Source: https://intranet.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=puw8&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=1-1&QUERY=%28CDC200711220949.CODI.%29
Timestamp: 2020-02-22 01:34:27
Document Index: 61068618

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 85', 'artículo 82', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 10', 'artículo 154', 'artículo 268', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 17', 'artículo 3', 'artículo 149', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 12', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 19', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 4', 'artículo 7', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 1', 'artículo 15', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 9', 'artículo 21', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 9', 'artículo 69', 'artículo 5', 'artículo 10', 'artículo 191', 'artículo 11', 'artículo 4', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 7', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 26', 'artículo 30', 'artículo 34']

DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 949, de 22/11/2007
Año 2007 VIII Legislatura Núm. 949
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ÁLVARO CUESTA MARTÍNEZ
celebrada el jueves, 22 de noviembre de 2007
Ratificación de la ponencia designada para informar el proyecto de Ley de adopción internacional. (Número de expediente 121/000143.)... (Página 2)
Aprobación, con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia, del proyecto de Ley de adopción internacional.
(Número de expediente 121/000143.)... (Página 2)
RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR DEL PROYECTO DE LEY DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL. (Número de expediente 121/000143.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a dar comienzo a la sesión. El orden del día tiene dos puntos. El primero es la ratificación de la ponencia designada para informar del proyecto de Ley de Adopción Internacional.
Dicha ponencia estaba integrada por los diputados don Pedro José Muñoz González, don Mario Bedera Bravo, doña María del Pilar López Rodríguez, doña Lourdes Méndez Monasterio, doña Sandra Moneo Díez, don Jordi Jané i Guasch, doña Georgina Oliva i Peña, doña Margarita Uría Etxebarría, doña Isaura Navarro Casillas y doña Begoña Lasagabaster Olazábal. ¿Se ratifica la ponencia? (Asentimiento.) Queda ratificada
(Número de expediente 121/000143.)
El señor PRESIDENTE: A continuación abordamos el segundo punto, que es la aprobación, con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia, del proyecto de Ley de Adopción Internacional.
Aviso a SS.SS. que las votaciones no se producirán antes de la cinco y media; a partir de las cinco y media de la tarde, en cualquier momento pueden producirse las votaciones. Tenemos un conjunto de enmiendas. No estando presente la señora Fernández Davila, del Grupo Mixto, para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra la señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Mi grupo quiere expresar su satisfacción por la aceptación de la práctica totalidad de las enmiendas más relevantes presentadas al proyecto de Ley de Adopción Internacional. Estamos hablando de más de 30 enmiendas que se han incorporado en su literalidad o se han transaccionado. Además, hemos pactado dos enmiendas transaccionales a las números 35 y 37 para que se aprueben en Comisión y que hacen referencia a dos cuestiones que consideramos muy relevantes. En primer lugar, siguiendo por supuesto el principio del interés superior del menor, que es la máxima que ha acompañado a todas las enmiendas presentadas por nuestro grupo parlamentario, era necesario completar y complementar el artículo 4.3 para que se contemple la posibilidad de que los menores que participen en programas de acogimiento temporal y a su vez estén incluidos en programas adoptivos en su país de origen, como ocurre por ejemplo en los casos de Rusia y de Ucrania, sigan teniendo la posibilidad de la adopción según las leyes y normas vigentes. Era una cuestión que estaba pendiente y que a través de esta transaccional va a quedar resuelta. Esto, como digo, afecta a muchos menores que se pueden encontrar en esta situación. La segunda cuestión es la de que era necesario en la letra f) del artículo 5 diferenciar, por un lado, el compromiso de tramitación de seguimientos postadoptivos exigidos por el país de origen y, por otro, los recursos de apoyo post-adoptivos a adoptados y adoptantes que las entidades públicas competentes deben establecer. Además de estas transaccionales, se aceptan previsiblemente otras dos enmiendas con el objeto de incorporar en la letra e) del artículo 5 la responsabilidad de las entidades públicas de ofrecer apoyo técnico a adoptados y adoptantes, algo que nos parece absolutamente fundamental porque resulta evidente que este apoyo redunda en el interés del menor adoptado. Como decía, es la máxima que ha regido todas nuestras enmiendas. Por otro lado, se añade una nueva letra en el citado artículo 5 que regula la intervención de las entidades públicas de protección de menores y que incorpora la obligación de establecer recursos cualificados de apoyo postadoptivo para la adecuada atención de adoptados y adoptantes en la problemática específica de cada caso, algo que es también muy relevante.
En general hacemos una valoración positiva del texto tras su paso por la ponencia y posteriormente por esta Comisión porque ha quedado mucho más completo y mejorado. Se trata de aportaciones que eliminan algunos obstáculos existentes hasta ahora y se avanza sustancialmente en garantías, en transparencia y en agilización en la tramitación de los expedientes de adopción internacional, una vez que entre en vigor esta ley. Entre las mejoras de las garantías podemos hablar de que la entidad pública competente, en la medida de lo posible incluya los estándares y salvaguardas del Convenio de La Haya, de 29 de mayo de 1993, a los acuerdos de adopción internacional que suscriba con Estados no contratantes del mismo; o las anteriormente citadas mejoras al artículo 5 para que, una vez constituida la adopción internacional, se ofrezca más apoyo técnico dirigido a los adoptados y a los adoptantes, prestándose particular atención a las personas que hayan adoptado menores con características o necesidades especiales. Esto también queda especificado en el texto legislativo. Además, durante la estancia de los adoptantes en el extranjero podrán contar para ello con la colaboración del servicio exterior, como recoge la enmienda número 35 de nuestro grupo. También es relevante que cuando las familias se vayan a países extranjeros para realizar los trámites de adopción y se pasen allí un mes de mucho sufrimiento, de mucha angustia, se recoja expresamente en el texto legislativo el apoyo y colaboración que deben recibir por parte del servicio exterior.
En la tramitación se han logrado salvar tres cuestiones. Se resuelve el conflicto competencial, respetando los derechos forales. Se soluciona un problema especialmente relevante, como es el de la kafala o adopción en Marruecos, que hasta ahora había quedado fuera de este texto legislativo, con los consiguientes perjuicios que suponía a los padres que adoptaran menores de esta procedencia. Hasta ahora se entendía que los efectos de la kafala o adopción en Marruecos eran equiparables a los del acogimiento permanente, aunque en realidad van más allá y son equiparables a los de una tutela. De hecho, el certificado de idoneidad que otorgan las comunidades autónomas a los solicitantes españoles es para una tutela dativa no para un acogimiento. La diferencia fundamental entre la tutela y el acogimiento es que esta última solo implica la asunción de la guarda y custodia al menor, mientras que la Administración ostenta su tutela, teniendo en consecuencia una amplia capacidad para tomar decisiones sobre su situación y futuro. Se establece un mayor control sobre las entidades colaboradoras de adopción internacional, ECAI, que no tienen un carácter público. Desde Izquierda Unida-Iniciativa hemos peleado e intentado que desaparecieran en favor de un servicio público los trámites de solicitud de adopción internacional. Nosotros entendemos que no deben hacerse a través de entidades colaboradoras sino a través de entidades plenamente públicas en todos los casos. A pesar de no haber conseguido esto, al menos se logra suprimir el término "funciones de intermediación" y la exclusividad que conlleva para la realización de determinadas funciones.
Con las enmiendas de nuestro grupo se logra detallar de manera pormenorizada estas funciones, sean de intermediación o no, que deben realizar las mencionadas entidades acreditadas. Por tanto, no se ha logrado el cien por cien de lo que aspirábamos, pero son pasos sustanciales en cuanto a las tareas que deben desarrollar estas entidades que no son públicas.
Esperamos que se puedan introducir mejoras en su tramitación en el Senado sobre la regulación del Consejo Consultivo de Adopción Internacional, que es nuestra enmienda número 30. Esperamos también que, más allá de los problemas coyunturales o prácticos que el Gobierno pueda encontrar, se introduzcan mejoras en los sistemas de información sobre los países de origen de los menores, que es la enmienda número 39, o se incluya la necesidad de que los honorarios de las entidades colaboradoras en adopción internacional sean públicos. Necesitamos saber los honorarios que están cobrando estas entidades colaboradoras, tal y como recomienda la oficina permanente del Convenio de La Haya y recoge nuestra enmienda número 48, que invito a todos los parlamentarios y miembros de esta Comisión que voten a favor. A pesar de que estas cuestiones quedan pendientes y sobre las que volveremos a hacer hincapié en su tramitación en el Senado, la ley ha quedado sustancialmente mejorada. Como he dicho, se ha introducido, menos estas cuestiones, la práctica totalidad de las enmiendas de Izquierda Unida. Con esto aspiramos a que esta ley sirva para que no recaiga ninguna duda sobre ninguna adopción en nuestro país, para que cada una de las adopciones tenga la garantía de que se realiza en interés del menor y que nuestro país sea un referente de garantía y transparencia en una materia tan delicada como es la adopción en todos los ámbitos y en todos los aspectos.
El señor PRESIDENTE: A la Presidencia le queda una duda. ¿Las enmiendas 28 y 36, a las que se ha presentado una enmienda transaccional del Grupo Socialista, las retira? (Asentimiento.)
De acuerdo, las damos por retiradas. Asimismo les informo de que se han retirado las enmiendas 2, 3, 4 y 5, del Grupo Mixto, sostenidas por la señora Fernández Davila.
A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Señorías, traemos hoy a esta Comisión un proyecto de ley de extraordinaria importancia. Viene además a esta Comisión con competencia legislativa plena, puesto que no fue avocado a Pleno, y no digo yo -otra observación preliminar- que una legislatura no dura hasta que dura, pero mi grupo ve con alguna suspicacia que en su tramo final se susciten determinadas cuestiones que a lo mejor debieran haber merecido el sosiego o la tramitación más pausada, más sensata y más acorde de todos los grupos que algo que tiene que ver con concretos sucesos que han estado en los medios de comunicación en los últimos tiempos y que de una manera que mi grupo entiende vinculada a poder esgrimir algo durante la campaña electoral se trae en este momento concreto a debate en el Congreso de los Diputados.
La nueva ley, el proyecto de ley concibe la adopción internacional como una medida de protección de los menores que no pueden encontrar una familia en sus países de origen. Esta ley quiere establecer unas garantías necesarias y adecuadas, según expresa su exposición de motivos, para asegurar que las adopciones internacionales se realizan ante todo en el interés superior del menor, del niño, y con respeto a sus derechos.
