Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2016-00271-de-septiembre-22-de-2016?documento=jurcol&contexto=jurcol_8161e6c9a3e841689d494d959e69a7ae&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-08-15 04:57:51
Document Index: 17458989

Matched Legal Cases: ['artículo 146', 'artículo 9', 'artículo 24', 'artículo 25', 'artículo 9', 'artículo 22', 'artículo 10', 'artículo 20', 'artículo 31', 'artículo 86', 'artículo 6', 'artículo 23', 'artículo 22', 'artículo 9']

﻿ SENTENCIA 2016-00271 DE SEPTIEMBRE 22 DE 2016
SENTENCIA 2016-00271 DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016
CONTENIDO:ERROR EN CERTIFICACIÓN LABORAL NO PUEDE SER ATRIBUIDO AL ASPIRANTE DEL CONCURSO DE MÉRITOS, CUANDO ESTE CONFÍA QUE CORRESPONDE A LA REALIDAD. SE ESTABLECE QUE EN UNA CONVOCATORIA DE ASCENSO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC, SE VULNERAN LOS DERECHOS AL DEBIDO PROCESO, A LA DEFENSA, A LA IGUALDAD Y AL ACCESO A CARGOS PÚBLICOS POR PARTE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL-CNSC, CUANDO SE INADMITE AL ASPIRANTE POR NO CUMPLIR CON EL REQUISITO DE LA EXPERIENCIA, EN RAZÓN DE QUE LA CERTIFICACIÓN LABORAL QUE APORTÓ CONTIENE UN ERROR EN LA FECHA DE POSESIÓN DEL CARGO QUE DESEMPEÑA, ASÍ COMO AL NEGÁRSELE EN EL RECURSO DE REPOSICIÓN, LA RECEPCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN LABORAL QUE CORREGÍ DICHA INFORMACIÓN, ADUCIENDO LA ENTIDAD, LA EXTEMPORANEIDAD Y LA FALTA DE IDONEIDAD DE LA OPORTUNIDAD PROCESAL PARA LA ENTREGA DE LA MISMA. EN ESE SENTIDO, SI BIEN ES CIERTO EL ASPIRANTE NO VERIFICÓ PREVIAMENTE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL CERTIFICADO ENTREGADO, DICHO YERRO NO SE LE PUEDE ATRIBUIR AL ACTOR, PUES CONFIÓ QUE EL CERTIFICADO CORRESPONDÍA A LA REALIDAD ENTREGÁNDOLO CON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA, DENTRO DE LA OPORTUNIDAD ESTABLECIDA EN EL CONCURSOPOR ENDE, LE CORRESPONDE A LA CNSC CONSTATAR QUE EL ASPIRANTE CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITO AL CORREGIRSE EL ERROR, PARA PERMITIRLE CONTINUAR EN EL PROCESO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCESO A EMPLEOS PÚBLICOS, COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, CONCURSO DE MÉRITOS, DERECHO AL DEBIDO PROCESO, ERROR, INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO, ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO
Sentencia 2016-00271 de septiembre 22 de 2016
Radicación: 19001233300020160027101
Demandante: Gilberto Edisson Ortega Hurtado
Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil y otros.
Referencia: Tutela. No se presentan documentos extemporáneamente cuando fueron objeto de corrección por error de la administración.
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por el ciudadano Gilberto Edisson Ortega Hurtado, en contra del fallo de 28 de junio de 2016, proferido por el Tribunal Administrativo del Cauca, que declaró la falta de legitimación por pasiva del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec y no tuteló los derechos fundamentales del actor dentro de la acción de tutela interpuesta en contra de la Comisión Nacional del Servicio Civil, CNSC, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec y la Universidad Manuela Beltrán.
