Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-24200-de-junio-29-de-2005?documento=jurcol&contexto=jurcol_620fe90e1fe64da7987fae82c897a010&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-17 06:58:52
Document Index: 318403478

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 70', 'artículo 86', 'artículo 38', 'artículo 13', 'artículo 7']

﻿ Sentencia 24200 de junio 29 de 2005
SENTENCIA 24200 DE 29 DE JUNIO DE 2005
CONTENIDO:LA TERMINACIÓN DEL CONTATO DE TRABAJO IMPUTABLE AL TRABAJADOR NO NECESITA AGOTAR PROCEDIMIENTO PREVIO. PUES SOLO LOS PROCESOS ESTÁN RESERVADOS PARA LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATO DE TRABAJO, INDEMNIZACIÓN LABORAL, CONVENCIÓN COLECTIVA, RECURSO DE CASACIÓN, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL EMPLEADOR
Sentencia 24200 de junio 29 de 2005
Rad. 24200
Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por REGULO VILLALBA GUCHUBO contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 12 de marzo de 2004, en el proceso que el recurrente promovió contra BAVARIA S.A.
En lo que al recurso interesa es suficiente decir que REGULO VILLALBA GUCHUBO demandó a BAVARIA S.A. para que, una vez se declarara que con la empresa existió un contrato de trabajo entre el 12 de mayo de 1972 y el 10 de abril de 2002; que entre esta y el sindicato de sus trabajadores se suscribió una convención colectiva de trabajo de la cual es beneficiario; que con violación de la misma la demandada le terminó la relación laboral; y que, por tanto, su despido fue ineficaz, fuera condenada a cumplir la aludida convención colectiva, “en especial las cláusulas 6ª, 13ª, 14ª y 52ª” (folio 45), y a pagarle la indemnización por despido sin justa causa, la indemnización convencional prevista en caso de reducción de personal, la pensión convencional por más de 20 años de servicio y haber cumplido 55 años de edad, la indexación laboral o corrección monetaria y los conceptos extra y ultra petita. En subsidio, que luego de declararse que la demandada incumplió la mentada convención colectiva de trabajo, “especialmente las cláusulas 6ª, 13ª, 14ª, y 52ª” (folio 5), y que su despido fue ineficaz, se le condenara a reinstalarlo en el cargo que desempeñaba o en uno de igual o superior categoría y a pagarle los salarios, prestaciones sociales legales y convencionales y aportes a la seguridad social dejados de percibir.
Fundó esas pretensiones, en síntesis, en los siguientes hechos: 1) prestó sus servicios personales a la demandada entre el 12 de mayo de 1972 y el 10 de abril de 2002, siendo su último cargo el de ‘Maquinista de Planta de Primera en la Cervecería Bogotá’ con un salario diario de $40.344,00; 2) estaba cobijado por la convención colectiva de trabajo suscrita entre la empresa y el sindicato de sus trabajadores, con vigencia entre el 1º de enero de 2001 y el 31 de diciembre de 2002; 3) la demandada le terminó el contrato de trabajo sin justa causa, aduciendo que el 7 de noviembre de 2001, cuando inscribió la lista de familiares beneficiarios de los servicios médicos de la empresa, incluyó a dos de sus hijos, no obstante no estar dependiendo de él económicamente, por ser cotizantes de la seguridad social y estar trabajando para otras empresas; 4) los datos del formulario de inscripción no los diligenció sino que, apenas, firmó ese documento; 5) en el trámite convencional que supuestamente adelantó la empresa él aclaró que no sabía de sus hijos por haber liquidado ya su sociedad conyugal mediante escritura pública en la cual se obligó a que se les prestara ese servicio médico; 6) al cambiar el carnet de su hija Lili Johana —aproximadamente en noviembre de 2001— le informaron que sus hijos aparecían afiliados a Compensar, por lo cual solicitó que los borraran del sistema; 7) el sindicato en el trámite que se le siguió alegó que la empresa violó los términos para hacerle cargos; 8) la empresa tiene por propósito la desvinculación de los trabajadores que cuentan con contrato de trabajo a término indefinido, violando las garantías convencionales; 9) se le informó que le iban a negociar su retiro reconociéndosele 65 días de salario por cada año de retiro lo cual no se cumplió; y 10) durante su historia laboral nunca fue sancionado.
