Source: http://grupoonce.com/2013/06/26/boletin-informativo-junio-2013/
Timestamp: 2018-01-17 18:00:19
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Matched Legal Cases: ['Artículo 5', 'Artículo 31', 'artículo 21', 'artículo 31', 'artículo 67', 'ARTÍCULO 67', 'artículo 192', 'ARTÍCULO 6', 'ARTÍCULO 113', 'artículo 6', 'ARTÍCULO 113', 'artículo 6', 'artículo 113', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 5', 'ARTÍCULO 12', 'ARTÍCULO 15', 'artículo 15', 'artículo 12', 'artículo 12', 'ARTÍCULO 41', 'artículo 41', 'artículo 41', 'artículo 8', 'artículo 137', 'artículo 137']

BOLETÍN INFORMATIVO: JUNIO 2013 – Grupo ONCE
BOLETÍN INFORMATIVO: JUNIO 2013
Miércoles, 26 junio 2013 / Publicado en Boletin
Visión: Nuestra Misión es prestar servicios integrales a las empresas y satisfacer las necesidades de nuestros clientes al más alto nivel de calidad con personal altamente calificado por su experiencia y profesionalismo.
Compromiso: Como parte de nuestro compromiso hemos preparado el presente Boletín donde encontrará una breve opinión y síntesis respecto de las principales noticias en Materia Fiscal y sobre los criterios más relevantes emitidos por los Tribunales Federales, esto con la única finalidad de mantenerlo informado sobre estas actualizaciones y que las mismas le sean de su utilidad.
PRIMERO.- CONTRADICCIÓN DE TESIS 535/2012. COMPROBANTES FISCALES. SU VALOR PROBATORIO CUANDO EL CONTRIBUYENTE QUE LOS EXPIDIÓ NO SE ENCUENTRA LOCALIZABLE [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 161/2005 ]. Emitida por la H. Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante la cual se fija un criterio trascendente en materia de COMPROBANTES FISALES en lo relativo al rechazo de su deducción o acreditamiento. En la citada contradicción de tesis, el Máximo Tribunal del país determina ilegal el rechazo de la deducción o acreditamiento por parte de las autoridades fiscales por el hecho de que el contribuyente que expide comprobantes fiscales no haya dado aviso a la autoridad fiscal respecto a su cambio de domicilio, y señala que esta situación no debe traer como consecuencia necesaria que dicho comprobante sea nulo o carezca de valor probatorio, pues dicha omisión, aisladamente considerada, no da lugar a la sanción porque no se encuentra prevista en esos términos en los Artículos 27, 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación.
Se dice lo anterior, en razón de que las normas de restricción o las que imponen sanciones a los particulares de acuerdo al Artículo 5º del Código Fiscal de la Federación, son de aplicación estricta y por lo tanto, tienen que estar expresamente reguladas, además de que con ello se cumple con la garantía de seguridad jurídica consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En base a ello, se concluye que la autoridad fiscal no puede negar la procedencia de la solicitud del contribuyente exclusivamente por el hecho de quien haya expedido comprobantes fiscales no haya dado aviso a la autoridad fiscal respecto a su cambio de domicilio, sin perjuicio de que existan otras razones por las que no se acceda a su pretensión. Pues de no optar por esta apreciación de las normas, implicaría sancionar al contribuyente por la oscuridad que presenta la norma, cuestión que implica necesariamente vedar la posibilidad al contribuyente de que se inconforme respecto de una actuación de una autoridad administrativa que considera ilegal.
También, se destacó que la conclusión anterior no restringe las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, pues de considerar que los comprobantes fiscales exhibidos por un contribuyente no amparan la transacción realizada, pueden requerir toda la información atendiendo a dicha transacción en particular, y en su caso, no acceder a la pretensión del contribuyente atendiendo a las situaciones fácticas de cada asunto.
Por lo tanto, esta resolución emitida por la Suprema Corte es de suma importancia para el ámbito fiscal, dado que se fija un importante criterio en el sentido de que el derecho de la deducción de los contribuyentes, no puede estar sujeto al CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FORMALES QUE NO LE SON IMPUTABLES, por lo que no hay razón para que en contra del principio de capacidad contributiva se sancione al contribuyente de forma tan desproporcional o se le prive de un beneficio fiscal.
Asimismo, se determina que no se deben de interpretar los requisitos exigidos por ley para el ejercicio del derecho de deducción o acreditamiento, DE FORMA QUE LO HAGAN IMPOSIBLE O EXCESIVAMENTE ONEROSO, como sería el exigirle que asuma facultades de verificación del cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes que el Código Fiscal de la Federal le atribuye expresamente a las autoridades fiscales.
Finalmente la coincidencia del domicilio fiscal contenido en el comprobante y del que tiene conocimiento el Registro Federal de Contribuyentes es fruto del cumplimiento de una obligación a cargo de quien expide el comprobante, por lo que el hecho de que no coincidan no puede afectar a quienes lo reciben.
SEGUNDO.- LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante sesión celebrada el pasado miércoles 15 de Mayo del presente años, resolvió cinco amparos en revisión en el cual los contribuyentes quejosos reclamaron la inconstitucionalidad de diversos Artículos de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo.
