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Timestamp: 2018-11-16 14:20:02
Document Index: 110156652

Matched Legal Cases: ['artículo 2530', 'artículo 368', 'artículo 265', 'artículo 368', 'artículo 368', 'artículo 374', 'artículo 2530', 'artículo 2514']

﻿ Sentencia SC11331-2014 de agosto 27 de 2014
SENTENCIA SC11331-2014 DE 27 DE AGOSTO DE 2014
CONTENIDO:APRECIACIÓN RACIONAL DE LAS PRUEBAS. CUANDO ENTRÓ EN VIGENCIA EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL TAMBIÉN SE ESTABLECIÓ EL SISTEMA DE APRECIACIÓN RACIONAL DE LAS PRUEBAS. BAJO ESE SISTEMA EL JUEZ DEBE VALORAR LA PRUEBA SEGÚN LA LÓGICA Y LAS REGLAS DE LA CIENCIA Y LA EXPERIENCIA. DE ESA FORMA, EN COLOMBIA NO IMPERA EL GOBIERNO DE LA TARIFA LEGAL, EN DONDE EL LEGISLADOR DETERMINA EL VALOR QUE SE DEBE DAR A CADA MEDIO PROBATORIO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACLARACIÓN DE LA PRUEBA, PRÁCTICA DE PRUEBA, LIBERTAD DE LA PRUEBA, LEGALIDAD DE LA PRUEBA, ADMISIÓN DE LA PRUEBA, LIBRE APRECIACIÓN DE LA PRUEBA
Sentencia SC11331-2014 de agosto 27 de 2014
Rad.: 11001-31-03-039-2006-00439-01
Se decide el recurso de casación interpuesto por la demandante contra la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 27 de mayo de 2011, dentro del proceso ordinario promovido por Bertha González Garzón frente a Pedro Tirado Castillo y a personas indeterminadas.
1.1. La actora solicitó declarar que adquirió, por prescripción extraordinaria, el inmueble de la transversal 30 #146-A-76 de Bogotá, cuyas características constan en el libelo, y ordenar la inscripción de la sentencia en la matrícula 50N-356958.
1.2. Fundamentó las pretensiones en los hechos que enseguida se compendian:
a) En vigencia de la sociedad conyugal conformada con ella, a través de la escritura 6415 de 25 de noviembre de 1976, de la Notaría Novena, el demandado adquirió ese predio.
b) En 1980 el accionado la abandonó, dejándola con sus cuatro menores hijos; en 1982 tramitaron el proceso de separación de bienes en el Juzgado Séptimo de Familia, donde él manifestó entregar a éstos el 50% de los derechos que “(...) tiene sobre el inmueble (...)”; sin embargo, lo demanda por aparecer como propietario.
c) Entró en posesión de la cosa en 1980; desde entonces y sin reclamo del opositor, quien la reconoció como dueña, ejecuta actos de dominio, consistentes en el levantamiento de mejoras, el mantenimiento y pago de servicios, como lo reconocen los vecinos y allegados; han transcurrido más de 25 años, tiempo suficiente para adquirirlo por prescripción.
1.3. El contendiente se pronunció frente al libelo oponiéndose a las pretensiones; y en cuanto a los hechos, admitió los relativos a la adquisición del inmueble y a la separación; negó los restantes.
Propuso como defensas las que denominó “falta de legitimación por activa”, “inexistencia del derecho”, “fraude procesal” y “abuso del derecho”(1).
El curador ad litem de las personas indeterminadas dijo atenerse a lo probado.
1.4. Por sentencia de 20 de octubre de 2010 el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Descongestión de Bogotá negó las súplicas.
1.5. Al desatar el recurso de apelación interpuesto por la actora, el ad quem la confirmó el 27 de mayo de 2011.
2.1. En lo del cargo, el fallador primeramente citó el artículo 2530 del Código Civil; dijo que si uno de los cónyuges abandona el hogar, produciéndose la separación de hecho, podía operar la prescripción sobre los bienes sociales si el otro ejercía sobre ellos una posesión exclusiva para sí, lo cual significaba que en orden a adquirir por ese modo debía acreditarse la interversión del título de tenedor al de poseedor único; y aludió a lo expuesto por los testigos Miguel Andrés, César Augusto, Pedro Horacio, Sandra María de los Ángeles Tirado González, hijos de los litigantes; María Gladis Calderón de Sánchez, Alcira Herrera Arévalo, Jorge Eliécer Algarra, Carlos Julio Ballén Castro y José Hércules Herrera Castillo, y por las partes en el interrogatorio.
