Source: http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1130361
Timestamp: 2019-08-17 21:44:17
Document Index: 51177534

Matched Legal Cases: ['artículo 149', 'artículo 7', 'artículo 149', 'artículo 6', 'artículo 149', 'artículo 8', 'artículo 149']

Procedimientos administrativos relativos al reconocimiento de la compensación de los costes de escolarización
Real Decreto 591/2014, de 11 de julio, por el que se regulan los procedimientos administrativos relativos al reconocimiento de la compensación de los costes de escolarización previstos en el apartado 4 de la disposición adicional trigésimo octava de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 30 de julio de 2014). Texto completo.
El Real Decreto 591/2014 tiene por objeto regular, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 de la disposición adicional trigésima octava de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo , de Educación, el procedimiento administrativo para el reconocimiento del derecho a la compensación de los gastos de escolarización y el procedimiento de liquidación y pago por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de estos gastos a los representantes legales de los alumnos.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación puede consultarse en el Libro Primero del Repertorio de Legislación Vigente de Iustel.
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre , para la Mejora de la Calidad Educativa, añadió una nueva disposición adicional trigésima octava a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo , de Educación, denominada Lengua castellana, lenguas cooficiales y lenguas que gocen de protección legal. Dicha disposición adicional establece la obligación, por parte de las Administraciones educativas, de garantizar el derecho del alumnado a recibir las enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de forma que al finalizar la educación básica todos los alumnos y alumnas deberán comprender y expresarse, de forma oral y por escrito, en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial correspondiente.
En las comunidades autónomas que posean, junto al castellano, otra lengua oficial de acuerdo con sus estatutos, o, en el caso de la Comunidad Foral de Navarra, con lo establecido en la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto , de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, la disposición adicional trigésima octava indicada exige a las Administraciones educativas garantizar el derecho del alumnado a recibir las enseñanzas en ambas lenguas oficiales. Tanto la asignatura Lengua Castellana y Literatura como la Lengua Cooficial y Literatura deberán impartirse en las lenguas correspondientes.
La citada Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre , también añadió un nuevo apartado 3 a la disposición adicional octava de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre , de Financiación de las Comunidades Autónomas, que establece la forma de llevar a cabo la repercusión a las Comunidades Autónomas correspondientes de los gastos de escolarización del alumnado en centros privados en los que exista oferta de enseñanza en la que el castellano sea utilizado como lengua vehicular, como indica la disposición adicional trigésima octava de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo , para lo que el Estado podrá deducir o retener de los importes satisfechos por todos los recursos de los regímenes de financiación de las comunidades autónomas el importe de los gastos de escolarización en centros privados asumidos por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte por cuenta de las comunidades autónomas.
La doctrina del Tribunal Constitucional sobre el uso de las lenguas oficiales en la enseñanza se recoge en diversas sentencias, entre las que destacan las siguientes: STC 6/1982 , STC 87/1983 , STC 88/1983 , STC 82/1986 , STC 137/1986 , STC 195/1989 , STC 337/1994 , STC 134/1997 , STC 31/2010 y STC 137/2010 . De estos pronunciamientos pueden deducirse los siguientes principios esenciales, cuyo respeto resulta ineludible para garantizar la constitucionalidad de las actuaciones de los poderes públicos en esta materia.
La disposición adicional trigésima octava de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo , da estricto cumplimiento a la doctrina constitucional al garantizar la cooficialidad del castellano y las lenguas cooficiales de las comunidades autónomas. Para lograr este objetivo, la regulación presenta las siguientes características: por un lado, parte del reconocimiento y respeto a las competencias de las comunidades autónomas, pues garantiza la enseñanza de todas las lenguas oficiales como vehiculares y otorga a las Administraciones educativas plena autonomía para configurar sus modelos lingüísticos; por otro lado, somete el ejercicio del derecho de opción a estrictos requisitos y cautelas, con objeto de garantizar su plena adecuación a la doctrina constitucional.
Este real decreto se dicta al amparo de la competencia que corresponde al Estado conforme al artículo 149.1.1.ª y 30.ª de la Constitución; se exceptúa de lo anterior el artículo 7 , que se dicta al amparo del artículo 149.1.14.ª de la Constitución.
Este real decreto tiene por objeto regular, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 de la disposición adicional trigésima octava de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo , de Educación, el procedimiento administrativo para el reconocimiento del derecho a la compensación de los gastos de escolarización y el procedimiento de liquidación y pago por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de estos gastos a los representantes legales de los alumnos.
c) Que el alumno o alumna o, en su caso, quien ejerza la patria potestad, tutela o curatela, hayan solicitado a la Administración educativa la utilización del castellano como lengua vehicular en la enseñanza y que dicha solicitud no haya sido atendida de acuerdo con lo indicado en la disposición adicional trigésima octava a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo .
La cuantía máxima de los gastos efectivos de escolarización susceptibles de compensación según lo indicado en el párrafo anterior vendrá determinada por el gasto público por alumno público en enseñanza no universitaria en la correspondiente Administración educativa consignado en la estadística oficial del gasto público en educación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, salvo que en atención a causa justificada por el interesado y debidamente apreciada por el instructor en el trámite previsto en el artículo 6.2, dicho límite deba superarse a fin de hacer efectivo el derecho reconocido en la disposición adicional trigésima octava.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo , en las condiciones indicadas en dicha ley orgánica y demás normativa aplicable.
c) Cuando se dejen de cumplir, con posterioridad a la resolución de reconocimiento, los requisitos establecidos en la disposición adicional trigésima octava de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo , y en este real decreto para obtener dicho reconocimiento.
En lo referente a la obtención de los datos de carácter personal del alumnado, a la cesión de los mismos de unos centros a otros y a la seguridad y confidencialidad de estos, se estará a lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal y, en todo caso, a lo establecido en la disposición adicional vigésima tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo .
Este real decreto se dicta al amparo de la competencia que corresponde al Estado conforme al artículo 149.1.1.ª y 30.ª de la Constitución; se exceptúa de lo anterior el artículo 8 , que se dicta al amparo del artículo 149.1.14.ª de la Constitución.
En todo lo no regulado expresamente en este real decreto será de aplicación supletoria lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , y en su normativa de desarrollo.
Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, y será de aplicación a la escolarización de alumnos a partir del curso escolar 2014-2015.