Source: https://legis.pe/vi-pleno-casatorio-civil-ejecucion-garantias/
Timestamp: 2019-07-23 16:56:38
Document Index: 246512687

Matched Legal Cases: ['artículo 391', 'artículo 400', 'artículo 1097', 'artículo 690', 'artículo 690', 'artículo 689', 'artículo 690', 'artículo 690', 'artículo 1100', 'artículo 2010', 'artículo 1098', 'artículo 172', 'artículo 1104', 'artículo 172', 'artículo 172', 'artículo 172', 'artículo 172', 'artículo 172', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 1244', 'artículo 1325', 'artículo 1245', 'artículo 1245', 'artículo 1246', 'artículo 9', 'artículo 1249', 'artículo 1586', 'artículo 1249', 'artículo 1586']

VI Pleno Casatorio Civil: Ejecución de garantías [Casación 2402-2012, Lambayeque] | Legis.pe
2. Por resolución de fecha dieciocho de setiembre de dos mil doce, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el día veintinueve de setiembre de ese mismo año, la Sala Suprema mencionada convoca a los integrantes de las Salas Civiles Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República para el PLENO ASATORIO, a realizarse el día martes treinta de octubre del dos doce, a horas 9:00 a.m., día y hora que se señala para la vista de causa en audiencia pública a fin de resolver el recurso de casación, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 391 del Código Procesal Civil y el tercer párrafo del artículo 400 del mismo cuerpo normativo.
6. En cuanto al debido proceso en su aspecto procesal, la perspectiva o dimensión normalmente más conocida del debido proceso en el Perú adicionalmente ha sido la procesal, e incluso circunscribiéndola al escenario del proceso judicial. Desde su formulación inicial, la dimensión procesal del debido proceso fue entendida como el derecho que tiene cualquier ciudadano de acudir a una autoridad competente e imparcial para que dicha autoridad resuelva un conflicto de intereses que tiene con otra persona o personas (la determinación de si se ha contraído o no una deuda, por ejemplo) o una situación de incertidumbre con relevancia jurídica (una sucesión intestada, por citar un caso), dentro de las mayores condiciones de igualdad y justicia posibles para las partes involucradas, y dentro de un plazo razonable. En suma, como señala Ledesma Narváez:”El debido proceso es apreciado como principio general del derecho, como la garantía constitucional y como derecho fundamental… Actualmente, la mayor parte de instrumentos internacionales sobre derechos humanos reconocen al debido proceso -sea en forma explícita como implícita— como un derecho humano o fundamental”1.
12. Nos dice Chamorro Bernal, basándose en una sentencia del Tribunal Constitucional español que “… la finalidad de la motivación en un Estado democrático de Derecho legitima la función jurisdiccional y, es múltiple ya que: 1. Permite el control de la actividad jurisdiccional por parte de la opinión pública, cumpliendo así con el requisito de publicidad. 2. Logra el convencimiento de las partes, eliminando la sensación de arbitrariedad y estableciendo su razonabilidad, al conocer el por qué concreto de la resolución. 3. Permite la efectividad de los recursos. 4. Pone de manifiesto la vinculación del juez a la ley. No basta el simple encaje de los hechos en la norma, porque las razones de la decisión pueden seguir manteniéndose desconocidas, sino que hay que precisar por qué encajan”4.
