Source: https://derechoecuador.com/registro-oficial/2002/01/registro-oficial-28-de-enero-del-2002-suplemento
Timestamp: 2019-04-21 22:14:45
Document Index: 229332523

Matched Legal Cases: ['artículo 24', 'artículo 21', 'artículo 51', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 142']

Registro Oficial. 28 de ENERO del 2002 Suplemento
23-787 Proyecto de Ley Reformatoria a la Constitución\n Política de la República.
23-788 Proyecto de Ley Reformatoria\n al artículo 24, numeral 8; y Vigésima Octava Disposición\n Transitoria de la Constitución Política de la República.
2002-59 Ley que regula la emisión\n de cédulas hipotecarias.
2002-60 Ley reformatoria a la Ley No. 98-17 de\n Reordenamiento en Materia Económica en el Área\n Tributario-Financiera, de la Ley de Régimen Monetario\n y Banco del Estado y de la Ley General de Instituciones del Sistema\n Financiero.
MINISTERIO\n DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
0104\n Dispónese\n que para todos los casos de devolución de valores pagados\n como bono, se estará a las Normas y Procedimientos de\n aplicación general y obligatoria para garantizar la correcta\n y adecuada utilización de los Bonos para Vivienda Urbana\n Nueva y Mejoramiento de Vivienda Urbana, emitidas por el MIDUVI.
533-21-CONATEL-2001 Dispónese que los contratos\n de sistemas troncalizados podrán ser renovados o readecuados\n por; proveer los servicios de despacho de voz únicamente,\n posibilitando la interconexión a otras redes públicas\n de telecomunicaciones, previo el pagos del valor de concesión\n respectivo.\n \n
NOMBRE: "REFORMATORIA A LA CONSTITUCIÓN\n POLÍTICA DE LA REPÚBLICA".
CÓDIGO: 23-787.
AUSPICIO: H. JUAN CANTOS HERNÁNDEZ.
INGRESO: 22-01-2002.
\n COMISIÓN: 23-01-2002.
La Constitución Política de la República\n debe ser perfeccionada y reformada en asuntos que la ciudadanía\n así lo exprese, a fin de que responda con eficiencia a\n las necesidades que la sociedad requiere y a la solución\n de sus problemas.
Es indispensable iniciar un proceso de modernización,\n despolitización de las principales instituciones del Estado\n que les permita actuar con autonomía, independencia, alejadas\n de los intereses e influjos de los grupos políticos y\n económicos. Para garantizar lo señalado, es necesario\n la creación de una nueva función del Estado que\n agrupe a todas las entidades de control. Finalmente, se debe\n conseguir el equilibrio de las funciones del Estado, recuperando\n para el Congreso Nacional la capacidad fiscalizadora.
Es obligación de quienes han recibido el mandato popular,\n elaborar, reformar y presentar iniciativas de reformas a la Constitución\n y las leves, que permitan el mejor desenvolvimiento de las instituciones\n del Estado ayuden a solucionar los graves problemas que aquejan\n a la sociedad.
NOMBRE: "REFORMATORIA AL ARTICULO\n 24, NUMERAL 8; Y VIGÉSIMA OCTAVA DISPOSICIÓN TRANSITORIA\n DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA".
CÓDIGO: 23-788.
AUSPICIO: H. JOSÉ ALVEAR YCAZA.
Las disposiciones constantes en el articulo 24, numeral 8\n y Vigésima Octava Disposición Transitoria de la\n Constitución, merecen una reforma sustancial que evite\n e infiera favorecer con benignidad y bajo juicios de valor equívocos\n a los encausados en procesos penales, salvando un mayor número\n de causas penales que caminan vertiginosamente al caos jurídico.
Es imperativo reformar las disposiciones constitucionales\n invocadas, de manera que impidan la caducidad y prescripción\n del auto de prisión preventiva, bajo pretextos de celeridad\n y eficiencia procesal, estableciendo una norma disciplinaria\n para los magistrados encargados de la administración de\n justicia.
Es necesario impedir que jueces corruptos, bajo las garantías\n del debido proceso consagrado en el numeral 8 del articulo 24\n de la Constitución y, bajo el pretexto de actuar con pericia\n y obediencia a la preexistencia de condiciones de justificación\n y mandato constitucional, continúen cooperando con malicia\n y benignidad a irrogar daño al derecho y sociedad ecuatoriana.
Quito, 24 de enero del 2002
\n Oficio No. 326-PCN
Para la publicación en el Registro Oficial, de conformidad\n con lo dispuesto en el articulo 153 de la Constitución\n Política de la República, remito a usted copia\n certificada del texto de la LEY QUE REGULA LA EMISIÓN\n DE CEDULAS HIPOTECARIAS que el Congreso Nacional del Ecuador\n discutió, aprobó y rectificó el texto original,\n allanándose a la objeción parcial del señor\n Presidente Constitucional de la República.
También adjunto la Certificación soserita por\n el señor Secretario General del Congreso Nacional, sobre\n las fechas de los respectivos debates.
Quien suscribe, Secretario General del Congreso Nacional del\n Ecuador, certifica que el proyecto de LEY QUE REGULA LA EMISIÓN\n DE CEDULAS HIPOTECARIAS, fue discutido, aprobado y rectificado\n en su texto original, allanándose a la objeción\n parcial del señor Presidente Constitucional de la República,\n de la siguiente manera:
PRIMER DEBATE: 01-11-2001
SEGUNDO DEBATE: 17-12-2001
\n TEXTO (ALLANAMIENTO
\n A LA OBJECIÓN PARCIAL) 23-01-2002
Quito, 24 de enero del 2002.
N0 2002-59
Que la reactivación del aparato productivo en sus diversas\n manifestaciones es un imperativo del país;
Que la industria de la construcción, hoy deprimida\n por falta de recursos financieros de mediano y largo plazo, incorpora\n en su actividad uno de los más altos índices de\n valor agregado nacional a más de que contribuye a la solución\n del problema habitacional que es también una prioridad\n de la Administración Pública;
Que la cédula hipotecaria constituye un instrumento\n financiero que históricamente ha proyectado la industria\n de la construcción, ha logrado cristalizas el desarrollo\n de programas de vivienda y ha coadyuvado al ahorro nacional y,\n debidamente garantizada, puede contribuir a la captación\n de recursos externos;
Que para la consecución de los fines enunciados, es\n necesario garantizar eficientemente a los eventuales adquirentes\n de Cédulas Hipotecarias; y,
En el ejercicio de sus facultades constitucionales y legales,\n expide la siguiente:
Art. 1.- Las Cédulas Hipotecarias son títulos\n ejecutivos que contienen un derecho económico que consiste\n en la percepción de una renta periódica fija o\n reajustable, y el derecho al reembolso del capital determinado\n en la misma, en el plazo estipulado para el pago de los préstamos\n a que correspondan, por sorteos semestrales, o por orden cronológico.\n Las Cédulas Hipotecarias deberán estar garantizadas\n por el capital y las reservas de la institución financiera\n sujeta al control de la Superintendencia de Bancos, por el conjunto\n de sus préstamos hipotecarios de amortización gradual\n con emisión de Cédulas Hipotecarias vigentes; y,\n por consiguiente, por los bienes inmuebles hipotecados a favor\n de la institución financiera emisora, para caucionar tales\n préstamos de amortización gradual.
Las Cédulas Hipotecarias que pueden ser nominativas,\n a la orden o al portador, a elección del deudor, deberán\n emitirse en denominaciones de cien dólares de los Estados\n Unidos de América o de sus múltiplos. En caso de\n emisión de Cédulas Hipotecarias, en monedas extranjeras\n diferentes a la de curso legal en el país, el valor nominal\n será el equivalente a cien dólares de los Estados\n Unidos de América o de sus múltiplos, redondeado\n a la fracción más próxima.
El valor total de una emisión de Cédulas Hipotecarias\n no podrá ser inferior a cinco mil dólares de los\n Estados Unidos de América o a su equivalente en moneda\n diferente a la de curso legal.
No podrán emitirse Cédulas Hipotecarias con\n vencimiento inferior a un año ni superior a treinta años;\n y, éstas deberán ser negociadas a través\n del mercado bursátil del país.
Únicamente podrán emitir cédulas hipotecarias\n los bancos, las mutualistas, cooperativas de ahorro y crédito\n y sociedades financieras, legalmente constituidos, que se encuentren\n bajo el control y vigilancia de la Superintendencia de Bancos.
Art. 2.- La garantía hipotecaria que se constituya\n para caucionas un préstamo hipotecario de amortización\n gradual con emisión de Cédulas recaerá sobre\n bienes inmuebles según la definición del Código\n Civil, debe tener el carácter de primera hipoteca, y el\n avalúo del bien en ningún caso podrá tener\n un valor inferior al 140% de la obligación garantizada\n y deberá ser efectuado por peritos idóneos nombrados\n por el Directorio de la institución financiera emisora.\n Los avalúos habilitarán la escritura de emisión\n y los peritos serán responsables civilmente hasta por\n culpa leve por el contenido de sus informes periciales.
No podrán emitirse Cédulas con respaldo de bienes\n inmuebles de propiedad de la institución financiera emisora\n y de sus partes vinculadas.
Art. 3.- Tendrán calidad de primera hipoteca las sucesivas\n hipotecas que a favor de la institución financiera emisora\n se constituyan sobre un mismo inmueble, siempre que no hubiere\n otras anteriores a favor de terceros, El conjunto de los préstamos\n garantizados por esas hipotecas sucesivas, constituidas sobre\n un mismo inmueble no excederá del porcentaje señalado\n en el artículo anterior. El gravamen así constituido\n no podrá levantarse sino con la entrega de todos los títulos\n cancelados.
Art. 4.- Los préstamos de amortización gradual\n con emisión de Cédulas Hipotecarias deberán\n contar con seguro contra todo riesgo sobre las edificaciones\n hipotecadas y con seguro de desgravamen del deudor persona natural.\n Los seguros serán contratados por la institución\n financiera emisora en empresas de seguros legalmente establecidas\n en el Ecuador y su costo será asumido por el deudor.
Art. 5.- En todo caso en que el pago de los dividendos se\n encontraren vencidos, la institución financiera, podrá\n cobrar, sobre el monto del capital, la máxima tasa de\n mora permitida por la ley, vigente al momento del pago.
Las instituciones del Sistema Financiero pueden demandar,\n en todo o en parte, si el pago de los dividendos estuviere en\n mora, por más de sesenta días: a) El saldo del\n préstamo o capital reducido, cortado a la fecha del último\n dividendo en mora, asimismo, con la máxima tasa de mora\n permitida, sobre el capital, hasta la solución del préstamo;\n b) La comisión pactada; c) Las primas de seguro satisfechas\n por la institución financiera; y, d) Los gastos del juicio.
Art. 6.- El deudor tendrá derecho, en cualquier momento,\n o al tiempo de los pagos regulares, a hacer pagos adicionales\n de todo o parte del saldo de su préstamo. Este pago adicional\n o total, en ningún caso se lo podrá realizar dentro\n del primer año de la emisión de las Cédulas\n Hipotecarias.
Ningún pago adicional será menor de cien dólares\n de los Estados Unidos de América, y los de mayor cantidad\n serán múltiplos de esta suma. Cada semestre empezado\n se considerará vencido, para efectos del pago.
Todo pago por concepto de amortización de capital podrá\n efectuarse con Cédulas emitidas por la misma institución\n financiera, siempre que correspondan a la misma serie y, al semestre\n en que se otorgó el préstamo que se paga o a semestres\n anteriores.
Art. 7.- Las Cédulas Hipotecarias serán impresas\n y se expresará en ellas claramente: el nombre de la institución\n financiera emisora, el valor nominal de la cédula, la\n serie a la que pertenece, el número de orden que le corresponde,\n el tipo de interés, la fecha de emisión, las normas\n a las que habrá de ceñirse su amortización,\n la referencia del bien inmueble que respalda el crédito\n y de la hipoteca, con los datos respectivos de su inscripción\n en el Registro de la Propiedad correspondiente, así como,\n las demás indicaciones según su naturaleza.
Cada cédula llevará cupones adheridos, en los\n que se hará constar el nombre de la institución\n financiera emisora, la serie y el número de la cédula\n a que correspondan, la tasa de interés, el semestre a\n que corresponda; y, la fecha de pago.
El cupón será suficiente y único comprobante\n para el pago de los intereses.
Las Cédulas Hipotecarias podrán emitirse previo\n acuerdo entre las partes desmaterializadas a través de\n un Depósito Centralizado de Liquidación y Compensación\n de Valores, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Mercado\n de Valores.
Art. 8.- Las Cédulas cuyo plazo hubiere vencido o las\n que hubieren sido llamadas al pago de acuerdo con los términos\n en que hayan sido emitidas, dejarán de ganar intereses\n desde la fecha del vencimiento o llamamiento para el pago.
Art. 9.- Los intereses devengados por las Cédulas Hipotecarias\n se pagarán a sus tenedores.
Terceras personas no podrán oponerse al pago, a menos\n que aleguen la pérdida de la cédula respectiva\n y rindan caución ante la institución financiera\n emisora.
Art. 10.- La persona que falsificare una cédula o cupón;\n o hiciere circulas o introdujere en el país, Cédulas\n o cupones falsificados, quedará sujeta a las sanciones\n establecidas en el Titulo IV del Código Penal.
Art. 11.- El depósito de cédulas Hipotecarias\n se aceptará por su valor en el mercado, en todos los casos\n en que por Ley o resolución judicial se requiera una garantía,\n para el desempeño de un cargo público, para el\n cumplimiento de un contrato público o para cualquier fianza\n o depósito exigido por la ley.
Las garantías que deban ser otorgadas en dinero efectivo\n y los depósitos judiciales que deban ser hechos en dinero,\n podrán serlo en Cédulas Hipotecarias siempre que\n sus vencimientos no sean mayores a un año.
Art. 12.- Las instituciones financieras podrán compras,\n poseer y vender sus propias cédulas hipotecarias y constituir\n con ellas los depósitos en garantía que la ley\n exige que se mantenga; excepto el canje en el Banco Central del\n Ecuador, podrán adquirirlas, así mismo por dación\n en pago o que se adjudique judicialmente a su favor en pago de\n sus créditos, y en cualquiera de esos casos deberán\n volverlas a poner en circulación dentro del año\n de su adquisición. Estas negociaciones deberán\n realizarse a través del mercado bursátil.
Art. 13.- En todos los casos en que cualquier institución\n emisora de Cédulas Hipotecarias previstas en el artículo\n 1, inciso quinto de esta ley, sea declarada en liquidación,\n la cartera correspondiente a la emisión de Cédulas\n Hipotecarias será transferida conjuntamente con los correspondientes\n créditos y sus respectivas garantías hipotecarias\n a otra institución de las establecidas en esta ley y que\n haya sido autorizada por la Superintendencia de Bancos, y tales\n activos y pasivos que constituirán patrimonio autónomo\n serán excluidos de la masa de acreedores, gozando de todas\n las garantías y privilegios establecidas en esta ley.
La Junta Bancaria reglamentará los procedimientos,\n forma y condiciones para la aplicación de la norma contenida\n en este artículo, como también dictará las\n resoluciones de carácter general para la aplicación\n de esta ley
Art. 14.- El Presidente de la República expedirá\n en el plazo de 60 días el reglamento correspondiente para\n la aplicación de esta ley.
Dada, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano,\n en la sala de sesiones del Pleno del Congreso Nacional del Ecuador,\n a los veinte y tres días del mes de enero del año\n dos mil dos.
CONGRESO NACIONAL.- Certifico: Que la copia que antecede es\n igual a su original que reposa en los archivos de la Secretaría\n General.- Día: 24-01-2002.- Hora: 12h00.- f.) ilegible.-\n Secretaría General.
\n Oficio No. 328-PCN
Para la publicación en el Registro Oficial, de conformidad\n con lo dispuesto en el articulo 153 de la Constitución\n Política de la República, remito a usted copia\n certificada del texto de la LEY REFORMATORIA A LA LEY No. 98-17\n DE REORDENAMIENTO EN MATERIA ECONÓMICA EN EL ÁREA\n TRIBUTARIO- FINANCIERA, DE LA LEY DE RÉGIMEN MONETARIO\n Y BANCO DEL ESTADO Y DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA\n FINANCIERO que el Congreso Nacional del Ecuador discutió,\n aprobó, ratificó en parte y rectificó en\n otra, el texto original, allanándose a la objeción\n parcial del señor Presidente Constitucional de la República.
Quien suscribe, Secretario General del Congreso Nacional del\n Ecuador, certifica que el proyecto de LEY REFORMATORIA A LA LEY\n No. 98-17 DE REORDENAMIENTO EN MATERIA ECONÓMICA EN EL\n ÁREA TRIBUTARIO-FINANCIERA DE LA LEY DE RÉGIMEN\n MONETARIO Y BANCO DEL ESTADO Y DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES\n DEL SISTEMA FINANCIERO, fue discutido, aprobado, ratificado en\n parte y rectificado en otra, su texto original, allanándose\n a la objeción parcial del señor Presidente Constitucional\n de la República, de la siguiente manera:
PRIMER DEBATE: 2 y 3-10-2001.
SEGUNDO DEBATE: 21 y 26-11-2001; y, 4,5,10,11,12, 13 y 17-12-2001.
RATIFICACIÓN y 22, 23 (sesiones ordinaria y
\n RECTIFICACIÓN extraordinaria vespertina); y,24-
\n DEL TEXTO 01-2002.
N° 2002-60
Que la Ley No. 98-17 de Reordenamiento en Materia Económica\n en el Área Tributario-Financiera, publicada en el Suplemento\n del Registro Oficial No. 78 de 1 de diciembre de 1998, creó\n la Agencia de Garantía de Depósitos AGD, como una\n entidad autónoma de derecho público, encargada\n de hacer efectiva la garantía de depósitos,
Que es necesario establecer el marco legal apropiado para\n fortalecer y garantizar el cumplimiento de las funciones actividades\n y responsabilidades que de conformidad con la Constitución\n Politice de la República y la Ley, debe' asumir la AGD
Que es de interés del Estado expedir normas reformatorias\n encaminadas a que la AGD, cumpla eficientemente con las tareas\n que se le han encomendado en el Sistema Financiero Nacional,\n dentro del ámbito de su competencia, y,
En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución\n Política de la República, expide la siguiente
LEY REFORMATORIA A LA LEY No. 98-17 DE REORDENAMIENTO EN MATERIA\n ECONÓMICA EN EL ÁREA TRIBUTARIO-FINANCIERA, DE\n LA LEY DE RÉGIMEN MONETARIO Y BANCO DEL ESTADO Y DE LA\n LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO.
REFORMAS A LA LEY BE REORDENAMIENTO EN MATERIA ECONÓMICA\n EN EL ÁREA TRIBUTARIO FINANCIERA
Art. 1.- Sustitúyase el artículo 21, por el\n siguiente:
"Art. 21.- Únicamente se garantiza el saldo de\n los depósitos, con los correspondientes intereses calculados\n hasta el día de pago, basta un valor equivalente a cuatro\n veces el PIB per cápita, por persona natural o jurídica.\n El Directorio de la AGD, en el mes de diciembre de cada año,\n hará público el valor garantizado.
Al realizar los pagos por concepto de esta garantía\n de depósitos, la AGD se subrogará en todos los\n derechos de los acreedores garantizados frente a la liquidación\n de la institución financiera respectiva. Los derechos\n como acreedor garantizado en que se hubiere subrogado el Estado\n a través de la AGD tendrán preferencia en la prelación\n para el pago sobre cualquier otro acreedor de la liquidación\n de la institución financiera cuyos pasivos garantizados\n hubieren sido pagados
Aquellos deudores que mantengan créditos vencidos e\n impagos en las instituciones financieras en liquidación\n y, al mismo tiempo tengan depósitos a los que se refieren\n las letras a) y b) del artículo 51 de la Ley General de\n Instituciones del Sistema Financiero, u otros pasivos no patrimoniales,\n previamente, deberán pagar los créditos adeudados\n o compensarlos con sus depósitos y, en caso de existir\n saldos a su favor, éstos serán cubiertos por la\n garantía prevista en esta ley, de conformidad con el cronograma\n que establezcan las autoridades pertinentes.
No estarán cubiertos con la garantía los depósitos\n en entidades off-shore. Tampoco están cubiertos los que\n pertenezcan a quienes tengan créditos vinculados, o a\n las personas naturales o jurídicas que tengan créditos\n castigados o calificados con E, en las instituciones financieras\n a la fecha de cobro por parte del depositante, según conste\n del informe que deberá elaborar la Superintendencia de\n Bancos y presentar dentro del mismo plazo establecido en el artículo\n 159, inciso quinto de la Ley General de Instituciones del Sistema\n Financiero; ni aquellos que hubieren sido pactados con una tasa\n de interés mayor a la de las operaciones pasivas de los\n bancos privados más un punto porcentual, publicada por\n el Banco Central del Ecuador.
Los deudores que tengan créditos castigados y calificados\n con E, en las instituciones financieras cuyo capital social pertenezca\n total o parcialmente a instituciones del Estado, quedan inhabilitados\n para contratar con el Estado o sus instituciones. Si tales deudores\n a la vez son acreedores de las instituciones del Estado, éstas\n deberán efectuar los desembolsos a favor de la institución\n financiera acreedora, quedando extinguida la obligación\n de la institución del Estado con su contratista. El mismo\n procedimiento operará cuando la cartera se encuentre en\n los fideicomisos que constituya la AGD.
Todos los depósitos reprogramados que se encuentran\n vigentes a la fecha de promulgación de esta ley mantendrán\n el derecho de garantía en los términos de la ley\n que regia con anterioridad a esta reforma.'.
Art. 2.- Agréguese un artículo innumerado a\n continuación del artículo 21:
Art. ... El seguro de la Agencia de Garantía de Depósitos\n no tendrá costo alguno para el depositante, pero si tendrá\n un costo diferenciado para cada institución del sistema\n financiero de acuerdo con el resultado de la calificación\n de riesgo que, obligatoria y trimestralmente, será realizado\n por las calificadoras de riesgos que autorice la Superintendencia\n de Bancos, o por aquellas que legalmente estén operando\n en el país y que se encuentren inscritas en el Registro\n de Mercado de Valores, los cuales deberán registrarse\n en la Superintendencia de Bancos de acuerdo con las regulaciones\n que para el efecto expida la Junta Bancaria.
Para conocimiento y seguridad del público, el Superintendente\n de Bancos dispondrá la publicación de las calificaciones\n de riesgo de que trata este artículo, en los diarios nacionales\n de mayor circulación. En caso de incumplimiento de esta\n disposición, el Superintendente de Bancos será\n solidaria y personalmente responsable de los perjuicios que las\n instituciones financieras puedan causar a los depositantes.".
Art. 3.- Deróganse los incisos sexto y séptimo\n del articulo 22.
Art. 4.- Los artículos 23, 24, 25, 26, 27, 29 y 30\n dirán:
"Art. 23.- La AGD podrá contratar proveedores\n de servicios especializados, administradoras de fondos, fiduciarios,\n fideicomisos u otros servicios que el Directorio considere apropiados\n para la eficiente y transparente administración, manejo,\n realización y liquidación de sus activos. Solo\n para este propósito la AGD no se sujetará a los\n procedimientos precontractuales establecidos en la Ley de Contratación\n Pública, Ley de Consultoría y otras leyes similares,\n pero si está obligado a obtener los informes que establece\n la Ley Orgánica de Administración Financiera y\n Control, previa la firma de los contratos. El Directorio establecerá\n los términos de referencia y los contenidos esenciales\n de tales contrataciones, así como regulará los\n procedimientos concursales apropiados para lograr que los contratos\n sean convenientes a los intereses nacionales e institucionales.".
"Art. 24.- La Superintendencia de Bancos notificará\n a la AGD la declaratoria de liquidación forzosa de una\n institución del sistema financiero que tuviere a su cargo\n pasivos garantizados de conformidad con el artículo 21\n de esta Ley, dentro del plazo máximo de un día\n laborable contado a partir de tal declaratoria.
Los liquidadores de instituciones financieras dentro del plazo\n máximo de quince días contados a partir de la declaratoria\n de liquidación, tendrán la obligación de\n remitir a la AGD, bajo su responsabilidad, la lista y monto de\n acreedores garantizados. No obstante, el Directorio podrá\n prorrogar el plazo de ocho días adicionales para el cumplimiento\n de esta disposición, si las circunstancias lo ameritan.\n El incumplimiento de esta obligación dará lugar\n a la destitución del liquidador, sin perjuicio del establecimiento\n de otras responsabilidades.
Las instituciones financieras controladas por la Superintendencia\n de Bancos remitirán dentro de los ocho primeros días\n de cada mes a ese organismo de control y a la Agencia de Garantía\n de Depósitos, una lista detallada de los depósitos\n garantizados de conformidad con la ley. En caso de incumplimiento,\n serán sancionados conforme a las disposiciones de la Ley\n General de Instituciones del Sistema Financiero.".
"Art. 25.- El Directorio de la AGD podrá requerir\n al liquidador de la institución financiera que transfiera\n a la AGD en forma anticipada, recursos en numerario o activos\n de la institución financiera, cuyos valores serán\n imputables al pago que corresponda recibir a la AGD por la subrogación\n en los derechos de los acreedores garantizados.
Los activos se transferirán al 60% de su valor en libros,\n sujetos a reliquidación. En el caso de activos de crédito,\n las acciones de cobro que realice la AGD deben ser al valor nominal.\n En lo relativo a muebles e inmuebles, deberá establecerse\n el avalúo actualizado y éste será el referente\n para su realización, mediante formas de subaste, que deberán\n constar en el normativo que elabore el Directorio de la AGD y\n que reciba la aprobación de la Junta Bancaria, tomando\n en cuenta que todo activo que se realice por intervención\n de la AGD, disminuirá el acervo de la liquidación.\n Cualquier disminución de los valores de crédito\n a efecto de su recuperación, deberá ser actualizado\n en forma motivada por el Directorio de la AGD y también\n aceptado por la Junta Bancaria. Será responsabilidad del\n administrador asegurar que la liquidación realice los\n pagos y transferencias que le correspondan a la AGD. El liquidador\n de la institución financiera de que se trate, deberá\n transferir los activos que le hayan sido solicitados por, la\n Agencia de Garantía de Depósitos, en el plazo que\n señale el Directorio de dicha Agencia.
Los créditos privilegiados que trata el artículo\n 167 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero,\n se pagarán una vez que la AGD haya honrado las garantías\n de depósitos consagradas en la presente Ley".
"Art. 26.- El Gerente de la AGD deberá mantener\n cuentas separadas por cada una de las instituciones financieras\n cuya garantía de depósitos deba ser cubierta. Los\n balances general y de resultados deben presentarse individualizados\n por cada institución financiera que sea declarada en liquidación.
La Superintendencia de Bancos fijará los plazos dentro\n de los cuales se presentarán los referidos balances.".
"Art. 27.- Confiérese a la AGD la jurisdicción\n coactiva para la recuperación y cobro de las obligaciones\n a su favor, o a favor de las instituciones financieras sometidas\n a su control y administración. El Gerente General de la\n AGD será el juez de coactiva y ejercerá esta facultad\n de conformidad con las disposiciones del Código de Procedimiento\n Civil, sin necesidad de reglamento alguno, pudiendo delegada\n a los administradores temporales de las instituciones financieras\n que estén bajo control y administración de la AGD.
Cuando se conformen fideicomisos mercantiles con el objeto\n de administrar, realizar y/o cobrar tales obligaciones y los\n fiduciarios mercantiles sean instituciones del sector público,\n el representante legal de la AGD podrá delegar el ejercicio\n de la, jurisdicción coactiva de que este articulo a favor\n de los administradores de tales fideicomisos.
Confiérese jurisdicción coactiva para la recuperación\n y cobro de sus acreencias, a las instituciones financieras privadas\n cuyo único accionista sea una institución del Estado.\n El representante legal de estas instituciones será el\n juez de coactiva y ejercerá este facultad de conformidad\n con las disposiciones del Código de Procedimiento Civil,\n pudiendo delegada al Director de Asesoría Jurídica\n de la institución.
Para el ejercicio de la jurisdicción coactiva serán\n títulos suficientes los establecidos en el articulo 997\n del Código de Procedimiento Civil, respecto de las personas\n naturales o jurídicas que estén registradas como\n deudores.".
