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Timestamp: 2013-06-19 10:10:36
Document Index: 117515632

Matched Legal Cases: ['artículo 92', 'artículo 81', 'artículo 97', 'artículo 101', 'artículo 97', 'Artículo 97', 'artículo 97']

Persigue tus Sueños....., sábado, 12 de marzo de 2011
La Ley de Relaciones Familiares de los Hijos y e Hijas cuyos Progenitores no Conviven --conocida como de Custodia Compartida-- de la Comunitat Valenciana, cuyas enmiendas se han debatido este viernes en la Comisión de Gobernación y Administración Local de las Corts, se debatirá en el pleno de la Cámara, como pronto, en la próxima legislatura, ya que al final no se celebrará el pleno escoba para el que se habían reservado los días 23 y 24 de marzo, según han informado fuentes del Consell a Europa Press. De esta manera, ninguna de las 3 normas que se están tramitando en las Corts llegará a aprobarse antes de que se celebren las elecciones del 22 de mayo. Se trata de la mencionada Ley de Custodia Compartida, la de Movilidad y la de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunitat Valenciana.
En la Comisión de este viernes se han debatido las enmiendas al proyecto de ley de Custodia Compartida, donde los grupos han llegado a acuerdos como que esta norma regule las relaciones de los menores de parejas separadas no solo con sus padres, sino también con sus hermanos y abuelos, así como con otros parientes y personas allegadas. Asimismo, entre otros cambios, en la norma figurarán algunos relativos a la atribución del uso de la vivienda y el ajuar familiar. En concreto, incorporará que "en el caso de atribuirse la vivienda familiar a uno de los progenitores, si ésta es privativa del otro progenitor o común de ambos, se fijará una compensación por la pérdida del uso y disposición de la misma a favor del progenitor titular o cotitular no adjudicatario".
2.- Para quien paga la pensión el caso es diferente pues esta pensión no puede tratarse como un gasto deducible, y tampoco le minora la base imponible del IRPF; lo que sí esta permitido es aplicar un tipo de gravamen más bajo por la cuantía de la pensión, es decir que si el importe de esta es menor a la base liquidable general, la escala se aplica de manera distinta y por separado a ambas partidas. En algunos casos esto puede suponer un ahorro fiscal, sobretodo para las personas que tienen rentas altas.
Respecto de la pensión compensatoria su tratamiento es diferente si hay resolución judicial, si esta existe entonces el pagador de esta pensión puede reducirla de la Base Imponible del IRPF, es decir como si hubiese ganado este dinero, es por eso que quien recibe esta pensión la recibirá en concepto de Rendimiento de Trabajo Personal, por lo tanto hay que declararlo. En cambio cuando no existe una ratificación judicial la base imponible no se reduce ni tampoco es trabada como Renta del Trabajo, y por lo tanto la cantidad va íntegramente al pensionista. De hecho cuando no existe una distinción clara entre la pensión por alimentos y la compensatoria, el cónyuge que la reciba puede repartirlas en partes iguales.
En una nota de prensa facilitada por la Fiscalía, el Consejo Fiscal ha constatado que "la reforma no menciona la vivienda familiar, cuyo uso se vincula a la guarda de los hijos. Esto suele desencadenar conflictos, supeditando el interés de los hijos por el uso de la vivienda". Por ello, el Consejo cree que "se podría sustituir ese vínculo obligatorio por un criterio potestativo o preferente, a decidir por el Juez, oído el Fiscal". Asimismo, el Consejo estima que en el artículo 92 del Código Civil, por coherencia con lo que señala la Exposición de Motivos del Anteproyecto sobre el interés del menor, "sería conveniente evitar que el simple pacto entre los cónyuges determine la renuncia al ejercicio de la patria potestad o de la guarda de los hijos, salvo decisión judicial, previo informe del Fiscal y en supuestos muy extraordinarios".
En cuanto al establecimiento de un plazo obligatorio de 3 meses de matrimonio para hacer posible la petición de separación o divorcio, la Fiscalía afirma que es una mejora respecto de la situación vigente. TENTACION PREOCUPANTE
Sin embargo, si la novedad de la reforma es "el establecimiento de la autonomía de la voluntad de los particulares", el Consejo no alcanza a comprender la razón de establecer dicho plazo. Además, señala que las denuncias infundadas de malos tratos "constituyen una tentación preocupante para obtener la exención" de ese plazo.
