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Timestamp: 2015-09-05 10:22:41
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EL CARÁCTER PLURICULTURAL DE LA CONSTITUCIÓN VENEZOLANA DE 1999
La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que se instaló el 25 de julio de 1999, con una participación activa de dirigentes indígenas,[20] se hizo eco de los reclamos y exigencias del movimiento indígena mundial y de los cambios profundos experimentados en las constituciones de los países del hemisferio con población indígena; por tales razones, en el Preámbulo del Texto Constitucional se declaró al Estado Venezolano como una nación multiétnica, pluricultural y multilingüe, reconociendo de manera expresa y formal un capítulo que consagra los derechos propios y vitales de los distintos pueblos y comunidades indias, que garantizan su organización social y económica, sus culturas, usos y costumbres, así como sus idiomas y religiones, vale decir, su identidad cultural como pueblos.[21]
El reconocimiento, respeto y aplicación de tales derechos colectivos aflora de manera inmediata y los mismos no están sujetos a la operatividad de normas reglamentarias futuras (Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, por ejemplo), por aplicación del principio de progresividad de los derechos humanos consagrado en el artículo 19 del Texto Constitucional vigente, por lo cual nunca deben ser considerados como normas de contenido “programático”, tal como sucedía con la interpretación que se hacía de los derechos sociales y culturales reconocidos en la Constitución venezolana de 1961, pues sería una criterio violatorio de tales derechos. Así lo entendió la Sala Electoral del Máximo Tribunal de la República, en sentencia 51 de fecha 19-05-2000, cuando sostuvo lo siguiente:
“Así pues, de acuerdo al Constitucionalismo moderno y considerando que la recién promulgada Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,…, es un sistema de normas, conduce a descartar la reapertura de la discusión acerca del carácter programático de las disposiciones que la integran, no podría ser considerada como un documento político contentivo de programas, que sólo podrían ser ejecutados una vez que éstos se hicieren operativos mediante el proceso legislativo; por tanto, considera esta Sala, que no se requiere la intermediación de la legislación para ser aplicada directamente, hecho éste al que alude la parte recurrente como indispensable. De esta manera, sería inaceptable calificar de norma como programática, por no haberse promulgado legislación que la desarrolle, dado que en definitiva sería negar la aplicación de una disposición constitucional”.
De manera pues, que formalmente la Constitución Nacional de 1999 saldó la deuda histórica y social que teníamos con nuestros pueblos originarios, y se coloca a nivel internacional en un peldaño bien alto en materia de derechos humanos indígenas.
[20] Ricardo Colmenares Olívar. “El Derecho de Participación y Consulta de los Pueblos Indígenas en Venezuela”. En Revista de Derecho No. 8 del Tribunal Supremo de Justicia. Caracas, 2003: p. 30. [21] Este Capítulo VIII de denomina “De los Derechos de los Pueblos Indígenas” y se enmarca dentro del Título III de la Constitución, intitulado “De los Derechos Humanos y Garantías, y de los Deberes”. Consta de 8 artículos (119 al 126). Entre los derechos reconocidos están: 1) Derecho a mantener su propia organización social, política y económica, culturas, idiomas y religiones (artículo 119); 2) derecho a la propiedad de sus hábitat y tierras ocupadas ancestralmente (artículo 119); 3) derecho al aprovechamiento de los recursos naturales (artículo 120); 4) protección a la identidad y cultura indígena (artículo 121); 5) derecho a la educación intercultural y bilingüe (artículo 121); 6) derecho a la salud y reconocimiento a la medicina tradicional indígena (artículo 122); 7) derecho a la autonomía y autogestión (artículo 123); 8) derecho a la propiedad intelectual colectiva (artículo 124); 9) derecho a la participación política, acceso a la formación profesional y al trabajo (artículo 125). El artículo 126 está la denominada “cláusula de salvaguarda de la soberanía e integridad territorial” (Véase: Ricardo Colmenares Olívar. LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. Caracas, Editorial Jurídica Venezolana, 2001).
Casación civil en Venezuela
II. GENERALIDADES DE LA CASACION.
SIGNIFICADO DE LA CASACION
Según el Diccionario de la Lengua Española, la palabra casar deriva del latín casare, de cassus, vano, nulo y, en su acepción para el lenguaje forense, significa anular, abrogar, derogar.
A la vez, el vocablo casación quiere decir acción de casar o anular. Y por recurso de casación se entiende, el que se interpone ante el grado supremo de la jerarquía judicial contra fallos definitivos o laudos, a los cuales se les atribuyen infracciones de leyes o de doctrina legal, o quebrantamiento de alguna formalidad esencial del procedimiento, para obtener la anulación de la sentencia.
De la definición que antecede, se deduce que la casación es parte del proceso, porque en su tramitación interviene, en todos los casos, un órgano jurisdiccional que realiza una verdadera actividad procesal; y es un acto procesal de impugnación, porque se dirige contra una resolución judicial. Precisamente, el nombre de recurso que se da a la casación, confirma su carácter impugnativo, pues recurso es el término genérico con el cual se denominan todos los actos procesales especiales que tienen por objeto impugnar el resultado de otros actos procesales originarios o principales.
Técnicamente, el petitum del recurso de casación es la anulación (casación) de la sentencia recurrida; la causa petendi es el vicio por el cual se la denuncia: a cabo vicio denunciado corresponde una acción separada de impugnación, idónea por sí misma para pretender la anulación de la sentencia; de manera que la acumulación de todas las denuncias en un solo ejemplar del recurso, como generalmente se interpone, constituye una acumulación objetiva de acciones o recursos de nulidad, de los cuales se deciden en primer lugar las denuncias de formas, y si éstas no procedieran, se resolverán sobre las de fondo, si se las hubiese alegado.
