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Timestamp: 2020-07-08 01:04:52
Document Index: 291664125

Matched Legal Cases: ['Artículo 115', 'artículo 109', 'Artículo 109', 'ARTÍCULO 2', 'artículo 71', 'artículo 2', 'artículo 2', 'Artículo 2', 'ARTÍCULO 9', 'artículo 9', 'artículo 9']

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS - C o n t e n I d o
Es una preocupación constante de los Representantes Populares, el lograr que dentro de la Administración Pública de todos los niveles de Gobierno, se transparente el uso de los recursos públicos, que ha sido un reclamo social la entrega o toma de partidas de dinero, que de manera reiterada, han llevado acabo en el ámbito de los tres Poderes de la Unión y desde luego en la Administración Pública Estatal y Municipal, sin recato alguno, y sin que exista una verdadera justificación, para obtener ingresos económicos diversos a su salario y prestaciones de la Ley, que todo mundo ha reconocido bajo la expresión de bonos, por fin de trienio, sexenio, o bien por retirarse anticipadamente del cargo o por conclusión de este.
Todo ello preocupa a la sociedad a la que representamos en esta Cámara de Diputados, además de que en la Constitución Local de los Estados y los Municipios bajo el pretexto de una autonomía presupuestaria, basados en el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, han procurado desde hace aproximadamente 10 años, entregarse partidas extraordinarias de dinero, fuera de la prudencia y sano juicio del gasto público, quienes confían en que al denominarse esos ingresos bajo diversas denominaciones, como bono de retito, bono de fin de año, bono de fin de sexenio, estiman que esos subterfugios legales, limpian la ilicitud de esos gastos, lo cual ya no es posible aceptar en nuestro sistema Constitucional, pues la Sociedad esta cansada de existir siempre una impunidad abierta a favor de quienes vulneran la Ley, bajo el pretexto de ser ellos quienes dirigen y administran los Recursos Públicos, que se obtienen de la recaudación de impuestos y tributos; un digno ejemplo de esto, lo es los excesos de gasto corriente, por las ganancias de la venta del oro mexicano, como lo es el petróleo e incluso aún sin recibir este beneficio, laceran las arcas que como un Buen padre de Familia debe administrar, pero todo ello solo es demagogia, pues está demostrado en los último años, que a los Funcionarios Públicos, no les interesa el desacatar la disciplina y la normatividad del gasto público, al extremo de ignorar, tal vez por la impunidad que permea en nuestro México, lo que expresa el numeral 109 de la Carta Magna Por todo ello se impone lograr y para ello proponer una reforma integral al articulo 109 mencionado, para desde el rango Constitucional, se obligue a las legislaturas de los estados, a crear el delito correspondiente, que debe formar parte del Capitulo de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, para ello es importante resaltar que algunos Partidos Políticos, mediante su Código de Principios ó de Ética, anuncian a los cuatro vientos que sancionarán a los integrantes de su partido con expulsarlos sí reciben ó se otorgan un bono cualesquiera de los citados con antelación, pero esto se estima es totalmente inútil para inhibir ó prohibir el dispendio de los recursos públicos, sino que se requiere un combate frontal y directo, para también eliminar la posibilidad de la Impunidad, ó mejor dicho la frase más común de la Administración Pública, ?lo de ayer quedo en el pasado y aquí no ha sucedido nada ?, y esto solo logra tipificando como Delito está conducta contraria a una sana y recta aplicación del dinero público, para de esta formula evitar que los Servidores Públicos de todos los niveles, dejen de considerar el servicio público como una empresa privada; pues todo esto es contrario a la honestidad y transparencia que deben ser las virtudes de todo Servidor Público, que administra el patrimonio de la nación, del estado ó del municipio en su caso.
Por lo antes expuesto, someto al pleno de esta Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el siguiente:
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el tercer párrafo de la Fracción III del artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 109.- ...........................................
III......................................
Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se debe sancionar penalmente a los Servidores Públicos que durante su encargo, por su conclusión, ó cualquier causa análoga al mismo: PERCIBAN O SE ADJUDIQUEN RECURSOS ECONOMICOS Ó MATERIALES BAJO CUALQUIER DENOMINACION, QUE VAYA EN CONTRA DE UNA SANA ADMINISTRACION Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CASO, Ó BIEN INCUMPLAN PROGRAMAS PRIORITARIOS, por sí ó por interpósita persona. Las leyes penales sancionarán con privación de la libertad y el aseguramiento de los bienes afectos a está conducta sin demérito de las demás sanciones que procedan. El presente delito se perseguirá de oficio, con independencia de que proceda el Juicio Político y el de Procedencia en su caso, respecto de aquellos Servidores Públicos que gocen del Fuero Constitucional.
INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 2º. DE LA LEY ORGÁNICA DE LA LOTERIA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA
Los que suscriben, Diputados Federales Alfonso Ramírez Cuellar y Omar Ortega Álvarez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LIX Legislatura, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Honorable Congreso de la Unión, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se Adiciona el artículo 2º. de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, conforme a la siguiente:
Como es de su conocimiento, en los últimos días han venido saliendo a la luz pública diversas irregularidades en los donativos realizados por la Lotería Nacional para la Asistencia Pública a diversas organizaciones.
Entre las irregularidades más importantes, destacan los donativos relacionados con la familia Fox, así como los otorgados a empresarios que representan importantes organizaciones y grupos conservadores y religiosos, fundamentalmente a favor del Fideicomiso Transforma México, entre los cuales, destacan los siguientes:
El caso de Promoción y Acción Comunitaria IAP (PACO), que recibió 1.5 millones de pesos y cuya directora es la prima hermana del Presidente Vicente Fox, la religiosa María del Carmen Fuentes Quesada.
El fideicomiso entregó 850 mil pesos a la Asociación Mexicana de Diabetes en Guanajuato, en la que Gemma Padilla es apoderada legal y esposa de Javier Fox Quesada, hermano del Mandatario.
También en el caso del Comité Nacional Provida, organización antiabortista cercana al PAN y que recibió 3.4 millones de pesos para la adquisición de equipos de ultrasonido para los Centros de Ayuda a la Mujer, de esa organización.
Ademàs el caso de los 55 millones de pesos entregados a la Fundación Interamericana Anáhuac para el Desarrollo Social, que pertenece a la Universidad Anáhuac, creada por la Congregación Legionarios de Cristo y cuyo fundador es el padre Marcial Maciel.
Otro caso es el de la Unión de Empresarios para la Tecnología en la Educación (Unete), que recibió 44.7 millones de pesos, cuyo presidente es Claudio X. González Guajardo.
Existen también donativos por 5 millones al Fideicomiso Ver Bien para Aprender Mejor, de Banamex, en cuyo consejo está María Elena Servitje.
Otro donativo por 3 millones de pesos a Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural, encabezado por Lorenzo Servitje Sendra.
Uno más de 8.9 millones al Tec. de Monterrey, cuyo miembro del Consejo es Lorenzo Zambrano.
Las donaciones que ahora criticamos han existido siempre por así lo hemos permitido. En este sentido, este Congreso se encuentra obligado a poner un freno a la discrecionalidad y frivolidad del Ejecutivo Federal en su actuación. Pero mal haríamos si no pasamos del discurso a los hechos.
En este tenor, proponemos reformar la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública para impedir la discrecionalidad del Ejecutivo Federal en la disposición de los ingresos que por concepto de productos obtiene dicho organismo descentralizado para que dicha paraestatal los ponga a disposición de la Secretaría de Salud para apoyar las actividades que en materia de asistencia social se encuentra obligada a otorgar dicha dependencia del Ejecutivo Federal.
El México de hoy, requiere que los mexicanos más afortunados apoyen al Estado en sus labores de promoción del desarrollo y de asistencia social y no que se valgan de éste para promover su imagen o causas pseudoaltruistas.
Mucho menos podemos darnos el lujo de apoyar las supuestas labores asistenciales de los parientes de quienes se encuentren en el poder.
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a su consideración la presente:
INICIATIVA DE REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DE LA LOTERIA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA.
ÚNICO.- Se adiciona un Tercer Párrafo al artículo 2º. de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, para quedar como sigue:
“Artículo 2º…
Los ingresos que por concepto de productos obtenga el organismo se pondrán a disposición de la Secretaría de Salud para su aplicación en los programas de asistencia social, en términos de lo dispuesto por la Ley General de Salud.
PRIMERO.- La presente adición entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.”
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a los 23 días del mes de junio de dos mil cuatro.
DIPUTADOS ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR DIP. OMAR ORTEGA ÁLVAREZ
Edificio H, Piso 3
guillermo.velasco@congreso.gob.mx
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA LA FRACCIÓN IX Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
HONORABLE CONGRESO DE LA UNION.
El Diputado Guillermo Velasco Rodríguez que firma al calce, integrante de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II, 72, 73 fracción X y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II, 56, 60, 64, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto, de conformidad con la siguiente:
En México, más de cinco millones de personas carecen de energía eléctrica. Aún cuando nuestro país tiene un alto porcentaje de penetración eléctrica1, no podemos olvidarnos de los millones de mexicanos que aún viven sin ella.
El progreso de cualquier país depende de la habilidad de sus habitantes para emplear los recursos energéticos en acciones que fortalezcan la competitividad de su economía al mismo tiempo en que se protege y mejora al medio ambiente.
Es imprescindible que procuremos un desarrollo que satisfaga tanto las necesidades actuales como las futuras. Es necesario que instrumentemos políticas públicas que resuelvan los problemas de la marginación a largo plazo. Las prácticas convencionales para llevar los servicios básicos a las comunidades rurales marginadas y proveerles de oportunidades y de una mejor calidad de vida han sido insuficientes, es tiempo de considerar los avances científicos y tecnológicos en nuestras propuestas y decisiones.
En este sentido, México tiene un importante potencial de generación eléctrica a partir de fuentes renovables de energía, sobretodo en las zonas marginadas de nuestro país. Las ventajas que ofrecen estas alternativas de generación consisten en su amplia disponibilidad de recursos, en su facilidad de mantenimiento y uso en comparación con otras alternativas y en su probada viabilidad técnica y económica.
Considerando lo anterior y reconociendo que el grueso de las poblaciones sin electrificar habitan en 80,000 pequeñas localidades de menos de 500 habitantes y que se encuentran muy retiradas de las redes eléctricas, es que proponemos que se incremente la electrificación rural por medios renovables, ya que el potencial de aprovechamiento de esta energía en México es uno de los más altos del mundo, como el caso de las energías solar y eólica.
Alrededor de tres cuartas partes del territorio nacional son zonas con una insolación media del orden de los 5 kilowatts hora por metro cuadrado, el doble que Estados Unidos; y en cuestión eólica tenemos altos potenciales en Baja California, Tabasco, Guerrero, Oaxaca, Zacatecas, Quintana Roo y Campeche. Y aún en estados donde la energía del viento no es muy elevada, existe la suficiente para proveer de electricidad a las comunidades rurales.
En la pasada administración, dentro del Programa de Solidaridad, se dio inicio a un programa de electrificación rural con fuentes alternas de energía, que principalmente se componían por sistemas híbridos que utilizaban pequeñas turbinas eólicas, paneles solares, pequeñas presas hidroeléctricas y bancos de baterías. Cabe destacar que en aquellas localidades que se encontraban alejadas de la red central de distribución eléctrica, se llegaron a instalar más de 24,000 pequeños sistemas solares de iluminación doméstica y otros sistemas de mayor capacidad que aprovechan la energía solar y el viento o las pequeñas caídas de agua2. Lamentablemente este programa dejó de operar por razones meramente políticas, presupuestales y administrativas.
Ejemplos de lo que he mencionado son los sistemas de celdas solares y aerogeneradores instalados en El Gavillero, Hidalgo y en Mazapil, Zacatecas, que abastecen de energía eléctrica a estas dos comunidades rurales.
Al analizar que comunidades rurales están sin servicio eléctrico, observamos que se trata de asentamientos con un alto grado de dispersión y muy baja densidad de población. Existiendo dentro de ellos pequeños grupos étnicos que se encuentran en regiones remotas y difícilmente accesibles, a veces totalmente aislados del resto del país. Cuestión que hace que sea más económico implantar esquemas de generación renovable que líneas de distribución eléctrica.
El uso de recursos energéticos locales renovables para la generación de electricidad en las comunidades rurales, en un intento por desarrollar esquemas de electrificación que sean baratos, rápidos de implementar, e igualmente confiables en relación con las extensiones de la red.
Desde un punto de vista estrictamente tecnológico, la modularidad de los sistemas de energías renovables permite concebir una variedad de esquemas de electrificación, desde los muy pequeños (40-50 watts) para iluminación básica de viviendas individuales, hasta los sistemas centralizados (autónomos, híbridos o integrados) de varias decenas de kilowatts para electrificar comunidades enteras mediante una pequeña red local de distribución, o bien combinaciones de éstos. La elección entre unos y otros depende de muchos factores. Entre ellos se incluyen los patrones de demanda, el tamaño de la carga, el grado de dispersión de la comunidad, y parámetros socio-culturales, económicos y ambientales de la localidad.
Un módulo de celdas solares de 40 ó 50 Watts, una batería para almacenar electricidad, un control electrónico, la instalación, y el juego de lámparas. Estos sistemas empiezan a ser competitivos cuando las redes eléctricas se encuentran a más de un kilómetro de distancia.
Sobre los sistemas híbridos, se estima que cuando son instalados a más de 15 kilómetros de la red eléctrica pueden ser económicamente competitivos.
Las experiencias nacionales e internacionales nos muestran que los costos de instrumentación de sistemas híbridos para electrificación rural son de mucho menor costo económico que el tendido de líneas de transmisión.
Ha quedado ya bien establecido que es posible llevar electricidad para alumbrado básico a las comunidades más pequeñas y más alejadas, en forma más barata con fuentes renovables que con extensiones de red.
Cabe mencionar que con este tipo de sistemas, si es posible que los servicios comunitarios puedan ser abastecidos. A partir de ellos se podrían operar clínicas rurales, teléfonos comunitarios, centros culturales con televisión educativa y recreativa, entre otros.
Reconocemos que la electrificación rural por estos medios no es una tarea fácil, se necesita capacitación a técnicos y usuarios y también cultura de los sistemas. Sabemos que llevar a cabo un programa de esta magnitud con tecnología de energías renovables puede ser una tarea compleja, pues implica anticipar y resolver problemas de carácter económico, tecnológico, ingenieril, social, político y de infraestructura.
Sin embargo, confiamos en la experiencia y capacidad de los trabajadores de la CFE, misma que ha sido designada como el órgano normativo del proceso de electrificación rural con energía renovable. Además, podrá y deberá hacer partícipes a los usuarios y establecer convenios con los gobiernos estatales y municipales, apoyándolos con recursos económicos federales. Es entonces, que la CFE tendrá la responsabilidad de velar por la calidad y la sustentabilidad de los proyectos.
Compañeros legisladores, nuestra propuesta de electrificación rural retoma un proyecto ya probado en México, y de instrumentarse, traerá beneficios sociales, económicos y ambientales a nuestro país.
Los invito a que apoyen esta propuesta y logremos una mejor calidad de vida para esos cuatro y medio millones de mexicanos que aún están marginados y sin posibilidades de crecimiento.
Por todo ello, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, respetuosamente sometemos a este H. Pleno, la siguiente iniciativa de
DECRETO mediante el cual se reforma la fracción IX y se adiciona una fracción X al artículo 9 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción IX y se adiciona una fracción X al artículo 9 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica; para quedar como sigue:
I al VIII.- …
IX.- Proveer de energía eléctrica a todas las comunidades del país que así lo requieran; utilizando preferentemente energías renovables para aquellas comunidades que se encuentren alejadas de las redes de distribución.
X.- Los demás que fijen esta ley y sus reglamentos.