Consecuentemente se confirmo negar el amparo solicitado para desaplicación de la Ley del llamado “IDE”, bajo el argumento que su finalidad no implica que se les imponga una sanción al contribuyente por hacer uso del efectivo, sino sólo la persecución de un fin constitucionalmente válido, como es propiciar que los contribuyentes registrados ante la hacienda pública tributen correctamente respecto de la totalidad de sus ingresos para efectos del Impuestos Sobre la Renta e identificar a los sujetos que deberían estar inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes y no lo están, para efecto de que tributen, por lo menos, con una Tasa del 3% del efectivo que depositen en las cuentas que tengan en el sistema financiero.
Bajo estas razones, el Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE) se justifica además, por existir una clara diferencia entre la finalidad perseguida con la creación de la ley y el destino que habrán de tener los montos recaudados por concepto de dicho tributo, pues el Estado tendrá mayores recursos recaudados para desarrollar sus funciones públicas, entre otras cosas, porque a partir del impuesto en cuestión se logrará gravar, cuando menos, un mínimo de riqueza que no es declarada ante las autoridades fiscales.
Aunado a lo anterior, la SCJN determinó que el IDE tampoco es violatorio del principio de proporcionalidad tributaria consagrado en el Artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que éste constituye una contribución que recae sobre una manifestación de riqueza consistente en el dinero en efectivo, ya sea depositado en las cuentas abiertas en las instituciones del sistema financiero, o bien, utilizado para adquirir cheques de caja, en tanto que la base tributaria guarda relación con el hecho imponible.
Al resolverse estos Recursos de Revisión, vaya que se tendrá que soportar el cobro del IDE por mucho rato.
TERCERO.- SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) Y LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE (PRODECON) GENERAN ENCUENTRO PARA DIALOGAR SOBRE UNA SIMPLIFICACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO MEXICANO. El pasado 21 de Junio se llevo a cabo en la ciudad de Guadalajara el “Primer Encuentro para la Simplificación y Transparencia Prodecon-SAT”, en el cual el Jefe del Servicio de Administración Tributaria, Aristóteles Núñez Sánchez y la Procuradora de la Defensa del Contribuyente Diana Bernal, dialogaron y reflexionaron sobre la necesidad de trabajar en la simplificación y transparencia del Sistema Tributario Mexicano.
En el marco del encuentro referido, la Procuradora Diana Bernal ofreció dos ruedas de prensa en las cuales destacó que: “México requiere de manera inaplazable contar con un sistema fiscal en donde prevalezca la simplificación legal y administrativa en el pago de impuestos, tanto para empresas como para personas físicas”. Fuente PRODECON.
Aunado a lo anterior, la Procuradora proporcionó un dato avalado por el Banco Mundial, en donde se detalla que los mexicanos tardan 337 horas al año para el pago de impuestos, mientras el promedio de los países que integran a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es de 176 horas; señalando que con ello se revela la imperiosa urgencia de la simplificación tributaria en nuestro país.
Frente a ello, entre las propuestas que durante el encuentro planteó la Procuradora, se encuentran las siguientes:
Generar una cultura contributiva que comience desde el nivel universitario.
Tener esquemas más modernos en la incorporación de padrón de contribuyentes.
Por medio de una aplicación tecnológica, el SAT haga una propuesta para el pago de impuestos y que se considere la presentación de la Declaración Anual con saldo a favor como solicitud de devolución, independientemente si procede o no.
Se facilite el pago de los impuestos, por medio de la posibilidad de llevar contabilidad simplificada en línea.
Resolver los recursos administrativos privilegiando el fondo del asunto y sobre todo.
Se reconozca y fortalezca el procedimiento de quejas que se tramita en PRODECON como un instrumento alternativo para la solución de diferendos entre fisco y contribuyente.
Por su parte, Aristóteles Núñez Sánchez, señaló que el Servicio de Administración Tributaria estará a la espera para coadyuvar con el Congreso de la Unión con la finalidad de tener un marco jurídico tributario más simple, el cual debe ofrecer opciones de facilidad de pago a los contribuyentes e incorporar a las personas que en la actualidad están en la informalidad. Como ejemplo, el propio Jefe del SAT reconoció la complejidad del marco jurídico tributario, al hacer referencia al “PORTAL” del Servicio de Administración Tributaria”, reconociendo que está diseñado para “expertos fiscales” y no así para la gran mayoría de contribuyentes que hoy debe y desea pagar sus impuestos”. Fuente SAT.
CUARTO.- PROPONEN AL INFONAVIT VIGILAR LAS ACTUACIONES DE COBRANZA DE SU CARTERA VENCIDA SUBCONTRATADAS POR DESPACHOS. Según lo informado por la Dirección de Comunicación Social de la Cámara de Diputados mediante boletín de fecha 24 de Junio de 2013, la secretaria de la Comisión de Vivienda, Diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales del PRI, propuso exhortar al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores a que supervise la actividad de los despachos que adquieren su cartera vencida, dado que se ha advertido que, con el fin de lograr el cobro de los créditos, éstos establecen mecanismos para presionar, e incluso despojar de sus viviendas, a los trabajadores que no pueden reintegrar el monto correspondiente.
