Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/C-700-04.htm
Timestamp: 2017-11-23 22:10:48
Document Index: 339600097

Matched Legal Cases: ['artículo 241', 'artículo 166', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 7', 'artículo 241', 'artículo 166', 'artículo 166', 'artículo 168', 'artículo 166', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 168', 'artículo 3', 'artículo 165', 'artículo 167', 'artículo 167', 'artículo 166', 'artículo 166', 'artículo 86', 'artículo 166', 'artículo 166', 'artículo 168', 'artículo 167', 'artículo 166']

C-700-04
Sentencia C-070/04
Nota de Relatoría: Esta Sentencia fue anulada mediante Auto 119/04
Sentencia C-700/04
La Corte Constitucional ha considerado en su jurisprudencia, que cuando le corresponde decidir sobre la constitucionalidad de proyectos de ley objetados por el ejecutivo, el ejercicio de esa función no se restringe al análisis material de los reproches presentados por el Gobierno sino que también se extiende al procedimiento impartido a dichas objeciones, respecto de las normas constitucionales y legales que lo regulan.
PROYECTO DE LEY-Sanción por el Gobierno
PROYECTO DE LEY-Facultad de objeción por el Gobierno
PROYECTO DE LEY-Término para objeción por el Gobierno/OBJECION PRESIDENCIAL A PROYECTO DE LEY-Términos
De acuerdo con lo previsto por la Constitución Política, el Gobierno dispone del término de seis días para devolver con objeciones cualquier proyecto cuando no conste de más de veinte artículos; de diez días, cuando el proyecto contenga de veintiuno a cincuenta artículos; y hasta de veinte días cuando los artículos sean más de cincuenta. Términos que aparte de ser computables en días hábiles y completos, tienen carácter preclusivo para el Gobierno, pues el propósito del constituyente fue el de imponerle a éste el deber de sancionar o devolver el proyecto de ley oportunamente al Congreso con objeciones, ya que su papel consiste en concurrir al proceso de formación de la ley, pero no le es posible entrabar o paralizar el proceso legislativo cuando éste se encuentra para la respectiva sanción. Es por ello que la misma Constitución prevé, que si transcurridos los indicados términos, el Gobierno no hubiere devuelto el proyecto con objeciones, el Presidente deberá sancionarlo y promulgarlo; así como que, Si el Presidente no cumpliere con el deber de sancionar las leyes en los términos y según las condiciones que la Constitución establece, las sancionará y promulgará el presidente del Congreso.
OBJECION PRESIDENCIAL A PROYECTO DE LEY-Insistencia en constitucionalidad por las cámaras
OBJECION PRESIDENCIAL A PROYECTO DE LEY-No constituyen un veto sino una facultad del Gobierno/OBJECION PRESIDENCIAL A PROYECTO DE LEY-Controversias de derecho de rango constitucional
Como las objeciones presidenciales no constituyen un veto sino una facultad del Gobierno que no puede obstaculizar el proceso legislativo, la insistencia de las cámaras legislativas lejos de plantear una colisión de competencias entre las dos ramas del poder público-que por mandato superior (art. 113 de la CP) están llamadas a guardar entre sí un equilibrio armónico-, propone una controversia de puro derecho de rango constitucional que compete dirimir a este Alto Tribunal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241-8 de la Constitución Política, según el cual a esta Corte corresponde resolver definitivamente “sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley que hayan sido objetados por el Gobierno como inconstitucionales”.
INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL EN OBJECION PRESIDENCIAL-Formulación extemporánea
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE OBJECION PRESIDENCIAL-Presupuestos de procedibilidad
Son dos las condiciones que se requieren para que la Corte Constitucional pueda emitir un pronunciamiento sobre las objeciones propuestas, dirimiendo la controversia de constitucionalidad suscitada entre el Gobierno y el Congreso: i)Que dentro de los términos perentorios señalados en el artículo 166 Superior, el proyecto de ley sea objetado por el Presidente de la República por motivos de inconstitucionalidad al momento de pronunciarse sobre su sanción,; y ii)Que cumplida la anterior condición el Congreso insista, es decir, que rechace las objeciones con arreglo al procedimiento previsto para tal efecto en la Carta Política. Satisfechas estas exigencias, la Corte puede analizar de fondo las objeciones presidenciales como árbitro del diferendo jurídico que se presenta entre dos ramas del poder, profiriendo como guardiana de la integridad y supremacía de la Carta Política una decisión definitiva, que si es de exequibilidad obliga al Gobierno a sancionar el proyecto de ley, y en caso contrario, conduce al archivo del expediente, salvo que la inexequibilidad del proyecto sea parcial debiendo indicarlo así a la Cámara en que tuvo su origen para que, oído el Ministro del ramo, rehaga e integre las disposiciones afectadas en términos concordantes con el dictamen de la Corte y una vez cumplido este trámite, remita a la Corte el proyecto para fallo definitivo (art. 167 de la CP).
Bogotá, D. C, veintisiete (27) de julio de dos mil cuatro (2004).
El Presidente del H. Senado de la República Dr. Germán Vargas Lleras, remitió a esta Corporación, mediante oficio de junio 23 del año 2004, el proyecto de ley de la referencia, cuyo texto fue objetado por el Presidente de la República por motivos de inconstitucionalidad e inconveniencia.
Como quiera que el Congreso declaró infundadas las objeciones presidenciales e insistió en la aprobación del proyecto, corresponde a la Corte decidir sobre su exequibilidad, según los términos de los artículos 167 de la Carta Política y 32 del Decreto 2067 de 1961.
I. TEXTO DE LA DISPOSICIÓN OBJETADA
II. OBJECIÓN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
La objeción de inconstitucionalidad propuesta por el Ejecutivo contra algunos apartes del artículo 3° del proyecto de la referencia se fundamenta en la supuesta vulneración de los artículos 13, 150 numeral 9 y 333 de la Constitución Política por favorecer a una sola entidad de derecho privado (Fedegan) en la contratación con el Estado para la administración del Sistema Nacional de Identificación e Información de Ganado Bovino.
En su parecer, esta disposición legal impide la libre concurrencia para contratar con el Estado de otras entidades y personas que desarrollan actividades iguales o similares que las que desarrolla Fedegan, inclusive de las que sin constituir un gremio tienen la capacidad de desarrollar técnicamente la actividad de identificación e información a que se refiere el proyecto.
Así mismo, expresa que el principio de igualdad se vulnera sin que aparezca demostrado que la limitación señalada es razonable y que el sacrificio de éste derecho y el de libertad de empresa sea indispensable para el logro del fin que se busca.
A efectos de resolver sobre la objeción presidencial propuesta, las Cámaras Legislativas integraron las respectivas Comisiones Accidentales, las que rindieron sendos informes de objeciones mediante los cuales se decidió insistir en la constitucionalidad y conveniencia del proyecto de ley objetado. Estos informes fueron debidamente aprobados en el Senado de República y la Cámara de Representantes en sesiones plenarias de 8 y 17 de junio de 2004 respectivamente.
Como razones para insistir en la constitucionalidad de los apartes del artículo 3 del proyecto objetado, señalan las Comisiones Accidentales que llama su atención el que el Gobierno presente objeciones contra un proyecto de ley de su propia iniciativa, más si se considera que éste fue tramitado por el Congreso sin modificación alguna.
Adicionalmente, aclaran que no es cierto que el proyecto de ley obligue a contratar con Fedegan la implementación del Sistema Nacional de Identificación e Información Bovina, pues el proyecto indica que ello es una mera posibilidad, al consagrar que el Ministerio de Agricultura “podrá contratar”, sin que se establezca un mandato imperativo al respecto.
