Source: https://www.slideshare.net/dikerd/la-participacion-juvenl-desde-lo-local
Timestamp: 2017-05-22 20:08:35
Document Index: 153001752

Matched Legal Cases: ['artículo 23', 'artículo 9', 'artículo 21', 'artículo 25', 'artículo 23', 'artículo 48']

DESDE LOS ENTES LOCALES
LA PARTICIPACIÓN JUVENIL DESDE LOS
Luz Romero Romero
Vicente Inglada y Cristina Civera
Sebastián Marín Martínez
Javier Arteaga y Marcos Herrero
María José Ruiz Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Juan Rubio Ayuntamiento de Villena
Jesús Sánchez Ayuntamiento de Granada
Patricio Hernández Ayuntamiento de Cartagena
Carmelo Pérez Comarca de Tarazona
Edita : FEMP
Diseño e impresión: Mass media Online, S.L.
Fotos y Gráficos: Ayto. Los Realejos, Ayto. Vitoria-Gasteiz,
Ayto. Alcobendas, Francisco M. Reverte, Sebastián Marín.
La participación social, juventud y administración local es el tema de esta publicación que la
FEMP edita gracias a la colaboración del Ministerio de Igualdad a través del Convenio suscrito
entre la FEMP y el INJUVE.
El tema de la Participación fue propuesto y aprobado por la Comisión de Juventud de la
Federación formada por 25 Alcaldes y Concejales de toda España. Las razones podríamos
encontrarlas en las instituciones que durante 2008 con motivo del año de la juventud
dieron prioridad a fomentar un compromiso mayor de los y las jóvenes en la participación
Esta publicación pretende plasmar las muy diversas formas de participación juvenil y el
papel de las Administraciones Locales, nuestra intención es la de aportar ideas que, en el
marco jurídico ya existente puedan ser desarrolladas, tratando de acercarnos un poco a
conocer el estado de la cuestión en nuestro país, y tomando como punto de partida el hecho
de que las actuaciones que desde los municipios españoles se están desarrollando para los
jóvenes, presentan un claro objetivo: facilitar la inserción, la incorporación de los jóvenes al
conjunto de la comunidad y hacerles protagonistas del proceso de cambio social a través de
su participación efectiva dentro de las instituciones.
Este doble objetivo (inserción y participación) debe ser el punto de partida sobre el que se
construya cualquier plan/ programa / proyecto de actuación con los jóvenes que nos podamos
plantear desde un Ayuntamiento en la España actual.
La realidad de participación juvenil y ayuntamientos actualmente en nuestro país es casi
tan diferenciada, plural y variada como municipios hay. Por este motivo hemos considerado
esencial incluir entre sus contenidos casos prácticos de Ayuntamientos que han contribuido
a mantener una red de proyectos y promueven el intercambio de los mismos instando a que
otras poblaciones se vayan sumando y aumentando el denominado “Banco de Buenas
prácticas” creado en el año 2005 y difundido en la Web de la FEMP como una actividad
contemplada y regulada en el Convenio con el INJUVE, anteriormente mencionado. Este
banco de experiencias es una herramienta creada para fortalecer la capacidad de gestión
de Corporaciones Locales que están iniciando su andadura en la planificación estratégica
de las áreas de Juventud, supone además un incentivo para aquellos municipios que han
desarrollado actividades exitosas y desean difundir su forma de gestionar a los nuevos
responsables de políticas juveniles.
Otro de los temas reflejado en esta publicación es el análisis del sector de población joven
(entendiendo por tal a los ciudadanos y ciudadanas comprendidos entre los 14 y los 30
años, inicialmente y sin ánimo de ser estrictos, señalando las últimas tendencias ampliatorias
de esta fase estaría hacia abajo -12 años- y hacia arriba - 35 años- hemos considerado
que este aspecto es de gran importancia para el conjunto de la comunidad, no sólo por
los factores “cualitativos” (por ser la base de la renovación y la construcción futura de la
sociedad) sino también “cuantitativos”, ya que, proporcionalmente continua siendo estos
momentos el segmento de población más numeroso de nuestro país, aunque sea mayoritaria
por los segmentos de mayor edad (de los 25 a los 30 años, “el envejecimiento de la juventud
“ comentado por algunos autores).
Otro aspecto a destacar es una cuestión importante y práctica: sin recursos no puede
haber participación. Si no hay inversiones en equipamientos juveniles, al menos a niveles
semejantes a los de otros sectores sociales, si no hay profesionales, educadores, técnicos de
juventud, en número suficiente y reconocidos profesionalmente, si no transferimos recursos
económicos importantes a las entidades juveniles y sociales para su actuación directa con los
jóvenes, los proyectos y programas de participación juvenil en nuestros municipios apenas
pasarán de bellas palabras.
Los municipios van aumentando sus esfuerzos económicos y humanos por abordar
los problemas de una parte de la población que representa el futuro de la sociedad, los
Ayuntamientos se proponen responder, en la medida de lo posible a las especificidades de los
diferentes sectores de su población joven.
Las necesidades de la población juvenil son más dinámicas y en constante cambio por lo
que es necesario adecuar las políticas juveniles con planes y actuaciones que respondan a sus
intereses y prioridades. Una de las herramientas que ha mostrado ser más útil para poner en
marcha líneas estratégicas de formación, de búsqueda de fórmulas alternativas e innovadoras
para posibilitar la emancipación (acceso a la vivienda) y de mediación socio-laboral, es la
consolidación de las Concejalías de juventud. Éstas conocen a sus grupos asociativos, sus
actividades, sus recursos, sus formas de organización, su metodología y sus demandas.
Si bien los recursos económicos municipales destinados a este sector de la población distan
mucho de ser los adecuados para abordar las necesidades de la población juvenil, podemos
decir que los municipios medianos y grandes tienen posibilidades de crear cauces institucionales
de participación. En el caso de municipios pequeños del medio rural las dificultades se
multiplican por la carencia de recursos en proporción inversa a las necesidades.
Esperamos que los contenidos de esta publicación sean de utilidad para los responsables
municipales y aporten ideas y soluciones aplicables para nuestros Ayuntamientos.
Presidenta de la Comisión de Juventud de la FEMP
y Senadora del Grupo Socialista
1. LÍNEAS GENERALES SOBRE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL
1.2.	UN A APROXIMACIÓN AL MARCO JURÍDICO
1.3.	LA PARTICIPACIÓN: QUÉ Y PARA QUÉ
1.4.	DE QUÉ PARTICIPACIÓN HABLAMOS
1.5.	CÓMO TRABAJAR LA PARTICIPACIÓN
2.1.2. Tipos de participación social
2.1.3. Participación y juventud
2.2.1. La motivación: querer participar
2.2.2. La formación: aprender a participar
2.2.3. La organización: poder participar
2. 3.	ESTADIOS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN
2.3.2. Utilización
2.3.3. Participación simbólica
2.3.4. Información y consulta
2.3.5. Gestión compartida
2.4.	PARTICIPACIÓN POR ENCIMA DE TODO
3. FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
3.1. EL ASOCIACIONISMO COMO FORMA DE PARTICIPACIÓN
3.2. OTRAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN: LOS MOVIMIENTOS SOCIALES
3.3. OTRAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN: EL VOLUNTARIADO
3.3.1. Definición y características del voluntariado
3.3.2. El voluntariado y sus campos de intervención
3.3.3. El voluntariado y su marco legislativo
3. 3.4. Fomento del voluntariado papel de los municipios
4. TREINTA AÑOS DE PARTCIPACIÓN JUVENIL. EL MARCO NORMATIVO DEL
ARTICULO 48 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA A LAS LEYES AUTONÓMICAS
5. PARTICIPACIÓN JUVENIL Y ADMINISTRACION LOCAL
5.2. UNA HETEROGÉNEA TIPOLOGÍA DE PROPUESTAS PARA
LA PARTICIPACIÓN JUVENIL DESDE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
5.2.2. Municipios y Asociaciones Juveniles: relaciones de fomento y colaboración
5.3. APUNTES PARA UNA PARTICIPACIÓN VÁLIDA Y EFICAZ. SIETE IDEAS PARA
EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS Y LAS JÓVENES
5.3.1. ¿Qué contenido para la participación? Apostar por el protagonismo
5.3.6. Metodología de intervención comunitaria y herramientas de la educación
social y la animación sociocultural
5.4 PARTICIPACIÓN JUVENIL EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Y POLÍTICAS LOCALES DE JUVENTUD DESDE LA PERSPECTIVA DE LA GESTIÓN DE
5.4.2. Modelos de sistemas de gestión de la calidad aplicables a la
5.4.3. La gestión por procesos y la mejora continua en los procesos
6. CASOS DE BUENAS PRÁCTICAS MUNICIPALES EN EL ÁMBITO DE JUVENTUD
6.1. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS
6.2. AYUNTAMIENTO DE GIJÓN
6.3. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS (SANTA CRUZ DE TENERIFE)
6.4. AYUNTAMIENOT DE VITORIA-GASTEIZ
LINEAS GENERALES SOBRE
1. LINEAS GENERALES SOBRE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL
La participación social es uno de los temas centrales de los que se ocupa este volumen,
por lo que creemos necesario comenzar reflexionando sobre qué es esto de la Participación
Social, ya que su uso es tan amplio que en ocasiones se aleja de los objetivos de nuestra
reflexión en este artículo.
Lo que vamos a desarrollar en esta breve introducción pasa por el propio concepto de participación que hemos manejado a la hora de realizar esta publicación, unos breves apuntes
sobre el marco jurídico y las prácticas que se han venido desarrollando en nuestro país, y
sobre todo una aproximación a las metodologías y los modelos de gestión más propicios para
el desarrollo de una democracia participativa. Todo ello como apertura y marco al resto de
capítulos que en este libro intentan abordar de manera compleja el tema de la participación
de la juventud a nivel local.
1.2. UNA APROXIMACIÓN AL MARCO JURÍDICO PARA LA PARTICIPACIÓN
Hablar de participación en el contexto en el que nos encontramos, en un Estado de derecho,
con la Constitución como Ley fundamental de nuestro marco jurídico, es hablar de uno de los
derechos de la ciudadanía, un derecho, que como otros recogidos en la Carta Magna, tiene
entidad propia, importancia social, existe demanda social en relación a su desarrollo y precisa
de práctica para que se convierta en un derecho ejercido por los ciudadanos.
Por tanto, la participación es un derecho fundamental, que aparece recogido en el artículo 23
de la Constitución, dentro del Título Primero que recoge los derechos y deberes fundamentales,
y que dice textualmente: “Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos,
sufragio universal”. La misma legislación recoge como principio general en su artículo 9.2
que “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la
igualdad del individuo y de los grupos en los que se integran sean reales y efectivas; remover
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”
Las bases jurídicas y las recomendaciones parecen favorables y nos ponen en un contexto
en el que se puede y se debe fomentar y favorecer la participación de la ciudadanía en los
asuntos públicos, donde más allá de votar cada cuatro años a los representantes que van
a gobernar, existen otros canales y mecanismos para ir tomando parte en la gestión de lo
público. Otra cosa es lo que va sucediendo en la interpretación de este articulado, que puede
ser más o menos restrictivo según se vaya evolucionando en las formas de participación y en
la dinámica social existente.
Lo que parece claro es que donde debemos fijarnos a la hora de evaluar la participación, es
en las distintas formas en que se viene materializando, practicando; y la valoración sobre su
nivel de desarrollo va a depender de dónde ponemos el punto de referencia, dependiendo del
tipo de participación al que nos referimos y su grado de realización. Sobre todo esto incidiremos en esta introducción y en el resto de capítulos del libro.
De la representatividad a la participación directa
Como venimos apuntando, nuestro marco jurídico permite el desarrollo de otros tipos de
participación más allá del acto de votar en las elecciones, lo que se llamaría participación
indirecta; entonces, ¿Si las bases jurídicas están, qué es lo que impide/obstaculiza un mayor
desarrollo de distintas formas de participación directa de la ciudadanía en los asuntos públicos?
Ahondemos un poco más en esta mirada sobre el marco jurídico
La interpretación de la Ley: Que exista un articulado específico que hace referencia a la participación directa puede llevar a distintas interpretaciones. De hecho hasta hoy, como recoge
Fernando Pindado, la interpretación del Tribunal Constitucional sobre la participación en los
asuntos públicos es bastante restrictiva. Entiende esa participación directa como aquella, en
la que la toma de decisiones políticas se hace mediante un llamamiento directo al titular de
la soberanía —el pueblo—, que incluye, además de las elecciones, la consulta popular o
referéndum y la iniciativa legislativa popular como formas de democracia directa, sin incluir
ninguna más. (F. Pindado, 2008.54). Evidentemente para los que nos dedicamos profesionalmente a este tema se nos ocurren, y hemos participado de otras formas de participación
directa, de las que además existen experiencias dentro y fuera de nuestro país, y que quedan
fuera de esta interpretación de la democracia directa.
La dedicación de esfuerzos: Tenemos un sistema de participación indirecta en los asuntos
públicos, a través de representantes en los comicios que se celebran cada cuatro años, y podemos afirmar que tras 30 años de elecciones su desarrollo ha sido de calidad, estableciendo
un sistema de participación a través del voto, fiable y con garantías. Para ello se han dedicado
medios, profesionales, tecnología y esfuerzos continuados durante años. Sin embargo, los
esfuerzos dedicados al desarrollo de formas de participación directa y de mecanismos que
respondan al mandato de “remover obstáculos para facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social” que recoge la Constitución, no han
encontrado por el momento un grado de desarrollo suficiente, resultando necesario continuar
trabajando para mejorar el nivel de participación ciudadana.
Es cierto que existen experiencias en distintos contextos para fomentar la participación en
asuntos públicos tan relevantes como los orientados a Planes Generales de Ordenación Urbana, o la Rehabilitación Integral de un barrio en situación de exclusión social, o los procesos
de Presupuestos Participativos, pero no puede decirse que estén generalizados, sin que pueda
considerarse exagerado afirmar que aún son casos un tanto excepcionales y en la mayoría
de los casos encuentran muchas dificultades para su continuidad, pues todavía se puede
afirmar que dependen en exceso de la voluntad de los equipos de gobierno siendo necesario
establecer cauces legales que favorezcan su implantación .
El desarrollo de la Participación Institucional como herramienta: A la par del desarrollo
del sistema electoral, de forma más lenta y tardía pero continua, se han ido desarrollando
las normativas para la creación y puesta en marcha de distintos espacios de Participación
Institucional, desde la Administración pública, en los que la ciudadanía, a través de sus representantes de asociaciones, colegios profesionales, sindicatos u otros colectivos formales
legalmente constituidos, participan en Consejos, Juntas de Distritos, Comisiones, etc., como
órganos de participación de distinta índole y ámbito, muy generalizados en sectores como
Educación, Salud o Juventud y también en el ámbito local, —recogido en la Ley de Grandes
Ciudades—. Todos ellos han dado mayor posibilidad de participación a la ciudadanía en los
asuntos públicos, sin lugar a dudas, así como han mejorado las posibilidades de acercar y
mejorar la transparencia de la gestión pública.
Estos órganos, han dado mayores oportunidades de participación y se han convertido en la
forma más directa de participación en la actualidad, con un gran potencial; pero en su puesta
en práctica nos hemos encontrado con algunas limitaciones, ligadas en gran medida a su
funcionamiento, y a su alcance para influir en los asuntos públicos, que ha sido limitado.
Sin entrar en un análisis en profundidad sobre su desarrollo y las formas de implementar la
participación que se ha puesto en práctica, ya que esto sería objeto de otro artículo, podemos
apuntar algunos factores que nos parecen relevantes para entender parte de su desgaste y
deterioro en la actualidad.
Por un lado, su carácter consultivo, que limita la capacidad de influir en la toma de decisiones, máxime cuando existen dinámicas de trabajo muy burocratizadas.
Además estos órganos han reproducido un sistema de representación que finalmente no
incorpora la diversidad de miradas de aquella ciudadanía más alejada de las redes de influencia.
Por otro lado, los representantes se van politizando o tecnificando, alejándose cada vez más
de la ciudadanía a la que se supone que representa, haciéndose portavoces de intereses no
discutidos con su representados, quedando así expuestos en no pocas ocasiones a intereses
de carácter partidista.
Por último, se da la reproducción de métodos de reuniones más cercanas al mundo administrativo burocratizado, por lo que no se generan verdaderos espacios de reflexión en los que
los distintos actores sociales (políticos, técnicos y ciudadanía) buscan nuevas soluciones a
viejos problemas, en un proceso de real intercambio y construcción colectiva.
Por todo ello, si bien los órganos de participación institucional son una oportunidad que
ofrecen el marco legislativo y el modelo de gestión de la Administración pública, no han sido
debidamente aprovechados, para avanzar hacia una democracia moderna con capacidad de
propuestas innovadoras que contribuyan a solucionar viejos problemas ante los nuevos retos
que la sociedad presenta
Tal como lo entendemos, abrir la participación a la ciudadanía en los asuntos públicos es
una cuestión de justicia social porque favorece la igualdad; entendemos que la decisiones
y las programaciones pensadas y reflexionadas con los distintos actores sociales, siempre
serán más inclusivas, en el sentido de que atenderán a una mayor diversidad de intereses y
necesidades, que hechas por unos pocos; y por su puesto, siempre favorecerán el desarrollo
de la autonomía de la personas, por lo procesos de reflexión, de acceso a la información y de
implicación en la toma de decisiones que generan.
Digamos que el Estado es el responsable de legislar y ejecutar las políticas públicas que
buscan en última instancia satisfacer las necesidades de la ciudadanía en su conjunto, aspirando a una óptima calidad de vida. Siendo ésta una afirmación casi obvia, sin embargo está
llena de matices: ¿Cuáles son las necesidades de la ciudadanía? ¿Cómo conocerlas? ¿Sobre
cuáles se actúa y cómo?, y en definitiva: ¿Qué entendemos por calidad de vida?
A priori, el sistema público descansa en un principio de igualdad al que debe atender por
lo que debe construir los mecanismos en la gestión de “la cosa pública” que respondan a
las necesidades del mayor número de individuos, lo que conlleva necesariamente, incorporar,
acercar, escuchar, con independencia de su condición social y su lugar en la organización
social, a la ciudadanía, creando los mecanismos para atender a las necesidades desde las
distintas subjetividades, con todo el aparato técnico y administrativo del que se dispone.
Quizás, una frase de Francesco Tonucci nos invite a ponerle “caras” a esto que comentamos. Él dice: pregúntale a un niño cómo hacer la ciudad y éste la creará pensando en
todos, ancianas, hombres, mujeres, niños/as, discapacitados. “La propuesta es sustituir al
ciudadano medio, adulto, hombre y trabajador por el niño….Se trata de conseguir que la
administración baje los ojos hasta la altura del niño, para no perder de vista a ninguno. Se
trata de aceptar la diversidad intrínseca del niño como garantía de todas las diversidades”
(F. Tonucci, 1997:34); también recoge Julio Alguacil: “Hay que recuperar esa dimensión (de
conciencia y proyecto de transformación) porque en esas necesidades está el ejercicio de lo
humano. Y pasamos de ser un ser inerme y pasivo a un ser activo que puede construir……..Y
de ella podrá surgir el protagonismo, la participación. La tensión entre la acción del Estado y la
acción del mercado, entre la necesidad en sí y las formas y medios de satisfacerlas precisa de
una complementación que abra vías a nuevas estructuras que permitan la acción consciente
y responsable de los sujetos. El hecho de descubrir las necesidades, de gestionar los recursos
y medios para satisfacerlas por los propios sujetos y colectivos afectados, es un proceso de
hacerse” (J. Alguacil, 1998:90)
Sin embargo, si nos asomamos a nuestros entornos más cercanos, y a pesar de que en
los últimos años hemos asistido a prácticas participativas interesantes e innovadoras en la
gestión de “la cosa pública”, lo que más encontramos es que “la ciudadanía se forma en la
relación de un sujeto abstracto con un Estado abstracto y el hombre concreto desaparece en
sus múltiples diferencias sociales” (Tarso Genro, 1999:30). Partiendo de esta afirmación, si
se quiere caminar hacia la consolidación de democracias innovadoras con capacidad para
construir respuestas de calidad ante fenómenos de desigualdad social, de diversidad cultural, de saltos intergeneracionales, parece oportuno y necesario promover prácticas cotidianas
donde la ciudadanía sea algo “menos formal” y “más material”.
Todo ello conlleva al menos una doble finalidad, que debe ir articulándose en las relaciones
cotidianas. Una democracia es innovadora si provoca transformaciones en las relaciones tanto con/entre la ciudadanía, como en la propia organización del Estado, en su marco jurídico
y en sus modelos de gestión, y ambas cuestiones como hemos visto son posibles. Es posible
introducir cambios legislativos y por supuesto es posible y necesario ir transformando los modelos de gestión de la Administración hacia prácticas de mayor efectividad, y con capacidad
para responder a las necesidades de una ciudadanía que va transformándose, pero donde a
la vez una parte de ella sigue sin tener cubiertas las necesidades básicas.
