Source: https://www.registradoresdemadrid.org/novedades/RESOLUCIONES-JUDICIALES-CON-TRASCENDENCIA-REGISTRAL-PRIMER-TRIMESTRE-DE-2019-1339
Timestamp: 2019-06-20 17:17:42
Document Index: 365665881

Matched Legal Cases: ['artículo 10', 'artículo 325', 'artículo 328', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 131', 'artículo 130', 'artículo 7', 'artículo 276', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 263', 'artículo 14', 'Artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 47']

NOVEDADES - RESOLUCIONES JUDICIALES CON TRASCENDENCIA REGISTRAL PRIMER TRIMESTRE DE 2019.
RESOLUCIONES JUDICIALES CON TRASCENDENCIA REGISTRAL PRIMER TRIMESTRE DE 2019.
1º. Resolución: DOCTRINA JURISPRUDENCIAL SOBRE CLÁUSULAS ABUSIVAS: COMISIÓN DE APERTURA, IAJD, ARANCELES DE NOTARIO Y REGISTRADOR Y GASTOS DE GESTORÍA
2º. Resolución: LA IMPOSICIÓN DE LA RENUNCIA DE ACCIONES PARA EL CANJE DE BONOS U OBLIGACIONES DE BANCOS EN RIESGO DE DESAPARICIÓN CONSTITUYE UNA CLÁUSULA ABUSIVA
3º. Resolución: ACCIÓN DE UN TERCERO PARA RECLAMAR, EN VÍA DE REGRESO, EL PAGO LIBERATORIO DE LO SATISFECHO TRAS ASUMIR LA DEUDA DE UN PRESTATARIO
4º. Resolución: Deberes de información de las entidades de planes de pensiones sobre los riesgos de la modalidad escogida para el cobro de la prestación una vez producida la jubilación; especialmente, en la modalidad de “renta asegurada”.
5º. Resolución: Legitimación del notario para impugnar judicialmente la calificación negativa del registrador. Alcance de la calificación registral. Posibilidad de revisión por el registrador del juicio de validez y vigencia del poder realizado por el notario autorizante.
6º. Resolución: JURISPRUDENCIA VINCULANTE DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES SUPREMOS PARA LA INTERPRETACIÓN UNIFORME DE LA DOCTRINA CON RELACIÓN A LAS CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE UNA DIRECTIVA
7º. Resolución: EXCEPCIÓN AL REPARTO GENERAL DE COMPETENCIAS ENTRE EL JUEZ NACIONAL Y EL JUEZ DE LA UNIÓN: EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ANULA LA DECISIÓN DE UNA AUTORIDAD NACIONAL
8º. Resolución: Conceptos de “consumidor” y de “profesional”. Financiación de la adquisición de la vivienda principal. Préstamo hipotecario concedido por un empresario a su empleado.
9º. Resolución: CONSUMO. PRÉSTAMO MULTIDIVISA. TIPO DE CAMBIO. REFORMA LEGISLATIVA. JURISPRUDENCIA VINCULANTE DE TRIBUNAL SUPERIOR. INDEPENDENCIA JUDICIAL. ALTO NIVEL PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES.
10º. Resolución: Cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores. Cláusula de vencimiento anticipado de un contrato de préstamo hipotecario. Declaración del carácter parcialmente abusivo de la cláusula. Facultades del juez nacional en relación con una cláusula calificada de “abusiva”. Sustitución de la cláusula abusiva por una disposición de Derecho nacional
(comprende cinco resoluciones con idéntico soporte fáctico, fundamentación y fallo)
TRIBUNAL SUPREMO, SALA CIVIL. Pleno
Sentencia nº 44/2019
CASACIÓN núm.: 2982/2018
Sentencia nº 46/2019
CASACIÓN núm.: 2128/2017
Sentencia nº 47/2019
Sentencia nº 48/2019
Sentencia nº 49/2019
1º. Son pagos que han de hacerse a terceros- no al prestamista- como honorarios por su intervención profesional con relación al préstamo hipotecario. La declaración de abusividad no puede conllevar que esos terceros (notarios, gestores, registradores) dejen de percibir lo que por ley les corresponde.
2º. El pago de esas cantidades debe correr a cargo de la parte a la que correspondiera según la normativa vigente en el momento de la firma del contrato.
A.Arancel notarial.
