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Timestamp: 2019-10-19 17:54:28
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Matched Legal Cases: ['artículo 1852', 'artículo 1852', 'artículo 1852', 'artículo 1852', 'artículo 1839', 'artículo 1852', 'artículo 53']

Noticias – 2004 Estudio Concursal
Falta de personación del acreedor en proceso de quiebra voluntaria
Desestima el TS el recurso de casación interpuesto por el fiador solidario y señala que la no personación del banco acreedor en el proceso de quiebra voluntaria no le ha impedido subrogarse en la posición del deudor, por lo que no puede quedar libre de la obligación de pagar la deuda reclamada. La quiebra en nada afecta a quien es fiador solidario pues desde la sentencia de remate deja de ser fiador para pasar a ser acreedor del deudor principal al que había afianzado, produciéndose la subrogación en ese momento y pudiendo, en consecuencia, haberse dirigido contra éste (FJ 3).
“…SEGUNDO.- 1.- El recurso de casación lo ha formulado el demandante don Maximiliano, en un motivo único que, como se ha apuntado, denuncia la infracción del artículo 1852 del Código civil –EDL 1889/1– por las sentencias de instancia, que regula la liberación de pago del fiador siempre que por algún hecho del acreedor no pueda quedar subrogado en los derechos del mismo.
Después de citar jurisprudencia, insiste -como mantiene desde la demanda- que la entidad bancaria acreedora le privó del derecho a la subrogación por su conducta pasiva en la quiebra de la deudora principal, de la que era fiador solidario; conducta pasiva consistente en no haber comparecido como acreedora, lo que le ha imposibilitado el subrogarse en el lugar que debería haber ocupado dentro de la lista de acreedores; conducta que no fue mera pasividad, sino una abstención de lo que debería haber actuado, que era comparecer en el procedimiento de quiebra a fin de poder cobrar el crédito de la sociedad deudora principal.
Esta es la cuestión que se plantea en casación: si se ha dado el presupuesto para aplicar el mencionado artículo 1852 del Código civil.
TERCERO.- 1.- En este extremo yerra el demandante y recurrente y aciertan las sentencias de instancia. El fiador solidario pudo dirigirse contra el deudor principal (la sociedad de la que era presidente) desde el momento en que se dictó sentencia de remate contra la sociedad (la deudora principal) y los demás fiadores solidarios. El que más tarde se produce la situación de quiebra de dicha sociedad -deudora principal- y no se persona la entidad bancaria acreedora, en nada afecta al fiador solidario que le impida perseguir al deudor principal. Quedó subrogado desde la sentencia del remate y no quedó impedida la subrogación que prevé el artículo 1852 del Código civil –EDL 1889/1-.
3.- Consecuencia de ello es la desestimación del motivo único de casación. La conducta del acreedor que provoca la aplicación del artículo 1852 es aquélla, positiva o negativa (no simple pasividad) que, con nexo causal, da lugar a que el fiador quede imposibilitado de ejercer el derecho a subrogarse que le otorga el artículo 1839. Desde el punto de vista opuesto, el artículo 1852 impone al acreedor una carga de contenido negativo: el no obstaculizar el derecho a subrogarse que tiene el fiador.
Y no es esto lo que ocurrió. La conducta del acreedor nada tuvo que ver con la posible situación del fiador que, desde la sentencia de remate ya no era tal, sino acreedor frente a la sociedad que había afianzado, sociedad -por cierto- cuyo presidente era el propio fiador, actual recurrente…”
La formalización de los despidos objetivos derivados de un despido colectivo
La supresión de la autorización administrativa para llevar a cabo un despido colectivo, ha supuesto una modificación sustancial en el tratamiento procesal de esta materia. Ahora que ha transcurrido más de un año desde la publicación del Real Decreto-Ley 3/2012, se comienzan a vislumbrar alguno de los problemas aplicativos que plantea la nueva legislación.