En el marco de la ciudadanía es necesario que se vayan consolidando y/o recreando nuevas
redes que permitan ir articulando a una sociedad bastante fragmentada e individualizada, entorno a demandas y necesidades construidas desde el encuentro; el diálogo, como diría Freire,
para reconocernos con el igual —sumar—, discutir con el diferente hacia construcciones con
más potencia —restar esencias para multiplicar potencias— y diferenciarnos claramente del
opuesto —dividir-debilitar al enemigo—. Se trataría pues de un modelo de “juntarse” para/
en la vida, más allá de las agendas de los Estados y sus necesidades de planificación, programación y legitimación; y que fuese dando pasos hacia una sociedad con mayor densidad
social crítica. O dicho en otros términos, con más cotidianidades para hacer/pensar de forma
crítica sobre el tipo de ciudad que quiere habitar, las relaciones a promover entre pueblos y
naciones a niveles interpersonales, interculturales, intergeneracionales, intergénero. Y junto a
todo esto, como no, qué tipo de gobierno y de modelo de gestión de lo público, e incluso de
relaciones con el ámbito del mercado son más propicios al desarrollo de estas propuestas.
Es imprescindible reclamar y practicar la participación de las personas, no sólo desde la
representación de derecho de la ciudadanía, sino que ésta esté presente en la cotidianidad
de la gestión, y por tanto de la construcción de la decisión. Abrir estos procesos implica confrontar experiencias, discutir modelos, afinar, como ya hemos mencionado, sobre qué necesidades satisfacer y cómo. En definitiva, introducir cambios en las reglas del juego, normas,
costumbres, tradiciones, que enmarcan la relación de la ciudadanía con la Administración y
Las relaciones en este modelo quedan bastante codificadas, fundamentadas en la figura
del usuario para el ciudadano, al que se le reconoce unos derechos de acceso a una serie
de recursos registrados, y donde los procesos de comunicación se construyen en base a un
“método prestacional” (Víctor Renes,1990) que, a priori, los niega como sujetos —es decir
como personas con capacidades, habilidades y recursos para definir la realidad social, las
necesidades y las formas de satisfacerlas—, y que del mismo modo relega a los profesionales
de la Administración a “aplicadores” de recursos registrados.
En este sentido, Jesús Ibáñez señalaba sobre el modelo de democracia que los actos de
ciudadanía quedan circunscritos al momento del voto, “jugando” con una célebre frase de la
Ilustración que decía: “todo para el pueblo pero sin el pueblo”, invitándonos a pensar cómo
se puede dar todo al pueblo si el pueblo no está presente y no participa en la definición de
ese “todo”.
1.4. ¿DE QUÉ PARTICIPACIÓN HABLAMOS?
Las personas inferimos distintos sentidos a las mismas palabras, y sobre todo en palabras
cargadas de historia, que se hablan desde diferentes posiciones, aprendizajes, intereses…
Si unimos a esto, como dice Manuel Montañés (2007), que las expresiones lingüísticas no
sólo dicen sino que hacen, es decir, construyen realidades, evocan prácticas, nos parece un
buen ejercicio mostrar las referencias en significados y realizaciones que manejamos quienes
Si bien la palabra participación aparece muy ligada al hecho de optimizar la administración,
o de conceder mayor legitimidad a las prácticas democráticas, tampoco hay que perder de
vista que no hace mucho, en los años 70, e incluso en prácticas actuales, la participación
también se ha venido entendiendo como un mecanismo para incorporar a los grupos marginales a programas de prevención y promoción social; es decir como control social. En esta
introducción, como ya hemos ido expresando a lo largo de su desarrollo, también incorporamos la participación como una necesidad humana (Max-Neef,1994) que no conlleva
necesariamente la consecución o el desarrollo del poder sino la posibilidad del encuentro
para ir redefiniendo desde las redes sociales su propio concepto de calidad de vida, de necesidades y de formas de satisfacerlas, de modos de posicionarse en el mundo y situarse ante
la vida. La participación, así entendida, se nos va delatando como algo pluridimensional en
función de los sujetos a los que nos refiramos, de las redes de pensamiento y acción, de las
instituciones o del mercado, y que inevitablemente hace mención a distintas formas y ámbitos
donde practicarla.
Nuestra visión de la participación va ligada a un proceso de transformación colectiva, donde se da una reducción de las desigualdades sociales sobre la base de la redistribución
e intercambio de poder, de recursos, de conocimientos, de habilidades, de motivación, de
afectividades,…. En este proceso, la información, el estar presente en los espacios donde
se toman las decisiones, el ser consultado sobre diferentes opciones, el tomar parte en las
decisiones, son estadios que inciden en ir mejorando las relaciones de la ciudadanía con la
Administración, pero donde encontramos la verdadera transformación social es no sólo en la
toma de decisiones, sino en formar parte de todo el proceso que acompaña a la elaboración
de éstas, así como en su gestión cotidiana. Sin duda, todos estos procedimientos se dan no
sólo en el ámbito de la gestión de la Administración y de su relación con las personas, sino en
la “plaza”, en la calle, y en general en los espacios públicos que potencian el encuentro para
este intercambio participado de conocimientos, habilidades, recursos, sueños…
1.5. ¿CÓMO TRABAJAR LA PARTICIPACIÓN?
Por todo lo expresado anteriormente se desprende que para trabajar en la dirección de una
participación transformadora debemos entrelazar al menos, tres campos de actuación:
Reconstrucción de las redes sociales.
Cambios en los modelos de gestión de lo público
Ciudades abarcables, creadoras de encuentros para el intercambio.
Es decir, abrir espacios y tiempos tanto en la vorágine cotidiana de individualización de las
personas, potenciando el reencuentro de éstas para ir tejiendo redes de pensamiento y acción
que pongan en “cuarentena” el proceso de homogeneización cultural en el que nos vemos
inmersos; así como en los modelos de gestión y las metodologías de intervención con que se
viene trabajando en los ámbitos de la Administración más cercanos a la cotidianidad de la
vida, taladrando conceptos como usuario o cliente —uniformizadores, injustos— hacia otros
más ecológicos, más complejos, más transformadores donde tengan cabida la diversidad de
actores, de redes, de situaciones sociales, de intereses que conviven en nuestras sociedades.
Estos encuentros tanto entre las redes sociales, como entre éstas y la Administración son
productivos en la dirección hacia modelos participativos, en la medida en que se van definiendo las situaciones sociales, sus problemas y los modos de solucionarlos, con la participación
directa de los colectivos sociales, las personas, los técnicos y expertos que sostienen los
modelos de gestión de la Administración, y como no, de los representantes políticos. Todo
este desarrollo se hace más factible en el marco de unas “condiciones físicas” que permitan
recrear encuentros culturales/vivenciales, que incidan más en transformar las relaciones entre
los ciudadanos, y entre éstos y los técnicos y responsables políticos de la Administración,
que entre las personas y/o los grupos.
En este sentido expresa Weber que cuanto más evolucionada está una sociedad menos sabe, o más pierde de vista, bajo
el tapiz la de racionalidad, como funciona su tecnología y sus instituciones. Es casi una “autodomesticación” de los grupos
y las personas, en la medida que su desconocimiento hace que no se ponga en duda.
Construcción/gestión de las decisiones
TRASNFORMACION COLECTIVA
Reducción de las desigualdades/redistribución/intercambio
(poder/recursos/conocimiento/habilidades/motivación/afectividades/...)
Estas condiciones físicas las encontramos en contextos locales, en dimensiones de escala
humana (Max-Neef, 1994) donde cobra importancia lo local como espacio para la sociabilidad, como requisito indispensable para una participación transformadora. La clave estaría en
trabajar desde estos espacios abarcables, promoviendo una desburocratización, que permitiese la aparición de nuevos espacios relacionales y de compromiso entre las administraciones
locales y la sociedad civil, donde se dé una redistribución del poder, en un “proceso de reconocimiento y auto-educación mutua —entre lo público y lo comunitario— en base a la cual es
posible desarrollar la praxis urbana. <la democracia urbana>. (Julio Alguacil, 2000:172).
Para ello, es necesario trenzar al menos dos procesos:
Desde el ámbito local, incidir sobre modelos de gestión que se coordinen inter e intra áreas,
tanto en el momento del diagnóstico de las distintas situaciones sociales, con en el de la
planificación y el de la programación, dando paso a nivel local a organizaciones integradas
e integrales, con capacidad de trabajar con las personas y desde las potencialidades de la
zona. Como apunta Boaventura de Sousa Santos, estos modelos tienen una gran responsabilidad en la cuestión del “reinvento democrático y participativo del Estado” . Pueden abrir
espacios de articulación y toma de decisiones entre el Estado y la ciudadanía, encaminados
hacia una planificación estratégica que recoja la complejidad de los grupos sociales, de sus
necesidades y de sus formas de organización y relación. Sería este un modelo más integral
Boaventura de SouSa Santos, Participatory budgeting in Porto Alegre:towerd a redistributive democracy, Politics and Society
(1988), citado por Félix Sánchez (2003).
e integrado de trabajo, no tan especializado y compartimentado como el que viene predominando actualmente, y por tanto mucho más próximo a como se expresan y se satisfacen las
necesidades de las personas y colectivos.
Los principios del modelo de gestión son:
Incidir sobre el entorno social, cultural y económico. Introduciendo mejoras a nivel individual y colectivo que insistan en la superación de las desigualdades por cuestiones de género,
edad, etnia, culturales o económicas.
Consolidar procesos de descentralización e integración institucional. Coordinando las actuaciones a nivel local, hacia gestiones más integradas e integrales desde el diagnóstico, a la
planificación, programación e implementación.
Abrir vías a los procesos de innovación democrática. Implicando a aquellos colectivos que
generalmente son excluidos de los procesos de reflexión y toma de decisiones.
Trabajar desde metodologías de intervención que busquen encuentros cooperativos tanto
entre la ciudadanía como dentro de las organizaciones que forman la Administración, y que
permitan incorporar, e incluso reencontrar, la riqueza y diversidad de conocimientos y habilidades.
Reconstruir la buena vecindad. Creando ciudades y barrios para la vida, solidarios entre sí,
respetuosos con el otro, medioambientalmente sostenibles y potenciadores de la diversidad.
Del lado ciudadano, se trataría de potenciar su encuentro desde el marco de ciudades
que cooperen hacia la construcción de espacios públicos con alta densidad y variedad de
intercambios sociales, económicos, medioambientales, culturales que propicien la construcción de redes sociales que desarrollen sus propias iniciativas, sus responsabilidades y sus
modelos organizativos más allá de los modelos y las necesidades de las administraciones,
o del mercado. Y al mismo tiempo incidiendo en metodologías de intervención que hagan
que en el encuentro del ciudadano con los servicios no lo haga como consumidor o cliente
individual, sino como personas y grupos con capacidad para incidir en la construcción y/o
transformación de éstos.