21. El proceso único de ejecución no persigue la constitución declaración de una relación jurídica sino que se cumpla con un derecho que ya ha sido reconocido. Liebman8 califica al proceso de ejecución como “aquella actividad con la cual los órganos jurisdiccionales tratan de poner en existencia coactivamente un resultado práctico, equivalente a aquel que habría debido producir otro sujeto en cumplimiento de una obligación jurídica”. Para Couture9 el derecho entra aquí en contacto con la vida, de tal manera que su reflejo exterior se percibe mediante la transformación de las cosas y lo explica así: “si la sentencia condena a demoler el muro, se demuele; si condena a entregar el inmueble se aleja de él a quienes lo ocupen; si condena a pagar una suma de dinero y ésta no existe en el patrimonio del deudor, se embargan y se venden otros bienes para entregar su precio al acreedor. Hasta el momento, el proceso se había desarrollado como una disputa verbal, simple lucha de palabras, a partir de este instante cesan las palabras y comienzan los hechos”. La jurisdicción no se limita a declarar el derecho, comprende también su ejecución. Como las sentencias declarativas y constitutivas no imponen el dar, hacer y omitir algo, la ejecución se dirige a asegurar la eficacia práctica de las sentencias de condena, la tutela solo será realmente efectiva cuando se ejecute el mandato judicial. El incumplimiento de lo establecido en una sentencia con carácter de cosa juzgada implica la violación, lesión o disminución antijurídica de un derecho fundamental: la tutela efectiva, que la jurisdicción tiene la obligación de reparar con toda firmeza. El que la sentencia declare que el demandado adeuda una cantidad de dinero al demandante y le condene a pagarla, no supone ello tutela efectiva. Para que esta se logre es necesario una actividad posterior que pueda realizarse de dos maneras: cumpliendo el obligado de manera voluntaria la prestación que le impone la sentencia o ingresando, ante su resistencia, a la ejecución forzada de la pretensión. Lo importante de esta etapa es que la ejecución posibilita algo que hasta el momento de la cosa juzgada no se podía: “la invasión en la esfera individual ajena y su transformación material para dar satisfacción a los interesados de quien ha sido declarado triunfador en la sentencia. Ya no se trata de obtener algo con el concurso del adversario, sino justamente en contra de su voluntad. Ya no se está en presencia de un obligado, como en la relación de derecho sustancial, sino en presencia de un subjectus, de un sometido por la fuerza coercible de la sentencia”10
28. El mencionado artículo, regula el procedimiento para la ejecución del crédito con garantía real, como es el caso de la prenda entendiéndose hoy derecho real de garantía, y la hipoteca. La hipoteca es un derecho real de garantía constituido sobre bienes inmuebles que continúan en poder del deudor. El artículo 1097 del Código Civil la define, como “la afectación de un inmueble en garantía del cumplimiento de cualquier obligación, propia o de un tercero. La garantía no determina la desposesión y otorga al acreedor los derechos de persecución, preferencia y venta judicial del bien hipotecado”. En efecto, como señala el Código Civil, la hipoteca confiere a su titular el derecho de venta o realización del bien gravado, ya sea que este se conserve bajo el dominio del constituyente de la garantía o enajenado a un tercero; ello implica que lo que se grava con la hipoteca no es el bien mismo sino el derecho que recae sobre él, lo que le permite al acreedor hipotecario hacer vender el bien, en caso de incumplimiento del deudor.
35. Todo título contiene una obligación cierta, expresa, exigible, líquida o liquidable si es dineraria. La prestación es cierta cuando están perfectamente delimitados en el título los sujetos y el objeto de la prestación, aunque sean de manera genérica. Esto implica que necesariamente tiene que haber un sujeto activo, llamado acreedor, que es la persona a cuyo favor debe satisfacerse la prestación. También se lo denomina “titular” porque es quien tiene el título para exigir del deudor el comportamiento debido. El sujeto pasivo de la obligación es la persona que tiene que satisfacer la prestación debida, es decir, debe conformar su conducta al comportamiento que le exige la prestación. Es exigible, porque la obligación debe estar expresamente señalada en el título. Debe constar por escrito el objeto de la prestación, esto es, aquello que el deudor debe satisfacer a favor del acreedor. La prestación consiste en una cosa o en un hecho que habrá de ejecutar el deudor, o en una abstención de algo que el deudor habría podido efectuar libremente de no mediar la existencia de la obligación que le exige un comportamiento negativo; y, es líquida, la cual es una exigencia solo aplicable a las obligaciones pecuniarias, y aparece cuando el monto es claro y concreto; será liquidable cuando gracias a una operación aritmética se puede obtener elmonto exacto.
38. Las causales para el contradictorio se describen en los tres supuestos que recoge el artículo 690-D del Código Procesal Civil. Son causales cerradas, no cabe interpretación extensiva a otros supuestos que no sean los expresamente regulados en dicho artículo; de ahí que el texto de la norma señale; “(…) la contradicción solo podrá fundarse según la Naturaleza del título en (…)”, de tal manera que el juez debe declarar liminarmente la improcedencia de la contradicción si esta se funda en supuestos distintos a los que describe la norma.
i) La inexigibilidad de la obligación contenida en el título. – El artículo 690- D inciso 1, hace referencia a “la inexigibilidad o liquidez de la obligación contenida en el título”. Dicha causal se invoca para cuestionar el fondo del título. Aquí no hay un cuestionamiento al documento en sí, sino al acto que recoge dicho documento. Se cuestiona la ejecutabilidad del título por carecer de una prestación cierta, expresa y exigible; condiciones básicas para que un título revista ejecución, tal como lo describe el artículo 689 del Código procesal Civil.
ii) La liquidez de la obligación contenida en el título. – La contradicción puede invocar “la ¡liquidez de la obligación contenida en el título”. Esto implica que no tiene inmediata ejecución una prestación ilíquida. Si la mediante operación aritmética. Cuando el titulo es ilíquido, no puede procederse a la ejecución con una simple operación aritmética porque ella responde a razones muy distintas. En estos casos, estamos ante las llamadas sentencias de condena genérica o de condena con reserva.
iv) El título valor completado en forma contraria a los acuerdos adoptados. – La redacción originaria del artículo 690-D inciso 2 del Código Procesal Civil, se modificó para comprender bajo el supuesto de nulidad formal o falsedad del título ejecutivo, “cuando siendo este in título valor emitido en forma incompleta hubiere sido completado en forma contraria a los acuerdos adoptados, debiendo en este caso observarse la ley de la materia”. Este inciso es coherente con la nueva regulación de la nueva Ley de Títulos Valores N° 27287. En la actividad judicial, el argumento de que el título valor fue suscrito en blanco es bastante reiterado. Se debe probar que se completó el título valor contrariamente a los acuerdos adoptados por las partes intervinientes en el título; siendo que la actividad probatoria se reduce la Ley N° 27287.
v) La falsedad del título.- Cuando se invoca “la falsedad del título ejecutivo” es necesario tener en cuenta que un título valor es un documento constitutivo, en cuanto el derecho contenido en el título se constituye en el mismo título; con él nace y se trasmite el derecho incorporado. Un documento redactado con caracteres indelebles sobre soporte adecuado, puede ser falso en el acto que le da vida o ser falsificado en su contenido en cualquier momento posterior a la creación; tanto la alteración como la falsificación de la firma del remitente constituyen diversos aspectos de la falsedad. La falsedad está referida a la autoría del acto cambiario, la firma falsificada puede ser la del creador del título o la de cualquier otro sujeto que posteriormente participe en el tráfico cambiario. La falsificación se refiere a un documento cambiario inicialmente autentico, que es alterado en alguno de los elementos de su contenido, es decir, que el cuestionamiento se centra en el texto del al cambiarlo en sí.
vi) Extinción de la obligación.- La “extinción de la obligación” constituye otra causal para sustentar la contradicción contenida en el artículo 690-D inciso 3 del Código Procesal Civil. Los hechos extintivos para invocarla no se diferencian de aquellos previstos para aquellas obligaciones del derecho común, como el pago, la innovación, la compensación, la consolidación, etc. Para Romero14, pueden concurrir diversos modos de extinguir las obligaciones. Estos son actos o hechos jurídicos que tienen un objetivo: disolver o extinguir el vínculo obligatorio, esa relación jurídica que une al deudor con el acreedor. Como actos que extinguen la obligación se tiene a la ejecución voluntaria, que puede ser directa o indirecta. En el primer caso, el deudor cumple con la prestación debida, la misma que se tuvo en cuenta al momento de la celebración; con el modo indirecto, la ejecución es producto unas veces de un acto unilateral -como la condonación- y otras de verdaderos acuerdos, como la dación en pago, la novación, la compensación, la transacción y el mutuo disenso.
ii) Carácter Inmobiliario. Se encuentra regulado en el artículo 1100 del Código Civil, que señala: La hipoteca debe recaer sobre inmuebles determinados”, del cual se entiende que el bien debe estar individualizado con la fijación del área, linderos y medidas perimétricas que deben coincidir con aquellas señaladas en la ficha registral del
En cuanto a las formalidades y requisitos para la inscripción de la hipoteca, debe mencionarse que, conforme al artículo 2010 del Código Civil, “la inscripción se hace en virtud de título que conste en instrumento público, salvo disposición contraria, lo que concordado con el artículo 1098 del mismo código, implica que deberá presentarse el parte notarial de la escritura pública correspondiente u otro documento, en caso de que exista norma especial que autorice su empleo (documento privado con firmas legalizadas, formulario registral, etc.)
