Source: https://e-justice.europa.eu/content_access_to_justice_in_environmental_matters-300-nl-nl.do?clang=es&mtContentRequested=1
Timestamp: 2020-03-29 02:42:52
Document Index: 74153268

Matched Legal Cases: ['artículo 21', 'artículo 11', 'artículo 22', 'artículo 17', 'artículo 21', 'artículo 93', 'artículo 110', 'artículo 10', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 6', 'artículo 2', 'artículo 8', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 8', 'artículo 6', 'artículo 17', 'artículo 1', 'artículo 12', 'artículo 78', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 7', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 8', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 6', 'artículo 8', 'artículo 8', 'Artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 4', 'Artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 1']

Acceso a la justicia en materia de medio ambiente - Países Bajos
El artículo 21 de la Constitución neerlandesa (grondwet) [1] obliga a Gobierno de garantizar a sus ciudadanos un medio ambiente y las disposiciones necesarias para la protección y la mejora del medio ambiente.#1 Junto con el artículo 11, que garantiza el derecho a la integridad personal y el artículo 22 que conceda un derecho a la salud, estas disposiciones son los principales derechos (sociales) fundamentales relacionados con el medio ambiente establecidas en la Constitución neerlandesa. El acceso a la justicia está garantizado por el artículo 17 que establece que nadie puede mantenerse contra su voluntad al órgano jurisdiccional competente. Además, el capítulo 6 de la Constitución neerlandesa sea pertinente para afirma que la Ley aclara qué tribunal es el competente. Los ciudadanos tienen derecho a invocar los derechos fundamentales directamente en los procedimientos administrativos o judiciales en caso de que estos derechos se consideran derechos subjetivos. Por lo tanto, el artículo 21 de la Constitución puede ser invocada por los ciudadanos en los procedimientos contra decisiones de las autoridades públicas. Sin embargo, en la mayor parte de los casos no tendrá el efecto deseado a causa del margen de apreciación que ha de alcanzar el objetivo (s) de esta disposición. Cualquier disposición de un tratado internacional pueden ser invocadas en el procedimiento administrativo y judicial después de que se hayan publicado y cuando una de las citadas disposiciones tiene un carácter vinculante general (artículo 93 de la Constitución). Este principio también es cierto para el denominado Convenio de Aarhus que se aprueba por tanto en los Países Bajos como en la Unión Europea.
Protección jurídica de los Países Bajos es en primer lugar proporcionado por los tribunales de competencia general que son competentes para decidir en los asuntos civiles y penales [2].#2 Este sistema consta de tres fases. En primer lugar un asunto se lleva ante el Tribunal de distrito (Rechtbank) y si una parte no está de acuerdo con la resolución, puede presentar un recurso ante un Tribunal de Apelación (Gerechtshof). La Court of Appeal vuelva a examinar los hechos del asunto y llegue a sus propias conclusiones. Posteriormente, generalmente es posible plantear un litigio a un órgano jurisdiccional de última instancia, el Tribunal Supremo de los Países Bajos (Hoge Raad). El Tribunal Supremo de los Países Bajos examina únicamente si el órgano jurisdiccional inferior (s) supervisó la aplicación adecuada de la Ley para basar su decisión. En esta fase, los hechos del caso acreditados por el tribunal inferior (s) ya no son objeto de debate. En 2013, los Países Bajos se dividirá en 11 distritos, cada uno de ellos con su propio tribunal de distrito. Los tribunales de distrito se encuentran repartidas en 3 sectores: un sector del Derecho civil, Derecho penal y Derecho administrativo del sector de un sector. Los 11 distritos están divididos en 4 áreas de jurisdicción de los tribunales de casación de los litigios civiles y penales y administrativos específicos (por ejemplo, litigios Tax Law). Por lo que se refiere a la vía civil o penal, a los jueces de la sala de apelación solo se refieren a los casos en que se haya interpuesto una apelación contra la resolución judicial dictada por el tribunal provincial. No existe ningún órgano jurisdiccional especiales para los asuntos medioambientales. La ley establecerá qué tribunal es competente, por lo que en esta materia no existe posibilidad de «forum shopping». Con algunas excepciones, las decisiones gubernamentales sobre contenciosos administrativos en asuntos medioambientales son el primero por uno de los once tribunales de distrito (el Derecho administrativo). Normalmente, los casos se presentará ante el tribunal o juzgado por una división, pero el Tribunal de Justicia puede decidir nombrar a tres jueces para un caso complejo o cuestiones fundamentales. En los asuntos ambientales se rigen por el Derecho administrativo, y en muchos otros ámbitos recurso corresponde a la Sección de lo contencioso-administrativo del Consejo de Estado (van de afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State) tendrá un asunto tratado por tres jueces, si bien puede decidir aplicar un simple asunto lo trate un único juez. En otros ámbitos la legislación holandesa establece un tribunal de apelación, al igual que el Tribunal de Apelación central (Centrale Raad van Beroep) en los casos referentes a funcionarios y las cuestiones relativas a la seguridad social, el Tribunal de apelación para los recursos contra las liquidaciones tributarias y su comercio e industria Appeals Tribunal (College van Beroep voor het bedrijfsleven) para litigios en materia de Derecho administrativo y socioeconómicos de los recursos por leyes especiales, como la Ley de competencia. Muchas controversias administrativas en la vista por el Derecho administrativo del Tribunal de distrito vaya precedido de un procedimiento de oposición, bajo los auspicios de la autoridad administrativa. Cuando un asunto se examina en un procedimiento de oposición o por un tribunal administrativo, el solicitante tiene la posibilidad de solicitar al Tribunal de Justicia Europeo una medida cautelar o provisional en un procedimiento específico si hay razones suficientes y de un interés urgente de manera suficiente (artículos 8: 81 y 8: 86 Ley General Administrativa). Si las medidas provisionales solicitadas son admitidas por el Tribunal Administrativo en la mayor parte de los casos significa que la Decisión impugnada se encuentra suspendida.
