Source: http://paraguaycontaminada.blogspot.com.br/2011/
Timestamp: 2017-06-28 15:54:22
Document Index: 128959164

Matched Legal Cases: ['artículo 10', 'artículo 18', 'artículo 4', 'artículo 18', 'Artículo 13', 'artículo 30', 'artículo 30', 'artículo 30', 'artículo 13', 'artículo 1', 'artículo 36', 'artículo 9', 'Artículo 12', 'Artículo 17', 'artículo 18']

PARAGUAY CONTAMINADA: 2011
ANA: Paraguay, exigen garantías y seguridad para defensores de los DDHH
Buenos Aires, 13/12/2011 ( Agencia de Noticias Aratiri – ANA ) El 2 de diciembre, Miriam Paz, documentalista y defensora de los DDHH, denunció que fue objeto de actos intimidatorios por parte del aparato represivo del régimen que impera en Paraguay.
La documentalista denunció que los guardias del Servicio Penitenciario de la Agrupación Especializada ( ex guardia de Seguridad del stronismo ) le incautaron escritos de Osmar Martinez, quien se encuentra en dicha unidad en calidad de prisionero político. Poco tiempo después, fue sorprendida con la amplia difusión en los medios de comunicación usurpados por las empresas monopólicas de la comunicación social, en flagrante violación a la reserva que se debería observar en el estado de derecho.
En ANA señalamos que este nuevo ataque al estado de derecho y a la garantía primaria de los DDHH que son los luchadorxs por los DDHH, forma parte de la escalada de violencia impuesta por el régimen represivo paraguayo. Denunciamos que los responsables primarios son el Ministerio Público, el gobierno, el ejército y la Policía Nacional y los autores intelectuales son los “matarifes” imperialistas de EEUU, comenzando por el embajador Thessin, quien supervisa personalmente en territorio los resultados del estado de sitio en función de la Doctrina de Seguridad Nacional.
En ANA nos solidarizamos con Miriam Paz frente a este cobarde hostigamiento, ocurrido en el marco de la criminalización de la protesta, la persecución por motivos políticos y la militarización de la que es objeto la sociedad en Paraguay.
A continuación transcribimos el texto que nos enviara la Gremial de Abogados con ruego de difusión, al cual adherimos en todos sus términos:
Asociación Gremial de Abogadas y Abogados de la República Argentina.
OTRA VEZ EL GOBIERNO Y LA JUSTICIA PARAGUAYAS VIOLAN DERECHOS FUNDAMENTALES
DE PRESOS Y DE DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS.
LA GREMIAL DE ABOGADOS EXIGE GARANTÍAS Y SEGURIDAD PARA MIRIAM PAZ
No es la primera vez, y aunque nos apene admitirlo, seguramente no será la última, que nuestra Gremial de Abogados debe dirigirse a la opinión pública internacional para poner en consideración los atropellos y el desprecio por parte del Estado y gobierno paraguayos de la integridad física y síquica y de los derechos y garantías de los detenidos en sus prisiones. Asombrosamente, consiguen hacerlo aun peor cuando se trata de detenidos por causas políticas.
Podríamos enumerar, incluso ateniéndonos a los circunspectos informes de los organismos internacionales que han tomado cartas en el tema, una larga serie de violaciones que abarcan desde las normas jurídicas retrógradas, las estructuras materiales y sistemas carcelarios siniestros, las detenciones en lugares prohibidos por los Tratados, la corrupción como sistema normalizado de funcionamiento y, como consecuencia de todo ello pero más allá aun, el absoluto desprecio por la dignidad humana que suponen las cárceles y lugares de mantenimiento de prisioneros del estado paraguayo. Y, tal vez, en comparación, lo que venimos a denunciar pueda parecer menor e incidental. Pero este caso presenta características que no pueden ser pasadas por alto.
La documentalista, periodista y defensora de los Derechos Humanos argentina, Miriam Paz, viajó a Paraguay a la presentación de un documental sobre la dura realidad de las trabajadoras sexuales de Asunción. Consecuentemente con el respeto y el compromiso solidario que generan los luchadores sociales y políticos del entrañable pueblo paraguayo, concurrió, el sábado reciente, a visitar a distintos presos por razones políticas, entre ellos al señor Osmar Martínez, antiguo secretario general del partido Patria Libre, quien cumple condena en un cuartel policial, situación que de acuerdo a los estándares internacionales permite que pueda ser considerado un virtual rehén del gobierno paraguayo, al igual que los otros condenados por hechos con trasfondo político que allí se encuentran.
