Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-616-de-agosto-27-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_07b0be98728101f6e0530a01015101f6&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-08-22 01:35:11
Document Index: 200064272

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 443', 'artículo 8', 'artículo 250', 'artículo 371', 'artículo 443', 'artículo 250', 'artículo 443', 'artículo 443', 'artículo 241', 'artículo 443', 'artículo 2', 'artículo 443', 'artículo 150', 'artículo 228', 'artículo 1', 'artículo 79', 'artículo 69', 'artículo 277', 'artículo 69', 'artículo 135', 'artículo 357', 'artículo 250', 'artículo 327', 'artículo 337', 'artículo 284', 'artículo 390', 'artículo 137', 'artículo 340', 'artículo 136', 'artículo 340', 'artículo 101', 'artículo 108', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 100', 'artículo 397', 'artículo 90', 'artículo 101', 'artículo 13', 'artículo 9', 'artículo 371', 'artículo 177', 'artículo 443', 'Artículo 2', 'artículo 137', 'artículo 137', 'artículo 30', 'artículo 47', 'artículo 4']

﻿ Sentencia C-616 de agosto 27 de 2014
SENTENCIA C-616 DE 27 DE AGOSTO DE 2014
CONTENIDO:REPLICA DE LAS VICTIMAS RESPECTO A LOS ALEGATOS DE CONCLUSIÓN DE LA DEFENSA. LAS INTERVENCIONES DE LAS VICTIMAS PUEDEN SER LIMITADAS DURANTE EL JUICIO ORAL, PUES EL DEBATE ADVERSARIAL SE CONCENTRA ENTRE LA FISCALÍA Y EL IMPUTADO. LOS ALEGATOS DE CONCLUSIÓN SE CONCENTRAN EN LA DISCUSIÓN Y EL DEBATE JURÍDICO ENTRE LA ACUSACIÓN Y LA DEFENSA, POR ELLO NO PUEDEN CONTEMPLAR REGLAS QUE IMPLIQUEN UN DESBALANCE DESPROPORCIONADO EN LA POSICIÓN DEL ACUSADO COMO PERMITIR QUE ESTE TENGA QUE RECIBIR AL MISMO TIEMPO LAS RÉPLICAS DE VARIOS INTERVINIENTES. POR TAL RAZÓN, SE DECLARA EXEQUIBLE EL INCISO TERCERO DEL ARTÍCULO 443 DE LA LEY 906 DE 2004, EN VIRTUD DEL CUAL, LA DEFENSA SI LO CONSIDERA PERTINENTE EN LOS ALEGATOS DE CONCLUSIÓN, EXPONDRÁ SUS ARGUMENTOS LOS CUALES SOLAMENTE PODRÁN SER CONTROVERTIDOS POR LA FISCALÍA. SI LA DEFENSA REPLICA, DISPONDRÁ DEL ÚLTIMO TURNO DE INTERVENCIÓN ARGUMENTATIVA Y LAS RÉPLICAS SE DEBEN LIMITAR A LOS TEMAS ABORDADOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, PROCESO PENAL, VÍCTIMA, PROTECCIÓN A LA VÍCTIMA, DERECHOS DE LA VÍCTIMA, ALEGATOS DE CONCLUSIÓN, DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD, EXEQUIBILIDAD DE LAS NORMAS, DECLARATORIA DE EXEQUIBILIDAD DE LAS NORMAS, FALLO DE EXEQUIBILIDAD
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:518 DE FEBRERO DE 2015, PÁG.367
Sentencia C-616 de agosto 27 de 2014
Bogotá D. C., veintisiete de agosto de dos mil catorce.
EXTRACTOS: «Norma demandada - Consideraciones.
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal.
“En Colombia, la adopción mediante reforma constitucional, de este nuevo sistema procesal penal, perseguía en líneas generales las siguientes finalidades: (i) fortalecer la función investigativa de la Fiscalía General de la Nación, en el sentido de concentrar los esfuerzos de esta en el recaudo de la prueba; (ii) establecimiento de un juicio público, oral, contradictorio y concentrado; (iii) instituir una clara distinción entre los funcionarios encargados de investigar, acusar y juzgar, con el propósito de que el sistema procesal penal se ajustase a los estándares internacionales en materia de imparcialidad de los jueces, en especial, el artículo 8º del Pacto de San José de Costa Rica; (iv) descongestionar los despachos judiciales mediante la supresión de un sistema procesal basado en la escritura para pasar a la oralidad, y de esta forma, garantizar el derecho a ser juzgado sin dilaciones injustificadas; (v) modificar el principio de permanencia de la prueba por aquel de la producción de la misma durante el juicio oral; (vi) introducir el principio de oportunidad; (vii) crear la figura del juez de control de garantías; e (viii) implementar gradualmente el nuevo sistema acusatorio”.
1.2.5. Exponen que la omisión entraña el incumplimiento por parte del legislador del deber constitucional de consagrar la participación de la víctima, exigida en virtud de los artículos 1º, 2º, 15, 21, 229 y 250 de la Constitución y por los estándares internacionales en materia de protección de derechos humanos, como los artículos 8º y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, tal como se ha reconocido por la Corte Constitucional en las sentencias C – 228 de 2002, C – 1154 de 2005, C – 979 de 2005, C – 454 de 2006, C – 516 de 2007, C – 250 de 2011 y C – 260 de 2011.
1.3. Intervenciones.
1.3.1. Intervención del Ministerio de Justicia.
1.3.1.5. Expresa que mediante el numeral 7º del artículo 250 Superior, la Fiscalía General de la Nación tiene la función de proteger a las víctimas, testigos y demás personas que intervienen en el proceso penal, y que le corresponde al legislador fijar los términos en los cuales los perjudicados pueden intervenir en el curso del proceso.
1.3.1.7. Finalmente, indicó que la sentencia en cuestión adujo frente a la constitucionalidad del artículo 371 del Código de Procedimiento Penal que no existía omisión legislativa relativa al permitir que al inicio del juicio solo la Fiscalía y la defensa presenten su teoría del caso, ya que se consideró que la limitación de los derechos de las víctimas estaba plenamente justificada.
1.3.2.1. Aseveran que la disposición aquí acusada establece una omisión legislativa relativa, dañosa de los derechos fundamentales de la víctima en cuanto al acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral, violentando así garantías para un debido proceso constitucional. Lo anterior, por cuanto el inciso 3º del artículo 443 de la Ley 906 de 2004 define que la soberanía de impugnar el alegato de conclusión de la defensa se encuentra guiada por la Fiscalía General de la Nación, sin interesar que dicha facultad, también debió haber sido otorgada a la víctima.
1.3.3. Intervención de la Universidad Sergio Arboleda.
1.3.5.1. Afirma que la Corte Constitucional en sus diversos pronunciamientos ha establecido la forma como puede actuar la víctima, los rasgos que de este rol se consagran en el artículo 250 numeral 3º superior, las implicaciones de actuar como interviniente especial, su participación en las diferentes etapas del proceso y en especial en el juicio oral que es de naturaleza adversarial, lo cual significa que solo pueden estar enfrentadas dos partes: acusador y acusado.
El Procurador General de la Nación solicita a la Corte Constitucional se declare la exequibilidad del inciso 3º del artículo 443 de la Ley 906 de 2004 por los siguientes motivos:
2.2.4. Expresa que la participación de las víctimas se restringe en la etapa del juicio oral, por cuanto este tiene un carácter adversarial por el principio de igualdad de armas derivado del derecho de defensa y así mismo, resalta que las víctimas pueden intervenir en esa fase del proceso a través del Fiscal, quien debe tener comunicación permanente con ellas.
2.2.5.1. Existencia de una norma sobre la cual se predica la acusación: la demanda se realizó contra el inciso 3º del artículo 443 de la Ley 906 de 2004, por lo tanto, la primera exigencia se cumple. Sin embargo los otros tres requisitos no se presentan en la norma demandada.
2.2.5.4. Reitera que si se permite que la víctima controvierta los alegatos de la defensa se quebrantaría el principio de igualdad de armas, ya que esta tendría que responder a las refutaciones que le hagan el fiscal y la víctima teniendo así dos acusadores.
2.2.5.5. Así mismo, indica que el tercer elemento no se cumple, ya que no se presenta una situación de desigualdad negativa para las víctimas, por cuanto la imposibilidad de que estas puedan responder y debatir el alegato de la defensa no implica una situación que perjudique sus intereses. Lo anterior lo sustenta con varios argumentos:
2.2.5.3. Asevera que los intereses de la víctima en el juicio oral y frente a los alegatos de cierre hechos por la defensa se pueden proteger por el juez de conocimiento, quien también tiene la obligación de garantizar los derechos de las víctimas, ante alegatos erróneos o inexactos por parte de la defensa.
2.2.5.6. Finalmente argumenta que no existe un incumplimiento a un deber específico impuesto por el constituyente al legislador, sino que este último ha cumplido con las obligaciones que le impuso la Constitución por los siguientes motivos:
3.2.5.6.2. En la Carta Política se establece una obligación específica a cargo del legislador, en el que se le impone el deber de expedir regulaciones que permitan que la víctima participe, siempre que no se desvirtúe el carácter adversarial que implica el juicio oral (C.P., art. 250.4), resaltando que si se genera una situación contraria se establecería una excepción al derecho a la defensa del acusado al permitir la posibilidad de que en el juicio oral existan dos acusadores simultáneos.
La Corte Constitucional es competente, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 241 de la Constitución, para pronunciarse sobre la demanda de inconstitucionalidad presentada en contra del inciso 3º del artículo 443 de la Ley 906 de 2004.
3.2. Aptitud del cargo formulado en la demanda.
3.2.1. El artículo 2º del Decreto 2067 de 1991 señala los elementos indispensables que debe contener la demanda en los procesos de control de constitucionalidad(1). Concretamente, el ciudadano que ejerce la acción pública de inconstitucionalidad contra una disposición determinada debe indicar con precisión el objeto demandado, el concepto de la violación y la razón por la cual la Corte es competente para conocer del asunto.
