Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/C-542-97.htm
Timestamp: 2019-06-20 03:37:24
Document Index: 101721517

Matched Legal Cases: ['artículo 40', 'artículo 241', 'artículo 430', 'artículo 1', 'artículo 121', 'Artículo 430', 'artículo 430', 'artículo 56', 'artículo 2', 'artículo 430', 'artículo 56', 'artículo 56', 'artículo 1', 'artículo 430', 'artículo 430', 'artículo 56', 'artículo 1', 'artículo 430', 'artículo 56']

C-542-97
Flor Marina Ayala Hernández
La ciudadana Flor Marina Ayala Hernández, en ejercicio de la acción pública consagrada en los numerales 6o. del artículo 40 y 4o. del artículo 241 de la Constitución Política, presentó demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 430 del Código Sustantivo de Trabajo, el cual fue subrogado por el artículo 1o. del Decreto Extraordinario No. 753 de 1956.
Al proveer sobre su admisión, mediante auto de fecha 29 de mayo de 1997, el Magistrado Ponente ordenó fijar en lista el negocio en la Secretaría General de la Corte para efectos de asegurar la intervención ciudadana, enviar copia de la demanda al señor Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de rigor, y realizar las comunicaciones previamente ordenadas.
“ DECRETO NUMERO 0753 de 1.956
en uso de sus facultades legales, y en especial de las que le confiere el artículo 121 de la Constitución Nacional, (…)
“Artículo 430. Prohibición de huelga en los servicios públicos.
a) Las que se presten en cualquiera de las Ramas del Poder Público ;
b) Las de empresas de transportes por tierra, agua y aire ; y de acueducto, energía eléctrica y telecomunicaciones ;
c) Las de establecimientos sanitarios de toda clase, tales como hospitales y clínicas ;
d) Las de establecimientos de asistencia social, de caridad y de beneficencia ;
e) Las de plantas de leche, plazas de mercado, mataderos y de todos los organismos de distribución de estos establecimientos, sean ellos oficiales o privados ;
f) Las de todos los servicios de la higiene y aseo de las poblaciones ;
g) Las de explotación, elaboración y distribución de sal ;
h) Las de explotación, refinación, transporte y distribución de petróleos y sus derivados, cuando estén destinadas al abastecimiento normal de combustibles del país, a juicio del Gobierno ;
i) Cualesquiera otras que a juicio del Gobierno interesen a la seguridad, sanidad, enseñanza y a la vida económica o social del pueblo. El Gobierno decidirá acerca de la calidad de servicio público de las actividades de que trata este ordinal, previo concepto que solicite al Consejo de Estado.”
En un confuso libelo, la demandante manifiesta que el artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo, objeto real de la acusación, prohibe el derecho de huelga en los servicios públicos, disposición que debe ser interpretada dentro del espíritu del mandato contenido en el artículo 56 de la Carta Política vigente, que la garantiza salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador, lo que en su criterio significa que el ejercicio de la huelga se encuentra permitido en parte, de conformidad con los reglamentos expedidos por el Gobierno “(…) sin tener en cuenta los perjuicios que acarrean a la sociedad en general “.
Por último, expresa que la norma demandada va en contra de algunos principios fundamentales como el artículo 2o. de la Constitución Política que se refiere a los fines esenciales del Estado, para lo cual transcribe este artículo, concluyendo sin mayor aclaración que se está “dejando al arbitrio de algunas personas, las causas de autonomía de las mismas, de una sociedad consumista.”.
1. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Mediante Concepto No.1328, del 9 de julio del año en curso, el señor Procurador General de la Nación solicita la inhibición de esta Corporación para pronunciarse de mérito sobre la constitucionalidad del artículo 430 del Código Sustantivo de Trabajo, como lo hizo en la sentencia C-236 de 1997, dado que la demanda es inepta al plantear cargos de inconstitucionalidad ininteligibles y apoyados en una errónea interpretación del artículo 56 de la Carta Política, así como de la norma demandada.
