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Timestamp: 2019-05-20 04:56:09
Document Index: 70544725

Matched Legal Cases: ['artículo 308', 'artículo 152', 'artículo 170', 'artículo 170', 'artículo 152', 'artículo 152', 'artículo 152', 'artículo 152', 'artículo 262', 'artículo 762', 'artículo 2356', 'artículo 315', 'artículo 264', 'artículo 2356', 'artículo 185', 'artículo 2356']

﻿ SENTENCIA SEPTIEMBRE 23 DE 1976 DE SEPTIEMBRE 23 DE 1976
SENTENCIA SEPTIEMBRE 23 DE 1976 DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 1976
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR ACCIDENTE AUTOMOVILIARIO. SON DISTINTAS LA INTERRUPCIÓN Y LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO. LA TARJETA O MATRÍCULA DE CIRCULACIÓN ES TÍTULO DE PROPIEDAD DE AUTOMOTORES
TEMAS ESPECÍFICOS:RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, SUSPENSIÓN DEL PROCESO, INTERRUPCIÓN DEL PROCESO, ACCIDENTES DE TRÁNSITO, RESPONSABILIDAD CIVIL POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO
Sentencia de septiembre 23 de 1976
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR ACCIDENTE AUTOMOVILIARIO
Son distintas la interrupción y la suspensión del proceso. La tarjeta o matrícula de circulación es título de propiedad de automotores
Bogotá, D.E., veintitrés de septiembre de mil novecientos setenta y seis.
La Corte decide el recurso de casación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de 20 de mayo de 1974, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en este proceso ordinario de María Gabriela Gallego viuda de Monsalve y otros frente a Rafael Gutiérrez Zapata.
En demanda cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Décimo Tercero Civil del Circuito de Medellín, María Gabriela Gallego viuda de Monsalve, en nombre propio y en el de sus menores hijos Alfonso de J., Iván Darío, Jaime Arturo, Rubén Antonio, Fernando Antonio, Humberto de Jesús, Jorge Alciro y Víctor Julio Monsalve Gallego, solicitó se declarara, previo proceso ordinario, que Rafael Gutiérrez Zapata es civilmente responsable de los perjuicios causados con la muerte ocasionada a Abelardo Monsalve por (sic) el vehículo de placas número AI 48-20, de propiedad del demandado, y que, en consecuencia, está en la obligación de pagar a los demandantes el valor o la suma de dinero a que asciendan dichos perjuicios.
Como causa de pedir afirmó que el 27 de enero de 1972, Abelardo Monsalve Vásquez murió atropellado por el vehículo mencionado, en la autopista Medellín-Bogotá, en jurisdicción del municipio Guarne; que el día del accidente, el demandado tenía sobre el vehículo “la función de cuidado y vigilancia que son de suponer en actividades peligrosas”, pero que era conducido por Rafael Guillermo Gutiérrez, a quien le había sido confiado por su propietario; que el occiso era esposo de la demandante María Gabriela y que con un sueldo promedio de $ 800 mensuales atendía a la subsistencia de ésta y de los hijos del matrimonio prenombrados; y que con la muerte inferida a Abelardo se le causó a ella y a sus hijos un perjuicio grave que debe ser reparado por quien dio lugar a él.
Con oposición del demandado se tramitó la primera instancia del proceso, a la que dio fin la sentencia de 29 de enero de 1974, en la cual el juzgado declaró a Rafael Gutiérrez Zapata, “civilmente responsable de los perjuicios materiales que se ocasionaron con el vehículo de su propiedad”, y como consecuencia de esta decisión lo condenó en abstracto a pagar a la parte demandante “el valor de los perjuicios materiales consistentes en el daño emergente y el lucro cesante, los cuales serán liquidados mediante el trámite indicado por el artículo 308 del Código de Procedimiento Civil”. Apelada esta sentencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín la confirmó con la suya de 20 de mayo del mismo año, con la adición de condenar al demandado, además, “al pago de perjuicios morales, en la suma de diez y ocho mil pesos ($ 18.000) moneda legal, y fijando como término de supervivencia del finado Abelardo Monsalve Vásquez, en quince años, que fue el estimado por los médicos al efectuar la necropsia del mismo”. El demandado interpuso recurso de casación contra esta sentencia, el que correctamente tramitado se decide por la Corte.
