Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-250-de-abril-24-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_e2ad7a891041002ae0430a010151002a&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-17 18:30:32
Document Index: 356191276

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 49', 'artículo 49', 'artículo 241', 'artículo 49', 'artículo 53', 'artículo 209', 'artículo 29', 'artículo 49', 'artículo 16', 'artículo 125', 'artículo 125', 'artículo 209', 'artículo 4', 'artículo 130', 'artículo 16', 'artículo 253', 'artículo 256', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 53', 'artículo 130', 'artículo 230', 'artículo 130', 'artículo 49', 'artículo 49', 'artículo 16']

﻿ Sentencia C-250 de abril 24 de 2013
SENTENCIA C-250 DE 24 DE ABRIL DE 2013
CONTENIDO:COMISIONES DE PERSONAL EN LAS SUPERINTENDENCIAS. CUANDO LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE LAS SUPERINTENDENCIAS QUE PERTENECEN A LA CARRERA ADMINISTRATIVA QUEDAN EXCLUIDOS DE LA PARTICIPACIÓN QUE GARANTIZAN LAS COMISIONES DE PERSONAL, SE VULNERA EL DERECHO A LA IGUALDAD, PUES SE LES SUSTRAE DEL DISFRUTE DE LAS GARANTÍAS QUE SE RECONOCEN A OTROS SERVIDORES INSCRITOS EN LA CARRERA GENERAL O EN CARRERAS ESPECIFICAS DISTINTAS DE LA CORRESPONDIENTE A LAS SUPERINTENDENCIAS. SE DECLARA INEXEQUIBLE EL ARTÍCULO 49 DEL DECRETO 775 DE 2005 EXPEDIDO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN PÚBLICA DE CONSTITUCIONALIDAD, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, CARRERA ADMINISTRATIVA, COMISIÓN DE PERSONAL DE LA ENTIDAD PÚBLICA
Sentencia C-250 de abril 24 de 2013
Ref.: Expediente D-9212
Asunto: demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 49 del Decreto 775 de 2005, “Por el cual se establece el sistema específico de carrera administrativa para las superintendencias de la administración pública nacional”.
‘Por el cual se establece el sistema específico de carrera administrativa para las superintendencias de la administración pública nacional’.
Responsables del sistema específico de carrera administrativa.
ART. 49.—Para los solos efectos del sistema específico de carrera administrativa de las superintendencias no se conformarán comisiones de personal”.
De conformidad con lo establecido en el numeral 5º del artículo 241 de la Constitución, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir la demanda de inconstitucionalidad de la referencia.
Se resuelve la demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 49 del Decreto 775 de 2005, expedido en virtud de las facultades extraordinarias de las que fue investido el Presidente de la República en el numeral 4º del artículo 53 de la Ley 909 de 2004 y “Por el cual se establece el sistema específico de carrera para las superintendencias de la administración pública nacional”.
De conformidad con las voces del precepto demandado, “Para los solos efectos del sistema específico de carrera administrativa de las superintendencias no se conformarán comisiones de personal”, contenido que, según el actor, viola el preámbulo, así como los artículos 1º, 2º, 125 y 130 de la Constitución, porque las comisiones de personal son un escenario de democracia y participación, forman parte de los órganos de dirección y gestión del empleo público, están funcionalmente articuladas con la Comisión Nacional del Servicio Civil, encargada de la administración y vigilancia de la carrera, de manera que, si no se conforman, resultan afectados los principios de democracia y participación, los procesos de selección por méritos y la función constitucionalmente otorgada a la Comisión Nacional del Servicio Civil.
Con fundamento en lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Corte consiste en determinar si la no conformación de las comisiones de personal en las superintendencias es contraria a los principios democrático y de participación, así como a los que guían la ordenación constitucional de la carrera administrativa y de la Comisión Nacional del Servicio Civil, si el contenido cuestionado es propio de la regulación correspondiente a la carrera administrativa de carácter específico prevista para las superintendencias, si introduce o no un factor de discriminación desconocedor de la igualdad y, por contera, del artículo 209 superior y del debido proceso administrativo contemplado en el artículo 29 de la Carta.
