Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-1996-00426-de-enero-22-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_f2f1dcffe0cb0112e0430a0101510112&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-19 00:07:23
Document Index: 262599259

Matched Legal Cases: ['artículo 922', 'artículo 94', 'artículo 47', 'artículo 177', 'artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 922', 'artículo 87', 'artículo 922', 'artículo 88']

﻿ Sentencia 1996-00426 de enero 22 de 2014
SENTENCIA 1996-00426 DE 22 DE ENERO DE 2014
CONTENIDO:ACREDITACIÓN DE TITULARIDAD DE AUTOMÓVIL. A EFECTOS DE ACREDITAR LA TITULARIDAD SOBRE UN AUTOMÓVIL –DE SERVICIO PÚBLICO O PRIVADO, ES IMPRESCINDIBLE NO SÓLO PROBAR LA EXISTENCIA DEL TÍTULO TRASLATICIO DEL DOMINIO –PARA LO CUAL NO ES NECESARIO APORTAR PRUEBA FORMAL O AD SUSTANCIAM ACTUS, YA QUE EL CONTRATO DE COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES PUEDE SER CONSENSUAL– SINO TAMBIÉN LA INSCRIPCIÓN DE ESE TRASPASO EN EL REGISTRO AUTOMOTOR DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA QUE REGULA LA MATERIA, ESTE ÚLTIMO SÍ DE CARÁCTER SOLEMNE PUES SÓLO SE PUEDE DEMOSTRAR, COMO YA SE DIJO, CON LA INSCRIPCIÓN DEL RESPECTIVO ACTO JURÍDICO EN EL REGISTRO NACIONAL AUTOMOTOR.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, VEHÍCULO AUTOMOTOR
Sentencia 1996-00426 de enero 22 de 2014
Expediente: 050012331000199600426 01
Rad.: 28.820
Demandante: Martha Mónica Giraldo Ruiz
Cumplidos los trámites propios de la segunda instancia, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a su consideración, a través del siguiente derrotero: 1) jurisdicción y competencia, 2) valor probatorio de artículos publicados de prensa, 3) hechos probados, 4) caso concreto y 5) condena en costas.
Se tiene competencia para conocer del proceso en segunda instancia, toda vez que la pretensión mayor individualmente considerada asciende a la suma de $ 48’250.000,oo, que corresponde a los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante deprecados por la demandante, valor que supera el legalmente exigido para que un asunto de esta naturaleza, iniciado en 1996, tuviera esa vocación(1).
2. Valor probatorio de artículos publicados en la prensa.
La Sala advierte, respecto a los recortes de periódico obrantes a folios 4, 74, 75, 110 a 105 del cuaderno principal, que no serán abstraídos para su apreciación, ya que aunque por sí solos no revisten valor de plena prueba, la noticia de la que dan cuenta puede ser objeto de análisis en conjunto, conexidad y consecuencia, con los demás medios aportados, como recientemente sostuvo esta corporación:
Lo anterior, debido a que en sí mismas las publicaciones periodísticas representan “... la versión de quien escribe, que a su vez la recibió de otro desconocido para el proceso”, condición que no permite otorgarles valor de plena prueba debido a que “... son precisamente meras opiniones...”(7).
3.1. Copias auténticas de las tarjetas de propiedad de los vehículos de transporte público de placas TIL 438 y TIL 961, en las que se da cuenta que la titular del derecho de dominio es la señora Martha Mónica Giraldo Ruiz (fls. 1 y 2, cdno. ppal.).
3.2. Copia auténtica del oficio 020631100 010081 del 8 de mayo de 1995, suscrito por el Jefe de la Sección de Transporte de la Secretaría de Transporte y Tránsito de Medellín, en el que se lee:
“Como es de su conocimiento, por intermedio de funcionarios de esta sección se ha venido efectuando un seguimiento a todas las empresas de transporte público colectivo urbano en lo concerniente con el servicio nocturno.
“Teniendo en cuenta que ya finalizó esta etapa de evaluación, nos permitimos informarles los resultados obtenidos.
“Sería muy importante que nos sentáramos a analizar dichos resultados para adoptar los mecanismos correctivos, más aún que se han recibido innumerables quejas de los usuarios por el deficiente servicio que se está prestando en las horas de la noche” (fl. 23, cdno. de pruebas).
