Source: https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/52063
Timestamp: 2020-01-20 22:11:13
Document Index: 152710019

Matched Legal Cases: ['artículo 71', 'artículo 8', 'artículo 5', 'artículo 4', 'artículo 123', 'artículo 27', 'artículo 6', 'Artículo 1', 'artículo 6', 'artículo 11']

Gaceta: LXII/3PPO-71/52063
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Propone que se promueva y suscriba convenios de colaboración entre el gobierno federal y el sector privado que contengan mecanismos de seguimiento y vigilancia, y brinden a las personas con discapacidad la garantía de un trabajo formal con acceso a la seguridad social y prestaciones de ley, en condiciones de accesibilidad.
Faculta al Ejecutivo Federal para que impulse la generación de alternativas de financiamiento dirigido a personas con discapacidad que deseen emprender un negocio. Establece que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través de un programa de financiamiento, apoye a las empresas y centros laborales para que se realicen obras tendientes a mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad.
INICIATIVA DE LA SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN MATERIA DE EMPLEO Y REINSERCIÓN PRODUCTIVA.
La suscrita, LORENA CUÉLLAR CISNEROS, Senadora de la República a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, al tenor de la siguiente:
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, más de mil millones de personas alrededor del mundo viven con alguna forma de discapacidad y casi 200 millones experimentan dificultades considerables para llevar a cabo actividades cotidianas.
A futuro, el número de personas viviendo con discapacidad aumentará y será un motivo de preocupación debido al envejecimiento de la población asociado al aumento en la esperanza de vida, así como a la mayor prevalencia de enfermedades crónicas tales como la diabetes, enfermedades cardiovasculares, renales, cáncer, entre otros.
En México, de acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo, de 7 millones 739 mil personas con discapacidad, 3.5 viven en pobreza y sólo 1.5 millones están incorporadas a la población económicamente activa (PEA).
La alarmante cifra de 3.5 millones de personas con discapacidad viviendo en pobreza, responde al hecho generalizado a nivel mundial que muestra que estas presentan tasas más altas de pobreza que las personas sin discapacidad.
En promedio, de acuerdo con la OMS, las personas con disca­pacidad y las familias con al menos un miembro con discapacidad enfrentan retos mayores en cuanto a inseguridad alimentaria, condiciones deficientes de vivienda, falta de acceso a agua potable, servicios deficientes de salud y poseen menos bienes que las personas y familias sin una discapacidad.
Es un hecho que las personas con discapacidad se ven en la necesidad de cubrir costos adicionales de asistencia personal, atención médica o dispositivos auxiliares, además de medicamentos o servicios de atención a la salud. En parte debido a estos gastos, es probable que las personas con discapacidad y sus familias sean más pobres que las personas sin discapacidad con unos ingresos similares, sin embargo el mayor problema que enfrentan sigue siendo la exclusión que agrava sus condiciones de vida al no permitirles la incorporación a la vida laboral y productiva.
Según el Informe Mundial sobre la Discapacidad, elaborado en 2011 por el Banco Mundial, “en los países de ingresos bajos, las personas con discapacidad, en comparación con las personas sin discapacidad, tienen una probabilidad un 50% mayor de enfrentarse a gastos sanitarios ruinosos”.
Definitivamente la discapacidad afecta de manera desproporcionada a las poblaciones vulnera­bles y los resultados de la Encuesta Mundial de Salud indican que la prevalencia de la discapacidad es mayor en los países de ingresos bajos, entre los que se incluye México. Las personas en el quintil más pobre, las mujeres y los ancianos presentan asimismo una mayor prevalencia de la discapacidad. Además las personas con pocos ingresos, sin trabajo o con poca formación académica tienen mayor riesgo de discapacidad, esto debido en parte al aumento de riesgos asociados a trabajos informales o peligrosos.
Asimismo dicha encuesta refiere que las tasas de empleo son menores entre los varones y mujeres dis­capacitados (53% y 20%, respectivamente) que entre los varones y mujeres no discapa­citados (65% y 30%, respectivamente).
Por otra parte, un estudio realizado en 27 países por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) comprobó que las personas con discapacidad, en comparación con sus homólo­gas no discapacitadas, experimentaban desventajas significativas en el mercado laboral y tenían peores oportunidades de empleo. En promedio, su tasa de empleo (44%) era ligeramente superior a la mitad de la de las personas sin discapacidad (75%) y la tasa de inactividad era unas 2,5 veces mayor entre las personas sin discapacidad (49% y 20%), respectivamente.
Tomando en cuenta los datos anteriores, y considerando las cifras presentadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el marco de la presentación del Programa Nacional de Trabajo y Empleo para Personas con Discapacidad, se hace evidente la urgencia de actuar en un tema que afecta a más de 7 millones de mexicanos que podrían enfrentar condiciones de marginación y vulnerabilidad en parte asociada al desempleo.
Si reconocemos que en nuestro país todas las personas tenemos derecho – al menos escrito- a tener un trabajo que nos permita recibir un ingreso económico y gozar de prestaciones laborales y de seguridad social, es necesario garantizar que esas condiciones se cumplan para la población con discapacidad.
Tomando en cuenta que el artículo 5º de la Constitución Política y el artículo 4º de la Ley Federal del Trabajo, señalan que a ninguna persona se le puede impedir, se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siempre y cuando sean lícitos, debemos garantizar que las personas con discapacidad puedan incorporarse a las actividades que elijan.
Además el artículo 123 de nuestra Constitución, señala que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, y en el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, del cual México es parte, se establece que las personas con discapacidad tienen derecho a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás, ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y en un entorno laboral que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad.
