Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-1998-00023-de-noviembre-8-de-2012?documento=jurcol&contexto=jurcol_d6bb6df4a9b0003ce0430a010151003c&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-15 09:39:01
Document Index: 85522791

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 1', 'artículo 135', 'artículo 136', 'artículo 148', 'artículo 135', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 132', 'artículo 2']

﻿ Sentencia 1998-00023 de noviembre 8 de 2012
SENTENCIA 1998-00023 DE 08 DE NOVIEMBRE DE 2012
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD ESTATAL. LA NEGLIGENTE CONDUCCIÓN Y MANIOBRAS UTILIZADAS CONTRARIANDO EL CÓDIGO NACIONAL DE TRÁNSITO POR PARTE DE LA PATRULLA DE LA POLICÍA NACIONAL, CONSTITUYERON LA CAUSA ADECUADA DEL DAÑO, MOTIVO ESTE POR EL CUAL AQUELLA DEBE SER DECLARADA RESPONSABLE. Y ELLO ES ASÍ POR CUANTO CON TALES CONDUCTAS SE DESVIRTÚA LA OBLIGACIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL COMO ORGANISMO INSTITUIDO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS HABITANTES DEL TERRITORIO NACIONAL Y LA CONSERVACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO, CONFORME LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULO 1 Y 2 DEL DECRETO 1355 DE 1970.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, POLICÍA NACIONAL, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
Sentencia 1998-00023 de noviembre 8 de 2012
Rad. 50001-23-31-000-1998-00023-01
Expediente 24 457
Actor: Ahide Dorely Torres Aguilera y otros
Bogotá, D.C., ocho de noviembre de dos mil doce.
5. El Consejo de Estado es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en un proceso con vocación de segunda instancia, en los términos del Decreto 597 de 1988, dado que la cuantía de la demanda, determinada por el valor de la mayor de las pretensiones, que corresponde a la indemnización por concepto de lucro cesante, supera la exigida por la norma para el efecto(2).
6. De conformidad con las pruebas válidamente allegadas al proceso, se tienen por probados los siguientes hechos relevantes:
6.1. El 7 de junio de 1997, en la vía que conduce a Catama en el municipio de Villavicencio, en la calle 35 con carrera 19 en el cruce de la biblioteca Cofrem, identificada como una zona urbana, residencial y escolar, la patrulla de la Policía Nacional 17-334 colisionó con la moto de placas GRU-09A en la que transitaba la señora Ahide Dorely Torres Aguilera, según se evidencia en el informe de accidente practicado en el sitio (copia auténtica del informe de tránsito 198635 - fls. 29A-29C, cdno. 1).
6.2. El 7 de junio de 1997, la señora Ahide Dorely Torres Aguilera ingresó a la Clínica Martha del municipio de Villavicencio con “politrauma TCE lev...”, “... trauma facial HX en región frontal no hay pérdida de conocimiento no vomito”, “paciente quien no ha sido recibida en ninguna institución (...) consciente, en regular estado general cubierta con vendajes dolor a la palpación...”. Luego de realizada la cirugía plástica requerida y demás tratamientos médicos necesarios, el 11 de junio siguiente le dieron de alta (copia auténtica de la historia clínica 37539 de la Clínica Martha del municipio de Villavicencio - fls. 47-51, cdno. 1).
6.3. El 11 de junio de 1997, el Juzgado Sexto Penal Municipal de Villavicencio (Meta), avocó conocimiento del informe de tránsito practicado el 7 de junio del mismo año en dicho municipio (copia auténtica de la providencia de jun. 7/97 - fl. 4, cdno. 2), investigación que posteriormente fue remitida al Juzgado 67 de Instrucción Penal Militar y decidida por el Juzgado de Primera Instancia del Departamento de Policía Meta, mediante providencia de 4 de febrero de 1999, en el sentido de cesar todo procedimiento a favor del señor Pedro Antonio Gamboa Torres (copia auténtica del fallo de feb. 4/99 - fls. 149-161, cdno. 2).
