Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/C-390-14.htm
Timestamp: 2018-10-18 01:30:38
Document Index: 203053922

Matched Legal Cases: ['artículo 250', 'artículo 308', 'artículo 38', 'artículo 14', 'artículo 8', 'artículo 103', 'artículo 317', 'artículo 338', 'artículo 28', 'artículo 317', 'artículo 317', 'Artículo 365', 'ARTÍCULO 317', 'artículo 317', 'ARTÍCULO 175', 'artículo 49', 'artículo 294', 'ARTÍCULO 294', 'artículo 55', 'artículo 175', 'artículo 175', 'artículo 94', 'artículo 29', 'artículo 30', 'artículo 28', 'artículo 30', 'artículo 317', 'artículo 338', 'artículo 317', 'artículo 317', 'artículo 317', 'artículo 317', 'artículo 317', 'artículo 317', 'artículo 317', 'artículo 317', 'artículo 337', 'artículo 351', 'artículo 317', 'artículo 317', 'artículo 30', 'artículo 61', 'ARTÍCULO 175', 'artículo 49', 'artículo 294', 'artículo 175']

MEDIDA DE DETENCION PROVISIONAL DEL IMPUTADO O ACUSADO-Debe existir término preciso, máximo y perentorio a partir del cual no puede prolongarse
CAUSALES DE LIBERTAD EN LEY 906 DE 2004-Evolución normativa
FORMULACION DE ACUSACION-Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia/FORMULACION DE ACUSACION-Jurisprudencia constitucional/FORMULACION DE ACUSACION-Acto complejo que se conforma por dos oportunidades procesales
Tal como la Corte Suprema de Justicia ha establecido en su jurisprudencia, la Acusación es un acto complejo que incluye dos momentos procesales regulados de forma separada: el escrito de acusación y la audiencia de acusación. Así por ejemplo, en Auto del 21 de noviembre de 2012, expresó: “Dígase, entonces, que en la Ley 906 de 2004 la acusación es un acto complejo que incluye dos momentos procesales distintos y regulados de forma independiente, cuales son la presentación del correspondiente escrito por parte de la fiscalía y la audiencia de su formulación, dirigida por el juez de conocimiento.” La Corte Constitucional, por su parte, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, ha establecido que la formulación de la acusación es un acto complejo, que se conforma por dos oportunidades procesales: (i) por una parte, el escrito que presente la fiscalía ante el juez del conocimiento y (ii) por otra, la formulación oral de la acusación que se haga dentro de la Audiencia del mismo nombre. Tal acto complejo se traduce a su vez en un procedimiento formalizado que se desarrolla a través de: (i) la presentación del escrito de acusación ante el juez competente, (ii) dentro de los tres días siguientes a la recepción del escrito, la fijación de la fecha para la audiencia de formulación de acusación y (iii) la realización de la audiencia.
CAUSALES DE LIBERTAD EN LEY 906 DE 2004-Interpretaciones respecto de la expresión “formulación de acusación” contenida en disposición demandada
INTERPRETACION RESPECTO DE EXPRESION FORMULACION DE LA ACUSACION-Derecho viviente como corolario de Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
DOCTRINA DEL DERECHO VIVIENTE-Alcance/DOCTRINA DEL DERECHO VIVIENTE-Requisitos para que pueda predicarse dicha situación
Según esta doctrina, originalmente desarrollada por la Corte Constitucional Italiana, para poder fijar el sentido de una disposición acusada, el juez constitucional debe tener en cuenta la forma como los operadores jurídicos, los doctrinantes y en especial la jurisprudencia la han entendido, más aún cuando la “interpretación jurisprudencial y doctrinaria representa una orientación dominante bien establecida”. De esta manera se respeta la interpretación que de la norma haga el juez respectivo dentro de su autonomía, a la vez que se adelanta un control constitucional sobre el derecho realmente existente y no sobre contenidos que carecen de aplicación práctica. Cabe de igual manera aclarar que para que la jurisprudencia adquiera el carácter de derecho viviente, es necesario que se cumplan ciertas exigencias o requisitos. De acuerdo con lo señalado por la jurisprudencia de esta Corporación, puede considerarse que constituye derecho viviente “la interpretación jurisprudencial y doctrinal: (i) que sea consistente, aun cuando no sea idéntica y uniforme, y salvo que resulte abiertamente contradictoria, caso en el cual no puede hablarse de una regla normativa generalmente acogida; (ii) que esté plenamente consolidada o afianzada, como se mencionó, una sola opinión doctrinal o una decisión judicial de los órganos de cierre de la respectiva jurisdicción -Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado-, no alcanza a conformar un criterio dominante de interpretación; y que sea relevante o significativa, en cuanto permita señalar el verdadero espíritu de la norma o determinar sus alcances y efectos.”
CORTE CONSTITUCIONAL-Competencia en materia de control constitucional en defensa de la Constitución y no como juez de legalidad o conveniencia de las interpretaciones vertidas por otros órganos judiciales
La Corte Constitucional ejerce el control constitucional en defensa de la norma superior, no sobre la legalidad o conveniencia de las interpretaciones vertidas por otros órganos judiciales, sino sobre contenidos normativos conforme el contexto real dentro del cual han sido interpretados y aplicados. Al respecto, la Corte ha expresado que: “el control de constitucionalidad está llamado a cumplirse sobre el texto de la norma demandada que se encuentra produciendo efectos jurídicos y que es oponible a los destinatarios de la ley, y en ningún caso sobre aquellos contenidos que carecen de eficacia y que son del todo intrascendentes en el mundo del derecho. Por otra parte, la doctrina del derecho viviente evita que la Corte Constitucional se pronuncie sobre contenidos normativos eventuales e hipotéticos, al concentrar su atención en el sentido real de los preceptos controlados, lo cual evita el riesgo de declarar inexequibles disposiciones cuyo significado viviente es compatible con la Carta, lo cual representaría un ejercicio inadecuado de sus funciones”
INTERPRETACION RESPECTO DE EXPRESION FORMULACION DE LA ACUSACION-Análisis literal de la expresión y sistemático del Código de Procedimiento Penal
MEDIDA DE ASEGURAMIENTO-Finalidad
IMPUTADO O ACUSADO QUE SE ENCUENTRE COBIJADO POR UNA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO O POR UNA FORMULACION DE ACUSACION-Está amparado por el principio de presunción de inocencia
MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO EN SISTEMA PENAL DE TENDENCIA ACUSATORIA-Requisitos
Siguiendo el numeral 1 del artículo 250 constitucional y el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, los requisitos para decretar la medida de aseguramiento se resumen en: (i) evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia, bien sea mediante la destrucción de las pruebas o la amenaza de testigos; (ii) que el imputado constituya un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima; o que (iii) el imputado no comparecerá al proceso. Además el juez deberá tener en cuenta para decretar la medida, la probabilidad que la persona sea autor o partícipe del hecho que se le imputa, en concordancia con los elementos materiales probatorios y la evidencia física recogida o de la información obtenida legalmente.
MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO-No equivalente a sentencia condenatoria
La Corte ha puesto el acento en que el carácter de las medidas de aseguramiento, de ninguna forma puede ser equivalente a la pena impuesta como condena. Al respecto se ha expresado que: “De otra parte es pertinente precisar también que las medidas de aseguramiento no equivalen a la sentencia condenatoria, ni pueden ser confundidas con las penas que mediante tal providencia se imponen. Son simples medidas cautelares – no sentencias - que sólo pueden dictarse, con carácter excepcional, preventivo pero no sancionatorio cuando se reúnan de manera estricta los requisitos fácticos o jurídicos señalados por la ley para el efecto, y cuando resulten indispensables para alcanzar la finalidad constitucional que con ellas se persigue, esto es, para asegurar la comparencia del imputado al proceso, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial de la víctima.”
MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO-Limites
AMPLIO MARGEN DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN PROCEDIMIENTO PENAL-Límites
La jurisprudencia ha reconocido un amplio espacio de configuración legislativa en orden a determinar que bienes jurídicos son susceptibles de protección penal, las conductas que deben ser objeto de sanción, y las modalidades y la cuantía de la pena. No obstante, debe tratarse de una prerrogativa sujeta a límites. Estos límites están dados fundamentalmente por el respeto a los derechos constitucionales de los asociados, el deber de respetar el principio de legalidad estricta, y los criterios de razonabilidad, proporcionalidad, aplicables tanto a la definición del tipo penal como a la sanción imponible. Dentro de las garantías que involucra el principio de legalidad estricta se encuentra la prohibición de delitos y penas indeterminadas. En relación con este aspecto se han estudiado los tipos penales en blanco, respecto de los cuales la jurisprudencia ha admitido su constitucionalidad siempre y cuando la remisión normativa permita al intérprete determinar inequívocamente el alcance de la conducta penalizada y la sanción correspondiente.
PRIVACION PREVENTIVA DE LA LIBERTAD-Carácter excepcional
CONVENCION AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-Alcance de derecho a plazo razonable
DERECHO A UN PROCESO SIN DILACIONES INJUSTIFICADAS EN AMBITO PENAL-Jurisprudencia constitucional
DEBIDO PROCESO PUBLICO SIN DILACIONES INJUSTIFICADAS-Jurisprudencia constitucional
DETENCION PREVENTIVA-Establecimiento de límites temporales a la duración parte de los principios de legalidad y proporcionalidad que deben gobernar la medida
INDEFINICION DE TERMINOS, PARTICULARMENTE CUANDO PUEDEN AFECTAR LIBERTAD PERSONAL DEL PROCESADO RESULTA INCONSTITUCIONAL-Jurisprudencia constitucional
PROCESO-Realización de la justicia
PARÁGRAFO 1o <SIC, 3o.> <Parágrafo adicionado por el artículo 38 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> En los procesos por delitos de competencia de los jueces penales del circuito especializados, por delitos contra la Administración Pública y por delitos contra el patrimonio económico que recaigan sobre bienes del Estado respecto de los cuales proceda la detención preventiva, los términos previstos en los numerales 4 y 5 se duplicarán cuando sean tres (3) o más los imputados o los delitos objeto de investigación.
Los actores consideran que la expresión “la formulación de la acusación” del articulo 317 numeral 5 de la ley 906 de 2004, desconoce los artículos 2, 28 y 29 de la Constitución Política, así como las siguientes disposiciones que hacen parte del bloque de constitucionalidad: el artículo 14 numeral 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 8 numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el artículo 103 de los Convenios de Ginebra de 1949.
Indican los actores que esta norma permite una “injustificada prolongación de la privación de la libertad del acusado como quiera [sic] que la circunstancia del retardo en el inicio del juicio oral se pueda deber a una causa que no le es imputable”[2]. Por esta circunstancia, consideran que se viola el debido proceso al que tiene derecho cualquier sindicado ya que el procedimiento debe adelantarse sin dilaciones injustificadas y dentro de un plazo razonable, más aún cuando su libertad está afectada. Consideran que no es ni razonable ni proporcionado que el procesado deba afrontar la excesiva carga de la privación de su libertad por la ineficiencia o ineficacia del Estado.
Plantean igualmente, que “la medida de aseguramiento que se le impone al procesado, considerado aún inocente por presunción, no tiene límite, ya que el término entre la radicación del escrito de acusación y su lectura en audiencia, tiene realmente un máximo indeterminado”[3].
Por lo mismo, los actores plantean otra interpretación posible conforme a los antecedentes de la norma y a un análisis sistemático del Código de Procedimiento Penal, en la que la expresión “formulación de la acusación” se entiende como la presentación del escrito de acusación. En este sentido, solicitan que se declare la exequibilidad condicionada de la mencionada expresión.
En segundo lugar, manifiesta que acudiendo a una interpretación sistemática e integral de la norma demandada se debe recurrir a los antecedentes de la expresión “formulación de la acusación”, pues son éstos los que dan una orientación para indicar su exequibilidad y sujeción a los principios constitucionales. Es por ello que cabe resaltar las modificaciones realizadas al artículo 317, en dos reformas (Leyes 1142 de 2007 y 1453 de 2011) que materializan tres posturas asumidas por el legislador, cuya finalidad ha sido volver la norma al estado inicial sin generar un desconocimiento o vulneración a los derechos fundamentales del procesado y más explícitamente a la libertad provisional por vencimiento de términos. Considera que en todo caso el acto de acusación está compuesto por dos oportunidades procesales diferentes reguladas de manera independiente por el Código de Procedimiento Penal y desde un inicio la intención del legislador hizo referencia a que el término fuese contabilizado desde la audiencia de formulación de acusación y no a partir de la radicación del escrito, y que si bien hubo una postura intermedia, recogida en la modificación realizada por la ley 1142 de 2007, donde se contabilizaba a partir de la fecha de presentación del escrito por parte de la fiscalía, ésta carece de sentido pues la lógica jurídica enseña que un término se contabiliza en el lapso comprendido entre la realización de una audiencia y el inicio de otra.
La representante del Ministerio indica que no es cierto que desde la presentación del escrito de acusación hasta la fijación de fecha y hora para la celebración de la audiencia de formulación de acusación el juez se pueda tomar el término que considere necesario, pues el artículo 338 de la ley 906 de 2004 estable claramente que “dentro de los tres (3) días siguientes al recibo del escrito de acusación el juez señalara fecha y hora para la celebración de la audiencia de acusación…” por ello la preocupación de los demandantes en ningún sentido se puede llevar al plano de la inconstitucionalidad de la norma.
Por ello, la intervención inicialmente se basa en las modificaciones terminológicas que en principio solo parecerían contener efectos hermenéuticos ya que la expresión “formulación de acusación” podría entenderse como un evento que inicia con la radicación del escrito de acusación y termina con la lectura del mismo. Considera que en cualquier caso se trata de un acto complejo y la norma demandada antes de contener una ambigüedad, parece indicar que el legislador decidió que el cómputo de términos para la libertad personal del imputado debía contabilizarse desde la audiencia de lectura de la acusación y no desde la radicación del escrito. Establece que la situación descrita por los actores en realidad ataca directamente el contenido de la norma, pero resulta equívoco realizar un juicio de valor para considerar si los despachos judiciales están realizando una interpretación acorde a lo que se refiere el demandante.
La Vista Fiscal estima que existe una verdadera inconstitucionalidad en el aparte normativo demandado, pues no se establecen las garantías mínimas que en principio debieron ser atendidas por el legislador para el diseño de las medidas de aseguramiento. Considera que no obstante la libertad es uno de los derechos mas importantes para el ordenamiento constitucional, no es “considerada como una garantía absoluta o incapaz de sufrir limitaciones”[5]. En términos generales se ha expresado que puede limitarse siempre y cuando se respete el principio de legalidad y la reserva judicial. El Ministerio Público hace el análisis de la finalidad y las exigencias constitucionales de las medidas de aseguramiento, resaltando que con éstas no se persigue una “anticipación de la condena a imponer, pues la presunción de inocencia sólo resulta derrotada mediante sentencia condenatoria en firme.” [6]
La intervención de la Procuraduría expone, con base en el artículo 28 constitucional, que no habrá penas ni medidas de seguridad imprescriptibles y “en cualquier caso toda privación de la libertad está condicionada por un mínimo obligatorio, como es su limitación temporal expresa y determinada”[7]. Por esta razón, encuentra que la expresión “formulación de la acusación” viola los mínimos constitucionales, al igual que permite que la eventual mora se traslade negativamente a la libertad del procesado a manera de privación de la libertad temporalmente incierta.