Con todo, precisan que si el mandato fuera imperativo, tampoco se vulneraría la Constitución Política, por cuanto como lo ha reconocido la Corte Constitucional, “Fedegan agrupa asociaciones, federaciones, comités de índole departamental y municipal, así como fondos ganaderos y cooperativas lecheras, lo que significa que Fedegan es el gremio aceptado a nivel Nacional, como interlocutor válido de los ganaderos para trazar conjuntamente con el Gobierno las políticas dirigidas al desarrollo del sector pecuario”. En el mismo sentido destacan el concepto del Procurador General de la Nación rendido dentro del proceso de inconstitucionalidad contra el artículo 7 de la Ley 89 de 1993 (“sentencia C-678”)
Para finalizar en cuanto a las razones de inconveniencia propuestas por el Presidente, manifiestan no entenderlas, por cuanto lo perseguido por el proyecto de ley es ajustar la producción ganadera colombiana a las exigencias y estándares internacionales que obligan a adoptar mecanismo de trazabilidad, para poder acceder a los mercados de grandes consumidores, como el europeo y norteamericano.
El señor Procurador General de la Nación (E), Carlos Arturo Gómez Pavajeau, mediante concepto de 7 de julio de 2004, considera infundadas las objeciones del ejecutivo al proyecto de ley bajo revisión, por lo que solicita a esta Corporación que declare la exequibilidad del precepto objetado.
Con base en lo anterior, estima que no le asiste la razón al Gobierno Nacional por dos razones: “i) el carácter no obligatorio de contratar con la Federación Colombiana de Ganaderos y ii) la naturaleza del gremio, que permite aplicar el principio constitucional de la participación de todos en las decisiones que los afectan”.
Al respecto, aclara que no existe la obligación de contratar con la Federación Colombiana de Ganaderos, sino que es una alternativa, la cual se deduce de la expresión “podrá”. Así mismo, señala que tampoco es un direccionamiento, porque la contratación debe efectuarse una vez que el Ministerio de Agricultura verifique que es el organismo idóneo para tal administración.
Finalmente, advierte que es inadmisible el argumento del Gobierno Nacional respecto a la vulneración de la libertad económica e iniciativa privada puesto que por la naturaleza del sistema de identificación e información del ganado bovino, que solo afecta a un estamento específico (sector ganadero), la norma objetada establece que la contratación de la administración del sistema esté en manos de Fedegan como entidad mediante la cual se canalizan los intereses de los ganaderos, la cual cuenta con la suficiente idoneidad para llevar a cabo esta labor.
La Corte Constitucional ha considerado en su jurisprudencia[1], que cuando le corresponde decidir sobre la constitucionalidad de proyectos de ley objetados por el ejecutivo, el ejercicio de esa función no se restringe al análisis material de los reproches presentados por el Gobierno sino que también se extiende al procedimiento impartido a dichas objeciones, respecto de las normas constitucionales y legales que lo regulan.
Por lo tanto, es necesario verificar previamente si el trámite de las objeciones presentadas por el Gobierno al proyecto de Ley No. 121 de 2002 –Senado y 258 de 2003 Cámara-, se ajusta a los dictados de la Carta Política.
Al revisar el expediente legislativo, contentivo del proyecto de Ley objetado parcialmente por el Gobierno, se observa que una vez aprobado por el Congreso de la República, en cumplimiento de la Constitución[2], el Presidente del Senado lo envió al Presidente de la República para su sanción, quien lo recibió el 24 de diciembre de 2003[3] y lo devolvió[4] sin la correspondiente sanción el 14 de enero de 2004[5], formulando objeciones de inconstitucionalidad e inconveniencia.
El Congreso de la República dio trámite a la insistencia, pues las células legislativas integraron sendas Comisiones Accidentales para que conocieran de las objeciones presidenciales, cuyo informe[6] fue aprobado por la plenaria del Senado el 8 de junio de 2004[7], y por la plenaria de la Cámara de Representantes el 17 de junio del mismo año[8], insistiendo en que se diera trámite al mismo, razón por la cual el proyecto fue remitido a la Corte Constitucional para que decida sobre su exequibilidad[9].