La casación se originó directamente en el supremo tribunal creado con ese nombre por la Revolución Francesa por ley de 27 de noviembre de 1790, como órgano político encargado de anular “todos los procedimientos en los cuales las formas las formas hubiesen sido violadas y toda sentencia que contuviera una contravención expresa al texto de la ley” (artículo 3).
Originalmente, este tribunal no era un órgano jurisdiccional, ni su actuación estaba condicionada por un pourvoi o recurso de parte. Se le atribuía exclusivamente, y a impulso de excitación oficial, potestad para declarar la violación directa de la ley y para impedir que los jueces subrepticiamente hicieran obra de legisladores, y no el derecho de las partes, el motivo determinante. Pero con la introducción del derecho de recurrir otorgado a las partes, el órgano pasó muy pronto a integrarse en la jurisdicción y, simultáneamente, se ampliaron sus funciones. En ese momento, era natural que determinados medios impugnatorios del derecho histórico fueran puestos a contribución. Esto lo demuestra con claridad lo acontecido en la legislación francesa. (1).
EL RECURSO DE CASACION
El recurso de casación civil se define como un remedio supremo y extraordinario contra las sentencias ejecutorias de los Tribunales Superiores dictadas contra la ley o doctrina admitida por la Jurisprudencia o faltando a los trámites esenciales del juicio, y su objeto no es tanto, principalmente ,el perjuicio o agravio inferido a los particulares con las sentencias ejecutorias, o el remediar la vulneración del interés privado, cuanto el entender a la recta, verdadera, general e uniforme aplicación e interpretación de las leyes o doctrinas, a que no se introduzcan prácticas abusivas, ni el derecho consuetudinario por olvido del derecho escrito, declarando nulas para estos efectos las sentencias que violen aquellas y que por constituir ejecutorias no pueden revocarse por medio de apelaciones y demás recursos ordinarios.
De la definición anterior se desprende las características esenciales del recurso, extraordinario, predominantemente público y dirigido a mantener la recta interpretación de la ley.
ELEMENTOS DE LA CASACION
Se deduce que la casación como institución está formada por dos elementos que se hallan, como dice el maestro italiano Piero Calamandrei, bajo una relación de complementariedad. Estos elementos son: Corte de Casación y Recurso de Casación. Ambos institutos se integran recíprocamente aún cuando provienen de campos distintos; el primero del ordenamiento judicial –político y el segundo que pertenece al derecho procesal De esto resultaría conforme lo señala Fernando de la Rúa siguiendo la línea de Calamandrei que el concepto de casación se compone de los siguientes elementos:
a) Una Corte de Casación.
1. Que constituya un órgano judicial supremo, único en el Estado.
2. Funcionando con una finalidad diversa de la jurisdiccional, esto es :
3. Con la finalidad de controlar que los jueces decidan las controversias según la ley.
4. Con la finalidad de controlar que sea mantenida en todo el estado la uniformidad de la interpretación jurisprudencial.
1.- GOMEZ E; HERCE V. (1955). Derecho Procesal Civil. Cuarta Edición, Madrid-España. (p. 600)
5. Con poder negativo de anulación, sobre las sentencias que contengan un error de derecho sobre la decisión de mérito.
b) Un recurso de casación, concebido:
1. Como acción de impugnación.
2. Presentada ante un juez superior.
3. Para obtener la anulación de una sentencia que contenga un error de derecho en la decisión de mérito.
Determinar la naturaleza jurídica de la casación es tarea necesaria para deslindar esta petición extraordinaria o recurso extraordinario, como se le denomina usualmente, de la apelación, que constituye, un poder de provocar la revisión por el Juez superior de la misma controversia decidida en primera instancia.
La utilidad de la determinación de la naturaleza jurídica de las instituciones procesales ha sido puesta en duda por la doctrina más reciente, al punto que Montero Aroca plantea, en forma tajante: El proceso no tiene naturaleza jurídica.
Explica el citado autor, que cuando un jurista pretende hallar la naturaleza jurídica de la institución que fuere, está buscando la categoría jurídica general (el género) en la cual encuadra la especie que está estudiando, y su esfuerzo responde, no a un puro deseo de jugar a las clasificaciones y subclasificaciones, sino a una clara finalidad práctica: se trata de determinar ante el silencio de la ley, ante la laguna legal, qué normas se aplican supletoriamente. (2).
El proceso se puede explicar sin hacer referencia a una categoría general que supla las lagunas legales. Resulta similar la situación respecto a la regulación legal de la casación: es difícil aplicar por analogía a esta institución, las reglas y los principios de otros medios de impugnación; sin embargo, la determinación de la naturaleza jurídica de la casación aún cumple un fin práctico, para establecer cuáles principios y reglas no se aplican al analizar esta petición extraordinaria. Ello aunado a las razones científicas y didácticas ya referida al exponer la necesidad de clasificar las instituciones jurídicas, aconseja seguir adelante con la tarea de precisar la naturaleza del recurso estudiado.
No se trata de una nueva acción, sino de una petición menor, una petición incidental que da origen a un proceso subordinado a aquel en el cual se dictó la decisión recurrida, dirigido a determinar la conformidad de la decisión con el derecho sustantivo y procesal.
2.- TOVAR, L.(1986).La Casación en lo Civil y Mercantil. Revista del Colegio de Abogados del Distrito Federal. Año 1.Caracas.(p.p. 9-11) Se diferencia radicalmente de la apelación porque en esta última, el pronunciamiento del juez que conoce del recurso está dirigido a resolver la misma controversia planteada al juez de primera instancia, cuyo objeto es la pretensión aducida en el libelo de la demanda, delimitada por la contestación del demandado; mientras que el juez de casación sólo se pronunciará sobre la validez o nulidad de la decisión recurrida. Por tanto, muchos de los principios que rigen el recurso de apelación, son inaplicables a la casación, la cual cuenta con fórmulas propias, derivadas de los principios generales del proceso, pero diferentes de las que rigen los otros recursos.