Aunado a lo anterior, a través de un punto de acuerdo que presentó en la Comisión Permanente, la diputada sugirió al INFONAVIT constituir un diagnóstico de la relación entre crisis de los desarrolladores de vivienda, la protección que otorgan algunos órganos de Estado y las repercusiones de estas acciones en el programa de recuperación de créditos que afecta a los trabajadores con mayor pobreza.
La propuesta también va dirigida a que la cobranza mediante despachos que adquieren la cartera vencida del INFONAVIT debe ser regularizada para no perjudicar más a los deudores, que están en riesgo de perder sus viviendas, destacando que es imprescindible sumar esfuerzos para modificar el proceso de cobranza, a través de programas accesibles de reestructuración y brindar a los trabajadores una segunda oportunidad de pago. Finalmente, la diputada solicitó que el INFONAVIT asuma una posición de mayor firmeza para evitar que la crisis que viven los desarrolladores perjudique el patrimonio de los mexicanos más desvalidos. Fuente Boletín No. 1721. Cámara de Diputados LXII Legislatura.
[J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1; Pág. 663
CARGA DE LA PRUEBA DE LA RELACIÓN DE TRABAJO. CORRES­PONDE AL ACTOR CUANDO AFIRMA HABER LABORADO EN UN PERIODO DETERMINADO Y LA PARTE DEMANDADA LO NIEGA LISA Y LLANAMENTE- Si bien el artículo 21 de la Ley Fede­ral del Trabajo prevé que se presumen la existencia del contrato y de la relación laboral entre el que presta un trabajo personal y quien lo recibe, debe tomarse en cuenta el momento en que el actor afirme haber sido despedido, pues no basta que el demandado reconozca que en alguna época le prestó servicios o que así se derive de alguna prueba para que se presuma que éstos continuaron prestándose hasta la fecha de la separación, cuando existe la negativa lisa y llana de la relación de trabajo. De ahí que si, por ejemplo, en el juicio laboral se aporta alguna prueba que demuestre los periodos en los que el trabajador fue dado de alta y de baja ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (como puede ser el informe de esta institución), con ello puede acreditarse que en algún periodo existió una relación laboral con la empresa deman­dada; pero lo fundamental, atendiendo al punto litigioso cuando el actor señaló en su demanda haber trabajado un periodo específico, es la demostración de que la relación laboral subsistía en la fecha señalada por el trabajador como la del despido.
Contradicción de tesis 468/2012.-Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Cole­giado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, con residencia en Cancún, Quintana Roo y el Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Circuito.-13 de febrero de 2013.-Mayoría de cuatro votos.-Disidente: Sergio A. Valls Hernández.-Ponente: Luis María Aguilar Morales.-Secretaria: Ursula Hernán­dez Maquívar.
Tesis de jurisprudencia 48/2013 (10a.).-Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tri­bunal, en sesión privada del trece de marzo de dos mil trece.
[J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1; Pág. 712
IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL. NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2012).- Los artículos 300 a 302 del Código Fiscal del Distrito Federal, al disponer que las per­sonas físicas y morales que realicen: a) Construcciones (viviendas unifamiliares) de hasta doscientos metros cuadrados; b) Obras o cons­trucciones superiores a doscientos metros cuadrados; y, c) Obras o construyan desarrollos urbanos, edificaciones o ampliaciones que requieran nuevas conexiones de agua y drenaje, deben cubrir una cuota fija por cada metro cuadrado de construcción, no violan el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que si el objeto del citado impuesto, es decir, el acto o actividad gravada, es la cons­trucción o realización de obras de distintas clases, es dable afirmar que el hecho de que se consideren los metros cuadrados de construc­ción como parámétro para determinar la cuantía del impuesto es con­gruente con su objeto. Esto es así, porque los metros cuadrados de construcción constituyen un elemento susceptible de revelar objetiva­mente la potencialidad real de contribuir a los gastos públicos, máxime si se tiene en cuenta que la actividad gravada es precisamente la cons­trucción, pues resulta lógico presumir que quien construye una obra de mayores dimensiones cuenta con recursos económicos superiores que aquel que realiza una obra pequeña.
Contradicción de tesis 460/2012.-Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Cuarto, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con resi­dencia en San Andrés Cholula, Puebla.-13 de febrero de 2013.-Mayoría de cuatro votos.-Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos.-Ponente: Luis María Aguilar Morales.-Secretario: Francisco Gorka Migoni Goslinga.
Tesis de jurisprudencia 38/2013 (10a.).-Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tri­bunal, en sesión privada del veintisiete de febrero de dos mil trece.
