Source: https://cobos.tv/2020/07/version-estenografica-de-la-sesion-publica-de-resolucion-por-videoconferencia-de-la-sala-superior-del-tribunal-electoral-del-poder-judicial-de-la-federacion-efectuada-el-dia-de-hoy-2/
Timestamp: 2020-08-09 11:09:07
Document Index: 55409454

Matched Legal Cases: ['artículo 100', 'artículo 38', 'artículo 100', 'artículo 99', 'artículo 100', 'artículo 100', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 38']

Versión estenográfica de la sesión pública de resolución por videoconferencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, efectuada el día de hoy – Cobos.tv
Magistrado Presidente Felipe Alfredo Fuentes Barrera: Muchas gracias. Buenas tardes.
Se abre la sesión pública por videoconferencia convocada para este día.
Secretario general, por favor verifique el quorum legal y dé cuenta con los asuntos listados para esta sesión.
Secretario general de acuerdos Rolando Villafuerte Castellanos: Magistrado Presidente, le informo que hay quorum para sesionar válidamente, toda vez que están presentes en la videoconferencia los siete integrantes del Pleno de esta Sala Superior y los asuntos a analizar y resolver son cinco juicios ciudadanos, un juicio electoral y un recurso de apelación, los cuales hacen un total de siete asuntos, cuyos datos de identificación fueron publicados en el aviso de sesión de esta Sala Superior.
Es la cuenta de los asuntos listados para la sesión, Magistrado Presidente, señoras Magistradas, señores Magistrados.
Magistrado Presidente Felipe Alfredo Fuentes Barrera: Gracias, Secretario.
Magistradas, Magistrados, ¿si están de acuerdo con los asuntos listados para esta sesión pública?
Por videoconferencia, les pido que manifiesten su aprobación en votación económica.
Se aprueba, Secretario general de acuerdos, tome nota.
Y, enseguida procedo a dar cuenta con el asunto que propone a esta Sala Superior, la ponencia del señor Magistrado Indalfer Infante Gonzales.
Secretario general de acuerdos Rolando Villafuerte Castellanos: Con su autorización, Magistrado Presidente.
Doy cuenta con los juicios ciudadanos 1076 y 1079 de este año, cuya acumulación se propone, promovidos por dos organizaciones que tienen la intención de constituirse como partidos políticos nacionales a fin de impugnar el acuerdo identificado con la clave INE CG 136/2020, emitido por el Instituto Nacional Electoral mediante el cual amplió el plazo para que los partidos políticos desahoguen la vista relacionada con la verificación de duplicidad de registros entre afiliados válidos de una organización y los padrones de los partidos políticos nacionales o locales.
Los enjuiciantes argumentan que el Instituto Nacional Electoral no tiene competencia para modificar la fecha a partir del cual deberá surtir efectos el registro de los nuevos partidos políticos, ya que eso sólo se puede realizar mediante una reforma legal.
El agravio se considera inoperante porque en el caso se actualiza la figura de la cosa juzgada. Lo anterior, porque el tema relativo al plazo para la resolución sobre el registro de nuevos partidos políticos que el Instituto Nacional Electoral fijó al 31 de agosto de este año, ya fue objeto de análisis por parte de la Sala Superior al resolver los juicios ciudadanos 742/2020 y acumulados en los que se determinó confirmar la decisión de la autoridad nacional electoral.
En cuanto a la modificación del plazo para la revisión de afiliaciones duplicadas el cual se amplió de cinco a 10 días hábiles, los agravios se consideran inoperantes en una parte e infundados en otra.
Inoperantes porque aun cuando el plazo para verificar la duplicidad de afiliación se incrementó en cinco días, al final de cuentas, esto no trasciende al proceso integral de registro, ya que este deberá ajustarse, invariablemente, a la fecha límite, fijada por el propio instituto para resolver el registro de los nuevos partidos políticos.
Infundado, en razón de que, contrario a lo afirmado por los actores, la autoridad electoral cumplió con su deber de fundar y motivar el acuerdo, por el cual modificó el plazo, justificándolo principalmente en que subsiste en el país una situación de emergencia sanitaria y que en la compulsa de afiliaciones de las organizaciones en el resto del país es mayor que el número de duplicidades que resultaron de las asambleas.
Además, esas circunstancias son suficientes para justificar la ampliación del plazo para que los partidos políticos desahoguen las vistas con las duplicidades de afiliaciones.
En el proyecto, también se explica que la ampliación del plazo para el desahogo de las vistas, con las duplicidades favorece el derecho de afiliación, porque con ella se favorece la posibilidad de que la autoridad electoral cuenta con mayores elementos para conocer cuál es la verdadera voluntad de la ciudadanía que se encuentre en el supuesto de doble afiliación.
De igual manera, se propone desestimar los agravios, en los que se aduce que los partidos políticos no impugnaron el acuerdo original por el que se había establecido un plazo de cinco días para desahogar las vistas con las duplicidades y que, por ello, aquel acuerdo quedó firme y no podía ser modificado.
Lo anterior, en virtud de que la modificación al plazo obedece a una emergencia sanitaria, que se produjo con posterioridad a la aprobación del acuerdo.
Los impugnantes también se duelen de que la ampliación del plazo de cinco a 10 días hábiles altere el debido proceso legal y constituya una norma retroactiva. Sin embargo, el agravio resulta infundado, toda vez que el acuerdo impugnado tiene efectos, a partir de su aprobación, pero no repercute en las vistas que fueron desahogadas con anterioridad. De ahí que no existen elementos para estimar que se vulnere el principio de irretroactividad.
Conforme a lo anterior, se propone confirmar el acuerdo controvertido.
Es la cuenta, Magistrado Presidente, señoras Magistradas y señores Magistrados.
Magistradas, magistrados queda a su consideración el proyecto de la cuenta.
¿Hay alguna intervención? Si no hay intervenciones, le pido al secretario general de acuerdos que tome la votación correspondiente.
Secretario general de acuerdos Rolando Villafuerte Castellanos: Con su autorización, Presidente.
Magistrado Felipe de la Mata Pizaña.
Magistrado Felipe de la Mata Pizaña: De acuerdo.
Secretario general de acuerdos Rolando Villafuerte Castellanos: Magistrado Indalfer Infante Gonzales.
Magistrado Indalfer Infante Gonzales: Con la propuesta.
Secretario general de acuerdos Rolando Villafuerte Castellanos: Magistrada Janine Otálora Malassis.
Magistrada Janine Madeline Otálora Malassis: Con la propuesta.
Secretario general de acuerdos Rolando Villafuerte Castellanos: Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.
Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón: A favor.
Secretario General de acuerdos Rolando Villafuerte Castellanos: Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso.
Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso: Con la cuenta.
Secretario general de acuerdos Rolando Villafuerte Castellanos: Magistrado José Luis Vargas Valdez.
Magistrado José Luis Vargas Valdez: Con el proyecto.
Secretario general de acuerdos Rolando Villafuerte Castellanos: Magistrado Presidente Felipe Alfredo Fuentes Barrera.
Magistrado Presidente Felipe Alfredo Fuentes Barrera: A favor del proyecto
Secretario general de acuerdos Rolando Villafuerte Castellanos: Magistrado Presidente, le informo que el proyecto de la cuenta se aprobó por unanimidad de votos.
Magistrado Presidente Felipe Alfredo Fuentes Barrera: En consecuencia, en los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 1076 y 1079 de este año se resuelve:
Primero.- Se acumulan los juicios indicados.
Segundo.- Se confirma el acuerdo controvertido.
Secretario general dé cuenta con el asunto que nos propone la ponencia de la Magistrada Janine Otálora Malassis.
Secretario general de acuerdos Rolando Villafuerte Castellanos: Con su autorización, Magistrado Presidente, Magistradas y Magistrados.
Doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo a los juicios ciudadanos 1078, 1190 y al recurso de apelación 38, todos de setas anualidad, promovidos por Jorge David Aljovín Navarro, César Ernesto Ramos Mega y el Partido del Trabajo, respectivamente, para impugnar el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban las convocatorias para la selección y designación de las consejeras o consejeros electorales de los Organismos Públicos Locales de diversas entidades, las cuales prevén como requisito el tener ciudadanía mexicana por nacimiento y respecto del recurso de apelación la temporalidad de la designación de la o el consejero presidente en Baja California.
En principio la ponencia propone la acumulación de los medios de impugnación al existir conexidad en la causa, ya que controvierten el mismo acto reclamado.
En el fondo se propone declarar fundados los motivos de disenso que hacen valer los ciudadanos actores respecto que el requisito de ser mexicano por nacimiento resulta inconstitucional porque la restricción y reserva impuesta en el inciso a), párrafo dos del artículo 100 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales no satisface el análisis de necesidad del test de proporcionalidad, toda vez que existen otras medidas que posibilitan alcanzar la finalidad perseguida por el legislador, sin impedir que las ciudadanas y ciudadanos mexicanos por naturalización puedan participar y acceder a las funciones de integrantes del órgano de dirección de la autoridad electoral nacional.
Al no superar en su principio de necesidad, se propone concluir que la reserva de la función electoral materia de análisis se impone como una exigencia discriminatoria, pues impide la participación de manera injustificada de ciudadanas y ciudadanos mexicanos, al diferenciarlos por el modo en el que adquirieron la nacionalidad.
Respecto al planteamiento del Partido del Trabajo de que la convocatoria para la designación del consejero presidente en Baja California debe ser para terminar el periodo primigenio de siete años, es decir, con término al 4 de septiembre de 2022 y no para un nuevo periodo, el proyecto propone declararlo infundado.
Lo anterior, porque atendiendo a la normativa si la vacante se verifica durante los primeros cuatro años de su cargo se elegirá un sustituto para concluir el periodo, y si la falta ocurriese dentro de los últimos tres años se elegirán consejeros para un nuevo periodo.
En consecuencia, en el caso se trata de una vacante de un consejero sustituto, por lo que se debe atender al periodo ordinario del consejero que reemplazó, o bien lo que es lo mismo, al periodo que le falta para concluir el encargo a fin de determinar si se ubica en el primero o segundo supuesto.
Por tanto, es conforme a derecho que la convocatoria emitida por el Instituto Nacional Electoral contemple la designación del consejero presidente por un nuevo periodo.
De ahí que el proyecto propone acumular los medios de impugnación, decretar la inaplicación del requisito analizado, y para evitar que se afecte el principio constitucional de igualdad se ordena al Consejo General del Instituto Nacional Electoral que modifica las mencionadas convocatorias, así como confirmar la duración del cargo previsto en la convocatoria de Baja California.
Queda a la consideración de las magistradas y magistrados el proyecto con el que se ha dado cuenta.
Les consulto si hay alguna intervención.
Magistrado José Luis Vargas Valdez, tiene el uso de la palabra.
Magistrado José Luis Vargas Valdez: Muchas gracias, Magistrado Presidente. Muy buenas tardes, señoras y señores magistrados.
Para pronunciarme en torno a este asunto señalando que comparto el sentido del proyecto, toda vez que es un proyecto que básicamente recoge los argumentos que en su momento dimos en el juicio ciudadano 134, mismos del cual un servidor fue ponente y donde básicamente declaramos la inconstitucionalidad de las exigencias de ser mexicano por nacimiento, en este caso era de no formar parte del servicio profesional también, contenidas en el artículo 38 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
En el caso concreto se trata del proceso de selección de integrantes de un Organismo Público Electoral Local, y en su momento se trataba de integrantes del Consejo General del INE.
Comparto plenamente el criterio que ahí se adopta, como ya dije, porque son precedentes de esta Sala Superior y porque además vendría afectando normas convencionales, de las cuales el Estado mexicano es parte y en las cuales obviamente se ha ampliado el concepto de nacionalidad para efectos de ocupar, tener el derecho de acceso a ocupar cargos, en este caso de los órganos electorales.
Sin embargo, hago una anotación en lo que tiene que ver con los efectos que nos propone la Magistrada ponente, mismos que a mi juicio exceden la capacidad de interés del actor, toda vez que me parece que dichos efectos, o de los actores, perdón, porque se trata de dos casos, una persona de nacionalidad argentina y otra persona, si no mal recuerdo, bueno, en fin, no recuerdo la nacionalidad, pero donde básicamente, peruano, perdón, donde básicamente lo que se hace es controvertir cuestiones que afectan concretamente en torno al proceso electoral, es decir, a la convocatoria para selección y en este caso, participación de integrantes al Organismo Público Electoral Local de la Ciudad de México.
En ese caso particular me parece que no corresponde otorgar interés tuitivo a dichas personas para controvertir en abstracto una disposición legal que pudiera afectar a otras personas sin determinar quiénes son y básicamente que pudieran afectar o que pudieran incidir en otros procesos de selección de otras entidades de la República.
Es, por lo tanto, que atendiendo a la línea jurisprudencial que este Tribunal ha venido sosteniendo, a mi modo de ver la inaplicación debe tener efectos sólo para en este caso, los actores, así como aquellos que se encuentren exactamente en la misma situación jurídica, que en este caso serían los que atienden a la convocatoria que fue impugnada.
Y es por estas razones que, insisto, comparto el proyecto en la parte sustantiva, pero me aparto de manera muy respetuosa de los efectos de dicho proyecto que se nos propone.
Magistrado Indalfer Infante Gonzales: Presidente, no se escuchó por su micrófono.
Magistrado Presidente Felipe Alfredo Fuentes Barrera: Perdón, lapsus.
Señor Magistrado Infante Gonzales, por favor, tiene el uso de la voz.
Magistrado Indalfer Infante Gonzales: Gracias, Presidente. Bien, como lo dijo el Magistrado Vargas, este es un tema que ya tuvimos la oportunidad de discutir con anterioridad y en aquella ocasión voté en contra de que se declarara la inaplicación del artículo 100, párrafo dos, inciso A, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Por esas mismas razones yo estoy en contra de este proyecto, con base al estudio de la inaplicación de la norma y, en consecuencia, de todos aquellos puntos resolutivos que tengan o que deriven de esta inaplicación.
Pero sí esto de acuerdo con el otro estudio que se hace, porque aun cuando se reclama el acuerdo 138 de este año, se hace por distintos aspectos. Uno es, la inaplicación del requisito, de ser mexicano por nacimiento; y el otro es, en relación con el periodo por el que serán designadas la consejera o consejeros de este proceso de selección. Con este segundo tema sí estoy de acuerdo.
