Source: http://psicolog.org/informe-anual-2013-captulo-ii-d-estado-de-cumplimiento-de-las-v2.html?page=15
Timestamp: 2020-04-07 23:26:42
Document Index: 300047947

Matched Legal Cases: ['artículo 38', 'artículo 20', 'artículo 24', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 526', 'in dubio', 'artículo 50', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 51', 'artículo 50', 'artículo 50', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 51']

Caso 11.141, Informe No. 105/05, Masacre de Villatina (Colombia)
Caso 12.009, Informe No. 43/08 Leydi Dayan Sánchez (Colombia)
Petición 401-05, Informe No. 83/08, Jorge Antonio Barbosa Tarazona (Colombia)
Caso 10.916, Informe No. 79/11, James Zapata Valencia y José Heriberto Ramírez (Colombia)
En el 2011 la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento de los anteriores compromisos.
En relación con las medidas de perfeccionamiento de la institucionalidad jurídica protectora de los derechos de los pueblos indígenas, el Estado suministró información en comunicaciones de fechas 5 de enero de 2011 y 21 de diciembre de 2011. En la primera comunicación informó que el texto de reforma que se discute actualmente en la Comisión de Constitución, Legislación y Reglamento del Senado es producto de un acuerdo político entre todas las fuerzas representadas en el Congreso Nacional, alcanzado en abril de 2009. Agregó que, antes de llegarse a dicho acuerdo, la Comisión del Senado recibió y escuchó a más de 50 organizaciones y dirigentes indígenas. Después de consensuado el texto de la reforma, el Ejecutivo realizó una “Consulta sobre Reconocimiento Constitucional”, cuyos resultados puso en conocimiento de la Comisión del Senado. En la segunda comunicación expresó que el Gobierno de Chile mantiene su compromiso de insistir en una reforma constitucional ante el Congreso Nacional, para lo cual el 8 de marzo de 2011 anunció la realización de la “Consulta sobre la Institucionalidad Indígena”, en siete etapas y sobre tres ejes temáticos: i) la definición del procedimiento de consulta y participación, incluido el reglamento de participación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA); ii) el proyecto de reforma constitucional que reconoce a los pueblos indígenas; y iii) la creación de una Agencia de Desarrollo Indígena y la creación de un Consejo de Pueblos Indígenas. Asimismo, informó que entre marzo y agosto de 2011 se realizaron las dos primeras etapas en forma exitosa, esto es, la de difusión e información. El Estado destaca que la segunda se concretó con el desarrollo de 124 talleres a nivel nacional en los que participaron un total de 5.582 dirigentes indígenas. Según la información suministrada por el Estado, de septiembre a noviembre de 2011 se detuvo el proceso de consulta y se constituyó una comisión ad hoc con el fin de proponer un mecanismo e itinerario para realizar sobre el primer eje temático. Las conclusiones preliminares de dicha Comisión fueron presentadas a la CONADI el 23 de noviembre de 2011.
En cuanto a compromiso 2(a) del acuerdo, el Estado ya había informado que el 15 de septiembre de 2008 se ratificó el Convenio 169 de la OIT, el cual entró en vigor en septiembre de 2009, conforme establece el artículo 38(3) del citado Convenio, por lo que la CIDH ya lo dio por cumplido.
El Estado informó que el compromiso 3(a) se encontraba cumplido desde julio de 2004. En relación con el compromiso 3(b), el Estado informó que se habían comprado tierras a casi la totalidad de las comunidades Pehuenche pertenecientes a la Comuna del Alto Bío Bío y que en el trienio 2008-2010 se adquirió para la comunidad indígena Butalenbún un predio de 180 hectáreas y para la comunidad Newen Mapu de Malla Malla se adquirió un predio de 353,7 hectáreas. Agregó que en el futuro, cada entrega irá acompañada de un convenio de apoyo productivo y asistencia técnica. En su comunicación de enero de 2012 indicó que durante 2011 la CONADI licitó el estudio de preinversión para la adquisición de tierras en el sector cajón de Queuco, comuna Alto Bío Bío.
Respecto del compromiso 3(c), el Estado indicó que en junio de 2009 se realizó el lanzamiento de la mesa técnica de seguimiento de inversión pública en el Área de Desarrollo Indígena del Alto Bío Bío. En relación con el citado compromiso, en su nota del 12 de enero de 2012, el Estado hace mención al proceso de consulta que está llevando a cabo sobre institucionalidad indígena y las actividades realizadas por la CONADI para asegurar la participación de las familias del sector en dicha consulta.
En lo que se refiere al compromiso 3(d), el Estado señaló que se celebró un convenio con la Corporación Nacional Forestal, CONAF, que permite que los miembros de las comunidades indígenas puedan ingresar y aprovechar la Reserva. Dicho convenio incluye a las comunidades de Quepuca Ralco y Ralco Lepoy. En el informe de enero de 2012, el Estado confirma que ese compromiso ha sido cumplido.
En lo que se refiere al compromiso 4(a) del Acuerdo de Solución Amistosa, el Estado indicó que se habían tomado las medidas necesarias para que los resultados de las auditorías fuera enviados, entre otros, a la Municipalidad de Santa Bárbara y Alto Bío Bío para consulta pública y, publicados en la página web de la CONAMA, sin que se hubiera recibido observación alguna de dichas municipalidades. Además señala que la Dirección Ejecutiva de CONAMA y los servicios públicos han dado seguimiento y han fiscalizado el proyecto, según lo establecido en la resolución de calificación ambiental. En relación con los impactos del embalse Ralco en el sector del Alto Bío Bío, el Estado informa que realizará una auditoría independiente cuando se cumplan tres años de haberse puesto en marcha la Central Hidroeléctrica, que tendrá como objetivo proponer las medidas necesarias para corregir eventuales efectos imprevistos, en especial, en el desarrollo turístico de las riberas del embalse. Al respecto, en su nota de enero de 2012, el Estado informa que el “Informe de Auditoria Ambiental independiente del Proyecto Central Hidroeléctrica Ralco” correspondiente al segundo semestre de 2011 fue enviado por el Servicio de Evaluación Ambiental a la empresa Edensa Chile, la que presentó sus observaciones el 14 de diciembre de 2011.
