Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-445310642
Timestamp: 2020-08-14 14:06:42
Document Index: 367859774

Matched Legal Cases: ['artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 86', 'artículo 2', 'artículo 53', 'artículo 21', 'artículo 48', 'Artículo 21', 'Artículo 2']

Sentencia de Tutela nº 217/13 de Corte Constitucional, 17 de Abril de 2013 - Jurisprudencia - VLEX 445310642
Acceso a la administración de justicia, debido proceso. Tutela contra providencia judicial. Se acumulan expedientes por unidad de materia. En esta oportunidad se resuelven dos casos en donde los accionantes inician procesos ordinarios para solicitar el incremento pensional del 14%, basados en el artículo 21 del acuerdo 048 de 1990, aprobado por el decreto 0758 del mismo año y las pretensiones son despachadas desfavorablemente, porque a juicio de las autoridades judiciales, se configuraba el fenómeno de la prescripción y por dicho motivo, declararon probada tal excepción. La sala analiza la siguiente temática: 1º. Causales genéricas y específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2º. Causal de procedibilidad por desconocimiento del precedente judicial, específicamente en relación con la imprescriptibilidad en materia pensional. Se concede el amparo solicitado y se ordena a las autoridades judiciales accionadas proferir nuevas sentencias dentro de los procesos ordinarios, en las cuales se tenga en cuenta las consideraciones hechas por la corporación en la presente providencia.
Sentencia citada en: 335 sentencias, 2 artículos doctrinales, una noticia
T-217-13 REPÚBLICA DE COLOMBIA Sentencia T-217/13
Acción de tutela interpuesta por A.C.G. contra el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Barranquilla, Tribunal Superior del Distrito Judicial de BarranquillaS. Laboral (T-3.714.054) y E.E.S.H. contra el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Barranquilla, Tribunal Superior del Distrito Judicial de BarranquillaS. Laboral (T-3.714.056).
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de abril de dos mil trece (2013).
La S. Octava de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la Magistrada María Victoria Calle Correa y los Magistrados L.E.V.S. y A.J.E., quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente
En el proceso de revisión de los fallos proferidos i) en el expediente T- 3.714.054, en primera instancia, por la Corte Suprema de Justicia  S. Laboral el catorce (14) de agosto de dos mil doce (2012) y, en segunda instancia, por la S. Penal de la misma Corporación el treinta (30) de octubre de dos mil doce (2012), en el trámite de la acción de tutela instaurada por el señor A.C.G., contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla  S. Laboral y Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Barranquilla; ii) en el expediente T-3.714.056, en primera instancia, por la Corte Suprema de Justicia  S. Laboral el veintisiete (27) de septiembre de dos mil doce (2012) y, en segunda instancia, por la S. Penal de esa Corporación el primero (1) de noviembre de dos mil doce (2012), en el trámite de la acción de tutela instaurada por el señor A.C.G., contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla  S. Laboral y Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Barranquilla.
ANTECEDENTES EXPEDIENTE T  3.714.054
El señor A.C.G. presentó acción de tutela contra el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Barranquilla y contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad  S. Laboral, por los siguientes:
- Como cotizante en el sector privado, y afiliado al Fondo de Pensiones de los Seguros Sociales  Seccional Atlántico, el accionante solicitó el reconocimiento económico por pensión de vejez, por cumplir con los requisitos exigidos en la Ley 100 de 1993. Por lo anterior, el Instituto de Seguros Sociales[1], reconoció la prestación pensional, mediante Resolución No. 001201 del quince (15) de febrero de dos mil seis (2006)[2].
- El señor C.G. elevó reclamación administrativa para obtener el incremento del 14 % de su prestación, el doce (12) de julio de dos mil diez (2010), por tener a cargo a su cónyuge[3], de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Acuerdo 49 de 1990[4], petición que se resolvió de forma desfavorable, el veintiséis (26) de julio del mismo año.
