Source: http://parareflexionarypensar.blogspot.com/2016/10/antidiscriminatoria-analisis-juridico.html
Timestamp: 2018-02-22 04:40:18
Document Index: 164500609

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 13', 'artículo 17', 'artículo 18', 'artículo 20', 'artículo 21', 'artículo 22']

Para reflexionar: ANTIDISCRIMINATORIA: ANÁLISIS JURÍDICO DEL DICTAMEN DE MAYORÍA
Mañana vence el plazo para que los diputados formulen observaciones
El Dr. Ricardo Bach de Chazal realizó un análisis del proyecto de ley que intenta crear un nuevo régimen antidiscriminatorio. Tras él concluyó: "Lejos de constituir una herramienta legítima para la erradicación de verdaderas desigualdades injustas o arbitrarias, el régimen analizado parece haber sido pensado para consolidar y fortalecer –aún más- una férrea policía del pensamiento único, que garantice la continuidad de la dictadura ejercida -con apoyo en determinados organismos estatales- por determinadas minorías impulsoras del proyecto, sin ninguna razón de Bien Común que lo justifique".
Principio "Pro persona"
El principio "pro persona" sería de "aplicación sesgada y limitada". Los derechos de los presuntos discriminados prevalecerían contra los del sindicado como discriminador, aunque los del último fueran de igual o mayor jerarquía. Esto sucedería, por ejemplo, con los docentes que afirmen que el "matrimonio" entre personas del mismo sexo es antinatural. Predominaría la supuesta discriminación por sobre la libertad de expresión y de cátedra, lo que resulta además contradictorio con el "principio de interdependencia de los derechos humanos" que el proyecto menciona.
Se podría "discriminar" a los no nacidos
La laxitud en la enumeración de pretextos discriminatorios, la prescindencia de la subjetividad del sindicado como autor de esos actos y la irrelevancia que se asigna al hecho de que el motivo que haya determinado el acto u omisión considerados como discriminatorios coincida o no con la realidad; resultan irrazonables. A propósito de esto Bach de Chazal recuerda que tanto la diputada Myriam Bregman como Nora Ginzburg (diputada mc) han concluido que bajo esos parámetros toda "expresión humana es plausible de ser considerada discriminatoria". (Vid Notivida 1024).
Afirma que la inclusión "estriba en complacer (¡todavía más!) al colectivo LGBT", "que viene siendo objeto de una continua, injusta y arbitraria predilección por parte de los resortes del poder político, por lo menos desde el año 2003, en notorio e injusto desmedro de vastísimos sectores de la sociedad argentina, que reclaman mucha más urgente y merecida atención". Esa predilección reñida con las tradiciones culturales, morales y religiosas del pueblo argentino, explica Bach de Chazal, viola la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de jerarquía constitucional y "nada tienen que ver con una recta noción de los derechos humanos, los que –precisamente- se fundan en la naturaleza humana, y no en su flagrante contradicción".
Por lo que manifiestan los autores del proyecto en sus `Fundamentos', lo que se procuraría es eliminar la posible discriminación que una persona, que ha cometido uno o más delitos, podría padecer por parte de su entorno social y familiar, así como la dificultad que la exhibición de certificados de antecedentes penales significaría para la consecución de un empleo en relación de dependencia". Pero la reinserción, sostiene, debería "provenir tanto de la muestra de real rehabilitación y propósito de enmienda de parte de quien ha cumplido una condena, como de la libre disposición de las personas pertenecientes a tales entornos". La desconfianza que puede despertar en un hipotético empleador la exhibición de antecedentes, no es sí misma injusta, ni arbitraria y forma parte de la libertad de contratar.
De la lectura de los fundamentos, se desprende que lo que se busca es proteger de la discriminación a quienes usan estupefacientes "con fines recreativos", a los que pertenecen a determinadas "tribus urbanas" o llevan manifestaciones estéticas "muy especialmente el caso de las personas tatuadas o quienes usan piercings u otro tipo de adornos corporales", o manifiestan poseer determinados hábitos sexuales. Salvo en el caso de la drogadicción -los autores consideran estigmatizante que se asocie a la delincuencia- nada indica cuáles serían los supuestos en los que los otros hábitos podrían llevar a discriminaciones.
