Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2012-00058-de-diciembre-13-de-2012?documento=jurcol&contexto=jurcol_d37bcf685b500014e0430a0101510014&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-10-16 08:29:40
Document Index: 306941483

Matched Legal Cases: ['artículo 308', 'artículo 164', 'artículo 65', 'artículo 149', 'artículo 13', 'artículo 1', 'artículo 231', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 231', 'artículo 16', 'artículo 130', 'artículo 130', 'artículo 148', 'artículo 19', 'artículo 67', 'artículo 40', 'artículo 71', 'artículo 215', 'artículo 309', 'artículo 58', 'artículo 58', 'artículo 58', 'artículo 34', 'artículo 25', 'artículo 27', 'artículo 277', 'artículo 277', 'artículo 277', 'artículo 277', 'artículo 277', 'artículo 277']

﻿ Sentencia 2012-00058 de diciembre 13 de 2012
SENTENCIA 2012-00058 DE 13 DE DICIEMBRE DE 2012
CONTENIDO:SUSPENSIÓN PROVISIONAL. EL INSTITUTO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EXIGE PARA SU PROSPERIDAD QUE LA VIOLACIÓN DE LAS DISPOSICIONES INVOCADAS EN LA DEMANDA O EN LA SOLICITUD DE LA MEDIDA DEPRECADA, SURJA DEL ANÁLISIS DEL ACTO DEMANDADO Y SU CONFRONTACIÓN CON LAS NORMAS SUPERIORES ALEGADAS COMO VIOLADAS O DEL ESTUDIO DE LAS PRUEBAS ALLEGADAS CON LA SOLICITUD.
TEMAS ESPECÍFICOS:CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL, ACTO ELECTORAL, MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Sentencia 2012-00058 de diciembre 13 de 2012
Rad. 110010328000-2012-00058 00
Rad. interna: 2012-0058
Demandado: Ludwing Arley Anaya Méndez, director Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga “CDMB”
Bogotá, trece de diciembre de dos mil doce.
Precisa la Sala que la demanda fue presentada el 3 de agosto de 2012, entonces, corresponde aplicar el procedimiento dispuesto por la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con el artículo 308 ibídem, que establece: “Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.
Este código solo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia”.
Según el literal a) del numeral 2º del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el término para presentar la demanda contra acto administrativo electoral es de 30 días que se contarán, para el caso que ocupa a la Sala, “a partir del día siguiente al de su publicación efectuada en la forma prevista en el inciso 1º del artículo 65 de este código“(1).
En este caso, según consta en la certificación expedida por el secretario del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, “CDMB”(2), y la copia auténtica y parcial del Diario Oficial de 13 de agosto de 2012(3), en cumplimiento de auto proferido por el despacho ponente el 11 de octubre de 2012, se tiene que el acuerdo demandado fue publicado el 13 de agosto de 2012; toda vez que la demanda se radicó el 3 de agosto de 2012, su presentación es oportuna.
2.3. Aptitud formal de la demanda.
La demanda cumple con los requisitos exigidos en los artículos 162 y 163 ibídem como quiera que: (i) están identificadas las partes; (ii) el objeto de la pretensión es preciso y claro; (iii) los fundamentos fácticos se presentaron en forma separada y numerada; (iv) en acápite independiente se indicaron las normas presuntamente violadas, así como los argumentos del concepto de su violación y; (v) se acompañó copia hábil del acto acusado.
2.4. Competencia y procedimiento.
La Sección Quinta tiene competencia para conocer de la presente demanda electoral contra el referido acuerdo, en única instancia, por haber sido proferido por el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB, ente autónomo del orden nacional, y según lo dispuesto por el numeral 3º, del numeral 2º del artículo 149 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y en el artículo 13-4 del Acuerdo 58 del 15 de septiembre de 1999(4) —modificado por el artículo 1º del Acuerdo 55 de 5 de agosto de 2003—.
2.5. Suspensión provisional del acto acusado.
La Sala precisa que el instituto de la suspensión provisional está regulado en el artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y exige para su prosperidad que la violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud de la medida deprecada, surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores alegadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.
El actor fundó su petición de suspensión provisional del acuerdo demandado en dos cargos a saber, el primero, según el cual el ahora demandado presuntamente no cumple con el requisito exigido por el literal c) del artículo 21 del Decreto 1768 de 1994 que dispone:
“‘ART. 21—Calidades del director general. Para ser nombrado director general de una corporación, se deberán cumplir los siguientes requisitos:
c) Experiencia profesional de cuatro (4) años adicionales a los requisitos establecidos en el literal anterior de los cuales por lo menos uno (1) debe ser en actividades relacionadas con el medio ambiente y los recursos naturales renovables o haber desempeñado el cargo de director general de corporación’.
Para el efecto afirmó que el acusado con su inscripción a la candidatura al cargo de director de la ‘CDMB’ allegó certificación ‘... en la cual oculto (sic) el verdadero tiempo de su experiencia laboral‘”.
En este sentido afirmó el demandante que el director cuestionado para probar su experiencia profesional aportó certificación expedida por Fabio Villamizar Durán, director Territorial Andes Nororientales de Parques Nacionales Naturales de Colombia —Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible—, en la que consta que el señor Anaya Méndez (ahora demandado) cumplió con el contrato de prestación de servicios 003 del 20 de enero de 2009 y el tiempo de ejecución fue de 11 meses y 15 días.
Que el comité de verificación de la “CDMB” al corroborar los requisitos de experiencia tuvo en cuenta la mencionada certificación en el tiempo de ejecución de 11 meses y 15 días; por tanto, el ahora demandado cumplió con el requisito de experiencia exigido por la norma antes transcrita, incluso la sobrepasó por 24 días.
A pesar de lo anterior, la parte actora expuso que mediante Oficio DTAN Nº 1303 de 25 de julio de 2012 la directora Territorial Andes Nororientales —Parques Nacionales de Colombia— Marta Soto de González, manifestó: “... que revisado el contrato del señor Ludwing Arley Anaya Méndez, el plazo inicial fue de once (11) y quince (15) días, siendo suscrito el día 20 de enero de 2009, pero fue terminado en forma anticipada por mutuo acuerdo entre las partes el día 30 de septiembre de 2009, por lo que el plazo final fue de ocho (8) meses y once (11) días...”.
Con fundamento en este documento el demandante concluyó que el contrato solo fue cumplido durante 8 meses y 11 días, lo que afecta el tiempo de experiencia que adujo al momento de su inscripción el acusado y lo deja “... con una experiencia reducida a tres (3) años, nueve (9) meses y veinticuatro (24) días, por lo tanto no cumple con los requisitos establecidos en el literal c) del artículo 21 del Decreto 1768 de 1994”.
Al respecto, señala la Sala que de conformidad con el artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, “Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos” (destacado fuera del texto).
Toda vez que el cargo que se estudia se soporta en la diferencia que presenta la certificación que presuntamente allegó el demandado con su inscripción al cargo de director de “CDMB” y la aportada por la parte actora con la demanda es necesario precisar que ambos documentos obran en el expediente en copia simple, entonces, se requiere determinar su valor probatorio.
“ART. 626. Derogaciones.
a) Corregido por el artículo 16, Decreto Nacional 1736 de 2012. A partir de la promulgación de esta ley quedan derogados: artículos 126, 128, la expresión ‘y a recibir declaración a los testigos indicados por los solicitantes’ del 129, 130, 133, la expresión “practicadas las diligencias indicadas en el artículo 130’ del 134, las expresiones ‘y no hubiere por este tiempo de practicar las diligencias de que habla el artículo 130’ y ‘sin tales formalidades’ del 136 y 202 del Código Civil; artículos 9º y 21 del Decreto 2651 de 1991; los artículos 8º inciso 2º parte final, 209 A y 209 B de la Ley 270 de 1996; el artículo 148 de la Ley 446 de 1998; 211 y 544 del Código de Procedimiento Civil; el numeral 1º del artículo 19 y la expresión ‘por sorteo público’ del artículo 67 inciso 1º de la Ley 1116 de 2006; el inciso 2º del artículo 40 de la Ley 1258 de 2008; la expresión ‘que requerirá presentación personal’ del artículo 71, el inciso 1º del artículo 215 y el inciso 2º del artículo 309 de la Ley 1437 de 2011; la expresión ‘No se requerirá actuar por intermedio de abogado’ del artículo 58 numeral 4º, el literal e) del numeral 5º del artículo 58 y el numeral 8º del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011; el artículo 34 del Decreto-Ley 19 de 2012; y, cualquier norma que sea contraria a las que entran en vigencia a partir de la promulgación de esta ley” (destacado fuera de texto).
Analizado el expediente se tiene que las certificaciones que soportan el cargo en estudio fueron aportadas en copia simple y ninguna cumple alguno de los requisitos establecidos en la norma transcrita; por tanto, carecen de valor probatorio, en consecuencia, en esta instancia del proceso no es dable realizar la confrontación requerida por el actor, situación que impide acceder a la medida cautelar requerida.
El segundo argumento en el que se funda la solicitud de suspensión provisional, es la presunta vulneración artículo 25 de la Ley 99 de 1993 “... por cuanto quien actuó como delegado del gobernador no contó jamás, sobre todo en proceso de designación del director general, con las atribuciones legales para que fungiera en esa calidad”.
Sostiene la parte actora que el gobernador mediante la Resolución 1567 de 6 de febrero de 2012 delegó a Edwin Gilberto Ballesteros Archila “... para que asista como delegado del gobernador ante las asambleas corporativas, ordinarias y extraordinarias de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB”.
Afirmó el demandante que en virtud de la anterior delegación el señor Ballesteros Archila inició el proceso de designación del director de la “CDMB”, fijó el cronograma e incluso resolvió algunas reclamaciones.
Precisó el actor que de conformidad con el literal j) del artículo 27 de la Ley 99 de 1993 es función del consejo directivo “Nombrar de acuerdo al artículo siguiente o remover de conformidad con los estatutos, al director general de la corporación”. Entonces toda vez que el acto de delegación únicamente facultó al señor Ballesteros Archila “... para que asista como delegado del gobernador ante las asambleas corporativas, ordinarias y extraordinarias” entiende la parte actora que el delegado carecía de competencia para actuar ante el consejo directivo lo cual en su criterio vicia el acto de elección.
Resalta el accionante que la Gobernación de Santander para atender la petición en la que se requirió copia del acto de delegación del gobernador para el proceso de designación del director general entregó copia de la Resolución 1567 de 6 de febrero de 2012, antes referenciada, por medio de la cual delegó a Edwin Gilberto Ballesteros Archila.
Para resolver este cargo la Sala debe precisar que los antecedentes administrativos, proferidos por el delegado del gobernador, que dieron origen al acto de designación demandado, la parte actora los allegó en copia simple, situación que impide su estudio por carecer de valor probatorio como se explicó en esta providencia.
Ahora respecto del acto de delegación, que sí fue aportado en copia auténtica, debe precisar la Sala que este documento en efecto prueba que el gobernador delegó al señor Ballesteros Archila “... para que asista como delegado del gobernador ante las asambleas corporativas, ordinarias y extraordinarias de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB”. Sin embargo, de este acto administrativo solo es posible inferir que el delegado está facultado para actuar ante la asamblea corporativa pero no es dable establecer la presunta falta de competencia del delegado para actuar en representación del gobernador ante el consejo directivo, pues en esta instancia de admisión de la demanda la Sala desconoce si existe otro acto administrativo que faculte al señor Ballesteros Archila para actuar ante ese consejo; por tanto, este cargo debe resolverse luego de agotada la etapa probatoria y con pleno conocimiento de la totalidad de los antecedentes administrativos que dieron origen al acto demandado.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 277 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se dispone:
1. Por reunir los requisitos legales se ADMITE la demanda y su corrección presentada por Alexander Rivera Chávez en ejercicio de la pretensión electoral. En consecuencia, de conformidad con el artículo 277 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo:
1. Notifíquese personalmente al señor Ludwing Arley Anaya Méndez de conformidad con el literal a) del numeral 1º del artículo 277 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Para el efecto se comisionará al Tribunal Administrativo de Santander (Reparto).
De no ser posible su notificación personal se procederá de conformidad con el literal b) y c) del numeral 1º del artículo 277 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
2. Notifíquese personalmente, mediante mensaje dirigido al buzón electrónico para notificaciones judiciales, al Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga “CDMB”. De no ser posible la notificación por este medio se notificará personalmente al gobernador de Santander, en calidad de presidente del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga “CDMB”.
3. Notifíquese personalmente al Ministerio Público, de conformidad con el numeral 3º del artículo 277 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
5. INFÓRMESE a la comunidad la existencia de este proceso de conformidad numeral 5º del artículo 277 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
SEGUNDO: NIÉGASE la solicitud de suspensión provisional del Acuerdo 1222 de 28 de junio de 2012 “Por el cual se designa el director general de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB, para el periodo institucional de lo que resta del año 2012 y hasta el 31 de diciembre de 2015”.
(1) ART. 65.—Deber de publicación de los actos administrativos de carácter general. Los actos administrativos de carácter general no serán obligatorios mientras no hayan sido publicados en el Diario Oficial o en las gacetas territoriales, según el caso.
(2) Fl. 263.
(3) Fl. 269.
(4) Por el cual el Consejo de Estado adoptó su reglamento interno.