2.2. De esas pruebas encontró que los contendientes contrajeron matrimonio el 29 de noviembre de 1966, en cuya vigencia Pedro Tirado adquirió el bien pretendido, donde estableció el domicilio conyugal, abandonándolo en 1981 para cesar desde entonces la convivencia con su consorte. Después, previo “(...) el trámite correspondiente por iniciativa de ellos (...)”, en providencia de 17 de febrero de 1983 se decretó la separación de cuerpos y declaró disuelta la sociedad conyugal, situación que conforme a las premisas atrás referidas determinaría, en principio, la posibilidad de que la actora pudiera adquirirlo por prescripción, siempre y cuando hubiese efectuado una posesión exclusiva alzándose contra su excónyuge.
2.3. Tras negar actos posesorios en cabeza del opositor, enfatizó que la actora no demostró ser poseedora exclusiva, según las diligencias adelantadas en el trámite liquidatorio, donde reconoció la condición de propietario de aquel. Si bien los vecinos y demás conocidos la admitían como dueña, la verdad “(...) tal aspecto se ve desdibujado con la prueba documental (...)”(2), en concreto, con la actuación adelantada en el Juzgado Séptimo de Familia, la cual da cuenta que en la diligencia de inventarios y avalúos de 27 de febrero de 2007 se incluyó el bien, sin su oposición, al punto que mediante providencia del siguiente dos (02) de mayo el juzgado la aprobó “(...) bajo el entendido de que ‘no hubo objeción alguna’”.
Por ello, no podía concluir nada distinto sino el reconocimiento del accionado, por la actora, como propietario del bien, el cual formaba parte del haber social, desvertebrando “(...) su calidad de poseedora exclusiva (...)”; esto “(...) porque (...) un cónyuge sí puede prescribir siempre y cuando demuestre su condición de poseedor exclusivo y excluyente, lo que con las copias arrimadas se encuentra desvirtuado”(3).
Al amparo de la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, un cargo propone la recurrente.
Acusa la sentencia de violar, de manera indirecta, los artículos 407, numerales primero y tercero, ibídem, 673, 762, 2512, 2518, 2530, inciso tercero, 2531, 2532 del Código Civil, con las modificaciones introducidas por la Ley 791 de 2002, por falta de aplicación, y 2514 ejusdem, por aplicación indebida, como consecuencia de los errores de hecho y de derecho, con infracción medio de los artículos 194, 195, numeral tercero; 210, 249, 250, 600, 601, 625 y 626 del Código de Procedimiento Civil.
Después de señalar las que en su sentir fueron las razones para negar las súplicas, afirmar la viabilidad de la acción de pertenencia por personas que en el pasado fueron cónyuges entre sí sobre un bien social, y de advertir que no debate las inferencias del tribunal sobre la calidad de los hechos de la actora ni la ausencia de actos posesorios del demandado, enfatiza impugnar solo la conclusión que le atribuyó al silencio de Bertha González en la liquidación de la sociedad conyugal el carácter de confesión, razón por la cual, su posesión no había sido exclusiva. Considera esta deducción resultado de los errores de hecho y de derecho en que incurrió.
Para demostrar el cargo, expone:
3.1. El fallador erró al pasar por alto que en el hecho segundo del libelo de separación de cuerpos presentado el uno (1) de diciembre de 1982 las partes admitieron que hacía, por lo menos, “(...) dos (2) [años] que no convivían (...)”(4), es decir, desde 1981. Si no hubiese omitido la confesión de los cónyuges sobre su separación desde entonces, el abandono del hogar y del inmueble que para la época el demandado reconoció, no habría concluido que el silencio de la actora a oponerse a la inclusión en los inventarios implicara reconocer al demandado como propietario, pues en el libelo de pertenencia ella exteriorizó el ánimo de señora y dueña a partir de la fecha en que el opositor perdió contacto físico con el bien, a raíz del abandono aceptado.