[J]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 2; Pág. 1092
CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICI0. DEBE ORIEN­TARSE A LA TUTELA DE LAS PERSONAS JURÍDICAS, CUAN­DO SE PROTEJAN LOS DERECHOS Y LIBERTADES DE ACCESO A LA JUSTICIA, SEGURIDAD JURÍDICA Y LEGALIDAD DE SUS SOCIOS, INTEGRANTES O ACCIONISTAS.-Aun cuando en el ámbito jurídico no se han reconocido derechos humanos a las perso­nas jurídicas, lo cierto es que en el caso Cantos vs. Argentina, cuyas sentencias preliminares y de fondo se dictaron el 7 de septiembre de 2001 y 28 de noviembre de 2002, respectivamente, la Corte Interameri­cana de Derechos Humanos determinó que el individuo puede invocar violación a sus derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incluso cuando ésta derive, a su vez, de la afec­tación a personas jurídicas; en este sentido, dicho criterio orientador pone de manifiesto que, bajo determinados supuestos, el individuo pue­de acudir a dicho órgano para defender sus derechos fundamentales, aun cuando estén cubiertos por una figura o ficción jurídica creada por el propio sistema jurídico. En esas condiciones, el control de conven­cionalidad ex officio no sólo puede estar orientado a la tutela de las personas físicas, sino también a las jurídicas, cuando se protejan dere­chos que sean compatibles con su naturaleza, como los derechos y libertades de acceso a la justicia, seguridad jurídica y legalidad de sus socios, integrantes o accionistas, atento al segundo párrafo del artículo lo. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que las normas relativas a los derechos humanos se inter­pretarán de conformidad con ésta y con los tratados internaciones de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, y acorde con los artículos 8, numeral 1 y 25 de la citada convención, en relación con los preceptos 14 y 17 constitucionales.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SEGUNDA REGIÓN.
Amparo directo 334/2012, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administra­tiva del Segundo Circuito (expediente auxiliar 492/2012).-Materias del Comercio Exterior, S.A. de C.V.-6 de julio de 2012.-Unanimidad de votos.-Ponente: José Luis Moya Flores.-Secretario: Guadalupe González Vargas.
Amparo directo 424/2012, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito (expediente auxiliar 693/2012).-Distribuidora de Tiendas C.R., S.A. de C.V.-30 de agosto de 2012.-Unanimidad de votos.-Ponente: José Luis Moya Flores.-Secretario: Roberto Javier Sánchez Rosas.
Amparo directo 463/2012, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administra­tiva del Segundo Circuito (expediente auxiliar 719/2012).-Servicios en Polietileno Excelente, S.A. de C.V-30 de agosto de 2012.-Unanimidad de votos.-Ponente: Miguel Mendoza Montes.-Secretario: Hipólito Alatriste Pérez.
Amparo directo 468/2012, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito (expediente auxiliar 721/2012).-Faske, S.A. de C.V.-6 de septiembre de 2012.-Unanimidad de votos.-Ponente: Myriam del Perpetuo Socorro Rodríguez Jara.-Secretaria: Enriqueta Velasco Sánchez.
Amparo directo 506/2012, del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Adminis­trativa del Segundo Circuito (expediente auxiliar 825/2012).-4 de octubre de 2012.­Unanimidad de votos.-Ponente: José Luis Moya Flores.-Secretario: Guadalupe González Vargas.
[J]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 2; Pág. 1117
DEMANDA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL TRAMITADO EN LA VÍA SUMARIA. LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO QUE ADMITE LA CONTESTACIÓN Y OTORGA EL PLAZO PARA SU AMPLIACIÓN DEBE REALIZARSE PERSONALMENTE. De los artículos 17 y 58-6 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se advierte que cuando el actor en el juicio tramitado en la vía sumaria manifieste en su demanda que la resolución administrativa que pretende impugnar no le fue notificada, precise la autoridad demandada y ésta, al contestar, acompañe la constancia de la resolución administrativa y de su notificación, el plazo para la ampliación del escrito inicial será de cinco días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación del acuerdo que admita la contestación, la cual, en términos del artículo 67, fracción III, del propio ordenamiento, debe practicarse personalmente, con el objeto de entregar al actor copia del proveído correspondiente así como de la contestación de la demanda y de las constancias aportadas por la autoridad demandada, pues de lo contrario se actualiza una violación a las formalidades esenciales del procedimiento, en virtud de que no existirá certeza de que el actor tiene conocimiento de la contestación ni de sus anexos, por lo que no puede practicarse esa comunicación mediante boletín electrónico.
Amparo directo 633/2012. Constructora Industrial Activa, S.A de C.V. 13 de diciembre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretaria: Ma. del Carmen Zúñiga Cleto.
Amparo directo 699/2012. Grupo Profesional Mexicano, S.A. de C.V. 24 de enero de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretaria: Ma. del Carmen Zúñiga Cleto.
Amparo directo 789/2012. Luis Gerardo González Jiménez. 14 de febrero de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretario: Juan Carlos Nava Garnica.
Amparo directo 792/2012. Diversiones Mágicas, S.A. de C.V. 21 de febrero de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Ramiro Rodríguez Pérez. Secretario: Misael Esteban López Sandoval.
AMPARO DIRECTO 790/2012. 28 de febrero de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Ramiro Rodríguez Pérez. Secretario: Ramón Lozano Bernal.
Nota: La presente tesis aborda el mismo tema que la diversa XXX.1o.4 A (10a.), de rubro: “DEMANDA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL AUTO QUE LA TIENE POR CONTESTADA Y CONCEDE AL ACTOR EL DERECHO DE AMPLIARLA, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE (INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 67 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO).”, que fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 43/2013, resuelta por la Segunda Sala el 13 de marzo de 2013.
