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Timestamp: 2018-12-15 09:40:01
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Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 12', 'artículo 154', 'artículo 160', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 2', 'artículo 9', 'artículo 147', 'artículo 3', 'artículo 8', 'artículo 3', 'artículo 147', 'artículo 12', 'artículo 13', 'artículo 9', 'artículo 35', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 6', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 2', 'artículo 35', 'artículo 241', 'Artículo 2', 'Artículo 75', 'artículo 3']

﻿ SENTENCIA C-405 DE MAYO 4 DE 2004
SENTENCIA C-405 DE 04 DE MAYO DE 2004
CONTENIDO:EL DELITO DE TOMA DE REHENES. SE DECLARA EXEQUIBLE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA TOMA DE REHENES ADOPTADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS EL 17 DE DICIEMBRE DE 1979 Y LA LEY 837 DEL 10 DE JULIO DE 2003, POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA.
TEMAS ESPECÍFICOS:TOMA DE REHENES EN CONFLICTO ARMADO, ONU
Sentencia C-405 de mayo 4 de 2004
Sentencia C-405 de 2004
Ref.: Expediente LAT-248
Revisión constitucional de la “Convención internacional contra la toma de rehenes”, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el diecisiete (17) de diciembre de mil novecientos setenta y nueve (1979) y de la Ley 837 del 10 de julio de 2003, por medio de la cual se aprueba la misma.
Bogotá, D.C., mayo cuatro de dos mil dos.
EXTRACTOS: «II. Los textos del convenio que se revisa y de su ley aprobatoria
A continuación, se transcribe el texto de la ley cuya constitucionalidad se revisa, conforme a su publicación en el Diario Oficial 45.252 de julio 18 de 2003.
Por medio de la cual se aprueba la “Convención Internacional contra la toma de rehenes”, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el diecisiete (17) de diciembre de mil novecientos setenta y nueve (1979).
2. Cada Estado parte adoptará así mismo las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicción respecto de los delitos previstos en el artículo 1º en el caso de que el presunto delincuente se encuentre en su territorio y dicho Estado no acceda a conceder su extradición a ninguno de los Estados mencionados en el párrafo 1º del presente artículo.
2. La detención y las otras medidas, a que se refiere el párrafo 1º del presente artículo serán notificadas sin demora, directamente o por conducto del secretario general de las Naciones Unidas:
e) al Estado del cual sea nacional el presunto delincuente o, si este es apátrida, al Estado en cuyo territorio tenga su residencia habitual;
f) a la organización internacional intergubernamental contra la cual se haya dirigido o intentado la coacción, y
3. Toda persona respecto de la cual se adopten las medidas mencionadas en el párrafo 1º del presente artículo tendrá derecho:
4. Los derechos a que se hace referencia en el párrafo 3º del presente artículo se ejercerán de conformidad con las leyes y reglamentaciones del Estado en cuyo territorio se encuentre el presunto delincuente, a condición, sin embargo, de que esas leyes y reglamentaciones permitan que se cumplan cabalmente los propósitos a que obedecen los derechos concedidos en virtud del párrafo 3º del presente artículo.
5. Lo dispuesto en los párrafos 3º y 4º del presente artículo se entenderá sin perjuicio del derecho de todo Estado que, con arreglo al inciso b) del párrafo 1º del artículo 5º pueda hacer valer su jurisdicción, a invitar al Comité Internacional de la Cruz Roja a ponerse en comunicación con el presunto delincuente y visitarlo.
6. El Estado que proceda a la investigación preliminar prevista en el párrafo 1º del presente artículo comunicará sin dilación sus resultados a los Estados u organizaciones mencionados en el párrafo 2º del presente artículo e indicará si se propone ejercer su jurisdicción.
a) que la solicitud de extradición por un delito mencionado en el artículo se ha hecho con el fin de perseguir o castigar a una persona por causa de su raza, religión, nacionalidad, origen étnico u opinión política; o
4. A los fines de la extradición entre Estados partes, se considerará que los delitos previstos en el artículo 1º se han cometido no solo en el lugar donde ocurrieron sino también en el territorio de los Estados obligados a establecer su jurisdicción de acuerdo con el párrafo 1º del artículo 5º.
2. Las disposiciones del párrafo 1º del presente artículo no afectarán las obligaciones de ayuda judicial mutua estipuladas en cualquier otro tratado.
Siempre que los convenios de Ginebra de 1949 relativos a la protección de las víctimas de la guerra o los protocolos adicionales a esos convenios sean aplicables a un acto determinado de toma de rehenes y que los Estados partes en la presente convención estén obligados en virtud de esos convenios a procesar o entregar al autor de la toma de rehenes, la presente convención no se aplicará a un acto de toma de rehenes cometido durante conflictos armados tal como están definidos en los convenios de Ginebra de 1949 y en sus protocolos, en particular los conflictos armados mencionados en el párrafo 4º del artículo 1º del Protocolo Adicional I de 1977, en que los pueblos luchan contra la dominación colonial y la ocupación extranjera y contra los regímenes racistas en el ejercicio de su derecho a la libre determinación, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.
