Source: http://quantumconsultores.com/boletin-2da-quincena-de-octubre-2016/
Timestamp: 2017-11-23 00:01:26
Document Index: 203531778

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 76', 'artículo 76', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 37', 'artículo 46', 'artículo 48', 'artículo 46', 'artículo 30', 'artículo 77']

En esta oportunidad, damos cuenta de las principales normas tributarias de interés general publicadas durante la segunda quincena de octubre de 2016.
1.- Modifican tasa del Drawback.
A través del Decreto Supremo No. 282-2016-EF publicada con fecha 14.10.2016, se ha Modificado la tasa del Drawback aprobada mediante Decreto Supremo No. 104-95-EF. En ese sentido, la tasa del Drawback será la siguiente:
Desde el 15.10.2016 al 31.12.2018, la tasa se reducirá de 5% a 4%.
Desde el 01.01.2019, tasa será de 3%.
2.- Amplían excepciones para la presentación de las declaraciones mensuales del IGV y del Impuesto a la Renta.
Mediante Resolución de Superintendencia No. 272-2016-EF publicada con fecha 27.10.2016, se ha dispuesto modificar el artículo 3° de la Resolución de Superintendencia No.203-2006/SUNAT, el cual señala que se exceptúa a los deudores tributarios de la obligación de presentar las declaraciones mensuales correspondientes al:
IR empresarial y al IGV siempre que estén en alguno de los siguientes supuestos:
Se encuentren exonerados del IR y solo realicen operaciones exoneradas del IGV.
Perciban exclusivamente rentas exoneradas del IR y solo realicen operaciones exoneradas del IGV.
No generen ingresos gravados con el IR y tratándose del IGV:
c.1) No realicen operaciones gravadas ni adquisiciones de bienes, prestaciones o utilizaciones de servicios, contratos de construcción o importaciones que otorguen derecho a crédito fiscal
c.2) No realicen operaciones gravadas y solo efectúen adquisiciones de bienes, prestaciones o utilizaciones de servicios, contratos de construcción o importaciones que otorguen derecho a crédito fiscal, cuyos comprobantes de pago o documentos respectivos no hayan sido anotados en el Registro de Compras.
IR empresarial, IGV, Nuevo RUS, según corresponda, cuando hubieran suspendido temporalmente sus actividades o dejado de realizar las actividades generadoras de obligaciones tributarias.
La excepción de la presentación de las declaraciones mensuales para los sujetos comprendidos en el Nuevo RUS, Categoría Especial, se regirá por lo dispuesto en la Resolución de Superintendencia No. 032-2004/SUNAT.
La obligación de no presentar las mencionadas declaraciones mensuales, no se aplica a los deudores que tengan la obligación de presentar dichas declaraciones cuando sea requisito para solicitar devoluciones, compensaciones o acogerse a un régimen tributario o para ejercer la opción de atribución de rentas para efecto de su declaración y pago, de acuerdo con lo previsto en las normas vigentes.
La norma en comentario entra en vigencia a partir del 28.10.2016.
3.- Modifican la Resolución de Superintendencia No. 234-2006/SUNAT.
Con motivo de la Resolución de Superintendencia No. 274-2016/SUNAT publicada el 27.10.2016, se modifica el primer párrafo del artículo 2° de la R.S. No. 234-2006/SUNAT, el cual señala lo siguiente:
“Los libros y registros vinculados a asuntos tributarios serán legalizados ante cualquier notario o, a falta de éste, en los juzgados de paz letrados o juzgados de paz de la jurisdicción territorial en la que se encuentre ubicado el domicilio fiscal del deudor tributario”.
4.- Permiten aplazar y/o fraccionar en menor plazo la deuda por IGV de los deudores tributarios cuyas ventas anuales no superen las 150 UIT
A través de la Resolución de Superintendencia No. 275-2016/SUNAT publicada con fecha 27.10.2016, se han efectuado las siguientes modificaciones al Reglamento de aplazamiento y/o fraccionamiento de la deuda tributaria:
Se incorporan las definiciones de IGV, IPM y Ventas anuales.
Incorporan supuesto de deuda tributaria que puede ser materia de aplazamiento y/o fraccionamiento: “la deuda tributaria administrada por la SUNAT, así como la contribución al FONAVI”.
No puede ser materia de aplazamiento y/o fraccionamiento las deudas correspondientes al último periodo vencido a la fecha de presentación de la solicitud, así como aquellas cuyo vencimiento se produzca en el mes de presentación, salvo excepciones.
Al momento de presentar la solicitud para solicitar el aplazamiento y/o fraccionamiento y refinanciamiento, al día anterior de dichas presentación no se deberá contar con saldos en las cuentas del Banco de la Nación por operaciones sujetas al SPOT ni ingresos como recaudación pendientes de imputación por parte del deudor tributario, salvo excepciones.
La norma en comentario entra en vigencia a partir del 15.11.2016.
I.- ¿Los contribuyentes que contabilicen como costo o gasto la retribución por un servicio prestado por un sujeto no domiciliado deberán abonar al fisco el “monto equivalente a la retención” del impuesto a la renta si con anterioridad a dicho registro contable han pagado la renta de fuente peruana a dicho sujeto no domiciliado?
Ante la interrogante formulada en el epígrafe, en virtud del INFORME No. 152-2016-SUNAT/5D0000, SUNAT ha razonado y concluido como sigue:
El segundo párrafo del artículo 76° de la Ley del Impuesto a la Renta (LIR) señala que:
Los contribuyentes que contabilicen como gasto o costo las regalías, y retribuciones por servicios, asistencia técnica, cesión en uso u otros de naturaleza similar, a favor de no domiciliados, deberán abonar al fisco el “monto equivalente a la retención” en el mes en que se produzca su registro contable, independientemente de si se pagan o no las respectivas contraprestaciones a los no domiciliados.
En conclusión, lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 76° de la LIR, transcrito en el acápite precedente, aplica únicamente cuando, tratándose de contribuyentes que contabilicen como costo o gasto retribuciones por servicios, aquellos (contribuyentes) efectúen el registro contable de dicho servicio prestado por el sujeto no domiciliado con anterioridad al pago o abono de la renta a favor de éste último, puesto que si ocurre lo contrario, esto es, si con antelación al citado registro contable el contribuyente paga o abona la renta de fuente peruana al sujeto no domiciliado, la obligación de retener el IR surgirá en dicha oportunidad (aquella en la que se pagó o abonó la renta al “no domiciliado”).
II.- ¿Una empresa dedicada al servicio de estacionamiento vehicular regulado por Ley 29461 y que cuente con la calidad de emisor electrónico de comprobantes de pago, y por ende, habilitado a emitir “factura electrónica”, debe consignar como información en la misma el número de placa del vehículo estacionado?
Ante la interrogante formulada en el epígrafe, en virtud del INFORME No. 163-2016-SUNAT/5D0000, SUNAT ha razonado y concluido como sigue:
De acuerdo con lo previsto en el artículo 9, 1, o), de la Resolución de Superintendencia 188-2010/SUNAT, cuando se trate de la prestación de servicios de mantenimiento, seguros, reparación y similares para vehículos automotores, el emisor de la factura electrónica debe ingresar en esta, entre otra información, el número de placa del vehículo automotor respectivo.
El artículo arriba glosado hace alusión a conceptos vinculados con el funcionamiento del vehículo.
A modo de conclusión: considerando que la prestación de servicio de estacionamiento vehicular consiste en la cesión de un espacio determinado para estacionar un vehículo dentro de un establecimiento acondicionado para tal efecto, al no tener ello implicancia alguna en cuanto al funcionamiento de dicho vehículo, se puede concluir que el citado servicio no se encuentra comprendido dentro de los alcances del término “similares” a que hace referencia el artículo 9, 1, o), de la Resolución de Superintendencia No. 188-2010/SUNAT.
I.- ¿El reparo de un gasto por concepto de “seguro de vida” otorgado a un socio-gerente, en lo concerniente al Impuesto a la Renta (IR), es motivo suficiente para calificar dicho gasto como una “disposición indirecta de renta no susceptible de posterior control tributario” (dividendo presunto) y por ende aplicar sobre la “tasa adicional” del 4.1%?
La empresa fiscalizada por SUNAT era una dedicada a la prestación de servicios de auditoría financiera
SUNAT reparó el “gasto por seguro de vida” a favor del gerente general registrado en la cuenta contable 651, siendo que el sustento del citado reparo (gasto por pago de “prima de seguro de vida”) contratado a favor del socio-gerente reposaba en el incumplimiento del requisito de “generalidad” (del gasto) contemplado en el último párrafo del artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta (LIR), máxime cuando en el Libro de Planillas de la empresa fiscalizada figuraban registrados 2 trabajadores, uno de ellos desempeñaba el cargo de gerente general y la otra, de auditora; siendo que ambos viajaban por motivo de los contratos de auditoría celebrados. Sin embargo, solo el gerente general contaba con “póliza de vida”. SUNAT sostuvo que, al realizar ambos trabajadores las mismas funciones para el desempeño de las labores no había razón objetiva para que solo uno de ellos contara con “seguro de vida”
Al amparo de los argumentos esbozados en el párrafo anterior SUNAT consideró el importe de dicho reparo como una “disposición indirecta de renta no susceptible de posterior control tributario”, esto es, como un dividendo presunto sobre el cual aplicó la “Tasa Adicional” del 4.1%.
El Tribunal Fiscal, en virtud de la RTF 08622-5-2014, falló a favor de la empresa y dejó sin efecto la calificación de “disposición indirecta de renta no susceptible de posterior control tributario” al importe incurrido por “seguro de vida” del socio-gerente, bajo el siguiente razonamiento:
No todos los gastos reparables para fines del IR deben ser cuantificados para la aplicación de la tasa del 4.1%, pues ésta es solo aplicable respecto de aquellos desembolsos cuyo destino no pueda ser acreditado fehacientemente, entendiéndose así que se trata de una “disposición indirecta de renta no susceptible de posterior control tributario” (dividendo presunto). Así, por ejemplo, no es considerado como tal (“disposición indirecta de renta no susceptible de posterior control tributario”), pese a no ser admitido como deducible del IR, el reparo por multas e intereses moratorios; los honorarios de los directores que superan el límite del 6% de la utilidad comercial; provisiones no admitidas o que no cumplen con los requisitos de ley, entre otros, siempre que se pueda acreditar el destino de dichos gastos.
Estando a lo anterior, el monto del reparo por gastos de seguro de vida del gerente general no puede ser considerado como “disposición indirecta de renta no susceptible de posterior control tributario”, puesto que se trata de todo lo contrario, esto es, susceptible de control tributario verificable por SUNAT.
I.- Puestos de trabajo excluidos de los días declarados no laborables para la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia – Pacífico (APEC)
El Decreto Supremo No. 082-2016-PCM publicado el día 26.10.2016, establece que las empresas sujetas al régimen de la actividad privada que presten los siguientes servicios están facultadas para determinar los puestos de trabajo excluidos del goce de los días declarados no laborables por la realización de Cumbre del APEC, conforme a lo establecido en el Decreto Supremo No. 059-2016-PCM (17, 18 y 19 de noviembre de 2016):
Servicios sanitarios y de salubridad
Puertos – Aeropuertos y transporte
Expendio de víveres
Asimismo, el dispositivo efectúa las siguientes precisiones:
También están exceptuadas de los días no laborables aquellas labores indispensables en todo tipo de empresa cuya paralización pueda afectar la seguridad de las personas y bienes o impida la reanudación inmediata de la actividad de la empresa.
La recuperación de horas se sujetará a parámetros de razonabilidad y no podrá afectar el descanso semanal obligatorio del trabajador. En ningún caso el tiempo de trabajo que comprende la recuperación de horas podrá ser mayor al periodo dejado de laborar.
II.- Listado de Microempresas que serán fiscalizadas por los Gobiernos Regionales durante el año 2017
La Resolución Ministerial No. 254-2016-TR, publicada el día 26.10.2016, aprueba el listado de microempresas que serán fiscalizadas por los Gobiernos Regionales durante el año 2017.
El dispositivo en mención precisa que los Gobiernos Regionales serán competentes para fiscalizar a todos los empleadores en aquellas regiones en donde la Sunafil no haya iniciado funciones.
III.- Transferencia de competencias en materia de fiscalización inspectiva y potestad sancionadora del Gobierno Regional de Arequipa a SUNAFIL
La Resolución Ministerial No. 248-2016-TR publicada el día 14.10.2016 aprobó el inicio del proceso de transferencia de competencias en materia de fiscalización inspectiva y potestad sancionadora del Gobierno Regional de Arequipa a la SUNAFIL.
El dispositivo en mención señala que la SUNAFIL ejercerá sus competencias en el ámbito territorial de dicho Gobierno Regional a partir del 20 de octubre de 2016.
Asimismo , se dispuso suspender desde 3 días antes y hasta 3 días después de la indicada fecha, los plazos de los procedimientos de inspección y de los procedimientos sancionadores a cargo de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del Gobierno Regional de Arequipa relativos a:
La distribución de órdenes de inspección y de orientación y asesoría técnica.
El inicio de actuaciones inspectivas de investigación y de orientación y asesoría técnica.
Las órdenes de inspección y de orientación y asesoría técnica, y las actuaciones inspectivas que se realizan como consecuencia de ellas, como son las visitas, comparecencias, emisión de medidas inspectivas de advertencia y requerimiento, así como la emisión de informes finales o actas de infracción.
El registro de actas de infracción y su distribución a la Subdirección de Inspección del Trabajo en el Sistema Informático de Inspección del Trabajo (SIIT).
La notificación de actas de infracción.
La emisión de resoluciones directorales y subdirectorales que resuelvan los procedimientos administrativos sancionadores.
Se exceptuó de esa suspensión los procedimientos referidos a la verificación de despidos, accidentes de trabajo, paralización de labores, afectaciones al derecho de huelga, el otorgamiento de constancias de cese, y otros supuestos que determine la Intendencia Regional de la SUNAFIL correspondiente.
Tratándose de procedimientos sancionadores se dispuso la suspensión por el indicado lapso de los plazos para la presentación de descargos, apelaciones y quejas por denegatoria de apelación.
IV.- Modificación en el T-Registro de información relativa a teletrabajadores y Seguridad y Salud en el trabajo en la Planilla Electrónica
La Resolución Ministerial No. 260-2016-TR publicada en el Diario Oficial El Peruano el 27.10.2016, modificó diversos anexos de la Resolución Ministerial No. 121-2011- TR (Información de la Planilla Electrónica) a efectos de que en la planilla electrónica se registre información relativa a seguridad y salud en el trabajo y teletrabajadores. Asimismo, ha establecido la obligatoriedad del registro de dicha información.
La norma en comentario entra en vigencia a partir del 01.11.2016.
I.- NUEVO CRITERIO DE LA CORTE SUPREMA ESTABLECE CUÁLES SON LOS SUPUESTOS EN QUE PROCEDE LA REDUCCIÓN DE LA REMUNERACIÓN
A un mes de establecer la Corte Suprema la posibilidad de reducción de remuneración consensuada y de manera unilatarla por el empleador, un reciente fallo de la misma la Corte Suprema (Cas. 3711-2016-Lima) establece un nuevo criterio precisando que solo en dos supuestos puede reducirse la remuneración de un trabajador: Por acuerdo individual o por acuerdo colectivo, excluyendo así la posibilidad de reducir la remuneración de manera unilataral por parte del empleador:
“Por acuerdo individual, solo es posible la reducción de las remuneraciones, cuando la misma sea expresamente pactada por el trabajador y el empleador, no pudiendo este acuerdo afectar en forma alguna los derechos que se han generado producto de servicios ya prestados”.
Según la Corte, este supuesto se presenta cuando las partes (empleador y trabajador) celebran un acuerdo o convenio escrito, en virtud del cual se pacta la reducción de las remuneraciones conforme a los alcances de la Ley N° 9463. Precisa que cuando la Ley Nº 9463 menciona el término “indemnizaciones”, está refiriéndose a la compensación por tiempo de servicios (CTS). Asimismo, agrega que la reducción debe ser razonable y proporcionada; además, que en ninguno de los casos podrá reducirse la remuneración por debajo de la Remuneración Mínima Vital (RMV), por encontrarse estipulada en una norma de carácter imperativa.
“Por acuerdo colectivo, solo podrá efectuarse la reducción de remuneraciones, siempre y cuando sea pactada entre el empleador y la organización sindical mayoritaria, cuando se presente alguna de las causas objetivas previstas en el artículo 46° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, siendo requisito que esta medida se adopte para evitar o limitar el cese de personal y se sujete al procedimiento previsto en el artículo 48° de la misma norma legal”.
La Corte señala que esta causal se presenta cuando la reducción de remuneraciones tiene como origen algunas de las causas objetivas previstas para la terminación de los contratos de trabajo señaladas en el artículo 46° de la LPCL. En ese sentido, establece que la reducción deberá obedecer a la presencia de:
Un caso fortuito o fuerza mayor: Es la causa no imputable al empleador consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible que por su gravedad implica la desaparición total o parcial del centro de trabajo (la aplicación de esta causal debe ser concordada con lo dispuesto por el art. 1315 del Código Civil y el art. 47° de la LPCL),
Económicos: Estos motivos se encuentran definidos por el art. 1 del D.S. 013-2014-TR.
Tecnológicos: Son aquellos cambios que resultan necesarios efectuar al interior de la empresa con el fin de evitar que funcionamiento resulte obsoleto por efecto de la constante evolución de la tecnología);
Estructurales o análogos: Los primeros hacen referencia a los cambios en la organización de la empresa. Los segundos se refieren a todas aquellas causas ajenas a la voluntad de las partes que afectan seriamente el funcionamiento de la empresa que podrían justificar la terminación colectiva de los contratos;
La disolución y liquidación de la empresa y la quiebra: Esta causal hace referencia al caso de situaciones de crisis empresarial que se refiere conforme a la Ley General de Sociedades (Ley Nº 26687) y la Ley General del Sistema Concursal (Ley Nº 27809);
La reestructuración patrimonial: Esta situación se regula conforme a la Ley General del Sistema Concursal (Ley Nº 27809)
“Toda disminución de remuneraciones no establecida por pacto individual o colectivo constituye un acto de hostilidad previsto el literal b) del artículo 30 del TUO del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97- TR”.
II.- LA CAUSA OBJETIVA DE CONTRATACIÓN DEBE ESTAR DEBIDAMENTE JUSTIFICADA EN EL CONTRATO DE TRABAJO A PLAZO DETERMINADO BAJO RIESGO DE SER DECLARADO DESNATURALIZADO Y CONSECUENTEMENTE DEVENIR DICHO CONTRATO DE TRABAJO EN UNO A TIEMPO INDETERMINADO
Mediante STC 606-2014-PA/TC de fecha 22 de abril de 2016, el Tribunal Constitucional declaró desnaturalizado un contrato de trabajo por incremento de actividad por no haberse especificado y justificado la causa objetiva de contratación.
EL caso versa sobre un trabajador que suscribió contratos bajo la modalidad de incremento de actividad. En dichos contratos se consignó como causa objetiva lo siguiente:
– El empleador “es una empresa operadora del servicio público de telecomunicaciones… que ha iniciado sus operaciones en el Perú en el año 2001 y requiere incrementar y optimizar su penetración en el mercado de la telefonía móvil por lo que está trabajando en el desarrollo de nuevos Proyectos y Promociones comerciales que han implicado un incremento de sus actividades actuales”.
– El empleador “contrata bajo la modalidad de contrato de trabajo por incremento de actividades… a fin de que asuma el cargo de sectorista… especialmente orientado al incremento de actividades referido en la cláusula primera que antecede”.
El trabajador fue despedido e interpuso una demanda de amparo solicitando la reposición a su puesto de trabajo. Señaló que los contratos por incremento de actividad fueron desnaturalizados porque había realizado labores permanentes y la causa objetiva que justificó su contratación no había sido especificada con detalle.
El fallo del Tribunal Constitucional mencionó que en aplicación del inciso d) del artículo 77° de la LPCL, debe concluirse que los contratos de trabajo por incremento de actividad han sido desnaturalizados, por lo que corresponde declarar fundada la demanda. Las razones son las siguientes:
– Las cláusulas no cumplen con especificar el motivo objetivo de contratación, pues resultan ser demasiado genéricas e imprecisas. El empleador sólo se limitó a expresar que requería “optimizar su penetración en el mercado de la telefonía móvil” y que estaba desarrollando “nuevos Proyectos y Promociones comerciales” sin que se puntualizara a qué nuevos “proyectos” o “promociones comerciales” se refería, que efectivamente exigían acelerar la productividad de la empresa.
– Los motivos de contratación son extremadamente elásticos, y pueden justificar que cualquier trabajador en cualquier cargo pueda ser contratado en forma temporal. En estricto, no se específica (ni tampoco se desprende del texto completo del contrato) cuál era exactamente la actividad temporal concreta a satisfacer que se haya incrementado y cuál fue la relación que ésta tuvo con la funciones del trabajador. Por el contrario, en el segundo párrafo de la segunda cláusula del contrato citado, se señaló que al actor se le podía asignar labores o funciones distintas en la misma área y otras áreas; incluso fuera de la “ciudad de Lima” o en el extranjero.