Source: https://issuu.com/mabelcalle/docs/juridica_346
Timestamp: 2016-09-25 00:31:38
Document Index: 216720947

Matched Legal Cases: ['artículo 58', 'artículo 65', 'Artículo 9', 'artículo 98', 'artículo 101', 'artículo 343', 'artículo 407', 'artículo 351', 'artículo\n343']

Revista Juridica 346 Mar 2011 by mabel calle - issuu
SOCIAL: MODELO
MANAGERIAL Y ÉTICA
4 Y 5 J. MARÍA ELENA GUERRA CERRÓN
2/ Elector y partidos políticos: desencuentro con el Estado
3/ Reglas y principios EDWIN FIGUEROA GUTARRA
ROLF K. PÉREZ CAMARENA
6/ La administración del Derecho penal JUAN J. DÍAZ GUEVARA
7/ Oportunidad del agraviado para constituirse en actor civil en el CPP-2004 XAVIER CASTILLO ESPEZÚA
8/ Biblioiuris: Los jueces. Carrera judicial y cultura jurídica, de Gorki Gonzales Mantilla CARLOS A. RAMOS NÚÑEZ
Martes 15 de marzo de 2011 • Año 7
Elector y partidos políticos:
desencuentro con el Estado
sólo deber del Estado. Es también, deber de
los partidos políticos, pues al ﬁn y al cabo
de cómo estos intervengan en la formación
de la ciudadanía se tendrán ciudadanos
más o menos democráticos y, como consecuencia, un sistema político más o menos
legítimo e institucionalizado.
Lic. en Ciencia política por
la UNMSM. Cursante de la
gobierno en la PUCP.
stando en tiempos de efervescencia electoral conviene poner a colación la situación del ﬁn supremo
del Estado, en tanto ente garante del cumplimiento de los derechos y obligaciones
de la ciudadanía, y con este ﬁn interesa conocer las relaciones base de esta situación
del Estado: ciudadano-elector y ciudadanoinstituciones políticas.(1).
CIUDADANO-ELECTOR
Según nuestra Carta Magna del año 1993
la condición de ciudadanía está reconocida
en los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, que constituyen
lo primordial de texto fundamental del
Estado peruano. Sin embargo, una cosa es
reconocer, otra muy distinta el garantizar.
La pregunta es: ¿Quién debe garantizar estos derechos? Por lo mismo, la condición
de la ciudadanía sólo será tal si y sólo sí
estos derechos reconocidos también son
garantizados por el Estado mediante políticas públicas (respuestas a las demandas
Ahora bien, el elector es el ciudadano
en ejercicio de su derecho a elegir (derecho
político), y en algunos casos a ser elegidos.
Para muchos dirigentes políticos de nuestro
país, la condición de ciudadanía es efectiva necesariamente en un proceso electoral
(local, regional o nacional). Empero, surge
una interrogante: ¿la condición de ciudadanía puede ser restringida y reducida al
ejercicio de un derecho político cada cierto periodo?, aﬁrmamos lo contrario pues
consideramos que los derechos que hacen
posible la ciudadanía deben ser vigentes y
garantizados hayan o no hayan coyunturas
electorales. Por el contrario, en nuestro país
ser elector es el único derecho ciudadano
garantizado necesaria y obligatoriamente
SOBRE LA RELACIÓN CIUDADANOPARTIDOS POLÍTICOS
La participación política es la interacción,
dinámica y constante que existe entre la
ciudadanía y los centros de decisión política. Siendo así, la participación política
se lleva a cabo en y a través de instituciones (al menos debería ser de esta forma),
denominadas partidos políticos (medios
institucionalizados) que tienen como ﬁn,
representar a la ciudadanía organizada y
canalizar la actividad política ciudadana
hacia el Estado. Este papel pasivo de los
partidos políticos los muestra como instru-
mentos para hacerse del poder y ¿dónde
queda la formación de la ciudadanía?¿sólo
en la Escuela? La misión de los partidos políticos no solo acaba en ganar las elecciones
y hacerse de electores para ganarlas (Catch
all party). Si no, su papel trascendental es
complementar la formación escolar-formal
con la formación para los ciudadanos desde una perspectiva pro-positiva y particular
del mundo (ideología); todo esto en un plano de tolerancia y consenso (Democracia).
En nuestro país los pocos partidos políticos que existen (crisis histórica a nivel
de la institucionalización de los partidos
políticos y otros factores de cultura política
emergentes del contexto(2) forman en cierta medida a la ciudadanía. Sin embargo,
cuando estos partidos se encuentran en un
proceso electoral su escasa obligación de
formación para la ciudadanía se reduce, en
otros desaparece y algunos no existe. Por
lo tanto, la condición de ciudadano no es
¿CIUDADANO-ESTADO? O
¿ESTADO-CIUDADANO? EL ASUNTO
FUNDAMENTAL DE LA POLÍTICA MÁS
ALLÁ DE LA COYUNTURA ELECTORAL
Los momentos que vivimos muestran a
una ciudadanía vista como electorado.
Esta es una constante en nuestro país (y en
algunos países de Latinoamérica). Debido
a esto no son raras las actitudes populistas
de algunos actores electorales del medio
dirigidas a captar este caudal electoral
propenso a estas acciones.
No está demás decir que nuestra tradición cultural y política está más cerca de
tener una población-electorado que una
población-ciudadanía. Además, el Estado reﬂeja lo que los partidos políticos y las otras
formas de participación política de nuestro
medio proponen y buscan, ¿Considerarán
éstos la importancia de formar ciudadanía?
¿Éstos contribuirán a eliminar o disminuir la
reducción de la ciudadanía a una mera cifra
electoral? Por lo mismo, formar ciudadanía
es formar Estado, y al garantizar los derechos incluidos en esta condición se asegura
la existencia del Estado mismo para posteriores generaciones. ◆
[1] Para este casos solo hablaremos de
[2] A considerar los supuestos del
Institucionalismo contextualizado en:
DIETER NOHLEN, El institucionalismo
contextualizado: La relevancia del
contexto en el análisis institucional,
UNAM, Ed. Porrúa, México, 2006..
Directora (e): Delﬁna Becerra González | Subdirector: Jorge Sandoval Córdova | Editor: Francisco José del Solar |
Coeditora: María Ávalos Cisneros | Editor de diseño: Julio Rivadeneyra Usurin | Diseño: César Fernández Fernández
o obstante las formidables críticas a la ponderación de intereses
por parte de, entre otros autores,
Jürgen Habermas, Paolo Commanducci y
Juan Antonio García Amado1, corresponde nos interroguemos hasta dónde puede
realmente visualizarse que hoy la interpretación constitucional pueda considerar la
primacía de los principios sobre las reglas.
El debate es de suma relevancia y es tal la
fuerza del principialismo, como doctrina
constitucional que propugna la dimensión
argumentativa de los principios, que los
foros internacionales2 han advertido ya
la necesidad de asumir un estudio más a
fondo de este tema.
Dworkin aporta luces sobre este tema y
destaca el escenario de relevancia de los
principios a partir de la premisa de que
los ordenamientos jurídicos no están compuestos solo por reglas. En efecto, si bien
las reglas presentan una estructura silogística mediante una premisa mayor, una
premisa menor y una conclusión, existen
conﬂictos en el derecho que no pueden ser
resueltos únicamente con base en reglas.
Esto es, que la subsunción aparece
como herramienta incompleta para la dilucidación de las controversias jurídicas. Y un
ejemplo de ello se encuentra representado
por las lagunas en los ordenamientos jurídicos, las cuales necesitan ser colmadas. En
rigor, una laguna es un vacío en el derecho
frente a la cual no existe regla concurrente
que pueda brindar una solución satisfactoria. Cuanto aﬁrmamos reside en que la laguna jurídica no encuentra asidero ni en la
premisa mayor, pues no hay norma concurrente en el caso, ni se asimila a los supuestos de hecho de la regla. En consecuencia,
el intérprete se ve instado a recurrir a mecanismos que permitan llenar ese vacío a
En nuestra opinión, no, pues los principios
no consagran subjetivismo alguno y al ser
expresados procedimentalmente mediante
la ponderación, se les exige respetar las
reglas del discurso racional, esto es, se
requiere una fundamentación que respete
los estándares mínimos de consistencia,
coherencia y permanencia.
En propiedad, los principios no son expresión subjetiva, salvo en el contexto de
descubrimiento. No ocurre ello en el contexto
de justiﬁcación y en las justiﬁcaciones interna y externa, en cuyos ámbitos los principios
se ven sometidos a un análisis racional, en
primer orden, y de razonabilidad, en segundo rango, de tal manera que resulta ajeno al
proceso de ponderación, consagrar la discrecionalidad sine die del intérprete.
efectos de que la controversia en examen
encuentre respuesta en el derecho.
La posición kelseniana fue muy enfática, a través de la Teoría Pura del Derecho, a
efectos de que no existieran elementos morales ni de ningún otro orden en la solución
jurídica. Y en parte no le faltaba razón al insigne creador del Tribunal Constitucional de
Austria, en tanto si la aplicación normativa
encontraba otros elementos ajenos al derecho, bien pudiera resultar viciada la solución
del caso por elementos extrajurídicos.
Sin embargo, el Derecho ha devenido sin
cesar desde los albores de la centuria pa-
sada, cuando las propuestas de Kelsen
comenzaron un aﬁanzamiento sostenido y
hoy, a la luz de las cartas fundamentales de
los Estados y de los tratados supranacionales en materia de derechos humanos, no
puede negarse la importancia que revisten
los principios como dimensión axiológica
del Estado constitucional contemporáneo.
