Source: https://es.scribd.com/doc/22575390/14/PROMULGACION-Y-PUBLICACION-DE-LA-LEY
Timestamp: 2016-02-09 23:33:37
Document Index: 101805268

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JURIDICAPARTE PRELIMINAR
209. G
209. GENERALIDADES
La ley debe formarse según los preceptos que señala la Constitución y que se estudian en el ramo
correspondiente. Aquí sólo toca recordar que para hacer obligatoria la ley no basta el voto conforme de
la Cámara de Diputados y del Senado, y tampoco la sanción del Presidente de la República, es decir, el
acto por el cual éste, en su calidad de poder colegislador, presta su adhesión al proyecto de la ley
aprobado por el Parlamento. Para que la ley sea obligatoria se requiere que sea promulgada y publicada.
Con la sanción termina la primera fase de la ley, en cuya elaboración tiene exclusiva injerencia el
Poder Legislativo, porque si bien existe participación del Presidente de la República, éste la tiene a
título de integrante de aquel poder, y no como miembro del Ejecutivo.
Ahora nos referiremos a la promulgación, fase en que entra a actuar el Primer Mandatario como
210. DIVERSAS
IVERSAS ACEPCIONES
DE ““PROMULGACIÓN
PROMULGACIÓN””
La palabra promulgación tiene dos acepciones.
En una significa “publicar una cosa solemnemente, hacerla saber a todos”. Este sentido, que está
de acuerdo con el origen etimológico del vocablo (promulgare), es empleado en las leyes cuando,
ordenándose su ejecución, se dice: “…por tanto, promúlguese y llévese a efecto como ley de la
La segunda acepción se refiere al “acto por el cual el Jefe de Estado atestigua o certifica al cuerpo
social la existencia de la ley y ordena su ejecución”.
Hoy en día, la casi totalidad de los autores, y algunas legislaciones como la alemana, dan este solo
significado a la palabra que nos preocupa, y reservan la de publicación para denotar el contenido de la
primera acepción. Antiguamente, no ocurría otro tanto: promulgación y publicación eran voces
sinónimas. Así lo prueban numerosas leyes: en Francia, por ejemplo, la ordenanza de 27 de noviembre
de 1816; en España, la Novísima Recopilación (Ley 12, título 2, libro III), etc.
En nuestro Código Civil había al respecto cierto confusionismo, al que puso término la Ley Nº
9.400, de 6 de octubre de 1949; dejó en claro que son cosas distintas para el Código la promulgación y
la publicación. En efecto, reemplazó el antiguo texto del Código Civil por otro en que separa ambos
conceptos. Más adelante reproducimos dicho artículo 6º.
211. CONCEPTO
La promulgación ya definida es, como dice un autor,1
la partida de nacimiento de la ley: “ella le da
existencia cierta, auténtica, incontestable y la reviste de la fuerza coercitiva de que antes carecía”.
212. FÓRMULAS
ÓRMULAS DE
DE PROMULGACIÓN
La Carta Fundamental (art. 32, Nº 1º) que dispone que es atribución especial del Presidente de la
República “concurrir a la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, sancionarlas y
BAUDRY LACANTINERIE, Précis de Droit Civil, tomo I, párrafo 32.
promulgarlas”. Pero no hay disposición alguna en nuestra legislación que determine cómo debe
efectuarse la promulgación de las leyes. El uso, sin embargo, ha consagrado, a veces con algunas
variantes, la siguiente fórmula de decreto promulgatorio:
(En este sitio se inserta el texto de la ley).