3.2. Incurrió en error de hecho cuando no vio que la promotora, al contestar la demanda liquidatoria, negó los hechos relacionados con su existencia, como bien social; en ese acto, además, propuso la excepción de prescripción, pese a su improcedencia en virtud de la restricción establecida para esa clase de asuntos. Si el ad quem no hubiese pasado por alto dicho escrito, habría deducido que González Garzón no observó en la liquidación, conducta pasiva frente a la súplica de Pedro Tirado tendiente a obtener la división de la cosa.
3.3. El juez de segundo grado cometió dislate fáctico al inobservar que la acción de pertenencia se promovió el 31 de julio de 2006, cuando la prescripción implorada se había consumado. La posesión alegada por la promotora y reconocida por el opositor comenzó en 1980, cuando este abandonó el hogar, “(...) acentuada por la separación indefinida de cuerpos y la consiguiente disolución de la sociedad conyugal que ocurrió (...) el 17 de febrero de 1983, cuando el tribunal (...) mediante sentencia de esa fecha accedió a la petición conjunta de los cónyuges (...)” (fl.33). De no haber incursionado en el error, no habría concluido que la ausencia de reproche a la inclusión en el inventario, a partir del 27 de febrero de 2006, implicaba reconocer en Tirado Castillo la condición de propietario, con virtualidad para destruir la posesión exclusiva consumada por la actora antes de iniciar el caso.
3.4. El juzgador incurrió en error de derecho cuando le asignó mérito probatorio al silencio de la demandante respecto de la preanotada inclusión, de donde dedujo que había reconocido al demandado como titular del dominio, para concluir de allí que la posesión no fue exclusiva.
Luego de citar un pasaje del fallo acusado, advierte: aunque allí expresa que la posesión no fue exclusiva, esa inferencia no se basa en prueba distinta de las copias trasladadas del proceso de separación, en particular de la liquidación, razón por la cual el reparo lo formula solo “(...) respecto de ‘(...) las diligencias adelantadas en el trámite liquidatorio en el que reconoció la condición de propietario de su cónyuge’”(5). Los artículos 95, 176, 210, 242, 249 y 285 del Código de Procedimiento Civil permiten deducir del comportamiento de las partes determinados efectos perjudiciales para su causa, mediante indicios o presunciones; sin embargo, en el proceso de liquidación no se consagró la posibilidad de inferir de la falta de objeción a los inventarios y avalúos efecto probatorio contra el cónyuge que haya guardado silencio sobre el particular, ni menos, los derivados de una presunta confesión, como se establece en los artículos 625 y 626 ibídem.
Por tanto, omitir la objeciones “(...) no constituye —por cuanto no hay norma probatoria que lo consagre— una circunstancia que le permita al juez deducir algún efecto probatorio (...)”(6) contra el cónyuge silente sobre el particular, menos, el de una confesión para reconocer al otro la propiedad, ni para demostrar que la aprobación que el funcionario imparte a la diligencia bajo aquella circunstancia tiene fundamento distinto del mero silencio durante el traslado, como considerar que todos los bienes inventariados son propios de un cónyuge o sociales.
Por “(...) supuesto, que estas calidades y especialmente la última, en tratándose de (...) inmuebles, no es susceptible de probarse mediante confesión, sino por conducto de prueba documental que acredite la existencia del matrimonio y la adquisición del bien durante la vigencia del mismo, según (...) el artículo 265 (...)”(7), porque en la disolución, las discrepancias sobre la propiedad pueden plantearse en otros trámites.
Concluye señalando que con ese yerro el sentenciador violó las normas medio invocadas en el cargo, por cuanto le atribuyó al silencio de la actora un valor probatorio que la ley no le asigna. La aprobación de los inventarios, con apoyo en no haber sido objetados, no tiene como fundamento el reconocimiento del derecho a favor del otro cónyuge, sino la circunstancia de que la ocasión para hacerle observaciones pasó libre de queja alguna, sin que la providencia que los aprueba de esa manera tenga consecuencias definitivas sobre las calidades jurídicas de los bienes, por tratarse de una decisión que no produce efectos erga omnes.