II. La sentencia de segunda instancia
Dice el tribunal que la parte demandante, para sustentar sus pretensiones adujo declaraciones de Amparo Ayala y Rodulfo Gallego Ospina “que dan cuenta de la ocurrencia del accidente”; copias del informe de la policía sobre éste y de la necropsia de Abelardo Monsalve Vásquez, en la cual “los expertos médicos asignaron al mismo quince (15) años de supervivencia”, y “con miras a la determinación de los perjuicios” declaraciones de Pedro Luis Rúa Sánchez y Argemiro Cardona Sánchez, de las cuales informa la primera que el interfecto devengaba la suma de $ 180 semanales que invertía en la subsistencia de su esposa e hijos, y la segunda que su ingreso variaba entre $ 180 y $ 200 “con el mismo destino”. Y que pidió y obtuvo dictamen pericial para fijar el monto de los perjuicios, “que no fue tenido en cuenta, ni puede estimarse en esta instancia, por no haberse cubierto los honorarios respectivos por la demandante”.
Continuando el sentenciador expresa que no obstante que el vehículo con que se causó la muerte de Monsalve Vásquez, “a tiempo del accidente” era conducido por Rafael Guillermo Gutiérrez Sierra, “como lo revelan las pruebas ya citadas y lo alega en su favor el demandado, indicando que aquél, por ser mayor, era plenamente responsable de sus actos”, la demanda fue dirigida contra Rafael Gutiérrez Zapata, en su condición de dueño del vehículo, lo que demuestra con la certificación expedida por la Inspección Municipal de Transportes y Tránsito de Itagüí, Antioquia, “en la que consta que el dueño del mismo lo es Gutiérrez Zapata a partir del 23 de diciembre de 1970, fecha de su matrícula inicial, demostración que no ha sido desvirtuada”.
“Sobra advertir —agrega— que la mencionada certificación es prueba idónea para indicar el propietario del respectivo vehículo pues, para efectuar la matrícula respectiva ha de acreditarse el pertinente dominio, por lo que corresponde a quien pretende acreditar lo contrario, hacer la desvirtuación del caso”.
Dice también que “los perjuicios ocasionados en actividades peligrosas, además de exonerar a la víctima de la demostración de la culpa presunta del operario, quien puede acreditar que el hecho obedeció a fuerza mayor, caso fortuito o culpa exclusiva de la víctima, lo que no ha ocurrido aquí, deben ser sufragados por quien recibe el provecho, explota o deriva beneficio de la referida actividad, como indudablemente lo obtiene el dueño del vehículo o cualquier artefacto peligroso”, y que, en el caso de autos, no se configuran circunstancias exceptivas, una vez que, conforme a las declaraciones que obran en el proceso, “el infausto acontecimiento que privó de la vida al señor Monsalve, lo determinó la velocidad a que venía el vehículo de propiedad del demandado, conducido por el señor Rafael Guillermo Gutiérrez, al parecer hijo del primero, pues no de otra manera se explica la forma en que fue golpeado, por tres veces con el citado automotor, quedando por último el cadáver del lado izquierdo de la vía, o sea al lado contrario de la calzada que deben usar los automotores, no constituyendo culpa de la víctima, ni menos exclusiva al hecho de venir agobiado por la pena recientemente experimentada, determinante de un movimiento torpe, pues es el conductor de vehículos quien ha de prever estos acaeceres, y tomar las medidas de precaución adecuadas, como la de pasar por los proximidades de un poblado a una prudente velocidad que permita parar en caso como el presentado, sin ocasionar daño a quien desprevenidamente incurra en una equivocación, error o torpeza. Lo exonera de responsabilidad al agente es la culpa exclusiva de la víctima...”.
Considera que como se halla demostrado el hecho causante del daño y la relación de causalidad, y que como no median motivos exculpativos, debe confirmarse la sentencia de primera instancia en cuanto a la condenación en abstracto al pago de perjuicios materiales, relievando como elemento básico de estos la fijación de la supervivencia de Monsalve Vásquez, y que a estos se debe agregar el pago de los morales, esto es, “la lesión moral afectiva que determina para su esposa e hijos la muerte del esposo y padre, sobre todo en las especiales condiciones en que perdió la vida el señor Monsalve, cuando venía de enterrar a uno de sus hijos, esto es acumulando a un dolor profundo, el desconcierto, postración y tragedia, la pérdida del jefe del hogar con el consiguiente desamparo material y moral de los suyos”. Y que como se trata de ocho hijos y la esposa, en aplicación de la jurisprudencia imperante, esta condenación debe hacerse por la suma de $ 18.000, $ 2.000 para cada uno de ellos.
El recurrente le formula tres cargos a la sentencia de segunda instancia, de los cuales la Corte estudiará en primer lugar el último, que se refiere a un error in procedendo y luego los restantes que vienen formulados por la causal primera.
Consiste éste en haberse incurrido por el sentenciador en la causal de nulidad a que se refiere el numeral 5º del artículo 152 del Código de Procedimiento Civil, derivada del adelantamiento del proceso después de ocurrido el motivo de suspensión que indica el artículo 170-1 ibídem.
Observa el acusador que este proceso civil se originó en la muerte trágica de Abelardo Monsalve Vásquez, causada por un vehículo automotor conducido por Rafael Guillermo Gutiérrez, y que en el mismo instante del accidente se inició la investigación criminal, se aprehendió al sindicado y se le dictó auto de detención, todo lo cual consta en el expediente civil, en forma de que “claramente se induce la existencia en marcha de la investigación penal por el mismo hecho sobre que se pretende hacer responsable al doctor Rafael Gutiérrez Zapata”.
Dado lo anterior, muéstrase sorprendido de que el juez de la primera instancia no hubiera aplicado el artículo 170-1 precitado, empero las constancias del proceso, y que igual hubiera sido la conducta del tribunal superior, no obstante la certificación del Juzgado Doce Superior de Medellín presentada con el alegato de bien probado, por lo cual “surge clara la causal de nulidad”, como resulta de la doctrina de la Corte que transcribe.
1. En lo que atañe a las nulidades procedimentales, no sólo bajo el imperio de la legislación derogada sino en el régimen actual, se consagra de manera clara e inequívoca el principio de la taxatividad o determinación específica, pues así se desprende de la forma como quedó concebido el artículo 152, en cuanto expresa que el proceso es nulo en todo o en parte “solamente en los siguientes casos”, o sea, en las precisas hipótesis en que la ley señala como causal de nulidad determinada irregularidad.
2. El estatuto procedimental vigente establece como motivo de nulidad que se adelante el proceso “después de haber ocurrido cualquiera de las causales legales de interrupción o suspensión y antes de la oportunidad para reanudarlo”, cuyo fundamento radica en la garantía constitucional del derecho de defensa que corresponde a las partes litigantes en el ejercicio de sus derechos (CPC, art. 152 num. 5º).
3. De suerte que si un proceso se encuentra interrumpido o suspendido y a pesar de ello el juez continúa con el impulso de la litis y con posterioridad a la ocurrencia de cualquiera de las causas o fenómenos legales que dan lugar a la interrupción o a la suspensión, la actuación cumplida en esas condiciones se encuentra afectada de nulidad, pues el juzgador en tales eventos carece de competencia, por estar ésta en suspenso.
4. Con todo, es preciso aclarar que si bien la interrupción y la suspensión tienen en común el efecto de paralizar los procesos, no por ello pueden considerarse como instituciones absolutamente semejantes, pues una y otra difieren, ya que la primera se produce por ministerio de la ley y “a partir del hecho que lo origina” (CPC, art. 168), la segunda se produce mediante decisión judicial, “a partir de la ejecutoria del auto que decreta” la suspensión.
Al efecto, la Corte en sentencia de 11 de septiembre de 1975, aún no publicada, sostiene:
“De conformidad con las normas que integran el título XII del libro segundo del Código de procedimiento Civil, las causas que en Colombia paralizan el proceso están comprendidas en los fenómenos de la interrupción y la suspensión. Y si bien es verdad que los citados dos institutos producen el efecto indicado, según la preceptiva contenida en dichas disposiciones legales, lo es también que entrambos existen fundamentales diferencias, no sólo en cuanto al origen de los hechos que los determinan sino también en cuanto al momento en que paralizan el proceso. En efecto:
“La interrupción acusa un hecho externo al proceso, generalmente ajeno a la voluntad de los litigantes, como lo es la muerte o enfermedad de una parte o de su representante, por ejemplo; la suspensión, en cambio obedece a una exigencia interna del proceso y provenientes de un acto del mismo, como lo es, verbigracia, la prejudicialidad penal o la administrativa. Y si el primero de dicho fenómeno produce la paralización del proceso “a partir del hecho que lo origine” (CPC, art. 168), por lo que la doctrina ha entendido que produce ope legis la consecuencia indicada; el segundo en cambio produce dicho efecto “a partir de la ejecutoria del auto que decreta “la suspensión (art. 171 ejusdem), lo que significa que produce efectos, como lo dice la doctrina, ope juris.
Ciertamente, el numeral 5º del artículo 152 del Código de Procedimiento Civil hoy vigente elevó a la categoría de nulidad, en todos los procesos, dándole autonomía, el hecho de adelantarlo “después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o suspensión y antes de la oportunidad para reanudarlo”, cuyo fundamento jurídico o razón de ser está en la necesidad de tutelar el derecho de defensa que constitucionalmente corresponde a los litigantes.
Si el proceso se halla interrumpido o suspendido por ocurrencia de alguna de las circunstancias que de acuerdo con la ley determinan su paralización temporal, el juez que de él conoce tiene suspendida igualmente la competencia y por ende no puede actuar válidamente. Pero si, como atrás se indicó, la suspensión del proceso, a diferencia de lo que ocurre con la interrupción, sólo se produce “a partir de la ejecutoria del auto que la decrete”, debe seguirse que la causal de nulidad prevista en el numeral 5º del precitado artículo 152, cuando se invoca la suspensión del proceso se estructura únicamente en los supuestos en que sin embargo de haberse ésta decretado por auto firme el juez continúa el trámite procesal”.
Con anterioridad, o sea, en sentencia de 12 de junio de 1973, la Corte sentó doctrina semejante a la que se acaba de extractar y que hoy se reitera.
5. Si, como ocurre en el caso sub lite, no se decretó mediante decisión judicial la suspensión del proceso civil por prejudicialidad penal, y así lo acepta el recurrente, claramente se pone de manifiesto que no se configura la causal de nulidad que regula el numeral 5º del artículo 152 del Código de Procedimiento Civil y, por consiguiente, el cargo no prospera.
Según el acusador, el sentenciador incurrió en violación de los artículos 762 y 2356 del Código Civil, a causa de error de derecho cometido al otorgar mérito probatorio, en discrepancia con los artículos 262-2 y 264 del Código de Procedimiento Civil, al certificado expedido por el jefe de placas de la inspección municipal de transporte y tránsito tipo (A) de Itagüí, de fecha 20 de febrero de 1973, aducido por la parte demandante con el fin de demostrar que el vehículo de placas AI 48-20, con que Rafael Guillermo Gutiérrez ocasionó la muerte a Abelardo Monsalve Vásquez, “pertenecía” al demandado Rafael Gutiérrez Zapata.
El recurrente dice que, sin que mediara auto, orden o disposición del director de dicha oficina pública que, desde luego se supone que es el inspector un empleado secundario, como es el “jefe de placas”, aparece certificando en forma directa acerca de hechos que interesaban a la parte demandante “para que obre como prueba en el proceso civil”, y que, en dicho certificado, en forma escueta, se afirma que de conformidad con los kárdex de la oficina, el vehículo citado aparece de propiedad de Rafael Gutiérrez Zapata, “a partir desde su matrícula inicial en diciembre 23 de 1970”.
Considera, además, que el cuestionado certificado no tiene el carácter de documento público, conforme al artículo 262-2 del Código de Procedimiento Civil, porque para alcanzar esa categoría, era de rigor que fuera expedido por el director de la oficina, en el caso el Inspector de transportes y tránsito tipo (A) de Itagüí, y acudiendo a lo que dispone el Código Nacional de Transportes Terrestres (D.L. 1344/70) y a su Decreto Reglamentario (1147/71), dice que son funciones del inspector de tránsito tipo (A), adelantar los trámites y procedimientos que prevé el Código Nacional de Tránsito, en relación con la licencia de tránsito (arts. 94 del código y 17 del decreto reglamentario).
Y como conclusión de lo anterior, agrega que el sentenciador, por la dicha causa, incurrió en falta de aplicación del artículo 762 y aplicación indebida del artículo 2356, ambos del Código Civil.
1. En la especie de los documentos públicos auténticos, se encuentran entre otros los siguientes: a) Las certificaciones de los jueces y magistrados respecto de hechos que pasan ante ellos en el ejercicio de sus funciones y de que no quede dato en el proceso; b) Las certificaciones que expidan los registradores de instrumentos públicos y los notarios ; c) Las certificaciones que expidan los directores de otras oficinas públicas, sobre la existencia y estado de actuaciones o procesos administrativos; d) Las certificaciones dadas por otros funcionarios públicos autorizados por la ley (CPC, art. 262).
2. A más de las certificaciones aludidas, establece el artículo 315 del Código de Régimen Político y Municipal, que también pueden certificar sobre negocios que les están confiados por razón de su empleo “los jefes de las oficinas” públicas respectivas.
3. En este orden de ideas, se tiene que si en una dependencia oficial, como lo es la inspección municipal de transportes y tránsito, el “jefe de la oficina de placas” certifica sobre el hecho de que en el kárdex que allí se lleva figura determinada persona como propietaria de un automotor, no puede negársele a tal certificación la calidad de documento público, y por consiguiente, con el alcance probatorio que le concede el artículo 264 del Código de Procedimiento Civil.
4. De suerte que si en materia de organización de todo lo que toca con el transporte existen dependencias oficiales tan complejas como el Instituto Nacional de Transporte y las inspecciones departamentales y municipales, y estos organismos, para cumplir mejor su función, se desenvuelven, a través de otras oficinas con sus respectivos jefes, como ocurre respecto de las secciones de placas y matrículas de automotores, fácilmente se infiere que en atención a lo preceptuado por los artículos 262 del Código de Procedimiento Civil y 315 del Código de Régimen Político y Municipal, dichos funcionarios pueden certificar sobre todos aquellos hechos o situaciones que “les estén confiados por razón de su empleo”, esto es, cuando tienen a su cargo el control y archivo de tales asuntos.
5. Como en el caso subanálisis, la certificación alusiva al empadronamiento del vehículo automotor distinguido con las placas AI 48-20 y el nombre de su propietario, fue expedida por el “jefe de placas” de la inspección municipal de transporte y tránsito tipo A de Itagüí, y el sentenciador le concedió el mérito probatorio a dicho documento, claramente resulta que no cometió el yerro de derecho que se le endilga.
6. Aclarados los anteriores aspectos, se tiene además que la vida de relación de los pueblos los ha colocado, en la medida de las capacidades, en la necesidad de adquisición de vehículos automotores para el logro de su desplazamiento eficaz y pronto, lo cual ha originado un complejo en materia de circulación. Esta circunstancia ha obligado a que el legislador haya organizado un estatuto sobre dicha materia, así no sea muy completo, mediante el cual ha regulado lo atinente al tránsito terrestre en el territorio nacional (D. 1344/70)
7. En lo que toca con el control de vehículos automotores terrestres, para lograr la licencia de tránsito y circulación, se ha dispuesto que sus propietarios deben ceñirse a una serie de requisitos, pues el Código de Tránsito preceptúa que “ningún vehículo podrá transitar en el territorio nacional sin estar debidamente inscrito y tener licencia de tránsito” (CNTT, art. 89), para lo cual, entre otras cosas, deberá acreditar el interesado, en las respectivas oficinas de tránsito, la propiedad sobre el bien (art. 95 ibídem; D. 2157/70, arts. 2º a 4º; D. 1147/71, arts. 12 y 17).
8. Entonces, si una de las oficinas legalmente encargadas de llevar el registro y la licencia de tránsito expide un certificado en donde describe el vehículo allí inscrito como perteneciente a determinada persona, tal documento constituye, en principio, prueba de que quien allí figura como dueño tiene esa calidad. Por ello, ha sostenido la doctrina que la tarjeta o matrícula de circulación, como también los certificados expedidos por los funcionarios encargados de vehículos automotores, ha venido a constituir en la práctica un título de propiedad.
9. Por consiguiente, si con la matrícula o con el certificado expedido por las oficinas de tránsito se acredita en principio quien figura allí como dueño de determinado automotor, es superfluo exigir, para que quede debidamente demostrado el señorío que, fuera de la matrícula o el certificado se incorpore además copia de todo el proceso administrativo adelantado por el dueño ante las dependencias de tránsito para lograr el registro y la licencia respectiva. Se reitera que la matrícula o el certificado, si no existe prueba en contrario, son elementos de convicción aceptables para derivar quién es el dueño de determinado automotor, muy especialmente en este linaje de procesos en donde no se controvierte el derecho real de dominio sino la responsabilidad civil aquiliana del dueño del vehículo causante del daño, o sea, que está en juego una obligación eminentemente personal.
Se rechaza, pues, el cargo.
Radica éste en que el sentenciador, a consecuencia de errores de derecho, aplicó indebidamente el artículo 2356 del Código Civil.
En el desarrollo del cargo expresa el recurrente que el tribunal, al derivar el elemento daño de la necropsia practicada a Abelardo Monsalve Vásquez y cuya acta fuera trasladada del proceso penal seguido contra Rafael Guillermo Gutiérrez al proceso civil, sin sujeción a lo preceptuado por el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, cometió el yerro de derecho que él achaca y, por ende, como no quedó demostrado el presupuesto atinente al perjuicio, aplicó en forma indebida el artículo 2356 del Código Civil.
1. Como ya se anotó, el recurrente edifica la censura sobre el hecho de haberle concedido el sentenciador, para derivar el daño, mérito probatorio a un acta de necropsia trasladada de un proceso penal al civil, cuando en aquél no intervino el demandado Rafael Gutiérrez Zapata.
2. Empero, ocurre que en el proceso civil el sentenciador, para derivar la existencia del hecho dañino, no se apoyó exclusivamente en el acta de necropsia, sino en otra serie de pruebas de índole documental y testimonial, que entre otras cosas, no fueron atacadas por el casacionista, como era su deber de acuerdo con la preceptiva técnica del recurso.
En efecto, y para un adecuado despacho del cargo, la Corte extracta del fallo impugnado, lo siguiente:
“En sustentación de las aspiraciones de la Ayala y Rodulfo Gallego Ospina que dan cuenta de la ocurrencia del accidente, bien interpretadas por el a quo, del informe policial luego de ocurrir el siniestro, copia de la necropsia del finado Abelardo Monsalve Vásquez, de la cual ha de destacarse, por interesar como elemento importante para la fijación de los perjuicios, que los expertos médicos asignaron al mismo, quince (15) años de supervivencia, folios 12 del cuaderno 2, copia de la diligencia del levantamiento del cadáver, así como del auto expedido por el Juzgado Promiscuo Municipal de Guarne que ordena la detención preventiva del señor Rafael Guillermo Gutiérrez Sierra, hijo de Rafael e Irma, de 23 años de edad, soltero, natural de Medellín, estudiante de profesión, con beneficio de excarcelación.
Con miras a la determinación de los perjuicios, fueron aportados los testimonios de Pedro Luis Rúa Sánchez y Argemiro Cardona Sánchez, de los cuales el primero informa que Monsalve devengaba $ 180 a la semana que invertía en la subsistencia de sus hijos y esposa, y el segundo, que esos ingresos oscilaban entre $ 180 y $ 200 a la semana, con el mismo destino. Igualmente se pidió y obtuvo dictamen pericial que fijó el monto de los perjuicios, que no fue tenido en cuenta, ni puede estimarse en esta instancia, por no haberse cubierto los honorarios respectivos por la demandante.
3. Cuando al proceso se han incorporado multiplicidad de elementos de convicción y el juzgador los ha tenido todos en cuenta en la sentencia, tiene sentado la Corte que es menester que se los ataque y destruya todos para poder infirmar la decisión; si no se los impugna todos, o si aún atacándolos queda por lo menos uno que sea suficiente para respaldar la sentencia, no puede ser ésta quebrada, porque ese solo medio le sirve de soporte.
4. La simple lectura del fallo permite fácilmente inferir que el sentenciador, para dar por probado el perjuicio o daño ocasionado con el accidente de tránsito y en el cual perdió la vida Abelardo Monsalve Vásquez, esposo y padre de los demandantes, no sólo buscó respaldar tal presupuesto de la responsabilidad civil extra contrato en el acta de necropsia, sino en otras pruebas que, haciendo abstracción de la impugnada, serían suficientes para sostener en pie el fallo del tribunal.
En efecto, si el juzgador, para determinar el elemento daño se apoyó en las declaraciones de Amparo Ayala, Rodulfo Gallego Ospina, Pedro Luis Rúa Sánchez, Argemiro Cardona Sánchez, en la diligencia de levantamiento del cadáver, en el informe policivo atinente al insuceso, en un auto de detención proferido contra el autor del presunto delito de homicidio, y si por demás obra en la litis la partida de defunción de Abelardo Monsalve, la de matrimonio de éste con la demandante María Gabriela Gallego de Monsalve, las de nacimiento de los hijos de estos, todo lo cual, examinado de conjunto, refiere la muerte de una persona y la dependencia económica que tenían los demandantes con relación al fallecido en el accidente, no queda el menor resquicio de duda de que a los actores se les causó un perjuicio, tanto de índole material como moral.
Por tanto, se rechaza el cargo.
En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 20 de mayo de 1974, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en este proceso ordinario.
Aurelio Camacho Rueda—José María Esguerra Samper—Germán Giraldo Zuluaga—Humberto Murcia Ballén—Alberto Ospina Botero—Ricardo Uribe Holguín.