Source: http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=466d46e5-ece5-41fe-ae3b-e332165c4e70
Timestamp: 2017-02-23 09:48:06
Document Index: 362671894

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 11', 'artículo 8', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 30', 'artículo 49', 'artículo 37', 'artículo 20']

Actualidad Normativa N.º 17 (2016) - Lexology
Actualidad Normativa N.º 17 (2016)
I. Medio ambiente En esta materia consideramos de interés las siguientes nuevas normas: 1. El Decreto 72/2016, de 9 de junio, por el que se autorizan y se regulan determinados sistemas de eliminación de subproductos animales no destinados al consumo humano en Galicia y se concretan determinados aspectos sanitarios de las explotaciones porcinas. Con este decreto, y en ejercicio de las competencias asumidas por la comunidad autónoma gallega en materia de ganadería y sanidad, se regula la eliminación de subproductos animales no destinados al consumo humano en Galicia y se concretan determinados aspectos sanitarios de las explotaciones agrarias. El objetivo de este decreto es, por lo tanto, garantizar la correcta gestión y eliminación de los cadáveres de animales de compañía, como residuos que son. Para ello, por un lado, se intenta evitar que determinados subproductos animales lleguen a la cadena alimentaria puesto que innegablemente pueden representar un riesgo potencial para la sanidad animal, la salud pública y el medio ambiente, como ocurrió durante la crisis de las vacas locas. Por otro lado, y teniendo en cuenta las particularidades de la ganadería equina de la zona, trata de velar por la correcta eliminación de los cadáveres de determinados animales, o bien mediante enterramiento (equinos, abejas, animales de compañía), o bien mediante degradación in situ, exclusivamente para el caso de cadáveres de animales equinos explotados en libertad y muertos en los pastos. Finalmente, este decreto utiliza la disposición adicional segunda para aclarar el régimen de distancias previsto para las nuevas explotaciones porcinas, que se fija en la normativa básica estatal mediante la definición de lo que debe entenderse por casco urbano. 2. El Decreto 69/2016, de 19 de mayo, por el que se crea la Red de Parques Naturales de Galicia, crea dicha red con el fin de facilitar una gestión coordinada de los seis espacios categorizados como tales en dicha comunidad. Con la creación de la Red de Parques se contribuye al conocimiento y mejor divulgación de estos espacios coadyuvando a su mejor protección y conservación. Ello se hace en desarrollo de las competencias atribuidas a la Xunta en la materia por medio de su estatuto de autonomía. II. Agroalimentario Destacamos el Real Decreto 277/2016, de 24 de junio, por el que se regulan las organizaciones profesionales en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura, que regula las organizaciones profesionales del sector pesquero: 1) las organizaciones de productores pesqueros (OPP); 2) las asociaciones de organizaciones de productores pesqueros (AOP), y 3) las organizaciones interprofesionales del sector pesquero (OIP). El capítulo I regula los requisitos que deben cumplir cada una de estas organizaciones. Las condiciones aplicables a las organizaciones de productores pesqueros son, en esencia, las siguientes: a) deberán estar integradas por, al menos, dos productores (nacionales o de otros Estados miembros); b) tendrán un periodo mí- nimo de permanencia de un año natural; c) deberán justificar, en la forma prevista en el artículo 3.3, que ejercen una actividad económica suficiente; d) sus miembros deberán pagar, de forma proporcional, una cuota anual que, como mínimo, ascenderá a 40 000 euros anuales, y e) las organizaciones de productores pesqueros que incorporen productores de otros Estados miembros tendrán carácter transnacional. Por su parte, las asociaciones de organizaciones de productores pesqueros están sujetas a los siguientes requisitos: a) estarán constituidas por un mínimo de tres productores pesqueros; b) tendrán la forma jurídica de asociación; c) la producción media de sus miembros deberá superar los veinte millones de euros anuales; d) una organización de productores pesqueros con sede social en España no podrá pertenecer a más de una asociación de organizaciones de productores pesqueros con sede social en España, y e) sus miembros deberán pagar, con carácter proporcional, una cuota anual de, al menos, 40 000 euros anuales. Las organizaciones interprofesionales del sector pesquero deberán cumplir las siguientes condiciones: a) estarán formadas por asociaciones representativas de la producción, la transformación y, en su caso, la comercialización; b) deberán cumplir los requisitos establecidos
en la Ley 38/1994, de 30 de diciembre, reguladora de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias; c) carecerán de ánimo de lucro; d) deberán representar el 51 % de todas y cada una de las ramas profesionales que formen parte de la organización, y e) sus miembros deberán abonar, proporcionalmente, una cuota que no podrá ser inferior a 40 000 euros. Entre las medidas que pueden adoptar las organizaciones profesionales del sector pesquero (reguladas en el capí- tulo II del Real Decreto 277/2016) merece especial atención la extensión de normas. De acuerdo con el artículo 11, «las OPP y las AOP que sean representativas de la producción podrán solicitar a la Administración competente hacer obligatorias determinadas normas para los productores no miembros que comercialicen sus productos en el ámbito territorial para las que se encuentran reconocidas». Esta medida está sujeta a ciertos límites: en particular, las organizaciones que la adopten deberán ser «representativas». Una organización, o una asociación de organizaciones, de productores pesqueros se considera representativa cuando, en la zona en la que se aplicará la extensión de normas, haya comercializado —durante el año anterior— al menos un 55 % (pesca) o un 40 % (acuicultura) de las cantidades del producto o especie de que se trate. Ni las organizaciones ni las asociaciones de organizaciones de productores pesqueros podrán solicitar la aprobación de una extensión de normas hasta que haya transcurrido un año natural desde la fecha en la que fueron reconocidas por la Administración competente. Por lo demás, la extensión de normas está sujeta a la autorización previa de la Comisión Europea (se producirá silencio positivo si la Comisión no contesta en el plazo de un mes).
III. Tributos Finalmente, en relación con las organizaciones interprofesionales del sector pesquero , el Real Decreto 277/2016 se remite a lo establecido en la Ley 38/1994. En el último trimestre también se han aprobado nuevas normas en el ámbito tributario: 1. En el territorio histórico de Gipuzkoa, la Norma Foral 3/2016, de 20 de junio, por la que se introducen determinadas modificaciones para adaptar el ordenamiento tributario foral a diversos acuerdos alcanzados en el seno de la OCDE, así como a directivas y sentencias de la Unión Europea, cuyas medidas afectan al impuesto sobre sociedades, al impuesto sobre las primas de seguros y a la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria, y el Decreto Foral 13/2016, de 28 de junio, por el que se modifican diversos reglamentos para su adecuación al nuevo régimen de consolidación fiscal. 2. En el territorio histórico de Bizkaia, la Norma Foral 5/2016, de 20 de julio, por la que se aprueban determinadas modificaciones en materia tributaria. Entre las medidas más destacadas se encuentran las siguientes: en el ámbito del impuesto sobre la renta de las personas físicas: 1) se incluyen varias medidas en el ámbito de las exenciones; 2) se incentiva fiscalmente la constitución de rentas vitalicias aseguradas por personas mayores de sesenta y cinco años, y 3) a diferencia de lo establecido en la Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades, la normativa de Bizkaia no modifica el tratamiento tributario de las sociedades civiles con objeto mercantil, por lo que sus rentas seguirán sometidas al régimen de atribución de rentas. En el ámbito del impuesto sobre sociedades, se efectúan modificaciones: 1) en materia de transparencia fiscal internacional, tanto para personas físicas como jurídicas; 2) en cuanto a operaciones vinculadas, destacando como novedades la información país por país que es exigible a partir del 2016, la restricción del perímetro de vinculación y la admisión, adicionalmente y con carácter subsidiario, de otros métodos y técnicas de valoración, y 3) en el régimen conocido como patent box. Asimismo, rese- ñamos el Decreto Foral 129/2016, de 26 de julio, por el que se introducen modificaciones en el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 3. En el territorio histórico de Araba/Álava, el Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 3/2016, de 19 de julio, del Consejo de los Diputados, para la incorporación al ordenamiento tributario foral de diversos compromisos acordados en el seno