Source: https://www.scribd.com/doc/156832059/snt-03367-01-1
Timestamp: 2016-10-27 12:54:18
Document Index: 249155727

Matched Legal Cases: ['artículo 651', 'artículo 684', 'artículo 651', 'artículo 363', 'artículo 85', 'artículo 267', 'artículo 29', 'artículo 84', 'artículo 651', 'artículo 651', 'artículo 267', 'artículo 305', 'artículo 651', 'artículo 651', 'artículo 29', 'artículo 651', 'artículo 651', 'artículo 651', 'artículo 651']

BrowseBrowseInterestsBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultBrowse byBooksAudiobooksComicsSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinBooksAudiobooksComicsSheet MusicCONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION CUARTA Consejera ponente: MARTHA TERESA BRICEÑO DE VALENCIA Bogotá, D.C., primero (1) de septiembre de dos mil once (2011) Radicación número: 15001-23-31-000-2004-03367-01(18314) Actor: CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES – CAPRECOM Demandado: MUNICIPIO DE TUTA FALLO Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Boyacá del 27 de enero de 2010, que anuló los actos acusados y, a título de restablecimiento del derecho, declaró que la actora “no debe suma alguna al Municipio de Tuta por concepto de la sanción por no enviar información y en firme la suma cancelada por la demandante por este concepto”. ANTECEDENTES El Tesorero del municipio de Tuta, Boyacá, envió a la demandante el Requerimiento Ordinario “R.O.2003000015” de fecha 19 de febrero de 2003 solicitándole informe sobre “cuál fue el valor de los ingresos brutos percibidos por esa entidad en el Municipio de Tuta en el periodo fiscal de 1997”. Luego, el mismo funcionario expidió el Pliego de Cargos “P.D.C.-N.I.2003-000019” del 9 de febrero de 2004 en el que propuso la sanción por no enviar la información requerida. La cuantificó en el 0.5% del “valor de los ingresos brutos determinados por la Administración municipal” y la limitó a $248.900.000, conforme al artículo 651 del E.T.1. Posteriormente, impuso la sanción anunciada mediante la Resolución Sanción “R.S.N.I.2004-10145” del 1° de abril de 20042. [1] Fl. 87 c.p. 2 Fl. 91 c.p. El Tesorero municipal confirmó la sanción impuesta, al resolver el recurso de reconsideración, por Resolución N°2004-000015 del 19 de julio de 20043. 3 Fl. 100 c.p. LA DEMANDA
Afirmó que la actuación desconoce este principio y. 4. Sostuvo que el municipio no ejerció las facultades de que trata el artículo 684 del E. Que es contribuyente de régimen especial no obligado a declarar renta sino ingresos y patrimonio. el pliego de cargos. “Espíritu de Justicia”. fue impuesta una sanción “significativa” sin explicar las razones que la justifiquen. 95 y 363 de la Constitución Política y 651. extemporánea o errores en la información‟ $248.T. “Sanción Mínima”. 5. el requerimiento ordinario.T.000”. pues se calculó sobre los ingresos “brutos” y no sobre los “netos” como lo ordena el artículo 651 del E. “Liquidación Oficial de Aforo vs Sanción por No Informar”. Manifestó que pagó la sanción mínima porque omitió dar respuesta al requerimiento ordinario informando que “no había obtenido ingresos” del municipio en 1997. El concepto de violación lo desarrolla en los siguientes puntos que se resumen así: 1. las providencias del 11 de marzo de 2004 y 12 de noviembre de 2003 proferidas en los procesos 13639 y 13025. para señalar que el Tesorero municipal profirió “el auto de apertura de investigación (…). al imponer la sanción discutida en lugar de adelantar el procedimiento propio para la determinación del impuesto de industria y comercio que era el propósito de la administración municipal.. 2. Citó los artículos 688. pues de lo contrario. que como Caja de Previsión no puede destinar los recursos de la seguridad social para fines diferentes. y que la conducta omisiva no causó daño al ente oficial. a título de restablecimiento del derecho. Invocó como normas violadas los artículos 29. 7. que se limitó a sancionar la falta de respuesta al requerimiento ordinario y. 683. 691 y 720 del E. LA CONTESTACIÓN