Según su exposición de motivos, el proyecto de ley, la ley pretende evitar y prevenir la sustracción, la venta o el tráfico de niños, asegurando al mismo tiempo la no discriminación del menor por razón de nacimiento, nacionalidad, raza, sexo, deficiencia o enfermedad, religión, lengua, cultura, opinión o cualquier otra circunstancia personal o familiar. Por tanto, tiene por objeto la ley una regulación normativa sistemática, coherente y actualizada del fenómeno de la adopción internacional en España. En tal sentido, según su artículo 1, la ley regula la competencia de las autoridades españolas y la determinación de la ley aplicable a las adopciones internacionales, así como la validez en España de las adopciones constituidas por autoridades extranjeras. La adopción internacional -lo dice la exposición de motivos y no podía ser de otra
manera- ha de respetar los principios inspiradores de normas de derecho internacional: Convención de Derechos del Niño, Convenio de La Haya y otras normas que de alguna manera están bien traídas al texto de la ley.
Además de esta normativa internacional, de estos tratados internacionales que España debe respetar, también debiera respetar la propia Constitución interna. El ámbito competencial está absolutamente mal traído, mal contemplado en el texto del proyecto de ley. El presente proyecto se dicta, según se dice en el texto inicial, al amparo de las competencias reconocidas al Estado en los artículos 149.1.1.ª -igualdad de todos los españoles-, 5.ª -administración de Justicia- y 8.ª -legislación de derecho civil de la Constitución española-. Puedo hablar en concreto de la comunidad autónoma de la que yo provengo, Comunidad Autónoma del País Vasco, y como ejemplo les traigo a ustedes lo que en relación con esa materia tiene asumida esta comunidad autónoma y además legislado. El Estatuto de Autonomía del País Vasco la reconoce competencia exclusiva sobre asistencia social en su artículo 10.12; fundaciones y asociaciones de carácter benéfico y asistencial, artículo 10.13; organización, régimen y funcionamiento de las instituciones y establecimientos de protección y tutela de menores y de reinserción total, 10.14 del Estatuto; desarrollo comunitario, condición femenina, política infantil y juvenil y de la tercera edad, artículo 10.39. De acuerdo con la distribución competencial, nuestra constitución interna en el ámbito vasco entre las instituciones comunes y los territorios históricos, corresponde a las primeras la legislación sobre las anteriores materias y a las segundas la ejecución dentro de su territorio de la legislación de las instituciones comunes en esas materias. Así pues, corresponde a las instituciones comunes la legislación sobre asistencia social, sin perjuicio de la acción directa de las instituciones comunes del País Vasco, y luego corresponderá el desarrollo comunitario, condición femenina, política infantil y juvenil, en relación con el texto del proyecto, tercera edad, ocio y esparcimiento, sin perjuicio de la acción directa de estas materias por parte de las instituciones comunes del País Vasco. Existe normativa desde tiempos muy tempranos. El Real Decreto 815/85 reguló el traspaso de los servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de protección de menores. Después se produjo el traspaso de los servicios en esta materia a las diputaciones forales. Cada uno, señorías, tiene su propia organización interna y en el ámbito vasco es así. Existe, además, la Ley 5/96, de 18 de octubre, de Servicios Sociales, el Decreto 40/98, de 10 de marzo, que regula la autorización, registro, homologación e inspección de los servicios sociales en el ámbito de la comunidad autónoma, que son normas básicas en la materia que delimitan y estructuran la configuración de los servicios sociales en nuestra comunidad autónoma, en la mía, incluidos los servicios de menores y que quedan afectados por el proyecto que ahora analizamos. Nadie lo recurrió en su día y viene funcionando con absoluta normalidad. Por su parte, hay que citar como más reciente la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de atención y protección a la infancia y a la adolescencia. Que en el ámbito del Estado no se haya hecho no quiere decir que otras comunidades no lo tengan regulado.
Esta ley, como dice su exposición de motivos, establece por primera vez en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco un marco de referencia en la materia. Esta ley tiene unos objetivos ambiciosos, pero en su título VI, artículos 103 y 104, regula que corresponderán al Gobierno vasco las actuaciones de promoción de la adopción internacional, acreditación de las entidades colaboradoras de adopción internacional, tramitación de expedientes y coordinación de las actuaciones en este campo, contando para ello con el asesoramiento de la comisión técnica de adopción internacional que está regulada en el propio texto de la norma.
Por su parte, se dice en la ley que corresponde a las diputaciones forales la realización de las actuaciones previstas en el título III en materia de protección a niños y niñas y adolescentes en situación de desprotección grave o de desamparo, formación y seguimiento de las personas solicitantes de acogimiento y adopción y, en su caso, de las respectivas familias. En el artículo 85 existe una regulación de la adopción internacional que, de aprobarse esta ley, como suponemos que pasará puesto que creemos que los dos grupos mayoritarios en alguna medida van a llegar a acuerdos importantes, supondrá que tendrá incidencia en la regulación ya establecida. Así también salva la normativa vasca, puesto que se dice en el artículo 82.2 que, además de lo que se establece en esta ley -pionera, insisto, en el Estado, adelantada a la normativa estatal-, en todo caso se regularán según lo contemplado en el ordenamiento jurídico vigente, y ordenamiento jurídico vigente será esta norma. Creemos que no se ha tenido para nada en cuenta, que no se ha contado, que no se ha colaborado, no se ha establecido ningún tipo de regulación que pueda haber tenido en cuenta lo que ya desde distintas comunidades autónomas se está haciendo. Nos parece, además, que el proyecto -insisto que es importante en cuanto a lo que pretende como cometido- no respeta el marco competencial del que tantas veces se jactan quienes pertenecen a los dos partidos mayoritarios; incluso nos sorprende que formaciones políticas como Esquerra Republicana y Convergència i Unió hubiesen hecho bueno el contenido de la enmienda que como número 20 de las presentadas por Esquerra se aprueba en este momento, sin tener en cuenta que el propio Estatuto Catalán contempla en la actualidad cuestiones distintas. La valoración que nosotros hacemos respecto del proyecto es que si se engancha en el 149.1.1.ª de la Constitución, en cuanto a que el Estado tiene que tener unos contenidos comunes, podríamos estar de acuerdo. Sin embargo, no se ha limitado, en base a dicho título competencial, a establecer unas líneas básicas del Instituto de la Adopción Internacional de forma homogénea en el conjunto del Estado
para evitar contradicciones y disfuncionalidades, que sin duda se producen y que sin duda justificarían el recurso a dicho título. Al contrario, la regulación de las funciones de las entidades públicas de protección de menores del artículo 5, la regulación de la actividad de intermediación de las funciones de intermediación del artículo 6, la prolija regulación de la acreditación, seguimiento y control de las ICAE, entre otras normas, arrasa completamente con las competencias exclusivas que el ordenamiento jurídico reconoce a las comunidades autónomas, entre ellas la mía, de la que yo provengo, la Comunidad vasca, en materia de asistencia social, en materia de protección de menores, porque cuando se habla finalmente de qué títulos competenciales se utilizan, para nada se emplea la materia protección de menores o de asistencia social incluso en las relativas a la propia autoorganización de los propios servicios. En mi comunidad existen los territorios históricos con importantes competencias en materia social y creemos que deben ser respetados. Por lo tanto, esos son los puntos nucleares de las enmiendas que mi grupo presentó.
Además, rebatimos también la definición de idoneidad específica para la adopción internacional que se contiene en el artículo 10 del proyecto, en el sentido que se señala en alguno de los informes elaborados al respecto como es el de la propia Fiscalía General del Estado, así como la modificación del artículo 154 del Código Civil, contenida en el apartado cinco de la disposición final primera del proyecto, para suprimir la referencia a la capacidad de los padres para corregir razonable y moderadamente a sus hijos (no nos pasemos, señorías), así como la modificación del artículo 268 del Código Civil, contenida en el punto ocho de la disposición final primera del proyecto, que suprime la misma capacidad de los tutores respecto a los pupilos por entenderla inconveniente.
Conocen SS.SS. el tenor de las enmiendas que mi grupo ha presentado.
Algunas de ellas requieren especial mención que hasta ahora no he hecho porque me he referido solo a la materia adopción internacional. Las enmiendas 7, 8 y 13 hacen referencia a la obtención de la nacionalidad española. Todos conocemos que, paralelamente a la tramitación de esta norma, se estaba tramitando además la ley que se ha llamado de recuperación de la memoria. A algunos les parece, al propio Gobierno, al grupo mayoritario también, que para la posibilidad que se establece respecto de quienes eran nietos de quienes hubieron de salir en un determinado momento de la historia de España de recuperar la nacionalidad, bastaba con el contenido que se ha establecido en esa ley.
Al grupo al que yo pertenezco le parece que además debiera ser modificado el Código Civil. Por eso, aun conociendo la tramitación paralela de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y dictadura, creemos que ahí simple y llanamente se salva la circunstancia de aquellas personas concretas. Nosotros pretendemos la modificación del Código Civil en el artículo 20.1.b) para permitir optar por la nacionalidad española a los hijos de padre o madre españoles de origen, suprimiendo el requisito de haber nacido en España. Nos parece, además, que hubiese sido un buen motivo para eliminar del ordenamiento español, del Código Civil en concreto, la histórica diferencia de trato de los hijos fundada tan solo en razones de género, puesto que pretendíamos introducir un nuevo artículo 20 bis permitiendo optar a la nacionalidad española de origen, sin ninguna limitación de plazo, a los hijos de española que no hubieran podido adquirir esta nacionalidad por haber seguido la nacionalidad extranjera del padre, según lo dispuesto en el artículo 17 del Código Civil vigente antes de la entrada en vigor de la Constitución. Creemos que ampliaríamos las posibilidades de adquisición de la nacionalidad española de una manera permanente, e incluso eliminaríamos una barrera que para nosotros lo es de género en cuanto a la posibilidad de adquisición de la nacionalidad de los hijos de española. A eso se refieren las enmiendas números 7, 8 y 13. La enmienda número 9 nos fue aceptada en el trámite de ponencia por parte del grupo mayoritario, pero con posterioridad ha suscitado algún inconveniente en relación con la también aceptada del grupo de Izquierda Unida número 44.