El señor Gilberto Edisson Ortega Hurtado, actuando en nombre propio, promovió acción de tutela en contra de la Comisión Nacional del Servicio Civil, CNSC; del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec y de la Universidad Manuela Beltrán, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la defensa, al debido proceso, al trabajo, al acceso a cargos públicos, a la igualdad y a los derechos adquiridos, al ser excluido de la Convocatoria 336 Inpec ASCENSOS, pues según la publicación de 17 de mayo de 2016, apareció registrado como NO ADMITIDO.
I.2. Hechos relevantes.
El accionante adujo que el 4 de abril de 2000, ingresó a prestar los servicios al Inpec en grado de Dragoneante y, posteriormente, el 10 de enero de 2013, fue posesionado en el cargo de Inspector código 4137 grado 13, mediante acta de posesión 001 de 10 de enero de 2013.
Añadió que se inscribió en la Convocatoria 336 Inpec ASCENSOS, efectuada por la Comisión Nacional del Servicio Civil, para lo cual realizó el proceso de cargar los documentos antes de la fecha prevista para la culminación de esa etapa del concurso, adjuntando la respectiva constancia de “cargue de documentos”.
Indicó que fue inadmitido a la convocatoria por no haber acreditado el requisito de experiencia en tanto fue informado que, según la certificación laboral expedida por el Inpec, contaba con 2 años, 3 meses y 2 días de experiencia, tiempo que para el cargo de Inspector resultaba insuficiente, de acuerdo con lo exigido por la OPEC (Oferta Pública de Empleos de Carrera).
Observó el actor que al hacer la verificación se percató de que la certificación expedida por la Oficina de Talento Humano del Inpec registraba un error en la fecha de posesión para el cargo de Inspector toda vez que la fecha que quedó plasmada fue el 10 de diciembre de 2013, siendo la correcta, 10 de enero de 2013, descontándosele once meses, los que de haber sido tenidos en cuenta en la convocatoria, acreditarían el tiempo de experiencia exigido.
Indicó que una vez solicitó la corrección a la Oficina de Talento Humano del Inpec procedió a allegarla al concurso de méritos, como anexo del recurso de reposición dentro de la oportunidad correspondiente; sin embargo, la Comisión Nacional del Servicio Civil, confirmó la decisión en proveído de 27 de mayo de 2016, por estimar que el documento se había allegado extemporáneamente.
Señaló que, en estas condiciones, la Universidad Manuela Beltrán no tuvo en cuenta los documentos anexos con el recurso de reposición, a pesar de la existencia del error de emisión del certificado expedido por la Oficina de Talento Humano del Inpec, proceder con el cual, en criterio del actor, le fueron vulnerados los derechos fundamentales invocados en esta acción de tutela.
Primero: Solicito al Juez Constitucional Tutelar los derechos fundamentales invocados como son: DERECHO A LA DEFENSA; GARANTÍAS AL DEBIDO PROCESO; AL TRABAJO; AL ACCESO A CARGOS PÚBLICOS; A LA IGUALDAD; A LOS DERECHOS ADQUIRIDOS y a los demás derechos que Usted en su vasto conocimiento vea vulnerados con el actuar de estas entidades.
Segundo: Que en tal efecto se ORDENE a las entidades accionadas la ADMISIÓN y continuación en la Convocatoria 336 Inpec ASCENSOS del suscrito, por cumplir con todos los requisitos exigidos de conformidad con el art. 18 del Acuerdo 564 de 2016, en concordancia con el artículo 146 del Decreto 407 de 1994.
Segundo (SIC): En tal efecto que se ordene la práctica de la prueba Psicológica, Clínica y Prueba de Valores, por cuanto éstas ya fueron practicadas al personal ya admitido el día 05 de junio del año en curso.
Tercero: ORDENAR a las entidades tuteladas a realizar y tramitar todo lo pertinente fuera de lo mencionado anteriormente para que se permita continuar en el proceso de ascenso como Inspector Jefe por cumplir con todos los requisitos de Ley.
Cumplo con las reglas establecidas en la convocatoria artículo 9º del Acuerdo 564 del 2016, de acuerdo a los documentos anexados como prueba en el recurso de reposición y no puedo asumir ni hacerme cargo de los errores de la administración”.
