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Timestamp: 2019-03-22 00:25:50
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El derecho a la vida y la interrupcion voluntaria del embarazo1 Por: Luis R. Sáenz Dávalos2
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EL DERECHO A LA VIDA Y LA INTERRUPCION VOLUNTARIA DEL EMBARAZO1
Por: Luis R. Sáenz Dávalos2
I). Planteamiento general del problema.
II). La vida del ser humano como principio y como derecho.- Los alcances del personalismo como sentido finalista reconocido por la Constitución vigente.
III). El derecho a la vida. Contenido.
1). La dimensión existencial o formal.
El Derecho a la vida y el tratamiento jurídico diferencial entre la persona y el concebido.
Lo que dice la Constitución de 1993, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Código Civil.
Lo que dicen otros instrumentos internacionales.
2). La dimensión sustantiva o material. La incidencia del valor dignidad.
La situación diferencial pero no discriminatoria de la persona y el concebido. A propósito de la vida digna.
b) El principio dignidad en la Constitución y otros instrumentos.
IV). La interrupción voluntaria del embarazo: El Aborto.
La controversia entre el derecho a la vida de la persona como madre y el derecho a la vida del concebido.
Las formas de aborto y los límites frente al derecho a la vida.
En el aborto por razones terapéuticas.
En el aborto por razones eugenésicas.
En el aborto por razones éticas.
En el aborto por razones económico-sociales
En el aborto como libertad o por razones de autonomía personal.
El tema de las indicaciones
Los efectos no absolutos del segundo párrafo del inciso 1 del artículo 2° de la Constitución.
La posibilidad de que una persona, decida poner fin a la vida de otra, refleja sin duda alguna, una situación conflictiva de derechos. Los de la persona que obra haciendo uso de su libertad y los de aquella que eventualmente pueda resultar afectada.
En el entendido que, frente a tal hipótesis, ha existido una evidente infracción de bienes a los que el derecho protege, el ordenamiento jurídico establece determinadas consecuencias. En el plano constitucional, generalmente reparadoras, en el ámbito penal, eminentemente represivas.
En tales circunstancias, obviamente se dice, que la libertad de las personas, no puede ser elemento de justificación o patente de corso, para vulnerar los derechos de otros y razón no falta, pues no sólo se trata de haberse procedido de modo ilegitimo, sino de haber abusado de un derecho, en aras de transgredir o desnaturalizar los atributos de terceros.
La situación graficada a pesar de su crudeza, no es difícil de explicar, porque a fin de cuentas resulta inobjetable que allí donde se cometen infracciones en contra de determinados atributos de la persona, sin que exista justificación alguna para dicho proceder, la respuesta del derecho suele ser previsible además de inmediata.
Este sin embargo, no es el caso, del aborto o interrupción voluntaria del embarazo. Y no es precisamente el caso, porque a diferencia de lo que sucede con otras situaciones conflictivas de derechos, en el aborto, lo que suele presentarse como elemento intencional, no es algo que pueda examinarse de modo exclusivo bajo la lógica de un proceder absolutamente reprochable, sino que por lo general, se haya impregnado de una serie de factores o elementos de contexto personal o circunstancia vivencial, que convierten, lo legalmente censurable, en ponderadamente opinable.
Como veremos más adelante, nuestra hipótesis central de trabajo se orienta por precisar, que si bien cuando se presentan situaciones de interrupción voluntaria del embarazo, efectivamente se patentiza un conflicto de derechos, dicho conflicto, no supone, como se suele argumentar por alguna doctrina, una contraposición entre la vida y la libertad, sino un conflicto entre las vidas que corresponden a dos seres humanos o, en algunos casos, entre las dimensiones propias de una misma vida.
¿Cómo solucionar, desde el ámbito constitucional, la presencia de tales conflictos? ¿Cómo lograr que los derechos fundamentales no colisionen entre ellos mismos? ¿Y si en todo caso colisionan irremediablemente, cual de ellos debe primar? Pues la respuesta de dichas interrogantes, es justamente lo que motiva el presente trabajo, por lo que las páginas que siguen intentarán ofrecer una visión lo más objetiva posible de lo que constituye presente temática.
II). LA VIDA DEL SER HUMANO COMO PRINCIPIO Y COMO DERECHO.- LOS ALCANCES DEL PERSONALISMO COMO SENTIDO FINALISTA RECONOCIDO POR LA CONSTITUCIÓN DE 1993.
La noción de vida para los efectos de la ciencia del derecho y en particular de su disciplina constitucional, está indisolublemente ligada al ser humano3. Sin la presencia de éste último, no tendría sentido hablar ni de unos valores que proclaman la trascendencia fundamental que la vida supone, ni de unos atributos que ofician como instrumentos de su reconocimiento y regulación.
La vida de los seres humanos, tiene así para el mundo jurídico, una suerte de doble función: En un principio y a la vez un derecho.
Como principio constitucional es la expresión jurídica de una valoración social4 que -como ocurre con la justicia, la dignidad y otros valores5 que poseen tan significativa relevancia- se eleva al primero de los planos de la aceptación y promoción. Dentro de tal posición fundamenta y articula el sistema jurídico, determinando así, que cualquiera de sus normas se informen y orienten con sujeción al principio vida6.
Como derecho, a su vez, la vida se identifica como el atributo natural primario por excelencia7 por cuanto de su reconocimiento depende la realización de otros derechos o libertades8. Es por consiguiente de la individualización de la vida que nace el derecho a poseerla así como la posibilidad de que otros atributos personales, alcancen la opción de potencialización.
Conviene subrayar, por otra parte, que la enunciada vinculación entre la noción de vida y la de ser humano, particularmente, la de persona, adquiere una especial relevancia en nuestro caso, porque a diferencia de lo que se predica en otros sistemas jurídicos, en el peruano, incluso desde la vigencia de la precedente Constitución de 1979, (con mayor razón en la carta de 1993) ha existido y desde luego aún existe, una filosofía o tendencia finalista bastante acentuada, y que no es otra que “el personalismo”9.
Por esta filosofía o tendencia se entiende que el supuesto ideológico de fondo que fundamenta todo el engranaje constitucional y, desde luego, el propio ordenamiento jurídico que lo desarrolla, es antes y por encima que nada: La persona10.
Tan indiscutible acierto se vislumbra desde que el Artículo 1° de nuestra norma Fundamental reconoce expresa e inobjetablemente que “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”.
No se trata por consiguiente y como se acredita, de una idea más o menos certera o gratificante, sino de una orientación que pone de manifiesto la legítima –aunque a veces incomprendida idea- de que “el Estado es para el hombre y no el hombre para el Estado”11.
En consecuencia, los alcances que pueda suponer la asunción de éste personalismo por nuestra carta son muy importantes y no solo se limitan a una simple o genérica enunciación, de que la institucionalidad constitucional se subordina a la persona humana, sino que también se proyectan o irradian a cada uno de los campos de la vida social, donde tanto se hace necesario trabajar en aras de superar esos inveterados como nocivos comportamientos usualmente identificados con la más férrea de las prepotencias (cuando se trata de las autoridades) o la más congelada de las indiferencias (cuando se trata de otros individuos)12.
Pensamos que la Constitución de 1993, en éste extremo, acertó indudablemente al ratificar la lógica de su predecesora. Por contrapartida, no creemos que sea conveniente ni mucho menos legítimo apartarse de la misma. Tanto más, cuando, como veremos enseguida, el correcto entendimiento y protección de la vida dependen en no poca medida de la orientación personalista recogida por nuestra Norma Fundamental.
III). CONTENIDO DEL DERECHO A LA VIDA.
Si bien el derecho a la vida es el más elemental de los atributos concernientes con el ser humano, en tanto y en cuanto aquél preside y se antepone a la realización de otros atributos y, por otra parte, su reconocimiento suele resultar indiscutible dentro de todo sistema jurídico, independientemente de la orientación que posea, en lo que no existe una idea muy precisa o uniforme, ni en términos positivos, ni tampoco doctrinarios, es en el contenido o los alcances que se suele asignar a dicho atributo, motivo por el que consideramos necesario ensayar una idea aproximativa del contenido integral que el mismo supone.
A nuestro juicio, aunque no es ésta la tendencia mayoritaria o por lo menos la tradicional, el derecho a la vida supone dos dimensiones inescindibles: Una dimensión existencial o formal y una dimensión material o sustancial. Conviene analizar por separado ambos extremos.
1). La dimensión existencial o formal
La vida, resulta en principio, existencia de la persona. Por extensión también implica la existencia del nasciturus o concebido, esto es, de la persona en formación. Cuando aquella existencia todavía no se individualiza o cuando la misma se extingue como consecuencia del deceso, no cabe, en puridad, formular enjuiciamientos respecto del citado derecho.
Aunque es bien sabido que para efectos jurídicos, es una idea generalizada que la noción de persona, sólo se refiere a quien ha nacido, mas no así a quien esta por nacer, hay que precisar que la vida como proceso natural, no se inicia en rigor con el nacimiento de la persona –aunque ciertamente a partir de allí se de su principal manifestación- sino que se proyecta desde el significativo momento en que acontece la concepción13.
De allí que si hemos sostenido que la vida es inescindible de la persona, hay que advertir empero, que por lo dicho, también lo es la del concebido o nasciturus, ya que aquel no es ni representa, una simple prolongación de la existencia natural del humano, sino su primera o inicial etapa.
Por lo demás, si quisiéramos utilizar una terminología que englobara a una y otra situación, diríamos que la dimensión existencial de la vida se refiere a la presencia tangible e individualizada del “ser humano” y éste último, o puede ser la persona o puede ser el concebido.
a). El derecho a la vida y el tratamiento jurídico diferencial entre la persona y el concebido.
Si admitimos que el proceso existencial comprende o unifica, tanto a quien nació como al que está por nacer, hay que precisar, sin embargo, que ello tampoco significa ni debe entenderse como que ambas situaciones sean exactamente iguales.
En realidad, tanto la primera como la segunda hipótesis se encuentran primariamente diferenciadas por la naturaleza, ya que mientras la vida de la persona es independiente o autónoma de cualquier otra presencia vivencial y, por ende, es absoluta dentro de su propio desarrollo, la vida del concebido es, a la inversa, orgánicamente indesligable o inseparable de la vida de la madre14. Por lo mismo aquella se nos presenta como decisivamente limitada, cuando menos hasta la etapa o periodo de la viabilidad15.
El derecho obviamente reconoce y protege la presencia o existencia del ser humano en cualquiera de sus facetas, pero ya que como se ha visto, el proceso existencial natural supone dos situaciones con características propias, resulta evidente que ese mismo derecho se ve en la necesidad cuando no en la obligación de estructurar un tratamiento que aunque desde luego, no deviene ni puede ser discriminatorio, si resulta en cambio y por certeza lógica, diverso, desde que como repetimos no se trata de hipótesis en estricto iguales.
Tal vez una de las principales manifestaciones de dicho tratamiento diferencial sea la de considerar que mientras el nacido tiene y mantiene su personalidad jurídica, siendo además destinatario tanto de las situaciones favorables como de aquellas desfavorables que sobre aquél recaigan, el que está por nacer, en cambio16, carece en absoluto de personalidad jurídica y, por el contrario, solo resulta beneficiario cuando determinadas situaciones, en efecto, le favorecen17.
No puede sorprender, por consiguiente, que a partir de tan elemental constatación se pueda hablar de un cierto paralelismo en el tratamiento, pero no pues, de una absoluta identidad o de una igualdad jurídica estrictu sensu.
b). Lo que dice la Constitución de 1993, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Código Civil.
Admitida la extrapolación de las dos situaciones existenciales que hemos precisado, conviene detenerse unos instantes en el tratamiento que, respecto del derecho a la vida, han desarrollado nuestra vigente Constitución, la Convención Americana de Derechos Humanos, de la que somos signatarios como Estado18 y el Código Civil,
Nuestra norma fundamental ha señalado en el inciso 1 de su Artículo 2°:
“Toda persona tiene derecho: A la vida...” agregando asimismo que “El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece”
Por su parte, el inciso 1, del Artículo 4° de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, sostiene:
“Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción...”
