Source: http://vlcciviliv.blogs.uv.es/
Timestamp: 2018-07-18 08:57:59
Document Index: 361046700

Matched Legal Cases: ['artículo 141', 'artículo 39', 'artículo 149', 'artículo 149', 'artículo 49', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 142']

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Blog docente de la asignatura Derecho Civil IV. Grupos C y DP. Curso 2017-2018
Infidelidad matrimonial y ¿resarcimiento de los daños?
Educar en casa: ¿una alternativa viable a la escolarización?
Custodia compartida: ajustes y desajustes
María Franco Pinilla en Educar en casa: ¿una alternativa viable a la escolarización?
Mario Guillamón en Educar en casa: ¿una alternativa viable a la escolarización?
Mario Guillamón en La obligación de mantener a los hijos mayores de edad
Jose Adrian Alfonso Gomez en Matrimonios de conveniencia
Daniel Tarazona Aparicio en Educar en casa: ¿una alternativa viable a la escolarización?
septiembre 17, 2017 | | 12 Comments
Tradicionalmente el matrimonio se ha considerado como la unión estable y permanente de un hombre y una mujer para formar una plena comunidad de vida. Sin embargo este planteamiento se somete a revisión en la Ley 13/2005, de 1 de julio, a partir de la cual cabe, en España, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esta ley ha superado el control de constitucionalidad, al resolver la STC 198/2012 el recurso de inconstitucionalidad que contra la misma se interpuso. El Alto Tribunal entiende que la heterosexualidad no es un requisito esencial del matrimonio.
España se une así a una tendencia, de la que fue pionera Holanda en 2001, asociada sin duda a un cambio de mentalidad, que cada vez se extiende a más Estados.
Sin embargo se trata de una realidad que sigue siendo polémica y especialmente sensible, sobre todo cuando se asocia el rechazo del matrimonio gay a la homofobia. En no pocos Estados la homosexualidad está tipificada como delito y en algunos se castiga, incluso, con la pena de muerte.
Berlín 27 JUN 2017 – 20:15 CEST
Publicado: 26/06/2015 16:25 CEST Actualizado: 26/06/2015 18:04 CEST
“PIDEN IGUALDAD. LA CONSTITUCIÓN LES CONCEDE ESE DERECHO”
http://www.huffingtonpost.es/2015/06/26/matrimonio-gay-eeuu_n_7671422.html
http://www.abc.es/sociedad/abci-fallece-edith-windsor-activista-lucho-matrimonio-homosexual-eeuu-201709130148_noticia.html
septiembre 17, 2017 | | 8 Comments
Facilitar un permiso de residencia o la adquisición de la nacionalidad de un determinado país, aspirar a una pensión de viudedad u otras motivaciones pueden subyacer en la simulación de un matrimonio. De este modo se quiere aprovechar algunas de las ventajas de esta institución sin que muchas veces haya un verdadero consentimiento matrimonial. No faltan mafias que se lucran con esta situación, que la convierten en un negocio.
En aquellos países en que la inmigración es significativa, el número de matrimonios blancos o de complacencia se incrementa.
Tanto a nivel nacional como europeo se intenta tomar medidas preventivas para frenar este fenómeno.
Cae una red que tramitaba matrimonios de conveniencia en Soria
Los arrestados amañaban uniones entre mujeres de Málaga y hombres marroquíes
PATRICIA ORTEGA DOLZ Madrid 6 MAY 2015 – 15:16 CEST
Desarticulada en Valencia una red que convenía matrimonios para lograr papeles
Cae en Alicante una red de matrimonios de conveniencia
Traslado de uno de los detenidos en la ‘Operación Bautizo’ de la Guardia Civil
Que un joven marroquí tramite los papeles de matrimonio con una muchacha malagueña en un pueblo de Soria como Almarza (600 habitantes), no tendría por qué resultar nada sospechoso. Lo raro es que se den nueve casos idénticos en un lapso de cinco meses. La Guardia Civil ha desmontado una red que regularizaba inmigrantes irregulares procedentes de Marruecos mediante matrimonios de conveniencia.
