Elena Meza Valle y Roberto Rodríguez Serrano, con el carácter de apoderados especiales del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, autoridad demandada en el juicio laboral 890/2003-B, del índice del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, en la que se combate la resolución de dieciséis de enero de dos mil siete, dictada en el citado juicio, ya que se estima que el competente para conocer de esa demanda es el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, por las consideraciones siguientes:--- El aludido Órgano Colegiado, que declinó la competencia argumentó medularmente lo siguiente: (Se transcribe).--- Ahora bien, el artículo 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece: (Se transcribe).--- La hipótesis prevista por dicho numeral no se actualiza en la especie, en razón de que el acto reclamado es de naturaleza laboral y, por ello, se surte el supuesto competencial previsto en el inciso d) de la fracción I del invocado artículo 37, que señala: ‘Artículo 37.-…I.- … d) En materia laboral, de laudos o resoluciones dictadas por Juntas o Tribunales Laborales Federales o Locales…;’, correspondiendo conocer del asunto a un Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo.--- En efecto, para una mejor dilucidación del anterior razonamiento, conviene tener presente lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al fallar, por unanimidad de votos, la competencia 59/2007, cuya sentencia pronunciada el ocho de agosto de dos mil siete, en su parte conducente dice: (Se transcribe).--- Del fallo transcrito se advierte que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco es competente para conocer de los conflictos laborales individuales que se presenten entre el Estado y los Municipios con sus servidores públicos o trabajadores regidos por la Ley para los Servidores Públicos del Estado y sus Municipios, así como de las resoluciones por las que se impongan sanciones administrativas en términos del artículo 64, fracciones III a VI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, ya que de conformidad con los artículos 72, 90, 91, 106, 107 y 116 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, tiene competencia para conocer de las controversias laborales que se susciten entre el Estado, los Municipios, los organismos descentralizados y empresas de participación mayoritaria con sus servidores, las que se regirán por la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, por las demás leyes y reglamentos de la materia, excepto los conflictos que surjan en las relaciones de trabajo de los servidores públicos integrantes del Poder Judicial y Consejo Electoral, ambos del Estado.--- Determinó además, que la Constitución Local prevé, por lo que hace a la responsabilidad en que puedan incurrir que será determinada, entre otros procedimientos por el administrativo y que se consideran con tal carácter a las personas que desempeñen un cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública del Estado o de los Municipios; y establece que será la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos la que determinará las obligaciones, las sanciones aplicables, los procedimientos y las autoridades encargadas de su aplicación.--- Precisó también, que la acción intentada ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco es de naturaleza laboral, cuando se demanda el cumplimiento de diversas prestaciones como lo son la reinstalación, el pago de salarios vencidos y devengados desde la fecha de la destitución, el pago de incrementos salariales y aguinaldo, entre otras.--- Ese alto tribunal resolvió, además, que al ser la resolución materia del acto reclamado en el juicio de amparo directo emitida por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, conforme al procedimiento establecido en la Ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos de esa entidad federativa, es suficiente para decidir la competencia a favor del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito.--- Lo anterior pone de relieve que no corresponde conocer del presente asunto a un tribunal especializado en la materia administrativa, en razón de que la resolución materia del acto reclamado en este juicio de amparo directo fue emitida por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, conforme al procedimiento establecido en la Ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos de esa entidad federativa, como se advierte de la sentencia emitida por la propia responsable el dieciséis de enero de dos mil siete, lo que es suficiente para concluir que la competencia del presente asunto corresponde a favor de un Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo.--- En las relatadas condiciones al haberse declarado el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo y, toda vez que este Tribunal Colegiado concluye que no tiene competencia para conocer del presente asunto, lo procedente es comunicar esta resolución al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y remitir los autos al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a lo dispuesto por el artículo 48 bis, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, que establece:--- ‘Artículo 48 bis. (…) Cuando un Tribunal Colegiado de Circuito conozca de un juicio de amparo o la revisión o cualquier otro asunto en materia de amparo, y estime que con arreglo a la ley no es competente para conocer de él, lo declarará así y remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito que, en su concepto, lo sea. Si éste considera que tiene facultades para conocer, se avocará al conocimiento del asunto; en caso contrario, comunicará su resolución al tribunal que se haya declarado incompetente y remitirá los autos al Presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien lo turnará a la Sala que corresponda, para que, dentro del término de ocho días, resuelva lo que proceda.’.--- Por todos estos motivos y conforme a lo previsto en los numerales 37, fracción I, inciso d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se concluye que la competencia del presente asunto corresponde a favor del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, por lo que, en términos de lo dispuesto por el artículo 48 bis, segundo párrafo de la Ley de Amparo, procede comunicar esta resolución a dicho órgano jurisdiccional laboral y remitir los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales conducentes.--- Adviértase que el presente asunto está relacionado con el amparo directo 326/2007.--- Cítese en apoyo de lo aquí resuelto, la jurisprudencia P./J.125/2000, de la novena época, visible a página 9, tomo XII, de diciembre del año dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:--- ‘COMPETENCIA ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PARA CONOCER DE UNA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. EL HECHO DE QUE UNA DE LAS DECLARACIONES DE INCOMPETENCIA SEA DEL MAGISTRADO PRESIDENTE Y NO DEL ÓRGANO COLEGIADO EN PLENO, NO IMPIDE LA RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO.’ (Se transcribe).--- Adviértase que el presente asunto está relacionado con el amparo directo 325/2007.”
QUINTO. El expediente fue recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el veinticinco de septiembre de dos mil siete, y por auto de veintiséis del mismo mes y año, la Presidenta de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el asunto con el número 102/2007, relativo al conflicto competencial suscitado entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa ambos del Tercer Circuito, estableciendo en el mismo que esta Segunda Sala es legalmente competente para conocer del asunto, para los efectos legales consiguientes.
SEXTO. Encontrándose el asunto en estado de resolución por acuerdo de primero de octubre de dos mil siete, la Presidenta de esta Segunda Sala ordenó se turnara a su ponencia, para formular el proyecto respectivo.
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente conflicto competencial, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 106 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 bis, segundo párrafo, de la Ley de Amparo; 21, fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto, fracción II, del Acuerdo General 5/2001 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve siguiente, por tratarse de un conflicto planteado en el aspecto laboral y administrativo, que son materias de especialización de esta Segunda Sala.
Lo anterior, de conformidad con la tesis de jurisprudencia de esta Segunda Sala 2a./J. 17/2005, que dice:
“N°. Registro: 179,076
Tomo: XXI, marzo de 2005
Tesis: 2a./J. 17/2005
CONFLICTO COMPETENCIAL ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CUANDO SE INVOLUCRAN MATERIAS QUE CORRESPONDEN A LAS DOS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, ES COMPETENTE PARA RESOLVERLO AQUELLA CUYA ESPECIALIDAD COINCIDE CON LA DEL ÓRGANO QUE PREVINO. De los artículos 21, fracción VII y 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como de los puntos primero al quinto del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de junio de 2001, en relación con sus consideraciones, se advierte que al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sólo corresponde conocer de conflictos competenciales suscitados entre Tribunales Colegiados de Circuito de manera excepcional, por la trascendencia de los asuntos; todos los demás, por regla general, competen a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por tanto, cuando el conflicto es del orden penal o civil, o de ambos, corresponderá resolverlo a la Primera Sala, y si es administrativo o del trabajo, o de ambos, conocerá la Segunda Sala, pero cuando se involucran materias de ambas Salas, es competente para resolverlo aquella cuya especialidad coincida con la del órgano que previno, ya que en este caso es aplicable analógicamente el principio de que el conflicto competencial debe resolverse por el tribunal Ad quem que tenga jurisdicción sobre el órgano que previno en el asunto de que se trate.”
SEGUNDO. El análisis de las resoluciones dictadas por los Tribunales Colegiados contendientes, revela la existencia de un conflicto competencial en términos del artículo 48 bis, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, el cual debe ser resuelto por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido a que ambos órganos jurisdiccionales se declaran incompetentes para conocer del juicio de amparo directo promovido en contra del laudo del dieciséis de enero de dos mil siete.