B. Arancel registral.
C. Impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
D. Gastos de gestoría.
TRIBUNAL SUPREMO, SALA CIVIL
STS 137/2019, de 6 de marzo, CIP 1849/2016
LA IMPOSICIÓN DE LA RENUNCIA DE ACCIONES PARA EL CANJE DE BONOS U OBLIGACIONES DE BANCOS EN RIESGO DE DESAPARICIÓN CONSTITUYE UNA CLÁUSULA ABUSIVA
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, reunida en pleno, ha examinado la validez de una cláusula de renuncia de acciones judiciales firmada por los compradores de obligaciones subordinadas, por importe de 12.000 euros, que tenían la condición legal de consumidores. La firma de la cláusula de renuncia de acciones tuvo lugar en el marco del Plan de Resolución del Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria S.A. (Banco Ceiss).
Tras el canje obligatorio de tales obligaciones por bonos del Banco Ceiss, impuesto por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), en el que los clientes habían perdido parte del valor de su inversión, Banco Ceiss les ofertó canjear voluntariamente esos bonos por otros bonos de Unicaja Banco. El canje suponía una nueva pérdida del valor de su inversión. La oferta estaba condicionada a la obtención de un umbral mínimo de aceptación por los destinatarios de la misma y permitía a los clientes acceder al «mecanismo de revisión», mediante el que los titulares de bonos de Banco Ceiss, si obtenían una resolución favorable, podían obtener una cantidad adicional que compensara parcialmente la pérdida sufrida en su inversión.
Como requisito tanto para aceptar la oferta de canje de los bonos de Banco Ceiss por los bonos de Unicaja Banco como para poder acceder al «mecanismo de revisión», el cliente debía renunciar a cualquier derecho de reclamación o acción judicial o extrajudicial contra Unicaja y Banco Ceiss por la comercialización de los bonos y el canje realizado posteriormente por el FROB.
La Audiencia Provincial había considerado que la cláusula de renuncia de acciones no era abusiva y, en consecuencia, no había entrado a resolver las demás acciones ejercitadas por los consumidores, dirigidas a que se declarara la nulidad de la adquisición de las obligaciones subordinadas y los sucesivos canjes y se les restituyera el dinero invertido, o se les indemnizara por los daños y perjuicios sufridos.
Pese a descartar que se tratara de una renuncia previa de acciones, prohibida por el artículo 10 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, pues las acciones a las que se renunciaba ya habían nacido y podían ser ejercitadas, el Tribunal Supremo ha considerado que es posible examinar la abusividad de la cláusula de renuncia de acciones, que no afecta a un elemento esencial del contrato, porque, por las circunstancias concurrentes en dicha renuncia, provoque un desequilibrio importante en los derechos y obligaciones de las partes, en contra de la buena fe. Y, tras dicho examen, ha considerado que la cláusula de renuncia de acciones era abusiva porque a los consumidores se les planteó la disyuntiva de aceptar, en un breve periodo de tiempo, la renuncia a las acciones que pudieran corresponderles por la comercialización de tales productos o arriesgarse a sufrir una pérdida patrimonial inmediata y posiblemente absoluta, dada la situación de grave crisis de la entidad emisora de los bonos, sometida a un plan de resolución bancaria. Se trató de la imposición de la renuncia a solicitar tutela judicial efectiva en una situación límite de la que el cliente no había sido responsable.
Además, el mecanismo de revisión y el propio canje para cuya consecución se estableció la condición de que los consumidores renunciaran al ejercicio de acciones, estaban sometidos a condiciones imprecisas, como las de obtener la adhesión de accionistas y bonistas en porcentajes no concretados. Y la contraprestación que resultaba condicionada a la renuncia de acciones (además del canje por nuevos bonos, de rendimiento incierto) consistía en un «mecanismo de revisión» para conseguir una indemnización parcial de la pérdida patrimonial sufrida, de bases imprecisas, que no consistía propiamente en un arbitraje y cuya solvencia y garantías se desconocían.
El Tribunal Supremo ha declarado la nulidad de la cláusula de renuncia de acciones, ha revocado la sentencia recurrida y ha acordado la devolución de las actuaciones al tribunal de apelación para que dicte una nueva sentencia en la que, partiendo de la nulidad de la renuncia de acciones contenida en la condición general impugnada, se pronuncie sobre las demás acciones ejercitadas en la demanda.
STS 714/2018, de 19 de diciembre, CIP 3862/2015
STS 40/2019, de 22 de enero (Pleno). Recurso de casación 470/2016
(comprende tres resoluciones con idéntico soporte fáctico, fundamentación y fallo)
Sentencias 643 y 644/2018, de 20 de noviembre, y 661/2018, de 22 de noviembre.
Legitimación del notario para impugnar judicialmente la calificación negativa del registrador. Alcance de la calificación registral. Posibilidad de revisión por el registrador del juicio de validez y vigencia del poder realizado por el notario autorizante.
El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha resuelto en estas tres sentencias dos cuestiones problemáticas en la relación entre notarios y registradores, que habían merecido diferentes respuestas en las audiencias provinciales.
La primera de estas cuestiones es si el notario está legitimado para impugnar judicialmente la calificación negativa del registrador. La sentencia explica que tras la ley 24/2005, de 18 de noviembre, que reformó el art. 324 LH, para la impugnación de una calificación negativa del registrador, el recurso ante la DGRN es potestativo, de modo que es posible la impugnación judicial directa. No hay duda que el artículo 325 LH permite al notario autorizante recurrir ante la DGRN la calificación negativa del registrador.
La sala ya se había pronunciado en la sentencia 195/14, de 2 de abril, en relación con la legitimación del registrador cuya calificación negativa hubiera sido revocada por la DGRN para recurrir judicialmente-328 LH-, al afirmar que el registrador pudiera tener un interés legítimo propio que pueda repercutir de modo efectivo y acreditado en su esfera jurídica. En el caso del notario, la sala resuelve ahora que el párrafo tercero del artículo 328 LH se remite al art. 325.b) LH, y no la regla especial del párrafo cuarto del art. 328 LH, por lo que debe considerarse que el notario tiene legitimación para impugnar judicialmente la calificación negativa del registrador.
La segunda de las cuestiones planteadas es el alcance de la calificación registral respecto del juicio de suficiencia de las facultades de representación que realiza el notario autorizante. La sala examina el juego de los artículos 18 LH y 98 de la ley 24/2001, de 27 de diciembre, y juzga que corresponde al notario emitir un juicio de suficiencia de las facultades de representación, con una reseña del documento auténtico del que resulta la representación, que debe ser congruente con el negocio jurídico representativo. La función del registrador es calificar la existencia de esta reseña y del juicio notarial de suficiencia, así como su congruencia con el negocio jurídico otorgado. La valoración de la suficiencia de las facultades de representación del otorgante de la escritura le corresponde al notario autorizante de la escritura, sin que el registrador pueda revisar dicho juicio de suficiencia, en la medida en que resulte congruente con el contenido del título al que se refiere. La sala entiende que esta previsión afecta tanto a los supuestos en los que el poder no esté inscrito en el Registro Mercantil, como aquellos en los que lo esté- y, por tanto, puede ser consultado por el registrador que califica-.
EXCEPCIÓN AL REPARTO GENERAL DE COMPETENCIAS ENTRE EL JUEZ NACIONAL Y EL JUEZ DE LA UNIÓN: EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ANULA LA DECISIÓN DE UNA AUTORIDAD NACIONAL
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 26 de febrero de 2019 Rimševics y BCE/Letonia, C-202/18 y C-238/18 (acumulados) ECLI:EU:C:2019:139
«Sistema Europeo de Bancos Centrales — Recurso basado en la infracción del artículo 14.2, párrafo segundo, de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo — Resolución de una autoridad por la que se releva de su mandato al gobernador del banco central nacional»
1.- El objeto del recurso.
Los recurrentes -el Sr. Ilmars Rimševics, gobernador del Banco de Letonia, por una parte, y el Banco Central Europeo (BCE), por otra- interpusieron recursos con arreglo al artículo 14.2, párrafo segundo, del Protocolo sobre los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (en lo sucesivo, «Estatutos del SEBC y del BCE») impugnando la resolución de 19 de febrero de 2018 de la Korupcijas noveršanas un apkarošanas birojs (Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Letonia) que prohibió provisionalmente al Sr. Rimševics ejercer sus funciones de gobernador del Banco de Letonia.
2.- Los aspectos fácticos a tener en consideración.
En el seno de una investigación penal, el Sr. Rimševics era sospechoso de haber solicitado y aceptado un soborno en su condición de gobernador del Banco de Letonia para que ejerciera su influencia en beneficio de un banco privado letón.
3.- El marco normativo que regula este recurso.
El artículo 14 de los Estatutos del SEBC y del BCE, titulado «Bancos centrales nacionales», establece:
«14.1 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 131 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, cada Estado miembro garantizará la compatibilidad de su legislación nacional, incluidos los estatutos del banco central nacional, con los presentes Estatutos y los Tratados.
14.4. Los bancos centrales nacionales podrán ejercer funciones distintas de las especificadas en el presente Estatuto, a menos que el Consejo de Gobierno decida, por mayoría de dos tercios de los votos emitidos, que dichas funciones interfieren en los objetivos y tareas del SEBC. Dichas funciones se ejercerán bajo la responsabilidad de los bancos centrales nacionales y no se considerarán parte de las funciones del SEBC.»
4.- La necesidad de garantizar que el BCE y el SEBC cumplan con independencia sus funciones.
Para el Tribunal de Justicia, el artículo 130 TFUE, que reproduce, en esencia, el artículo 7 de los Estatutos del SEBC y del BCE, responden, esencialmente, a mantener al SEBC al abrigo de todas las presiones políticas a fin de permitirle perseguir eficazmente los objetivos asignados a sus misiones, mediante el ejercicio independiente de las facultades específicas de que dispone, de acuerdo con el Derecho primario: así, el BCE, los bancos centrales nacionales y los miembros de sus órganos rectores tienen prohibido solicitar o aceptar instrucciones de las instituciones, órganos u organismos de la Unión, de los Gobiernos de los Estados miembros o de cualquier otro órgano y, por otro lado, a dichas instituciones, órganos u organismos de la Unión y a los Gobiernos de los Estados miembros, se les prohíbe tratar de influir en los miembros de los órganos rectores del BCE y de los bancos centrales nacionales en el ejercicio de sus funciones (apartado 47)
La duración mínima de un mandato de 5 años prevista por el derecho de la UE para los gobernadores de los bancos centrales nacionales, garantiza su independencia funcional, de modo que solo podrán ser relevados de su mandato en caso de que hayan dejado de cumplir los requisitos exigidos para el cumplimiento de sus funciones o hayan cometido una falta grave e instaura, en favor del gobernador afectado y del Consejo de Gobierno del BCE un recurso ante el Tribunal de Justicia contra una medida de esta índole (apartado 48).
Los gobernadores de los bancos centrales nacionales de los Estados miembros cuya moneda es el euro son miembros de pleno Derecho del Consejo de Gobierno del BCE, principal órgano de decisión del Eurosistema y único órgano de decisión del BCE en el marco del mecanismo único de supervisión, por lo que si pudiera decidirse relevar de su mandato a los gobernadores de los bancos centrales nacionales sin tener que justificarlo, su independencia se vería seriamente comprometida y, en consecuencia, la del propio Consejo de Gobierno del BCE (apartados 50 y 51).
5.- Relaciones entre el control de legalidad asumido por el Tribunal de Justicia y las medidas adoptadas por un juez nacional en un procedimiento penal.
En síntesis, Letonia afirmaba que:
(1) el Tribunal de Justicia no es competente para conocer de una resolución que, en su opinión, está destinada a garantizar la sustanciación eficaz del procedimiento penal incoado contra la persona afectada por dicha resolución;
(2) el artículo 276 TFUE confirma la incompetencia del Tribunal de Justicia en relación con esta cuestión, puesto que establece que «en el ejercicio de sus atribuciones respecto de las disposiciones de los capítulos 4 y 5 del título V de la tercera parte [del Tratado FUE,] relativas al espacio de libertad, seguridad y justicia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no será competente para comprobar la validez o proporcionalidad de operaciones efectuadas por la policía u otros servicios con funciones coercitivas de un Estado miembro, ni para pronunciarse sobre el ejercicio de las responsabilidades que incumben a los Estados miembros respecto al mantenimiento del orden público y la salvaguardia de la seguridad interior»
(3) que reconocer la competencia del Tribunal de Justicia supondría que el gobernador del Banco de Letonia podría beneficiarse de una inmunidad penal al limitarse las medidas restrictivas que pudiesen imponérsele, lo que tendría un efecto considerable sobre el procedimiento penal.