Por lo tanto, en mi concepto, los puntos resolutivos de esta sentencia deberían de ser acumular efectivamente los medios de impugnación, pero confirmar el acuerdo impugnado.
Por esas razones, en esos términos será mi votación, Presidente.
Magistrado Presidente Felipe Alfredo Fuentes Barrera: Gracias, Magistrado Infante Gonzales.
¿Alguien más desea hacer uso de la palabra?
La Magistrada Soto Fregoso, por favor.
Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso: Sí, gracias, Presidente.
Yo quisiera también dar mi postura en esta propuesta que nos está poniendo la Magistrada Janine Otálora en el asunto, en el juicio ciudadano 1078 del presente año y sus acumulados, que tiene que ver o va en el sentido de inaplicar al caso concreto la porción normativa por nacimiento, prevista en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el Reglamento del INE para la designación y remoción de consejerías de los Organismos Públicos Locales Electorales y que deban regir por igual a todos los aspirantes a consejeras y consejeros electorales de los OPLE que se encuentran en similar circunstancia a la de quienes promueven.
Lo anterior, porque desde mi perspectiva, de conformidad con el marco constitucional y legal, los efectos de dicha inaplicación solo deben trascender a la designación de consejerías del Organismo Público Local Electoral en la Ciudad de México.
Y en ese sentido, coincido con el proyecto, porque el requisito consistente en ser ciudadano mexicano por nacimiento para poder desempeñar alguna consejería en los Organismos Público Locales Electorales, los que conocemos como OPLE, restringen injustificadamente el derecho del actor, que en este caso es José David Aljovín Navarro y César Ernesto Ramos Mega de integrar el OPLE por tener la ciudadanía mexicana por naturalización.
Ya se ha señalado también que tenemos precedentes en ese sentido y es en ello en lo que coincido yo con el proyecto.
Sin embargo, también disiento de que la inaplicación de la porción normativa de que trata se haga extensiva hacia todas las convocatorias de selección de consejerías de los OPLE que hoy están en curso.
Y al respecto, debo resaltar que los artículos 99, párrafo sexto de la Constitución Política Federal y sexto, párrafo cuarto de la Ley General de Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral disponen que las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, podrán resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la propia Constitución, como ya sabemos, y que las resoluciones que se dicen en el ejercicio de esa facultad se deberá delimitar al caso concreto.
En el proyecto se expone que César Ernesto Ramos Mega combate la convocatoria para integrar el OPLE de la Ciudad de México, mientras que en la demanda del señor Aljovín Navarro se advierte que precisa alguna en específico, a partir de tomar en consideración el domicilio de su credencial para votar y la fecha de su emisión se podría considerar que su intención es controvertir la misma convocatoria.
Por lo tanto, con apego en el mandato constitucional y legal que dispone estos efectos relativos, tratándose de la inaplicación de normas electorales que se consideran inconstitucionales, yo coincido, estoy convencida de que los efectos de la inaplicación solo deben trascender a la convocatoria para la designación de consejeras y consejeros electorales de la Ciudad de México, lo que lleva a que las demás convocatorias queden incólumes.
Y es en ese sentido mi participación y el sentido en el que votaré.
Magistrado Presidente Felipe Alfredo Fuentes Barrera: Gracias, Magistrada Soto Fregoso.
Magistrado De la Mata Pizaña.
Magistrado Felipe de la Mata Pizaña: Gracias, Presidente. Yo votaré a favor de la inaplicación del requisito de ser mexicano por nacimiento para integrar las OPLEs pero, efectivamente, considero que la inaplicación debe ser al caso concreto, es decir, limitarse únicamente respecto del OPLE que pretende integrar los actores o la que corresponde en este caso a su domicilio, que es la que podría integrar el actor correspondiente.
Me parece, de hecho, que es un precedente importante porque va en la misma línea de otros que ha tenido la Sala en relación con que las leyes no deben ser discriminatorias.
Lo he dicho en otras ocasiones, pero lo reitero nuevamente, México es un país plural. Resulta paradójico, por decir menos, que discrimine jurídicamente a su propia población, así una mexicana o mexicano por nacimiento no tendrá restricciones para ejercer sus derechos, sin embargo aquellos que cuenten con doble nacionalidad u obtengan su naturalización tendrán obstáculos para ello.
Entonces, pese a que todos son mexicanos, parecería que aquellos que nacieron en el país lo son en mayor medida y por ello tienen más privilegios, un tipo de nacionalidad de primera. En cambio, los que tienen doble nacionalidad son un tipo de nacionales de segunda, que están limitados en su derecho de participación, y los naturalizados de plano serían nacionales de tercera, porque además de tener la misma restricción que los mexicanos con doble nacionalidad, no pueden aspirar a ser candidatos.
Así que por mucho se les trata como si no fueran mexicanos o lo fueran en menor rango que el resto de los mexicanos.
Y de hecho esta Sala ha reinterpretado varias normas para maximizar el ejercicio de los derechos humanos de este grupo social que integra la población del Estado mexicano y que circunstancialmente el propio Estado ha colocado en una situación de desventaja y ha inaplicado varias restricciones.
Recuerdo yo ahorita el caso de los integrantes de la mesa de casilla, recuerdo el tema de doble nacionalidad en las OPLEs.
Hace poco vimos el caso justamente de la convocatoria del INE para integrar consejerías electorales de su Consejo General.
Me parece que de hecho el precedente es importante, va en el mismo sentido, va ampliando derechos.
Sin embargo, me parece que justamente la inaplicación decretada debe ser al caso concreto.
Cabe decir que ya los expedientes del JDC-139 de 2018 y 222 de ese mismo año, se ha establecido que las resoluciones en donde se inapliquen normas electorales deben justamente limitarse al caso concreto.
De hecho establecimos una jurisprudencia, que es la 22 de 2018 en torno a estas cuestiones.
Y esto es para no invadir las facultades que en su caso pudieran corresponder al órgano legislativo para otorgar efectos generales o a otros tribunales constitucionales del propio país.
Entonces, en ese sentido sería mi voto. Gracias, Presidente.
Magistrado Presidente Felipe Alfredo Fuentes Barrera: Gracias.
Continúa a discusión el asunto. ¿Hay alguna otra intervención?
Si ya no la hay, también para pronunciarme.
Magistrada Otálora Malassis, si me permite, nada más para que cuente con todos los elementos ya.
Yo me voy a pronunciar también a favor del proyecto. Hay un desarrollo argumentativo que ya, como se ha dicho, desarrolla diversos precedentes.
El problema jurídico precisamente descansa en determinar si resulta constitucional o discriminatoria la restricción derivada de los artículos 100, párrafo dos, inciso a) de la LGIPE; 9º, párrafo uno, inciso a) del Reglamento del INE para designación de consejeras de los OPLEs y demás relativos establecidos en las convocatorias para designar a consejeros de OPLEs al excluir a los ciudadanos mexicanos por naturalización.
