Source: http://jurisprudencia.tuabogado.com/sentencias/constitucional/sentencia-sobre-constitucionalidad-del-decreto-que-declara-estado-de-excepcion-agosto-2015-en-el-estado-tachira
Timestamp: 2018-03-19 04:56:58
Document Index: 193612982

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 13', 'artículo 16', 'artículo 17', 'artículo 21', 'artículo 22', 'artículo 13', 'artículo 16', 'Artículo 55', 'Artículo 114', 'Artículo 322', 'artículo 4', 'artículo 339']

Ahora bien, a los fines de iniciar las presentes consideraciones, estima esta Sala la pertinencia de sentar algunas nociones sobre la naturaleza de los estados de excepción, como uno de los regímenes del derecho constitucional de excepción que, una vez satisfechos los presupuestos fijados por el constituyente, puede ser declarado de manera facultativa por el Presidente de la República, y en virtud del cual éste queda investido de facultades excepcionales para conjurar los hechos que condujeron a su declaratoria, conforme a los artículos 337, 338 y 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; es un acto con proyección política, reglado por ésta.
Interesa al análisis correspondiente, traer a colación el tratamiento en la Exposición de Motivos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, vinculadas con la institución del estado de excepción, como herramienta que adquirió pleno basamento constitucional con la entrada en vigencia de aquella en 1999, profundizando los mecanismos de protección del Texto Fundamental y el universo de derechos y garantías que esta propugna, lo que, entre otros motivos, deviene de la ubicación de las normas respectivas dentro del Título VIII, intitulado “De la protección de esta Constitución”. De ese modo, dichas motivaciones del constituyente patrio nos enseñan lo siguiente, a saber:
El primero de los preceptos dedicados a esta materia recoge dos principios básicos rectores de los estados de excepción: el de estricta necesidad y el de temporalidad.
Se circunscriben tales situaciones jurídicas a aquellas circunstancias extraordinarias que afecten gravemente la seguridad de las personas, de la Nación o de las instituciones, y que no puedan ser afrontadas mediante las facultades ordinarias de los órganos del Poder Público. Se destaca, igualmente, la temporalidad de esas situaciones.
Por otro lado, el precepto menciona los principales derechos que no pueden ser suspendidos o restringidos durante los estados de excepción. Se trata de un listado meramente enunciativo, pues tampoco son susceptibles de suspensión o restricción los derechos señalados en los artículos 4.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 27.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Importa subrayar que entre los derechos intangibles se encuentran las garantías judiciales necesarias para la defensa de los derechos.
El segundo de los preceptos que componen este Capítulo contempla los distintos estados de excepción, estableciendo, de conformidad con el principio de gradualidad, las circunstancias fácticas que pueden justificarlos y su limitación temporal. Se remite a una ley orgánica la regulación de los detalles del régimen de los estados de excepción.
El último de los preceptos de este Capítulo establece, en primer lugar, que el decreto declaratorio del estado de excepción deberá señalar, para preservar la seguridad jurídica, las medidas que podrán tomarse con fundamento en el mismo. En segundo término, dada la trascendencia de la decisión correspondiente, se prevé la intervención de los tres Poderes clásicos en la declaración de los estados de excepción: en virtud de la urgencia que los caracteriza, se faculta al Presidente de la República, en Consejo de Ministros, para dictar el Decreto respectivo, pero se prescribe su remisión a la Asamblea Nacional, la cual, como instancia deliberante y representativa por excelencia de la soberanía popular, puede revocarlo si estima que las circunstancias invocadas no justifican la declaración de un estado de excepción o si considera que las medidas previstas para hacerle frente son excesivas. Si la Asamblea Nacional se encuentra en receso al dictarse el decreto correspondiente, éste debe ser remitido a la Comisión Delegada, la cual ejercerá las facultades respectivas.
A lo anterior se suma un control judicial automático atribuido a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual habrá de pronunciarse sobre la constitucionalidad o no del estado de excepción y de lo establecido en el decreto que lo declaró, a menos que la Asamblea Nacional, o la Comisión Delegada, haya revocado previamente ese decreto. Por otra parte, se otorga al Ejecutivo Nacional y a la Asamblea Nacional la atribución de revocar el decreto que haya declarado un estado de excepción, al cesar las causas que lo motivaron”.
Pues bien, los artículos 337 y 338 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela disponen, lo siguiente:
Así pues, en general la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra la posibilidad de que el Presidente de la República en Consejo de Ministros decrete estado de excepción, en sus distintas formas: estado de alarma, estado de emergencia económica, estado de conmoción interior y estado de conmoción exterior, conforme a lo previsto en sus artículos 337 y 338.
