Source: http://hispanidad.info/prerrofranco.htm
Timestamp: 2018-01-19 05:19:47
Document Index: 124275153

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 6', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 3', 'Artículo 3', 'Artículo 6', 'artículo 11', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 4', 'Artículo 7', 'Artículo 3', 'Artículo 15', 'Artículo 4']

Leyes que atribuyen plenos poderes al General Franco
1. Decreto 138/1936, de 29 de septiembre, por el que se nombra jefe del Gobierno del Estado español al Excmo. Sr. General de división don Francisco Franco Bahamonde, quien asumirá todos los poderes del nuevo Estado
La Junta de Defensa Nacional, creada por el Decreto de veinticuatro de julio de mil novecientos treinta y seis, y el régimen provisional de Mandos combinados, respondía a las más apremiantes necesidades de la liberación de España.
Artículo 1.- En cumplimiento de acuerdo adoptado por la Junta de Defensa Nacional, se nombra Jefe del Gobierno del Estado Español al Excmo. Sr. General de División don Francisco Franco Bahamonde, quien asumirá todos los poderes del nuevo Estado
Artículo 2.- Se le nombra asimismo Generalísimo de las fuerzas nacionales de tierra, mar y aire, y se le confiere el cargo de General Jefe de los Ejércitos de Operaciones.
Artículo 3.- Dicha proclamación será revestida de forma solemne, ante representación adecuada de todos los elementos nacionales que integran este movimiento liberador, y de ella se hará la oportuna comunicación a los Gobiernos extranjeros.
Artículo 4.- En el breve lapso que transcurra hasta la transmisión de poderes, la Junta de Defensa Nacional seguirá asumiendo cuantos actualmente ejerce.
Artículo 5.- Quedan derogadas y sin vigor cuantas disposiciones se opongan a este Decreto.
2. Ley de 30 de enero de 1938
Ley de 1 de octubre de 1936 creó, como órganos principales de la Administración Central del Estado, la Junta Técnica con sus Comisiones, el gobernador general del Estado, las Secretarías de Relaciones Exteriores y general del Jefe del Estado.
Con posterioridad se agregó la Secretaría de Guerra.
En aquella fecha tenía la guerra un carácter exclusivamente nacional que, de haberse mantenido, hubiera terminado rápidamente el empuje siempre victorioso de nuestras armas. Y muy especialmente al servicio de las atenciones de guerra, que absorbían la parte principal en la actividad de nuestra vida pública, fue dirigida aquella organización administrativa.
La rapidez con que hubo de proveerse la organización embrionaria del Estado, imprimió a ésta, de modo necesario, un carácter de provisionalidad. En la actualidad, la insuficiencia de aquella organización es notoria, tanto si se la considera en su constitución cuanto si se atiende a su funcionamiento.
En efecto, a pesar del esfuerzo de los hombres al servicio de aquella organización, exclusivamente administrativa, la normalidad de la vida pública en la parte liberada del solar de la Patria, el volumen y la complejidad creciente de las funciones de gobierno y de gestión, y la necesidad de tener montado de modo completo el sistema administrativo, aconsejan la reorganización de los servicios centrales que sin prejuzgar una definitiva forma del Estado, abra cauce a la realización de una obra de gobierno estable, ordenada y eficaz.
La experiencia de largos años, en que la Administración al mismo tiempo que multiplicaba sus fines perfeccionaba sus medios, no autorizaba prescindir por completo de un sistema de división de trabajo que, teniendo fuerte raigambre en el país, es susceptible de ulteriores perfeccionamientos.
En todo caso, la organización que se lleve a cabo quedará sujeta a la constante influencia del Movimiento Nacional. De su espíritu de origen noble y desinteresado, austera y tenaz, honda y medularmente española, ha de estar impregnada la administración del Estado nuevo.
Implantar esta reforma a fondo es aspiración a cuya realización marchamos desde ahora con voluntad decidida y segura.
Artículo 1.- La Administración Central del Estado se organiza en Departamentos Ministeriales, al frente de los cuales habrá un Ministro asistido de un Subsecretario.