Respecto del compromiso 4(b), el Estado informó que la CONADI elaboró el “Plan de desarrollo productivo para familias relocalizadas en el fundo El Porvenir, comuna de Quilaco, provincia de Biobío”, en conjunto con las familias relocalizadas y el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDAP) está elaborando un plan de trabajo para las comunidades del sector del Alto Bío Bío. Según la información suministrada por el Estado, durante el 2011 se celebraron dos reuniones con los peticionarios para revisar los compromisos del acuerdo de solución amistoso; una en la ciudad de Los Ángeles el 10 de mayo y la otra en Santiago el 15. Asimismo, mediante carta No. 477 del 9 de septiembre de 2011, el Director Nacional de CONADI comunicó a los peticionarios la decisión del Ministro de Planificación de asignarle la responsabilidad de dar cumplimiento y seguimiento de los compromisos del acuerdo de solución amistosa.
En lo que se refiere al compromiso 4(c) el Estado informó que se han financiado proyectos turísticos en las riberas del lago Ralco, que se han promocionado y financiado obras para fortalecer el turismo con fines especiales en la alta cordillera. En su más reciente informe, el Estado informó que en 2011 se llevó a cabo una auditoría independiente sobre la Central Hidroeléctrica Ralco, cuyos resultados fueron entregados el 6 de octubre para ser analizados por la CONADI y la Unidad Coordinadora de Asuntos Indígenas de la Secretaria General de la Presidencia. Respecto del compromiso 4(d) el Estado indicó que se está a lo establecido en la legislación nacional, por lo que su satisfacción debe encausarse dentro de los límites establecidos por la normativa vigente. En su último reporte, el Estado indica que este compromiso ha sido cumplido.
Respecto del compromiso 5, el Estado indicó que “este punto en particular se refiere a la causa de don Víctor Ancalaf LLaupe, quien actualmente se encuentra en libertad”. En su último reporte, el Estado indica que este compromiso ha sido cumplido.
En cuanto al compromiso 6, referente a las medidas dirigidas a satisfacer las demandas particulares de las familias mapuche pehuenche afectadas, el Estado informó que a fines de 2006 se entregaron los lotes a cada una de las personas, a través de sorteo. Cada persona recibió terrenos en la zona destinada a uso habitacional, agropecuario, desarrollo turístico y manejo forestal; aclaró que aún faltan tres lotes por entregar, por problemas de delimitación. Informó que las pensiones de gracia ya han sido entregadas y se entregaron becas de estudio en junio de 2009. El Estado actualizó la información anterior, indicando que en febrero de 2011 se realizó la transferencia a título gratuito de los inmuebles pendientes del lote A del fundo Porvenir a tres beneficiarios. Asimismo, informó sobre la ejecución de un proyecto para el mejoramiento de las vías de acceso a los predios del fundo Porvenir.
Durante el 2011 los peticionarios no presentaron información adicional sobre el cumplimiento de los compromisos pendientes. En el 2007 los peticionarios remitieron una comunicación en la que se refirieron detalladamente a cada uno de los puntos del acuerdo. En esa oportunidad destacaron el cumplimiento del punto referido a la creación de una comuna en el sector del Alto Bío Bío; consideraron cumplido el punto referido al mecanismo para asegurar la participación de las comunidades indígenas en la administración de la Reserva Forestal Ralco; e informaron sobre la firma de un memorando de entendimiento con el Gobierno y las familias pehuenche con medidas para satisfacer las demandas particulares de las familias mapuche pehuenche afectadas.
El 3 de diciembre de 2012, la CIDH solicitó información actualizada a las partes sobre el cumplimiento de los compromisos acordados en el acuerdo.
En relación con las medidas de perfeccionamiento de la institucionalidad jurídica protectora de los derechos de los pueblos indígenas, el Estado suministró información en comunicación de 4 de enero de 2012, indicando que el Gobierno se encuentra comprometido con las organizaciones indígenas del país para avanzar en su reconocimiento constitucional, para lo cual indicó se requiere realizar un proceso de consulta sobre el proyecto de reforma constitucional que otorga reconocimiento a los pueblos indígenas, para que una vez concluido dicho proceso se proceda a reactivar su discusión legislativa.
Asimismo, en cuanto al cumplimiento del compromiso 1.b el Estado reiteró el cumplimiento de la ratificación del Convenio N° 169 de la OIT –como se constató en el informe Anual de la CIDH 2011- e informo que en cumplimiento de las obligaciones de consulta y participación establecidas en dicho Convenio, en marzo de2011 inició la implementación de la "Consulta sobre Institucionalidad indígena", desarrollándose las primeras etapas del proceso, correspondientes a difusión e información entre marzo y agosto de 2011. Reiteró, que como se indicara anteriormente, desde septiembre de 2011 la creada Comisión de Consulta Consejo Nacional de la CONADI, sostuvo diversas reuniones para abordar la "Consulta sobre el Procedimiento de consulta", según lo establece el referido Convenio N° 169 de la OIT.
Añadió el Estado que el 15 de enero de 2012 se procedió a realizar la elección de los Consejeros Indígenas de la CONADI, los cuales asumieron sus cargos el 9 de mayo de 2012, dando inicio inmediato al trabajo con la Comisión de Consulta del Consejo de CONADI para avanzar en el proceso de consulta "de la normativa que regularía la Consulta Indígena establecida en el Convenio N° 169. Indica, que en consecuencia, el 08 de agosto de 2012 el Ministro de Desarrollo Social, en la sede de la (OIT), hizo entrega oficial a representantes de los pueblos indígenas y diversas organizaciones de la propuesta de “Nueva Normativa de Consulta Indígena”, con el objetivo que esta pudiese ser estudiada y discutida por los pueblos indígenas del país de manera autónoma y luego así comenzar un proceso de diálogo en búsqueda de una normativa definitiva que sea consensuada con el Gobierno. El Estado informó que desde el 8 de agosto de 2012 las diversas organizaciones de los Pueblos Indígenas comenzaron a discutir la Nueva Propuesta Normativa de Consulta Indígena, mediante reuniones auto-convocadas y autónomas que han sido apoyadas y financiadas por el Gobierno. Precisa que entre agosto y noviembre de 2012, se efectuaron más de 74 talleres informativos y reuniones, además de que los Pueblos Indígenas de todo el país se reunieron en un Gran Encuentro Nacional de Pueblos Indígenas, que se realizó en Santiago de Chile del 30 de noviembre de 2011, con la participación de más de 250 representantes de los pueblos indígenas.