Al retirarse de la visita, le fueron confiscados papeles sin ningún tipo de justificación ni de recaudos legales, en abierta violación de sus derechos y los del detenido. Dichos papeles, que según las autoridades del cuartel iban a ser puestos en manos de la Fiscalía Antisecuestros, fueron hechos públicos inmediatamente, así como la identidad y datos filiatorios de la visitante, la que se vio envuelta en una serie de especulaciones y acusaciones descabelladas.
En comunicaciones anteriores sobre las prácticas del estado paraguayo mencionábamos que este tipo de prácticas ponían en cuestión la capacidad de determinadas instituciones para estar a la altura de los cambios democráticos que experimenta el Paraguay. El transcurso del tiempo y los innumerables hechos protagonizados por el conjunto de las instituciones de ese país (aplastamiento de cualquier vestigio de independencia de los jueces –como en el caso Bonzi-; acusaciones oficiales contra los organismos defensores de los Derechos Humanos –CODEHUPY-; reiterada recurrencia al estado de excepción y la militarización de áreas de conflicto social y político; contumaz y cínica persistencia del Poder Judicial paraguayo en la violación de los tratados internacionales y la propia Constitución en el caso de la prisión preventiva sin juicio por casi 6 años de los seis campesinos extraditados desde Argentina, etc.), parecen despejar las dudas.
Queremos creer, sin embargo, que no es ocioso recordarle a los tres poderes constitucionales del Paraguay, algunas realidades o, si ellos así lo prefieren, algunas opiniones.
Existe un Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, vigente desde 1976 y al cual Paraguay adhirió en 1992, que establece en su artículo 10, 1: Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Y que respecto al preciso significado de esto último, establece en su artículo 18,1: Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza. Y en el apartado 3 del mismo artículo: La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás. (El subrayado y la “negrita” son nuestros.)
Pero además, el artículo 4 establece que el Pacto no autoriza la suspensión del artículo 18 ni aun “en situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente”.
Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), en suArtículo 13 -Libertad de Pensamiento y de Expresión- establece que:1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias
(El subrayado y la “negrita” son nuestros.)
Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer en el año 2008 losPrincipios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas en cuyo Principio II, profundizando lo establecido en el Principio I, se expresa: Tendrá derecho, además, a conservar sus garantías fundamentales y ejercer sus derechos, a excepción de aquéllos cuyo ejercicio esté limitado o restringido temporalmente, por disposición de la ley, y por razones inherentes a su condición de personas privadas de libertad. Y además, se advierte: Bajo ninguna circunstancia se discriminará a las personas privadas de libertad por motivos de … opiniones políticas o de otra índole, … En consecuencia, se prohibirá cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga por objeto o por resultado, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos internacionalmente reconocidos a las personas privadas de libertad.
Por supuesto, en su Principio IV, se hace una observación de la mayor importancia para el caso considerado: Las órdenes y resoluciones judiciales o administrativas susceptibles de afectar, limitar o restringir derechos y garantías de las personas privadas de libertad, deberán ser compatibles con el derecho interno e internacional. Las autoridades administrativas no podrán alterar los derechos y garantías previstas en el derecho internacional, ni limitarlos o restringirlos más allá de lo permitido en él.
Asimismo es oportuno recordar que el artículo 30 de la propia Convención Interamericana manifiesta que: Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas. Y que, en la Opinión Consultiva 6 de la Corte Interamericana, ésta consideró que: “Al leer el artículo 30 en concordancia con otros en que la Convención autoriza la imposición de limitaciones o restricciones a determinados derechos y libertades, se observa que exige para establecerlas el cumplimiento concurrente de las siguientes condiciones:
a. Que se trate de una restricción expresamente autorizada por la Convención y en las condiciones particulares en que la misma ha sido permitida;
b. Que los fines para los cuales se establece la restricción sean legítimos, es decir, que obedezcan a ‘razones de interés general’ y no se aparten del ‘propósito para el cual han sido establecidas’. Este criterio teleológico, cuyo análisis no ha sido requerido en la presente consulta, establece un control por desviación de poder; y
c. Que tales restricciones estén dispuestas por las leyes y se apliquen de conformidad con ellas”.