En definitiva, y a modo de “in conclusión”, la participación que se debería promover, es
aquella que supone, básicamente, una movilización social en la medida en que provoca el
encuentro entre una diversidad de sujetos, de grupos sociales, de actores de distintos escenarios. Esto supone “abrir un debate democrático sobre proyectos y sobre escenarios de futuro,
sobre sus impactos y sobre sus alternativas” (J. Garrido, 2002:134); y sobre todo, impulsa
transformaciones sociales desde la articulación de la construcción de conocimientos y la práctica —conocer actuando—, incidiendo en una disminución de las desigualdades.
Podríamos decir que participar, según la primera acepción de la palabra recogida en el
Diccionario de la Lengua española, es “tomar parte en algo”, y participación es la “acción y
efecto de participar”. Si tratamos de acercarnos un poco al concepto de participación social
según los criterios de interpretación de las normas que rigen en nuestro ordenamiento jurídico
, comenzaríamos diciendo que, en un sentido literal, participación social sería la “ acción y
efecto de tomar parte en todo lo perteneciente o relativo a la sociedad”.
En las siguientes páginas vamos a tratar de facilitar ideas y elementos que nos permitan
aproximarnos más detalladamente al concepto de participación social, tratando de conjugar
todos los elementos que nos indica el Art. 3 de nuestro Código Civil, y sin dejar de tener presente el ámbito de los programas y servicios de juventud desde la perspectiva de la Administración Local en el que se enmarca esta publicación.
El derecho a la participación es un derecho reconocido universalmente y como tal así aparece en el artículo 21, apartado 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de
1948. Concretamente, en él se reconoce que todo ser humano “tiene derecho a participar en
el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos”. Y
otro Tratado internacional ratificado por España, el Pacto Internacional de los derechos civiles
y políticos de 1966, en su artículo 25. señala que “Todos los ciudadanos gozarán … de los
siguientes derechos y oportunidades: a) Participa en la dirección de los asuntos públicos,
directamente o por medio de representantes libremente elegidos”.
La Constitución española de 1978 reconoce en su artículo 23, apartado 1, el derecho a
la participación directa de la ciudadanía en los “asuntos públicos”. En concreto, la Constitución manifiesta que “los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos
directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por
sufragio universal”. Este precepto es nuevo en nuestro ordenamiento jurídico constitucional y
podemos entenderlo como fruto de los nuevos tiempos que corren en nuestro país, resultado
de la transición democrática y la superación del régimen franquista, en gran parte propiciada
por la movilización y la participación ciudadana para alcanzar la libertad, la democracia, la
amnistía de los presos políticos… De la redacción del precepto se deduce que reconoce dos
tipos de participación; por un lado, permite al ciudadano la participación en los cuerpos democráticos representativos, democracia indirecta, a través de los mecanismos de democracia
representativa estatal, autonómica o local, pero por otro lado, el precepto deja la puerta abierta
para que la participación se haga de forma directa por los ciudadanos en los asuntos públicos
sin delegar su voluntad en representante alguno, lo que podríamos denominar democracia
Nuestro Código Civil, en su Titulo Preliminar, en el art. 3.1, establece como criterios de aplicación de las normas jurídicas
que “Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes
históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu
y finalidad de aquéllas”.
La apuesta por la participación de nuestra Constitución de 1978, después de tres décadas
como norma superior reguladora de nuestro ordenamiento jurídico y de nuestro sistema social, es fuerte e importante, porque además de ser un derecho fundamental, la participación es
uno de los principios generales que informan todo nuestro ordenamiento jurídico, como se deduce del Art. 9.2 de la C.E que señala que “Corresponde a los poderes públicos promover las
condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran
sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar
la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.
Podemos afirmar, sin ningún tipo de duda, que libertad, igualdad y participación, son principios fundamentales que deben ser fomentados por los poderes públicos.
Vamos a continuar nuestra profundización en la participación social. Y vamos a emplear
para ello algunas de las ideas y conceptos que han elaborado las propias entidades juveniles,
y más en concreto el Consejo de la Juventud de España, CJE, que en los últimos años ha
publicado varios documentos y trabajos muy interesantes en materia de participación social
En una primera aproximación al concepto de participación, podemos esbozar una serie de
rasgos básicos que nos ayudarán a configurarlo. Así, de la participación social afirmamos
1. Constituye un valor en sí misma
La participación puede entenderse desde una perspectiva jurídica, pero también se puede
y se debe contemplar desde una óptica social y cultural. Desde este punto de vista, el concepto de participación debería integrarse como objetivo básico de la educación cívica de la
ciudadanía y, al mismo tiempo, como elemento fundamental en la construcción de una cultura
2. Es un medio, no un fin
Más que un fin en sí misma, la participación ha de actuar como un medio que permita tomar
parte (participar, “tomar uno parte en una cosa”, de acuerdo con la definición de la R.A.E.) e
intervenir en la vida social de la comunidad. Es una herramienta al servicio de la ciudadanía
que ha de ser susceptible de llevarse a una práctica concreta y eficaz.
3. Es un derecho fundamental
Como hemos visto en la introducción de este aparado, la participación es un derecho fundamental que las constituciones democráticas reconocen y que siempre exige un desarrollo
normativo y unas políticas concretas que contribuyan a su desarrollo y a su efectividad.
4. Es una condición para el cambio social
La participación tiene que permitir dar respuesta a las necesidades y a los intereses colectivos. También tiene que ofrecer soluciones a los problemas concretos y ha de ser capaz de
ejercer la presión necesaria sobre los poderes públicos para que éstos asuman y ejecuten las
soluciones que les son requeridas.
5. Es una responsabilidad ciudadana que supone compromiso
Participar significa implicarse y comprometerse solidariamente con el conjunto de la sociedad en la toma de decisiones y en el desarrollo colectivo.
6. Es una dimensión positiva de la libertad
El ejercicio de la participación es una expresión de las libertades públicas características de
un Estado de Derecho. Por otro lado, el fomento de la participación de la ciudadanía también
supone una forma efectiva de descentralización del poder.
7. Es una forma de legitimar la democracia
La participación efectiva de la ciudadanía en la vida pública es un medio que legitima un
sistema político como la democracia que basa su esencia en el concepto de soberanía popular.
Llegados ya a este punto, resulta oportuno destacar que el concepto de participación tiene
una relación directa con el concepto de poder. El poder puede entenderse como la capacidad
y el protagonismo para incidir en la transformación de la vida social de una comunidad y en
la definición y la gestión de planes de desarrollo de la realidad social, económica y cultural
de esta comunidad. Será pues en relación con este concepto de poder que podemos distinguir
dos tipos fundamentales de participación:
Podríamos definirla como la cesión de cuotas de poder por parte de la ciudadanía a sus
representantes electos para facilitar la gestión de lo público y la transformación social. Sobre
este tipo de participación se basaría el modelo de democracia formal o representativa que, por
ejemplo, sustenta los regímenes políticos parlamentarios.
La definimos como la capacidad de la ciudadanía de gestionar directamente sus cuotas de
poder en diferentes contextos sociales. Este tipo de participación puede llevarse a cabo mediante intervenciones directas o indirectas. Éstas últimas se realizarían a través de representantes de la ciudadanía elegidos democráticamente en el seno de la sociedad civil. Cabe añadir que sobre este modelo de participación se basaría el modelo de democracia participativa.
Dentro del funcionamiento de las democracias europeas occidentales se está produciendo
una progresiva desafección hacia las instituciones en general y particularmente hacia las
La juventud no sólo no es ajena a esta situación que se traduce en un comportamiento de
abstención electoral. Sin embargo nos encontramos con la paradoja que la juventud que a
lo largo de los 90 ha participado de esta tendencia es un sector de población que ha tenido
acceso a niveles educativos superiores a los de generaciones anteriores y, además, ha crecido
en una sociedad y un entorno democráticos.
Como podremos observar más adelante, la respuesta que desde el asociacionismo juvenil
se da a esta situación se basa en primer lugar en la denuncia de una interpretación reduccionista del término “política” y, en segundo lugar, en la reivindicación de un concepto de la
política abierto a la sociedad civil y no exclusivo del sistema de los partidos políticos. Esta
reivindicación surge de un concepto de ciudadanía vinculado a un ejercicio del derecho a la
participación que reclama espacios de participación directa en todos los ámbitos que componen el contexto social, en este caso, de la juventud. Concepto de ciudadanía que representa
un elemento esencial del modelo de democracia participativa al cual hacíamos referencia
Una vez expuestos los aspectos fundamentales que constituirían la definición del concepto
de participación, estamos en disposición de analizar bajo qué condiciones óptimas se debería
producir este fenómeno. Así, podemos decir que existirían tres condiciones básicas para que
se pueda dar lo que hemos definido que es “participación”: la motivación, la formación y la
Como en cualquier otro comportamiento humano, las motivaciones, los intereses y las
expectativas individuales son elementos fundamentales para explicar la conducta de participación. Así, detrás de la motivación para participar se pueden encontrar:
Intereses ideológicos.
Necesidades de satisfacción socio-afectiva.
Necesidades de comunicación y de pertenecer a un grupo.
Dentro de este factor motivacional, también encontraríamos lo que se ha venido a llamar el
compromiso. De una manera general, el compromiso como aspecto integrante de la motivación para participar puede darse bajo tres formas:
El individuo se compromete por motivaciones estrictamente íntimas, podríamos decir de
beneficio personal, un beneficio que no tiene porque ser económico, sino que puede estar
relacionado con la autoestima, el reconocimiento social, etc.
Compromiso social paliativo
El individuo se compromete en acciones paliativas motivado por las consecuencias más
evidentes de una situación cuyo origen normalmente es una forma u otra de injusticia social.
En este caso, existiría un compromiso con los efectos y no con las causas de esa situación.
Compromiso social transformador
El individuo se compromete con una idea de transformación social directa. Aquí hay un
compromiso con las causas de la situación que provoca ese compromiso y, además, existe
una voluntad manifiesta de cambiarlas.
Además de la motivación, para poder participar hay que saber participar. Responder a por
qué y para qué participar, cómo hacerlo, dónde, etc. La formación para la participación ha de
permitir el aprendizaje de las habilidades y los conocimientos necesarios para comunicarse y
relacionarse con otros individuos y, así, poder actuar colectivamente.
La formación para la participación está directamente relacionada con la Educación en Valores y, a su vez, reivindica una Educación para la Participación que habría de estar presente en
todos los procesos educativos y de socialización de una sociedad democrática.
Así las cosas, nos podemos preguntar desde dónde se puede plantear de una manera
operativa la formación para la participación. En respuesta a esta cuestión, delimitaríamos tres
1. Desde el ámbito de la educación formal, dentro del sistema educativo obligatorio, mediante las materias transversales que prevé la legislación educativa y por medio de la
incorporación de contenidos específicos relacionados con la Educación para la Participación. Cabe destacar el gran avance social que ha supuesto en la legislación educativa estatal la incorporación de la materia Educación para la Ciudadanía que sin duda
servirá para consolidar las bases democráticas y participativas entre los más jóvenes.