El Tribunal de Justicia recuerda:
(1) que el Derecho de la Unión impone límites a la competencia de los Estados miembros en esta materia desde el momento debe ejercerse observando no solo las libertades fundamentales garantizadas por el Derecho de la Unión, sino también el Derecho de la Unión en su conjunto, en particular el Derecho primario. Por consiguiente, las normas de procedimiento penal nacional no pueden ser un obstáculo a la competencia que el artículo 14.2, párrafo segundo, de los Estatutos del SEBC y del BCE atribuye al Tribunal de Justicia en todos los casos en que sea aplicable esta disposición (apartado 57)
(2) los presentes asuntos no conciernen las competencias de los capítulos 4 y 5 del título V de la tercera parte del Tratado FUE, sino que aquí se confiere al Tribunal de Justicia directa y expresamente por el artículo 14.2, párrafo segundo, de los Estatutos del SEBC y del BCE (apartado 59)
(3) No hay ninguna inmunidad penal y la eventual concurrencia del recurso del artículo 14.2 de los Estatutos del SEBC y del BCE y de un procedimiento penal nacional únicamente se refiere al supuesto excepcional en el que un procedimiento de ese tipo conduzca a adoptar respecto del gobernador de un banco central nacional una medida provisional que pueda asimilarse a un relevo del mandato, en el sentido de esta disposición. Sin embargo, incluso en tal hipótesis, nada de lo alegado por la República de Letonia demuestra que el recurso previsto por los Estatutos del SEBC y del BCE puede obstaculizar la instrucción normal de la investigación (apartado 61)
6.- La naturaleza del recurso previsto en el artículo 14.2, párrafo segundo, de los Estatutos.
No es un recurso de incumplimiento (regulado por los artículos 258 TFUE a 260) sino un recurso de anulación (apartados 64 a 77)
7.- La excepcionalidad de que el Tribunal de Justicia anule un acto de un Estado miembro.
En la medida en que se confía expresamente al Tribunal de Justicia el control de legalidad de un acto de Derecho nacional a la luz «de los Tratados o de cualquier norma legal relativa a su aplicación», el artículo 14.2, párrafo segundo, última frase, de los Estatutos del SEBC y del BCE establece una excepción al reparto general de competencias entre el juez nacional y el juez de la Unión, tal como está recogido en el Tratado, y especialmente en el artículo 263 TFUE (recurso de anulación) , ya que un recurso interpuesto en virtud de ese artículo solo puede referirse a actos del Derecho de la Unión (apartado 69).
8.- La resolución sobre el fondo.
No corresponde al Tribunal de Justicia, cuando conoce de un asunto sobre la base del artículo 14.2 de los Estatutos, sustituir a los tribunales nacionales competentes para pronunciarse sobre la responsabilidad penal del gobernador investigado ni tampoco interferir en la investigación penal preliminar llevada a cabo en su contra por las autoridades administrativas o judiciales competentes en virtud del Derecho del Estado miembro de que se trate. Sin embargo, a efectos de esta investigación, y en particular para impedir que el gobernador afectado la obstruya, puede ser necesario decidir la suspensión temporal de este en sus funciones (apartado 91)
En cambio, corresponde al Tribunal de Justicia comprobar que únicamente se adopte una prohibición provisional al gobernador afectado de ejercer sus funciones si existen indicios suficientes de que ha incurrido en una falta grave que pueda justificar tal medida (apartado 92).
En el presente caso, el Tribunal de Justicia concluye que no existen tales indicios suficientes a los efectos de las acusaciones formuladas contra el interesado (apartados 93 a 97) por lo que estima el carácter injustificado de la resolución impugnada y la anula en la medida en que prohíbe al Sr. Rimševics ejercer sus funciones de gobernador del Banco de Letonia.
Procedimiento prejudicial — Directiva 93/13/CEE — Ámbito de aplicación — Artículo 2, letras b) y c) — Conceptos de “consumidor” y de “profesional” — Financiación de la adquisición de la vivienda principal — Préstamo hipotecario concedido por un empresario a su empleado.
Sentencia del TJUE de 21 de marzo de 2019, dictada en el procedimiento C-590/17, As. Pouvin vs EDF, en la que se interpreta el concepto de consumidor y de profesional según el art. 2 de la Directiva 93/13/CEE.
El matrimonio Pouvin obtuvo un préstamo para la adquisición de vivienda de la empresa para la que trabajaba el Sr. Pouvin, EDF. En el mismo se preveía la resolución del contrato de forma automática si el prestatario dejaba de prestar servicios en la empresa.
El Sr. Pouvin dimitió de su puesto de trabajo y EDF le reclama la cantidad adeudada en ese momento y el importe de la cláusula penal.
El Tribunal de Grande Instance declara nula por abusiva la cláusula de resolución automática, pero resuelve el contrato por impago de cuotas.