Ahora bien, examinado el contenido del identificado instrumento jurídico remitido a este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, se observa sumariamente que se trata de un Decreto cuyo objeto es, a tenor de su artículo 1, impedir la extensión o prolongación de la situación coyuntural, sistemática y sobrevenida, del contrabando de extracción de gran magnitud, organizado a diversas escalas, así como la violencia delictiva que le acompaña y delitos conexos, en los municipios Bolívar, Pedro María Ureña, Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y Rafael Urdaneta del estado Táchira, a fin de garantizar a toda la población el pleno goce y ejercicio de los derechos afectados por estas acciones y en general, la seguridad alimentaria y la soberanía de la nación en todas sus acepciones y atributos.
Dicho instrumento establece un ámbito de aplicación en los municipios Bolívar, Pedro María Ureña, Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y Rafael Urdaneta del fronterizo estado Táchira.
La fundamentación jurídica, la cual expresa los dispositivos constitucionales y legales en que se basan las competencias que está ejerciendo el ciudadano Presidente de la República en Consejo de Ministros, entre los cuales se invocan los artículos 226 y 236, numeral 7 Constitucionales, que aluden esencialmente a la acción de gobierno y a la facultad para dictar estados de excepción y restricción de garantías, en concordancia con los artículos 337, 338 y 339 eiusdem, normas que a su vez fueron concatenadas con los artículos 2 al 6, 8, 10, 15 y 23 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, todos los cuales refieren diversos aspectos atinentes al régimen jurídico de tales estados de excepción.
El cuerpo del Decreto, que luego del mencionado artículo 1, cuyo texto manifiesta el objeto esencial del mismo, continúa con el artículo 2, que contiene la restricción de las garantías de los derechos establecidos en los artículos 47, 48, 50, 53, 68 y 112 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, señalándose directrices en cuanto a las formas de inspección y revisión por parte de los organismos públicos competentes, a la restricción del tránsito de mercancías y bienes en los municipios Bolívar, Pedro María Ureña, Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y Rafael Urdaneta del estado Táchira por parte de los Ministerios del Poder Popular con competencia en las materias de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y Defensa, en cuanto a la prohibición de reuniones públicas, y al derecho a la manifestación sin previa autorización, así como a la restricción temporal por parte del Ministerio del Poder Popular para el Comercio conjuntamente con los Ministerios con competencias en alimentación, agricultura y tierras, y salud, del ejercicio de determinadas actividades comerciales; y el artículo 3, que establece la potestad del Presidente de la República de dictar otras medidas de orden social, económico o político que estime conveniente.
El artículo 5 suspende de manera temporal el porte de armas en los mencionados municipios a fin de preservar el orden público, exceptuando al porte de armas orgánicas dentro del ejercicio de las funciones de los Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Los artículos 6, 7 y 8, regulan el fortalecimiento del programa desplegado por la Operación Liberación del Pueblo (OLP), la comisión de defensores delegados de la Defensoría del Pueblo para que se vele por el respeto de los derechos humanos, y la garantía de los controles migratorios en los municipios Bolívar, Pedro María Ureña, Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y Rafael Urdaneta del estado Táchira, por parte del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, a través del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME).
El artículo 9 faculta a los órganos de Seguridad Ciudadana y Policía Administrativa, así como a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para desalojar ocupaciones ilegales ubicadas en municipios fronterizos, cumpliendo con el debido proceso y bajo la supervisión de funcionarios del Ministerio Público, así como representantes de la Defensoría del Pueblo.
El artículo 10, según el cual los Poderes Públicos, los órganos de Seguridad Ciudadana y Policía Administrativa, así como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, colaborarán entre sí y desarrollarán sus actividades de manera coordinada, orientadas al logro de las medidas contenidas en este Decreto, determinando además que corresponden al Ministerio Público y a los tribunales penales de la República, realizar las actividades propias de su competencia a fin de garantizar la aplicación estricta de la Ley para evitar la impunidad o la injusticia, así como las atribuciones que le correspondan en la ejecución del referido Decreto.
De la misma manera, el artículo 11 contiene la designación al Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) del estado Táchira, como responsable de las acciones de índole estratégico militar que con ocasión del Decreto deban ejecutarse; señalándose también que los órganos de Seguridad Ciudadana y la Policía Administrativa, así como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana destacada en los municipios objeto del Decreto, ejercerán de forma unificada y coordinada las acciones para garantizar la preservación de la paz, el control del orden público y la seguridad ciudadana en los municipios fronterizos correspondientes, bajo el mando del Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) del estado Táchira.