No es óbice para lo anterior la circunstancia de que la declaración de incompetencia del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito haya sido pronunciada por su Presidente y no por el Tribunal como cuerpo colegiado, acorde a la tesis 95 publicada en el Apéndice (actualización 2001), tomo VI, común, jurisprudencia SCJN, página 130. También publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, de diciembre del año dos mil, novena época como jurisprudencia P./J.125/2000, visible a página 9, bajo el rubro: “COMPETENCIA ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PARA CONOCER DE UNA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. EL HECHO DE QUE UNA DE LAS DECLARACIONES DE INCOMPETENCIA SEA DEL MAGISTRADO PRESIDENTE Y NO DEL ÓRGANO COLEGIADO EN PLENO, NO IMPIDE LA RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO.”
Para lo anterior, resulta necesario hacer referencia a los antecedentes del asunto.
I. Con fecha cuatro de diciembre de dos mil tres, Jorge Eduardo Sánchez Carrasco, por conducto de sus apoderados, presentó demanda ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco en contra del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco, en la que demandó el pago y cumplimiento de las siguientes prestaciones:
“A). Por la reinstalación en el puesto que desempeñaba nuestro mandante, como INSPECTOR ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN A MERCADOS Y ESPACIOS ABIERTOS DE LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL AYUNTAMIENTO DEMANDADO, en virtud de la destitución injustificada de la que fue sujeto el actor, por parte del demandado, debiéndose considerar la relación de trabajo como ininterrumpida para todos los efectos legales a que haya lugar.--- B). Por el pago de los salarios vencidos contados a partir de la fecha en que fue destituido injustificadamente nuestro mandante y hasta que se cumplimente en definitiva el laudo que se dicte en el presente juicio, con los incrementos salariales que se otorguen al puesto que desempeñaba el actor por cualquier motivo que se den estos.--- C). Por el pago de vacaciones en la cuantía de 20 días anuales, aguinaldo en la cuantía de 50 días anuales y prima vacacional, las cuales se reclaman por todo el tiempo que existió la relación laboral y las que se generen durante la tramitación del presente juicio.--- D). Por el pago de los salarios devengados y no cubiertos correspondientes al período del 01 al 12 de noviembre de 2003.”
II. En su escrito de demanda el actor, señaló entre otros, los siguientes hechos:
Siempre se desempeñó con eficiencia y honradez, sin embargo la Dirección de Supervisión, Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento de Guadalajara, inició el procedimiento al cual le asignó el expediente N°.13/2003-D.S.I.V., de responsabilidad administrativa en razón de la queja que presentó en su contra Rosa María Roa Heredia, por presuntas faltas cometidas en su agravio y que hizo consistir en que supuestamente el actor le pedía dinero.
Destaca el actor que el siete de noviembre de dos mil tres, se dictó resolución definitiva dentro de dicho procedimiento de responsabilidad administrativa en donde se decretó injustamente su destitución en el puesto que venía desempeñando.
III. De los elementos allegados al juicio se ofreció el expediente de responsabilidad administrativa 13/2003-D.S.I.V que refiere el actor, el cual se inició con la denuncia de Rosa María Roa Heredia y se instauró procedimiento administrativo de responsabilidades que culminó con la resolución de siete de noviembre de dos mil tres, emitida por el Pleno de la Comisión de Vigilancia de Inspección Municipal de Guadalajara, en el Estado de Jalisco, y resolvió sancionar al servidor público Jorge Eduardo Sánchez Carrasco con fundamento en los artículos 64, fracción IV, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del referido estado con la destitución en las funciones que desempeñaba como inspector adscrito al Departamento de Inspección a Mercados y Espacios Abiertos de la Dirección de Inspección y Vigilancia.
IV. La autoridad demandada en su escrito de contestación adujo que al actor se le instauró procedimiento de responsabilidad administrativa por haber incumplido disposiciones que prevé el artículo 61 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, así como por incumplir disposiciones que prevé el Reglamento para Vigilar la Actuación de los Servidores Públicos en Materia de Inspección y Vigilancia en el Municipio de Guadalajara, aplicándose como sanción administrativa la destitución del cargo de Inspector adscrito al Departamento de Inspección a Mercados y Espacios Abiertos dependiente de la Dirección de Inspección y Vigilancia perteneciente a la Secretaría General del Municipio del Ayuntamiento de Guadalajara.