I.4. Respuesta a la acción de tutela
La Universidad Manuela Beltrán sostuvo que la CNSC profirió el Acuerdo 564 de 14 de enero de 2016, mediante el cual adoptó la Convocatoria 336 de 2016 – Inpec ASCENSOS, para convocar a concurso los empleos vacantes de la planta de personal pertenecientes al régimen de carrera del Instituto Penitenciario y Carcelario, Inpec, acto administrativo que rige el concurso de méritos al cual se presentó el tutelante.
Añadió que la Comisión Nacional del Servicio Civil suscribió con la Universidad Manuela Beltrán el contrato 121 de 2016, cuyo objeto fue el de desarrollar desde la etapa de verificación de requisitos mínimos hasta la consolidación de la información para la publicación de convocados a curso en la Escuela Penitenciaria Nacional del Inpec, entre otros, el proceso de selección de la Convocatoria 336 de 2016 Inpec ASCENSOS.
Indicó que la publicación de los resultados respecto de los requisitos mínimos se encuentra regulada en el artículo 24 del Acuerdo 564 de 2016 y la de reclamaciones en el artículo 25 ibídem y una vez verificada la información reportada por el concursante se concluyó que el señor Ortega Hurtado no cumplía con el requisito de experiencia, en tanto el tiempo de experiencia certificado en el documento allegado por el actor es insuficiente para cumplir con tal requisito, teniendo en cuenta que para el cargo 230893 denominado Inspector Jefe, la OPEC, en concordancia con el Decreto 407 de 1994, exige acreditar “al momento del cargue de documentos tres (3) años de experiencia como mínimo en el empleo de Inspector y acreditar cuatro (4) años como mínimo al momento del ascenso al cargo de Inspector Jefe. Art. 146 Decreto 407/94”.
Aclaró que dentro de los requisitos generales de participación se encuentra el de la aceptación de la totalidad de las reglas establecidas en la convocatoria, tal como lo dispone el numeral 4º (sic) del artículo 9º del Acuerdo 564 de 2016.
Añadió que el cargue de la documentación es responsabilidad del concursante, como lo prevé el artículo 22 del Acuerdo 564 de 2016, además, debe realizarse de forma oportuna y a través del aplicativo que disponga la CNSC o la institución universitaria que se contrate para el efecto.
Agregó que el artículo 10º del referido acuerdo expresamente señala como causal de exclusión de la convocatoria el no entregar en las fechas previamente establecidas por la CNSC los documentos soportes para la verificación de requisitos mínimos, entregarlos incompletos, extemporáneamente o ilegibles y que dichas causales serán aplicadas cuando se compruebe su ocurrencia.
Precisó que el mismo acuerdo prevé en el artículo 20 que la solicitud de la certificación laboral al Inpec, debe realizarse en forma oportuna y es responsabilidad exclusiva del aspirante aportarla dentro de los términos establecidos en el proceso de selección.
En torno a estos razonamientos la accionada solicitó no tutelar los derechos fundamentales invocados por el actor, en tanto éste no cumplió con el requisito de experiencia.
La Comisión Nacional del Servicio Civil, CNSC, sostuvo que la presente acción de tutela es improcedente teniendo en cuenta que con la misma se pretenden contrariar las reglas establecidas para el proceso de selección de la Convocatoria 336 de 2016, Acuerdo 564 de 2016.
Adujo que la entrega de documentos de manera oportuna es una obligación a cargo del aspirante y se efectuará únicamente a través del aplicativo que disponga la CNSC o la universidad contratada para el efecto; la no presentación por parte del aspirante de la documentación, dentro del plazo fijado, da a entender que el aspirante desiste de continuar en el proceso de selección y quedará excluido del concurso sin que por ello pueda alegar derecho alguno.