2. Desde el ámbito de la educación no formal, por medio de la intervención socio-educativa que se despliega en diversos contextos dentro de este ámbito.
3. Desde el ámbito de la educación informal, menos perceptible pero no por ello menos
efectiva vía de formación para la participación que depende de la actuación de diferentes actores sociales como por ejemplo los medios de comunicación, las Administraciones, etc.
Cuando pensamos en la función que una organización debe cumplir en relación con el fenómeno de la participación, lo primero que cabe resaltar es que la organización tiene que servir
como medio y mecanismo eficaz de participación. Esto es, si el ejercicio de la participación
implica la acción colectiva de un conjunto de personas, ello requerirá la creación de estructuras que faciliten la comunicación, el debate, la toma de decisiones y la acción común.
En un entorno democrático y teniendo presente la adhesión libre de los individuos a la organización, una estructura de participación eficaz…
• Ha de ser coherente con los principios que han determinado su creación.
• Ha de estar construida de acuerdo con criterios de democracia interna.
• Ha de posibilitar el pleno desarrollo del compromiso individual de sus miembros en el
2.3. ESTADIOS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN
Si entendemos la participación social como un proceso progresivo determinado por el grado
de implicación y la posibilidad real de tomar decisiones y de actuar de quien participa en
una organización, es posible delimitar distintos estadios en el proceso de participación. Estos
diferentes estadios son los que a continuación pasaremos a revisar.
El poder se concentra en quien toma las decisiones y no existe ningún tipo de consulta con
quien ha de ponerlas en práctica.
Quien ejecuta la acción no sabe de qué se trata y por tanto tiene dificultades para comprender qué se le propone. Su participación aparente es necesaria, pero no tiene una oportunidad
real de participar.
No es el método adecuado para introducir a la ciudadanía en procesos participativos y
Ejemplo: la asistencia a espectáculos diversos como forma de participación.
La organización o estructura utiliza a un colectivo determinado con el fin de fortalecer sus
intereses de manera indirecta. La toma de decisiones se concentra en quien tiene el poder.
Cada una de las acciones que aparecen en este estadio podríamos denominarlas acciones
de escaparate participativo.
Ejemplo: la oferta de un carné joven como forma de participación juvenil, iniciativa que
como es sabido cuenta con unos objetivos que en parte son ajenos a la juventud.
Quien participa tiene una oportunidad aparente de expresarse, pero realmente su incidencia
en la toma de decisiones final es poca o nula. La participación se basaría en un “Todo para
el pueblo, pero sin el pueblo”.
Ejemplo: la firma de peticiones o manifiestos a favor de alguna causa o ante situaciones
de conflicto o injusticia.
Quien toma las decisiones se comunica e intercambia informaciones y opiniones con quien
tiene que ponerlas en práctica. El grado de incidencia de este proceso de comunicación sobre
la decisión final es variable. No obstante, al menos quien desenrollará la acción ha tenido la
oportunidad de conocer, discutir y comprender la decisión. El que ha realizado la acción ha
tenido un papel significativo, y no solamente simbólico, como actor de la decisión.
Ejemplo: determinados espacios de representación y consulta de la ciudadanía como los
consejos sociales o sectoriales de las Administraciones Públicas.
La toma de decisiones se produce con un mayor grado de implicación y de capacidad real
de intervención por parte de quien tiene que ponerlas en práctica.
El conjunto de individuos que forman parte de la organización tiene la oportunidad de intercambiar información, debatir, tomar decisiones y llevar a cabo la acción acordada colectiva-
mente. Este estadio es el que más se aproxima a un modelo de participación que podríamos
definir como plena.
Ejemplo: la forma de participación que debería producirse en las asociaciones.
2.4 PARTICIPACIÓN POR ENCIMA DE TODO
Tal y como hemos venido apuntando desde el principio de esta publicación la participación
tiene que ser el elemento indispensable en cada una de las acciones, reflexiones y planteamientos a la hora de la realización y el diseño de cualquier política pública.
Como ya hemos indicado la participación será la herramienta que nos ayudará en nuestro
trabajo a comprender y a llevar a cabo las trasformaciones necesarias que reivindiquen los
ciudadanos y que sin duda dotarán de sentido el esfuerzo y la satisfacción fruto de un buen
La Participación va ligada, sin duda, a la movilización y a la reivindicación, y señala a los
ciudadanos como el factor clave para el diseño de cada una de nuestras acciones. No tienen
sentido en la gestión municipal las acciones que no van acompañadas de un proceso de participación, o al menos no recojan la opinión de una parte mayoritaria de la ciudadanía.
Nuestra legislación marca los límites por los cuales las Administraciones tienen la obligación de fomentar y establecer procesos participativos, pero será la voluntariedad y la decisión
de cada uno de nuestros gobernantes, como responsables de una parcela de poder público,
las que establecerán las diferencias entre unas políticas más o menos participativas.
Otro factor, tal y como hemos señalado, es el desarrollo de políticas educativas que incidan
en el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros ciudadanos más jóvenes, aunque esto
no tiene que ser una excusa para desarrollar programas de fomento de la participación en
otros tramos de edad como son las escuelas de padres, universidades populares, u otro tipo
de acciones para la tercera edad, etc.…
Sin duda, desde el ámbito municipal podemos y debemos desarrollar y llevar a cabo pautas que favorezcan la participación infantil en cada una de nuestras acciones. Por un lado,
favoreciendo la participación de los más jóvenes en cada una de nuestras decisiones, y por
el otro, diseñando acciones dentro del ámbito educativo trabajando los límites por los cuales
aprendemos a comunicarnos, a convivir y a responsabilizarnos de nuestras acciones ejercitando nuestro papel dentro del juego democrático.
Hemos visto como el asociacionismo y el voluntariado constituyen dos formas complementarias de fomentar la participación, pero ni mucho menos tenemos que caer en el tópico
de considerarlas como las únicas formas de participación posible. Los nuevos movimientos
sociales y los mecanismos de intercambio de información a través de las redes sociales se
han convertido en los últimos tiempos en herramientas que sin duda sirven también para
fomentar e incrementar la participación de los ciudadanos. La complementariedad y la suma
de esfuerzos de todas las formas de participación constituirán, sin duda, el motor principal
que mueva el engranaje de la ciudadanía para crear la energía suficiente para trasformar la
sociedad en la que todos y todas vivimos.
Durante mucho tiempo se ha pretendido identificar el término “participación” con el de “asociacionismo”. Desde la perspectiva del asociacionismo, esta identificación ha provocado dos
consecuencias, ambas igualmente perniciosas: el rechazo de otros posibles modelos participativos, y la autocrítica destructiva del propio modelo asociativo.
Por eso, antes de entrar en el análisis de diferentes formas de participación social, sería
conveniente comenzar afirmando que la participación no es un modelo de intervención exclusivo del asociacionismo, sino que ha de ser entendida como un medio cívico para intervenir
y transformar el entorno social que puede adoptar diferentes formas.
Así pues, tras repasar en primer término los elementos constitutivos del fenómeno del asociacionismo, nos acercaremos también al análisis de otras formas de participación.
A la hora de definir qué es una asociación podemos acudir a una serie de rasgos fundamentales que nos ayudarán a caracterizarla en sus aspectos más esenciales:
Una asociación debe contar con un conjunto de personas que estén dispuestas a participar
libremente en ella. Unas personas que hayan tomado la decisión de agruparse para actuar
La acción de la asociación se basa en el deseo de conseguir unos objetivos comunes que
son compartidos por las personas que forman la asociación y que, de alguna manera, reflejan
sus intereses y necesidades individuales y colectivos.
Toda asociación siempre implica un modelo organizativo que tiene que hacer posible la
consecución de los objetivos planteados, independientemente del número de personas que se
integren en la organización y del grado de formalismo de ésta.
Las personas que integran la asociación comparten la voluntad de desarrollar una acción
colectiva: han decidido trabajar juntos y actuar organizadamente. La asociación tendrá su
razón de ser en esta acción asociativa, y esto es lo que la diferenciará de una simple idea, de
un proyecto o de una declaración de intenciones.
Una vez definidas las características fundamentales del fenómeno del asociacionismo, rápidamente hay que subrayar un hecho importante: las asociaciones están llamadas a desplegar
en el seno de una comunidad unas importantes funciones sociales
Llamar la atención de la sociedad y de los poderes públicos sobre problemas o necesidades
existentes a través de diferentes vías: la denuncia, la sensibilización, la reivindicación, etc.
Analizar, avaluar y controlar la acción de las entidades públicas y privadas en su compromiso y su responsabilidad hacia la comunidad, evitando los abusos, las situaciones de
Promover valores y ejercitar actitudes alternativas que permitan la construcción de una
sociedad más democrática.
Favorecer la comunicación con otros ciudadanos y ciudadanas y el intercambio de ideas,
experiencias, proyectos, etc. en el seno de la sociedad.
Trabajar en beneficio de la comunidad, ofreciendo respuestas colectivas a los problemas y
Trabajar por la mejora de la calidad de vida individual y colectiva, favoreciendo el cambio
A partir de esta configuración básica del asociacionismo, resulta obvio decir que pueden
producirse diferentes interpretaciones del hecho asociativo. Efectivamente, si nos fijamos en
nuestro entorno social observamos que su diversidad asociativa es ciertamente grande. En
relación con esto se debe señalar que cada realidad asociativa responderá a un tipo determinado de participación social.
Los denominados “nuevos movimientos sociales” son una forma de participación directa
que contribuye a canalizar la acción colectiva de un número importante de ciudadanos y
ciudadanas. En los últimos años, esta modalidad de participación se ha extendido particularmente entre la población juvenil.
Muchos son los textos que se han escrito sobre esta cuestión, la mayoría de autores coinciden en señalar que bajo esta denominación hay que incluir a los movimientos ecologistas,
pacifistas, feministas … Otros autores como Wilson amplía el listado y señalan también, a los
movimientos de consumidores, vecinos, ocupas…
Sin embargo, tal y como señalan Dalton y Kuechler el vínculo ideológico de los movimientos es fundamental, así señalan como rasgos básicos: una crítica humanista al sistema
prevaleciente y a la cultura dominante; y en segundo lugar, una actitud resuelta de lucha por
un mundo mejor aquí y ahora, con una clara alusión en ambos casos a la trasformación
Tal y como señala el profesor Antonio Algaba citando a Dalton y Kuechler los nuevos movimientos sociales se caracterizan por:
a/ Un estilo de acción política no convencional basada en la acción directa, que contrasta
con el modelo tradicional de intermediación de intereses que los partidos políticos desarrollan en las democracias contemporáneas.
b/ Un fuerte sentimiento antisistema, ya que sus seguidores se sienten ajenos respecto a las
normas y los valores dominantes.
c/ Sus organizaciones se construyen bajo la toma de decisiones participativas, con estructuras descentralizadas y dejando de lado los procedimientos burocráticos
d/ Reivindican un modelo de sociedad más abierto a la ciudadanía
e/ No suelen desarrollar ningún sistema ideológico coherente. Saben lo que no quieren,
pero en muchas ocasiones no presentan un modelo alternativo claro.
