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Timestamp: 2019-05-20 23:30:48
Document Index: 291373250

Matched Legal Cases: ['artículo 69', 'artículo 80', 'artículo 69', 'artículo 139', 'artículo 394', 'artículo 104']

Demandante/s: D./Dña letrado d./Dña. Rogelio turrado turrado, general moscardo, 27
título Demandante/s: D./Dña letrado d./Dña. Rogelio turrado turrado, general moscardo, 27
Admi1istradón
111111111111 111111 111111 11 11 111
Juzgado de lo Contencioso­ Administrativo nº 34 de Madrid CI Gran Vía, 52 - 28013
45029740
NIG: 28.079.00.3-2013 /0016389
Demandante/s: D./Dña
LETRADO D./Dña. ROGELIO TURRADO TURRADO, GENERAL MOSCARDO, 27-
601, nº C.P.:28020 MADRID (Madrid) Tfno 91 5540314 Demandado/s: DIRECCION GENERAL DE TRAFICO Sr. ABOGADO DEL ESTADO
En Madrid, a doce de septiembre de dos mil catorce.
Visto por mí, Ilma. Sra. Dª Maria del Pilar García Ruiz, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 34 de Madrid, el recurso contencioso­
administrativo registrado con el número y seguido por el PROCEDIMENTO
ORDINARIO, sobre INFRACCIONES Y SANCIONES contra la Resolución de 1O de junio de 2013, de la Jefatura de la Unidad de Sanciones del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas de León, del Ministerio del Interior, recaída en el expediente
Son partes en dicho recurso, como demandante Dña. representada y dirigida por el Letrado D. Rogelio Turrado Turrado; como demandada Dirección General de Tráfico, representada y dirigida por el Abogado del Estado Dña. Maria Luisa Urieta Camacho .
PRIMERO .- La mencionada recurrente presentó escrito de demanda en el que, tras la exposición de los hechos y fundamentos de derecho que consideró oportunos en apoyo de su pretensión, terminó suplicando se dicte una Sentencia estimatoria del recurso interpuesto y las correspondientes declaraciones en relación con la actuación administrativa impugnada.
SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se dio traslado de la misma a la Administración demandada, señalándose día y hora para la celebración de vista, con citación de las partes a las que se hicieron los apercibimientos legales, habiéndose requerido a la Administración demandada la remisión del correspondiente expediente. A dicho acto de la
vista compareció la parte recurrente, que afirmó y
se ratificó en su demanda.
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TERCERO .- En la sustanciación de las presentes actuaciones se han observado los preceptos y prescripciones legales en vigor.
PRIMERO .- Se impugna en el presente recurso la Resolución de 10 de junio de 2013, de la Jefatura de la Unidad de Sanciones del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas de León, del Ministerio del Interior, recaída en el expediente
En dicho acto se notificó al recurrente el hecho consistente en circular a 151 K.m./h. teniendo la velocidad limitada a 120 Km./h. por existir una limitación genérica en vía interurbana, cinemómetro multanova antena 0000000870 , aprobado el 08/07/ 1994, para el cálculo de excesos de velocidad y sanción aplicable, habiéndose tenido en cuenta "los márgenes de error estipulados en la Norma UNE 26444".
SEGUNDO.- La parte demandante interesa se dicte una Sentencia estimatoria con la declaración de no ser conforme a Derecho la actuación administrativa impugnada, al tiempo que ejercita una pretensión anulatoria de aquélla.
En concreto, solicitó en su demanda que se anule la resolución recurrida y reduzca el importe de la sanción administrativa a la cantidad de 100 euros sin retirada de puntos del permiso de circulación y, en consecuencia, se condene a la Administración demandada a devolver al actor la cantidad de 50 euros y a reintegrar los 2 puntos que le fueron detraídos del permiso de circulación. Tal como concreta el recurrente, "la cuestión debatida en el proceso no es si el cinemómetro sanciona inicialmente con un margen de error del 5%, 6% ó 7%, dependiendo de su estado' sino di "detectada una velocidad superior a la permitida (en este caso, los 151 Km./h.) se deben aplicar a esta velocidad detectada los márgenes de error del cinemómetro para determinar la velocidad real de circulación y, de este modo, graduar la sanción de forma adecuada".
Por su parte, la Administración demandada, oponiéndose a la demanda, invoca, en primer lugar, la causa de inadmisibilidad recogida en el artículo 69.c) de la Ley Jurisdiccional , por entender que el acto impugnado es de mero trámite (de inicio del expediente sancionador), no susceptible de impugnación en esta sede jurisdiccional , y, en su defecto, la desestimación del recurso interpuesto por entender que la actuación impugnada es plenamente ajustada a Derecho, negando, en apoyo de dicha petición , todas las infracciones que en la demanda se imputan a la actividad administrativa.
TERCERO.- Opuesta, como se ha dicho una causa de inadmisibilidad del presente recurso, debe darse respuesta a la misma con carácter prioritario a cualquier examen que, en su caso, procediera hacer del fondo del asunto.
Para ello ha de tenerse presente que la denuncia notificada al recurrente daba cuenta al mismo del hecho de haberse detectado una infracción en materia de tráfico consistente en
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circular a una velocidad superior a la permitida en el tramo de vía del que se trata, ofreciendo al mismo, a la vez, la posibilidad de pago de la multa a imponer, con reducción en este caso del 50% de su importe (la sanción propuesta era de 300 euros). Al tiempo, se advertía al denunciado que "Este pago con reducción implica acogerse al procedimiento abreviado previsto en el artículo 80 LSV y supone la renuncia a formular alegaciones, la terminación del procedimiento el día del pago , y la detracción de puntos al día siguiente de efectuado el pago, si la sanción conlleva la pérdida de puntos. Además, quedaría abierta la vía contencioso-administrativa en el plazo de dos meses a contar desde el día de pago, ante el órganojudicial competente".
A la vista, pues, de lo establecido en la norma legal citada, de lo expresado en el propia resolución recurrida, es claro que no procede acoger la causa de inadmisibilidad opuesta ya que el pago con reducción realizado por el actor cerró el procedimiento abreviado dejando expedita la vía del recurso jurisdiccional que a partir de aquí será examinado en cuanto al fondo para su debida resolución, una vez descartada, como se hace, la posible concurrencia de lo previsto en el artículo 69.c) de la Ley Jurisdiccional .
CUARTO.- Una cuestión prácticamente idéntica a la suscitada en la demanda rectora de este proceso, fue resuelta por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 11 de Madrid, por el Magistrado-Juez de Refuerzo Ilmo. Sr. Sancho Jaraíz, en SJCA de 29 de enero de 2014, cuyos acertados razonamientos reproducimos ahora, haciéndolos nuestros para fundamento de la que aquí se pronuncia:
"Alega la actora que no se ha aplicado el margen de error contemplado en la Orden ITC 312312010, de 26 de noviembre, relativa a los cinemómetros. En relación con este alegato debemos advertir que la infracción sancionada por la resolución recurrida en sede judicial fue captada mediante cinemómetro móvil, tal como se desprende del expediente administrativo, donde consta el certificado de verificación del aparato (folio 4).
En cuanto a la presunción de veracidad de los resultados obtenidos mediante cinemómetros, como bien señala la defensa de la Administración, ha venido reconocida por el propio Tribunal Constitucional en STC 4012008, de 10 de marzo, en la que se dice:
"En relación con los datos obtenidos mediante el funcionamiento de cinemómetros, hemos señalado en el ATC 19312004,· de 26 de mayo , que "gozan de una presunción iuris tantum de veracidad siempre que dichos aparatos hayan sido fabricados y hayan superado los controles establecidos por la normativa técnica vigente en cada momento, y así resulte acreditado, además, mediante las correspondientes certificaciones de naturaleza técnica" (FJ 5). ( ..) La referida presunción puede , lógicamente, ser destruida mediante la práctica de las pertinentes pruebas. ''Ahora bien, dada la peculiar naturaleza de este tipo de aparatos, caracterizados por su gran precisión y fiabilidad desde un punto de vista técnico, y los exhaustivos controles técnicos a los que reglamentariamente están sometidos para asegurar su satisfactoria operatividad (y que el art. 2 de la indicada Orden de 11febrero de 1994 enumeraba: "aprobación de modelo", "verificación primitiva", "verificación después de reparación o modificación" y "verificación periódica'') , es necesario, para que la práctica de la prueba solicitada resulte pertinente , que existan unas dudas mínimamente razonables sobre la corrección de su funcionamiento , por , entre otros supuestos imaginables, resultar de manera evidente una manipulación externa del aparato. No
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constituye, sin embargo, una duda razonable para poner en cuestión la fiabilidad de e:e tipo de dispositivos la simple apreciación del conductor, sin ningún tipo de corroboración mínimamente objetiva, de que según el velocímetro de su vehículo circulaba a una velocidad inferior a la señalada en el cinemómetro " (FJ 5 del mencionado ATC 19312004, de 26 de
mayo). "
Se plantea , sin embargo, por la parte la forma de aplicación del denominado margen de error -que la actora cifra en un 7% y que la norma establece en un 4%, según dispone el Anexo 111, 4. c) (''para ensayos en carretera, tráfico real", según reza la norma), desde dispositivos móviles como era el que permitió captar la imagen.
Pues bien, la actora afirma que sobre la velocidad que le fue detectada de 153 Km/hora debe aplicarse el margen de error en menos de un 5%. La demandada defiende que tal margen de error no se aplica a posteriori pues el propio aparato cinemómetro ya computa ese margen de error al emitir el resultado.
