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Timestamp: 2019-02-19 15:54:43
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Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 10', 'artículo 3', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 14', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 22', 'ARTÍCULO 22', 'artículo 22', 'artículo 160', 'artículo 22', 'artículo 160', 'ARTÍCULO 22', 'artículo 160', 'artículo 22', 'ARTÍCULO 160', 'artículo 160', 'artículo 31', 'artículo 161', 'Artículo 160', 'artículo 158', 'artículo 159', 'artículo 175', 'Artículo 22', 'artículo 21']

ENSAYO SOBRE TRES SENTENCIAS DEL TFJFA - PDF
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Mario Méndez Navarro
1 ENSAYO SOBRE TRES SENTENCIAS DEL TFJFA Lic. Rolando Javier García Martínez El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en su actuación frente a los justiciables y a las autoridades administrativas en su condición de partes del juicio de nulidad, debe atender diversos principios constitucionales y legales, entre otros, los previstos en los artículos 1, 17, 31, fracción IV y 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 10 de la Ley Orgánica del TFJFA 1 y 50, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a saber: 1 Art. 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Art Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Art Son obligaciones de los mexicanos: ( ) IV.- Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Art El Congreso tiene facultad: ( ) XXIX-H.- Para expedir leyes que instituyan tribunales de lo contencioso-administrativo, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, y que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares, así como para imponer sanciones a los servidores públicos por responsabilidad administrativa que determine la ley, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, los procedimientos y los recursos contra sus resoluciones. ARTÍCULO 1.- El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es un tribunal de lo contenciosoadministrativo, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, con la organización y atribuciones que esta Ley establece. ARTÍCULO 10.- El Tribunal contará con un sistema profesional de carrera jurisdiccional, basado en los principios de eficiencia, capacidad y experiencia, el cual comprenderá a los servidores públicos a que se refieren las fracciones VI a IX del artículo 3 de esta Ley. El sistema abarcará las fases de ingreso, promoción, permanencia y retiro de dichos servidores públicos, de manera que se procure la excelencia por medio de concursos y evaluaciones periódicas, y de acuerdo con los procedimientos y criterios establecidos en el Estatuto correspondiente. Rolando Javier García Martínez Página 1
2 1. Respeto a los derechos humanos de los contribuyentes. 2. Justicia fiscal pronta y expedita. 3. Plena autonomía para dictar sus fallos. 4. Eficiencia. 5. Capacidad y experiencia. 6. Excelencia. 7. Exhaustividad y congruencia. Lo anterior, deberá reflejarlo en las sentencias que dicte en las materias de su competencia, según lo previene el art. 14 de la Ley Orgánica del TFJFA. A manera de ejemplo, refiero a continuación las consideraciones sustanciales de tres sentencias emitidas por salas regionales del TFJFA expresadas a manera de tesis- que, en opinión del suscrito,reflejan el respeto a los principios enunciados; después explico los problemas jurídico fiscales planteados por los justiciables y concluyo, finalmente, con mi apreciación sobre el cumplimiento a los mencionados ejes rectores del juicio de nulidad: Primerasentencia: CARTA INVITACIÓN Y OFICIO RESPUESTA AL ESCRITO ACLARATORIO SOBRE DEPÓSITOS EN EFECTIVO. SON ACTOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS CARENTES DE LA DEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De conformidad con los artículos 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que la autoridad debe señalar de manera precisa los preceptos legales aplicables al caso en concreto; y por lo segundo, que en los propios actos se detallen de manera expresa y clara las razones de hecho que llevan a la autoridad a la aplicación de los preceptos legales respectivos, es decir, aquellas circunstancias que actualizan los supuestos contenidos en las normas legales en que la autoridad funde su acto. Ahora bien, la denominada carta invitación, que insta al contribuyente a pagar el impuesto sobre la renta del ejercicio que corresponda, a darse de alta en el registro federal de contribuyentes y a presentar la declaración del ejercicio, así como el oficio que responde al escrito aclaratorio de la persona invitada reiterándole el cumplimiento de aquellas obligaciones fiscales, en la medida que constituyen actos administrativos que guardan íntima vinculación, para cumplir con la garantía de legalidad de los actos de autoridad, deben: 1) detallar cuál es la información que obra en la base de datos de la autoridad emisora, pues es el soporte