3.2.2. Por otro lado, en la Sentencia C-1052 de 2001, esta corporación señaló las características que debe reunir el concepto de violación formulado por el demandante, estableciendo que las razones presentadas por el actor deben ser claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes, posición acogida por esta corporación en jurisprudencia reiterada(2).
Finalmente aduce que la omisión implica el incumplimiento de un deber constitucional del legislador de consagrar la participación de la víctima, exigido en virtud de los artículos 1º, 2º, 15, 21, 229 y 250 de la Constitución y por los estándares internacionales en materia de protección de derechos humanos.
Los demandantes consideran que el inciso 3º del artículo 443 de la Ley 906 de 2004 no permite que las víctimas presenten una réplica respecto de los alegatos de conclusión de la defensa, lo cual constituiría una omisión legislativa relativa que vulnera los artículos 1º, 2º, 93, 229 y 250 de la Constitución Política, pues desconoce sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación.
3.4. Libertad de configuración legislativa en materia procesal. Reiteración de jurisprudencia.
3.4.1. La Corte Constitucional(3) ha señalado que según el artículo 150-2 de la Constitución Política, le corresponde al Congreso de la República “[e]xpedir los códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones”. Con fundamento en esta competencia y en la importancia de la ley como fuente del Derecho, el legislador posee por mandato constitucional “amplia libertad para definir el procedimiento en los procesos, actuaciones y acciones originadas en el derecho sustancial”(4).
3.4.2. En este sentido, se ha reconocido una amplia potestad de configuración normativa del legislador en la definición de los procedimientos judiciales y de las formas propias de cada juicio(5), a partir de la cual, le corresponde “evaluar y definir las etapas, características, términos y demás elementos que integran cada procedimiento judicial”(6).
3.4.3. En virtud de esta facultad, el legislador es autónomo para decidir la estructura de los procedimientos judiciales, no obstante que, en ejercicio de dicha autonomía, aquel está obligado a respetar los principios establecidos en la Carta Política(7). Por lo anterior, pese a que la libertad de configuración normativa del legislador es amplia, tiene límites que se concretan en el respeto por los axiomas y fines del Estado, la vigencia de los derechos fundamentales y la observancia de las demás normas constitucionales(8).
3.4.4. En este sentido, la discrecionalidad para la determinación de las actuaciones procesales o administrativas no es absoluta, pues debe ejercitarse dentro del respeto a valores fundantes de nuestra organización política y jurídica, tales como, la justicia, la igualdad y un orden justo (Preámbulo) y de derechos fundamentales de las personas como el debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia (C.P., arts. 13, 29 y 229). Igualmente, debe hacer vigente el principio de la primacía del derecho sustancial sobre las formas (C.P., art. 228) y proyectarse en armonía con la finalidad propuesta, como es la de realizar objetiva, razonable y oportunamente el derecho sustancial(9) en controversia o definición; de lo contrario, la configuración legal se tornaría arbitraria(10).
3.4.5. Por lo anterior, el legislador debe asegurar la protección ponderada de todos los bienes jurídicos implicados que se ordenan(11), cumpliendo con los principios de proporcionalidad y razonabilidad frente al fin para el cual fueron concebidas(12), con el objeto de asegurar precisamente la primacía del derecho sustancial (C.P., art. 228), así como el ejercicio más completo posible del derecho de acceso a la administración de justicia (C.P., art. 229) el debido proceso (C.P., art. 29)(13), el cumplimiento del postulado de la buena fe de las actuaciones de los particulares (CP art. 83)(14) y el principio de imparcialidad(15).
3.4.6. De esta manera, la Corte ha señalado que la legitimidad de las normas procesales está dada en función de su proporcionalidad y razonabilidad “pues solo la coherencia y equilibrio del engranaje procesal permite la efectiva aplicación del concepto de justicia y, por contera, hace posible el amparo de los intereses en conflicto”(16). Así las cosas, la violación del debido proceso ocurriría no solo en el supuesto de la omisión de la respectiva regla procesal o de la ineficacia de la misma para alcanzar el propósito para el cual fue diseñada, sino especialmente en el evento de que esta aparezca excesiva y desproporcionada frente al resultado que se pretende obtener con su utilización(17).
3.4.7. Con el objeto de garantizar el respeto a tales límites amplios de la potestad legislativa, la jurisprudencia ha decantado una serie de criterios recogidos inicialmente en la sentencia C-227 de 2009: “i) que atienda los principios y fines del Estado tales como la justicia y la igualdad entre otros; ii) que vele por la vigencia de los derechos fundamentales de los ciudadanos(18) que en el caso procesal (...) puede implicar derechos como el debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia (C.P., arts. 13, 29 y 229)(19); iii) que obre conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad en la definición de las formas(20) y iv) que permita la realización material de los derechos y del principio de la primacía del derecho sustancial sobre las formas (C.P., artículo 228)(21)”.
La jurisprudencia constitucional colombiana ha efectuado un profuso y consistente desarrollo de los derechos de las víctimas, basándose para ello en la propia normativa constitucional (Arts. 1º, 2º, 15, 21, 93, 229 y 250)(22) y en los avances del derecho internacional de los derechos humanos. Desde la sentencia C-228 de 2002(23), la Corte Constitucional estableció el alcance y la naturaleza compleja de los derechos de las víctimas y perjudicados con el hecho punible, decantando las siguientes reglas que han sido reiteradas con posterioridad(24):
3.5.1. El derecho a la verdad.
La Corte Constitucional en la Sentencia C-282 de 2002(25), reiterada en múltiples ocasiones(26), ha señalado que las víctimas tienen derecho a la verdad, la cual es definida como “la posibilidad de conocer lo que sucedió y en buscar una coincidencia entre la verdad procesal y la verdad real”. En todo caso, esta corporación ha reconocido que para la garantía del derecho a la verdad se exige “revelar de manera plena y fidedigna los hechos dentro de los cuales fueron cometidos los delitos”(27).
En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha determinado que el derecho de acceder a la verdad, implica que las personas tienen derecho a conocer qué fue lo que realmente sucedió en su caso. La dignidad humana de una persona se ve afectada si se le priva de información que es vital para ella. El acceso a la verdad aparece así íntimamente ligado al respeto de la dignidad humana, a la memoria y a la imagen de la víctima(28)”(29).
El conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos, para la lucha contra la impunidad señalan el derecho inalienable a la verdad(30) el deber de recordar(31) y el derecho de las víctimas a saber(32) a partir de los cuales se derivan una serie de garantías particulares señaladas en el principio: “Las medidas apropiadas para asegurar ese derecho pueden incluir procesos no judiciales que complementen la función del poder judicial. Las sociedades que han experimentado crímenes odiosos perpetrados en forma masiva o sistemática pueden beneficiarse en particular con la creación de una comisión de la verdad u otra comisión de investigación con objeto de establecer los hechos relativos a esas violaciones de manera de cerciorarse de la verdad e impedir la desaparición de pruebas. Sea que un Estado establezca o no un órgano de ese tipo, debe garantizar la preservación de los archivos relativos a las violaciones de los derechos humanos y el derecho humanitario y la posibilidad de consultarlos”.
En relación con el derecho a la verdad, las sentencias C-715 de 2012(33) y C-099 de 2013(34)han señalado los siguientes criterios:
“(i) El derecho a la verdad, se encuentra consagrado en los principios 1º a 4º de los principios para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, y encuentra su fundamento en el principio de dignidad humana, en el deber de memoria histórica y de recordar, y en el derecho al bueno nombre y a la imagen.
(viii) Este derecho se encuentra intrínsecamente relacionado y conectado con el derecho a la justicia y a la reparación. Así, el derecho a la verdad se encuentra vinculado con el derecho de acceso a la justicia, ya que la verdad solo es posible si se proscribe la impunidad y se garantiza, a través de investigaciones serias, responsables, imparciales, integrales y sistemáticas por parte del Estado, el consecuente esclarecimiento de los hechos y la correspondiente sanción.
(x) Los familiares de las personas desaparecidas tienen derecho a conocer el destino de los desaparecidos y el estado y resultado de las investigaciones oficiales. En este sentido, el derecho a conocer el paradero de las personas desaparecidas o secuestradas se encuentra amparado en el derecho del familiar o allegado de la víctima a no ser objeto de tratos crueles, inhumanos o degradantes y debe ser satisfecho, incluso, si no existen procesos penales en contra de los presuntos responsables (por muerte, indeterminación o cualquier otra causa)(35).
3.5.2. El derecho a la justicia.
Este derecho implica que toda víctima tenga la posibilidad de hacer valer sus derechos beneficiándose de un recurso justo y eficaz, principalmente para conseguir que su agresor sea juzgado, obteniendo su reparación. En este sentido, los Principios de Joinet señalan que “no existe reconciliación justa y durable sin que sea aportada una respuesta efectiva a los deseos de justicia”. Ahora bien, también se establece en los principios que “(e)l derecho a la justicia confiere al Estado una serie de obligaciones: la de investigar las violaciones, perseguir a sus autores y, si su culpabilidad es establecida, de asegurar su sanción. Si la iniciativa de investigar corresponde en primer lugar al Estado, las reglas complementarias de procedimiento deben prever que todas las víctimas puedan ser parte civil y, en caso de carencia de poderes públicos, tomar ella misma la iniciativa”(36).
De esta manera, el derecho a que se haga justicia en el caso concreto, es decir, el derecho a que no haya impunidad(37). Este derecho incorpora una serie de garantías para las víctimas de los delitos que se derivan de unos correlativos deberes para las autoridades, que pueden sistematizarse así(38): (i) el deber del Estado de investigar y sancionar adecuadamente a los autores y partícipes de los delitos; (ii) el derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo y; (iii) el deber de respetar en todos los juicios las reglas del debido proceso.
En cuanto al derecho a la justicia, la Corte Constitucional ha establecido las siguientes reglas en las sentencias C-715 de 2012(39) y C-099 de 2013(40):
(xii) La importancia de la participación de las víctimas dentro del proceso penal, de conformidad con los artículos 29, 229 de la Constitución y 8º y 25 de la Convención Interamericana sobre derechos humanos.