3. El artículo 49 del Decreto 775 de 2005.
Una posición cercana a la que se acaba de exponer, aunque no del todo coincidente con ella, es la sostenida por el departamento de derecho administrativo de la Universidad Externado de Colombia, en cuya intervención se estima que “la disposición demandada, admite, al menos dos interpretaciones divergentes”, a saber: la primera de ellas implicaría la exclusión inexorable de las comisiones de personal en las superintendencias, así como de cualquier mecanismo análogo u homólogo a ellas, mientras que, de acuerdo con la segunda, si bien se excluye la conformación de comisiones idénticas a las previstas en el régimen general de carrera, se le “impone al legislador diseñar algún otro mecanismo homólogo a las comisiones en mención (...) que resulte consecuente con las especificidades propias de las funciones a cargo de una superintendencia y que al propio tiempo salvaguarde los principios y los derechos inherentes a la carrera administrativa y a la situación jurídica de los empleados públicos escalafonados en ella”.
Con base en la redacción del precepto demandado procede afirmar que no es factible que junto a la interpretación de conformidad con la cual se excluye, de manera absoluta, la conformación de comisiones de personal en las superintendencias y para los efectos de su sistema específico de carrera, haya otra que, derivada del mismo precepto, admite las referidas comisiones aun para hacer posible los asuntos referentes a carrera, pues se viene de indicar que el sentido de prohibición presente en la disposición es inconciliable con cualquier orden formulada en sentido positivo o de autorización, por lo cual no cabe sostener que el texto, simultáneamente, da lugar a dos lecturas totalmente contradictorias, una que niega y la otra que afirma precisamente aquello que el texto niega de modo expreso.
4. Las comisiones de personal.
Adicionalmente se les confía velar para que en los procesos de selección se cumplan los principios y reglas previstos en la propia Ley 909 de 2004, participar en la elaboración del plan anual de formación y capacitación y en el de estímulos, así como en su seguimiento y proponer “en la respectiva entidad la formulación de programas para el diagnóstico y medición del clima organizacional”, a todo lo cual se agregan “las demás funciones que le sean atribuidas por la ley o el reglamento”.
Es suficiente la enunciación de funciones expresamente contemplada en el artículo 16 de la Ley 909 de 2004 para demostrar que, en su prístino sentido, las comisiones de personal no pueden ser entendidas sino a propósito de la carrera administrativa, motivo por el cual resulta ineludible aludir brevemente a la citada carrera con el objetivo de determinar si, por intermedio de ella, el ámbito funcional de las comisiones de personal compromete el ejercicio de derechos fundamentales.
Reiteradamente ha precisado la Corte Constitucional que la carrera administrativa es el “instrumento más adecuado ideado por la ciencia de la administración para el manejo del esencialísimo elemento humano en la función pública”(3), que tiene la condición de regla general, en cuanto es el “mecanismo por excelencia para el acceso al empleo público”(4) y que “opera como principio especial del ordenamiento jurídico”(5), con fundamento exclusivo en el mérito, en cuanto “factor definitorio para el acceso, permanencia y retiro del empleo público”(6), conforme se sigue de lo dispuesto en el artículo 125 de la Carta.
De acuerdo con la ordenación superior de la materia, el concurso público es el mecanismo para establecer el mérito y, por ello, también tiene el carácter de regla general que “regula el ingreso y el ascenso”(7) y permite dar cumplimiento al precepto superior, de conformidad con el cual “el ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes”(8).