2. Todo Estado, en el momento de la firma o ratificación de la presente convención o de su adhesión a ella, podrá declarar que no se considera obligado por el párrafo 1º de este artículo. Los demás Estados partes no estarán obligados por lo dispuesto en el párrafo 1º de este artículo respecto de ningún Estado parte que haya formulado esa reserva.
3. Todo Estado parte que haya formulado la reserva prevista en el párrafo 2º de este artículo podrá retirarla en cualquier momento mediante una notificación al secretario general de las Naciones Unidas.
1. La presente convención está abierta a la firma de todos los Estados hasta el 31 de diciembre de 1980, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva Yodé.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, han firmado la presente convención, abierta a la firma en Nueva Yodé, el día 18 de diciembre de 1979.
I hereby certify that the foregoing Je certifie que le texte qui precede text is a true copy of the international est une copie conforme de la Convention against the taking of Convention internationale contre la hostages, adopted by the General prise d’otages, adoptée par Assembly of the United Nations on l’Assemblée générale de 17 December 1979, the original of I’Organisation des Nations Unies which is deposited with the secretary- le 17 décembre 1979, dont I’original general of the United Nations, se trouve déposé auprès du secrétaire général de I’Organisation des Nations Unies.
Para Colombia, el tema abordado por el tratado en cuestión tiene la mayor importancia, no solo por la determinación de actuar de conformidad con los requerimientos internacionales en materia de lucha contra el terrorismo, manteniendo el respaldo y acompañamiento a las acciones internacionales que se adelanten en materia de lucha contra el terrorismo, sino por la propia problemática colombiana que claramente se relaciona con lo regulado por el convenio.
• La convención contiene en el artículo 12 una cláusula de salvaguardia con respecto a la aplicación del Derecho Internacional Humanitario, DIH, mediante la cual se establece que si los instrumentos del DIH son aplicables (es decir, si existe una situación de conflicto armado como las que se definen en ellos) y los Estados partes estén obligados en virtud de esos convenios a procesar o entregar al autor de la toma de rehenes, se aplican de preferencia las disposiciones de los mismos. En principio, por lo tanto, el DIH constituye lex especialis en relación con la convención y, como tal, es de aplicación prevalente.
2. La constitucionalidad del convenio y de su ley aprobatoria en sus aspectos formales.
2.1. La representación del Estado colombiano en la firma del convenio.
Con base en las certificaciones expedidas por la coordinadora del área de tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores y por el jefe de la oficina jurídica de la misma entidad, incorporadas al presente expediente(1), la Corte observa que la convención sub examine no fue suscrita por Colombia. No obstante, en la certificación del jefe de la oficina de dicho ministerio, allegada el 26 de septiembre de 2003, se advierte que el Estado colombiano “podrá hacer parte mediante el procedimiento previsto en el mismo, el cual es la adhesión”.
De igual manera, en el mencionado documento se certifica que el 5 de marzo de 2002, el Presidente de la República impartió aprobación ejecutiva al instrumento internacional objeto de estudio, con el propósito de someterlo a la aprobación del Congreso de la República(2).
2.2. Examen del trámite de la Ley 837 de 2003.
Con fundamento en los antecedentes legislativos, las actas publicadas en las gacetas del Congreso de la República y las certificaciones remitidas a la Corte por el Senado de la República y la Cámara de Representantes, se pudo determinar que el trámite surtido en esa corporación para la expedición de la Ley 837 de 2003 fue el siguiente:
a) El día 19 de marzo de 2002, el Gobierno Nacional, por intermedio de la Viceministra de Relaciones Exteriores presentó el proyecto de ley aprobatoria de la convención materia de estudio, el cual fue radicado bajo el número 226 de 2002 y publicado junto con la respectiva exposición de motivos en la Gaceta del Congreso 79 del 4 de abril del mismo año (págs. 8 a 11)(3);
b) La ponencia para primer debate en la Comisión Segunda del Senado de la República fue presentada por el senador Francisco Murgueitio Restrepo, siendo publicada en la Gaceta del Congreso 132 del 25 de abril de 2002 (págs. 4 y 5)(4);
c) De conformidad con la certificación expedida por el secretario de la comisión segunda del senado de la República de fecha 22 de agosto de 2003(5), el proyecto de ley fue aprobado por la misma en primer debate en la sesión llevada a cabo el día 29 de mayo de 2002, con una votación de 9 senadores a favor y ninguno en contra;
d) La ponencia para segundo debate fue presentada por el senador Francisco Murgueitio Restrepo, la cual fue publicada en la Gaceta del Congreso 220 de junio 11 de 2002 (págs. 31 y 32)(6);
e) Según consta en acta 39 del 20 de junio de 2002, publicada en la Gaceta 263 del 8 de julio de 2002 (págs. 61 y 62)(7), el proyecto de ley fue aprobado en segundo debate en el senado, de conformidad a los trámites constitucionales, legales y reglamentarios;
f) Radicado el proyecto de ley en la Cámara de Representantes con el número 281/2002-Cámara 226/2002-Senado, se le repartió a la Comisión Segunda Constitucional Permanente, siendo designados como ponentes los representantes Carlos Julio González Villa, Dixon Ferney Tapasco Triviño y Óscar Suárez Mira, cuya ponencia fue publicada en la Gaceta del Congreso 584 del 12 de diciembre de 2002 (págs. 8, 9 y 10)(8);