En los procedimientos contra decisiones administrativas, el tribunal competente anulará (o: Anule la decisión si el solicitante ha demostrado la Decisión vulnerando la ley. Aunque los tribunales tienen la competencia de modificar o modificar una decisión administrativa después de que haya sido anulada, el ejercicio de esta autoridad solo estará justificado en aquellos casos en que es suficientemente obvio qué decisión el órgano administrativo tendrá que tomar después de la anulación. En la mayoría de los casos la anulación de la decisión dará lugar a una nueva decisión de la misma autoridad administrativa. Los órganos jurisdiccionales pueden conceder el resarcimiento a los ciudadanos frente a la autoridad pública cuando existan motivos para ello (a), se haga una petición por este último y la Decisión atacada se ha constatado un incumplimiento de la ley. Procedimientos contra las decisiones administrativas en materia de medio ambiente se rigen por las disposiciones generales de Derecho procesal (administrativa) que son las que figuran en la Ley general de Derecho administrativo (Algemene wet bestuursrecht), principalmente en los capítulos 6, 7 y 8, y algunas disposiciones de actos específicos, de los cuales los más importantes son la Ley de gestión medioambiental (Wet milieubeheer), de la Ley sobre permisos medioambientales (Wet Algemene Bepalingen omgevingsrecht), la Ley de Ordenación del Territorio (Wet Ruimtelijke Ordening), el agua (waterwet Act), la Ley de protección de la naturaleza (Natuurbeschermingswet 1998) y la Ley (Flora- Flora- y fauna y faunawet). En los procedimientos sobre las decisiones administrativas en materia de medio ambiente, existe la posibilidad de que el Tribunal nombrará un experto independiente, la Fundación para asesorar a los tribunales administrativos en asuntos medioambientales y de zonificación (Stichting advisering Bestuursrechtspraak o STAB). Esta Fundación está financiada por las administraciones públicas y tiene conocimientos técnicos específicos en materia de medio ambiente. La Ley establece que deberá redactar un informe sobre cualquier asunto relacionado con el medio ambiente a petición de un tribunal administrativo. Los procedimientos judiciales en los tribunales administrativos no tienen la posibilidad de investigar los elementos de una decisión que no ha sido impugnada por la demandante. Sin embargo, el Tribunal es competente para investigar los hechos del caso de autos por el examen de testigos, solicitando pruebas (escrita) o mediante la contratación de un experto en la medida en que se refiere al conflicto que se ha llevado ante los tribunales por las partes en el procedimiento. Los tribunales administrativos hará uso de esta facultad en aquellos casos en que el solicitante haya proporcionado información suficiente para poner en duda el hecho de que la autoridad administrativa haya basado su decisión en. La jurisprudencia demuestra que las partes en conflicto eran decididos por los tribunales tienen la obligación de proporcionar pruebas de oficio. Esto también es cierto en asuntos ambientales ante los tribunales administrativos, aunque la autoridad administrativa siempre tiene el deber de diligencia en la elaboración de toda decisión administrativa.
El artículo 110 de la Constitución neerlandesa (grondwet) encarga a la administración que adopte legislación para garantizar el acceso de los ciudadanos a la información sobre los asuntos gubernamentales. La Ley de libertad de la información (Wet Openbaarheid van Bestuur) permite la divulgación íntegra o parcial de error previamente la información y los documentos que sean controlados por todos los niveles de la administración pública y que estén relacionadas con asuntos. La Ley de libertad de la información indica que prácticamente todos los expedientes relacionados con asuntos gubernamentales son objeto de revelación, establece el principio de publicación obligatoria, pero contiene también una serie de motivos de denegación previstos en el artículo 10 y 11. Las decisiones relativas a la divulgación de la información siempre debe tener en cuenta estos motivos. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de libertad de información (Wet Openbaarheid van Bestuur) cualquier persona podrá solicitar la información que figura en los registros públicos a revelar. Los solicitantes no estarán obligados a indicar el objeto y el motivo de su interés. La divulgación de información se considere pertinente para garantizar el Estado de Derecho en una sociedad democrática. Además no hay requisitos formales para esta solicitud, si bien es preferible una solicitud por escrito. Uno de los asuntos públicos estatales a las que se refiera la solicitud. Una decisión sobre una solicitud debe presentarse en un plazo de 4 semanas; En el caso de la información sobre medio ambiente es de 2 semanas. La autoridad administrativa puede ofrecer a las partes interesadas la posibilidad de presentar sus puntos de vista sobre la divulgación de información que podría afectar a sus intereses, en cuyo caso la decisión se posterga (artículo 6, apartado 3, Freedom of Information Act). De conformidad con las disposiciones de la Ley General Administrativa (Algemene wet bestuursrecht), la negativa debe ir acompañada de una motivación de la denegación y contener información sobre las posibilidades de recurso. Las personas que no estén satisfechas con una decisión negativa, una respuesta incompleta o suficiente respuesta) pueden solicitar una reconsideración, bajo los auspicios de la autoridad administrativa que desestimó la solicitud. En el supuesto de que esta decisión sigue siendo insatisfactoria, se puede recurrir a la administración del Tribunal de Distrito de una sentencia de un tribunal. Esto está en consonancia con las disposiciones generales que se establecen en el artículo 8: 1 y 7: 1 de la Ley general de Derecho administrativo (Algemene wet bestuursrecht). Por último, es posible iniciar un recurso ante la Sección de lo contencioso-administrativo del Consejo de Estado (van de afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State). Todos los procedimientos deben interponerse en un plazo de 6 semanas y no incluyen disposiciones sobre representación legal obligatoria. No obstante, en los casos en que no haya recaído resolución dentro del plazo concedido a la autoridad pública adoptar la Decisión, que la inacción de la administración pública pueden recurrirse directamente ante un tribunal. Cuando sea pertinente para el litigio en general, los tribunales son competentes para requerir información de la autoridad pública. El artículo 8: 29 de la Ley general de Derecho administrativo (Algemene wet bestuursrecht) permite a las autoridades públicas para enviar información a los tribunales solicitando a no publicar la información al solicitante. Esto es lo que podría ocurrir en un asunto relativo a la solicitud de divulgación de determinadas informaciones. Solo en los casos en los que el solicitante ha permitido al Tribunal de Justicia a acceder a la información y a resolver el litigio sobre la base de dicha información, aun cuando el solicitante no tenía acceso, pudo influir en la sentencia del Tribunal de Justicia. Cuando ningún tribunal llega a la conclusión de que no existe un plazo (razonable) para negarse a la divulgación, puede ordenar la comunicación de la información.