Los principios han esbozado un horizonte de desarrollo sostenido no solo en
las Constituciones de diversos Estados
emblemáticos del constitucionalismo (Alemania, España, Colombia) y es a través de
los derechos fundamentales que los principios han logrado una plena expresión de
su dimensión axiológica. Los principios han
SUBSUNCIÓN Y PONDERACIÓN
Por tanto, subsumimos a través de las reglas
y solo cuando tal operación de subsunción es
insuﬁciente, procedemos a ponderar, esto es,
la ponderación representa un mecanismo de
suyo residual frente a la subsunción.
Finalmente, la ponderación expresa
racionalidad a través de los principios y las
reglas representan la base de todo examen
jurídico. La exigencia está formulada: las
controversias exigen soluciones racionales
y razonables y los principios acuden en su
ayuda. ◆
[1] GARCIA AMADO, Juan Antonio.
El juicio de ponderación y sus partes.
Crítica de su escasa relevancia.
Academia de la Magistratura, Décimo
primer curso PROFA. Abril 2010. pp.
[2] La Constitución y los principios. VIII
Congreso Mundial de la Asociación
Internacional de Derecho Constitucional.
Constitucional de Lambayeque
Profesor asociado de la Amag y
de la USMP ﬁlial Chiclayo.
irrumpido para ubicarse como herramientas interpretativas de solución de las controversias constitucionales, y no obstante
lo aﬁrmado, correspondería preguntarnos:
si los principios han asumido esta nueva dimensión, ¿no son acaso ellos, como intuye
el maestro Prieto Sanchís, la nueva expresión del positivismo de nuestros días?
Responsabilidad social: model
Fiscal superior civil en el
Callao. Profesora. universitaria
ara la reforma y modernización del
Estado se han considerado las estrategias empresariales y criterios
de gestión y gerencia por ser caliﬁcados
como positivos para la mejora, competitividad, desarrollo y eﬁciencia de las organizaciones de la administración pública y poderes del Estado. Así, la calidad total, la
excelencia, la reingeniería, el benchmarking
y el gobierno corporativo, entre otros, se
tornan atractivos y hasta imperativos para
su aplicación, tanto en las organizaciones
privadas como en las públicas, más aún
cuando por el D. Leg. Nº 1024 (publicado el
21 de junio de 2008) se creó el Cuerpo de
Gerentes Públicos para la incorporación de
profesionales altamente capaces, señalándose entre sus objetivos desarrollar capacidades de dirección y gerencia en la administración pública.
Los criterios y lineamientos de dirección,
gestión y gerencia, así como el conjunto de
principios, capacidades, competencias, actitudes, prácticas empresariales y valores,
constituyen el modelo managerial, que es
importante no solo por el efecto esperado de
rentabilidad y éxito empresarial, sino también, y, principalmente, por la forma, el medio o el camino (método) para llegar a dicho
resultado. En este modelo los valores son el
componente fundamental, por ser el fundamento de la ética empresarial o ética de la
empresa, como también se le denomina.
En esta oportunidad no vamos a debatir si es correcto hablar de ética de la empresa o no, considerando que no está claramente deﬁnido qué es empresa (si objeto
de derecho o sujeto de derecho), existiendo
respecto a ella diferentes teorías como las
patrimonialistas negativas, que la consideran como organización o actividad, entre
otros, y las subjetivas-positivas, que le atribuyen calidad de sujeto de derecho o de
persona jurídica. Ya sea como empresa o
como empresario, lo importante y relevante
es la ética en la organización económica, en
cualesquiera de las formas societarias regu-
ladas en la Ley General de Sociedades, la
empresa individual de responsabilidad limitada, pyme u otras.
Ética proviene del griego “ἦθος” (ethos), a
la que se le atribuyen como signiﬁcados:
costumbre, morada, carácter o conducta.
En el diccionario de Filosofía de Abbagnano
(1) se señala que ética, en general, es la
ciencia de la conducta, de la cual hay dos
concepciones: como ciencia del ﬁn al que
debe dirigirse la conducta (conducta ideal),
así como de los medios para lograr tal ﬁn y
la de la ciencia del impulso de la conducta
(los motivos, la fuerzas que la determinan)
que intenta determinar, dirigir o disciplinar
Sin pretender que la siguiente sea la
respuesta, en nuestro parecer, ética es el
conjunto de normas, criterios y valoraciones
obtenido como consecuencia de la observación, evaluación y análisis racional de las
conductas de las personas, sean estas buenas o malas. Producto de la observación y
valoración de las conductas se construye un
modelo, ideal o estándar de conducta y esta
es la conducta moral, aquella aspiración de
El presupuesto para la realización de la
ética es la libertad, puesto que solo siendo
libres las personas pueden reﬂexionar, deliberar y tomar decisiones para actuar de
acuerdo con sus principios. Otro presupuesto es la responsabilidad en la elección, decisión y conducta.
Moral proviene del latín “mores”, que
signiﬁca hábito o costumbre. De primera impresión, moral y ética son sinónimos, pero la
distinción está en que la moral es el objeto
de la ética, es la conducta positiva resultado
de evaluación con criterios de valoración.