La demandada, aun cuando aceptó la existencia de la relación de trabajo con el demandante por el término que aquél indicó, afirmó que el despido obedeció, según aparecía en la carta de despido, “a que los hijos del actor se encontraban laborando y el actor no dio aviso de tal situación beneficiándose sus hijos de los servicios médicos convencionales y sin tener derecho a ellos. Por otro lado, el que su hijos laboraran en otro lado supuso la afiliación a una EPS, siendo que la cláusula claramente busca proteger a quienes no son cotizantes en el sistema de salud” (folio 71), hecho para el cual no tenía que seguir un proceso disciplinario porque el despido con justa causa no constituye una sanción de ese carácter, además de cumplir estrictamente la convención colectiva de trabajo y garantizar siempre el derecho de defensa de sus trabajadores. Propuso las excepciones de ‘inexistencia de las obligaciones que se demandan’, ‘cobro de lo no debido’, ‘terminación del contrato por justa causa’ , ‘pago’, ‘buena fe’, ‘indebida aplicación e interpretación de las normas convencionales’, ‘inexistencia de acción de reinstalación’ e ‘inconveniencia e imposibilidad de la reinstalación’ (folios 84 a 85).
El juzgado de conocimiento, que lo fue el Diecisiete Laboral de Circuito de Bogotá, por fallo de 12 de febrero de 2004, absolvió a la demandada de las pretensiones del actor; decisión que apelada por este fue confirmada por el Tribunal por la sentencia atacada en casación.
Para confirmar la absolución dispuesta por el juez de primer grado el Tribunal, una vez dio por establecida la relación laboral entre las partes; y tuvo por probado que la demandada la terminó aduciendo la justa causa que alegó al contestar la demanda, aseveró que el procedimiento previsto en la cláusula 6ª de la convención colectiva para la imposición de sanciones disciplinarias en la empresa “es aplicable únicamente y exclusivamente para sanciones disciplinarias, no para despidos, toda vez que al demandante no se le impuso sanción alguna, y fue despedido en una facultad otorgada en la ley, con una justa causa comprobada” (folio 452).
Para el Tribunal, las certificaciones de afiliación de la E.P.S. Compensar —folios 22 a 23 y 25 a 27— acreditaban que los hijos del demandante, Régulo y Edwin Villalba Gómez, eran cotizantes de esa entidad y, por tal razón, “no tenían derecho a ese beneficio prestado por la empresa” (ibídem).
Según el juez de la alzada, del interrogatorio de parte que absolvió el demandante, el que a su vez absolvió el representante legal de la demandada, los testimonios de Jairo Triviño, Euclides Bolívar, Nelson Zárate, Fabio Rosso y Jorge Bernal se establecían “los motivos de la terminación del vínculo laboral” (folio 453).
La calificación de ‘falta grave’ de los hechos que dieron lugar a la terminación del vínculo afirmó “no corresponde definirla al juez, sino ... deben estar contenidas en los pactos, convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos internos de trabajo, memorandos internos, manuales de procedimiento y funciones” (folio 453), por lo que, para este caso, la encontró prevista en el artículo 7º del Decreto 2361 de 1961, el reglamento interno de trabajo —folios 125 a 167—, y el artículo 7º del Decreto 2351 de 1965 del cual transcribió ‘el haber sufrido engaño por parte del trabajador, mediante al presentación de certificados falsos para su admisión o tendientes a obtener un provecho indebido’ (ibídem).