- En consecuencia, promovió demanda ordinaria laboral contra el ISS, la cual conoció, por reparto, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Barranquilla. Esta autoridad judicial, en sentencia del ocho (8) de julio de dos mil once (2011), absolvió al ISS, decisión que confirmó la S. Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, el veintinueve (29) de febrero de dos mil doce (2012).
- En consideración a lo anterior, el accionante, interpuso acción de tutela por la presunta vulneración de su derecho fundamental a la igualdad, al considerar que las autoridades judiciales incurrieron en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional, y solicitó al juez constitucional el reconocimiento y pago del incremento del 14% de su mesada pensional.
- Mediante auto del seis (6) de agosto de dos mil doce (2012), la S. de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, admitió la acción de tutela y notificó a los intervinientes en el proceso ordinario promovido por el peticionario contra el ISS, para que ejercieran su derecho de defensa y contradicción. Sin embrago, los interesados guardaron silencio.
- Mediante sentencia del catorce (14) de agosto de dos mil doce (2012), la S. de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, negó el amparo deprecado, por cuanto consideró que la providencia del Tribunal se encuentra acorde con la normativa aplicable al caso, comoquiera que el derecho pensional se reconoció mediante Resolución 001201 del quince (15) de febrero de dos mil seis (2006), mientras que la reclamación administrativa se radicó el doce (12) de julio de dos mil diez (2010), de manera que, desde el reconocimiento pensional y la presentación de la solicitud del incremento pensional, transcurrieron cuatro (4) años, tres (3) meses y veintiséis (26) días, configurándose el fenómeno de prescripción, razón por la cual se declaró probada dicha excepción.
- El peticionario impugnó la decisión de primera instancia, sin argumentar las razones de su disenso.
- Mediante sentencia del treinta (30) de octubre de dos mil doce (2012), la S. de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, resolvió la impugnación presentada y confirmó la decisión de primera instancia.
ANTECEDENTES EXPEDIENTE T  3.714.056
El señor E.E.S.H., presentó acción de tutela contra el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Barranquilla y contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad  S. Laboral, por los siguientes:
- Mediante Resolución No. 001569 de 2005[5], el ISS reconoció la pensión de vejez al accionante, por ser beneficiario del régimen de transición, sin incluir el incremento del 14% correspondiente al auxilio por compañera permanente dependiente.
- El ciudadano S.H. elevó reclamación administrativa para obtener el incremento del 14 % de su prestación el tres (03) de diciembre de dos mil ocho (2008), por tener a cargo a su compañera permanente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Acuerdo 49 de 1990, petición que se resolvió de forma desfavorable.
- En consecuencia, a través de apoderado judicial, promovió demanda ordinaria laboral contra el Instituto de Seguros Sociales, la cual conoció, por reparto, el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Barranquilla quien, en sentencia del diecinueve (19) de noviembre de dos mil diez (2010), absolvió al ISS al declarar probada la excepción de prescripción propuesta por la demandada, decisión que confirmó la S. Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, el veintinueve (29) de julio de dos mil once (2011).
- En consideración a lo anterior, el accionante, interpuso acción de tutela por la presunta vulneración de su derecho fundamental a la igualdad, al considerar que las autoridades judiciales incurrieron el un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional, y solicitó al juez constitucional el reconocimiento y pago del incremento del 14% de su mesada pensional.
- Mediante auto del diecisiete (17) de septiembre de dos mil doce (2012), la S. de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia admitió la acción de tutela, notificó a las autoridades accionadas y ordenó correr traslado al Instituto de Seguros Sociales, parte demandada dentro del proceso ordinario laboral en el que se profirió la providencia cuestionada, para que ejercieran su derecho de defensa y contradicción. Sin embrago, los interesados guardaron silencio.
- Mediante sentencia del veintisiete (27) de septiembre de dos mil doce (2012), la S. de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, negó el amparo deprecado, por cuanto consideró que en el presente caso no se cumplió con el principio de inmediatez, en la medida en que el fallo de segunda instancia, dentro del proceso ordinario laboral, fue proferido el veintinueve (29) de julio de dos mil once (2011) y la acción de tutela se impetró transcurrido más de un año. Por último, resaltó el hecho de que el petente no argumentó ni demostró la ocurrencia de alguna situación excepcional e insuperable, que hubiera impedido la presentación de la acción de amparo dentro de un término razonable.