Si bien con la ética y moral se persigue
un mismo ﬁn, la ética, como conjunto de
principios, normas y valores se ubica en el
plano teórico (externo) y la moral en el plano práctico e interno, porque es producto
de la aplicación de los principios éticos por
libre voluntad. En otras palabras, la ética es
la ﬁlosofía de la moral.
De la ética y del derecho podemos decir que
son un conjunto de normas, principios y va-
lores. En ambos casos hay códigos normativos y los destinatarios son las personas naturales y personas jurídicas, solo que en un
caso se trata de normas éticas y en el otro,
son normas jurídicas.
La transgresión a las normas –que viene
del latín “escuadra” y se deﬁne como regla o
instrucción de obligado cumplimiento– es
reprochable y hay sanciones de acuerdo con
la magnitud de la misma. Si la transgresión
es de la norma jurídica, está ya previsto en el
ordenamiento jurídico cuál será la sanción y
esta se aplica coercitivamente, mientras que
si se trata de una norma ética, lo que habrá
es un “sentimiento de culpa” o “cargo de
conciencia” y un reproche o repudio social.
tiene motivación externa, mientras que el de
la norma ética lo está en el plano interno de
las personas. Por ejemplo, “…alguien puede
considerar una ley jurídica inadecuada, pero
cumplirla por estrategia: por miedo a la sanción; mientras que para sentirse obligada
moralmente una persona necesita estar convencida de que la norma es correcta, porque
nadie le va a sancionar si no la cumple, si no
es él mismo”. (2) La idea es que se cumpla
con la ley no por miedo a la sanción, no por
estrategia, sino por una obligación moral,
una interiorización de los principios éticos, el
Las normas jurídicas tienen alcance general, aunque también hay normas especiales, que incluso prevalecen sobre las generales; igualmente, hay normas éticas generales
y especiales, atendiendo a los diferentes grupos que son destinatarios de las mismas. Así,
hay ética cívica, ética institucional, ética profesional y ética empresarial, entre otros.
La ética empresarial es el conjunto de principios, normas, actitudes y valoraciones establecido a partir de la forma de organización económica y de su objeto social. La
propia entidad, los socios, administradores,
representantes, trabajadores e integrantes
en general de la misma son los destinatarios de las normas éticas y, por lo tanto, están obligados a cumplirlas. Así, podemos
hablar del impacto interno y externo de la
lo managerial y ética empresarial
MODELO ECONÓMICO Y ÉTICO
EMPRESARIAL (M.E.E.)
En el primer artículo del régimen económico de la vigente Constitución Política del
Perú, en el artículo 58, se señala que el modelo económico es el de una economía social de mercado, donde la iniciativa privada
es libre; y en el último, artículo 65, se establece que el Estado deﬁende el interés de
los consumidores y usuarios. Para tal efecto,
su disposición en el mercado. Asimismo,
vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población.
El “Estado empresario” es sustituido
por el “Estado mínimo”, debido a la mínima intervención en la actividad empresarial, pero amplía atención a sus funciones y
políticas de salubridad, educación, seguridad. Entre sus funciones, el Estado debe diseñar un marco regulatorio adecuado para
la actuación de los agentes económicos en
el mercado. Si bien en nuestro modelo económico se consagra la libertad empresarial,
CORPORATIVO (PBG)
Las PBC se basan en el Sistema de Gobierno Corporativo, cuyos elementos son la distribución de los derechos y responsabilidades de los integrantes de las organizaciones
económicas como administradores, directorio, gerentes, socios/accionistas, la estructura a través de la cual se establecen los objetivos de la empresa y los medios para
En un comienzo, las PBC han sido voluntarias, pero hoy, en algunos casos, tienen
una motivación externa e incluso se mide y
evalúa su cumplimiento, en función de determinados criterios y parámetros. Por ejemplo, para las organizaciones que cotizan en
bolsa, en el portal de Conasev podemos leer
los Principios del Buen Gobierno Corporativo, entre los cuales están los derechos de los
accionistas, el tratamiento equitativo de los
De haberse aprobado la propuesta alternativa del proyecto de ley Marco del Empresariado, tendríamos este texto normativo sobre la empresa y la RSE:
“Artículo 9°. Empresa es la organización económica dedicada a la producción,
transformación o comercialización de bienes, o a la prestación de servicios, socialmente responsable, es decir, que su objetivo
y acción no se circunscriben solo a los términos económicos, sino a su involucramiento con la sociedad, su comunidad y con su
propio entorno. Puede ser organizada por
persona natural o jurídica.” (subrayado
El compromiso social y el involucramiento con la comunidad y su sostenibilidad tiene un mayor signiﬁcado que la “ﬁlantropía empresarial.” Ser ﬁlántropo es
facultativo, ser “responsable socialmente”
(aplicar la responsabilidad social) es un deber ético, y, por lo tanto, no debe quedar en
una simple opción de hacerlo o no.