4.1. Como la decisión impugnada a través del recurso extraordinario de casación llega a la Corte amparada por la presunción de legalidad y acierto, cuando se enfila el ataque por la vía indirecta de la causal primera del artículo 368 del estatuto procesal civil, enrostrándole la comisión de desatinos fácticos, se impone al acusador probar el yerro notorio, amén de trascendente; esto último, también se predica para el de derecho, en el que haya incurrido el tribunal. Expresado con palabras del legislador,
“[c]uando se alegue la violación de norma sustancial como consecuencia de error de hecho manifiesto (...), es necesario que el recurrente lo demuestre (...)”, y “(...) [s]i la violación de la norma sustancial ha sido consecuencia de error de derecho, se deberán indicar las normas de carácter probatorio que se consideren infringidas explicando en qué consiste la infracción”(8).
Con base en el precepto transcrito la Corte tiene señalado que en las hipótesis en que se acuse
“(...) la violación de una norma de derecho sustancial por la vía indirecta (...)”, ha de enunciarse el error “(...) ya como de hecho en orden a verificar que determinadas pruebas fueron omitidas, adicionadas o cercenadas en su contenido, lo que se traduce en una distorsión de la misma en el plano material; o ya como de derecho, que supone la fidelidad con el contenido objetivo de la prueba, pero se reclama su indebida estimación por mediar la violación de normas de disciplina probatoria que atañen con la aportación, admisión, producción o estimación de la misma (...)”(9).
4.2. A partir de las precedentes nociones teóricas, pasa la Sala al estudio del cargo; y como el mismo involucra las dos variables de la vía indirecta prevista en el numeral primero del artículo 368 citado, empezará por el error de derecho aducido.
4.3. Tras sostener la infracción medio de los artículos 194, 195, numeral tercero, 210, 249, 250, 600, 601, 625 y 626 ejusdem, la recurrente le enrostra al juzgador haber cometido dislate jurídico al valorar el silencio de la actora frente a la inclusión del predio en el inventario, a partir de lo cual reconoció al demandado como propietario y en aquella una posesión no exclusiva, por cuanto la ley no consagra, como consecuencia del fallo dictado en un asunto de esos, posibilidad para extraer de la ausencia de objeción a la citada diligencia efecto probatorio contra el cónyuge silente, ni los derivados de una presunta confesión.
Es decir, la omisión de objeción a los inventarios no constituye, por falta de norma probatoria que la consagre, circunstancia para deducir efecto persuasivo adverso al consorte que haya guardado silencio, ni para inferir confesión en orden a reconocerle al otro la propiedad.
Empero, la forma como la recurrente edifica la proposición es a todas luces desorientada, pues desde cuando entró en vigencia el Código de Procedimiento Civil, a través de los decretos 1400 y 2019 de 1970 y en sus reformas, campea en la estimación de los medios de certeza, el sistema de la apreciación racional de las pruebas. El juez, con apego a la lógica, a las reglas de la ciencia y de la experiencia valora la prueba, le otorga el alcance, la dimensión, y obtiene la convicción que en su sano juicio cree debe concederle. Es excepcional el gobierno de la tarifa legal, sistema según el cual, es el legislador quien determina el valor que el juez debe dar a cada medio probatorio.
Sobre la cuestión la Sala ha dicho:
“(...) el actual Código de Procedimiento Civil (D. 1400 de ago. 6/70 y D. 2019 de oct. 26/70), introdujo el sistema de la apreciación racional de la prueba, para sustituir el de la tarifa legal dominante en la legislación precedente, método que a diferencia del anterior, no ata al juez con reglas preestablecidas que establezcan el mérito atribuible a los diversos medios probatorios, sino que lo dota de libertad para apreciarlos y definir su poder de convicción, con un criterio sistemático, razonado y lógico orientado por las reglas del sentido común, la ciencia y las máximas de la experiencia, evaluación que desde luego tiene el deber de justificar, para observar los requisitos de publicidad y contradicción, pilares fundamentales de los derechos al debido proceso y a la defensa. Se trata de un sistema en el cual, dice Lesonna, la verdad jurídica pende “(...) no de la impresión, sino de la conciencia del juez, que no puede juzgar simplemente, según su criterio individual, sino según las reglas de la verdad histórica, que debe fundamentar” (Teoría general de la prueba en derecho civil, t. I, pág. 355)”(10).
El reglamento instrumental es elocuente al disponer: “Las pruebas deberán ser apreciadas (...) de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos”, y “el juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigna a cada prueba”(11).
En materia casacional, cuando se le enrostre al fallador la comisión del error jurídico envuelto en la vía indirecta de la causal primera, acusándoselo de errar en la apreciación, porque amparado en la libre ponderación adoptó una evidencia como “(...) apta para demostrar el hecho o acto (...)”(12), pese a no serlo en realidad, es deber ineludible identificar la norma a través de la cual resulta alterado el principio, demostrando que a los ojos de esa disposición debió gobernarse la apreciación del mérito probatorio.
Mientras no sea de tal manera, la acusación es inane, y en tal supuesto, la eficacia de la valoración seguirá en pie.
En el régimen procesal colombiano, en un embate donde se atribuya al juez de segundo grado haber incurrido en error de derecho, por esta senda extraordinaria deberá individualizarse el precepto donde se le imponga al funcionario valorar la probanza de una manera determinada o en forma diversa a como lo hizo.
Los artículos 95, 176, 194, 195, 210, 242, 249, 250, 285, 600, 601, 625 y 626 del estatuto procesal civil, aducidos como violación medio, no ordenan apreciar una prueba trasladada o el comportamiento procesal que una de las partes haya asumido en otra causa, bajo un sistema diferente al de la libre apreciación; como el de la tarifa legal, por ejemplo.
Los artículos 95, 210, 242 y 285 hacen referencia a la manera de ponderar la falta de contestación de la demanda; la no comparecencia al interrogatorio, la renuencia a responder y las respuestas evasivas; la no colaboración de las partes en la práctica del dictamen pericial y en la exhibición de documentos. Los artículos 625 y 626 aluden a las personas que pueden pedir la liquidación de la sociedad conyugal disuelta y al procedimiento que para ello debe seguirse.
Los artículos 176, 194, 195, 600 y 601 determinan el presupuesto para la procedencia de las presunciones; el concepto y las clases de confesión, así como sus requisitos; y la articulación prevista en derredor de los inventarios y avalúos en causas liquidatorias.
Los artículos 249 y 250, a la inversa de cómo lo insinúa la censora, simplemente autorizan al juez para deducir indicios de la conducta procesal de las partes y la manera para apreciarlos.
No se ve, entonces, que para demostrar la cuestión fáctica, en rigor, alguno de los anteriores preceptos imponga un específico y determinado elemento de juicio, a la manera de una tarifa legal o de una única evidencia para hacerlo.
Es patente, con arreglo a la sustentación traída, la impugnadora debió argumentar y demostrar que una específica norma impedía deducir consecuencias probatorias de los medios de convicción o de las posiciones o conductas desplegadas u omitidas por los sujetos procesales en tales o cuales actuaciones; concretamente en “(...) las pruebas aportadas al proceso, y en especial las diligencias adelantadas en el trámite liquidatorio (...)”(13), y que este, al apreciarlas, la quebrantó.
Sin embargo, se sustrajo de hacerlo, no solo porque ningún razonamiento suministró en la dirección indicada. Toda la acusación por error de derecho la desarrolla en torno de la afirmación según la cual en el proceso liquidatorio no se previó posibilidad para deducir de la falta de objeción a los inventarios efecto probatorio a cargo de la parte reticente ni los derivados de una confesión. Mucho menos determinó, como lo manda el artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, la disposición donde la ley imponga un sistema de apreciación, distinto del de la libre estimación, para extraer la sustancia con la que el sentenciador definió la controversia.
En este sentido, la Sala tiene dicho:
“Es que alrededor de la pertinente disposición probatoria infringida acontece lo mismo, sin duda, de lo que ocurre con la de derecho material; y acerca de la correcta invocación de esta en reciente ocasión la Sala señaló lo siguiente: ‘Si la (...) referida es la norma (...) sustancial aducida como quebrantada y si la causa planteada en la contrademanda alrededor de la pretensión (...) a la que se circunscribe esta censura, es la que en esta identifica el acusador, ocurre así que la crítica adolece de severo defecto técnico, habida cuenta que en ese preciso orden de ideas la identificada disposición legal no es a la luz de la cual el juez de segundo grado debía decidir el litigio en lo tocante con la individualizada súplica (...), teniendo de presente la naturaleza del fundamento fáctico en el que ella se hizo consistir’ (sentencia de ago. 27/2010, Exp. 1999-00009-01)”(14).
