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Timestamp: 2020-06-06 05:53:43
Document Index: 109720509

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 10', 'artículo 21', 'artículo 3', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 13', 'artículo 14', 'artículo 25', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 16', 'artículo 9', 'artículo 26', 'artículo 21', 'artículo 117']

DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 812, de 25/04/2007
Año 2007 VIII Legislatura Núm. 812
Sesión núm. 54
celebrada el miércoles, 25 de abril de 2007
Ratificación de la ponencia designada para informar las siguientes iniciativas legislativas:
- Proyecto de ley por la que se procede a la integración de los trabajadores por cuenta propia del régimen especial agrario de la Seguridad Social en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos. (Número de expediente 121/000110.)... (Página 2)
- Proyecto de ley del Estatuto del trabajo autónomo. (Número de expediente 121/000115.)... (Página 2)
Aprobación, con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia, del proyecto de ley por la que se procede a la integración de los trabajadores por cuenta propia del régimen especial agrario de la Seguridad Social en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos. (Número de expediente 121/000110.)... (Página 2)
Emitir dictamen, a la vista del informe elaborado por la ponencia, sobre el proyecto de Ley del Estatuto del trabajo autónomo. (Número de expediente 121/000115.)... (Página 6)
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE PROCEDE A LA INTEGRACIÓN DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA DEL RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS. (Número de expediente 121/000110.)
- PROYECTO DE LEY DEL ESTATUTO DEL TRABAJO AUTÓNOMO. (Número de expediente 121/000115.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, iniciamos esta sesión de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, con dos puntos en el orden del día. Vamos a comenzar por la ratificación de las ponencias de los dos proyectos de ley que se van a debatir: proyecto de ley por la que se procede a la integración de los trabajadores por cuenta propia del régimen especial agrario de la Seguridad Social en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos. ¿Ratificamos esta ponencia por asentimiento? (Asentimiento.) De acuerdo, queda ratificado.
Con respecto al proyecto de ley del Estatuto del trabajo autónomo, ¿ratificamos la ponencia? (Asentimiento.) Queda ratificada.
APROBACIÓN, CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, DEL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE PROCEDE A LA INTEGRACIÓN DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA DEL RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS. (Número de expediente 121/000110.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos ya al debate de los dos proyectos de ley, pero antes quiero decirles, para su organización interna, que tenemos la previsión de que las votaciones no serán antes de las 12:00. A los miembros de la Mesa y portavoces les recuerdo que al final de la Comisión tendremos un brevísimo encuentro.
Empezamos por emitir dictamen sobre el proyecto de ley por el que se procede a la integración de los trabajadores por cuenta propia del régimen especial agrario de la Seguridad Social en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos.
¿Grupos que van a intervenir? (Pausa.) De menor a mayor, inicia la intervención, por el Grupo Mixto, la señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Las enmiendas que presentamos a este proyecto de ley estaban orientadas a mejorar el texto inicial en tanto que la propuesta que hoy debatimos es consecuencia del diálogo del Gobierno con distintas organizaciones, tanto relacionadas con el régimen especial agrario como con el régimen especial del mar. En su momento la decisión de incorporar al régimen autónomo estos otros regímenes especiales generó preocupación en tanto que son actividades peculiares en algunos casos, como la del mar y la agraria, cuya integración en el régimen autónomo no parecía conveniente. Bien es cierto que después de distintos encuentros y diálogos entre el Gobierno y el sector afectado se fueron mejorando los aspectos que incidirían en las condiciones de Seguridad Social y las prestaciones que representan para estas personas y nos encontramos con este proyecto de ley al que, como digo, presentamos siete enmiendas, con la intención de mejorar el texto en la dirección que apuntaba anteriormente, es decir, la mejora de las prestaciones a las personas que se incorporan al régimen de autónomos y que proceden de esos otros regímenes.
No vamos a extendernos en la defensa de nuestras enmiendas por una razón muy especial, y es que, de las siete enmiendas que presentamos, aceptamos la transacción que nos presenta el Grupo Socialista a cinco de ellas, que son las enmiendas 1, 2, 3, 5 y 7. En algunos casos se recoge literalmente lo que nosotros proponemos y en otros, en transacción con otros grupos, se recoge lo que pretendemos decir con nuestras enmiendas y por tanto las aceptamos. (La señora vicepresidenta, Cortajarena Iturrioz, ocupa la Presidencia.) Mantenemos las enmiendas 4 y 6 porque entendemos que son aspectos que incidirían de nuevo en estas mejoras de las condiciones de las prestaciones. La enmienda 4 es una propuesta de modificación del texto legislativo, dado que carece de sentido hacer diferencias en las mejoras voluntarias
de las personas que se encuentran en la situación a que se refiere el artículo, resultándoles más beneficioso que al resto de los trabajadores acogerse al régimen de la mejora voluntaria. Por tanto, la vamos a mantener para votación, igual que vamos a hacerlo con la número 6, a la disposición final primera, que es congruente con todas las enmiendas presentadas, la mayoría de ellas, como dije anteriormente, transaccionadas. Pensamos incluso que se debería dar un nuevo repaso a la enmienda que presentamos porque probablemente pudiese significar una nueva transacción o una aceptación, ya que entendemos que es coherente con lo que se transaccionó. En todo caso, repito que aceptamos las transacciones a las cinco enmiendas a las que antes he hecho referencia y mantenemos las enmiendas 4 y 6.
La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): Seguidamente tomará la palabra en representación del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya don Jordi Ramón.
El señor RAMÓN TORRES: Hoy aprobamos este proyecto de ley cuyo único objetivo es incorporar al régimen especial de la Seguridad Social a todos aquellos trabajadores por cuenta ajena que estaban en el régimen especial agrario de la Seguridad Social. Esta es una reclamación del sector desde hace mucho tiempo. Entendían que la posibilidad de entrar en el régimen especial podría darles seguridad y cuando se presentó este proyecto de ley nuestro grupo parlamentario entendió que era necesario e importante y que teníamos que darle apoyo, como entendemos que van a hacer todos los grupos parlamentarios de la Cámara.
Nosotros teníamos un par de dudas en el proyecto inicial y queríamos llegar a algún acuerdo para que ese beneficio que da el proyecto de ley no fuera perjudicial en algunos casos. Me refiero básicamente a los trabajadores mayores de 60 años, que podrían encontrarse con la posibilidad de que, habiendo aumentado las aportaciones que hacen a la Seguridad Social, por los pocos años que van a estar cotizando, no tendrían un aumento de sus rentas en la etapa de jubilación. Entendíamos que esto era un agravio para un grupo de trabajadores del campo que harían una aportación mayor pero que no recibirían después beneficio alguno y que tendría que solucionarse. Sabemos que el Gobierno ha estado negociando con algunas organizaciones agrarias para llegar a una solución, aunque en el texto no se modifica ningún aspecto, pero entendemos que las negociaciones han ido en el buen sentido y que desde la Administración General del Estado y desde la Generalitat se ha buscado alguna alternativa para solucionar ese agravio, por lo que nuestro grupo cree que el tema ya está solucionado.
El otro aspecto que entendíamos que cabía mejorar era el de aquellos familiares de los titulares agrarios mayores de 16 años pero menores de 18, que quedaban fuera del proyecto de ley. Nosotros entendíamos que si la edad legal para empezar a trabajar eran los 16 años podíamos hacer esa rebaja hasta los 16. Nuestro grupo había presentado al respecto dos enmiendas, en las que, como les decía en el artículo 2, número 3 y en la disposición adicional primera, pedíamos que se sustituyera la edad de 18 años por la de 16 años. El grupo mayoritario nos ha presentado una enmienda transaccional a estas dos enmiendas en la que especifica que los hijos del titular de la explotación agraria mayores de 16 años, aunque convivan con él, podrán ser contratados por él como trabajadores por cuenta ajena, sin cotizar a la contingencia de desempleo y consecuentemente sin que puedan acceder a la correspondiente cobertura.
Consideramos que este texto puede solucionar el origen de las enmiendas que habíamos presentado y en consecuencia aceptaremos esa enmienda transaccional del grupo mayoritario y retiraremos las dos enmiendas que mantenía vivas nuestro grupo.
En definitiva, tengo que decir que es un proyecto de ley positivo, un proyecto de ley históricamente reclamado y al que nuestro grupo parlamentario votará favorablemente. Como les decía, vemos que se han solucionado los aspectos del texto inicial que preocupaban a Esquerra Republicana y que se han mejorado y por tanto nuestro grupo votará a favor de este proyecto de ley.
La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): Seguidamente, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Grau.
El señor GRAU I BULDÚ: Como no podía ser menos, nuestra intervención empieza por felicitarnos por haber podido presentar este proyecto de ley que corrige una deficiencia histórica a favor de los agricultores. En las sesiones de la Comisión del Pacto de Toledo en la anterior legislatura exponíamos un panorama en el cual básicamente los sistemas de previsión social tenían que basarse en dos modelos: en el trabajo por cuenta ajena y en el trabajo autónomo. Pero existía como reminiscencia una deficiencia histórica, que era el régimen especial agrario de la Seguridad Social, nacido con una agricultura no actualizada y no vinculada a sistemas de ayuda general, con una agricultura en definitiva carente de una integración dentro del régimen económico general de la sociedad.
Lógicamente, basándose en un sistema paternalista de protección, se llegó a una previsión que dejaba casi sin cobertura a los agricultores.
Agradecemos que se haya podido llegar a un acuerdo y la abierta participación de las organizaciones sociales en la integración del sistema. La incardinación de un sistema mínimo con una determinada reducción como es la que se propone por la ley nos parece muy adecuada en el momento en que ya equiparamos los mínimos de los agricultores con los mínimos de los autónomos. A partir de aquí se establece un sistema de igualdad, lo cual también nos parece muy acertado, que permite aumentar los montos de la cobertura y llegar a importes superiores en un sistema de igualdad, cuando ya se ha corregido
este mínimo subvencionado con la reducción del 35 por ciento. Celebramos con este proyecto de ley el fin del régimen especial agrario de la Seguridad Social porque esperamos que se acojan a este nuevo sistema lo más rápidamente posible, que sea un éxito entre todos los agricultores y que a partir de aquí ya tengamos un sistema de previsión normalizado y homologado entre todos los trabajadores, sean por cuenta propia o sean por cuenta ajena.
Quedaba un pequeño rescoldo por resolver, que era la posibilidad de que un agricultor pudiera emplear a un familiar y que pudiera emplear a un menor de 18 años teniendo la cobertura que se puede tener cuando uno trabaja por cuenta ajena. Esta era una reivindicación que nos habían hecho llegar las organizaciones sindicales agrícolas y que varios grupos parlamentarios trasladamos a la ponencia. Felizmente, hoy se nos propone en una enmienda transaccional en la que aceptamos plenamente la posibilidad de esta contratación y así se resuelve ese lapsus que había quedado en la ley. Si el proyecto de ley del autónomo que se va a debatir a continuación va a permitir esta posibilidad de contratación, estaremos avanzando en lo que estábamos retrasados y posiblemente resolvamos de antemano un problema que viene después. Reitero nuestra felicitación por esta ley. De alguna forma hoy abrimos un amplio camino de protección social para todos los trabajadores, tanto por cuenta ajena como sobre todo en este caso para los agricultores que son básicamente trabajadores autónomos. Por lo tanto, daremos nuestro soporte al proyecto de ley y aceptaremos la enmienda transaccional que nos propone el grupo que sostiene al Gobierno.
La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): Seguidamente en nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Martín Mendizábal.
La señora MARTÍN MENDIZÁBAL: Efectivamente, como se ha dicho, la actividad agraria estaba regulada desde el año 1971 con unas características muy diferentes y desde entonces prácticamente no han existido variaciones en su regulación, salvo en el año 2003 y en el año 2005, especialmente en lo que se refiere a afiliación, encuadramiento y cotización, no así en otros aspectos. Es verdad también, como ya se ha dicho, que desde el año 1995 el Pacto de Toledo recomienda la confluencia y convergencia de los regímenes con la idea de quedarse en dos regímenes: trabajadores por cuenta propia y trabajadores por cuenta ajena. También me uno -no tengo reparo en hacerlo- a la felicitación por el acuerdo y a su plasmación en este proyecto de ley.
No obstante, quiero matizar algunas cosas. Quedan reflejadas en nuestras enmiendas, especialmente en la número 10 que es en la que se solicita por mi grupo que se refleje en la exposición de motivos, como un antecedente, la Ley de 2003. Y le voy a decir por qué, porque se refleja la Ley de 2006 y no la de 2003. La Ley de 2003 -no pretendo entrar a fondo en ella en este momento- sí introduce modificaciones que consiguen un avance en esa integración porque delimita claramente quién puede incorporarse a la explotación familiar y ser trabajador agrario y dice incluso: el trabajador, sea o no cónyuge. Se adelanta incluso -pienso yo- a otras enmiendas que han presentado otros grupos. También posibilita que se afilien al régimen especial agrario personas que realizan otros trabajos, cosa que antes no ocurría y que era un obstáculo, básicamente para las mujeres. Eso es lo que hoy se recoge de una forma afortunada en el artículo 2.1 al establecer quién puede incorporarse a este censo agrario.