Y por cuanto he tenido a bien sancionarlo (o aprobarlo y sancionarlo); por tanto, publíquese y
llévese a efecto como ley de la República. Santiago, 2 de junio de mil novecientos noventa y ocho
(Firma del respectivo Ministro)
Claro que la fórmula varía un poco cuando el Presidente se ve en la necesidad de promulgar la ley
contra su voluntad. Y esto ocurre cuando las dos Cámaras desechan todas o algunas de las observaciones
del Presidente de la República e insisten por los dos tercios de sus miembros presentes, en la totalidad o
parte del proyecto aprobado por ellas (Constitución Política, art. 70, inciso final). Entonces el decreto
promulgatorio termina diciendo más o menos así: “Y teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha
desechado en parte las observaciones formuladas por el Presidente de la República e insistido en la
aprobación del proyecto de ley que precede, de acuerdo con el artículo 70 de la Constitución Política del
Estado, promúlguese y llévese a efecto como ley de la República”.
213. PLAZOS
PROMULGACIÓN YY LA
El artículo 72 de la Constitución dispone:
“Si el Presidente de la República no devolviere el proyecto dentro de treinta días, contados desde la
fecha de su remisión, se entenderá que lo aprueba y se promulgará como ley. Si el Congreso cerrare sus
sesiones antes de cumplirse los treinta días en que ha de verificarse la devolución, el Presidente lo hará
dentro de los diez primeros días de la legislatura ordinaria o extraordinaria.
La promulgación deberá hacerse siempre dentro del plazo de diez días, contados desde que ella sea
La publicación se hará dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que quede tramitado
el decreto promulgatorio”.
214. CONDICIONES
ONDICIONES PARA
LEY SEA
El artículo 6º del Código Civil dice:
“La ley no obliga sino una vez promulgada en conformidad a la Constitución Política del Estado y
publicada de acuerdo con los preceptos que siguen”.
De aquí se deduce que la ley no es obligatoria sino cuando concurren estos dos requisitos:
1) Que sea promulgada por el Presidente de la República, y
2) Que sea publicada en el periódico oficial, o en otra forma dispuesta en la misma ley, según
agrega el último inciso del artículo 7º.
Ya hemos hablado de la promulgación; nos corresponde referirnos ahora al segundo requisito, la
215. PUBLICACIÓN
La publicación es el medio que se emplea para hacer llegar la ley a conocimiento de los
Es lógico que para exigir obedecimiento a la ley se proporcione el medio de conocerla. Nada sería
más tiránico ni más cruel, escribe un autor, que castigar a un hombre por haber desobedecido una ley
que no ha podido conocer.
216. DIFERENCIAS
IFERENCIAS ENTRE
La primera tiene por objeto atestiguar la existencia de la ley y ordenar su ejecución; la segunda, en
cambio, persigue dar a conocer el texto legal.
La promulgación se efectúa mediante un decreto y la publicación resulta de la inserción de la ley
en el periódico oficial o de su notificación a las personas en otra forma especial.
217. FORMAS
Sería ideal que el contenido de la ley fuera notificado a cada persona individualmente. Pero
razones obvias nos indican la imposibilidad de practicar este procedimiento.
Antiguamente, se daba a conocer la ley por inscripción del texto en bronce o mármol y su
exposición en un lugar público.
También se empleaba la publicación por bandos. Bando es el anuncio público de una cosa, hecho
por persona autorizada, o por voz de pregonero.1
Un funcionario especial o un notario, acompañado de
escolta militar, al son de clarines y tambores, leía la ley en los lugares más concurridos.
Otro medio de notificar la ley era por carteles, o sea, papeles que contenían el texto legal y que se
fijaban en los principales parajes públicos.
En la actualidad, los Estados han adoptado generalmente la publicación por medio de la prensa y,
con este objeto, existe en cada país un periódico, órgano oficial del Gobierno, en el que se insertan las
leyes y demás disposiciones generales de la autoridad e incluso algunas de interés particular como los
decretos que conceden pensiones de gracias.
218. PUBLICACIÓN
EN CCHILE
En nuestro país, la publicación de las leyes debe hacerse mediante su inserción en el Diario Oficial.
Para todos los efectos legales, la fecha de la ley es la de su publicación en el Diario Oficial (artículo 7º).
