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Timestamp: 2017-07-28 05:55:08
Document Index: 138818023

Matched Legal Cases: ['artículo 10', 'artículo 1', 'artículo 12', 'artículo 49', 'artículo 49', 'artículo 149']

Boletín Oficial de las Cortes Valencianas- Último boletín
Referencias En valenciano
BOCV 16200/IX de fecha 15.03.2017
Proyecto de ley, de la Generalitat, de memoria democrática y por la convivencia de la Comunitat Valenciana (RE número 51.671) Proyecto de ley, de la Generalitat, de memoria democrática y para la convivencia de la Comunitat Valenciana
La Constitución española de 1978 que tradujo jurídicamente la voluntad de reencuentro de la ciudadanía española, articulando un estado social y democrático de derecho con clara vocación integradora, establece que, los derechos y libertades reconocidos en el capítulo segundo del título I, «De los derechos y deberes fundamentales», vinculan a todos los poderes públicos, y que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración universal de derechos humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.
Asimismo, la propia Constitución recoge en su artículo 10 del citado título I que «la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social».
Con espíritu de reconciliación, integración, concordia, y de respeto al pluralismo se aprobó la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, que implicó un cambio sustancial al integrar medidas, reconocer derechos y sentar «las bases para que los poderes públicos lleven a cabo políticas públicas dirigidas al conocimiento de nuestra historia y al fomento de la memoria democrática».
Desde entonces, algunas comunidades autónomas han adoptado normas que garantizan y establecen medidas que hacen eficaz lo previsto en esa ley. En concreto, la Ley de Cataluña 13/2007, de 31 de octubre, del memorial democrático; la Ley de Cataluña 10/2009, de 30 de junio, sobre la localización e identificación de las personas desaparecidas durante la guerra civil y la dictadura franquista, y la dignificación de las fosas comunes; la Ley foral de Navarra 33/2013, de 26 de noviembre, de reconocimiento y reparación moral de las ciudadanas y ciudadanos navarros asesinados y víctimas de la represión a raíz del golpe militar de 1936; la Ley del País Vasco 4/2014, de 27 de noviembre, de creación del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos; y la Ley de las Illes Balears 10/2016, de 13 de junio, para la recuperación de personas desaparecidas durante la guerra civil y el franquismo. En otras comunidades autónomas, como Andalucía o Aragón, se encuentran en trámite. Todas ellas sirven de inspiración y modelo.
Por una parte, se pretende cumplir con las obligaciones que tiene España con las víctimas de la guerra civil y del franquismo, y también con sus familiares. Por otra, se aspira a profundizar en los principios y valores democráticos.
Uno de los objetivos esenciales de la estructura política de Comunitat Valenciana, establecido en el artículo 1.3 del Estatuto de autonomía, es el refuerzo de la democracia. En este sentido, su artículo octavo prevé, por un lado, que «los valencianos y valencianas, en su condición de ciudadanos españoles y europeos, son titulares de los derechos, deberes y libertades reconocidos en la Constitución española y en el ordenamiento de la Unión Europea y en los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, individuales y colectivos, en particular, en la Declaración universal de derechos humanos; en los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales; en la Convención europea de derechos del hombre y libertades fundamentales, y en la Carta social europea», y por otro lado, que «los poderes públicos valencianos están vinculados por estos derechos y libertades y velarán por su protección y respeto, así como por el cumplimiento de los deberes». Asimismo, el referido Estatuto de autonomía en su artículo 12 establece la obligación de la Generalitat de velar por la protección y defensa de los valores e intereses del pueblo valenciano.
Por otra parte, el Estatuto de autonomía atribuye a la Generalitat, en el artículo 49.1.4.ª y 5.ª la competencia exclusiva en materia de cultura y patrimonio cultural, y en el artículo 49.1.36.ª la competencia exclusiva en administración de justicia, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación de desarrollo del artículo 149.1.5.ª de la Constitución. Cortes Valencianas. Plaza San Lorenzo, 4 - 46003 Valencia Tlf. +34963876100