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Timestamp: 2018-09-21 16:17:00
Document Index: 172735803

Matched Legal Cases: ['artículo 37', 'artículo 20', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 2', 'artículo 53', 'Artículo 19', 'Artículo 10', 'artículo 67', 'artículo 65', 'artículo 35', 'artículo 13']

﻿ Sentencia T-180 de marzo 19 de 2009
SENTENCIA T-180 DE 19 DE MARZO DE 2009
CONTENIDO:PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DE LA PENSIÓN DE VEJEZ. RECONOCIMIENTO ANTE LA PRESUNCIÓN DE VERACIDAD PARA SANCIONAR EL DESINTERÉS DE LAS AUTORIDADES PÚBLICAS POR OMITIR EL RECONOCIMIENTO DE INFORMES EN EL PROCESO DE TUTELA.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA, INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DE LA PENSIÓN DE VEJEZ
Sentencia T-180 de marzo 19 de 2009
Sentencia T-180 de 2009
Ref.: Expediente T-2108136
Acción de tutela instaurada por Rugero Romero contra la Caja Nacional de Previsión Social —Cajanal—.
Bogotá, D.C., diecinueve de marzo dos mil nueve.
Dentro del proceso de revisión del fallo dictado por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Montería y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería Córdoba —Sala Civil Familia Laboral—, en el trámite de la acción de tutela interpuesta por Rugero Romero contra la Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal).
Indica el actor que nació el 15 de abril de 1938, por tanto al momento de interponer la presente acción de tutela contaba con 70 años de edad y 3.726 días cotizados al Fondo de Caminos Vecinales (desde abr. 15/83 hasta mar. 19/85 y desde abr. 15/85 hasta sep. 15/93).
Señala que solicitó ante la entidad accionada se le reconociera la indemnización sustitutiva conforme a los presupuestos establecidos en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993 (1) , atendiendo a que a la fecha no podía seguir cotizando más sumas de dinero al sistema, situación frente a la cual el 12 de julio de 2005, mediante comunicación expedida por Cajanal, fue informado sobre los documentos que debía anexar para acceder a ese derecho.
En ese orden de ideas expone que el 8 de agosto de 2007, adjuntó al oficio de solicitud, la documentación requerida para optar por la indemnización sustitutiva. Dicha solicitud fue resuelta mediante Resolución 48692 del 5 de octubre de 2007, de manera negativa, al considerarse que ese instituto no era aplicable a su caso.
Advierte que inconforme con la decisión adoptada, interpuso recurso de reposición contra dicha determinación. Aclarando en aquella oportunidad el funcionamiento de la indemnización sustitutiva, el régimen pensional, y la aplicación de la Ley 100 de 1993 frente a su situación particular. Sin embargo relata, que mediante Resolución 09591 de 2008 se resolvió el citado recurso confirmando la resolución atacada.
• Copia del derecho de petición, de fecha 18 de mayo de 2005, presentado por el señor Rugero Romero ante la Caja Nacional de Previsión Social, solicitando el reconocimiento de la indemnización sustitutiva de vejez (fl. 19, cdno. primera instancia).
• Copia de la contestación proferida por el grupo de correspondencia de Cajanal, donde se le informan los requisitos que debe presentar a fin de obtener la indemnización sustitutiva (fl. 20, cdno. de primera instancia).
• Copia de la Resolución 16932 del 4 de julio de 2006, por la cual se le negó al señor Rugero Romero la indemnización sustitutiva (fl. 21, cdno. de primera instancia).
• Copia de la declaración juramentada extra-proceso elevada ante la Notaría Segunda de Montería, donde el señor Rugero Romero manifiesta que debido a su edad se encuentra en incapacidad de seguir cotizando (fl. 23, cdno. de primera instancia).
• Copia de la constancia del 1º de noviembre de 2002, proferida por el Fondo Nacional de Caminos Vecinales, donde se da fe que el señor Rugero Romero prestó sus servicios al citado fondo desde el 15 de abril de 1983 hasta el 15 de septiembre de 1993, desempeñando el cargo de Cadenero III (fl. 24, cdno. de primera instancia).
• Copias de los certificados de pagos y descuentos para liquidación, elaborado por el Ministerio de Obras Públicas —Fondo Nacional de Caminos Vecinales, regional Córdoba—, expedido a favor del señor Rugero Romero, del periodo comprendido de los años 1985 a 1993 (fls. 25 a 36, cdno. de primera instancia).
• Copia de la Resolución 3253 de 1993, por medio de la cual se determinan los cargos a suprimir y los empleados desvinculados al 15 de septiembre de 1993 (fls. 38 a 40, cdno. de primera instancia).