Para el letrado la norma parece ser hecha a medida para el "colectivo LGBT" y todo parece indicar que "se dirige a brindar una herramienta más para la imposición de la dictadura de la ideología de género en todos los ámbitos, incluidos los políticos, académicos, científicos, y aún religiosos". Lo que resulta inadmisible.
Carga "dinámica" de la prueba
Sentencia y Reparación del "Daño Colectivo". Sensibilización
No parece justo que si el juzgador considera que ha mediado "una afectación social a un grupo vulnerado", se puedan extender los efectos de la sentencia a terceras personas que no han participado del proceso o que no han sido afectadas. Tampoco parecen razonables las medidas reparadoras contempladas, menos aún, las excesivamente amplias facultades que se le brindan a los jueces en orden a disponer "cualquier otra medida" no prevista en los textos legales.
Como artículo 2°[iii], se incluyó el texto del artículo 3° del proyecto que gira como Expte N° 4447-D-16, suscripto por los diputados Diana CONTI, Alcira ARGUMEDO, Ricardo ALFONSIN y Victoria DONDA, de cuyos fundamentos se extrae que se trata de un proyecto trabajado desde tiempo atrás con la "Comunidad Homosexual Argentina" y la organización "100 x 100 Diversidad y Derechos".
-el principio "pro persona", respecto del cual se predica que "En la aplicación e interpretación de esta ley y de las normas complementarias y concordantes a la misma, deberá prevalecer aquella aplicación e interpretación que mejor y más favorablemente proteja los derechos y la dignidad de la/s persona/s afectada/s por presuntas conductas discriminatorias" (inciso a),
-la libertad e igualdad esenciales en dignidad y derechos y protección efectiva contra la discriminación (inciso b),
-el derecho a la participación "en cualquier área de la vida social, civil, cultural, política y económica en igualdad de oportunidades" (inciso c),
-el reconocimiento de la diversidad y pluralidad "como principios enriquecedores de las identidades, promoviendo la vigencia de estos principios en todos los ámbitos de la vida " (inciso d),
-el reconocimiento de "la inclusión y la democracia como principios fundantes de todo proceso tendiente a garantizar la igualdad, reafirmando su carácter esencial para la prevención y la eliminación efectiva de toda forma de discriminación" (inciso e),
-el reconocimiento y valoración del "respeto por la interculturalidad, interreligiosidad, perspectiva generacional, perspectiva de género, diversidad afectivo-sexual y perspectiva socioeconómica de la pobreza" (inciso f),
-la garantía de la protección del "interés superior de niños, niñas y adolescentes en todas las medidas que tomen o en las que intervengan instituciones públicas o privadas" (inciso g),
-el principio de "progresividad y no regresividad en materia antidiscriminatoria" (inciso h) y
-el reconocimiento del principio "de interdependencia de los derechos humanos y de los establecidos en la presente ley, favoreciendo el fortalecimiento en conjunto de cada uno de ellos e impidiéndose que éstos sean jerarquizados, fragmentados, divididos o de cumplimiento parcial" (inciso i).
Como se aprecia, la acotación efectuada con relación al principio "pro persona", significa que, en la inteligencia de los autores del dictamen, aquél sería de una aplicación sesgada y limitada, en tanto que se lo circunscribe únicamente a que "deberá prevalecer aquella aplicación e interpretación que mejor y más proteja los derechos y la dignidad de la/s persona/s afectada/s por presuntas conductas discriminatorias".
Además, ello se presenta como contradictorio con lo expresado en el inciso i) del mismo artículo, donde se alude al "principio de interdependencia de los derechos humanos y de los establecidos en la presente ley, favoreciendo el fortalecimiento en conjunto de cada uno de ellos e impidiéndose que éstos sean jerarquizados, fragmentados, divididos o de cumplimiento parcial".
Si reparamos en el inciso b) del artículo comentado, advertimos que también en él aparece acotada, de manera suspecta, la garantía de "la libertad e igualdad esenciales en dignidad y derechos y protección efectiva contra la discriminación".
"Todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos y son iguales ante la ley y tienen derecho a una misma protección legal y efectiva contra la discriminación".