Esta corporación ha puntualizado que, tratándose de “un principio del ordenamiento superior”, la carrera administrativa “se erige en instrumento eficaz para la realización de otros principios de la misma categoría”(9), por lo cual el sistema de carrera cumple la misión de “hacer compatibles los componentes básicos de la estructura misma del aparato que lo soporta, con los principios y fundamentos básicos del Estado social de derecho”(10).
En este orden de ideas, el artículo 125 de la Constitución guarda directa relación con otros contenidos constitucionales que la jurisprudencia ha clasificado en tres categorías: la garantía del cumplimiento de los fines del Estado, la preservación y vigencia de algunos derechos fundamentales de las personas y la vigencia del principio de igualdad entre los ciudadanos que aspiran a acceder al ejercicio de un cargo o función pública(11).
En lo que toca con el cumplimiento de los fines estatales, la carrera administrativa facilita el desempeño de la función pública por personas calificadas y “bajo la vigencia de los principios de eficacia, eficiencia, moralidad, imparcialidad y transparencia”(12) plasmados en el artículo 209 superior que, por esta vía, también deviene en fundamento constitucional de la carrera administrativa(13).
La relación entre la carrera y la preservación y vigencia de algunos derechos ha sido puesta de presente por esta Corte, al indicar que permite “el acceso al desempeño de funciones y cargos públicos que consagra el artículo 4º, numeral 7º, de la Constitución”(14) y que asegura la protección de los derechos de los trabajadores, pues “las personas vinculadas a la carrera son titulares de unos derechos subjetivos adquiridos, que deben ser protegidos y respetados por el Estado”(15), ejercen su derecho al trabajo “con estabilidad y posibilidad de promoción”(16), de “capacitación profesional”(17) y de obtener los beneficios propios de la calidad de escalafonados, de conformidad con lo establecido en los artículos 2º, 13, 25, 40, 53 y 54 de la Carta(18).
La tercera relación, que se establece entre la carrera administrativa y el derecho a la igualdad, se evidencia en la imposibilidad de erigir “barreras ilegítimas y discriminatorias” que obstruyan “el ejercicio igualitario de los derechos fundamentales”(19) y se manifiesta “como igualdad de trato y de oportunidades”(20) en el acceso al servicio público y en su desempeño, lo que impide establecer distinciones irrazonables, como, por ejemplo, la que separa a los aspirantes externos a proveer un cargo de los empleados de la respectiva entidad que buscan ascender, pues es improcedente prever “una regulación y unas condiciones para quienes pretenden ingresar a la carrera y otras para quienes pretenden ascender dentro de la mencionada carrera”(21).
Desde el punto de vista subjetivo, conviene destacar que aspirantes a ingresar al servicio públicos en cargos de carrera y empleados escalafonados en la misma, así como los encargados, encuentran en las comisiones de personal mecanismos para hacer valer sus pretensiones y derechos de conformidad con la Constitución y la ley, explicándose, a partir de esta afirmación, que dos representantes de los empleados de carrera administrativa, elegidos por ellos concurran a integrar las comisiones, en algunas de cuyas funciones se advierte su condición de escenario para ventilas posibles violaciones de derechos, como, verbi gratia, sucede con la atribución que les permite conocer, en primera instancia, de las reclamaciones planteadas por los empleados que hayan optado por el derecho preferencial a ser vinculados, cuando se les supriman los empleos y “por considerar que han sido vulnerados sus derechos”.
Por último, dada la mención que el actor hace en su libelo, es importante puntualizar que la Comisión Nacional del Servicio Civil, encargada por el artículo 130 superior de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, con excepción de las de carácter especial, incide en el cumplimiento de las funciones encomendadas a las comisiones de personal, dado que los lineamientos señalados por esa comisión deben guiar la función de velar para que los procesos de selección y de evaluación se adelanten según la ley, al paso que la solicitud de exclusión de la lista de elegibles se tiene que presentar ante la Comisión Nacional del Servicio Civil a la que, de conformidad con el artículo 16 de la Ley 909 de 2004, deberán informar “de todas las incidencias que se produzcan en los procesos de selección, evaluación del desempeño y de los encargos”, así como presentarle trimestralmente “un informe detallado de sus actuaciones y del cumplimiento de sus funciones”, pudiendo la comisión, en cualquier momento, “asumir el conocimiento de los asuntos o enviar un delegado suyo para que elabore un informe al respecto y se adopten las decisiones que correspondan”.
En resumidas cuentas, de conformidad con las regulaciones contenidas en el título II de la Ley 909 de 2004, uno de los órganos de dirección y gestión del empleo público y de la gerencia pública es la comisión de personal que se conforme en cada entidad(22), razón por la cual la Corte procede de inmediato a indagar acerca de la relación existente entre el régimen general de carrera administrativa y los regímenes específicos, con el propósito de definir si, tratándose de las comisiones de personal, para el caso de las superintendencias cabe una regulación autónoma y distinta de la prevista en el régimen general.
5. La carrera administrativa en las superintendencias y las comisiones de personal.
Sobre este particular es importante anotar que, a propósito de la carrera administrativa, la Corte ha indicado que existen tres sistemas: el general, los especiales y los denominados específicos. En la actualidad, el primero está regulado por la Ley 909 de 2004 y de los regímenes especiales se ha enfatizado que “tienen origen constitucional, en el sentido de que existe un mandato expreso del constituyente para que en ciertas entidades del Estado se organice un sistema de carrera distinto al general”(23).
Así como acontece con los servidores públicos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, por haberlo dispuesto de tal modo los artículos 217 y 218 de la Carta, de la Fiscalía General de la Nación en virtud de lo establecido en el artículo 253 superior, de la rama judicial en atención a lo previsto en el artículo 256-1 del ordenamiento fundamental y de la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y las universidades del Estado, de conformidad con lo respectivamente señalado en los artículos 268-10, 279 y 69 de la Constitución.
En cuanto a los sistemas específicos, la Corte ha apuntado que su origen es legal, porque “es el legislador, ordinario o extraordinario, quien toma la decisión de crearlos a través de leyes o decretos con fuerza de ley”(24) y, según el artículo 4º de la Ley 909 de 2004, son aquellos que en razón “de la singularidad y especificidad de las funciones que cumplen las entidades en las cuales se aplican, contienen regulaciones específicas para el desarrollo y aplicación de la carrera administrativa en materia de ingreso, capacitación, permanencia, ascenso y retiro del personal y se encuentran consagrados en leyes diferentes a las que regulan la función pública”.
La corporación ha explicado que “la configuración e implementación” de los sistemas específicos “hace parte de la competencia asignada al legislador para regular todo lo atinente a la función pública y, particularmente a la carrera administrativa” y que obedece a la necesidad de adecuar “los componentes constitucionales y legales de la misma, tanto a la complejidad que presenta la función pública, como a las variables que se producen en su seno”, adecuación que requiere “de un amplio margen de flexibilidad”(25).
Al crear un sistema específico, el legislador debe tener en cuenta la singularidad y especificidad de las funciones asignadas a la respectiva entidad, de tal manera que el diseño se encuentre amparado en un principio de razón suficiente y esté precedido “de una juiciosa y cuidadosa evaluación acerca de la verdadera especialidad de las funciones que cumple el respectivo órgano o institución”(26), pues “la decisión de sacar de la órbita del sistema general de carrera a una determinada entidad, arguyendo la singularidad, proyección e importancia de las funciones a su cargo”, ha ser debidamente respaldada y justificada(27).
Acerca de este tópico ya la Corte ha expresado que los sistemas específicos de carrera administrativa “aun cuando se caracterizan por contener regulaciones especiales para el desarrollo y aplicación del régimen de carrera en ciertos organismos públicos, no tienen identidad propia, es decir, no son considerados por ese solo hecho como regímenes autónomos e independientes”, pues son, “en realidad, una derivación del régimen general de carrera”, del cual se apartan solo “en aquellos aspectos puntuales que pugnan o chocan con la especialidad funcional reconocida a ciertas entidades”(28).
Siendo así, los sistemas específicos contienen “una regulación complementaria”, cuya finalidad consiste en “armonizar y hacer compatible el sistema de carrera ordinario con las atribuciones que le hayan sido asignadas a tales entidades”, lo que conduce a que, “en todo caso”, deban mantenerse “los presupuestos esenciales de la carrera general fijados en la Constitución y desarrollados en la ley general que regula la materia”(29).
De esta manera, son dos los componentes que contribuyen a estructurar un sistema específico de carrera, ya que, de un lado, el legislador debe tener en cuenta “la singularidad y especificidad de las funciones que corresponde cumplir a las distintas entidades estatales” y, del otro, también debe atender “los principios básicos que orientan la carrera administrativa general contenidos en la ley general que rige la materia”(30).
Puestas las cosas en este contexto, la cuestión estriba en determinar si dentro de los principios básicos orientadores de la carrera general que no se pueden soslayar al configurar un sistema específico de carrera, alcanza a quedar lo referente a las comisiones de personal, habida cuenta de las funciones a ellas encomendadas. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional se puede afirmar que la adaptación a la singularidad de las funciones asignadas a una entidad regida por un sistema específico conduce a “flexibilizar las garantías y reglas previstas en el régimen general de carrera”(31).
Esa flexibilización no implica la desaparición de los presupuestos esenciales de la carrera, sino su modulación para hacerlos compatibles con las características de la respectiva entidad, siendo del caso examinar cuáles de esos principios y postulados básicos podrían ser objeto de moderación al regular una sistema específico de carrera.
Como quiera que tales principios y postulados se encuentran en la Constitución y en la ley general sobre carrera, resulta pertinente traer de nuevo a colación el artículo 4º de la Ley 909 de 2004, de acuerdo con cuyas voces las regulaciones específicas para sistemas de ese tipo han de contener reglas referentes “al desarrollo y aplicación de la carrera administrativa en materia de ingreso, capacitación, permanencia, ascenso y retiro del personal”.
Son estos, entonces, los distintos ámbitos en los que caben regulaciones flexibles que atiendan a la índole de las funciones de la entidad de que se trate, lo cual permite sostener que las materias diferentes al ingreso, capacitación, la permanencia, el ascenso y el retiro no son, en principio, susceptibles de cambio so pretexto de la instauración de un sistema específico de carrera y menos aun si, fuera de no encajar en ninguno de los mencionados ámbitos, cuentan con una regulación ya dispuesta por el legislador en la ley general.
Aunque no se trata aquí de examinar la situación desde el punto de vista del ejercicio de las facultades extraordinarias que dieron origen al Decreto 775 de 2005, el análisis fundado en esas facultades y que, a propósito de las comisiones de personal, efectuó la Corte en la Sentencia C-895 de 2006 permite sentar la regla expuesta en el párrafo anterior, puesto que, en la citada providencia, se indicó que la creación de la comisión de personal en la unidad administrativa especial de Aeronáutica Civil, la organización de su mesa directiva y lo atinente a sus funciones, número de integrantes y forma de designación no hacían parte del sistema específico de carrera, porque la comisión de personal ya había sido creada por la Ley 909 de 2004, al paso que “la composición de su mesa directiva, el período de sesiones, las funciones de la corporación y el número de personas que la integran, como la manera de designarlas, también habían sido determinadas por el legislador ordinario”(32).
Baste reiterar que el sistema de carrera es principio de orden superior y que en esa condición coadyuva a la “realización y consecución de otros principios como la igualdad, eficacia, prevalencia del interés general e imparcialidad, y de ciertos derechos fundamentales como el trabajo, el acceso al desempeño de funciones y cargos públicos y aquellos derivados de las garantías laborales reconocidas expresamente por el artículo 53 de la actual Carta Política —igualdad de oportunidades, estabilidad laboral, reconocimiento e irrenunciabilidad de beneficios mínimos—”(33).