"Art. 29.- Constituyen recursos de la AGD, los cuales\n son intangibles e inembargables:
a) La aportación del 0.54 por mil mensual, calculada\n sobre el promedio mensual de los saldos de los depósitos\n de todas las instituciones financieras privadas, y la prima por\n riesgo diferenciada que determine el Directorio de la Agencia\n de Garantía de Depósitos, sobre la base de las\n calificaciones de riesgo efectuadas por calificadoras de riesgo\n calificadas o registradas por la Superintendecia de Bancos. Los\n pagos se efectuarán mensualmente;
b) Los depósitos a la vista y a plazos inmovilizados\n por más de 10 años en las instituciones financieras;
c) Los créditos que obtenga el Directorio, cualquier\n otra fuente de financiamiento que determine el Directorio y que\n se destinen a cubrir el pago de la garantía de depósitos;
d) Las donaciones que se reciban;
e) Los que provengan de la realización de activos que\n reciba de las instituciones financieras en liquidación;
f) Los saldos que mantenga la Agencia de Garantía de\n Depósitos;
g) Los valores que reciba de la institución financiera\n en liquidación en virtud del derecho de subrogación\n por pago de la garantía,
h) Los recursos en numerario o activos transferidos a favor\n de la AGD por la subrogación en los derechos de los acreedores\n garantizados; e,
i) Los rendimientos que genere la inversión de los\n recursos.
La AGD, mantendrá en cuenta contable separada e independiente\n la totalidad de los recursos, del fondo constituido por lo dispuesto\n en los literales de la a) a la i) y los entregará tan\n pronto hayan ingresado a sus cuentas al Banco Central del Ecuador,\n para que a través de la Dirección de Inversiones\n de dicho banco, sean invertidos con los mismos criterios con\n que se invierte la Reserva Monetaria Internacional. La AGD solo\n podrá disponer de los recursos del Fondo para pagar a\n los depositantes garantizados de acuerdo al articulo 2 de esta\n ley. Los recursos del Fondo y los otros de la AGD estarán\n sujetos al control por parte de la Contraloría General\n del Estado.
Para los efectos del literal c), la AGD podrá dar en\n colateral los activos mencionados en el articulo 25. Prohíbese\n que el crédito provenga del Estado Ecuatoriano.
En aquellos casos en que los administradores hayan declarado\n patrimonios técnicos irreales, hayan alterado las cifras\n de sus balances o cobrado tasas de interés sobre interés,\n garantizarán con su patrimonio personal los depósitos\n de la institución financiera, y la Agencia de Garantía\n de Depósito, podrá incautar aquellos bienes que\n son de público conocimiento de propiedad de estos accionistas\n y transferirlos a un fideicomiso en garantía mientras\n se prueba su real propiedad, en cuyo caso pasarán a ser\n recursos de la Agencia de Garantía de Depósitos\n y durante este período se dispondrá su prohibición\n de enajenar.
"Art. 30.- La Junta Bancaria determinará el mecanismo\n para estructurar, conformar y administrar el Fondo de Liquidez\n del Sistema Financiero Nacional. El Estado Ecuatoriano no aportará\n con recursos al Fondo, que se conformará única\n y exclusivamente con aportes de las instituciones del sistema\n financiero privado.".
Art. 5.- Sustitúyase el articulo 33, por el siguiente:
"Art. 33.- UTILIZACIÓN DE BONOS O TÍTULOS\n VALORES.- Prohíbese la utilización de bonos o títulos\n valores representativos de la deuda pública cualesquiera\n sea su naturaleza, originados de la deuda externa del Ecuador,\n para el cumplimiento de los requerimientos de patrimonio técnico,\n la provisión de recursos para ese fin y el cumplimiento\n de las acciones previstas en esta Ley.".
Art. 6.- Agréguese la siguiente Disposición\n Transitoria:
"NOVENA.- En el plazo máximo de 120 días\n contados a partir de la vigencia de esta Ley deberán iniciarse\n los procesos coactivos en todas las instituciones financieras\n bajo el control y la administración de la AGD, respecto\n a los deudores que se encuentren en mora, bajo responsabilidad\n personal del funcionario que actúe como juez de coactiva.".
REFORMAS A LA LEY DE RÉGIMEN MONETARIO Y BANCO DEL\n ESTADO
Art. 7.- Al final del inciso primero del articulo 124, después\n de las palabras: "con finalidad social o pública",\n añádase: "que tengan ingresos o bienes propios\n suficientes para garantizar el repago de la deuda o".
A continuación del segundo inciso del mismo articulo\n 124, añádase los siguientes incisos:
"Los contratos de crédito del Banco del Estado\n con las Instituciones del Sector Público requerirán\n únicamente del dictamen favorable de la Procuraduría\n General del Estado, que será emitido en un plazo no mayor\n de quince días.".
"El Banco del Estado por ningún motivo podrá\n condonar deudas, ni suspender la aplicación de fideicomisos\n u otros mecanismos establecidos para la recuperación de\n sus créditos.
El Banco del Estado podrá actuar como fiduciario mercantil,\n administrador de fondos y fideicomisos, en el ámbito de\n su competencia, sujetándose a la Ley de Mercado de Valores,\n su Reglamento y demás normas aplicables.".
Art. 8.- A continuación del primer inciso del articulo\n 158, añádanse los siguientes incisos:
"No se consideran vinculados los créditos que\n otorga el Banco del Estado al Gobierno Nacional, consejos provinciales,\n municipios y demás instituciones del sector público.
La Superintendecia de Bancos establecerá normas específicas\n de solvencia y prudencia financiera, y un régimen propio\n de control para el Banco del Estado, el Banco Central del Ecuador\n y demás instituciones del Sistema Financiero Público,\n de acuerdo a la naturaleza de las operaciones del banco.".
