Source: http://www.derechos.org/peace/ws/doc/cjeuws25.html
Timestamp: 2018-09-23 01:30:59
Document Index: 13388782

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 267', 'artículo 31', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 34']

Equipo Nizkor - Sentencia que declara que el Acuerdo de Pesca celebrado entre la UE y Marruecos es válido, puesto que no es aplicable al Sáhara Occidental ni a las aguas adyacentes a éste.
Sentencia que declara que el Acuerdo de Pesca celebrado entre la UE y Marruecos es válido, puesto que no es aplicable al Sáhara Occidental ni a las aguas adyacentes a éste
«Procedimiento prejudicial – Acuerdo de colaboración entre la Comunidad Europea y el Reino de Marruecos en el sector pesquero – Protocolo por el que se fijan las posibilidades de pesca previstas en dicho Acuerdo – Actos por los que se aprueba la celebración del Acuerdo y del Protocolo – Reglamentos por los que se reparten entre los Estados miembros las posibilidades de pesca fijadas en el Protocolo – Competencia judicial – Interpretación – Validez a la luz del artículo 3 TUE, apartado 5, y del Derecho internacional – Aplicabilidad de dicho Acuerdo y dicho Protocolo al territorio del Sáhara Occidental y a las aguas adyacentes»
En el asunto C 266/16,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) [Tribunal Superior de Justicia (Inglaterra y País de Gales), Queen's Bench Division (Sala de lo Contencioso-Administrativo), Reino Unido], mediante resolución de 27 de abril de 2016, recibida en el Tribunal de Justicia el 13 de mayo de 2016, en el procedimiento seguido entre
Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural (Comader),
integrado por el Sr. K. Lenaerts, Presidente, el Sr. A. Tizzano, Vicepresidente, la Sra. R. Silva de Lapuerta y los Sres. M. Ileši, L. Bay Larsen, J. Malenovský (Ponente), C.G. Fernlund y C. Vajda, Presidentes de Sala, y el Sr. A. Arabadjiev, la Sra. C. Toader, los Sres. M. Safjan y D. Šváby, las Sras. M. Berger y A. Prechal y el Sr. E. Jarašinas, Jueces;
- en nombre de Western Sahara Campaign UK, por los Sres. K. Beal, QC, y C. McCarthy, Barrister, y por la Sra. R. Curling, Solicitor;
- en nombre de Confédération marocaine de l'agriculture et du développement (Comader), por los Sres. J.-F. Bellis, R. Hicheri y M. Struys, avocats, y por la Sra. R. Penfold, Solicitor;
- en nombre del Gobierno francés, por los Sres. F. Alabrune, D. Colas, B. Fodda, S. Horrenberger y L. Legrand, en calidad de agentes;
- en nombre del Gobierno portugués, por los Sres. M. Figueiredo y L. Inez Fernandes, en calidad de agentes;
- en nombre del Consejo de la Unión Europea, por el Sr. Á. de Elera-San Miguel Hurtado y por la Sra. A. Westerhof Löfflerová, en calidad de agentes;
- en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. A. Bouquet, F. Castillo de la Torre y E. Paasivirta y por la Sra. B. Eggers, en calidad de agentes;
2 Esta petición se presentó en el contexto de dos litigios seguidos entre Western Sahara Campaign UK y los Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (Administración Fiscal y Aduanera, Reino Unido), en el primer caso, y el Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs (Ministro de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales, Reino Unido), en el segundo caso, en relación con la aplicación por parte de dicha Administración Fiscal y dicho Ministerio de los acuerdos internacionales celebrados entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos y de los actos de Derecho derivado vinculados a dichos acuerdos.