V. Concluidos los trámites legales del juicio natural, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, dictó laudo con fecha veintidós de junio dos mil cinco en el que absolvió al demandado de la reinstalación reclamada.
Inconforme con el anterior laudo, las partes promovieron sendos amparos directos que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, y en sesión celebrada el catorce de agosto de dos mil seis, sobreseyó el promovido por el actor con el número 597/2005 y en el diverso 717/2005, resolvió otorgar el amparo al demandado para el efecto de que el tribunal reponga el procedimiento y decida lo que en derecho proceda.
Con fecha dieciséis de enero de dos mil siete, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón en el Estado de Jalisco emitió nuevo laudo, en el cual resolvió:
“PRIMERA. El actor JORGE EDUARDO SÁNCHEZ CARRASCO, no acreditó sus acciones y el demandado AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALAJARA, JALISCO, acreditó sus excepciones y, en consecuencia:--- SEGUNDA. Se absuelve al demandado Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco, de la reinstalación del actor JORGE EDUARDO SÁNCHEZ CARRASCO, en el mismo puesto y condiciones que se venía desempeñando, es decir en el cargo de Inspector Adscrito al Departamento de Inspección a Mercados y Espacios Abiertos de la Dirección de inspección y Vigilancia del Ayuntamiento demandado, con un horario de lunes a viernes de las 8:15 a las 15:00 horas, considerándose como interrumpida la relación de trabajo, y por consecuencia se deberá absolver del pago de los salarios caídos a partir del 13 de noviembre del 2003 y hasta que se llevara a cabo la reinstalación, sin tomar en consideración los incrementos salariales que se hubieren otorgado al puesto desempeñado por el actor a partir de la notificación de la destitución y hasta que se llevara a cabo la reinstalación, del pago de vacaciones de los años 2002 y 2003, del pago de aguinaldo del 13 de noviembre de 2003 a la fecha en que fuera reinstalado el actor, del pago de vacaciones y prima vacacional, por el tiempo que duró el presente juicio laboral. Lo anterior de conformidad a los considerandos de la presente resolución.--- TERCERA. Se condena al demandado, al pago de salarios retenidos del 1° al 12 de noviembre del año 2003, a la parte proporcional de aguinaldo correspondiente al periodo 1° de enero al 13 de noviembre de 2003 y prima vacacional del 4 de diciembre de 2002 al 13 de noviembre del año 2003, al pago de horas extras por la cantidad de $25,599.54 (VEINTICINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 54/100 M.N.). Lo anterior de conformidad a lo establecido en los considerandos de la presente resolución.”
V. No conforme con el laudo emitido por el citado tribunal, Jorge Eduardo Sánchez Carrasco, por conducto de sus apoderados, promovió juicio de amparo directo, del que tocó conocer en un inicio por razón de turno al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito quien por resolución de fecha cinco de septiembre de dos mil siete, se declaró incompetente para conocer de la demanda de garantías, por considerar que el conflicto materia del juicio de origen es de naturaleza administrativa y no laboral ya que derivó de la destitución que como sanción por faltas administrativas se le impuso al quejoso por parte del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco, quien actuó para ello, no como patrón, sino como autoridad municipal, en aplicación de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado, declinando la competencia al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito en turno para su conocimiento.
VI. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, por Acuerdo de su Presidente de fecha diecisiete de septiembre de dos mil siete, determinó que el Órgano Colegiado que preside no es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo de referencia, por considerar que es un acto de naturaleza laboral y ordenó remitir el asunto a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales conducentes.
Las resoluciones dictadas por los Tribunales Colegiados de referencia, revelan la existencia de un conflicto por razón de la materia sobre la que versa el acto reclamado en una demanda de amparo directo, y para dilucidar tal cuestión, resulta necesario atender a la naturaleza de la acción intentada, lo que regularmente se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, prescindiendo del estudio de la relación jurídica sustancial que vincula al actor y al demandado, ya que esto constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al Tribunal de competencia.