Como ya se ha puesto de relieve, tenemos diversos precedentes en donde ya ha habido una inaplicación de normas jurídicas similares, incluso la que hizo referencia el Magistrado José Luis Vargas Valdez que fue bajo su ponencia, si mal no recuerdo, que es el juicio ciudadano 134 de 2020, en donde también se desarrolló el test de proporcionalidad en los mismos términos que ahora nos propone la Magistrada Otálora Malassis.
Y también estoy de acuerdo en la parte argumentativa que se desarrolla respecto al recurso de apelación y la temporalidad correspondiente, permítanme; sí, en la temporalidad correspondiente al consejero presidente del Instituto Electoral de Baja California.
En donde tengo también un pronunciamiento en contra es en relación con los efectos, precisamente por las razones que ya han anticipado los Magistrados Felipe de la Mata Pizaña, Mónica Soto Fregoso y José Luis Vargas Valdes, porque precisamente la naturaleza de las atribuciones que les asigna a este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el artículo 99 se limitan, precisamente a efectos concretos, yo he descrito del acto que es impugnado y en ese sentido la propuesta que se nos presenta está refiriendo efectos generales respecto a la convocatoria y todas las participaciones o los concursos que se refieren a los OPLEs.
En el juicio ciudadano 421 del 2018, en donde se presentó una problemática jurídica similar y también se llegó a la conclusión de la inconstitucionalidad e inaplicación al caso concreto de este artículo 100, párrafo dos, se dijo que únicamente era respecto al concurso que estaba llevando a cabo el INE en relación con el OPLE de Aguascalientes, es decir, se fijó estrictamente ese acto respecto a esta porción normativa y respecto de este concurso específico.
Entonces, retomando este precedente también me pronunciaría en contra de los efectos generales que nos propone la propuesta de la Magistrada Otálora Malassis.
Sería mi intervención y le doy el uso de la palabra a la Magistrada Otálora.
Magistrada Janine Madeline Otálora Malassis: Sí, buenas tardes Magistrada, Magistrados. Gracias, Presidente.
Veo que ya hay cuatro posicionamientos en contra de los efectos generales que propongo en este proyecto de sentencia y voy a mantener el proyecto, si bien ya por quienes me precedieron en la voz, se abordó el tema esencial que se trata en este proyecto, si bien hay varios pero aquí el tema es justamente la inaplicación de la porción normativa que prevé y que establece el requisito de la nacionalidad mexicana por nacimiento y que está contenido en el artículo 100 de la LEGIPE para designación y remoción de las y los integrantes Consejeros, Consejeras de los OPLEs y, por ende, extraer de este requisito de las convocatorias.
¿Por qué mantengo el proyecto? Primero porque me parece que, como órgano constitucional, tenemos la obligación de generar condiciones de participación igualitaria y por ello la propuesta de generar efectos generales.
Quiero señalar aquí, que el Instituto Nacional Electoral a través de un acuerdo único, el 138 de 2020, aprobó dentro del mismo, una serie de convocatorias destinadas a renovar diversos OPLEs, únicamente a modo de ejemplo Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Colima, en fin, varias convocatorias dentro de un mismo acuerdo y dichas convocatorias son, en cuanto a requisitos, absolutamente las mismas.
Por ello, estimo que se tiene que inaplicar este requisito de la nacionalidad por nacimiento a todos y todas las candidatas a los OPLE que se van a renovar en su integración, con esto lo que busco es generar un trato de igualdad entre las y los ciudadanos que aspiren a participar en este proceso de designación.
Previamente, ya hemos resuelto el juicio ciudadano 421 del 2018 y el mismo 134, al cual ya se hizo referencia, en los cuales debatimos en torno al requisito de constitucionalidad, de la ciudadanía mexicana por nacimientos.
En esos asuntos, en el fondo, votamos que el requisito se refiere a un hecho que es fortuito y que no debe irradiar efecto alguno en la limitación, en el ejercicio de un derecho político.
En cuanto a los precedentes, particularmente, justamente en el 134 solamente vino un ciudadano impugnando este requisito y se le dio efectos generales a la inaplicación, es decir, para todas y todos aquellos que querían ser consejeras o consejeros del Instituto Nacional Electoral.
Por ende, no comparto la visión de que únicamente se aplique, en este caso, la inaplicación para el supuesto del OPLE de la Ciudad de México.
Sería cuanto.
Magistrado Presidente Felipe Alfredo Fuentes Barrera: Gracias, Magistrada Otálora Malassis.
Si ya no hay intervenciones, le pido al secretario general de acuerdos que tome la votación.
Magistrado Felipe de la Mata Pizaña: En los términos de mi intervención.
Magistrado Indalfer Infante Gonzales: En contra de la inaplicación y por la confirmación del acuerdo.
Magistrada Janine Madeline Otálora Malassis: Con mi propuesta en sus términos.
Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón: A favor del proyecto, sin embargo, incluso considero que el requisito no es mi idóneo, entonces presentaré un voto concurrente.
Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso: Igualmente, conforme a mi intervención.
Magistrado José Luis Vargas Valdez: A favor del sentido y en contra de los efectos que nos proponen.
Magistrado Presidente Felipe Alfredo Fuentes Barrera: En contra de los efectos, en favor de las restantes argumentaciones.
Secretario general de acuerdos Rolando Villafuerte Castellanos: Magistrado Presidente, informo que el proyecto fue aprobado en favor del sentido por seis Magistrados, sin embargo cuatro rechazaron los efectos que se proponen, por considerar que la inaplicación debe darse al caso concreto.
La Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, el Magistrado Felipe de la Mata Pizaña, el Magistrado José Luis Vargas Valdez y usted, Presidente, anunciaron que están en contra de los efectos generales que se propone de la inaplicación.
Y por otra parte, le informo que el Magistrado Indalfer Infante Gonzales votará en contra del sentido del proyecto y anunció la emisión de un voto particular.
Asimismo, el Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón anunció la emisión de un voto concurrente.
Magistrado Infante Gonzales.
Magistrado Indalfer Infante Gonzales: Sí, Presidente. Vaya, yo creo que aquí va a haber una votación diferente porque como son asuntos acumulados y se tratan temas distintos, yo voté en contra de la inaplicación, pero a favor del periodo que se estableció en la convocatoria.
Inclusive, el proyecto tiene puntos resolutivos que distinguen estos dos actos, uno fue reclamado en un recurso de apelación.
Por lo tanto, yo creo que por cuanto hace al tema de la inaplicación habrá, por supuesto, seis votos; la mayoría de seis votos, porque es ahí donde yo voto en contra. Pero en relación con la periodicidad o el periodo, más bien, ahí debe haber una unanimidad en relación con ese punto resolutivo, porque yo estoy de acuerdo con ese planteamiento.
Magistrado Presidente Felipe Alfredo Fuentes Barrera: Para efectos aclaratorios, secretario, prácticamente todos nos pronunciamos, seis nos pronunciamos a favor del proyecto en cuanto a la acumulación, entiendo, la inaplicación y el periodo, y únicamente diferimos en relación con los efectos, así hay una mayoría de cuatro votos en relación con los efectos al caso concreto; la Magistrada Otálora, entiendo, sostendría su proyecto; el Magistrado Rodríguez Mondragón ¿en relación con los efectos también sería de la idea de que fueran en los términos propuestos por el proyecto?
Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón: Así es. Sí, la convocatoria.
Magistrado Presidente Felipe Alfredo Fuentes Barrera: Entonces, dado el resultado de esta votación, con la aclaración que nos hace el Magistrado Infante Gonzales de que estaría a favor de los razonamientos que se trasladan al resolutivo por el recurso de apelación, correspondería engrose en relación con los efectos que propone la mayoría del cuarto, que de no existir inconveniente correspondería a la ponencia del señor Magistrado José Luis Vargas Valdez.
¿Estarían de acuerdos, magistrados?
Magistrado José Luis Vargas Valdez: Claro que sí, Presidente.
Magistrado Presidente Felipe Alfredo Fuentes Barrera: En consecuencia, se decide en los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 1078 y 1190 (falla de audio)
Primero: Se acumulan los medios de impugnación.
Segundo.- Se inaplica al caso concreto (falla de audio)
Tercero.- (Falla de audio) al requisito declarado inconstitucional.
Cuarto.- Se vincula al Consejo General del Instituto Nacional Electoral y a la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales para que en el ámbito de sus atribuciones actúen en los términos indicados en el fallo.
Quinto.- Infórmese a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la inaplicación de las disposiciones legales referidas.
Sexto.- Se confirma el acuerdo impugnado por cuanto a la aprobación de las restantes convocatorias para la selección y designación de consejeras o consejeros de los Organismos Públicos Locales Electorales.
Secretario general de acuerdos Rolando Villafuerte Castellanos: (Falla de audio) con el desechamiento de la demanda del juicio ciudadano 1084, promovido para impugnar el acuerdo emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el que se determina el procedimiento para integrar la terna que será propuesta a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión para la designación de la magistrada o magistrado de la Sala Regional Especializada de este Tribunal Electoral.
Lo anterior, porque el acto impugnado escapa del ámbito de control jurisdiccional que ejerce esta Sala Superior, ya que se trata de un acto soberano que el Máximo Tribunal del país emitió en ejercicio de su facultad exclusiva de dictar reglamentos y acuerdos generales en la materia de su competencia, como lo es proponer al Senado de la República una terna para la designación de la persona a ocupar la magistratura de referencia.
Finalmente se propone el desechamiento de la demanda del juicio electoral 31, promovido por el Tribunal Electoral del estado de Querétaro, a fin de impugnar la Ley que, entre otras cuestiones adicionó a la Ley Orgánica del referido Tribunal local, el artículo 22 bis, en cuyo párrafo segundo se faculta al Poder Legislativo local a designar y remover al titular del Órgano Interno de Control del propio Tribunal Electoral.
La improcedencia deviene ya que el Tribunal Electoral local pretende impugnar la no conformidad con la Constitución General de la República, de la porción normativa referida, sin que se advierta en autos un auto concreto de aplicación de esa porción normativa o elementos que permitan establecer que se está aplicando en perjuicio de la esfera de competencias y atribuciones del propio Tribunal Electoral.
Es la cuenta, Magistrado Presidente; señoras Magistrada y señores Magistrados.
Quedan a consideración de las Magistradas y los Magistrados los proyectos de la cuenta.
¿Hay intervenciones?
Magistrado Rodríguez Mondragón.
Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón: Gracias, Presidente. Yo me pronunciaré en contra de ambos proyectos por considerar que no deberían de ser desechados y tendríamos que analizar el fondo en ambos casos.
Particularmente quisiera referirme al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano con número de expediente 1084.
Magistrado Presidente Felipe Alfredo Fuentes Barrera: Por favor.
Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón: En ese caso considero que la Sala Superior sí está en la posibilidad de analizar el planteamiento que se nos hace, pues se cuestiona precisamente, el requisito legal que acaba de ser analizado en asuntos previos, en esta misma sesión, respecto a cumplir con el requisito de nacionalidad mexicana por nacimiento para integrar, en este caso, una de las Salas Regionales de este Tribunal.
Se cuestiona este requisito legal que está plasmado en la convocatoria correspondiente para el proceso de integración de la Sala Regional Especializada.
En mi opinión, este caso se inscribe en la amplia línea jurisprudencial de este Tribunal Electoral. Entonces es, para mantener una consistencia con la línea jurisprudencial, considero que en primer lugar, este sí es un recurso efectivo para que se pueda cuestionar aquellos requisitos que se exigen para la integración de órganos públicos para ejercer la función electoral.
Prácticamente en todos los casos que han consolidado esa línea jurisprudencial se resolvió de forma expresa que el Tribunal podría revisar las convocatorias que emiten para la integración de autoridades electorales, órganos igualmente soberanos, como son el Senado de la República y la Cámara de Diputados. Hace algunas semanas, se analizó por esta Sala Superior el mismo requisito que se plasmó en la convocatoria para integrar el Consejo General del INE y que fue emitida por un acto soberano, por un Poder autónomo, como es el que representa la Cámara de Diputados de este Estado Mexicano.
Considero que una segunda razón para no desechar es precisamente porque, como se reconoce en el proyecto, se estaría privando en general a la ciudadanía de un recurso judicial efectivo para cuestionar este tipo de requisitos y en un contexto en donde no habría ningún medio de defensa para controlar la constitucionalidad, su regularidad, dé como requisito legal que puede estar alternando las condiciones de igualdad en el acceso a estos cargos públicos, entonces se estaría denegando justicia de lo cual, en mi opinión, el Estado Mexicano no es pertinente hacer, dado que tenemos algunos precedentes, como es el caso Castañeda Gutman, en donde ya fue revisado por instancias internacionales el derecho que tiene la ciudadanía para acceder a un recurso judicial efectivo, por ejemplo, en este caso.
Esas serían las razones por las cuales considero procedente y que tendría que analizarse el fondo de los planteamientos y porque, además es notorio que, como lo acaban de exponer en distintas participaciones, las Magistradas y los Magistrados es notoria la inconstitucionalidad de este requisito.
Eso es cuanto.
Magistrado Presidente Felipe Alfredo Fuentes Barrera: Gracias, Magistrado Rodríguez Mondragón.
Magistrado José Luis Vargas Valdez, si no hay otra intervención, por favor.
Magistrado José Luis Vargas Valdez: Gracias, Magistrado Presidente.
Para, un poco comentar sobre este mismo asunto y hacer algunas precisiones a lo que ha señalado el Magistrado Reyes Rodríguez.
Vamos a ver, se trata de un asunto, si bien algo similar al asunto que hace un momento discutíamos sobre el tema de los requisitos, vinculados con los consejeros electorales locales. Sin embargo, haciendo énfasis, en este caso se trata de lo que se viene impugnando es un acuerdo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 11/2020 vinculado con el procedimiento para integrar la terna que propondrá el Senado para la designación de personas o de la persona para integrar la Magistratura de la Sala Especializada, de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En primer orden me gustaría señalar que se trata de un acto complejo, previsto en la Constitución Política, mediante el cual las designaciones de dichos tribunales que corresponde a dos órganos, a dos poderes del Estado; por un lado, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien hace un acuerdo para emitir una convocatoria, de la cual se hace una selección, una preselección, misma que posteriormente pasa al Senado de la República, pues la primera duda o pregunta que yo mantendría es, ¿Cuál es la atribución de esta Sala Superior para poder incidir en alguna cuestión vinculada con un acto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
Es decir, entendiendo que se trata de un acto que incide en materia electoral y que, por supuesto, conlleva el ejercicio de derechos políticos, en este caso a poder integrar un Tribunal Electoral, yo preguntaría, ¿Dónde está la potestad de este Tribunal para revisar una cuestión que proviene de un acto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de la emisión de dicho acuerdo que ya cité?
