Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/C-241-09.htm
Timestamp: 2018-12-19 04:13:23
Document Index: 314698645

Matched Legal Cases: ['artículo 55', 'artículo 88', 'artículo 229', 'artículo 241', 'artículo 55', 'artículo 88', 'Artículo 55', 'artículo 88', 'artículo 229', 'artículo 55', 'artículo 229', 'artículo 55', 'artículo 55', 'artículo 229', 'artículo 4', 'artículo 55', 'artículo 48', 'artículo 48']

El objeto de la acción de inconstitucionalidad es una confrontación de carácter jerárquico entre una norma constitucional y otra del nivel legal, cuya posible consecuencia, en caso de encontrarse incompatibilidad entre ellas, es la declaratoria de inexequibilidad de la segunda. En esa misma medida, no resulta entonces posible resolver desde la perspectiva constitucional un planteamiento acerca del eventual conflicto existente entre dos o más normas del mismo nivel jerárquico ya que, por esa misma circunstancia, no sería factible discernir cuál(es) de ellas debe prevalecer sobre la(s) otra(s), que es lo que se plantea en relación con los eventuales problemas de interpretación que pudieran suscitarse respecto de distintas disposiciones de la Ley 472 de 1998, a lo que la Corte debe precisar que, en principio, las posibles contradicciones existentes entre diferentes previsiones de una misma ley no pueden dar lugar a especular sobre la supuesta inconstitucionalidad de alguna(s) de ellas. Para esos casos el Código Civil, así como otras disposiciones legales, ofrecen pautas de interpretación para resolver las posibles discordancias, circunscritas al análisis y aplicación de la ley, sin ulteriores implicaciones constitucionales.
COSA JUZGADA ABSOLUTA APARENTE-Concepto/COSA JUZGADA ABSOLUTA APARENTE-Configuración/COSA JUZGADA ABSOLUTA APARENTE-Análisis efectuado limitado a confrontación con el derecho al debido proceso de la parte demandada
Si bien mediante sentencia C-215 de 1999 se resolvió la demanda dirigida contra la totalidad del texto del artículo 55 de la ley 472 de 1998, en la que esta corporación no dejó salvedades acerca del alcance del efecto de cosa juzgada, éste es absoluto apenas en apariencia, puesto que el análisis efectuado por la Corte estuvo claramente limitado a confrontar la regla antes referida con el derecho al debido proceso de la parte demandada, la cual debe aceptar la tardía aparición de integrantes del grupo que no se hicieron presentes durante el desarrollo del respectivo proceso, resultando claro para la Corte que no existe en este caso efecto de cosa juzgada.
ACCION DE GRUPO O CLASE-Concepto/ACCION DE GRUPO O CLASE-Finalidad/ACCION DE GRUPO O CLASE-Derechos que ampara/ACCION DE GRUPO O CLASE-Características/ACCION DE GRUPO O CLASE-Alcance como mecanismo para el acceso a la administración de justicia
Las acciones de grupo han sido instituidas como un instrumento específicamente encaminado a facilitar la indemnización de las distintas personas que, en igualdad de circunstancias, hayan sido víctimas de un mismo hecho dañoso dotado de relevancia social, a partir de cuya ocurrencia todas ellas deben ser resarcidas. La Corte ha resaltado también que los derechos a cuya protección se encamina esta acción no son únicamente los que amparan intereses supraindividuales, sino que por el contrario, ella es procedente para la protección de intereses individuales de un número considerable de personas, siempre y cuando exista una coincidente y simultánea afectación de tales derechos por cuenta de la ocurrencia de un mismo hecho dañoso. En tales condiciones, las acciones de grupo tienen un sujeto activo esencialmente plural, que sin embargo se pone en movimiento a partir de la iniciativa de uno o unos pocos de los sujetos que conforman el conjunto de personas afectadas, lo cual supone la superación, o al menos la relativización, de las estructuras procesales clásicas que en la mayoría de los casos prevén la existencia de un sujeto activo individual.