. la resolución sanción y el acto con que se resolvió el recurso de reconsideración” y concluir que “tal concentración de funciones atenta contra el debido proceso (…) y (…) contra el derecho de defensa (…). sin argumentos jurídicos. “Motivación del Acto Administrativo”. “Competencia para aplicar sanciones”. por intermedio de apoderada. Sostuvo que la jurisprudencia ha considerado que “no toda omisión da lugar a la sanción por no informar” y que si la conducta no genera daño “no puede ser objeto de sanción”. 688 y 742 del Estatuto Tributario. eficiencia y progresividad previstos en el artículo 363 de la Constitución Política. resultando un acto viciado de nulidad …”. toda vez que no existe una estructura donde dependencias diferentes con funcionarios y funciones previamente asignadas conozcan las explicaciones y pruebas del contribuyente o declarante.En ejercicio de la acción prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo. “Facultades de Investigación y Fiscalización”. 3. como sería pagar las multas que por los distintos periodos suman más de “mil millones de pesos”. solicitó que “se declare cumplida la obligación de enviar información y se acepte la cancelación de la sanción”.T. 6. no se respeta la independencia de las actuaciones. citó apartes de la sentencia C-160 de 1998 y. sobre la graduación de la misma atendiendo a las situaciones particulares. Indicó que mediante “un deficiente formato” que dice: “„No envío de información. Expresó que la actuación desconoce los principios de equidad. “Doctrina Jurisprudencial”. 684. CAPRECOM demandó la nulidad de las resoluciones mencionadas y. Que la cuantía desconoce los principios de equidad y justicia. impuso la sanción máxima.900. Sobre el tema de la proporcionalidad y razonabilidad de las sanciones. con apoyo en los artículos 48 y 49 de la Constitución Política.
la Administración no estaba obligada a ejercer todas las atribuciones. oportunidad y/o necesidad. pues para la actora es la sanción mínima fijada en la ley. al tesorero municipal le corresponde proferir los actos previos a la imposición de sanciones. norma que goza de la presunción de legalidad y es de aplicación obligatoria por parte de los funcionarios de la administración. la actora reconoció la ocurrencia del hecho sancionable. No existe norma que establezca el deber de practicar liquidación oficial antes de imponer sanción por no informar. sin que sea de recibo argumentar que “fue una omisión involuntaria”. mas no del “ánimo desproporcionado de imponerle cargas tributarias que no le corresponden”. eficiencia y progresividad se predican del sistema tributario y corresponde al legislador establecerlos. Sostuvo que la demandante. verificado el hecho sancionable. pues tal conducta perturbó “la determinación de las obligaciones sustanciales y formales. Es evidente el daño causado al punto que. la falta de respuesta al requerimiento ordinario e indicó que la discusión se contrae a la cuantía de la sanción. en la vía gubernativa. a título de restablecimiento del derecho.El apoderado del municipio de Tuta contestó la demanda en los términos que se resumen: El tesorero municipal actuó conforme a derecho pues. consecuencia jurídica de la conducta omisiva del contribuyente. esto es. voluntariamente. no solo de la sancionada sino de terceros”. Que en el caso. LA SENTENCIA APELADA El Tribunal Administrativo de Boyacá anuló los actos demandados y. Resaltó que este argumento fue propuesto sólo ante la instancia judicial. Frente al cargo de falta de ejercicio de las facultades de fiscalización. declaró que “la actora no debe suma alguna al Municipio de Tuta por concepto de la sanción por no enviar información y en firme la suma cancelada por la demandante por este concepto”. Destacó que en la respuesta al pliego de cargos. según el cual. No puede argüirse la aplicación de la equidad y justicia material propia de los tributos a las conductas violatorias de obligaciones formales que debe cumplir el contribuyente. entre otros. La falta de respuesta al requerimiento de información generó daño a la Administración. sino a adelantar el procedimiento propio para imponer la sanción correspondiente. sin que tal proceder desconozca la ley o el debido proceso. advirtió que la norma consagra varias posibilidades que se aplican atendiendo la conducencia.
