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Timestamp: 2019-01-18 20:36:04
Document Index: 206382570

Matched Legal Cases: ['artículo 145', 'artículo 3', 'artículo 458', 'artículo 143', 'artículo 458', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 458']

﻿ SENTENCIA SL4879-2017/75253 DE ABRIL 5 DE 2017
SENTENCIA SL4879-2017 DE 05 DE ABRIL DE 2017
CONTENIDO:COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE ARBITRAMENTO PARA RESOLVER CONFLICTOS DE NATURALEZA ECONÓMICA. SE HA ESTABLECIDO QUE LOS TRIBUNALES DE ARBITRAMENTO OBLIGATORIOS EN MATERIA LABORAL HAN SIDO ESTABLECIDOS POR EL LEGISLADOR PARA LA RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS DE NATURALEZA ECONÓMICA, QUE SON LOS QUE VERSAN SOBRE LA CREACIÓN DE BENEFICIOS A FAVOR DE LOS TRABAJADORES, LOS CUALES SE DERIVAN DE LA PRESENTACIÓN DE LOS PLIEGOS DE PETICIONES POR PARTE DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES CON EL OBJETIVO DE GENERACIÓN DE NUEVAS GARANTÍAS. ESTO CON EL FIN DE QUE LOS TRIBUNALES TENGAN LA SOLUCIÓN DE ESTAS CONTROVERSIAS, LAS CUALES DEBÍAN DECIDIRSE BAJO LOS CRITERIOS DE EQUIDAD, RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD, TODA VEZ QUE PARA MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES SE DEBEN EXAMINAR LAS PARTICULARIDADES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS DE LA EMPRESA PARA NO PONER EN RIESGO LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y LA FUENTE DE EMPLEO.
TEMAS ESPECÍFICOS:TRABAJADOR, JURISDICCIÓN LABORAL, TRIBUNAL DE ARBITRAJE, TRIBUNAL DE ARBITRAJE LABORAL, DERECHO LABORAL, COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE, JUSTICIA LABORAL
Sentencia SL4879-2017 de abril 5 de 2017
SL4879-2017
Rad.:75253
Decide la Corte el recurso extraordinario de anulación interpuesto por el apoderado del SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA ENERGÉTICA, SINTRAE, contra el laudo arbitral proferido el 27 de mayo de 2016, dentro del conflicto colectivo suscitado entre la organización sindical recurrente y la sociedad INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. ESP, ISA.
Mediante providencia de 24 de agosto de 2016, esta Sala avocó el conocimiento del recurso de anulación interpuesto por el apoderado del Sindicato de Trabajadores de la Industria Energética, Sintrae, y ordenó correr traslado a la empresa Interconexión Eléctrica S.A. ESP por el término de tres (3) días para que se pronunciara. Una vez vencido el término, sin que se hubiese presentado oposición al recurso, la empresa mencionada solicitó la declaratoria de nulidad de todo lo actuado en el trámite secretarial, a partir de la fecha de constancia de ejecutoria del auto de 24 de agosto de 2016 y se procediera a: i) dejar sin efecto las actuaciones secretariales y anotaciones en el sistema virtual que impidieron a la empresa presentar la oposición al recurso; ii) admitir el escrito de oposición y continuar con el trámite pertinente; y iii) ordenar las anotaciones correspondientes en el procedimiento secretarial y en el sistema de gestión. En subsidio de lo anterior, solicitó que se procediera a: i) dejar sin efecto las actuaciones secretariales y anotaciones en el sistema de gestión; ii) restablecer el término de traslado a la sociedad opositora para la presentación de la réplica al recurso de anulación; y iii) ordenar las anotaciones en el trámite secretarial y en el sistema “Justicia Siglo XXI”.
Para fundamentar su solicitud, en esencia, alegó que a pesar de que el auto de 24 de agosto de 2016 fue inscrito en el estado Nº 125 del día siguiente en que fue proferido, lo cierto es que en el sistema de gestión “Justicia Siglo XX” quedó registrado en el estado Nº 124, con fecha de actuación 24 de agosto de 2016; que la constancia de ejecutoria del auto señaló como fecha el 30 de agosto de 2016, por lo que el término corrió los días 26, 29 y 30 de agosto; que el sello de secretaría que daba fe del traslado se encontraba en blanco y no tenía la determinación de los días correspondientes al traslado, lo cual se agravaba por cuanto en el sistema de gestión se hizo la anotación de 25 de agosto de 2016 como “inicia traslado opositor”; que lo anterior implicó que el término de traslado ordenado por la providencia corrió simultáneamente con el término de ejecutoria, lo cual debe ser corregido.
