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Timestamp: 2019-12-05 22:22:23
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Matched Legal Cases: ['artículo 495', 'artículo 76', 'artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 24', 'artículo 11', 'artículo 71', 'artículo 490', 'artículo 5', 'artículo 11', 'artículo 71', 'artículo 490', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 490']

Fuerzas de Elite • Ver Tema - Detención, cacheo y custodia por agente de seguridad privada
Fecha actual 05 Dic 2019 23:22
Asunto: Detención, cacheo y custodia por agente de seguridad privada
En este artículo pretendo aclarar las dudas que puede haber sobre nuestra capacidad para detener o cachear. Aunque la mayoría de policías y vigilantes lo tienen claro, es conveniente recordar y recopilar los argumentos jurídicos que avalan esa capacidad, así como las referencias legales y jurisprudenciales.
Hemos usado el término agente de seguridad privada para reunir en un solo nombre a los distintos tipos de profesionales de la seguridad privada a quienes afecta este tema: los vigilantes de seguridad y sus especialidades (vigilante de explosivos y escolta) y los guardas de campo y sus especialidades (guarda de caza y guardapesca marítimo o fluvial). Aunque el nombre de agente de seguridad privada no está recogido en la Ley de Seguridad Privada, este nombre es uno de los que se usan en la norma europea UNE EN 15.602 Security Service Providers -Terminology (Terminología sobre proveedores de servicios de seguridad), aprobada por la Unión Europea en el año 2.008, para referirse a nosotros. De todas formas, usaremos a menudo el término vigilante para simplificar.
La detención y el cacheo son temas muy importantes, pues de no actuar ajustadamente al derecho, podemos resultar imputados por detención ilegal. Y tampoco por miedo a ello podemos dejar de cumplir nuestras obligaciones, lo cual conllevaría incluso una sanción. Lo que debemos hacer es actuar correctamente, sin excesos ni evasiones.
PRIMERO.- La palabra retención existe en castellano, y se puede usar para significar un mero hecho acaecido, pero no es una figura jurídica: no está definida en ninguna norma, ni en la LECRIM ni en ninguna otra.
La Sentencia del Tribunal Constitucional98/1986, entre otras cosas, concluía:
En el caso de falta, se está a lo dispuesto por el art. 495, que sólo permite la detención si no tuviese domicilio conocido ni diese fianza bastante. Si no da los datos o no los podemos verificar (datos verbales, por ejemplo), estamos en el supuesto del artículo 495, y se le detiene hasta que se persona la policía, que es quien puede decidir si hay fianza bastante.
Otra cosa es la obligación de detenerlo. Según el art. 76.2. de nuestro Reglamento (lo hemos citado más arriba) sólo estamos obligados en caso de delito; y, en consecuencia, sólo nos pueden sancionar (falta muy grave, que nos puede llevar a perder la habilitación) si no detenemos en caso de delito (art. 151.5.c) del Reglamento).
Ahora bien, como también debemos poner a disposición policial los instrumentos y pruebas, en caso de que haya algo que debamos adjuntar (que será en la mayoría de los casos), se procede mejor manteniendo a la persona detenida hasta que llega la policía y se le entrega al detenido y los efectos custodiados.
Si se niega a identificarse ante un vigilante, o no lleva documentación encima, le dejamos marchar sin más.
Una de las notas fundamentales de la detención por parte de un agente de seguridad privada es que esta tiene un carácter IMPERATIVO: es decir, dentro de los supuestos que contemple la LECRIM y la LSP, el vigilante no puede decidir por su cuenta si detiene o no, sino que tiene la obligación de hacerlo. Explicaremos y detallaremos aquí ese carácter imperativo, y su alcance.
La detención por un agente de seguridad privada viene regulada por los preceptos de varias normas:
4.- La propia Comisaría General de Seguridad Ciudadana, explica en un Informe (publicado en su Boletín Informativo nº 25, de Mayo del 2.008) que nuestra facultad para cachear en los aeropuertos se basa, entre otros, en el artículo 76 de nuestro Reglamento, y no sólo en nuestra obligación de auxiliar a las FFCCS (artículo 1.4 de la LSP).
11.- Es importante señalar que el cacheo que realizamos no es completo, ya que no podemos proceder a verificar de forma total a ninguna persona, sólo es un cacheo superficial (que no significa que sea solamente exterior, no confundirse). Por tanto, cuando pongamos un detenido a disposición de las FFCCS, por seguridad de los policías debemos indicarles que no hemos procedido a un cacheo integral del detenido, a fin de que ellos hagan el registro pertinente.
B) Además, una vez detenido el presunto delincuente, debemos proceder a su identificación,si no se ha hecho anteriormente en las diligencias previas de identificación y comprobación. El art. 151.5.c. del Reglamento de Seguridad Privada dice que es falta muy grave (que puede conllevar perder nuestra habilitación) "la omisión del deber de realizar las identificaciones pertinentes, cuando se observaren la comisión de delitos". Siempre que la identificación sea posible, pues puede no llevar encima documentación que acredite su identidad.
C) Lo que no podemos es interrogar al respecto al delincuente, algo que tenemos totalmente prohibido (art. 11.1.d. de la Ley de Seguridad Privada) y que es sancionable (infracción grave, según el art. 152.5.a. de nuestro Reglamento).
Hay que diferenciar el interrogatorio de un delincuente de la necesidad de verificar unos hechos, para comprobar quien los cometió y si se trata o no de una infracción penal; a fin de evitar una detención ilegal. Así, la Sentencia del Tribunal Supremo 1121, de 12 de Junio del 2.001, antes citada, razona:
D) Los vigilantes estamos exentos de la obligación de dar a conocer sus derechos al detenido, pues es una función reservada a los miembros de las FFCCS, en su condición de agentes de la autoridad. Pero si que estamos obligados a explicar y justificar al detenido los motivos por los cuales hemos procedido a su detención (art. 491 de la LECRIM), siempre que este nos lo pida, que será lo habitual, aunque el lo sepa sobradamente.
Última edición por metro123 el 07 Mar 2010 12:44, editado 2 veces en total
Publicado: 20 May 2009 21:18
Aquí pongo el extracto de la Sentencia 613/2002, con los antecedentes de hecho y los fundamentos jurídicos relevantes para el asunto del cacheo por vigilante de seguridad.
Nótese cómo se incide por el TS en las 3 notas necesarias para la licitud del mismo, y que hemos comentado en el primer mensaje de este hilo: respaldo legal, adecuación o congruencia, y proporcionalidad.
Tribunal Supremo (Sala de lo Penal). Sentencia núm. 613/2002 de 8 abril
PRIMERO. El Juzgado de Instrucción número 2 de Lérida instruyó Procedimiento Abreviado con el número 104/2000, y una vez concluso fue elevado a la Audiencia Provincial de dicha capital que, con fecha 5 de mayo de 2000, dictó sentencia que contiene los siguientes Hechos Probados:
«Se declara probado que el acusado Salvador A. A., de dieciocho años de edad y sin antecedentes penales, alrededor de la 1 h 20 minutos del día 30 de enero del año 2000 se hallaba en el interior de la discoteca Big Ben de la localidad de Golmés, saliendo de uno de los baños del mencionado local y haciendo unos movimiento extraños con las manos en sus bolsillos, razón por la que el vigilante de seguridad J. P. B., ante la sospecha de que portara droga, le solicitó que lo acompañara a un cuarto separado, y una vez allí solicitó que vaciara sus bolsillos, haciéndolo el acusado sin que apareciera sustancia estupefaciente, por lo que el vigilante de seguridad procedió a registrarle superficialmente, hallando en el bolsillo delantero de su pantalón 9 comprimidos, que resultaron ser de éxtasis, con un peso total neto de 3,08 g. Hallada dicha sustancia, J. P. B. procedió a comunicar a los Mossos d'Esquadra los hechos, conduciendo al acusado al exterior del local para esperar la llegada de la patrulla correspondiente. Ya en el exterior, Salvador A. quedó al cargo del también vigilante de seguridad S. P. M. mientras J. P. B. se dirigía a otro extremo del aparcamiento del edificio por si la patrulla acudía por otro lugar. Salvador A., aprovechando la circunstancia de haberse quedando a solas con uno de los vigilantes de seguridad, escapó corriendo en dirección a la carretera, al tiempo que lo seguía S. P. M., y cuando en su huida cruzaba la carretera sacó del interior de sus pantalones y arrojó al suelo una bolsa que contenía 25 comprimidos, que resultaron ser de éxtasis, y con un peso neto de 8,08 g una vez en un campo al otro extremo de la carretera, el acusado cayó al suelo, momento que aprovechó S. P. M. para aprehenderlo, cogiendo seguidamente la bolsa con los comprimidos que habían quedado en la carretera, librando seguidamente a Salvador A. y la sustancia que portaba a la patrulla de los Mossos d'Esquadra, que ya se había personado en el lugar».
En el primer motivo del recurso, formalizado al amparo del artículo 5.4 y 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ( RCL 1985, 1578, 2635; ApNDL 8375) , se invoca vulneración del derecho a la libertad ambulatoria, derecho a la intimidad y de presunción de inocencia que proclama el artículo 24.2 de la Constitución ( RCL 1978, 2836; ApNDL 2875) .