- El peticionario impugnó la decisión de primera instancia, invocó un precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional relativo al requisito de la inmediatez en materia de tutela, sin exponer las razones por las cuales la acción de tutela carece de interposición oportuna.
- Mediante sentencia del primero (1) de noviembre de dos mil doce (2012), la S. de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, resolvió la impugnación presentada y confirmó la decisión de primera instancia.
- Esta S. es competente para revisar las providencias proferidas en el trámite de las acciones de tutela de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9°., de la Constitución Política y en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
- En esta oportunidad la S. conoce los casos de dos personas que solicitan el incremento pensional del 14% con base en el artículo 21 del Acuerdo 49 de 1990 aprobado por el Decreto 0758 del mismo año. En los casos acumulados, el incremento del 14% sobre la mesada pensional ha sido negado porque, a juicio de las autoridades judiciales, en los casos objeto de revisión se configura el fenómeno de prescripción, razón por la cual se declaró probada dicha excepción.
Por lo anterior, corresponde a la S. de Revisión determinar si las providencias objeto de análisis constitucional, en los casos planteados, incurrieron en una causal específica de procedibilidad por defecto sustantivo en la modalidad de desconocimiento del precedente judicial sentado por esta Corporación, al sostener que el reclamo de los incrementos del 14% sobre la pensión mínima legal, de que trata el inciso tercero del artículo 21 del Acuerdo 49 de 1990, que inciden en la cuantificación del derecho a la pensión, son objeto de prescripción, , y consecuentemente, en la vulneración de los derechos fundamentales de los actores a la igualdad, al debido proceso, al mínimo vital y móvil y a la seguridad social en pensiones.
Para dar respuesta a esta pregunta, la S. Octava de Revisión, se referirá a continuación a: i) la jurisprudencia sobre las causales genéricas y específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales; ii) causal de procedibilidad por desconocimiento del precedente judicial, específicamente en relación con la imprescriptibilidad en materia pensional. Reiteración de jurisprudencia; y por último; (iii) se realizará un análisis de los casos concretos.
- La Constitución Política dispone en su artículo 86 que la acción de tutela es un mecanismo judicial preferente y sumario diseñado para la protección de los derechos fundamentales cuando no se cuenta con alguna otra vía judicial de defensa, o cuando existiendo ésta, se acuda a ella como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
- Una vez establecido el cumplimiento de los anteriores requisitos, el juez de tutela sólo podrá conceder el amparo cuando halle probada la ocurrencia de alguno(s) de los defectos constitutivos de las que han sido llamadas causales específicas de procedibilidad de la tutela contra sentencias[14], a saber:
- Conclusión ineludible de las consideraciones precedentes, es que la acción de tutela, como mecanismo de protección inmediata de los derechos fundamentales, procede excepcionalmente para controvertir el sentido y alcance de las decisiones judiciales, siempre que (i) se cumplan los requisitos generales de procedibilidad, (ii) se advierta que la providencia cuestionada incurrió en una o varias de las causales específicas, y (iii) se determine que el vicio o defecto es de tal trascendencia que conlleva la amenaza o la vulneración de derechos fundamentales.
- La Corte Constitucional ha desarrollado esta jurisprudencia en numerosos casos[15] y, específicamente respecto del defecto sustantivo en una decisión judicial, esta Corporación ha sostenido que se configura cuando la actuación controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable,[16] ya sea porque[17] (a) la norma perdió vigencia por cualquiera de las razones de ley (por haber sido derogada o declarada inexequible), (b) es inconstitucional,[18] (c) o porque el contenido de la disposición no tiene conexidad material con los presupuestos del caso.[19] También puede darse en circunstancias en las que a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, se produce (d) un grave error en la interpretación de la norma[20] constitucional pertinente, el cual puede darse por desconocimiento de sentencias de la Corte Constitucional con efectos erga omnes, o cuando la decisión judicial se apoya en una interpretación claramente contraria a la Constitución.[21]
La Corte Constitucional se ha referido a la figura del precedente como el conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver, el cual debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia, teniendo en cuenta su pertinencia para la resolución de un problema jurídico.