El Estado informó que a la fecha ya se habían recibido algunas propuestas concretas con observaciones a la propuesta del Gobierno, o con propuestas alternativas para regular la consulta indígena y que todas ellas, así como las que se reciban posteriormente, constituirán el insumo fundamental para posteriormente trabajar en una Mesa de Acuerdo en que participe el Gobierno y los distintos representantes de los pueblos indígenas con la intención de consensuar cual será la reglamentación definitiva de la Consulta Indígena, que se espera pueda entrar en vigencia durante el año 2013.
Con respecto al cumplimiento del compromiso 1.b.2.a relativo a la Creación de una Comuna en el sector del Alto BíoBio, el Estado reiteró que este compromiso estaba cumplido –como se constató en el informe Anual de la CIDH 2011-. En cuanto a compromiso 1.b.2.b referido a acordar mecanismos para solucionar los problemas de tierras que afectan a las comunidades indígenas del Alto BíoBio, el Estado informó que se habían efectuado compras mediante el artículo 20 letra B) de la ley 19.253, de casi la totalidad de las comunidades Pewenche pertenecientes a la comuna de Alto BíoBio. En efecto, se precisa que así se procedió a efectuar la compra del denominado Fundo Trapa, con una extensión de 8.000 hectáreas a las comunidades Pewenche de Butalelbún y Kiñe Leche Coyan, ubicadas en el Cajón del Queuco, Alto Bío Bío; y que dicha compra representó una inversión de $1.556.772.000 de pesos chilenos.
Con respecto al compromiso c, referido a Fortalecer la participación indígena en el ADI (Área de Desarrollo Indígena) del Alto BíoBio, el Estado informó que Para el año 2013 se encuentra programada la reactivación del Área de Desarrollo Indígena de Alto BíoBio, lo cual se encuentra en acuerdo entre CONADI, la Gobernación Provincial de BíoBio y la Municipalidad de Alto BíoBio. Indica que para ello, CONADI dispondrá los recursos necesarios para el funcionamiento operativo del ADI mediante el Fondo de Desarrollo Indígena.
En relación con el compromiso d) relativo a acordar mecanismos que aseguren la participación de las comunidades indígenas en la administración de la Reserva Forestal Raleo, el Estado reiteró que dicho compromiso había sido cumplido -como se constató en el informe Anual de la CIDH 2011.
En cuanto al cumplimiento del compromiso 3.a, el Estado informó que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), durante el año 2012 había avanzado en el proceso de seguimiento de las obligaciones ambientales del proyecto, solicitando pronunciamiento a los organismos competentes respecto de los siguientes informes: a) Informe del 2010 de la Auditoría Ambiental Independiente, b) Respuesta de ENDESA al pronunciamiento de Servicios sobre informes del año 2010 de la Auditoria Ambiental Independiente, c) Informes del 2011 de la Auditoría Ambiental Independiente, d) Informes del primer semestre del año 2012 de la Auditoría Ambiental Independiente, e) Informe Final "Auditoría sobre el estado de cumplimento de los compromisos y exigencias ambientales en relación al valor turística del territorio. Proyecto Central Hidroeléctrica Raleo", y f) Informe "Identificación y Protección de Sitios Patrimoniales Pewenche Alto Bío Bío".
En consecuencia, el Estado informó que continúa trabajando en la reunión de los antecedentes, y por ello no dispone aún de resultados finales que se puedan informar a los municipios y comunidades interesadas. Señala que una vez que se cuente con estos resultados, se procederá a su comunicación por la autoridad competente encargada del seguimiento y fiscalización. Añadió además que dada la entrada en funcionamiento de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y los tribunales ambientales el 28 de diciembre de 2012 como parte de la Nueva Institucionalidad Ambiental, el SEA está preparando la entrega a la SMA de todos los antecedentes de este seguimiento, para que se haga cargo del mismo de acuerdo a sus competencias legales.
En relación al cumplimiento del compromiso 3.b, el Estado informó que se ha incorporado a la comuna de Alto BíoBio en la planificación del Programa de Infraestructura Rural para el Desarrollo Territorial (PIRDT) del Gobierno regional del BíoBio. Indicó que dicho programa permite fortalecer el concepto de planificación territorial, potenciar el fomento productivo y desarrollar nuevas metodologías de planificación. Además señaló que dicha planificación contempla un proceso participativo, que será realizado por el Gobierno Regional del BíoBio y que paralelamente, el Gobierno Regional del BíoBio y CONADI, han aprobado una suma de $458.000.000 de pesos para la ejecución de Proyectos de Emprendimiento Extra-Agropecuario de Comunidades Pewenche de la Provincia de BíoBio. Concretamente, el Estado preciso que estos proyectos están destinados al reforzamiento y diversificación de la economía de las familias Pewenche, en rubros como el comercio, artesanía, actividad apícola, ecoturismo, entre otros y que mediante dicho programa se contempla apoyar en un periodo de ejecución de 18 meses, en proyectos de emprendimiento a 300 familias Pewenche de la provincia, 200 de las cuales pertenecen a la comuna de Alto BíoBio. Por otra parte, como resultado de las comunicaciones del Gobierno con la empresa ENDESA, a solicitud de las familias, se han reiterado las preocupaciones y exigencias expresadas por éstas, en el marco de las medidas para el desarrolla de las comunidades afectadas.
En cuanto al cumplimiento del compromiso 3.c, el Estado indicó que el Gobierno prevé que en el año 2013 se puedan realizar nuevas iniciativas destinadas al logro del mismo. En relación al compromiso 3.d, el Estado reiteró lo anteriormente indicado en el año 2011, en el sentido de que dicho compromiso se cumple en el marco de ordenamiento jurídico vigente, que incluye los tratados suscritos por el Estado, como lo es el Convenio No 169 de la OIT.
Con relación al compromiso 4, indica que el mismo ha sido cumplido, como se constató en el informe anual de la CIDH del año 2011.
Con respecto al cumplimiento del compromiso No 5.a, el Estado indicó en seguimiento de lo ya informado en 2011, que en el año 2012 la Secretaría Regional del Ministerio de Bienes Nacionales del BíoBio llevó a cabo un trabajo en el terreno destinado a generar las rectificaciones técnicas y un trabajo de gabinete destinado a resolver jurídicamente estos cambios y que tiene como premisa respetar las superficies de cada beneficiario y facilitar la identificación de los deslindes. Precisó que se estima que las rectificaciones técnicas y jurídicas que harán posible el traspaso de hijuelas del Lote B y C estarán concluidas en el primer semestre de 2013. Además señaló que dicho procedimiento requiere de la anuencia de las familias involucradas, a quienes se les informó del procedimiento y sus alcances en reunión en terreno de fecha 10 de diciembre de 2012.
Con relación al compromiso 5.b, el estado indicó que en el año 2012 se iniciaron las gestiones entre el Municipio de Quilaco, CONADI y el Gobierno Regional para que en el sub-territorio "Reserva Altos de Pemehue" se aplicara la metodología Plan Marco de Desarrollo Territorial (PMDT). Indica que este instrumento permite viabilizar las inversiones en los predios de relocalizados de los Fundos La Suerte y El Porvenir y que durante el 2012 se presentó al Consejo Regional la iniciativa, se elaboraron los términos de referencia y bases de licitación, teniéndose previsto que el estudio se implemente en el primer semestre del año 2013.
Por su parte, con respecto al compromiso 5.c, el Estado indicó que las viviendas están siendo gestionadas a través del Programa de Subsidio Rural del MINVU, pero para cumplir este objetivo se requiere contar con disponibilidad de servicios básicos (saneamiento) antes de avanzar en la concreción de esta medida. Finalmente reiteró el cumplimiento del compromiso 5.d.
Mediante comunicación de fecha 16 de octubre de 2013, la Comisión solicitó información actualizada a las partes sobre el estado de las recomendaciones pendientes de cumplimiento. Las partes no suministraron la información solicitada.
La Comisión aprecia las medidas adoptadas por el Estado para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos mediante el Acuerdo de Solución Amistosa. Al mismo tiempo observa que si bien una serie de compromisos han sido cumplidos, existen medidas que se encuentran en proceso de implementación. Por lo expuesto, la Comisión concluye que el acuerdo amistoso se encuentra parcialmente cumplido. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes.
Caso 12.469, Informe No. 56/10, Margarita Cecilia Barbería Miranda (Chile)
En el Informe No. 56/10 de fecha 18 de marzo de 2010, la Comisión concluyó que el Estado chileno es responsable por la violación del derecho a la igualdad ante la ley en perjuicio de Margarita Barbería Miranda, contenida en el artículo 24 de la Convención Americana, como consecuencia de la aplicación a su caso de la disposición discriminatoria que le impidió ejercer la profesión de abogada en Chile por la exclusiva razón de ser extranjera. Como consecuencia de esta situación, la CIFH concluyó que el Estado violó igualmente en perjuicio de la víctima las obligaciones generales de respeto y garantía de todos los derechos humanos, sin discriminación alguna, contenidas en el artículo 1(1) de la Convención Americana, así como el deber de adoptar disposiciones de derecho interno para adecuar su legislación a sus compromisos internacionales en esta materia, consagrado en el artículo 2 del mencionado instrumento.
Que tome las medidas para la modificación de las normas de la legislación chilena que impiden a las personas el ejercicio de la profesión de abogado exclusivamente por su condición de extranjeras, en particular las contenidas en el Código Orgánico de Tribunales de Chile.
Que repare adecuadamente a Margarita Barbería Miranda por las violaciones establecidas en el presente informe.
Que se permita a Margarita Barbería Miranda ejercer como abogada en Chile en igualdad de condiciones con los demás abogados de dicho país.
En el Informe No. 56/10 la Comisión valoró muy positivamente las acciones desplegadas por el Estado de Chile relativas al cumplimiento de la primera y la tercera recomendación, esto es, la promulgación de la Ley 20.211, con lo que se había modificado el artículo 526 del Código Orgánico de los Tribunales; y la juramentación de Margarita Barbería Miranda como abogada, el 16 de mayo de 2008, ante la Corte Suprema de Chile
Mediante comunicación de 29 de noviembre de 2010 la CIDH solicitó a las partes información sobre el estado de cumplimiento de la segunda recomendación relativa a la reparación por las violaciones establecidas en su informe. Mediante comunicación de 29 de diciembre de 2010, el Estado informó que a finales de 2008 se sostuvo una reunión con la Sra. Margarita Barbería en la que se le planteó la posibilidad de recurrir a los procedimientos internos que reconoce el ordenamiento jurídico chileno para hacer valer sus pretensiones pecuniarias. Asimismo, indicó que dicha propuesta fue rechazada por la peticionaria, quien reitero su pretensión de ser resarcida por el daño material y moral que sufrió a raíz del impedimento legal que había imposibilitado su juramento como abogada. Adicionalmente el Estado de Chile hizo presente que la Sra. Barbería no ha presentado antecedentes que acrediten los perjuicios alegados para sustentar las siguientes peticiones: una beca de estudios superiores para cada uno de sus tres hijos; una beca completa de estudios superiores de doctorado, maestría o diplomado en algún tema de derecho de interés de la peticionaria; una oficina amoblada; un automóvil; y la suma de US$90,000.00.
El 25 de octubre de 2011, la Comisión solicitó información actualizada a las partes sobre el estado de cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe No.56/10.
Mediante nota del 16 de noviembre de 2011 la peticionaria informó a la CIDH que el Estado de Chile no le ha proporcionado reparación adecuada por la violación a la que fue objeto. Por su parte, el 21 de diciembre de 2011, el Estado chileno remitió una comunicación en la que reiteró en todos sus términos la información suministrada en su nota del 29 de noviembre de 2010.
La Comisión observa que, por las razones expuestas por el Estado, no se ha dado cumplimiento a la recomendación relativa a reparar adecuadamente a la señora Margarita Barbería Miranda por las violaciones establecidas en el anterior informe.
El 5 de diciembre de 2012, la Comisión solicitó información actualizada a las partes sobre el estado de cumplimiento de la segunda recomendación efectuada en su informe No 56/10. Mediante comunicación recibida el 15 de enero de 2013, la peticionaria informó que durante el año 2012, no habría tenido ningún acercamiento con representantes del Estado de Chile, con el objeto de proceder en el cumplimiento de la segunda recomendación de la Comisión Interamericana. Por su parte, el 4 de enero de 2013, el Estado remitió una comunicación en la que reiteró lo indicado anteriormente, en particular, que se había planteado a la peticionaria la posibilidad de recurrir a los procedimientos internos que reconoce el ordenamiento jurídico, para hacer valer sus peticiones de orden pecuniario, pero que la señora Barbería no había aceptado dicho opción.
Mediante comunicación de fecha 1 de marzo de 2013, la peticionaria indicó que no podría recurrir a las acciones de la jurisdicción interna dado que de acuerdo a la normativa nacional que regula la prescripción, las cuales se encuentran previstas en el Libro IV Título XLII Código Civil, el tiempo general para la prescripción de las acciones ordinarias es de cinco años. Por lo que señaló que en ese escenario los hechos que servirían de fundamento para la hipotética acción a emprender, ocurrieron hace doce años. Además, indicó que carece de otro de los requisitos: un título al que la ley dote de fuerza ejecutiva, hipótesis que no incluye los incluye a los informes de la Comisión Interamericana. Finalmente, la peticionaria señaló que sus pretensiones en materia de reparación obedecen a resarcir el daño ocasionado por los siete años en que se le excluyó del ejercicio de la abogacía arbitrariamente.
Mediante comunicación de fecha 11 de octubre de 2013, la Comisión solicitó información actualizada a las partes sobre el estado de las recomendaciones pendientes de cumplimiento. Las partes no suministraron la información solicitada.
La Comisión expresa su preocupación por la falta de cumplimiento de la recomendación referida a la reparación adecuada a favor de Margarita Barbería Miranda. Por lo tanto, la Comisión concluye que el Estado chileno ha dado cumplimiento parcial a las recomendaciones reseñadas. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando el punto pendiente.
La CIDH ha venido dando seguimiento al cumplimiento por parte del Estado de las recomendaciones efectuadas. El 2 de enero de 2013 el Estado presentó información respecto de las medidas adoptadas para el cumplimiento de las tres recomendaciones. El 2 de octubre de 2013, la CIDH solicitó a ambas partes información adicional sobre el cumplimiento de las recomendaciones. La respuesta del Estado se recibió el 27 de noviembre siguiente, por su parte, los peticionarios no respondieron a la solicitud de información.
De acuerdo a la información aportada por el Estado durante 2013, y en relación con la primera recomendación, el Estado ha reiterado que el proceso penal ha sido reasignado a la Fiscalía 48 Especializada de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación y que continúa en etapa de instrucción. Asimismo, reiteró que desde octubre de 1998 se confirmó la decisión de absolver a los miembros de las fuerzas militares en el proceso disciplinario que se les siguió y que se modificaron algunas sanciones impuestas por otras decisiones menos lesivas para los investigados (de destitución a reprensión y de suspensión de funciones a absolución). Por otra parte, el Estado informó que durante 2013, se efectuaron diligencias indagatorias como “como mecanismo para la vinculación formal de algunas personas que, como consecuencia de las pruebas hasta el momento recaudadas, pueden tener relación con los hechos objeto del caso”.
En relación con la segunda recomendación, el Estado reiteró que desde el año 2004 se dio cumplimiento a un acuerdo conciliatorio entre Colombia y los familiares de las víctimas y solicitó que la CIDH declare el cumplimiento de la obligación contenida en la segunda recomendación del Informe 62/01.
Respecto de la tercera recomendación, el Estado reiteró la información presentada durante la etapa de seguimiento, sobre la incorporación de manera permanente, por parte del Ministerio de Defensa Nacional, de políticas sobre Derechos Humanos (DDHH) y Derecho Internacional Humanitario (DIH) dirigidas a todos los miembros de la Fuerza Pública y el desarrollo de principios rectores de liderazgo, promoción y respeto de los DDHH y DIH; así como de prevención, disuasión, control, integración y reconocimiento. Adicionalmente, informó que mediante la Directiva No. 003 de 8 de enero de 2013, el Comando General de las FF.MM., se ajustó la organización y funcionamiento de las Inspecciones Delegadas, incluyéndose dentro de sus funciones temas relacionados con DDHH, DIH y otros. En vista de ello, el Estado solicitó que la CIDH declare el pleno cumplimiento de la tercera recomendación de su Informe 62/01.
A la luz de lo anterior, la Comisión concluye que se ha dado cumplimiento parcial a las recomendaciones. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes.
La CIDH ha venido dando seguimiento al cumplimiento por parte del Estado de las recomendaciones efectuadas. El 2 de enero de 2013 el Estado presentó información respecto de las medidas adoptadas para el cumplimiento de las tres recomendaciones. Por su parte, los peticionarios presentaron información adicional el 24 de enero siguiente. El 2 de octubre de 2013, la CIDH solicitó a ambas partes información actualizada sobre el cumplimiento de los puntos pendientes. La respuesta del Estado se recibió el 27 de noviembre siguiente. Los peticionarios no respondieron a la solicitud de información.
En relación con la primera recomendación, el Estado ha reiterado que el proceso ha sido reasignado a la Fiscalía 16 Especializada de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación. En ese sentido, reiteró que se han emitido decisiones judiciales de condena en contra de varias de 9 personas por el delito de encubrimiento por favorecimiento. Asimismo, indicó que el 2 de mayo de 2012 se dictó sentencia condenatoria en contra de tres personas por los delitos de homicidio agravado en perjuicio de Carlos Manuel Prada y Evelio Antonio Bolaño, y que estaría pendiente resolver un recurso de apelación interpuesto por la defensa de los sindicados. En vista de ello, el Estado solicitó que la CIDH declare el pleno cumplimiento de la primera recomendación de su Informe 63/01.
En relación con la segunda recomendación, el Estado reiteró que desde el año 2009 se le dio cumplimiento con el pago de los perjuicios morales a los familiares de Carlos Manuel Prada y Evelio Antonio Bolaño y solicitó que la CIDH declare el cumplimiento de la obligación contenida en la segunda recomendación del Informe 63/01.
Respecto de la tercera recomendación, el Estado reiteró la información presentada desde el año 2010 sobre la implementación de políticas y líneas de acción en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario dirigidas a todos los miembros de la Fuerza Pública. El Estado solicitó nuevamente que, por la importancia del tema y su profundo impacto frente a la evaluación del deber de garantía y protección de los derechos humanos, así como por el permanente acompañamiento que sobre esa problemática viene ejerciendo desde todas las ramas del poder público, declare el pleno cumplimiento de la tercera recomendación.
Por su parte, los peticionarios reconocieron que se han dado importantes avances en relación con el cumplimiento de la primera recomendación, reconociendo en ese sentido las sentencias condenatorias que se han emitido por los hechos del presente caso. No obstante, consideran que las investigaciones deben permanecer abiertas “hasta que se individualicen, juzguen y sancionen la totalidad de responsables implicados”, y que se examine la figura del “’encubrimiento’ como forma de imputación penal” ya que podría constituir un “mecanismo de impunidad frente a ejecuciones extrajudiciales”. En relación con la segunda recomendación, los peticionarios reconocieron como un avance significativo la indemnización pecuniaria a las víctimas de conformidad con la decisión adoptada por el Consejo de Estado en el presente caso, y consideran que la misma debería estar acompañada de otras acciones o mecanismos que contribuyan a la reparación integral de los familiares de las víctimas.
En relación con la tercera recomendación, los peticionarios señalaron en su comunicación de 24 de enero de 2013, como un aspecto grave en relación con su cumplimiento, la reforma a la Constitución Política aprobada por el Congreso de la República mediante el Acto Legislativo 02 de 2012, relativa al fuero penal militar, considerando que la misma ampliaba de manera sustancial el alcance de la competencia de la justicia penal militar para conocer infracciones al derecho internacional humanitario, y por esta vía, violaciones de derechos humanos como las cometidas en el presente caso37.
Por lo expuesto y en vista de que en el proceso penal se encuentran decisiones judiciales pendientes de revisión, la Comisión concluye que se ha dado cumplimiento parcial a las recomendaciones. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes.
La CIDH ha venido dando seguimiento al cumplimiento por parte del Estado de las recomendaciones efectuadas. Así, el 3 de noviembre de 2012 se realizó una reunión de trabajo entre las partes en la que se abordó las medidas adoptadas para el cumplimiento de la primera y tercera recomendación, en particular, sobre la posibilidad de que este tipo de casos no sean investigados por la jurisdicción militar. El 2 de enero de 2013 el Estado presentó información respecto de las medidas adoptadas para el cumplimiento de las tres recomendaciones. El 5 de febrero de 2013, el Estado remitió información adicional sobre el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en la reunión de trabajo de noviembre de 2012.
Sobre la primera recomendación, el Estado ha reiterado la información sobre la decisión dictada en noviembre de 2004 que absolvió a los acusados en aplicación del principio in dubio pro reo. Sin embargo, agregó que se presentó ante la Corte Suprema de Justicia una acción de revisión del fallo con el propósito de garantizar la correcta observancia de las formas propias del debido proceso y la garantía del juez natural38.
Sobre la segunda recomendación, el Estado ha reiterado que mediante Resolución de Pago No. 2512 se dio cumplimiento al acuerdo conciliatorio, habiéndose efectuado el pago de indemnización a favor de María Fredesvina Echeverri de Isaza y Lady Andrea Isaza Pinzón y solicitó que la CIDH declare el cumplimiento de la obligación contenida en la segunda recomendación del Informe 64/01.
Respecto de la tercera recomendación, el Estado reiteró la información presentada en los años 2010 y 2011 sobre la incorporación de manera permanente, por parte del Ministerio de Defensa Nacional, de políticas sobre Derechos Humanos (DDHH) y Derecho Internacional Humanitario (DIH) dirigidas a todos los miembros de la Fuerza Pública y el desarrollo de principios rectores de liderazgo, promoción y respeto de los DDHH y DIH; así como de prevención, disuasión, control, integración y reconocimiento. Refirió a la Política Integral de DDHH y DIH que fue expedida en enero de 2008, al funcionamiento de la Escuela de DDHH y DIH de las Fuerzas Militares a partir del año 2009 y al avance permanente de la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la definición de los límites del fuero penal militar. En vista de ello, el Estado solicitó que la CIDH declare el pleno cumplimiento de la tercera recomendación de su Informe 64/01.
El 02 de octubre de 2013 la CIDH solicitó a ambas partes información actualizada sobre el cumplimiento de los puntos pendientes, sin recibir respuesta.