ANEXO IV. El acceso a la justicia en relación con la participación del público
Los procedimientos administrativos en materia ambiental se rige por las disposiciones generales sobre el procedimiento administrativo de la Ley general de Derecho administrativo (Algemene Wet Bestuursrecht) y por algunas disposiciones específicas de la Ley general sobre permisos medioambientales (Wet Algemene Bepalingen omgevingsrecht) y la Ley de gestión medioambiental (Wet milieubeheer) y la Ley de Ordenación del Territorio (Wet Ruimtelijke Ordening). Una serie de importantes para las decisiones en materia de permisos medioambientales, tales como la concesión de un permiso medioambiental (como un permiso PCIC) y la adopción de planes de ordenamiento municipal, la Ley establece un procedimiento que implica la participación pública basada en un draft-decision por la autoridad pública. Si una decisión se ha elaborado, y darse a conocer públicamente la draft-decision y los documentos que se basa en que estará disponible para el visionado durante 6 semanas. En ese momento cualquier persona puede participar en el proceso de toma de decisiones mediante la presentación de opiniones a la autoridad competente. La autoridad competente tendrá que reaccionar ante estas opiniones antes de adoptar y publicar la decisión final. Esta deberá adoptarse una decisión definitiva en el plazo de 6 meses desde la solicitud de la autorización medioambiental. Este procedimiento administrativo está regulado en la sección 3.4 (proceso de preparación de un amplio público) de la Ley general de Derecho administrativo (Algemene Wet Bestuursrecht) y la sección 3.3 de la Ley general sobre permisos medioambientales (Wet Algemene Bepalingen omgevingsrecht). Este procedimiento se aplica cuando son prescritas por la Ley o cuando la autoridad administrativa decide preparar la decisión de recurrir a este procedimiento. Cualquier decisión que se elaboró en este procedimiento extenso es impugnable en vía judicial directamente. Preparación de cualquier otra decisión serán menos extensas y (en la mayoría de los casos) que no impliquen la participación del público. En esos casos, adoptando una decisión final consistirán, por lo general de 8 semanas. Este procedimiento se describe en la sección 4.1 de la Ley general de Derecho administrativo (Algemene Wet Bestuursrecht) y en la sección 3.2 de la Ley sobre permisos medioambientales (Wet Algemene Bepalingen omgevingsrecht). En los casos en que el amplio procedimiento de elaboración se ha aplicado la Decisión, cualquiera de las partes interesadas podrá presentar un recurso (véase el artículo 1: 2 de la Ley General Administrativa) que ha presentado también observaciones sobre las draft-decision (véanse los artículos 8: 1 y 6: 13 de la Ley general de Derecho administrativo). Una parte interesada: toda persona cuyo interés se vea directamente afectada por una decisión administrativa. La jurisprudencia establece que debe existir un interés personal, objetivamente determinables que pertenece a la persona que presente el caso. Por lo que se refiere a las autoridades administrativas, los intereses que se les confían se consideren sus intereses. Por lo que respecta a las personas jurídicas, sus intereses se considera que la defensa de intereses generales y colectivos que representan, en particular, de conformidad con su objeto social, según lo evidenció las actividades efectivamente realizadas. Un ejemplo de un interés general podría ser la protección del medio ambiente en una zona específica. Cuando se ha aplicado el procedimiento extenso, los artículos 8: 1 y 7: 1 de la Ley general de Derecho administrativo (Algemene wet bestuursrecht) prescribirán que cualquier parte interesada que desee remitir el caso al Tribunal, en primer lugar, tienen que presentar una reclamación bezwaarschrift) con la autoridad que haya adoptado la decisión. El resultado de este procedimiento de objeción será una (re) nuevo (ed) Decisión de la misma autoridad pública y únicamente esa decisión puede recurrirse ante los tribunales. En cualquier caso, aquellas partes de la Decisión solo puede impugnarse ante un tribunal que también han sido objeto de litigio en la fase administrativa (artículo 6: 13 de la Ley general de Derecho administrativo).
La mayoría de los casos se presentan en los tribunales de distrito, salvo que una ley específica establece otro procedimiento (por ejemplo, recurso en primera y única instancia ante la Sección de lo contencioso-administrativo del Consejo de Estado). En relación con los casos relativos a los permisos ambientales, el Tribunal de Primera Instancia y posteriormente ante la Sección de lo contencioso-administrativo del Consejo de Estado suele ser competente. Casos en planes zonales acudir directamente a la Sección de lo contencioso-administrativo del Consejo de Estado. Por ejemplo: un plan de urbanización se adoptará según el procedimiento extenso que ha de ser aplicado por la autoridad competente en la preparación de la Decisión. Control jurisdiccional de un plan urbanístico es competencia de la Sección de lo contencioso-administrativo del Consejo de Estado (van de afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State) en primera y última instancia. Una solicitud de licencia PCIC (de conformidad con el artículo 2.1(1) sub E de la Ley general sobre permisos medioambientales) se tratará también dentro del amplio procedimiento administrativo, sino que estará sujeta a revisión judicial por el Tribunal de distrito y de apelación, en primer lugar, por la Sección de lo contencioso-administrativo del Consejo de Estado. En caso de licencia PCIC el Juez concederá a la autoridad pública un pequeño margen de apreciación para determinar cuáles son las mejores técnicas disponibles para la instalación de que se trate. En todos los procedimientos de revisión judicial la demandante puede solicitar medidas cautelares o provisionales de conformidad con las disposiciones generales sobre las medidas cautelares en los procedimientos administrativos (de 8: 81 a 8: 86 Ley General Administrativa).
