Source: http://www.asesoriayempresas.es/jurisprudencia/JURIDICO/44527/sentencia-ts-sala-3-de-13-de-diciembre-de-2010-puertos-responsabilidad-patrimonial-tarifas-p
Timestamp: 2017-10-21 01:12:08
Document Index: 201318441

Matched Legal Cases: ['artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 142', 'artículo 139', 'artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 139', 'artículo 70']

Visto por esta Sección Sexta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo el presente recurso contencioso-administrativo número 276/2007 interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Francisco Velasco Muñoz-Cuéllar, en nombre y representación de la entidad CMA CGM, contra la desestimación, primero presunta y después expresa, de la reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado legislador formulada al Consejo de Ministros, con fecha 19 de mayo de 2006, por los daños sufridos en su patrimonio, derivados del pago de tarifas portuarias durante el ejercicio 1993, en aplicación del artículo 70, apartados 1 y 2 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, declarado inconstitucional. Siendo parte demandada la Administración General del Estado que actúa representada por el Abogado del Estado.
Primero.-Con fecha 19 de mayo de 2006, la entidad CMA CGM, empresa especializada en servicios de transporte marítimo, se dirigió al Consejo de Ministros solicitando indemnización en concepto de responsabilidad patrimonial del Estado legislador, respecto a las cantidades abonadas a las Autoridades Portuarias de Barcelona y Valencia por dicha entidad, en concepto de tarifas portuarias, durante el año 1993, más los intereses legales correspondientes, desde la fecha de ingreso hasta el momento del pago de la indemnización.
Segundo.-Ante el silencio del Consejo de Ministros, con fecha 11 de mayo de 2007 la entidad CMA CGM, interpone este recurso contencioso administrativo contra la desestimación presunta de su reclamación por el Consejo de Ministros. Una vez admitido a trámite y recabado el expediente administrativo, se dio traslado a la recurrente para formalización de la demanda, en la que mantiene su pretensión de indemnización en concepto de responsabilidad patrimonial del Estado legislador, por las cantidades ingresadas en concepto de tarifas portuarias en el ejercicio 1993.
En la demanda y en su ampliación, alega la recurrente, en síntesis, que, las sentencias del Tribunal Constitucional 102/2005, de 20 de abril (BOE 20-5-2005) y 121/2005, de 10 de mayo (BOE 8-6-2005) declararon inconstitucionales y nulos los apartados 1 y 2 del artículo 70 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, tanto en su redacción original como en la redacción dada por Ley 62/1997, de 26 de diciembre, respectivamente, y a la vista de las mismas, con fecha 19 de mayo 2006, dicha entidad formuló reclamación al Consejo de Ministros en concepto de responsabilidad patrimonial del Estado Legislador por las cantidades abonadas, más intereses legales, interponiendo posteriormente recurso contencioso administrativo frente a la desestimación de su reclamación, primero presunta y más tarde expresa -por Acuerdo de 27 de febrero de 2009- del Consejo de Ministros, lo que justifica la competencia de esta Sala para el conocimiento de la pretensión ejercitada.
I) el recurso ha sido interpuesto transcurrido más de un año desde que se publicó la sentencia del Tribunal Constitucional en fecha 20 de mayo de 2005 y la formulación de la reclamación en fecha 5 de junio de 2006 (artículo 142.4 de la Ley 30/92).
II) en atención a lo establecido en el artículo 139.3 de la Ley 30/92, al no existir una previsión legal indemnizadota, además de las razones expresadas en la Sentencia del Pleno de esta Sala de 5 de marzo de 2008.
III) la demanda de indemnización no encuentra apoyo en precepto alguno y, en contra del principio de seguridad jurídica, supondría anular unas liquidaciones que siguen siendo definitivas y firmes, dado que no fueron impugnadas y no resultaron afectadas por las sentencias del Tribunal Constitucional que declararon la inconstitucionalidad de los apartados 1 y 2 del artículo 70 de la Ley 27/92 y la redacción dada por la Ley 62/97.
IV) la doctrina del enriquecimiento injusto, ilícito o torticero, que se alza como obstáculo infranqueable ante la pretensión de la recurrente toda vez que no ha existido daño antijurídico que deba resarcirse desde el momento que la recurrente ha repercutido sobre tercero las tarifas por ella satisfecha.
Cuarto.-Recibido el pleito a prueba, la parte actora propuso documental a los efectos de obtener certificación de las Autoridades Portuarias de Barcelona y Valencia sobre las cantidades satisfechas por la recurrente durante el año 1993 en concepto de tarifas portuarias, que se practicó con el resultado que es de ver en las actuaciones, abriéndose posterior trámite de conclusiones.
Quinto.-Por ambas partes se presentaron escritos de conclusiones, examinando las pruebas practicadas y defendiendo las posturas mantenidas en sus escritos de demanda y contestación. Ampliada la demanda y formulada contestación a la misma por el Abogado del Estado, las partes no solicitaron vista ni conclusiones, quedando los autos conclusos para sentencia, a cuyo efecto se señaló para votación y fallo el 7 de diciembre de 2010, fecha en que tal diligencia ha tenido lugar.
Segundo.-Entrando en el fondo de la cuestión planteada, en primer lugar ha de desestimarse la alegación del Abogado del Estado basada en la prescripción de la acción pues, correspondiendo al ejercicio 1993 las cantidades reclamadas, en el presente caso el plazo para su ejercicio deba computarse desde la publicación de la STC 120/2005 de 20 de abril (BOE de 20 de mayo de 2005), que declara la inconstitucionalidad de los apartados 1 y 2 del artículo 70 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre de Puertos del Estado y de la Marina Mercante en su redacción original, y habiéndose formulado la reclamación de responsabilidad patrimonial el 19 de mayo de 2006 -y no el 5 de junio de 2006 como erróneamente indica el Abogado del Estado-, hay que concluir que la acción no había prescrito.
Tercero.-Se pretende en este recurso la declaración de responsabilidad patrimonial por la aplicación de acto legislativo, según la terminología que utiliza el artículo 139.3 de la Ley 30/92, invocando al respecto la jurisprudencia de esta Sala en los términos que antes se han expuesto.
Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso contencioso-administrativo número 276/2007 interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Francisco Velasco Muñoz-Cuéllar, en nombre y representación de CMA CGM, contra la desestimación primero presunta y después expresa de la reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado legislador formulada al Consejo de Ministros, con fecha 19 de mayo de 2006, por los daños sufridos en su patrimonio derivados del pago de tarifas portuarias durante el ejercicio 1993 a las Autoridades Portuarias de Barcelona y Valencia, en aplicación del artículo 70, apartados 1 y 2 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, modificado por la Ley 62/1997, de 26 de diciembre, declarado inconstitucional; desestimación que se confirma por ajustarse al ordenamiento jurídico.