La cuestión en este caso no carece de importancia, toda vez que en el caso de que se aplique una reducción ya sea del 5 o del 7 por ciento a la velocidad que arroja como resultado el cinemómetro, la velocidad del vehículo a tener en cuenta a efectos de tipificar la infracción sería inferior a 140 Km/h y conforme al cuadro de sanciones y puntos del Anexo IV del R. D. Legislativo 33911990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, y teniendo en cuenta el límite de velocidad existente en el tramo de 120 Km/hora, comporta una sanción grave con multa de 100 Euros y sin pérdida de puntos , frente a la sanción de 300 Euros impuesta.
En materia penal, cuyos principios son aplicables mutatis mutandi al derecho sancionador, la doctrina de los Tribunales entiende que el porcentaje de margen de error se aplica a la velocidad detectada por el cinemómetro, sin que se entienda que en el resultado final se incluye el margen de error contemplado en la norma -lo que en definitiva implicaría que el cinemómetro emitiera un doble resultado: el primero con la medición y el segundo con la medición corregida con el margen de error, lo que de la Orden ITC antes citada no se deduce al exponerse el funcionamiento del aparato en cuestión. Por otro lado, el margen de error puede ser en más o en menos, sin que el cinemómetro conste que se halle programado para discernir en qué casos ha de aplicar uno u otro criterio-. Así lo aplica, v.gr., la reciente Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 18 de enero de 2013, entre otras.
Por su parte , la Circular 10111, de 17 de noviembre, de la Fiscalía General del Estado, sobre criterios para la unidad de actuación especializada del Ministerio Fiscal en materia de Seguridad Vial, alegada por la aclara, recoge en su apartado IV.5 :
La configuración del delito como de peligro abstracto, y la generalizada detección de estos delitos por los llamados radares, ha de llevar a los Sres. Fiscales a velar de modo particular por el respeto a las garantías procesales de los imputados ( art. 773. J p J. º LECr
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). En concreto implica la obligación de tener en cuenta el cómputo del margen normativo de
error en los radares y comprobar la sumisión estricta de los utilizados a la normativa
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metrológica. (..) En consecuencia los Fiscales darán instrucciones a la Policía Judicial para que en los atestados conste de modo exhaustivo la documentación y datos el cinemómetro utilizado, de modo que se pueda comprobar el cumplimiento de las exigencias metrológicas y el cálculo del margen normativo de error regulado en la OJTC 312312010. Todos los supuestos de hecho (si es radar fijo o móvil, fecha de aprobación de modelo, tiempo de utilización desde su puesta en funcionamiento, reparación, etc.) que fundan el cálculo del error y que seguidamente se recogen, han de incluirse en el atestado inicial o en ampliación posterior.
Cuando por ausencia de datos exigidos por la OITC, e imposibilidad de aportarlos tras los oportunos esfuerzos, no sea posible el preciso cálculo, utilizarán el máximo porcentaje de error contemplado en la norma (en este sentido la jurisprudencia consolidada de Audiencias, entre otras muchas SSAP Lleida 28 de diciembre 2010 y Barcelona de 17 de enero de 2011).
De lo anterior se colige que asiste la razón a la parte recurrente en este punto , sin que por la demandada se haya presentado prueba de contenido técnico alguna que confirme lo contrario ".
En aplicación a este caso de los fundamentos expuestos, procede la estimación de la demanda de modo que la infracción imputada debe ser calificada como grave y sancionada con una multa de 100 euros y sin pérdida de puntos. Se anulará la resolución recurrida y se dispondrá, pues, la devolución a la parte actora de la cantidad de 50 euros de la de 150 que, por tal concepto, fueron abonados el día 4 de julio de 2013.
QUINTO.- Conforme a lo establecido en el artículo 139.1 de la Ley Jurisdiccional, la estimación de las pretensiones ejercitadas en la demanda conduce a la necesaria imposición a la Administración demandada de las costas causadas en el presente recurso si bien limitadas, conforme autoriza el apartado 3 del precepto legal citado, a la cantidad de 50 euros, observado lo dispuesto por el artículo 394.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y atendida la cuantía de pleito.
1.- Estimar el recurso contencioso-administrativo PAB número interpuesto por la representación procesal de Dña. contra la Resolución de 1O de junio de 2013, de la Jefatura de la Unidad de Sanciones del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas de León, del Ministerio del Interior, recaída en el expediente
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2.- Anular la resolución impugnada, declarando que la sanción a imponer por la infracción cometida, como solicita el recurrente, es la de 100 euros, por lo que deberá la demandada proceder al reintegro al actor de la cantidad de 50 euros abonada en exceso, más los intereses legales que correspondan desde la fecha de ingreso hasta la de su completo pago.
3.- Con imposición a la demandada de las costas causadas en el presente recurso, en los términos expresados en el Fundamento de Derecho correlativo de esta Sentencia.
Contra la presente resolución que es FIRME NO cabe interponer recurso ordinario alguno. Procédase de conformidad con lo previsto en el artículo 104 de la Ley Jurisdiccional.
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