En términos generales, el Consejo ha constatado que las novedades previstas en el denominado Anteproyecto de Ley de modificación del Código Civil en materia de separación y divorcio, "son fiel reflejo de las necesidades sociales hoy vigentes, y de la experiencia social y procesal pacíficamente asentada, por lo que merece el reconocimiento de su oportunidad y conveniencia". Sin embargo, propone otras precisiones como que la expresión del artículo 81.2 del Código Civil "interés del otro cónyuge o el de los hijos", no es lo suficientemente clara, pues parece referirse a que el interés del cónyuge demandado determinará el régimen de excepcional celeridad de la actuación del cónyuge demandante. Además, creen que debería precisarse si los hijos mencionados en la previsión legal son los comunes de ambos cónyuges o también se abarca a los hijos que lo sean de cada uno de ellos, en los casos que lo requiera el interés de tales menores.
En relación a la regulación actual, las medidas provisionales presentaban un tiempo de respuesta como término medio de entre 7 y 8 meses, durante el cual la pareja, ya rota y enfrentada, se veía obligada a convivir. La Fiscalía destaca que un 70 % de los episodios de violencia doméstica se produce durante los trámites de separación, por lo que es de esperar que una mayor agilidad en el proceso evitará incrementar la conflictividad. "Esta previsible disminución de los procedimientos y de los tiempos de tramitación repercutirá positivamente en la carga de trabajo de las Fiscalías --señala la nota de prensa--. Según la Memoria de la Fiscalía General del Estado, el Fiscal intervino durante 2003 en 54.577 procedimientos de separación y en 28.096 de divorcio".
Las recomendaciones del Consejo Fiscal al Anteproyecto se plasmarán en un informe definitivo que se remitirá en los próximos días al Ministerio de Justicia. Publicado por
VALENCIA, 10 Mar. 2011(EUROPA PRESS) - Las madres de familias monoparentales y de clase media son las más agredidas por hijos maltratadores, según la tesis 'Violencia filio-parental: una aproximación a sus claves', de la profesora del Departamento de Teoría de la Educación de la Universitat de València (UV), Concepción Aroca Montolío.
Miércoles, 9 de marzo del 2011/ AFP / París La top model eslovaca Adriana Karembeu, de 39 años, ha anunciado que se separa de su esposo, el futbolista francés Christian Karembeu, 40 años, en una información que publicará París Match en la edición de este jueves.
La mediación puede ser la tercera en discordia en una separación. Contar con ella facilita el acuerdo entre las partes, ahorra mucho dinero a la administración y a la pareja y acorta el proceso judicial
QUÉ!. . Jueves, 10 de Marzo de 2011. aldia@que.es“La mediación en un divorcio ahorra tiempo y dinero”. Con esa frase tan sencilla define el mediador Pedro López Anadon las consecuencias de esta fórmula, poco conocida en nuestro país, pero que empieza a imponerse en los juzgados. De momento, es voluntaria y no en todas las comunidades se reconoce legalmente esta figura, pero los jueces y los abogados animan a sus representados a que acudan a esta fórmula.
En España, el 64% de las parejas llegan a algún tipo de pacto y, de éstas, el 30% ha pasado antes por la mediación. Casi 100.000 personas se divorcian al año en nuestro país, pero el proceso resulta tan caro que muchos otros desisten.
“Una factura de teléfono con cientos de euros en mensajes de mi exmujer me abrió los ojos” M. M., ahora divorciado, asegura que las redes sociales e internet facilitan la infidelidad en una pareja. Su ‘ex’ aprovechó internet para ocultar otra relación.Su ex-mujer mantuvo una relación secreta durante meses.
Las redes sociales han cambiado nuestra forma de relacionarnos y también de ser infieles. Según un estudio de la revista ‘Cyberpsychology and Behaviour Journal’, 28 millones de parejas se separan en el mundo por ellas.
Proliferan las leyes de mediación, pero se espera la más importante:13 comunidades han aprobado en los últimos años una ley de mediación. La primera fue Galicia en 2001. Otras están estudiando hacerlo. Ninguna de ellas obliga a que las parejas pasen por la mediación, antes del divorcio. Reino Unido prepara una ley para que sea así. Los mediadores españoles esperan desde hace mucho tiempo una ley estatal. Existe un anteproyecto de ley, aprobado en Consejo de Ministros en febrero de 2010, que está estudiando el Consejo de Estado. También existe una directiva europea de 2008 sobre esta materia que el Gobierno aún no ha traspuesto.