A pesar de su emergencia reciente como forma de participación, lo cierto es que ésta no
puede considerarse absolutamente nueva ya que podemos encontrar precedentes en términos
históricos a lo largo de los siglos XIX y XX. (El movimiento sufragista sería un buen ejemplo
de ello.)
No obstante podemos encontrar diferencias importantes a lo largo de la historia de los movimientos sociales. Una de ellas, sino la más importante es el cambio ideológico de dichos
movimientos. La ideología, no se ocupa de los asuntos de distribución del poder económico o
político, sino de la calidad de vida de las personas. Al contrario que por ejemplo el movimiento
obrero, no se plantea una alternativa social, las preocupaciones de estos movimientos giran
en torno a problemas específicos.
C.E. Art. 9.2: “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo
y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y
facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. Art. 23.1: “Los ciudadanos
tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en
elecciones periódicas por sufragio universal”.
Reverte, F.M, Lopez Alcantud, A., y Pan, Pedro, “El marco jurídico del Voluntariado”. Plataforma del Voluntariado. Murcia.
Para conocer con amplitud los campos de actuación voluntaria se puede consultar la página web de la Plataforma del
Voluntariado de España, o en las respectivas Plataformas de ámbito de Comunidad Autónoma.
Las motivaciones para participar son muy diferentes, no hay una lucha por un objeto concreto, tal y como señalan Dalton y Kuechler, sino que se ha sustituido el interés propio por
motivaciones ideológicas y la lucha por la defensa de bienes sociales.
Por último, hay que señalar que mantienen un estilo político propio, se quedan al margen
del marco institucional de la administración y utilizan otros medios para generar opinión y
3.3.1. Definición y características del voluntariado.
Tratando de enmarcar la figura del voluntariado en el conjunto de nuestro ordenamiento
jurídico, y en relación con lo dispuesto constitucionalmente en los Artículos9.2 y 23.1 de la
Constitución de 1978, podríamos conceptualizar el voluntariado como un mecanismo, una
fórmula de participación ciudadana en actividades de interés general, realizada de forma
personal, altruista, solidaria y sin contraprestación, organizada a través de entidades, públicas o privadas sin ánimo de lucro, y desarrollada en programas y proyectos concretos de
De estas definiciones podemos extraer las características generales, las ideas clave que
definen el voluntariado. Los conceptos clave a los que hacemos referencia son:
Voluntariedad. El voluntariado, la acción voluntaria, es el resultado de una elección libre;
es una opción ética, personal, gratuita, que no espera retribución o recompensa. La palabra
exacta no es desinterés, porque la persona voluntaria tiene mucho interés, y obtiene satisfacciones en sus motivaciones personales.
Solidaridad. Altruismo quiere decir amor hacia los otros, y es el contrario de egoísmo. El
voluntariado, la acción voluntaria, sólo existe cuando repercute en los otros, cuando su interés
es colectivo, general, público. El voluntariado es un medio para dar respuesta a necesidades,
problemas e intereses sociales, y no un fin en si mismo para satisfacer a las personas voluntarias. La acción voluntaria supone un compromiso solidario para mejorar la vida colectiva.
Acción. El voluntariado no es únicamente un valor ético, una actitud, sino una práctica
concreta. El voluntario se realiza, es acción. Si sólo se queda en un simple espíritu de buena
persona, de buen ciudadano o ciudadana, acaba convirtiéndose en algo vacío y sin espíritu.
Del mismo modo, es igualmente cierto que no es posible la acción sin alma, es decir, sin
valores. De todas maneras, aquello que cambia el mundo, lo que se enfrenta a los problemas
y a las necesidades, es la acción.
Organización. El voluntariado no es una práctica personal, individual, testimonial, íntima. El
objetivo del voluntariado es mejorar la realidad, transformar el mundo, y hacerlo eficazmente.
Lejos de la improvisación y la espontaneidad, el voluntariado requiere una actuación organizada por medio de la unión de fuerzas. Por tanto, la acción voluntaria tiene que ser organizada, sistemática, sinérgica, y necesita de la intervención de organizaciones, asociaciones o
fundaciones desde donde se pueda actuar.
3.3.2. El voluntariado y sus campos de intervención.
La acción voluntaria se desarrolla prácticamente en todos los ámbitos :
Social. Muchas personas voluntarias trabajan apoyando a personas y colectivos excluidos
socialmente, en la acogida e integración de inmigrantes, en la lucha contra la pobreza, en la
atención a colectivos sociales con necesidades, escasez o discapacidad,...
Cultural. Muchas personas voluntarias llevan a cabo trabajos de recuperación o conservación de la identidad cultural, de promoción de la creatividad, de la difusión de los bienes
Educación. Muchas personas voluntarias trabajan en la alfabetización y educación de personas adultas, en la defensa de la educación para todos, en la dinamización y promoción de
la participación en la comunidad escolar,...
Medio Ambiente. Muchas personas voluntarias trabajan en la protección o recuperación de
especies o espacios naturales, en la denuncia de situaciones de degradación medioambiental,
en el desarrollo de una conciencia medioambiental entre los ciudadanos,...
Salud. Muchas personas voluntarias trabajan en la promoción de la salud, en el desarrollo
de hábitos de vida saludables, en la respuesta a situaciones de necesidad sanitaria,...
Participación Ciudadana y Civismo. Muchas personas voluntarias trabajan en la promoción
de la participación ciudadana, en el fortalecimiento del tejido asociativo, en el impulso de la
iniciativa social, en la creación y animación de redes sociales,...
Promoción de colectivos. Muchas personas voluntarias trabajan en la promoción y defensa
de los derechos y en la integración social de determinados colectivos sociales: mujeres, jóvenes, inmigrantes, reclusos, minorías étnicas,...
Para información detallada sobre el programa de voluntariado europeo. Puede consultarse la web de la Agencia Española
del Programa Juventud en Acción www.juventudenaccion.migualdad.es
G.Gascón, J.L. y Alguacil Benitez, R.M, “Proyecto municipio andaluz sostenible. Entre el voluntariado crítico transformador y
la recuperación de la comunidad”. 2008. Federación Andaluza de Ciencias Ambientales. www.faccaa.com
Derechos Humanos. Muchas personas voluntarias trabajan en la denuncia de injusticias, contra
la pena de muerte, en defensa de los Derechos Humanos, la justicia y los valores democráticos.
ooperación Internacional para el Desarrollo. Muchas personas voluntarias trabajan en la promoción y el desarrollo de proyectos de cooperación, con el objetivo de combatir la pobreza y
promover el desarrollo en los países pobres del Sur,...
Emergencia y socorro. Muchas personas voluntarias trabajan en respuesta a situaciones de
emergencia causadas por desastres naturales, guerras, hambre,...
Desarrollo socioeconómico. Muchas personas voluntarias trabajan en el desarrollo de proyectos de promoción socioeconómica o de desarrollo comunitario que tienen como objetivo mejorar
las condiciones de vida de una comunidad o de un sector social concreto.
Tiempo libre. Muchas personas voluntarias trabajan durante su tiempo libre en la educación,
principalmente de niños, adolescentes y jóvenes, en la promoción de valores, conocimientos y
actitudes, en actividades relacionadas y recreativas que tienen lugar en el tiempo libre,...
Desde los ámbitos de Juventud puede ser de especial interés reseñar el Servicio de Voluntariado, incluido dentro del Programa Juventud de la Unión Europea, que está permitiendo a miles
de jóvenes europeos, muchos de ellos españoles, tener experiencias de voluntariado muy interesantes, ya que les permite ejercer una actividad de voluntariado en otro país durante un tiempo
determinado, habitualmente durante un período de 6 a 12 meses .
En un plano de mayor contenido ideológico para acercarnos a la definición y tipologías, algunas tendencias distinguen entre dos tipos de voluntariado, el que podríamos denominar “paliativo” frente al “crítico o transformador”. El primero sería aquel que realiza labores de carácter
social, cultural, ambiental, etc.… que palian o atenúan diversos efectos producidos por el propio
funcionamiento de las estructuras socioeconómicas, sin plantearse otras cuestiones. Algunos
autores critican este tipo de acción voluntaria al que denominan de voluntariado de “parcheo”
argumentando que “con la potenciación y mantenimiento de este tipo de voluntariado como fin en
si mismo, tan extendido hoy en nuestras sociedades capitalistas-consumistas, parece eximirse
a las administraciones públicas o las comunidades de la generación de estrategias y estructuras
duraderas de solidaridad, o la contratación de profesionales dedicados al tratamiento de estas
situaciones (trabajadores sociales, ambientólogos, enfermeros, socio animadores, ingenieros forestales, ecólogos, etc.) .
El otro tipo sería el voluntariado crítico y transformador, que estaría definido por la actividad crítica de su acción para la transformación de las estructuras que causan los problemas y desigualdades sociales, a través de procesos participativos que “se realizan vinculando a las personas
mediante colectivos, fortaleciendo organizaciones, mejorando la educación popular y la sabiduría
a través de la implicación de la gente con la vida y la realidad” .
3.3.3. El voluntariado y su marco legislativo.
Desde 1996 existe una Ley del Voluntariado de ámbito estatal. Por otro lado, todas las
Comunidades Autónomas han creado normas legales sobre el voluntariado; en algunos casos han sido leyes aprobadas por sus respectivos parlamentos, y en otros han sido decretos
administrativos dentro de su ámbito territorial y competencial.
Todas estas leyes reconocen unánimemente la importancia del voluntariado, su papel como
expresión de la participación ciudadana en el desarrollo cultural, político y económico de la
comunidad social y expresan el compromiso de los poderes públicos en su impulso y promoción.
En términos generales, son normas que pretenden “promocionar y facilitar la participación
solidaria de los ciudadanos en las actuaciones de voluntariado, en el seno de organizaciones
sin ánimo de lucro públicas o privadas” (Ley Estatal de Voluntariado 6/1996), y regular y
“facilitar las relaciones entre las administraciones públicas, las entidades y las personas voluntarias (Ley del Voluntariado 30/1998 de las Islas Canarias).
Desde una perspectiva general estas normas legales entienden por voluntariado “el conjunto de personas que efectúan una prestación voluntaria de servicios cívicos o sociales, sin
compensación económica, dentro del marco de una organización estable y democrática que
comporte un compromiso de actuación a favor de la sociedad y la persona (Ley 25/1991
Incavol/Cataluña).
Muchas de estas normativas excluyen expresamente como actividades de voluntariado las
actuaciones “aisladas, esporádicas u ofertadas al margen de organizaciones públicas o privadas sin afán de lucro, así como las que las que se realizan por razones familiares, de amistad
o simple vecindad (Ley del Voluntariado 7/1998, La Rioja).
También se excluyen expresamente “las actividades que se desarrollen en virtud de una
relación laboral o funcionarial; las actividades que generen algún beneficio para las personas
que las realicen; las actividades realizadas en el ejercicio de una obligación personal, tanto
las establecidas reglamentariamente como las realizadas por objetores de conciencia en el
ejercicio de la prestación social sustitutoria; y las actividades realizadas por cargos directivos
o gerentes a las entidades promotoras (Decreto de Voluntariado 12/1995, Castilla La Mancha).
Prácticamente todas las normas señalan que la “actividad (voluntaria) no podrá sustituir
el trabajo remunerado, ni tan solo en caso de conflicto laboral, ni se podrá considerar como
prácticas, formación o experiencia profesional.” (Ley 30/1998, Islas Canarias).
Respecto a las áreas de actuación del voluntariado, las diferentes normativas mencionan
“las asistenciales, de servicios sociales, cívicas, educativas, culturales, científicas, deportivas,
sanitarias, de cooperación al desarrollo, de defensa del medio ambiente, de defensa de la economía o la investigación, de desarrollo de la vida asociativa, de promoción del voluntariado,
o de cualquier otra naturaleza análoga (Ley Estatal del Voluntariado 6/1996). Otras normas
mencionan otros campos, como la defensa de los Derechos Humanos, la promoción de la
igualdad entre hombres y mujeres o la lucha contra el paro. Algunas leyes especifican que
estas actividades, sea cual sea el ámbito, tienen que ir “dirigidas a al construcción de una
sociedad más solidaria y justa” (Ley del Voluntariado 3/1998, Islas Baleares).
Las diferentes leyes y normativas también señalan un conjunto de principios de actuación
que han de regular la acción del voluntariado y de las organizaciones de acción voluntaria,
como por ejemplo: “a) Participación libre, altruista y comprometida de los ciudadanos y
ciudadanas, sin compensación económica, de acuerdo con las preferencias y capacidades,
por medio de entidades de organización democrática y no discriminatoria. b) Solidaridad
con las personas y los grupos, con el objetivo de alcanzar el interés general, atendiendo las
necesidades sociales de forma global y no exclusivamente la de los miembros de la propia
organización. c) Descentralización, procurando que las actividades del voluntariado se realicen lo más cerca posible de los ciudadanos y en su propio entorno. d) Autonomía y libertad
de las organizaciones de voluntariado respecto a los poderes públicos, vigilando al mismo
tiempo por la garantía de cumplimiento de la legislación y de la responsabilidad que las entidades de voluntariado asumen hacia la sociedad. e) Complementariedad y coordinación del
voluntariado y las administraciones en todos los ámbitos y niveles, y no-substitución de sus
actuaciones” (Ley del Voluntariado 3/1998, Islas Baleares).
Respecto a los derechos y deberes de las personas voluntarias, vamos a sintetizar lo dispuesto en las diferentes normativas. Así podríamos agrupar los DERECHOS de los voluntarios
en cinco grandes ideas:
3 La libertad del voluntario, como base para desarrollar su actividad.
3 A recibir la formación y la orientación necesaria.
3 De participación activa en la entidad en que se integran.
3 Realizar su actividad voluntaria con todas las garantías y seguridad.
3 Ser tratados con respeto y con el reconocimiento social de su labor.
Mismos autores y obra citados anteriormente.
Por otro lado los DEBERES de las personas voluntarias, podemos tratar de agruparlos en:
3 Cumplimiento de los compromisos adquiridos con su entidad.
3 Diligencia y atención en el ejercicio de sus actividades.
3 Respeto a las personas beneficiarias de su acción voluntaria.
3 Rechazo a cualquier contraprestación económica o material.
3.3.4- Fomento del voluntariado. El papel de los municipios.	La legislación autonómica antes citada recoge en su mayoría algunas normas sobre el
papel de los Ayuntamientos en las tareas de fomento del voluntariado. Así, citando a una de
las más recientes normativas autonómicas en materia de voluntariado, la Ley 5/ 2004, de
22 de Octubre, del Voluntariado de la Región de Murcia, en su Art. 21 faculta a las entidades
locales para promover el voluntariado y fomentar la participación de los ciudadanos en proyectos de acción solidaria. Y para tal fin ejercerán, las siguientes funciones en materia de
3 Velar por el cumplimiento de la ley en el ámbito local.
3 Programar y coordinar actuaciones de voluntariado en su territorio, respetando la independencia de las entidades que desarrollen programas de voluntariado.
3 Facilitar mecanismos de asistencia técnica, formación en información a las entidades y
personas que desarrollen acciones voluntarias.
3 Crear órganos o mecanismos de participación de las organizaciones que desarrollan
3 Promover estudios e investigaciones, colaborando con la Comunidad Autónoma en este
campo, así como en la elaboración de censos y estadísticas sobre voluntariado.
Más adelante en esta publicación trataremos con detalle sobre el voluntariado como cauce
importante de participación de los jóvenes en la vida local. Para finalizar este apartado sobre
voluntariado puede ser de interés reseñar la existencia de un Reglamento Marco del Voluntariado Municipal, elaborado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y
aprobado por la Comisión Ejecutiva de la FEMP de 11 de Marzo de 2003 .
Puede encontrarse en la página web de la FEMP, www.femp.es
La visión de los y las jóvenes sobre estos conceptos está directamente condicionada por
Factores que dependen del contexto general: el marco histórico, institucional y cultural donde se desarrolla la vida, la costumbre, la coyuntura y la estructura política o económica.
Factores personales: edad, género, la personalidad, la educación recibida, la trayectoria
personal, la experiencia acumulada y contexto más cercano a la persona joven: la familia,
Las situación personal: estudiante, trabajador, universitario, en paro, con familia, con pareja, emancipado…
Otros contextos : grupos, asociaciones y organizaciones en las que se ha participado, estilo
y cultura de los mismos, redes de relación, lugares que frecuenta, estilos de ocio, medios de
comunicación a través de los que se informa…
Desde nuestro punto de vista son las instancias socializadoras las que más influyen en el
posicionamiento de los jóvenes: familia, educación, estilos de ocio… Por ello, apostamos por
programas que se inicien en los centros educativos para desembocar en la realidad social de
Es importante, en este punto, clarificar conceptos que en muchas ocasiones se utilizan
indistintamente. En nuestra opinión, ciudadanía y participación no son términos sinónimos,
la ciudadanía consistiría en:
1.- Desarrollar identidades y sentimiento de pertenencia a una comunidad concreta
2.- Llevar a cabo prácticas sociales a través de las cuales se concreta y expresa la
implicación a la comunidad a la que se pertenece (participar).
Es decir, participar es una expresión/condición de la ciudadanía, o como plantea J. Leca
(1991) “los fundamentos culturales de la ciudadanía moderna se estructuran, histórica y conceptualmente, alrededor de dos grandes ejes: el de la pertenencia y el de la implicación.”
Pero, ¿cómo se llega a formar parte de una comunidad? ¿Cuáles son los mecanismos a
través de los cuales una persona se convierte en miembro de la comunidad?
Entre la población joven predomina la combinación de vínculos con el ámbito local y una
cierta adaptación a la comunidad a la que pertenecen.
Según Conover (1991): “la ciudadanía es identidad que ayuda al individuo a situarse en
sociedad,” por ello es lógico que existan posturas adaptativas y también reactivas y radicalizadas, en la medida en que las personas sienten que el proceso de integración presenta
dificultades y perciben un escaso margen de intervención.
En definitiva, se deberán impulsar los planteamientos colectivos en la población juvenil
contribuyendo así al proceso de socialización y de acceso a la ciudadanía y fomentando al
mismo tiempo la corresponsabilidad en la toma de decisiones.
El ser ciudadano podría parecer algo ambiguo, en la medida que se asienta sobre un proceso adaptativo en el que no hay concreción para el “punto de llegada”, por lo que es necesario
identificar un perfil claro en la representación del mundo adulto, y desarrollar, si éste no es el
deseable un perfil alternativo al actualmente existente. Junto a ello, la falta de los conocimientos concretos sobre los cauces, normativas, sobre democracia y ciudadanía guardan relación
con la inexistencia de una educación cívica formal. La juventud ante el concepto de ciudadanía debe adoptar posturas propias y evitar mimetizarse con las de las personas adultas y de
otras generaciones que tienden hacia una visión despolitizada de la sociedad.
Los deberes, frente a los derechos, deberán estar más presentes en el discurso joven, cuestión que probablemente está relacionada a cómo se desarrolla el proceso de socialización:
la educación entendida como sujeto de derecho, sin asumir ninguna responsabilidad. Esto
produciría por un lado una absoluta primacía de los derechos sobre los deberes, la dificultad
para identificarlos y por otro lado la falta de articulación de un lenguaje en el que estén presentes las responsabilidades con la comunidad.
Un claro ejemplo del deber frente al derecho es el voto, como “deber ciudadano”, si bien
se debe promover la identificación de ciudadano ideal como el ciudadano activo no como el
“buen ciudadano”.
En muchos de los estudios de juventud en que se incorpora la reflexión sobre la ciudadanía,
ésta termina convirtiéndose en un remedo del estatus de adulto. En un momento histórico en
que los marcadores de la vida adulta (trabajo, domicilio, y pareja estables) se hacen cada vez
más ambiguos, la ciudadanía parece ser una herramienta conceptual a la que se llega desde
presupuestos que ya no existen como tales.
La conclusión a la que nos lleva esta forma de plantear la cuestión es que la ciudadanía
se está definiendo hoy más por el lugar social que ocupa, el que corresponde las personas
adultas, que por la relación que establece con la comunidad y las prácticas que lleva adelante.
Por ende, la juventud se convierte en una etapa a superar para poder llegar a la etapa adulta,
la del ciudadano “completo”. Con ello se está retrasando el acceso de las personas jóvenes
al ejercicio de este derecho.
Frente a esta identificación simplista de la ciudadanía con el estatus de adulto, entendemos
la participación como un proceso dinámico en el que cada miembro de la sociedad se experimenta autónomo y competente para decidir sobre su propia vida. y se convierte en el agente
social que es, y se decide a intervenir con otras y otros en los distintos ámbitos en los que
se desarrolla la vida: barrio, escuela, y en los distintos ámbitos sectoriales que les afectan,
Es decir, lo importante no es cuándo la persona posee el estatus de ciudadanía, sino más
bien cómo se van adquiriendo los recursos necesarios para intervenir como ciudadanos y
ciudadanas desde las edades más tempranas.
