Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-16170-de-julio-17-de-2008?documento=jurcol&contexto=jurcol_7599204250d8f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-09-21 20:22:08
Document Index: 297025176

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 24', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 4']

﻿ SENTENCIA 16170 DE JULIO 17 DE 2008
SENTENCIA 16170 DE 17 DE JULIO DE 2008
CONTENIDO:IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO. LA INDETERMINACIÓN DE LA LEY RESPECTO DEL HECHO GENERADOR HACE QUE ESTE IMPUESTO SEA INAPLICABLE.
TEMAS ESPECÍFICOS:IMPUESTO AL ALUMBRADO PÚBLICO, IMPUESTO DEL MUNICIPIO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:444 DE DICIEMBRE DE 2008, PG.2115
Sentencia 16170 de julio 17 de 2008
La indeterminación de la ley respecto del hecho generador hace que este impuesto sea inaplicable.
EXTRACTOS: «El impuesto de alumbrado público tuvo origen legal en la Ley 97 de 1913, en virtud de la cual el legislador, en ejercicio de su facultad constitucional, autorizó a Bogotá para establecer un impuesto “sobre el servicio de alumbrado público”, organizar su cobro y darle el destino más conveniente para atender los servicios municipales, así:
“ART. 1º—El concejo municipal de la ciudad de Bogotá puede crear libremente los siguientes impuestos y contribuciones, además de los existentes hoy legalmente; organizar su cobro y darles el destino que juzgue más conveniente para atender a los servicios municipales, sin necesidad de previa autorización de la asamblea departamental: (...).
La facultad conferida al Concejo de Bogotá, por la Ley 97 de 1913 fue extendida por la Ley 84 de 1915, a las demás entidades territoriales del nivel municipal. Estas normas se encuentran vigentes con las modificaciones expresas y tácitas de normas posteriores, como lo ha reconocido esta Sala en diversos pronunciamientos (1) y sus literales d e i fueron declarados exequibles por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-504 del 3 de julio de 2002, salvo la expresión “y análogas” contenida en este último literal (2) .
En esta sentencia, la Corte Constitucional no profundizó en cuanto al “impuesto sobre el servicio de alumbrado público” del literal d del artículo 1º de la Ley 97 de 1913, ni señaló cuáles eran los elementos de dicho tributo contenidos en dicho texto legal y cuáles podían ser determinados por los concejos (3) , sin embargo, declaró la norma ajustada a los artículos 313 numeral 4º y 338 de la Constitución Política.
Esta corporación ha señalado en diversas providencias (4) que la autonomía de los entes territoriales en materia tributaria es restringida, toda vez que no es originaria sino derivada, ya que los artículos 300 (num. 4º) y 313 (num. 4º) de la Constitución Política claramente determinan que las asambleas y los concejos decretan, de conformidad con la ley, los tributos y contribuciones necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
Es decir, es el Congreso a través de la ley quien debe determinar el hecho generador del tributo y a partir de ella, podrán las asambleas o los concejos ejercer su poder de imposición, desarrollando los demás elementos de la obligación, salvo que el legislador los haya fijado y siempre respetando los parámetros que este establece.
A través de la Resolución 043 de 1995 la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, definió el servicio de alumbrado público en los siguientes términos:
En esta ocasión deben aclararse y rectificarse los criterios anteriores, pues es evidente que hay una indeterminación del hecho generador que no es superable, aun siguiendo las reglas de interpretación admisibles en derecho.
La Corte declaró exequibles los literales d e i del artículo 1º de la Ley 97 de 1913 sin referirse de manera expresa al “impuesto sobre el servicio de alumbrado público” (lit. d), por lo demás, lo cierto es que para efectos de su aplicación, el tributo en la forma como se plasmó hace más de un siglo, carece de identidad.
Por lo tanto el literal d del artículo 1º de la Ley 97 de 1913 al carecer de los requerimientos previstos en la Constitución Política (art. 338) ha perdido aplicabilidad y no puede desarrollarse porque conllevaría la violación de los principios generales del derecho tributario, dado que no sería la ley la que crearía el tributo, sino cada acuerdo municipal ejerciendo una autonomía fiscal que no está prevista, pues las potestades impositivas de los concejos están limitadas por la Constitución y la ley.
De acuerdo con los anteriores planteamientos, las súplicas de la demanda están llamadas a prosperar, toda vez que cuando el acuerdo de Saravena incluye como uno de los hechos generadores del impuesto sobre el servicio de alumbrado público, la “comercialización de energía”, está estableciendo por primera vez la materia imponible del impuesto, sin que esté previamente señalada en la ley o pueda deducirse de ella.
Además, al gravar específicamente la comercialización de energía se vulnera el artículo 24.1 de la Ley 142 de 1994, porque a pesar de la prohibición allí señalada, se está imponiendo un gravamen a las empresas de servicios públicos que desarrollen esta actividad, el cual no se aplica en la misma forma a los demás contribuyentes del municipio. Quienes desarrollen otras actividades comerciales no estarán sujetos al tributo por la comercialización de energía.
Por las razones expuestas se anularán las expresiones “comercializadores del servicio público domiciliario de energía” contenidas en el artículo 1º, “comercialización” del artículo 2º y “comercializador” del artículo 4º del Acuerdo 024 de 7 de julio de 2005, expedido por el concejo municipal de Saravena Arauca, las cuales fueron objeto de demanda».
(Sentencia de 17 de julio de 2008. Expediente 16170. Consejera Ponente: Dra. Ligia López Díaz).
(2) El literal i disponía: “Impuestos sobre telégrafos y teléfonos urbanos, sobre empresas de luz eléctrica, de gas (y análogas)”.
(8) Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencias del 13 de noviembre de 1998, expediente 9124, M.P. Julio Enrique Correa Restrepo, y del 11 de septiembre de 2006, expediente 15344, M.P. Ligia López Díaz.