Por su parte, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en su artículo 6 señala que es facultad del Titular del Poder Ejecutivo el “instruir a las dependencias y entidades del Gobierno Federal a que instrumenten acciones en favor de la inclusión social y económica de las personas con discapacidad en el marco de las políticas públicas”. A pesar de ello, la realidad muestra que las personas con discapacidad no están siendo incluidas en su mayor parte en la economía del país y se encuentran segregadas y en condiciones de vulnerabilidad frente a un entorno de precariedad laboral y limitadas opciones para el autoempleo.
Es importante que como sociedad seamos capaces de reconocer que la discapacidad forma parte de la condición humana. Casi todas las personas sufrirán algún tipo de discapacidad transitoria o permanente en algún momento de su vida, y las que lleguen a edades avanzadas experimentarán dificultades crecien­tes de funcionamiento. Por ello, este fenómeno complejo, y las desventajas asociadas son múltiples, sistémicas y variables.
De acuerdo con nuestro marco jurídico, en México está prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Adicionalmente, según lo dispuesto por el Artículo 1º de nuestra Constitución, en México “todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no puede restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la misma Constitución establece”.
Para que podamos hacer efectivos esos derechos, es necesario eliminar todo tipo de obstáculos, entre en los que se encuentra la accesibilidad a espacios públicos y al transporte haciendo posible que las personas con discapacidad participen en el empleo y la vida social, reduciendo así su aislamiento y dependencia económica.
En busca de alternativas para eliminar los obstáculos que enfrenta la población con discapacidad, esta propuesta concreta busca que se promuevan y suscriban convenios específicos de colaboración entre el gobierno federal y el sector privado que contengan mecanismos de seguimiento y vigilancia, y brinden a las personas con discapacidad la garantía de un trabajo formal con acceso a la seguridad social y prestaciones de ley, en condiciones de accesibilidad.
Adicionalmente y tomando en cuenta que la generación de empleos en México es escaza, es pertinente considerar la alternativa del autoempleo, razón por la cual a través de esta iniciativa se faculta al ejecutivo para que impulse la generación de alternativas de financiamiento dirigido a personas con discapacidad que deseen emprender un negocio.
Por otro lado, dentro de las recomendaciones que hace la OMS a los países, se incluye el garantizar la accesibilidad tanto a espacios urbanos como a edificios concretos a través de la cooperación entre los sectores público y privado.
En respuesta a lo anterior y dado que la experiencia demuestra que para que las personas con discapacidad puedan incorporarse a los centros de trabajo, es necesario eliminar las barreras físicas y brindar las condiciones para su acceso; esta propuesta plantea que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través de un programa de financiamiento, apoye a las empresas y centros laborales para que realicen obras tendientes a mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad.
En cuanto al transporte, la meta de accesibilidad continúa a lo largo de toda la cadena de desplazamiento de las personas con discapacidad hacia los centros de empleo, pero puede alcanzarse a través de programas impulsados por el gobierno federal en coordinación con los gobiernos estatales. Estos programas deben abarcar a todos los medios de transporte público, incluidos los taxis que son una parte importante del sistema integrado de transporte.
En la implementación de medidas como las planteadas, la OMS ha sugerido la formación del personal de transporte, junto con financiación gubernamental para la construcción de rampas, aceras rebajadas y pasos de peatones que mejoran la seguridad y aseguran la accesibilidad.
A partir de esta reforma que permitirá que se lleven a cabo las medidas anteriormente expuestas, sin duda se habrá avanzado en la inclusión de las personas con discapacidad a la economía nacional, mejorando sus vidas, las de sus familias y las condiciones de la sociedad mexicana en general.
Por lo anteriormente expuesto, pongo a la consideración de esta Soberanía el siguiente:
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción II; se adicionan las fracciones XIII, XIV y XV del artículo 6;y se adiciona la fracción IX al artículo 11; todos de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue:
II. Instruir a las dependencias y entidades del Gobierno Federal a que instrumenten acciones en favor de la inclusión social y económica de las personas con discapacidad en el marco de las políticas públicas; a través de la vinculación de las políticas de protección social con programas de reinserción productiva y laboral.
III al XII. …
XIII. Promover y suscribir convenios específicos de colaboración, con el sector privado que contengan mecanismos de seguimiento y vigilancia, y brinden a las personas con discapacidad la garantía de un trabajo formal con acceso a la seguridad social y prestaciones de ley, en condiciones de accesibilidad. Todo lo anterior, considerando las características propias de género y sexo, edad, formación profesional y evitando en todo momento que se reproduzcan estereotipos de subordinación, prestando especial atención a grupos en situación de discriminación y/o exclusión.
XIV. Impulsar la generación de alternativas de financiamiento para que las personas con discapacidad puedan autoemplearse a través de microempresas para lo cual se debe brindar asesoría y financiamiento.
XV. En coordinación con los gobiernos estatales, impulsar que todos los sistemas de transporte público cuenten con las condiciones que permitan la accesibilidad a las personas con cualquier tipo de discapacidad.
XVI. Las demás que otros ordenamientos le confieran.
I al VII …
VIII. Promover que los centros de trabajo cuenten con instalaciones que garanticen la accesibilidad a través de un programa de apoyo financiero para llevar a cabo obras tendientes a mejorar la accesibilidad para personas con discapacidad.
IX. Las demás que dispongan otros ordenamientos
Salón de Sesiones del Senado de la República a 10 de diciembre de 2014