Finalmente, el Balance Social (BS) es un
instrumento empresarial que sirve para medir y evaluar los avances de las organizaciones en su relación con la sociedad y compromiso social. No hay norma jurídica que
exija la difusión de un BS, pero sí hay una
comunidad –que, indirectamente, decide
quién se mantiene en el mercado y quién
no– que cada vez está más atenta de la ética empresarial.
La reﬂexión ﬁnal es que en el modelo
managerial del Estado y en la selección de
sus ejecutores se ponga mucha atención en
el componente ético. ◆
[1] ABBAGNANO, Incola. Diccionario de
Filosofía. Fondo de Cultura Económica,
México. Séptima reimpresión. 1989.
[2] COTRINA, Adela. Ética de la
empresa. Editorial Trotta S.A..1994.
Madrid. España. p. 48.
accionistas, la comunicación y transparencia, la responsabilidad del directorio.
Si bien para las organizaciones no inscritas en el Registro Público del Mercado de
Valores no hay control y supervisión, por
ética, deben ejecutar las PBG.
En muchos casos, las organizaciones
cuentan con estatutos o “códigos de ética”,
que pueden ser generales o también por
áreas, por ejemplo, Interbank, que según su
página web tiene Código de Ética del Grupo Interbank y Políticas sobre Conﬂictos de
Interés y Código de Ética y Estándares de
Conducta Profesional, así como un Código
de Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo.
El modelo managerial exige administradores idóneos para dirigir y gerenciar la
organización, pero en esa idoneidad está
implícita la exigencia de conductas morales.
Por ejemplo, la Ley N° 26887 –Ley General
de Sociedades–, en el Art. 171, señala que
“los directores desempeñan el cargo con la
diligencia de un ordenado comerciante y de
un representante leal. Están obligados a
guardar reserva respecto de los negocios de
la sociedad y de la información social a que
tengan acceso, aún después de cesar en sus
funciones”. Entonces los administradores y
gestores tienen el deber de cumplir esta
norma que más que jurídica contiene principios de ética empresarial.
hay una condición para su ejercicio y esta es
el compromiso con la comunidad y el bienestar social.
Cada organización económica, al establecer sus metas, deberá responder a la
pregunta ¿cuál será el modo de actuar
(conducta) para alcanzar el ﬁn?, y en la respuesta se deberá considerar la observancia
del marco legal nacional, no por estrategia
o temor a la sanción, sino por el convencimiento de que ese es el modo de actuar que
corresponde. Más allá de las normas, se deberá tener en cuenta la dignidad, los derechos fundamentales de las personas, la solidaridad y responsabilidad social.
A mayor libertad, los Códigos de Ética
resultan más necesarios y pueden prevenir
desviaciones funcionales, que si bien no caliﬁcarían en la ley como infracción, falta o
delito, sí serían objeto de reproche social, lo
que en el ámbito empresarial puede resultar muy perjudicial.
Hoy no son desconocidas las prácticas
del buen gobierno corporativo y la responsabilidad social empresarial, como materialización de normas éticas. Y teniendo en
cuenta que “la ética se enseña y se aprende”, incluso se organizan seminarios y cursos intensivos con el objeto, según señala la
publicidad, de ofrecer a los participantes
fundamentos, el diseño y la implementación de programas para las organizaciones.
del Derecho penal,
según J. M. Silva Sánchez
DÍAZ GUEVARA
Magíster en derecho. Profesor
n los últimos tiempos, el Derecho penal ha experimentado un fenómeno
de crecimiento, pasando a intervenir
en ámbitos que no habían sido hasta ahora
objeto de regulación penal. Así como, se distingue la reducción de garantías procesales en
aras de una mayor “eﬁcacia” global en la persecución del delito. A este fenómeno se le denomina “expansión del Derecho penal1.”
Jesús María Silva Sánchez2 es un destacado
penalista español que en su obra, La expansión del Derecho Penal: aspectos de la política
criminal en las sociedades post industriales,
señala otra de las manifestaciones de la expansión del derecho penal, adicional a la ﬂexibilización de los principios político-criminales
o de las reglas de imputación. Esto es la “administrativización” del mismo, reﬂejado en la
tendencia progresiva de causar la intervención
del Derecho penal tan pronto como se afecta
cierto estándar administrativo.
Así se ha pasado de un derecho penal
que reaccionaba a posteriori contra un hecho
lesivo individualmente delimitado, a un derecho penal de gestión punitiva de riesgos generales, a pesar de que el ilícito penal implica la
lesión éticamente reprochable de un bien jurídico, mientras que el ilícito administrativo
comprende únicamente un acto de desobediencia ético valorativa3.
Acota en este extremo que la posición do-
minante de diferenciación de ambas conductas gira en torno a criterios cuantitativos, siendo menos cuantiﬁcable el ilícito administrativo.