ACCION DE GRUPO-Independiente frente a otras acciones/ACCION DE GRUPO-Instrumento adicional a las acciones civiles o administrativas/ACCION DE GRUPO-Constituye una vía procesal alternativa/ACCION DE GRUPO-Justificación
La existencia y procedibilidad de la acción de grupo supone, para cada una de las personas afectadas por el hecho dañoso, el ofrecimiento de una vía procesal alternativa, especialmente clara y expedita, a través de la cual pueden buscar el reconocimiento y efectividad de la responsabilidad que la ley establece en cabeza del autor de dicho hecho jurídico generador del daño, en circunstancias presumiblemente más ventajosas que aquellas que rodearían el ejercicio de la acción individual. La existencia de este instrumento, que es adicional a las acciones civiles o administrativas que la ley otorga a cada uno de los perjudicados, tiene su justificación en razones tales como: i) la expectativa de avanzar en la solución de graves y estructurales problemas de acceso a la justicia; ii) la posibilidad de modificar el comportamiento de ciertos agentes económicos que de no existir un mecanismo de este tipo carecen de incentivos claros para evitar daños individuales pequeños, quizás catalogados como insignificantes, a un número considerable de personas, cuya polémica contrapartida puede ser un beneficio económico apreciable para tales agentes; iii) la importancia de contribuir a la economía procesal en beneficio de todos los involucrados, e incluso de quien aparezca como parte demandada, así como de evitar, en lo posible, la adopción de decisiones contradictorias como las que podrían presentarse al definirse en distintos tiempos y ante diversos jueces, cada uno de los casos individuales.
ACCION DE GRUPO-Su propósito fundamental es facilitar el acceso a la administración de justicia
Es claro, puesto que así lo quiso el mismo Constituyente, que la sola existencia de la acción de grupo y su procedencia frente al caso concreto, están llamadas a facilitar el acceso a la administración de justicia en comparación a las posibilidades existentes en ausencia de esta acción, y en ningún caso a entrabarlo o dificultarlo.
ACCION DE GRUPO-Reglas y principios que facilitan su ejercicio
La Ley 472 de 1998 al desarrollar el trámite de las acciones de grupo estableció reglas y principios claramente encaminados a facilitar su ejercicio, entre los cuales pueden destacarse: i) la facultad que se atribuye al Defensor del Pueblo o los personeros para dar inicio al trámite de la acción; ii) la regla según la cual quien actúe como demandante representa a todas las demás personas que hubieren sido afectadas por los mismos hechos vulnerantes; iii) la posibilidad de acudir al proceso una vez que éste se ha iniciado gracias a la demanda iniciada por otra persona; iv) la opción de solicitar ser excluido del grupo en caso de preferir el ejercicio de las acciones individuales, evento en el cual los efectos de la sentencia no serán oponibles a dicha persona; v) la procedencia de medidas cautelares en los mismos casos que en los procesos civiles ordinarios; vi) la posibilidad de interponer, contra la decisión final, los recursos de apelación, casación y/o revisión; vii) en general, la celeridad que caracteriza este tipo de procesos.
ACCION DE GRUPO-Impulso de la actuación por uno cualquiera de los miembros beneficia a todos sus integrantes/ACCION DE GRUPO-Condicionamiento a posibilidad de acogerse a efectos de sentencia dictada es inconstitucional/ACCION DE GRUPO-Imposición de requisitos nuevos y adicionales para su ejercicio vulnera el derecho de acceso a la administración de justicia/ACCION DE GRUPO-Condicionamiento para integración al grupo resulta contrario al propósito de la acción
El principal objetivo que animó al Constituyente de 1991 a establecer dentro de nuestro ordenamiento jurídico las acciones de grupo fue el de facilitar el acceso a la administración de justicia y el más eficiente funcionamiento de ésta frente a situaciones en las que a partir de la ocurrencia de un único hecho dañoso, un número considerable de personas tienen derecho a reclamar de un mismo sujeto sendas indemnizaciones. En esta medida el desarrollo legislativo que sobre el tema se genere debe necesariamente favorecer el ejercicio de estas acciones siempre que concurran los supuestos de hecho que habilitan su interposición, y no puede, en cambio, traducirse en la exigencia de requisitos adicionales o en restricciones de carácter procesal que hagan nugatorias las evidentes ventajas que para las personas perjudicadas por el hecho generador del daño supone la disponibilidad de este mecanismo. El segmento normativo atacado crea un obstáculo capaz de frustrar de manera definitiva el derecho a la indemnización de todas aquellas personas que habiéndose visto afectadas por el hecho dañoso común, no hubieren ejercido de manera personal acción judicial alguna, no obstante que otro(s) miembros del conjunto de perjudicados sí hayan promovido oportunamente la acción de grupo, lo que implica, ni más ni menos, privar a tales personas de los efectos benéficos que de otro modo traería para ellas la interposición y trámite de la acción de grupo por parte de al menos uno de los afectados, que es precisamente el objetivo central de esta acción. Una disposición de este tipo supone la directa negación de los objetivos que persiguen las acciones de grupo establecidas en el artículo 88 superior, uno de los cuales es la posibilidad de que todos los integrantes del grupo se beneficien del impulso de la actuación dado por parte de cualquiera de ellos.
ACCION DE GRUPO-Imposibilidad de acogerse a lo resuelto en sentencia de no interviniente cuya acción individual haya prescrito o caducado restringe el acceso a la administración de justicia/ACCION DE GRUPO-Imposibilidad de acogerse a lo resuelto en sentencia de no interviniente cuya acción individual haya prescrito o caducado vulnera el derecho a la igualdad/ACCION DE GRUPO-Imposibilidad de acogerse a lo resuelto en sentencia de no interviniente cuya acción individual haya prescrito o caducado afecta el debido proceso de los perjudicados por el hecho dañoso
El derecho de acceder a la administración de justicia de que trata el artículo 229 superior es fundamental, presentando diversas facetas y aplicaciones, y sobre el cual la Corte ha resaltado que en relación con su alcance le asiste al legislador un amplio margen de configuración normativa, por lo que en principio no resulta posible cuestionar desde el punto de vista constitucional la mayor o menor amplitud de los mecanismos que las leyes hayan establecido para materializar este derecho, pero cuando, como en el presente caso, se trata de mecanismos de acceso a la justicia expresamente contemplados por el texto constitucional, debe entenderse que la autonomía legislativa en relación con el desarrollo normativo de esos mecanismos se encuentra limitada, puesto que las cámaras no pueden, so pretexto de esa facultad, legislar en forma tal que se entorpezca o se restrinja el libre ejercicio de aquéllos, sino únicamente de manera que las normas legales promuevan y favorezcan el uso eficiente de las respectivas acciones, en los eventos para los cuales las diseñó la Constitución Política.
DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Mecanismos judiciales que lo hacen efectivo
Teniendo en cuenta que el derecho de acceder a la administración de justicia comprende la posibilidad de hacer uso de todas las acciones y mecanismos de defensa previstos en el ordenamiento jurídico, y visto el impacto que la regla cuya exequibilidad se analiza puede tener sobre la efectiva utilización de las acciones de grupo, la Corte constata sin dificultad que ella implica una sensible restricción al derecho de acceder a la administración de justicia, circunstancia que también conduce a declarar su inexequibilidad. Asimismo, en la medida en que la norma aquí estudiada implica restricciones en el acceso a la justicia, esa situación puede entenderse también como contraria al debido proceso, ya que en las indicadas circunstancias, sería cuando menos controvertible considerar que los perjudicados por el hecho dañoso común cuentan en realidad con un recurso efectivo para alcanzar justicia en relación con los hechos de que han sido víctimas, aspecto que como es sabido, hace parte integrante de la noción de debido proceso; así como también, el precepto estudiado lesiona el derecho a la igualdad, por cuanto, presentándose originalmente identidad de circunstancias entre todas las personas afectadas por un mismo hecho dañoso, y existiendo también en cabeza de todos ellos el derecho a beneficiarse del ejercicio de la acción de grupo iniciado por uno cualquiera de ellos, algunos de ellos podrán ver cercenado su derecho a la correspondiente indemnización como resultado del no ejercicio de las acciones individuales procedentes, requisito que dentro del ya explicado contexto de la acción de grupo, no estarían obligados a agotar.
