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Timestamp: 2017-07-20 20:08:27
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Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 11', 'Artículo 14', 'artículo 16', 'Artículo 17', 'artículo 18', 'artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'artículo 13', 'artículo 2', 'Artículo 1', 'artículo 13', 'artículo 33', 'artículo 17', 'artículo 5', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 20', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 33', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 3', 'artículo 21']

Atención norma derogada, ver regulación posteriorLey 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado
Vigencia desde 16 de Abril de 1984. Revisión vigente desde 24 de Marzo de 2007
Contenido del asilo
Causas que justifican la concesión de asilo y su denegación
Efectos de la solicitud de asilo
Procedimiento para la concesión de asilo
Requisitos para la concesión de asilo
Reexamen de la denegación
Extensión familiar del asilo
Denegación del asilo por permanencia en otro Estado
CAPÍTULO III. DE LOS EFECTOS DE LA CONCESIÓN Y DE LA REVOCACIÓN DEL ASILO
Derecho de no devolución
Condiciones especiales sobre residencia y trabajo
Efectos de la resolución denegatoria
Expulsión de los refugiados
L 12/2009 de 30 Oct. (derecho de asilo y de la protección subsidiaria) Norma afectada por
LO 3/2007 de 22 Mar. (igualdad efectiva de mujeres y hombres) Ocultar / Mostrar comentarios Disposición adicional tercera introducida por la disposición adicional vigésima novena de la L.O. 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres («B.O.E.» 23 marzo).
RD 864/2001 de 20 Jul. (Regl. de la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España) Ocultar / Mostrar comentarios Véase R.D. 864/2001, 20 julio, por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de la L.O. 4/2000, 11 enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, reformada por L.O. 8/2000, 22 diciembre («B.O.E.» 21 julio).
L 9/1994 de 19 May. (modificación L 5/1984 de 26 Mar., regulación del derecho de asilo y de la condición de refugiado) Ocultar / Mostrar comentarios Artículo 1 redactado por el artículo único de la Ley 9/1994, 19 mayo, de modificación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Asilo y de la Condición de Refugiado («B.O.E.» 23 mayo).
Número 1 del artículo 2 redactado por el artículo único de la Ley 9/1994, 19 mayo, de modificación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Asilo y de la Condición de Refugiado («B.O.E.» 23 mayo).
Artículo 3 redactado por el artículo único de la Ley 9/1994, 19 mayo, de modificación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Asilo y de la Condición de Refugiado («B.O.E.» 23 mayo).
Artículo 4 redactado por el artículo único de la Ley 9/1994, 19 mayo, de modificación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Asilo y de la Condición de Refugiado («B.O.E.» 23 mayo).
Número 1 del artículo 5 redactado por el artículo único de la Ley 9/1994, 19 mayo, de modificación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Asilo y de la Condición de Refugiado («B.O.E.» 23 mayo).
Número 5 del artículo 5 redactado por el artículo único de la Ley 9/1994, 19 mayo, de modificación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Asilo y de la Condición de Refugiado («B.O.E.» 23 mayo).
Números 6, 7 y 8 del artículo 5 introducidos por el artículo único de la Ley 9/1994, 19 mayo, de modificación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Asilo y de la Condición de Refugiado («B.O.E.» 23 mayo).
Párrafo segundo del número 2 del artículo 6 introducido por el artículo único de la Ley 9/1994, 19 mayo, de modificación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Asilo y de la Condición de Refugiado («B.O.E.» 23 mayo).
Artículo 7 redactado por el artículo único de la Ley 9/1994, 19 mayo, de modificación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Asilo y de la Condición de Refugiado («B.O.E.» 23 mayo).
Artículo 8 redactado por el artículo único de la Ley 9/1994, 19 mayo, de modificación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Asilo y de la Condición de Refugiado («B.O.E.» 23 mayo).
Artículo 9 redactado por el artículo único de la Ley 9/1994, 19 mayo, de modificación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Asilo y de la Condición de Refugiado («B.O.E.» 23 mayo).
Artículo 11 derogado por el artículo único de la Ley 9/1994, 19 mayo, de modificación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Asilo y de la Condición de Refugiado («B.O.E.» 23 mayo).
Artículo 14 derogado por el artículo único de la Ley 9/1994, 19 mayo, de modificación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Asilo y de la Condición de Refugiado («B.O.E.» 23 mayo).
Número 1 del artículo 16 redactado por el artículo único de la Ley 9/1994, 19 mayo, de modificación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Asilo y de la Condición de Refugiado («B.O.E.» 23 mayo).
Artículo 17 redactado por el artículo único de la Ley 9/1994, 19 mayo, de modificación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Asilo y de la Condición de Refugiado («B.O.E.» 23 mayo).
Número 3 del artículo 18 redactado por el artículo único de la Ley 9/1994, 19 mayo, de modificación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Asilo y de la Condición de Refugiado («B.O.E.» 23 mayo).
Número 1 del artículo 19 redactado por el artículo único de la Ley 9/1994, 19 mayo, de modificación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Asilo y de la Condición de Refugiado («B.O.E.» 23 mayo).
Artículo 20 redactado por el artículo único de la Ley 9/1994, 19 mayo, de modificación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Asilo y de la Condición de Refugiado («B.O.E.» 23 mayo).
Artículo 21 redactado por el artículo único de la Ley 9/1994, 19 mayo, de modificación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Asilo y de la Condición de Refugiado («B.O.E.» 23 mayo).
Párrafo primero disposición adicional primera redactado por el artículo único de la Ley 9/1994, 19 mayo, de modificación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Asilo y de la Condición de Refugiado («B.O.E.» 23 mayo).
Artículo 12 redactado por el artículo único de la Ley 9/1994, 19 mayo, de modificación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Asilo y de la Condición de Refugiado («B.O.E.» 23 mayo).
Artículo 13 redactado por el artículo único de la Ley 9/1994, 19 mayo, de modificación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Asilo y de la Condición de Refugiado («B.O.E.» 23 mayo).
Artículo 22 derogado por el artículo único de la Ley 9/1994, 19 mayo, de modificación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Asilo y de la Condición de Refugiado («B.O.E.» 23 mayo).
Artículo 23 derogado por el artículo único de la Ley 9/1994, 19 mayo, de modificación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Asilo y de la Condición de Refugiado («B.O.E.» 23 mayo).
Artículo 24 derogado por el artículo único de la Ley 9/1994, 19 mayo, de modificación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Asilo y de la Condición de Refugiado («B.O.E.» 23 mayo).
División en Títulos de la presente Ley suprimida por la disposición final primera de la Ley 9/1994 («B.O.E.» 23 mayo). Asimismo sustituye el término relativo al «asilado» por el de «refugiado».
Ley 5/1984, 26 marzo, derogada por la disposición derogatoria única de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria («B.O.E.» 31 octubre), el 20 de noviembre de 2009.
Exposición de Motivos I. La presente Ley tiene por objeto cumplir el mandato del artículo 13.4 de la Constitución y, al mismo tiempo, ofrecer una solución jurídica a un problema de hecho como es el de refugio en España de personas perseguidas en sus países por motivos ideológicos o políticos, de acuerdo con los criterios de solidaridad, hospitalidad y tolerancia que deben inspirar el estado democrático definido en nuestra Constitución.
La Ley comprende dos títulos relativos, respectivamente, al derecho de asilo y a la condición de refugiado, en los que se regulan las circunstancias específicas de ambas situaciones.
II. El Título I referido al asilo se ocupa de los siguientes extremos:
1. Motivos de asilo:El derecho de asilo en su dilatada historia ha transformado el ámbito de protección. Si en un principio beneficiaba sólo a los delincuentes comunes y nunca a los políticos, desde finales del siglo XVIII la tendencia se invierte, de modo que en la actualidad sólo protege a los perseguidos políticos, entendida esta expresión en sentido amplio (raza, religión, nacionalidad, etc.).
Nuestra Ley es en este punto generosa, pues junto a los perseguidos comprende también a quienes hayan cometido delitos políticos o conexos, que no lo sean en España.
2. Protección que ofrece el asilo:La protección primaria y esencial consiste en no devolver a la persona al Estado perseguidor y, por tanto, desestimar las peticiones de extradición. De ahí que la solicitud de asilo suspenda, hasta la decisión definitiva, el fallo de cualquier proceso de extradición del interesado que se halle pendiente o, en su caso, la ejecución del mismo (art. 5.2). En cualquier caso, la expulsión de un extranjero nunca se realiza al país perseguidor, salvo casos de extradición formalmente acordada (art. 19.1).
Además, el asilo puede comprender también las medidas previstas en el artículo 2 (autorización para trabajar, asistencia social, etc.).
3. Reconocimiento del derecho:La petición de asilo puede hacerse en cualquier frontera española, aun cuando no se tenga la documentación en regla, en este último caso puede adoptarse medidas cautelares. Lógicamente la petición puede cursarse también dentro del territorio nacional.
El reclamante puede valerse de abogado, que se nombrará de oficio si lo solicita. Se prevé también la intervención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados en el procedimiento (art. 5.5).
La condición de asilado se reconoce por extensión a los ascendientes y descendientes en primer grado, así como al cónyuge (art. 10).
4. La competencia:
La competencia en materia de asilo, por tratarse de un acto en ejercicio de la soberanía del Estado (concesión, revocación, condiciones), se atribuye al Gobierno a propuesta de la Comisión Internacional creada en el seno del Ministerio del Interior y compuesta por representantes de los Departamentos ministeriales afectados por la concesión de asilo.
Las resoluciones del Ministerio del Interior, no admitiendo a trámite el expediente de solicitud de asilo o poniéndole fin, son recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa. El mismo recurso cabe contra las resoluciones del Gobierno revocadoras de la condición de asilo. Por lo que respecta a las denegaciones de asilo se introduce la posibilidad de reexamen administrativo de las mismas, de acuerdo con las recomendaciones de los Organismos internacionales especializados en la materia.
III. El Título II de esta Ley regula la condición jurídica del refugiado en España y es complementaria del Estatuto de los Refugiados (Ginebra, 28 de julio de 1951) y del Protocolo sobre el mismo tema (Nueva York, 31 de enero de 1967) que hoy forman parte del ordenamiento jurídico español como consecuencia de la adhesión de 22 de junio de 1978.
IV. En la elaboración de esta Ley se ha consultado al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados y a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.
Derecho a solicitar asilo El territorio español constituirá un refugio inviolable para todas las personas a quienes se conceda asilo de conformidad con esta Ley. Se reconoce a los extranjeros el derecho a solicitar asilo.
Artículo 1 redactado por el artículo único de la Ley 9/1994, 19 mayo, de modificación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Asilo y de la Condición de Refugiado («B.O.E.» 23 mayo).
Contenido del asilo 1. El derecho de asilo reconocido en el artículo 13.4 de la Constitución es la protección dispensada a los extranjeros a los que se reconozca la condición de refugiado y que consiste en su no devolución ni expulsión en los términos del artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, y en la adopción de las siguientes medidas durante el tiempo en que subsistan las circunstancias que motivaron la solicitud de asilo:
2. Asimismo, podrá otorgarse a los refugiados, en su caso, la asistencia social y económica que reglamentariamente se determine.
Causas que justifican la concesión de asilo y su denegación 1. Se reconocerá la condición de refugiado y, por tanto, se concederá asilo a todo extranjero que cumpla los requisitos previstos en los Instrumentos Internacionales ratificados por España, y en especial en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el día 28 de julio de 1951, y en el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, hecho en Nueva York el 31 de enero de 1967.
2. No se concederá asilo a quienes se encuentren comprendidos en alguno de los supuestos previstos en los artículos 1.F y 33.2 de la Convención de Ginebra.
CAPÍTULO IIDE LA CONCESION DE ASILO
Presentación de la solicitud de asilo 1. Cuando el extranjero que pretenda solicitar asilo se encuentre en territorio español, presentará su petición ante la Autoridad gubernativa competente, personalmente o, en los casos de imposibilidad, mediante persona que lo represente. En este último caso, el solicitante deberá ratificar la petición una vez desaparezca el impedimento. En todo caso, tendrá derecho a asistencia letrada, intérprete y atención médica.
La entrada ilegal en territorio español no podrá ser reconocida cuando haya sido realizada por persona que reúna los requisitos propios de la condición de refugiado, siempre que se presente sin demora a las autoridades.
2. La admisión a trámite de la petición de asilo hecha en cualquier frontera supondrá la autorización de la entrada y de la permanencia provisional del solicitante, sin perjuicio de lo que pueda acordarse en la resolución definitiva del expediente.
3. Si el extranjero carece de la documentación exigida para residir en España, el Ministerio del Interior podrá acordar la fijación de residencia obligatoria al interesado en tanto no se resuelva su solicitud.
4. La petición de asilo presentada ante una Embajada o Consulado españoles será cursada a través del Ministerio de Asuntos Exteriores.
5. El solicitante de asilo deberá colaborar plenamente con las autoridades para la acreditación y comprobación de su identidad, así como de los hechos y alegaciones en que base su petición.
6. También deberá informar a la autoridad, a la mayor brevedad, sobre su residencia o cualquier cambio que en la misma se produzca, así como de los de quienes, en su caso, formen el núcleo familiar.
Efectos de la solicitud de asilo 1. Solicitado el asilo por cualquier extranjero, no podrá ser rechazado en frontera o expulsado hasta tanto se haya inadmitido a trámite su petición o resuelto sobre la misma. La autoridad competente podrá adoptar medidas cautelares por motivo de salud o seguridad públicas, así como la atención a las necesidades humanas inmediatas.
2. La solicitud de asilo basada en cualquiera de las causas previstas en esta Ley suspenderá, hasta la decisión definitiva, el fallo de cualquier proceso de extradición del interesado que se halle pendiente, o, en su caso, la ejecución del mismo. A tal fin, la solicitud de concesión de asilo será comunicada inmediatamente al órgano ante el que tuviera lugar el correspondiente proceso.
3. Reglamentariamente se establecerán las normas de procedimiento para la concesión de asilo, situación provisional de los solicitantes y documentación en que se determine tal situación.
4. El solicitante de asilo será instruido por la autoridad a la que se dirigiere de los derechos que le corresponden de conformidad con esta Ley y, en particular, del derecho a la asistencia de abogado.
5. Se comunicará al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados la presentación de las solicitudes de asilo. El Alto Comisionado podrá informarse de la situación de los expedientes, estar presente en las audiencias al solicitante y presentar informes, verbales o escritos, por sí o por representante apoderado al efecto, ante el Ministerio del Interior; igualmente se permitirá a las Asociaciones legalmente reconocidas que entre sus objetivos tengan el asesoramiento y ayuda al refugiado y la presentación de informes escritos ante el Ministro del Interior.
6. El Ministro del Interior, a propuesta del órgano encargado de la instrucción de las solicitudes de asilo, previa audiencia del representante en España del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, podrá, por resolución motivada, inadmitirlas a trámite, cuando concurra en el interesado alguna de las circunstancias siguientes:
a) Las previstas en los artículos 1.F y 32.2. de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.
b) Que en la solicitud no se alegue ninguna de las causas que dan lugar al reconocimiento de la condición de refugiado.
c) Que se trate de la mera reiteración de una solicitud ya denegada en España, siempre y cuando no se hayan producido nuevas circunstancias en el país de origen que puedan suponer un cambio sustancial en el fondo de la solicitud.
d) Que la solicitud se base en hechos, datos o alegaciones manifiestamente falsos, inverosímiles o que, por carecer de vigencia actual, no fundamenten una necesidad de protección.
e) Cuando no corresponda a España su examen de conformidad con los Convenios Internacionales en que sea Parte. En la resolución de inadmisión a trámite se indicará al solicitante el Estado responsable de examinar su solicitud. En este caso, dicho Estado habrá aceptado explícitamente dicha responsabilidad y se obtendrán, en todo caso, garantías suficientes de protección para su vida, libertad y demás principios indicados en la Convención de Ginebra, en el territorio de dicho Estado.
f) Cuando el solicitante se halle reconocido como refugiado y tenga derecho a residir o a obtener asilo en un tercer Estado, o cuando proceda de un tercer Estado cuya protección hubiera podido solicitar. En ambos casos, en dicho tercer Estado no debe existir peligro para su vida o su libertad ni estar expuesto a tortura o a un trato inhumano o degradante y debe tener protección efectiva contra la devolución al país perseguidor, con arreglo a la Convención de Ginebra.
7. Cuando la solicitud sea presentada en la frontera española, la resolución sobre su inadmisión a trámite deberá ser notificada en el plazo máximo de cuatro días desde la presentación de la misma. El representante en España del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados será informado inmediatamente de la presentación de la solicitud y podrá entrevistarse, si lo desea, con el solicitante.
El solicitante de asilo podrá presentar en el plazo de veinticuatro horas desde la notificación de la resolución de inadmisión a trámite una petición de reexamen, que suspenderá los efectos de aquélla previstos en el artículo 17. Dicha petición será resuelta por el Ministro del Interior, debiendo notificarse la resolución al interesado en el plazo de dos días desde la presentación de la misma. En este caso, también se presentará audiencia al representante en España del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados con carácter previo a la resolución de la petición de reexamen.
Durante la tramitación de la admisión a trámite de la solicitud, y en su caso, de la petición de reexamen, el solicitante permanecerá en el puesto fronterizo, habilitándose al efecto unas dependencias adecuadas para ello.
El transcurso del plazo fijado para la inadmisión a trámite de una solicitud presentada en frontera o, en su caso, del previsto para resolver una petición de reexamen sin que se notifique dicha resolución al interesado, determinará la admisión a trámite de su solicitud y, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del artículo cuarto, la autorización de la entrada del solicitante en el territorio español.
La Sentencia T.S. (Sala 3.ª, Sección 5.ª) de 30 de junio de 2006, declara que: «El cómputo de los dos días referidos en el artículo 5-7 de la Ley 5/84 no ha de regirse necesariamente por lo dispuesto en el artículo 48-4 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (con la consecuencia, entonces, de que el cómputo habría de comenzar al día siguiente de la notificación ---artículo 48-4--- y de que en él habrían de excluirse los días inhábiles, ---artículo 48-1---), y ello por las siguientes razones:
1ª.- La propia regulación de la Ley 30/92 admite que por Ley puedan establecerse otros cómputos. Y ello es lo que ocurre en la Ley 5/84, cuyo artículo 5.7 computa el plazo de dos días para la resolución sobre el reexamen no desde un día determinado, sino desde un momento específico, a saber, desde "la presentación" de la petición de reexamen. Se trata de una norma con rango de Ley que contiene una regulación especial y distinta en beneficio de la urgencia que el caso requiere, como veremos.
2º.- La Ley 5/84, de 26 de Marzo, regula en su artículo 5 un procedimiento para decidir sobre la inadmisión a trámite y sobre la solicitud de reexamen que se rige por los principios de rapidez y urgencia; buena prueba de ello es que el plazo para solicitar el reexamen se fija por horas (veinticuatro horas desde la notificación de la inadmisión), lo que no es frecuente en el Derecho Administrativo (v.g., en la propia Ley 30/92 sólo se hace referencia a plazos por horas en los artículos 24-1-a) y 27-3, con referencia a ciertos extremos del funcionamiento de los órganos colegiados, y, fuera de ella, apenas si hay ejemplos distintos a la regulación del derecho de reunión por Ley 9/1983, de 15 de Julio). Así que el establecimiento de plazos por horas es rigurosamente excepcional en el Derecho Administrativo.
3ª.- Un procedimiento en que la persona tiene limitada su libertad de movimientos (v.g. artículo 5.7, párrafo tercero de la Ley 5/84, a cuyo tenor el interesado ha de "permanecer en el puesto fronterizo" y en las "dependencias adecuadas" mientras se resuelve la petición de asilo y la solicitud de reexamen), no se compadece en absoluto con un sistema de cómputo que, por excluir los días inhábiles, puede retrasar la resolución de forma sustancial, al ser posible que se sucedan en el tiempo varios días festivos seguidos mezclados con días hábiles, no siendo infrecuente, como la experiencia señala, que, según ese cómputo, un plazo de dos días pueda convertirse en uno de cuatro. Esta posibilidad es contraria a los principios de celeridad y urgencia que rigen el procedimiento de inadmisiones a trámite y reexamen en las solicitudes de asilo.
Y no cabe decir que el Reglamento 203/95 ya previene en su artículo 20-1-d) que el solicitante sólo puede permanecer en las dependencias fronterizas un plazo máximo de 72 horas, porque ese es un plazo máximo, y cualquier interpretación que, dentro de ese plazo, alargue la permanencia en las dependencias fronterizas debe ser descartada como contraria a la rapidez y urgencia del procedimiento.
En consecuencia, el plazo de dos días debe computarse de hora a hora, o de momento a momento, y sin exclusión de días inhábiles.»
8. La constatación, con posterioridad a la admisión a trámite de la solicitud, de alguna de las circunstancias que hubieran justificado su inadmisión será en todo caso causa de denegación de la misma.
Comisión Interministerial 1. Se crea en el seno del Ministerio del Interior una Comisión que examinará las solicitudes de asilo y formulará las propuestas correspondientes.
2. La Comisión estará compuesta por un representante de cada uno de los Ministerios de Asuntos Exteriores, Justicia, Interior y Asuntos Sociales.
A sus sesiones será convocado el representante en España del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
3. Las normas de funcionamiento de la Comisión se determinarán reglamentariamente.
Procedimiento para la concesión de asilo Toda solicitud dará lugar a la incoación, a cargo del Ministerio del Interior, del oportuno expediente, al que se incorporarán, en su caso, los informes de las Asociaciones legalmente reconocidas que, entre sus objetivos, tengan el asesoramiento y ayuda al refugiado.
Seguidamente el expediente se someterá a la Comisión Interministerial prevista en el artículo anterior, a efectos de que por ésta se formule la correspondiente propuesta al Ministerio del Interior.
Formulada la propuesta por la Comisión, se procederá de la siguiente forma:
a) Si la propuesta de la Comisión y el criterio del Ministerio del Interior fueran concordes, éste procederá a dictar la resolución correspondiente.
b) Si la propuesta de la Comisión y el criterio del Ministerio del Interior fueran discordantes, éste elevará el expediente al Consejo de Ministros para que resuelva la solicitud.
Requisitos para la concesión de asilo Para que se resuelva favorablemente la solicitud de asilo bastará que aparezcan indicios suficientes, según la naturaleza de cada caso, para deducir que el solicitante cumple los requisitos a que se refiere el número 1 del artículo 3 de esta Ley.
Reexamen de la denegación El extranjero a quien le haya sido denegado el asilo podrá en cualquier momento, si tuviera nuevos elementos probatorios de sus afirmaciones o considerarse que las circunstancias que justificaban la denegación han desaparecido, instar del Ministerio del Interior la revisión de su expediente.
Extensión familiar del asilo 1. Se concederá asilo, por extensión, a los ascendientes y descendientes en primer grado y al cónyuge del refugiado, o a la persona con la que se halle ligado por análoga relación de afectividad y convivencia, salvo los casos de separación legal, separación de hecho, divorcio, mayoría de edad o independencia familiar, en los que se valorará, por separado, la situación de cada miembro de la familia.
2. En ningún caso se concederá, por extensión, asilo a personas incursas en los supuestos del número 2 del artículo tercero.
Denegación del asilo por permanencia en otro Estado ...
CAPÍTULO IIIDE LOS EFECTOS DE LA CONCESIÓN Y DE LA REVOCACIÓN DEL ASILO
Derecho de no devolución La concesión de asilo otorga al extranjero el derecho a no ser devuelto al país donde pueda tener motivos para tener fundadamente persecución o castigo, en los términos del artículo 2.
Residencia y trabajo La concesión de asilo implica la autorización de residencia en España, la autorización para desarrollar actividades laborales, profesionales y mercantiles; la expedición del documento de identidad necesario y, en su caso, de viaje, todo ello con arreglo a lo dispuesto en la presente Ley.
Condiciones especiales sobre residencia y trabajo ...
Otras medidas protectoras La adopción de las demás medidas previstas en el número 2 del artículo 2 de esta Ley se realizará teniendo en cuenta los medios efectivos con que cuenta el Estado, de acuerdo con lo previsto en los Convenios suscritos por España y atendiendo siempre a principios humanitarios.
Circunstancias excepcionales 1. Por circunstancias excepcionales de índole política, económica y social podrá, con carácter general, denegarse la concesión de la autorización de residencia y trabajo prevista en la presente Ley.
2. Mediante normas con rango de Ley se determinará la concurrencia de tales circunstancias y el alcance de las medidas a adoptar, respetando, en todo caso, las situaciones preexistentes.
Efectos de la resolución denegatoria 1. La inadmisión a trámite o la denegación de la solicitud de asilo determinarán el rechazo en frontera o la salida obligatoria o expulsión del territorio español, según los casos, del extranjero si careciera de alguno de los requisitos para entrar o permanecer en España de acuerdo con la legislación general de extranjería.
2. No obstante lo dispuesto en el número anterior, por razones humanitarias o de interés público podrá autorizarse, en el marco de la legislación general de extranjería, la permanencia en España del interesado cuya solicitud haya sido inadmitida a trámite o denegada, en particular cuando se trate de personas que, como consecuencia de conflictos o disturbios graves de carácter político, étnico o religioso, se hayan visto obligadas a abandonar su país y que no cumplan los requisitos a que se refiere el número 1 del artículo tercero de esta Ley.
3. En todo caso, el rechazo o la expulsión del interesado no podrá determinar el incumplimiento de la obligación establecida en el apartado 1 del artículo 33 de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, ni suponer el envío a un tercer Estado en que carezca de protección efectiva contra la devolución al país perseguidor, con arreglo a la citada Convención.
Medidas cautelares 1. Además de los derechos previstos en esta Ley, los extranjeros refugiados disfrutarán en España de los mismos derechos y libertades que los demás extranjeros.
2. Sin embargo, por razones debidamente motivadas de seguridad del Estado, el Ministro del Interior podrá, con carácter temporal, adoptar para con el refugiado las medidas de alejamiento de fronteras o núcleos de población determinados singularmente o de fijación de la obligación de residencia en determinado lugar. También podrá acordar, por las mismas razones, presentaciones periódicas del refugiado ante la autoridad competente.
3. Cuando las relaciones exteriores de España se viesen afectadas de modo grave y directo por actividades desarrolladas en España por una Asociación compuesta total o parcialmente por refugiados, que excedan del ejercicio del derecho de libre expresión reconocido en la Constitución, el Ministro del Interior podrá promover ante la autoridad judicial su disolución, así como la suspensión cautelar de las actividades de la misma.
Expulsión de los refugiados 1. Los extranjeros refugiados podrán ser expulsados del territorio español en los términos previstos en los artículos 32 y 33 de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados.
2. El Ministerio del Interior comunicará la expulsión al interesado, haciéndole saber los recursos que proceden contra la expulsión, así como que si los ejercita en el plazo de diez días quedará en suspenso la misma, sin perjuicio de otras medidas de seguridad que puedan adoptarse en este caso.
3. En todo caso, se concederá al expulsado un plazo razonable para buscar su admisión legal en otro país.
Revocación del asilo 1. El Gobierno podrá acordar la revocación del asilo o de alguno o todos los beneficios previstos en el artículo 2 de esta Ley en los siguientes casos:
a) Cuando el asilo se haya obtenido mediante datos, documentos o declaraciones que sean falsos y determinantes del reconocimiento obtenido.
b) Cuando se incurra en alguna de las causas previstas en los Convenios Internacionales ratificados por España para la privación de la condición de refugiado o la no aplicación de los mismos.
2. No obstante lo dispuesto en el número anterior, por razones humanitarias o de interés público podrá autorizarse la permanencia en España del interesado, en el marco de la legislación general de extranjería.
Recursos 1. Las resoluciones previstas en la presente Ley pondrán fin a la vía administrativa y serán recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa, salvo en el caso de que haya sido presentada la petición de reexamen a que se refiere el artículo 5.7, en que se entenderá que pone fin a la vía administrativa la resolución que decida dicha petición. Los recursos tendrán tramitación preferente.
2. La interposición por el solicitante del asilo de recurso contencioso-administrativo contra el acto que decida la petición de reexamen a que se refiere el artículo 5.7 suspenderá el acto administrativo cuando el actor así lo haya solicitado y la representación en España de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados hubiera informado favorablemente la admisión a trámite de la solicitud de asilo.
Reconocimiento de la condición de refugiado ...
Tramitación de la solicitud ...
La denegación de asilo, cualquiera que sea su causa, no impide que los órganos competentes en materia de extradición puedan entender, de acuerdo con la legislación correspondiente, que no procede la extradición por tratarse de un delito de carácter político o, aunque se trate de un delito común, fundarse en motivo de carácter político la petición de extradición.Párrafo primero disposición adicional primera redactado por el artículo único de la Ley 9/1994, 19 mayo, de modificación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Asilo y de la Condición de Refugiado («B.O.E.» 23 mayo).
Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 5, apartado 2, de la presente Ley, estuviese pendiente una solicitud de extradición, la decisión del Gobierno será comunicada al órgano correspondiente.
El Gobierno procederá a la constitución de la Comisión prevista en el artículo 6 de esta Ley en el plazo de tres meses, a partir de su entrada en vigor.
Lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 3 será de aplicación a las mujeres extranjeras que huyan de sus países de origen debido a un temor fundado a sufrir persecución por motivos de género.
Disposición adicional tercera introducida por la disposición adicional vigésima novena de la L.O. 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres («B.O.E.» 23 marzo).Vigencia: 24 marzo 2007
En tanto no sean promulgadas las normas reguladoras de amparo judicial, el procedimiento que se contiene en el artículo 21 se desarrollará según la Ley 62/1978, de 28 (sic) de diciembre.
Téngase en cuenta que el articulado de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona, quedó sin contenido a partir del 28 de abril de 2003, conforme se establece a continuación: Artículos 1 a 5 derogados por la disposición derogatoria única de la Ley 38/2002, de 24 de octubre, de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas, y de modificación del procedimiento abreviado («B.O.E.» 28 octubre)
Artículos 6 a 10 derogados por Ley 29/1998, 13 julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa («B.O.E.» 14 julio). Artículos 11 a 15 derogados por el número 2.3.º de la Disposición Derogatoria Unica de la Ley 1/2000, 7 enero, de Enjuiciamiento Civil («B.O.E.» 8 enero).
Las personas que se encuentren en España y no hayan obtenido la condición de asilados podrán acogerse a los beneficios que esta Ley concede en los plazos que reglamentariamente se determinen.
1. Se autoriza al Gobierno a dictar cuantas disposiciones exija el desarrollo de la presente Ley.
2. El Gobierno, en el plazo de seis meses, regulará el procedimiento para el reconocimiento de la condición de refugiado.