El artículo 12 estatuye que las personas, naturales o jurídicas, que se encuentren en las áreas declaradas en Estado de Excepción conforme al mencionado Decreto están en el deber de cooperar con las autoridades competentes para la protección de las personas, bienes y de las instituciones, así como de realizar el servicio extraordinario que se les requiera.
El artículo 13 del Decreto otorga delegación al Gobernador del estado Táchira para la ejecución de éste, “quien será además el coordinador responsable y garante de la ejecución de las medidas que se adoptan en el mismo”.
Los artículos 14 y 15 señalan que el Decreto será remitido a la Asamblea Nacional, a los fines de su consideración y aprobación, así como a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de que se pronuncie sobre su constitucionalidad, en ambos casos dentro de los 8 días siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con los artículos 26 y 31 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción.
El artículo 16 contempla una vigencia de sesenta (60) días, prorrogables por sesenta (60) días más, para la ejecución de los objetivos plasmados en el Decreto, mientras el artículo 17 delegó en el Gobernador del estado Táchira, la ejecución del Decreto.
A tales fines, en cuanto a la naturaleza propiamente del Decreto que declara el estado de excepción, la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción señala en su artículo 21, que éste suspende temporalmente, en las leyes vigentes, los artículos incompatibles con las medidas dictadas en dicho Decreto y que el mismo tendrá rango y fuerza de Ley, entrará en vigencia una vez dictado por el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, y deberá ser publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y difundido en el más breve plazo por todos los medios de comunicación social, al día siguiente en que haya sido dictado, si fuere posible, con arreglo a lo señalado en el artículo 22 eiusdem. Su lapso de vigencia, asimismo, está supeditado a los parámetros que dispone la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Al respecto, el Decreto sometido al control de esta Sala sobre la constitucionalidad, plantea desde su primer artículo que el mismo tiene como objeto impedir la extensión o prolongación de la situación coyuntural, sistemática y sobrevenida, del contrabando de extracción de gran magnitud, organizado a diversas escalas, así como la violencia delictiva que le acompaña y delitos conexos, en los municipios Bolívar, Pedro María Ureña, Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y Rafael Urdaneta del estado Táchira, a fin de garantizar a toda la población el pleno goce y ejercicio de los derechos afectados por estas acciones.
Asimismo, el artículo 13 del Decreto contiene la disposición de una delegación al Gobernador del estado Táchira para la ejecución de éste, “quien será además el coordinador responsable y garante de la ejecución de las medidas que se adoptan en el mismo”, siendo que ello encuentra plena correspondencia con el precepto legal estipulado por el artículo 16 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, orientado al aprovechamiento del despliegue operativo de las autoridades regionales y locales, según corresponda, a los fines del eficiente afrontamiento de las circunstancias presentadas, sin perjuicio de otras autoridades que puedan participar en la ejecución del Decreto, con arreglo a la ley.
“Realizan en Táchira operativo para desmantelar contrabando de productos y medicinas
El comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral (Redi) Los Andes, mayor general Efraín Velasco Lugo, informó este miércoles que se han desplegado desde el día de ayer 2.400 funcionarios del Ejército Nacional Bolivariano y de la Guardia Nacional Bolivariana en el estado Táchira, en un operativo para desmantelar el contrabando de los productos básico y medicinas en el país.
Velasco Lugo comentó que se realizarán una serie de inspecciones, bajo supervisión de oficiales generales y oficiales coroneles, en la Región Estratégica de Defensa Integral Los Andes, concretamente en 8 ejes del estado Táchira.
En transmisión de Venezolana de Televisión, indicó que el plan para hacerle frente al contrabando de productos de primera necesidad y medicinas, que impulsa la ultraderecha a fin de desestabilizar el país, establece una serie de líneas de fiscalización, de contención y de cierre, en este último se llevará a cabo la fiscalización por parte de los oficiales en los 139.3 kilómetros límite de la frontera con Colombia.
‘En este momento se encuentran estos oficiales generales y coroneles desplegados a lo largo de estos 139.3 kilómetros en la frontera con el Táchira revisando los procedimientos, revisando las actividades que realizan todos nuestros hombres en la lucha contra las mafias del contrabando’, expresó.
Indicó que hasta el momento se han realizado 940 detenciones de personas que practican el contrabando. En el sector se han retenido a nueve mujeres venezolanas que contrabandean diversos insumos, sobre todo medicinas. ‘Esto es lo que hemos denominado el bachaqueo, que día a día está tratando de extraer productos hacia la República de Colombia’, dijo.