3.5.3. El derecho a la reparación.
El derecho a la reparación integral comprende la adopción de medidas individuales relativas al derecho (i) a la restitución, (ii) a la indemnización, (iii) a la rehabilitación, (iv) a la satisfacción y (v) a la garantía de no repetición. En su dimensión colectiva, involucra medidas de satisfacción de alcance general como la adopción de medidas encaminadas a restaurar, indemnizar o readaptar los derechos de las colectividades o comunidades directamente afectadas por las violaciones ocurridas(41).
Este derecho tiene un soporte constitucional no solo en las disposiciones que contemplan las funciones y competencias de la Fiscalía General de la Nación (art. 250, 6º y 7º) en su redacción proveniente de las modificaciones introducidas mediante el Acto Legislativo 3º de 2002, sino también en la dignidad humana y la solidaridad como fundamentos del Estado social del Derecho (art. 1º), en el fin esencial del Estado de hacer efectivos los derechos y dar cumplimiento al deber de las autoridades de asegurar la vigencia de un orden justo (Preámbulo y art. 2º), en el mandato de protección de las personas que se encuentran en circunstancia de debilidad manifiesta (art. 13), en disposiciones contenidas en los tratados que hacen parte del bloque de constitucionalidad o que sirven como criterio de interpretación de los derechos (art. 93) y en el derecho de acceso a la justicia (art. 229)(42).
En efecto, como lo ha dicho en múltiples oportunidades esta corporación(43), el derecho constitucional a la reparación integral de las víctimas no solo tiene fundamento expreso en los artículos 1º, 2º y 250 de la Constitución, sino también en varias normas del derecho internacional que hacen parte del bloque de constitucionalidad y, por consiguiente, resultan vinculantes en nuestro ordenamiento jurídico. Así, entonces, dijo la Corte, que la petición de reparación del daño causado surge: i) del concepto mismo de dignidad humana que busca restablecer a las víctimas las condiciones anteriores al hecho ilícito (artículo 1º superior), ii) del deber de las autoridades públicas de proteger la vida, honra y bienes de los residentes y de garantizar la plena efectividad de sus derechos (C.P., art. 2º), iii) del principio de participación e intervención en las decisiones que los afectan (C.P., art 2º), iv) de la consagración expresa del deber estatal de protección, asistencia, reparación integral y restablecimiento de los derechos de las víctimas (art. 250, num. 6º y 7º, idem) y, v) del derecho de acceso a los tribunales para hacer valer los derechos, mediante los recursos ágiles y efectivos (C.P., art. 229, art. 18 de la Declaración Americana de Derechos del Hombre, art. 8º de la Declaración Universal de Derechos Humanos y art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos)(44).
Las medidas de reparación deben regirse por dos principios, el de integralidad y el de proporcionalidad. El segundo exige que la medida sea proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido por la víctima(45):
(i) El principio de integralidad, supone que las víctimas sean sujetos de reparaciones de diferente naturaleza, que respondan a los distintos tipos de afectación que hayan sufrido, lo cual implica que estas diferentes reparaciones no son excluyentes ni exclusivas, pues cada una de ellas obedece a objetivos de reparación distintos e insustituibles(46).
En cuanto al derecho a la reparación, la jurisprudencia de la Corte Constitucional en las sentencias C-715 de 2012(47) y C-099 de 2013(48) ha fijado los siguientes parámetros y estándares constitucionales, en armonía con el derecho y la jurisprudencia internacional en la materia:
“(i) El reconocimiento expreso del derecho a la reparación del daño causado que le asiste a las personas que han sido objeto de violaciones de derechos humanos, y de que por tanto este es un derecho internacional y constitucional de las víctimas, como en el caso del desplazamiento forzado;
(iv) Las obligaciones de reparación incluyen, en principio y de manera preferente, la restitución plena (restitutio in integrum), que hace referencia al restablecimiento de la víctima a la situación anterior al hecho de la violación, entendida esta como una situación de garantía de sus derechos fundamentales, y dentro de estas medidas se incluye la restitución de las tierras usurpadas o despojadas a las víctimas.
(xii) La reparación integral a las víctimas debe diferenciarse de la asistencia y servicios sociales y de la ayuda humanitaria brindada por parte del Estado, de manera que estos no pueden confundirse entre sí, en razón a que difieren en su naturaleza, carácter y finalidad. Mientras que los servicios sociales tienen su título en derechos sociales y se prestan de manera ordinaria con el fin de garantizar dichos derechos sociales, prestacionales o políticas públicas relativas a derechos de vivienda, educación y salud, y mientras la asistencia humanitaria la ofrece el Estado en caso de desastres; la reparación en cambio, tiene como título la comisión de un ilícito, la ocurrencia de un daño antijurídico y la grave vulneración de los derechos humanos, razón por la cual no se puede sustituirlas o asimilarlas, aunque una misma entidad pública sea responsable de cumplir con esas funciones, so pena de vulnerar el derecho a la reparación.
3.5.4. La garantía de no repetición.
Si bien en algunos casos el derecho a la no repetición se ha asociado al derecho a la reparación, el mismo merece una mención especial en contextos de justicia transicional. Esta garantía está compuesta por todas las acciones dirigidas a impedir que vuelvan a realizarse conductas con las cuales se afectaron los derechos de las víctimas, las que deben ser adecuadas a la naturaleza y magnitud de la ofensa(49).
La garantía de no repetición está directamente relacionada con la obligación del Estado de prevenir las graves violaciones de los derechos humanos(50), la cual comprende la adopción de medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos(51).
En particular, se han identificado los siguientes contenidos de esta obligación: (i) Reconocer a nivel interno los derechos y ofrecer garantías de igualdad(52); (ii) Diseñar y poner en marcha estrategias y políticas de prevención integral; (iii) Implementar programas de educación y divulgación dirigidos a eliminar los patrones de violencia y vulneración de derechos, e informar sobre los derechos, sus mecanismos de protección y las consecuencias de su infracción(53); (iv) Introducir programas y promover prácticas que permitan actuar de manera eficaz ante las denuncias de violaciones a los derechos humanos, así como fortalecer las instituciones con funciones en la materia(54); (v) Destinar recursos suficientes para apoyar la labor de prevención(55); (vi) Adoptar medidas para erradicar los factores de riesgo, lo que incluye el diseño e implementación de instrumentos para facilitar la identificación y notificación de los factores y eventos de riesgo de violación (56); (vii) Tomar medidas de prevención específica en casos en los que se detecte que un grupo de personas está en riesgo de que sus derechos sean vulnerados(57).
3.6.1. La Sentencia C-1154 de 2005(58) declaró la exequibilidad del artículo 79 de la Ley 906 de 2004 en el entendido de que la expresión “motivos o circunstancias fácticas que permitan su caracterización como delito” corresponde a la tipicidad objetiva y que la decisión será motivada y comunicada al denunciante y al Ministerio Público para el ejercicio de sus derechos y funciones.
En este sentido, se consideró que como la decisión de archivo de una diligencia afecta de manera directa a las víctimas, dicha determinación debe ser motivada para que aquellas puedan expresar su inconformidad a partir de fundamentos objetivos y para que puedan conocer esta decisión. Así mismo, se señaló que cuando exista una controversia sobre la reanudación de la investigación entre la Fiscalía y las víctimas, estas últimas podrán solicitar la intervención del juez de control de garantías.
3.6.2. La Sentencia C-1177 de 2005(59) declaró exequible la expresión “En todo caso se inadmitirán las denuncias sin fundamento”, del inciso 2º del artículo 69 de la Ley 906 de 2004, en el entendido que la inadmisión de la denuncia únicamente procede cuando el hecho no existió, o no reviste las características de delito. Así mismo, expresó que esta decisión, debidamente motivada, debe ser adoptada por el fiscal y comunicada al denunciante y al Ministerio Público.
En este sentido, se manifestó que la preservación de los derechos de las víctimas en el proceso penal exige que la decisión sobre el mérito de la denuncia esté rodeada de un mínimo de garantías y que por ello se le debe investir de publicidad y motivación necesarias para que si es posible, el denunciante ajuste su declaración a los requerimientos de fundamentación que le señale el fiscal, o para que el Ministerio Público despliegue las facultades que el artículo 277 numeral 7º de la Constitución le confiere(60).
Así mismo, declaró exequible la expresión “por una sola vez”, contemplada en los incisos 2º y 3º del artículo 69 de la Ley 906 de 2004, por los cargos analizados en esta sentencia y señaló que la ampliación de la denuncia “por una sola vez”, debe entenderse sin perjuicio de los derechos de intervención que la Constitución y la Ley prevén para las víctimas de los delitos.
3.6.3. La Sentencia C - 454 de 2006(61) declaró exequible, en relación con los cargos estudiados, el artículo 135 de la Ley 906 de 2004, en el entendido que la garantía de comunicación a las víctimas y perjudicados con el delito opera desde el momento en que estos entran en contacto con las autoridades, y se refiere a los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Por su parte, también declaró exequible por los cargos estudiados, el artículo 357 de la Ley 906 de 2004, en el entendido que los representantes de las víctimas en el proceso penal, pueden realizar solicitudes probatorias en la audiencia preparatoria, en igualdad de condiciones que la defensa y la fiscalía.
Por otra parte, se afirmó que los fundamentos constitucionales de los derechos de las víctimas, así como los pronunciamientos que sobre la Ley 906 de 2004 ha realizado la Corte, permiten afirmar que la víctima ocupa un papel protagónico en el proceso, que no depende del calificativo que se le atribuya (como parte o interviniente), en tanto que se trata de un proceso con sus propias especificidades, en el que los derechos de los sujetos que participan están predeterminados por los preceptos constitucionales, las fuentes internacionales acogidas por el orden interno y la jurisprudencia constitucional(62).