de la determinación presuntiva de que los depósitos en efectivo son ingresos acumulables; 2) expresar las razones o circunstancias por las cuales se consideró que los depósitos en efectivo en la cuenta bancaria del contribuyente constituyen ingresos acumulables, en términos de los artículos 166 y 167, de la Ley del Impuesto sobre la Renta; y 3) demostrar que previamente a formular la liquidación respectiva se respetó el procedimiento dispuesto en el artículo 107, de la misma ley. De no darse tales requisitos, la carta invitación constituirá un acto de autoridad viciado de origen que, al estar vinculada estrechamente a la respuesta dada por la autoridad al escrito aclaratorio del contribuyente, tornará ilegal Rolando Javier García Martínez Página 2
3 también a este último, habida cuenta que, por una parte, al no efectuarse la determinación presuntiva conforme al procedimiento dispuesto en el citado artículo 107, de observancia obligatoria respecto de depósitos en efectivo en cuentas bancarias, éstos no podrán considerarse como ingresos acumulables; y por otra, puesto que el oficio respuesta de la autoridad al insistir, regularmente, en la invitación al contribuyente para modificar su situación fiscal, con los mismos argumentos utilizados en el acto primigenio, le da un efecto vinculante a ambos actos administrativos. Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.- Sentencia de 14 de agosto de En este fallo, la sala regional examina dos actos administrativos vinculados o conexos: 1) la carta invitación del SAT al contribuyente y 2) el oficio respuesta al escrito libre presentado por el contribuyente en relación de dicha carta. Los temas tienen que ver con personas físicas, muchas veces amas de casa, estudiantes, padres de familia, ancianos, que no tienen una vida laboral y que, por lo mismo, no están registrados en el RFC; además, tampoco presentan declaraciones, pero el SAT advierte, por los informes de las instituciones financieras, que esas personas tienen cuentas bancarias en las que se les han hecho depósitos en efectivo. Así, el SAT comienza por enviar cartas invitación a tales contribuyentes, conminándolos a regularizar sus obligaciones fiscales y, por tanto, a pagar las contribuciones debidas. Ante esto, los contribuyentes, asesorados por PRODECON, han presentado escritos libres para aclarar que los recursos depositados en sus cuentas no son ingresos o renta. Sin embargo, el SAT al contestar dichos escritos, reitera, regularmente, lo que expresa en las cartas invitación. Frente a tal respuesta del SAT, los contribuyentes han impugnado la carta invitación como el oficio respuesta al escrito libre que presentan. En la sentencia que se precisa, la sala fiscal, no obstante que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido mediante jurisprudencia que las cartas invitación no son actos impugnables ante el TFJFA 2, ha estimado que las cartas invitación y el oficio 2 Época: Décima Época, Registro: , Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 1, Materia(s): Administrativa, Tesis: 2a./J. 62/2013 (10a.), Página: 724: CARTA INVITACIÓN AL CONTRIBUYENTE PARA QUE REGULARICE EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE SUS INGRESOS POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO. NO ES IMPUGNABLE EN SEDE CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA.La carta invitación del Servicio de Administración Tributaria dirigida al contribuyente para regularizar su situación fiscal con relación al pago del impuesto sobre la renta, derivado de los ingresos ciertos y determinados originados por depósitos en efectivo a su favor, efectuados durante un ejercicio fiscal específico, no constituye una resolución definitiva impugnable en el juicio contencioso administrativo, conforme al artículo 14, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pues se trata únicamente de un acto declarativo a través del cual la autoridad exhorta al contribuyente a corregir su situación fiscal respecto de las omisiones detectadas, acogiéndose a los beneficios establecidos por la regla de la Resolución Miscelánea Fiscal correspondiente, y presentándole una propuesta de pago que no le ocasiona un perjuicio real en su esfera jurídica, en la medida en que a través de este acto la autoridad exclusivamente señala una cantidad Rolando Javier García Martínez Página 3