En Reino Unido la mediación es obligatoria si hay hijos de por medio. Es una forma de evitarles la pelea de sus padres. Ahora se plantean trasladar este método a los divorcios sin hijos porque los procesos son más baratos.
El 90% de las parejas tienen hijos y normalmente entran en juego nuevas parejas. Las cosas se complican y es mejor que todos se pongan de acuerdo.
El divorcio no sólo tiene un coste sentimental. El proceso puede costar entre 700 y 3.000 euros, “dependiendo de si es de mutuo acuerdo o no”, afirma el abogado Miguel Muñoz de Legálitas.
Los juzgados están paralizados y a veces el proceso es largo. Si se llega con mediación, todo es más rápido. La abogada Eva Jiménez dice que “intentamos fomentarlo, pero de momento no son muchos los que se atreven”.
La crisis ha cambiado el panorama inmobiliario de los países a uno y otro lado del Atlántico, pero debido a la heterogeneidad que presentan los diferentes mercados el grado de ajuste es desigual. El impacto en los precios de la vivienda es un claro ejemplo. Aunque las evoluciones varían según la fuente, los datos oficiales del Ministerio de Fomento -basados en el valor de las tasaciones- revelan que mientras en España acumulan un descenso del 13,1% desde máximos -Iº trimestre de 2008-, en otros países europeos como Irlanda o Reino Unido la caída alcanza el 32,6% y el 22,6%, respectivamente. Por su parte, en EE UU el retroceso es del 32,6%. Los últimos datos que maneja la tasadora Tinsa extienden a casi el 20% la bajada acumulada de los precios en España desde el punto álgido del boom inmobiliario, lo que sitúa el recorte en niveles similares a los de Reino Unido.
Igualdad en empleo y protección social, entre los objetivos del pacto por la igualdad de género suscrito por la unión europea Madrid 07/03/2011 El nuevo Pacto por la Igualdad de Género para el periodo 2011-2020, suscrito por la Unión Europea, incorpora entre sus objetivos:
1.- la promoción de un mayor equilibrio entre la vida profesional y personal, y 2.- el propósito de combatir toda forma de violencia contra las mujeres. En la reunión de este lunes, 7 de marzo, el Consejo EPSSCO, que reúne a los representantes de los distintos países en materia de empleo, asuntos sociales y salud, el Consejo de la Unión Europea adoptó el nuevo Pacto Europeo por la Igualdad de Género para el periodo 2011-2020, cuyo origen se remonta a una iniciativa sueca apoyada en primer momento por 6 Estados Miembros (Suecia, España, República Checa, Francia, Finlandia y Dinamarca) y aprobada por el Consejo Europeo en marzo de 2006.Ahora, bajo presidencia húngara de la UE, se ha acometido la adaptación y mejora del Pacto Europeo para la Estrategia de igualdad entre las mujeres y los hombres, 2010-2015, de la Comisión, así como la Estrategia Europea 2020 (2010-2015).
4.-La principal novedad del Pacto reside en la inclusión de la lucha contra la violencia ejercida contra las mujeres, que no figuraba en el Pacto anterior y que ha sido impulsada de manera especial por España. Además, se hace una referencia a reforzar la gobernanza mediante la integración de la perspectiva de género en todas las políticas.
11/10/2010 / Assumpció Martinez Rogés @ Esta semana aparecía en Editorial Aranzadi una noticia con este titular: TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UE CONSIDERA LEGAL TRASLADAR DE PAIS A UN NIÑO SIN TENER SU CUSTODIA (ver noticia en este enlace http://bit.ly/d5CGAY).
Naturaleza del procedimiento prejudicial Todo órgano jurisdiccional nacional que esté conociendo de un litigio en el cual la aplicación de una norma de Derecho europeo plantee cuestiones (litigio principal) podrá decidir consultar al Tribunal de Justicia para resolverlas. Existen 2 tipos de procedimiento prejudicial:
Alcance de las decisiones prejudiciales La decisión del Tribunal de Justicia tiene fuerza de cosa juzgada. Además, es obligatoria no sólo para el órgano jurisdiccional nacional que ha remitido la cuestión prejudicial, sino también para todos los demás órganos jurisdiccionales nacionales de los Estados miembros.