Y finalizó diciendo: que la palabra leyes en el artículo 30 de la Convención significa norma jurídica de carácter general, ceñida al bien común, emanada de los órganos legislativos constitucionalmente previstos y democráticamente elegidos, y elaborada según el procedimiento establecido por las constituciones de los Estados Partes para la formación de las leyes.
Es de destacar que la misma Corte, por ejemplo, consideró, en sentencia de 20 de noviembre de 2009 (caso Usón Ramírez vs. Venezuela) que “el Estado es responsable por la violación del artículo 13.1 y 13.2 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de dicho instrumento, en perjuicio del señor Usón Ramírez, en tanto las restricciones impuestas resultan abusivas al derecho a la libertad de expresión, no cumplen con un propósito legítimo, ni son necesarias o proporcionales en una sociedad democrática”. Esto porque un Tribunal venezolano había establecido como condición para el beneficio de libertad condicional, una serie de condiciones y prohibiciones, entre ellas las particularmente objetadas por la Corte que prohibían al sentenciado “asistir a manifestaciones, caminatas, marchas, concentraciones, reuniones, entre otras, de carácter político en razón de la pena accesoria…” y “dar declaraciones a los diferentes medios de comunicación social (impresos, radiofónicos, audiovisuales, entre otros) del caso que se ventiló en la presente causa”.
Por último, es menester recordar, pues entendemos que esto sí debe ser del conocimiento de las autoridades paraguayas, el artículo 36 de la Constitución del Paraguay:
Resumiendo, sostenemos que resulta manifiestamente ilegal y violatoria de la propia Constitución paraguaya y de los Tratados y estándares internacionales, tanto en lo que hace a los derechos en general de la persona humana, como en lo particular de las personas privadas de su libertad, la actitud del gobierno de Paraguay -de sus autoridades administrativas policiales-, de confiscar escritos del señor Osmar Martínez,sin sustento ni en leyes ni en procedimiento judicial alguno; configurando una actitud que debe ser denunciada y repudiada.
Pero debemos todavía abordar una segunda cuestión que debe llamar a alarma de todos aquellos que permanecen atentos al avance de los ataques contra los defensores de los Derechos Humanos en distintos lugares del mundo.
La señora Miriam Paz es una reconocida militante de la solidaridad con los luchadores sociales y políticos perseguidos por el sólo hecho de serlo, los que han sufrido y sufren injusticias y violaciones a sus derechos fundamentales. Desde su profesión de documentalista ha sido permanente sostén y difusora de la lucha de las Madres de Plaza de Mayo, por ejemplo, pero también de la de incontables activistas por las reivindicaciones de las mayorías postergadas y las minorías discriminadas.
En ese sentido, y a riesgo de volver a sentirnos escribiendo en la arena, quisiéramos traer a consideración de las autoridades políticas y judiciales del Paraguay algunas expresiones de laDeclaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 85a. sesión plenaria del 9 de diciembre de 1998:
a) En su artículo 9, inciso 3, apartado c, establece que toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, entre otras cosas, a: Ofrecer y prestar asistencia letrada profesional u otro asesoramiento y asistencia pertinentes para defender los derechos humanos y las libertades fundamentales.
b) En su Artículo 12:
c) En su Artículo 17: En el ejercicio de los derechos y libertades enunciados en la presente Declaración, ninguna persona, individual o colectivamente, estará sujeta a más limitaciones que las que se impongan de conformidad con las obligaciones y compromisos internacionales aplicables y determine la ley, con el solo objeto de garantizar el debido reconocimiento y respeto de los derechos y libertades ajenos y responder a las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general de una sociedad democrática.
d) Y finalmente, como deberían tener presente los distintos poderes de un sistema que gusta presentarse a sí mismo como de transición a una democracia plena, en su artículo 18, inciso 2: A los individuos, los grupos, las instituciones y las organizaciones no gubernamentales les corresponde una importante función y una responsabilidad en la protección de la democracia, la promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales y la contribución al fomento y progreso de las sociedades, instituciones y procesos democráticos.
Por lo demás, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos ha reiterado, en diversas sesiones, su exhortación “a los Estados Miembros a que continúen intensificando los esfuerzos para adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida, la libertad y la integridad personal de los defensores de derechos humanos, y a que en todos los casos de violaciones contra los defensores de derechos humanos se realicen investigaciones completas e imparciales garantizando la transparencia y la publicidad de sus resultados finales”.
Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado en su Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los Derechos Humanos en las Américas, de 2006, “su reconocimiento por el admirable trabajo de miles de defensoras y defensores de derechos humanos para dar efectividad a los derechos humanos de los habitantes de la región americana. La Comisión estimula y apoya a las defensoras y defensores de derechos humanos y reconoce que éstos son el enlace entre la sociedad civil en el plano interno y el sistema de protección de los derechos humanos en el plano internacional. Su papel en la sociedad es fundamental para la garantía y salvaguarda de la democracia y del Estado de derecho”. Además, en su 141º período ordinario de sesiones de este año, ha decidido crear laRelatoría sobre los Derechos de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos.
El gobierno paraguayo y el Ministerio Público de ese país llevaron adelante una campaña, en octubre de 2010 contra la CODEHUPY (Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay), institución de gran trayectoria y prestigio, a la que veladamente acusaron de ser funcionales a la estrategia de la organización Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), por realizar una presentación ante la CIDH por distintos casos de tortura durante los recurrentes operativos que las fuerzas armadas y de seguridad realizan en el norte del país. Quienes no lo hicieron en forma velada, sino en forma extremadamente agresiva, fueron los medios de comunicación del país, ante la pasividad, no sólo de esas mismas instituciones, sino del Poder Judicial.
No es de extrañar, entonces, la desaprensión con que las autoridades políticas y judiciales han tratado el tema de la visita de una defensora de los Derechos Humanos a un preso político. En ese sentido, con toda razón, la señora Paz ha manifestado públicamente que considera a estos hechos como claros actos de intimidación sobre su persona, que responsabiliza al Estado paraguayo y sus fuerzas de seguridad por su integridad física, que se reserva el derecho de iniciar acciones legales a todos los medios de comunicación que han creado una ominosa atmósfera alrededor de su permanencia en territorio paraguayo y ha denunciado a las fuerzas policiales de haber violado el Art. 36 de la Constitución Nacional de Paraguay.
Exhortamos una vez más a los poderes públicos de la querida República de Paraguay a abandonar definitivamente concepciones y prácticas que no se condicen con el Estado de Derecho que pretenden liderar y a entender que la persistencia de estas prácticas sólo redundarán en el desprestigio de sus instituciones y en el desprecio y distanciamiento de su propio pueblo, el altivo y digno pueblo paraguayo y de todos las mujeres y hombres bien nacidos del mundo.
Presidente de la Asociación Gremial de Abogadas y Abogados de la República Argentina.
Plantación de soja se encuentra a 500 metros de la comunidad de Naranjito, Departamento de San Pedro.El Dr Joel Filártiga acudió el pasado fin de semana a la colonia Naranjito en la ciudad de General Resquín, Departamento de San Pedro, por una consulta particular. Una vez en el sitio los pobladores denunciaron el caso de un recién nacido que presentaba varias malformaciones en sus extremidades. El niño cuenta con un mes de vida y es hijo de una pareja de nativos. Según Filártiga existen varias denuncias sobre casos similares, que no tuvieron respuesta de las autoridades municipales ni sanitarias. El médico tuvo la oportunidad de revisar al niño, constatando la falta de varios miembros en los brazos y las piernas, y se ofreció para trasladarlo a la capital para su correspondiente tratamiento. La mayoría de los pobladores de Naranjito se encuentra con problemas respiratorios, debido a la fumigación que se realiza en los campos de soja, que están a solo 500 metros de la comunidad, contradiciendo varias disposiciones legales.El mismo Dr Filártiga comentó que durante la noche las personas que lo recibieron en Naranjito tenían dificultades de sueño, a causa de la tos constante.Según informes agronómicos de instituciones públicas y privadas, el promedio de uso de agrotóxico líquido por cada hectárea de cultivo de soja es de siete (7) litros, habida cuenta que solo con esta cantidad de litros surte efecto la sustancia química llamada glifosato que contiene el herbicida Round Up, marca de la trasnacional Monsanto, que se aplica a las soja transgénica.Teniendo en cuenta que el 95% de las semillas de soja cultivas en el país son transgénicas, los cálculos arrojan que 21 millones de litros de agrotóxicos se usaron en el 2010.Investigaciones realizadas por el científico Andrés Carrasco, jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la Universidad de Buenos Aires e investigador del Conicet, los "Herbicidas basados en glifosato producen efectos teratogénicos en vertebrados interfiriendo en el metabolismo del ácido retinoico". En este sentido sostuvo que los resultados obtenidos con anfibios son extrapolables a los humanos porque todos los vertebrados