Source: https://www.ajuntamentdebenicarlo.org/pdo/ppdo-shostd.php?i_pdo=18014
Timestamp: 2019-10-15 08:39:15
Document Index: 236121754

Matched Legal Cases: ['artículo 62', 'artículo 216', 'artículo 217', 'artículo 23', 'artículo 22', 'artículo 60', 'artículo 50', 'artículo 217', 'artículo 8', 'artículo 217', 'artículo 212', 'artículo 9', 'artículo 103', 'artículo 9', 'artículo 168', 'artículo 53', 'artículo 62', 'artículo 216', 'artículo 217', 'artículo 8', 'artículo 138', 'artículo 138', 'artículo 143', 'artículo 111', 'artículo 143', 'artículo 143', 'artículo 113', 'artículo 47', 'artículo 143', 'artículo 111', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 202', 'artículo 62', 'artículo 202', 'artículo 175', 'artículo 202', 'artículo 202', 'artículo 202', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 202', 'artículo 22', 'artículo 8']

Ajuntament de Benicarló: Ple extraordinari núm. 12 de data 28/08/2015
Ple extraordinari núm. 12 de data 28/08/2015
JESÚS HERNÁNDEZ LAHERA, LLICENCIAT EN DRET, SECRETARI ACCIDENTAL DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ
CERTIFICO: Que l'acta de la sessió plenària núm. 12/2015 de la corporació municipal, que va tenir lloc, amb caràcter extraordinari, el dia 20 d'agost de 2015, és del següent tenor literal:
ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA NÚM. 12/2015 QUE VA TENIR LLOC EL DIA 20 D'AGOST DE 2015
A Benicarló, al Saló de sessions de l'Ajuntament, a les 21.00 hores del dia 20 d'agost de 2015, es reuneixen, amb caràcter extraordinari i en primera convocatòria, els membres de la corporació municipal que es relacionen a continuació, sota la presidència de l'alcaldessa, la Sra. Rosario Miralles Ferrando:
Secretari:	Sr. Jesús Hernández Lahera (Secretari accidental)
La presidenta declara oberta la sessió convocada per decret de data 17 d'agost de 2015 i es procedeix a examinar els següents punts de l'ordre del dia:
PUNT 1r.- DICTAMEN A LA PROPOSTA DE RESOLDRE LA DISCREPÀNCIA I ALÇAR L'OBJECCIÓ FORMULADA PER LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL, APROVAR EL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT A FAVOR DE BECSA, S.A., CORRESPONENT A LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1 I ÚLTIMA DE LES OBRES DE CONDICIONAMENT DEL CAMÍ DE SANT GREGORI DE BENICARLÓ, I APROVAR LA CITADA CERTIFICACIÓ NÚM. 1 I ÚLTIMA.
Dono compte a la Corporació del dictamen emés per la Comissió Informativa de Contractació i Patrimoni de data 3 d'agost de 2015, del següent tenor literal:
«2.- Proposta de resoldre la discrepància i alçar el reparo formulat per la Intervenció Municipal, aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit a favor de Becsa, S.A., corresponent a la certificació núm. 1 i última de les obres d'acondicionament del camí de Sant Gregori de Benicarló, i aprovar la citada certificació número 1 i última (Exp. 15/2014).
Vista la certificación nº 1 y última de las obras de acondicionamiento del camino de San Gregorio, por importe de 174.162,79 euros, IVA incluido, expedida el 10 de diciembre de 2014, por el Arquitecto municipal, Director de las obras y por el contratista.
Visto el informe del Arquitecto municipal, de fecha 10 de diciembre de 2014 y el acta de recepción de las citadas obras en la que consta como fecha de comienzo de obra el 10 de noviembre de 2014 y fecha de terminación el 10 de diciembre de 2014.
Visto el informe del Viceinterventor, de fecha 7 de abril de 2015, en el que se concluye que procede la tramitación del expediente.
Visto el informe de la TAG de Contratación, de fecha 21 de abril de 2015.
Visto el informe del Interventor, de fecha 13 de mayo de 2015, en el que se establece, entre otros; «Y, en el caso que nos ocupa, el exceso de obras realmente ejecutadas sobre las establecidas en el contrato supone una desviación del 18,79% del precio de adjudicación: o, en los términos en los que se expresan la JCCA y EL DERECHO, el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, suponen una desviación del 18,79% respecto de las previstas en el proyecto, por lo que, al superar el 10% del precio de adjudicación, debe considerarse una modificación contractual propiamente dicha.
Así las cosas, las obras ejecutadas suponen una modificación contractual llevada a cabo prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, lo que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 62.1. e) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, supone una actuación nula de pleno derecho.»
Vistas las conclusiones del Interventor formuladas en el informe citado, que a continuación se reproducen:
«(...) CONCLUSIONES
PRIMERA.- Se formula reparo al expediente 15/2014-Acondicionamiento del camino Sant Gregori, por tratarse de actuaciones nulas de pleno derecho.
De conformidad con lo establecido en el artículo 216.2.c) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (en adelante TRLRHL), se suspenderá la tramitación del expediente hasta que el reparo sea solventado.
SEGUNDA.- Constatada la efectiva realización de las prestaciones realizadas, así como su correcta valoración, por mor de la doctrina jurisprudencial de prohibición del enriquecimiento injusto, y vía reconocimiento extrajudicial de créditos, procede la indemnización al contratista por las prestaciones realizadas.
El reconocimiento extrajudicial de créditos es competencia del Pleno de la Corporación [artículos 23.1.e) del Texto Refundido de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla la Ley de Haciendas Locales en materia de presupuestos) y 50.12 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre].
Al ser el reconocimiento extrajudicial de créditos competencia del Pleno de la Corporación, por aplicación del artículo 217.2.b) del citado TRLRHL, corresponde también al Pleno solventar el reparo formulado por esta Intervención Municipal.»
CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 23.1.e) del Texto Refundido de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, en el que se establece que:
"1. Además de las señaladas en el artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, corresponden al Pleno, una vez constituido conforme a lo dispuesto en la legislación electoral, las siguientes atribuciones: (...) e) El reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre que no exista dotación presupuestaria, operaciones de crédito o concesión de quita y espera.»
CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla la Ley de Haciendas Locales en materia de presupuestos, en el que se dispone que:
"2. Corresponderá al Pleno de la Entidad el reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre que no exista dotación presupuestaria, operaciones especiales de crédito, o concesiones de quita y espera.»
CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 50.12 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, en el que se establece que:
"Corresponden al Pleno, una vez constituido conforme a lo dispuesto en la legislación electoral, las siguientes atribuciones: (...) 12. Acordar las operaciones de crédito o garantía y conceder quitas y esperas, así como el reconocimiento extrajudicial de créditos."
CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 217.2.b) del citado TRLRHL, en el que se dispone que: "No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos:
La Comisión, por unanimidad de sus miembros asistentes, de conformidad con la propuesta del Teniente de Alcalde delegado del Área de Contratación, de fecha 29 de junio de 2015, dictamina favorablemente elevar al Ayuntamiento Pleno, la siguiente:
Primero.- Resolver la discrepancia y levantar el reparo formulado por la Intervención Municipal en su informe emitido en fecha 13 de mayo de 2015.
Segundo.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito por un importe de ciento setenta y cuatro mil ciento sesenta y dos euros con setenta y nueve céntimos de euro (174.162,79 EUR), IVA (21%) incluido, a favor de la mercantil contratista BECSA, S.A., correspondiente a la certificación número 1 y última de las obras de acondicionamiento del camino de San Gregorio del término municipal de Benicarló (Exp. 15/2014).
Tercero.- Aprobar la certificación número 1 y última de las citadas obras, por importe de ciento setenta y cuatro mil ciento sesenta y dos euros con setenta y nueve céntimos de euro (174.162,79 EUR), IVA (21%) incluido, a favor del contratista BECSA, S.A.
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a la mercantil contratista y dar traslado al departamento de Intervención, Tesorería, Urbanismo y Director de las Obras.
Quinto.- Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de reposición ante la Alcaldía, en el plazo de un mes a contar desde el siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación. Alternativamente, podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Castellón, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación, de acuerdo con lo que dispone el artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativo. Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro que estime oportuno.»
Simplement vol explicar -diu el Sr. Sánchez- que s'està parlant de les obres de condicionament del camí de Sant Gregori. Que l'objecció del Sr. Interventor ve donada per l'excés d'obra realitzada que suposa una desviació 18'79%. Al ser superior al 10% del preu d'adjudicació, segons l'informe d'Intervenció deu considerar-se una modificació contractual. És per això que cal alçar l'objecció, i Intervenció reconeix, que una vegada l'obra està feta i correctament valorada, procedeix el pagament a l'empresa mitjançant l'aprovació d'un reconeixement extrajudicial de crèdit. Tant l'alçament de l'objecció com l'aprovació del reconeixement extrajudicial és competència del Ple de la Corporació i per això es porta per la seua aprovació.
Sotmés el dictamen a votació del Ple de la Corporació, per unanimitat dels membres assistents, s'aprova el dictamen transcrit.
PUNT 2n.- DICTAMEN A LA PROPOSTA DE RESOLDRE LA DISCREPÀNCIA I ALÇAR L'OBJECCIÓ FORMULADA PER LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL, APROVAR EL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT A FAVOR DE PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A., CORRESPONENT A LA CERTIFICACIÓ NÚM. 2 I ÚLTIMA DE LES OBRES DE SUBSTITUCIÓ DE XARXA D'ABASTIMENT D'AIGUA POTABLE, CLAVEGUERAM I DRENATGE DEL CARRER ULLDECONA DE BENICARLÓ, I APROVAR LA CITADA CERTIFICACIÓ NÚM. 2 I ÚLTIMA.
«3.- Proposta de resoldre la discrepància i alçar el reparo formulat per la Intervenció Municipal, aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit a favor de Pavasal Empresa Constructora, S.A., corresponent a la certificació número 2 i última de les obres de substitució de xarxa d'abastiment d'aigua potable, clavegueram i drenatge del carrer Ulldecona de Benicarló, i aprovar la citada certificació número 2 i última (Exp. 34/2013).
Vista la certificación nº 2 y última de las obras de sustitución de red de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y drenaje en calle Ulldecona de Benicarló (tramo 1 desde C/ Puig de la Nao hasta Joan Fuster) por importe de 70.048,03 euros, IVA incluido, expedida por el contratista y por el Director de las Obras el 13 de enero de 2015.
Vista el acta de recepción e inicio del plazo de garantía, de fecha 9 de enero de 2015, en la que figura como fecha de inicio de obra el 20 de marzo de 2014 y como fecha de final de obra el 2 de junio de 2014.
Visto el informe sobre justificación de liquidación y mejoras, suscrito por la Ingeniero técnico de obras públicas municipal/Directora de ejecución de las obras, de fecha 19 de enero de 2015.
Visto el informe de la TAG de Contratación de fecha 19 de junio de 2015.
Visto el informe del Interventor de fecha 19 de junio de 2015, en el que se establece, entre otros; «En el caso que nos ocupa, el exceso de obras realmente ejecutadas sobre las establecidas en el contrato supone una desviación del 17,80% del precio de adjudicación: o, en los términos en los que se expresan la JCCA y EL DERECHO, el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, suponen una desviación del 17,80% respecto de las previstas en el proyecto, por lo que, al superar el 10% del precio de adjudicación, debe considerarse una modificación contractual propiamente dicha.
«(...) Se formula reparo al expediente 34/2013- CONTRATACION ADMINISTRATIVA, relativo a las obras de SUSTITUCIÓN DE RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DRENAJE DE LA CALLE ULLDECONA. TRAMO 1. DESDE PUIG DE LA NAO HASTA JOAN FUSTER EN BENICARLÓ (CASTELLÓN), por nulidad de pleno derecho de las obras realizadas prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido.
Constatada la efectiva realización de las prestaciones realizadas, así como su correcta valoración, por mor de la doctrina jurisprudencial de prohibición del enriquecimiento injusto, y vía reconocimiento extrajudicial de créditos, procede la indemnización al contratista por las prestaciones realizadas.
El reconocimiento extrajudicial de créditos es competencia del Pleno de la Corporación [artículos 23.1.e) del Texto Refundido de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla la Ley de Haciendas Locales en materia de presupuestos y 50.12 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre].
Al ser el reconocimiento extrajudicial de créditos competencia del Pleno de la Corporación, por aplicación del artículo 217. 2 b) del TRLHL, corresponde también al Pleno solventar el reparo formulado por la Intervención municipal.
La Comisión, por unanimidad de sus miembros asistentes, de conformidad con la propuesta del Teniente de Alcalde delegado del Área de Contratación, de fecha 3 de julio de 2015, dictamina favorablemente elevar al Ayuntamiento Pleno, la siguiente:
Primero.- Resolver la discrepancia y levantar el reparo formulado por la Intervención Municipal en su informe emitido en fecha 19 de junio de 2015.
Segundo.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito por un importe de setenta mil cuarenta y ocho euros con tres céntimos de euro (70.048,03 EUR), IVA (21%) incluido, a favor de la mercantil contratista PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A., correspondiente a la certificación número 2 y última de las obras de sustitución de red de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y drenaje de la calle Ulldecona de Benicarló (Exp. 34/2013).
Tercero.- Aprobar la certificación número 2 y última de las citadas obras, por importe de setenta mil cuarenta y ocho euros con tres céntimos de euro (70.048,03 EUR), IVA (21%) incluido, a favor del contratista PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.
Diu el Sr. Sánchez que es tracta de les obres de substitució de xarxa de proveïment d'aigua potable, clavegueram i drenatge del carrer Ulldecona , l'objecció ve produïda per un excés d'obra que suposa una desviació de 17'80, al ser superior al 10% del preu d'adjudicació, l'Interventor considera que deu considerar-se una modificació contractual i per açò cal alçar l'objecció. Continua dient que com l'obra està acabada i correctament finalitzada cal procedir al pagament a l'empresa que la ha realitzada mitjançant l'aprovació d'un reconeixement extrajudicial de crèdit.
PUNT 3r.- DICTAMEN A LA PROPOSTA DE RESOLDRE LA DISCREPÀNCIA I ALÇAR L'OBJECCIÓ FORMULADA PER LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL, APROVAR EL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT A FAVOR DE AGLOMERADOS LOS SERRANOS, S.A.U, CORRESPONENT A LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1 DE LES OBRES D'ASFALTAT DE VORERES AL PASSEIG FEBRER SORIANO, ENTRE LA CN-340 I L'AVINGUDA FELIPE KLEIN DE BENICARLÓ, I APROVAR LA CITADA CERTIFICACIÓ NÚM. 1.
«4.- Proposta de resoldre la discrepància i alçar el reparo formulat per la Intervenció Municipal, aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit a favor de Aglomerados Los Serranos, S.A.U., corresponent a la certificació número 1 de les obres d'asfaltat de voreres al Passeig Febrer Soriano, entre la CN-340 i l'Avinguda Felipe Klein de Benicarló, i aprovar la citada certificació número 1 (Exp. 22/2014).
Vista la certificación nº 1 de la obra asfalto de aceras del Paseo Febrer Soriano, entre la CN-340 y la Avenida Felipe Klein de Benicarló, por importe de 75.704,89 euros, IVA incluido, expedida por el contratista y por el Arquitecto municipal Director de las obras.
Visto el informe de la TAG de Contratación, de fecha 19 de junio de 2015.
Visto el informe del Interventor, de fecha 16 de junio de 2015, en el que se establece, entre otros:
PRIMERO.- En relación al gasto realizado se llevan a cabo las siguientes comprobaciones:
1.-CERTIFICACIÓN DE OBRA
Expedida por el Director/ Facultativo dentro del plazo de 10 días, a contar del siguiente al periodo que corresponda.
El contratista ha dado su conformidad.