El artículo 172 de la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, preveía lo siguiente: “Los bienes dados en hipoteca, prenda o warrant a favor de una empresa del sistema financiero, respaldan todas las deudas y obligaciones propias, existentes o futuras asumidas para con ella por el deudor que los afecta en garantía siempre que así se estipule expresamente en el contrato. Cuando los bienes afectados en garantía a favor de una empresa del sistema financiero son de propiedad distinta al deudor, éstas sólo respaldan las deudas y obligaciones del deudor que hubieran sido expresamente señaladas por el otorgante de la garantía”.
Como vemos, esta disposición, que concuerda con lo dispuesto por el artículo 1104 del Código Civil, tiene por objeto aliviar los costos de transacción propios de las operaciones de crédito en el sistema financiero, “de forma tal que no se deban incurrir en los costos que demanda constituir una garantía hipotecaria cada vez que se otorga una línea de crédito.
Ahora, con la nueva modificación, el primer párrafo del artículo 172 de la Ley de Bancos ha quedado redactado como sigue: “Los bienes dados en teca, prenda o warrant a favor de una empresa del sistema financiero, respaldan todas las deudas y obligaciones propias, existentes o futuras sumidas para con ella por el deudor que los afecta en garantía, siempre que así se estipule expresamente en el contrato. Cuando los bienes afectados en garantía a favor de una empresa del sistema financiero son de propiedad distinta al deudor, estas solo respaldan las deudas y obligaciones del deudor que hubieran sido expresamente señaladas por el otorgante de la garantía”. El artículo 172 de la Ley de Bancos, en su versión original, establecía que con excepción de la hipotecas vinculadas a instrumentos hipotecarios, los bienes dados en hipoteca, prenda o warrant a favor de una empresa del sistema financiero, respaldan todas las deudas y obligaciones directas e indirectas, existentes o futuras, asumidas para con ella por quien los afecte en garantía o por el deudor, salvo estipulación en contrario.
Esta disposición fue modificada por Ley N° 27682, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 10 de marzo de 2002, en consideración a que la versión original, según se señalaban del citado precepto, y su aplicación práctica, atenta contra los derechos de los consumidores. Por esta razón, la Ley N° 27682 dispuso que el primer párrafo del artículo 172 de la Ley Bancos quede redactado como sigue: “Los bienes dados en hipoteca, prenda o warrant a favor de una empresa del sistema financiero, solo respaldan las deudas y obligaciones expresamente asumidas para con ella por quien los afecta en garantía. Es nulo todo pacto en contrarío”. Si bien este texto del artículo 172 de la Ley de Bancos, vigente desde el 23 de octubre de 2002, restituyó la licitud de la garantía sábana, esta nueva
A falta de pacto, las garantías solo respaldaran el cumplimiento de las obligaciones expresamente señaladas en el instrumento respectivo. Si bien el nuevo texto del artículo 172 de la Ley de Bancos no prevé la posibilidad de que por pacto el deudor le otorgue a la garantía sábana mayores alcances de los que la propia disposición legal permite, no 1 Existiría razón aparente para suponer que ello no sea posible, toda vez que el texto legal bajo análisis es, en lo que respecta al deudor, de naturaleza permisiva; lo cual implicaría que no sea válido aplicar el argumento “a contrario” en su interpretación, vale decir, sostener que lo que no está permitido, se encuentra prohibido, toda vez que una interpretación así colisionaría con lo dispuesto por el artículo 2, inciso 24, numeral a) de la Constitución, según el cual nadie está impedido de hacer lo que la ley no prohíbe. Y, en el presente caso, la norma que prohibía (artículo 1 de la Ley N° 27682) ya fue derogada.
49. En conclusión, la libertad contractual que pueda conferir o no la Ley de Bancos al deudor para otorgar garantías sábana a favor de instituciones del sistema financiero no es absoluta, pues termina donde el Código Civil, supletoriamente, empieza a prohibir. De otro lado, si el otorgante de la garantía es persona diferente al deudor, las que otorgue solo respaldaran las deudas y obligaciones del deudor que hubieran sido expresamente señaladas por el otorgante de la garantía. En este caso, no sería posible que por pacto el propietario de los bienes acepte conferirle a las garantías mayores alcances de los que la norma permite, pues el precepto bajo análisis dispone con toda claridad que tales garantías “solo” respaldarán las obligaciones expresamente asumidas, lo cual permite colegir que un acto más lato colisionaría con la limitación categórica impuesta por la propia ley.