En el presente caso, los ciudadanos demandantes dirigen la acción de inconstitucionalidad a través de una serie de argumentos que permiten identificar una censura nítida contra la expresión “la formulación de la acusación” contenida en el numeral 5 del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, modificada por la Ley 1453 de 2011. Conforme a lo alegado por los actores, con la mencionada expresión, se vulnera el derecho al debido proceso sin dilaciones injustificadas, al plazo razonable, al derecho a la libertad y a la presunción de inocencia. Consideran que el apartado demandado presenta una ambigüedad por cuanto no indica un momento procesal concreto a partir del cual se puede comenzar a contar el plazo para obtener la libertad consagrada en la citada norma, lo que hace que pueda ser entendido como cualquiera de los dos puntos procesales del acto complejo de acusación: escrito de acusación o audiencia de formulación de la acusación. Si bien, señalan que se ha entendido comúnmente por los jueces que el término a que hace referencia la norma debe contarse a partir de la audiencia de formulación de acusación[10], su demanda no se dirige en estricto sentido contra dicha interpretación judicial, sino que desde un punto de vista global de la demanda, analizado junto con la norma acusada, se deriva un ataque de constitucionalidad contra la mencionada disposición normativa[11]. De esta forma la acusación resulta cierta y no es producto de una inferencia errónea de los demandantes o sobre un contenido legal que no sea verificable.
Finalmente y como corolario del cumplimiento de los demás parámetros analizados, la demanda suscita una duda frente a la constitucionalidad de la norma. Como lo ha expuesto la Corte, “la suficiencia del razonamiento apela directamente al alcance persuasivo de la demanda, esto es, a la presentación de argumentos que, aunque no logren prime facie convencer al magistrado de que la norma es contraria a la Constitución, si despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional.”[12].
En atención a los cargos formulados en el escrito de la demanda, esta Sala Plena debe resolver si la expresión “la formulación de la acusación” contenida en el numeral 5 del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, modificado por la Ley 1453 de 2011 que consagra las causales de libertad, es violatoria del derecho al debido proceso sin dilaciones injustificadas y al plazo razonable, del derecho a la libertad, y la presunción de inocencia, por cuanto, según se afirma, dicha expresión permite que la medida de aseguramiento privativa de la libertad se prolongue de forma indefinida en el periodo comprendido entre la radicación del escrito de acusación y la realización de la Audiencia de lectura del mismo.
“Artículo 365. Causales. Además de lo establecido en otras disposiciones, el sindicado tendrá derecho a la libertad provisional garantizada mediante caución prendaria en los siguientes casos:
5. Cuando hayan transcurrido más de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de la resolución de acusación, sin que se hubiere celebrado la correspondiente audiencia pública salvo que se hubieren decretado pruebas en el exterior o se esté a la espera de su traslado, caso en el cual, el término se entiende ampliado hasta en seis (6) meses.”(Subrayado fuera de texto).
Este texto fue trasladado al nuevo Código –Ley 906 de 2004- acoplándolo al sistema acusatorio que se implementó y modificando el plazo mediante el cual se ordena la libertad del imputado o acusado:
“ARTÍCULO 317. CAUSALES DE LIBERTAD. Las medidas de aseguramiento indicadas en los anteriores artículos tendrán vigencia durante toda la actuación. La libertad del imputado o acusado se cumplirá de inmediato y solo procederá en los siguientes eventos:
5. Cuando transcurridos sesenta (60) días contados a partir de la fecha de la formulación de la acusación, no se haya dado inicio a la audiencia de juicio oral.”[13] (Subrayado fuera de texto).
5. Cuando transcurridos noventa (90) días, contados a partir de la fecha de la presentación del escrito de acusación, no se haya dado inicio a la audiencia de juicio oral.”[14] (Subrayado fuera de texto).
5. Cuando transcurridos ciento veinte (120) días contados a partir de la fecha de la formulación de la acusación, no se haya dado inicio a la audiencia de juzgamiento.”[15] (Subrayado fuera de texto).
De la evolución legislativa del aparte estudiado se pueden sintetizar dos cambios. Por una parte, el aumento progresivo del tiempo necesario para que opere la libertad por vencimiento de términos y de otro lado, el momento a partir del cual se inicia el cómputo para el mismo. Del tenor original de la norma demandada, en el que se preveía la expresión “formulación de la acusación”, se pasó a la “radicación del escrito de acusación”, la cual tuvo su última modificación al volver al estado original, empleando la “formulación de la acusación” como punto de partida para que se de la libertad tras 120 días sin que comience la audiencia de juzgamiento.
4.2 La formulación de la acusación como acto complejo: entre el escrito de acusación y la Audiencia
“Dígase, entonces, que en la Ley 906 de 2004 la acusación es un acto complejo que incluye dos momentos procesales distintos y regulados de forma independiente[17], cuales son la presentación del correspondiente escrito por parte de la fiscalía y la audiencia de su formulación, dirigida por el juez de conocimiento.” [18] (Negrilla fuera de texto)
4.3 De las dos interpretaciones posibles respecto de la expresión “formulación de la acusación”
Esa diferencia se evidencia en las diferentes posturas asumidas por el legislador, no solo por la forma como optó por regular dichos estadios procesales, sino por las modificaciones que ha realizado al citado numeral 5° del artículo 317, pues, en un primer y último momentos aludió expresamente a la audiencia de formulación de acusación, en tanto que, en una fase intermedia se refirió a la presentación del escrito acusatorio, quedando así claro que no se trata de una confusión.”[27]
Según esta doctrina, originalmente desarrollada por la Corte Constitucional Italiana[29], para poder fijar el sentido de una disposición acusada, el juez constitucional debe tener en cuenta la forma como los operadores jurídicos, los doctrinantes y en especial la jurisprudencia la han entendido, más aún cuando la “interpretación jurisprudencial y doctrinaria representa una orientación dominante bien establecida”[30]. De esta manera se respeta la interpretación que de la norma haga el juez respectivo dentro de su autonomía, a la vez que se adelanta un control constitucional sobre el derecho realmente existente y no sobre contenidos que carecen de aplicación práctica.
Cabe de igual manera aclarar que para que la jurisprudencia adquiera el carácter de derecho viviente, es necesario que se cumplan ciertas exigencias o requisitos. De acuerdo con lo señalado por la jurisprudencia de esta Corporación[31], puede considerarse que constituye derecho viviente “la interpretación jurisprudencial y doctrinal: (i) que sea consistente, aun cuando no sea idéntica y uniforme, y salvo que resulte abiertamente contradictoria, caso en el cual no puede hablarse de una regla normativa generalmente acogida; (ii) que esté plenamente consolidada o afianzada, como se mencionó, una sola opinión doctrinal o una decisión judicial de los órganos de cierre de la respectiva jurisdicción -Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado-, no alcanza a conformar un criterio dominante de interpretación; y que sea relevante o significativa, en cuanto permita señalar el verdadero espíritu de la norma o determinar sus alcances y efectos.”