6.4. Una vez iniciado el trámite judicial ante la jurisdicción contencioso administrativa, el 13 de octubre de 2000, la Junta de Calificación de Invalidez, regional Meta, remitió los resultados de la evaluación practicada a la señora Ahide Dorely Torres Aguilera, de los cuales se extrajeron las siguientes conclusiones:
“... Antecedentes:
Se trata de una mujer adulta de 35 años de edad, estado civil separada, tiene un hijo de cuatro (4) años de edad vive con su hermana, una sobrina y su abuela y trabaja como asesora comercial de Salucoop.
Lesiones sufridas:
Sufrió accidente de tránsito el día 6 de junio de 1997 cuando fue atropellada por una patrulla de la policía (sic) Nacional y llevada en el mismo vehículo a urgencias de la Cínica Martha en esta ciudad (Villavicencio).
Presentó politraumatismos con trauma dentofacial - heridas varias en la cara y fracturas de los incisivos superiores y del camino superior izquierdo por lo cual recibió tratamiento odontológico y de cirugía plástica.
Secuelas permanentes:
En el momento actual hay cicatriz leve en el labio superior y reconstrucción odontológica protésica de los dientes afectados sin secuelas desfigurantes ni funcionales. (...).
Estado psicológico:
Según estudio psicológico de fecha septiembre 7/00 aun presenta secuelas de shock traumático con trastorno de la personalidad clase I (leve) porque experimenta miedos al cruzar las calles y a transportarse en vehículos automotores, así como rasgos paranoides como ansiedad, tensión y angustia que le impiden conducir vehículo automotor por lo cual sugieren sicoterapia de apoyo para elaborar este proceso traumático y manejar estos temores.
Se aplica el Decreto 917 de 1999 en la siguiente forma para la calificación de posible invalidez:
Diagnóstico: trastorno traumático de la personalidad por shock traumático en accidente de tránsito
Deficiencia global: 10.00%
— Discapacidades de la conducta:
Subtotal discapacidades: 1.2%
— Minusvalías:
Subtotal minusvalía: 2.75%
Total grado de invalidez 13.95%
(...)” (fls. 266-269, cdno. 1).
6.5. Del escrito contentivo del dictamen, se corrió traslado a las partes para efectos del derecho de contradicción, pero, el término concedido trascurrió sin que se presentara objeción o tacha alguna contra el dictamen pericial rendido (fl. 270, cdno. 1).
6.6. Asimismo, se encuentran demostrados los gastos médicos, hospitalarios y de rehabilitación en que incurrió la señora Ahide Dorely Torres Aguilera como consecuencia del accidente de tránsito ocurrido el 7 de junio de 1997 (originales de las facturas emitidas a nombre de la señora Ahide Dorely Torres Aguilera por concepto de pago de los gastos médicos en que incurrió - fls. 36-56, cdno. 1).
6.7. Igualmente, obra en el expediente la acreditación de los gastos de reparación y arreglo a la motocicleta de placas GRU-09A, de propiedad de su hermana, señora Martha Lucía Torres Aguilera (copia auténtica de la tarjeta de propiedad del vehículo - fl. 75 y vuelto, cdno. 1), asumidos por la señora Ahide Dorely Torres Aguilera como consecuencia del accidente de tránsito ocurrido el 7 de junio de 1997 (originales de las facturas emitidas a nombre de la señora Ahide Dorely Torres Aguilera por concepto de pago de los arreglos y demás servicios técnico-mecánicos realizados a la motocicleta de placas GRU-09A - fls. 58-74, cdno. 1).
IV. [sic] Problema jurídico
7. Compete a la Sala determinar, si en el presente asunto es procedente admitir la responsabilidad de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional cuando el conductor de la patrulla 17-334 adscrita al municipio de Villavicencio, esto es, el agente Pedro Antonio Gamboa Torres, atropelló a la señora Ahide Dorely Torres Aguilera causándole así diferentes lesiones físicas en su cuerpo y cara, y daños a la motocicleta que esta conducía.
