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Timestamp: 2019-06-19 11:44:32
Document Index: 113535384

Matched Legal Cases: ['artículo 14', 'artículo 30', 'artículo 5', 'artículo 25', 'artículo 19', 'Artículo 102', 'artículo 26', 'Artículo 103', 'artículo 28', 'artículo 2', 'artículo 2', 'Artículo 103', 'Artículo 96', 'Artículo 96']

A Asamblea General Naciones Unidas Consejo de Derechos Humanos
A/HRC/30/44
Alfred-Maurice de Zayas*
internacionales de inversión y los mecanismos de solución de controversias entre
inversores y Estados sean conformes con la Carta de las Naciones Unidas y no
* El anexo del presente informe se distribuye tal como se recibió, únicamente en el idioma en que se
GE.15-11570 (S)
*1511570*
GE.15-11570
La protección de las inversiones frente a la protección de los derechos humanos . . . . . . . . .
La solución de controversias entre inversores y Estados: un desafío a la democracia y el
estado de derecho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marco normativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reforma sistémica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Perspectiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plan de acción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Consideraciones finales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anexo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos 18/6,
21/9, 25/15 y 27/9, el Experto Independiente ha procurado poner de relieve numerosos
obstáculos que se oponen a la consecución de un orden internacional democrático y
equitativo, incluida la falta de transparencia y de rendición de cuentas (A/HRC/21/45
y A/67/277), la falta de una auténtica participación democrática en las decisiones
nacionales y mundiales (A/HRC/24/38), la asimetría en las prácticas económicas,
financieras y comerciales (A/68/284), el gasto militar (A/HRC/ 27/51) y la negación
del derecho a la libre determinación (A/69/272).
En el presente informe, el Experto Independiente aborda los efectos adversos de
los acuerdos de libre comercio e inversión, ya sean bilaterales o multilaterales, en el
orden internacional. El informe a la Asamblea General se centrará en los efectos de los
procedimientos arbitrales de solución de controversias entre inversores y Estados. El
Experto Independiente ha recurrido al asesoramiento de economistas y ha prestado
atención a los informes de otros titulares de mandatos de procedimientos especiales,
entre ellos el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación (A/HRC/19/59/Add.5
y A/HRC/10/5/Add.2); el Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute
del más alto nivel posible de salud física y mental 1; la Relatora Especial sobre el
derecho humano al agua potable y el saneamiento 2; la Relatora Especial sobre la
extrema pobreza y los derechos humanos 3; el Experto Independiente sobre las
consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales
conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo
los derechos económicos, sociales y culturales 4; el Relator Especial sobre la
independencia de los magistrados y abogados; el Relator Especial sobre los derechos a
la libertad de reunión pacífica y de asociación (A/HRC/29/25); el ex Representante
empresas transnacionales y otras empresas 5; y el Grupo de Trabajo sobre la cuestión
de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas
(A/HRC/29/28, párrs. 30 y 31). Apoya firmemente los artículos 1 a 10 de los
Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de 2011
(A/HRC/17/31, anexo) y el marco de las Naciones Unidas para "proteger, respetar y
remediar" 6. Se basa en las observaciones generales y las observaciones finales
pertinentes de los órganos de tratados como el Comité de Derechos Humanos, el
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité de los Derechos
del Niño. Acoge con beneplácito la actuación de la UNCTAD, plasmada en sus
diagnósticos perceptivos, sus conferencias recientes y s us iniciativas de reforma
pertinentes 7.
A/69/299, A/HRC/11/12 y A/HRC/20/15/Add.2. Véase también E/CN.4/2005/51/Add.3 y
www.ohchr.org/Documents/Issues/SForum/SForum2015/DainiusPuras.pdf.
“Pueden ocurrir violaciones extraterritoriales cuando … d) los Estados no respetan los derechos
humanos o limitan la capacidad de otros para cumplir sus obligaciones en materia de derechos
humanos en el proceso de elaborar, aplicar o interpretar los acuerdos internacionales de comercio e
inversiones” (A/HRC/27/55, párr. 71).
“Los Estados deben tener en cuenta sus obligaciones internacionales de derechos humanos al
concebir y aplicar todas las políticas, incluidas las políticas tributarias, fiscales, monetarias,
ambientales, de comercio internacional y de inversión” (A/HRC/21/39, párr. 61).
Juan Pablo Bohoslavsky y Juan Bautista Justo, “The conventionality control of investment
arbitrations: enhancing coherence through dialogue”, Transnational Dispute Management, vol. 10,
núm. 1 (2013), págs. 1 a 12.
John Ruggie. Véase www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/SRSGTransCorpIndex.aspx.
business-humanrights.org/en/un-secretary-generals-special-representative-on-business-humanrights/un-protect-respect-and-remedy-framework-and-guiding-principles.
UNCTAD, World Investment Report, 2015; Informe sobre el Comercio y el Desarrollo, 2014.
Los defensores de los acuerdos de libre comercio y de inversión tal vez pongan
en entredicho el análisis que figura en el presente informe debido a la falta de
experiencia directa. No obstante, los críticos no pueden deslegitimar las
recomendaciones sobre derechos humanos que en él figuran, que corresponden a
resoluciones del Consejo de Derechos Humanos en el marco del mandato. Un orden
internacional de Estados soberanos e iguales al amparo de la Carta de las Naciones
Unidas, comprometidos con el estado de derecho, la transparencia y la rendición de
cuentas, no puede verse menoscabado por intentos privados de sustituirlo por un orden
internacional gobernado por empresas transnacionales carentes de legitimidad
Este informe preliminar sobre una cuestión compleja y multidimensional no pone
en duda el axioma según el cual, en principio, el libre comercio es un factor positivo
que ha promovido el desarrollo durante siglos. Una perturbación del comercio puede
llegar incluso a dar paso a una contracción económica, como sucedió con el declive
del Imperio Romano que precedió la “edad de las tinieblas”. Aunque los tratados
bilaterales de inversión y los acuerdos de libre comercio pueden fomentar los
intercambios internacionales, el optimismo no debe llevarnos a equiparar el comercio
con el bienestar ni a pretender que “[c]asi podríamos decir que el comercio es un
ejemplo práctico del ejercicio de esos derechos” 8. Teniendo en cuenta que los
aranceles ya son bajos, ¿es necesario reducirlos aun más a expensas de la regulación
de la política social por los países? La atención se ha dirigido ahora a las barreras no
arancelarias, que muchos países, tanto desarrollados como en desarrollo, mantienen
para proteger sus mercados internos. Algunos observadores sostienen que los tratados
bilaterales de inversión y los acuerdos de libre comercio son artefactos geopolíticos
que tienen poco que ver con la liberalización del comercio, mientras que otros, como
el Profesor Yash Tandon, denuncian que la historia del comercio es una forma de
imponer una dominación económica 9. En cualquier caso, es posible una transacción
razonable que permita la inversión extranjera directa al mismo tiempo que se garantice
la protección de los derechos humanos 10, como se reconoce en los Principios Rectores
sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Esas obligaciones proceden del derecho
consuetudinario y del derecho de los tratados, en particular del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales. Por definición, la legitimidad de todo Estado depende de su
capacidad de promover el bienestar de la población que se halla bajo su jurisdicción.
Cualquier Estado que respete los principios del estado de derecho debe cumplir esta
Pascal Lamy (ex Director General de la Organización Mundial del Comercio (OMC)), “Hacia una
responsabilidad compartida y una mayor coherencia: Derechos humanos, comercio y pol ítica
macroeconómica”, discurso pronunciado en el Coloquio sobre los derechos humanos en la
economía mundial, Ginebra, 13 de enero de 2010. Puede consultarse en https://www.wto.org/
spanish/news_s/sppl_s/sppl146_s.htm.
Yash Tandon, Trade is War: the West’s War against the World (OR Books, 2015). Véase también
la historia de las Guerras del Opio para forzar la apertura de China al comercio europeo en Jack
Beeching, The Chinese Opium Wars (Orlando, Florida, Harcourt Brace Jovanovich, 1975); y
Susanna Hoe y Derek Roebuck, The Taking of Hong Kong: Charles and Clara Elliot in China
Waters (Richmond, Surrey, Curzon Press, 1999).
Véase Stephan W. Schill (ed.), International Investment Law and Comparative Public Law
(Oxford University Press, 2010); Joseph François y otros, “Reducing transatlantic barriers to trade
and investment: an economic assessment”, IIDE Discussion Paper No. 20130401(Institute for
International and Development Economics, 2013); V. S. Seshadri, “Trans-Atlantic trade and
investment partnership”, RIS Discussion Paper No. 185 (Nueva Delhi, Research and Information
Systems for Developing Countries, 2013); Jeffrey J. Schott y Cathleen Cimino, “Crafting a
transatlantic trade and investment partnership: what can be done”, Policy Brief No. PB13 -8
(Washington, D.C., Instituto Peterson para la Economía Internacional, 2013); y U.S. Business
Coalition for TPP, “VOICES: Asia-Pacific Policy Experts Support TPP”, 28 de abril de 2015;
puede consultarse en tppcoalition.org/voices-asia-pacific-policy-experts-support-tpp-and-tpa.
responsabilidad y no puede renunciar a sus obligaciones de derechos humanos
delegando o privatizando actividades que son fundamentalmente funciones del Estado.
Antes y después de concertar acuerdos internacionales de inversión, los Estados deben
llevar a cabo evaluaciones del impacto en los derechos humanos, la salud y el medio
ambiente 11.
Muchos observadores han expresado preocupación por ciertas sentencias
arbitrales de solución de controversias entre inversores y Est ados que en la práctica
han invalidado el desempeño por el Estado de su función de regular las políticas
nacionales en materia laboral, de salud y de medio ambiente y que han tenido efectos
adversos para los derechos humanos, también para terceros, incluid o un “efecto de
enfriamiento” por lo que respecta al ejercicio de la gobernanza democrática. Los
tribunales arbitrales solo son instituciones creíbles cuando su actuación demuestre ser
independiente, transparente y sujeta a rendición de cuentas, como se re quiere en virtud
del artículo 14, párrafo 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en
relación con las actuaciones judiciales. Los tribunales para la solución de
controversias entre inversores y Estados no actúan en un contexto jurídico s eparado,
sino que están sujetos a las obligaciones erga omnes impuestas por el régimen
internacional de derechos humanos 12, que afectan todas las esferas de la actividad
humana, incluso por parte de agentes no estatales. Algunos observadores consideran
que ciertas sentencias arbitrales son frívolas y manifiestamente carentes de
fundamento, y sin embargo no existe la posibilidad de apelación.
Se plantea un problema fundamental con respecto a la tensión entre los tratados
de derechos humanos jurídicamente vinculantes y el funcionamiento de los acuerdos
internacionales de inversión. Como ha observado Bohoslavsky: “La coherencia es
necesaria para evitar la fragmentación de un orden jurídico internacional que aspira a
la legalidad y, por consiguiente, a la consistencia” 13.
II. La protección de las inversiones frente a la protección
“Las empresas de todos los países probablemente estén de acuerdo en que
librarse de toda regulación sería bueno para los beneficios empresariales. Es posible
convencer a los negociadores de acuerdos comerciales de que dichos acuerdos serían
buenos para el comercio y para los beneficios empresariales. No obstante, habría unos
grandes perdedores, que seríamos todos los demás.” 14
Los acuerdos internacionales de inversión no son fenómenos recientes en el
panorama internacional. Actualmente hay más de 3.200 tratados bilaterales de
inversión. Tras años de experiencia en la solución de controversias entre inversores y
Estados, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones
(CIADI) y otros mecanismos de arbitraje, se ha puesto de manifiesto que la función
Véase A/HRC/19/59/Add.5; http://www.srfood.org/images/stories/pdf/otherdocuments/report_
hria-seminar_2010_esp.pdf y www.humanrights.dk/business/impact-assessment.
Bruno Simma y Theodore Kill, “Harmonizing investment protection and human rights: first steps
towards a methodology”, en Christina Binder y otros (eds.), International Investment Law for the
21st Century: Essays in Honour of Christoph Schreuer (Oxford University Press, 2009).
Bohoslavsky (véase la nota 4 supra), pág. 10. Véase también el informe del Grupo de Estudio de la
Comisión de Derecho Internacional sobre la "Fragmentación del derecho internacional:
dificultades derivadas de la diversificación y la ampliación del derecho internacional" Anuario de
la Comisión de Derecho Internacional 2006, vol. II (Part Two), párr. 251.
Joseph Stiglitz, “On the wrong side of globalization”, New York Times, 15 de marzo de 2014.
Véase también la declaración del Papa Francisco http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1276806-2015-07-10.html.
reguladora de muchos Estados y su capacidad de legislar en interés del público se han
puesto en entredicho. El problema se ha agravado por el efecto negativo de ciertas
sentencias que han penalizado a los Estados por adoptar normas sobre la protección
del medio ambiente, la seguridad alimentaria, el acceso a medicamentos genéricos y la
reducción del tabaquismo de conformidad con el Convenio Mar co de la OMS para el
Control del Tabaco. La legalidad de esas sentencias es cuestionable, por ser contrarias
al orden público nacional e internacional, y en algunos casos pueden definirse como
Ciertos observadores han señalado una regresión en la protección de derechos
como el derecho a la vida 15, a la alimentación (A/HRC/25/57), al agua y el
saneamiento 16, a la salud, a la vivienda, a la educación, a la cultura, al mejoramiento
de las normas laborales, a un poder judicial independiente, a un medio ambiente
inocuo y a no ser sometido a reasentamiento forzoso. Por otra parte, existe una
legítima preocupación por la posibilidad de que los acuerdos internacionales de
inversión agraven el problema de la pobreza extrema 17, la renegociación de la deuda
externa, la regulación financiera y los derechos de los pueblos indígenas, las minorías,
las personas con discapacidad y las personas de edad y otros grupos vulnerables.
10. El Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas
transnacionales y otras empresas ha destacado en sus informes que los Principios
Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos estipulan, en los principios 8 y
9, que “los Estados deben asegurar que los departamentos y organismos
gubernamentales y otras instituciones estatales que configuran las prácticas
empresariales sean conscientes de las obligaciones de derechos humanos del Estado ” y
que “los Estados deben mantener un marco normativo nacional adecuado para
asegurar el cumplimiento de sus obligaciones de derechos humanos cuando concluyan
acuerdos políticos sobre actividades empresariales con otros Estados o empresas, por
ejemplo a través de tratados o contratos de inversión”. Por tanto, todos los acuerdos
internacionales de inversión que se negocien deben incluir una clara disposición que
estipule que en caso de conflicto entre las obligaciones de derechos humanos del
Estado y las obligaciones impuestas por otros tratados, prevalecerán los instrumentos
11. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), de 1994, es un
ejemplo de un acuerdo que ha dado lugar a la reubicación de industrias
manufactureras, con la consecuencia de una pérdida de empleo en los Estados Unidos
(estimada en 850.000 puestos de trabajo) y la proliferació n de los centros de montaje
denominados maquiladoras en México 18, donde el costo de la mano de obra es inferior
El derecho a la vida se ve afectado cuando una persona fallece por falta de acceso a medic amentos
porque los monopolios farmacéuticos han “privatizado los conocimientos” y, mediante la
“perpetuación” de las patentes, demoran o hacen imposible la introducción de medicamentos
genéricos considerablemente más baratos. El derecho a la vida también se vulnera cuando los
medios de vida de los agricultores y otros trabajadores manuales son destruidos por el “libre
comercio” y no hay medidas públicas de protección. Por ejemplo, los tratados bilaterales de
inversión y los tratados de libre comercio han perjudicado a millones de agricultores de la India y
han sido causa de un aumento notable de los suicidios; véase Devinder Sharma, “El ‘libre’
comercio letal para los agricultores de la India”, noviembre de 2007; puede consultarse en
www.bilaterals.org/?el-libre-comercio-letal-para-los.
www.cepal.org/es/publicaciones/3839-proteccion-del-derecho-humano-al-agua-y-arbitrajes-deinversion; http://cap-net-esp.org/document/document/181/agua_y_saneamiento_
tratados_de_protecci%C3%B3n_a_las_inversiones.pdf.
www.globalresearch.ca/the-free-trade-agreements-the-asia-europe-peoples-forum-call-toaction/5416888?print=1.
Véase www.hrw.org/news/1996/08/17/mexicos-maquiladoras-abuses-against-women-workers;
sdmaquila.blogspot.ch/2010/02/maquiladoras-101-english.html; y www.researchgate.net.
publication/266820089_Human_rights_violations_in_the_Maquiladora_Industry.
y la protección social está por debajo de las normas de la OIT. El TLCAN “brindó a
los inversores un conjunto específico de garantías diseñadas p ara estimular la
inversión extranjera directa y el traslado de fábricas dentro del hemisferio … Además,
en el cuerpo del acuerdo no se incluyeron protecciones tendentes a respetar ciertas
normas laborales o ambientales. De este modo, el TLCAN inclinó el ter reno de juego
económico en favor de los inversores y en contra de los trabajadores y del medio
ambiente” 19. Actualmente se están negociando varios acuerdos internacionales de
inversión, principalmente en secreto, entre ellos los de la Asociación Transatlánt ica de
Comercio e Inversión (ATCI), el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, el
Acuerdo de Asociación Transpacífico y la Asociación Económica Regional General 20.
12. Numerosos académicos y galardonados con el Premio Nobel de economía ya han
puesto de relieve los peligros para la gobernanza democrática y los derechos humanos.
Stiglitz afirma que: “Estos acuerdos van mucho más allá del comercio, ya que también
rigen sobre la inversión y la propiedad intelectual, imponiendo cambios fundamentales
a los marcos legales, judiciales y regulatorios de los países, sin que se reciban aportes
o se asuman responsabilidades a través de las instituciones democráticas. Tal vez la
parte más odiosa —y más deshonesta— de esos acuerdos es la concerniente a las
disposiciones de protección a los inversores. Por supuesto, los inversores tienen que
ser protegidos contra los gobiernos defraudadores que incautan sus bienes. Sin
embargo, dichas disposiciones no se relacionan a ese punto. Se realizaron muy pocas
expropiaciones en las últimas décadas, y los inversores que quieren protegerse pueden
comprar un seguro del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones, una filial
del Banco Mundial; además, el gobierno estadounidense y otros gobiernos
proporcionan seguros similares… La verdadera intención de estas disposiciones es
impedir la salud, el cuidado del medio ambiente, la seguridad y, ciertamente, incluso
tienen la intención de impedir que actúen las regulaciones financieras” 21. Por lo que
respecta a los países en desarrollo, el informe de 2014 de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) señala asimismo que: “Los
flujos de capitales extranjeros hacia las economías en desarrollo y en transición
pueden apoyar las inversiones, la diversificación económica y el crecimiento o generar
inestabilidad macroeconómica, desequilibrios externos y alternancia de episodios de
auge y caída del crédito. … Por motivos macroprudenciales y de desarrollo, los
gobiernos necesitan suficiente espacio de políticas para poder gestionar los flujos de
capitales extranjeros, influir en su volumen y su composición y encauzarlos hacia usos
productivos” 22. Esto indica correctamente que la inversión extranjera directa y otras
corrientes de capital pueden generar problemas en ámbitos distintos de los derechos
Robert E. Scott, “The high price of ‘free’ trade: NAFTA’s failure has cost the United States jobs
across the nation”, Briefing paper No. 147, Economic Policy Institute, 17 de noviembre de 2003;
puede consultarse en www.epi.org/publication/briefingpapers_bp147.
Véase www.mfat.govt.nz/Trade-and-Economic-Relations/2-Trade-Relationships-andAgreements/RCEP/; donttradeourlivesaway.wordpress.com/2015/06/11/press-statement-civilsociety-raises-major-concerns-on-indias-engagement-with-the-massive-rcep-trade-deal/; y
trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_118238.pdf. La Asociación Europea de
Libre Comercio también está negociando acuerdos de libre comercio: véase
www.asean.org/images/2012/documents/Guiding%20Principles%20
and%20Objectives%20for%20Negotiating%20the%20Regional%20Comprehensive%20Economic
%20Partnership.pdf.
www.project-syndicate.org/commentary/us-secret-corporate-takeover-by-joseph-e--stiglitz-201505/spanish.
Informe sobre el Comercio y el Desarrollo, 2014, pág. 145. Puede consultarse en
http://unctad.org/es/PublicationsLibrary/tdr2014_es.pdf. Véase también UNCTAD World
Investment Report 2015: Reforming the International Investment Regime.
13. Ciertos observadores han puesto de relieve un grave déficit democrático en los
acuerdos internacionales de inversión y los tribunales de solución de controversias
entre inversores y Estados, y se preguntan por qué los Estados siguen participando en
negociaciones sobre la base de estudios partidistas y previsiones excesivamente
optimistas acerca del crecimiento del producto interno brut o (PIB) y del empleo.
Además de que los Estados no divulgan activamente información sobre los acuerdos,
algunos interesados fundamentales quedan excluidos de la mesa de negociación,
mientras que participan en ella principalmente abogados de las empresas y defensores
de los intereses de estas 23. Se da incluso un intento de eludir los parlamentos
aprobando esos acuerdos mediante “procedimientos de urgencia”, lo cual supone una
grave ausencia del debido proceso y, por tanto, de legitimidad democrática.
14. Son muchos los buenos diagnósticos del desafío que se plantea. El problema
reside en parte en un compromiso anacrónico y acrítico con la filosofía del
fundamentalismo del mercado. En un texto clarividente, Joseph afirma que: “El libre
comercio no es un fin en sí mismo. … El fervor con el cual los defensores del libre
comercio siguen promoviendo su causa es asombroso” 24. Stiglitz señala que no hay
pruebas empíricas de que la liberalización del comercio haya hecho aumentar
significativamente el PIB y el empleo, pese a las afirmaciones dogmáticas que se
hacen en este sentido y las previsiones sorprendentemente optimistas sobre los
acuerdos que se están estudiando 25. Como observa Joseph, dado que el derecho
mercantil extiende sus efectos a otros ámbitos del derecho, n o es lícito que el deseo de
certeza lleve a segregar las normas comerciales de consideraciones presuntamente no
comerciales como los derechos humanos y las normas laborales 26. Por lo que respecta
a las negociaciones en curso sobre el ATCI, Capaldo pone en d uda las hipótesis y
proyecciones actuales: “Se ha demostrado que las proyecciones de diferentes
instituciones se basan en el mismo modelo de equilibrio general computable que ha
demostrado ser inadecuado como instrumento para el análisis de la política com ercial.
… [N]osotros evaluamos los efectos del ATCI aplicando el modelo de políticas
mundiales de las Naciones Unidas, que incluye hipótesis más sensatas sobre el ajuste
macroeconómico, la dinámica del empleo y el comercio mundial. Proyectamos que el
ATCI llevará a una contracción del PIB, el ingreso personal y el empleo. También
proyectamos un aumento de la inestabilidad financiera y la continuación de una
tendencia a la baja del factor del trabajo en el PIB” 27.
Véase www.washingtonpost.com/wp-srv/special/business/trade-advisory-committees/index.html.;
big.assets.huffingtonpost.com/WarrenBrownTPPLetter.pdf; corporateeurope.org/
pressreleases/2014/07/agribusiness-biggest-lobbyist-eu-us-trade-deal-new-research-reveals;
www.publicintegrity.org/2005/07/07/5786/drug-lobby-second-none;
www.citizen.org/documents/egregious-investor-state-attacks-case-studies.pdf; y
www.opensecrets.org/lobby/methodology.php.
Sarah Joseph, Blame it on the WTO? A Human Rights Critique (Oxford University Press, 2011),
pág. 288.
Joseph Stiglitz y Andrew Charlton, Fair Trade for All: How Trade can Promote Development
(Oxford University Press, 2005), pág. 34.
Joseph (véase la nota 23 supra), citando a Frank Garcia, “The global market and human rights:
trading away the human rights principle”, Brooklyn Journal of International Law, vol. 7 (1999),
pág. 51, en la pág. 65. Véase también Jeronim Capaldo, “The Trans-Atlantic Trade and Investment
Partnership: European disintegration, unemployment and instability”, GDAE Working Paper
No. 14-03, Global Development and Environment Institute at Tufts University; puede consultarse
en http://ase.tufts.edu/gdae/policy_research/ttip_simulations.html.
Capaldo (véase la nota supra).
III. La solución de controversias entre inversores y Estados:
un desafío a la democracia y el estado de derecho28
15. Una de las principales amenazas a un orden internacional democrático y
equitativo es el funcionamiento de tribunales arbitrales que actúan como si estuvieran
por encima del régimen internacional de derechos humanos. Los tribunales para la
solución de controversias entre inversores y Estados están integrados por árbitros
mercantiles cuya independencia se ha puesto en entredicho repetidamente a causa de
sus conflictos de intereses 29. Es obvio que los árbitros mercantiles no son los
guardianes naturales del interés público, sino de los intereses comerciales y de una
nueva “industria” que, como muestra la experiencia, ha privilegiado a los inversores
en perjuicio del público. El sistema de solución de controversias entre inversores y
Estados supone un sistema completamente separado de solución de controversias, que
está no solo al margen del sistema judicial sino por encima de él, y sin posibilidad de
apelación. Esto lleva a pensar en la pregunta de Juvenal: quis custodiet ipsos custodes
(“¿quién guardará a los guardianes?”). ¿Puede una democracia llamarse democráticas
si permite la creación de sistemas de solución de controversias separados, no
transparentes y sin obligación de rendir cuentas?
16. Esos observadores ponen en duda la legitimidad de tribunales en los que el
inversor puede demandar al Estado, pero no viceversa 30. Se han dado a términos como
“inversión”, “expropiación” y “trato justo y equitativo” interpretaciones cada vez más
amplias y difíciles de conciliar con las normas de interpretación que figuran en los
artículos 31 y 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. La
experiencia demuestra que los árbitros interpretan los acuerdos internacionales de
inversión sin limitaciones por lo que respecta a los derechos humanos o el medio
ambiente. Sus procedimientos no son transparentes y ni siquiera se sabe cuántos
procedimientos arbitrales han tenido lugar en realidad, porque la mayoría no se han
publicado. Lo que se pone de manifiesto es la gran parcialidad de los árbitros en
beneficio de las empresas y su sentimiento de ser inmunes a los principios generales
de derecho. En un informe de 2012, la UNCTAD señaló que “una interpretación
expansiva de la redacción minimalista de un tratado puede dar lugar a una falta de
previsibilidad en la aplicación de la norma. Esto a su vez puede dar lugar a que se
socave la legitimidad de la intervención del Estado con finalidades económicas,
sociales, ambientales y otras finalidades de desarrollo” 31.
Para casos de solución de controversias entre inversores y Estados en la base de datos abierta al
público sobre casos de inversión en el marco de los capítulos relativos a inversiones de los
acuerdos de libre comercio y tratados bilaterales de inversión, que permite búsquedas por tipo de
política impugnada por el inversor (por ejemplo, la política ambiental), pero que no se ha
actualizado desde mayo de 2010, véase www.iiapp.org/. Para los textos de las sentencias en casos
de solución de controversias entre inversores y Estados, véase www.italaw.com y
unctad.org/en/Pages/DIAE/investor–State dispute settlement.aspx. Véase también www.baerbelhoehn.de/fileadmin/media/MdB/baerbelhoehn_de/www_baerbelhoehn_de/investor –State dispute
settlement_TAFTA_Bundestag.pdf; y www.iisd.org/pdf/2011/int_investment_law_and_sd_
key_cases_2010.pdf.
Véase Pia Eberhardt y Cecilia Olivet, Profiting from Injustice: How Law Firms, Arbitrators and
Financiers are Fuelling an Investment Arbitration Boom (Corporate Europe Observatory,
Bruselas, 2012); puede consultarse en www.tni.org/sites/www.tni.org/files/download/
profitingfrominjustice.pdf; acta.ffii.org/?p=2118; corporateeurope.org/sites/default/files/annex-2still-not-loving-isds.pdf; corporateeurope.org/international-trade/2014/07/commission-isds-reformplan-echo-chamber-business-views; www.bilaterals.org/?investor-to-state-dispute; y
www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0221.pdf.
Véase John Hendy, “A threat to the sovereignty of courts and parliaments”, Graya, No. 128
(2015), págs. 52 a 56.
Fair and Equitable Treatment (publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta E.11.II.D.15),
17. El árbitro español Fernández-Armesto señala que: “Cuando me despierto por la
noche y pienso en el arbitraje, no deja de asombrarme que los Estados soberanos
hayan aceptado en absoluto un procedimiento de arbitraje sobre inversiones … Se
otorga a tres ciudadanos particulares el poder de examinar, sin restricción alguna y sin
procedimiento de apelación, todas las acciones del gobierno, todas las decisiones de
los tribunales y todas las leyes y reglamentos dimanantes del parlamento ” 32.
Efectivamente, es inquietante que los árbitros puedan desatender principios básicos
como el respeto por el “margen de discreción” de los Estados, la legislación estatal e
incluso las decisiones judiciales de los tribunales superiores del país. La
unidireccionalidad de la protección de los inversores no ha contribuido a una cultura
de cooperación entre los inversores y los Estados sino que ha estimulado una agresiva
tendencia a los litigios y ha demostrado generar una “congelación de la regulación”.
El arbitraje puede tener lugar en Washington, con los auspicios del CIADI del Banco
Mundial, pero existe una variedad preocupante de opciones de foros, y pueden
constituirse tribunales en el marco de la Corte de Arbitraje Internacional de Londres,
la Cámara de Comercio Internacional, la Cámara de Comercio de Estocolmo, el
Centro de Arbitraje Internacional de Hong Kong o la Comisión de las Naciones
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). Hay un número creciente
de procesos de arbitraje que priman los beneficios por encima de los derechos
humanos 33. Según la UNCTAD, muchos procesos de arbitraje para la solución de
controversias entre inversores y Estados son completamente confidenciales y solo se
dispone de información en relación con aproximadamente 608 sentencias 34. El Experto
Independiente se refiere a su próximo informe a la Asamblea General y señala unos
pocos casos como ejemplos de prácticas contenciosas y sus consecuencias para los
18. En 2013, Lone Pine, una empresa con sede en Calgary registrada en los Estados
Unidos, demandó al Canadá haciendo referencia no al derecho canadiense sino al
capítulo 11 del TLCAN para impugnar la moratoria impuesta al fracking por Quebec.
La empresa no concedió al Canadá tiempo para ponderar los estudios científicos que
muestran que ciertos productos químicos utilizados en el fracking contienen
carcinógenos y contaminantes atmosféricos peligrosos y que se justificarían medidas
preventivas 35. Lone Pine alega que la moratoria es “arbitraria” y “caprichosa” y que
expropia los beneficios de Lone Pine.
19. Ethyl Corporation, una empresa de Virginia con una filial canadiense, presentó
una reclamación en la que afirmaba que una ley canadiense que prohíb e las
importaciones de MMT, un aditivo de la gasolina, constituye un incumplimiento de las
obligaciones del Canadá. En vez de plantar cara, el Canadá anuló la prohibición, a
pesar de los peligros para la salud 36.
20. El caso Metalclad c. México se refería a una empresa que demandó a México por
negarle permiso para construir un sistema de eliminación de residuos que
www.theguardian.com/commentisfree/2013/nov/04/us-trade-deal-full-frontal-assault-ondemocracy.
Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos, “Human rights inapplicable in
international investment arbitration?”; puede consultarse en
www.ecchr.de/worldbank/articles/human-rights-inapplicable-in-international-investmentarbitration.html.
UNCTAD, IIA Issues Note, núm. 1 (Febrero de 2015); puede consultarse en
unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2015d1_en.pdf.
commonsensecanadian.ca/quebec-fracking-nafta-challenge-right-water-right-profit/.
www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/topics-domaines/dispdiff/ethyl.aspx?lang=eng y www.citizen.org/documents/egregious-investor-state-attacks-casestudies.pdf.
contaminaría el abastecimiento de agua de México. Los árbitros otorgaron a Metalclad
una compensación de 16,79 millones de dólares por los beneficios perdidos 37.
21. En 2013, la empresa transnacional francesa Veolia demandó a Egipto por una
presunta pérdida de los beneficios previstos como consecuencia del aumento del
salario mínimo por parte de Egipto. La suma que es objeto de la controversia asciende
a 82 millones de dólares 38.
