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Timestamp: 2018-11-17 04:33:09
Document Index: 274049496

Matched Legal Cases: ['artículo 620', 'artículo 167', 'artículo 642', 'artículo 648', 'artículo 7', 'artículo 133', 'artículo 122', 'artículo 356', 'artículo 356', 'artículo 356', 'artículo 356', 'Artículo 282', 'Artículo 284', 'artículo 282', 'artículo 149', 'artículo 1', 'artículo 36', 'artículo 41', 'artículo 36', 'artículo 41', 'artículo 581', 'artículo 16', 'artículo 324', 'artículo 290', 'artículo 21', 'artículo 10', 'artículo 22', 'artículo 21', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 4']

Ni difamación, ni calumnia
Ni difamación ni calumnia II de II Principal La CIA en México Watergate Espionaje en Cuba Discursos Porfirio Muñoz Ledo 1969 El expediente negro de Pablo Salazar Mendiguchía contacto
Ni difamación ni calumnia", la crítica periodística"
Desechan la demanda de Carreño Carlón contra informadores
Rotunda derrota de inquisidores
No ejercicio de la acción penal, dictamina la pgjdf
A la basura, las acusaciones del vocero salinista
A finales del año pasado, José Carreño Carlón, vocero de Carlos Salinas y una pieza política formada al amparo del proyecto transexenal del salinismo, demandó al presidente y director general de El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz, al director editorial Roberto Rock y a los columnistas políticos Carlos Ramírez y Ricardo Alemán, por difamación y calumnias. A Carreño lo señalaban en El Universal como salinista.
Después de más de seis meses de estudio, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal dictaminó el no ejercicio de la acción penal. La argumentación del ministerio público fue impecable: la crítica periodística no es difamación ni calumnia.
Por su importancia para las demandas en curso y las próximas que funcionarios y políticos instrumenten para inhibir la libertad de expresión y el libre ejercicio de la crítica.
Contundente victoria de la libertad de prensa
El (rotundo) chasco de Carreño Carlón
El dictamen de la PGJDF en contra del mensajero de Salinas, un fracaso más de los comisarios de la conciencia
Cabe subrayar la importancia de la resolución ante posible demandas que funcionarios y políticos intenten instituir en contra de la libertad de expresión y el libre ejercicio de la crítica. En las ediciones subsecuentes se publicará la parte restante de la información.
El acta de la integridad (II)
Amparo directo 22/96. Gerardo Hugo Juárez Martínez. 21 de febrero de 1996.
Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz.
Tomo: XVIII
Página: 1070
El elemento esencial que caracteriza al delito de difamación, es la intención dolosa con que el delincuente comunica a otra persona, la imputación del hecho que causa el deshonor y descrédito a la persona aludida; elemento de tal manera importante, que sin él no puede haber delito; por lo que la comprobación de dicho elemento, tiene que ser previa a cualquier procedimiento coactivo que se siga en contra del acusado, ya que ninguna orden de aprehensión puede dictarse por hecho que no amerite pena corporal.
Amparo penal en revisión. Maul Jorge H. 18 de mayo de 1926. Mayoría de ocho votos.
Disidente: Díaz Lombardo. La publicación no menciona el nombre del ponente.
Tomo: LXII
Página: 514
DIFAMACION, DELITO DE (LEGISLACION DE VERACRUZ)
Conforme con el artículo 620 del Código Penal del estado de Veracruz, la difamación consiste en comunicar dolosamente, a una o más personas, la imputación que se hace a otra, de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causarle deshonra o descrédito o exponerlo al desprecio de alguna; y como el artículo 167 del Código de Procedimientos Penales, establece excepción a la presunción que el mismo autoriza, en el caso de que la ley exija la intención dolosa para que haya delito, claro es que para que exista delito de difamación, es necesaria que esté comprobada la existencia del dolo por parte de la persona a quien aquel delito se imputa; así es que el mismo no existe, si se hace consistir en haber hecho una publicación por medio de la prensa, asentando los hechos que aparecen de una acusación presentada por un tercero, en contra del acusador, puesto que el dolo es un elemento subjetivo y si lo niega el acusado y no hay pruebas sobre que la publicación se hizo con ánimo de causar deshonra o descrédito, o exponer al desprecio de alguien al acusador, el dolo no existe; y si se impuso pena al acusado, por el delito de que se trata, debe concedérsele el amparo.
Tomo XLII, Pág. 514. Cancino Palacios Porfirio.-- 11 de septiembre de 1934.
Tomo: XXVIII
La difamación consiste en comunicar dolosamente a una o más personas, la imputación que se hace a otra, de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causarle deshonra o descrédito, o a exponerlo al desprecio de alguno. Del examen del artículo 642, del Código Penal del Distrito, se infiere que el dolo es uno de los elementos capitales de la difamación, de modo es que no basta para la existencia de este hecho el que la imputación comunicada, perjudique por sí sola la reputación de la víctima, sino que es necesaria la intervención del dolo.
Amparo penal en revisión 4389/27. Díaz Encinas Sebastián. 12 de febrero de 1930.
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Enrique Osorno Aguilar. La publicación no menciona el nombre del ponente.
Tomo: II, Parte HO
Tesis: 858
DIFAMACION, DELITO DE. Para la comprobación del cuerpo de este delito, el dolo no se presume, sino que es necesario justificar su existencia.
Amparo en revisión 3805/21. Maul Jorge H. 18 de mayo de 1926. Mayoría de ocho votos.
Tomo XXVII, pág. 1591. Amparo en revisión. Ferral Jesús y coag. 7 de noviembre de 1929. Mayoría de cuatro votos.
Amparo en revisión 4389/27. Díaz Enciso Sebastián. 12 de febrero de 1930. Unanimidad de cuatro votos.
Amparo en revisión 2669/31. López Francisco. 21 de julio de 1933. Cinco votos.
Amparo directo 10817/33. Cancino y Palacios Porfirio. 11 de septiembre de 1934. Cinco votos.