Ambos recursos no tienen la misma naturaleza, y las diferentes regulaciones, en cuanto a la mayor facilidad o dificultad de su interposición, pueden afectar su clasificación como recurso ordinario o extraordinario, pero no la diferencia que ha permanecido en las distintas regulaciones legales: el reexamen de la controversia que dio origen al proceso en la apelación, y el control de la legalidad del fallo en la casación. (En contra, De La Rúa (1968). P.52.).
Según ideas expuestas por Calamandrei, para acertar la naturaleza jurídica del recurso de casación es indispensable distinguir entre dos clases de recursos: medios de gravamen y medios de impugnación. Mientras el medio de gravamen (cuyo prototipo es la apelación) otorga “el derecho a obtener en una nueva instancia el reexamen de la misma controversia, examinada en la instancia precedente”, en el medio de impugnación, en cambio, ese nuevo examen está condicionado a la anulación de la sentencia precedente, como ocurre en casación. En la apelación, el juez conoce de la causa en los mismos términos planteados por las partes; en casación se somete a su examen un problema distinto, cual es revisar si la sentencia está o no efectuada por los vicios denunciados por el recurrente.
El tribunal tiene ante sí dos versiones: primero, la existencia del vicio (iudicium rescindens) y después, caso de anular (casar) el fallo, el reexamen de lacontroversia (iudicium rescissorium), pero siempre en términos más limitados que los de la apelación. Calamandrei dice que el recurso de casación es un medio de impugnación, una acción de nulidad o acción de impugnación con procedimiento propio y da origen a una sentencia constitutiva necesaria. Más claramente, el ilustre profesor de Florencia distingue entre la naturaleza jurídica de la casación por vicios de actividad (in procedendo), en la cual cree ver una típica acción de impugnación que anula y destruye la sentencia anterior, y la casación por error de juicio (in iudicando), que al comienzo se identificaba con la impugnación, pero que ahora, evolutivamente, se acerca cada vez a los medios de gravamen, a medida que la casación tiende a convertirse en una instancia in iure.
En la doctrina clásica se distinguen dos aspectos del recurso; Por quebrantamiento de forma (errores in procedendo) y por violación o falsa interpretación de ley (errores in iudicando), que constituyen el binomio de los motivos por los cuales se puede interponer el recurso ante el tribunal.
La casación no es un órgano consultivo. Si bien es cierto que la casación se debe a la defensa de la ley, también loes que ella no formula interpretación preventiva. Explica el contenido de la norma frente a un caso concreto, en juicio contencioso y señala para futuros procesos el derecho aplicable. No puede el juez ni las partes dirigirse a la corte para que adelante la interpretación auténtica de un texto legal oscuro o ambiguo para aplicarla a un litigio. La casación interpreta el contenido de la norma a posteriori, en la decisión del recurso señala el derecho aplicable y su doctrina trasciende en forma de jurisprudencia.
Sin embargo, ya en el ámbito europeo comienza a imponerse la necesidad de un pronunciamiento anticipado y en algunas leyes especiales se le atribuye esta función de adelanto interpretativo.
Bruno Marchese refiriéndose a la naturaleza jurídica del recurso de casación, sostiene “ Es un recurso extraordinario concedido a las partes para que la Corte de Casación ,anule, case, las sentencias de mérito que contengan un error de derecho.
El profesor sanmarquino Carrión Lugo concibe al recurso de casación como un medio de carácter extraordinario y excepcional por lo siguiente:
a) Porque dicho recurso solo es factible contra determinadas decisiones judiciales emanadas en revisión de lo resuelto por los jueces de primera instancia en lo civil. Nuestro ordenamiento prevé que las causas solo se resuelven en dos instancias.
b) Porque dicho medio impugnatorio requiere el cumplimiento de determinados requisitos de forma y de fondo. En efecto, en cuanto a este último requisito, se exige una fundamentación rigurosa clara y precisa de la causal que se invoca como motivación del medio impugnatorio. Por ello se dice que es un recurso formal por excelencia
En consecuencia ,la casación es un medio impugnatorio, específicamente un recurso de naturaleza extraordinaria y con efectos rescisorios o revocatorios concedido al litigante a fin de que pueda solicitar un nuevo examen de una resolución respecto de situaciones jurídicas específicas , el que deberá ser realizado por el órgano máximo de un sistema judicial , a quien se le impone el deber de cumplir con los siguientes fines :cuidar la aplicación de la norma objetiva ,uniformar la jurisprudencia y obtener la justicia del caso concreto
Para De Falco el recurso de casación es, no sólo una garantía de justicia y de igualdad ante la ley, sino también de libertad política y unidad nacional.
El contenido político de la casación se pone de manifiesto en la finalidad que se le atribuye. Pero si esto no bastase, su génesis histórica podría mostrarnos por sí sola este aspecto de la institución.
Sea cual fuere la posición doctrinal que se adopte frente a esta institución y la trascendencia que se le reconozca en el terreno de la práctica, no se podrá dejar de tener en cuenta, cuando de su estudio se trate, esta nota que se advierte por muy superficialmente que se la considere. No ya entre los modernos procesalistas, que miran de especial manera el aspecto público de la relación procesal, sino entre los de aquel tiempo, no lejano, particularmente entre nosotros, para quienes el proceso civil presenta un aspecto meramente privado, el recurso de casación es considerado como una institución que tiende a garantizar el interés de la ley tanto como el de las partes.
Chiovenda advierte que ya la querella nulitatis, antecedentes remoto de la casación, tuvo en todo tiempo un elemento político, asociando la defensa del particular (jus litigatoris) a la delinteres general (jus constitutionis), y que este carácter se acentúa en las legislaciones particulares más próximas a nosotros, y, en fin, en la organización de la casación francesa y en la italiana donde este elemento político se coordina con el principio de la división de poderes.