Febrero y Marzo/15
75.704,89 EUR
V-FAC-15-04-00002
75.704,89EUR
Expedida conforme a lo dispuesto en el RD 1619/2012, de 30 de noviembre.
3.-DATOS PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS
IRAFO Servicios. Edificios
Código Proyecto - Aplicación presupuestaria
2014.2.00001.5.5 - 1532.61900
76.085,32EUR
75.704,90EUR
Obra certificada hasta la fecha
Obligaciones reconocidas hasta la fecha
Saldo de gasto comprometido
RÉGIMEN FINANCIERO - AGENTES
2014.2.00001.22.22
De todo ello se concluye que la certificación de obra y la factura se ajustan al contrato.
SEGUNDO.- El Pliego de Cláusulas Administrativas del Contrato (en adelante PCAP), en su cláusula 6, establece un plazo de ejecución de TRES SEMANAS a contar desde la realización del acta de comprobación de replanteo y autorización del comienzo. Idéntico plazo se fija, como no puede ser de otra manera, en el acta de comprobación del replanteo; concretando que el plazo de ejecución de las obras cumple el 2 de marzo de 2015.
En la cláusula 19 del PCAP se establece que El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y de los plazos parciales fijados por la Administración. Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados, el contratista hubiera incurrido en mora por causas imputables al mismo, la Administración podrá optar por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades económicas. Estas ascenderán a la cuantiía que se regula en el artículo 212 del TRLCSP.
En el acta de recepción de las obras se hace constar como fecha de finalización de las obras el 24 de marzo de 2015., de lo que resulta un plazo de ejecución de SEIS SEMANAS; justo el doble de tiempo del establecido en el contrato.
Ciertamente, constan en el expediente incidencias en relación a unas inscripciones halladas en los actuales bordillos de la época de la guerra civil española, así como una alegaciones de vecinos de Benicarló residentes en el Paseo Febrer Soriano, en el tramo existente entre las calles Industria y Felipe Klein, que hacen pensar que la demora en el plazo de ejecución de las obras está justificada y no es imputable al contratista; no obstante, debería de haberse emitido informe por el Director Facultativo de las Obras respecto de la demora en el plazo de ejecución de las obras.
TERCERO.- En su informe de fecha 30 de abril de 2014, citado en el antecedente VI del presente informe, la Técnica de Gestión de Urbanismo, examinada la Memoria técnica y su justificación, hace constar lo siguiente:
Al respecto, debo indicar que un tramo del Paseo de J. Febrer Soriano que es objeto del referido proyecto de acondicionamiento, concretamente el que conecta el referido vial con la CN-340 (Avenida Magallanes), hasta la altura del vial central en proyecto de futura apertura previsto en el Plan Parcial aprobado del Sector 11 "Collet II", de suelo urbanizable, del PGOU de Benicarló, se encuentra dentro del ámbito de la U.E de dicho Sector, y su desarrollo y ejecución se encuentre previsto en el Programa de Actuación Integrada aprobado por el Pleno de la corporación en fecha 28/12/2006, en el que se adjudicó la condición de agente urbanizador al propio Ayuntamiento de Benicarló, para su gestión directa (expediente de Urbanismo, PAII/501).
Con lo anterior pretendo advertir a la corporación de que, si se acometen las obras de asfaltado del vial, puede resultar infructuosa la inversión realizada, por cuanto parte del mismo se encuentra dentro del ámbito de gestión de una actuación urbanística no finalizada.
La elaboración del planeamiento tiene como fin su ejecución, y ello implica actuar según sus determinaciones. La realización de este tipo de actuaciones, que se adjetivan como "provisionales", pero que tienen una vocación de permanencia, esconden, en realidad, una clara intención de inejecución del planeamiento aprobado, o al menos, desincentivan dicha ejecución.
La Administración, en ejercicio de la actividad urbanística de planeamiento y de ejecución del planeamiento, posee la obligación de actuar correctamente y con la diligencia debida en el ejercicio de dichas actividades; en caso de que no actúe de esa forma, y que su negligente funcionamiento sea causa de daño efectivo a una persona física o jurídica o concreta, estos últimos pueden ejercer la acción de exigencia de dicha responsabilidad ante la Administración.
Por su parte, este Interventor Municipal, en su informe de fecha 23 de mayo de 2014, como se ha hecho contar en el antecedente VII del presente informe, tras hacer constar que Coincidiendo por tanto esta Intervención Municipal con lo indicado por la Técnico de Gestión de Urbanismo en su citado informe de 30 de abril de 2014, concluye que Se informa desfavorablemente el expediente de contratación para la ejecución de las obras de asfaltado de aceras Paseo Febrer Soriano entre la CN-340 y la avenida Felipe Klein.
Procede reiterar aquí que el artículo 9.1 de la Constitución Española establece que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. A su vez, el artículo 103.1 de la Constitución Española, establece que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
Hay que entender la consagración del principio de sujeción de la Administración Pública al ordenamiento jurídico como principio básico, pues el artículo 9 de la Constitución, por estar incluido en el Título Preliminar del Texto Fundamental, tiene, el carácter de decisión política fundamental con valor superconstitucional protegido por el artículo 168.
Como afirman GARCIA DE ENTERRIA Y TOMAS-RAMON FERNANDEZ, no hay en Derecho español ningún espacio franco o libre de Ley en que la Administración pueda actuar con un poder ajurídico y libre. Los actos y las disposiciones de la Administración, todos, han de someterse al Derecho, han de ser conformes a Derecho. El desajuste, la disconformidad, constituyen infracción del ordenamiento jurídico y les priva actual o potencialmente (distinción entre nulidad y anulabilidad), de validez. El Derecho no es, pues, para la Administración, una linde externa que señale hacia fuera una zona de prohibición y dentro de la cual pueda ella producirse con su sola libertad y arbitrio. Por el contrario, el Derecho condiciona y determina, de manera positiva, la acción administrativa, la cual no es válida si no responde a una previsión normativa.
El principio de legalidad de la Administración opera, pues, en la forma de una cobertura legal de toda la actuación administrativa: sólo cuando la Administración cuenta con esa cobertura legal previa su actuación es legítima (en estos términos, por lo demás ya comunes, la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de enero de 1979: "el Derecho objetivo no solamente limita la actividad de la Administración, sino que la condiciona a la existencia de una norma que permita esa actuación concreta, a la que en todo caso debe ajustarse").
A mayor abundamiento, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJAPyPAC), en su artículo 53, en su apartado primero, establece que los actos administrativos que dicten las Administraciones Públicas, bien de oficio o a instancia del interesado, se producirán por el órgano competente ajustándose al procedimiento establecido, añadiendo en su apartado segundo que el contenido de los actos se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico, y será determinado y adecuado a los fines de aquéllos.
En este orden de cosas, afirma reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo que el contrato es ley entre las partes contratantes y debe cumplirse a tenor del mismo (valgan como ejemplo las Sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, de 10 de abril de 2003 (EDJ 2003/9871), de 8 de abril de 2010 (EDJ 2010/45211) y de 13 de febrero de 2013 (EDJ 2013/13855).
Por todo ello, la Administración Municipal no puede actuar sin más en el ámbito de una programación urbanística adjudicada a un agente urbanizador y llevar a cabo obras en dicho ámbito a su voluntad. El Ayuntamiento viene obligado por la planificación y programación urbanística aprobada, así como por el contrato formalizado con el agente urbanizador, y no puede ni alterar la programación urbanística aprobada ni actuar en el ámbito de su relación contractual con el agente urbanizador sin seguir el procedimiento establecido.
Por lo antedicho, cabe concluir que nos encontramos ante una actuación administrativa llevada a cabo prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido; lo que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 62.1.e) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJAPyPAC), supone una actuación nula de pleno derecho.
A este respecto, una vez más, tal como afirma la citada Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León (Vallladolid), Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 1ª, de 3 de mayo de 2013, ha de decirse que la omisión de las formalidades necesarias pra la contratación administrativa no significa que la Administración no tenga que abonar las obras o trabajos realizados o los bienes suministrados. Los defectos formales en la contratación tienen que ceder ante las exigencias del principio que prohíbe el enriquecimiento injusto o sin causa, de acuerdo con una reiterada doctrina jurisprudencial (SSTS de 27-12-99, 9-11-99, 15-10-99, 19-11-99 y 11-7-97), por lo que lo determinante es la efectiva y adecuada realización de las prestaciones efectuadas por cuenta de la Administración.
PRIMERA.- Se formula reparo al expediente 22/2014 Contratación - LO 81/2014 Intervenció Urbanística, relativo a las obras de ASFALTADO ACERAS PASEO FEBRER SORIANO ENTRE LA CN-340 Y LA AVENIDA FELIPE KLEIN, por tratarse de una actuación nula de pleno derecho.
De conformidad con lo establecido en el artículo 216.2.c) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locaels, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (en adelante TRLRHL), se suspenderá la tramitación del expediente hasta que el reparo sea solventado.
Al ser el reconocimiento extrajudicial de créditos competencia del Pleno de la Corporación, por aplicación del artículo 217.2 b) del TRLRHL, corresponde también al Pleno solventar el reparo formulado por la Intervención.
Primero.- Resolver la discrepancia y levantar el reparo formulado por la Intervención Municipal en su informe emitido en fecha 16 de junio de 2015.
Segundo.- Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito, por un importe de setenta y cinco mil setecientos cuatro euros con ochenta y nueve céntimos de euro (75.704,89 EUR), IVA (21%) incluido, a favor de la mercantil contratista AGLOMERADOS LOS SERRANOS, S.A.U., correspondiente a la certificación número 1 de las obras de asfaltado de aceras del Paseo Febrer Soriano, entre la CN-340 y la Avenida Felipe Klein de Benicarló (Exp. 22/2014).
Tercero.- Aprobar la certificación número 1 de las citadas obras, por importe de setenta y cinco mil setecientos cuatro euros con ochenta y nueve céntimos de euro (75.704,89 EUR), IVA (21%) incluido, a favor del contratista AGLOMERADOS LOS SERRANOS, S.A.U.
Quinto.- Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de reposición ante la Alcaldía, en el plazo de un mes a contar desde el siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación. Alternativamente, podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Castellón, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación, de acuerdo con lo que dispone el artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativo. Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro que estime oportuno.
Explica el Sr. Sánchez que es tracta de les obres d'asfaltat de voreres del Passeig de Febrer Soriano. Continua dient el Sr. Sánchez que l'objecció es formula perquè segons l'informe emés per l'Interventor, podria haver-se produït d'una gestió infructuosa, ja que part del vial està dins de l'àmbit d'una altra actuació urbanística, l'obra es troba executada i ha estat correctament valorada. Per tot açò cal alçar l'objecció i procedir al pagament a l'empresa mitjançant l'aprovació d'un reconeixement extrajudicial de crèdit.
Diu el Sr. Martí que s'han vist tres obres de les poques que ha fet l'Ajuntament de Benicarló i que en les tres hi ha objecció per part de l'interventor en haver una despesa superior a la prevista entorn de un 20%. Això pot voler dir que les obres són imprevisibles i que sorgeixen imprevistos, però també podria ser degut al fet que els tècnics que han realitzat els projectes i la valoració no hagen fet bé la seua feina i que contínuament ens trobem en objeccions per part d'Intervenció. Per tot açò seria convenient que a partir d'ara les coses es feren bé, les previsions també i en cas d'existir desfasament, que aquest no supere el 10% que és el raonable, i no donar motiu a què els benicarlandos pensen que no s'estan administrant bé els seus diners.
El Sr. Sánchez exposa que no és el cas de l'últim punt, però si el dels dos primers.
Continua dient, que els preus es disparen i que s'ha de reconèixer que és molt complicat ajusta els preus en obres de mitjana envergadura, que cada obra hi té els seus condicionants i que és complicat ajustar els percentatges, considera que s'ha de reconèixer eixa dificultat, però així i tot estan d'acord, i que des de la seua regidoria intentaran que es file més prim i que totes aquestes coses no continuen.
Igualment comenta que s'està preparant una pròxima reunió per tal de tractar aquest tema i així evitar que passen aquestes coses.
PUNT 4t.- DICTAMEN A LA PROPOSTA D'EXPOSICIÓ PÚBLICA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU QUE TÉ PER OBJECTE MODIFICAR LA QUALIFICACIÓ DELS TERRENYS QUE EN L'ACTUALITAT ESTAN DESTINATS A VIARI PÚBLIC DE LA XARXA ESTRUCTURAL, COM A SÒL PER A EQUIPAMENT ESPORTIU PÚBLIC E2, TAMBÉ DE LA XARXA ESTRUCTURAL D'EQUIPAMENTS, PER A INCORPORAR-LO AL COMPLEX ESPORTIU PISCINA MUNICIPAL-PISTES D'ATLETISME.
Dono compte a la Corporació del dictamen emés per la Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis al Territori de data 29 de juliol de 2015, del següent tenor literal:
«Dictamen a la proposta d'exposició pública de la modificació puntual del PGOU que te per objecte modificar la qualificació dels terrenys que en l'actualitat estan destinats a viari púbic de la xarxa estructural, com a sòl per a equipament esportiu públic E2, també de la xarxa estructural d'equipaments, per a incorporar-lo al complex esportiu piscina municipal-pistes d'atletisme.- Se sotmet a consideració de la Comissió la següent proposta de l'Alcaldia, de data 24/07/2015:
" Relació de fets
Atès que mitjançant acord de data 21/05/2015, la Comissió d'Avaluació Ambiental, òrgan competent de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient de la Generalitat Valenciana, va determinar que la Modificació Puntual proposada «no té efectes significatius sobre el medi ambient i, per tant, no requereix l'avaluació ambiental contemplada en la LEAE, sempre i quan s'ajuste a les determinacions assenyalades (...)»
Sotmetre a un tràmit d'exposició pública durant un termini de 45 dies, el document redactat pels serveis tècnics municipals en data 08/06/2015, de modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló, que te per objecte modificar la qualificació dels terrenys que en l'actualitat estan destinats a viari púbic de la xarxa estructural, com a sòl per a equipament esportiu públic E2, també de la xarxa estructural d'equipaments, per a incorporar-lo al complex esportiu piscina municipal-pistes d'atletisme.
Consultar als organismes afectats, amb petició dels informes exigibles d'acord amb la legislació sectorial, i a les entitats subministradores dels serveis públics urbans que puguen resultar afectades."
Exposa la Sra. Miralles que el que es porta per aprovar és l'exposició pública d'una modificació del Pla General d'Ordenació Urbana. Açò és degut al fet que es volen ampliar les instal·lacions del gimnàs de la piscina municipal i per tant, ja que escometre unes obres. Per tal de poder realitzar-les s'ha pensat des de l'àrea d'urbanisme, que com el vial, que des del centre poble va a les instal·lacions de la piscina, estava previst que enllacés amb un pont que es portaria a terme per tal d'accedir a la zona Nord i a més a més al Barranc d'Aiguadoliva que comunicaria amb Vinaròs. Continua explicant la Sra. Miralles, que aquesta prolongació del vial, tal com estava prevista ja no hi té sentit a causa de la variant prevista a la CN-340.
Per tot açò es proposa modificar la qualificació dels terrenys que estaven destinats a aquest vial públic per tal de poder destinar-los a l'ampliació de les instal·lacions de la piscina
El Sr. Pérez intervé per dir que els tràmits per arribar on s'està han estat d'un any, degut als inconvenients que s'han trobat a Conselleria, amb situacions molt estranyes, de no saber a Conselleria el que hi havia a Benicarló, inundable no inundable, i així fins a aplegar a aquest punt, simplement per arribar a aquest punt un any s'ha tardat, per fi les coses van sortint de Conselleria, molt lentament però van sortint, i s'alegren de què siga així i que tot açò tire endavant.