3.6.4. La Sentencia C-822 de 2005(63) declaró exequible el artículo 250 de la Ley 906 de 2004, que consagraba el procedimiento en caso de lesionados o de víctimas de agresiones sexuales, en el entendido que: “a) la víctima o su representante legal haya dado su consentimiento libre e informado para la práctica de la medida; b) de perseverar la víctima en su negativa, el juez de control de garantías podrá autorizar o negar la medida, y la negativa de la víctima prevalecerá salvo cuando el juez, después de ponderar si la medida es idónea, necesaria y proporcionada en las circunstancias del caso, concluya que el delito investigado reviste extrema gravedad y dicha medida se la única forma de obtener una evidencia física para la determinación de la responsabilidad penal del procesado o de su inocencia; c) no se podrá practicar la medida en persona adulta víctima de delitos relacionados con la libertad sexual sin su consentimiento informado y libre; d) la práctica de reconocimiento y exámenes físicos para obtener muestras físicas, siempre se realizará en condiciones de seguridad, higiene, confiabilidad, y humanidad para la víctima, en los términos del apartado 5.5.2.6. de esta sentencia”.
En esta sentencia, la Corte consideró que la restricción a la autonomía de la víctima que consagra la norma es inconstitucional, porque desvaloriza el consentimiento de la misma y la expone a una doble victimización(64).
3.6.5. La Sentencia C-209 de 2007(65) declaró inexequibles las expresiones “y contra esta determinación no cabe recurso alguno” del artículo 327 de la Ley 906 de 2004 y “con fines únicos de información” del inciso final del artículo 337 de la misma ley. Así mismo, declaró la exequibilidad condicionada de una serie de normas con el objetivo de conceder unas facultades a las víctimas dentro del proceso penal:
“1. El numeral 2º del artículo 284, en el entendido de que la víctima también puede solicitar la práctica de pruebas anticipadas ante el juez de control de garantías.
“Los derechos de la víctima del delito a la verdad, la justicia y la reparación integral también se encuentran protegidos en el sistema penal con tendencia acusatoria instaurado por la Ley 906 de 2004, pero dicha protección no implica un traslado automático de todas las formas y esquemas de intervención en los que la víctima ejerció sus derechos en el anterior sistema procesal penal regulado por la Ley 600 de 2000, sino que el ejercicio de sus derechos deberá hacerse de manera compatible con los rasgos estructurales y las características esenciales de este nuevo sistema procesal, así como con las definiciones que el propio constituyente adoptó al respecto, v.gr, caracterizar a las víctimas como intervinientes especiales a lo largo del proceso penal, no supeditadas al fiscal, sino en los términos que autónomamente fije el legislador (C.P., art. 250, num. 7º)”.
3.6.6. La Sentencia C-210 de 2007(66) se refirió a las medidas cautelares y a la prohibición de enajenar como instrumentos consagrados para la protección de las víctimas, reconociendo que en la configuración de las etapas del proceso penal, los derechos de las víctimas tienen relevancia constitucional y, por consiguiente, el legislador debe respetar principios básicos de defensa, contradicción y protección a las víctimas del delito para que, entre otros asuntos, se garantice su derecho a la indemnización integral del daño(67).
Así mismo, recordó que los derechos de las víctimas estaban fundados en el concepto dignidad humana, en el deber de las autoridades públicas de proteger la vida, honra y bienes de los residentes y de garantizar la plena efectividad de sus derechos, en el principio de participación e intervención en las decisiones que los afectan, en el deber estatal de protección, asistencia, reparación integral y restablecimiento de los derechos de las víctimas, y en el derecho de acceso a los tribunales para hacer valer los derechos(68).
3.6.7. La Sentencia C-343 de 2007(69) declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-209 de 2007 y además declaró exequible el artículo 390 de la Ley 906 de 2004 sobre el examen de los testigos, señalando que el hecho de no haberle concedido a la víctima las facultades probatorias otorgadas a la Fiscalía, la defensa, las partes y el Ministerio Público, no se traduce en un trato diferente e injustificado entre los distintos actores e intervinientes en el proceso penal, ya que las facultades previstas en los referidos artículos corresponden a la etapa del juicio oral y en esa etapa la víctima no tiene participación directa, de modo que de permitirla se modificarían los rasgos estructurales del sistema penal acusatorio, tal como fue concebido por el Acto Legislativo 03 de 2002 y se alteraría de manera sustancial, la igualdad de armas y, además, se convertiría a la víctima en un segundo acusador o contradictor.
En este sentido, se afirmó la imposibilidad de controvertir los medios de prueba, elementos materiales probatorios y evidencia en el juicio oral y en especial de participar en los interrogatorios de los testigos, pues la omisión advertida no es inconstitucional, pues no genera una desigualdad carente de justificación, evita la alteración de los rasgos estructurales del sistema penal, pues en la etapa del juicio oral la víctima no tiene participación directa y constitucionalmente no resulta factible convertirla en segundo acusador y afectar de esa manera la igualdad de armas(70).
3.6.8. La Sentencia C-516 de 2007(71) declaró la exequibilidad condicionada de los artículos 348, 350, 351 y 352 de la Ley 906 de 2004, en el entendido que la víctima también podrá intervenir en la celebración de acuerdos y preacuerdos entre la Fiscalía y el imputado o acusado, para lo cual deberá ser oída e informada de su celebración por el fiscal y el juez encargado de aprobar el acuerdo.
En esta sentencia, la Corte reconoció que la exclusión patente de las víctimas de los procesos de negociación, no responde a las finalidades que la misma ley le atribuye a la institución, pues desconoce la humanización de la actuación procesal, la eficacia del sistema y el derecho a la participación de las víctimas y no propicia la solución del conflicto ni la reparación integral(72).
En este sentido se aclaró que si bien la víctima no cuenta con un poder de veto de los preacuerdos celebrado entre la Fiscalía y el imputado, debe: (i) ser oída; (ii) informada del acuerdo; (iii) conservar la potestad de aceptar las reparaciones efectivas que puedan resultar de los preacuerdos entre fiscal e imputado o acusado, o rehusarlas y acudir a otras vías judiciales; (iv) impugnar la sentencia proferida de manera anticipada y ; (v) promover, en su oportunidad, el incidente de reparación integral(73).
También declaró inconstitucional el numeral 4º del artículo 137 que señalaba que “En caso de existir pluralidad de víctimas, el fiscal, durante la investigación, solicitará que estas designen hasta dos abogados que las represente. De no llegarse a un acuerdo, el fiscal determinará lo más conveniente y efectivo”.
Adicionalmente se declaró exequible el artículo 340 de la Ley 906 de 2004 que dispone que en la audiencia de formulación de acusación se determinará la calidad de víctima, al considerar que no es cierto que las víctimas solamente puedan participar en el proceso a partir de esta audiencia, pues las mismas pueden intervenir en fases anteriores acreditando sumariamente su condición de tal, como lo prevé el artículo 136, y lo ha reafirmado y precisado la jurisprudencia(74).
Finalmente, declaró constitucional el inciso primero del artículo 340 de la Ley 906 de 2004, que disponía que “de existir un número plural de víctimas, el juez podrá determinar igual número de representantes al de defensores para que intervengan en el transcurso del juicio oral”, considerando que la facultad del juez de limitar el número de apoderados de las víctimas, desarrolla finalidades legítimas como asegurar la eficacia del procedimiento, y establecer un equilibrio entre la acusación y la defensa compatible con el carácter adversarial del sistema acusatorio(75).
3.6.9. La Sentencia C-060 de 2008(76) declaró inexequible la palabra “condenatoria” y exequible el resto de la expresión acusada contenida en el inciso segundo del artículo 101 de la Ley 906 de 2004, que consagra la medida de cancelación de registros obtenidos fraudulentamente, en el entendido de que la cancelación de los títulos y registros respectivos también se hará en cualquier otra providencia que ponga fin al proceso penal.
3.6.10. La Sentencia C-409 de 2009(77) dispuso declarar inexequibles las expresiones “exclusivamente” y “quien tendrá la facultad de participar en dicha conciliación” y exequible la expresión “para los efectos de la conciliación de que trata el art. 103”, contenidas en el artículo 108 de la Ley 906 de 2004.
3.6.11. La Sentencia C-936 de 2010(78) declaró inexequible el numeral 17 del artículo 2º de la Ley 1312 de 2009 que contemplaba la posibilidad de aplicar el principio de oportunidad a los desmovilizados de acuerdo a la Ley 975 de 2005 y declaró la exequibilidad condicionada del parágrafo 3º del artículo 2º de la Ley 1312 de 2009, en el entendido de que la exclusión de la aplicación del principio de oportunidad también comprende las graves violaciones a los derechos humanos.
3.6.12. La Sentencia C-250 de 2011(79) declaró exequible el artículo 100 de la Ley 1395 de 2010, en el entendido de que las víctimas y/o sus representantes en el proceso penal, podrán ser oídos en la etapa de individualización de la pena y sentencia.
3.6.13. La Sentencia C-260 de 2011(80) declaró exequible la expresión “Una vez terminados los interrogatorios de las partes, el juez y el Ministerio Público podrán hacer preguntas complementarias para el cabal entendimiento del caso” contemplada en el artículo 397 del Código de Procedimiento Penal, al considerar que la exclusión de la posibilidad de que las víctimas formulen directamente preguntas complementarias no constituye una omisión legislativa relativa contraria a los derechos de los perjudicados, por cuanto existen motivos fundados que justifican de manera objetiva y suficiente el tratamiento disímil previsto en la norma, ya que tanto al juez como al Ministerio Público les compete, en cumplimiento de sus roles, el deber de mantener la imparcialidad y evitar desequilibrios a favor o en contra de una de las partes, en tanto que a la víctima le asiste un interés por defender la acusación formulada por la Fiscalía y por esa vía obtener un fallo condenatorio.
3.6.14. La Sentencia C-782 de 2012(81) declaró exequible el artículo 90 de la Ley 906 de 2004, en el entendido que la víctima podrá solicitar en la audiencia contemplada en la norma la adición de la sentencia o de la decisión con efectos equivalentes, que omita un pronunciamiento definitivo sobre los bienes afectados con fines de comiso, con el fin de obtener el respectivo pronunciamiento.