EXCEPCION DE INCONSTITUCIONALIDAD-Aplicación en segmento demandado por el Consejo de Estado/DERECHOS DE NO INTERVINIENTES EN ACCION DE GRUPO-Inaplicación de segmento demandado por excepción de inconstitucionalidad por el Consejo de Estado
En ejercicio de la acción pública prevista en el artículo 241 de la Constitución Política, los ciudadanos Ramiro Mejía Correa, Luis Hernando Llanos Urueña, Ingrid del Pilar Saavedra Rodríguez, Mario Alexander Correa Correa y Omar Ñáñez Camacho solicitaron a esta corporación declarar la inexequibilidad de la expresión “y siempre y cuando su acción no haya prescrito y/o caducado de conformidad con las disposiciones vigentes,” contenida en el artículo 55 de la Ley 472 de 1998, “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
“Artículo 55. INTEGRACION AL GRUPO. Cuando la demanda se haya originado en daños ocasionados a un número plural de personas por una misma acción u omisión, o por varias acciones u omisiones, derivadas de la vulneración de derechos o intereses colectivos, quienes hubieren sufrido un perjuicio podrán hacerse parte dentro del proceso, antes de la apertura a pruebas, mediante la presentación de un escrito en el cual se indique su nombre, el daño sufrido, el origen del mismo y el deseo de acogerse al fallo y de pertenecer al conjunto de individuos que interpuso la demanda como un mismo grupo. Quien no concurra al proceso, y siempre y cuando su acción no haya prescrito y/o caducado de conformidad con las disposiciones vigentes, podrá acogerse posteriormente, dentro de los veinte (20) días siguientes a la publicación de la sentencia, suministrando la información anterior, pero no podrá invocar daños extraordinarios o excepcionales para obtener una indemnización mayor y tampoco se beneficiará de la condena en costas.
Las acciones individuales relativas a los mismos hechos podrán acumularse a la acción de grupo, a solicitud del interesado. En este evento, el interesado ingresará al grupo, terminará la tramitación de la acción individual y se acogerá a los resultados de la acción de grupo."
Al desarrollar el primer cargo, sostienen los actores que la regla demandada resulta inconstitucional por cuanto, al establecer la imposibilidad de acogerse a lo decidido en la sentencia para aquellas personas cuya acción individual haya prescrito o caducado, impone requisitos nuevos y adicionales para el ejercicio de la acción de grupo. Indica que esta decisión legislativa desconoce el mandato del artículo 88 de la Constitución, por el cual se quiso facilitar el acceso a la justicia de todas las personas individualmente afectadas por un mismo hecho dañoso, a través del ejercicio de una acción de carácter colectivo[1]. Añade que, por las mismas razones, el precepto demandado sería contrario también a la garantía de libre acceso a la justicia contenida en el artículo 229 de la Constitución Política.
Este interviniente presenta citas tanto de las deliberaciones de la Asamblea Nacional Constituyente como de pronunciamientos de esta corporación[2] para resaltar las finalidades que la Constitución Política le atribuyó a las acciones de grupo, y que en su concepto se sintetizan en, de una parte, garantizar el acceso a la administración de justicia, y de otra, contribuir a la economía procesal.
4.3 Intervenciones extemporáneas
Después de hacer un resumen de los argumentos planteados por los demandantes, el Procurador entra a examinar la posible existencia de cosa juzgada en relación con el precepto demandado y los cargos planteados[3], concluyendo que dicho efecto es sólo aparente, por lo que no existe impedimento real para que la Corte entre a pronunciarse de fondo en relación con esta demanda.
De lo anterior queda claro que si bien la demanda se dirigió contra la totalidad del texto del artículo 55 y que esta corporación no dejó salvedades acerca del alcance del efecto de cosa juzgada, éste es absoluto apenas en apariencia[4], puesto que el análisis efectuado por la Corte estuvo claramente limitado a confrontar la regla antes referida con el derecho al debido proceso de la parte demandada, la cual debe aceptar la tardía aparición de integrantes del grupo que no se hicieron presentes durante el desarrollo del respectivo proceso. Por lo tanto, es claro para la Corte que no existe en este caso efecto de cosa juzgada derivado de la ya citada sentencia C-215 de 1999, frente a lo que ahora se demanda.
Desde la expedición de la Ley 472 de 1998, el concepto y finalidades de la acción de grupo han sido estudiados y esclarecidos en importantes y sucesivos pronunciamientos de esta corporación, varios de los cuales fueron reseñados por los actores y por los intervinientes dentro de este proceso. Entre los principales cabe destacar las sentencias C-215 de 1999 (M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez), C-1062 de 2000 (M. P. Álvaro Tafur Galvis), C-569 de 2004 (M. P. Rodrigo Uprimny Yepes), C-116 de 2008 (M. P. Rodrigo Escobar Gil) y, más recientemente, T-191 de 2009 (M. P. Luis Ernesto Vargas Silva).
