Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=659002
Timestamp: 2019-05-24 20:47:47
Document Index: 101029670

Matched Legal Cases: ['artículo 47', 'in fine', 'in fine', 'artículo 19', 'artículo 8', 'artículo 13', 'artículo 77', 'artículo 16', 'artículo 2', 'artículo 19', 'artículo 28', 'artículo 4', 'artículo 12', 'in fine', 'in fine', 'in fine', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 16', 'artículo 16', 'Artículo 16', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 37']

Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N°44
OTORGAMIENTO DE BONO A PERSONAL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN DE MENORES REMUNERACIONES
INTERVENCIÓN : Andres Zaldivar Larrain
FORTALECIMIENTO DE INGRESO Y FORMACIÓN EN ESPECIALIDADES MÉDICAS Y ODONTOLÓGICAS
PROTECCIÓN DE VIDA PRIVADA ANTE ENVÍO DE PUBLICIDAD SIN AUTORIZACIÓN DE CONSUMIDORES
HOMENAJE EN MEMORIA DE DON HÉCTOR LABBÉ CORREA, RECIENTEMENTE FALLECIDO
HOMENAJE : Alejandro Garcia Huidobro Sanfuentes
CONDENA POR DESTITUCIÓN DE PRESIDENTA DILMA ROUSSEFF. OFICIOS
RÉPLICA A EXPRESIONES DE SENADOR SEÑOR NAVARRO SOBRE DESTITUCIÓN DE PRESIDENTA DE BRASIL
SOLUCIÓN DEFINITIVA DE ANEGAMIENTOS EN VILLA VISTA HERMOSA, CARAHUE. OFICIO
INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jaime Quintana Leal
FALTA DE CAPACIDAD EN TRANSPORTE DE ESTUDIANTES DE INSTITUTO CLARET, TEMUCO. OFICIOS
MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES CHAHUÁN Y MOREIRA CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO QUE MODIFICA EL DECRETO LEY N° 2.859, DE 1979, DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, LEY ORGÁNICA DE GENDARMERÍA DE CHILE, PARA QUE EN EL INTERIOR DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS PUEDA IMPLEMENTARSE UN SISTEMA QUE INHIBA LAS SEÑALES DE TELEFONÍA MÓVIL, EN LAS CONDICIONES QUE INDICA (10.874-07)
MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORES CHAHUÁN Y MOREIRA CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY N° 17.288, SOBRE MONUMENTOS NACIONALES; ENMIENDA LAS LEYES Nos 16.617 Y 16.719, Y DEROGA EL DECRETO LEY N° 651, DE 17 DE OCTUBRE DE 1925, CON EL FIN DE INTRODUCIR PROTECCIONES ELECTRÓNICAS A LAS PIEZAS O COLECCIONES DE LOS MUSEOS QUE INDICA (10.875-04)
Sesión 44ª, en miércoles 31 de agosto de 2016
(De 16:20 a 19:29)
ALEJANDRO NAVARRO BRAIN, PRESIDENTE ACCIDENTAL
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga un bono al personal asistente de la educación de menores remuneraciones que se indica (10.633-05) (se aprueba en general y en particular).....................
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez (10.584-07) (se aprueba en general).................
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 15.076, para fortalecer el proceso de ingreso y formación en especialidades médicas y odontológicas, y la ley N° 19.664, con el objeto de otorgar beneficios al personal afecto a dicho texto legal (10.490-11) (se aprueba en general).................................................................................
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica las leyes Nos 19.496 y 19.628, para regular la protección de la vida privada en lo relativo al envío de publicidad (10.133-03) (se aprueba en particular)..............................................................................
Homenaje en memoria de don Héctor Labbé Correa, recientemente fallecido. (Observaciones del Senador señor García-Huidobro).............
Condena por destitución de Presidenta Dilma Rousseff. Oficios (Observaciones del Senador señor Navarro)....................................
Réplica a expresiones de Senador Navarro sobre destitución de Presidenta de Brasil. (Observaciones del Senador señor Coloma)........................
Solución definitiva de anegamientos en Villa Vista Hermosa, Carahue. Oficio (Observaciones del Senador señor Quintana).........................
Falta de capacidad en transporte de estudiantes de Instituto Claret, Temuco. Oficios (Observaciones del Senador señor Quintana).........................
Concurrió, además, el Ministro Secretario General de la Presidencia , señor Nicolás Eyzaguirre Guzmán.
Asimismo, se encontraba presente la Subsecretaria General de la Presidencia , señora Patricia Silva Meléndez.
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 41ª y 42ª, ordinarias, en 16 y 17 de agosto del año en curso, respectivamente, que no han sido observadas.
Con los diez primeros retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación de los siguientes proyectos de ley:
1) El que incentiva la inclusión de discapacitados al mundo laboral y modifica la ley Nº 20.422, para establecer la reserva legal de empleos para personas con discapacidad (boletines Nos 7.025-31 y 7.855-13, refundidos).
2) El que modifica el Código Penal; el decreto ley Nº 645, de 1925, sobre el Registro General de Condenas , y la ley Nº 20.066, sobre Violencia Intrafamiliar, para aumentar la penalidad y demás sanciones aplicables para delitos cometidos en contra de menores y otras personas en estado vulnerable (boletines Nos 9.279-07, 9.435-18, 9.849-07, 9.877-07, 9.904-07 y 9.908-07, refundidos).
3) El que enmienda el Código Penal, en lo tocante a la tipificación del delito de tortura (boletín Nº 9.589-17).
4) El que modifica la Ley de Tránsito y la ley Nº 18.287, con el fin de adoptar medidas de seguridad y control en lo relativo a los medios de pago del transporte público remunerado de pasajeros, establecer sanciones, crear un registro de pasajeros infractores y modificar normas procedimentales (boletín Nº 10.125-15).
5) El que moderniza la legislación aduanera (boletín Nº 10.165-05).
6) El que regula la circulación de vehículos motorizados por causa de congestión vehicular o contaminación atmosférica (boletín Nº 10.184-15).
7) El que crea la XVI Región, de Ñuble, y las provincias de Diguillín, Punilla e Itata (boletín Nº 10.277-06).
8) El que modifica la ley Nº 15.076, para fortalecer el proceso de ingreso y formación en especialidades médicas y odontológicas, y la ley Nº 19.664, con el objeto de otorgar beneficios al personal afecto a dicho texto legal (boletín Nº 10.490-11).
9) El que otorga un bono al personal asistente de la educación de menores remuneraciones que se indica (boletín Nº 10.633-05).
10) El que establece perfeccionamientos en materias de asignaciones para los funcionarios del sector salud que indica y delega facultades para la fijación de las plantas de personal de los Servicios de Salud y del Fondo Nacional de Salud (boletín Nº 10.752-11).
Con los cuatro siguientes retira y hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación de los siguientes proyectos:
1) El que modifica la ley Nº 19.132, de Televisión Nacional de Chile (boletín Nº 6.191-19).
2) El que crea el Ministerio de la Cultura (boletín Nº 8.938-24).
3) El que determina conductas terroristas y su penalidad y enmienda los Códigos Penal y Procesal Penal (boletines Nos 9.692-07 y 9.669-07, refundidos).
4) El que modifica la Ley de Tránsito, para incorporar disposiciones sobre convivencia de los distintos medios de transporte (boletín Nº 10.217-15).
Con el primero informa que ha desechado las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto de ley que crea la Comisión de Valores y Seguros (boletín Nº 9.015-05) (con urgencia calificada de "suma"), y comunica la nómina de Diputados que integrarán la Comisión Mixta que debe formarse al efecto.
--Se toma conocimiento y, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 47 del Reglamento de la Corporación, se remite a los Comités.
Con el segundo comunica que ha aprobado el proyecto que modifica el decreto ley Nº 3.500, de 1980, que establece Nuevo Sistema de Pensiones, con el objeto de eliminar el beneficio de que gozan las AFP en materia de intereses de las cotizaciones previsionales adeudadas (boletín Nº 10.708-13).
Responde solicitud de información, enviada en nombre del Senador señor Orpis, acerca del número de personas detenidas por los delitos contemplados en los artículos 3º y 4º de la ley Nº 20.000, por consumo en lugares públicos.
Atiende requerimiento, expresado en nombre del Senador señor García, sobre la eventual postergación del Censo Nacional Agropecuario que se celebraría el 2017.
Informa sobre eventuales retrasos en la evaluación de licencias médicas en la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y en la Superintendencia a su cargo, materia consultada en nombre del Senador señor Ossandón.
Del Director Nacional del Instituto de Previsión Social:
Da contestación a petición de información, cursada en nombre del Senador señor Prokurica, relativa a la situación que afecta a la persona individualizada, domiciliada en la comuna de Huasco, a quien se le rechazó una solicitud de pensión básica solidaria.
Del señor Secretario Regional Ministerial de Desarrollo Social de La Araucanía :
Da respuesta a requerimiento, enviado en nombre del Senador señor García, para revisar la situación que afecta a una persona domiciliada en la comuna de Temuco, calificada dentro del diez por ciento de mayores ingresos o menor vulnerabilidad socioeconómica del país.
Del señor Director del SERVIU de La Araucanía (s):
Atiende petición de antecedentes, expedida en nombre del Senador señor García, para disponer una visita inspectiva a la calle Pircunche, entre Galvarino y Quidel, sector Santa Rosa, en la comuna de Temuco, que sufre constantes anegamientos.
Responde consultas, expedidas en nombre del Senador señor García, sobre los siguientes asuntos:
-Evaluación del estado en que se encuentran las aceras de calles Portales y Manuel Montt, desde Barros Arana hasta avenida Costanera, para adoptar medidas para su reparación.
-Posibilidad de instalar un semáforo en la intersección de calle Antifil con avenida Valparaíso, a fin de resguardar la seguridad de los vecinos.
Del señor Alcalde de Saavedra:
Contesta petición de información, planteada en nombre del Senador señor García, acerca de la existencia de un proyecto de reparación del camino que une la localidad de Puerto Saavedra con la Hostería Boca Budi y del "Mirador Cerro Maule".
De la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga un bono al personal asistente de la educación de menores remuneraciones que se indica (con urgencia calificada de "suma") (boletín Nº 10.633-05).
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código Penal, en lo tocante a la tipificación del delito de tortura (con urgencia calificada de "suma) (boletín Nº 9.589-17).
De los Senadores señores Chahuán y Moreira, con la que inician un proyecto que modifica el decreto ley Nº 2.859, de 1979, del Ministerio de Justicia, Ley Orgánica Constitucional de Gendarmería de Chile, para que en el interior de los establecimientos penitenciarios pueda implementarse un sistema que inhiba las señales de telefonía móvil, en las condiciones que indica (boletín Nº 10.874-07).
De los Senadores señores Chahuán y Moreira, con la que inician un proyecto que modifica la ley Nº 17.288, sobre Monumentos Nacionales; enmienda las leyes Nos 16.617 y 16.719, y deroga el decreto ley Nº 651, de 17 de octubre de 1925, con el fin de introducir protecciones electrónicas a las piezas o colecciones de los museos que indica (boletín Nº 10.875-04).
De la Senadora señora Goic, con la que comunica que se ausentará del país a contar del 7 de septiembre próximo.
Señores Senadores, ayer se aprobaron en general dos proyectos de ley de la Comisión de Agricultura: el que regula el manejo de bosques de especies muy combustibles colindantes con zonas urbanas y el que establece la obligación de elaborar planes de prevención y combate de incendios forestales a los dueños de predios con aptitud forestal.
A petición del órgano técnico, ambas iniciativas se refundieron.
Pero quedó pendiente el plazo para formular indicaciones.
¿Habría acuerdo en fijarlo hasta el lunes 26 de septiembre, a las 12?
Corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga un bono al personal asistente de la educación de menores remuneraciones que se indica, con informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.633-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite: sesión 37ª, en 9 de agosto de 2016 (se da cuenta).
Hacienda: sesión 44ª, en 31 de agosto de 2016.
El objetivo principal de la iniciativa es conceder un bono al personal asistente de la educación de menores remuneraciones de los establecimientos educacionales administrados directamente por las municipalidades o por corporaciones privadas sin fines de lucro creadas por estas para administrar la educación municipal, y al regido por el decreto ley Nº 3.166, de 1980.
La Comisión de Hacienda discutió la iniciativa solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros, Senadores señores Coloma, García, Montes, Tuma y Zaldívar.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 5 y 6 del primer informe y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Señor Presidente , solicito que recabe la autorización del Senado para que la Comisión de Gobierno sesione en paralelo con la Sala, entre las 16:30 y las 17:30, para tratar la iniciativa sobre elección de intendentes.
Señor Presidente , a modo de explicación, cabe señalar que hoy día en la mañana efectuamos una sesión en la que el Ministro comenzó a explicar la propuesta del Ejecutivo , pero no logramos terminar.
En el fondo, se trata de proseguir con esa reunión.
Está claro su planteamiento, señora Senadora.
Señor Presidente, entiendo que este es un bono distinto del que aprobamos semanas atrás.
Por supuesto, voy a votar favorablemente esta iniciativa, pero me resulta imposible no reiterar algunos de los conceptos que hice ver en aquella oportunidad.
De alguna manera -¡de alguna manera!- se está intentando revertir la injusta situación en la que quedan los asistentes de la educación (mujeres y hombres), quienes perciben ingresos bastante más bajos que los de sus colegas.
Volvemos al problema pendiente que tiene el país como debate nacional: la situación de las pensiones.
Volvemos acá a dar un muy mal ejemplo: con nuestro voto de nuevo justificamos algo respecto de lo cual permanentemente hemos dicho "no compartimos", "no estamos de acuerdo", "es imposible seguir aceptando la realidad que enfrentan a diario las mujeres y los hombres de nuestro país al momento de la jubilación".
Quiero reiterar -lo señalé en su oportunidad- que, desde mi prisma, previo a los traspasos de los asistentes de la educación desde las corporaciones a su nuevo empleador, se está intentando de alguna manera bajar la cantidad de personas que, cumpliendo la edad legal, no pueden jubilarse si no es a través de este -entre comillas- incentivo (¡bastante perverso, por lo demás!) que obtienen al momento de pensionarse.
Mi preocupación radica en la condición en la que van a quedar cuando tengan un nuevo empleador. ¿Qué se ha previsto? ¿Qué va a ocurrir? ¿El Estado de Chile -ni siquiera el Gobierno- les irá a respetar sus años de servicios al momento del traspaso? ¿Los sacarán de las corporaciones para que el propio Estado los contrate? Me imagino que esa será la figura. ¿O vamos a generar otra deuda histórica -tal cual lo señala acá el Senador Prokurica-, con miles y miles de mujeres y hombres a los que se les causará un enorme perjuicio?
Entonces, ¡tengamos cuidado!
Yo me alegro por este beneficio. Algunos dirigentes lo presentan como un gran logro, y sin lugar a dudas lo es, pues no hay posibilidades de obtener algo más. Pero no llega a ser -¡ni por lejos!- lo que merecen los asistentes de la educación, los funcionarios públicos, los trabajadores en general.
¡Y nosotros aceptamos esto con nuestra votación!
Simplemente reiteramos los discursos cada vez que discutimos sobre la entrega de tales bonos.
Me alegro -insisto- por lo conseguido por la directiva de los asistentes de la educación, por quienes ejercen el liderazgo y llegan a estos acuerdos. Pero me entristece muchísimo -¡muchísimo!- constatar en la condición de incertidumbre en que quedarán dichos trabajadores una vez que se hagan los traspasos desde las corporaciones al nuevo empleador.
¿Se respetarán los años de servicios? ¿Van a perder los funcionarios y las funcionarias sindicalizados todos los logros históricos que han obtenido tras largos años de lucha? ¿El Gobierno los va a respetar? ¿Les van a mantener las conquistas alcanzadas?
Señor Presidente , volvemos a analizar una situación del todo perversa -¡muy perversa!-, en que dichos funcionarios se ven obligados a irse con un mal incentivo. Si bien es algo mejor de lo que recibirían, claramente estamos profundizando aún mucho más la herida social y humana que se observa cada vez que alguien debe jubilarse en nuestro país.
Señor Presidente , no quiero reiterar la reflexión que recién ha expresado el Senador Bianchi, pero la comparto en su integridad. Creo que de una vez por todas debiéramos tomar el compromiso de que, cuando se hagan los cambios de empleador, se respeten los derechos de los profesores, especialmente los laborales.
El presente proyecto de ley por supuesto no da todas las soluciones al personal asistente de la educación de menores remuneraciones, que forma parte de un proceso muy importante.
La iniciativa entrega, a contar del 1 de enero de 2016, un bono de 24.500 pesos mensuales por una jornada laboral de 44 o 45 horas semanales al personal asistente de la educación regido por la ley Nº 19.464 que labore en establecimientos educacionales administrados directamente por las municipalidades o por corporaciones privadas sin fines de lucro creadas por estas para administrar la educación municipal, y al personal regido por el decreto ley Nº 3.166, de 1980, siempre que su remuneración bruta mensual sea igual o inferior a 337.900 pesos del mes inmediatamente anterior a su pago.
O sea, estamos hablando de las remuneraciones más bajas.
Por cierto, esta no es la solución a todo. Pero, tratándose de personas con salarios bajos, considero que es una fórmula adecuada para otorgar un aliciente y un beneficio a un sector de la educación que suele ser el menos ayudado.
Señor Presidente , intervengo solo para hacer una aclaración: acá no estamos hablando de una bonificación por retiro, sino de un bono mensual para los sueldos más bajos en educación.
Me llama la atención escuchar hablar de "bono de retiro" y el que se haga un panegírico de todas las cosas relacionadas con esa materia.
Se trata de un beneficio, de cargo fiscal, que se otorgará a contar del 1 de enero de 2016 al personal asistente de la educación regido por la ley Nº 19.464 que labore en establecimientos educacionales municipales, etcétera, etcétera.
¡Es un bono para los salarios más bajos que existen en educación!
Acá no hay una bonificación por retiro -¡nada de eso!-, sino un bono mensual de 24.500 pesos.
Quería hacer hincapié en ese punto. A veces se escuchan tantas cosas que no corresponden que uno no puede quedarse callado.
Gracias, Su Señoría, por esa importante aclaración.
Senador señor Zaldívar, ¿usted pidió la palabra?
Les recuerdo que estamos en Fácil Despacho.
Señor Presidente , deseo entregar el punto de vista de la Comisión de Hacienda, que aprobó este proyecto.
La iniciativa cuesta del orden de los 2 mil millones de pesos anuales.
Pero quería precisar lo señalado por el Senador Quinteros: este no es un bono por retiro. Se trata de una cuestión que quedó pendiente cuando en su momento se otorgó un beneficio similar a los trabajadores del sector público luego de las negociaciones que se desarrollaron con la ANEF y otras organizaciones gremiales. Se extiende ese bono a los asistentes de la educación que se indican y que perciben una remuneración inferior a 337.900 pesos mensuales, quienes quedaron excluidos de la bonificación que recibió el resto de los funcionarios del sector.
Por otra parte, como las municipalidades siempre se quejan de que los costos de este tipo de beneficios son de cargo de los presupuestos municipales, la Comisión de Hacienda se preocupó del asunto. En este caso, será de costo fiscal el financiamiento del bono para los funcionarios de que se trata, los cuales deberán tener un horario de 44 o 45 horas semanales.
Además, se extiende lo propuesto a los trabajadores que se desempeñan en la administración municipal (en los DAEM y en las DEM), quienes también estaban excluidos.
En definitiva, con la medida planteada se está haciendo justicia y reconociendo algo que había quedado pendiente.
No se trata de un bono por retiro, sino de un beneficio de remuneración, el cual será financiado por el Fisco y no por las municipalidades.
Finalmente, tiene la palabra el Senador señor Moreira.
Señor Presidente , más allá de precisar lo que se ha señalado, considero importante referirme a tres puntos.
En primer lugar, de acuerdo a las últimas estadísticas publicadas por el Ministerio de Educación, actualmente hay alrededor de 65 mil asistentes de la educación que se desempeñan en el sector municipal y en establecimientos de administración delegada. La heterogeneidad de sus funciones y de sus perfiles profesionales se traduce en una importante dispersión de sus rentas, las que oscilan entre el sueldo mínimo y un máximo promedio de 800 mil pesos.
En primer lugar, considero importante señalar que muchos de los asistentes de la educación no son funcionarios públicos, por lo que no se les aplica el reajuste del sector público. Así, esta bonificación constituye el equivalente a dicho aumento.
Sin embargo, surgen algunas dudas respecto de la entrega de estos dineros, que, como bien se ha señalado, no son bonos de incentivo al retiro, sino, por decirlo así, bonos que se van a otorgar a los asistentes de la educación con sueldos menores.
Por un lado, se requiere una mirada integral acerca de las condiciones de trabajo y los salarios de los asistentes de la educación. El Ejecutivo comprometió ingresar antes del 31 de enero de 2017 un proyecto que contemple un estatuto para ellos.
Bien sabemos que los asistentes de la educación lo han pasado bastante mal: viven en un clima de mucha incertidumbre respecto de lo que sucederá, aunque se les den ciertas seguridades, con el proceso de desmunicipalización.
Por otra parte, la entrega del bono debiese ser en forma progresiva, para no perjudicar a algunos de estos funcionarios. Tal como está configurado hoy el proyecto, un asistente con un sueldo de 340 mil pesos no tendrá acceso a la bonificación, mientras que otro cuya renta sea de 335 mil pesos sí lo tendrá. En la práctica, la persona con menor renta va a terminar con un sueldo mensual mayor al de aquella que no obtuvo el bono.
A pesar de lo anterior, sugerimos votar a favor de esta iniciativa, ya que constituye una ayuda importantísima para los asistentes con menores rentas.
Asimismo, es importante señalar que el bono es imponible, lo cual constituye un aspecto fundamental, especialmente en tiempos en que el bajo monto de las pensiones es tema de debate. Recordemos que una de las causales de ese problema es que las personas no cotizan por su sueldo real.
Se contempla un mayor gasto fiscal de 215 millones de pesos anuales. Se precisa que el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de la ley en proyecto durante el primer año presupuestario se financiará con cargo a la Partida Ministerio de Educación. No obstante, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la Partida Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiere financiar con aquellos recursos.
Me parece que se trata de un estímulo, de un merecido bono. Conocemos las remuneraciones malas y muy bajas de los asistentes de la educación. Por eso, considero que hay que valorar este paso, aunque esta normativa se tiene que mejorar a futuro.
--Se aprueba en general el proyecto (34 votos favorables); por no haberse presentado indicaciones, se aprueba también en particular, y queda despachado en este trámite.
Votaron las señoras Goic, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Proyecto de ley, iniciado en mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la República , en primer trámite constitucional, que crea la defensoría de los derechos de la niñez, con informe de la Comisión Especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con niños, niñas y adolescentes.
Especial encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con niños, niñas y adolescentes: sesión 43ª, en 30 de agosto de 2016.
El objetivo de la iniciativa es la creación de la Defensoría de los Derechos de la Niñez como una corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, para la difusión, promoción y protección de los derechos de los niños y las niñas, a fin de que su rol de persuasión sea fundamental para cumanplir los objetivos del sistema de garantías de tales derechos.
La Comisión Especial encargada de tramitar proyectos relacionados con niños, niñas y adolescentes discutió este proyecto solo en general, aprobando la idea de legislar por cuatro votos a favor (Senadores señores Patricio Walker, Letelier, Ossandón y Quintana) y una abstención (Senadora señora Van Rysselberghe).
Cabe hacer presente que los incisos segundo y tercero del artículo 19 del proyecto tienen carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren 21 votos favorables para su aprobación.
A su vez, el inciso segundo del artículo 8° de la iniciativa es de quórum calificado, por lo que necesita 19 votos a favor para ser aprobado.
El texto que se propone aprobar se transcribe en las páginas pertinentes del primer informe de la Comisión Especial y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Antes de comenzar la discusión, solicito el asentimiento para permitir el ingreso a la Sala de la Subsecretaria General de la Presidencia, señora Patricia Silva.
Tiene la palabra el Presidente de la Comisión Especial, Senador señor Patricio Walker.
Señor Presidente , efectivamente, este proyecto fue aprobado por la Comisión Especial con el pronunciamiento señalado por el Secretario : los votos positivos de los Senadores señores Ossandón , Letelier , Quintana y quien habla y la abstención de la Senadora señora Van Rysselberghe , quien me imagino va a explicar después su decisión.
Básicamente, el contexto en que se aprueba esta iniciativa es el de la ratificación de Chile, en 1990, de la Convención sobre los Derechos del Niño, ocasión en que se comprometieron una serie de medidas legales, administrativas y de cualquier índole para propender a dar efectividad a los derechos reconocidos por ese instrumento internacional.
Lo anterior se complementa con el proyecto de ley relativo al Sistema de Garantías de Derechos de la Niñez -se está tramitando en la Cámara de Diputados-, en el cual se establece que los niños pasan a ser sujetos de derecho y no objeto de políticas; con la iniciativa que crea la Subsecretaría de la Infancia, que tramitó la Comisión de Gobierno del Senado, y con la Política Nacional de Infancia, que va desde 2015 a 2025.
¿En qué contexto preciso se dio la discusión?
El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas recomendó a Chile -en 2002, 2007 y 2015- la creación de un mecanismo independiente y eficaz que vigile la aplicación de la Convención, siguiendo los principios de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos, conocidos como los "Principios de París".
Desde 2007 se han presentado varias mociones -algunos Senadores lo hicimos para crear la figura del Defensor-, pero nunca tuvieron patrocinio del Ejecutivo.
Este proyecto reconoce los esfuerzos de esas iniciativas, recoge las recomendaciones de UNICEF y se nutre además del diálogo con la sociedad civil.
Quiero hacer algunas precisiones sobre las instituciones de derechos humanos en el marco internacional.
A nivel mundial, se trata de órganos estatales a los que se les confiere el mandato constitucional o legislativo de proteger y promover los derechos humanos.
Además, estos defensores o defensorías son autónomos, independientes. Forman parte de la estructura del Estado, pero no dependen ni del Poder Ejecutivo, ni del Poder Judicial ni del Poder Legislativo.
Lo anterior es muy importante porque -para decirlo en palabras simples- esos defensores no tienen que rendirles cuenta a los gobiernos de turno; poseen la suficiente autonomía para poner muchas veces el dedo en la llaga y decir cómo está la situación de los niños en los respectivos países.
Por otra parte, los Estados tienen derecho a elegir el marco legal, el modelo que quieran, el que estimen más apropiado, siempre que cumplan las normas mínimas en cuanto a las funciones y responsabilidades establecidas en los Principios de París. Es decir, no se impone un modelo único a estas instituciones; se respeta la diversidad y pluralidad, y se reconocen las tradiciones jurídicas específicas en que se insertan.
Adicionalmente, algunos países atribuyen la protección y promoción de los derechos de los niños a un órgano especializado que forma parte de un Ombudsperson o el INDH -como se llama en Chile-, como es el caso de Argentina y Colombia; otros, crean una institución especializada y aparte, como sucede en Noruega, Australia, Perú y Reino Unido. El proyecto adopta un modelo de órgano especializado autónomo, pero establece la obligación de coordinación tanto con el INDH como con otras entidades de protección de derechos humanos, para asegurar la protección y promoción integral de estos derechos.
¿Cuáles son los elementos más importantes de este proyecto?
Se crea una corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
En cuanto a las funciones, podemos decir que se encarga de la difusión, promoción y protección de los derechos de que son titulares los niños, las niñas y los adolescentes que se encuentren dentro del territorio de la república respecto de órganos del Estado y personas jurídicas de derecho privado que tengan por objeto principal la promoción y protección de los derechos de niños y niñas.
Se trata de un órgano revestido de auctoritas y no de potestas; la incidencia y la eficacia de sus recomendaciones derivan de la objetividad e independencia con que desarrolle sus actuaciones. Su actividad -reitero- es de influencia, carece de competencias de control vinculante, como las de los órganos que ejercen jurisdicción.
Los principios que inspiran su actuar son el interés superior del niño, el derecho a ser oído y la autonomía progresiva.
¿Cuáles son las funciones y atribuciones específicas?
Primero, de difusión, es decir, recepción, facilitación y difusión de la opinión de niños y niñas.
Segundo, de promoción, esto es, elaborar informes y recomendaciones, actuar como amicus curiae ante tribunales, promover el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño y la adhesión o ratificación de tratados e instrumentos internacionales sobre la materia.
Tercero, de protección. En otras palabras, observa y hace un seguimiento a la actuación de los órganos de la Administración del Estado o personas jurídicas de derecho privado que tengan por objeto la promoción o protección de derechos de los niños o las niñas; visita de centros de privación de libertad para niños o de protección; denuncia vulneraciones a los derechos de los niños, etcétera. Y en caso de delitos, debe denunciarlos. Si se trata de delitos de lesa humanidad, además, debe ponerlos en conocimiento del INDH. Excepcionalmente, puede deducir querella en ciertos delitos que causen alarma pública, por ejemplo, los más graves: sustracción de menores, delitos contra la integridad sexual, homicidio, infanticidio y lesiones corporales. Esto es muy importante. Recordemos que el SENAME perdió la facultad de ser querellante, si no me equivoco, el año 2002.
En cuarto lugar, debe colaborar con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en el ámbito de sus competencias, en la elaboración de los informes para ser presentados ante organismos internacionales.
¿Cómo se nombra al Defensor?
Lo designa el Senado a propuesta del Consejo Directivo del INDH , aprobándose con un quorum de mayoría simple. Algunos Senadores plantearon en la Comisión que les gustaría que hubiera un quorum especial, de dos tercios, de tres quintos. Esto probablemente será materia de discusión en particular.
Se crea un Consejo Consultivo que asesora al Defensor en cuestiones de su competencia que requieran el pronunciamiento de la sociedad civil. En él se considera la participación de representantes de la sociedad civil (hay muchas ONG, como el Bloque por la Infancia), organizaciones de niños y niñas, universidades reconocidas por el Estado y acreditadas, etcétera.
¿Cómo se selecciona al personal de la Defensoría? A través de la Dirección del Servicio Civil, por el mecanismo de Alta Dirección Pública. ¿Para qué? Para que exista meritocracia y la gente más competente ocupe estos cargos.
No quiero entrar en el detalle, pero entre los requisitos más importantes que se le exigirán al Defensor se encuentran el tener experiencia en temas de infancia, un título profesional, más de cinco años de ejercicio.
El señor Ministro Secretario General de la Presidencia , Nicolás Eyzaguirre , estuvo presente liderando este proyecto. Aprovecho de hacerle un reconocimiento, porque, en algún minuto, no había claridad de si el Gobierno lo iba a impulsar o no. Él ayudó, junto con Estela Ortiz y muchas otras personas, a que se tomara la decisión de enviarlo y, de ese modo, pagar esta deuda histórica con los niños de Chile, lo que Naciones Unidas nos está pidiendo de manera permanente.
También participó la representante de UNICEF en Chile, señora Hai Kyung Jun, quien estuvo muy de acuerdo con este proyecto.
Se contó con distintos asesores, del Gobierno, de parlamentarios, de instituciones que respaldaron la iniciativa. Pido excusas por no nombrarlas a todas.
Debo reconocer que faltó la intervención del representante de una ONG que trabaja con la infancia. Y una señora Senadora, con toda razón, me hizo presente esto, y yo estuve de acuerdo con ella en la Comisión. Pero nosotros habíamos acordado votar a principio de la última sesión y ese acuerdo fue unánime, y para cambiarlo se requería unanimidad. Como señalé, faltó que expusiera un representante de las ONG proinfancia.
Si hoy lo aprobamos en general, que es lo que corresponde -ojalá sea así-, nos comprometemos a escuchar al representante de dicha ONG que aún debe exponer su punto de vista en materia de infancia.
Reitero: este es un proyecto relevante.
Cuando en Chile un consumidor tiene problemas y sufre abusos recurre al SERNAC.
Cuando a un trabajador no le respetan los derechos laborales se dirige a la Inspección del Trabajo.
¿A qué órgano independiente recurrimos cuando no se respetan los derechos de los niños en Chile?
No existe esa instancia, y ahora habrá una.
En nuestro continente, solo Chile y Uruguay no tienen defensor del niño.
Si aprobamos este proyecto -ahora solo nos pronunciaremos en general-, vamos a tener Defensor y, en consecuencia, habremos dado un paso importantísimo para defender los derechos de los niños.
Repito: hubo muchas mociones. Algunas las presentamos con el Senador Letelier, con el Senador Quintana; otros colegas también formularon propuestas sobre esta materia. Pero necesitábamos el patrocinio del Ejecutivo. Por eso agradecemos a la Presidenta de la República el haber enviado este proyecto. Después veremos, si se aprueba en general, un plazo para presentar indicaciones, de modo de pronunciarnos respecto de modificaciones que algunos vamos a proponer.
Muchas gracias por su informe, señor Senador.
Señor Presidente , ¿puede abrir la votación?
¡No, no, señor Presidente!
Pero que se abra la votación.
Antes de darles la palabra a un par de Senadores que me la han solicitado, quiero hacer presente que está inscrita la Subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia.
¿Les parece si escuchamos a la señora Subsecretaria y después retomamos las intervenciones de Sus Señorías?
¿Me permite plantear un punto reglamentario, Señor Presidente?
Tiene la palabra el Senador señor Prokurica, para referirse a un asunto de Reglamento.
Señor Presidente , como usted sabe, habitualmente yo me opongo a que funcionen Comisiones en forma paralela con la Sala.
Sin embargo, como hay Comisiones Mixtas presididas por Diputados, varios señores Senadores nos vamos a tener que retirar para asistir a ellas.
En consecuencia, les pido, por favor, si es posible abrir esta votación.
¿Les parece que abramos la votación, atendiendo a las razones expuestas por el Senador señor Prokurica?
El señor PÉREZ VARELA.- No, señor Presidente.
El señor LAGOS (Presidente).- No hay acuerdo.
Volveré a recabar la unanimidad de la Sala más adelante, Senador señor Prokurica. Entiendo su predicamento.
La señora SILVA (Subsecretaria General de la Presidencia ).-
Señor Presidente , muy buenas tardes.
Sin duda, venimos a presentar un proyecto muy interesante, importante, en materia de Defensoría de los Derechos de la Niñez.
Este es un nuevo paso en favor de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.
En 1990 el Estado de Chile ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, comprometiéndose a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de cualquier índole necesarias para propender a dar efectividad a los derechos reconocidos en la Convención.
A veces se nos olvida, pero la verdad es que desde entonces nuestro país ha tomado diversas medidas en esta dirección.
-Igualdad de filiación;
-Obligatoriedad de enseñanzas parvularia y secundaria;
-Subsistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo;
-Fortalecimiento de la protección a la maternidad;
-Política Nacional de Niñez (2000-2010);
-Justicia especializada en materias de familia, y
-Ratificación de protocolos facultativos de la Convención relativos a la participación de niños en conflictos armados (2003) y a la venta de niños, prostitución infantil y utilización de niños en la pornografía (2003).
Más recientemente, durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet , contamos con la elaboración y aprobación de la Política Nacional de Infancia 2015-2025.
En 2015 ingresa al Parlamento el proyecto que crea el Sistema de Garantías de Derechos de la Niñez, que permitirá institucionalizar las funciones necesarias para asegurar el respeto, promoción y protección del desarrollo físico, mental, espiritual, moral, cultural y social de niños y niñas.
También, considera a la Defensoría de los Derechos de la Niñez entre las instituciones participantes en el sistema.
Además, este año ingresó el proyecto de ley sobre creación de la Subsecretaría de la Niñez, que incorpora un nuevo objeto -velar por los derechos de los niños con el fin de promover y proteger su ejercicio- y nuevas funciones al Ministerio de Desarrollo Social.
Asimismo, crea la Subsecretaría de la Niñez y dos nuevos órganos de participación social: el Consejo de la Sociedad Civil de la Niñez y el Consejo Nacional de los Niños.
Este proyecto, señor Presidente , propone avanzar un paso más con la creación de una institución nacional de derechos humanos autónoma, que vele por la difusión, promoción y protección de los derechos de los niños y las niñas por parte tanto de los órganos del Estado como de las personas jurídicas de derecho privado vinculadas a estas materias.
Del mismo modo, otorga protagonismo y visibilidad a una temática que tiende a diluirse frente a la amplitud de problemas que se generan en el ámbito de los derechos humanos.
Valga rescatar que la elaboración de la iniciativa que ocupa a esta Sala se ha generado con muchísima participación de la ciudadanía organizada vinculada a las temáticas de la niñez, y también, con el alto interés de los parlamentarios y parlamentarias, especialmente a través de mociones que se recogieron y que dieron lugar al texto que presentamos.
El Gobierno espera que este proyecto sea aprobado en general por Sus Señorías esta tarde.
Señor Presidente , quiero comenzar mi intervención diciendo que esta iniciativa es necesaria. Sin embargo -y así lo vimos en la Comisión-, me parece que aún tiene muchas falencias. Y, desde esta perspectiva, me preocupa.
En efecto, inicialmente se había adoptado el acuerdo de escuchar a las organizaciones de la sociedad civil. Pero ello no ocurrió a cabalidad. Tanto es así que los miembros de la Comisión recibimos una carta de la Asociación Gremial de Instituciones de Infancia y Adolescencia, que reúne a todas las agrupaciones del sector, mediante la cual pide por favor ser escuchada.
Me parece que en un proyecto de esta naturaleza, que se votará en general y tendrá un plazo para formular indicaciones, es necesario que la sociedad civil, que está trabajando en esta materia, sea escuchada.
Ahora bien, yo iba a pedir segunda discusión para ver la factibilidad de oír a la sociedad civil. Estimo del caso que las organizaciones que están detrás de esta iniciativa puedan dar su opinión, pues el respaldo no es transversal.
¿Y ello por qué? Porque si bien este proyecto constituye un paso fundamental, al punto que el Senado creó una Comisión Especial para sacarlo de la de Constitución y acelerar su tramitación, el apuro en su despacho, a mi entender, no puede ir contra el beneficio de que se trata.
Cuando hay organizaciones que solicitan ser escuchadas porque no están de acuerdo y piensan que sus opiniones...
No es que no estén de acuerdo.
... pueden influir en las indicaciones que presentemos, considero indispensable abrir espacios suficientes para oírlas.
Esas organizaciones no tienen color político; son transversales y han estado vinculadas a esta materia; no persiguen fines de lucro; no tienen un interés especial: solo les importa que las cosas se hagan bien.
Por tanto, considero necesario, antes de abrir plazo para formular indicaciones, dar un espacio para escuchar a esas agrupaciones.
Si eso se logra a través de la segunda discusión, se pide. De lo contrario, el Presidente de la Comisión solicitará el tiempo requerido para tal efecto.
Cuestión de Reglamento.
Señor Presidente , desde el punto de vista reglamentario, ya expliqué que había un acuerdo unánime de la Comisión para votar este proyecto en la última sesión. Por desgracia, se acabó el tiempo y la persona que iba a exponer, quien representaba a las organizaciones a que se refirió la Senadora Van Rysselberghe, no alcanzó a hacerlo.
Nosotros estamos en condiciones de asumir el compromiso de que en la próxima sesión en que la Comisión vea el proyecto de ley sobre Defensoría de los Derechos de la Niñez, antes de empezar a analizar las indicaciones, y para acoger lo dicho por la Senadora Van Rysselberghe, que yo comparto, se escuche a esas organizaciones. Porque los puntos de vista que van a plantear se relacionan con algunos cambios que ellas quieren introducir a la iniciativa, los cuales, por cierto, pueden concretarse a través de indicaciones.
Entonces, la idea es que escuchemos a las referidas entidades, e incluso antes de que venza el plazo para presentar indicaciones.
Creo que podemos asumir ese compromiso.
Mi sugerencia es dar un plazo suficientemente amplio como para garantizar la concreción de las audiencias que quedaron pendientes.
Después fijaremos la fecha exacta.
¿Habría acuerdo ahora para abrir la votación?
Señor Presidente , estimados colegas, a mí me gustaría sincerar un poco la conversación en torno a la defensoría de la infancia.
Ninguna de las entidades que asistieron a la Comisión estuvo en contra. Por ende, era inoficioso seguir en una discusión general, continuar debatiendo sobre algo en lo que todos estábamos de acuerdo: la importancia de que existiera la institución en comento.
En el mundo hay diferentes modelos sobre defensoría de la infancia. En nuestro país, el Gobierno optó por uno de ellos. Es un modelo que permite la existencia de una corporación autónoma de derecho público; que forma parte de la institucionalidad de los derechos humanos y que promueve estos derechos y los protege; que tiene un rol societal especializado, a diferencia del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que abarca el conjunto de temas y -yo diría- hace el seguimiento de los convenios que ha suscrito nuestro país en el ámbito de los derechos de la infancia.
Se destaca esta especificidad por razones muy concretas. Porque se trata de una población que tiene particularidades debido a su vulnerabilidad: son sujetos de derecho de acuerdo a la Declaración de los Derechos del Niño, pero no poseen todos los atributos para ejercer sus derechos en forma adecuada, y menos para garantizar el resguardo de estos.
Este es un modelo que no asume la representación jurisdiccional de los menores en todos los casos. Esa representación es ¡excepcionalísima! Y quiero subrayarlo: ¡excepcionalísima!
Eso es parte del debate que habrá de realizarse para determinar en qué situaciones particulares se asumirá tal representación.
Señor Presidente, este proyecto ha sido muy discutido: se ha debatido durante décadas.
En tal sentido, quiero decir que, como país, estamos tremendamente atrasados en su debate.
Existe una red muy importante de instituciones, muchas de ellas dependientes del financiamiento público, que han acompañado la discusión. Varias se encuentran vinculadas al tema de la protección de la infancia, en que, sin duda, tenemos bastante que aprender acerca de cómo el Estado puede hacer mejor su trabajo para resguardar derechos que las familias no son capaces de garantizarle a la infancia y respecto de los cuales el Estado actúa en forma supletoria.
Es muy importante el aprendizaje que nos puedan dar los referidos entes.
Hay otras instituciones de la sociedad civil que quieren aportar.
Al respecto, yo debo decir que las puertas de la Comisión están abiertas.
La verdad es que, a mi entender, en esta materia se ha planteado una cuestión un tanto artificial.
La Comisión escuchará a todas las instituciones involucradas
Empero, esta es una materia sobre la cual hay cierto consenso. Y por ello algunos de nosotros no éramos partidarios de que se dilatara más la votación en general.
Yo soy de aquellos que pidieron que se cumpliera la palabra en cuanto al instante de emitir pronunciamiento. Y lamento que un Senador que me antecedió en el uso de la palabra considerara una desgracia el hecho de que uno haya querido que se votara pronto y que se recogieran las opiniones específicas durante el debate en particular.
¿Por qué lo digo, señor Presidente ? Porque la institución que se va a generar guarda relación con un modelo que tiene mucho que ver con la realización de un seguimiento y el acopio de información para ver cómo el sistema de Naciones Unidas evalúa el comportamiento de las políticas públicas en cuanto al cumplimiento de lo que dice la declaración universal sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
A este Congreso le corresponde generar cuanto antes esta institucionalidad, pues, en el caso que nos ocupa, lo perfecto es enemigo de lo bueno.
Considero muy importante -y, por intermedio de la Mesa, lo planteo a la representante gubernamental, la Subsecretaria General de la Presidencia , quien está en la Sala- que el Ejecutivo precise -este es el tema- qué modelos complementarios de la institucionalidad de la infancia se van a generar, por cuanto la Defensoría de los Derechos de la Niñez, que es muy significativa, mañana deberá velar por aquello que hoy está debatiendo la Cámara de Diputados sobre los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes en nuestra sociedad: cuáles son las garantías que el Estado les va a dar a unos y otras.
Estamos, por así decirlo, discutiendo simultáneamente varios proyectos en cuanto a la nueva institucionalidad de la infancia, ámbito en el que tenemos una deuda. El de la Defensoría es uno; pero resulta imposible debatirlo sin tener claro cuáles van a ser los derechos que el Estado garantizará a cada niño, niña y adolescente.
En esta materia, entonces, es muy relevante que el Gobierno nos adelante juicios sobre la institucionalidad. ¿En cuanto a qué? En cuanto a quiénes van a asumir la defensa de los niños, niñas y adolescentes cuando el Estado violente sus derechos.
¿Vamos a generar al alero del Defensor de la Niñez , como lo hacen otros países, la defensa jurídica de los niños, niñas y adolescentes que vean violentados sus derechos?
¿Vamos a crear una Defensoría de la Niñez parecida a la Defensoría Laboral, en forma absolutamente autónoma (entiendo que esa es la opción del Ejecutivo hoy en día; y probablemente en tal estructura habrá que discutir qué pasa con la Oficina de Protección de Derechos del Niño, Niña y Adolescente -OPD-, que ya existe en la gran mayoría de las comunas de nuestro país?
Este debate, señor Presidente, es muy importante para precisar las indicaciones que vamos a formular. Porque, en este plano, en el debate hay quienes se confunden sobre cuál es el modelo que adoptaremos.
Yo entiendo que no vamos a optar por un modelo en que la representación judicial de los niños, niñas y adolescentes se da al interior de la Defensoría; que, si bien se usa el mismo concepto de defensoría legal, la representación va a ser otra institucionalidad.
Por ello, señor Presidente , aunque ya estamos en votación, estimo importante para la historia de la ley que el Ejecutivo precise con claridad este punto, para que en el debate particular podamos entender que la institucionalidad que estamos creando -una corporación autónoma de derecho público, con potestades concretas- puede entablar juicios o representar a la infancia de nuestro país solo en casos excepcionales y no en la multiplicidad de situaciones de atropello a los derechos de los niños, niñas y adolescentes que, por desgracia, se registran a diario.
Considero relevante que el Congreso Nacional, y en particular el Senado, adopte un compromiso sobre los ritmos de este proyecto, pues los únicos que pierden con la dilación de su despacho a raíz de una discusión autocomplaciente son los niños, niñas y adolescentes de nuestro país que necesitan esta institucionalidad cuanto antes, así como requieren que el Parlamento, de una vez por todas, establezca cuál es el marco de los derechos fundamentales que se les van a reconocer a los niños, niñas y adolescentes de la sociedad chilena.
Reitero que voy a votar a favor. Y yo haría una reflexión sobre la disposición de escuchar a todos los que quieran aportar. Pero creo que hoy, con el nivel de consenso existente en nuestra sociedad, este tipo de instituciones deben aportar propuestas concretas, indicaciones específicas, entendiendo que aquí hay un modelo cuyo financiamiento depende exclusivamente de las decisiones del Ejecutivo.
A tal efecto el Presidente del Senado planteó un plazo extenso para presentar indicaciones:...
... al objeto de escuchar. Es precisamente lo que Su Señoría ha señalado.
Usted, señor Senador , hizo una precisión bastante válida. Porque a quienes estuvimos en la Comisión no nos pareció haber oído ninguna insinuación de alguno de los miembros de la sociedad civil en cuanto a votar en contra de este asunto de la Defensoría de la Niñez.
Señor Presidente , Honorable Sala, estamos frente a un proyecto de ley absolutamente necesario, que se relaciona con la necesidad de poner al día nuestra legislación protectiva de la infancia, y particularmente del interés superior del niño.
Esta iniciativa se ha esperado largamente. La pedimos, por ejemplo, parlamentarios sensibles a los problemas de los niños, quienes, además, constituimos la Comisión de Infancia del Senado y hemos señalado que hay un grupo importante de proyectos de ley prioritarios y que necesitaban un fast track.
En tal sentido, con los Senadores Patricio Walker, Letelier, Navarro y Ossandón, entre otros, hemos estado especialmente preocupados de empujar una agenda que permita sacar adelante una política nacional de infancia. Y esa política debe sustentarse en una serie de proyectos de ley.
Uno de ellos es el que crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez, entendida como una corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, lo que resulta interesante, ya que, en esta materia, se ajusta a estándares internacionales.
Nosotros hemos dicho que estamos de acuerdo con la idea de legislar. Y esperamos que en la discusión particular se mejore una serie de disposiciones.
Por ejemplo, si bien el Defensor , como Director del servicio, es nombrado con acuerdo del Senado, adoptado por mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, a proposición del Instituto Nacional de Derechos Humanos, previo concurso público, estimamos que debería exigirse un quorum más alto para materializar su designación.
Por otra parte, el personal que cumple las funciones de la Defensoría se regirá por las normas del Código del Trabajo. Sin embargo, se le aplicarán diversas normas que rigen a los funcionarios públicos, tales como cumplimiento de la Ley de Probidad y de la Ley de Lobby; declaración de patrimonio e intereses.
A su vez, quienes tengan la calidad de directivos deberán ser seleccionados conforme a las normas de la Alta Dirección Pública.
Consideramos que este tipo de organización jurídico-institucional, con un sistema híbrido de preceptos, no es el más adecuado. Por tanto, nos parece que debiera optarse por la aplicación de una normativa plena de servicio público regido por las disposiciones generales de los entes adscritos a dicha estructura orgánica.
A lo anterior quiero agregar que, considerando que para remover al Defensor se requiere la intervención de la Corte Suprema, según lo establece el artículo 13 del proyecto, esta norma ha de consultarse al máximo tribunal, teniendo presente que se trata de una materia que incide en las atribuciones de los tribunales, conforme lo prescriben el artículo 77 de la Constitución Política y el artículo 16 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
Por ello, vamos a aprobar la idea de legislar. Hemos empujado el despacho de este proyecto, en el entendido de que en la discusión particular deberán perfeccionarse algunas de sus normas.
Solo me queda reiterar que se requiere generar una política nacional de infancia. Y esa política debe estar circunscrita a un cúmulo de preceptos y orgánicas que permitan materializar los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Nosotros somos partidarios de efectuar algunos ajustes. Por ejemplo, a las normas reguladoras de los procedimientos en los tribunales de familia.
Somos partidarios de generar la distinción del SENAME entre los menores infractores de ley y los vulnerados en sus derechos. El proyecto respectivo incluso estuvo afinado durante el primer mandato de la Presidenta Bachelet y lo encabezó el Subsecretario señor Jorge Frei . En definitiva, ni ese Gobierno ni el del Presidente Piñera tuvieron la valentía y audacia de avanzar en esa dirección.
Finalmente, somos partidarios, por supuesto, de adelantar en la iniciativa en debate, que crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez, como también en la que establece la protección general de la infancia. En ese mismo sentido, esperamos que sean objeto de la prioridad legislativa.
El texto que nos ocupa va a ser empujado, por lo menos, desde la Comisión Especial de proyectos relacionados con niños y adolescentes, lo que igualmente tendría que hacerse extensivo a aquellos que sancionan con mayor rigor los maltratos a menores de edad, además de evitar la revictimización en los casos de abuso.
Se aguarda el despacho de esta y de otras iniciativas, porque Chile necesita urgentemente una legislación protectora de los derechos de la infancia. Los niños no pueden seguir esperando.
Se deduce de las palabras de Su Señoría que vota a favor, ¿no es cierto?
Puede intervenir la Honorable señora Van Rysselberghe.
Señor Presidente , tal como lo dije hace un rato, a mí me parece un buen proyecto, en términos generales, el tendiente a progresar hacia una institucionalidad que constituya la Defensoría del Niño. Sin embargo, no es que estuviéramos confundidos en las reuniones que sostuvimos con el Ejecutivo: lo que sucede es que nuestra opinión es diferente.
Creo que la Defensoría no puede ser solo observadora. Para eso tenemos al Instituto Nacional de Derechos Humanos, que puede especializar en infancia una de sus áreas. Lo que necesitamos es resguardar que los derechos de los niños no se vulneren, pero al mismo tiempo la capacidad de defender a los afectados. En la actualidad sucede que en algunas situaciones la infracción proviene del Estado.
El órgano en examen debiera contar con la atribución de asumir la defensa por lo menos en los casos emblemáticos en que tiene lugar una muerte. La voluntad del Ejecutivo no es hoy día la de entregar esta posibilidad. Lo preguntamos expresa y directamente en más de una ocasión, y no media la intención de que el Defensor del Niño cumpla en verdad la función que indica su nombre. Lo que se quiere es una institucionalidad similar a la del Instituto de Derechos Humanos que vigile los derechos de los niños y que de alguna manera ello sí sirva como guía de políticas públicas o de opinión en relación con distintos aspectos.
Esta es la razón por la cual se expuso una posición distinta. Hubo abogados que plantearon la necesidad de proporcionarle al Defensor herramientas para que pudiera asumir la representación jurídica de menores que, además, son vulnerados en sus derechos.
¡Si no necesitamos una Defensoría que vele por los no vulnerados! ¡Necesitamos una que proteja a los niños y no estamos asignando las herramientas necesarias! ¡No existe -dicho por el Ejecutivo expresamente en la Comisión- la voluntad de avanzar en ese terreno!
Este es el motivo por el cual no votaré a favor, ya que creo que el proyecto tiene que ser completo. No lo rechazaré, porque me parece que está bien encaminado; pero estimo, con sinceridad, que es francamente deficitario y que se requiere la voluntad política de avanzar en el sentido señalado.
Así que, con el dolor de mi alma, voy a abstenerme, porque me hubiera encantado votar a favor y que hubiese una Defensoría que resguardara de verdad a los niños vulnerados, pero, lamentablemente, la iniciativa no se halla orientada en esa dirección.
No cabe la menor duda de que el proyecto es de la mayor importancia. Ya hemos visto en estos días cómo los problemas que afectan a menores de edad -niños y adolescentes- han sido objeto de mucho cuestionamiento por las dificultades para cautelar debidamente sus derechos. Lo que ocurre en el SENAME es una muestra grave de que estos últimos no están siendo debidamente resguardados en el actual sistema.
En consecuencia, juzgo que debemos avanzar en dicha línea, y, por cierto, la iniciativa es un muy buen paso en esa dirección.
Sin embargo, he recibido copia de una carta en que la Asociación de Instituciones de Infancia y Adolescencia, grupo de entidades colaboradoras en actividades relacionadas con menores, hace presente su inquietud, como ya se ha hecho notar, por no haber tenido la debida oportunidad de dar a conocer todos sus puntos de vista.
Es cierto que aquí se ha dado un plazo mayor para que finalmente puedan ser escuchadas antes de iniciarse el trabajo de la discusión particular, pero no es el procedimiento regular cuando se quiere tomar una decisión. En efecto, es importante contar con una opinión antes, en la discusión general, para poder formarse un mejor juicio sobre esa base y, a partir de ello, hacer presente a través de indicaciones, junto con las demás personas e instituciones que han participado dando su parecer en la Comisión, cómo se recogen las inquietudes presentadas acerca del proyecto.
Voy a abstenerme de votar por esa razón, en señal de respeto por dichas instituciones, que han reclamado un mayor tiempo y expresan no haber sido escuchadas. Pienso que este es un antecedente importante en las definiciones que debemos tomar como Senado.
No obstante, como lo he manifestado en otras oportunidades soy un acérrimo defensor de la existencia de la iniciativa.
Señor Presidente , al igual que durante todo el proceso de audiencia previo, la Defensoría de la Niñez va de la mano con al menos dos proyectos muy sustantivos y estructurales, institucionales: el de garantía de los derechos de la niñez, que se halla en la Cámara de Diputados, y el de la Subsecretaría de la Niñez, que está iniciando su trámite en el Senado.
Resulta claro que la definición no es la de una defensoría penal en términos de realizar las acciones propias de tal institución, sino que más bien se trata de una corporación a la que le corresponderá un conjunto de deberes, pero no la defensa directa de niños que puedan estar afectados por la violación de sus derechos.
Textualmente, se dispone que "La Defensoría de la Niñez no podrá pronunciarse sobre un asunto que se encuentre en trámite ante los Tribunales de Justicia o ante el órgano de la Administración del Estado competente".
Sin embargo, podrá intermediar o servir de facilitadora, observar y hacer el seguimiento de una acción, requerir antecedentes o informes, emitir informes y recomendaciones, denunciar vulneraciones y actuar como amicus curiae.
En definitiva, la entidad que nos ocupa no es -repito- como la Defensoría Penal, que puede abocarse a una actuación ante los tribunales. No. Claramente, en el contexto de la propia normativa, se establece que no podrá hacerlo si hubiere juicios pendientes.
Por lo tanto, estamos creando un órgano que será un facilitador, un mediador, un denunciante, pero no un defensor. O sea, no contará con la capacidad de disponer de un equipo de abogados que podrá asumir una defensa ante los tribunales. Son los otros servicios del Estado, tal como lo determina el texto, los que deberán hacerlo.
Considero que la Defensoría, por sí sola, no va a ser suficiente. Se requieren una ley de defensa de los derechos del niño y una Subsecretaría de la Niñez que pueda llevar a que esta figura, que será acordada con la participación del Senado -y eso es muy importante-, dé garantías de autonomía, de pluralidad y de independencia en su gestión.
Lo que hemos conocido hasta ahora con la crisis del SENAME es una responsabilidad transversal a lo largo del tiempo. Sería difícil poder responsabilizar a un Gobierno en particular de la grave crisis que tiene hoy día a miles y miles de niños en riesgo vital, como lo ha dicho el propio organismo.
Y no cabe olvidar, por cierto, una crisis política en la que algunos han preferido dirigirse constitucionalmente contra la Ministra de Justicia . ¡Se han presentado dos acusaciones! No recuerdo, al menos en el período que me ha tocado ser parlamentario, dos imputaciones simultáneas, con el mismo objetivo, en contra del titular de una Cartera
Estos proyectos nos permiten focalizarnos en lo esencial: los niños. La preocupación de todos debiera ser el bien superior de ellos, como lo establece la iniciativa. Pero, en los hechos, existen una Comisión investigadora del SENAME y dos acusaciones constitucionales.
A mi juicio, el texto en análisis presenta la virtud, efectivamente, de centrarnos en discutir la institucionalidad, los derechos de la niñez, la Defensoría de la Niñez, la Subsecretaría de la Niñez y la ley de garantías de los derechos de la niñez. Es por eso que vamos a votar favor.
El debate será crucial en materia presupuestaria. Deseo recordar que cuando el Ministro señor Valdés asistió a la Comisión de Derechos Humanos, que presido, le pregunté cuánto gasta el Estado en cada niño en estado de vulnerabilidad y dónde se halla el indicador pertinente, ante lo cual tuvo que reconocer que no se sabe hoy cuánto se destina a protección por ese concepto. No existe un indicador.
Me parece que el conjunto de estas normativas -y en particular aquella de la cual se trata- podrá orientar la definición por el Estado de la destinación de los recursos necesarios y en especial la centralidad en la defensa de los derechos de los niños.
La situación política de las dos acusaciones más la Comisión investigadora contribuyen poco o casi nada, en mi opinión, al objetivo.
Este es el debate real, al que me sumo gustoso.
--Se aprueba en general el proyecto, dejándose constancia, para el efecto del quorum constitucional exigido, de que se registran 22 votos a favor y 5 abstenciones, y se fija plazo hasta el lunes 3 de octubre próximo, a las 12, para presentar indicaciones.
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz y Lily Pérez y los señores Araya, Chahuán, García, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Letelier, Navarro, Ossandón, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Tuma, Ignacio Walker y Patricio Walker.
Se abstuvieron la señora Van Rysselberghe y los señores Coloma, García-Huidobro, Hernán Larraín y Moreira.
Tiene la palabra la señora Subsecretaria por si acaso desea entregar alguna opinión acerca del texto que se acaba de sancionar.
Señor Presidente , me parece importante aclarar por lo menos el punto más mencionado en las distintas intervenciones: la naturaleza y el carácter de la entidad que se está creando.
Se trata de un órgano defensor de carácter persuasivo.
Básicamente, sus funciones y atribuciones específicas dirán relación con la difusión, y eso implica la recepción, facilitación y difusión de la opinión de los niños.
A lo anterior se agrega la promoción: elaborará informes y recomendaciones, actuará como amicus curiae ante los tribunales y promoverá el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño.
En cuanto a la protección, observará y hará un seguimiento de la actuación de órganos de la Administración del Estado o de personas jurídicas de derecho privado que tengan por objeto la promoción o protección de los derechos del niño; visitará centros de privación de libertad o de protección, y denunciará la vulneración de los derechos de los menores.
En caso de delitos, deberá denunciarlos. Si fueren de lesa humanidad, los pondrá en conocimiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Excepcionalmente podrá querellarse en relación con ciertos ilícitos causantes de alarma pública, que son los más centrales, tales como sustracción de menores, delitos contra la integridad sexual, homicidio, infanticidio y lesiones corporales.
Además, deberá colaborar con dicho Instituto, en el ámbito de sus competencias, para la elaboración de informes ante organismos internacionales.
Quería hacer presente, en el marco de lo aprobado en general, que para el modelo elegido por el Gobierno se revisaron varias instituciones a nivel comparado -de Argentina, Colombia , Noruega , Perú, en fin-, y se optó, finalmente, por un órgano más bien persuasivo, sin duda protector, pero que no es una corporación de asistencia judicial. Lo menciono para contrastarlo con alguna institucionalidad chilena. Esa no ha sido la idea. Pero sí podrá accionar como denunciante en casos de gran impacto o conmoción pública. Ello dice relación con situaciones excepcionales. Este es el criterio que se ha seguido, para aclarar lo relativo al patrocinio o a la representación judicial, en concreto, ante la vulneración en la situación de niños.
Ojalá lo anterior sea más aclaratorio para la discusión particular a que será sometido el proyecto.
Muchas gracias a usted, señora Subsecretaria.
Sin duda que todas las intervenciones han contribuido a esclarecer las dudas planteadas.
Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 15.076, para fortalecer el proceso de ingreso y formación en especialidades médicas y odontológicas, y la ley N° 19.664, a fin de otorgar beneficios al personal afecto a dicho texto legal, con informe de la Comisión de Salud y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.490-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Salud: sesión 43ª, en 30 de agosto de 2016.
El objetivo principal del proyecto es mejorar las condiciones laborales del personal médico profesional, incluidos odontólogos, quimicofarmacéuticos y bioquímicos,...
--(Una señora Senadora y varios señores Senadores exhiben un cartel acerca de la situación política en Brasil).
¡Empezó el show...!
... tanto en su etapa de formación en especialidades como en el desempeño de su carrera funcionaria, en lo referido a incentivos y remuneraciones.
¡Han salido tan poco en la prensa...!
¡Es su oportunidad, señor Senador ...!
La Comisión discutió el proyecto solo en general, acogiendo la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros, Honorables señoras Goic y Van Rysselberghe y Senadores señores Chahuán, Girardi y Rossi.
¿Qué hace ahí, Honorable colega Allende? ¡La noto incómoda...!
¡El Senador señor Navarro está manejando a la Nueva Mayoría...!
Pido guardar silencio.
Tiene la palabra la Honorable señora Goic para entregar el informe de la Comisión de Salud.
Señor Presidente , la iniciativa se originó en un protocolo de acuerdo suscrito inicialmente con el Colegio Médico en el año 2015. Sin embargo, el proyecto fue reformulado posteriormente con el objetivo de incorporar en sus efectos a los demás profesionales que forman parte de la ley médica, es decir, a bioquímicos, quimicofarmacéuticos y cirujanos dentistas, como había ocurrido en otras modificaciones legales del mismo tipo.
El articulado respeta el convenio, a partir del cual se determinaron nuevas condiciones y mejoras remunerativas basadas en la equidad para todos los profesionales funcionarios. Ello se tradujo en:
-Desarrollo del recurso humano en los diferentes niveles en salud, desde la atención primaria hasta el terciario, en cantidad y distribución apropiadas y suficientes.
-Fortalecimiento de especialidades básicas y de las consideradas en falencia en los servicios.
-Establecimiento de condiciones que incentiven el ingreso y la permanencia de profesionales funcionarios y especialistas.
-Formación y educación continuas de recursos humanos.
-Perfeccionamiento de la carrera funcionaria para lograr una integralidad en la atención.
En materia de progresos remunerativos y condiciones laborales, el texto aborda dos temas fundamentales: el mejoramiento de las condiciones laborales de los becarios y las modificaciones de la carrera funcionaria.
Respecto del primero de ellos:
-La iniciativa legal busca ampliar estímulos que fortalezcan el proceso de ingreso y formación en las especialidades, de forma de hacer más atractiva la etapa profesional. Con este fin, se crea una asignación especial consistente en un 15 por ciento de un sueldo base mensual, que es equivalente a una jornada diurna de 44 horas semanales de trabajo de acuerdo a lo que establece la ley N° 19.664, que es la que habitualmente sirven los becarios, lo que representa un monto aproximado de 135 mil pesos y fracción. Dicha asignación, imponible y tributable, se va a pagar mensualmente y no va a constituir base de cálculo para ningún otro tipo de beneficio.
-En segundo lugar, se reconoce a los becarios el derecho a sala cuna, dado que, al no poseer la calidad de funcionarios, no podían gozar de este beneficio. Asimismo, se les reconocen los períodos laborados en turnos relacionados con sus programas de formación para efectos de la liberación de guardias luego de 20 años bajo ese régimen.
Respecto de las modificaciones a la carrera funcionaria:
En lo que atañe a la situación de los médicos que actualmente ejercen en el sistema público de salud, la mayoría de los cuales se encuentra en la Etapa de Planta Superior, se contemplan modificaciones relacionadas con la carrera funcionaria.
-Se suprime el concepto de "acreditación por cargo" y se establece que si un profesional funcionario sirviera más de un cargo de planta o a contrata en un mismo Servicio de Salud o en diversos Servicios, será acreditado en uno de ellos con la Asignación de Experiencia Calificada; es decir, ya no deberá recibir distintas y sucesivas acreditaciones dependiendo de los empleos en que se desempeñe. En definitiva, su acreditación será portable y se realizará en un solo lugar.
-Se preserva el reconocimiento del nivel logrado o del goce de la Asignación de la Experiencia Calificada frente a cambios de calidad jurídica y de Servicio de Salud, bajo la sola condición de que no se incremente el gasto.
-Se aborda la situación de aquellos profesionales que, por cualquier causa, han cesado en funciones en los Servicios de Salud, ofreciéndoles la posibilidad de que se les reconozca el nivel y la Asignación de Experiencia Calificada que tuvieron al momento de dicho cese.
-Los tiempos desempeñados como becarios se considerarán como de ejercicio profesional previo para los efectos de poder ser contratados en la Planta Superior al cumplir el cuarto año de devolución del período asistencial obligatorio.
-A aquellos que pasen a desempeñar cargos de la Planta Directiva de un Servicio de Salud se les reconocerá, para efectos de la acreditación, los años servidos como profesionales funcionarios cuando vuelvan a ocupar un cargo de planta; es decir, conservarán su antigüedad.
Es importante destacar el amplio consenso que ha suscitado el presente proyecto de ley gracias al esfuerzo y el trabajo mancomunado de los cuatro gremios de la salud involucrados en la negociación y el Ministerio de Salud.
Quiero destacar que, si bien inicialmente el acuerdo fue solo con el Colegio Médico, todas las gestiones que hicieron los gremios y la propia Comisión permitieron incorporar a los bioquímicos, químicos farmacéuticos y cirujanos dentistas, que era la principal observación que se hacía.
Sin duda, esta iniciativa beneficia a un amplio sector de los profesionales del área de la salud y, por ello, fue aprobada en forma unánime por la Comisión, que recomienda a la Sala proceder en iguales términos y luego establecer un plazo de indicaciones que no vaya más allá del 8 de septiembre, a fin de avanzar rápido en la tramitación del proyecto para que se convierta pronto en ley de la república.
Muchas gracias, señora Senadora, por el informe que ha entregado.
Pido abrir la votación, señor Presidente .
¿Le parece a la Sala abrir la votación, manteniendo los tiempos de intervención de los señores Senadores?
Señor Presidente , Honorable Sala, este proyecto de ley, que ha sido consensuado entre el Gobierno y los gremios, tanto el Colegio Médico como los de los bioquímicos, químicos farmacéuticos y cirujanos dentistas, constituye un relevante avance para poder contar con profesionales de la salud que ofrezcan una atención de óptima calidad y que, por otra parte, perciban remuneraciones acordes a su formación.
Es importante señalar que nosotros encabezamos, junto con los Senadores de la Comisión de Salud, el llamado al Ejecutivo para que incorporara a los bioquímicos, a los químicos farmacéuticos y a los cirujanos dentistas, quienes no estaban contemplados en el proyecto inicial.
Estoy plenamente de acuerdo con sus disposiciones. Creo que debe beneficiarse a los becarios y, asimismo, establecerse un mejor sistema para el proceso de Examen Único Nacional de Conocimientos Médicos, conocido también como EUNACOM, en lo que respecta a las especialidades médicas, ya que es en este campo donde existe una gran brecha que afecta a parte importante de la población.
Nosotros hemos señalado que hay que avanzar en un examen de especialidades. Si se calcularan las brechas de especialistas que hoy día existen en nuestro país, podríamos sostener que, considerando las Regiones Metropolitana y de Valparaíso, tenemos una brecha de 1.800 médicos especialistas, la que podría llegar en todo el país a 3 mil 600, aproximadamente, de acuerdo a los antecedentes que nos ha entregado el Colegio Médico y el estudio que sobre la materia realizaron, entre otros, el consejero nacional del Colegio Médico señor Hugo Reyes .
Por otra parte, se produce una situación bastante compleja respecto de algunos médicos extranjeros que vienen a prestar servicios a nuestro país, como los profesionales uruguayos. En su caso particular, existe un antiguo tratado bilateral en virtud del cual gozan de un sistema especial de validación de títulos. No obstante ello, se les exige rendir el EUNACOM, e incluso se los obliga a cumplir con este requisito para estar afectos al sistema de bonos de FONASA.
Junto con los Senadores señores Navarro y De Urresti hemos iniciado gestiones ante la Subsecretaría de Relaciones Exteriores y la Cancillería en general, así como ante la Ministra de Salud , el Subsecretario de Salud Pública y la Subsecretaria de Redes Asistenciales para plantearles esta situación, que nos parece compleja y que puede dejar en una condición bastante delicada a los 400 médicos chilenos que hoy día están ejerciendo en Uruguay, básicamente por el principio de reciprocidad.
Es por eso que hemos llamado a buscar una fórmula que nos permita establecer un examen de especialidades, distinto del EUNACOM, que posibilite que los especialistas extranjeros no tengan que rendir el Examen Único Nacional de Conocimientos Médicos, puesto que difícilmente un pediatra, después de largos años de ejercicio de su especialidad, tendrá conocimientos de traumatología o ginecología. Por eso es tan importante que el examen sea específico respecto de la especialidad que están ejerciendo.
Finalmente, debe agregarse, como lo expuso en la Comisión el representante del Colegio Médico, que existen situaciones discriminatorias que dan lugar a detrimentos en la carrera funcionaria de los facultativos cuando son trasladados de zona, como es el caso del actual sistema de portabilidad de la acreditación de los médicos.
Hace bastante tiempo presentamos un proyecto de acuerdo sobre el particular y le pedimos al Ejecutivo que lo estudiara. No es posible que una persona con 13, 14 o 20 años de carrera funcionaria sea trasladada a otra zona y deba partir de cero para generar las condiciones necesarias que le permitan eximirse de cumplir, por ejemplo, con los turnos. Es muy importante que no se produzca esta situación de discriminación y sea posible la portabilidad de la acreditación de los médicos en los distintos servicios en los que desarrollen sus labores.
Por ello, estimamos que, si bien se hace necesario aprobar en general este proyecto de ley, es indispensable que continúe funcionando la mesa de trabajo entre el Ministerio de Salud y los gremios profesionales, con el objetivo de mejorar sus disposiciones durante la discusión particular.
Señor Presidente , creo que el informe que entregó la Presidenta de la Comisión de Salud fue bastante claro.
Sin duda, el proyecto va en el camino correcto y cuenta con el apoyo de los gremios. La posición del Colegio Médico fue categórica al respecto. Va a beneficiar a más de 10 mil profesionales que se desempeñan en el sector de la salud pública, que atiende a prácticamente el 80 por ciento de la población.
Yo lo considero muy necesario y muy justo y servirá, precisamente, para incentivar y apoyar la atención de la gente más vulnerable.
Sin embargo, señor Presidente , echo de menos la presencia del Ejecutivo. Este es un proyecto muy importante. Uno de los temas fundamentales que preocupan al país hoy día es la calidad de la salud que está recibiendo nuestro pueblo, fundamentalmente en el sector público.
Este Senado hace unos meses aprobó unánimemente un proyecto de acuerdo, que se le entregó a la Ministra de Salud y que también llegó a la Presidenta de la República , respecto de la situación de los médicos extranjeros que laboran hoy día en el sector público y en el ámbito municipal, especialmente en las zonas rurales.
Muchos de ellos no pudieron dar el EUNACOM. Pero, como son médicos especialistas, lo lógico es que se les realice un examen en la especialidad que ellos ejercen. En ese sentido, se solicitó a la Presidenta de la República y también a la Ministra de Salud el envío de un proyecto de ley con el fin de prorrogar el plazo para que esos profesionales pudieran mantenerse trabajando en nuestro país.
Lo digo, señor Presidente , porque lo mismo le pidió al Gobierno la Asociación Chilena de Municipalidades, y este Parlamento ha estado completamente de acuerdo con la posibilidad de prorrogar dicho plazo para que esos facultativos no abandonen el país.
Yo conozco situaciones bastante complejas. Por ejemplo, en la comuna de Santa Cruz hay médicos venezolanos que se están yendo a naciones que les ofrecen mejores condiciones, como Ecuador y Colombia. ¿Y quiénes resultan afectados? En regiones, cuando un especialista se va se produce una situación tremendamente difícil. Por lo tanto, necesitamos mantener a estos profesionales, que, en general, han tenido muy buena aceptación de parte de los usuarios del sistema de salud en las zonas donde ellos prestan sus servicios.
Insisto, al igual que el Senador Chahuán, en que no podemos permitir que médicos que han venido a Chile a colaborar con nuestro sistema de salud sigan abandonando el país, sobre todo si consideramos que muchos de ellos tienen gran capacidad y se sienten muy cercanos a sus pacientes, a quienes atienden bien. De otra forma, los vamos a perder.
Por eso, pongo énfasis en el envío de un proyecto de ley que les dé tranquilidad, porque el 31 de diciembre de este año vence la posibilidad de que sigan trabajando en el sector público. Y los más afectados, a la larga, serán nuestros usuarios.
Estos médicos están en la incertidumbre, sin saber si podrán continuar trabajando en Chile. Muchos de ellos ya han formado familia o se han asentado en las distintas regiones del país. Y esto, en vez de solucionar un problema, lo único que está haciendo es postergar una decisión que, probablemente, llegará, pero muy tarde. No podemos seguir perdiendo personas que tomaron la decisión de venirse a Chile con la intención de entregar una buena calidad de salud.
Yo no me opongo a que se les realice un examen. Al contrario, estoy absolutamente a favor, pero ese examen debe referirse a la especialidad que ejercen y no ser una prueba de conocimientos médicos generales.
Voy a votar a favor del proyecto, pero lo importante es que los médicos extranjeros sean incorporados y que ojalá el Gobierno actúe con la urgencia necesaria, tal como se lo pedimos a la Presidenta de la República cuando visitó nuestra Región, en la comuna de Peralillo, y a la señora Ministra de Salud , tanto parlamentarios de mi Región como otros integrantes de esta Corporación.
Esperamos que ese proyecto sea presentado lo antes posible, para dar calma a los usuarios; para que no perdamos a médicos que están brindando una buena atención en regiones, y para que, en definitiva, les demos la tranquilidad necesaria a nuestros alcaldes y al sector público de regiones en cuanto a que esos profesionales se quedarán en nuestro país.
--Se aprueba en general el proyecto (18 votos).
Votaron por la afirmativa las señoras Goic y Van Rysselberghe y los señores Chahuán, Coloma, García, García-Huidobro, Girardi, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Quintana, Rossi, Tuma e Ignacio Walker.
¿Puede agregar mi voto a favor, señor Presidente?
Sí. También se deja constancia de la intención de voto favorable de la Senadora señora Lily Pérez.
A continuación, corresponde discutir en particular el proyecto, en primer trámite constitucional e iniciado en moción de los Senadores señor Tuma, señora Pérez San Martín y señores Harboe y Pizarro, que modifica las leyes N°s 19.496 y 19.628 para regular la protección de la vida privada en lo relativo al envío de publicidad, con segundo informe de la Comisión de Economía.
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.133-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señores Tuma, señora Lily Pérez, y señores Harboe y Pizarro):
En primer trámite: sesión 29ª, en 17 de junio de 2015 (se da cuenta).
Economía: sesión 52ª, en 15 de septiembre de 2015.
Economía (segundo): sesión 43ª, en 30 de agosto de 2016.
Sesión 81ª, en 15 de diciembre de 2015 (se aprueba en general).
La iniciativa fue aprobada en general por la Sala en su sesión del 15 de diciembre de 2015.
La Comisión de Economía deja constancia en su segundo informe, para los efectos reglamentarios, de que el artículo 2º del proyecto no fue objeto de indicaciones ni de modificaciones, por lo que debe darse por aprobado, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador , con el acuerdo unánime de los presentes, solicite su discusión o votación.
--Queda aprobado.
La Comisión efectuó diversas enmiendas al texto aprobado en general, todas las cuales fueron acordadas por unanimidad, por lo que deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión respecto de alguna de ellas o existan indicaciones renovadas.
Sus Señorías tienen en sus escritorios un boletín comparado en que se transcriben las modificaciones introducidas por la Comisión y el texto que resultaría de ser aprobadas.
En discusión las enmiendas introducidas por la Comisión de Economía.
Me ha pedido la palabra el Senador señor Moreira.
Señor Presidente , voy a informar el proyecto en mi calidad de Presidente de la Comisión de Economía .
Quiero hacer presente que esta iniciativa surge de una moción presentada por los Senadores señores Harboe , Pizarro , Tuma y señora Lily Pérez .
Su objetivo es actualizar la legislación en materia de protección de los consumidores ante el escenario de desarrollo masivo de la publicidad y de ofertas de servicios no solicitados por ellos, las cuales se efectúan vía telefónica y correos electrónicos privados.
Lo anterior tiene por objeto velar por los derechos fundamentales de los consumidores, como son el respeto a la vida privada, el acceso y uso de números telefónicos y direcciones de correos electrónicos privados, y evitar el envío de información sin su consentimiento y sin regulaciones mínimas que resguarden las horas de descanso y la vida privada de las personas.
La Comisión analizó en particular el proyecto en su sesión del 17 de agosto del año en curso, oportunidad en la que escuchó la exposición de uno de sus autores, el Honorable señor Felipe Harboe .
Esta iniciativa forma parte de la denominada "agenda contra los abusos", que ha sido impulsada también por otros colegas. Hace más de un año el Senado despachó una reforma destinada a consagrar el derecho a la protección de los datos personales con rango constitucional. Tal iniciativa fue conocida e informada, en su oportunidad, por la Comisión de Economía.
Tanto a nivel de tratados internacionales como de legislaciones internas más avanzadas que la chilena, la protección de la vida privada es un tema central.
A nivel nacional, dicha protección está consagrada en el artículo 19, número 4º, de la Constitución Política, y en las leyes N°s. 19.628 y 19.496.
El primer cuerpo legal contiene una normativa respecto al tratamiento general de datos personales, mientras que el segundo, en su artículo 28 B, regula el envío de comunicaciones promocionales o publicitarias a los consumidores y contempla la facultad de estos últimos para solicitar la suspensión de dicho envío.
Sin embargo, la legislación se ha visto superada por nuevas estrategias comunicacionales desarrolladas por el mercado, cada vez más agresivas, con lo cual los derechos esenciales de los consumidores quedan en situación vulnerable.
Con el fuerte crecimiento de la contratación de telefonía fija y móvil y del servicio de conexión a internet, se ha creado en Chile un escenario muy atractivo para las empresas que recurren a los mensajes publicitarios con el fin de ofrecer sus bienes y servicios.
Frente al desarrollo masivo de técnicas que resultan invasivas para la vida privada de los consumidores, se hace necesario actualizar la regulación nacional sobre esta materia.
Así, el proyecto de ley incorpora dentro del listado de derechos básicos del consumidor la protección de su vida privada en sus relaciones de consumo.
Además, exige su autorización de manera previa al envío de publicidad, la que deberá quedar consignada en un registro llevado por los proveedores para estos efectos.
Se incluye también que el consumidor pueda revocar la autorización mencionada.
En la discusión, el señor Andrés Herrera , Subdirector Jurídico del SERNAC, hizo presente que la iniciativa en análisis implica el cambio de un modelo a otro. El primero, actualmente vigente, permite que los proveedores envíen publicidad mientras el consumidor no exprese lo contrario. El segundo, en cambio, importa la exigencia de autorización del consumidor de manera previa al envío de información.
También destaco que tanto el Ministerio de Economía como el SERNAC apoyan la modificación propuesta, ya que hoy lamentablemente los proveedores vulneran en forma reiterada los derechos de los consumidores. La modalidad actual, que traspasa al consumidor la carga de solicitar el cese del envío de publicidad, no ha sido eficaz para resguardar la vida privada.
Este proyecto de ley tiene que ver con dos ámbitos del Derecho: primero, con la protección a los datos de carácter personal, y segundo, con el respeto a los derechos de los consumidores.
En términos generales, la moción en estudio exige -ya lo señalé- que los proveedores deban obtener la autorización de los consumidores para poder interrumpirlos con el envío de información de consumo. Pero no basta con una mera autorización. Esta debe cumplir ciertos requisitos, ya que tendrá que ser expresa, previa al envío de cualquier información y constar en un registro. Además, será una autorización por esencia revocable, lo que permitirá a las personas dejarla sin efecto cuando lo deseen.
Asimismo, se debe respetar a los individuos en cuanto a los días y horas en que se los puede llamar para ofrecerles algún producto o servicio. De esa forma, el proyecto de ley establece días y horas hábiles a fin de hacer llamados: de lunes a viernes, entre 9 y 19:30, con excepción de los feriados.
También se exige a los proveedores señalar explícitamente la base de datos de donde se obtuvo el contacto.
Esta iniciativa de ley ha tomado el nombre de "No molestar", y creo que es justamente lo que pretendemos regular. Muchas veces los proveedores se exceden y vulneran ciertas garantías y derechos básicos, como la privacidad de las personas, pues existen casos de algunas verdaderamente acosadas por la insistencia de llamados, a cualquier hora y día, sin ningún respeto por su vida privada.
Por esa razón la Comisión de Economía decidió regular esta materia, que responde a una demanda ciudadana justificada, debido a que cada día existen más "vendedores" que utilizan tal mecanismo.
El proyecto en análisis modifica dos leyes: la de Protección de Datos de Carácter Personal y la que Establece Normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores.
La Comisión de Economía estimó que con los ajustes que se introducen a esos cuerpos legales en este proyecto de ley, en el sentido de lo que expresé anteriormente, nuestra legislación se adecúa a la de países del continente y de Europa, que ya llevan años con normas que protegen la privacidad de los consumidores (en este ámbito, por supuesto).
En seguida, la Comisión procedió a debatir y votar las indicaciones presentadas al proyecto, y es del caso resaltar que todas las acogidas se acordaron por unanimidad.
Es cuanto puedo informar sobre esta iniciativa, señor Presidente , cuyas modificaciones propuestas voy a votar a favor.
Tengo varios inscritos para intervenir.
Tiene la palabra la Honorable señora Lily Pérez, en primer término.
Señor Presidente , en primer lugar, debo señalar que el Presidente de la Comisión de Economía, el Senador Iván Moreira , ha hecho una estupenda relación acerca de cómo trabajamos en dicho órgano técnico respecto de este proyecto, en el que se respetaron efectivamente las ideas centrales de quienes fuimos autores de la moción.
Se trata de una iniciativa bien importante, y junto con los Senadores Harboe (no es actualmente miembro de esta Comisión, pero también ha trabajado en estos temas con varios de nosotros) y Tuma (como ex Presidente de ella) hemos estado tremendamente enfocados el último tiempo en el resguardo de los derechos de los consumidores.
En ese contexto se ubica este proyecto de ley, porque, en el fondo, la gran cantidad de llamados, de mensajería de texto, de correos electrónicos enviados (mailing), finalmente han terminado transformándose en una invasión no solo a la privacidad de las personas, sino también a la vida cotidiana.
Cuando el Senador Moreira dijo al entregar su informe: "con excepción de los fines de semana", en el fondo estaba señalando que los sábados, domingos y feriados ni siquiera se van a poder realizar llamados o enviar mails durante los horarios acordados en el proyecto; o sea, en esos días ¡nada!
Lo que nosotros hemos pedido (junto con el Senador Tuma presentamos varias indicaciones, que fueron aprobadas por la unanimidad de nuestra Comisión de Economía) es que los consumidores estén resguardados en su derecho a revocar la autorización para recibir mails, mensajes de texto.
En eso hay que tener mucho cuidado. Incluso salió el tema en dicha Comisión sobre qué pasa con los llamados telefónicos durante las campañas electorales. Estamos ad portas de una elección municipal y en nuestra Región de Valparaíso aquellos ya comenzaron a realizarse. Además, numerosa gente me comentó incluso la recepción de llamadas telefónicas con ocasión de las primarias.
Lo anterior también termina siendo una cuestión muy molesta para las personas, señor Presidente . Y a todos de pronto nos pasa (entendiendo que es parte del trabajo que les encargan a los ejecutivos de los bancos o de las casas comerciales) que un sábado a las dos de la tarde, cuando uno está almorzando con la familia, nos llaman de una casa comercial, de un banco, para ofrecer una tarjeta de crédito, un servicio; para cobrar una cuenta. Ni siquiera se respetan los días de descanso, los horarios familiares.
Entonces, lo que quisimos en la Comisión es que realmente el "No molestar" se tradujera en "No molestar".
Eso es muy relevante, porque consultamos a bastantes empresas de todo tipo, las cuales, más allá del resguardo obvio a sus intereses comerciales, coincidieron con nuestra Comisión en el sentido de que una cosa son las actividades publicitarias, las comunicaciones de carácter promocional, y otra es la necesidad de que exista un mecanismo expedito para que los usuarios, los destinatarios, puedan revocar la autorización de envío de información.
Ello es muy importante. Porque el destinatario o un consumidor podrá revocar la autorización y decir: "Yo no quiero recibir estas llamadas; yo no quiero recibir estos ; yo no quiero recibir estos mensajes de texto".
Solo quiero agregar que establecimos, a través de una indicación, que si se envía publicidad a un consumidor que haya revocado la autorización la empresa será sancionada con multa de hasta 50 UTM, lo cual es tremendamente relevante.
Aquí habrá infracciones que serán sancionadas con el pago de multas, las cuales, en caso de reincidencia, podrán incluso elevar su valor al doble del tope estipulado, si así lo determina un juez, porque queremos que el proyecto realmente sirva y se utilice para proteger a los usuarios.
Eso quería aportar, señor Presidente.
Obviamente, votaré a favor, y conmino a los señores Senadores y a las señoras Senadoras a hacer lo propio.
Señor Presidente , en primer lugar, quiero agradecer a la Senadora Lily Pérez y a los Senadores Harboe y Pizarro por acompañarme y aceptar la invitación para presentar este proyecto, que hemos trabajado con nuestros asesores y con las asociaciones de consumidores con el objeto de ver cómo seguir avanzando en la protección de los derechos de los consumidores.
En Chile muchas veces nos comparamos con los países más desarrollados o con los de la OCDE, pero no estamos al día en materia de resguardo a los derechos de los consumidores.
En Alemania ya se dispone de una ley de telemarketing, que, al igual que en España, trata especialmente las comunicaciones promocionales y publicitarias a distancia.
Dicha ley se denomina "lucha contra el telemercadeo no deseado". ¿Y qué busca? Proteger la intimidad de las personas, proteger su vida privada.
Entonces, alguien dirá: "Mire, esto pone una dificultad a quienes quieren comunicar sus promociones". Porque una vez que esté aprobada la iniciativa y seis meses después de publicada la ley, se hará muy estricto el cumplimiento de la legislación, pues será fiscalizado por el SERNAC para los efectos de que se respete la privacidad de las personas y no se las moleste.
Hay distintas normativas al respecto.
La Ley sobre Protección de la Vida Privada (la N° 19.628) establece que se "deberá respetar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de los titulares de los datos y de las facultades que la ley les reconoce.".
Luego, el artículo 4° dispone que el tratamiento de los datos personales requiere el consentimiento del titular y "La persona que autoriza debe ser debidamente informada respecto del propósito del almacenamiento de sus datos personales y su posible comunicación al público.".
Por su parte, el artículo 12 establece el derecho de toda persona a exigir a quien sea responsable de un banco "información sobre los datos relativos a su persona, su procedencia y destinatario, el propósito del almacenamiento y la individualización de las personas u organismos a los cuales sus datos son transmitidos regularmente.".
Pero, con todo esto, aún los consumidores siguen sintiendo que se les invade en su derecho a mantener la privacidad.
En cuanto a los teléfonos, ¿son públicos o privados? ¡Son privados! Los celulares -hoy día superamos los 10 millones de celulares- son privados. ¿Y por qué aceptamos que cualquier promotor o cualquier empresa pueda intervenir, pueda interrumpir la vida privada, haciendo llamadas que no están autorizadas? Podrían ser promociones de cualquier tipo, incluso -como se decía recién-, de candidaturas o de campañas políticas.
Nosotros, los políticos, no podemos tener privilegios para llamar a los teléfonos privados de los ciudadanos a fin de pedirles apoyo en una elección.
Con este proyecto de ley queremos exigir que si un candidato, un comerciante o una empresa de comunicaciones desea contactarse con un ciudadano primero le pida su autorización.
En consecuencia, aquí tenemos una forma de avanzar con el objeto de que los derechos de los consumidores sean respetados de la misma manera que en Europa, en Alemania, en España.
En Estados Unidos existe una normativa que contempla un registro especial, en el que las personas y consumidores se inscriben para señalar que no quieren ser interrumpidos ni molestados: "¡No me molesten! ¡Sáquenme de su lista!".
En el caso nuestro, la modalidad que se indica es al revés: quien quiere molestar a alguien, requiere su autorización.
A mi juicio, con el proyecto estamos dando un paso muy sustantivo en la defensa de los derechos de los consumidores.
Por lo tanto, invito a votar a favor de la iniciativa en la Sala, tal como se hizo en la Comisión, por unanimidad.
Señor Presidente , en la era de las redes sociales muchas veces la gente (los jóvenes, sobre todo) cree que incorporarse a Facebook, a Twitter o a cualquier otra red social es gratis, porque no hay un desembolso económico. Pero el costo de participar en esas redes sociales es la entrega y la autorización (que nadie lee, por cierto) para utilizar nuestros datos personales.
El objetivo económico, el sentido de esas redes sociales, finalmente, es lo que se denomina "la publicidad o marketing dirigido". Es decir, va hacia cierto tipo de consumidores en atención a su patrón de visitas a páginas y de consumo.
Aquello guarda relación con el proyecto en examen, porque las consecuencias del otorgamiento de los datos personales, particularmente de los teléfonos o de las casillas de correo electrónicos, muchas veces implican que ciertas empresas se dediquen (es su especialidad) justamente a establecer mecanismos de marketing publicitario.
Es de común ocurrencia que a los ciudadanos los llamen por teléfono -en especial, personas con acento extranjero- para ofrecerles la portabilidad de la compañía de teléfonos, una oferta bancaria, consolidar una deuda económica a través de un banco o una financiera. Y frente a la consulta legítima del consumidor: "¿Cómo obtuvo mi número de teléfono?"; la respuesta del operador solo es: "Mire, pertenezco a una empresa, a la cual la contrata tal o cual compañía".
Esa situación genera una afectación de la vida privada.
Hace un tiempo, el Senado de la República aprobó una modificación a la Carta Fundamental destinada a consagrar constitucionalmente el derecho a la protección de datos personales. No obstante, todavía sigue durmiendo en la Cámara de Diputados. Sin perjuicio de ello, este proyecto, iniciado por un conjunto de Senadores y Senadoras, viene a establecer una norma clara y precisa sobre el particular.
En efecto, se opta por un mecanismo en virtud del cual ningún proveedor de cualquier tipo de oferta: sea electoral, sea económica, o de cualquier naturaleza, podrá hacer publicidad respecto a teléfonos privados que no estén inscritos previamente en un registro que autorice la recepción de esas llamadas.
¿Por qué digo esto? Porque hay dos modelos a nivel internacional. El modelo de descarte y el modelo denominado "opt-in", que hemos adoptado.
El modelo de descarte contempla que si una persona se inscribe en un registro nadie va a poder llamarla. Es una obligación del consumidor. Esto existe en la legislación argentina.
Nosotros hemos optado por el sistema europeo, que es a la inversa. Es decir, solo se puede llamar a aquellos consumidores previamente inscritos en un registro en que se autoriza esas llamadas. Para decirlo de otra forma: no hay obligación alguna del consumidor de inscribirse en ningún registro. Si no está inscrito, no puede ser objeto de llamadas molestas.
En consecuencia, señor Presidente, es un proyecto que avanza en la dirección correcta, porque termina con la molesta mensajería permanente de diferentes tipos de ofertas.
Además, esta iniciativa modifica tanto a la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores (N° 19.496) como a la Ley de Protección de la Vida Privada (N° 19.628). Así, se incorporan algunas prohibiciones. Por ejemplo, no se puede establecer el derecho a utilizar el teléfono o mensajería electrónica de una persona en un contrato de adhesión, cláusula de común ocurrencia hoy día, en que, por el solo hecho de firmar un contrato, una parte se obliga a recibir este tipo de mensajería.
En segundo lugar, se considera un régimen de multas. Se faculta al Servicio Nacional del Consumidor para ser el órgano público encargado de la fiscalización y también de la sanción, con multas que van hasta las 50 unidades tributarias mensuales.
¿Qué queremos con esto? Dar una señal fuerte y clara: el teléfono, la casilla de correo son mecanismos de comunicación privada. No tienen por qué ser invadidos por terceros a los cuales no hemos entregado nuestros datos ni autorizado para que los utilicen a fin de realizar sus ofertas económicas o también electorales.
Además, se excluye -cuestión muy importante- la posibilidad de hacer anuncios electorales, encuestas telefónicas a través de dichos mecanismos privados, aspecto que recoge y sanciona también la nueva normativa del Servicio Electoral.
Señor Presidente , el proyecto en comento es de aplicación práctica y permitirá que miles de ciudadanos, que a diario se ven violentados con mensajería de correo o de telefonía, nunca más reciban esos mensajes de empresas a las cuales no se haya autorizado para tal efecto.
Cuenta con treinta segundos adicionales.
Este proyecto es de aplicación masiva: posibilitará que millones de personas, que hoy día cuentan con teléfono móvil o usan mensajería electrónica, no sean violentadas a través de ofertas de cualquier naturaleza. Constituye una protección a la vida privada y al sistema de comunicación privado.
Por eso, voy a votar a favor. Y agradezco la invitación del Senador Eugenio Tuma , junto con otros señores Senadores y Senadoras.
Señor Presidente , creo que el titular de la Comisión de Economía se ha explayado bastante y ha explicitado muy bien el proyecto que estamos aprobando. Lo mismo han hecho los Senadores que han intervenido anteriormente.
Yo no me referiré a las normas propuestas ni voy a dar lectura a su texto. Solo quiero hacer una reflexión: a veces las iniciativas simples y sencillas mejoran la calidad de vida de las familias que están tranquilamente en sus casas.
Es cierto lo que se ha dicho acá: la invasión del mundo privado con llamados telefónicos, mensajes, encuestas, etcétera, resulta irritante. Y este proyecto viene a ponerle coto al abuso que cometen muchas empresas y compañías dedicadas al envío de publicidad.
Por ello, felicito a los autores de la moción que dio origen a una propuesta legislativa sencilla y simple pero muy significativa para la calidad de vida de todas las familias.
Por supuesto, voy a aprobar esta iniciativa porque me parece muy importante.
Señor Presidente, concuerdo y comparto el planteamiento central que se ha hecho respecto de este proyecto.
Creo que las formas de marketing directo, a través de empresas que utilizan las redes sociales u otros medios (como el telefónico), efectivamente están saturando y complicando la vida de la gente. Las regulaciones que se han intentado no han sido eficaces para evitarlas o minimizarlas.
Sin embargo, debo confesar que me asalta una duda con relación a ciertas actividades que no buscan realizar promociones comerciales. Podrían quedar impedidas de utilizar dichos medios de difusión, pese a utilizarlos de manera bastante más liviana y ocasional. Estoy pensando, por ejemplo, en acciones que efectúan instituciones como el Hogar de Cristo para atraer socios. Me refiero, en general, a organizaciones sin fines de lucro que buscan mantener una obra de bien a través de la afiliación de socios. Tales entidades no se dedican a la comercialización ni al marketing. Sin embargo, podrían quedar comprendidas dentro de esta prohibición.
Lo mismo puede suceder con otras actividades, como las deportivas o las de carácter cultural.
El Senador Tuma también se refirió al asunto, pero quiero plantear un aspecto diferente: lo relativo a las actividades políticas.
Con la nueva ley electoral, hemos reducido muchísimo las posibilidades de hacer campaña: en tiempos, en recursos, en muchas formas. Y una de las pocas que quedan son las que aquí se abordan. Entonces, surge la pregunta: ¿también vamos a impedir esa alternativa?
Pensemos que hoy día las campañas políticas duran un mes. Solo se podrían hacer llamados telefónicos durante los treinta días previos al acto electoral. Y son dos elecciones (en años sucesivos) cada cuatro años. Esta no es una situación intolerable para la gente.
A mi juicio, nos estamos amarrando las manos.
Todos quienes estamos aquí nos hallamos apoyando a candidatos en las elecciones municipales. Y la inquietud de todos es que no es posible usar recursos ahora para realizar las campañas que se efectuaban antes. ¡Y está bien! Nosotros hemos asumido eso. De hecho, estamos promoviendo lo que hemos llamado "la campaña de la zapatilla", para que los candidatos entiendan que ahora deben caminar y recorrer la comuna para conversar con la gente. ¡Ese es su trabajo!
Pero las redes sociales y los otros medios electrónicos pueden servir para colaborar en la ejecución de esas campañas.
Insisto: estoy hablando de un mes de campaña en las elecciones municipales y otro mes en las presidenciales y parlamentarias. No creo que ello genere el mismo impacto que las campañas comerciales, que son permanentes, diarias y reiterativas.
¿No estaremos yendo demasiado lejos? A menos que se entienda que las actividades electorales no están comprendidas dentro de este proyecto. Sin embargo, le consulté el punto al Presidente de la Comisión , quien me señaló que entendía que todas quedaban incluidas.
A lo mejor, podríamos consensuar alguna excepción, muy acotada, para permitir que, en algunos casos, como los que he señalado, se utilicen tales medios de difusión.
Repito: estamos hablando de casos muy específicos y de entidades sin fines de lucro. Por tanto, no habrá insistencia majadera tras un objetivo comercial.
También se trata de habilitarles a los candidatos el uso de medios bastante económicos para hacer campañas, porque estas ya no pueden ser muy costosas. Ello permitiría reemplazar muchos de los recursos que antes se ocupaban y que hoy resultan muy difíciles de financiar. Por ejemplo, las campañas radiales, particularmente en las ciudades grandes, son carísimas.
En tal sentido, pienso que tener acceso a esos medios es una posibilidad que no debiéramos abandonar.
Dejo planteada la inquietud, y ojalá pueda ser precisada.
No sé si alguien desea responder las interrogantes que ha formulado el señor Senador.
Señor Presidente , el proyecto en análisis modifica la Ley del Consumidor, razón por la cual busca regular actos de consumo. Por tanto, se interpreta que otras actividades no están afectas a esta limitación.
Los derechos de los consumidores, en nuestra opinión, deben respetarse en esa misma dimensión.
Otra cosa es que alguien quiera comunicarse con los ciudadanos. A ese efecto, habrá que dirigirse a otro cuerpo legal. La Ley sobre Votaciones Populares y Escrutinios regula el modo en que un candidato se relaciona con la gente durante una campaña electoral.
En ese marco, no se afecta el empleo de las redes sociales, porque la propaganda electoral no es un acto de consumo, sino de comunicación y contacto con los votantes.
Espero que tal aclaración, consignada en la historia fidedigna de la ley, ayude a resolver las dudas.
Sin perjuicio de ello, la iniciativa pasará hoy a la Cámara de Diputados, donde podría ser objeto de algunas modificaciones.
Si bien estamos en votación, me parece que este debate es interesante.
Señor Presidente , es esencial dejar constancia en la historia fidedigna de la ley -siempre que todos lo compartan- que el proyecto está orientado a la protección del consumidor para evitar los abusos que cometen las empresas que se dedican a comercializar sus productos a través de los referidos medios, excluyendo necesariamente las actuaciones circunstanciales que efectúen fundaciones u organizaciones sin fines de lucro, que son de duración limitada, y los actos propios de períodos electorales donde se autoriza la propaganda y las campañas políticas.
Entonces, si se entiende que durante ese período se trata de ciudadanos y no de consumidores, yo feliz apoyo esta iniciativa.
Queda constancia en la historia de la ley del alcance de este proyecto.
En ese sentido, yo entusiasta voto que sí. Porque en lo demás, en lo sustantivo, comparto el contenido de lo propuesto.
Mi preocupación era el ensanchamiento de las disposiciones establecidas. Probablemente, ese es un aspecto no buscado por la iniciativa, y se evita gracias a esta constancia.
Señor Senador, tiene pedida la palabra antes el Honorable señor García.
A mi juicio, este intercambio de opiniones es relevante para la historia fidedigna de la ley.
Puede intervenir, Senador señor García.
Señor Presidente , a mi juicio, la intervención del colega Hernán Larraín ha puesto un poco el dedo en la llaga, por lo que se ha hecho necesario precisar el alcance del proyecto.
El Senador Tuma ha planteado muy bien que las normas que se están modificando corresponden básicamente a las de la Ley del Consumidor.
Por lo tanto, se trata de prohibir el uso del teléfono para publicitar, para promover, para difundir actos de consumo e, incluso, muchas veces para incentivar o crear la necesidad de adquirir determinados productos. Desde ese punto de vista, me parece bastante bien.
No sé en qué situación quedan las cobranzas. Uno bien podría decir que ellas tienen su origen en una acción de consumo. De ese modo, como derivada, cabría pensar que quedan fuera. Pero sería bueno señalarlo expresamente en la historia de la ley.
Por otro lado, las intervenciones de los Senadores Larraín y Tuma respecto de las campañas políticas dejan claro, para la historia de la ley, que las disposiciones de la presente iniciativa no alcanzan a ese tipo de acciones o manifestaciones, porque ellas no constituyen actos de consumo.
Señor Presidente, quiero precisar dos cosas.
Este proyecto de ley, que se inició en moción del Senador Tuma, acompañado por los Senadores señora Lily Pérez y señores Pizarro y Harboe , enmienda dos cuerpos legales: la Ley sobre Protección de la Vida Privada y la Ley sobre Protección de los Derechos del Consumidor.
Eso es lo que estamos modificando.
Hay ciertas situaciones que deben ser reguladas a través de leyes específicas, pero no quedan en la nebulosa. Entre ellas, está la que preocupa a los Senadores García y Larraín, con relación a las campañas políticas. Ya se ha señalado que eso debe ser materia de regulación por parte de la Ley Electoral.
Respecto a las instituciones benéficas y a las encuestas políticas, cabe reiterar que la iniciativa se refiere a actos de consumo. Eso ha quedado absolutamente claro.
Si hay que regular otras materias, ¡bienvenido sea!
Pero el objetivo de esta propuesta legislativa, más allá de la defensa del consumidor, es establecer un claro "No molestar", como señalé en mi intervención anterior.
Digamos las cosas como son: durante las campañas electorales muchas veces llamamos a las personas por teléfono y estas obviamente se molestan, independiente de si están de acuerdo o no políticamente con quien llama. La gente no quiere ser invadida a través del teléfono por encuestas, por propaganda política.
Ahora, si la Ley Electoral lo autoriza, por ser un proceso estacionario, que dura un mes, está bien.
Pero el objetivo del proyecto en estudio es "No molestar". ¡Y de cualquier manera uno molesta! Cuando uno llama a un teléfono a la hora que sea, está invadiendo la vida privada sin autorización.
Y con respecto a la inquietud que ha hecho presente el Senador García, relacionada con las cobranzas, debo decir que eso ya está regulado. Fue una de las primeras iniciativas que se presentaron sobre esta materia. La situación era no solamente invasiva, sino temeraria, ya que las distintas casas comerciales o instituciones bancarias perseguían a la gente para que fuera a pagar.
Afortunadamente, eso hoy día se encuentra absolutamente regulado y no se necesita priorizarlo en este proyecto de ley.
Señor Presidente , también quiero hacer un par de consultas.
Creo que las explicaciones que ha dado el Senador Moreira son absolutamente claras, como lo han sido también las de los parlamentarios que han presentado la moción.
Deseo saber si esto incluye también los mensajes de texto y por WhatsApp. Me gustaría que eso quedara claro en la historia de la ley, porque es distinta una molestia por un mensaje de texto o por WhatsApp que una provocada por un llamado impertinente que se recibe permanentemente por temas comerciales, etcétera.
Y la otra pregunta que le quiero formular al Presidente de la Comisión o al Senador Tuma es sobre los servicios de utilidad pública. Quiero saber si quedan exceptuados -imagino que sí- los llamados de emergencia.
Esas son mis consultas, señor Presidente.
Señor Presidente, le doy las gracias por permitir este debate, que clarifica lo que estamos aprobando.
Quiero señalar, brevemente, respecto de la primera consulta del Senador García-Huidobro, que dice relación con las comunicaciones vía WhatsApp, que más que el vehículo a través del cual se va a molestar al usuario, interesa enfocarse en el contenido. Si se trata de la promoción para un acto de consumo, esta ley la afecta. Si es una comunicación social o de una naturaleza semejante, entonces esta normativa no la regula.
Ahora, si es un acto de cobranza, como decía el Senador García y lo precisaba el Presidente de la Comisión de Economía, don Iván Moreira , esa comunicación está regulada por una ley especial, que señala cómo y cuándo se cobra y en qué momento se pueden hacer las llamadas a ese efecto.
En esta iniciativa se regulan los actos de consumo y de promoción comercial, así como todo lo vinculado a esos ámbitos.
En consecuencia, más que el vehículo, buscamos normar el contenido. Este va a determinar si se aplica o no esta futura ley.
Perdón , ¿cuál es la otra consulta?
Sobre las emergencias.
Los llamados de emergencia.
No son actos de consumo y, por tanto, están excluidos de las disposiciones de este proyecto.
Me parece que de esa manera quedan claros los contenidos y alcances de esta iniciativa, señor Presidente.
Señor Presidente, el presente proyecto no establece sanciones. Entiendo que son las contempladas en la Ley del Consumidor...
Hasta 50 UTM.
¡50 UTM! Pero eso no está contenido en la iniciativa, sino en la Ley del Consumidor.
Además, se habla de la posibilidad de llevar un registro de personas que no deseen recibir publicidad...
El registro es para quienes deseen recibirla.
Señor Presidente , la experiencia ha demostrado que todas las bases de datos que se van conformando por el consumo se utilizan. En las farmacias piden el carné. Yo algunas veces me he negado a entregarlo, porque claramente el objetivo es obtener información de la compra para el envío posterior de publicidad.
El proyecto señala que un reglamento "determinará la forma, condiciones y requisitos que deberá cumplir la autorización y la revocación señalada en los incisos anteriores.".
Yo veo que esto va a ser de compleja materialización. ¿En qué momento se da la autorización para recibir publicidad? En el caso de páginas web de compra y venta directa, aparece expresamente la autorización para el envío de publicidad cuando hay ofertas de determinados productos, sean usados o nuevos. ¡Está esa posibilidad!
Pero hay que cuidarse de la letra chica. Porque, si en la firma de un contrato de adhesión o en la compra misma se establece de manera implícita el hecho, vamos a tener dificultades. Aquí debe haber una expresa autorización de conocimiento dual, mutuo. Si no, al final nos van a decir: "Usted firmó; usted autorizó que se le envíe la publicidad".
Asimismo, hago presente que el SERNAC con esto va a tener una nueva área de preocupación. Hicimos la nueva ley que regula dicho servicio y se aumentó sustantivamente su dotación. Solo quiero señalar que en la Ley de Presupuestos el SERNAC debe recibir un respaldo suficiente para cumplir la normativa que lo moderniza. Ojalá que tenga los recursos necesarios para hacer efectivos los derechos del consumidor.
Está bien. Se está sancionando y estableciendo una regulación sobre la promoción que viole la privacidad, particularmente en materia telefónica.
Sin embargo, algunas promociones vienen de un call center en el extranjero. Y mi preocupación apunta a lo siguiente. ¿A quién se va a sancionar si el llamado que se recibe no proviene del territorio nacional, sino desde afuera? Es lo mismo que Internet. Bien se podría alegar que el hecho no radica en la jurisdicción nacional y que quien emite la publicidad no está afecto a sanción. Hablo tanto de empresas nacionales como internacionales. En muchos casos se trata de compañías transnacionales que tienen divisiones, sucursales, o que han vendido su representación.
El tema no es menor, pues me ha tocado recibir llamadas en que la voz no tiene acento chileno (hay allí un componente centroamericano) y en que está claro que el call center que realiza la llamada de promoción no está radicado en Chile.
Señor Presidente , como ya mencioné, me surgen dudas respecto de la aplicación de la multa, porque si no la hay, no habrá disuasión, y seguirán cometiendo la falta.
Debe haber una señal muy clara, para que esto no ocurra, en orden a sancionar a la empresa identificada de ejecutar estos llamados.
Voto a favor, señor Presidente, porque siempre será un avance regulatorio con miras a defender a los consumidores.
Les recuerdo que estamos en votación.
No obstante, producto del debate se han generado dudas e inquietudes, ante lo cual el Senador señor Tuma ha pedido nuevamente la palabra.
Señor Presidente , gracias por su disposición para permitirme precisar y aclarar los alcances de esta legislación.
El nuevo texto del inciso segundo del artículo 28 B que estamos modificando expresa claramente que "Los proveedores sólo podrán dirigir comunicaciones promocionales o publicitarias a los consumidores por medio de llamados, servicios de mensajería telefónico o cualquier otro medio electrónico cuando éstos lo hayan autorizado expresamente de manera previa y específica,".
¿Cómo constará si se autorizó o no? Seis meses después de la publicación de la ley en proyecto, los proveedores deberán llevar un registro especial que será controlado y fiscalizado por el organismo competente, que es el SERNAC, ante cualquier reclamo.
Esperamos que prontamente el Congreso despache el proyecto de fortalecimiento de la institucionalidad de protección de los derechos de los consumidores, que es el Servicio Nacional del Consumidor, que está en proceso legislativo, para robustecerla.
En las modificaciones también se dispone que "La autorización del consumidor a la que se refiere el inciso anterior no podrá incorporarse como cláusula en un contrato de adhesión.". Es clarísimo: en ningún contrato de adhesión se podrá entender que se autoriza la comunicación. La autorización debe prestarse de manera previa, específica respecto de qué es lo que se puede transmitir.
La norma prosigue así:
"El consumidor siempre podrá revocar dicha autorización.
"Los proveedores deberán contar con mecanismos o procedimientos electrónicos para recibir las solicitudes de revocación de los avisos señalados en el inciso anterior, lo cual deberá ser informado al Servicio Nacional del Consumidor para su seguimiento y control.
"Un reglamento determinará la forma, condiciones y requisitos que deberá cumplir la autorización y la revocación señalada en los incisos anteriores.".
Por último, en cuanto a la observación del Senador Navarro y su preocupación por cómo se sanciona una violación de esta norma cuando se trata de un call center extranjero, hay una trazabilidad que es fácil de seguir por parte del SERNAC.
Si algún consumidor siente violados sus derechos, podrá informar a dicha entidad acerca de la llamada recibida, y será posible hacer seguimiento respecto de dónde vino y qué comunicó.
Será responsable la empresa con establecimiento en Chile que sea beneficiaria de esa comunicación. Ella es la que será sancionada por esa violación de los derechos del consumidor. Y deberá ser fiscalizada por el SERNAC, ahora que tendrá una nueva institucionalidad fortalecida para proteger esos derechos.
Señor Presidente , el debate me motivó a intervenir.
Entiendo cuál es el objetivo del proyecto: tratar de evitar el abuso que puede producirse por vía telefónica para provocar en alguien una inducción al consumo.
Efectivamente, este mecanismo se ha utilizado en otros contextos, como el político. En las campañas políticas, de los años 90 en adelante -antes también-, se utilizó masivamente este sistema.
Recuerdo que en España hubo un candidato, Ruiz-Mateos, que realizó una campaña telefónica estando preso, pues había defraudado a la opinión pública, etcétera, y sacó tantos votos que eligió tres Diputados para el Parlamento Europeo.
En Chile estas campañas telefónicas las efectuaron todos los candidatos, y de todo tipo, tanto para parlamentarios como para Presidente.
Esto es lo que a lo mejor se quiere regular.
Existe un buen objetivo, pero sinceramente creo que es muy difícil su control.
No por ello se puede dejar de legislar.
Pero me dejó preocupado una frase que mencionó el Senador Tuma , respecto a "otros medios electrónicos".
Hoy día todos los diarios electrónicos, que recibimos todos los días por nuestro teléfono, vienen llenos de publicidad.
Si se abre el WhatsApp, está totalmente lleno de publicidad.
Si se abre el FaceTime, viene lleno de publicidad.
¿Vamos a tener prohibición sobre eso?
No sé qué efecto podrá producir hoy día en todos los medios electrónicos que se están publicando. ¿Se les va a prohibir la publicidad?
Yo digo que hay que pensar seriamente en el alcance.
Comprendo el otro caso -lo dijo muy bien el Senador Moreira-, que es una manera de evitar molestias, porque la publicidad que se hace a través de teléfonos proviene de una computadora, en la cual se mete un programa que va tirando las llamadas en forma pareja para todo el mundo.
Me contaron, en su tiempo, que incluso al general Pinochet le llegó a La Moneda un llamado telefónico pidiendo votar por determinado candidato, porque el sistema no tiene control.
Entiendo que aquello podría controlarse. Pero voy a lo otro: ¿cuál es el alcance que puede tener esto en otros medios electrónicos, en relación con la publicidad que se hace hoy día por la vía electrónica? Hablo de diarios que hoy día no son de papel.
¿Vamos a impedir esa publicidad?
Por esas razones, me voy a abstener. No por lo primero -estoy de acuerdo con ello-, sino porque creo que podemos provocar un efecto que a lo mejor no ha sido calculado.
Es necesario que haya precisión y claridad sobre ese tema.
Señor Presidente , respecto de la consulta o preocupación del Senador Zaldívar, quiero señalar que los medios electrónicos que comunican una publicidad están afectos a esta ley y, por tanto, no van a poder seguir transmitiendo a menos que obtengan la autorización.
Si los ciudadanos, los usuarios, los consumidores son asiduos lectores de noticieros de un medio de comunicación, perfectamente se puede obtener la autorización.
Lo que estamos diciendo es: "No interrumpa, no moleste a cualquiera. Si usted quiere comunicar una información y una publicidad, pídale a través de ese mismo medio la autorización, que viene de vuelta, para que siga recibiendo esa publicidad".
Es el consumidor, el ciudadano quien tiene que decidir si va a seguir recibiendo o no la publicidad. Pidámosle permiso para seguir comunicándole información que contenga promociones publicitarias.
Por lo tanto, ahí tenemos un asunto claro y queda despejado.
En cuanto a las comunicaciones internacionales, claro, puede haber una nebulosa respecto a cómo controlar. Pero no se trata de que el SERNAC tenga que estar verificando el cumplimiento, sino que actúa contra denuncia del consumidor que está siendo molestado sin la autorización correspondiente.
Reconozco que existen datos transfronterizos sobre los cuales no tenemos o podríamos no tener imperio. Pero resulta claro que ese aviso que viola la intimidad y la privacidad del consumidor tiene un responsable detrás, que es el mandante. Por tanto, el SERNAC podrá actuar contra el mandante cuando se violen los derechos de los consumidores.
Me ha pedido la palabra el Senador señor Zaldívar. Por la dinámica que ha adquirido el debate, creo que es bueno ir despejando las dudas planteadas. Por eso, me voy a permitir también otorgársela nuevamente a Su Señoría.
Lo agradezco, señor Presidente .
No se trata de redundar. Pero digo sinceramente: más confuso me deja todavía. Yo entendía la situación en el caso del teléfono. Porque cuando a uno lo llaman, suena el teléfono y uno contesta. En cambio, en el caso de los medios digitales, no llega la comunicación, sino solo cuando uno abre el correo electrónico -en la mañana, por ejemplo- se encuentra con la publicidad. Lo mismo ocurre cuando uno ingresa a un diario electrónico porque quiere saber lo que está pasando en tal parte, por no haber recibido la edición en papel. Y ahí aparece la publicidad. Pero a mí no me han molestado. Yo estoy buscando determinada información a través de los medios digitales.
Esto puede afectar a los medios electrónicos en forma muy delicada, porque no puede ser que cada lector tenga que señalar, por ejemplo: "Quiero recibir la publicidad del diario El Mostrador".
Por otra parte, es contradictorio por el hecho de que en el nuevo inciso séptimo agregado al artículo 28 B se dispone que esto no se podrá hacer "antes de las 8 ni después de las 20 horas". Yo siempre había entendido, al leer el proyecto, que se refería a los llamados telefónicos. Y me lo confirmaba más la intervención del Senador Moreira cuando señalaba que a la normativa en análisis la llamaban "la ley contra la molestia". Claro, resulta molesto que a una persona a las 8 de la mañana la despierte el teléfono para escuchar: "Señor, consuma tal cosa"; o cuando se encuentra después en su casa tranquilo y llaman para señalar: "Vote por fulano de tal". Se está haciendo publicidad.
Eso sí lo entiendo. Y comprendo la regulación en ese ámbito. Pero llamo la atención respecto de extenderla a otros medios electrónicos. Por eso no voy a votar, no por estar en contra de la idea, sino porque considero que podemos estar provocando un efecto muy negativo y que no hemos estudiado bien. Más que nada es eso. ¡No lo hemos estudiado bien!
Por esa razón, me voy a abstener.
Señor Presidente, creo importante el ejercicio que estamos haciendo en cuanto a solucionar las dudas que tenemos.
Yo comparto la preocupación del Senador Zaldívar.
Por ejemplo, cuando uno abre un diario electrónico o la página del banco, lo primero que aparece es una oferta, antes de poder revisar la cuenta corriente o antes de poder ver una noticia. Estoy hablando de cualquier medio de comunicación electrónico. Y se incorpora el siguiente texto: "Saltar publicidad". Por lo general, aparece primero la publicidad y uno debe apretar un botón para salir.
Senador Tuma -por su intermedio, señor Presidente-, a mi juicio, resulta muy importante solucionar en la Cámara de Diputados lo que ha planteado el Senador Zaldívar, porque el objetivo del proyecto, en el fondo, es evitar las molestias de las llamadas. Pero creo compartir el otro punto.
Voy a votar a favor, porque la iniciativa está recién en primer trámite constitucional. Pero, a mi entender, esto debiera llevar a un reestudio del texto, mediante las posibles indicaciones que se pudieran presentar en la Cámara de Diputados, con el fin de que el proyecto realmente sea efectivo respecto de las llamadas molestas, efectuadas a horas que no corresponden.
Y ratifico lo que planteó el Senador Zaldívar .
Vamos a conceder, por última vez, la palabra en la presente discusión al Senador señor Tuma, uno de los mocionantes.
Señor Presidente , cuando se trata de nuevas tecnologías -y entre ellas se encuentra la Internet- no hablamos del modo de comunicación al que estábamos acostumbrados. Es algo innovador. Por tanto, cuando modificamos la legislación pertinente no estamos afectando a esos medios cuando usted tiene la opción de elegir. No significa que el medio lo esté invadiendo a usted, sino que usted lo está buscando y accede a él. Y si algún medio ingresara a su teléfono o a su WhatsApp, tiene la opción de rechazarlo.
Por eso, en esta materia, es el consumidor quien podrá decidir si recibe o no recibe la comunicación, el mensaje.
Sin embargo, estimo que las preocupaciones de los señores Senadores pueden ser precisadas a través del reglamento o en el segundo trámite constitucional, mediante alguna indicación que pueda perfeccionar y clarificar esta legislación.
Considero que se han despejado las dudas que se pueden aclarar en el presente debate. Existe un trámite constitucional posterior y se podrán precisar otros aspectos.
--Se aprueban las enmiendas unánimes propuestas por la Comisión de Economía (24 votos a favor y una abstención), y queda despachado el proyecto en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Chahuán, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma e Ignacio Walker.
Al señor Director Regional de Gendarmería de Valparaíso , pidiéndole informar sobre NÚMERO DE INTERNOS BENEFICIADOS CON LIBERTAD CONDICIONAL DURANTE 2016, CON INDICACIÓN DE RECINTOS PENALES EN QUE SE ENCONTRABAN.
A la señora Ministra de Educación, consultándole por FUNDAMENTOS PARA NO ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE LEY SEP A ESCUELA ESPECIAL WE-NEPEN, DE COMUNA DE LONCOCHE.
Al señor Ministro de Energía , solicitándole ANTECEDENTES SOBRE INSTALACIÓN DE TENDIDOS DE LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN EN COMUNA DE COLBÚN.
A las señoras Secretarias Ministeriales de Salud y del Medio Ambiente de la Séptima Región , consultándoles por PERMISO O AUTORIZACIÓN SANITARIA; EMPLAZAMIENTO CONFORME A PLAN REGULADOR, Y VIGENCIA DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL DE MATADERO EN CALLE BRASIL DE COMUNA DE LINARES
A la señora Secretaria Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región del Maule , requiriéndole antecedentes sobre ACCIONES ANTE PROBLEMAS DE CONECTIVIDAD EN TELEFONÍA Y TELEVISIÓN ABIERTA EN HUICHAHUE, MOLCO, BATUCO Y EL CARMEN, Y DE CONECTIVIDAD TERRESTRE EN EL COLO, RELOCA, SANTA ROSA
, PUNCHEMA Y CARRERAS CORTAS.
Al señor Coordinador Nacional del Programa de Gestión Territorial para Zonas Rezagadas, a fin de que informe respecto de ACCIONES CORRESPONDIENTES A PROVINCIA DE CAUQUENES.
Al señor Director Provincial de Vialidad de Linares , consultándole sobre la existencia de algún proyecto que contemple la PAVIMENTACIÓN DE TRAMO DE ACCESO A LA AGUADA Y BODEGA EN RUTA L-40.
Y a la señora Directora Provincial de Vialidad de Cauquenes , solicitándole información referida a ACCIONES O PROYECTOS EN EJECUCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE RUTA CHANCO-CAUQUENES VÍA MOLCO.
En Incidentes, en el tiempo de los Comités Partido Renovación Nacional y Partido Socialista, no hay señores Senadores inscritos.
En el tiempo del Comité Partido Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro, hasta por 11 minutos.
Señor Presidente , el 15 de agosto dejó este mundo un gran amigo, un hombre muy querido en mi Región del Libertador Bernardo O'Higgins. Me refiero a Héctor Labbé Correa , un hombre distinto, que fue capaz de romper esquemas; generoso; sencillo. Como dijo un amigo mío: "un hombre grande, ¡grande en todo sentido!".
Parte su vida en la precordillera de Chimbarongo. Y ahí nace su pasión por los caballos.
Héctor Labbé fue un hombre muy cercano a la tierra y a lo que fue su pasión: los caballos. Y esa pasión por los caballos fue compartida por su familia, al punto de que hasta el día de hoy son grandes jinetes y personas absolutamente ligadas al mundo rural.
Se casó con una gran mujer, muy querida en mi Región: Carmen Gloria Valenzuela . De su matrimonio nacieron tres hijos: Carmen Gloria (Lola), Héctor (Tito) y José Tomás (Cote), hijos muy unidos a su padre y a su madre.
Héctor Labbé fue un gran seguidor del ejemplo del Padre Hurtado .
Tenía predilección por sus nietos.
Hablamos de un hombre que partió del campo, como agricultor. Fue multidisciplinario. Se desempeñó como transportista. Se dedicó a las fumigaciones aéreas. Incursionó en la venta de insumos. Fue uno de los cofundadores de Pullman Chile, que hoy día se llama Link Service, una empresa que transporta trabajadores en El Teniente. Formó su frigorífico: Friomach. Participó también en proyectos inmobiliarios: condominio Parque Sanfuentes , de Machalí, en fin.
Como dije, Héctor Labbé fue un hombre multidisciplinario, que durante su vida realizó muchas actividades.
¡Tremendo dirigente agrícola! En momentos muy duros para el sector, tuvo capacidad para apoyar a los pequeños y medianos agricultores cuando estaban perdiendo sus tierras.
Siempre decía lo que pensaba, pero en todo momento con respeto y autenticidad.
¡El 15 de agosto último fue un día muy triste!
Señor Presidente , en pocos funerales he visto manifestar el dolor de una comunidad entera, de toda una región. En este caso, trasuntado en el cariño que se expresó a la mujer de Héctor Labbé , a sus hijos, a sus nietos, y justamente en una capilla que él ayudó a construir en la comuna de Machalí.
Por eso, no podía dejar de utilizar esta tribuna, el Senado de la República, para agradecerle a Héctor Labbé Correa el ejemplo que durante una parte significativa de su vida nos dio como gran líder, como hombre entregado a los más pobres.
De verdad, impresionó escuchar a quienes fueron sus trabajadores, a quienes fueron sus amigos.
Héctor Labbé pasó por todos los problemas económicos que pueden afectar a un ser humano. Pero siempre salió adelante; nunca bajó la guardia; en todo momento respetó al que tenía al frente, y sobre todo a los más humildes.
El día del funeral, el llanto de la gente más pobre de Machalí fue impactante.
Por eso, utilizo este micrófono para rendirle homenaje a Héctor Labbé y pedirle que desde el cielo nos bendiga a todos. Porque tengo claro que ya está, como jinete celestial, mirando lo que es su país, preocupado siempre de la parte política; de la cuestión social; de los problemas económicos; de que exista en cada instante -como nos recordaba- el ejemplo del Padre Hurtado , quien decía: "Cuando tomes una decisión, piensa qué haría Cristo en tu lugar" (para Héctor eso era fundamental, porque marcó su vida).
Héctor Labbé dejó muchos amigos. Pero lo más importante es que nos legó su ejemplo como hombre que se la jugó por sus principios.
En su funeral, algunos decían que era radical. Pero debo desmentirlo. No era radical, no era de la UDI, no era de la DC: era "Tito" Labbé; era un hombre que rompía esquemas, que siempre sacaba lo mejor de las personas y de las ideas con el fin de llevarlas a la práctica.
Termino mis palabras diciéndoles a Carmen Gloria , a "Tito" y a "Lola" que se sientan orgullosos del padre ejemplar que fue Héctor Labbé . Lo que él hizo por su comuna y por nuestra Región será inmortal.
¡Le pido a "Tito" Labbé que nos siga bendiciendo desde el cielo: a nosotros y a este país, al que tanto quiso!
En el tiempo del Comité Mixto, más tres minutos cedidos por el Comité Partido Por la Democracia, tiene la palabra por 11 minutos el Senador señor Navarro.
Señor Presidente , hoy, 31 de agosto de 2016, es un día triste para Chile; un día triste para América del Sur; un día triste para América Latina ; un día triste para el gigante de Sudamérica: es el día en que el Senado de Brasil destituyó a Dilma Rousseff , Presidenta democráticamente electa, con más de 54 millones votos.
El impeachment se ha utilizado como instrumento político para acusar a la Presidenta y buscar su destitución, trastocando, traicionando la voluntad de millones y millones de brasileños.
Ha sido, sin duda, una acusación política.
En los actos de Dilma Rousseff -lo han dicho los analistas internacionales; lo han dicho los presidentes de América Latina- no hubo ninguna sombra de corrupción.
Lo afirma Lula en su mensaje a la Presidenta : "La constitución brasileña es categórica en ese sentido: sin la existencia de crimen de responsabilidad no puede haber impeachment. Y no hay ningún acto de la Presidenta Dilma , absolutamente ninguno," -sostiene Lula - "que pueda caracterizarse como crimen de responsabilidad. Los procedimientos contables utilizados como pretexto para la destitución de la Presidenta son idénticos a los adoptados por todos los gobiernos anteriores y por el propio vicepresidente Michel Temer en las ocasiones en que él sustituyó a la Presidenta por motivos de viaje. Nunca constituyeron motivo de penalización de los gobernantes ni mucho menos una justificativa para derribarlos. Se trata, por lo tanto, de un proceso estrictamente político".
Brasil, sin duda, va a tener tiempo para recuperarse de este golpe. Sin embargo, se ha instalado como elemento político en América Latina el "golpe blando". Ya no están los "gorilas" brasileños; ya no están los militares chilenos; ya no está Pinochet. Pero se ha cernido sobre América Latina una nueva sombra: la utilización de procedimientos constitucionales que buscan ese tipo de salidas.
Ese es un mecanismo al cual las democracias no le pueden temer. Brasil no le puede temer.
En 1992 Fernando Collor de Melo no fue destituido: renunció antes de ser acusado por corrupción -paradójicamente, Collor de Melo es uno de los Senadores traidores que votaron en contra de Dilma Rousseff-, pues se comprobó fehacientemente que para financiar sus gastos privados se transfirieron irregularmente 6,5 millones de dólares. A raíz de ello -repito-, renunció.
¡Dilma tuvo la dignidad de enfrentar un proceso político y dar la cara a Brasil y al resto del mundo!
Collor de Melo, ese Senador traidor, corrupto, quien renunció antes de enfrentar el procedimiento de que fue objeto en 1992, es parte de aquellos corruptos -valga la redundancia- que hoy destituyeron a Dilma.
El ex Presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, principal acusador y promotor de la acusación contra Dilma , ¡fue suspendido el 6 de mayo por corrupción!
¡Suspendido! ¡El principal acusador de Dilma!
Hoy las ironías de la vida -podrían decir algunos- hacen que Dilma Rousseff , mujer de larga trayectoria de lucha; exguerrillera; torturada; Presidenta reelecta de Brasil , sea un ícono mundial de la injusticia, de la infamia, de la ignominia.
Dilma no fue acusada por enriquecimiento ilícito. ¡Y que eso quede claro! Porque en algunos sectores de Chile he escuchado la palabra "corrupción".
Lo que hizo Dilma fue lo que hicieron muchos presidentes brasileños cuando cambiaron partidas por decreto supremo, tal como lo han hecho los presidentes en Chile en más de una ocasión.
Se trata, por tanto, de un procedimiento estrictamente político. Y Michel Temer lo sabe: el Presidente investido hoy, después de la destitución, lo sabe.
Brasil va a entrar en una vorágine de privatizaciones, pues está claro cuál ha sido el camino del señor Temer.
¡Temer es de temer...!
Yo espero que los brasileños, y particularmente los partidos de izquierda, los partidos populares, sepan enfrentar la amenaza: esto es un golpe de Estado, un "golpe blando".
Yo, al menos, y muchos de quienes están en la Sala tuvimos la ocasión de vivir un golpe de Estado en 1973, hace 43 años. Entonces, sabemos de qué se trata: son procesos que buscan descabezar a los gobiernos para instaurar regímenes que procuran cambios, pero para favorecer, por supuesto, a minorías. Y en aquella oportunidad muchos debieron irse de nuestro país, al exilio.
Yo espero que los brasileños continúen en Brasil luchando por restituir la justicia y la dignidad, no de Dilma Rousseff , sino de millones y millones de ciudadanos que tuvieron abrigo, vivienda, dignidad, educación durante su Gobierno.
Tengo la certeza de que estas palabras nos hacen rememorar nuestra propia experiencia de golpe de Estado.
La diferencia con Dilma es que ella no se suicidó.
A Dilma no la mataron.
¡A Dilma no la van a matar jamás!
La diferencia que tenemos con respecto a Brasil es que en este país existe un segundo hombre: Lula da Silva.
¡Pero también han apuntado al segundo hombre!
Es decir, la conspiración internacional y nacional pretende no solo liquidar a Dilma -y lo consiguieron: lamentablemente, tuvieron éxito-, sino que además apunta en contra de Lula.
Debo advertir que en los próximos días vamos a vivir un nuevo ataque, que tiene la misma dirección, pero con un objetivo distinto: Lula da Silva, expresidente de Brasil , sin duda el candidato presidencial que aparece con la mejor opción en las elecciones a que necesariamente deberá convocarse en dicha nación.
La gestión de Lula da Silva y la de Dilma Rousseff permitieron sacar a Brasil del hambre; liberar de la miseria a más de 35 millones de ciudadanos, y elevar la renta y el consumo de otros 40 millones, en el mayor proceso social de toda la historia de ese país.
Se impulsó la inserción de Brasil en América Latina por la vía de introducir uno de los programas más exitosos del Gobierno de Dilma Rousseff, denominado "Más Médicos", que consistió en el ingreso de sobre 13 mil profesionales, provenientes principalmente de Cuba, quienes fueron a los lugares más remotos y apartados de esa nación, entre ellos el Amazonas, donde atendieron a tribus que jamás en su vida habían tenido asistencia médica.
Lo propio ocurrió con el programa Mi Casa, Mi Vida, que ayudó a millones de personas a mejorar sus condiciones habitacionales.
Ese fue el resquemor que se suscitó en Brasil: que un Gobierno socialista, elegido democráticamente con 51,6 por ciento de los sufragios (reitero: más de 54 millones de votos), tuviera éxito en sus políticas públicas.
Las mismas fuerzas que derribaron a Dilma para implantar su agenda antipopular quieren criminalizar los movimientos sociales en Brasil y en el resto de América Latina.
El ex Presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha -ya lo dije antes-, separado de ese cargo por corrupto, forma parte de un clan de senadores, exsenadores y fuerzas políticas y económicas que operan desde las sombras.
A lo largo de su vida, Dilma nunca ha aceptado amenazas ni chantajes. No lo hizo durante las dictaduras de Brasil. No lo iba a hacer como la Presidenta digna que ha sido y que seguirá siendo, a pesar de la destitución.
Si hubiera sido cómplice de la improbidad o de lo peor de la política, no tendría el respaldo popular con que cuenta hoy.
Tal como señala Dilma, los medios de prensa brasileños operaron completamente en su contra.
En efecto, de las grandes manifestaciones realizadas a su favor por cientos de miles de ciudadanos en todo Brasil, muy pocas tuvieron espacio en la prensa nacional, al revés de las efectuadas en su contra, que sí fueron recogidas por ella.
Tiene un minuto adicional, señor Senador.
Señor Presidente , yo espero que la Presidenta Michelle Bachelet y mi Gobierno, el de la Nueva Mayoría, rompan el silencio. Porque el silencio es cómplice.
¡ América Latina debe romper el silencio!
¡La Izquierda chilena debe romper el silencio!
¡Los demócratas chilenos deben romper el silencio y condenar el "golpe blando" registrado en Brasil!
Así como el mundo fue solidario con Chile contra el golpe de Pinochet, que fue de muerte, de asesinatos y de persecución, este "golpe blando" contra Dilma tiene que ser condenado por el Gobierno de nuestra nación.
Yo le pido a la Presidenta Bachelet condenar ese "golpe blando"; llamar a consulta al Embajador de Chile en Brasil ; dar una señal explícita de que nuestro país no apoya ni apoyará jamás golpes de Estado, sean militares o blandos.
Señor Presidente, solicito que esta intervención sea remitida al señor Embajador de Brasil y...
Por favor, Su Señoría, redondee la idea.
Solo digo, señor Presidente , que América Latina no puede ser cómplice con su silencio de lo que sucede en Brasil.
Hoy es Dilma. Mañana será un nuevo gobierno democrático.
Espero que el Gobierno y la Presidenta de la Republica condenen abierta y directamente el golpe de que hemos tomado conocimiento.
Ruego enviar copia de mi intervención, asimismo, a la Presidenta de la República , señora Michelle Bachelet ; a todos sus Ministros de Estado , y a los señores parlamentarios (Diputados y Senadores) del Congreso Nacional de Chile.
En el tiempo de Renovación Nacional, tiene la palabra el Senador señor Coloma.
Antes de que intervenga Su Señoría, solicito el asentimiento de la Sala para que a partir de este instante me remplace en la testera el Senador señor Navarro.
--Pasa a presidir la sesión el Senador señor Navarro, en calidad de Presidente accidental.
Señor Presidente, quiero señalar desde esta bancada que tengo una absoluta y particular discrepancia con respecto a los catonismos morales de la Izquierda, que de vez en cuando surgen en el mundo.
Sucede que los mismos que piden, exigen y defienden el funcionamiento de las instituciones gritan al cielo y hacen todo tipo de descalificaciones acerca de ellas cuando funcionan al revés de lo que les gusta.
¡Ese es un doble estándar inaceptable!
Con la misma convicción con que rechazo que cualquier otro país se involucre en el funcionamiento de la institucionalidad en Chile, no acepto que un conjunto de parlamentarios de Izquierda haya desplegado un lienzo aquí, en el Senado, para posteriormente generar una especie de descalificación de todo lo realizado en un país con el cual tenemos relaciones diplomáticas normales y que es respetable desde todo punto de vista.
Los brasileños actuaron conforme a su Constitución, a su realidad. No han vulnerado su Carta ni su realidad.
Si 61 de 81 parlamentarios votaron en determinado sentido, a este Congreso no le corresponde hacer un juicio moral respecto a lo que ellos determinaron: solo le cabe entender que en aquella nación ha funcionado una institucionalidad, la que a uno puede gustarle o no.
Son los mismos que cuando Maduro rompe la institucionalidad lo defienden a cualquier precio, sin considerar que rompió el Estado de Derecho y el sentido de la libertad, que mantiene presos por más de dos años a los disidentes políticos.
En tal caso, esos mismos parlamentarios de Izquierda guardan silencio. Y no solo guardan silencio, sino que además, ante cualquier crítica que se plantee, reclaman ante la OEA, sobre la base de convenciones relacionadas con la democracia.
Señor Presidente , yo no pensaba intervenir. Sin embargo, no me parece aceptable ni razonable guardar silencio.
El Senado de la República de Chile es democrático, tiene sus normas, y exigimos que se respete su independencia.
Pero, con la misma convicción, yo por lo menos no acepto que parlamentarios chilenos se entrometan indebidamente en lo que sucede en países donde funciona el Estado de Derecho.
Me parece que esas son la lógica y la coherencia de la democracia.
Aquí no caben dos estándares: cabe solo uno.
En Brasil no ha habido un golpe de Estado, contrariamente a lo que dice el mismo Senador Navarro mediante un letrero que desde hace varios días tiene puesto al frente de mis ojos: allí funcionó una institucionalidad, la que existe, le guste o no a Su Señoría.
Nadie puede decir -yo no he oído sostenerlo- que la Constitución de Brasil es ilegítima. Eso jamás lo ha expresado algún medio de ese país.
El señor NAVARRO ( Presidente accidental ).-
Tiene un minuto adicional, Su Señoría.
Por tanto, señor Presidente, planteo mi punto de vista y rechazo las expresiones vertidas sobre la materia en comento.
Estamos en la hora de Incidentes. Es el momento en que cada Senador tiene el derecho a plantear sus puntos de vista sobre diversos asuntos. Y yo respeto ese derecho.
Sin embargo, no quiero que en el caso de Brasil quede un registro parcial de la historia.
No quiero que alguien diga que en el Parlamento chileno se estableció que Brasil tiene una Constitución antidemocrática.
No quiero que quede la sensación de que aquí existe una visión unilateral.
Acá hay una visión distinta.
Yo por lo menos defiendo la institucionalidad; defiendo la Constitución, particularmente en el caso de países que tienen relaciones diplomáticas con Chile y han seguido la lógica institucional.
Recuerdo que algunas personas, en su momento, reclamaron por el caso de Paraguay. Y, efectivamente, una comisión estableció que no se habían seguido las lógicas del juicio político, existente en todo el mundo. ¡Si las normas no son muy distintas de las vigentes en nuestro propio país! Pero lo que no me parece adecuado es que simplemente se descalifique un procedimiento y, además, se le dé una connotación política, como si aquí se impulsara una especie de cruzada mundial para combatir a la Izquierda. Eso no tiene nada que ver con lo sucedido.
Cada uno interpretará la historia. Los brasileños la analizarán. Les deseo la mejor de las suertes. No quiero que a Brasil le vaya mal. Al contrario, espero que le vaya bien. Ojalá logren enfrentar los instantes difíciles y encontrar caminos de unidad dentro de su Estado de Derecho, dentro del esquema que libremente se han fijado, y no reciban calificativos de bondad o de maldad según la idea política que se sostenga, más aún si ello se mira a miles de kilómetros de distancia.
Por eso, he querido asentar mi punto de vista para que no se concluya que aquí hay una visión única respecto del tema, sino diversa. El Senador que habla, por lo menos, quiere defender la forma de respetar las institucionalidades y las constituciones en nuestro continente.
El señor NAVARRO (Presidente accidental).-
En el tiempo del Partido por la Democracia, tiene la palabra el Honorable señor Quintana.
Señor Presidente , hace algunos días estuve en la comuna de Carahue, Región de La Araucanía, y específicamente en la Villa Vista Hermosa, donde me reuní con sus dirigentes -entre ellos, la señora Berta Peña , quien también es Presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos-, y pude apreciar en terreno el drama diario que doscientas cincuenta familias enfrentan con serios problemas de anegamiento en la época invernal. Eso conlleva muros húmedos durante casi todo el año y remoción permanente de tierra debido a desniveles precisamente en el emplazamiento del conjunto habitacional, lo que afecta a más de noventa viviendas.
El problema se origina por la presencia de napas subterráneas en la zona donde se construyó la población, sin haberse logrado establecer hasta ahora medidas de mitigación efectivas que ayuden a sus habitantes a vivir con la dignidad que merecen.
Sin embargo, ellos se han organizado y presentado un proyecto, con el respaldo de la Municipalidad de Carahue, para mejorar la situación. Se trata de construir mil seiscientos metros cúbicos de muros de contención de hormigón armado, además de un sistema de drenaje por medio de celdas verticales, que captan las aguas lluvia y las llevan a los colectores principales.
Lo anterior, planteado ya hace bastante tiempo, en enero de 2015, cuenta con la recomendación técnica favorable de la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social de La Araucanía, pero hasta ahora no ha sido incorporado en los marcos presupuestarios vigentes, a pesar de que autoridades regionales y provinciales se han acercado a la unidad vecinal para hacer presente que se logrará una salida en el corto plazo.
Quiero pedirles a la titular de Vivienda y al Ministerio a su cargo un estudio del caso, en especial la factibilidad de incluirlo en el presupuesto sectorial para el año 2017, dado el anuncio de los representantes de la Cartera.
La idea es que estas familias obtengan una solución definitiva, pues si la misma dificultad se hubiera registrado en alguna comuna del barrio alto de Santiago, no dudo de que no hubiese sido preciso esperar veinticuatro años, desde 1992, para superarla. El logro de un país más igualitario tiene mucho que ver con terminar de una vez por todas con estas discriminaciones.
Por lo tanto, solicito remitir a la señora Ministra de Vivienda una copia de mi intervención.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del Honorable señor Quintana, conforme al Reglamento.
Hace algunos días acompañamos a las autoridades y la comunidad escolar del Instituto Claret, un establecimiento de largo prestigio en la zona de Temuco y en buena parte del país, al llevarse a cabo la inauguración de la nueva estación del mismo nombre, que dispone de todas las comodidades y estándares necesarios para satisfacer la demanda del plantel de enseñanza y que vino a reemplazar la estructura provisoria instalada hace algunos años producto de un convenio entre este último y Ferrocarriles del Sur (FESUR).
El inconveniente es que el tren cuenta con pocos vagones, por lo que en el viaje desde Temuco al colegio no caben todos los estudiantes. El establecimiento reúne a más de tres mil alumnos y en el campus norte, donde se presenta la dificultad, hay más de mil trescientos. Todos los cursos del nivel superior, de séptimo año básico a cuarto año medio -¡todos!-, tienen clase en esta sede. No existe otro medio de transporte para llegar.
La idea es atender igualmente a comunas aledañas, como las de Lautaro, Perquenco, Padre las Casas y Freire, entre otras, donde hay estaciones, pero con relación a las cuales no existe la capacidad de trasladar a una gran cantidad de educandos.
FESUR tiene la intención de mejorar cada vez más el servicio -la empresa se hizo presente, asimismo, en la inauguración-, y no solo respecto del colegio, sino también de una comuna como Victoria, por donde el recorrido pasa a diario.
Se trata de un tren de cercanía, un poco en la lógica de aquellos que se mueven con pocos vagones -los estudiantes pagan una cierta cantidad-, mas la cuestión radica, fundamentalmente, en la necesidad de aumentarlos.
Hago referencia al único colegio en Chile, quizás -y claramente en la Región-, que cuenta con este medio de transporte exclusivo, el cual facilita la llegada desde Temuco, distante once kilómetros. La distancia es mayor, por supuesto -en algunos casos, más de treinta- desde comunas vecinas como las que he señalado.
Por ello, quiero pedir que se oficie al Ministerio de Transportes para que tome las medidas del caso tal vez en un momento próximo, cuando sea necesario reemplazar los automotores.
No olvidemos que en la Región de La Araucanía se planteó una cuestión bastante compleja con la caída del puente ferroviario, de más de cien años, en la comuna de Pitrufquén. Y eso probablemente va a obligar a la empresa de ferrocarriles y al Ministro de Transportes , cuya responsabilidad es directa, a anticipar los procesos de inversión.
Ruego, entonces, considerar la situación del establecimiento y de los mil trescientos estudiantes que precisan utilizar a diario este único medio de transporte, quienes no tienen como hacerlo al no caber más de doscientos o trescientos en los vagones existentes, y, por cierto, mejorar un servicio tan necesario para los alumnos del Instituto Claret, así como analizar la factibilidad de ampliar el recorrido hacia la comuna de Lautaro, tal como lo he expuesto.
Además de pedir el envío al señor Ministro de Transportes de una copia de mi intervención, deseo que se remita otra a la señora Ministra de Educación , a cuya Cartera también le corresponde una responsabilidad. El propósito del subsidio al transporte, rural o urbano, es justamente permitir que los jóvenes accedan a los establecimientos educacionales públicos. En este caso se trata de un plantel particular subvencionado -o sea, funciona con recursos públicos-, que ha hecho un gran aporte a la educación desde hace largo tiempo. Solicito que mis palabras sean puestas en conocimiento de la señora Ministra con la finalidad de que se pueda ver el rol que a ellos también les cabe en la materia.
Y, desde luego, quiero que otra copia se haga llegar al padre Teodoro Arranz , quien se ha desempeñado por décadas como rector y al frente de esta prestigiosa institución educacional de la Región de La Araucanía.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del Senador señor Quintana, conforme al Reglamento.
El señor NAVARRO (Presidente accidetantal).-
Constituye un hecho público y notorio, que no obstante existir una prohibición al respecto, en los diversos establecimientos penitenciarios nacionales, los imputados cuentan con aparatos de telefonía móvil, que les son proporcionados por las personas que los visitan, ya sea amistades o parientes, que logran burlar los controles establecidos para tal efecto y que se encuentran instalados en el ingreso de los recintos penales. Tal situación ha sido constatada en diferentes recintos penales a lo largo del país.
Este fenómeno se da tanto en los establecimientos destinados a la privación de libertad para los imputados que se encuentran sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva, como en aquellos donde los internos cumplen sus respectivas condenas, impuestas por sentencia ejecutoriada.
Mediante el empleo de estos aparatos telefónicos mantenidos en clandestinidad, los internos cometen delitos de estafa, llamando a diversas personas para dicho propósito, o bien, mantienen contacto destinado a incurrir en conductas penadas por la ley de drogas, e incluso llegan a coordinar estrategias de defensa con personas que tienen la calidad de copartícipes en los delitos cometidos y que han motivado su privación de libertad.
Para evitar dicha situación, se hace necesario establecer un sistema de inhibidores de señal de telefonía celular, y que sea de conocimiento pleno de la población penal, como existe en otros países, ya que en la actualidad no existe una normativa con aplicación nacional, para impedir estas llamadas telefónicas o recepción de ellas, en forma clandestina.
Tal implementación debe estar contemplada a nuestro juicio, en la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, en que se establecen la determinación de las características de los establecimientos penales, mediante Decreto Supremo del Ministerio de Justicia.
Y asimismo estimamos que este sistema de inhibición telefónica, deber ser acotado a las galerías de reclusión y espacios abiertos existentes en los penales, sin afectar las comunicaciones de las dependencias administrativas de los mismos, o de espacios aledaños a dichos recintos, en que puedan encontrarse edificaciones, vías públicas, o circulación de vehículos.
Para dicho efecto se requiere incorporar un artículo 16 bis nuevo a dicho cuerpo legal.
En mérito a las consideraciones expuestas, sometemos a la aprobación del Senado de la República, el siguiente
Artículo único: Modifíquese el Decreto Ley N° 2859, que contiene la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, agregándose un artículo 16 bis nuevo, del siguiente tenor:
"Artículo 16 bis: En la determinación de las características de los establecimientos penales y carcelarios, se podrá considerar un sistema de inhibición de señales de telefonía móvil, que sea acotado a las galerías de reclusión y espacios abiertos existentes en los recintos penales, sin afectar las comunicaciones de las dependencias administrativas de los mismos, o de espacios aledaños a dichos recintos, en que puedan encontrarse edificaciones, vías públicas, o circulación de vehículos"
(Fdo.): Francisco Chahuán Chahuán, Senador.- Iván Moreira Barros, Senador.
Durante el último tiempo se han producido varias sustracciones de piezas y especies culturales que se exhiben en museos de nuestro país, conductas que se han visto facilitadas por la falta de medidas de seguridad adecuadas, perdiéndose de esta forma, valiosas especies que forman parte del patrimonio cultura, e histórico de Chile.
En muchas oportunidades, estas sustracciones se hacen por encargo de personas que conocen bien su valor cultural y económico y dan origen a exportaciones ilícitas, que actualmente no se encuentran sancionadas por parte de la normativa pertinente.
Como es sabido, el tráfico de bienes culturales se sitúa como el tercero más grande del mundo, después del de armas y de drogas y se ha estimado que supera los seis millones de dólares al año. Este tráfico se sustenta en la existencia de un mercado ilegal que fomenta diversos delitos contra el patrimonio cultural, tales como robos, saqueos, contrabandos y falsificaciones.
Por otra parte, si bien la ley N° 17.288, sobre monumentos nacionales, exige en su artículo 37 a los museos estatales y otras instituciones, la entrega de un duplicado del inventario de sus piezas y colecciones patrimoniales, no se contemplan sanciones para el incumplimiento de este deber.
Cabe acotar al respecto, que tanto la UNESCO como la OEA, para el caso de los países americanos, han dictado normas mediante las cuales se insta a los países a adoptar las medidas necesarias para proteger los bienes culturales dentro de sus territorios.
Es del caso agregar, por otra parte, que en el año 2005, en virtud de la promulgación de la Ley N° 20.021, se modificó el texto de la Ley de Monumentos Nacionales, estableciendo sanciones para quienes causen daños, o afectaren de cualquier modo su integridad y se castiga también la apropiación de un Monumento Nacional, cuando es constitutiva de los delitos de usurpación, hurto, robo con fuerza en las cosas, o robo con violencia o intimidación en las personas, así como su receptación.
No obstante esta normativa, estimamos que se hace necesario prevenir la sustracción de especies o piezas culturales que formen parte de piezas culturales, obras pictóricas, colecciones privadas o particulares, mediante la inserción de circuitos integrados (CHIP) en las mismas, que en caso que sean objeto de un hurto o robo, permita efectuarles un seguimiento de posicionamiento global (GPS), y poder así lograr su recuperación.
Para dicho efecto, estimamos que debe intercalarse un inciso cuarto nuevo al artículo 37 de la ley N° 17.288, que así lo establezca.
Artículo único: Modifíquese el artículo 37 de la ley N° 17.288, sobre Monumentos Nacionales, intercalándose un inciso cuarto nuevo, pasando el actual a ser inciso quinto, del siguiente tenor:
"Las piezas culturales, obras pictóricas y colecciones de los museos, deberán tener insertas en su interior, un circuito integrado conectado a un sistema de posicionamiento global que permita su seguimiento y localización en caso de ser sustraídas".
(Fdo.): Francisco Chahuán Chahuán, Senador.- Iván Moreira Barros, Senador