Source: http://www.colombiaun.org/Eventos%20Recientes/20_noviembre_12_SC.html
Timestamp: 2014-10-23 05:11:04
Document Index: 308722580

Matched Legal Cases: ['Artículo 345', 'Artículo 323', 'Artículo 323', 'Artículo 20', 'Artículo 484', 'artículo 506', 'artículo 500', 'artículo 484']

Reunión Especial Comité contra el Terrorismo: Prevención y Supresión de la Financiación del Terrorismo
Permítame en primer agradecer la invitación extendida a mi país para compartir nuestra experiencia en la implementación de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y en particular, las Nueve Recomendaciones Especiales sobre Financiación del Terrorismo, integradas dentro de las 40 recomendaciones revisadas y emitidas en febrero pasado como estándares internacionales para combatir el Lavado de Dinero, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación. Mi país es miembro fundador del Grupo de Acción Financiera para Suramérica (GAFISUD) creado en el año 2000 y organismo asociado del GAFI desde 2006. Además de Colombia, hacen parte de este Grupo Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Méjico, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.
Me ocuparé solamente de algunas de las Recomendaciones Especiales del GAFI relacionadas con la Financiación del Terrorismo, por considerarlas de mayor relevancia para esta sesión sobre experiencias nacionales y regionales. Para dar cumplimiento a la Recomendación Especial II, hoy recogida como estándar 5, Colombia tipificó el delito de financiamiento del terrorismo mediante la Ley 1121 de 2006. El tipo penal descrito en esa Ley no sólo incluye las conductas descritas en el Convenio Internacional de las Naciones Unidas para la Represión de la Financiación del Terrorismo de 1999 sino que abarca, además, todas las posibles actividades terroristas y de los grupos terroristas o de los grupos armados al margen de la ley.
Entre las particularidades del tipo penal se resalta que es una conducta contra la Seguridad Pública, pues se busca proteger a la sociedad de acciones que le provoquen o la mantengan en estado de zozobra o terror. Además, el delito de Financiación del Terrorismo se establece como un delito de peligro abstracto, es decir que NO se requiere que las actividades terroristas hayan tenido lugar pues el bien jurídico protegido se lesiona con la sola realización de las conductas tipificadas. El tipo tiene también un alcance amplio aplicable a toda persona penalmente responsable, y no limita los medios de comisión del delito ni el tipo de fondos. Artículo 345 del Código Penal. "El que directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie o guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto que promueva, organice, apoye, mantenga, financie o sostenga económicamente a grupos de delincuencia organizada, grupos armados al margen de la ley o a sus integrantes, o a grupos terroristas nacionales o extranjeros, o terroristas nacionales o extranjeros, o a actividades terroristas…"
Además de establecer un marco punitivo para el financiamiento del terrorismo, mediante la Ley 1121 de 2006 se modificaron otras normas relacionadas con el lavado de activos. Por ejemplo, se modificó el Artículo 323 del Código Penal para incluir la Financiación del Terrorismo como delito subyacente del lavado de activos, que es una exigencia del Convenio de 1999. Así, el tipo penal de Lavado de Activos incluye expresamente la financiación del terrorismo como uno de los 14 delitos predicados que reconoce la ley colombiana:
Artículo 323. Lavado de activos. El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración pública, o vinculados con el producto de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, incurrirá […] De otra parte, mediante el Artículo 20 de la misma Ley se establece el procedimiento para la publicación y cumplimiento de las obligaciones relacionadas con las resoluciones del Consejo de Seguridad relativas a la financiación del terrorismo y mediante las cuales se imponen sanciones selectivas a personas y entidades asociadas con organizaciones terroristas, en particular las resoluciones 1267 (1999) y sus sucesoras, incluyendo la Resolución 1989 (2011). Con ello, Colombia busca dar cumplimiento a la Recomendación Especial III, hoy reflejada como estándar 6. Para tal efecto, se creó también un Comité interinstitucional en el que el Ministerio de Relaciones Exteriores transmite las listas y solicita a las autoridades competentes que realicen una verificación en sus bases de datos con el fin de determinar la posible presencia o tránsito de personas incluidas en las listas y bienes o fondos relacionados con estas.
No obstante, la plena aplicación de esta regulación enfrenta algunas dificultades prácticas toda vez que no existen procedimientos especiales que permitan congelar activos de manera inmediata, como lo señalan las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sino que se requiere el inicio de una investigación criminal por parte de la Fiscalía.
En lo que se refiere al marco institucional, el Ministerio de Justicia y del Derecho es el máximo organismo consultivo del Gobierno Nacional y es el ente coordinador de las acciones que desarrolla el Estado para enfrentar el lavado de activos y la Financiación del Terrorismo. Preside, a su vez, la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos-CCICLA, que es la encargada de definir los lineamentos de política pública anti-lavado de activos y contra la financiación del terrorismo - ALA/CFT. En desarrollo de la Recomendación 29, la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia (UIAF-Colombia) fue creada mediante la Ley 526 del 15 de agosto de 1999. Esta entidad es la Unidad de Inteligencia Financiera del país (FIU) y, está encargada de prevenir y detectar posibles operaciones de lavado de activos y/o financiación del terrorismo. Tiene aproximadamente 6.000 sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas (ROS) y operaciones objetivas. El 51% de los sujetos obligados corresponde a las entidades supervisadas por la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el 15% a las 873 notarias supervisadas por la Superintendencia de Notariado y Registro, el 10% a entidades supervisadas por la Superintendencia de Sociedades, y el restante 24% a otros sujetos obligados. El amplio espectro de sujetos obligados le permite al país cumplir con las recomendaciones 20 y 23, toda vez que los sujetos obligados incluyen instituciones financieras y no financieras. Desde noviembre de 2010, la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF ha construido, planeado e implementado un nuevo enfoque proactivo en el combate contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, (LAFT). El desarrollo del nuevo enfoque ha generado resultados tangibles en materia penal y de extinción de dominio. A través de mesas de trabajo con la Fiscalía General de la Nación (FGN) y la Policía Judicial, entre 2011 y 2012 se han logrado detectar 1.349 propiedades entre bienes inmuebles, muebles y vehículos y una gran cantidad de operaciones financieras. Como resultado del trabajo conjunto se reportan medidas cautelares por valor de 433 mil millones de pesos (226 millones de dólares) y 26 capturas, de las cuales 10 personas han aceptado cargos.