de la OCDE y para el cumplimiento de diversas directivas de la Unión Europea, que introduce modificaciones en la Norma Foral 37/2013, de 13 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, y en la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria. Asimismo, destacamos el Decreto Foral 55/2016, de 27 de julio, del Consejo de Diputados, que modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 4. Por su relevancia, destacamos asimismo el Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes sobre Intercambio Automático de Información de Cuentas Financieras, hecho en Berlín el 29 de octubre del 2014. Declaración de España sobre la fecha de efecto sobre los intercambios de información en virtud de dicho acuerdo. España se ha comprometido a intercambiar información automáticamente a partir del 2017 respecto de la información referida al 2016 con aquellos otros países que hubiesen suscrito declaraciones similares, independientemente de los periodos impositivos o las obligaciones fiscales de la jurisdicción receptora a los que se refiere dicha información. 5. Por último, en el ámbito europeo, tiene especial relevancia la Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio del 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior. Entre las medidas adoptadas contra la elusión fiscal cabe destacar las normas relativas a la limitación en la deducibilidad de intereses, a la imposición de salida (exit tax), a la norma general contra las prácticas abusivas, a las sociedades extranjeras controladas y a las asimetrías híbridas. IV. Contabilidad En cuanto al derecho contable, destacamos la Resolución, de 15 de julio del 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se someten a información pública la modificación de Normas Técnicas de Auditoría, resultado de la adaptación de las Normas Internacionales de Auditoría para su aplicación en España, así como la modificación del glosario de términos.
V. Laboral Se exponen a continuación las principales novedades legislativas en materia laboral y de Seguridad Social del último trimestre: 1. En el ámbito laboral destaca la aprobación del Real Decreto 311/2016, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, en materia de trabajo nocturno. Como consecuencia de una incorrecta incorporación al ordenamiento nacional del artículo 8 de la Directiva 2003/88 relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, España se ha visto obligada a modificar su legislación sobre la materia. En virtud de esta nueva norma, se añade al Real Decreto 1561/1995 un nuevo precepto (art. 33) referido exclusivamente a trabajadores nocturnos que desarrollen trabajos con riesgos especiales o tensiones físicas o mentales importantes. De conformidad con él, la jornada laboral máxima de dichos trabajadores será de ocho horas en el curso de un periodo de veinticuatro horas durante el cual efectúen un trabajo nocturno, salvo que deba ser inferior. A estos efectos, deberá ser el convenio colectivo —o, en su defecto, el acuerdo entre empresa y representantes de los trabajadores— el que defina estos trabajos, tomando en consideración los efectos y los riesgos inherentes al trabajo nocturno. 2. El Real Decreto 299/2016, de 22 de julio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos, aprueba una nueva normativa sobre dicha materia. Se trata de actividades en las que los trabajadores están o pueden estar expuestos a riesgos derivados de los campos electromagnéticos como consecuencia de su trabajo y comprende tanto los efectos biofísicos directos conocidos como los efectos indirectos causados por dichos campos. No se prevén, sin embargo, los posibles efectos a largo plazo ni los riesgos derivados del contacto con conductores en tensión. La nueva normativa regula tanto los valores límite de exposición como la evaluación de los riesgos, información y formación para los trabajadores y, lo que es más importante, las disposiciones encaminadas a evitar o disminuir los riesgos de exposición, entre otras. 