Es aquí donde hay que situar el debate sobre la educación para la ciudadanía, en tanto en
cuanto el objetivo de ésta no debería ser, tal y como ocurre en muchos proyectos educativos,
tratar de que las y los jóvenes sean ‘buenos ciudadanos’, según un modelo en el que se exalta
la conformidad y el respeto con las normas.
Por el contrario nuestro objetivo es dotar a los jóvenes y las jóvenes de los conocimientos,
competencias, valores y actitudes que les lleven a implicarse activamente en la sociedad,
independientemente de cuales sean los resultados finales de la implicación.
Nuestra constitución, la tuya y la mía, la de los vascos y la de los gallegos, sin olvidar el
extremeño, ni el de Teruel, que existe, habla de participación ciudadana y, como siempre, la
norma es un marco ideal, que ahora nos gustaría dogmatizar. Más concretamente, desde
algunas instituciones les gusta hablar de participación juvenil, y que se integra concretamente
al artículo 48 de la constitución antes mencionada.
Cuando hablamos de juventud, estamos hablando de algo más efímero que los propios monumentos de las fallas de Valencia y de un movimiento que deja de ser movimiento al mismo
tiempo que se están creando las bases. Digamos esto para situar el contexto...
Si ya hace años que estamos hablando, (1989), de la ley de participación juvenil del Gobierno Valenciano, la cual ya intentaba aglutinar el asociacionismo juvenil y servir de base
participativa a las generaciones futuras, ahora no hablamos de leyes, ni de estatutos. Ahora,
en todo caso, la posible participación de los jóvenes está marcada por las instrucciones de un
móvil o de los últimos instrumentos electrónicos; la era de la red global.
De manera introductoria citamos tres estudios o pensamientos que sitúan la juventud como
un elemento cambiante y con necesidad de participación, de la misma manera que los tiempos están cambiando, como nos contaba Dylan a los que ya llevamos un tiempo siendo jóvenes... Y para apuntalar aquello de la digitalización la fuente ha sido el Sr Google; ¡Como no!
Niños y adolescentes poseen una
relación peculiar con las diferentes pantallas.
Por una parte, las pantallas necesitan de ellos para sobrevivir
Y ser económicamente rentables;
Y de otra, los niños y adolescentes requieren de ellas
Para permanecer conectadas con el resto del mundo.
De la TV a Internet. Un estudio sobre el uso de las pantallas
Gobierno de Navarra. Instituto Navarro de la Juventud
Todos hemos vivido situaciones concretas que no nos han dejado indiferentes y en las que
acabamos preguntándonos:
“¿Por qué están las cosas como están?
Y, ¿quien impone las reglas de esta situación?”
Cuánto más pensamos, más nos enfadamos.
Y claro, ese sentimiento de impotencia nos golpea y pensamos...
“Bueno, de todas maneras no hay nada que yo pueda hacer,
Así que ¿por qué excitarse de esta manera?“
Cambiando el modo de hacer las cosas
Efectivamente, cuando alguien se plantea un trabajo, una reflexión, lo primero que debe
hacer es un estudio de los elementos que tienes para hacerlo y para quien lo haces. Si nuestra
misión son los jóvenes habrá que conocerlos para poder plantearle acciones, que por otro
lado nos reclaman los políticos para poder desarrollar sus propias políticas, que cuánto más
se acerquen a esa realidad, más efectivas serán.
La manera de extraer esa información debería ser entrar en su mundo, dentro de su manera
de vivir y de comunicarse. Interactuar con ellos. Esto nos dará la posibilidad de utilizar los
mecanismos de comunicación más convenientes a cada situación. De aquí, la importancia de
los agentes sociales, de los técnicos que están en el pie de calle o incluso, de un ordenador
que ayude a entender sus hábitos y preferencias, para poder plantear esas acciones acordes
a sus “historias”.
Y los jóvenes, ¿como se comunican?
Hoy día la red global se ha convertido en la herramienta fundamental de trabajo para muchos gremios y, es también, el modo de conocer la actualidad diaria, o la que nos permite
mantener conectado un gran número de personas a través de varias formas de comunicación:
chats, correos electrónicos, foros, bloqs, messenger, etc., elementos que hoy han modificado
Si ya tenemos claro que el joven está interesado por las nuevas tecnologías y las utiliza de
una manera cotidiana, sabemos que muchas Administraciones las fomentan e incluso las
incorporan en sus planes de estudio (otra cosa es que doten a los centros escolares de las
herramientas). Con todo esto, no es extraño pensar que si hiciéramos concursos de wii en
los centros juveniles, jugáramos a la Play Station Assembly o votáramos a nuestros representantes por móvil, la participación de los jóvenes sería considerablemente más alta que ahora
Pero la realidad no es así de fácil, según el estudio del Instituto Navarro de la Juventud, sólo
cerca de un 8% de los usuarios utilizan foros como herramienta de Internet, frente al 70% que
gasta chats o messenger, lo que demuestra la necesidad de conexión inmediata, la necesidad
vital de estar conectado en todo momento y, no tanto de la participación activa en foros o en
el que denominamos Web 2.0, que son herramientas que nos permiten la interactuación con
las máquinas, que a su vez interactúan con otras personas.
Este puede ser el camino, que muchos centros de información ya han empezado, de utilizar herramientas más participativas y que permiten la ínter actuación de sus miembros para
potenciar en uso de los centros y motivar sus iniciativas, hablamos de Facebook, eGrupos,
Tuenti, Hi5, Netlog (facebox), Feedburner, del.icio.us, Flickr, Myspace, o de manera más para
profesionales, las redes de XING (neurona de habla hispana) o de LINKEDIN. En todas ellas,
el funcionamiento es similar, el CIJ funciona como grupo iniciador e incluso, a veces de instigador, que invitan a amigos y conocidos a formar parte de la red social, cada miembro nuevo
puede traer consigo muchos nuevos miembros y el crecimiento de esa red social puede ser
Seguro que al citar algunas de las redes sociales que conocemos, nos hemos dejado alguna, o muchas, pero lo seguro es que cuándo leas este texto, se habrán producido más
cambios e incluso el su edición digital, la actualización del listado de posibles redes sociales
acabaría por estar desfasada, lo que demuestra que los tiempos están cambiando...
Otro de los cambios en estas nuevas formas de comunicarse y por lo tanto, de participar,
y que además da fe de la importancia que tienen actuando como verdaderos vehículos de
nuestra evolución, son los millones de usuarios registrados y sobre todo, que ha habido una
importante inversión publicitaria en cada una de la redes que funcionan, o bien comprándolas
desde las grandes compañías, o bien fusionándolas o simplemente insertando anuncios.
En el tiempo actual y volviendo a la participación juvenil como el futuro de la ciudadanía,
trabajar por potenciarla se entiende como una cosa políticamente correcta; “Yo participo, tú
participas”, pero quizá se quede solo en una imagen de marca. A veces, se habla de la participación como la palabra mágica capaz de resolver cualquier situación de malestar o violencia; a veces se esgrime como un discurso político ideológicamente necesario pero dotado de
escasas herramientas, voluntad y presupuesto.
Muy al contrario que todas estas buenas intenciones, hablar de participación debería ser
hablar de procesos, de herramientas, y de la propia formación. Por lo tanto, si pensamos en
participación y lo conjugamos con el concepto de trasgresión – reivindicación - cambio, que
tiene implícita la propia juventud, supone de manera absoluta cuestionar esquemas tradicionales de participación...
“Lo que en un momento fue válido,
Hoy no tiene por qué serlo.”
El reto de la participación juvenil. Ángel Santos
Los jóvenes declaran que gastan el móvil para enviar SMS en un 65%, lo que supone literalmente que utilizan esta comunicación escrita más de la mitad de la población joven, aunque
sea en otra forma de escritura o quizá, podemos hablar de un nuevo idioma. Pero al menos,
permite albergar esperanzas de participación o bien de opinión, y no sólo opinión mediante
el móvil que conocemos hoy, sino que la integración en los antiguos celulares de la cámara
de fotos, vídeo y música en mp3, podríamos montar unas elecciones municipales, o incluso
autonómicas... faltarían los interventores (seguramente inventaríamos virus benignos para tal
efecto), pero arroba a arroba, todo es posible.
Teniendo en cuenta que la política la podemos entender como participación y son los políticos los que van a tener que desarrollar programas que potencien o, incluso leyes que regulen
la participación ciudadana, sea digital o tradicional, sería interesante evaluar la utilización de
las redes sociales en las campañas electorales o como medio de evaluación de los distintos
Por muy esperanzadora que pudiera resultar la mezcla de tecnología y juventud para conseguir lo que la constitución nos permite: la participación, la realidad va por otros derroteros
menos optimistas, ya que el porcentaje de necesidad del uso de los móviles se queda por
debajo del 18% de los usuarios. Exactamente un 17’7% de los usuarios con teléfono móvil
declaran que lo que envían es necesario, mientras que los mensajes superfluos, de concursos,
etc. ocupan la mayoría del tiempo, lo que indica que hay cierta dosis de irreflexión en el uso
Mientras en la participación en la vida pública, que es necesaria para todos, no acaban de
ser bien vistas estas tecnologías, que por desconfianza o ignorancia no permiten dar el salto
a la participación tecnológica en cuestiones verdaderamente importantes, como la elección de
En el año europeo de la creatividad e innovación, pueden ser más palpables estas consideraciones, ya que el espíritu innovador de las nuevas tecnologías y la creatividad y el cambio
que supone la juventud es fundamental para la capacidad de Europa a la hora de responder
efectivamente a los desafíos y posibilidades de la globalización.
Así pues, la participación digital joven, que estamos intentado explicar, será capaz de potenciar las aptitudes creativas básicas de todos los individuos y en particular, las aptitudes y
competencias que permitan a las personas percibir el cambio como una oportunidad y estar
abiertas a nuevas ideas que promuevan la innovación y la participación activa en una sociedad culturalmente diversa y basada en el conocimiento, tal como rezan los motivos expuestos
en el DOUE.
La capacidad de innovación está estrechamente vinculada a la creatividad como un atributo
personal basado en aptitudes y valores culturales e interpersonales, por lo que la formación
de nuestra juventud permitirá abrir los canales de participación que tanto andamos buscando,
bien sean de forma tradicional o como se marca éste año, innovadores y creativas, que no
necesariamente tienen que ser en formato digital.
TREINTA AÑOS DE PARTICIPACION
JUVENIL. EL MARCO NORMATIVO.
DEL ART. 48 DE LA CONSTITUCION
ESPAÑOLA A LAS LEYES
AUTONÓMICAS DE JUVENTUD