Detrás de esta operación llamada Bautizo —”por no llamarla ‘Bodas”— lo que hay, aparte de 15 detenidos, es una historia de barrio y de atajos ilegales contra las penalidades económicas. Concretamente la del barrio de La Palmilla de Málaga, levantado en 1964 con fondos de las denominadas Campañas de Caridad para otorgar viviendas a los chabolistas afectados por planes urbanísticos de la ciudad. Allí vivían Jaled y Jaled, los dos cabecillas de la organización de 44 y 27 años, procedentes de Marruecos y con permiso de residencia en España. Y allí conocieron a Sandra y Ani, dos chicas malagueñas de 20 y 18 años.
Los cuatro atravesaban dificultades económicas y los cuatro se pusieron de acuerdo: ellos buscarían a sus compatriotas que quisieran regularizar sus papeles en España por el módico precio de entre 3.000 y 5.000 euros; y ellas harían de casamenteras, localizando a las correspondientes españolas que ejercieran de pareja ficticia con la que amañar un matrimonio. Lo más curioso es que todo se tramitaría en Soria, “pensaban que allí sería más fácil y menos sospechoso”, comentan los investigadores.
De este modo, solo con el boca a boca por el barrio, lograron —al menos— tramitar nueve matrimonios. Los dos socios, Jaled y Jaled, se encargaban de alquilar pisos en Ágreda (3.000 habitantes), Almarza o Garray (700 habitantes), los tres pueblos elegidos en la provincia soriana y de trasladar hasta allí en coche a las falsas parejas.
Con el contrato de arrendamiento, las chicas (y supuestas futuras esposas) solicitaban el certificado de empadronamiento, para a continuación pedir la inscripción en el registro de parejas de hecho. El último trámite era que los ciudadanos marroquíes sin papeles obtuvieran la tarjeta de residente como familiar de ciudadano miembro de la Unión Europea. Una vez realizadas todas las solicitudes, regresaban a Málaga y cada uno para su casa, aunque la intención de los extranjeros era irse a otros países de la UE, principalmente Bélgica y Holanda.
Sin embargo, la estrategia del despiste, yéndose a pueblos sorianos donde pensaron resultar menos sospechosos, les salió rana. Hasta tres funcionarias del registro de parejas de hecho de los distintos ayuntamientos comentaron a diferentes guardias por separado la curiosidad de los casos: “Ninguno tenía vinculación con Soria y estos pueblos son demasiado pequeños como para que este tipo de cosas no llamen la atención”, explican. Los agentes ataron cabos y comenzaron la investigación en enero, que se ha saldado ahora con 15 detenidos, ocho españoles y siete marroquíes, entre los que se encuentran los dos cabecillas, la mujer de uno de ellos –también marroquí—que conseguía contratos de trabajo falsos para simular que la pareja poseía medios de vida, las dos casamenteras, y algunos de los maridos y las mujeres ficticios. Todos los trámites han sido anulados. Ningún matrimonio ha llegado a buen puerto.
http://porticolegal.expansion.com/pa_articulo.php?ref=294
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/redeuropeamigracion
septiembre 17, 2017 | | 2 Comments
El deber de respeto entre cónyuges se concreta, entre otros aspectos, en la obligación recíproca de guardarse fidelidad art. 67 y 68 CC) que los cónyuges asumen, autolimitando su esfera de libertad personal, al contraer matrimonio. El incumplimiento de esta obligación puede lesionar la dignidad del consorte (art. 10 CE) y constituye infracción de un deber jurídico. Como todos los deberes personales entre cónyuges, el de fidelidad, se encuentra impregnado de un marcado carácter ético, confiándose a la conciencia íntima de la persona (cfr., entre otras, STS de 4 de diciembre de 1959).
En el ámbito penal, el adulterio, una de las manifestaciones de la infidelidad, dejó de considerarse delito en España a partir de 1978. Desde un punto de vista civil, la ley reconoce expresamente determinados efectos de la quiebra del deber de fidelidad: cese de la obligación legal de alimentos (art. 152.4 CC); causa de desheredación (art. 855.1 CC); causa de revocación de donaciones (art. 1343 CC); y, hasta la reforma por Ley 15/2005, causa de separación (antiguo art. 82.1 CC).