Tomo: XXXVIII
DIFAMACION. Para que exista el delito de difamación, es indispensable que el inculpado haya tratado, dolosamente, de deshonrar o desacreditar a la víctima del delito, comunicando hechos ciertos o falsos, determinados o indeterminados, que puedan exponerla al desprecio público; pero debe tenerse en cuenta que la publicación de conceptos que tiendan a combatir una candidatura política y la crítica de los actos de las personas que aspiran a los puestos públicos mediante el voto popular, es conveniente para la mejor selección de los funcionarios; por tanto, aun cuando esta crítica no sea hecha de manera reflexiva y caballerosa, no constituye un delito que amerite pena corporal, puesto que no se trata de causar un ultraje personal al candidato, ni de exponerlo, por razones privadas, al desprecio público, sino de depurar su personalidad.
A mayor abundamiento, la difamación supone, necesariamente, la intención dolosa, y conforme a la fracción II del artículo 648 del Código Penal del Estado de México, tal intención no existe, cuando se emite un juicio sobre la conducta de una persona, siempre que el móvil de dicha acción, sea el cumplimiento de un deber o la defensa del interés general, puesto que, en materia electoral, existe un alto interés general, puesto que, en materia electoral, existe un alto interés público, en que sea depurada la personalidad de los candidatos, ya que eso traerá consigo el mejor ejercicio del voto; por tanto, la exposición de ideas, encaminadas a ese objeto, no constituye delito.
Tomo XXXVIII, Pág. 2901.-- Amparo en revisión 701/32.-- Sec. 3a.-- Reyes Jesús E.-- 24 de agosto de 1933.-- Unanimidad de 4 votos.
Tomo: XXVIII, Segunda Parte
INJURIAS, DIFAMACION Y CALUMNIA. LEY DE IMPRENTA. Si las expresiones que dieron motivo al presente caso, son consecuencia de hechos colectivos de contenido político mundial y nacional, aunque hayan tenido manifestaciones locales de choque entre grupos de estudiantes católicos y sus oponentes, que fueron calificados de comunistas; y si la publicación que hizo el quejoso se realizó por medio de la prensa, resultan aplicables el artículo 7º constitucional, que consagra la libertad de imprenta, y la Ley Reglamentaria de los artículos 7º y 7º constitucionales (Ley de Imprenta) que, de acuerdo con el artículo 133 de nuestra Constitución, tienen supremacía sobre las disposiciones que puedan existir en las leyes de los estados.
Amparo directo 4356/59. Jorge Páez Sotelo. 26 de octubre de 1959. 5 votos, Ponente: Juan José González Bustamante.
Tomo: CXXII
INJURIAS Y DIFAMACION. CUESTIONES POLITICAS. Si las expresiones que admite haber pronunciado el acusado son que el querellante es un traidor a ciertos principios revolucionarios y políticos, traición debida a haber recibido de un alto funcionario una suma de dinero, tales expresiones no caben dentro de la definición de las injurias, ni de la difamación, porque no tratan de manifestar desprecio ni de hacerlo ofensa a otro, sino son el sentir o la opinión que tiene el acusado de la conducta o modo de obrar del querellante; tan es así, que la ley no castiga ni la injuria ni la difamación cuando las expresiones recaen sobre la actitud o conducta de otro, si se hacen por interés público, como en el caso en que se trata de discutir situaciones en que se debaten o están en juego los intereses de una comunidad.
Amparo Penal Directo. 1577/950. Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Nayarit. 8 de octubre de 1954. Unanimidad de 4 Votos. Quinta Epoca, Tomo CXXII, Pág. 187.
En este sentido, cabe hacer notar que en los artículos periodísticos, cartas y entrevistas atribuidos a los Probables Responsables Ricardo Alemán Alemán y Carlos Javier Ramírez Hernández, publicados en el periódico El Universal ya referidos, no existe elemento de prueba que demuestre que los imputados tuvieron la clara y certera intención de ofender y dañar al señor José Ramón Carreño Carlón, causarle deshonra, descrédito, perjuicio o exponerlo al desprecio de alguien.
Las pruebas aportadas efectivamente acreditan la existencia de los artículos periodísticos y cartas, así como su publicación, pero de ninguna manera prueban el dolo específico requerido por el tipo penal de difamación, consistente en el ánimo dañoso o "animus difamandi" de los inculpados, y menos aún que las publicaciones se hubiesen con la dañada intención de causar la deshonra, el descrédito o el perjuicio del denunciante, o de exponerlo al desprecio de los demás.
Por lo antes referido, la existencia de este elemento subjetivo del tipo penal de difamación, no se acredita en términos del artículo 122 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, por lo que las conductas de Ricardo Alemán Alemán y Carlos Javier Ramírez Hernández, son atípicas, luego entonces no pueden ser antijurídicas ni culpables, por lo consiguiente no son delictuosas las conductas de los inculpados antes citados.
1.2.-- Los tipos penales de calumnia descritos en el artículo 356 fracciones I y II del Código Penal para el Distrito Federal, establecen: I.-- Al que impute a otro un hecho determinado y calificado como delito por la ley, si este hecho es falso, o es inocente la persona a quien se imputa"; "II.-- Al que presente denuncias, quejas o acusaciones calumniosas, entendiéndose por tales aquellas en que el autor imputa un delito a persona determinada, sabiendo que esta es inocente, o que aquel no se ha cometido".
De lo anterior, se desprende de estos tipos penales de calumnia, que para que las conductas sean típicas, es necesario la imputación de un delito por parte del activo; en el caso que nos ocupa, donde se le atribuye a Ricardo Alemán Alemán y Carlos Javier Ramírez Hernández, la comisión del delito de Calumnias, es menester precisar que el señor José Ramón Carreño Carlón, afirma en su escrito de denuncia que Ricardo Alemán Alemán le imputó un hecho determinado, previsto como delito en el capítulo X del Código Penal para el Distrito Federal, relativo a los delitos cometidos por servidores públicos cuando afirmó en su artículo periodístico que "Sabedor de la corrupción que él mismo fomentó desde la casa presidencial durante el salinismo Carreño Carlón escupe para arriba"; asimismo, el denunciante considera que el vocablo "corrupción" supone la actualización de uno o varios delitos.