En cumplimiento del referido mandato superior, la Ley 472 de 1998 al desarrollar el trámite de las acciones de grupo estableció reglas y principios claramente encaminados a facilitar su ejercicio, entre los cuales pueden destacarse: i) la facultad que se atribuye al Defensor del Pueblo o los personeros para dar inicio al trámite de la acción[5]; ii) la regla según la cual quien actúe como demandante representa a todas las demás personas que hubieren sido afectadas por los mismos hechos vulnerantes[6]; iii) la posibilidad de acudir al proceso una vez que éste se ha iniciado gracias a la demanda iniciada por otra persona[7]; iv) la opción de solicitar ser excluido del grupo en caso de preferir el ejercicio de las acciones individuales, evento en el cual los efectos de la sentencia no serán oponibles a dicha persona[8]; v) la procedencia de medidas cautelares en los mismos casos que en los procesos civiles ordinarios[9]; vi) la posibilidad de interponer, contra la decisión final, los recursos de apelación, casación y/o revisión[10]; vii) en general, la celeridad que caracteriza este tipo de procesos[11].
Algunos años después, mediante la sentencia C-569 de 2004 (M. P. Rodrigo Uprimny Yepes) esta corporación declaró inexequibles dos expresiones de idéntico contenido[12] que hacían parte de los artículos 3° y 46 del mismo estatuto (Ley 472 de 1998), las cuales permitían que para el ejercicio de la acción de grupo el juez pudiera exigir que se acreditara la existencia del grupo titular de la acción con anterioridad a la fecha de los hechos dañosos. En este caso la Corte anotó que la ambigüedad del texto de las expresiones acusadas y su carácter aparentemente repetitivo dejaba espacio suficiente para que el juez que conociera de la acción planteara esta inusual exigencia, esencialmente contraria al sentido de la acción de grupo y en muchos casos de imposible cumplimiento, frustrándose así en buen número de situaciones la posibilidad de ejercer esta acción y beneficiarse de las ventajas que le son propias[13]. Por tales motivos esta corporación consideró que ese requisito resultaba contrario al principio de igualdad en el acceso a la administración de justicia.
En todo caso, es preciso reconocer que resulta factible entender la intención de la norma, que como ocurre con todas las demás disposiciones legales vigentes sobre caducidad o prescripción de las acciones judiciales, no es otra que procurar el pronto y oportuno logro de la seguridad jurídica, estimulando al titular del derecho a actuar de manera diligente, so pena de que en vista de su desinterés, aquél pueda considerarse extinguido. Tal como es absolutamente claro en la jurisprudencia constitucional, esta finalidad no es en sí misma opuesta en modo alguno a los mandatos superiores, sino por el contrario, claramente válida y concordante con ellos[14].
Según lo ha definido la jurisprudencia constitucional, el derecho de acceder a la administración de justicia de que trata el artículo 229 superior es fundamental[15], presentando diversas facetas y aplicaciones.
“Según la jurisprudencia de esta Corporación, el derecho a acceder a la justicia tiene un significado múltiple. Entre otros, comprende contar con procedimientos idóneos y efectivos para la determinación legal de derechos y obligaciones, que las controversias planteadas sean resueltas dentro de un término prudencial y sin dilaciones injustificadas, que las decisiones sean adoptadas con el pleno respeto del debido proceso, que exista un conjunto amplio y suficiente de mecanismos para el arreglo de controversias, que se prevean mecanismos para facilitar el acceso a la justicia por parte de los pobres, que la oferta de justicia permita el acceso a ella en todo el territorio nacional. Este derecho se garantiza también a través del uso de mecanismos alternativos de resolución de conflictos.”