Creemos que lo correcto es entender que el apartado que nosotros introducíamos es después y pretende cohonestarse con el contenido (la letrada me dice que sí) de la enmienda. No queremos que se repitan circunstancias que en esta Comisión conocemos bien respecto de otras normas. Creemos que al final en el texto de la ponencia queda suficientemente salvado que el contenido de lo que nosotros pretendíamos como artículo 3 c) tiene que cohonestarse con el contenido de la enmienda del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que introduce un nuevo apartado a) respecto del mismo precepto.
Nos han ofrecido transacciones respecto de los artículos 10 y 12 y pudiendo admitir la generosidad por parte del grupo mayoritario, del grupo que apoya al Gobierno, sin embargo, nos parece que lo que nosotros pretendemos es que no exista regulación sobre estas materias. Lo que nos ofrece el Gobierno, después de una farragosísima regulación, es incluir: en todo caso, se salvarán las competencias que tengan en esta materia las comunidades autónomas. No sé si aclara o confunde más de lo que debiera.
En todo caso, como gesto de generosidad, es mejor esto que nada, pero nosotros creemos que todas las comunidades autónomas tenemos competencias en esta materia concreta y lo que no debiera es regularse desde el Estado. Si además de la extensísima regulación que se hace luego se añade: así como las competencias que tenga reconocida en materia de producción y tutela de menores, me queda la duda de si es mejor o peor de lo que con anterioridad existía. Con la enmienda número 11 nosotros pretendíamos la supresión de un precepto, a lo que no se presta el grupo mayoritario.
Finalmente, me quedaba referirme a la enmienda número 15, respecto de la que parece que se había introducido
alguna confusión en la medida en que podía suscitar suspicacia respecto a si, además del contenido de lo que mi grupo pretendía, quedaba o no vigente lo que el propio precepto del proyecto contenía. No tenemos ningún inconveniente en admitir que lo que pretendíamos era añadir más garantías, no disminuirlas ni introducir certezas, dudas o suspicacias.
Se trata de valorar e intentar proteger el interés del menor en el texto de la norma. Por tanto, damos por bueno que además de lo que nosotros proponíamos como apartado 7, por supuesto, creemos que subsistía el apartado siguiente, como así ha quedado finalmente establecido en el informe de la ponencia.
Señorías, las circunstancias en las que finalmente llegamos a la aprobación de este texto a nosotros nos gustaría que ocurriera como ha ocurrido con otros textos. Hoy hemos visto la Ley de Tráfico y Seguridad Vial, en la que mi grupo empezó no jugando con el Gobierno en la tramitación de la norma porque no nos gustaba y, finalmente, en el trámite último de aprobación de las enmiendas del Senado, hoy hemos podido dar nuestro voto afirmativo. A día de hoy creemos que una normativa de este estilo, del calado social que tiene y de la trascendencia desde el punto de vista humanitario, no debiera haberse efectuado en este tramo final de la legislatura, no con estas prisas, no vinculado a determinadas noticias en medios de comunicación de supuestos muy concretos. Hoy por hoy, tal como dijimos cuando se iba a producir el trámite de debate de totalidad, que finalmente no se produjo -nuestro grupo no presentaba enmienda a la totalidad-, hoy por hoy preferimos de momento no dar nuestro apoyo al texto de la norma, nos mantenemos en la abstención. Esperamos que tras pasar por el Senado haya algún avance sustancial y que finalmente cuando el texto vuelva a esta Cámara podamos dar nuestro voto afirmativo.
El señor PRESIDENTE: Se han aceptado en ponencia todas las enmiendas del Grupo de Esquerra Republicana, pero tiene derecho a fijar posición. En aras a la economía procesal, si quiere consumir ahora el turno, tiene la palabra la señora Oliva.
La señora OLIVA I PEÑA: Señor presidente, prefiero consumir el turno y realizar una breve intervención.
El señor PRESIDENTE: Adelante.
La señora OLIVA I PEÑA: Hoy debatimos en esta Comisión la aprobación con competencia legislativa plena de una ley muy especial, si se me permite, muy de actualidad, la Ley de Adopciones Internacionales. Se trata de una ley importante, aunque desde nuestro punto de vista un tanto sobrera, entendiendo que trata de recoger tanto normativas internacionales en materia de adopción internacional como todo un compendio de reglamentación que están desarrollando desde hace tiempo ya las comunidades autónomas. Aun así, en esta ley se amplían determinados aspectos y se busca una cierta armonización de todos los procesos que se desarrollan dentro del Estado español, y por estos motivos encontramos positiva la ley. Sin embargo, la importancia y el concepto de las adopciones internacionales es precisamente lo que ha llevado a Esquerra a implicarse en este proyecto legislativo. Creemos que la adopción es un proceso legal, psicológico y social que debe desarrollarse siempre en interés superior del menor y que permite conciliar el derecho de los niños y las niñas a tener una familia con el deseo de una familia de tener un hijo o una hija. Actualmente la adopción internacional es la vía por la que optan más familias para adoptar a un menor, atendiendo al hecho de que en Cataluña, como supongo que en el resto del Estado español, hay muy pocos niños susceptibles dentro del Estado español de ser adoptados.
Cataluña, como todos ustedes sabrán, tiene una larga tradición en todo lo que compete a la adopción internacional. Somos la comunidad autónoma del Estado español que realiza un mayor número de adopciones y en el ámbito internacional Cataluña es el segundo país adoptante. Hemos aumentado, desde hace muchos años, el número de adopciones internacionales hasta el año 2006, cuando empezó una leve estabilización por lo que respecta al número de solicitudes. Permítanme que les dé algunas cifras, sobre todo para ilustrar que realmente Cataluña es la pionera en el Estado español en materia de adopción, tanto es así que somos los primeros casi siempre en abrirnos a nuevos países. En el año 2006 recibimos 2.493 solicitudes y llegaron a Cataluña 1.030 menores, y solo durante el primer semestre de 2007 hemos recibido ya 1.173 solicitudes y han llegado 420 menores. Por tanto, queda claro que el tema de las adopciones internacionales nos preocupa y que ya trabajamos en este tema desde hace mucho tiempo.
El principal escollo que desde el Grupo Parlamentario de Esquerra encontramos en esta ley fue la flagrante invasión competencial que suponía su texto original. Este motivo fue por el que Esquerra presentó una enmienda a la totalidad y un paquete de enmiendas para salvaguardar las competencias que tiene la Generalitat de Catalunya, al igual que otras administraciones autonómicas en esta materia. La Generalitat no solo tiene las competencias de carácter exclusivo en materia de protección de menores y de amparo de la familia, marcadas por nuestro Estatut, sino que además cuenta con una legislación civil propia del derecho catalán que afecta también a la materia que hoy tratamos. Por tanto, Cataluña tiene, según sus propias normativas, competencia en materias que afectan a la adopción internacional, pero es que además también está acreditada por las normativas internacionales con plena competencia en materia de adopción internacional. Concretamente, l'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció es el organismo competente en Cataluña en esta materia, ya que el instrumento de ratificación de 30 de junio de 1995, Convenio relativo a la protección de los niños y las niñas y a la cooperación
en materia de adopción internacional, hecho en La Haya el 29 de mayo de 1993, establece a las comunidades autónomas como autoridades centrales en materia de adopción internacional. En definitiva, que tanto las normas internacionales como las nacionales, entendiendo las nacionales desde el punto de vista de mi comunidad autónoma, establecen la plena autonomía de Cataluña en esta materia, y el texto original, amparándose en el artículo 149.1.1.ª de la Constitución española, condicionaba, mejor dicho, afectaba a esta competencia. Especialmente grave era la invasión competencial en aquellos aspectos reglamentados por la Administración autonómica, como todo lo que hacía referencia a las entidades públicas y entidades colaboradoras de la adopción internacional, y en lo que respecta también a la capacidad y requisitos para la adopción internacional, materias reguladas en los capítulos II y III del proyecto de ley.
Ante esta invasión Esquerra ha presentado varias enmiendas, una de ella, la más importante, hace referencia a la disposición final tercera del título competencial, y propone que estos aspectos no quedan bajo el amparo de la Constitución española sino bajo las normativas civiles y de otra índole, como pueden ser, por ejemplo, las políticas sociales relacionadas con la adopción internacional propias de cada comunidad autónoma. Superado este problema competencial, ya que esta enmienda, como ha dicho muy bien el presidente, al igual que el resto de enmiendas que hemos presentado desde nuestro grupo parlamentario se han incorporado en el dictamen de la ley, Esquerra no ha visto inconveniente para dar nuestro apoyo al proyecto de Ley de Adopciones Internacionales ni a muchas de las enmiendas presentadas por otros grupos parlamentarios que van en la dirección de mejorar y perfeccionar este texto legislativo.
Aun así, me gustaría señalar dos enmiendas presentadas por mi grupo.
Concretamente Esquerra ha presentado una enmienda que amplía las condiciones del artículo 4. En esta enmienda no nos hemos inventado nada, simplemente se trata de trasladar al artículo 4 los apartados 2 y 7 del artículo 6 y, sobre todo, lo hemos hecho para poder respetar la competencia de las autoridades centrales en materia de adopción internacional, como es el caso de la Generalitat de Catalunya. Por otra parte, hemos presentado una enmienda al artículo 12 sobre el derecho a conocer los orígenes biológicos para complementar el texto original, de manera que quedase de forma explícita la obligación que tienen las entidades colaboradoras en materia de adopción internacional de informar a las entidades públicas competentes de todos los datos de los que dispongan sobre el origen de los menores para garantizar la intimidad de estos datos, por una parte, pero, sobre todo, para garantizar el derecho efectivo del menor a poder conocer sus orígenes biológicos.
Respecto a las enmiendas de otros grupos, por falta de tiempo no voy a comentarlas todas ellas, solo un par. En primer lugar, celebramos la transacción aceptada en ponencia a las enmiendas de Convergència i Unió sobre el tema de la kafala, ya que creemos que se ajusta mucho más al objetivo inicial de regular este caso tan particular. Por lo que respecta a las enmiendas de carácter competencial de este mismo grupo de Convergència i Unió vamos a votar en contra, ya que creemos que en nuestra enmienda, la enmienda incorporada en ponencia y presentada por Esquerra, quedan suficientemente blindadas las competencias de la Generalitat en materia de adopción internacional, tanto las competencias que emanan del Código Civil como las que se derivan del Estatut, especialmente las referidas a las políticas sociales y a las de la protección de menores. Así pues, las enmiendas de Convergència i Unió en este sentido y otras enmiendas de otros grupos nacionalistas nos parecen redundantes, sobre todo teniendo en cuenta que el texto incorporado en ponencia para blindar las competencias tiene el visto bueno del Institut d'Estudis Autonòmics, por lo que si alguien tiene dudas de que proteja celosamente las competencias de la Generalitat esta duda parece más bien una burla que otra cosa.
Para terminar me gustaría hacer un par de reflexiones. Desde Esquerra creemos que para que los procesos de adopción internacional funcionen con la máxima calidad y con las máximas garantías, debemos seguir avanzando en todos los aspectos legislativos necesarios para que las administraciones competentes de las comunidades autónomas tengan cada vez más un mayor poder de decisión, atendiendo a su naturaleza de autoridad central en materia de adopciones internacionales de acuerdo con el Convenio de La Haya. Acabo -creo que me he excedido en mi tiempo- agradeciendo a los portavoces del Grupo Socialista en esta ley, Mario Bedera y a Pedro Muñoz, por el buen entendimiento y por la voluntad de llegar a un acuerdo para salvar el tema competencial que, repito, era la principal barrera que teníamos en Esquerra para dar nuestro apoyo a esta ley, cuestión que realmente hemos superado, y el resto de enmiendas han ido en busca de la perfección de este texto. Sin más, reitero el voto afirmativo a esta ley.
El señor PRESIDENTE: tiene la palabra en nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió) señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señorías, llega hoy a la Comisión con competencia legislativa plena -atendiendo a que los plazos de legislatura ya son cortos debía ser en competencia legislativa plena- un proyecto de ley importante, el de Adopción Internacional, respecto del que mi grupo considera, como decía la señora Uría, que quizá en esta fase final de legislatura, dada la opción del Gobierno de tramitarlo, quizá ha sido una opción un poco acelerada en el sentido de que ya no queda mucho tiempo y por tanto el periodo de reflexión final de las distintas enmiendas tampoco ha permitido un mayor grado de concreción en algunos aspectos.
Aun así, nuestro grupo -se nos pidió- ha intentado colaborar
para que el proyecto de ley presentado pueda mejorarse. Nosotros teníamos un conjunto de enmiendas, y la valoración global de esa tramitación nos lleva a un total de dieciséis enmiendas de Convergència i Unió aprobadas y un total de once enmiendas de Convergència i Unió rechazadas. Por tanto, al final nos hemos implicado y hemos conseguido que la mayoría de nuestras enmiendas sean aceptadas, aspecto que quiero agradecer a quienes son responsables de este proyecto de ley por parte del Grupo Socialista, el señor Mario Bedera, de excelente talante negociador, al igual que el portavoz en esta Comisión señor Muñoz. Por tanto, quiero agradecer esta buena sintonía en la negociación, a pesar de mi deseo de exponer también en este único trámite en abierto que tenemos -puesto que no va a ir a Pleno- algunos puntos críticos que motivaron una enmienda a la totalidad de Convergència i Unió a este proyecto de ley, enmienda que finalmente fue retirada precisamente por ese compromiso de negociación al que habíamos llegado antes de la tramitación de la enmienda a la totalidad ante el Pleno.
Nosotros partíamos de una posición muy crítica en cuanto al aspecto autonómico -después me referiré de manera detallada al mismo-, y muy crítica también en cuanto a aspectos de contenido de este proyecto de ley. De alguna manera entendíamos que es una ley innecesaria, en tanto que hay normas que ya están en otros aspectos de nuestro derecho internacional privado; de manera singular en el Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional, Convenio de La Haya de 29 de mayo de 1993. Ya están también en el artículo 9.5 del Código Civil y, por tanto, hay aspectos de este proyecto de ley que entendemos redundantes, excesivamente reglamentistas -para sustituir esos aspectos del Código Civil que se regulan en el artículo 9 tenemos ahora un proyecto de ley de 34 artículos-, e incluso en algunos aspectos es un proyecto asistemático, se mezclan en el mismo normas de carácter administrativo con normas de derecho internacional privado, aspectos, repito, que no todos han conseguido mejorarse en el trámite de ponencia y Comisión. Aun así, nuestro grupo se implicó, especialmente porque había una preocupación competencial que desde Convergència i Unió queremos recalcar. Decía antes la señora Oliva que se siente muy satisfecha de la redacción final competencial de este proyecto de ley y respecto a otras enmiendas en este sentido, por ejemplo la número 94, de nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, la señora Oliva, de Esquerra Republicana, decía que las consideraba redundante e incluso una burla. Señorías, mi grupo no está en el Gobierno de Cataluña. Quiero denunciar públicamente aquí que aunque el Institut d'Estudis Autonòmics haya hecho un informe muy detallado, lo tendrá la señora Oliva pero no el portavoz de Convergència i Unió. Sería bueno que esos informes que afectan a proyectos de ley que se tramitan en la Cámara, el Institut d'Estudis Autonòmics, que es Gobierno de Cataluña, los trasladase también a todos los grupos parlamentarios que realizamos nuestra labor. Si se hacen informes que solo tienen determinados grupos de esta Cámara, no podemos valorar el contenido de los mismos.
Ustedes saben que además de diputado yo soy profesor de derecho constitucional, y desde la óptica del derecho constitucional -y en esta Comisión también hay otros especialistas en esta materia- no me cabe ninguna duda de que es una solución mejor la que plantea en el ámbito competencial nuestra enmienda número 94; blinda mucho mejor las competencias autonómicas. Lo decía también la señora Uría: Hace referencia a las competencias que se tienen en derecho civil propio respecto a aquellas comunidades que lo tienen, pero nuestra enmienda número 94 también hace referencia de manera expresa a aquellas competencias que las comunidades autónomas tienen en materia de servicios sociales, menores y promoción de las familias. En este sentido, quiero recordar específicamente el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña aprobado en este ámbito, por tanto, de redundancia, nada. Yo les puedo dar garantías absolutas, y el señor Astarloa, que ahora está en esta Cámara y que es un buen especialista en la ordenación competencial, que discrepa absolutamente de mi enmienda número 94 -no les quepa ninguna duda de que el Grupo Popular votará en contra de nuestra enmienda número 94-, coincidiría conmigo en que nuestra enmienda 94 blinda mejor las competencias autonómicas que la transacción a la que han llegado el Gobierno y Esquerra Republicana. (El señor Astarloa Huarte-Mendicoa: Tiene razón.) Por tanto, desde esta óptica, de burla nada, a pesar de que nosotros no hayamos participado en esa transacción; aunque valoramos que esa transacción va en la línea correcta. Valoramos que esa transacción va en la línea correcta, pero ni mucho menos es tan garantista como lo podría ser nuestra enmienda a la disposición final tercera de este proyecto de ley.
Como decía, nuestro grupo hace una valoración positiva del trámite parlamentario; de ahí que no vayamos a votar en contra de este proyecto de ley, porque hay esa mayoría de enmiendas de Convergència i Unió incorporadas al informe de la ponencia y finalmente al dictamen, y parece ser que hoy conseguiremos incorporar a esa lista dos enmiendas más, ya que en concreto se va a transaccionar nuestra enmienda número 70 y se va a incorporar nuestra enmienda número 80. Aprovecho para pedir votación separada de ambas, de la transacción a nuestra enmienda 70 y de la enmienda número 80, dado que hemos llegado a ese acuerdo de aprobar dos enmiendas más de Convergència i Unió en este trámite. Por tanto, esa valoración no puede ser negativa, especialmente porque hay un aspecto relativo incluso a la kafala que se hacía en la exposición de motivos que hemos conseguido acordar de manera muy satisfactoria desde la óptica de Convergència i Unió. Valoro de manera muy positiva la incorporación de nuestra enmienda 69, suprimiendo unos incisos inadecuados que
existían en la exposición de motivos. En nuestra enmienda número 84 hemos conseguido suprimir el apartado 4 del artículo 19, apartado que hubiera traído problemas en la aplicación práctica de esta ley. También quiero valorar de manera muy positiva la incorporación de nuestra enmienda número 91, porque todo se equiparaba al acogimiento familiar y puede haber alternativas, como la tutela. Esto se ha incorporado en nuestra enmienda 91. De ahí, señor presidente, que al aceptarse nuestra enmienda 91, retiremos nuestra enmienda número 90. Nuestra enmienda número 90 planteaba suprimir el artículo 34, y esto es incompatible con la aceptación de nuestra enmienda número 91, que modifica ese artículo 34.
Por tanto, damos por retirada nuestra enmienda número 90.
Entre las enmiendas de Convergència i Unió que siguen todavía vivas en este trámite de Comisión, porque la mayoría fueron aceptadas durante la fase de ponencia, quiero destacar algunas de ellas y, de manera muy especial, la enmienda número 71, que también es competencial, en la que pedimos la supresión del apartado 4 del artículo 4, porque entendemos que es claramente antiautonómico. También quiero destacar nuestra enmienda número 78. No entendemos por qué razón en el apartado 4 del artículo 7 se instaura un sistema de númerus clausus en la acreditación de entidades colaboradoras de la adopción internacional. También mantenemos para votación la enmienda número 81, en la que pedimos que se suprima el apartado 3 del artículo 10. Señorías, la declaración de idoneidad es un elemento fundamental y en el apartado 3 del artículo 10 no se dice de manera clara a quién corresponde hacerlo. Sí defendemos y valoramos positivamente que se acepte, respecto al apartado 1 de ese artículo 10, nuestra enmienda número 80, porque viene a suprimir la referencia que se hace en la misma a los niños de origen extranjero, que era una limitación innecesaria a la definición de adopción internacional que realiza el proyecto en el artículo 1.2, más aún teniendo en cuenta que vamos a transaccionar ahora esa definición de la adopción internacional con la transacción que se hace a nuestra enmienda número 70. Otra enmienda que quiero también destacar es la número 83, en donde pedimos la supresión del apartado 3 del artículo 15. No es que lo pida únicamente Convergència i Unió, sino que lo pide el propio informe de la Fiscalía General del Estado, que nos dice que por razones de seguridad jurídica debe suprimirse ese apartado porque es contrario a la esencia misma de la adopción. Por tanto, deberíamos hacer caso a lo que nos dice el fiscal general del Estado en ese informe y suprimir ese apartado, que es un ejemplo más, señorías, del carácter excesivamente reglamentista de este proyecto de ley; un ejemplo más de la voluntad del Gobierno de querer tramitarlo a final de legislatura con un texto excesivamente farragoso, con un texto que ya tiene una solución jurídica -repito- en el Código Civil. Esa labor de crítica que hacía Convergència y Unió viene revalidada en otros muchos artículos. Por ejemplo, en la enmienda número 85 pedimos la supresión del artículo 21. Este artículo 21 impone la aplicación de una ley extranjera, por la simple circunstancia de la intención de los padres adoptivos de trasladar al adoptado a este país.
¿Y si no se cumple dicha intención? Esto introduce una línea divisoria entre casos sujetos o no a la ley española que es absolutamente confusa.
Más aún, señorías, es mejor la solución que da actualmente el artículo 9.5 del Código Civil. Por tanto, no acabamos de entender la razón que le lleva al Gobierno en su proyecto de ley a introducir ese artículo 21. Se ganaría en seguridad jurídica si el mismo fuera suprimido. Nuestra enmienda 86 pretende modificar el artículo 26. No parece adecuado limitarse a los foros recogidos en su propio derecho. Debería establecerse la relación con los foros reconocidos en el ordenamiento español. Nuestra enmienda número 87 plantea una mejora técnica, superando un proceso de formalización que, en ocasiones, es incongruente y poco práctico. La enmienda número 88 plantea la supresión del artículo 26.3, porque recoge lo que ya dice el artículo 9, apartado 5, del Código Civil, sobre la declaración de idoneidad en los supuestos en que la adopción se constituye en el extranjero, pero añade ahora el adverbio previamente, lo que crea una complicación accesoria e innecesaria.
Aunque existen otras enmiendas de Convergència i Unió, quiero terminar, para no hacer excesivamente farragosa esta intervención, realizando una valoración final de este proyecto de ley, positiva en cuanto a su tramitación parlamentaria y crítica en cuanto a la necesidad en este trámite final de legislatura de abordar un tema complejo, como es la adopción internacional, que ya tiene su encaje en el actual Código Civil.
Nuestro grupo ha contribuido a que ese proyecto de ley que hoy vamos a votar sea mejor que el que entró en su tramitación parlamentaria, pero seguimos manteniendo, y lo seguiremos reiterando en el Senado, la necesidad de mejorar aún más esa distribución competencial. Se ha avanzado, lo reconocemos, pero a ver si en el Senado, proclamado en el artículo 69 de la Constitución Cámara de representación territorial, se llega a avanzar aún más en esa salvaguardia de las competencias autonómicas. Que no le quepa ninguna duda a Esquerra Republicana de que la solución que han pactado en esta transacción no es la mejor; es mucho mejor la que pedía de manera genérica y clara nuestra enmienda número 94.
Seguiremos insistiendo en el Senado.
Termino mi intervención agradeciendo una vez más a los distintos ponentes el trabajo realizado, que no deja de ser precipitado. Señor presidente, ha sido un proyecto de ley exprés, visto y no visto. (Risas.) El tiempo transcurrido desde que concluye el trámite de enmiendas hasta que se envía al Senado es un récord en esta Comisión. No sé si habrá muchos proyectos de ley en los que hayan transcurrido tan pocos días desde que finaliza el trámite de enmiendas hasta que se aprueba y entra en el Senado. Esperemos que sea para bien.
El señor PRESIDENTE: Señor Jané, pocos proyectos tienen ponentes tan sagaces, inteligentes, hábiles y ágiles para la tramitación. En todo caso, el frigorífico ha permitido que durante bastante tiempo estuviera este proyecto a disposición de todas las señorías de la Cámara.
Entiendo que retira la enmienda 70 y la enmienda 90.
El señor JANÉ I GUASCH: La 70 por una transacción y la 90 al haberse ya aprobado la 91.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra doña Lourdes Méndez Monasterio.
La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Estamos debatiendo sobre la aprobación de un proyecto de ley muy importante sobre adopción internacional, y por esa importancia debiera haberse efectuado en el Pleno de este Congreso de los Diputados. Sus señorías no han querido que así fuera, invocando la celeridad que precisaba la aprobación de un texto que, de no hacerse ahora y en la Comisión, no daría tiempo a aprobarlo en esta legislatura.
Pues bien, han tenido cuatro años para traerlo a esta Cámara y debieran haber sido algo más diligentes para no hurtarle al Pleno este debate.
Entrando en el fondo de la ley, necesariamente hay que acudir a los antecedentes inmediatos. Es una ley que nace de una importante demanda social. No creo que haga falta recordarles a todos los grupos que la Comisión especial sobre adopción internacional, creada en el Senado para el estudio de este importante y relativamente reciente fenómeno social, desde el inicio de sus trabajos el día 21 de mayo de 2002 realizó una intensa labor con la comparecencia de autoridades y expertos, incluyendo representantes de las administraciones competentes, de las asociaciones de padres adoptantes y de las entidades colaboradoras de adopción internacional. En el transcurso de su trabajo la Comisión estuvo presidida por un espíritu de consenso entre sus miembros, animados ante todo por el común deseo de dar adecuada respuesta a las numerosas cuestiones planteadas por el rápido crecimiento de la adopción internacional en nuestro país a partir de la ratificación en 1995 del Convenio de la Haya, de 29 de mayo de 1993, sobre protección del niño y cooperación en materia de adopción internacional. Este clima de consenso se manifestó en la aprobación unánime -unánime, señorías- de todos los grupos parlamentarios del Senado de un informe que contiene un capítulo de conclusiones y otro de recomendaciones. En ese informe, y más concretamente en la recomendación primera, se expresa textualmente la conveniencia de estudiar la revisión de la legislación estatal sobre adopción para adaptarla a las circunstancias actuales, teniendo en cuenta las recomendaciones del presente informe. Boletín Oficial del Senado, 9 de diciembre de 2003. Por tanto, fuimos todos los grupos los que apoyamos -como he dicho- la conveniencia de estudiar la revisión de la legislación estatal sobre adopción. Fuimos todos los grupos los que votamos a favor de la recomendación 2.9, que recogía la necesidad de crear un órgano en la Administración Central del Estado que asumiera el apoyo y la coordinación. Fuimos todos los grupos los que apoyamos el establecimiento de criterios generales para la concesión o denegación de la idoneidad a los solicitantes de la adopción. Fueron ustedes, todos ustedes con nosotros, los que apoyaron la necesidad de establecer normas comunes para regular, supervisar y controlar adecuadamente la actuación de las ECAI.
Fueron ustedes los que apoyaron la necesidad de homogeneizar las normas para la tramitación de las adopciones internacionales. Y nosotros, en coherencia con lo apoyado por mi grupo parlamentario en la Comisión del Senado, seguimos creyendo que la situación actual de dispersión normativa y falta de regulación central, lo único que provoca son enormes desigualdades entre los españoles que residen en diferentes comunidades autónomas. Producen desigualdades los formularios para la obtención de la declaración o certificado de idoneidad. Son diferentes las remuneraciones que reciben las ECAI. Producen insalvables diferencias los diversos procedimientos de acreditación y de control de las ECAI. Y provoca desigualdad la diferente regulación que en las comunidades autónomas se hace de los procedimientos de información y formación de las familias, así como de los programas de postadopción tendentes a la adecuada atención de todos los ámbitos de los menores adoptados.
Claramente, como hemos venido comprobando a lo largo de esta legislatura, el Partido Socialista, el Grupo Parlamentario Socialista, vuelve a claudicar ante los grupos nacionalistas, a los que el principio constitucional de igualdad poco o nada les importa; ni tan siquiera consigue, con lo que estamos viendo en la tarde de hoy, la totalidad de sus votos. Pero mi grupo parlamentario, el Partido Popular y, sobre todo, los votantes de nuestra opción que, por cierto, son muchos, muchísimos más que los de los grupos nacionalistas, siguen creyendo en la igualdad de todos los españoles. Y señorías, entiendo la postura de los grupos nacionalistas; la entiendo y la respeto, pero no entiendo la suya. No puedo entender que en esta ley no hayan intentado consensuar con nosotros un texto que, necesariamente, debiera tener las recomendaciones que realizó la comisión en su día. No entiendo que un partido como el suyo, con un discurso nacional, vuelva a claudicar y no lleguen a constituir una agencia de carácter estatal, que era el objetivo fundamental para solucionar los problemas y desigualdades que surgen en los procedimientos de adopción. La creación de una agencia -que nosotros pedimos en nuestras enmiendas y que ustedes todavía están a tiempo de aceptarnos- no vulnera en absoluto las competencias que en cuanto a protección de menores corresponden a las comunidades autónomas. Porque yo hablo de competencias de política exterior, que no las tienen las comunidades autónomas, para lo que es necesaria la creación de la agencia, y además hablo de un órgano de coordinación. Este texto supone un desprecio a la Comisión
que trabajó en el Senado. Un desprecio a todas las personas que intervinieron. Un desprecio a todos los que intervinieron en el proceso.
Y un desprecio, incluso, a sus propios votantes, porque les recuerdo que ustedes lo llevaban en su programa electoral. Su programa electoral, por si se han olvidado, se lo voy a leer expresamente. En un título que titulan: reformas administrativas, dicen expresamente: Crearemos una agencia de adopción internacional que, integrada por los Ministerios de Exteriores, Justicia y Asuntos Sociales, con la participación de las comunidades y ciudades autónomas, tenga por objeto desarrollar una política activa y de gestión, especialmente en los países de origen, dirigida a garantizar los derechos del menor y de los adoptantes en el proceso de adopción internacional. Aceptaríamos que crearan esta agencia en sus términos y votaríamos favorablemente la ley. Aceptaríamos que ustedes crearan esta agencia en los términos que tienen puesto en su programa electoral y votaríamos favorablemente la ley. Lo que le estoy diciendo es que nosotros votaremos lo que ustedes tienen en su programa, pero parece que ustedes no son tan coherentes como nosotros somos en nuestro discurso.
A pesar de ello, sí nos gustaría dejar clara nuestra postura en relación con el proyecto presentado por el Gobierno y con la ponencia. Por ello, queremos abundar en la cuestión de que la Comisión que se creó en el Senado para el estudio de esta materia se considera el instrumento fundamental para conocer y sistematizar las demandas ciudadanas. En esencia, se manifestaban las siguientes necesidades: definir las funciones de las entidades públicas de protección y las entidades privadas de colaboración. Había una ausencia de criterios homogéneos para la expedición de los certificados de idoneidad, indeterminación de los procedimientos e indefinición de la autoridad competente. Existe una ausencia de control de las entidades de colaboración, de sus retribuciones y régimen sancionador y efectos. Una ausencia de un órgano de coordinación intercomunitaria y que asuma una representación exterior.
Es una de las recomendaciones que hace la Comisión del Senado. Además, no es solo una recomendación de la Comisión del Senado, voy más allá, es que hay una moción; existe una moción, votada en abril de 2005 en el Senado, instada por la senadora Belén Fernández Delgado, donde votan nuevamente todos los grupos parlamentarios. Es un tema realmente sorprendente. Votan todos los grupos parlamentarios, incluso con una transacción efectuada por el Grupo Parlamentario Socialista, donde se insta al Gobierno a la creación de un organismo, entidad o instituto de adopción internacional en el marco de la Administración del Estado y en coordinación con las comunidades autónomas. O sea, lo tienen en su programa. Además, lo votan todos los grupos parlamentarios en el Senado. Sin embargo, llegamos aquí y, no solamente no responde este proyecto de ley a las recomendaciones de la Comisión, sino que ustedes no son capaces ni siquiera de meter en la ponencia prácticamente ninguna de nuestras enmiendas. Nosotros lo único que hemos hecho con nuestras enmiendas ha sido seguir las recomendaciones de la Comisión del Senado, como ahora explicaré, aunque no voy a explicar una por una porque, la verdad, si ustedes no han hecho caso a una Comisión, que ha trabajado durante dos años, en la que han comparecido catedráticos, asociaciones y padres adoptantes, tampoco nos van a hacer caso ahora si les explico una por una mis enmiendas; pero bueno, sí que le voy a decir, lógicamente, la filosofía de las mismas.
Salvo la creación de un consejo consultivo -que también lo decían las recomendaciones de la Comisión- ninguna otra de las necesidades mencionadas es realmente satisfecha por el proyecto de ley sujeto a debate por medio de medidas que estén dotadas de un mínimo de eficacia y que permitan homogeneizar las condiciones para la adopción internacional en toda España, constituyendo la laguna principal de todo el texto el hecho de permitir que en cada comunidad autónoma exista un régimen diferente, no solo en cuanto a los requisitos técnico-jurídicos para la adopción internacional, sino incluso en los costes de la tramitación. No se hace referencia alguna a ningún instrumento que permita la unidad de criterio, la coordinación de competencias concurrentes o la centralización de la información. Se atribuye en exclusiva a cada entidad de protección de las comunidades autónomas las funciones de acreditación, control, inspección y elaboración de directrices de actuación de las entidades de colaboración, sin articular ningún medio de coordinación y unificación de criterios. En materia de retribuciones, no se hace mención alguna a la aprobación de tarifas uniformes en toda España ni a la aprobación de un modelo único de contrato entre el adoptante y la entidad de colaboración, todos ellos elementos indispensables para evitar desigualdades dependiendo de las comunidades autónomas de residencia.
Tampoco se unifica un registro de entidades gestionado por un órgano único intercomunitario. Nada se señala sobre la aprobación de un reglamento en materia de entidades de colaboración que permita solventar los problemas mencionados. No se adopta medida alguna de conciliación de la vida familiar y laboral que se ajuste a las especialidades de la adopción internacional. Ustedes, en su programa electoral también decían una cosa muy parecida; decían que se ampliaran los permisos retribuidos en casos de adopción o acogimiento de menores; o sea, que ustedes también llevaban esto en su programa. Es una ley, además, absolutamente inoperante en cuanto a la homogeneización de procedimientos, puesto que a lo largo de todo el texto se establece, por ejemplo, en el artículo 5: las entidades públicas promoverán medidas para lograr la máxima cooperación, procurarán la homogeneización. Lógicamente, ellos procurarán, ellos promoverán, pero si no existe un órgano superior, esto va a ser absolutamente inoperante. Además de otros defectos conceptuales, ya que se establecen las funciones de la autoridad competente; y en un par de puntos, dice: se delegará. En ningún caso se
pueden delegar funciones de una Administración pública. Por otro lado, no se establece un mandato de gestión a las entidades colaboradoras, sino que siguen interviniendo como mediadoras, por lo que la responsabilidad que se les puede exigir en unas funciones tan importantes es muy escasa.
La acreditación debiera haberse precisado más, y es muy ambiguo. En el artículo 10, vuelven ustedes a decir: las entidades públicas competentes procurarán la necesaria coordinación, con el fin de homogeneizar los criterios de valoración de la idoneidad. No deja de ser una declaración de buenas intenciones.
El Gobierno del Partido Popular quiso dar solución al problema de las adopciones internacionales. Dimos los primeros pasos; dejamos en sus manos una herramienta inmejorable, un instrumento idóneo para hacer una ley de calidad, basada en el consenso de todos los agentes implicados en las adopciones internacionales, que permitiera paliar los efectos negativos de la actual situación. Pocas veces se cuenta con unas aportaciones tan valiosas para la elaboración de un texto. Nuestras enmiendas sí recogen todas las recomendaciones. Sin embargo, de una manera absolutamente incomprensible, han decidido obviar las conclusiones y recomendaciones recogidas en el informe del Senado, dilapidando el trabajo y el esfuerzo de muchas personas, y han preferido hacer una ley que redunda en las mismas carencias y deficiencias que fueron denunciadas por padres, asociaciones, ECAI y administraciones en el año 2003. Lo que nosotros proponemos con nuestras enmiendas es casi un texto alternativo.
Ya le he dicho antes que no voy a leer una por una, solamente voy a comentar cuál es la filosofía y qué es lo que persiguen en su conjunto.
En nuestras enmiendas se definen las funciones de las entidades públicas de protección y las entidades privadas de colaboración; se fijan unos criterios homogéneos y públicos para la declaración de idoneidad de los solicitantes de adopción internacional y la expedición de los correspondientes certificados; se definen los procedimientos y plazos y se señala la autoridad competente; se establece un mecanismo de control de las entidades de colaboración, de sus retribuciones y régimen sancionador y efectos; se crea la Agencia para la Adopción Internacional que ustedes tienen en su programa, como indispensable órgano de coordinación intercomunitaria que unifica el régimen de la adopción internacional y garantiza en esta materia la igualdad entre todos los españoles; se mejoran los procedimientos de información y formación; se concretan medidas de carácter social, tanto económicas como de conciliación de la vida laboral, en apoyo de los solicitantes de la adopción y se establecen programas de postadopción tendentes a la adecuada atención de todos los ámbitos de los menores adoptados, con especial atención a los sanitarios y educativos.
Señorías, todavía están a tiempo de votar a favor de nuestras enmiendas y poder conseguir un texto que realmente responda a las necesidades y trate de resolver los problemas reales que actualmente existen en el proceso de adopción internacional. Si no votan nuestras enmiendas, por favor le pido al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que diga por qué, que nos diga por qué. En política se perdonan muchas cosas, pero nunca la incoherencia, y espero que nosotros podamos comprobarlo. ¿Por qué no se crea ese órgano de coordinación, esa agencia que recogen en su programa? En nuestro programa, llamábamos a ese órgano instituto; ustedes, agencia.
Nosotros recogimos en las enmiendas su nomenclatura, y ni aún así han querido consensuarlo. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista debe explicar el porqué. En conclusión, es una ley que no soluciona los problemas que surgen en el procedimiento, es una ley de mínimos.
Únicamente se dan cuatro o cinco pinceladas. No persiguen la igualdad de trato de los padres adoptantes en todo el territorio nacional.
El señor PRESIDENTE: Por favor, ruego silencio.
La señora MÉNDEZ MONASTERIO: No se cumple su programa electoral al no crear la agencia. Es una ley ambigua. A lo largo de todo el texto se dice: a ser posible, se procurará, se intentará. Es muy ambigua. No se unifican criterios y vuelven a claudicar ante los partidos nacionalistas.
Había muchas expectativas creadas con la aprobación de esta ley, pero el objetivo principal no se cumple. Nosotros nos vamos a abstener. No obstante, esperamos que en el Senado ustedes modifiquen el texto o apoyen nuestras enmiendas, porque este voto de abstención es un voto de confianza para que ustedes en el trámite posterior recapaciten y se adecuen a las verdaderas necesidades. En este caso no nos preocupa su postura, nos preocupan las familias, pero sí les pedimos que tengan coherencia y que sigan un discurso nacional, que es el que ahora mismo le pide, estamos convencidos, toda la sociedad civil. (Aplausos.)
El señor BEDERA BRAVO: Se ha citado aquí al Senado, a la Comisión.
Efectivamente, entre marzo de 2002 y diciembre de 2003 se constituye una Comisión especial en el Senado sobre adopción internacional para estudiar lo que entonces era un fenómeno social emergente. En un clima de consenso se llevaron a cabo hasta 36 comparecencias de autoridades, de expertos, que elaboran un conjunto de conclusiones y que redactan un conjunto de recomendaciones que la complejidad del caso aconsejó dividir en tres apartados: ámbito de administraciones competentes, ámbito de entidades colaboradoras -ECAI- y ámbito normativo. En este último supuesto, en el ámbito normativo, se indicaba la conveniencia de revisar la legislación estatal, cosa que no hizo en aquel momento el Partido Popular, todavía en el Gobierno. La aprobación final de este informe por unanimidad en el Pleno del Senado generó un compromiso político y moral para el Gobierno que el Gobierno del
Partido Socialista ha retomado. Era un compromiso político por la autoridad de quien hacía las recomendaciones, la Cámara Alta, y un compromiso moral porque había que dar respuesta a las familias adoptantes, a las asociaciones que las agrupan, a las entidades públicas y, en general, a los operadores jurídicos que intervienen en estos procesos de adopción internacional. Pues bien, cuatro años después podemos decir que todas las recomendaciones normativas han sido asumidas por el actual Gobierno. Primera: consejo consultivo. Efectivamente, el Real Decreto de 13 de mayo de 2005 crea el Consejo Consultivo de Adopción Internacional. Segunda recomendación normativa: que se reforme el artículo 191 del Reglamento del Registro Civil. Pues bien, el 8 de febrero del año 2005, quien les habla presentó en esta misma Comisión una PNL para reformar esa disposición que obligaba a señalar en la inscripción del nacimiento el nombre del padre y de la madre, incluso contra la voluntad de los interesados. Se aprobó por unanimidad, se instó al Gobierno a su modificación y así se hizo. Tercer cumplimiento: protocolos bilaterales. Este Gobierno ha instando los protocolos bilaterales con países de origen de los menores; el último se ha establecido el 31 de mayo de este mismo año con Vietnam. Cuarto y más importante: la revisión de la legislación estatal. Es el más importante y la razón de ser de que estemos en este momento aquí reunidos. El proyecto de ley que estamos debatiendo esta tarde va a otorgar el máximo rango normativo a la regulación de la adopción internacional y va a corregir algo que jurídicamente es muy importante en razón de la seguridad: la dispersión normativa existente hasta ahora.
El proyecto de ley, ya convertido en informe de la ponencia, como han dicho los que han hablado antes que yo, se ha enriquecido notablemente, hasta contener en su articulado una buena parte de las recomendaciones hechas por el Senado. Si buscamos, efectivamente, no están ordenadas como las ordena el Partido Popular, que ha hecho un corta-pega de las recomendaciones y las conclusiones del Senado y las ha colocado en el articulado. No hay que olvidar algo muy importante, y es que muchas de ellas no van destinadas al Gobierno del Estado, sino a las entidades públicas competentes en la materia, porque todos los que estamos aquí sabemos que esas competencias están residenciadas en las respectivas comunidades autónomas, cuestión esta que no es de poca importancia y de la que volveré a hablar un poco más adelante. Lo que a mi grupo le importa señalar aquí por encima de todo, más allá de la esgrima parlamentaria, es que se trata de una ley necesaria. Señorías, estamos ante una ley necesaria no solamente porque en aquel momento, en el año 2002, lo dijera el Senado, en lo que supuso el inicio de un movimiento normativo sin precedentes, porque va a concluir con una Ley de adopción internacional, sino porque somos el primer país en adopciones por número de habitantes; es verdad que en valores absolutos Estados Unidos tiene mayor número de adopciones, pero España, con 12,3 adopciones por cada 100.000 habitantes, tiene la tasa más alta del mundo. Esta certeza nos obliga a dar soluciones ante el amplio espectro de situaciones que se plantean. También es necesaria porque, aunque apenas han pasado diez años desde que se generalizó el fenómeno de la adopción internacional, todos los operadores jurídicos y sociales han adquirido una gran experiencia, y desde esa experiencias coinciden en la necesidad de la ley. Por cierto, señorías, en todos los foros en los que se ha hablado desde el mes de junio para acá con un texto en la mano, con el texto del proyecto de ley que aprobó el Gobierno, se está de acuerdo con la ley. Todos los operadores jurídicos están de acuerdo con la ley. Les gustará más o menos, cambiarían más o menos cosas, pero todos afirman que la ley es necesaria y que esta ley es mejor, incluso antes de enriquecerse con las aportaciones, que una ausencia de ley. También debemos dar respuesta a las familias. Debemos impedir -y esta ley lo hace- que el proceso de adopción sea una auténtica carrera de obstáculos. Quienes hemos pasado por estas circunstancias conocemos el cúmulo de sensaciones que se viven en estos casos, cuando a la expectación por conocer al que va a ser tu hijo se une en algunos casos una complejísima tramitación administrativa, multitud de diligencias para las que te pones en manos de las ECAI -entidades colaboradoras- y dificultades sobrevenidas, todo ello mezclado, como SS.SS. comprenderán, con importantes dosis de ansiedad y con situaciones emocionales al límite. La adopción es todo menos un paseo, y las familias adoptantes necesitaban un instrumento que les diera seguridad, como es esta ley. Asimismo necesitaban la ley en todos los foros, pregunten ustedes a todas las asociaciones, que también están de acuerdo con la ley. Es también una necesidad para las ECAI, las entidades colaboradoras de adopción internacional, entidades que juegan un papel crucial -por eso no hemos apoyado alguna enmienda de Izquierda Unida que pedía su supresión-, entidades cuya intermediación afecta prácticamente al 70 por ciento de las adopciones internacionales que se realizan en nuestro país, y que además son las primeras que reclaman una norma que armonice como esta, que armonice la adopción internacional, porque, con un texto claro, con una definición de sus funciones, con necesarios controles, acaban justificando o garantizando la transparencia de su gestión. Pregunten a las ECAI y también les dirán que esta ley es necesaria.
Por encima de todo, señorías, insisto, por encima de todo -aquí prácticamente no he oído ni una palabra al Grupo Popular en este sentido-, es una ley necesaria para los menores. Hay un interés superior del menor que está por encima de todo lo demás, de todo lo que se ha dicho aquí por la representante del Grupo Popular: la prioridad absoluta del proyecto de ley es el interés superior del menor y el respeto por sus derechos con el fin de evitar, de prevenir sustracciones, venta o tráfico. Es verdad por desgracia que en los últimos tiempos hemos tenido noticias de actuaciones que parece que van en esta dirección, actuaciones que todos
deploramos. Sabemos de qué estamos hablando; estamos hablando del caso de Chad. Con esta ley, señorías, estamos fortaleciendo -esto es más importante que cualquier otra cosa- las garantías para el menor. Se refuerzan medidas que ya existen de carácter internacional como es el artículo 11 de la Convención Derechos del Niño de Naciones Unidas, que señala expresamente que los Estados parte -España lo es- adoptarán medidas para luchar contra los traslados ilícitos de niños al extranjero y la retención ilícita de niños en el extranjero. El artículo 4 de este proyecto de ley -aunque solamente fuera por este artículo habría que apoyar la ley- establece lo que fortalece y respalda este artículo 11 de la Convención Derechos del Niño, y tiene ese sentido profiláctico, tuitivo, al prohibir específicamente la adopción en zonas que se encuentren en conflicto bélico; inmersas en un desastre natural; cuando no exista autoridad específica que garantice la adopción, o cuando en el país de origen no se den las garantías adecuadas para la misma.
Señorías, créanme, la pobreza no es ningún título jurídico para adoptar.
El principio de subsidiariedad, que tiene su fundamento en el citado texto de la Convención de los Derechos del Niño, obliga a que en interés superior del menor las medidas de protección se articulen primero que todo en el entorno de la familia de origen y, solo en su defecto, se dará prioridad a las medidas de protección del propio país de origen del menor, y solo subsidiariamente mediante soluciones de protección en el extranjero. Esto también se recoge en esta ley, señorías, y es muy importante; antes no estaba recogido de esta manera. Además estas lamentables actuaciones como la de Chad, y así hoy se señala precisamente en un artículo muy interesante que yo le recomiendo de Ignasi Carreras en el Diario El País, pueden ser utilizadas por algunos gobiernos para introducir restricciones a la adopción internacional.
Señorías, tenemos un argumento más: también necesitamos la ley porque, como país con el mayor porcentaje de adopciones en el mundo, debemos enviar un mensaje muy claro a todos los gobiernos de los países donde acudimos a adoptar, un mensaje que diga: España respeta los tratados internacionales en materia de adopción -eso lo dice la ley-; España garantiza escrupulosamente la legalidad de las adopciones en esos países -eso lo dice la ley-; España asume el principio de subsidiariedad -está explícitamente en la ley-; España garantiza el derecho a conocer los orígenes biológicos del menor -eso está en la ley, en el artículo 12-, y España se compromete a enviar a los países los informes de seguimiento postadoptivos -eso está expresamente en la ley-. Esta última cuestión nos ha causado muchos problemas, señorías, en algunos asuntos que tienen que ver con China, cuando redujeron el cupo de adopciones y en otros problemas en Congo que todos conocen. La prueba de esta necesidad la tenemos en el texto de la ley, ya que el Parlamento español eleva al máximo rango normativo la cuestión de la adopción internacional.
La necesidad de la ley ha quedado también patente -lo han dicho algunos portavoces, también la portavoz del Grupo Parlamentario Popular- en la jornada parlamentaria que sobre adopción internacional se celebró en esta Cámara el pasado día 22 de octubre, jornada que organizó la Fundación AEquitas y que dirigió por cierto uno de los máximos especialistas españoles en la materia, un excelente jurista, el autor de algunos de los artículos de prensa más lúcidos e inteligentes de los últimos años sobre adopción, y estoy hablando de nuestro compañero y diputado por el Grupo Popular Jesús López-Medel. Señorías, si hubieran estado atentos a esta jornada, se hubieran dado cuenta de que actuó como una auténtica sesión no oficial de comparecencias y que puso de manifiesto nuevamente la oportunidad y la necesidad de la ley. Sin excepción, asociaciones de ECAI, asociaciones de adoptantes, letrados, magistrados, fiscales, registradores, notarios, defensores del menor y altos cargos de la Administración mostraron su satisfacción por que esta ley salga adelante, por que se tramite este proyecto de ley que tan importante es. El resumen de la jornada se puede extraer de las palabras de una de las asistentes, la presidenta de la Asociación DAGA, quien afirmó que con esta ley estamos ante la mayoría de edad de la adopción internacional en España.
Así lo pensamos también en el Grupo Parlamentario Socialista, va a haber un antes y un después de esta ley. Además -si necesitaban más argumentos a favor de la necesidad de la ley-, la pasada semana han tenido lugar las jornadas anuales de coordinación en adopción internacional que se celebran todos los años -este año ha tocado en Oviedo- y también allí se ha insistido en la necesidad de la ley; una ley que sea el referente, que sea el instrumento desde el que las comunidades autónomas, actuando según sus propias competencias, desarrollen su política de protección de menores.
Entrando en el contenido, señorías, estamos ante una ley donde prima el elemento técnico. Fíjense que tras tramitarse las reglas de modificación de la nacionalidad en otro proyecto -ha pasado en la llamada Ley de la Memoria Histórica- el contenido de esta se centra exclusivamente en la adopción, y en este terreno el Grupo Parlamentario Socialista ha mantenido los brazos abiertos a las observaciones que se le han ido haciendo, hasta el punto de que es una ley bastante consensuada porque, entre enmiendas aceptadas, retiradas y las transacciones que hemos presentado y a las que ya nos han anunciado su respaldo, vamos a incorporar más del 50 por ciento de las enmiendas, concretamente 75 de las 141 enmiendas, es decir, estamos aproximadamente en un 53 por ciento entre ponencia y Comisión. Les hago notar únicamente desde el Grupo Parlamentario Socialista dos enmiendas muy importantes para nosotros, dos enmiendas que incorporamos en ponencia. Una es la enmienda 98 sobre adoptabilidad, algo importantísimo, señorías, porque es necesario verificar que el menor es susceptible de ser adoptado y de que, por tanto, tiene todos los consentimientos por ejemplo de los padres
biológicos si los hubiera, o de que se han cumplido los requisitos de subsidiariedad. Esta enmienda arreglaría un problema que hasta ahora hemos tenido, por ejemplo, cuando se paralizaron las adopciones en Congo.
No estaba garantizada la adoptabilidad, pero con este artículo introducido en ponencia se garantiza esto.
Resaltamos también la enmienda 99, al artículo 7.6, para que las ECAI designen la persona que actuará como representante de la entidad y de las familias ante las autoridades del país de origen del menor. Fíjense, señorías, señora portavoz del Grupo Parlamentario Popular, ambas enmiendas -adoptabilidad y representación de las ECAI en el país de origen- se recogen exactamente en estos términos en la Comisión especial del Senado, puntos 3.7 y 3.8.
Aprovecho para decir a la Mesa que el Grupo Parlamentario Socialista retira las enmiendas 104 y 105.
Con Esquerra Republicana efectivamente hemos llegado a un acuerdo general manifestado en el apoyo a sus enmiendas sobre el tema competencial, y al hilo de esto nos gustaría hacer dos precisiones al Grupo Parlamentario Popular. Señorías, en sus enmiendas ustedes han dibujado un modelo de ley de adopción basada, fundamentada, en una agencia estatal, pero no en una agencia cualquiera, una agencia estatal que actúa como una especie de aspiradora y que absorbe todas las competencias que a día de hoy tienen todas y cada una de las comunidades autónomas, incluidas las que ustedes gobiernan. Me gustaría saber qué opinará la Comunidad de Madrid cuando ustedes quiten las competencias en materia de protección de menores. Con la actual configuración de nuestro Estado -un Estado fuertemente descentralizado, señoría- es imposible. Ustedes y nosotros podremos estar o no de acuerdo en si nos gusta más o menos el Estado que tenemos, pero con esta formalización de un Estado descentralizado es absolutamente imposible hacer caso a las enmiendas que ustedes presentan, basadas la mitad de ellas en una agencia estatal que, como digo, absorbe completamente. Con este modelo ustedes dan una marcha atrás de más de diez años, en algunos casos de más de quince años, en lo que es la concepción de la organización de la protección de menores. Tal como está en estos momentos, en algunos sitios funciona muy bien, en algunas comunidades autónomas que ustedes gobiernan funciona bien, vayan ustedes a decirles ahora que las quieren quitar y llevarlas todas a una agencia estatal. Señorías, no puede ser.
Hablan ustedes del término delegación.
El señor PRESIDENTE: Señor Bedera, le ruego que vaya concluyendo, lleva ya más de quince minutos.
El señor BEDERA BRAVO: Voy terminando, señor presidente.
Si usted hubiera leído las enmiendas que hemos aceptado, verá que el término delegación ha sido sustituido por encomendación. (Rumores.-El señor Astarloa Huarte-Mendicoa: Encomendación no existe.) Tiene un concepto administrativo y ha sido transaccionado.
Hemos de recordar que esta actuación de las comunidades autónomas, como ya les he dicho, se justifica en varias cuestiones, las competencias que tienen en esta materia, los derechos civiles y forales que forman parte del derecho civil de cada comunidad autónoma y el propio instrumento de ratificación del Convenio de La Haya.
Dos palabras para decir que con Izquierda Unida hemos llegado a una serie de acuerdos que clarifican y definen mejor la actuación de las ICAE, pero sobre todo -y esto es muy importante que conste, señorías- se ha incorporado una serie de enmiendas relativas a la coordinación y cooperación, enmiendas 29, 38, 52 y 56, para coordinar todo esto que ustedes decían sobre la idoneidad y sobre los requisitos básicos de acreditación, ahí lo tienen ustedes también. Hemos apoyado la mayoría de las enmiendas de CiU, y con el Grupo Vasco y con el Grupo Mixto -para ser breve paso por encima- también hemos llegado a algún acuerdo. Termino hablando de los foros de coordinación. Señorías, hay foros de coordinación. Aparte del consultivo, existe un organismo interautonómico que reúne mensualmente a los directores generales de las comunidades autónomas, que se ponen de acuerdo sobre esta cuestión, cuya utilidad está probada, y existen unas jornadas anuales de coordinación.
En definitiva -termino ya, señor presidente, gracias por su amabilidad-, estamos ante un consenso que no solamente es necesario sino que es posible porque esta ley presenta elementos comunes de armonización en materia de adopción, respetando lo que es hasta ahora el funcionamiento de las comunidades autónomas. Señorías, desde la Comisión especial del Senado se lleva mucho tiempo trabajando en esto. Se ha tramitado por urgencia para que la ley salga adelante, pero hay mucho trabajo hecho, acumulado anteriormente; después de este trabajo, solo queda tener la voluntad política para que a finales de este año podamos tener aprobada definitivamente una ley que todo el mundo considera necesaria.
El señor PRESIDENTE: Antes de pasar a las votaciones, quiero agradecer a todos los ponentes el magnífico trabajo que han hecho en relación con este proyecto de ley.
El Grupo Parlamentario Socialista me presenta unas enmiendas transaccionales a enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. A los efectos de aceptar la transacción, tiene la palabra, señora Méndez.
La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Sí, señor presidente, aceptamos las cuatro, a las enmiendas 123, 132, 133 y 136.
El señor PRESIDENTE: ¿El Grupo Parlamentario Popular retira sus enmiendas 123, 132, 133 y 136?
La señora MÉNDEZ MONASTERIO: No, las mantenemos.
El señor PRESIDENTE: Las mantienen a efectos de votación, pero se acepta la transacción.
La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Eso es.
Señorías, vamos a iniciar ya las votaciones.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Vamos a hacer en total cuatro bloques de votación. En primer lugar, vamos a someter a votación las enmiendas 25, 40, 42, 48, 49, 50, 53, 54, 57, 61, 64 y 30.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 34; abstenciones, una.
Enmiendas números 27 y 46, de Izquierda Unida.
El señor PRESIDENTE: Rechazadas.
Enmiendas 35 y 37, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Señor presidente, ha unido la 35 y la 37 y pero nosotros vamos a diferenciar el voto de una y de otra, por lo que le pediría votación separada.
El señor PRESIDENTE: Enmienda número 35, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
Enmienda número 37, de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 15.
Enmiendas 39, 58, 59 y 63, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Aquí vamos a hacer tres bloques de votaciones. En primer lugar, enmiendas 7, 10, 12 y 13.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 33; abstenciones, una.
Enmiendas 8, 14 y 16, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 33; abstenciones, dos.
Enmienda número 11, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Vamos a someter a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En primer lugar, enmienda número 78.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 34.
Enmiendas 71, 80, 81, 83, 86,...
La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Perdón, señor presidente. Me vuelve a pasar lo mismo. Si a nosotros nos pudiera diferenciar la 80 y la 85, se lo agradecería.
El señor PRESIDENTE: La 80 por un lado y la 85 por otro. Separadas.
Vamos a hacer varios bloques. Habíamos sometido a votación la enmienda número 78, que había quedado rechazada, y ahora pasamos a someter a votación las enmiendas 71, 81, 83, 86, 87 y 88.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, una; en contra, 34; abstenciones, una.
Enmiendas números 76 y 94.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 35.
Enmienda número 80.
Enmienda número 85, de Convergència i Unió.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 20.
Pasamos, a continuación, a las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
Tenemos, en primer lugar, la 112, la 123, la 133 y la 136.
El señor BEDERA BRAVO: Perdón, para la 112 hay una transacción.
El señor PRESIDENTE: Sí, pero no han retirado sus enmiendas. Aceptan la transacción, pero no retiran las enmiendas. ¿De acuerdo? Enmiendas 112, 123, 133 y 136.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 20; abstenciones, una.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
Entramos, a continuación, a votar las enmiendas transaccionales. Primero, tenemos las enmiendas transaccionales a las enmiendas 70, de Convergència i Unió, y 112, del Grupo Parlamentario Popular, relativas al artículo 1.2.
La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Señor presidente, ha unido las dos enmiendas en la votación.
El señor PRESIDENTE: Es el artículo 1.2. Enmiendas transaccionales a la 70 de Convergència i Unió...
La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Si puede esperar un momento en esta enmienda, se lo agradecería, por favor.
El señor PRESIDENTE: Se la puedo leer si quiere. El artículo 1 apartado 2: Se entiende por adopción internacional el vínculo jurídico de filiación que presenta un elemento extranjero derivado de la nacionalidad o de la residencia habitual de adoptantes o adoptandos.
Enmienda transaccional a la 28, de Izquierda Unida, relativa al artículo 4.3.
En tercer lugar, enmienda transaccional a la enmienda 36, de Izquierda Unida, relativa al artículo 5.
Enmienda transaccional a la enmienda 10, del Grupo Parlamentario Vasco, que se refiere al artículo 7.6 bis.
Enmienda transaccional a la enmienda 12, del Grupo Vasco, relativa al artículo 10.3 bis.
Enmienda transaccional a la 123, del Grupo Parlamentario Popular, referida al artículo 11.2.
Enmienda transaccional a la enmienda 132, del Grupo Parlamentario Popular, referida al artículo 26.1, 1.º, párrafo tercero.
Enmienda transaccional a la 133, del Grupo Parlamentario Popular, al artículo 30.4.
Enmienda transaccional a la enmienda 136, del Grupo Parlamentario Popular, referida al artículo 34, apartado 1, segundo párrafo.
Pasamos, a continuación, a votar el texto del proyecto de ley conforme al informe de la ponencia.
Sin más rodeos, y dando las gracias a los servicios de la Cámara, a los medios de comunicación y por supuesto a todos ustedes, se levanta la sesión.