Como se colige del análisis realizado, la jurisprudencia de la Corte Suprema cumple con los requisitos mencionados para considerarse derecho viviente. La interpretación hecha es consistente a lo largo de su jurisprudencia, ya que desde el 2011 cuando se fijó la posición jurisprudencial, hasta la fecha ha tratado el tema en discusión de manera idéntica en diversos fallos[32], lo que hace que esté consolidada y resulta relevante para señalar cómo debe entenderse la expresión “formulación de la acusación”. No obstante, como se expondrá a continuación, esto no impide el análisis de conformidad de constitucional.
“el control de constitucionalidad está llamado a cumplirse sobre el texto de la norma demandada que se encuentra produciendo efectos jurídicos y que es oponible a los destinatarios de la ley, y en ningún caso sobre aquellos contenidos que carecen de eficacia y que son del todo intrascendentes en el mundo del derecho. Por otra parte, la doctrina del derecho viviente evita que la Corte Constitucional se pronuncie sobre contenidos normativos eventuales e hipotéticos, al concentrar su atención en el sentido real de los preceptos controlados, lo cual evita el riesgo de declarar inexequibles disposiciones cuyo significado viviente es compatible con la Carta, lo cual representaría un ejercicio inadecuado de sus funciones”[34]
Por su parte, la Corte Constitucional colombiana no ha sido ajena a esta consideración y no han sido aislados lo pronunciamientos en los cuales se ha asumido el análisis de normas que contaban con una interpretación tildada de contraria a la Constitución[37]. En jurisprudencia de esta Corporación, se ha señalado que “corresponde a esta Corte Constitucional, como guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución (CP art. 241), examinar si las disposiciones sometidas a control, tal y como han sido entendidas por el derecho viviente, se ajustan o no a la Carta” [38] y que, “cuando la interpretación que la jurisprudencia y la doctrina hacen de la ley representa una orientación predominante y definida de la norma, es deber del juez constitucional -en principio- el de acogerla, a menos que resulte palpable su oposición con los preceptos superiores.” (Subraya fuera de texto), por lo que “el juez constitucional conserv[a] su total autonomía para definir si, incluso la interpretación más reputada de la norma, contraría los mandatos del estatuto constitucional.”[39]
ARTÍCULO 175. DURACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS. <Artículo modificado por el artículo 49 de la Ley 1453 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> El término de que dispone la Fiscalía para formular la acusación o solicitar la preclusión no podrá exceder de noventa (90) días contados desde el día siguiente a la formulación de la imputación, salvo lo previsto en el artículo 294 de este código.(Negrillas fuera de texto)
ARTÍCULO 294. VENCIMIENTO DEL TÉRMINO. <Artículo modificado por el artículo 55 de la Ley 1453 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> Vencido el término previsto en el artículo 175 el fiscal deberá solicitar la preclusión o formular la acusación ante el juez de conocimiento. (Negrillas fuera de texto)
En este sentido, la Corte Suprema de Justicia ha coincidido en equiparar la expresión “formular la acusación” con la presentación del escrito de acusación[40].
Esta conclusión la confirma el hecho de que dentro del texto de la norma acusada no se usó específicamente la expresión “audiencia de formulación de acusación”, como si se ha hecho en todos los apartes del Código de Procedimiento Penal[41], cuando se quiere hacer referencia a esta audiencia y de forma muy particular cuando de plazos se trata. Al respecto, puede ser de utilidad traer como ejemplo nuevamente la norma que regula los términos para los procedimientos. El artículo 175 al respecto precisa que:
La audiencia preparatoria deberá realizarse por el juez de conocimiento a más tardar dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la audiencia de formulación de acusación. (Negrilla fuera de texto)
Actualmente, dicha disyuntiva se soluciona atendiendo el carácter preventivo de la medida de aseguramiento cuyo propósito es el de garantizar el cumplimiento de los fines de la investigación[43]. Por tal razón, se requiere partir de un cierto grado de certeza a la hora de decretarla, de forma tal que “los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenida legalmente se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta que se investiga. (Art. 306 C.P.P.).[44]
En este sentido la Corte, al declarar la exequibilidad de la medida de detención preventiva frente al principio de presunción de inocencia, ha manifestado que “[e]l propósito que orienta la adopción de este tipo de medidas es de carácter preventivo y no sancionatorio.”[45] y que “el imputado o acusado que se encuentre cobijado por una medida de aseguramiento o por una formulación de acusación, está amparado por el principio de presunción de inocencia.”[46]
“De otra parte es pertinente precisar también que las medidas de aseguramiento no equivalen a la sentencia condenatoria, ni pueden ser confundidas con las penas que mediante tal providencia se imponen. Son simples medidas cautelares – no sentencias - que sólo pueden dictarse, con carácter excepcional, preventivo pero no sancionatorio cuando se reúnan de manera estricta los requisitos fácticos o jurídicos señalados por la ley para el efecto, y cuando resulten indispensables para alcanzar la finalidad constitucional que con ellas se persigue, esto es, para asegurar la comparencia del imputado al proceso, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial de la víctima.”[48]
Claro está, tratándose del derecho fundamental de la libertad, aplicando el artículo 94 de la Constitución Política, el alcance de su garantía constitucional debe interpretarse a la luz de los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, los cuales conciben la detención preventiva como una excepción, es decir como un instrumento al cual únicamente puede apelarse en los casos previstos por la ley y dentro de sus rigurosos límites, sin perjuicio de las garantías que aseguren la comparecencia del sindicado al pertinente juicio y su disponibilidad para la ejecución del fallo…”[49]
“En conclusión, la jurisprudencia ha reconocido un amplio espacio de configuración legislativa en orden a determinar que bienes jurídicos son susceptibles de protección penal, las conductas que deben ser objeto de sanción, y las modalidades y la cuantía de la pena. No obstante, debe tratarse de una prerrogativa sujeta a límites. Estos límites están dados fundamentalmente por el respeto a los derechos constitucionales de los asociados, el deber de respetar el principio de legalidad estricta, y los criterios de razonabilidad, proporcionalidad, aplicables tanto a la definición del tipo penal como a la sanción imponible. Dentro de las garantías que involucra el principio de legalidad estricta se encuentra la prohibición de delitos y penas indeterminadas. En relación con este aspecto se han estudiado los tipos penales en blanco, respecto de los cuales la jurisprudencia ha admitido su constitucionalidad siempre y cuando la remisión normativa permita al intérprete determinar inequívocamente el alcance de la conducta penalizada y la sanción correspondiente.”[50] (Subrayado fuera de texto)
Con razón, la doctrina ha sostenido que “[n]inguna ley procesal que se diga respetuosa de las libertades humanas podría elaborar sus principios rectores sin antes señalar clara y precisamente las oportunidades legales en que se puede hacer cesar el estado de cosas de detención preventiva. Por lo tanto, no se concebiría un procedimiento penal sin una regulación concreta sobre la excarcelación, bien como un simple beneficio, o como un derecho subjetivo del procesado. Lo contrario conduciría a que en este campo jurídico alcanzara plena realidad la amarga expresión de Carnelutti cuando dijo que la libertad es el cero del derecho”.[55]
“El señalamiento de plazos temporales de carácter perentorio para que se cumpla una actuación o se agote una determinada etapa procesal, como en este caso se hace para la fase instructiva en los procesos a cargo de los jueces regionales y del Tribunal Nacional, constituye prenda que garantiza la efectividad del derecho del procesado a que no ocurran durante el adelantamiento del proceso dilaciones injustificadas o una prolongación indefinida del mismo sin términos procesales perentorios. Es evidente que la naturaleza de los delitos de los cuales conocen los jueces regionales y las circunstancias en que se cometen dichos hechos punibles, implican mayores obstáculos para la recaudación de las pruebas correspondientes, lo cual conduce a la necesidad de prever un lapso mayor que el consagrado para los otros delitos con el fín de adelantar la investigación correspondiente en forma más acertada y completa[60]. (Subraya fuera de texto)
“El artículo 29 de la C.P., reconoce el "derecho a un debido proceso público sin dilaciones justificadas". Se concreta en el ordenamiento interno, el derecho que con similar formulación se consagra en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York de 1966 (art. 14.3 c.), suscrito por Colombia.
