Source: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/nov/20091113-V.html
Timestamp: 2018-01-22 18:20:25
Document Index: 91035226

Matched Legal Cases: ['artículo 17', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 51', 'artículo 56', 'artículo 1', 'artículo 58', 'artículo 58', 'artículo 73', 'artículo 74', 'artículo 58', 'artículo 123', 'artículo 94', 'artículo 123', 'artículo 123', 'artículo 74', 'artículo 5', 'artículo 97', 'artículo 97', 'artículo 5', 'artículo 58', 'artículo 4', 'artículo 11', 'artículo 43', 'artículo 49', 'artículo 11', 'artículo 43', 'artículo 49', 'artículo 11', 'artículo 43', 'artículo 49', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 30', 'artículo 30', 'artículo 30', 'artículo 30', 'artículo 2', 'artículo 10', 'artículo 2', 'artículo 10', 'artículo 2', 'artículo 10', 'artículo 2', 'artículo 10']

Gaceta Parlamentaria, número 2888-V, viernes 13 de noviembre de 2009
Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, número 2888-V, viernes 13 de noviembre de 2009.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sener y a la CFE a hacer efectiva con la mayor brevedad la reducción de las tarifas eléctricas en Chiapas, a cargo de la diputada Magdalena Torres Abarca, del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a elaborar suficientes programas de otorgamiento de microcréditos a las pequeñas y medianas empresas, a cargo de la diputada Blanca Estela Jiménez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a informar a esta soberanía sobre el número de patentes vencidas y el estado que guarda la publicación de sus perfiles de referencia, a cargo del diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Querétaro de Arteaga a cumplir el convenio de servidumbre legal de acueducto y de paso para conducción de energía eléctrica celebrado por esa entidad en favor de Maconí, en Cadereyta de Montes, a cargo del diputado Balfre Vargas Cortez, del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los integrantes de esta soberanía a destinar 10 por ciento de su dieta bruta a constituir un fideicomiso que dirija lo recaudado a acciones socialmente concretas de corto alcance, a cargo del diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del PVEM
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a instruir a la Auditoría Superior de la Federación a fin de que informe mensualmente a los diputados de los partidos minoritarios sobre las revisiones que se soliciten para verificar el avance detallado del ejercicio presupuestal, a cargo del diputado Alejandro Gertz Manero, del Grupo Parlamentario de Convergencia
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador y al Congreso de Guerrero a realizar el análisis y estudio correspondientes para evaluar la creación de la octava región del estado, a cargo del diputado Cuauhtémoc Salgado Romero, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de Colima a informar a esta soberanía mediante el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental sobre la operación de compraventa de un terreno de la zona La Boquita que realizaron el gobierno del estado y Puerto Santiago Manzanillo, S de RL, a cargo del diputado Leoncio Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, relativo a la preservación ecológica de Mazapil, Zacatecas, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al titular de la Segob a destinar mayores recursos del Fondo de Desastres Naturales para atender la urgencia que Tabasco presenta por las lluvias torrenciales, a cargo de la diputada María Estela de la Fuente Dagdug, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, sobre el retiro inmediato de los mensajes de la LXI Legislatura en que se omiten la pluralidad y divergencia de posturas de los grupos parlamentarios, a cargo del diputado Mauricio Toledo Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al titular de la Segob a destinar mayores recursos del Fondo de Desastres Naturales para atender la urgencia que Veracruz presenta por las lluvias torrenciales, a cargo del diputado Luis Antonio Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a fijar para 2010 un incremento sustancial que redunde en beneficio de los trabajadores, que satisfaga efectivamente las necesidades normales de la vida de éstos y sus familias en el orden material, social y cultural, y que permita proveer la educación obligatoria de los hijos, respetando en todo momento la dignidad de la clase laboral, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, relativo a la situación financiera del Instituto Mexicano del Seguro Social, a cargo del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejerza la facultad de investigación sobre violaciones de garantías individuales por la extinción de Luz y Fuerza del Centro, a cargo del diputado Mauricio Toledo Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, por el que se solicita que se asignen, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, mayores recursos para la Universidad del Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas, la Universidad Autónoma de Chiapas y para la creación de la Unidad Regional Universitaria Sureste de la Universidad Autónoma de Chapingo en el estado de Chiapas, a cargo del diputado Ovidio Cortazar Ramos, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, para exhortar respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, se etiquete de manera explícita el recurso que se le destina a la Conade para el ejercicio fiscal respectivo y a ésta para que haga la entrega mensual del reconocimiento económico vitalicio a los medallistas olímpicos y paralímpicos, a cargo de la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejia, del Grupo Parlamentario de Convergencia.
A las Comisiones Unidas de Justicia, y de Derechos Humanos, a solicitud del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, a solicitud del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
Con motivo del 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes, a cargo de la diputada María del Pilar Torre Canales, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
La suscrita, diputada del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrante de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Desde el año del 2007, diversas organizaciones civiles y defensoras de los derechos humanos, pueblos y comunidades del estado de Chiapas han manifestado su rechazo al alto cobro de las tarifas eléctricas. Asimismo, fuentes periodísticas han dado cuenta, cuando menos desde abril de 2007, de los compromisos expresados por la doctora Georgina Kessel Martínez, secretaria de Energía, para reducir, a la brevedad, el precio de la electricidad en el estado de Chiapas.
En tal sentido, el gobierno de Chiapas y las autoridades municipales no han sido omisos en la atención de esta sentida demanda de la población chiapaneca, intercediendo ante los funcionarios de la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad para apresurar la aprobación de tarifas de energía eléctrica a la baja. Del mismo modo, en el Congreso de la Unión se han presentado y aprobado puntos de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a realizar la revisión integral de las tarifas eléctricas que se aplican en el estado de Chiapas, proposiciones que no han obtenido la debida respuesta.
En el mes de octubre de 2009, el director general de la Comisión Nacional del Agua Región Frontera Sur expresó, para un medio informativo local, que a partir de este año procederá el ajuste de la tarifa eléctrica para el centro de Chiapas, en razón de que la dependencia ha enviado al gobierno del estado la retabulación de tarifas para hacer la solicitud a la Comisión Federal de Electricidad, proceso que si bien es aceptable se considera insuficiente pues el problema atañe a toda la entidad.
Los argumentos a favor de tal petición son determinantes. En principio, por que el estado de Chiapas es el productor del 30.0 por ciento de la energía eléctrica en nuestro país, las presas hidroeléctricas de Chicoasén, La Angostura, Malpaso y Peñitas tienen capacidad de generación para abastecer a varios estados de la República y países vecinos. Sin embargo, resulta paradójico que en estas entidades receptoras el cobro de luz sea inferior al que se aplica en Chiapas.
En el estado de Chiapas se registran temperaturas elevadas y altos índices de humedad, siendo la temperatura promedio de 30 a 38 grados centígrados, por lo que se requiere de ventilación y enfriamiento en forma permanente siendo el consumo de electricidad superior al de otras entidades de la república.
Asimismo, se ha detallado, mediante diversos estudios de los medidores de luz que utiliza la CFE, que las especificaciones de los medidores no están diseñados para operar correctamente a altas temperaturas. Para un correcto funcionamiento de éstos, deberían enfrentarse a una temperatura ambiente de 30 grados centígrados, ya que en el medidor ésta se incrementa 25 por ciento respecto a la temperatura ambiente, lo que afecta a miles de consumidores en Tuxtla Gutiérrez y gran parte de los municipios del Soconusco y Frailesca. Además, se debe considerar que en el estado de Chiapas se registran altos niveles de marginación social y bajos ingresos, su pobreza extrema es tres veces mayor que el promedio nacional, lo que hace para muchos de sus habitantes imposible poder cubrir los altos cobros que exige la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Se encuentra documentado que en las entidades del sureste del país, como Chiapas, poco se ha logrado avanzar en el combate a la pobreza y marginación y que a esta situación se suman desempleo, migración y en general falta de oportunidades para sus habitantes. Ante este escenario resulta preocupante la falta de sensibilidad cuando se incrementan las tarifas eléctricas por parte de la CFE.
Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito someter, a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre poderes, exhorta a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a hacer efectiva, a la brevedad, la reducción integral de las tarifas eléctricas que se aplican en el estado de Chiapas.
Segundo. Asimismo se acuerda solicitar a la Secretaría de Energía que proceda a realizar una reunión con una comisión plural de Diputados y con el director general de la Comisión Federal de Electricidad para analizar los precios y tarifas de energía en el estado de Chiapas, planteados en el presente punto de acuerdo. Una vez concluido el análisis que sus conclusiones se entreguen a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.
Diputada Magdalena Torres Abarca (rúbrica)
De conformidad por lo dispuesto en los artículos, 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y la normatividad aplicable, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo:
El principal indicador macroeconómico hace referencia a un decrecimiento real del producto interno bruto (PIB) a partir del segundo trimestre de 2008, pero en consecuencia sucede el decrecimiento de los sectores económicos; conflicto que se expande de manera alarmante a partir del cuarto trimestre del 2008 y según indicadores el primero durante 2009, dando con esto un valor real al PIB, el cual se redujo en una tasa anual de 8.2 por ciento equivalente a una disminución por trimestre del 5.9 por ciento estas son cifras ajustadas por estacionalidad.
De los sectores económicos se registró una tasa positiva de crecimiento del 1.4 por ciento en el primer trimestre, por la superficie cosechada de una mayor producción de cultivos tales como maíz, grano, cebolla, avena, forraje, sorgo y mango, informes estadísticos según la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en tanto el Sector Industrial registro una caída anual del 9.9 por ciento fundamentalmente por el decrecimiento del 13 por ciento de la producción de manufactura y del 7 por ciento en la industria de la construcción.
Dentro del sector servicios se contrajo 7.8 por ciento por la caída del comercio, que observó una reducción anual del 17.2 por ciento, por servicios inmobiliarios y alquiler cayeron en una tasa anual del 1.6 por ciento la disminución de las actividades de correos de transportes y almacenamientos a una tasa anual del 10.3 por ciento, mostrándonos con esto que los indicadores referidos nos señalan que el primer trimestre es complicado el escenario; para el segundo trimestre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estima que durante este periodo de 2009 el valor real del PIB ha caído a una tasa de 10.4 por ciento, por el adverso entorno internacional, también la SHCP señala que el brote de la influenza A (H1N1), durante el mes de abril y mayo afecto actividades en varios sectores y regiones, causando con esto el decrecimiento de la nación y dejando sin empleo a muchos mexicanos.
En materia de empleo, al 30 de junio de 2009 el número de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se situó en 13 millones 793 mil personas, con una reducción anual de 596 mil plazas (4.1 por ciento); durante el segundo trimestre de 2009 la tasa de desocupación fue de 5.24 por ciento de la población económicamente activa, mientras que en el 2008 fue de 3.47 por ciento.
Con estos indicadores que nos proporciona la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no queda más que la promoción de programas de apoyo a las micro y medianas empresas con el otorgamiento de microcréditos, acompañados de capacitación microfinanciera, que eleve su competitividad económica y su volumen de ventas; no olvidemos que gran parte de la población económicamente activa se debe a esta generación de empleos, que aportarían un alto consumismo interno, con lo cual estarían contribuyendo al crecimiento de una tasa superior al 5 por ciento, ya que para lograr esto debemos tener una inversión sostenida de por lo menos 25 por ciento del PIB, según datos del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, A C (no olvidemos que algunos países asiáticos invierten alrededor del 40 por ciento de su PIB), para el mejor desarrollo económico y social de sus habitantes, la inversión es productividad, desarrollo, empleo, competitividad y causa estabilidad.
Por lo anterior, expongo
Primero. Se exhorta al gobierno federal a elaborar los suficientes programas de otorgamiento de microcréditos a las micro, pequeñas y medianas empresas.
Segundo. Que los programas sean operados por la Secretaría de Encomia directamente con el solicitante.
Tercero. Que los microcréditos proporcionados sean blandos al microempresario.
Palacio Legislativo, a 13 de noviembre de 2009.
Diputada Blanca Estela Jiménez Hernández (rúbrica)
El suscrito, diputado federal José Erandi Bermúdez Méndez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y al órgano denominado Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) para que informen sobre el estado que guardan los perfiles de referencia de las patentes vencidas para el registro de plaguicidas y nutrientes vegetales, al tenor de la siguiente
Conforme a la Ley General de Salud, la Secretaría de Salud ejercerá las atribuciones de regulación, control y fomento sanitario, una de estas atribuciones es el control sanitario de productos, servicios y de su importación y exportación y de los establecimientos dedicados al proceso de los productos.