• Fotocopia de la cédula de ciudadanía del señor Rugero Romero (fl. 41).
• Copia de la Resolución 48692 del 05 de octubre de 2007, por medio de la cual la Caja Nacional de Previsión Social niega la indemnización sustitutiva de vejez al señor Rugero Romero (fls. 43 a 46, cdno. de primera instancia).
• Copia del recurso de reposición presentado por el señor Rugero Romero contra la Resolución 48692 de 2007 (fls. 47 y 48, cdno. de primera instancia).
• Copia de la Resolución 09591 de marzo de 2008, por medio de la cual la Caja Nacional de Previsión Social confirmó la Resolución 48692 de 2007 (fls. 49 y 50, cdno. de primera instancia).
Es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para revisar los fallos mencionados, de conformidad con lo establecido en los artículos 86, inciso 3º y 241 numeral 9º de la Constitución Política y en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Dispone el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, que las entidades demandadas tienen la obligación de rendir los informes que les sean solicitados en desarrollo del proceso de tutela, dentro del plazo otorgado por el juez, por tanto, si dicho informe no es rendido por la entidad demandada dentro del término judicial, se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano la solicitud de amparo, salvo que el funcionario judicial crea conveniente otra averiguación previa, caso en el cual decretarán y practicarán las pruebas que considere necesarias para adoptar la decisión de fondo, pues como se expresó en otras oportunidades por esta corporación (2) , no puede el juez de tutela precipitarse a fallar dando por verdadero todo lo que afirma el accionante, sino que está obligado a buscar los elementos de juicio fácticos que, mediante la adecuada información, le permitan llegar a una convicción seria y suficiente de los hechos sobre la cual habrá de pronunciarse.
En ese orden de ideas, la presunción de veracidad fue concebida como un instrumento para sancionar el desinterés o negligencia de la autoridad pública o particular contra quien se ha interpuesto la demanda de tutela, en aquellos eventos en los que el juez de la acción requiere informaciones (3) y estas autoridades no las rinden dentro del plazo respectivo, buscando de esa manera que el trámite constitucional siga su curso, sin verse supeditado a la respuesta de las entidades accionadas.
No obstante lo anterior, esta corporación también ha sostenido que es posible que, de manera excepcional, se ordene por la vía de la acción de tutela el reconocimiento, restablecimiento y pago de los citados derechos, siempre que a pesar de existir otro medio de defensa judicial, este resulte ineficaz para lograr la protección inmediata de los derechos fundamentales comprometidos. En relación a este aspecto se ha indicado:
“Para la Corte, dado el carácter excepcional de este mecanismo constitucional de protección de los derechos, la acción de tutela no puede desplazar ni sustituir los mecanismos ordinarios establecidos en nuestro ordenamiento jurídico. También ha señalado esta corporación que, dada la responsabilidad primaria que cabe a los jueces ordinarios en la protección de los derechos, la procedencia de la tutela está sujeta a la ineficacia del medio de defensa judicial ordinario, situación que solo puede determinarse en cada caso concreto ” (4) (subraya y negrilla fuera de texto).
De esta forma, la procedencia excepcional de la acción de tutela exige del juez un análisis concreto de la situación particular del actor, con el fin de determinar si el medio de defensa judicial ordinario es lo suficientemente idóneo para proteger de manera integral sus derechos fundamentales, ya que, en caso contrario, el conflicto planteado trasciende el nivel puramente legal para convertirse en un problema de carácter constitucional (5) .
“(...) es pertinente acotar que en materia de procedibilidad de la acción de tutela, la Corte ha manifestado que, no obstante la rigurosidad con que el juez debe evaluar los requisitos exigidos para dar curso al mecanismo de amparo, existen situaciones especiales en las que el análisis de procedencia de la acción debe desatarse de manera más amplia y permisiva, en atención a la especial naturaleza de las personas que solicitan la protección de sus derechos constitucionales fundamentales (6) ” (7) .
5.1. El sistema general de pensiones tiene por objeto “garantizar a la población, el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones que se determinan en la presente ley, así como propender por la ampliación progresiva de cobertura a los segmentos de población no cubiertos con un sistema de pensiones” (8) .
Ahora bien, para aquellos casos en que los afiliados no puedan cumplir con los requisitos necesarios para acceder a la pensión de vejez, cuentan con una prestación específica para cubrir tal contingencia. Así, en relación con el régimen de prima media con prestación definida, el artículo 37 de la Ley 100 señaló lo concerniente a la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez así: “Las personas que habiendo cumplido la edad para obtener la pensión de vejez no hayan cotizado el mínimo de semanas exigidas, y declaren su imposibilidad de continuar cotizando, tendrán derecho a recibir, en sustitución, una indemnización equivalente a un salario base de liquidación promedio semanal multiplicado por el número de semanas cotizadas; al resultado así obtenido se le aplica el promedio ponderado de los porcentajes sobre los cuales haya cotizado el afiliado”.
