Source: https://psicolog.org/autora-mara-celeste-fernandez-director/psicolog.org/autora-mara-celeste-fernandez-director.html?page=6
Timestamp: 2020-07-13 23:26:25
Document Index: 294965715

Matched Legal Cases: ['artículo 33', 'artículo 61', 'artículo 62', 'artículo 78', 'artículo 28', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 1', 'artículo 34', 'artículo 1', 'in fine', 'artículo 1', 'artículo 6', 'artículo 34', 'artículo 41', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 10', 'artículo 45', 'artículo 33', 'artículo 24', 'artículo 41', 'artículo 1', 'artículo 6', 'artículo 48', 'artículo 4', 'artículo 62', 'artículo 25', 'artículo 61']

Capítulo 2: Condiciones de acceso a la Corte IDH y al TEDH
Establecimiento de la competencia
La competencia ratione temporis
La competencia ratione loci
Legitimación activa y pasiva (competencia ratione personae )
Algunas consideraciones sobre las reformas del Protocolo n° 11 al CEDH y su comparación con el sistema interamericano
No sería posible evaluar las fortalezas y debilidades de un sistema de protección de los derechos humanos sin estudiar cuáles son los pasos a seguir para demandar su tutela cuando son vulnerados. En el sistema interamericano ello está regulado en la CADH, y en los Estatutos y Reglamentos de la CIDH y de la Corte IDH. En el sistema europeo, en el CEDH y en las Reglas del TEDH.
A fin de estudiar estas condiciones, se subdividirá su análisis en los tres aspectos que considero más relevantes para evaluar la accesibilidad de los peticionarios a cada sistema. En primer lugar, se tratará la competencia de los organismos para conocer de las cuestiones que le sean planteadas. En este apartado me limitaré a la competencia ratione materiae, ratione temporis y ratione loci, ya que la competencia ratione personae (legitimación activa y pasiva) será abordada posteriormente y por separado, habida cuenta de su especial repercusión en esta materia. Por último, se hará referencia a los requisitos de admisibilidad de las peticiones.
En el sistema europeo, la reforma implementada por el Protocolo n°11 relativo a la reestructuración del mecanismo de control establecido por el Convenio (1994, en vigencia en 1998) ha suprimido la Comisión Europea y ha creado un sistema de instancia única ante el TEDH, de manera que es este último el que debe evaluar el cumplimiento de los requisitos de procedencia de las peticiones. En el sistema diseñado por la CADH, en cambio, se mantiene la dualidad Comisión-Corte (artículo 33 de la CADH). Un caso no puede ser sometido al examen de la Corte IDH si no se ha agotado previamente el procedimiento ante la CIDH (artículo 61.2 de la CADH) y por lo tanto, será esta última quien evaluará en primer lugar la procedencia de una petición individual o de una comunicación interestatal. Por tal motivo, los tres aspectos previamente mencionados evaluarán sólo respecto de la Comisión, que es la “puerta de entrada” al sistema. Sin perjuicio de ello, es importante tener en cuenta que luego de haber agotado el procedimiento ante la CIDH, si el caso es eventualmente sometido a la Corte IDH, ésta se pronunciará sobre su propia competencia (facultad ésta que es inherente a todo órgano jurisdiccional), y podrá reexaminar los requisitos de admisibilidad sobre los cuales la Comisión ya se ha pronunciado, puesto que tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de la Convención (artículo 62.3 de la CADH). Lo que sí será abordado también respecto de la Corte IDH es la cuestión de la legitimación activa y la aceptación de su competencia, cuestiones éstas que implican una sustancial diferencia con el sistema europeo.
Ya hemos visto que la Comisión es un órgano con una competencia más amplia que la Corte, motivo por el cual su Reglamento contiene disposiciones relativas a Estados que no son partes en la CADH. Teniendo en cuenta que el propósito de este capítulo es evaluar las condiciones de acceso a las instancias jurisdiccionales, se abordará sólo el procedimiento previsto en la Convención Americana, que es el único que permite el acceso a la Corte, haciendo referencia a lo dispuesto por el Reglamento de la CIDH sólo en la medida que confirme o complemente lo que la CADH establece.