50. Las obligaciones.- El Derecho de Obligaciones es un derecho civil de contenido patrimonial, es una rama del derecho privado. En ese sentido, Osterling Parodi y Castillo Freyre18 señalan que: “la obligación constituye una relación jurídica que liga a dos o más personas, en virtud de la cual una de ellas, llamada deudor, debe cumplir una prestación a favor de la otra, llamada acreedor, para satisfacer un interés de este último digno de protección. Dentro de esa relación jurídica corresponde al acreedor el”poder” o “derecho de crédito” para exigir la prestación. Si el deudor, vinculado en tal forma, no cumple la prestación, o la cumple defectuosamente, por razones a él imputables, responde con sus bienes de dicho incumplimiento, en razón del elemento coercitivo previsto por la ley.” Asimismo, Romero Zavala19 refiere al respecto que: “Debe quedar Rectamente establecido que la obligación procede sólo entre personas; las personas quienes se vinculan jurídicamente, en virtud de lo que llamamos obligación, pero ¿qué es la obligación? Es una relación jurídica, que se da entre dos o más personas, que, permite a una o más de ellas adquirir la facultad de exigir a otra u otras, el cumplimiento de una prestación determinada. Todo esto, entendido como un conjunto o unidad, es lo que debe entenderse como obligación”.
El Pago.– Como una de las formas de extinción de las obligaciones, Gutiérrez Camacho25 refiere que “Pago y cumplimiento son sinónimos; tanto en lenguaje técnico como en lenguaje vulgar suelen ser usados indistintamente y a menudo el pago suele ser definido apelando al cumplimiento, y éste, a su turno, es definido como la ejecución de la prestación.”; asimismo, Romero Zavala26 señala: “el pago es una de las formas de extinción de las obligaciones, obviamente el de mayor importancia. Si consideramos a la extinción como el género, el pago es la especie, de manera que todo pago significa extinción pero no toda extinción se produce por el pago. El pago, por otro lado, no pertenece a la fase de la celebración sino a la de la ejecución. Con el pago se ejecuta la obligación, empero son conceptos sinónimos, ejecución y pago, a lo
51. Imputación de pago.- Bautista Toma y Herrero Pons27 refieren que con esta expresión “… se alude, tradicionalmente, a la determinación o designación de la deuda a la que se ha de aplicarse el pago cuando el deudor tiene varias obligaciones en favor del mismo acreedor. A través del mecanismo de la imputación puede determinarse que es lo que paga el deudor al momento de ejecutar la prestación debida.” Según Romero Zavala28: “Está considerada la imputación como otra modalidad del pago. Su importancia radica en situaciones bastantes singulares y éstas se dan únicamente ante la presencia de pluralidad de obligaciones del deudor ante su mismo acreedor. Quede clara la referencia para evitar equívocos; se requiere de la concurrencia de obligaciones, no de prestaciones. Los conceptos son distintos cuando decimos pluralidad de prestaciones y otro sobre pluralidad de obligaciones; en aquella es suficiente la vigencia de una sola relación obligacional… Imputar es , entonces, señalar, fijar, determinar, indicar, de una pluralidad de obligaciones a cuál de ellas va a corresponder el pago del deudor, cuando siendo exigibles, no puede y cancelar todas ellas.” Además, Vidal Ramírez29 refiere que: “Para que la imputación pueda operar se requiere de varias obligaciones del deudor que imputa frente a un mismo acreedor, es decir, de la existencia de más de una relación jurídico-obligacional entre el deudor y el mismo acreedor y que el pago que va a efectuar el deudor no las solventa en su totalidad.” Nuestro Código Civil vigente recoge esta figura legal en los artículos 1256 a 1259; de tales normas se derivan las siguientes reglas:
Tasa de interés legal.- Respecto a este punto, Osterling Parodi señala que “El artículo 1244 dispone que la tasa del interés legal es fijada por el Banco Central de Reserva del Perú. Este precepto modifica sustancialmente el texto original del artículo 1325 del Código Civil de 1936 que señalaba el interés legal del dinero, para los casos en que no hubiera convenio expreso, en 5% al año. La norma se encontraba alejada de la realidad económica del país y, por otra parte, no resultaba aconsejable que un Código Civil, con el sentido de permanencia que le es inherente, previera un porcentaje susceptible de ser frecuentemente alterado de acuerdo a contingencias económicas… Puede ocurrir que las partes hayan omitido fijar la tasa de interés. El artículo 1245 resuelve esta cuestión estableciendo que en ese caso el deudor debe abonar el interés legal, cuya tasa, como se ha comentado, es fijada por el Banco Central de Reserva del Perú”36. Así lo reafirma Jiménez Vargas-Machuca cuando señala que “en aplicación del mandato otorgado al Instituto Emisor, éste ha venido fijando la tasa de interés legal, la misma que se aplica tanto para el Sistema Financiero como para los agentes Ajenos al Sistema Financiero, habiendo adoptando diferentes políticas a lo largo del tiempo transcurrido desde que se le facultó la fijación de las tasas de interés legal: Cabe mencionar que cuando las partes han convenido en el pago de intereses pero no han acordado la tasa, el deudor abona el interés legal (artículo 1245 del Código Civil). En caso de haberse pactado intereses compensatorios, pero sin haber fijado su tasa, se aplica el interés legal fijado por el BCR; si no se han pactado intereses moratorios, se aplican los intereses compensatorios pactados o, en su defecto, el interés legal”37.