Por fin, además de las nombradas, los diputados Leonardo GROSSO, Brenda AUSTIN, Olga RISTA y Karina BANFI, también firmantes del despacho que comentamos, han asumido una posición abortista firmando el proyecto de la "Campaña por el aborto legal" (Expte. N° 4161-D-16)[vi].
Tampoco nos parece adecuada la inclusión, como principios del sistema, la referencia a la "perspectiva de género" y a la "diversidad afectivo-sexual".
Según el artículo 3° del Proyecto, el término "discriminación" comprende la llamada "discriminación de iure", que se define como "toda distinción normativa que excluya, restrinja o menoscabe el goce o el ejercicio igualitario de los derechos", y la "discriminación de facto", entendida como "toda exclusión, restricción o menoscabo de hecho en el goce o en el ejercicio igualitario de los derechos sin que el criterio de distinción sea mencionado explícitamente". La misma norma señala, a su vez, que la "discriminación de iure" puede ser directa o indirecta. Directa "cuando el pretexto discriminatorio es invocado explícitamente como motivo de distinción, exclusión, restricción o menoscabo"; e indirecta "cuando el factor de distinción invocado es aparentemente neutro, pero el efecto es el de excluir, restringir, o menoscabar de manera irrazonable a un grupo o colectivo socialmente vulnerado, sin que exista una justificación objetiva en relación con la cuestión decidida".
Como es sabido, el artículo 1° de la Ley N° 23.592 vigente dispone que "Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados" (párrafo primero), añadiendo que, al efecto, se consideran particularmente los actos u omisiones discriminatorios "…determinados por motivos tales como de raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos…" (párrafo segundo).
Esto último, ha llevado al completo rechazo de la iniciativa por parte de la Diputada Myriam BREGMAN, quien en su informe advierte que el dictamen de mayoría "…realiza definiciones tan amplias sobre qué se considera discriminatorio o no, y por ende penalizable, que prácticamente toda acción o expresión humana es plausible de ser considerada discriminatoria…"[vii].
En esta línea argumental, no podemos dejar de recordar que, con anterioridad, y con referencia a un proyecto anterior que también ampliaba las categorías discriminatorias con carácter no taxativo y prescindía de la subjetividad del presunto autor de actos u omisiones tenidos como discriminatorios, la Diputada MC Nora GINZBURG expresaba lúcidamente en el año 2009 que "…resulta muy peligroso que las causales de discriminación no se hayan consignado taxativamente. Cualquier estado de susceptibilidad, que en verdad no haya sido provocado por una real discriminación dará lugar a una denuncia. Florecerán los litigios y cualquier duda hará pensar en una discriminación…"(Orden del Día Nº 2111/2009).
Tampoco nos parecen adecuadas, en el articulado propuesto, las dogmáticas referencias a supuestas "relaciones asimétricas de poder" y "dominación y/o desigualdad en las relaciones sociales", que entrañan una visión ideologizada que dista de tener un verdadero anclaje en la actual realidad argentina.
Con relación al término "género", se dice en los Fundamentos del Proyecto 1450-D-2016 que:
En rigor, nada de lo expresado justifica la adopción de una categoría deletérea que, como reconocen los propios autores de la iniciativa, no se basa en la naturaleza de las cosas (las "variaciones biológicas" a las que aluden), sino en una extravagante "construcción socio-cultural de los roles femenino y masculino", que -como más adelante confiesan los autores del proyecto- lo que busca es introducir una "variante socio-histórica" que desplace la consideración del sexo "como realidad biológica y física inmutable", y ello -obvio es señalarlo- nada tiene que ver con la igualdad real de oportunidades y de trato entre varones y mujeres, sino con motivos de otra ralea.
Si lo que se busca es reafirmar aquella igualdad, basta con la referencia al "sexo" como categoría de discriminación arbitraria, tal como se contiene en la ley vigente, sin necesidad de recurrir a vidriosas conceptualizaciones ideológicas que, como la de "género", carecen de verdadero fundamento científico y que, por su irrealidad y liviandad, distan de ser aceptadas mínimamente y que, así como pueden tomar auge, también pueden ser por completo abandonadas.