En esta sentencia, la Corte Constitucional reconoció que si bien el fiscal representa los intereses del Estado y de la víctima, ello no implica que la víctima carezca del derecho de participación en el proceso penal, señalando que su participación depende de los siguientes factores:“(i) del papel asignado a otros participantes, en particular al fiscal; (ii) del rol que le reconoce la propia Constitución a la víctima; (iii) del ámbito en el cual ha previsto su participación; (iv) de las características de cada una de las etapas del proceso penal; y (v) del impacto que esa participación tenga tanto para los derechos de la víctima como para la estructura y formas propias del sistema penal acusatorio”(82).
Así mismo se afirmó que la intervención de la víctima, está supeditada a la estructura del proceso acusatorio, por lo cual la posibilidad de actuación directa y separada de la víctima al margen del fiscal, es mayor en las etapas previas o posteriores al juicio, y menor en la etapa del juicio(83).
3.6.15. La Sentencia C-839 de 2013(84) declaró exequible el inciso primero del artículo 101 de la Ley 906 de 2004 en el entendido que la víctima también puede solicitar la suspensión del poder dispositivo de los bienes sujetos a registro cuando existan motivos fundados para inferir que el título de propiedad fue obtenido fraudulentamente.
3.7. El principio de igualdad de armas.
3.7.1. Concepto y alcance.
3.7.1.1 El principio de igualdad de armas (level playing field en inglés o en alemán), se refiere a la igualdad de oportunidades entre las partes en el proceso penal y ha sido recogido por los sistemas acusatorios del Derecho penal anglosajón(85), de los cuales el sistema colombiano ha recibido aportes fundamentales(86). Este axioma supone la existencia de dos (2) partes en disputa y se estructura como un mecanismo de paridad en la lucha, de igualdad de trato entre los sujetos procesales o de justicia en el proceso(87). De esta manera, implica que cada parte del proceso penal pueda presentar su caso bajo condiciones que no representen una posición desventajosa frente a la otra(88):
“Las garantías fundamentales en el procedimiento penal han procurado un alcance más profundo del principio de contradicción. No solo la posibilidad de controvertir frente a la otra parte en igualdad de condiciones (principio del juicio justo o equitativo), sino procurar la participación del acusado en el proceso, en condiciones que enmienden el desequilibrio entre los medios de que dispone este y de los que dispone el fiscal o acusador, los cuales son claramente superiores”(89).
3.7.1.2. La Corte Constitucional se refirió a la definición y concepto del principio de igualdad de armas, afirmando que con este axioma se quiere indicar que: “(...) en el marco del proceso penal, las partes enfrentadas, esto es, la Fiscalía y la defensa, deben estar en posibilidad de acudir ante el juez con las mismas herramientas de persuasión, los mismos elementos de convicción, sin privilegios ni desventajas, a fin de convencerlo de sus pretensiones procesales”(90).
3.7.1.3. La igualdad de armas implica una garantía de equiparación entre dos (2) sujetos diferentes que pueden presentar desequilibrios en los medios de que disponen para acudir a la administración de justicia a sustentar sus argumentos y defender sus intereses, por lo que se impone a las autoridades públicas y, en especial, a los operadores de la justicia el deber de promover el debate procesal en condiciones de igualdad en el ejercicio del derecho de contradicción entre la acusación y la defensa(91).
3.7.1.4. Sin embargo, la igualdad de armas no significa absoluta igualdad de trato en todas las etapas procesales ni el deber legal de establecer idénticos contenidos del proceso, pues este principio debe ser compatible con la potestad de configuración del debido proceso que corresponde libremente al legislador dentro del marco constitucional. En efecto, en aras de proteger la igualdad de oportunidades en el proceso penal no podría pretenderse que los intervinientes y todos los sujetos procesales tengan idénticas condiciones sustanciales y procesales para ejercer sus derechos, puesto que ello conduciría a la uniformidad de los procedimientos y a la anulación de la discrecionalidad del legislador para configurar el derecho(92).
3.7.1.5. En este sentido, se ha venido sosteniendo reiteradamente que el principio de igualdad de armas puede admitir limitaciones, especialmente justificables en la etapa de investigación penal, puesto que a pesar de que es fundamental que las partes cuenten con los medios procesales suficientes para defender sus intereses en el proceso penal, esa igualdad de trato no puede conducir a la eliminación de la estructura de partes que consagra el sistema penal acusatorio(93).
3.7.2. Fundamento constitucional.
El principio de “igualdad de armas” en el proceso penal acusatorio es un imperativo constitucional que no solamente se deduce del artículo 13 de la Carta, sino también del Acto Legislativo 3º de 2002 que señaló la estructura del nuevo proceso penal, y este constituye una de las premisas fundamentales del mismo, pues está dirigido a garantizar que el acusador y el acusado tengan a su alcance posibilidades reales y ciertas para ejercer sus derechos y las herramientas necesarias para situarse en un equilibrio de poderes y hacer respetar sus intereses(94):
3.7.2.1. La aplicación del principio de igualdad de armas en el proceso penal hace parte del núcleo esencial de los derechos al debido proceso y de igualdad de trato jurídico para acceder a la justicia (C.P., arts. 29, 13 y 229), según el cual las partes deben contar con medios procesales homogéneos de acusación y defensa, de tal manera que se impida el desequilibrio entre las partes y, por el contrario, se garantice el uso de las mismas posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación. La desigualdad institucional, evidente en el sistema penal acusatorio (el aparato estatal investigativo, por regla general, tiene mayor fortaleza económica, orgánica y funcional, que la defensa a cargo de los particulares), supone la necesaria intervención legislativa para superarla y propiciar la igualdad de trato y de oportunidades de defensa(95).
3.7.2.2. Por otro lado, el principio de igualdad de armas es un elemento esencial del derecho de defensa, de contradicción, y más ampliamente del principio de juicio justo, y hace relación a un mandato según el cual, cada parte del proceso penal debe poder presentar su caso bajo unas condiciones y garantías judiciales, que permitan equilibrar los medios y posibilidades de actuación procesal(96).
3.7.2.3. En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en sostener que este principio hace parte del núcleo esencial de los derechos a la defensa y al debido proceso(97), y su garantía plena es particularmente relevante si se considera que de su ejercicio se deriva la garantía de otros derechos como el de igualdad de oportunidades e instrumentos procesales(98). Al respecto ha señalado la Corte Constitucional: “En resumen, para esta Corte el derecho de defensa en materia penal encuentra uno de sus más importantes y esenciales expresiones en el principio de igualdad de armas, en procura de garantizar la protección de los imputados frente a aquellas situaciones que desequilibran su actuación en el proceso”(99).
3.7.2.4. A partir de ello, la protección del principio de defensa y contradicción debe garantizarse, de tal manera que se permita en el desarrollo del proceso penal, tomar medidas para equiparar en el mayor grado que se pueda, las posibilidades para que el imputado, el acusado y su defensa presenten el caso desde una posición que no sea manifiestamente desventajosa frente a la Fiscalía(100).
3.7.3.1. El principio de igualdad de armas constituye una de las características fundamentales de los sistemas penales de tendencia acusatoria, pues la estructura de los mismos, contrario a lo que ocurre con los modelos de corte inquisitivo, es adversarial, lo que significa que en el escenario del proceso penal, los actores son contendores que se enfrentan ante un juez imparcial en un debate al que ambos deben entrar con las mismas herramientas de ataque y protección(101).
3.7.3.2. En relación con el nuevo sistema acusatorio, la Corte ha concluido que la igualdad de armas es una característica esencial de los sistemas penales de tendencia acusatoria, en cuanto estos tienen una configuración estrictamente adversarial, esto es, que tanto el ente acusador como el acusado se deben enfrentar en igualdad de condiciones en materia de acusación y defensa, ante un juez imparcial que debe valorar el acervo probatorio para fallar. Así lo ha expresado la Corte(102): “(E)l principio de igualdad de armas constituye una de las características fundamentales de los sistemas penales de tendencia acusatoria, pues la estructura de los mismos, contrario a lo que ocurre con los modelos de corte inquisitivo, es adversarial, lo que significa que en el escenario del proceso penal, los actores son contendores que se enfrentan ante un juez imparcial en un debate al que ambos deben entrar con las mismas herramientas de ataque y protección”(103).
3.7.3.3.1. La defensa debe estar en posibilidad de conocer los elementos de juicio que se encuentra a disposición de la Fiscalía, pues de ellos depende el diseño de su estrategia defensiva: “Por ello, en aras de mantener el equilibrio de la contienda y de garantizar la vigencia del plano de igualdades en el debate, en otras palabras, con el fin de hacer realidad el principio de la igualdad de armas, la defensa debe estar en posibilidad de conocer los elementos de juicio que se encuentra a disposición de la Fiscalía, pues de ellos depende el diseño de su estrategia defensiva”(104).
3.7.3.3.2. La Fiscalía debe conocer también el material de convicción que la defensa ha podido recopilar desde el momento en que presentó la formulación de la imputación e, incluso, desde el instante en que tuvo conocimiento de la existencia de la indagación preliminar, si así hubiese ocurrido. Por ello, en la diligencia de descubrimiento, el fiscal también puede pedir a la defensa que entregue copia de los elementos materiales de convicción, de las declaraciones juradas y demás medios probatorios que pretenda hacer valer en el juicio(105).
3.7.3.3.3. El principio de igualdad de armas o igualdad de medios, también supone que la carga probatoria del acusador es proporcional a sus medios y que las reglas de ejercicio del principio contradictorio en virtud de esa carga, buscan equiparar la participación en el proceso penal, tanto optimizando lo más posible las garantías de la defensa, como incrementando la exigencia del cumplimiento de la labor probatoria del acusador (106).
3.7.3.3.4. Este principio tiene una aplicación importante relativa al pleno ejercicio de la defensa penal, la cual incluye el contar necesariamente con un abogado, un intérprete, o con la posibilidad de ser oído en defensa si fuere el caso, así como con el tiempo y medios razonables para interactuar con quien va a obrar como representante y, para ejercer las facultades en cuanto al recaudo de material probatorio dentro del proceso penal, la solicitud de las pruebas que considere pertinentes y la interacción frente a las pruebas que presente el ente acusador(107).
