Source: https://beta.e-justice.europa.eu/379/ES/european_account_preservation_order?IRELAND&action=printMS&init=true&member=1
Timestamp: 2020-01-25 03:12:08
Document Index: 377200060

Matched Legal Cases: ['artículo 50', 'artículo 6', 'artículo 14', 'artículo 33', 'artículo 34', 'artículo 35', 'artículo 35']

El artículo 50, apartado 1, letra a) – Nombre y datos de contacto de los órganos jurisdiccionales competentes para dictar la orden europea de retención de cuentas (artículo 6, apartado 4).
En la legislación irlandesa no existen los documentos públicos con fuerza ejecutiva, por lo que esta disposición no es aplicable en Irlanda.
Ministerio de Justicia e Igualdad
En Irlanda, es de aplicación el artículo 14, apartado 5, letra a), es decir, la obligación de que todos los bancos de su territorio revelen, a requerimiento de la autoridad de información, si el deudor posee una cuenta en ellos.
si la orden de retención ha sido dictada por un Juzgado de Distrito (District Court), el recurso se interpondrá ante el Juzgado de Condado (Circuit Court) con competencia en el lugar donde se haya dictado dicha orden;
si la orden de retención ha sido dictada por un Juzgado de Condado, el recurso se interpondrá ante el Tribunal Superior (High Court);
si la orden de retención ha sido dictada por el Tribunal Superior, el recurso se interpondrá ante el Tribunal de Apelación (Court of Appeal) (cabe señalar, sin embargo, que, con arreglo a la Constitución irlandesa, el Tribunal Supremo (Supreme Court) examinará recursos de apelación contra resoluciones del Tribunal Superior si comprueba que existen circunstancias excepcionales que justifiquen un recurso directo. Una condición previa para ello es que la resolución recurrida esté relacionada con una cuestión de excepcional importancia pública o que los intereses de la justicia así lo requieran).
La medida en que pueden retenerse las cuentas conjuntas y nominales con arreglo a la legislación irlandesa depende de las circunstancias del caso. En lo que respecta a las cuentas conjuntas, la norma general es que un auto de embargo preventivo («requerimiento Mareva») contra un solo demandado no debe impedir al cotitular de la cuenta retirar dinero de ella, a menos que la orden disponga lo contrario.
En lo que respecta a las cuentas nominales, cuando un tercero posea activos en nombre de un demandado en una cuenta nominal, esos activos pueden verse afectados por un auto de embargo preventivo contra el demandado, ya que este es dueño y beneficiario de manera equitativa de dichos activos.
El titular de una cuenta conjunta o nominal sujeta a un auto de embargo preventivo puede solicitar al órgano jurisdiccional correspondiente que modifique los términos del auto.
En el caso de procedimientos nacionales equivalentes, el órgano jurisdiccional determinará en cada caso el importe del que dispone el deudor, en vista de las circunstancias de la parte afectada. El deudor será el encargado de hacer la solicitud correspondiente y no existen normas que rijan el importe del que este puede disponer.
Los bancos no cobran comisiones por cumplimentar órdenes judiciales en caso de existir procedimientos nacionales equivalentes. Si se solicitara información sobre las cuentas, no existe ninguna norma que impida a los bancos cobrar comisiones por facilitar dicha información. La norma general es que el acreedor deba pagar los costes incurridos por el banco, aunque es posible que se le terminen cobrando al deudor.
No se prevé que la autoridad de información u otros organismos competentes cobren tasas administrativas. Sin embargo, la notificación o traslado de documentación supondrá una tasa de entre 100 y 200 EUR, en función de la dificultad que implique efectuarla.
Nota: La notificación o traslado de documentos será efectuada por una empresa privada y no habrá un baremo de tasas disponible.
La legislación irlandesa no confiere una prelación a procedimientos similares, como los autos de embargo preventivo, pues el acreedor no obtiene un derecho de propiedad sobre el activo en cuestión.
En Irlanda,
con arreglo al artículo 33, apartado 1, el órgano jurisdiccional competente para resolver un recurso será el que hubiese dictado la orden de retención y que, según las circunstancias, podrá ser un Juzgado de Distrito, un Juzgado de Condado o el Tribunal Superior*.
Con arreglo al artículo 34, apartados 1 y 2, el órgano jurisdiccional competente para resolver un recurso será:
el órgano jurisdiccional que hubiese dictado la orden europea de retención de cuentas, si esta fue dictada por un órgano jurisdiccional del propio país;
el Tribunal Superior*, si la orden europea de retención de cuentas fue dictada en otro Estado miembro diferente.
Dublín 7.
En Irlanda, los recursos de apelación contra resoluciones dictadas de conformidad con los artículos 33, 34 o 35 pueden interponerse de la siguiente forma:
Si la resolución fue dictada por un Juzgado de Distrito, el recurso podrá interponerse ante el Juzgado de Condado con competencia en el lugar donde se haya dictado la orden de retención, en el plazo de catorce días desde la fecha en que se hubiese dictado la resolución recurrida (artículo 35, apartados 1 y 3, únicamente). http://www.courts.ie/rules.nsf/0/e7bc3303e9b0464a80256d2b0046a095?OpenDocument
Si la resolución fue dictada por un Juzgado de Condado, el recurso podrá interponerse ante el Tribunal Superior, en el plazo de diez días desde la fecha en que se hubiese dictado en audiencia pública la resolución o la orden recurrida (artículo 35, apartados 1 y 3, únicamente). http://www.courts.ie/rules.nsf/d7ed4ce54d2bd0c680256e5400502ec7/d5629e64d4c7cae680256d2b0046b3ae?OpenDocument
Si la resolución fue dictada por el Tribunal Superior, el recurso podrá interponerse ante el Tribunal de Apelación, en el plazo de veintiocho días desde la ejecución de la orden. (Cabe señalar, sin embargo, que, con arreglo a la Constitución irlandesa, el Tribunal Supremo examinará recursos contra resoluciones del Tribunal Superior si comprueba que existen circunstancias excepcionales que justifiquen un recurso directo. Una condición previa para ello es que la resolución recurrida esté relacionada con una cuestión de excepcional importancia pública o que los intereses de la justicia así lo requieran). http://www.courts.ie/rules.nsf/8652fb610b0b37a980256db700399507/6805f0acd71dd40f80256f900064bdeb?OpenDocument
Según las circunstancias del caso, las tasas judiciales de los procedimientos de obtención de una orden de retención o un recurso contra una orden oscilan entre 80 y 200 EUR. Para más información sobre tasas judiciales, pueden consultarse los siguientes enlaces:
Ninguna (Irlanda solo acepta el irlandés y el inglés).