Como se ve, el confesado propósito de la inclusión de esta categoría estriba en complacer (¡todavía más!) al "colectivo LGBT", respecto del cual se afirma gratuitamente que ha sido "históricamente vulnerado" y que sería acreedor de una supuesta e inexistente "deuda" de la sociedad argentina[x].
Ello es señaladamente grave y paradojalmente discriminatorio, por cuanto ese "colectivo", viene siendo objeto de una continua, injusta y arbitraria predilección por parte de los resortes del poder político, por lo menos desde el año 2003, en notorio e injusto desmedro de vastísimos sectores de la sociedad argentina, que reclaman mucho más urgente y merecida atención[xi].
A ese fin, recordemos que en el artículo 2° de la perniciosa Ley N° 26.743 se define a la "identidad de género" en los siguientes términos:
"…Definición. Se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo..."
Es decir, según el dispositivo, se trata de una "vivencia interna e individual", que "puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento", lo que involucra cuestiones de diversa índole y gravedad.
En segundo término, apreciamos que lo que se define es una anormalidad, de carácter patológico, pues tal y no otra cosa es la "vivencia interna e individual del género" cuando es diferente al sexo que la naturaleza le ha deparado a cada individuo de la especie humana y que está presente en todas y cada una de las células de su organismo, sin que ello pueda resultar alterado por modificaciones registrales, prácticas quirúrgicas o tratamientos hormonales, pues nada de ello podrá modificar el fenotipo propio de cada individuo, que lo constituye, de una manera indeleble e inmodificable, como varón o como mujer.
De la misma manera que si cuando una persona ve un semáforo y percibe sus luces de colores como violeta, celeste e índigo, en lugar del verde, amarillo y rojo, advertimos que padece de una anormalidad conocida como daltonismo, o cuando personas afectadas por determinados trastornos -como la bulimia o la anorexia- padecen de una distorsión en la percepción de su propio cuerpo o su personalidad, así, cuando un ser humano es genéticamente varón y dice que se "auto percibe" como mujer o viceversa, ello nos indica claramente que algo está fallando en las posibilidades de percepción de esa persona, y eso –indudablemente- constituye una disfunción, una anormalidad que, como cualquier otra, debería ser tratada y que, de generar algún derecho para quien la padece, no podría ser otro que el de ser ayudado a su curación o superación, y no la hipocresía de ignorar que se trata de una situación anómala.
De por sí, jugar a que "no pasa nada" y afianzar la anormalidad en quien la padece, proporcionándole medios jurídicos para que persista en una "auto percepción" distorsionada y divorciada de su propia realidad, constituye una crueldad manifiesta para con el afectado, pues ello -indudablemente- habrá de repercutir en un daño aún mayor para su salud psicofísica. Pero, la imposición para con el resto de los mortales de un capricho personal de quien anómalamente se "auto percibe" (o se quiere "auto percibir") diferente de lo que en realidad es, constituye una irracional e injusta pretensión de imponer a los terceros lo que no es real.
En cuanto a la vaguísima expresión de "orientación sexual", constituye un eufemismo que, ha sido caracterizado como "la dirección que toman los deseos sexuales y emocionales de una persona"[xii].
Ahora bien, si el criterio diferenciador de las diversas categorías comprendidas en ese concepto surge del "objeto de deseo", ello parecería comprender no solo casos, por así decir, de homosexualidad, sino que abarcaría también hipótesis de poligamia, poliandria, incesto, pedofilia, bisexualidad, necrofilia, zoofilia y cuantas aberraciones permita la imaginación, ya que, en todos esos supuestos, podría invocarse el eufemismo del que nos ocupamos.
Como lo hemos señalado en otras ocasiones, la conjugación de estas categorías con las consecuencias jurídicas que el proyecto prevé para los supuestos de discriminación, nos sitúa ante la posibilidad de persecución de quienes, en ejercicio de sus derechos fundamentales cuestionaran las prácticas homosexuales, bisexuales, pedófilas o cualquier otra aberración cubierta por esos eufemismos. Lo mismo ocurriría para quienes afirmaran la posibilidad de tratamiento y recuperación de quienes padecen esas "inclinaciones" o con quienes objetaran que las mismas sean presentadas en la educación de sus hijos como modelos posibles. Ni qué decir de la persecución -ya iniciada- contra los sacerdotes y obispos católicos y referentes de otras creencias que enseñan la moral natural.
A estar por lo que manifiestan los autores del proyecto en sus "Fundamentos", lo que se procuraría es eliminar la posible discriminación que una persona, que ha cometido uno o más delitos, podría padecer por parte de su entorno social y familiar, así como la dificultad que la exhibición de certificados de antecedentes penales significaría para la consecución de un empleo en relación de dependencia, lo cual revela –una vez más- la negativa carga ideológica del proyecto y su falta de adecuación con la realidad.
En lo atinente a los eventuales problemas que, en el orden laboral, pudieran surgir de los certificados de antecedentes penales, la fundamentación incurre en dogmatismo al expresar que el certificado de antecedentes "impide el trabajo en relación de dependencia", lo cual no es cierto en términos absolutos.
De la lectura de los párrafos antecedentes, se desprende que lo que se busca es proteger de la discriminación a quienes usan estupefacientes "con fines recreativos", a quienes pertenecen a determinadas "tribus urbanas" o llevan manifestaciones estéticas "muy especialmente el caso de las personas tatuadas o quienes usan piercings u otro tipo de adornos corporales", o manifiestan poseer determinados hábitos sexuales.
Dicho sea de paso, distinguir el uso de estupefacientes según una invocada finalidad "recreativa", significa una extravagante forma de discriminación para con el universo de usuarios de ese tipo de substancia, que no aparece adecuadamente fundamentada en el dictamen.
En cuanto a los integrantes de "tribus urbanas", más allá de que no se advierte que sean víctimas de discriminación, parece olvidarse que son -precisamente- ellos quienes buscan distinguirse de alguna manera con relación al resto de la sociedad, por lo que pretender que esa distinción los lesiona de alguna manera se revela como un verdadero contrasentido. La ley aparecería así castigando por distinguir a quien quiere ser distinguido.
No se advierte tampoco una verdadera razón que justifique una protección especial para quienes se tatúan o utilizan "piercings u otro tipo de adornos corporales", puesto que son pocas las situaciones en las cuales puede existir algún tipo de discriminación con relación a estas causales, y ellas no pueden ser consideradas como injustas o arbitrarias, pues se relacionan –en general- con cuestiones de salud pública.
En lo que respecta a la hipotética "discriminación surgida por hábitos sexuales cuando una persona los manifiesta o los mismos trascienden por algún motivo", no se comprende bien a qué se hace referencia, pues ese concepto vago y difuso puede hacer alusión a comportamientos disímiles, algunos de los cuales podrían no merecer ninguna protección por parte del ordenamiento jurídico.
De su simple lectura emerge, sin lugar a dudas, que la primera parte de la norma persigue consagrar una disculpa anticipada de actividades "afirmativas" del Estado que podrían ser consideradas discriminatorias, al favorecer a determinados grupos de personas, con el solo pretexto -real o mentido- de la promoción de la igualdad.
Aunque no lo diga expresamente, la norma parece ser hecha a medida para el "colectivo LGBT", beneficiado con la inclusión de las categorías de género, identidad de género o su expresión y orientación sexual, y ostensiblemente empeñado en promover el ataque y la ridiculización de la moral sexual enseñada por Iglesia Católica, así como la persecución de quienes la difundan o prediquen.
En el Capítulo II del proyecto se contemplan las acciones que pueden ser llevadas adelante por "La persona o grupo de personas que se considere/n discriminada/s" para obtener, por vía judicial o administrativa, "el cese del acto discriminatorio y/o la obtención del resarcimiento de los daños que el hecho, acto u omisión le ocasiona y/o la condena en caso de cometerse algún delito tipificado por el Código Penal", mediante procedimientos expeditos, rápidos y gratuitos.
De acuerdo con el artículo 13 del proyecto, se presume -salvo prueba en contrario- el carácter discriminatorio de una conducta denunciada como tal, con tal que se invoque que la misma "tiene por objeto y/o resultado impedir, obstruir, restringir o de cualquier modo menoscabar, arbitrariamente, de forma temporal o permanente, el ejercicio igualitario de un derecho", y que el presunto afectado alegue "algún pretexto discriminatorio" como base de la conducta.
