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Timestamp: 2020-06-07 09:35:37
Document Index: 226985267

Matched Legal Cases: ['artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 49', 'artículo 35', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 26', 'artículo 50', 'artículo 50', 'artículo 50', 'artículo 60', 'artículo 54', 'artículo 55', 'artículo 56', 'artículo 4', 'Artículo 49']

Presuntas Víctimas ( propuestas por los representantes )
Testigos (propuestas por el Estado)
Peritos ( propuestos por los representantes )
DE 20 DE FEBRERO DE 2018
CASO TERRONES Y OTROS VS. PERÚ
El escrito de sometimiento del caso y el Informe de Fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”); el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante el “escrito de solicitudes y argumentos”) de los representantes de las víctimas1 (en adelante “los representantes”); el escrito de contestación al sometimiento del caso y a las solicitudes y argumentos (en adelante “escrito de contestación”) de la República del Perú (en adelante “Perú” o “el Estado”).
Las listas definitivas de declarantes presentadas por los representantes, la Comisión y el Estado. Las observaciones del Estado a las listas en la cual se refirió a los declarantes y recusó a los peritos propuestos por los representantes. Ni la Comisión ni los representantes presentaron observaciones.
La Resolución del Presidente en ejercicio de la Corte (en adelante “el Presidente”) de 24 de julio de 2017 sobre aplicación del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas en este caso2.
El ofrecimiento y la admisión de la prueba, así como la citación de declarantes se encuentran regulados en los artículos 35.1.f, 40.2.c, 41.1.c, 46, 47, 48, 49, 50 y 57 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “este Tribunal”).
La Comisión ofreció el dictamen de un perito3. Los representantes ofrecieron las declaraciones de las cinco presuntas víctimas y dos peritajes, uno de los cuales es colegiado. El Estado ofreció las declaraciones de tres testigos y, posteriormente solicitó la sustitución de dos de ellos4. La Corte garantizó a las partes el derecho de defensa respecto de los ofrecimientos probatorios oportunamente realizados.
Dado que ninguna de las partes objetó una de las declaraciones testimoniales ofrecidas por el Estado, esta Presidencia considera conveniente recabar dicha prueba, a efectos de que el Tribunal pueda apreciar su valor en la debida oportunidad procesal, dentro del contexto del acervo probatorio existente y según las reglas de la sana crítica. Por consiguiente, el Presidente admite la declaración de Mónica Liliana Barriga Pérez, quien declarará según el objeto y modalidad determinados en la parte resolutiva de esta decisión.
A continuación el Presidente examinará en forma particular: a) solicitud de rechazo de declaraciones con objeto similar y solicitud de rechazo de una parte del objeto de declaraciones; b) recusación de peritos; c) solicitud de sustitución de dos testigos presentados por el Estado y admisibilidad de la prueba testimonial; d) admisibilidad del peritaje ofrecido por la Comisión; y e) aplicación del Fondo de Asistencia Legal en este caso.
Solicitud de rechazo de declaraciones con objeto similar y solicitud de rechazo de una parte del objeto de declaraciones
El Estado, al presentar sus observaciones a la lista definitiva de declarantes ofrecidos por los representantes, alegó que:
el contenido de las declaraciones de Marcelina Medina Negrón y Tania Collantes Medina, la madre y la hermana de la presunta víctima Néstor Rojas Medina, es similar. Teniendo en cuenta el principio de economía procesal, el Estado consideró que se debe rechazar la declaración de Marcelina Medina Negrón o en su defecto la declaración de Tania Collantes Medina, y
el contenido de la declaración de Rosa Carcausto Paco, conviviente de Santiago Antezana Cueto, en lo referente a “las acciones de búsqueda de justicia a nivel nacional e internacional” coincide en lo sustancial con la declaración de Ofelia Antezana Torre, prima de Santiago Antezana Cueto. Por lo que en aplicación del principio de economía procesal, el Estado igualmente consideró que se debe rechazar la declaración de una de las dos.
En relación con los puntos a) y b) cabe señalar que en virtud de que el objeto de las declaraciones de las presuntas víctimas ofrecidas por los representantes es relevante para la resolución del presente caso, pero que son sustancialmente similares entre sí, y atendiendo al principio de economía procesal, el Presidente considera conveniente admitir las declaraciones de Marcelina Medina Negrón y Rosa Carcausto Paco para ser rendidas en audiencia pública, y admitir las declaraciones de Tania Collantes Medina y Ofelia Antezana Torre para ser presentadas mediante declaración jurada (affidávit).
Adicionalmente, el Estado señaló que el objeto de las declaraciones propuestas de Marcelina Medina Negrón y de Wilfredo Terrones Landázuri tiene la siguiente frase “las circunstancias de la desaparición de la víctima” que no resulta pertinente, porque dichos declarantes no serían testigos presenciales de los hechos y, en consecuencia, resulta improcedente que emitan una declaración en ese sentido. Bajo tales circunstancias el Estado solicitó que se rechacen las mismas.
La Corte ha señalado reiteradamente que el objeto de las declaraciones y dictámenes periciales deben ser determinados por las partes de manera precisa, en la oportunidad procesal correspondiente, tomando en cuenta su relación con los hechos y los alegatos del caso, ello sin perjuicio de la determinación final del respectivo objeto que efectúa la Presidencia en su debida oportunidad5. Esta Presidencia considera que es procedente admitirlas y adecuar los objetos de las referidas declaraciones según corresponda, tomando en cuenta las observaciones pertinentes del Estado. El objeto y la modalidad de las declaraciones se determina en la parte resolutiva de la presente Resolución (infra puntos resolutivos 1 y 3).
El Estado en sus observaciones a la lista definitiva de declarantes ofrecidos por los representantes recusó, conforme al artículo 48.1.c) del Reglamento de la Corte, las siguientes personas ofrecidas como peritos:
a) Respecto a Carlos Alberto Jibaja Zárate señaló que
i) es licenciado en psicología clínica, magister en estudios teóricos en psicoanálisis y con estudios de postgrado en psicoterapia psicoanalítica, con lo cual, no se trata de un médico psiquiatra. La determinación de los posibles “impacto[s] sufridos por los familiares”, debiera ser producto de un informe o una evaluación técnica de un médico psiquiatra con experiencia y especialidad en salud mental vinculadas a vulneraciones de derechos humanos y, específicamente en casos de desaparición forzada;
ii) la opinión pericial se realizaría sobre el impacto sufrido por los familiares “por las violaciones a sus derechos humanos, en particular por la desaparición forzada de las […] víctimas y la falta de acceso a la justicia”. Debido a que la desaparición forzada no ha sido demostrada, la prueba pericial solo puede tener como objeto el caso de las víctimas, sin que puedan analizarse violaciones a derechos humanos causadas a los familiares por otros motivos, y
iii) se desempeña como Director de Salud Mental del Centro de Atención Psicosocial (en adelante también “CAPS”), organización que forma parte de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (en adelante también “CNDDHH”), la cual agrupa a la Asociación Pro Derechos Humanos (en adelante también “APRODEH”), que a su vez es representante de las presuntas víctimas. Tales hechos podrían denotar una vinculación estrecha entre el perito y APRODEH, lo cual podría afectar su imparcialidad.
b) Respecto a Carmen Wurst Calle
aclarar si la señora se llama Carmen Wurst Calle o Carmen Wurst de Landázuri, y
que le son aplicables las mismas observaciones respecto del señor Carlos Alberto Jibaja Zárate, y agregó que se desempeña como Directora de Desarrollo Institucional – Coordinadora de Monitoreo y evaluación del CAPS y por eso puede haber una vinculación estrecha entre la perita propuesta y APRODEH, lo cual podría afectar su imparcialidad.
c) Respecto a Raúl Hipólito Calderón Amoretti
que le son aplicables las mismas observaciones respecto del señor Carlos Alberto Jibaja Zárate, y agregó que ha realizado acompañamiento psicosocial a la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP), organización que forma parte de la CNDDHH, la cual agrupa a APRODEH. Tales hechos podrían denotar una vinculación estrecha entre el perito y APRODEH, lo cual podría afectar su imparcialidad.
d) Respecto a Yovana Pérez Clara
que le son aplicables las mismas observaciones respecto del señor Carlos Alberto Jibaja Zárate, y agregó que la opinión pericial se realizaría sobre “la afectación a la salud psicológica de Rosa Carcausto Paco, Ermilio Antezana Cueto y Ofelia Antezana Torre y las consecuencias mentales y emocionales derivadas de la desaparición forzada y tortura de la cual fue víctima Santiago Antezana Cueto”. Al respecto, señaló que los referidos hechos a la tortura aún están siendo objeto de investigación y corresponden a un aspecto que no se encuentra probado y es materia central del presente caso, y
se desempeñaba como Directora de Capacitación, evaluadora y supervisora del CAPS. Tales hechos podrían denotar una vinculación estrecha entre la perita y APRODEH, lo cual podría afectar su imparcialidad.
