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Timestamp: 2017-03-25 07:54:47
Document Index: 243033725

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 163', 'Artículo 164', 'Artículo 165', 'Artículo 166', 'Artículo 167', 'Artículo 168', 'Artículo 169', 'Artículo 170', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 224', 'Artículo 225', 'Artículo 226', 'Artículo 227', 'Artículo 228', 'Artículo 229', 'Artículo 230', 'Artículo 231', 'Artículo 232', 'artículo 46', 'artículo 49', 'Artículo 1', 'Artículo 168', 'Artículo 2', 'artículo 192', 'Artículo 3', 'artículo 335']

LEY FORAL 1/2007, de 14 de febrero, de modificación de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, en materia de contratación local
LEY FORAL 1/2007, de 14 de febrero, de modificación de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, en materia de contratación local	LEY FORAL 1/2007, de 14 de febrero, de modificación de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, en materia de contratación local Mis Leyes
LEY FORAL 1/2007, de 14 de febrero, de modificación de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, en materia de contratación local Estado	:
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	EXPOSICIÓN DE MOTIVOSArtículo 1. Aprovechamientos maderables y leñosos.Artículo 163.Artículo 164.Artículo 165.Artículo 166.Artículo 167.Artículo 168. Sin contenido.Artículo 169.Artículo 170.Artículo 2. Formas de gestión de los servicios públicos.Artículo 3. Especialidades de la contratación local.Artículo 224.Artículo 225.Artículo 226.Artículo 227.Artículo 228.Artículo 229.Artículo 230.Artículo 231.Artículo 232.Disposición transitoria única. Aplicación de esta Ley Foral.Disposición final única. Entrada en vigor.
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente Ley Foral de modificación de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, en materia de contratación local.
1. Antecedentes legislativos, competencia y justificación de la Ley Foral
En Navarra, hasta la aprobación de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, las normas sobre la contratación local se contenían en el Reglamento de la Administración Municipal de Navarra de 1928, y a partir de la vigencia de la aludida Ley Foral, y por remisión de ésta al régimen de la contratación de la Administración de la Comunidad Foral, pasaron a estar en parte en la norma foral reguladora de la contratación pública, la parte general, conteniéndose en la legislación foral sobre régimen local las especialidades precisas para la contratación de las entidades locales de Navarra.
Hasta la entrada en vigor de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, el régimen de la contratación local se establecía en la Ley Foral 10/1998, de 16 de junio, de Contratos de las Administraciones Públicas de Navarra, y en el Título Sexto de la Ley Foral de Administración Local de Navarra, procediéndose ahora a completar la citada Ley Foral para el ámbito local, de conformidad con el mandato de la misma, fijando las especialidades oportunas.
Se ejerce la competencia legislativa en este ámbito al amparo del artículo 46 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, en lo que se refiere a la materia de Administración Local, y al amparo del artículo 49.1.d), en lo que se refiere a la materia contractual, respetando tanto los principios esenciales de la legislación básica del Estado al respecto, como los principios y normas comunitarias sobre contratación pública.
Precisamente la Ley Foral de Contratos Públicos ha procedido a trasponer la nueva Directiva en materia de coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos que hasta ahora estaban sujetos a Directivas, refundiendo en una única la normativa sobre contratos públicos de obras, de servicios y de suministros, la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004.
Igualmente, la Ley Foral de Contratos Públicos ha introducido, en los términos que se desprenden de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 15 de mayo de 2003, para trasponer la Directiva 89/665/CE, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recursos en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras, a los que más tarde hubo que añadir los de servicios, la regulación de la solicitud anticipada de medidas cautelares en materia de contratación pública ante la Junta de Contratación Pública, así como de una reclamación ante la misma, ofreciendo para las entidades locales en la Disposición Transitoria Tercera la habilitación, hasta la entrada en vigor de la presente Ley Foral, para que sus licitaciones pudieran ser objeto de la aludida reclamación siempre que así lo establecieran en el pliego de cláusulas administrativas.