Lo anterior, lo ha establecido el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 83/98, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, diciembre de 1998, página 28 y apéndice 2000. Tomo VII, Conflictos Competenciales. Jurisprudencia. Tesis 182. Página 296, cuyo rubro y contenido son los siguientes:
“COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda.”
La jurisprudencia transcrita, señala que para determinar la naturaleza de la acción intentada en un juicio y, con ello, dilucidar la competencia por materia de un Tribunal Colegiado, deben examinarse, las prestaciones reclamadas, los hechos narrados en el juicio de origen, las pruebas aportadas y los preceptos legales en que se apoyó la demanda, ya que el estudio de estos elementos, permite al Tribunal competente, conservar expedita su jurisdicción para resolver lo conducente.
En el caso, de las constancias de autos se observa que en el procedimiento administrativo de responsabilidad, origen de la presente controversia, el Pleno de la Comisión de Vigilancia de Inspección Municipal de Guadalajara, en el Estado de Jalisco, resolvió sancionar al servidor público Jorge Eduardo Sánchez Carrasco con fundamento en los artículos 64, fracción IV, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del referido estado con la destitución en las funciones que desempeñaba como inspector adscrito al Departamento de Inspección a Mercados y Espacios Abiertos de la Dirección de Inspección y Vigilancia.
Los artículos 64, 66 y 67 de Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, establecen:
“Artículo 64. Las sanciones por faltas administrativas consistirán en:
III. Suspensión en el empleo, cargo o comisión, hasta por treinta días;
IV. Destitución;
V. Destitución con inhabilitación hasta por seis años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público; y
VI. Sanción pecuniaria.
“Artículo 66. Las autoridades a que se refiere el artículo 3º de la presente ley, serán competentes para imponer las sanciones previstas en el capítulo II del presente título y las previstas en el artículo 25 de la Ley de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, bajo las siguientes reglas:
(REFORMADA, P.O. 13 DE DICIEMBRE DE 2001)
I. El apercibimiento, la amonestación y la suspensión en el empleo, cargo o comisión por un período no menor de tres ni mayor a treinta días, serán aplicadas por el superior jerárquico;
II. La destitución del empleo, cargo o comisión de los servidores públicos de base, se determinará por el superior jerárquico de acuerdo con los procedimientos consecuentes con la naturaleza de la relación y en los términos de las leyes respectivas;
III. La suspensión del empleo, cargo o comisión y la destitución o cese de los servidores públicos de confianza, se aplicará por el titular de la entidad pública, secretaría, dependencia, o entidad paraestatal o municipal mayoritaria, o por conducto de las contralorías u órganos equivalentes.
La Contraloría del Estado promoverá los procedimientos contenidos en las fracciones II y III del presente artículo, demandando la destitución del servidor público responsable o procediendo a la suspensión de éste cuando el superior jerárquico no lo haga. En este caso, la Contraloría desahogará el procedimiento y exhibirá las constancias respectivas al superior jerárquico;
IV. La inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público será aplicable por resolución que dicte la autoridad competente para hacerlo dentro de cada uno de los poderes; ayuntamientos, dependencias municipales y sus descentralizadas, conforme a lo que se establezca en sus leyes orgánicas y reglamentos; y
V. Las sanciones económicas serán aplicadas por los titulares de las entidades públicas, secretarías, dependencias, ayuntamientos del Estado, entidades descentralizadas, estatales y municipales o por quienes adquieran dicha función de acuerdo a sus leyes.”
“Artículo 67. Serán competentes para la aplicación de sanciones:
a) El Gobernador del Estado;
b) El superior jerárquico dentro de cada una de las secretarías, dependencias, o entidades paraestatales en caso que ameriten apercibimiento o amonestación.
c) La Contraloría del Estado será competente para aplicar cualquiera de las sanciones a que se refiere el artículo 64 de esta ley, cuando las infracciones que las motiven se detecten de los hechos que tenga conocimiento en el ejercicio de sus atribuciones, con las salvedades que la misma ley establece;
d) Los titulares de las secretarías, dependencias o entidades paraestatales, para imponer la sanción pecuniaria cuando los beneficios económicos obtenidos por el responsable y los daños y perjuicios, causados por éste, no excedan de cien veces el salario mínimo diario vigente en la zona económica correspondiente; y, en los demás casos, la Contraloría del Estado.