. tratándose de una sanción por no enviar la información. no manifestó inconformidad alguna respecto a la proporcionalidad. basta que la entidad no responda el requerimiento ordinario para imponerla sin que el funcionario tenga que ejercer las demás facultades de fiscalización e investigación. y para la Administración es la propuesta en el pliego de cargos. “el mismo sancionado quiso resarcirlo con el pago de la sanción mínima”. Las funciones están señaladas en el artículo 267 del Acuerdo 039 de 2002. razonabilidad. El proceso de determinación oficial del tributo es independiente del que se inició por el incumplimiento de requerimientos ordinarios de información. equidad o espíritu de justicia que alegó en la demanda. pues si el sancionado hubiera contestado de manera oportuna y completa el requerimiento ordinario no habría dado lugar a la sanción por no informar. reducida al 10%. Los principios de equidad. no a los funcionarios quienes deben limitarse a aplicar las normas legales.
por ende. Explica que la demandante. a partir de una “justificación forzada”. Manifiesta que el Tribunal interpreta de manera extensiva la sentencia 12618. carecía de sentido exigir tal información. sostiene que no obtuvo ingresos en ese municipio en 1997. Agregó que la demandante. aunque citó violado el artículo 29 de la Constitución Política. Manifiesta que la inconformidad de la demandante está relacionada con el monto de la sanción y no con la motivación del acto. Sustenta los cargos propuestos. así las sanciones que no desborden el tope se entienden acordes al ordenamiento jurídico. pues el juzgador no es quien debe abundar “en explicaciones que la demandante nunca manifestó”. pues los supuestos de hecho son distintos a los analizados en esa providencia. De otra parte. en primer lugar. Sostiene que la decisión es extra petita. 2. el derecho de defensa. para
. ni en la demanda. que hace referencia a las distintas hipótesis para calcular la sanción por no informar. Con apoyo en la sentencia C-160/98 indicó que en los actos acusados se guardó silencio sobre el perjuicio causado con la conducta de la actora y en el proceso no se demostraron. por tal razón. Al respecto aclara que la causal prevista en el artículo 84 del C. ello no significaba que se tratara de un asunto no cuantificable. Indica que para el Tribunal “la insuficiencia de motivos es causal de nulidad”. no desarrolló el concepto de violación. el a quo arribó a la conclusión discutida. 3. así: 1. La sentencia C-160 de 1998. por lo que era procedente adelantar el procedimiento administrativo sancionatorio. pues no basta indicar el precepto violado sino que deben expresarse las razones en que se funda tal afirmación y “demostrarlo fehacientemente”. EL RECURSO DE APELACIÓN La apoderada del municipio demandado apela la decisión de primera instancia en cuanto dio prosperidad a la alegada “falta de motivación”. En el punto señala que el artículo 651 del E. Frente a la “falta de motivación” de los actos. establece un límite superior. La violación al debido proceso.En cuanto a la “falta de competencia” del funcionario que adelantó la actuación. en el proceso. Destaca que el a quo encontró demostrado el incumplimiento y con ello la procedencia de la sanción impuesta aunque no estuvo de acuerdo con la cuantía fijada por la Administración. por lo que manifestó que en el caso no son aplicables los efectos de la sentencia C-160 de 1998. Argumenta que este cargo no fue planteado en la vía gubernativa. pues tilda la sanción de cuantiosa. hecho que la Administración podía constatar en sus propios archivos. impidiéndosele ejercer.C. La Jurisprudencia del Consejo de Estado. en debida forma. manifestó que si bien la información requerida no implicaba suma alguna de dinero.A. por ende “no venía al caso justificar el perjuicio derivado de una supuesta información errónea”. es por falta de motivación y que el hecho aducido configura la causal denominada “desviación de poder” no alegada por la demandante. precisó que está demostrado que la demandante no respondió el requerimiento en el plazo concedido.T. en la forma como lo interpretó el Tribunal. encontró que es un hecho nuevo que no puede ser atendido en vía judicial.