El 29 de julio de 2002, mediante el Informe No. 105/0539, la Comisión aprobó y reconoció el cumplimiento parcial de un acuerdo de solución amistosa suscrito el 29 de julio de 1998 en el Caso conocido como la “Masacre de Villatina”. En resumen, la petición alegaba la responsabilidad de agentes del Estado en la masacre de los niños y niñas Johana Mazo Ramírez, Johny Alexander Cardona Ramírez, Ricardo Alexander Hernández, Giovanny Alberto Vallejo Restrepo, Oscar Andrés Ortiz Toro, Ángel Alberto Barón Miranda, Marlon Alberto Álvarez, Nelson Dubán Flórez Villa y el joven Mauricio Antonio Higuita Ramírez perpetrada el 15 de noviembre de 1992 en el barrio de Villatina de la ciudad de Medellín.
El referido acuerdo de solución amistosa recoge los términos de un acuerdo originalmente firmado el 27 de mayo de 1998, en el curso de un primer intento de alcanzar una solución amistosa del asunto. El acuerdo reconoce la responsabilidad del Estado por la violación de la Convención Americana, el derecho a la justicia y la reparación individual de los familiares de las víctimas, así como un elemento de reparación social con componentes referidos a salud, educación, y proyecto productivo. Asimismo, prevé la instalación de un monumento en un parque de la ciudad de Medellín a los fines de la recuperación de la memoria histórica de las víctimas. La Comisión observa que la parte dispositiva del acuerdo refleja las recomendaciones del Comité de Impulso para la Administración de Justicia creado en el marco del acuerdo originalmente firmado el 27 de mayo de 1998.
En el Informe No. 105/05 la Comisión resaltó el cumplimiento por parte del Estado de gran parte de los compromisos asumidos en el acuerdo y lo llamó a continuar cumpliendo con el resto de los compromisos asumidos, en particular el de brindar las debidas garantías y la protección judicial a las víctimas y sus familiares conforme a lo prescrito en los artículos 8(1) y 25 de la Convención Americana mediante la continuación con la investigación de los hechos que permita la identificación, juzgamiento y sanción de los responsables.
En el año 2012, el Estado reiteró que actualmente se adelanta una investigación en la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación y que el despacho a cargo ordenó una serie de diligencias con el fin de avanzar en la determinación de los posibles autores y cómplices de los hechos materia del caso. Asimismo, informó que el despacho de conocimiento se encuentra estudiando la posibilidad de presentar, en un futuro, un recurso extraordinario de revisión de la sentencia absolutoria y las preclusiones proferidas. En cuanto a la publicación y divulgación del acuerdo de solución amistosa, el Estado informó que no se pudo llegar a una concertación con los representantes de las víctimas por lo que “procederá a realizar la publicación y divulgación del acuerdo de solución amistosa”.
El 02 de octubre 2013 la CIDH solicitó a ambas partes información sobre el cumplimiento de los puntos pendientes. El 5 de noviembre de 2013, el Estado solicitó la concesión de una prórroga que fue otorgada hasta el 25 de noviembre siguiente, sin embargo, el plazo transcurrió sin que se recibiera su respuesta. Por su parte, los peticionarios tampoco respondieron a la solicitud de información.
El 28 de febrero de 2006 la Comisión aprobó un informe conforme al artículo 50 de la Convención Americana, mediante el cual concluyó que el Estado era responsable por la violación de los derechos a la vida, a las garantías judiciales, a los derechos del niño y a la protección judicial correspondientes a los artículos 4, 8, 19 y 25 de la Convención Americana en relación con su artículo 1(1), en perjuicio de la niña Leydi Dayán Sánchez Tamayo y que el Estado había incurrido en la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial correspondientes a los artículos 8 y 25 de la Convención Americana en relación con el artículo 1(1) de dicho instrumento internacional en perjuicio de los familiares de Leydi Dayán Sánchez Tamayo. El presente caso versa sobre la responsabilidad de agentes del Estado en la muerte de la niña Leydi Dayán Sánchez Tamayo, que tuviera lugar el 21 de marzo de 1998 en Ciudad de Kennedy, Bogotá, y su falta de debido esclarecimiento judicial.
Con la aprobación del referido informe, la Comisión estableció una serie de plazos para que el Estado adelantara el cumplimiento de las recomendaciones allí formuladas en materia de verdad, justicia y reparación. Tras considerar la información provista por ambas partes y las acciones adelantadas por el Estado en cumplimiento de las recomendaciones respecto del impulso de la acción de revisión ante la justicia ordinaria, los actos de recuperación de la memoria histórica de Leydi Dayán Sánchez, las capacitaciones de la Policía Nacional sobre el empleo de armas de fuego conforme a los principios de necesidad, excepcionalidad y proporcionalidad; y el pago de las indemnizaciones a los familiares de la víctima, decidió emitir el Informe No. 43/08 conforme al artículo 51 de la Convención Americana y hacerlo público.
En su Informe, la Comisión indicó que si bien la investigación que actualmente cursa ante la justicia ordinaria no había aun arrojado resultados, correspondía valorar el impulso dado a la acción de revisión. Concretamente, la decisión de la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia que declaró fundada la causal de revisión que dejó sin efecto las sentencias absolutorias proferidas por la justicia penal militar con fundamento en las conclusiones del informe adoptado conforme al artículo 50 de la Convención y ordenó se remitiera la causa a la Fiscalía General de la Nación a fin de que se iniciara una nueva investigación ante la justicia ordinaria. Sin embargo, dado que de la información provista por el Estado no se desprendía que el proceso de revisión iniciado hubiere producido resultados con relación al cumplimiento de la recomendación sobre administración de justicia, el 23 de julio de 2008, mediante Informe No. 43/08 la CIDH formuló al Estado la siguiente recomendación:
1. Realizar una investigación imparcial y efectiva ante la jurisdicción ordinaria con el fin de juzgar y sancionar a los responsables por la muerte de Leydi Dayán Sánchez Tamayo.
El 4 de octubre de 2013, la CIDH solicitó a ambas partes información sobre el cumplimiento de los puntos pendientes. Los peticionarios no respondieron a la solicitud de información.