[J]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1; Pág. 212
CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. LAS DISPOSICIONES RELATIVAS QUE PREVÉ LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 CONSTITUCIONALES, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 2 DE ABRIL DE 2013, SON APLICABLES A LOS JUICIOS INICIADOS ANTES DE SU ENTRADA EN VIGOR, CUANDO LA SENTENCIA RESPECTIVA CAUSE ESTADO CON POSTERIORIDAD A ESA FECHA. En el artículo tercero transitorio del citado ordenamiento legal, el legislador estableció que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a su entrada en vigor continuarían tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones vigentes a su inicio, haciéndose dos salvedades: una por lo que se refiere al sobreseimiento por inactividad procesal y la caducidad de la instancia y, otra, en lo concerniente al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo. En relación con esta última excepción debe tenerse en cuenta, por una parte, la situación procesal en la que se ubicaron las partes cuando la sentencia concesoria causó estado antes del 3 de abril de 2013, supuesto que al actualizarse da lugar al inicio del respectivo procedimiento de ejecución, en términos de lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo y, por ende, la consecuencia de que dicho procedimiento se haya sujetado a lo previsto en la legislación de amparo vigente en aquel momento y, por otra parte, que tanto ese procedimiento como los medios de defensa que se regulan en la anterior legislación de amparo y en la ley vigente, son sustancialmente distintos. Por tanto, las disposiciones relativas al cumplimento y ejecución de las sentencias de amparo que prevé la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, son aplicables a los juicios iniciados con anterioridad a su entrada en vigor, siempre y cuando la sentencia relativa haya causado estado con posterioridad a esa fecha, esto es, a partir del 3 de abril de 2013, toda vez que los aspectos definidos en los procedimientos de ejecución que se iniciaron antes de esa fecha, no se pueden dejar sin efectos en virtud de una norma transitoria para ordenar la substanciación de un procedimiento distinto que, además de no encontrarse vigente en la época en que causaron ejecutoria las sentencias de amparo respectivas podría, en ciertos casos, alterar sustancialmente la situación procesal en la que se ubicaron las partes, desconociendo sin justificación alguna decisiones firmes dictadas en su oportunidad conforme a las disposiciones aplicables y constitucionalmente válidas.
Inconformidad 17/2013. Edgar Campuzano García. 10 de abril de 2013. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa López.
Inconformidad 73/2013. Juan Miguel Alarcón Ruiz. 10 de abril de 2013. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Gabino González Santos.
Inconformidad 152/2013. Liliana Teresa Solís Herrera. 10 de abril de 2013. Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Alejandro Castañón Ramírez.
Inconformidad 151/2013. Lourdes Flores Gastelum. 17 de abril de 2013. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Gustavo Naranjo Espinosa.
INCONFORMIDAD 129/2013. Juan David Rangel Ramírez. 17 de abril de 2013. Cinco votos. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: Jesús Rojas Ibáñez.
Tesis de jurisprudencia 49/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de veinticuatro de abril de dos mil trece.
[TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1; Pág. 567
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 6o. DE LA LEY FEDERAL RELATIVA NO VIOLA EL ARTÍCULO 113, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AL ESTABLECER UN RÉGIMEN ESPECIAL PARA SOLICITAR UNA INDEMNIZACIÓN POR CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS. El artículo 6o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece un régimen especial para solicitar una indemnización por concepto de daños y perjuicios cuando la autoridad demandada en el juicio contencioso administrativo federal haya cometido una falta grave al dictar una resolución anulada y no se hubiere allanado al contestar la demanda. Habrá falta grave cuando: a) se anule por ausencia de fundamentación o de motivación, en cuanto al fondo o a la competencia; b) sea contraria a una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de legalidad. Si la jurisprudencia se publica con posterioridad a la contestación no hay falta grave; c) se anule la resolución administrativa dictada en ejercicio de facultades discrecionales que no correspondan a los fines para los cuales la ley confiera esas facultades. Conforme a la jurisprudencia P./J. 42/2008, de rubro: “RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO OBJETIVA Y DIRECTA. SU SIGNIFICADO EN TÉRMINOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.”, la actividad irregular del Estado se configura cuando la función administrativa se realiza de manera defectuosa, esto es, sin atender a las condiciones normativas o a los parámetros establecidos en la ley o en los reglamentos administrativos. En tal sentido, cuando una resolución administrativa es anulada por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se causa un daño o un perjuicio al patrimonio del particular, por haber actuado irregularmente; se configura la responsabilidad del Estado de resarcir el daño o el perjuicio y, por otro lado, se genera el derecho del afectado a que su daño o perjuicio sea reparado. Así, debe entenderse que en el régimen especial que establece el artículo 6o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la conducta irregular del Estado puede ser una falta grave cometida por la autoridad demandada en un juicio contencioso administrativo federal sin que ésta se hubiere allanado al contestar la demanda, pues está dentro de las facultades que el constituyente otorgó al legislador para establecer las bases, límites y procedimientos para otorgar una indemnización como la que nos ocupa. Máxime que si un particular llegara a considerar que con motivo de la resolución anulada, la autoridad demandada en el juicio contencioso administrativo federal le causó un daño que debiera ser objeto de indemnización en términos de lo dispuesto por el artículo 113, segundo párrafo, constitucional, sin encontrarse en alguno de los supuestos de falta grave a que alude el artículo impugnado, esto es, dentro del régimen especial que establece la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, estaría en aptitud de acudir directamente ante la autoridad administrativa para solicitar el pago de la referida indemnización, agotando el procedimiento que para tal efecto establece la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.