3. La Resolución de 22 de agosto del 2016, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de agosto del 2016, por el que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para el 2016, según lo establecido en el artículo 11.2 del Texto Refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, siguiendo lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Empleo, establece los objetivos para este año en el conjunto de España y en cada una de las distintas comunidades autónomas, así como los indicadores que se van a utilizar para valorar su grado de consecución. De esta manera, el plan se configura como un instrumento de evaluación de los servicios y programas de políticas activas de empleo desarrolladas por el Servicio Público de Empleo Estatal y las comunidades autónomas. Asimismo, para alcanzar los objetivos señalados, contiene los servicios y programas de las políticas activas de empleo e intermediación laboral que van a llevar a cabo las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias de ejecución de dichas políticas y el Servicio Público de Empleo Estatal en ejecución de la reserva de crédito establecida en su presupuesto de gastos. El plan se estructura en torno a un análisis de contexto sobre la situación actual del mercado de trabajo, el diseño del marco estraté- gico con la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo y la reforma del Sistema de Formación Profesional para el Empleo, la recapitulación de la estructura y objetivos previstos, los criterios de elaboración, los servicios y programas de políticas de activación para el empleo, su financiación y las fórmulas de evaluación. Entre otros anexos, se recoge el resumen general de los servicios y programas que ha de realizar cada comunidad autónoma y la dotación presupuestaria prevista. 4. La Resolución de 10 de febrero del 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el V Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflictos Laborales (Sistema Extrajudicial), contiene la modificación y denuncia del V Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflictos Laborales con el fin de promover su renovación con los cambios y adaptaciones que estimen oportunos los agentes sociales legitimados. 5. En materia de Seguridad Social, destaca la Resolución de 19 de julio del 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se fija la fecha a partir de la cual los actos del procedimiento de devolución de ingresos indebidos a la Seguridad Social y saldos acreedores se notificarán electrónicamente. En este sentido, y a partir del 1 de octubre del 2016, se notificarán o comunicarán a través del sistema de notificación electrónica, mediante comparecencia en la sede electrónica de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, las siguientes actuaciones en materia de Seguridad Social: a) todos los actos del procedimiento administrativo de devolución de ingresos indebidos a la Seguridad Social y saldos acreedores emitidos por la Tesorería General de la Seguridad Social, dirigidos a los sujetos responsables a los que se refiere el artículo 3.2 de la Orden ESS/485/2013, de 26 de marzo, por la que se regulan las notificaciones y comunicaciones por medios electrónicos en el ámbito de la Seguridad Social, una vez que queden inicialmente obligados, así como a las personas, físicas o jurídicas, o entes sin personalidad jurídica a que se refiere el artículo 3.3 de la citada orden que opten por esa forma de notificación, y a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, así como con sus entidades y centros mancomunados, y b) los actos dirigidos al reembolso del coste de las garantías a que se refiere el artículo 30 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social en la medida en que el procedimiento aplicable a éstos sea el de devolución de ingresos indebidos. 6. Finalmente, y con carácter general, procede mencionar el Acuerdo de 19 de mayo del 2016, del Consejo General del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de 20 de abril del 2016, de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, sobre la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos procesales referidos al Recurso de Casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo. En él se recogen, entre otras normas de interés, la extensión máxima para estos escritos procesales de cincuenta mil «caracteres con espacio», equivalente a veinticinco folios por una sola cara (anverso), incluyéndose en dicha extensión las notas a pie de página, esquemas o gráficos que eventualmente pudieran incorporarse y utilizando como fuente la times new roman con doce puntos de tamaño en el texto y diez en las notas.
VI. Protección de datos En esta materia debemos al menos reseñar la Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de julio del 2016 relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión, que impone obligaciones a las empresas de diversos sectores (energía, telecomunicaciones, ferrocarriles…) en materia de seguridad y protección de datos.