4 respuesta de la autoridad hacendaria constituyen actos conexos o vinculados, de tal modo que cuando el segundo reitera los mismos argumentos de la carta invitación, la conclusión legal es que carece de la debida fundamentación y motivación, más, porque encuentra su origen en un acto viciado desde el principio. Estimo que con esta decisión, la sala fiscal está respetando, aun cuando no lo diga expresamente, los derechos humanos de los contribuyentes en materia fiscal, en aplicación del principio pro-persona, así como los otros principios de plena autonomía en el dictado de sus fallos, eficiencia, experiencia y excelencia. Segunda sentencia: DEVOLUCIÓN DESISTIDA SIN HABER MEDIADO PREVIO REQUERIMIENTO. El artículo 22, del Código Fiscal de la Federación, regula el procedimiento de devolución de las cantidades pagadas indebidamente y de las que procedan conforme a las leyes fiscales. Entre otras disposiciones, establece que cuando en una solicitud existan errores en los datos, la autoridad requerirá al contribuyente para que haga la aclaración respectiva, con el apercibimiento de que ante el incumplimiento, se le tendrá por desistido de la solicitud de devolución. Es decir, sólo en caso de no cumplimentarse el requerimiento, se le tendrá por desistido de la solicitud. Por tanto, si la autoridad tiene por desistida la devolución del contribuyente sin mediar requerimiento alguno, será ilegal la resolución que emita con tal sentido, pues lo idóneo es admitir a trámite la solicitud de devolución, máxime si cuenta con los elementos necesarios para resolverla. Novena Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.- Sentencia de 21 de agosto de El asunto corresponde a una solicitud de devolución de saldo a favor, que la autoridad hacendaria tuvo por desistida, sin que hubiese acatado lo dispuesto por el artículo 22, quinto párrafo del Código Fiscal de la Federación 3. que obra en sus registros y que sólo tendrá en cuenta cuando ejerza sus facultades de comprobación y, en consecuencia, emita una resolución que establezca obligaciones para el contribuyente fiscalizado, la que sí será definitiva para efectos de la procedencia de la vía contenciosa administrativa, por incidir en su esfera jurídica al fijarle un crédito a su cargo. A lo anterior se suma que en el texto de la propia carta se informe expresamente que esa invitación no determina cantidad alguna a pagar, ni crea derechos, lo cual significa que su inobservancia tampoco provoca la pérdida de los beneficios concedidos por la mencionada regla, pues para que así sea debe contener, además del apercibimiento en tal sentido, la correspondiente declaración de incumplimiento que lo haga efectivo y, en el caso, la autoridad sólo se limita a dar noticia de la existencia de un presunto adeudo, sin establecer consecuencias jurídicas para el interesado. 3 Art. 22. ( ) Cuando en una solicitud de devolución existan errores en los datos contenidos en la misma, la autoridad requerirá al contribuyente para que mediante escrito y en un plazo de 10 días aclare dichos datos, apercibiéndolo que de no hacerlo dentro de dicho plazo, se le tendrá por desistido de la solicitud de devolución correspondiente. En este supuesto no será necesario presentar una nueva solicitud cuando los datos erróneos sólo se hayan consignado en la solicitud o en los anexos. Dicho requerimiento suspenderá el plazo previsto para efectuar la devolución, durante el período que transcurra entre el día hábil siguiente en que surta efectos la notificación del requerimiento y la fecha en que se atienda el requerimiento. Rolando Javier García Martínez Página 4
5 De acuerdo con tal numeral, los contribuyentes pueden solicitar la devolución del saldo a favor que determinen en sus declaraciones anuales. En caso de que la autoridad hacendaria advierta que los datos son erróneos, lo podrá requerir para que haga la aclaración respectiva, bajo el apercibimiento de que si no cumple, se le tendrá por desistido de la solicitud presentada. En el caso examinado por la sala fiscal, el contribuyente presentó su solicitud de devolución de saldo a favor, pero la autoridad administrativa, sin ajustarse al artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, es decir, sin mediar ni requerimiento ni apercibimiento alguno, lo tuvo por desistido. Es claro que dicha actuación infringió el citado precepto, lo que motivó que la sala del TFJFA declarara la nulidad de la resolución impugnada. De lo anterior advierto que la sala fiscal, con eficiencia, experiencia y excelencia, resuelve un tema recurrente de los contribuyentes, como lo es la solicitud de devolución de saldos a favor, derivado de la presentación de la declaración del ejercicio. El texto de la norma legal es claro, de aquí que la sala del TFJFA sencillamente la aplica al caso y resuelve lo que procede conforme a derecho, lo cual es revelador de que la decisión jurisdiccional observa lo señalado por los artículos 1 y 17 constitucionales. Tercera sentencia: DEVOLUCIÓN DE INTERESES. EN OPINIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL, LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 9, 158, 159 Y 160 PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ES INAPLICABLE A LOS INTERESES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 22-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. De lo dispuesto por los indicados numerales se desprende que la naturaleza de los intereses regulados en los citados ordenamientos legales es diversa, lo anterior en virtud de que los intereses conforme a los artículos 9, 158 y 159, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, derivan