g) De conformidad con la certificación expedida por el secretario de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes de fecha 1º de septiembre de 2003(9), con la asistencia de 17 representantes, dicha comisión aprobó por unanimidad en primer debate el proyecto de ley, según consta en el acta 35 del 19 de marzo de 2003, publicada en la Gaceta del Congreso 254 de junio 6 de 2003 (pág. 5)(10);
h) La ponencia para segundo debate presentada por los representantes Óscar Luis Fernández Ruiz, Dixon Ferney Topasco Triviño y Óscar Suárez Mira fue publicada en la Gaceta del Congreso 162 del 14 de abril de 2003 (págs. 4 y 5)(11);
i) De acuerdo con la certificación expedida por el secretario general de la Cámara de Representantes el 29 de agosto de 2003(12) el proyecto de ley fue aprobado en la plenaria de esa corporación legislativa el día 6 de mayo de 2003, con un quórum de 159 representantes. El acta 50 correspondiente a esta sesión fue publicada en la Gaceta del Congreso 298 de junio 18 de 2003 (pág. 16)(13);
j) El día 16 de julio de 2003, el Presidente de la República sancionó la Ley 837 de 2003, y
Del examen de la integridad del trámite que antecedió la expedición de la Ley 701 de 2001, la Corte advierte que no existe vicio alguno en la formación de la misma. En efecto, el Congreso de la República tramitó el proyecto de ley de acuerdo a lo dispuesto por la Constitución, iniciando su curso en el Senado de la República como lo exige el artículo 154 de la misma; fue publicado antes de darle trámite en las comisiones respectivas; fue aprobado en primero y segundo debate en cada una de las cámaras legislativas; las ponencias respectivas en las comisiones como en las plenarias fueron publicadas antes de iniciarse los correspondientes debates; y, entre el primero y segundo debate en cada Cámara mediaron los términos a que alude el artículo 160 de la Constitución.
El estudio de fondo que le corresponde efectuar a la Corte Constitucional consiste en comparar las disposiciones del texto del convenio que se revisa, con la totalidad de los preceptos constitucionales para determinar si las primeras se ajustan a esta, independientemente de consideraciones de conveniencia, oportunidad, efectividad, utilidad o eficiencia las cuales son ajenas a la competencia de esta corporación.
De conformidad con el artículo 2º, cada Estado parte se compromete a establecer penas adecuadas para cada una de dichas conductas, teniendo en cuenta la gravedad que ofrecen las mismas.
Por su parte, el artículo 3º obliga a los Estados partes, en cuyo territorio el presunto delincuente tenga detenido al rehén, a adoptar las medidas apropiadas para aliviar la situación de este último, asegurar su liberación y una vez liberado, facilitar, cuando proceda, su salida del país. Así mismo, a devolver cualquier objeto que el delincuente haya obtenido como resultado de la toma de rehenes.
El artículo 5º de la convención impone la obligación a cada Estado parte de adoptar las medidas necesarias para establecer jurisdicción sobre el delito de toma de rehenes cuando se cometa en su territorio, por sus nacionales o por personas apátridas que residan habitualmente en su territorio o respecto de un rehén que sea nacional de ese Estado, si este último lo considera apropiado. Se prevé además que cada Estado adoptará las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicción respecto de los delitos previstos en el artículo primero en el caso de que el presunto delincuente se encuentre en su territorio y dicho Estado no acceda a conceder su extradición.
El artículo 6º faculta a cada Estado parte, en cuyo territorio se encuentre el delincuente, a que de conformidad con su legislación interna, detenga o tome las medidas tendientes a asegurar su presencia por el período que sea necesario a fin de permitir la iniciación de un procedimiento penal o de extradición, permitiéndole iniciar una investigación preliminar de los hechos. Indica que dichas medidas serán comunicadas directamente o por conducto del secretario general de las Naciones Unidas, entre otros, al Estado en cuyo territorio se haya cometido el delito; al Estado contra el cual haya sido dirigida o intentada la coacción; y al Estado del que sea nacional la persona natural o jurídica contra la cual haya dirigido. Por ultimo, señala los derechos y garantías procesales de la persona respecto de la cual se adopten las medidas anteriores.
Los artículos 9º y 10 tratan el tema de la extradición, los casos en que no se accederá a la solicitud, el deber de incluir en futuros convenios, entre los delitos que dan lugar a esta sanción, la toma de rehenes.
3.1. La Convención internacional contra la toma de rehenes y su compatibilidad con la Carta Política.
Los principios y propósitos enunciados en el preámbulo del tratado internacional en estudio se ajustan plenamente al artículo 2º superior, puesto que es deber del Estado garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Sin duda, un instrumento internacional que propenda por la prevención, investigación y debido enjuiciamiento de los autores y cómplices de un delito de toma de rehenes, constituye un medio para hacerle frente a un crimen que atenta directamente contra la libertad individual, y en muchos casos la vida e integridad física de quienes lo padecen.