Los tres órganos jurisdiccionales que componen el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TJUE, TGUE y de la Función Pública, registraron durante el pasado 2010 un nuevo récord, ya que fueron interpuestos 1.406 asuntos. Esta cifra demuestra el aumento constante del volumen del contencioso de la Unión. Asimismo, cabe reseñar otra fuerte tendencia en 2010: la disminución global de la duración de los procedimientos. Tribunal de Justicia. El TJUE conoció durante 2010 631 asuntos nuevos, lo que representa un aumento considerable respecto del año 2009 (562 asuntos) y constituye el número de asuntos interpuestos más elevado en la historia del Tribunal de Justicia. Idéntica situación presentan las peticiones de decisión prejudicial. El número de asuntos prejudiciales interpuestos en 2010, por 2º año consecutivo, el más alto jamás alcanzado y, en comparación con el año 2009, registra un aumento del 27,4% (385 asuntos en 2010 frente a 302 asuntos en 2009). El TJUE terminó 574 asuntos en 2010, lo que representa una ligera disminución respecto del año anterior (588 asuntos terminados en 2009). Por lo que respecta a la duración de los procedimientos, los datos estadísticos se revelan muy
positivos. En lo referente a las cuestiones prejudiciales, esta duración se eleva a 16,1 meses. En cuanto a los recursos directos y a los recursos de casación, la duración media de tramitación fue de 16,7 meses y de 14,3 meses, respectivamente (frente a 17,1 meses y 15,4 meses en 2009). Para el TGUE el año 2010 estuvo marcado por varias tendencias, siendo la primera el notable aumento del número de asuntos interpuestos, que pasaron de 568 (en 2009) a 636 (en 2010), nivel nunca antes alcanzado. La segunda tendencia es el mantenimiento de un número de asuntos resueltos superior a 500 (527 asuntos resueltos). La tercera tendencia atañe la duración de la instancia, criterio de evaluación esencial de la actividad judicial.
Debido a la acentuación de la celeridad en la tramitación de los asuntos, dicha duración se redujo significativamente: 2,5 meses de media (de 27,2 meses en 2009 a 24,7 meses en 2010). Esta reducción resulta aún más apreciable en lo referente a los asuntos resueltos mediante sentencia en las materias que, desde que se creó este órgano jurisdiccional, constituyen el núcleo de su contencioso –a saber, las materias que no son recursos de casación ni propiedad intelectual–, respecto de las que se registró una reducción de más de 7 meses de la duración de la instancia.
Martes, 8 de marzo del 2011 Que en España la justicia es muy lenta no constituye ninguna novedad, sino que, desgraciadamente, forma parte del paisaje social de varias generaciones y se remonta a mediados del siglo pasado. Quizá por eso a la Generalitat, que en Catalunya tiene una parte sustancial de las competencias en la materia, le ha parecido que no supondría ningún trauma especial aumentar algo más esa dilación en aplicación de las medidas de ahorro para combatir el déficit público. Entre otras medidas, el Govern ha decidido cubrir únicamente la mitad de las plazas que vayan quedando vacantes en los juzgados y no renovar el contrato a los interinos de auxilio judicial de refuerzo.
Este recorte, como era previsible, ha soliviantado a los sectores judiciales con independencia de su adscripción ideológica o sindical. Magistrados y personal coinciden en rechazar frontalmente el tijeretazo, y aunque es sabido que en la judicatura abundan el corporativismo y unos hábitos que no siempre se corresponden con lo que exige una sociedad moderna, no parece exagerada la advertencia de que los juzgados pueden llegar al colapso. Porque el aumento de pleitos a consecuencia de la crisis hace aún más difícil impartir justicia a su debido tiempo.
¿Qué se puede hacer para paliar un panorama tan desolador? Por lo pronto, apelar al sentido de responsabilidad de quienes integran la maquinaria judicial, un activo que la mayoría ya tiene. Pero eso no es suficiente. Es urgente aplicar medidas estructurales que ya han sido aprobadas pero no puestas en práctica, como:
1.- la llamada oficina judicial, un sistema que debería optimizar el trabajo del personal mediante su compartición por varios juzgados. 2.- El uso eficiente de la informática es otra medida insoslayable -parece increíble, pero hay jueces que no usan el correo electrónico-, al igual que formas de organización más modernas.
Sin embargo, es innegable que una parte de los problemas solo tienen solución con más presupuesto. No les falta razón a los magistrados cuando lamentan que la puesta al día de los medios de la justicia no ha sido una prioridad de los sucesivos gobiernos: se ha mejorado, eso sí, pero hay mucho camino por recorrer para que la justicia sea rápida, que es casi tanto como decir que sea justa.
