Source: https://www.scribd.com/document/260201971/C-467-93
Timestamp: 2018-11-16 13:11:33
Document Index: 293331300

Matched Legal Cases: ['artículo 241', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 23', 'artículo 73', 'artículo 73', 'Artículo 73', 'artículo 5', 'Artículo 17', 'Artículo 23', 'Artículo 3', 'Artículo 11', 'artículo 7', 'artículo 23', 'artículo 13', 'artículo 58', 'artículo 317', 'artículo 209', 'artículo 34', 'artículo 25', 'artículo 95', 'artículo 16', 'artículo 64', 'artículo 363', 'artículo 317', 'artículo 34', 'artículo 241', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 23', 'artículo 108', 'artículo 16', 'artículo 17', 'artículo 73', 'artículo 23', 'artículo 71', 'artículo 16', 'artículo 241', 'artículo 313', 'artículo 338', 'artículo 287', 'artículo 150', 'artículo 317', 'artículo 362', 'artículo 317', 'artículo 363', 'artículo 3', 'artículo 95', 'artículo 338', 'artículo 317', 'artículo 338', 'artículo 3', 'artículo 95', 'artículo 317', 'artículo 58', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 17', 'artículo 23', 'artículo 73', 'artículo 34', 'artículo 3']

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Trabajo Ingresos Municipales
Palabras Claves Gerencia
Ordenanza 166 2014 MDSL
Fallos 2 Parcial
Derecho Tributario 2016 1 Parte 1 (2)
Mucha Lopez -Salazar Boza
1139-2306-391110-2001-FLETCARSRL
Un tributo es una modalidad de ingreso público o prestación patrimonial de carácter público
Capitulo i Victor Piñero
C-467/93
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Naturaleza/DEMANDA
DE INCONSTITUCIONALIDAD-Interpretación
La Corte, en ejercicio de su misión de guardiana, integral de los preceptos del
Estatuto Supremo, debe en muchas ocasiones, actuar en una forma lo
suficientemente amplia para interpretar las demandas de inconstitucionalidad,
y algunas veces hacer verdaderos esfuerzos para desentrañar la intención del
actor, todo ello con el fin de que no se desvirtúe el propósito para el cual se
creó esta acción, que no es otro que permitir a cualquier ciudadano actuar en
CONSTITUCIONAL/CARENCIA
ACTUAL/SENTENCIA INHIBITORIA/NORMA DEROGADA
Si la acusación versa sobre vicios de fondo la confrontación ha de realizarse
frente a la normatividad constitucional de 1991, pero si se relaciona con vicios
de forma o extralimitación en el ejercicio de facultades extraordinarias, la
preceptiva constitucional aplicable sería la Carta vigente al momento de
expedirse los preceptos acusados, que para el caso bajo examen sería la
Constitución de 1886 con las respectivas reformas. Sin embargo, no cree la
Corte que en "todos los casos", pueda proceder de conformidad con dicho
criterio, pues existen algunos, el que en verdad no justifica que se emita
pronunciamiento de fondo, ya que no resulta lógico que se retire del orden
jurídico lo que no existe, porque con antelación fue retirado o ha desaparecido
por voluntad propia del legislador, al haber derogado o modificado los
preceptos demandados. Se considera que ante situaciones como la anotada,
resulta mas a tono con la función que le compete ejercer, declararse inhibida
para decidir por carencia actual de objeto, cuando las normas acusadas fueron
derogadas antes de que entrara en vigor el nuevo orden constitucional (7 de
julio de 1991), y ello con el fin de permitir que si en un futuro se repite dicho
mandato legal, la Corporación pueda, previa acusación ciudadana, o en forma
oficiosa si es el caso, proceder a su confrontación frente a la Carta que hoy
Al amparo de los preceptos constitucionales que hoy rigen, ya no es aceptable
el argumento, que en algunas ocasiones se esgrimió, de que la Corte en
ejercicio del control constitucional que le compete, no puede emitir fallos
inhibitorios, sino decidir de fondo y en forma "definitiva" sobre los mandatos
acusados, por la sencilla razón de que dicha expresión se abolió en los eventos
a que se refieren los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 9 del artículo 241, que
corresponden a aquellos casos en los que la Corte actúa a petición ciudadana,
lo que significa que se permiten decisiones relativas sobre puntos
exclusivamente tratados en la sentencia, al igual que declaraciones de
inhibición. Tal criterio no es aplicable a los eventos en que esta Corporación
ejerce el control constitucional en forma oficiosa (numerales 7, 8 y 10 ib, salvo
cuando la Corte carece de competencia), pues ahí sí es su obligación
constitucional pronunciarse de fondo, es decir, en forma definitiva y por una
sola vez, ya que así lo exige la Carta.
NORMA DEROGADA/CARENCIA DE OBJETO ACTUAL
En el caso sujeto a estudio, no hay ningún objeto para que se examinen las
normas derogadas o modificadas antes de entrar en vigencia el nuevo régimen
constitucional, pues de hacerse frente a un orden derogado habría que
concluir necesariamente en un fallo que resultaría inocuo, y si se efectúa con el
orden superior vigente lo sería igual.
El impuesto predial es una imposición de carácter general pues opera sobre
todas las clases de propiedad raiz acatando así el principio de igualdad como
generalidad del tributo; es justo y equitativo pues quien posea mas predios o
terrenos debe pagar más, además de otorgar un tratamiento mas favorable a la
vivienda popular y la pequeña propiedad rural que sólo paga una tarifa
mínima y es un impuesto progresivo ya que a mayor rango de avalúo debe
corresponder una tarifa mayor.
El avalúo catastral consiste en la determinación del valor de los predios,
obtenido mediante investigación y análisis estadístico del mercado
inmobiliario. Que la base gravable sea el valor del avalúo catastral o del
autoavalúo, es tan sólo un parámetro que el legislador dentro de una política
impositiva consideró como el mas apropiado, pues si la propiedad va a
representar una base impositiva, lo mas lógico es que se le de un valor para
tales efectos. Y el único valor real de una cosa es el precio que ésta tiene en el
La determinación de las cantidades de dinero con las que las personas deben
contribuir con el fisco, no puede dejarse a la voluntad de los contribuyentes
para que paguen lo que consideren justo o equitativo; de ahí que los impuestos
sean coactivos; lo que sí es inevitable es que en la distribución de las cargas ha
de tenerse en cuenta la sociedad como compuesta por diferentes estratos
económicos, con el fin de valorar la capacidad económica del contribuyente, la
cual se debe conciliar con el interés colectivo, para lograr de esta manera una
medida impositiva justa y equitativa.
PRINCIPIO DE EQUIDAD/PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD
D-245 Normas acusadas: artículo 17 parcial y 23 parcial de la ley 14 de 1983. cuyo sentido en Derecho no es otra cosa que la justicia concreta". 64 Santafé de Bogotá. Demandante: GONZALO SANMARTIN. bien por las condiciones en medio de las cuales actúan. Para que una medida impositiva sea equitativa y justa ha de respetar el principio de igualdad de la carga entre los contribuyentes.En lo que respecta a la equidad en las contribuciones. sino obligaciones coactivas que nacen en virtud de la potestad impositiva del Estado y del deber de todo individuo de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado. Magistrado ponente: GAVIRIA DIAZ. es decir. ANTECEDENTES. IMPUESTO-Naturaleza Los impuestos no son penas. D. solicita a la Corte declarar inexequible el inciso tercero parcial del artículo 17 y el inciso primero y parágrafo del artículo 23 de la ley 14 de 1983. el Estado procure el equilibrio.. MARTINEZ CARLOS Acta No. principio que define así: "la igualdad exige el mismo trato para los entes y hechos que se encuentran cobijados bajo una misma hipótesis y una distinta regulación respecto de los que presentan características desiguales. . I. artículo 73 parcial de la ley 75 de 1986 y artículos 3 y 11 de la ley 44 de 1990. REF. pues unas u otras hacen imperativo que. ya por las circunstancias particulares que los afectan. El ciudadano GONZALO MARTINEZ SANMARTIN. esta Corporación la ha asociado al concepto de proporcional. el inciso primero y parágrafos 1 y 2 del artículo 73 de la ley 75 de 1986 y los artículos 3 y 11 inciso primero de la ley 44 de 1990. veintiuno (21) de octubre de mil novecientos noventa y tres (1993). por infringir distintos mandatos del Estatuto Superior. Dr. en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad.C. : Expediente No. que los mismos impuestos se paguen por todas las personas que se encuentren en idéntico supuesto de hecho. con base en criterios proporcionados a aquellas.
... cuando el avalúo catastral de los bienes inmuebles que tengan el carácter de activos fijos fuere superior al costo fiscal.A la demanda se le imprimió el trámite señalado en la Constitución y en la ley para procesos de esta índole y una vez recibido el concepto fiscal. En el caso de los impuestos que administra la Dirección General de Impuestos Nacionales. c) y d) sólo se tomará en el 75% de su valor..." Ley 75 de 1986 "Artículo 73... A partir del 1o. . Parágrafo 1o. teniendo en cuenta la destinación económica de cada predio......).. el sesenta por ciento (60%) del avalúo catastral de cada predio urbano o rural que se haya hecho o se haga de acuerdo con lo establecido en el artículo 5o. incluidas todas las sobretasas municipales. en forma diferencial.. entre el 4 y el 12 por mil." Parágrafo. Para los predios rurales el avalúo catastral señalado en los literales b). dicho avalúo se tomará en cuenta para determinar: a) La renta o ganacia ocasional obtenida en su enajenación. A partir de la vigencia de la presente ley. serán fijadas por los Concejos Municipales y el Distrito Especial de Bogotá. c) Los patrimonios brutos. d) El avalúo de los bienes relictos. NORMAS ACUSADAS. las tarifas del impuesto predial... de la ley 14 de 1983. líquido y gravable. A la vivienda popular y a la pequeña propiedad rural destinada a la producción agropecuaria se les aplicarán las tarifas mínimas que establezca el respectivo Concejo. Exceptúanse de la limitación anterior las tarifas para lotes urbanizables no edificados y para lotes urbanizables no urbanizados. Lo anterior sin perjuicio de que las entidades territoriales conserven las tarifas y sobretasas que en la fecha de promulgación de la presente ley tengan establecidas así excedan en conjunto el doce por mil (12%0. . b) La renta presuntiva.. II. El texto literal de lo acusado es el que se subraya dentro de la disposición a la que pertenece: Ley 14 de 1983 "Artículo 17. se denominará avalúo fiscal y . Parágrafo 2o. procede la Corporación a resolver." "Artículo 23. de enero de 1983.
. Base gravable." Ley 44 de 1990 "Artículo 3o... . por ejemplo. Parágrafo 3o. La base gravable del Impuesto Predial Unificado será el avalúo catastral. el Magistrado sustanciador interpretando globalmente la demanda. en primer término. LA DEMANDA.. pues cuando se trata de demostrar circunstancias tales como." "Artículo 11. se tomará el setenta y cinco por ciento (75%)del avalúo catastral vigente". Parágrafo 1o. Empero. normatividad que no acusa." III. Parágrafo 2o. Las normas constitucionales que estima infringidas el actor y los motivos por los cuales juzga que ellas vulneran. El impuesto predial y sobretasas se cobrarán sobre la totalidad del avalúo catastral. en forma conjunta e inseparable. si no se ha establecido el avalúo fiscal a que se refiere el inciso anterior. el actor expone una serie de razones que a su juicio justifican la inconstitucionalidad de las normas que se transcribieron en el acápite II de esta providencia.. Tal es el caso que hoy se somete a estudio de esta Corporación.está sustraído a esta Corporación. equidad y proporcionalidad de un impuesto.. Los tesoreros municipales cobrarán y recaudarán el impuesto con destino a las corporaciones regionales. a cuestionar la definición de "avalúo catastral" contenida en el artículo 7o. dentro de los plazos señalados por el municipio para el pago de dicho impuesto. Sistema de cobro. El impuesto recaudado será mantenido en cuenta separada y los saldos serán entregados mensualmente por los tesoreros a las corporaciones respectivas. No obstante lo anterior. o el autoavalúo cuando se establezca la declaración anual del impuesto predial unificado. En el caso de los predios rurales. la justicia. c) y d) del artículo 23 de la ley 14 de 1983. motivos que a primera vista parecerían relacionarse únicamente con aspectos de conveniencia. indicando los preceptos del Estatuto Superior que considera infringidos. consideró que algunos de esos motivos tocaban asuntos constitucionales. El demandante dirige su argumentación.. del decreto No. son los que a continuación se señalan: . la argumentación que se esgrime tiende en ciertas ocasiones a confundirse con su conveniencia. 3496 de 1983.sustituye el avalúo catastral para efecto de los impuestos de orden nacional. que no de constitucionalidad. simultáneamente con el Impuesto Predial Unificado. y cuyo control constitucional -por tratarse de un decreto reglamentario. para efectos de los literales b).
también resulta -a su juicio.. . El comercio no es propiamente un uso racional. pues "el propietario que es inducido por estímulos o desestímulos tributarios a vender su predio. lo que hace es estimularlo en detrimento del uso racional. menos aún impredecibles. Además se le obliga a prostituir en una transacción monetaria. . .. hecho gravable que no ocurre cada año. y el artículo 13 pues el hecho de categorizar las ciudades en estratos socioeconómicos "puede servir para hacer mas eficiente un cobro pero no describe la realidad en forma justa. por cuanto "las rentas que produzca el uso racional de una propiedad son incalculables... sino el mecanismo por el cual se transfiere el derecho a tal uso.." .El artículo 58 consagra la función social de la propiedad. aún para efectos de la enajenación y para las contribuciones por valorización autorizadas por el artículo 317 de la Constitución.El artículo 209. En consecuencia "una ley que grave anualmente o con cualquier periodicidad el uso especulativo potencial. Quien dependa de esas rentas para pagar impuestos sobre la propiedad no tiene sino dos alternativas: o enajenar el predio en todo o en parte. .El artículo 34.claramente violado pues "un avalúo cuya base de referencia es el mercado inmobiliario es injusto e inequitativo como índice de la capacidad contributiva real.valores que no es justo que se sacrifiquen por la presión de los impuestos". .El artículo 25. equitativa y progresiva"..El artículo 95. ya que "se favorece a quienes tienen muchas fuentes de renta en perjuicio de quienes no tienen sino su predio como fuente de trabajo estable e independiente".El artículo 16. . porque "impuestos anuales proporcionales a valores del mercado inmobiliario lo que promueven es que el trabajador agrario venda su tierra no a otro trabajador agrario sino a quien pueda pagar esos impuestos con recursos ajenos a los que la tierra misma genera dentro de una explotación racional que por naturaleza es incierta en cuanto a resultados materiales y económicos". en términos de una fracción del valor de ella en un mercado potencial. o acumular una deuda .El artículo 64. ya que el ciudadano debe contribuir al financiamiento de los gastos del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad. la que cumple cada predio de acuerdo con su naturaleza y uso racional. máxime cuando el comercio inmobiliario no es una actividad ilícita que tenga desestímulos legales fuera del de gravar a quien vende por necesidad en lugar de a quien compra porque tiene capacidad económica"..El artículo 363. Como consecuencia se dan desproporciones entre el valor potencial y los tributos anuales reales. por que las entidades administrativas al evaluar la capacidad contributiva de los ciudadanos deben aplicar principios de justicia. enajena con él no sólo el derecho a su uso racional.
No se violan los artículos 95-9 y 363 de la Carta. . V. INTERVENCION CIUDADANA. por cuanto la ley da a los predios urbanos un tratamiento distinto del que se aplica a los rurales. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público por intermedio de apoderada. tal y como lo prevé el artículo 317 de la Constitución". con el fin de garantizar los conceptos de "justicia y equidad" que rigen el sistema impositivo.Y para concluir manifiesta el actor que mientras la base para el pago de un impuesto sea injusta. pues la potestad impositiva del Estado no pugna con la función social de la propiedad. CONCEPTO FISCAL. se dice que no resulta infringido por las normas acusadas pues "los impuestos no son penas a las que se refiere la Constitución" en dicho mandato.Finalmente señala que "el tributo surge de la ley y por consiguiente no es posible pretender un acuerdo de voluntades entre el Estado y los contribuyentes". se opone a la demanda instaurada. 34".En lo que respecta al artículo 34 constitucional. expresa que no se vulnera ninguno de los cánones constitucionales citados por éste. "la función fundamental del Estado es aplicar principios de justicia. . ni por su naturaleza. ni por sus finalidades con las penas que prohibe el art. sino "obligaciones que nacen de la ley en virtud de la facultad impositiva reconocida al legislador y el mayor valor que surge como consecuencia de la inobservancia de sus normas no es equiparable ni por su origen. pues la igualdad para efectos de los tributos "debe considerarse mas allá de una igualdad matemática". . por tanto el deber de éste "de promover el derecho de los trabajadores agrarios al acceso de la propiedad. no acomodarse a una injusticia establecida ni calibrarla ni graduarla ni dosificarla con tarifas". es deber de toda persona contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado. .fiscal que en el evento de una venta o de una sucesión tienen todo el efecto de una confiscación cuya causa es la descrita: desproporción entre el tributo y la capacidad contributiva real". la tarifa también lo es.Después de cuestionar la forma en que el actor estructura su demanda. con los argumentos que se resumen así: . no impide que la misma sea objeto de tributos.Tampoco se infringen los artículos 209 y 13 de la Ley Suprema. . . Además. IV.
acusado no infringe el 338 de la Constitución "por cuanto fija directamente uno de los elementos de la obligación tributaria que es la base gravable". cual es sustituir el criterio anterior "por la legalización de la práctica administrativa del margen de seguridad según la cual los avalúos catastrales deben reflejar valores promedios alrededor del 60% del valor comercial del inmueble. por haber sido modificados unos y derogados otros. del artículo 241 de la Carta. VI. manifiesta el Procurador lo siguiente: . a) Competencia. Así. pues si así fuera "el contribuyente al pagar su tributo se exoneraría de cumplirla.El artículo 3o. como también lo advierte la apoderada del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. compete a esta Corporación decidir sobre su constitucionalidad. la demanda.El impuesto a la propiedad no tiene fundamento en su función social. lo que ha llevado a plantear una solución que la Procuraduría considera "sensata". . siendo hecho notorio el crecimiento desordenado de nuestras ciudades". En punto a la exequibilidad de los artículos 3 y 11 de la ley 44 de 1990. Por dirigirse la demanda contra disposiciones que son o han sido de leyes de la República. residenciales o comerciales. siendo ésta una de las barreras a la facultad impositiva estatal que por naturaleza es incondicionada". a pesar de cumplir con las exigencias formales a . b) Fundamento de la acusación. cuando los expertos han hecho notar que existe dificultad en utilizar parámetros similares para toda clase de propiedades sean éstas rurales o urbanas. nuevas y antiguas. . 224 de 23 de junio de 1993. en razón de que "la ley tributaria muestra una tendencia a equiparar el avalúo catastral con el valor comercial de los predios. el que concluye solicitando a la Corte que declare exequibles los artículos 3 y 11 parcial de la ley 44 de 1990 y se inhiba para pronunciarse en relación con las partes acusadas de los artículos 17 y 23 de la ley 14 de 1983 y 23 de la ley 75 de 1986. CONSIDERACIONES DE LA CORTE. "sin tener en cuenta las rentas que percibe su propietario y sin admitir que se resten los pasivos que afecten al predio objeto del gravamen". Ciertamente. la cual ha sido factor de controversia. al tenor de lo dispuesto por el numeral 4o. se pretende proteger a los propietarios de las fluctuaciones en los precios del mercado inmobiliario puesto que los avalúos masivos rigen para un periodo mas o menos largo y las estadísticas inmobiliarias reflejan precios de ocasión".El impuesto predial afecta el valor de los predios de acuerdo con el avalúo oficial establecido por las oficinas de catastro.Lo rinde el Procurador General de la Nación en oficio No.
Vigencia de los preceptos demandados. mal haría esta Corporación en señalar limitaciones o condicionamientos diferentes para su ejercicio. en algunos casos por derogatoria y en otros por modificación. la Constitución no exige al demandante requisito distinto al de demostrar la calidad de ciudadano y. fue modificado por el artículo 4o. el acceso progresivo a la tierra.que alude el artículo 2o. 16. el que se puede concretar así: las normas impugnadas son inconstitucionales por incluir el concepto de avalúo catastral. Observa la Corte. la capacidad contributiva de los ciudadanos. 34. Tan consciente es el demandante de su carencia de conocimiento de las disciplinas jurídicas que dejó constancia en la demanda de este hecho. el cual se determina con base en el mercado inmobiliario. Por otra parte. del decreto 2067 de 1991. c. el parágrafo 1o. del artículo 23 de la ley 14 de 1983 fue derogado expresamente por el artículo 108 de la ley 75 de 1986. debe en muchas ocasiones. en primer término. pues como es sabido. de la ley 44 de 1990. el que a su vez fue reformado por el artículo 16 de la ley 49 de 1990. que algunas de las disposiciones impugnadas dentro de este proceso. en ejercicio de su misión de guardiana. circunstancia que se presenta con alguna frecuencia en acciones de esta índole. el artículo 17 de la ley 14 de 1983 que había sido codificado en el decreto 1333 de 1986 con el número de orden 186. 209. equidad y proporcionalidad que debe regir el sistema tributario. el artículo 73 de la ley 75 de 1986 fue modificado por los artículos . actuar en una forma lo suficientemente amplia para interpretar las demandas de inconstitucionalidad. De ahí que la Corte. al expresar: "La Corte sabrá excusar las faltas de erudición y de forma de quien no es un profesional del derecho e interpretar en su lenguaje el espíritu de justicia que lo anima". 29 y 83 de la Carta. todo ello con el fin de que no se desvirtúe el propósito para el cual se creó esta acción. en consecuencia. integral de los preceptos del Estatuto Supremo. adolece de ciertas fallas de técnica en su estructuración.. 13. a la vez que atenta contra la función social de la propiedad. pues dicho sistema no encaja dentro de los criterios de justicia. han desaparecido del ordenamiento jurídico. motivo por el cual se admitió. ella gira en torno a un solo argumento para atacar en conjunto los preceptos legales que se citaron en el punto II de esta providencia. 363. que no es otro que permitir a cualquier ciudadano actuar en defensa de la Constitución. como patrón de referencia para fijar el valor del impuesto predial. 64. y algunas veces hacer verdaderos esfuerzos para desentrañar la intención del actor. el artículo 23 de la ley 14 de 1983 fue modificado por el artículo 71 del decreto 624 de 1989. 25. como se verá en seguida: En efecto. debido a la falta de conocimiento jurídico por parte de quienes las instauran. 95-9. considera la Corte que a pesar de la extensión de la demanda. como también lo normado en los artículos 58.
al haber derogado o modificado los preceptos demandados. qué efectos tendría tal pronunciamiento?. con fundamento en que dicha norma aún continuaba produciendo efectos para "las relaciones obligacionales tributarias generadas bajo su vigencia durante los años de 1991 y 1992". pero que aún continuaba produciendo efectos. pueda proceder de conformidad con dicho criterio. la preceptiva constitucional aplicable sería la Carta vigente al momento de expedirse los preceptos acusados. que para el caso bajo examen sería la Constitución de 1886 con las respectivas reformas. ya que no resulta lógico que se retire del orden jurídico lo que no existe. porque con antelación fue retirado o ha desaparecido por voluntad propia del legislador. el que en verdad no justifica que se emita pronunciamiento de fondo. En el evento que hoy se somete a estudio se presenta una situación diferente. Esta Corporación ha reiterado que si la acusación versa sobre vicios de fondo la confrontación ha de realizarse frente a la normatividad constitucional de 1991. a pesar de que las disposiciones acusadas hayan perdido vigencia. además de que desde hace años no producen efecto alguno. cuando decidió pronunciarse de fondo sobre una disposición perteneciente al Estatuto Tributario que fue derogada por la ley 6 de 1992. como el presente. Cuando se presenta un evento de esta naturaleza surge en primer término una inquietud que consiste en determinar frente a cuál ordenamiento constitucional se debe examinar la norma legal demandada. (Sentencia C-416/92). "con fundamento en el alto magisterio moral que le corresponde y dadas sus funciones de guardiana de la supremacía y de la integridad de la Carta. Esta Corporación ha venido aceptando "en principio" su deber de fallar en los casos de demandas ciudadanas contra leyes o contra decretos leyes. y que fue expedida bajo la vigencia de un régimen constitucional que también ha dejado de existir.71 y 277 del decreto 624 de 1989. Sin embargo no cree la Corte que en "todos los casos". . Obsérvese que en esa ocasión este Tribunal se refirió expresamente a un precepto legal que fue derogado durante la vigencia del nuevo régimen constitucional. y porque la simple sustracción de materia no es óbice definitivo para que esta corporación deje de cumplir sus altas tareas". la Corte reiteró ese deber. pues existen algunos. declarara la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una disposición legal que ya no existe. En reciente fallo (sentencia C-103 de marzo 11 de 1993). pues de las normas que se demandan algunas fueron derogadas y otras modificadas con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva Carta (7 de julio de 1991). pero si se relaciona con vicios de forma o extralimitación en el ejercicio de facultades extraordinarias. Y en consecuencia cabe preguntar: ¿qué sentido tendría que la Corte en un fallo con alcances simplemente teóricos o puramente docentes. y posteriormente por el artículo 16 de la ley 49 de 1990. que es de por sí inaplicable por estar derogada.
debe agregarse que al amparo de los preceptos constitucionales que hoy rigen. Tendría también que establecerse cuál sería el efecto que se derivaría de declarar ejecutable o exequible una disposición ya derogada o subrogada por otra. 2. cuáles serían los efectos de la inejecutabilidad de las normas derogadas o subrogadas declaradas contrarias a la Constitución si para el futuro o ex nunc. Habría que determinar. es decir. salvo cuando la Corte carece de competencia). en forma definitiva y por una sola vez. En consecuencia. resulta mas a tono con la función que le compete ejercer. cuando las normas acusadas fueron derogadas antes de que entrara en vigor el nuevo orden constitucional (7 de julio de 1991). Tal criterio no es aplicable a los eventos en que esta Corporación ejerce el control constitucional en forma oficiosa (numerales 7. previa acusación ciudadana. especialmente bajo las condiciones últimamente anotadas en el párrafo precedente. al igual que declaraciones de inhibición. ya que así lo exige la Carta. proceder a su confrontación frente a la Carta que hoy rige. o si aún desde el momento en que la disposición se convirtió en inconstitucional por efecto de alguna nueva norma de la Carta que haya determinado la declaratoria. 1094 y que dice así: "2. la Corporación pueda. 5. que corresponden a aquellos casos en los que la Corte actúa a petición ciudadana. pero si ésta ha dejado de regir. tiene por efecto propio excluir la disposición impugnada del orden jurídico. pues ahí sí es su obligación constitucional pronunciarse de fondo. lo que significa que se permiten decisiones relativas sobre puntos exclusivamente tratados en la sentencia. sino decidir de fondo y en forma "definitiva" sobre los mandatos acusados. doctor Manuel Gaona Cruz. no hay objeto sobre el cual pueda recaer la decisión de la Corte. que dejó consignado dentro del proceso constitucional No. y ello con el fin de permitir que si en un futuro se repite dicho mandato legal. De otra parte. como se recordará. considera la Corte que bien vale la pena traer a colación. o si desde el momento en que se expidió la norma o ex tunc. pues la norma derogada o subrogada no está en condiciones de quebrantar la Constitución y mal haría la Corte en retirar de la normatividad jurídica lo que ya no existe. Sobre el tema que se ha venido tratando. 3. de que la Corte en ejercicio del control constitucional que le compete. que en algunas ocasiones se esgrimió. por la sencilla razón de que dicha expresión se abolió en los eventos a que se refieren los numerales 1. declararse inhibida para decidir por carencia actual de objeto. ya no es aceptable el argumento. 4. el interesante y completo estudio contenido en el salvamento de voto elaborado por el malogrado Magistrado de la Corte Suprema de Justicia. pero encontrada como ajustada a la . no puede emitir fallos inhibitorios. "3.El fallo de inexequibilidad. 8 y 10 ib. en su parte pertinente. 6 y 9 del artículo 241. considera este Tribunal que ante situaciones como la anotada. o en forma oficiosa si es el caso.
d) Potestad impositiva de los municipios.. Disposiciones que guardan conexidad con lo estatuído en el ordinal 4 del artículo 313 ibídem. las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. De otra parte es la misma Constitución la que establece el principio de legalidad de los impuestos. al leer el artículo 338 de la Carta que prescribe: "En tiempo de paz. revive como ejecutable o exequible por el mero hecho de haber sido declarada constitucional". y las tarifas de los impuestos".. que una norma legal inejecutable por estar derogada. pues dicha disposición ha de interpretarse en íntima relación con el artículo 287-3 del mismo Ordenamiento que dispone: "Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses.. por ser los únicos vigentes. que asigna a los Concejos la función de "Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales". 3. excepcionalmente. Sin embargo éllo no es así. los hechos y las bases gravables.. parecería deducirse una autonomía impositiva de los municipios. recuérdese que dentro de las entidades territoriales se encuentran los municipios (art.Constitución actual o a la de antes. directamente. Ciro Angarita Barón.. contribuciones parafiscales...Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones". las ordenanzas y los acuerdos deben fijar.... los sujetos activos y pasivos. Ponente Dr. según el criterio prevaleciente.).Y así sucesivamente". "4. no hay ningún objeto para que se examinen las normas derogadas o modificadas antes de entrar en vigencia el nuevo régimen constitucional. tal como lo ha expresado esta Corporación. ya que dicha facultad se encuentra limitada o subordinada no sólo a la Constitución sino también a la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos: . Por consiguiente el estudio se limitará a los artículos 3 y 11 inciso primero de la ley 44 de 1990. en materia impositiva éstos no cuentan con una soberanía tributaria para efectos de creación de impuestos.. pues de hacerse frente a un orden derogado habría que concluir necesariamente en un fallo que resultaría inocuo. solamente el Congreso. y si se efectúa con el orden superior vigente lo sería igual. (Ver sentencia C-04. al consagrar en el artículo 150-12 como función del Congreso que ejerce por medio de ley "Establecer contribuciones fiscales y.) Sin embargo no se puede desconocer su total autonomía en lo que se refiere a la administración. contra la lógica jurídica. Dentro del reconocimiento de autonomía que la Constitución les otorga a los municipios en diferentes campos. y dentro de los límites de la Constitución y la ley. enero 14-93. y que afirmar. 286 ib. En efecto." . La ley. manejo y utilización de los recursos tributarios que recauden por concepto de impuestos directos e indirectos. En este orden de ideas considera la Corte que en el caso sujeto a estudio.
autorizar a los contribuyentes para autoavaluar sus inmuebles. únicamente le compete al municipio. luégo se expidió la ley 14 de 1983. el de estratificación socioeconómica y la sobretasa de levantamiento catastral. denominada "de fortalecimiento de los fiscos municipales" en la que se regularon aspectos relativos a la formación y actualización del catastro. ni conceder exenciones. Tampoco podrá imponer recargos sobre sus impuestos salvo lo dispuesto en el artículo 317". Decretado el impuesto en favor de los municipios.Igualmente obsérvese que la Constitución de 1991. con las mismas prerrogativas de que goza la propiedad de los particulares y cuya distribución y utilización. ni tratamientos preferenciales. se convierte en renta de carácter municipal de su propiedad exclusiva. para convertirlo en uno solo que se ha llamado . concede una especial protección a las rentas municipales al dejar consignado en el artículo 362. manejarlo y utilizarlo en las obras y programas que consideren necesarias y convenientes para el municipio y la comunidad en general de acuerdo con una política preconcebida. Los impuestos departamentales y municipales gozan de protección constitucional y en consecuencia la ley no podrá trasladarlos a la Nación. en esta última hipótesis salvo el caso de guerra exterior. para efectos de establecer un impuesto municipal se requiere de una ley previa que autorice su creación. Con la entrada en vigor de la ley 44 de 1990. la que como es obvio debe adecuarse a la preceptiva constitucional. lo que en verdad constituye una garantía para el manejo autonómo de los recursos propios. como se anotó. "Los bienes y rentas tributarias o no tributarias o provenientes de la explotación de monopolios de las entidades territoriales son de su propiedad exclusiva y gozan de las mismas garantías que la propiedad y renta de los particulares. Así las cosas. consolidándose como renta municipal únicamente a partir del año de 1951 por obra de los decretos legislativos 3185 y 4133. ni recortarlo. ni trasladarlo a la Nación. sin que pueda el Congreso injerir en su administración. siendo posteriormente objeto de algunas modificaciones mediante las leyes 1 y 4 de 1913 y 34 de 1920. al ordenar el reajuste del avalúo catastral en la proporción allí señalada. etc. señaló que "La ley no podrá conceder exenciones ni tratamientos preferenciales en relación con los tributos de propiedad de las entidades territoriales. se reformó nuevamente el citado gravamen sobre la propiedad raíz. El impuesto predial surgió en nuestro ordenamiento jurídico con la expedición de la ley 48 de 1887.El impuesto predial. y en el 294 ib. a saber: el de parques y arborización. y se adoptaron medidas trascendentales en relación con este impuesto. ni extenderlo. salvo temporalmente en caso de guerra exterior". Una vez creado el impuesto. normatividad de la cual forman parte los mandatos acusados.. al igual que lo hacía la Carta de 1886. al fusionar el impuesto predial con otros tres. los municipios adquieren el derecho a administrarlo. e.
Dicha renta municipal al igual que los demás impuestos municipales. a la cual se refiere expresamente el artículo 317 de la Carta. además de ser una de las formas mas antiguas de tributación. el constituyente señaló claramente algunos principios que gobiernan el sistema tributario en general. el rubro mas importante de los ingresos tributarios de los municipios."Impuesto Predial Unificado". ni tratamientos preferenciales. materia de . este hecho no cambia la naturaleza del mismo como contribución general. al consagrar en el artículo 363: "El sistema tributario se funda en los principios de equidad. servicios. para financiar esa expansión de la actividad pública. ni efectuar recortes en relación con el impuesto predial. f) Las normas acusadas. En el artículo 3o. Los impuestos son fundamentalmente coactivos y se recaudan como fondos generales que han de ser distribuidos presupuestalmente entre las diversas funciones del Gobierno. con excepción de la contribución de valorización. los hechos y bases gravables y las tarifas de los impuestos. El impuesto predial. La Constitución Nacional no contiene disposición alguna que señale los sujetos. De otra parte. sobre los cuales puede recaer un impuesto. estableciéndose como gravamen del orden municipal. y a pesar de que existen algunos impuestos con destino especial. bienes. del artículo 95 ibídem. el artículo 338 de la Carta ordena al legislador tributario establecer los sujetos activo y pasivo del impuesto. tal y como lo ordena el artículo 317 que textualmente reza: "Sólo los municipios podrán gravar la propiedad inmueble. como se ha reiterado. que prescribe como un deber de la persona y el ciudadano "Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad". Precepto que guarda íntima relación con el numeral 9o. es sin lugar a dudas. de manera que en los demás campos el legislador obra con cierta amplitud al seleccionar los tipos de impuestos posibles. y en el cual se le otorga facultad al municipio para gravarla. eficiencia y progresividad. la que puede ser impuesta por otras entidades. de manera que la ley no puede conceder exenciones. Las leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad". cuya administración. etc. goza de protección constitucional. La Carta Política les reconoce de manera exclusiva a tales entes territoriales la facultad de gravar la propiedad inmueble. Lo anterior no obsta para que otras entidades impongan contribución de valorización". salvo el caso de la propiedad inmueble. recaudo y control corresponde a los respectivos municipios. Sin embargo. de la ley 44 de 1990. A medida que el Estado crece y se aumentan las funciones públicas se van estableciendo nuevas necesidades que lo obligan a obtener más ingresos mediante la imposición.
estratos comerciales. los peritos oficiales efectúan previamente un estudio económico de la zona en donde está situado el predio que se pretende evaluar. la tarifa del impuesto predial debe ser fijada por los concejos municipales en forma "diferencial y progresiva" y oscilará entre el 1 por mil y el 16 por mil del respectivo avalúo catastral. etc. los acabados. pues de acuerdo con la misma ley parcialmente acusada. la antigüedad de la formación y actualización del catastro. tales como los materiales utilizados en la construcción. Ahora bien. Sin embargo. No se trata entonces aquí de adoptar una definición de justicia. para que la carga sea proporcional a su capacidad económica. . teniendo en cuenta los estratos socio-económicos. Basta simplemente con exigir al legislador que previamente a la imposición de un tributo efectúe la valoración de la aptitud contributiva del sujeto gravado. Que la base gravable sea el valor del avalúo catastral o del autoavalúo. se consagra precisamente uno de los elementos de la obligación tributaria. el estado de conservación. Y el único valor real de una cosa es el precio que ésta tiene en el mercado. es tan sólo un parámetro que el legislador dentro de una política impositiva consideró como el mas apropiado. la cual se debe conciliar con el interés colectivo. de ahí que los impuestos sean coactivos. lo mas lógico es que se le de un valor para tales efectos. esquinas de importancia. interacción de vías. riqueza del suelo. no puede dejarse a la voluntad de los contribuyentes para que paguen lo que consideren justo o equitativo. Cabe añadir que para efectos de fijar el avalúo catastral y de acuerdo con las normas que rigen la materia. la ubicación. que corresponde al avalúo catastral. El avalúo catastral consiste en la determinación del valor de los predios. pues si la propiedad va a representar una base impositiva. con el fin de valorar la capacidad económica del contribuyente. para lo cual se analizan los puntos estratégicos. cual es la base gravable del impuesto predial unificado. para lograr de esta manera una medida impositiva justa y equitativa. como también aquellos factores que inciden en el precio del terreno. la vetustez de los inmuebles. frente al argumento del actor conviene precisar que la determinación de las cantidades de dinero con las que las personas deben contribuir con el fisco. los usos del suelo.acusación. Obsérvese cómo este mandato en lugar de contrariar la Carta se ajusta al contenido del artículo 338. además se contemplan normas especiales para la vivienda popular y la propiedad rural. calidad de las aguas. lo que sí es inevitable es que en la distribución de las cargas ha de tenerse en cuenta la sociedad como compuesta por diferentes estratos económicos. obtenido mediante investigación y análisis estadístico del mercado inmobiliario. como para los terrenos urbanizables no urbanizados y los urbanizados no edificados. como lo afirma el demandante. o el autoavalúo cuando se establezca la declaración anual del impuesto predial unificado. el legislador no toma en forma absoluta este valor.
.. El impuesto predial es una imposición de carácter general pues opera sobre todas las clases de propiedad raiz acatando así el principio de igualdad como generalidad del tributo. esta Corporación la ha asociado al concepto de proporcional. es decir. Así las cosas para que una medida impositiva sea equitativa y justa ha de respetar el principio de igualdad de la carga entre los contribuyentes.. de acuerdo con sus bienes y riquezas... interesan al bien común" (sent. además de otorgar un tratamiento mas favorable a la vivienda popular y la pequeña propiedad rural que sólo paga una tarifa mínima y es un impuesto progresivo ya que a mayor rango de avalúo debe corresponder una tarifa mayor.. pues unas u otras hacen imperativo que... Por eso la doctrina y la legislación han abandonado las tarifas proporcionales. bien por las condiciones en medio de las cuales actúan... José gregorio Hernández). si el principio de igualdad fuera aplicado de un modo formalista al sistema tributario.. ya por las circunstancias particulares que los afectan. que los mismos impuestos se paguen por todas las personas que se encuentren en idéntico supuesto de hecho. No de otra manera se puede lograr la justicia y equidad que allí se predica.En lo que respecta a la equidad en las contribuciones. principio que define así: "la igualdad exige el mismo trato para los entes y hechos que se encuentran cobijados bajo una misma hipótesis y una distinta regulación respecto de los que presentan características desiguales.. 124 de septiembre 3 de 1987 Corte Suprema de Justicia)... atendiendo a su capacidad económica para hacerlo. La igualdad en materia tributaria "no puede ser mirada desde el punto de vista jurídico-formal sino con criterio práctico. C-094/93 Magistrado Ponente Dr. Unas veces.. se prescinde de ambas para buscar la realización de valores diferentes que. el Estado procure el equilibrio. pues lo que dicha norma preceptúa es que el "sistema tributario" se fundamente en principios de equidad.. cuyo sentido en Derecho no es otra cosa que la justicia concreta" (sent. entonces.. Finalmente debe agregarse que el artículo 3o.. desde luego. este terminaría siendo inequitativo en la práctica. La búsqueda de la equidad del sistema tributario ha conducido a establecer distintos regímenes de acuerdo con las peculiaridades de cada tipo de actividad productiva.... es justo y equitativo pues quien posea mas predios o terrenos debe pagar más. otras... con base en criterios proporcionados a aquellas. Para efectos del artículo 95-9 de la Constitución ha de entenderse que todas las personas están obligadas a contribuir con el financiamiento de los gastos públicos e inversiones del Estado. aunque no necesariamente matemático. es decir. de la ley 44 de 1990 tampoco lesiona el 363 de la Carta. sustituyéndolas por las progresivas que gravan mas fuertemente a quienes obtengan ingresos elevados.. eficiencia y progresividad El sistema está compuesto por el régimen tributario que adopta el legislador de . se sacrifica la igualdad jurídica en aras de la real.
máxime si se tiene presente que estas calificaciones no pueden formularse sin tener en cuenta las varias leyes e instrumentos pertenecientes al sistema y a través de los cuales éste pretende configurar el diseño genérico de la entera materia tributaria. de otra parte. desprovistos de control constitucional.acuerdo con una política preestablecida y en la cual bien pueden coexistir tipos impositivos proporcionales. dentro de ciertos límites que no pueden rebasarse sin violentar los expresados principios. ello no quiere decir que su examen no pueda llevarse a cabo frente al contenido concreto de la norma acusada cuando la misma. sin que por ello se pueda tachar el sistema de ineficiente o inequitativo. Si bien la cualidad sistématica de los principios de equidad. Finalmente. aunada a la naturaleza prevalentemente más de límites que de objetivos de los mentados principios. De otra parte. con el fin de obtener recursos para los municipios. de conservarse. quedarían inactuados". la complejidad del fenómeno fiscal. cual es la base gravable. podría aportar al sistema una dosis de manifiesta inequidad. como se ha recordado. y menos en el caso de demanda. que consiste en el deber que tienen los propietarios de contribuir con su ejercicio y provecho al bienestar social. Además. las leyes singulares son los afluentes normativos del sistema que resulta de su integración y. impiden que a partir de una sola ley o de un específico tributo pueda erigirse un juicio general sobre la totalidad del sistema tributario en lo que concierne a su equidad. tienen un cometido esencial de límites que. progresivos. eficiencia o progresividad. en el que no se acusa la creación en sí del impuesto predial. eficiencia y progresividad. ineficiencia y regresividad. sino uno de los elementos de la obligación tributaria. es el mismo Constituyente quien autoriza en el artículo 317 la imposición de gravámenes que la afecten. Tampoco le asiste razón al demandante cuando se refiere a la violación del artículo 58 de la Carta. fuerzan a reconocer al Legislador un espacio legítimo para definir el modelo y las políticas tributarias que en cada momento histórico los actualicen de la mejor manera. Sobre este punto. para asegurar que se cumpla con la utilidad pública y el interés social definido por la ley. . la vigencia del principio democrático y la reserva de ley en materia impositiva. Por tanto mal haría la Corte en afirmar respecto de un impuesto determinado si éste se ajusta con exactitud a tales principios. regresivos o de cualquiera otra índole. los principios. no puede ser aprehendida en una revisión de constitucionalidad de una ley singular. vale la pena reiterar la jurisprudencia expuesta por la Corporación en sentencia C-333/93 con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz: "A este respecto cabe subrayar que. por que un impuesto que grave la propiedad raíz en nada altera la función social de la misma.
serán declarados exequibles por no infringir la Constitución. autoriza a los tesoreros municipales para cobrar y recaudar el impuesto con destino a las Corporaciones Regionales simultáneamente con el impuesto predial unificado. .El artículo 11 de la ley 44 de 1990. (Sentencia de julio 29-65 Corte Suprema de Justicia). sino señalando el procedimiento para el cobro y recaudo de los gravámenes existentes. insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente. en lo acusado. Cópiese. dentro de los plazos señalados por el municipio para el pago de dicho impuesto. . publíquese. quienes dentro de la organización municipal son las personas encargadas de manejar los fondos pertenecientes al erario público del municipio. En mérito de lo expuesto. en su totalidad y el inciso primero del artículo 11 de la ley 44 de 1990. Adviértase cómo el precepto acusado no está creando una sobretasa o impuesto adicional al predial. sino obligaciones coactivas que nacen en virtud de la potestad impositiva del Estado y del deber de todo individuo de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado. Esta disposición no lesiona el Ordenamiento Supremo. destinados al sostenimiento de las Corporaciones Autónomas Regionales. RESUELVE: PRIMERO. Inhibirse para emitir pronunciamiento de fondo por carencia actual de objeto con respecto al inciso 3 parcial del artículo 17 y el inciso 1 y el parágrafo del artículo 23 de la Ley 14 de 1983 y el inciso 1 y los parágrafos 1 y 2 del artículo 73 de la Ley 75 de 1986.Para concluir hay que aclarar al actor que los impuestos no son penas. comuníquese al Gobierno nacional. la confiscación sí es una pena y consiste en "el apoderamiento de todos o parte considerable de los bienes de una persona por el Estado. SEGUNDO. asignando tal función a los tesoreros municipales. la Corte Constitucional en nombre del pueblo y por mandatos de la Constitución. y obviamente allí se incluyen las sumas correspondientes a los impuestos. En este orden de ideas. en forma conjunta e inseparable. sanción que la Constitución prohibe en el artículo 34. En cambio. Declarar exequibles el artículo 3o. sin compensación alguna". pues simplemente se limita a consagrar una forma de cobro y recaudo de los impuestos antes citados. los artículos 3 y 11 en su inciso primero de la ley 44 de 1990.
HERNANDO HERRERA VERGARA Presidente JORGE ARANGO MEJIA Magistrado ANTONIO BARRERA CARBONELL Magistrado EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado CARLOS GAVIRIA DIAZ Magistrado JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado .
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado FABIO MORON DIAZ Magistrado VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado HERNAN ALEJANDRO OLANO GARCIA Secretario General (E) .
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