Source: http://www.congresoqroo.gob.mx/transparencia/proceso_legislativo/iniciativas/I1120061017001.htm
Timestamp: 2017-04-25 18:25:28
Document Index: 63251220

Matched Legal Cases: ['Artículo 10', 'Artículo 11', 'artículo 2', 'Artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'Artículo 12', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2']

Fecha de Inicio 17 de Octubre de 2006
DIP. FRANCISCO ALBERTO FLOTA MEDRANO.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PRIMER MES DEL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO
DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL P R E S E N T E. EL SUSCRITO DIP. JUAN CARLOS PALLARES BUENO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 68 FRACCIÓN II; 69 Y 75 FRACCIÓN 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 28 FRACCIÓN III, 32 FRACCIÓN VIII, 66, 106, 107 Y 111 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO; ME PERMITO SOMETER A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA XI LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO LA SIGUIENTE INICIATIVA DE REFORMAS A LA LEY DE DEUDA PUBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO CONFORME LA SIGUENTE:
Los Estados adoptaran para su régimen interior la forma de gobierno republicano representativo popular teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre (Articulo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos)
En días pasados se aprobó el Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo con la finalidad de coadyuvar con las entidades para lograr una planeación financiera integral; así como acceder a financiamiento de manera unitaria y/o colectiva en los mejores términos y condiciones posibles a los mercados financieros El municipio, formado por el conjunto de familias que habitan una comunidad, es eje de la estructura política nacional y espacio privilegiado para el desarrollo del país.
El respeto a la autonomía municipal es el fundamento de un orden subsidiario, solidario y responsable que el gobierno federal y los gobiernos estatales deben garantizar. Los municipios deben tener la capacidad para determinar libre y responsablemente las características propias de su gobierno de acuerdo con sus necesidades particulares, para establecer las normas básicas de la convivencia social y, en especial, para garantizar el pleno desarrollo y respeto por las comunidades y los pueblos indígenas. Las atribuciones de los diferentes ámbitos de gobierno han de estar presididas por el principio de la proximidad, cuya esencia exige que todas aquellas funciones que inciden directamente en la vida diaria de las personas sean atribuidas al órgano de gobierno más cercano al ciudadano. En este sentido tanto el sistema federal como el estatal deberá asegurar no sólo estas facultades y los recursos suficientes para el municipio, sino también la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.
La prestación de los servicios públicos debe atender a las necesidades fundamentales de los hombres y las mujeres que conforman el municipio, asegurando los niveles mínimos y suficientes para una vida digna. La seguridad, la educación, la salud y el desarrollo humano han de ser los objetivos centrales del gobierno municipal.
Ante la creciente integración de las naciones, los gobiernos municipales han de fungir como promotores de los valores y de la diversidad cultural nacionales. En una economía mundializada, el municipio ha de contar con los servicios de educación profesional y técnica y con la infraestructura necesaria para potenciar sus recursos y servicios en beneficio de las familias y las personas que lo integran.
La solidaridad exige el compromiso permanente de la persona para actuar a favor del bien común de su municipio. Toda política municipal debe fundarse en la participación de quienes integran la primera comunidad de la Nación.
El desarrollo integral y el crecimiento equilibrado de todas las regiones del país es la esencia del Estado federal. La equidad en el acceso a mejores condiciones de vida ha de ser el resultado de un federalismo subsidiario, solidario y responsable que sea capaz de incorporar a todos los mexicanos, independientemente de su ubicación geográfica, al progreso nacional.
Un federalismo subsidiario y solidario implica la generosa participación de todas las entidades y de la sociedad en su conjunto a favor de la educación, de la infraestructura y, en general, de las condiciones mínimas para el adecuado crecimiento económico de todas las regiones del país.
Un federalismo solidario y subsidiario exige la participación del gobierno federal para que todas las entidades, en especial aquellas con mayor rezago social, se encuentren en condiciones de igualdad para garantizar el pleno bienestar de las personas.
El Estado mexicano también ha de promover un federalismo responsable, donde la descentralización de funciones y de recursos confluya en el compromiso de los gobiernos municipales, estatales y federal para gestionar el bien común de la Nación desde cada ámbito de competencia.
Un federalismo responsable implica la transparencia y honestidad en la vida pública. Es deber de las autoridades manejar responsable, transparente y honradamente la hacienda y finanzas públicas. Es deber de los ciudadanos vigilar permanentemente la aplicación de los recursos. Las instituciones municipales, estatales y federales, deben reformarse para asegurar que la gestión pública trascienda sus períodos de elección, con el fin de dar continuidad y certidumbre a las acciones de gobierno y contribuir de manera eficaz al desarrollo armónico y equilibrado de la Nación En tal sentido el Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo debe respetar la autonomía financiera de los municipios y evitar vincular en una primera instancia las decisiones autónomas de los municipios para poder contratar financiamiento público que más le convenga y servir en su caso como intermediario entre la banca y el mismo toda vez que las decisiones del los gobiernos municipales deberán ser autónomas y se basan en la discusión democrática al interior de los cabildos para que en forma responsable tomen las mejores decisiones por el bien de los ciudadanos. Por lo tanto se deberá reformar la ley de dicho instituto una vez aprobada esta iniciativa de ley en su caso.