En segundo término, me parece que la norma que se señala, insisto, es parte del procedimiento de la emisión de la convocatoria, con lo cual estamos ante un problema de petición de principio.
Si nosotros no tenemos la potestad de revisar un acto de la Corte, pues entonces me parece que no tenemos tampoco la posibilidad de poder hablar de una constitucionalidad o inconstitucionalidad del caso concreto.
Y creo que ese factor, más allá de las normas convencionales que ya se han citado, me parece que es fundamental, una autoridad y máxime jurisdiccional, no puede actuar simplemente por algo que considere justo o que considere idóneo conforme a un marco de derechos convencionales, sino tiene, antes que nada y antes que cualquier cosa, actuar conforme a un marco de competencia que nos permita poder ejercer ese control de constitucionalidad. Y en el caso, a mi modo de ver, no lo tenemos.
Y eso sería cuanto, Magistrado Presidente.
Magistrado Presidente Felipe Alfredo Fuentes Barrera: Gracias, Magistrado Vargas Valdez.
¿Alguna otra intervención en relación con este juicio ciudadano?
Magistrada Otálora Malassis.
Magistrada Janine Madeline Otálora Malassis: Sí, gracias, Presidente.
A ver, en este caso, tanto escuchando al Magistrado Rodríguez Mondragón, como al Magistrado José Luis Vargas, ponente en este asunto, yo soy de la opinión de que no se trata en el presente de revisar, obviamente, una actuación de la Suprema Corte de Justicia; hay requisitos previstos por ley para integrar o para poder postularse a una magistratura electoral federal, preceptos en ley que el ciudadano o la ciudadana que no comparte dichos requisitos únicamente puede impugnar al momento en que haya un acto de aplicación.
En el presente caso, la convocatoria emitida, en efecto, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia es el acto de aplicación.
Si bien se impugna, digamos, formalmente la convocatoria emitida por la Suprema Corte de Justicia, realmente lo que le causa perjuicio a este actor es una disposición legal, más no la convocatoria.
En momento alguno pensaría yo en revisar actuaciones de la Suprema Corte de Justicia, como puede ser la integración de ternas o la exclusión de alguien de una terna. En efecto, no tendríamos competencia alguna para llevar a cabo esto.
No obstante sí para poder revisar la constitucionalidad de una norma que no veo de qué otra manera la ciudadanía podría impugnar su validez o invalidez de la misma.
Por ello, me parece y comparto el punto de vista del tema en este asunto, es un tema de acceso a la justicia y de que la ciudadanía tenga un recurso eficaz para poder impugnar.
Sería cuanto. Gracias.
Magistrado Presidente Felipe Alfredo Fuentes Barrera: Gracias, Magistrada Otálora.
¿Alguien más desea intervenir en relación con este recurso?
Magistrado Vargas Valdez y enseguida el Magistrado Infante Gonzales.
Magistrado José Luis Vargas Valdez: Muchas gracias, Presidente.
A ver, creo que la discusión que estamos teniendo es fundamental y es muy importante, porque creo que en esta sesión pública y los asuntos que hoy se han deliberado también que corresponde a la sesión privada, uno de los temas que subyace es probablemente la claridad que cada uno de nosotros tenemos en torno al control concreto y abstracto de constitucionalidad.
Es decir, yo preguntaría cómo podríamos nosotros, por eso hablaba yo de un tema de petición de principio, el problema que aquí se está planteando. ¿Cómo nosotros podríamos invalidar una norma en abstracto si no viene de un acto concreto de aplicación?
Si viene de un acto concreto de aplicación, preguntaría a los dos magistrados: a la magistrada y al magistrado, cuál es en este caso.
Y en el caso, y cito lo que aquí viene en la demanda que presenta el actor y por donde empieza es a partir de la inconvencionalidad del acuerdo 11 de 2020.
Preguntaría, ¿de quién es ese acuerdo, quién es el emisor de ese acuerdo? El emisor es la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por lo tanto, ¿cómo podríamos nosotros inaplicar o declarar inconstitucional un acto concreto que proviene de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
Ya lo escuché, parece obviedad. El tema es que la obviedad que yo no encuentro es que me digan, si nosotros no tenemos control abstracto de constitucionalidad, que me digan cuál es el acto concreto a partir del cual nosotros podríamos declarar inválida dicha norma y, por lo tanto dar acceso a la justicia.
Finalmente, yo lo que señalaría es que, efectivamente hay normas ciudadanas que, normas que los ciudadanos tienen acceso a poder impugnar su constitucionalidad, eso es lo que establece el marco constitucional, pero no son todas. Hay otras que están restringidas por el marco constitucional para que sean sólo ciertos órganos del Estado o ciertos entes, ciertas figuras públicas facultadas para poder emitir o para poder presentar controversias y acciones constitucionales que, perdón, que analicen la inconstitucionalidad de normas ante la Suprema Corte de Justicia.
Así es el sistema y pues evidentemente, siempre se podría mejorar pero eso requeriría una reforma legal, y a mi juicio, constitucional.
Magistrado Presidente Felipe Alfredo Fuentes Barrera: Gracias, Magistrado Vargas.
Magistrado Indalfer Infante Gonzales: Gracias, Presidente. Bien. En este asunto comparto el sentido del proyecto porque, efectivamente, (falla de audio) demanda se desprende que el acto impugnado es este acuerdo emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Pero aun en el caso de que quisiéramos nosotros analizarlo de manera abstracta, el cumplimiento le tocaría a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y me parece que ahí es donde ya nosotros no podemos intervenir. Sí, en ningún caso, es decir, no lo podríamos decir a la Suprema Corte que cumpla alguna de nuestras sentencias.
Inclusive, de decir que ese requisito es inconvencional o inconstitucional y que se inaplica, dónde va, quién va a llevar a cabo esa inaplicación.
No, pues la va a tener que llevar a cabo la Suprema Corte y ahí es donde nosotros no podemos entrar.
A mí me parece que en este caso, sí estamos generando una causal, claro, derivado de la propia normatividad, una causal de improcedencia que de un análisis constitucional resulta, estamos frente a actos del máximo Tribunal del país, y si bien en otras normatividades, como por ejemplo, la Ley de Amparo si tenemos una causal de improcedencia muy expresa donde se señala que el juicio de amparo es improcedente (…) de la Suprema Corte.
Me parece que eso mismo aplica en materia electoral. Cuando la Suprema Corte emite actos respectos de temas electorales, así sea en asuntos administrativos, son emitidos por el Pleno, el juicio ciudadano tiene que resultar improcedente.
No podríamos examinarlo.
En todo caso, la circunstancia de que sea improcedente esto, no sé, habría que ver ya en cada supuesto. Probablemente la propia Suprema Corte a la hora de emitir la convocatoria, pues analiza la cuestión de los requisitos y considera que son válidos para el procedimiento que está llevando a cabo.