II. En el Poder Legislativo:
a) La Asamblea legislativa, mediante la aprobación de los dictámenes provenientes de las comisiones de tesorería, inspección, responsabilidades y especiales que para el efecto se integren, para aplicar las sanciones a que se refiere el artículo 64 de esta ley, y será la única facultada para aplicar la destitución con inhabilitación;
(REFORMADO, P.O. 18 DE MAYO DE 2004)
b) El titular de la Comisión de Administración, el Secretario General, y auditor superior del estado, de acuerdo a lo que al efecto regulen sus leyes y reglamentos, podrán imponer el apercibimiento, amonestación, suspensión en el empleo hasta por tres días y la sanción pecuniaria cuando de su aplicación no se exceda de cien veces el salario mínimo diario vigente en la zona económica, y en los demás casos la Asamblea;
III. En el Poder Judicial, incluyéndose los organismos jurisdiccionales autónomos, por los órganos que determinen sus propias leyes orgánicas y reglamentos;
IV. En los gobiernos municipales, incluyendo los organismos públicos descentralizados o asociaciones de participación municipal mayoritaria, los órganos y autoridades que establezcan sus propias leyes y reglamentos; (…).”
Al respecto, el artículo 76 de la citada ley de responsabilidades, señala:
“Artículo 76. Las resoluciones por las que se impongan las sanciones administrativas previstas en las fracciones de la III a la VI del artículo 64 de esta ley podrán ser impugnadas por el servidor público ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón.”
La interposición del recurso suspenderá, en tanto se resuelve, los efectos de la resolución en cuanto a las sanciones económicas. Tratándose de sanciones de distinta naturaleza a las económicas, sólo procederá la suspensión si no trae como consecuencia la consumación de actos que perjudiquen al interés social o al servicio público.
La ejecución de las sanciones administrativas impuestas en resolución firme se llevará a cabo de inmediato en los términos que establezca la resolución, surtirán sus efectos al notificarse la misma y se considerarán de orden público.”
Del contenido de los numerales transcritos, deriva que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, tiene una competencia dual, que nace de dos tipos de leyes: una de carácter netamente administrativo, como es la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, en la cual conoce de un recurso; y otra, de la legislación que regula el estatus laboral de dichos servidores, como es la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, la cual contempla un juicio de índole laboral; esto es, tiene naturaleza formal de un Tribunal Laboral que aplica el derecho laboral burocrático a nivel estatal y municipal; pero también con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de ese Estado, actúa como tribunal revisor de actos administrativos, ya que este precepto legal, le otorga facultades para conocer de las impugnaciones que se formulen en contra de las resoluciones por las que se impongan sanciones administrativas a los servidores públicos.
Dicho de otra manera, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, además de tener competencia para conocer de los conflictos laborales individuales o colectivos que se presenten entre el Estado y los Municipios con sus servidores públicos o trabajadores, regidos por la Ley para los Servidores Públicos del Estado y sus Municipios, conoce también de las resoluciones por las que se imponen determinadas sanciones administrativas a servidores públicos con fundamento en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, hecha excepción del apercibimiento y de la amonestación.
El procedimiento para uno y otro supuesto de procedencia ante dicho Tribunal no es distinto, sino que la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios prevé un solo trámite tanto para el recurso administrativo, como para el juicio laboral, de manera que ante la inexistencia de alguna norma que contemple una distinción para uno y otro caso, debe entenderse que las reglas procesales son las mismas. Sin embargo, esta circunstancia, de que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón haya tramitado el procedimiento y resuelto el juicio de origen con apoyo en la ley burocrática estatal, como lo es, la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, no conlleva a que el juicio sea de naturaleza laboral.
Lo anterior, porque dicha legislación aplica en cuanto al procedimiento que se sigue ante ese órgano jurisdiccional, y la competencia nace de la naturaleza de la acción, la que en el caso se vincula con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, y acorde con la jurisprudencia de esta Segunda Sala cuyo texto y datos de publicación se indican, los conflictos derivados de la aplicación de esta ley, son de naturaleza administrativa.