Por su parte, el 03 de diciembre de 2013 el Estado presentó su respuesta mediante la cual informó que en el mes de octubre de 2013, el Juzgado 55 Penal del Circuito de Descongestión de Bogotá habría proferido sentencia condenatoria, cuya pena se fijó 36 años y 6 meses de prisión en contra de una persona. Asimismo, resaltó que el procedimiento ha contado con una investigación seria e imparcial por parte de la Fiscalía General de la Nación. Por otro lado, el Estado destacó la participación activa de los representantes de la familia de la víctima, constituyéndose como parte civil dentro del proceso penal y teniendo la oportunidad de manifestar su posición jurídica en el caso.
Por lo expuesto, la Comisión concluye que se ha dado cumplimiento parcial a la recomendación. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando el cumplimiento.
El 30 de octubre de 2008, mediante el Informe No. 83/0840, la Comisión aprobó y reconoció el cumplimiento parcial de un acuerdo de solución amistosa suscrito el 22 de septiembre de 2006 en la petición 401-05 Jorge Antonio Barbosa Tarazona. En resumen, la petición alegaba la responsabilidad de agentes del Estado en la desaparición de Jorge Antonio Barbosa Tarazona el 13 de octubre de 1992 en el departamento de Magdalena y el retardo injustificado por parte de las autoridades judiciales en investigar, juzgar y sancionar a los presuntos responsables.
El referido acuerdo de solución amistosa recoge los términos del acuerdo firmado el 22 de septiembre de 2006. El acuerdo reconoce la responsabilidad del Estado por los hechos de la petición, la reparación pecuniaria a los familiares de la víctima, así como la reparación no pecuniaria que incluye componentes referidos a salud y educación, la entrega a los familiares de la víctima de una Placa para recordar la memoria de Jorge Antonio Barbosa Tarazona y una Nota de Estilo con un mensaje en el mismo sentido, suscrita por un funcionario del Ministerio de Defensa Nacional. Asimismo, prevé acciones en materia de justicia destinadas a la identificación e individualización de los responsables de la desaparición y posterior muerte de Jorge Antonio Barbosa Tarazona y la búsqueda de los restos mortales de la víctima.
En el Informe No. 83/08 la Comisión resaltó el cumplimiento por parte del Estado de parte de los compromisos asumidos en el acuerdo y valoró los esfuerzos realizados por la República de Colombia y los familiares de Jorge Antonio Barbosa a fin de alcanzar una solución amistosa. Asimismo, manifestó que dará especial seguimiento al cumplimiento de los compromisos en materia de esclarecimiento de los hechos, recuperación de los restos de la víctima, y juzgamiento y sanción de los responsables.
En el 2012, el Estado informó que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió la acción de revisión promovida por la Procuraduría General de la Nación contra la providencia de 15 de febrero de 1993 (que cesó el procedimiento contra una persona por delito de homicidio) y la resolución de 15 de abril de 2002 (precluyó la investigación a contra tres personas por el delito de secuestro simple). En su sentencia de 26 de septiembre de 2012 la Corte Suprema de Justicia invalidó ambas decisiones y ordenó la remisión del diligenciamiento a la Fiscalía General de la Nación. El Estado indicó que en razón de lo anterior, se reabrirán y continuarán las investigaciones para determinar lo sucedido y las responsabilidades correspondientes.
En cuanto a la búsqueda de los restos mortales del señor Jorge Antonio Barboza Tarazona, el Estado informó que el caso se incluyó en el Centro Único Virtual de Identificación (CUVI) y se radicó en la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz, para que se incluya en la relación de personas pendientes por identificar dentro de aquellas que se llegaren a encontrar en las exhumaciones de esa Unidad. Finalmente, el Estado solicitó que la CIDH declare el cumplimiento total de las obligaciones adquiridas por el Estado con la suscripción del acuerdo de solución amistosa.
Por su parte, el 11 de abril de 2013, los peticionarios indicaron que “tienen el derecho de las víctimas a saber los esfuerzos técnicos y científicos realizados por el Estado colombiano en la búsqueda de los restos mortales de la víctimas.” Específicamente, indicaron que el Estado debe presentar información sobre: i) “si es cierto que los militares confesaron que el cadáver fue dejado en calidad de N.N. en el cementerio de Ciénega – Magdalena”; ii) qué diligencias han realizado las autoridades encargadas y durante cuánto tiempo con el fin de localizar los restos; y iii) “cuáles han sido las razones o circunstancias que a sabiendas de que los restos están en determinado cementerio se ha hecho posible su localización”. Esta información fue trasladada al Estado mediante comunicación de la CIDH de 30 de abril de 2013, solicitando sus observaciones en el plazo de un mes.
El 08 de octubre de 2013 la CIDH solicitó a ambas partes información sobre el cumplimiento de los puntos pendientes, sin recibir repuesta.
El 21 de octubre de 2010 la Comisión aprobó el Informe de Fondo No. 113/10, conforme al artículo 50 de la Convención Americana. En dicho informe la Comisión concluyó que la República de Colombia violó en perjuicio de James Zapata Valencia y José Heriberto Ramírez Llanos el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal y el derecho a la libertad personal, consagrados en los artículos 4, 5 y 7 de la Convención Americana, en concordancia con las disposiciones del artículo 1.1 del citado instrumento internacional. Igualmente, concluyó que el Estado violó los derechos del niño de José Heriberto Ramírez Llanos, quien tenía 16 años para el momento de los hechos. Finalmente, la CIDH concluyó que el Estado era responsable de la violación del derecho a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial, consagrados en los artículos 5, 8 y 25 de la Convención en perjuicio de los familiares de las víctimas y en relación con la obligación general de respeto y garantía del artículo 1.1 de la Convención.
Con la aprobación del referido informe, la Comisión estableció una serie de plazos para que el Estado adelantara el cumplimiento de las recomendaciones allí formuladas. Tras considerar la información provista por ambas partes y las acciones adelantadas por el Estado en cumplimiento de las recomendaciones la Comisión decidió emitir el Informe No. 79/11 conforme al artículo 51 de la Convención Americana y hacerlo público. En dicho informe, la CIDH recomendó al Estado lo siguiente: