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Timestamp: 2020-08-03 13:41:46
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Matched Legal Cases: ['Artículo 8', 'Artículo 10', 'artículo 8', 'artículo 14', 'Artículo 8', 'Artículo 14']

Evolucion Del Derecho Procesal - Lectura | Jurisdicción | Causa de la acción
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Ley29 98 Jurisdicion Contencioso Administrativa
Agotamiento de Vía Previa Para Actuaciones Materiales No Sustentadas en Acto Administrativo. Una Discrepancia
Evolución del Derecho de Acción: Apuntes Generales
La noción actual del derecho de acción es la consecuencia de muchos siglos de evolución, y marca la pauta del surgimiento de la ciencia procesal (más conocida por nosotros como Derecho Procesal), como una independiente de las demás áreas del derecho contemporáneo.
Esta evolución no ha sido corta, y mucho menos fácil, y data desde la antigüedad clásica, en una etapa pre científica del proceso, y cuando no se pensaba siquiera de una ciencia procesal autónoma. Sin embargo, en dicha evolución ha suscitado controversias entre los estudiosos en materia procesal, las cuales han originado un sinnúmero de doctrinas, las cuales han ido aportando teorías que hoy destacan al derecho de acción, conforme detallaremos en el presente trabajo.
Para fines didácticos basta reseñar que las sucesivas escuelas y teorías que se referirán no son más que paulatinos avances que, poco a poco, ceden sus puestos a otras que se ponen cada vez más cerca de la noción moderna que del derecho de acción se tiene, aceptación pacífica que lo describe como un derecho fundamental, autónomo, subjetivo, abstracto y público.
II. Evolución del derecho de acción:
Dentro de la evolución del derecho romano tenemos que la noción del derecho de acción ha ido sufriendo igualmente cambios.
Así tenemos que, originalmente, la noción de acción es sinónimo de un conjunto de ritos sagrados y procedimientos ineludibles; y es durante el denominado Procedimiento Formulario del Derecho Romano, que el derecho de acción pasa a ser el propio derecho material que se exige y deduce dentro del juicio. Más adelante, en la etapa del Procedimiento Extraordinario (que se reproduce en la época del emperador Justiniano), encontramos a la siguiente definición de acción: “(…) el derecho de perseguir en juicio lo que a uno se le debe” 1 .
II.2. Teorías modernas o de la autonomía de la acción:
A. La polémica Windscheid – Muther:
Es importante mencionar a Bernard Windscheid pues, a pesar de ratificar y defender la concepción clásica del derecho de acción, es a partir de la crítica hecha a sus trabajos por Teodor Muther que se habla por primera vez de que el derecho de acción y el derecho material que se discute en juicio son no sólo diferentes, sino independedientes. Este fue el primer
1 MONROY GÁLVEZ, Juan. “Introducción al Proceso Civil”. Temis. Bogotá: 1996. Tomo I, pag. 253.
aporte para uno de los rasgos elementales del derecho de acción, cual es su “autonomía”.
Sin embargo, la concepción de Muther aún concibe al derecho de acción como uno concreto, en la medida que afirma que todo sujeto de derecho que tiene acción tiene, a la vez, derecho a una sentencia favorable en juicio.
derecho “subjetivo” “público”, en la medida que va dirigido al Estado para que éste le conceda tutela jurídica.
lado, es claro para Muther que
Este destacado autor profundiza los estudios de la naturaleza “pública” del derecho de acción, a la vez que su carácter autónomo, en la medida que sostiene que el derecho de acción no relaciona a las partes de la relación jurídica sustantiva, sino al demandante con el Estado.
Por lo demás, es el primero en concebir al derecho de acción como uno abstracto pues afirma que “antes de iniciarse un proceso no hay acción: este sólo existe cuando se interpone la demanda” 2 .
C. Teorías de Kohler y Degenkolb:
Kohler reafirma la característica “subjetiva” y “abstracta” del derecho de acción.
Esto último es lo destacable de la teoría de Kohler, pues sostiene que todo sujeto de derecho tiene derecho de acción (elemento intrínseco a la personalidad humana), pero no esta condicionado a la obtención de una sentencia favorable. Siendo así las cosas, una persona puede tener derecho de acción, ejercerlo pero no tener razón o la titularidad del derecho material discutido judicialmente.
2 Idem. pag. 256.
En esta nueva tendencia, la acción se independiza no solamente del derecho sustancial, sino también del resultado del proceso, estructurándose como un derecho abstracto, genérico, universal, siempre el mismo, cualquiera sea la relación sustancial que subyazca en el proceso. Se supera así la concepción de las teorías concretas que supeditan la
existencia de la acción al resultado del proceso, favorable para
el actor 3 .
Es preciso destacar, que la institución de la pretensión, alcanza plena autonomía y se ubica al lado de la acción. Es decir, mientras que el derecho de acción va dirigido frente al Estado (porque es al Estado al que se le requiere tutela jurisdiccional, por intermedio del órgano judicial), la pretensión va dirigida al demandado, pues frente a éste se solicita la actuación del derecho objetivo y se pide que en la sentencia se le impongan determinadas consecuencias jurídicas (como una prestación de dar, hacer o no hacer) 4 .
Degenkolb, por su parte, es el primer procesalista que definió
al derecho como uno subjetivo y público a la vez.
D. Teoría de Adolfo Wach:
A criterio de muchos, Adolfo Watch marca el punto de no
retorno en la doctrina sobre la teoría autónoma del derecho de
acción, otorgando en definitiva el punto de partida de la ciencia procesal como una “autónoma”.
A pesar de ello, este autor entiende que la acción tiene un
elemento bidireccional, en la medida que la dirige el demandante al Estado (exigiendo tutela jurídica) y, a la vez, contra el demandado (para que cumpla o satisfaga su
3 Quintero Beatriz, Teoría General del Proceso, Tomo I, Editorial Temis S.A., Santa Fe de Bogotá, 1995, pág.
4 Ticona Postigo, Víctor, El debido Proceso y la Demanda Civil, Rodhas, Lima, 1999, pág. 197.
Cabe anotar que, en opinión de Guasp, opiniones como la de Watch confundieron el derecho de acción con el concepto de pretensión procesal, subsumiendo este último en el primero, problema que subsistió por muchos años, postergando el estudio científico de la pretensión procesal. Así, afirma Guasp que “el concepto de acción, usurpador en máxima medida del puesto jerárquico que al concepto de pretensión corresponde, no hubiera podido por sí solo llenar el puesto que la pretensión procesal ocupa ya que la inmensa mayoría de las conexiones procesales particulares que van ligadas a la idea de la pretensión escapan, por su misma particularidad, a la figura excesivamente amplia de la acción. La acción (…), resultaba demasiado elevada para encadenar a ellas las explicaciones concretas de muchas teorías como la litispendencia, la de la congruencia, la de la cosa juzgada y así sucesivamente”.
E. Teoría de Giuseppe Chiovenda (1903):
La tesis del procesalista italiano es un momento estelar en la evolución del derecho de acción y, con ello, marca con absoluta claridad que la acción no es un derecho material. Con ello pues, se entiende que nace el proceso, sustituyendo al procedimiento, y la ciencia del Derecho Procesal.
Para Chiovenda el derecho de acción es potestativo y esta dirigido contra el adversario. Este carácter potestativo que le atribuye, tiene su correspondencia frente al adversario, sin que éste, además, pueda hacer algo para evitarlo.
Esta concepción de Chiovenda, de los derechos potestativos, descarta el carácter público de la acción y acentúa la condición de obtener sentencia favorable, con lo que le otorga a la acción un carácter concreto (sólo puede usar el derecho de acción quien tiene la razón y el derecho), característica que ya había sido descartada por los procesalistas alemanes arriba mencionados.
renunciable o incluso puede ser transferido, posición que no puede ser compartida, pues, como se verá más adelante estamos ante un derecho inherente a la persona humana, y por ello mismo es irrenunciable. Así pues, señala que la acción es un poder frente al adversario, más que contra el adversario. Con dicha distinción este autor expresa la idea de que la acción no supone obligación alguna 5 .
F. Teoría de Calamandrei:
Discípulo de Chiovenda, quien a pesar de estar en un inicio a
favor de la concepción concreta del derecho de acción, en una
etapa posterior renuncia a ella y se pronuncia en definitiva por
la concepción “abstracta” de éste, tesis que de este momento
en adelante será, sin discusión, la predominante.
En esta línea Piero Calamdrei afirma que el derecho de acción
es, simplemente, el derecho a pedir justicia y, sobre todo,
considera que es común a todos.
G. Concepción contemporánea del derecho de acción. La
teoría de Carnelutti:
Este autor italiano reafirma de modo definitivo el carácter
“autónomo”, “abstracto” y “público” del derecho de acción,
características que, en su conjunto, tendrán aceptación
pacífica en la doctrina del Derecho Procesal.
Esta es la concepción contemporánea, con algunos matices
adicionales, del derecho de acción.
Sin embargo, este autor sostiene que este derecho, si bien
público, es dirigido por el demandante contra el juez y no
contra el Estado. Esta concepción esta hoy por hoy superada,
entendiéndose que se trata de un derecho dirigido contra el
Estado, quien esta obligado a brindar tutela jurídica, como
una manifestación del deber de éste a garantizar el derecho a
una Tutela Jurisdiccional efectiva.
5 Chiovenda, Giuseppe, Ensayos de Derecho Procesal Civil, Bolonia, 1903, pág. 37.
Cabe señalar, que la posición de este autor y de Schonke, es que la acción puede impetrarse por una persona que en realidad puede no ser titular del derecho subjetivo material, puede tener el derecho de acción sin que aquél le corresponda. Por lo tanto, el Juez o Magistrado, no puede, no debe eximirse de estudiar la demanda y por consiguiente debe pronunciarse, por medio de una providencia, ya sea aceptándola o declarándola infundada, porque si así no procede faltaría al deber de su cargo 6 .
H. Teoría de Couture:
El gran mérito de este destacado autor uruguayo es enseñar que el derecho de acción es una sub especia del derecho genérico de petición, inherente a todo individuo por el mero hecho de serlo, y por ello mismo presente en todas las Constituciones del mundo. Para este autor, cualquier súbdito tiene derecho a que el órgano jurisdiccional competente considere su pretensión expuesta con arreglo a las formas dadas por la ley procesal.
Este derecho es la porción mínima indiscutible del derecho a la prestación de la jurisdicción o al derecho a una Tutela Jurisdiccional efectiva.
Así, el derecho de acción es colocado dentro de los derechos cívicos fundamentales que viene a impostarse en la parte dogmática de las constituciones contemporáneas.
I. Posiciones de Víctor Fairén Guillén y Hugo Alsina:
Realzan el carácter constitucional del derecho de acción y lo entienden como una especie del derecho de petición.
Para Alsina, el Estado es el sujeto pasivo de la acción.
6 Calamandrei, Piero, Instituciones de Derecho Procesal Civil, pág. 168; citado por: Pisciotti Mejía, Daniel, Algunos Aspectos del Derecho de Acción y de la Acción de Entrega, Bogotá, 1966, pág. 14.
III. Nuestra posición:
Ese acto de pedir, de excitar la actividad jurisdiccional del Estado (en palabras de Fairén Guillén), tiene un carácter autónomo (diferente al derecho material discutido y con requisitos y elementos propios otorgado por la ciencia procesal), abstracto (en el sentido que no se necesita tener la razón ni el derecho para ejercerlo, pues basta con que el Estado le garantice el acceso irrestricto y si no cuenta con suficiente fundamentes se obtendrá una sentencia desfavorable), subjetivo (pues lo tiene todo individuo por el hecho de serlo, pues estamos ante un derecho fundamental, y por ello mismo irrenunciable), público (pues se dirige contra el Estado, como sujeto pasivo, el mismo que esta obligado a otorgarle tutela), procesal (pues tiene como finalidad la protección jurisdiccional).
Adicionalmente, debemos destacar que existen determinados casos en los cuales, la persona no puede ejercer ella misma la acción, como en los supuestos de los menores de edad, mayores incapaces, etc., pero no significa que el ejercer la acción padezca alguna limitación y además se trataría, en todo caso, de problemas relacionados con la “capacidad para ser parte” o la “capacidad procesal”, pero siempre manteniendo incólume el derecho de acción, por lo demás, previsto en los artículos 8 7 y 10 8
7 “Artículo 8º.- toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.” 8 “Artículo 10º.- “toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones (…)”
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 9 (1948); artículo 8 10 de la Convención Americana de Derechos Humanos (1969); artículo XVIII 11 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (1948) y; el artículo 14 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Adicionalmente a ello, Eduardo Couture 13 , señala el derecho de acción; es un poder jurídico que compete al individuo en cuanto tal, como un atributo de su personalidad. Entendiendo por acción, no ya al derecho material del actor ni su pretensión a que ese derecho sea tutelado por la jurisdicción, sino su poder jurídico de acudir ante los órganos jurisdiccionales.
En tal sentido, podemos concluir que la Acción es un derecho humano. Y no obstante la excelsitud del nivel que dicho concepto ha alcanzado, la doctrina resulta ilimitada y permanente en su evolución. Así Fix Zamudio, al comentar las instituciones procesales fundamentales, como la acción, la jurisdicción y el proceso, expresa que “no se trata de un simple acceso a la prestación jurisdiccional, sino que se traduce en el derecho fundamental a la justicia 14 .
9 Adaptada y Proclamada por la Resolución de Asamblea General de Naciones Unidas No. 217 A, del 10 de diciembre de 1948.
10 Artículo 8º.- “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo
razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la
ley (…)”.
11 Artículo XVIII.- “Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente”.
12 Artículo 14º.- “Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derechos a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley (…)”
13 Couture Eduardo, Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Desalma, Buenos Aires, 1958, págs. 57-61.
14 Fix Zamudio, Héctor, ponencia a las IX Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal, celebradas en Madrid, España, en junio de 1985, pág. 4. Citado por: Parodi Remón, Carlos, Comentarios al Código Procesal Civil, La Postulación al Proceso, Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 1994, págs. 20-21.
1. MONROY GÁLVEZ, Juan. “Introducción al Proceso Civil”. Temis. Bogotá: 1996. Tomo I, pag. 253.
2. Quintero Beatriz, Teoría General del Proceso, Tomo I, Editorial Temis S.A., Santa Fe de Bogotá, 1995, pág. 244.
3. Ticona Postigo, Víctor, El debido Proceso y la Demanda Civil, Rodhas, Lima, 1999, pág. 197.
4. Chiovenda, Giuseppe, Ensayos de Derecho Procesal Civil, Bolonia, 1903, pág. 37.
5. Calamandrei, Piero, Instituciones de Derecho Procesal Civil, pág. 168; citado por: Pisciotti Mejía, Daniel, Algunos Aspectos del Derecho de Acción y de la Acción de Entrega, Bogotá, 1966, pág.
6. Couture Eduardo, Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Desalma, Buenos Aires, 1958, págs. 57-61.
7. Fix Zamudio, Héctor, ponencia a las IX Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal, celebradas en Madrid, España, en junio de 1985, pág. 4. Citado por: Parodi Remón, Carlos, Comentarios al Código Procesal Civil, La Postulación al Proceso, Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 1994, págs. 20-21.
8. Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.
9. Convención Americana de Derechos Humanos de 1969.
10. Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre.
11. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
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