Se alega, en defensa del motivo, que ha sido condenado en virtud de una prueba obtenida ilícitamente ya que fue detenido por meras sospechas subjetivas de un vigilante de seguridad.
Ciertamente, el artículo 11 de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada ( RCL 1992, 1740) establece las funciones a desempeñar por los vigilantes de seguridad, siendo una de ellas la consignada en la letra d) de su apartado 1º, «poner inmediatamente a disposición de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a los delincuentes en relación con el objeto de su protección, así como los instrumentos, efectos y pruebas de los delitos, no pudiendo proceder al interrogatorio de aquéllos», lo que reproduce el artículo 71.1 d) del Reglamento de Seguridad Privada aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre ( RCL 1995, 65, 194) . Por otra parte, el artículo 490 LECrim autoriza la detención por cualquier persona de aquel que intentara cometer un delito o en el momento de ir a cometerlo, así como al delincuente «in fraganti», entre otros supuestos. Se trata desde luego de actuaciones a prevención pero que sin duda alcanzan las medidas necesarias y proporcionadas para asegurar la puesta a disposición de la autoridad o de sus agentes del delincuente, así como de los efectos, instrumentos y pruebas de los hechos presuntamente delictivos, por lo que no puede sostenerse la existencia de la extralimitación que se denuncia en la medida que la misma se desarrolla dentro del marco de la habilitación legal mencionada anteriormente, donde incluso es posible la detención a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Este es un extracto de la STS 1121/2001 citada igualmente al inicio de este hilo:
Tribunal Supremo (Sala de lo Penal). Sentencia núm. 1112/2001 de 12 junio
ANTECEDENTES DE HECHO. PRIMERO
El Juzgado de Instrucción núm. 9 de los de Palma de Mallorca, instruyó Sumario núm. 3/1999 contra José Miguel R. R. y Rafael R. C., por delito contra la salud pública y, una vez concluso, lo remitió a la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, Sección Segunda, que con fecha veintiséis de mayo de dos mil, dictó sentencia que contiene los siguientes Hechos Probados:
« Hechos probados: Son hechos probados y así expresamente se declaran que, sobre las 16 horas del pasado 30 de julio de 1999, Manuel María S. A. desempeñaba sus funciones de agente de seguridad, en el Hipermercado Continente de esta ciudad, viendo a través del circuito cerrado de televisión, cómo José Miguel R. R., mayor de edad por haber nacido el 28 de marzo de 1979, carente de antecedentes penales y en prisión provisional por esta causa desde el día de los hechos hasta el 30 de noviembre, y Rafael R. C., también mayor de edad por cuanto nació el 30 de septiembre de 1972, sin antecedentes penales y privado de libertad por esta causa durante tres días, cogían de los distintos expositores diverso género con el que procedieron a condimentar un bocadillo de anchoas que comieron “in situ”; no perdiéndolos de vista continuó observando cómo el primero de ellos portaba una mochila abierta, donde el segundo introducía otras mercaderías allí existentes para la venta, por lo que se trasladó a la línea de caja, para comprobar lo que decían haber adquirido, viendo cómo únicamente salía José Miguel R., que no declaró todo lo que portaba. Le comunicó aquel vigilante lo ocurrido y las sospechas que tenía, interesándose además por su compañero Rafael R., diciéndole que se habían separado, por tener necesidad aquél de comprar diversos artículos de cubertería de plástico, esperándolo ya seguramente en la furgoneta, que tenían en el parking del establecimiento, yendo ambos a buscarlo, pero, al no encontrarlo allí, regresaron al Centro; y, al ir hacia el cuarto que tienen asignado para sus menesteres, vio cómo Rafael hablaba con otro guarda de seguridad, a la entrada de la zona del supermercado, llevándoselos al precitado cuarto, donde les requirió para que le diesen las llaves de la Volkswagen Caddy, matrícula BA-...-X, pues quería comprobar si tenían algo más allí de la empresa y que no constase pagado en los tickets de compra. Por razones ignoradas, Rafael R. que es hijo de su propietario o titular, se las dio a José Miguel R., que acompañó al guarda hacia el automóvil abriéndolo y viendo cómo detrás del asiento delantero derecho, se encontraba semi-abierta una mochila de la marca Umbro, asomando de su interior una bolsa de color blanco, similar a las usadas por el establecimiento, le dijo que sacara la mochila y tirase de la bolsa, viendo desparramadas en su interior, gran cantidad de pastillas que le parecieron sospechosas, por lo que regresaron al Centro con la misma, dirigiéndose de nuevo hacia la habitación donde se encontraba el primero, solo y con la puerta abierta, diciéndoles el guarda que llamaría a la Policía Nacional, lo que ya no era necesario, puesto que lo había hecho su compañero, porque la Dirección tiene impartidas tales instrucciones, aun en el caso de ofrecer pagar lo presuntamente hurtado como ocurría