La polémica más viva surge al tratar de determinar si los eventuales daños morales o patrimoniales derivados de la infidelidad son indemnizables. Cada vez son más numerosos los casos que llegan a los Tribunales en solicitud del resarcimiento de tales daños. Las circunstancias se agravan en cierto supuesto que la práctica muestra como litigioso en que, como resultado de las relaciones extramatrimoniales de la mujer, nacieron hijos que el esposo consideró como suyos, amó y cuidó como tales, hasta que – habitualmente tras la formalización de la crisis matrimonial –, descubre que el progenitor no era él sino el amante de su esposa. En estos casos los daños son de dos tipos: patrimoniales, por cuanto se han estado satisfaciendo los gastos de los menores que se consideraban hijos propios y cuya filiación se encontraba legalmente determinada en este sentido. Y morales: no ya sólo por el daño directo que supone la infidelidad, sino también por el impacto emocional al saber que a aquél a quien se creía hijo propio no lo es realmente. Pero ¿hasta qué punto encaja el remedio resarcitorio en el Derecho de familia cuando hablamos de relaciones personales y de deberes que destacan por un marcado carácter ético?
Publicado: 16.09.2012 10:56
El Tribunal Supremo ha revocado el reconocimiento de paternidad de una niña al confirmar que hubo engaño por parte de la madre, que hizo creer a su pareja que era suya hasta que se separó de él y en una discusión le dijo que no era el padre de la pequeña, que entonces tenía ya cinco años. La Sala de lo Civil del TS adopta esta decisión al estimar el recurso del interesado -Tomás H.O.- contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva que, en 2011, rechazó su pretensión de que se le anulara el reconocimiento de paternidad al considerar caducada la acción, dado el tiempo transcurrido desde que la inscribió como hija suya en el registro civil.
Antes de esa sentencia de la Audiencia Provincial, el mismo Juzgado de Huelva que en 2008, tras la ruptura de la pareja, aprobó un convenio regulador para la guarda y custodia de la niña, anuló el reconocimiento de paternidad en 2010 al comprobar que el hombre había sido engañado por su mujer desde el nacimiento de la pequeña en 2004. Fue en el transcurso de una discusión en pleno proceso de separación de la pareja, que había mantenido una relación sentimental entre 2003 y 2004 “con encuentros esporádicos” por vivir él Madrid y ella en Huelva, cuando la madre “le insinuó la posibilidad de que la niña no fuera hija suya”.
A raíz de esta revelación, el hombre se sometió a una prueba genética que dio como resultado “la exclusión de la paternidad biológica” de la que hasta entonces no había dudado. Según la sentencia del TS, de la que ha sido ponente Encarnación Roca, el núcleo del recurso se ha centrado en dirimir si había transcurrido o no el plazo de caducidad establecido en el artículo 141 del Código Civil “para el ejercicio de las acciones de impugnación”.
Para el Alto Tribunal, las resoluciones del Juzgado de Huelva y de la Audiencia Provincial “están de acuerdo en que el recurrente sufrió un error en el momento del reconocimiento de la filiación paterna de la niña”, ya que “asumió la paternidad y siguió dándole el trato de hija cuando en realidad no lo era”. La discrepancia entre ambas sentencias -añade el TS- se produce en lo que se refiere al momento en que el hombre “conoció esta realidad”, aunque resulta probado que fue el 27 de agosto de 2009 cuando “llegó al convencimiento de que no era el padre biológico”, ya que en esa fecha conoció el resultado de la prueba de ADN.
https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho
septiembre 17, 2017 | | 10 Comments
El art. 154 CC señala que la patria potestad comprende, entre otros, el deber y facultad de los padres de educar a sus hijos y procurarles una formación integral.
Por su parte, el art. 27 CE, tras reconocer el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, y destacar que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, afirma que los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Declara, por otra parte, que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita.
La mayoría de los padres escolarizan a sus hijos, pero no todos están de acuerdo en que ésta sea la mejor forma de educarlos, por lo menos en su caso particular.
¿Hasta qué punto pueden los padres elegir una formación ajena al sistema oficial de escolarización? ¿Qué ventajas e inconvenientes puede tener enseñar a los hijos en casa? ¿Qué motivos conducen a algunos padres a decantarse por ello? ¿Está vinculada esta opción a un determinado perfil ideológico? ¿Hasta qué punto se encuentra amparada por el ordenamiento jurídico español?
La Administración pública educativa se manifiesta, en general, en contra de este sistema alternativo a la educación en la escuela. Algunos casos han llegado hasta los Tribunales. No faltan normas autonómicas como la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), aprobada en 2009, que reconocen el derecho a la educación en casa.