S'alegra de què ara que ha canviat el color polític a Conselleria les coses vagen més ràpides. Té raó el Sr. Pérez en quan a què de l'inici de l'expedient fa més d'un any, al maig del 2014, Finalment la Conselleria ha donat el vist i plou i ja es pot tirar endavant aquest projecte i posar aquesta modificació del Pla General a exposició pública i tot açò farà que es puguen traure a licitació al més prompte possible les ampliacions de les instal·lacions de la piscina.
PUNT 5é.- DICTAMEN A LA PROPOSTA DE DEIXAR SENSE EFECTE L'ACORD DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE 27/11/2008 EN EL QUAL ES VA APROVAR EL P.A.I. SECTOR 8B «EL COLLET» I DECLARAR RESOLTA L'ADJUDICACIÓ PER ACORD AMB L'AGENT URBANITZADOR.
«Dictamen a la proposta de deixar sense efecte l'acord del Ple de la corporació de 27/11/2008 en el qual es va aprovar el P. A.I. Sector 8B «El Collet» i declarar resolta l'adjudicació per acord amb l'agent urbanitzador.- Se sotmet a consideració de la Comissió el següent informe-proposta de la tècnica de gestió d'Urbanisme, amb el vistiplau del TAG d'Urbanisme, de data 24/07/2015:
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada en fecha 28 de junio de 2006, acordó iniciar el procedimiento para la gestión indirecta del Programa de Actuación Integrada del Sector de suelo urbanizable industrial 8-B "El Collet" del Plan General de Ordenación Urbana de Benicarló, así como, aprobar las bases particulares reguladoras de dicha programación (B.O.P. de Castellón núm. 110, de fecha 14 de septiembre de 2006).
El correspondiente anuncio del concurso se envió al Diario Oficial de la Unión Europea en fecha 14 de septiembre de 2006, y se publicó en el mismo en fecha 19 de septiembre de 2006; asímismo, se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 5.372, de 23 de octubre de 2006.
Dicho procedimiento de concurso finalizó con el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Benicarló, de 27 de noviembre de 2008, por el que se aprobó la propuesta de programación presentada por la mercantil POVET INDUSTRIAL, S.L. con C.I.F. B-12.684.437, «de conformidad y con las condiciones establecidas en el informe técnico de fecha 20 de mayo de 2008, que debían ser subsanadas y aportadas en un documento refundido, y condicionando los efectos de la referida aprobación a la obtención de los informes preceptivos de las Administraciones sectoriales que correspondan». Así mismo, se adjudicó la condición de agente urbanizador a la referida mercantil, para su gestión indirecta, requiriéndole en el mismo acuerdo para que aportara la correspondiente garantía definitiva, antes de la formalización del contrato, de conformidad con lo previsto en el artículo 138 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana (LUV), aplicable a este procedimiento.
En fecha 24 de noviembre de 2009 (registro de entrada nº 19.087), D. Mariano Ros Bodi, en representación de POVET INDUSTRIAL, S.L. presenta escrito mediante el que solicita que la corporación acepte como garantía definitiva la constitución de una hipoteca voluntaria sobre una finca de su propiedad, sita en la c/ Mare de Déu, s/n, del término municipal de Sant Jordi, inscrita en el Registro de la Propiedad al Tomo 2.123, libro 84, folio 74, finca nº 6.353.
Por acuerdo del Pleno de la corporación de fecha 27 de mayo de 2010 se acepta la garantía real ofrecida.
En fecha 10 de enero de 2011 (registro de entrada nº 274), D. Mariano Ros Bodi, en representación de POVET INDUSTRIAL, S.L. manifiesta que ha constituido una primera hipoteca voluntaria sobre la referida finca de su propiedad, por importe de 271.992,44 (10% del valor estimado de las cargas de urbanización), en garantía de las obligaciones derivadas de la condición de agente urbanizador, lo que acredita mediante aportación de escritura pública otorgada en fecha 1 de octubre de 2010, ante la Notaria de Benicarló, Dña. María del Mar Gianni Masià (nº de protocolo 1.189), y que ha sido inscrita como carga sobre la misma en la finca registral nº 6.353, en fecha 10 de noviembre de 2010. A su vez, solicita que se proceda a la firma del correspondiente contrato de urbanización.
Sin embargo no consta, a fecha de hoy, ni la presentación del documento refundido al que hacía referencia acuerdo del Pleno de 27 de noviembre de 2008, ni la formalización en documento administrativo del contrato de urbanización.
En fecha 19 de febrero de 2015 (registro de entrada nº 2.570), D. Mariano Ros Bodi, en representación de POVET INDUSTRIAL, S.L. y D. Carmelo Vicent Codorniu, en su propio nombre, como sucesor hereditario de D. Vicente Vicent Gascó, y en representación de la sociedad mercantil GRANJA VICENT, S.L., presentan escrito en el que manifiestan que reúnen más del 95% de la propiedad incluida en el Sector de suelo urbanizable industrial 8-B "El Collet", del PGOU de Benicarló, y solicitan la revocación del acuerdo plenario de fecha 27 de noviembre de 2008, dejando sin efecto la propuesta de planeamiento formulada, y procediendo a la cancelación de la garantía hipotecaria prestada.
En fecha 20 de agosto de 2014 entró en vigor la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de Comunidad Valenciana (en adelante, LOTUP), cuya disposición derogatoria única, deroga entre otras normas, la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana (LUV) y su reglamento de desarrollo, el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, aprobado por el Decreto 67/2006, de 19 de mayo,del Consell.
No obstante, de conformidad con la disposición transitoria cuarta de la LOTUP:
«1. Los programas de actuación adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su duración y régimen de prórrogas, por la normativa que le resultaba de aplicación antes de la entrada en vigor de esta ley.
2. No obstante lo anterior, en el procedimiento de resolución o prórroga del programa de actuación integrada o aislada no se deberá solicitar dictamen del Consejo Superior de Territorio y Urbanismo u órgano que ejercía sus funciones.»
En el momento de la aprobación y adjudicación del P.A.I. Sector 8-B "El Collet", por acuerdo del Pleno de 27 de noviembre de 2008, se encontraba vigente la LUV, por lo que, en consecuencia, los efectos, cumplimiento y extinción del mismo se rigen por la citada Ley.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que el contrato entre el Ayuntamiento y el agente urbanizador tiene naturaleza de contrato especial, en los términos establecidos por la legislación estatal reguladora de la contratación pública, y como tal, el régimen jurídico de dicha relación contractual está constituido preferentemente por sus propias normas, quedando como supletoria la legislación estatal en materia de contratos con las administraciones públicas.
En el momento de la aprobación y adjudicación del P.A.I. Sector 8-B "El Collet" por acuerdo del Pleno de 27 de noviembre de 2008, se encontraba en vigor la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP).
Conforme a la Disposición Derogatoria Única de la referida LCSP, se derogaba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio (en adelante TRLCAP), vigente con anterioridad. Sin embargo, para los expedientes de contratación iniciados antes de la entrada en vigor de esta LCSP, la Disposición Transitoria Primera indica que "Se regirán por la normativa anterior. A estos efectos se entenderá que los expedientes de contratación han sido iniciados si se hubiera publicado la correspondiente convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato."
En consecuencia, habiéndose publicado la correspondiente convocatoria del procedimiento mediante anuncio en el Diario Oficial de la Comunidad Europea (DOUE S 178), de fecha 18 de septiembre de 2006, resulta aplicable, el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, con carácter supletorio.
El acuerdo del Pleno de la corporación de fecha 27 de noviembre de 2008, por el que se aprobó la propuesta de Programa de Actuación Integrada para la urbanización del Sector de suelo industrial 8-B "Collet", del PGOU de Benicarló, presentada por la mercantil POVET INDUSTRIAL, S.L. condicionaba su eficacia a la obtención de los informes preceptivos de las Administraciones sectoriales necesarios.
A fecha de hoy, la mercantil adjudicataria no ha aportado la documentación indicada, por lo que podría llegar a entenderse que el referido acuerdo de aprobación y adjudicación del programa no ha desplegado todos sus efectos, de conformidad con lo previsto en el art. 57 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común.
Sin embargo, nos encontramos con que si ha llegado a cumplir con uno de los condicionantes imprescindibles para adquirir la condición de agente urbanizador, que es la prestación de la garantía definitiva.
Por otra parte, y como consecuencia, a fecha de hoy no se ha formalizado la adjudicación mediante la suscripción del correspondiente contrato de urbanización, en el plazo de un mes a partir de la notificación del acuerdo de aprobación y adjudicación del programa al adjudicatario, que preveía el artículo 138 de la LUV.
En consecuencia, resulta de aplicación lo previsto en el artículo 143.2 de la LUV, que establece:
«Serán causas de resolución de la adjudicación del Programa, las derivadas de la incapacidad legal sobrevenida del Urbanizador para el desempeño de su tarea y las demás previstas en la legislación general aplicable a sus relaciones con la administración, incluyendo la falta de prestación de garantías o de suscripción del contrato que formalice los compromisos contraídos ante ésta, así como el incumplimiento grave de los mismos, y también, las siguientes:
e) El mutuo acuerdo entre la administración actuante y el Urbanizador, sin perjuicio de las indemnizaciones que, en su caso, procedan en beneficio de los propietarios de terrenos u otros afectados (...)»
Así mismo, el artículo 111 del TRLCAP, aplicable con carácter supletorio, establece como causas de resolución del contrato, entre otras, la falta de formalización del mismo en plazo (apartado d) o el mutuo acuerdo entre Administración y contratista (apartado c).
Hay que destacar que es el propio agente urbanizador el que solicita la revocación del acuerdo de fecha 27 de noviembre de 2008, mediante escrito presentado en fecha 19 de febrero de 2015 (registro de entrada nº 2.570).
Y por otra parte, conviene recordar que la no formalización del contrato administrativo ha impedido la ejecución del Programa de Actuación Integrada del Sector de suelo urbanizable industrial 8B "el Collet" del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Benicarló.
Así, no se ha aprobado el texto refundido de la alternativa técnica integrada por plan parcial, estudio de integración paisajística y proyecto de urbanización, de conformidad y con las condiciones establecidas en el informe técnico de 20 de mayo de 2008, a su vez, tampoco se ha reparcelado el ámbito, ni se han iniciado las obras de urbanización acordadas.
Por lo tanto, dado el nulo desarrollo de la actuación, no hay intereses públicos ni privados que puedan lesionarse. En resumen, no hay razones de interés público que hagan necesaria o conveniente la permanencia del contrato.
De conformidad con lo previsto en el apartado 4º del artículo 143 de la LUV, «La resolución de la adjudicación se acordará por la administración actuante, previo Dictamen del Consejo Superior de Territorio y Urbanismo, que podrá ser instado también por el Urbanizador. Sin perjuicio de las responsabilidades económicas que procedan, ello determinará la cancelación de la programación y la sujeción del ámbito de la Actuación al régimen del suelo urbanizable sin programación». Sin embargo, hay que recordar que en la disposición transitoria cuarta, apartado 2º, de la LOTUP se indica que no se deberá ya solicitar dictamen del Consejo Superior de Territorio y Urbanismo u órgano que ejercía sus funciones, en el procedimiento de resolución o prórroga del programa de actuación integrada o aislada.
No procede hacer expresa mención al contenido de los apartados a, b, c, d y e del artículo 143.4 LUV, en tanto que no se ha ejecutado el Programa.
El artículo 113.5 TRLCAP dice, "En todo caso, el acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso acerca de la procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía constituida." Y el artículo 47.1 TRLCAP que, "Aprobada la liquidación del contrato, si no resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía y transcurrido el plazo de la misma, en su caso, se dictará acuerdo de devolución de aquélla o de cancelación del aval."
En consecuencia, no habiéndose producido daños o perjuicios, no habiéndose ejecutado el Programa, ni siquiera suscrito el convenio de programación, ni resultado responsabilidades, por haberse resuelto de mutuo acuerdo el mismo, procede la cancelación de la garantía constituida por POVET INDUSTRIAL, S.L., formalizada en fecha 1 de octubre de 2010, consistente en primera hipoteca voluntaria sobre la finca número 6353.
De conformidad con todo lo expuesto, se propone al Pleno de la corporación la adopción del siguiente acuerdo:
Primero.- Dejar sin efecto el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Benicarló, de 27 de noviembre de 2008, por el que se aprobó el Programa de Actuación Integrada del Sector de suelo urbanizable industrial 8-B "El Collet" del Plan General de Ordenación Urbana de Benicarló, y se adjudicó la condición de agente urbanizador a la sociedad mercantil POVET INDUSTRIAL, S.L. con C.I.F. B-12.684.437, para su gestión directa, y acordar la resolución de la adjudicación por mutuo acuerdo entre este Ayuntamiento y la referida sociedad mercantil, según escrito presentado por ésta en fecha 19 de febrero de 2015 (registro de entrada nº 2.570), y de conformidad con lo previsto en el artículo 143.2.e) LUV, y en el artículo 111.c) TRLCAP, y con los hechos y fundamentos referidos.
Segundo.- Cancelar la programación del Sector de suelo urbanizable industrial 8-B "El Collet" del Plan General de Ordenación Urbana de Benicarló, quedando sujeto dicho ámbito al régimen del suelo urbanizable sin programación.
Tercero.- Autorizar la cancelación de la hipoteca voluntaria constituida en escritura pública otorgada en fecha 1 de octubre de 2010, ante la Notaria de Benicarló, Dña. María del Mar Gianni Masià (nº de protocolo 1.189) por la sociedad mercantil POVET INDUSTRIAL, S.L., sobre la finca de su propiedad situada en la c/ Mare de Déu, s/n, del término municipal de Sant Jordi, e inscrita en el Registro de la Propiedad al Tomo 2.123, libro 84, folio 74, finca nº 6.353, por importe de 271.992,44 (10% del valor estimado de las cargas de urbanización), en concepto de garantía real de las obligaciones derivadas de la condición de agente urbanizador.
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a cuantos interesados aparezcan en el expediente, con indicación de que por poner fin a la vía administrativa, contra el mismo cabe interponer RECURSO DE REPOSICIÓN, en el plazo de UN MES, a contar desde el día siguiente al de la notificación, o bien directamente, cabe la interposición de RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de la notificación. Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen pertinente."
Exposa la Sra. Miralles que el que es proposa és la resolució d'un P.A.I. El Ple de la Corporació El dia 28 de juny de l'any 2006 va acordar iniciar el procediment per a la gestió indirecta d'un P.A.I. del Sector de sol urbanitzable industrial 8-B "El Collet" del Pla General. El procediment del concurs va finalitzar amb un acord del Ple del 27 de novembre de 2008, pel que es va aprovar la proposta de designació d'agent urbanitzador a la societat mercantil POVET INDUSTRIAL, S.L Tot açò condicionat a l'aportació de la documentació preceptiva. Un document refós i condicionant els efectes de l'aprovació a l'obtenció dels informes preceptius d'altres administracions que corresponguen. Igualment se li va requerir l'aportació de la garantia definitiva abans de la formalització del contracte.
Per acord de ple de 27 de maig de 2010, a petició de la mercantil adjudicatària, s'accepte com a garantia definitiva, la constitució d'una hipoteca voluntària sobre una finca al terme municipal de Sant Jordi.
Avui no consta ni la presentació del document refós al qual feia referencia el 27 de novembre de 2008 ni la formalització en un document administratiu del contracte d'urbanització.
El dia 19 de febrer del 2015, Mariano Ros Bodi, en representació de POVET INDUSTRIAL, S.L. i Carmelo Vicent, en representació de GRANJA VICENT, S.L., presenten escrit en el qual manifesten que reuneixen més del 95% de la propietat de la propietat inclosa de sol urbanitzable industrial 8-B "El Collet", i sol·liciten la revocació de l'acord plenari de data 27 de novembre de 2008, deixant sense efecte la proposta de planejament formulada, i la cancel·lació de la garantia hipotecaria prestada.