Precisamente, la fijación legal de un término máximo de duración de la detención provisional, obedece al enunciado propósito. La duración de la privación temporal de la libertad, aplicable a las etapas de investigación y juzgamiento, consulta en una sociedad democrática el delicado equilibrio que debe mantenerse entre el interés legítimo del Estado de perseguir eficazmente el delito y sancionar a los culpables y, de otro lado, la necesidad de asegurar la libertad de las personas y la posibilidad de garantizar un proceso justo e imparcial.”[61](Subraya fuera de texto)
En efecto, el establecimiento de límites temporales a la duración de la detención preventiva parte de los principios de legalidad y proporcionalidad que deben gobernar la medida. A partir del pensamiento liberal, en el que el poder del Estado debe estar controlado, el ius puniendi, como manifestación del mismo, no puede sustraerse a las restricciones constitucionales, una de los cuales es la duración del proceso penal y en particular de las medidas que resulten restrictivas de derechos. Al respecto la Corte Constitucional ha expresado que “no podrán tipificarse conductas que desconozcan los derechos fundamentales, que no resulten idóneas para proteger bienes constitucionales o que resulten desproporcionadas o irrazonables. Lo mismo puede predicarse de las sanciones. Estas restricciones, como se indicó antes, operan frente a toda decisión estatal en materia punitiva” [62]. (Subraya fuera de texto). En este sentido se determina la imperiosa necesidad de establecer precisos límites temporales para el encarcelamiento preventivo.
De esta forma, la indefinición de términos, particularmente cuando puedan afectar la libertad personal del procesado, resulta inconstitucional. Así lo ha entendido la Corte en sentencia C-1198 de 2008, cuando al analizar la expresión “justa o” contenida en el parágrafo del artículo 30 de la Ley 1142 de 2007, estableció que ésta era inconstitucional por cuanto dejaba al arbitrio del funcionario judicial el cumplimiento o no de los términos para celebrar el juicio oral. En aquella oportunidad, se dijo que la indeterminación del supuesto fáctico conducía a la ambigüedad de cuándo se realizaba la audiencia de juicio oral. Esta circunstancia vulneraba tanto la garantía de libertad personal como el derecho a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas. Al respecto, la mencionada sentencia consideró que:
“6.4. Encuentra la sala que la expresión “justa o”, dentro del sistema acusatorio que se sustenta en una nueva previsión constitucional, a partir del Acto Legislativo 03 de 2002, no atiende las exigencias referidas en los precedentes, como quiera que el supuesto fáctico allí consagrado no supera el imperativo de ser claro, preciso y unívoco, toda vez que su indeterminación conduce a ambigüedad acerca del momento en el cual se realizará la audiencia de juicio oral, vulnerando así la garantía de la libertad personal consagrada en el artículo 28 superior. Igualmente la preceptiva referida contraviene el imperativo constitucional que se impone a los funcionarios judiciales de observar “con diligencia” los términos procesales, so pena de ser sancionado su incumplimiento (art. 228).
Entonces, esta corporación declarará la inexequibilidad de la expresión “justa o” contenida en el parágrafo del artículo 30 de la Ley 1142 de 2007, como quiera que deja al arbitrio del funcionario judicial cumplir o no los términos para celebrar el juicio oral.”[63]
En cuanto a la mayor o menor extensión de los términos procesales, y de la labor de control del juez constitucional en la materia, la jurisprudencia ha manifestado que “a no ser que de manera evidente el término, relacionado con derechos materiales de las personas, se halle irrisorio, o que se hagan nugatorias las posibilidades de defensa o acción, no puede deducirse a priori que el término reducido contraríe de suyo mandatos constitucionales.”[69] Por lo anterior, el juez constitucional no está “llamado a determinar cuáles deben ser los términos que se deben cumplir dentro de los procesos. La misión de la Corte en estos casos es, en realidad, la de controlar los excesos que se puedan presentar en la legislación.”[70]
(vi) La función del juez constitucional a la hora de examinar las leyes que consagran términos procesales se limita a controlar los excesos, es decir a rechazar aquellas normas que desbordando notoriamente los principios de razonabilidad y proporcionalidad, fijen términos exageradamente largos, que redunden en un desconocimiento del los principios de celeridad, eficacia, y seguridad jurídica, o que, por manifiestamente cortos, impidan hacer efectivos los derechos de defensa y contradicción probatoria.”[71]
Los actores alegan que de la expresión “la formulación de la acusación” contenida en el numeral 5 del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, se deriva una interpretación que quebranta las normas constitucionales que se refieren a las dilaciones indebidas y el plazo razonable como manifestación del debido proceso, y al principio de celeridad procesal que orienta la administración de justicia, lo que redunda en la vulneración del derecho fundamental a la libertad. Consideran que la disposición acusada permite la privación provisional de la libertad de una persona sin sujeción a un plazo razonable. Alegan que cuando se asimila la expresión “formulación de la acusación” a la realización de la audiencia de lectura de acusación, el procesado sujeto a medida de aseguramiento queda sometido a soportar una privación de sus derechos sin sujeción a un plazo máximo, por cuanto el término comprendido entre la presentación del escrito de acusación y la realización de la audiencia de lectura del mismo no se encuentra regulado como computable para obtener la libertad por vencimiento de términos.
Recuerda la Sala que, la libertad y el debido proceso se encuentran estrechamente relacionados a pesar de que ambos derechos pertenecen a ámbitos y contenidos diversos. Particularmente, “el debido proceso se ocupa de señalar las reglas, momentos y oportunidades que gobiernan el curso de un averiguatorio, a fin de que los sujetos procesales e intervinientes tengan claridad sobre los momentos pertinentes para hacer valer sus derechos e intereses”[72].
Es oportuno hacer referencia en este punto, que a contrario de lo que afirma la intervención del Ministerio de Justicia y del Derecho, el único término que existe relacionado con este intervalo es el del artículo 338 de la Ley 906 de 2004 que establece que “[d]entro de los tres (3) días siguientes al recibo del escrito de acusación, el juez señalará fecha, hora y lugar para la celebración de la audiencia de formulación de acusación. A falta de sala, el juez podrá habilitar cualquier recinto público idóneo.” Esto indica, y la práctica lo corrobora, que el juez tiene 3 días una vez presentado el escrito de acusación por parte de la Fiscalía, para fijar la fecha de la audiencia de formulación de acusación. Sin embargo, el periodo máximo en el cual pueda fijar dichas fecha, hora y lugar no aparece regulado, siendo posible extenderse variablemente al arbitrio del funcionario judicial.
Por el contrario, si se entiende que el término del numeral 5 del artículo 317 principia con la radicación del escrito de acusación –esto es, si se adopta el segundo sentido normativo deducible del numeral acusado-, el plazo deviene cierto y no queda sujeto al arbitrio del funcionario judicial.
No obstante, la Corte reconoce que esta decisión genera consecuencias en los procesos penales que pueden ocasionar traumatismos en la administración de justicia y afectar seriamente el cumplimiento de los deberes y obligaciones del Estado. Como se ha afirmado en otras oportunidades, “la Corte tampoco puede ser insensible a las posibles consecuencias inconstitucionales de sus decisiones. En efecto, si una decisión tiene como efecto directo o indirecto la afectación grave y palmaria de derechos fundamentales o de bienes constitucionalmente protegidos, la Corte, como guardiana integral de la Constitución, debe intentar controlar estos efectos.”[79]. Ante estas circunstancias, es necesario modular los efectos de la decisión difiriéndolos en el tiempo[80] pero asegurando el goce efectivo de los derechos de las personas privadas de la libertad. Igualmente, la Sala estima que teniendo en cuenta la libertad del legislador en la materia, y para no usurpar funciones del poder legislativo, lo más oportuno es exhortarlo a expedir la respectiva regulación tomando en consideración lo expuesto en esta providencia, lo cual si no ocurre en el término prudencial de una legislatura, daría aplicación a la presente decisión de exequibilidad condicionada.
La expresión “formulación de la acusación” contenida en el numeral 5 del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, permite establecer dos interpretaciones posibles. La primera, se refiere a que el término para obtener la libertad conforme al numeral 5 del artículo 317, comienza a contarse a partir de la audiencia de formulación de la acusación, interpretación que surge de un análisis de la evolución histórica de la disposición acusada. La segunda, parte del supuesto de que el término referido por la norma analizada debe contarse a partir de la presentación del escrito de acusación, la cual surge de un análisis gramatical y sistemático de la Ley 906 de 2004, en el ámbito de las garantías constitucionales de libertad y presunción de inocencia.
3. La indeterminación, que es prohibida frente a las sanciones penales, debe ser proscrita ineludiblemente en relación con las circunstancias que den lugar a una privación indefinida de derechos constitucionales –particularmente de libertad-, como producto de una medida de aseguramiento.
Primero.- Declarar EXEQUIBLE, por el cargo analizado, la expresión “la formulación de la acusación” del numeral 5º del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, en el entendido de que salvo que el legislador disponga un término distinto, el previsto en dicho numeral se contará a partir de la radicación del escrito de acusación.
FRENTE A LA SENTENCIA C-390/14
CON PONENCIA DEL MAGISTRADO ALBERTO ROJAS RÍOS, QUE RESUELVE LA DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LEY 906 DE 2004 ARTICULO 317 (PARCIAL), INSTAURADA POR FLORA BLANQUICETT ACEVEDO Y MARLON TOSCANO GÓMEZ.
LEY EN MATERIA DE MEDIDA DE ASEGURAMIENTO PRIVATIVA DE LA LIBERTAD-Modificación al Código de Procedimiento Penal frente a la aplicación de las causales de libertad provisional y el término “formulación de la acusación” (Aclaración de voto)
LEY EN MATERIA DE MEDIDA DE ASEGURAMIENTO PRIVATIVA DE LA LIBERTAD-Funcionarios judiciales han entendido que el término “formulación de la acusación” se refiere a la realización de la audiencia generando inseguridad jurídica (Aclaración de voto)
LEY EN MATERIA DE MEDIDA DE ASEGURAMIENTO PRIVATIVA DE LA LIBERTAD-Se afecta la libertad de las personas investigadas si se presenta el escrito de acusación en término y luego se prolonga la realización de la audiencia de formulación de la acusación durante meses (Aclaración de voto)
LEY EN MATERIA DE MEDIDA DE ASEGURAMIENTO PRIVATIVA DE LA LIBERTAD-Entendimiento de la Corte Suprema de Justicia de la acusación como acto complejo que puede llevar a que los funcionarios judiciales entiendan que el término comienza a correr desde la realización de la audiencia de acusación para evitar el vencimiento de términos (Aclaración de voto)
LEY EN MATERIA DE MEDIDA DE ASEGURAMIENTO PRIVATIVA DE LA LIBERTAD-Se podría señalar la vigencia temporal del fallo frente a la aplicación del principio de favorabilidad en relación con solicitudes de libertad negadas previamente (Aclaración de voto)/LEY EN MATERIA DE MEDIDA DE ASEGURAMIENTO PRIVATIVA DE LA LIBERTAD-Se podría expresar que tratándose de un fallo de exequibilidad condicionada solo se aplicará a procesos que no hayan iniciado la audiencia de formulación de la acusación (Aclaración de voto)
PLAZO RAZONABLE EN MATERIA DE PRIVACION DE LA LIBERTAD ANTES DE LA SENTENCIA-Continua vulneración por los funcionarios judiciales sin ninguna justificación presentándose múltiples acciones de habeas corpus (Aclaración de voto)/PROCESO PENAL-Importancia del plazo razonable (Aclaración de voto)
LEY EN MATERIA DE MEDIDA DE ASEGURAMIENTO PRIVATIVA DE LA LIBERTAD-Tiempo proporcional y razonable que debe transcurrir entre la presentación del escrito de acusación y el inicio del juicio oral (Aclaración de voto)
LIBERTAD PROVISIONAL-Casos en que no se podrá conceder por vencimiento de términos (Aclaración de voto)
Problema jurídico planteado en la sentencia: ¿si la expresión "la formulación de la acusación" contenida en el numeral 5 del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, modificado por la Ley 1453 de 2011 que consagra las causales de libertad, es violatoria del derecho al debido proceso sin dilaciones injustificadas y al plazo razonable, del derecho a la libertad, y la presunción de inocencia, por cuanto, según se afirma, dicha expresión permite que la medida de aseguramiento privativa de la libertad se prolongue de forma indefinida en el periodo comprendido entre la radicación del escrito de acusación y la realización de la Audiencia de lectura del mismo?
Motivo de la Aclaración: presentar algunos argumentos adicionales que fundamental la decisión adoptada por la Sala Plena.
Aclaro el voto en la Sentencia C - 390 de 2014, pues comparto la decisión adoptada pero deseo señalar algunos argumentos adicionales frente a ésta:
1. ANTECEDENTES DE LA SENTENCIA C- 390 DE 2014
Los demandantes señalan que la expresión "la formulación de la acusación" contenida en el numeral 5o del artículo 317 de la Ley 906 de 2004 desconoce los artículos 2, 28 y 29 de la Constitución Política, así como algunas disposiciones que hacen parte del Bloque de Constitucionalidad. A juicio de los demandantes, esta norma permite que los jueces apliquen el término para que se conceda la libertad por vencimiento del mismo, a partir de la audiencia de lectura de la acusación y no desde la presentación del escrito de acusación. Según lo alegado, tal situación conduce a la privación de la libertad de una persona sin la sujeción a un plazo razonable, es decir, de forma indefinida en la medida que queda sujeta a que el juez lleve a cabo la respectiva audiencia oral de acusación.
La Corte decidió declarar exequible, por el cargo analizado, la expresión "la formulación de la acusación" del numeral 5o del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, en el entendido de que salvo que el legislador disponga un término distinto, el previsto en dicho numeral se contará a partir de la radicación del escrito de acusación, por cuanto la carencia de claridad sobre la extensión de la privación de la libertad de quien se encuentra sometido al trámite de un proceso penal, afecta su libertad personal.
2.1. La Ley 1453 de 2011 originó una laguna legislativa que debe ser solucionada para no afectar el derecho a la libertad personal
La modificación realizada por la ley 1453 de 2011 al Código de Procedimiento Penal originó una grave laguna legislativa sobre la aplicación de las causales de libertad provisional, pues no establece si el término formulación de la acusación se refiere a la presentación del escrito de acusación o a la audiencia de formulación de la acusación.
En este sentido, muchos funcionarios judiciales han entendido que el término se refiere a la realización de la audiencia de formulación de acusación pero en ese caso no existiría ningún término aplicable a la privación de la libertad entre la presentación del escrito de acusación y la realización de la audiencia de formulación de la acusación, lo cual genera gran inseguridad jurídica.
En este sentido, esa circunstancia se podría aprovechar para presentar el escrito de acusación en término y luego prolongar la realización de la audiencia de formulación de la acusación durante meses, lo cual afecta gravemente la libertad de las personas investigadas.
La fórmula de la ponencia es acertada, pues se funda en una posición de la Corte Suprema de Justicia construida con base en un entendimiento correcto de la acusación como un acto complejo compuesto por la presentación del escrito de acusación y la realización de la audiencia de la formulación de la imputación, lo cual a su vez permite evitar los riesgos de que para evitar el vencimiento de términos los funcionarios judiciales puedan entender que el término comienza a correr desde la realización de la audiencia de acusación.
En todo caso, considero que se podría señalar expresamente cuál es la vigencia temporal de esta sentencia para evitar algún inconveniente por la aplicación del principio de favorabilidad en relación con solicitudes de libertad que ya hayan sido negadas previamente. En este sentido, se podría expresar que teniendo en cuenta que se trata de una sentencia de exequibilidad condicionada solamente se aplicará a los procesos en los cuales no se haya iniciado la audiencia de formulación de la acusación.
En relación con la nueva versión solamente cambia algunas cuestiones formales y simplifica la parte resolutiva que señala ahora solamente "Declarar exequible la expresión "la formulación de la acusación del numeral 5 del artículo 317 de la ley 906 de 2004, en el entendido que la misma corresponde al acto de radicación del escrito de acusación" eliminando la expresión "y no al de realización de la audiencia de lectura del mismo ", la cual sobraba pues bastaba con señalar la radicación del escrito de acusación, por lo cual estoy de acuerdo con esta modificación.
El plazo razonable en materia de privación de la libertad antes de la sentencia está siendo continuamente vulnerado por los funcionarios judiciales sin ninguna justificación por lo cual se han presentado múltiples habeas corpus como el decidido el 6 de octubre de 2009 por la Corte Suprema de Justicia en el cual se explica la importancia del plazo razonable en el proceso penal.
2.2. El tiempo que debe transcurrir entre la presentación del escrito de acusación y el inicio del juicio oral es proporcional y razonable
La norma contempla 120 días desde la presentación del escrito de acusación hasta la iniciación del juicio oral, plazo en el cual será necesario realizar 2 audiencias:
En primer lugar, la audiencia de formulación de acusación, cuya fecha deberá fijarse "dentro de los tres (3) días siguientes al recibo del escrito de acusación"[81] y en la cual se deberán
"Abierta por el juez la audiencia, ordenará el traslado del escrito de acusación a las demás partes; concederá la palabra a la Fiscalía, Ministerio Público y defensa para que expresen oralmente las causales de incompetencia, impedimentos, recusaciones, nulidades, si las hubiere, y las observaciones sobre el escrito de acusación, si no reúne los requisitos establecidos en el artículo 337, para que el fiscal lo aclare, adicione o corrija de inmediato.
También podrán concurrir el acusado no privado de la libertad y los demás intervinientes sin que su ausencia afecte la validez ".
En segundo lugar, la audiencia preparatoria que deberá llevarse a cabo en un término no inferior a quince (15) días ni superior a los treinta (30) días siguientes a su señalamiento que deberá hacerse en la audiencia de formulación de la acusación y en la cual deberá realizarse el siguiente trámite:
"1. Que las partes manifiesten sus observaciones pertinentes al procedimiento de descubrimiento de elementos probatorios, en especial, si el efectuado fuera de la sede de la\ audiencia de formulación de acusación ha quedado completo. Si no lo estuviere, el juez lo rechazará.
2. Que la defensa descubra sus elementos materiales
probatorios y evidencia física.
3. Que la Fiscalía y la defensa enuncien la totalidad de las pruebas que harán valer en la audiencia del \juicio oral y público. i
5. Que el acusado manifieste si acepta o no los cargos. En el primer caso se procederá a dictar sentencia reduciendo hasta en la tercera parte la pena a imponer, conforme lo previsto en el artículo 351. En el segundo caso se continuará con el trámite ordinario "[82].
Por lo anterior, se puede verificar que el plazo de 120 días para la realización de 2 audiencias como la de acusación y la preparatoria es razonable y además este término se duplicará en los casos más complejos como son los de la justicia especializada (narcotráfico, terrorismo, concierto para delinquir, etc.) y los de corrupción:
"PARAGRAFO lo. En los numerales 4y 5 se restablecerán los términos cuando hubiere improbación de la aceptación de cargos, de los preacuerdos o de la aplicación del principio de oportunidad. No habrá lugar a la libertad cuando la audiencia de juicio oral no se haya podido iniciar por maniobras dilatorias del imputado o acusado, o de su defensor, ni cuando la audiencia no se hubiere podido iniciar por causa razonable fundada en hechos externos y objetivos de fuerza mayor, ajenos al juez o a la administración de justicia. En todo caso, la audiencia se iniciará cuando haya desparecido dicha causa y a más tardar en un plazo no superior a la mitad del término establecido por el legislador en el numeral 5 del artículo 317 de la Ley 599 de 2000.
PARAGRAFO 2o. En los procesos que conocen los jueces penales de los circuitos especializados, para que proceda la libertad provisional, los términos previstos en los numerales 4 y 5 de este artículo se duplicarán.
PARAGRAFO 3o. En los procesos por delitos de competencia de los jueces penales del circuito especializados, por delitos contra la Administración Pública y por delitos contra el patrimonio económico que recaigan sobre bienes del Estado respecto de los cuales proceda la detención preventiva, los términos previstos en los numerales 4 y 5 se duplicarán cuando sean tres (3) o más los imputados o los delitos objeto de investigación ".
También debe tenerse en cuenta que no podrá concederse la libertad si el vencimiento de términos se presentó por culpa del imputado o de su apoderado o por fuerza mayor o caso fortuito según señala el parágrafo primero del artículo 317 de la Ley 906 de 2004: "no habrá lugar a la libertad cuando la audiencia de juicio oral no se haya podido iniciar por maniobras dilatorias del imputado o acusado, o de su defensor, ni cuando la audiencia no se hubiere podido iniciar por causa razonable fundada en hechos externos y objetivos de fuerza mayor, ajenos al juez o a la administración de justicia ".
[4] Citando la Ponencia para Primer debate al proyecto de ley 164 de 2010. Folio 68
[9] Al respecto ver entre otras las sentencias C-1052 de 2001 y C-1256 de 2001
[10] Folio 4
[13] Texto original de la Ley 906 de 2004, publicada en el Diario Oficial No. 45.658, de de 1 de septiembre de 2004.
[14] Artículo modificado por el artículo 30 de la Ley 1142 de 2007, publicada en el Diario Oficial No. 46.673 de 28 de julio de 2007.
[15] Artículo modificado por el artículo 61 de la Ley 1453 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.110 de 24 de junio de 2011.
[16] La presentación del escrito de acusación por parte de la Fiscalía y la audiencia de formulación de acusación dirigida por el juez de conocimiento se encuentran reguladas, en ese orden, en los Capítulos I y II del Título I, correspondiente a la Acusación, del Libro III de la Ley 906 de 204, regulatoria del Juicio.
[17] En efecto, la presentación del escrito de acusación por parte de la Fiscalía y la audiencia de formulación de acusación dirigida por el juez de conocimiento se encuentran reguladas, en ese orden, en los Capítulos I y II del Título I, correspondiente a la Acusación, del Libro III de la Ley 906 de 204, regulatoria del Juicio.
[18] Auto de 21 de noviembre de 2012, radicación No. 40283. En el mismo sentido, Auto 14 de febrero de 2013, radicación 40686.