REFORMAS A LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO
Art. 9.- El segundo inciso del articulo 90, sustitúyase\n por el siguiente texto:
"Las operaciones activas y contingentes de las instituciones\n financieras no están sujetas a reserva. El sigilo solo\n es aplicable a las operaciones pasivas. Para este efecto se entenderá\n por operaciones activas los bienes y derechos de propiedad de\n la entidad, susceptibles de ser cuantificados objetivamente,\n definidas en el Catálogo Único de Cuentas, entre\n las cuales se incluyen a los créditos concedidos en cualquiera\n de sus formas, sean estas: sobre firmas, con garantía\n prendada, hipotecada. Por operaciones contingentes se entenderá\n a las condiciones o situaciones presentes que implican vados\n grados de incertidumbre y pueden a través de un hecho\n futuro resultar en la pérdida de un activo o que se incurra\n en un pasivo, tales como las cartas de crédito de cualquier\n tipo, avales, fianzas, los contingentes de cualquier especie\n o bajo cualquier condición y en general cualquier operación\n que pueda significar, de presente o de futuro, un derecho o una\n obligación de la institución financiera.
Tampoco habrá reserva respecto a la forma de extinción\n total o parcial de las operaciones activas por lo que podrán\n hacerse públicas las daciones de pago y sus términos,\n las compensaciones, las condonaciones y las prescripciones.".
Art. 10.- Sustitúyase el primer inciso del articulo\n 143, por el siguiente:
"Para los casos referidos en el articulo anterior, cualesquiera\n sean los accionistas de la institución financiera, incluyendo\n entidades del sector público, sin excepción, el\n Superintendente de Bancos podrá disponer bajo responsabilidad\n del órgano de control y de la entidad financiera correspondiente\n hasta que sea superado el incumplimiento, lo siguiente:".
Art. 11.- lnclúyase como articulo innumerado a continuación\n de las frases: "Capitulo II, De la Disolución y Liquidación",\n del TITULO XI, el siguiente:
"Art. El Superintendente de Bancos, previa a la declaratoria\n de liquidación forzosa de una institución financiera\n en la que aparezcan indicios de fraude bancario o financiero,\n deberá solicitar al juez competente medidas cautelares\n sobre los bienes de los directores, administradores, accionistas\n privados y/o representantes legales de la institución\n financiera declarada en liquidación forzosa, que hayan\n participado en los actos o en la administración que sean\n materia de los indicios.
Si durante el proceso de liquidación forzosa se estableciere\n que los activos de la institución financiera de que se\n trate fueron transferidos a favor de terceras personas naturales\n o jurídicas de derecho privado, durante los sesenta días\n inmediatos anteriores al de la declaratoria de liquidación\n forzosas, el liquidador o el Superintendente de Bancos, según\n el caso, solicitará que el juez competente dicte medidas\n cautelares contra los mismos. Las medidas cautelares se mantendrán\n hasta que el juez establezca la legalidad y legitimidad de la\n transacción. La Superintendencia de Bancos tendrá\n la obligación de exigir a los administradores de las instituciones\n del sistema financiero que se encuentren en la situación\n prevista en el tercer inciso del artículo 142 de la Ley\n General de Instituciones del Sistema Financiero, que soliciten\n autorización al organismo de control en forma previa a\n realizar cualquier transferencia de sus activos. Dicha autorización\n constituirá un requisito indispensable para el perfeccionamiento\n de las referidas transacciones.
La desinversión del Estado en el sistema financiero\n privado deberá hacerse en las condiciones y en el tiempo\n que los organismos competentes lo decidan, tomando como referentes\n la inversión realizada, el valor en libros y los activos\n y pasivos que se vinculen con el valor de mercado, que entren\n en la valoración. Todo activo que no entre en la valoración\n por su valor nominal, en la parte correspondiente a la exclusión,\n deberá ser transferido o reembolsado, en caso que se recaude,\n a la entidad del Estado que fue accionista.
La Superintendencia de Bancos, en un plazo no mayor a sesenta\n días contados a partir de la declaratoria de liquidación,\n procederá a emitir un informe sobre la situación\n financiera de la institución financiera de que se trate,\n a la fecha de declaratoria de liquidación forzosa, instrumento\n que constituirá la constancia legal de las obligaciones\n que se determinen en el mismo. Para la emisión de este\n informe, la Superintendencia de Bancos podrá contratar\n una firma especializada. Este informe deberá especificar,\n de haber lugar, indicios de actuaciones dolosas que pudieren\n haber ocasionado perjuicios patrimoniales a la institución\n financiera. En este caso, los accionistas, directores, administradores\n o terceros vinculados, responderán con sus patrimonios\n personales por los perjuicios ocasionados, para lo cual, en la\n misma fecha en que se expida el informe, el Superintendente de\n Bancos notificará con su contenido al Ministerio Fiscal\n General para el inmediato inicio de las acciones que correspondan.
Quienes hayan sido accionistas, directores y administradores\n de instituciones del sistema financiero que hubieren sido declaradas\n en reestructuración, saneamiento o en liquidación\n forzosa, respecto de los cuales judicialmente se haya establecido\n su responsabilidad, ya sea mediante sentencia condenatoria o\n llamamiento a etapa plenaria, no podrán ser nominados\n para cargos de elección popular, ni actuar como funcionados\n públicos, ni formar parte de una institución del\n sistema financiero. Esta prohibición regirá durante\n cinco años contados a partir de la fecha en que hubieren\n perdido la calidad de tales.".