Para el autor, ambos criterios de diferenciación
resultan errados e incompletos; así establece
que lo decisivo en esta disyuntiva es la aplicación de un criterio teleológico sobre la ﬁnalidad que persigue tanto el derecho penal como
el procedimiento administrativo sancionador,
que, según él, el primero persigue proteger bienes concretos en casos concretos, siguiendo
criterios de lesividad o peligrosidad concreta y
de imputación individual de un injusto
propio, mientras que el segundo busca
ordenar de modo general sectores de actividad, que debe atender consideraciones
de afectación general o estadística.
Para el autor, una diferencia sustancial
de la infracción administrativa respecto
a la penal, es que aunque pretenda proteger socialmente solo adquiere una tonalidad material si se contempla en conjunto, en cambio si se contemplan de
manera individual muchas veces ni siquiera llega a representar un peligro
para un bien jurídico, a modo de ejemplo
atañe los límites de alcohol para manejar automóviles, en este plano las sanciones administrativas se justiﬁcan en conjunto en términos de gestión (reducir
índices de accidentes anuales por ejemplo), pero dicho criterio no es suﬁciente
en el campo jurídico penal, ya que no
interesa el aspecto estadístico, sino si la
persona cuya conducta se enjuicia puso
en peligro bienes jurídicos, así la estadística juega un papel de presunción insuﬁ-
ciente para aplicar un criterio de imputación.
En tal sentido, el autor aclara que al referirse al proceso de administrativización del
derecho penal, se alude a la aceptación de un
razonamiento en que se asume la lesividad
global derivada de acumulaciones o repeticiones, tradicionalmente propias de lo administrativo.
Por último, señala que una dimensión más
de la administrativización del derecho penal es
la inocuización con el positivismo criminológico, mediante el cual puede predecirse sobre la
base de criterios estadísticos la comisión del
delito por indeterminado grupo de agentes, así
para el autor, el delito pasa a ser abordado con
las mismas técnicas probabilísticas y cuantitativas que se usan en otros ámbitos, como los
seguros por ejemplo –gestión de riesgos. Según Silva, este fenómeno no es casual y esta
tendencia actual se debe en mucho al desencanto social sobre la intervención resocializadora del Estado y la elevadísima sensación de
riesgo y la obsesión por la seguridad de ciertos
1. La obra en estudio constituye una de
las obras referenciales de la dogmática
penal en que se comentan los principales problemas que afronta dicha rama
jurídica en estos tiempos modernos, los
que generan su ampliación en nuevos
tipos penales que a veces no se requieren, contradiciéndose principios político-criminológicos, reglas de imputación
y principios procesales clásicos.
2. La posición del autor es ﬁrme al
considerar que el derecho penal deba
ser visto como verdaderamente la última ratio sujeta a cánones dogmático
procedimentales, lo cual para nosotros
podría con temerosidad albergar de
manera irresponsable la tendencia y
aﬁanzamiento de la “Teoría del Derecho penal del enemigo”, propugnada
por Jakobs, debido a la sensación de
inseguridad, exigencia de imputación
penal y desconﬁanza al rol resocializador del estado, en función al delincuente de hoy. ◆
[1] GRACIA MARTÍN, Luis. Prolegómenos para la lucha por la modernización y expansión del Derecho penal y para la crítica del discurso de resistencia. Valencia: Tirant Lo Blanch. 2003. p. 58 [2] Es, actualmente,
uno de los científicos del Derecho penal más influyentes. Catedrático y director del Área de Derecho Penal en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Destacan sus libros: El delito de omisión: concepto
y sistema (1986), Aproximación al Derecho penal contemporáneo (1992) y La expansión del Derecho penal: aspectos de la política criminal en las sociedades post industriales (2001). [3] El autor, citando a
Goldschmidt, establece que al derecho penal le compete la protección de bienes individuales, mientras que la administración está abocada a asegurar bienes colectivos o el bienestar común.
Abogado por la U. Andina
Néstor Cáceres. Asistente en
función ﬁscal de la Segunda
ﬁscalía provincial penal de El Collao-Ilave.
Ministerio Público-Distrito Judicial de Puno
l nuevo Código Procesal Penal
(CPP-2004), de progresiva vigencia en nuestro país, ha traído consigo innumerables avances en la forma de
administrar justicia penal. Por qué no decirlo: lo ha mutado sustancialmente. Esta
novísima normatividad que, por supuesto,
pone en relieve el modelo acusatorio y en
cuyo contexto se respetan los derechos,
tanto del imputado como del agraviado,
cambia todo el sistema procesal penal.
El tema a desarrollar es, justamente,
referido al agraviado, quien tiene la posibilidad de constituirse en “Actor Civil” a
los efectos de reclamar la reparación, así
como los daños y perjuicios producidos
por el delito, así lo establece el artículo 98
del CPP-2004.
LA OPORTUNIDAD Y APARENTE
LIMITACIÓN DEL DERECHO DEL
Ahora bien, el artículo 101 del CPP-2004,
precisa que la constitución en actor civil
deberá de efectuarse antes de la culminación de la “Investigación Preparatoria.”
Sin embargo, la limitación a los efectos
de constituirse como tal, está sujeta a la
oportunidad para hacerlo, en muchos casos, ha desencadenado un problema al que
el agraviado debe de hacer frente, pues ve
truncada su reclamación resarcitoria en el
mismo proceso penal, al ser notiﬁcada con
la disposición de conclusión de la “investigación preparatoria” expedida por el ﬁscal,
quien haciendo uso de la posibilidad nor-
mativa del artículo 343.1 del
cuerpo legal adjetivo citado,
decide concluir la investigación preparatoria cuando
considera que esta cumplió
su objeto, aun cuando no
hubiere vencido el plazo,
sin anunciarle al agraviado
la decisión de hacerlo. La
interposición de una solicitud de constitución en actor
civil fuera del plazo referido,
traerá como es natural la declaración de su inadmisibilidad por parte del juez de la
La postura adoptada
por el ﬁscal respecto a la
conclusión de la Investigación Preparatoria antes de
los 120 días comunes, traerá
como –hemos sostenido– la
imposibilidad de que el agraviado pueda constituirse en
actor civil, resultando como
lógica consecuencia de ello,
por ejemplo, el impedimento
de recurrir respecto al objeto
civil de la resolución, en el
supuesto de la emisión de
una sentencia condenatoria, ello en interpretación del artículo 407.2 del CPP-2004.
Esto signiﬁca, en estricto, que el agraviado
no podrá apelar la decisión en cuanto al
extremo que establece la reparación civil
aduciendo lo minúsculo de este, pues la
presentación de la solicitud para constituirse en actor civil habrá sido presentada
Es evidente, entonces, que el artículo
bajo comentario de algún modo aminora la
gama de derechos del agraviado, pues, en
estricto, limita su derecho a ser resarcido
en el propio proceso penal en el cuantum
exigido o pretendido por él. No olvidemos
Cabe señalar, ﬁnalmente, que la no atención de
una solicitud de constitución
en actor civil, por la existencia del parámetro temporal
analizado, implicaría que,
el agraviado si bien pudiera
perseguir el resarcimiento
del daño provocado por el
delito en vía extra penal,
verá infructuosa la posibilidad de lograr mediante un
único procedimiento, la satisfacción de sus derechos,
sobre todo aquel ligado a la
reparación, pues el seguir un
proceso distinto al penal, obviamente le ha de demandar
gasto y tiempo.
Frente al problema planteado, pudiera señalarse dos
que para efectos de la interposición de un
recurso impugnatorio en cuanto a la reparación civil, el agraviado ha de constituirse
previamente en actor civil, o, lo que es lo
mismo, en parte civil, si tomamos en cuenta
la denominación empleada por el Código
de Procedimientos Penales (1940), que no
estatuyó norma que limite su constitución.
De modo que, la limitación temporal para
la constitución en actor civil, podría (se trata de una sugerencia) sufrir una modiﬁcación. En efecto, pues, lo que se pretende es
que se respete el principio establecido en el
inciso 4 del artículo I del Título Preliminar
del CPP-2004, que enarbola el “Principio
de Igualdad Procesal.”
1.- Que el ﬁscal notiﬁque
anticipadamente su decisión
de emitir disposición de conclusión de investigación preparatoria, brindándole a la víctima un lapso temporal para constituirse en actor civil.
Esta sugerencia pudiera ser la más viable
pues no entrañaría modiﬁcación de norma
alguna y pudiera materializarse mediante
una providencia.
2.- La norma podría ser modiﬁcada
teniendo el siguiente tenor: “…La constitución en actor civil deberá efectuarse
antes de la culminación de la Investigación
Preparatoria o luego de producido este,
pero antes de la audiencia preliminar a
que se contrae el artículo 351, únicamente de presentarse el supuesto del artículo
343.1, …”.
CASTILLO ESPEZÚA
Oportunidad del agraviado
para constituirse en actor civil
en el CPP-2004
Los jueces. Carrera judicial
Profesor de Historia del
Derecho en la PUCP. Subdirector del
Instituto Riva Agüero. Miembro de las
academias peruanas de Derecho e Historia.
Miembro correspondiente de la Real
Academia de Historia de Madrid.
os jueces, como el dios Jano, exhiben dos rostros, el bueno y el
malo. La duda ética constituye un
entramado crucial de la justicia peruana,
tanto que podría hablarse de un Hamlet
criollo en buena parte de los jueces peruanos. Por supuesto, en muchos otros casos
no existe ningún dilema ético.
Se es honesto de cabo a rabo o se es
corrupto a rajatabla. A la corrupción se
suma la iniquidad. Gorki Gonzales en el
estupendo libro que reseñamos, formula el dramático diagnóstico, pero no se
conforma con la consabida denuncia. No
basta pensar en el mal juez, ni darse por
satisfecho con el buen magistrado. Abelardo Gamarra, el Tunante, denostaba, en
efecto al juez langosta, el abogado que
arribaba al cargo con el único propósito
de enriquecerse.