La competencia ratione materiae
En el capítulo anterior ya se analizaron cuáles son los derechos protegidos por cada tribunal, con lo cual lo sustancial de su competencia ratione materiae ya fue abordado. Sólo resta agregar que, al requisito de que se trate de una violación de un derecho humano comprendido en los instrumentos precedentemente citados, se debe sumar que los Estados no hayan formulado ninguna reserva con respecto a ese derecho. Según la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, una reserva puede definirse como “una declaración unilateral, cualquiera sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado con el objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado”.54 Las reservas deben cumplir con todos los requisitos para su validez y el instrumento de que se trate debe admitir la posibilidad de formularlas (el Protocolo n° 13 al CEDH relativo a la abolición de la pena de muerte por ejemplo, dispone expresamente que éstas están prohibidas).
Para que la CIDH tenga este tipo de competencia, es necesario que los hechos que motivan la petición hayan ocurrido con posterioridad a la entrada en vigor de la CADH o la Convención en cuestión, y mientras éstos permanezcan vigentes, ya que dichos instrumentos no pueden aplicarse retroactivamente. La fecha de entrada en vigor debe considerarse en función del Estado demandado. Si una determinada Convención ha entrado en vigor por contar con el número suficiente de ratificaciones para ello, pero un Estado la ratifica años después, la fecha que se tendrá en cuenta es la de la ratificación de este Estado, ya que no pueden imponérsele obligaciones que éste no había asumido en el momento en el que tuvo lugar el hecho denunciado.
Así como no puede obligarse a un Estado por hechos cometidos en un tiempo en el que todavía no había asumido ningún compromiso, correlativamente, no es posible que un Estado que denuncia una Convención quede relevado de su responsabilidad por la violación de sus obligaciones internacionales cometidas durante la vigencia de la misma. Es decir que, la CIDH y la Corte IDH seguirán siendo competentes respecto de los hechos ocurridos con anterioridad a la denuncia (artículo 78.2 de la CADH).
En caso de tratarse de un hecho violatorio de los derechos humanos que se prolonga en el tiempo, lo ocurrido con posterioridad a la entrada en vigor de la convención podrá ser sometido a la consideración de la CIDH y de la Corte IDH. Un caso especial se plantea con las leyes de amnistía o indulto, frecuentemente utilizadas en el continente americano. Estas leyes encubren una denegación de justicia que no es amparada en modo alguno por el derecho internacional de los derechos humanos. Aún así, en la práctica se han planteado dudas cuando el hecho amnistiado o indultado ha sido anterior a la entrada en vigor de la Convención, pero la ley produce sus efectos con posterioridad a la vigencia de la misma. Para ese caso, Faúndez Ledesma considera que “la Comisión es competente para conocer de peticiones o comunicaciones que tengan por objeto denunciar violaciones de los derechos Humanos derivadas de la aplicación de este tipo de leyes, y en cuanto la aplicación de estas medidas constituyan una denegación de justicia y favorezcan la impunidad de abusos previos que haya tenido lugar después de la entrada en vigor de la Convención para el Estado respectivo”.55 Coincido con este criterio, y estimo que no hay afectación del principio de irretroactividad, ya que lo que se denunciaría ante la CIDH no sería, sino sólo indirectamente, el derecho vulnerado con anterioridad a la vigencia de la Convención, sino la violación del derecho a la protección judicial y a un recurso efectivo ocurrida como consecuencia de la amnistía o indulto.
El cese de la membrecía de un Estado de la OEA también hace que la CIDH y la Corte IDH devengan incompetentes para conocer de los hechos ocurridos con posterioridad a dicho cese.
En el sistema europeo rige el mismo criterio, ya que el la irretroactividad de los tratados es un principio de derechos internacional general, consagrado en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 (artículo 28). De este modo, lo expresado respecto del sistema interamericano es plenamente aplicable en el europeo.