Libertad de los padres, interés de los niños, límites legales … la polémica está servida.
ESCRITO EL 04 SEPTIEMBRE, 2017, 3:00 PM
http://www.publico.es/espana/81236/los-padres-que-educan-en-casa-piden-una-regulacion
http://panorama.laverdad.es/sociedad/988-los-padres-que-educan-a-sus-hijos-en-casa-defienden-que-estimula-su-creatividad
http://www.lavanguardia.com/vida/20110303/54121957281/centenares-de-familias-catalanas-educan-a-sus-hijos-en-casa.html
http://www.rtve.es/noticias/20101217/educar-a-hijos-casa-requiere-mas-energia-mas-facil-soltarles-colegio/388037.shtml
septiembre 17, 2017 | | 3 Comments
La Ley 15/2005 modificó el art. 92 CC para regular expresamente la custodia compartida de los hijos tras la crisis matrimonial. A falta de acuerdo entre los padres, su adopción tendrá carácter excepcional. Diversas Comunidades Autónomas han dado un paso más allá dictando normas que convierten la custodia compartida en la regla general, aunque el citado acuerdo no exista.
¿Es conveniente este sistema? Tanto en la sociedad como en la doctrina hay división de opiniones.
A favor, se dice que hace compatible la ruptura o no convivencia entre los progenitores con el derecho del hijo a relacionarse y mantener iguales lazos de afectividad con ambos, y fomenta la corresponsabilidad parental.
En contra, se afirma que la custodia compartida exige una voluntad de cooperación entre los padres cuya inexistencia pone de relieve la propia crisis de la pareja; además, el marido podría utilizar el sistema como arma frente a la mujer, dispuesta a renunciar a otras ventajas, antes que perder al hijo; o, se añade, si existe entendimiento entre los padres, la regulación legal es superflua y, si falta, la custodia compartida es inviable, pues hace falta determinado clima de respeto y colaboración entre los padres.
Durante este tiempo se ha producido una evolución jurisprudencial significativa de la concepción acerca de la custodia compartida, que afecta a la forma de interpretar el art. 92 CC. Puede describirse a modo de titular como el tránsito desde una posición inicialmente reticente y restrictiva frente al sistema de custodia compartida hasta su paulatina normalización. El TS entiende en la actualidad que el régimen de guarda y custodia compartida debe ser el normal y deseable, sustentando en diferentes argumentos la bondad objetiva del sistema, mediante una doctrina constante y uniforme.
De este modo, se ha producido por vía jurisprudencial una aproximación de la interpretación del art. 92 CC a los sistemas acogidos en diferentes leyes autonómicas y a las corrientes internacionales sobre la materia (véase la Convención sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989, ratificada por España el 30 de noviembre de 1990, o la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea –art. 24.3–), que potencian la corresponsabilidad parental y el derecho del menor a relacionarse por igual con ambos progenitores. Por otra parte, existe acuerdo bastante generalizado en que una cuestión tan delicada como esta, considerada de orden público, debería encontrar una solución lo más homogénea posible evitándose discriminaciones entre los ciudadanos por razón de su vecindad civil.
Carloforte 1 SEP 2017 – 15:51 CEST
Para los niños ha sido duro, necesitan tiempo. Pero después de dos horas ya me decían que me querían”
R. No. En absoluto. Son cosas inventadas. Puedo imaginar los motivos… La gente de su entorno le debió decir que era la única manera de justificar la sustracción de los hijos. En la denuncia incluye el nombre de un vecino como testigo que lo ha desmentido. Si la hubiese maltratado tenía que denunciarme aquí, no dos meses después de llegar a España.
R. El problema era su estilo de vida, yo siempre estaba solo con el niño. Si no hubiéramos tenido el hijo me hubiera ido. Pero luego ella parecía que había cambiado, me decía que valoraba otras cosas. Y bueno…
R. Fue una pesadilla, ver el intento de hacerme pasar por lo que no soy. No podía tragar esa injusticia. Yo era el perjudicado y la imputada era otra persona, pero parecía que era el culpable. Fui a recoger a mis niños, pero todos los medios se tiraron contra mí. Pero debo decir que de 40 veces que me pararon, solo una fue para insultarme y decirme eso de “Juana está en mi casa”. Yo tengo un carácter reservado y lo paso mal con esas cosas.P. Rajoy también intervino.
http://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-custodia-compartida-como-norma-cordoba-201709101920_noticia.html
http://cadenaser.com/emisora/2017/09/12/radio_bilbao/1505229185_294126.html
El artículo 39 de la Constitución Española garantiza la protección social, económica y jurídica de la familia por los poderes públicos.
En una sociedad caracterizada por el pluralismo y la preeminencia del libre desarrollo de la personalidad, la familia puede seguir distintos modelos, sin que sea lícito identificarla con la que podríamos denominar “familia tradicional” constituida a partir del matrimonio. Ello no obsta a que esta goce, como así es – al menos en relación con la pareja -, de una protección especial.
Tanto el Tribunal Supremo, como el Tribunal Constitucional, han afirmado la falta de equiparación entre el matrimonio y las uniones “more uxorio”. Al mismo tiempo, se detecta una tendencia ascendente – plasmada en la regulación legal fragmentaria de algunos aspectos a nivel estatal o, más general, en el ámbito de la legislación autonómica – a reconocer determinados efectos jurídicos – cada vez más – a la uniones de hecho. Falta, sin embargo, una ley estatal que, con carácter general, regule aquéllas, y la jurisprudencia no siempre mantiene un criterio homogéneo en relación con los efectos jurídicos ligados a su existencia.
En esta coyuntura, son numerosos los problemas que se plantean. Los más litigiosos versan sobre las consecuencias económicas de la eventual ruptura de la pareja. Los interesados suelen tropezar con un laberinto de posibles soluciones, de potenciales vías jurídicas por las que encauzar su pretensión, que se cifra en la liquidación de la supuesta situación de comunidad o sociedad generada entre los convivientes, con adjudicación de la parte de bienes, o del valor de los bienes, correspondiente; o en la solicitud de una pensión compensatoria; o de una indemnización. Se manejan argumentos que van desde la aplicación por analogía de las normas del matrimonio, hasta la de aquéllas que regulan la responsabilidad extracontractual (art. 1902 CC) o del instituto del enriquecimiento injustificado.
No se agota aquí el catálogo de cuestiones debatidas: ¿deben considerarse las uniones de hecho como situación constitutiva de un estado civil?; ¿qué diferencias supone su inscripción o no en un Registro administrativo de parejas de hecho?; ¿debería existir una normativa estatal que recogiera ciertas disposiciones generales sobre las uniones de hecho?; ¿y un Registro único de parejas de hecho en España?; atribuir progresivamente consecuencias jurídicas a las uniones de hecho propias de la relación matrimonial, ¿puede perjudicar o debilitar la figura del matrimonio?; ¿hasta qué punto deben equipararse – como ya sucede en determinados aspectos – los derechos de las parejas de hecho y de los cónyuges?; ¿resulta contradictorio que quienes excluyen voluntariamente el matrimonio aspiren a gozar de los mismos derechos que confiere este?; ¿hasta qué punto es conveniente que los convivientes pacten, con carácter previo, las consecuencias de su eventual ruptura?; ¿acaso las últimas reformas en materia de separación y divorcio, al facilitar la relajación o la ruptura del vínculo, están diluyendo las diferencias con la unión “more uxorio”?
La polémica, candente en la sociedad actual, impregnada de la evolución reciente e intensa del Derecho de familia, quizá necesite un tiempo para madurar.
El tribunal declara inconstitucionales los preceptos de la ley de contenido civil al entender que rebasan el margen de competencia que la Constitución atribuye a las Comunidades Autónomas para “la conservación, modificación y desarrollo” de los “derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan” (artículo 149.1.8 de la Constitución Española ).
El debate constitucional en este caso es de carácter competencial, según se detalla en la sentencia dada a conocer este jueves, por lo que los preceptos que el Tribunal toma como referencia para dictar sentencia son “los que regulan la distribución de competencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma en materia de Derecho civil”.
Así, el artículo 149.1.8 antes aludido atribuye al Estado la “competencia exclusiva” en materia de “legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan (*)”.
Ocurre lo mismo con el artículo 49.1.2 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, según el cual la “Generalitat tiene competencia exclusiva” para la “conservación, desarrollo y modificación del Derecho civil foral valenciano”.
Al igual que en aquella sentencia, el Tribunal Constitucional afirma ahora que la competencia de la Comunidad Autónoma valenciana para la “conservación, desarrollo y modificación del Derecho civil foral valenciano” requiere la existencia, con carácter previo a la entrada en vigor de la Constitución, de un régimen consuetudinario de la institución civil que regule la norma impugnada, en este caso las uniones de hecho formalizadas.
Es decir, la validez de la ley impugnada depende, bien “de que la Comunidad Autónoma pueda identificar una costumbre asentada en su Derecho civil efectivamente existente en su territorio (ya en 1978) y subsistente en el momento de aprobación de la Ley”; bien de que pueda identificar “otra institución consuetudinaria diferente a la regulada pero ‘conexa’ con ella de manera que pueda servir de base para apreciar un ‘desarrollo’ de su Derecho civil foral o especial”.
La concurrencia en este caso de la primera de esas dos condiciones, explica el Tribunal, debe descartarse. En el propio preámbulo de la ley impugnada se afirma que las distintas formas de convivencia “de hecho” han aparecido solamente en “los últimos años”. “Por lo tanto, sería inútil (*) buscar en los antiguos fueros, o en las costumbres de ellos derivadas, una institución legitimadora de la regulación”, añade la resolución.
Tampoco la segunda condición se cumple pues no resulta válida, como afirmaba el letrado de las Cortes valencianas en sus alegaciones ante el tribunal de garantías, la mención a la pervivencia de “alguna norma consuetudinaria que se pretende ‘conexa'”, como la “costumbre testamentaria de l’une per l’altre” o el “fideicomiso foral”. La existencia y contenido de esas costumbres no ha quedado acreditada ni se ha aportado “prueba alguna sobre su vigencia”.
La sentencia recuerda en este punto que, “de acuerdo con el artículo 1.1 del Código Civil, dedicado a las ‘Fuentes del derecho’, “la costumbre sólo regirá* siempre que*resulte probada'”.
Consecuencia de lo anterior es la declaración de nulidad, por falta de competencia de la Comunidad Autónoma de Valencia, de los preceptos de carácter civil contenidos en la ley; pero solo de esos, en tanto que regulan las “consecuencias civiles de las ‘uniones de hecho formalizadas'”. Forman parte de este grupo los artículos. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14.
También es declarado nulo el artículo 2, que hace depender el ámbito de aplicación de la ley de la “vecindad civil” de las partes; este hecho implica la vulneración del principio de “territorialidad de las competencias” que, según la doctrina constitucional, es “implícito al propio sistema de autonomías territoriales” y que queda expresamente recogido en el Estatuto de la Comunidad Valenciana cuando afirma que “la aplicación de las normas de la Generalitat debe limitarse a su propio ámbito territorial”.
Se detalla asimismo que el artículo 1 es declarado inconstitucional de forma parcial, pues solo tiene contenido civil el inciso que afecta a la regulación de “los derechos y deberes de quienes son miembros” de las uniones de hecho formalizadas. Por su parte, los artículos. 3, 4 y 5 son “competencialmente neutros” y, por tanto, conformes a la Constitución.
Bajo la rúbrica “Otros efectos de la unión de hecho formalizada”, el precepto contiene normas que permiten equiparar en algunos aspectos las uniones de hecho a los matrimonios. Para hacer efectiva esa equiparación, establece siempre como condición “una previa solicitud voluntaria del particular” a inscribirse en el registro administrativo de parejas de hecho, razón por la cual no hay vulneración del principio de libre desarrollo de la personalidad.
En su opinión, la sentencia “trivializa” la reforma operada en el Estatuto en 2006 al no otorgarle relevancia competencial alguna cuando, por el contrario, viene a reconocer “inequívocamente” la competencia de la Comunidad Valenciana sobre “Derecho civil foral valenciano”.
Considera también que la doctrina constitucional ha admitido la “actualización de derechos históricos en materia de Derecho privado cuando se incorpora a un Estatuto de Autonomía”, pues la Constitución establece límites territoriales solo en relación con el Derecho público.
http://cadenaser.com/ser/2017/04/06/sociedad/1491491167_716669.html
Reclamación de filiación y pruebas biológicas de paternidad “post mortem”
septiembre 10, 2017 | | 4 Comments
El art. 39.2 de la Constitución Española establece que “la ley posibilitará la investigación de la paternidad”. La ley 11/1981, por su parte, consagra la admisibilidad de las pruebas biológicas.
