Source: https://empleadospublicosmalaga.wordpress.com/2013/02/25/doble-analisis-sobre-la-sentencia-del-supremo-que-da-legitimidad-a-la-administracion-paralela-ii-por-andalucia-libre-25-de-febrero/
Timestamp: 2018-01-22 04:15:48
Document Index: 364808523

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 6', 'Artículo 68', 'artículo 69', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 3', 'artículo 12', 'artículo 27']

Doble análisis sobre la Sentencia del Supremo que da legitimidad a la administración paralela (II). Por Andalucía Libre. 25 de Febrero. | Empleados Públicos de la Junta de Andalucía. MÁLAGA.
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Publicado el febrero 25, 2013	por Empleados Públicos de Málaga: Junta de Andalucía.
Quien haya leído la primera parte de este doble análisis tal vez piense que la sentencia que comentamos me ha disgustado. Si es así, se equivoca. Ciertamente, el argumento es flojo, carente de ingenio, pobre de razones y fundamentos, más que pobre: huérfano y menesteroso, pero, sobre todo, forzado, artificioso y fingido. Sin embargo, hay algo en la sentencia que me ha fascinado: la puesta en escena. Mientras la leía no pude evitar que viniera a mi mente la película “El golpe” (1. Los protagonistas, 2. El plan, 3. El tinglado, 4. La trama y 5. El golpe -o “el juicio de la Sala”-), hasta el punto de que me puse a tararear el tema musical y ya no pude sacudírmelo en toda la tarde. Así de frívola es la mente humana. Al menos la mía.
Pues bien, primer argumento, primera mentira (“mendacium in nomine iuris”, trola en nombre de la Ley, no catalogada en el “Léxico de la mentira” de Pio Rossi, como ya tuve ocasión de señalar). Este primer argumento es una concatenación de falacias e incoherencias. Para empezar, la referencia al artículo 2.1 y a la disposición adicional primera del EBEP es una incongruencia, porque contiene dos proposiciones antitéticas. El artículo 2.1 delimita el ámbito de aplicación del Estatuto; esto es, a quien le resulte de aplicación dicho artículo es empleado público; en tanto que la disposición adicional primera es precisamente aplicable a los que no están incluidos en el ámbito de aplicación del Estatuto; esto es, a quien le resulte de aplicación dicho precepto es porque, precisamente, no es empleado público.
En cuanto a la cita del artículo 8.1 c) del EBEP ocurre otro tanto y algo más. Para empezar, el punto 1 del artículo 8 no tiene incisos identificados con letras; por tanto ¿a cuál de los dos puntos del artículo 8 pretende hacer referencia? Porque si su intención era referirse al punto 1, que define al empleado público como aquél que “desempeña funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales”, la referencia estaría muy mal traída, pues los empleados del IAAL no prestan servicio en ninguna Administración Pública, sino en “una empresa pública de las previstas en el artículo 6.1. b) de la Ley general de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía” , según se afirma literalmente en el primer párrafo del preámbulo del Decreto 46/1993, de 20 de abril, que constituyó la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, cuya denominación –sólo cambio de nombre, sin modificación de su naturaleza jurídica- pasó a ser Instituto Andaluz de las Artes y las Letras –IAAL- en virtud de la disposición adicional primera del Decreto 138/2010. Así pues, ni prestaban servicio en una Administración Pública, ni el objeto de la empresa era la satisfacción del interés general; como tampoco lo es ahora el de la Agencia AAIC en la que esta infame sentencia los ha integrado; ya que, ahora como agencia empresarial y antes como empresa pública, su objeto era y es la satisfacción de sus intereses empresariales (Artículo 68 de la Ley 9/2007, de la Administración de la Junta de Andalucía: “Las agencias públicas empresariales…tienen por objeto principal la producción, en régimen de libre mercado, de bienes y servicios de interés público destinados al consumo individual o colectivo mediante contraprestación…”; artículo 69: “se regirán por el Derecho Administrativo o por el Derecho Privado según su particular gestión empresarial así lo requiera.”). Eso está claro para cualquiera, menos para el Supremo.