En suma, el juez de la alzada concluyó que, a pesar de que el trabajador había afirmado que por estar separado de su esposa no sabía de sus hijos y que vino a conocer que estaban afiliados a una E.P.S. cuando refrendó el carnet de otra de sus hijas, en la diligencia de descargos al ser interrogado manifestó que no se acordaba en qué mes había sabido y que eso se determinaba con la fecha de cuando refrendó el carnet de otra de sus hijas. Para el juzgador se podía concluir, entonces, la falta grave cometida por el trabajador al incurrir “en un proceder irregular al relacionar como dependientes económicos a dos hijos, a fin de vincularlos al servicio médico que presta la empresa, sin tener derecho a ello por encontrarse afiliados a la EPS Compensar como cotizante(sic), habiéndose beneficiado de manera indebida tales personas de dicho beneficio(sic), como se evidencia a partir de la documental obrante a (fls 22-23); las solicitudes de inscripción de servicios médicos y odontológicos (fls 93-95), apareciendo demostrado que el actor al efectuar el diligenciamiento del formato para acceder al servicio médico, incluyo(sic) de manera indebida a los hijos ya indicados” (folio 454), lo cual, asentó, no estaba de acuerdo “con lo dispuesto en el art. 38 de la convención colectiva (fl 196)” (ibídem).
Agregó que con las documentales del proceso, entre ellas, el acta de descargos —folios 25 a 27—, la carta de despido —folios 41 a 42—, el reglamento interno de trabajo —folios 125 a 167— y la convención colectiva de trabajo —folios 170 a 223—, así como con los testimonios recaudados, “se demostró que la demandada siguió el trámite de ley para dar por terminado el contrato de trabajo” (folio 456); así como que pagó todas las acreencias laborales que correspondían al trabajador, “tal como se desprende de la liquidación final de prestaciones sociales (fl 28)” (ibídem).
Inconforme con la anterior decisión REGULO VILLALBA GUCHUBO pretende en su demanda (folios 6 a 18 cuaderno 3), que fue replicada (folios 33 a 41 cuaderno 3), que la Corte case la sentencia del Tribunal, revoque la del juzgado y, en su lugar, acceda a las pretensiones de su demanda inicial, “así como al reconocimiento y pago de la indexación o corrección monetaria por los salarios y prestaciones legales y extralegales no canceladas oportunamente, como consecuencia de la ineficacia de la terminación unilateral del contrato de trabajo” (folio 10 cuaderno 2).
Para tal efecto le formula un cargo que titula “primer cargo” (ibídem), en el que la acusa por aplicar indebidamente los artículos 55, 61, 62, 140, 467, 468, 469, 470 y 476 del Código Sustantivo del Trabajo; 60, 61 y 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social; 174, 175, 177, 187 y 305 del Código de Procedimiento Civil; 63, 1602 y 1603 del Código Civil; y 53, 55, 83, 228, 229 y 230 de la Constitución Política.
Como errores de hecho singulariza los siguientes:
“2. No dar por demostrado, estándolo, que el trabajador en los descargos justificó los cargos imputados.
“3. No dar por probado, estándolo, que el despido del demandante fue arbitrario e injusto.
“4. Dar por demostrado, no estándolo, que el trabajador incurrió en proceder irregular al relacionar dependientes económicos a dos hijos, a fin de vincularlos al servicio médico de la empresa, sin tener derecho, por encontrarse afiliados a la EPS Compensar como cotizantes, haciéndose beneficiarios indebidamente de dicho beneficio (fl 454).
“5. No dar por demostrado, estándolo, que la empresa demandada está alegando a su favor su propia culpa, con la terminación del contrato de trabajo del demandante.
“6. Dar por demostrado, no estándolo, que la empresa demandada tenía la facultad de terminar el contrato de trabajo sin aplicar el procedimiento consagrado en la convención colectiva de trabajo cuyo cumplimiento se pide.