La Ley de 2003 también permite una nueva forma de cotización para ciertos trabajadores que da lugar, de hecho, a que muchos trabajadores hoy estén en el régimen de autónomos siendo trabajadores agrarios. Ahora tendrán que optar entre permanecer en el régimen en el que están o incorporarse al censo agrario, lo que demuestra que ya se había producido un avance, que posiblemente no era perfecto, que era mejorable, como también lo es en algunos puntos este proyecto de ley. No voy a insistir más. No es que esto lo diga el Partido Popular, lo dice el propio CES en su informe. Y sé por las conversaciones que he tenido con la portavoz del Grupo Socialista que nos van a aceptar la enmienda, con lo cual no les voy a dar más la paliza -si me permiten la expresión- con este tema, pero sí quiero que quede constancia.
Por otra parte, la mejor carta de presentación de este proyecto de ley es el acuerdo entre las organizaciones agrarias, el Gobierno y las organizaciones sociales. Por tanto, mi grupo va a apoyar este proyecto de ley, no sin hacer también una crítica, que es que tiene una técnica jurídica muy farragosa que no es fruto del acuerdo, sino de la técnica utilizada, y que espero que no tenga problemas de interpretación o de aplicación y de gestión en el futuro. También mi grupo ha presentado otra enmienda, aparte de la número 10, la enmienda número 11. Simplemente es una mejora técnica en la base de cotización en el régimen de autónomos; como hay diversas bases de cotización mínimas -para menores de 30 años, para mayores de no sé qué-, queremos que se añadiera el término ordinaria. Si se acepta, bien; si no, nada, porque es una mejora técnica sin más. La enmienda número 14 va en el sentido de que, dado que los trabajadores agrarios a partir del año 2004 están cotizando en el régimen de autónomos y van a tener que optar ahora entre quedarse donde están o incorporarse al censo agrario, se les dé la oportunidad de seis meses en vez de tres. ¿Por qué? En primer lugar nos parece que va a ser más fácil para la propia gestión, pero no estaba pensando en la gestión, sino en que los trabajadores van a tener que decidir su cotización y por lo tanto su acción protectora y su protección social de futuro y además de manera irrevocable. Sería más acertado dejarles seis meses para que valoren la incidencia de sus cotizaciones y de su protección social en el futuro.
Anuncio ya que retiro la enmienda número 15, del Grupo Popular, pero quiero dejar testimonio de que el
proyecto de ley no incorpora o crea un sistema especial, sino llamémoslo especialísimo, y explico por qué: la propia Ley General de la Seguridad Social prevé los sistemas especiales pero para formas de cotización diferentes, no para coberturas, para acción protectora diferente, y aquí nos encontramos con que va a haber, dentro del régimen de autónomos, una acción protectora para el autónomo ordinario, por así decirlo, y otra acción protectora para el autónomo del sistema especial del censo agrario. Yo comprendo el motivo y es que los trabajadores agrarios tienen cobertura obligatoria para contingencias profesionales, no así los autónomos. Si les incorporamos y no lo hacemos obligatorio, evidentemente le estamos eliminando protección. Quería dejar constancia de ello porque, si me lo permiten, en algunos aspectos esta integración es más formal que puramente material. Simplemente, ya he dicho que la retiro. Comprendo las razones, no estoy dispuesta a reducir protección social y, además, si ello es fruto de un acuerdo social, a más a más.
Reitero que mi grupo va a apoyar el proyecto de ley, que agradezco que nos vayan a aceptar la enmienda que en principio conozco que va a serlo y que apoyaremos las enmiendas transaccionales a las que se ha llegado. Insisto en el apoyo para avanzar sin más, como todos deseamos, en el desarrollo del Pacto de Toledo y en la mejora de la protección social.
La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): Por último, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Carro.
El señor CARRO GARROTE: Efectivamente, como se ha dicho, el régimen especial agrario de la Seguridad Social nació durante los pasados años setenta cuando el peso de la actividad agraria en nuestra economía era muy superior a la actual, tanto en producto interior bruto como en población activa ocupada en el mismo, situación cuya característica principal eran justamente los bajos recursos generados por la actividad agraria, por lo que el sistema nació con una contribución atenuada y con niveles de protección también reducidos. Es cierto que en los últimos años las circunstancias han cambiado, en las formas de trabajo y de vida en el campo y en lo relativo a los sistemas de protección de la Seguridad Social. Muy especial es la recomendación 6 del Pacto de Toledo, que apunta hacia la simplificación e integración de regímenes especiales de manera gradual, con atención a sus especificidades, tal como han dicho antes otros intervinientes. Desde entonces se han adoptado diversas medidas parciales, como, por ejemplo, la Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de medidas de reforma económica, o la propia Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006, en las que se dio una nueva redacción al texto refundido de la Ley de la Seguridad Social para establecer un nuevo sistema de cotización que caminara hacia su incorporación en el régimen especial de trabajadores autónomos, RETA. Ya en esta legislatura, dentro del importante proceso de diálogo social que se viene celebrando entre las organizaciones sindicales y la patronal, especialmente en este caso también por parte de las organizaciones agrarias, se ha abordado esta cuestión junto con el Gobierno alcanzando un acuerdo que el actual proyecto de ley de alguna forma pretende trasladar a ley.
El presente proyecto de ley integra el régimen especial de trabajadores agrarios de la Seguridad Social en el RETA, creando un sistema de cotización reducida para los trabajadores autónomos agrarios y equiparándoles, en sus derechos y prestaciones, al resto de trabajadores autónomos. Cabe destacar en este punto que esta protección social mejorará en el futuro inmediato con la entrada en vigor del Estatuto del trabajador autónomo,...
La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): Señorías, les ruego que por favor guarden silencio, porque no se puede oír al interviniente.
El señor CARRO GARROTE: Gracias, presidenta. Afectará tanto a los trabajadores autónomos en general como a este colectivo de trabajadores autónomos agrarios. Pero este incremento de prestaciones no tendrá como consecuencia un incremento sustancial de las cotizaciones de los trabajadores agrarios por cuenta propia, dado que se crea un sistema especial de cotización para este colectivo. Se define con más claridad en el proyecto de ley lo que se considera trabajo autónomo agrario, así como el concepto propio de explotación agraria, introduciendo además medidas positivas en la cotización, con el objeto de incentivar la incorporación de jóvenes y mujeres a la actividad agraria dentro de las explotaciones familiares. De hecho, el proyecto de ley establece una reducción del 30 por ciento de la cuota que resulte de aplicar a la base de cotización que corresponda el tipo reducido del 18,75 por ciento, para los cónyuges o descendientes del titular de la explotación agraria que tengan 40 o menos años de edad en el momento de su incorporación al régimen especial agrario entre la fecha de entrada en vigor de esta ley y el 31 de diciembre de 2007. Se trata, por lo tanto, según expresa el Consejo Económico y Social en su dictamen, de un modelo equilibrado que representa una considerable mejora de la protección social sin introducir incrementos sustanciales en las cotizaciones. Resuelve a través de la disposición transitoria primera los cambios temporales de encuadramiento de determinados trabajadores por cuenta propia agrarios, pudiendo aquellos que se hallen encuadrados en el RETA y cumplan los requisitos para incorporarse al nuevo sistema específico de cotización reducida solicitar -en el plazo de tres meses proponía el proyecto, aunque aceptaremos la enmienda del Partido Popular y serán por lo tanto seis meses- en el plazo de los seis meses siguientes a la fecha de entrada en vigor de la presente ley el cambio al nuevo sistema y en el caso de
cotizar por la base mínima, podrán acogerse a esta nueva cotización reducida.
Se han presentado por parte de los grupos parlamentarios a este proyecto de ley 19 enmiendas. Estamos en disposición de aceptar las enmiendas números 10 y 14, del Grupo Popular, y también de proponer una serie de enmiendas transaccionales que nos parece que resuelven el fondo de las cuestiones planteadas por los grupos enmendantes. Quiero agradecer la colaboración de los grupos parlamentarios por la facilidad con la que hemos sido capaces de alcanzar acuerdos. En relación con las enmiendas números 8, 9, 16, 17, 18 y 19, de Izquierda Unida, CiU y Esquerra Republicana, hemos propuesto una transacción, que es coherente con lo que estamos discutiendo en el proyecto del Estatuto del trabajo autónomo, en el sentido de que los menores de 30 años puedan ser contratados por cuenta ajena sin cotización a la contingencia de desempleo y consecuentemente sin que puedan acceder a esta cobertura, pero resuelve la cuestión que planteaban estas enmiendas. Proponemos también otra transacción en relación con las enmiendas números 2, 3, 5 y 7, del BNG, que hacen referencia a la cuestión de las parejas de hecho, de tal forma que con esta transacción quede resuelta esta cuestión.
En relación con la enmienda número 2, del BNG, aceptamos un plazo de cinco años en vez de tres y finalmente en otra enmienda transaccional del Grupo Mixto BNG, definimos con mayor claridad el concepto de explotación agraria, de acuerdo también con el BNG.
En el Grupo Socialista estimamos que las transacciones propuestas dan cabida a las pretensiones de los grupos recogidas en sus enmiendas, por lo que entendemos que el presente proyecto de ley es merecedor de una aprobación unánime por parte de la Comisión. Señorías, más allá de que efectivamente este proyecto de ley convierte en realidad lo recogido en un acuerdo fruto del diálogo social o que supone también el cumplimiento por parte del Gobierno una vez más de la palabra dada, sobre todo debemos pensar en que es un proyecto de ley que afecta en España a 251.460 personas, según datos del mes de marzo. Permítanme que exprese mi satisfacción además por los 49.438 beneficiarios correspondientes a la Comunidad Autónoma de Galicia. Se trata, sin duda, de corregir una situación de discriminación y de dar a los trabajadores autónomos del sector agrario una oportunidad para que su actividad resulte rentable económicamente junto con un nivel de protección social equivalente al del resto de los trabajadores.
Señorías, por todo esto solicito su voto afirmativo al presente proyecto de ley, así como a las enmiendas transaccionales presentadas.
La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): Señor Carro, le ruego, por favor, que haga llegar a la Mesa la enmienda transaccional para que la podamos leer antes de efectuarse la votación.
EMITIR DICTAMEN A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, SOBRE EL PROYECTO DE LEY DEL ESTATUTO DEL TRABAJO AUTÓNOMO. (Número de expediente 121/000115.)
Pasamos a emitir el dictamen, a la vista del informe elaborado por la ponencia, sobre el proyecto de Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo. De menor a mayor, para la defensa de las enmiendas tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, doña Olaia Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Tengo que decir que aún estamos tratando de valorar algunas de las transacciones que propone el Grupo Socialista a nuestras enmiendas, dado que en la tarde de ayer no pude asistir a una reunión, donde podríamos haber solventado esta cuestión, por estar interviniendo en el Pleno en ese momento.
De todas formas, quiero decir que las propuestas de transacciones que el Grupo Socialista nos hace son a enmiendas que trataban de mejorar el texto propuesto por el Gobierno en cuanto a las condiciones de los trabajadores autónomos tanto de las prestaciones de la Seguridad Social como del reconocimiento de la representatividad de las propias organizaciones de autónomos, así como distintos aspectos que en su momento las propias organizaciones de autónomos ya le plantearon al Gobierno. En este sentido, queremos manifestar, quizá tenía que haberlo dicho primero, la satisfacción de que hoy, después de que durante tantos años el sector de autónomos reivindicara un estatuto que regulara su situación como trabajadores, podamos estar en estos momentos defendiendo unas enmiendas que significan que en el día de hoy va a ser aprobado ese estatuto.
Manifiesto también la satisfacción por que el proyecto que el Gobierno nos ha presentado haya sido consensuado con las diferentes organizaciones de autónomos. Sabemos además que tuvo un trabajo arduo en el sentido no solamente del tiempo transcurrido, sino del mucho diálogo establecido para incorporar a la propuesta del Gobierno prácticamente todas las propuestas presentadas por las organizaciones de autónomos.
Hay que decir también que este estatuto llega a las Cortes Generales después de que se fueran incorporando a leyes como la Ley de la Seguridad Social una serie de cuestiones que mejoran las condiciones de las trabajadoras y los trabajadores autónomos, especialmente en los aspectos relacionados con las prestaciones de la Seguridad Social, el derecho a bajas por enfermedad, etcétera, cuestiones que fueron causa de muchísimos debates en esta casa y en otras instituciones y, sobre todo, después de años de lucha del sector para que estas les fueran reconocidas.