En cuanto al señor Carlos Javier Ramírez Hernández, considera que se reúnen los elementos del tipo de calumnia en virtud de que Carlos Javier, le imputó un hecho determinado consistente en "Allá la comunidad de la UIA analice si fue sumida en el desprestigio de un político ahora enmascarado como académico pero forjador de las alianzas del neosalinismo arrinconado por las autoridades y la sociedad por sus excesos políticos, criminales y de corrupción..."; el denunciante estima que la expresión "excesos criminales y de corrupción", supone la actualización de diversos tipos penales.
Ahora bien, las imputaciones a que se refiere el señor Carreño Carlón, de ninguna manera configuran el delito de calumnia, habida cuenta que no se actualiza la conducta típica de imputar a una persona un hecho determinado y calificado por la ley como delito.
En efecto, el hecho imputado requiere estar determinado, ser de naturaleza concreta y singular, ubicable en circunstancias de tiempo, modo y lugar, individualizable en sus referencias personales, lo cual no ocurre en la especie, pues las aludidas imputaciones son en realidad juicios desfavorables sobre la conducta desplegada por el denunciante en su carácter de servidor público de la administración de Carlos Salinas de Gortari y sobre el denominado "neosalinismo", crítica que tenían derecho a realizar los señores Ricardo Alemán Alemán y Carlos Javier Ramírez Hernández, en virtud de su calidad de periodistas.
Cabe señalar que en el caso de las expresiones atribuidas a Carlos Javier Ramírez Hernández consideradas como delitos ("excesos criminales y de corrupción"), se advierte que el juicio se refiere propiamente al "neosalinismo" y no al denunciante, pero aún en el caso de que fuera vertido al señor Carreño Carlón, no deja de ser una mera expresión crítica, un calificativo desfavorable.
Así, en razón de que las imputaciones derivan propiamente en improperios y no en la atribución de hechos concretos y específicos de carácter delictivo, no se configura la conducta típica del delito de calumnia. Además, tampoco está comprobado el elemento dolo requerido por el tipo, ya que no existe prueba de que los Probables Responsables hayan actuado con el ánimo de calumniar, dañar o perjudicar al denunciante, y menos aún de que tuvieran una falsa convicción o creencia de sus juicios emitidos.
Por lo que hace al tipo penal previsto por la fracción II del artículo 356 del Código Penal para el Distrito Federal, éste tampoco se acredita, toda vez que los imputados en ningún momento han presentado ante las autoridades denuncias, quejas o acusaciones calumniosas.
Sirven de apoyo a lo anterior, las ejecutorias pronunciadas por los órganos de control constitucional que a continuación se transcriben:
Tomo: 205-216 Sexta Parte
Página: 569
CALUMNIAS, DELITO DE. No toda imputación o denuncia de delito que termine para los imputados en absolución, hacen nacer necesariamente acción de calumnia en contra del que denunció tales hechos, sino únicamente cuando se acredite a plenitud la inexistencia misma del hecho o la inocencia del acusado y, además, el conocimiento por parte del calumniador de la falsedad de su denuncia; de no interpretarse así el tipo legal contenido en la fracción I del artículo 356 del Código Penal, esto es, de no admitirse la necesaria concurrencia de "animus injuriandi" daría como resultado, que la justicia y el orden social sufrirían una profunda alteración, pues la institución procesal de la denuncia, resultaría un derecho de ejercicio peligroso y, la aceptación silenciosa de las consecuencias del delito por parte de la víctima, sería la conducta más prudente, pues no siempre sería posible la prueba de la imputación, aunque se haga de buena fe.
Amparo directo 241/85. Gloria Rodríguez de Huerta. 27 de noviembre de 1985. Unanimidad de votos. Ponente: Elvia Díaz de León.
Pág. 1046
CALUMNIA. Para que exista, no basta la imputación de un delito, sino que se necesita, además, que tal imputación sea dolosa y, cuando se requiere la prueba (del dolo) y ésta no se rinda, no hay delito.
Amparo penal en revisión. Ibarra Francisco. 16 de octubre de 1918. Unanimidad de diez votos. La publicación no menciona el ponente.
Corrección. Fe de erratas, Tomo III, pág. 1563.
Tomo: LXXXIX
Página: 2517
CALUMNIA, DELITO DE. Aun cuando en muchos casos, sin una regla general ni razonamiento lógico, sentada la premisa de la absolución, puede darse la conclusión de que la imputación fue infundada y falsa, e inocente la persona a la que se le hizo; de cualquier suerte, la comprobación del cuerpo del delito de calumnia, debe ajustarse a los términos de la definición legal que da el artículo 356 del Código Penal del Distrito, y desde este punto de vista, es necesario e imprescindible que se conozca cuál es el hecho determinado y calificado como delito por la ley, o bien que la denuncia sea sobre imputación y lo idóneamente lesiva de ésta para crear deshonra y descrédito en la persona ofendida.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO
Amparo directo 838/92. Carmen Marcial viuda de Guzmán. 24 de noviembre de 1992.
Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Narváez Barker. Secretario: Isaac Gerardo Mora Montero.
Amparo directo 518/92. Catalina Gómez Hernández. 6 de octubre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Narváez Barker. Secretario: Alejandro García Gómez.
Por lo antes señalado, se afirma que las conductas de Ricardo Alemán Alemán y Carlos Javier Ramírez Hernández, en relación con el delito de calumnia no son típicas, ni antijurídicas, menos culpables, por lo tanto no son delictivas.
1.3.- Por otra parte, en los tipos penales de amenazas cumplidas, previstos en los artículos 282 fracción II y 284 párrafo inicial ambos del Código Penal para el Distrito Federal respectivamente se establece:
Artículo 282 Fracción II.-- "Al que por medio de amenazas de cualquier género trate de impedir que otro ejecute lo que tiene derecho a hacer".
Artículo 284.-- "Si el amenazador cumple su amenaza, se acumularán la sanción de ésta y la del delito que resulte".
En la atribución de estos ilícitos a los señores Ricardo Alemán Alemán y Carlos Javier Ramírez Hernández, el denunciante refiere en el punto 6 de su escrito en contra de Ricardo Alemán Alemán que éste organizó o participó en un desayuno con un grupo de periodistas para "denunciar" en forma pública las "amenazas" derivadas del anuncio público formulado por él de ejercer su derecho a formular una querella penal por las imputaciones y juicios de valor del señor Ricardo Alemán, por lo que considera que existe el delito de amenazas previsto por la fracción II del artículo 282 del Código Punitivo en vigor.