Esta cláusula, por otra parte, debe concordarse con el artículo 1° del mismo Instrumento Internacional, cuyo inciso 2 ha establecido, previamente, que: “Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano”
Finalmente el Código Civil de 1984, establece, en su Artículo 1°:
“La persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento.
La vida humana comienza con la concepción. El concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece...”
Pues bien, auscultadas dichas normas por su contenido, no cabe duda, que el atributo existencial del concebido, aparece como un postulado incuestionable. Puede decirse que en ese aspecto y en líneas generales, coinciden, sin duda, todos y cada uno de los dispositivos en mención.
Sin embargo, muy a pesar de los contenidos descritos, lo cierto es que si se les analiza con algún detenimiento es posible percibir, que entre lo que proclama el derecho interno, por vía de la Constitución y el Código Civil, y lo que proclama el derecho externo, por vía de la Convención, se pueden extraer algunas conclusiones no precisamente coincidentes en todos sus alcances.
Por de pronto, la Vigente Constitución de 1993, que en este aspecto ha efectuado ciertas modificaciones con relación a su predecesora19, ha previsto, reiterando un criterio reconocido precedentemente por el Código Civil, que el concebido es sujeto de derecho en todo aquello que pueda resultarle favorable20.
Conviene recordar, que cuando el Código Civil de 1984, utilizó la noción de sujeto de derecho, lo hizo, por cierto, entendiendo que se trataba un status jurídico de alcances generales, a partir del cual era factible invocar derechos y exigir obligaciones (centro de imputación de derechos y obligaciones). Como tal comprendía, no sólo a la persona sino al propio concebido, e incluso y de modo extensivo a las personas jurídicas colectivas (sean o no inscritas).
Por consiguiente, si para la Constitución y el Código Civil, el que esta por nacer resulta un centro de imputación de derechos, y es sin duda uno de tales derechos, la vida, queda claro que, para el derecho interno, por lo menos desde una perspectiva rigurosamente positiva, nadie puede negar el atributo existencial del concebido21.
A diferencia de lo que sucede con nuestro ordenamiento estrictamente interno, el criterio que nos proporciona la Convención Americana de Derechos Humanos, resulta en cambio, en alguna medida discutible, pues por la forma como se encuentran redactadas las normas concernientes con el derecho a la vida, parecieran recoger la posición (en algún momento, también manejada por la Constitución peruana, aunque con distinto lenguaje) de que quien esta por nacer o ha sido concebido, resulta para los efectos de lo que se propone, una suerte de persona imaginaria.
En efecto, cuando la Convención Americana identifica a la persona como “Ser Humano”, postulando que su derecho a la vida se protege por ley desde el momento de la concepción, no hace sino trasladar la idea implícita de concebido, que obviamente es un ser humano –aunque en proceso de formación- y unificarla con la idea de persona que anteladamente propone.
Ahora bien, no obstante que la formula de igualación enarbolada por la referida normatividad, respecto del derecho a la vida del que está por nacer y el nacido, pareciera en el fondo, inspirarse más en un sentido deontológico o estimativo, creemos que sus alcances no dejan de ser más formales que reales. La verdad es que una norma jurídica, así como no puede decir, que el día comienza con el crepúsculo y la noche con la alborada, tampoco puede convertir al concebido en persona sólo porque así se le ocurre a sus artífices. Ambas nociones –como ya lo dijimos- se refieren a situaciones diferentes a pesar de que forman parte de la dimensión existencial de la vida.
El concebido en no solo y como hemos adelantado, un ser humano cuya vida resulta condicionada a la vida de la madre, sino que para efectos jurídicos carece de personalidad22.
Eso no ocurre –repetimos- con la persona, con el ya nacido, con el ser humano individualizado frente a cualquier otra forma de vida, puesto que este último tiene una personalidad que el derecho le reconoce y que, desde luego, nadie discute.
No se necesita pues ser muy exhaustivo para reparar en algo tan elemental, salvo claro está, que se pretenda –como ha ocurrido con el instrumento internacional citado- adoptar una tesis acentuadamente fundamentalista, pero como hemos visto discutible y harto confusa.
