Source: https://freepol.es/el-juicio-civil-y-penal.html
Timestamp: 2019-07-19 23:23:35
Document Index: 139707217

Matched Legal Cases: ['artículo 282', 'artículo 656', 'artículo 729', 'artículo 120', 'artículo 138', 'artículo 649', 'artículo 125', 'artículo 83', 'artículo 169', 'artículo 471', 'artículo 11', 'in dubio']

El juicio Civil y el Juicio Penal ✅
El juicio civil y penal
¿Cómo se designan los miembros del poder judicial?
El poder judicial español es un poder judicial profesional cuyos miembros son servidores públicos divididos en tres categorías: jueces, jueces superiores y jueces superiores del Tribunal Supremo.
En relación con el nombramiento del poder judicial (LOPJ):
Los jueces son nombrados por orden del Consejo General del Poder Judicial.
Los jueces superiores y los presidentes de los tribunales se designan por Real Decreto (Real Decreto), a propuesta del Consejo General de la judicatura.
Se envía un nombramiento al presidente correspondiente de la corte o tribunal para una orden que otorga el cargo del juez designado. Una declaración jurada es hecha por el juez designado.
Hay dos sistemas de promociones diferentes que operan en relación con los jueces:
La promoción del juez al juez principal se basa en:
Antigüedad. Dos de cada cuatro vacantes en la categoría de juez superior deben ser ocupadas por promoción de jueces con al menos tres años de servicio efectivo.
Examen selectivo o especialización. Una de cada cuatro vacantes debe ser ocupada por jueces que hayan aprobado exámenes selectivos en las jurisdicciones civil y penal y especialización en las divisiones contencioso administrativa y laboral.
Promoción de juez superior a juez superior de la Corte Suprema. Cuatro de cada cinco vacantes de jueces superiores están reservadas para miembros del poder judicial, conocido como el Servicio Judicial (Carrera Judicial). Entre ellos:
dos deben ser jueces superiores que hayan alcanzado este rango mediante un examen selectivo. Dichos jueces deben haber estado en el Servicio Judicial durante al menos 15 años y deben tener al menos cinco años de experiencia en la jurisdicción correspondiente; y
dos deben ser jueces superiores que han servido en ese puesto durante al menos diez años; también deben haber estado en el Servicio Judicial durante al menos 15 años.
La entrada al Servicio Judicial se puede obtener de una de tres maneras diferentes:
Examen de la competencia pública gratuita. La inscripción en la categoría de juez se obtiene a través de un concurso público y un curso teórico y práctico de selección llevado a cabo por el Colegio Judicial. Un candidato debe ser español, ser mayor de edad y tener un título universitario en leyes, y no debe ser clasificado como incapaz, como lo establece la ley.
Competencia basada en el mérito. Los profesionales del derecho pueden unirse al Servicio Judicial con el rango de Juez del Tribunal Supremo o Juez Principal cuando tienen una competencia reconocida y un mínimo de diez años de servicio efectivo. También deben completar con éxito un curso de capacitación en la Escuela Judicial.
Nombramiento discrecional por el Consejo General de la judicatura. Una de cada cinco vacantes de Juez Senior debe asignarse a abogados y otros profesionales del derecho de reconocida competencia, que hayan ejercido profesionalmente por más de 15 años, preferiblemente en la rama de la ley correspondiente a la jurisdicción de la cámara en relación con el nombramiento.
Litigios (civiles y penales)
¿Quién es responsable de reunir pruebas?
En los procedimientos civiles, la evidencia se examina a petición de una parte (artículo 282, Ley 1/2000, de 7 de enero, de Procedimiento Civil (Ley 1/2000, de 7 de Enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC)). , el propio tribunal puede determinar que se examinen ciertas pruebas o que se proporcionen ciertos documentos, opiniones u otros medios de prueba o instrumentos cuando así lo disponga la ley.
En procedimientos penales, el Ministerio Público español y las partes deben presentar en su acusación (escrito de calificación) pruebas en las que pretenden basarse, presentando listas de peritos y testigos (artículo 656, real decreto de fecha 14 de septiembre de 1882). , sobre el Procedimiento Penal, según enmendado (Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, Aprobatorio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim)). Sin embargo, en algunos casos el tribunal puede esbozar las pruebas que se presentarán en el juicio (artículo 729, LECrim).