Por su parte, las personas propuestas como peritos presentaron sus observaciones a las recusaciones planteadas en su contra. Al respecto, el señor Jibaja Zárate expresó que el Estado ha presentado la misma objeción en casos anteriores en donde ha sido propuesto como perito y participado como tal. Es psicólogo tratante de las secuelas que deja la desaparición forzada en los miembros de una familia desde el año 1998. Aclaró que una evaluación pericial psicológica puede ser realizada por ambos profesionales de la salud mental. La psicología clínica es una rama de la psicología que se interesa por la evaluación, diagnóstico, tratamiento y prevención que afecten a la salud mental y a la conducta humana. Tanto la psiquiatría como la psicología clínica son disciplinas que estudian la conducta humana, sobre las que debe darse una especialización y obtener la experiencia necesaria en el diagnóstico y tratamiento de la población afectada por la vulneración de los derechos humanos. Asimismo, la señora Pérez Clara expresó que en su calidad de psicóloga clínica está capacitada para evaluar y diagnosticar el funcionamiento psicosocial de las personas.
A su vez, Carlos Alberto Jibaja Zárate y Yovana Pérez Clara manifestaron que el objeto del peritaje no es hacer un análisis legal del caso ni abarcar de manera extensa a aspectos que no se centren estrictamente en las víctimas. El señor Jibaja Zárate aclaró que el objeto de su peritaje está delimitado al impacto sufrido por los familiares de Wilfredo Terrones Silva y Néstor Rojas Medina, es decir, por los daños emocionales sufridos como consecuencia de la vulneración de sus derechos fundamentales. Agregaron que el peritaje de la señora Pérez Clara tiene como objeto analizar la afectación a la salud psicológica y las consecuencias mentales y emocionales derivadas de la desaparición de Santiago Antezana Cueto.
Además, Carlos Alberto Jibaja Zárate, Carmen Wurst Calle de Landázuri y Yovana Pérez Clara manifestaron que las evaluaciones por violaciones a derechos humanos y a familiares de personas desaparecidas, son suscritas a título y responsabilidad del profesional que realiza la evaluación psicológica. Conforme al Código de Ética del Colegio de Psicólogos del Perú, el profesional de psicología como funcionario en una organización “tiene la responsabilidad de permanecer alerta y no aceptar presiones que puedan distorsionar sus informes, e impedir el uso inapropiado de los mismos”. La pertenencia a una institución de derechos humanos no condiciona la imparcialidad de la pericia, dado que el pronunciamiento se hace a título y responsabilidad del profesional que realiza la evaluación. Además, el Estado no ha señalado de qué manera la pertenencia del CAPS a la CNDDHH constituye un vínculo estrecho que pueda afectar la imparcialidad, considerando que la CNDDHH es una coalición de más de 80 organizaciones.
Por su parte, Raúl Hipólito Calderón Amoretti informó que en junio de 2017 ganó el concurso público para ocupar una plaza en la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios como responsable del Programa de Reparaciones en Salud en la Comisión Multisectorial de Alto Nivel del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Razón por lo cual, no puede participar en el presente caso como parte del peritaje propuesto por los representantes.
Finalmente, Carmen Wurst Calle de Lándazuri aclaró que su nombre correcto es el indicado, pues por razones prácticas se suele usar solo su primer nombre y primer apellido.
Esta Presidencia considera que las recusaciones de los peritos aducidas por el Estado abarcan tres aspectos: a) cuestionamiento de las experticias6 de Carlos Alberto Jibaja Zárate, Yovana Pérez Clara y Carmen Wurst Calle de Landázuri; b) objeto de los peritajes de Carlos Alberto Jibaja Zárate y Yovana Pérez Clara hacen referencia a aspectos que se encuentran en discusión en el presente caso, y c) vínculo de Carlos Alberto Jibaja Zárate, Yovana Pérez Clara y Carmen Wurst Calle de Landázuri con organizaciones de derechos humanos. A continuación se examinarán.
a) Cuestionamiento de las experticias de Carlos Alberto Jibaja Zárate, Yovana Pérez Clara y Carmen Wurst Calle de Landázuri
En consideración de lo expresado en sus observaciones por el señor Jibaja Zárate y la señora Pérez Clara, y aunque la señora Calle de Landázuri no se pronunció al respecto, esta Presidencia nota que dichas personas tienen experiencia en atender a víctimas de violaciones de derechos humanos, y que de sus hojas de vida se desprende que tienen conocimiento en los temas incluidos en el objeto propuesto para sus peritajes. Por lo que, en los términos en que fueron ofrecidos, el Estado no ha demostrado que el perito y las peritas carezcan de calificaciones o de idoneidad para presentar un dictamen sobre los temas para los que su declaración fue propuesta.
b) Objeto de los peritajes de Carlos Alberto Jibaja Zárate y Yovana Pérez Clara hacen referencia a aspectos que se encuentran en discusión en el presente caso
Al respecto, si bien el Estado alegó que el objeto de los peritajes versa sobre la desaparición forzada, tortura y la falta del debido proceso, aun cuando la investigación de los hechos está en curso, el Presidente reitera que las declaraciones y dictámenes periciales deben ser determinados por las partes de manera precisa y oportuna y que no procede en esta etapa una definición o conclusión sobre los aspectos del presente caso que son objeto de controversia7. En consecuencia, esta Presidencia considera que es procedente admitir en ese aspecto el objeto de los peritajes Carlos Alberto Jibaja Zárate, y Yovana Pérez Clara.
Vínculo de Carlos Alberto Jibaja Zárate, Yovana Pérez Clara y Carmen Wurst Calle de Landázuri con organizaciones de derechos humanos
Respecto a la causal de recusación prevista en el artículo 48.1.c) del Reglamento, es pertinente recordar que, para que tal causal se configure, deben concurrir dos supuestos: la existencia de un vínculo determinado del perito con la parte proponente y que, adicionalmente, esa relación, a criterio del Tribunal, afecte su imparcialidad8.
El Presidente nota que el Estado fundó la recusación en que los peritos propuestos se desempeñan en CAPS, una organización que forma parte de la CNDDHH, la cual también agrupa a la APRODEH, la organización de los representantes, lo que podría constituir un vínculo que pueda afectar su imparcialidad.
No obstante, el Estado no ha brindado elementos de convicción suficientes que permitan concluir que la pertenencia al Centro de Atención Psicosocial de la Asociación (CAPS) donde los peritos se han desempeñado implique un vínculo estrecho con la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), sólo porque ambas organizaciones forman parte de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH). Esta circunstancia anterior no configura per se un vínculo estrecho bajo el artículo 48.1.c) del Reglamento. Además, el Presidente considera que el Estado no aportó detalles en cuanto al funcionamiento de dicha coalición, ni especificó cuál sería la relación entre CNDDHH y APRODEH, y la pertenencia del CAPS a la CNDDHH, de manera que no hay elementos que resulten suficientes para determinar ese vínculo estrecho al que alude en sus recusaciones.
Por lo expuesto, esta Presidencia considera que resultan inadmisibles las recusaciones del Estado, y admite los dictámenes del señor Carlos Alberto Jibaja Zárate y las señoras Yovana Pérez Clara y Carmen Wurst Calle de Landázuri, sin perjuicio de que el objeto y la modalidad de las declaraciones se determina en la parte resolutiva de la presente Resolución (infra puntos resolutivos 3.1 y 3.2). Por último, esta Presidencia toma nota del desistimiento de Raúl Hipólito Calderón Amoretti para participar en el peritaje, por el nuevo cargo que ocupa.
C. Solicitud de sustitución de dos testigos presentados por el Estado y admisibilidad de la prueba testimonial
En su escrito de observaciones a las listas definitivas, el Estado solicitó la sustitución de Susana Cori Ascona y Daniel Sánchez Velásquez por Mónica Liliana Barriga Pérez y Mariella Romina Estacio Aguirre. Fundamentó tal solicitud en que los testigos originalmente ofrecidos ya han dejado de ocupar sus cargos de Secretaria Técnica del Consejo de Reparaciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Secretario Técnico de la CMAN, y actualmente quienes se encuentran en el cargo son las dos últimas personas.
La Comisión y los representantes no presentaron observaciones al respecto.
Esta Presidencia considera que, en los términos del artículo 49 del Reglamento9, la solicitud del Estado se encuentra debidamente fundada en tanto que las personas originalmente ofrecidas ya no ocupan sus cargos y ha individualizado a las sustitutas e indicado que su testimonio será congruente con el mismo objeto señalado en su escrito de contestación. Por ende, el Presidente acepta la sustitución propuesta y decide recibir la declaración testimonial de Mónica Liliana Barriga Pérez y Mariella Romina Estacio Aguirre, según el objeto y modalidad determinados en la parte resolutiva de esta decisión.
D. Admisibilidad del peritaje ofrecido por la Comisión
La Comisión propuso el dictamen pericial del Michael Reed Hurtado. Consideró que el peritaje ofrecido podrá aportar elementos de análisis sobre aspectos de orden público interamericano, en los términos del artículo 35.1.f) del Reglamento, que refiriéndose al presente caso “permitirá a la Corte seguir profundizando su jurisprudencia en casos de desaparición forzada de personas y la respuesta investigativa y de reparación que debe tener un Estado, particularmente cuando la misma tuvo lugar como consecuencia de una práctica sistemática y generalizada”. Dada la relevancia del contexto en el presente caso para efectos probatorios respecto de la desaparición forzada”. Adicionalmente, ante “la ausencia de información sobre la búsqueda de víctimas, el caso […] ofrece una oportunidad para que la Corte tome en cuenta estándares internacionales […] en dicha materia”.
Los representantes no presentaron observaciones.
El Estado adujo que la posibilidad que la Corte acepte la propuesta de la Comisión de un determinado perito “es de carácter excepcional y previamente debe verificarse la relación con una afectación relevante del denominado orden público interamericano”, que no se constata por el sólo hecho que dicha prueba se vincule con una presunta vulneración de derechos en el caso concreto sino que es preciso e indispensable que la Comisión sustente de manera adecuada el fundamento y objeto de las pruebas periciales propuestas. Además, la Corte ya “cuenta con amplia jurisprudencia sobre determinados criterios de análisis y estándares internacionales en materia de desaparición forzada”. Por ello, no se trata de temas novedosos sobre los cuales no haya habido pronunciamientos de la Corte o sean poco desarrollados.
Dado lo anterior, consideró que la Comisión “no ha cumplido con fundamentar adecuadamente la relación de la prueba pericial propuesta con una afectación relevante del orden público interamericano”, por lo que no se justifica la presentación del peritaje de Michael Reed Hurtado. Además ya se ha analizado reiteradamente el objeto de dicho peritaje y resulta innecesario promoverlo nuevamente bajo el argumento de supuestamente afecta el orden público interamericano. Agregó que “[l]os temas de valoración probatoria, relevancia del contexto de investigación y reparación en casos de desaparición forzada ya han sido materia de pronunciamiento por parte de la Corte en múltiples oportunidades, existiendo una amplia jurisprudencia sobre la materia, no existiendo utilidad alguna en que se presente un peritaje al respecto”. En razón de lo cual dicho peritaje debe ser rechazado.
El Presidente estima que el objeto del peritaje ofrecido por la Comisión resulta relevante para el orden público interamericano, particularmente por referirse a la valoración de la prueba en el marco de un contexto de desaparición forzada de personas. En este sentido, el objeto del peritaje trasciende los intereses específicos de las partes en el proceso y pueden, eventualmente, tener impacto sobre situaciones que se presentan en otros Estados Parte en la Convención. En consecuencia, el Presidente estima pertinente admitir el dictamen pericial de Michael Reed Hurtado ofrecido por la Comisión, según el objeto y modalidad determinados en la parte resolutiva de la presente decisión.
E. Aplicación del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas
En la Resolución adoptada por el Presidente el 24 de julio de 2017 (supra Visto 3), se resolvió declarar procedente la solicitud realizada por los familiares para acogerse al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte, de modo que se otorgaría a los solicitantes la asistencia económica necesaria para la presentación de un máximo de tres declaraciones, ya fuera en audiencia o por affidavit. Corresponde seguidamente precisar el destino y objeto específicos de dicha asistencia.
Esta Presidencia dispone que la asistencia económica estará asignada para cubrir los gastos de viaje y estadía necesarios para que el señor Wilfredo Terrones Landázuri y las señoras Rosa Carcausto Paco y Marcelina Medina Negrón comparezcan ante este Tribunal a rendir sus respectivas declaraciones en la audiencia pública que se celebrará en el presente caso.
La Corte realizará las gestiones pertinentes y necesarias para cubrir los costos de traslado, alojamiento y manutención de dichos comparecientes en la audiencia pública con recursos provenientes del Fondo de Asistencia.
Según lo requerido por el artículo 4 del Reglamento de la Corte sobre el Funcionamiento del Fondo de Asistencia, se dispone que la Secretaría abra un expediente de gastos a los fines de llevar la contabilidad y en el cual se documentará cada una de las erogaciones que se realicen en relación con el referido Fondo.
Finalmente, el Presidente recuerda que, según el artículo 5 del Reglamento del Fondo, se informará oportunamente al Estado las erogaciones realizadas en aplicación del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas, para que presente sus observaciones, si así lo desea, dentro del plazo que se establezca al efecto.
de conformidad con los artículos 24.1 y 25.2 del Estatuto de la Corte y con los artículos 4, 15.1, 26.1, 31.2, 35.1, 40.2, 41.1, 45, 46, 48, 49, 50 a 56 y 60 del Reglamento,
Convocar al Estado del Perú, a los representantes de las víctimas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a una audiencia pública sobre excepciones preliminares y eventuales fondo, reparaciones y costas que se realizará los días 13 y 14 marzo de 2018, a partir de las 15:00 horas, y el día siguiente a partir de las 09:00 horas, durante el 122 Período Ordinario de Sesiones, por celebrarse en la sede de la Corte en San José, Costa Rica, para recibir sus alegatos y observaciones finales orales, así como para recibir las declaraciones de las siguientes personas:
Wilfredo Terrones Landázuri, hijo de Wilfredo Terrones Silva, quien declarará sobre la forma en que supuestamente se enteró de la detención de su padre, la falta de acceso a la justicia y a la verdad en el caso, las acciones de búsqueda de justicia emprendida a nivel nacional e internacional y las alegadas consecuencias de desaparición de su padre sobre su vida familiar y su proyecto de vida.
Rosa Carcausto Paco, conviviente de Santiago Antezana Cueto, quien declarará sobre las alegadas acciones de búsqueda de justicia a nivel nacional e internacional y las alegadas consecuencias de la desaparición de la presunta víctima sobre su vida familiar y su proyecto de vida.
Marcelina Medina Negrón, madre de Néstor Rojas Medina, quien declarará sobre la forma como supuestamente se enteró de la detención de su hijo, las alegadas acciones de búsqueda de justicia emprendidas a nivel nacional e internacional, la supuesta falta de información de parte de las autoridades sobre el paradero de su hijo o sus restos, y las alegadas consecuencias de la desaparición de la presunta víctima sobre su vida familiar y su proyecto de vida.
Testigo (propuesta por el Estado)
Mónica Liliana Barriga Pérez, Directora General encargada de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quien declarará sobre la implementación de la Ley No. 30470, Ley de Búsqueda de personas desaparecidas durante el período de violencia 1980-2000, y las alegadas acciones que realiza el Estado peruano en la recuperación de los restos de las presuntas víctimas de este caso y el acompañamiento psicosocial de sus familiares.
Requerir al Estado que facilite la salida y entrada de su territorio de los declarantes, si residen o se encuentran en él, quienes han sido citados en la presente Resolución a rendir declaración en la referida audiencia pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.1 del Reglamento de la Corte.
Requerir, por las razones expuestas en la presente Resolución, de conformidad con el principio de economía procesal y de la facultad que le otorga el artículo 50.1 del Reglamento de la Corte, que las siguientes personas presten sus declaraciones ante fedatario público:
Ofelia Antezana Torre, prima de Santiago Antezana Cueto, quien declarará sobre las alegadas acciones de búsqueda de justicia a nivel nacional e internacional y las alegadas consecuencias de la desaparición del señor Antezana Cueto, sobre su vida familiar y su proyecto de vida; y
Tania Collantes Medina, hermana de Néstor Rojas Medina, quien declarará sobre la alegada vida familiar antes de la desaparición de su hermano, la forma como se enteró de la detención de la presunta víctima y las alegadas consecuencias de la desaparición de la presunta víctima sobre su vida familiar y su proyecto de vida.
Marcelita del Rosario Gutiérrez Vallejos, Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial, quien declarará sobre las alegadas investigaciones preliminares, las diligencias emprendidas y realizadas para el debido esclarecimiento de los hechos relacionados a las presuntas víctimas.
Mariella Romina Estacio Aguirre, Secretaria Técnica encargada de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), quien declarará sobre las alegadas reparaciones brindadas a los familiares de Santiago Antezana Cueto y Néstor Rojas Medina en el marco del Plan Integral de Reparaciones.
Michael Reed Hurtado, quien rendirá dictamen sobre la violación probatoria en el derecho internacional de los derechos humanos en materia de desaparición forzada de personas. Se referirá a la relevancia del contexto en dicha valoración, particularmente cuando es posible acreditar una práctica sistemática y generalizada. El perito también se referirá a la respuesta que debe dar un Estado en materia de investigación y reparación en casos de desaparición forzada de personas. En el peritaje se pondrá especial énfasis en el alcance y contenido concreto de la obligación estatal de buscar y determinar el destino o paradero de la persona desaparecida.
Carlos Alberto Jibaja Zárate y Carmen Wurst Calle de Landázuri, quienes en conjunto rendirán un dictamen pericial sobre el impacto sufrido por los familiares de Wilfredo Terrones Silva: Wilfredo Terrones Landázuri, y los familiares de Néstor Rojas Medina: Marcelina Medina Negrón y Tania Collantes Medina; por las violaciones a sus derechos humanos ocurridas en el presente caso, en particular, sobre la alegada desaparición forzada de sus familiares señores Terrones Silva y Rojas Medina, y la falta de acceso a la justicia en estos casos. El peritaje abarcará, inter alia, los daños emocionales sufridos por los familiares como consecuencia de las violaciones alegadas en el presente caso.
Yovana Pérez Clara, del Centro de Atención Psicosocial (CAPS), rendirá un peritaje sobre la afectación a la salud psicológica de Rosa Carcausto Paco, Ermilio Antezana Cueto y Ofelia Antezana Torre, y las consecuencias mentales y emocionales derivadas de las alegadas desaparición forzada y tortura, de las cuales fue víctima Santiago Antezana Cueto.
Requerir a la Comisión Interamericana, a los representantes y al Estado que notifiquen la presente Resolución a las personas por ellos propuestas, respectivamente, que han sido convocados a rendir declaración, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50.2 y 50.4 del Reglamento.
Requerir a la Comisión, a los representantes, y al Estado que remitan, en los términos del artículo 50.5 del Reglamento y de considerarlo pertinente, en cuanto les corresponda y en el plazo improrrogable que vence el 26 de febrero de 2018, las preguntas que estimen pertinentes formular, a través de la Corte Interamericana, a las presuntas víctimas, testigos y peritos indicados en el punto resolutivo 3 de la presente Resolución.
Requerir a los representantes, a la Comisión y al Estado que coordinen y realicen las diligencias necesarias para que, una vez recibidas las preguntas de la contraparte, según corresponda, a las presuntas víctimas, testigos y peritos incluyan las respuestas en sus respectivas declaraciones y dictámenes rendidos ante fedatario público, salvo que el Presidente disponga lo contrario cuando la Secretaría de la Corte las transmita. Las declaraciones y los peritajes requeridos en el referido punto resolutivo 3 deberán ser presentados a más tardar el 7 de marzo de 2018.
Disponer, conforme al artículo 50.6 del Reglamento que, una vez recibidas las declaraciones y peritajes, la Secretaría de la Corte Interamericana las transmita al Estado, a los representantes y a la Comisión para que, si lo estiman pertinente y en cuanto les corresponda, presenten sus observaciones a más tardar con sus alegatos u observaciones finales escritos, respectivamente.
Informar a la Comisión, a los representantes y al Estado que deben cubrir los gastos que ocasione la aportación o rendición de la prueba propuesta por ellos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento, sin perjuicio de lo que resulte pertinente en aplicación del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas en el presente caso.
Requerir a la Comisión, a los representantes, y al Estado que informen a las personas convocadas por la Corte para declarar que, según lo dispuesto en el artículo 54 del Reglamento, el Tribunal pondrá en conocimiento del Estado los casos en que las personas requeridas para comparecer o declarar no comparecieren o rehusaren deponer sin motivo legítimo o que, en el parecer de la misma Corte, hayan violado el juramento o la declaración solemne, para los fines previstos en la legislación nacional correspondiente.
Informar a los representantes, al Estado y a la Comisión Interamericana que, al término de las declaraciones rendidas en la audiencia pública, podrán presentar ante el Tribunal sus alegatos finales orales y observaciones finales orales, respectivamente, sobre las excepciones preliminares y eventuales fondo, reparaciones y costas en el presente caso.
Disponer que la Secretaría de la Corte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55.3 del Reglamento, indique a la Comisión Interamericana, a los representantes y al Estado el enlace donde se encontrará disponible la grabación de la audiencia pública, a la brevedad posible luego de la celebración de la referida audiencia.
Informar a los representantes, al Estado y a la Comisión Interamericana que, en los términos del artículo 56 del Reglamento, cuentan con un plazo hasta el 16 de abril de 2018 para presentar sus alegatos finales escritos y observaciones finales escritas, respectivamente, en relación con las excepciones preliminares y eventuales fondo, reparaciones y costas en el presente caso. Este plazo es improrrogable e independiente de la puesta a disposición de las partes de la grabación de la audiencia pública.
Declarar procedente la aplicación del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte Interamericana en los términos dispuestos en los párrafos considerativos 30 a 34 de esta Resolución.
Disponer, de conformidad con el artículo 4 del Reglamento de la Corte sobre el Funcionamiento del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas, que la Secretaría del Tribunal abra un expediente de gastos, donde se documentará cada una de las erogaciones que se realicen con el Fondo de Asistencia Legal de Víctimas.
Disponer que la Secretaría de la Corte Interamericana notifique la presente Resolución a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los representantes y al Estado.
Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Terrones y otros vs. Perú.
1 Las presuntas víctimas son representadas en este caso por las organizaciones Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) e Instituto de Defensa Legal (IDL).
2 Cfr. Resolución del Presidente en ejercicio de la Corte de 24 de julio de 2017, disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/terrones_fv_17.pdf
3 El 5 de febrero de 2018 la Comisión informó que el perito Michael Reed-Hurtado no podrá asistir a la audiencia pública y solicitó un cambio en la modalidad de su peritaje para que sea de forma escrita.
4 El 24 de enero de 2018 el Estado solicitó la sustitución de dos de los testigos ofrecidos originalmente.
5 Cfr. Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia. Resolución del Presidente de la Corte de 10 de marzo de 2010, considerativo 15; y Caso Isaza Uribe Vs. Colombia. Resolución del Presidente de la Corte de 13 de diciembre de 2017, considerativo 4.
6 No se incluye al señor Raúl Hipólito Calderón Amoretti, en razón de que no puede participar en el peritaje.
7 Cfr. Caso Isaza Uribe Vs. Colombia. Resolución del Presidente de la Corte de 13 de diciembre de 2017, considerativo 4.
8 Cfr. Caso I.V. Vs. Bolivia. Resolución del Presidente de la Corte de 29 de marzo de 2016, considerativo 23, y Caso Isaza Uribe Vs. Colombia. Resolución del Presidente de la Corte de 13 de diciembre de 2017, considerativo 11.
9 Artículo 49. Sustitución de declarantes ofrecidos: Excepcionalmente, frente a solicitud fundada y oído el parecer de la contraparte, la Corte podrá aceptar la sustitución de un declarante siempre que se individualice al sustituto y se respete el objeto de la declaración, testimonio o peritaje originalmente ofrecido.
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