Source: https://es.scribd.com/doc/69000855/6/DIFERENCIAS-ENTRE-EL-PROCESO-CIVIL-Y-PENAL
Timestamp: 2016-02-12 04:15:00
Document Index: 246323620

Matched Legal Cases: ['artículo 139', 'artículo\n139', 'artículo 173', 'artículo 173', 'artículo 149', 'artículo 139', 'artículo 8', 'artículo 139', 'artículo 139', 'artículo 1']

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ORAL2. DEFINICIÓN3. ESTRUCTURA4. LECTURA DE SENTENCIA5. CLASIFICACIÓN1. GENERALIDADES2. LOS RECURSOS
CARNELUTTI, al desarrollar este tema, considera
que en el proceso civil se presenta el juego de lo mío
y de lo tuyo, mientras que lo que se juega en el pro-
ceso penal es la libertad; asimismo, señala: «El desa-
rrollo de la distinción profunda entre los dos proce-
sos el civil y el penal, e incluso entre los dos Dere-
chos se termina con la fórmula: en lo civil se lucha
por tener, y en lo penal, por el ser. Y así se esclarece
el porqué del interés de los hombres por uno y el
desinterés por el otro (…)».
DE LA OLIVA SANTOS sostiene que la esencia del
proceso penal no es distinta de la del proceso civil.
El papel de uno y de otro es idéntico: ambos son
instrumentos imprescindibles de un ius dicere que
no puede ser instantáneo ni puede producirse ex
impromptu o de repente, como resultado de una pre-
tendida iluminación de un juez justiciero. Las nor-
mas y estudios sobre el proceso penal tienen, para la
protección jurídica penal, la misma importancia
que, respecto al Derecho civil y mercantil, presentan
los preceptos y los esfuerzos intelectuales relativos
al proceso civil.
En el siguiente cuadro se presentan algunos aspec-
tos distintivos entre ambos procesos:
Su objeto es la preten-
sión punitiva del Estado
derivada de un hecho
previsto como delito.
Su objeto generalmente es
una pretensión de una
prestación de derecho
La parte tiene un signifi-
cado especial e impro-
pio, el interés que de-
termina el proceso es
siempre público y la
pretensión punitiva no
está a disposición de los
Litigan dos partes, verda-
deras y propias, con per-
fecta paridad de trato, por
medio de representantes,
con amplios poderes de
(conciliar,
transigir, desistir, etc.).
tiene la obligación fun-
cional de ejercitar la
acción y es el titular de la
La acción civil es facultati-
va, y tiene la carga de la
prueba quien afirma
La confesión no es sufi-
ciente, la aceptación por
parte del procesado debe
ser corroborada con
y el silencio es parte de
La sola confesión de parte
es suficiente si se trata de
derechos disponibles, e
incluso hay ocasiones en
que basta el silencio. Éste
último genera una presun-
ción relativa de verdad
sobre los hechos expuestos
FUNDAMENTALES DEL PROCESO PENAL
Los principios procesales son conceptos jurídico –
procesales fundamentales, ideas rectoras y básicas
que orientan la actividad procesal. DE LA OLIVA
SANTOS señala: «Los principios no obedecen a con-
sideraciones de conveniencia, sino a exigencias ele-
mentales de justicia, perceptibles como tales por
cualquier persona no deshumanizada».
Las garantías son esos mismos principios que, de-
bidamente recordados y conscientemente aplica-
dos a un caso concreto, constituyen una seguridad
y protección contra la arbitrariedad estatal en la
aplicación de la Ley Penal. Las Garantías Procesa-
les constituyen una forma de protección o seguri-
dad del individuo frente al poder estatal.
El legislador peruano ha incorporado determinados
derechos en la Constitución (artículo 139°) y les ha
dado la categoría de fundamentales, es decir, de
protección especial, a pesar de que la mayoría de
ellos es procesal. Se ha producido el llamado fenó-
meno de la «constitucionalización del proceso».
Con estos derechos de carácter procesal penal se
busca, en definitiva, una sentencia justa, y establecer
en el Proceso Penal una relación simétrica, esto es,
que el inculpado cuente con una serie de instrumen-
tos para enfrentar la pretensión punitiva del Estado.
1. PRINCIPIO DE EXCLUSIVIDAD Y UNIDAD EN
Frente al impedimento de hacer justicia por propia
mano, salvo en los casos de legítima defensa, la fun-
ción jurisdiccional debe entenderse como aquella
función del Estado que consiste en dirimir conflic-
tos intersubjetivos.
Se encarga al Poder Judicial la tutela de los derechos
fundamentales, los derechos ordinarios e intereses
legítimos, la sanción de los actos delictivos, el con-
trol difuso de la constitucionalidad y el control de la
legalidad de los actos administrativos. El artículo
139° inciso 1) de la Constitución consagra la exclu-
sividad en el cumplimiento de esta función.
El Poder Judicial tiene el monopolio del proceso,
porque se requiere un conocimiento único y singu-
lar para declarar el derecho. No se permite la frag-
mentación: la función jurisdiccional es ejercida por
una entidad «unitaria». El Poder Judicial es una
unidad orgánica, debido a que todos sus niveles o
grados responden a una naturaleza monolítica.
Sobre el principio de unidad de la función jurisdic-
cional, el Tribunal Constitucional sostuvo lo si-
guiente: «(…) se sustenta en la naturaleza indivisi-
ble de la jurisdicción, como expresión de soberanía.
Según ésta, la plena justiciabilidad de todas las si-
tuaciones jurídicamente relevantes ha de estar con-
fiada a un único cuerpo de jueces y magistrados,
organizados por instancias, e independientes entre
sí, denominado Poder Judicial (…)». (Sentencia re-
caída en el Exp. Nº 017-2003-AI/TC).
La organización no gubernamental JUSTICIA VIVA
expresa: «(…) el principio de unidad jurisdiccional
conlleva que todos los jueces han de sujetarse a un
estatuto orgánico único, el que será de naturaleza y
características que garanticen la independencia. En
última instancia, entonces, el principio de unidad
jurisdiccional ha de entenderse como una garantía
de independencia judicial, lo que acarrea los si-
guientes rasgos comunes a toda judicatura ordina-
I. Estatuto personal único.
II. Jueces técnicos (letrados) y de carrera.
III. Formación de un cuerpo único (el Poder Judi-
IV. Sujeción a los órganos de gobierno del Poder
La exclusividad en la función jurisdiccional tiene
sus excepciones:
o JURISDICCIÓN ARBITRAL
El arbitraje, regulado por el Decreto Legislativo
1071, es uno de los medios alternativos de
resolución de conflictos – como la negociación,
mediación y conciliación –, mediante el que las
partes someten su controversia a un tercero que
decide mediante un laudo que tiene carácter
vinculante. El árbitro carece de algunos de los
atributos de la jurisdicción (coercio y executio), y,
por ello, no existe esta jurisdicción en puridad.
Nuestro Tribunal Constitucional, refiriéndose a
este fuero, ha señalado que: “el arbitraje no puede
entenderse como un mecanismo que desplaza al Poder
Judicial, ni tampoco como su sustitutorio, sino como
una alternativa que complementa el sistema judicial
puesta a disposición de la sociedad para la solución
pacífica de las controversias. Y que constituye una ne-
cesidad, básicamente para la solución de conflictos pa-
trimoniales de libre disposición y, sobre todo, para la
resolución de las controversias que se generen en la
contratación internacional.” (STC. Nº 7641-2005-
PA/TC)
o JURISDICCIÓN MILITAR
El artículo 173° de la Constitución vigente esta-
blece que este fuero limita su poder de declarar
el derecho al ámbito castrense, es decir, a las in-
fracciones cometidas por los miembros de las
Fuerzas Armadas y Policía Nacional en ejercicio
de sus funciones, previstas en el Código de Justi-
cia Militar.
La jurisdicción militar, en tanto órgano jurisdic-
cional, no se encuentra exceptuada de observar
todas aquellas garantías que componen el dere-
cho al debido proceso. Al respecto, la Corte In-
teramericana de Derechos Humanos sostiene:
«(…) cualquier órgano del Estado que ejerza fun-
ciones de carácter materialmente jurisdiccional
tiene la obligación de adoptar resoluciones ape-
gadas a las garantías del debido proceso legal
(…)». (Caso del Tribunal Constitucional, senten-
cia del 24 de septiembre de 1999, parágrafo 71).
Cabe comentar en este punto que la política que
se implementó para luchar contra la subversión
permitió que el fuero militar se hiciera cargo del
juzgamiento de civiles a los que se imputaba el
delito de terrorismo en su modalidad de traición
a la patria, siendo responsable el Estado peruano
por este hecho ante la comunidad internacional
debido a la vulneración de la garantía del Juez
Natural que finalmente llegaron hasta la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (Casos
Castillo Petruzzi, Loayza Tamayo, Cantoral
Benavides, Lori Berenson, etc). A raíz de este
interpretación literal del artículo 173º de la
Constitución, en virtud del cual no se autorizaba,
en realidad, que civiles sean juzgados por
tribunales militares, sino que los casos de
terrorismo debían juzgarse según el
procedimiento previsto en el Código de Justicia
Militar (STC. Nº 010-2002-PI/TC).
Se ha establecido en nuestro país que la existen-
cia del fuero militar no es materia debatible, al
encontrarse prevista en la Constitución, sino una
excepción a la función jurisdiccional ejercida por
el Poder Judicial (STC. Nº 0001-2009-PI/TC), que
se encarga de conocer los denominados delitos
de función. Se consideran los siguientes criterios
para la determinación de la competencia del Po-
der Judicial:
a) Que, se trate de conductas que afectan bienes
jurídicos de las Fuerzas Armadas o de la Po-
licía Nacional, es decir, institucionales.
b) Que, el sujeto activo sea un militar que realice
la conducta cuando se encontraba en situa-
ción de actividad; formándose un círculo de
c) Que, la acción típica se perpetre en acto de
servicio, es decir, con ocasión de él. (Compe-
tencia Nº 18-2004).
o JURISDICCIÓN COMUNAL Y NATIVA
El artículo 149° de la Constitución permite a las
autoridades de las Comunidades Campesinas y
Nativas administrar justicia dentro de su ámbito
territorial y de conformidad al derecho consue-
tudinario, siempre que no vulneren los derechos
fundamentales de la persona. Esta jurisdicción se
debía ejercer en coordinación con los juzgados de
paz y demás instancias del Poder Judicial.
Este tema dquiere mayor trascendencia, en vir-
tud al reconocimiento de los derechos de los
pueblos indígenas y nativos, siendo posible afir-
mar que el Perú es un Estado pluricultural, don-
de además, en un mismo territorio, subsisten sis-
temas jurídicos diferentes (pluralismo jurídico).
A raíz de lo indicado, se han establecido algunos
lineamientos para el desarrollo del fuero comu-
nal (que puede ser ejercido por las rondas cam-
pesinas) sobre determinadas conductas conside-
radas delictivas. Para ello será necesario conside-
a) La existencia de una norma tradicional que
incluya la conducta juzgada por la ronda
b) Esta norma tradicional sólo podrá compren-
der la defensa y protección de intereses co-
munales o de un miembro de la comunidad.
c) Se deben tratar de problemas internos de la
d) La intervención de la justicia comunal no sólo
está condicionada a la localización geográfica
de la conducta, sino también al ámbito cultu-
ral (afectar a un poblador, a alguna institución
comunal o valores o bienes jurídicos tradicio-
El límite que se establece a este poder está dado
por el denominado factor de congruencia, que no
es otro que el respecto al núcleo duro de los de-
rechos fundamentales (A.P. Nº 1-2009).
2. PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA E IMPARCIA-
LIDAD EN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL
La independencia jurisdiccional se encuentra
prevista en el inciso 2) del artículo 139° de la
La independencia jurisdiccional significa que
ninguna autoridad – ni siquiera los magistrados
de instancias superiores – pueden interferir en la
actuación de los jueces.
La independencia es distinta de la autonomía. La
autonomía corresponde al ámbito administrati-
vo. El Poder Judicial es independiente en lo ju-
risdiccional y autónomo en lo administrativo (de-
termina su propia organización y presupuesto).
Sobre la independencia jurisdiccional, el Tribunal
Constitucional estableció lo siguiente: «La inde-
pendencia judicial debe, pues, percibirse como la
ausencia de vínculos de sujeción política (impo-
sición de directivas por parte de los órganos polí-
ticos) o de procedencia jerárquica al interior de la
organización judicial, en lo concerniente a la ac-
tuación judicial per se, salvo el caso de los recur-
sos, aunque sujetos a las reglas de competencia».
El principio de independencia judicial debe en-
tenderse desde tres perspectivas:
a) Como garantía del órgano que administra
justicia (independencia orgánica), por sujeción
al respeto al principio de separación de pode-
b) Como garantía operativa para la actuación del
juez (independencia funcional), por conexión
con los principios de reserva y exclusividad
c) Como capacidad subjetiva, con sujeción a la
propia voluntad de ejercer y defender dicha
independencia. Cabe precisar que en este
ámbito radica uno de los mayores males de la
justicia ordinaria nacional, en gran medida
por la falta de convicción y energía para hacer
cumplir la garantía de independencia que
desde la primera Constitución republicana se
consagra y reconoce». (STC. Nº 0023-2003-
AI/TC-Lima).
Puede confundirse la independencia con la im-
parcialidad. Sin embargo, la primera se refiere al
Juez frente a influencias externas (se denomina
imparcialidad objetiva o estructural)3; la segun-
da, en cambio, al Juez respecto a las partes y el
objeto mismo del proceso (imparcialidad subjeti-
va o funcional). La imparcialidad judicial se re-
coge en el artículo I.1 del Título Preliminar del
nuevo Código Procesal Penal, puesto que se bus-
ca un Juez dirimente que únicamente se dedique
en el caso Castillo Petruzzi sostuvo lo siguiente:
«El juez encargado del conocimiento de una cau-
sa debe ser competente, independiente e impar-
cial de acuerdo con el artículo 8.1 de la Conven-
ción Americana. En el caso en estudio, las pro-
pias fuerzas armadas inmersas en el combate
3 “Un Tribunal no podría, sin embargo, contentarse con las conclusiones
obtenidas desde una óptica puramente subjetiva; hay que tener igual-
mente en cuenta consideraciones de carácter funcional y orgánico
(perspectiva objetiva). En esta materia, incluso las apariencias pueden
revestir importancia (...) debe recusarse todo juicio del que se pueda
legítimamente temer una falta de imparcialidad. Esto se deriva de la
confianza que los tribunales de una sociedad democrática deben inspi-
rar a los justiciables (...)” (Caso De Cubber contra Bélgica, del 26 de
octubre de 1984)”.
Esta teoría, llamada de la apariencia y formulada por el Tribunal Euro-
peo de Derechos Humanos con el brocardo “justice must not only be
done; it must also be seen to be done” [no sólo debe hacerse justicia,
sino también parecerlo que se hace], no consiente que, en abstracto, este
Tribunal pueda establecer cuáles son esas condiciones o características
de orden orgánico o funcional que impiden que un juzgador pueda ser
considerado como un ente que no ofrece una razonable imparcialidad.
Su evaluación, por el contrario, debe realizarse en cada caso concreto
(Caso Delcourt vs. Bélgica, de 17 de enero de 1970, párrafo 31).
contra los grupos insurgentes, son las encargadas
del juzgamiento de las personas vinculadas a di-
chos grupos. Este extremo mina considerable-
mente la imparcialidad que debe tener el juzga-
ALVARADO VELLOSO afirma que las garantías
se pierden en el mismo momento en que el Tri-
bunal deja de ser tercero imparcial e impartial,
porque sin ello no hay debido proceso, no hay
defensa, no hay igualdad.
Este mismo autor agrega: «…el tercero que actúa
en calidad de autoridad para procesar y senten-
ciar el litigio debe ostentar claramente ese carác-
ter, para ello, no ha de estar colocado en la posi-
ción de parte (impartialidad) ya que nadie puede
ser actor o acusador y juez al mismo tiempo; de-
be carecer de todo interés subjetivo en la solución
del litigio (imparcialidad) y debe poder actuar
sin subordinación jerárquica respecto de las par-
tes (independencia)».
3. TUTELA JURISDICCIONAL Y OBSERVANCIA
Estos principios se encuentran consagrados en el
inciso 3) del artículo 139° de la Constitución vigente.
El derecho a la tutela jurisdiccional comprende:
a) El derecho que tiene todo ciudadano para acce-
der a la justicia y ser oído por el órgano jurisdic-
b) El derecho a obtener una resolución de fondo
c) El derecho a la ejecución de esa resolución.
Respecto a la observancia del Debido Proceso,
MIXÁN MASS señala: «(…) el principio del Debido
Proceso implica correlativamente:
a) Deber jurídico-político que el Estado asume en el
sentido de que garantiza que su función juris-
diccional se adecuará siempre a las exigencias
de la legitimidad, de acuerdo con las particula-
ridades de cada área y las exigencias de la efi-
ciencia y eficacia procesales. Los responsables di-
rectos de cumplir con ese deber son los funciona-
rios de los órganos que asumen todo lo inherente
a la función jurisdiccional del Estado.
b) Es, a la vez, un derecho para quienes se encuen-
tren inmersos en una relación jurídico-procesal.
Es un derecho a exigir que se cumpla con la
aplicación de dicho principio desde el inicio
hasta la finalización del procedimiento».
Nuestro Tribunal Constitucional al referirse a la
relación entre ambos principios ha señalado que
la tutela judicial efectiva es el marco y el debido
proceso una expresión específica, por lo que:
“Mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el
derecho de acceso a los órganos de justicia como la eficacia
de lo decidido en la sentencia, es decir, una concepción
genérica que encierra todo lo concerniente al derecho de
acción frente al poder-deber de la jurisdicción, el derecho al
debido proceso, en cambio, significa la observancia de los
principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso
como instrumento del derecho dentro del que se produjo la
crisis de cooperación que da nacimiento al conflicto que el
órgano jurisdiccional asume para su solución a quienes in-
tervienen en él.” (STC. N° 3282-2004-HC/TC)
4. PRINCIPIO DE JUEZ NATURAL, LEGAL O PRE-
Este principio está consagrado en el segundo párra-
fo del inciso 3) del artículo 139° de la Constitución.
Se refiere a la existencia de un instructor o juzga-
dor antes de la comisión del delito. La razón de
este principio es la eliminación de toda sospecha de
imparcialidad y falta de ecuanimidad del juzgador.
El derecho a la jurisdicción predeterminada por la
ley está expresado en términos dirigidos a evitar
que un individuo sea juzgado por «órganos juris-
diccionales de excepción» o por «comisiones espe-
ciales» creadas al efecto, cualquiera sea su denomi-
nación.4
4 Sobre la creación de los juzgados y salas anticorrupción, el Tribunal
Constitucional se pronunció de la siguiente manera: «…aun cuando de
la lectura del artículo 1° de la mencionada resolución se pudiera tener la
sensación de que dichos Juzgados y Sala Penal Especial se crearon con
el objeto de «atender adecuadamente los procesos ya instaurados y los
que se instauren como consecuencia de las investigaciones que se están
realizando en diversos niveles en torno al ciudadano Vladimiro Monte-
sinos Torres, esto es, como si fueran jueces nombrados para resolver la
situación jurídica de una persona y, por tanto vulnerando el principio
de igualdad; sin embargo, de la lectura integral de los demás artículos
de la misma resolución y, en particular, del último de ellos, se colige
que se trata de órgano propios de la jurisdicción ordinaria, cuya desig-
nación no se sustenta en el criterio de la persona que se va a juzgar, sino
en el de la sub-especialización en el seno de la justicia penal, derivado
de las particularidades exigencias que se desprenden de un conjunto de
ilícitos penales practicados desde las más altas instancias gubernamen-
tales. De ahí que se haya dispuesto la autorización para contratar per-
sonal auxiliar, la prestación de apoyo técnico y financiero, la adopción
de medidas de protección de los jueces competentes así como de medi-
das especiales para la custodia de los medios probatorios.
En ese sentido, el Tribunal Constitucional considera legítimo que se
puede disponer una sub-especialización en el ámbito de la justicia
penal, si es que los motivos que la justifican persiguen garantizar la
protección de otros bienes constitucionalmente relevantes. Por lo de-
La Ley determina qué órganos se harán cargo de la
instrucción y juzgamiento del delito, para evitar que
se cometan arbitrariedades por parte de personas
interesadas o funcionarios que actúen según las
Sobre este tema, el Tribunal Constitucional ha seña-
lado: «Constituye, a la vez, de un derecho subjetivo,
parte de «modelo constitucional del proceso» reco-
gido en Carta Fundamental, cuyas garantías míni-
mas siempre deben ser respetadas para que el pro-
ceso pueda tener la calidad de debido».
No basta que el derecho al Juez Natural sea recogi-
do por los textos constitucionales, sino es necesario
instaurar aquellos institutos que doten a los justi-
ciables de los medios para llevar el uso del derecho
al terreno práctico. V.gr.: el reconocimiento del de-
recho a recusar a los magistrados.