8. La Sala encuentra demostrado el daño invocado por la parte actora, consistente en las lesiones sufridas por la señora Ahide Dorely Torres Aguilera, las cuales le produjeron una pérdida de la capacidad laboral del 13.95%, como consecuencia del accidente de tránsito ocurrido el 7 de junio de 1997, aproximadamente a las 5:00 a.m., en el cruce de la biblioteca Cofrem, calle 35 con carrera 19 del municipio de Villavicencio del departamento del Meta, momento este en el cual la motocicleta en la que esta se movilizaba fue investida por la patrulla de la Policía Nacional 17-334 adscrita al servicio del municipio de Villavicencio (Meta), generándole múltiples daños técnico-mecánicos.
9. Advierte la Sala que cuando se debate la ocurrencia de un daño proveniente del ejercicio de una actividad peligrosa, como lo es la conducción de vehículos automotores, generalmente el título de imputación bajo el cual se resuelve la controversia es el objetivo de riesgo excepcional(3), porque el factor de imputación es el riesgo grave y anormal al que el Estado expone a los administrados.
10. No obstante, cuando se presenta la colisión de dos vehículos en movimiento, como es el caso sub examine, existe una concurrencia en el ejercicio de la actividad peligrosa, la cual estaba siendo ejercida tanto por el conductor del vehículo a cargo de la administración como por el del particular(4). En tales circunstancias, el criterio objetivo de imputación de responsabilidad se torna inoperante y surge la necesidad de establecer la causa del accidente para determinar de esta manera si se configuran los elementos de la responsabilidad que se le imputa al ente público demandado(5).
11. Para la Sala es claro que, como en el presente asunto se presentó un típico caso de colisión de vehículos, circunstancia esta que conforme la jurisprudencia de esta corporación: “[s]e requiere demostrar, frente a la obligación de guardar precaución, diligencia y cuidado por quienes ejercen dicha actividad, quién incumplió esa obligación y, por tanto, obró culposamente, al observar una conducta negligente, imprudente, carente de pericia o incursa en el incumplimiento de reglamentos...”(6).
12. La Sala encuentra que la sentencia apelada debe ser revocada por cuanto las lesiones sufridas por la señora Ahide Dorely Torres Aguilera fueron consecuencia de las infracciones en las que incurrió la Policía Nacional, a través de sus agentes, con la conducción de la patrulla 17-334, respecto de lo cual es preciso hacer las siguientes consideraciones:
12.1. El 4 de agosto de 1970 el Presidente de la República en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 8ª de 1969 expidió el Decreto 1344, por el cual se adoptó el Código Nacional de Tránsito, normatividad esta que en los artículos 109, 135, 136, 137, 138, 148 y 149(7) establece las reglas a las que se deben sujetar quienes conduzcan vehículos automotores, entre las que se encuentra el deber de hacerlo de tal forma que no incomode, perjudique o afecte a los demás, como un deber de comportamiento general.
12.2. De otra parte, en cuanto a las maniobras de adelantamiento el Código Nacional de Tránsito prevé en el artículo 135 que “... todo conductor antes de efectuar un adelantamiento debe observar; que (...) dicha maniobra no ponga en peligro o entorpezca el tránsito de los que vayan en dirección contraria o de los que hayan adelantado y anunciar su intención en forma clara y con suficiente anterioridad por medio de las luces direccionales de su vehículo, o en su defecto, haciendo la señal apropiada con el brazo...”; adicionalmente, en inciso separado señala expresamente que “... [e]fectuada la maniobra deberá regresar nuevamente al carril derecho, dejando una separación prudencial con el último vehículo que haya alcanzado...”.
12.3. Así mismo, dicho cuerpo normativo en el numeral 4º del artículo 136 establece como prohibición expresa, el hecho de realizar maniobras de adelantamiento “... 4. Cuando la visibilidad sea desfavorable”.
13. Al respecto se tiene que de acuerdo a lo probado en el expediente, los hechos tuvieron ocurrencia como consecuencia —precisamente— de que en el cruce de la biblioteca Cofrem en la calle 35 con carrera 19 del municipio de Villavicencio, la patrulla de la Policía Nacional 334 en el instante en que se dispuso a realizar una maniobra de adelantamiento por el carril derecho de la vía atropelló a la señora Ahide Dorely Torres Aguilera quien transitaba en una moto de palcas GRU-09A(8), causándole lesiones tanto físicas como síquicas tan graves que le generaron una pérdida de capacidad laboral catalogada en un grado de invalidez del 13.95%.