En este punto, conviene resaltar que conforme con la posición adoptada por esta corporación, la finalidad de la indemnización sustitutiva o la devolución de saldos, no es otra que la de “[p]ermitir a las personas que luego de haber llegado a la edad de pensión y que (i) no hayan alcanzado a generar la pensión mínima o (ii) no hayan cotizado al menos 1150 semanas (9) , reclamar la devolución de saldos o la indemnización sustitutiva de sus aportes. La hipótesis contraria implicaría que, aún cuando los cotizantes hayan alcanzado la edad en la cual la ley presume la disminución significativa de la capacidad laboral, y pese a que los mismos declaren la imposibilidad de seguir cotizando, el Estado institucionalice la obligación de seguir aportando, sin tomar en consideración las condiciones fácticas que impiden a los sujetos hacerlo” (10) .
De cara al asunto objeto de examen, conviene advertir que el derecho al reconocimiento “(...) de la indemnización sustitutiva, se encuentra en conexidad con el derecho a la vida, la integridad física, el trabajo y la igualdad, entre otros, por cuanto a través de dicha prestación, lo que pretende el Estado es dar cumplimiento al mandato constitucional que impone como deber el de garantizar a todos los habitantes “el derecho irrenunciable a la seguridad social” (11) .
Además, la Corte ha precisado el alcance del contenido del artículo 37 en referencia, en el sentido de que la consagración de la indemnización sustitutiva no conlleva a la obligación de seguir trabajando hasta completar el mínimo de semanas cotizadas, ni la obligación de tener que renunciar a la expectativa de completar el tiempo de cotización, bajo la necesidad imperiosa de tramitar el reconocimiento de la indemnización sustitutiva, una vez alcanzada la edad mínima para acceder a la pensión de vejez (12) . Por el contrario, conforme a lo señalado por esta corporación, el afiliado que se encuentra en esta situación tiene la posibilidad de aceptar esta prestación o de optar por la pensión de vejez, para lo cual deberá seguir cotizando hasta el cumplimiento del requisito de semanas de cotización, siendo esta una decisión libre del afiliado que puede ser tomada en cualquier tiempo, como quiera que este tribunal ha reconocido el carácter imprescriptible de dicha prestación.
5.2. Ahora bien, conforme a la situación objeto de debate, conviene aclarar que esta corporación en otras oportunidades hizo referencia a la aplicación de las normas contenidas en la Ley 100 1993, a fin de hacer efectiva la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez en aquellos casos en que los aportes al sistema se dieron con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley en cita (13) . Al respecto, la Corte estableció que esta normatividad se aplica a todos los habitantes del territorio nacional y a todas aquellas situaciones que al momento de su expedición no se hubieren consolidado. Este tribunal constitucional, como sustento de dicha afirmación sintetizó los argumentos que llevaron a tal conclusión así:
En el mismo sentido, el artículo 2º del Decreto 1730 de 2001, “Por medio del cual se reglamentan los artículos 37, 45 y 49 de la Ley 100 de 1993 referentes a la indemnización sustitutiva del régimen solidario de prima media con prestación definida”, establece que para determinar el monto de la indemnización sustitutiva a que haya lugar, deberán tenerse en cuenta la totalidad de las semanas cotizadas, “aún (sic) las anteriores a la Ley 100 de 1993”.
En este punto cabe advertir, que uno de los dispositivos que plantea la Constitución Política para la resolución de conflictos normativos en materia laboral, es la aplicación del principio de favorabilidad previsto en el artículo 53 superior. En desarrollo de este precepto, la Corte Constitucional ha ratificado que dentro de los principios mínimos en las relaciones laborales se encuentra la aplicación de la situación más favorable al trabajador en caso de duda en el uso e interpretación de las fuentes formales del derecho (14) . Por tanto, hacer una aplicación restrictiva en el asunto sometido a estudio, aceptando la posición esbozada por la entidad accionada, conllevaría no solo a desconocer los derechos de los afiliados, sino además el aludido principio.
De esta manera, el hecho de que el actor se hubiere retirado del servicio el 15 de septiembre de 1993, habiéndose efectuado los aportes al sistema con antelación a la vigencia del actual régimen general de pensiones, en nada afecta su derecho a que su situación pensional sea definida en aplicación de las normas vigentes (15) .