- Ahora bien, en materia pensional la Corte ha sentado un amplio precedente jurisprudencial respecto de la prescripción del derecho a reclamar prestaciones pensionales. En este sentido, esta Corporación ha reiterado el carácter irrenunciable e imprescriptible del derecho a la pensión[30].
Para la Corte, el carácter imprescriptible del derecho a la pensión se deriva directamente de principios y valores constitucionales que garantizan la solidaridad que debe regir a la sociedad, y además, se constituye en un instrumento para la especial protección que el Estado debe a las personas que por su edad, condiciones de salud y ausencia de alguna fuente de sustento, tienen mayor dificultad para subsistir, y de esta manera asegurar el mantenimiento de unas condiciones de vida digna[31]. En este sentido, la S. Plena de la Corte Constitucional en sentencia C-198 de 1999 concluyó que la ley no puede consagrar la prescripción del derecho a la pensión como tal, aunque sí puede establecer un término temporal para la reclamación de las distintas mesadas, es decir, solo se podrá consagrar la prescripción extintiva de derechos patrimoniales que surgen del ejercicio de un derecho constitucional, cuando dicho término sea proporcionado y no afecte el contenido esencial mismo.
- En este sentido, en sentencia C-230 de 1998, la Corte desarrolló el carácter imprescriptible del derecho a la seguridad social, al declarar inexequible el parágrafo 2° del artículo 2° de la ley 116 de 1928[34]. La disposición demandada establecía lo siguiente:
Parágrafo. El derecho a solicitar pensiones prescribe a los treinta años.[35]
Así las cosas, la pensión de jubilación, vejez e invalidez, entre otras, no admiten una prescripción extintiva del derecho en sí mismo como cualquier otra clase de derechos, lo cual no significa que se atente contra el principio de seguridad jurídica; por el contrario, constituye un pleno desarrollo de principios y valores constitucionales que garantizan la solidaridad que debe regir en la sociedad, la protección y asistencia especial a las personas de la tercera edad, para mantener unas condiciones de vida digna, así como el derecho irrenunciable a la seguridad social (C.P., arts. 1, 46 y 48), determinando a su vez una realización efectiva del valor fundante que impone la vigencia de un orden económico y social justo, dentro de un Estado social de derecho; consideraciones que hacen inexequible la disposición demandada, salvo para lo relacionado con la denominada pensión gracia de que tratan las disposiciones legales pertinentes, que se conceden por razones diferentes al tiempo de servicio, edad del trabajador o incapacidad para laborar.
- Igualmente, así lo ha expuesto esta Corporación en la Sentencia SU-430 de 1998:
Se trata de un derecho adquirido por el trabajador; aquel que se causa a favor de la persona que ha reunido los requisitos elementales para acceder a la pensión de vejez, luego de haber realizado un "ahorro forzoso" durante gran parte de su vida, teniendo, en consecuencia, el derecho a recibir tal prestación, con el único fin de llegar a la tercera edad y vivir dignamente, acorde con su esfuerzo laboral pasado. Esta prestación no es gratuita ni menos una dádiva que generosamente da una entidad administradora, se trata de un verdadero derecho adquirido que protege la Constitución Política para que cuando el ser humano llegue a la edad de jubilación exigida por la ley, pueda descansar y, además, según el caso, seguir respondiendo a las necesidades de su familia. Por tanto, cuando los requisitos de edad, tiempo de servicio, o semanas cotizadas han pasado de simples expectativas a verdaderos derechos, no pueden ser desconocidos por normas posteriores o por simples decisiones emanadas de las empresas administradoras de pensiones, porque se desconocerían los derechos que ostentan los extrabajadores que han llegado a reunir los requisitos descritos, los cuales son imprescriptibles.