El que venim a aprovar avui és deixar sense efecte l'acord del Ple de l'Ajuntament de Benicarló, de 27 de novembre de 2008, cancel·lar la programació del Sector de sòl urbanitzable industrial 8-B Collet tornant a la qualificació d'aquest sol com urbanitzable sense programació, i autoritzar la cancel·lació de la hipoteca voluntària constituïda,
PUNT 6é.- DICTAMEN A LA PROPOSTA D'INICI DEL PROCEDIMENT PER A MODIFICAR EL P.A.I. U.E. SECTOR 5, «SOLAES», DE SÒL URBANITZABLE, I SUSPENDRE, AMB CARÀCTER TEMPORAL I PARCIAL, LA SEUA EXECUCIÓ.
«Dictamen a la proposta d'inici del procediment per a modificar el P.A.I. U.E. Sector 5, «Solaes», de sòl urbanitzable, i suspendre, amb caràcter temporal i parcial, la seua execució.- Se sotmet a consideració de la Comissió la següent proposta de l'Alcaldia, de data 24/07/2015:
En data 28 de desembre de 1998, la Comissió Territorial d'Urbanisme de Castelló aprova l'Homologació, que inclou el Pla Parcial Sector 5, Solaes, de la partida Solaes.
En data 27 d'abril de 2000, el ple de l'ajuntament de Benicarló acorda el desenvolupament i urbanització per gestió directa municipal del Programa d'Actuació Integrada U.E. Sector 5, de sòl urbanitzable, «Solaes».
En la mateixa data, s'aprova el Projecte de Reparcel·lació d'aquest sector, inscrivint-se tal document de gestió en el Registre de la Propietat en data 3 de juliol de 2002.
En data 8 de juny de 2015, s'aprova per decret d'Alcaldia el procés de gestió d'obtenció dels sòls que restaven en l'avinguda València, tram urbà, AR2.
El termini previst per a l'execució del referit P.A.I. era de cinc anys. No obstant açò, donades les dificultats econòmiques i financeres que travessa actualment l'Ajuntament de Benicarló, igual que la majoria d'Administracions Públiques, a data d'avui aquesta execució es troba paralitzada.
En conseqüència, els serveis tècnics municipals han redactat al juliol de 2015 una Proposta de modificació de la programació i de suspensió temporal parcial de l'execució del programa, mitjançant la divisió de l'execució del mateix en diverses fases, suspenent l'execució total del programa per dos anys, prorrogables per altres dos més.
D'altra banda, els serveis tècnics municipals han redactat una nova Memòria i compte detallat i justificada de fixació de quotes d'urbanització provisionals del P.A.I., actualitzada a data juliol de 2015.
Atès l'informe emés per la tècnica de gestió d'Urbanisme, de data 24 de juliol de 2015, sobre el procediment a seguir per a l'aprovació dels dits documents.
De conformitat amb la disposició transitòria quarta i la disposició addicional octava de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de Comunitat Valenciana (LOTUP).
D'acord amb allò previst en els articles 44 a 51, 55.1 i l'article 72 de la Llei 6/1994, de 26 de novembre, Reguladora de l'Activitat Urbanística (LRAU), aplicable al Programa d'Actuació Integrada U.E. Sector 5, de sòl urbanitzable, «Solaes».
Per tot el que s'ha exposat, proposo al Ple de la corporació, previ dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea dels Serveis al Territori, que adopte el següent acord:
Primer.- Sotmetre la Proposta de modificació del Programa d'Actuació Integrada U.E. Sector 5, de sòl urbanitzable, «Solaes», aprovat pel Ple el 27 d'abril de 2000, i de divisió de l'execució del mateix en diverses fases, suspenent l'execució total del programa per dos anys, prorrogables per altres dos més, redactada pels serveis tècnics municipals al juliol de 2015, a un tràmit d'exposició pública durant vint dies hàbils, comptadors des de l'endemà a l'última de les publicacions del corresponent anunci, així com, a un tràmit d'audiència simultània, pel mateix termini, als propietaris i titulars de drets i deures afectats per l'actuació, comptador des de l'endemà a la recepció de la notificació d'aquest acord.
La publicació de l'anunci d'informació pública es farà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, en un diari d'informació general d'àmplia difusió editat a la Comunitat Valenciana, i en el tauler d'edictes municipal, advertint de la possibilitat de formular al·legacions.
Segon.- Sotmetre la Memòria i compte detallat i justificada de fixació de quotes d'urbanització provisionals del Programa d'Actuació Integrada U.E. Sector 5, de sòl urbanitzable, «Solaes», redactada pels serveis tècnics municipals al juliol de 2015, a un tràmit d'audiència dels afectats, de vint dies hàbils, comptador des de l'endemà a la recepció de la notificació d'aquest acord.
Tercer.- A aquest efecte, les persones interessades podran consultar els documents referits, en el departament d'Urbanisme d'aquest Ajuntament (plaça del Dr. Pera, nº 4, 3r pis, de dilluns a divendres, de 10:00 a 14:00 hores), així com, en la pàgina web municipal (www.ajuntamentdebenicarlo.org)
Quart.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades, indicant-los que, contra aquest acte administratiu de tràmit, no cal interposar cap recurs."
La senyora Miralles exposa que en data 27 d'abril de 2000, el ple de l'ajuntament de Benicarló acorda el desenvolupament i urbanització per gestió directa municipal del Programa d'Actuació Integrada U.E. Sector 5, de sòl urbanitzable, «Solaes». Que en la mateixa data, s'aprova el projecte de reparcel·lació d'aquest sector, inscrivint-se al Registre de la Propietat en data 3 de juliol de 2002. S'està parlant de 15/13 anys, estem parlant de fa molt de temps.
Explica la senyora Miralles que el termini previst per a l'execució del referit P.A.I. era de cinc anys i que la condició d'urbanitzador la té l'Ajuntament. No obstant açò, donades les dificultats econòmiques i financeres que travessa actualment l'Ajuntament de Benicarló, igual que la majoria d'Administracions Públiques, aquesta execució es troba paralitzada.
Continua dient la senyora Miralles que en conseqüència, i per la demanda que hi ha a aquest sector de persones que volen edificar, els serveis tècnics municipals han redactat una proposta de modificació de la programació i de suspensió temporal parcial de l'execució del programa, tot açò, mitjançant la divisió de l'execució en diverses fases, suspenent l'execució total del programa per dos anys, prorrogables per altres dos més.
Els serveis tècnics municipals han redactat una nova memòria i compte detallat i justificat de fixació de quotes d'urbanització provisionals del P.A.I., actualitzada a data juliol de 2015.
Tots els informes són favorables, i l'objectiu de fer aquest tràmit és el d'establir fases en l'execució del sector, de manera que si qualsevol propietari vol edificar ho puga fer. El propietari interessat finançarà les obres avançant el pagament del seu cost, i que aquest es considerarà com a quota d'urbanització tenint-se en compte per tal d'incorporar-ho, per la seua compensació, al quadre de liquidació definitiva, una vegada finalitzada la totalitat de l'obra.
El senyor Martí diu que estan contents de què l'Ajuntament facilite als Benicarlandos el fet de tirar endavant el seu poble i que puguen tenir aquesta opció. El que consideren trist és que aquest Ajuntament no haja estat capaç en 15 anys, per gestió directa, de desenvolupar un PAI com aquest.
Que poden dir que hi ha crisi, i és cert, aquest no és el moment de desenvolupar una pastilla tan gran, però que en 15 anys no hi ha hagut un moment per fer-ho, no és veritat. Que en 15 anys no hi ha hagut capacitat econòmica a aquest Ajuntament, tampoc. Continua dient que no és veritat perquè a la fi són els senyors propietaris de les parcel·les els que paguen les despeses i les quotes, tant si es fa per gestió privada com si es fa per gestió directa.
La conclusió que trauen --continua dient el Sr. Martí-- és que durant 15 anys a l'Ajuntament alguna àrea ha treballat poc o no ha treballat bé, perquè en 15 anys consideren que hi ha hagut ocasions i temps més que suficient, perquè la gent interessada a desenvolupar aquesta zona ho haja pogut fer, i l'Ajuntament no hi ha estat capaç, en tot aquest temps, de donar està oportunitat als Benicarlandos. A Déu gràcies, fent-ho d'una altra forma aconseguirem que cadascun faça el que li interessa, però llàstima dels 15 anys passats.
La senyora Miralles Considera que hi té raó, però que es van trobar també amb el tema de l'electrificació de la zona, diu que ja s'ha firmat el conveni en Iberdrola, de forma que l'Ajuntament també emprendrà la infraestructura de l'electrificació del sector i en aquesta legislatura també les obres del carrer València, i tot açò facilitarà que en aquest sector, en el que tal com ja ha dit abans, hi ha una demanda de construcció d'habitatges unifamiliars, puga reactivar-se i reactive al mateix temps l'economia que bona falta fa.
El senyor. Mañá explica que quan es vol desenvolupar un PAI, allò que més es deu tenir en compte són els interessos dels propietaris.
Continua explicant que es tracta d'un PAI d'un àmbit molt gran i que en aquell moment era com es feia. Posteriorment la crisi econòmica ha estat determinant en la carència de recursos en les administracions, i que s'ha de tenir en compte que l'Ajuntament també hi ha de participar en el que vénen a ser les despeses d'urbanització amb el percentatge corresponent.
Diu el senyor Mañá, que ell sempre ha pensat que s'ha de tenir en compte l'interés dels propietaris. Hi ha hagut moments que, per la situació que s'ha passat, costava als propietaris trobar finançament per a poder fer front a aquestes quotes, si li sumem que el mercat no és receptiu al solar quan ja està urbanitzat, ens trobem en una situació que se'ls està fent als propietaris una càrrega, considera que s'ha de seguir un criteri de justícia material.
Posteriorment --continua explicant el senyor Mañá-- s'ha produït uns canvis normatius que han propiciat la suspensió dels programes per dos anys més dos anys més i la possibilitat de dividir sectors i unitats en unitats més menudes. Aleshores, en la reforma que es va replantejar ja al final de l'última legislatura, i signat el conveni en Iberdrola, fa que cadascun dels vials es puga fer independentment de forma que els propietaris que vulguen fer-ho ho puguen fer i els que no, doncs que no ho facen, de manera que l'Ajuntament està al costat dels propietaris, i garanteix que no se'ls atabale amb un pagament de quotes d'urbanització.
En definitiva -- diu el senyor Mañá-- ells entenen allò que el que l'Ajuntament ha fet durant aquestos anys, estar al costat dels propietaris, perquè en la situació que hi havia no era just fer el desenvolupament d'aquest PAI i que la població tampoc ho demanava, era una situació en la qual l'Ajuntament no devia emprendre açò al no hi haver normativa legal que permetés suspendre o subdividir en unitats d'actuació, i que aquest ha estat el motiu pel qual açò s'ha demorat.
El senyor Martí diu que mai plou a gust de tots. Que si aquest PAI l'era fet , l'era desenvolupat, una empresa privada estaria urbanitzat i molts veïns eren guanyat diners. El que no ens podem permetre a aquest país és que l'empresa pública tinga menys capacitat que qualsevol empresa privada.
Continua dient el senyor Martí, que si el PAI era massa gran que s'era fet més menut, i referent a què a tots els veïns no els anava bé, doncs com a la majoria de PAIS que s'han fet, no sempre a tots els veïns els va bé i ho treies els diners de baix les pedres o s'anava a l'expropiació forçosa, per ahí ha passat molta gent, i mai farem res que vinga bé a tots. --Manifesta el Sr. Martí -- que ells creuen que han estat 15 anys perduts i que s'era pogut fer abans i de mil formes millor que aquesta. Que es poden buscar mil excuses si volem, però el que és cert, és que l'Ajuntament fins ara ha tingut molta incapacitat en aquesta àrea, i tant de bo a partir d'ara execute coses i demostre que hi té capacitat per a treballar i al mateix temps que permeta treballar als benicarlandos que en definitiva és el que volen.
la Sra. Miralles li diu al senyor Martí , que si bé en unes coses hi té raó en unes altres no en té. Continua explicant la senyora Miralles que el senyor Martí diu, si açò ho era fet una empresa privada ja era estat fet, doncs ella li diu que no. De fet hi ha PAIS, com per exemple POVET que l'urbanitzador és una empresa privada i que allí està des de fa molts anys, i també cal trobar-li una solució factible que beneficiarà a alguns dels propietaris que també hi volem construir en aquest indret. No sempre les empreses privades ho escometen.
La senyora Miralles continua dient que l'Ajuntament havia de prendre una decisió i és el que ha fet, però no sempre és fàcil prendre aquestes decisions, ja que la legislació a vegades no ho permet.
El Sr. Mañá diu que estan completament d'acord en el que ha exposat la senyora Miralles. Arriba un moment en què tots, inclús des d'Europa, es va criticar el sistema de la gestió indirecta de les obres a través dels particulars, --continua dient el senyor Maná-- que ells poden entendre que en una situació de bonança econòmica, aquestos particulars , que no deixen de ser contractats per l'Ajuntament, les executen. Però tots ens hem trobat, quan ha arribat la crisi, en empreses privades que exigeixen qualsevol cost als propietaris de les quotes d'urbanització quan no és el moment, o en unes altres que han demanat la suspensió e inclús retirar-se per no ser el moment, però són empreses privades. Açò és un PAI que és públic, i al ser públic l'Ajuntament ha d'estar al costat dels propietaris, perquè l'Ajuntament té capacitat per a dir que s'han de tenir en compte les circumstàncies que hi han en un moment determinat, i no tirar l'obra endavant fins que la conjuntura o la normativa permeta fer-ho d'una altra forma.
PUNT 7é.- DICTAMEN A LA PROPOSTA D'INFORME MUNICIPAL SOBRE EL PROJECTE ESTATAL DE MESURES PER A LA PROTECCIÓ I RECUPERACIÓ DEL TRAM DE COSTA COMPRÉS ENTRE EL PORT DE BENICARLÓ I EL LÍMIT AMB EL TERME MUNICIPAL DE VINARÒS.
Dono compte a la Corporació del dictamen emés per la Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis al Territori de data 14 d'agost de 2015, del següent tenor literal:
«Dictamen a la proposta d'informe municipal al document d'inici per a l'avaluació ambiental prèvia del Projecte estatal de mesures per a la protecció i recuperació del tram de costa comprés entre el Port de Benicarló i el límit amb el terme municipal de Vinaròs.Se sotmet a consideració de la Comissió la següent proposta de l'Alcaldia, de data 07/08/2015:
En fecha 23 de junio de 2015 (r.e.: 10375) recibimos oficio de la Subdirección general de evaluación ambiental, expediente: SGEA/NAL/mllr/20150049, solicitando contestación a la consulta sobre la medidas para la protección y recuperación del tramo de costa comprendido entre el puerto de Benicarló y el límite con el T.M. de Vinarós, T.M. Benicarló (castellón).
En dicho oficio se nos indicaba la ruta al documento inicial o ambiental del proyecto o plan que se encuentra en la web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Con fecha 21 de julio de 2015, el técnico de medio Ambiente, Jaume Vilanova Batalla, emite el siguiente informe técnico:
"Solicitado informe relativo al documento de inicio-evaluación de impacto ambiental simplificada con respecto a las actuaciones recogidas en el proyecto de Medidas para la protección y recuperación del tramo de costa comprendido entre el puerto de Benicarló y el límite con el T.M. de Vinaròs, T.M. Benicarló (Castellón), visto el documento, se entiende conveniente emitir lo siguiente:
El estudio tiene como uno de sus objetivos finales la recuperación del dominio público marítimo terrestre afectando al vial urbanizado que discurre a lo largo de la playa de la Mar Xica, que se estima debe ser eliminado y proceder a su reposición en la zona de servidumbre de tránsito a cargo del Ayuntamiento de Benicarló. Cabe hacer mención que dicho vial dispone de servicios básicos municipales, entre otros, los relativos al servicio de recogida de residuos y abastecimiento de agua potable a las viviendas de esa zona.
