Source: http://www.franciscosantana.net/2016/06/libertad-religiosa-vs-derecho-la-vida.html
Timestamp: 2018-02-20 23:33:38
Document Index: 204673525

Matched Legal Cases: ['artículo 65', 'artículo 25', 'artículo 72', 'artículo 252', 'artículo 252', 'artículo 19', 'artículo 252']

Libertad religiosa Vs. Derecho a la vida. Alcance de la objeción de conciencia del paciente Testigo de Jehová (y de otras religiones) en torno a las transfusiones de sangre. (Sala Constitucional)
Resulta "conforme a derecho la decisión del médico de transfundir hemoderivados en contra de la voluntad del paciente, siempre y cuando dicho procedimiento médico sea la única opción científicamente comprobada y tecnológicamente asequible en el país para resguardarle la vida al paciente-objetor Testigo de Jehová o practicante de cualquier otra religión o culto que parta de los mismos principios"
"...La parte solicitante de la revisión alega que a su representada, una adolescente de doce (12) años de edad, se le trasgredió el derecho a opinar contemplado en los artículos 80, 85 y 86 de la otrora Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, cuando el Consejo de Protección ordenó que se le transfundiera hemoderivados sin considerar la religión que ambas profesan (Testigos de Jehová). Los hechos que la parte solicitante considera como lesivos de sus derechos fueron impugnados mediante amparo constitucional ante la Sala de Juicio N° 15 del Circuito Judicial de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, y luego en alzada ante la Sala de Apelaciones N° 1 de la Corte Superior del Circuito Judicial de Protección del Niño y del Adolescente de la misma Circunscripción Judicial. En ninguno de los casos la petición de la solicitante contó con el aval de los órganos jurisdiccionales.
Según se constata de las actas del expediente la solicitante, ciudadana Yolima Pérez Carreño, es la madre de la aludida adolescente, cuyo nombre se omite en virtud de lo dispuesto en el artículo 65 dela Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. El hecho es que la adolescente sufre de leucemia linfoblástica aguda; y tradicionalmente se le trató sin uso de hemoderivados hasta que, producto de su enfermedad, tuvo una recaída que ameritó su ingreso en una clínica donde el médico tratante, visto lo delicado del cuadro clínico y ante la negativa de la representante y de la paciente a que se le trasfundiera hemoderivados, solicitó al Consejo de Protección del Municipio Libertador autorización para proceder a la transfusión, permiso que le fue otorgado.
Ciertamente, no desconoce la Sala que ambos textos legales hacen referencia también al deber del médico de respetar la voluntad del paciente (vid. artículo 25, ordinal 2° de la Ley del Ejercicio de la Medicina, o el artículo 72.8 del Código de Deontología Médica), pero el conflicto no es una antinomia normativa sino que amerita una ponderación de valores constitucionales que ha sido resuelta por la Salaa favor del derecho a la vida, tomando en cuenta los valores y los patrones culturales de nuestra sociedad consagrados en nuestro ordenamiento constitucional.
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/agosto/1431-140808-07-1121.htm
"...De modo que los médicos tratantes sólo pueden válidamente transfundir hemoderivados con el consentimiento del paciente-objetor, indistintamente de cuál sea la religión que profese y su postura frente a la transfusión de hemoderivados, a menos de que ante inminente peligro de muerte la transfusión de hemoderivados sea la única opción para resguardarle la vida del paciente-objetor..."
Señalado lo anterior, corresponde a esta Sala Constitucional resolver la solicitud de aclaratoria del fallo dictado el 14 de agosto de 2008 con el N° 1431. Al respecto, observa:
La aclaratoria o ampliación de la sentencia está prevista en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece:
Sobre el alcance de la norma transcrita, ya esta Sala se ha pronunciado en sentencia del 26 de diciembre de 2000 (caso: Asociación Cooperativa Mixta La Salvación, S.R.L.), oportunidad en la que señaló: «…que el transcrito artículo 252, fundamento legal de la solicitud de aclaratoria, regula todo lo concerniente a las posibles modificaciones que el juez puede hacer a su sentencia, quedando comprendidas dentro de éstas, no sólo la aclaratoria de puntos dudosos, sino también las omisiones, rectificaciones de errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos que aparecieren de manifiesto en la sentencia, así como dictar las ampliaciones a que haya lugar…».
En el caso de autos, observa esta Sala que la aclaratoria fue solicitada el 16 de septiembre de 2008, esto es, el primer día hábil siguiente que tuvo la parte solicitante una vez dictada la decisión. En consecuencia, la Sala considera tempestiva la presente solicitud, conforme con la norma transcrita, aplicable al caso por disposición del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Así se declara.
Precisado lo anterior, procede la Sala a examinar la procedencia de solicitud interpuesta. Al efecto, observa:
El artículo 252 del Código de Procedimiento Civil permite que el tribunal que dictó una decisión pueda volver sobre ella a instancia de parte, únicamente para: i) aclarar puntos dudosos; ii) salvar omisiones; iii) rectificar errores de copia, de referencias o cálculos numéricos, que aparecieren de manifiesto en la misma sentencia; y iv) dictar ampliaciones; lo que no ocurre en el presente caso, toda vez que del texto de la sentencia no se desprende ambigüedad u oscuridad alguna.
Esta Sala ha establecido en múltiples oportunidades que la posibilidad de aclarar o ampliar la sentencia tiene como propósito rectificar los errores materiales, dudas u omisiones que se hayan podido cometer en el fallo, advirtiendo que dicha facultad no se extiende hasta la revocatoria o reforma de éste, sino a corregir las imperfecciones que le resten claridad a sus declaraciones.
En el caso de autos, a diferencia de lo que sostiene la parte solicitante, la sentencia N° 1431/2008 distingue entre el paciente adulto hábil en Derecho y los niños, niñas y adolescentes de cara a analizar la capacidad de seleccionar el tratamiento médico sugerido. Efectivamente, el caso que dilucidó la sentencia cuya aclaratoria se solicita giraba en torno a la posibilidad de que una adolescente rechazara un tratamiento médico imprescindible para preservarle la vida; pero para ello, siendo que el régimen de los niños, niñas y adolescentes es un régimen especial, se hizo referencia al régimen general, es decir, al de los adultos hábiles en derecho, para que se comprendiera a plenitud la justificación de las limitaciones habidas para los niños, niñas y adolescentes.
De ese modo, respecto a los pacientes adultos se indicó en la sentencia cuya aclaratoria que: «[l]os médicos tratantes están obligados a respetar las convicciones de los pacientes, por lo que sólo pueden validamente transfundir hemoderivados con el consentimiento del paciente-objetor…»
Ciertamente, la Sala excepcionó este deber médico de respetar las convicciones de los pacientes adultos hábiles en Derecho si «…ante inminente peligro de muerte la transfusión de hemoderivados sea la única opción para resguardarle la vida al paciente»; pero esa excepción no se hizo de forma velada o sugerente sino de modo categórico y expreso, luego de concluir que el derecho a la vida «…cuenta con un régimen de protección positivo que impide considerar dicho derecho como un derecho de libertad, capaz de permitirle al titular disponer del derecho a la vida con la aquiescencia del Estado (causar su muerte bajo autorización pública); o legitimarlo para exigirle al Estado, so pretexto de ejercer otro derecho de igual rango, indiferencia ante la certeza del resultado mortal de una acción u omisión, esto es, que anule por completo dicho derecho».
El hecho es que la Sala, luego de analizar la normativa contenida en la Ley de Ejercicio de la Medicina así como el Código de Deontología Médica, invocada por la parte solicitante de la aclaratoria, estimó que el asunto «…no es una antinomia normativa sino que amerita una ponderación de valores constitucionales que ha sido resuelta por la Sala a favor del derecho a la vida, tomando en cuenta los valores y los patrones culturales de nuestra sociedad consagrados en nuestro ordenamiento constitucional».
Por tanto, no se trata de desconocer el derecho de autodeterminación del paciente adulto hábil en Derecho sino de protegerle la vida, en «…el supuesto de que la transfusión de hemoderivados sea la única opción científicamente comprobada y tecnológicamente asequible en el país para resguardarle la vida al paciente-objetor…», derecho a la vida que, como se dijo, no es disponible pues «…merece protección absoluta aun en contra del titular…», en virtud de que ontológicamente es presupuesto necesario para el ejercicio de los demás derechos, incluso el de autodeterminación, lo que por cierto se compadece con lo alegado por la parte solicitante «…de que el Derecho existe por encima de todo para beneficio de la persona…»
De ese modo, las ideas expresadas por la sentencia cuya aclaratoria se solicita son universales e integradoras, basadas en una máxima general: la vida, como valor jurídico, no es un derecho disponible. Y como tal, las consecuencias jurídicas de esta declaración no afectan exclusivamente a los que profesan la religión Testigos de Jehová, sino también a todas aquellas personas cuya actuación u omisión, fundada o no en razones teológicas, pudiera comprometer el derecho a la vida so pretexto de ejercer cualquier otro derecho constitucional, pues, como se dijo, en esta sentencia de la Sala se concretan los valores y los patrones culturales de nuestra sociedad consagrados en nuestro ordenamiento constitucional frente al derecho a la vida. De modo que los médicos tratantes sólo pueden válidamente transfundir hemoderivados con el consentimiento del paciente-objetor, indistintamente de cuál sea la religión que profese y su postura frente a la transfusión de hemoderivados, a menos de que ante inminente peligro de muerte la transfusión de hemoderivados sea la única opción para resguardarle la vida del paciente-objetor.
Siendo ello así, esta Sala resuelve en los términos expuestos la aclaratoria de la sentencia N° 1431 de 14 de agosto de 2008, solicitada por la abogada Ibis Ramírez Mata, con el carácter de apoderada judicial de la ciudadana Yolima Pérez. Así se decide.
Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley RESUELVE en los términos expuestos la aclaratoria de la sentencia N° 1431 de 14 de agosto de 2008, solicitada por la abogada Ibis Ramírez Mata, con el carácter de apoderada judicial de la ciudadana Yolima Pérez.
Publíquese y regístrese. Téngase la presente decisión como parte integrante del fallo N° 1431 del 14 de agosto de 2008.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas a los 10 días del mes de febrero de dos mil nueve (2009). Años 198º de la Independencia y 149º de la Federación.
Exp.- 07-1121
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/febrero/77-10209-2009-07-1121.html
Etiquetas: Deontología médica Derecho a la vida Derecho a libertad de cultos/religión Derecho médico Libertad de conciencia Objeción de conciencia Revision Testigos de Jehová Transfusiones