31 La organización mencionada presentó en su momento dos recursos ante la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) [Tribunal Superior de Justicia (Inglaterra y País de Gales), Queen's Bench Division (Sala de lo Contencioso-Administrativo), Reino Unido]. El primero de los procedimientos versa sobre si la Administración Fiscal y Aduanera está facultada para aceptar la importación al Reino Unido de productos procedentes del territorio del Sáhara Occidental certificados, a efectos del Acuerdo de Asociación, como originarios del Reino de Marruecos. El segundo cuestiona la política pesquera formulada por el Ministro de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales del Reino Unido al entender que supone la inclusión de las aguas adyacentes al territorio del Sáhara Occidental en el ámbito de aplicación de las medidas de Derecho interno cuyo objeto es la aplicación del Acuerdo de Colaboración, del Protocolo de 2013 y de los actos de Derecho derivado mediante los que la Unión ha atribuido a los Estados miembros posibilidades de pesca en virtud del Acuerdo de Colaboración y del Protocolo de 2013.
39 Con posterioridad a la presentación de la petición de decisión prejudicial, el Tribunal de Justicia declaró que el Acuerdo de Asociación debía interpretarse, de conformidad con las normas de Derecho internacional que vinculan a la Unión, en el sentido de que no es de aplicación al territorio del Sáhara Occidental (sentencia de 21 de diciembre de 2016, Consejo/Frente Polisario, C 104/16 P, EU:C:2016:973).
41 Así las cosas, la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) [Tribunal Superior de Justicia (Inglaterra y País de Gales), Queen's Bench Division (Sala de lo Contencioso-Administrativo)], acordó mantener las cuestiones prejudiciales siguientes:
44 De acuerdo con las disposiciones mencionadas, el Tribunal de Justicia tiene competencia para pronunciarse con carácter prejudicial, sin excepción alguna, acerca de la interpretación y la validez de los actos adoptados por las instituciones de la Unión (sentencias de 13 de diciembre de 1989, Grimaldi, C 322/88, EU:C:1989:646, apartado 8, y de 13 de junio de 2017, Florescu y otros, C 258/14, EU:C:2017:448, apartado 30).
45 Pues bien, es jurisprudencia reiterada que los acuerdos internacionales celebrados por la Unión en virtud de lo dispuesto en los Tratados constituyen, por lo que respecta a la Unión, actos adoptados por sus instituciones (sentencias de 16 de junio de 1998, Racke, C 162/96, EU:C:1998:293, apartado 41, y de 25 de febrero de 2010, Brita, C 386/08, EU:C:2010:91, apartado 39).
46 En consonancia con lo anterior, los acuerdos de esas características forman parte integrante, a partir de su entrada en vigor, del ordenamiento jurídico de la Unión (véanse, en ese sentido, las sentencias de 30 de abril de 1974, Haegeman, 181/73, EU:C:1974:41, apartado 5, y de 22 de noviembre de 2017, Aebtri, C 224/16, EU:C:2017:880, apartado 50). Por lo tanto, sus disposiciones deben ser plenamente compatibles con los Tratados y con los principios constitucionales que se derivan de ellos [véanse, en ese sentido, la sentencia de 3 de septiembre de 2008, Kadi y Al Barakaat International Foundation/Consejo y Comisión, C 402/05 P y C 415/05 P, EU:C:2008:461, apartado 285, y el dictamen 1/15 (Acuerdo PNR UE-Canadá), de 26 de julio de 2017, EU:C:2017:592, apartado 67]. Más en concreto, por una parte, su contenido material debe ser compatible con las normas que rigen las competencias de las instituciones de la Unión y con las normas sustantivas relevantes. Por otra parte, sus modalidades de celebración deberán ser conformes con las normas de forma y procedimiento que sean de aplicación en el Derecho de la Unión [véanse, en ese sentido, los dictámenes 1/75 (Acuerdo OCDE – Norma sobre gastos locales), de 11 de noviembre de 1975, EU:C:1975:145, pp. 1360 y 1361, y 1/15 (Acuerdo PNR UE-Canadá), de 26 de julio de 2017, EU:C:2017:592, apartados 69 y 70].
47 Por otra parte, de conformidad con jurisprudencia reiterada, la Unión está obligada a respetar todo el Derecho internacional, incluidas no solo las normas y principios de Derecho internacional general y consuetudinario, sino también las disposiciones de los convenios internacionales que la vinculen (véanse, en ese sentido, las sentencias de 24 de noviembre de 1992, Poulsen y Diva Navigation, C 286/90, EU:C:1992:453, apartado 9, de 3 de septiembre de 2008, Kadi y Al Barakaat International Foundation/Consejo y Comisión, C 402/05 P y C 415/05 P, EU:C:2008:461, apartado 291, y de 21 de diciembre de 2011, Air Transport Association of America y otros, C 366/10, EU:C:2011:864, apartados 101 y 123).
48 Por consiguiente, el Tribunal de Justicia tiene competencia, tanto en el contexto de los recursos de anulación como en el de las peticiones de decisión prejudicial, para analizar si los acuerdos internacionales celebrados por la Unión son compatibles con los Tratados [véanse, en ese sentido, el dictamen 1/75 (Acuerdo OCDE – Norma sobre gastos locales), de 11 de noviembre de 1975, EU:C:1975:145, p. 1361] y con las normas de Derecho internacional que, de conformidad con los mismos, vinculen a la Unión.
50 Así pues, procede considerar que en los supuestos, como sucede en el caso de autos, en que el Tribunal de Justicia conoce de una petición de decisión prejudicial referida a la validez de acuerdos internacionales celebrados por la Unión, debe entenderse que la petición tiene por objeto a los actos mediante los que la Unión celebró los acuerdos internacionales (véanse, por analogía, las sentencias de 9 de agosto de 1994, Francia/Comisión, C 327/91, EU:C:1994:305, apartado 17, y de 3 de septiembre de 2008, Kadi y Al Barakaat International Foundation/Consejo y Comisión, C 402/05 P y C 415/05 P, EU:C:2008:461, apartados 286 y 289).
51 No obstante, habida cuenta de las obligaciones de la Unión que se han enumerado en los apartados 46 y 47 anteriores, el análisis de validez que el Tribunal de Justicia puede tener que realizar en un contexto de esas características puede versar sobre la legalidad del acto a la luz del propio contenido del acuerdo internacional de que se trate (véase, en este sentido, la sentencia de 3 de septiembre de 2008, Kadi y Al Barakaat International Foundation/Consejo y Comisión (C 402/05 P y C 415/05 P, EU:C:2008:461, apartado 289 y jurisprudencia citada).
58 Para interpretar las disposiciones mencionadas procede remitirse a las normas de Derecho internacional consuetudinario que se ven reflejadas en el artículo 31 del Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados, las cuales vinculan a las instituciones de la Unión y forman parte de su ordenamiento (véanse, en ese sentido, la sentencia de 25 de febrero de 2010, Brita, C 386/08, EU:C:2010:91, apartados 40 a 43 y jurisprudencia citada), y a la Convención sobre el Derecho del Mar, que vincula a la Unión y que se menciona expresamente en el párrafo segundo del preámbulo y en el artículo 5, apartado 4, del Acuerdo de Colaboración.
62 Pues bien, el Tribunal de Justicia ya señaló en su momento que por este último concepto deberá comprenderse el espacio geográfico en el que el Reino de Marruecos ejerza la plenitud de aquéllas de sus competencias que reconoce a las entidades soberanas el Derecho internacional, con exclusión de cualquier otro territorio, como puede ser el del Sáhara Occidental (sentencia de 21 de diciembre de 2016, Consejo/Frente Polisario, C 104/16 P, EU:C:2016:973, apartados 95 y 132).
63 Ello se debe a que incluir el territorio del Sáhara Occidental en el ámbito de aplicación del Acuerdo de Asociación conculcaría determinadas normas de Derecho internacional general que son de aplicación a las relaciones de la Unión con el Reino de Marruecos, como son el principio de libre determinación –que se reitera en el artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas– y el principio de efecto relativo de los tratados –del que el artículo 34 del Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados constituye una expresión concreta– (sentencia de 21 de diciembre de 2016, Consejo/Frente Polisario, C 104/16 P, EU:C:2016:973, apartados 88 a 93, 100, 103 a 107 y 123).
* Lengua de procedimiento: inglés. [Volver]
This document has been published on 15Mar18 by the Equipo Nizkor. and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes.