Source: http://sitios.poder-judicial.go.cr/salasegunda/tesauro/tesauro/civil/PRINCIPALLCIVIL.htm
Timestamp: 2014-03-12 17:03:35
Document Index: 404473853

Matched Legal Cases: ['artículo 102', 'artículo 298', 'artículo 299', 'artículo 104', 'artículo 619', 'artículo 6']

Legitimación: [399-02], [982-04] CAPACIDAD PROCESAL Y LEGITIMACI�N. El tema puesto a debate por la representante de la sucesión accionada trae a colación el estudio de las figuras jurídicas sobre los presupuestos procesales y los presupuestos de fondo, que exige todo proceso y la correlativa sentencia. Los primeros se definen como aquellos antecedentes necesarios para que el juicio tenga existencia jurídica y validez formal. La doctrina ha convenido en llamarles “presupuestos”, o sea, supuestos previos al juicio, sin los cuales no puede pensarse en él. COUTURE (Eduardo J). Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Buenos Aires, ediciones Depalma, 1988, p 103). Dentro de tales presupuestos se señalan de ordinario la investidura o competencia del juez y la capacidad procesal de quienes actúan en juicio. Esta última corresponde a la capacidad jurídica que se tiene para actuar personal y válidamente dentro de un proceso o producir actos procesales con eficacia jurídica. Puede decirse que el reconocimiento a esta figura es un reflejo en el ámbito procesal de la normas civilistas relativas a la existencia y capacidad jurídica de las personas, según la doctrina concebida en los artículos 31 y siguientes del Código Civil, que distinguen entre la capacidad que tiene toda persona como centro de imputación de derechos y obligaciones y la capacidad de producir actos jurídicos válidos. La capacidad procesal es, al decir de Guasp “la capacidad para poder realizar con eficacia actos procesales de parte. Igual que la capacidad para ser parte era el paralelo de la simple capacidad jurídica, la capacidad procesal, es el paralelo, aunque tampoco idéntica, a la capacidad de obrar del derecho civil.” GUASP (Jaime) Derecho Procesal Civil, Tomo I, Introducción y parte general, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1968. La necesaria capacidad procesal para actuar en juicio, la exige el artículo 102 del Código Procesal Civil al enunciar: “Tienen capacidad para ser parte quienes tengan el libre ejercicio de sus derechos. De no ser así, actuarán en proceso mediante representación. Las personas jurídicas actuarán por medio de sus representantes, de conformidad con la ley, sus estatutos o la escritura social.” De acuerdo con esta disposición quienes tienen limitada su capacidad de actuar personalmente ante los órganos jurisdiccionales con efectos jurídicos en nombre propio o por cuenta de otros, como los incapaces legales o los menores de edad, pueden ser parte en un juicio como demandantes o demandados, pero actúan por medio de sus representantes legales. La figura de la representación se encuentra asociada con el contrato de mandato que regula el Código Civil y por virtud del cual una persona actúa a nombre de otra, pero haciendo recaer sobre la primera, los efectos jurídicos de su gestión. Específicamente, en el ámbito procesal, Cabanellas dice que es aquella voluntaria o forzosa que una persona ostenta para actuar en juicio en nombre de otra, ya por no litigar personalmente, ya por requerirse la especial intervención de quién posee determinadas cualidades. CABANELLAS (Guillermo) Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Vol. VII, R-S, Buenos Aires, Editorial Eliasta SRL, p. 159. Para rebatir la falta de capacidad procesal de quien actúa en juicio o la representación con la que se actúa, a la parte contraria le está conferida la excepción previa contenida en el artículo 298 inciso 2), del Código Procesal Civil, de falta de capacidad o defectuosa representación. Opuesta esa excepción y prevenida por el juez la corrección inmediata, su desatención es sancionada con el decreto de la inadmisibilidad de la demanda y el correspondiente archivo (artículo 299 ídem). Frente a los presupuestos procesales requeridos para la existencia de un proceso válido, se distinguen los presupuestos necesarios para la obtención de una sentencia estimatoria, que son los llamados presupuestos materiales o sustanciales. Estos funcionan como presupuestos de la decisión de fondo, que el juez examina previo al conocimiento de la cuestión debatida y se diferencian de los primeros porque aún en su ausencia, el proceso puede resultar perfectamente válido. Dentro de los presupuestos materiales, destaca el de la legitimación, definida como "la consideración legal, respecto del proceso, a las personas que se hallan en una determinada relación con el objeto del litigio y en virtud de la cual se exige, para que la pretensión de fondo pueda ser examinada, que dichas personas figuren como tales partes en el proceso. (VESCOVI (Enrique) Manual de Derecho Procesal, Montevideo, Ediciones Idea, 1991, 222). Cierta parte de la doctrina distingue las figuras jurídicas de la capacidad procesal y de la legitimación, bajo los términos de legitimatio ad processum para la primera y legitimatio ad causam para la segunda; aunque otros reservan el uso exclusivo del término legitimación procesal, en el sentido en que aquí se ha empleado el término legitimación. Así Guasp dice: La legitimación procesal, “es la consideración especial en que tiene la ley, dentro de cada proceso, a las personas que se hallan en una determinación relación con el objeto del litigio y, en virtud de la cual, exige, para que la pretensión procesal pueda ser examinada en cuanto al fondo, que sean dichas personas las que figuren como partes en tal proceso.” GUASP, op.cit, p. 185. A esta especial consideración personal hace referencia el artículo 104 del Código Procesal Civil, en los siguientes términos: “Parte legítima. Es aquella que alega tener una determinada relación jurídica con la pretensión procesal.” La distinción mencionada resulta relevante a los efectos de definir si la demanda de revisión interpuesta, corresponde a la hipótesis de indebida representación a que refiere el inciso 7), artículo 619 del Código Procesal Civil. [94-05] EXCEPCI�N DE FALTA DE LEGITIMACI�N ACTIVA. No se quebrant� el principio de congruencia porque al acogerse la excepci�n de falta de legitimaci�n activa se omite pronunciamiento sobre aspectos de fondo relativos a la existencia del derecho [341-07]
Legitimaci�n activa de los asociados fundadores de asociaci�n no inscrita. No es posible derivar del art�culo 11 de la Ley de Asociaciones la legitimaci�n activa de la parte actora, ya que se refiere a un supuesto distinto. En modo alguno se puede interpretar que, por un aspecto de l�gica jur�dica, si se les reconocen obligaciones a los miembros asociados fundadores en su condici�n personal, por actuar en nombre de la Asociaci�n, igualmente se les deben reconocer sus derechos de defender los de la misma. No se est� en presencia de una sustituci�n procesal, que regula el art�culo 105 del C�digo Procesal Civil. [657-07]
LEGITIMACI�N. BASADA EN FECHAS DE OTORGAMIENTO Y REVOCACI�N DEL PODER ESPECIAL JUDICIAL. INCIDENTE DE COBRO DE HONORARIOS.
Si bien el poder especial judicial fue otorgado por la albacea en su condici�n personal y no como representante de la sucesi�n; no fue ese poder en s�, sino las fechas de su otorgamiento y revocaci�n las utilizadas para establecer el trabajo realizado por el incidentista; esto lo legitim� y le sirvi� de fundamento para demandar y endilgarle responsabilidad a la sucesi�n que se vio beneficiada con sus servicios profesionales. [995-07]
LEGITIMACI�N ACTIVA PARA RECLAMAR DA�OS Y PERJUICIOS. PROCESO DE EJECUCI�N DE SENTENCIA. CASO EN QUE NO SE INSCRIBI� ESCRITURA DE TRASPASO. En un caso como estos, lo que interesa determinar no es tanto qui�n es el propietario registral del veh�culo da�ado, sino qui�n es el verdadero perjudicado, es decir, la persona que sufri� el da�o y que por lo tanto merece ser resarcida. No se puede desconocer la realidad, pues hay casos en que no se otorga la escritura de compraventa o por alg�n motivo esta no llega a presentarse o a inscribirse en el Registro P�blico, pese a lo cual el automotor pasa en la pr�ctica a la esfera de dominio del nuevo adquirente. Es obvio que si el accidente de tr�nsito sucede una vez que el carro ya est� en manos del nuevo propietario, es este quien est� facultado para cobrar los da�os materiales causados al automotor y no quien todav�a figure como due�o registral. En el expediente hay varios elementos probatorios que sirven de indicio para acreditar que para la �poca de la colisi�n la due�a real del veh�culo era la actora. Las particularidades del caso concreto impiden por lo tanto aplicar la regla de que en ejecuciones de sentencia derivadas de accidentes de tr�nsito la legitimaci�n activa para reclamar los da�os y perjuicios ocasionados del veh�culo da�ado en principio se le atribuye �nicamente al propietario registral de dicho bien al momento de la colisi�n. [596-08]
LEGITIMACI�N ACTIVA PARA RECLAMAR NULIDAD DE TRASPASOS. PETICI�N SE REALIZA EN CALIDAD DE ALBACEA. NO SE DA CONFLICTO DE INTERESES. El tribunal incurri� en un error de apreciaci�n de los hechos y pretensiones de la demanda, pues queda claro que la representante de la sucesi�n actora, no present� este proceso en su car�cter personal, sino en su calidad de albacea del sucesorio de quien en vida fue su esposo. De conformidad con el art�culo 837 del C�digo Civil, do�a ..., en calidad de albacea, tiene un inter�s leg�timo para solicitar la nulidad que se pretende. No existe un conflicto de intereses por el hecho de que la se�ora ..., viuda de ... y presunta heredera en ese proceso sucesorio, haya solicitado la nulidad de los traspasos, pues de conformidad con el art�culo 572 del C�digo Civil, tambi�n tiene un inter�s leg�timo de participar como heredera leg�tima en la sucesi�n de su ex esposo, y respecto a �sta, de los bienes adquiridos durante el matrimonio con car�cter de gananciales. Debe acogerse el reproche de la parte actora y anular el fallo del tribunal en cuanto consider� que la representante de la sucesi�n actora no tiene legitimaci�n para solicitar la nulidad de los traspasos de los inmuebles. [660-10]
PROCESO DE EJECUCI�N DE SENTENCIA. LEGITIMACI�N AD CAUSAM ACTIVA. La actora ten�a la legitimaci�n necesaria para promover la acci�n. Se tuvo por acreditado en el presente proceso que la actora tom� en arriendo unas bodegas de una Sociedad An�nima, lugar en que se dio el percance discutido en la sumaria de tr�nsito, en la que finalmente se conden� al demandado a pagar los da�os y perjuicios. Como arrendataria posee un claro inter�s para accionar en este proceso, pues su derecho de goce y disfrute se convirti� de dif�cil ejecuci�n a consecuencia de los da�os sufridos en el inmueble arrendado, es decir, pose�a un inter�s directo que la legitimaba activamente para solicitar la ejecuci�n de la sentencia de tr�nsito. Adem�s, queda demostrado que a consecuencia de los da�os ocasionados por el demandado, dicha sociedad incurri� en una serie de gastos para restablecer su derecho respecto del bien arrendado. Compete entonces, a esta Sala, ingresar al an�lisis de los agravios que ambas partes opusieron contra la sentencia de primera instancia y que no fueron conocidos por el superior en grado, debido a la admisi�n de la defensa de falta de legitimaci�n ad causam activa. [1082-10]
LETRA DE CAMBIO. CONCEPTO. PRINCIPIOS. CUANDO LETRA DE CAMBIO NO HA CIRCULADO ES POSIBLE ANALIZAR LA RELACI�N CAUSAL. Art�culo 408 del C�digo de Comercio. No lleva raz�n el recurrente al aducir que la letra de cambio, tiene fuerza de ley entre las partes contratantes, y por ende, bastar�a analizar su literalidad para ejecutar la obligaci�n que contiene; lo anterior ser�a posible, en los supuestos del tercero legitimado de buena fe que ha adquirido el documento a trav�s de su propia ley de circulaci�n (no mediante la cesi�n en cuyo caso existir�a comunicabilidad de las circunstancias), pero nunca por el primer tenedor, a quien es posible oponerle las defensas que deriven del negocio causal. (Ver resoluci�n de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, n�mero 278 de las 15:20 horas del 26 de abril de 2000). Hicieron bien las instancias precedentes en entrar a analizar el contrato que dio origen a las letras de cambio que pretende hacer valer el accionante en esta v�a, y al verificarse que no existi� incumplimiento alguno imputable al causante, que hiciera exigible la cl�usula penal contenida en el contrato de servicios profesionales suscrito con el Licenciado ..., no quedaba m�s remedio que desestimar su reclamo, sin que por ello se quebrantaran las normas que se acusan violadas por el recurrente. [848-10] LEY DE LA MONEDA Inconstitucionalidad de la Ley de la Moneda: las obligaciones pueden ser contraías en moneda extranjera y para cancelarlas puede optarse por colones al tipo de cambio vigente en la fecha de pago [167 -95] Pago de obligación en dólares o colones: fallo de la Sala Constitucional sobre el artículo 6 de la Ley de la Moneda (371-02)