Frente a esta solicitud, la Corte debe recordar que las nulidades procesales constituyen irregularidades o vicios que se presentan en un juicio determinado y que, por afectar el debido proceso de las partes, la consecuencia necesaria es la invalidez de las actuaciones emitidas. Asimismo, la jurisprudencia ha resaltado que las nulidades son taxativas, esto es, solamente se configuran en los eventos señalados por el legislador en los artículos 140 del Código de Procedimiento Civil o 132 del Código General del Proceso, que son aplicables a los juicios del trabajo y de la seguridad social en virtud de la remisión analógica del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.
En el presente caso, fluye con claridad que la situación alegada por la empresa opositora no se enmarca en ninguna de las causales previstas en los artículos 140 del Código de Procedimiento Civil o 132 del Código General del Proceso, pues, a lo sumo, lo que propone es la configuración de una irregularidad en el trámite secretarial y en el sistema de gestión y no propiamente sobre ninguna de las actuaciones surtidas por la Sala, aspecto que resulta más que suficiente para rechazar el incidente propuesto.
No obstante lo anterior, revisadas las actuaciones, se encuentra que el hecho de que en el sello de Secretaría, impuesto al respaldo del auto que avocó conocimiento, no se hayan especificado los días durante los cuales corría el traslado a la parte opositora no invalida de ninguna manera dicha providencia de la Sala, pues la parte, de conformidad con las normas procesales, debía saber cuándo finalizaba el término.
De igual forma, si bien en el sistema de gestión se hizo erradamente la anotación de que el auto quedaba notificado en el estado Nº 124 de 24 de agosto de 2016, esto es, el mismo día en que fue proferido, esta circunstancia no resulta relevante para efectos de la notificación por estados que se surtió debidamente en el caso, pues el auto fue proferido el 24 de agosto de 2016 y fue inscrito en el estado del día siguiente, esto es, en el Nº 125 de 25 de agosto del mismo año, tal como dan cuenta los sellos, por lo que el término corrió por tres días, esto es, el 26, 29 y 30 de agosto, siendo que la oposición vino a ser presentada por la empresa tan solo hasta el 23 de septiembre de 2016, es decir, de manera manifiestamente extemporánea.
En consecuencia, se rechaza la solicitud de nulidad presentada por la parte opositora.
El Sindicato de Trabajadores de la Industria Energética, Sintrae, presentó pliego de peticiones el 27 de mayo de 2010 ante la empresa Interconexión Eléctrica S.A. ESP, ISA, lo que dio origen a un proceso de negociación colectiva. Una vez agotada la etapa de arreglo directo, sin que las partes hubieran llegado a algún acuerdo, el Ministerio del Trabajo, a través de las resoluciones 00003440 de 24 de septiembre de 2013, 000450 de 5 de febrero de 2014, 03869 de 5 de septiembre de 2014 y 05746 de 14 de diciembre de 2014, constituyó e integró un tribunal de arbitramento obligatorio, con el fin de que resolviera definitivamente el diferendo colectivo suscitado entre las partes.
Luego de haber sido instalado el tribunal de arbitramento el 27 de abril de 2016 y de haberse prorrogado el término para fallar, previa autorización de las partes, el 27 de mayo de 2016 fue proferido el laudo arbitral que hoy es objeto de impugnación (fls. 250-261 del cdno. ppal.).
Para los fines que interesan a la definición del recurso extraordinario de anulación, el tribunal de arbitramento resolvió:
1. Declarar que en el caso concreto no concurre en SINTRAE la necesaria legitimación en la causa por activa, al paso que en ISA tampoco concurre la legitimación en la causa por pasiva por las razones señaladas en la parte motiva de esta providencia.
2. Consecuencialmente, se deniegan íntegramente todos y cada uno de los puntos del pliego de peticiones presentado por SINTRAE a ISA el 27 de mayo de 2010, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Para fundamentar la anterior decisión, el tribunal estimó que los problemas jurídicos a resolver consistían en si era competente para definir la controversia entre Sintrae e ISA surgido por la presentación del pliego de peticiones de la primera a la segunda y si existía para el momento de la instalación del tribunal la materia objeto para la cual fue convocado.