De acuerdo con lo previsto por la Constitución Política[10], el Gobierno dispone del término de seis días para devolver con objeciones cualquier proyecto cuando no conste de más de veinte artículos; de diez días, cuando el proyecto contenga de veintiuno a cincuenta artículos; y hasta de veinte días cuando los artículos sean más de cincuenta. Términos que aparte de ser computables en días hábiles y completos[11], tienen carácter preclusivo[12] para el Gobierno, pues el propósito del constituyente fue el de imponerle a éste el deber de sancionar o devolver el proyecto de ley oportunamente al Congreso con objeciones, ya que su papel consiste en concurrir al proceso de formación de la ley, pero no le es posible entrabar o paralizar el proceso legislativo cuando éste se encuentra para la respectiva sanción[13]. Es por ello que la misma Constitución prevé, que si transcurridos los indicados términos, el Gobierno no hubiere devuelto el proyecto con objeciones, el Presidente deberá sancionarlo y promulgarlo[14]; así como que, Si el Presidente no cumpliere con el deber de sancionar las leyes en los términos y según las condiciones que la Constitución establece, las sancionará y promulgará el presidente del Congreso[15].
Ahora bien, tratándose de objeciones presidenciales por motivos de inconstitucionalidad, esto es, las que versan sobre el supuesto desconocimiento de los preceptos de la Carta Política, se consagra en la Constitución[16] que una vez puestas en conocimiento de las cámaras legislativas las objeciones presentadas en oportunidad, éstas pueden insistir en la constitucionalidad del proyecto de ley, evento en el cual, pasará a la Corte Constitucional a efectos de que ésta dirima la controversia planteada entre el Gobierno y el Legislador.
Lo anterior por cuanto, como las objeciones presidenciales no constituyen un veto sino una facultad del Gobierno que no puede obstaculizar el proceso legislativo, la insistencia de las cámaras legislativas lejos de plantear una colisión de competencias entre las dos ramas del poder público -que por mandato superior (art. 113 de la CP) están llamadas a guardar entre sí un equilibrio armónico-, propone una controversia de puro derecho de rango constitucional que compete dirimir a este Alto Tribunal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241-8 de la Constitución Política, según el cual a esta Corte corresponde resolver definitivamente “sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley que hayan sido objetados por el Gobierno como inconstitucionales”.
En el caso concreto, visto el trámite impartido a la objeción presentada por el Gobierno contra el proyecto de Ley No. 121 de 2002 Senado – 258 de 2003 Cámara de Representantes, es evidente que éstas fueron formuladas en forma extemporánea, ya que de conformidad con lo establecido en el artículo 166 de la Carta Política, el Gobierno contaba con seis días para devolver con objeciones el proyecto de ley, pues la iniciativa en cuestión no consta de más de veinte artículos -el proyecto tiene nueve artículos-.
Para la Corte, si bien el Congreso dio trámite a las objeciones, éste resulta inválido, pues aunque internamente respetó los cánones constitucionales y legales al darle segundo debate al citado proyecto, ya las cámaras legislativas habían perdido competencia para proceder a la insistencia. El trámite previsto en la Constitución para casos como el presente es que, vencido el término para presentar objeciones sin que ello hubiere ocurrido, le corresponde al Presidente sancionar y promulgar el proyecto según lo dispuesto por el artículo 166 inc. 2º de la Constitución; y que si no se cumple con éste deber, sancionará y promulgará el proyecto el Presidente del Congreso por así consagrarlo el artículo 168 Ibídem.
i) Que dentro de los términos perentorios señalados en el artículo 166 Superior, el proyecto de ley sea objetado por el Presidente de la República por motivos de inconstitucionalidad al momento de pronunciarse sobre su sanción,; y
Satisfechas estas exigencias, la Corte puede analizar de fondo las objeciones presidenciales como árbitro del diferendo jurídico que se presenta entre dos ramas del poder, profiriendo como guardiana de la integridad y supremacía de la Carta Política una decisión definitiva, que si es de exequibilidad obliga al Gobierno a sancionar el proyecto de ley, y en caso contrario, conduce al archivo del expediente, salvo que la inexequibilidad del proyecto sea parcial debiendo indicarlo así a la Cámara en que tuvo su origen para que, oído el Ministro del ramo, rehaga e integre las disposiciones afectadas en términos concordantes con el dictamen de la Corte y una vez cumplido este trámite, remita a la Corte el proyecto para fallo definitivo (art. 167 de la CP).
En efecto, el control de constitucionalidad que le corresponde a la Corte deriva del rechazo de las objeciones presidenciales por parte del Congreso con arreglo al procedimiento previsto en la Constitución, el cual supone cronológicamente que en un primer momento el Gobierno oportunamente haya hecho uso de la facultad de objetar el proyecto de ley dentro del termino constitucional y, seguidamente, que las cámaras legislativas le impartan segundo debate en forma reglamentaria. Si no se agotan estas etapas, ha de entenderse que no se produjo ni la objeción ni la insistencia y, por tanto, falta el presupuesto procesal indispensable que permita a la Corte pronunciar sentencia de fondo sobre las objeciones del Gobierno.
Por todo lo anterior, la Corte se abstendrá de pronunciarse sobre las objeciones planteadas por el Ejecutivo al artículo 3° (parcial) del proyecto de Ley No. 121 de 2002 - Senado de la República - 258 de 2003 - Cámara de Representantes – “Por medio del cual se crea el sistema de identificación e información de ganado bovino”. En consecuencia, dispondrá que el expediente se devuelva al Presidente de la República para que sancione el proyecto de ley dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 165 y 166 inciso segundo de la Carta Política; y, en caso de que ello no ocurra, debe ser sancionado por el Presidente del Congreso .
Primero. Por cuanto las objeciones presidenciales fueron presentadas de manera extemporánea, debe la Corte Constitucional INHIBIRSE de decidir sobre las presentadas por el Gobierno frente al artículo 3° (parcial) del proyecto de ley No. 121 de 2002 - Senado de la República - 258 de 2003 - Cámara de Representantes - "Por medio del cual se crea el sistema de identificación e información de ganado bovino”.
Segundo. DEVOLVER a la Presidencia de la República el proyecto de ley en referencia, para que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 165 y 166 de la Constitución, el mismo sea sancionado y promulgado.
Tercero. En caso de que el Presidente de la República no sancione el proyecto en mención, éste deberá ser sancionado por el presidente del Congreso de la República conforme a lo establecido en el artículo 168 de la Constitución.
IVAN HUMBERTO. ESCRUCERIA MAYOLO
Salvamento parcial de voto a la Sentencia C-700/04
OBJECION PRESIDENCIAL DE INCONSTITUCIONALIDAD-Declaración de infundada por extemporaneidad (Salvamento parcial de voto)
ACTO INEXISTENTE Y ACTO INVALIDO-Distinción/OBJECION PRESIDENCIAL DE INCONSTITUCIONALIDAD-Pronunciamiento de la Corte a pesar de su extemporaneidad al nacer a la vida jurídica (Salvamento parcial de voto)
Los conceptos de validez e inexistencia no son idénticos. Mi argumento se dirige entonces a demostrar que el acto presidencial, a pesar de su extemporaneidad, nació a la vida jurídica –aunque estuviera viciado-razón que sustentaría mínimamente la actuación de las cámaras y que, por tanto, habilitaría la competencia de la Corte para pronunciarse al respecto. Y eso es tan cierto, que en la práctica si las cámaras no hubieran insistido, el proyecto se entendería archivado. Si bien es cierto que la formulación de las objeciones carece de validez por haber sido hecha de manera extemporánea, pienso que la acción de las cámaras tiene asidero en una causa jurídica surgida de un acto que, aunque viciado, nació a la vida jurídica. En el caso de la inexistencia, el acto no nace a la vida jurídica y por tanto no puede ser causa de ningún acto jurídico que de él pretenda desprenderse. Por el contrario, la invalidez se predica de un acto existente, aunque viciado, y el haber nacido a la vida jurídica le da la potestad para erigirse como causa de otros actos jurídicos. Considero entonces que la posición mayoritaria confunde dos instituciones diferentes, les da un tratamiento indistinto y eso la lleva a consecuencias que no se siguen de lo realmente ocurrido tales como la pérdida de competencia de las cámaras para insistir sobre la objeción presidencial extemporánea y la propia competencia de la Corte para pronunciarse al respecto.