Los objetivos primordiales perseguidos en la presente Ley Foral son, por un lado, adaptar las especialidades ya existentes en el ámbito de la contratación local a la nueva regulación general de la contratación local de todas las Administraciones públicas de Navarra y sus entidades vinculadas, adaptada a su vez a la nueva Directiva en materia de contratación pública, por otro lado, regular las necesarias especialidades que procede en atención a las características de las entidades locales de Navarra y sus entidades vinculadas en cuanto entidades contratantes en el nuevo marco foral y comunitario, y por último, desarrollar algunos instrumentos que ofrece el nuevo marco normativo tanto para la contratación local en general, como para la contratación patrimonial en el ámbito de los aprovechamientos maderables y leñosos.
Se modifica en primer lugar la Subsección Cuarta de la Sección Segunda del Capítulo sobre los bienes comunales del Título sobre los bienes de las entidades locales de la Ley Foral de Administración Local de Navarra, persiguiendo modernizar y agilizar la venta de la madera.
Se contempla en la regulación de las formas de gestión directa de los servicios públicos la realidad de las sociedades interlocales compuestas por capital únicamente público procedente de varias de ellas.
En el ámbito de las especialidades contenidas en el Título Sexto de la Ley Foral de Administración Local de Navarra, se ha procedido a la regulación de diferentes aspectos derivados de la variedad de formas jurídicas a través de las cuales se organizan las entidades locales como sujetos activos de la contratación pública, así como al desarrollo de la previsión, tanto comunitaria como foral, de aprovechar la contratación pública para conseguir objetivos sociales siempre que a la vez comporten ventajas para la entidad contratante.
Se han desarrollado nuevas posibilidades como la contratación con un nuevo régimen de incompatibilidades en entidades de población inferior a 2.000 habitantes o las licitaciones conjuntas a través de centrales de compras.
Se han adaptado reglas o principios generales, como las referidas a la competencia, la Mesa de Contratación, las garantías, la formalización, la recepción de las obras o la publicidad a la peculiaridad de las entidades locales como Administraciones.
Por último, se ha consumado la trasposición de la Directiva sobre recursos y materia de contratación pública, teniendo en cuenta de nuevo la configuración jurídica y organizativa propia de las entidades locales de Navarra.
Artículo 1. Aprovechamientos maderables y leñosos.
Se da nueva redacción a la Subsección Cuarta de la Sección Segunda del Capítulo II del Título Cuarto de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, que quedará redactada como sigue:
«Subsección Cuarta. Aprovechamientos Maderables y Leñosos
Los aprovechamientos en los montes comunales se realizarán sujetándose a las autorizaciones y condiciones establecidas en la normativa foral en materia forestal. En el ámbito de la cooperación interadministrativa, el Departamento de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra con competencias en materia forestal emitirá ainstancia de la entidad local que lo solicite informe de valoración económica del aprovechamiento, teniendo dicha valoración carácter orientativo y no vinculante.
Unidades familiares de más de nueve miembros, coeficiente 2,5.
Artículo 168. Sin contenido.
d) Los supuestos contemplados en el artícu-­lo 166.3 de esta Ley Foral.
2. En los supuestos contemplados en las letras b) y c) del apartado 1 del presente artículo, el Departamento de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra con competencias en materia forestal deberá informar con carácter preceptivo y vinculante.»
Artículo 2. Formas de gestión de los servicios públicos.
Se da nueva redacción a letra d) del apartado 2 del artículo 192 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, que quedará redactada como sigue:
«d) Sociedad mercantil cuyo capital social pertenezca íntegramente a una o varias entidades locales o a una o varias entidades públicas dependientes de aquélla o aquéllas.»
Artículo 3. Especialidades de la contratación local.