aduce que ésta no sirve de guía orientadora en el caso porque hace referencia a un tema distinto al de los actos acusados. Agrega que el requerimiento se libró para corroborar si CAPRECOM. lo aplican erróneamente. sin que haya alegado la “insuficiencia o deficiente motivación” de los actos o la violación al debido proceso. Las resoluciones enjuiciadas no explican el porqué de la graduación de la sanción y si bien citan el artículo 651 del E. en su calidad de ARS. aducidas por la demandante y objetadas por la demandada. la sanción no se determina “sobre una base CERO (0) sino sobre una información sin cuantía”. la actora no había obtenido ingresos en ese municipio en el periodo requerido o aplicar la sanción mínima. En su criterio. La demandada insiste en que CAPRECOM en la vía gubernativa aceptó la ocurrencia del hecho sancionable y discutió sólo el monto de la sanción impuesta. tal como la liquidó y pagó la Caja.5% de los ingresos informados en la última declaración de renta y la fijó en la cuantía máxima.. La providencia apelada es coherente aunque ahonda en las distintas irregularidades que presentan los actos demandados. Sostuvo que. peribió ingresos en 1997 y. la base para cuantificar la sanción es cero teniendo en cuenta que. si no obtuvo ingresos en ese periodo. CONSIDERACIONES DE LA SALA En el caso se controvierte la legalidad de los siguientes actos administrativos: La Resolución Sanción “R. citada por el a quo. para efectos del impuesto de industria y comercio. las cuales no merecen censura.T.
.S.N. la sanción debe ser motivada. con observancia de las formas que rigen la actuación administrativa y sin desconocer el debido proceso. con fundamento en lo siguiente: El fallo de primera instancia no es extra petita dado que la demandante presentó argumentos suficientes para contextualizar y explicar porqué consideraba que la actuación violó el derecho al debido proceso. graduada e imponerse con observancia de los principios de justicia y equidad. El Procurador Sexto Delegado ante esta Corporación solicita que se confirme la sentencia de primera instancia. la Administración debió exponer las razones por las que consideraba que era sujeto pasivo del impuesto de industria y comercio en esa jurisdicción e indicar cuál fue el daño o perjuicio causado por no responder el requerimiento ordinario y porqué le imponía la sanción máxima. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN La parte demandante insiste en que los actos son nulos por falta de motivación. En su criterio. al determinar el monto de la sanción sobre el total de ingresos y no sobre los ingresos netos o sobre el patrimonio bruto como lo establece la norma. La Administración determinó la sanción en el 0. en todo caso.I. no significaba que no se tratara de un asunto no cuantificable”. EPS e IPS. sin explicación adicional. Frente a la sentencia 15371.concluir que “si la información no implicaba suma alguna de dinero.2004-10145” de fecha 1° de abril de 2004 y la Resolución N°2004-000015 del 19 de julio de 2004.
de una parte. Las normas violadas y el concepto de violación constituyen el objeto de análisis al momento de proferir la sentencia6. si bien la actora no respondió el requerimiento ordinario en el término concedido. que la decisión contenida en ella sea concordante con lo pedido por las partes tanto en la demanda como en el escrito de oposición. 5 Sentencia del 16 de agosto de 2002. 170.A. Juan Angel Palacio Hincapié. las normas jurídicas pertinentes.15770. Que en ella se deben analizar los hechos en que se funda la controversia. Se solicita la nulidad de tales actos y. declaró que “la actora no debe suma alguna al Municipio de Tuta por concepto de la sanción por no enviar información y en firme la suma cancelada por la demandante por este concepto”. Y la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que el principio de congruencia de la sentencia exige. Que no es aplicable la sentencia C-160 de 1998. 6 Sentencia del 21 de noviembre de 2007. 4 C.P. que exista armonía entre la parte motiva y la parte resolutiva. a título de restablecimiento del derecho.P. toda vez que.expedidas por el Tesorero del Municipio de Tuta. Exp. En materia contenciosa. porque el requerimiento carecía de sentido. establece que la sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda [. Que la demandante no discute el hecho sancionable sino la cuantía de la sanción impuesta. si los actos acusados se ajustan a la legalidad. además. de otra.A. El Tribunal anuló los actos acusados porque. C. Corresponde a la Sala dilucidar si la providencia respeta el principio de congruencia y.C. expediente 12668. La apelante sostiene que la decisión es extra petita. 1. C. aplicable por remisión del artículo 267 del C.