De igual manera, el instrumento internacional es conforme con el artículo 9º constitucional, a cuyo tenor, las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia, como son precisamente aquellos que informan la Carta de las Naciones Unidas, y que aparecen consignados en el preámbulo de la Convención internacional contra la toma de rehenes.
La Convención internacional contra la toma de rehenes hace parte de un conjunto de instrumentos internacionales que instrumentalizan el principio de cooperación en materia penal entre Estados, por medio de los cuales la comunidad internacional, a partir de la década de los setentas, ha venido identificando y definiendo determinados actos de extrema violencia en tanto que manifestaciones del terrorismo internacional como son, entre otros, el secuestro y desvío de aeronaves, los ataques contra la vida, integridad física o libertad de personas internacionalmente protegidas, incluyendo los agentes diplomáticos, y en el contexto de los conflictos armados, los actos o amenazas de violencia cuyo propósito primordial es sembrar el terror en la población civil(14).
A decir verdad, los orígenes remotos del tratado internacional sub examine se hallan en el texto del estatuto del Tribunal Militar de Nüremberg, documento donde tal conducta fue calificada en términos de crimen de guerra (art. 6-c)(15), sin que se definieran los elementos constitutivos del mismo.
Posteriormente, en 1949, los Estados decidieron incluir en el artículo 147 del “Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra”, la toma de rehenes en tanto que infracción grave al derecho internacional humanitario. De igual forma, el artículo 3º común a los cuatro convenios de Ginebra, referente a los conflictos armados internos, dispone que el mencionado comportamiento, junto con otros igualmente graves, “quedan prohibidos en cualquier tiempo y lugar”.
Años más tarde, la toma de rehenes que tuvo lugar durante los Juegos Olímpicos de Munich de 1972, hizo pensar a los Estados en la necesidad de adoptar un tratado multilateral específico encaminado a combatir este delito. A falta de un mayor consenso internacional, los países europeos, el 27 de enero de 1977, adoptaron la Convención Europea para la represión del terrorismo, la cual apunta a limitar la posibilidad de invocar el carácter político de determinados comportamientos que son considerados como terroristas, entre ellos, el desvío de aeronaves, los atentados contra las personas beneficiarias de una especial protección internacional y la toma de rehenes(16).
Durante esa misma época, diversos tratados internacionales sobre derecho internacional humanitario tipificaron como infracción grave a esta normatividad la toma de rehenes, bien que esta tuviese lugar en el curso de un conflicto armado interno(17) o internacional(18). No obstante, ninguno de ellos trae una descripción típica del mencionado comportamiento(19).
Ahora bien, solo hasta 1979, siguiendo las consideraciones que habían sido planteadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 31/103 del 15 de diciembre de 1976, fue adoptada en Nueva Yodé, la Convención Internacional contra la toma de rehenes, instrumento internacional cuyo articulado se inspiró en los textos de la Convención de La Haya del 16 de diciembre de 1970, para la represión de la captura ilícita de aeronaves y la Convención de Montreal del 23 de septiembre de 1971, para la represión de actos ilícitos dirigidos contra la seguridad de la aviación civil(20).
Más recientemente, el estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en su artículo 8º, referente a los crímenes de guerra, tipifica a la toma de rehenes como un comportamiento violatorio de los usos y costumbres de la guerra, en desarrollo de un conflicto armado interno o internacional(21). Al respecto, valga aclarar que el estatuto no especifica en qué consiste exactamente este comportamiento delictual. No obstante, el mismo estatuto dispone, en el citado artículo, que los crímenes de guerra deberán ser cometidos “como parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes”. Aunado a lo anterior, la Corte en Sentencia C-578 de 2002 con ponencia del magistrado Manuel José Cepeda Espinosa, consideró lo siguiente en relación con la mencionada variedad de crímenes:
“Una definición incipiente de crímenes de guerra se encuentra en el estatuto del Tribunal de Nüremberg, que recogió algunas de las prohibiciones establecidas en los convenios de La Haya de 1899 y 1907 y de Ginebra de 1925 y 1929, ya mencionadas. Ese conjunto de conductas consideradas como crímenes internacionales se fue ampliando posteriormente, y, así, en 1949, cuando se aprueban los cuatro convenios de Ginebra(22), se incluye en el artículo 3º común de dichos convenios un listado de conductas realizadas durante un conflicto armado que se estiman atroces(23). A diferencia del llamado derecho de La Haya, relativo principalmente a los métodos de la guerra y al comportamiento de los combatientes, el llamado derecho de Ginebra se refiere principalmente a la protección de personas y bienes especialmente valiosos para la comunidad. Ese listado fue ampliado posteriormente por los protocolos I y II de 1977, adicionales a los convenios de Ginebra de 1949, y su aplicación era posible tanto en conflictos armados de carácter internacional como interno, y luego, recogido por los estatutos de los tribunales Internacionales para la ex Yugoslavia y para Ruanda”.
