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Timestamp: 2018-11-19 20:28:50
Document Index: 321178187

Matched Legal Cases: ['artículo 34', 'artículo 561', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'artículo 3', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'artículo 64', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'artículo 17', 'Artículo 24', 'artículo 152', 'Artículo 25', 'artículo 23', 'artículo 23', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'artículo 13']

PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE DESARROLLA EL ESTATUTO DE LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL - PDF
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Encarnación Robles Silva
1 Madrid, 15 de julio de 2015 PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE DESARROLLA EL ESTATUTO DE LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL I El administrador concursal desempeña un papel esencial en el procedimiento concursal, cuyo buen desenvolvimiento depende en gran parte de su actuación. La configuración de la administración concursal debe responder a un modelo de mercado organizado en el que diferentes profesionales suficientemente cualificados presten sus servicios. Desde la aprobación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, las sucesivas reformas de esta norma han venido incidiendo en el régimen jurídico de la administración concursal con el doble objetivo de reforzar su profesionalización e incidir en su retribución tanto para asegurar una retribución mínima como para moderar su coste para la masa del concurso. Así sucedió ya con el Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica. Norma que tuvo su continuación en la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, la cual reforzó sus funciones y su responsabilidad, así como los requisitos para ser nombrado administrador concursal, con la finalidad de permitir una mejor valoración por el juez del concurso de la experiencia y formación específica para el desempeño del cargo. En esta línea se situaron dos medidas fundamentales: la generalización de la composición unimembre, frente a las tres personas que lo integraban con anterioridad y el reconocimiento de la persona jurídica como administrador concursal. ECONOMÍA Y CASTELLANA, MADRID TEL: FAX: JUSTICIA SAN BERNARDO, MADRID TEL: FAX:
2 II La última reforma que ha modificado el régimen jurídico de la administración concursal ha sido la reciente Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial. Esas modificaciones se pueden ordenar en tres grupos de cuestiones. La primera es la deslegalización de las condiciones para ser administrador concursal, que se sustituyen por la previsión de las directrices que guiarán el nuevo sistema de requisitos para llevar a cabo esta función, incluyendo la novedad de abrir la posibilidad de exigir la superación de pruebas o cursos específicos y la creación de una sección cuarta de administradores concursales y auxiliares delegados en el Registro Público Concursal, donde deberán inscribirse todas las personas físicas y jurídicas que cumplan con los requisitos que se exijan. La segunda está ligada a la anterior en la medida que esa nueva sección cuarta del Registro Público Concursal sustituirá a las actuales listas en los decanatos de los juzgados. Además, una nueva clasificación de los concursos en función de su tamaño permitirá modular los requisitos exigidos a la administración concursal en atención a la complejidad previsible de cada concurso. Con esta reforma el Registro Público Concursal está llamado a proporcionar al juez que conozca del concurso el administrador concursal que reúna las condiciones exigidas por un sistema de turno correlativo, salvo en el caso de los concursos de gran tamaño, en los que se mantiene un espacio de discrecionalidad acotada para la designación. Este nuevo sistema sustituye a la actual designación directa por el juez. Además, se ha efectuado una detallada enumeración de las funciones de los administradores concursales. La tercera y última modificación de la Ley 17/2014 ha afectado a los principios rectores de la remuneración de la administración concursal, incorporando un principio de eficiencia que relaciona la remuneración de la administración concursal con la 2
3 calidad y los resultados de su trabajo, e insiste en la concepción del arancel como mecanismo de incentivos que fomente la calidad, la diligencia y la agilidad de la administración concursal. III Precisamente y sobre la base de los nuevos principios establecidos tras la reforma de la Ley 17/2014, este real decreto viene a desarrollar el estatuto de la administración concursal, y se centra en la regulación de los requisitos de acceso a la misma, su designación en función del tamaño de los concursos y el nuevo régimen de retribución. En este sentido, este real decreto continua la línea seguida en anteriores reformas persiguiendo el objetivo de mejorar la eficiencia del sistema concursal a través de la profesionalización de la administración concursal. Para ello, se refuerzan los requisitos de acceso, se determinan distintos elementos del nuevo sistema de designación, se revisa el diseño del arancel de la administración concursal y se regula la nueva sección cuarta del Registro Público Concursal. Por lo que se refiere a los requisitos de acceso a la administración concursal la regulación parte del mantenimiento de las profesiones que estos últimos años vienen siendo designados para el desarrollo de esta función, pero admitiendo también a otros profesionales distintos de abogados, economistas y titulados mercantiles y auditores, siempre que cuenten con experiencia profesional en los ámbitos jurídico y económico. El requisito básico para el ejercicio de la administración concursal pasa a ser el examen de aptitud profesional, cuya realización se encomienda a los Consejos Generales de la Abogacía Española y de Colegios de Economistas y Titulados Mercantiles, así como al Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, a partir del ejercicio que se acuerdo por los expertos que se designan cada año. Este examen cumplirá una función de garantía de la competencia, homogeneización de los requisitos de entrada y especialización de los administradores concursales, así como de profesionalización de esta actividad. Este real decreto incluye una disposición transitoria en atención a la cual 3