‘Vamos a seguir luchando contra las mafias del contrabando, vamos a luchar contra la corrupción’, subrayó, e indicó que de las 940 personas detenidas se han privado de libertad en el estado Táchira a 42 funcionarios por prácticas de corrupción.
Asimismo, indicó que el estado Táchira abarca aproximadamente 70% de toda la retención –de productos y medicinas que pretendían ser contrabandeadas– en los estados andinos, más de 16 mil toneladas de productos que se han retenido desde que comenzó la lucha contra el contrabando de extracción”.
(Agencia Venezolana de Noticias “AVN” 27/05/2015. http://www.avn.info.ve/contenido/realizan-t%C3%A1chira-operativo-para-desmantelar-contrabando-productos-y-medicinas).
“Despliegan OLP especial en el Táchira con GNB y PNB
El anunció lo efectuó el presidente Nicolás Maduro durante un contacto telefónico en el programa Con el Mazo Dando.
ÚN | Nota de Prensa.- El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, instruyó activar la Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP) en la frontera colombo-venezolana, con el fin de capturar a paramilitares implicados en la emboscada a efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que se registró este miércoles.
El anunció lo efectuó durante un contacto telefónico con el canal del estado, Venezolana de Televisión (VTV). ‘He dado órdenes al ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MPPRIJP), M/G Gustavo González López, al ministro de Defensa, G/J Vladimir Padrino López y he coordinado con el valiente capitán y gobernador José Gregorio Vielma Mora, quien está atendiendo a los familiares de nuestros funcionarios’, dijo el Mandatario Nacional.
El Jefe de Estado informó además la decisión de cerrar por 72 horas la frontera de Venezuela con Colombia en San Antonio del Táchira y Ureña (oeste), para dar con la captura de los implicados en este hecho que calificó como infernal, en el que resultaron heridos varios jóvenes.
El presidente Maduro enfatizó que la emboscada fue en el momento que hacían sus tareas diarias para combatir el bachaqueo en la frontera de San Antonio y Ureña.
Detalló que los efectivos castrenses fueron emboscados por dos motorizados vinculados al paramilitarismo, quienes con armas largas, arremetieron por la espalda.
El Presidente lamentó este hecho y pidió el apoyo del pueblo del Táchira para combatir el terrorismo y las acciones paramilitares.
‘Siento repudio, dolor, por este ataque contra dos jóvenes tenientes, unos soldados de nuestra patria en San Antonio del Táchira. He estado siguiendo los detalles y realmente me es indignante. Todo nuestro pueblo debe solidarizarse con la Fuerza Armada Nacional, militares que están en la frontera defendiendo el derecho a la patria con su moral, disciplina y entrega. Ya basta de terrorismo, de paramilitarismo que llegue la hora de la justicia en el Táchira’, manifestó el jefe de Estado.
Subrayó que incrementará los operativos de seguridad para resguardar a la ciudadanía y agregó que espera la colaboración de las autoridades colombianas para la identificación y captura de los responsables de la emboscada en la frontera.
‘Pido el apoyo de ellos para mantener el respeto a Venezuela. Debemos hacerla respetar’, dijo”. (Diario Últimas Noticias. 20/08/2015. http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/politica/despliegan-olp-especial-en-el-tachira-con-gnb-y-pn.aspx#ixzz3jxwpOtM9).
“Responsables del atentado a soldados venezolanos ‘fueron mandados’
El Jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, reveló la noche de este viernes que los paramilitares que dispararon el pasado miércoles en San Antonio del Táchira, contra funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), donde también resultó herido un ciudadano civil, ‘fueron mandados’.
‘Fue la chispa que arrancó esta nueva etapa, el detonante. Que se vengan unas personas a plena luz del día y ataquen a unos militares, los mandaron, no digo más porque la investigación va bien avanzada. Los mandaron para ver si tapaban con esos crímenes, el escandalazo del paramilitarismo descuartizador que ha salido a partir del asesinato de esta señora venezolana (Liana Herguetta)’, expresó Maduro desde el Puesto de Comando Presidencial del Palacio de Miraflores.
Sobre el estado de salud de los funcionarios heridos de gravedad, el Teniente Daniel Veloz Santaella, quien recibió un impacto de bala en la parte superior del pulmón derecho, y el Teniente Alexis Rodríguez Arias, impactado en la cabeza y espalda, indicó que se están recuperando, ‘pido que oremos entre todos para que haya un restablecimiento pleno de nuestros queridos tenientes’”.
(Radio Nacional de Venezuela. 21/08/2015 http://www.rnv.gob.ve/investigaciones-adelantadas-maduro-revela-que-fueron-mandados-los-responsables-del-atentado-a-soldados-venezolanos-audio/).
“Artículo 55. Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes (…)”.
