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Timestamp: 2018-06-19 17:56:29
Document Index: 253870977

Matched Legal Cases: ['artículo 32', 'artículo 16', 'artículo 40', 'Artículo 32', 'Artículo 25', 'Artículo 40', 'Artículo 35']

﻿ El Estado doblega la asociación vecinal | IPYS
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Injerencias a la libre asociación
Sin garantías para una representación plural
Riesgos del Plan de la Patria
Comunas de Venezuela
Limitaciones a la participación vecinal
El marco legislativo convirtió la participación vecinal en una ruta estrecha con un destino único: el socialismo a través del Estado comunal en el cual se restringe la libre asociación. Sin embargo, comunidades de Venezuela luchan para organizarse y buscar representación de forma independiente.
Licenciada en Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, especialista en Educación para la Ciudadanía y Derechos humanos, máster en Acción Solidaria Internacional y reportera de la sección Caracas del diario El Universal. Como activista de DDHH, colaboró con Provea, y trabajó en la ONG internacional de protección de la infancia Plan International, en España.
Tema: Participación Vecinal
Twitter: @elisavasquez88
Las leyes del poder popular que ofrecían potenciar la participación ciudadana en las instancias gubernamentales no se ajustan a los fines de las diversas formas de organización vecinal que crecen de forma natural y espontánea en la sociedad venezolana.
Una de las restricciones evidentes es la amenaza insistente a las tradicionales asociaciones de vecinos por la implantación obligada de los consejos comunales que reciben recursos en la medida que sus proyectos persigan los fines que le interesan al gobierno venezolano. Quienes pertenezcan a tipos de asociaciones distintas no tienen voz ni voto en la repartición del poder y en el acceso a las oportunidades públicas.
El caso de la Asociación de Vecinos de Prados del Este (Asopraes), al este de Caracas, confirma esa limitación al derecho a la libre asociación. La zona se encuentra organizada así desde 1950, y en la actualidad los habitantes contribuyen con la asociación para el mantenimiento de los parques y los espacios públicos, y para que se gestionen con la alcaldía y las empresas prestadoras de servicio las obras necesarias para mejorar la calidad de vida. Pero en 2006 los vecinos se vieron obligados a crear un consejo comunal, ante la aprobación de la Ley de los Consejos Comunales, que trazaba los primeros lineamientos para condicionar la participación de los vecinos a estas unidades, que además, en su mayoría respondían a intereses político-partidistas.
“Entendimos que si no lo hacíamos no íbamos a contar con una herramienta de participación dentro de ese marco jurídico que estaba realizando el gobierno. Nos insertamos para que nuestra comunidad no quedara excluida”, explica Kiomara Scovino, presidenta de Asopraes y vocera del consejo comunal.
Sin embargo, los consejos comunales no parecían ser destinados para comunidades como la de ellos, de acuerdo a los planteamientos que presentaban los representantes estatales. Después de incluir en los requisitos cuanto documento pedían los funcionarios de la taquilla única del Poder Popular, pasaron semanas para que recibieran respuesta de su solicitud de creación. “¿Quién les dijo que esto era para ustedes? Esto es para la revolución”. Fue lo que nos contestaron. Nos dijeron que los papeles estaban todos malos. Fue una burla horrorosa de los funcionarios y no teníamos a quien recurrir”, relata Scovino.
Aunque el derecho de libertad de asociación establezca que los Estados deben facilitar la creación de asociaciones y no obligar al registro de las formas libres, esto no se cumple en el caso de los consejos comunales. Los voceros electos en la organización de vecinos de Prados del Este tuvieron que interponer un recurso en la Corte Primera y Segunda de lo contencioso administrativo para lograr que la taquilla registrara su organización.
Las leyes promulgadas en los últimos 10 años para garantizar la participación de las comunidades en la creación de políticas públicas establecen el requisito de registro. Esta situación es contraria al derecho internacional de protección de la libertad de asociación y representa un obstáculo para garantizar diversidad de asociaciones de libre finalidad. Es el caso del Reglamento de la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno, que en su artículo tres, define a la sociedad organizada como aquella compuesta por organizaciones debidamente registradas en el Ministerio del Poder Popular. Lo mismo hace la Ley del Poder Popular, que en su artículo 32 establece que las instancias reconocidas serán solo las que adquieran personalidad jurídica ante dicho ministerio. Todo lo anterior contraría al artículo 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual compromete al Estado a no poner más restricciones a la asociación que las necesarias para garantizar la democracia y la seguridad de la nación.
Para los vecinos de Prados del Este la exigencia del registro pasaba por otro incumplimiento al derecho. Los estatutos de los consejos comunales debían certificar que ese órgano comunitario se estaba creando con la intención de trabajar para el Estado socialista. “Nos daban una planilla única con espacios en blanco donde debíamos rellenar nuestros datos. No había manera de realizar nuestros propios y libres estatutos. Fue una forma legal de excluir desde un principio a quienes pensamos distinto”, explica Scovino. Estos vecinos suprimieron esa frase y gracias al recurso interpuesto, su consejo comunal se inscribió sin ese inciso, pero según relata la vocera, muchos de los consejos comunales cercanos aceptaron la interferencia para evitar más problemas en el proceso de registro.
Alterar la finalidad de las asociaciones puede ser una de las más graves injerencias. La ONG Civilis Derechos Humanos, defensora de los derechos de la sociedad civil, explica dentro de sus principios que: “Al establecer una asociación, las personas tienen derecho a dotarla de una personalidad propia, a través de la cual se le reconozca públicamente, a determinar su estatuto, estructura, programa de actividades y la forma de elegir a sus representantes, y a funcionar inmediatamente sin ningún requisito legal o administrativo que lo obstaculice o lo impida, o de intromisiones o injerencias estatales infundadas acerca de sus asuntos internos”. Sin embargo, en la experiencia de los miembros de Asopraes, el Estado sería el primer actor en negarles su finalidad: mejorar la calidad de vida de su comunidad sin intervención ideológica.
Aunque intentaron diferentes caminos, siempre concluyeron que el sistema comunal no serviría para sus fines, sino para los del Estado. Acceder al financiamiento del Consejo Federal de Gobierno a través del Fondo de Compensación Interterritorial fue una de las calles ciegas en las que se encontraron. Scovino explica que el consejo tiene baremos para priorizar los proyectos que financiará, sin embargo dicho listado no se hace público. “Nosotros podemos hacer un proyecto magnífico pero si no está en el baremo lo excluyen por capitalista o elitista. Nos quieren poner a bailar al son que ellos toquen”, reclama ante la imposibilidad de acceder a esos beneficios.
Tuvieron otro gran encontronazo cuando diseñaron un proyecto de equipamiento urbano en salud, educación, deporte y vivienda a realizarse con el apoyo de la alcaldía de Baruta en un terreno al margen de la autopista Prados del Este. La propuesta fue diseñada por profesionales de la urbanización con la intención de dotar a las zonas populares de Santa Cruz del Este y Las Minitas de los espacios que carecen. Sin embargo, los consejos comunales adeptos al oficialismo que operan en esas zonas agredieron a los vecinos de Prados del Este y rechazaron su iniciativa para favorecer una idea del gobierno central que ofrecía viviendas en ese terreno. “Nos esforzamos, fuimos solidarios, pusimos a la orden nuestro capital humano y la alcaldía se quiso comprometer, pero por fines políticos nos descalificaron. Lo triste es que la comunidad no recibió ningún beneficio porque las viviendas tampoco se hicieron”. La activista comunitaria concluye que los consejos comunales, y más adelante las comunas, fueron creados por el gobierno para invisibilizar los verdaderos reclamos ciudadanos y utilizar a los individuos para objetivos políticos. “Querer alcanzar metas independientes como consejo comunal es decidir fracasar”, asegura.
Resulta contradictorio que para ejercer libremente la participación, las asociaciones vecinales deban pasar por las vías oficiales para conseguir recursos que se dedicarán exclusivamente a los planes diseñados por el gobierno. Una evidencia de esta orientación es el artículo 40 de la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular, el cual aclara que “El Plan Comunal de Desarrollo es el instrumento de gobierno que permite a las comunas establecer los proyectos, objetivos, metas, acciones y recursos dirigidos a darle concreción a los lineamientos plasmados en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación”.
El resultado de la creación de este angosto camino para la participación es que el conjunto diverso de asociaciones de vecinos cuyos fines no son similares a los del Estado quedan por fuera del proyecto nacional, asfixiadas financieramente, sin garantía de respeto a su funcionamiento y sin espacios a los cuales acudir para reclamar los abusos. El miedo en muchas zonas es que de no contar con ese apoyo los espacios y servicios públicos quedarán en desidia, en especial por el cerco financiero y político que se ejerce también en contra de las alcaldías, y que obliga a los vecinos a buscar recursos centrales para las grandes obras. El asistencialismo se ofrece a cambio de la fidelidad ideológica.
Para Kiomara Scovino el modelo previo de asociaciones de vecinos era mucho más fructífero, les permitía exigir derechos a las autoridades, así como ejercer contraloría desde la independencia, ya que el financiamiento proveniente de la localidad garantizaba la lucha por los beneficios comunes y no por los del gobierno central.
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William Requejo, presidente de la Asociación Civil Unión Vecinal coincide en que asociarse por fines comunes resulta más efectivo que hacerlo por fines impuestos. En su experiencia como asesor de comunidades en materia de exigibilidad, cuando el Estado dicta las formas de organización el objetivo final de las mismas resulta siendo el acceso al dinero que la autoridad proporciona, uno de los principales fracasos que identifica en el sistema de los consejos comunales. “Es un órgano que no es independiente, de hecho una de las cosas que le ha hecho perder credibilidad es que muchos de sus miembros se volvieron funcionarios del Estado, y en las comunidad uno nombra a alguien para que nos represente ante el Estado, no para que lo defienda”.
