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Timestamp: 2017-09-19 21:27:17
Document Index: 76673706

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 22', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 57', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 66', 'Artículo 67', 'Artículo 68', 'Artículo 70', 'Artículo 71', 'Artículo 73', 'Artículo 74', 'Artículo 75', 'Artículo 76', 'Artículo 77', 'Artículo 78', 'Artículo 79', 'Artículo 81', 'Artículo 82', 'Artículo 83', 'Artículo 92', 'Artículo 93', 'Artículo 94', 'Artículo 100', 'Artículo 101', 'Artículo 102', 'Artículo 103', 'Artículo 104', 'Artículo 105', 'Artículo 106', 'Artículo 107', 'Artículo 108', 'Artículo 109', 'Artículo 110', 'Artículo 111', 'Artículo 112', 'Artículo 113', 'Artículo 114', 'Artículo 115', 'Artículo 116', 'Artículo 117', 'Artículo 118', 'Artículo 120', 'Artículo 121', 'Artículo 122', 'Artículo 123', 'Artículo 124', 'Artículo 125', 'Artículo 126', 'Artículo 127', 'Artículo 128', 'Artículo 129', 'Artículo 130', 'Artículo 131', 'Artículo 132', 'Artículo 133', 'Artículo 134', 'Artículo 135', 'Artículo 136', 'Artículo 137', 'Artículo 138', 'Artículo 139', 'Artículo 140', 'Artículo 141', 'Artículo 142', 'Artículo 143', 'Artículo 144', 'Artículo 145', 'Artículo 146', 'Artículo 147', 'Artículo 148', 'Artículo 149', 'Artículo 150', 'Artículo 151', 'Artículo 152', 'Artículo 153', 'Artículo 154', 'Artículo 155', 'Artículo 156', 'Artículo 157', 'Artículo 158', 'artículo 50', 'artículo 53', 'artículo 67', 'artículo 17', 'artículo 31', 'artículo 3', 'artículo 17', 'artículo 31', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 17', 'artículo 31', 'artículo 17', 'artículo 31', 'artículo 30', 'Artículo 30', 'artículo 15', 'artículo 17', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 17', 'artículo 45', 'artículo 31', 'artículo 45', 'artículo 31', 'artículo 45']

Disposición transitoria primera Validez de permisos, autorizaciones o tarjetas en vigor
Disposición transitoria segunda Solicitudes presentadas con anterioridad a la entrada en vigor del Reglamento
Disposición transitoria tercera Proceso de normalización
Disposición final segunda Aplicación informática para la tramitación de procedimientos
Disposición final tercera Modificación del Reglamento de aplicación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, aprobado por el Real Decreto 203/1995, de 10 de febrero
Artículo 1 Entrada por puestos habilitados
Artículo 2 Habilitación de puestos
Artículo 3 Cierre de puestos habilitados
CAPÍTULO II. Entrada requisitos y prohibiciones
Artículo 5 Documentación para la entrada
Artículo 6 Exigencia de visado
Artículo 7 Justificación del objeto y condiciones de la entrada
Artículo 8 Acreditación de medios económicos
Artículo 9 Requisitos sanitarios
Artículo 10 Prohibición de entrada
Artículo 11 Forma de efectuar la entrada
Artículo 12 Declaración de entrada
Artículo 13 Denegación de entrada
Artículo 14 Obligaciones de los transportistas de control de documentos
Artículo 15 Obligaciones de los transportistas de remisión de información
Artículo 16 Obligaciones de los transportistas en caso de denegación de entrada
CAPÍTULO III. Salidas requisitos y prohibiciones
Artículo 18 Documentación. Plazos
Artículo 19 Forma de efectuar la salida
Artículo 20 Prohibiciones de salida
TÍTULO II. Tránsito
Artículo 22 Exigencia y clases de visado de tránsito
Artículo 24 Autorización excepcional para tránsito
Artículo 25 Definición de estancia
Artículo 26 Visados de estancia. Clases
Artículo 27 Solicitud de visado de estancia
Artículo 28 Documentación requerida para los visados de estancia. Procedimiento
Artículo 29 Prórroga de estancia. Procedimiento
Artículo 30 Extinción de vigencia de la prórroga de estancia
Artículo 31 Estancia en supuestos de entrada o documentación irregulares
Artículo 32 Visado de cortesía
TÍTULO IV. Residencia
Artículo 33 Definición y supuestos de residencia
SECCIÓN 1. RESIDENCIA TEMPORAL
Artículo 35 Procedimiento y requisitos
Artículo 36 Efectos del visado y duración
Artículo 37 Renovación de la autorización de residencia temporal
SECCIÓN 2. RESIDENCIA TEMPORAL EN VIRTUD DE REAGRUPACIÓN FAMILIAR