Quisiera ahora referirme a la Recomendación Especial I, hoy estándar 36, que se refiere a la ratificación e implementación de los instrumentos internacionales relacionados con el terrorismo. Colombia es parte de 9 de estos instrumentos, a saber:
1.	Convenio sobre las infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de las Aeronaves. (Convención de Tokio) 1963.
2.	Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves. (Convenio de la Haya) 1970.
3.	Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil. (Convenio de Montreal) 1971.
4.	Convenio para la prevención y el castigo de delitos contra personas Internacionalmente protegidas. 1973.
5.	Convención Internacional contra la Toma de Rehenes. 1979.
6.	Convención sobre la protección física de los materiales nucleares. (Convención sobre materiales nucleares) 1980.
7.	Protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que presten servicios a la aviación civil internacional – complementario del Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil de 1971.
8.	Convenio Internacional para la represión de atentados terroristas cometidos con Bombas. 1997.
9.	Convenio Internacional para la represión de la Financiación del Terrorismo. 1999.
La cooperación internacional y la asistencia mutua en materia penal son herramientas esenciales para una política exitosa contra el financiamiento del terrorismo. Para dar efecto a la Recomendación especial V, hoy estándar 37, mi país fundamenta la cooperación internacional en los instrumentos internacionales, bilaterales o multilaterales vigentes para Colombia y, a falta de los mismos, de manera subsidiaria, en lo previsto en el Código de Procedimiento Penal, Ley 600 de 2000 y Ley 906 de 2004.
La UIAF ha suscrito Memorandos de Entendimiento (MOUs) con 21 países y el Estado ha acordado Convenios de Asistencia o Cooperación Judicial en materia penal con 15 países. Existen, de igual forma, otros tratados y convenios internacionales que contribuyen con la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, como los que rigen la asistencia judicial mutua y la extradición. En aplicación de los Artículos 499 de la Ley 600 de 2000 y del Artículo 484 de la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal) siempre y cuando se encuentren vigentes para Colombia, la ejecución de estos acuerdos prevalecen en el orden interno.
Es también importante resaltar que Colombia no deniega solicitud de asistencia judicial sobre la base del requisito de la doble incriminación. Es decir, que la asistencia no se niega si la conducta que se investiga NO está tipificada en la legislación colombiana, salvo que resulte ser manifiestamente contraria a la Constitución Política y la actuación motivo de la solicitud de asistencia afecte derechos fundamentales. En materia de cooperación, la modalidad del delito no incide en su tipificación. Lo relevante es que se encuentre descrita en el derecho interno.
El artículo 506 del Código de Procedimiento Penal dispone en parágrafo único que "…se podrá prestar asistencia judicial penal, incluso si la conducta por la cual se solicita no se encuentra tipificada por el derecho interno, salvo que resulte contraria a los valores y principios consagrados en la constitución política de Colombia…" De manera general, el único impedimento para dar transito a la solicitud de asistencia judicial es que contravenga la seguridad nacional, el orden jurídico y constitucional interno u otros intereses fundamentales del Estado. Adicionalmente, el artículo 500 del Código de Procedimiento Penal faculta al Fiscal General de la Nación para celebrar con sus homólogos de otras naciones, actos dirigidos al intercambio de tecnología, experiencia, coordinación de entregas vigiladas, controladas o agentes encubiertos, coordinación de la cooperación judicial, capacitación, o cualquier otro que tenga propósitos similares. En materia de extradición, el régimen procesal penal colombiano (Ley 906 de 2004) establece la posibilidad de ejercer de manera directa, las exigencias de las circulares rojas de INTERPOL, bajo la condición de poner en forma inmediata a la persona retenida en tales circunstancias, a disposición de la Fiscalía General de la Nación, para los fines y procedimientos de extradición. El parágrafo del artículo 484 de la ley 906 de 2004 dispone que "El requerimiento de una persona, mediante difusión o circular roja, a través de los canales de la Organización Internacional de Policía Criminal INTERPOL, tendrá eficacia en el territorio colombiano. En tales eventos la persona retenida será puesta a disposición del despacho del Fiscal General de la Nación, en forma inmediata".
Para concluir, quisiera mencionar que si bien a nivel nacional contamos con un marco legislativo adecuado para enfrentar el terrorismo y su financiación, el país requiere continuar profundizando su implementación. Con este propósito, actualmente, el Gobierno está en la etapa final para la aprobación de la Política Nacional Anti-Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo. Esa política busca establecer un sistema único, coordinado, dinámico y más efectivo para la prevención, detección, investigación y juzgamiento del lavado de activos y la financiación del terrorismo con el fin de desarticular las finanzas y recursos de las organizaciones criminales, con un enfoque sistémico, amplio e integral, y asegurando la misma está en línea con la recomendación No. 2 del GAFI que exhorta a los países a "contar con políticas ALA/CFT a escala nacional, que tomen en cuenta los riesgos identificados y someterlas periódicamente a revisión".