De lo anteriormente expuesto se evidencia que los tratados internacionales sobre derecho internacional humanitario, si bien disponen que la toma de rehenes es un crimen de guerra, es decir, un comportamiento violatorio de los usos y costumbres aplicables durante situaciones de conflicto armado o, en otros términos, una flagrante vulneración de los principios y reglas que regulan la conducción de las hostilidades, también lo es que no definen tal comportamiento. Tales vacíos, sin embargo, han venido siendo colmados, poco a poco, por la labor del Tribunal Penal Internacional para juzgar los crímenes cometidos en la antigua Yugoslavia. Así por ejemplo, en sentencia del 26 de febrero de 2001, en el asunto de Darío Kordic y Mario Cerkez(24), la Sala de Primera Instancia consideró que para que se configurara una toma de rehenes durante un conflicto armado, un individuo debía “amenazar a personas que se encuentren ilegalmente detenidas con infligirles tratamientos inhumanos o la muerte, y que esas amenazas constituyen un medio para alcanzar una determinada ventaja sobre la otra parte”. Para llegar a tal definición, los jueces internacionales partieron del artículo 147 de la IV Convención de Ginebra de 1949, de los comentarios que al mismo ha realizado el Comité Internacional de la Cruz Roja, y finalmente, de la sentencia Blaskic, según la cual “la acusación debe establecer que al momento de la detención, el acto reprochable ha sido cometido con la intención de obtener una concesión o asegurarse una ventaja”(25).
Por el contrario, el artículo primero de la Convención internacional contra la toma de rehenes de 1979 describe con exactitud en qué consiste este crimen internacional, en tanto que su artículo 12 dispone que siempre que los convenios de Ginebra de 1949, relativos a la protección de las víctimas de la guerra o sus protocolos adicionales sean aplicables a un determinado acto de toma de rehenes y que los Estados partes estén en la obligación de procesar o entregar al autor de la misma “la presente convención no se aplicará”. Así pues, por virtud del tratado internacional, en los casos en que con ocasión y en desarrollo de un conflicto armado interno o internacional sea cometida una toma de rehenes, se aplicarán las normas del derecho internacional humanitario y no las de aquel.
“El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, prive a una persona de su libertad condicionando esta o su seguridad a la satisfacción de exigencias formuladas a la otra parte, o la utilice como defensa, incurrirá en prisión de veinte (20) a treinta (30) años, multa de dos mil (2.000) a cuatro mil (4.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de quince (15) a veinte (20) años”.
Se trata por tanto de un importante desarrollo legislativo de la prohibición internacional de la toma de rehenes, cuando quiera que esta se presente “con ocasión y en desarrollo de un conflicto armado”, es decir, cuando configure un crimen de guerra.
Cabe así mismo señalar que, en relación con los ámbitos territorial y personal de aplicación de la convención, el artículo 13 de la misma dispone expresamente su inaplicación cuando el delito haya sido cometido dentro de un solo Estado, el rehén y el presunto delincuente sean nacionales de dicho Estado y el presunto delincuente sea hallado en el territorio de ese Estado. De tal suerte que el instrumento internacional apunta es a la prevención y sanción de comportamientos graves que trascienden las fronteras nacionales, con implicaciones internacionales y no solo locales.
Ahora bien, al igual que consideró la Corte en la Sentencia C-1055 de 2003, con ponencia del magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra, a propósito de la revisión oficiosa de la Ley 804 del 1º de abril de 2003 “por medio de la cual se aprueba el Convenio internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1997”, en el presente asunto también se estimará que las definiciones contenidas en el artículo primero de la Convención internacional contra la toma de rehenes, se refieren únicamente al objeto y propósito del tratado, lo cual no obsta para que el Estado colombiano legisle autónomamente sobre este crimen internacional, “siempre y cuando no contradiga lo previsto en el presente convenio”.
Una vez definida la toma de rehenes, a lo largo de su articulado, la convención consigna diversas obligaciones de cooperación internacional a cargo de los Estados partes encaminadas todas ellas a hacerle frente a este delito, en especial, (i) la de adoptar medidas legislativas y administrativas dirigidas a la prevención del mismo; (ii) llevar a cabo intercambios de información policial; (iii) establecer su jurisdicción sobre ese crimen; (iv) comunicar al secretario general de las Naciones Unidas el resultado final de la acción penal, y así mismo, (v) incluir en el futuro, en los tratados sobre extradición que sean celebrados con otros Estados, el delito de toma de rehenes. De igual manera se precisa, que la ejecución del instrumento internacional no afectará la aplicación de los tratados sobre asilo, vigentes en la fecha de adopción de la convención; y que igualmente, si un Estado parte decide no conceder la extradición del delincuente, deberá someter el caso a sus autoridades competentes a efectos de su enjuiciamiento, sin excepción alguna y con independencia de que el delito haya o no sido cometido en su territorio.