3.7.3.3.5. La defensa debe estar en posibilidad de ejercer las facultades que le han sido otorgadas por la misma ley para el recaudo, solicitud y contradicción de pruebas, tanto en la etapa de investigación como en la etapa de juicio, y ello sin ninguna limitante por parte de su contraparte, esto es, del ente acusador, sino con las restricciones propias del Estado de Derecho respecto de la afectación de terceros y la vulneración de derechos fundamentales, control que le corresponde ejercer a un juez de la República, en la etapa de investigación al juez de control de garantías y en la fase de juicio al juez de conocimiento(108).
3.7.3.3.6. El principio de igualdad de armas tiene aplicación también en relación con la posibilidad para el imputado y su defensa de escoger la entidad de carácter técnico científico que deba conceptuar respecto del material probatorio recaudado por el imputado y su defensor durante la etapa de investigación, y no estar sujeto a una entidad que depende de su contraparte, esto es, del ente acusador(109).
La Sentencia C-427 de 2000(110) decidió abstenerse de emitir pronunciamiento sobre el artículo 9º de la Ley 399 de 1997, salvo en cuanto a su parágrafo el cual se declaró exequible. En esta sentencia, la Corte Constitucional definió los requisitos para que el cargo de inconstitucionalidad por omisión pueda prosperar: (i) que exista una norma sobre la cual se predica; (ii) que una omisión en tal norma excluya de sus consecuencias aquellos casos que, por ser asimilables, deberían subsumirse dentro de su presupuesto fáctico (iii) que dicha exclusión no obedezca a una razón objetiva y suficiente; (iv) que al carecer de una razón objetiva y suficiente, la omisión produzca una desigualdad injustificada entre los casos que están y los que no están sujetos a las consecuencias previstas por la norma y; (v) que la omisión implique el incumplimiento de un deber constitucional del legislador.
Estos requisitos fueron reconocidos con algunos matices en las sentencias: C-780 de 2003(111), C-800 de 2005(112), C-192 de 2006(113), C-891 A de 2006(114), C-1043 de 2006(115), C-240 de 2009(116), C-936 de 2010(117), C-090 de 2011(118), C-100 de 2011(119), C-127 de 2011(120), C-600 de 2011(121) y C-619 de 2011(122), en virtud de lo cual actualmente la jurisprudencia de la Corte Constitucional el análisis de la existencia de una omisión legislativa exige el estudio de los siguientes criterios:
3.8.2. Que la norma excluya de sus consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tenían que estar contenidos en el texto normativo cuestionado, o que el precepto omita incluir un ingrediente o condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta esencial para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta.
Esta circunstancia se hace particularmente notoria durante el juicio oral y se explica por varias razones que ya han sido recogidas en la jurisprudencia, las cuales se relacionan con la naturaleza adversarial de esa etapa según la configuración dada por el constituyente, el rol que cumple la Fiscalía durante el juicio y la función constitucional de velar por los derechos e intereses de la víctima y de garantizar una comunicación efectiva con ella durante todo el proceso(123)”(124).
En este sentido, la sentencia C – 209 de 2007 ha señalado que la posibilidad de intervención directa es mayor en las etapas iniciales del proceso y menor en la etapa del juicio: “De lo anterior surge entonces, que los elementos definitorios de la participación de la víctima como interviniente especial en las diferentes etapas del proceso penal depende de la etapa de que se trate, y en esa medida, la posibilidad de intervención directa es mayor en las etapas previas o posteriores al juicio, y menor en la etapa del juicio”(125).
Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte ha señalado que “la participación directa de la víctima en el juicio oral implicaría una “modificación de los rasgos estructurales del sistema penal acusatorio”, en lo concerniente al principio de igualdad de armas, convirtiéndola en un segundo acusador en desmedro del carácter adversarial entre Fiscalía e imputado”(126).
3.8.3. La exclusión de la participación de las víctimas no carece de un principio de razón suficiente.
“sin embargo, dado que la posibilidad de ejercer estas facultades ocurre en la etapa del juicio oral, sí existe una razón objetiva que justifica la limitación de los derechos de la víctima, como quiera que su participación directa en el juicio oral implica una modificación de los rasgos estructurales del sistema penal acusatorio que comporta una alteración sustancial de la igualdad de armas y convierte a la víctima en un segundo acusador o contradictor en desmedro de la dimensión adversarial de dicho proceso”(127).
“De conformidad con lo que establece el artículo 371, en la etapa del juicio oral, el fiscal presentará la teoría del caso, y lo mismo hará la defensa, pero dicho artículo no prevé que la víctima tenga participación alguna en este momento del juicio oral. No obstante, tal como se señaló al rechazar la posibilidad de que la víctima interviniera directamente en la audiencia del juicio oral para controvertir pruebas o interrogar a los testigos, aquí también está justificada la limitación de sus derechos. Dado el carácter adversarial de esta etapa del juicio penal y la necesidad de proteger la igualdad de armas, no puede la víctima participar de manera autónoma y al margen de la actuación del fiscal”(128).
Por lo anterior, la salvaguarda del carácter adversarial del sistema con tendencia acusatoria y de la igualdad de armas que este exige puede implicar que la participación de la víctima sea limitada en algunos casos.
Como ya se señaló previamente, el principio de igualdad de armas exige que las partes enfrentadas, es decir, la Fiscalía y la defensa, deben estar en posibilidad de acudir ante el juez con las mismas herramientas de persuasión, los mismos elementos de convicción, sin privilegios ni desventajas, a fin de convencerlo de sus pretensiones procesales(129).
En este sentido, los alegatos de conclusión constituyen uno de los momentos esenciales del debate adversarial, pues concentran la discusión y el debate jurídico entre la acusación y la defensa, por ello no se pueden contemplar reglas que impliquen un desbalance desproporcionado de la posición del acusado como permitir que este tenga que recibir al mismo tiempo las réplicas de varios intervinientes como la Fiscalía, los apoderados de las víctimas e incluso el Ministerio Público. Por ello es razonable que solo la Fiscalía pueda presentar una réplica a los alegatos de conclusión de la defensa.
“Por ello, esta omisión no genera una desigualdad injustificada entre los distintos actores del proceso penal, sino que busca evitar que la defensa quede en una situación de desventaja en el juicio oral dados sus rasgos esenciales definidos por el propio constituyente”(130).
“Por lo tanto, la Corte reiterará que, dado que en las etapas previas del proceso penal la víctima ha tenido la oportunidad de participar como interviniente especial para contribuir en la construcción del expediente por parte del fiscal, en la etapa del juicio oral la víctima, a través de su abogado, podrá ejercer sus derechos sin convertirse en una parte que pueda presentar y defender su propia teoría al margen del Fiscal, y en esa medida, el ejercicio de sus derechos se materializará a través del fiscal, quien debe oír al abogado de la víctima. Dada la importancia que tiene para la víctima la posibilidad de que el fiscal le oiga, el juez deberá velar para que dicha comunicación sea efectiva, y cuando así lo solicite el fiscal del caso, decretar un receso para facilitar dicha comunicación”(131). (resaltado fuera de texto)
3.8.5. La omisión no es el resultado del incumplimiento de un deber específico impuesto por el constituyente al legislador.
“(T)ampoco supone un incumplimiento por parte del legislador del deber de configurar una intervención efectiva de la víctima en el proceso penal, como quiera que la posibilidad de que la víctima (o su apoderado) intervenga para controvertir los medios de prueba, los elementos materiales probatorios y la evidencia física presentados en la etapa del juicio oral, así como interrogar al testigo y oponerse a las preguntas que se planteen en el juicio oral, se ejercerá a través del fiscal con base en la actividad propia y en la de las víctimas en las etapas previas del proceso, según los derechos que le han sido reconocidos en esta sentencia y en la ley. En efecto, a lo largo del proceso penal, en las etapas previas, la víctima ha podido participar como interviniente especial en la construcción del caso para defender sus derechos, de tal forma que en el juicio mismo estos se proyectarán mediante la actividad fiscal.
No obstante, la víctima, a través de su abogado, podrá ejercer sus derechos en la etapa del juicio sin convertirse en una parte que pueda presentar y defender su propio caso al margen del Fiscal. El conducto para culminar en esta etapa final del proceso el ejercicio de sus derechos es el fiscal, quien debe oír al abogado de la víctima. Así, por ejemplo, este podrá aportar a la Fiscalía observaciones para facilitar la contradicción de los elementos probatorios, antes y durante el juicio oral, pero solo el fiscal tendrá voz en la audiencia en aquellos aspectos regulados por las normas acusadas. En el evento de que la víctima y su abogado estén en desacuerdo con la sentencia podrán ejercer el derecho de impugnarla, de conformidad con el artículo 177 de la Ley 906 de 2004”(132).
“Por lo tanto, la Corte reiterará que, dado que en las etapas previas del proceso penal la víctima ha tenido la oportunidad de participar como interviniente especial para contribuir en la construcción del expediente por parte del fiscal, en la etapa del juicio oral la víctima, a través de su abogado, podrá ejercer sus derechos sin convertirse en una parte que pueda presentar y defender su propia teoría al margen del Fiscal, y en esa medida, el ejercicio de sus derechos se materializará a través del fiscal, quien debe oír al abogado de la víctima. Dada la importancia que tiene para la víctima la posibilidad de que el fiscal le oiga, el juez deberá velar para que dicha comunicación sea efectiva, y cuando así lo solicite el fiscal del caso, decretar un receso para facilitar dicha comunicación”(133). (resaltado fuera de texto)
3.9. Conclusiones.
3.9.1. Sobre los derechos de las víctimas.
3.9.2.2. La imposibilidad de que la víctima realice directamente una réplica en los alegatos de conclusión es razonable, pues estos concentran el debate y la pugna entre la acusación y la defensa y por ello no pueden contemplar reglas que impliquen un desbalance desproporcionado de la posición del acusado como permitir que este tenga que recibir al mismo tiempo las réplicas de varias partes e intervinientes como la Fiscalía, los apoderados de las víctimas e incluso el Ministerio Público.