Se da nueva redacción al Título Sexto de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, que quedará redactado como sigue:
«TÍTULO SEXTO
2. Los contratos de obras, suministro, asistencia y las concesiones de obras públicas y de servicios celebrados por el resto de personas y entidades vinculadas o dependientes de las entidades locales de Navarra o subvencionadas por éstas sujetos a la legislación foral de contratos públicos se prepararán y adjudicarán conforme a las disposiciones establecidas en dicha legislación para los contratos públicos de esos sujetos y entidades, con las especialidades que se contienen en esta Ley Foral.
b) Será de aplicación la obligación de publicidad comunitaria cuando, procediendo ésta por el tipo de servicio de que se trate, el importe estimado del contrato exceda del umbral comunitario.
5. Las Sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a una o varias entidades locales o a una o varias entidades públicas dependientes de aquélla o aquéllas se entenderán como entes instrumentales propios de ella o de todas ellas a efectos de que a las encomiendas a las mismas de las prestaciones propias de los contratos de obras, suministro, concesión de obras o servicios o asistencia no les sea de aplicación la legislación foral de contratos públicos siempre que reúnan los siguientes requisitos:
a) Ausencia de autonomía decisoria respecto de las entidades encomendantes, al ejercer éstas un control análogo al que ejercen sobre sus propios servicios o unidades.
b) Que la mayor parte de su actividad la realicen para las entidades encomendantes.
6. Las entidades locales y sus entidades vinculadas podrán reservar la participación en los procedimientos de adjudicación de contratos a talleres protegidos o reservar su ejecución a determinadas empresas en el marco de programas de empleo protegido cuando la mayoría de los trabajadores afectados sean personas discapacitadas que, debido a la índole o la gravedad de sus deficiencias, no puedan ejercer una actividad profesional en condiciones normales, o a empresas que tengan por objeto la integración de personas con riesgo de exclusión social. En su caso, se podrá realizar esta reserva a favor de las empresas ubicadas en la propia localidad. El importe de los contratos reservados no podrá superar el 20 por 100 del importe de los contratos adjudicados en el ejercicio presupuestario inmediatamente anterior. Los anuncios de licitación de los contratos objeto de esta reserva deberán mencionar expresamente la presente disposición.
En las entidades locales de Navarra cuya población sea inferior a 2.000 habitantes la existencia de incompatibilidad en los cargos electivos determinará únicamente la existencia de una causa de abstención en los supuestos en que así se establezca por la correspondiente Ordenanza o, en su defecto, así se apruebe por el Pleno, por mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación.
Cuando vayan a adjudicar simultáneamente contratos de obras, suministros o asistencias por lotes separados, podrá establecerse la ejecución diferida en el tiempo de todos o parte de ellos y se podrá exigir a los licitadores que presenten ofertas para varios o la totalidad de los lotes, indicando en todo caso una u otra circunstancia en el pliego de cláusulas administrativas particulares o condiciones del contrato y en el anuncio de licitación, en su caso.
1. En los supuestos en que en el pliego de cláusulas administrativas particulares no se haya establecido una ponderación de los criterios de adjudicación, no podrá valorarse cada uno de ellos con una ponderación superior al 10 por 100 de la aplicada para el criterio dispuesto tras él por orden de importancia.
2. Las entidades locales podrán establecer, con carácter general o para cada contrato, criterios para dirimir los empates que se produzcan tras la aplicación de los criterios de adjudicación, resolviéndose por sorteo en los casos en que tras aplicar dichos criterios persistiera el empate y dirimiéndose, en caso de que no se establezcan, de conformidad con los fijados en la legislación foral de contratos públicos.
3. El documento de condiciones esenciales del contrato en un procedimiento negociado contendrá como mínimo la regulación de las siguientes cuestiones: objeto, importe y plazo del contrato y especificaciones técnicas necesarias para su ejecución; identificación del órgano de contratación, unidad gestora del contrato y, en su caso, de la Mesa de Contratación; requisitos mínimos de solvencia; criterios de adjudicación; forma de pago y, en su caso, de la revisión de precios.