En lo que concierne al deber de adoptar medidas internas de carácter legislativo y administrativo adecuadas para la prevención y sanción de la toma de rehenes, tal y como esta última es definida en la convención, cabe señalar que, a pesar de los recientes avances que ha conocido la justicia penal internacional, los Estados continúan siendo los primeros responsables en asumir dichas tareas. Sin lugar a dudas, estas obligaciones derivan de un deber aún más general, cual es, la ejecución de buena fe de los compromisos internacionales. Así pues, a partir del momento en que un Estado ratifica un instrumento internacional, se compromete a acordarle todos los efectos internos necesarios(26). En tal sentido, la Corte Permanente de Justicia Internacional, en sentencia del 21 de febrero de 1925, en el asunto del intercambio de poblaciones turcas y griegas, estimó que “un Estado que válidamente ha asumido obligaciones internacionales se compromete a introducir en su legislación las modificaciones que sean necesarias para asegurar la ejecución de los compromisos contraídos”(27). Se trata, por tanto, de una manifestación del principio pacta sunt servanda, aceptado por Colombia en los términos del artículo 9º constitucional.
Ahora bien, dentro de ese deber general de adoptar medidas de carácter interno, la convención dispone que cada Estado parte deberá establecer su jurisdicción cuando quiera que el delito haya sido cometido directamente en su territorio o a bordo de un barco o de una aeronave matriculados en ese Estado; por sus nacionales o por personas apátridas que residan habitualmente en su territorio; con el fin de obligar a ese Estado a una acción u omisión o respecto de un rehén que sea nacional de ese Estado, si este último lo considera apropiado.
Adviértase entonces que el tratado internacional establece a los Estados partes el deber de ejercer su jurisdicción cuando quiera que en su territorio sea cometida una toma de rehenes, es decir, estamos ante una manifestación del ejercicio de su soberanía territorial. Se trata por tanto de aplicar el principio de territorialidad de la ley penal. Al respecto, la Corte en Sentencia C-621 de 2001, con ponencia del magistrado Manuel José Cepeda Espinosa consideró que el mencionado principio consistía en que “el Estado podrá aplicar su derecho penal a las conductas ilícitas ocurridas dentro de los límites de su territorio, o de extensiones jurídicamente aceptadas de este. Se trata de un criterio relativo al ámbito espacial de aplicación de la ley diferente a otros criterios como el estatuto personal o real”. De igual manera, la mencionada obligación se extiende a ejercer jurisdicción sobre los nacionales del Estado vinculado por el tratado internacional.
De manera complementaria, la convención regula, a lo largo de numerosas cláusulas y para diversos efectos jurídicos, el tema de la extradición de los presuntos autores y cómplices del delito de toma de rehenes, figura que, según reiterada jurisprudencia de la Corte(28), no vulnera la Constitución. En efecto, en Sentencia C-1106 de 2000, con ponencia del magistrado Alfredo Beltrán Sierra, se estimó lo siguiente:
A partir del Acto Legislativo 1 de 1997, que reformó el artículo 35 de la Constitución Política, se tiene que la extradición procede contra colombianos por nacimiento (prohibida antes de la reforma mencionada), por adopción y contra extranjeros, salvo las excepciones consagradas en el precepto constitucional, como son: la improcedencia de la extradición por delitos políticos y cuando se trata de hechos cometidos con anterioridad a la promulgación del acto legislativo.
Posteriormente, en Sentencia C-621 de 2001, con ponencia del magistrado Manuel José Cepeda Espinosa, esta corporación se refirió a la ausencia de violación del principio de soberanía debido a la suscripción de tratados de extradición, en los siguientes términos:
“En efecto, cuando un Estado decide, claro está de manera autónoma, si entrega o no a un sindicado solicitado en extradición para dar cumplimiento a compromisos asumidos soberanamente, no está cediendo o perdiendo soberanía sino ejerciéndola, comoquiera que, como ya se dijo, “la facultad de adquirir obligaciones internacionales es un atributo de la soberanía del Estado”(29).
De manera semejante, la Corte en Sentencia C-673 de 2002, con ponencia del magistrado Jaime Araújo Rentería, al examinar el texto de la Convención sobre protección física de materiales nucleares, estimó lo siguiente en materia de extradición:
“La Corte no encuentra ningún reparo de constitucionalidad respecto de las referidas disposiciones pues son desarrollo de la figura de la extradición, incorporada al texto constitucional mediante el Acto Legislativo 1 de 1997. Vale la pena recordar que el fundamento de esta figura en el ordenamiento colombiano es la cooperación internacional, lo cual coincide con la convención que se revisa, y su fin es el de “impedir que una persona que ha cometido un delito en el exterior burle la acción de la justicia, refugiándose en un país distinto de aquel en el que se cometió el delito. En efecto, una de las causas que ha dado origen al nacimiento de esta figura de cooperación internacional ha sido el interés de los Estados en lograr que los delitos cometidos en su territorio ya sea total o parcialmente, no queden en la impunidad”. Por lo anterior, bien puede el Estado colombiano comprometerse a incorporar en su legislación los delitos consagrados en la convención para efectos de la extradición, con el propósito de hacer efectiva la cooperación internacional en la prevención y castigo de tales conductas que, como se sabe, tienen hondas repercusiones a nivel mundial”.