Uno de ellos se refiere a la formalización de los despidos objetivos individuales que derivan de una previa decisión empresarial de proceder a un despido colectivo. A tal efecto, el art. 51.4 ET –EDL 1995/13475– dispone lo siguiente: “Comunicada la decisión a los representantes de los trabajadores, el empresario notificará los despidos individualmente a los trabajadores afectados en los términos establecidos en el artículo 53.1 de esta Ley”. Como sabemos, este último precepto exige la observancia de tres requisitos: a) la comunicación escrita al trabajador expresando la causa; b) la puesta a disposición de la indemnización de veinte días de salario por año de servicio, salvo alegación de causa económica y prueba de falta de liquidez; c) la concesión de un plazo de preaviso y la entrega de la copia de la carta de despido a los representantes de los trabajadores.
Las cuestiones que se plantean a los integrantes de este foro jurídico en relación con la previsión del art. 51.4 ET –EDL 1995/13475– son las siguientes:
1ª) Si la exigencia de notificar los despidos individualmente a los trabajadores afectados en los términos del art. 53.1 del propio Estatuto –EDL 1995/13475-, es exigible al empresario en todo caso o solamente cuando el periodo de consultas con los representantes de los trabajadores haya concluido sin acuerdo.
2ª) Si el acuerdo que pone fin al periodo de consultas en un despido colectivo puede disponer de la indemnización prevista en el apdo. b) del art. 53.1 ET –EDL 1995/13475-.
La remisión que efectúa el art. 51.4 ET –EDL 1995/13475– al art. 53.1 del mismo texto legal, obliga a notificar individualmente por escrito a todos los trabajadores afectados por el despido, cumpliendo los requisitos establecidos para el despido objetivo por causas económicas, técnicas organizativas o de producción, tanto si el despido colectivo del que deriva el despido individual, es fruto de un acuerdo como si lo es de una decisión unilateral del empresario, pues, no hay razón que justifique un trato desigual en función del modo en que se ha originado el despido colectivo. Dicho lo anterior, las consecuencias derivadas del incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en el art. 53.1 ET no puede ser la misma con independencia del requisito omitido, sino que dependerá del concreto requisito que no se haya observado, al igual que sucede con el incumplimiento de los requisitos formales del despido objetivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Ahora bien en el caso de despido individual derivado del colectivo solo si se omite la comunicación escrita al trabajador afectado con expresión de la causa o no se pone a disposición del mismo la indemnización devengada (salvo que exista causa económica y no haya liquidez) habrá que declarar la improcedencia del despido, no así en el caso de que no se haya entregado copia de la carta de despido a los representantes de los trabajadores y ello por las razones siguientes:
– La doctrina jurisprudencial que anuda la declaración de nulidad o, tras la reforma introducida por RDL 10/2010 de 16 junio –EDL 2010/91481-, la declaración de improcedencia, al incumplimiento de la entrega de la carta de despido objetivo por las causas del art. 52 c ET –EDL 1995/13475-, a los representantes de los trabajadores, se fundamenta en que la omisión de dicha exigencia no es un mero incumplimiento de un deber de información cuya represión se agote en una sanción administrativa, sino que la información a los representantes de los trabajadores sobre los despidos objetivos económicos es una pieza esencial del sistema legal de control de la distinción institucional entre el despido colectivo y el objetivo, pero en el despido individual derivado del despido colectivo carece de sentido el establecimiento del referido control.
– Los representantes de los trabajadores son, en principio, conocedores de los despidos individuales que se van a realizar tras el despido colectivo, habida cuenta del proceso previo de negociación mantenido con la empresa, y que, a falta de acuerdo, la empresa les ha de notificar la decisión adoptada sobre el despido colectivo, por lo que parece desproporcionado anudar la calificación de improcedencia del despido al incumplimiento de la entrega de la carta de despido individual a los representantes de los trabajadores, sobre todo si se tiene en cuenta que los mismos ya cuentan con la información facilitada por la empresa sobre las causas del despido, la documentación aportada referente a dichas causas, los trabajadores afectados, el período en que se llevarán a cabo los despidos individuales derivados del colectivo y los criterios de selección de los trabajadores afectados, de modo que el trabajador despedido puede obtener de dichos representantes la información sobre el despido colectivo del que deriva el suyo para comprobar si se ajusta o no, a lo acordado o decidido en aquél.