Indicó que, frente al primero de los problemas, los árbitros gozaban de competencia para resolver la controversia, en tanto los actos administrativos que ordenaban la convocatoria del tribunal se encontraban ejecutoriados y gozaban de plena validez, dado que no habían sido cuestionados a través de la jurisdicción contencioso administrativa, por lo que debía ejercerse dicha competencia.
Sostuvo que, no obstante lo anterior, el segundo cuestionamiento conducía a una respuesta negativa, pues no se podía predicar la existencia actual de objeto del conflicto, por cuanto no se configuraba una relación sustantiva entre el Sindicato de Trabajadores de la Industria Energética y la sociedad Interconexión Eléctrica S.A. ESP, ISA, que sirviera de fundamento para la formulación de las peticiones de los trabajadores, pues dicha organización sindical no representaba a ninguno de los empleados que en la actualidad prestaban sus servicios para ISA como consecuencia de un hecho sobreviviente a la convocatoria del tribunal y anterior a la instalación del mismo, consistente en que los contratos de la totalidad de los trabajadores afiliados a Sintrae habían sido objeto de una sustitución patronal ocurrida entre ISA e Intercolombia S.A. ESP, a partir del 1º de enero de 2014, siendo que esta última sociedad no había sido parte dentro del trámite arbitral, por lo que escapaba de la competencia del tribunal adentrarse al examen de una hipotética sustitución de parte procesal, tema jurídico que, por demás, no había sido alegado por ninguna de las partes.
Precisó que era un hecho indiscutido y admitido por la organización sindical que todos los afiliados de Sintrae, que prestaban sus servicios para ISA, se encontraban trabajando al servicio de Intercolombia S.A. ESP y que era esta sociedad la encargada de pagar la remuneración y beneficios extralegales incorporados a sus contratos individuales de trabajo en virtud de la condición de beneficiarios de la convención colectiva de trabajo suscrita entre ISA y Sintraisa, organización sindical de primer grado y de base o empresa. Asimismo, señaló que en todas las relaciones laborales individuales se hallaban presentes los requisitos esenciales del contrato de trabajo, dada la presunción legal de la subordinación y que, además, no se verificaba ninguna decisión judicial ejecutoriada puesta en conocimiento de los árbitros, mediante la cual se hubiese declarado la inexistencia, ineficacia o invalidez de la sustitución patronal entre ISA e Intercolombia S.A. ESP.
Manifestó que esta conclusión se encontraba respaldada en el reconocimiento por parte de Sintrae del hecho de que todos los afiliados se encontraban laborando para Intercolombia S.A. ESP, así como de los documentos aportados por la empresa que acreditaban las razones que determinaron el proceso de reorganización empresarial y la creación de una sociedad dedicada a la operación del sistema de transmisión eléctrica del país y la ausencia de decisión judicial que desvirtuara la existencia, validez o eficacia de la sustitución patronal.
Asimismo, sostuvo que, en torno a la “ausencia de legitimación en la causa por activa y por pasiva”, a la fecha no se comprobaba decisión ejecutoriada del Ministerio del Trabajo en virtud de la cual se hubiese declarado la existencia de la unidad de empresa entre ISA e Intercolombia S.A. ESP, porque la Resolución Nº 2497 de 15 de marzo de 2016, expedida por el director territorial de Antioquia del Ministerio del Trabajo, desfavorable al pedimento hecho por el sindicato, había sido apelada y actualmente no se había desatado esa instancia.
Como conclusión de lo dicho, puntualizó que no existía ninguna relación jurídica sustantiva que vinculara a la convocada ISA con ningún afiliado de Sintrae y, como la función primigenia de las organizaciones sindicales era representar a sus afiliados, no concurría en dicho sindicato la calidad de representante de ninguno de sus trabajadores como tampoco representaba un interés propio, puesto que Sintrae no era acreedor de ninguno de los beneficios convencionales anteriores, dado que se trataba del primer pliego de peticiones que presentaba ante el empleador.
Aseveró que carecía de sentido lógico y jurídico que el tribunal adoptara una decisión de fondo, respecto de las peticiones elevadas por Sintrae a la empresa ISA, pues en dicha organización sindical no concurría la calidad de representante de ninguno de los trabajadores que prestaban sus servicios para la empresa, por lo que el laudo no estaría regulando las condiciones de trabajo de ningún trabajador, de manera que una decisión semejante sería equivalente a extender indebidamente las nociones de libertad sindical y derecho a la negociación colectiva permitiendo que el sindicato pudiera promover y obligar a negociar a una empresa en la cual no tenía ningún afiliado.
Finalmente, concluyó que a fin de no proferir una sentencia inhibitoria, consecuencia adscrita a la ausencia de presupuestos procesales de la acción y en ausencia de la relación sustantiva que respalde las pretensiones de los trabajadores, por mayoría, debía declararse la carencia actual de legitimación en la causa, no solamente de la parte pasiva, sino también activa, puesto que no era a ISA a quien Sintrae debió haber elevado un pliego de peticiones.
Fue interpuesto por la organización sindical y concedido por el tribunal de arbitramento. Esta Sala avocó el conocimiento del asunto y ordenó correr traslado a la empresa mediante auto de 24 de agosto de 2016 (fls. 5-6), sin que presentara escrito de oposición dentro del término otorgado.
En la fundamentación del recurso extraordinario, la organización recurrente solicita a la Corte la anulación total del laudo arbitral y, en consecuencia, la devolución a los árbitros para que se pronuncien en equidad sobre los puntos que no fueron objeto de arreglo directo, por cuanto el tribunal extralimitó su competencia, pues no se limitó a los aspectos de controversia entre las partes y no definió en equidad sino en derecho, dejando sin resolver el conflicto colectivo.
Aduce que los razonamientos del tribunal para resolver la controversia son eminentemente jurídicos, alejados de los parámetros del derecho laboral colectivo que rigen la decisiones arbitrales sobre conflictos económicos suscitados entre asociaciones sindicales y empleadores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, de donde confundió la resolución de un conflicto jurídico con la de una controversia económica.
Afirma que el laudo constituye una verdadera vía de hecho, en los términos de las sentencias T- 518 de 1995 y T- 055 de 2014 de la Corte Constitucional, pues desconoce los derechos fundamentales a la libertad sindical, a la negociación colectiva y al debido proceso de la organización Sintrae, los cuales se encuentran ligados al trabajo como valor fundante del ordenamiento jurídico. En este sentido, resalta que los árbitros desbordaron el objeto para el cual fueron convocados por las partes, pues el artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo dispone que deben resolver los aspectos no acordados en la etapa de arreglo directo con fundamento en el principio de equidad.
Señala que, según el derecho internacional del trabajo, es clara la diferencia entre conflictos jurídicos y económicos, pues mientras los primeros son de conocimiento de los jueces, los segundos se enmarcan dentro del proceso de negociación colectiva y pueden ser resueltos por los árbitros, diferenciación que fue ignorada por el tribunal al dar por sentada la presunción y validez de los actos administrativos de convocatoria y, al mismo tiempo, declarar la falta de legitimación por activa y por pasiva.
Por este camino, arguye que Sintrae gozaba de legitimación para promover el conflicto colectivo de intereses, pues, para el momento en que presentó el pliego de peticiones tenía trabajadores en la empresa, la cual no podía ser inadvertida a menos que se hubiese demostrado que el sindicato fue disuelto o que se hubiese retirado el pliego de peticiones, máxime que Sintrae lo que reclamaba era una mejora en las condiciones laborales de los trabajadores de la época y de todos los que en un momento pudieran pertenecer a la asociación sindical.
Alega que esta corporación se ha pronunciado en eventos en que se ha solicitado la anulación de laudos arbitrales por carecer la organización sindical de afiliados o tener uno solo, tal como lo hizo en las providencias CSJ SL, 28 mayo 2015, Rad. 64047, CSJ SL, 12 dic. 2012, Rad. 55340 y CSJ SL13210-2015, de manera que Sintrae tiene la legitimación para iniciar y promover el conflicto colectivo de intereses y, en consecuencia, le asiste interés para que sea resuelto por los árbitros de manera definitiva, pues justamente su capacidad emerge de los artículos 39 de la Constitución Política y 364 del Código Sustantivo del Trabajo. De igual forma, dice que existe legitimación en la causa por pasiva cuando se presenta el pliego de peticiones ante quien funge como empleador de los trabajadores, por lo que ISA puede ser convocada, de conformidad con los artículos 432 y 433 del Código Sustantivo del Trabajo.
Aclara que ninguna norma legal o constitucional limita la actuación de una organización sindical en el trámite de la negociación colectiva, pues solamente le estaría permitido al juez ordinario decidir si tienen o no capacidad para representar a sus afiliados como, por ejemplo, cuando se ordena su disolución y liquidación debido a causas específicas, de suerte que no corresponde a los árbitros cuestionar o suprimir dicha legitimación, tal como sucedió con Sintrae en el presente asunto, pues el derecho a la negociación colectiva es de rango constitucional y se encuentra amparado por los Convenios 87 y 98 de la OIT.
Insiste en que los árbitros resolvieron un conflicto jurídico, en desconocimiento de los artículos 452 y 458 del Código Sustantivo del Trabajo, pues decidieron en derecho lo que correspondía definir en equidad, lo que implica un pronunciamiento detallado de cada uno de los puntos del pliego de peticiones, tal como lo adoctrinó la Corte Constitucional en la Sentencia SU-837 de 2002, de suerte que si no se sigue en estricto rigor este parámetro se llega a una flagrante violación al debido proceso como garantía iusfundamental.
Sostiene que con la decisión de los árbitros se desconocieron los derechos fundamentales reconocidos por la Carta Política a cualquier sindicato, tales como la libertad de asociación y la negociación colectiva, por cuanto no se le permitió a Sintrae ser representante de sus afiliados y se le limitó su derecho a que el conflicto colectivo fuera resuelto de manera definitiva a través de convención colectiva o laudo arbitral, conductas que no se acompasan con los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo y que hacen parte del bloque de constitucionalidad.
Concluye que se presentó una abierta incongruencia entre la parte motiva y la resolutiva de la decisión, pues los árbitros sostuvieron inicialmente que los actos administrativos de convocatoria al tribunal eran válidos y se presumían legales y, enseguida, adujeron que no existía capacidad en las partes para la tramitación del conflicto colectivo.
De conformidad con lo previsto en el artículo 143 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, y como se resaltó en la Sentencia SL17703-2015, la función de esta corporación, en sede del recurso extraordinario de anulación, se restringe a i) verificar la regularidad del laudo arbitral, proferido con ocasión de un conflicto colectivo de intereses; ii) corroborar que el tribunal de arbitramento no haya extralimitado el objeto para el cual fue convocado; iii) examinar que la decisión no haya vulnerado derechos o facultades constitucionales, legales o convencionales consagrados a favor de cualquiera de las partes; iv) analizar que no contenga cláusulas abiertamente inequitativas para alguna de éstas; v) devolver a los árbitros el expediente en el evento que no hayan decidido temas o aspectos sobre los cuales tienen competencia legal para decidir.
Por este camino, también se ha destacado que la Corte en ningún evento puede dictar una decisión de reemplazo para sustituir de fondo lo definido por los árbitros dentro de los conflictos colectivos, pues la legislación colombiana del trabajo ha previsto que éstos deben fallarse en equidad, criterio que resulta totalmente extraño y ajeno a las decisiones en derecho que emite esta corporación, por lo que, en consecuencia, en sede del recurso extraordinario de anulación, no pueden concederse o negarse de manera directa los aspectos propuestos en el pliego de peticiones, puesto que ello corresponde decidirlo a los árbitros como jueces naturales del conflicto.
La Corte encuentra que, en el caso que hoy es objeto de examen, le asiste razón a la organización sindical recurrente en los reproches que presenta en contra del laudo arbitral, pues claramente los árbitros resolvieron por fuera del marco de las facultades otorgadas por el legislador a fin de solucionar el conflicto colectivo del trabajo suscitado entre el Sindicato de Trabajadores de la Industria Energética, Sintrae, y la sociedad Interconexión Eléctrica S.A. ESP, en los términos del artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo.
Por el contrario, la definición de los conflictos jurídicos, relativos a la interpretación y aplicación de normas preexistentes dentro de la legislación laboral, se radicó esencialmente en los jueces laborales, quienes, de conformidad con el artículo 2º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social conocen de las controversias jurídicas derivadas directa o indirectamente del contrato de trabajo y, por esta vía, se excluyó que la jurisdicción ordinaria laboral tramitara los conflictos económicos suscitados entre patronos y trabajadores los cuales se seguirían tramitando por las leyes especiales que rigen la materia, tal como lo consagra el artículo 3º de la misma codificación.
En el caso objeto de examen, encuentra la Corte que los árbitros desconocieron estos parámetros mínimos fijados por el legislador y desarrollados por la jurisprudencia, por cuanto su competencia, según el artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo, se hallaba limitada a resolver la controversia de naturaleza económica suscitada entre Sintrae e ISA, con ocasión de la presentación del pliego de peticiones el día 27 de mayo de 2010, en todos los puntos respecto de los cuales las partes no hubiesen logrado un acuerdo en la etapa de arreglo directo y no concernía a resolver controversias o conflictos jurídicos, que hubiesen invocado las partes o que hubiese encontrado dentro del expediente, tal como equivocadamente lo hicieron, al establecer que los contratos de trabajo de los afiliados a Sintrae habían sido objeto de la sustitución patronal operada entre la empresa Interconexión Eléctrica S.A. ESP y la sociedad Intercolombia S.A. ESP.
En efecto, el tribunal se adentró al examen de los medios probatorios y determinó que éstos daban cuenta de que los trabajadores afiliados a Sintrae habían continuado laborando después del cambio patronal ocurrido el 1º de enero de 2014, razón por la cual, al operar la sustitución patronal, no había legitimidad de dicho sindicato por carecer de representación de los afiliados, que laboraban ahora para la empresa Intercolombia S.A. ESP. La conclusión del tribunal luce abiertamente equivocada, por cuanto este tipo de aspectos debe ventilarse a través de los procedimientos y mecanismos particulares establecidos por la legislación procesal del trabajo, pues los árbitros no están legitimados para resolver conflictos sobre la interpretación y aplicación de normas preexistentes dentro de la normatividad laboral, como es el caso de las normas que regulan la sustitución patronal.
De igual forma, encuentra la Corte que no podían los árbitros, so pretexto de examinar una presunta sustitución patronal, desconocer la personería sustantiva del sindicato, pues esta Sala ha sostenido que mientras no se deje sin efectos jurídicos, a través de los mecanismos legales previstos para tal efecto, no es posible poner en tela de juicio sus actuaciones como tampoco su idoneidad y su capacidad para promover conflictos colectivos del trabajo, tal como se deriva de los mandatos de los convenios 87, 98, 151 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, aplicables dentro del ordenamiento jurídico colombiano.
“En efecto, en el asunto bajo examen, el referido organismo gubernamental certificó la existencia y vigencia del Sindicato SINTRAIME y el cambio de su razón social acorde con la reforma estatutaria que fue debidamente depositada. Por tanto, si cualquiera persona interesada o afectada intenta desconocer lo que el Ministerio certifica dentro de sus atribuciones, la posibilidad que le queda es la de iniciar las correspondientes acciones, según el caso, en procura de su enervamiento, pero mientras tanto, tales actos jurídicos surten plenos efectos a la luz de la Constitución y la ley.
“En consecuencia, frente a la presentación de un pliego de peticiones por parte de una organización sindical inscrita y vigente, certificada como tal por la autoridad competente, como la del asunto de marras, la empresa FENOCO S. A. no podía resistirse a iniciar las negociaciones directas cuestionando la capacidad y la idoneidad del sindicato promotor del conflicto, con el simple argumento de no ser una asociación relacionada con la actividad ferroviaria que desarrolla, pues esa situación bien podía ventilarla judicialmente en otros escenarios, sin que se pueda sustraer a sentarse en la mesa de discusiones, con lo cual se viola sin razón el derecho fundamental a la negociación colectiva, y al debido proceso, que como ya se anotó, aquella hace parte del fundamental de asociación sindical conforme a los artículos 23, 25, 29, 39, 53, y 55 de la Carta Mayor, 27 del D.L. 2351 de 1965, y el Convenio 98 de 1949, de la OIT, con vigencia a partir de julio de 1951.
En consecuencia de lo anterior, la Sala anulará en su integridad el laudo emitido el 27 de mayo de 2016, para, en su lugar, devolver el expediente a los árbitros a fin de que resuelvan, de conformidad con sus facultades legales, la controversia suscitada entre el Sindicato de Trabajadores de la Industria Energética y la sociedad Interconexión Eléctrica S.A. ESP con ocasión del pliego de peticiones presentado el día 27 de mayo de 2010.
1. Anular íntegramente el laudo arbitral emitido el 27 de mayo de 2016 dentro del conflicto colectivo suscitado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA ENERGÉTICA, SINTRAE, y la sociedad INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. ESP, ISA.
2. Devolver el expediente a los árbitros a fin de que resuelvan, de conformidad con sus facultades legales, la controversia suscitada entre Sintrae y la sociedad Interconexión Eléctrica S.A. ESP con ocasión del pliego de peticiones presentado el día 27 de mayo de 2010.
Cópiese, notifíquese, insértese en la gaceta judicial y envíese el expediente al Ministerio de Trabajo para lo de su competencia.