En efecto, el inciso primero del mencionado artículo fue declarado exequible en la Sentencia C-473 de 1994, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero “siempre que se trate, conforme al artículo 56 de la Constitución Política, de servicios públicos esenciales definidos por el Legislador.”.
De otro lado, los literales b) y h) del mencionado artículo fueron declarados exequibles en los segmentos demandados, mediante la Sentencia C-450 del 1995, con ponencia del Magistrado Dr. Antonio Barrera Carbonell.
Adicionalmente, la Corte resolvió “INHIBIRSE para emitir pronunciamiento de fondo por carencia actual de objeto con respecto al artículo 1° literal i) del Decreto No. 753 de 1956.”., en la Sentencia C-505 de 1995, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero.
Y, por último, en relación con el literal e) de la misma preceptiva la Corporación declaró su inexequibilidad en la Sentencia C-075 de 1997, con ponencia del Magistrado Hernando Herrera Vergara, “...en razón a que el Legislador no ha señalado como servicios públicos esenciales las actividades indicadas en dicha disposición.”.
3. Fallo inhibitorio por ineptitud sustantiva de la demanda.
En el caso sub lite, se tiene que frente al primer requisito mencionado, si bien la accionante confundió el ordenamiento legal que contiene la norma demandada, por cuanto citó equivocadamente “el artículo 430 del código procesal del trabajo”, de la transcripción literal que efectuó la Corte en forma preliminar pudo deducir sin actuar con criterio exegético que se trataba en realidad del Código Sustantivo del Trabajo y, en consecuencia, aclarar el error en que incurrió la demandante; toda vez que, no es posible olvidar que la acción de inconstitucionalidad es una acción pública que le permite al ciudadano actuar sin mayor rigorismo en el estudio inicial de la demanda, circunstancia que flexibiliza los tecnicismos jurídicos ordinarios y no requiere de la realización de un estudio de fondo previo respecto de la interpretación de lo que con ella se pretende, en búsqueda del propósito real que animó a la demandante a utilizarla.[1] De ahí, que en este evento sea posible la admisión de la demanda sin perjuicio de analizar posteriormente, al decidir sobre la misma, si se cumplieron a cabalidad todos los presupuestos de la acción.
En estas condiciones la Corte, conforme a las consideraciones precedentes, concluye que la demanda con la cual se inició el presente proceso es sustantivamente inepta, por no contener cargos concretos de inconstitucionalidad susceptibles de ser analizados y evaluados por ella mediante el ejercicio del control constitucional.”.[2] (Subraya la Corte).
Primero.- ESTESE A LO RESUELTO por la Sala Plena de la Corte Constitucional en la Sentencia C-473 de 1994 que declaró “EXEQUIBLE el inciso primero del artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo, siempre que se trate, conforme al artículo 56 de la Constitución Política, de servicios públicos esenciales definidos por el Legislador.”.
Segundo.- ESTESE A LO RESUELTO por la Sala Plena de la Corte Constitucional en la Sentencia C-450 del 1995 que declaró “EXEQUIBLES los apartes demandados de los literales b) y h) del art. 430 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el Decreto 753 de 1956.”.
Tercero.- ESTESE A LO RESUELTO por la Sala Plena de la Corte Constitucional en la Sentencia C-505 de 1995 que resolvió “INHIBIRSE para emitir pronunciamiento de fondo por carencia actual de objeto con respecto al artículo 1° literal i) del Decreto No. 753 de 1956.”.
Cuarto.- ESTESE A LO RESUELTO por la Sala Plena de la Corte Constitucional en la Sentencia C-075 de 1997 que declaró “INEXEQUIBLE el literal e) del artículo primero del Decreto Extraordinario 753 de 1956, que subrogó el artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo, pero únicamente en razón a que el Legislador no ha señalado como servicios públicos esenciales las actividades indicadas en dicha disposición, en ejercicio de la facultad constitucional consagrada en el artículo 56 de la Carta Política.”.
[1] Ver las Sentencias C-467/93, M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz y C-461/95, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[2] Sentencia C-236/97, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell.