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Timestamp: 2019-09-16 20:43:07
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Matched Legal Cases: ['artículo 26', 'artículo 61', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 1', 'artículo 31', 'artículo 61', 'artículo 31', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 296', 'artículo 68']

﻿ SENTENCIA 15562 DE OCTUBRE 24 DE 2002
SENTENCIA 15562 DE 24 DE OCTUBRE DE 2002
CONTENIDO:FORMULACIÓN DE CARGOS PARA SENTENCIA ANTICIPADA. DOSIFICACIÓN PUNITIVA
TEMAS ESPECÍFICOS:CONCURSO DE CONDUCTAS PUNIBLES, PARÁMETROS APLICABLES A LA PENA, SOLICITUD DE SENTENCIA ANTICIPADA, FORMULACIÓN DE CARGOS
Sentencia 15562 de octubre 24 de 2002
Bogotá D.C., veinticuatro de octubre de dos mil dos.
Decide la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por el defensor de la procesada María Teresa García Rojas contra la sentencia de segunda instancia proferida el 7 de septiembre de 1998, por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., que confirmó la condena a 41 meses 20 días de prisión, que le impuso el Juzgado 55 Penal del Circuito de esta ciudad, como autora responsable del delito de falsedad en documento privado en concurso homogéneo sucesivo (64 falsedades).
Tuvieron ocurrencia en esta ciudad entre el 30 de diciembre de 1994 y 15 de septiembre de 1995, en la Sociedad “Marcali y Cía. Ltda.” concesionaria de Sofasa, dedicada al comercio de vehículos automotores, en la que prestaba sus servicios la procesada María Teresa García Rojas en el cargo de administradora comercial, desempeñando, entre otras funciones, la de tramitar lo relacionado con la matrícula de cada vehículo vendido, archivar por cada vehículo vendido una carpeta en la que se anexaban todos los documentos del rodante, entre ellos, el recibo de caja; pasar las carpetas a la oficina de la revisoría interna para el visto bueno; recibir de los clientes el dinero para los gastos de la matrícula del vehículo, el cual ingresaba por caja expidiéndose el correspondiente comprobante con destino al interesado y una copia para la carpeta del vehículo.
El 21 de septiembre de 1995, una vez hubo renunciado al cargo y en período de preaviso, la señora María Teresa García Rojas envió al archivo 248 fólderes, dentro de los cuales 64 se encontraban sin el visto bueno de la revisoría, estableciéndose que, en igual cantidad, el dinero cancelado por los compradores de los vehículos vendidos, por concepto de gastos de matrícula, no había ingresado a caja, quedando en poder de la ex empleada, quien para ocultar su ilícito proceder se vio precisada a ingresar al programa especial de matrículas, información como si se hubiera cancelado en la fecha en que el cliente pagaba por concepto de los trámites de matrícula.
Con base en la denuncia presentada por la señora Marcela Jiménez Fajardo en su condición de gerente general de la sociedad “Marcali & Cía. Ltda.”, la fiscalía 97 seccional adscrita a la unidad 2ª de delitos contra la fe pública y patrimonio, mediante resolución del 10 de noviembre de 1995, profirió resolución de apertura de investigación (fl. 29) en contra de la señora María Teresa García Rojas a quien se le recibió indagatoria y mediante resolución de marzo 20 de 1996, le resolvió la situación jurídica con medida de aseguramiento de caución prendaria por los delitos de hurto agravado en concurso con falsedad en documento privado en concurso homogéneo y sucesivo (fl. 84), decisión que al ser impugnada fue modificada por la unidad de fiscalías delegada ante el Tribunal Superior mediante resolución de febrero 21 de 1997, en el sentido de que la medida de aseguramiento procedía respecto de los delitos contra la fe pública en concurso homogéneo y sucesivo, excluyendo el delito contra el patrimonio económico por tratarse de contravención especial en concurso homogéneo y sucesivo, atendiendo que la cuantía no excedía los 10 salarios mínimos legales, por consiguiente, se ordenó la ruptura de la unidad procesal y la compulsación de las copias ante la autoridad competente.
A iniciativa de la procesada, el 16 de mayo de 1997 se llevó a cabo la diligencia de formulación de cargos para sentencia anticipada; sin embargo, mediante auto de agosto 19 siguiente, el Juzgado 55 Penal del Circuito declaró la nulidad de lo actuado, a partir, inclusive, del acta de formulación de cargos (fl. 179, cdno. 1).
El 14 de noviembre de 1997, nuevamente, se llevó a cabo la diligencia de formulación de cargos en la que la fiscalía 97 delegada ante los juzgados penales del circuito de esta ciudad, le formuló acusación en los términos de la medida de aseguramiento, a la cual, la procesada voluntariamente se allanó de manera incondicional.
En virtud de lo anterior, el Juzgado 55 Penal del Circuito de Bogotá D.C., el 28 de octubre de 1997 dictó sentencia por el delito de falsedad en documento privado en concurso homogéneo y sucesivo, condenando a la señora María Teresa García Rojas a la pena principal de 41 meses 20 días de prisión, a la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por un lapso igual al de la pena principal, a la vez que, le negó el subrogado penal de la condena de ejecución condicional.
El ejercicio aritmético de dosificación punitiva, lo plasmó el a quo en los siguientes términos:
“Entonces teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 61 y 67 del Código Penal y que no obstante la entidad del delito por el que se procede no se le dedujeron en su oportunidad circunstancias de agravación y finalmente que tampoco aparecen referencias probatorias de la existencia de antecedentes en contra de la encartada, para la dosificación punitiva se partirá del mínimo de la pena establecida en la disposición infringida, es decir de un (1) año de prisión, o lo que es lo mismo doce (12) meses por la primera de las falsedades; y como con ella concursan sesenta y tres (63) ilícitos más de la misma naturaleza, cada uno de los cuales compartiría individualmente una sanción igual de haberse juzgado independientemente, en consideración a la favorabilidad que para el sentenciado apareja la tasación de la pena en concurso delictual, por cada una de esas 63 conductas que le concurren a la primera se le adicionará un (1) mes más a la pena básica establecida, obteniendo como resultado un total de setenta y cinco (75) meses” (subrayado de la Sala).
Inconforme con la dosificación punitiva efectuada en la sentencia, el defensor de la procesada la impugna, siendo confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá el 7 de septiembre de 1998. Contra ésta, el mismo sujeto procesal interpuso el recurso extraordinario de casación, siéndole concedido por auto de noviembre 12 del mismo año (fl. 33 cdno. del Tribunal).
Contra la sentencia de segundo grado, el defensor de la procesada presenta un cargo al amparo de la causal primera, inciso primero de casación, por violación directa de la ley sustancial por haberse incurrido en interpretación errónea del artículo 26 del Código Penal.
Precisa el actor que, el desacuerdo con el fallo impugnado radica en la forma en que se tasó la pena para el concurso de falsedades, pues la interpretación dada a esta norma en el sentido de que el “hasta en otro tanto” en que puede incrementarse la pena para el concurso de hechos punibles, remite al máximo de la pena prevista para el delito más grave, se aparta del texto literal del artículo el cual debe entenderse en el sentido de que el aumento afecta la pena que en concreto tuvo el juzgador después de aplicar los criterios valorativos del artículo 61 y tiene como límite máximo su duplicado, que para el presente evento se partió de 12 meses que aumentados hasta en otro tanto da una definitiva de 24 meses.
En consecuencia, solicita a la Corte casar parcialmente la sentencia aplicando el artículo 26 del Código Penal en la forma propuesta en la demanda.
El procurador segundo delegado en lo penal, al examinar la demanda presentada, sugiere no casar la sentencia impugnada por las siguientes razones:
Dice el Ministerio Público que el alcance que el censor da a la norma no es el que se infiere de su contenido, dado que el modo de dosificar la pena que presenta es incorrecto, pues el incremento referido por virtud del concurso, por una sola vez, independientemente del número específico de hechos punibles, puede llegar hasta el monto previsto o establecido como máximo para el delito, es decir, 6 años de prisión y con ello no se afecta en modo alguno el principio del favor reí ni (sic) el contenido de la norma, pues en ella se enfatiza que los parámetros de aplicación están dados por la pena establecida y no, como lo pretende el actor, por el punto de partida a la pena impuesta.
Recordando algunas jurisprudencias de la Corte, refiere que “contra la procesada no obran circunstancias de agravación concurriendo sólo de atenuación (art. 67, ibíd.) por lo cual ha de tomarse como punto de partida la pena mínima prevista para el delito, esto es un año. A partir de ese momento, se debe afrontar el incremento punitivo por el concurso delictivo en los términos del artículo 26 del Código Penal, hasta en otro tanto que como se ha señalado, no es como lo entiende el actor en un monto equivalente al punto de partida, los 12 meses para un total de 24, sino hasta el máximo de la pena prevista para el delito, o sea, hasta seis años, para una definitiva de hasta 7 años, constituyendo un año por el delito base y por el concurso hasta 6 más”.
De todas formas —agrega— por equivocado que haya sido el procedimiento utilizado en las instancias, lo cierto es que está dentro del marco previsto de incremento por el concurso, por lo cual se ajusta a la legalidad de la pena a imponer y por tal razón es inamovible. Concluye, que si ya se ha dicho que el punto de partida es de 12 meses éste se podía acrecentar en atención al concurso por una sola vez, hasta en otro tanto, equivalente al máximo de la pena prevista para el delito base, por 6 años.
Por lo tanto, sugiere a la Sala no casar la sentencia impugnada.
1. No es ajeno el fenómeno jurídico del concurso de hechos punibles al principio de legalidad de la pena previsto en el artículo 1º del Código Penal, atendiendo que el concurso es uno de los aspectos que permite determinar los topes mínimos y máximos dentro de los cuales puede moverse el juzgador para la imposición en concreto de la pena.
2. Resulta evidente, entonces, que la opinión del Ministerio Público atinente al concurso de conductas punibles expuesta al descorrer el traslado, se ubica bien distante del entendido que tiene la Corte en relación con el fenómeno jurídico previsto en los artículos 26 y 28 del Código Penal derogado y, en el actual artículo 31 (L. 599/2000) que conjugó en la misma disposición la redacción gramatical empleada por el legislador de 1980 en los preceptos anteriormente referidos; empero, para el examen que se propone la Corte tendrá en cuenta la regulación existente para el momento de ocurrencia de los hechos y de la imposición de la pena.
3. Ahora bien, en ejercicio de la potestad punitiva del Estado, tratándose de concurso de conductas punibles, debe el juzgador, inicialmente, establecer mediante un cotejo punitivo cuál de las conductas ilícitas cometidas ostenta la mayor penalidad teniendo en cuenta los factores modificadores de los límites legales que inciden en el proceso de individualización de las penas, para, finalmente, decidir en cuánto la incrementa de acuerdo al número de delitos concursantes, de cara a los criterios establecidos en el artículo 61 del Código Penal, ejercicio que, para el caso en estudio, no ofrece dificultad por tratarse de un concurso homogéneo y sucesivo de falsedad en documento privado en donde la sanción señalada en el respectivo tipo penal es idéntica.
En esa labor, el juez debe tener en cuenta no sólo que la pena final no exceda el doble de la individualmente considerada como grave, sino que, a la, vez, la misma no puede resultar superior a la suma aritmética de las que corresponderían en el evento de un juzgamiento separado de las distintas infracciones (1) , ni de los 40 años de prisión de que trata el inciso segundo del artículo 31 de la Ley 599 de 2000.
(1) C.S. de J. M.P. Dr. Mejía Escobar, Carlos Eduardo, sentencia de octubre 7 de 1998. Radicación 10.987.
Así, pues, trasladados los criterios referidos anteriormente, al caso sometido a consideración de la Sala, surgen 3 forzosas precisiones: la primera, que se configura un efectivo y verdadero concurso de conductas ilícitas de falsedad en documento privado; la segunda, que el Juez 55 Penal del Circuito de Bogotá D.C., previo a establecer la inobservancia de circunstancias de agravación punitiva en el pliego de cargos y ante la ausencia de antecedentes, determinó que la pena base para el concurso de conductas ilícitas era de doce (12) meses de prisión; y, la tercera, que frente a la referencia punitiva determinada como de mayor gravedad, el juzgado en un equivocado entendimiento del artículo 26 del Código Penal anterior, la aumentó por razón del concurso en 63 meses más, llegando a un tope de 75 meses de prisión.
4. Surge notoria, entonces, la impropiedad con la que se efectuó la dosificación punitiva, dado que, la acepción “hasta en otro tanto” contenida en el artículo 26 del Decreto 100 de 1980, a que alude el defensor, significa que la pena final no podía exceder al doble de la individualmente considerada, esto es, a veinticuatro (24) meses de prisión.
De esta manera le asiste razón al censor en el cuestionamiento que hace a la dosificación punitiva efectuada por el Juzgado 55 Penal del Circuito de Bogotá D.C., en la demanda técnicamente aceptable, pues, como se aprecia, los juzgadores de instancia parten de una interpretación que antaño sostuviera la Corte, en la que se afianza el procurador segundo delegado para la casación penal, para emitir concepto desfavorable a la pretensión del actor, que no corresponde a la explicación de la norma, ni mucho menos, a los criterios que últimamente ha venido expresando la Sala (2) .
5. De suerte que, la Corte habrá de modificar la tasación de la sanción prevista para el caso que se analiza, tanto en lo atinente con la pena principal como con la accesoria, para fijarlas en las proporciones que a continuación se señalan. En tal sentido se casará parcialmente la sentencia.
A la procesada se le condenó por el delito de falsedad en documento privado en concurso homogéneo y sucesivo, cuya pena oscila, tanto en el Código Penal derogado como en el actual (arts. 221 y 209 respectivamente) entre un mínimo de doce (12) y un máximo de setenta y dos (72) meses de prisión.
El artículo 26 del Código Penal dispone que en casos de concurso de conductas ilícitas el proceso de dosificación “quedará sometido a la pena que establezca la pena más grave aumentada hasta en otro tanto”.
Teniendo en cuenta lo anterior y, como no se puede aumentar el mínimo de la pena determinada en el fallo, atendiendo esta limitante, se parte de doce (12) meses, aumentados en doce (12) meses más por el concurso homogéneo y sucesivo del delito de falsedad en documento privado para un total de veinticuatro (24) meses de prisión, e interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término, en lugar de los setenta y cinco (75) meses fijados en las instancias. En tal sentido se modificará la sentencia recurrida.
6. Ahora bien, como la señora María Teresa García Rojas confesó la comisión de los ilícitos en su primera diligencia de indagatoria, con el lleno de los requisitos señalados en el artículo 296 del Código de Procedimiento Penal anterior, para su operancia, tiene derecho a una reducción de pena de cuatro (4) meses equivalente a la sexta parte, significando hasta aquí que la pena a imponer sería de veinte (20) meses de prisión.
Así mismo, este guarismo mudará en una reducción de seis (6) meses, veinte (20) días, equivalente a la tercera parte que le corresponde como abono en consideración a que la señora García Rojas se acogió a la figura de la sentencia anticipada dentro de la oportunidad prevista en la etapa instructiva, tiene derecho a que la pena impuesta sea disminuida en una tercera parte (1/3), proporción a reducir que permaneció invariable en el tránsito de legislación, quedando en definitiva una pena de trece (13) meses, diez (10) días, como autora responsable del delito de falsedad en documento privado en concurso homogéneo y sucesivo.
7. Finalmente, como el cumplimiento del aspecto objeto previsto en el artículo 68 del Código Penal derogado y 63 de la actual codificación penal, esto es, que la pena impuesta no exceda de los 3 años de prisión, haría viable el examen del aspecto subjetivo para determinar la procedencia de la suspensión condicional de la ejecución de la pena; sin embargo, como el casacionista no hizo referencia alguna en la demanda, sobre la concesión de la figura jurídica, técnicamente la Corte no puede ocuparse de su estudio, pues ello implicaría adicionar la demanda contrariando el principio de limitación que gobierna el recurso extraordinario de casación.
Atendidas las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
2. Modificar la pena de cuarenta y un (41) meses, veinte (20) días de prisión e interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término, impuesta en la sentencia recurrida, para en su lugar, fijar a la procesada María Teresa García Rojas la pepa de prisión en trece (13) meses diez (10) días y la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término.
3. En lo demás la sentencia recurrida conserva su validez.
Devuélvase la actuación a la oficina de origen.