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Timestamp: 2020-06-01 11:44:19
Document Index: 40527631

Matched Legal Cases: ['artículo 205', 'artículo 205', 'in dubio', 'in dubio', 'in dubio', 'artículo 2341', 'artículo 43', 'artículo 56', 'artículo 2356', 'artículo 922', 'artículo 6', 'artículo 1', 'artículo 42', 'artículo 47', 'artículo 922']

﻿ Sentencia 38859 de mayo 9 de 2012
SENTENCIA 38859 DE 09 DE MAYO DE 2012
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD PENAL. NO PUEDE CONDENARSE AL PROPIETARIO DE UN VEHÍCULO AUTOMOTOR A PAGAR LOS PERJUICIOS QUE ESTE CAUSA POR EL HECHO DE APARECER REGISTRADO EN LA OFICINA DE REGISTRO RESPECTIVA, PUES LO DETERMINANTE PARA VINCULARLO AL PAGO DE LA OBLIGACIÓN SOLIDARIA ES EL HECHO MATERIAL EFECTIVO DE LA TENENCIA, DISPOSICIÓN, GUARDA O DOMINIO DEL MEDIO PELIGROSO.
TEMAS ESPECÍFICOS:VEHÍCULO AUTOMOTOR, PERJUICIOS, RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR ACTIVIDAD PELIGROSA
Sentencia 38859 de mayo 9 de 2012
Aprobado Acta Nº 176.
Es necesario destacar, en primer lugar, que en atención a los requisitos legales consagrados para acudir al mecanismo extraordinario de la casación, el asunto examinado obliga recurrir a la vía discrecional, dado el monto de pena dispuesto para el delito por el cual se condenó al representado legal del recurrente y, primordialmente, el origen del fallo de segundo grado, emitido no por un tribunal, sino por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Palmira.
En este sentido, el artículo 205 de la Ley 600 de 2000, regula que el recurso extraordinario procede contra las sentencias proferidas en segunda instancia por los tribunales de distrito judicial o el tribunal superior militar, para delitos cuya pena privativa de la libertad exceda de ocho años.
Entonces, cerrada la vía ordinaria dado que la sentencia no proviene de un tribunal, era menester que el demandante especificase la necesidad de intervención de la Corte, ya para garantizar derechos fundamentales, ora en el cometido de desarrollar la jurisprudencia, como así lo impone el artículo 205, inciso último, de la Ley 600 de 2000.
Para superar la exigencia en comento, el recurrente dice que busca la protección de garantías presuntamente vulneradas a su representado legal, precisamente el acusado y condenado por la segunda instancia, así como al tercero civilmente responsable.
De entrada es necesario precisar que de ninguna manera el demandante puede justificar la vía discrecional, ni mucho menos soportar los cargos propuestos, en presuntas o reales vulneraciones de derechos fundamentales o garantías de un sujeto procesal diferente a aquel en cuyo nombre actúa.
Ello sencillamente porque el recurso extraordinario está habilitado para quien de manera legítima posee un interés en revocar o modificar la decisión que lo afecta. Y si está claro que el impugnante solo ha recibido poder del procesado y efectivamente actúa en su nombre, nada lo habilita para agenciar derechos de terceros.
Esa carencia de interés obliga a que se desechen todos los argumentos y solicitudes basados en la que dice violación de garantías del tercero civilmente responsable.
Por tal razón, el sustento del medio discrecional reclamado únicamente reposa en que presuntamente se vulneraron los derechos de su asistido, en lo que toca con la presunción de inocencia y el correlato in dubio pro reo.
Desde luego, si sucede que lo alegado por el impugnante es que se violaron garantías fundamentales del procesado, siempre será posible aducir que ello por sí mismo permite acudir al camino discrecional.
Pero, una tal afirmación no exonera de la carga procesal de explicar la necesidad de esa intervención discrecional de la Corte, comoquiera que se trata de dos exigencias y niveles de argumentación diferentes, de manera que en primer lugar se justifique ese requerimiento para que la Sala aborde el conocimiento del asunto, y en segundo término, se sustente adecuada y suficientemente la existencia del vicio o yerro trascendente que obliga modificar o revocar la decisión a favor del recurrente.
Se resalta, si ya por sí mismo el recurso de casación asoma extraordinario, en cuya razón la admisión de la demanda opera consecuencia de que se cumplan unas pautas argumentales y de sustentación exigentes, el tópico deriva hacia escenarios excepcionalísimos cuando se verifica que, en sentido general, el asunto no admite de esa especial forma de impugnación, tornándose imperioso delimitar amplia y suficientemente la materialización de una de las dos circunstancias que habilitan el examen de la Corte: vulneración de garantías fundamentales o necesidad de desarrollar la jurisprudencia.
En otras palabras, cuando el delito por el cual se condena contempla una pena legalmente establecida inferior a 8 años o la segunda instancia del proceso corresponde a un juzgado, lo normal es que el trámite termine con el fallo del ad quem, y solo cuando el recurrente argumenta de manera expresa y suficiente que se impone la intervención de la Sala para restañar garantías vulneradas o hacer dinámica la jurisprudencia, es posible, desde luego, si además se fundamenta cabalmente la existencia de un yerro trascendente, admitir la demanda de casación. Lo contrario significa tornar general lo que excepcional se ha fijado.
Pero, lo que de la demanda se deduce es apenas el interés del recurrente por hacer prevalecer su criterio, en contra del más autorizado de la segunda instancia, basados los dos únicos cargos pasibles de presentar, en una simple discusión de instancia acerca de la credibilidad predicable del testigo de descargos.
Así escuetamente planteado el tema de debate, para la Sala es evidente que la discrecionalidad alegada carece de soporte válido y esa asimilación a supuestas garantías conculcadas asoma completamente artificial, fruto del interés del demandante por superlativizar un asunto eminentemente probatorio que nace de la pretensión de anteponer su muy interesado examen de los elementos suasorios recogidos, al más autorizado del ad quem.
De esta manera, si la Corte no advierte, así fuese de forma adjetiva, que deban protegerse derechos fundamentales o haya de desarrollarse la jurisprudencia, mal puede admitir una demanda que no se aviene con las exigencias formales establecidas.
Ahora, aún en el evento que se dijera superado ese primer escollo, para la Sala es claro que los cargos postulados por el casacionista no resisten el análisis de adecuada fundamentación, pues, bajo el ropaje de las causales de casación contempladas en la norma legal, esconde su intención de contraponer sus juicios valorativos a los del juzgado de segunda instancia, pretendiendo entronizarlos como más contundentes, aunque no alcanza a perfilar una concreta violación que por su trascendencia obligue declarar la absolución pretendida.
A este efecto, un detenido examen de los dos únicos cargos pasibles de examinar —dado que, como se dijo, los otros dos refieren a presuntas vulneraciones de derechos del tercero civilmente responsable, que no es posible agenciar por el demandante, defensor del procesado— advierten de la total carencia de sustento, como se verifica a continuación.
Completamente desenfocada aparece la manera en que el demandante busca rehabilitar la declaración del testigo de descargos, anteponiendo su criterio de credibilidad al utilizado por el juzgador de segundo grado, sin que en ese propósito, por razones obvias, encarase el tipo de argumentación propia de la causal propuesta.
Si de verdad el casacionista hallase algún tipo de violación directa, el desarrollo del cargo implicaba, como ya de manera amplia y pacífica lo ha reiterado la Sala, elaborar un argumento eminentemente jurídico en el cual necesariamente debe respetar los hechos asumidos ciertos por el ad quem y la evaluación probatoria a partir de la cual llegó a ese convencimiento, pues, debe recalcarse, lo criticado por ese medio es exclusivamente la aplicación indebida o falta de aplicación de una norma sustancial.
Entonces, era menester que el recurrente señalase cómo esos hechos demostrados probados no se acomodan a la norma elegida por el fallador de segunda instancia, sea porque aplicó la que no debía, dejó de aplicar la adecuada, o tergiversó el sentido de lo que ella contiene.
En este sentido, si lo que advierte el impugnante es la falta de aplicación de las normas consagratorias del principio in dubio pro reo, la única manera de exponer adecuadamente el tema dentro de la órbita del error directo, es demostrando que a pesar de reconocer el fallo atacado, la existencia de duda probatoria, condenó al acusado.
Pero si, como ocurre en el escrito presentado por el defensor del procesado, lo buscado es controvertir la forma como encaró el ad quem la prueba, desde luego que no es el camino de la violación directa el adecuado.
Por lo demás, si el ataque se centra exclusivamente en la poca credibilidad que dio el juzgado del circuito a lo depuesto por el testigo de descargos, no es posible a través del recurso de casación obtener satisfacción a la pretensión absolutoria dado que, finalmente, el tema se centra en el criterio subjetivo del demandante, que de ninguna manera puede superar el más autorizado del fallador, dado que la sentencia de segundo grado, como se dijo antes, llega revestida a esta sede de una doble connotación de acierto y legalidad solo derrumbable con la demostración, si de la prueba se trata, de que se incurrió en algún vicio trascendente en su aducción o valoración.
Es evidente que el recurrente nunca abordó con seriedad la controversia probatoria apenas enunciada, ni elaboró argumento suficiente a partir del cual entender que de verdad se han materializado errores de hecho o de derecho.
Apenas tímidamente significó que fue negada una prueba —la declaración del testigo de descargos—, con lo cual, en principio, podría advertirse la existencia de un vicio de legalidad —por inadmitirse un medio suasorio legal, regular y oportunamente aportado— o un yerro de hecho por falso juicio de existencia por omisión —se dejó de considerar una prueba allegada de forma legítima—.
Sin embargo, durante el desarrollo del cargo puede verificarse que lo criticado no es la negación u omisión anunciadas, sino la poca credibilidad que el fallador de segundo grado otorgó al testimonio en cuestión, ocupándose el impugnante, en típico alegato de instancia, de examinar la prueba a la luz de su particular y muy interesada visión, sin jamás determinar cuál es el error en el que incurrió el ad quem al definir la credibilidad intrínseca de ese medio suasorio y contrastarlo con los demás elementos de juicio allegados.
Por lo demás, si el fundamento central utilizado por el casacionista para prohijar la tesis de necesaria aplicación del principio in dubio pro reo, estriba en que dentro del plenario existen versiones encontradas de lo ocurrido, evidente se aprecia el desacierto, en tanto, lo obligado realizar del funcionario es decantar el análisis probatorio para determinar racionalmente cuál de las dos partes comporta veracidad y no, como lo propone, acudir a esa especie de valoración matemática que obliga uniformidad en la prueba.
Acorde con los evidentes yerros de fundamentación que pueblan el cargo examinado, obligada se erige su inadmisión.
Una verdadera petición de principio —yerro lógico que consiste en dar por demostrado lo que precisamente debe demostrarse— contiene el segundo cargo propuesto por el casacionista, en cuanto, sin mayor verificación fáctica o jurídica y solo porque así lo piensa él, concluye en que la valoración del testimonio de descargos realizada por el ad quem, es desacertada y, por el contrario, su evaluación de credibilidad es la correcta.
Desde luego, ese falso raciocinio que rotula el cargo se queda allí, dado que apenas se enuncia genéricamente la violación de los postulados de la sana crítica, sin explicarse cómo ocurrió ello o, incluso, de qué manera incide ese yerro en la totalidad del plexo probatorio, al punto de obligar mutar la condena por absolución.
Para ilustración del demandante y con criterios pedagógicos, la Corte estima tempestivo traer a colación lo que ya de manera pacífica y reiterada ha establecido en punto de la forma de argumentar lógicamente respecto de la supuesta existencia de errores de hecho(1):
“Los errores probatorios de hecho, a diferencia de los de derecho, obligan a quien los invoca a aceptar que la prueba respecto de la que los alega fue reconocida por el funcionario como legal, regular y oportunamente allegada al proceso, toda vez que lo discutido constituye vicios fácticos que se desarrollan en tres modalidades: falso juicio de existencia, falso juicio de identidad y falso raciocinio.
No se requieren mayores lucubraciones jurídicas para advertir que ni por asomo el demandante cumplió con las exigencias argumentativas arriba reseñadas, razón suficiente para inadmitir ese alegato de instancia que compone el segundo cargo.
Así las cosas, la carencia de sustentación adecuada de la demanda y, primordialmente, la completa ausencia de argumentos que demuestren necesaria la vía discrecional, se erigen en factores ineludibles que tornan imperiosa su inadmisión.
De la casación oficiosa
Si bien la Sala, ante las evidentes falencias de fundamentación, inadmitirá la demanda presentada por el defensor del procesado, ello no implica que frente a su labor de velar por la protección de garantías fundamentales, deba pasar por alto la evidente vulneración en que incurrió el ad quem al momento de condenar solidariamente al pago de perjuicios civiles a quien se determinó tercero civilmente responsable, Flor María Ruiz Uribe.
Y ello opera inmediato, sin necesidad de disponer el traslado al Ministerio Público para que emita su concepto, como se señaló anteladamente por la Corte(2).
Sobre el particular, debe partir por significar la Corte cómo en el fallo bien poco se dice para sustentar la decisión de condenar solidariamente al pago de perjuicios a quien aparecía registrada en el tránsito municipal como propietaria del automotor con el cual se causó el doble lesionamiento.
La sentencia de segundo grado, en el ítem rotulado “perjuicios”, describe los daños padecidos por las afectadas, los gastos efectuados por ellas, la incapacidad determinada por el legista, las sumas ya pagadas y lo que estima debe cubrirse como perjuicio moral.
Respecto de la condena en contra de Flor María Ruiz Uribe, solo se anota: “Por lo que deberá pagar el procesado solidariamente con el tercero civilmente responsable la suma de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
En los numerales tercero y cuarto de la parte resolutiva del fallo, que contienen, respectivamente, la condena al pago de los perjuicios materiales y morales, se reitera que ello corresponde pagarlo al procesado “solidariamente con el tercero civilmente responsable”.
Esa tangencial y jamás sustentada condena al tercero civilmente responsable, elude definir, así fuese sucintamente, cuál es el origen, naturaleza y sustento jurídico de lo dispuesto, en cara omisión que resulta trascendente si se toma en cuenta, de un lado, que lo obligado pagar asciende a cerca de trescientos millones de pesos, y del otro, que ese tercero civilmente responsable nunca acudió al trámite y debió designarse en su favor un curador ad litem que bien poco hizo para atender sus intereses.
No se trata, como lo postuló el demandante en el escrito inadmitido por la evidente falta de interés que lo asiste, de examinar si efectivamente se hicieron las notificaciones de rigor, o incluso, si el curador ad litem pudo o no haber desarrollado una mejor labor, sino de que se demuestre efectivamente obligado el tercero civilmente responsable a pagar solidariamente los daños ocasionados con el accidente.
Ello no emerge automático, debe precisarse, de que ese tercero figure registrado como propietario del automotor en la oficina de tránsito respectiva, sino del hecho material efectivo de la tenencia, disposición, guarda o dominio del medio peligroso, como ya ha tenido oportunidad de precisarlo la Sala.
En efecto, recientemente acotó la Corte(3)
“Como la ley presume la responsabilidad por los hechos ajenos basada en la culpa predicable de quien tiene a otro bajo su dependencia al presumir que el daño ocurre por la negligencia del guardián obligado a vigilar al autor del daño, se ha de acreditar además del compromiso penal del dependiente, la relación de este con el responsable indirecto, como por ejemplo en los artículos 2347 y 2349 del Código Civil, que abordan la responsabilidad de los patronos y empleadores por los daños causados por sus dependientes con ocasión del servicio prestado por estos a aquellos por incurrir en la llamada culpa “in eligendo” o “in vigilando”, esto es, por falencias en la selección de sus subordinados; o en la adopción de medios destinados a evitar accidentes.
Obviamente, no solo por el vínculo o dependencia laboral es predicable la responsabilidad del llamado a asumir civilmente por las consecuencias del hecho punible de otro, ella puede derivarse de la obligación legal de resultado por actividades que tienen virtualidad para engendrar daños y por lo tanto son riesgosas, como la del tráfico automotor.
Pero también, es dable citar a las personas jurídicas a las cuales están vinculados los comprometidos penales, siempre y cuando ese comportamiento punible se haya producido en el cumplimiento o con ocasión de sus funciones dadas por su nexo con aquellas, evento en el cual propiamente no se trata de un tercero civil, sino que su responsabilidad se enmarca en las previsiones del artículo 2341(4) del Código Civil, sin que sea una especie de responsabilidad indirecta o refleja por el hecho ajeno, sino directa, ante el daño causado por la persona jurídica a través de uno de sus agentes o representantes, en cumplimiento de su objeto social.
“… es claro que, de acuerdo con la teoría del órgano, quien tiene la obligación de indemnizar el daño causado y contra quien se debe dirigir la acción, no sería un tercero civilmente responsable, sino un verdadero autor de la conducta lesiva de bienes jurídicos, pues así como el Estado cumple sus cometidos políticos a través de sus servidores, las personas jurídicas de derecho privado desarrollan su objeto social por intermedio de personas naturales en ejercicio o con ocasión de sus funciones”(5).
Ciertamente es el daño, la lesión o la afectación de un derecho el presupuesto de la responsabilidad civil, el cual puede devenir del “hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos”, para lo cual es menester ubicar ese nexo o vínculo, para seguidamente establecer el fundamento del deber de responder, en otras palabras, respecto de quien se puede imputar jurídicamente la obligación de repararlo o resarcirlo.
Así lo ha precisado esta corporación:
“… para que una persona, sea natural o jurídica, pueda ser condenada como tercero civil al pago de perjuicios se debe demostrar (i) el daño, (ii) la atribución al procesado, (iii) la relación entre el condenado, su conducta y el objeto con el que se causó con el tercero de acuerdo con las reglas de la responsabilidad civil derivada de la comisión de una conducta punible reguladas por el Código Civil”(6).
Consecuentemente, de tramitarse en el proceso penal la acción civil, será menester demostrar el delito, sin que ello implique que aquella se desnaturalice, pues solo se ubica en un nivel de subordinación supeditada al diligenciamiento punitivo: para que tenga viabilidad la pretensión indemnizatoria se deben identificar a los autores o partícipes del hecho punible a fin de declarar su responsabilidad penal y vincular a quienes están llamados civilmente a responder, como lo establece el artículo 43 de la Ley 600 de 2000.
De manera que con la definición de la responsabilidad de autores o partícipes del delito, el juzgador deberá pronunciarse sobre la responsabilidad de orden civil, no solamente de aquellos, sino de los que sin haber participado en el delito, hubieren sido vinculados legalmente como llamados a responder por los daños generados.
En tal sentido la Sala Penal ha puntualizado que:
“… adelantado el proceso penal, coetáneamente con la definición de la responsabilidad penal mediante sentencia, el juez está obligado a determinar en la misma la responsabilidad de orden civil por los daños ocasionados con la conducta punible no solamente del procesado sino de aquellos que hubieren sido vinculados legalmente, como llamados a responder por los daños generados por la conducta punible, y se les haya comprobado su responsabilidad, como así lo prevé el artículo 56 del Código de Procedimiento Penal (tanto el anterior como el vigente).
“Por consiguiente, la definición de estos dos aspectos en la sentencia se convierten en una cuestión inescindible, de tal suerte que definido el carácter del fallo respecto del procesado deberá corresponder una definición puntual sobre la forma como deben ser reparados los perjuicios, si hay lugar a ello, del mismo modo, que si se advierten motivos que impiden el proferimiento de la sentencia no se podrá resolver mediante sentencia sobre la responsabilidad civil, comoquiera que una decisión de tal naturaleza demanda como exigencia previa la existencia de un fallo sobre la responsabilidad penal, si como ha quedado planteado su coexistencia dentro del proceso penal se encuentra supeditada al ejercicio de oficio o mediante querella de la acción penal.
“2.2. Por su parte, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en su labor de fijar con criterio de autoridad los criterios hermenéuticos de la materia, precisó los alcances de la responsabilidad civil por actividades peligrosas tratándose de la circulación y conducción de vehículos ante los riesgos potenciales de dañar más allá de los parámetros normales.
Ha señalado que la acotación del responsable del daño y obligado a su reparación pesa sobre quien ejerce la actividad peligrosa y en quien al momento del daño, ostenta su gobierno, dirección, administración o control, y que solo para exonerarse de tal carga puede demostrar que no tenía esas facultades, sea por la transferencia de su dominio, posesión o tenencia o que por ejemplo el daño no está en la órbita del ejercicio de la actividad peligrosa, acreditando una causa extraña que desvirtúa su responsabilidad, como caso fortuito, fuerza mayor o hecho de un tercero”.
De lo ampliamente transcrito en precedencia, se extracta que si dentro del proceso penal se ha adelantado la acción civil encaminada a la indemnización de perjuicios, o ellos son advertidos por el funcionario judicial, su determinación y la fijación de la persona o personas (naturales y jurídicas) que han de cubrirlos, obliga de pronunciamiento preciso, con definición de las circunstancias fácticas y normas jurídicas a partir de las cuales se sustenta la condena.
En tratándose del tercero civilmente responsable, como se vio, la definición de su responsabilidad en el pago de perjuicios no solo pasa por demostrar el daño y la causación por el procesado, sino “la relación entre el condenado, su conducta y el objeto con el que se causó con el tercero de acuerdo con las reglas de la responsabilidad civil derivada de la comisión de una conducta punible reguladas por el Código Civil”.
Pero además, o mejor, por consecuencia de los requisitos enunciados, si la persona demuestra que no poseía el dominio, tenencia o control del medio peligroso —entre otras razones porque lo transfirió a un tercero o a quien causó el daño—, ha de exonerársele de responsabilidad civil.
Desde luego, cuando, como sucede en la tenencia de vehículos automotores, la persona se registra propietaria del bien, ese elemento permite deducir el dominio que ejerce sobre este y, consecuencialmente, la responsabilidad que como tercero civilmente responsable cabe deducirle de las consecuencias dañosas producidas por el ejercicio de actividad peligrosa.
Pero no es, la referida, una presunción absoluta y ni siquiera necesaria, pues, incluso si se conservase la propiedad sobre el medio peligroso, es factible determinar que su tenencia ha sido desplazada —dígase en comodato, para citar solo un ejemplo— y, consecuencialmente, no puede responder por la fuente de riesgo, dado que la guarda del bien ha sido entregada a otro.
Así lo ha precisado la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia(7):
“De acuerdo con el primero de los fallos citados, no puede perderse de vista que “… constituyendo el fundamento de la responsabilidad estatuida por el artículo 2356 precitado el carácter peligroso de la actividad generadora del daño, no es de por sí el hecho de la cosa sino en últimas la conducta del hombre, por acción o por omisión, la base necesaria para dar aplicación a esa norma. Es preciso, por tanto, indagar en cada caso concreto quién es el responsable de la actividad peligrosa.
“El responsable por el hecho de cosas inanimadas es su guardián, o sea quien tiene sobre ellas el poder de mando, dirección y control independientes. Y no es cierto que el carácter de propietario implique necesaria e ineludiblemente el de guardián, pero sí lo hace presumir como simple atributo del dominio, mientras no se pruebe lo contrario.
“De manera que si a determinada persona se le prueba ser dueña o empresaria del objeto con el cual se ocasionó el perjuicio en desarrollo de una actividad peligrosa, tal persona queda cobijada por la presunción de ser guardián de dicho objeto —que desde luego admite prueba en contrario— pues aun cuando la guarda no es inherente al dominio, sí hace presumirla en quien tiene el carácter de propietario. O sea, la responsabilidad del dueño por el hecho de las cosas inanimadas proviene de la calidad que de guardián de ellas presúmese tener. Y la presunción de ser guardián puede desvanecerla el propietario si demuestra que transfirió a otra persona la tenencia de la cosa en virtud de un título jurídico, como el de arrendamiento, el de comodato, etc., o que fue despojado inculpablemente de la misma, como en el caso de haberle sido robada o hurtada” (G.J. t. CXLII, pág. 183)”.
Descendiendo al caso concreto, en la foliatura se demuestra que Flor María Ruiz Uribe, aparecía registrada, para el momento de los hechos, como propietaria del automóvil con el cual se causó el accidente, asunto que se probó con el aporte del certificado de tradición inscrito en la Secretaría de Tránsito y Transporte de Santiago de Cali(8).
Las demandas de constitución de parte civil incoadas en contra de Flor María Ruiz Uribe tuvieron como único sustento para vincularla en calidad de tercero civilmente responsable, la condición de propietaria del automotor que se deduce del registro arriba reseñado.
Así mismo, la admisión de las demandas se soportó exclusivamente en el documento en cuestión, sin que posteriormente se allegasen otros elementos de juicio encaminados a demostrar el dominio, tenencia o guarda sobre el automotor, predicables de la señora Ruiz Uribe, o se controvirtiera el valor de lo dicho por el procesado en su indagatoria —soportado por prueba documental referida al contrato de compraventa, anterior a los hechos, así como el SOAT adquirido a su nombre—, referido a que el día del accidente disfrutaba del dominio, tenencia y guarda del automóvil, comoquiera que lo había adquirido, en compra, de manos de Flor María Ruiz, conforme transacción realizada el 12 de marzo de 2003 —ha de precisarse que el accidente acaeció el 21 de junio de 2003—.
Pues bien, independientemente de que el tercero civilmente responsable demandado no lo alegara —y ello ocurrió, es imperativo destacarlo, porque solo se entregó como dirección de residencia la que aparecía en el registro del tránsito municipal, resultando infructuoso notificarla personalmente y, finalmente, tornándose necesario adscribir a su favor un curador ad litem—, la prueba objetiva y jamás controvertida demuestra que no era ella materialmente propietaria del vehículo para el momento en que ocurrió el hecho, ni mucho menos ostentaba el dominio, tenencia o posesión.
El procesado desde la diligencia misma de indagatoria, realizada el 22 de abril de 2004, advirtió que el automóvil conducido por él, era de su propiedad: “Como bienes poseo un carro Chevrolet Monza Clásico, modelo 1990, placa CAG-403 de Cali, lo tengo desde el 13 de marzo de 2003, no está a nombre mío, tengo promesa de compraventa autenticada”.
Y, en efecto, desde el 26 de junio de 2003, había aportado copia de esa promesa, autenticada en la Notaría 15 de Cali el 13 de marzo de 2003.
En el documento en mención se lee(9) que a partir del 13 de marzo de 2003 la vendedora “hará entrega real y material del vehículo”; y se agrega que el traspaso ha sido firmado “quedando pendiente la inscripción en el tránsito y bajo la responsabilidad del señor Luis Felipe Uribe”.
A su vez, se aportaron copias(10) del SOAT que respecto del vehículo reseñado, adquirió el procesado a su nombre, con vigencia a partir del 11 de marzo de 2003.
Ahora, acerca de la necesidad del registro de la compraventa de automotores, la Corte señaló(11):
“Concerniente a los automotores, desde el año de 1970 para reputar perfecto todo acto o contrato que tuviera por objeto la constitución, modificación, extinción o limitación de derechos reales sobre ellos, se pretendió elevarlo a escritura pública y que la tradición se efectuara con la inscripción del título en la oficina de registro de instrumentos públicos.
Para el mismo fin, fue expedido el Decreto 1255 de 1970, no obstante, dadas las dificultares para su implementación, fue suspendido mediante el Decreto 3059 del mismo año.
Con igual tendencia se dictó el Estatuto Nacional de Trasporte (D. 2157/70) en el cual se ordenó elaborar el inventario nacional automotor y se dispuso que todo acto que implicara tradición, disposición, aclaración, limitación, gravamen o extinción del dominio u otro derecho real principal o accesorio sobre vehículos automotores terrestres, para que surtiera efectos ante las autoridades de tránsito, debía ser presentado por los interesados para la anotación respectiva en las direcciones de tránsito y avisar al Instituto Nacional de Transporte.
También en el Código Nacional de Tránsito Terrestre (D. 1344/70) se exigió, a efectos de expedir la licencia de tránsito, la apertura de folios de matrícula en la oficina de instrumentos públicos para la inscripción de vehículos, su identificación y destinación, nombre, domicilio, dirección e identidad del propietario o del nudo propietario y del poseedor o tenedor, limitación o gravamen.
Ya en 1971 con la expedición del Código de Comercio en materia de automotores se dispuso en el parágrafo del artículo 922 que la tradición se realizaría de igual forma a la prevista para los bienes inmuebles, esto es, con la inscripción del título en la oficina respectiva más la entrega material del bien al adquirente:
“De la misma manera se realizará la tradición del dominio de los vehículos automotores, pero la inscripción del título se efectuará ante funcionario y en la forma que determinen las disposiciones legales pertinentes. La tradición así efectuada será reconocida y bastará ante cualesquiera autoridades”.
Como se supeditó su aplicación a reglamentación posterior, solo hasta 1989 fue dictada la Ley 53 por medio de la cual se reasignaron algunas funciones al Instituto Nacional de Tránsito adjudicándole la misión de adelantar el inventario nacional automotor y llevar el registro pertinente.
En efecto, en el artículo 6º de la normativa en comento se definió el registro terrestre automotor como:
“… el conjunto de datos necesarios para determinar la propiedad, características y situación jurídica de los vehículos automotores terrestres. En él se inscribirá todo acto o contrato que implique tradición, disposición, aclaración, limitación, gravamen o extinción del dominio u otro derecho real, principal o accesorio sobre vehículos automotores terrestres para que surta efectos ante las autoridades y ante terceros”.
Luego, mediante el Decreto 1809 de 1990, reglamentario de la Ley 53, con el que se modificó en parte el Código Nacional de Tránsito Terrestre, se estableció en su artículo 1º numeral 75 que:
“La licencia de tránsito estará suscrita por la autoridad de tránsito ante la cual se presentó la solicitud, identificará el vehículo y será expedida luego de perfeccionado el registro en la oficina de tránsito correspondiente… (resaltado fuera de texto).
Asimismo, el nuevo Código Nacional de Tránsito Terrestre (L. 769/2002), consagra en su artículo 42 respecto de la inscripción de registro:
“Todo vehículo automotor, registrado y autorizado para circular por el territorio nacional, incluyendo la maquinaria capaz de desplazarse, deberá ser inscrito por parte de la autoridad competente en el Registro Nacional Automotor que llevará el Ministerio de Transporte. También deberán inscribirse los remolques y semi-remolques. Todo vehículo automotor registrado y autorizado deberá presentar el certificado vigente de la revisión técnico-mecánica, que cumpla con los términos previstos en este código” (resaltado no integrado).
Y concerniente a la tradición del dominio, su artículo 47 consagra,
“La tradición del dominio de los vehículos automotores requerirá, además de su entrega material, su inscripción en el organismo de tránsito correspondiente, quien lo reportará en el registro nacional automotor en un término no superior a quince (15) días. La inscripción ante el organismo de tránsito deberá hacerse dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la adquisición del vehículo.
“Si el derecho de dominio sobre el vehículo hubiere sido afectado por una medida preventiva decretada entre su enajenación y la inscripción de la misma en el organismo de tránsito correspondiente, el comprador o el tercero de buena fe podrá solicitar su levantamiento a la autoridad que la hubiere ordenado, acreditando la realización de la transacción con anterioridad a la fecha de la medida cautelar” (resaltado fuera de texto).
Al respecto el Consejo de Estado ha puntualizado que,
“De conformidad con lo establecido en el artículo 922 del Código de Comercio, para acreditar la propiedad sobre vehículos se requiere demostrar que el respectivo título de adquisición fue inscrito en las oficinas de tránsito (art. 88 D.L. 1344/70, Código Nacional de Tránsito Terrestre, tal como fue modificado por el D.L. 1809/90), para lo cual se requiere aportar copia del registro o de la licencia, ya que esta se expide luego de perfeccionado el registro y por lo tanto, prueba la realización de ese acto”(12).
Por su parte, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, también se ha ocupado del asunto al precisar respecto de la tradición de automotores que,
“… con independencia de considerar cómo se realiza la tradición del dominio de los automotores terrestres, tanto en materia comercial como en derecho civil, pues es un punto que no aparece planteado en el cargo, pese a que el tribunal consideró que tratándose de ‘compraventa de vehículos automotores entre particulares, la tradición se realiza con la inscripción del negocio en el registro terrestre automotor’, lo cierto es que como lo explicó la Corte en Sentencia 074 de 20 de junio de 2000, transcrita en lo pertinente por el sentenciador, el contrato de compraventa simplemente es fuente de obligaciones, y que por lo tanto, no tiene la virtud, per se, de transferir el derecho real de dominio, como sí la tradición”(13) (destacado excluido originalmente).
En ese horizonte, la misma corporación señaló que,
“Desde luego que así se hubiere acreditado la negociación con el contrato de compraventa [de automotores terrestres], esto no significa que se haya verificado la transferencia de la propiedad, dada la distinción entre el título y el modo, pues sabido es que el contrato es simplemente fuente de obligaciones, entre ellas la de efectuar la tradición, cuyo cumplimiento, en los casos y formas establecidas en la ley, es lo único que incide en el derecho real de dominio…”(14).
Este recuento permite advertir que la tradición de vehículos automotores requiere no solo su entrega material, sino la inscripción del título en las oficinas de tránsito, y que este último paso no constituye un requisito de validez del acto jurídico (venta), porque el contrato sigue siendo consensual, del cual surge la obligación del vendedor de transferir el derecho de dominio.
Ciertamente, la inscripción en el registro al tener efectos ante las autoridades del ramo y frente a terceros no se constituye en una solemnidad del contrato, línea en la cual el mismo Consejo de Estado ha indicado que:
“La inscripción de un vehículo y de cualquier acto de disposición sobre el mismo en el registro automotor no es constitutiva de ningún derecho, es declarativa del mismo y, por lo tanto, puede ser desvirtuada a través de medios probatorios.
“No obstante, la certificación oficial de los datos que conste en el registro genera confianza pública, por lo cual la administración está en el deber de diseñar los medios para obtener información verídica, consignar tales datos de manera idónea y certificarlos de manera que resulten útiles para facilitar las relaciones jurídicas que se deriven de ellos”(15).
Para lo que se examina, es claro que con el contrato de compraventa, de raigambre consensual, el procesado adquirió un derecho que se materializa, en cuanto tradición del bien, con su registro en la oficina de tránsito correspondiente.
La prueba documental, e incluso lo expresado por el acusado en su indagatoria, demuestran que desde el 13 de marzo de 2003, no solo se le había entregado materialmente el automotor, sino que había sido firmado a su favor el traspaso.
En esas condiciones, aunque jurídicamente el acusado no había realizado lo necesario para reputarse dueño ante terceros, dada la ausencia de registro, materialmente fungía como tal.
A su vez, desde la óptica de la vendedora, no se duda que ella ya se había despojado del bien y no conservaba respecto del mismo la tenencia, custodia o guarda, razón por la cual, en los términos de lo ampliamente disertado en precedencia, ningún vínculo la ataba a la fuente de riesgo o a quien en el momento de los hechos la operaba.
Jurídicamente, entonces, resulta imposible significar que en el caso de la señora Flor María Ruiz Uribe, debe responder ella por el hecho del procesado y, en consecuencia, cubre las pautas jurídicas y fácticas para estimársele tercero civilmente responsable, a cuyo cobijo se le obliga a responder solidariamente por los perjuicios estimados en el fallo de segundo grado.
Es que, en un plano elemental de justicia, tiene que entenderse un despropósito —aceptado pacíficamente como se ha hecho que, en efecto, vendió y entregó materialmente el automóvil con anterioridad a los hechos—, exigir de la señora Ruiz Uribe, continuar vigilante o guardián de lo que con el automotor se haga, si es claro que con su venta se desentendió completamente del mismo, al punto que esa vigilancia resultaba imposible precisamente porque el dominio, custodia y tenencia, los entendía radicar en cabeza del comprador, sin ninguna limitación.
Acorde con lo anotado, debe restablecerse la garantía conculcada al que se entendió tercero civilmente responsable, para cuyo efecto se revocarán las partes pertinentes de la sentencia de segundo grado en las cuales se dispuso condenarlo al pago solidario de los perjuicios irrogados con el doble lesionamiento atribuido a Luis Felipe Uribe Díaz.
1. INADMITIR la demanda de casación presentada por el defensor, en el proceso que por dos delitos de lesiones personales culposas, culminó en las instancias con fallo condenatorio en contra de Luis Felipe Uribe Díaz.
2. CASAR oficiosamente el fallo. En consecuencia, revocar el apartado pertinente de los numerales cuarto y quinto de la sentencia de segundo grado, en los cuales se condena a Flor María Ruiz Uribe, en calidad de tercero civilmente responsable, al pago solidario de los perjuicios materiales y morales irrogados a las víctimas, razón por la cual se le ABSUELVE de cancelar tales rubros.
En lo demás rige lo dispuesto por las instancias.
(1) Auto del 10 de octubre de 2007, Radicado 22.597.
(2) Radicado 26.967, auto del 12 de septiembre de 2007.
(3) Sentencia del 11 de abril de 2012, Radicado 33085.
(4) ART. 2341.—“Responsabilidad extracontractual. El que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido”.
(5) Corte Suprema de Justicia. Proveído de 23 de abril de 2008. Radicación 28396.
(6) Corte Suprema de Justicia. Sentencia de casación de junio 18 de 2008. Radicación 29187.
(7) Sentencia del 13 de mayo de 2008, Radicado 09327.
(8) Folio 5 del cuaderno de parte civil.
(9) Folio14 del cuaderno original 1.
(10) Folio 16 del cuaderno original 1.
(11) Sentencia del 21 de abril de 2010, Radicado 33418.
(12) Cfr. Consejo de Estado. Providencia de 12 de septiembre de 2002, Radicación 13395.
(13) Providencia de 10 de marzo de 2005, M.P. Jaime Alberto Arrubla Paucar.
(14) Decisión de 2 de abril de 2001. Expediente 5703, M.P. Nicolás Bechara Simancas.
(15) Cfr. Sentencia de 7 de julio de 2005, Radicado 14975.