Para esta función es creado el órgano desconcentrado llamado Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, conforme a lo establecido por el artículo 17 Bis de la Ley General de Salud, la cual tiene en sus atribuciones el Expedir certificados oficiales de condición sanitaria de procesos, productos, métodos, instalaciones, servicios o actividades relacionadas con las materias de su competencia
Para cumplir con dicha función la Cofepris publicó el pasado 28 de diciembre de 2004, en el Diario Oficial de la Federación, el Reglamento en Materia de Registros, Autorización de Importación y Exportación, y Certificados de Exportación de Plaguicidas, Nutrientes Vegetales, Sustancias y Materiales Tóxicos o Peligrosos, de la Ley General de Salud.
En su artículo 12 establece dos modalidades para poder registrar un plaguicida o nutriente vegetal:
La primera es para los plaguicidas que pretendan ser registrados por primera vez en México, para lo cual se requiere la presentación de información física, química y toxicológica que incluyen estudios a corto, mediano y largo plazo, así como ecotoxicológica del ingrediente activo del plaguicida o nutriente vegetal del que se realiza el tramite, de tal forma que la autoridad pueda determinar su riesgo a la salud y al ambiente, así como su efectividad para ser usado como un producto para el control de plagas y enfermedades en la agricultura, en el hogar o en la industria.
La segunda modalidad es el registro de plaguicidas o nutrientes vegetales cuyo ingrediente activo ya cuenta con un registro previo en México. En este caso, el reglamento, en su artículo 12, fracciones XI y XII, establece un procedimiento denominado de "equivalencia", el cual establece las formas de comparación que se pueden dar entre dos productos: uno establecido como perfil de referencia cuyas características, composición e información sirven de base y contra la cual se compara un producto a registrar de diferente origen, cuya equivalencia se fundamenta en el hecho de que productos que cuentan con composición química similar establecidos bajo ciertos criterios de variación.
Para obtener este registro por equivalencia, es necesario, en principio, establecer el producto que sirva como "perfil de referencia", que será el estándar sobre el cual se deberán comparar los demás productos de diferente origen que pretendan registrarse como equivalentes.
Por la naturaleza de los productos plaguicidas y/o nutrientes vegetales y la toxicidad que pudieran representar, se hace necesario que la empresa que desarrolla y registra originalmente el plaguicida en cuestión, realice los estudios establecidos en el Reglamento que demuestren que este puede ser usado para el control de plagas, enfermedades o malezas que afectan a los cultivos y este mismo se encuentre dentro de los parámetros toxicológicos y ecotoxicológicos que las autoridades competentes determinen.
Bajo el esquema que el Reglamento establece, es fundamental que la autoridad establezca cuales serán las características, composición e información que define a los perfiles de referencia que servirán de base para poder iniciar el proceso de registro por equivalencia, información de un producto que teóricamente debe estar en poder de la autoridad al haber ésta otorgado por primera vez un registro del plaguicida referido.
A la fecha se tiene conocimiento que existen 350 patentes de productos plaguicidas o nutrientes vegetales vencidas, de las cuales solo 38 perfiles de referencia han sido publicadas, la última publicación a la que se tiene acceso es la encontrada en la página electrónica de la Cofepris, marcada con fecha, 16 de julio de 2009. Si tomamos en cuenta el tiempo transcurrido desde la entrada en vigor del Reglamento en Materia de Registros, Autorización de Importación y Exportación, y Certificados de Exportación de Plaguicidas, Nutrientes Vegetales, Sustancias y Materiales Tóxicos o Peligrosos, de la Ley General de Salud publicado en el año de 2004, se hace notar la lentitud con la que se ha venido dando este proceso y la imposibilidad de realizar registros mientras esta situación no se regularice.
Con la publicación de todos perfiles de referencia, se aumentaría la competitividad de las empresas mexicanas al poder entrar al mercado la venta de insumos, con los productos cuya calidad sería igual a la de los que ya se encuentran registrados. Pero el beneficio de mayor impacto se daría a nivel de los productores: Agricultores de grano, de hortalizas, etcétera, ya que el precio, de sus insumos en algunos casos sería hasta el 50 por ciento menos del valor actual.
El sector agropecuario como todos los sectores productivos en México, necesita reactivar su economía, esta acción que tenemos la oportunidad de impulsar ayudaría de forma real a quienes producen los alimentos de este país.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, el siguiente
Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud, y al órgano denominado Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para que informen a esta soberanía, el número de patentes vencidas y el estado que guarda la publicación de sus perfiles de referencia.
El que suscribe, diputado Balfre Vargas Cortez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Primera. La delegación de Maconí, situada en el municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro, se remonta en sus orígenes como una población minera por excelencia, lugar resguardado por elevadas montañas de cuyas entrañas se ha extraído oro, plata, cobre, plomo y zinc, con diferentes fines, tanto rituales como comerciales, desde la época prehispánica hasta la actualidad. Sin dejar de mencionar las cristalinas aguas del arroyo de Maconí, que van a dar al río Moctezuma, cruzando por en medio de las casas.
Entre este recuerdo casi fugaz de su esplendor minero, en Maconí la incomunicación, la carencia de servicios básicos y el apoyo oficial nulo la han convertido en un pueblo casi fantasma, de no ser por los hombres y mujeres de la comunidad que han cruzado la frontera en busca de una oportunidad.
Segunda. Ante este panorama geográfico de la región, el gobierno de Querétaro, entonces gobernado por Francisco Garrido Patrón, celebró contrato de servidumbre legal de acueducto y de paso para conducción de energía eléctrica con la comunidad de Maconí en marzo de 2007, cuyos propósitos son la construcción de la infraestructura carretera que permitirá el acceso a la a la zona donde se llevan a cabo las obras del denominado Acueducto II, situadas en el cañón del río Moctezuma, cuya finalidad es abastecer de agua a la ciudad de Querétaro, para lo cual se determinó en calidad de pago en especie a favor de la localidad de Maconí, entre otras, como indemnización, una serie de apoyos, recursos, edificaciones y obras que han sido incumplidas, incluso, por el actual gobierno estatal en turno, a cambio de ceder 42.5 hectáreas de la zona piñonera.
En la cláusula segunda de dicho convenio las autoridades gubernamentales se comprometieron a culminar las obras pactadas como indemnización a más tardar el 31 de diciembre de ese mismo año 2007, sin que, a casi dos años, hayan dado cumplimiento a lo que se obligaron legalmente, resultando en un claro perjuicio de gran magnitud a la habitantes de la delegación municipal de Maconí y sus comunidades.
Tercera. Sustancialmente lo que los habitantes de esta localidad exigen es el cumplimiento, por parte del gobierno de Querétaro, del contrato de servidumbre de paso de acueducto y de paso para conducción de energía eléctrica en lo relativo a la indemnización a favor de la comunidad, como lo son, entre las más apremiantes, que el servicio de agua potable llegue a todos los domicilios de las 18 comunidades de Maconí, pues no puede ser posible que se pretenda abastecer de agua a la ciudad de Querétaro, traída desde esta localidad y que su propia gente, a la que cito, "solamente se quede viendo el tubo por donde pasa", careciendo de este vital líquido; la construcción de tres caminos en las localidades de El Hortelano, La Luz, La Onda y solares, la construcción de la red de energía eléctrica en las localidades de El Hortelano, La Luz y La Onda, y la construcción de una bodega forrajera, obras hasta la fecha incumplidas.
Asimismo, el cumplimiento de las obras y servicios comprometidos en las siguientes localidades: la entrega de 18 plantas solares y la sustitución de las que salieron defectuosas o de mala calidad en La Joya; la entrega de 3 plantas solares en tierras coloradas; la construcción de red de agua en El Hortelano; colocación de la tubería y bombas de distribución en El Hurache; la entrega de 4 plantas solares y la sustitución de las que salieron defectuosas o de mala calidad en el torno; la sustitución de la tubería mal colocada en Martínez; la sustitución de la tubería mal colocada y la construcción de un camino en El Hortelano; la terminación de los tanques de almacenamiento en Los Lirios; la colocación de 2 postes de luz y la colocación de los cabes para electrificación correspondientes, y la sustitución de las plantas solares defectuosas en La Blanca; la colocación de tanques de almacenamiento y la colocación de tubería en el devisadero; la reparación por los daños ocasionados con motivo de los trabajos de construcción para la ampliación de la carretera en Rancho Viejo; la instalación de la red de conducción al tanque de almacenamiento, la reubicación de las tomas de agua que se encuentran lejos de los domicilios, la terminación del techado de la cancha de la escuela, terminación de la capilla y la rehabilitación del camino de Maconí a Piñones; la instalación del tanque de captación y construcción del tanque de almacenamiento, reubicación de las tomas de aguas que quedaron hasta 200 metros de distancia de los domicilios, la entrega de la planta potabilizadora en El Divino Pastor; la terminación de la instalación de las tuberías, instalación de los tanques de almacenamiento y terminar las cancha de básquetbol en Santo Tomás; adecuada distribución domiciliaria de las tomas de agua en La Mesa; redistribución de la red de tubería que se situaron lejos de las viviendas en cerro Colorado; instalación de red de electrificación, instalación de rampas a viviendas y terminación del camino en Maconí centro; la instalación de cable de luz y medidores en la red de electrificación y tuberías en Pinitos; reubicación de viviendas e instalación de luz eléctrica en las mismas en la Lomita; reubicación de las tuberías, tanques de almacenamiento y distribución domiciliaria, y la construcción de las represas en La Mora; todas estas obras y servicios no cumplidas.
Entre las quejas más recurrentes por parte de estas localidades es que los apoyos y recursos entregados han sido parciales y deficientes como es el caso de las plantas solares las cuales resultaron defectuosas y de mala calidad, en el caso de las que se entregaron.
Asimismo las obras de infraestructura carretera han afectado alrededor de 600 hectáreas propiedad de 697 comuneros, resultando la más afectada la localidad de Piñones, ya que los desechos por donde pasa la tubería de la presa derivadora hacia el túnel destrozó terrenos agrarios de la comunidad de Maconí, trabajos con los que además se han derribado árboles de 200 hectáreas, provocando un irreversible daño al impacto ecológico de la región, por lo que es urgente replantearse la modificación del contrato de servidumbre para incluir medidas preventivas, protectoras y correctoras necesarias para eliminar o disminuir los efectos de los trabajos en cuestión.
Cuarta. Aunque los convenios con el gobierno del estado se firmaron en 2007, la administración pasado jamás inició las acciones comprometidas, a pesar que el ex mandatario de la entidad se ufanó de que las obras las entregaría concluidas antes de finalizar su sexenio; lo que incluso fue reconocido por las propias autoridades que iniciaron funciones el pasado 1 de octubre del presente año. Por lo que es urgente que el gobierno estatal cumpla inmediatamente con una de las necesidades más apremiantes para la localidad como lo es la de dotar de agua potable a todos los habitantes de la delegación municipal de Maconí, que comprende 22 comunidades, ya que resulta incongruente que se pretenda extraer de la región mil quinientos litros por segundo para dotar a los capitalinos y cumplir los compromisos del gobierno, de dar el servicio a los crecientes fraccionamientos que se están dando en la ciudad, y dejar en el olvido gubernamental a estas comunidades que sufren las pobreza extrema y el saqueo de sus recursos naturales, sin que esto represente beneficios reales para sus habitantes.
Quinta. Es por ello que esta Cámara de Diputados exhorta al gobernador de Querétaro, Antonio Pérez Barrera, a dar cumplimiento inmediatamente a los convenios firmados en favor de la delegación municipal Maconí, municipio de Cadereyta de Montes, haciendo efectiva la cláusula relativa a la pena convencional, consistente en el pago de 20 por ciento del importe de la contraprestación no ejecutada en tiempo, pues, sobra decir, el gobierno estatal ha incumplido los tiempos a los que se comprometió legalmente, inicialmente fijados como fecha límite el 31 de diciembre del 2007. Asimismo para que por conducto de las autoridades correspondientes instalen una mesa de trabajo en conjunto con los habitantes de la comunidad de Maconí a efecto de que se supervisen y analicen las obras y servicios pendientes de darle cumplimiento, manteniendo un diálogo permanente con las comunidades, mediante la toma de acuerdos revisables mensualmente que verifique sus avances dando prioridad a resolver las necesidades más apremiantes de los habitantes que les garantice una mejor calidad de vida para toda esta región.