Después de estas modificaciones de leyes como la que acabo de citar, el Estatuto del Trabajo Autónomo que hoy vamos a aprobar es la culminación del esfuerzo de
las trabajadoras y trabajadores autónomos para que les sea reconocido por ley una serie de derechos que tienen y que por el doble aspecto de ser empresarios y trabajadores no estaban debidamente reconocidos quizá por la propia dificultad del encuadramiento desde el punto de vista laboral de este sector. Volvemos a repetir la satisfacción de estar hoy defendiendo estas enmiendas porque ello significa efectivamente que, sin perjuicio de que en el futuro este Estatuto del Trabajo Autónomo pueda ser mejorado, hoy vamos a aprobarlo.
Tenemos una serie de enmiendas que no vamos a mantener porque aceptamos la transacción que el Grupo Socialista nos presenta y antes de la hora de la votación, para facilitar el orden de la Mesa, anunciaremos cuáles son las que retiramos y las que mantenemos. Hay algunas enmiendas que mantendremos y quisiéramos dar una pequeña explicación del porqué.
Concretamente, en la enmienda número 7 al artículo 10 proponemos que el trabajador autónomo responderá de sus obligaciones con todos sus bienes y el Grupo Socialista nos presenta una transacción en cuanto a la inembargabilidad de las viviendas de los autónomos en caso de que sus bienes tengan que responder a deudas de la empresa porque son titulares.
Tenemos que valorarlo muy bien porque entendemos que si la vivienda habitual de las personas trabajadoras autónomas no está en su momento aportada como aval a la financiación que solicitan o a las deudas que significan el embargo que se pueda establecer, no debería ser considerada como bien embargable. De ahí la enmienda número 7 que presentamos, aunque tenemos esa transacción del Grupo Socialista que tendremos que valorar porque de momento no estamos muy convencidos de que responda a lo que nosotros pretendemos.
Presentamos la enmienda número 13 dirigida al reconocimiento de las causas justificadas de los trabajadores autónomos dependientes de la paralización de la actividad y entendemos que se debe incluir una letra nueva orientada a que se reconozcan también aquellas causas producidas por el ejercicio de acciones colectivas de carácter reivindicativo. Es decir, aunque el trabajador autónomo dependiente no deja de ser un trabajador autónomo, como en este estatuto se reconoce su dependencia de una empresa o de un tercero, hay que reconocerle derechos como por ejemplo el derecho a la huelga. Si en el sector hubiese trabajadores que por esta razón paralizaran su actividad, se les debería reconocer ese derecho y no que sea para la empresa una causa justificada de ruptura del convenio de contratación de este trabajador dependiente.
Presentamos la enmienda número 15 porque lo que concierne a las asociaciones representativas de los trabajadores autónomos debería matizarse debidamente para que no se confunda la representación de los autónomos, que nos parece legítimo, con la de las centrales sindicales.
Debería especificarse lo que son las organizaciones de los autónomos como tales y por eso presentamos esta enmienda de adición al artículo 21.1, que clarifica mejor la cuestión. No entendemos por qué el grupo mayoritario, si bien acepta la enmienda, no hace una propuesta de transacción, ya que nuestra enmienda no limita ni es perjudicial para los intereses ni para la representatividad de las centrales sindicales, y, en cambio, sé debe haber una significativa consideración a las organizaciones propias de los autónomos.
Otra de nuestras enmiendas tiene que ver con el reconocimiento a los tiempos de trabajo y la vamos a mantener porque no se nos ha hecho ninguna propuesta de transacción. Nosotros limitamos los tiempos a lo que la Unión Europea establece, a no más de 50 horas a la semana, ya que tal como se recoge en el proyecto de ley puede significar que un trabajador autónomo dependiente al final no tenga un tope de horario porque no se reconoce como tal.
Para no extenderme y teniendo en cuenta que nuestras enmiendas están relacionadas fundamentalmente con los trabajadores autónomos dependientes y con el reconocimiento de que esa dependencia debe significar unas determinadas consideraciones como personas que dependen de otra empresa, las vamos a mantener, incluida la enmienda relacionada con la matización de las organizaciones representativas de los trabajadores dependientes a la hora de negociar condiciones, bien sean colectivas o particulares de empresas, porque evidentemente no se puede ser al tiempo parte de la representación social y económica, es decir, no se puede ser representante de los que tienen que contratar y de los que van a ser contratados. De ahí que hayamos presentado enmiendas en esta dirección.
En suma, pasaremos la relación de las enmiendas que mantenemos y de aquellas respecto de las que aceptamos transacciones, pues repito que aún seguimos tratando de aclarar ciertas cuestiones para poder aceptar algunas transacciones.
La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): Seguidamente, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida tiene la palabra don Ángel Pérez.
El señor PÉREZ MARTÍNEZ: En primer lugar, procede que nos felicitemos todos, pues, transcurridos varios años de declaraciones y propuestas, finalmente tenemos un texto de proyecto de ley que define el Estatuto del Trabajo Autónomo. Además, se trata de un texto con un alto grado de consenso y no solo de los grupos políticos presentes en nuestro Parlamento, sino que también es resultado del debate mantenido con los sindicatos, con las organizaciones de autónomos, con organizaciones empresariales y con múltiples sectores interesados. Ese trabajo lo hemos hecho todos los grupos, ha sido extenso y fructífero y esperemos que eso se refleje en la ley.
Izquierda Unida siempre ha apostado por el desarrollo de una normativa básica de derechos y obligaciones de los trabajadores autónomos en el ámbito civil, laboral y mercantil y también por avanzar en la homogeneización del sistema de prestaciones del régimen de trabajadores autónomos con el régimen general de la Seguridad
Social. Es evidente que hablamos de un sector económico y laboral, con una diversidad y heterogeneidad más que notables, desde los autónomos asalariados hasta los autónomos no asalariados, desde los económicamente dependientes hasta los llamados justamente falsos autónomos, que realizan actividades como asalariados bajo un contrato mercantil. Para nosotros la regulación de los trabajadores autónomos económicamente dependientes en esta ley cobra una relevancia especial, pues se trata de una figura fronteriza entre el trabajo asalariado y el trabajo autónomo. Es evidente que este tipo de trabajadores puede tener menos derechos laborales y sindicales que un trabajador por cuenta ajena y eso puede significar una presión a la baja sobre el mercado laboral y fundamentalmente sobre los trabajadores asalariados. De ahí nuestras prevenciones, que coinciden con las preocupaciones sindicales para que esta ley no abra precisamente esa posibilidad de trasvasar trabajo asalariado ampliando esa figura del falso autónomo. Es evidente que para los empresarios supone un menor coste económico la vinculación a los trabajadores autónomos económicamente dependientes, además de la posible mayor desprotección en cuanto a los derechos laborales y sindicales colectivos de estos trabajadores. Por eso debemos evitar que esa grieta se produzca y que no se genere ese trasvase de contratación amparado por el Estatuto de los Trabajadores a la contratación en el ámbito del Estatuto del Trabajo Autónomo. Un problema añadido es la heterogeneidad a la que antes me refería. Basta con echar un vistazo al informe del Grupo de expertos, en el que se habla de autónomos tradicionales, emprendedores, autónomos dependientes, agentes mercantiles, socios de cooperativas de trabajo asociado, de sociedades anónimas laborales, socios trabajadores, administradores sociales mercantiles, profesionales liberales, etcétera.
Por todo lo anterior, nuestras enmiendas centran su atención en intentar mejorar el texto en cuanto a derechos de los trabajadores autónomos y a la vez tratan de hacer más nítidas las diferencias entre los trabajadores por cuenta ajena y los trabajadores autónomos económicamente dependientes. Mi grupo ha presentado 41 enmiendas, de las cuales ha sido asumida la número 73, aceptamos las transacciones que se nos proponen a la 57, a la 61, a la 80, a la 89 y a la 92 y mantenemos el resto para su votación. No me voy a referir a todas, evidentemente, porque están suficientemente explicadas y motivadas, pero sí voy a mencionar algunas que nos merecen especial atención.
La enmienda número 52, al artículo 3, es de modificación. Las condiciones de un contrato colectivo deben aplicarse a las condiciones de los contratos individuales, y mantenerlo implicaría sencillamente una negociación innecesaria para los trabajadores autónomos. En relación con el artículo 7, que hace referencia a la forma de los contratos, defendemos que, si no se fija la duración de un contrato, se debe entender como indefinido. Al artículo 8 presentamos dos enmiendas que pretenden la implicación de las organizaciones sindicales y empresariales en materia de prevención de riesgos.
Nuestra enmienda 56, al artículo 9, pretende suprimir el apartado segundo, pues induce a confusión y se contradice con el apartado primero, donde el proyecto de ley deja perfectamente claro que los menores de 16 años no pueden ejecutar trabajo autónomo. En la enmienda número 57 aceptamos una transacción del Grupo Parlamentario Socialista, que tiene que ver con algo que ya ha explicado el Grupo Parlamentario Mixto, en el sentido de desligar cierto patrimonio personal de la responsabilidad de la marcha de la actividad económica del autónomo. Al artículo 11, que se refiere al régimen del trabajador autónomo económicamente dependiente, tenemos presentadas cinco enmiendas. Una de las más importantes es la número 61, que es objeto de una enmienda transaccional que consiste en considerar autónomos dependientes a los transportistas excluidos del Estatuto de los Trabajadores. Seguimos pensando que el plazo de dieciocho meses que se da para aplicar la medida a partir de la entrada en vigor de la ley sigue siendo excesivo, porque eso significa hablar de aproximadamente dos años, pero en cualquier caso es mejor esto que el rechazo de la enmienda, por lo que vamos a asumir la transaccional, manteniendo las demás al artículo 11.
La enmienda número 65, al artículo 13, trata de dejar claro simplemente que no puede haber acuerdos entre empresarios pertenecientes a una misma asociación. Recurriendo a Marx, se trata de que la parte contratante de la primera parte no puede ser exactamente igual que la parte contratante de la segunda parte, sino que deben ser partes diferentes, como muy bien decía el clásico. Al artículo 14 nuestro grupo, presenta la enmienda número 66, que tiene que ver con los derechos de los trabajadores autónomos en cuanto a jornadas, vacaciones y descanso semanal. Entendemos que ahí el texto es relativamente flojo y se trataría de reforzar esos aspectos. Al artículo 25, que tiene que ver con la cotización a la Seguridad Social, presentamos cuatro enmiendas que insisten en los mismos criterios, es decir, que se establezcan los principios de contributividad, solidaridad y sostenibilidad a la hora de reconocer bases de cotización diferenciadas a los trabajadores autónomos económicamente dependientes.
Finalizo ya por no explicar todas. De acuerdo con la transacción que se nos propone sobre la enmienda número 89, en el sentido de ampliar la protección por la contingencia de enfermedad profesional y de accidente de trabajo in itínere, que es una contingencia excluida como contingencia profesional y, por tanto, está excluida de la protección, es evidente que afecta a un buen número de trabajadores autónomos y, por tanto, la aceptamos. También aceptamos la transacción a la número 92, que abre la posibilidad de contratación como trabajadores por cuenta ajena y su inclusión en el régimen general de la Seguridad Social a familiares de primer grado. Por tanto, manteniendo el resto de las enmiendas y aceptando
estas, nuestra valoración sobre el conjunto de la ley es positiva.
La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): Seguidamente en nombre del Grupo Parlamentario... del Partido Nacionalista Vasco, tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Siendo vasca la presidenta, me ha sorprendido esa vacilación en la atribución de la definición del grupo, pero queda resuelto al final felizmente.
Respecto a esta ley nosotros tenemos diferencias de naturaleza filosófica u ontológica, si se me permite la pedantería, no respecto al contenido articulado de la misma, a su contenido material, por varias razones.
Primero, el señor Pérez ha hecho una invocación demasiado apologética al consenso y yo no tengo esa misma percepción de los consensos que legitiman la existencia de este proyecto de ley. En primer lugar, porque los sindicatos de naturaleza convencional tienen poco que decir en relación con la figura del trabajador autónomo si atendemos al ámbito de legitimación para informar los proyectos legislativos que les confiere la propia Ley Orgánica de Libertad Sindical, que no les confiere ninguno en relación con los trabajadores autónomos. En segundo lugar, he tenido contactos, como todos los que estamos aquí presentes, con tres organizaciones importantes representativas de los trabajadores autónomos, y no solo mantienen entre ellas opiniones discrepantes, sino en algunos casos manifiestamente contradictorias; luego, es difícil buscar un elemento de síntesis, salvo que el señor Pérez con su ya reconocida capacidad pueda hacerlo, recurriendo no ya al Marx que ha citado sino a Carlos Marx, mediante el sistema de tesis, antítesis y síntesis, por lo que se me antoja muy difícil preconizar de esta ley que viene avalada por un consenso amplio de los interlocutores que tienen legitimidad para opinar. En tercer lugar, y esto lo hemos comentado más de una vez y nos apena un poco a los que nos dedicamos al derecho del trabajo en el ámbito docente incluso, asistimos a una época en la que se está produciendo un verdadero descuartizamiento del derecho del trabajo en su dimensión tradicional, pero esto es lo que hay; además esto lo avalan los interlocutores sociales, desafortunadamente, y lo estamos avalando también en el ámbito político, en sede política.