Afirmó que en el presente caso, una vez verificada la documentación aportada, el concursante no cumplía con la experiencia exigida para el empleo de Inspector Jefe y era responsabilidad de señor Ortega Hurtado aportar los documentos exigidos, habiendo aceptado los términos y condiciones preestablecidos en la convocatoria y, adicionalmente, por haber allegado por medios distintos a los que dispuso la CNSC, razón por la cual no podían ser tenidos en cuenta para la acreditación de requisitos; por el contrario, de aceptarse esta situación se estaría desconociendo el principio de igualdad frente a los demás concursantes.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, advirtió que de la solicitud de amparo se puede evidenciar que el procedimiento adelantado para la convocatoria correspondió a la Universidad Manuela Beltrán la cual lidera el procedimiento de ingreso que se desplegó dentro de la Convocatoria 336 de 2016, que dirige la Comisión Nacional del Servicio Civil, luego no corresponde al Inpec pronunciarse sobre el trámite referido.
El Tribunal Administrativo del Cauca, mediante sentencia de 28 de junio de 2016, decidió declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec y no tutelar los derechos fundamentales del señor Gilberto Edisson Ortega Hurtado, por haber sido excluido de la convocatoria 336 de 2016.
Argumentó que en materia de concursos públicos la acción de tutela resulta improcedente para discutir los actos administrativos expedidos con ocasión de un concurso público de méritos, toda vez que éstos deben ser controvertidos mediante los medios de control señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, salvo que aquéllos no resulten ser idóneos y eficaces para restaurar derechos fundamentales, evento en el cual resulta procedente la acción de tutela.
Indicó que el concurso de méritos se ha establecido como una herramienta para garantizar la idoneidad de los aspirantes que pretenden acceder a un cargo público y, en relación con las reglas que rigen el proceso de selección, el artículo 31 de la Ley 909 de 2004 dispone que la convocatoria es norma reguladora de todo concurso y a ella quedan obligados tanto la CNSC como la entidad que lo convoca el concurso así como todos los participantes.
Precisó que, en atención al criterio decantado por la Corte Constitucional, en tratándose de los concursos de méritos y dado el carácter perentorio de las distintas etapas al interior de los diferentes concursos, la acción de tutela es procedente, en aras de garantizar el derecho de acceso a los empleos de carrera.
Indicó que el accionante allegó la certificación expedida por la oficina de talento humano del Inpec, con la acreditación de la fecha de posesión en el cargo de Inspector, con la cual demostró, al momento de su presentación: 2 años, 3 meses y 2 días de experiencia en dicho cargo. Por tal motivo fue inadmitido, toda vez que el tiempo mínimo previsto para el ascenso era de 3 años de experiencia en el empleo de Inspector y 4 años como mínimo al momento del ascenso al cargo de inspector jefe.
Señaló que corresponde al aspirante aportar los documentos en los términos establecidos en la convocatoria y, si bien en el caso concreto la Oficina de Talento Humano del Inpec erró al plasmar en la certificación la fecha de la posesión en el cargo de Inspector del accionante, era al concursante a quien correspondía verificar la veracidad de los datos consignados en ella.
Agregó que no es admisible que el accionante, con fundamento en una nueva certificación, pretendiera ser admitido, pues ello es contrario a lo previsto en la convocatoria y vulneraría el derecho a la igualdad de los demás aspirantes. Como el accionante conocía y aceptó los términos de la convocatoria desde el momento en que efectuó la inscripción, incluido el requisito de experiencia para aspirar al cargo de Inspector Jefe, no puede pretender que las condiciones iniciales varíen.
Concluyó, en estos términos, que las entidades accionadas no vulneraron los derechos fundamentales del accionante al ser declarado NO ADMITIDO en la Convocatoria 336 de 2016, curso de ascenso para proveer las vacantes del Régimen Específico de la Carrera del Inpec, pues la decisión de excluirlo obedeció a las precisas reglas de la convocatoria.