Una vez dilucidado que la figura de la extradición de manera alguna vulnera el principio de soberanía, es preciso tener en cuenta que la convención objeto de examen regula distintos aspectos del mencionado mecanismo de cooperación internacional, que es necesario analizar en detalle.
En primer lugar, el instrumento internacional consagra el principio aut dedere aut iudicare, es decir, “sancionar o extraditar”(30), clásico en materia de cooperación internacional en asuntos penales. En tal sentido, el artículo 8º del mismo dispone que si el Estado donde se halla el presunto delincuente decide negar su extradición “estará obligado a someter el caso a las autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento, sin excepción alguna y con independencia de que el delito haya sido o no cometido en su territorio”. Quiere ello decir que si el Estado considera, en ejercicio de su soberanía, que no debe proceder a extraditar a un presunto responsable del delito de toma de rehenes está obligado a enjuiciarlo, así el delito ni siquiera se hubiese cometido en su territorio, es decir, se trata de un caso de extraterritorialidad de la ley penal.
En efecto, en ocasiones, en virtud del derecho internacional, y sobre todo en atención a la importancia que ofrezca para la comunidad internacional el bien jurídico tutelado que resulte afectado, un Estado está facultado para enjuiciar a una persona que no ha cometido un ilícito dentro de sus fronteras. Al respecto la Corte en Sentencia C-621 de 2001, con ponencia del magistrado Manuel .losó Cepeda Espinosa consideró que “la práctica internacional y los compromisos internacionales aceptados por los Estados, muestran que es compatible con el principio de soberanía, el que un Estado decida soberana y autónomamente, en ciertas circunstancias definidas por el derecho, no aplicar sus leyes penales a conductas realizadas en su territorio o extender la aplicación de sus leyes a hechos ocurridos por fuera de sus fronteras” (negrilla fuera de texto).
Más recientemente, y en igual sentido, la Corte en Sentencia C-1055 de 2003, con ponencia del magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra, consideró que no vulneraba la Constitución una disposición del Convenio internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas de 1997, cuyo artículo 8.1 dispone lo siguiente:
“En los casos en que sea aplicable el artículo 6º, el Estado parte en cuyo territorio se encuentre el presunto delincuente, si no procede a su extradición, estará obligado a someter sin demora indebida el caso a sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento, según el procedimiento previsto en la legislación de ese Estado, sin excepción alguna y con independencia de que el delito haya sido o no cometido en su territorio. Dichas autoridades tomarán su decisión en las mismas condiciones que las aplicables a cualquier otro delito de naturaleza grave de acuerdo con el derecho de tal Estado” (negrilla fuera de texto).
En tercer lugar, el tratado internacional prevé que “las disposiciones de esta convención no afectarán la aplicación de los tratados sobre asilo, vigentes en la fecha de la adopción de esta convención”; y en su artículo 9º, se faculta a los Estados a negar la extradición del presunto responsable del delito cuando existan motivos fundados para creer que la solicitud se ha hecho con el fin de castigar o perseguir a una persona por causa de su raza, religión, nacionalidad, origen étnico u opinión política. En tal sentido, el instrumento internacional se incardina en una importante evolución que ha venido conociendo el derecho internacional de los derechos humanos(31), según la cual, la facultad que tienen los Estados para extraditar a una persona no es absoluta, por cuanto se debe tener en cuenta la situación personal del individuo, así como el riesgo que puede sufrir su dignidad humana en el país hacia el cual es enviado. Así por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado que el Estado puede válidamente negarse a remitir a una persona hacia un Estado donde existan motivos serios para temer que esta última va a ser sometida a tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes(32).
En cuarto lugar, el tratado internacional dispone que la toma de rehenes, será incluida dentro de los delitos “que dan lugar a la extradición en todo tratado de extradición celebrado entre Estados partes. Los Estados partes se comprometen a incluir tales delitos como casos de extradición en todo tratado de extradición que celebren entre sí en el futuro”. Tampoco encuentra la Corte reparo alguno de constitucionalidad sobre esta disposición por cuanto se trata de unas cláusulas que han sido incluidas en otros instrumentos internacionales sobre delitos que vulneran bienes jurídicos especialmente sensibles para la comunidad internacional, los cuales han sido sometidos al control de esta corporación. Así por ejemplo, en Sentencia C-1055 de 2003, con ponencia del magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra, la Corte encontró ajustada a la Carta Política una disposición internacional redactada en términos incluso más amplios que la aludida, incluida en el “Convenio internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas”, en los siguientes términos:
“El artículo 9º señala que los delitos del artículo 2º se incluirán entre los susceptibles de extradición en tratados sobre la materia previos y posteriores a la entrada en vigor del convenio. Si el Estado condiciona la extradición a la existencia de tratado y no ha suscrito este con el Estado solicitante, podrá tomar el convenio como base jurídica para la extradición por la comisión de los delitos en este señalados. Y si el Estado no subordina la extradición a la existencia de tratado deberán reconocer los delitos del convenio como susceptibles de extradición.