El artículo 1.1 de la CADH establece que los Estados partes se comprometen a garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos y libertades a toda persona sujeta a su jurisdicción. Las personas no están sujetas a la jurisdicción de un Estado sólo por residir en su territorio, sino que: “los Estados también ejercen una jurisdicción personal sobre sus nacionales en territorio extranjero, y una jurisdicción funcional en la sede de sus misiones diplomáticas y consulares en el exterior, al igual que en sus naves o aeronaves públicas que se encuentren fuera del territorio del Estado, o respecto de sus contingentes militares que se encuentren en el exterior”.56
La misma concepción es adoptada por el artículo 1 del CEDH. El TEDH será competente cuando el hecho se haya producido en el territorio del Estado parte demandado o bien en un lugar fuera del mismo pero en el que ese Estado ejerza su jurisdicción. También podría darse el supuesto inverso, es decir, un hecho ocurrido en el territorio del Estado demandado pero que no esté comprendido dentro del ejercicio de su jurisdicción57, aunque un caso de estas características podría plantear problemas en relación con la amplitud que debe darse a la obligación de vigilancia de los Estados.
El requisito de sujeción a la jurisdicción de un Estado parte tiende a evitar que cualquier persona, sin tener vínculo alguno con un Estado, pueda demandarlo ante tribunales internacionales.
De este modo, podemos comprobar que el sistema interamericano y el europeo adoptan criterios muy similares para determinar si poseen estos tres tipos de competencia. No sucede lo mismo con la competencia en razón de las personas, que muestra sustanciales diferencias entre ambos, especialmente en cuanto al acceso a la Corte IDH.
Legitimación activa y pasiva (competencia ratione personae)
Como fue explicado previamente, las condiciones de acceso en el sistema interamericano se evaluarán respecto de la Comisión. Sin embargo, para finalizar este apartado, se efectuarán por separado algunas consideraciones específicas sobre el acceso a la Corte IDH y su contraste con el sistema europeo luego de las reformas implementadas por el Protocolo n° 11.
Según el artículo 44 de la CADH, están legitimados para presentar peticiones ante la CIDH cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la OEA. Al utilizar la expresión demandas o peticiones “individuales” la misma debe entenderse como comprensiva de estas tres categorías, y no sólo de las personas individualmente consideradas.
Al respecto, Faúndez Ledesma ha expresado, según las palabras del juez Cançado Trindade, que: “(…) El derecho de petición individual constituye, en suma, la piedra angular del acceso de los individuos a todo el mecanismo de protección de la Convención Americana”.58
En el caso de las peticiones individuales, la CADH contiene una fórmula muy amplia, haciendo referencia a “cualquier persona”. Esta terminología extiende notablemente la protección, ya que no se requieren condiciones especiales o lazo de nacionalidad con el Estado demandando y tampoco que el sujeto denunciante tenga la calidad de víctima de la violación del derecho invocado, exigencia que sí está presente, en cambio, en el CEDH. De modo que podrían existir peticiones formuladas por terceros, como sucedió en el caso “Hilaire vs. Trinidad y Tobago”59, sin necesidad siquiera de contar con el consentimiento de la víctima. En este sentido, Faúndez Ledesma ha expresado que el locus standi del peticionario“(…) no se encuentra condicionado o sujeto a calificaciones especiales, o limitado de ninguna manera, haciendo posible una protección de los derechos humanos más eficaz que en el sistema de la Convención Europea (…)”.60
El hecho de que exista en el sistema interamericano esta disociación entre la calidad de víctima y de peticionario evidencia, a mi juicio, un mayor interés en el respeto de los derechos humanos en sí mismos, y no tanto la protección de una persona o grupo de personas en particular. En otras palabras, se concibe al respeto de los derechos humanos como un ideal a perseguir, independientemente del interés particular de la víctima.
También tienen el derecho de peticionar las organizaciones no gubernamentales, con la única condición de que estén legalmente reconocidas o registradas en uno o más de los Estados miembros de la OEA (no siendo necesario que dicho Estado haya ratificado la CADH). Sin embargo, la Comisión ha considerado (y su criterio ha sido ratificado por la Corte) que en el caso de no cumplirse este requisito, la demanda podría ser igualmente admitida, ya que se trataría de un grupo de personas, y de ese modo quedaría comprendida dentro del artículo 44.61 Esta consideración es igualmente aplicable a las personas jurídicas con fines lucrativos, ya que nada obsta a que éstas también queden comprendidas en esa categoría, y puedan por lo tanto, presentar una petición ante la CIDH.