La Corte ha hecho énfasis en que los sistemas específicos de carrera se ajustarán a la Constitución, siempre que “respeten el principio general” en virtud de la previsión de procedimientos de selección y acceso basados en el mérito, las competencias y calificaciones de los aspirantes, de la garantía de la estabilidad de los servidores, de la determinación de causales de retiro ceñidas a la Constitución y a la ley y siempre que “contribuyan a la realización de los principios y mandatos de la Carta y de los derechos fundamentales de las personas, a tiempo que hagan de ellos mismos instrumentos ágiles y eficaces para el cumplimiento de sus propias funciones, esto es, para satisfacer, desde la órbita de su competencia, el interés general”(34).
Y es que el objetivo de mantener los presupuestos esenciales de la carrera administrativa fijados en la Carta y desarrollados en la ley general reguladora de la materia es el de conferirles seguridad y fijeza, lo que se garantiza al sustraer la carrera administrativa y sus principios básicos de influencias externas capaces de moldear la institución en forma tal que riña con esos postulados constitucionales y legales, haciéndola susceptible de ingerencias [sic] extrañas que le resten o hagan desaparecer su transparencia e imparcialidad o su carácter de instrumento propicio para facilitar el ejercicio de derechos constitucionales.
Ya ha precisado la jurisprudencia de esta Corte que a la Comisión Nacional del Servicio Civil también le corresponde ejercer la administración y vigilancia de los sistemas específicos de carrera administrativa, pues la salvedad que contempla el artículo 130 de la Constitución solo se refiere a los sistemas especiales(35), luego, tratándose de las superintendencias, la comisión debe cumplir las funciones constitucionalmente asignadas y su cabal desarrollo requiere de la comisión de personal como uno de los órganos del régimen específico de carrera.
La razón de que ello sea así radica en que los regímenes específicos “hacen parte del sistema general de carrera”, por lo que la Comisión Nacional del Servicio Civil debe comprenderlos, “dado su alto grado de conexidad con la carrera general que en todos los casos tiene que ser administrada y vigilada por la citada comisión”, cuya actuación garantiza un manejo independiente de la carrera que es acorde con la intención del constituyente “de aislar y separar su organización, desarrollo y control de factores subjetivos que pudieran afectar sustancialmente el adecuado ejercicio de la actividad estatal (...) materializados, entre otros, en el interés que como patrono puede tener el propio Estado, y en particular la rama ejecutiva del poder público, en el proceso mismo de selección, promoción y remoción de sus servidores”(36).
En este orden de ideas, si la desaparición de las comisiones de personal entraba, dificulta o directamente impide el desempeño de las funciones constitucionalmente atribuidas a la Comisión Nacional del Servicio Civil, resulta palmario que se afecta la independencia en la administración y vigilancia de la carrera y que se les abriría un espacio a los factores subjetivos que la Carta proscribe, pues, en la práctica, el legislador extraordinario, mediante la prohibición de conformar las comisiones, dejaría “en cabeza de las mismas entidades públicas nominadoras, a las que decide aplicar un sistema especial de carrera, la función de administración y vigilancia del sistema, patrocinándose así el monopolio sobre el acceso a la función pública que precisamente la Constitución Política buscó evitar y combatir”(37).
Merced a su vínculo y coordinación con la Comisión Nacional del Servicio Civil, las comisiones de personal participan de la fijeza que le corresponde al órgano creado por el artículo 230 superior y, por consiguiente, las referidas comisiones han de entenderse comprendidas cuando se sostiene que la potestad de configuración legislativa en lo concerniente a la implementación de los sistemas de carrera general y específicos “no comprende ni compromete la definición de competencia sobre las funciones de administración y vigilancia de las carreras, por ser este un asunto del que se ha ocupado directamente la Constitución Política, precisamente, al asignarle a través del artículo 130 las dos funciones a la Comisión Nacional del Servicio Civil”(38).
6. El artículo 49 del Decreto 775 de 2005 y el derecho a la igualdad.
En relación con este motivo de censura y de conformidad con reiterada jurisprudencia, es de interés recordar que la configuración de un sistema específico de carrera administrativa debe atender los principios y derechos constitucionales y entre ellos el de igualdad, de forma tal que su instauración no sea la causa del otorgamiento de “tratos diferenciados para ciertos sectores de empleados que no se encuentren plenamente justificados”(39).
La falta de justificación y la consiguiente violación de la igualdad fluye de todo cuanto se ha expuesto y aunque no se precisa de mayores consideraciones en apoyo de esta conclusión, es importante poner de presente la dificultad de realizar un test de igualdad, dificultad que tiene su fuente en la circunstancia de que la adopción de los decretos expedidos por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades extraordinarias que le hayan sido concedidas en ley previa, no está precedida de un procedimiento que dé cuenta de las finalidades o razones de una determinada regulación.
Así lo ha puntualizado la Corte, al sostener que “la posibilidad de que el ejecutivo sea quien legisle —mediante mecanismos carentes de las garantías de publicidad en la formación de los decretos y en los cuales no tienen voz las minorías ni pueden acceder los ciudadanos por medio de sus representantes— resulta claramente extraordinaria” y explica que la figura de la habilitación legislativa haya sido limitada por el constituyente de 1991(40).
Lo anterior pone de manifiesto la violación del derecho a la igualdad que, junto a las otras violaciones de contenidos superiores ya demostradas, conduce a la declaración de inexequibilidad, debiéndose enfatizar, como ya lo hizo la Corte a propósito de otra disposición, que una vez retirado del ordenamiento jurídico el artículo 49 del Decreto 775 de 2005, “no resulta vacío normativo alguno”, por cuanto la comisión de personal en cada superintendencia “quedará conformada de conformidad con lo dispuesto en la ley, artículo 16, numeral 1º de la Ley 909 de 2004”(41).
(3) Cfr. Sentencia C-356 de 1994.
(5) Cfr. Sentencia C-405 de 1995.
(7) Cfr. Sentencia C-349 de 2004.
(8) Cfr. Sentencia C-1122 de 2005.
(9) Cfr. Sentencia C-563 de 2000.
(10) Cfr. Sentencia C-126 de 1996.
(11) Cfr. Sentencia C-588 de 2009.
(12) Cfr. Sentencia C-1177 de 2001.
(13) Cfr. Sentencia C-901 de 2008.
(14) Cfr. Sentencia C-1263 de 2005.
(15) Cfr. Sentencia C-517 de 2002.
(16) Cfr. Sentencia C-1177 de 2001.
(17) Cfr. Sentencia C-588 de 2009.
(18) Cfr. Sentencia C-349 de 2004.
(19) Cfr. Sentencia C-041 de 1995.
(20) Cfr. Sentencia C-588 de 2009.
(21) Cfr. Sentencia C-1265 de 2005.
(22) Cfr. Sentencia C-895 de 2006.
(23) Cfr. Sentencia C-1230 de 2005.
(27) Cfr. Sentencia C-563 de 2000.
(28) Cfr. Sentencia C-1230 de 2005.
(32) Cfr. Sentencia C-895 de 2006.
(33) Cfr. Sentencia C-1079 de 2002.
(34) Cfr. Sentencia C-517 de 2002.
(35) Cfr. Sentencia C-1230 de 2005.
(39) Cfr. Sentencia C-507 de 1995.
(40) Cfr. Sentencia C-097 de 2003.
(41) Cfr. Sentencia C-895 de 2006.