La posibilidad de disponer de la indemnización prevista en el apdo. b) del art. 53.1 ET –EDL 1995/13475– en el acuerdo alcanzado con los representantes de los trabajadores, se ha de entender limitada al incremento del importe legal o al establecimiento del pago aplazado o fraccionado cuando existan causas económicas y falta de liquidez sin que sea posible reducir la cuantía establecida legalmente, ni tampoco fraccionar o aplazar el pago si no hay causas económicas junto con falta de liquidez, pues la negociación con los representantes de los trabajadores tiene como objetivo esencial evitar o reducir los despidos colectivos y atenuar sus consecuencias y una minoración de la indemnización legal contravendría el referido objetivo además de infringir disposiciones legales de derecho necesario.
Aumenta un 87,5% las familias que se declaran en quiebra en el tercer trimestre, y se registran 182 empresas, un 15% más
Un total de 30 familias se declararon en concurso de acreedores —suspensión de pagos y quiebras— en el tercer trimestre de 2013, lo que supone un importante incremento del 87,5 por ciento en relación con el tercer trimestre de 2012, mientras que 182 sociedades y empresas se acogieron al concurso en Andalucía, un 15,1 por ciento más que en 2012, según la Estadística de Procedimiento Concursal del Instituto Nacional de Estadística (INE), consultada por Europa Press.
Ello supone que en la Comunidad se registraron 212 deudores concursados, tanto empresas como particulares, un 21,8 por ciento más que en 2012.
Las 30 familias declaradas en suspensión de pagos suponen un importante incremento del 87,5 por ciento en relación con 2012, cuando se registraron 16 familias en quiebra en ese período.
En cuanto a las empresas, las sociedades concursadas fueron 182, un 15,1 por ciento más que en 2012, cuando se cifraron en 158 empresas.
De las 30 familias concursadas, 11 se ubican en Málaga, nueve en Sevilla, tres en Granada, tres en Jaén, dos en Cádiz, una en Almería y una en Huelva.
Asimismo, de las 182 empresas en quiebra en el tercer trimestre de 2013, 58 se ubicaron en Sevilla, 34 en Málaga, 26 en Cádiz, 15 en Granada, 11 en Córdoba, 21 en Jaén, 12 en Huelva y cinco en Almería.
Según el tipo de concurso, de los 212 concursos del tercer trimestre de 2013, 199 fueron voluntarios y 13 necesarios en la Comunidad, mientras que atendiendo a la clase de procedimiento, los ordinarios sumaron 83 procedimientos en el tercero trimestre, mientras que los abreviados sumaron 129 concursos.
Por provincias, de los 212 concursos registrados en Andalucía, tanto de empresas como de familias, 67 se presentaron en Sevilla, 45 se presentaron en Málaga, 28 en Cádiz, 24 en Jaén, 18 en Granada, 13 en Huelva, 11 en Córdoba y seis en Almería.
Dentro de las empresas que se declararon en concurso en el tercer trimestre de 2013, 146 eran sociedades limitadas, mientras que 22 eran sociedades anónimas, cinco personas físicas y nueve otro tipo de empresas.
Por sectores, de los 182 concursos declarados en empresas en Andalucía, 41 correspondieron a empresas de la construcción, tanto edificación como promoción inmobiliaria y el resto del sector; seguidas del comercio, tanto al por mayor como al por menor y vehículos, con 37 concursos; industria y energía, con 28 concursos; hostelería, con 12 concursos; transporte y almacenamiento, con cinco concursos; o agricultura y pesca, con tres procedimientos.
Las inmobiliarias, financieras y seguros registraron diez concursos; información y comunicaciones, tres concursos; las actividades profesionales aglutinaron 15 procesos.
A nivel nacional, las empresas que se declararon en concurso de acreedores (suspensión de pagos y quiebras) ante la imposibilidad de afrontar sus pagos y deudas ascendieron a 1.749 durante el tercer trimestre del año, lo que supone un aumento del 14,8 por ciento respecto al mismo trimestre de 2012 y un descenso del 27,4 por ciento en relación al trimestre anterior.