VII. Audiovisual En el sector audiovisual destaca la publicación de la Ley 6/2016, de 15 de julio, del Servicio Público de Radiodifusión y Televisión de Ámbito Autonómico, de titularidad de la Generalitat, que recupera la televisión pública de esa comunidad. La nueva ley disciplina la prestación del servicio público audiovisual de titularidad de la Generalitat Valenciana, establece el régimen jurídico de las entidades a las que se encomienda la gestión directa de este servicio público (la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación y la Sociedad Anónima de Medios de Comunicación de la Comunitat Valenciana) y regula su control parlamentario. La función de servicio público comprende la producción, edición y difusión de contenidos para canales de radio y televisión a través de los diferentes sistemas de transmisión digital fija o en movilidad, así como para la multidifusión por internet mediante diferentes tecnologías o plataformas y el desarrollo de nuevos servicios conexos o interactivos susceptibles de enriquecer o completar la oferta de contenidos, en una difusión abierta, de manera accesible y en valenciano. La difusión en valenciano se completará con la emisión multilingüe de las obras audiovisuales en castellano e inglés o, si procede, en versión original, en cuyo caso, se garantizará la existencia de subtítulos en valenciano y en castellano.
VIII. Telecomunicaciones En este sector se ha aprobado el Real Decreto 330/2016, de 9 de septiembre, relativo a medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad. Este real decreto transpone al ordenamiento español la Directiva 2014/61/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad y desarrolla los artículos 35 a 38 de la Ley 9/2014, General de Telecomunicaciones, en lo relativo al acceso a infraestructuras físicas susceptibles de alojar redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad, la coordinación de obras civiles y la publicación de información sobre concesión de permisos. Se aplica a las infraestructuras físicas (tuberías, mástiles, conductos, torres…) destinadas a prestar servicios de producción, transporte o distribución de gas, electricidad o calefacción, entre otras, susceptibles de alojar redes públicas de comunicaciones electrónicas de alta velocidad (fijas o móviles, capaces de prestar servicios de acceso de banda ancha a velocidades de al menos 30 Mbps por abonado) y a las obras civiles relativas a dichas infraestructuras. Los propietarios de estas infraestructuras físicas deberán facilitar el acceso a ellas a los operadores interesados en desplegar redes de banda ancha en los términos regulados por el real decreto de referencia. IX. Energía Resaltamos a continuación la importante normativa aprobada en materia de energía: 1. La Orden IET/980/2016, de 10 de junio, por la que se establece la retribución de las empresas de distribución de energía eléctrica para el año 2016, y la Orden IET/981/2016, de 15 de junio, por la que se establece la retribución de las empresas titulares de instalaciones de transporte de energía eléctrica para el año 2016. 2. La Orden IET/1209/2016, de 20 de julio, por la que se establecen los valores de la retribución a la operación correspondientes al segundo semestre natural del año 2016 y se aprueba una instalación tipo y sus correspondientes parámetros retributivos. 3. La Circular 2/2016, de 28 de julio, de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, sobre petición de información sobre reclamaciones de consumidores de energía eléctrica y gas natural a los comercializadores y distribuidores. Se obliga a las empresas distribuidoras de energía eléctrica y gas, a las comercializadoras de referencia de energía eléctrica, a las comercializadoras de último recurso de gas y también a las que operan en uno y otro mercado libre, siempre que hayan alcanzado los umbrales establecidos por la circular, a facilitar trimestralmente información a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sobre las reclamaciones recibidas en sus servicios de atención al cliente. 4. También se han aprobado dos normas que modifican el régimen del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad. Se trata de la Resolución de 1 de agosto del 2014, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se aprueban los procedimientos de operación del sistema eléctrico 14.11 «Liquidación y facturación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad» y 15.2 «Servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad», y la Resolución de 5 de agosto del 2016, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se aprueban las reglas del procedimiento competitivo de subastas para la asignación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad y el modelo de adhesión al marco legal establecido para la participación en las subastas. 