- En conclusión, la imprescriptibilidad de la pensión se predica del derecho considerado en sí mismo, pero no de las prestaciones periódicas o mesadas que él implica y que no han sido cobradas, las cuales se encuentran sometidas a la regla general de prescripción de las acreencias laborales de tres (3) años, prevista en el Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social[36].
Expediente T  3.714.054.
- Examen de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales en los casos concretos.
En el siguiente asunto, la Corte resuelve la acción de tutela interpuesta por el ciudadano A.C.G., contra el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Barranquilla y contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial - S. Laboral de la misma ciudad.
Por cuestiones metodológicas, la S. se referirá por separado a los casos bajo examen solo cuando las características específicas del asunto lo justifiquen.
Encuentra la S. que en los casos bajo examen se observa que las cuestiones que se discuten resultan de indudable relevancia constitucional, toda vez que se persigue la protección eficiente de los derechos fundamentales a la vida digna, al mínimo vital, a la igualdad, a la seguridad social y al debido proceso de personas pertenecientes a un grupo de especial protección, como son los adultos mayores, presuntamente transgredidos como consecuencia de decisiones judiciales que han cobrado firmeza.
Es claro que dentro de los procesos ordinarios laborales, los demandantes desplegaron todos los mecanismos de defensa judicial a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales, pues contra las sentencias de primera instancia proferidas por los Juzgados Cuarto y Octavo Laboral del Circuito de Barranquilla, respectivamente, se instauraron los recursos de apelación pertinentes, los cuales fueron tramitados y resueltos mediante sentencias proferidas por la S. Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad.
En este caso, la sentencia que se controvierte fue proferida el veintinueve (29) de febrero de dos mil diez (2012), y la acción de tutela se interpuso el seis (6) de abril de dos mil doce (2012), es decir, aproximadamente 5 meses después del fallo. Así, considera la S. que el tiempo transcurrido entre la sentencia presuntamente vulneradora de derechos fundamentales y la interposición de la tutela se ajusta al concepto de plazo razonable.
Según la S. Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el término de un (1) año y dos (2) meses basta para considerar que no se ha cumplido el requisito de inmediatez puesto que, en su opinión, es indiscutible que si la demanda constitucional fue presentada el 12 de septiembre, luego de transcurrido más de un año contado desde la última citada, carece de interposición oportuna y razonable
Por lo anterior, considera esta S. de Revisión necesario referirse al requisito de inmediatez en la acción de tutela con el fin de concretar la procedencia de la misma.
Por lo anterior, la orden del juez de tutela debe estar respaldada por la urgencia e inmediatez, en presencia de las cuales la Constitución lo autoriza a modificar una situación de hecho a través de un proceso sumario y expedito en el tiempo[39], condiciones que podrían verse desestimadas si el afectado ha dejado pasar un tiempo irrazonable para reclamar sus derechos.
Por lo anterior, y de acuerdo con el artículo 53 de la Constitución, que establece que el derecho a la seguridad social es irrenunciable, en el presente caso puede determinarse que la vulneración a dicho derecho del señor S.H. persiste en el tiempo. Esto por cuanto, la negación al incremento de su mesada pensional por concepto de compañera permanente dependiente le impide al actor contar con un ingreso básico que le permita satisfacer sus necesidades en forma digna.
De la misma forma, en la sentencia T- 164 de 2011, esta Corporación declaró procedente la acción de tutela de un ciudadano que solicitaba el reconocimiento de la indemnización sustitutiva luego de 10 años de haberle sido negada por parte de CAJANAL. Al respecto dijo, En el presente asunto, puede determinarse que la vulneración al derecho a la seguridad social del señor G.S. persiste en el tiempo, por cuanto, la negación del reconocimiento de la indemnización sustitutiva, le restringe la posibilidad al actor de contar con un ingreso para satisfacer sus necesidades, por lo que no es conducente, como lo anotan los jueces de instancia, alegar la ausencia de este requisito.
Considera la S. que los demandantes identificaron claramente los hechos que, a su juicio, generaron la vulneración alegada, en cada caso y los derechos fundamentales presuntamente infringidos, aspectos que fueron abordados en el trámite de los procesos ordinarios laborales respectivamente.
