Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/auto-29994-de-julio-15-de-2008?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920424cc2f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-12-15 02:56:18
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Matched Legal Cases: ['artículo 339', 'artículo 337', 'artículo 337', 'artículo 337', 'artículo 337', 'artículo 337', 'artículo 448', 'artículo 443', 'artículo 339', 'artículo 365', 'artículo 339']

﻿ AUTO 29994 DE JULIO 15 DE 2008
AUTO 29994 DE 15 DE JULIO DE 2008
CONTENIDO:AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE ACUSACIÓN. NO SE DISCUTEN ASPECTOS DE FONDO DE LA ACUSACIÓN COMO, POR EJEMPLO, LA ADECUACIÓN TÍPICA.
TEMAS ESPECÍFICOS:TRÁMITE DE LA AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE ACUSACIÓN, TIPICIDAD
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:441 DE SEPTIEMBRE DE 2008, PG.1504
Auto 29994 de julio 15 de 2008
No se discuten aspectos de fondo de la acusación como, por ejemplo, la adecuación típica.
EXTRACTOS: «El artículo 339 de la Ley 906 de 2004, al indicar el trámite que se le debe imprimir al escrito de acusación, señala:
“Trámite. Abierta por el juez la audiencia, ordenará el traslado del escrito de acusación a las demás partes; concederá la palabra a la Fiscalía, Ministerio Público y Defensa para que expresen oralmente las causales de incompetencia, impedimentos, recusaciones, nulidades, si las hubiere, y las observaciones sobre el escrito de acusación, si no reúne los requisitos establecidos en el artículo 337, para que el fiscal lo aclare, adicione o corrija de inmediato.
Resuelto lo anterior concederá la palabra al fiscal para que formule la correspondiente acusación”.
De la simple lectura del artículo se observa que en dicha audiencia las partes tienen unas posibilidades limitadas dirigidas solamente a enderezar el trámite del proceso y, por esa razón, se les otorga la posibilidad de expresar causales de incompetencia, plantear impedimentos y recusaciones, proponer nulidades si existieren, y las observaciones sobre el escrito de acusación, si es que no reuniere los requisitos establecidos para él en el artículo 337.
Así las cosas resulta oportuno decir que, de acuerdo con la Ley 906 de 2004, la audiencia de formulación de acusación tiene como objetivo fundamental el saneamiento del proceso, tanto en relación con el juez como con la estructura procesal.
En relación con el juzgador, la audiencia de formulación de la acusación resulta ser el escenario pertinente y la ocasión oportuna para la discusión y fijación definitiva del juez natural —a través, tanto de la impugnación de la competencia (promovida por las partes e intervinientes a la luz del art. 339), como de la definición de competencia, promovida por el mismo juez (según lo normado por el art. 54)—; y la discusión de la posible parcialidad del juez —a través de la formulación de impedimentos (arts. 56 a 60) y recusaciones (arts. 61 a 65).
Frente a la consolidación de la estructura del juicio, la audiencia de formulación de acusación se convierte en el espacio en el que se verifica la satisfacción de los elementos fundamentales del escrito de acusación (previstos en el artículo 337), ya que son los presupuestos necesarios para activar el juicio contradictorio y concentrado, y contiene las bases sobre las cuales se va a construir la sentencia:
— En primer término la individualización del acusado;
— Además, los hechos jurídicamente relevantes, con los cuales debe ser congruente la sentencia, puesto que son, precisamente, los que se prueban, y sobre los cuales se juzga (art. 448);
— El descubrimiento de las pruebas, con las que pretende la Fiscalía persuadir al juez sobre la existencia y trascendencia de los hechos jurídicamente relevantes; de manera que la defensa conozca previamente todo el arsenal probatorio con el que el acusador se presentará a la contienda, precisamente para prepararse para el enfrentamiento con igualdad de armas;
— También la constancia de la garantía del derecho de defensa técnica;
— Y, finalmente, la relación de los bienes y recursos afectados con fines de comiso.
De suerte que la posibilidad que se tiene por la defensa y los intervinientes frente al escrito de acusación, es verificar la existencia y satisfacción de sus requisitos, pero no el control sustancial de los mismos, cuya definición es de competencia autónoma de la Fiscalía.
En el proceso penal colombiano no se previó que la acusación tuviera controles, distintos a los que se plantean en la audiencia de formulación de acusación, que como se dijo, están dirigidos al saneamiento del juicio —solo a la verificación de la existencia de unos contenidos—, pero de ninguna manera a discutir la validez o el alcance de la acusación en lo sustancial, o sus aspectos de fondo.