Pese a reconocer la capacidad procesal de las personas jurídicas, han existido en la jurisprudencia de la Corte IDH algunas hesitaciones con respecto a si éstas pueden o no ser consideradas víctimas, fundadas básicamente en que el artículo 1.2 de la CADH establece que por persona debe entenderse todo ser humano. La importancia de esta cuestión radica en que, aunque el peticionario no debe ser necesariamente la víctima, debe existir sin embargo alguien que revista dicha calidad, ya que de lo contrario difícilmente podría alegarse una violación de los derechos humanos establecidos en la CADH. ¿Qué sucede entonces si se invoca la vulneración de los derechos de una persona jurídica? La Corte ha tenido oportunidad de pronunciarse en esta materia en el caso “Cantos vs. Argentina”62, concluyendo que los derechos de las personas morales se traducen en derechos de las personas que las componen, y citando a tal efecto la jurisprudencia del Tribunal Europeo en el caso “Pine Valley Developments Ltd y Otros vs. Irlanda”, en el cual este último entendió que las personas jurídicas peticionarias no eran sino vehículos a través de las cuales la persona física desarrollaba una actividad económica.63
Cabe destacar que en este primer supuesto de las peticiones individuales, la CIDH conocerá el caso automáticamente, es decir, sin necesidad de que el Estado demandado reconozca su competencia.
Paralelamente, en el sistema diseñado por el CEDH, se establece que la legitimación activa corresponde a “cualquier persona física, organización no gubernamental o grupo de particulares que se considere víctima de una violación por una de las Altas Partes Contratantes de los derechos reconocidos en el Convenio o sus Protocolos” (artículo 34). Puede verse que a priori la fórmula es muy similar a la utilizada por la CADH.
Con respecto a las personas físicas, no hay tampoco obstáculo alguno para que se trate de extranjeros, ya que no se exige ni vínculo de nacionalidad con el Estado demandado, ni que éstos estén presentes o residan en ese Estado, ello sin olvidar que por imposición del artículo 1 del CEDH y de la CADH debe tratarse de personas sujetas a su jurisdicción, ya que de lo contrario no podría imputársele al Estado ningún incumplimiento.
Si bien el artículo alude específicamente a personas físicas, ello no excluye de la protección a las personas jurídicas, con o sin fines lucrativos, siempre que sean privadas.64 Ellas están expresamente amparadas por el artículo 1 del Protocolo n° 1 al CEDH, que consagra el derecho de propiedad. Pero también pueden reclamar el respeto de otro tipo de derechos. En efecto, la labor del TEDH nos provee varios ejemplos de ello, entre ellas el caso “Tre Traktörer Aktiebolag vs. Suecia”65, en el cual admitió la petición de una compañía sueca, concluyendo que se había violado el artículo 6.1 del CEDH, puesto que ésta no había tenido la oportunidad de que la revocación de su licencia para comercializar bebidas alcohólicas dispuesta en sede administrativa fuera revisada por un tribunal judicial.
Con respecto a las ONG, no se impone como condición que estén legalmente reconocidas en un Estado Miembro (permitiéndose por ejemplo, que una ONG no reconocida accione para que se las reconozca), aunque como ya fue precisado, aún en el sistema interamericano, esa condición carece de importancia práctica. El CEDH también le otorga legitimación activa a los grupos de particulares.
La condición de considerarse víctima de la violación es común a las 3 categorías mencionadas por el artículo 34, y es una relevante diferencia con el sistema interamericano. Los individuos no podrán reclamar el respeto de sus derechos in abstracto, sino que sólo los afectados in concreto podrán hacerlo.