- Examen de fondo de las sentencias controvertidas
Procede la S. a estudiar los cargos elevados por los actores contra las sentencias proferidas por la S. Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla el veintisiete (27) de septiembre de dos mil doce (2012) y veintinueve (29) de febrero de dos mil doce (2012).
La Corte Constitucional ha establecido el desconocimiento del precedente aplicable al caso como causal material de procedibilidad de la acción de tutela, en razón a que dicho defecto hace parte del defecto sustantivo[45]. Así mismo, en las Sentencias SU- 640 de 1998, T- 462 de 2003 y T- 292 de 2006 se ha señalado que el juez de igual jerarquía debe vincularse al precedente horizontal y el juez de inferior jerarquía al precedente vertical en lo que atañe a la ratio decidendi de una jurisprudencia anteriorhttp://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/T-002-12.htm - _ftn63[46]. En estas sentencias se indica que cuando una instancia jurisdiccional se vaya a apartar del precedente anterior se debe justificar razonadamente su oposición[47]. Esta vinculatoriedad del precedente se relaciona con los principios de seguridad jurídica e igualdad y por el deber que tienen los jueces de armonizar sus decisiones y que de esta manera no se vayan a producir fallos contradictorios cuando se trate de decidir sobre hechos similares. Por otra parte, en la sentencia T-1031 de 2001 esta Corporación decidió que la acción de tutela procede contra una providencia judicial que omite, sin razón alguna, los precedentes aplicables al caso o cuando su discrecionalidad interpretativa se desborda en perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados.
En el caso en cuestión, la S. observa que las sentencias recurridas incurren un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente jurisprudencial establecido está por la Corte Constitucional, el cual estipula que el término de prescripción es predicable únicamente de las mesadas pensionales no reclamadas y deducido del contenido de las prestaciones, razón por la cual estima la S. que en los casos analizados, dar aplicación a los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, constituye una decisión que vulnera directamente los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad con sujeción a los cuales el Estado tiene la obligación de prestar el servicio público de la seguridad social[48]. Por ello, esta S. declarará que, los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y seguridad social de los ciudadanos S.H.E.E. y Constante G.A. fueron vulnerados.
Lo anterior en atención al principio de la imprescriptibilidad de los derechos a la seguridad social, por cuanto el derecho a la pensión o los incrementos que por ley se desprendan de éste son imprescriptibles, en esa medida la prescripción solo es aplicable a las mesadas no reclamadas con anterioridad a los 3 años de solicitadas, por lo tanto de acoger la tesis que al reajuste a la pensión de vejez del 14%, en relación con el cónyuge o compañero o compañera permanente del beneficiario de dicha pensión, que dependiese económicamente de éste y que no esté disfrutando de una pensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Acuerdo 49 de 1990, se le puede aplicar prescripción, equivale a perder una fracción de recursos de este derecho o parte del mismo. Por consiguiente la interpretación hecha por la S. laboral del Tribunal Superior de Barranquilla al decidir aplicar la norma citada, dio a los accionantes un trato diferente e injustificado frente a otras personas en igualdad de circunstancias, incurriendo con sus decisiones en un trato discriminatorio, con la consecuente vulneración del derecho fundamental a la igualdad de los peticionarios, al contrariar lo estipulado en el artículo 48 de la Constitución Política.
Aunado a lo anterior, encuentra la S. que la entidad accionada con su errada decisión, no solo comprometer el derecho a la igualdad de los actores, sino que igualmente vulnera sus derechos a la vida digna y a la seguridad social, pues el no reconocimiento del referido incremento a sus pensiones de vejez, tal y como el ordenamiento jurídico lo está autorizando, compromete las condiciones mínimas de vida de los accionantes.