5. La Orden IET/1451/2016, de 8 de septiembre, por la que se aprueban los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social correspondientes al 2016. La mayor parte del coste del bono social (precio reducido del suministro eléctrico aplicado a consumidores vulnerables) lo financian tres empresas: Endesa (más de un 41 %), Iberdrola (casi un 38 %) y, en menor medida, Gas Natural (casi un 15 %). Aunque no son normas jurídicas, por su incidencia en la normativa del sector eléctrico, cabe asimismo citar sendas sentencias del Tribunal Supremo de 20 de junio del 2016 que anulan alguna de las disposiciones que disciplinan el régimen jurídico de las instalaciones de energía de régimen especial. Se trata de la Sentencia núm. 1463/2016, de 20 de junio, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara nulos los anexos II y VIII de la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se aprueban los pará- metros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, en la parte referida a las instalaciones de tratamiento y reducción del purín en cuanto a los valores y parámetros relativos a costes de inversión y de explotación, así como en la ponderación de otros ingresos de explotación y del autoconsumo, y la Sentencia núm. 1462/2016, de 20 de junio, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara la nulidad del artículo 49.1m del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, y de los anexos II y VIII de la citada Orden IET/1045/2014, en la parte referida a las instalaciones de tratamiento y reducción del purín en cuanto a los valores y parámetros relativos a los costes de inversión y de explotación, así como en la ponderación de otros ingresos de explotación y del autoconsumo. En ambos casos, la Administración deberá aprobar la regulación sustitutiva de las normas anuladas en el plazo de cuatro meses. Además, en el segundo caso se reconoce a la empresa demandante el derecho a ser indemnizada por los daños y perjuicios derivados de la aplicación de los parámetros retributivos anulados. Finalmente, creemos conveniente al menos mencionar que se ha completado la regulación del mercado gasista con la aprobación de la Resolución de 2 de agosto del 2016, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se aprueba el contrato marco de acceso a las instalaciones del sistema gasista español. X. Comercio electrónico Dentro de la estrategia de la Comisión Europea en relación con el mercado único digital, el 25 de mayo del 2016 dicho organismo ha presentado una triple propuesta normativa: a) Propuesta de Reglamento sobre las medidas contra el bloqueo geográfico y otras formas de discriminación por razón de la nacionalidad o del lugar de residencia o de establecimiento de los clientes en el mercado interior; b) Propuesta de Reglamento relativo a los servicios de paquetería transfronterizos, y c) Propuesta de revisión del Reglamento sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores. Este paquete de propuestas complementa las dos propuestas legislativas presentadas por la Comisión en diciembre del 2015 sobre el suministro de contenidos digitales, la venta en línea y otras ventas a distancia de bienes. Se espera también una propuesta de simplificación del IVA para el otoño del 2016. Cabe destacar que este paquete se complementa con unas orientaciones relativas a la aplicación de la Directiva sobre las Prácticas Comerciales Desleales.
XI. Propiedad intelectual e industrial En esta área destacamos la siguiente normativa relevante: 1. El Real Decreto 224/2016, de 27 de mayo, por el que se desarrolla el régimen jurídico de las obras huérfanas, tiene por objeto el desarrollo del artículo 37 bis del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual regulando los procedimientos de declaración de obra huérfana para permitir su digitalización y puesta a disposición en línea, de búsqueda diligente para la determinación de la condición de obra huérfana, de determinación del fin de dicha condición y de la compensación equitativa correspondiente para los titulares de derechos de propiedad intelectual. Se regulan también los usos autorizados de dichas obras que supongan límites al derecho de reproducción y la puesta a disposición del público, en la forma establecida en el artículo 20.2i del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. 2. El 21 de junio del 2016 la Comisión Europea abrió a la firma de las partes interesadas un Memorandum of Understanding on the sale of counterfeit goods (el MoU), el cual se presenta como una continuación del precedente del 2011 y ha sido firmado ya por plataformas on line, así como por otros importantes titulares de marcas. El MoU prevé un periodo de valoración de un año a partir de su firma durante el cual las partes se comprometen a no demandarse por cuestiones relacionadas con él. Por lo demás, establece un mecanismo de notificación de productos pirata y de su retirada por parte de las plataformas. Asimismo, se prevé el compromiso de las plataformas de llevar a cabo una labor proactiva, en especial con respecto a los infractores frecuentes.
Pilar López Torralba, José Luis Palma Fernández, Yago Fernández Darna, Enrique Santos Fresco, Mariana Díaz-Moro Paraja, Lourdes López Cumbre, Ana I. Mendoza Losana and Ángel García Vidal Back