Los criterios de la ya extinta Comisión Europea y del Tribunal Europeo han ido modelando el concepto de víctima. Así, es posible afirmar que se trata de “la persona directamente afectada (concernée/affected) por el acto o la omisión litigiosas”.66 La jurisprudencia de estos órganos no ha sido del todo constante respecto a la posibilidad de que exista una violación que otorgue la calidad de víctima sin que haya un perjuicio. Sin embargo, en reiteradas ocasiones, ha admitido expresamente esta posibilidad, considerando que el perjuicio sólo es necesario a los efectos de la reparación del artículo 41, pero no del artículo 34. Un ejemplo de ello fue el caso “Brumărescu vs. Rumania”, en el cual el peticionario invocó una violación de su derecho de propiedad, por cuanto el Estado tomó posesión de la casa de sus padres (en aplicación de un decreto pero sin notificarles los motivos de esa privación). Luego de haber introducido su demanda ante la Comisión Europea, el Estado reconoció su derecho de propiedad sobre una parte del inmueble y una reparación pecuniaria por el resto y, en virtud de esos hechos nuevos, alegó que el peticionario había perdido ya su calidad de víctima. El TEDH rechazó este argumento, concluyendo que una violación del Convenio puede producirse aún en ausencia de perjuicio y que una medida favorable al requirente no le quita su calidad de víctima, salvo si las autoridades estatales han reconocido y luego reparado la violación.67
En mi opinión, la noción de víctima implica la de perjuicio. El TEDH ha expresado que “víctima” es la persona directamente afectada por el acto o la omisión litigiosos. ¿Cuál sería la afectación si el peticionario no hubiera sufrido un perjuicio o no tuviera al menos el riesgo de sufrirlo en el futuro? Fuera del perjuicio, ¿qué otro elemento podría hacer que la persona estuviera directamente afectada? Hacer desaparecer la noción de perjuicio del ámbito del artículo 34 implicaría arriesgarse a conceder una actio popularis (en el sentido de permitir a cualquier persona demandar la defensa de los derechos in abstracto) allí donde el Convenio Europeo no la ha querido.
Coincido con la opinión de Gialdino, en cuanto a que “(…) lo expresado por la Corte, en cuanto a que es concebible una violación en ausencia de perjuicio se vincula exclusivamente con la faz reparativa de este último. No significa que el daño no deba ser “invocado” por la víctima. Luego, el perjuicio integra la noción de víctima del art. 34 de la Convención. Esta debe “argüir”, al ejercer su derecho de acción, una violación que le irrogue un daño o afectación. Empero, otra cosa muy distinta es que, con base en ello, la víctima esté compelida a pretender, asimismo, que el daño le sea reparado (…)”.68
Por supuesto que no es necesario que ese perjuicio ya se haya producido en el momento de efectuar la petición, ya que la víctima puede ser actual o potencial. En efecto, la legitimación activa de las víctimas potenciales ha sido reconocida por el TEDH, como lo puso de manifiesto en el caso “Open Door y Dublin Well Woman vs. Irlanda”, originado por una decisión judicial que había prohibido a dos asociaciones y a sus trabajadores suministrar información a mujeres embarazadas sobre la posibilidad de someterse a un aborto en Gran Bretaña. Las requirentes alegaron la violación del artículo 10 del CEDH, que consagra el derecho de dar y recibir informaciones o ideas sin injerencia de la autoridad pública. En respuesta, el Estado impugnó, entre otras cosas, la calidad de víctimas de dos de las requirentes, por considerar que al no estar embarazadas no resultaban afectadas por la medida en cuestión. En su sentencia, el TEDH estimó que, pese a no estar embarazadas, ambas estaban en edad de procrear y que en consecuencia podrían verse afectadas por la medida impugnada.69
Resta agregar que, aunque en la mayoría de los casos la víctima será directa, nada obsta a que exista una víctima indirecta, es decir, aquella que ha sufrido un perjuicio a causa de la violación de un derecho de un tercero (que será la víctima directa, sea actual o potencial) o tiene algún interés en que se ponga fin a la misma.70
El artículo 45 de la CADH faculta a los Estados partes en la Convención a presentar comunicaciones contra otro Estado Parte ante la Comisión. Ya se ha expresado que en el caso de las demandas individuales, la Comisión puede intervenir automáticamente. No sucede lo mismo con las comunicaciones estatales, ya que el Estado denunciante (y el denunciado) además de ser partes en la CADH, deben haber aceptado la competencia de la Comisión para recibir y examinar este tipo de comunicaciones. El mecanismo opera solamente entre Estados que han aceptado la misma obligación, no siendo posible a uno que no la ha aceptado denunciar a otro ni ser denunciado. El régimen de aceptación es laxo, ya que puede ser por un período de tiempo o para casos determinados. Fuera de esta condición, no debe demostrar un interés específico, con lo cual se observa nuevamente la voluntad de proteger los derechos humanos in abstracto con prescindencia de que el Estado haya sido o no el damnificado.