Ante la deficiencia técnica puesta de presente en torno del error de derecho, las pruebas y la motivación fundantes de la decisión persisten enhiestas.
4.4. En la parte restante del cargo, por la comisión de yerros fácticos, la acusación deja por fuera de combate los elementos de convicción que llevaron al tribunal al convencimiento de que, en últimas, la actora no ejerció una posesión única y excluyente.
El fallador advirtió no poder “(...) afirmar (...) que la actora probó su calidad de poseedora exclusiva (...), teniendo en cuenta las pruebas aportadas al proceso y en especial las diligencias adelantadas en el trámite liquidatorio, en el que reconoció la condición de propietario de su excónyuge”. Y enseguida puntualizó: “No desconoce la Sala que los vecinos y demás conocidos reconozcan a la demandante como dueña del inmueble, pero tal aspecto se ve desdibujado con la prueba documental (...) incorporada a juicio”(15) (se resalta).
Los subrayados medios demostrativos no fueron controvertidos, ya que los dislates de facto se limitan, únicamente, a las piezas iniciales de los procesos de separación de cuerpos y de pertenencia y a la contestación del libelo liquidatorio. Esta omisión frustra la acusación también por este lado, por cuanto así se admitiera, en gracia de discusión, equivocación palmaria del fallador en torno de las citadas demandas y réplica, en tal supuesto la decisión seguiría firmemente apoyada en los medios de convicción no combatidos.
“(...) [P]or averiguado se tiene que cuando la providencia combatida se funda en diversos medios de certeza, en orden a destruir la presunción de verdad y acierto de las conclusiones fácticas con que llega a casación, es deber del censor presentar un ataque integral, esto es, ‘una impugnación que comprenda todos los soportes probatorios que fincan la decisión (...)’”(16), de donde “(...) [l]a circunstancia de que la crítica no hubiese salido avante en la temática que se deja estudiada, torna inane cualquier análisis dirigido a resolver los yerros de hecho que las acusadoras le imputan al tribunal por haber omitido apreciar (...), puesto que si se admitiera, en vía de hipótesis, la comisión de errores por parte de aquel alrededor de tales medios de persuasión, ello no conduciría al quiebre del fallo, por cuanto en ese supuesto la decisión combatida seguiría firmemente apoyada en aquellos soportes demostrativos no derribados, haciendo así imposible su aniquilamiento”(17).
4.5. La deficiencia técnica recién mostrada no es la única.
En el error de facto aducido cuestiona al ad quem por haber desacertado en la valoración de los elementos de juicio. Empero, no demuestra los defectos palmarios sobre el particular; en lugar de atacar resueltamente la médula de la cuestión, toma la vertiente de su conveniencia, omitiendo así la carga que en esta materia gobierna la preceptiva casacional. Obsérvese:
a) El fallador destacó que la actora no mostró ser poseedora exclusiva, porque en el proceso de liquidación reconoció la condición de propietario en el demandado. El hecho de que los vecinos y conocidos la observaran como dueña, se desdibujó con la actuación adelantada en el Juzgado Séptimo de Familia, por cuanto en la diligencia de inventarios y avalúos de 27 de febrero de 2007 se incluyó la cosa pretendida, sin oposición de su parte, y mediante proveído del siguiente 02 de mayo el juez los aprobó “(...) bajo el entendido de que ‘no hubo objeción alguna’”, reconociendo así al demandado “(...) como propietario del bien y, además, que este formaba parte del haber social, lo que indudablemente excluye su calidad de poseedora exclusiva (...)”(18).
Y para afianzar su aserto reseñó: ello es así “(...) porque (...) un cónyuge sí puede prescribir siempre y cuando demuestre su condición de poseedor exclusivo y excluyente, lo que con las copias arrimadas se encuentra desvirtuado (...)”(19).