Manuel Scorza probablemente ha
escrito las páginas más duras contra los
hombres de negro a través de los retratos de los jueces Montenegro, Parrales y
Cepeda. El primero, arbitrario al punto de
cambiar el calendario; el segundo, incapaz
de dar fe, sin previa dádiva, del gigantesco cerco que levantaba la Cerro de Pasco
Corporation frente a las narices de los comuneros, y el tercero, tan indigno como
para otorgar a un tinterillo la herencia de
una viuda pobre. En la narrativa de Scorza
no existen jueces virtuosos.
El juez bueno es un bien escaso en la
narrativa nacional, pero lo encontramos
en dos obras modernas, El caso Banchero
Los jueces. Carrera judicial y cultura jurídica.
PUCP- Palestra Editores
Lima, 2009, 607 pp.
de Guillermo Thornike y Grandes miradas
Gorki Gonzáles Mantilla, quien ya nos ha
deleitado antes con otras publicaciones,
como La condición jurídica del embrión
in vitro, La enseñanza del derecho en el
Perú, entre otros trabajos, ahora formula
un dramático diagnóstico, congruente con
la descripción literaria a la que nos adscribimos, (1) pero no se conforma con la denuncia ni el dramatismo. Por el contrario,
hilvana, a lo largo de todo el texto, con
mucha objetividad y erudición un conjunto de ricas reflexiones que no se limitan a
la condición personal del juez, sino a todo
el marco institucional que lo rodea.
En efecto, así se ocupa de la magistratura y la carrera judicial, del juez en el
Estado constitucional, los nombramientos
judiciales. Dedica un sendo estudio al tan
polémico Consejo Nacional de la Magistratura, dotando a su examen de una
perspectiva comparatista, principalmente
a través del funcionamiento del Consiglio
italiano. Sin duda el tema de la judicatura
en el banquillo es uno de los puntos más
sugerentes del trabajo del profesor Gonzales. Y es el tema del nombramiento de
magistrados, el sistema de promoción y la
discutida ratificación los que constituyen
tópicos del debate jurídico contemporáneo. Precisamente, se sigue aún discutiendo con avidez en los medios de prensa y,
sin duda, en los ambientes académicos
también, acerca de la legitimidad del Consejo Nacional de la Magistratura, por su
composición, dado que en la actualidad
en el Perú predominan los consejeros que
carecen de título de abogado, la revisión
del absurdo criterio del secretismo en la
elección de algunos de sus representantes
y en la posibilidad de revivir una suerte de
Jurado de Honor de la Magistratura, ahora con un mejor sustento democrático.
El trabajo de Gorki Gonzales guarda, asimismo, una importancia doble: teórica y
práctica. Se observa tanto la curiosidad
del científico, del profesor. No en vano el
libro se asienta en la tesis de doctorado
en Derecho Constitucional para la Universidad de Pisa. Sin embargo, se halla
también la faceta práctica del consultor,
del abogado. De allí que se trate de un
libro para ser leído por entendidos y por
legos, incluso para aquellas personas interesadas en seguir la carrera de la judicatura y del Ministerio Público. Un aspecto
de gran alcance práctico es el análisis de
de donde se derivan, por ejemplo, criterios para la ratificación de los magistrados. Institución esta, la de la ratificación,
contra la cual Gonzales Mantilla discrepa
sustancialmente. El pragmatismo del trabajo también alude a la Academia de la
Magistratura y la Oficina de Control de la
Una especial referencia merece el
estudio histórico de aquello que Gonzales llama justicia poscolonial entre 1823
y 1860. Quizás esta fecha por la data de
la Constitución moderada de mayor vida
institucional en el Perú.
Utilizando las palabras de Antoine Garapon, un estudioso francés de la justicia
y sus hombres, para referirse a la judicatura, en el libro de Gorki Gonzales, podemos
encontrar el jardín de las promesas. Vale
decir, un modelo para armar. El pasado, el
presente y el futuro de los jueces y de su
papel en una sociedad democrática.
Francois Ost:, un notable jurista belga, describía tres tipos de jueces Júpiter,
Hércules y Hermes. Júpiter, todopoderoso
y basado en el imperio de la ley, que Gorki
llama la cultura del culto a la ley. Hércules,
semidios, el expediente, la práctica empírica del magistrado, y Hermes, en cambio, el
mensajero veloz, que vendría a ser el juez
pluralista, inspirado en principios y armado de los valores de la democracia. ◆
[1] Ramos Núñez, Carlos. La pluma y
la ley. Abogados y jueces en la narrativa
peruana. Fondo Editorial: Universidad
de Lima, 2008.
Revista Juridica 346 Mar 2011
Revista Semanal juridica Nº 346 publicada por el diario el peruano visita http://tu-asesoralegal.blogspot.com