El considerar los delitos configurados por los atentados terroristas cometidos con bombas como extraditables está permitido por nuestra Constitución en su artículo 35 según el cual esta medida de colaboración internacional se podrá conceder, solicitar u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y en su defecto con la ley, con excepción de los delitos políticos y los cometidos antes de la promulgación del Acto Legislativo 1 de 1997”.
1. Declarar EXEQUIBLE “la Convención internacional contra la toma de rehenes” adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1979.
2. Declarar EXEQUIBLE la Ley 837 del 10 de julio de 2003, “por medio de la cual se aprueba “la Convención internacional contra la toma de rehenes”, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1979”.
3. ORDENAR la comunicación de la presente sentencia al Presidente de la República, al Ministro de Relaciones Exteriores, para los fines contemplados en el numeral 10 del artículo 241 de la Carta Política.
(1) Folios 36 y 157 a 158, respectivamente.
(2) Folio 160 del expediente.
(3) Folios 40 y 41 del expediente.
(4) Folios 45 y 46 del expediente.
(5) Folios 1 del cuaderno de pruebas del Senado de la República.
(6) Folios 47 y 48 del expediente.
(7) Folios 121 y 122 del cuaderno pruebas del Senado de la República del expediente.
(8) Folios 42 y 43.
(10) Folio 116 del expediente.
(12) Folio 51 del expediente.
(13) Folio 69 del expediente.
(14) OEA/Ser.L/V/II. 116. Doc. 5 rev. 1 corr., 22 de octubre de 2002. Comisión interamericana de derechos humanos, “Informe sobre terrorismo y derechos humanos”. Washington, 2002.
(15) Eduouard Delaplace. “La prise d’otages”, “Droit international pénal”. París, 2000, pág. 387.
(16) G. Fraysse-Druesne. “La Convention Européenne pour la répression du terrorisme”. RGDIP, 1978, págs. 969-1023 y W.D. Verwey. “The international hostages convention and national liberation movements”. AJlL, 1981, págs. 69-92.
(17) Artículo 2º del protocolo adicional II a los cuatro convenios de Ginebra de 1977.
(18) Artículo 75 del protocolo adicional I a los cuatro convenios de Ginebra de 1977.
(19) S. Shubber. “The international convention against the taking of hostages”. BYBIL, 1981, págs. 205-239.
(20) S. Glaser. “Quelques observations sur le détournement d’aéronefs”. RGDlP, 1972, págs. 12-35.
(21) Künt Dormán, “The international criminal court. Elements of crimes and rules of procedure and evidence. New Yodé, 2001.
(22) El contenido de los cuatro convenios es el siguiente: convenio I, para mejorar la suerte de los heridos y enfermos de las fuerzas armadas en campaña; el convenio II, para mejorar la suerte de los heridos, enfermos y náufragos de las fuerzas armadas en el mar; el convenio III, regula el trato de los prisioneros de guerra, y el cuarto convenio, sobre protección de personas civiles en tiempo de guerra. Para 1997, 188 Estados ya eran parte de los cuatro convenios de Ginebra.
(23) El artículo 3º común a los convenios de Ginebra de 1949 dice: ART. 3º—Conflictos no internacionales. En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una de las altas partes contratantes cada una de las partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar, como mínimo, las siguientes disposiciones: 1) Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo. A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba mencionadas: a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios; b) la toma de rehenes; c) los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes; d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados. 2) Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos. Un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja, podrá ofrecer sus servicios a las Partes en conflicto. Además, las Partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos especiales, la totalidad o parte de las otras disposiciones del presente convenio. La aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efectos sobre el estatuto jurídico de las Partes en conflicto.
(24) Tribunal Penal Internacional para juzgar los crímenes cometidos en la antigua Yugoslavia, Sala de Primera Instancia, sentencia del 26 de febrero de 2001, en el asunto de Darío Kordic y Mario Cerkez.
(25) Tribunal Penal Internacional para juzgar los crímenes cometidos en la antigua Yugoslavia, Sala de Primera Instancia, sentencia del 3 de marzo de 2000, asunto Blaskic.
(26) Isabelle Fichet y Marc Mosse. “L’obligation de prendre des mesures internes nécessaires à la prévention et à la répression des infractions”, “Droit international penal”. París, 2000, pág. 871.
(27) Corte Permanente de Justicia Internacional, en sentencia del 21 de febrero de 1925, en el asunto del intercambio de poblaciones turcas y griegas. Serie B, Nº 10, pág. 20.
(28) Ver entre otras: C-622 de 1999, C-740 de 2000, C-1106 de 2000, C-431 de 2001 y C-764 de 2002.
(29) Corte Permanente Internacional de Justicia, asunto del vapor Wimbledon, (Francia/Alemania), 1923, Serie A, Nº 1, pág. 25.
(30) Isabelle Fichet y Marc Mosse. “L’obligation de prendre des mesures internes nécessaires à la prévention et à la répression des infractions”, “Droit international pénal”. París, 2000, pág. 871.
(31) Mikael Poutiers. “L’extradition des auteurs d’infractions internationales”, “Droit international pénal”. París, 2000, pág. 940.
(32) Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sentencia del 7 de julio de 1989, asunto Soering, Serie A, Nº 161.