El tribunal concluyó que la calidad de dueña, atribuida a la promotora, se desvanecía con lo mostrado por las copias del proceso entre agosto de 2006 y mayo de 2007, cuando admitió en Tirado Castillo la condición de propietario, destruyendo su calidad de poseedora exclusiva.
b) La recurrente, en vez de combatir esa basilar fundamentación, mostrando que los medios de prueba adoptados carecían de la atribución descrita, o que de ellos no era posible deducirla o, en últimas, que una admisión de esa naturaleza no deshacía su calidad de poseedora única, le endilga al juez de segundo grado con notorio desenfoque haberse equivocado al no ver: 1. Que en el hecho segundo del acto introductorio de separación de cuerpos, presentado de común acuerdo el 1º de diciembre de 1982, las partes reconocieron que hacía por lo menos “(...) dos (2) [años] (...) no convivían (...)”(20); 2. El abandono del demandado desde esa época del hogar y del inmueble; 3. La contestación al libelo de liquidación donde negó los hechos relativos a la existencia del bien como social; y 4. La pieza inicial de este proceso, repartida el 31 de julio de 2006 para cuando la prescripción se había consumado, porque la posesión comenzó en 1980, acentuada el 17 de febrero de 1983 por la separación y la disolución de la sociedad conyugal.
c) El contraste y la disensión son evidentes entre lo razonado por el tribunal y lo censurado por el impugnante. El ad quem encontró abdicada y disipada la posesión en los años 2006 y 2007, mientras que el censor, rehuyendo enjuiciar esta cuestión toral, procura asimétricamente combatir la ratio decidendi, con elementos y hechos ajenos al fundamento basilar. Prefirió plantear una crítica en el escenario que mejor estimó y desde su particular criterio, en lugar de enfrentar al juzgador en su cardinal motivación y de arremeter contra ella, demostrando los errores, tal como el carácter enteramente dispositivo de este recurso se lo impone.
Seleccionó la vía indirecta, pero no probó dónde radicaba el dislate mayúsculo no en derredor de lo que en sano juicio creyese, sino en el campo propio de la estructura casacional, pues, por dirigir el embate, con exclusividad, a evidenciar que el ad quem desconoció que desde 1981 el accionado abandonó el hogar y el inmueble, omitió controvertir el real sustento del fallo; consistente, itérase, en que según las copias trasladadas del liquidatorio se infería que la demandante admitió en Tirado Castillo la calidad de propietario entre 2006 y 2007, declinando todo su ánimus domini y desvirtuando su pretensa condición de poseedora exclusiva y excluyente.
Tal desorientación en el ataque, deja enhiestas las razones del sentenciador.
Recuérdese, el tribunal nunca desconoció los hechos relativos al abandono del predio por el opositor, a la dejación de la vida en común entre las partes, a la época del fallo de separación de cuerpos, ni muchísimo menos, al carácter de poseedora y de dueña divulgado respecto de la actora por los testigos y demás conocidos del lugar. Simplemente edificó su decisión, con apoyo en la prueba, en la renuncia tácita de la prescripción hacia los años 2006-2007, pero nada de esto desquició.
Al respecto, la Sala ha hecho ver cómo
“(...) la demanda de casación que formula el impugnante ‘debe contener una crítica concreta y razonada de las partes de la sentencia que dicho litigante estima equivocadas, señalando asimismo las causas por las cuales ese pronunciamiento materia de impugnación resulta ser contrario a la ley. Y para que este requisito quede satisfecho del modo que es debido, es indispensable que esa crítica guarde adecuada consonancia con lo esencial de la motivación que se pretende descalificar, vale decir que se refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcción jurídica sobre la cual se asienta la sentencia, habida cuenta de que si blanco del ataque se hacen los supuestos que delinea a su mejor conveniencia el recurrente y no a los que constituyen el fundamento nuclear de la providencia, se configura un notorio defecto técnico por desenfoque que conduce al fracaso del cargo correspondiente’ (Sent. 06 de mar. 26/99)”(21).
Con razón ha señalado
“(...) que la debida consonancia que debe existir entre el embate planteado con las motivaciones que se pretendan descalificar, no se cumple a cabalidad cuando, como lo ha dicho la corporación, ‘el recurrente se limita a exponer una fundamentación por completo desligada de dicho fallo’, como tampoco en aquellas hipótesis en que ‘se basa en un supuesto que nunca ha sido considerado por el sentenciador, puesto que en tales eventos se mantienen intactos los pilares de la sentencia recurrida, los que, en esa medida, no solo siguen en pie sino excluidos de cualquier examen’ (sent. 047 de mar. 29/2001, Exp. 6541)”(22).