Por su parte, las familias concursadas bajaron entre julio y septiembre un 19,4 por ciento en tasa interanual, hasta sumar 158 procedimientos de quiebra, según la Estadística de Procedimiento Concursal del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicada este miércoles.
En total, el número de deudores concursados (familias y empresas) del tercer trimestre fue de 1.907, un 10,9 por ciento más que en el tercer trimestre de 2012 y un 27 por ciento menos en tasa intertrimestral. El INE ha subrayado que este retroceso trimestral de los deudores concursados es el más pronunciado en un tercer trimestre desde 2010.
El 26,6 por ciento de las empresas que entraron en concurso en el tercer trimestre tenían como actividad principal la construcción, mientras que el 19,1 por ciento se dedicaba al comercio y el 18 por ciento, a la industria y la energía.
Una de cada cuatro empresas (25 por ciento) que se declararon en quiebra en el tercer trimestre tenía una antigüedad de 20 o más años, mientras que el 12,3 por ciento tenía cuatro años o menos de vida.
La cabeza de los concursos
Por comunidades, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana fueron las comunidades con mayor número de declaraciones de concurso en el tercer trimestre del año, dado que acapararon el 59,5 por ciento del total. En concreto, Cataluña sumó 421 concursos, Madrid presentó 263 procedimientos, y Comunidad Valenciana, 239.
En el lado opuesto, las regiones con menos suspensiones de pagos en el tercer trimestre del año fueron La Rioja, con 18 procedimientos, y Cantabria, con 30 concursos.
Atendiendo a la tasa de variación anual, las regiones que más recortaron su número de deudores concursados fueron Aragón (-29,6 por ciento) y Castilla-La Mancha (-27,5 por ciento). Por su parte, Extremadura y Asturias presentaron los mayores crecimientos respecto al tercer trimestre de 2012, con avances del 84,2 por ciento y del 67,9 por ciento, respectivamente.
Si seguimos al pie de la letra al legislador nos encontramos con que el nombramiento del mediador concursal habrá de recaer en la persona natural o jurídica a la que de forma secuencial corresponda de entre las que figuren en la lista oficial correspondiente, articulo 233.1 de la LC. Aparece aquí una forma secuencial, con la apostilla de “que corresponda”, pudiéndose leer la misma o bien de una forma lineal, es decir uno después de otro, y según un orden numérico preestablecido, sin más requisitos que los genéricos mencionados, y todo ello a nivel nacional, portal publicado en el Boletín Oficial del Estado, a partir de la lista suministrada por el que será Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación del Ministerio de Justicia, o bien de una forma racional, entendiéndose “corresponda”, con la adecuación correspondiente según el caso de que se trate y la lista de que se disponga. Con ello se traslada tanto al régimen de designaciones de la administración concursal como a la del experto por el Registrador, como veíamos.
El BOE de 28 de septiembre publicó la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización –EDL 2013/178110-. Como dice su exposición de motivos, este texto legal pretende dar respuesta a los principales problemas de nuestro tejido empresarial.
Así, el nuevo art. 4 bis LSC –EDL 2010/112805– dice que mientras no se alcance la cifra de capital social mínimo (los 3.000 euros fijados en el art. 4 LSC), la sociedad de responsabilidad limitada estará sujeta al régimen de formación sucesiva, de acuerdo con las siguientes reglas:
Fagor confía en que se unifiquen todos los procesos concursales
Fagor Electrodomésticos espera que el juez decida que el proceso concursal de la empresa matriz y sus filiales europeas se desarrolle en España y no acuerde el traslado del expediente de Fagor Mastercook a Polonia ni el de Fagor Ireland a Irlanda porque “sería perjudicial” para la cooperativa y sus acreedores. La salvedad es la filial francesa Fagor Brandt, cuyo concurso de acreedores se interpuso en el país galo “por la voluntad de las autoridades francesas para activar allí la producción y evitar el deterioro de las marcas”.
Fuentes de Fagor Electrodomésticos explicaron ayer a la agencia Efe que su deseo es que el procedimiento quede en manos de un único administrador concursal para coordinar todo el proceso porque “agilizaría” los trámites y ese es el motivo por el que presentaron el concurso de acreedores de las filiales irlandesa y polaca en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Donostia. Se han amparado para ello en la Ley de Insolvencias europea, que permite presentar los concursos de acreedores de las filiales europeas en el país de la empresa matriz.
Queda pendiente de solicitar el concurso voluntario de acreedores para la cooperativa Edesa de Basauri, que se hará efectivo el lunes, y para Grumal y Project, sociedades que dependen financieramente de Fagor, que se presentarán la próxima semana.
Para las que no se pedirá concurso de acreedores es para las filiales comerciales -delegaciones de ventas, no productivas- que tienen entidad jurídica propia. Son propiedad de Fagor y se encuentran repartidas por el mundo. Tras el cierre de fábrica de Marruecos, se mantiene una delegación comercial en ese país, a las que suman las de Portugal, Alemania, Reino Unido, Italia, República Checa, Holanda, Hungría, Dinamarca, Suiza, Rusia, Estados Unidos, Dubái, China, Malasia, Singapur y Tailandia.
La Cámara de Comercio aborda en una jornada las últimas reformas del derecho concursal. El gestor procesal del Juzgado Mercantil de Salamanca, Jesús M. Castaño Jabato, ha acercado una visión global de este proceso, “complejo y largo” que se ha incrementado desde el inicio de la crisis
El Gobierno da ‘luz verde’ al Registro Público Concursal
El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Real Decreto que, a propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, regulará el nuevo Registro Público Concursal. A través de esta versión mejorada del ya existente Registro Público de Resoluciones Concursales -vigente desde 2005 pero de resultado incompleto-, se dará publicidad a los resultados y la tramitación de los concursos de acreedores con el objetivo de “garantizar la transparencia y la seguridad jurídica”, según el Ministerio de Justicia.
El Registro Público Concursal dependerá del Ministerio de Justicia y su gestión corresponderá al Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España, tal y como ya ocurre con el anterior Registro Público de Resoluciones Concursales.
El objetivo final es mejorar la publicidad de los concursos, atendiendo a todas las fases en que pueda encontrarse la empresa. Así, se seguirá informando “tanto de las resoluciones procesales que se produzcan durante su tramitación como de las anotaciones o asientos registrales que se deban practicar en los registros públicos jurídicos de personas y bienes”.
También incluirá información sobre la apertura de negociaciones para alcanzar acuerdos extrajudiciales y su finalización, es decir, si se produce el acuerdo de pago o no. Por otro lado, el registro asegurará, según la nota del Ministerio, la coordinación entre los Juzgados de lo Mercantil y los distintos registros públicos, como con los registradores y notarios.
Justicia pretende reforzar el papel del Registro Público Concursal como fuente de información jurídica “importantísima” con la que “facilitar las gestiones diarias de ciudadanos, juristas, autoridades públicas, empresas y cualquier otro interesado”.
Así, el nuevo Registro estará disponible para bancos, acreedores, socios comerciales de las sociedades, y también para los consumidores, que podrán acceder a información “oficial y fiable” sobre casos de insolvencia, “garantizándose el principio de unidad de información concursal y la máxima accesibilidad a la misma al poder llegar a sus a través de Internet”.
La versión actual del Registro prevé, en la misma línea, que “salvo en los casos de información reservada a los órganos jurisdiccionales”, el portal en Internet sea “de acceso público y gratuito sin que se requiera justificar o manifestar interés legítimo alguno, que se presume en el solicitante de la información, encontrándose dicha información disponible en todas las lenguas cooficiales del Estado”.
Con este Real Decreto se busca también dar solución a los problemas detectados tras la entrada en vigor de la Ley Concursal de 2003. En ella “ya se prestaba especial atención a la publicidad de los concursos de acreedores”, pero el Registro Público de Resoluciones Concursales “sólo ofrecía información parcial y presentaba ciertas deficiencias”.
Por ello, el Registro vigente desde 2005 ha sufrido varias modificaciones a lo largo de su trayectoria: el Real Decreto-Ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica, y la reforma de la Ley Concursal de 2011, modificaron los artículos 198 y 24 de este texto para mejorar la publicidad de estos procedimientos.