El derecho del trabajo nació en virtud de los requerimientos de la primera revolución industrial para remover las injusticias del uso de contratos civiles y mercantiles o de sociedad, mediante la creación de un derecho que protegía o tutelaba los derechos del trabajador por la falta de sinalagma, la desigualdad subyacente en la relación contractual entre empresario y trabajador. Todo esto va desapareciendo desafortunadamente de la ontología y va desapareciendo por procedimientos muy sutiles. Me gustaría que el señor Membrado, que también es un reconocido miembro ilustre de un sindicato, tuviera un poco de sensibilidad sobre este fenómeno de mercantilización del derecho del trabajo, aunque pretendidamente aquí de lo que estamos hablando es de laboralización de una figura del derecho civil y mercantil, pero no, de facto y mediante procedimientos sibilinos en estas y en otras leyes, lo que estamos haciendo es pegar verdaderos hachazos a las esencias ontológicas del derecho del trabajo en su configuración tradicional. ¿Por qué procedimientos? Fundamentalmente por dos: Mediante la creación, en primer lugar, de figuras híbridas, de naturaleza jurídica confusa y difusa, como es la del trabajador autónomo dependiente, al que se le atribuye una gran relevancia en este proyecto de ley. Esto es una contradicción en sus propios términos, porque esto no puede existir. Si algo define al trabajador o al contrato de trabajo en el Estatuto de los Trabajadores son dos principios o dos conceptos que configuran o definen su naturaleza jurídica: el concepto de dependencia, por una parte -dependencia del poder de dirección de un empresario, de un empleador-, y el concepto de ajeneidad o alienidad, lo que quiere decir que evidentemente los frutos del trabajo que genera el trabajador no son recuperados por él. Aquí volvemos otra vez a la tesis marxista, no de los hermanos Marx, sino a la tesis marxista del Marx original. Mediante la alienidad, cogida del concepto de expropiación o de la plusvalía en la concepción marxista, que fue introducida por la socialdemocracia alemana en la Constitución de Weimar se crearon todos los sistemas de derecho del trabajo continentales, de nuestro contorno socioeuropeo, y la alienidad significa que sustituye los frutos del trabajo, de los que no se apropia el trabajador que los realiza, por una retribución, por un salario. Si eludimos o esquivamos cualquiera de estos dos elementos definidores del contrato de trabajo, el de dependencia o el de ajeneidad, estamos ante una figura que deja de ser contrato de trabajo automáticamente, pero que no se convierte tampoco en un contrato autónomo, porque el contrato autónomo admite numerosas formulaciones de naturaleza contractual. El trabajador autónomo puede dimanar de contratos de naturaleza civil, de contratos de naturaleza mercantil y de contratos de naturaleza societaria. Estamos ante una especie de figura híbrida, de difícil identificación y que además produce otra gran agresión contra los principios ontológicos del derecho del trabajo que consigna esta ley, que es una alteración de las fuentes de la relación laboral, tal como están previstas por el artículo 3 del Estatuto de los Trabajadores. Si estamos hablando de un trabajador autónomo dependiente y la finalidad de la ley consiste en su laboralización, si esta es la pretensión de la ley, vamos a utilizar el sistema de fuentes que para el trabajador dependiente se utiliza en el Estatuto de los Trabajadores, el previsto en el artículo 3.
No vamos a realizar esta perturbadora mención que se hace en el artículo 3.1, letra d), a las fuentes de la relación del trabajador autónomo dependiente, citando la normativa común relativa a la contratación civil, mercantil o administrativa. ¿De qué estamos hablando, de contratos
civiles, mercantiles o administrativos o estamos sinceramente intentando laboralizar y que advenga o que se convierta en competente la jurisdicción laboral para tutelar los avatares de este contrato o de la situación que afecta al trabajador autónomo dependiente? Las dos cosas simultáneamente no se pueden hacer. Hay un principio platónico, conocido por todos, que es la imposibilidad de ser y no ser al mismo tiempo. No se puede ser trabajador y trabajador autónomo dependiente o trabajador autónomo, llámese dependiente o como se quiera llamar, y trabajador dependiente a la vez; es metafísicamente imposible. Como no sería la primera vez que en esta benemérita institución hemos creado figuras que son metafísicamente imposibles, ni será la última. Aquí nos atrevemos con todo, pero yo creo que esto es llegar demasiado lejos desde una perspectiva de análisis ontológico. Así vamos cuarteando poco a poco el derecho del trabajo y los que nos dedicamos a impartir esta asignatura en las universidades del Estado español tendremos que ir pidiendo a los rectores que nos reubiquen en cualquier otra, antes de que termine desapareciendo definitivamente como tal sector del ordenamiento jurídico y como tal asignatura para explicar en las facultades.
Dicho lo cual, señora presidenta, voy a explicar sucintamente nuestras enmiendas, que no son muchas en cantidad pero que pueden tener cierta relevancia, modestamente, en entidad. La primera hace referencia a que la figura del trabajador autónomo dependiente -ya lo he explicado- no la terminamos de comprender y, si no se comprende esta figura, es difícil comprender la fundamentación filosófica u ontológica de esta ley porque casi está creada para la regulación normativa de esta figura. En nuestra enmienda 93 pedimos una regulación específica para este híbrido, que es una mezcla de trabajador dependiente y de trabajador autónomo, pero que no participa de las características esenciales y definitorias de ninguno de los dos sectores del ordenamiento jurídico, ni de la naturaleza laboral, ni de la naturaleza mercantil, ni administrativa, ni civil. Es una cosa extraña, una especie de género intermedio híbrido que hemos creado y que requeriría quizás una norma específica en donde se pormenorizara con mejor técnica jurídica y se concretara más el concepto de esta figura del trabajador autónomo dependiente.
La enmienda número 94 también ha sido explicada ya. Señor Membrado, usted sabe que si lo que queremos es laboralizar a determinados sectores de los trabajadores autónomos, laboralizar supone incorporar la teoría de las fuentes del derecho del trabajo y no mantener la invocación a que su relación contractual o su existencia puede dimanar de contratos mercantiles, de contratos civiles o de contratos administrativos, porque entonces resultaría imposible, salvo que modifiquemos también las leyes procesales concurrentes, invocar la competencia de la jurisdicción laboral para tutelar los avatares que afecten a este tipo de contrato; es imposible porque la naturaleza del contrato identifica inmediatamente la jurisdicción competente para tutelar los avatares que afecten a ese contrato. Luego, si se quiere ser valiente o se quiere ser claro conceptualmente -ni siquiera hace falta una apelación épica al valor-, vamos a decir que el trabajador autónomo dependiente está afecto por la misma teoría de las fuentes de creación de su relación, contractual o laboral, que los trabajadores dependientes que están regulados por el Estatuto de los Trabajadores. Lo demás nos va a crear una situación muy difícil, va a ser imposible armonizar este precepto con aquellos que atribuyen a la legislación laboral la competencia para entender y para la tutela judicial de este tipo de personas; ya no me atrevo a calificarles ni como trabajadores autónomos ni como trabajadores dependientes, vamos a llamarles ciudadanos y ciudadanas, para ser políticamente correctos.
La enmienda número 95 hace referencia a otra de las patologías que se pretenden corregir con esta ley o acabar con ella, que es la de la contratación en cascada, la concatenación de trabajadores mediante el abuso de la fórmula de la subcontratación por el empresario principal.
Esta es una de las patologías que esta ley estaba llamada a corregir en la medida de sus posibilidades, porque la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ha posibilitado que la subcontratación en cascada, es decir la concatenación de contratos sucesivos mediante un empresario principal que subcontrata en otro que a su vez va subcontratando sucesivamente en otros, acabe, incluso, mediante una última subcontratación, en un trabajador autónomo, al que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales no llama dependiente porque la figura no existía cuando se aprobó dicha ley.
La subcontratación en cascada llega a elementos tan perversos como que, después de múltiples y concatenadas subcontrataciones, incluso se puede terminar subcontratando la obra en una persona, que es un trabajador autónomo que ahora vamos a llamar dependiente, si se quiere. Pues no.
Nosotros establecemos una cautela consistente en decir que, en las obras, para que las subcontrataciones sean legítimas, incluso la que acabe en un trabajador autónomo dependiente, tienen que estar necesariamente interconectadas entre sí, con el fin de que no se produzcan los abusos que todos conocemos que están provocando las subcontrataciones en cascada, y sobre todo su nefanda influencia en los altos índices de siniestralidad laboral con los que convivimos.
La enmienda número 96 se refiere a las vacaciones de los trabajadores -voy a utilizar la expresión porque no hay más remedio- autónomos dependientes y a todo lo que se prevé en esta ley. La Directiva 2003/88 de la Comunidad Europea establece que cualquier trabajador tendrá derecho a 30 días de vacaciones. Solo por el requerimiento de esta directiva, yo pediría que a estos trabajadores, dada la laboralización pretendida de los mismos, se les conceda unas vacaciones de 30 días. Creo que solo por el principio de primacía del derecho comunitario debería ser objeto de la debida consideración.
La enmienda 97 pretende que, desde la perspectiva laboralizadora del trabajador autónomo, haya un periodo de descanso de doce horas entre el final de la jornada y el comienzo de la siguiente, que es lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores para los trabajadores dependientes de verdad, para los auténticos. No sería malo establecer, también para estos híbridos, medidas tuitivas como las que se prevén para los trabajadores dependientes en la regulación prevista a estos efectos de descanso en el Estatuto de los Trabajadores.
La enmienda 98 pretende mejorar la ley respecto a aquellos permisos que son de naturaleza obligatoria por las circunstancias que se consignan en el artículo 16.1, es decir, un deber inexcusable de carácter público y personal, comprendido el ejercicio del sufragio activo; el permiso y la prestación por maternidad, y el permiso y prestación por paternidad. Si estamos laboralizando, vamos a laboralizar también incorporando para estos trabajadores autónomos la posibilidad de acogerse a estos permisos.
La anteúltima, señora presidenta, es la enmienda 99 y hace referencia a la posibilidad de que en el ámbito de las comunidades autónomas, donde también hay organizaciones de trabajadores autónomos de ámbito autonómico, puedan ser creadas instituciones u organismos representativos ante las propias administraciones autonómicas, a efectos de cumplir las funciones que esta ley atribuye a las organizaciones que se configuran en trabajadores autónomos, desde la perspectiva de la mayor representatividad y la representación institucional.
La última enmienda -me gustaría que la miraran con cierto cariño, señor Membrado, en la medida de lo posible- se refiere a una posible apertura que se consigna en el artículo 9.2 en el sentido de que puedan trabajar menores de 16 años, mediante un trabajo dependiente, en determinadas actividades artísticas, etcétera. A mí me parece que es una apertura muy peligrosa la posibilidad de que puedan trabajar jóvenes con una edad inferior a los 16 años, y esto, como se hace en el Estatuto de los Trabajadores, debería ser objeto de estricta prohibición.
La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): Señor Olabarría, le quiero aclarar que conozco muy bien el Partido Nacionalista Vasco -si me oyera mi aitatxo, imagínese usted, ya que él era miembro de ese partido-, pero mi duda había sido porque no le había visto interés en tomar la palabra. Ese ha sido el motivo. (Rumores.)
Señora Fernández Davila, ¿quiere usted defender o dar por defendidas las enmiendas del señor Labordeta? Como no está presente, simplemente por deferencia.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señora presidenta, tenía previsto pedir la palabra al final.
Aceptamos en nombre del señor Labordeta las transacciones ofrecidas por el Grupo Parlamentario Socialista y vamos a esperar al momento de las votaciones para mantener o no las enmiendas.
La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): En nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Puig.
El señor PUIG CORDÓN: Hoy estamos ante un proyecto de ley que por el solo hecho de existir ya representa una mejora porque es una demanda histórica de diversos colectivos, y en el caso específico de Cataluña esos colectivos tienen mucha importancia. En opinión de nuestro grupo parlamentario, el simple hecho de que exista esta ley ya representa un avance, pero se nos queda un poco lejos de las expectativas que teníamos y del avance que por parte del Gobierno se hubiese podido posibilitar.
Las circunstancias nos podrían permitir avanzar mucho más, pero valoramos positivamente la capacidad de diálogo, de intentar transaccionar y de llegar a acuerdos mediante nuestras enmiendas. Nuestro grupo parlamentario ha presentado un total de 15 enmiendas, referidas a diferentes aspectos, que son las que voy a comentar; en algunas de ellas aceptamos las transacciones y otras las mantenemos para el Pleno.
Nuestras primeras enmiendas, las números 236 y 237, piden que se reconozca a determinados trabajadores autónomos que los derechos son irrenunciables, tanto en el texto como en los futuros acuerdos de interés profesional que puedan surgir, para evitar, en el tráfico de las relaciones entre estos y las empresas en el que puedan ser objeto de negociación, la renuncia anticipada a dichos derechos. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.) De no ser así, el marco de esos derechos de los que se pretende dotar al colectivo podría quedar en la anécdota. En este caso no ha habido acuerdo, no se han ofrecido transacciones, por tanto las mantenemos para su trámite posterior. La enmienda 238 se nos ha aceptado en su totalidad. La enmienda 240 se refiere a la figura del autónomo dependiente. Se propone rebajar el índice de dependencia necesario para que estos trabajadores sean considerados como tales del 75 al 50 por ciento. Ello es necesario, porque dotar a dichos trabajadores de determinados derechos no puede depender exclusivamente de si tienen ingresos o no. En todo caso, debería quedar fijado el porcentaje de referencia a los ingresos de actividades económicas y no a todos los ingresos de los que disponga el trabajador, aun cuando lo fuera por cuenta ajena. De no ser así, podríamos encontrarnos con que un trabajador que mantiene un contrato a tiempo parcial con una empresa y realiza además otra actividad por cuenta propia con otra empresa no tiene esos derechos reconocidos. Esta enmienda es importante, por eso la mantenemos.
Hemos presentado dos enmiendas que especificaban la representatividad territorial. Hemos propuesto modificaciones para que las asociaciones y organizaciones de trabajadores autónomos que sean representativas territorialmente puedan acceder al diálogo social y a la
negociación colectiva. En los parámetros de redacción del proyecto no se estima tan siquiera la actual organización del Estado de las autonomías cuando se habla de representatividad y diálogo social. Nuestro grupo apuesta por ese federalismo y presenta dos enmiendas en ese sentido. Se nos ha propuesto una transaccional que afecta a las enmiendas que se refieren a la representatividad, que son la 244 y la 245. En este caso, aceptamos. También hemos presentado enmiendas referidas a los derechos de los autónomos, porque el derecho a vacaciones debería ser retribuido y no solo reconocido. Es un derecho que tendría que ser aceptado para mejorar la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo que hoy estamos tramitando. En cuanto a los derechos de protección social, nuestras enmiendas pretendían acabar de una vez por todas con el agravio comparativo que han venido sufriendo los trabajadores autónomos en el cálculo de sus pensiones.
Cuando hablamos de agravio no nos referimos solo a que el importe que reciben sea inferior a la media de las pensiones del régimen general por cuanto cotizan por bases más bajas, sino a que en el cálculo de prestaciones, a igualdad de bases, se obtengan beneficios iguales a los de otros regímenes. Esta discriminación no está justificada y en nuestras enmiendas abogamos por que se igualen esos derechos. Asimismo hemos introducido peticiones históricamente reclamadas por las asociaciones de autónomos, como la de escoger el régimen de cotización de los familiares y la posibilidad de establecer bonificaciones o reducciones en las cuotas para las épocas de baja o nula actividad.
En definitiva, vamos a aceptar algunas de las transacciones. Comunicaremos a la Mesa cuáles son las que retiramos y mantendremos para el Pleno algunas enmiendas que nos parecen importantes para mejorar el proyecto.
Es posible que el Gobierno acepte la mejora y que podamos optimizar las expectativas creadas en su momento, que si no se quedarían cortas. Que haya una ley ya es de por sí una mejora importante, por tanto no nos vamos a oponer. Hemos llegado a acuerdos válidos, pero el grupo que apoya al Gobierno tiene aún margen para avanzar más, dando respuesta a las expectativas que los colectivos de autónomos tenían puestas en esta ley.
Por eso vamos a mantener una parte de las enmiendas para el Pleno en espera de llegar a futuros acuerdos con el grupo mayoritario.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señorías, nuestro grupo parlamentario llega a este trámite de debate en Comisión del dictamen de la correspondiente ponencia con un acuerdo global con el Grupo Parlamentario Socialista que satisface la mayoría de las cuestiones que Convergència i Unió había planteado. Al final de mi intervención diré las enmiendas que quedan incorporadas en las transacciones que ha alcanzado el Grupo Socialista con nuestro grupo y también con otros grupos parlamentarios, así como las enmiendas que retiramos y las que vamos a mantener para la votación; en todas ellas, menos en una, hemos alcanzado un acuerdo con el Grupo Socialista, al que queremos agradecer el esfuerzo de aproximación que ha hecho entre las posiciones iniciales del proyecto de ley y los textos que al final se van a someter a votación. El texto que trajo en su día el Gobierno, pactado con algunas de las principales organizaciones que representan al mundo del autónomo, era de entrada un buen texto. Suponía el reconocimiento por primera vez de la realidad del trabajo autónomo desde una perspectiva global y empezaba a responder a algunas de las cuestiones de fondo que el mundo de los autónomos venía planteando desde hace años. Desde la perspectiva de Convergència i Unió, que viene batallando en esta Cámara desde los tiempos de Miquel Roca para que las leyes, las políticas públicas, las sensibilidades y los compromisos de las administraciones respondan a esas necesidades del trabajo autónomo, la configuración de este nuevo texto legal, tanto en su formulación inicial como en la forma en la que sale de esta Comisión, supone un nuevo paso adelante muy significativo. Por tanto, abordamos este trámite parlamentario con la satisfacción de haber hecho un buen servicio a un sector determinante de nuestra economía y de nuestra vida social.
En primer lugar, el texto de la ley que entre todos estamos configurando reconoce de entrada la importancia de la capacidad emprendedora de los individuos. La existencia de este proyecto de Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo supone la expresión de la convicción de esta Cámara, de la convicción de las fuerzas políticas de que una sociedad, para prosperar, para progresar, para generar riqueza necesita que haya gente que arriesgue, que tenga ideas, que tenga la capacidad de poner en marcha sus propios negocios. La ley apuesta por esta capacidad emprendedora. En segundo lugar y precisamente para reforzar esa capacidad emprendedora de los individuos, es necesario que ante los riesgos asociados a la vida o al mundo del trabajo nuestro sistema de protección social equipare los niveles de protección del trabajo por cuenta propia a los del trabajo por cuenta ajena. Aunque no se consiguen la totalidad de las aspiraciones de Convergència i Unió, el texto avanza de manera muy significativa en este sentido y en él se incorporan en diversas ocasiones mandatos expresos para avanzar en esa dirección. En tercer lugar, en los últimos años, acompañando al proceso de descentralización productiva y de externalización y a la dinámica de flexibilidad que en el campo de las relaciones laborales han introducido las nuevas maneras de organizarse de las empresas, se han configurado nuevas realidades de trabajo autónomo; es lo que hemos convenido en denominar el trabajo autónomo económicamente dependiente. A esa nueva realidad sociológica, a esa nueva realidad del mundo de la empresa, del mundo económico y del mundo social, podríamos tener dos aproximaciones: en
primer lugar, la aproximación de la sociedad industrial, es decir entender que estábamos simplemente ante personas que se situaban al margen de la ley, que eran falsos autónomos y que la respuesta legal pasaba por retornar esas situaciones al trabajo por cuenta ajena; y en segundo lugar, una aproximación insensible a las necesidades y a los problemas de estos trabajadores efectivamente dependientes de otros autónomos que llevase a no abordar esa problemática. En cambio el proyecto de ley apuesta por reconocer que esa realidad es de hecho un elemento configurador del nuevo funcionamiento de la empresa, de lo que algunos han determinado como la empresa red, y que los trabajadores autónomos que participan de esa dinámica de la empresa red necesitan también seguridades para poder continuar ejerciendo esas actividades. En este sentido, la configuración del trabajo autónomo dependiente responde a una nueva realidad que exige un nuevo enfoque, superando concepciones más propias de otras épocas del funcionamiento de nuestra economía. Quizás el tiempo nos dirá si esa vocación tuitiva, desde un punto de vista de los derechos de los autónomos dependientes, ha sido suficientemente acertada para garantizar esa protección o si quizás hemos configurado un régimen excesivo desde la perspectiva de las demandas de la empresa en red, de las demandas de un trabajo de unas relaciones laborales flexibles y efectivamente competitivas. Finalmente, el proyecto de ley debía reconocer la representatividad de las organizaciones nuevas que representan al trabajo autónomo, y efectivamente el texto de la ley con la configuración del Consejo Estatal así lo determina. Además con enmiendas transaccionales a las que ahora me referiré articulamos la presentación de la diversidad y pluralidad que en el conjunto del Estado se expresa en esta materia. No hemos alcanzado un acuerdo con el Grupo Socialista en materia de representación de los autónomos en el CES, y es la única discrepancia que mantenemos sobre las enmiendas.
Entro en el debate de las enmiendas. Las números 147 y 250, junto con enmiendas de otros grupos, pretenden ampliar los colectivos con derecho a reducción y bonificación en sus cotizaciones. Por tanto, se trata de configurar en la práctica una cotización a tiempo parcial para determinados colectivos de manera significativa, personas con discapacidad que realicen trabajo autónomo y personas que se dediquen a actividades artísticas o artesanales. Además, la ley abre la posibilidad de que otros colectivos por vía legal o reglamentaria puedan incorporarse a este ámbito. Con la transaccional ofrecida a la enmienda 137, junto con enmiendas de otros grupos, se reconoce la cobertura por accidente de trabajo in itínere. Esta era una demanda que venían haciendo los colectivos desde hacía tiempo, que el texto inicial del Gobierno no incorporaba y que fruto de las enmiendas de los diferentes grupos finalmente se incorpora en el texto de la ley de manera acertada. La enmienda 105, transaccionada también junto con enmiendas de otros grupos, supone un reconocimiento de manera muy adecuada a lo que también se ha producido, y luego contaremos, en materia de conciliación de la vida personal y familiar, extendiendo protecciones que hasta ahora funcionaban en el ámbito del trabajo por cuenta ajena, en el ámbito del trabajo autónomo. Se reconoce el derecho a la conciliación de la vida profesional con la vida personal y familiar de los autónomos, por tanto el derecho a suspender su actividad en los supuestos de embarazo, paternidad, maternidad, etcétera. Nos parece significativa que en esa realidad del mundo autónomo exista esa protección. Las enmiendas 135, 138 y 139, junto con enmiendas de otros grupos, pretenden ampliar las posibilidades del reconocimiento de la jubilación anticipada, en este caso vinculadas al desarrollo que se haga a la prestación por cese de actividad. Nos parece que es una medida prudente y acorde con lar normas de la Seguridad Social reconocer esa realidad de personas y sectores en la que las posibilidades de prolongar su actividad profesional se han vuelto escasas. En este sentido, en esta enmienda transaccional se hace referencia específicamente a que las administraciones públicas podrán por razones de política económica debidamente justificadas cofinanciar planes de cese de actividad dirigidos a colectivos o sectores económicos concretos. Nos parece significativo en algunos sectores del mundo autónomo sometidos a importantes presiones.
A la enmienda 154 se ha presentado una transacción que abre la posibilidad de ampliar el pago único de la prestación por desempleo para aquellos parados que pretendan establecerse como autónomos. Las enmiendas 112 y 113 plantean una primera cobertura -no es exactamente aquello que pretendimos- significativa de la inembargabilidad de la vivienda habitual, de la vivienda familiar del autónomo, frente a las deudas del sistema de la Seguridad Social. Las enmiendas 101 y 164, junto con enmiendas de otros grupos, pretenden abrir la vía a la solución de una clásica demanda del trabajo autónomo como es la contratación de los hijos menores de 30 años por el régimen general. En este tema pretendíamos una ampliación también a los cónyuges de los trabajadores autónomos. Ahí no hemos llegado a un acuerdo, pero sí en lo referente a la incorporación de los hijos menores de 30 años, además de en la adaptación de los contratos vigentes de los trabajadores autónomos económicamente dependientes a la entrada en vigor de la nueva ley, a través de la enmienda 170 y otras enmiendas de algunos grupos. También hay un paquete de enmiendas significativas, la 117 de manera muy clara, que pretende que los sectores hasta ahora regulados específicamente, como el transporte de autónomos y el sector de los seguros, que habían mostrado preocupaciones en relación con el contenido de esta ley, vean garantizados por un lado, en el caso de los transportistas, el carácter de autónomos de los transportistas tal como ha reconocido el Estatuto de los Trabajadores en un plazo razonable de aplicación de esa ley de 18 meses, después de su desarrollo reglamentario, y por otro, en el caso del sector de los seguros, una reafirmación del carácter
mercantil de las relaciones del personal que trabaja en las compañías de seguros respecto de sus empresas en ese plazo de 18 meses y un desarrollo reglamentario específico de los profesionales de ese sector que trabaja en este ámbito.
Nos parece que el proyecto de ley tranquiliza de manera adecuada a sectores económicos, que habían visto con preocupación la irrupción de esa nueva figura del trabajador autónomo económicamente dependiente.
También ahí significativamente reforzamos el carácter preceptivo de los informes que el Consejo Estatal del Trabajo Autónomo realice en anteproyectos de ley o proyectos de reales-decretos, a través de la transaccional ofrecida a la enmienda 131. En la transaccional a la enmienda 140 equiparamos la posibilidad de la jubilación anticipada para los trabajadores autónomos con discapacidad grave. En las enmiendas 106, 135, 138, 139, 153, 154, 160, 161 y 167 incorporamos la demanda del artículo 26 para que la acción protectora de la Seguridad Social tienda a converger en aportaciones, derechos y prestaciones con la existente por trabajadores por cuenta ajena. Son enmiendas muy significativas que orientan muy claramente el sentido de este proyecto de ley. La transaccional a las enmiendas 156 y 160 mandata al Gobierno a realizar un estudio sobre sectores que hoy tienen problemas específicos y donde va a ser exigible su reconversión o modernización. Ahí se responde a demandas que desde hace tiempo se nos viene planteando. La transaccional a la enmienda 162 mandata al Gobierno para que en el plazo de un año se presente un estudio para actualizar el conjunto de la normativa del RETA precisamente en esa dirección. Hay una transaccional a la enmienda 168 que mandata hacer una campaña de difusión e información sobre del RETA.
Sobre él existe un importante nivel de desconocimiento de los trabajadores autónomos. En la transaccional 132, junto con las enmiendas propuestas por el Grupo de Esquerra Republicana, se abre la vía a la participación de los posibles consejos del trabajo autónomo que existan a nivel autonómico como parte del Consejo estatal, por tanto articulando la pluralidad del Estado. La enmienda 117 ya la hemos mencionado antes. La enmienda 148 es importante porque plantea ampliar los incentivos a los nuevos emprendedores, pasando de una reducción de las bonificaciones sociales de un 25 a un 30 por ciento y, en lugar de durante los doce primeros meses, durante los 18 primeros meses. Ampliamos esos instrumentos para que la gente tenga capacidad de poner en marcha sus propias actividades. En la enmienda 120 ampliamos los días hábiles de vacaciones para los trabajadores autónomos económicamente dependientes.
En las enmiendas 127, 129, 130 y 133, que han sido transaccionadas, dejamos muy claro que el sector agrario, sus organizaciones y su regulación no son afectados por esta ley, así como reconocemos el papel de los colegios profesionales, al margen de las consideraciones que esta nueva ley introduce. Este sería el paquete de enmiendas transaccionadas.
El Grupo Socialista va a apoyar las enmiendas 108, 115 y 121, y esta última tiene una especial importancia en la medida en que abrimos la vía a que el contrato que regula la relación entre el autónomo económicamente dependiente y la otra parte incorpore los costes de una posible indemnización por cesión del contrato, con lo que le damos mayor seguridad jurídica. La enmienda 141 incorpora la política de fomento del trabajo autónomo con apoyo a los emprendedores en el ámbito de actividades innovadoras vinculadas a nuevos yacimientos de empleo, nuevas tecnologías o actividades de interés público, económico o social.
Reforzamos esta capacidad emprendedora del autónomo. También han sido incorporadas las enmiendas 159 y 172, con la excepción, insisto, de la enmienda 169, que afecta al CES.
Retiramos las enmiendas 102, 103, 107, 109, 110, 111, 114, 116, 118, 119, 125, 126, 128, 142, 133, 144, 151, 155, 157, 158, 165, 163, 166 y 171.
Por tanto, tan solo someteríamos a votación las enmiendas 108, 115, 121, 141, 159, 162 y 169. En todo caso, insisto, estamos satisfechos por el trabajo hecho; creemos que la Comisión hoy va a enviar un buen texto al Pleno y CiU estaría encantada de que ese texto que hoy sale de la Comisión pudiese continuar siendo mejorado en los diversos trámites y por enmiendas de otros grupos.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Barrachina.
El señor BARRACHINA ROS: El Grupo Popular está moderadamente satisfecho por la aceptación de buena parte, 26, de las 47 enmiendas originales, lo que permite mejorar un texto que, como digo, va a recibir el apoyo crítico del Grupo Popular, manteniendo cuatro tipos de enmiendas que nos separan del texto que finalmente va a aprobarse en esta Comisión. La propuesta del Gobierno es razonable y profundiza en lo que se hizo en la etapa de Gobierno del Partido Popular. En 2003 se logró que la incapacidad temporal por contingencias comunes se pasase a percibir por los trabajadores autónomos al cuarto día, como ocurre en el régimen general, en lugar del decimoquinto, pero costeado ahora por la Seguridad Social y no por el empresario, como ocurre en el régimen general. Eso se hizo para los trabajadores autónomos, por tanto sin coste adicional para aquellos que tuviesen la incapacidad temporal entre sus contingencias, aumentándose de forma notoria su protección social. No solo se consiguió esta incapacidad temporal para la enfermedad común, sino la posibilidad de los trabajadores autónomos de optar a la cobertura por accidentes y enfermedades profesionales. Se inició por tanto un camino en el cual ahora se da un paso más, que el Grupo Popular quiere apoyar; pero en aquella época, además de aumentarse la cobertura, se aliviaron las cargas tributarias que pesaban sobre los trabajadores autónomos y se suprimió el impuesto de actividades económicas para aquellas personas físicas con ingresos inferiores a un millón de euros, es decir la práctica totalidad
del tipo de autónomo al que aspira esta ley a proteger. Por tanto, el conjunto del texto probablemente haga bastante menos que las medidas que singularmente se adoptaron en la etapa de Gobierno del Partido Popular, pero profundiza en el mismo sendero.
Las enmiendas en las que se ha llegado a acuerdo introducen en la protección el accidente in itínere, es decir en el recorrido desde el domicilio habitual hasta el lugar de trabajo y su regreso, y posibilitan la cobertura del cese de actividad a edad avanzada, es decir de la jubilación parcial, aunque la redacción del texto final sea enormemente farragosa, para determinados colectivos de venta ambulante, discapacitados, venta a domicilio o aquellos que tengan la doble cotización. Se ha conseguido a través de las enmiendas no lesionar a ningún sector, ni al de transportes ni al de agentes de seguros, y dejar a la vía reglamentaria el ulterior desarrollo que merecen estos colectivos tan singulares. Se ha conseguido la contratación de los hijos, es un logro, merced a las enmiendas del conjunto de los grupos y a la buena disposición del Grupo Socialista. Se ha mejorado en varias referencias la protección a la discapacidad y la cobertura por riesgos de maternidad y paternidad. En fin, ha habido una serie de mejoras que hacen que el Grupo Popular se muestre moderadamente satisfecho con la tramitación. Aunque ya lo he mencionado, quiero destacar nuevamente la buena disposición que hemos encontrado en su portavoz, Jesús Membrado, y en el resto de componentes del Grupo Socialista. El texto actual es francamente mejor que el original que se planteó aquí.
Una vez dicho todo aquello que compartimos y que contemplamos con satisfacción en el texto, hay algunas enmiendas que vamos a mantener.
Primero, a la vez que se han dado pasos en la mejora de la protección del trabajador autónomo se ha creado el riesgo -lo ha dicho Emilio Olabarría antes- de que se desvirtue la representación de un sector determinado.
Hay riesgos, y nuestro grupo mantiene una serie de enmiendas y vigilará posteriormente el desarrollo reglamentario. Mantenemos las enmiendas sobre la supresión de la jurisdicción mercantil, tanto las que hacen referencia a ello en el preámbulo como las del texto. Nosotros proponemos que la actual jurisdicción sea respetada y que se avance en la preferencia o urgencia que pueden tener los trabajadores autónomos dependientes en la gratuidad de sus procedimientos judiciales y que ejerzan su propia representación y puedan no necesitar de abogado ni procurador; es decir se mejora su protección pero sin esa laboralización, sin acudir a la jurisdicción de lo social, porque esto, añadido a lo que modificamos con otras enmiendas que mantenemos, y en las que confío llegar a un acuerdo sobre la representatividad de las asociaciones, puede desvirtuar la representación de un sector política o sindicalmente virgen en este sentido. Lo decía el señor Olabarría y yo he reparado posteriormente en esa argumentación. Puede que intereses preexistentes, intereses políticos o en este caso sindicales -dicho esto con la mayor deportividad-, se arroguen representaciones que hoy no tienen. Si esto se deja así, si no se consigue que las entidades representativas de los autónomos sean algo tasado, objetivo y dependiente del número efectivo de voluntades a las que representan, se convertirá en un acto, como el texto contempla, exclusivamente político. Se va a dar una circunstancia peculiar, y es que al final el político que va a decidir quién es la entidad o entidades representativas pertenece al mismo sindicato que el que luego presidirá el Consejo del Trabajo Autónomo, que es curiosamente el mismo sindicato, como decía el señor Olabarría, al que pertenece honrada y muy legítimamente el señor Membrado, y al final el representante de los autónomos en este país dentro de dos años será, curiosamente, Cándido Méndez. Es algo curioso pero este texto ayuda a que con esa amplitud de criterios ese vaya a ser el rostro representativo de los autónomos. Hoy esto que digo puede ser llamativo pero dentro de dos años, si no corregimos el disparo inicial, puede ser así. El disparo inicial dice: Los criterios para determinar las entidades representativas de los autónomos serán, entre otros -entre otros, pero, puede ser cualquiera-: tener sede, tener representantes... La gama es tan amplia que el grado de discrecionalidad de la actual Administración, para decir quién representa y quién no, es con este texto del cien por cien. Estoy seguro -lo hemos hablado, por la buena disposición que el Grupo Socialista ha mantenido hasta ahora- de que llegaremos a algún acuerdo sobre la enmienda que nuestro grupo va a defender -probablemente la pierda, pero va a mantenerla para el debate en el Pleno y posteriormente en el Senado- para acotar el margen de maniobra del político, para que no sea del cien por cien a la hora de decir quién representa y quién no a un colectivo de casi tres millones de trabajadores autónomos. Yo confío -por eso nuestro grupo ha manifestado su apoyo, aunque crítico, a esta iniciativa del Gobierno- en la mejor voluntad del Gobierno y en que, por tanto, no es esto lo que se pretende, es decir la sindicación de un colectivo que voluntariamente decidirá si sindicarse o no, pero que no puede responder a actuaciones ni a planificaciones desde entidades, desde partidos o desde sindicatos preexistentes, y evidentemente con objetivos diferentes a los de la exclusiva representación del trabajador autónomo.
Por eso mantendremos nuestra enmienda 203 al artículo 21.1. Sé que el Grupo Socialista la mirará con cariño -no hemos tenido tiempo material de discutirla- para su debate en el Pleno del Congreso y después en el Senado, para que esta discrecionalidad al determinar quién representa y quién no al trabajador autónomo no termine convirtiéndose en lo que he dicho y a lo que parece tender este texto.
Igualmente, mantenemos nuestra enmienda sobre el respeto a la actual jurisdicción de lo mercantil, estableciendo la gratuidad, la preferencia y la urgencia de las causas que los trabajadores autónomos allí planteen y la mejora, la clarificación y la objetividad en la representatividad de las asociaciones que vayan a constituirse como más representativas.
Mantenemos otras dos
enmiendas, una sobre la inembargabilidad de la vivienda. Ahora podía haberse abierto un camino en cuanto a la inembargabilidad de la vivienda, no en términos genéricos; nos referimos a la vivienda familiar porque es evidente que no es lo mismo una vivienda en la que habite una familia con descendientes que una en la que no los haya. Nosotros contemplamos la vivienda como familiar, por lo que decimos que será dentro de los límites que reglamentariamente se determinen. Somos conscientes de que una mansión debe ser embargable, pero la vivienda familiar, dentro de la modestia que un reglamento determine y con la moderación que el Gobierno estime conveniente, deberá convertirse al final en no embargable o al menos dificultarlo. El texto y la enmienda transaccional que se nos propone tan solo establece que no lo sea al menos en un periodo de doce meses; es decir establece una demora de un año en el embargo de la vivienda familiar, pero no se da ni siquiera el paso que se da en otras enmiendas de: se estudiará. Mantenemos que debe avanzarse en la inembargabilidad de la vivienda familiar. Además se comete una discriminación que tendrá que ser corregida probablemente con la inspección laboral, que es la de que los hijos contratados por los padres autónomos en el régimen general no tengan derecho, como el resto de compañeros de trabajo, a la prestación por desempleo. Deben tener derecho a prestación por desempleo, derecho a paro. Evidentemente, las posibilidades de que nazca la picaresca tendrán que ser evitadas a través de la inspección o de los medios que el Gobierno crea convenientes. Por tanto, mantenemos estas cuatro enmiendas singulares en algunos de los casos: el paro y la prestación por desempleo para los hijos de los autónomos contratantes; la inembargabilidad, dentro de los límites que se quieran, de la vivienda familiar; la jurisdicción de lo mercantil, y sobre todo seriedad, rigurosidad y objetividad -es lo único que pedimos- en el establecimiento de aquellas organizaciones que vayan a tener carácter de representativas de los colectivos de autónomos. También pediría generosidad en el desarrollo reglamentario para que estas mejoras en la protección social, que ese texto evidentemente contempla y nuestro grupo respalda, no sean, como ocurrió hace cuatro años, como con las de la incapacidad temporal, cuando el Grupo Popular permitió que se cobrará desde el cuarto día y no desde el decimoquinto asumiéndolo la Seguridad Social, sino que ahora sea el autónomo quien costee esa mayor protección.
Lo que digo es que queremos que esto se contemple con generosidad para no perjudicar al sector con unos mayores costes sociales, con las bonificaciones y con las ayudas a la contratación que deba haber. Es decir, se trata de que las mayores cargas sociales puedan venir aliviadas fiscalmente -he puesto el ejemplo en la etapa anterior de la supresión del impuesto de actividades económicas-, para que lo que es ahora un sector dinámico y pujante de tres millones de autónomos no se vea encarecido y reducido con el paso del tiempo.
El Grupo Popular vuelve a agradecer la disposición que han tenido todos los grupos y singularmente el Grupo Socialista. Vamos a mantener esos cuatro aspectos que recogen nuestras enmiendas para su votación separada, y que posteriormente pasaré por escrito a la Mesa; vamos a mantener tan solo ocho de las 47 enmiendas originales -hasta 26 son recogidas en enmiendas transaccionales-, y el resto, merced a la buena disposición del grupo que sustenta al Gobierno, las vamos a retirar.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra por el Grupo Socialista el señor Membrado.
El señor MEMBRADO GINER: Señora presidenta, señorías, en principio quisiera agradecer -no vaya a olvidárseme al final- la buena disposición de los distintos grupos a la hora de mejorar el texto inicial que presentó el Gobierno, y que nosotros sabíamos que tenía que ser mejorado por el conjunto de la Cámara, entre otras cosas porque queremos que esta sea una ley de todos, que no sea una ley exclusivamente del Grupo Parlamentario Socialista ni del Gobierno socialista. ¿Por qué queremos que sea una ley de todos? Porque queremos que sea una ley que perviva, que sea una ley que sirva como instrumento útil para el sector y que sea una ley que permita avanzar a tres millones y medio de personas que en estos momentos están en una situación realmente complicada. Con esta ley ponemos la primera piedra sobre la cual podemos mejorar esas condiciones, aunque no la solución a todos los problemas; de eso somos conscientes.
Aquí se han manifestado enmiendas que se mantienen vivas, propuestas que son inalcanzables en estos momentos y alternativas de futuro que en estos momentos son posibles. Esta ley es una percha sobre la cual hay que poner otros muchos elementos para poder ir construyéndola habitualmente.
Señorías, el Estatuto de los Trabajadores -que es una norma básica del conjunto de los trabajadores por cuenta ajena- tiene en estos momentos diecinueve modificaciones al texto, lo que supone que, en veinticinco años casi una vez por año ha habido una modificación del Estatuto. ¿Por qué? Porque se ha ido adaptando. Nosotros no creemos que haya tantas modificaciones en el futuro del Estatuto del Trabajo Autónomo, pero seguro que las habrá para poder enriquecerlo y para poder adaptar las distintas realidades de los autónomos a un marco jurídico que les permita poder seguir avanzando. Esa es la razón. Por eso, para nosotros es importante que sea una ley de todos, con el mayor apoyo posible, sin exclusivismos y sin sectarismos.
Este es un proyecto de ley importante, señorías, porque estamos hablando de tres millones y medio de personas y es la primera vez que estamos hablando de un marco jurídico amplio, en el cual podemos proyectar de cara al futuro la mejora de estas personas y también implementar un sector que está creciendo en el conjunto de la sociedad de una manera exponencial y que ya no
es el sector residual de los años cincuenta, que era la alternativa al desempleo o que era la alternativa rural a la falta de un puesto de trabajo. Ya no. En estos momentos el autónomo tiene presencia en todos los sectores de la sociedad, tiene una capacidad y una iniciativa que son muy importantes y que desde nuestro punto de vista forman una parte fundamental del entramado económico y social de este país. Ya era hora, señorías, de que estuviésemos hablando del autónomo en positivo, de que estuviésemos hablando del autónomo de cara a dotarle de un marco jurídico que le permita mejorar sus condiciones, ya era hora. A pesar de que, indudablemente, nosotros queremos que ésta sea una ley de todos, permítanme por lo menos arrogarnos un poco el hecho de que nosotros hemos cumplido no solamente con nuestro programa electoral, con el discurso de investidura del presidente y con las distintas aportaciones en los Presupuestos Generales del Estado que nos han estado mandatando para que tengamos un estatuto de estas características. El Gobierno ha cumplido y además tiene que estar satisfecho porque lo ha hecho sobre la base de un consenso difícil, complicado, no solamente porque este sector estaba desvertebrado, sino porque había miles de representantes que se arrogaban permanentemente una representación y lógicamente también porque ha habido un alto grado de susceptibilidad por parte del mundo de la empresa y por parte del mundo del trabajo. Eso es normal, porque el autónomo es un híbrido. Este estatuto recoge en estos momentos una parte fundamental y es que define al autónomo como lo que es, frente al empresario y frente al trabajador normal. Por fin hemos conseguido que, cuando se hable del autónomo, no se le identifique como el empresario, con coche grande, corbata corta, mucha cartera, sino como un trabajador. ¿Por qué? Porque el trabajador autónomo es una persona que en lo fundamental aporta como capital su trabajo, su esfuerzo y su perseverancia, que arriesga recursos permanentemente y que hace frente a numerosos problemas de competencia económica con el único apoyo de su patrimonio personal y en un marco de protección social, señorías, escaso, raquítico y en algunos casos, contradictorio. Por eso, para nosotros esta ley es importante. Decía anteriormente que define al autónomo frente al concepto de empresario y también frente al concepto de trabajador.
No quisiera entrar en un debate filosófico con el señor Olabarría, pero me gustaría clarificar una cuestión. El derecho del trabajo tiene como objetivo fundamental la protección de los trabajadores porque en estos momentos son las personas que tienen menos protección en el centro de trabajo; no en el conjunto de la sociedad, sino en la empresa. De ahí nació la necesidad del derecho del trabajo, que en un momento concreto determinó que los niños menores de doce años no podían trabajar en la mina sino que tenían que ir a la escuela y que en estos momentos está introduciendo elementos nuevos en lo que es el mercado de trabajo, porque está cambiando permanentemente. Esos cambios que se producen en el mercado de trabajo mire usted por donde también afectan a los autónomos.
Indudablemente hay sectores que tienen una posibilidad mayor de competencia y una posibilidad mayor de movilidad si son autónomos que si son trabajadores por cuenta ajena. Yo no voy a decir que sea bueno; para mí es un elemento perverso, pero tenemos dos opciones: o eliminarlos, o protegerlos. Desde luego, eliminarlos, no sé cómo, y protegerlos sí sé cómo. De ahí es de donde sale el Estatuto del Trabajo Autónomo, la parte correspondiente al Trade, al trabajador autónomo dependiente. ¿Por qué? Porque son trabajadores que están en estos momentos en una relación mercantil cuando están ahora en una relación que no es exactamente mercantil. ¿Dónde, en qué sectores? En el transporte: más de 300.000 transportistas tienen en estos momentos una relación con más del 75 por ciento de las empresas que les dan carga y descarga; en el sector de seguros, más del 75 por ciento de los agentes de seguros tienen un componente de relación con la empresa, aproximadamente 110.000.
No solamente están en esos dos sectores, vamos a hablar claro. Hay sectores que en estos momentos se nutren de autónomos a los que se disfraza de colaboradores, de free lance; puede ser el sector de la comunicación y de la información, donde una parte importante de la plantilla tiene una relación de falsos autónomos encubierta y que, si denunciasen, serían trabajadores por cuenta ajena. Pero tenemos también al sector de la construcción, donde en estos momentos está entrando una veta muy importante, y al sector de los profesionales. Profesionales de todos los ámbitos tienen en estos momentos la matrícula, que se decía anteriormente de autónomos, pero realmente son trabajadores por cuenta ajena. ¿Qué hacemos, qué híbrido hacemos? Trabajadores autónomos dependientes, señor Olabarría. Ya sé que jurídicamente este es un pequeño pastiche, pero la realidad social exige protección para ellos, garantías de contratos y también garantías de defensa. De ahí que nosotros veamos lógicamente que esta es una parte sustancial del Estatuto. ¿Por qué? Porque es la parte más débil y más peligrosa desde el punto de vista del dumping social, que se está extendiendo como una mancha de aceite. Por eso tenemos que intentar acotar sin privar de la relación mercantil, introduciendo un marco jurídico de defensa, porque los acuerdos -individuales o colectivos- que se van a desarrollar únicamente van a regular condiciones laborales, jornada, previsiblemente salarios mínimos, pero la comisión a la que va un transportista o los incentivos que pagan a un transportista por hacer el viaje más rápido o menos rápido no se van a quitar; se le va a garantizar que el salario básico con el cual tenga que trabajar sea este y que el salario sobre el cual él va a pivotar será ese más lo que consiga de beneficios o cualquier otro sistema, igual que ocurre hoy en día con los trabajadores por cuenta ajena, que tienen un salario y un complemento por horas extras, nocturnidad, fines de semana y otras cuestiones. Por tanto, estamos hablando de situaciones semejantes; eso es lo que va a
regular. ¿Es eso solamente? No, porque el Estatuto contempla también los derechos individuales y derechos colectivos que tienen los autónomos. ¿Es que estos derechos individuales nos parecen una panacea? No nos parecen una panacea, pero no existían anteriormente regulados en norma, no los teníamos metidos en una estructura que les permitiese garantizar a los autónomos estos derechos. En el terreno de los derechos colectivos no tenían ninguna posibilidad de reconocimiento de sus asociaciones, el derecho a asociarse, el derecho a defender sus intereses, cuestiones que son vitales y que desde nuestro punto de vista es importante que estén recogidas.
¿Todas estas cuestiones permitirían decir que el Estatuto tiene consistencia en sí mismo? Sí, pero también tienen una limitación. Si esas dos cuestiones fuesen las únicas, es decir, la definición de autónomo frente al empresario y frente al trabajador, el concepto del trabajador autónomo económicamente dependiente y la definición de derechos individuales y colectivos, ya por sí mismas valen un Estatuto, pero es que además recoge el tema de la protección social. Señorías, si por algo se caracterizan los autónomos es por estar realmente en el limbo en el ámbito de la protección social, y si no, vayan ustedes a la Ley de Igualdad y encontrarán cuestiones relativas al derecho de paternidad y de maternidad, con figuras extrañísimas para cubrir la maternidad, provenientes de una situación realmente aberrante que existía antes con relación a la mujer autónoma. Esos derechos sociales nos permiten decir que lógicamente este es un sector en el que hay que mejorar el grado de protección. ¿Cuál es nuestro objetivo de mejoramiento del grado de protección? La equiparación con los trabajadores por cuenta ajena. A nosotros nos gustaría poder poner hoy en este Estatuto que los autónomos y los trabajadores por cuenta ajena no tienen ninguna deferencia desde el punto de vista de la protección social. ¿Es posible? No, porque tienen un problema de contributividad y un régimen especial que lógicamente hay que superar. ¿En cuánto tiempo vamos a ir avanzando en este sentido? Lógicamente, lo marcará el propio desarrollo del Estatuto, pero indudablemente nuestro objetivo es que todos los ciudadanos tengan el mismo grado de protección, sean autónomos o sean trabajadores de la Renfe. Eso es lo que queremos y yo tengo que decir que me he encontrado con que todos los grupos parlamentarios han formulado enmiendas en este sentido, lo cual se recoge no solamente en el preámbulo, sino en una adicional nueva. Ello demuestra que hay voluntad del conjunto de la Cámara para avanzar en ese sentido, sin generar problemas añadidos al sector -que bastantes tiene- y evitando tirones innecesarios.
Nosotros por eso hemos planteado, con la colaboración y con la mejor voluntad de todos los grupos, una serie de transaccionales -creo que finalmente son 28- que afectan fundamentalmente a los temas de la reducción de cotización en colectivos que tienen una actividad limitada.
Señorías, en estos momentos hay autónomos que están pagando más de cotización que beneficios están extrayendo en su propia actividad. ¿Por qué están pagando? Porque esos son colectivos fundamentalmente femeninos que realmente se están pagando su jubilación futura y su escasa protección. Nosotros consideramos que hay que reducir el grado de cotización en sectores como la artesanía, la venta ambulante, la venta a domicilio y otros que irán surgiendo paulatinamente. Con esta enmienda también introducimos un concepto nuevo y es la posibilidad de que los autónomos tengan procesos de reconversión, que en estos momentos los tienen y que sin embargo nadie les ayuda. ¿Cuántos comerciantes de las zonas de los cascos históricos de las grandes ciudades se han tenido que ir a la calle, cerrando el establecimiento porque no han podido competir? ¿Qué planes de ayuda ha habido? Escasos; los que voluntariamente se hayan planteado por parte de la Administración local autonómica y sobre todo nulos en el terreno de las bonificaciones de cotización. En nuestra opinión, hay que abrir una vía que resuelva este problema, igual que en el terreno de los accidentes in itínere. Una parte fundamental de la actividad de los profesionales autónomos en la mayoría de los casos es su desplazamiento permanente. En estos momentos el no reconocimiento del accidente in itínere es -iba a decir una boutade- un problema serio para este conjunto de sectores. Lo mismo ocurre con la jubilación anticipada.
¿Por qué no hablar ya de la prestación por cese de actividad, el equivalente a lo que nosotros llamamos jubilación anticipada? Pues sí, hemos introducido una transaccional que sabemos que es corta y que plantea algunos problemas de cara al futuro, pero solamente el hecho de abrir esa ventana nos permite que posteriormente vaya entrando el aire fresco que las organizaciones representativas moverán para que el conjunto de la sociedad y nosotros mismos tengamos que ampliar este tema.
Decía el señor Barrachina que no estaban de acuerdo con el tema de la inembargabilidad. Yo tampoco lo estoy, pero es lo que hay; difícilmente puede mejorarse esta cuestión. En estos momentos hay un problema, que es el de la Ley Concursal, y dentro de la misma se da derecho de preferencia a la hora de la adquisición de los bienes por subastas provenientes de un embargo. La Ley Concursal determina este aspecto y, mientras no se modifique, indudablemente poco podemos hacer. ¿Qué es lo que hemos hecho? Sin entrar en contradicciones jurídicas, ampliar el plazo; que si un autónomo ve que, fruto del embargo por no haber pagado las cotizaciones a la Seguridad Social, pierde su vivienda, se le dé un margen de tiempo para poder recuperarla sin tener que ir a la subasta o sin tener que ir a situaciones más perjudiciales. Eso es lo que hemos podido hacer. Se podría hablar de más tiempo, pero nadie nos ha planteado una transaccional en ese sentido. Lo cierto es que eso es lo que indudablemente se puede hacer. En cuanto a la contratación de familiares, estoy de acuerdo en que se debería poder hacer sin tener ninguna cortapisa. (Rumores.) Pero en estos momentos, ¿cómo vamos a
abrir, frente al trabajador por cuenta ajena, una posibilidad de contratación de familiares...
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Membrado. Por favor, bajen un poco el tono de voz, porque no se puede oír al interviniente.
El señor MEMBRADO GINER: Gracias, señora presidenta. Como decía, ¿cómo vamos a abrir una posibilidad de contratación de familiares, que son los hijos menores de treinta años, sin tener seguro de desempleo? Pues claro, sin tener seguro de desempleo. ¿Porqué? Porque queremos evitar un problema que se plantearía con el INEM y con el conjunto de la sociedad en cuanto a que podríamos tener una vía por ahí de un cierto uso perverso de esta figura en momentos determinados. Y eso no beneficia al autónomo, sino que perjudica, porque el Estatuto viste de largo al sector no solamente en el terreno de los derechos, sino también en el de presencia ante la sociedad. Este Estatuto dice del autónomo que tiene derechos y obligaciones y que, además de tener derechos y obligaciones, tiene que ser tratado en igualdad de condiciones que cualquier otro. Así se evitará aquello de: si es autónomo, seguro que nos está haciendo alguna trampa.
No, autónomo es una persona contribuyente como cualquiera otra y que tiene la necesidad y la exigencia de derechos y obligaciones; eso es lo que queremos que ocurra. De ahí que no pongamos elementos nuevos que pueden incidir en ese uso perverso de la figura del autónomo.
Entrando en otras cuestiones, hay sectores dentro de los TAED que estaban regulados adecuadamente pero que planteaban problemas en el sector: el transporte y los seguros. No hemos tenido ningún empacho en buscar una solución al mismo. ¿Por qué? Porque se ha hecho en colaboración con el propio sector, tanto del transporte como del seguro, en colaboración con las organizaciones firmantes y a petición de la mayoría de los grupos.
Hemos buscado un consenso que resuelve este problema, pero que siguen siendo TAED, que para nosotros es fundamental. No se trata de buscar la exclusión, sino el marco donde puedan entrar sin grandes dificultades.
Hay un tema que me resulta complicado tener que estar defendiendo permanentemente en esta Comisión -no sé si es por vocación o por un problema de ansias territoriales-, y es la composición de los organismos de representación cuando se habla de agentes sociales. Permanentemente se pone en cuestión la representación de los agentes sociales. No solamente por Emilio, sino por otros grupos parlamentarios. Este país lleva teniendo una representación de los agentes sociales desde los pactos de la Moncloa en el año 1977 y nos ha ido bien. El Estatuto es un acuerdo que es fruto previsiblemente de la concertación. Pues si una cosa nos va bien, ¿por qué la tenemos que poner en cuestión permanentemente? Por eso la composición del consejo estatal tendrá una representación de las organizaciones más representativas y el señor Barrachina no tiene que sacar el metro para medir cuántos son de unos y cuántos son de otros. No hace falta. Las organizaciones más representativas, no se preocupe usted, que ya se buscarán la vida, porque entre ellas tienen una competencia grande y van a buscar el mejor elemento de representación. Pero no me diga que tienen que ser exclusivamente compuestas de autónomos en organizaciones de autónomos autónomas de cualquier otra organización.
¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo es que en la frontera entre autónomo y trabajador hay elementos que se van superponiendo paulatinamente. Lo que tienen que hacer las organizaciones sindicales es crear estructuras de autónomos, no marginarse y dejar eso al campo empresarial exclusivamente como pasto. No, tienen que constituir estructuras de autónomos y que la patronal constituya estructuras de autónomos y que los defienda, que se juegue todos los días los intereses de este sector en contradicción con los intereses de otros y que tenga una política en el sector de los autónomos. Eso es lo que hay que hacer, eso es lo que hay que exigir, y no ir con el metro a ver de qué color son los autónomos que están aquí o allá. Eso ya ha pasado a la historia.
En el terreno de la jubilación nosotros hemos introducido también la jubilación de los autónomos con discapacidad y es un tema realmente importante que teníamos implícito. En cuanto al reconocimiento de los derechos de maternidad y paternidad que están plasmados en la Ley de Igualdad, no quiero extenderme pero la situación era lamentable y fruto de la contumacia de algunos grupos parlamentarios se introdujo en la Ley de Igualdad de una manera suficientemente clara, y lo que nos ha permitido trasladarla en estos momentos al Estatuto. También recogemos por medio de transaccionales una mejora del fomento de la actividad de los autónomos a través de la potenciación de la figura del autónomo y demás.
En resumidas cuentas, como dicen en mi pueblo, este es un Estatuto que se ha mejorado a lo largo de la tramitación, las veintiocho transaccionales han sido buenas, indudablemente han mejorado el texto y sobre todo han tenido el efecto arrastre del conjunto de los grupos para no convertir en estos eventos una ley de estas características en arma arrojadiza de carácter partidista y convertirla fundamentalmente en un instrumento al servicio del sector, de lo cual estoy satisfecho y agradecido también por la colaboración de todos los grupos parlamentarios.
La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): Vamos a suspender la sesión unos minutos, para ver cómo efectuamos las votaciones en relación con el texto legal y con las enmiendas que ustedes siguen manteniendo o han retirado. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.-Pausa.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a proceder a la votación. En primer lugar, proyecto de Ley de
trabajadores por cuenta propia del régimen especial agrario.
Enmiendas vivas del Grupo Parlamentario Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 34; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas vivas del Grupo Popular, números 10, 11, 12 y 14.
La señora MARTÍN MENDIZÁBAL: Perdone, presidenta. La enmienda número 10 me parece que ha sido aceptada por el Grupo Socialista, con lo cual, salvo que vayan a votar el resto, exigirá votación separada.
El señor CARRO GARROTE: ¿Y la 14?
La señora MARTÍN MENDIZÁBAL: La 14 por nuestra parte no. Si la va a apoyar el Grupo de Convergència i Unió, también requeriría votación separada.
La señora PRESIDENTA: Por tanto, votación separada de la enmienda número 10 y de la enmienda número 14.
Enmienda número 10.
Enmienda número 14.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 21; abstenciones, dos.
Votamos ahora las transaccionales que les han sido repartidas y que conocen sus señorías.
Finalmente, votamos el dictamen tal como queda ahora.
Pasamos a la votación del segundo proyecto de ley que se ha debatido esta mañana, que es el proyecto de Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo.
Empezamos con las enmiendas vivas del Grupo Mixto, señor Labordeta.
Enmiendas vivas del Grupo Parlamentario Mixto, Bloque Nacionalista Galego.
Se ha pedido votación separada de las números 3 y 14.
Resto de las enmiendas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 34; abstenciones, dos.
Vamos a votar las enmiendas vivas de Coalición Canaria, que ha pedido que se den por defendidas. Las votamos en bloque.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 19; abstenciones, 19.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
Votamos las enmiendas 53, 55, 56, 67, 68, 69, 73, 81, 84, 85, 86, 87 y 90.
Votamos el resto de las enmiendas vivas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Quisiera pedir votación separada de las enmiendas del Grupo Vasco números 96, 98 y 99.
La señora PRESIDENTA: Yo tenía la número 97.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Son las números 96, 98 y 99.
La señora PRESIDENTA: La 96 ha sido retirada. ¿Lo comprobamos, señor Olabarría?
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Si la ha retirado alguien en mi nombre, no se lo agradezco, porque en principio mi intención era mantenerla.
La señora PRESIDENTA: Puede haber errores. Un momento, vamos a aclarar esta cuestión. (Pausa.)
Votamos, si le parece, separadamente las enmiendas. En primer lugar, las números 96, 98 y 99.
El señor PUIG CORDÒN: Pedimos la votación de la 96, por un lado y, por otro, las números 98 y 99.
La señora PRESIDENTA: Votamos, en primer lugar, la enmienda 96.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 19; abstenciones, 17.
Votamos las enmiendas números 98 y 99.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 19; abstenciones, 15.
Votamos la enmienda número 97.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 34.
Votamos la enmienda número 100.
Votamos el resto de las enmiendas.
Pasamos a la votación de las enmiendas vivas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya.
Enmienda 238.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; abstenciones, 15.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 34; abstenciones, una.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Primer bloque. Enmiendas 141 y 159.
Resto de enmiendas vivas de Convergència i Unió.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; abstenciones, 18.
La señora PRESIDENTA: Quedan probadas.
Enmiendas vivas del Grupo Popular.
El señor BARRACHINA ROS: Quiero pedir votación separada de la 189, que hace referencia a la inembargabilidad de la vivienda familiar, y la 203, que es la de representatividad de las asociaciones, y el resto agrupadas.
La señora PRESIDENTA: Enmienda 189.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor: 16; en contra, 20; abstenciones, dos.
Enmienda 203.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 20; abstenciones, una.
Resto de enmiendas del Grupo Popular.
Enmienda 227 del Grupo Parlamentario Socialista.
Votamos las transaccionales que han sido repartidas y que conocen sus señorías.
Finalmente, votamos el informe de la ponencia con las modificaciones que han surgido en el debate, que pasa a ser dictamen de esta Comisión.
Les recuerdo a SS.SS. que en el plazo de 48 horas pueden pedir el mantenimiento de las enmiendas, según consta en el artículo 117 del Reglamento.
Recuerdo a la Mesa y a los portavoces que seguidamente tendremos una reunión muy breve.