14. De otra parte, es preciso tener en cuenta que la patrulla de la Policía Nacional 17-338 transitaba a 70 kilómetros por hora, según lo afirmado por el conductor de la misma, en la audiencia de recepción de testimonio practicada en primera instancia, velocidad esta que superaba en 20 kilómetros la máxima permitida para transitar en las vías urbanas, conforme lo expresamente previsto en el inciso segundo del artículo 148 del Código Nacional de Tránsito; sin embargo, es necesario advertir que la necesidad del servicio así lo requería, pues estaba en plena persecución de un vehículo en posible ilícito, hecho este afirmado por la parte demandada que no fue controvertido por la parte demandante, y que por lo tanto se tiene como cierto.
15. En relación con las circunstancias en las cuales ocurrió el hecho solo obra el testimonio del agente Pedro Antonio Gamboa Torres, quien aseguró lo siguiente:
“... a eso d (sic) ellas (sic) 4:45 o 5:00 o 5:10 no recuerdo bien la hora, de la mañana, la central de radio reporto (sic) el apoyo a una patrulla motorizada para que fueran retenidos los ocupantes de un vehículo los cuales estaban efectuando disparos y amenazando a las personas en el sitio Caldo Parado, y al llegar la patrulla motorizada cogieron la vía que de Bomberos va hacia Catama, al reporte de la central fuimos en apoyo saliendo por la avenida al Llano al cruce del hotel rosado ya había pasado el vehículo e iniciamos la persecución colocando las medidas de prevención como es la sirena la hawaiana y luces de emergencia nos transportábamos a una velocidad de unos 70 Km por hora conservando el carril del centro, metros antes de llegar al cruce de Cofrem por el carril de la izquierda transitaba un camión que al oír la sirena se detuvo por el carril del centro unos taxis que hicieron lo mismo quedaba libre el carril de la derecha busque adelantar por el carril de la derecha pero en ese momento una moto que transitaba por el carril del centro e hizo el viraje en forma brusca hacia el carril de la derecha y fue ahí donde se produjo el accidente contra el vehículo de la policía, posteriormente fue trasladada a la clínica la señora para que fuera atendida...” (fls. 219-222, cdno. 1).
16. Contrario a lo aducido en la sentencia objeto del recurso de alzada bajo análisis, el desconocimiento y violación de las normas de tránsito terrestre por parte de la patrulla de la Policía Nacional 17-334 son claramente constatables, pues si la patrulla hubiera realizado el adelantamiento por el carril izquierdo como lo establece el Código Nacional de Tránsito no habría atropellado a la señora Ahide Dorely Torres Aguilera, ya que esta una vez escuchó las sirenas y luces del vehículo oficial se dispuso a apartarse del camino, por el carril y al costado que el Código Nacional de Tránsito prevé para ello, esto es el carril derecho (D. 1344/70, art. 135), situación esta que no puede ser reprendida o vista como antijurídica por el simple hecho de que los demás vehículos que se encontraban en la caravana vial se quedaran en el lugar donde se encontraban, ya que esa conducta no es la descrita por el legislador.
17. En el expediente está acreditado que la patrulla de la Policía Nacional 17-334 encontrándose en una vía de doble sentido, con dos carriles y cada uno con dos calzadas, debió realizar el adelantamiento por el carril izquierdo y una vez sobrepasados los vehículos que la obstaculizaban, regresar inmediatamente al carril derecho, como lo prevé el artículo 135 del Decreto 1344 de 1970 (Código Nacional de Tránsito), pues el hecho de no actuar de tal manera implica como consecuencia esperable, que otro automotor, como lo fue la señora Ahide Dorely Torres Aguilera al reaccionar y orillarse en el carril derecho —siguiendo los postulados legales que rigen la actividad de la conducción, como en efecto aconteció en el presente asunto—, fuera atropellada.
18. Es ese sentido, la administración de forma negligente adelantó una actividad riesgosa, como es la conducción de automotores, sin el cumplimiento de las normas que la regulan, y en una circunstancia especialísima que generaba en su órbita una responsabilidad y diligencia superior, pues iba a considerable velocidad por hallarse en persecución de unos presuntos delincuentes, lo cual le obligaba a actuar con mayor cuidado.