22. El caso Aguas del Turani S.A. c. la República de Bolivia se refería a un contrato
de privatización del abastecimiento de agua de Cochabamba, que incluía concesiones
por un período de 40 años con un flujo de efectivo anual garantizado . El acuerdo
recibió el apoyo del Banco Mundial, que impuso la privatización como condición para
el crédito. Los accionistas mayoritarios de Aguas eran la empresa estadounidense
Bechtel y la multinacional española Abengoa. Después de que el contrato entrar a en
vigor en 1999, los precios del agua aumentaron considerablemente. Se produjeron
manifestaciones populares en favor del derecho a un abastecimiento de agua
asequible, y el Gobierno de la época declaró la ley marcial e intentó sofocar las
protestas utilizando la fuerza militar. Tras el fallecimiento de un adolescente de
17 años, el Estado Plurinacional de Bolivia canceló el contrato de privatización, lo que
dio lugar a una demanda por valor de 50 millones de dólares por parte de Aguas 39.
23. En 2009, el conglomerado energético sueco Vattenfall demandó a Alemania
haciendo referencia al Tratado sobre la Carta de la Energía. Exigía 1.400 millones de
euros como compensación por las medidas ambientales que restringían el uso de agua
de refrigeración y su vertido en el río Elba. Solo se llegó a un acuerdo después de que
Alemania aceptara reducir sus normas ambientales, lo cual tuvo efectos perjudiciales
para el río y la fauna y flora silvestres 40. A raíz del desastre de Fukushima, el público
alemán exigió el cierre de las plantas nucleares y el Gobierno de Alemania decidió una
eliminación gradual de la energía nuclear. Actualmente Vattenfall está solicitando una
compensación por valor de 4.000 millones de euros 41.
24. Uno de los procedimientos de arbitraje más notorios del CIADI se refiere al caso
de la empresa Occidental Petroleum, con sede en los Estados Unidos de América,
contra el Ecuador en relación con la terminación de un centro de producción petrolera
en el Amazonas, que tuvo como consecuencia una compensación de 1.7 60 millones de
dólares (2.400 millones con intereses) a Occidental, que había sido acusada por el
Ecuador de múltiples violaciones de los derechos humanos y destrucción del medio
ambiente 42.
www.citizen.org/documents/NAFTAReport_Final.pdf y solidarity-us.org/node/977.
Véase también www.baerbel-hoehn.de/fileadmin/media/MdB/baerbelhoehn_de/
www_baerbelhoehn_de/ISDS_TAFTA_Bundestag.pdf y
www.oecd.org/daf/inv/internationalinvestmentagreements/40077817.pdf.
www.elstel.org/ISDS.html.en; infojustice.org/archives/34113.
www.citizen.org/cmep/article_redirect.cfm?ID=9208,documents.foodandwaterwatch.
org/doc/ICSID_web.pdf y www.elstel.org/ISDS.html.en.
www.italaw.com/cases/documents/1655. Nathalie Bernasconi, “Background paper on Vattenfall v.
Germany”, IISD; Rechtsanwälte Günther (2012) Briefing Note. The Coal -fired Power Plant
Hamburg-Moorburg.
www.fr-online.de/energie/atomausstieg-vattenfall-fordert-milliarden,1473634,21169258.html
Power Shift (2012) Der deutsche Atomausstieg auf dem Prüfstand eines internationalen
Investionsschiedsgericths? Hintergründe zum neuen Streitfall Vattenfall gegen Deutschland.
www.iisd.org/pdf/2012/powershift_forum_briefing_vattenfall.pdf.
Uno de los aspectos más graves de este caso es que el Ecuador estaba justificado para revocar el
permiso a Occidental con arreglo a las leyes del Ecuador y al contrato, y sin embargo el tribunal de
solución de controversias entre inversores y Estados penal izó al Ecuador, www.citizen.org/
documents/oxy-v-ecuador-memo.pdf.
25. En el caso Philip Morris (Switzerland) c. el Uruguay (2010), la multinacional
presentó una demanda en el marco del tratado bilateral de inversiones entre Suiza y el
Uruguay afirmando que la legislación uruguaya de lucha contra el tabaquismo
devaluaba sus inversiones, en flagrante desprecio del Convenio Marco de la OMS pa ra
el Control del Tabaco 43. La OMS presentó un escrito amicus curiae.
26. En 2009, un tribunal ecuatoriano impuso a Chevron una sanción por los daños
ambientales causados por sus actividades. Chevron se negó a pagar y recurrió a la
CNUDMI para exigir al Ecuador daños y perjuicios por los beneficios perdidos 44. El
procedimiento contencioso todavía no ha comenzado.
27. Después de que Philip Morris presentara en 2011 una demanda contra
Australia 45, en la que impugnaba las medidas impuestas por Australia para reducir el
consumo de tabaco, el Gobierno declaró que rechazaba unas disposiciones de solución
de controversias entre inversores y Estados “que otorgarían a las empresas extranjeras
mayores derechos jurídicos que los reconocidos a las empresas nacionales. … El
Gobierno no ha aceptado ni aceptará disposiciones que pudieran limitar su capacidad
para disponer advertencias de salud o simples requisitos de empaquetado para los
productos del tabaco o su capacidad para continuar con el plan de prestaciones
farmacéuticas. … Si las empresas australianas están preocupadas por el riesgo
soberano en países que son socios comerciales de Australia, deberán llevar a cabo su
propia evaluación para determinar si desean comprometerse a invertir en esos
países” 46.
28. Los gobiernos y los parlamentarios están comenzando a oponerse tan solo
gradualmente a una acción de las empresas que ataca los fundamentos de la soberanía
del Estado. En el Parlamento Europeo, la cuestión d el chantaje empresarial se ha
planteado en relación con el debate sobre el ATCI y, basándose en los casos Vattenfall
y Veolia, se ha alegado que las empresas multinacionales utilizan las normas de
protección de los inversores para alcanzar objetivos empresariales, lo cual hace que la
defensa de las políticas y normas públicas tenga un costo mayor para el contribuyente.
Un documento de concepto de la Comisión Europea titulado “Inversión en el ATCI y
más allá – el camino hacia la reforma” 47, describe posibles mejoras de los modelos de
acuerdos de libre comercio que garanticen el espacio de políticas del Estado. La
experiencia demuestra que la autorregulación ha resultado ser insuficiente 48, pese a la
existencia de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, que
deberían hacerse jurídicamente vinculantes mediante un tratado. En este contexto,
cabe subrayar que la posibilidad de que en un proceso de arbitraje se dicte sentencia a
favor del Estado y contra el inversor no elimina el peligro ni legitima el modelo de
solución de controversias entre inversores y Estados, ya que la mera amenaza de un
proceso de este tipo ha disuadido incluso a Estados desarrollados como el Canadá de
adoptar legislación social. Los países en desarrollo son aun más vu lnerables a la
www.iisd.org/itn/2011/07/12/philip-morris-v-uruguay-will-investor-state-arbitration-sendrestrictions-on-tobacco-marketing-up-in-smoke/.
www.italaw.com/cases/257. Véase también truth-out.org/news/item/23788, fpif.org/nafta-20model-corporate-rule/, y content.time.com/time/world/article/0,8599,2053075,00.html.
www.italaw.com/cases/851 y www.iisd.org/itn/2011/07/12/philip-morris-v-uruguay-will-investorstate-arbitration-send-restrictions-on-tobacco-marketing-up-in-smoke/.
www.acci.asn.au/getattachment/b9d3cfae-fc0c-4c2a-a3df-3f58228daf6d/Gillard-GovernmentTrade-Policy-Statement.aspx. El actual Gobierno de Australia tiene la posibilidad de considerar la
solución de controversias entre inversores y el Estado en relación con cada tratado.
trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/may/tradoc_153408.PDF. Véase también UNCTAD World
Investment Report 2015: Reforming International Investment Governance , que presenta vías de
acción para la reforma del régimen de inversiones. UNCTAD, IIA Issues Note, mayo de 2015.
ccsi.columbia.edu/files/2012/11/FDI-Perspectives-eBook-v2-Nov-2012.pdf.
amenaza 49, ya que carecen de los recursos para defenderse contra grandes empresas
29. El abuso manifiesto de derechos por parte de los inversores es tan descarado que
cabe imaginar que algún día el complejo militar-industrial podría invocar un proceso
de solución de controversias entre inversores y Estados cuando un país decida reducir
o eliminar la producción de minas antipersonal o de bombas en racimo por ser
contraria al derecho internacional humanitario, y al hacerlo “expropie” los beneficios
previstos de la industria de armamentos.
30. No se trata únicamente de reformar el sistema de solución de controversias entre
inversores y Estados para el futuro, sino que es indispensable examinar y revisar los
tratados bilaterales de inversión y los acuerdos de libre comercio existentes, porque en
ningún momento estaba previsto que se convirtieran en prisiones para los Estados. Si
posteriormente los mecanismos de solución de controversias entre inversores y
Estados y el CIADI se han transformado en instituciones de coacción económica,
deben desmantelarse y reinventarse en aplicación de la Convención de Viena sobre el
31. Aunque los tratados bilaterales de inversión y los acuerdos de libre comercio han
sido parte de la agenda internacional durante decenios, no se ha informado
suficientemente de sus efectos para los derechos humanos. Aparentemente los cantos
de sirena de los beneficios potenciales y las previsiones excesivamente optimistas que
prometían un crecimiento del PIB y una creación significativa de puestos de trabajo
han seducido a algunos gobiernos hasta el punto de que se han desatendido las
consideraciones de derechos humanos y se han puesto en peligro las funciones del
32. Entre las fuentes de derecho reconocidas por la Corte Internacional de Justicia
figuran los principios generales de derecho (art. 38, párrafo 1 c), del Estatuto de la
Corte Internacional de Justicia) que configuran el orden jurídico nacional e
internacional. Entre esos principios fundamentales están el de buena fe (bona fide),
que se ha incorporado a los códigos civiles y constituciones de muchos Estados, y
significa que la ley debe ser coherente y no puede ser utilizada antitéticamente para
destruir derechos. La Declaración Universal de Derechos Humanos consagra este
principio en el artículo 30, que se refleja en el artículo 5 de los dos Pactos. Otros
principios generales de derecho pertinentes son los principios de proporcionalidad,
previsibilidad, rebus sic stantibus, manos limpias, estoppel (ex injuria non oritur jus)
y la prohibición del abuso de derechos, de incitación a la comisión de un delito y de
tratados o contratos que sean contra bonos mores.
33. La mayoría de Estados han consagrado en su constitución y legisla ción el
concepto de orden público. Un gobierno que pone en peligro su facultad de defender y
proteger los intereses de las personas que viven bajo su jurisdicción traiciona su
propia razón de ser y pierde su legitimidad democrática.
34. El extenso cuerpo de tratados, protocolos y declaraciones sobre derechos
humanos que ya existen crea un marco constitucional que debe ser tenido en cuenta
siempre que un Estado firme un acuerdo con otros Estados y/o con agentes del sector
privado, incluidas las instituciones financieras y las empresas transnacionales. El
régimen de derechos humanos, que incluye los tratados internacionales y regionales de
Guatemala, www.theguardian.com/business/2015/jun/10/obscure-legal-system-lets-corportationssue-states-ttip-icsid.
derechos humanos y los convenios pertinentes de la OIT y la OMS, debe considerarse
superior a otros acuerdos, incluidos los tratados bilaterales de inversión y los acuerdos
de libre comercio. Los tribunales nacionales y los tribunales y mecanismos de arbitraje
internacionales deben estar subordinados a ese régimen.
35. Entre los derechos que deben garantizar los Estados figuran el de recho a la vida,
a la seguridad de la propia persona, a la participación en los asuntos públicos, a una
patria, a la libre circulación, a la salud, a la educación, al empleo y a la seguridad
social. Estos compromisos están consagrados, entre otros, en los artículos 1, 2, 6, 9,
12, 17, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en los
artículos 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 y 13 del Pacto Internacional de Derechos
36. El proceso de elaboración, negociación y aprobación de tratados bilaterales de
inversión y acuerdos de libre comercio debe ajustarse a los requisitos del artículo 25 a)
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos a fin de asegurar la
participación de todos los interesados. Esto supone una obligación positiva por parte
de los gobiernos de divulgar la información necesaria y facilitar la participación
pública. El acceso a la información es una condición esencial para el ejercicio del
derecho a la libertad de opinión y expresión estipulado en el artículo 19 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La consulta y la participación tienen el
valor añadido de crear un consenso que reduce la probabilidad de que se produzcan
litigios onerosos. Los parlamentos tienen una gran responsabilidad de examinar
minuciosamente los tratados bilaterales de inversión y los acuerdos de libre comercio
para asegurar que se lleven a cabo las evaluaciones de su impacto en los derechos
humanos y en el medio ambiente.
37. El hecho de llevar en secreto las negociaciones comerciales (pese a no tratarse de
un asunto de seguridad nacional) y de excluir a interesados decisivos entraña prima
facie violaciones de los artículos 19 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos 50. Como explicó el Experto Independiente en su informe de 2013 al
Consejo, los representantes democráticamente elegidos no tienen carta blanca de
quienes les han votado sino que deben consultar con su electorado y actuar de
conformidad con sus deseos 51. La democracia no se ejerce solo de vez en cuando sino
que exige un diálogo permanente entre los representantes y su electorado. De no haber
sido porque Wikileaks 52 publicó varios capítulos de los acuerdos de libre comercio que
se estaban debatiendo, el necesario debate público ni siquiera habría dado comienzo.
38. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha formulado
observaciones generales pertinentes: núm. 12 sobre el derecho a una alimentación
adecuada (art. 11), párrafos 19 y 36 (“Los Estados Partes deben asegurarse de que, en
los acuerdos internacionales, se preste la debida atención al derecho a una
El primero de los Catorce Puntos del Presidente Wilson ya advertía contra la diplomacia sec reta.
El Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas dispone que los tratados deben ser publicados.
Aunque los tratados bilaterales de inversión y los acuerdos de libre comercio se hayan publicado
parcialmente, no tienen legitimidad democrática a menos que el público pueda participar en su
negociación y aprobación. Algunos observadores han expresado el temor de que una de las
posibles razones de la vigilancia de los ciudadanos en todo el mundo es predecir cuándo y dónde
es probable que surjan movimientos democráticos a fin de cortarlos de raíz. Por este motivo los
artículos 14 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos estipulan la protección
del derecho a la intimidad y la prohibición de la vigilancia sin una orden judicial.
A/HRC/24/38, párrs. 15 a 24. Véase también la Declaración y el Programa de Acción de Viena,
Entrevista del autor con Julian Assange realizada en la Misión del Ecuador en Londres el 20 de
marzo de 2015, wikileaks.org/tpp/pressrelease.html, wikileaks.org/tpp-investment/press.html,
wikileaks.org/tisa/press.html and www.theguardian.com/media/2015/jun/03/wikileaks-documentstrade-in-services-agreement.
alimentación adecuada”); núm. 14 sobre el derecho al disfrute del más alto nivel
posible de salud (art. 12), párrafo 39 (“En relación con la concertación de otros
acuerdos internacionales, los Estados Partes deben adoptar medidas para cerciorarse
de que esos instrumentos no afectan adversamente al derecho a la salud ”) y párrafo 41,
que prohíbe imponer embargos o sanciones al suministro de medicamentos y equipo
médico; núm. 15, sobre el derecho al agua (arts. 11 y 12), párrafos 31, 35 y 36 (“Los
Estados Partes deberán velar por que en los acuerdos internacionales se preste la
debida atención al derecho al agua y, con tal fin, deberán considerar la posibilidad de
elaborar nuevos instrumentos jurídicos. En cuanto a la concertación y aplicación de
otros acuerdos internacionales y regionales, los Estados Partes deberán adoptar
medidas para garantizar que estos instrumentos no repercutan negativamente en el
derecho al agua potable”); núm. 18 sobre el derecho al trabajo (art. 6) y núm. 19 sobre
el derecho a la seguridad social (art. 9) 53.