3.3. Copia del oficio 020631100 03298 del 13 de marzo de 1996, signado de manera conjunta por los directores de división técnica y operativa, y de planeación y desarrollo de la Secretaría de Transporte y Tránsito de Medellín, en el que se puntualizó:
“En esta dependencia se han recibido quejas que fueron verificadas por algunos funcionarios, por el abandono de recorrido en las horas pico y durante la tarde por parte de las rutas 060 y 069 afiliados a la empresa que usted gerencia, para evitar el paso por los semáforos de la calle 66 con carrera 65, Palos Verdes.
“El abandono de recorrido se presenta por la carrera 48 al norte hasta la calle 67, por esta al oriente hasta la carrera 45, por esta al norte para continuar con el recorrido normal.
“Además, con este abandono se está congestionando también el cruce de la carrera 45 con calle 67 con el riesgo de posibles accidentes.
“Le solicitamos muy comedidamente, adoptar los correctivos pertinentes con los señores conductores para que no se siga presentando el abandono de recorrido, pues por parte de esta Secretaría, se procederá con los operativos del caso” (fl. 27, cdno. de pruebas).
3.4. A folio 93 del cuaderno principal obra copia auténtica del oficio 020631100 08199, del 17 de marzo de 1993, suscrito por el Secretario de Transporte y Tránsito de Medellín, dirigido al presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Carpinelo de esa misma municipalidad, en el que se consignó:
“Con respecto a su comunicación radicada con el número 04037 de marzo 12 de 1993, mediante la cual solicita se autorice al señor Oliver José Suárez para que organice un grupo de colectivos con 10 automotores, para prestar el servicio de transporte en los barrios Carambola y Carpinelo, nos permitimos informarle:
“Esta dependencia no tiene autonomía para autorizar a los vehículos particulares la prestación del servicio público colectivo, ya que el Decreto 1787 de 1990, “por el cual se dicta el Estatuto Nacional de Transporte Público Colectivo Municipal de Pasajeros y Mixto”, no contempla dicho servicio. Por lo tanto, esta secretaría no cuenta con elementos jurídicos para autorizar la prestación del servicio público con vehículos particulares” (fl. 93, cdno. ppal.).
3.5. Oficio 020631100 08484 del 28 de julio de 1995, por medio del cual el Secretario de Transporte y Tránsito de Medellín le informa al Secretario de Gobierno de esa entidad territorial, que familias desalojadas del barrio El Jardín han invadido la vía pública en la carrera 32 entre calles 86 y 79B, lo que impide la libre circulación vehicular de la ruta 069-El Jardín, y por esta circunstancia los automotores están transitando por corredores viales que no cuentan con las especificaciones técnicas y se deja de cubrir un importante sector con el consiguiente perjuicio para los usuarios del servicio, razón por la que le solicita su colaboración para solucionar esa situación (fl. 34, cdno. de pruebas).
El oficio anterior se produjo como respuesta a la comunicación radicada el 21 de julio de 1995, por el gerente de Coopetransa, en la que se reportaba ese episodio (fl. 35, cdno. pruebas). En el mismo sentido obra oficio sin fecha del mismo gerente dirigido al Secretario de Transporte y Tránsito de Medellín, en el que solicita medidas contra transportadores irregulares que invaden las rutas asignadas a la empresa y da cuenta de varios comunicaciones en el mismo sentido entre abril de 1993 y marzo de 1995 (fls. 101 y 102, cdno. ppal.).
3.6. Copia del oficio 020631100 09836 del 28 de agosto de 1995, firmado por los directores de división técnica y operativa, y de planeación y desarrollo de la Secretaría de Transporte y Tránsito de Medellín, dirigido al Promotor de la Asociación Pro-desarrollo e integración cultural popular, APIP, en el que se le indica:
“En respuesta a su comunicación remitida al señor alcalde de la ciudad de Medellín, radicada con el número... de agosto 16 de 1995, por medio de la cual solicita se estudie el impacto social del transporte informal, pues su desaparición acarrearía graves perjuicios para las comunas 1 y 2, nos permitimos manifestarle:
“El servicio de transporte público colectivo que se presta en vehículos tipo bus, buseta o microbús está normatizado (sic) por el Decreto 1787 de agosto 3 de 1990, que rige para todo el país y establece las condiciones técnicas y jurídicas para que las rutas puedan operar, con recorridos, tarifas, capacidad transportadora y frecuencia de despacho.
“Concretamente para los vehículos particulares que prestan el servicio de transporte, estos son considerados como informales pues no están amparados por normas jurídicas que regulen o autoricen su operatividad, por lo tanto, esta secretaría no cuenta con elementos jurídicos para legalizar el servicio.
“Referente a las empresas de transporte legalmente constituidas, se están adoptando las medidas pertinentes para que por parte de ellas se brinde un eficiente servicio de transporte a los usuarios; además solicitamos a la comunidad nos informe cuando por parte de estas se presente deficiencia en el servicio para establecer mecanismos que lo optimicen” (fl. 36, cdno. de pruebas).
3.7. De folios 38 a 92 del cuaderno de pruebas obran copias allegadas por la Secretaría de Transporte y Tránsito de Medellín, de comparendos, órdenes de salida de patios y resoluciones que deciden contravenciones de tránsito, todas impuestas contra personas que prestan el servicio informal de transporte.
3.8. Informes mensuales elaborados de octubre de 1994 a abril de 1996, por el comandante superior de transporte y tránsito y presentado ante el director de la división de control de la Secretaría de Transporte y Tránsito de Medellín, en los que se hace una relación precisa de las distintas infracciones de tránsito impuestas, con sus respectivos códigos. En ese documento se aprecia un número significativo de multas aplicadas a conductores por prestar un servicio diferente al autorizado (fls. 95 a 177, cdno. de pruebas). Se reporta también un operativo realizado contra conductores de transporte informal el 5 de junio de 1995, en oficio del 21 de julio de 1995, del director de la división de control y el jefe del departamento operativo, a la directora de la división técnica y operativa de la secretaria (fl. 93, cdno. de pruebas).
3.9. Copia íntegra y auténtica del Acuerdo Municipal 12 de 1971, a través del cual se creó la Secretaría de Transportes y Tránsito de Medellín (fls. 76 a 96, cdno. ppal.). Asimismo obra el decretos 1140 de 1995 del alcalde de Medellín, en el que se suspende la asignación de rutas y el incremento de capacidad transportadora mínima, por la puesta en marcha del tren metropolitano de transporte (fls. 1 a 3, cdno. de pruebas).
3.10. Fueron aportadas las resoluciones 254 del 24 de 1992 y 132 del 29 de abril 1993, de la Secretaria de Transporte y Transito de Medellín, que autorizaron rutas de servicio directo y concedieron una de ellas a Coopetransa, se encuentran ilegibles los números de la rutas (fls. 4 a 7, cdno. de pruebas).
Obra acta de la sesión ordinaria del Concejo de Medellín, celebrada el 24 abril de 1996, en la que se creó una comisión accidental que informara del problema de transporte informal en la ciudad (fls 121 a 135, cdno. ppal.).
3.11. Certificación expedida por el gerente de Coopetransa, en la que se hace constar:
“Que la señora Martha Mónica Giraldo Ruiz, identificada con la cédula (...) es asociada de esta cooperativa desde el 20 de noviembre de 1986 con los siguientes vehículos:
“TIL 438... TIL 961...” (fl. 100, cdno. ppal.).
Adicionalmente, fueron aportados los contratos de administración celebrados entre la cooperativa mencionada y la demandante (fls. 103 a 108, cdno. ppal.).
3.12. Obra oficio del gerente de Coopetransa, en el que da cuenta del promedio de pasajeros movilizados por las rutas 59, 60, 65 y 69 y los pasajeros dejados de movilizar en las mismas rutas para los años 1993 a 1996, no se precisa si el promedio es diario, mensual o anual y se anota: “Las rutas operan con un promedio de 18 buses y 14 microbuses, los cuales movilizan un promedio de 350 a 400 pasajeros y en este momento se están movilizando solo 250 pasajeros por vehículo” (fls. 98 y 99, cdno. ppal.).
A partir del análisis de los medios de convicción, la Sala confirmará la decisión apelada en el sentido de negar las pretensiones, pues no se acreditaron los supuestos fácticos alegados en la demanda.
4.1. Se encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de la señora Martha Mónica Giraldo Ruiz, ya que se aportó con la demanda copia auténtica de la tarjeta de propiedad de los vehículos de transporte público de placas TIL 438 y TIL 961, lo que es demostrativo de que en el registro público se encuentra radicado el título traslaticio que le confirió el dominio sobre los referidos automotores.
En efecto, en relación con la acreditación de la propiedad de los automotores, esta Sección, en reciente providencia que se cita in extenso, razonó así(9):
“El recuento normativo que se ha efectuado arroja claridad sobre el tema expuesto, tratándose de aquellos casos a los cuales no resulte aplicable la legislación mercantil, pues en estos últimos y según igualmente antes se indicó, el artículo 922 del Código de Comercio —expedido mediante el D.L. 410/71— hizo imperiosa la inscripción, en materia comercial, del acto o negocio jurídico que versare sobre vehículos automotores(10), en el registro público correspondiente(11).
“[E]l conjunto de datos necesarios para determinar la propiedad, características y situación jurídica de los vehículos automotores terrestres. En él se inscribirán todo acto o contrato que implique tradición, disposición, aclaración, limitación, gravamen o extinción del dominio u otro derecho real, principal o accesorio sobre vehículos automotores para que surta efectos ante las autoridades y ante terceros”(12).
“De otro lado, el Acuerdo 34 del 12 de agosto de 1991, proferido por la Junta Directiva del otrora denominado Instituto Nacional de Tránsito y Transporte —Intra—, reglamentó la manera en la cual habría de efectuarse tanto la inscripción inicial del automóvil en el registro respectivo como las anotaciones sucesivas a las cuales hubiere lugar dentro del mismo; de ahí que la persona que figurase inscrita ante el organismo de tránsito competente se reputara como propietaria del vehículo automotor y, en consecuencia, la inscripción en el registro resultara oponible a las autoridades y a terceros(13), toda vez que el artículo 94 del referido acuerdo preceptuaba que “[N]o se podrá transferir vehículo automotor alguno bajo ningún título sin que previamente se haya registrado”.
“ART. 193. —Reformado por el Decreto 1809 de 1990. Será sancionado con multa equivalente a veinte (20) salarios mínimos el propietario, poseedor o tenedor de un vehículo automotor que no lo inscriba dentro de los sesenta (60) días siguientes a su adquisición en el respectivo registro terrestre automotor. En igual sanción incurrirá quien no inscriba todo acto o contrato, providencia judicial, administrativa o arbitral que implique constitución, declaración, aclaración, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción del dominio u otro derecho real, principal o accesorio sobre un vehículo automotor para que surta efectos ante las autoridades y ante terceros”.
“Como colofón a la cadena de previsiones normativas aludidas, la Ley 769 de 2002 —Código Nacional de Tránsito Terrestre actualmente en vigor— estableció como requisitos uniformes —tanto en materia civil como en el ámbito mercantil— para hacer efectiva la tradición de los automóviles, la entrega material del automotor, por una parte y, por otra, la inscripción del negocio jurídico correspondiente en el registro nacional automotor, obligación está consignada de forma expresa en el artículo 47 del citado conjunto normativo, en los términos que se transcriben a continuación:
“En la actualidad y en relación con la enajenación comercial de automotores, mientras no se demuestre que el respectivo título de adquisición fue inscrito ante el competente funcionario de las oficinas de tránsito, la simple entrega del objeto enajenado no equivale a tradición del mismo. Por expreso mandato de la ley se exige, a más de la entrega, la inscripción del título, pues de otro modo la tradición no se opera totalmente, demostrando únicamente la celebración del contrato de compraventa, pero no queda demostrado el dominio ya que en el derecho colombiano los contratos, por sí solos, no mutan el derecho real de propiedad de una cabeza a otra, porque ellos solamente son fuente de obligaciones” (resalta fuera del texto original)(14).
“(...)” (Negrillas, cursivas y subrayado del original).
4.2. Así las cosas, a efectos de acreditar la titularidad sobre un automóvil —de servicio público o privado, es imprescindible no solo probar la existencia del título traslaticio del dominio —para lo cual no es necesario aportar prueba formal o ad sustanciam actus, ya que el contrato de compraventa de bienes muebles puede ser consensual— sino también la inscripción de ese traspaso en el registro automotor de conformidad con la normativa que regula la materia, este último sí de carácter solemne pues solo se puede demostrar, como ya se dijo, con la inscripción del respectivo acto jurídico en el registro nacional automotor.
4.3. Ahora bien, verificada la legitimación en la causa de la demandante y del municipio demandado, se aborda el estudio material de la controversia, en aras de establecer si el municipio de Medellín incurrió en una omisión en el control del transporte informal que opera en la ciudad de la cual se habrían desprendido unos perjuicios a la señora Martha Mónica Giraldo, toda vez que sus vehículos se encuentran afiliados a Coopetransa, empresa transportadora supuestamente afectada con la existencia de un transporte informal en esa municipalidad.
En el caso sub examine, a la luz del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil(15), existe una clara falencia probatoria a cargo de la parte demandante en el proceso, comoquiera que los principales medios de convicción fueron aportados a la actuación por parte de la directora de la división jurídica de la Secretaría de Transporte y Tránsito de Medellín.
Así las cosas, como lo trasuntan esos instrumentos probatorios, no está acreditada la existencia del daño antijurídico ni la imputación de este a la administración pública; a contrario sensu, todas las pruebas están orientadas a demostrar que el comportamiento de las autoridades municipales fue el adecuado y oportuno para compeler a los transportadores informales de la ciudad a que se abstuvieran de prestar el servicio de forma irregular, y de ello da cuenta la documentación adjuntada con la contestación de la demanda, en donde se puede verificar sin anfibologías que la entidad territorial no incurrió en negligencia o descuido, a diferencia de lo sostenido por la demandante.
El daño antijurídico a efectos de que sea resarcible, requiere que esté cabalmente estructurado, por tal motivo, se torna imprescindible que se acrediten los siguientes aspectos relacionados con la lesión o detrimento cuya reparación se reclama: i) debe ser antijurídico, esto es, que la persona no tenga el deber jurídico de soportarlo; ii) que sea cierto, es decir, que se pueda apreciar material y jurídicamente —que no se limite a una mera conjetura—, y que suponga una lesión a un derecho, bien o interés legítimo que se encuentre protegido en el ordenamiento jurídico, y iii) que sea personal, es decir, que sea padecido por quien lo depreca, en tanto se cuente con la legitimación en la causa para reclamar o debatir el interés que se debate en el proceso, bien a través de un derecho que le es propio o uno que le deviene por la vía hereditaria.
La antijuricidad del daño va encaminada a que no solo se constate la materialidad y certidumbre de una lesión a un bien o interés amparado por la ley, sino que, precisamente, se determine que la vulneración o afectación de ese derecho contravenga el ordenamiento jurídico, en tanto no exista el deber jurídico de tolerarlo.
Como se aprecia, el daño antijurídico es el principal elemento sobre el cual se estructura la responsabilidad patrimonial de la administración pública, a la luz del artículo 90 de la Carta Política, entidad jurídica que requiere para su configuración de dos ingredientes: i) uno material o sustancial, que representa el núcleo interior y que consiste en el hecho o fenómeno físico o material (v.gr. la desaparición de una persona, la muerte, la lesión, etc.) y ii) otro formal que proviene de la norma jurídica, en nuestro caso de la disposición constitucional mencionada(16).
En ese orden, el daño antijurídico no puede ser entendido como un concepto puramente óntico, al imbricarse en su estructuración un elemento fáctico y uno jurídico; se transforma para convertirse en una institución deontológica, pues solo la lesión antijurídica es resarcible integralmente en términos normativos (L. 446/98, art. 16) y, por lo tanto, solo respecto de la misma es posible predicar consecuencias en el ordenamiento jurídico.
De allí que, solo habrá daño antijurídico cuando se verifique una modificación o alteración negativa fáctica o material respecto de un derecho, bien o interés legítimo que es personal y cierto frente a la persona que lo reclama, y que desde el punto de vista formal es antijurídico, es decir no está en la obligación de soportar porque la normativa no le impone esa carga.
En consecuencia, en el caso concreto, no se pueda predicar la existencia de un daño antijurídico, ya que si bien se demostró la titularidad de los automotores y la afiliación de los mismos a la empresa Coopetransa, no se estableció la disminución de pasajeros o la afectación negativa derivada de la existencia del supuesto transporte informal que afectaría las rutas 59, 60, 65 y 69 de la mencionada cooperativa. No resulta suficiente el equívoco oficio de la empresa transportadora sobre la disminución de pasajeros entre los años 1993 y 1996.
Aunado a lo anterior, tampoco se acreditó la omisión alegada en el libelo petitorio, circunstancia en virtud de la cual, en el supuesto hipotético de que se tuviera el daño por probado, el mismo no sería imputable o atribuible en el plano fáctico ni jurídico al municipio demandado, puesto que las pruebas que integran el acervo probatorio sirven de fundamento para arribar a la conclusión contraria, esto es, que la administración local cumplió a cabalidad con su obligación legal y reglamentaria de contrarrestar los efectos negativos que genera la existencia del transporte informal en la ciudad de Medellín, así como abogar por que los usuarios del servicio sean los beneficiados con todas las medidas administrativas adoptadas.
En ese orden, significa que los medios de convicción opugnan todas las afirmaciones y razonamientos vertidos en los escritos de demanda y de apelación, lo que impone la confirmación —por las razones expuestas— de la providencia recurrida, en la medida que no se acreditaron los elementos de la responsabilidad del Estado, a la luz del artículo 90 superior, esto es, el daño antijurídico y la imputación del mismo a la administración pública.
1. Confírmase la sentencia del 11 de mayo de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.
Ejecutoriada la providencia, por secretaría remítase el expediente al tribunal de origen.
(1) De conformidad con las normas de competencia contenidas en el Decreto 597 de 1988, aplicables al asunto concreto en virtud de la fecha de interposición del recurso de apelación, la cuantía para que un proceso de reparación directa iniciado en 1996 tuviera doble instancia es de $ 13’460.000,oo.
(2) Esta corporación ha reiterado que los artículos publicados en la prensa escrita pueden apreciarse por el juez como prueba documental solo para tener” (...) certeza sobre la existencia de la información, pero no de la veracidad de su contenido”. Sobre el mérito probatorio de las publicaciones de prensa como prueba en los procesos se encuentran también las siguientes providencias: sentencia de 27 de junio de 1996, radicado 9255, C.P. Carlos A. Orjuela G.; sentencia de 15 de junio de 2000, Expediente 13.338, C.P. Ricardo Hoyos Duque; sentencia de 10 de noviembre de 2000, radicado 18298, actor: Renata María Guadalupe Lozano, C.P. Ricardo Hoyos Duque, y sentencia del 16 de enero de 2001, radicado ACU-1753, C.P. Reinaldo Chavarro; sentencia de 25 de enero de 2001, radicado 3122, C.P. Alberto Arango Mantilla; sentencia de 6 de junio de 2002, radicado 739-01, C.P. Alberto Arango Mantilla.
(8) Sentencia del 29 de mayo de 2012, Expediente 2011-01378 C.P. Susana Buitrago Valencia - Sección Tercera.
(9) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de abril de 2009, Expediente 16837, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
(10) En este preciso aspecto, la jurisprudencia de esta Sala se ha pronunciado sobre la necesidad de probar tanto el título como el modo a efecto de acreditar la calidad de propietario de un vehículo automotor con fundamento en lo normado por el estatuto mercantil, en los términos que siguen:
“De conformidad con lo establecido en el artículo 922 del Código de Comercio, para acreditar la propiedad sobre vehículos se requiere demostrar que el respectivo título de adquisición fue inscrito en las oficinas de tránsito (D.L. 1344/70, art. 88, Código Nacional de Tránsito Terrestre, tal como fue modificado por el D.L. 1809/90), para lo cual se requiere aportar copia del registro o de la licencia, ya que esta se expide luego de perfeccionado el registro y, por lo tanto, prueba la realización de ese acto, según lo establecido en el artículo 87 del decreto Ley 1344 de 1970, vigente al momento de la ocurrencia de los hechos objeto de este proceso”. Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Tercera, sentencia del 12 de septiembre de 1992, C.P. Ricardo Hoyos Duque, Expediente 13395.
(11) Tal es el sentido de lo normado por el artículo 922 del estatuto mercantil: “La tradición del dominio de los bienes raíces requerirá, además de la inscripción del título en la correspondiente oficina de registro de instrumentos públicos, la entrega material de la cosa.
(12) El Decreto 1809 de 1990 modificó el artículo 88 del Decreto 1344 de 1970 y replicó la definición adoptada, para el registro terrestre automotor, en la Ley 53 de 1989.
(13) Bonivento Fernández, José Alejandro, Los principales contratos civiles y su paralelo con los comerciales, 13ª edición, Ediciones Librería del Profesional, Bogotá, 1999, p. 38.
(14) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 10 de noviembre de 1976, M.P. Germán Giraldo Zuluaga.
(15) “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen...”.
(16) Cf. De Cupis, Adriano “El daño”, Ed. Bosch, Barcelona, 2ª edición, 1970, pág. 82.