El actor impugnó el fallo de instancia, en los siguientes términos:
1. La entidad accionada al realizar el análisis de los requisitos mínimos con base en los documentos allegados a través del aplicativo se limitó a revisar lo que se cargó inicialmente y no tuvo en cuenta los aportados con el recurso de reposición, oportunidad en la cual se aclaró que debido a un error de la Oficina de Talento Humano del Inpec, no se certificó el tiempo de experiencia mínimo requerido para el cargo que aspiraba, esto es, tres (3) años, certificando la oficina solamente una experiencia de dos (2) años, tres (3) meses y dos (2) días, a pesar de contar al momento de cargar los documentos con un tiempo de tres (3) años y veintiocho (28) días. Como se acreditó con la nueva certificación ya corregida.
2. Añadió la accionada que los documentos aportados para el ascenso por concurso de méritos fueron allegados extemporáneamente, sin tener en cuenta que los documentos que acreditan la experiencia mínima fueron cargados dentro del término que la entidad dispuso para el efecto y en la etapa de “reclamaciones”.
3. La Comisión Nacional del Servicio Civil afirmó que el aspirante no cumplía con los requisitos mínimos de experiencia, lo cual constituye una apreciación equivocada toda vez que mediante el recurso de reposición se aclaró que por error de la oficina de talento humano del Inpec se había certificado un tiempo menor al que realmente se había laborado.
4. Indicó que, en estos términos, no corresponde al actor sufrir los errores de la administración al expedir una certificación errada, más aún cuando ello significa que es viable su admisión en el concurso.
Antes de abordar el estudio del caso concreto, la Sala estima pertinente precisar que, en principio, y en atención al artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela no sería procedente para el evento que nos ocupa, debido a la existencia de otro medio de defensa judicial, como lo es el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. No obstante, ha sido reiterada la Jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional, en cuanto a que en tratándose de la protección oportuna de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados en el proceso de selección de un aspirante a un cargo de carrera proveído mediante concurso de méritos, el presente amparo es el único mecanismo idóneo para restaurar eficaz y oportunamente los derechos fundamentales. Así lo precisó la Corte Constitucional en sentencia T- 2.861.822 de 28 de marzo de 2011, con ponencia del Magistrado doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, que al efecto expuso:
“4.3. Sin embargo, conviene precisar que la existencia de diversos medios de defensa judicial debe ser analizada por el juez constitucional en términos de idoneidad y eficacia, frente a la situación particular de quien invoca el amparo constitucional, como quiera que una interpretación restrictiva de la norma, conllevaría la vulneración de derechos fundamentales, si con el ejercicio de dichos mecanismos no se logra la protección efectiva de los derechos conculcados. En estos eventos, se ha admitido la procedencia del amparo constitucional, incluso como mecanismo definitivo, siempre que se logre determinar que las vías ordinarias -jurisdiccionales o administrativas- no son lo suficientemente expeditas para prodigar una protección inmediata y real.
4.4. En el presente asunto, si bien es cierto que los demandantes cuentan con otro mecanismo de defensa judicial para controvertir las medidas adoptadas por la CNSC, por cuanto pueden acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para obtener la nulidad de los actos a través de los cuales fueron excluidos del proceso de selección, también lo es que ese mecanismo no es el medio idóneo ni eficaz para tal efecto, pues dada la tardanza de ese tipo de procesos, la solución del litigio podría producirse después de finalizada la convocatoria, cuando ya la decisión que se profiera al respecto resulte inocua para los fines que aquí se persiguen, los cuales se concretan en la posibilidad de continuar participando en el proceso de selección para acceder a un cargo de carrera administrativa en el desarrollo de la Convocatoria 001 de 2005”.
Igualmente, esta Sala se ha pronunciado frente a la vulneración de derechos fundamentales en desarrollo de los concursos públicos de méritos, argumentando lo siguiente:
«De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela no procede cuando existen otros mecanismos de defensa judicial, salvo que se interponga como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Es decir, que siempre que se desconozca el contenido de un derecho fundamental y exista para su protección un mecanismo dentro del ordenamiento jurídico, debe atenderse a su contenido debido al carácter residual de aquel instrumento constitucional. No obstante, si se probare la violación de algún derecho fundamental y pese a la existencia de ese mecanismo alterno, se evidencia la ocurrencia de un perjuicio irremediable, la acción de tutela entraría a operar de manera transitoria como el instrumento de protección eficaz para tal cometido.
Sin embargo, en sede constitucional debe observarse también si el otro instrumento procesal que desplaza el radio de acción de la tutela es eficaz para la protección del derecho fundamental que invoca el demandante como vulnerado. Así se ha pronunciado la Corte Constitucional en Sentencia T-441 del 12 de octubre de 1993, con ponencia del Magistrado José Gregorio Hernández Galindo:
Desde este punto de vista, es necesario que el juez de tutela identifique con absoluta precisión en el caso concreto cuál es el derecho fundamental sujeto a violación o amenaza, para evitar atribuirle equivocadamente una vía de solución legal que no se ajusta, como debería ocurrir, al objetivo constitucional de protección cierta y efectiva” (artículos 2, 5 y 86 de la Constitución).
Teniendo presente la anterior jurisprudencia, y de frente a un supuesto de hecho semejante al que aquí se discute, la Corte Constitucional en Sentencia de Unificación SU-086 de 1999, reiterada en otros pronunciamientos(1), sostuvo que el único mecanismo idóneo para restaurar eficaz y oportunamente los derechos fundamentales violados en el proceso de selección de un aspirante a un cargo de carrera administrativa proveído por medio de concurso de méritos es la acción de tutela pese a la existencia de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. (…)»(2)
En el caso bajo estudio, el actor pretende que se protejan los derechos fundamentales a la defensa, al debido proceso, al trabajo, al acceso a cargos públicos, a la igualdad y a los derechos adquiridos, al ser excluido de la Convocatoria 336 Inpec ASCENSOS, pues según la publicación de 17 de mayo de 2016, apreció registrado como NO ADMITIDO, por lo que solicitó que se le ordene a la Comisión Nacional de Servicio Civil -CNSC-, que sea tenido en cuenta el certificado de experiencia aportado con el recurso de reposición interpuesto en contra de la decisión que dispuso negar su admisión a la Convocatoria 336 de 2016 y, en su lugar, se ordene su admisión para continuar en el concurso de méritos.
En efecto, el señor Gilberto Edisson Ortega Hurtado se inscribió en la Convocatoria 336 de 2016, para el cargo de Inspector Jefe, para lo cual cargó los documentos exigidos en la convocatoria, incluida la certificación en la cual se evidencia que contaba con dos (2) años, tres (3) meses y dos (2) días de experiencia, bajo la premisa de que el cargo a desempeñar exigía la acreditación de una experiencia laboral superior a tres (3) años.
Una vez notificado de la decisión de no ser admitido el actor se percató de que la certificación expedida por la Oficina de Talento Humano del Inpec tenía un error en la fecha de posesión en el cargo de inspector, pues la fecha que se registró fue 10 de diciembre de 2013, cuando la correcta era 10 de enero de 2013, por lo cual advierte que no le fueron tenidos en cuenta para la experiencia once (11) meses, período que de haberse tenido en cuenta le habría permitido cumplir con el requisito de experiencia exigido en la convocatoria.
Por tal motivo solicitó una nueva certificación a la Oficina de Talento Humano del Inpec y, con la corrección, la allegó a la convocatoria; sin embargo, la Comisión Nacional del Servicio Civil negó la solicitud y confirmó la decisión de excluirlo de la convocatoria por haber presentado extemporáneamente la documentación exigida.
En este sentido cabe precisar que las normas que regulan la convocatoria 336 de 2016 – Acuerdo 564 de 14 de enero de 2016, expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil para convocar al concurso de ascenso para proveer definitivamente los empleos vacantes de la planta de personal pertenecientes al Régimen Específico de Carrera del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, constituye el marco de referencia que rige el concurso de méritos al cual se presentó el actor.
Con el objeto de acreditar los requisitos mínimos el aspirante allegó por el medio establecido en la convocatoria: cédula de ciudadanía; libreta militar; licencia de conducción; certificado de educación formal; título de bachiller industrial expedido por el INEM Francisco José de Caldas; acta de grado de bachiller; certificado de Formación Penitenciaria y Educación Informal; Certificación Expedida por el Inpec, en la cual se deja constancia que fue ascendido al cargo de Inspector a partir del 10 de diciembre de 2013, es decir que acreditó 2 años, 3 meses y 7 días de experiencia.
Es de precisar, que de acuerdo con las reglas de la convocatoria 336 de 2016, la etapa de verificación de requisitos mínimos se encuentra regulada por el Acuerdo 564 de 2016 en el artículo 23 que a su letra señala:
“ART. 23.—Verificación de requisitos mínimos (…)
La verificación de requisitos mínimos se realizará exclusivamente con base en la documentación de estudios y experiencia aportada por el aspirante en la forma y oportunidad establecida por la CNSC. (…)
Los documentos que soporten el cumplimiento de los requisitos mínimos para el ejercicio del empleo al cual se inscribió, deberán ser allegados por el aspirante en la fecha y por el medio que determine la CNSC, a través del despacho responsable de la Convocatoria. (…)
Así mismo, el artículo 22 del citado acuerdo dispone que:
Los documentos enviados o radicados en forma física o por medios distintos a los que disponga la CNSC o los que sean entregados extemporáneamente, no serán objeto de análisis (…)
La Comisión Nacional del Servicio Civil argumentó la decisión de inadmitir al actor en el proceso de selección de la Convocatoria 336 de 2016, con fundamento en que una vez efectuada la etapa de verificación de requisitos mínimos con base en los documentos allegados a través del aplicativo en las fechas establecidas en la convocatoria por la CNSC, el actor no cumplió con el requisito de experiencia y una vez resolvió el recurso de reposición señaló que no era procedente recibir documentos por fuera del término previsto y por un medio distinto al establecido en la convocatoria.
Añadió que de acuerdo con el artículo 9º del Acuerdo 564 de 2016, para participar en el concurso de méritos se requiere aceptar en su totalidad las reglas establecidas en la convocatoria.
En efecto, frente a esta normativa cabe realizar algunas precisiones: la certificación laboral fue cargada por el concursante en la oportunidad prevista por la convocatoria; en ella se consignó un error respecto de la fecha en que se posesionó el actor en el cargo de Inspector, pues a pesar de que la posesión se verificó el 10 de enero de 2013, en la certificación se plasmó 10 de diciembre de 2013; tal yerro, no es atribuible al actor, por lo tanto no implica que el documento se haya entregado extemporáneamente, ni tampoco por un medio distinto al establecido en la convocatoria.
Para la Sala el actor cumplió con la obligación de cargar los documentos incluido el certificado de experiencia expedido por el Inpec y confió en que lo allí certificado correspondía a la realidad, pues dicha dependencia es la encargada de expedir las certificaciones de tiempo de servicios de los funcionarios del Inpec.
Fue por esta razón que el actor procedió a interponer el recurso de reposición adjuntando el certificado laboral con la información correcta, partiendo del hecho de que había cumplido con allegar la documentación por el medio establecido y dentro de la oportunidad correspondiente, no en forma extemporánea ni por un medio no autorizado por la convocatoria, como lo señaló la Comisión Nacional del Servicio Civil.
Bajo estas circunstancias, asiste razón al impugnante, pues aunque no verificó previamente la información contenida en el certificado entregado por el Inpec, lo cierto es que actuó con el convencimiento de que en el certificado se había consignado la fecha correcta.