Doctrina Jurisprudencial: la extinción de la pensión compensatoria 03 marzo 2010. Iuriscivilis.com
El marco jurídico actual de la pensión compensatoria – regulada en el artículo 97 del Código Civil - en los casos de separación y divorcio. En el referido análisis mencionábamos que, de conformidad con el artículo 101 del Código Civil, cesa la obligación de pago de esta pensión compensatoria por extinción del cese de la causa que lo motivó:
1.- por contraer el beneficiario nuevo matrimonio o 2.- por convivir maritalmente con otra persona.
Sin embargo, estas causas de extinción del derecho a la pensión compensatoria deben ser interpretadas a la luz de la doctrina jurisprudencial emanada de nuestro Tribunal Supremo conformada en la Sentencia de 3 de octubre de 2008, siendo ponente el Excmo. Sr. D. Clemente Auger Liñán. En una apretada síntesis, esta teoría doctrinal puede resumirse de la forma siguiente: a.- Ni el mero transcurso del tiempo, b.- ni la liquidación de la sociedad de gananciales, c.- ni el nacimiento de un nuevo hijo del obligado al pago de la pensión compensatoria son motivos hábiles para que aquella se extinga. El art. 148 del Código Civil no es aplicable a aquellos supuestos en los que se modifica la cuantía de la pensión alimenticia, por lo que la nueva pensión sólo debe abonarse desde la fecha de la sentencia que la determina. Para que tenga efectos con anterioridad deberán solicitarse las medidas provisionales previstas en el art. 775.3 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.
La sentencia de instancia estimó parcialmente la demanda y acordó reconocer la eficacia civil de la resolución canónica y, entre otras medidas, la de fijar - o ratificar- una pensión compensatoria a favor de la demandada equivalente al importe fijado en la sentencia de divorcio contenciosa dictada por la Audiencia Provincial de Bizkaia. La parte actora interpuso el correspondiente recurso de apelación contra la citada sentencia y la Audiencia Provincial de Bizkaia desestimó el recurso y confirmó íntegramente la sentencia de instancia. Doctrina Jurisprudencial La línea argumental de la doctrina expuesta por el alto Tribunal, en esta Sentencia, comienza por poner de manifiesto la anticipación jurisprudencial sobre la temporalidad de la pensión compensatoria antes de venir determinada por el vigente artículo 97 del CC, con ocasión de la reforma operada por la Ley 15/2005, de 8 de julio. Así señala que la STS de 10 de febrero de 2005, tuvo ocasión de pronunciarse a favor de la temporalidad de la pensión compensatoria, anticipándose al propio legislador - que viene expresamente admitida en el referido precepto al señalar que “la compensación podrá consistir en una pensión temporal, o por tiempo indefinido, o en una prestación única”. Pero la citada doctrina sobre la posibilidad de limitar temporalmente la pensión compensatoria, acogida en posteriores sentencias como la de 19 de diciembre de 2005, ha de ponerse en relación con la naturaleza de dicho derecho, y entenderse en los siguientes términos: “La pensión compensatoria del Artículo 97 del Código Civil tiene una finalidad reequilibradora, y de la existencia de desequilibrio depende el reconocimiento del derecho, con independencia de su duración. Según la Sentencia de 28 de mayo de 2005, «Responde a un presupuesto básico: el efectivo desequilibrio económico, producido con motivo de la separación o el divorcio (no es la nulidad matrimonial), en uno de los cónyuges, que implica un empeoramiento económico en relación con la situación existente constante matrimonio». Constituye su presupuesto esencial «la desigualdad que resulta de la confrontación entre las condiciones económicas de cada uno, antes y después de la ruptura. No hay que probar la existencia de necesidad -el cónyuge más desfavorecido en la ruptura de la relación puede ser acreedor de la pensión aunque tenga medios suficientes para mantenerse por si mismo-, pero sí ha de probarse que se ha sufrido un empeoramiento en su situación económica en relación a la que disfrutaba en el matrimonio y respecto a la posición que disfruta el otro cónyuge. Pero tampoco se trata de equiparar económicamente los patrimonios, porque no significa paridad o igualdad absoluto entre 2 patrimonios». ”