El art. 767.4 LEC, que reproduce la norma del derogado art. 127 CC dispone que “la negativa injustificada a someterse a la prueba biológica de paternidad o maternidad permitirá al Tribunal declarar la filiación reclamada, siempre que existan otros indicios de la paternidad o maternidad y la prueba de ésta no se haya obtenido por otros medios”.
El Tribunal Constitucional ha considerado que la práctica de tales pruebas no es degradante ni contraria a la dignidad personal, aunque no se está obligado a someterse a ellas cuando ocasionen un grave riesgo o quebranto para la salud, cuando no existan indicios serios de la conducta que se atribuye al sujeto, o cuando sea innecesaria por existir otros medios probatorios fácilmente utilizables que puedan conducir al mismo resultado (STC 17-I-1994).
Por otra parte, el mismo Tribunal Constitucional ha confirmado la doctrina jurisprudencial según la cual la negativa a someterse a la prueba biológica de paternidad no supone una ficta confessio de la pretendida paternidad, aunque representa o puede representar un indicio valioso que, puesto en relación o conjugado con las demás pruebas practicadas en el proceso, permite declarar la paternidad pretendida, pese a que éstas en sí mismas y por sí solas no fueran suficientes para estimar probada una paternidad que de por sí es de imposible prueba absoluta (STC. 14-II-2005). Pueden verse las SSTS 8 de marzo de 1995; 11 y 28 de mayo de 1999; 26 de junio de 1999; 2 de septiembre de 1999; 17 de noviembre de 1999; 22 de mayo de 2000; 22 de noviembre de 2000; 24 de mayo de 2001; 3 de noviembre de 2001; 27 de diciembre de 2001; 17 de julio de 2002; 7 de julio de 2003; 11 de marzo de 2003; 11 de septiembre de 2003; 1 de octubre de 2003; 29 de junio de 2004; 2, 6, 7, 9, 15 y 16 de julio de 2004; 1 de septiembre de 2004, entre otras.
La noticia que da lugar a la siguiente entrada del blog va un paso más allá, pues gira en torno a la práctica post mortem de este tipo de pruebas, que requiere la exhumación del cadáver. En la mayoría de los casos en que esto sucede, la reclamación de la filiación suele aparecer conectada, en la práctica, a eventuales derechos sucesorios sobre la herencia del fallecido.
Son muchas las cuestiones que se suscitan: ¿Es conveniente llevar hasta este extremo la búsqueda de la verdad biológica? ¿Cuáles son los intereses en conflictos? ¿A qué finalidad se orientan, de acuerdo con la Constitución española, las pruebas biológicas de paternidad o maternidad? ¿Es lícito exhumar un cadaver para realizar una prueba de paternidad sin permiso de los familiares? ¿Pueden oponerse éstos? ¿Debe utilizarse este mecanismo solo como “último recurso” para probar la paternidad o maternidad? ¿Cómo podría repercutir la determinación de la filiación en relación con un fallecido en el reparto de su herencia? ¿Qué ocurre si ésta ya se ha distribuido cuando queda judicialmente determina la filiación? ¿Qué hay del respeto debido al descanso eterno del fallecido? ¿Existe alguna regulación a nivel de la Unión Europea sobre esta materia? Como puede observarse, los problemas giran, fundamentalmente, en torno a los intereses en conflicto, el fundamento de la práctica de las pruebas biológicas, o los efectos de la determinación de la filiación.
El Tribunal Supremo, en algunos casos, ha declarado inadmisible la prueba biológica que exigiría la exhumación del cadáver (así, en la STS, Sala de lo Civil, núm. 863/2000, de 2 de octubre), mientras que en otras ocasiones la ha aceptado (p.ej., en la STS, Sala de lo Civil, núm. 578/2004, de 2 de julio). ¿Qué argumentos pueden justificar la diferencia en la solución dada?
La demanda de paternidad obligó a exhumar los restos del artista depositadas en el interior del Teatro-Museo Dalí de Figueres
06/09/2017 16:46 | Actualizado a 07/09/2017 07:12
El juicio por la demanda de paternidad se celebrará el 18 de septiembre en Madrid
La demanda de paternidad de Pilar Abel levantó gran revuelo porque obligó por decisión judicial a abrir la cripta de Dalí, situada en el interior del Teatro-Museo Dalí de Figueres. Un equipo de forenses procedió a recoger partes del cuerpo de Dalí (uñas, huesos y dientes) para poder obtener su ADN.