desarrollan un proceso embrionario común que empieza a diferenciarse recién cuando el embrión se encuentra en una etapa avanzada de formación. Esta investigación arroja que el glifosato afecta la formación del embrión humano ocasionando deformaciones.Las deformaciones precisamente se registran en la etapa inicial del desarrollo del embrión, que presenta fases similares en todos los vertebrados. Las muestras expuestas a las concentraciones de glifosato sufrieron distintos tipos de malformaciones como "microftalmia (ojos más pequeños de lo normal), microcefalia (cabezas pequeñas y deformadas), ciclopía (un solo ojo en el medio), malformaciones craneofaciales (deformación de cartílagos faciales y craneales), acortamiento del tronco embrionario, deformaciones del aparato digestivo, respiratorio y de los tejidos que forman el corazón".Fuente: POR E'A ⋅ NOVIEMBRE 2, 2011 http://permahabitante.blogspot.com/2011/11/nino-nacido-en-paraguay-sufre-severas.html
Alentamos a la ciudadanía a reflexionar en la coyuntura política, social y económica que envuelve actualmente a nuestro país, conocer las amenazas reales que sufre nuestra soberanía patria en todo sentido y sacar conclusiones sin las salpicaduras alevosas con que contribuyen medios de comunicación embusteros que, al desinformar y tergiversar la verdad, se adhieren a los que verdaderamente serán beneficiados con la docilidad del pueblo y la desarticulación del movimiento social en el Paraguay. ¡Globalicemos la lucha! ¡Globalicemos la esperanza!
--__________CONAMURIMontevideo Nº 1420 e/ Milano y SiciliaAsunción - ParaguayTelefax 444317www.conamuri.org.pyconamuri@conamuri.org.pyconamuri@gmail.comskype: conamuri
Reservas de uranio son más grandes de lo que estimaban
HASTA AHORA, HAY UNA CERTIFICACIÓN DE 10 MILLONES DE LIBRAS DE RESERVA
Transandes está en condiciones de agregar 2 millones de libras de uranio más a las 9 millones de libras que ya están certificadas.La empresa Cue Resource a través de la subsidiaria Transandes SA, concesionaria de varios bloques de exploración en Yuty, encontró una concentración de uranio mayor a la prevista durante la última etapa de exploración y están en condiciones de certificar unas 2 millones de libras más.Así lo informó Mercedes Canese, viceministra de Minas y Energía, quien mantuvo una reunión con la empresa la semana pasada. Hasta ahora, está certificado un hallazgo de 9 millones de libras, según el ente estatal.“Ellos pidieron una prórroga para el permiso de exploración en la zona de Yuty para aumentar sus reservas”, comentó Canese, quien agregó que existe una reserva probada de 9 millones de libras de uranio. Una libra equivale a 0,450 kilogramos.El informe de la empresa Transandes señala que hay un nuevo hallazgo de 2 millones de libras más que deben certificar. “Ellos estarían en condiciones de certificar unas dos millones de libras más”, comentó.Transandes requiere de unas 20 millones de libras para poder realizar inversiones para la fase de explotación, según explicó Canese. De otra manera, no sería rentable.PERMISOEl permiso de exploración vence en noviembre de este año, por lo que requieren de más tiempo, un año más, para seguir realizando los estudios del suelo yuteño.Cuando inició la nueva etapa de exploración a finales del 2010, los representantes de la empresa anunciaron que tenían previstas unas 30 perforaciones de pozos antes del 30 de diciembre en busca de uranio, con una inversión inicial de 2.7 millones de dólares en la zona de Yuty, departamento de Caazapá, donde tienen el área concesionada.John Icke, directivo de la empresa, había declarado en ese entonces, luego de anunciar el hallazgo casi 10 millones de libras, que podrían encontrar más de 20 millones de libras de uranio. “Esa es una importante cantidad de uranio”, expresó.USOSEl principal uso del uranio en la actualidad es como combustible para los reactores nucleares que producen el 2% de la energía generada por el ser humano en el mundo. El uranio empobrecido es usado en la producción de municiones perforadoras y blindajes de alta resistencia, con la subsiguiente dispersión de contaminación radiactiva como ocurrió durante la Guerra del Golfo.http://www.lanacion.com.py/articulo/41273-reservas-de-uranio-son-mas-grandes-de-lo-que-estimaban.html
Asunción, 14/9/2011 ( Agencia de Noticias Aratiri – A.N.A. ) En 2011, murió Gustavo Stroessner, cajero del régimen y Sabino Montanaro murió este 10 de septiembre … por la noche. Este genocida era la mano derecha de Alfredo Stroessner, quien ya no está, sin embargo, en Paraguay vive el stronismo sin Stroessner … Se agudizan las contradicciones sociales implicadas por el retroceso político que supone la injerencia yankee en los asuntos internos. Este proceso tiene como soporte económico privatista impuesto por la fuerza “pura y dura” al pueblo mediante la más moderna tecnología represiva que hoy muestra la doctrina de seguridad nacional en Paraguay. Aviones no tripulados, detectores de mentiras, armas largas con visores nocturnos, sistema de identificación en manos de potencias extranjeras.
Por eso, la L.N.C. pide la destitución de la mejor alumna de Candia Amarilla: la temible Lilian “incendia casas” Ruiz. En el pliego de pedidos que preparan figura la destitución de las fiscalas Lilian Ruiz de Santaní y de Sara Torres de Santa Rosa del Aguaray. “Se tiene que intervenir a estas dos fiscalas, porque responden a los poderosos, a los sojeros, a los grandes latifundistas, y pierden la objetividad en sus trabajos.” ( La Nación, 30 / 8 / 2011. )
Paraguay se convierte así, en un punto crítico de la estrategia del complejo militar industrial yankee. Recordemos brevemente el proceso de injerencia yankee favorable a la militarización que justifica esta reedición stronista sin stroessner en Paraguay tal como lo denunciaramos el año pasado: “nos visitó Frank Mora, adjunto de “Hillary,” para asegurar el reemplazo del ministro Bareiro Spaini, decíamos que lo que “ saco de la cancha” al ex ministro, fue la negativa al plan de represión militar diseñado por EE.UU., al que llamaron “Iniciativa para la Zona Norte y la denuncia de la conspiración del vice paraguayo Franco y la embajadora Ayalde contra Lugo.” El nuevo ministro Cecilio Pérez Bordón, no tuvo escrúpulos en anunciar lo que el general patriota Bareiro Spaini se negó:” las Fuerzas Armadas están para cooperar con la Policía Nacional, conforme lo disponga el comandante en jefe. Estamos atentos a cualquier pedido de colaboración.” ( Ultima Hora, 27 / 9 / 2010. ) cuando todavía no pidieron perdón al pueblo paraguayo por los crímenes que cometieron durante la dictadura de stroessner. Descuatizamientos de nuestros hermanos, quienes después eran arrojados desde aviones al río Parana; flagelamientos con estiramiento medieval de miembros inferiores y superiores en la Guardia de Seguridad donde hoy hay todavía presos políticos y las fosas comunes que están abriendo los integrantes del Movimiento Nacional de Víctimas de la Dictadura Stronista.Segundo, ya avanzado el mes de septiembre llegó Mark Lópes, titular adjunto de la USAID. El titular, Mark Feierstein, se especializa en desestabilización y manipulación de elecciones para el Hemisferio Occidental de la Cancillería de “petróleo y pólvora” de EE.UU.Es decir, Lópes vino a garantizar un resultado favorable al régimen, en las elecciones municipales paraguayas que se realizaron el 7 de noviembre ( base política territorial del control del régimen latifundiario y agronegociante.)Tercero, el titular de dicha cartera mantuvo un encuentro con el director de Programas de la Iniciativa Global de Operaciones de Paz (GPOI) del Gobierno estadounidense, Michael Smith. Como se ve, todo el “staff” genocida del complejo militar industrial yanqui hace oficina en Paraguay. ( La Nación, 5/10/2010. )Cuarto, en noviembre, precisamente para las elecciones, llegó “Arturito” Valenzuela, encargado para América Latina de la cancillería de “petróleo y pólvora.” A principios de año, “Arturito” estuvo en Paraguay, junto a Douglas Fraser, ( alias “general,”) jefe del Comando Sur, para imponer la Doctrina de Seguridad Nacional ( D.S.N. ) con la cual, se operó todo este año, con un salvajismo sin límites en Paraguay. Ya entrado el 2011, en el último envío de Aratiri, denunciábamos el loby en el Parlamento paraguayo que hacían 21 generales de EEUU para promover bases militares en el Chaco Paraguayo. Hoy decimos, la entrega de la energía a EEUU … y sus socios globales Colombia e Israel… dan la clave para leer la disputa con Argentina por el transporte de energía eléctrica paraguaya hacia Uruguay y la construcción de Aña Cua. Por si quedan dudas, el ex canciller colombiano Bermudez lo explicó con claridad a la prensa local. “ Colombia cuenta con empresas públicas y privadas en la capacidad relativa de generación, comercialización, transmisión y construcción de redes. Estamos avanzando en un proyecto de interconexión eléctrica con Panamá y subir por toda Centroamérica", precisó Bermúdez para luego agregar y admirar ( ambicionar ) la disponibilidad eléctrica con que cuenta Paraguay, con dos grandes hidroeléctricas (Itaipú y Yacyretá). ( Ultima Hora, 10/3/10.)
El Plan Umbral ( una de las oficinas de la USAID ) prescribió la utilización del detector de mentiras en la administración estatal. La USAID tiene una larga trayectoria en el diseño institucional del Paraguay, comenzando por la Constitución que garantiza la continuidad del stronismo sin stroessner. La directora de Usaid/Paraguay, Rose Rakas destacó el papel de la agencia para la redacción de la Constitución Nacional de 1992 ( Ultima Hora - 10 / 6 / 2011 ) La empresa Security Consulting de Colombia, está implementando en Paraguay, el sistema conocido por Voice Stress Analysis (Análisis de Estrés de la Voz) o VSA, tecnología desarrollada por el Ejercito de los Estados Unidos ( La Nación 5 / 9 / 2011 )
Los trabajadores repudian la utilización de este tipo de instrumentos que degradan la condición humana y que el estado de Paraguay y sus socios globales insisten aplicar. La Asociación de Químicos Farmacéuticos del Paraguay repudió el uso del polígrafo (detector de mentiras) en el Ministerio de Salud Pública.
La fuerte determinación global del proceso que se observa en Paraguay, se ve en el símbolo más fuerte de lo que las políticas imperialistas llaman “la guerra contra el terror.” En Asunción, los empresarios de Capitalis levantarán 4 torres para el World Trade Center (WTC), en el que invertirán entre 50 y 60 millones de dólares. Como nada era inocente durante el genocidio stronista, nada lo es ahora en el stronismo sin stroessner:
¡Juicio y Castigo a los terroristas de Estado!¡Libertad a los presos políticos en Paraguay!¡Desarme del esquema represivo fiscal-policial-militar!¡Desactivación ya de la Doctrina de Seguridad Nacional! -¡Fuera los instructores represores de EEUU, Colombia y Argentina de Paraguay!¡Reforma Agraria ya!
Los indígenas ayoreos de Paraguay se han quedado alucinados con la reacción de Naciones Unidas a una queja formal que presentaron contra la empresa ganadera Yaguarete Pora.Una mujer totobiegosode después de que la obligaran a abandonar el bosque, en el Chaco paraguayo.En mayo, líderes ayoreospresentaron una queja formal contra la participación de la empresa en el Pacto Mundial de Naciones Unidas, una iniciativa que supuestamente tiene como objetivo animar a las empresas a cumplir con principios medioambientales y de derechos humanos.Los ayoreos señalaron que dicha empresa había sido condenada por talar ilegalmente el bosque de su territorio ancestral y ocultar pruebas de la existencia de indígenas ayoreos aislados en el mismo.La respuesta de la ONU a la petición de los indígenas para que expulsara a la empresa de la iniciativa decía: “No contamos ni con los recursos ni con el mandato para realizar investigaciones sobre ninguno de nuestros integrantes”.Ahora la ONU ha escrito a Yaguarete, pero, lejos de tratar la cuestión de sus abusos de los derechos humanos, se queja de que Yaguarete exhibía su logo sin haber rellenado el formulario necesario, y le pide que quite el logo de su página web.
El logo del Pacto Mundial desapareció inmediatamente de la página web de la empresa.Los indígenas no contactados podrían ser aniquilados si los ganaderos siguen destruyendo el bosque del que depende su supervivencia.http://www.survival.es/noticias/7630