Amparo directo en revisión 1778/2012. Agricultura Nacional de Jalisco, S.A. de C.V. 23 de enero de 2013. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana Elena Torres Garibay.
Nota: La tesis de jurisprudencia P./J. 42/2008 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, junio de 2008, página 722.
VII-P-1aS-544
COSA JUZGADA REFLEJA.- EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, TIENE LA OBLIGACIÓN DE INVOCARLA COMO HECHO NOTORIO.- De conformidad con los artículos 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa tiene la facultad de invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes, por tanto, al advertir la existencia de una sentencia que tenga relación con la materia del juicio que se resuelve, las Salas al momento de dictar la sentencia correspondiente deben invocar ese hecho notorio y asumir los razonamientos de la sentencia que constituye cosa juzgada por haber quedado firme legalmente, por ser necesarios para resolver sobre la materia del juicio que se esté conociendo, ya que este se ve influenciado por el efecto reflejo positivo de lo resuelto en aquella, al derivar los actos controvertidos de una misma situación jurídica, lo que evitara la emisión de sentencias contradictorias sobre una misma situación jurídica en perjuicio del gobernado.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1064/11-07-02-4/1440/12-S1-04-04.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 5 de marzo de 2013, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Rafael Anzures Uribe.- Secretario: Lic. Javier Armando Abreu Cruz.
(Tesis aprobada en sesión de 9 de abril de 2013)
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 22. Mayo 2013. p. 211
VII-J-SS-68
CARTAS INVITACIÓN. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONTRA.- Las cartas invitación que hace el Servicio de Administración Tributaria a los contribuyentes para que regularicen su situación fiscal con relación al pago del impuesto sobre la renta, derivado de los ingresos obtenidos por depósitos en efectivo a su favor, no generan un perjuicio al contribuyente traducido en una afectación o menoscabo a su patrimonio jurídico, porque sólo le comunican que se ha advertido la omisión de pago, invitándolo a corregir su situación fiscal, mediante la utilización del formulario que contiene la propuesta de pago del entero correspondiente a los ingresos percibidos por depósitos en efectivo, documento que no afecta el interés jurídico de la enjuiciante, al tratarse de una carta invitación que no constituye propiamente una resolución definitiva que pueda ser impugnada ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, luego entonces, al no afectarse la situación jurídica del contribuyente, no puede establecerse que exista consentimiento en contra de las cartas invitación, ni mucho menos que se tenga por precluido su derecho, cuando la autoridad administrativa competente, le determine un crédito fiscal a su cargo, por los depósitos en efectivo, pues es hasta ese momento cuando le causa una afectación al gobernado. Además de que la invitación que efectúa el Servicio de Administración Tributaria a los particulares, comparte la característica de que no establece sanción alguna para el caso de incumplimiento, por tanto la invitación, en realidad forma parte de un programa preventivo para evitar sanciones y molestias innecesarias que, no trasciende de manera alguna a la esfera jurídica del contribuyente, habida cuenta que la autoridad exactora no puede iniciar el Procedimiento Administrativo de Ejecución por no existir crédito fiscal determinado.
Contradicción de Sentencias Núm. 2540/12-06-02-2/Y OTROS 4/1266/12-PL-10-01.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 20 de marzo de 2013, por mayoría de 9 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Carlos Mena Adame.- Secretario: Lic. José Raymundo Rentería Hernández.