Supongo que el ponente de la sentencia no ignora que el IAAL no es otra cosa que la Empresa Pública de Gestión de Programas y Actividades Culturales y Deportivas, a la que se le cambió el nombre en 2010 y pasó a llamarse IAAL. Supongo que el ponente no ignora que el Reglamento General por el que se regía el IAAL era exactamente el mismo de la Empresa Pública, aprobado por Decreto 46/1993 (lo cual puede comprobarse fácilmente consultando el BOJA, por ejemplo, de 4 de mayo de 2011, o de 24 de marzo de 2001, donde podemos leer: “El IAAL…de conformidad con su Reglamento General aprobado mediante Decreto 46/1993…”); es decir, supongo que el ponente no ignora que el IAAL era, desde el punto de vista jurídico, exactamente lo mismo que la Empresa Pública de Gestión de Programas y Actividades Culturales y Deportivas con un nuevo nombre. Supongo, entonces, que el ponente no ignora que la disposición transitoria del citado Decreto 46/1993 dispuso la integración en la Empresa Pública de Gestión de Programas y Actividades Culturales y Deportivas, es decir en el IAAL, del personal del Centro Andaluz de Teatro, S.A. y de la empresa Productora Andaluza de Programas, S.A., es decir de dos sociedades mercantiles, que por tanto, no eran entidades de Derecho Público, ni su personal podría de ninguna de las maneras tener la condición de empleado público. De lo cual se deriva la falsedad del argumento, como podría deducir hasta el mismísimo Simplicius Simplissicimus.
Así pues, es entidad de Derecho Público a los efectos del EBEP, y por consiguiente, Administración Pública, el ente que tenga como fin único y exclusivo la satisfacción de los intereses generales (porque así lo manda la Constitución –articulo 103-). Y una entidad de Derecho Público tendrá la consideración de Administración Pública (artículo 2 de la Ley 30/1992) cuando actúe conforme al Derecho Público y sometida al principio de legalidad, porque así lo dispone la Constitución. En tanto que una entidad pública que actúe conforme al Derecho Privado, ni será Administración Pública, ni estará sometida al principio de legalidad, en su vertiente habilitante, sino que como cualquier otro individuo o entidad podrá hacer todo lo que la ley no prohíba.
El falaz argumento de la sentencia llevaría a afirmar que el artículo 2 de la Ley 30/1992 reconoce la condición de Administración Pública a cualquier entidad de Derecho Público, y que el artículo 2 de la ley 7/2007, otorga la condición de empleados públicos a cualquiera de sus empleados. Conforme a ese mendaz razonamiento, entes de Derecho Público creados, al igual que el IAAL, al amparo del artículo 6.1 b) de la Ley General de la Hacienda Pública de Andalucía, como por ejemplo la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), serían para el Tribunal Supremo -según esta sentencia- Administración Pública, y su personal, empleados públicos; a pesar de que en el artículo 3º de los Estatutos de EPSA se afirme que actuará conforme al Derecho Privado y que entre sus fines estén “la adquisición de suelo; la urbanización; la promoción y la construcción de viviendas; la adquisición y venta de viviendas; la rehabilitación…etc”. Es decir, una promotora, constructora y agencia inmobiliaria, como otra cualquiera, sería a ojos del Supremo Administración Pública y su personal empleados públicos. O como la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, en cuya Ley de creación (artículo 12) se lee que “como entidad de Derecho Público…en lo que respecta a las relaciones jurídicas externas, a las adquisiciones patrimoniales y a la contratación, estará sujeta, sin excepciones, (¡no se asombren!)…al derecho privado”, o, artículo 27: “Las relaciones de trabajo en el seno de la RTVA y de sus sociedades filiales se regirán por la legislación laboral común”.
Lo cual vuelve a demostrar la mendacidad de la argumentación. Señor ponente, señores de la Sala, ¿esos dos entes de Derecho Público son Administración Pública; y sus empleados, empleados públicos? O, más bien, ¿tendrán que admitir que hay entes y entes de Derecho Público? Que los entes de Derecho Público que no se rigen por el Derecho Público –o, si acaso, sólo en algunos aspectos- no pueden ser considerados de modo absoluto entes de Derecho Público, y mucho menos, Administración Pública, requisito legal ex artículos 2 y 8 del EBEP para que sus empleados puedan ser considerados empleados públicos. Artículos que constituyen el único fundamento de este su primer argumento –aceptemos caritativamente llamarlo así-, y que tan mal han leído ustedes, peor han citado y, sin embargo, tan bien han evitado analizar e interpretar.
Y esto –me refiero al tema de los entes de Derecho Público que actúan conforme al Derecho Privado– nos conduce a la cuestión esencial subyacente en este litigio, y que esta sentencia ha obviado analizar,: La Junta de Andalucía creó un engendro para eludir los límites y las cortapisas que la aplicación del Derecho Administrativo suponía para sus propósitos; es decir, para disponer arbitrariamente y sin control de los fondos públicos y para fundar una “función pública” clientelar y dispuesta a plegarse a sus espurios intereses, y, de paso, dar ocupación –en una región donde no hay empleo- a unos cuantos miles de parientes, correligionarios y simpatizantes. A esto la doctrina administrativista lo denominó la “huida del derecho administrativo”; la pretensión de inaplicar el ordenamiento jurídico administrativo, con la consecuente elusión de las garantías y los instrumentos de control inherentes a la actuación administrativa.
que el IAAL es una entidad de Derecho Público, pero que existen modalidades diversas de entidades de Derecho Público, y que ésta –el IAAL- no es, precisamente, de las que puedan considerarse Administración Pública, ni, consecuentemente, empleados públicos a su personal.
7 respuestas a Doble análisis sobre la Sentencia del Supremo que da legitimidad a la administración paralela (II). Por Andalucía Libre. 25 de Febrero.
febrero 25, 2013 en 6:24 pm
¿Y todo esto no se puede impugnar o al menos pedir una aclarición al TS?
Juansa17 dijo:
febrero 25, 2013 en 10:21 pm
Ja,ja,ja. Los del tsj son imparciales, apoliticos y buenas personas. Los cinco magistrados del supremo son de psoe, estan en practicas y son malas personas. Se os ha ido la cabeza hace tiempo.
febrero 26, 2013 en 7:28 am
Se puede decir mas alto pero no mas claro, sencillamente genial Max. Animo que esta guerra la vamos a ganar porque “la Constitucion, la razón y la calle nos avalan”
Otra pataleta más, hay que ver lo lloricas que son los funcionarios. Haber si dejáis de haceros las víctimas que sois los más privilegiados de Andalucía.
Pepito, permítame que le corrija, porque no soporto leer ciertas cosas, no por su contenido, sino por la ofensa al idioma: no está bien decir “Haber si dejáis…”, se dice “A ver si dejáis…” Sin hache, y sin b, Que le parece usted a Luis García Montero, esposo de Dª Almudena Grandes, que también lo escribió así en El País.
febrero 26, 2013 en 4:35 pm
Muy bien explicado Max, algo largo pero la cagada -digo sentencia- lo merece. Y explicas con argumentos, no con sentimentalismos ni fanatismos como algunos comentarios que leo.
febrero 26, 2013 en 7:05 pm
Propongo (para equilibrar la balanza) que los jueces del Tribunal Constitucional que finalmente decidirán resolviendo el asunto del enchufismo (masivo y flagrante) de/en la Junta, sean nombrados por los funcionarios -no enchufados- de la Junta.