alegando despiste. Cuando oyeron tal gestión, fueron presa de gran nerviosismo y comenzaron a rogarle que no los denunciara; y, volviéndose tensa la situación, optó aquél por esposarlos, hasta que llegó el Z-78 con una tardanza mínima de 5 minutos y máxima de 15 quienes se hicieron cargo de los hechos; y, al comprobar el contenido de la mochila, les leyeron sus derechos y, cambiándoles los grilletes, se los llevaron detenidos a la Comisaría de la Playa de Palma. Dentro de aquella mochila, que era propiedad de José Miguel, se encontraron 32,369 gramos de cocaína con una riqueza aproximada del 87%; otro envoltorio de plástico que igualmente contenía 0,968 gramos de cocaína con una riqueza del 38%; una bolsa de plástico de color verde que contenía 48 comprimidos y un trozo, que arrojaron un peso de 16,752 gramos, positivos en MDMA y una riqueza aproximada del 22%; otros 676 comprimidos ranurados en una cara y con el anagrama mitsubishi en la otra, también positivos en MDMA, un peso de 216,410 gramos y una riqueza del 31% y por último, otros 45 comprimidos, lisos en una cara y en la otra un dibujo sin identificar, positivos en igual sustancia, un peso de 15,785 gramos y una riqueza del 23%; todo ello según análisis efectuado por el Area de Sanidad de la Delegación de Gobierno de esta Comunidad Autónoma, amen de un dinamómetro de la marca Pesnet, una caja y 10 comprimidos de ciclofalina y un teléfono móvil Motorola, propiedad de Rafael R., y de otros objetos y enseres de menor interés. Estas sustancias incluidas en la Lista Convenio sobre Estupefacientes de Viena de 1971, fueron policialmente tasadas en la suma de 1.288.146 pesetas, y estaban destinadas al consumo de terceros. Con posterioridad, los números policiales ... y ..., practicaron un registro en la habitación... del Hostal Aries, que ocupaban desde hacía unos cuatro días los acusados, con resultado negativo. Estando ambos de vacaciones en esta Isla, disponían solamente de un fondo común de 29.000 pesetas».
Recurso de Rafael R. C.
Al amparo del artículo 5.4 LOPJ ( RCL 1985, 1578, 2635 y ApNDL 8375) denuncia vulneración de los artículos 24.1 y 2 y 17.1 y 3, todos ellos CE ( RCL 1978, 2836 y ApNDL 2875) . Se aduce que la detención del hoy recurrente por el vigilante jurado del establecimiento comercial violó las garantías constitucionales protegidas en los mencionados preceptos, sin mayores precisiones, afirmando que la prueba de cargo es ilegal puesto que fue obtenida con violación de dichos derechos fundamentales. Concretando, la impugnación se refiere a la actuación de los vigilantes del hipermercado que detuvieron a los acusados, registraron el vehículo cuyo titular era el padre del recurrente, «tomándoles incluso declaración sin lectura de derechos y sin asistencia letrada».
En el desarrollo del motivo se transcribe literalmente el relato fáctico de la sentencia, extrayendo del mismo las conclusiones referidas anteriormente. Sin embargo, el sustrato fáctico mencionado constituye precisamente el argumento sustancial para desestimar el motivo.
Siguiendo el relato histórico, uno de los vigilantes jurados, a través del circuito cerrado de televisión, pudo comprobar cómo ambos acusados «cogían de los distintos expositores diverso género con el que procedieron a condimentar un bocadillo de anchoas que comieron “in situ”; no perdiéndolos de vista continuó observando cómo el primero de ellos (R. R.) portaba una mochila abierta, donde el segundo (el ahora recurrente) introducía otras mercaderías existentes para la venta, por lo que se trasladó a la línea de caja, para comprobar lo que decían haber adquirido, viendo cómo únicamente salía José Miguel R., que no declaró todo lo que portaba». A continuación, coimputado y vigilante fueron a buscar a Rafael al aparcamiento donde se encontraba la furgoneta, no encontrándole en el mismo, por lo que regresaron al Centro, hallando a Rafael con otro guardia de seguridad a la entrada de la zona del Supermercado, llevándoselos «al precitado cuarto, donde les requirió para que le diesen las llaves (de la furgoneta) ..., pues quería comprobar si tenían algo más allí de la empresa y que no constase pagado en los tickets de compra», añadiendo que Rafael entregó la llave del vehículo a José Miguel, «que acompañó al guarda hacia el automóvil abriéndolo y viendo cómo detrás del asiento delantero derecho, se encontraba semiabierta una mochila de la marca Umbro, asomando de su interior una bolsa de color blanco... viendo desparramadas en su interior, gran cantidad de pastillas que le parecieron sospechosas, por lo que regresaron al Centro con la misma, dirigiéndose de nuevo hacia la habitación donde se encontraba el primero, solo y con la puerta abierta, diciéndoles el guarda que llamaría a la Policía Nacional, lo que ya no era necesario, puesto que lo había hecho su compañero», siendo presa de gran nerviosismo los acusados, fueron esposados por los agentes hasta que llegó una dotación policial «con una tardanza mínima de 5 minutos y máxima de 15 quienes se hicieron cargo de los hechos» (sic).
