Source: http://www.legaltoday.com/practica-juridica/civil/consumidores_y_usuarios/la-intervencion-de-abogado-y-procurador-en-la-ejecucion-de-laudos-requisito-procesal
Timestamp: 2015-04-25 18:14:01
Document Index: 344393500

Matched Legal Cases: ['artículo 44', 'artículo 539', 'artículo 4', 'artículo 539', 'artículo 539', 'artículo 556', 'artículo 539']

La intervenci�n de abogado y procurador en la ejecuci�n de laudos: �requisito procesal?
En lo que ata�e a la postulaci�n de las partes en el proceso de ejecuci�n de laudo, cabe entenderse que la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone en su art�culo 539.1 de una regla especial frente a las normas generales contenidas en los art�culos 23 y 31 de la propia ley ritual civil. En consecuencia de esa regla especial, habida cuenta que la intervenci�n de abogado y procurador no es preceptiva en el proceso arbitral, ha de concluirse que no ser� obligatorio que las partes act�en representadas por procurador ni defendidas por letrado en el proceso de ejecuci�n de laudo arbitral, con independencia de su cuant�a. Sin embargo, esta conclusi�n no es pac�fica en su aplicaci�n jurisdiccional y ello crea una clara disfunci�n jur�dica a la vez que una n�tida incoherencia, en especial por lo que al procedimiento arbitral de consumo se refiere.
Rafael Lara Gonz�lez,Catedr�tico de Derecho Mercantil, Facultad de Ciencias Jur�dicas de la Universidad P�blica de Navarra	Con carácter general, cabe señalar que el Sistema Arbitral de Consumo -con sus evidentes y sustanciales
limitaciones- se ha mostrado, a lo largo de sus más de veinte años de servicio
público, un sistema eficaz para resolver
los conflictos propios de las relaciones de consumo; y se ha mostrado
eficaz no sólo por la actividad desarrollada por las Juntas Arbitrales o por
los Órganos Arbitrales, sino por el hecho de que los laudos emitidos por estos últimos
son posteriormente y de forma voluntaria acatados por las partes y ejecutados
sin necesidad alguna de auxilio externo. Sin embargo, en esas escasas ocasiones
en las que desde las Juntas Arbitrales de Consumo se ha tenido que informar -normalmente
al consumidor o usuario- a fin que acudir al procedimiento jurisdiccional de
ejecución, se han encontrado con la existencia de algunas disfunciones entre "Justicia (jueces y tribunales) y Arbitraje
de Consumo". Sobre una de estas disfunciones conviene realizar una
necesaria reflexión en estos momentos.
Así, el artículo 44 la Ley
de Arbitraje (LA) establece que "la
ejecución forzosa de los laudos se regirá por lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en este título"; es decir, por lo
dispuesto en los artículos 538 y siguientes de la ley ritual civil (LEC) y por
los artículos 44 y 45 de la LA. De esta
regulación, esencialmente, cabe destacar los siguientes aspectos. El tribunal
competente para ejecutar un laudo es el Juzgado de Primera Instancia del lugar
donde se haya dictado (arts. 8.4 LA y 545.2 LEC); en este sentido, el tribunal,
antes de despachar ejecución, debe examinar de oficio su competencia
territorial (art. 546 LEC). Ahora bien, debe advertirse que el tribunal no
puede despachar ejecución del laudo dentro de los 20 días posteriores a aquél
en que el laudo haya sido notificado al ejecutado [art. 548 LEC en relación con
los artículos 5 a)
y 37.7 LA]. Sólo
se despachará ejecución del laudo a petición de parte, en forma de demanda, a
la cual se habrá de acompañar el convenio arbitral y los documentos acreditativos
de la notificación de aquél a las partes (ex
arts. 549 y 550 LEC). Presentada la demanda ejecutiva, el tribunal despachará
en todo caso la ejecución siempre que concurran los presupuestos y requisitos
procesales, el título ejecutivo no adolezca de ninguna irregularidad formal y
los actos de ejecución que se solicitan sean conformes con la naturaleza y
contenido del título (art. 551.1 LEC) - confróntese la SAP de Madrid (sección 10ª) de
2005-. La ejecución se despacha mediante auto, el cual no es
recurrible (art. 551.2 LEC).