[20] Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, providencia del 28 de noviembre de 2007, Rad. 27.518. “Además, el derecho de defensa como mecanismo para la realización de la justicia y base fundamental del Estado de derecho, ha de estar presente en toda la actuación, en consecuencia, la necesaria armonía entre la formulación de la imputación y la acusación (entendida esta última en su forma de acto complejo de escrito y formulación oral) involucra el derecho del incriminado de conocer desde un principio los hechos por los cuales se le va a procesar.”
[24] Ver entre otras, las decisiones de la Corte Suprema de Justicia: auto de 18 de noviembre de 2011, radicado No. 37877; auto de 2 de octubre de 2012, radicado No. 40.057; auto del 21 de noviembre de 2011, radicado No. 40.283; auto del 19 de diciembre de 2012, radicado No. 40.459; auto del 14 de febrero de 2013, radicado No. 40.686; auto de 14 de agosto de 2013, radicado 42048; auto del 2 de octubre de 2013, radicado No. 42383; auto del 9 de octubre de 2013, radicado No. 42427.
[25] Corte Suprema de Justicia, auto del 2 de octubre de 2013, radicado No. 42383
[29] Sobre la doctrina del derecho viviente en el caso italiano, ver, entre otros, Di Manno, Thierry. Le juge constitutionnel et la technique des decisiones “interprétatives” en France et en Italia. Paris, Economica, 1997, pp 180 y ss, 224 y ss, y 464 y ss. Zagrebelsky, Gustavo. “La doctrine du droit vivant” en Cahiers du Centre de Droit et de Politique Comparés, vol III, 1988, pp 47 a 65. Zagrebelsky, Gustavo. ““Realismo y concreción del control de constitucionalidad de las leyes en Italia”. En FERRER MAC-GREGOR, EDUARDO; ZALDÍVAR LELO DE LARREA ARTURO (Coord.). La ciencia del derecho procesal constitucional. Estudios en homenaje a Héctor Fix-Zamudio en sus cincuenta años como investigador del derecho. Procesos constitucionales orgánicos. T. VIII, México, UNAM, 2008, pp. 413 a 427, en particular páginas 424 y ss. Igualmente, de forma mas reciente, Groppi, Tania., “Verso una giustizia costituzionale «mite»? Recenti tendenze dei rapporti tra Corte costituzionale e giudici comuni nell’esperienza italiana”, Politica del diritto, 2002, pp. 231 a 236.
[30] Sentencia C-557 de 2001, reiterado, entre otras, en las sentencias C-955 de 2001 y C-901 de 2003
[31] Sentencia C-557 de 2001, reiterada por la sentencia C-426 de 2002 y de forma más reciente las sentencias C-842 de 2010 y C-442 de 2011.
[34] Ver por todas, la Sentencia C-442 de 2011
[35] En este sentido, Groppi, Tania, “Verso una giustizia costituzionale «mite»? Recenti tendenze dei rapporti tra Corte costituzionale e giudici comuni nell’esperienza italiana”, Politica del diritto, 2002, pp. 231 y 232.
[36] Ver por ejemplo, las sentencias de la Corte Constitucional Italiana No 69 de 2 de abril de 1982, No 167 del 5 de junio de 1984, No. 138 del 20 de abril de 1998 y 139 del 23 de abril de 1998.
[40] Sentencias de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, T-27600 del 26 de septiembre de 2006 y T-33049 del 21 de septiembre de 2007. En donde se expresa que por cuanto la fijación de la audiencia de formulación de acusación no depende del fiscal, resulta “evidente la imposibilidad de imponer a la fiscalía la carga de realizar la formulación oral de la acusación dentro del plazo que tiene para expresarla mediante el escrito” por lo que no puede ser otro el sentido de “formular la acusación” sino el de presentar el escrito de acusación.
[45] Sentencia C-774 de 2001
[47] Sentencias C-774 de 2001, C-805 de 2002 y C-1154 de 2005 y C- 456-06
[51] Ver por todas, Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador, párr. 103, Corte IDH. Caso Barreto Leiva vs. Venezuela, párr. 111 y Corte IDH. Caso J. Vs. Perú, párr. 159
[52] Ver por todas, Sentencia C-1198 de 2008
[53] Corte IDH. Caso "Instituto de Reeducación del Menor" Vs. Paraguay, párr. 228 y Corte IDH. Caso Torres Millacura y otros Vs. Argentina, párr. 71.
[54] Corte IDH. Caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú, párr. 128, y Corte IDH. Caso Vélez Loor Vs. Panamá, párr. 166.
[55] Londoño Hernando. De la captura a la excarcelación, 3 Ed., Temis, Bogotá, 1993, pp.260 y ss.
[56] Sentencias de la Corte IDH: Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador; Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala., Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua., Caso Forneron e Hija Vs. Argentina; Caso González Medina y familiares Vs. República Dominicana; Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia; Caso Vélez Loor Vs. Panamá; Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala; Caso López Mendoza Vs. Venezuela; Caso Fleury y otros Vs. Haití., Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile, Caso Pacheco Teruel y otros Vs. Honduras,
[58] Sentencia C-1198 de 2008.
[59] Artículos 4°, 7° y 9° de la Ley 270 de 1996 respectivamente.
[60] Sentencia C-426 de 1993
[61] Sentencia C-300 de 1994
[64] Sentencias C-131 de 2002 y T-647 de 2013
[65] Sentencia C-1264 de 2005 y C- 814 de 2009
[66] Sentencia C-012 de 2002.
[67] Sentencia C-832 de 2001.
[68] Sentencia C-1264 de 2005
[69] Sentencia C-800 de 2000 y C-371 de 2011
[70] Sentencia C-728 de 2000 y C-371 de 2011
[71] Sentencias C-814 de 2009 y C-371 de 2011.
[72] Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala penal nº 30363 de 4 de febrero de 2009
[73] ARTÍCULO 175. DURACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS. <Artículo modificado por el artículo 49 de la Ley 1453 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> El término de que dispone la Fiscalía para formular la acusación o solicitar la preclusión no podrá exceder de noventa (90) días contados desde el día siguiente a la formulación de la imputación, salvo lo previsto en el artículo 294 de este código.
PARÁGRAFO. La Fiscalía tendrá un término máximo de dos años contados a partir de la recepción de la notitia criminis para formular imputación u ordenar motivadamente el archivo de la indagación. Este término máximo será de tres años cuando se presente concurso de delitos, o cuando sean tres o más los imputados. Cuando se trate de investigaciones por delitos que sean de competencia de los jueces penales del circuito especializado el término máximo será de cinco años.
[74] El artículo 175 de l Ley 906 de 2004, establece que este término se amplia a “tres años cuando se presente concurso de delitos, o cuando sean tres o más los imputados. Cuando se trate de investigaciones por delitos que sean de competencia de los jueces penales del circuito especializado el término máximo será de cinco años”.
[75] Término que en virtud de la ley se amplía a 120 días cuando exista concurso de delitos, cuando sean tres o más los imputados o cuando se trate de delitos competencia de jueces penales de circuito especializados.
[76] De forma reiterada la jurisprudencia de esta Corte, ha insistido en que toda medida restrictiva o privativa de la libertad no solo tiene un carácter excepcional, sino que debe ser interpretada restrictivamente y su aplicación necesaria, adecuada, proporcional y razonable. Ver por todas Sentencia C-479 de 2007
[77] Sentencia C-456 de 2006
[79] Sentencia C-491 de 2007
'Art. 338 de la Ley 906 de 2004.
[82]Art. 356 de la Ley 906 de 2004.