(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/11/2013)
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 22. Mayo 2013. p. 85
VII-TASR-CEI-32
DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. ES PROCEDENTE AUN CUANDO EL CONTRIBUYENTE NO HUBIERA OBTENIDO INGRESOS POR ACTIVIDADES PROFESIONALES O EMPRESARIALES PARA EFECTOS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.- El artículo 5, fracción I, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, dispone que para el acreditamiento del impuesto al valor agregado identificado ya trasladado y enterado, se requiere que las erogaciones correspondientes por la adquisición de bienes destinados a los actos o actividades gravados a las diferentes tasas del impuesto o exentos, sean también deducibles para efectos del impuesto sobre la renta y cumplan con los requisitos que para ello dispone este gravamen, de lo que se colige con nitidez que cuando un contribuyente aumenta su carga de obligaciones ante el fisco federal, en virtud de prestar servicios independientes, a partir de ese momento sí lleva a cabo actividades gravadas para efectos del impuesto al valor agregado, tal como lo indica el numeral 1, fracción II, de la ley del impuesto relativo. Ahora bien, el rechazo a la devolución de la contribución indirecta por no haber obtenido ingresos derivados de su actividad por el periodo solicitado generado por la adquisición de un vehículo automotor, es ilegal al sustentarse en ese motivo, lo cual, en concepto del órgano fiscalizador, genera que el mismo no resulte estrictamente indispensable para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, lo cual es inexacto, pues la prestación de servicios de contabilidad y auditoría sí requiere el bien adquirido para la consecución de sus fines, pues realizando un razonamiento lógico, es necesario que se cuente con un medio de transporte para realizarlo, toda vez que el hecho de conseguir clientes, de capacitarse y de auditar a otros contribuyentes requiere, evidentemente, el desplazamiento hacia un lugar que no es el domicilio fiscal del prestador del servicio. A su vez, no debe soslayarse que no existe disposición legal alguna de la que se desprenda que en caso de que un contribuyente no obtenga ingresos por la realización de su actividad, ya no se encuentre en aptitud de realizar deducciones o acreditar cantidades surgidas a partir de conceptos relacionados con la realización de la actividad, habida cuenta que la indispensabilidad de la erogación gira en torno a la actividad realizada, y no a la obtención de ingresos.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2067/12-08-01-6.- Resuelto por la Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 27 de noviembre de 2012, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Mario de la Huerta Portillo.- Secretario: Lic. Roberto Ruvalcaba Guerra.
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 22. Mayo 2013. p. 433
VI-SR-X-15
NO APLICA LA TASA DEL 0% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ANÁLISIS DE MUESTRAS DE GANADO.- La tasa del 0% con el que se calcula el impuesto al valor agregado, respecto de las actividades previstas en el artículo 2-A, fracción II, inciso a), de la ley de la materia, se condiciona a que se realicen, entre otras, por los servicios independientes que se presten directamente a los ganaderos y, que sean destinados a actividades agropecuarias, precisando dentro de tales servicios los conceptos que se consideran para tipificar el supuesto legal, como lo son, ?vacunación, desinfección o inseminación de ganado?; por ende, en aplicación estricta de lo que preceptúa la referida disposición, en términos de artículo 5° del Código Fiscal de la Federación, no es dable hacer extensiva la causación del impuesto a la tasa del 0%, a alguna prestación de servicios diversa a la que la misma ley establece, como lo es el supuesto de análisis de muestras que los ganaderos proporcionan de su ganado y, la emisión del resultado o diagnóstico correspondientes.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 5733/08-07-01-6.- Resuelto por la Primera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 2 de diciembre de 2009, por unanimidad de votos.-Magistrado Instructor: Miguel Ángel García Padilla.- Secretaria: Lic. Martha Evangelina Lujano Cortés.
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 22. Mayo 2013. p. 447
VII-TASR-CA-34
RENTA.- EL ARTÍCULO 12-B DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO TRASTOCA EL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY, CON RELACIÓN AL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN II, DE LA LEY RESPECTIVA; Y POR ENDE, NO ES DABLE SU INAPLICACIÓN EN EJERCICIO DEL CONTROL DE LA CONVENCIONALIDAD.- Este Tribunal se encuentra obligado a efectuar el control de la convencionalidad, en su modalidad de difuso, a efecto de evitar violaciones a los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los convenios internacionales suscritos por México y de cuyo resultado se puede llegar a la inaplicación de cierta norma atentatoria de dichos derechos. En materia fiscal, el principio constitucional de reserva de ley, consiste en que sólo por la ley, pueden fijarse los elementos de las contribuciones que están obligados a aportar al gasto público los habitantes de la República; por ende, la facultad reglamentaria de proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de la ley está limitada a tal principio; lo que se traduce en que la autoridad administrativa no puede regular lo relativo a los elementos de las contribuciones y sus excepciones por la vía del reglamento. Consecuentemente si el artículo 15, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta refiere la posibilidad, para cierto tipo de contribuyentes y a partir del segundo semestre del ejercicio, de solicitar la autorización para disminuir el monto de ciertos pagos provisionales; y el artículo 12-B de su Reglamento dispone que dicha solicitud se presentará a la autoridad un mes antes de la fecha en la que se deba efectuar el entero del pago provisional que se solicite disminuir, y que cuando sean varios los pagos provisionales cuya disminución se solicite, dicha solicitud se deberá presentar un mes antes de la fecha en la que se deba enterar el primero de ellos, es de concluir que este último precepto no trastoca el principio aludido, ya que en esencia, sólo complementa la disposición legal, al establecer el momento en que debe presentarse la solicitud referida, sin establecer un requisito adicional para tener acceso a tal autorización, situación que es congruente con la facultad del ejecutivo federal, de proveer, en la esfera administrativa, a la exacta observancia de la ley. En consecuencia, desde la interpretación en sentido amplio, se advierte que la norma reglamentaria al no trastocar el principio de reserva de ley tampoco trastoca algún derecho humano de los contribuyentes, como lo estimó la actora en el juicio, por lo que se concluye que no hay elementos para dejar de aplicar el artículo 12-B reglamentario.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1424/11-20-01-3.- Resuelto por la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 1 de marzo de 2013.- Sentencia: 2 votos a favor y 1 voto con los puntos resolutivos.- Tesis: por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Alberto Romo García.- Secretario: Lic. Marcos Gutiérrez Martínez.