Artículo 39 Familiares reagrupables
Artículo 40 Reagrupación familiar por residentes reagrupados
Artículo 41 Residencia independiente de los familiares reagrupados
Artículo 42 Procedimiento para la reagrupación familiar
Artículo 43 Tramitación del visado en el procedimiento de reagrupación familiar
Artículo 44 Renovación de las autorizaciones de residencia en virtud de reagrupación familiar
SECCIÓN 3. RESIDENCIA TEMPORAL EN SUPUESTOS EXCEPCIONALES
Artículo 45 Autorizaciones de residencia temporal por circunstancias excepcionales
Artículo 47 Renovación y cese de la situación de residencia temporal por circunstancias excepcionales
Artículo 48 Supuestos
SECCIÓN 1. RESIDENCIA TEMPORAL Y TRABAJO POR CUENTA AJENA
Artículo 49 Autorización de trabajo por cuenta ajena
Artículo 52 Efectos del visado de residencia y trabajo por cuenta ajena
Artículo 53 Denegación de las autorizaciones de residencia y trabajo por cuenta ajena
Artículo 54 Renovación de las autorizaciones de residencia y trabajo por cuenta ajena
SECCIÓN 2. RESIDENCIA TEMPORAL Y TRABAJO POR CUENTA AJENA DE DURACIÓN DETERMINADA
Artículo 55 Autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena de duración determinada
Artículo 57 Procedimiento
SECCIÓN 3. RESIDENCIA TEMPORAL Y TRABAJO POR CUENTA PROPIA
Artículo 60 Efectos del visado de residencia y trabajo por cuenta propia
Artículo 61 Denegación de la autorización de residencia y trabajo por cuenta propia
Artículo 62 Renovación de la autorización de residencia y trabajo por cuenta propia
SECCIÓN 4. RESIDENCIA TEMPORAL Y TRABAJO EN EL MARCO DE PRESTACIONES TRANSNACIONALES DE SERVICIOS
Artículo 66 Denegación de las autorizaciones de residencia y trabajo en el marco de prestaciones transnacionales de servicios
Artículo 67 Efectos del visado de residencia y trabajo en el marco de prestaciones transnacionales de servicios
Artículo 68 Excepciones a la autorización de trabajo
Artículo 70 Efectos del visado
CAPÍTULO III. Residencia permanente
Artículo 71 Definición
Artículo 73 Procedimiento
Artículo 74 Renovación de la tarjeta de identidad de extranjero de los residentes permanentes
CAPÍTULO IV. Extinción de las autorizaciones de residencia y/ o trabajo
Artículo 75 Extinción de la autorización de residencia temporal
Artículo 76 Extinción de la autorización de residencia permanente
TÍTULO V. Contingente
Artículo 77 Contingente de trabajadores extranjeros
Artículo 78 Contenido del contingente
Artículo 79 Elaboración del contingente
Artículo 81 Visados para la búsqueda de empleo
Artículo 82 Visados para la búsqueda de empleo dirigidos a hijos o nietos de español de origen
Artículo 83 Visados para búsqueda de empleo para determinados sectores de actividad u ocupaciones
TÍTULO VI. Trabajadores transfronterizos
TÍTULO VII. Autorización para investigación y estudios
TÍTULO VIII. Menores extranjeros
Artículo 92 Menores extranjeros no acompañados
Artículo 93 Desplazamiento temporal de menores extranjeros
Artículo 94 Residencia del hijo de residente legal
TÍTULO IX. Modificación de las situaciones de los extranjeros en España
TÍTULO X. Documentación de los extranjeros
CAPÍTULO I. Derechos y obligaciones relativos a la documentación
Artículo 100 Derechos y obligaciones
Artículo 101 Número de identidad de extranjero
CAPÍTULO II. Acreditación de la situación de los extranjeros en España
Artículo 102 Acreditación
Artículo 103 El pasaporte o documento de viaje
Artículo 104 El visado
Artículo 105 La tarjeta de identidad de extranjero
Artículo 106 Tarjetas de trabajador transfronterizo y de estudiante
CAPÍTULO III. Indocumentados
Artículo 107 Indocumentados
Artículo 108 Título de viaje para salida de España
CAPÍTULO IV. Registro Central de Extranjeros
Artículo 109 Registro Central de Extranjeros
Artículo 110 Comunicación al Registro Central de Extranjero de los cambios y alteraciones de situación
CAPÍTULO V. Registro de menores extranjeros no acompañados
Artículo 111 Registro de menores extranjeros no acompañados
TÍTULO XI. Infracciones en materia de extranjería y su régimen sancionador
CAPÍTULO I. Normas comunes del procedimiento sancionador
Artículo 112 Normativa aplicable