En esos supuestos, continúa la norma, a la parte actora sólo le incumbe la prueba de los hechos denunciados, corriendo la demandada o accionada con la carga de aportar "una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de la conducta, su legitimidad, proporcionalidad y el carácter no discriminatorio de la misma".
Sentencia y Reparación del "Daño Colectivo". Sensibilización.
"Cuando por su alcance, trascendencia, publicidad, divulgación, efectos u otras circunstancias de modo, tiempo o lugar, el tribunal considere que existe una afectación social a un grupo vulnerado, la sentencia por actos u omisiones discriminatorias debe contener medidas de reparación del daño colectivo, sin perjuicio de las demás indemnizaciones o sanciones que correspondan.".
"La reparación del daño deberá incluir una o varias de las siguientes medidas, teniendo en cuenta la gravedad y trascendencia del acto o hecho discriminatorio:
e) Cualquier otra medida adecuada a la reparación de los daños."
Finalmente, y luego de establecer que el juez debe "procurar siempre que la comisión del acto discriminatorio o la omisión no resulte más beneficiosa al/a la infractor/a que el cumplimiento de la/s medida/s dispuesta/s.", el artículo dispone que "También se tendrán en cuenta las propuestas de las organizaciones promotoras de los derechos del grupo afectado que de un modo u otro hayan intervenido en el proceso o sean citadas por el/la juez/a a tal fin."
"La sentencia por discriminación, tanto en procesos individuales como colectivos, deberá contener medidas de sensibilización, capacitación y concientización al/a la responsable del acto discriminatorio, que podrán consistir en:
c) Cualquier otra medida que el/la juez/a considere adecuada en función de los objetivos y principios de esta ley…".
No nos parece justo que, bajo los pretextos de "alcance, trascendencia, publicidad, divulgación, efectos u otras circunstancias de modo, tiempo o lugar", y, por el solo arbitrio del juzgador que considere que ha mediado "una afectación social a un grupo vulnerado", se puedan extender los efectos de la sentencia en beneficio de terceras personas que no han participado del proceso o que no han sido afectados directos del acto u omisión reputados discriminatorios.
Tampoco nos parecen razonables las distintas medidas contempladas en tramos transcriptos de los artículos 17 y 18, particularmente las relativas a campañas públicas de sensibilización y concientización, programas internos de capacitación e información, implementación de medidas internas de acción positiva a favor del grupo discriminado, imposición de asistencia a cursos y realización de tareas comunitarias "en asociaciones que tengan por objeto la defensa de los derechos del grupo discriminado". Menos aún, las excesivamente amplias facultades, en orden a disponer "cualquier otra medida" no prevista en los textos legales, que brindan a los jueces tanto el inciso e) del artículo 17, como el inciso c) del artículo 18.
El Capítulo IV del proyecto contiene disposiciones relativas a la prevención de la discriminación por medio de políticas públicas a desarrollarse por la autoridad de aplicación en coordinación con los tres poderes del Estado y los distintos niveles de gobierno (artículo 20), mencionando, entre las acciones políticas y públicas específicas la realización de campañas de difusión masiva, la implementación de medidas de promoción "de los derechos de los grupos históricamente discriminados y vulnerados", revisión de disposiciones normativas y prácticas consuetudinarias, análisis de prácticas sociales discriminatorias (artículo 21) y difusión por medios gráficos y audiovisuales (artículo 22).
[xi] En el año 2014, la Legisladora de la Ciudad, María Rachid propiciaba, en ese ámbito, el otorgamiento de subsidios mensuales a las personas "trans" mayores de 40 años. Además, cuando estas líneas se escriben, tienen estado parlamentario en la Cámara de Diputados de la Nación, los proyectos 4375-D-2016 y 4376-D-2016, tendientes, respectivamente, al establecimiento de un REGIMEN REPARATORIO DE JUBILACION ANTICIPADA PARA PERSONAS TRAVESTIS, TRANSEXUALES Y TRANSGENERO y otro de INCLUSION LABORAL DE LAS PERSONAS TRAVESTIS, TRANSEXUALES Y TRANSGENERO.
ANTIDISCRIMINATORIA: ANÁLISIS JURÍDICO DEL DICTAME...