En algunos casos, la ley en materia de medio ambiente establece que la evaluación de impacto ambiental (EIA) informe debe ser elaborado por la demandante ante la autoridad pública puede decidir sobre una solicitud (capítulo 7 de la Ley de gestión medioambiental). Cualquier decisión de examen de la EIA, las decisiones de evaluación de la EIA o la aceptación de un informe de EIA por parte del poder público puede ser impugnado en los tribunales por interponer una demanda contra la decisión que permita o deniegue la solicitud. No existen normas especiales en materia de legitimación, foro, audiencia, pruebas o el alcance del control del Tribunal de Primera Instancia. EIA se considera un instrumento importante para preparar algunas decisiones que puedan tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente. Asegura a los participantes que la autoridad competente pueda respetar el deber de preparación cuidadosa de la Decisión. En la mayoría de los casos se haga pública la draft-decision junto con el informe de EIA y cualquier persona podrá presentar observaciones antes de que se adopte una decisión final. Los tribunales administrativos revisan tanto la legalidad procesal y sustantiva de las decisiones administrativas, mientras que las partes interesadas han realizado parte específica de la Decisión una parte del litigio (véase el artículo 8: 69 (1) Ley General Administrativa). Cuando una autoridad pública ha concedido un margen de apreciación por el legislador en la ponderación de los distintos intereses en juego en la toma de una decisión concreta, el Tribunal permitirá a dicho margen al aplicar un control marginal y defender las decisiones que considere razonable (artículo 3: 4 (2) Ley General Administrativa). En general, los tribunales revisará la decisión administrativa y se asegurará de que las autoridades competentes podían legítimamente basar la Decisión en las conclusiones y los cálculos técnicos significativos que se han utilizado. No existen unas reglas escritas de elementos probatorios distintos de las normas formales que deben aplicarse en la determinación de los hechos. Por ejemplo, el Tribunal de Justicia es competente para nombrar a un experto independiente, como la Fundación para asesorar a los tribunales administrativos en asuntos medioambientales y de zonificación (Stichting advisering Bestuursrechtspraak o STAB). En los casos en que el Tribunal ha llegado a la conclusión de que la Decisión es ilegal que se anule la Decisión impugnada. No obstante, el artículo 6: 22 de la Ley general de Derecho administrativo (Algemene Wet Bestuursrecht) dispone que todo vicio de procedimiento que no perjudique los intereses de ninguna de las partes interesadas podrían pasarse por alto por el Tribunal. En un futuro próximo, no obstante, esta disposición ofrezca esta misma posibilidad para cualquier vicio sustantivo. El futuro próximo aportará también una nueva disposición en la Ley general de procedimiento administrativo, que proporcionará una decisión administrativa que no van a ser anulada por el Tribunal si infringe de cualquier norma escrita, que no lo era para proteger los intereses de las partes que presentaron el caso. El asunto se tratará de conformidad con las disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos que se establecen en el capítulo 8 de la Ley general de Derecho administrativo (Algemene wet bestuursrecht). El Tribunal de Justicia deberá juzgar la mayoría de los asuntos públicos (artículos 8: 56 a 8: 65 Ley General Administrativa), pero a veces se aplica un procedimiento simplificado (artículo 8: 54 Ley General Administrativa). No existen unas reglas escritas en elementos de prueba distintos de las normas formales que requiera información sobre el nombramiento de un perito, etc. (arts. 8: 27 a 8: 29 y de 8: 42 a 8: 51 Ley General Administrativa). Por supuesto, la jurisprudencia establece reglas empíricas sobre normas sustanciales de prueba. Por ejemplo: Cuando la resolución impugnada restringe a los ciudadanos en su derecho o es de carácter punitivo, la carga de la prueba recae en la autoridad pública. Otra norma relevante del pulgar: que había tomado la iniciativa de decisión administrativa? Si la toma de decisiones administrativas comenzó con una solicitud por el ciudadano, la primera carga de la prueba incumbe a la parte demandante. Documentos de orientación y normas vinculantes con carácter general, no pueden ser directamente ante un tribunal administrativo.
Cuando los particulares o personas jurídicas actúen en infracción de la legislación de medio ambiente, la legislación neerlandesa prevé la posibilidad de presentar una solicitud directamente ante un tribunal. Sin embargo, el presente procedimiento no son específicas en materia medioambiental, pero hayan sido interpuestas a los órganos jurisdiccionales ordinarios (civiles, basadas en el Derecho de responsabilidad civil, regulada en el artículo 6: 162 del Código civil neerlandés (Burgerlijk Wetboek). Un solicitante puede solicitar la reparación de daños y perjuicios o pueden solicitar que el Tribunal ordene un particular o entidad jurídica para frenar sus acciones. Lo mismo se aplica a las demandas contra organismos estatales. Los tribunales administrativos en los Países Bajos que tramitan los casos sobre permisos medioambientales y sobre la aplicación del Derecho ambiental no son competentes en tales casos contra personas físicas o jurídicas. Por supuesto, los tribunales administrativos son competentes en lo que se refiere a los casos en que se adoptó una decisión para conceder un permiso medioambiental, de imponer medidas coercitivas y permitir o denegar en otras cuestiones de medio ambiente. La Directiva sobre responsabilidad medioambiental (2004/35/CE) se puso en práctica por los Países Bajos en el título 17.2 de la Ley de gestión medioambiental (Wet milieubeheer). La autoridad competente de los daños causados al medio ambiente es la autoridad competente para expedir el permiso de la instalación (inrichting) sobre la base de la Ley general de permisos medioambientales (Wet Algemene Bepalingen omgevingsrecht) o, para las instalaciones que se rigen por las normas generales obligatorias sobre la protección del medio ambiente, en la mayoría de los casos, el Decreto sobre normas generales para las actividades (activiteitenbesluit) — la autoridad que sea competente para hacer cumplir las normas generales. En aquellos casos en que los daños sean causados fuera de una instalación, la autoridad competente sea designada por la naturaleza de los daños de conformidad con el artículo 17.9 (1-4) de la Ley de gestión medioambiental. Cualquier parte interesada, tal como se define en el artículo 1: 2 de la Ley general de Derecho administrativo (Ley general administrativa; Algemene wet bestuursrecht), bien por un organismo público podrá solicitar a la autoridad competente decidir sobre medidas preventivas o reparadoras. Si una parte interesada presenta una reclamación, toda decisión de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de aplicación de la Directiva sobre responsabilidad medioambiental por una autoridad pública con respecto a la responsabilidad ambiental está sujeta a control jurisdiccional. Los recursos se tramitarán de conformidad con el Reglamento general de la resolución administrativa que se especifican en la Ley general sobre procedimientos administrativos, y las normas específicas de procedimiento previstas en materia de medio ambiente en la Ley de gestión medioambiental. Cuando un tribunal administrativo no es competente para tratar el litigio que se plantea ante el órgano jurisdiccional, dicho órgano jurisdiccional será competente para conocer del asunto.
El ministerio público (Openbaar Ministerie) se encarga de la persecución de los delitos contra el medio ambiente, para las que se determinan en el Código Penal neerlandés (Wetboek van Strafrecht). En materia medioambiental es una sección específica de la fiscalía para perseguir este tipo de actos. La acusación particular no está contemplada en los asuntos de naturaleza medioambiental. No obstante, existe la posibilidad de que el interesado solicite la orden jurisdiccional penal la acusación pública para perseguir un determinado acto delictivo; El artículo 12 del Código Penal (Wetboek van Strafvordering).
La existencia de un Defensor del Pueblo nacional está garantizada por el artículo 78 bis de la Constitución neerlandesa (grondwet). Los Países Bajos tienen un defensor del pueblo nacional, Ley especial (Wet Nationale Ombudsman). Además, el trabajo del Defensor del Pueblo nacional neerlandés está regulada por la Ley general de Derecho administrativo (Algemene wet bestuursrecht). El Defensor del Pueblo investiga las reclamaciones presentadas ante él por los ciudadanos. También puede iniciar investigaciones por propia iniciativa. No existe un Defensor Especial del Pueblo en materia ambiental. Los Países Bajos ninguna reclamación al Defensor del Pueblo es competente para investigar el comportamiento de la administración. El Defensor del Pueblo (http://www.nationaleombudsman.nl/) ayuda a los ciudadanos que tienen dificultades con el Gobierno y las autoridades administrativas que explica cómo se pueden hacer mejor las cosas. http://www.nationaleombudsman.nl/ En su caso, el Defensor del Pueblo nacional responde a problemas o quejas de la puesta en marcha de investigaciones. Por ley, todas las partes interesadas han de cooperar con ellos. El Defensor del Pueblo nacional es una prestación «de último recurso». Si no se han respetado, el primer paso es presentar una reclamación ante la propia autoridad administrativa. El Defensor del Pueblo nacional solo puede atender una denuncia si fue por primera vez ante la propia autoridad administrativa y la denuncia no han sido suficientemente abordadas.
Procedimiento administrativo (participación del público)
En el procedimiento administrativo, la regla general es que una parte interesada, una persona cuyo interés se vea directamente afectada por una decisión (artículo 1: 2 (1) Derecho administrativo general), podrá participar en el procedimiento que conducirá a la Decisión. Esto es así tanto en el procedimiento que se prescribe para una preparación intensiva las decisiones individuales y el procedimiento de la sección 3.4 ley general administrativa. En materia de medio ambiente, no obstante, existen disposiciones específicas que permitan no solo una parte interesada, pero para que presente sus observaciones sobre un proyecto de Decisión, por ejemplo, el artículo 3.12, lid 5 (Ley general sobre permisos medioambientales wabo).
El artículo 8: 1 de la Ley general de Derecho administrativo (Algemene Wet Bestuursrecht) dispone que solo una parte interesada (belanghebbende) tiene derecho a interponer un recurso contra una decisión adoptada por una autoridad pública. Una parte interesada sea una persona cuyo interés se vea directamente afectada por una decisión (artículo 1: 2 (1) Ley General Administrativa). Antes de que se puede presentar un recurso, un procedimiento de oposición es obligatoria según el artículo 7: 1 de la Ley general de Derecho administrativo, salvo que dicha decisión se preparó una amplia preparación con arreglo al procedimiento descrito en la sección 3.4 ley general administrativa.
Artículo 1: 2(1) Gala afirma que una parte interesada sea una persona (o entidad jurídica) cuyo interés se vea directamente afectada por una decisión. Artículo 1: 2(3) Defensa de Derecho administrativo general estipula que en lo que se refiere a las personas jurídicas, sus intereses se considera que la defensa de intereses generales y colectivos que representan, en particular, de conformidad con su objeto social, según lo evidenció las actividades efectivamente realizadas. En materia de medio ambiente, no obstante, existen disposiciones específicas que permitan no solo una parte interesada, pero para que presente sus observaciones sobre un proyecto de Decisión.
Artículo 8: gala de 1 estipula que solo una parte interesada (belanghebbende) tiene derecho a interponer un recurso contra una decisión adoptada por una autoridad pública. Artículo 1: 2(1) Derecho administrativo general act.states que una parte interesada sea una persona (o entidad jurídica) cuyo interés se vea directamente afectada por una decisión. Artículo 1: 2(3) Defensa de Derecho administrativo general establece que, por lo que respecta a las personas jurídicas, sus intereses se considera que la defensa de intereses generales y colectivos que representan, en particular, de conformidad con su objeto social, según lo evidenció las actividades efectivamente realizadas.
Véase personas u ONG
Se han de satisfacer las necesidades de las personas u ONG
Deberá satisfacer las demandas de los individuos o las ONG antes de que termine el plazo de interposición del recurso
La norma que estipula que solo una parte interesada tiene derecho a recurrir una decisión de una autoridad pública (artículo 8: 1 y 1: 2 Ley General Administrativa) es aplicable a todos los procedimientos judiciales administrativos. Desde octubre de 2005, la Ley de procedimiento administrativo neerlandés no tiene ya una actio popularis. La legislación medioambiental, sectorial no apartarse de esta norma general de capacidad procesal; Por lo tanto, se aplica en los asuntos relacionados con la EIA y la PCIC. Sin embargo, la legislación sectorial en materia de medio ambiente, que no solo una parte interesada, cualquier persona tendrá derecho a presentar sus observaciones sobre el proyecto de Decisión. La capacidad procesal de los organismos gubernamentales se recoge en el artículo 1: 2 (1 y 2) Ley Administrativa General, que establece que una autoridad administrativa puede ser una parte interesada ya que los intereses que les son confiadas por el legislador se consideren sus intereses. Las misiones de servicio público que tienen atribuidas y las competencias que tengan atribuidas decisivo a la hora de apreciar los intereses que se les confíen. Con arreglo al artículo 1: 1 Derecho administrativo general introducidas al Defensor del Pueblo nacional no está considerada como tal una autoridad administrativa. Además, no se ha presentado ninguna prueba de los procedimientos incoados ante los tribunales administrativos iniciados por la Fiscalía.
Los abogados desempeñan un papel importante en los procedimientos judiciales en materia ambiental, el Derecho medioambiental es cada vez más compleja. Si se gana el caso ante el tribunal administrativo, la autoridad pública puede reembolsar los gastos de abogado, si el órgano jurisdiccional lo ordene. El importe que puede concederse al máximo y se suele ser muy inferior a los costes reales (artículo 8: 75 Ley General Administrativa). No obstante, en los procedimientos administrativos, la asistencia de un abogado no es obligatoria. Lo mismo puede decirse de todos los tribunales administrativos. La asistencia de un abogado no es obligatoria en los procedimientos contencioso-administrativos. En otras palabras, la Ley general sobre procedimientos administrativos, Ley General Administrativa (Algemene wet bestuursrecht)., no se exija un abogado para interponer un recurso, ni para la representación legal ante los tribunales. En los procedimientos judiciales civiles la asistencia jurídica sea obligatoria, aunque existe una importante excepción en relación con los casos en que los intereses financieros del asunto, no sea superior a 25,000 EUR. Lo mismo se aplica a los procedimientos judiciales penales. Todos los abogados son los abogados (en lo sucesivo, «Orde van Advocaten», http://www.advocatenorde.nl/). http://www.advocatenorde.nl/ En su sitio web encontrarás algunas palabras clave, como los abogados por ámbitos de especialización como, por ejemplo, la legislación en materia de medio ambiente (milieurecht). En algunos casos, las ONG como Greenpeace (http://www.greenpeace.nl/), Stichting Natuur en Milieu y otros (www2.natuurenmilieu.nl) o Milieudefensie (http://www.milieudefensie.nl/), puede ayudar a los ciudadanos a interponer recursos. http://www.greenpeace.nl/ http://www.milieudefensie.nl/
Los Países Bajos no cuentan con normas específicas de pruebas que solo son aplicables en materia de medio ambiente. En los procedimientos judiciales civiles y penales existen normas específicas sobre el modo de presentar pruebas y que asumirá la carga de la prueba. En los procesos civiles, las partes deben proponer todas las pruebas de sus afirmaciones al Tribunal tan pronto como sea posible. El fiscal del Estado persigue y aportar todas las pruebas en procedimientos penales en materia de medio ambiente. Las normas sobre los procedimientos judiciales administrativos existen a la hora de facilitar ejemplos pero ninguna acerca de cuál de las Partes tendrá la carga de la prueba. Si la presentación de pruebas nuevas ante el Tribunal por primera vez suele ser autorizada salvo que el principio del debido proceso sufre un perjuicio. Aunque el legislador cuando explica que los tribunales administrativos deberían buscar la verdad material y los tribunales son competentes para solicitar pruebas de oficio (ex officio), los procedimientos en curso ante los tribunales de lo contencioso-administrativo, en muchos sentidos, similar al procedimiento ante los tribunales civiles, si las partes tienen que aportar la prueba. Las partes pueden presentar dictámenes de expertos, con la asistencia de un experto oído como testigo, y solicitar al Tribunal que designe a un perito realizar una investigación (véase la división 8.2.2 Derecho administrativo general act.on la investigación preliminar). El tribunal evaluará todas las pruebas presentadas, y llegan a la conclusión de que lo más probable es que se demuestre conforme a la verdad. Cuando se presenta un dictamen no es vinculante para un juez administrativo, si bien los jueces tienden a seguir el dictamen del perito, designado. El dictamen de un experto no es obligatorio en los casos en que el Tribunal de Justicia no nombrar al perito, sino una parte presentó un informe. Los órganos jurisdiccionales tienen siempre la posibilidad de evaluar la calidad y la coherencia del informe y tendrá en cuenta si el experto informa con arreglo al principio de «diligencia debida». En los procedimientos sobre las decisiones administrativas en materia de medio ambiente, existe la posibilidad de que el Tribunal nombrará un experto independiente, la Fundación para asesorar a los tribunales administrativos en asuntos medioambientales y de zonificación (Stichting advisering Bestuursrechtspraak o STAB). Esta Fundación está financiada por las administraciones públicas y tiene conocimientos técnicos específicos en materia de medio ambiente. La Ley establece que deberá redactar un informe sobre cualquier asunto relacionado con el medio ambiente a petición de un tribunal administrativo. A la vista de esta Fundación la oportunidad de que el juez nombrará a un experto para revisar una decisión específica, parece un poco mejor en los procedimientos en materia de medio ambiente.
En general, una decisión de una autoridad administrativa surtirá efecto cuando se hayan notificado de conformidad con las normas generales en materia de notificación en la Ley general sobre procedimientos administrativos. Sin embargo, la mayor parte de las decisiones importantes sobre el medio ambiente solo surtirá efecto al término del plazo de recurso contra dichas decisiones, porque la legislación sectorial se lo ordene. En general, un recurso contra una decisión gubernamental en los Países Bajos no tiene un efecto suspensivo (véase el artículo 6: 16 de la Ley General Administrativa). No obstante, en ocasiones la normativa sectorial o específica difiera de esta norma general. En general, por lo tanto, las decisiones administrativas pueden aplicarse de forma inmediata, con independencia de la interposición de un recurso o una demanda judicial. Cualquier ejecución de una decisión anulada posteriormente por el Tribunal, puede, no obstante, dar lugar a responsabilidad.