de una actividad desplegada por el contribuyente, mediante la cual obtiene ingresos que modifican su patrimonio, y por los que tiene que pagar el gravamen respectivo; mientras que los intereses conforme al artículo 22-A del Código Fiscal de la Federación, constituye un pago por mora, ocasionado por la omisión de la autoridad fiscal de efectuar en tiempo y forma la entrega del saldo a favor o del pago indebido a un contribuyente. Por tanto, en opinión del órgano jurisdiccional, no resulta válido considerar que si la autoridad fiscal entrega al contribuyente intereses derivados de la negligencia, dolo o mala fe en el pago de que se trate fuera del tiempo y forma legales, deba gravarse tal ingreso de conformidad con lo dispuesto en el artículo 160, primer párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, aunado a que, también a criterio de la sala del conocimiento, del análisis a los preceptos Rolando Javier García Martínez Página 5
6 referidos no se observa la facultad de la autoridad fiscal ni la obligación del contribuyente de pagar impuesto sobre la renta cuando se le paguen intereses en términos del artículo 22-A mencionado, de lo cual se sigue que el SAT, al emitir la resolución que ordena la retención del impuesto a los intereses devueltos, se extralimita de las facultades que la ley le concede, pues los artículos indicados de la Ley del Impuesto sobre la Renta no hacen referencia a algún tipo de retención respecto del monto que se entregue al contribuyente por concepto de intereses pagados por indemnización. Ello, en virtud de que los únicos ingresos que grava el referido artículo 160, primer párrafo, son los intereses indicados en los artículos 158 y 159 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pero no los del diverso 22-A del Código Fiscal de la Federación. DEVOLUCIÓN. LOS INTERESES PAGADOS CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 22-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO SON INGRESOS ACUMULABLES. Del citado precepto se observa que la intención del legislador fue sancionar a la autoridad hacendaria por la omisión de devolver una cantidad pagada indebidamente en tiempo y forma, por lo que no resulta conforme a derecho considerar que, si la autoridad fiscal paga al contribuyente intereses derivados de su actuar negligente, deba gravarse tal ingreso de conformidad con el artículo 160, primer párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Así las cosas, es concluyente, en opinión del órgano jurisdiccional, que los intereses pagados conforme al mencionado artículo 22-A no pueden considerarse ingresos por intereses en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, siendo por tanto evidente que tampoco pueden considerarse como ingresos acumulables, razón por la que no existe obligación de manifestarlos en la declaración anual del ejercicio. Juicio contencioso administrativo. Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa El problema fiscal planteado a la sala del TFJFA deriva de lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en tres precedentes (uno de la Primera ydos de la Segunda Salas), en tres amparos en revisión en los que declaró inconstitucional el art. 160, párrafo segundo, de la LISR, por ser violatorio de los principios tributarios de equidad y proporcionalidad 4. Ello, por establecer un trato 4 Época: Décima Época, Registro: , Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente:Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1, Materia(s): Constitucional Tesis: 2a. LI/2013 (10a.), Página: 988: RENTA. EL ARTÍCULO 160, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012).El citado precepto prevé que las personas físicas que únicamente perciban ingresos por concepto de intereses que no rebasen de $100, (cien mil pesos 00/100 M.N.), considerarán la retención provisional que se efectúe como pago definitivo del impuesto y no tendrán la obligación de presentar su declaración anual. Esta excepción la concibió el legislador como una facilidad administrativa en las obligaciones fiscales de esos contribuyentes, no obstante, esa previsión legal desconoce la capacidad contributiva del sujeto pasivo de la relación tributaria, respecto del objeto y de la base del gravamen, porque al considerar que las retenciones del impuesto constituyen el pago definitivo del tributo, se le impide tomar en cuenta los efectos de la inflación (intereses reales), deducciones autorizadas y acreditamiento de pagos provisionales, a diferencia de aquellas personas físicas que perciben una cantidad superior a la referida con antelación por el mismo concepto, lo que en vía de consecuencia provoca un trato diferenciado entre sujetos ubicados en la misma hipótesis de causación, sin que exista base objetiva para otorgarlo. En ese orden de ideas, el artículo 160, segundo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2012, transgrede los principios tributarios de proporcionalidad y equidad previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, motivo por el cual procede conceder la protección de la Justicia Federal para el efecto de que se desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en ese precepto legal, tanto en el presente como en el futuro, hasta su reforma; en tal virtud, aquella debe observar lo previsto en el artículo 161 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y presentar la declaración del ejercicio en los términos que señala la ley, de modo que, de ser procedente, pueda recuperar total o parcialmente la cantidad que corresponda a la retención de los pagos provisionales realizados en el ejercicio. Amparo en revisión 729/2012. Gloria Margarita Sanfilippo Borras. 