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 22. Mayo 2013. p. 441
VII-TASR-CEI-30
ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDIMIENTO POR FASES QUE NO PERMITE A LA AUTORIDAD FISCAL UN EJERCICIO ARBITRARIO DE SUS FACULTADES.- Frente al posible incumplimiento de una obligación por parte del contribuyente, en el dispositivo en análisis se otorgan facultades a la autoridad para lograr su cumplimiento. Así, las disposiciones contenidas en el artículo 41 del Código Fiscal de la Federación evidencian que se trata de un procedimiento establecido por fases y no por plazos, sin que con ello, per se, cause un menoscabo a la esfera jurídica del particular, ni le produzca indefensión alguna, pues se garantizan las formalidades esenciales del procedimiento y por tanto las del debido proceso legal. En primer término, ante la posibilidad de que exista un incumplimiento a una obligación, se otorga a la autoridad la facultad de requerir al contribuyente para que en el término de quince días dé cumplimiento a esta o, en su caso, demuestre que había sido cumplida anteriormente y únicamente, ante el incumplimiento del requerimiento, proceder a la imposición de la multa correspondiente. Ahora bien, de no lograrse el cumplimiento de la obligación, la autoridad puede requerir e imponer multa hasta en tres ocasiones, lo que no procederá de haberse cumplido con la obligación requerida. Por tanto, únicamente se estará en el supuesto de procedibilidad de la segunda fracción contenida en el dispositivo en análisis de no lograrse el cumplimiento de la obligación omitida durante la primera fase procedimiental, caso en el que se podrá hacer efectiva al contribuyente o al responsable solidario omiso, una cantidad igual al monto mayor que hubiera determinado a su cargo en cualquiera de las seis últimas declaraciones de la contribución de que se trate o una cantidad igual a la contribución que a este corresponda determinar según se trate de la omisión en la presentación de una declaración periódica para el pago de contribuciones, o de una declaración de las que se conozca de manera fehaciente la cantidad a la que le es aplicable la tasa o cuota respectiva. Ahora bien, la fracción II, del dispositivo en análisis claramente refiere que el pago de estas cantidades no liberan al contribuyente de la obligación de presentar la declaración omitida, por lo que en el último párrafo se establece que en caso del incumplimiento a tres o más requerimientos respecto de la misma obligación, se pondrán los hechos en conocimiento de la autoridad competente para que se proceda por desobediencia a mandato legítimo de autoridad competente. De lo que se concluye que las disposiciones contenidas en el artículo 41 del Código Fiscal de la Federación no permiten a la autoridad fiscal un ejercicio arbitrario de sus facultades ya que si bien, no establece plazos, sí establece fases y grados de su ejercicio, según se logre el objetivo consistente en el cumplimiento de la obligación omitida en cada una de estas o no, debiendo respetar el derecho de audiencia y garantías de legalidad y seguridad jurídica del contribuyente, según se prevé en los artículos 14 y 16 constitucionales, correlativos del contenido del artículo 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Cumplimiento de Ejecutoria Núm. 566/11-08-01-9.- Resuelto por la Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 2 de mayo de 2012, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Mario de la Huerta Portillo.- Secretaria: Lic. Martha Elba Dávila Pérez.
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 22. Mayo 2013. p. 430
VII-TASR-8ME-22
ACTA PARCIAL DE ENTREGA DEL OFICIO DE AMPLIACIÓN DE VISITA DOMICILIARIA. HORA DIFERENTE A LA SEÑALADA EN EL CITATORIO.- De conformidad a lo previsto en el artículo 137, del Código Fiscal de la Federación, la obligación del notificador actuante adscrito a la autoridad revisora fiscal, es la de levantar el acta circunstanciada en la misma hora, en la que se realiza la diligencia y no en una posterior, pues la circunstanciación del tiempo se entiende restringida a la obligación de la autoridad de levantar el acta en la fecha en la que realice la diligencia y no en una posterior. En efecto, el numeral en comento, en forma literal, exige que la espera sea para una hora hábil fija del día siguiente, y basta para su incumplimiento el levantar el acta en hora distinta, cuando tan importante es para la protección del estado de seguridad jurídica del particular que el acta se levante no solo en la misma fecha en la que se está practicando la diligencia respectiva, sino también en la hora en que ello acontece. Por lo tanto, el notificador deja de cumplir con lo dispuesto por el artículo 137, del Código Fiscal de la Federación, si bien, al constituirse a la hora señalada en el previo citatorio en el domicilio de la visitada, de conformidad con dicho precepto y pese a ello elaboró el acta circunstanciada correspondiente en una hora diversa.
Cumplimiento de Ejecutoria Núm. 20982/07-17-08-6.- Resuelto por la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 3 de agosto de 2012, por mayoría de votos.- Magistrada Instructora: Lucila Padilla López.- Secretaria: Lic. Alicia Rodríguez González.
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 22. Mayo 2013. p. 416
BOLETÍN INFORMATIVO GRUPO ONCE JUNIO 2013
BOLETÍN INFORMATIVO: ENERO 2014
BOLETÍN INFORMATIVO: MARZO 2013