Pero Asopraes se enfrenta en pocos meses otro reto contra el Estado. La última vez que se registraron -hace dos años- se les advirtió en el registro que la modalidad de asociación de vecinos debía dejarse atrás. Las asociaciones necesitan de este trámite para poder manejar fondos, tener una cuenta bancaria y llevar a cabo sus funciones. “¿Entonces no podemos gerenciar nuestra comunidad como queremos ?”, se pregunta. Al mismo tiempo, Scovino reflexiona: “Le podemos demostrar a este gobierno con papeles en mano, con gestión y con auditorías que nosotros hemos funcionado transparentemente y contamos con el respaldo de nuestra comunidad. Si no nos dejan estarían violando la constitución y la voluntad de los ciudadanos”, asegura Scovino.
Requejo explica que para cercenar los espacios de asociación fueron eliminadas las oficinas de participación vecinal donde se registraban las asociaciones de vecinos, sin embargo no se puede eliminar por ello el derecho a asociarse. “No es fácil participar en las políticas públicas hoy día cuando no se es consejo comunal, pero con todo lo que nos quieran apretar todavía hay muchos huecos que nos deja la Constitución. No me pueden negar el derecho de ir a solicitar algo a un empleado público, ni condicionar que yo pase primero por un consejo comunal para exigir un derecho, porque sería una alcabala contraria a los derechos ciudadanos que establece la constitución”, destaca el activista vecinal.
Alerta que dicha alcabala se perpetúe en el discurso oficial pero también en el disidente. “No estamos en contra de los consejos comunales, lo que pasa es que son una forma de organización dentro de muchas. Al gobierno le interesa y le funciona, pero los dirigentes políticos de otros sectores también se apoyan en el discurso, ignorando el resto de las asociaciones. En la medida en la se eliminen las organizaciones diversas, perderemos derechos”, argumenta Requejo.
William Requejo – Foto de ciudadanolibre.blogspot.com
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Al debilitamiento de la participación y la organización vecinal, se suman las imposiciones para la resolución de dificultades urbanas que recaen sobre las comunidades y no sobre la gestión pública. El Plan de la Patria, que corresponde al Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación para 2013-2019 -aprobado en diciembre de 2013- en su objetivo estratégico número 2.5.3.1 establece que se transfirieren a las comunidades competencias “en materia de vivienda, deportes, cultura, programas sociales, ambiente, mantenimiento de áreas industriales, mantenimiento y conservación de áreas urbanas, prevención y protección comunal, construcción de obras y prestación de servicios públicos, entre otros”.
“La garantía del derecho de asociarse libremente con otras personas implica que las autoridades públicas no limiten o entorpezcan su ejercicio; en consecuencia, siempre que la finalidad de la asociación sea lícita, el Estado deberá permitirlo sin presiones o intromisiones que pudieran alterar o desnaturalizar su finalidad. Cuando un Estado obstaculiza este derecho por cualquier medio incompatible con los estándares internacionales, no sólo restringe la libertad de asociación de las defensoras y defensores, sino también obstruye su labor en la promoción y defensa de los derechos humanos y, consecuentemente, el libre ejercicio del derecho a defender los derechos”.
“Las organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos, no pueden ser sujetas en cuanto a su registro a restricciones irrazonables ni discriminatorias”.
Segundo Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos de las Américas, Comisión Interamericana de DDHH
Estados con mayor conformación de comunas
Ley Orgánica para la Gestión de Competencia y otras atribuciones del Poder Popular.
Fuente: CIVILIS Derechos Humanos
Artículo 32. Las instancias y organizaciones del Poder Popular reconocidas conforme a la presente Ley, adquieren su personalidad jurídica mediante el registro ante el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de participación ciudadana, atendiendo a los procedimientos que se establezcan en el Reglamento de la presente Ley.
Articulo 8. 8. Estado comunal: Forma de organización político social, fundada en el Estado democrático y social de derecho y de justicia establecido en la Constitución de la República, en la cual el poder es ejercido directamente por el pueblo, con un modelo económico de propiedad social y de desarrollo endógeno sustentable, que permita alcanzar la suprema felicidad social de los venezolanos y venezolanas en la sociedad socialista. La célula fundamental de conformación del estado comunal es la Comuna.
Artículo 25.8 El Colectivo de Coordinación Comunitaria como expresión de articulación de las unidades del consejo comunal, tendrá las siguientes funciones: Coordinar con la Milicia Bolivariana lo referente a la defensa integral de la Nación.
Artículo 40 . El Plan Comunal de Desarrollo es el instrumento de gobierno que permite a las comunas, establecer los proyectos, objetivos, metas, acciones y recursos dirigidos a darle concreción a los lineamientos plasmados en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, a través de la intervención planificada y coordinada de las comunidades y sus organizaciones, promoviendo el ejercicio directo del poder, de conformidad con la ley, para la construcción del estado comunal.
Artículo 35. Los sujetos de transferencia deberán desarrollar acciones de trabajo comunitario, de manera organizada, coordinada y colectiva, como expresión de conciencia y compromiso al servicio del pueblo, contribuyendo al desarrollo socialista comunal.
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