Los Ministros subordinados a la Presidencia, que constituirá un Departamento especial, serán los siguientes:
Organización y Acción Sindical.
Artículo 2.- Cada uno de los expresados Ministerios comprenderá la respectiva Subsecretaría y los Servicios Nacionales que se indican en los Artículos que siguen:
Artículo 3.- Al frente de cada Servicio Nacional habrá un Jefe de Servicio que desempeñará las funciones que antes se hallaban encomendadas a los Directores Generales. Cada Servicio se organizará en las Secciones y Negociados que sean indispensables.
Artículo 4.- La Presidencia comprenderá:
Servicio de Política General y Coordinación.
Artículo 5.- El Ministerio de Asuntos Exteriores comprenderá los siguientes servicios:
Artículo 6.- El Ministerio de Justicia comprenderá los siguientes servicios:
Artículo 7.- El Ministerio de Defensa Nacional se organiza así:
Independiente de las facultades del Ministro encargado de la gestión de este Departamento, el Generalísimo conservará el mando supremo de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire.
Con funciones meramente administrativas existirán tres Subsecretarías correspondientes a las tres ramas indicadas.
Los Servicios técnicos de los Ejércitos seguirán encomendados a los Estados Mayores de tierra, Mar y Aire.
Existirán además los siguientes organismos:
Consejo Superior del Ejército.
Consejo Superior del Aire.
Alto Tribunal de Justicia Militar.
Dirección de Industria de Guerra.
Dirección de Armamento.
Dirección de Movilización, Instrucción y Recuperación.
Artículo 8.- El Ministerio de Orden Público comprenderá los siguientes servicios:
Inspección de la Guardia Civil.
Correos y Telecomunicación.
Se establecerá la adecuada conexión de los Servicios de Seguridad con el Ministerio del Interior a los efectos de secundar la acción política a éste encomendada.
Artículo 9.- El Ministerio del Interior comprenderá los siguientes servicios:
Regiones devastadas y reparaciones.
Los Delegados de Orden Público en las provincias en cuanto se refiere a la gestión de los problemas específicos del Orden Público, dependerán directamente de aquel Ministerio, pero en todos aquellos asuntos de las provincias respectivas que, aun siendo concernientes al Orden Público, trasciendan a la acción política y demás competencias de los Gobernadores Civiles, dependerán también de éstos.
Si en algún caso el Gobernador Civil de una provincia asumiera las funciones del delegado de Orden Público, dependerá a estos efectos, del Ministerio de Orden Público.
Artículo 10.- El Ministerio de Hacienda comprenderá los siguientes servicios:
Propiedad y contribución territorial.
Deuda Pública y Clases pasivas.
Timbres y Monopolios.
Contenciosos del Estado.
Banca, Moneda y Cambio.
Régimen Jurídico de Sociedades Anónimas.
Artículo 11.- El Ministerio de Industria y Comercio comprenderá los siguientes servicios:
Comercio y Política Arancelaria.
Minas y Combustibles.
Tarifas de transportes.
Artículo 12.- El Ministerio de Agricultura comprenderá los siguientes servicios:
Reforma económica y social de la tierra.
Artículo 13.- El Ministerio de Educación Nacional comprenderá los siguientes servicios:
Enseñanza superior y media.
Enseñanza profesional y técnica.
Artículo 14.- El Ministerio de Obras Públicas comprenderá los siguientes servicios:
Puertos y señales marítimas.
Artículo 15.- El Ministerio de Organización y Acción Social comprenderá los siguientes servicios:
Jurisdicción y armonía del trabajo.
Artículo 16.- La Presidencia queda vinculada al Jefe del Estado. Los Ministros, reunidos con él, constituirán el Gobierno de la Nación.
Los Ministros, antes de tomar posesión de sus cargos, prestarán juramento de fidelidad al Jefe del Estado y al Régimen Nacional. El Gobierno tendrá un Vicepresidente y un Secretario elegidos entre sus miembros por el Jefe del Estado.