4. Los procedimientos abiertos que se vayan a adjudicar exclusivamente en base al precio podrán celebrarse a viva voz, mediante propuestas y pujas verbales que formulen los licitadores, con arreglo a los usos y costumbres de la localidad.
5. Para participar en las subastas relativas al aprovechamiento de bienes patrimoniales o comunales, o a la enajenación de aquéllos, que se celebren por el procedimiento de a viva voz, el único requisito que se exigirá a los licitadores será la constitución de la garantía provisional, que habrá de establecerse en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
El resultado del acto de celebración de las subastas se hará público de inmediato en el tablón de anuncios de la entidad.
6. Cuando las subastas relativas al aprovechamiento de bienes patrimoniales o comunales, o a la enajenación de aquéllos, se hayan realizado por procedimiento abierto, la postura en cuyo favor haya recaído la propuesta de adjudicación podrá ser mejorada con el aumento de la sexta parte de su importe, como mínimo. El sexteo se sujetará a las siguientes normas:
f) Se levantará acta de la nueva subasta celebrada y se anunciará su resultado en la forma prevista en el último párrafo del apartado 5 de este artículo.
7. Los anuncios de licitación y de adjudicación se publicarán en el tablón de anuncios de la entidad local respectiva, además de en los medios que proceda conforme a la legislación foral de contratos públicos.
8. Será obligatorio para las entidades locales de Navarra y sus entidades vinculadas anunciar en el Portal de Contratación la existencia de un procedimiento negociado cuando el importe del contrato supere los 300.000 euros, IVA excluido, para los contratos de obras, y los 60.000 euros, IVA excluido, para los contratos de suministro y asistencia.
En estos supuestos la Administración podrá, indicándolo en las condiciones reguladoras del contrato y en el anuncio de licitación, limitar el número de licitadores que serán invitados a presentar ofertas conforme a los criterios establecidos en las condiciones reguladoras.
1. La formalización de los contratos de las entidades locales de Navarra y sus entidades vinculadas se regirá por las siguientes reglas:
1.ª) El pliego de cláusulas administrativas particulares o las condiciones del contrato podrán exigir que se formalicen los contratos.
2.ª) En los casos en que se establezca la obligación de formalizar el contrato, los documentos administrativos de formalización deberán ser autorizados por el Secretario de la entidad.
3.ª) En los casos en que no se establezca la obligación de formalizar el contrato, deberá indicarse en el pliego de cláusulas administrativas particulares o en las condiciones el plazo en que debe, en su caso, constituirse la garantía para el cumplimiento de obligaciones, así como, en todo caso, el plazo en que debe iniciarse la ejecución del contrato o, en los contrato de obras, procederse a la comprobación del replanteo.
4.ª) En los casos en que no se haya formalizado un contrato, los plazos establecidos en la legislación contractual en que ésta fija la fecha para el inicio del cómputo a partir de la de su formalización se empezarán a contar desde la fijada en los pliegos de cláusulas administrativas particulares o en las condiciones del contrato o la acordada por las partes para el inicio de la ejecución del mismo.
5.ª) En los casos en que no se haya formalizado un contrato, la resolución o acuerdo de adjudicación constituirán título suficiente para acceder a cualquier tipo de registro público.
2. El pliego de cláusulas administrativas particulares deberá prever la constitución de garantías para el cumplimiento de obligaciones con carácter previo a la formalización del contrato cuando el importe de éste sea superior a 300.000 euros, IVA excluido, en los contratos de obras, y superior a 60.000 euros, IVA excluido, en los de suministro y asistencia, así como, en cualquier contrato, independientemente de su naturaleza y cuantía, cuando el adjudicatario hubiera presentado una oferta que podía presumirse anormalmente baja de conformidad con la legislación foral de contratos públicos, en cuyo caso se constituirá por el 50 por 100 del precio de adjudicación, sin perjuicio de su devolución o cancelación parcial antes de la recepción del contrato, previo informe de la unidad gestora del contrato, con el límite del 25 por 100 del precio de adjudicación.