Por tanto, cabe entender conveniente en la ejecución de las obras del citado vial, las siguientes consideraciones:
Debería ejecutarse de forma integrada o simultánea a las obras de protección de la costa con el objetivo de garantizar la continuidad en el suministro de agua potable a los abonados afectados.
El vial deberá diseñarse de forma que permita albergar los sistemas de depósito de residuos urbanos mediante contenerización de tipo carga lateral 2400/3200 litros, así como que aceptar el tránsito de vehículo recolector con PMA de 30 Tn.
El área de influencia de la alternativa elegida confluye con el medio receptor en dominio público marítimo terrestre con el punto de entrega del efluente de aguas residuales urbanas y su entrega a través de emisario submarino.
La localización de los puntos difusores del emisario son los siguientes:
Las modificaciones inducidas en la dinámica litoral y composición de perfiles por la ejecución de las obras implicará una alteración de las condiciones descritas en el proyecto de autorización de vertido, por lo que se prevé una alteración de las condiciones de vertido y del comportamiento previsto.
La presencia del emisario submarino por el que se genera un punto de vertido de aguas residuales de tipo urbano debería haberse considerado en el estudio.
En idénticas condiciones se encuentra el aliviadero del emisario, situado en ETRS89 H30 791525, 4479682 que tampoco ha sido considerado en la evaluación de impacto ambiental.
Además, el Ayuntamiento de Benicarló está incurso en un procedimiento de renovación de la autorización de vertido de aguas residuales a dominio público marítimo terrestre (expediente VERMAR034 de la Dirección General del Agua), en el que se incluye un plan de vigilancia ambiental en el que se exige un seguimiento de las comunidades biológicas definidas por las praderas de Cymodocea nodosa por su alto valor ecológico y pesquero, así como otras praderas de fanerógamas endémicas con presencia, aunque reducida en la zona, como Posidonia oceánica de acuerdo al informe de 2 de septiembre de 2014 de la Directora General de Empresas Agroalimentarias y Pesca (la imagen siguiente se extra de dicho informe).
Por tanto, el plan de vigilancia ambiental debería alcanzar más allá de la fase de construcción, mediante seguimiento de las praderas de fanerógamas marinas (Cymodocea nodosa yPosidonia oceánica) y su consideración por efectos conjuntos con el punto de vertido del efluente de aguas residuales, así como su integración con el plan de vigilancia ambiental que se incluirá en la autorización de vertido a DPMT de las aguas residuales urbanas."
Posteriormente, el 28 de julio de 2015, el Arquitecto Municipal, Luis Perez Lores, emite el siguiente informe técnico:
Que habiéndose recibido solicitud de informe relativo al documento de inicio-evaluación de impacto ambiental simplificada respecto de la actuación de referencia, éste ha sido emitido por el Área de Medio Ambiente de este ayuntamiento de Benicarló, en fecha 21 de julio de 2015.
En relación con el citado documento de inicio, cabe indicar, anexando al informe emitido por el Técnico de Medio Ambiente, la siguiente consideración:
En el apartado 2.3. del documento de inicio, se ha insertado la información urbanística sobre el planeamiento urbanístico del ámbito colindante con la actuación.
Dicha información establece la cartografía, clasificación y calificación del suelo que se estableció en el "Concierto Previo" (hoy considerado como Documento de Inicio) de la revisión del PGOU de Benicarló, para la emisión el correspondiente "Documento de Referencia" (hoy, Documento de Alcance).
El mencionado Documento de Referencia, considerado como Documento de Alcance que debe servir de base para la redacción de la versión preliminar del Plan, cuestiona la posibilidad de clasificar como urbanizables los terrenos a partir de la Rambla de Cervera, remitiendo a la Evaluación Ambiental Estratégica el análisis de la cuestión de la posibilidad de clasificar como tal el primer tercio del ámbito en cuestión.
En cualquier caso, cabe indicar que el documento urbanístico establecido en el Documento de Inicio del proyecto estudiado no es el que se encuentra vigente en la actualidad (ámbito de suelo no urbanizable, con dos enclaves de suelo urbanizable).
El documento en redacción, sobre el que ya hay un principio técnico provisional de acuerdo, aunque no existe una definición oficial, y que se está trabajando para su definición como Documento Preliminar del Plan, establece el ámbito abarcado entre la Rambla de Cervera y el "Camí de la Fossa del Pastor" como suelo urbanizable, remitiendo el segundo tercio del ámbito, el denominado como "Surrach", a la aplicación de un procedimiento de "Minimización de Impactos Ambientales en Suelo No Urbanizable" previsto en la legislación urbanística para la regularización, sin crecimiento urbanístico, de la situación de alta antropización de carácter urbano del espacio allí existente. El tercer tercio del ámbito, zona colindante con el término municipal de Vinaròs, se mantiene como zona no urbanizable protegida, sobre la que se establece la posibilidad de llevar a cabo una reserva para actuaciones de excelencia.
De lo cual se informa a los efectos oportunos."
Por lo expuesto, y en virtud de lo anterior propongo al Pleno de la Corporación, previo dictamen de la Comisión informativa de Urbanismo y Medio ambiente, la adopción del siguiente acuerdo:
Asumir el informe emitido por el técnico de Medio Ambiente, Jaume Vilanova Batalla, en fecha 21 de julio de 2015 y el informe emitido por el Arquitecto Municipal, Luis Perez Lores, con fecha 28 de julio de 2015.
Emitir contestación a la consulta a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural sobre el proyecto 20150049 medidas para la protección y recuperación del tramo de costa comprendido entre el puerto de Benicarló y el límite con el T.M. de Vinarós T.M. Benicarló (Castellón), según el contenido de los informes antes indicados."
Em Rebut per part del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, l'avaluació d'Impacte ambiental simplificada de mesures per a la protecció i recuperació del tram de costa comprés entre el Port de Benicarló i el límit amb el terme Municipal de Vinaròs. El Ministeri ens el fa arribar a l'ajuntament, per tal de què s'informe sobre si el projecte pot causa impactes ambientals significatius.
En aquest cas --continua explicat la senyora Miralles-- el que es porta a aprovar són els dos informes que han fet els tècnics municipals al respecte, l'Arquitecte Municipal i el Tècnic de Medi Ambient, d'acord amb fer al·legacions sobre el projecte enviat pel Ministeri.
Un dels informes, el de l'arquitecte municipal, fa referència al planejament en quan a què no correspon amb el que consta al projecte del Ministeri. L'arquitecte informa en el sentit que aquest tram està sotmés a la revisió del Pla General d'Ordenació Urbana. Que les ultimes indicacions de Conselleria fan menció a què l'àmbit d'actuació es divideix en tres parts de manera que la primera part (des de la rambla de Cervera al Camí de la Fosa del Pastor) sí que seria urbanitzable. Des del Camí de la Fosa del Pastor a Surrach, seria una ampliació d'un procediment de minimització d'impacte ambiental en sòl no urbanitzable i la tercera i l'última part, la confrontant al terme municipal de Vinaròs, es manté com una zona no urbanitzable protegida sobre la que s'estableix la possibilitat de portar a terme una reserva per a actuacions d'excel·lència
L'informe del Tècnic de Medi Ambient, fa dues puntualitzacions, la primera sobre el vial que va al costat de la Mar Xica, a l'informe d'impacte ambiental desapareix, i ell considera que es deuria de conservar, ja que allí s'ubiquen serveis per als habitatges de la zona. Igualment fa referència a què l'Ajuntament de Benicarló està sotmés a un procediment de renovació d'abocaments d'aigues residuals a la mar que inclou un pla de vigilància ambiental de les comunitats biològiques que allí es troben, i que les actuacions amb la construcció dels espigons, poden canviar les dinàmiques dels corrents i podrien canviar les praderes d'algues que allí existeixen.
La senyora Miralles remarca, que no és un projecte definitiu, i que s'hauran d'estudiar les al·legacions que es presenten i després el Ministeri agafarà l'opció que considere .
Igualment diu la senyora Miralles, que avui ha entrat a l'ajuntament un escrit de l'associació de veïns, Riu, Surrach, Auiguaoliva, fent constar que ells consideren que de les alternatives que s'han presentat, la més adecuada és la que en el seu dia va redactar el catedràtic de l'UJI.
El senyor Maña explica que fa dues juntes de portaveus quan va ser la primera vegada que van tenir coneixement de l'informe. Efectivament és tal com diu l'alcaldessa plantege moltes alternatives, i la conclusió que trau després d'haver llegit l'informe són els costos, el cost si és fa d'una manera o si es fa d'una altra.
Diu el senyor Maña que li agradaria disculpar-se perquè voldria demanar que retiraren aquest punt de l'ordre del dia per el següent:
Ens hem reunit el grup polític, i s'ha dirigit gent a nosaltres demanant informació per a poder opinar i demanat-mos també informació en el sentit de què conté aquest document del Ministeri i que ells també voldrien tindre'l per a poder participar, fer al·legacions, inclús poder fer consultes externes. Simplement voldrien retirar aquest punt per a un millor estudi i deixar-lo per al pròxim Ple. No sap si està sotmés a qualsevol tipus de termini per a contestar, però considerà el senyor Mañá que una demora de quatre, cinc setmanes no suposaria cap tipus de problema. Que en definitiva --segueix dient el senyor Mañá-- que no es tracte d'estar en contra sinó que creuen que es tracte d'un tema participatiu i voldrien donar la possibilitat de participar la gent que se'ls ha dirigit, poder fer-los arribar l'informe, i donar-los opció a presentar les seues al·legacions.
El senyor Martí exposa que ells també volen demanar que es retire aquest punt de l'ordre del dia.
El motiu és --continua exposant el senyor Martí-- que quan van anar a estudiar l'expedient es van trobar amb una proposta que fa el Ministeri de Medi Ambient, un document inicial d'impacte ambiental, i en el que es plantegen deu propostes. La primera: No hacemos nada i no tenemos ningún problema, una segona són vuit dics que ell no entén ben bé que eren i després vuit propostes on van posant un dic i arena, dos dics i arena, tres dics i arena... així fins a vuit dics i arena i valora cadascuna d'aquestes propostes com diu el senyor Mañá.
La proposta del Ministeri és portar a terme la C3, que són tres dics, des del Port cap a la Mar Xica, i un grapat de mils de tones d'arena que valen un potosí. Els tècnics han fet els seus informes que són correctes, es veu tot a la Comissió i ho veuen perfecte.
Però la sorpresa ve després --explica el senyor Martí-- quan es troben en gent a l'Ajuntament en una reunió i veuen un projecte redactat fa molts pocs anys, pagat per aquest Ajuntament, que és el informe de analisis, alternativas y propuestas de actuación para la protección de la costa de Benicarló, desde el tramo del Puerto de Benicarló hasta el termino municipal de Vinaroz. És ha dir, açò és un projecte tècnic ampli, fet per l'UJI i pel CAREC, que ha d'estar ací a l'Ajuntament, que va costar molts diners i és aleshores quan entén que la proposta B1, que consta a l'informe i que no és la recomanada pel Ministeri, i ell considera que aquest estudi deuria estar a l'expedient.
Aquest estudi --diu el senyor Martí-- és el que diu que la proposta B1 és la que donaria menys cost, més estabilitat i una garantia de perdurabilitat de 250 anys, mentre que lo de echar arena ja es va veure el que va passar a Peníscola, el primer temporal se la va endur tota. I el segón també. Aleshores continua dient, que ha trobat a faltar que els tècnics de l'Ajuntament, no hagen informat aquest projecte que és de l'Ajuntament i de tots.
Per tot açò el Sr. Martí demana la retirada d'aquest punt de l'ordre del dia a l'espera de què aquest projecte es valore i es mire, i a més de les propostes que fa el Ministeri, l'Ajuntament en faça alguna sobre aquest projecte.
La senyora Miralles li contesta al senyor Martí i li diu, a l'igual que al senyor Mañá, que no entén la sol·licitud de la retirada d'aquest punt de l'ordre del dia. Que ja s'està fóra de termini per tal de presentar les al·legacions. Continua dient la senyora Miralles que açò no és cap projecte, que els tècnics del Ministeri faran el projecte que ells voldran, i que l'Ajuntament no hi té competència en tot açò, per tal de dir el que cal fer o no cal fer. Açò és simplement que ens consulten, a l'igual que a la resta d'administracions que hi tenen competència en aquest àmbit, i el que nosaltres diguem o vulguem no sabem si el Ministeri ho farà.
Continua explicant la senyora Miralles que l'opció de l'UJI és una de les que es contemplen dins de l'informe presentat pel Ministeri, i que el Ministeri ens el passa el simplement per presentar les al·legacions que consideréssem sobre aquest. Que no s'està aprovant cap projecte d'execució de res, és simplement una avaluació d'impacte ambiental simplificada on consten vàries solucions, i el Ministeri, després que els seus tècnics estudien tot el que s'aporte, farà l'alternativa que ells consideraran més adient. Segueix dient que el de l'Ajuntament és un informe més dels que han demanat i no entén per què hi ha de retirar el punt de l'ordre del dia quan l'Ajuntament no farà més informes.
Exposa la senyora Miralles que l'associació de veïns, a la que també pertany el Senyor Martí, ha presentat l'escrit que ells han considerat i supose que també l'enviaran al Ministeri i serà un més dels escrits que el Ministeri haurà de considerar.
La senyora Miralles conclou dient, que Ja que el senyor Mañá i el senyor Martí han demanat la retirada d'aquest punt de l'ordre del dia, sotmetran a votació la retirada d'aquest punt.
Sotmesa la retirada del punt de l'ordre del dia a votació del Ple de la Corporació, per 11 vots a favor i 10 vots en contra --representants del grup municipal del Partit Popular i representants del grup municipal Ciutadans--, s'acorda rebutjar-la.
El senyor Martí diu que li pareix molt paradògic, que havent-hi un projecte que és de l'Ajuntament i relatiu a aquest tema no s'haja considerat, que no s'haja vist. Li pareix un desaprofitament, i troba a faltar aquest projecte. Que efectivament ell és veí d'aquesta zona i membre d'aquesta associació, a l'igual que el senyor Roca i pregunta: El Sr. Roca se'n recorda d'aquest projecte? Perquè ell no se'n recordava. Va trobar a l'Ajuntament a aquestos senyors en aquest projecte i va ser quan va entendre la proposta B1 d'on venia, i també li va estranyar que aquest projecte no estigués a l'expedient. Segueix dient el senyor Martí que ell no sap si en el fet relatiu al Medi Ambient, hi ha o no hi ha res a dir, però li sorprén que no estigués i no es pugues valorar o comentar.
La senyora Miralles li torna a dir al senyor Martí que no hi ha expedient ni projecte per mirar. Que és el Ministeri el que els envia un projecte d'avaluació ambiental simplificada perquè els tècnics municipals l'informen. Han d'informar el que envia el Ministeri, no l'altre projecte, sobre l'avaluació ambiental. Continua dient que els tècnics de la casa el que fan és el que el Ministeri els demana en l'ofici que envien el 30 de juny.
La senyora Miralles exposa que si el projecte que va fer l'UJI està contemplat allí. Doncs està contemplat. Eixa i altres solucions --explica-- però que l'Ajuntament no sap el que farà el Ministeri que és el qui té les competències d'actuació a la costa. Recalca la senyora Miralles que açò són uns informes sobre una avaluació ambiental i és el que s'enviarà.