Por esa razón la Fiscalía tiene unas responsabilidades que le surgen luego de la presentación del escrito de acusación, dirigidas a poder probar: i) que alguien cometió una o varias conductas punibles, razón por la cual en el literal “a” del artículo 337, se le pide que individualice de manera concreta a los acusados; y, ii) que con unos hechos específicos fue que se infringió la ley penal, razón por la cual el numeral 2º del artículo 337 exige en el escrito de acusación “una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, en un lenguaje comprensible”, además del descubrimiento de las pruebas con las que pretenda probarlos (art. 337.5).
Y luego de precisar los hechos jurídicamente relevantes en el escrito de acusación, la Fiscalía ha delineado el único camino que puede recorrer en el juicio, ya que el artículo 448 de la Ley 906 de 2004 le advierte al juez que no puede condenar por hechos que no consten en la acusación, ni por delitos por los que no se ha solicitado condena, con lo que es de la responsabilidad exclusiva de la Fiscalía, tanto la definición de los hechos materia del juicio, como la tipificación del delito, según se advierte del artículo 443 ibídem.
Así las cosas, si la tipificación de la conducta punible con fundamento en unos hechos jurídicamente relevantes, es una atribución de la Fiscalía, sin que dicho acto de parte tenga control judicial, —ni oficiosamente, ni de manera rogada—; la tipificación que hace la Fiscalía la compromete de manera precisa con su tarea en el juicio, por lo que en su condición de parte tiene una enorme responsabilidad, que surge, de manera formal, al confeccionar el escrito de acusación, específicamente al consignar en él los hechos jurídicamente relevantes.
Es así que cuando el Congreso en función constituyente analizando las características del sistema que era necesario diseñar para nuestro país, reflexionó en el siguiente sentido (1) :
Si las armas incautadas son de uso privativo de las fuerzas militares, o, en cambio, son de defensa personal, es algo que habrá de ser materia de debate en el juicio, y los efectos de esta controversia tendrán eventualmente, de haber condena incidencia en la pena. Y claro, la competencia, en uno o en otro caso variaría; razón por demás para llamar la atención sobre la gran responsabilidad que el sistema procesal colocó exclusivamente en manos de la Fiscalía General de la Nación.
No se puede entonces esperar que el juez “corrija” el escrito de acusación, interfiriendo la función de una de las partes, y luego decida de manera imparcial sobre algo en lo que ya intervino, con tal nivel de incidencia, que marcó el sentido de la acusación; lo cual resulta definitivamente inadmisible en un sistema que se precia de ser de marcada tendencia acusatoria.
Ni la impugnación de competencia (art. 339), ni la definición de competencia (prevista en el art. 54) pueden fundamentarse en la discusión de aspectos distintos a los relativos a los factores de competencia previstos por el legislador.
En el caso concreto la discusión que plantea la defensa no es la competencia del juez, sino lo acertado de la calificación jurídica que la Fiscalía de manera provisional ha otorgado a los hechos jurídicamente relevantes en el escrito de acusación; lo cual está por fuera del alcance de la defensa en la audiencia de formulación de acusación, tal y como queda claro de la revisión del artículo 339. Es la competencia lo que la defensa, y en general las partes, pueden impugnar en la audiencia, no discutir la tipicidad, ya que eso es materia del debate propio del juicio oral.
Así pues, como el cuestionamiento que en torno de la tipicidad plantea el defensor de Peña Cortés, busca que la Corte declare que la norma por la que se debería acusar es la violación del artículo 365 del Código Penal y no la del 366, como se lo ha manifestado la Fiscalía, esta corporación no puede menos que inhibirse de dar trámite a la “impugnación de competencia” por ser en el fondo un control de la acusación, lo cual, como se dijo, está por fuera, tanto del ámbito competencial de la Corte y de cualquier juez, como también por fuera del alcance de la actividad de cualquier sujeto o interviniente procesal.
Al inhibirse de dar trámite a la impugnación de competencia se ordenará que el proceso siga siendo conocido por el Juez Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga por no haberse presentado válidamente una impugnación de la misma, en los términos del artículo 339 de la Ley 906 de 2004».
(Auto de 15 de julio de 2008. Radicación 29994. Magistrado Ponente: Dr. José Leonidas Bustos Martínez).