De nuestra casación, estatutaria sobre el modelo francés, puede decirse otro tanto. La casación, como cualquier otra institución procesal, tiene antecedentes remotos, pero realmente cuando aparece es con el Decreto de 27 Noviembre de 1790, que creó la Corte de casación francesa. En este momento histórico es en el que hay que situar el origen de los modernos órganos de casación.
La Corte de casación francesa tiene sus antecedentes inmediatos en el Conseil des Parties del antiguo régimen, pero no debe olvidarse, como observa Calamandrei, que esta institución al servicio de una monarquía absoluta estaba destinada a defender un interés político propio del monarca, no a garantizar en el puro interés de la justicia, la imparcialidad y la regularidad de los juicios a los litigantes.
La Corte de casación toma del Conseil des Parties, lo que significa fiscalización sobre todos los Tribunales del territorios nacional, pero el espíritu es otro, pues tiende a mantener en toda su integridad los principios que informan la ley, y, por lo tanto, su defensa la del Estado mismo, la custodia en suma de la voluntad general que en la doctrina rousseauniana es la fuente de la constitución jurídica del Estado.
Partiendo de lo ya explicado, se puede definir la casación como una petición extraordinaria de impugnación que da inicio a un proceso incidental, dirigido a establecer la nulidad de una decisión judicial contraria a derecho.
La definición anterior se aparta del concepto de Cuenca, para quien “El recurso de casación es una acción de nulidad, autónoma y con procedimiento propio, que revoca una sentencia violatoria de la ley”. No sólo por el rechazo a considerar la casación como una acción, ya suficientemente
En cuanto a la naturaleza jurídica de esta institución, se puede adelantar que la casación es un recurso extraordinario y supremo, dedicado primordialmente a resolver cuestiones de derecho, y que en principio, no decide acerca de la materia de fondo de la controversia. (2).
LA CASACION COMO RECURSO
Doctrinariamente se propone como criterio básico de distinción de los recursos, la agrupación de todos en dos categorías fundamentales, constituidas por los llamados recursos ordinarios y recursos extraordinarios.
Los recursos ordinarios son aquellos que, como indica su nombre, se conceden con cierto carácter de normalidad dentro del ordenamiento procesal. De esta normalidad deriva la mayor facilidad con que el recurso es interpuesto y admitido, y el mayor poder que se atribuye al órgano jurisdiccional que deba decidirlo. Por eso suele decirse que el recurso ordinario no requiere motivos específicos para su interposición ni limita los poderes judiciales de quien los dirime en relación a los poderes que tuyo el órgano que tuvo el órgano que dictó la decisión recurrida.
El recurso ordinario o apelación puede concebirse como la prueba de una operación aritmética, a los efectos de la garantía de su resultado: si la prueba consiste en la repetición de la misma operación, es muy probable que si existió el error, vuelva a ser reproducido; pero si la prueba consiste en practicar una operación distinta, que diga si la primitiva resulta o no correcta, sí constituye un mejoramiento sustancial y una fuente de eliminación de posibles errores.
Como se observa, el recurso ordinario, cuyo ejemplo típico es la apelación, es un instituto procesal estrictamente vinculado con el principio de la pluralidad de instancias, por medio del cual la parte vencida pide que se vuelva a juzgar, o sea, que provoca el reexamen inmediato de la controversia en una nueva fase procedimental, cuya apertura impide que el pronunciamiento emitido en la fase precedente pase a ser cosa juzgada.
Los recursos extraordinarios, en cambio, se configuran de un modo mucho más particular y limitado. Han de darse en ellos las notas estrictamente inversas a las de los recursos ordinarios que acaban de examinarse, tanto en cuanto a las partes como en cuanto al juez.
Por consiguiente, el recurso extraordinario se define como aquel en el cual, para su interposición, se exigen motivos determinados y concretos, y donde el órgano jurisdiccional no puede pronunciarse sobre la totalidad de la cuestión litigiosa, sino solamente sobre aquellos sectores acotados de la misma que la índole del recurso establezca particularmente.
Se concluye de lo expuesto, que con los medios de impugnación ordinarios se puede denunciar cualquier vicio de la resolución impugnada, por el solo hecho de ser parte; con los extraordinarios, en cambio, las partes no pueden hacer valer sino determinados vicios de las resoluciones. De ello se deduce que, en el recurso ordinario, el juez o tribunal competente tiene el mismo conocimiento o poder utilizado, sus poderes están limitados y son más reducidos.
Se ha dicho que el carácter de recurso de la casación deriva de su propia denominación, ya que por recurso se entiende todo acto procesal de impugnación ejercido contra las decisiones que se dicten en un juicio. En este sentido, el recurso de casación no es un simple remedio jurídico ni una acción impugnativa autónoma , sino una verdadera reanudación de los términos de un litigio ya cerrado para que, dentro de las limitaciones a que obedece, pueda censurarse el pronunciamiento dictado en el mismo. La calificación de la casación como un verdadero recurso aclara su significado fundamental y encuadra al instituto, plenamente, en el ámbito del derecho procesal, pues cualquiera que hubiesen sido las preocupaciones políticas y no jurisdicciones, a que la casación obedeció en sus orígenes, hoy día representa, sin lugar a dudas, una obra judicial estricta, de innegable índole procesal, como la de cualquier otro recurso.
Es fácil apreciar que, tanto el recurso extraordinario como el ordinario, persiguen un examen de la litis; pero mientras con el último se logra inmediatamente, pues no existe aún fallo definitivo que lo impida, ya que se ejerce el derecho de obtener una nueva instancia de la controversia, con el recurso extraordinario el examen se obtiene mediatamente, o sea, cuando se llegue a lograr mediante un juicio la rescisión de la sentencia de segundo grado, pues mientras persista su vigencia impide el nuevo examen de la cuestión decidida.