Artículo 113 Modalidades del procedimiento sancionador
Artículo 114 Actuaciones previas
Artículo 115 Iniciación del procedimiento sancionador. Competencia
Artículo 116 Instructor y secretario
Artículo 117 Colaboración contra redes organizadas
Artículo 118 El decomiso
Artículo 120 Ejecución de las resoluciones sancionadoras
Artículo 121 Caducidad y prescripción
SECCIÓN 1. EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO
Artículo 122 Supuestos en que procede el procedimiento ordinario
Artículo 123 Iniciación del procedimiento ordinario
Artículo 124 Actuaciones y alegaciones en el procedimiento ordinario
Artículo 125 Prueba en el procedimiento ordinario
Artículo 126 Colaboración de otras Administraciones públicas en el procedimiento ordinario
Artículo 127 Propuesta de resolución en el procedimiento ordinario
Artículo 128 Trámite de audiencia en el procedimiento ordinario
Artículo 129 Resolución del procedimiento ordinario
SECCIÓN 2. EL PROCEDIMIENTO PREFERENTE
Artículo 130 Supuestos en que procede el procedimiento preferente
Artículo 131 Iniciación y tramitación del procedimiento preferente
Artículo 132 La resolución en el procedimiento preferente. Ejecutividad
Artículo 133 Comunicaciones en el procedimiento preferente
Artículo 134 Concurrencia de procedimientos
SECCIÓN 3. EL PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO
Artículo 135 Supuestos e iniciación del procedimiento simplificado
Artículo 136 Procedimiento simplificado
Artículo 137 Resolución del procedimiento simplificado
CAPÍTULO III. Aspectos específicos en los procedimientos sancionadores para la imposición de las infracciones de expulsión y multa
SECCIÓN 1. NORMAS PROCEDIMENTALES PARA LA IMPOSICIÓN DE LA EXPULSIÓN
Artículo 138 Supuestos en que procede el procedimiento de expulsión
Artículo 139 Contenido del acuerdo de iniciación del procedimiento de expulsión
Artículo 140 Medidas cautelares en el procedimiento de expulsión
Artículo 141 La resolución del procedimiento de expulsión, sus efectos y ejecución
Artículo 142 Extranjeros procesados o inculpados en procedimientos por delitos o faltas
Artículo 143 Comunicaciones en el procedimiento de expulsión
SECCIÓN 2. NORMAS PROCEDIMENTALES PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS
Artículo 144 Supuestos de aplicación del procedimiento para imposición de sanción de multa
Artículo 145 Contenido del acuerdo de iniciación del procedimiento para imposición de sanción de multa
Artículo 146 Medidas cautelares en el procedimiento para imposición de sanción de multa
Artículo 147 Resolución del procedimiento para imposición de sanción de multa. Efectos y ejecutividad
CAPÍTULO IV. Infracciones y sanciones en el orden social y vigilancia laboral
Artículo 148 Vigilancia laboral
Artículo 149 Infracciones y sanciones en el orden social
CAPÍTULO V. Infracciones, sanciones y obligación de su comunicación interorgánica
Artículo 150 Otras infracciones y sanciones
Artículo 151 Comunicación interorgánica de infracciones
Artículo 152 Comunicaciones de los órganos judiciales a la autoridad gubernativa en relación con extranjeros
CAPÍTULO VI. Centros de internamiento de extranjeros
Artículo 153 Centros de internamiento de extranjeros
Artículo 154 Competencia
Artículo 155 Creación y normas sobre régimen interno de los centros
TÍTULO XII. Retorno, devolución y salidas obligatorias
Artículo 156 Retorno
Artículo 157 Devoluciones
Artículo 158 Salidas obligatorias
TÍTULO XIII. Oficinas de Extranjeros y centros de migraciones
CAPÍTULO I. Las Oficinas de Extranjeros
CAPÍTULO II. Los centros de migraciones
R.D. 2393/2004, 30 diciembre, rectificado por Corrección de errores («B.O.E.» 1 junio 2005). Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, derogado excepto las previsiones relativas al régimen de internamiento de los extranjeros que permanecerán vigentes hasta la fecha de entrada en vigor del Reglamento previsto en la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 2/2009, conforme establece la disposición derogatoria única del R.D. 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la L.O. 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por L.O. 2/2009 («B.O.E.» 30 abril).
La Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, por la que se reforma la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, establece en su disposición final tercera el mandato al Gobierno para que adapte a sus previsiones el Reglamento de ejecución de la citada Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.
En cumplimiento del mencionado mandato, este real decreto se aprueba, en primer lugar, con un altísimo grado de concertación entre diferentes fuerzas políticas, agentes sociales y organizaciones no gubernamentales. Todos ellos han participado a través de sus aportaciones y, de manera especialmente destacable, sindicatos y empresarios, quienes a través del proceso de negociación han mostrado su conformidad con el conjunto de la regulación laboral de la inmigración contenida en esta norma. En segundo lugar, el texto normativo es coherente en su forma y en su fondo con el marco jurídico de referencia, que no se limita a la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, sino que incorpora al ordenamiento jurídico español tanto el acervo de la Unión Europea sobre la materia, como el nuevo reparto de competencias resultante de la asunción, por parte del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, del desarrollo de las políticas del Gobierno en materia de extranjería e inmigración, a través de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración. En tercer lugar, el Reglamento es fruto del esfuerzo por priorizar la inmigración legal, a lo que se añaden nuevos instrumentos para perseguir más eficazmente la inmigración irregular.
Con el fin de adaptar su contenido a lo dispuesto por la Directiva 2003/9/CE del Consejo, de 27 de enero de 2003, por la que se aprueban normas mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo en los Estados miembros, así como para asegurar la coherencia entre la regulación de la autorización de permanencia por razones humanitarias contenida en la legislación de asilo y la autorización de residencia por circunstancias excepcionales prevista en el marco general de la legislación de extranjería, se modifican algunos aspectos del Reglamento de aplicación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, aprobado por el Real Decreto 203/1995, de 10 de febrero.
El Reglamento consta de 13 títulos, distribuidos en 165 artículos y 18 disposiciones adicionales. La nueva estructura responde a la necesidad de una ordenación sistemática, más adecuada a la realidad y, por lo tanto, más accesible para sus destinatarios. Los procedimientos, tanto los que regulan la concesión de autorizaciones como los previstos por el régimen sancionador, tienen como finalidad incorporar mayores garantías a los ciudadanos y, consecuentemente, reducir el ámbito de decisión discrecional de la Administración.
Desde un punto de vista material, el Reglamento incorpora importantes novedades en cuanto a los requisitos y circunstancias que pueden dar lugar a la autorización de un extranjero para residir y trabajar en España. El objetivo de las reformas es doble. Por un lado, agilizar las autorizaciones basadas en vacantes para las que los empresarios no encuentran trabajadores residentes, y, por otro lado, aumentar el control en la concesión de dichas autorizaciones.
En la arquitectura del sistema migratorio actual, la admisión de nuevos inmigrantes en nuestro país está fundamentalmente basada en la necesidad de cobertura de puestos de trabajo y, salvo en los supuestos previstos por circunstancias excepcionales y por el paso desde una situación de residencia o de estancia por investigación o estudios a una autorización de residencia y trabajo, los inmigrantes que quieran desarrollar una actividad laboral deberán venir en origen con un visado que les habilite para trabajar o para buscar un empleo.
Sin embargo, ante la elevada cifra de extranjeros que hoy se hallan en territorio español y carecen de autorización, los cauces estables de admisión de trabajadores deben exceptuarse temporalmente para contemplar una medida de normalización de la situación de dichos extranjeros vinculada, en todo caso, a una futura relación laboral. Así, durante un período de tres meses a partir de la entrada en vigor del real decreto, se posibilitará que puedan obtener una autorización inicial de residencia y trabajo por cuenta ajena aquellos extranjeros que puedan demostrar que cumplen las condiciones establecidas en la disposición transitoria tercera. Para garantizar que este proceso se ciñe a quienes tengan una vinculación cierta y comprobable con el mercado de trabajo, se exigirá, salvo en el servicio doméstico por horas, que sean los propios empleadores los que presenten la solicitud de autorización y los que presenten el contrato que les vinculará con el extranjero cuya regularización se pretende.
Concluido el proceso de normalización, los únicos mecanismos de acceso a una autorización de residencia serán los establecidos de manera estable en el Reglamento. Dentro de la regulación permanente, en el ámbito del tratamiento de la inmigración legal y la regulación de los flujos migratorios, se ha reformulado la determinación de la situación nacional de empleo para convertirlo en un diagnóstico del mercado laboral más riguroso y más efectivo. En este sentido, el hecho de que tanto las comunidades autónomas como los agentes sociales informen directa y previamente a las decisiones sobre los catálogos de ocupaciones de difícil cobertura, contribuirá a que se ofrezca una perspectiva más cercana a la realidad del mercado de trabajo.
En los diferentes procedimientos de autorización de residencia y trabajo, el inicio de la relación laboral, comprobado a través de la afiliación y el alta del trabajador en la Seguridad Social, adquiere un carácter de control frente a las ofertas ficticias. Con estas prevenciones se podrá evitar que puedan solicitar y obtener autorizaciones quienes no tienen una verdadera intención de iniciar una relación laboral.
Basado en estos diagnósticos, y de nuevo con el concurso de las comunidades autónomas y de los agentes sociales, el acuerdo de contingente adquiere el carácter de instrumento regulador de contrataciones programadas para las que se prevé una mayor flexibilidad. Anualmente se aprobará el instrumento jurídico que concrete, entre otras circunstancias, cómo será el proceso de solicitud y cómo se articulará la concesión de los visados para la búsqueda de empleo. La adaptabilidad a las circunstancias del contingente contribuirá a la superación de una simple cifra estimativa, para convertirse en un concepto que engloba desde las posibilidades de formación y selección en origen hasta una posterior intervención social que facilite la integración de los trabajadores.
Por lo que se refiere al control de la inmigración irregular, a lo largo de toda la regulación se aumentan las prevenciones para evitar que los instrumentos legales se utilicen en fraude de ley, de manera que los procedimientos destinados a la canalización de la inmigración legal, como el régimen de autorización inicial de residencia y trabajo por cuenta ajena o el contingente, no puedan ser utilizados como mecanismo de regularización encubierta de personas que se hallan en España en situación irregular.
Dentro del régimen de infracciones y sanciones, se ha pretendido potenciar la eficacia de los mecanismos legales de sanción, incluidos los diferentes supuestos de repatriación, al tiempo que se ofrecen mayores garantías a aquellas personas a las que se les ha incoado un procedimiento sancionador o se hallan privadas de libertad en centros de internamiento.
En cuanto a los procedimientos administrativos, con la finalidad de ofrecer la máxima transparencia y acelerar la tramitación, al tiempo que se consigue una mejor coordinación de los ministerios implicados, se va a propiciar la utilización de una aplicación informática común para todos los departamentos que intervienen en un momento u otro de la tramitación. En efecto, el Ministerio de Administraciones Públicas, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, el Ministerio del Interior y, como encargado de desarrollar la política de inmigración del Gobierno, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, participan conjuntamente del esfuerzo por aumentar los controles para evitar la inmigración irregular, por facilitar la entrada de inmigrantes legales autorizados y por elevar las garantías para los administrados, y asumen otras nuevas tareas que se suman a sus anteriores responsabilidades.
Junto con el papel de la Administración General del Estado, es igualmente destacable el aumento de la participación de comunidades autónomas, ayuntamientos y agentes sociales, estos últimos a través de la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración. Todos ellos vienen asumiendo tareas relacionadas con la atención a los inmigrantes y, consecuentemente, obtienen una participación acorde con esas tareas dentro de los diferentes procesos referidos al ámbito de la inmigración.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación, del Interior, de Trabajo y Asuntos Sociales y de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de diciembre de 2004,
Artículo único Aprobación y ámbito de aplicación del Reglamento
1. Se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, cuyo texto se inserta a continuación.
2. Las normas del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, se aplicarán con carácter supletorio, o a los efectos que pudieran ser más favorables, a los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea y a las demás personas incluidas en el ámbito del Real Decreto 178/2003, de 14 de febrero, sobre entrada y permanencia en España de nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea y otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Asimismo, las normas del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, se aplicarán con carácter supletorio a quienes sea de aplicación la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, modificada por la Ley 9/1994, de 19 de mayo.
Los distintos permisos, autorizaciones o tarjetas que habilitan para entrar, residir y trabajar en España, concedidos a las personas incluidas en el ámbito de aplicación del Reglamento que se aprueba mediante este real decreto y que tengan validez en la fecha de su entrada en vigor del mismo, conservarán dicha validez durante el tiempo para el que hubieran sido expedidos.
Las solicitudes presentadas con anterioridad a la entrada en vigor del Reglamento que se aprueba se tramitarán y resolverán conforme a la normativa vigente en la fecha de su presentación, salvo que el interesado solicite la aplicación de lo dispuesto en dicho Reglamento y siempre que se acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos en él para cada tipo de solicitud.
1. En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, los empresarios o empleadores que pretendan contratar a un extranjero podrán solicitar que se le otorgue una autorización inicial de residencia y trabajo por cuenta ajena, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:
a) Que el trabajador figure empadronado en un municipio español, al menos, con seis meses de anterioridad a la entrada en vigor del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y se encuentre en España en el momento de realizar la solicitud.
b) Que el empresario o empleador haya firmado con el trabajador un contrato de trabajo cuyos efectos estarán condicionados a la entrada en vigor de la autorización de residencia y trabajo solicitada.
En el contrato de trabajo, el empresario se comprometerá, con independencia de la modalidad contractual y el tipo de contrato utilizado, al mantenimiento de la prestación laboral por un período mínimo de seis meses, salvo en el sector agrario, en el que el período mínimo será de tres meses.
En los sectores de la construcción y la hostelería, el cumplimiento del compromiso de mantenimiento de la prestación laboral de seis meses podrá llevarse a cabo dentro de un período máximo de doce meses.
Cuando los contratos de trabajo sean a tiempo parcial, el período de prestación laboral se incrementará proporcionalmente a la reducción sobre la jornada ordinaria pactada en dicho contrato, en los términos que establezca el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
c) Que se cumplan los requisitos previstos en el artículo 50 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, para el otorgamiento de una autorización para trabajar, con excepción de lo dispuesto en sus párrafos a), b) y g).
2. Con sujeción a los requisitos establecidos en los párrafos a) y c) del apartado anterior, y en idéntico plazo al establecido en éste, podrán solicitar igualmente la concesión de una autorización inicial de residencia y trabajo los extranjeros que pretendan desarrollar su actividad en el ámbito del servicio del hogar familiar, trabajando parcialmente y de manera simultánea para más de un titular del hogar familiar. Para ello deberán acreditar que reúnen los requisitos previstos por la legislación aplicable a los efectos del alta en el correspondiente régimen de Seguridad Social como empleados del hogar discontinuos y que van a realizar un número de horas de trabajo semanales no inferior a treinta, en el cómputo global. Las prestaciones laborales concertadas a estos efectos deberán de abarcar un período mínimo de actividad de seis meses. Los extranjeros que puedan desarrollar una actividad en el servicio del hogar familiar a tiempo completo para un solo empleador podrán obtener la autorización de conformidad con el apartado 1 de esta disposición, siempre que cumplan los requisitos establecidos en ella.
5. La autoridad competente, a la vista de la documentación presentada, resolverá de forma motivada y notificará al empresario o empleador, en los casos del apartado 1, y al propio trabajador extranjero, en los casos del apartado 2, la resolución sobre la autorización de residencia y trabajo solicitada. Cuando la resolución fuese favorable, la autorización concedida estará condicionada a que, en el plazo de un mes desde la notificación, se produzca la afiliación y/o alta del trabajador en la Seguridad Social. La notificación surtirá efectos para que se proceda al abono de las tasas correspondientes. Resultará de aplicación lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, a los efectos del plazo para la resolución de las solicitudes.
6. Cumplida la condición de afiliación y/o alta, la autorización comenzará su período de vigencia, que será de un año. Transcurrido el plazo de un mes desde la notificación de la autorización sin que se haya cumplido la condición señalada, la autorización quedará sin efecto. En este caso, se requerirá al empresario o empleador, en los casos del apartado 1, y al propio trabajador extranjero, en los casos del apartado 2, para que indique las razones por las que no se ha iniciado la relación laboral, con la advertencia de que, si no alegase ninguna justificación o si las razones aducidas se considerasen insuficientes, podrán denegarse ulteriores solicitudes de autorización que presente.