Si se trata por consiguiente, de optar desde la perspectiva doctrinaria, creemos que el criterio correcto nos lo proporciona nuestro propio derecho interno, pues la categoría enunciada “sujeto de derecho”, como ya se ha visto, tiene alcances genéricos e incluye tanto a la persona como al concebido, idea que presupone una distinción jurídica entre ambas situaciones, sin descartar y antes por el contrario defender, que la vida es un atributo o derecho inescindible de las mismas. Por lo tanto –contra lo que ha pretendido alguna doctrina- no es cierto cuando se dice que el no considerar como persona al concebido, origine el riesgo absoluto de negarle su atributo existencial.
c). Lo que dicen otros Instrumentos Internacionales.
Pero el derecho a la vida no solo lo tenemos reconocido en los instrumentos jurídicos mencionados, sino que otros textos internacionales, aplicables dentro de nuestro sistema (algunos incluso, de naturaleza semejante a la Convención Americana) se refieren explícitamente a dicho atributo.
El Artículo 3° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece:
El Artículo 1° de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, por su parte, señala:
“Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la integridad de su persona”.
Y por último, el inciso 1) del Artículo 6° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece:
“El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente”.
Ahora bien, si resulta cierto que, por los alcances que respecto del derecho a la vida tienen estos instrumentos, se deduce una posición no necesariamente coincidente con aquella que postula nuestro ordenamiento interno por vía de la Constitución y el Código Civil, e incluso parte del derecho internacional por vía de la Convención Americana de Derechos Humanos, lo importante es subrayar, que de una lectura preliminar de los textos en referencia, no aparece una tentativa explícita de fusionar dentro de la nomenclatura de persona, nociones como las del concebido y el ya nacido.
La comprobación de tal criterio, por otra parte, no resulta difícil, porque tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos utilizan, respectivamente, los términos de “individuo” y “persona humana”, sin efectuar precisiones en torno del momento en que se inicia propiamente la vida. Con ello, a nuestro juicio, no sólo eluden la referencia explícita al concebido, sino que en el fondo denotan, que su preocupación se orienta exclusiva e inobjetablemente, respecto del status del nacido23.
Aunque por cierto, alguna confusión podría originarse con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, habida cuenta que aquella se refiere al derecho a la vida de “todo ser humano”, y dicha terminología –como sugerimos anteriormente- sí podría englobar dentro de sus alcances al concebido, la verdad es que dicha posibilidad queda hoy en día mediatizada, cuando ha sido la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la que al conocer de un caso en que se cuestionaba la legislación de un Estado por la que se legalizaba el aborto ha opinado que “El criterio según el cual la vida humana debe ser protegida a partir de la concepción no está implícito en la Declaración Americana, siendo obligatorio, entonces, únicamente para los Estados partes de la Convención Americana”24.
Naturalmente la posición asumida por la Comisión podría merituar un enjuiciamiento crítico a favor o en contra y, más aún, si lo que está en discusión es el derecho a la vida. No obstante, para efectos de lo que venimos exponiendo, lo que nos interesa es recoger la idea de que en este instrumento, al igual que en los anteriores, tampoco se estaría fusionando la idea del concebido con la persona.
La tendencia entonces no deja de ser uniforme. Se trata, como dijimos, de dos situaciones particulares o con características propias a las que, por consiguiente, el derecho les otorga un tratamiento diferenciado.
Si esto repercute sobre los alcances del derecho a la vida, de modo relativo, es una controversia que dejamos para mas adelante. Ya hemos visto que internamente el problema está resuelto. La vida preliminarmente significa existencia o como persona o como concebido. Externamente (aunque con alguna vinculación sobre nuestro sistema interno) la vida es un derecho inalienable de la persona. La del concebido, en cambio, resultaría discutible en algunos casos, salvo que se quiera aceptar como válida, la teoría que, estricto sensu, postula la Convención Americana. Sin embargo, habría que recordar que la misma, a tenor de las reglas del derecho internacional y nuestra Constitución en particular, sólo sería marco referencial para aquellos países que, como el Perú, en su oportunidad la suscribieron.