“Artículo 114. El ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, la usura, la cartelización y otros delitos conexos, serán penados severamente de acuerdo con la ley”.
“Artículo 322. La seguridad de la Nación es competencia esencial y responsabilidad del Estado, fundamentada en el desarrollo integral de ésta y su defensa es responsabilidad de los venezolanos y venezolanas; también de las personas naturales y jurídicas, tanto de derecho público como de derecho privado, que se encuentren en el espacio geográfico nacional”.
Por igual, la Sala observa que el Decreto relata que en seis municipios fronterizos del estado Táchira, se han venido presentando situaciones alarmantes de modo sistemático, inédito, sobrevenido y progresivo, constituyendo una amenaza compleja al pleno goce y ejercicio de los derechos de los habitantes de la República, mediante la presencia de circunstancias delictivas y violentas vinculadas a fenómenos como el paramilitarismo, el narcotráfico y el contrabando de extracción, organizado a diversas escalas, entre otras conductas delictivas análogas, lo que evidencia una intención deliberada de generar alteraciones del orden público, que rompen el equilibrio del derecho internacional, la convivencia publica cotidiana y la paz, afectando el acceso a bienes y servicios destinados al pueblo venezolano, considerados asuntos de seguridad de Estado, todo lo cual constituye un cúmulo de circunstancias que justifican la constitucionalidad del Decreto sub examine.
El artículo 4 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción establece exigencias de justificación o razonabilidad de las medidas dispuestas para resolver la situación de hecho que afecta la seguridad de la Nación, de sus ciudadanos y sus instituciones. Por tanto, esta Sala Constitucional constata, luego del análisis conducente, que se verifican los extremos de necesidad, idoneidad y proporcionalidad de las medidas de excepción a las garantías previstas en los artículos 47, 48, 50, 53, 68 y 112 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las cuales se juzgan necesarias, adecuadas y proporcionales al restablecimiento de las condiciones socioeconómicas que permitan el acceso a los bienes de primera necesidad por parte de la población, los cuales han sido producto de un sistemático contrabando de extracción y los delitos conexos y sucedáneos a éstos.
Ello así, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, declara la constitucionalidad del Decreto n.° 1.950, dictado por el Presidente de la República mediante el cual se declara el Estado de Excepción en los Municipios Bolívar, Pedro María Ureña, Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y Rafael Urdaneta del estado Táchira, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 6.194 Extraordinario el 21 de agosto de 2015, el cual deberá ser acatado y ejecutado por todo el Poder Público y la colectividad, conforme a sus previsiones y al resto del orden constitucional y jurídico en general, para alcanzar cabalmente sus cometidos. Así se decide.
Con fuerza en los razonamientos jurídicos que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, dictamina la absoluta, plena e integral constitucionalidad del Decreto sub examine, el cual fue dictado en cumplimiento de todos los parámetros que prevé la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción y demás normativa aplicable, preservando los Derechos Humanos y en protección del Texto Fundamental, el Estado, sus instituciones y el pueblo, lo cual motiva el respaldo orgánico de este cuerpo sentenciador de máximo nivel de la Jurisdicción Constitucional hacia las medidas contenidas en el Decreto objeto de examen de constitucionalidad dictado por el ciudadano Presidente de la República, en Consejo de Ministros, en reconocimiento por su pertinencia, proporcionalidad y adecuación, el cual viene a apuntalar con sólido basamento jurídico y con elevada significación popular, la salvaguarda del pueblo y su desarrollo armónico ante factores inéditos y extraordinarios adversos en nuestro país; reconocimiento que se hace extensivo a la aprobación otorgada por la Asamblea Nacional, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
1.- Que es COMPETENTE para revisar la constitucionalidad del Decreto n.° 1.950, dictado por el Presidente de la República mediante el cual se declara el Estado de Excepción en los Municipios Bolívar, Pedro María Ureña, Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y Rafael Urdaneta del estado Táchira, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 6.194 Extraordinario el 21 de agosto de 2015.
2.- INADMISIBLE el escrito presentado el 26 de agosto de 2015, por los ciudadanos Javier Villamizar y Horacio González.
3.- La CONSTITUCIONALIDAD del Decreto n.° 1.950, dictado por el Presidente de la República mediante el cual se declara el Estado de Excepción en los Municipios Bolívar, Pedro María Ureña, Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y Rafael Urdaneta del estado Táchira, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 6.194 Extraordinario del 21 de agosto de 2015, conforme al artículo 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 28 días del mes de AGOSTO de dos mil quince (2015). Años: 205º de la Independencia y 156º de la Federación.
Expediente n.° 15-0979.
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