Sotmés el dictamen a votació del Ple de la Corporació, per 11 vots a favor, 7 abstencions --representants del grup municipal del Partit Popular-- i 3 vots en contra --representants del grup municipal de Ciutadans--
PUNT 8é. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA L'ACORD DEL PLE DE 26/02/2015, PEL QUE ES DESESTIMA LA SOL·LICITUD D'EXONERACIÓ DE L'OBLIGACIÓ D'EXECUCIÓ D'UN APARCAMENT SUBTERRANI EN L'AMIT DE LA U.E. 13 DEL PGOU DE BENICARLÓ.
«Dictamen a la proposta de desestimació del recurs de reposició interposat contra l'acord del Ple de 26/02/2015, en el què es desestima la sol·licitud d'exoneració de l'obligació d'execució d'un aparcament subterrani en l'amit de la U.E. 13 del PGOU de Benicarló.-Se sotmet a consideració de la Comissió el següent informe-proposta del T.A.G. d'Urbanisme, Sr. Jesús Hernández Lahera, de data 22/05/2015:
"Visto el escrito presentado en fecha 21 de abril de 2015 (registrado de entrada número 6.126) por D. Juan Carlos Sancho García, en representación de la mercantil SARBELLS, S.L., NIF: B-63821367 y domicilio a efectos de notificaciones en la Calle San Ramón número 1-2º de Vinaròs (12500) Castellón, por el que interpone recurso de reposición contra el acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 26/02/15, por el que se desestimó su solicitud de exoneración de la obligación de construcción del aparcamiento subterráneo previsto en el ámbito a urbanizar, recogida en las bases particulares de la programación de la Unidad de Actuación en suelo urbano residencial de Benicarló "UA-13"; por este Técnico de A. G. de Urbanismo se informa lo siguiente:
I.- El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 26 de febrero de 2015, adoptó el siguiente acuerdo:
"PUNT 4t. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE DESESTIMACIÓ DE LA SOL·LICITUD D'EXONERACIÓ DE L'OBLIGACIÓ D'EXECUCIÓ D'UN APARCAMENT SUBTERRANI EN L'ÀMBIT DEL PAI DE LA UE 13 DEL PGOU DE BENICARLÓ, FORMULADA PER L'AGENT URBANITZADOR.
«5.- Dictamen a la propuesta de desestimación de la solicitud de exoneración de la obligación de ejecución de un aparcamiento subterráneo en el ámbito del P.A.I. de la U.E. 13 del PGOU de Benicarló, formulada por el agente urbanizador.- Se somete a consideración de la Comisión la siguiente propuesta del teniente de alcalde delegado del área de Urbanismo y Medio Ambiente, Sr. Pedro López González, de fecha 23 de enero de 2015:
Sotmés el dictamen a votació del Ple de la corporació, per unanimitat s'aprova el dictamen transcrit."
II.- Con fecha 17 de abril de 2015, se presenta en la oficina de Correos de Vinaròs (registrado de entrada en el Ayuntamiento de Benicarló, en fecha 21 de abril de 2015, con el número 6.126) un escrito por D. Juan Carlos Sancho García, en representación de la mercantil SARBELLS, S.L., NIF: B-63821367 y domicilio a efectos de notificaciones en la Calle San Ramón número 1-2º de Vinaròs (12500) Castellón, mediante el que interpone recurso de reposición contra el acuerdo plenario de fecha 26/02/15 (citado en el expositivo anterior) y cuyas alegaciones son del tenor siguiente:
"PRIMERA.- Procedencia de la modificación de pactos contenidos en un convenio urbanístico con motivo de un cambio en las circunstancias concurrentes.
El compromiso complementario de la ejecución de un dotacional privado -aparcamiento- en el subsuelo público de la UE 13 contenido en las Bases Particulares respondía, como era lógico en aquel contexto social y económico, a la previsión de simultaneidad entre la ejecución de las obras de urbanización y las de edificación de las parcelas privativas; Sin perjuicio de que la dotación exigida por el planeamiento respecto al número de aparcamientos por edificabilidad y/o viviendas, ya se cumplía mediante la ejecución de aparcamientos en el subsuelo de cada una de las parcelas privadas sin necesidad de adquirir y ejecutar un dotacional privado -aparcamiento- en el subsuelo público para obtener mayores plazas de aparcamiento de las exigidas por el PGOU. Por tanto, tal compromiso complementario de manera alguna puede tildarse de condición esencial del contrato que impida su modificación o adaptación a las circunstancias concurrentes.
Tal simultaneidad en la ejecución de las obras de urbanización y de edificación ya no constituye una previsión lógica y normal sino excepcional e impropia, por cuanto han cambiado las circunstancias concurrentes y, por consiguiente, de conformidad con el artículo 3 del Cc la Administración está obligada a interpretar las normas en relación al contexto actual y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas tal y como establece el principio general establecido en el referido artículo.
En este sentido, la petición de exoneración de la ejecución de un parking privado en el subsuelo público responde a un cambio en las circunstancias concurrentes y en aras al interés público por lo que la modificación convenida por las partes firmantes del convenio, que consistiría en la no ejecución de dicho parking privado, quedaría amparada por el ius variandi del que goza la Administración en beneficio del interés público, y no supone una modificación ilegal ni del programa ni del convenio urbanístico. Lo que la norma no permite es que la Administración exija nuevas obligaciones con posterioridad a la aprobación definitiva del Programa y ala firma del Convenio urbanístico pero sí reducirlas, minorarlas o readaptarlas a las necesidades del momento en pro al interés público, como sucede en este caso.
Por otro lado, dado que la mercantil adjudicataria fue la única licitadora, de manera alguna la modificación que se propone (de una condición no esencial) perjudica los derechos de terceros licitadores que no concurrieron.
Sabido es por la Administración que modificar cualquier pacto, condición o estipulación del convenio urbanístico, precisa la concurrencia de todas las partes que inicialmente lo crearon, puesto que es regla general de toda contratación, pública o privada, que el cumplimiento de lo convenido no puede quedar al arbitrio de una de aquellas. En el caso que nos ocupa, el agente urbanizador solicita la exoneración de la ejecución del parking por cuanto su exigencia, hoy, no responde a ninguna necesidad legal, social y económica; es más, de no aceptarse tal propuesta, serán los propietarios afectados que no son parte en el contrato o convenio, los afectados directamente por la decisión de esta Administración dado que estarán obligados a adquirir el derecho de edificar en el subsuelo público cuando sus parcelas resultantes podrán albergar en su subsuelo privado las plazas de aparcamiento necesarias según el PGOU. Dichos propietarios han manifestado al Agente Urbanizador su apoyo para que junto con el Ayuntamiento con motivo del cambio en las circunstancias concurrente económicas y sociales, se exonere al Agente Urbanizador de tal incongruente y desmesurada exigencia de ejecutar un parking en el subsuelo público, máxime cuando la dotación de aparcamiento establecido en la Ley se cumplirá por cada propietario en el subsuelo privado de su parcela resultante.
Tal y como establece la Jurisprudencia dado que la Ley no prohíbe la modificación del contrato o cláusula del mismo por mutuo acuerdo de las partes contratantes - esto es el consenso en la modificación bilateral-, ante tal silencio de la legislación de contratos, debe ser admitida, aunque no sea más que como consecuencia del principio de libertad de pactos proclamado en el artículo 3 de la Ley de Contratos, máxime cuando el resultado beneficia al interés público y a todos los propietarios afectados por tal actuación. Hay que tener en cuenta que los contratos en general pueden ser modificados en los términos previstos en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y, fuera de tales casos, en los supuestos previstos en los artículos 194 y 202 de la Ley de Contratos del Sector Público con carácter general y, en particular para cada uno de los tipos contractuales regulados en la citada Ley de conformidad con los artículos que regulan cada uno de ellos.
Por tanto, en el caso que nos ocupa la petición que formula el Agente Urbanizador es plenamente procedente y legítima por cuanto se dan las condiciones establecidas en el artículo 202 de la Ley de Contratos del Sector Público de aplicación supletoria a la LUV, ley aplicable al presente asunto, para que tal petición sea admitida y tramitada por este Ayuntamiento y, en consecuencia, el acuerdo que se impugna mediante el presente, debe declararse nulo de conformidad con lo establecido en los artículos 62.1 e) y f), 62.2 y 63.1 de la LRJPA.
SEGUNDA.- La ejecución del aparcamiento subterráneo requiere una modificación previa de las condiciones que se establecieron en la bases particulares.
No obstante lo anteriormente manifestado, para el caso de que este Ayuntamiento exija la ejecución del aparcamiento privado en el subsuelo público de conformidad con el Estudio de Detalle aprobado y PGOU, deberán modificarse las condiciones estipuladas en el convenio y el PGOU por los siguientes motivos:
El Estudio de Detalle aprobado preveía la ocupación de parte del subsuelo del espacio libre destinado a plaza, para aparcamiento de vehículos, sin acceso ni salida por el espacio público tal y como consta en los planos de ordenación del PGOU. Ello obliga NECESARIAMENTE a la realización de los accesos a través de parcelas privadas, ocupando gran parte de la planta baja de las futuras construcciones que, en ocasiones, hacen inservible el resto de dicha planta para tal uso, lo que genera una situación de desigualdad entre propietarios con los mismos derechos y obligaciones y, en consecuencia, un perjuicio económico a los propietarios de tales parcelas donde debería situarse los accesos y salidas del parking que, obviamente, comportaría la generación de indemnizaciones/compensaciones que de manera alguna podrían lograr paliar tal gravamen en sus parcelas.
Por otra parte la dimensión proyectada, de ocupación del subsuelo, viene ligada a su conexión con las plantas sótano de los futuros edificios, para que se optimice su inversión en plazas de aparcamiento.
La ejecución de un aparcamiento en el subsuelo de la plaza pública llevaría consigo el tener que realizar los accesos, tanto rodados como peatonales, por el propio espacio público. Puesto que, tanto en el Programa como en el Estudio de Detalle, no se contempla dicha situación y, en consecuencia, hoy, no se podría ejecutar dicha obra, sin modificar previamente las condiciones que se establecieron para su ejecución.
Al mismo tiempo la ubicación de este subsuelo bajo el espacio público hace que deba de construirse antes que la propia urbanización de la plaza, quedando dicha construcción sin uso, por lo expuesto anteriormente. Los costes resultantes de la ejecución en primer lugar del aparcamiento y posteriormente de la plaza resultan bastante mas elevados que la construcción de un espacio público sin subsuelo edificado que resultaría un coste mucho menor.
Por tanto cabe concluir que la construcción de este espacio de subsuelo no es viable por el coste que conlleva y que no se rentabiliza y porque, al mismo tiempo, no es accesible sino es afectando parcelas de uso privativo, cuyo desarrollo futuro quedaría absolutamente condicionado.
En aras de una construcción sostenible y equilibrada en cuanto a las cargas que deban de soportar los propietarios incluidos en el ámbito en relación al beneficio que se obtendría, la construcción de un aparcamiento subterráneo en los términos definidos en el Estudio de Detalle aprobado y conforme al PGOU, no es procedente ni técnica ni económicamente, generando graves perjuicios económicos, sin justificación legal, a los propietarios afectados que no tienen el deber legal de soportarlos por cuanto sus parcelas privadas podrán albergar la dotación de plazas de aparcamientos previstas en el PGOU. En este sentido, también por este motivo, el acuerdo municipal que se impugna mediante el presente, más el acuerdo municipal que se impugna debe ser declarado nulo de conformidad con lo establecido en los artículos 62.1 e) y f), 62.2 y 63.1 de la LRJPA.
SE SOLICITA, que tenga por presentado este escrito, lo admita, y tenga por interpuesto en tiempo y forma RECURSO DE REPOSICIÓN contra la Resolución de fecha 26 de Febrero del 2015 y, en sus méritos, (1) DECLARE la nulidad del acuerdo de referencia por ser contrario a Ley de conformidad con lo establecido en el artículo 62.1 e) y f), 62.2 y 63.1 de la Ley tal y como se ha argumentado y justificado en el cuerpo del presente por cuanto la modificación del convenio respecto a la clausula de la ejecución de un dotacional privado -aparcamiento- es procedente legalmente de conformidad con el artículo 202 de la Ley de Contratos del Sector Público, (2) EMITA nuevo acuerdo por el que se requiera al Agente Urbanizador para que presente el Texto Refundido del Proyecto de Reparcelación de la UE13 sin incluir en él la ejecución del aparcamiento privado en el subsuelo público y la distribución de tales aprovechamiento del subsuelo entre los propietarios afectados."
Primero.- Desde el punto de vista jurídico, procede manifestar que el presente informe se emite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por RD 2.568/1986, de 28 de Noviembre y que concurren en el presente recurso, los requisitos generales de carácter formal exigidos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, personalidad suficiente y legitimación en la causa de la parte recurrente, e interposición del recurso en tiempo y forma.
Segundo.- Alega el recurrente para justificar su petición de exoneración de la ejecución de un parking privado en el subsuelo público, que esta responde a un cambio en las circunstancias concurrentes y en aras al interés público, por lo que la modificación convenida por las partes firmantes del convenio, que consistiría en la no ejecución de dicho parking privado, quedaría amparada por el ius variandi del que goza la Administración en beneficio del interés público, y no supone una modificación ilegal, ni del programa ni del convenio urbanístico, ya que entiende que es plenamente procedente y legítima por cuanto se dan las condiciones establecidas en el artículo 202 de la Ley de Contratos del Sector Público de aplicación supletoria a la LUV.
Pues bien, debemos recordarle al Agente Urbanizador (recurrente) que el citado artículo 202 de la LCSP establece literalmente que: "una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir modificaciones en el mismo por razones de interés público y para atender a causas imprevistas, justificando debidamente su necesidad en el expediente" y que "estas modificaciones no podrán afectar a las condiciones esenciales del contrato".
Por tanto, para analizar la posible modificación del contrato, debemos referirnos a toda una jurisprudencia comunitaria, así como a diversas Directivas, que vienen a rechazar o a restringir la posibilidad de modificación del contrato tras su adjudicación, y dicha jurisprudencia comunitaria no puede ser soslayada.
La Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas -en adelante STJCE- de 29 abril 2004 [Comisión contra CAS Succhi di Frutta SpA EDJ2004/44180] entiende que la entidad adjudicadora no está autorizada a alterar el sistema general de la licitación, modificando unilateralmente más tarde una de sus condiciones esenciales y, en particular, una estipulación que, si hubiese figurado en el anuncio de licitación, habría permitido a los licitadores presentar una oferta sustancialmente diferente y que dicha práctica supondría inevitablemente la vulneración de los principios de transparencia y de igualdad de trato entre los licitadores.
"115. En tal contexto, corresponde por tanto a la Comisión, en su condición de entidad adjudicadora, cumplir estrictamente los criterios que ella misma ha establecido, no sólo durante el procedimiento de licitación propiamente dicho, que tiene por objeto la evaluación de las ofertas y la selección del adjudicatario, sino, más en general, hasta la finalización de la fase de ejecución del contrato de que se trata.
116. Por consiguiente, si bien una oferta que no sea conforme a las condiciones estipuladas debe ser evidentemente descartada, la entidad adjudicadora tampoco está autorizada a alterar el sistema general de la licitación modificando unilateralmente más tarde una de sus condiciones esenciales y, en particular, una estipulación que, si hubiese figurado en el anuncio de licitación, habría permitido a los licitadores presentar una oferta sustancialmente diferente.
117. De ello resulta que, en una situación como la del caso de autos, la entidad adjudicadora no podía, tras la adjudicación del contrato y además mediante una decisión cuyo contenido deroga las estipulaciones de los reglamentos adoptados con anterioridad, modificar una condición importante de la licitación como es la relativa a las modalidades de pago de los productos que han de suministrarse.
118. En efecto, si la entidad adjudicadora desea que, por determinadas razones, puedan modificarse ciertas condiciones de la licitación tras haber seleccionado al adjudicatario, está obligada a prever expresamente esta posibilidad de adaptación, así como sus modalidades de aplicación, en el anuncio de licitación elaborado por ella y que establece el marco en el que debe desarrollarse el procedimiento, de forma que todas las empresas interesadas en participar en la licitación tengan conocimiento de ello desde el principio y se hallen así en condiciones de igualdad en el momento de formular su oferta.
119. Por otra parte, en el supuesto de que no se haya previsto expresamente tal posibilidad, pero la entidad adjudicadora pretenda desvincularse de una de las modalidades esenciales estipuladas durante la fase posterior a la adjudicación del contrato, no puede continuar válidamente el procedimiento aplicando condiciones distintas a las estipuladas inicialmente.
120. En efecto, si la entidad adjudicadora estuviera autorizada para modificar a su arbitrio, durante la fase de ejecución del contrato, las propias condiciones de licitación, sin que las disposiciones pertinentes aplicables contengan una habilitación expresa en tal sentido, los términos de la adjudicación del contrato, tal como se estipularon inicialmente, resultarían desnaturalizados.
121. Además, dicha práctica supondría inevitablemente la vulneración de los principios de transparencia y de igualdad, de trato entre los licitadores, puesto que la aplicación uniforme de las condiciones de licitación y la objetividad del procedimiento dejarían de estar garantizadas".
Así mismo, y a partir de la anterior sentencia citada, la STJCE de 19 junio 2008 [Pressetext Nachrichtenagentur GMBH EDJ2008/82091], afirma que las modificaciones de las disposiciones de un contrato público, efectuadas durante la validez de éste, constituyen una nueva adjudicación:
"Con objeto de garantizar la transparencia de los procedimientos y la igualdad de los licitadores, las modificaciones de las disposiciones de un contrato público, efectuadas durante la validez de éste constituyen una nueva adjudicación en el sentido de la Directiva 92/50, EDL1992/15664 cuando presentan características sustancialmente diferentes de las del contrato inicial y, por consiguiente, ponen de relieve la voluntad de las partes de volver a negociar los aspectos esenciales del contrato (véase, en este sentido, la sentencia de 5 de octubre de 2000, Comisión/Francia C-337/98 (TJCE 2010, 94), Rec. p. I-8377, apartados 44 y 46 EDJ2000/26047) ", y en el mismo, sentido la STJUE de 13 abril 2010 , Wall AG y municipio de Fráncfort del Meno EDJ2010/25304."
Tales sentencias, así como la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (EDL2004/44276) han venido a obligar, a la modificación de la LCSP 30/2007 por la Ley 2/2011 de 4 marzo 2011 de Economía Sostenible, y eso que la ley 30/2007 había eliminado, del artículo 202 y concordantes en la regulación específica de los contratos, la posibilidad de modificar los contratos por necesidades nuevas y restringido la posibilidad de modificación en los supuestos de causas imprevistas.
En este sentido el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Zaragoza, en sentencia de 16/03/12, analiza este asunto de la siguiente forma:
"Por tanto, cabe concluir que el artículo 2 de la Directiva citada, que dice: "Los poderes adjudicadores darán a los operadores económicos un tratamiento igualitario y no discriminatorio, y obrarán con transparencia" ya obligaba a interpretar las normas en concordancia con la misma y con el criterio plasmado en dichas resoluciones, algunas anteriores a la modificación impugnada.
En este punto, hay que considerar, que en el Dictamen 215/2010 del Consejo de Estado a la ley de Economía Sostenible 2/2011 de 4 de marzo, se hacía mención a que la UE había iniciado trámites por incumplimiento por España de la Directiva 2004/18/CE.
En concreto, y- en relación a la futura nueva regulación del régimen de Modificación de contratos, se decía: "La memoria del análisis de impacto normativo subraya que la reforma "supone restringir la posibilidad de modificar los contratos públicos, una vez celebrados", restricciones que "se aplican a todos los contratos del sector público", al contrario que la regulación actual, sólo aplicable a los celebrados por las Administraciones Públicas. Ese propósito guarda conexión con el dictamen motivado que la Comisión Europea remitió al Reino de España (en el seno de la fase precontenciosa del procedimiento por incumplimiento del Derecho comunitario), al considerar que el régimen de modificación de los contratos con posterioridad a su adjudicación, tal y como está regulado en la Ley de Contratos del Sector Público, infringía los principios de igualdad de trato, no discriminación y transparencia derivados del artículo 2 de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento- Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004 , sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios. La incorporación al expediente de información acerca de la evolución del referido procedimiento por incumplimiento y, sobre todo, del dictamen motivado de la Comisión, habría sido pertinente para justificar la motivación de la reforma proyectada y muy útil para valorar si la misma responde al parecer de la Comisión". Pues bien, si ya se consideraba insuficiente la normativa de la ley. 30/2007 (RCL 2007, 1964) en su versión original, con mucha más razón habría de hacerse tal consideración de la anterior regulación, por lo que la DT de la ley 30/2007 sólo puede, ser entendida en el sentido de aplicarse de forma inmediata al régimen de modificaciones la regulación más restrictiva, y por ello más acorde al Derecho Comunitario, aunque aun así fuese insuficiente. Tal argumentación cabría hacerla respecto de la entrada en vigor de la ley 2/2011, la cual contiene una horma transitoria, la séptima, idéntica a la que ahora es objeto de análisis, la primera dela ley 30/2007.
A mayor abundamiento, la Circular 1/2011 de la Abogacía del Estado, en relación a la LES 2/2011, pero con un criterio aplicable, a la entrada en vigor de la ley 30/2007-si bien considerando que la literalidad de la norma transitoria séptima, de la ley 2/2011, idéntica a la 1ª de la 30/2007 es la contraria de la que se acaba de considerar por esta sentencia- dice lo siguiente: "El criterio correcto, por ajustado al Derecho de la Unión Europea, consiste en entender que el nuevo régimen de modificación del contrato es aplicable no sólo a los contratos que se adjudiquen tras la entrada en vigor de la LES, sino también a los contratos ya adjudicados con anterioridad a la vigencia de esta norma legal y que actualmente están en fase de ejecución, y ello en razón de que ese régimen de modificación de los contratos no surge ex novo, sino que venia exigido por el Derecho de la Unión Europea y, como se ha dicho, su implantación venia motivada por el desajuste del Derecho español al Derecho de la Unión Europea, desajuste que se plasmaba no sólo en la LCSP, sino también en textos legales anteriores ( Ley 13/1995, de 18 de mayo ( RCL 1995, 1485 y 1948) , de Contratos de las Administraciones Públicas y Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado porReal Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio ( RCL 2000, 1380 y 2126) )".
En relación a todo lo anterior, no puede perderse de vista un criterio interpretativo esencial, que viene dado por LOPJ ( RCL 1985, 1578 y 2635) , art. 5.1 , que dice que la Constitución es la norma- suprema del ordenamiento jurídico, y vincula a todos los Jueces y Tribunales, quienes interpretarán y aplicarán las leyes y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos. Ello obliga también a interpretar las leyes del modo más acorde con la normativa comunitaria, conformé al art. 96.1 CE , y en este caso lo más acorde es interpretar la duda de la DT 1ª de la ley 30/2007 en el sentido de que la modificación de contratos se rija por la normativa más acorde a la jurisprudencia comunitaria. Viene a consagrar tal criterio el propio TS en una reciente sentencia, en recurso de casación en interés de la ley de fecha, de 7-4-2011:
"Después de sintetizar los criterios más relevantes de la STJUE de 22 de diciembre de 2010 EDJ2010/264965 y de directa incidencia en este caso, ha de recordarse, en este punto, que cuando no es posible proceder a una interpretación y aplicación de la normativa nacional conforme con las exigencias del Derecho de la Unión, los órganos jurisdiccionales nacionales y los órganos de la Administración están obligados a aplicarlo íntegramente y a tutelar los derechos que éste concede a los particulares, así como abstenerse de aplicar, en su caso, cualquier disposición contraria del Derecho, interno (en este sentido, las sentencias del TJUE de 22 de junio de 1989, Costanzo, 103/88 (TJCE 1989, 149) , Rec. p. 1839, apartado 33 , y de 14 de octubre de 2010 , Ful3, "C-243/09 , Rec p. I-0000, apartado 63 EDJ2010/200677). En este caso, como se ha visto, haciendo una interpretación literal, sistemática y finalista de la DT 1ª de la ley 30/2007 se puede aplicar la citada ley, que tenía por finalidad adecuar nuestra normativa interna a la normativa comunitaria, y que en sí también se quedaba corta en materia de modificación, habiendo sido necesario introducir nuevas modificaciones en la ley 2/2011 (RCL 2011, 384) ".
d) El cuarto es que por su propia naturaleza, la modificación en materia de contratos requiere un tratamiento diferente, o al menos se justifica que lo tenga, ya que si los efectos, duración, etc, es lógico que se regulen por la normativa anterior, respondiendo al principio general del Derecho del respeto de los derechos adquiridos, DT 1ª del Código Civil ( LEG 1889, 27 ) , la modificación, por responder a una situación, una necesidad, nacida después de la vigencia de la nueva norma, no tiene sentido que se regule por la anterior legislación, perpetuando un ámbito de inaplicación de la norma vigente incluso en relación a hechos nuevos nacidos bajo esta.
e) El quinto, relacionado con el anterior, es porque la modificación de los contratos viene en términos generales a responder al "interés público", normalmente posterior a la entrada en vigor de la nueva norma, pues de lo contrario no se suscitaría el problema de la transitoriedad; y además ha de deberse a necesidades nuevas o causas imprevistas, art. 102 ley 13/1995 de CAP, posteriormente 102 RDL 2/2000 o 202.1 de la redacción inicial de la ley 30/2007. No tiene sentido que la solución a las nuevas necesidades se resuelva aplicando unas normas de modificación de leyes que incluso pueden ser muy antiguas, como ocurriría en este caso, en que sé aplicaría una norma preconstitucional, el D 923/1965 de 8 de abril, y que indirectamente podrían permitir la prolongación de la vigencia de éstas.
f) El sexto, y siguiendo con lo anterior, es que, por otro lado, se podría incurrir en auténticos abusos de derecho, y en realidad las modificaciones posteriores de la ley 30/2007, más restrictivas que ésta, han intentado acotar el excesivo margen de las administraciones en las modificaciones, ya que, por aplicación de la anterior normativa, se podrían eludir normas relativas a la libre competencia, transparencia, etc, muchas de ellas normas de la UE, y se perpetuaría además la aplicación de una norma derogada. En este caso, estableciendo una modificación, que luego veremos que es esencial, y fijando un plazo de 50 años desde que se libre el certificado final de obra, se alargaría la vigencia del D 923/1965 hasta 2062, casi setenta años más desde su derogación, que tuvo lugar en 1995, a lo, que.-habría - qué unir la posible aplicación; de prórrogas, éstas si previstas conforme a la anterior normativa."
Debemos hacer mención al informe del Arquitecto Municipal, Sr. Pérez Lores, de fecha 15 de enero de 2015, en el que se indica que al eliminar la obligatoriedad de ejecutar un aparcamiento subterráneo, sería preciso modificar el planeamiento vigente con objeto de eliminar el aprovechamiento del subsuelo que el Estudio de Detalle ha previsto.
Entendemos que ello provocaría una modificación esencial en el contrato, afectando a los elementos constitutivos del contrato de modo tal, que de haber sido de otra manera en el momento de la licitación inicial, habrían permitido la intervención de otro licitador.
Con más precisión, el TJCE en Sentencia de 19 de junio de 2008 [pressetext Nachrichtenagentur GMBH] ha declarado que: "Sí que existirá, sin embargo, una nueva adjudicación cuando las modificaciones de las disposiciones de un contrato, público efectuadas durante la validez de éste constituyen una nueva adjudicación en el sentido de la Directiva 92/50 cuando presentan características sustancialmente diferentes de las del contrato inicial y, por consiguiente, ponen de relieve la voluntad de las partes de volver a negociar los aspectos esenciales del contrato (véase, en este sentido, la Sentencia de 5 de octubre de 2000, Comisión/Francia, apartados 44 y 46). La modificación de un contrato en vigor puede considerarse sustancial cuando introduce condiciones que, si hubieran figurado en el procedimiento de adjudicación inicial, habrían permitido "la participación de otros licitadores aparte de los inicialmente admitidos. o habrían permitido seleccionar una oferta distinta de la inicialmente seleccionada. Asimismo, la modificación de un contrato inicial puede considerarse sustancial cuando amplia el contrato, en gran medida, a servicios inicialmente no previstos.".
En consecuencia, si aceptamos la existencia de modificaciones esenciales en el contrato, estaríamos cometiendo una infracción del artículo 202 de la ley 30/2007 .
Por todo ello, procede la desestimación del recurso de reposición formulado por el Agente Urbanizador.
Tercero.- En mérito de lo expuesto, de conformidad con las disposiciones citadas y demás normativa de aplicación, procede elevar al Pleno del Ayuntamiento, como órgano competente para la resolución del citado expediente, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 22.2.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, la siguiente:
Primero.- Desestimar el recurso de reposición, interpuesto en fecha 17 de abril de 2015 [presentado en la oficina de Correos de Vinaròs (registrado de entrada en el Ayuntamiento de Benicarló, en fecha 21 de abril de 2015, con el número 6.126)] por D. Juan Carlos Sancho García, en representación de la mercantil SARBELLS, S.L., NIF: B-63821367 y domicilio a efectos de notificaciones en la Calle San Ramón número 1-2º de Vinaròs (12500) Castellón, contra el acuerdo plenario de fecha 26/02/15, de conformidad con los motivos expuestos en el fundamento de derecho segundo del informe del TAG de urbanismo, Sr. Hernández Lahera de fecha 22/05/15, que figura en el expediente.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado, indicándole que contra el presente acto puede interponer recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo con sede en Castellón, en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al recibí de la notificación del presente acto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
La senyora Miralles explica que aquest PAI va ser adjudicat en el seu dia a la mercantil SARBELLS, S.L., i aquesta mercantil el que vol és que se l'exonere de construir un parking subterrani en aquest àmbit, tal com consta que ja que fer-se en l'aprovació del PAI i en la d'adjudicació de l'obra a la mercantil. L'Ajuntament ja va desestimar aquesta sol·licitud i la mercantil ho va recórrer i la proposta que es porta és negar-li aquesta petició en el sentit que se'l exonere de fer el pàrquing subterrani.
PUNT 9é.- DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA VALENCIANA DE TURISME I L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ PER L'ENCÀRREC DE GESTIÓ DE LA REPARACIÓ I MANTENIMENT DE LA INFRAESTRUCTURA HIGIÈNICA I LÚDICA INSTAL·LADA PER L'AGÈNCIA VALENCIANA DE TURISME A LES PLATGES DE BENICARLÓ.
Dono compte a la Corporació del dictamen emés per la Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis al Ciutadà de data 11 d'agost de 2015, del següent tenor literal:
«Segon. Proposta d'aprovació de conveni de col·laboració entre l'Agència Valenciana del turisme i l'ajuntament de Benicarló per l'encàrrec de gestió de la reparació i manteniment de la infraestructura higiènica i lúdica instal·lada per l'Agència Valenciana del turisme a les platges de Benicarló.
Per part de la Presidència es sotmet a votació la següent:
"PROPOSTA D'APROVACIÓ DE CONVENI
1er.- L'Agència Valenciana de Turisme al llarg dels darrers anys ha dotat a les platges de Benicarló de diversa infraestructura, una de caràcter higiènic, com els rentapeus amb aigua tractada de mar, amb les seves conduccions i estacions de bombeig, sistemes de captació d'aigües, passarel·les, màquines per a la neteja de l'arena, etc.; altra, de caràcter lúdic-esportiu, com són els jocs infantils, juvenils i elements esportius, com xarxes de volei, porteries de futbol-Platja, senyalització, cartells i altres elements.
2on.- El manteniment de la diversa infraestructura turística de litoral instal·lada a Benicarló s'ha realitzat des de l'Ajuntament de Benicarló en les darreres cinc temporades.
3er.- Aprovada la proposta de comanda, l'Ajuntament de Benicarló realitzarà, per si o mitjançant la contractació de tercers, el manteniment, reparació i conservació de la infraestructura turística de litoral.
4rt.- L'Agència Valenciana del Turisme com administració encomanant procedirà al pagament del import de la comanda de gestió a l'Ajuntament de Benicarló fins una quantitat total màxima de 6.000 EUR, IVA inclòs, que haurà de destinar-se per l'Ajuntament de Benicarló al pagament de les contractacions de serveis, despeses de personal, honoraris, reposicions necessàries, mitjans auxiliars, transport, taxes, impostos, i altres despeses corrents necessàries per al desenvolupament de l'actuació de reparació i conservació de la infraestructura turística de litoral.
6é.- Vist l'informe de la Tècnica de Turisme de data 28 de maig de 2015.
7é.- Vist l'informe del Secretari de data 1 de juny de 2015.
8é.- Vist l'informe desfavorable del l'Interventor de data 3 de juny de 2015, "per ser un conveni antieconòmic per l'administració local; en el incompliment de la previsió establerta en l'exposició de motius del conveni, a tenor del qual l'Ajuntament de Benicarló està interessat en obtenir de l'Agència Valenciana del Turisme els recursos econòmics necessaris pel seu manteniment i conservació; i en l'incompliment d'allò acordat en la 9a Assemblea general de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, de conformitat amb la qual: Totes les competències autonòmiques que per delegació, encàrrec, etc., es transferisquen a les Entitats Locals han de preveure els mecanismes de finançament acords al seu cost real, tan directes com indirectes, així com les fórmules i criteris d'actualització automàtica".
9é.- Vist l'informe de la Tècnica de Turisme de data 17 de juliol de 2015.
10é. Vist el decret d'Alcaldia de data 23 de juliol de 2015 on es resol:
Primer. Resoldre la discrepància formulada per l'interventor relativa a l'aprovació de l'encàrrec de gestió de la reparació i manteniment de la infraestructura higiènica i lúdica instal·lada per l'Agència Valenciana del Turisme a les platges de Benicarló, l'import del qual és de 6.000EUR (IVA inclòs).
Segon. Seguir el procediment per l'aprovació de l'expedient abans descrit.
Atesa la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, en el seu article 21.1.b)
Atesa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en el seu article 15"
Per tot el que s'ha exposat, la Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis al Ciutadà, proposa amb:
- Els vots favorables de les persones: Rosana Marzá, Ildefonso Año i Roman J. Sánchez del Partit Socialista; Jospe Barberà i Marta Escudero de Compromís- ERPV i Juan José Cornelles de Ciutadans
- I l'abstenció de les persones: José Joaquin Pérez, Maria Nieves Eugenio i José Antonio Simó del Partit Popular.
A l'Ajuntament Ple, l'adopció del següent acord:
Primer. Aprovar la proposta d'acord d'encàrrec de gestió de la reparació i manteniment de la infraestructura higiènica i lúdica instal·lada per l'Agència Valenciana de Turisme a les platges de Benicarló.
Segon. Facultar a l'alcaldessa, per a la signatura dels acords i documents que es deriven d'aquest acord.»
Sra. Marzá:
La senyora Marzá exposa que l'Agència Valenciana de Turisme dota al litoral de diverses infraestructures, de caràcter higiènic i lúdic-esportiu com són els rentapeus, passarel·les, els jocs infantils, juvenils i elements esportius, com xarxes de volei, porteries de futbol-Platja, senyalització, cartells i altres elements.
Mitjançant la firma d'un conveni de l'Ajuntament amb l'Agència Valenciana de Turisme l'Ajuntament es farà càrrec del manteniment d'aquestes instal·lacions i el que es porta avui per aprovar és aquest conveni. Explica la senyora Marzá que aquest conveni contempla 6.000 EUR. i que la Llei contempla la possibilitat que es puga encomanar aquesta gestió a altres administracions, però ho ha d'aprovar el Ple.
Continua la senyora Marzá dient que hi consta a l'expedient l'informe desfavorable per part d'Intervenció. Aquest informe diu que tots els contractes i convenis de col·laboració que afecten despeses i ingressos han de ser valorats per les seues possibles repercussions. L'import del manteniment d'aquestes instal·lacions és un import més elevat, concretament 16.134'72EUR i tot açò provoca un dèficit que afecta negativament a l'estabilitat pressupostaria, per tant, açò pot portar a pressuposar que és un conveni antieconòmic per a l'Ajuntament i aquest és el motiu de l'objecció per part d'Intervenció, però també diu que açò no suspén la tramitació de l'expedient i que la Llei contempla que correspon al ple el fet de resoldre les discrepàncies que hi tenen a veure en obligacions i despeses.
Finalitza la senyora Marzá dient que és el motiu pel qual es porta aquest punt al Ple per a la seua aprovació.
Sotmés el dictamen a votació del Ple de la Corporació, s'acorda, per unanimitat dels membres assistents, en primer lloc, resoldre la discrepància i aixecar l'objecció formulada per la Intervenció Municipal en el seu informe emés en data 3 de juny de 2015 i, en segon lloc, aprovar el dictamen transcrit.
PUNT 10é.- DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚM. 3/2015.
Dono compte a la Corporació del dictamen emés per la Comissió Informativa d'Hisenda i Serveis Econòmics de data 17 d'agost de 2015, del següent tenor literal:
«PUNT 5é. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚM. 3/2015 (Exp. I-001/15-HCADGP).
Se sotmet a consideració de la Comissió el contingut de la proposta formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Hisenda i Serveis Econòmics de data 12 d'agost de 2015, del següent tenor literal:
"Vist l'informe emès pel Sr. Interventor núm. 276/15, de data 12 d'agost de 2015, on es formula objecció de legalitat a l'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 3/2015, en relació amb les relacions de factures núms. F/2015/301 i F/2015/302.
Primer.- Resoldre la discrepància formulada pel Sr. Interventor en el seu informe núm. 276/2015, de data 12 d'agost de 2015.
Segon.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 3/2015, que es presenta en l'Annex adjunt, per un import total de 137.964,28 EUR, i que corresponen a factures que s'agrupen en les relacions de factures núms. F/2015/301 i F/2015/302."
En primer lloc, fa ús de la paraula el Sr. Martí Esbrí, representant del grup municipal Ciutadans per adreçar-se a la presidència de la Comissió per tal de preguntar-li si s'estan prenent mesures per part de l'equip de govern per a disminuir i, en el seu cas, eradicar en el temps les factures que es puguen presentar a l'Ajuntament que vagen, posteriorment, amb informe de reparo per part de la Intervenció municipal.
En segon lloc, el Sr. García Bautista, representant del grup municipal popular, indica que la majoria de l'import de les factures corresponen a la recollida selectiva i que es va parlar en el seu moment per a traure a licitació conjunta la recollida d'escombraries i la recollida selectiva.
En tercer lloc, el Sr. Bueno Bosch, representant del grup municipal Compromís-ERPV, manifesta que és coneixedor de la problemàtica i que l'estratègia de l'equip de govern és la de traure-ho a licitació de forma conjunta.
Seguidament, el Sr. Interventor informa als membres assistents sobre el contingut del seu informe, del qual els membres de la Comissió es donen per assabentats.
Finalment, per part de la Presidència s'indica que per part de l'equip de govern s'estan adoptant les mesures corresponents per a la disminució i, en el seu cas, eradicació de les factures que hagen d'anar amb reparo per part de la Intervenció municipal i que es puguen presentar a partir d'ara.
El Sr. Flos explica el perquè aquestes factures s'han d'aprovar mitjançant un reconeixement extrajudicial de crèdit.
Diu que s'està parlant de factures que avui no tenen el contracte en vigor, bé perquè el contracte ha finalitzat i no s'ha tornat a licitar o bé no s'ha licitat mai. Aquestes corresponent a la Ludoteca, al servei de recollida selectiva o al servei del cobrament en executiva. Es té la intenció des de l'Àrea Econòmica d'anar esmenant tot açò, que es traguen aquestos contractes a licitar i que no es produïsquen aquest tipus de factures. Evidentment aquestes s'han de pagar perquè el servei s'ha donat i és per aquesta raó és el que venen al Ple per aprovar-se mitjançant aquest procediment.
PUNT 11é.- DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚM. 4/2015.-
«PUNT 6é. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚM. 4/2015 (Exp. I-001/15-HCADGP).
"Vist l'informe emès pel Sr. Interventor núm. 277/15, de data 12 d'agost de 2015, on es formula objecció de legalitat a l'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 4/2015, en relació amb la relació de factures núm. F/2015/401.
Primer.- Resoldre la discrepància formulada pel Sr. Interventor en el seu informe núm. 277/2015, de data 12 d'agost de 2015.
Segon.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 4/2015, que es presenta en l'Annex adjunt, per un import total de 1.081,32 EUR, i que corresponen a factures que s'agrupen en la relació de factures núm. F/2015/401."
En segon lloc, el Sr. García Bautista, representant del grup municipal popular, indica que l'import al qual ascendeixen les factures no és molt elevat, però que es corresponen amb els motius expressats per part del Sr. Interventor en el seu informe emès a l'efecte.
Explica el Sr. Flos que en aquest cas l'objecció ve donada perquè la factura correspon a un comerç local que és una comunitat de béns. La Llei no preveu que els ajuntaments puguen contractar amb comunitats de béns i per tant ho portem al Ple i es pagarà perquè es tracta d'un comerç local i que el servei s'ha prestat.
PUNT 12é.- DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚM. 5/2015.-
«PUNT 7é. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚM. 5/2015 (Exp. I-001/15-HCADGP).
"Vist l'informe emès pel Sr. Interventor núm. 278/15, de data 12 d'agost de 2015, on es formula objecció de legalitat a l'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 5/2015, en relació amb les relacions de factures núms. F/2015/501, F/2015/502, F/2015/503 i F/2015/504.
Primer.- Resoldre la discrepància formulada pel Sr. Interventor en el seu informe núm. 278/2015, de data 12 d'agost de 2015.
Segon.- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 5/2015, que es presenta en l'Annex adjunt, per un import total de 21.327,97 EUR, i que corresponen a factures que s'agrupen en les relacions de factures núms. F/2015/501, F/2015/502, F/2015/503 i F/2015/504."
Així mateix, el Sr. Martí Esbrí, donada la circumstància que, d'acord amb l'informe núm. 278/15, emès pel Sr. Interventor de data 12 d'agost de 2015, les actuacions de l'Ajuntament de Benicarló de què porten causa les factures incloses en l'expedient objecte de l'esmentat informe, constitueixen actuacions de l'Administració Pública portades a terme mancant de competència municipal i per determinats motius, és pel qual demana a la Presidència que es lliure un escrit a l'Administració que se supose que siga competent, per tal que aquesta assumisca el pagament de les despeses que se supose que no siguen de competència municipal. D'aquesta manera se sabria si l'Ajuntament de Benicarló s'hauria de fer càrrec o no i, en el seu cas, repercutir l'esmentat import a l'Administració competent.
En segon lloc, el Sr. García Bautista, representant del grup municipal popular, indica que el tema de les competències i l'assumpció de les despeses per l'administració competent no està clarament definida en l'actualitat.
En tercer lloc, el Sr. Bueno Bosch, representant del grup municipal Compromís-ERPV, manifesta que és coneixedor d'aquesta problemàtica i que no només afecta als centres d'educació infantil i primària, sinó també als instituts.
En quart lloc, el Sr. Cerdá Tena, representant del grup municipal popular, indica la problemàtica sorgida en relació amb les factures presentades per part de determinades associacions on sembla ser que hi ha una certa problemàtica en quant a la consideració de prestació de serveis de caire social o religiós.
Són factures --diu el senyor Flos-- que es produeixen perquè l'Ajuntament s'ha extralimitat en les seues funcions, és a dir, que l'Ajuntament no és l'organisme públic que hauria de pagar-les. S'està parlant del que ve a ser el subministrament a les escoles, o de la neteja de les marquesines d'autobusos i que Intervenció considera que hauria de ser la Generalitat qui les assumisca. Des del departament es farà una reclamació a la Generalitat perquè es faça càrrec d'aquestes despeses i en funció de la resposta veurem si seguim assumint tot açò o no.
Sr Martí:
Diu el senyor Martí, que aquestos tres punts farragosos que han passat, corresponen al pagament d'unes factures que fa temps que s'han presentat a l'Ajuntament i no han entrat en un tràmit normalitzat perquè Intervenció a posat objeccions motivades. Ells consideren que és important, que tal com ha dit el Sr. Flos, açò es minimitze al màxim, i que no es faça perdre ni el temps d'ells, ni el dels benicarlandos, ni el dels tècnics de l'Ajuntament en aquest tipus de coses.
PUNT 13é.- PROPOSICIÓ A L'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ A L'ACORD DE MORELLA PER LA N-232 I A-68.
Dono compte a la Corporació de la proposta d'Alcaldia de data 14 d'agost de 2015, del següent tenor literal:
Atés l'informe d'Intervenció de data 14 d'agost de 2015 en el sentit de la innecessarietat d'informe de fiscalització.
Atés el contingut de l'Acord de Morella per la N-322 i A-68
Atés que la N-232 (Vinaròs-Santander) és un eix de vital importància que creua la península Ibèrica.
Atés que mentre en altres províncies la millora de N-232 ha avançat de forma important. I fins i tot s'ha realitzat el desdoblament d'aquesta, transformada en A-68 i que figura en la planificació del Ministeri de Foment en el seu tram fins al mediterrani.
Atés que tant a Castelló com a Terol el seu estat actual és deficient, impropi del que hauria de ser una carretera d'aquesta importància.
Per tot el que s'ha exposat, aquesta Alcaldia proposa al Ple Municipal l'adopció dels següents acords:
Primer. L'Adhesió de l'Ajuntament de Benicarló, a l'Acord de Morella, per la N232 i A-68.
Segon. Que es notifique aquest acord a l'Ajuntament de Morella als efectes escaients. »
Explica la senyora Miralles que el passat 30 de juliol es van reunir a Morella més de trenta autoritats, i que van signar l'Acord de Morella per la Nacional 232 i la A-68. Que ha estat l'ajuntament de Morella el que ho ha fet arribar a l'Ajuntament de Benicarló i que ells consideren que és positiu l'adherir-se.
La Sra. Miralles fa una lectura literal de la proposta d'acord que consta a l'expedient, i posteriorment diu que creuen necessari aquesta l'adhesió, perquè com a membres de la comarca del Baix Maestrat i dels municipis turístics, consideren prioritari que tot el Nord d'Espanya estigue connectat amb la mediterrània mitjançant aquesta nacional 232 i en la infraestructura de la A-68, que en alguns trams d'algunes comunitats ja està feta i en aquestes zones nostres està completament oblidada.
Continua dient la senyora Miralles, que ho consideren una proposta interessant i que com més ajuntaments s'adhereixin més força hi faran, i que a veure si entre tots s'aconsegueix que aquesta infraestructura, tan necessària per al desenvolupament d'aquestes comarques, sigue una realitat.
Sotmesa la proposta a votació del Ple de la Corporació, per unanimitat dels membres assistents, s'aprova el dictamen transcrit.
I com no hi ha més assumptes per a tractar, el president alça la sessió a les 22.09 hores. En dono fe.
I perquè conste als efectes procedents, amb l'excepció de l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, expedesc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcaldessa.
Benicarló, 20 d'agost de 2015