¿La evidencia es examinada independientemente antes de un juicio?
El Tribunal decide sobre la admisión de cada pieza de evidencia que se ha propuesto. La admisión de las pruebas tiene lugar en la audiencia preliminar previa al juicio y es examinada oralmente por el juez, lo que no excluye el derecho de las partes a presentar un recurso de apelación para que se revoque la decisión desestimando la prueba. Si se desestima la decisión, la parte pertinente debe presentar la protesta correspondiente para defender sus derechos en la segunda instancia.
La decisión de un tribunal sobre la evidencia se toma de acuerdo con tres criterios de admisión (artículos 283 y 287, LEC):
La evidencia no debería ser irrelevante. No debe admitirse ninguna prueba que se considere irrelevante si no está relacionada con el objeto del procedimiento.
La evidencia no debería ser inútil. No se admitirán pruebas que, de acuerdo con reglas y criterios razonables y seguros, no ayuden a aclarar hechos controvertidos.
La evidencia no debe ser ilegal o prohibida.
En la audiencia preliminar antes del juicio, el tribunal solo puede admitir pruebas de acuerdo con los criterios anteriores. En el juicio posterior, todas las pruebas admitidas por el tribunal deben considerarse al mismo tiempo y en el mismo lugar, en el siguiente orden, a menos que el tribunal acuerde lo contrario por propia iniciativa o a petición de una de las partes:
Respuestas de las partes a las preguntas.
Las respuestas de los testigos a las preguntas.
Declaraciones de expertos sobre sus opiniones o presentaciones en relación con éstas (en la circunstancia excepcional de que deben ser admitidas en ese momento).
La obtención de pruebas por el tribunal, cuando esto no tiene que llevarse a cabo fuera de las instalaciones del tribunal.
Reproducción ante el tribunal de las palabras, imágenes y sonidos capturados a través de la filmación, grabación y otros instrumentos similares.
Una vez que se presente la acusación formal (escrito de calificación), el tribunal debe emitir una decisión que declare que se ha realizado y ordenar que se envíe al juez informador para que examine la evidencia. El tribunal luego examina la evidencia propuesta e inmediatamente emite una decisión admitiendo la evidencia relevante y rechazando cualquier otra evidencia.
¿ Los juicios / audiencias son públicos ?
Los procedimientos judiciales deben ser públicos, con excepción de los previstos por la ley (artículo 120, CE). Sin embargo, en circunstancias excepcionales relacionadas con asuntos de orden público y la protección de derechos y libertades, los jueces y tribunales pueden, siempre que existan motivos fundados, restringir la publicidad y mantener el secreto en relación con la totalidad o parte del asunto.
¿ Juicios públicos / audiencia Código Civil ?
La evidencia generalmente se escucha en una audiencia pública (artículo 138, LEC). Sin embargo, en circunstancias excepcionales relacionadas con asuntos de orden público y la protección de derechos y libertades, los jueces y los tribunales pueden restringir el acceso público al juicio o audiencia.
¿ Juicios públicos / audiencia Derecho penal ?
Una vez que comienza un juicio, todas las etapas son públicas (artículo 649, LECrim).
¿Cuál es la función principal del juicio y quiénes son los principales participantes del mismo?
La función principal del juicio es presentar pruebas y determinar los motivos de la sentencia o decisión final del tribunal. En el juicio, después del interrogatorio de las partes y los testigos, los abogados de las partes pueden formular preguntas adicionales a dicha parte o testigo para determinar los hechos.
Además, cuando la participación de un abogado no es obligatoria, las partes pueden cuestionarse mutuamente y hacer las observaciones que sean apropiadas para determinar los hechos relevantes, asegurándose de que no hablen entre sí ni se interrumpan. Además, cuando los testigos se contradicen seriamente entre sí, el tribunal puede, por propia iniciativa o a petición de parte, permitir un interrogatorio adicional en relación con la evidencia contradictoria.
En los juicios civiles, los principales partidos son el demandante y el demandado. En las causas penales, los principales son el acusador y el acusado y, en su caso, el fiscal español (este último también puede comparecer en ciertos juicios civiles, por ejemplo, en procedimientos relacionados con la incapacidad, la nulidad del matrimonio y los relativos a la determinación y impugnación de parentesco).
¿Cuál es el papel principal del juez y el abogado en un juicio?
La función principal del juez en un juicio es supervisar la producción de pruebas y evitar discusiones que son irrelevantes para descubrir los hechos. Además, el juez puede intervenir en la producción de pruebas en el juicio (cuestionar a la parte citada para testificar, testigos, etc.) para obtener aclaraciones y completar las pruebas presentadas por las partes.
En los procesos penales, la intervención del juez no es contraria a la imparcialidad judicial porque el juez decide exclusivamente sobre la base de lo que se ha hecho y probado en el juicio. Las funciones de investigación previa al juicio y dictación de sentencia se asignan a diferentes jueces.
Papel de los asesores legales
Las funciones principales del abogado durante el proceso son:
Informe al cliente sobre las posibles consecuencias de la prueba.
Diseña la estrategia de prueba.
Producir evidencia al tribunal.
Representar al cliente en el juicio y asuntos relacionados.
¿En qué medida se utilizan los jurados?
Los ciudadanos participan en la administración de justicia a través de la institución del jurado (artículo 125, CE). La LOPJ (artículo 83) establece que la composición y jurisdicción del jurado se regirán por la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado (Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal Jurado).
Los juicios por jurado no están disponibles en casos civiles.
El jurado es competente para juzgar los delitos penales presentados para su evaluación y emitir un veredicto. Los tipos de ofensas criminales que puede evaluar en el juicio son delitos graves:
Comprometido por funcionarios en el ejercicio de sus cargos.
De incendio premeditado.
En este contexto, un jurado puede conocer y emitir veredictos en juicios sobre (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal español (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal) (Código Penal)):
Homicidio ilegítimo (artículos 138 a 140).
Intimidación (artículo 169.1).
Fracaso en el deber de ayudar (artículos 195 y 196).
Allanamiento de una vivienda (artículos 202 y 204).
Incendios forestales (artículos 352 a 354).
Incumplimiento en el deber de mantener la custodia segura de los documentos (artículos 413 a 415).
Corrupción (artículos 419 a 426).
Malversación (artículos 432 a 434).
Fraude e impuestos ilegales (artículos 436 a 438).
Cuestiones relativas a los funcionarios públicos, cuando supuestamente han entablado negociaciones que están prohibidas (artículos 439 y 440).
Incumplimiento del deber de mantener la custodia segura de los presos (artículo 471).
El jurado está compuesto por nueve miembros del jurado (jurados) y un juez de primera instancia (Magistrado) que pertenece al tribunal provincial (Audiencia Provincial) donde se llevará a cabo el juicio.
Las siguientes personas no pueden realizar el servicio de jurado:
El Rey y los otros miembros de la familia real española y sus cónyuges.
El presidente del gobierno, los vicepresidentes, ministros, secretarios de estado, subsecretarios, directores generales y titulares de oficinas similares.
El Director y los delegados provinciales de la Oficina del Censo Electoral.
El Gobernador y el Vicegobernador del Banco de España.
Los presidentes de las comunidades autónomas, los miembros de los consejos de gobierno, los consejeros adjuntos y funcionarios similares.
Diputados y senadores de las Cortes Generales, miembros del Parlamento Europeo, miembros del Consejo General de la Judicatura y el Fiscal General del Estado, el Presidente y los miembros del Tribunal de Cuentas y del Consejo de
Estado, y de cualquier órgano o institución similar de las comunidades autónomas.
El Defensor del Pueblo y sus adjuntos, así como aquellos que tienen oficinas similares en las comunidades autónomas.
Miembros en servicio activo de la judicatura y el Servicio de Fiscalía del Estado, secretarios judiciales, médicos forenses, funcionarios, asistentes, oficiales y otro personal involucrado en la administración de justicia.
Miembros en servicio activo con la Policía Judicial, miembros en servicio activo con el Cuerpo Militar Legal, y asistentes en el ejército y en la Fiscalía Militar.
Delegados gubernamentales en las comunidades autónomas, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y los delegados gubernamentales que representan a las islas y prefectos.
Miembros en servicio activo con la policía y las fuerzas de seguridad.
Funcionarios que trabajan para el servicio penitenciario.
Los jefes de las misiones diplomáticas acreditadas en el exterior, los jefes de las oficinas consulares y los jefes de las representaciones permanentes ante las organizaciones internacionales.
Además, una persona queda descalificada del servicio de jurado si él o ella:
Es un fiscal privado, parte civil, acusado o un tercero responsable bajo la ley civil.
Tiene una relación con un juez o magistrado.
Está de alguna manera relacionado con el juez de primera instancia, un miembro de la fiscalía o secretario judicial, o los procuradores o abogados que actúan en el caso.
Está involucrado en el caso como testigo, experto, garante o intérprete.
Tiene un interés directo o indirecto en el caso.
¿Qué restricciones existen en cuanto a la evidencia que puede ser escuchada por el tribunal?
El tribunal no puede decidir sobre hechos no incluidos en la acusación, y la sentencia solo puede basarse en la evidencia presentada en el juicio. En este sentido, el juicio comienza tomando las pruebas admitidas; sin embargo, se emite una decisión preliminar si una parte debe plantear o debería haber planteado que se ha producido una violación de los derechos fundamentales. Se excluye la evidencia obtenida ilegalmente, porque la evidencia que, directa o indirectamente, infringe los derechos o libertades fundamentales, es inadmisible (artículo 11.1, LOPJ).
¿Qué parte tiene la carga de la prueba en un juicio y en qué estándar se encuentra esta carga?
Las diferentes partes tienen diferentes cargas de la prueba:
El demandante y el demandado contra reconvención, en su caso, deben demostrar los hechos en los que se basan las causas de acción del reclamo y la reconvención.
El demandado y el demandante contra demandado deben probar los hechos que impiden, extinguen o reducen la validez de los hechos que el demandante y el demandado contra la reclamación pretenden probar.
Sin embargo, la carga de la prueba se puede revertir en ciertas circunstancias:
En los procedimientos sobre competencia desleal y publicidad falsa, corresponde al demandado demostrar la exactitud y veracidad de las declaraciones realizadas y de la información contenida en la publicidad, respectivamente.
En los procedimientos de discriminación de género, corresponde al acusado demostrar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su naturaleza proporcional.
Existen otras situaciones en las que la ley prevé la inversión de la carga de la prueba (por ejemplo, en relación con ciertos asuntos de empleo).
Bajo el principio de in dubio pro reo (donde persisten las dudas), en ausencia de pruebas, o si no se prueba la culpabilidad del acusado, el tribunal puede absolver al acusado.
Además, el principio de presunción de inocencia considera al acusado inocente hasta que se demuestre su culpabilidad, por lo que el acusador y / o el fiscal deben probar cada elemento de la ofensa.
¿Qué rango de sanciones / socorro puede ordenar el tribunal con un veredicto?
Con base en el tipo de procedimientos y la protección solicitada por las partes, el tribunal puede emitir los siguientes tipos de veredictos:
Declarativo. Una declaración aclara una situación legal.
Constitutivo. Este tipo de decisión crea, modifica o termina una relación legal.
Condenatorio. Este tipo de decisión obliga al acusado a hacer algo o abstenerse de hacer algo u obligarlo a entregar algo.
Las sanciones que se pueden imponer son (CP):
Penalidades que privan de libertad, que son:
trazabilidad permanente;
responsabilidad subsidiaria personal por falta de pago de multas.
Sanciones que restringen los derechos, que son:
descalificaciones generales;
descalificaciones específicas;
suspensión del empleo público y la oficina;
privación del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores;
privación del derecho a poseer y portar armas;
privación del derecho a residir en lugares específicos o visitarlos;
prohibición de acercarse a la víctima o a sus familiares u otras personas determinadas por el juez o tribunal de justicia;
servicio comunitario; y
privación de los derechos de los padres.
Penas pecuniarias, eso es:
multas; y
en caso de impago de multas, responsabilidad personal subsidiaria.