1.- Con el acostumbrado respeto por la postura mayoritaria de la Sala, el suscrito Magistrado procede a sustentar el salvamento parcial de voto que fue manifestado en la Sala Plena del día veintisiete (27) de julio de 2004, respecto de la sentencia C-700 de 2004.
2.- En dicha providencia, la Corte decidió inhibirse de decidir sobre las objeciones presidenciales frente al artículo 3 (parcial) del proyecto de ley No. 121 de 2002 –Senado de la República-, 258 de 2003 –Cámara de Representantes-, “Por medio del cual se crea el sistema de identificación e información de ganado bovino”, pues éstas fueron presentadas de manera extemporánea. Devolvió entonces el proyecto de ley para que fuera sancionado y promulgado por el Presidente de la República.
El fundamento para tal decisión fue que al haberse presentado la objeción presidencial de manera extemporánea, el Congreso no tenía competencia para darle trámite a la misma y por lo tanto su actuación, en cuanto a la insistencia, carecía de validez. Entendió la mayoría que si no se agotan las etapas correspondientes dentro de los términos prescritos ha de entenderse que no se produjo la objeción ni la insistencia y por tanto, falta un presupuesto procesal indispensable para que la Corte pueda proferir sentencia de fondo sobre las objeciones del gobierno.
3.- Considero que lo procedente era declarar infundada la objeción por extemporaneidad. En mi opinión, la mayoría confundió los conceptos de invalidez e inexistencia. La argumentación mayoritaria parte de la idea de que la objeción presidencial, por ser extemporánea es inexistente e impide todo trámite posterior por estar viciada en su validez. Por mi parte, opino que existe un acto del Presidente aunque éste haya sido extemporáneo, lo cual evidentemente constituye un vicio, que implica que las objeciones no pueden prosperar.
4.- Los conceptos de validez e inexistencia no son idénticos. Así, las consecuencias de su distinción se ven reflejadas en la valoración que se sigue frente a la insistencia de las cámaras. Si se acoge la postura mayoritaria, ante un acto inexistente –la objeción presidencial extemporánea- no podría haber una causa que justificara la insistencia de las cámaras. Por el contrario, frente a un acto inválido sí puede existir una causa para la insistencia. Mi argumento se dirige entonces a demostrar que el acto presidencial, a pesar de su extemporaneidad, nació a la vida jurídica –auqnue estuviera viciado- razón que sustentaría mínimamente la actuación de las cámaras y que, por tanto, habilitaría la competencia de la Corte para pronunciarse al respecto. Y eso es tan cierto, que en la práctica si las cámaras no hubieran insistido, el proyecto se entendería archivado.
5.- Si bien es cierto que la formulación de las objeciones carece de validez por haber sido hecha de manera extemporánea, pienso que la acción de las cámaras tiene asidero en una causa jurídica surgida de un acto que, aunque viciado, nació a la vida jurídica. Por el contrario, si se considera, tal como al parecer lo pretendió hacer la mayoría, que el acto extemporáneo del Presidente al presentar la objeción fue inexistente, sería claro que la insistencia de las cámaras no tendría ninguna causa. En mi opinión, la argumentación de la mayoría pretende asimilar los conceptos de inexistencia e invalidez e intenta atribuirles consecuencias idénticas a pesar de que, como ya se ha visto, se trata de conceptos distintos. En el caso de la inexistencia, el acto no nace a la vida jurídica y por tanto no puede ser causa de ningún acto jurídico que de él pretenda desprenderse. Por el contrario, la invalidez se predica de un acto existente, aunque viciado, y el haber nacido a la vida jurídica le da la potestad para erigirse como causa de otros actos jurídicos. Considero entonces que la posición mayoritaria confunde dos instituciones diferentes, les da un tratamiento indistinto y eso la lleva a consecuencias que no se siguen de lo realmente ocurrido tales como la pérdida de competencia de las cámaras para insistir sobre la objeción presidencial extemporánea y la propia competencia de la Corte para pronunciarse al respecto.