“No. Registro: 911,045
Tomo: III, Administrativa, Jurisprudencia SCJN
Tesis: 112
Genealogía: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, marzo de 1999, página 257, Segunda Sala, tesis 2a./J. 14/99.
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. ES IMPROCEDENTE LA VÍA LABORAL PARA DEMANDAR LA REINSTALACIÓN O LA INDEMNIZACIÓN CUANDO LA DESTITUCIÓN, CESE O SUSPENSIÓN CONSTITUYE UNA SANCIÓN POR FALTAS ADMINISTRATIVAS. Es improcedente la vía laboral para demandar la reinstalación, o bien, la indemnización de ley por despido o suspensión injustificados, cuando este despido o suspensión constituyen una sanción impuesta al servidor público por faltas administrativas, en virtud de que en este supuesto no se está frente a un acto del patrón Estado que suspende o despide a un trabajador en los términos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; estrictamente, no existe un acto de naturaleza laboral que genere un conflicto entre el trabajador y el patrón Estado, sino que se trata de la suspensión o destitución como sanción administrativa impuesta por el Estado por faltas de carácter administrativo conforme a lo previsto en el título cuarto de la Constitución denominado "De las responsabilidades de los servidores públicos" y en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que reglamenta dicho título. Si bien las acciones de reinstalación y pago de salarios caídos persiguen finalidades esencialmente iguales, tanto en el ámbito asimilado al laboral que es propio de los burócratas, como en el ámbito administrativo que acaba de señalarse, no deben confundirse entre sí, porque reconocen génesis jurídicas diferentes, ya que la primera se halla fincada en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (en competencia federal), o en las leyes locales que rigen las relaciones entre los Estados y Municipios con sus servidores (en la esfera estatal), mientras que la segunda deriva de la aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos o de las leyes locales respectivas. La distinción es fundamental y de gran trascendencia, porque reconociendo ambos regímenes normativos -el asimilado al laboral y el administrativo-, diferentes causales de suspensión y remoción, distintos procedimientos y diferentes defensas, las acciones a que dan lugar no pueden, válidamente, confundirse, porque no son optativas ni intercambiables, de tal manera que cada una sigue su propio curso. Por tanto, aunque a través de una acción laboral se demande la reinstalación, el pago de salarios caídos o aun la indemnización, alegando despido injustificado, si la suspensión o el cese constituyen una sanción administrativa, la vía laboral es improcedente porque no se trata de un acto laboral sino administrativo; tanto es así, que los tribunales del trabajo no podrían decidir sobre la procedencia de las prestaciones laborales exigidas, sin examinar y decidir sobre la legalidad de la sanción administrativa, lo cual queda fuera de su competencia material.”
“No. Registro: 918,690
Tomo: VII, Conflictos Competenciales, P.R.
Tesis: 227
Genealogía: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Tomo V, junio de 1997, página 253, Segunda Sala, tesis 2a. LXI/97.
COMPETENCIA PARA CONOCER DE UNA DEMANDA DONDE SE PIDE LA NULIDAD DE UNA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE CESE Y PRESTACIONES LABORALES. CORRESPONDE AL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN. Cuando en la demanda de nulidad se impugna no sólo la resolución administrativa en la cual se destituyó al actor de su cargo, con fundamento en disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, sino también se demanda el cumplimiento de prestaciones laborales (reinstalación en el empleo, pago de salarios caídos y aplicación de condiciones generales de trabajo), la competencia corresponde al citado tribunal, pues no obstante que las prestaciones de carácter laboral que se demandan no encuadran en los supuestos previstos en el artículo 11 (antes 23), de la ley orgánica que lo rige, se trata de acciones ejercidas en una sola demanda que se encuentran estrechamente vinculadas, ya que el resultado de una determinará la procedencia o no de las restantes, y ello impide dividir la continencia de la causa.”