4 se determinará la exigencia o no de examen a los profesionales que hoy vienen desarrollando esta función. La superación del examen de aptitud profesional, junto con la suscripción de un seguro de responsabilidad civil o garantía equivalente, posibilitarán la inscripción en la sección cuarta del Registro Público Concursal. IV El capítulo II de este real decreto se dedica a desarrollar la nueva clasificación legal de los concursos en función de su tamaño como aproximación a su complejidad. Los criterios a los que se atiende para efectuar esa clasificación son el número de trabajadores empleados en la concursada, el número de acreedores, la estimación inicial de pasivo y del activo y la cifra de negocios. No obstante, el tamaño no es la única variable que indica la complejidad del concurso, por lo que se prevén algunas especialidades. Por un lado, los concursos de las personas naturales que no lleven a cabo actividades empresariales o profesionales se consideran siempre concursos de pequeño tamaño. Por otro lado, la concurrencia de algunas circunstancias como que el deudor sea una entidad de crédito o de seguros o que esté sometida a supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores provocará que el concurso sea clasificado como de gran tamaño. El nombramiento del administrador concursal en concursos de cada vez mayor tamaño vendrá dado por la experiencia en el desempeño de la función, a lo que se sumará en los concursos de gran tamaño la exigencia de contar con un equipo de trabajo adecuado a la complejidad que estos conllevan. V 4
5 Por lo que se refiere al nuevo régimen del arancel de los administradores concursales, se efectúa su ajuste a los principios que no se encuentran recogidos en el Real Decreto 1860/2004, de 6 de septiembre, por el que se establece el arancel de derechos de los administradores concursales. Se trata de los principios de limitación, de efectividad y de eficiencia, que ahora recoge el artículo 34 de la Ley Concursal. Además, se revisan algunos complementos retributivos y se rediseña el cálculo de la remuneración en la fase de liquidación. Estos nuevos principios se traducen en el establecimiento de un tope máximo de la retribución a percibir por la administración concursal por su intervención en el concurso de acreedores, sin más excepciones que las relativas a las cantidades complementarias cuya posibilidad de percepción, vinculada a casos taxativos, ya conocía el real decreto anterior como instrumento para incentivar la actuación del órgano en la reintegración de la masa activa y en la sección de calificación. Asimismo, en cumplimiento de las previsiones del Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, se crea la cuenta de garantía arancelaria, con cargo a la cual se hará efectivo el pago de la retribución de la administración concursal en aquellos concursos sin masa o con masa insuficiente. Esta cuenta de garantía arancelaria se dotará con las aportaciones obligatorias que se detraerán de un determinado porcentaje de las retribuciones percibidas por los administradores concursales. El propósito último del régimen que se establece es asegurar que los profesionales más cualificados tengan suficientes incentivos para desempeñar las complejas tareas del cargo, posibilitando al mismo tiempo que las cantidades que se perciban en concepto de retribución se ajusten a las tareas efectivamente realizadas por la administración concursal en atención también a la complejidad del concurso y la duración del procedimiento. VI 5
6 La parte final de este real decreto contiene también normas importantes del nuevo modelo, como son las que de manera transitoria regularán el nombramiento de los administradores concursales hasta que se instaure el turno rotatorio a partir de la sección cuarta del Registro Público Concursal, o la modificación del Real Decreto 892/2013, de 15 de noviembre, por el que se regula el Registro Público Concursal, regulador de esa nueva sección y del portal de liquidaciones. Este real decreto ha sido sometido a informe del Consejo General del Poder Judicial, de conformidad con las previsiones del artículo 561 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia y del Ministro de Economía y Competitividad, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día de septiembre de 2015, DISPONGO CAPÍTULO PRELIMINAR Objeto y ámbito de la norma 6
7 Artículo 1. Objeto. Este real decreto tiene por objeto desarrollar las previsiones de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, en relación con el régimen jurídico de la administración concursal. Artículo 2. Ámbito subjetivo. Las normas previstas en este real decreto serán de aplicación a los administradores concursales. También serán de aplicación a los auxiliares delegados y a los mediadores concursales las especialidades que para ellos se establecen en este real decreto. CAPÍTULO I Requisitos de acceso a la administración concursal Artículo 3. Requisitos para la inscripción en la sección cuarta del Registro Público Concursal. 1. Únicamente podrán inscribirse en la sección cuarta del Registro Público Concursal las personas naturales que cumplan los siguientes requisitos: a) Poseer titulación universitaria. b) Acreditar al menos cinco años de experiencia profesional en los ámbitos jurídico o económico. c) Haber superado el examen de aptitud profesional. 7
8 d) Acreditar la cobertura de la responsabilidad civil mediante un contrato de seguro o garantía equivalente. 2. Únicamente podrán inscribirse en la sección cuarta del Registro Público Concursal aquellas personas jurídicas en las que se integren, al menos, un profesional de la especialidad jurídica y otro de la especialidad económica que reúnan los requisitos del apartado anterior y que además acrediten la responsabilidad civil mediante un contrato de seguro o garantía equivalente. En todo caso, la dirección de los trabajos y la representación de la persona jurídica que haya sido designada deberán recaer sobre un administrador concursal persona natural integrado en la estructura de aquella. Igualmente, se habrán de reunir, en su caso, los requisitos adicionales exigidos para los concursos de tamaño medio y grande. A los efectos de la consideración de la experiencia profesional, también se le reconocerá al administrador concursal que actúe en representación de la persona jurídica la que le corresponda por su intervención en los concursos en los que la misma hubiera sido designada. Artículo 4. Examen de aptitud profesional. 1. Para acceder al examen de aptitud profesional será necesario cumplir con carácter previo los requisitos de titulación y experiencia profesional inicial. 2. El examen de aptitud profesional tendrá por fin comprobar de manera objetiva los conocimientos de los candidatos y su capacidad para aplicarlos al desempeño de las funciones de la administración concursal. 3. El examen será una prueba escrita objetiva que consistirá en un máximo de 100 preguntas planteadas en relación con un supuesto práctico referido a un concurso de tamaño medio o grande y constará de dos partes: 8