El artículo 11 de la Ley 23/1992, de 30/7 ( RCL 1992, 1740) , de Seguridad Privada establece las funciones a desempeñar por los vigilantes de seguridad, siendo una de ellas la consignada en la letra d) de su apartado 1º, «poner inmediatamente a disposición de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a los delincuentes en relación con el objeto de su protección, así como los instrumentos, efectos y pruebas de los delitos, no pudiendo proceder al interrogatorio de aquéllos», lo que reproduce el artículo 71.1.d) del Reglamento de Seguridad Privada aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9/12 ( RCL 1995, 65 y 194) . Por otra parte, el artículo 490 LECrim autoriza la detención por cualquier persona de aquel que intentare cometer un delito o en el momento de ir a cometerlo, así como al delincuente «in fraganti», entre otros supuestos.
Se trata desde luego de actuaciones a prevención pero que sin duda alcanzan las medidas necesarias y proporcionadas para asegurar la puesta a disposición de la autoridad o de sus agentes del delincuente, así como de los efectos, instrumentos y pruebas de los hechos presuntamente delictivos, por lo que no puede sostenerse la existencia de la extralimitación que se denuncia en la medida que la misma se desarrolla dentro del marco de la habilitación legal mencionada anteriormente, donde incluso es posible la detención a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Tampoco se ha vulnerado ningún derecho fundamental cuando el vigilante jurado requiere a los acusados la entrega de la llave de la furgoneta al objeto de comprobar si en la misma guardaban otros objetos sustraídos en el establecimiento y no sólo porque dicho vehículo es ajeno al concepto constitucionalmente protegido de domicilio, sino porque el hoy recurrente entrega voluntariamente la llave del mismo al coimputado consintiendo de esta forma la inspección pretendida por el vigilante. Tampoco del relato fáctico se deduce la existencia de declaración o interrogatorio alguno a los acusados, sino la práctica de pesquisas o informaciones relativas a su conducta en el interior del establecimiento, y por ello no se vulnera la expresa prohibición contenida en el artículo 11 citado referida al interrogatorio de los presuntos delincuentes, pues ni formal ni materialmente cabe confundir la mera pesquisa con la declaración del imputado, previa información de sus derechos y asistencia letrada, puesto que no se trata de perseguir una declaración autoinculpatoria sino de verificar unos hechos objetivos percibidos directamente por el vigilante dentro de las funciones previstas en la Ley de Seguridad Privada [artículo 11.1.d) mencionado].
Por último, la detención está justificada «ex» artículo 490 LECrim, en las circunstancias expresadas en el «factum», no sólo por los hechos presuntamente delictivos cometidos en el interior del Centro comercial sino también por el hallazgo de una gran cantidad de pastillas dentro de la furgoneta.
Publicado: 21 May 2009 06:55
Publicado: 21 May 2009 16:08
Metro123: Gran aporte, muy interesante y bien estructurado.
Publicado: 29 May 2009 10:15
Gracias metro123, últimamente estamos teniendo algunas actuaciones bastante confusas en mi centro por un lado debido a la falta de profesionalidad y preparación de los nuevos "compañeros" que nos va mandando la empresa, y por otro lado que las nuevas generaciones de delicuentes cada vez estan mas informados sobre las leyes que les amparan, y organizan sus estrategias de actuación en consonanacia.
Todo esto hace que hasta los veteranos , si no nos reciclamos juridicamente de vez en cuando tengamos dudas sobre la legalidad de nuestras actuaciones.
Así que este post me ha venido muy bién para aclarar conceptos que comenzaba a tener en duda.
Publicado: 29 May 2009 17:22
me alegra mucho que sea util, para eso se hizo.