1. Declarar EXEQUIBLE por el cargo analizado, el inciso tercero del artículo 443 de la Ley 906 de 2004.
(1) Artículo 2º del Decreto 2067 de 1991: “Las demandas en las acciones públicas de inconstitucionalidad se presentarán por escrito, en duplicado, y contendrán: 1. El señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales, su transcripción literal por cualquier medio o un ejemplar de la publicación oficial de las mismas; 2. El señalamiento de las normas constitucionales que se consideren infringidas; 3. Los razones por las cuales dichos textos se estiman violados; 4. Cuando fuera el caso, el señalamiento del trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado y la forma en que fue quebrantado; y 5. La razón por la cual la Corte es competente para conocer de la demanda.”
(2) Sentencias de la Corte Constitucional C – 480 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño; C – 656 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C – 227 de 2004, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa; C – 675 de 2005, M.P. Jaime Araujo Rentaría; C – 025 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; C – 530 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez; C – 641 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; C – 647 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; C – 649 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; C – 819 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; C – 840 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; C – 978 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; C – 647 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y C – 369 de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
(3) Sentencias de la Corte Constitucional C-005 de 1996, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; C-346 de 1997, M.P. Antonio Barrera Carbonell; C-680 de 1998, M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-742 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández; C-384 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-803 de 2000, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-596 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell; C-1512 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-1717 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-1104 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-1104 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-426 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-316 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-798 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño; C-204 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-1091 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-899 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-318 de 2003, M.P. Jaime Araujo Renteria; C-039 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C – 279 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
(5) Sentencia de la Corte Constitucional C-043 de 2002. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(6) Sentencias de la Corte Constitucional C-927 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; C-893 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-1104 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-309 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño; C-314 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-646 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-123 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-234 de 2003, M.P. Jaime Araujo Rentería; C-1146 de 2004, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; C-275 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-398 de 2006, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; C-718 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-738 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y C-1186 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(7) Sentencias de la Corte Constitucional C-316 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-227 de 2009, M.P. Luis Eduardo Vargas Silva y C – 279 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
(8) Sentencias de la Corte Constitucional C-012 de 2002, M.P. Jaime Araujo Rentería y C–279 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
(9) Sentencia de la Corte Constitucional T-323 de 1999 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
(10) Sentencias de la Corte Constitucional C-204 de 2003 M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-471 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis y C – 279 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
(11) Sentencias de la Corte Constitucional C-736 de 2002, M.P. Jaime Araujo Renteria; C-296 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y C-1075 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(12) Por ende, se decía en la sentencia C-520 de 2009, M.P. María Victoria Calle Correa, siguiendo el precedente (Sentencias C-1512 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis y C-925 de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.): “‘la violación del debido proceso ocurriría no solo bajo el presupuesto de la omisión de la respectiva regla procesal o de la ineficacia de la misma para alcanzar el propósito para el cual fue diseñada, sino especialmente en el evento de que esta aparezca excesiva y desproporcionada frente al resultado que se pretende obtener con su utilización’”.
(13) Sobre el particular se observó en la sentencia C-316 de 2001: “(...) Es así como la eliminación de una institución procesal puede generar el desamparo de un derecho, cuando quiera que el ordenamiento jurídico no ofrezca alternativas diferentes para protegerlo (...)”, escenario en el que el control jurisdiccional de la Corte resulta definitivo. Pues, “excluida del debate acerca de la pertinencia o impertinencia de los modelos procedimentales, la Corte reclama su competencia cuando se trata de definir si el legislador ha hecho uso ilegítimo de la autonomía de configuración que le confiere el constituyente. En esos términos, el Tribunal determina si la potestad configurativa se ejerció respetando los principios constitucionales y las garantías protegidas por el constituyente o si estas han quedado desamparadas por la decisión legislativa que se estudia”.
(14) Sentencia de la Corte Constitucional C-798 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(15) Sentencias de la Corte Constitucional C-925 de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-203 de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez y C–279 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
(17) Sentencia de la Corte Constitucional C-1512 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(18) Sentencias de la Corte Constitucional C-728 de 2000, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y C-1104 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas.
(19) Sentencia de la Corte Constitucional C-1512 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(20) Sentencias de la Corte Constitucional C-1104 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas y C-1512 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(21) Sentencia de la Corte Constitucional C-426 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-203 de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez y C – 279 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
(22) En la sentencia C-228 de 2002, Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett.
(23) Sentencia de la Corte Constitucional C-282 de 2002, MP. Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett, con Aclaración de Voto del Magistrado Jaime Araujo Rentería. En esta sentencia la Corte Constitucional precisó el alcance constitucional de los derechos de las víctimas en el proceso penal y resolvió lo siguiente: Primero.- Declarar EXEQUIBLE, en relación con los cargos estudiados, el inciso primero del artículo 137 de la Ley 600 de 2000, en el entendido de que la parte civil tiene derecho al resarcimiento, a la verdad y a la justicia en los términos de la presente sentencia. Así mismo, declarar EXEQUIBLES, en relación con los cargos estudiados, los incisos segundo y tercero del artículo 137 de la Ley 600 de 2000, salvo la expresión “en forma prevalente y desplazar la constituida por las entidades mencionadas”, contenida en el inciso segundo, que se declara inexequible. Segundo.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 30 de la Ley 600 de 2000, en relación con los cargos estudiados, en el entendido de que las víctimas o los perjudicados, una vez se hayan constituido en parte civil, pueden acceder directamente al expediente. Tercero.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 47 de la Ley 600 de 2000, en relación con los cargos estudiados, salvo la expresión “a partir de la resolución de apertura de instrucción” que se declara INEXEQUIBLE.
(24) Sentencia de la Corte Constitucional C-1033 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Ver también la Sentencia de la Corte Constitucional C – 579 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
(25) Sentencia de la Corte Constitucional C-282 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(26) Sentencia de la Corte Constitucional C-004 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
(27) Sentencia de la Corte Constitucional C-370 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis, Clara Inés Vargas Hernández
(28) Sentencias de la Corte Constitucional T- 443 de 1994, MP. Eduardo Cifuentes Muñoz y C- 293 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
(29) Sentencia de la Corte Constitucional C-454 de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(30) ONU. Comisión de Derechos Humanos. “Conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos, para la lucha contra la impunidad”: Principio 2: “El derecho inalienable a la verdad. Cada pueblo tiene el derecho inalienable a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos en el pasado en relación con la perpetración de crímenes aberrantes y de las circunstancias y los motivos que llevaron, mediante violaciones masivas o sistemáticas, a la perpetración de esos crímenes. El ejercicio pleno y efectivo del derecho a la verdad proporciona una salvaguardia fundamental contra la repetición de tales violaciones”.
(31) ONU. Comisión de Derechos Humanos. “Conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos, para la lucha contra la impunidad”: principio 3: “El deber de recordar. El conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión forma parte de su patrimonio y, por ello, se debe conservar adoptando medidas adecuadas en aras del deber de recordar que incumbe al Estado para preservar los archivos y otras pruebas relativas a violaciones de los derechos humanos y el derecho humanitario y para facilitar el conocimiento de tales violaciones. Esas medidas deben estar encaminadas a preservar del olvido la memoria colectiva y, en particular, evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas”.
(32) ONU. Comisión de Derechos Humanos. “conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos, para la lucha contra la impunidad”: principio 4: el derecho de las víctimas a saber. Independientemente de las acciones que puedan entablar ante la justicia, las víctimas y sus familias tienen el derecho imprescriptible a conocer la verdad acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones y, en caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima”.
(33) Sentencia de la Corte Constitucional, C-715 de 2002, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
(34) Sentencia de la Corte Constitucional, C-099 de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa.
(35) La Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han estimado que las personas que ignoran el paradero de familiares desaparecidos se encuentran en una situación tal de angustia y ansiedad que encuentran violado su derecho a la integridad psíquica y moral y, por tanto, constituyen un trato cruel, inhumano o degradante. Al respecto se puede consultar, entre otras, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Blake Vs. Guatemala, (sentencia de enero 24 de 1998); Caso Villagrán Morales y otros Vs. Guatemala, (sentencia de Noviembre 19 de 1991); caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala, (sentencia de noviembre 8 de 2000).
(36) Sentencia de la Corte Constitucional C-370 de 2006. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis, Clara Inés Vargas Hernández.
(37) Sentencias de la Corte Constitucional C-871 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-1033 de 2006, M.P: Álvaro Tafur Galvis y C-209 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(38) Sentencia de la Corte Constitucional C-454 de 2006. M.P. Jaime Córdoba Triviño; C-936 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; C-260 de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
(39) Sentencia de la Corte Constitucional C-715 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
(40) Sentencia de la Corte Constitucional C-099 de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa.
(41) ONU, Comisión de Derechos Humanos. Conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad. Doc. E/CN.4/ Sub.2/1997/20/rev.1, Art. 33. Ver también ONU. Comisión de Derechos Humanos. Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad. Informe de Diane Orentlicher, experta independiente encargada de actualizar el conjunto de principios para la lucha contra la impunidad. (8 de febrero de 2005) E/CN.4/2005/102/Add.1.
(42) Sentencia de la Corte Constitucional C-409 de 2009, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
(43) En relación con la amplitud del concepto reparación integral del daño causado por el delito, pueden consultarse, entre otras, las sentencias C-805 de 2002 y C-916 de 2002. En cuanto al fundamento constitucional del derecho a la reparación de las víctimas, véanse las sentencias de la Corte Constitucional C-570 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-899 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, C-805 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett.
(44) Al respecto, puede verse la sentencia C-228 de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett; C-210 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(45) Ver ONU. Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición y Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 60/147 de 2005, “Principios y directrices básicos, sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”.