En estos términos, para la Sala es claro que al verificarse los requisitos mínimos exigidos para el cargo con la documentación cargada en la oportunidad establecida para el efecto, no había lugar a retirar del concurso al actor, pues la CNSC, aunque en una primera oportunidad contaba con un documento que consignó una información errada, debió haber modificado la decisión con fundamento en el documento aportado con el recurso de reposición y rectificar su decisión de excluir al aspirante por no haber acreditado todos los requisitos exigidos para continuar en el concurso.
Conforme a lo precisado, la Sala considera que la CNSC excluyó del proceso de selección al señor Gilberto Edisson Ortega Hurtado, con afectación de los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la igualdad y al acceso a cargos públicos, pues la certificación que acreditaba su real experiencia, debió ser considerada por la Comisión Nacional del Servicio Civil al momento de resolver el recurso de reposición y aunque hubo falta de cuidado del concursante al omitir revisar la información contenida en la certificación, el yerro fue corregido en la oportunidad procesal correspondiente, como lo es el recurso de reposición.
En virtud de lo anterior, advierte la Sala que como las partes afirman y reconocen la existencia de un error en el certificado laboral del actor y tal yerro fue corregido por el interesado oportunamente, para acreditar los requisitos mínimos, la administración podía permitir al actor continuar con el proceso de selección.
Para la Sala, es claro que, una vez corregido el error, no había lugar a excluir al aspirante del concurso de méritos para ascenso de la Convocatoria 336 de 2016, pues éste cumplió con la entrega oportuna y a través del canal establecido por el concurso para ser admitido.
De otra parte, considera la Sala que en el presente caso se ha cumplido con el requisito de inmediatez, pues el actor radicó la acción de tutela el 10 de junio de 2016 y la respuesta a la reclamación presentada por el actor es de fecha 27 de mayo de 2016, esto es, catorce (14) días después de la decisión que dispuso no admitirlo en el concurso de la Convocatoria 336 de 2016.
Los razonamientos anteriores conducen a la Sala a revocar la sentencia de primera instancia, y, en su lugar, se dispondrá que la Comisión Nacional del Servicio Civil verifique la documentación del actor para el concurso regulado por el Acuerdo 564 de 2016 y la Convocatoria 336 del mismo año, disponga la admisión del concursante y la práctica de las pruebas que estén pendientes de realizar para continuar en el concurso de acuerdo con las reglas previstas en éstas disposiciones.
Primero: REVÓCASE la providencia impugnada, y, en su lugar, se dispone: AMPÁRESE el derecho fundamental al debido proceso y de acceso a los cargos públicos invocados por el señor Gilberto Edisson Ortega Hurtado.
En consecuencia, DÉJESE sin efectos la decisión proferida por la Comisión Nacional del Servicio Civil en la que se declaró inadmitido al actor, en lo que al demandante se refiere y, en su lugar, permítasele continuar dentro del proceso de selección para el concurso regulado por el Acuerdo 564 de 2016 y la Convocatoria 336 del mismo año, disponga la admisión del concursante y la práctica de las pruebas que estén pendientes de realizar para continuar en el concurso de acuerdo con las reglas previstas en éstas disposiciones.
Segundo: Notifíquese a las partes por el medio más expedito para su cumplimiento.
Tercero: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión dentro de los diez días (10) siguientes a la ejecutoria del presente fallo.
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 9 de agosto de 2012.
Magistrados: Roberto Augusto Serrato Valdés —María Elizabeth García González —María Claudia Rojas Lasso—Guillermo Vargas Ayala.
1 Corte Constitucional. Sentencias T-514 de 2001 M.p. doctor Marco Gerardo Monroy Cabra, T-522 de 2005. M.p. doctor Rodrigo escobar Gil y T- 969 de 2006. M.p. doctor Marco Gerardo Monroy Cabra.
2 Sentencia de 24 de abril de 2008. Expediente núm. AC-2008-00018. Consejero ponente doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.