Este diario, creado por decreto de 15 de noviembre de 1876, comenzó a aparecer el 1º de marzo de
1877. Con anterioridad, diversos periódicos fueron empleados sucesivamente como órgano oficial.1
En casos especiales puede también usarse otra forma de publicación. En efecto, el Código agrega:
“Sin embargo, en cualquiera ley podrán establecerse reglas diferentes sobre su publicación y sobre la
fecha o fechas en que haya de entrar en vigencia” (artículo 7º, inciso final). En virtud de este precepto,
podría publicarse una ley por bandos, carteles, etc. El Código Civil y otros no fueron publicados en el
periódico oficial, sino en tomos que se vendieron a precios módicos para ponerlos al alcance del mayor
número posible de personas. Este temperamento, que tiene apoyo legal en la última parte de la
disposición citada, se explica por la mayor comodidad que brinda en la consulta un trabajo extenso
presentado en forma de libro.
ESCRICHE, Diccionario de Legislación.
1º Monitor Araucano; 2º La Gaceta de Gobierno de Chile, que después fue Gaceta de Santiago de Chile y Gaceta Ministerial
de Chile; 3º Boletín de Leyes y Decretos del Gobierno (que posteriormente se redujo a mera recopilación de normas legales), y 4º El
Araucano (17 de septiembre de 1830 - 25 de febrero de 1877).
De este último, fundado por el Gobierno de Chile, fue durante un tiempo codirector y después director único, don Andrés Bello.
Véase: ANDRÉS RILLÓN ROMANI, El Diario Oficial, Memoria de Licenciado, Santiago, 1960.
218-AA. C
UÁNDO SE
HACE OBLIGATORIA
Dijimos que mediante la promulgación se ordena que la ley sea ejecutada. Pero esta ejecutoriedad,
según el decir de Josserand,1
es hasta ese momento sólo teórica y virtual; para que la ley entre
efectivamente en vigor es preciso que sea publicada y, según algunas legislaciones, que transcurra cierto
Este espacio de tiempo entre la publicación y vigencia de la ley (vacatio legis, vacación de la ley)
se concede para que todas las personas puedan conocer oportunamente el texto legal, y se calcula
considerando que el periódico oficial haya podido llegar a sus manos en dicho lapso.
219. PLAZO
ENTRA AA REGIR
REGIR LA
Este plazo, ¿es igual para todas las localidades de un Estado? Al respecto, hay dos sistemas: uno,
llamado simultáneo, sincrónico, uniforme o instantáneo, y otro sucesivo, gradual o progresivo.
De acuerdo con el primero, la ley comienza a regir en un mismo instante en todos los puntos del
Por el sistema progresivo, la ley entra en vigor en unas localidades después que en otras, según la
mayor distancia que medie entre las diversas regiones y el lugar en que se publica el periódico oficial.
Chile siguió este sistema hasta que la Ley Nº 9.400, de 6 de octubre de 1949, consagró la fórmula
de que la ley empieza a regir desde su publicación en el Diario Oficial en toda la República, salvo
disposiciones expresas en contrario.
Tanto uno como otro sistema presentan desventajas.
El plazo uniforme “tiene el inconveniente de que debe ser largo para que la presunción de
publicidad no sea contraria a la realidad de las cosas y que la ley se haga obligatoria sin darla a conocer
o permitir su conocimiento; pero igualmente resultará que a pesar de ser conocida, el cumplimiento de
la ley quedará en suspenso por un tiempo largo en las localidades próximas a la de la publicación y en
ésta misma”.1
El plazo sucesivo hace que en una época dada el país se halle gobernado por dos leyes, “la antigua
que huye en retirada y la nueva que camina a su retaguardia, derogándola en los lugares que va
recorriendo”.2
De aquí resultan inconvenientes serios, como el de que la ley nueva obligue a unas
personas y no a otras; el que sea lícito en una parte del territorio lo que es prohibido en otra; el de que
sea fácil burlar una ley trasladándose a la parte del territorio en que no rige todavía; el de que para saber
la fecha en que empieza a regir una ley en determinada región del país sea necesario acudir a cuadros
que expresan las distancias que hay entre las diversas localidades.