19. En ese sentido, para la Sala es claro que la negligente conducción y maniobras utilizadas contrariando el Código Nacional de Tránsito por parte de la patrulla de la Policía Nacional 17-334, constituyeron la causa adecuada de las lesiones generadas en la señora Ahide Dorely Torres Aguilera, motivo este por el cual aquella debe ser declarada responsable. Y ello es así por cuanto con tales conductas se desvirtúa la obligación general de la Policía Nacional como organismo instituido para la protección de los habitantes del territorio nacional y la conservación del orden público, conforme lo previsto en los artículo 1º y 2º del Decreto 1355 de 1970(9).
20. En virtud de lo expuesto, la Sala revocará la sentencia impugnada y, en su lugar, declarará probada la responsabilidad administrativa de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional por las lesiones sufridas por la señora Ahide Dorely Torres Aguilera, el 7 de junio de 1997, en momentos en que se orilló en el carril derecho de la vía para darle paso a la patrulla y permitir su adelantamiento.
VI. Perjuicios
21. Procede la Sala a fijar el monto de los perjuicios morales, materiales y fisiológicos con fundamento en las pretensiones formuladas en la demanda, y en las pruebas obrantes dentro del proceso.
1. Perjuicios morales.
22. Respecto del daño moral ocasionado, se encuentra acreditado dentro del proceso que Ahide Dorely Torres Aguilera (lesionada) es hija de Víctor Hugo Torres Betancour y María Emma Aguilera Castro, y tiene un hijo: Diego Nicolás Torres Aguilera, tal como consta en los respectivos registros civiles de nacimiento, expedidos por la Notaría Primera del Círculo de Notarios de Villavicencio (Meta). De la misma manera, quedó demostrado el parentesco de la lesionada con sus hermanos Nely, Marta Lucía, Víctor Augusto, Carlos Humberto, Luis Eduardo, Ruth Betty, José Darío, Edgar Fernando y Wilson Fredy Torres Aguilera (fls. 20-29A, cdno. 1).
23. Demostradas las relaciones de parentesco existentes entre los demandantes puede inferirse, aplicando las reglas de la experiencia, que entre todos ellos existe un lazo afectivo y, por lo tanto, que sufrieron pena, aflicción y dolor a causa las lesiones sufridas por su madre, hija y hermana, lo cual los legitima para reclamar la reparación de perjuicios causados.
24. Por lo demás, las pruebas testimoniales aportadas al proceso, indican que los Torres Aguilera son “una familia muy unida, algo muy especial se colaboran mutuamente”, que todos sus integrantes se preocupan por el bienestar de los demás, y que las lesiones sufridas por la demandante causaron en ellos una gran aflicción (testimonios de la señora Teresa Pérez de Buitrago, Luz Soraya Ángel Ángel y Durlany Antonio Suárez Meneses - fls. 126-130 y 133-138, cdno. 1). En cuanto a la demandante, es fácil suponer que el tipo de lesión sufrida y las circunstancias en que estas se produjeron, causaron en ella angustia, depresión y dolor, pues eran notables las consecuencias físicas del accidente, ya que su rostro se vio alterado por largo tiempo.
25. Respecto al valor de la condena, los demandantes solicitaron que esta se fijara en la suma de 1.000 gramos oro para cada uno de ellos. Sin embargo, teniendo en cuenta que la Sala abandonó el criterio de remisión al oro para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicio moral y señaló que esta debe fijarse por el juzgador en cada caso según su prudente juicio(10), se procederá a determinar el quantum de las respectivas indemnizaciones en moneda legal colombiana, teniendo en cuenta para ello la intensidad del perjuicio sufrido por los demandantes.
26. Con fundamento en lo anterior y teniendo en cuenta el tipo de lesión y las circunstancias en las que esta se produjo, la Sala fijará así el valor de la indemnización debida por concepto de daño moral: sesenta (60) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de esta sentencia para la señora Ahide Dorely Torres Aguilera; treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes para su hijo, padre y madre; y veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los hermanos.