En el sistema europeo también se prevé la posibilidad de que un Estado parte denuncie a otro por violación del Convenio o sus protocolos (artículo 33 del CEDH). Al igual que en el sistema interamericano, y contrariamente a lo establecido respecto de las demandas individuales (en relación a la calidad de víctima), el Estado no tiene que demostrar ningún interés particular para denunciar a otro. Aquí no es necesario el reconocimiento de la competencia del TEDH, pues luego de la reforma del Protocolo n° 11, todo Estado, por el sólo hecho de ser parte del Convenio, ha reconocido el derecho de acción de los individuos y de otros Estados partes ante el Tribunal Europeo. Posteriormente, se profundizará esta cuestión.
Cabe agregar que el artículo 24 del Reglamento de la CIDH le confiere a ésta la facultad iniciar motu proprio la tramitación de una petición, cuando considere que los requisitos necesarios para ello se hallan reunidos. El fundamento normativo de esta atribución puede encontrarse en el artículo 41 de la CADH, según el cual la función principal de la Comisión es promover la observancia y la defensa de los derechos humanos.
En los dos sistemas comparados el sujeto pasivo debe ser siempre un Estado. Tanto los artículos 44 y 45 de la CADH como los artículos 33 y 34 del CEDH se refieren expresamente a la violación de las Convenciones por un Estado parte. Como lo afirma Martín-Retortillo Baquer “(…) en principio, cuando son los particulares los que infringen los derechos humanos suele haber otros remedios, incluso jurisdiccionales, debiendo recordarse el juego de la responsabilidad patrimonial o la frecuencia con que los derechos y libertades tienen su reflejo, en negativo, en el Código Penal (…). Frente a la facilidad histórica de utilizar las vías jurisdiccionales ordinarias, el mérito de sistemas como el del CEDH consiste en poder emplazar a los Estados -todos los poderes públicos incluidos- lo que no siempre ha sido fácil (…)”.71 La responsabilidad del Estado puede comprometerse tanto por acción como por omisión, cuando no realice las acciones necesarias para garantizar los derechos a cuyo respeto se obligó. Un ejemplo de ello podría darse en caso de que el Estado tolerara violaciones reiteradas y sistemáticas a los derechos humanos sin llevar a cabo las investigaciones pertinentes.
Constatado este punto en común, resta ahora hacer referencia a algunas características específicas de cada sistema.
En el caso de las comunicaciones estatales en el sistema interamericano, además de haber ratificado la Convención, es necesario que el Estado demandado haya aceptado la competencia de la Comisión, puesto que el mecanismo opera sobre la base de la reciprocidad, tal como se explicó ut supra, y por lo tanto dicha aceptación se requiere tanto de parte del Estado denunciante como del denunciado.
Respecto de la legitimación pasiva en el sistema europeo, además de tratarse de un Estado parte en el CEDH (o en un protocolo, si el derecho en cuestión está garantizado por uno), es necesario que la violación le sea imputable.
Con respecto al alcance de la noción de imputabilidad, un hecho puede serle imputado a un Estado cuando está comprendido en el ejercicio de su potestad soberana, de su jurisdicción, o en la omisión de ejercerla. No es suficiente (aunque sí necesario, por imposición del artículo 1 del CEDH) que la víctima dependa de su jurisdicción, sino que el hecho en sí debe recaer en el ejercicio de su jurisdicción, aspecto deberá examinarse en cada caso en particular, y a tal efecto podrá tenerse en cuenta, por ejemplo, el grado en que los agentes de la instancia dependen del Estado o la medida en que éste tuvo la posibilidad de impedir la adopción de la decisión impugnada.72 Si bien en la CADH no se alude expresamente a esta condición, considero que la misma se halla implícita, ya que no podría decirse que un Estado violó la Convención, si no ha tenido responsabilidad alguna en el hecho denunciado.
Habida cuenta de la importante reforma implementada en el sistema europeo por el Protocolo n° 11, a continuación se hará referencia a las modificaciones que más inciden en las modalidades de acceso y que han agudizado las diferencias entre éste y el interamericano.