Como se comprenderá, la adopción de un sistema u otro depende, nada más, y nada menos, del
país para el cual se legisla: de su extensión territorial y de la facilidad de comunicaciones entre sus
220. S
220. SISTEMA
ISTEMA QUE
RIGE EN
En Chile, actualmente, no hay vacación de la ley, no hay un plazo entre la publicación de ésta y su
entrada en vigor, a menos que se establezca lo contrario en una ley determinada y para los efectos de
ella. El artículo 7º, inciso 1º, modificado por la Ley 9.400, de 6 de octubre de 1949, dice que desde la
fecha del ejemplar del Diario Oficial en que se inserta la ley, ésta se entiende conocida de todos y se
hace obligatoria. La innovación del legislador del año 1949 se basa en que la ley antes de promulgada y
publicada es, al menos en su parte sustancial, susceptible de conocerse por todos, ya que las sesiones del
Congreso y la sanción del Presidente de la República tienen una publicidad muy grande a través de los
diarios, radio, televisión, etc., de manera que al publicarse en el Diario Oficial esa publicidad sólo viene
a “oficializarse”. Además, la entrada en vigor inmediata de la ley junto con su publicación, evita hasta
donde es posible la preparación o acomodo de situaciones con anterioridad a la vigencia de aquélla para
Obra citada, tomo I, p. 52.
CLARO SOLAR, obra citada, tomo I, p. 48.
ARMAS, Comentarios de siete títulos del Código Civil, Santiago, 1886, p. 23.
sustraerse a sus efectos, principalmente en materias económicas y de impuestos.
Sin embargo, por excepción, cualquiera ley puede establecer reglas diferentes, no sólo sobre su
publicación, sino también sobre su fecha o fechas en que haya de entrar en vigencia (artículo 7º, inciso
final). Por tanto, una ley, si así lo dispone ella misma, puede comenzar a regir, no a partir de su
publicación, sino un tiempo después; también puede determinar que en ciertas provincias o regiones del
país entre a regir en una fecha, y en otras en una distinta.
Los plazos largos después de la publicación se adoptan en leyes que marcan un cambio acentuado
de régimen jurídico o en leyes que por su complejidad requieren tiempo para ser cabalmente conocidas
221. AUTORIDAD
UTORIDAD DE
LEY UNA
Nadie puede alegar ignorancia de la ley después que ésta ha entrado en vigencia (artículo 8º).
Consecuencias de este principio son que “el error en materia de derecho constituye una presunción de
mala fe, que no admite prueba en contrario” (art. 706) y que “el error sobre un punto de derecho no vicia
el consentimiento” (art. 1452).
Cabe preguntarse, ¿podrán los particulares someterse voluntariamente a una ley antes de que sea
obligatoria? La respuesta es negativa. Es cierto que las partes podrían, tratándose de una ley de interés
puramente privado, apropiarse de sus disposiciones aunque todavía no fueran obligatorias; pero en estos
casos no es la ley, sino la voluntad de las partes la que se ejecuta. “No podría suceder lo mismo con una
ley de orden público, relativa, por ejemplo, a la capacidad de las personas; las partes colocadas bajo el
imperio de una ley antigua, aún no derogada, no podrían substraerse a ella para exigir la aplicación de
las disposiciones de una ley nueva que aún no ha substituido a aquélla”.1
222. P
222. PRESUNCIÓN
RESUNCIÓN OO FICCIÓN
FICCIÓN DEL
Después que la ley ha entrado en vigencia, se entiende que es de todos conocida y nadie podrá
pretender substraerse a su cumplimiento alegando que la ignora. A esta doctrina se refiere el conocido
aforismo nemo censetur ignorare legem, sobre el cual se funda otro: la ignorancia del Derecho no
excusa su cumplimiento (error vel ignorantia iuris non excusat), cuya fórmula se remonta a las fuentes
del Derecho Romano.1
El secular principio de que la ley se estima de todos conocida se basa en un poderoso interés social,
que se hace patente con sólo pensar que “si para ser dispensado de conformarse a la ley, bástase alegar
que se la ignora, ella a nadie obligaría”.