Por lo expuesto y fundado, se propone a esta soberanía la siguiente proposición con
Primero. La Cámara de Diputados de este honorable Congreso de la Unión exhorta al gobernador de Querétaro de Arteaga, Antonio Pérez Barrera, a dar cabal cumplimiento al convenio de servidumbre legal de acueducto y de paso para conducción de energía eléctrica, firmado por esa entidad federativa a favor de la comunidad de Maconí, municipio de Cadereyta de Montes.
Segundo. Para que el gobierno de Querétaro instruya a las autoridades correspondientes a que instalen una mesa de trabajo en conjunto con los habitantes de la localidad delegacional de Maconí, que permita supervisar los avances de las obras y servicios comprometidos.
Salón de sesiones, a 13 de noviembre de 2009.
El suscrito, diputado Juan Carlos Natale López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, de conformidad con lo establecido en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
La nueva institucionalización legislativa en México ha permitido una mayor independencia política respecto del Ejecutivo y una mayor capacidad técnica para influir e impulsar cambios de políticas. Asimismo, y a pesar de ser aun insuficientes las facultades y atribuciones del legislativo con respecto al Ejecutivo, la consolidación de la actividad parlamentaria en México debe seguir el camino de un real equilibrio de poderes para que pueda cumplir con la función medular de desarrollar otros papeles primordiales como debatir propuestas y gestionar asuntos públicos en apoyo a los gobiernos con respecto a las reales demandas de los ciudadanos, en donde se actúa muchas veces, como interlocutores sociales activos y reactivos, representando intereses organizados, colectivos, particulares y cívicos. Esto hace, entre otras prácticas parlamentarias, que la legitimidad de un sistema político sea estable y duradero.
En México la institución legislativa, a pesar de tener un sistema presidencia lista, no ha traducido estas prácticas de manera clara y acorde con las funciones de representación política y social. De acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la Constitución, los diputados federales son representantes de la nación. A su vez, por su forma de elección, los senadores se consideran representantes de los estados en virtud del artículo 56 de la Constitución vigente. En tal sentido, sus responsabilidades ante los electores trascienden la actividad meramente legislativa. En efecto, el concepto de representación tiene que ver, además de lo legislativo, por lo menos con la mediación social, la representación política, y las funciones de fiscalización, control e investigación y las de opinión y difusión de las ideas, entre otras.
En tal tesitura, y con base en el propósito de la presente propuesta, la capacidad de atención y mediación social como función extra legislativa, es un tema que amerita una debida reflexión y un debate a prontitud ya que es asunto oportuno para el fortalecimiento de la figura de los legisladores que integran el Congreso de la Unión y, por ende, de los propios grupos parlamentarios y de los partidos.
En anteriores legislaturas, y de manera muy discreta, se han tratado de apuntalar temas referentes a diversas modalidades de asistencia y apoyo para los respectivos distritos electorales a través de los diputados principalmente de mayoría relativa; sin embargo, no han prosperado tales propuestas en el entendido de que ésta función social ha sido fuertemente criticada, pues se señala que los legisladores deben concentrar todos sus esfuerzos en su labor esencial desde sus Cámaras.
Sin embargo, tal y como lo puede comprobar cada uno de los integrantes que hoy formamos el Congreso, cada vez que asumimos nuestro papel de representantes populares a través de las proactivas convivencias con la ciudadanía, esta labor tiene un fuerte contenido de responsabilidad social dado que es constante que en cada distrito se solicita ayuda para resolver problemas o apoyar acciones colectivas de grupos organizados tanto en colonias, barrios, comunidades y pueblos; siendo de este modo, que el representante popular se significa por el estatus de ser integrante también del gobierno en su más amplia acepción, y por lógica, como promotor del desarrollo y el bienestar.
Sin embargo, y a pesar de que esta facultad implícita de la actividad legislativa ocupa gran parte del tiempo de los legisladores que enfrentaron al electorado y que, por tanto, tienen un vínculo mayor con sus estados o distritos; les son ineficaces e insuficientes sus esfuerzos para contribuir con las demandas de la ciudadanía, principalmente, en casos de obvia necesidad.
Por tanto, el aspecto crucial de la atención de la demanda social y ciudadana, independientemente de los órdenes, esferas y órganos de gobierno que la realicen, consiste en la capacidad de respuesta para enfrentar los problemas sociales, principalmente en las localidades con evidentes rezagos y demandas de la población.
En esencia, nos referimos a problemáticas concretas sobre seguridad, procuración e impartición de justicia, protección del ambiente, empleo y apoyo de la producción, salud y educación, que trascienden el nivel socioeconómico de las familias y respecto a las cuales no hay respuestas satisfactorias del gobierno. Además, debe considerarse que, conforme a los usos, a las tradiciones y a las costumbres, los pueblos y los barrios despliegan una importante actividad cultural y social en la práctica de tradiciones y fiestas populares y religiosas que dan sentido e identidad a las comunidades. Se trata de una diversidad de simbolismos, de todo tipo, en las que el legislador, como representante popular, generalmente ocupa un espacio para la atención y solución de conflictos y de demandas.
Por lo anterior, lo más deseable y conveniente es que los cuerpos legislativos, los legítimamente facultados y responsables de examinar, discutir, modificar y aprobar anualmente el paquete económico que el Ejecutivo le presenta, puedan instituir y distribuir anualmente una partida presupuestal que pueda garantizar el desahogo y cumplimiento que la gestión social representa para cada distrito electoral. Sin embargo, estamos conscientes del actual panorama económico y productivo del país que aún pende sobre expectativas débiles e inciertas con respecto a la recuperación y crecimiento para el siguiente año.
Por lo tanto, reconociendo el compromiso de muchos de nosotros por no afectar a las familias en situación de vulnerabilidad, ni tampoco querer confrontar las acciones del gobierno federal con sus cuestionadas medidas anti cíclicas y programas gubernamentales para paliar los efectos de la crisis económica mundial, así como las veleidosas intenciones de asumir acciones de control y austeridad en ciertas áreas de la administración pública centralizada y paraestatal, quienes integramos el constituyente permanente, tenemos la obligación de solidarizarnos principalmente con las clases más desprotegidas por ser quienes están en situaciones de difícil acceso a lo imprescindiblemente vital para sobrevivir y más aún si confiaron en nosotros.
En tal sentido, sin afectar las finanzas públicas federales ni de los estados, y sí como una medida de racionalidad, congruencia y sensibilidad, me es pertinente proponer a los integrantes de ésta soberanía a destinar el 10 por ciento de nuestra dieta bruta para fines socialmente productivos y de asistencia colectiva en las demarcaciones territoriales que representamos, sin que ello limite o excluya a los legisladores plurinominales.
De esta forma, estimando que el 10 por ciento de la dieta bruta mensual asciende a 7 mil 750 pesos por legislador, de los 500 diputados se obtendrían 3 millones 875 mil pesos, y al año se recaudarían 46 millones 500 mil pesos, los cuales representan un ahorro de inversión significativo si se es destinado a acciones concretas de corto alcance entre la ciudadanía.
Las acciones que han emprendido diversos diputados de esta legislatura, por un lado algunos diputados del Partido Acción Nacional que han dispuesto de una reducción de su dieta producto de su voluntad de mutuo proprio, es algo que se reconoce pero que no cumple con una misión específica en pro del beneficio social de la gente principalmente de los diputados para con sus representados. Por otro lado, algunos otros diputados del Partido de la Revolución Democrática han señalado la necesidad por establecer las bases en materia de austeridad a fin de reducir las dietas en 25 por ciento, desaparecer gastos médicos y seguros de vida, derogar apoyos por gestión legislativa, y regular el uso de boletos de avión; sin embargo, no han señalado el costo-beneficio de dicha medida ni la labor social con que se estén orientando con estas acciones, ya que no son por sí mismos excesos de los legisladores, porque si comparamos los recursos técnicos, humanos, tecnológicos, financieros con que opera el Ejecutivo federal, los legisladores representan un gasto marginal en comparación del primero.
Si verdaderamente queremos contribuir al desarrollo y crecimiento del país, y asumir a plenitud nuestro papel de representantes populares y mediadores de asuntos públicos, debemos de iniciar un proceso de ahorro voluntario que permita orientar parte de lo recaudado a acciones concretas de beneficio social en forma institucional.
Por lo anteriormente expuesto, y considerando la premisa de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Primero. Se exhorta a todos los legisladores de esta soberanía a destinar el 10 por ciento de su dieta mensual a efecto de destinarlos a obras y acciones concretas de corto alcance en las demarcaciones territoriales electorales.
Segundo. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política para crear el fideicomiso público con la función de administrar, vigilar, transparentar, distribuir y aplicar los recursos recaudados por la reducción de las dietas de los diputados con la finalidad de destinar recursos para obras y acciones de beneficio social colectivo de corto alcance en cada demarcación territorial electoral.
Tercero. La Junta de Coordinación Política, con base en sus atribuciones legales, será la encargada de acordar y nombrar la conformación de dicho fideicomiso, el cual estará integrado por lo menos por un diputado de cada grupo parlamentario bajo los principios de equidad y eficiencia.
Cuarto. Se denominará un comité de gestión de la Cámara de Diputados, el órgano administrador del patrimonio fiduciario y tendrá bajo su responsabilidad realizar la justificación de los fiduciarios y la jerarquización de éstos, conforme a los principios de proporcionalidad y equidad hasta donde los recursos del fideicomiso lo permitan.
Quinto. El presente fideicomiso se extinguirá con el cumplimiento de sus fines o por decisión de mayoría los representantes de los fideicomitentes que conforman la Junta de Coordinación Política; asimismo, la Junta de Coordinación Política delimitará las facultades expresamente relacionadas con el objetivo a cada uno de los integrantes del fideicomiso.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados de Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los trece días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
Diputado Juan Carlos Natale López (rúbrica)
El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, interesado en que en el proceso legislativo de aprobación del Presupuesto General de la Federación se respete el orden jurídico que regula la asignación de recursos, la aplicación de éstos y su ejercicio escrupuloso, transparente y legal; y asimismo, en que se cumpla con los ordenamientos que regulan las adquisiciones, la asignación de obras, el sistema normativo de compras y arrendamientos, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para exhortar se instruya a la Auditoría Superior de la Federación a efecto de que fiscalice e informe mensualmente a los diputados de los partidos minoritarios del avance detallado del ejercicio presupuestal 2010 con base en los siguientes:
Es evidente que en el proceso legislativo que conduce a la aprobación del Presupuesto de Egresos 2010, el predominio de las fuerzas políticas mayoritarias tiende a ignorar la postura de las fuerzas minoritarias que es esencial para dar legitimidad plena a las decisiones legislativas, lo que redunda en perjuicio de la sociedad y del uso eficiente de los recursos públicos, porque se privilegian las excepciones y no las reglas generales que deben ser aplicadas como es el caso de las asignaciones directas que exceden toda proporción.
Igualmente, es evidente que, mediante el mecanismo de mayoría, se están aprobando recursos sin considerar la importancia de respetar el orden jurídico, argumentando razones de urgencia o de prioridad política, generando así, por falta de precisión, un ejercicio presupuestal laxo, carente de controles lo que puede ser demostrado por la creciente práctica de las "economías" que en realidad constituyen un subejercicio que más adelante permite un manejo de los recursos libre que lleva a la constitución de "bolsas discrecionales", y fideicomisos prohibidos expresamente por la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en su artículo 1, fracción VI, último párrafo.
Que por otra parte hay una gestoría gubernamental y partidista para apoyar proyectos de gobierno que han demostrado que no cumplen sus objetivos, como Proárbol y Procampo, en los cuales se han señalado abusos, ineficiencia y corrupción sin que los partidos minoritarios tengan posibilidad de influir en las decisiones de asignación de los recursos.
Que para frenar esta tendencia que rompe con el espíritu y la letra de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con todo el orden jurídico relativo a control, vigilancia, transparencia y fiscalización, es urgente que los partidos minoritarios participen dentro de sus funciones legislativas, mediante una mayor actividad de supervisión y vigilancia en contacto con la Auditoría Superior de la Federación, a efecto de que dispongan mensualmente de los resultados a detalle de sus auditorías y de esa manera estos grupos parlamentarios puedan cumplir con las funciones de transparencia, publicando mensualmente cómo se está ejerciendo el gasto público y cumpliendo las metas comprometidas para evitar la discrecionalidad y el uso indebido de los recursos públicos;
Primero. Se exhorta a esta Cámara de Diputados a instruir a la Auditoría Superior de la Federación a efecto de que atienda de inmediato la solicitud de los diputados federales de llevar a cabo revisiones permanentes y en detalle del gasto público, sobre todo en sus partidas más críticas e importantes, aunque no haya concluido el ejercicio del gasto.
Segundo. Que se demuestre de esa manera que hay eficiencia en el gasto y transparencia en la revisión de cuentas.
Tercero. Que se publiquen mensualmente los resultados detallados del avance del gasto.
Diputado Alejandro Gertz Manero (rúbrica)
El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, al tenor de la siguiente
Guerrero se sitúa en el sur de la República Mexicana y tiene una extensión territorial de 63 mil 794 kilómetros cuadrados, divididos en 7 regiones, donde se asientan los 81 municipios que forman el estado. Cuenta con gran diversidad de ecosistemas, que favorecen a la variedad de las producciones de cada región.
En la organización geográfica del estado se encuentra la Sierra Madre del Sur, perteneciente a las regiones del centro, Tierra Caliente y la Costa Grande, con una extensión territorial aproximada de 11 mil 800 kilómetros cuadrados, que van desde Chilpancingo hasta Coahuayutla, de la cual poco más de 50 por ciento se encuentra cubierta de bosque, y otro 30 por ciento está clasificado como propicio para las actividades eco turísticas y áreas naturales protegidas. Las partes altas son conocidas como "filos", y las cordilleras son notables por su amplia biodiversidad y su gran número de especies endémicas.
Cuenta con importantes recursos minerales, donde destacan los criaderos de oro y plomo, y forestales maderables y no maderables; una gran biodiversidad y una elevada fuente de servicios ambientales que benefician directamente a la población, lo que hace a esta zona, punto clave para el desarrollo del estado, pero hasta la fecha, su potencial se ve mermado a causa de la carente infraestructura básica de soporte a estas actividades, como almacenes, centros de acopio y parques recreativos.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía señalan que actualmente en esta zona viven 105 mil personas dedicadas a la agricultura y ganadería, la mayoría de ellas con grado de alta y muy alta marginación, ocasionada principalmente por la carencia de carreteras apropiadas y necesarias que ayuden a combatir el problema de enlace con las zonas urbanas, lo cual ocasiona insuficiencia en los servicios de salud y educación, que aun y cuando ya existen son poco funcionales debido a la carencia del sistema de comunicación.
Los niveles de mortalidad infantil ubican que de cada mil nacimientos, mueren entre 30 y 45 niños de entre 4 y 6 años de edad. De esta población, 75 por ciento alcanza un alto grado de desnutrición, entre los que también es más vulnerable la población infantil. Las tasas de crecimiento poblacional son negativas debido al elevado índice de migrantes en edad reproductiva.
Hay también un gran problema con los servicios de energía eléctrica, pese a contar con la presa hidroeléctrica El Caracol; sin embargo, 50 por ciento de las localidades no cuenta con energía eléctrica o con voltaje suficiente para satisfacer a la población e incentivar el fomento de los procesos productivos microindustriales.
Para el mejor aprovechamiento de la zona es preciso un estudio regional que muestre un diagnóstico con las características de la región, así mismo un análisis de las dinámicas y tendencias que conlleven a impulsar un crecimiento equitativo y sostenible a largo plazo. Esto, a fin de elaborar una propuesta de desarrollo sustentable de la octava región. Para lograr este objetivo es necesaria la participación conjunta de los tres órdenes de gobierno y sus dependencias correspondientes, la población, las organizaciones civiles, entre otros, ya que la sierra de Guerrero debe ser considerada punto clave en el desarrollo sustentable tanto del mismo estado como de la región sur de México.
De esa forma, el suscrito, diputado federal, considera que son de trascendental importancia el estudio y el análisis del proyecto para que se constituya legalmente la octava región de Guerrero, pues ya es una demanda de los representantes municipales y de las organizaciones sociales, para contribuir al crecimiento de las comunidades de la sierra, así como salvaguardar la biodiversidad y el ambiente de dicha región.
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva que someta a consideración de este pleno los siguientes
Primero. Exhortar al gobierno y al Congreso de Guerrero a realizar los estudios básicos necesarios para determinar la importancia de constituir la octava región de la sierra de Guerrero.
Segundo. Establecer la delimitación geográfica y constituir legalmente la octava región de Guerrero.
El suscrito, diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso General, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo para solicitar información sobre la operación de compra-venta del terreno localizado en la zona de La Boquita, en las márgenes de la laguna de Juluapan, municipio de Manzanillo, Colima, al tenor de las siguientes
En octubre de 2009, el gobierno de Colima, encabezado por el entonces gobernador Silverio Cavazos Ceballos, anunció un megaproyecto turístico en la zona de La Boquita, en las márgenes de la laguna de Juluapan, municipio de Manzanillo, Colima.
Este proyecto comprende la construcción de una marina de yates, hoteles de alto nivel, condominios, residencias y otras instalaciones.
El terreno en donde se realizará el proyecto turístico, inicialmente fue propiedad del gobierno federal pero, en 1991, donó el terreno al estado de Colima para que fuera utilizado con fines turísticos.
Posteriormente, en 1993, el Congreso de Colima autorizó al Ejecutivo colimense vender el terreno, especificando que los recursos que se obtuvieran deberían ser utilizados para realizar obras de beneficio social en el puerto de Manzanillo. Sin embargo, el comprador incumplió en las condiciones de pago, por lo que la propiedad y posesión del inmueble volvió al estado de Colima.
Los subsecuentes gobiernos estatales continuaron promoviendo proyectos de desarrollo turístico en estos terrenos, pese a esto, diversas circunstancias, entre ellas la falta de cumplimiento de la normatividad ambiental, impidieron que su ejecución se concretara.
Fue hasta octubre de este año, que el exgobernador Silverio Cavazos Ceballos anunció que la empresa Puerto Santiago Manzanillo, S de RL, realizaría el megaproyecto turístico pues adquirió el terreno propiedad del gobierno de Colima.
Sin embargo, esta operación de compra-venta fue realizada bajo una notable opacidad, pues a la fecha no se han transparentado las condiciones de venta, ni los mecanismos mediante los cuales se determinó que el terreno sería vendido a la empresa Puerto Santiago Manzanillo.
Hasta el día de hoy, a los ciudadanos colimenses se les ha negado el derecho a la información, se ha obstaculizado la transparencia y, desgraciadamente, se descalifica a quienes exigen la información acerca de esta operación.
Es por esto que, en mi calidad de ciudadano colimense, pero también como representante popular y legislador, solicité información que permita constatar que la operación de compra-venta de estos terrenos fue realizada cumpliendo con la normatividad local y federal aplicable, respetando los derechos tanto de los ciudadanos colimenses como de los posibles inversionistas que pudiesen estar interesados en participar en el desarrollo del proyecto turístico.
Sin embargo, las solicitudes realizadas hasta hoy han sido ignoradas a pesar de que se realizaron formal y directamente al gobernador del estado y a la Comisión de Acceso a la Información Pública del Estado de Colima (CAIPEC), principalmente.
Esto impide que tengamos acceso a la información sobre la cantidad de metros cuadrados que dejarían de formar parte del patrimonio estatal y que, por el valor económico y ambiental, representan un activo importante no sólo para los colimenses sino también para los mexicanos, pues estos terrenos albergan importantes extensiones de manglares que proporcionan servicios ambientales invaluables.
Dada la opacidad con la que se enajenó el terreno propiedad de todos los colimenses, ha sido imposible conocer el dato oficial del precio de venta por metro cuadrado, lo que impide comprobar que la operación se realizó con apego a la ley y bajo precios de mercado, cuidando en todo momento las condiciones que mejor favorecieran al patrimonio público.
El gobierno de Colima está en deuda con los colimenses: debe informar sobre el mecanismo por el cual determinó que Puerto Santiago Manzanillo, S de RL, es la empresa que mayores beneficios ofreció al estado al adquirir los terrenos.
Es por esto, que hago la presente proposición con punto de acuerdo para exhortar al gobierno y al Congreso a través del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, todos de Colima, a revisar e informar a esta soberanía y a los colimenses sobre las condiciones de compra-venta del terreno en comento.
Lo anterior con el objetivo de salvaguardar el derecho de los ciudadanos al acceso a la información sobre este tema de interés público y comprobar que la operación de compra-venta no oculta un fraude contra el patrimonio de los colimenses y los mexicanos, que fue realizada sin existir un conflicto de intereses y que se actuó con imparcialidad y responsabilidad social, económica y ambiental.
Por lo anteriormente expuesto, se pone a su consideración la siguiente proposición con
Primero. Se hace un respetuoso exhorto al gobierno de Colima para que remita a esta soberanía la información sobre la operación de compra-venta del terreno localizado en la zona de La Boquita, en las márgenes de la laguna de Juluapan, municipio de Manzanillo, Colima, que realizaron el gobierno de Colima y la empresa Puerto Santiago Manzanillo, S de RL, referente a: a) Características, extensión y precio de venta del terreno, así como las condiciones de pago;
b) Avalúo con el valor de mercado del terreno;
c) Convocatoria de la licitación, nombre de las personas invitadas a participar, participantes y oferta de cada uno de ellas;
d) Criterios de evaluación y resultado de cada una de las ofertas de compra producto de la licitación;
e) En caso de no haber existido una licitación, mecanismo o criterio para determinar la adjudicación del terreno;
f) Copia del contrato de compra-venta;
g) Copia de la escritura del contrato de compra-venta, nombre del notario ante el cual se realizó la escrituración del terreno y copia de los recibos de honorarios pagados al notario;
h) Programación de los recursos que recibirá el gobierno de Colima por este concepto;
i) Recursos recibidos a la fecha por el gobierno de Colima por concepto de la venta del terreno;
j) Institución bancaria, número de cuenta y titular de la cuenta destinada a recibir los depósitos de recursos producto de la venta;
k) Nombres de los integrantes del Consejo de Directivo y de Administración, así como de los socios de la empresa Puerto Santiago Manzanillo, S de RL;
l) Dictamen de cambio de uso de suelo; plan parcial de desarrollo urbano; autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para realizar el proyecto de desarrollo turístico y las obras de mantenimiento y conservación del manglar; y manifestación de impacto ambiental. Segundo. Se hace un atento exhorto al Congreso de Colima para que, a través del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental de Colima, revise e informe a esta soberanía sobre la operación de compra-venta del terreno localizado en la zona de La Boquita, en las márgenes de la laguna de Juluapan, municipio de Manzanillo, Colima, que realizaron el gobierno de Colima y la empresa Puerto Santiago Manzanillo, S de RL, en especial para fiscalizar el cumplimiento de la normatividad aplicable y la no afectación al patrimonio de Colima.
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 13 de noviembre de 2009.
Diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica)
Los que suscriben, diputados Gerardo Leyva Hernández, Claudia Edith Anaya Mota, Heladio Verver y Vargas Ramírez, Samuel Herrera Chávez, Ramón Jiménez Fuentes, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso general, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
En 1568 fue fundado el municipio de Mazapil, Zacatecas. Es el segundo municipio más extenso de la República Mexicana. Su producción minera ha representado una importante fuente de recursos desde 1608. Durante la Colonia se encontraron importantes yacimientos de plata. En la actualidad empresas trasnacionales explotan las minas en los rubros de producción y perforación, explotación de metálicos y no metálicos.
Peñasquito tiene reservas probadas de 575 millones de onzas de plata y 3.5 millones de toneladas de zinc. En oro, se tienen reservas de diez millones de onzas, que podrían tener una producción anual de 387 mil 500 onzas.
No obstante la riqueza de su suelo, es uno de los municipios más pobres del país. A pesar de que la industria minera ha generado más de 3 mil plazas de trabajo, éstas no son otorgadas a los habitantes del lugar, sino que han provocado un desplazamiento de mano de obra de otros estados de la república, contratados por la compañía minera Peñasquito, que opera con capital de la compañía minera canadiense Gold Corp., que invirtió mil 500 millones de dólares.
Desde 2006, la compañía minera Peñasquito se ha asentado en la localidad para explotar un importante yacimiento de plata y oro. El acelerado y desordenado crecimiento urbano ha implicado un desequilibrio para la población de 548 habitantes con el equilibrio ambiental.
El repentino incremento de los habitantes de Mazapil exige habitación, infraestructura de salud, de agua potable y alcantarillado y muchos otros servicios que son responsabilidad de los gobiernos estatal y municipal. Sin embargo, por ser la explotación y las concesiones mineras competencia del gobierno federal, los impuestos generados por esa actividad productiva van directamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esto deja al estado y al municipio en una situación crítica. Además, las compañías mineras no cuentan con infraestructura y proyectos que permitan el desarrollo sustentable y sostenible de la comunidad.
Es responsabilidad de quienes encabezan este proyecto propiciar y generar planes de desarrollo urbano coordinados con las diversas instancias del gobierno para que las personas que integran la planta laboral de la mina y sus familias accedan a alternativas dignas de vida una vez terminada la explotación de ésta.
Asimismo, debe cumplir las disposiciones legales en torno al equilibrio ecológico, generando planes de protección al medio ambiente desde ahora y hasta la culminación de los trabajos de explotación de la mina.
Las casi 6 mil hectáreas concesionadas a Gold Corp. son propiedad ejidal, han dejado sin fuente de ingresos a 435 familias de ejidatarios de la zona, quienes rentaron para establecer el complejo minero Peñasquito. Cada familia recibió tan sólo 50 mil pesos por rentar sus terrenos durante 30 años, con vistas a extender la renta por otros 30 más.
Estas familias accedieron a las pretensiones de la empresa Gold Corp. con la promesa de una mejor calidad de vida y oportunidades de trabajo, las cuales no han llegado. Por el contrario, la compañía minera El Peñasquito procesa diariamente 50 mil toneladas de oro, plata, zinc y cobre a costillas de las posesiones de los ejidatarios, teniendo ganancias estratosféricas.
El establecimiento de la compañía minera ha afectado enormemente la economía del lugar, pues los químicos utilizados en las explotaciones dejan los terrenos inservibles, incapaces de ser utilizados para la producción agropecuaria de alimentos y forrajes, aparte de las muertes de su ganado.
La explotación se realiza a tajo abierto, utilizando un método de explosivos para remover los terrenos, uno de los sistemas más dañinos para el medio ambiente. Con sólo agotar el primer tajo, se dejará un agujero de 600 metros de profundidad y 1.5 kilómetros de diámetro, por lo cual el terreno será inservible para los ejidatarios que rentaron.
Además de la posibilidad de que se esté extrayendo uranio –material peligroso que causa grandes efectos dañinos para la salud–, existen evidencias de la utilización de químicos y otros materiales como el cianuro, que están afectando el medio ambiente de los ejidos cercanos.
El uranio es un material altamente peligroso para la salud que, incluso, es utilizado como activador nuclear.
Es común para la población del lugar la percepción de olores extraños en el ambiente y el aumento de las enfermedades de las vías respiratorias.
Se tiene conocimiento que la empresa canadiense no sólo ha tenido conflictos con los ejidatarios de Zacatecas. También en el estado de Guerrero ejidatarios de las tierras mineras se han inconformado por el pago de la renta de sus terrenos.
Por lo expuesto, sometemos a consideración y aprobación del pleno de la honorable Cámara de Diputados los siguientes
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar una evaluación de impacto ambiental de los trabajos en la mina que explota la compañía Peñasquito, y revisar la calidad del agua del municipio y la región verificando si es óptima para el uso agrícola y ganadero.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Economía a verificar el cumplimiento de los deberes y obligaciones que impone la Ley Minera a las empresas concesionarias en relación con la exploración y explotación de minerales o sustancias concesibles que se extraigan de la mina, así como la revisión de los términos de la concesión en cuanto a la legalidad de las cláusulas de arrendamiento respecto de los terrenos ejidales.
Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Salud a ejercer sus atribuciones de prevención y control de los efectos nocivos de los factores ambientales en la salud del ser humano.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2009.
Diputados: Claudia Edith Anaya Mota, Gerardo Leyva Hernández, Samuel Herrera Chávez, Heladio Verver y Vargas Ramírez, Ramón Jiménez Fuentes (rúbricas).
La suscrita, diputada María Estela de la Fuente Dagdug, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno, la presente proposición con puntos de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de los siguientes
Los fenómenos climatológicos han evolucionado de manera importante, ello es consecuencia de la transformación y afectaciones que ha realizado el ser humano sobre la biodiversidad y los ecosistemas, tales cambios han ocasionado desequilibrios ecológicos que se manifiestan en los cambios de los fenómenos naturales, los cuales han incrementado sus efectos devastadores.
Nuestro país se ubica en el conjunto de naciones que, por su ubicación geográfica, resienten en mayor cuantía los efectos de los huracanes, ciclones, tormentas tropicales, y frentes fríos, entre otras manifestaciones climatológicas.
De igual forma, los meses de septiembre y octubre han sido identificados como los más peligrosos debido al alto nivel de incidencia de dichos fenómenos meteorológicos, los cuales ocasionan severos daños económicos, pérdidas de vidas humanas, efectos negativos en la infraestructura existente, entre otros.
Una de las entidades del país que más resiente los estragos del paso de los fenómenos climatológicos es Tabasco, en el cual se presenta una grave situación debido a las afectaciones causadas por la cantidad excesiva de lluvias.
Según el último reporte proporcionado por Protección Civil de Tabasco, indica que existen más de 151 poblados afectados, cerca de 150 planteles escolares inundados; más de 24 mil hectáreas de cultivos afectadas y 10 mil pastizales.
Consecuencia de las lluvias, hay más de 79 mil damnificados, que se ubican principalmente en Huimanguillo y Cárdenas, poblaciones en donde se han instalado 78 albergues.
Se han tenido que cerrar a la navegación los puertos de Dos Bocas y Frontera, en Tabasco lo que ha afectado de manera importante a miles de familias que dependen de las actividades marítimas.
Es importante mencionar que alrededor de 80 familias de los poblados de Torno Largo, El Censo San Pedro y Las Raíces fueron desalojadas debido al alto nivel de las inundaciones.
La Secretaría de Gobernación estableció el Programa DN-III, asimismo, destinó recursos del Fondo para Desastres Naturales, con el objetivo de atender la emergencia que se presenta en Tabasco.
Las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina han participado de manera activa en atender a los damnificados, sin embargo es imperativo implantar acciones que coadyuven a superar la problemática que se presenta en esta entidad,
Las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, somos sensibles y sabemos de la necesidad de otorgar apoyos económicos suficientes, a fin de permitir que las familias tabasqueñas recuperen su patrimonio y tengan un recobro pronto de sus actividades cotidianas.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución los siguientes
Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal, para que en ámbito de sus atribuciones, gire instrucciones a las autoridades competentes con el objeto de prevenir tragedias ocasionadas por los fenómenos meteorológicos que afectan a las entidades costeras del país.
Segundo. Se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a fin de que sean otorgados mayores recursos del Fondo de Desastres Naturales, con el fin de subsanar la emergencia que se presenta en Tabasco y que afecta a la mayoría de las poblaciones del estado y sus habitantes.
Diputada Maria Estela de la Fuente Dagdug (rúbrica)
El suscrito, diputado a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, con fundamento en lo dispuesto por nuestro ordenamiento supremo en su artículo 73, fracción X, los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Que actualmente, se están difundiendo en distintos medios de comunicación, supuestos acuerdos adoptados al interior de esta Cámara de Diputados, con motivo de la aprobación de la miscelánea fiscal para el Ejercicio Fiscal de 2010, por los que se alcanzarán mayores beneficios económicos y sociales.
Que esta soberanía, al ejercer una de las funciones sustantivas del Estado, está sujeta a principios esenciales en su conducción entre los que destaca la transparencia y la veracidad de la información que se genera en las actividades legislativas y parlamentarias, por lo que deben desecharse todas aquellas versiones que sobre el trabajo y posiciones parlamentarias producen confusión en la sociedad mexicana y en la opinión pública.
Que el acontecer de la vida parlamentaria, debe difundirse en todo momento de manera objetiva y transparente, de modo que refleje la realidad y la pluralidad que priva en el máximo órgano de representación popular del país.
Que el Grupo Parlamentario del PRD no puede ser complaciente ni coparticipe con la política de la ocultación, manipulación y el engaño, que afecta gravemente el interés y el derecho a la información de la sociedad mexicana.
Que los diputados del PRD protestamos al asumir el cargo cumplir y hacer cumplir la ley fundamental, por lo que reivindicamos nuestra posición frente al pueblo de México de rechazo categórico a las propuestas que alientan las políticas de crear más y aumentar los impuestos que tanto afectan el poder adquisitivo de los mexicanos.
Que la coordinación de comunicación social depende directamente de la Mesa Directiva, por ello se pide a ese órgano de gobierno interior ordene el retiro de los mensajes en los que se omite la auténtica realidad que vive este órgano camaral.
Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía, de urgente y obvia resolución, la presente proposición con
Único. Esta Cámara de Diputados, ordena el retiro inmediato de los mensajes publicitarios oficiales de la LXI Legislatura, en los que se omite la pluralidad y divergencia de posturas de los grupos parlamentarios.
Salón de sesiones del honorable Congreso de la Unión, a los 13 días del mes de noviembre del año dos mil nueve.
El suscrito, diputado Luis Antonio Martínez Armengol, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con puntos de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
El deterioro ambiental del cual el ser humano es el principal responsable, ha ocasionado que los fenómenos meteorológicos se presenten con mayor frecuencia y con una intensidad que supera el promedio que se tenía considerado.
Los huracanes, tormentas tropicales, ciclones, frentes fríos y demás fenómenos naturales afectan a las entidades que se ubican en las costas de nuestro país, en embargo, a pesar de que se implantan medidas preventivas para intentar que los efectos sean mínimos, la realidad es que los estragos que causa son inconmensurables.
Cada año se pierden vidas humanas, las inundaciones ocasionan que la infraestructura de todo tipo se vea afectada, ocasionando grandes dificultades para los habitantes de las regiones afectadas, ya que se quedan incomunicados, a la espera de ser ayudados mediante los programas de emergencia que se tienen diseñados para atender este tipo de problemas.
Entre las entidades que han resentido en mayor cuantía las consecuencias de las torrenciales lluvias destaca Veracruz, en donde, según la última información proporcionada por diferentes medios de comunicación, existen más de 10 mil damnificados, 30 comunidades se encuentran incomunicadas, ya que los ríos Aguadulcita, Coatzacoalcos, Uxpanapa y Tanchopan se desbordaron.
Protección Civil de Veracruz ha declarado en estado de emergencia a 36 municipios ubicados en el litoral y el sur de la entidad; en Las Choapas hay más de 500 personas en albergues. A la fecha se tiene un estimado de más de 40 mil damnificados en la entidad.
La cantidad de lluvia y los vientos, que superan el promedio, que han azotado a Veracruz han hecho necesario cerrar a la navegación los puertos de la entidad, lo que causa afectaciones de tipo económico ya que los pobladores no pueden realizar sus actividades de manera cotidiana.
A pesar de que la Secretaría de Gobernación, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la de Marina, han puesto en marcha el Programa DN-III, es insuficiente para atender la emergencia que se presenta.
No sólo es importante la implantación de acciones que otorgan apoyos para albergues, dotación de comida y demás provisiones, es fundamental destinar recursos financieros que permitan a los afectados poder recuperar su patrimonio perdido, así como otorgarles apoyos económicos que les permitan solventar sus gastos inmediatos entretanto se supera la emergencia.
Como legisladores debemos ser sensibles ante problemas de este tipo, sumando esfuerzos, dejando a un lado los intereses personales o de partido, lo anterior con el objetivo de coadyuvar a que los habitantes de las localidades afectadas por las lluvias puedan solventar la emergencia por la que ahora atraviesan.
Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal, para que en ámbito de sus atribuciones, gire sus instrucciones a las autoridades competentes con el objeto de prevenir tragedias ocasionadas por los fenómenos naturales que afectan a las entidades costeras del país.
Segundo. Se exhorta al secretario de Gobernación con el objeto de que sean liberados mayores recursos del Fondo de Desastres Naturales, a fin de subsanar la emergencia que se presenta en Veracruz y que afecta a la mayoría de los municipios del estado y sus habitantes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2009
Diputado Luis Antonio Martínez Armengol (rúbrica).
La que suscribe, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, a fin de que el salario mínimo general, que se fije para 2010, tenga un incremento sustancial, que redunde en beneficio de las trabajadoras y los trabajadores, y que cubra efectivamente las necesidades normales de la vida de éstos y sus familias en el orden material, social y cultural y que permita proveer la educación obligatoria de los hijos, respetando en todo momento su dignidad, con base en los siguientes
Primero. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) es un organismo público descentralizado creado mediante la reforma a la fracción VI del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 1962, así como las correspondientes reformas y adiciones a la Ley Federal del Trabajo, publicadas en el Diario el 31 de diciembre de ese mismo año.
Segundo. La Conasami tiene como objetivo fundamental por ley el de cumplir con lo establecido en el artículo 94 de la Ley Federal del Trabajo, en el que se le encomienda que, en su carácter de órgano tripartita, lleve a cabo la fijación de los salarios mínimos legales, procurando asegurar la congruencia entre éstos y los atributos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que otorga al salario mínimo, así como actualizar periódicamente el sistema de salarios mínimos (salario mínimo general, áreas geográficas y salarios mínimos profesionales).
Tercero. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) tiene como función, establecer las bases y los elementos para que la fijación de los salarios mínimos generales y profesionales eleven el nivel de vida del trabajador y su familia, propiciando la equidad y la justicia entre los factores de la producción que reconozcan y validen el respeto a la dignidad del trabajador y de su familia, así como, fijar y revisar los salarios mínimos generales y profesionales, procurando asegurar la congruencia entre lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con las condiciones económicas y sociales del país, en un contexto de respeto a la dignidad del trabajador y su familia, circunstancia que en los hechos no ocurre.
Cuarto. La figura del salario mínimo se contempla desde la Constitución de 1917, en cuyo artículo 123, fracción VI, establecía que éste debería ser suficiente "…para satisfacer las necesidades normales de la vida del obrero, su educación y sus placeres honestos, considerándolo como jefe de familia…". Se determina, asimismo, en la fracción VIII, que el salario mínimo no podrá ser objeto de embargo, compensación o descuento alguno.
Quinto. En diciembre de 1986, el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados aprobaron una iniciativa por la cual los salarios mínimos serían fijados por una comisión nacional, lo que dio lugar a la actual comisión y dio pie a la desintegración del sistema de comisiones regionales vigente hasta el 31 de diciembre de 1986.
Sexto. En México, como en la mayoría de los países donde imperan las políticas neoliberales, las familias y la población en general enfrentan el constante deterioro de sus condiciones de vida derivadas de malas condiciones de trabajo, de la dificultad de acceso a sistemas educativos superiores, de la falta de acceso a una vivienda digna y a servicios como salud, entre otros. Estas políticas lejos de atender las demandas más elementales de la población, las oprimen aún más, favoreciendo únicamente a los dueños del capital, estos se han enriquecido a costa del pueblo a costa de los derechos laborales y sociales de la clase trabajadora y sus familias.
1. Que la canasta básica es un conjunto de bienes y servicios indispensables y necesarios para que una familia satisfaga sus necesidades básicas de consumo a partir de su ingreso (salario).
2. Que entre las canastas básicas más conocidas está la que utiliza el Banco de México, la cual mide la inflación a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor y se obtiene a partir de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, ENIGH. Dicha encuesta proporciona los gastos asociados de los hogares en 580 bienes y servicios.
3. Que de conformidad con investigaciones de especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en los últimos 30 años los trabajadores de México han visto disminuir sus condiciones de vida, de trabajo, de ingreso familiar, debido a que el aumento de los precios de los productos como tortilla, pollo, leche, huevo, entre otros y servicios básicos como gasolina y el gas no corresponden a los aumentos del salario, el cual obtuvo solamente el 3.9 por ciento a diferencia de la tortilla que ha obtenido un 21 por ciento.
4. La investigación realizada por Luis Lozano, profesor investigador de la Facultad de Economía de la UNAM, indica que entre el 1 de diciembre de 2006 al 1 de enero de 2009, el precio de la canasta alimenticia recomendable ha pasado de 80.83 pesos a 135.12 (cerca de nueve dólares), un incremento de 67.1 por ciento.
5. Otro dato que alerta sobre la condición que viven las familias mexicanas, es que 18 millones de los 103 millones de habitantes de México viven actualmente en la pobreza alimentaria, 25 millones en pobreza de capacidades y 48 millones en pobreza patrimonial.
6. Que la situación económica que enfrenta el país y por lo tanto todos sus habitantes se ha reflejado crudamente en las condiciones de vida de los trabajadores, actualmente el salario mínimo general vigente, es de 54.80 pesos ¿Qué se puede adquirir con esta cantidad? ¿Puede una familia entera subsistir con esto o con dos o tres salarios mínimos al día?
7. Que de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en nuestro país 5 millones 589 mil 264 trabajadores mexicanos ganan un salario mínimo, es decir 13.04 por ciento de la población económicamente activa gana un salario mínimo diario, hecho que los condena a un nivel de ingreso de extrema pobreza, por lo tanto se acredita plenamente que es falso el argumento de la derecha que sostiene que casi ningún trabajador gana el salario mínimo en México.
8. Que en los últimos años, hemos sido testigos de una crisis financiera internacional, que no sólo ha afectado la macroeconomía, sino que evidentemente tiene y tendrá repercusiones en el bolsillo de los mexicanos. En los últimos días el peso ha sufrido una devaluación del más del 30 por ciento y se ha inyectado al sistema económico mexicano por parte de las autoridades monetarias casi 10 mil millones de dólares. Es evidente, que los incrementos en la gasolina inciden en todos los precios de los productos de la canasta básica y que esta crisis económica afectará en mayor medida a los que menos tienen.
9. Estos incrementos en los principales productos que integran la canasta básica recomendable permite que al día de hoy solo se pueda adquirir el 16 por ciento de lo que un trabajador podía comprar hace dos décadas con el mismo sueldo. ¿Si actualmente el litro de aceite cuesta 25 pesos, el azúcar 19.90, el arroz 20, el huevo 24.50, la leche 11.30, el kilo de tortilla 8.75, el gas 184 pesos, el transporte público cuesta de 3.50 a 4.00 pesos por viaje, puede una familia vivir con uno, dos o tres salarios mínimos y además proveer a los hijos de educación, salud, cultura, esparcimiento?
10. Que actualmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 123, fracción VI, que los salarios mínimos generales "deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos…" Circunstancia que no se da en la realidad ya que el incremento a los salarios mínimos es ínfimo comparado con el incremento de los productos de la canasta básica, ni que decir de los bienes o servicios necesarios para subsistir.
Es urgente detener esta embestida contra la población trabajadora y sus familias, es necesario que el estado anteponga el bienestar de las mayorías y se frene la especulación y los aumentos a los artículos y servicios de primera necesidad y principalmente que se establezca un salario mínimo muy por arriba de la inflación, que sea suficiente y digno para atender todas las necesidades de las trabajadoras y los trabajadores y sus familias, incluyendo las de desarrollo humano.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, LXI Legislatura, la siguiente proposición con punto de acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, a fin de que el salario mínimo general, que se fije para 2010 en el país, tenga un incremento sustancial que redunde en beneficio de los trabajadores, que cubra efectivamente las necesidades normales de la vida de éstos y sus familias en el orden material, social y cultural y que permita proveer la educación obligatoria de los hijos, respetando en todo momento la dignidad de las trabajadoras y los trabajadores.
El suscrito diputado a la LXI legislatura del Congreso de la Unión, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las disposiciones aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:
Con preocupación hemos sido testigos del deterioro y pérdida de reservas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual no ha sido capaz de hacer llegar a grandes sectores de la población los beneficios previstos en la ley que rige a dicho organismo descentralizado. La escasez de medicamentos, la saturación de citas, la poca disponibilidad de quirófanos y la imprevisión en la adquisición de antivirales son solo algunos ejemplos del deterioro en ese instituto.
En la última década se ha realizado un enorme esfuerzo para reponer los inexplicables quebrantos y deficiencias que muestran las reservas del instituto. El sacrificio fiscal hecho por los mexicanos en las dos últimas administraciones, implicó derivar al IMSS, decenas o quizá centenas de miles de millones de pesos. La difícil decisión que la administración pública ha recomendado adoptar por la insana situación financiera del organismo, ha ocasionado que se dejen de atender otras necesidades urgentes de la población, que se distraigan recursos para las escuelas y universidades, redujo las cantidades disponibles para canalizar presupuestariamente a los programas sociales y además implicó un aumento preocupante de la deuda pública.
No obstante que el Ejecutivo federal propuso una fórmula que aparentemente atendía la problemática del IMSS, a partir de destinarle multimillonarias sumas con cargo al erario federal, con el tiempo se ha comprobado que la mayor parte del esquema diseñado por sus auxiliares, implica la asunción de compromisos hacia el futuro, es decir, encomienda la carga a otras administraciones. La supuesta gran reforma solo difiere y encarga a otros la tarea de sanear de fondo al sistema de pensiones y previsión social.
Las inexplicables designaciones hechas para conducir al IMSS, que han recaído en personajes con trayectoria incompatible o simplemente no relacionada con los deberes a cargo del organismo, se han traducido en deficiencia en el servicio, en un laxo control de la subrogación de actividades y en la contratación de servicios injustificados como el asignado a Tata Consulting. El capricho y discrecionalidad son perceptibles en contrataciones, en el despliegue de gasto publicitario y en general, en el abuso de recursos públicos.
A fines de agosto se le solicito al IMSS que informara sobre las inversiones y derivación de fondos hechos por sus áreas financieras hacia una empresa privada que afronta condiciones de insolvencia. Se le requirió confirmara si había desviado recursos hacia instrumentos de deuda u otros pasivos a cargo de Metrofinanciera. Los últimos días de septiembre solicitó ampliación del plazo para proporcionar la información. Hace unos días decidió informar que desde enero del presente año decidió reservar toda la información, estados de cuenta, comunicaciones y datos relacionados con inversiones hechas por parte del IMSS en esa sociedad financiera de objeto múltiple. ¿Por qué mantener bajo reserva lo que parecería una operación ordinaria en el manejo financiero del IMSS?. ¿Cuál es el valor estratégico de esta operación que obliga a su reserva? ¿Por qué solicitar una prórroga, si esta información estaba reservada desde enero?
A través de indicadores y reportes financieros conocidos o emitidos por entidades financieras y documentos de trabajo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, surgen preocupantes indicios de que las sumas que indebidamente el Seguro Social pudo haber canalizado hacia la Metrofinanciera pueden alcanzar los quinientos millones de pesos. Ante ese incumplimiento del Presupuesto de Egresos y de las leyes y normas presupuestarias, la Dirección General y la de Finanzas del Instituto han inducido a reservar hasta el final de esta administración la información relativa. Precisamente hoy que se discute el Presupuesto de Egresos para el año 2010, hoy que la Secretaría de Hacienda pide confianza ciega y cheques en blanco.
Son tales conductas y omisiones las que aconsejan intensificar las medidas de fiscalización y a proveer a una mayor transparencia en el ejercicio del gasto público. Es inaceptable que servidores públicos pretendan hacer pasar como válido el intento de ocultar la información de cómo se usan los recursos del erario federal entregados a ese organismo. Resulta inaceptable la simulación, el encubrimiento, la confidencialidad de los errores y caprichos perpetrados por servidores públicos desleales.
No sólo se ha generado un gran presupuesto paralelo violatorio de nuestra Constitución a través de uso discrecional de las mal llamadas disponibilidades, sino que algunas dependencias incluso violan las normas dictadas administrativamente. Los directivos y administradores financieros del Seguro Social no han dado explicación, porque no existe al amparo de las disposiciones legales que regulan el uso de recursos públicos, el arriesgar y especular con el dinero de los contribuyentes en inversiones de alto riesgo. Sólo beneficios particulares se pueden desprender de las arbitrarias decisiones de inversión hoy ocultas bajo el manto de la reserva.
Es por ello que someto a esta soberanía, el siguiente:
Único. La Cámara de Diputados requiera al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social para que informe sobre las inversiones, depósitos y toda canalización de recursos a favor de Metrofinanciera, así como respecto de cualquier otra sociedad financiera de objeto múltiple, limitado o sociedades de inversión. El informe o reporte que produzca deberá contener todos y cada uno de los estados de cuenta, reportes financieros, estados financieros y balances que hubiere conocido para la realización de la inversión, así como toda comunicación que hubiere cruzado con las autoridades financieras respecto de la adquisición de títulos, valores o cualquier otro pasivo de Metrofinanciera.
Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, diputado federal a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo establecido en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Si el 2 de octubre no se olvida, quién podrá olvidar ahora el 10 de octubre de 2009.
Como bien recordamos, en ese día lo que en un principio fue una toma de 50 integrantes de la Policía Federal Preventiva a las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) poco antes de las once de la noche, se convirtió en una toma de todas sus subestaciones por miles de elementos de esa policía federal.
Sin duda, estos hechos que de manera abrupta sucedieron, son el preámbulo de una serie de atropellos a los derechos más elementales de miles de ciudadanos trabajadores que durante parte importante de su vida, estuvieron al servicio de esa paraestatal.
Contrario a lo que en su campaña populista prometía Felipe Calderón de generar empleo; con la publicación del decreto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro en el Diario Oficial de la Federación del 11 de octubre de 2009, el autodenominado "Presidente del Empleo", mandó de la noche a la mañana a más de 44 mil trabajadores, en su mayoría habitantes del Distrito Federal, a las filas del desempleo.
A esta cifra hay que agregarle los más de 22 mil jubilados, por lo que el número se eleva a más de 66 mil familias electricistas afectadas.
Como ya todos sabemos, los argumentos centrales que el Ejecutivo vertió para justificar la liquidación, fueron que además de ineficiente, la Compañía resultaba muy cara; que desde su creación este organismo descentralizado no ha cesado de recibir transferencias presupuestales cuantiosas y, que para el presente ejercicio, dichas transferencias serán del orden de 41 mil 945 millones de pesos.
Asimismo, se afirmó que uno de los problemas financieros de LyFC es el porcentaje de pérdidas totales de energía, que según cálculos gubernamentales es de alrededor del 30.6 por ciento al mes de junio de 2009.
En consecuencia, como solución desesperada a esta situación el Ejecutivo decreta la extinción de la empresa.
Sin embargo, lo que todos los trabajadores y la sociedad saben y que no se informó en el decreto fue
Que desde administraciones pasadas, los trabajadores de la empresa por conducto del Sindicato Mexicano de Electricistas, han denunciado ante la opinión pública que de manera deliberada sucesivos gobiernos federales establecieron una política de descapitalización de esta empresa pública.
Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que está facultada por la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para fijar y reestructurar los precios de las tarifas eléctricas, ha desarrollado una política de altos subsidios a los grandes empresarios, quienes utilizan el fluido para hacer negocio y aumentar sus enormes ganancias. Baste mencionar que en promedio, el kilowatt/hora les cuesta a los grandes empresarios 88 centavos, mientras a los usuarios domésticos que constituyen la mayoría de consumidores en nuestro país, se les vende a 97 centavos el kilowatt/hora.
Que esta transferencia de valor a los grandes empresarios, ha descapitalizado gravemente a LyFC, dado que a los grandes empresarios la energía eléctrica se les vende muy por debajo de su valor real. Este hecho, representa una merma importante en las finanzas de la paraestatal.
Que las transferencias presupuestales que recibía LyFC, no eran destinadas a salarios y prestaciones de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, sino a la compra de energía eléctrica en bloque a Comisión Federal de Electricidad (CFE). Cabe resaltar, que desde 1975 por decisión gubernamental, no se permitió que esta empresa pública creciera en capacidad de generación, por lo que sí creció su necesidad de comprar energía en bloque a la CFE; y
Que el precio de la energía eléctrica que la CFE vende a LyFC, es sumamente caro. De acuerdo con los estados financieros de LyFC, lo que ésta destinó para este rubro a julio de 2009 es del orden de los $54 mil 797, 683.1 millones de pesos. Precisamente, estas transferencias, se utilizaron para el pago de la energía en bloque a CFE, y no, para el pago de salarios y prestaciones de los trabajadores electricistas.
Compañeras y compañeros diputados: con el decreto que extingue Luz y Fuerza del Centro, el gobierno federal no sólo trastocó el terreno de las garantías individuales al desmantelar un empresa pública dejando sin empleo a miles de ciudadanos y afectando a miles de familias, sino también violentó el derecho a la información ya que se pretendió justificar la extinción con argumentos manipulados e información incompleta, lo que abona a la cultura de la maquinación, el engaño y la ocultación en perjuicio de ese derecho fundamental que el estado está obligado a garantizar su ejercicio y disfrute.
Considerando, que 1. Que el artículo 5o. de nuestra Carta Magna establece que "a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial…"
2. Que el artículo 97, segundo párrafo de nuestra Carta Magna, dispone:
"La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá nombrar alguno o algunos de sus miembros o algún Juez de Distrito o Magistrado de Circuito, o designar uno o varios comisionados especiales, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal o alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, o el Gobernador de algún Estado, únicamente para que averigüe algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual…".
3. Que la Suprema Corte de Justicia, tiene la atribución para nombrar de entre sus miembros comisionados especiales que investiguen violaciones graves a las garantías individuales, como es el caso de la violación del derecho al trabajo de los miles de ciudadanos trabajadores despedidos con la desaparición de Luz y Fuerza del Centro.
4. Que esta Cámara de Diputados no sólo tiene la facultad sino la obligación republicana para pedir al máximo tribunal del país que ejerza esa atribución trascendental, en virtud de que las condiciones económicas y sociales y el interés nacional, así lo reclaman; y
5. Que la situación de incertidumbre e indefensión de miles de ciudadanos que vieron pisoteados sus derechos y cancelada particularmente, su garantía y libertad de trabajo, demanda nuestra inmediata intervención. Por otra parte, aprovecho desde esta tribuna, y a nombre de esas miles de familias de nuestros compañeros electricistas, para decirle al señor Calderón que, por dignidad y por respeto a México, deje ya de prestarse a hacerse acreedor de galardones y premios que no le merecen, como el que recientemente consintió recibir de una revista en Estados Unidos el nombramiento de "líder del año".
Quién en el papel puede sentirse líder, cuando en los hechos es paladín del desempleo y el desaliento económico.
Por la trascendencia de estos hechos provocados por el actual gobierno y su vinculación con las condiciones económicas y sociales tan delicadas que prevalecen en el país, pido a la Presidencia de la Mesa Directiva someta a la consideración del Pleno como de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 97, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que ejerza su facultad de investigación respecto de los hechos relativos al proceso de extinción del organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro, a partir de la toma de instalaciones y subestaciones de esta empresa pública por parte de la Policía Federal Preventiva acaecida el día 10 de octubre de 2009, en los que se violentaron de manera grave derechos y garantías fundamentales, particularmente, el derecho al trabajo prevista en el artículo 5o. de nuestra Ley Fundamental, al quedar sin empleo más de 44 mil ciudadanos trabajadores, con la expedición y publicación del Decreto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, en el Diario Oficial de la Federación del 11 de octubre del presente año.
Salón de sesiones del honorable Congreso de la Unión, a 13 de noviembre de 2009.
El que suscribe diputado federal Ovidio Cortazar Ramos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter al Pleno de esta honorable soberanía, proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita que se asignen, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, mayores recursos para la Universidad del Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas, la Universidad Autónoma de Chiapas y para la creación de la Unidad Regional Universitaria Sureste de la Universidad Autónoma de Chapingo en el Estado de Chiapas, al tenor de las siguientes
No cabe la menor duda que una de las tareas fundamentales de cualquier Estado en el mundo, será siempre dar un impulso a las actividades y áreas que inciden el desarrollo económico nacional.
Durante estos años, la educación ha tenido por aspiración preparar a las personas para enfrentar la vida en libertad, partiendo del valor cívico de la responsabilidad y desarrollando a plenitud las facultades humanas. De esta manera, el desarrollo material y social de nuestro país está intrínsecamente ligado a la formación profesional y humana de sus habitantes. Tenemos pues una gran responsabilidad con la Educación en nuestro país, pues gran parte de nuestro futuro depende de ella.
Según las cifras del Inegi la mayoría de los pobladores de nuestro país cuenta entre 15 y 25 años de edad, las necesidades educacionales son altas y en los próximos 10 años seguirán creciendo. El Plan Nacional de Desarrollo de la presente administración contempla a la educación como un pilar fundamental para acabar con las desigualdades y combatir a la pobreza.
La presente proposición con punto de acuerdo, abre la posibilidad de dar un paso adicional con visión de desarrollo. Mayores espacios educativos a la región sur-sureste, son un efectivo canal que propiciará la actividad económica. Además, la competitividad está ligada a la prosperidad de la población, la que se traduce en mejores ingresos y estándares de vida.
Señoras y señores diputados, es este el momento adecuado para invertir en la educación media superior y superior. Destinar dinero a la educación es destinar dinero a nuestro futuro y desarrollo.
El objetivo final de la proposición, es que la población de la región sur-sureste del país ?especialmente la más vulnerable? tenga acceso a más infraestructura educativa necesaria para alcanzar su pleno desarrollo.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de la honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública asignar, en el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, mayores recursos para la Universidad del Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas, la Universidad Autónoma de Chiapas y para la creación de la Unidad Regional Universitaria Sureste de la Universidad Autónoma de Chapingo en el Estado de Chiapas.
La suscrita diputada a LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo previsto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo, de conformidad con la siguiente
El deporte es considerado como un derecho social, el hombre lo ha incluido en su vida para prevenir enfermedades cardiovasculares, diabetes entre otras, desarrollando libremente las facultades físicas, intelectuales y morales, obteniendo una mejor calidad de vida.
El beneficio que se obtiene por la cultura deportiva para el organismo de los ciudadanos, se aprueba el 7 de noviembre de 2001, la reforma constitucional al artículo 4 en la que se incluye a la cultura física y el deporte como una obligación del Estado de promover y difundir la cultura deportiva que debe de coordinarse en los tres órdenes de gobierno.
Por lo anterior, no dejo de recordarles señores diputados que México ha sido representado orgullosamente en el ámbito internacional en justas oficiales por sus deportistas olímpicos y paralímpicos, obteniendo un cúmulo de medallas por nuestros deportistas, que son considerados orgullo nacional, dejando como testimonio el éxito, los grandes esfuerzos y su permanente superación para lograr una óptima preparación para lograr una posición en el pódium.
México ha obtenido importantes resultados en el deporte adaptado en el ámbito internacional, en competencias oficiales, el deporte adaptado cuenta con un poco más de 76 deportistas paralímpicos, que no solo son medallistas en una competencia, han participado en varias justas deportivas rompiendo marcas mundiales y olímpicas, con grandes esfuerzos y carencias, sin alcanzar el reconocimiento por el Estado y las dependencias institucionales que están relacionadas con el tema del deporte.
Todavía se carece de programas y políticas públicas para el deporte paralímpico que sean incluidos y considerados como deportistas de alto rendimiento, y en el marco jurídico, su reconocimiento como ciudadano aún es distante, todavía hay una gran discriminación. En el año 2005, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), realizó programas para deportistas de alto rendimiento, y la obtención de los estímulos deportivos con equidad y la entrega de reconocimientos económicos igualitarios por la obtención de medallas en juegos paralímpicos oficiales, no se les reconoce como deportistas paralímpicos.
Ante estas grandes desigualdades y la falta de reconocimiento por los estímulos económicos para los deportistas paralímpicos, la Asociación Mexicana de Medallistas Paralímpicos Internacionales, AC, llevó a cabo una gran lucha para que se otorgara el reconocimiento económico vitalicio con equidad e igualdad para los medallistas olímpicos y paralímpicos, fue decreto publicado en el Diario Oficial el día 21 de julio del 2005.
El objetivo principal de este decreto, es la de contribuir a que los mejores deportistas olímpicos y paralímpicos del país tengan acceso a un reconocimiento posterior a su participación olímpica o paraolímpica, que les pueda beneficiar el empeño y dedicación deportiva que pusieron para alcanzar la gloria de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.
Desafortunadamente año con año surge una gran incertidumbre e inquietud de estos deportistas para que el beneficio otorgado sea puntual y mes con mes, los deportistas se han beneficiado desde hace tres años con este reconocimiento económico y han mejorado sus condiciones de vida, desafortunadamente aún hoy en día las grandes barreras arquitectónicas y culturales para las personas con discapacidad, también se han reflejado con los deportistas paralímpicos, que no han logrado obtener un empleo remunerado, por lo tanto este reconocimiento económico se ha convertido en el principal ingreso para sus familias.
Señores diputados, el reconocimiento que se les otorga a nuestros medallistas olímpicos y paralímpicos debe de ser un acto de congruencia, el apoyo y reconocimiento que otorga el Estado a nuestras máximas glorias deportivas que sea un acto de reconocimiento a los grandes logros y a su permanente superación y no hacer solo actos paternalistas sin reconocimiento y valor.
Por lo expuesto, someto a la discusión y su aprobación por el pleno de esta honorable asamblea el presente
Primero. Para exhortar respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, se etiquete de manera explícita el recurso que se le destina a la Conade para el ejercicio fiscal respectivo.
Segundo. Para exhortar respetuosamente a la Conade para que se haga la entrega mensual del reconocimiento económico vitalicio a los medallistas olímpicos y paralímpicos.
Diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía (rúbrica)
Jorge Kahwagi Macari, diputado federal del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 20, numeral 1, inciso e), y 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva que excite a las Comisiones Unidas de Justicia, de Derechos Humanos, de Atención a Grupos Vulnerables, con opinión de la Comisión Especial de la niñez, adolescencia y familias a dictaminar la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al tenor de los siguientes
Con fecha 11 de octubre de 2005, en sesión plenaria, presenté la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción X al artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Se reforma el inciso c) del artículo 43 y se adiciona el inciso I al artículo 49 para que el actual inciso I sea el J, y los posteriores se recorran sucesivamente, todos de la Ley Para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que la Mesa Directiva turnó a las Comisiones Unidas de Justicia, de Derechos Humanos, y de Atención a Grupos Vulnerables, con opinión de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias.
Las citadas comisiones dictaminadoras y de opinión, con fecha 18 de abril de 2006, dictaminaron a favor la iniciativa que adiciona una fracción X al artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; se reforma el inciso c) del artículo 43 y se adiciona el inciso I al artículo 49 para que el actual inciso I sea el J, y los posteriores se recorran sucesivamente, todos de la Ley Para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y, el 27 de abril del mismo año, enviaron al pleno de la Cámara de Diputados, el dictamen mencionado para primera lectura.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numeral 6, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 21 fracción XVI y 94, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Honorable Cámara de Diputados lo siguiente:
Único. Formule excitativa a las Comisiones de Justicia, de Derechos Humanos, y de Atención a Grupos Vulnerables, con opinión de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias para que presente el proyecto de dictamen correspondiente de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción X al artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; se reforma el inciso c) del artículo 43 y se adiciona el inciso I al artículo 49 para que el actual inciso I sea el J, y los posteriores se recorran sucesivamente, todos de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Jorge Kahwagi Macari, diputado federal del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 20, numeral 1, inciso e), y 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva que excite a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables a dictaminar la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de las Personas con Discapacidad, al tenor de los siguientes:
Con fecha 7 de febrero de 2006, en sesión plenaria, presenté la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 1, las fracciones II, V, VIII, X, XI y XII del artículo 2, los artículos 3 y 4, así como las fracciones I, II, III y IV del artículo 6 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, que la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
La citada comisión con fecha 20 de abril de 2006, dictaminó a favor la iniciativa con proyecto de decreto que reforman el artículo 1, las fracciones II, V, VIII, X, XI y XII del artículo 2, los artículos 3 y 4, así como las fracciones I, II, III y IV del artículo 6 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, y el 27 de abril del mismo año envió al Pleno de la Cámara de Diputados el dictamen mencionado para primera lectura.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 21, fracción XVI, y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta honorable Cámara de Diputados lo siguiente:
Único. Formule excitativa a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para que presente el proyecto de dictamen correspondiente de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 1, las fracciones II, V, VIII, X, XI y XII del artículo 2, los artículos 3 y 4, así como las fracciones I, II, III y IV del artículo 6 de la Ley General de las Personas con Discapacidad.
Jorge Kahwagi Macari, diputado federal del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 20, numeral 1, inciso e), y 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva que excite a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para que dictaminen la iniciativa que reforma los artículos 2 y 6 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, al tenor de los siguientes:
Con fecha 25 de octubre de 2005, en sesión plenaria, presenté la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones IV y X al artículo 2o. para que las actuales se recorran sucesivamente y quede dicho artículo en XV fracciones; y se adiciona una fracción VI al artículo 6o. de la Ley General de las Personas con Discapacidad, que la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables con fecha 20 de abril de 2006, dictaminó a favor la iniciativa con proyecto de decreto que adicionan las fracciones IV y X al artículo 2o. para que las actuales se recorran sucesivamente y quede dicho artículo en XV fracciones; y se adiciona una fracción VI al artículo 6o. de la Ley General de las Personas con Discapacidad y el 27 de abril del mismo año, envió al Pleno de la Cámara de Diputados el dictamen mencionado para primera lectura.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 21, fracción XVI, y 94, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta honorable Cámara de Diputados lo siguiente:
Único. Formule excitativa a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para que presente el proyecto de dictamen correspondiente de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones IV y X al artículo 2o. para que las actuales se recorran sucesivamente y quede dicho artículo en XV fracciones; y se adiciona una fracción VI al artículo 6o. de la Ley General de las Personas con Discapacidad.
Jorge Kahwagi Macari, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 20, numeral 1, inciso e), y 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva que excite a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para que dictamine la iniciativa que reforma el artículo 30 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, al tenor de los siguientes
Con fecha 2 de febrero de 2006, en sesión plenaria presenté la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 30 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la que la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con fecha 20 de abril de 2006, dictaminó a favor la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un último párrafo al artículo 30 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores; y el 27 de abril del mismo año, envió al pleno de la Cámara de Diputados el dictamen mencionado, para primera lectura.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 21, fracción XVI, y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados lo siguiente:
Único. Formule excitativa a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para que presente el proyecto de dictamen correspondiente de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 30 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Jorge Antonio Kahwagi Macari, diputado del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 20, numeral 1, inciso e), y 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva excite a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para que dictamine la iniciativa que adiciona un segundo párrafo a la fracción IV del artículo 2 y un párrafo a la fracción I del artículo 10 de la Ley General de Personas con Discapacidad, al tenor de los siguientes
Con fecha 13 de septiembre de 2005 en sesión plenaria, presenté la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción IV del artículo 2 y a la primera fracción del artículo 10 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, la cual fue turnada por la Mesa Directiva a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con fecha 20 de abril de 2006, dictaminó a favor la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo a la fracción IV del artículo 2 y a la primera fracción del artículo 10 de la Ley General de las Personas con Discapacidad y el 27 de abril del mismo año, envió al pleno de la Cámara de Diputados el dictamen mencionado para primera lectura.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 21, fracción XVI, y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados lo siguiente
Único. Formule excitativa a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para que presente el proyecto de dictamen correspondiente de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción IV del artículo 2 y a la primera fracción del artículo 10 de la Ley General de las Personas con Discapacidad.
A partir de 1991, el 14 de noviembre es el día Mundial de la Diabetes, oficializado por la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud en honor a Frederick Banting, a quien junto a Charles Best debemos el descubrimiento de la insulina, en 1921.
Este día es una respuesta al aumento de la diabetes en el mundo, síndrome caracterizado por la acumulación excesiva de glucosa en la sangre, debido a un deterioro absoluto o parcial de la secreción y acción de la hormona insulina, producida por el páncreas y encargada de mantener los niveles de azúcar normales. Si no se controla puede traer complicaciones como ceguera, daños renales y vasculares, así como amputaciones de piernas.
Este padecimiento se divide en diabetes tipo 1, mismo que se desarrolla en personas en las que la producción de insulina, hormona encargada de transportar la glucosa al interior de las células de todo el organismo, es escasa o nula. La mayoría de los pacientes con esta afección la desarrollan antes de los 30 años de edad.
La diabetes mellitus tipo 2, se presenta cuando el páncreas continúa produciendo insulina, pero el organismo desarrolla resistencia a sus efectos. Generalmente, este tipo de diabetes aparece después de los 30 años.
En México, la diabetes mellitus es una de las principales causas de muerte. Es alarmante que un importante número de personas con este mal no sepan siquiera que lo padecen, y sólo una fracción de ellas esté en tratamiento.
De acuerdo con la Asociación Mexicana de Diabetes, esta enfermedad ha crecido en todo el mundo desde la segunda mitad del siglo XX, y en nuestro país "ha pasado del lugar número 25 que ocupaba en 1968 como motivo de muerte, a tercero desde 1997, aunque en información proporcionada por la Secretaría de Salud se indica que es la primera causa de defunciones".
Cada año hay 250 mil personas más con diabetes, y según datos proporcionados por la Encuesta Nacional de Salud, actualmente hay una incidencia de 10.3 por ciento entre la población de 20 a 69 años, aunque si tomamos en cuenta a las personas mayores o menores de las edades contempladas en este rango, calculamos que en México hay en la actualidad aproximadamente seis millones de individuos afectados.
De 1990 al año 2000, el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática reportó que la diabetes se elevó como causa de mortalidad en 28 entidades federativas, en cuatro se mantuvo en idéntico lugar pero ninguna ha tenido un decremento. En los estados del sureste mexicano como Oaxaca y Chiapas, este padecimiento hace una década se encontraba en el lugar 12 o 13, pero ahora es la quinta causa de muerte.
Reconocidos especialistas del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, han afirmado que el número de personas con diabetes que reciben atención apenas rebasa el 25 por ciento y que, de ellos, la cantidad que dan seguimiento adecuado a su padecimiento es menor, debido a que la terapia para esta enfermedad tiene muy alta deserción.
El hecho de que la diabetes se detecte en sectores de población cada vez más jóvenes, se origina entre otras causas, por malos hábitos alimenticios, lo que en muchos casos desata obesidad, convirtiéndose en el segundo factor de riesgo.
Actualmente es muy común que formen parte de nuestra alimentación productos como azúcares y harinas refinadas que propician incremento de peso, el cual se manifiesta en forma de grasa, por lo regular en el abdomen, lo que hace que la insulina no cumpla con sus funciones adecuadamente.
El Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXI Legislatura, comparte con la Federación Internacional de la Diabetes y la Organización Mundial de la Salud, el propósito para el periodo 2009-2013: educación y la prevención de la diabetes.
Por ello, como legisladoras y legisladores comprometidos con nuestra nación, estamos obligados hoy más que nunca, a generar mayor conciencia en cada una de las mexicanas y mexicanos, sobre el vertiginoso aumento de las tasas de morbilidad y de la forma de evitar la enfermedad en la mayoría de los casos.
Nueva Alianza, desde esta tribuna, envía un mensaje de conciencia a las personas con o sin riesgo de desarrollar diabetes, sobre la prevención de esta enfermedad.
Hacemos un llamado de aliento a las personas con Diabetes para no abandonar el tratamiento y a quienes lo hicieron, a retomarlo y controlar así su padecimiento.
Reconocemos también, las estrategias y políticas implementadas por el gobierno federal para combatir este síndrome, aunque queda mucho por hacer.
Mención especial merecen los especialistas de la salud y quienes dedican sus vidas al estudio de esta enfermedad, por su valiosa contribución y recomendaciones basadas en evidencia.
A los grupos parlamentarios que conforman la LXI Legislatura, hacemos un llamado para unirnos en momentos definitorios como la aprobación del Presupuesto de Egresos 2010 y atender con recursos suficientes, la prevención, el control e impacto que tiene la diabetes en nuestra población, enfatizando la urgente necesidad de apoyo a la ciencia, tecnología e investigación en esta materia.
Estoy convencida que una campaña exitosa contra la diabetes requiere de una gran alianza formada por todos aquellos grupos de la sociedad civil relacionados de una manera u otra con la enfermedad.
Compañeras y compañeros diputados: no olvidemos a las personas en riesgo de padecer diabetes, a las que día a día sobreviven con este mal y a quienes con derecho a la atención del síndrome, no tienen acceso a ella.
El Día Mundial de la Diabetes está representado por un círculo azul, símbolo mundial del padecimiento y unidad de la comunidad mundial de la diabetes.