39. Estos compromisos están reforzados por los convenios de la OIT 14, 29, 77, 78,
87, 95, 98, 102, 105, 138, 169 y 182. También son pertinentes l as convenciones de la
OMS y otros tratados internacionales como la Convención para la Salvaguardia del
Patrimonio Cultural Inmaterial, la Convención sobre la Protección del Patrimonio
Mundial, Cultural y Natural y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
40. Los tratados universales y regionales de derechos humanos, incluidos el Pacto
Económicos, Sociales y Culturales, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta Africana de Derechos
Humanos y de los Pueblos, deben prevalecer necesariamente sobre otros tratados.
Como decidió el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su sentencia de 1989 en
el caso Soering c. el Reino Unido, las obligaciones existentes en virtud del Convenio
Europeo de Derechos Humanos prevalecen sobre las de los tratados de extradición y,
mutatis mutandis, sobre los tratados bilaterales de inversión y los acuerdos de libre
V. Reforma sistémica
41. Los problemas extraordinarios requieren soluciones audaces. Los paroxismos
antidemocráticos de la solución de controversias entre inversores y Estados pueden
neutralizarse con la revisión o la terminación de dicho procedimiento. Si los Estados
pueden adoptar medidas extraordinarias como rescatar bancos insolventes, a fortiori
pueden adoptar medidas para proteger el bienestar de la población. La acción
protectora de un Estado cuya economía, agricultura o industria estén en peligro de
fracasar a causa de los efectos a veces imprevisibles de los tratados bilaterales de
inversión y los acuerdos de libre comercio puede estar justificada en virtud del
principio de fuerza mayor.
42. La validez de los tratados bilaterales de inversión y los acuerdos de libre
comercio debe ponerse a prueba aplicando las normas de la Convención de Viena
sobre el Derecho de los Tratados. Por ejemplo, un tratado puede ser nulo si es posible
demostrar que hubo una violación manifiesta de la constitución del Estado, errores
referentes a un hecho o a una situación cuya existencia se diera por supuesta en el
momento de la firma del tratado y constituyera una base esencial del consentimiento a
obligarse por el tratado (art. 48), conducta fraudulenta de otra parte negociadora
(art. 49), engaño deliberado o afirmaciones falsas, corrupción (art. 50), coacción
tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID
=9&DocTypeID=11.
(arts. 51 y 52) o conflicto con una norma imperativa de derecho internacional (art. 53).
La terminación de un tratado o la suspensión de su aplicación son posibles a causa de
una violación grave (art. 60), imposibilidad subsiguiente de cumplimiento (art. 61) o
un cambio fundamental en las circunstancias (art. 62). Normalmente los tratados
contienen disposiciones para la denuncia o el retiro. De no existir esas disposiciones,
este derecho puede inferirse de la naturaleza del tratado (art. 56). En la medida en que
los tratados bilaterales de inversión y los acuerdos de libre comercio den lugar a
violaciones de los derechos humanos, esto será causa de su modificación o
terminación. El procedimiento se establece en los artículos 65 y ss.
43. En un famoso artículo publicado en el American Journal of International Law,
Verdross aclaró qué tratados pueden considerarse contra bonos mores: “En las
decisiones de los tribunales de las naciones civilizadas se da una respuesta inequívoca
a este problema. Un análisis de esas decisiones muestra que en todos los países se
consideran contra bonos mores los tratados que restringen la libertad de una parte
contratante en una forma excesiva o inválida o que ponen en peligro sus derechos más
importantes. Esta fórmula y otras similares muestran que el derecho de los Estados
civilizados comienza con la idea de exigir el establecimiento de un orden jurídico que
garantice la coexistencia racional y moral de los miembros. De ello se deduce que
todas las normas de tratados que sean incompatibles con este objetivo de todo derecho
positivo —un objetivo que se presupone implícitamente — deben considerarse
nulas” 54. Además, de conformidad con la doctrina de la divisibilidad, es posible
separar las disposiciones de tratados que sean contra bonos mores sin abandonar el
conjunto del tratado.
44. Cualquier tribunal que deba fallar acerca de la legalidad de un determinado
tratado o contrato debería examinar su constitucionalidad. Entonces se plantea la
pregunta de si, bajo cualquier interpretación razonable de la constitución de un país,
un Estado puede renunciar a su función esencial de legislar en interés público. En la
mayoría de jurisdicciones, la respuesta de los tribunales sería negativa. Ademá s, exige
un umbral ético mínimo subyacente a todo contrato o tratado. Un tratado será contra
bonos mores si impide las tareas universalmente reconocidas del Estado civilizado:
a) el mantenimiento del orden público; b) la defensa del Estado frente a ataques
externos; c) el cuidado del bienestar físico y espiritual de las personas que se hallan
bajo su jurisdicción en el propio país; y d) la protección de los ciudadanos en el
extranjero 55.
45. Las constituciones y las leyes de muchos Estados contienen disposicione s
relativas a la buena fe y a la ilegalidad del enriquecimiento injusto. Además, no solo
rige la ley escrita, sino también los principios más generales de la justicia natural que
ya se reconocían en la Antígona de Sófocles, en que se afirmaban las leyes no escritas
de la humanidad (αγραφος νομος) y el concepto de una ley moral superior que prohíbe
aprovecharse sin razón de una parte más débil, lo cual podría considerarse
perfectamente una forma de neocolonialismo o neoimperialismo económico. Muchas
constituciones contienen disposiciones relativas al abuso de derechos, que pueden
encontrar aplicación cuando una empresa trasnacional se injiere en la protección del
empleo, la salud, el medio ambiente y el orden social por parte de un gobierno.
Alfred Verdross, “Forbidden Treaties in International Law”, American Journal of International
Law, Vol. 31, No. 4 (1937), págs. 571 y ss. Verdross, “Les principes du droit et la jurisprudence
internationale”, Recueil des Cours de l’Académie de Droit International, La Haya, (1935),
págs. 195 a 249. Robert Kolb, The International Court of Justice, Oxford, 2013, pág. 81. Irmgard
Marboe y August Reinisch, “Contracts between States and foreign private law persons” en Max
Planck Encyclopedia of Public International Law, vol. II, págs. 758 a 766. Oxford, 2012.
felj.org/sites/default/files/elj/Energy%20Journals/Vol17_No1_1996_article_international.pdf.
law.wustl.edu/SBA/upperlevel/International%20Law/IntLaw-Mutharika2.pdf.
46. Los inversores podrían caer en la tentación de invocar el principio pacta sunt
servanda (“los acuerdos deben cumplirse”, artículo 26 de la Convención de Viena
sobre el Derecho de los Tratados), que es una forma de positivismo análoga a la
mentalidad de la “libra de carne” descrita en el Mercader de Venecia de Shakespeare,
en que el prestamista Shylock no ceja en su insistencia en el cumplimiento estricto de
un contrato que estipula que se tomará una libra de carne del cuerpo del prestatario, el
mercader arruinado Antonio. Indudablemente, Shylock tenía derecho a un reembolso,
pero exigir una libra de carne del pecho de Antonio habría significado atentar contra
su vida. Ante dos derechos en competencia, Shakespeare decide a favor de Antonio.
Por analogía, cabe afirmar que una empresa petrolera que contamina las aguas y es
causa de importantes daños ambientales no puede alegar que sus beneficios están
garantizados y que hay que revocar una orden del Estado tendente a impedir los daños
al medio ambiente. Esta clase de absurdidad legalista raya en lo criminal, y queda
invalidada por el Artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas.
47. El derecho penal internacional y los precedentes de Nuremberg 56 también
podrían ser pertinentes para examinar los tratados bilaterales de inversión y los
acuerdos de libre comercio, en la medida en que las empresas transnacionales y
quienes promueven sus intereses pueden haber cometido actos contrarios al derecho
penal. Sería apropiado comprobar si el concepto de “conspiración” para cometer actos
contra bonos mores (o “empresa criminal conjunta”, en la expresión utilizada por el
Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia) pueden aplicarse al método
aplicado para elaborar y negociar en secreto algunos acuerdos internacionales de
inversión. ¿Son los Estados o algunas empresas transnacionales culpables de
“conspiración”? Los actos constitutivos de una conspiración de este tipo pueden
incluir proporcionar deliberadamente información falsa; publicar previsiones falsas de
crecimiento del PIB y del empleo; contratar a grupos de estudio, economistas,
universidades o fundaciones para que preparen “informes teleológicos”; y conspirar
con grandes empresas de medios de comunicación para asegurarse de que solo se
presente la parte positiva de los tratados bilaterales de inversión y los acuerdos de
libre comercio y se supriman o minimicen los aspectos polémicos. La cuestión de la
responsabilidad penal de las empresas por ecocidio 57 y otros delitos es merecedora de
un análisis a fondo en un informe futuro 58.
48. Al examinar la validez de los tratados, los tribunales también deberían
considerar argumentos relativos a la equidad, tanto con respecto a la equidad intra
legem (en el marco de las normas del derecho internacional) como a la equidad
praeter legem (en lugar de las normas del derecho internacional, aplicando las normas
de justicia o de “prevalencia del fondo sobre la forma”). Efectivamente todo tribunal,
incluida la Corte Internacional de Justicia, tiene la facultad inherente de adoptar
decisiones ex aequo et bono (según equidad y razón), en la medida en que en todos los
acuerdos existe un elemento inherente de equidad. Cada una de las partes en un
acuerdo intenta obtener el mejor resultado posible, y al firmar tratados bilaterales de
inversión y acuerdos de libre comercio los países tenían expectativas de crecimiento
del PIB, creación de empleo y desarrollo. Nadie imaginaba que los acuerdos incluirían
Se determinó la responsabilidad penal de ciertos empresarios nazis por las consecuencias de
algunas de sus actividades comerciales. www.roberthjackson.org/the-man/speechesarticles/speeches/speeches-related-to-robert-h-jackson/the-influence-of-the-nuremberg-trial-oninternational-criminal-law/. Telford Taylor, The Anatomy of the Nuremberg Trials: A Personal
Memoir, Nueva York, 1992. El mismo principio se aplica en el contexto de violaciones más
recientes de los derechos humanos. Horacio Verbitsky, Juan Pablo Bohoslavsky (eds.), Cuentas
Pendientes. Los cómplices de la dictadura, Siglo veintiuno, 2013.
Polly Higgins, Eradicating Ecocide: Laws and Governance to Prevent the Destruction of our
Planet, Londres, 2010.
Harmen van der Wilt, “Corporate criminal responsibility for international crimes”, Chinese
Journal of International Law, vol. 12 (Issue 1), págs. 43 a 77.
un “caballo de Troya” en forma de disposiciones como compromisos imprevisibles de
solución de controversias entre inversores y Estados o “cláusulas de supervivencia”, ni
podía soñarse que en los procedimientos de arbitraje se interpretaría que conceptos
como el de “expropiación” abarcarían medidas fiscales, presupuestarias,
macroprudenciales, sociales, ambientales o de salud que podrían reducir los beneficios
de los inversores. Si este peligro se hubiera explicado claramente es probable que
ningún Estado habría aceptado. Por tanto, en la medida en que hubo una divulgación
insuficiente de los riesgos, una representación falsa y unas previsiones de crecimiento
excesivamente optimistas, no existió consentimiento informado, y la Convención de
Viena sobre el Derecho de los Tratados ofrece una base para la modificación o la
49. Esencialmente, los tribunales de solución de controversias entre inversores y
Estados no pueden inmunizar a los primeros frente a la responsabilidad de
resarcimiento por los daños causados, y el “principio de quien contamina paga” no
puede ser invalidado afirmando que el pago de una sanción equi vale a una
“expropiación”. Esta alegación sería rechazada por cualquier tribunal independiente
por ser claramente frívola y contraria al orden público.
50. Según este análisis, la denuncia de acuerdos internacionales de inversión no es
únicamente legítima sino también legal, y sus “cláusulas de supervivencia” deben
considerarse nulas cuando su propósito sea perpetuar un sistema que viola los
51. “No hay ningún camino rápido o cómodo que conduzca a un desarrollo
sostenible e incluyente, pero los tres últimos decenios han demostrado que este
resultado es improbable cuando se aplica un modelo único de política económica que
va cediendo cada vez más espacio al afán de lucro de las empresas globales y las
fuerzas del mercado. En último término, los países deben basarse en sus propios
esfuerzos para movilizar recursos productivos y en especial elevar su nivel de
inversión interna (tanto pública como privada), capital humano y conocimientos
tecnológicos. Sin embargo, para ello deben disponer del mayor margen de maniobra
posible con objeto de descubrir cuáles son las políticas que mejor se adaptan a sus
condiciones específicas, y no ver su espacio de políticas constantemente
restringido” 59.
52. En virtud del artículo 28 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los
Estados establecerán “un orden social e internacional en el que los derechos y
libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos ”. Este
principio está reforzado por el artículo 2 del Pacto Internacion al de Derechos Civiles y
Políticos y el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
53. La aprobación de diez tratados internacionales básicos de derechos humanos y de
innumerables resoluciones y declaraciones de la Asamblea General, el Consejo
Económico y Social y el Consejo de Derechos Humanos, los convenios pertinentes de
la OIT y la OMS, la aparición de un sistema de tribunales regionales de derechos
humanos capaces de adoptar decisiones vinculantes, la Declaración y el Programa de
Acción de Viena de 1993 y los Objetivos de Desarrollo del Milenio —todos esos
instrumentos, creados a lo largo de un período de muchos decenios, demuestran que ha
surgido un derecho consuetudinario internacional de los derechos humanos que
expresa la opinio juris y el consenso internacional sobre la primacía de los derechos
UNCTAD, Informe sobre el Comercio y el Desarrollo, 2014.
humanos. Por consiguiente, la globalización y las inversiones específicas deberían
promover un entorno en el que los derechos humanos se hicieran plenamente efectivos
gracias a las funciones reguladoras del Estado. Lamentablemente, los acuerdos
internacionales de inversión usurpan funciones del Estado como si los únicos derechos
existentes fueran los derechos a hacer negocios y a invertir.
54. En el terreno de la propiedad intelectual existe un consenso de que esta es
merecedora de una protección que, sin embargo, debe producirse paralelamente a las
consideraciones de derechos humanos. La humanidad del siglo XXI funciona sobre la
base de miles de años de libertad de los conocimientos o del libre intercambio de ideas
e inventos. Si bien es justo recompensar la investigación y patentar nuevos productos
farmacéuticos e inventos, los monopolios no deben contribuir a crear una mayor
desigualdad, y los gobiernos deben regular para garantizar la flexibilidad e impedir
prácticas de “perpetuación”. El acceso a medicamentos asequibles es esencial para
proteger el derecho a la vida, y negarse a proporcionar esos medicamentos asequibles
equivale al delito penal de denegación de ayuda humanitari a 60 o de asistencia a
personas en peligro. Dicho de otro modo, no es posible apropiarse de los
conocimientos para obtener un beneficio, ni estos pueden ser privatizados ni
convertidos en bienes comerciables, sino que más bien deben ser compartidos en un
espíritu de solidaridad internacional. Compartir los conocimientos de forma gratuita,
del mismo modo que la Organización Europea de Investigación Nuclear compartió la
World Wide Web, sigue las mejores tradiciones de la civilización.
55. No puede permitirse que la globalización se convierta en el gran casino mundial
donde los inversores amañan el sistema para estar seguros de ganar siempre. Un orden
internacional democrático y equitativo no será posible si se permite que este “Hotel
del Nuevo Mundo Feliz” haga caer a los Estados en una trampa que les permite la
entrada pero no la salida. Dado que los cantos de sirena de la inversión extranjera
directa han resultado ser engañosos, los gobiernos deben dar la espalda a las
mitologías fáciles y exigir pruebas empíricas sobre la creación de empleo y rechazar
una “espiral descendente” por lo que respecta a los derechos humanos. Con buena
voluntad, los Estados pueden modificar los acuerdos internacionales de inversión de
un modo que les beneficie.
56. Las empresas transnacionales actúan en el territorio de Estados que están
obligados por la Carta de las Naciones Unidas, equivalente a una constitución
mundial, cuyos Propósitos y Principios son esenciales para el logro de un orden
internacional democrático y equitativo. Las empresas transnacionales no pueden crear
un nuevo orden jurídico al margen de la Carta de las Naciones Unidas, ni considerarse
legibus solutus, es decir, exentas de acatar los principios del estado de derecho, los
principios generales del derecho y los códigos de conducta básicos. Las empresas
trasnacionales no existen en un vacío y están sujetas al régimen internacional de
derechos humanos. Incluso su efecto más deseado en las sociedades actuales, que es el
de la creación de empleo, solo es posible gracias a las leyes que aseguran el
funcionamiento ordenado de las transacciones en los mercados, la clara asignación de
los derechos de propiedad y la dependencia de un sistema judicial efectivo. Actúan en
un contexto de rendición de cuentas y de limitaciones y contra pesos que se ha ido
desarrollando durante siglos y al que no se puede renunciar. Dondequiera que las
empresas trasnacionales se registren o realicen operaciones, el Estado de origen y el
Estado de acogida tienen la responsabilidad de regularlas para preven ir violaciones de
57. Un Estado que no garantice los derechos humanos de la población que vive bajo
su jurisdicción habrá fracasado como Estado, aun cuando cumpla todas sus
obligaciones financieras. Para impedir que se produzca una situac ión distópica en que
www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/57jq32.htm.
un Estado no pueda proteger efectivamente los derechos humanos y las empresas
transnacionales dicten la política pública, los Estados deben reafirmar su soberanía de
manera acorde con los Propósitos y Principios de las Naciones Unidas, en particular
con los Artículos 1 y 2 de la Carta de las Naciones Unidas. Deben revisar y, cuando
sea necesario, dar por terminados los acuerdos que entren en conflicto con los
58. Teniendo presente que el riesgo es la esencia del capitalismo y la inversión, los
Estados deben insistir en que los inversores acepten el riesgo y se sometan a la
legislación nacional de manera análoga a lo expresado en la doctrina Calvo 61, que
afirma que la jurisdicción en las controversias internacionales sobre in versiones debe
residir en el país en que se realiza la inversión. Esta doctrina se ha adoptado en las
constituciones de muchos Estados latinoamericanos, y merece ser utilizada como
modelo para los acuerdos internacionales de inversión. Las empresas transna cionales
no pueden alegar que las medidas del Estado tendentes a la protección del medio
ambiente o la salud y las normas de higiene entrañan riesgos imprevisibles.
59. La modificación o la terminación de acuerdos internacionales de inversión puede
ser una tarea compleja, pero mucho menos problemática que, por ejemplo, hacer frente
a un conflicto armado. La economía mundial ha tenido que adaptarse una y otra vez
para promover la causa de la dignidad humana. Así sucedió con la prohibición de la
lucrativa trata de esclavos, la abolición de la esclavitud y la descolonización, que
fueron sustituidos por otros modelos económicos. Durante siglos la esclavitud fue el
modelo económico de facto cuya legalidad estaba implícita; el colonialismo era el
orden internacional de facto. Hoy en día esas prácticas se consideran crímenes de lesa
humanidad. Durante decenios, los procedimientos de arbitraje para la solución de
controversias entre inversores y Estados han trastornado de facto el orden
internacional, pero no pueden prevalecer sobre la Carta de las Naciones Unidas. Del
mismo modo que se abandonaron otros paradigmas económicos, con el tiempo los
procedimientos de solución de controversias entre inversores y Estados se reconocerán
como un experimento fallido, un intento de secuestro de la constitucionalidad que tuvo
como resultado un retroceso de los derechos humanos. Las consecuencias de no
modificar o dar por terminados tratados bilaterales de inversión y acuerdos de libre
comercio son más graves que aceptar seriamente la necesidad de revisarlos.
60. A modo de conclusión, sería apropiado reafirmar que, si bien los acuerdos de
libre comercio y de inversión tienen su razón de ser, la función principal del Estado es
actuar en interés del público. Existen muchas oportunidades para que las empresas y
los inversores obtengan beneficios legítimos y establezcan auténticas colaboraciones
con los Estados en vez de mantener relaciones asimétricas. La norma básica debería
consistir en: a) dar a las empresas lo que les pertenece, es decir, u n medio en el cual
competir limpiamente; b) restituir a los Estados lo que les pertenece de manera
fundamental e inalienable, es decir, la soberanía y el espacio normativo; c) reconocer a
los parlamentos lo que les pertenece, es decir, la facultad de exami nar todos los
aspectos de los tratados sin métodos no democráticos como el secreto y la aprobación
mediante procedimientos de urgencia; y d) dar al pueblo lo que le pertenece, es decir,
los derechos a la participación pública, el debido proceso y la democr acia.
Patrick Juillard, “Calvo Doctrine/Calvo Clause”, Max Planck Encyclopaedia of Public
International Law, vol. I, págs. 1086 a 1093, Oxford, 2012. D. R. Shea, The Calvo Clause: A
Problem of inter-American and International Law and Diplomacy, Minneapolis, 1955. C. K.
Darymple, “Politics and foreign direct investment: the multilateral investment guarantee agency
and the Calvo Clause”, Cornell International Law Review, vol. 29, págs. 161 a 189.
VII. Plan de acción
61. Transcurridos 70 años desde la entrada en vigor de la Carta de las Naciones
Unidas, es apropiado reafirmar sus Propósitos y Principios que, en virtud del
Artículo 103, prevalecen sobre otros tratados. Teniendo presente que un orden
internacional democrático y equitativo solo podrá conseguirse gradualmente mediante
la acción concertada de los Estados, las instituciones nacionales de derechos humanos,
las organizaciones intergubernamentales y la sociedad civil, el Experto Indepe ndiente
presenta este plan de acción preliminar, que contiene recomendaciones preventivas y
Los Estados deben asegurar que todos los acuerdos de comercio e
inversión, tanto actuales como futuros, representen la voluntad demo crática de las
poblaciones afectadas. Las negociaciones sobre los proyectos en curso no deben ser
secretas ni deben aprobarse mediante “procedimientos de urgencia” sino que, al
contrario, deben estar sujetas a la participación del público sobre la base de
evaluaciones independientes de los efectos para los derechos humanos, la salud y el
Los Estados deben asegurar que los parlamentos, las instituciones
nacionales de derechos humanos y los defensores de los ciudadanos (ombudspersons)
participen en el proceso de elaboración, negociación, aprobación y aplicación de los
acuerdos de comercio e inversión.
Los Estados deben asegurar que todos los acuerdos de comercio e inversión
reconozcan la primacía de los derechos humanos y especifiquen q ue, en caso de
conflicto, prevalecerán las obligaciones relativas a los derechos humanos. Los Estados
deben cumplir su obligación erga omnes de aplicar los tratados de derechos humanos
y observar los convenios de la OIT y la OMS.
Los Estados deben ejercer la diligencia debida para reducir al mínimo el
riesgo de violación de los derechos humanos en el contexto de la aprobación y la
aplicación de tratados bilaterales de inversión y acuerdos de libre comercio, y
blindarse contra el riesgo de tener que compensar a los inversores extranjeros como
consecuencia de la adopción de las necesarias medidas o políticas fiscales, financieras
y de resolución de la deuda diseñadas para responder a cambios en las circunstancias
como los que representan las crisis financieras, los nuevos descubrimientos científicos
o la demanda pública de leyes de aplicación general.
Los Estados participantes en acuerdos internacionales de inversión deben
asegurar que se convenga también en un mecanismo regulador independiente, como la
oficina de un ombudsperson. Hay que prever la realización de exámenes ex ante y
evaluaciones ex post de los efectos para los derechos humanos y para el medio
Los Estados no pueden poner en entredicho su obligación de garantizar los
derechos humanos aceptando acuerdos de solución de controversias entre inversores y
Estados que permitan a los inversores impugnar las leyes laborales y ambientales o los
códigos de salud del Estado.
Los Estados deben asegurar que los acuerdos internacionales d e inversión
no menoscaben su capacidad para aplicar las políticas industriales y macroeconómicas
necesarias para el desarrollo, que es un objetivo esencial del derecho “constitucional”
de las Naciones Unidas, y tomar medidas para revisar sin demora los tra tados
bilaterales de inversión y los acuerdos de libre comercio existentes que tengan efectos
negativos para los derechos humanos. Los Estados deben someter a prueba los tratados
bilaterales de inversión y los acuerdos de libre comercio existentes para det erminar su
adecuación a las respectivas constituciones, y revisar o dar por terminados los citados
acuerdos, en aplicación de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados,
cuando entren en conflicto con las obligaciones en materia de derechos hu manos.
Los Estados deben mantener en manos del gobierno los servicios esenciales
de modo que estén garantizadas la transparencia y la rendición de cuentas
democrática. Toda privatización debe ir acompañada de salvaguardias efectivas en
Todos los futuros acuerdos internacionales de inversión deben contemplar
la solución de controversias no mediante procedimientos de solución de controversias
entre inversores y Estados sino por parte de los tribunales nacionales o de un tr ibunal
internacional especial de inversiones, con obligaciones explícitas de reconocimiento
de la primacía de los derechos humanos, el interés público y la soberanía nacional .
Los Estados deben adoptar medidas para asegurar la aplicación de los
Principios rectores relativos a las evaluaciones de los efectos de los acuerdos de
comercio e inversión en los derechos humanos y darles un carácter jurídicamente
vinculante en el ordenamiento jurídico nacional.
Los Estados deben supervisar el respeto de las Directrices sobre las
Empresas y los Derechos Humanos por todas las empresas transnacionales que actúan
en su territorio y darles un carácter jurídicamente vinculante en el ordenamiento
jurídico nacional.
Los Estados deben colaborar con agentes de la sociedad civil para
contrarrestar los efectos negativos de los acuerdos de libre comercio en el goce de los
derechos humanos y crear un entorno propicio para los agentes de la sociedad civil .
m) Los Estados deben dejar sin efecto las decisiones de los proc edimientos de
solución de controversias entre inversores y Estados y del CIADI que violen los
derechos humanos, mostrarse solidarios con los Estados que deseen modificar o dar
por terminados tratados bilaterales de inversión, acuerdos de libre comercio o
acuerdos de solución de controversias entre inversores y Estados o que busquen dejar
sin efecto sentencias arbitrales, y tomar medidas ante los inversores y las empresas
transnacionales que violen el derecho internacional de los derechos humanos .
Los Estados víctimas de sentencias arbitrales de solución de controversias
entre inversores y Estados consideradas contra bonos mores deben organizar una
respuesta concertada, negarse conjuntamente a aplicar dichas sentencias y convocar
una asamblea de Estados partes para modificar o dar por terminados los acuerdos de
solución de controversias entre inversores y Estados con efecto inmediato y revisar o
dar por terminada la aplicación de la Convención sobre el Reconocimiento y la
Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras cuando las sentencias entrañen
Los Estados deben incluir en los tratados bilaterales de inversión y los
acuerdos de libre comercio disposiciones específicas sobre la responsabilidad jurídica
que tienen las empresas trasnacionales y los inversores de aportar reparaciones por los
daños al medio ambiente o a la salud y otros daños causados por sus actividades, y
fortalecer las disposiciones del derecho penal nacional de modo que se contemple la
responsabilidad penal individual de los inversores y los ejecutivos de las empresas por
daños ambientales o violaciones graves de los derechos humanos. Con este fin, los
Estados deben establecer un mecanismo de vigilancia para evaluar el respeto de los
derechos humanos por los inversores.
Los Estados deben invocar el Artículo 96 de la Carta de las Naciones
Unidas y solicitar a la Asamblea General que remita las cuestiones jurídicas
pertinentes a la Corte Internacional de Justicia para que dicte una opinión cons ultiva.
A los parlamentos:
Teniendo presente que en las democracias representativas los parlamentos
son los depositarios de la voluntad del pueblo, los parlamentarios deben consultar con
sus electores, informarles activamente y recabar la opinión de todos los sectores de la
población, particularmente los que probablemente se vean afectados por los acuerdos
internacionales de inversión. La aprobación de tratados mediante “procedimientos de
urgencia” es incompatible con el proceso democrático y tiene co mo resultado tratados
Los parlamentos deben asegurar que los acuerdos internacionales de
inversión incluyan disposiciones generales sobre su revisión periódica y su
modificación, así como disposiciones relativas a la terminación, la retirad a o la
suspensión, sin “cláusulas de supervivencia” poco razonables.
Los parlamentos deben asegurar que los tratados bilaterales de inversión y
los acuerdos de libre comercio promuevan la seguridad alimentaria, la educación, la
salud y el saneamiento, así como las políticas sociales y económicas, y adoptar
decisiones sobre los asuntos presupuestarios y fiscales internos.
Los parlamentarios deben resistirse a los cantos de sirena de quienes
promueven los intereses de las empresas trasnacionales y pre sentan proyecciones
excesivamente optimistas de crecimiento y desarrollo. Los parlamentarios deben
exigir estudios económicos independientes y evaluaciones independientes sobre los
efectos para los derechos humanos.
Los parlamentarios deben resistirse a los intentos de privatizar servicios
gubernamentales esenciales, incluidos los servicios de abastecimiento de agua y
Los parlamentos regionales y las asambleas parlamentarias deben abordar
los peligros para los derechos humanos de los tratados bilaterales de inversión y los
acuerdos de libre comercio, incluidos los medios para revocarlos y/o modificarlos en
aplicación de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
64. A las empresas trasnacionales y los inversores: las empresas trasnacionales
deben aceptar la aprobación por el Estado de medidas tendentes a hacer efectivos
progresivamente los derechos contenidos en el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales e incluirlas como componentes del costo de hacer
negocios. No deben injerirse en la función del Estado de legislar en interés público en
cumplimiento de las obligaciones de los tratados de derechos humanos.
65. A la sociedad civil, las instituciones nacionales de derechos humanos y las
Las organizaciones de la sociedad civil y las universidades deben volver a
examinar los dogmas del fundamentalismo del mercado y someter a pruebas empíricas
la medida en que los actuales acuerdos internacionales de inversión han fomentado u
obstaculizado el goce de los derechos humanos.
Los ciudadanos y los grupos deben reclamar su derecho democrático a
participar en la adopción de decisiones para determinar las políticas presupuestarias,
fiscales, económicas, comerciales y sociales de los gobiernos. Deben exigir que los
derechos humanos prevalezcan sobre los privilegios de la inversión y reivindicar el
contrato social, que se refleja en un índice de satisfacción pública integrado por
indicadores materiales y no materiales.
Los ciudadanos y los grupos deben exigir una revisión periódica del éxito o
de la falta de éxito de los acuerdos internacionales de inversión. Cuando los tratados
entren en conflicto con los derechos humanos, deben ser revisados, modificados o
Los ciudadanos y los grupos deben exigir transparencia y rendición de
cuentas a los oficiales que han elegido, particularmente con respecto a la elaboración,
negociación, aprobación y aplicación de acuerdos de comercio e inversión .
Los ciudadanos y los grupos deben hacer que los tribunales nacionales se
pronuncien sobre la constitucionalidad de los tratados bilaterales de inversión y los
tratados de libre comercio existentes y definan los parámetros de posibles acuerdos
Los ciudadanos y los grupos deben hacer valer sus derechos invocando la
jurisdicción de los tribunales regionales de derechos humanos, y solicitar a estos que
investiguen y denuncien violaciones de los derechos civiles, culturales, económicos,
políticos y sociales resultantes de la aplicación de acuerdos internacionales de
inversión o del cumplimiento de sentencias de solución de controversias entre
Las facultades de derecho deben incluir la deontología en sus planes de
estudios y enseñar a los futuros abogados y árbitros que tienen el deber de servir a la
sociedad y de hacer cumplir la letra y el espíritu de la ley. No pueden ser cómplices de
un sistema cuyas consecuencias previsibles sean la erosión de los derechos humanos y
de las normas ambientales. Los estudiantes deben considerar que el derecho de las
inversiones es parte de un marco jurídico que incluye los derechos humanos. La ley no
es un juego y el objetivo no es “ganar” sino servir a la justicia, con plena conciencia
de que el positivismo en el derecho debe incluir la dignidad humana. Nadie debe
pretender beneficiarse de la injusticia.
Las instituciones religiosas deben unir sus fuerzas para evaluar la
adecuación de los tratados bilaterales de inversión y los acuerdos de libre comercio al
derecho y las normas de derechos humanos, y cuando proceda promover medios para
modificar o dar por terminados los tratados que tengan efectos adversos para los
Las instituciones nacionales de derechos humanos deben prevenir a los
Estados contra la participación en tratados bilaterales de inversión o acuerdos de libre
comercio que no garanticen la soberanía y el espacio normativo del Estado. Las
instituciones nacionales de derechos humanos deben asesorar a los Estados sobre la
forma de modificar o dar por terminados los tratados que obstaculicen la aplicación de
Al Consejo de Derechos Humanos:
El nuevo Foro sobre Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho
debe dedicar un período de sesiones a los efectos para los derechos humanos de los
tratados bilaterales de inversión y los acuerdos de libre comercio. Este Foro puede
elaborar un plan de acción para abordar los problemas existentes y recomendar
soluciones que puedan aplicarse, incluso abandonar progresivamente el sistema de
solución de controversias entre inversores y Estados y o bien recurrir a los tribunales
nacionales o bien sustituir el procedimiento de solución de controversias entre
inversores y Estados por la creación de un tribunal internacional de inversio nes
independiente y transparente con jueces permanentes sujetos a un estatuto que otorgue
prioridad a los derechos humanos y rechace la jurisdicción unidireccional, de modo
que no solo los inversores sino también los Estados tengan derecho a presentar
El Consejo de Derechos Humanos debe utilizar sistemáticamente su
procedimiento de examen periódico universal para investigar los efectos de los
tratados bilaterales de inversión y los acuerdos de libre comercio en el goce de los
El Consejo debe considerar la posibilidad de encargar al ACNUDH la tarea
de realizar una consulta mundial en línea sobre la cuestión de los efectos adversos de
los acuerdos de libre comercio y de inversión para el goce de los derechos humanos, a
fin de efectuar una contribución al proyecto sobre rendición de cuentas y reparación, y
asignar fondos adicionales para esta consulta.
El Consejo debe considerar la posibilidad de remitir cuestiones al Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas y a organismos especializados de las Naciones
Unidas como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura, la OIT, la OMS y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, y
estudiar la posibilidad de solicitar medidas cautelares para prevenir la violación de
derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales.
A los organismos y órganos subsidiarios de las Naciones Unidas:
La UNCTAD debe considerar la convocación de una conferencia para
explorar las posibilidades de revisar o dar por terminados los tratados bilaterales de
inversión y los acuerdos de libre comercio existentes que contengan disposiciones que
han constituido una injerencia en la obligación del Estado de legislar en materia de
derechos humanos, aplicar políticas económicas y regular en interés público. Dicha
conferencia debería promover las vías de acción y la hoja de ruta para la reforma
propuestos por la UNCTAD.
La UNCTAD y el ACNUDH deben prestar servicios de asesoramiento y
asistencia técnica sobre la forma de invertir los efectos negativos para los derechos
humanos de los tratados bilaterales de inversión y los acuerdos de libre comercio y
sobre la forma de compensar a las víctimas.
Todos los organismos y órganos subsidiarios de las Naciones Unidas deben
incluir en su agenda la cuestión de los acuerdos internacionales de inversión y ofrecer
servicios de asesoramiento y asistencia técnica a los Estados que estén considerando
acuerdos de este tipo con objeto de asegurar la protección de todos los derec hos
humanos, incluidos los derechos a la alimentación, la salud, el salario mínimo,
mejores condiciones de trabajo y la igualdad de género, así como los derechos del
niño. En el contexto de los procesos de arbitraje del CIADI y de solución de
controversias entre inversores y Estados, deben presentar escritos amicus curiae.
Deben ejercer su competencia en virtud del Artículo 96, párrafo 2, de la Carta de las
Naciones Unidas de solicitar las opiniones consultivas pertinentes a la Corte
La OMC debe integrar los derechos humanos en la definición de su misión
y asegurar que su mecanismo de solución de controversias fomente los derechos
En su calidad de principal órgano jurídico del sistema de las Naciones
Unidas en la esfera del derecho mercantil internacional, la CNUDMI 62 debe integrar
los derechos humanos en todas sus actividades, y en particular fortalecer las normas
de transparencia y velar por que los procedimientos de arbitraje tengan en cuenta
sistemáticamente las obligaciones en virtud del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
www.uncitral.org/, www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/rules-on-transparency/Rules-onTransparency-E.pdf, www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/rules-on-transparency/Ruleson-Transparency-E.pdf.
Culturales y no socaven los derechos humanos, el espacio de políticas de los gobiernos
ni las medidas de protección ambiental. Los procedimientos de arbitraje deben pasar
de un paradigma de derecho privado a un marco de derecho público que promueva los
68. El Experto Independiente se congratula de que el mayor reconocimiento de que
goza su mandato contribuya a un aumento de las aportaciones de los gobiernos, las
instituciones nacionales de derechos humanos, la sociedad civil y las instituciones
académicas. Se complace de los contactos establecidos con las partes interesadas de
todas las esferas pertinentes y espera colaborar con ellas en la elaboración del informe
69. A modo de conclusión, el Experto Independiente desea reiterar su expresión de
agradecimiento al personal sumamente dedicado y competente del ACNUDH y solicita
a la Asamblea General que destine más recursos al ACNUDH.
Participation at side-events during the 27th, 28th and 29th sessions of the HR Council and sideevents during UPR sessions.
• 9 October 2014: Keynote speaker at the Erskine Childers lecture on the right to peace,
• 23–24 October: Participation in two panels of the International Law Association, on
international governance and geo-engineering, and on new Special Procedures mandates,
• 6–9 December: Conference on the humanitarian impact of nuclear weapons, Vienna.
• 13 December: “Parliaments and the United Nations”, United Nations Association, Bern.
• 27 January 2015: bilateral consultation with trade experts at South Centre, Geneva.
• 10 February: Panel discussion, “Combating Violence and Discrimination against Women,
Carter Center, Atlanta.
• 11–12 February: Conference on Democracy and democratic elections, including bilateral
meeting with President Carter, Atlanta.
• 19 March: Symposium on Unilateral Sanctions, Legal Policy and Business Challenges,
London Centre of International Law Practice, London.
• 20–21 April: Consultation convened by the Independent Expert on human rights and
international solidarity, Geneva
• 20–24 April: Participation in the open-ended inter-governmental working group on the
• 27 April: Video message to Womenʼs International League for Peace and Freedom
(WILPF)’s Conference on Peace, The Hague.
• 28 April: Bilateral consultations with trade experts at IPU, Geneva.
• 4 May: Bilateral consultations with trade experts at ILO and WHO
• 5 May: Expert consultation on free trade and investment agreements, Geneva (see
• 19 May: Conference on unilateral economic sanctions, Institute of Democracy and
• 8–12 June: Annual meeting of Special Procedures mandate holders, Geneva.
Questionnaire of the Independent Expert on the promotion
of a democratic and equitable international order
In your views, do free trade and investment agreements promote or obstruct an
international order that is more democratic and equitable? Can you provide positive or
negative examples of the effects of free trade and investment agreements on human
rights, including labour standards, prohibition of child labour, minimum wage levels,
vacation and pension entitlements, gender equality etc.?
How do States ensure that the genuine will of the people is respected when free
trade and investment agreements are elaborated, negotiated, ratified and implemented?
How do States ensure that the distribution of benefits and wealth derived from
free trade and investment agreements is proportional to all its parties, as well as thirdparties that may also be impacted? In particular what fiscal measures are in place to
ensure that profits are legitimately taxed and to prevent the use of tax havens or tax
To what extent can affected groups be identified and consulted in order to
mitigate potential adverse effects of these agreements on their human rights? To what
extent are all stakeholders consulted, including labour unions, syndicates, environmental
protection organizations, health professionals, ombudsmen?
How can Parliaments ensure transparency and accountability in the process of
elaboration, negotiation, ratification and implementation of trade and investment
agreements to ensure that human rights are respected, protected and fulfilled?
What recommendations could be provided as guiding principles to strengthen
disclosure of information to enable meaningful participation in the decision-making
process in relation to these agreements?
Have opinion polling and referenda been used before the adoption of past trade
and investment agreements, and how could these mechanisms be effectively employed in
current negotiations?
To the extent that globalization impacts all States, whether parties of free trade
and investment agreements or not, how can the democratic participation of all States in
global decision-making processes be advanced?
To what extent do free trade agreements or investment agreements compromise
the sovereignty of States over domestic policy decisions on the protection of public
health, the environment, promotion of local industries and agriculture? Are there human
rights clauses or provision for exceptions to ensure the respect of human rights?
What jurisdiction is competent to judge alleged breaches of a free trade or
investment agreement? What are the appeal possibilities? What kind of sanctions can be
In States parties to free trade and investment agreements, what recourses and
remedies are available to States, corporations, groups and individuals, including
indigenous peoples, in case human rights are violated?
Concept Note of the Consultation on the impact of free trade
and investment agreements on an equitable and democratic international
order, 5 May 2015
1. The mandate of the Independent Expert was created by Human Rights Council resolution
18/6 in September 2011. Subsequent resolutions 21/9, 25/15 and 27/9 have complemented the
mandate’s terms of reference. The first, and current, mandate holder, Mr. Alfred de Zayas, was
appointed effective 1 May 2012. To date, the Independent Expert has presented three substantive
reports to the Human Rights Council and three reports to the General Assembly on various
issues falling within his mandate including on fostering full, equitable and effective participation
in conduct of public affairs; the adverse impacts of military expenditures on a democratic
international order; the right of self-determination, as well as initiatives and mechanisms
promoting the right to peace, international cooperation, and enhanced participation of States and
civil society in global decision-making.
2. In resolution A/HRC/RES/25/15, the Human Rights Council calls upon Members states “to
fulfil their commitment … to maximize the benefits of globalization through, inter alia, the
strengthening and enhancement of international cooperation to increase equality of opportunities
for trade, economic growth and sustainable development…”, reiterating “… that only through
broad and sustained efforts to create a shared future based upon our common humanity and all
its diversity can globalization be made fully inclusive and equitable.”
3. In recent years, globalization has fostered trade as well as cultural and human exchange,
which ultimately has benefitted economic growth. Globalization has provided opportunities for
improved standards of living and poverty reduction, but it has also caused unemployment in
some sectors, dismantled local industries and triggered population movements and migration.
Moreover, the increasing influence of trade in global, regional and bilateral relations between
States has in many instances led to growing inequalities both between States and within States.
While globalization has allowed for the empowerment of individuals and communities in
various domains, the increased rapidity of trade liberalization today, especially in terms of
financial flows and corporations’ influential capacity, renders it pertinent to examine the
continuing effects of trade and investment agreements on a democratic and equitable
4. Accordingly, the Independent Expert intends to examine the impact of free trade and
investment agreements on a democratic and equitable international order in his upcoming reports
to the Human Rights Council and to the General Assembly.
5. As part of the process of elaborating these reports, the Independent Expert is convening a
one-day expert consultation on 5 May 2015 in Geneva, Switzerland.
6. The consultation intends to:
(i) Seek the views of experts on the impact of free trade and investment agreements on the
protection and promotion of human rights and the promotion of a democratic and equitable
Explore ways in which globalization in trade-related areas could advance, rather
than hinder, the realization of an international order that is more democratic and more equitable;
Gather suggestions for concrete and pragmatic recommendations for his reports
to the Human Rights Council and General Assembly.
7. The expected outcome of this meeting is to provide inputs and suggestions to inform the
Independent Expert’s 2015 reports to the Human Rights Council and the General Assembly.
Participants are encouraged to put forward possible recommendations for inclusion in these
reports. Written submission before or after the consultation are welcome.
8. The meeting is expected to address the following issues:
9. The level of proactive information provided by governments and transnational enterprises
and financiers in the process of elaboration, negotiation and adoption of free trade and
investment agreements and the opportunity of the public to meaningfully participate in the
process are often not compliant with article 25 of the ICCPR. The rapid adoption of these
agreements in parliaments with little consultation or participation, often influenced by lobbyists,
prevents the electorate from voting on issues that affect them directly.
10. For this reason it is imperative to examine the role of Parliaments in monitoring the
elaboration, negotiation and adoption of these agreements, their responsibility to legislate for the
public interest notwithstanding FTAs, their power of modification and/or termination of FTA
agreements that conflict with the proper exercise of State competences in protecting the
environment, health and labour standards. The role of Parliaments in regulating the activities of
transnational enterprises, especially in areas of environmental protection and health standards
11. Existing and proposed free trade and investment agreements have far-reaching effects on
human rights. International agreements impact the rights to employment and labour, the right to
health, the right to food, and the right to a safe, clean, healthy and sustainable environment. The
normative framework to be examined will include the United Nations Charter, the two human
rights covenants, the conventions on the rights of the child, the convention on migrant workers,
the ILO Conventions on labour standards, WHO Conventions including the Framework
Convention on Tobacco Control, and soft law resolutions and declarations including the 1998
ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, the Guidelines on Business and
Human Rights and the Declaration on the Right to Development.
12. A review of human rights concerns that have arisen in the past on the basis of the experience
with free trade and investment agreements, especially concerning States’ obligation to adopt
measures to progressively advance economic, social and cultural rights will notably be
discussed. The “chilling effect” of the threat of costly Investor State Dispute Settlements (ISDS)
arbitrations, which may deter States in adopting social legislation, will also be explored. The
question arises whether transnational corporations can ever be allowed to hinder the competence
of States to legislate in the public interest, and whether States can waive their competences
without negating the ontological nature of the sovereign State as understood in the UN Charter.
13. Participants will examine the pertinence of human rights impact assessments in the process
of elaboration of free trade and investment agreements, as well as the usefulness of subsequent
or follow-up human rights impact assessment.
Reviewing the primacy of human rights treaty obligations over Free Trade and Investment
14. During the consultation, participants will be able to express their views on the primacy of the
UN Charter and in particular its human rights provisions over other treaties (Cf. Art. 103 of the
UN Charter). The discussion should also address experiences with the use of exception clauses
or clauses that allow States to legislate in the public interest without fearing financial
consequences before ISDS Tribunals. To the extent that free trade and investment agreements
hinder the State’s function of legislating in the public interest and result in violations of human
rights treaties including ICCPR, ICESCR, ILO and WHO Conventions, they may be considered
contra bonos mores and as such null and void pursuant to article 53 of the Vienna Convention on
the Law of Treaties (CVLT). Customary international law on these issues should be revisited,
including general principles of law (Art. 38 ICJ statute) including good faith (Art. 26 Vienna
Convention on the Law of Treaties) and the concept of abuse of rights contained in the
legislation of many countries.
15. A review of the establishment of ISDS Tribunals and issues of conflict of interests and a
review of the jurisprudence of ISDS arbitrations, including the possibilities of challenging
arbitration awards will be discussed. In particular, the possibility and modalities of refusing
implementation of arbitration awards and the consequence of such refusal will be explored, as
well as the experience made by States in suing transnational corporations for environmental
damage (the polluter pays principles) and endangering public health. In this context participants
should consider whether the establishment of parallel systems of dispute settlement are
compatible with the State’s obligation to ensure that suits at law are examined by independent
tribunals. Separate and unaccountable dispute settlement mechanisms seem to be contrary to the
rule of law, in particular to article 14(1) ICCPR.
Pragmatic recommendations to make globalization work for human rights
16. Global challenges include privatization, the role of the World Bank and its International
Center for Settlement of Investment Disputes, the WTO and the IMF, foreign debt management,
default, unilateral sanctions, extraterritorial application of laws, etc.
17. Participants will discuss general issues about the impact of globalisation on human rights,
including the ideas of taxation of transnational enterprises and phasing-out of tax havens and
formulate recommendations thereon.
18. Among possible recommendations are the modification or termination of free trade and
investment agreements that have led to violations of human rights. Participants consider the
grounds for denunciation, invalidity, suspension, modification or termination of treaties laid
down in the VCLT, including error (art. 48), fraud (art. 49), corruption (art. 50), coercion
(arts. 51 and 52), conflict with peremptory norms (art. 53), implied right of denunciation or
withdrawal (art. 56), breach (art. 60), supervening impossibility of performance (art. 61),
fundamental change of circumstances (art. 62), emergence of a new jus cogens norm (art. 64),
and the procedure to follow (arts. 65 et seq.)
19. Participants may also consider the feasibility for the General Assembly or some other body
such as the ILO or WHO to request advisory opinions from the International Court of Justice on
the primacy of human rights over FTAs and on available mechanisms to provide redress to
Guiding Principles on business and human rights: Implementing the United
Nations ‘Protect, Respect and Remedy’ Framework – excerpts
20. The Human Rights Council endorsed the Guiding Principles in its resolution 17/4 of 16 June
States should maintain adequate domestic policy space to meet their human rights obligations
when pursuing business-related policy objectives with other States or business enterprises, for
instance through investment treaties or contracts.
Economic agreements concluded by States, either with other States or with business enterprises
— such as bilateral investment treaties, free trade agreements or contracts for investment
projects — create economic opportunities for States. But they can also affect the domestic policy
space of Governments. For example, the terms of international investment agreements may
constrain States from fully implementing new human rights legislation, or put them at risk of
binding international arbitration if they do so. Therefore, States should ensure that they retain
adequate policy and regulatory ability to protect human rights under the terms of such
agreements, while providing the necessary investor protection.
As part of their duty to protect against business-related human rights abuse, States must take
appropriate steps to ensure, through judicial, administrative, legislative or other appropriate
means, that when such abuses occur within their territory and/or jurisdiction those affected have
access to effective remedy.
Report of the Working Group on the issue of human rights and
transnational corporations and other business enterprises, A/HRC/29/28 –
21. A significant opportunity for increasing transparency in the area of investor-State arbitration
has arisen from work of the Working Group on Arbitration and Conciliation of the United
Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). The UNCITRAL Working
Group started working on transparency in 2010, with a mandate that stressed the importance of
ensuring transparency in investor-State dispute settlements (A/6317, para. 314). In a written
submission in support of that mandate, a Member State observed that the lack of transparency in
investor-State arbitration was contrary to the fundamental principles of good governance and
human rights upon which the United Nations is founded (see A/CN.9/662, para. 20). That work
has culminated in two major texts: (a) the rules on transparency in treaty-based investor-State
arbitration, which came into effect on 1 April 2014; and (b) a convention on transparency63 (the
United Nations Convention on Transparency), which was finalized by the Commission in July
2014 and opened for signature on 17 March 2015. The Working Group on the issue of human
rights and transnational corporations and other business enterprises welcomes these new
22. Both the Guiding Principles and the UNCITRAL work on transparency back procedural and
legal transparency and take a practical approach to achieving that aim. The new UNCITRAL
rules on transparency seek to address a regular concern with investor-State dispute settlement
cases – namely that their typically confidential and non-participatory nature does not allow for
involvement by affected stakeholders, or for an adequate balance between the need for States to
ensure that they retain adequate policy and regulatory ability to protect human rights and provide
investor protection, as clarified in Guiding Principle 9. With the new UNCITRAL rules and the
A/CN.9/812 and www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/transparency-convention/
Transparency-Convention-e.pdf. The Working Group chairperson was invited to speak at the March 2015
United Nations Convention on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration, States
have a practical means to promote good governance and respect for human rights with a broader
policy framework that is aligned with the Guiding Principles. 64
23. These rules, when they apply, provide a transparent procedural regime under which
investment treaty arbitrations are conducted. They can be used in investor-State arbitrations
initiated under UNCITRAL arbitration rules, as well as under other institutional arbitration rules
or in ad hoc proceedings. States can now incorporate them into investment treaties concluded on
or after 1 April 2014, but for the rules to apply to disputes arising under the more than 3,000
investment treaties concluded before that date, the States parties to a treaty, or disputing parties
in an investor-State arbitration, would need to agree to apply the rules under that treaty or to that
dispute. This highlights the importance of the Convention on Transparency, which provides an
efficient, multilateral mechanism by which States can agree, subject to relevant reservations, to
apply the rules to all arbitrations arising under their investment treaties concluded before 1 April
2014. The Working Group welcomes the rules and considers that an obvious step for States to
remedy incoherence between current modes of investment with norms for good governance and
human rights considerations, including those set out in the Guiding Principles, would be to sign
and ratify the Convention.
24. The Working Group is pleased to have had the opportunity to engage with UNCITRAL,
including at its forty-seventh session in July 2014, and to note that in the report of that session
the Commission agreed that the UNCITRAL secretariat should monitor developments in the
area of business and human rights, in cooperation with relevant bodies within the United Nations
and beyond and inform the Commission about developments of relevance to UNCITRAL work
(see A/69/17, para. 204).
Guiding principles on human rights impact assessments of trade
and investment agreements, A/HRC/19/59/Add.5 – excerpts
25. All States should prepare human rights impact assessments prior to the conclusion of trade
and investment agreements.
26. States must ensure that the conclusion of any trade or investment agreement does not impose
obligations inconsistent with their pre-existing international treaty obligations, including those to
27. Human rights impact assessments of trade and investment agreements should be prepared
prior to the conclusion of the agreements and in time to influence the outcomes of the
negotiations and, if necessary, should be completed by ex post impact assessments. Based on the
results of the human rights impact assessment, a range of responses exist where an
incompatibility is found, including but not limited to the following:
Amendment of the agreement;
http://blogs.lse.ac.uk/investment-and-human-rights/portfolio-items/transparency-in-investment-treatyarbitration-and-the-un-guiding-principles-on-business-and-human-rights-the-new-uncitral-rules-andconvention-on-transparency/.
Insertion of safeguards in the agreement;
Provision of compensation by third-State parties;
Adoption of mitigation measures.
28. Each State should define how to prepare human rights impact assessments of trade and
investment agreements it intends to conclude or has entered into. The procedure, however,
should be guided by a human rights-based approach, and its credibility and effectiveness depend
on the fulfilment of the following minimum conditions:
Expertise and funding; and
29. While each State may decide on the methodology by which human rights impact assessments
of trade and investment agreements will be prepared, a number of elements should be
Making explicit reference to the normative content of human rights obligations;
Incorporating human rights indicators into the assessment; and
Ensuring that decisions on trade-offs are subject to adequate consultation
(through a participatory, inclusive and transparent process), comport with the principles of
equality and non-discrimination, and do not result in retrogression.
30. States should use human rights impact assessments, which aid in identifying both the
positive and negative impacts on human rights of the trade or investment agreement, to ensure
that the agreement contributes to the overall protection of human rights.
31. To ensure that the process of preparing a human rights impact assessment of a trade or
investment agreement is manageable, the task should be broken down into a number of key steps
that ensure both that the full range of human rights impacts will be considered, and that the
assessment will be detailed enough on the impacts that seem to matter the most:
Conclusions and recommendations; and
Evaluation mechanism.
International Labour Organisation Declaration on Fundamental Principles
and Rights at Work and its Follow-Up, adopted by the International
Labour Conference at its eighty-sixth session,
Geneva, 18 June 1998 (Annex revised 15 June 2010) – excerpts
“2. Declares that all Members, even if they have not ratified the Conventions in question, have
an obligation arising from the very fact of membership in the Organization to respect, to
promote and to realize, in good faith and in accordance with the Constitution, the principles
concerning the fundamental rights which are the subject of those Conventions, namely:
freedom of association and the effective recognition of the right to collective
the elimination of discrimination in respect of employment and occupation.”
Declaration of Santa Cruz, Bolivia, 17 June 2014 – excerpts
In its Declaration, the 134 members of the Group of 77 expressed their concern about the
negative impact of certain trade agreements on developing countries:
64. We note with great concern that non-communicable diseases have become an epidemic
of significant proportions, undermining the sustainable development of member States. In that
sense, we acknowledge the effectiveness of tobacco control measures for the improvement of
health. We reaffirm the right of member States to protect public health and, in particular, to
ensure universal access to medicines and medical diagnostic technologies, if necessary,
including through the full use of the flexibilities in the Doha Declaration on the Agreement on
Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement) and Public Health.
169. We believe that trade rules, in WTO or in bilateral and regional trade agreements,
should enable developing countries to have sufficient policy space so that they can make use of
policy instruments and measures that are required for their economic and social development.
We reiterate our call for the effective strengthening of the special and differential treatment and
less than full reciprocity principles and provisions in WTO so as to broaden the policy space of
developing countries and enable them to benefit more from the multilateral trading system. We
also call for bilateral trade and investment agreements involving developed and developing
countries to have sufficient special and differential treatment for developing countries to enable
them to retain adequate policy space for social and economic development.
UNCTAD Database of Investor-State Dispute Settlement (ISDS) in 201465
Year the case Respondent
State investor (claimant
A11Y Ltd v. Czech Republic
Albaniabeg Ambient Sh.p.k,
M. Angelo Novelli and
Costruzioni S.r.l. v. Republic
of Albania (ICSID Case
No. ARB/14/26)
Alpiq AG v. Romania (ICSID
Case No. ARB/14/28)
Anglia Auto Accessories, Ivan
Peter Busta and Jan Peter
Busta v. Czech Republic
Arbitration Outcome/Status
Czech Republic-UK UNCITRAL
Italy Energy Charter Treaty
Switzerland-Romania
BIT; Energy Charter
Czech Republic-UK
Anglo American PLC v.
Venezuela (ICSID Case
No. ARB(AF)/14/1)
2014 Venezuela United Kingdom
United KingdomVenezuela BIT
Ansung Housing Co., Ltd. v.
Peopleʼs Republic of China
(ICSID Case No. ARB/14/25)
Korea BIT (2007)
Ayoub-Farid Saab and Fadi
Saab v. Cyprus
Cyprus-Lebanon BIT
Corporation v. Republic of
Peru (ICSID Case
No. ARB/14/21)
Group Co. Ltd. v. Republic of
Yemen (ICSID Case
No. ARB/14/30)
China-Yemen BIT
Blusun S.A., Jean-Pierre
Lecorcier and Michael Stein v.
Italian Republic (ICSID Case
No. ARB/14/3)
Italy Belgium; France; Energy Charter Treaty
GmbH and Casinos Austria
Aktiengesellschaft v.
Argentine Republic (ICSID
Case No. ARB/14/32)
Austria Argentina-Austria BIT
CEAC Holdings Limited v.
Montenegro (ICSID Case
No. ARB/14/8)
2014 Monteneg
Cyprus-Serbia and
Montenegro BIT
Cem Uzan v. Republic of
Data not Energy Charter Treaty
http://unctad.org/en/Pages/DIAE/ISDS.aspx
City-State N.V., Praktyka
LLC, Crystal-Invest LLC and
Prodiz LLC v. Ukraine (ICSID
Case No. ARB/14/9)
Corona Materials, LLC v.
Dominican Republic (ICSID
Case No. ARB(AF)/14/3)
2014 Dominica United States of
Co. Ltd. v. Hellenic Republic
(ICSID Case No. ARB/14/16)
Cyprus-Greece BIT
David Aven, Samuel Aven,
Carolyn Park, Eric Park,
Jeffrey Shioleno, Giacomo
Buscemi, David Janney and
Roger Raguso v. Costa Rica
CAFTA UNCITRAL
- razvoj ininzeniring d.o.o. v.
(ICSID Case No. ARB/14/13)
Slovenia Energy Charter Treaty;
Bosnia HerzegovinaSlovenia BIT
EuroGas Inc. and Belmont
Resources Inc. v. Slovak
Republic (ICSID Case
No. ARB/14/14)
2014 Slovakia Canada; United Slovakia/Czechoslovak
ia-US BIT; CanadaAmerica
Slovakia BIT
Highbury International AVV,
Compañía Minera de Bajo
Caroní AVV, and Ramstein
Trading Inc. v. Bolivarian
Republic of Venezuela (ICSID
Case No. ARB/14/10)
IBT Group LLC, Constructor,
(Panamá) SA and International
Trade and Business and Trade,
LLC v. Republic of Panama
(ICSID Case No. ARB/14/33)
Panama-US BIT
Infinito Gold Ltd. v. Republic
of Costa Rica (ICSID Case
No. ARB/14/5)
InfraRed Environmental
Infrastructure GP Limited and
others v. Kingdom of Spain
(ICSID Case No. ARB/14/12)
Spain United Kingdom Energy Charter Treaty
Ioan Micula, Viorel Micula
and others v. Romania (ICSID
Case No. ARB/14/29)
JML Heirs LLC and J.M.
Longyear LLC v. Canada
Krederi Ltd. v. Ukraine
(ICSID Case No. ARB/14/17)
Ukraine-UK BIT
Costa United States of
Herzegovi
Netherlands Netherlands-Venezuela
Panama United States of
Sweden Romania-Sweden BIT
Louis Dreyfus Armateurs v.
Masdar Solar & Wind
Cooperatief U.A. v. Kingdom
of Spain (ICSID Case
No. ARB/14/1)
Michael Dagher v. Republic of
the Sudan (ICSID Case
No. ARB/14/2)
Sudan Jordan; Lebanon
NextEra Energy Global
Holdings B.V. and NextEra
Energy Spain Holdings B.V. v.
Kingdom of Spain (ICSID
Case No. ARB/14/11)
France-India BIT UNCITRAL
Jordan-Sudan BIT;
Lebanon-Sudan BIT
Netherlands Energy Charter Treaty
B.V. and PT Newmont Nusa
Tenggara v. Republic of
Indonesia (ICSID Case
No. ARB/14/15)
Netherlands Indonesia-Netherlands
ICSID Discontinued
(for unknown
Oded Besserglik v. Republic
of Mozambique (ICSID Case
No. ARB(AF)14/2)
2014 Mozambi
SAU v. Bolivia
Plurinatio
RENERGY S.à r.l. v.
Case No. ARB/14/18)
RWE Innogy GmbH and RWE
Innogy Aersa S.A.U. v.
Case No. ARB/14/34)
Germany Energy Charter Treaty
Sodexo Pass International SAS
v. Hungary (ICSID Case
No. ARB/14/20)
France-Hungary BIT
Tarique Bashir and SA
Interpétrol Burundi v.
Republic of Burundi (ICSID
Case No. ARB/14/31)
Belgium Belgium/LuxembourgBurundi BIT
Unión Fenosa Gas, S.A. v.
(ICSID Case No. ARB/14/4)
United Utilities (Tallinn) B.V.
and Aktsiaselts Tallinna Vesi
v. Republic of Estonia (ICSID
Case No. ARB/14/24)
VICAT v. Republic of Senegal
(ICSID Case No. ARB/14/19)
France-Senegal BIT
Holdings BV v. India
Netherlands India-Netherlands BIT UNCITRAL
Mozambique - South
Africa BIT
Spain-Bolivia BIT UNCITRAL
Zelena N.V. and EnergoZelena d.o.o Inđija v. Republic
of Serbia (ICSID Case
No. ARB/14/27)
Belgium Belgium/LuxembourgSerbia BIT
UNCTAD Investment Policy Framework for Sustainable Development – excerpt66
Core Principles for investment policymaking for sustainable development
• The overarching objective of investment
policymaking is to promote investment for inclusive
growth and sustainable development.
• Investment policies should be grounded in a country’s
overall development strategy. All policies that impact
on investment should be coherent and synergetic at
both the national and international level.
• Investment policies should be developed involving all
stakeholders, and embedded in an institutional
framework based on the rule of law that adheres to high
standards of public governance and ensures predictable,
efficient and transparent procedures for investors.
• Investment policies should be regularly reviewed for
effectiveness and relevance and adapted to changing
Balanced rights and
• Investment policies should be balanced in setting out
rights and obligations of States and investors in the
interest of development for all.
• Each country has the sovereign right to establish entry
and operational conditions for foreign investment,
subject to international commitments, in the interest of
the public good and to minimize potential negative
• In line with each country’s development strategy,
investment policy should establish open, stable and
predictable entry conditions for investment.
• Investment policies should provide adequate
protection to established investors. The treatment of
established investors should be non-discriminatory in
• Policies for investment promotion and facilitation
should be aligned with sustainable development goals
and designed to minimize the risk of harmful
competition for investment.
http://unctad.org/en/Pages/DIAE/International%20Investment%20Agreements%20(IIA)/IIA-IPFSD.aspx
• Investment policies should promote and facilitate the
adoption of and compliance with best international
practices of corporate social responsibility and good
• The international community should cooperate to
address shared investment-for-development policy
challenges, particularly in least developed countries.
Collective efforts should also be made to avoid
UNCATD IIA Issues Note No. 2, Investor-State Dispute Settlement: Review of
Developments in 2014, May 201567
Known ISDS cases, annual and cumulative (1987–2014)
Non-ICSID
All cases cumulative
http://investmentpolicyhub.unctad.org/Upload/Documents/UNCTAD_WEB
_DIAE_PCB_2015_%202%20IIA%20ISSUES%20NOTESMAY%20evening.pdf
Most frequent respondent States (total as of end 2014)
Most frequent home States (total as of end 2014)
UNCTAD Expert Meeting on the Transformation of the International
Investment Agreement Regime: The Path Ahead,
25–27 February 2015 – excerpts68
Item 3 Transformation of the international investment agreement regime
4. Pursuant to the terms of reference agreed by the Extended Bureau of the Trade and
Development Board in September 2014, the experts will discuss the path ahead for the
international investment agreement (IIA) regime. Challenges arising from the negotiation of
IIAs and their implementation suggest that the time has come to revisit the IIA regime with a
view to transforming it. Such challenges include the move towards megaregional agreements
and the increasing number of investor–State dispute settlement (ISDS) cases.
TD/B/C.II/EM.4/1 available at: http://unctad.org/en/Pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=643
5. Member States and IIA stakeholders at the 2014 IIA Conference, held in connection with
the World Investment Forum in Geneva in October, called upon UNCTAD to develop a road
map for the reform of the IIA regime and sketched the contours of such reform.
6. A number of developments characterize the current IIA regime and set the background
against which such reform would be undertaken.
7. First, the balance is gradually shifting from bilateral treaty making to regional treaty
making, including through megaregional agreements, such as the Regional Comprehensive
Economic Partnership, the Trans-Pacific Partnership, or the Transatlantic Trade and Investment
Partnership. These agreements, also known as “megaregionals”, could have systemic
implications for the IIA regime: they could either contribute to the consolidation of the existing
treaty landscape or create further inconsistencies through overlap with existing IIAs, including
those at the plurilateral level (World Investment Report 2014).
8. Second, the second-highest number of treaty-based ISDS cases were brought against host
countries in 2014. Host countries — both developed and developing — have learned that ISDS
claims can be used by foreign investors in unanticipated ways, as a number of recent cases have
challenged measures adopted in the public interest (World Investment Report 2014). This has
sparked growing interest in reform of the investment dispute settlement system.
9. Third, an increasing number of countries are concluding IIAs with novel provisions aimed
at rebalancing the rights and obligations between States and investors, as well as ensuring
coherence between IIAs and other public policy objectives, in response to the recognition that
inclusive growth and sustainable development need to be placed at the core of international
investment policymaking (2013 and 2014 editions of the World Investment Report).
UNCTAD Trade and Development Report 2014 – excerpts (pp. 46-48)
In an increasingly globalizing world, no less than at the domestic level, market activity also
requires a framework of rules, restraints and norms. And, no different from the domestic level,
the weakening and strengthening of that framework is a persistent feature. However, there are
two important differences. The first is that the international institutions designed to support that
framework depend principally on negotiations among States with regard to their operation.
Essentially these States must decide on whether and how much of their own policy space they
are willing to trade for the advantages of having international rules, disciplines and support.
Inevitably, in a world of unequal States, the space required to pursue their own national
economic and social development aspirations varies, as does the likely impact of an individual
country’s policy decisions on others. Managing this trade-off is particularly difficult at the
multilateral level, where the differences among States are the most pronounced. Second, the
extent to which different international economic forces can intrude on a country’s policy space
also varies. I n particular, cross-border financial activities, as Kindleberger (1986) noted in his
seminal discussion of international public goods, appear to be a particularly intrusive factor. But
in today’s world of diminished political and legal restraints on cross-border economic
transactions, finance is not the only such source; as chapter V notes, there are also very large
asymmetries in international production, in particular with the lead firms in international
production networks, which are also altering the space available to policymakers.
The growing interdependence among States and markets provides the main rationale for a
well-structured system of global economic governance with multilateral rules and disciplines. I n
principle, such a system should ensure the provision of global public goods such as international
economic and financial stability and a more open trading system. I n addition, it should be
represented by coherent multilateral institutional arrangements created by intergovernmental
agreements to voluntarily reduce sovereignty on a reciprocal basis. The guiding principle of such
arrangements should be their ability to generate fair and inclusive outcomes. This principle
should inform the design, implementation and enforcement of multilateral rules, disciplines and
support mechanisms. These would contribute significantly to minimizing adverse international
spillovers and other negative externalities created by national economic policies that focus on
maximizing national benefits. From this perspective, how these arrangements manage the
interface between different national systems (from which they ultimately draw their legitimacy),
rather than erasing national differences and establishing a singular and omnipotent economic and
legal structure, best describes the objectives of multilateralism.
The extent to which national development strategies respond to national needs and priorities
can be limited or circumscribed by multilateral regimes and international rules, but equally, they
can be influenced by economic and political pressures emanating from the workings of global
markets, depending on the degree of integration of the country concerned. While the extent and
depth of engagement with the global economy may result from domestic economic policy
choices, subsequent policies are likely to be affected by that engagement, sometimes in a way
and to an extent not anticipated. As noted in TDR 2006, it is not only international treaties and
rules, but also global market conditions and policy decisions in other countries that have an
impact on policy space. Global imbalances of power (both economic and political) also remain
undeniably significant in affecting the capacities of governments of different countries to engage
in the design and implementation of autonomous policies.
There are valid concerns that the various legal obligations emerging from multilateral,
regional and bilateral agreements have reduced national policy autonomy by restricting both the
available range and the efficacy of particular policy instruments. At the same time, multilateral
disciplines can operate to reduce the inherent bias of international economic relations in favour
of countries that have greater economic or political power (Akyüz, 2007). Those disciplines can
simultaneously restrict (particularly de jure) and ease (particularly de facto) policy space. In
addition, the effectiveness of national policies tends to be weakened, in some instances very
significantly, by the global spread of market forces (especially financial markets) as well as by
the internalization of markets within the operations of large international firms.
It is important to consider whether, how and to what extent policy space is reduced and
reconfigured. Limits on policy space resulting from obligations or pressures to deregulate
markets tend to circumscribe the ability of governments to alter patterns of market functioning to
meet their broader social and developmental objectives. Yet unfettered market processes are
unlikely to deliver macroeconomic and financial stability, full employment, economic
diversification towards higher value added activities, poverty reduction and other socially
But while national policies are obviously affected by the extent of policy space available, as
determined by the external context, they are also − and still fundamentally − the result of
domestic forces. These include, among others, politics and the political economy that determine
the power and voice of different groups in society, domestic expertise and capacities, the nature
of institutions and enforcement agencies, the structure of the polity (e.g. degree of federalism),
and prevailing macroeconomic conditions. Even when policymakers have full sovereign
command over policy instruments, they may not be able to control specific policy targets
Furthermore, the interplay between these internal and external forces in determining both
policymaking and implementation within countries in today’s globalized world is an
increasingly complex process. The emergence in the 1980s and 1990s, and the growing
acceptance by policymakers throughout the world, of what could be called a standard template
for national economic policies — irrespective of the size, context and nature of the economy
concerned — was certainly influential (even if not always decisive) in determining patterns of
market liberalization. But even as waves of trade liberalization and financial deregulation swept
across the world, culminating in what we experience as globalization today, variations across
individual countries suggest that they have retained some degree of policy autonomy, along with
relatively independent thinking.
Certainly, for the more developed countries, globalization à la carte has been the practice to
date, as it has been for the more successful developing countries over the past 20 years. By
contrast, many developing countries have had to contend with a more rigid and structured
approach to economic liberalization. This one size-fits-all approach to development policy has,
for the most part, been conducted by or through the Bretton Woods institutions — the World
Bank and the International Monetary Fund (IMF) — whose surveillance and influence over
domestic policymakers following the debt crises of the 1980s were considerably extended giving
them greater authority to demand changes to what they deemed to be “unsound” policies.
Countries seeking financial assistance or debt rescheduling from the Bank or the IMF had to
adopt approved macroeconomic stability programmes and agree to “structural” and political
reforms, which extended the influence of markets — via liberalization, privatization and
deregulation, among others — and substantially reduced the economic and developmental roles
of the State. Similarly, and as discussed in greater detail in the next chapter, the Uruguay Round
of trade negotiations extended the authority of the World Trade Organization (WTO) to embrace
services, agriculture, intellectual property and trade-related investment measures, thereby
restricting, to varying degrees, the policy space available to developing countries to manage
their integration into the global economy.
Emphasizing the role of policy, and of the international economic institutions in promoting
one set of policies over another, is an important correction to the view that globalization is an
autonomous, irresistible and irreversible process driven by impersonal market and technological
forces. Such forces are undoubtedly important, but essentially they are instigated by specific
policy choices and shaped by existing institutions. It is also misleading to think of the global
economy as some sort of “natural” system with a logic of its own. It is, and always has been, the
evolving outcome of a complex interaction of economic and political relations. I n this
environment, multilateral rules and institutions can provide incentives and sanctions that
encourage countries to cooperate rather than go their own way. And as the world has become
increasingly interdependent, it is more challenging for countries to build institutional structures
and safeguard remaining flexibilities in support of inclusive development. To the extent that
markets and firms operate globally, there are grounds for having global rules and regulations.
Moreover, international collective action is needed to help provide and manage global public
goods that markets are unable or unwilling to provide. Dealing effectively with emerging
threats, such as climate change, also requires appropriate global rules, regulations and resources.
However, it goes without saying that governance at the international level is very different from
governance at the national level, given that governments are being asked to surrender some
measure of their sovereignty and responsibility to support collective actions and goals. It is
imperative, therefore, and all the more so in a world of interdependent but unequal States and
economies, for international measures to be designed in such a way that they complement or
strengthen capacities to achieve national objectives and meet the needs of their constituencies.
The system that has evolved under finance-led globalization has led to a multiplicity of rules
and regulations on international trade and investment that tend to excessively constrain national
policy options. At the same time it lacks an effective multilateral framework of rules and
institutions for ensuring international financial stability and for overseeing extra-territorial fiscal
matters. Within this imperfect system, policymakers in developed countries are aiming to tackle
a series of interrelated macroeconomic and structural challenges, while those from developing
countries are trying to consolidate recent gains and enter a new phase of inclusive development.
I t is therefore more important than ever before for national policy space to be made a central
issue on the global development agenda.
UNCITRAL Rules on Transparency in Treaty-based Investor-State
Arbitration, General Assembly resolution 68/109 – excerpts
The UNCITRAL Rules on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration (“Rules
on Transparency”) shall apply to investor-State arbitration initiated under the UNCITRAL
Arbitration Rules pursuant to a treaty providing for the protection of investments or investors
(“treaty”)* concluded on or after 1 April 2014 unless the Parties to the treaty** have agreed
In investor-State arbitrations initiated under the UNCITRAL Arbitration Rules pursuant to a
treaty concluded before 1 April 2014, these Rules shall apply only when:
The parties to an arbitration (the “disputing parties”) agree to their application in
respect of that arbitration; or
The Parties to the treaty or, in the case of a multilateral treaty, the State of the
claimant and the respondent State, have agreed after 1 April 2014 to their application.
In any arbitration in which the Rules on Transparency apply pursuant to a treaty or to an
agreement by the Parties to that treaty:
The disputing parties may not derogate from these Rules, by agreement or
otherwise, unless permitted to do so by the treaty;
The arbitral tribunal shall have the power, besides its discretionary authority
under certain provisions of these Rules, to adapt the requirements of any specific provision of
these Rules to the particular circumstances of the case, after consultation with the disputing
parties, if such adaptation is necessary to conduct the arbitration in a practical manner and is
consistent with the transparency objective of these Rules.
Where the Rules on Transparency provide for the arbitral tribunal to exercise discretion, the
arbitral tribunal in exercising such discretion shall take into account:
The public interest in transparency in treaty-based investor-State arbitration and
in the particular arbitral proceedings; and
The disputing parties’ interest in a fair and efficient resolution of their dispute.
These Rules shall not affect any authority that the arbitral tribunal may otherwise have under
the UNCITRAL Arbitration Rules to conduct the arbitration in such a manner as to promote
transparency, for example by accepting submissions from third persons.
In the presence of any conduct, measure or other action having the effect of wholly
undermining the transparency objectives of these Rules, the arbitral tribunal shall ensure that
those objectives prevail.
Where the Rules on Transparency apply, they shall supplement any applicable arbitration
rules. Where there is a conflict between the Rules on Transparency and the applicable
arbitration rules, the Rules on Transparency shall prevail. Notwithstanding any provision in
these Rules, where there is a conflict between the Rules on Transparency and the treaty, the
provisions of the treaty shall prevail.
Where any of these Rules is in conflict with a provision of the law applicable to the
arbitration from which the disputing parties cannot derogate, that provision shall prevail.
These Rules are available for use in investor-State arbitrations initiated under rules other
than the UNCITRAL Arbitration Rules or in ad hoc proceedings.
Draft Declaration on the Right to International Solidarity of the
(A/HRC/26/34) – excerpts
In the elaboration and implementation of international agreements and related standards,
States shall ensure that the procedures and outcomes are fully consistent with their human
rights obligations in matters pertaining to, inter alia, international trade, investment, finance,
taxation, climate change, environmental protection, humanitarian relief and assistance,
development cooperation and security.
States shall take appropriate, transparent and inclusive action to consult their populations
and fully inform them of the decisions agreed upon at the national, bilateral, regional and
international levels, in particular on matters that affect their lives.
States shall establish an appropriate institutional framework and adopt domestic measures to
give effect to the right of peoples and individuals to international solidarity, in particular by
ensuring and facilitating access for everyone to domestic and international legislative,
judicial or administrative mechanisms:
(a) When failure of States to fulfil their commitments made at the regional and
international levels results in denials and violations of human rights; and
(b) When actions and omissions by non-State actors adversely affect the exercise and full
enjoyment of their human rights.
States shall promote and prioritize support for micro, small and medium community based
and cooperative enterprises which generate the majority of jobs around the world, including
through national and international grants and concessional loans.
States shall be guided by International Labour Organization Recommendation No. 202
(2012) concerning National Floors of Social Protection, with a view to securing universal
States shall implement a human rights-based approach to international cooperation and all
partnerships in responding to global challenges such as those relating to:
(a) Global governance, regulation and sustainability in the areas of climate change,
protection of the environment, humanitarian relief and assistance, trade, finance, taxation,
debt relief, technology transfer to developing countries, social protection, universal health
coverage, reproductive and sexual health, food security, management of water and
renewable energy resources, social standards, free education for all, human rights education,
migration, and labour, and in countering dumping of toxic wastes, and transnational
organized crime, such as terrorism, human trafficking, piracy and proliferation of arms.
States shall establish and implement appropriate mechanisms to ensure that international
cooperation is based on equal partnerships and mutual commitments and obligations, where
partner States are accountable to each other, as well as to their respective constituents at the
national level, for the outcomes of policies, strategies and performance, whether at the
bilateral, regional or international level, which shall reflect the best interests of their citizens
and all others within their jurisdiction, in accordance with international human rights
States shall give effect to the establishment of a fair, inclusive and human rights based
international trade and investment regime where all States shall act in conformity with their
obligation to ensure that no international trade agreement or policy to which they are a party
adversely impacts upon the protection, promotion and fulfilment of human rights inside or
outside of their borders.
The right to international solidarity shall impose on States particular negative obligations,
required by applicable international human rights instruments, including:
Not adopting free trade agreements or investment treaties that would undermine
peoples’ livelihoods or other rights;
Not imposing conditionalities in international cooperation that would hinder or
make difficult the exercise and enjoyment of human rights;
Not denying anyone access to life-saving pharmaceuticals and to the benefits of
medical and scientific progress.
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A General Assembly Election of members of the Human Rights Council Advisory
CCPR International Covenant on Civil and Political Rights United Nations
RESUME DRA. RHADYS I. ABREU DE POLANCO
Antonio Ortiz Mena L. N.
Parra Dussan Carlos Alberto (Colombian) Date and place of birth: Working languages:
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Evaluating the Expansion Flexibility of Manufacturing Systems in Uncertain Environments