9 a) Una general, que será común a todos los aspirantes y que ponderará un 60 por ciento en la calificación final del examen. b) Una específica, que comprobará los conocimientos en la especialidad jurídica o económica elegida y que ponderará un 40 por ciento en la calificación final del examen. De la especialidad jurídica únicamente podrán examinarse los candidatos que tengan la condición de abogados. 4. El examen, los criterios de calificación y las bases de la prueba se aprobarán por un comité examinador integrado por: a) Un juez de lo mercantil designado por el Consejo General del Poder Judicial, que será el presidente del comité examinador. b) Un profesor o un catedrático de Derecho mercantil designado por la Sección de Derecho Mercantil de la Comisión General de Codificación. Española. c) Un abogado designado a propuesta del Consejo General de la Abogacía c) Un economista designado a propuesta del Consejo General de Economistas. d) Un auditor designado a propuesta del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España. Cada uno de los proponentes designará un suplente que sustituirá a la persona designada en primer lugar en los casos de ausencia o enfermedad. Artículo 5. Organización del examen de aptitud profesional. 9
10 1. Antes del 20 de enero de cada año, el Ministerio de Justicia solicitará a los presidentes de los órganos señalados en el artículo anterior que procedan a designar a los miembros del comité examinador, que se constituirá formalmente ante el Director General de Relaciones con la Administración de Justicia antes del 15 de febrero, dando inicio al proceso para la celebración del examen. El comité examinador velará por el cumplimiento de los plazos establecidos, la calidad del examen y su propia independencia. Antes del 31 de marzo el comité examinador aprobará las bases reguladoras de examen, incluidos los criterios de calificación, y su convocatoria, que se publicarán en la página web del Ministerio de Justicia y de las instituciones u organizaciones a las que corresponde la proposición de sus miembros. Esta publicación incluirá la composición del comité examinador. La convocatoria tendrá lugar con una antelación mínima de dos meses a su realización, sin que en ningún caso pueda contener limitación del número de plazas. 2. En la fecha y hora que se determine por el comité examinador tendrá lugar la realización del examen. El examen tendrá lugar de manera simultánea en todos los centros que se habiliten para su realización. La corrección y calificación de los exámenes de acuerdo con los criterios uniformes que se fijen corresponderá también al comité examinador. Los Consejos Generales de la Abogacía Española y de Colegios de Economistas y el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España proporcionarán la infraestructura necesaria para la celebración de la prueba, correspondiéndoles también comprobar el cumplimiento de los requisitos de los aspirantes para su admisión al examen. A tal fin, podrán cobrar un derecho de examen a los aspirantes que cubra los costes de su realización y que será igual para todos ellos. 10
11 Los aspirantes podrán realizar el examen en la corporación que consideren oportuno, sin que pueda exigirse que estuvieran colegiados o fuesen miembros de la misma. 3. El comité examinador resolverá las incidencias que se puedan suscitar durante la celebración del examen. 4. Corresponde a las corporaciones profesionales señaladas en este artículo entregar a los candidatos aprobados un certificado electrónico con el resultado de su examen y en el que constará también su titulación y la especialidad jurídica o económica de la que se hubieran examinado. 5. Concluida la realización del examen el comité examinador, a través de su presidente, presentará al Ministerio de Justicia, en el plazo máximo de un mes, un informe explicativo del proceso de realización del examen de aptitud profesional, que incluya, al menos, el ejercicio del examen, los criterios de calificación y las bases de la prueba, el número de aspirantes presentados y el número de aprobados. Artículo 6. Inscripción en la sección cuarta del Registro Público Concursal. 1. Se inscribirán en la sección cuarta del Registro Público Concursal las personas naturales y jurídicas que cumplan los requisitos del artículo 3 y soliciten su inscripción manifestando su voluntad de ejercer las funciones de la administración concursal en el ámbito nacional o en el de determinados juzgados con competencia en el ámbito mercantil. Asimismo, podrán manifestar su disposición para ser nombrados auxiliares delegados. 2. En el Registro Público Concursal los administradores concursales harán constar la información relativa a su titulación, experiencia profesional, especialidad y formación. 11
12 CAPÍTULO II Designación de la administración concursal en función del tamaño del concurso Artículo 7. Clasificación de los concursos por tamaño a efectos de la designación de la administración concursal. 1. A los efectos de la designación de la administración concursal se distinguirá entre concursos de tamaño pequeño, medio y grande. Si conforme a los criterios de este real decreto existen dudas sobre el tamaño del concurso será el juez del concurso quien, oídas las partes, decida sobre su clasificación. Una vez efectuada la clasificación del concurso, se mantendrá durante toda su tramitación. 2. Para la designación como administrador concursal en concursos de pequeño tamaño bastará la superación del examen de aptitud profesional, la acreditación del seguro de responsabilidad civil o garantía equivalente y su inscripción en la sección cuarta del Registro Público Concursal. Para la designación como administrador concursal en concursos de tamaño medio y grande será necesario cumplir, además, los requisitos previstos en este capítulo. Artículo 8. Concursos de pequeño tamaño. 1. Se entenderá por concurso de pequeño tamaño aquel en el que concurran al menos tres de los siguientes requisitos: a) Que el número de trabajadores empleados no exceda de los 9 en el momento de la declaración de concurso. b) Que la lista presentada por el deudor incluya menos de 50 acreedores. c) Que la estimación inicial del pasivo no supere los dos millones de euros. 12
13 d) Que la valoración inicial de los bienes y derechos no supere dos millones de euros. e) Que la cifra de negocios anual no exceda de dos millones de euros en el momento de la declaración del concurso. 2. Los concursos de personas naturales que no desarrollen ninguna actividad empresarial o profesional tendrán la consideración de concursos de pequeño tamaño. Artículo 9. Concursos de tamaño medio. Se entenderá por concurso de tamaño medio aquel en el que concurran al menos tres de los siguientes requisitos: a) Que el número de trabajadores empleados se sitúe entre los 10 y los 49 en el momento de la declaración de concurso. b) Que la lista presentada por el deudor incluya entre 50 y 100 acreedores. c) Que la estimación inicial del pasivo sea superior a dos millones de euros e inferior a 20 millones de euros. d) Que la valoración inicial de los bienes y derechos sea superior a dos millones de euros e inferior a 20 millones de euros. e) Que la cifra de negocios anual sea superior a dos millones de euros e inferior a los 10 millones de euros en el momento de la declaración del concurso. Artículo 10. Concursos de gran tamaño. 13
14 Se entenderá por concurso de gran tamaño aquel en el que concurran al menos tres de los siguientes requisitos: a) Que el número de trabajadores empleados sea igual o superior a los 50 en el momento de la declaración de concurso. b) Que la lista presentada por el deudor incluya más de 100 acreedores. euros. c) Que la estimación inicial del pasivo sea igual o superior a 20 millones de d) Que la valoración inicial de los bienes y derechos sea igual o superior a 20 millones de euros. e) Que la cifra de negocios anual sea igual o superior a 10 millones de euros en el momento de la declaración del concurso. Artículo 11. Especialidades en la clasificación por tamaño de los concursos a efectos de la designación de la administración concursal. Independientemente de su tamaño conforme a la clasificación del artículo anterior, se considerará que un concurso es de gran tamaño a los efectos de la designación de la administración concursal cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: a) Al menos una cuarta parte del valor de los bienes y derechos que figuren en el inventario presentado por el deudor corresponda a bienes que estén fuera del territorio español, siempre que el valor total del inventario sea superior a los diez millones de euros. 14
15 b) El número de establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas de bienes o de servicios que figuren en el inventario presentado por el deudor fuera superior a diez o, al menos, tres de ellos radiquen en distintas provincias. c) El concursado hubiera emitido valores que estén admitidos a cotización en mercados secundarios oficiales o plataformas multilaterales de negociación. d) El concursado fuera una entidad de crédito o de seguros. e) El concursado fuera una entidad sometida a supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. f) Cuando se tramiten ante el juez expedientes de modificación sustancial de las condiciones de trabajo o de suspensión o extinción colectiva de las relaciones laborales, de conformidad con el artículo 64 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, siempre que el deudor concursado tenga más de 50 trabajadores. g) En el caso de concursos conexos. h) Se trate de una sociedad en la que la participación pública alcance, al menos, del 10 por ciento del capital o de los derechos de voto. i) Cuando el concursado tenga atribuida la gestión de servicios públicos. Artículo 12. Requisitos para la designación como administrador concursal en los concursos de tamaño medio. Podrá ser designado para los concursos de tamaño medio en la circunscripción de un juzgado determinado el administrador concursal que acredite, además del cumplimiento de los requisitos establecidos en el capítulo I, su nombramiento en al menos cinco ocasiones como administrador concursal en concursos de tamaño 15
16 pequeño. Además, el administrador concursal deberá ser persona jurídica o persona natural, siempre que en este último caso acredite que cuenta con, al menos, con un colaborador o, en su defecto, que solicite la designación de un auxiliar delegado, en ambos casos que complementen su especialidad. Artículo 13. Requisitos para la designación como administrador concursal en los concursos de gran tamaño. 1. Podrá ser designado para los concursos de gran tamaño en la circunscripción de un juzgado determinado el administrador concursal que acredite su nombramiento como administrador concursal en, al menos, cinco concursos de tamaño medio y que, además, cuente con estructura o equipo de trabajo disponible y adecuada a la complejidad del concurso, los cuales se destinarán de manera efectiva al desarrollo de las funciones de la administración concursal. 2. Se entenderá que concurren los medios materiales y humanos adecuados en aquellos administradores concursales cuando se cuente con un equipo multidisciplinar compuesto, al menos, por 10 profesionales con experiencia en los ámbitos jurídico y económico o en gestión y administración de empresas. CAPÍTULO III Régimen de retribución de la administración concursal SECCIÓN 1ª. DISPOSICIONES GENERALES Artículo 14. Retribución de la administración concursal. 1. La intervención en el concurso de la administración concursal será retribuida con cargo a la masa activa con sujeción a arancel conforme a lo que resulte de la aplicación de este real decreto. 16
17 2. El ejercicio de las funciones atribuidas por el convenio a la administración concursal será retribuido sin sujeción a arancel conforme a lo establecido en el propio convenio. Artículo 15. Regla de la exclusividad. 1. Por su intervención en el concurso, la administración concursal, cualquiera que sea el número de sus miembros, no podrá percibir con cargo a la masa activa cantidades distintas de las que resulten de la aplicación de este real decreto. 2. Las cantidades correspondientes a las costas a cuyo pago sea condenada la parte contraria en aquellos procedimientos judiciales en los que intervenga la administración concursal, bien en propio nombre, bien en representación del concursado, se integrarán en la masa activa, sin que la administración concursal tenga derecho a percibir cantidad alguna por este concepto. 3. La administración concursal no podrá exigir ni aceptar del concursado, de los acreedores o de terceros retribución complementaria o compensación de clase alguna, en dinero o en especie, por su intervención en el concurso. Artículo 16. Regla de la limitación. El límite máximo de las retribuciones que puede percibir la administración concursal con cargo a arancel por su intervención en el concurso se fija en la cantidad de euros o, si fuera menor, la que resulte de multiplicar el activo del deudor por un 4 por ciento, cualquiera que sea la cuantía de las masas activas y pasivas del concurso de acreedores. No obstante, el juez de manera motivada y oídas las partes, podrá aprobar una remuneración que supere el límite anterior cuando debido a la complejidad del concurso los costes asumidos por la administración concursal lo justifiquen, sin que en ningún caso pueda exceder del 50 por ciento de dicho límite. SECCIÓN 2ª. RETRIBUCIÓN EN LA FASE COMÚN DEL CONCURSO 17
18 Artículo 17. Cálculo de la base retributiva. 1. La base retributiva se calculará aplicando al valor de la masa activa y de la masa pasiva los porcentajes correspondientes establecidos en el anexo I de este real decreto. 2. El valor de las masas activa y pasiva será el que resulte de inventario y la lista de acreedores definitivos. Hasta que el inventario y la lista de acreedores tengan carácter definitivo, el cálculo se realizará tomando como valor de la masa activa y pasiva los que figuren en el inventario y la relación de acreedores presentados por el deudor. 3. Si el valor del inventario y la lista de acreedores definitivos difirieran del inicialmente señalado por el deudor, el juez realizará el ajuste al alza o a la baja según proceda en la cuantía del arancel en el momento de abonar el último pago correspondiente a la fase común. 4. En el caso de concursos declarados conjuntamente o acumulados tramitados por una administración concursal única, a los efectos del cálculo de la remuneración de la administración concursal los porcentajes del anexo I se aplicarán sobre las masas activa y pasiva consolidadas de los deudores concursados. La distribución de la retribución entre los distintos concursos se efectuará de manera proporcional al peso de la masa activa y pasiva de cada deudor sobre las masas activa y pasiva consolidadas. Artículo 18. Ajustes sobre la base retributiva. La base retributiva se modificará atendiendo a las siguientes circunstancias: 18
19 a) Si el concursado tuviera suspendido el ejercicio de las facultades de administración y disposición sobre la masa activa, el juez podrá incrementar la cantidad resultante del cálculo de la base retributiva hasta en un 25 por ciento. b) Si se hubiera cesado o suspendido la actividad profesional o empresarial que viniera ejerciendo el deudor, o cuando esta cese o se suspenda, el juez reducirá la cantidad resultante del cálculo de la base retributiva hasta en un 25 por ciento. Si el cese o suspensión fueran parciales, el juez determinará el porcentaje de reducción. Cuando el juez acuerde durante la fase común el cambio de situaciones de intervención o de suspensión de las facultades de administración y de disposición del concursado sobre la masa activa, la variación en la retribución de este apartado deberá ser modificada por el juez de oficio o a solicitud de cualquier interesado. Los efectos del cambio de la cuantía de la variación se producirán a la fecha del auto que hubiera acordado la modificación de las situaciones de intervención o de sustitución, cualquiera que sea la fecha en que se modifique la retribución. c) Cuando exista una discrepancia de, al menos, un 25 por ciento entre el valor de los bienes y derechos que figuren en el inventario presentado por el deudor y el definitivamente aprobado, o entre el importe del pasivo que resulte de la relación de acreedores presentada por el deudor y la definitivamente aprobada, la cantidad que resulte por aplicación del arancel se incrementará hasta en un cinco por ciento. Todos los ajustes se calcularán de manera individual sobre la base retributiva resultante de la aplicación de las reglas del artículo anterior. Artículo 19. Incremento de la retribución por la especial complejidad del concurso. 1. La retribución del administrador concursal se incrementará en atención a la especial complejidad del concurso por concurrir los siguientes supuestos: 19
20 a) Cuando el número de acreedores concursales sea superior a b) Cuando, al menos, una cuarta parte del valor de los bienes y derechos que figuren en el inventario presentado por el deudor corresponda a bienes que estén fuera del territorio español, siempre que el valor total de estos sea superior a diez millones de euros. c) Cuando se tramiten ante el juez del concurso expedientes de modificación sustancial de las condiciones de trabajo o de suspensión o extinción colectiva de las relaciones laborales, que afecten a más de 50 trabajadores. d) Cuando el número de establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas de bienes o de servicios que figuren en el inventario presentado por el deudor fuera superior a diez o, al menos, tres de ellos radiquen en distintas provincias. e) Cuando el concursado hubiera emitido valores que estén admitidos a cotización en mercado secundario oficial. f) Cuando el concursado fuera entidad de crédito o de seguros. 2. La cantidad que resulte de la aplicación del arancel se incrementará hasta en un cinco por ciento por cada uno de los supuestos enumerados en el apartado anterior, sin superar en conjunto la regla de limitación del arancel. No obstante y dentro del mismo límite, en el supuesto de la letra a) del apartado anterior, el arancel se incrementará hasta un diez por ciento por cada acreedores reconocidos. 20
21 Artículo 20. Ajuste de la retribución de la fase común según la eficiencia de la administración concursal. La base retributiva resultado de la aplicación de los artículos 17 y 18 será reducida atendiendo a las siguientes circunstancias: a) La falta de cumplimiento de alguna de las obligaciones de la administración concursal de comunicación de los acreedores implicará una reducción de hasta el 50 por ciento en el siguiente pago que deba percibir. b) La resolución de impugnaciones sobre el inventario o la lista de acreedores en favor de los demandantes por una proporción igual o superior al 10 por ciento del valor de la masa activa o de la masa pasiva presentada por la administración concursal en su informe implicará una reducción de la misma proporción en el último pago de la retribución de la fase común. El valor de las impugnaciones a la masa activa se referirá al valor de los bienes y derechos cuya inclusión o exclusión se impugna o la diferencia en su avalúo. El valor de las impugnaciones a la lista de acreedores se referirá al valor de los créditos cuya inclusión o exclusión se impugna, al valor de los créditos cuya clasificación se impugna o a la diferencia en el avalúo. c) El incumplimiento de alguno de los plazos legalmente establecidos para el cumplimiento de las obligaciones de la administración concursal conllevará una reducción de hasta el 15 por ciento en el siguiente pago de la retribución. Artículo 21. Plazos para la percepción de la retribución. La retribución de la administración concursal correspondiente a la fase común se abonará de la siguiente forma: 21
22 a) El 25 por ciento de la retribución se abonará dentro de los cinco días siguientes al de la firmeza del auto que la fije. b) Otro 25 por ciento de la retribución se abonará dentro de los cinco días siguientes a la publicación del informe de la administración concursal en el Registro Público Concursal y en el tablón de anuncios del juzgado. Esta retribución podrá reducirse conforme a lo dispuesto en el artículo anterior. c) El 50 por ciento restante se abonará dentro de los cinco días siguientes al de la firmeza de la resolución que ponga fin a la fase común. Cuando proceda, este último abono contendrá los ajustes contemplados en esta sección. SECCIÓN 3ª. RETRIBUCIÓN EN LA FASE DE CONVENIO Artículo 22. Retribución durante la fase de convenio. La retribución de la administración concursal durante cada uno de los meses de duración de la fase de convenio será equivalente al cinco por ciento de la retribución aprobada con carácter definitivo para la fase común. En caso de aprobación judicial del convenio, el administrador concursal recibirá un pago adicional igual al 0,5 por ciento del valor del inventario definitivo. SECCIÓN 4ª. RETRIBUCIÓN EN LA FASE DE LIQUIDACIÓN Artículo 23. Cálculo de la base retributiva. 1. La elaboración del plan de liquidación será remunerada con una cantidad igual al 5 por ciento de la base retributiva de la fase común del artículo 17, con un máximo de euros. 22
23 2. La retribución de la administración concursal tras la aprobación del plan de liquidación se calculará como un porcentaje del valor del inventario definitivo. Dicho porcentaje será: a) Del 2 por ciento si la liquidación se completa durante los tres primeros meses desde la aprobación del plan de liquidación. b) Del 1,5 por ciento si la liquidación se completa durante los seis primeros meses desde la aprobación del plan de liquidación. c) Del 1 por ciento si la liquidación se completa durante los doce primeros meses desde la aprobación del plan de liquidación. La administración concursal no percibirá remuneración alguna a partir del decimotercer mes de la fase de liquidación, salvo que el juez de manera motivada y previa audiencia de las partes decida, atendiendo a las circunstancias del caso, prorrogar dicho plazo. Las prórrogas acordadas serán trimestrales y no podrán superar en total los seis meses. En caso de apertura de la fase de liquidación durante la tramitación la fase común, la retribución establecida se calculará sobre la base del valor provisional del inventario. Artículo 24. Ajuste de la retribución de la fase de liquidación según la eficiencia de la administración concursal. 1. Si se aprobara la transmisión de una unidad productiva o si el valor total de realización de los bienes y derechos en liquidación que componen el inventario fuera superior al 70 por ciento de su valor definitivo en el informe de la administración concursal, esta tendrá derecho a percibir un complemento del 0,5 por ciento del valor del inventario definitivo. 23
24 2. La cantidad a percibir por la administración concursal resultado de la aplicación del artículo anterior deberá ser reducida por el juez en las siguientes circunstancias: a) Si el administrador concursal incumpliera su obligación de comunicación de los informes de seguimiento de la liquidación recogida en el artículo 152 de la Ley Concursal, la retribución correspondiente a ese trimestre se reducirá hasta en un 50 por ciento. b) Si el juez, tras examinar el informe trimestral de seguimiento de la liquidación, apreciara una demora injustificada en el progreso de la liquidación imputable a la administración concursal podrá reducir la remuneración correspondiente a ese trimestre en, al menos, un 50 por ciento. Artículo 25. Plazos para la percepción de la retribución. 1. El pago por la elaboración del plan de liquidación se efectuará cuando este sea puesto de manifiesto en la Oficina judicial. 2. Los pagos desde la aprobación del plan de liquidación se efectuarán del siguiente modo: a) Si la liquidación se completa antes durante los tres primeros meses desde la aprobación del plan de liquidación, el total de la remuneración del artículo 23 se abonará en el momento de la presentación del informe final de la liquidación. b) Los pagos se efectuarán cada tres meses tras la presentación del informe trimestral de liquidación preceptivo. Si en el momento de la presentación del informe trimestral no hubiera concluido la liquidación, se abonará una cantidad igual al 0,25 por ciento del inventario del deudor. En el momento de la presentación del informe final de 24
25 la liquidación se abonará la cantidad restante hasta alcanzar la remuneración calculada según el artículo 23. c) El pago final correspondiente al cuarto trimestre desde la apertura de la fase de liquidación se abonará tras la presentación del informe final justificativo de las operaciones de liquidación. Artículo 26. Especialidades de la remuneración en la fase de liquidación de los concursos abreviados. 1. La retribución de la administración concursal durante la fase de liquidación en el procedimiento abreviado se calculará como un porcentaje del valor del inventario definitivo. Dicho porcentaje será: a) Del 2 por ciento si la liquidación se completa durante los tres meses siguientes a la aprobación del plan de liquidación. b) Del 1 por ciento si la liquidación se completa en el cuarto mes desde la aprobación del plan de liquidación. La administración concursal no percibirá remuneración alguna a partir del quinto mes de la fase de liquidación en el procedimiento abreviado, salvo que el juez de manera motivada y previa audiencia de las partes decida, atendiendo a las circunstancias del caso, prorrogar dicho plazo un máximo de tres meses. modo: 2. Una vez aprobado el plan de liquidación, los pagos se realizarán del siguiente a) Si la liquidación se completa antes durante los tres primeros meses desde la aprobación del plan de liquidación, el total de la remuneración del apartado anterior se abonará en el momento de la presentación del informe final de la liquidación. 25
26 b) Si en el momento de la presentación del informe trimestral de liquidación no se hubiera completado la liquidación, se abonará una cantidad igual al 1 por ciento del valor del inventario. El pago final se realizará tras la presentación del informe final justificativo de las operaciones de liquidación. La cantidad abonada será del 1 por ciento del valor del inventario. esta sección. 3. En todo lo demás, el esquema de retribución seguirá las reglas generales de SECCIÓN 5ª. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS Artículo 27. Retribuciones complementarias. Además de las que correspondan por aplicación de lo establecido en la sección anterior y siempre que no se supere el límite máximo de retribución previsto, la administración concursal tendrá derecho a percibir las siguientes cantidades complementarias: a) El uno por ciento del incremento neto del valor de la masa por el ejercicio de acciones de reintegración. b) El uno por ciento del incremento neto del valor de la masa por las condenas pecuniarias a personas afectadas por la calificación y a cómplices de concurso culpable. Artículo 28. Determinación de las retribuciones complementarias. 26
27 El juez del concurso determinará mediante auto el importe de cada una de las retribuciones complementarias a percibir, previo informe de la administración concursal a emitir una vez ingrese en la masa activa la cantidad correspondiente al cumplimiento voluntario o forzoso de la sentencia de reintegración o de calificación. SECCIÓN 6ª. DISTRIBUCIÓN DE LA RETRIBUCIÓN Artículo 29. Muerte del administrador concursal. 1. En caso de muerte del administrador concursal durante la fase común, la retribución correspondiente al fallecido y al nuevo administrador se determinará en proporción a número de días de ejercicio del cargo. acreedores. 2. La misma regla será de aplicación en las fases sucesivas del concurso de Artículo 30. Separación de la administración concursal. En caso de separación de la administración concursal o de uno de los administradores concursales, la administración o el administrador que hubieran sido cesados no estarán obligados a devolver las cantidades que hasta ese momento hubieran percibido con cargo a la masa y tendrán derecho a percibir las ya devengadas que estuvieran pendientes de pago, salvo que el juez, en la misma resolución en la que acuerde el cese, establezca otra cosa, consignando los motivos en los que funde su decisión. SECCIÓN 7ª. RETRIBUCIÓN DEL AUXILIAR DELEGADO 27
28 Artículo 31. Retribución del auxiliar delegado. La retribución del auxiliar delegado correrá, en todo caso, a cargo de la administración concursal. SECCIÓN 8ª. GARANTÍA DE LA RETRIBUCIÓN Y CUENTA DE GARANTÍA ARANCELARIA Artículo 32. Regla de la efectividad. En aquellos concursos que concluyan por insuficiencia de masa activa, la administración concursal tendrá derecho a percibir, con cargo a la cuenta de garantía arancelaria, la cantidad que anualmente resulte del prorrateo de las cantidades ingresadas en la cuenta de garantía arancelaria. Artículo 33. Apertura y régimen de la cuenta de garantía arancelaria. 1. En el Ministerio de Justicia se constituirá una cuenta de garantía arancelaria, que se dotará con las aportaciones obligatorias a realizar por los administradores concursales. La gestión de la cuenta se podrá encomendar a los Consejos Generales de la Abogacía Española y de Colegios de Economistas y del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, a los que de manera conjunta corresponderá el control de las aportaciones y la distribución de la cantidad resultante en aplicación de las normas de este real decreto, informando anualmente al Ministerio de Justicia de las cantidades ingresas en la cuenta y de las transferencias y su cuantía efectuadas con cargo a la misma. 2. La cuenta de garantía arancelaria dispondrá de los mecanismos adecuados de control, seguridad y supervisión; y deberá garantizar la autenticidad, confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos, permitir la disposición de fondos mediante la expedición de órdenes telemáticas de transferencia y 28
29 mandamientos de pago, así como proporcionar información sobre los movimientos y saldos de las cuentas. 3. Los administradores concursales comunicarán al encargado de la cuenta arancelaria, a través de la aplicación disponible en la sede electrónica del Ministerio de Justicia, el número de la cuenta corriente desde la que efectuarán sus aportaciones o recibirán las compensaciones que procedan. Artículo 34. Dotaciones. 1. Antes de la presentación del informe de rendición de cuentas, el administrador concursal deberá ingresar en la cuenta de garantía arancelaria la cantidad que resulte de aplicar los siguientes porcentajes: a) Un 5 por ciento de la remuneración obtenida cuando la cantidad efectivamente percibida se encuentre entre y euros. b) Un 10 por ciento por la remuneración percibida supere los euros 2. Quedan excluidos de la obligación de dotación de la cuenta los administradores concursales cuya retribución no alcance en su conjunto la cantidad de euros. 3. El administrador concursal deberá dar cuenta al secretario judicial del juzgado donde se tramita el concurso del importe ingresado, que lo comunicará a su vez al encargado de la cuenta de garantía arancelaria a fin de que verifique la realidad de la aportación. Si el administrador concursal no efectúa el ingreso o no da cuenta de haberlo realizado, será apercibido por el secretario judicial para que efectúe el ingreso en un plazo máximo de cinco días. Si no lo hiciere, no podrá volver a ser designado 29
30 administrador concursal mientras no efectúe las aportaciones que le correspondan a la cuenta de garantía arancelaria. 4. El secretario judicial comunicará al encargado de la cuenta de garantía arancelaria, por medios electrónicos, las retribuciones percibidas o dejadas de percibir resultantes de la rendición de cuentas de la administración concursal. Artículo 35. Cuantía de las retribuciones con cargo a la cuenta de garantía arancelaria. 1. La cantidad máxima que podrá percibirse con cargo a la cuenta de garantía arancelaria por concurso será igual a la diferencia entre la remuneración efectivamente percibida y la que le hubiera correspondido conforme al arancel de la administración concursal. De esta cantidad se deducirán, en su caso, las cantidades que hubieran debido destinarse a la propia cuenta de garantía arancelaria y, en todo caso, con el límite que resulte de dividir el total ingresado en la cuenta de garantía arancelaria durante un año, más el remanente de años anteriores si lo hubiere, entre el número de administradores con derecho a cobrar de la cuenta. Si lo ingresado en la cuenta de garantía arancelaria para su distribución anual no cubriese la retribución total debida a los administradores, la cantidad máxima a percibir por cada uno de ellos con cargo a la cuenta guardará la misma proporción que represente el total ingresado en dicha cuenta sobre el total pendiente de pago. 2. El encargado de la cuenta de garantía arancelaria determinará la cuantía de los pagos que se llevarán a cabo con cargo a la cuenta de garantía arancelaria en función del saldo existente a 15 de diciembre de cada año y ordenará que se lleven a cabo las órdenes de transferencia a las cuentas indicadas por la administración concursal de forma electrónica y automática, mediante la aplicación informática, a lo largo del mes de enero del año siguiente a aquel en el que se generó el derecho. 30
31 4. Si una vez efectuados los pagos existiera un remanente, este se conservará para financiar los pagos que deban hacerse en el futuro. Artículo 36. Rendición de cuentas. 1. En el escrito de rendición de cuentas la administración concursal y, si existieran, el auxiliar o auxiliares delegados, especificarán las cantidades ingresadas en la cuenta de garantía arancelaria y las fechas de ingreso, y acompañarán los justificantes. 2. El administrador concursal rellenará el formulario del anexo II, proporcionando toda la información prevista en el mismo y remitiéndolo tanto al juez del concurso como al Registro Público Concursal, cuando cumplimente el informe que le corresponde presentar a los dos meses de su aceptación del cargo y a la finalización del concurso. SECCIÓN 9ª. RETRIBUCIÓN DEL MEDIADOR CONCURSAL Artículo 37. Retribución en el acuerdo extrajudicial de pagos. El mediador concursal percibirá por su intervención en los procedimientos para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos la cantidad que resulte de la aplicación de las siguientes reglas: a) La base de remuneración del mediador concursal se calculará aplicando sobre el activo y el pasivo del deudor los porcentajes establecidos en el anexo I de este real decreto. b) Si el deudor fuera una persona natural sin actividad económica, se aplicará una reducción del 70 por ciento sobre la base de remuneración de la letra anterior. 31
32 c) Si el deudor fuera una persona natural empresario, se aplicará una reducción del 50 por ciento sobre la base de remuneración de la letra a). d) Si el deudor fuera una persona jurídica, se aplicará una reducción del 30 por ciento sobre la base de remuneración de la letra a). e) Si se aprobara el acuerdo extrajudicial de pagos, se aplicará una retribución complementaria igual al 0,25 por ciento del activo del deudor. Disposición adicional única. Evaluación de resultados. Dentro de los tres años siguientes a la fecha de entrada en vigor de este real decreto, el Gobierno, previa consulta al Consejo General del Poder Judicial y a las organizaciones representativas de los colectivos profesionales mayoritarios en la administración concursal, procederá a evaluar los resultados de la aplicación de las normas en él contenidas. Disposición transitoria única. Régimen transitorio para la designación de la administración concursal. 1. Hasta la puesta en funcionamiento de la designación por turno correlativo del listado de la sección cuarta del Registro Público Concursal, la designación de administrador concursal se continuará efectuando por el juez. Cuando el Registro Público Concursal ponga a disposición de los juzgados el listado de la sección cuarta, este sustituirá a los listados de los decanatos. 2. Quienes con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto hubieran sido designados en, al menos, tres concursos podrán seguir siendo designados como administradores concursales, siendo inscritos provisionalmente en la sección cuarta del Registro Público Concursal, pero deberán superar el examen de aptitud profesional en un plazo máximo de tres años. 32
33 3. No obstante lo anterior, no se exigirá la superación del examen de aptitud profesional a aquellos administradores concursales que acrediten haber sido designados en, al menos, 20 concursos ya concluidos. Si al menos 10 de esos concursos hubieran sido ordinarios, el administrador concursal podrá incorporarse al listado de administradores concursales de concursos de gran tamaño siempre que cumpla además con los requisitos del artículo 13.2 y si fueran al menos 5, al listado de administradores concursales de concursos medianos. En este caso, para su inscripción en el listado de la sección cuarta del Registro Público Concursal, se deberá acreditar ante el colegio correspondiente las designaciones en concursos ya concluidos, que emitirá un certificado electrónico. Disposición derogatoria única. Derogación del Real Decreto 1860/2004, de 6 de septiembre. Queda derogado el Real Decreto 1860/2004, de 6 de septiembre, por el que se establece el arancel de derechos de los administradores concursales. También quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango resulten contradictorias e incompatibles con la regulación que se contiene en este real decreto. Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 892/2013, de 15 de noviembre, por el que se regula el Registro Público Concursal. Uno. Se modifica el punto III preámbulo: «III 33
PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE DESARROLLA EL ESTATUTO DE LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL PREÁMBULO --.
Madrid, 23 de febrero de 2015 PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE DESARROLLA EL ESTATUTO DE LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL PREÁMBULO El administrador concursa! desempeña un papel esencial en el procedimiento