“7. No dar por demostrado, estándolo que procedía la reinstalación del demandante a su puesto de trabajo así como al pago de todos sus salarios y prestaciones sociales dejados de devengar y la indexación de los valores adeudados” (folios 11 a 12 cuaderno 2).
Indica como pruebas erróneamente apreciadas el acta de descargos (folios 25 a 27), el formulario de inscripción de familiares beneficiarios al servicio de salud (folios 36), el testimonio de Jairo Triviño (folio 359), la certificación de la Superintendencia de Salud (folio 39), el interrogatorio de parte absuelto por él mismo (folio 306), la sentencia de segunda instancia (folios 454 a 454), la carta de terminación del contrato de trabajo (folios 41 a 42) y la convención colectiva de trabajo (folios 270 a 279).
En el alegato con el que pretende demostrar el cargo afirma que “no era el demandante el que tenía la carga legal de llevar a cabo la investigación sobre la presunta falta de tener afiliados a sus dos hijos” (folios 14 a 15 cuaderno 3), sino a la empresa, por haberse anotado en la escritura de liquidación de su sociedad conyugal que el servicio médico lo continuaría prestando su empleadora.
Aduce el recurrente que él “no tenía conocimiento que los mismos —sus hijos— fueran cotizantes de la E.P.S. Compensar desde el 27 de febrero de 2001 y desde el 17 de diciembre de 1999” (folio 16 cuaderno 3); y que el ‘juez del conocimiento’ “dio una interpretación distinta a la norma señalada en la cláusula 6 de la convención” (folios 16 a 17 cuaderno 3), pues en ella se alude al procedimiento para aplicar sanciones disciplinarias, cuestión distinta a la terminación unilateral del contrato de trabajo “que la misma parte actora reconoce la diferencia al referirse en los hechos de la demanda” (folio 17 cuaderno 3).
Para el recurrente, el Tribunal erró al considerar que la empleadora podía terminar la relación laboral con fundamento en el artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, “cuando dicha facultad como modalidad de terminación de los contrato de trabajo, se erige con fundamento en el literal h) del artículo 6º del D.L. 2351 de 1965, el cual fue suprimido expresamente por la cláusula 13 de la convención colectiva de trabajo cuyo cumplimiento se pide” (folio 17 cuaderno 3).
Sostiene el recurrente que esa subordinación prevista en la cláusula convencional “le resta facultad legal para terminar el contrato de trabajo” (ibídem), por lo que, conforme a la cláusula 6ª de la misma, la cual transcribe parcialmente y resalta en lo que considera pertinente, “la justa causa debe ser demostrada y con garantía del derecho de defensa y debido proceso” (ibídem).
Alega que la reinstalación solicitada en la demanda no es una facultad legal sino convencional; y que no discute “la existencia de la justa causa ni se pide por otra parte la indemnización por despido injusto” (folio 18 cuaderno 3), sino la violación del derecho de defensa y de la citada cláusula convencional, por cuanto las pretensiones de la demanda “solamente se refieren a la reinstalación” (ibídem).
Por su parte, la replicante aduce que el cargo constituye un alegato de instancia que entremezcla argumentaciones fácticas y jurídicas; que de conformidad con la cláusula 38 de la convención colectiva de trabajo los servicios médicos dispensados a los beneficiarios del trabajador se restringen a quienes estén en edad escolar, efectivamente estudien, sean solteros y dependan económicamente del trabajador; que los hijos del actor no cumplían con esas condiciones por tener para el año 2001 en que se les inscribió a ese servicio 25 y 26 años de edad, estar vinculados a la E.P.S. Compensar y no estudiar; que la escritura de liquidación de la sociedad conyugal no le es oponible y que el demandante no podía desconocer la edad con la cual contaban sus hijos para el momento de la inscripción al servicio médico; que el demandante conocía plenamente la utilización indebida de los servicios médicos por sus hijos, pues, se le hacían los respectivo descuentos en la nómina; que si bien el literal h) del artículo 6º del Decreto 2315 de 1965 —61 del Código Sustantivo del Trabajo— no fue incluido en la cláusula 13ª de la convención, sí lo fue expresamente el artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, que consagra la facultad del patrono de terminar unilateralmente el contrato antes las circunstancias allí enunciadas, el cual artificiosamente desconoce el recurrente; que la cláusula 6ª de la mentada convención colectiva de trabajo alude a los procedimientos disciplinarios de la empresa y lo que aquí aconteció fue un despido con justa causa, razón suficiente para que no hubiera de seguirse procedimiento disciplinario alguno, tal y como lo ha sostenido la jurisprudencia; que en el artículo 70 del reglamento interno de trabajo se consigna la posibilidad del empleador de despedir al trabajador sin necesidad de agotar procedimientos disciplinarios cuando ocurre justa causa de despido; que la reinstalación en el empleo no es un derecho convencional, y que la afirmación de que no se discute la indemnización por despido sin justa causa sino la reinstalación, además de ilógica, reconoce lo justo del despido.
Asiste entera razón a los reproches que hace la réplica al cargo en cuanto en lo enrevesado de su fundamentación, como quiera que, amén de soportarse en subjetivas apreciaciones que de algunos de los medios de convicción hace al desarrollarlo, y de no discutir las verdaderas conclusiones a las que arribó el Tribunal para resolver el asunto en la forma como en los antecedentes se indicó, concluye en que no es materia de debate “la existencia de la justa causa” (folio 18 cuaderno 3) que motivó su despido, ni que es objeto de sus pretensiones “la indemnización por despido injusto” (ibídem), sino, apenas, “la violación del derecho de defensa y de la cláusula convencional” (ibídem), y la pretensión a su “reinstalación” (ibídem), con lo cual, inexplicablemente, da un vuelco a la argumentación anteriormente expuesta, dejando prácticamente incólumes las conclusiones del juzgador.
Por lo dicho, interesa recordar a la Corte que para la prosperidad del recurso de casación es necesario que el recurrente controvierta todos los fundamentos de hecho o de derecho en que se basa la sentencia acusada, pues nada conseguirá si ataca razones distintas de las expresadas por el Tribunal como soporte de la decisión impugnada, o apenas alguna de ellas, como aquí sucedió, ya que lo que hace a lo largo del desarrollo del cargo es, apenas, insistir en que no se le siguió un procedimiento disciplinario y que, por ello, tiene derecho a la reinstalación en el empleo, ignorando con ello, las esenciales consideraciones del Tribunal sobre la justa causa invocada por el empleador para dar por terminada unilateralmente la relación laboral, así como la diferencia de la sanción disciplinaria —cuya ocurrencia acepta expresamente el recurrente al señalar que el ‘juez del conocimiento’ “dio una interpretación distinta a la norma señalada en la cláusula 6 de la convención” (folios 16 a 17 cuaderno 3), pues en ella se alude al procedimiento para aplicar sanciones disciplinarias, causadas en el desempeño del trabajo que dan lugar a medidas correctivas o disciplinarias, y cuestión distinta a la terminación unilateral del contrato de trabajo “que la misma parte actora reconoce la diferencia al referirse en los hechos de la demanda” (folio 17 cuaderno 3)—. Ante la orfandad argumentativa del cargo en los aspectos señalados, las conclusiones del Tribunal, se reitera, permanecen incólumes, como la presunción de legalidad que cobija la sentencia.
También importa a la Corte recordar que, como está claramente enunciado en el artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, y lo ha explicado muchas veces la jurisprudencia del trabajo, el fin de la casación no tiene por objeto volver a juzgar el litigio que enfrentó a las partes, sino establecer, si el recurrente sabe plantear el recurso, si la sentencia se dictó conforme a la ley, pues, como también lo ha asentado pertinazmente, el recurso de casación no es una tercera instancia en donde libremente pueden discutirse las pruebas del proceso o plantearse cuestiones de espalda a las consideradas por el juzgador de instancia.
Adicional a lo anotado, por dirigirse el único cargo que plantea la demanda de casación por la vía de los yerros fácticos, es del caso reiterar que, como lo asentara la Corte en sentencia de 11 de febrero de 1994 (Radicación 6043), el ‘error evidente, ostensible o manifiesto de hecho’ es aquel que “se presenta, según el caso, cuando el sentenciador hace decir al medio probatorio algo que ostensiblemente no indica o le niega la evidencia que tiene, o cuando deja de apreciarlo, y por cualquiera de esos medios da por demostrado un hecho sin estarlo, o no lo da por demostrado estándolo, con incidencia de ese yerro en la ley sustancial que de ese modo resulta infringida”; precisión esta que sirve para determinar que los atribuidos por el recurrente al Tribunal como errores de hecho en el acápite correspondiente, salvo los de los numerales 2º y 5º, en verdad no lo son, puesto que inferir si su despido fue o no “justificado”; si su despido “fue arbitrario e injusto”; si su proceder, al afiliar a los servicios médicos de la demanda a sus hijos, no obstante ser mayores de edad e independientes económicamente, fue o no “irregular”; si la empleadora tenía o no “la facultad de terminar el contrato de trabajo sin aplicar el procedimiento consagrado en la convención ...”; y si “procedía la reinstalación del demandante a su puesto de trabajo así como el pago de todos sus salarios y prestaciones ...”, requiere de análisis jurídicos extraños en un todo a la vía escogida en el ataque o, a lo sumo, estructuran, en la forma como los plantea el recurrente, las posibles conclusiones a las que se podría arribar en el fallo pero, se reitera, no desaciertos al apreciar o dejar de apreciar determinados medios probatorios.
Por manera que, al no contener los numerales indicados yerros de valoración probatoria respecto de los medios de convicción que autorizan discutir las normas de la casación del trabajo, los que sí lo son se reducen a los contenidos en los numerales 2º y 5º del respectivo capítulo del cargo.
Pero resulta que el Tribunal no desconoció que el trabajador, en la diligencia de descargos, ‘justificó los cargos imputados’, pues expresamente el juez de la alzada concluyó que, a pesar de que el trabajador había afirmado que por estar separado de su esposa no sabía de sus hijos y que vino a conocer que estaban afiliados a una E.P.S. cuando refrendó el carnet de otra de sus hijas, en la diligencia de descargos al ser interrogado manifestó que no se acordaba en qué mes había sabido y que eso se determinaba con la fecha de cuando refrendó el carnet de otra de sus hijas. Para el juzgador, entonces, se podía concluir la falta grave cometida por el trabajador al incurrir “en un proceder irregular al relacionar como dependientes económicos a dos hijos, a fin de vincularlos al servicio médico que presta la empresa, sin tener derecho a ello por encontrarse afiliados a la EPS Compensar como cotizante(sic), habiéndose beneficiado de manera indebida tales personas de dicho beneficio(sic), como se evidencia a partir de la documental obrante a (fls 22-23); las solicitudes de inscripción de servicios médicos y odontológicos (fls 93-95), apareciendo demostrado que el actor al efectuar el diligenciamiento del formato para acceder al servicio médico, incluyo(sic) de manera indebida a los hijos ya indicados” (folio 454), lo cual, asentó, no estaba de acuerdo “con lo dispuesto en el artículo 38 de la convención colectiva (fl 196)” (ibídem). Se derrumba, en consecuencia, la mentada afirmación.