Art. 12.- Sustitúyase el inciso final del articulo\n 148, por los siguientes incisos:
"Al día siguiente de la declaratoria de la liquidación\n forzosa de una institución financiera, el Superintendente\n de Bancos realizará la convocatoria pertinente para la\n conformación del Consejo Temporal de Liquidación\n de la Institución Financiera de que se trate, el mismo\n que asumirá temporalmente las funciones que la Ley asigna\n a la Junta de Acreedores, mientras ésta se conforma. Este\n Consejo está conformado por un delegado del Presidente\n de la República, quien lo presidirá, por el Superintendente\n de Bancos o su delegado y por el Gerente General del Banco Central\n del Ecuador o su delegado. Para la aprobación de las resoluciones\n del Directorio, se deberá contar con el voto favorable\n de al menos dos de sus miembros.
El Consejo nombrará en forma inmediata un nuevo liquidador\n temporal o ratificará al designado por la Superintendencia\n de Bancos, quien actuará como representante legal de la\n institución financiera en liquidación, para todos\n los efectos legales.
Son funciones prioritarias del Consejo Temporal de Liquidación,\n las siguientes:
a) Nombrar al liquidador temporal, dentro de los tres días\n contados a partir de la integración del Consejo;
b) Regular la forma y los plazos en que el liquidador deberá\n elaborar y certificar el listado de obligaciones, depósitos\n o pasivos garantizados y, asegurar que éste sea remitido\n al organismo competente para el pago de dicha garantía\n dentro de los quince días contados a partir de la fecha\n de la declaratoria de liquidación forzosa;
c) Establecer los términos de referencia y normas generales\n para la contratación de la persona natural o jurídica\n que actuará como liquidador definitivo de la institución\n financiera, y,
d) Vigilar y acelerar, en la medida de lo posible, el cumplimiento\n de las normas legales para la conformación de la junta\n de acreedores.
Estas funciones deberán cumplirse con excepción\n del literal b), dentro del plazo de sesenta días, contados\n a partir de la fecha de declaratoria de liquidación forzosas\n bajo responsabilidad de los miembros del Consejo Temporal de\n Liquidación. Este plazo podrá ser prorrogado por\n treinta días y por una sola vez, mediante resolución\n unánime y debidamente fundamentada del Consejo.
Una vez conformada la Junta de Acreedores, el Consejo Temporal\n de Liquidación cesará automáticamente en\n sus funciones.
Mientras no se perfeccione el nombramiento del liquidador\n temporal, el liquidador de que trata el inciso primero de este\n artículo ejercerá la administración de la\n institución financiera en liquidación.".
Art. 13.- Al final del primer inciso del articulo 155, agréguese\n el siguiente texto:
"Sin embargo, los créditos que tengan la calidad\n de vinculados, se entenderán de plazo vencido.".
En el segundo inciso del articulo 155, elimínese la\n frase: con autorización del Superintendente..." y\n cámbiese la palabra: "pudiendo", por: "mediante\n el uso...".
En el tercer inciso del mismo articulo 155, después\n de la frase inicial "Si el Superintendente...", añádase:\n "o la Junta de Acreedores o el Consejo Temporal de Liquidación,\n según el caso.
Art. 14.- En el primer inciso del articulo 159, a continuación\n de "El liquidador notificará" agréguese\n la frase: "... dentro de los siguientes treinta días\n contados a partir de la declaratoria de liquidación forzosa,
Agréguese como inciso quinto el siguiente:
"Igualmente, el Liquidador preparará, certificará\n y remitirá la lista detallada de las obligaciones y pasivos\n garantizados, de conformidad con la ley, a la institución\n o agencia que tenga la responsabilidad del pago de los mismos.\n Este listado deberá ser remitido dentro del plazo máximo\n de quince días, contados a partir de la fecha de declaratoria\n de la liquidación forzosa. El incumplimiento de esta obligación\n constituirá causal de remoción del Liquidador.".
En el actual inciso quinto, después de la frase: "..\n ante la Superintendencia..."; añádase o "...\n ante la Junta de Acreedores o el Consejo Temporal de Liquidación,\n según el caso...".
Art. 15.- Agréguese como literal a) en el articulo\n 167, el siguiente; y, reordénese los siguientes literales\n como corresponda:
"a) Las obligaciones, acreencias o pasivos de la institución\n financiera garantizados de conformidad con la ley y los pagos\n realizados por este concepto por el Estado, directamente o a\n través de la Agencia de Garantía de Depósitos,\n o por cualquier institución o agencia establecida para\n el efecto mediante la ley;".
Al final de este artículo agréguese el siguiente\n inciso:
"Los accionistas y administradores, las personas naturales\n y jurídicas vinculadas, tanto por sus acciones como por\n cualquier otro tipo de acreencia, cobrarán sus acreencias\n exclusivamente al final de la liquidación y en el remanente,\n silo hubiera, siempre que se hubieren satisfecho todas las obligaciones\n y créditos originales, cedidos o subrogados, inclusive\n sus intereses de que trata este articulo. No será válido\n ningún acuerdo, acto, contrato, fideicomiso, privilegio,\n medida cautelar, ni decisión administrativa o judicial\n que de alguna manera modifique o contraríe lo establecido\n en este inciso. Serán responsables personalmente, en forma\n solidaria las personas jurídicas y sus representantes\n legales, así como las personas naturales, incluyendo las\n deudoras, los fiduciarios, los jueces, autoridades de control\n y administrativas en general, los registradores de la propiedad\n y mercantiles, que de alguna manera, contravengan lo expresado\n en esta norma legal, aun cuando indebidamente aleguen orden judicial\n o administrativa anterior. En el proceso de liquidación,\n de la respectiva institución financiera, deberá\n cobrarse por vía coactiva la responsabilidad solidaria\n de quienes queden incursos en el ilícito que aquí\n se menciona.
Art.. 16.- A continuación del articulo 167, agréguese\n el siguiente artículo innumerado:
"Art. Para la contratación de su administración,\n de proveedores de servicios especializados, fiduciarios, administradoras\n de fondos o similares que