De otra parte, en relación con este aspecto resulta sin duda pertinente traer a colación algunas de las reflexiones vertidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado a las que hicieron alusión tanto los actores como varios de los intervinientes. Sobre el particular ha señalado esa corporación[16], que en repetidas ocasiones ha resuelto inaplicar vía excepción de inconstitucionalidad, la norma aquí demandada:
El segmento normativo arriba indicado del artículo 55 de la ley 472 impide el acceso a la administración de justicia (art. 229 C.P.), por cuanto mientras el texto de la ley en perfecta simetría con la Constitución está encaminado a evitar el ejercicio de acciones indemnizatorias individuales, cuando ya se ha intentado la de grupo, a menos que se logre la exclusión, en el aparte que se analiza se impide a quienes no se hicieron parte en el curso del proceso, obtener la indemnización de perjuicios a que la sentencia condenó en su favor, con el argumento de que la reclamación debe hacerse dentro de su propio término de caducidad o prescripción, a pesar de que no depende del afectado la determinación del momento en el cual se produce la sentencia, en otras palabras la determinación del momento para acogerse a los efectos de la sentencia. Ello depende de factores externos tales como la congestión propia de la función judicial que impide el cumplimiento de los términos judiciales.
En tal virtud, la ruptura entre el aparte destacado del artículo 55 de la ley 472 de 1998 y el artículo 229 Constitucional es, a juicio de la Sala, ostensible, por lo que no se tiene camino distinto que optar por la disposición constitucional, en acato a la regla prevista en el artículo 4 de la Constitución Política, el cual ordena la aplicación constitucional preferente aún frente a disposiciones imperativas, como en el caso sometido a estudio de la Sala, cuando quiera que éstas resulten incompatibles con la Carta.” (No está en negrillas en el texto original).
DECLARAR INEXEQUIBLE la expresión “y siempre y cuando su acción no haya prescrito y/o caducado de conformidad con las disposiciones vigentes,”, contenida en el artículo 55 de la Ley 472 de 1998.
[1] Sobre la imposibilidad de establecer requisitos adicionales para el ejercicio de estas acciones los demandantes citan la sentencia C-569 de 2004 (M. P. Rodrigo Uprimny Yepes).
[2] Cita las sentencias C-215 de 1999 y C-569 de 2004.
[3] Se refiere particularmente a las ya citadas sentencias C-215 de 1999 (M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez) y C-1062 de 2000 (M. P. Álvaro Tafur Galvis).
[4] Sobre el concepto de cosa juzgada absoluta aparente se ha pronunciado la Corte, entre otras, en las sentencias C-397 de 1995, C-700 de 1999, C-1062 de 2000, C-415 de 2002 y C-931 de 2008.
[5] Cfr. artículo 48 de la Ley 472 de 1998.
[6] Parágrafo del artículo 48 ibídem.
[7] Art. 55 ibídem.
[8] Art. 56 ibídem.
[9] Arts. 58 y siguientes.
[11] Arts. 53, 56, 61, 64 y 67 entre otros
[12] El texto de estos dos segmentos normativos establecía: “Las condiciones uniformes deberán tener también lugar respecto de los elementos que configuran la responsabilidad”.
[13] Dentro de la parte considerativa de esta sentencia se registró el hecho de que, de manera reiterada aunque no unánime, varios pronunciamientos anteriores del Consejo de Estado exigieron la preexistencia del grupo como requisito de procedibilidad de esta acción, y además, que la razón de esta exigencia era la necesidad de atribuir algún efecto útil a las dos disposiciones que por esta sentencia fueron declaradas inexequibles, las cuales, de no ser por esta específica consecuencia, parecerían sobrantes y repetitivas, respecto de la regla definitoria de los elementos de la acción de grupo, contenida en la parte inicial de los mismos artículos 3° y 46 de la Ley 472 de 1998 allí demandados.
[14] Cfr. en relación con este aspecto, entre otras, las sentencias C-072 de 1994 (M. P. Vladimiro Naranjo Mesa), C-381 de 2000 (M. P. Alejandro Martínez Caballero), C-298 de 2002 (M. P. Eduardo Montealegre Lynnet), C-570 de 2003 (M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra) y C-835 de 2003 (M. P. Jaime Araújo Rentería).
[15] Cfr., entre muchas otras, las sentencias T-006 de 1992 (M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz), C-1027 de 2002 (M. P. Clara Inés Vargas Hernández y T-114 de 2007 (M. P. Nilson Pinilla Pinilla).
[16] Sentencia de octubre 6 de 2005 (C. P. Ruth Stella Correa Palacio), postura reiterada en posteriores pronunciamientos, particularmente la sentencia de agosto 15 de 2007 con ponencia de la misma Consejera.