El sistema europeo anterior a 1998, que también estaba diseñado sobre la base de la dualidad Comisión-Corte, experimentó algunas dificultades que evidenciaron la necesidad de realizar una reforma sustancial: la superposición (y hasta confusión) de competencias entre ambos órganos, la excesiva duración de los procesos, que se prolongaban más allá de lo que se entiende como un “plazo razonable” en los términos del artículo 6.1 del CEDH, y la sobrecarga de trabajo, especialmente para la Comisión.
Pero una cuestión que hizo que el sistema fuera objeto de serias críticas fue que los individuos no tuvieran acceso directo y autónomo al TEDH. El derecho de peticionar sólo ante la Comisión Europea no parecía suficiente. Si bien se habían realizado reformas para extender la participación de los individuos en el procedimiento ante la Corte (reconociéndoles ciertas facultades, como la de presentar observaciones, ser escuchados ante el Tribunal, etc.), se alegaba que la negación del ius standi no se condecía con el espíritu original del Convenio. El Protocolo que primero consagró el derecho de los individuos a acceder por sí mismos al Tribunal fue el n° 9, adoptado en 1990, cuyo artículo 48.1.e establecía que un asunto podía ser sometido a la Corte por una persona física, organización no gubernamental o grupo de particulares que hubiera sometido el caso a la Comisión. Pese a que el mismo significó un indudable avance, tuvo dos limitaciones concretas: antes de que pudiera ser examinado por el Tribunal, el caso debía someterse a un comité de 3 jueces que decidía si debía remitirse a su conocimiento o no, y, por otro lado, siendo que se trataba de un Protocolo facultativo, sólo fue ratificado por 24 Estados, beneficiando únicamente a los individuos que demandaran a alguno de los Estados ratificantes.
Este nuevo instrumento no dio los resultados esperados, lo cual alimentó la idea de realizar una reforma estructural, que fue la implementada por el Protocolo n° 11 en 1998 (con el cual el Protocolo n° 9 quedó derogado). Como la mayor parte de los protocolos de enmienda (a diferencia de los adicionales, que sólo completan el sistema), éste exigió unanimidad para su entrada en vigor (artículo 4), evitando de esa manera que existieran dos sistemas paralelos de control. Tampoco admitió reservas.
Las modificaciones aportadas por este instrumento que son más importantes a los fines de la presente investigación fueron básicamente dos: supresión de la Comisión, creando una nuevo Tribunal como órgano único permanente (con anterioridad ni la Comisión Europea ni el Tribunal Europeo trabajaban de modo permanente) con jurisdicción obligatoria (sin necesidad de que los Estados partes reconozcan expresamente su competencia) y reconocimiento del ius standi de los individuos.
Lo cierto es que en el sistema interamericano aún no se ha efectuado una reforma de estas características. Para los Estados partes en la CADH, continúa siendo opcional la aceptación de la competencia de la Comisión (aunque sólo en el caso de las demandas interestatales, no así para las individuales).
Lo mismo sucede con la Corte IDH, y en este caso sea cual sea el origen de la petición. El ejercicio de su competencia contenciosa está siempre supeditado a que los Estados involucrados en el caso la hayan reconocido (artículo 62 de la CADH). Es el otorgamiento de ese consentimiento el que hace que los Estados que participan en el proceso tengan el carácter de partes y se comprometan a cumplir con la decisión de la Corte.73
Considero que ello implica una debilidad en comparación con el sistema europeo. La disociación entre la ratificación de la Convención Americana y la aceptación de la competencia de los órganos encargados de garantizar su cumplimiento, podría favorecer la impunidad de los Estados, poniendo en riesgo la eficacia del sistema en su conjunto. Y aun cuando se haya aceptado esta competencia, el hecho de que el reconocimiento puede realizarse bajo condición de reciprocidad, por un período determinado o para casos específicos, le otorga una flexibilidad al sistema que, desde mi punto de vista, puede resultar contraproducente.