Si un recurso de casación contra un auto se ha presentado ante el Tribunal de Primera Instancia o, antes de un posible recurso ante el Tribunal de Primera Instancia, una excepción, la Presidenta del tribunal de distrito que tenga o pueda tener jurisdicción en el procedimiento sobre el fondo, previa demanda, podra conceder una tutela judicial provisional cuando la agilidad es esencial habida cuenta de los intereses en juego. Desde el momento en que se haga una excepción o se interponga un recurso (pro forma), cuáles son los tribunales competentes para conceder medidas cautelares a instancia de cualquier parte interesada que haya presentado la oposición o el recurso y ha demostrado la necesidad urgente de una medida cautelar a causa de los intereses en juego (véase el artículo 8: 81 de la Ley General Administrativa).
Las medidas cautelares pueden consistir en cualquier órgano jurisdiccional condenó las acciones pero, en la práctica totalidad de los casos consisten en la concesión de un efecto suspensivo o eliminar el efecto suspensivo de la decisión dictada por el órgano administrativo. No existe ningún recurso contra un requerimiento judicial por el Tribunal administrativo.
Los procedimientos administrativos son gratuitos. Para un tribunal administrativo a oír a un demandante es necesario pagar una tasa. La tasa por procedimientos judiciales en primera instancia se contempla en el artículo 8: 41 de la Ley general de Derecho administrativo (Algemene wet bestuursrecht). En general, la tasa no es muy elevado. Que varía en función del tipo de procedimiento y persona que promueva el caso y el tipo de derecho sustantivo que se aplique al caso. Artículo 8: 41(3) Derecho administrativo general act.mentions explícitamente las diferentes tasas. En 2013, la tarifa es de 44 EUR por cualquier persona física que haya presentado un recurso o medidas cautelares contra una decisión de un órgano administrativo que se ocupa de la seguridad social y la legislación correspondiente (véase el artículo 8: 41 (3) Ley General Administrativa). Es 160 EUR para una persona física en cualquier otro caso y 318 EUR para toda persona jurídica que interponga un recurso de apelación o de una acción de cesación. Honorarios por procedimientos ante un tribunal de apelación administrativo son algo más elevadas y se establecen en la legislación aplicable al procedimiento ante los tribunales de apelación. Cuando el recurso tenga éxito, estos costes normalmente tendrá que ser pagado por la autoridad administrativa, el artículo 8: 75 de la Ley General Administrativa). En muy pocos casos de abuso del derecho a recurrir, el Tribunal de Justicia podría decidir que la demandante soportará los costes (fijos) de la autoridad administrativa. El principio de «quien pierde, paga» no se aplica en la mayoría de los casos. Los costes de los procedimientos judiciales civiles son algo más elevadas. La tasa aplicable a las actuaciones judiciales en un tribunal de distrito es diferenciada (en algunos de los casos más comunes en 2013 es de 274 EUR para las personas físicas y a 589 EUR para las personas jurídicas, pero podría ser más alto cuando los intereses del caso son más grandes). Cuando un caso se refiere a créditos que sean superiores a 25,000 EUR o a 100,000 EUR el obtener tasas superiores, respectivamente. En determinadas circunstancias, podrían clasificarse como desfavorecidos o pobres y una baja tasa especial aplicable. En materia civil, el’loser paga» se impone. En todos los demás casos, los costes podrían ser los costes para profesionales de la asistencia jurídica en los procedimientos jurídicos. Estos costes varían en función del tipo de especialización (o su abogado) la demandante alquila. Si el solicitante o solicitante se consideran desfavorecidos o pobres, debería pedir asistencia jurídica subvencionada, pero deberán pagar una aportación personal.
Los tribunales no pueden otorgar exenciones del pago de tasas judiciales. Sin embargo, la legislación neerlandesa prevé asistencia jurídica subvencionada y para la reducción de las tasas de los solicitantes que podrían considerarse desfavorecidos o pobres. Además, existen oficinas especiales que presten asistencia jurídica gratuita de manera informal en la mayoría de los casos, aunque esto puede dar lugar a costes normales de asistencia judicial, cuya subvención puede realizarse en las mismas condiciones que se aplican a las tasas reducidas. Además de que los bufetes de abogados pueda verse llamado a proporcionar asistencia jurídica pro bono y algunos de ellos afirma que lo hacen de manera regular, pero la mayor parte de los bufetes de abogados probablemente no prestan asistencia jurídica gratuita en casos relativamente normal. No existen consultorios jurídicos que se ocupen de asuntos medioambientales que están disponibles para el público en general. No obstante, en algunos casos las ONG como Greenpeace organizará la protesta contra las decisiones de autoridades públicas y ayudar con la interposición de recursos.