- Alcance del amparo
En virtud de lo expuesto, la Corte revocará la sentencia proferida por la S. Segunda de decisión de Familia del Tribunal Superior del Distrito de Medellín y, la Corte Suprema de Justicia S. de Casación Civil, que resolvieron denegar la acción de tutela promovida por el señor J.E.R.J., y en su lugar, concederá el amparo solicitado para proteger sus derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. En consecuencia, dejará sin efecto la sentencia del Juzgado Quinto de Familia de Medellín del 14 de diciembre de 2010 y le ordenará proferir una nueva providencia dentro del proceso de declaración de unión marital de hecho promovido por J.E.R.J. contra herederos de L.E.R.C., en la que se tengan en cuenta las consideraciones hechas en la presente sentencia sobre la declaratoria de la unión.
Por todo lo expuesto, esta S. revocara las sentencias proferidas por la S. Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en primera instancia, y la Corte Suprema de Justicia S. Penal, en segunda instancia, dentro del proceso de tutela iniciado por E.E.S.H. contra el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Barranquilla y la S. Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de la misma ciudad, y en su lugar se concederá el amparo de los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y al debido proceso del señor A.C.G.. En consecuencia, se dejará sin efecto la sentencia proferida por la S. Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla el veintinueve (29) de febrero de dos mil doce (2012), dentro del proceso ordinario laboral iniciado por el señor A.C.G. contra el Instituto de Seguros Sociales, y se ordenará a la S. Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla, proferir una nueva sentencia dentro del proceso ordinario laboral iniciado por el señor A.C.G., en la que se tengan en cuenta las consideraciones hechas en la presente providencia.
Por todo lo expuesto, esta S. revocara las sentencias proferidas por la S. Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en primera instancia, y la Corte Suprema de Justicia S. Penal, en segunda instancia, dentro del proceso de tutela iniciado por E.E.S.H. contra el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Barranquilla y la S. Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de la misma ciudad, y en su lugar se concederá el amparo de los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y al debido proceso del señor E.S.H.. En consecuencia, se dejará sin efecto la sentencia proferida por la S. Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla el veintisiete (27) de septiembre de dos mil doce (2012), dentro del proceso ordinario laboral iniciado por el señor E.E.S.H. contra el Instituto de Seguros Sociales y se ordenará a la S. Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla, proferir una nueva sentencia dentro del proceso ordinario laboral iniciado por el señor E.E.S.H., en la que se tengan en cuenta las consideraciones hechas en la presente providencia.
Primero: REVOCAR las sentencias proferidas por la S. Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en primera instancia, y la Corte Suprema de Justicia S. Penal, en segunda instancia, dentro del proceso de tutela iniciado por A.C.G. contra el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Barranquilla y la S. Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de la misma ciudad. En su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y al debido proceso del señor A.C.G..
Segundo: DEJAR SIN EFECTO la sentencia proferida por la S. Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla el veintinueve (29) de febrero de dos mil doce (2012), dentro del proceso ordinario laboral iniciado por el señor A.C.G. contra el Instituto de Seguros Sociales.
Tercero: ORDENAR a la S. Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla, proferir una nueva sentencia dentro del proceso ordinario laboral iniciado por el señor A.C.G., en la que se tengan en cuenta las consideraciones hechas en la presente providencia.
Cuarto: REVOCAR las sentencias proferidas por la S. Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en primera instancia, y la Corte Suprema de Justicia S. Penal, en segunda instancia, dentro del proceso de tutela iniciado por E.E.S.H. contra el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Barranquilla y la S. Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de la misma ciudad. En su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y al debido proceso del señor E.E.S.H..
Quinto: DEJAR SIN EFECTO la sentencia proferida por la S. Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla el veintisiete (27) de septiembre de dos mil doce (2012), dentro del proceso ordinario laboral iniciado por el señor E.E.S.H. contra el Instituto de Seguros Sociales.
Sexto: ORDENAR a la S. Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla, proferir una nueva sentencia dentro del proceso ordinario laboral iniciado por el señor E.E.S.H., en la que se tengan en cuenta las consideraciones hechas en la presente providencia.
N., comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. C..
[3] Consta en el expediente a folio 15 del cuaderno número uno (1) copia de registro civil de matrimonio entre el accionante y la señora R. delC.E.P..