La segunda cuestión que merece ser abordada, es la del acceso directo y autónomo del individuo al TEDH y a la Corte IDH. Ya se ha mencionado que en el sistema europeo dicho acceso está garantizado desde el Protocolo n° 11. Por el contrario, los artículos 51 y 61 de la CADH indican que los únicos legitimados para recurrir a la Corte directamente son los Estados y la propia Comisión. Esta circunstancia responde a una concepción histórica. Dada la fuerte resistencia de los Estados a considerar al individuo como sujeto de derecho internacional, se creó un sistema de intermediación de la Comisión entre el individuo y la Corte.74
Sin entrar en un análisis detenido de esta cuestión puede pensarse que esta diferencia no tiene mayor importancia, ya que la participación del individuo de todos modos está asegurada por su recurso a la Comisión. En este sentido, Acosta Alvarado, si bien reconoce la necesidad de una reforma, se muestra optimista con el sistema actual.75 Pero no debe perderse de vista que la CIDH no es una instancia jurisdiccional como el TEDH o la Corte IDH, sino un órgano auxiliar de la Corte, que funciona como una especie de “filtro” y cuya tarea algunos califican como cuasi-judicial.76 Aunque la obligatoriedad de sus decisiones está controvertida, es claro que éstas no tienen el mismo alcance que las sentencias de un Tribunal, cuya eficacia jurídica será evaluada en el tercer capítulo.
Es cierto que a través de las modificaciones del Reglamento de la Corte IDH se ha consagrado una participación más activa del individuo. Ya en la reforma de 1996, se le reconoció la posibilidad de intervenir, sin la intermediación de la Comisión, en la etapa de reparaciones, extendiendo dicha participación a todo el procedimiento con la reforma de 2001. Es así que el artículo 25 del actual Reglamento de la Corte IDH, otorga el derecho a la víctima, sus familiares o representantes legales, de presentar solicitudes, argumentos y pruebas durante todo el proceso. De este modo, pueden presentar observaciones a las excepciones preliminares (art. 42), pedir la celebración de otros actos del procedimiento escrito (art. 43), formular preguntas a los declarantes ofrecidos por la otra parte (art. 50), estar presentes durante ciertas declaraciones y exponer sus alegatos (art. 51), presentar alegatos finales (art. 56), ser notificados de las sentencias (art. 67), y formular observaciones a los informes estatales sobre el cumplimiento de la sentencia (art. 69). No cabe duda que el Reglamento de 2001 ha consagrando un verdadero locus standi in iudicio, permitiéndole a las víctimas, sus familiares y sus representantes legales participar activamente en todas las etapas del procedimiento y confiriéndoles un status independiente. Como lo expresó el juez Cançado Trindade, “sin el locus standi in iudicio de ambas partes cualquier sistema de protección se encuentra irremediablemente mitigado, por cuanto no es razonable concebir derechos sin la capacidad procesal de directamente vindicarlos”.77
Sin desconocer la importancia de estos avances, no ha sido suficiente. El sistema previsto por la CADH presenta una verdadera falencia al negar a los individuos un acceso directo, autónomo de motu proprio (ius standi) al único tribunal internacional competente para garantizar su cumplimiento. En el sistema vigente en la actualidad, éstos continúan subordinados a la decisión o bien del Estado involucrado o bien de la CIDH de someter el caso a la consideración de la Corte. Pueden participar a lo largo de todo el proceso pero no iniciarlo ellos mismos. En este sentido, se han están realizando en el seno de la OEA, diferentes estudios, seminarios, reuniones de expertos, y grupos de trabajo tendientes a pasar del locus standi in iudicio al que se llegó en 2001 al ius standi que ha logrado implementar el Protocolo n° 11.
Según Ventura Robles, de las reformas pendientes “la que es históricamente más transcendental, es la modificación del artículo 61 de la Convención para dar acceso directo a la víctima de la Corte (ius standi) una vez que ha finalizado el proceso ante la Comisión Interamericana. Esta reforma permitirá que el individuo recupere el papel central que históricamente le corresponde dentro del Derecho Internacional y, más concretamente, dentro del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (…)”.78
El juez Cançado Trindade es uno de los mayores exponentes en esta materia, y ha señalado reiteradamente la necesidad de implementar una reforma. En efecto, el 4 de junio de 2001, en su discurso ante la Asamblea General, expresó que: “el día en que logremos evolucionar del locus standi al ius standi de los individuos ante la Corte, tendremos alcanzado el punto culminante de una larga evolución del Derecho hacia la emancipación del ser humano, como titular de derechos inalienables que le son inherentes como tal, y que emanan directamente del Derecho Internacional”.79