Dependerán de la Vicepresidencia una Subsecretaría, el Instituto Geográfico y Estadístico, el Servicio de Marruecos y Colonias y el Servicio de Abastecimientos y Transportes. Ejercerá, además, todas las funciones que en ella delegue la Presidencia.
Una vez posesionados de sus cargos, los Ministros procederán a organizar sus Departamentos, proponiendo al Jefe del Estado las disposiciones referentes a su constitución y normas internas y normas de funcionamiento.
Artículo 17.- Al Jefe del Estado, que asumió todos los Poderes por virtud del Decreto de la Junta de Defensa Nacional de 29 de septiembre de 1936, corresponde la suprema potestad de dictar normas jurídicas de carácter general.
Las disposiciones y resoluciones del Jefe del Estado, previa deliberación del Gobierno, y a propuesta del Ministro del ramo, adoptarán la forma de Leyes cuando afecten a la estructura orgánica del Estado o constituyan las normas principales del ordenamiento jurídico del país, y Decretos en los demás casos.
En el ejercicio de la potestad reglamentaria y, en general, en la realización de las funciones administrativas, las resoluciones y disposiciones de los Ministros revestirán la forma de Órdenes.
Artículo transitorio.- Constituido el Gobierno, cesarán en sus funciones la Junta Técnica del Estado con sus Comisiones, las Secretarías de Guerra, Relaciones Exteriores y General del Jefe del Estado, y el Gobierno General.
La Presidencia y los demás Ministerios se harán cargo de la documentación procedente de aquellos Centros en las materias que les competan.
3. Ley de 8 de agosto de 1939
Leyes de Prerrogativa de 1972
(Leyes aprobadas y promulgadas personalmente por Franco en virtud de las prerrogativas de 1938 y 1939 que le autoatribuyen poder legislativo y hasta constitucional)
1. Procedimiento para la coordinación de funciones de los Altos Órganos del Estado (Ley de 14 de julio de 1972)
2. Normas de aplicación a las previsiones sucesorias (Ley de 14 de julio de 1972)
El sistema institucional del Estado español responde a los principios de unidad de poder y coordinación de funciones, y al Jefe del Estado corresponde, según dispone el Artículo 6 de la Ley Orgánica del Estado (R. 1966, 767 y Apéndice 1951-66, 8810 nota), garantizar el regular funcionamiento de los Altos Órganos del Estado y la debida coordinación de los mismos. Estos preceptos de nuestra legislación fundamental necesitan desarrollarse adecuadamente, para regular los distintos supuestos en que esas atribuciones del Jefe del Estado deben ejercerse y evitar, de este modo, lagunas en nuestro ordenamiento jurídico.
A tal fin, y en virtud de las atribuciones que me concede la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica del Estado. Dispongo:
Artículo 1.- Corresponde al Jefe del Estado: Decidir cuantas cuestiones puedan plantearse entre los Altos Órganos del Estado, para garantizar y asegurar el regular funcionamiento de los mismos y la debida coordinación entre ellos, dentro de los principios de unidad de poder y coordinación de funciones, en conformidad con lo que disponen los Artículos 2 y 6 de la Ley Orgánica del Estado y según el procedimiento establecido en la presente Ley.
Artículo 2.- La iniciación del procedimiento a que se refiere el Artículo anterior, a efectos de la decisión que asegure el regular funcionamiento de los Altos Órganos y la debida coordinación entre ellos, corresponde:
b) A los Altos Órganos del Estado, afectados en su competencia y función, y en cuanto estimen que se pone en peligro su regular funcionamiento y debida coordinación a que se refiere el artículo l de la presente Ley.
Artículo 3.- Las cuestiones relativas al regular funcionamiento de los Altos Órganos del Estado y a la debida coordinación entre los mismos podrán plantearse:
Artículo 4.- Planteada una cuestión de coordinación de funciones en los términos establecidos en los Artículos anteriores de la presente Ley, el procedimiento a seguir, que en todo caso tendrá carácter de secreto, será el siguiente:
a) En el plazo máximo de dos meses, a contar desde el día en que por el Jefe del Estado se declare procedente el planteamiento de dicha cuestión, los Altos Órganos implicados formularán escrito razonado de sus respectivas posiciones, con cuantos alegatos estimen oportunos y formulando la propuesta de decisión que, a su respectivo juicio, procede sea adoptada por el Jefe del Estado. Dichos escritos serán redactados: Por el Gobierno y la Comisión Permanente de las Cortes, en el caso del apartado a) del Artículo anterior. Por la Comisión Permanente de las Cortes y la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, en el supuesto del apartado b). Y por el Gobierno y la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, en el caso del apartado c).
b) Recibida por el Jefe del Estado la documentación a que se refiere el apartado anterior, la enviará a la Comisión Permanente del Consejo Nacional, que, en el plazo máximo de un mes, emitirá informe, por escrito razonado, al Jefe del Estado, exponiendo lo que a juico de dicha Comisión Permanente proceda.
Artículo 5.- La decisión del Jefe del Estado, en uso de las atribuciones que le concede el Artículo 6 de la Ley Orgánica del Estado, deberá ser refrendada:
1. Por el Presidente de las Cortes, en el supuesto del apartado c) del Artículo 3 de la presente Ley.
2. Por el Presidente del Gobierno, en el supuesto del apartado b) del citado Artículo.
3. Por los Presidentes del Gobierno y de las Cortes, en el supuesto del apartado a) del repetido Artículo 3.
Artículo 6.- La presente Ley entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
2.Normas de aplicación a las previsiones sucesorias (Ley de 14 de julio de 1972)
Designado por Ley de 22 de julio de 1969, Sucesor, a título de Rey, en la Jefatura del Estado el Príncipe Don Juan Carlos de Borbón; precisadas sus funciones en relación con el artículo 11 de la Ley Orgánica del Estado, por Ley de 15 de julio de 1971; habida cuenta de la situación que las previsiones sucesorias pueden originar, en razón de la triple titularidad vitalicia del Caudillo, de conformidad con lo que se establece en nuestras Leyes Fundamentales, es conveniente evitar toda laguna en la aplicación de las mismas, precisando el alcance de sus normas en los posibles supuestos.
Artículo 1.- La Jefatura del Estado, la Jefatura Nacional del Movimiento y la Presidencia del Gobierno corresponden, con titularidad vitalicia, al Caudillo de España y Generalísimo de los Ejércitos, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 de la Ley de Sucesión y disposición transitoria primera de la Ley Orgánica del Estado (citada), en relación con los Artículos 16 y 17 de la Ley de 30 de enero de 1938 y 7 de la Ley de 8 de agosto de 1939. Todo ello, sin perjuicio de las potestades que otorgan al Jefe del Estado, los Artículos 14 y 15 de la Ley Orgánica del Estado, en función de las disposiciones anteriormente citadas.
Artículo 2.- Producido el supuesto de las previsiones sucesorias, el Príncipe de España, Don Juan Carlos de Borbón, prestará juramento y será proclamado Rey por las Cortes Españolas, conforme a lo dispuesto en el Artículo 4 de la Ley de 22 de julio de 1969, en relación con el Artículo 7 de la Ley de Sucesión y dentro del plazo de ocho días, desde aquel en que se produzca la vacante. El Consejo de Regencia, que asumirá los poderes en nombre del Príncipe de España a tales efectos, ejercerá las funciones que señala la Ley de Sucesión, salvo las que supongan acuerdo entre la Jefatura del Estado y Consejo del Reino, las cuales son privativas del Sucesor y diferidas al momento en que preste el juramento establecido.
Artículo 3.- Al producirse las previsiones sucesorias sin que el Caudillo hubiera designado Presidente del Gobierno, el Vicepresidente del Gobierno quedará investido, en virtud de esta Ley, del cargo de Presidente del Gobierno hasta que el Rey haga uso de la potestad que le otorga el Artículo 15 de la Ley Orgánica del Estado o se produzca alguna de las circunstancias que dicho Artículo contempla.
Artículo 4.- La presente Ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».