Las garantías exigidas para la licitación o para el cumplimiento de obligaciones en los contratos de las entidades locales serán depositadas en la Tesorería de la entidad contratante.
3. Las entidades cuya contratación está sometida a esta Ley Foral comunicarán a la Junta de Contratación Pública todos los contratos, aunque no se hayan formalizado, salvo los adjudicados en procedimientos cuya única documentación exigible sea la correspondiente factura y sin perjuicio de lo previsto para la contratación en supuestos de emergencia.
1. Las empresas y profesionales interesados en la licitación y adjudicación de contratos públicos de obras, suministro y asistencia, sujetos a esta Ley Foral y que superen los correspondientes umbrales comunitarios, podrán solicitar en todo caso, telemáticamente o a través de medios convencionales, medidas cautelares en relación con aquéllos y, si lo dispone la entidad contratante, interponer, en el plazo de un mes, la reclamación en materia de contratación pública, ante el órgano con independencia en su función resolutiva y no sometido a instrucciones jerárquicas que se cree por la propia entidad local o por varias de ellas asociadas entre sí o con otras Administraciones Públicas de Navarra a tal efecto, en los términos establecidos en la legislación foral de contratos públicos.
La solicitud y, en su caso, las propias medidas cautelares quedarán sin efecto si no se interpone alguno de los recursos administrativos a los que se refiere el artículo 335 de esta Ley Foral o, en su caso, la reclamación en materia de contratación pública en los plazos correspondientes.
2. En los contratos que no superen los umbrales comunitarios podrán los licitadores interponer la reclamación y solicitar anticipadamente medidas cautelares en los términos del apartado anterior cuando así se establezca por la entidad local o sus entidades vinculadas en el pliego de cláusulas administrativas particulares o en las condiciones del contrato.
3. El órgano de resolución en materia de contratación pública local a que se refiere el apartado 1 será presidido por un concejal de la entidad local contratante, y formarán parte del mismo, como mínimo, dos vocales designados por el Pleno de la entidad local contratante, uno de los cuales será un técnico especializado en la materia del contrato y el otro el Secretario de la entidad contratante o un funcionario de la misma Licenciado en Derecho que ocupe plaza para la que se exija dicha titulación, o, en su caso, de cualquiera de las entidades locales asociadas, que actuará como secretario, debiendo quedar garantizado en todo caso que la mayoría de los miembros tienen especial preparación en materia de contratación pública o en la materia objeto del contrato.
4. En los casos en que no se designe por la entidad contratante el órgano a que se refiere el apartado anterior, se podrá interponer la reclamación en materia de contratación pública ante la Junta de Contratación Pública en los términos establecidos en el Libro Tercero de la Ley Foral de Contratos Públicos.
5. En todos los supuestos, las entidades locales o sus entidades vinculadas deberán indicar en el pliego de cláusulas administrativas particulares o en las condiciones del contrato el órgano ante el que puede interponerse el correspondiente recurso o reclamación y solicitarse las medidas cautelares en materia de contratación pública y, en su caso, la obligación de los licitadores de identificar una dirección electrónica para la práctica de notificaciones a través de medios telemáticos en el caso de reclamación o solicitud de medidas cautelares en materia de contratación pública.
En los casos en que proceda imponer esa obligación, su incumplimiento por los licitadores conllevará la imposibilidad de interponer la reclamación.»
Disposición transitoria única. Aplicación de esta Ley Foral.
Lo dispuesto en esta Ley Foral no será de aplicación a los contratos cuyos pliegos de cláusulas administrativas particulares o condiciones reguladoras estuvieran aprobados en la fecha de su entrada en vigor, que se regirán por la normativa vigente en el momento de su aprobación.
Pamplona, 14 de febrero de 2007.-El Presidente, Miguel Sanz Sesma.
(Publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 24, de 23 de enero de 2007)
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