8. La concesión de la autorización determinará el archivo de los expedientes de expulsión pendientes de resolución, así como la revocación de oficio de las órdenes de expulsión que hayan recaído sobre el extranjero titular de la autorización, cuando el expediente o la orden de expulsión correspondiente esté basada en las causas previstas en el artículo 53.a) y b) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. La denegación de la autorización implicará la continuación de los expedientes de expulsión y la ejecución de las órdenes de expulsión dictadas.
Queda derogado el Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por el Real Decreto 864/2001, de 20 de julio, y cuantas otras disposiciones, de igual o inferior rango, se opongan a lo dispuesto en este real decreto.
Se autoriza a los Ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación, del Interior, de Trabajo y Asuntos Sociales, y de Administraciones Públicas para dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias y, en su caso, previo informe de la Comisión Interministerial de Extranjería, las normas que sean necesarias para la ejecución y desarrollo de lo dispuesto en este real decreto. En el supuesto de que las materias no sean objeto de la exclusiva competencia de cada uno de ellos, la ejecución y desarrollo de lo dispuesto en este real decreto se llevará a cabo mediante orden del Ministro de la Presidencia, a propuesta conjunta de los ministerios afectados, previo informe de la Comisión Interministerial de Extranjería.
Los ministerios que intervienen en la tramitación de expedientes de extranjería pondrán en funcionamiento, en el plazo máximo de un año a partir de la entrada en vigor de este real decreto, una aplicación informática común coordinada por el Ministerio de Administraciones Públicas y con acceso de los demás ministerios implicados.
Sin perjuicio de otras utilidades, la aplicación deberá permitir:
a) La introducción y modificación de datos e informes por parte de cada departamento ministerial competente, en los exclusivos ámbitos de su competencia, en cada fase de la tramitación de los expedientes de extranjería.
b) La comunicación entre cualquiera de los implicados, para conocer el estado de tramitación del expediente y posibilitar su continuación.
c) La consulta en tiempo real tanto de los expedientes en trámite, sin posibilidad de modificación, como de los expedientes concluidos, por parte de los organismos competentes de los distintos departamentos ministeriales, incluidas las misiones diplomáticas u oficinas consulares. En cada departamento ministerial se establecerán, en función de las necesidades, diferentes niveles de acceso para consulta de las informaciones contenidas en la aplicación informática. En la medida que quede garantizada la protección de datos de carácter personal y que las condiciones técnicas lo permitan, se procurará facilitar la consulta por parte del interesado, a través de conexiones de Internet, del estado de tramitación de las solicitudes de autorización de residencia o de residencia y trabajo.
d) La obtención de datos actualizados para el cumplimiento de las funciones de observación permanente de las magnitudes y características más significativas del fenómeno inmigratorio, para analizar su impacto en la sociedad española y facilitar información objetiva y contrastada que evite o dificulte la aparición de corrientes xenófobas o racistas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y el Real Decreto 345/2001, de 4 de abril, por el que se regula el Observatorio Permanente de la Inmigración.
El Reglamento de aplicación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, aprobado por el Real Decreto 203/1995, de 10 de febrero, queda modificado en los siguientes términos:
«c) Elevar al Ministro del Interior las propuestas de autorización de permanencia en España acordadas en el ámbito del artículo 17.2 de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, de conformidad con lo previsto en los apartados 3 y 4 del artículo 31 de este Reglamento.»
Dos. Se modifica el párrafo g) del artículo 3, que queda redactado como sigue:
«g) Someter a dicha comisión las propuestas de autorización de permanencia en España acordadas en el ámbito del artículo 17.2 de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, de conformidad con lo previsto en los apartados 3 y 4 del artículo 31 de este Reglamento.»
Tres. Se modifica el apartado 1 del artículo 15, que queda redactado como sigue:
«1. Los solicitantes de asilo, siempre que carezcan de medios económicos, podrán beneficiarse de servicios sociales, educativos y sanitarios que presten las Administraciones públicas competentes, dentro de sus medios y disponibilidades presupuestarias, para asegurar un nivel de vida adecuado que les permita subsistir. Las prestaciones otorgadas podrán modularse cuando la solicitud de asilo se encuentre pendiente de admisión a trámite, y se garantizará, en todo caso, la cobertura de las necesidades básicas de los solicitantes de asilo. Con carácter general, el acceso a la educación, a la atención sanitaria, a la Seguridad Social y a los servicios sociales se regirán por lo dispuesto, respectivamente, en los artículos 9, 12 y 14 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.»