Posteriormente en su escrito de ampliación indica que tal desayuno tuvo como fin "eventualmente" impedir que ejerciera su derecho legítimo a defender su honor, que el mismo tuvo un efecto intimidatorio causando en su persona y en la de su familia un estado de inquietud y zozobra prolongado que ha perturbado su tranquilidad, considerando más adelante que se configura el delito de amenazas cumplidas.
En cuanto a lo imputado a Carlos Javier Ramírez Hernández el denunciante se considera amenazado por haberse llevado a cabo una reunión con su participación y organización para "denunciar" las "amenazas" vertidas contra Ricardo Alemán Alemán, derivadas del anuncio público de reivindicar por los medios legales su derecho al honor afectado, reunión que tuvo como propósito, impedir que ejerciera su derecho a iniciar una querella.
En las actuaciones que nos ocupan, no existe prueba alguna que demuestre que Ricardo Alemán Alemán, y Carlos Javier Ramírez Hernández, hayan amenazado o que hayan cumplido sus amenazas en contra de José Ramón Carreño Carlón, pues ni siquiera el propio denunciante refiere que estos le hayan expresado o externado su intención de causarle un mal en su persona, en sus bienes, en su honor o en sus derechos, o en los de alguien con quien esté ligado con algún tipo de vínculo, para impedirle que ejecute lo que tiene derecho a hacer, ni refiere qué tipo de mal, daño o perjuicio se le causaría, siendo inverosímil que pretenda considerar como amenaza el desayuno a que se refiere en sus escritos.
Los hechos denunciados no se adecuan a los tipos penales de amenazas pues no existe ningún acto, palabra o hecho ejecutado por Ricardo Alemán Alemán y Carlos Javier Ramírez Hernández, del que se derive su intención de causarle un determinado mal en la persona de José Ramón Carreño Carlón, ni en sus bienes, en su honor o en sus derechos; o en la persona, honor, bienes o derechos de alguien con quien esté ligado con algún vínculo, mucho menos, que estos los hayan cumplido.
Sirven de apoyo en las presentes consideraciones, las tesis de jurisprudencia y aisladas emitidas por nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación y sus Tribunales Colegiados de Circuito que a continuación se transcriben:
Tomo: XXXV
AMENAZAS, DELITO DE. Las amenazas que, de acuerdo con la ley penal, son punibles, deben ser de tal naturaleza, que tiendan a impedir a determinada persona, el ejercicio de algún derecho, puesto que la amenaza sólo es castigada por la ley, como un delito sui géneris, cuando constituye no un acto preparatorio de un delito, sino un hecho en sí mismo criminoso; por consiguiente, siempre que la amenaza sea vaga y hecha en términos generales, o como resultado de un movimiento instantáneo de violencia, pero sin revestir una resolución seria de cometer un crimen contra las personas, o contra la propiedad, no debe ser considerado como delito.
Amparo penal directo 329/31. Hernández Morales Emilio. 10 de mayo 1932. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Salvador Urbina. La publicación no menciona el nombre del ponente.
Tomo: 80, agosto de 1994
Tesis: VI. 2º J/296
AMENAZAS, CONFIGURACION DEL DELITO DE. Para que se configure el delito de amenazas, es necesario que los actos realizados, hechos, palabras, etcétera, perturben la tranquilidad del ánimo de la víctima o que produzcan zozobra o perturbación psíquica en la misma, por el temor de que se le cause un mal futuro.
Amparo en revisión 355/89. Norberta Martínez Romano y otra. 19 de octubre de 1989.
Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Armando Cortés Galván.
Amparo en revisión 225/90. Feliciano Zamora Rugerio. 11 de julio de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna.
Amparo en revisión 471/90. Elpidio Remigio de Jesús. 8 de febrero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretaria: María Roldán Sánchez.
Amparo directo 369/91. Agustina Castillo Salazar y otras. 31 de marzo de 1992.
Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Gonzalo Carrera Molina.
Amparo directo 616/93. Eduardo Lima López. 19 de enero de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Armando Cortés Galván.
Tomo: VIII-agosto
Tesis: VI. lº J/58
AMENAZAS PARA QUE SE INTEGRE ESE DELITO. SE REQUIERE QUE EL AMAGO NO SEA MOMENTANEO. Si los amagos que se denunciaron fueron momentáneos, no pueden calificarse como constitutivos del delito de amenazas, ya que su realización fue actual y momentánea, pues para que se configure tal ilícito es necesario que las amenazas sean encaminadas a causar un mal futuro, y así constreñir al ofendido a vivir un tiempo más menos prolongado en la inquietud y la zozobra de que el activo cumpla con el amago.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO
Amparo directo 153/88. Jacobo Rivera Cortés. 27 de septiembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun.
Amparo en revisión 259/88. Angel Saldívar Valencia. 4 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Gerardo Ramos Córdova. Secretario: César Quirós Lecona.
Amparo en revisión 411/89. Fermín Castillo Acatecatl. 27 de noviembre de 1989.
Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun.
Amparo en revisión 88/90. Feliciano Silverio Gómez Cruz. 5 de julio de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: Irma Salgado López.
Amparo Directo 183/91. María Artemia Guadalupe Torres viuda de Anzures y otros. 6 de junio de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun.
Nota: esta tesis también aparece publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 44, agosto 1991, página 48 y en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo II, Materia Penal, Segunda Parte, tesis 401, página 228.
Tomo: XIV-noviembre
Tesis: XX. 272 P
DELITO DE AMENAZAS. LAS MANIFESTACIONES PROFERIDAS POR EL ACTIVO SIN POSIBILIDAD DE EJECUCION NO CONSTITUYE EL (LEGISLACION DEL ESTADO DE CHIAPAS). Para la integración del delito de amenazas previsto y sancionado por el artículo 149, del Código Penal, se precisa, entre otros requisitos, que la actividad amenazadora afecte la paz y seguridad de las personas, de tal manera que produzca, en el pasivo, un estado de inquietud, zozobra y desasosiego en el disfrute de los bienes legalmente protegidos, durante un lapso más o menos largo, siempre futuro; por tanto, no entrañan amenazas las manifestaciones, sin posibilidad de ejecución, por ser meras balandronadas.
Amparo en revisión 436/94. Idolina de Jesús Molina Reyes. 6 de octubre de 1994.
Unanimidad de votos. Ponente: Angel Suárez Torres. Secretario: Ramiro Joel Ramírez Sánchez.
Tomo: VIII-Julio
AMENAZAS. LAS SIMPLES ADVERTENCIAS MOMENTANEAS DE UN MAL, CUANDO NO PROVOCAN UNA PERTURBACION SIQUICA DURABLE, NO INTEGRAN EL DELITO DE. Las manifestaciones que dijo la ofendida le profirió la acusada "no te tengo miedo, vente porque te voy a pegar..." y "que a la otra que la vea la iba a agarrar a golpes, que se cuidara", no son más que simples advertencias de un mal que no concurren a la integración del delito de amenazas, toda vez que fueron momentáneas y no provocaron una perturbación síquica durable, pues para ello es indispensable que se acredite esencialmente que el mal, daño o perjuicio con que se amenace, perturbe la paz y tranquilidad de la persona afectada, constriñéndola a vivir un tiempo más o menos prolongado en inquietud y zozobra.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMOQUINTO CIRCUITO
Amparo directo 145/89. Raquel Páez Llarena. 4 de julio de 1989. Unanimidad de votos.
Ponente: Miguel Angel Morales Hernández. Secretario: Héctor Gómez Hernández.
Tomo: I Segunda Parte-1
AMENAZAS, REQUISITOS PARA LA CONFIGURACION DEL DELITO DE. Para que se configure el delito de amenazas, el ofendido debe de resultar constreñido a vivir tiempo más o menos prolongado en inquietud y zozobra, con sobresalto, en relación al disfrute de sus derechos, por las frases proferidas por el activo, ya que los simples actos preparatorios de un delito específico, cometidos en contra de una persona, no pueden calificarse como constitutivos de la referida infracción penal, porque son momentáneos y no provocan una perturbación síquica relativamente durable, porque de ser así, las formas imperfectas de los delitos, constituirían amenaza como delito autónomo, solución que no es jurídica; por lo que a la frase "no te metas conmigo o le voy a decir a mis hermanos que vengan a romperte la madre", no constituye amenaza.
Revisión penal 15/88. María Sara Silva Marcelo 29 de febrero de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Martín Gonzalo Muñoz Robledo.
Carreño Carlón, un inquisidor venc(d)ido
La derrota de la calumnia
Cabe reiterar que después de más de seis meses de estudio la procuraduría dictaminó al respecto un categórico no ejercicio de la acción penal, de acuerdo con la lógica irreprochable de que la crítica periodística no es difamación ni calumnia.
El acta de la integridad (III)
1.4.-- En relación con el delito de Ataques a la Vida Privada previsto en la fracción I del artículo 1º de la Ley de Imprenta, que atribuye JOSE RAMON CARREÑO CARLON a RICARDO ALEMAN ALEMAN, CARLOS RAMIREZ, JUAN FRANCISCO EALY ORTIZ y ROBERTO ROCK LECHON, esta representación social es competente para conocer de este ilícito en virtud de que las imputaciones atribuidas son en contra de particulares.
Sirven de apoyo las siguientes ejecutorias emitidas por los órganos de control constitucional:
Tomo: XXII, primera parte
DELITOS DE PRENSA. COMPETENCIA
La Ley de Imprenta de 1917 establece, en su artículo 36, que será obligatoria en el Distrito y Territorios Federales, en lo que concierne a los delitos del orden común previstos en la propia ley, y toda la República por lo que toca en los delitos de la competencia de los tribunales federales. Ahora bien, en caso de que la publicación hecha en un periódico constituya un hecho delictuoso, si éste no se cometió en contra de autoridad federal alguna sino en contra de un particular, el conocimiento del proceso corresponde a la autoridad del fuero común respectivo conforme al citado precepto, por no encontrarse en inciso alguno de la fracción I del artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación entre los que se encuentran enumerados, de manera limitativa, los delitos de carácter federal.
Competencia 71/57. Ramón Cortés. 14 de abril de 1959. Unanimidad de veinte votos. Ponente: Luis Chico Goerne.
Tomo: Informe 1956
LEY DE IMPRENTA. DELITOS PREVISTOS EN LA. Ley de imprenta de nueve de abril de mil novecientos diecisiete, que se encuentra vigente, establece, en su artículo 36 que será obligatoria en el Distrito Federal y territorios, en los que concierne a los delitos del orden común previstos en la propia ley, y en toda la República por lo que toca a los delitos de la competencia de los tribunales federales, en el caso, el ofendido manifestó que desempeñaba el cargo de juez de primera instancia, y consideró que las imputaciones que le hizo el acusado por medio del periódico que estaba bajo su dirección, lesionaban su reputación y constituían los delitos de difamación y calumnia contra funcionario público y ataques a su vida privada por medio de la prensa, que denunció, como el referido funcionario no pertenece a la Federación, sino que forma parte del Poder Judicial del fuero común del distrito y territorios federales, conforme al citado precepto legal y por no encontrarse comprendidos los hechos denunciados en ningún otro de los incisos de la fracción I del artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, entre los que se encuentran enumerados de manera limitativa, los delitos de carácter federal, el conocimiento del proceso que dio origen a la cuestión de competencia corresponde a la autoridad judicial del fuero común que primeramente la declinó.
Competencia número 12/56, entre el Juez de Mixto de Primera Instancia de La Paz, Territorio Sur de la Baja California y el Juez de Distrito de dicho territorio, para conocer del proceso iniciado contra Ventura Castro León, por los delitos de difamación y calumnia contra funcionario público y de ataques a su vida privada, por medio de la prensa, que le imputó el licenciado Jorge Espinola Samperio. Fallada el 12 de enero de 1956, por unanimidad de 17 votos. Caso semejante: competencia número 61/55, entre el juez de primera instancia de lo penal de Tijuana, estado de Baja California y el juez de distrito en dicho estado, para conocer de la averiguación iniciada contra Rodolfo Calderón Villarreal, por el delito de calumnia cometido por medio de la prensa, que denunció la sociedad responsabilidad limitada "Hipódromo de Tijuana". Fallada el 9 de mayo de 1956, unanimidad de 20 votos.
(...) Un delito sabiendo que la persona calumniada es inocente o que aquél no se ha cometido.
Amparo penal en revisión 6290/45. Chávez Aldeco Rafael y coagraviada. 4 de septiembre de 1946. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Fernando de la Fuente. La publicación no menciona el nombre del ponente.
Página: 2503
CALUMNIA, DELITO DE, EN EL ESTADO DE GUERRERO. Tanto en la injuria como en la difamación, se necesita la concurrencia del elemento dolo, que, respecto del primer delito, no es solamente el conocimiento que tiene el delincuente, de la ilicitud de un hecho y la voluntad de cometerlo, o sea, la voluntad consciente de delinquir, sino que, además, se refiere que haya voluntad dañada, fin avieso, mala intención, mala índole en las expresiones proferidas, porque debe haber propósito de ofender; y en relación con el segundo delito, o sea la difamación, el dolo es elemento capital, puesto que no basta que la imputación comunicada perjudique, por sí sola, la reputación de la víctima, sino que es necesaria la intención dolosa. Ahora bien, como la injuria y la difamación toman el nombre de calumnia, artículo 581 del Código Penal del Estado de Guerreo cuando se imputa un hecho determinado y calificado como delito, pero siempre dolosamente, esto es, con conocimiento de la naturaleza delictuosa del hecho, por la voluntad de consumar un delito, o sea, cuando hay la intención dañada de perjudicar a una persona, si en los documentos en los cuales se dice que se cometió el delito, no se revela esa intención dañada, porque el ánimo de su autor era poner en conocimiento de otra persona, hechos que, según creía, se iban a ejecutar en perjuicio de aquel, o por lo menos, el temor que tenía que así se hiciera, no existe la intención dañada por parte del autor del documento; y si no existe dolo en la comisión de un hecho que la ley reputa como delito, y para cuya existencia sea necesario ese elemento constitutivo, la orden de aprehensión que por tal hecho se dice, viola el artículo 16 constitucional.
Amparo penal en revisión 3947/31 Olivar Amado. 10 de agosto de 1933. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Enrique Osorno Aguilar. La publicación no menciona el nombre del ponente.
Tesis relacionada con jurisprudencia 95, página 213. Primera Parte. Primera Sala.
Tomo: LVI, Segunda Parte
CALUMNIAS, ESENCIA DEL DELITO DE (LEGISLACION DE GUERRERO). El delito de calumnia previsto en el artículo 324 del Código Penal de Guerrero consiste esencialmente en imputar a otro un hecho determinado y calificado como delito por la ley, en forma dolosa, esto es, a sabiendas de la inocencia del acusado o de la inexistencia de los hechos, y en un caso no hay delito si no existe prueba plena del elemento subjetivo de la referida figura delictiva.
Amparo directo 4223/60. Luis Aranda Velasco. 26 de febrero de 1962. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Juan José González Bustamante.
Tomo: XI-marzo
CALUMNIA. PARA ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO DE CALUMNIA ES MENESTER PROBAR QUE EL ACTIVO OBRO CON ANIMO INJURIANDI.
(LEGISLACION DEL ESTADO DE MEXICO). Del artículo 290 del Código Penal para el Estado de México, que sanciona el delito de calumnias, se advierte la presencia de un elemento subjetivo como parte integradora del tipo penal en cita, consistente en el ánimo injuriandi del activo, esto es, que la denuncia se realice a sabiendas de la falsedad.
--- De la lectura de los artículos periodísticos, cartas y entrevistas cuestionadas no se advierte que se ataque la vida privada del señor JOSE RAMON CARREÑO CARLON, siendo vida privada todas aquéllas actividades que desarrolla en su hogar, con su familia, sus relaciones afectivas y demás aspectos personales, es decir, aquello que es opuesto a su vida pública. De los artículos cuestionados y atribuidos a RICARDO ALEMAN ALEMAN y CARLOS JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ, se desprende que la crítica periodística se refiere a las actividades públicas del señor JOSE RAMON CARREÑO CARLON como exservidor público de primer nivel durante la presidencia del Lic. CARLOS SALINAS DE GORTARI, como periodista y hoy funcionario de la Universidad Iberoamericana; asimismo, se critica el proyecto de Ley Reglamentaria de Comunicación Social.
En el caso de RICARDO ALEMAN ALEMAN la crítica fue públicamente aceptada y discutida por el denunciante mediante el envío de sus cartas de respuesta a RICARDO ALEMAN ALEMAN publicadas en la sección "Columna del lector" del periódico El Universal.
Por otra parte y con independencia de que en los artículos periodísticos cuestionados no hay ataque alguno a la vida privada del señor JOSE RAMON CARREÑO CARLON, se estima que tales artículos, cartas y entrevistas no son delictuosos y están amparadas por las garantías de libertad de prensa y libre expresión de las ideas, consagradas en los artículos 6º y 7º de la Constitución General de la República.
Ahora bien, al no haber conducta delictiva por parte de los señores RICARDO ALEMAN ALEMAN y CARLOS JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ, menos aún se puede considerar que exista alguna imputable a los señores JUAN FRANCISCO EALY ORTIZ y ROBERTO ROCK LECHON.
Con independencia de lo antes precisado, cabe señalar lo inexacto de las aseveraciones del denunciante en el sentido de que el artículo 21, fracción II de la Ley de Imprenta atribuye responsabilidad penal al director de una publicación periódica, ya que el citado numeral textualmente dice: "El director de una publicación periódica tiene responsabilidad por los artículos, entrefiletes, párrafos de gacetilla, reportazgos y demás informes, relaciones o noticias que contuviere: ...". Como se puede observar, la responsabilidad a que se refiere el artículo en cita no es de carácter penal sino de otra naturaleza.
Además, resulta incorrecta la afirmación del querellante en cuanto a que pretende atribuir responsabilidad penal solidaria a los señores JUAN FRANCISCO EALY ORTIZ y ROBERTO ROCK LECHON, ya que es de elemental conocimiento jurídico el hecho de que la responsabilidad penal no es solidaria, como lo es en otras materias, siendo claro lo preceptuado por el artículo 10º del Código Penal para el Distrito Federal en cuanto a que "La responsabilidad penal no pasa de la persona y bienes de los delincuentes, excepto en los casos especificados por la ley", y también con lo que se establece en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que prohíbe cualquier pena trascendental.
La responsabilidad contemplada por el artículo 21 de la Ley de Imprenta para los directores, sólo existe en los supuestos previstos en las fracciones Y, II y III del mismo numeral, siendo claro que la conducta de los señores JUAN FRANCISCO EALY ORTIZ y ROBERTO ROCK LECHON no encuadra en ninguna de dichas hipótesis, dado que los artículos periodísticos y cartas cuestionados están firmados y reconocidos por los señores RICARDO ALEMAN ALEMAN y CARLOS RAMIREZ, ninguno de ellos ataca la vida privada del denunciante, la moral o a la paz pública, y los señores JUAN FRANCISCO EALY ORTIZ y ROBERTO ROCK LECHON nunca ordenaron publicación de los mismos, ni le dieron datos a RICARDO ALEMAN ALEMAN o a CARLOS RAMIREZ para que los redactaran, y menos aún los aprobaron expresamente.
Por todo lo anterior, se considera que no existió conducta típica del delito de ataques a la vida privada que se le atribuye a los señores JUAN FRANCISCO EALY ORTIZ y ROBERTO ROCK LECHON por los actos lícitos y amparados por la garantía constitucional de libertad de prensa, de los señores RICARDO ALEMAN ALEMAN y CARLOS JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ. Luego entonces, si la conducta de estos últimos es atípica y no existió conducta típica por parte de JUAN FRANCISCO EALY ORTIZ y ROBERTO ROCK LECHON, es innecesario entrar en el análisis de los otros elementos del delito que son la antijuridicidad y la culpabilidad.
Las consideraciones antes señaladas se robustecen con las ejecutorias sustentadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que a continuación se citan:
"Sexta Epoca"
ATAQUES A LA VIDA PRIVADA (LEY DE IMPRENTA). El artículo primero de la Ley de Imprenta se refiere desde su epígrafe a ataques a la vida privada, no obstante que en su texto la fracción I alude a que las manifestaciones o expresiones circulen en público, ello no desvirtúa su disposición de que tales expresiones se refieran a la vida privada. La Ley no da un concepto de vida privada de una manera explícita, pero sí puede decirse que lo contiene implícito, toda vez que en los artículos siguientes se refiere a los ataques a la nación mexicana, a las entidades políticas que la forman, a las entidades del país y a la sociedad. Para determinar lo que es la vida privada puede acudirse al método de la exclusión y sostener qué vida privada es aquella que no constituye vida pública. Precisando dicho concepto, puede afirmarse que la vida que observan los funcionarios con este carácter, es decir, en el desempeño de su cargo y que es lo que interesa a la sociedad, se opone a las actividades del individuo como particular, a sus actividades en el hogar y en la familia. Esto da la tónica para considerar cuáles fueron los ataques que la Ley de Imprenta que quiso reprimir en la fracción I y en la IV del artículo primero de la Ley de Imprenta. Allí se contiene una limitación a las garantías de los artículos 6º y 7º constitucionales, pero se refiere a la vida privada, no a la que observan los funcionarios en el desempeño de su cargo, pues esto interesa a la sociedad, y la crítica que la misma o sus componentes hagan, es legal si no se ataca a la moral, a los terceros o al orden público. El propio artículo 6º de la Ley de Imprenta autoriza la crítica a los funcionarios o empleados públicos, pues no debe olvidarse que la opinión pública es el medio de controlar a los depositarios del poder y que la libertad de prensa es necesaria para la vida política y social y que debe interpretarse con criterio amplio atendiendo al fin que es el bien público, social, general.
En estas condiciones, es indudable que no existe el delito, si los hechos imputados por el quejoso a las personas que menciona en sus publicaciones no se refieren a sus actividades particulares sino al ejercicio de su cargo en una institución descentralizada, pero por lo mismo, una institución de carácter público; y aún cuando, como en la inmensa mayoría de los actos ilícitos, esas actividades se realizaran en forma oculta, ello no les quita su carácter de actividad pública en atención a su relación con el cargo de funcionarios o empleados públicos de los presuntos ofendidos.
Amparo directo 1711/56. Alberto Román Gutiérrez. 8 de enero de 1958. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Agustín Mercado Alarcón".
"Quinta Epoca"
Tomo: XXII
ATAQUES A LA VIDA PRIVADA. No pueden conceptuarse ataques a la vida privada, las censuras que se hagan a los funcionarios públicos, con motivo de sus funciones y no como particulares.
TOMO XXII, Pág. 294. Castillo José S. 4 de Febrero de 1928. Ocho votos".
"Quinta Epoca
LIBERTAD DE IMPRENTA. Conforme al artículo 7º de la Constitución Federal, es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquiera materia, y ninguna autoridad puede establecer la previa censura; ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública.
Amparo Penal, en revisión. Cisneros Peña Arturo. 8 de febrero de 1918. Unanimidad de once votos. La publicación no menciona el ponente".
Tomo: XXXIX
VIDA PRIVADA. Por vida privada debe entenderse lo que se refiere a las actividades del individuo como particular, en contraposición a la vida pública, que comprende los actos del funcionario o empleado, en el desempeño de su cargo; de modo que para determinar si un acto corresponde a la vida privada, hay que atender al carácter con que se verificó.
TOMO XXXIX, Página 1278. Amparo en revisión. 2061/33. Sec. primera. Arreola Valadez Agustín. 18 de octubre de 1933. Unanimidad de 5 votos".
Tomo: X
LIBERTAD DE ESCRIBIR. Dentro de los derechos del hombre, está el de poder juzgar de la conducta de los funcionarios, con tal de que no se ataque su vida privada, aunque el juicio se emita en términos desfavorables para esos funcionarios.