En efecto, el Tribunal de referencia tiene competencia dual, ya que conoce del juicio laboral seguido por un trabajador en contra del titular y, del recurso administrativo promovido por el servidor público en contra del Estado con motivo de una sanción administrativa aplicada en su contra, como acontece en el presente asunto, en que el actor impugna la existencia de un procedimiento administrativo de responsabilidad que concluyó con la resolución emitida por el Pleno de la Comisión de Vigilancia a Inspección Municipal de Guadalajara del Estado de Jalisco, en la que determinó sancionar al servidor público Jorge Eduardo Sánchez Carrasco con fundamento en los artículos 64, fracción IV, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del referido estado con la destitución en las funciones que desempeñaba como inspector adscrito al Departamento de Inspección a Mercados y Espacios Abiertos de la Dirección de Inspección y Vigilancia; procedimiento que llevó a cabo una autoridad administrativa, la Dirección de Supervisión y Vigilancia en el Municipio de Guadalajara en el Estado de Jalisco, con fundamento en esta ley de naturaleza administrativa.
De ahí, que resulte intrascendente la ley adjetiva en que se apoyó la autoridad responsable (Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco) para tramitar el asunto, porque ello no conlleva a que éste sea de naturaleza laboral, pues dicha ley es la que rige el procedimiento del Tribunal y siempre aplica. Sin embargo, como se dijo el órgano jurisdiccional en mención, tiene competencia dual y, conoce de juicios administrativos y laborales y en cada caso, debe atender a la ley de la materia que lo rige, al margen de que en la demanda se reclame el pago de salarios caídos, vacaciones, aguinaldo o cualquier otra prestación de carácter laboral, pues la competencia nace de la naturaleza de la acción, la que en el caso particular se vincula con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco que es de naturaleza administrativa.
Por lo anterior, el Tribunal Colegiado que resulta competente para conocer de la demanda de amparo directo, origen de este conflicto, lo es, el especializado en la materia administrativa, porque el actor refiere a la existencia de un procedimiento administrativo de responsabilidad, del que resultó destituido con base en el artículo 64 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos en el Estado de Jalisco el cual es un juicio que tiene su origen en la resolución dictada por la autoridad administrativa, con fundamento en la referida ley.
Criterio similar, sostuvo esta Segunda Sala al resolver por unanimidad de cinco votos en la misma sesión celebrada el día diecisiete de octubre de dos mil siete la competencia 101/2007, suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y en el cual, ante una nueva reflexión respecto del tema, este Órgano Colegiado abandonó el criterio que sostuvo al resolver por unanimidad de cinco votos en sesión del día ocho de agosto de dos mil siete la competencia 59/2007.
En consecuencia, deberán remitirse los autos al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito para que conozca y resuelva el juicio de amparo directo promovido por Jorge Eduardo Sánchez Carrasco contra el acto que reclamó del Tribunal de Arbitraje y Escalafón de dicho Estado, consistente en el laudo dictado el dieciséis de enero de dos mil siete en el juicio natural 890/2003-B.
ÚNICO. Es competente el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, para conocer y resolver el juicio de amparo directo promovido por Jorge Eduardo Sánchez Carrasco contra el acto que reclamó del Tribunal de Arbitraje y Escalafón de dicho Estado, consistente en el laudo dictado el dieciséis de enero de dos mil siete en el juicio natural 890/2003-B.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución a los Tribunales Colegiados contendientes y remítanse los autos al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
Así, lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: Mariano Azuela Güitrón, Genaro David Góngora Pimentel, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Fernando Franco González Salas y Presidenta Margarita Beatriz Luna Ramos.
Firman la Ministra Presidenta y Ponente, con el Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala que autoriza y da fe.
PRESIDENTA Y PONENTE
Esta hoja corresponde al Conflicto Competencial 102/2007. Suscitado entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa ambos del Tercer Circuito. Fallado en sesión de diecisiete de octubre de dos mil siete. Por unanimidad de cinco votos. En el sentido siguiente: ÚNICO. Es competente el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, para conocer y resolver el juicio de amparo directo promovido por Jorge Eduardo Sánchez Carrasco contra el acto que reclamó del Tribunal de Arbitraje y Escalafón de dicho Estado, consistente en el laudo dictado el dieciséis de enero de dos mil siete en el juicio natural 890/2003-B. Conste.