La Cour d´appel revoca la sentencia y considera válida la resolución del contrato desde el momento en que el Sr. Pouvin cesó dado que la empresa no reúne la condición de “profesional”.
La sentencia es recurrida en casación y la Cour de Cassation plantea las siguientes cuestiones al TJUE:
1) ¿Debe interpretarse el artículo 2 de la [Directiva 93/13] en el sentido de que actúa como profesional una sociedad, como EDF, cuando concede a un empleado un préstamo hipotecario en el marco de un plan de ayuda al acceso a la vivienda y al cual solo pueden acceder los miembros del personal de la sociedad?
El TJUE resuelve que
El artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido de que el empleado de una empresa y su cónyuge, que celebran con dicha empresa un contrato de préstamo reservado principalmente a los miembros del personal de la referida empresa y destinado a financiar la adquisición de un inmueble para fines privados, deben considerarse «consumidores», en el sentido de dicha disposición.
El artículo 2, letra c), de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que procede considerar que la referida empresa es un «profesional», en el sentido de dicha disposición, si celebra el contrato de préstamo en el marco de su actividad profesional, aunque la concesión de préstamos no constituya su actividad principal.
CONSUMO – PRÉSTAMO MULTIDIVISA – TIPO DE CAMBIO – REFORMA LEGISLATIVA – JURISPRUDENCIA VINCULANTE DE TRIBUNAL SUPERIOR – INDEPENDENCIA JUDICIAL– ALTO NIVEL PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES.
Sentencia del TJUE de fecha 14 de marzo de 2019 en el asunto Dunai (As. 118/17).
La cuestión prejudicial es planteada por un tribunal húngaro como consecuencia de un procedimiento de ejecución por el banco de un préstamo multidivisa en francos suizos y en el que las cuotas serían abonadas en forintos húngaros según el tipo de cambio fijado por el propio banco prestamista.
El legislador húngaro, siguiendo la jurisprudencia nacional en unificación de doctrina, que a su vez aplicaba la del TJUE en el asunto Kásler (30 de abril de 2014), reformó la ley para que el tipo de cambio a tener en cuenta fuera el oficial del Banco Nacional de Hungría.
Según el órgano jurisdiccional remitente, es evidente que el legislador húngaro modificó expresamente el contenido de los contratos de préstamo para, de este modo, ejercer una influencia que favoreciera a los bancos en las resoluciones que dictaran los tribunales competentes. Se pregunta si esta situación es conforme con la interpretación que el Tribunal de Justicia ha hecho del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13.
Por lo que se refiere a las resoluciones que puede adoptar la Kúria (Tribunal Supremo) para la unificación de doctrina civil, entre las que se cuenta, en particular, la resolución n.º 6/2013 PJE, de 16 de diciembre de 2013, que impone, según el órgano jurisdiccional remitente, que los contratos de préstamo como el que constituye el objeto del litigio principal se consideren válidos, el órgano jurisdiccional remitente indica que en la adopción de estas resoluciones por parte de la Kúria (Tribunal Supremo) ni se garantiza el recurso al juez determinado por la ley ni se observan las exigencias de un procedimiento justo. Pues bien, a pesar de que el procedimiento que debe seguirse para su adopción no tiene carácter contradictorio, tales resoluciones son vinculantes para los jueces que conocen de procedimientos contenciosos de naturaleza contradictoria.
1) El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de
1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido de que:
– no se opone a una legislación nacional que impide al juez que conoce del asunto estimar una pretensión de anulación de un contrato de préstamo basada en el carácter abusivo de una cláusula relativa al diferencial de tipos de cambio, como la controvertida en el litigio principal, siempre que la apreciación del carácter abusivo de tal cláusula permita restablecer la situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido tal cláusula abusiva;
2) La Directiva 93/13, interpretada a la luz del artículo 47 de la Carta, no se opone a que un órgano jurisdiccional superior de un Estado miembro adopte, en aras de una interpretación uniforme del Derecho, resoluciones vinculantes acerca de las condiciones de aplicación de esta Directiva, siempre que no impidan al juez competente ni asegurar la plena eficacia de las disposiciones de dicha Directiva y ofrecer al consumidor un recurso efectivo para la protección de los derechos que esa norma le pueda reconocer ni plantear una petición de decisión prejudicial ante el Tribunal de Justicia en este sentido, extremo este cuya apreciación corresponde, en cualquier caso, al órgano jurisdiccional remitente.