Por el que se reforman las Fracción III y IV del Articulo 2; Fracciones I, X y XII del Articulo 3; 9; Fracción IX del Artículo 10; Fracción VIII del Artículo 11; Fracciones V y IX del Articulo 12; fracción III del Articulo 16; Artículos 22 y 23; Articulo 30; se deroga la Fracción II del Articulo 2 y se adiciona el Articulo 2bis y 12Bis; todos de la Ley de Deuda Publica del Estado de Quintan Roo para quedar como sigue:
ARTICULO 2°.- La deuda pública estatal está constituida por las obligaciones directas y contingentes derivadas de empréstitos, créditos y financiamientos, incluso a través de la emisión de valores, a cargo de las siguientes entidades:
Los organismos descentralizados estatales.
Las empresas de participación mayoritaria estatal.
Los fideicomisos en que el fideicomitente sea algunas de las entidades señaladas en las fracciones anteriores.
Articulo 2 bis.- La deuda pública municipal está constituida por las obligaciones directas y contingentes derivadas de empréstitos, créditos y financiamientos, incluso a través de la emisión de valores, a cargo de las siguientes entidades:
Los Organismos descentralizados municipales
Las empresas de participación mayoritaria municipal.
ARTICULO 3°.- Para los efectos de esta Ley se entiende por:
Entidades: Las señaladas en los artículos 2 y
2bis de esta Ley;
Créditos: Las operaciones de endeudamiento, directo o contingente, que resulten del crédito público que celebren las entidades señaladas en las fracciones III, IV y V del artículo 2 y Fracciones II, III y IV del Articulo 2bis de esta Ley;
Valores: Son los valores representativos de un empréstito o crédito colectivo, tales como las obligaciones, bono, certificados y demás títulos de crédito que emitan las entidades señaladas en los artículos 2 y 2bis de esta Ley, en serie o en masa, en los términos de las Leyes que que rijan, destinados a circular en el mercado de valores, incluyendo los que se emitan de manera indirecta, mediante fideicomisos a través de instituciones fiduciarias y al amparo, en su caso, de una acta de emisión, cuando por disposición de la Ley o de la naturaleza de los títulos correspondientes así se requiera;
ARTICULO 9°.- Son autoridades en materia de deuda pública, dentro de sus respectivas competencias, la Legislatura del Estado, el Ejecutivo del Estado, la Secretaría de Hacienda del Estado, los ayuntamientos, los presidentes municipales, los tesoreros municipales, los titulares de las entidades a que se refiere el Artículo 2° fracciones III y IV, y Articulo 2bis Fracciones III y IV, los comités técnicos de financiamiento creados conforme a los artículos 15, 16 y 17 de esta Ley.
Autorizar al Ejecutivo Estatal para que, en representación del Estado, se constituya en garante, avalista, deudor solidario, subsidiario o sustituto de las entidades señaladas en las fracciones II, III, IV y V del artículo 2 y las señaladas en el Articulo 2bis de esta Ley;
Constituir al Estado, previa autorización de la Legislatura del Estado y sujeto a lo establecido en esta Ley, en garante, avalista, deudor solidario, subsidiario o sustituto de las demás entidades señaladas en los artículos 2 y 2bis de esta Ley;
Inscribir los financiamientos que celebren el Estado y las demás entidades señaladas en las fracciones II, III, IV y V del artículo 2 y las señaladas en el Articulo 2bis de esta Ley, en el Registro Único de Obligaciones y Empréstitos del Estado, así como mantener actualizada la información sobre la situación que guarden sus obligaciones inscritas y cancelar, en su caso, las inscripciones correspondientes; Artículo 12 bis. El Instituto, es una instancia para que las entidades establecidas en el articulo 2 de esta ley contraten deuda y tratándose de las entidades municipales estas podrán optar por contratarla de manera independiente con la aprobación de la Legislatura.
Asesorar a las entidades señaladas en las fracciones II, III, IV y V del artículo 2 y las señaladas en el articulo 2bis de esta Ley en la formulación de sus proyectos financieros y en todo lo relativo a las operaciones que pretendan realizar en materia de deuda pública; y,
Evaluar y opinar sobre el otorgamiento, en cualquier forma, de la garantía del Estado, ya sea como garante, aval, deudor solidario, subsidiario o sustituto en operaciones de deuda pública en las que tengan carácter de deudores directos las entidades señaladas en los artículos 2 y 2bis de esta Ley, y, proponer, en su caso, los requisitos que deberán observarse en cada caso;
ARTICULO 22.- Cuando las entidades señaladas en las fracciones II, III, IV y V del artículo 2 y las contenidas en el Articulo 2bis de esta Ley requieran que el Estado funja como garante, avalista, deudor solidario, subsidiario o sustituto en un financiamiento, la contratación del mismo se realizará con la autorización e intervención de la Secretaría de Hacienda del Estado. En el caso de que el Estado otorgue el empréstito, crédito o financiamiento, la contratación se efectuará a través de la Secretaría de Hacienda del Estado. ARTICULO 23.- Cuando las entidades señaladas en las fracciones II, III, IV y V del artículo 2 y las contenidas en el Articulo 2bis de esta Ley requieran que el Estado funja como garante, avalista, deudor solidario, subsidiario o sustituto en un financiamiento, deberán formular solicitud a la Secretaría de Hacienda, acompañando la información que ésta determine; presentando además en la forma que lo requiera, la información que le permita determinar su capacidad de pago y la necesidad debidamente razonada del tipo de gasto que se pretende financiar con los recursos del crédito o empréstito.
ARTICULO 30.- El Estado podrá, previa autorización de la Legislatura del Estado, constituirse en garante, avalista, obligado solidario, subsidiario o substituto de las entidades señaladas en las fracciones II, III, IV y V del articulo 2 y las señaladas en al Articulo 2bis de esta Ley.
Dado en el Palacio Legislativo en la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo a los once días del mes de octubre del 2006.
DIP. JUAN CARLOS PALLARES BUENO