Por eso, considero que en este caso sí es improcedente este juicio ciudadano, porque no debe proceder contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Magistrado Presidente Felipe Alfredo Fuentes Barrera: Muchas gracias.
¿Alguien más desea intervenir en relación con este asunto?
Magistrado De la Mata Pizaña, por favor.
Magistrado Felipe de la Mata Pizaña: Gracias, Presidente.
Yo quisiera establecer que, pareciera que hay un principio implícito en el sistema, que es que los Tribunales Constitucionales auto revisan sus actos ¿no? Es decir, cada uno, sería imposible que los órganos terminales, pues sean analizados por órganos de otra jerarquía.
El sistema de control constitucional en México tiene dos órganos de control constitucional: la Suprema Corte por un lado y, por otra, el Tribunal Electoral dentro de su área especializada.
Me parece justamente que, si se trata, que debe regir estos principios y, de hecho, esto se puede verificar tanto en la Ley Orgánica, en relación con la Suprema Corte, como en el Tribunal también.
De hecho, prácticamente todos los actos de la Comisión de Administración y de la Sala Superior, en su caso, ya no son revisados por nadie, diferente al propio Tribunal y pasa lo mismo en la Suprema Corte, la Suprema Corte analiza sus propios actos.
En ese sentido, pues me parece justamente que nosotros como tribunal especializado, que nos dedicamos justamente a las cuestiones electorales, no podemos analizar o controlar constitucionalmente un acto de la Suprema Corte, primero porque es el acto impugnado; pero, segundo, porque en su caso, le correspondería a la Corte analizar tal cuestión, en su caso.
Entonces, no estoy seguro tampoco de que esto deje en estado de indefensión a las partes, más bien diría que no es aquí donde tenemos que analizar el tema; en su caso, tendrá que verse en otras instancias.
Entonces, también me parece que, en ese sentido, el proyecto es adecuado y votaré a favor de él.
Magistrado Presidente Felipe Alfredo Fuentes Barrera: Gracias, Magistrado De la Mata.
¿Hay alguna otra intervención en relación con este juicio ciudadano? Magistrado Rodríguez Mondragón, por favor.
Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón: Sí, gracias.
Me parece que en los precedentes que se han resuelto, voy a citar algunos de esta integración.
De hecho, solo me voy a referir a dos, al más antiguo que he detectado de esta integración, el JS-146 de 2017 y el más reciente, en relación con la integración del Consejo General del INE, el JS-193 de 2020, entre ellos hay aproximadamente 16 resoluciones en donde ahí se encuentra reconocido por esta Sala Superior la competencia del Tribunal para conocer respecto de controversias, en donde se cuestione la inconstitucionalidad de un requisito legal, plasmado en un acto concreto que tiene que ver con las convocatorias, en esos precedentes que ha emitido la Cámara de Diputados, en este caso, la que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no es un acto jurisdiccional.
También lo encuentro, la facultad de competencia de este Tribunal, en todos aquellos precedentes respecto al conocimiento sobre controversias relacionadas con la designación de magistraturas electorales estatales, procedimientos en los cuales son órganos del Senado y de hecho las también decisiones del pleno, otro que actúa de manera soberana, un poder independiente, donde este Tribunal ha analizado también la regularidad constitucional de los requisitos que se plasman en las convocatorias y que se cumplan por los aspirantes; ahí tenemos el JDC-1622 de 2019, el JDC-2012 de 2016, el JDC-193 de 2016, y así un sinnúmero de resoluciones. Me parece que ahí se encuentra la facultad para conocer de este tipo de controversias y la misma facultad es la que solicita el actor se ejerza en este caso.
También encuentro posiciones divergentes en estos precedentes. Me parece que el Magistrado Indalfer ha tenido un criterio en donde el Tribunal Electoral no puede revisar este tipo de actos por considerarlos soberanos, que sería el mismo argumento para la Cámara de Diputados, para el Senado o en este caso para la convocatoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Y si esta decisión se inscribe en una nueva línea jurisprudencial, ese es un criterio constitucionalmente viable, sin embargo yo apelo a una línea jurisprudencial distinta en donde el Tribunal Electoral ha garantizado este acceso a la justicia para aquellos que aspiran a la función pública en condiciones de igualdad, tratándose de la integración de órganos electorales.
Magistrado Presidente Felipe Alfredo Fuentes Barrera: Gracias, Magistrado Reyes Mondragón.
Magistrado Vargas Valdez.
Magistrado José Luis Vargas Valdez: Sí, Presidente. Yo ya no insistiría mucho más en el tema porque me parece que en todos esos precedentes que cita el Magistrado Reyes Rodríguez, en ninguno nos señala cuál ha sido emanado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como máximo Tribunal de este país.
Creo que de donde emanan las facultades es todo el quid de este asunto, no hablar de distintos casos que pueden ser parecidos pero que no son idénticos y que, creo que aquí no se trata de teorizar, sino de aplicar derecho a partir de facultades concretas.
Sería cuanto, Magistrado Presidente. Gracias.
Magistrado Presidente Felipe Alfredo Fuentes Barrera: Gracias. También para pronunciarme a favor del proyecto, porque creo que se ha tocado un punto muy importante, debemos hacer referencia a las facultades materialmente administrativas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y esas facultades materialmente administrativas tampoco permiten que sean examinadas a través de algún medio diferente a la propia actuación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pueda dar.
Creo que la posibilidad de su revisión recae en el propio Tribunal terminal constitucional a través de las políticas de autoordenamiento o autocomprensión, pero que no gravitan en la esfera de competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que desde la Constitución no tiene facultades para revisar los actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque esto además es una facultad exclusiva como terminal constitucional, insisto, aunque sean de naturaleza materialmente administrativa.
Y por tanto, yo me sumaré al proyecto con todos los argumentos jurídicos que ésta plasma.
No sé si haya alguna otra intervención en relación con este juicio ciudadano.
Sí, Magistrada Soto Fregoso.
Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso: Sí, de manera muy breve. Solamente también para sumarme a favor de los proyectos. Creo que han quedado muy claro las posturas y los criterios, y yo coincido con que es competencia de la Suprema Corte.
Queda a consideración el juicio electoral 31. ¿Hay alguna intervención?
Magistrado Indalfer Infante Gonzales: Gracias, Presidente.
En este juicio, como se dijo en la cuenta, se impugnó un artículo de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, es el 22-Bis, que establece la atribución a la facultad al Congreso local para designar y remover a los órganos internos de control del Tribunal Electoral de Querétaro.
En el proyecto se nos propone desechar la demanda porque se considera que no hay un acto concreto donde se esté aplicando esta discusión.
Hemos tenido varios asuntos y en todos hemos analizado esta cuestión por la forma en que están redactadas las diferentes disposiciones.
En el caso, yo me inclinaría más por la procedencia del juicio porque no hay forma en que pueda actuar el Tribunal Electoral sin violar o no acatar la disposición.
Es decir, si se espera a que el Congreso local emita una convocatoria pudiera pasar mucho tiempo y existir de alguna manera la necesidad ya sea de remover o de designar a su contralor; y no podría hacerlo porque tiene una disposición que refiere que la facultad para hacerlo radica en el Congreso local.
Por esa situación es que estimo que en este caso concreto desde la propia expedición de la norma obliga a un no hacer al propio Tribunal Electoral, y eso es lo que ya da la pauta, el interés para que el Tribunal pueda impugnar dicha disposición si considera que esta normatividad está infringiendo principios de naturaleza electoral.
Sobre todo, se puede afectar su imparcialidad o que otros Poderes de Estado sean los encargados de designar a órganos que estén dentro del propio Tribunal.
Por esa razón en este caso, Presidente, respetuosamente yo me apartaría de la propuesta que se hace de desechamiento y estaría más por la procedencia del mismo y porque se analice el fondo del asunto.
Magistrado Presidente Felipe Alfredo Fuentes Barrera: Gracias, Magistrado Infante.
¿Continua la discusión de este juicio electoral?
¿Hay alguna otra intervención?
Yo voy a sostener el proyecto. He escuchado con atención lo que nos señala el Magistrado Infante Gonzales. Sin embargo, creo que precisamente este asunto es diferente a los que hemos resuelto, en donde precisamente sí la normativa impugnada en su momento, que incluso tengo a la vista el juicio electoral 118/2019, sí la propia normativa implicaba hacer ya contundente, por parte del Tribunal Electoral local, ordenaba modificar el Reglamento Interno, eliminar normas que señalaban ya facultades legales del Tribunal Electoral para definir la asignación del Órgano Interno de Control e incluso, en ese asunto, en el JE 118/2019, yo formulé que era voto particular, señalando que era necesario un acto concreto de aplicación, dice, en referencia a diversos precedentes, en donde también se hacía hincapié en que se requería un acto concreto de aplicación.
Por ejemplo, el JE 73/2017, el JE 17/2018, en donde así se pronunció este Tribunal.
La norma que se impugnada, para mí de suyo no tiene directamente una obligación que le imponga al Tribunal Electoral del estado de Querétaro, porque queda de manera genérica su definición, cuando en el artículo 22 bis, dice: “El Tribunal contará con un Órgano Interno de Control cuyo titular ejercerá en el ámbito de su competencia, las facultades a que se refiere el artículo 38 de la Constitución, la Ley de Responsabilidades Administrativas del estado de Querétaro, la Ley de Responsabilidades Administrativas y el Reglamento Interior del Tribunal y demás disposiciones aplicables”.
Es decir, no genera ya esa obligación del Tribunal Electoral del estado de Querétaro para realizar una actividad que incida en el tema del Órgano Interno de Control.
Y en ese sentido, yo considero que sí es necesario un acto concreto de aplicación que permita la impugnación correspondiente.
Así que sostendré en sus términos el proyecto que he presentado.
¿No sé si hay alguna otra intervención?
Si no la hay, Secretario tome la votación.
Ah, perdón. El Magistrado de la Mata Pizaña me pide el uso de la palabra.
Magistrado Felipe de la Mata Pizaña: Perdón, perdón Presidente. Seré rápido. También a mi juicio, no existe acto de aplicación en este caso y constituye un elemento indispensable para que el Tribunal Electoral pueda ejercer sus facultades para inaplicar una norma al caso concreto, porque conforme al diseño del Sistema Jurídico mexicano, el único órgano que puede ejercer control abstracto de constitucionalidad, pues es la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Pero, quiero decir que a mi juicio hay varios precedentes del Tribunal en ese mismo sentido que he votado. Así voté el JE-62 de 2017 en que se desechó la demanda, que el Tribunal Electoral de Jalisco impugnó la norma que facultaba al Congreso Local para designar al titular de su Órgano Interno de Control de los órganos autónomos por no existir aplicación.
Igualmente, mantuve esta posición en el juicio electoral 118 de 2019 respecto del cual, emití voto particular en sentido que debía desecharse la demanda, en la que controvertía la normatividad que autorizaba el Congreso de Aguascalientes al nombrar contralor del Tribunal Electoral Local, dado que existía un acto concreto que actualizara la hipótesis normativa.
Igualmente, en el JDC-1826 de este año, perdón, de 2019 y 102 de 2019 y acumulado, también sostuve que se requiere de un acto de aplicación para que este tribunal ejerza sus funciones de control constitucional, como se advierte, se ha considerado que este Tribunal Electoral no puede realizar control abstracto de constitucionalidad.
Y también ha habido precedentes en los que hemos inaplicado normas, que permitan a los congresos locales nombrar contralor del Tribunal Electoral de la entidad. Importa precisar que el presente asunto no es, en forma alguna es igual a los diversos juicios electorales 73 de 2017, así como 7 y 41 de 2018 y el 123 de 2019, en los cuales inaplicaron las normas que facultaban a los Congresos de Jalisco, Morelos, Michoacán y Ciudad de México para designar a los titulares de los Órganos Internos de Control de los respectivos tribunales.
Esto es así, porque en esos casos sí existía claramente un acto concreto de aplicación, dado que los Congresos locales habían emitido convocatorias o designado específicamente a los titulares de los órganos internos de control de estos Tribunales locales.
En consecuencia, pues acompañaré el proyecto, Presidente.
Magistrado Presidente Felipe Alfredo Fuentes Barrera: Gracias, Magistrado De la Mata Pizaña.
Si no hay alguna otra intervención, secretario general de acuerdos tome la votación.
Magistrado Felipe de la Mata Pizaña: A favor.
Magistrado Indalfer Infante Gonzales: A favor del juicio ciudadano 1084 de este año y en contra del juicio electoral 31 también de este año.
Magistrada Janine Madeline Otálora Malassis: En contra de ambas propuestas con emisión de votos particulares.
Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón: En contra de los dos proyectos, presentando voto particular.
Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso: A favor de ambas propuestas.
Magistrado José Luis Vargas Valdez: Con los proyectos.
Magistrado Presidente Felipe Alfredo Fuentes Barrera: De acuerdo con los dos proyectos.
Secretario general de acuerdos Rolando Villafuerte Castellanos: Magistrado Presidente, le informo que el juicio ciudadano 1084 de este año se aprobó por mayoría de cinco votos, con los votos en contra de la Magistrada Janine Otálora Malassis y del Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quienes anuncian la emisión de un voto particular.
Por otra parte, en el juicio electoral 31 de este año se aprobó por mayoría de cuatro votos, con los votos en contra de la Magistrada Janine Otálora Malassis y de los Magistrados Indalfer Infante Gonzales y Reyes Rodríguez Mondragón; precisando que la Magistrada Janine Otálora Malassis y el Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón anunciaron la emisión de un voto particular.
Magistrado Infante Gonzales
Magistrado Indalfer Infante Gonzales: Igual, también para anunciar la emisión de un voto particular en el JE-31 y, si no hay inconveniente de que me sume al de la Magistrada Otálora y el Magistrado Reyes.
Magistrado Presidente Felipe Alfredo Fuentes Barrera: De acuerdo. Téngase pronunciado este voto.
Y en consecuencia, en los proyectos de la cuenta se decide, en cada caso, desechar de plano las demandas.
Al haberse agotado el orden del día de esta sesión pública por videoconferencia y siendo las 14 horas con 16 minutos del 1º de julio del 2020, levanto la presente sesión.
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