Source: https://delajusticia.com/2013/06/10/curiosidades-vitales-sobre-el-computo-de-plazos-impugnatorios/
Timestamp: 2018-09-26 14:32:00
Document Index: 273276401

Matched Legal Cases: ['artículo 128', 'artículo 63', 'artículo 28', 'artículo 40', 'artículo 48', 'artículo 135']

Criterios jurisprudenciales sobre el cómputo de los plazos impugnatorios | delaJusticia.com
“La primera cuestión a resolver es la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo. En este caso la resolución se notificó al interesado el 26 de julio de 2011 por lo que el plazo vencía el 26 de octubre de 2011 ya que conforme al artículo 128.2 de la ley 29/1998 reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa “Durante el mes de agosto no correrá el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo ni ningún otro plazo de los previstos en esta Ley salvo para el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales en el que el mes de agosto tendrá carácter de hábil”. Consta que el interesado solicitó asistencia jurídica gratuita y que dicha solicitud tuvo entrada en el Servicio de Orientación Jurídica del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 4 de octubre de 2011, es decir antes de transcurrir el plazo de 2 meses (descontando el mes de agosto) que finalizaba el 26 de octubre de 2011. Se acordó en este recurso suspender la tramitación de las actuaciones hasta que se resolviera dicha solicitud y por diligencia de ordenación de 23 de febrero de 2012 (notificada el 28) se dio a la letrada designada de oficio un plazo de 10 días para interponer el recurso contencioso-administrativo, presentándolo en el correspondiente plazo. Por lo tanto no concurre la causa de inadmisibilidad alegada por el Abogado del Estado.»
Todo lo cual lleva a desestimar las alegaciones de la demanda. Y por supuesto, debe rechazarse la procedencia de examinar las cuestiones de fondo alegadas. Tal decisión, por último, no afecta en modo alguno al derecho a la tutela judicial efectiva del interesado. Como ha declarado el Tribunal Constitucional, “frente a la rotundidad de los textos legales, carecen de consistencia las argumentaciones del apelante en torno a la imprescriptibilidad de los derechos fundamentales o a la exigibilidad de una interpretación del ordenamiento de la manera más favorable al ejercicio de esos derechos. Ello no puede conducir a que se haga tabla rasa de la preclusión y caducidad de los plazos fijados por la ley; buena prueba de ello es la doctrina que rige el proceso constitucional de amparo de la que basta como muestra la declaración de que no existe una prorrogabilidad arbitraria de los plazos ni éstos quedar al arbitrio de los particulares” ( sentencia del Tribunal Constitucional 1/1989 de 15 de junio) ».
Esa interpretación que se viene haciendo de ese cómputo de “fecha a fecha” a contar desde el siguiente a la notificación del acto es un absurdo e induce a un claro error. Se consagró por una STS y desde entonces se viene copiando miméticamente por los Tribunales. ¿de qué sirvió entonces que se reformara ese precepto, si el plazo real que queda es el mismo que cuando se computaba a partir del mismo día de la publicación/notificación?. De nada. Y, en todo caso, debería advertirse a los interesados, porque en el pie de recurso sólo se indica el plazo y a partir de qué día/fecha se computa, pero se omite el plazo final, induciendo a un claro error y equívoco al administrado, que no sabe ni tiene por qué saber la interpretación jurisprudencial. Es para plantear si esa omisión importante permitiría al interesado que el recurso no se considerase fuera de plazo, al seguir las indicaciones de la Administración, como en otras ocasiones.
Es importante recordar, que el “alargamiento” del plazo previsto en el art. 135 LEC/2000, hasta las 15 horas del dia siguiente del plazo “maximo” solo es aplicable como plazo “procesal judicial civil” y de forma supletoria en el ambito del “proceso judicial contencioso-administrativo” pero sin embargo, NO ES APLICABLE, cuando hablamos en el ambito “economico-administrativo”.
El art. 7 de la Ley General Tributaria, es muy claro en materia de fuentes del derecho “tributario” y remite de modo supletorio a las disposiciones generales del derecho administrativo (Disposición Adicional 5ª, apartado 1 de la Ley 30/1992 y en esta el art. 47 es tajante sobre la obligatoriedad de los terminos y plazos, de modo que en el ambito administrativo (medios electronicos) existe la posibilidad de presentar los escritos hasta las 24 horas del dia final del termino o plazo, incluso en los servicios de correos, consulados (art. 38) y no creo que sea posible “el alargamiento hasta las 15 h. del dia siguiente” en via ECONOMICO-ADMVA., por ejemplo para presentar un Recurso ante el Tribunal Economico-Admvo. Central en Madrid.
A lo maximo que ha llegado el Tribunal Constitucional (STC 76/2012) es aplicar “el alargamiento hasta las 15 horas del dia siguiente” es a un asunto de un LAUDO arbitral, pero no a los procesos administrativos.
En via “economica-administrativa” la reciente STS de 04-10-2012 (Casación 5257/2010) ha negado que el mes de Agosto sea INHABIL ya que los arts. 130 LEC y 183 LOPJ no son de aplicación en esta via.
Sobre el cómputo de “fecha a fecha”, la rotundidad el Tribunal Supremo y la práctica judicial y adminsitrativa choca, de una forma pienso un tanto escandalosa, con el criterio del Tribunal Constitucional (STC48/2003, de 12 de marzo).
Existe un interesante artículo en que se detalla la contradicción por José Ramón RODRIGUEZ CARBAJO, “La computación de plazos de fecha a fecha (TC “versus” TS”) Diario “La Ley nº 7607 LA LEY 3449/2011.
“3. El plazo para interponer recurso de reposición por los Concejales o miembros de las Corporaciones Locales que hubieran votado en contra del acuerdo se contará la fecha de la sesión en que se hubiera votado el acuerdo.”
“Es claro, a la luz de lo que se acaba de decir, que el recurso a la fecha de publicación formal del acuerdo que se impugnó en la instancia no puede admitirse, ni producir el efecto de reabrir un plazo que ya había fenecido para el concejal recurrente, que quedó plenamente enterado del contenido del acto en el día de celebración de la sesión en que el mismo se aprobó. La legitimación supone siempre una relación determinada del actor con el objeto del proceso. La misma consiste en el presente caso en que, aunque en la sesión aprobatoria disintió y votó en contra, el concejal ha participado activamente como miembro de la Corporación en la formación del acto impugnado. Esa realidad, que le legitimó en su momento para impugnar el acuerdo, en contra de un principio general que, al margen del artículo 63.1.b de la Ley 7/1985, podría abocar a la prohibición de recurrir [artículo 28.4 a) de la LJCA], impide tomar en consideración el acto de publicación formal del acuerdo como dies a quo para recurrir, eliminando del mundo del Derecho una realidad previa, que ostenta relieve a efectos del artículo 40 a) de la LJCA, y del cumplimiento de los requisitos procesales del proceso.»
Sexto: Así pues, la Sala de instancia, al no declarar la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo, infringió los preceptos citados, y la sentencia debe por ello ser revocada, y declarado inadmisible el recurso contencioso-administrativo.”
2º.- La exposición de motivos de la Ley 4/1999 (que modificó la Ley 30/1992), al final de su tercer apartado tercero el legislador manifestó expresamente que modificaba el régimen de cómputo de plazos contenido en el art. 48.4 de la Ley 30/92 (“…En concordancia con las modificaciones de los artículos 42, 43 y 44 se modifica el régimen de cómputo de plazos contenido en el artículo 48.4 y se precisa la regulación de la ampliación de trámites…”). Además, durante su tramitación, se reconoció la intención del legislador de ampliar estos plazos, y así lo expresó, por ejemplo, el señor Silva Sánchez, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), al hacer uso de la palabra, que, entre otras cosas, dijo: “
No le falta razón, “no jurista”
***(Sr. Chaves: ¿sería tan amable de anular mi anterior comentario y añadir, a cambio, este? Es el mismo, sólo que tuve el atrevimiento de “jugar” con las etiquetas y atributos HTML, lo que causó la desaparición de las citas a las que me refería en el mismo, con lo que ha quedado mutilado su contenido. Muchísimas gracias, y disculpe las molestias.)***
Respecto al cómputo de los plazos, “de fecha a fecha”, he visto que los comentarios se refieren a plazos a tener en cuenta una vez que la Administración ha dictado un acto administrativo.
Existe un Decreto que regula el procedimiento administrativo de esa solicitud, y en el mismo, se especifica que para el cómputo de plazos, “la fecha determinante para el inicio del plazo para resolver el procedimiento es la correspondiente a la presentación en el registro de entrada del Órgano encargado de resolver”. Además, dispone la Administración de un plazo de dos meses para resolver.
Este tipo de casos, suele suceder en aplicacion de la Disposicion Adicional Decimoquinta de la Ley 30/1992, tras la reforma de 1999, en los casos sobre todo del Ministerio de Defensa, que me ha tocado resolver, resulta que por sus especiales características (por ejemplo un soldado que esta en las Islas Chafarinas o en una mision internacional de paz) en estos casos el legislador ha previsto “que el plazo para resolver y notificar se contara desde que tenga entrada en …..los Cuarteles Generales (organos centrales sitos en Madrid) por lo que considero que no es valida la forma de contar los plazos tal y como lo hace Vd., debe saber el dia de entrada en Madrid.
O lo que es lo mismo: ¿Cómo se debe interpretar lo estipulado en esa disposición adicional, en la que se dice que “el plazo para resolver y notificar se contará DESDE la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en los registros”?
Queda perfectamente claro la aplicación del artículo 135 de la LEC para la interposición del recurso contencioso (2 meses más el día de “gracia” hasta las 15:00 horas)
En el caso que plantea sobre notificación y publicación en el Boletín Oficial, al igual que en el ejemplo anterior, el plazo comenzará el día siguiente “al momento en que el interesado tuvo conocimiento del acto administrativo”, esto es, al día siguiente a la notificación.
Buenos días. Tengo una duda: ¿el “día de gracia” se aplica también a la “notificación del auto de caducidad”?. Es decir, ¿puedo presentar la demanda al día siguiente de que se me notifique el auto de caducidad?. Gracias
En primer lugar, felicitarles por los contenidos y la forma de explicar a los profanos ( no letrados y, tal como bien nos califican nuestros “amigos”, sujetos pasivos ).
” Si no esta conforme con este acuerdo de la Administración, y desea recurrir, deberá optar. en el plazo máximo de un mes CONTADO DESDE EL DIA SIGUIENTE A AQUEL EN QUE SE NOTIFICA EL PRESENTE DOCUMENTO”