Pago del interés por mora.- Aquí Osterling Parodi indica que “El artículo 1246 se refiere al interés que el deudor está obligado a pagar por causa de mora en el caso de que no se haya convenido un interés moratorio, es decir, al resarcimiento por el retraso. En tal supuesto, el deudor debe pagar el interés compensatorio pactado, el mismo que se entiende continuará devengándose después del día de la mora, con la calidad de interés moratorio. Si no hubiese interés compensatorio pactado, el deudor pagará el interés legal”38. Carbonell Lazo y otros, señalan además que “Esta norma está en concordancia con el principio recogido en el art. 1324 del Código Civil, que se refiere al interés que/d vengan por causa de mora las obligaciones de dar sumas de dinero”39. Todo lo anterior se ciñe lo dispuesto en los artículos 51 y 52 de la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva del Perú, Decreto Ley N° 2612340, en concordancia con el artículo 9 de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley N° 2670241.
53. Limitación al anatocismo y Validez del convenio de capitalización de intereses.- Respecto al anatocismo Fernández Fernández manifiesta que: “anatocismo es la capitalización de intereses, es decir, cuando los intereses ya vencidos o devengados son agregados al capital produciendo a su vez nuevos intereses”42. Y respecto a la capitalización de intereses, Osterling Parodi nos dice que “El artículo 1249 repite en el nuevo Código Civil la regla contenida en la primera parte del artículo 1586 del Código de 1936, con el propósito de evitar actos de usura por parte del acreedor. Es este otro caso en el cual queda restringida la autonomía de la voluntad…. El artículo 1249 no se refiere -salvo el caso de la cuenta bancaria- a las operaciones crediticias que se realizan en el sector financiero, entendiéndose por tal, a los bancos, empresas financieras, mutuales, cooperativas de crédito y, en general, a las instituciones que, autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, captan dinero del público para colocarlo a terceros. Dichas operaciones crediticias pueden ser activas o pasivas, tales como créditos en cuenta comente, créditos ¡rectos, créditos promocionales -en virtud de los cuales se otorga un amplio plazo para empezar a amortizar el principal, capitalizándose los intereses desde el inicio- o créditos otorgados por la Banca Estatal de Fomento, cuya finalidad es promover los sectores productivos. Para estos casos la ley civil no legisla, pues esas operaciones son reguladas por las respectivas entidades del Estado Peruano. El espíritu que inspira al precepto es, pues, idéntico al del artículo 1586 del Código Civil de 1936.
Carbonell Lazo y otros, añaden que “El principio de la prohibición de capitalizar los intereses admite, como lo hacía el Código derogado, la capitalización de intereses si ésta fuera acordada por escrito después de contraída la obligación y siempre que medie no menos de un año de atraso en el pago de Intereses. El Código anterior exigía que hubiesen transcurrido dos años, plazo éste que ha sido recortado por el actual”44.
Para Romero Zavala, como consecuencia de lo dispuesto en los artículos 1249 y 1250 del Código Civil, se tiene “… varias situaciones: 1) no procede al anatocismo en las obligaciones civiles pactadas como intereses compensatorios; 2) si es procedente en cambio en las obligaciones mercantiles, bancarias o similares como las cooperativas de crédito y las empresas financieras”.