Además, la aseveración del recurrente de que la demandada conocía los hechos que consideró como constitutivos de la falta grave que le endilgó para terminar unilateralmente el contrato de trabajo y que, por ende, su planteamiento por la empleadora trasluce una alegación de “su propia culpa”, como lo asevera en el error de hecho número 5 del capítulo correspondiente, aparte de resultar un contrasentido por no ser excusa de su propio proceder, no fue asunto sometido a discusión en las instancias constituyendo así un nuevo medio inadmisible en casación. No sobra decir que la posibilidad de descontar el cien por ciento del valor del servicio médico irregularmente prestado a los familiares del trabajador no exime de responsabilidad laboral a este y que su reconocimiento por el trabajador lo que corrobora es la ocurrencia de los hechos en que se funda la causal de rompimiento del contrato.
Ahora bien, como lo destaca la réplica, el ataque del recurrente se circunscribe a señalar algunos de los medios de convicción del proceso como fuente de los errores que le atribuye al fallo, no empece que para arribar a las conclusiones el juzgador tuvo en cuenta no solamente el acta de descargos, el formulario de inscripción de familiares beneficiarios al servicio de salud, el testimonio de Jairo Treviño, la certificación de la Superintendencia de Salud, el interrogatorio de parte absuelto por él mismo, la carta de terminación del contrato de trabajo y la convención colectiva de trabajo, sino también, como atrás se señaló, las certificaciones de afiliación de la E.P.S. Compensar, el interrogatorio de parte que absolvió el representante legal de la demandada, los testimonios de Euclides Bolívar, Nelson Zárate, Fabio Rosso y Jorge Bernal y, especialmente, el reglamento interno de trabajo, medios de prueba que ningún reparo le merecieron al recurrente, cuando era su deber destruir todos los soportes probatorios del fallo por dirigirse el cargo por el sendero de los yerros de esa naturaleza.
Con todo, tampoco el recurrente manifiesta una verdadera disconformidad con el fallo del Tribunal en cuanto a sus observaciones probatorias sino, como también lo resalta la réplica, plantea su particular apreciación sobre los mismos, como por ejemplo, que la escritura pública mediante la cual liquidó su sociedad conyugal incluía una cláusula donde se comprometió a prestar los servicios médicos de la empresa a sus hijos, cuestión que, fuera de ser inoponible a la demandada, resulta inocua para las resultas del proceso; que en la inscripción de familiares a esos servicios autorizó el descuento del 100% del valor en caso de mala utilización del servicio, lo cual en modo alguno lo eximía de su propia responsabilidad como trabajador; y que la demandada no hace parte del sistema general de seguridad social integral, aspecto que resulta irrelevante a efectos de establecer el cumplimiento del deber de lealtad del trabajador con su empleadora en la utilización de los servicios asistenciales que particularmente le proveía.
Por último, propone el recurrente la lectura del artículo 13 de la convención colectiva de trabajo que regula las relaciones de las empresa con sus trabajadores, para inferir que las causales de terminación unilateral del contrato de trabajo previstas en el artículo 7º del Decreto 2351 de 1965 quedaron excluidas en ese acto, cuando quiera que, como atinadamente lo reseña la opositora, expresamente aparecen contempladas a renglón seguido de la anterior expresión que invoca el recurrente, esto es, que “... la terminación de los contratos queda subordinada a las causales establecidas en los artículos 61 ... y 62 (Art. 7º Decreto Legislativo 2351 de 1965) del Código Sustantivo del Trabajo” (folio 182), disposición en que encontró el Tribunal se enmarcaba el despido del que fue objeto el trabajador y con lo cual todo el ataque pierde su pretendido mérito.
Sin que sea necesario abundar en más razones, por los desatinos de orden técnico que presenta, y por no haberse acreditado los yerros probatorios que le endilga al fallo, como se dijo al comienzo, se desestima el cargo.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 12 de marzo de 2004 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso que REGULO VILLALBA GUCHUBO promovió contra BAVARIA S.A.
Magistrados: Isaura Vargas Díaz—Gustavo José Gnecco Mendoza—Carlos Isaac Nader—Eduardo López Villegas—Luis Javier Osorio López—Francisco Javier Ricaurte Gomez—Camilo Tarquino Gallego.