..C. Art.] y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley. se impuso la sanción sin indicar cuál fue el perjuicio causado con la omisión. la demanda constituye el marco en el que el juez debe pronunciarse para decidir la controversia. denominada congruencia externa. que se tome la decisión conforme se ha delimitado la controversia en el proceso5. que “se declare cumplida la obligación de enviar información y se acepte la cancelación de la sanción”. las pruebas. los argumentos de las partes y las excepciones con el objeto de resolver todas las peticiones. María Inés Ortiz Barbosa. Principio de congruencia de la sentencia El Código Contencioso Administrativo4 preceptúa que la sentencia debe motivarse. es decir. A título de restablecimiento del derecho.. Por su parte. pues los supuestos de hecho son distintos a los analizados en esa sentencia. lo que se denomina congruencia interna y. la Administración tenía la información requerida en sus propios archivos. el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil.. de no ser así. Que la sanción se cuantificó conforme al artículo 651 del Estatuto Tributario.
contados a partir de la fecha de recibo del requerimiento. la demandante argumentó en ese cargo que la Administración mediante “un deficiente formato” impuso una sanción “significativa” sin explicar las razones que la justifiquen.2003-000015 del 19 de febrero de 2003.p.T. le anunció la sanción en caso de incumplimiento7. 7 Requerimiento Ordinario R.0008. Luego. aceptó que el valor de la sanción. El restablecimiento del derecho declarado corresponde con el solicitado por el demandante. No obstante. y que. aunque anuló los actos. En consecuencia. el mismo funcionario formuló el pliego de cargos en el que propuso la sanción por no enviar la información requerida. La actora no radicó respuesta alguna en el plazo concedido. 85 c. se advierte que la demandante acepta la ocurrencia del hecho sancionable y así lo entendió el Tribunal. De la revisión del expediente se establece lo siguiente: El Tesorero del Municipio de Tuta solicitó a la demandante información sobre “el valor de los ingresos brutos percibidos (…) en el periodo fiscal de 1997”. De lo anterior. se revocará la sentencia apelada y se procederá al análisis de la actuación con fundamento en los cargos propuestos.900. notificado el 18 de marzo de 2003 (fl. el Tribunal a partir de una “justificación forzada” dio prosperidad al cargo de “falta de motivación”. el a quo declaró la nulidad de los actos y “en firme” la suma pagada por concepto de sanción por no informar. la decisión resulta incongruente porque. en cuantía de $248. aunque no estuvo de acuerdo con la cuantía de la sanción impuesta porque en los actos no se señaló cuál fue el perjuicio causado con la conducta omisiva de la requerida. Que es contribuyente de régimen especial no obligado a declarar renta sino ingresos y patrimonio y que la conducta omisiva no causó daño al ente oficial. a que estos se refieren. Sin embargo. ni con la base que se utilizó para cuantificarla. previo el análisis de los cargos relacionados con la cuantía. es el pagado por la entidad. Si los actos desaparecen del mundo jurídico la sanción no tendría fundamento alguno. si la actora no discutió la ocurrencia del hecho sancionable y pidió que se acepte que el valor que pagó corresponde al monto de la sanción. además. además. Que la cuantía desconoce los principios de equidad y justicia porque fue determinada sobre los ingresos “brutos” y no sobre los “netos” como lo dispone el artículo 651 del E.O.El apelante sostiene que la actora citó como violado el artículo 29 de la Constitución Política pero no desarrolló el concepto de violación. Dado que el Tribunal anuló en su totalidad los actos acusados. De la lectura de la sentencia apelada se observa que el Tribunal encontró demostrado el incumplimiento sancionado y procedente la actuación iniciada contra la demandante. fue más allá de lo pretendido por la demandante. determinar cuál es el valor de la sanción por no enviar la información requerida. Como se indicó en la parte inicial de esta providencia.). la decisión de la jurisdicción no puede ser diferente a declarar la nulidad “parcial” de los actos acusados y. si bien el aspecto discutido es la cuantía de la sanción impuesta. Para la respuesta concedió 15 días calendario.
000. no tiene incidencia alguna la calidad de la persona a quien se requirió o el propósito perseguido por la Administración al solicitar la información. el hecho sancionable previsto en la ley es omitir la entrega de la información o documentos solicitados en el término señalado para la respuesta.
. 97 c.. fl.-N. 104 c. En el acto se indica nuevamente que la recurrente aceptó la omisión sancionada y limitó el análisis a “la base y monto de la sanción impuesta”13..