El conocimiento que se supone que todos tienen de la ley, ¿es una presunción? Según la mayoría
de los autores, sí. Pero algunos afirman lo contrario, “porque la base de toda presunción es que el hecho
que se presume corresponda a lo que normalmente sucede, y es innegable que lo que existe
normalmente es la ignorancia del Derecho por parte de la generalidad de los ciudadanos, los cuales, en
el enorme laberinto de las leyes dictadas sin interrupción, no pueden, no ya conocerlas todas, sino ni
siquiera una pequeña parte de ellas”.2
Teniendo presente esta consideración, “muchos hablan, más que de presunción, de ficción legal;
por la necesidad social de que nadie eluda el cumplimiento de la ley, se finge que con el hecho de la
publicación nadie ignora sus preceptos, impidiendo así que se alegue su ignorancia”.3
Hay ciertos casos en que se puede alegar ignorancia de la ley, pero no para excusarse de su
cumplimiento, sino para otros efectos. Veámoslos.
a) Obligaciones naturales. Llámanse así las que no confieren derecho para exigir su cumplimiento;
pero que cumplidas autorizan para retener lo que se ha dado o pagado en razón de ellas (artículo 1470,
inciso 3º). No puede pedirse la restitución en virtud de estas obligaciones si el pago se ha hecho
voluntariamente por el que tenía la libre disposición de sus bienes (artículo 1470, inciso final). “Paga
CLARO SOLAR, obra citada, tomo I, p. 49.
RUGGIERO, Instituciones de Derecho Civil, traduc. del italiano, Madrid, 1929, tomo I, p. 92.
voluntariamente el que lo hace sabiendo que no se halla obligado civilmente y teniendo, en
consecuencia, la voluntad de efectuar libremente el pago de una obligación natural, para descargar su
conciencia”. De manera que una persona podría exigir la devolución de lo que hubiere pagado por una
obligación natural, probando que ignoraba la ley que no la constreñía a cumplir su compromiso.
Como vemos, aquí se puede alegar ignorancia de la ley, pero no para dejar de cumplirla. Quien
dice no conocer la ley que no lo obliga a pagar, no pretende ni puede pretender violarla.
Advirtamos, sin embargo, que conforme a otra opinión, y parece ser la mayoritaria, el que paga
una obligación natural creyéndola civil no podría pedir la devolución de lo pagado, porque la
“voluntariedad” sólo supondría un pago libre y espontáneo, no forzado, y quien paga una obligación
natural paga verdaderamente una deuda, aunque ésta no sea perseguible judicialmente.
b) Nulidad absoluta. Puede alegarse la nulidad absoluta por todo el que tenga interés en ello,
excepto el que ha ejecutado el acto o celebrado el contrato, sabiendo o debiendo saber el vicio que lo
invalidaba (artículo 1683). Así, pues, si la persona no tuvo conocimiento de la ley en virtud de la cual el
acto es considerado nulo, le es permitido invocar la nulidad absoluta de dicho acto. Pero en este caso
tampoco se trata de alegar ignorancia de la ley para excusarse de cumplirla. Y, al contrario, quien alega
tal desconocimiento para obtener la nulidad de un acto que no se ajusta a la ley, contribuye a cumplir las
disposiciones de ésta.
c) Pago por error de derecho. Se podrá repetir (o sea, reclamar la devolución), aun lo que se ha
pagado por error de derecho, cuando el pago no tenía por fundamento ni aun una obligación puramente
natural (artículo 2297). Si una persona paga una suma de dinero creyendo que la ley la obligaba a ello y
posteriormente descubre que la ley no se lo imponía, y tampoco hay una obligación natural, puede exigir
la devolución de la suma pagada. Mas, evidente es que tampoco en este caso se trata de alegar
ignorancia de la ley para eludir su cumplimiento.
d) Dación de lo que no se debe. Del que da lo que no debe, no se presume que lo dona, a menos de
probarse que tuvo perfecto conocimiento de lo que hacía, tanto en el hecho como en el derecho (artículo
2299). Si una persona da algo a otra, a quien nada debe, no podrá esta última pretender que la cosa le ha
sido donada, si no prueba que aquélla sabía que por ningún concepto estaba obligada a darle lo que le
dio. La persona que dio la cosa podría exigir la devolución, demostrando que ella creía que la ley la
obligaba a dar.
También resulta evidente aquí que la ignorancia alegada de la ley no es para excusarse de
Hay un solo caso en nuestra legislación civil en que podría sostenerse la ignorancia de la ley para
excusarse de su cumplimiento. Es el relacionado con el matrimonio putativo, esto es, el matrimonio
declarado nulo, celebrado ante el oficial del Registro Civil, y contraído de buena fe y con justa causa de
error por ambos o uno de los cónyuges. Este matrimonio produce los mismos efectos civiles que el
válido respecto del cónyuge en quien concurre la buena fe y la justa causa de error; pero deja de
producir dichos efectos desde que falte la buena fe por parte de ambos cónyuges (art. 122); luego, si uno
de ellos se mantiene en la buena fe, el matrimonio será putativo a su respecto.
Algunos autores sostienen que este error al que se refiere la ley es sólo el de hecho. Si así fuera,
querría decir, entonces, que en toda nuestra legislación no hay ningún caso en que se puede alegar
ignorancia de la ley para excusarse de su cumplimiento. Pero otros intérpretes llegan a la conclusión de
que el error a que se alude en el artículo 122, es tanto el de hecho como el de derecho. Podría una
persona, pues, afirmar que ignoraba la ley que señala los impedimentos para contraer matrimonio y así
quedar amparada por la putatividad. El error de derecho, en tal caso, excusaría del cumplimiento de la
ley. A juicio de algunos, aunque la cuestión es discutible, preferible es inclinarse por la última solución
porque favorece la legitimidad de los hijos.4
223. FECHA
Para todos los efectos legales, la fecha de la ley es la de su publicación en el Diario Oficial
(artículo 7º, inciso 2º).
Las leyes son citadas por su número y fecha. Muchos indican como data la del decreto
En sus explicaciones de clases, el profesor Somarriva acogía este punto de vista.
promulgatorio; afirman que es en ese momento cuando la ley se perfecciona, mediante la sanción del
Presidente de la República. Empero, ante la letra del artículo 7º, tal parecer sólo tiene base teórica y
contribuye a la confusión en las citas.
223-AA. B
JOAQUÍN COSTA, El problema de la ignorancia del derecho y la costumbre, Buenos Aires, 1957;
GEORGES DEREUX, Estudio crítico del adagio “La ley se presume conocida de todos”, en R. de
D. y J., t. 5, sec. Derecho, pp. 197 a 225;
RAYMOND GUILLIEN, “Nul n’est censé ignorer la loi”, en Mélanges en l’honneur de Paul
Roubier, t. I, París, 1961, pp. 253 a 260;
G. REVEL, La publication des lois, des decrets et des autres actes de l’autorité publique, París,
HUGO ROSENDE, “La promulgación y la publicación de la ley”. Colección de Estudios
Jurídicos, Nº 1, Editorial Nascimento, Santiago, 1941.
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