4.6. Para compendiar lo que antecede, vale la pena señalar:
4.6.1. Sentado que la sociedad conyugal formada como consecuencia del matrimonio contraído entre las partes, fue disuelta mediante sentencia de separación de cuerpos el 27 de febrero de 1983, resulta bien claro que si el proceso no tenía como objeto usucapir el inmueble de uno de los cónyuges, sino uno de carácter social, para nada jugaba el artículo 2530 del Código Civil, en cuanto prevé que la prescripción se suspende siempre entre consortes.
4.6.2. Ahora, si el tribunal encontró en el trámite de la liquidación de esa universalidad jurídica, en concreto, en el acta de inventarios y avalúos debidamente aprobada, reconocimiento tácito de dominio ajeno por parte de la demandante, al no haberse opuesto a la inclusión del inmueble pretendido en el haber social, esto denota, teniendo en cuenta el tiempo de posesión alegado y reconocido por el tribunal, que la declaración de pertenencia se negó por haber operado el fenómeno de la renuncia a la prescripción, lo cual tiene cabida, a voces del artículo 2514 del Código Civil, después de consumada. El sentenciador, por lo tanto, no pudo incurrir en error de hecho al omitir apreciar el escrito de liquidación de la sociedad conyugal, presentado el 2 de febrero de 2002, ni la fecha de presentación de la demanda de pertenencia, hecho sucedido el 31 de julio de 2006.
4.6.3. De otra parte, si la hipótesis normativa contenida en el precepto inmediatamente citado tiene cabida cuando quien puede alegar la prescripción, reconoce, expresa o tácitamente, derecho del dueño, en el caso, de la sociedad conyugal disuelta, el tribunal tampoco pudo omitir apreciar la oposición formulada en la contestación del libelo de liquidación de dicha universalidad jurídica, porque si en la oposición se negaba la condición de social del inmueble, a tal punto que se formuló la excepción de prescripción, simplemente se trataba de la reiteración de la adquisición del dominio en virtud de la posesión por el término previsto en la ley, que no de la renuncia a dicho fenómeno.
4.6.4. Con todo, los errores de derecho igualmente son inexistentes, porque si es cierto que la demandante no se opuso a la inclusión del bien en disputa como social en la diligencia de inventarios y avalúos, y a su aprobación posterior ante la falta de objeciones, el problema no es de eficacia jurídica de las pruebas, sino de subsunción de los hechos así demostrados en las hipótesis normativas, porque no se trata de problemas relacionados con la regularidad de los medios de convicción aducidos, o respecto de determinados hechos con la conducencia de las pruebas, sino como se resalta en el cargo, de las consecuencias jurídicas de los hechos establecidos.
4.7. El cargo no prospera.
En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 27 de mayo de 2011, pronunciada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario identificado en esta providencia.
Condenar a la parte recurrente a pagar las costas causadas en el recurso extraordinario; se fijan como agencias en derecho la suma de seis millones de pesos ($6’000.000).
Aprobado en Sala de tres de junio de dos mil catorce
(1) Fls. 61 a 66.
(2) Fl. 96.
(3) Fl. 97.
(4) Fl. 32.
(5) Fl. 35.
(7) Fl. 36.
(8) CPC, art. 374, num.3º.
(9) CSJ SC 052 de abr. 1/2005, Rad. 0346-01.
(10) CSJ SC 064 de abr. 25/2005, Rad. 0989.
(11) Art. 187, ibídem.
(12) CSJ SC 137 de oct. 13/95, Rad. 3986.
(13) Fl. 96.
(14) CSJ AC de sep. 7/2011, Rad. 2008-00176-01.
(15) Fl. 96.
(16) CSJ SC 357 de dic. 16/2005, Rad. 1997-2016-01.
(17) CSJ SC de ago. 25/2009, Rad. 11001-31-03-042-2005-00083-01.
(18) Fls. 96 y 97.
(19) Fl. 97.
(20) Sent. 184 de nov. 3/2004, Exp. 7327.
(21) CSJ SC 207 de nov. 7/2002, Rad. 7587; reiterada en Sent. 49 de mayo 28/2004, Rad. 7101, entre otras.
(22) Sent. 133 de oct. 5/2006, Exp. 30782-01.