TOMO X, Página 452. Martínez H. Alberto. 21 de febrero de 1922. Seis votos".
2.-- En relación con la denuncia y querella presentada por MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ, ERIKA VIGUERAS GARZA Y MIGUEL ANGEL MEDELLIN mediante escrito de fecha 12 de noviembre de 1998, en contra de CARLOS RAMIREZ o CARLOS JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ, y en forma solidaria contra JUAN FRANCISCO EALY ORTIZ y ROBERTO ROCK LECHON, radicada bajo el número A/HPSP/534/98-11, por los delitos de difamación y ataques a la vida privada, de las actuaciones practicadas se desprende que la conducta desplegada por los probables responsables no es constitutiva de delito alguno y menos de los que les atribuyen los denunciantes, conforme a las siguientes consideraciones:
En el escrito inicial de querella se manifiesta sintéticamente que el señor CARLOS JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ dolosamente a través de expresiones contenidas en diversos artículos periodísticos les ha querido causar deshonra, descrédito y perjuicio mediante imputaciones y/o juicios sobre sus personas, en tanto profesores y alumnos de la Universidad Iberoamericana.
En relación con el delito de difamación, cabe señalar primeramente que ninguno de los artículos cuestionados menciona por su nombre a MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ, ERIKA VIGUERAS GARZA o MIGUEL ANGEL MEDELLIN, o hace alusión estos supuestos ofendidos y hoy querellantes, por lo que resulta inexacto que CARLOS JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ haya hecho una sola imputación sobre ellos.
Además de lo anterior, como ya se expuso, los artículos periodísticos realizados por CARLOS JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ no constituyen la comisión del delito de difamación por carecer del elemento subjetivo del tipo penal denominado dolo requerido por el tipo penal de difamación, consistente en el ánimo dañoso o "animusdifamandi" del probable responsable, y menos aún que las publicaciones se hubiesen hecho con la dañada intención de causar deshonra, descrédito o perjuicio de los querellantes, o de exponerlos al desprecio de los demás, por lo que, deben tenerse por reproducidas las consideraciones anteriormente vertidas por esta representación social en el presente acuerdo, en relación con la no integración de los elementos típicos de esta figura, así como los criterios sustentados por el Poder Judicial Federal sobre el particular.
En cuanto al delito de ataques a la vida privada, en la especie no existe constancia alguna de la que se desprenda que el señor CARLOS JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ se hubiese referido a ninguno de los supuestos ofendidos y hoy denunciantes, por lo que jamás atacó su vida privada, pues como lo refiere en su declaración el propio CARLOS JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ, no los conoce.
Por lo antes considerado, resulta inconcuso que los señores JUAN FRANCISCO EALY ORTIZ y ROBERTO ROCK LECHON no han realizado conducta típica alguna de ataques a la vida privada, por lo que resulta innecesario entrar al análisis de la antijuridicidad y la culpabilidad, por lo que al no haber tipicidad, no puede haber delito de ataques a la vida privada, lo anterior respecto de la publicación el periódico El Universal de los artículos lícitos y amparados por las garantías constitucionales de libertad de prensa y libre expresión de las ideas del señor CARLOS JAVIER RAMIREZ HERNANDEZ, que fueron materia de la querella presentada.
No obstante lo anterior, se advierte además que los querellantes en la indagatoria en cita, MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ, ERIKA VIGUERAS GARZA y MIGUEL ANGEL MEDELLIN carecen de legitimación procesal para querellarse por el delito de difamación por cuanto hace a personas distintas a ellos.
Como ya se precisó, de la lectura de los artículos periodísticos mencionados en el escrito en donde se querellan, no se advierte que ellos hubiesen resultado difamados en sus personas.
Por lo que, de lo antes expuesto, y al no encontrarse reunidos ni satisfechos los requisitos exigidos en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 122 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, 1, 2 y 3 fracción X, inciso a), b) y f) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y 17 fracción II de su Reglamento, así como con apoyo en lo dispuesto por el artículo 4 fracciones II y X del acuerdo A/005/96 emitido por el titular de esta institución, es de resolverse y se:
PRIMERO.-- Es procedente el no ejercicio de la acción penal con base en los razonamientos jurídicos y fundamentos legales que anteceden.
SEGUNDO.-- Notifíquese personalmente a los querellantes y denunciantes JOSE RAMON CARREÑO CARLON, MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ GUTIERREZ, ERIKA VIGUERAS GARZA y MIGUEL ANGEL MEDELLIN AGUILAR, el no ejercicio de la acción penal, y que cuentan con un término de 15 días naturales contados a partir del día siguiente de su notificación para que, en su caso, manifiesten su inconformidad al respecto, así como para ofrecer pruebas y señalar diligencias no practicadas salvo a que renuncie expresamente a manifestar su inconformidad, lo que deberá hacerse constar, con fundamento en lo dispuesto por los artículos sexto y séptimo del acuerdo A/005/96 emitido por el procurador general de Justicia del Distrito Federal.
TERCERO.-- En su oportunidad, remítanse íntegras las presentes actuaciones al C. coordinador de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del procurador, para que previo su estudio y aprobación del no ejercicio de la acción penal, se archive como asunto concluido.
SE CIERRA Y AUTORIZA LO ACTUADO.
EL C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO.
LIC. JOSE FERNANDO MORALES FLORES
LA C. OF. SRIO. DEL MINISTERIO PUBLICO.
VERONICA VALDEZ CERVANTES
Vo.Bo. DIRECTOR DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL
LIC. FELIPE VALDIVIESO CABRERA.
EN LA CIUDAD DE MEXICO, DF A 27 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DE 1999. EL C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO TITULAR DE LA CELULA SEIS DE LA DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION DE DELITOS CONTRA EL HONOR, RESPONSABILIDAD PROFESIONAL Y RELACIONADOS CON SERVIDORES PUBLICOS
QUE LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL QUE SE TUVO A LA VISTA Y CONCUERDA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CONSTANDO DE DIECIOCHO FOJAS UTILES. DOY FE.
LIC. FERNANDO MORALES FLORES. (Reproducción textual)