También se recogió el ADN de Pilar Abel y de su madre, que aún vive en una residencia geriátrica. Queda por ver cual será ahora la reacción de las distintas partes y de la propia juez cunado se conozca al detalle el resultado de estas pruebas.
Tras conocerse los resultados, la Fundació Gala-Salvador Dalí ha celebrado en un comunicado que los análisis hayan constatado que no existe vinculación filial entre el artista y Pilar Abel. “La Fundació se alegra de que con este dictamen se ponga fin a una absurda y artificial polémica, y de que la figura de Salvador Dalí quede definitivamente excluida de unas pretensiones totalmente infundadas”.
https://elpais.com/elpais/2010/06/18/actualidad/1276843729_850215.html
La obligación de mantener a los hijos mayores de edad
septiembre 7, 2017 | Tagged Alimentos, Familia | 7 Comments
Todos saben que mientras los hijos son menores de edad los padres tienen la obligación de cuidarlos y alimentarlos. Pero quizá no tengan tan claro si esta obligación persiste o hasta qué punto, una vez aquéllos alcanzan la mayoría de edad.
¿Puede un hijo de dieciocho años pretender iniciar una vida “independiente” fuera del hogar familiar costeada por sus padres? ¿Pueden los padres desentenderse de la manutención de un hijo de 33 años de edad que sigue sin finalizar sus estudios universitarios? ¿Deben influir en las respuestas las malas perspectivas del mercado laboral en una situación de crisis como la que vivimos? ¿Está obligado el hijo a aceptar un trabajo que no tenga nada que ver con su formación profesional antes que exigir a los padres que sigan haciéndose cargo de sus gastos? ¿Qué papel juegan en todo esto los mecanismos públicos de asistencia social?
La cuestión puede adquirir matices especiales cuando los padres están separados o divorciados y el hijo sigue viviendo con uno de ellos. ¿Puede el otro reclamar alimentos al progenitor no conviviente en nombre del hijo?
La sociedad actual reclama respuestas a estos y otros problemas relacionados. ¿Cuáles son las que articula el Derecho o ¡los Derechos! vigentes? ¿Dependerá de cada Comunidad Autónoma? Un joven andaluz, catalán, o valenciano … ¿pueden exigir lo mismo a sus padres?
Madrid 28 JUL 2017 – 08:04 CEST
Los “alimentos” se pueden definir como todos aquellos medios que son necesarios para la subsistencia de una persona. No solamente se trata de la alimentación propiamente dicha, sino también todo lo referido a la vida en general, como la educación o los gastos médicos. Según el artículo 142 del Código Civil, estos alimentos “comprenden también la educación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad y aún después cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable”.
https://economia.elpais.com/economia/2017/07/25/mis_derechos/
1500985821_417052.html
http://www.abc.es/familia/padres-hijos/abci-juez-puede-obligar-hijos-mayores-ingresos-no-aporten-dinero-casa-abandonar-domicilio-201702251205_noticia.html
Bienvenidos al blog VLC CIVIL IV. Las nuevas tecnologías, utilizadas con imaginación, constituyen un reto para docentes y estudiantes. Por otra parte, la realidad que reflejan el cine y la literatura, los medios de comunicación, o las propias experiencias vitales, constituyen un campo abonado para que el jurista en formación pueda ejercitar y poner a prueba las habilidades que adquiere día a día en el proceso de aprendizaje. Este blog, fija el objetivo en noticias de actualidad que ponen de manifiesto problemas candentes en la sociedad relacionados con el Derecho de Familia. E invita al estudiante, conducido por el docente, a analizarlas y comentarlas con perspectiva jurídica.
Cuando lean no consideren sólo lo que piensa el autor, consideren lo que piensan ustedes https://www.youtube.com/watch?v=iZExl1ge66w
Modificación de las pensiones de alimentos
http://www.rtve.es/alacarta/videos/ telediario/las-solicitudes-padres- divorciados-para-rebajar- pension-alimentos-aumentan- con-crisis/1191814/
"Los chicos están bien" http://www.youtube.com/watch?v=XoF4TIJx7U8
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