2. Perjuicios materiales
27. La demanda solicita pagar a la señora Ahide Dorely Torres Aguilera el daño emergente “teniendo en cuenta el valor de los gastos médicos, farmacológicos y hospitalarios, así como el valor de los daños causados a la motocicleta de placas GRU-09A...” (fl. 8, cdno. 1). Asimismo, el lucro cesante que corresponde a la “disminución de la capacidad laboral que padece Ahide Dorely Torres Aguilera como consecuencia de las lesiones causadas el 7 de junio de 1997...” (fl. 8, cdno. 1).
28. Respecto del daño emergente, la Sala encuentra que en el expediente existe prueba de que la demandante sufrió una lesión en su cara como consecuencia del atropellamiento de la patrulla de la Policía Nacional 17-334, así como también de los gastos en que incurrió para sufragar tanto los daños ocasionados a la motocicleta en la que ella transitaba, como los gastos médicos, hospitalarios y farmacéuticos, lo cual como no fue objetado ni desvirtuado por el apoderado judicial de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional se encuentra acreditado (originales de las facturas de pago fls. 36-56 y 58-74, cdno. 1).
29. De conformidad con lo anterior, se procederá a la respectiva actualización del monto del perjuicio material en la modalidad de daño emergente acreditado en el expediente, que si bien tal monto fue estimado en la demanda en $ 3.000.000, solo existe constancia de $ 2.727.085:
— Actualización de la renta:
Ra = Renta actualizada a establecer
Rh = Renta histórica, el monto de los gastos en que incurrió la señora Ahide Dorely Torres Aguilera por los daños a ella ocasionados, que se acreditó en la suma de $ 2.727.085
Ipc (f) = Es el índice de precios al consumidor final, es decir, 111,37 que es el correspondiente a agosto de 2012
Ipc (i) = Es el índice de precios al consumidor inicial, 42,48 correspondiente al mes de junio de 1997, cuando tuvo ocurrencia el hecho dañoso
30. En cuanto al perjuicio material en la modalidad de lucro cesante, es preciso tener en cuenta que la pérdida de la capacidad laboral de la señora Ahide Dorely Torres Aguilera fue establecida en 13.95%, y la base del salario para la liquidación es el salario mínimo legal mensual vigente para la época de producirse el daño, toda vez que, si bien no existen pruebas adicionales que permitan concluir que la lesionada demandante efectivamente obtenía una suma fija y constante por su desempeño como asesora comercial de la empresa Saludcoop, pues según certificación emitida por dicha entidad ella percibía ingresos por conceptos de comisiones (fl. 35, cdno. 1), circunstancia esta que en si misma permite inferir que se trata de sumas variables; se presume, que como persona sana con plena capacidad productiva, por lo menos habría devengado un salario mínimo(11).
31. En consecuencia, por razones de equidad, la Sala aplicará el salario mínimo legal mensual vigente al momento de la sentencia, dado que la actualización de aquel que aplicaba para la época en que ocurrieron los hechos, resulta inferior al valor actual del salario(12), esto es $ 566.700, suma a la cual se le adicionará el 25%, por prestaciones sociales, para un total de $ 708.375.
32. Tomando de esta cifra el 13.95% correspondiente a la pérdida de la capacidad laboral, se tiene que la base para el cálculo de la indemnización es de $ 98.818,31.
— Indemnización debida:
33. Comprende el tiempo transcurrido desde la fecha de los hechos (jun. 7/97) hasta la fecha de esta sentencia, esto es, 184,07. Se calcula con base en la siguiente fórmula:
S = Es la suma resultante del período a indemnizar
Ra = Renta actualizada, es la renta o ingreso mensual que equivale a $ 98.818,31
i = Interés puro o técnico: 0,004867
n = Número de meses a indemnizar
34. Comprende el tiempo transcurrido desde el día siguiente de la fecha de esta sentencia hasta la vida probable de la actora, quien tenía para la fecha de ocurrencia de los hechos 31 años de edad(13). Esto implica, según la Resolución 497 de 1997 de mayo de 1997 expedida por la Superintendencia Bancaria, que tiene una vida probable de 46.80 años (561,6 meses), de los cuales ya se han liquidado 184,07 meses, restando por liquidar 377,53 meses.