¿Cuál es esa disfunción existente
entre "Justicia y Arbitraje de Consumo" en materia de ejecución de laudos a la que
anteriormente me refería?.
Conviene poner de relieve que no existe una actuación ni unitaria ni
uniforme de los juzgados de primera instancia, con relación a la "representación y defensa" de las
partes en el procedimiento jurisdiccional de ejecución de laudos. De este modo,
unos tribunales requieren al ejecutante dirección letrada y representación por
procurador, y otros no. Esta irregular actuación -en el sentido de "no observar siempre el mismo comportamiento"-
se revela siquiera más
sorprendente y llamativa cuando se comprueba que dicha actuación es también
irregular en cuanto se encuentra asimismo "fuera
de regla".
Recuérdese que a tenor del artículo 539.1 LEC "el ejecutante y el ejecutado deberán estar dirigidos por letrado y
representados por procurador, salvo que se trate de la ejecución de
resoluciones dictadas en procesos en que no sea preceptiva la intervención de
dichos profesionales", siendo precisamente un claro ejemplo de los mismos
el procedimiento arbitral de consumo, habida cuenta que en ningún caso el Real
Decreto 231/2008, en la línea trazada por su precedente Real Decreto 636/1993 y
en coherencia con la propia
Ley de Arbitraje, considera preceptiva ni la intervención de
abogado ni la de procurador. Téngase
en cuenta que estamos ante legislación especial -la arbitral- y que la ley
ritual civil, de carácter general, tan sólo tendrá el carácter supletorio en
los términos que recoge su artículo 4 [SAP Madrid (Sección 19ª) de 16 de junio de 2006].
Por ello, no se puede compartir la aplicación de los artículos 23.1 y 31.1 LEC
en los que se enumeran las excepciones a regla general de intervención de
procurador y abogado, tesis que sin embargo sí ha tenido acogida por una parte
de la jurisprudencia menor [véase la
SAP de Valencia (Sección 8ª) de 29 de enero de 2008].
En mi opinión, el contenido del reproducido artículo 539.1
LEC es aplicable al supuesto de laudos arbitrales de consumo, ya que no puede
entenderse exclusivamente sobre la base de una argumentación estrictamente
literal, que el precepto viene referido a la ejecución de resoluciones
judiciales dictadas en procesos, y el procedimiento arbitral no tiene la
consideración de un proceso. En efecto, si bien semánticamente el proceso al
que se refiere el artículo 539.1 citado no se puede equiparar al procedimiento
arbitral [véase igualmente la SAP
de Valencia (Sección 8ª) de 29 de enero de 2008], desde el punto de vista
jurídico-procesal está más que justificada esa equiparación por voluntad del
propio legislador, desde el momento que los motivos alegables en la oposición a
la ejecución, según el artículo 556.1 LEC, son los mismos tanto para la
ejecución de resoluciones judiciales como para la ejecución de laudos
arbitrales; y si en lo más o en lo fundamental, que son las causas de
oposición, están equiparadas ambas ejecuciones, con mayor razón lo estarán en
cuanto a si es preceptiva o no la intervención de abogado y procurador en su
tramitación, al igual que ocurre en la ejecución de una sentencia recaída en
juicio verbal que no exceda de 900 euros [en este sentido resolutorio véase el
AAP de Barcelona (Sección 15ª) de 2 de diciembre de 2004 así como la SAP de Valencia (Sección 11ª)
de 30 de junio de
En materia de representación y defensa técnica en ejecución
de laudo, debe entenderse aplicable la doctrina del párrafo primero del
artículo 539.1 LEC, que subordina la necesidad de dicha asistencia técnica a
que lo haya sido en el proceso previo, lo que supone indagar si en la creación
del título ejecutivo, sea una sentencia, sea un laudo, ha sido precisa la
intervención de Abogado y Procurador, pues ello condiciona la respuesta que
deba darse a la cuestión que se plantea en fase de ejecución, criterio de
equiparación que debe entenderse amparado, pues existe una identificación a
efectos ejecutivos entre los procesos judiciales y los arbitrales [cfr. SAP de Madrid (sección 10ª) de 26 de abril de 2005].
Rafael Lara Gonz�lez,
N�mero de art�culos del autor 25
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