(46) Sentencia de la Corte Constitucional C-454 de 2006, M.P: Jaime Córdoba Triviño: “El derecho de reparación, conforme al derecho internacional contemporáneo también presenta una dimensión individual y otra colectiva. Desde su dimensión individual abarca todos los daños y perjuicios sufridos por la víctima, y comprende la adopción de medidas individuales relativas al derecho de (i) restitución, (ii) indemnización, (iii) rehabilitación, (iv) satisfacción y (v) garantía de no repetición. En su dimensión colectiva, involucra medidas de satisfacción de alcance general como la adopción de medidas encaminadas a restaurar, indemnizar o readaptar los derechos de las colectividades o comunidades directamente afectadas por las violaciones ocurridas.
(47) Sentencia de la Corte Constitucional C-715 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
(48) Sentencia de la Corte Constitucional C-099 de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa.
(49) Sentencia de la Corte Constitucional C-979 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(50) Ver la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer el art. 4.f.
(51) Ver Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, sentencia del 29 de julio de 1988. Párr. 175. De forma similar, el art. 4.f de la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer dispone que los estados deben “[e]laborar, con carácter general, enfoques de tipo preventivo y todas las medidas de índole jurídica, política, administrativa y cultural que puedan fomentar la protección de la mujer contra toda forma de violencia”. Sobre la obligación de adoptar medidas de prevención en distintos ámbitos de los derechos humanos, consultar: arts. 7.d y 8 de la Convención de Belem do Pará; Asamblea General de las Naciones Unidas, A/RES/52/86 “Medidas de prevención del delito y de justicia penal para la eliminación de la violencia contra la mujer”, 2 de febrero de 1998; Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, informe “Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas”, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 68, 20 enero 2007;
(52) Organización de las Naciones Unidas ONU, “La violencia contra la mujer en la familia”: Informe de la Sra. Radhika Coomaraswamy, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, presentado de conformidad con la resolución 1995/85 de la Comisión de Derechos Humanos, UN Doc. E/CN.4/1999/68, 10 de marzo de 1999, párr. 25. Cita tomada en Corte IDH, caso González y otras (Campo Algodonero) vs. México, sentencia del 16 de noviembre de 2009.
(53) Por ejemplo, en el sistema universal de protección de los derechos humanos el art. 3.a de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, dispone que los Estados deben adoptar medidas para “a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres”.
(54) Ver Corte IDH, caso González y otras (Campo Algodonero) vs. México sentencia del 16 de noviembre de 2009. Párr. 258.
(55) Por ejemplo, el artículo 4.h de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer resalta la importancia de destinar suficientes recursos para prevenir y eliminar la violencia contra la mujer.
(56) Ver ONU. Comité de los Derechos del Niño, Convención de los derechos del niño, observación general 13 relativa al “derecho del niño de no ser objeto de ninguna forma de violencia” (18 de abril de 2011).
(57) Ver Corte IDH, caso González y otras (Campo Algodonero) vs. México, sentencia del 16 de noviembre de 2009. Párr. 258.
(58) Sentencia de la Corte Constitucional C-1154 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(59) Sentencia de la Corte Constitucional C-1177 de 2005 M.P Jaime Córdoba Triviño.
(60) Sentencia de la Corte Constitucional C-1177 de 2005 M.P Jaime Córdoba Triviño.
(61) Sentencia de la Corte Constitucional C-454 de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(62) Sentencia de la Corte Constitucional C-454 de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(63) Sentencia de la Corte Constitucional C-822 de 2005. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(64) Sentencia de la Corte Constitucional C-822 de 2005. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(65) Sentencia de la Corte Constitucional C-209 de 2007. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(66) Sentencia de la Corte Constitucional C- 210 de 2007. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(67) Sentencia de la Corte Constitucional C- 210 de 2007. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(68) Sentencia de la Corte Constitucional C- 210 de 2007. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(69) Sentencia de la Corte Constitucional C-343 de 2007. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(70) Sentencia de la Corte Constitucional C-343 de 2007. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(71) Sentencia de la Corte Constitucional C-516 de 2007. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(72) Sentencia de la Corte Constitucional C-516 de 2007. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(73) Sentencia de la Corte Constitucional C-516 de 2007. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(74) Sentencia de la Corte Constitucional C-516 de 2007. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(75) Sentencia de la Corte Constitucional C-516 de 2007. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(76) Sentencia de la Corte Constitucional C-060 de 2008. M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
(77) Sentencia de la Corte Constitucional C-409 de 2009. M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
(78) Sentencia de la Corte Constitucional C-936 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
(79) Sentencia de la Corte Constitucional. C-250 de 2011. M.P. Mauricio González Cuervo.
(80) Sentencia de la Corte Constitucional C-260 de 2011. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
(81) Sentencia de la Corte Constitucional. C-782 de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
(82) Sentencia de la Corte Constitucional. C-782 de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Sentencia C-209 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Reiteración en la Sentencia C-651 de 2011 M.P. María Victoria Calle Correa.
(83) Sentencia de la Corte Constitucional. C-782 de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
(84) M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
(85) La doctrina especializada ubica el origen de la figura en el diseño procesal norteamericano, particularmente en el proceso Roviaro Vs United Status, del que conoció la Corte Suprema de los Estados Unidos. Ante la necesidad de que la defensa tuviera oportunidad de producir evidencias a su favor, la Corte Suprema estableció que, en aplicación del principio de justicia procesal (fairness), la Fiscalía estaba obligada a revelar la identidad de un testimonio que adujo como prueba de cargo. Con posterioridad, la Corte Suprema de Justicia ha extendido los alcances del principio buscando que la Fiscalía revele información y evidencia relevante para el proceso, siempre y cuando la misma no esté sujeta a una reserva específica. Entre las decisiones más importantes en la materia figuran Money Vs Holohan 294 U.S. 103 (1935); Brady Vs Maryland, 373 U.S. 83 (1963) y United Status Vs. Agurs, 427 U.S. 97 (1976) Ver, “Fundamentos teórico constitucionales del nuevo proceso penal”. Oscar Julián Guerrero Peralta, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 2005, p. 282 Ver también la sentencia de la Corte Constitucional C-536 de 2008, M.P. Jaime Araújo Rentería.
(86) Sentencia de la Corte Constitucional C-1194 de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(87) Sentencia de la Corte Constitucional C-118 de 2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(88) AMBOS Kai. “Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte und die Verfahrensrechte” [El Tribunal Supremo europeo para los derechos humanos y el derecho procesal]. En ZStW 115 Heft 3. Pág. 592 y 593. Este autor explica que el principio de igualdad de armas entendido como la nivelación de la participación en el proceso, del acusado frente al acusador, se da a partir del cambio de postura del Tribunal Supremo Europeo para los Derechos Humanos, frente a la posición y al rol del Procurador General austríaco y el Procurador General belga, como entes estatales acusadores (Ibídem).
(89) Sentencias de la Corte Constitucional T-1110 de 2005. M.P. Humberto Sierra Porto y C-118 de 2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(90) Sentencia de la Corte Constitucional C-536 de 2008, M.P. Jaime Araújo Rentería.
(91) Sentencia de la Corte Constitucional C-118 de 2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(92) Sentencia de la Corte Constitucional C-118 de 2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(93) Sentencia de la Corte Constitucional C-118 de 2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(94) Sentencia de la Corte Constitucional C-118 de 2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(95) Sentencias de la Corte Constitucional C-396 del 2007, M.P.: Rodrigo Escobar Gil y C-536 de 2008, M.P. Jaime Araújo Rentería.
(96) Sentencia de la Corte Constitucional C-536 de 2008, M.P. Jaime Araújo Rentería.
(97) Sentencias de la Corte Constitucional C-507 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-131 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño; C-228 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett; C-040 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-328 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y C-152 de 2004 M.P. Jaime Araújo Rentería.
(98) Sentencia de la Corte Constitucional C-617 de 1996, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
(99) Sentencia de la Corte Constitucional C-536 de 2008, M.P. Jaime Araújo Rentería.
(100) Sentencia de la Corte Constitucional C-536 de 2008, M.P. Jaime Araújo Rentería.
(101) Sentencia de la Corte Constitucional C-1194 de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(102) Sentencia de la Corte Constitucional C-536 de 2008, M.P. Jaime Araújo Rentería.
(103) Sentencias de la Corte Constitucional C-1194 del 2005, M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra y C-536 de 2008, M.P. Jaime Araújo Rentería.
(104) Sentencia de la Corte Constitucional C-1194 de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(105) Sentencia de la Corte Constitucional C-1260 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
(106) Sentencia de la Corte Constitucional C-536 de 2008, M.P. Jaime Araújo Rentería.
(107) Sentencia de la Corte Constitucional C-536 de 2008, M.P. Jaime Araújo Rentería.
(108) Sentencia de la Corte Constitucional C-536 de 2008, M.P. Jaime Araújo Rentería.
(109) Sentencia de la Corte Constitucional C-536 de 2008, M.P. Jaime Araújo Rentería.
(110) M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
(111) M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
(112) M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
(113) M.P. Jaime Cordoba Triviño.
(114) M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(115) M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(116) M.P. Mauricio González Cuervo.
(117) M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
(118) M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
(119) M.P. María Victoria Calle Correa.
(120) M.P. María Victoria Calle Correa.
(121) Sentencia de la Corte Constitucional C-600 de 2011, M.P. María Victoria Calle Correa.
(122) M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
(123) Sentencias de la Corte Constitucional C-209 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-396 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y C-516 de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(124) Sentencia de la Corte Constitucional C-260 de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
(125) Sentencias de la Corte Constitucional C-209 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(126) Sentencia de la Corte Constitucional C-260 de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
(127) Sentencias de la Corte Constitucional C-209 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(128) Sentencias de la Corte Constitucional C-209 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y C-069 de 2009, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
(129) Sentencia de la Corte Constitucional C-536 de 2008, M.P. Jaime Araújo Rentería.
(130) Sentencia de la Corte Constitucional C-209 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(131) Sentencias de la Corte Constitucional C-209 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y C – 651 de 2011, M.P. María Victoria Calle Correa.
(132) Sentencia de la Corte Constitucional C-209 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(133) Sentencia de la Corte Constitucional C-209 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.