35. Se tiene así que el valor total de la indemnización por lucro cesante es de cuarenta y seis millones trescientos setenta y ocho mil dos pesos con setenta y dos centavos ($ 46.378.002,72).
3. Perjuicio a la salud
36. La demanda solicitó una indemnización en cuantía equivalente a un mil (1.000) gramos de oro por el perjuicio fisiológico derivado de las lesiones sufridas por Ahide Dorely Torres Aguilera por el perjuicio que padeció por el hecho de haber quedado con cicatrices visibles y permanentes.
37. Al respecto, conviene señalar que en sentencia reciente esta corporación señaló que el perjuicio estético se encuentra subsumido dentro del concepto más amplio de daño a la salud, por lo cual este y aquel no son indemnizables de forma separada e independiente(14).
38. Se tiene así que no es procedente reconocer dos indemnizaciones separadas y diferenciadas por la afectación de la integridad física del demandante, y del menoscabo de su estética o apariencia corporal, pues ambas son manifestaciones de un único daño: el del derecho a la salud.
39. En el caso concreto, está probado que la señora Ahide Dorely Torres Aguilera sufrió un daño a la salud, que le generó una pérdida estimada del 13.95% de su capacidad laboral. Sin embargo, no existe prueba de que tal daño hubiera producido consecuencias diferentes a la propia modificación de su unidad corporal. En efecto, los testimonios practicados por el tribunal a quo solo dan cuenta del daño moral padecido por la víctima y por su núcleo familiar, pero no informan que la lesión hubiera afectado su calidad de vida por la imposibilidad de continuar con sus ocupaciones, sus hábitos o sus proyectos, en el entorno personal, familiar o social.
40. Y, si bien la parte actora solicitó indemnización por la pérdida de oportunidades que sufrió la señora Ahide Dorely Torres Aguilera por el hecho de no poder realizar las actividades vitales necesarias para lograr una existencia más agradable, la Sala considera que dicha pérdida no constituye en verdad un perjuicio autónomo, que haya producido un daño a la salud, sino que configura un perjuicio de carácter material que ya fue reconocido y liquidado en esta sentencia bajo la modalidad de lucro cesante.
41. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
REVOCAR la sentencia de fecha 13 de noviembre 2002 proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, la cual quedará así:
1. DECLARAR administrativa, extracontractual y patrimonialmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional por la lesión sufrida por la señora Ahide Dorely Torres Aguilera el 6 de junio de 1997, como consecuencia del accidente vehicular del que fue víctima.
2. CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional a pagar, por concepto de perjuicios morales, la suma de sesenta (60) salarios mínimos mensuales legales vigentes a la señora Ahide Dorely torres Aguilera; de treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes a Diego Nicolás Torres Aguilera (hijo), Víctor Hugo Torres Betancour (padre), María Emma Aguilera Castro (madre); y de veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes a cada uno de los hermanos de la lesionada: Nely, Marta Lucía, Víctor Augusto, Carlos Humberto, Luis Eduardo, Ruth Betty, José Darío, Edgar Fernando y Wilson Fredy Torres Aguilera.
2. CONDENAR, en la suma de siete millones ciento cuarenta y nueve mil seiscientos diez pesos con cincuenta y cinco centavos ($ 7.149.610,55), a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, al pago de los perjuicios irrogados a título de daño emergente consolidado, a la señora Ahide Dorely Torres Aguilera.
4. CONDENAR, en la suma de veintinueve millones trescientos veintiún mil quinientos sesenta pesos con treinta y cinco centavos ($ 29.321.560,35), a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, al pago de los perjuicios irrogados a título de lucro cesante consolidado, a la señora Ahide Dorely Torres Aguilera.
5. CONDENAR en la suma de diecisiete millones cincuenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos con treinta y siete centavos ($ 17.056.442,37), a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, al pago de los perjuicios irrogados a título de lucro cesante futuro, a la señora Ahide Dorely Torres Aguilera.