El mismo funcionario confirmó la sanción impuesta mediante Resolución N°2004-000015 del 19 de julio de 200411. 13 Cfr. 24 c. Según la norma.p. 87 a 90 c. hay lugar a imponer la sanción por no enviar información cuando las personas obligadas a suministrar información tributaria o a quienes se les haya solicitado informaciones o pruebas no la suministren dentro del plazo establecido para ello.p. fl. limitándolo a $248. la actora interpuso recurso de reconsideración.8 Pliego de Cargos P. 10 Cfr.S. Indicó que la información requerida no tiene cuantía.p.” (Resaltado fuera del texto).I. notificado el 16 de febrero de 2004 (fl. la demandante presentó la respuesta al pliego de cargos en la que aceptó el hecho sancionable e informó que en 1997 “no había recibido ingresos del Municipio de Tuta” y pagó la sanción mínima. incurrirán en la siguiente sanción: “.2004-10145) de fecha 1° de abril de 20049.D. Con fundamento en el artículo 651 del Estatuto Tributario impuso la sanción anunciada.p. por ende.).p. acto no allegado al proceso. aceptados los cargos.I. determinados por la Administración Municipal”. Contra el acto anterior. pues la empresa no tuvo ingresos en ese municipio en 1997. el estudio se contrae al monto de la sanción10.p. la norma no establece condición adicional. cuyo texto dice: “ARTICULO 651. 11 Fl. Posteriormente.-N. 91 c.900. 12 Fl.2003-000019 del 9 de febrero de 2004.C. y en el artículo 651 del Estatuto Tributario.. Los actos acusados dicen fundamentarse en el “Acuerdo Municipal de Rentas”. de tal manera que.Sanción por no enviar información. 9 Fl. En la oportunidad legal. Acto notificado personalmente el 17 de noviembre de 200412. que no la suministren dentro del plazo establecido para ello o cuyo contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado. el Tesorero municipal expidió la Resolución Sanción (R. 100 c. Calculó el monto así: el 0. Las personas y entidades obligadas a suministrar información tributaria así como aquellas a quienes se les haya solicitado informaciones o pruebas.5% de los “ingresos brutos (sic) del año gravable 1997. Como se observa. En el acto dice que.
la multa será de “hasta el 0. a falta de éstos.900. que en los casos en que la sanción se imponga por resolución independiente. la autoridad municipal notificó el requerimiento ordinario el 18 de marzo 2003 y transcurrieron más de los “15 días calendario” concedidos para la respuesta sin que la actora suministrara información alguna. por lo que se procederá a analizar los demás cargos formulados en la demanda relacionados con el procedimiento para determinarla. un memorial de aceptación de la sanción reducida en el cual se acredite que la omisión fue subsanada. se deberá presentar ante la oficina que está conociendo de la investigación. Al respecto. o al veinte por ciento (20%) de tal suma. correspondiente al año anterior o de la última declaración del impuesto sobre la renta o de ingresos y patrimonio. . En los eventos en los que no sea posible determinar el valor de la información o ésta no tenga cuantía. según el Decreto 3257 del 30 de diciembre de 2002. 3 de la demanda.Así. es procedente imponer la sanción prevista en el artículo 651 del Estatuto Tributario. Si no existieren ingresos. si la omisión es subsanada dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha en que se notifique la sanción. en uno y otro caso. en el literal a). 14 Cfr. La norma señala los criterios que deben tenerse en cuenta para fijarla. El precepto dispone. el mismo artículo 651 del Estatuto Tributario. . Y. En el presente asunto. además. Hecho aceptado por la demandante14.5% de los ingresos netos. la base para determinar el monto de la multa es el valor de la información requerida. si la omisión es subsanada antes de que notifique la imposición de la sanción. la discusión se contrae a la cuantía de la sanción impuesta. hasta del 0. Para tal efecto. la Administración requirió a la demandante para que le informara “ cuál fue el valor de los ingresos brutos percibidos por esa entidad en el Municipio de Tuta en el periodo fiscal de 1997”. así como el pago o acuerdo de pago de la misma. previamente. así: 15 Valor vigente para el 2003. se considera acertado el proceder de la administración municipal al imponer la sanción a CAPRECOM por el incumplimiento de la obligación formal de suministrar la información requerida. Según la normativa.
.Hasta del 5% de las sumas respecto de las cuales no se suministró la información exigida. Así. una vez verificado el incumplimiento de la obligación formal de informar en el plazo otorgado por la autoridad fiscal. establece que la sanción por no suministrar información es una multa “hasta de $248.5% del patrimonio bruto del contribuyente o declarante. se suministró en forma errónea o se hizo en forma extemporánea. y será de “hasta el 5%”. correspondiente al año inmediatamente anterior o última declaración del impuesto sobre la renta o de ingresos y patrimonio. la Administración dará traslado del pliego de cargos para que la persona o entidad sancionada lo responda dentro del mes siguiente.5% del patrimonio bruto” del sancionado. se reducirá al 10% de la suma determinada según lo previsto en el literal a). p. Como se indicó. “hasta del 0. hasta del 0.000”15. verificado el supuesto de hecho previsto en la ley como sancionable.5% de los ingresos netos”. establece que: La sanción a que se refiere el presente artículo. En el caso. en los casos en que pueda determinarse.Cuando no sea posible establecer la base para tasarla o la información no tuviere cuantía.
Devuélvase el expediente al Tribunal de origen. en principio.000. 3. pues será el valor de los ingresos que la empresa percibió en ese municipio en el periodo indicado.000.
. según lo dispuesto por el Decreto 3257 de 2002. ya sea que deba liquidarla la persona o entidad sometida a ello. Se declara que la demandante no adeuda suma alguna por concepto de la sanción por no enviar la información de que tratan los actos señalados en el numeral 2. el Consejo de Estado. declárase la nulidad parcial de la Resolución Sanción R. por medio de la Sección Cuarta de su Sala de lo Contencioso. el monto de la sanción.S. FALLA: 1.2004-10145 del 1° de abril de 2004 y de la Resolución N°2004-000015 del 19 de julio de 2004. 639 del E. incluidas las sanciones reducidas. Fíjase el monto de la sanción a que se refieren los actos administrativos señalados en el numeral anterior en la suma de CIENTO SETENTA MIL PESOS ($170. Por lo tanto. o la administración de impuestos16. la sanción a cargo de la demandante es de $170.Es claro que la base para cuantificar la sanción es determinable. 16 Art.000) MONEDA CORRIENTE. No obstante el legislador previó que el valor mínimo de cualquier sanción. declarará que la actora no adeuda suma alguna por concepto de sanción por no enviar la información de que tratan los actos acusados. En mérito de lo expuesto. sería de cero pesos ($0). será de $170. Cópiese. Al respecto. la actora ha sostenido que con ocasión de la respuesta al pliego de cargos informó que “esa entidad no había recibido ingresos del Municipio de Tuta por el año gravable 1997”.T. administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley. por la razón expuesta en la parte motiva. declarará la nulidad parcial de los actos acusados. 2. dado que no percibió ingresos en esa jurisdicción. objeto de apelación. hecho no desvirtuado por la demandada. fijará el monto de la sanción en $170.000. Conforme a las consideraciones precedentes. en 1997. hecho que se corrobora con lo dicho por la Administración en la resolución sancionatoria cuando afirma que “como bien lo manifestó la hoy sancionada no percibió ingresos dentro de la jurisdicción de Tuta…”. 4. pues la omisión fue subsanada dentro del término para responder el pliego de cargos. de “hasta el 5%”. para el 2003. es cero. notifíquese y comuníquese. la Sala considera que la actora. Revócase la sentencia del 27 de enero de 2010. En su lugar. hecho no discutido por el municipio. proferidas por el Tesorero del Municipio de Tuta. a cargo de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones – CAPRECOM. si bien omitió el deber informar. Si la base sobre la cual debe aplicarse el porcentaje señalado en la ley.I. valor que fue pagado en el término para responder el pliego de cargos. De lo anterior se concluye que. la Sala revocará la decisión de primera instancia y. en su lugar. el valor de los ingresos percibidos por la demandante en esa municipalidad fue de cero pesos ($0). subsanó y pagó el valor de la sanción correspondiente. Así. y como la actora pagó dicho valor.-N. Boyacá. Cúmplase.
MARTHA TERESA BRICEÑO DE VALENCIA HUGO FERNANDO BASTIDAS BÁRCENAS WILLIAM GIRALDO GIRALDO CARMEN TERESA ORTIZ DE RODRÍGUEZ
.La anterior providencia fue estudiada y aprobada en la sesión de la fecha.
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