2. De acuerdo con lo previsto por la Constitución Política[17], el Gobierno dispone del término de seis días para devolver con objeciones cualquier proyecto cuando no conste de más de veinte artículos; de diez días, cuando el proyecto contenga de veintiuno a cincuenta artículos; y hasta de veinte días cuando los artículos sean más de cincuenta.
[1] Ver sentencias C-923 de 2000 M.P. José Gregorio Henández Galindo, C-1249 de 2001 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y C-070 de 2004 M.P. Clara Inés Vargas Hernández
[2] Constitución Política, artículo 165
[3] Folio 20
[4] Constitución Política, artículo 167
[5] Folios 11 a 15
[6] Gaceta 278 de 2004, p 23
[7] Folio 3
[8] Folio 8, Acta 113 de 17 de junio de 2004
[9] Constitución Política, artículo 167 inc. 3º
[10] Constitución Política, artículo 166
[11] Cfr. Sentencias C-063, C-486 y C-579 de 2002
[12] El artículo 166 de la actual Constitución tiene su antecedente en el artículo 86 de la Carta Política de 1886. Para el Constituyente de aquella época, los plazos allí fijados sirven “para obligar al Presidente a la sanción o la devolución, y por ser tan perentorios no dejan lugar a dudas, dilaciones o tergiversaciones. Si cumplido el término del caso no se hubiere verificado la devolución del proyecto, con objeciones, la Constitución presume que el proyecto ha sido sancionado, y no puede dejar de serlo, debiendo seguir la promulgación”. Samper José María, en “Derecho Público Interno de Colombia” . Ed. Temis. Bogotá 1982, páginas 421 y 422.
[13] La preclusividad de los términos previstos en el artículo 166 Superior deriva también en gran medida de que son impuestos como formalidades sustanciales por la propia Constitución. Al respecto la Corte ha dicho: “Las formas jurídicas no han sido establecidas para anular la libertad de los ciudadanos, sino para dar un principio de garantía y seguridad a toda la sociedad, de modo que los derechos se estabilicen y no queden sometidos a la contingencia de la interpretación subjetiva y a la incertidumbre sobre su existencia. En relación con las leyes, la forma jurídica le da contenido de estabilidad al deber ser expresado en la norma, y, por ello, es necesaria para la formación del derecho. Si bien toda norma de derecho está compuesta de materia y de forma, de suerte que prevalece la primera sobre la segunda, no debe confundirse esto con el olvido de las formas, por cuanto ellas han sido prescritas por la propia Constitución, en atención a las razones de estabilidad jurídica comentadas. De otra parte, cuando una forma jurídica es impuesta por el propio constituyente, de alguna manera se substancializa. Es lo que se conoce en la filosofía del derecho desde Stammler[13], con el nombre de "formas substanciales". En otras palabras, aquí no se trata de un requisito caprichoso, sino de una forma debida como cauce legítimo del nacimiento del derecho. Esta substancialización de las formas jurídicas, por otra parte, no es figura exclusiva del derecho constitucional, ni tampoco resulta ser algo nuevo en la tradición jurídica de los países herederos del derecho romano. El derecho civil conoce, desde esos tiempos, las formalidades exigidas "ad substantiam actus", es decir, aquellas sin las cuales el acto que las requiere no puede llegar a existir”. Cfr. Sentencia C-510 de 1996. En el mismo sentido ver Sentencia C-026 de 1993.
[14] Constitución Política, artículo 166 inc. 2º
[15] “ “ , artículo 168
[16] Constitución Política, artículo 167
[17] Constitución Política, artículo 166