6. CONFÍRMASE en lo demás la sentencia apelada.
(2) En la demanda, presentada el 3 de febrero de 1998, la pretensión mayor fue estimada en $ 33.000.000. Por estar vigente al momento de la interposición del recurso de apelación que motiva esta sentencia, se aplica en este punto el artículo 2º del Decreto 597 de 1988 “Por el cual se suprime el recurso extraordinario de anulación, se amplía el de apelación y se dictan otras disposiciones”, que modifica el numeral 10 del artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, y que dispone que la cuantía necesaria para que un proceso iniciado en 1998 fuera de doble instancia, debe ser superior a $ 18.850.000.
(3) Ver entre otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de julio 27 de 2000, Expediente 12099, consejero ponente Alier Hernández y mayo 3 de 2007, Expediente 25020, consejero ponente Ramiro Saavedra Becerra.
(4) Según el artículo 2º del Decreto 1344 de 4 de agosto de 1970: “... Motocicleta. Vehículo automotor de dos (2) ruedas en línea con capacidad hasta de un (1) pasajero...”, y “... Volqueta. Vehículo automotor destinado principalmente al transporte de materiales de construcción, provisto de una caja que se puede vaciar por un giro vertical sobre uno o más ejes...”.
(5) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de mayo 11 de 2006, Expediente 14694, consejero ponente Ramiro Saavedra Becerra, entre otras.
(7) “ART. 109.—Toda persona que tome parte en el tránsito, como conductor o como peatón, debe comportarse en forma que no incomode, perjudique o afecte a las demás, y deberá conocer y cumplir las normas de tránsito que le sean aplicables, así como obedecer las indicaciones que le den las autoridades de tránsito; además observará las señales de control de tránsito que determine el Ministerio de Obras Públicas y coloque la autoridad competente.
(...) 4. Cuando la visibilidad sea desfavorable.
(...) 7. En general, cuando la maniobra ofrezca peligro.
ART. 137.—Ningún conductor de vehículo debe frenar bruscamente, a menos que razones imperiosas de seguridad lo fuercen a hacerlo.
Todo conductor que quiera disminuir la velocidad deberá cerciorarse de que la maniobra no ofrece peligro.
ART. 138.—Los conductores deberán disminuir la velocidad en los siguientes casos:
(...) 6. Cuando las señales de tránsito así lo ordenen.
ART. 148.—En las carreteras la velocidad máxima permitida es de sesenta kilómetros por hora, salvo cuando el Ministerio de Obras Públicas por medio de señales adecuadas, indiquen un límite superior o inferior.
En vías urbanas la velocidad máxima es de cincuenta kilómetros por hora, excepto cuando las autoridades competentes por medio de señales, indiquen velocidades distintas.
ART. 149.—Cuando dos o más vehículos transiten en la misma dirección; uno tras el otro, los posteriores deben guardar distancias prudenciales con un mínimo de diez metros en las carreteras y de cinco metros en las vías urbanas...”.
(8) Según da cuenta el croquis levantado en el lugar del accidente, la vía es de doble sentido, en dos carriles y cada uno con dos calzadas (fl. 29B, cdno. 1).
(9) “... ART. 1º—La policía está instituida para proteger a los habitantes del territorio colombiano en su libertad y en los derechos que de esta se derivan, por los medios y con los límites estatuidos en la Constitución Nacional, en la ley, en las convenciones y tratados internacionales, en el reglamento de policía y en los principios universales del derecho.
ART. 2º—A la policía compete la conservación del orden público interno. El orden público que protege la policía resulta de la prevención y la eliminación de las perturbaciones de la seguridad, de la tranquilidad, de la salubridad y la moralidad públicas...”.
(10) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, Expediente 13.232-15.646, consejero ponente Alier Eduardo Hernández.
(11) Sobre este aspecto ver entre otras sentencias Radicado 14178, magistrado ponente Germán Rodríguez Villamizar. Sentencia Radicado 20294, magistrado ponente Enrique Gil Botero. Sentencia Radicado 17376, magistrado ponente Ruth Stella Correa Palacio.
(12) Dado que el salario mínimo legal vigente para el año 1997 era de $ 172.500, suma que actualizada a la fecha corresponda a $ 452.243,99.
(13) El registro civil de nacimiento aportado al proceso, da cuenta de que nació el 17 de agosto de 1965 (fl. 21, cdno. 1).
(14) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 14 de septiembre de 2011, Expediente 38.222, consejero ponente Enrique Gil Botero.