[4] Artículo 21. INCREMENTOS DE LAS PENSIONES DE INVALIDEZ POR RIESGO COMUN Y VEJEZ. Las pensiones mensuales de invalidez y de vejez se incrementarán así: a) En un siete por ciento (7%) sobre la pensión mínima legal, por cada uno de los hijos o hijas menores de 16 años o de dieciocho (18) años si son estudiantes o por cada uno de los hijos inválidos no pensionados de cualquier edad, siempre que dependan económicamente del beneficiario y, b) En un catorce por ciento (14%) sobre la pensión mínima legal, por el cónyuge o compañero o compañera del beneficiario que dependa económicamente de éste y no disfrute de una pensión. Los incrementos mensuales de las pensiones de invalidez y de vejez por estos conceptos, no podrán exceder del cuarenta y dos por ciento (42%) de la pensión mínima legal.
Artículo 2° Amplíase en un año el plazo concedido por la Ley 102 de 1927 para la presentación de las demandas de revisión de las pensiones concedidas hasta que entró en vigencia dicha Ley. Pasado este término, se suspenderá el pago de las pensiones cuya revisión no se hubiere solicitado. Parágrafo. No están sujetas a revisión las pensiones de los maestros de escuela ni las decretadas por leyes especiales o por sentencias de la Corte Suprema de Justicia. Parágrafo. El derecho a solicitar pensiones prescribe a los treinta años.
[37] La razonabilidad de este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada caso concreto. De acuerdo con los hechos, entonces, el juez está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros. Si bien el término para interponer la acción de tutela no es susceptible de establecerse de antemano de manera afirmativa, el juez está en la obligación de verificar cuándo ésta no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que se convierta en factor de inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos fundamentales de terceros, o que desnaturalice la acción. Sentencia SU-961 de 1999.
[46] En la Sentencia T- 292 de 2006 se estableció respecto a la identificación de la Ratio Decidendique, Puede considerarse que se ha identificado adecuadamente la ratio de una sentencia de constitucionalidad, cuando: i) La sola ratio constituye en sí misma una regla con un grado de especificidad suficientemente claro, que permite resolver efectivamente si la norma juzgada se ajusta o no a la Constitución. Lo que resulte ajeno a esa identificación inmediata, no debe ser considerado como ratio del fallo; ii) la ratio es asimilable al contenido de regla que implica, en sí misma, una autorización, una prohibición o una orden derivada de la Constitución; y iii) la ratio generalmente responde al problema jurídico que se plantea en el caso, y se enuncia como una regla jurisprudencial que fija el sentido de la norma constitucional, en la cual se basó la Corte para abordar dicho problema jurídico. Esta Corporación ha indicado que la ratio decidendi sobre un tema jurídico puede consolidarse en una oportunidad posterior, esto es, cuando de manera reiterada se reafirma la regla del fallo inicial en otros casos. En ese sentido, si bien la ratio de una sentencia surge de la sentencia misma, los fallos posteriores de la Corte ofrecen los criterios autorizados para identificar adecuadamente dicha ratio; de manera tal que le permiten al juez o quien habrá de aplicar una sentencia, ser fiel a una interpretación constitucional determinada.
[47] Dijo la Corte en la Sentencia T- 292 de 2006 respecto al deber que tienen los jueces de justificar el cambio de precedente que, El respeto a los precedentes no les permite a las autoridades judiciales desligarse inopinadamente de los antecedentes dictados por sus superiores. De hecho, como el texto de la ley no siempre resulta aplicable mecánicamente, y es el juez quien generalmente debe darle coherencia a través de su interpretación normativa, su compromiso de integrar el precedente es ineludible, salvo que mediante justificación debidamente fundada, el operador decida apartarse de la posición fijada por la Corte, o eventualmente, por su superior funcional ().
[48] Art. 48 CP. La seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley.
Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social.
El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la seguridad social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la ley. La seguridad social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de conformidad con la ley.
No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad social para fines diferentes a ella.
La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante.
Sentencia de Tutela nº 223/01 de Corte Constitucional, 22 de Febrero de 2001
Auto Interlocutorio de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49530 de 25 de Enero de 2017