Cuatro. Se modifica el apartado 3 del artículo 15, que queda redactado como sigue:
«3. En la prestación de los servicios a los que se refiere el apartado 1 de este artículo se tendrá en cuenta la situación específica de las personas en las que concurra una especial vulnerabilidad, tales como menores, menores no acompañados, personas de edad avanzada, mujeres embarazadas, familias monoparentales con hijos menores y personas que hayan padecido torturas, violaciones u otras formas graves de violencia psicológica, física o sexual, conforme a las directrices contenidas en las recomendaciones internacionales que se ocupan de homologar el tratamiento a estos grupos de población desplazada o refugiada.»
«2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, al inadmitir a trámite una solicitud de asilo en frontera, el Ministro del Interior, en aplicación del artículo 17.2 de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, podrá autorizar la entrada del extranjero y su permanencia en España en los términos previstos en los apartados 3 y 4 del artículo 31 de este Reglamento.»
«2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, si el solicitante de asilo inadmitido reuniera los requisitos necesarios para permanecer en España con arreglo a la normativa de extranjería, o si se considerara que existen razones humanitarias conforme al artículo 17.2 de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, el Ministro del Interior, a propuesta de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, podrá autorizar su permanencia en España en los términos previstos en los apartados 3 y 4 del artículo 31 de este Reglamento.»
Siete. Se modifica el artículo 30, que queda redactado como sigue:
«Artículo 30 Prestaciones sociales y económicas
Si el refugiado careciese de trabajo o medios económicos para atender a sus necesidades y a las de su familia, podrá beneficiarse de lo previsto en el artículo 15 de este Reglamento y de los programas generales o especiales que se establezcan con la finalidad de facilitar su integración. A ellos podrán acogerse igualmente las personas cuya autorización de permanencia de España se haya acordado en virtud de lo dispuesto por el artículo 17.2 de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, en los términos previstos en el artículo 31.3 de este Reglamento.»
Ocho. Se modifica el apartado 3 del artículo 31, que queda redactado como sigue:
«3. El Ministro del Interior, a propuesta de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, podrá autorizar la permanencia en España, conforme a lo previsto en el artículo 17.2 de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, siempre que se aprecien motivos serios y fundados para determinar que el retorno al país de origen supondría un riesgo real para la vida o la integridad física del interesado.
Dicha autorización revestirá la forma de autorización de estancia. En el plazo de un mes, contado desde la notificación de la resolución, salvo retrasos por causa justificada, el interesado deberá solicitar la autorización de residencia temporal prevista en el apartado 3 del artículo 45 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Una vez solicitada esta autorización, la resolución del Ministro del Interior por la que se autoriza la permanencia del interesado en España surtirá efectos de autorización de trabajo y permitirá, en su caso, el alta del interesado en la Seguridad Social, hasta que recaiga resolución expresa sobre la solicitud formulada. Estas circunstancias se harán constar expresamente en la propia resolución del Ministro del Interior.»
Nueve. Se modifica el apartado 4 del artículo 31, que queda redactado como sigue:
«4. Por razones humanitarias distintas de las señaladas en el apartado anterior, el Ministro del Interior, a propuesta de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, podrá autorizar la permanencia del interesado en España y, en su caso, recomendar la concesión de una autorización de residencia conforme a lo previsto en el apartado 3 del artículo 45 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, siempre y cuando la concurrencia de dichas razones humanitarias quede acreditada en el expediente de solicitud de asilo. Dicha autorización de permanencia revestirá la forma de autorización de estancia.»
Diez. Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 31, con la siguiente redacción:
«5. Si a la finalización de la autorización de estancia o residencia concedida mantuvieran su vigencia los motivos que la justificaron, el interesado podrá instar, según proceda, la renovación de la autorización de estancia o de residencia temporal. Cuando proceda y, en todo caso, en los supuestos del apartado 3 de este artículo, la autoridad competente para ello solicitará informe a la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio sobre dicha vigencia. Transcurridos tres meses desde la fecha de solicitud de renovación sin que haya recaído resolución expresa, se entenderá concedida la renovación por silencio positivo.
Alternativamente, y siempre que cumpla los requisitos establecidos a este efecto, a excepción del visado, el interesado podrá obtener una autorización de residencia y trabajo, de la duración que corresponda en función del tiempo que haya residido y, en su caso, trabajado legalmente en España.»
El presente real decreto y el Reglamento que por él se aprueba entrarán en vigor al mes de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», excepto lo dispuesto en el artículo 45.2.a) del Reglamento, que entrará en vigor a los seis meses de la entrada en vigor del propio Reglamento.