Conviene observar que, como regla general, el recurso extraordinario presupone agotamiento de los recursos ordinarios; sin embargo, algunas legislaciones (como la alemana, la italiana y la colombiana) admiten la casación per saltum, que constituye una excepción a ese principio, pues permite que sea ejercido sin agotar el recurso de apelación, lo que permite llevar a casación sentencias dictadas por jueces de primera instancia.
Como, recursos ordinarios pueden señalarse la apelación, el recurso de hecho y la revocación por contrario imperio; como extraordinarios, la casación y el recurso de invalidación.
La Casación como Recurso Extraordinario.
Ahora bien, la casación no es solamente un simple recurso; sino que se la califica como un recurso extraordinario. En efecto, mientras que la apelación es el recurso ordinario por antonomasia, la casación es el recurso extraordinario, por antonomasia también. y el mismo autor describe así los rasgos que caracterizan a la casación como recurso extraordinario:
a) No es admisible el recurso de casación si no han agotado los recursos ordinarios que procedan contra el fallo, salvo el referido caso de la casación per saltum;
b) Las partes no pueden ejercer este recurso a base de un simple interés, sino que tiene que fundarlo en un motivo legalmente determinado, es decir, en un motivo de casación precisamente;
c) El órgano jurisdiccional no puede conocer de los problemas litigiosos en los mismos términos de amplitud que corresponde a los Tribunales de instancia, sino que encuentran limitados sus poderes a temas determinados y taxativos, coincidentes, precisamente, con las circunstancias que funcionan como motivos de la casación.
La Casación como Recurso Supremo.
Además de ser un recurso extraordinario, la casación es un recurso extraordinario supremo que, por razones de esencia, tiene que ser atribuido a un órgano jurisdiccional único y último, es decir, de carácter singular para todo un territorio jurídico y de carácter postrero para toda una ordenación jurídica formal, como lo es, en Venezuela, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, compuesta por cinco Magistrados, de cuyas decisiones se oirá ni admitirá recurso alguno.
Entendida la casación como un recurso supremo, es evidentemente indispensable en cualquier ordenamiento procesal bien configurado.la estructura piramidal de la organización y del funcionamiento de los Tribunales lleva inevitablemente a montar, tras de la primera instancia de todo litigio y a través de la segunda instancia, el desemboque de las actuaciones judiciales en una figura única que represente el ápice o la culminación de todo el sistema.
Podría, más simplificadamente de lo que lo suele hacer el derecho positivo, configurarse esta última revisión de las actividades jurisdiccionales como una figura única que englobase no sólo la casación entendida como impugnación por errores inmanentes, sino también la revisión, entendida como impugnación por errores trascendentes (recurso de invalidación), forma de revisión ordinaria y extraordinaria o de otro modo cualquiera. Más, aparte de esta posible unificación, es lo cierto que la casación que la casación se justifica como un recurso supremo, constituyendo el cierre adecuado de un verdadero sistema procesal. FINALIDADES DE LA CASACION
No es posible definir la casación actual prescindiendo de sus finalidades, aunque éstas evolucionaron a través de la historia, como cambió el concepto de legitimidad de los mandatos generales y abstractos denominados “reglas de derecho”. Así pues el análisis de esta institución no puede ser ajeno al objeto perseguido, de acuerdo a la concreta regulación legal y las ideas que dirigen su interpretación.
Resulta evidente que las finalidades de carácter público, perseguidas por el Estado al implantar y regular la casación difieren de los propósitos del particular que interpone el recurso, quien probablemente solo desea remover un fallo que le es adverso. Explicando la situación en el lenguaje de Calamandrei, el Estado entiende que sobre la aplicación de los preceptos concretos de derecho privado, no se puede concebir ninguna vigilancia más atenta y más tenas que la ejercida por los mismos particulares, los cuales saben que de la aplicación de las concretas voluntades de ley depende la satisfacción de sus intereses individuales tutelados por estas voluntades. En la mayor parte de los casos basta la iniciativa privada, que voluntariamente emprende la “lucha por el derecho” para obtener, al mismo tiempo que la satisfacción de los intereses individuales, la actuación del derecho objetivo; y los particulares, al promover la intervención de la jurisdicción en tutela de sus intereses individuales, se convierten inconscientemente en instrumento de utilidad social, que considera el resultado del proceso desde un punto de vista diverso y más alto que el estrictamente individual desde el cual lo consideran los litigantes(3).
A pesar de la adopción por la regulación legal de supuestos excepcionales de casación sin reenvío, el recurso extraordinario se ha mantenido tradicionalmente apartado de la resolución de la controversia sometida al conocimiento de la instancia, por lo cual, si bien no se puede olvidar que el fin general del proceso consiste en hacer justicia, en la distribución de atribuciones dirigidas a tal fin general, corresponde a la casación el control de la aplicación del derecho por los jueces.
Ya se hizo referencia al origen histórico de la regulación francesa y al hecho de que, en la primera época revolucionaria el órgano que conocía de la casación por violación de las ordenanzas reales era el mismo, incluso, integrado por los mismos magistrados que conocía del recurso por violación de las leyes dictadas por la Asamblea.
Por ello a primera vista sorprende la afirmación de la doctrina, en el sentido de que la casación moderna nace con la revolución, lo naciente, o más bien imperante, es una nueva concepción del derecho como producto de la voluntad del pueblo encarnado en la Asamblea, y no de la voluntad del Monarca.
(3) ABREU B; A y MEJIA A; L (2000). (p. 139) citan a CALAMANDREI (45). Tomo II. (pp. 124-125).
El fin de esta casación a partir de la trasformación revolucionaria, signada por la idea de la rígida separación de poderes como garantía de libertad, no es otro que la defensa de la ley, función denominada por la doctrina “nomofilaquia”. Esta defensa de la ley se dirigió, en primer término, a evitar que mediante la interpretación, los jueces dictaran normas de alcance general, función correspondiente al poder legislativo.
Muy pronto tal fin, estrictamente entendido, se reveló ilusorio, y al consagrar el Código Napoleón el principio de que ningún juez podía abstenerse de decidir so pretexto de oscuridad de la ley, lo cual significó el abandono del sistema de interpretación auténtica por la Asamblea en beneficio de la interpretación de la ley por el juez, se estableció como función de la casación la unificación de la jurisprudencia. La defensa de ley, luego de esa transformación, se garantizará a través del control de su interpretación por los jueces de instancia realizado por la casación.
En consecuencia, son finalidades de la casación la defensa del derecho, no sólo de la ley, y la unificación de la jurisprudencia como garantía de seguridad jurídica. La norma jurídica en la cual el juez va a substituir los hechos alegados y probados en el proceso, tiene, generalmente, como fundamento una regla legal; pero no se agota en ésta. Solo en casos excepcionales resulta posible la aplicación de la ley sin que medie una actividad de interpretación de la regla legal. Tal es el peculiar caso del artículo 12 del Código Civil: “Cuando, según la Ley, deba distinguirse el día de la noche, aquél se entiende desde que nace hasta que se pone el sol”.
Otras formulas legales que parecen absolutamente determinadas lo son solo en apariencia, como es el caso del artículo 772 del mismo Código: “La posesión es legítima cuando es continua, no interrumpida, pacífica, pública, no equívoca y con intención de tener la cosa como suya propia”. Basta rasgar ligeramente la piel de la regulación legal para descubrir su indeterminación, debido a que todavía falta por establecer cuándo la posesión es continúa, no interrumpida, etc. Esta constatación conduce a aseverar que, salvo supuestos excepcionales, la aplicación de la ley está precedida por una labor de interpretación, la cual “se cumple desenvolviendo el elemento de figura legal mediante premisas mayores judiciales [(…)]. Estas proporcionan al juez el módulo especial para determinar si el caso en cuestión puede ser subordinado a la ley”.21
También se deben considerar los numerosos casos en los cuales existen dudas sobre la inclusión de un hecho determinado en el supuesto legal, problema en sus inicios, de calificación de los hechos, pero que al ser resuelto en diversos casos, crea un precedente jurisprudencial que pasa a integrar la interpretación de la norma. Ello sucede tanto en los conceptos jurídicos indeterminados como en aquellos relativamente determinados, por lo cual, al margen de la posición que se adopte respecto a la casacionabilidad de tales conceptos, lo cual será objeto de posterior tratamiento, se habrá de aceptar que la premisa mayor del silogismo de aplicación del derecho no está formada sólo por la ley, como ya se indicó: a ella se integran la interpretación jurisprudencial; la doctrina, o sea, la opinión de los autores y entre éstos, la de la mayoría de ellos, o mejor, la de los demás reputados; los valores sociales y conocimientos generales de una sociedad en una época determinada, que conforman las máximas de experiencias; las convicciones del juez sobre la vida y el derecho, etc. Todo ello, si bien no es “Ley” pasa a integrar la norma a ser aplicada, y por ello es derecho.
Vista así la cuestión la función primordial de la casación moderna es la defensa del derecho y la unificación de la jurisprudencia.
En este punto cabe preguntarse, con Recasens: ¿qué fue de la certeza y seguridad jurídica?22 ¿tales ideas no derriban el templo de la ley, única garantía de la libertad?
Siguiendo al autor citado el propósito de certeza y seguridad sigue siendo un valor funcional del derecho. Lo que sucede es que sería un error entender la certeza y seguridad en términos absolutos23. No cabe esperar seguridad sino dentro de la justicia, por ello toda interpretación debe estar dirigida al sentido general del derecho, lo justo, dentro de la ley pero fuera de la justicia no hay seguridad sino formalismo.
Fix Zamudio24 enseña que la integración de la norma se realiza en todos los casos en que el juzgador aplica el derecho, y no solo en el supuesto de la existencia de las llamadas lagunas. Se colige, entonces, que la aplicación del derecho positivo no es ya una labor de fiel entendimiento de la norma; ni siquiera una actividad puramente interpretativa, sino integradora de la regla que debe ser aplicada, actividad que requiere considerar, además de los elementos antes señalados, el resto del ordenamiento jurídico, en cuya cúspide se encuentra la constitución. Entendida así la actividad jurisdiccional, el juez no puede, ante una ley contraria a los derechos humanos, o cuya aplicación irreflexiva conduzca a una lesión de tales derechos, limitarse a aplicarla, alegando el viejo aforismo dura lex, sed lex; sino que deberá escoger entre varias interpretaciones, aquella que se dirige a una solución justa; aquella que no lesiona los intereses de mayor valor en juego; y si dentro del ámbito de la norma no cabe una interpretación que conduzca a tal resultado, deberá desaplicarla por inconstitucional25.
Como la seguridad y la certeza jurídicas constituyen un valor fundamental, la función de la casación es trascendental, porque al unificar la interpretación de la ley, el ciudadano conoce de antemano los efectos que va a producir en la esfera de sus derechos u obligaciones determinado acto o negocio jurídico, y si la instancia se desvía de la correcta interpretación de la ley, la casación anulará su decisión. Así se asegura la unidad de derecho: “cuando se habla de las ventajas derivadas de la unidad del derecho objetivo en el Estado se quiere siempre hacer referencia a la unidad en el espacio, no a la unidad en el tiempo. Uniformidad del derecho no quiere decir inmovilidad del derecho”.26
21.ABREU B; A y MEJIA A; L (2000). Cita a HENKE (79) (p. 103); 22. ABREU B; A y MEJIA A; L (2000). Citan a RECASENS (73) (p. 292) y ss.; 23. ABREU B; A y MEJIA A; L (2000). Ibidem (p. 293); 24. ABREU B; A y MEJIA A; L (2000). Citan FIX ZAMUDIO (pp. 25-79); 25. ABREU B; A y MEJIA A; L (2000). Citan MEJÍA (92) (p. 184)
Calamandrei se apoya en uno de los eminentes procesalistas italianos que lo precedieron:
La finalidad de la casación no puede ser la de hacer estable en el tiempo la interpretación del derecho objetivo, cuando, como se ha visto, ni siquiera es posible la estabilidad en el tiempo del propio derecho codificado; sino que la movilidad de la jurisprudencia en el tiempo debe ser mucho mayor y mucho más libre que aquel lento movimiento de transformación que en el derecho codificado introducen las raras y, por lo general, tardías reformas legislativas [(…)] la jurisprudencia sirve, con esta movilidad suya mucho mayor para prevenir y para preparar las reformas que después el legislador introducirá en el derecho positivo, para revelar las tendencias según las cuales es conveniente que tales reformas se orienten y maduren, y para eliminar “la tentación de una actividad legisladora de corriente continua, la peor plaga por la que pueda estar amenazado el sistema parlamentario” (Mortara, La Corte dicass.come è e come dovrebbe essere, pág 536)27 Tradicionalmente la casación ha cumplido su fin de defender al derecho a través de la defensa de la ley. Una aplicación del derecho que se desvié de lo generalmente considerado como justo, solo podrá ser atacada en casación alegando y demostrando lógicamente, ante la Sala, la infracción legal. Parafraseando una conocida doctrina la casación examina la observancia del derecho a través del prisma de la infracción de la ley.
Sin embargo, resulta reveladora la apertura hacia el directo control de la aplicación del derecho que se produjo al aceptar la ley, como motivo de casación la violación de una máxima de experiencia28.
Desde otro punto de vista la casación es un medio de impugnación dirigido al control de la actividad jurisdiccional. Esta función de vigilancia de los jueces civiles no debe ser olvidada; corresponde a la Sala de Casación Civil la vigilancia de la actividad jurisdiccional, no en el aspecto administrativo y disciplinario, atribuido a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, 29 sino de lo que es propio de tal actividad, la resolución de los conflictos de intereses, con fuerza de cosa juzgada. La Sala de Casación Civil no controla todos los aspectos de la decisión judicial, sino que enfoca su vigilancia en la correcta aplicación del derecho por los jueces de instancia, por lo cual la finalidad de control judicial está generalmente indiferenciada de la defensa del derecho. Sin embargo, la casación ejerce un control excepcional sobre la actividad de los jueces de instancia, diferente del dirigido a la defensa del derecho objetivo, el cual se manifiesta en la revisión del establecimiento de los hechos por los jueces de instancia, en el caso extremo del falso supuesto, cuando el dispositivo del fallo recurrido se apoya en hecho falso o inexacto,
Por otra parte el recurso de casación por defecto de actividad tiene un claro fin de control de la actividad jurisdiccional. En cuanto a la vigilancia del desarrollo de los procesos en la instancia, las facultades de la Sala de Casación, son amplias, excediendo en mucho los límites del recurso por infracción de la ley.
Tales poderes o facultades no se explican por la necesidad de mantener la uniformidad en la interpretación de la ley procesal, están orientados al directo control de la regularidad de la actividad judicial, similar al ejercicio por los jueces superiores sobre el proceso de primera instancia.
De manera pues que la casación actual tiene por fin público, la defensa del derecho, procurando que su aplicación siempre conduzca a un resultado justo, la unificación de la jurisprudencia, entendida ésta como la certeza de las interpretaciones mediante las cuales el mando legal se mantiene acorde con los cambios sociales y el control de la actividad jurisdiccional.
El propósito de certeza y seguridad sigue siendo un valor funcional del derecho. Lo que sucede es que sería un error entender la certeza y seguridad en términos absolutos. No cabe esperar seguridad sino dentro de La justicia, por ello toda interpretación debe estar dirigida al sentido general del derecho, lo justo. Dentro de la ley, pero fuera de La justicia no hay seguridad sino formalismo.
Fuente: Tomado del Blogger Prof. Miguel Angel Martin.
26. ABREU B; A y MEJIA A; L (2000). Citan a CALAMANDREI (45) Tomo II (p. 68)
27. ABREU B; A y MEJIA A; L (2000). Idem. Tomo II (p. 84)
28. ABREU B; A y MEJIA A; L (2000). Citan al artículo 313 del Código de Procedimiento Civil: Se declarará con lugar el recurso de casación: 1ºCuando en el proceso se hayan quebrantado (...) 2º Cuando se haya incurrido en un error de interpretación acerca del contenido y alcance de una disposición expresa de la ley, o aplicado falsamente una norma jurídica; cuando se aplique una norma que no esté vigente, o se le niegue aplicación y vigencia a una que lo esté; o cuando se haya violado una máxima de experiencia. (...)
29. ABREU B; A y MEJIA A; L (2000). Citan al artículo 267 de la Constitución: Artículo 267. Corresponde al Tribunal Supremo de Justicia la dirección, el gobierno y la administración del Poder Judicial, la inspección y vigilancia de los tribunales de la República y de las Defensorías Públicas. Igualmente, le corresponde la elaboración y ejecución de su propio presupuesto y del presupuesto del Poder Judicial. (...)
Familia y Sucesiones. Derecho civil en Venezuela
Algunos juristas consideran que el Derecho Civil tiene sólo dos ramas: Familias y Bienes, siendo entonces parte del derecho de familias, todo lo referente a personas.