“Por lo que respecta estrictamente a la posibilidad de fijar límites temporales, la doctrina no sólo lo admite con arreglo a la normativa anterior a la reforma de 2005, sino que se pronuncia también expresamente sobre la compatibilidad del establecimiento temporal de la pensión compensatoria y del régimen de modificación o supresión a que aluden los artículos 100 y 101 del Código Civil. La Sentencia de 10 de febrero de 2005, tras analizar en profundidad los argumentos vertidos a favor y en contra, opta por:
1.- el criterio favorable a la temporalización expresado por el Consejo de Europa (Informe del Comité de expertos sobre el derecho relativo a los esposos. Reunión de Estrasburgo de 20 a 24 de octubre de 1.980), 2.- el Código de Familia de Cataluña, Ley 9/98, de 15 de julio -en cuyo art. 86.1 d) se establece que el derecho a la pensión compensatoria se extingue por el transcurso del plazo por el que se estableció-; 3.- y el, entonces, Proyecto de la Ley 15/2.005, de 8 de julio, y declara que la fijación de una pensión compensatoria temporal no es algo que la normativa legal vigente antes de la reforma de 2005 (artículo 97, según redacción dada por la Ley 30/1.981, de 7 de julio ) prohibiera ni que resulte imposible de conciliar con las previsiones contenidas en el Código Civil relativas a su modificación o supresión: «además de que no resulta excluida por el art. 97 CC -el que no la recoja no significa que la prohíba-, la pensión temporal no afecta a la regulación de los arts. 99, 100 y 101 CC, y nada obsta a que, habiéndose establecido, pueda ocurrir una alteración sustancial de las circunstancias, cuya corrección haya de tener lugar por el procedimiento de modificación de la medida adoptada».”
“Toda vez que ni la falta de previsión legal ni el régimen de los artículos 100 y 101 del Código Civil son obstáculos para la fijación de la pensión con carácter temporal, la temporalidad depende tan sólo de que se cumpla una condición: «para que pueda ser admitida la pensión temporal es preciso que constituya un mecanismo adecuado para cumplir con certidumbre la función reequilibradora que constituye la finalidad -"ratio"- de la norma, pues no cabe desconocer que en numerosos supuestos, la única forma posible de compensar el desequilibrio económico que la separación o el divorcio produce en uno de los cónyuges es la pensión vitalicia. De lo dicho se deduce que la ley -que de ningún modo cabe tergiversar- no prohíbe la temporalización, se adecua a la realidad social y puede cumplir la función reequilibradora, siempre que se den determinadas circunstancias. Ergo, debe admitirse su posibilidad, aunque es preciso hacer referencia a las pautas generales que permiten su aplicación. Los factores a tomar en cuenta en orden a la posibilidad de establecer una pensión compensatoria son numerosos, y de imposible enumeración. Entre los más destacados, y, sin ánimo exhaustivo, cabe citar: 1.- la edad, 2.- duración efectiva de la convivencia conyugal, 3.- dedicación al hogar y a los hijos; 4.- cuantos de estos precisan atención futura; 5.- estado de salud, y su recuperabilidad; 6.- trabajo que el acreedor desempeñe o pueda desempeñar por su cualificación profesional; 7.- circunstancias del mercado laboral en relación con la profesión del perceptor; 8.- facilidad de acceder a un trabajo remunerado -perspectivas reales y efectivas de incorporación al mercado laboral-; 9.- posibilidades de reciclaje o volver -reinserción- al anterior trabajo (que se dejó por el matrimonio); 10.- preparación y experiencia laboral o profesional; 11.- oportunidades que ofrece la sociedad, etc. Es preciso que conste una situación de idoneidad o aptitud para superar el desequilibrio económico que haga desaconsejable la prolongación de la pensión. Se trata de apreciar la posibilidad de desenvolverse autónomamente. Y se requiere que sea posible la previsión "ex ante" de las condiciones o circunstancias que delimitan la temporalidad; una previsión, en definitiva, con certidumbre o potencialidad real determinada por altos índices de probabilidad, que es ajena a lo que se ha denominado "futurismo o adivinación". El plazo estará en consonancia con la previsión de superación de desequilibrio, para lo que habrá de actuarse con prudencia y ponderación -como en realidad en todas las apreciaciones a realizar-, sin perjuicio de aplicar, cuando sea oportuno por las circunstancias concurrentes, plazos flexibles o generosos, o adoptar las medidas o cautelas que eviten la total desprotección.”