Si una decisión se solicita la autoridad administrativa debe adoptar una decisión en el plazo establecido en la legislación sectorial o, en caso de que no se realice dicho término en un plazo razonable, que se considera un plazo de ocho semanas con arreglo al el artículo 4: 13 de la Ley general de Derecho administrativo. El plazo para la solicitud de una licencia ambiental (complejo) será de seis meses y es de ocho semanas en los casos menos complejos tales como una licencia de construcción. Ambos están estipuladas en la Ley general sobre permisos medioambientales (Wet Algemene Bepalingen omgevingsrecht). Existen al menos dos tipos distintos de sanciones cuando una autoridad administrativa no emitirá una decisión en el tiempo. El solicitante debe comunicar a la autoridad pública que la Decisión no ha sido entregado a tiempo y dos semanas después de este requerimiento, se derivan dos consecuencias. En primer lugar, la demandante se ha adjudicado el derecho a recurrir directamente ante un tribunal por el hecho de que ninguna decisión fue entregado. Cuando el órgano jurisdiccional competente concluye que la autoridad pública ha incumplido su obligación de adoptar una decisión en el plazo previsto, la ordenará a la autoridad pública a cumplir la Decisión y fija una sanción pecuniaria por cada día que la autoridad pública no emitirá la decisión. La segunda consecuencia del hecho de que dos semanas después de la notificación por parte de la demandante, que a partir de esa fecha se le concedió una indemnización por cada día en que la autoridad pública se demora, con un máximo de 1 260 EUR. Si usted desea impugnar una decisión en un recurso de casación deberá interponerse en el plazo de seis semanas a partir de la notificación. En la mayoría de los casos una puede presentar un recurso pro-forma otro término que significa que se concede a presentar motivos del recurso de casación. Aunque los tribunales han intentado recientemente establecer fechas antes Tribunal, normalmente en una audiencia que se celebrará tras tres trimestres de un año. Esto permite a las partes presentar motivación del recurso y no menoscabar su derecho a responder a sus escritos. No hay límite de tiempo para que el Tribunal fije una fecha para la vista. Si un tribunal se ha fijado la fecha las partes disponen hasta diez días antes de la vista para aportar nueva información o nuevos motivos de su recurso de casación, pero sí deben ser conscientes de que el principio del debido proceso podría limitar la facultad de remitir en nueva información o justificación. El Derecho administrativo general act.sets un plazo para dictar sentencia tras la audiencia por el Tribunal administrativo. Este plazo será de seis semanas, prorrogable por otros seis semanas. Sin embargo, no existen sanciones contra los tribunales por adoptar decisiones con retraso. Normalmente, un órgano jurisdiccional tendrá 9 a 12 meses en dictar sentencia. Recientemente se ha destacado tanto por el legislador y el poder judicial que los procedimientos judiciales deben, en la medida de lo posible llevar a la resolución final de un litigio. Por lo tanto, se han aplicado varios instrumentos para que los jueces de intentar alcanzar este nivel óptimo; Por ejemplo, cuando un Tribunal ha estimado que una decisión infrinja la ley, se le ha concedido la competencia para exigir que la autoridad administrativa intenta reparar las irregularidades (es lo que se denomina el «circuito administrativo»; Artículo 8: 51A — 8: 51 y artículo 8: 80A y 80B: 8 Derecho administrativo general act.act).
Las decisiones medioambientales suelen ser cuestionado en el procedimiento administrativo y solicitar opiniones jurídicas y contra un proyecto de Decisión. Amplia y compleja) (en los asuntos medioambientales es común a debatir el proyecto en cuestión con el público interesado antes de que comience el procedimiento administrativo formal. La opinión manifestada en la mayoría de los casos será probablemente conocido por la autoridad pública, puesto que de la información recopilada a la hora de preparar el proyecto de Decisión. Información sobre el impacto medioambiental en general es que no se tengan en cuenta sistemáticamente de una manera estructurada y fácilmente accesible, pero pidiendo información conducirá a una decisión de publicar la información, decisión que puede impugnarse ante los tribunales. Información sobre las evaluaciones de impacto ambiental, en gran medida, accesible a través del sitio web de la Comisión para la evaluación de impacto medioambiental (http://www.commissiemer.nl/). http://www.commissiemer.nl/ Además información sobre temas jurídicos corre a cargo de una agencia del Gobierno (http://www.agentschapnl.nl/), que tiene varios sitios web con información sobre medio ambiente en los Países Bajos y sobre Derecho medioambiental (http://www.infomil.nl/). http://www.agentschapnl.nl/ http://www.infomil.nl/ Las organizaciones gubernamentales en los Países Bajos están cada vez más convencidos de que la resolución alternativa de litigios puede ser una buena alternativa a los procedimientos judiciales. Este es también el caso en materia de medio ambiente. Además, algunos tribunales administrativos, incluido el máximo tribunal administrativo en los asuntos medioambientales, ofrecer a las partes la posibilidad de recurrir a un mediador y tratar de resolver sus diferencias por lograr el consenso, sin que el juez dicte sentencia.
Discriminación basada en el país de origen o de lengua neerlandesa está prohibida por la Constitución (artículo 1). En general, el derecho procedimental exige que todos los litigios, recursos y otros escritos son presentadas al Tribunal de Justicia en lengua neerlandesa. La sentencia y otros escritos del Tribunal será también en neerlandés. No obstante, existen posibilidades de disponer de los documentos redactados en otra lengua traducida. Por otra parte, cuando una persona participa en una vista y no hablar la lengua neerlandesa suficientemente puede utilizar su propia lengua y que el Tribunal de Justicia disponga de un intérprete de forma gratuita (véase el artículo 8: 36 de la Ley General Administrativa).
No existen normas generales de procedimiento en la legislación neerlandesa sobre problemas ambientales en otros países. En la mayoría de los casos los asuntos transfronterizos se tratan de conformidad con las normas procesales habituales. Por supuesto, el impacto sobre el medio ambiente de proyectos neerlandeses en otros países es importante para las decisiones que vayan a ser adoptadas por las autoridades neerlandesas, pero no existen normas generales sobre los casos transfronterizos. Los (extranjeros) las personas afectadas por la decisión tomada por la autoridad pública puedan ser consideradas partes interesadas (artículo 1: 2 Ley General Administrativa) y, por lo tanto, tienen capacidad procesal ante los tribunales administrativos y neerlandesa son elegibles para la casi totalidad de la ayuda jurídica y financiera que se ha mencionado anteriormente.
http://wetten.overheid.nl/zoeken/ (búsqueda de actos legislativos neerlandesa)
http://www.rechtspraak.nl/ (en neerlandés) base de datos de jurisprudencia
http://www.milieurecht-advocaten.nl/ (Asociación de Abogados neerlandés)
http://www.advocatenorde.nl/ (Colegio de Abogados de los Países Bajos)
http://www.nationaleombudsman.nl/ (Defensor del Pueblo neerlandés)
https://www.om.nl/onderwerpen/milieucriminaliteit/ (en neerlandés Fiscalía: Medio ambiente)
http://www.infomil.nl/ (información sobre legislación medioambiental neerlandesa)
[1] Toda la legislación neerlandesa mencionados en este sitio web puede consultarse en Internet en http://wetten.overheid.nl/zoeken/. http://wetten.overheid.nl/zoeken/
[2] Información sobre el sistema judicial está disponible en Internet en http://www.rechtspraak.nl/. http://www.rechtspraak.nl/