DOS CONCEPTOS DE DERECHO DE FAMILIAS:
En sentido amplio: Es el conjunto de normas legales y principios jurídicos que tienen por objeto determinar la condición de las personas, regular la organización y la familia y la sucesión hereditaria; o dicho de manera más sencilla, es el conjunto de normas que rigen las relaciones personales y familiares existentes entre un determinado grupo de personas. Este es un concepto bastante obsoleto y considerado por un pequeño sector de la doctrina.
Se suele incluir el Derecho de Personas, dentro del Derecho de familias, debido a que muchas instituciones del primero se encuentran íntimamente relacionadas con el último Ej. Patria potestad, la muerte y la ausencia en sentido técnico (cuya característica es que no existe certeza acerca de la vida o la muerte de la persona).
En sentido restringido: El derecho de familias se refiere a las normas que rigen a las personas en razón de sus lazos de familia, entendiéndose por éstos los vínculos de sangre y los lazos de afinidad (que unen a una persona con los familiares de su cónyuge).
Definiéndose entonces como el conjunto de principios jurídicos y de normas legales concernientes a los estado familiares y a las relaciones personales y patrimoniales que derivan de ellos; o dicho de otra forma, el conjunto de reglas jurídicas, tanto de carácter personal como de orden patrimonial, relativas al matrimonio, al parentesco (particularmente la filiación) y a la adopción.
Es importante destacar que a los fines de la materia son considerados lazos de afinidad no solamente los que surgen del matrimonio, sino también aquellos que surgen de los distintos estados civiles relacionados con éste, se incluyen aquí además los lazos que unen a las personas a partir de una adopción. Desde ya se hace necesario aclarar que el profesor considera que con la promulgación de la LOPNA se han presentado algunos problemas en materia de adopción, porque ésta ha tratado a los hijos adoptivos en la misma forma en que se tratan a los hijos naturales de la unión matrimonial.
CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO DE FAMILIAS
Discusión sobre su naturaleza ¿Derecho Público o Derecho Privado?: Un autor italiano llamado Ciscu, sostenía que ésta es una rama de derecho público por las características de sus normas, afirmación que en un principio causó mucho revuelo dentro de los doctrinarios del derecho, pero que en la actualidad no tiene mayor importancia. Es característico de esta materia que sus normas sean de orden público, ya que, el legislador considera que la materia es de tal importancia para el desarrollo de la sociedad que sus normas no pueden ser relajables por los particulares, dado a que estas normas afectan a toda la sociedad, en el sentido de que protegen la constitución de la familia y mientras mejor constituida se encuentre ésta y más estable sea, mejor será la sociedad que conforme al Estado. Ej. Afirma el profesor que el principio el divorcio no es de mutuo acuerdo, sino que una pareja para divorciarse tiene que encontrarse incursa en alguna de las causales establecidas en el Código Civil, esto es así porque se busca proteger al núcleo familiar en el cual se van a desarrollar los hijos, debido al rol que esos hijos van a desempeñar en su adultez dentro de la sociedad.
Como se vio anteriormente, cierto sector de la doctrina considera que la materia de Familias se encuentra dentro del Derecho Público, pero como es bien sabido, en términos generales el derecho público se encarga de la organización del Estado, y si bien el derecho de familia está constituido en su mayoría por normas de orden público, ello no implica que éste forme parte del Derecho Público porque no se está regulando la organización del Estado, sino relaciones entre particulares.
Influencia de normas morales y religiosas: esto tiene su fundamento en que la familia es un hecho natural, razón por la cual hay una serie de normas y de contenidos que en su origen son de orden religioso, esto es así porque, durante mucho tiempo esta materia era regida exclusivamente por el Derecho Canónico.
Esa influencia hace que en derecho de familias no se aplique la lógica con la rigidez con que se aplicaría en otros casos, es por eso que muchas de las normas de esta rama carecen de sanción (recordemos que es característico de las normas jurídicas el establecimiento de una sanción en caso de infracción, sanción ésta que deberá ser proporcional a la infracción). Ej. #1. Art. 57 CC: “La mujer no puede contraer validamente matrimonio sino después de diez (10) meses contados a partir de la anulación o disolución del anterior matrimonio, excepto en el caso de que antes de dicho lapso haya ocurrido el parto o produzca evidencia medica documentada de la cual resulte que no está embarazada”. En este artículo se establece el período de tiempo que la mujer debe esperar luego de divorciarse, para casarse nuevamente, esto es lo que se ha llamado “Período de viudez”. Este período se ha establecido por la presunción que existe de que los hijos nacidos dentro del matrimonio son del marido, con el Art. 57 el legislador ha querido evitar que el período de concepción recaiga sobre los dos esposos, sin embargo el profesor aclara que como el período de concepción recae solamente sobre los primeros 121 de los 300 que preceden al nacimiento, el período de viudez debería recaer también sobre esos 121 días. Este Art. es un ejemplo de una norma que carece de sanción y que, a su vez, también tiene una marcada influencia moral, ya que el trasfondo moral de la misma, es el respeto que debe sentir la mujer por el ex - marido, no debiendo volver a casarse inmediatamente.
Ej. # 2. Art. 53 CC: “No se permite el matrimonio entre tíos y sobrinos, ni entre tíos y los descendientes de los sobrinos. Tampoco se permite el matrimonio entre cuñados cuando el que produjo la afinidad quedó disuelto por divorcio”. Este artículo también tiene un contenido de tipo moral y tampoco tiene sanción.
Nota: Normalmente en esta materia están interesados el orden público y las buenas costumbres, por lo cual sus normas son de carácter imperativo Art. 6 CC: “No pueden renunciarse ni relajarse por convenios particulares las leyes en cuya observancia están interesados el orden público o las buenas costumbres”.
Amplia intervención estatal en la formación de las relaciones jurídicas familiares: La intervención del Estado