En consecuencia, esta Sala revocará los fallos de instancia, y en su lugar, tutelará los derechos a la vida digna y a la seguridad social del accionante, vulnerados por la Caja Nacional de Previsión —Cajanal— al no reconocer el derecho a la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez que le asiste al demandante, por tanto, ordenará a dicha entidad que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia, reconozca y pague la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez a que tiene derecho el señor Rugero Romero, de acuerdo con las semanas de cotización que se encuentren debidamente acreditadas.
1. REVOCAR las sentencias proferidas por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Montería, el 27 de agosto de 2008 y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería —Sala de Decisión Civil, Familia y Laboral— el 8 de octubre de 2008, en las que se decidió negar el amparo invocado en la presente acción de tutela. En su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales a la vida digna y seguridad social del señor Rugero Romero.
2. ORDENAR a la Caja Nacional de Previsión Social que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, expida un nuevo acto administrativo en el que reconozca y pague la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez a que tiene derecho el señor Rugero Romero, de acuerdo con las semanas de cotización que se encuentren debidamente acreditadas.
Magistrados: Jorge Iván Palacio Palacio—Juan Carlos Henao Pérez—Clara Elena Reales Gutiérrez, magistrada (e).
(1) El citado artículo consagra: Indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Las personas que habiendo cumplido la edad para obtener la pensión de vejez no hayan cotizado el mínimo de semanas exigidas, y declaren su imposibilidad de continuar cotizando, tendrán derecho a recibir, en sustitución, una indemnización equivalente a un salario base de liquidación promedio semanal multiplicado por el número de semanas cotizadas; al resultado así obtenido se le aplica el promedio ponderado de los porcentajes sobre los cuales haya cotizado el afiliado.
(2) Cfr. Sentencia T-392 de 1994.
(3) Artículo 19 Decreto 2591 de 1991.
(4) Sentencia T-1268 de 2005.
(5) Sentencia T-489 de 1999.
(6) Ver, entre otras, las sentencias T-719 y T-789 de 2003.
(8) Artículo 10 de la Ley 100 de 1993.
(9) El artículo 67 de la Ley 797 de 2003 prescribe al respecto: “ART. 14.—El artículo 65 de la Ley 100 de 1993 quedará así: ART. 65.—Garantía de pensión mínima de vejez. En desarrollo de los artículos 13 y 48 de la Constitución Política, créase el Fondo de Garantía de Pensión Mínima del régimen de ahorro individual con solidaridad, como un patrimonio autónomo con cargo al cual se pagará, en primera instancia, la garantía de que trata este artículo. El Gobierno Nacional definirá el régimen de organización y administración de este fondo, así como la entidad o entidades que lo administrarán. Los afiliados que a los sesenta y dos (62) años de edad, si son hombres, y cincuenta y siete (57), si son mujeres, no hayan alcanzado a generar la pensión mínima de que trata el artículo 35 de la Ley 100 de 1993, y hubiesen cotizado por lo menos mil ciento cincuenta (1.150) semanas tendrán derecho a que el fondo de garantía de pensión mínima del régimen de ahorro individual con solidaridad, en desarrollo del principio de solidaridad, les complete la parte que haga falta para obtener dicha pensión”.
(10) Sentencia C-375 de 2004.
(11) Ver entre otras las sentencias T-888 de 2001, T-609 de 2002, T-259 de 2003 y T-495 de 2003.
(12) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-972 de 2006.
(13) Ver sentencias T-972 de 2006, T-1088 de 2007, T-286 de 2008 entre otras.
(14) Ver sentencias C-1687 de 1995, T-545 de 2004, T-043 de 2007, T-018 de 2008 y T-248 de 2008 entre otras.
(15) Sobre este asunto, en un caso similar, la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado, en Sentencia 4109-04 del 26 de octubre de 2006, sostuvo: “(...) en aras de despejar cualquier duda respecto del reconocimiento de un derecho consagrado en la Ley 100 de 1993, a una persona que para la fecha en la cual esta entró en vigencia no estaba vinculada al servicio público, destaca la Sala que el legislador no exigió como presupuesto del reconocimiento del derecho a la indemnización sustitutiva estar vinculado al servicio, ni excluyó de su aplicación a las personas que estuvieran retiradas del servicio. Si así lo hubiere hecho, tal disposición sería a todas luces inconstitucional, entre otras razones, por ser violatoria del derecho a la igualdad contenido en el artículo 13 de la Carta y desconocer la irrenunciabilidad de los derechos ciertos e indiscutibles (CST, art. 15) y de los beneficios mínimos establecidos en normas laborales —art. 53, ib.—, así como la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho, la garantía a la seguridad social y la asistencia a las personas de la tercera edad —art. 46—”.