3 de abril de Cinco votos; votaron con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Ma. de la Luz Pineda Pineda. Rolando Javier García Martínez Página 6
7 discriminatorio entre los contribuyentes que perciben ingresos por intereses menores a $100, de los que perciben tal clase de ingresos en cantidades mayores al referido importe. La infracción del valor fundamental de proporcionalidad se dio en el caso porque el párrafo reclamado establece que las retenciones de ISR que realizan las instituciones bancarias a los contribuyentes son pagos definitivos, lo cual trae como consecuencias: a) que los causantes no puedan presentar declaración anual, b) que no se puedan acreditar tales retenciones y c) que los sujetos pasivos no puedan obtener ni solicitar el posible saldo a su favor en la declaración anual del ejercicio. 5 En cumplimiento a las ejecutorias correspondientes, la sala fiscal del conocimiento declaró la nulidad de las resoluciones de las autoridades hacendarias que negaron la devolución de saldos a favor solicitadas por los contribuyentes interesados. En acatamiento a lo anterior, las autoridades fiscales, si bien procedieron a devolver los saldos a favor solicitados, incluyendo los intereses generados por el lapso de tiempo transcurrido, también es cierto que al importe de dichos intereses les retuvieron ISR, con fundamento en los arts. 9, 158, 159 y 160, primer párrafo de la LISR. Tal retención fue motivo de un nuevo juicio de nulidad, el cual fue resuelto por la sala del TFJFA, en el sentido de que los intereses pagados a los contribuyentes es un pago por mora, no regulado por los preceptos que las autoridades fiscales usaron como fundamento, sino por el art. 22-A, del CFF 6, condición en la cual no Amparo en revisión 749/2012. José Julio Sarre Iguiniz. 3 de abril de Cinco votos; votaron con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 5 Artículo 160. Quienes paguen los intereses a que se refiere el artículo 158 de esta Ley, están obligados a retener y enterar el impuesto aplicando la tasa que al efecto establezca el Congreso de la Unión para el ejercicio de que se trate en la Ley de Ingresos de la Federación sobre el monto del capital que dé lugar al pago de los intereses, como pago provisional. Tratándose de los intereses señalados en el segundo párrafo del artículo 159 de la misma, la retención se efectuará a la tasa del 20% sobre los intereses nominales. Las personas físicas que únicamente obtengan ingresos acumulables de los señalados en este Capítulo, considerarán la retención que se efectúe en los términos de este artículo como pago definitivo, siempre que dichos ingresos correspondan al ejercicio de que se trate y no excedan de $100, En este caso, no estarán obligados a presentar la declaración a que se refiere el artículo 175 de esta Ley. 6 Artículo 22-A. Cuando los contribuyentes presenten una solicitud de devolución de un saldo a favor o de un pago de lo indebido, y la devolución se efectúe fuera del plazo establecido en el artículo anterior, las autoridades fiscales pagarán intereses que se calcularán a partir del día siguiente al del vencimiento de dicho plazo conforme a la tasa prevista en los términos del artículo 21 de este Código que se aplicará sobre la devolución actualizada. Rolando Javier García Martínez Página 7
8 puede gravarse por el ISR. Además, al no ser ingresos por intereses, no constituyen ingresos acumulables que deban ser manifestados en la declaración anual del ejercicio. El referido pronunciamiento refleja el respeto del TFJFA a los principios enunciados al principio de este breve ensayo, puesto que, teniendo como trasfondo los pronunciamientos del Alto Tribunal de la Nación, dirime con autonomía un problema fiscal de manera eficiente, a través de una interpretación que respeta el derecho de los contribuyentes a no pagar el impuesto sobre la renta por intereses pagados con fundamento en el art. 22-A, del CFF. Conclusión: En los casos examinados estimo que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativo se ha ajustado a los principios constitucionales y legales ya referidos, lo cual evidencia que la función ha sido y es acorde a los objetivos marcados por el legislador en la impartición de justicia fiscal y administrativa. Rolando Javier García Martínez Página 8