Source: https://es.scribd.com/document/237361554/leyvig083
Timestamp: 2020-08-12 07:54:19
Document Index: 265630398

Matched Legal Cases: ['artículo 123', 'artículo 123', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 25', 'artículo 23', 'artículo 78', 'artículo 38', 'artículo 17', 'artículo 89', 'artículo 93', 'artículo 57', 'Artículo 65', 'Artículo 72', 'artículo 66', 'artículo 8', 'Artículo 93', 'ARTÍCULO 96', 'ARTÍCULO 97', 'artículo 95', 'artículo 95', 'ARTÍCULO 134', 'artículo 138', 'artículo 141', 'artículo 156', 'artículo 138', 'artículo 156', 'Artículo 171', 'artículo 29', 'ARTÍCULO 180', 'ARTÍCULO 184', 'artículo 209', 'Artículo 186', 'artículo 138', 'ARTÍCULO 186', 'Artículo 188', 'ARTÍCULO 189', 'ARTÍCULO 190', 'artículo 166', 'ARTÍCULO 191', 'ARTÍCULO 192', 'ARTÍCULO 194', 'ARTÍCULO 197', 'ARTÍCULO 198', 'Artículo 199', 'ARTÍCULO 200', 'ARTÍCULO 202', 'artículo 203', 'ARTÍCULO 203', 'ARTÍCULO 204', 'ARTÍCULO 205', 'ARTÍCULO 206', 'ARTÍCULO 207', 'ARTÍCULO 208', 'ARTÍCULO 209', 'Artículo 212', 'ARTÍCULO 213', 'artículo\n229', 'ARTÍCULO 218', 'ARTÍCULO 220', 'ARTÍCULO 220', 'ARTÍCULO 220', 'ARTÍCULO 220', 'ARTÍCULO 220', 'ARTÍCULO 220', 'ARTÍCULO 220', 'Artículo 220', 'ARTÍCULO 220', 'artículo 209', 'ARTÍCULO 220', 'ARTÍCULO 220', 'artículo 220', 'ARTÍCULO 220', 'ARTÍCULO 220', 'ARTÍCULO 220', 'ARTÍCULO 220', 'artículo 220', 'artículo\n220', 'ARTÍCULO 220', 'ARTÍCULO 220', 'ARTÍCULO 220', 'ARTÍCULO 220', 'ARTÍCULO 220', 'ARTÍCULO 220', 'ARTÍCULO 220', 'ARTÍCULO 221', 'ARTÍCULO 223', 'ARTÍCULO 224', 'ARTÍCULO 226', 'ARTÍCULO 229', 'ARTÍCULO 230', 'Artículo 231', 'ARTÍCULO 232', 'artículo 229']

leyvig083 | Derecho laboral | Estado (política)
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CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA H. «LIII» LEGISLATURA DEL ESTADO P R E S E N T E S
Toluca de Lerdo, México,
a 3 de agosto de 1998.
En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 51 fracción I y 77 fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, me permito someter a
la consideración de la H. Legislatura, por el digno conducto de ustedes, la presente iniciativa de Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, que tiene
su fundamento en la siguiente:
La iniciativa de ley que regula las relaciones laborales entre el Estado y sus servidores públicos, se inscribe en el propósito fundamental del Ejecutivo a mi cargo, de modernizar
los ordenamientos legales para servir con honestidad y eficiencia a una sociedad cada vez más compleja y exigente.
Consecuente con lo anterior, la iniciativa establece nuevas medidas para tutelar los derechos de los trabajadores al servicio del Estado, municipios, organismos auxiliares y
fideicomisos públicos, como son, entre otras, el ingreso a la función pública, la protección al salario, los niveles de estabilidad laboral y el establecimiento de un sistema de
profesionalización del servicio público que prevé la indispensable participación de los servidores públicos sin cuya adhesión responsable, ningún propósito gubernamental tiene garantizado el éxito.
Las agrupaciones sindicales, en cumplimiento de la delicada función de procurar la
defensa de los derechos laborales, han demandado reiteradamente que se mejoren las condiciones de trabajo de los servidores públicos tanto del Estado como de sus municipios. La presente iniciativa de ley recoge estas demandas legítimas para darles fuerza
normativa y convertirlas en propósitos de gobierno.
Por otra parte, las reformas a los artículos 115 y 116 constitucionales establecieron la facultad expresa de las legislaturas estatales, para expedir leyes que regulen las relaciones de trabajo entre el Estado y sus trabajadores, conforme a lo dispuesto en el
artículo 123 constitucional, advirtiendo que los municipios observarán las mismas reglas en cuanto a sus servidores.
De ser aprobada, la presente iniciativa de ley abrogará el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, de los Municipios y de los Organismos
Coordinados y Descentralizados de carácter Estatal, de fecha 30 de agosto de 1939, que
permanece aún en vigor y que, no obstante algunas modificaciones, no responde ya a las
exigencias de nuestro tiempo.
Es por ello, que el Ejecutivo a mi cargo presenta a esa H. Soberanía, la presente iniciativa de ley con la cual, de encontrarla procedente, se establecerá el marco normativo idóneo para sentar las bases de un sistema integral de personal.
A los nuevos retos que enfrenta la administración pública, se desea responder con una
nueva legislación que, vigilante de los derechos que asisten hasta ahora a los servidores públicos y respetuosa de las organizaciones sindicales en que se encuentran agrupados, prevenga un nuevo orden para normar el destierro de ineficiencias e irregularidades en
donde las haya, y propicie el estímulo y aliento al servidor público profesional, responsable y comprometido con la función pública.
La iniciativa parte de la estricta concepción del servicio público entendido más allá de la simple relación de trabajo; como una función que vincula los intereses e ideales
particulares con los supremos intereses de la sociedad, ante la cual, quien tiene la estimulante y alta responsabilidad de gobernar, contrae el indisoluble compromiso de
ofrecer una administración pública eficiente y honesta, capaz de brindar respuestas oportunas y concordantes con las necesidades de la sociedad, y cuya operación
corresponde a los servidores públicos muchas veces anónimos e ignor ados.
En el contenido de la iniciativa, a diferencia del actual estatuto jurídico, se hable
genéricamente de servidores públicos y no de trabajadores; con ello se unifica el concepto de servicio público y de quienes lo ejercemos.
Entre los aspectos más relevantes de la iniciativa destacan los siguientes:
Se establece el ámbito normativo del proyecto de ley, definiendo el concepto de institución pública con el propósito de distinguir las relaciones laborales de los servidores
públicos de las distintas instituciones que regula la iniciativa, dada su amplia cobertura normativa.
De manera muy importante, en esta parte se formula una nueva clasificación de los servidores públicos en dos grandes grupos: generales y de confianza.
Se opta por definir conceptualmente las funciones de los servidores públicos de confianza, más allá de una simple enunciación de puestos sujeta a perder vigencia
Por vez primera en la legislación laboral se dedica un título específico al magisterio. Se propone así porque, siendo servidores públicos por excelencia, las características particulares de su relación laboral, derivadas de la naturaleza propia de su función,
deben señalarse explícitamente. Se estipula, además, que los profesores deben contar
con condiciones generales de trabajo especiales y un reglamento de escalafón que les
sea propio.
Se regula el ingreso al servicio con criterios que atienden a los fines mismos de la función pública, quedando establecido que a ella sólo deben ingresar quienes acrediten la capacidad y las aptitudes requeridas para el buen desempeño de la función. Asimismo, se
otorga mayor protección a los servidores públicos, al regular con precisión los casos y las condiciones en que pueden ser trasladados de una localidad a otra, circunstancias que el
actual Estatuto no prevé, así como la normatividad relativa al sueldo y a sus protecciones legales.
Se dispone que cada institución pública o dependencia, en razón de la naturaleza de sus funciones, fijará las condiciones generales de trabajo con intervención del sindicato. Esta
situación permitirá que los servidores públicos que prestan sus servicios en condiciones relativamente distintas, puedan estar sujetos a regulaciones específicas y diferentes, logrando con ello mayor objetividad y eficiencia.
Con respeto absoluto a la norma que señala que a trabajo y horarios iguales corresponde
igual sueldo, como un acto de justicia para quienes más se esfuerzan en la tarea pública, se deja establecido que también a igual nivel de eficiencia corresponderá mismo sueldo.
Cabe destacar el reconocimiento en esta iniciativa, de que los servidores públicos reciban una prima de antigüedad al dejar de prestar sus servicios por cualquier causa,
demanda reiterada por los sindicatos.
Sobresale en este apartado lo relativo a la jornada de trabajo y a los descansos, estipulándose que la duración de aquélla no podrá exceder de los máximos legales y previéndose la posibilidad de distribuir las horas de trabajo de la semana, a fin de
permitir a los servidores públicos del descanso del día sábado o cualquier modalidad equivalente. Por otra parte, se otorgan mayores facilidades a las servidoras públicas
embarazadas para disfrutar de la licencia correspondiente.
Asimismo, se incorporan al texto de la iniciativa de ley aquellos beneficios de que ya
disfrutan, de hecho, los servidores públicos como son los correspondientes al aguinaldo, prima vacacional, prima por permanencia en el servicio, y el pago del 25% adicional por
trabajar el día domingo, los cuales no se encuentran e stablecidos en el Estatuto vigente.
Se integran en un solo capítulo los derechos y las obligaciones de los servidores públicos,
de cuyo incumplimiento se derivan las causas de rescisión de las relaciones laborales, señalando, igualmente, las causas de terminación y de suspensión de las mismas, con lo
cual, al propio tiempo que quedan expresamente determinados los derechos de los servidores públicos, también lo están sus obligaciones para evitar vaguedades, confusiones u omisiones que provoquen inequidades para la institución pública o,
incluso, para los propios servidores.
Se incorporan en este apartado nuevas obligaciones a cargo de las instituciones públicas
no contempladas en el Estatuto, cuyo cumplimiento beneficia directamente a los servidores públicos y redunda en el mejoramiento de la calidad de los servicios que se
prestan. Entre éstas: programas de becas, de capacitación y de estímulos y recompensas.
Resalta, por su importancia, el que, con un criterio socialmente actualizado, se
establezca el sistema de profesionalización del servidor público, aplicable tanto a los servidores públicos generales como a la mayoría de los de confianza, como un objetivo
fundamental del gobierno a mi cargo. Este sistema parte del reconocimiento de que a él deben ingresar sólo los aspirantes más calificados, garantizándoles su estabilidad y movilidad laborales, de acuerdo a su desarrollo y aportaciones en el servicio, previéndose
la integración y funcionamiento de sendas comisiones mixtas, con la participación de los servidores públicos.
Con el propósito de garantizar la salud y la vida de los servidores públicos, así como para prevenir y reducir las probabilidades de riesgos de trabajo, se regula ampliamente sobre
la seguridad e higiene en el trabajo, imponiendo a las instituciones públicas la adopción de medidas concretas para la atención de este importante rubro; asimismo, se prevé la
integración y funcionamiento de comisiones mixtas de seguridad e higiene en las que los servidores públicos tendrán participación directa.
En términos generales, en esta parte se amplía, de manera sustancial, la participación de los trabajadores en todos aquellos aspectos que tienen que ver con su desarrollo,
profesionalización y seguridad, lo que implica, simultáneamente, la asunción, por parte de las instituciones públicas, de responsabilidades sociales no planteadas anteriormente.
Con profundo respeto al derecho constitucional que asiste a los servidores públicos generales para agruparse en organizaciones sindicales que puedan ocuparse de velar por
el mejoramiento y defensa de sus intereses comunes, se establecen las bases generales y criterios para la organización y funcionamiento general de los sindicatos.
Siguiendo las bases establecidas en el artículo 123 constitucional, se respeta el derecho de huelga que los servidores públicos generales podrán ejercer bajo los requisitos y el
procedimiento que al respecto se señalan. Este derecho inalienable de los servidores públicos se conjuga con el deber indeclinable que el Estado y los municipios tienen para
con la población, que es la prestación de los servicios públicos, los que por su naturaleza no se deben dejar de prestar.
Considerando que los Tribunales son las instancias que dirimen las controversias que se suscitan con motivo de la observancia de la ley, al Tribunal Estatal de Conciliación y
Arbitraje se le regula con todo detenimiento para mejorar su funcionamiento y atender de manera pronta y expedita los conflictos que se presenten entre las instituciones públicas y sus servidores públicos, así como los conflictos internos sindicales y los
Se amplían los requisitos para ser Presidente del Tribunal estableciéndose que éste
deberá ser licenciado en derecho, con cinco años de ejercicio profesional, haberse distinguido en estudios del trabajo o de la seguridad social y gozar de buena reputación, a
fin de garantizar que la impartición de la justicia laboral esté a cargo de profesionales honorables.
Tomando en consideración las peculiaridades del servicio público que el Estado y los municipios prestan y la naturaleza de las relaciones laborales que tienen con sus
servidores públicos, se introduce un apartado especial para regular las etapas procesales, con las modalidades conforme a las cuales se tramitarán y resolverán los asuntos laborales, remitiéndose a la supletoriedad de la Ley Federal del Trabajo sólo en aquellos
aspectos procesales que no se contemplan en esta iniciativa.
Por otro lado, se prevén peculiaridades para el caso de que sea necesaria la ejecución forzos a de un laudo condenatorio, contemplándose el embargo de cantidades líquidas, partidas presupuestales o participaciones, y no de bienes muebles o inmuebles de las
instituciones públicas destinados a la prestación de los servicios públicos que se brindan a la
El proceso de modernización y simplificación administrativa que el gobierno a mi cargo
emprendió desde el inicio de la gestión, debe llegar a todos los ámbitos de la administración para garantizar eficiencia y honestidad; en este sentido, el relativo a la administración y desarrollo de los servidores públicos resulta imprescindible, dado que
ningún avance puede lograrse sin contar con su participación activa.
Por lo anterior, someto a la consideración de esta H. Soberanía una iniciativa de ley innovadora en la materia, de contenido profundamente social, que encuentra inspiración en la vocación de nuestro régimen democrático por ampliar los espacios de derechos
laborales, cuyos avances nos honran y de cuyos logros no pueden ni deben quedar marginados los servidores públicos estatales y municipales, y que contiene las
inquietudes y demandas que han expresado las organizaciones sindicales del estado.
Estoy cierto que esta H. Legislatura comprenderá la prioridad que este proyecto tiene
para el Ejecutivo a mi cargo, y que previo al análisis correspondiente, será aprobada en sus términos.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MEXICO
LIC. JAIME VAZQUEZ CASTILLO
CESAR CAMACHO QUIROZ, Gobernador del Estado Libre y Soberano de México, a sus
Que la H. “LIII” Legislatura del Estado, ha tenido a bien aprobar lo siguiente:
LA “LIII” LEGISLATURA DEL ESTADO DE MEXICO
ARTÍCULO 1.- Ésta ley es de orden público e interés social y tiene por objeto regular las relaciones de trabajo, comprendidas entre los poderes públicos del Estado y los Municipios
y sus respectivos servidores públicos.
Igualmente, se regulan por esta ley las relaciones de trabajo entre los tribunales administrativos, los organismos descentralizados, fideicomisos de carácter estatal y municipal y los órganos autónomos que sus leyes de creación así lo determinen y sus
El Estado o los municipios pueden asumir, mediante convenio de sustituci ón, la responsabilidad de las relaciones de trabajo, cuando se trate de organismos descentralizados, fideicomisos de carácter estatal y municipal, que tengan como objeto la
prestación de servicios públicos, de fomento educativo, científico, médico, de vivienda, cultural o de asistencia social, se regularán conforme a esta ley, considerando las
modalidades y términos específicos que se señalen en los convenios respectivos.
ARTICULO 2. Son sujetos de esta ley los servidores públicos y las instituciones públicas.
ARTICULO 3. Los derechos que esta ley otorga son irrenunciables.
ARTICULO 4. Para efectos de esta ley se entiende:
Por servidor público, toda persona física que preste a una institución pública un trabajo
personal subordinado de carácter material o intelectual, o de ambos géneros, mediante el pago de un sueldo;
II. Por trabajador, la persona física que presta sus servicios, en forma subordinada, en el
Subsistema Educativo Federalizado, mediante el pago de un sueldo o salario;
III. Por institución pública, cada uno de los poderes públicos del Estado, los municipios y
los tribunales administrativos; así como los organismos descentralizados, fideicomisos de carácter estatal y municipal, y los órganos autónomos que sus leyes de creación así lo determinen;
IV. Por dependencia, la unidad administrativa prevista en los ordenamientos legales
respectivos que, estando subordinada jerárquicamente a una institución pública, tenga un sistema propio de administración interna; y
V. Por Tribunal, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.
VI. Por Sala, a cualquiera de las Salas Auxiliares del Tribunal Estatal de Conciliación y
Para los efectos de esta ley no se considerarán servidores públicos a las personas sujetas
a un contrato civil o mercantil.
ARTICULO 5. La relación de trabajo entre las instituciones públicas y sus servidores públicos se entiende establecida mediante nombramiento, contrato o por cualquier otro acto que tenga como consecuencia la prestación personal subordinada del servicio y la
percepción de un sueldo.
Para los efectos de esta ley, las instituciones públicas estarán representadas por sus
ARTICULO 6. Los servidores públicos se clasifican en generales y de confianza, los cuales, de acuerdo con la duración de sus relaciones de trabajo pueden ser: por tiempo u
obra determinados o por tiempo indeterminado.
ARTICULO 7. Son servidores públicos generales los que prestan sus servicios en funciones operativas de carácter manual, material, administrativo, técnico, profesional o de apoyo, realizando tareas asignadas por sus superiores o determinadas en los
manuales internos de procedimientos o guías de trabajo, no comprendidos dentro del siguiente artículo.
ARTICULO 8. Se entiende por servidores públicos de confianza:
I. Aquéllos cuyo nombramiento o ejercicio del cargo requiera de la intervención directa del titular de la institución pública o del órgano de gobierno;
II. Aquéllos que tengan esa calidad en razón de la naturaleza de las funciones que
desempeñen y no de la designación que se dé al puesto.
Son funciones de confianza: las de dirección, inspección, vigilancia, auditorÍa, fiscalización, asesoría, procuración y administración de justicia y de protección civil, así
como las que se relacionen con la representación directa de los titulares de las instituciones públicas o dependencias, con el manejo de recursos, las que realicen los
auxiliares directos, asesores, secretarios particulares y adjuntos, choferes, secretarias y demás personal operativo que les sean asignados directamente a los servidores públicos de confianza o de elección popular.
No se consideran funciones de confianza las de dirección, supervisión e inspección que
realizan los integrantes del Sistema Educativo Estatal en los planteles educativos de l propio sistema.
ARTICULO 9. Para los efectos del artículo anterior y la debida calificación de puestos de confianza, se entenderán como funciones de:
I. Dirección, aquéllas que ejerzan los servidores públicos responsables de conducir las
actividades de los demás, ya sea en toda una institución pública o en alguna de sus dependencias o unidades administrativas;
II. Inspección, vigilancia, auditoría y fiscalización, aquéllas que se realicen a efecto de
conocer, examinar, verificar, controlar o sancionar las acciones a cargo de las
instituciones públicas o de sus dependencias o unidades administrativas;
III. Asesoría, la asistencia técnica o profesional que se brinde mediante consejos,
opiniones o dictámenes, a los titulares de las instituciones públicas o de sus dependencias y unidades administrativas;
IV. Procuración de justicia, las relativas a la investigación y persecución de los delitos
del fuero común y al ejercicio de la acción penal para proteger los intereses de la
V. Administración de justicia, aquéllas que se refieren al ejercicio de la función
VI. Protección civil, aquéllas que tengan por objeto prevenir y atender a la población en
casos de riesgo, siniestro o desastre;
VII. Representación, aquéllas que se refieren a la facultad legal de actuar a nombre de
los titulares de las instituciones públicas o de sus dependencias; y
VIII. Manejo de recursos, aquéllas que impliquen la facultad legal o administrativa de
decidir o determinar su aplicación o destino.
ARTICULO 10. Los servidores públicos de confianza quedan comprendidos en el presente ordenamiento en lo que hace a las medidas de protección al salario y los beneficios de la
seguridad social que otorgue el Estado. Asimismo les será aplicable lo referente al sistema de profesionalización a que se refiere el Capítulo II del Título Cuarto de esta Ley, con excepción de aquéllos cuyo nombramiento o ejercicio del cargo requiera de la
intervención directa de la institución pública o del órgano de gobierno, sean auxiliares directos de éstos, les presten asistencia técnica o profesional como asesores, o tengan la
facultad legal de representarlos o actuar en su nombre.
Quienes ocupen cargos de elección popular no serán sujetos de esta ley.
ARTICULO 11. Los servidores públicos generales podrán ocupar puestos de confianza.
Para este efecto, en caso de ser sindicalizados podrán renunciar a esa condición, o bien obtener licencia del sindicato correspondiente antes de ocupar dicho puesto.
ARTICULO 12. Son servidores públicos por tiempo indeterminado quienes sean nombrados con tal carácter en plazas presupuestales.
ARTICULO 13. Son servidores públicos sujetos a una relación laboral por tiempo u obra
determinados, aquéllos que presten sus servicios bajo esas condiciones, en razón de que la naturaleza del servicio así lo exija.
ARTICULO 14. Sólo se podrá contratar la prestación de servicios por tiempo determinado
I. Cuando tenga por objeto sustituir interinamente a un servidor público;
II. Cuando sea n ecesario realizar labores que se presentan en forma esporádica;
III. Cuando aumenten las cargas de trabajo o haya rezago y se establezca un programa especial para desahogarlo, o para apoyar programas de inversión.
El término máximo para el cual se podrá establecer una relación laboral por tiempo
determinado será de un año, excepto cuando se trate de sustituir interinamente a otro servidor público o tratándose de programas con cargo a recursos de inversión. Pasado este término, si subsiste la naturaleza del trabajo y se cumple lo estipulado en esta ley y
en las condiciones generales de trabajo de la institución pública, el servidor público sujeto a este tipo de relación, tendrá derecho a ocupar un puesto por tiempo
ARTICULO 15. Cuando se trate de una relación de trabajo por obra determinada, ésta durará hasta en tanto subsista la obra motivo del contrato.
ARTICULO 16. Los integrantes de los cuerpos de seguridad pública y de tránsito
estatales y municipales, se regirán en el desarrollo de sus actividades por sus propios ordenamientos.
En todo caso se garantizarán los beneficios de seguridad social y las medidas de protección salarial que les correspondan.
ARTICULO 17. Los servidores públicos deberán ser de nacionalidad mexicana y sólo
podrán ser extranjeros cuando no existan nacionales que puedan desarrollar el servicio de que se trate. La contratación de éstos será decidida por los titulares de las
instituciones públicas oyendo al sindicato, en su caso.
ARTICULO 18. Las actuaciones o certificaciones que se hicieren con motivo de la
aplicación de la presente ley no causarán pago de derechos.
ARTICULO 19. Lo no previsto en esta ley o en sus disposiciones reglamentarias se regulará por la analogía, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y los de
justicia social, la costumbre y la equidad.
TITULO SEGUNDO De los Integrantes del Sistema Educativo Estatal
ARTICULO 20. Para efectos de esta ley son integrantes del Sistema Educativo Estatal los
servi dores públicos docentes que prestan sus servicios en el Subsistema Educativo Estatal y los trabajadores de la educación que se desempeñan en el Subsistema
Educativo Federalizado.
ARTICULO 21. Cuando en el cuerpo de esta ley se mencione el término de servidor público general, se entenderá que también se refiere, en lo que les sea aplicable, a los trabajadores del Subsistema Educativo Federalizado.
ARTICULO 22. Este título regula las relaciones de trabajo entre el Poder Ejecutivo del
Estado y los servidores públicos docentes del Subsistema Educativo Estatal, y entre el primero y los trabajadores del Subsistema Educativo Federalizado, independientemente de que, en lo que corresponda, se les apliquen las demás disposiciones de esta ley.
ARTICULO 23. Cuando en esta ley se enuncie el término institución pública, con
respecto a los trabajadores del Subsistema Educativo Federalizado, se entenderá referido al organismo público descentralizado denominado Servicios Educativos Integrados al Estado de México, o a cualquier otro organismo auxiliar en el que presten sus servicios.
De los Servidores Públicos del Subsistema Educativo Estatal
ARTICULO 24. Los servidores públicos docentes o profesores del Subsistema Educativo Estatal son los servidores públicos generales que prestan servicios de docencia,
investigación o difusión, o bien aquéllos que desempeñan funciones directivas o de supervisión en los planteles del propio Subsistema.
ARTÍCULO 25.- Este capítulo regula las relaciones de trabajo entre la dependencia denominada Secretaría de Educación y los servidores públicos a que se refiere el artículo
ARTICULO 26. Los profesores del Subsistema Educativo Estatal podrán ser designados en plazas de puestos específicos o bajo el sistema de horas clase -semana-mes; en ambos casos el nombramiento podrá ser por tiempo determinado o indeterminado conforme a las
ARTICULO 27. En el desarrollo de sus actividades, los profesores del Subsistema Educativo Estatal se regirán por sus propias condiciones generales de trabajo.
El contenido mínimo de sus condiciones generales de trabajo se ajustará a lo establecido en esta ley. En todo caso, se deberán de tomar en consideración las circunstancias
específicas en que se preste el servicio y la naturaleza del mismo.
ARTICULO 28. Los ascensos de los servidores públicos docentes del Subsistema Educativo Estatal se regularán por el reglamento de escalafón que les corresponda, cuya aplicación estará a cargo de la comisión mixta de escalafón respectiva.
ARTICULO 29. Los profesores del Subsistema Educativo Estatal podrán tener asignada
otra plaza u horas clase en el mismo subsistema o en el federalizado, siempre y cuando
los horarios establecidos para el desempeño de las mismas sean compatibles, de acuerdo
a lo determinado en las condiciones generales de trabajo o en las disposiciones relativas.
CAPITULO III De los Trabajadores del Subsistema Educativo Federalizado.
ARTICULO 30. Este capítulo regula las relaciones de trabajo entre la institución pública
a que se refiere el artículo 23 de esta ley, y los trabajadores del Subsistema Educativo
ARTICULO 31. Los trabajadores a que se refiere este capítulo se clasifican en dos grupos:
de confianza y de base.
I. Son trabajadores de confianza aquéllos a que se refieren los artículos 8 y 9 de esta ley;
II. Son trabajadores de base los no incluidos en los artículos señalados en la fracción anterior, agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y que prestan
sus servicios en actividades de docencia, investigación y difusión o bien, aquéllos que desempeñan funciones directivas, de supervisión o inspección en los planteles del propio subsistema, así como los trabajadores que realizan tareas de apoyo y asistencia a la
ARTICULO 32. Esta ley se aplicará en lo conducente a los trabajadores del Subsistema Educativo Federalizado sin menoscabo de los derechos que les confieren su régimen de
regulación especial, los de organización colectiva, de huelga, de afiliación a su sindicato de carácter nacional, de la calidad de base de su nombramiento; de su derecho a la inamovilidad, a su régimen salarial y aguinaldo, de su jornada de trabajo, de su descanso
semanal, de sus vacaciones, de su derecho a la capacitación y adiestramiento, así como de su propio régimen de seguridad social, prestaciones y servicios.
ARTICULO 33. Los trabajadores podrán ser designados en plazas de puestos específicos o bajo el sistema de horas clase -semana -mes; en ambos casos el nombramiento podrá ser
por tiempo determinado, servicio.
o por tiempo indeterminado, conforme a las necesidades del
ARTICULO 34. En el desarrollo de sus actividades los trabajadores se regirán por el
“Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública”.
ARTICULO 35. Los ascensos de los trabajadores se regularán por el “Reglamento de Escalafón de los Trabajadores al Servicio de la Secretaría de Educación Pública”.
ARTICULO 36. Las plazas de última categoría de nueva creación o las disponibles en
cada grupo, una vez corridos los escalafones respectivos con motivo de las vacantes que ocurrieren, se cubrirán en los términos que establece la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
ARTICULO 37. Los trabajado res podrán tener asignada otra plaza u horas clase en el
Subsistema Educativo Federalizado o en el Subsistema Educativo Estatal, siempre y cuando los horarios establecidos para el desempeño de sus funciones sean compatibles,
de acuerdo a las disposiciones relativas, con excepción de aquéllos que tengan nombramiento anterior al 18 de mayo de 1992, en los términos del convenio suscrito en la misma fecha entre el Titular del Poder Ejecutivo del Estado y el Sindicato Nacional de
ARTICULO 38. Los trabajadores gozarán, de los beneficios establecidos en el “Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica”, en el “Reglamento de las
Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública”, en el reglamento nacional de escalafón vigente, en los Convenios de fecha 18 de mayo de 1992, signados entre el Ejecutivo del Gobierno Estatal y el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación, y entre las Secretarías de Hacienda y Crédito Público,
Desarrollo Urbano y Ecología, Educación Pública, Gobierno del Estado de México e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como de
todos aquellos que se derivan de acuerdos, disposiciones o convenios que les sean propios.
ARTICULO 39.- Los beneficios de la Seguridad Social le serán otorgados a los trabajadores por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado, de acuerdo con el convenio celebrado el primero de mayo de 1992, entre el
Ejecutivo del Gobierno Federal, el Titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado y el Ejecutivo del Gobierno del Estado.
Cuando en el cuerpo de esta ley se haga referencia a las prestaciones médico
asistenciales y sociales que otorga el Instituto de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado y Municipios, así como a la calificación de riesgos de trabajo que deba realizar dicha institución, se tendrá como entendido, en lo que así corresponda a los
trabajadores de la educación federalizados, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado, en los términos de la ley de este instituto.
ARTICULO 40. Conforme lo dispuesto en los artículos anteriores, los acuerdos, convenios
y reglamentos a que se hace referencia, así como las prestaciones y derechos de
cualesquier naturaleza, serán de observancia general y obligatoria para el titular del Poder Ejecutivo, los titulares de las dependencias y de la institución o instituciones
públicas a las que estén adscritos.
ARTICULO 41. Los trabajadores a que se refiere este capítulo tendrán derecho a un aguinaldo anual conforme lo establece el artículo 78 de esta ley, el que deberá pagárseles en dos entregas, la primera antes del día 15 de diciembre y la segunda a más tardar el
día 15 de enero de cada año.
ARTICULO 42. Los procesos de movilidad interestatal de los trabajadores a que se refiere este capítulo se realizarán de conformidad a lo establecido en la cláusula séptima del
Convenio celebrado el 18 de mayo de 1992 a que se refiere el artículo 38 de esta ley.
ARTICULO 43. Los conflictos inter o intrasindicales que se suscitaren entre los
trabajadores del Subsistema Educativo Federalizado, se regularán conforme lo dispuesto por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y el órgano competente para
conocer y, en su caso, resolver sobre los mismos será el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
ARTICULO 44. En la aplicación de los diversos ordenamientos que regulan la relación o condiciones de trabajo de los trabajadores del Subsistema Educativo Federalizado, se
estará, siempre, a la disposición que más les favorezca.
De los Derechos y Obligaciones Individuales de los Servidores Públicos
CAPITULO I Del Ingreso al Servicio Público
ARTICULO 45. Los servidores públicos prestarán sus servicios mediante nombramiento expedido por quien estuviere facultado legalmente para extenderlo. Cuando se trate de
servidores públicos sujetos a una relación por tiempo u obra determinados, el
nombramiento podrá ser sustituido por el contrato, o su inclusión en la nómina o lista de
raya. La falta de formalización de la relación de trabajo será imputable a la institución o
dependencia de que se trate.
ARTICULO 46. Los servidores públicos, mayores de 16 años, tendrán capacidad legal por sí mismos para prestar sus servicios, percibir el sueldo correspondiente y, en su caso,
ejercer las acciones derivadas de la presente ley.
ARTICULO 47. Para ingresar al servicio público se requiere:
I. Presentar una solicitud utilizando la forma oficial que se autorice por la institución
pública o dependencia correspondiente;
II. Ser de nacionalidad mexicana, con la excepción prevista en el artículo 17 de la
III. Estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, en su caso;
VI. No haber sido separado anteriormente del servicio por las causas previstas en la fracción V del artículo 89 y en el artículo 93 de la presente ley;
VII. Tener
correspondientes, en la forma en que se establezca en cada institución pública;
IX. Acreditar por medio de los exámenes correspondientes los conocimientos y aptitudes
necesarios para el desempeño del puesto; y
X. No estar inhabilitado para el ejercicio del servicio público.
ARTICULO 48. Para iniciar la prestación de los servicios se requiere:
III. Tomar posesión del cargo.
ARTICULO 49. Los nombramientos de los servidores públicos deberán contener:
I. Nombre completo del servidor público;
II. Cargo para el adscripción;
es designado, fecha de inicio de sus servicios y lugar de
III. Carácter del nombramiento, ya sea de servidores públicos generales o de confianza, así como la temporalidad del mismo;
IV. Remuneración correspondiente al puesto;
V. Partida presupuestal a la que deberá cargarse la remuneración; y
VI. Firma del servidor público autori zado para emitir el nombramiento, así como el fundamento legal de esa atribución.
deberes inherentes al puesto especificado en el mismo y a las consecuencias que sean
conforme a la ley, al uso y a la buena fe.
El nombramiento aceptado obliga al servidor público a cumplir con los
Iguales consecuencias se generarán para todos los servidores públicos, cuando la relación de trabajo se formalice mediante un contrato o por encontrarse en lista de raya.
ARTICULO 51. El cambio de adscripción de los servidores públicos de una dependencia a otra no afectará sus condiciones de trabajo.
En ningún caso, el cambio de servidores públicos de confianza podrá afectar los derechos de los servidores públicos generales, derivados de esta ley.
ARTICULO 52. Solamente se podrá ordenar el cambio de adscripción a que se refiere el
artículo anterior por las siguientes causas:
I. Reorganización o necesidades del servicio debidamente justificadas, haciéndolo del
conocimiento del sindicato, en su caso;
II. Desaparición del centro de trabajo;
ARTICULO 53. Cuando se realice el cambio de adscripción de un servidor público que
implique su traslado de una población a otra, la institución pública o dependencia en donde preste sus servicios, le dará a conocer previamente las causas del cambio y sufragará los gastos que por este motivo se originen conforme a las disposiciones
reglamentarias respectivas, excepto cuando éste hubiere sido solicitado por el servidor público o se haya previsto así en el nombramiento o contrato respectivo, o bien en las
pública o dependencia
CAPITULO III De las Condiciones Generales de Trabajo
ARTICULO 54. Cada institución pública o, en su caso, dependencia, en razón de la naturaleza de sus funciones, fijará las condiciones generales de trabajo aplicables a sus
servidores públicos, de común acuerdo, con el sindicato, en caso de existir esta representación, las que tendrán una duración de tres años y podrán ratificarse o
modificarse a su término.
Asimismo, en las condiciones de trabajo queda prohibida toda discriminación por motivo
de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias políticas, sexuales o estado civil, o cualquier otra
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
ARTICULO 55. En caso de que las instituciones públicas o los sindicatos objetaren sustancialmente las condiciones generales de trabajo, podrán concurrir ante el Tribunal,
el que resolverá en definitiva. El ejercicio de esta acción no suspende su vigencia.
ARTICULO 56. Las condiciones generales de trabajo, establecerán como mínimo:
I. Duración de la jornada de trabajo;
III. Régimen de retribuciones;
IV. Regímenes de licencias, descansos y vacaciones;
Régimen de compatibilidad en horario y funciones;
VIII. Fechas y condiciones en que los servidores públicos deben someterse a exámenes médicos previos y periódicos;
IX. Labores insalubres y peligrosas que no deban desempeñar los menores de edad y la
protección que se dará a las servidoras públicas embarazadas; y
Las demás reglas que fueren convenientes para obtener mayor seguridad y eficacia en
ARTICULO 57. Serán condiciones nulas y no obligarán a los servidores públicos, aún
cuando las admitieren expresamente, las que estipulen:
I. Jornada mayor a la establecida, excepto cuando ocurrieren situaciones de emergencia
o desastre que pusieran en riesgo a la población, en cuyo caso se deberán prestar los
servicios necesarios determinados por la institución pública;
II. Labores peligrosas o insalubres para mujeres embarazadas y para menores de
dieciocho años, o nocturnas para estos últimos;
III. Jornada inhumana por lo notoriamente excesiva o peligrosa para el servidor público, o
para la salud de la servidora pública embarazada o del producto de la concepción;
IV. Sueldo inferior al salario mínimo general establecido para el área geográfica de que
Plazo mayor de quince días para el pago de sueldos y demás prestaciones económicas;
Cualquier otra condición que contravenga las disposiciones de esta ley.
ARTICULO 58. Las condiciones generales de trabajo surtirán efecto a partir de su depósito en el Tribunal.
CAPITULO IV De la Jornada de Trabajo y de los Descansos
ARTICULO 59. Jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el servidor público está a disposición de la institución pública para prestar sus servicios. El horario de trabajo será
determinado conforme a las necesidades del servicio de la institución pública o
dependencia, de acuerdo a lo estipulado en las condiciones generales de trabajo, sin que exceda los máximos legales.
ARTICULO 60. La jornada de trabajo puede ser diurna, nocturna o mixta, conforme a lo siguiente:
III. Mixta, la que comprenda períodos de tiempo de las jornadas diurna y nocturna, siempre que el período nocturno sea menor de tres horas y media, pues en caso
contrario, se considerará como jornada nocturna.
ARTICULO 61. Cuando la naturaleza del trabajo así lo exija, la jornada se reducirá
teniendo en cuenta el número de horas que pueda trabajar un individuo normal sin sufrir quebranto en su salud.
ARTICULO 62. Por cada seis días de trabajo el servidor público disfrutará de uno de
descanso con goce de sueldo íntegro.
Cuando proceda, se podrán distribuir las horas de trabajo, a fin de permitir a los
servidores públicos el descanso del sábado o cualquier modalidad equivalente.
ARTICULO 63. El servidor público tendrá derecho a un descanso de media hora cuando trabaje horario continuo de más de siete horas y cuando menos de una hora, en horario discontinuo.
Cuando el servidor público no pueda salir del lugar donde presta sus servicios durante la
hora de descanso o de comidas, el tiempo correspondiente le será considerado como tiempo efectivo de trabajo.
ARTICULO 64. Cuando por circunstancias especiales deban aumentarse las horas de trabajo establecidas, éstas serán consideradas como extraordinarias y no deberán
exceder de tres horas diarias ni de tres veces consecutivas en una semana, con excepción de lo señalado en la fracción I del artículo 57 de esta ley.
Las horas de trabajo extraordinarias se retribuirán con un cien por ciento más del sueldo que corresponda a las ordinarias, cuando no excedan de nueve. Las excedentes de nueve
horas, se pagarán al doscientos por ciento más del sueldo que corresponda a las horas normales de su jornada.
Artículo 65.- Las servidoras públicas embarazadas disfrutarán para el parto, de licencia con goce de sueldo íntegro por un período de 90 días naturales y de un período de
lactancia, que no excederá de nueve meses, en el cual tendrán dos descansos
extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos, o el tiempo equivalente que la servidora pública convenga con el titular de la institución pública o
dependencia o su representante.
En caso de adopción las servidoras públicas gozarán de una licencia con goce de sueldo
íntegro, por un período de 45 días naturales, contados a partir de que se otorgue legalmente la adopción.
Los servidores públicos, disfrutarán de una licencia con goce de sueldo íntegro de 5 días hábiles con motivo del nacimiento de su hijo o de adopción.
A los servidores públicos se les otorgará una licencia con goce de sueldo íntegro, por
causa de enfermedad o accidente graves de alguno de sus hijos, cónyuge o concubina o concubinario, previa expedición del certificado médico por parte del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, el cual determinará los días de
licencia. En caso de que ambos padres sean servidores públicos, sólo se concederá la licencia a uno de ellos.
ARTICULO 66. Se establecen dos períodos anuales de vacaciones, de diez días laborables
cada uno, cuyas fechas deberán ser dadas a conocer oportunamente por cada institución pública. Los servidores públicos podrán hacer uso de su primer período vacacional siempre y cuando hayan cumplido seis meses en el servicio.
Los servidores públicos que durante los períodos normales de vacaciones se encuentren
con licencia por maternidad o enfermedad, podrán gozar, al reintegrarse al servicio, de hasta dos períodos vacacionales no disfrutados anteriormente por esa causa.
ARTICULO 67. Durante los períodos de vacaciones se dejará personal de guardia para la tramitación de asuntos urgentes, para lo cual se seleccionará de preferencia a los
servidores públicos que no tuvieren derecho a éstas, elaborando el calendario respectivo.
En ningún caso, los servidores públicos que laboren en períodos vacacionales tendrán
derecho a doble pago de sueldo.
ARTICULO 68. Cuando por cualquier motivo el servidor público no pudiere hacer uso de alguno de los períodos vacacionales en los términos señalados, la institución pública
estará obligada a concederlo dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de dicho periodo. En ningún caso, el servidor público que no disfrutase de sus vacaciones podrá exigir el pago de sueldo doble sin el descanso correspondiente.
ARTICULO 69. Durante la jornada de trabajo, los servidores públicos podrán desarrollar
actividades, de capacitación, de acuerdo a los programas respectivos de la institución pública, así como las sindicales, siempre y cuando medie autorización expresa del titular
de la institución pública o dependencia donde desempeñen sus funciones, a fin de no
afectar la prestación de los servicios.
ARTICULO 70. Anualmente, los titulares de las instituciones públicas o dependencias, facultados para ello, darán a conocer el calendario oficial de días de descanso obligatorio y de vacaciones.
Tratándose de los integrantes del Sistema Educativo Estatal, serán considerados días de
descanso obligatorio los de suspensión de labores docentes que señale el calendario escolar oficial; asimismo los períodos vacacionales deberán corresponder a los determinados en dicho calendario.
ARTICULO 71. El sueldo es la retribución que la institución pública debe pagar al
servidor público por los servicios prestados.
Artículo 72.- A trabajo igual, desempeñado en puesto, horario y condiciones de
eficiencia, también iguales y sin distinción de sexo, corresponde sueldo igual, debiendo ser éste uniforme para cada uno de los puestos que ocupen los servidores públicos.
ARTICULO 73. El pago del sueldo se efectuará preferentemente en el lugar donde los
servidores públicos presten sus servicios dentro del horario normal de labores; su monto se podrá cubrir en moneda de curso legal, en cheques nominativos de fácil cobro o utilizando el sistema que brinde mayor oportunidad y seguridad en el pago a los
servidores públicos de acuerdo a lo establecido en las condiciones generales de trabajo o de conformidad con el sindicato respectivo.
ARTICULO 74. El pago del sueldo de los servidores públicos será preferente a cualquier erogación que realicen las instituciones públicas o dependencias.
ARTICULO 75. El monto del sueldo base fijado en ningún caso podrá ser disminuido.
ARTICULO 76. El sueldo base de los servidores públicos no podrá ser menor al salario mínimo general fijado para cada área geográfica donde presten sus servicios.
ARTICULO 77. Cuando por cualquier motivo un servidor público desempeñe un puesto de
menor categoría, seguirá gozando del sueldo base estipulado para su empleo inmediato anterior. Si la categoría es mayor gozará del sueldo correspondiente a esta última.
ARTICULO 78. Los servidores públicos tendrán derecho a un aguinaldo anual, equivalente a 40 días de sueldo base, cuando menos, sin deducción alguna, y estará
comprendido en el presupuesto de egresos correspondiente.
Dicho aguinaldo deberá pagarse en dos entregas, la primera de ellas previo al primer
período vacacional y la segunda a más tardar el día 15 de diciembre.
Los servidores públicos que hayan prestado sus servicios por un lapso menor a un año, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del aguinaldo de acuerdo a los días efectivamente traba jados.
ARTICULO 79. Por cada cinco años de servicios efectivos prestados, los servidores
públicos tendrán derecho al pago mensual de una prima por permanencia en el servicio, cuya cantidad es la comprendida en el presupuesto de egresos correspondiente y será fijada por los titulares de las instituciones públicas, con participación del sindicato,
cuando exista esta representación.
ARTICULO 80. Los servidores públicos que optaren por separarse del servicio habiendo cumplido 15 años en el mismo, tendrán derecho al pago de una prima de antigüedad consistente en el importe de 12 días de su sueldo base, por cada año de servicios
Cuando el sueldo base del servidor público exceda del doble del salario mínimo general del área geográfica que corresponda al lugar en donde presta sus servicios, se considerará
para efectos del pago de la prima de antigüedad, hasta un máximo de dos salarios mínimos generales.
Esta prima se pagará, igualmente, en caso de muerte o rescisión de la relación laboral por causas no imputables al servidor público, cualquiera que sea su antigüedad.
En caso de muerte del servidor público, la prima se pagará a sus beneficiarios, en el orden de prelación en que formalmente hayan sido designados ante el Instituto de
Seguridad Social del Estado de México y Municipios. En caso de no existir esa designación, dicha prima se pagará conforme a la prelación que establece la Ley de
Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado y Municipios.
Cuando las instituciones públicas tengan establecidos en sus condiciones generales de trabajo programas o fondos de retiro en los que no existieran aportaciones de los servidores públicos, y el monto que, en su caso, correspondiera por este concepto a los
servidores públicos sea superior al señalado en el segundo párrafo de este artículo, las instituciones públicas estarán obligadas a otorgar al servidor público sólo la prestación
que más lo favorezca.
ARTICULO 81. En los días de descanso obligatorio y en las vacaciones a que se refieren los artículos 66 y 68 de esta ley, los servidores públicos recibirán sueldo íntegro. Cuando el sueldo se pague por unidad de obra, se promediará el sueldo base presupuestal del
Los servidores públicos que presten sus servicios durante el día domingo tendrán derecho
al pago adicional de un 25% sobre el monto de su sueldo base presupuestal de los días ordinarios de trabajo.
Los servidores públicos que, conforme al artículo 66 de esta ley, tengan derecho a disfrutar de los períodos vacacionales, percibirán una prima de un 25% como mínimo,
sobre el sueldo base presupuestal que les corresponda durante los mismos.
ARTICULO 82. Las instituciones públicas realizarán anualmente, con la participación del sindicato que corresponda, los estudios técnicos pertinentes para el incremento de sueldos y otras prestaciones de los servidores públicos, que permitan equilibrar el poder
adquisitivo de éstos, conforme a la capacidad y disponibilidad presupuestal de la institución pública.
Asimismo se podrán realizar revisione s, en cuanto a incrementos salariales se refiere, en caso de presentarse una situación económica en el país que, repercutiendo en los
sueldos, si así lo ameritara.
ARTICULO 83. El sueldo de los servidores públicos no es susceptible de embargo judicial o administrativo.
ARTICULO 84. Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos o deducciones al sueldo de los servidores públicos por concepto de:
I. Gravámenes fiscales relacionados con el sueldo;
II. Deudas contraídas con las instituciones públicas o depende ncias por concepto de
anticipos de sueldo, pagos hechos con exceso, errores o pérdidas debidamente
comprobados;
III. Cuotas sindicales;
IV. Cuotas de aportación a fondos para la constitución de cooperativas y de cajas de
ahorro, siempre que el servidor público hubiese manifestado previamente, de manera expresa, su conformidad;
V. Descuentos ordenados por el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y
Municipios, con motivo de cuotas y obligaciones contraídas con éste por los servidores
VI. Obligaciones a cargo del servidor público con las que haya consentido, derivadas de la
adquisición o del uso de habitaciones consideradas como de interés social;
Pensiones alimentici as ordenadas por la autoridad judicial; o
IX. Cualquier otro convenido con instituciones de servicios y aceptado por el servidor
El monto total de las retenciones, descuentos o deducciones no podrá exceder del 30% de
la remuneración total, excepto en los casos a que se refieren las fracciones IV, V y VI de este artículo, en que podrán ser de hasta el 50%, salvo en los casos en que se
demuestre que el crédito se concedió con base en los ingresos familiares para hacer posible el derecho constitucional a una vivienda digna, o se refieran a lo establecido en la fracción VIII de este artículo, en que se ajustará a lo determinado por la autoridad
ARTICULO 85. Será nula la cesión de sueldos que se haga en favor de terceras personas.
CAPITULO VI De los Derechos y Obligaciones de los Servidores Públicos
ARTICULO 86. Los servidores públicos tendrán los siguientes derechos:
II. Gozar de los beneficios de la seguridad social en la forma y términos establecidos por
la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado y Municipios;
III. Obtener licencias en los términos establecidos en esta ley o en las condiciones
generales de trabajo;
IV. Participar en los programas culturales, deportivos y de recreación que se lleven a cabo
en favor de los servidores públicos;
V. Asistir a las actividades de capacitación que les permitan elevar sus conocimientos,
aptitudes y habilidades para poder acceder a puestos de mayor categoría;
VI. Impartir horas-clase, siempre y cuando los horarios establecidos para el desempeño
de las mismas sean compatibles, de acuerdo a lo determinado en las condiciones generales de trabajo o en las disposiciones relativas;
discriminación por motivo de origen étnico o nacionalidad, género, edad, discapacidad,
condición social, condiciones de salud, religión, ideología, preferencia y orientación sexual, estado civil, embarazo, raza, idioma o color de piel;
VII. Ser
VIII. Disfrutar de licencias o permisos para desempeñar una comisión accidental o
permanente del Estado, de carácter sindical o por motivos particulares, siempre que se soliciten con la anticipación debida y que el número de trabajadores no sea tal que
perjudique la buena marcha de la dependencia o entidad.
Estas licencias o permisos podrán ser con goce o sin goce de sueldo, sin menoscabo de
sus derechos y antigüedad y, se otorgarán en los términos previstos en las Condiciones Generales de Trabajo que se expidan conforme a la presente Ley.
IX. Los demás que establezca esta ley.
ARTICULO 87. Los servidores públicos generales por tiempo indeterminado tendrán, además, los siguientes derechos:
II. Tratar por sí o por conducto de su representación sindical los asuntos relativos al
IV. Obtener becas para sus hijos, en términos de las disposiciones relativas;
V. Obtener licencias para desempeñar comisiones sindicales o para ocupar cargos de
elección popular;
ARTICULO 88. Son obligaciones de los servidores públicos:
I. Rendir la protesta de ley al tomar posesión de su cargo;
II. Cumplir con las normas y procedimientos de trabajo;
III. Asistir puntualmente a sus labores y no faltar sin causa justificada o sin permiso. En
caso de inasistencia, el servidor público deberá comunicar a la institución pública o dependencia en que presta sus servicios, por los medios posibles a su alcance, la causa de la misma dentro de las 24 horas siguientes al momento en que debió haberse
presentado a trabajar. No dar aviso, hará presumir que la falta fue injustificada;
V. Desempeñar sus labores con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose
a las instrucciones de sus superiores jerárquicos y a lo dispuesto por las leyes y reglamentos respectivos;
VI. Cumplir con las obligaciones que señalan las condiciones generales de trabajo;
VII. Guardar la debida discreción de los asuntos que lleguen a su conocimiento con
motivo de su trabajo;
VIII. Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro su seguridad, la de sus compañeros de trabajo o la de terceras personas, así como la de las instalaciones o
lugares en donde desempeñe su trabajo;
IX. Participar en las actividades de capacitación y adiestramiento para mejorar su
prepa ración y eficiencia;
X. Manejar apropiadamente los documentos, correspondencia, valores y efectos que se les
confíen con motivo de sus labores y no sustraerlos de su lugar de trabajo;
XI. Tratar con cuidado y conservar en buen estado el equipo, mobiliario y útiles que se
les proporcionen para el desempeño de su trabajo y no utilizarlos para objeto distinto al
que están destinados e informar, invariablemente, a sus superiores inmediatos de los defectos y daños que aquéllos sufran tan pronto como los adviertan;
XII. Ser respetuosos y atentos con sus superiores, iguales y subalternos y con la
población en general;
XIII. Utilizar el tiempo laborable sólo en actividades propias del servicio encomendado;
XIV. Atender las disposiciones relativas a la prevención de los riesgos de trabajo;
XV. Presentar, en su caso, la manifestación de bienes a que se refiere la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; y
XVI. Las demás que les impongan los ordenamientos legales aplicables.
CAPITULO VII De la Terminación de la Relación Laboral
ARTICULO 89. Son causas de terminación de la relación laboral sin responsabilidad para las instituciones públicas:
I. La renuncia del servidor público;
III. El vencimiento del término o conclusión de la obra determinantes de la contratación;
El término o conclusión de la administración en la cual fue contratado el servidor
público a que se refiere el artículo 8 de ésta Ley;
V. La muerte del servidor público; y
VI. La incapacidad permanente del servidor público que le impida el desempeño de sus
CAPITULO VIII De la Suspensión de la Relación Laboral
ARTICULO 90. Son causas de suspensión de la relación laboral:
I. Padecer el servidor público alguna enfermedad contagiosa, que implique un peligro
para las personas que laboran con él;
II. Tener licencia sin goce de sueldo por incapacidad temporal ocasionada por un
accidente o enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo;
III. El arresto del servidor público;
IV. La prisión preventiva del servidor público, seguida de sentencia absolutoria;
V. Las previstas por otros ordenamientos aplicables e impuestas por la autoridad
competente; o
VI. Las que se determinen en las condiciones generales de trabajo de las instituciones
públicas o dependencias;
VII. Las licencias otorgadas sin goce de sueldo para desempeñar cargo de elección
VIII. La designación hecha de los servidores públicos, como representantes, ante los organismos estatales, tales como el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, Comisión Estatal de Derechos Humanos y otros semejantes, durante el periodo en que dure el cargo o comisión, siempre y cuando el cargo sea incompatible, o se
perciba una remuneración económica.
El tiempo de suspensión de la relación laboral en los casos previstos por las fracciones I y II se sujetará a lo que establezca la incapacidad expedida por el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.
ARTICULO 91. La suspensión surtirá efectos legales a partir de la fecha en que se
produzca alguna de las causas previstas en el artículo anterior, o bien, desde la fecha en que se comunique a la institución pública o dependencia correspondiente.
Desaparecida la causa que originó la suspensión o cumplido el término de la misma, el servidor público deberá reintegrarse a sus labores al día hábil siguiente, con excepción
del caso señalado en la fracción IV del artículo anterior, en cuyo caso podrá hacerlo dentro de los quince días siguientes.
El servidor público deberá entregar a su superior jerárquico copia de la documentación probatoria de la finalización de la causa de suspensión. De no presentarla o no
reintegrarse en los plazos antes señalados, los días de inasistencia se considerarán como faltas injustificadas.
CAPITULO IX De la Rescisión de la Relación Laboral
ARTICULO 92. El servidor público o la institución pública podrán rescindir en cualquier tiempo, por causa justificada, la relación laboral.
ARTICULO 93. Son causas de rescisión de la relación laboral, sin responsabilidad para las instituciones públicas:
I. Engañar el servidor público con documentación o referencias falsas que le atribuyan
capacidad, aptitudes o grados académicos de los que carezca. Esta causa dejará de tener efecto después de treinta días naturales de conocido el hecho;
II. Tener asignada más de una plaza en la misma o en diferentes instituciones públicas
o dependencias, con las excepciones que esta ley señala, o bien cobrar un sueldo sin
desempeñar funciones;
III. Incurrir durante sus labores en faltas de probidad u honradez, o bien en actos de
violencia, amenazas, injurias o malos tratos en contra de sus superiores, compañeros o familiares de unos u otros, ya sea dentro o fuera de las horas de servicio, salvo que obre
en defensa propia;
IV. Incurrir en cuatro o más faltas de asistencia a sus labores sin causa justificada,
dentro de un lapso de treinta días;
V. Abandonar las labores sin autorización previa o razón plenamente justificada, en
contravención a lo establecido en las condiciones generales de trabajo;
VI. Causar daños intencionalmente a edificios, obras, equipo, maquinaria, instrumentos,
materias primas y demás objetos relacionados con el trabajo, o por sustraerlos en
beneficio propio;
Revelar los asuntos confidenciales o reservados así calificados por la institución
pública o dependencia donde labore, de los cuales tuviese conocimiento con motivo de su trabajo;
IX. Comprometer por su imprudencia, descuido o negligencia, la seguridad del taller,
oficina o dependencia donde preste sus servicios o de las personas que ahí se
X. Desobedecer sin justificación, las órdenes que reciba de sus superiores, en relación al trabajo que desempeñe;
XI. Concurrir al trabajo en estado de embriaguez, o bien bajo la influencia de algún
narcótico o droga enervante, salvo que en éste último caso, exista prescripción médica,
la que deberá presentar al superior jerárquico antes de iniciar las labores;
XII. Portar armas de cualquier clase durante las horas de trabajo, salvo que la naturaleza
de éste lo exija;
suspenderlas sin la debida autorización;
labores en el caso previsto
XIV. Incumplir reiteradamente disposiciones establecidas en las condiciones generales
de trabajo de la institución pública o dependencia respectiva que constituyan faltas
XV. Ser condenado a prisión como resultado de una sentencia ejecutoriada, que le impida
el cumplimiento de la relación de trabajo.
XVI. Portar y hacer uso de credenciales de identificación no autorizadas por la autoridad
XVII. Sustraer tarjetas o listas de puntualidad y asistencia del lugar destinado para ello,
ya sea la del propio servidor público o la de otro, utilizar o registrar asistencia con gafete-
credencial o tarjeta distinto al suyo o alterar en cualquier forma los registros de control de puntualidad y asistencia; siempre y cuando no sea resultado de un error involuntario;
XVIII. Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera graves y de consecuencias semejantes en lo que al trabajo se refiere; e
XIX. Incurrir en actos de violencia laboral, entendiéndose por éstos los relativos a
discriminación, acoso u hostigamiento sexual.
Para los efectos de la presente fracción se entiende por:
A. Acoso sexual, es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación,
hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos; y
B. Hostigamiento sexual, es el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real
de la víctima frente a la persona agresora en los ámbitos laboral y/o escolar. Se expresa
en conductas verbales o no verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva.
XX. La falta de requisitos que exijan las leyes y reglamentos, necesarios para la prestación del servicio cuando sea imputable al trabajador, desde la fecha en que el
patrón tenga conocimiento del hecho, hasta por un periodo de dos meses.
Artículo 93 Bis.- Además de las causas señaladas en el artículo anterior, también serán motivo de rescisión laboral para los servidores públicos docentes, sin responsabilidad para las autoridades educativas, las siguientes:
I. Incumplir con los procesos establecidos para las evaluaciones con fines de
ingreso, promoción, permanencia y, en su caso, reconocimiento, en términos de lo prescrito por la Ley General del Servicio Profesional Docente;
II. Incumplir con el periodo de inducción al servicio y no sujetarse a la evaluación obligatoria por la Ley General del Servicio Profesional Docente;
III. No prestar los servicios docentes en la escuela en la que se encuentra adscrito o
cambiarse de adscripción, sin previa autorización de la autoridad educativa competente;
IV. Prestar el servicio docente sin haber cumplido los requisitos y procesos que establece la Ley General del Servicio Profesional Docente;
V. No sujetarse a los procesos de evaluación a que se refiere la Ley General del Servicio Profesional Docente, de manera personal;
VI. No atender los programas de regularización, así como aquellos que sean
obligatorios de formación continua, capacitación y actualización;
VII. No alcanzar resultados suficientes en la tercera evaluación que se le practique
para la permanencia en el servicio, de conformidad con la Ley General del Servicio Profesional Docente;
VIII. Las demás que señale la Ley General del Servicio Profesional Docente y otras disposiciones aplicables.
ARTICULO 94. La institución pública deberá dar aviso por escrito al servidor público de
manera personal, de la fecha y causa o causas de la rescisión de la relación laboral.
En caso de que exista imposibi lidad comprobada de entregar el aviso, o que el servidor público se negare a recibirlo, la institución pública o dependencia, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de la rescisión, deberá hacerlo del conocimiento del
Tribunal, proporcionando a éste el último domicilio que tenga registrado y solicitando sea notificado el servidor público.
La falta de aviso al servidor público o al Tribunal por sí sola bastará para considerar que el despido fue injustificado.
ARTICULO 95. Son causas de rescisión de la relación laboral, sin responsabilidad para el
I. Engañarlo la institución pública o dependencia en relación a las condiciones en que se
le ofreció el trabajo. Esta causa dejará de tener efecto después de 30 días naturales a partir de su incorporación al servicio;
II. Incurrir alguno de sus superiores jerárquicos o personal directivo, o bien familiares de
éstos, en faltas de probidad u honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, malos tratos, violencia laboral u otros análogos, en contra del servidor público, su cónyuge, concubina o concubinario, padres, hijos o hermanos;
III. Incumplir la institución pública o dependencia las condiciones laborales y salariales
acordadas para el desempeño de sus funciones y las que estipula esta ley;
IV. Existir peligro grave para la seguridad o salud del servidor público por carecer de
condiciones higiénicas en su lugar de trabajo o no cumplirse las medidas preventivas y de seguridad que las leyes establezcan;
V. No inscribirlo en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios o
no cubrir a éste las aportaciones que le correspondan; y
VI. Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera graves
y de consecuencias semejantes.
En estos casos, el servidor público podrá separarse de su trabajo dentro de los treinta días
siguientes a la fecha en que se dé cualquiera de las causas y tendrá derecho a que la institución pública lo indemnice con el importe de tres meses de sueldo base, veinte días
por cada año devengado y cubriéndole las prestaciones a que tenga derecho, así como los salarios vencidos desde la fecha en que el Servidor Público se haya separado de su trabajo hasta por un periodo máximo de doce meses o hasta que el servidor público se
incorpore a laborar en un municipio o institución pública de los poderes del Estado o cualquier organismo estatal, siempre y cuando esto último ocurra en un plazo no mayor
a los doce meses antes mencionados, independientemente del tiempo que dure el
Si al término del plazo de los doce meses señalados en los artículos 95, 96 y 97 no ha
concluido el procedimiento o no se ha dado cumplimiento al laudo, se pagarán también al trabajador los intereses que se generen sobre el importe del adeudo, a razón del nueve
por ciento anual capitalizable al momento del pago.
Cuando el sueldo base del servidor público exceda del doble del salario mínimo general del área geográfica que corresponda al lugar en donde presta sus servicios, se considerará para efectos del pago de los veinte días por año, hasta un máximo de dos salarios
mínimos generales.
Para el pago de cualquier indemnización que se genere por las relaciones laborales entre las instituciones o dependencias y sus servidores públicos señaladas en esta ley no generarán ningún tipo de interés.
ARTÍCULO 96.- El servidor público podrá solicitar ante el Tribunal o la Sala
correspondiente, que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba, o que se le indemnice. Cuando el servidor público considere injustificada la causa de rescisión de la
relación laboral, o bien lo injustificado del despido podrá demandar ante el Tribunal o en
la Sala que se le cubra la indemnización de tres meses de su salario base, así como los
salarios vencidos desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de doce meses
o que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba con el pago de los salarios vencidos desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de doce meses,
independientemente del tiempo que , dure el proceso.
No se considerará en el pago de salarios vencidos los aguinaldos e incrementos que se
otorguen en el salario de los servidores públicos mientras dure el proceso para objeto de las indemnizaciones a que se refieren los artículos 95, 96 y 97 de esta ley.
Cuando el servidor público ejercite la acción de reinstalación en el trabajo que desempeñaba, será procedente el pago proporcional de sus prestaciones a que tenga
derecho con los incrementos que sufra su salario en el periodo que dure el proceso, con excepción de los salarios vencidos ya que únicamente se aplicará esta disposición en el
máximo de doce meses de pago de los mismos, en caso de ser procedentes.
En cualquier estado del procedimiento el demandado podrá pagar todo o en parte lo
reclamado por el actor exhibiendo la cantidad líquida en moneda nacional o en cheque certificado a nombre de éste, previa cuantificación que haga el Tribunal o la Sala de que
las cantidades cubren las prestaciones señaladas en la demanda y que se encuentren ajustadas a derecho, hasta la fecha en que se exhiba. En el primer supuesto se dará por terminado el juicio liberando a la institución pública de la acción principal y sus
El Tribunal o la Sala aprobará la consignación de pago y pondrá a disposición del actor la
cantidad depositada a su favor, apercibiéndolo de que para el supuesto de no aceptar la cantidad base de su reclamación, los salarios vencidos dejarán de correr, caso contrario
se ordenará el archivo del expediente como asunto total y definitivamente conc luido.
Excepcionalmente para el efecto de que la cantidad exhibida por la parte demandada sea
menor a la que le corresponda al actor, el Tribunal o la Sala le requerirá, para que en un término de cinco días hábiles, contados a partir de que surta sus efectos de notificación
el acuerdo que recaiga, deposite la cantidad faltante y hecho lo anterior se tendrá por satisfecha la acción legal ejercitada.
Para la hipótesis de que la demandada sólo exhiba la cantidad por indemnizaciones y sus prestaciones accesorias dejarán de correr los salarios caídos, continuándose con el
procedimiento por las prestaciones pendientes de pago.
En caso de muerte del trabajador, dejarán de computarse los salarios vencidos como parte
ARTÍCULO 97.- Las institucione s públicas o dependencias no estarán obligadas a reinstalar al servidor público, pero sí a cubrirle la indemnización de tres meses de
salario base, veinte días por cada año de servicios en términos del artículo 95 párrafo segundo de esta ley y cubrirle las prestaciones a que tenga derecho, así como los salarios vencidos desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de doce meses,
independientemente del tiempo que dure el proceso, exhibiendo la totalidad de la cantidad liquida en moneda nacional o mediante cheque certificado al momento de la
negativa de reinstalar al actor.
I. El servidor público cuente con una antigüedad menor a un año;
II. Se compruebe ante el Tribunal o en la Sala que el servidor público, en razón de su
función, debe estar en contacto directo con su superior jerárquico;
III. Se considere que la reinstalación del servidor público afecta la buena marcha de la
institución o dependencia o unidad administrativa a la que está adscrito;
IV. Se trate de servidores públicos por tiempo u obra determinados.
V. El Tribunal o la Sala resuelvan que por las condiciones en que el servidor público
prestaba sus servicios entorpece el desarrollo normal de la institución o dependencia; y
VI. Que se haya suprimido la plaza y se compruebe ante el Tribunal o la Sala la
imposibilidad administrativa de crear una equivalente.
TITULO CUARTO De las Obligaciones de las Instituciones Públicas
CAPITULO I De las Obligaciones en General
ARTICULO 98. Son obligaciones de las instituciones públicas:
I. Preferir, en igualdad de circunstancias, a mujeres y hombres mexiquenses para
ocupar cargos o puestos;
II. Preferir, en igualdad de condiciones, de conocimientos, aptitudes y antigüedad, a los
servidores públicos sindicalizados, respecto de quienes no lo estuvieren, tratándose de puestos que deban ser ocupados por servidores públicos generales;
III. Pagar oportunamente los sueldos devengados por los servidores públicos;
IV. Establecer las medidas de seguridad e higiene para la prevención de riesgos de
traba jo;
V. Reinstalar cuando proceda al servidor público y pagar los sueldos caídos a que fueren
condenadas por laudo ejecutoriado. En caso de que la plaza que ocupaba haya sido
suprimida, la institución pública estará obligada a otorgar otra plaza equivalente en categoría y sueldo, o bien a indemnizarlo en los términos que señala el artículo 95 último
párrafo de esta ley;
VI. Cumplir oportunamente los laudos que dicte el Tribunal y pagar el monto de las
indemnizaciones y demás prestaciones a que tenga derecho el servidor público;
VII. Proporcionar a los servidores públicos, los útiles, equipo y materiales necesarios para
el cumplimiento de sus funciones, así como los reglamentos a observar;
VIII. Cubrir las aportaciones del régimen de seguridad social que les correspondan, así como retener las cuotas y descuentos a cargo de los servidores públicos y enterarlos
oportunamente en los términos que establece la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado y Municipios;
IX. Realizar actividades de capacitación y adiestramiento con el objeto de que los
servidores públicos puedan adquirir conocimientos que les permitan obtener ascensos
conforme al escalafón y desarrollar su aptitud profesional;
X. Conceder a los servidores públicos y a sus hijos, becas para la realización de estudios,
conforme a las normas y convenios respectivos;
XI. Crear y operar sistemas de estímulos y recompensas para los servidores públicos
mejoramiento de su desempeño;
disposiciones que para tal efecto se emitan, a fin de motivar el
Conceder licencias a los servidores públicos generales para el desempeño de las
comisiones sindicales que se les confieran, o cuando ocupen cargos de elección popular. Las licencias abarcarán todo el período para el que hayan sido electos y éste se
computará como efectivo en el escalafón;
XIV. Hacer las deducciones que soliciten los sindicatos para cuotas u otros conceptos
siempre que se ajusten a lo establecido en esta ley. Asimismo, comunicar al sindicato las altas y bajas y demás información relativa a los servidores públicos sindicalizados para el ejercicio de los derechos que les correspondan; e
XV. Elaborar un catálogo general de puestos y un tabulador anual de remuneraciones,
tomando en consideración los objetivos de las instituciones públicas, las funciones, actividades y tareas de los servidores públicos, así como la cantidad, calidad y responsabilidad del trabajo; el tabulador deberá respetar las medidas de protección al
salario establecidas en la presente ley;
XVI. Abstenerse de otorgar remuneración alguna que no se apegue a la normatividad
aplicable; e
XVII. Integrar los expedientes de los servidores públicos y proporcionar las constancias que éstos soliciten para el trámite de los asuntos de su interés en los términos que
señalen los ordenamientos respectivos.
XVIII. Abstenerse de solicitar certificado de no embarazo o constancia relativa al mismo a las mujeres que soliciten empleo.
El incumplimiento a lo previsto en el párrafo anterior, por parte de los servidores públicos estatales y municipales, será sancionado en términos de la Ley de Responsabilidades de
CAPITULO II Del Sistema de Profesionalización de los Servidores Públicos Generales
ARTICULO 99. Las instituciones públicas establecerán un sistema de profesionalización que permita el ingreso al servicio a los aspirantes más calificados, y garantice la
estabilidad y movilidad laborales de los servidores públicos conforme a su desarrollo profesional y a sus méritos en el servicio.
ARTICULO 100. Los sistemas de profesionalización que establezcan las instituciones públicas deberán conformarse a partir de las siguientes bases:
Definición de un catálogo de puestos por institución pública o dependencia que deberá
contener el perfil de cada uno de los existentes, los requisitos necesarios para desempeñarlos y el nivel salarial y escalafonario que les corresponde;
II. Implantación de un régimen escalafonario en el que se determinen las posibilidades
de movimientos que tiene cada servidor público en la institución pública o dependencia,
así como las alternativas de ascenso real dentro del escalafón y los medios y condiciones asociados al mismo;
III. Estructuración de programas de capacitación y desarrollo a corto, mediano y largo
plazos y su vinculación con el régimen escalafonario; y
IV. Establecimiento de disposiciones para que los servidores públicos conozcan, desde su
ingreso al servicio, sus posibilidades de desarrollo; asimismo, deberán contemplar los medios para el logro de ascensos y cuidar que los puestos sólo sean ocupados por quienes cumplan los requisitos establecidos, con el objeto de lograr la mayor eficiencia en la
ARTICULO 101. Las instituciones públicas implantarán los programas de capacitación y desarrollo para los servidores públicos conforme a las necesidades de su función, del
servicio y de los programas de ascenso escalafonario.
ARTICULO 102. La capacitación y el desarrollo tendrán por objeto:
I. Propiciar la superación individual y colectiva de los servidores públicos, mejorar la
calidad de la prestación de los servicios y coadyuvar a su integración con los fines de la institución pública;
II. Actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades del servidor público, así como
proporcionarle información sobre la aplicación de nuevas tecnologías;
III. Preparar a los servidores públicos para ocupar puestos de mayor nivel;
VI. Mejorar las aptitudes y actitudes de los servidores públicos.
ARTICULO 103. Las actividades de capacitación y desarrollo podrán impartirse a los
servidores públicos dentro o fuera de su jornada laboral.
Durante el tiempo en que un servidor público de nuevo ingreso reciba la capacitación
inicial para el empleo que va a desempeñar, prestará sus servicios conforme a las condiciones generales de trabajo que rijan en la institución pública o sus dependencias.
En caso de que el servidor público desee capacitarse en tareas distintas a las funciones que desempeña, la capacitación se realizará fuera de su jornada laboral.
Terminadas las actividades de capacitación y desarrollo, las instituciones públicas o las dependencias deberán expedir las constancias correspondientes.
ARTICULO 104. Los servidores públicos a quienes se imparta capacitación o desarrollo
I. Asistir puntualmente a los cursos, sesiones de grupo y demás actividades que formen
parte del proceso de capacitación o adiestramiento;
II. Atender las indicaciones de quienes impartan la capacitación o adiestramiento y cumplir con los programas respectivos; y
ARTICULO 105. En cada institución pública, se constituirán comisiones mixtas de
capacitación y desarrollo, integradas por igual número de representantes de los servidores públicos y de las instituciones públicas, las que serán presididas por el titular de la institución respectiva o por su representante.
Las comisiones mixtas de capacitación y desarrollo vigilarán la operación del sistema y
de los procedimientos que se implanten para mejorar la capacitación y el desarrollo de los servidores públicos y sugerirán las medidas tendientes a perfeccionarlos, conforme a las necesidades del servicio.
Los cargos en dichas comisiones serán desempeñados gratuitamente y su
funcionamiento se regirá por su respectivo reglamento.
ARTICULO 106. Se entiende por escalafón el sistema para efectuar las promociones de
ascensos de los servidores públicos, conforme a lo señalado en esta ley y en las disposiciones reglamentarias correspondientes.
ARTICULO 107. En cada institución pública se expedirá un reglamento de escalafón
conforme a lo dispuesto en esta ley, en el que se regularán también las permutas. Este reglamento se formulará de común acuerdo entre la institución pública y el sindicato respectivo, en caso de existir esta representación.
ARTICULO 108. Los factores que deben ser tomados en cuenta, como mínimo, para
establecer el sistema escalafonario son: preparación, eficiencia y antigüedad.
I. Preparación, los conocimientos y la formación académica o profesional acreditada satisfactoriamente, así como el dominio de los principios teóricos y prácticos que
requiere el puesto a desempeñar;
II. Eficiencia, el grado de efectividad, empleo de aptitudes personales y aplicación de
esfuerzo en el desempeño del puesto para el que el servidor público haya sido designado;
Antigüedad, el tiempo efectivo de servicios prestados en cualquier institución pública,
cuya relación laboral se rija por la presente ley. La antigüedad no se perderá por encontrarse en el desempeño de un cargo de elección popular, comisión sindical o puesto de confianza.
Los factores escalafonarios se evaluarán mediante los sistemas que se establezcan en
los reglamentos de escalafón de cada institución pública, pero en ningún caso el factor antigüedad podrá tener mayor valor que la preparación y la eficiencia.
ARTICULO 109. Cada institución pública deberá clasificar escalafonariamente a sus servidores públicos según las categorías consignadas en los respectivos catálogos de
puestos, y formar los escalafones de acuerdo a las bases establecidas en esta ley.
ARTICULO 110. En cada institución pública o dependencia funcionará una comisión mixta de escalafón que será presidida por el titular de la misma o por su representante, la cual será responsable de vigilar que el sistema de profesionalización se desarrolle de
acuerdo a lo establecido en esta ley y demás ordenamientos aplicables. Estas comisiones estarán integradas por igual número de representantes de la institución pública o
dependencia y de los servidores públicos.
Los miembros de las comisiones mixtas de escalafón desempeñarán sus funciones
ARTICULO 111. Tendrán derecho a participar en los concursos para ascender, todos los servidores públicos que satisfagan los requisitos necesarios para ocupar el puesto, de acuerdo con el reglamento de escalafón correspondiente.
ARTICULO 112. Los ascensos para ocupar plazas vacantes se otorgarán a los servidores
públicos que acrediten mayores derechos en la valoración y calificación de los factores escalafonarios y en orden preferencial tendrán prioridad los de la categoría inmediata inferior, quien acredite ser la única fuente de ingresos para su familia y cuando exista
similitud de casos, se preferirá a quien acredite mayor tiempo de servicio en la
ARTICULO 113. Las plazas vacantes temporales mayores de seis meses serán ocupadas por riguroso escalafón, siempre y cuando el servidor público reúna los requisitos mínimos
del puesto. Quienes sean ascendidos serán nombrados con carácter provisional, de tal
modo que quien disfrute de la licencia, al regresar a sus labores, ocupe su plaza; en tal
caso, se correrá en forma inversa el escalafón y el servidor público de la última categoría dejará de prestar sus servicios sin responsabilidad para la institución pública.
ARTICULO 114. Las facultades y atribuciones de las comisiones mixtas de escalafón se establecerán en los reglamentos respectivos.
ARTICULO 115. Los titulares de las instituciones públicas, proporcionarán a las
comisiones mixtas de escalafón los medios administrativos y materiales necesarios para su eficaz funcionamiento, dándoles a conocer las vacantes dentro de los 10 días siguientes en que se presenten o se apruebe oficialmente la creación de plazas.
ARTICULO 116. Se entiende por permuta el cambio de un servidor público de un puesto
de trabajo a otro, sin que se modifique la naturaleza del empleo original ni el sueldo que deba percibir.
ARTICULO 117. El procedimiento para resolver las permutas, así como las inconformidades de los afectados por trámites o movimientos escalafonarios, será
previsto en los reglamentos respectivos.
CAPITULO III De la Seguridad e Higiene en el Trabajo
ARTICULO 118. Con objeto de proteger la salud y la vida de los servidores públicos, así como prevenir y reducir las posibilidades de riesgos de trabajo, las instituciones públicas establecerán y mantendrán las medidas de seguridad e higiene necesarias en sus
ARTICULO 119. Para los efectos contemplados en el artículo anterior se observarán las siguientes disposiciones:
I. Los reglamentos que en materia de seguridad e higiene expidan las instituciones públicas, contendrán las medidas necesarias para evitar los riesgos de trabajo;
II. La institución pública proveerá lo necesario para que los lugares donde desarrollen
sus actividades los servidores públicos, cuenten con las condiciones de seguridad e
higiene indispensables;
III. Durante la jornada laboral, los servidores públicos están obligados a someterse a las
medidas profilácticas y exámenes médicos que señalen las leyes, las disposiciones de salud pública y las condiciones generales de trabajo de cada institución pública o
dependencia; y
IV. En cada área de trabajo se deberá mantener en forma permanente, botiquines con las
medicinas y el material de curación necesarios y suficientes para brindar primeros auxilios, así como adiestrar a servidores públicos para que los presten.
ARTICULO 120. Cuando la institución pública realice obras, acondicionará los lugares de trabajo para que se ajusten a las prescripciones que en materia de seguridad e higiene
sean exigibles conforme a los ordenamientos legales respectivos y proporcionará a los servidores públicos todos los medios de protección adecuados a sus actividades.
ARTICULO 121. En cada institución pública o dependencia se instalará y funcionará una
comisión mixta de seguridad e higiene, integrada por igual número de representantes de la institución pública y de los servidores públicos, la cual será presidida por el titular de la misma o su representante, y tendrá por objeto proponer medidas para prevenir los
riesgos de trabajo y vigilar que éstas se adopten, así como investigar las causas de los accidentes de trabajo que se presenten. Las comisiones podrán estar apoyadas por las
subcomisiones que sean necesarias.
ARTICULO 122. Las facultades y atribuciones de las comisiones mixtas de seguridad e higiene se establecerán en los reglamentos respectivos.
ARTICULO 123. Los servidores públicos que no observen las disposiciones relativas a seguridad e higiene, serán sancionados conforme al reglamento respectivo.
ARTICULO 124. Riesgos de trabajo son los accidentes o enfermedades a que están expuestos los servidores públicos en ejercicio o con motivo del trabajo.
ARTICULO 125. Accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional
inmediata o posterior, o la muerte, producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se presente.
Quedan incluidos en la definición anterior los accidentes que se produzcan al trasladarse el servidor público directamente de su domicilio al lugar del traba jo y de éste a aquél.
ARTICULO 126. Enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de la acción
continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en el que el servidor público preste sus servicios.
ARTICULO 127. Serán consideradas enfermedades de trabajo las previstas en la Ley Federal del Trabajo.
ARTICULO 128. Los riesgos de trabajo pueden ocasionar:
ARTICULO 129. Incapacidad temporal es la pérdida de facultades o aptitudes que
imposibilitan parcial o totalmente a una persona para desempeñar su trabajo por algún
ARTICULO 130. Incapacidad permanente parcial es la disminución de las facultades o aptitudes físicas o psicológicas de una persona para trabajar.
ARTICULO 131. Incapacidad permanente total es la pérdida de facultades o aptitudes
físicas o psicológicas de una persona que la imposibilita para desempeñar cualquier
ARTICULO 132. El grado de incapacidad producido por los accidentes o enfermedades de trabajo será calificado por el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y
ARTICULO 133. Los riesgos de trabajo que sufran los servidores públicos se regularán en
forma supletoria por las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.
Si a los tres meses de haberse producido la incapacidad por riesgo de trabajo el servidor público no está en aptitud de reincorporarse a sus labores, él mismo o la institución públi ca o dependencia en la que presta sus servicios, deberán solicitar al Instituto de
Seguridad Social del Estado de México y Municipios que resuelva sobre el grado de su
En caso de que dicho Instituto no dictamine su incapacidad permanente, el servidor público deberá someterse a revisión cada tres meses en un período máximo de un año,
término en el que el Instituto deberá emitir dictamen sobre el grado de la incapacidad y, en su caso, la institución pública o dependencia deberá proceder a darlo de baja para que
pueda gozar de la pensión por inhabilitación que le corresponda, independientemente del pago de la indemnización a que tenga derecho por el riesgo de trabajo sufrido.
Las licencias que con este motivo se concedan serán con goce de sueldo íntegro, mientras subsista la imposibilidad de trabajar, hasta que se dictamine la inhabilitación del servidor público.
ARTÍCULO 134.- Al ocurrir un accidente de trabajo, la institución pública o dependencia
deberá proporcionar de inmediato la atención médica que requiere el servidor público y dar aviso al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y a la Secretaría del Trabajo.
De no estar en posibilidades de proporcionar atención médica de urgencia en virtud de
que no existan instalaciones cercanas del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios o que la institución pública o dependencia no cuenten con servicio
médico, éstas deberán cubrir el importe de la atención médica que tuvo que pagar el servidor público.
En los casos anteriores el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, deberá reembolsar a la institución pública o dependencia el importe que
representó la atención médica de urgencia, previa comprobación de los gastos erogados, en los términos que establece la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado y Municipios.
ARTICULO 135. Cuando el servidor público sufra una enfermedad grave durante la
prestación de sus servicios, la institución pública o dependencia procederá en la forma que se contempla en el artículo anterior.
ARTICULO 136. Para la calificación de los accidentes y enfermedades de trabajo, así como para la fijación del monto de las indemnizaciones correspondientes, se estará a lo
estipulado en la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado y Municipios.
En caso de muerte del servidor público la indemnización se pagará a sus beneficiarios en el orden y proporción en que formalmente hayan sido designados ante el Instituto de
Seguridad Social del Estado de México y Municipios. De no existir esa designación, dicha indemnización se pagará conforme a la prelación que establece la Ley de Seguridad
Social para los Servidores Públicos del Estado y Municipios.
ARTICULO 137. Los servidores públicos que sufran enfermedades por causas ajenas al servicio, previa determinación que haga el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, tendrán derecho a que se les conceda licencia para dejar de
concurrir a sus labores en los siguientes términos:
I. Cuando tengan menos de un año de servicio se les podrá conceder licencia hasta por quince días con goce de sueldo íntegro; hasta quince días más, con medio sueldo; y hasta treinta días más, sin goce de sueldo;
II. Cuando tengan de uno a cinco años de servicio, hasta treinta días con goce de sueldo
íntegro; hasta treinta días más, con medio sueldo; y hasta sesenta más, sin goce de sueldo;
III. Cuando tengan de cinco a diez años de servicio, hasta cuarenta y cinco días con goce de sueldo íntegro; hasta cuarenta y cinco días más, con medio sueldo; y hasta noventa
días más, sin goce de sueldo; y
IV. Cuando tengan diez o más años de servicio, hasta sesenta días, con goce de sueldo
íntegro; hasta sesenta días más, con medio sueldo; y hasta ciento veinte días más, sin goce de sueldo.
Para los efectos de las fracciones anteriores, los cómputos deberán hacerse por años de servicios continuos o cuando la interrupción en la prestación de dichos servicios no sea
mayor de seis meses. Podrán gozar del beneficio señalado, de manera continua o discontinua, una sola vez cada año, contado a partir del momento en que tomaron
posesión de su puesto.
TITULO QUINTO De los Derechos Colectivos de los Servidores Públicos
CAPITULO I De la Organización Sindical
ARTICULO 138. Sindicato es la asociación de servidores públicos generales constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses comunes.
Las instituciones públicas en su conjunto, reconocerán como titulares de las relaciones colectivas de trabajo, únicamente a un sindicato de servidores públicos generales y a uno
de maestros que serán los que cuenten con registro ante el Tribunal, así como a aquellos registrados que representen a los docentes en las instituciones de carácter educativo cuyo decreto de creación establezca su autonomía en su régimen sindical.
En el caso de los trabajadores del Subsistema Educativo Federalizado se reconoce a su
sindicato nacional.
Se reconocerán asimismo, a los demás sindicatos de servidores públicos que, en su caso,
descentralización federal.
ARTICULO 139. Los servidores públicos de confianza no podrán ser miembros de los
sindicatos. Cuando los servidores públicos sindicalizados desempeñen un puesto de confianza quedarán en suspenso todas sus obligaciones y derechos sindicales.
ARTICULO 140. Ningún servidor público podrá ser obligado a formar parte de un sindicato, o bien a no formar parte de él, pero una vez que soliciten y obtengan su
ingreso, no podrán dejar de formar parte de él, salvo que fueran expulsados.
ARTICULO 141. Los sindicatos deberán ser registrados ante el Tribunal, para cuyo efecto
entregarán a éste, por duplicado, los siguientes documentos:
Estatutos del sindicato;
III. Lista de miembros que lo integran, con expresión del nombre de cada uno, estado
civil, edad, puesto que desempeñan y sueldo que perciben; y
IV. Acta de la sesión en que se haya elegido la directiva o copia autorizada de aquélla.
El Tribunal al recibir la solicitud de registro constatará, por los medios legales, que en
sus registros no existe otra asociación sindical y que la peticionaria cuenta con la mayoría de los servidores públicos para proceder, en su caso, al registro.
ARTICULO 142. Satisfechos los requisitos que se establecen para el registro de sindicatos, el Tribunal procederá a efectuar el mismo.
Si el Tribunal no resuelve sobre la solicitud de registro dentro de un término de sesenta días naturales, los solicitantes podrán requerirlo para que dicte resolución y si no lo hace
dentro de los tres días hábiles siguientes a la presentación del requerimiento, se tendrá por hecho el registro para todos los efectos legales, quedando obligado el Tribunal, dentro
de los tres días hábiles siguientes, a expedir la constancia respectiva.
ARTICULO 143. El registro podrá negarse únicamente:
I. Si el sindicato no se propone la finalidad prevista en el artículo 138 de esta ley;
II. Si se constituyó en contravención a lo estipulado en esta ley; o
III. Si no se exhiben los documentos a que se refiere el artículo 141 de esta ley.
ARTICULO 144. Queda prohibido todo acto de reelección dentro de los sindicatos.
ARTICULO 145. El registro del sindicato podrá cancelarse únicamente:
I. En caso de disolución;
II. Por dejar de cubrir los requisitos legales; o
III. Por incurrir en los supuestos previstos en el artículo 156 de esta ley.
ARTICULO 146. Los sindicatos se disolverán por:
Dejar de reunir los supuestos señalados por el artículo 138 de esta ley; o
III. Transcurrir el término fijado en sus estatutos.
ARTICULO 147. Los sindicatos sólo estarán sujetos a disolución, suspensión o cancelación de su registro por vía jurisdiccional.
En los casos previstos en el artículo 156 de esta ley, el Tribunal determinará la cancelación del registro de la directiva o del sindicato, según corresponda.
ARTICULO 148. Los sindicatos tienen derecho a redactar sus estatutos y reglamentos,
elegir libremente a sus representantes, organizar su administración y actividades, así como a formular sus programas de acción.
ARTICULO 149. Los estatutos de los sindicatos deberán contener:
IV. Duración; faltando esta disposición, se entenderá constituido el sindicato por tiempo
V. Requisitos para la admisión de miembros;
VIII. Procedimiento para elegir la directiva, número de sus miembros y período de duración de la directiva;
IX. Normas para la adquisición, administración y disposición de los bienes, patrimonio
del sindicato;
XI. Mes en que deberán presentarse las cuentas;
XII. Normas para la liquidación del patrimonio; y
XIII. Las demás normas que apruebe la asamblea.
ARTICULO 150. Sólo podrán formar parte de la directiva de los sindicatos los servidores
públicos de nacionalidad mexicana, mayores de 18 años de edad.
ARTICULO 151 . Las cláusulas de inclusión y de exclusión que, en su caso, fueran establecidas por los sindicatos no surtirán efecto alguno para las instituciones públicas o
ARTICULO 152. Son obligaciones de los sindicatos:
II. Comunicar al Tribunal, dentro de los diez días siguientes a cada elección, los cambios
que ocurrieren en su Comité Ejecutivo, las altas y bajas de sus miembros y las
modificaciones que sufran sus estatutos;
III. Facilitar la labor del Tribunal en los conflictos que se ventilen ante el mismo, ya sean
del sindicato o de sus miembros, proporcionándole la cooperación que les solicite; y
IV. Patrocinar y representar a sus miembros ante las instituciones, dependencias y el
Tribunal, cuando les fuere solicitado por éstos.
ARTICULO 153. Los sindicatos legalmente constituidos son personas morales y tienen capacidad para:
II. Adquirir bienes muebles e inmuebl es destinados inmediata y directamente al objeto
de su institución; y
III. Defender, ante toda clase de autoridades, sus derechos y ejercitar las acciones
ARTICULO 154. Los sindicatos representarán a sus miembros en la defensa de los
de rechos individuales y colectivos que les correspondan, sin perjuicio del derecho de los agremiados para actuar o intervenir directamente, pudiendo cesar, a petición del
servidor público representado por el sindicato la intervención de este último.
ARTICULO 155. La representación del sindicato se ejercerá por su secretario general y en los términos establecidos por sus estatutos.
ARTICULO 156. Queda prohibido a los sindicatos:
III. Usar violencia contra los servidores públicos para obligarlos a que se sindicalicen o a
que voten a su favor en un recuento.
ARTICULO 157. Los actos realizados por las directivas de los sindicatos obligan a éstos, siempre que hayan actuado dentro de sus facultades.
ARTICULO 158. Los conflictos que surjan entre las instituciones públicas o dependencias y los sindicatos, entre éstos o en el interior de los mismos, serán resueltos
ARTICULO 159. Las retribuciones que se paguen a los empleados de los sindicatos y, en general, los gastos que origine el funcionamiento de éstos, serán con cargo a su patrimonio, cubiertos en todo caso por sus miembros.
ARTICULO 160. En caso de disolución del sindicato, el activo se aplicará en la forma que
lo determinen sus estatutos o la propia asamblea. A falta de disposición expresa, sus bienes muebles e inmuebles y en general, el activo de dichos sindicatos pasará a formar parte del patrimonio del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.
CAPITULO II De la Huelga
ARTICULO 161. Huelga es la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por los servidores públicos generales en la forma y términos que esta ley establece.
ARTICULO 162. Declaración de huelga es la manifestación expresa de la voluntad de la
mayoría de los servidores públicos generales de una institución pública de suspender las labores de acuerdo con los requisitos que establece esta ley.
huelga respecto de una o varias instituciones públicas, cuando se violen de manera
general y sistemática los derechos que esta ley establece o las condiciones generales de trabajo de cada institución pública que afecten colectivamente a la mayoría de los servidores públicos.
Los servidores públicos generales podrán hacer uso del derecho de
ARTICULO 164. Para declarar una huelga se requiere:
I. Que se ajuste a los términos del artículo anterior de esta Ley; y
II. Que sea acordada por las dos terceras partes de los servidores públicos generales de la institución pública respectiva.
En todo caso la huelga deberá limitarse al mero acto de la suspensión del trabajo.
ARTICULO 165. La huelga será legal cuando se cumpla con los requisitos establecidos en
los artículos 163 y 164 de esta ley.
CAPITULO III Del Procedimiento de Huelga
ARTICULO 166. En el procedimiento de huelga se observarán las normas siguientes:
I. El presidente del Tribunal intervendrá personalmente en todas las resoluciones del
II. No serán admitidas las causas de excusa de los miembros del Tribunal ni se
admitirán más incidentes que el de falta de personalidad que podrá promoverse por las instituciones públicas en el escrito de contestación del pliego petitorio, o por el sindicato
dentro de las 48 horas siguiente s a la en que se tenga conocimiento de la primera promoción de la institución pública respectiva; y
III. No podrá promoverse cuestión alguna de competencia. Si el Tribunal, una vez hecho
el emplazamiento a la institución pública, observa que el asunto no es de su
competencia, hará la declaratoria correspondiente.
ARTICULO 167. Antes de suspender las labores, el sindicato deberá presentar al Presidente del Tribunal su pliego de peticiones con la copia del acta de asamblea en que se haya acordado declarar la huelga. El Presidente, una vez recibido el escrito y sus
anexos, dentro de un término de veinticuatro horas, declarará si el pliego es procedente o no. Si declara que es procedente por reunir los requisitos indispensables, correrá
traslado con la copia de ellos al titular de la institución pública o dependencia a quien corresponda atender las peticiones demandadas, para que resuelva o conteste en el término de diez días hábiles, a partir de la notificación.
ARTICULO 168. Una vez concluido el término para contestar el pliego petitorio, el
Tribunal citará a las partes a una audiencia de conciliación y ofrecimiento de pruebas dentro de los tres días hábiles siguientes, en la que procurará avenirlas, sin hacer declaración que prejuzgue sobre la legalidad de la huelga. Esta audiencia sólo podrá
diferirse a petición de una de las partes y por una sola vez.
ARTICULO 169. La audiencia de conciliación y ofrecimiento de pruebas, se ajustará a las normas siguientes:
I. Si el sindicato no concurre a la audiencia, se entenderá que carece de interés en sus
peticiones y se archivará el expediente como asunto concluido;
II. Si no concurre el titular de la institución pública o dependencia o su representante, se entenderá que no tiene interés en avenirse;
Habiendo concurrido ambas partes, el Tribunal procederá a avenirlas. De no llegar a
un arreglo conciliatorio, procederá a recibir las pruebas que aporten para justificar la legalidad o ilegalidad del movimiento de huelga; y
IV. El Tribunal acordará, en su caso, el tiempo en que se deban desahogar las pruebas,
cuyo término no podrá ser mayor a cinco días hábiles.
ARTICULO 170. En el proceso, el desahogo de pruebas tendrá por objeto demostrar, por
parte del sindicato, las violaciones de las disposiciones legales que den origen a la huelga, y por parte de la institución pública, dependencia o tercer interesado, la ilegalidad o ilicitud de la huelga.
ARTICULO 171. Desahogadas las pruebas, el Tribunal resolverá sobre la legalidad o
ilegalidad de la huelga. Si la declara legal, los servidores públicos podrán suspender las labores en un plazo de cinco días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación
de la resolución. El sindicato deberá comunicar al Tribunal el día y la hora que se acuerden para la suspensión de labores.
Si la huelga es declarada ilegal, el Tribunal prevendrá al sindicato que los servidores públicos no deben suspender sus labores y que si lo hacen incurrirán en una causal de
tendientes a evitar la
ARTICULO 172. Si la suspensión de labores se lleva a cabo antes del día y hora señalados por el sindicato, conforme a lo que establece el Artículo 171 de esta ley, o el
sindicato no estalla la huelga en el día y hora señalados, el Tribunal declarará que no existe el estado de huelga y fijará a los servidores públicos un plazo de dos días hábiles para que reanuden sus labores, apercibiéndolos de que si no lo hacen, quedará
rescindida su relación laboral sin responsabilidad para la institución pública. En caso de fuerza mayor o de error no imputable a los servidores públicos, se declarará que éstos no
han incurrido en responsabilidad.
ARTICULO 173. Una vez suspendidas las labores, el Tribunal continuará tratando de
avenir a las partes, citándolas al efecto cuantas veces estime pertinente.
ARTICULO 174. La huelga será declarada ilícita, cuando los huelguistas ejecuten actos violentos contra personas o propiedades, o cuando se dé en los casos a que se refiere el
artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
ARTICULO 175. Si se ofrece como prueba el recuento de los servidores públicos se
I. El Tribunal señalará el lugar, día y hora en que deba efectuarse;
Unicamente tendrán derecho a votar los servidores públicos sindicalizados de la
institución pública que concurran al recuento, previa identificación;
III. Serán considerados servidores públicos los que hubiesen sido despedidos del trabajo
después de la fecha de presentación del pliego petitorio;
IV. No se computarán los votos de quienes hayan ingresado al trabajo con posterioridad a
la fecha de presentación del pliego petitorio, ni de quienes no tengan derecho a votar; y
V. Las objeciones a los servidores públicos que concurran al recuento, deberán hacerse
en el acto mismo de la diligencia, en cuyo caso el Tribunal citará a una audiencia de
ofrecimiento y rendición de pruebas.
ARTICULO 176. Al resolverse que la huelga es legal, el Tribunal, a petición de las autoridades correspondientes y tomando en cuenta las pruebas presentadas, fijará el número de servidores públicos que los huelguistas estarán obligados a mantener en el
desempeño de sus labores, a fin de que continúen realizándose aquellos servicios cuya suspensión perjudique la estabilidad de las instituciones públicas, la conservación de las
instalaciones, o bien signifique un peligro para la salud pública o la suspensión de los servicios públicos. Dichos servidores públicos gozarán de la retribución que les
corresponda por su trabajo.
ARTICULO 177. Si los huelguistas se niegan a prestar los servicios mencionados en el
artículo anterior, la institución pública podrá utilizar otros servidores públicos. El Tribunal, en caso necesario, solicitará el auxilio de la fuerza pública a fin de que puedan
prestarse dichos servicios.
ARTICULO 178. La huelga terminará por:
II. Desistimiento por acuerdo de la asamblea, tomado por las dos terceras partes de los
servidores públicos sindicalizados, llevada a cabo en los términos que lo determinen sus
estatutos internos;
III. Declaración de inexistencia por ilegalidad o ilicitud;
V. Allanamiento por parte de la institución pública, en cuyo caso el Tribunal dará vista al
Sindicato para que manifieste lo que a su interés convenga. Desahogada ésta, el Tribunal resolverá lo conducente.
ARTICULO 179. En tanto la huelga no sea declarada inexistente, ilegal, ilícita o
terminada, el Tribunal y las autoridades deberán respetar el derecho que ejerzan los servidores públicos dándoles las garantías y prestándoles el auxilio que soliciten.
ARTÍCULO 180.- Las acciones que se deriven de esta ley, de los actos qu e den origen a la relación laboral y de los acuerdos que fijen las condiciones generales de trabajo,
prescribirán en un año, contado a partir del día siguiente al en que la obligación sea exigible, con excepción de los casos previstos en las siguientes fracciones:
a) Las acciones para pedir la nulidad o la modificación de un nombramiento, a partir de la
fecha de su vigencia o alta del servidor público; y
b) Las acciones de los servidores públicos para ejercitar el derecho a ocupar el puesto que
hayan dejado por accidente o por enfermedad, contando el plazo a partir de la fecha en
que estén en aptitud de volver al trabajo.
c) En caso de suspensión o despido injustificados, las acciones para exigir la
reinstalación en su trabajo o la indemnización que la ley concede, contados a partir del día siguiente al de la fecha del despido o suspensión.
a) Las acciones de los servidores públicos para rescindir la relación laboral, a partir del
día siguiente a aquél en que ocurra el hecho que da origen a la rescisión o tengan
b) Las acciones de los titulares de las instituciones públicas o dependencias para
rescindir la relación laboral, desde el día siguiente en que sean conocidas las causas;
c) En caso de supresión de plazas, las acciones para que se otorguen otra equivalente a la
suprimida o la indemnización de ley, a partir del día siguiente en que se informe; y
d) La aplicación de medidas disciplinarias a sus servidores públicos, contando el término
desde que sean conocidas las causas.
III. En seis meses:
a) Las acciones para solicitar la ejecución de los laudos del Tribunal o la Sala.
IV. En dos años:
a) Las acciones de los servidores públicos para reclamar indemnizaciones por riesgos de
b) Las acciones de las personas que dependieron económicamente de los servidores
públicos fallecidos con motivo de un riesgo de trabajo, para reclamar la indemnización correspondiente; y
Los plazos para ejercitar las acciones a que se refiere esta fracción correrán, desde el momento en que se determine la naturaleza del riesgo de trabajo, desde la fecha de la
muerte del servidor público o desde que sea ejecutable el laudo dictado por el Tribunal o la Sala, respectivamente.
ARTICULO 181. La prescripción no puede comenzar ni correr:
II. Durante el tiempo en que el servidor público se encuentre privado de su libertad,
siempre que haya sido absuelto por sentencia ejecutoriada.
ARTICULO 182. La prescripción se interrumpe:
I. Por la presentación de la demanda respectiva ante el Tribunal o en la Sala; o
II. Si la institución pública o el servidor público a cuyo favor corre la prescripción,
reconoce el derecho de aquélla contra quien prescribe, por escrito o por hechos
Para los efectos de la prescripción, los meses se regularán por el
número de días que les correspondan; el primer día se contará completo y cuando el último sea inhábil, no se tendrá completa la prescripción, sino cumplido el primer día
TITULO SEPTIMO Del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje y del Proceso y Procedimientos
CAPITULO I Del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje
ARTÍCULO 184.- El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje es un órgano autónomo y dotado de plena jurisdicción, conocerá y resolverá los conflictos laborales individuales y
colectivos que se presenten entre los sujetos de esta ley.
ARTICULO 185. El Tribunal será competente para:
I. Conocer y resolver, en conciliación y arbitraje, de los conflictos individuales que se
susciten entre las instituciones públicas, dependencias, organismos descentralizados, fideicomisos de carácter Estatal y Municipal, y organismos autónomos que sus leyes de
creación así lo determinen y sus servidores públicos que no conozcan las Salas;
II. Conocer y resolver, en conciliación y arbitraje, los conflictos colectivos que surjan
entre las instituciones públicas o dependencias y las organizaciones sindicales;
III. Conceder el registro de los sindicatos y, en su caso, dictar la cancelación de los
IV. Conocer y resolver, en conciliación y arbitraje, de los conflictos internos de los
sindicatos y de los intersindicales;
V. Efectuar el registro de las condiciones generales de trabajo, de los estatutos de los
sindicatos, así como de aquellos otros documentos que por su naturaleza deban obrar en los registros del Tribunal; y
VI. Llevar los procedimientos para la determinación de dependencia económica de los
familiares de los servidores públicos;
VII. Dictar la resolución que ordene la suspensión temporal de su cargo de un servidor público en términos de lo dispuesto por el artículo 209 y 253 de esta ley; y
VIII. Conocer de cualquier otro asunto relativo, derivado o directamente vinculado con las
Artículo 186.- El Tribunal se integrará por un representante de cada uno de los poderes
públicos del Estado, en caso de que alguno no designe, se tendrá integrado el Tribunal con los que se hayan designado, un representante de cada uno de los sindicatos
mayoritarios a que se refiere el segundo párrafo del artículo 138 de esta ley, un representante de los ayuntamientos de la entidad que será el del Municipio de residencia del Tribunal y un árbitro, designado por la mayoría de los representantes a
propuesta del Titular del Ejecutivo, quien fungirá como Presidente, y su cargo concluirá
al mismo tiempo que el de la administración pública en la cual fue designado, pudiendo
ser ratificado a propuesta del Titular del Ejecutivo entrante.
Se podrán instalar en el territorio de la entidad, las Salas Auxiliares del Tribunal que el presupuesto de egresos permita, se integrarán cada una por un representante del sindicato mayoritario, que represente a los servidores públicos municipales, un
representante de los ayuntamientos, que será el del municipio de residencia de la Sala y un árbitro que fungirá como presidente, a propuesta del Secretario del Trabajo, que será
nombrado por mayoría de los integrantes del Pleno y podrá durar en su cargo el mismo tiempo que el de la administración pública en la cual fue designado.
Con excepción de los presidentes, cada uno de los representantes contará con un
ARTÍCULO 186 bis.- Las Salas Auxiliares del Tribunal serán competentes para:
I. Conocer y resolver, en conciliación y arbitraje, de los conflictos individuales con motivo de la relación laboral que se susciten entre las instituciones públicas o dependencias
municipales y sus servidores públicos;
II. De los procedimientos necesarios para la determinación de dependencia económica de
los familiares de los servidores públicos fallecidos.
La competencia territorial de las Salas Auxiliares se determinará por el Pleno del Tribunal, en el acuerdo de creación que corresponda.
Las resoluciones de las Salas Auxiliares no admiten ningún recurso.
Cuando se demande conjuntamente al Municipio y algún Poder del Estado u organo sujeto de esta ley de carácter estatal, el Tribunal será el competente.
ARTICULO 187. Para ser presidente del Tribunal se deberán satisfacer los siguientes requisitos:
I. Ser mexicano, mayor de treinta años de edad y estar en pleno ejercicio de sus
II. Tener título de licenciado en derecho, legalmente expedido;
III. Tener cinco años de ejercicio profesional posteriores a la obtención del título de
Para ser Presidente de alguna de las Salas auxiliares se reunirán los requisitos del
Presidente del Tribunal, solo que deberá contar, con más de veinticinco años de edad y con cuatro años de ejercicio profesional posteriores a la obtención del título de licenciado
Artículo 188. - El Tribunal funcionará en pleno y la resolución que pone fin al juicio se
tomará por mayoría de votos de sus integrantes. En caso de ausencia de alguno de ellos, los votos de los ausentes se sumarán al del Presidente.
Bastará con la certificación del secretario para acreditar la ausencia de alguno de los representantes, sin citatorio previo.
La resolución de las Salas que pone fin al juicio, se tomará por mayoría, en caso de
ausencia de alguno de los representantes o falta debidamente certificada por el secretario de la Sala respectiva, sin que conste citatorio previo, el voto del ausente se
sumará al del Presidente.
ARTÍCULO 189.- Para su debido funcionamiento el Tribunal contará con secretarios
generales, secretarios auxiliares, secretarios de acuerdos, actuarios, conciliadores; además de los servidores públicos que sean necesarios y las Salas con secretarios
auxiliares, secretarios de acuerdos, actuarios, conciliadores y demás servidores públicos que sean necesarios para el desarrollo de sus funciones.
Los integrantes y demás servidores públicos del Tribunal o de las Salas tendrán las facultades y obligaciones que se determinen en su reglamento interior. Los integrantes
del Tribunal durarán en su encargo como término máximo seis años, tratándose de los poderes públicos del Estado; los representantes de los sindicatos y de los ayuntamientos lo serán por un período máximo de tres años, pudiendo ser redesignados por sus
representados. En todo caso, la designación se hará de conformidad con sus normas internas.
ARTÍCULO 190.- El Presidente del Tribunal y los de las Salas, los representantes, los secretarios, los conciliadores, y actuarios, están impedidos para conocer de los juicios en
los que intervengan por:
II. Tener los parentescos señalados en la fracción anterior dentro del segundo grado con el representante legal o apoderado de cualquiera de las partes;
III. Tener interés personal directo o indirecto en el juicio;
IV. Haber sido de alguna de las partes o de su cónyuge, litigante, abogado, apoderado,
perito, testigo, denunciante, querellante o acusador; y
De darse alguno de los casos previstos en este artículo, procederá la excusa de conocer de los juicios en que se intervenga, salvo que se trate de lo dispuesto en el artículo 166 de
esta ley. La excusa planteada será resuelta de inmediato por el Presidente del Tribunal o de la Sala que corresponda.
El Presidente del Tribunal y los de las Salas y cualquier otro servidor público que labore en dicha institución, se encontrarán impedidos para representar en materia laboral
burocrática a las instituciones y dependencias, sindicatos y a los servidores públicos durante el año siguiente de haber dejado el cargo.
CAPITULO II De los Principios Procesales
ARTÍCULO 191.- El proceso será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. El Tribunal y las Salas tendrán la obligación de tomar
las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del
ARTÍCULO 192.- El Tribunal y las Salas ordenarán que se corrija cualquier irregularidad
u omisión que notare en la substanciación del proceso para el efecto de regularizar el
procedimiento, sin que ello implique que pueda revocar sus propias resoluciones.
ARTICULO 193. Lo no previsto en este título en materia procesal se regulará por las disposiciones contenidas en la Ley Federal del Trabajo, aplicadas supletoriamente y por los principios generales del derecho y de justicia social.
ARTÍCULO 194.- Cuando el conflicto afecte la prestación de servicios públicos de
comunicaciones y transportes, de asistencia social, los de luz y energía eléctrica, los de limpieza, los de aprovechamiento y distribución de aguas destinadas al servicio de las poblaciones, los de gas, los sanitarios, los de hospitales, los de cementerios y los de
alimentación, cuando se refieran a artículos de primera necesidad, el Tribunal o las Salas podrán tomar todas las medidas que estimen pertinentes, ordenar que se
continué laborando, autorizar se contrate personal por tiempo determinado, autorizar el
traslado de servidores públicos de una institución, depende ncia o unidad administrativa
a otra, así como el arresto de los titulares de las instituciones o dependencias o las
análogas y todo ello para evitar trastornos en los mismos.
CAPITULO III De la Capacidad y Personalidad
ARTICULO 195. Son partes en el pr oceso, los servidores públicos, las instituciones públicas o las dependencias, los sindicatos reconocidos ante el Tribunal y, en general,
quien acredite tener interés jurídico.
Los terceros interesados podrán intervenir en el proceso comprobando su interés jurídico
en el mismo o cuando sean llamados por el Tribunal o las Salas, quienes deberán manifestar lo que a su derecho convenga por escrito en el juicio, hasta antes de la
celebración de la audiencia de conciliación, ofrecimiento y admisión de pruebas, apercibiéndolos que para el caso de no hacerlo antes de la etapa referida, se tendrá por perdido su derecho para hacerlo valer con posterioridad y se estarán a las resultas del
Los servidores públicos, mayores de 16 y menores de 18 años, tienen capacidad por sí mismos para comparecer a juicio; pero, en caso de no estar asesorados, el Tribunal o las Salas solicitarán la intervención de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo.
Lo señalado en el párrafo anterior se aplicará también tratándose del procedimiento
promovido por los aspirantes a beneficiarios de algún trabajador fallecido.
ARTICULO 196. Las partes podrán comparecer a juicio en forma directa o por conducto
de apoderado autorizado, acreditando, en este último caso, su personalidad.
Los representantes de los sindicatos, acreditarán su personalidad con la certificación de la toma de nota que al respecto les extienda el tribunal competente.
Tratándose de apoderados, la personalidad se acreditará conforme a las siguientes reglas:
I. Cuando el compareciente actúe como apoderado de persona física podrá hacerlo
mediante poder notarial o carta poder, firmada por el otorgante y ante dos testigos, sin necesidad de ser ratificada ante el Tribunal o las Salas;
II. Cuando el compareciente actué como representante de las instituciones públicas o
dependencias o de sus titulares, deberá hacerlo mediante oficio o carta poder debidamente firmada por quien tenga facultades para ello, adjuntando el documento
III. Si a consecuencia del cambio en la administración de las instituciones Estatales y
Municipales de sus titulares no se revoca el poder o mandato otorgado, seguirá surtiendo todos sus efectos salvo disposición legal en contrario;
Cuando el compareciente actúe como apoderado de los sindicatos, deberá acreditar su
personalidad mediante carta poder debidamente firmada por quien tenga facultades para ello, adjuntando el documento que acredite la personalidad de quien la otorga;
V. El poder que otorgue el servidor público para ser representado, se entenderá conferido para demandar todas las prestaciones principales y accesorias que correspondan, aunque
no se exprese.
VI. En todos los casos señalados con anterioridad, los apoderados legales de las partes,
deberán presentar la cédula profesional que los faculte para ejercer la profesión de licenciado en derecho.
Asimismo, las partes autorizarán a otras personas para oír notificaciones y recibir
documentos, quienes no tendrán facultades para comparecer e intervenir en el juicio.
ARTÍCULO 197.- El Tribunal y las Salas podrán tener por acreditada la personalidad de
las partes, sin sujetarse a las reglas de derecho común, siempre que los documentos exhibidos, lleven al convencimiento, de que efectivamente se representa a la parte
Pudiendo presentar la documentación comprobatoria de la personalidad en original y copia fotostática simple, solicitando que ésta sea cotejada para que le sea devuelto el original, obrando en autos copia debidamente certificada.
ARTÍCULO 198.- Los servidores públicos; las instituciones y los sindicatos, con
facultades para ello, podrán otorgar poder mediante simple comparecencia, previa identificación ante el Tribunal o las Salas para que los representen ante cualquier autoridad del trabajo.
Artículo 199. - Siempre que dos o más personas ejerciten la misma acción u opongan la
misma excepción en un mismo juicio, deberán litigar unidas y con una representación común, salvo que los colitigantes tengan intereses diferentes u opuestos. Si se trata de las partes actoras, el nombramiento del representante común deberá hacerse en el
escrito de demanda o en la audiencia de conciliación, ofrecimiento y admisión de pruebas. Si se trata de las demandadas, el nombramiento se hará en el escrito de
contestación o en la audiencia a que se ha hecho mención.
CAPITLO IV De la Competencia
ARTÍCULO 200.- Cuando existan en el expediente datos que lo justifiquen, el Tribunal o las Salas, de oficio, deberán declararse incompetentes en cualquier estado del proceso, hasta antes de la audiencia de admisión de pruebas. Si el Tribunal o la Sala de que se
trate, se declara incompetente, con citación de las partes, remitirán de inmediato el
expediente a la autoridad que estime competente o, en su caso, a la que deba decidir la
La excepción de incompetencia no exime al demandado de contestar la demanda, si no lo hace y el Tribunal o la Sala Auxiliar declara competente, se tendrá por confesada la demanda.
ARTICULO 201. Las cuestiones de competencia sólo pueden promoverse por declinatoria.
La declinatoria deberá promoverse en la primera etapa del procedimiento en la audiencia respectiva, acompañando los elementos en que se funde. El Tribunal o la Sala,
después de examinar las pruebas, que deberán referirse exclusivamente a la cuestión de incompetencia, dictará en el acto, resolución.
Será nulo todo lo actuado ante el Tribunal o autoridad incompetentes, salvo el acto de admisión de la demanda.
CAPITULO V De las Actuaciones del Tribunal
ARTÍCULO 202.- Las actuaciones del Tribunal y de las Salas deben practicarse en días y
horas hábiles, bajo pena de nulidad, salvo lo establecido en el artículo 203.
Son días hábiles todos los del año con excepción de los sábados y los domingos, los de
descanso obligatorio que señale el calendario oficial y aquellos en que el Pleno del Tribunal suspenda sus labores.
Son horas hábiles las comprendidas entre las ocho y las dieciocho horas, salvo en el caso del procedimiento de huelga, en el que todos los días y horas son hábiles.
La recepción de documentos y promociones en la oficialía de partes del Tribunal o de las
Salas será entre 8:30 a 15:00, horas de lunes a viernes y solo las que sean de término y cuando se trate de conflictos colectivos podrán recibi rse en horas posteriores de acuerdo a lo prevenido por esta ley.
ARTÍCULO 203.- El Tribunal y la Sala, los presidentes o auxiliares, pueden habilitar los
días y horas necesarios para que se practiquen diligencias cuando haya causa justificada, expresando concreta y claramente cuál es ésta, así como las diligencias que hayan de practicarse.
La audiencia o diligencia que se inicie en día y hora hábil, podrá continuarse hasta su
terminación sin suspenderla y sin necesidad de habilitación expresa. En caso de que se suspenda deberá continuarse al siguiente día hábil. El Tribunal o la Sala harán constar en autos, la razón de la suspensión.
Cuando en la fecha señalada no se hubiere llevado a cabo la práctica de alguna diligencia
o audiencia, se asentará constancia de las causas que lo originaron, y el Tribunal o la Sala, señalarán día y hora para que tenga lugar la misma.
ARTÍCULO 204.- Todas las actuaciones procesales serán autorizadas por el secretario, excepción hecha de las diligencias encomendadas a otros servidores públicos del
Tribunal o de la Salas. Lo actuado en la audiencia se hará constar en actas, las que deberán ser firmadas por las personas que en ellas intervengan, quieran y sepan
hacerlo. Cuando algún integrante del Tribunal o de la Sala omitiere firmar las actas de las diligencias en las que estuvo presente, se entenderá que está conforme con ellas. De las actas de las audiencias se entregará copia a cada una de las partes comparecientes.
El Tribunal o la Sala están obligados a expedir a la parte solicitante copias simples y
certificadas de cualquier documento o constancia que obre en el expediente a su costa, debiendo de obrar en autos acuse de recibido, también deberá certificar la copia fotostática que exhiban las partes de algún documento o constancia que aparezca en
autos , previo cotejo que se haga con el original.
ARTÍCULO 205.- Las declaraciones que rindan las partes, sus apoderados, representantes legales o cualquier persona o los documentos presentados y suscritos por
las partes, sus apoderados, representantes legales o cualquier persona ante el Tribunal o la Sala, las harán bajo protesta de decir verdad y sujetas a las penas en que incurren si declaran falsamente ante la autoridad, sin que se requiera apercibimiento alguno.
Las declaraciones de peritos en derecho serán rendidas bajo protesta de decir verdad, sin
que se requiera apercibimiento alguno.
ARTÍCULO 206.- En caso de extravío o desaparición del expediente o de alguna
constancia, el secretario, previo informe del servidor público que tenga conocimiento, certi ficará la existencia anterior y la falta posterior del expediente o de las actuaciones.
El Tribunal o la Sala, de oficio, lo hará del conocimiento de las partes y procederá a practicar las investigaciones del caso tramitando de inmediato la reposición de los autos en forma incidental.
ARTÍCULO 207.- En el caso del artículo anterior, el Tribunal o la Sala señalará, dentro de
las setenta y dos horas hábiles siguientes, día y hora para que tenga lugar una audiencia en la que las partes deberán aportar todos los elementos, constancias y copias que obren en su poder. El Tribunal o la Sala podrán ordenar se practiquen aquellas actuaciones y
diligencias necesarias para reponer los autos teniendo en cuenta, en su caso, la existencia de alguna certificación de lo actuado. Si el Tribunal o la Sala consideran que
hubo la comisión de algún delito, realizarán la denuncia ante el Ministerio Público.
ARTÍCULO 208.- Para mantener el buen orden en el desarrollo de las audiencias o
diligencias y exigir que se les guarde el respeto y la consideración debidos el Presidente
del Tribunal o de la Sala o los auxiliares o los secretarios, podrán imponer las siguientes
correcciones disciplinarias:
II. Multa que no podrá exceder de cien veces el salario mínimo general, vigente en el
lugar y tiempo en que se cometa la violación; y
III. Expulsión del local del Tribunal o la Sala. La persona que se resista a cumplir la
orden, será desalojada del local con auxilio de la fuerza pública; y
IV. Arresto hasta por treinta y seis horas pudiendo ser conmutable por multa.
Las autoridades encargadas de las fuerzas públicas, de procuración de justicia y de los centros penitenciarios tendrán la obligación de atender las órdenes del Tribunal o de la Salas cuando se traten de correcciones disciplinarias y de medios de apremio.
ARTÍCULO 209.- Para que las personas concurran a las audiencias en las que su
presencia sea indispensable, o para asegurar el cumplimiento de cualquiera de sus resoluciones, el Presidente, los auxiliares y secretarios del Tribunal o de la Sala podrán
emplear, sin respetar el orden en que se señalan, conjunta o indistintamente cualquiera de los siguientes medios de apremio:
I. Multa que no excederá de cien veces el salario mínimo general vigente, en el lugar y
tiempo en que se cometió la infracción;
IV. La suspensión temporal del cargo sin goce de sueldo del servidor público que se
niegue a dar cumplimiento a un laudo. Esta medida sólo podrá resolverla el presidente del Tribunal, por lo que las Salas darán cuenta del incumplimiento a éste.
ARTICULO 210. Las medidas disciplinarias y medios de apremio se impondrán de plano,
sin substanciación alguna, y deberán estar fundadas y motivadas.
CAPITULO VI De los Términos Procesales
ARTICULO 211. Los términos comenzarán a correr al día siguiente en que surta efectos
la notificación, y se contará completo el día de su vencimiento.
Las notificaciones surtirán sus efectos el día en que se practiquen.
En los casos en que el Tribunal o la Sala dejen de actuar conforme al calendario de
labores aprobado por el Pleno del Tribunal, así como cuando por caso fortuito o de fuerza mayor no puedan llevarse a cabo actuaciones, los términos no se computarán en los días
motivo de la suspensión de labores que se publicarán en el boletín laboral o en los estrados, en su caso.
Artículo 212.- Cuando el domicilio de la persona demandada se encuentre fuera del lugar de residencia del Tribunal o la Sala, estos podrán ampliar el término de que se
trate, en función de la distancia a razón de un día por cada 150 Km.
CAPITULO VII De las Notificaciones
ARTÍCULO 213.- Las partes desde el escrito inicial de demanda y de la contestación a la
misma, respectivamente, así como los terceros interesados, deberán señalar domicilio dentro del municipio de la residencia del Tribunal o de las Salas que se trate, para recibir notificaciones; si no lo hacen, las notificaciones personales y de cualquier índole,
se harán por estrados o boletín laboral.
ARTICULO 214. Se harán personalmente las notificaciones siguientes:
I. El emplazamiento a juicio, la reconvención y cuando se trate del primer proveído que se dicte en el mismo;
II. El auto de radicación del juicio, en los expedientes que les remitan otras autoridades;
III. La resolución en la que el Tribunal o la Sala se declare incompetente;
IV. El auto de recepción de la sentencia de amparo;
V. La resolución que ordene la reanudación del procedimiento, cuya tramitación
VII. La resolución que deban conocer los terceros extraños a juicio;
IX. El auto que conceda término o señale fecha para que el servidor público sea
reinstalado;
El acuerdo que prevenga al actor a aclarar su demanda en los términos del artículo
229 de esta Ley;
XII. La medida disciplinaria y de apremio referida al arresto;
XIII. La resolución que emita el Tribunal sobre la suspensión temporal de un servidor
XIV.En casos urgentes o cuando concurran circunstancias especiales a juicio del Tribunal o de la Sala.
ARTICULO 215. normas siguientes:
La primera notificación personal se hará de conformidad con las
I. El actuario se cerciorará de que la persona que deba ser notificada, habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local señalado en autos para hacer la notificación.
Tratándose de instituciones públicas o dependencias o de sus titulares, así como de los sindicatos, además, el actuario también se cerciorará de que es su sede, residencia o
domicilio oficial, respectivamente, bajo su más estricta responsabilidad;
II. Si está presente el interesado o su representante, el actuario notificará la resolución
entregando copia de la misma. Si se trata de representante de la institución o dependencia o de sus titulares, así como de los sindicatos, el actuario se asegurará de
que la persona con que se entienda la diligencia tenga ese carácter;
III. Si no está presente el interesado o su representante, se le dejará citatorio para que lo
espere al día siguiente, a una hora determinada;
IV. Si no obstante el citatorio, no está presente el interesado o su representante, la
notificación se hará a cualquier persona que se encuentre en la casa o local, sede o
residencia; y si éstos estuvieran cerrados, se fijará en la puerta de entrada una copia de la resolución y, en su caso, de la demanda respectiva; y
V. Si en la casa, sede, residencia o local, designado para hacer la notificación se negare
el interesado, su representante o la persona con quien entienda la diligencia a recibir la
notificación, ésta se hará por instructivo que se fijará en la puerta de la misma, adjuntando una copia de la resolución y, en su caso, de la demanda respectiva.
La notificación surtirá sus efectos el día en que se practique.
En todos los casos a que se refiere este artículo, el actuario asentará razón en autos, señalando con precisión los elementos de convicción en que se apoye.
CAPITULO VIII De los Incidentes
Los incidentes se tramitarán dentro del expediente principal donde se
ARTICULO 217. Se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento,
ARTÍCULO 218.- Cuando se promueva un incidente dentro de una audiencia o
diligencia, el tribunal substanciará y resolverá de plano, oyendo a las partes las cuales podrán ofrecer las pruebas que a sus intereses convengan debiéndose desahogar las que
así lo requieran, continuándose el procedimiento principal en el estado en que se encuentra. Cuando se trate de nulidad, competencia y en los casos de acumulación y
excusa, dentro de las veinticuatro horas siguientes se señalará día y hora para la audiencia incidental, en la que se resolverá.
En los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial en esta ley se resolverán de plano oyendo a las partes.
El incidente de acumulación procede de oficio o a instancia de parte en los siguientes casos:
I. Cuando se trate de procesos promovidos por el mismo actor en contra del mismo
demandado, en las que se reclamen las mismas prestaciones.
II. Cuando sean las mismas partes aunque las prestaciones sean distintas, pero
derivadas de una misma acción.
III. Cuando se trate de procesos promovidos por varios actores contra el mismo
demandado, si el conflicto tuvo su origen en el mismo hecho derivado de la relación de
Si es procedente la acumulación, el proceso o procesos más recientes se acumularán al
Cuando se declare procedente el incidente de acumulación producirá los siguientes
En el caso de la fracción primera únicamente surtirá efectos en las actuaciones del juicio más antiguo.
En los casos previstos en las fracciones II y III de este artículo, el tribunal o la sala resolverán en una sola resolución.
Será competente el tribunal o la sala, que hubiere prevenido o que tenga el expediente
más antiguo de acuerdo a la competencia de cada uno que menciona esta ley.
CAPITULO IX De las Pruebas
ARTICULO 219. Son admisibles en el proceso todos los medios de prueba que no sean contrarios a la moral, al derecho o a las buenas costumbres, y en especial los siguientes:
VI. Las fotografías, medio de información magnética o electrónica que sea utilizada para
el registro y control de asistencia y puntualidad, pago de salarios, prima vacacional,
aguinaldo, demás prestaciones establecidas en la presente ley;
VII. Instrumental de actuaciones y Presuncional; y
VIII. Cualquier otro medio de prueba que aporten los descubrimientos de la ciencia y de
ARTÍCULO 220.- Las pruebas deben referirse a los hechos controvertidos cuando no
hayan sido confesados por las partes, y se ofrecerán acompañadas de todos los elementos necesarios para su desahogo.
ARTÍCULO 220 A.- Sí alguna persona no puede, por enfermedad u otro motivo justificado a juicio del Tribunal o la Sala, concurrir al local del mismo para absolver posiciones o
reconocer el contenido o firma de un documento o rendir testimonio, previa comprobación del hecho, mediante certificado médico u otra constancia fehaciente que
se exhiba, bajo protesta de decir verdad, se señalará nueva fecha para el desahogo de la prueba correspondiente, y de subsistir el impedimento, el Secretario de Acuerdos del
Tribunal o de la Sala certificará tal circunstancia y deberá trasladarse al lugar donde se
encuentre el imposibilitado para llevar a cabo el desahogo de la diligencia, levantando el acta circunstanciada correspondiente y en caso de no encontrarse la persona se le
declarará confeso o por reconocido el contenido y la firma de los documentos base del desahogo o bien por desierta la prueba según sea el caso. El certificado médico deberá contener los siguientes requisitos: a) El nombre completo de la institución que expidió al
médico su título profesional, b) el número de cédula profesional, c) el nombre del médico que lo suscribe, la fecha de expedición del certificado y la manifestación que revele la
existencia de un estado patológico que afecta a la persona examinada, del cual pueda deducirse la imposibilidad física de comparecencia.
Los certificados médicos expedidos por instituciones públicas de seguridad social se eximen de cumplir con los requisitos del párrafo anterior.
SECCION PRIMERA DE LA PRUEBA CONFESIONAL
ARTÍCULO 220 B.- Cada parte podrá solicitar se cite a su contraparte para que concurra
a absolver posiciones. También se podrá solicitar que se cite a absolver posiciones, a
quienes ejerzan funciones de representación de la institución pública o dependencia, o de representación de sus titulares; así como a los miembros de la directiva de los
sindicatos; cuando los hechos que dieron origen al conflicto les sean propios y se les hayan atribuido en la demanda o contestación, o bien, que por razón de sus funciones
tengan conocimiento de ellos.
Cuando se trate de los titulares de las instituciones públicas, dependencias o unidades
administrativas, hasta jefes de departamento y sus equivalentes, esta prueba la desahogarán mediante oficio.
ARTÍCULO 220 C.- El Tribunal o la Sala ordenará se cite a los absolventes,
personalmente, o por conducto de sus apoderados apercibiéndolos de que si no concurren
el día y hora señalados, se les tendrá por confesos de las posiciones que se les articulen y
que hayan sido calificadas previamente de procedentes y legales.
ARTÍCULO 220 D.- Si la persona citada para absolver posiciones, no concurre en la fecha
hora señalada, se le hará efectivo el apercibimiento a que se refiere el artículo anterior
se le declarará confesa de las posiciones que se hubieren articulado y calificado de
ARTÍCULO 220 E.- En el desahogo de la prueba confesional se observarán las normas
I. El absolvente deberá de identificarse con documento oficial y se harán constar en autos sus generales;
Las posiciones podrán formularse en forma oral o por escrito que exhiba la parte
interesada en el momento de la audiencia;
III. Las posiciones se formularán libremente, pero deberán concretarse a los hechos
controvertidos, no deberán ser insidiosas o inútiles;
IV. El absolvente, sin necesidad de protestarlo su declaración se considerará bajo protesta
de decir verdad, responderá por sí mismo, de palabra, sin la presencia de su asesor, ni
ser asistido por persona alguna;
V. Cuando las posicione s se formulen oralmente, se harán constar textualmente en el
acta respectiva; cuando sean formuladas por escrito, éste se mandará agregar a los autos
y deberá ser firmado por el articulante y el absolvente, en caso de negativa bastará la
certificación del secretario;
VI. Las posiciones serán calificadas previamente, y cuando no reúnan los requisitos a
que se refiere la fracción II, el Tribunal desechará asentando en el acta el fundamento y motivo concreto en que apoye su resolución;
VII. El absolvente contestará las posiciones afirmando o negando, pudiendo agregar las
explicaciones que juzgue convenientes o las que le pida el Tribunal o la Sala; las respuestas también se harán constar textualmente en el acta respectiva; y
VIII. Si el absolvente se niega a responder o sus respuestas son evasivas, el Tribunal o la Sala de oficio o a instancia de parte, lo apercibirá en el acto de tenerlo por confeso si
persiste en ello.
ARTÍCULO 220 F.- Si la persona que deba absolver posiciones tiene su residencia fuera
de l territorio del Estado de México, el Tribunal o la Sala librará exhorto, acompañando, en
sobre cerrado y sellado, el pliego de posiciones previamente presentado y calificado.
El Tribunal exhortado recibirá la confesional en los términos en que lo solicite el Tribunal o la Sala exhortante.
Artículo 220 G. Se tendrá por confesión expresa y espontánea, las afirmaciones que
formulen las partes en cualquier acto del procedimiento.
ARTÍCULO 220 H.- Cuando la persona a quien se señale para absolver posiciones sobre
hechos propios, ya no labore para la institución pública o dependencia, previa comprobación de hecho, la prueba cambiará su naturaleza a testimonial, en tal caso el
oferente de la prueba será requerido para que proporcione el domicilio donde deba ser citada. En caso de que el oferente ignore el domicilio, lo hará del conocimiento del Tribunal o la Sala antes de la fecha señalada para la celebración de la Audiencia de
desahogo de pruebas, y el Tribunal o la Sala requerirán a la Institución o dependenci a Pública que proporcione el último domicilio que tenga registrado de dicha persona.
Para el indebido caso que no comparezca ante la autoridad que ordenó su citación se le harán efectivos los medios de apremio que señala el artículo 209 de la presente ley.
SECCIÓN SEGUNDA PRUEBA DOCUMENTAL
ARTÍCULO 220 I.- Son documentos públicos aquellos cuya formulación está encomendada por la ley a un funcionario investido de fe pública; así como los que expida
Son documentos privados
los que no reúnan las condiciones previstas en el párrafo
ARTÍCULO 220 J.- Cuando un documento que provenga de tercero ajeno al juicio, resulta impugnado, deberá ser ratificado en su contenido y firma por el suscriptor, para lo cual
deberá ser citado en los términos de la fracción II del artículo 220 M de esta Ley.
ARTÍCULO 220 K.- La institución o dependencia pública tiene la obligación de conservar y exhibir en el proceso los documentos que a continuación se precisan:
I. Contratos, Nombramientos o Formato Único de Movimientos de Personal, cuando no exista Convenio de condiciones generales de trabajo aplicable;
II. Recibos de pagos de salarios o las constancias documentales del pago de salario
cuando sea por depósito o mediante información electrónica;
III. Controles de asistencia o la información magnética o electrónica de asistencia de los
IV. Recibos o las constancias de deposito o del medio de información magnética o
electrónica que sean utilizadas para el pago de salarios, prima vacacional, aguinaldo y demás prestaciones establecidas en la presente ley; y
Los documentos señalados en la fracción I de este artículo, deberán conservarse mientras dure la relación laboral y hasta un año después; los señalados por las
fracciones II, III, IV durante el último año y un año después de que se extinga la relación laboral, y los mencionados en la fracción V, conforme lo señalen las leyes que los rijan.
Los documentos y constancias aquí señalados, la institución o dependencia podrá conservarlos por medio de los sistemas de digitalización o de información magnética o electrónica o cualquier medio descubierto por la ciencia y las constancias expedidas por
el encargado del área de personal de éstas, harán prueba plena.
El incumplimiento por lo dispuesto por este artículo, establecerá la presunción de ser
ciertos los hechos que el actor exprese en su demanda, en relación con tales documentos, salvo prueba en contrario.
ARTÍCULO 220 L.- Para que hagan fe en el Estado de México los documentos procedentes
del extranjero, deberán presentarse debidamente legalizados por las autoridades diplomáticas o consulares, en los términos que establezcan las leyes relativas.
Los documentos que se presenten en idi oma distinto al español, deberán acompañarse de su traducción, el Tribunal o la Sala, de oficio, nombrará inmediatamente traductor
oficial, el cual presentará y ratificará, bajo protesta de decir verdad, la traducción que haga dentro del término de cinco días, que podrá ser ampliado por el Tribunal o la Sala, cuando a su juicio se justifique.
SECCIÓN TERCERA PRUEBA TESTIMONIAL
ARTÍCULO 220 M.- La parte que ofrezca prueba testimonial deberá cumplir con los
I. Sólo podrán ofrecerse un máximo de tres testigos por cada hecho controvertido que se
pretenda probar, indicando los nombres de los testigos;
II. Cuando exista impedimento para presentar directamente a los testigos, deberá
solicitarse al Tribunal o a la Sala que los cite, señalando y acreditando la causa o motivo justificados que le impidan presentarlos directamente, no bastando con decir que tiene
imposibilidad de presentarlos, bajo la pena que de no hacerlo, se declarará desierta;
III. Si el testigo radica fuera del lugar de residencia del Tribunal o la Sala, el oferente
deberá, al momento de ofrecer la prueba, acompañar interrogatorio por escrito, al tenor del cual deberá de ser examinado el testigo, así como el domicilio de éste; de no hacerlo,
se declarará desierta. Así mismo exhibirá copias del interrogatorio, las que se pondrán a disposición de las demás partes, para que dentro del término de tres días presente su
pliego de repreguntas en sobre cerrado, sin que los interrogatorios puedan ser ampliados por las partes.
El Tribunal o la Sala, en el caso de la fracción II de este artículo, ordenará se cite al testigo para que rinda su declaración, previo citatorio que se haga de la autoridad en la
hora y día que al efecto se señale, previniéndolos que para el caso de que no comparezcan se les aplicará cualquiera de las medios de apremio señaladas por esta ley.
El Tribunal o la Sala, al girar el exhorto para desahogar la prueba testimonial, acompañará copia debidamente certificada del interrogatorio con las preguntas
calificadas, e indicará a la autoridad exhortada, los nombres de las personas que tienen facultad parta intervenir en la diligencia.
ARTÍCULO 220 N.- En el desahogo de la prueba testimonial se observarán las normas siguientes:
I. El oferente de la prueba presentará directamente a sus testigos, salvo lo dispuesto en el artículo 220 M fracción II de la presente ley, y el Tribunal o la Sala procederá a recibir
su testimonio;
II. Los testigos deberán identificarse con documento oficial con fotografía ante el Tribunal
o la Sala y para el caso de no hacerlo se les concederá un término de tres días hábiles contados a partir del día siguiente del desahogo para exhibirlo en original y copia,
apercibiendo a la oferente que de no presentarlas se le decretará deserción de la probanza únicamente por los atestes no identificados.
III. Los testigos serán examinados por separado, en el orden en que fueran ofrecidos. Los
interrogatorios se formularán oralmente, salvo lo dispuesto en la fracción III del artículo
220 M de esta ley;
IV. Después de tomarle al testigo la protesta de conducirse con verdad y de advertirle de
las penas en que incurren los testigos, por declarar falsamente ante una autoridad en el
desempeño de sus funciones, se hará constar sus generales se procederá a tomar su declaración;
V. Las partes formularán las preguntas en forma verbal y directamente, el Tribunal o la
Sala admitirá aquellas que tengan relación directa con la litis planteada, desechándose
los que ofusquen la inteligencia del declarante, sean inútiles o no tengan relación con los hechos controvertidos, y que no se hayan hecho con anterioridad al mismo testigo, o lleven implícita la contestación;
VI. Primero interrogará el oferente de la prueba y posteriormente las demás partes
repreguntarán sobre el cuestionamiento realizado por el oferente. El Tribunal o la Sala cuando lo estime pertinente, examinará directamente al testigo, sin que deba respetar regla alguna, para conocer la verdad de los hechos;
VII. Las preguntas y respuestas se harán constar en autos, escribiéndose textualmente
unas y otras;
VIII. Los testigos están obligados a dar la razón de su dicho, y el Tribunal o la Sala deberá
solicitarla;
IX. El testigo enterado ya de su declaración, firmará al margen de la hojas que la
contengan y así se hará constar por el secretario; si no sabe o no puede leer o firmar la declaración, será leída por el secretario e imprimirá su huella digital y una vez
ratificada, no podrá variarse ni en la sustancia ni en la redacción, en caso de no quererlo hacer se asentará la razón y el secretario lo hará constar;
X. Las objeciones o tachas a los testigos se formularán oralmente al concluir el desahogo
de la prueba para su apreciación por el Tribunal o la Sala al momento de emitirse la
Cuando se objetare de falso a un testigo, el Tribunal recibirá las pruebas en la audiencia
de desahogo de pruebas a que se refiere la presente ley; y
XI. El testigo que dejare de concurrir a la audiencia, no obstante haber sido citado legalmente, se le hará efectivo el apercibimiento decretado, procediendo a la aplicación de los medios de apremio que autoriza esta ley y el Tribunal o la Sala dictará
nuevamente las medidas necesarias para que comparezca a rendir su declaración, el día y la hora señalados.
ARTÍCULO 220 Ñ.- Un sólo testigo podrá formar convicción, si en el mismo concurren circunstancias que sean garantía de veracidad que lo hagan insospechable de falsear los
hechos sobre los que declara, sí:
III. Concurren en el testigo circunstancias que sean garantía de veracidad.
Se le dará esa credibilidad siempre y cuando la parte oferente la ofrezca como testigo
singular o único.
SECCIÓN CUARTA PRUEBA PERICIAL
ARTÍCULO 220 O.- La prueba pericial versará sobre cuestiones relativas a alguna
ciencia, técnica, o arte.
Deberá ofrecerse mencionando el nombre y profesión de su perito e indicando la materia
sobre la que deba versar, exhibiendo por escrito el cuestionario respectivo, con copia para cada una de las partes. La omisión del cuestionario dará lugar a que el Tribunal o Sala
no admita la prueba.
ARTÍCULO 220 P.- El Tribunal o la Sala nombrarán los peritos que correspondan al
servidor público, en cualquiera de los siguientes casos:
I. Cuando el servidor público lo solicite, por no estar en posibilidad de cubrir los honorarios correspondientes;
Si designándolo no compareciera a aceptar el cargo o a la audiencia respectiva a
rendir su dictamen
ARTÍCULO 220 Q.- En el desahogo de la prueba pericial se observarán las disposiciones siguientes:
I. Cada parte presentará personalmente a su perito el día de la audiencia, salvo el caso previsto en el artículo anterior;
II. Los peritos protestarán de desempeñar su cargo con arreglo a la ley e inmediatamente
rendirán su dictamen; a menos que por causa justificada soliciten se señale nueva fecha
para rendir su dictamen;
III. La prueba se desahogará con el perito que concurra, salvo el caso de la fracción II del
artículo que antecede, el Tribunal o la Sala señalará nueva fecha, y dictará los medios de apremio necesarios para que comparezca el perito;
IV. Las partes, el Tribunal o la Sala podrá hacer a los peritos las preguntas que juzguen
convenientes; y
V. En caso de existir discrepancia en los dictámenes, el Tribunal o la Sala designará un
perito tercero en discordia.
El perito tercero en discordia que designe el Tribunal o la Sala deben excusarse dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a que se notifique su nombramiento, siempre que
concurra alguna de las causas de excusa señalados por esta ley, el Tribunal o la Sala calificará de plano la excusa y, declarada procedente, se nombrará nuevo perito.
SECCIÓN QUINTA DE LA INSPECCIÓN
ARTÍCULO 220 R.- La parte que ofrezca la inspección deberá precisar el objeto materia de la misma; el lugar donde debe practicarse; los períodos que abarcará y los objetos, documentos, fotografías, videos, cintas cinematográficas, cualquier otra producción de
imágenes, registros dactiloscópicos, fonográficos, biométricos, magnéticos, los sistemas de información electrónica y demás descubrimientos de la ciencia, la técnica o el arte
que deben ser examinados.
Al ofrecerse la prueba, deberá hacerse en sentido afirmativo, fijando cuestiones que se
pretenden acreditar con la misma.
Admitida la prueba de inspección por el Tribunal o la Sala, deberá señalar día, hora y lugar para su desahogo; si los objetos, documentos, fotografías, videos, cintas cinematográficas, cualquier otra producción de imágenes, registros dactiloscópicos,
fonográficos, biométricos, magnéticos, los sistemas de información electrónica y demás
descubrimientos de la ciencia, la técnica o el arte obran en poder de alguna de las partes,
se apercibirá que, en caso de no exhibirlos, se tendrán por presuntamente ciertos los hechos que se tratan de probar. Si los documentos y objetos se encuentran en poder de
personas ajenas a la controversia, se aplicarán los medios de apremio que procedan.
ARTÍCULO 220 S.- En el desahogo de la prueba de inspección se observarán las reglas
I. El actuario requerirá que se le pongan a la vista los objetos, documentos originales, fotografías, videos, cintas cinematográficas, cualquier otra producción de imágenes, registros dactiloscópicos, fonográficos, biométricos, magnéticos, los sistemas de
información electrónica y demás descubrimientos de la ciencia, la técnica o el arte que deben ser examinados que deben inspeccionarse; ciñéndose estrictamente a lo ordenado
por el Tribunal o la Sala;
II. Las partes y sus apoderados pueden concurrir a la diligencia de inspección y formular
brevemente las objeciones u observaciones que estimen pertinentes; y
III. De la diligencia se levantará acta circunstanciada, que firmarán los que en ella intervengan y la cual se agregará al expediente, previa razón en autos.
SECCIÓN SEXTA DE LAS FOTOGRAFÍAS Y CUALQUIER OTRO MEDIO DE PRUEBA
ARTÍCULO 220 T.- Para acreditar hechos o circunstancias que tengan relación con el asunto que se ventile, las partes pueden presentar fotografías, copias fotostáticas, videos,
cintas cinematográficas y cualquier otra producción de imágenes.
También como medio de prueba debe admitirse las fotografías, cintas cinematográficas, registros da ctiloscópicos, grabaciones de audio y de video, o las distintas tecnologías de la información y la comunicación, tales como sistemas informáticos, medios electrónicos
ópticos, fax, correo electrónico, documento digital, firma electrónica o contraseña y, en general los sistemas de información electrónica y demás descubrimientos de la ciencia,
la técnica o el arte que produzcan convicción en el ánimo del Tribunal o de la Sala.
Para el ofrecimiento, desahogo y reproducción de los medios de prueba señalados en el
presente artículo, las partes deberán de allegar al Tribunal o la Sala, los instrumentos, aparatos o elementos necesarios para que pueda apreciarse el contenido de los mismos,
en caso de que el oferente no lo haga se tendrá por no admitida.
ARTÍCULO 221.- El Tribunal o la Sala eximirán de la carga de la prueba al servidor público, cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, salvo lo relativo al reclamo de tiempo extraordinario. Para tal efecto, requerirá a
las instituciones públicas o dependencias, organismos descentralizados, fideicomisos de carácter Estatal y Municipal, para que exhiban los documentos que, de acuerdo a esta
ley, tienen la obligación legal de conservar, bajo el apercibimiento de que de no
prese ntarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el servidor público. En todo caso, corresponderá a las instituciones públicas o dependencias probar su dicho cuando
exista controversia sobre:
I. Fecha de ingreso del servidor público;
II. Antigüedad del servidor público;
III. Faltas de asistencia del servidor público;
V. Terminación de la relación o contrato de trabajo por tiempo u obra determinados;
VI. Constancia de haber dado aviso por escrito al servidor público de la fecha y causa de
su rescisión;
VIII. Duración de la Jornada de trabajo, salvo se trate de servidores públicos de confianza;
IX. Pagos de días de descanso;
XI. Monto de pago de sueldos e incorporación y pago de cuotas al Instituto de Seguridad
Social del Estado de México y Municipios, y demás prestaciones que se establezcan en la
La carga de la prueba corresponderá al servidor público cuando se trate de tiempo
Las pruebas deberán ofrecerse en la misma audiencia, salvo que se
valer en contra de los testigos, o de la veracidad de los documentos que se exhiban en el momento del desahogo de la inspección ocular.
ARTÍCULO 223.- El Tribunal o la Sala podrán ordenar, con citación de las partes el examen de documentos, objetos y lugares, su reconocimiento por actuarios y peritos, y en
general practicar las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad, y requerirá a las partes para que exhiban los documentos y objetos de que se
ARTÍCULO 224.- Toda autoridad o persona ajena al juicio que tenga conocimiento de
hechos o documentos en su poder que puedan contribuir al esclarecimiento de la verdad, estará obligada a declararlos o aportarlos, cuando sea requerida por el Tribunal o la Sala.
CAPITULO X Del Procedimiento Laboral
ARTICULO 225. Las disposiciones de este capítulo rigen la tramitación y resolución de los conflictos individuales y colectivos, con excepción de la huelga cuya tramitación se
sujetará al procedimiento especial que en esta ley se contempla.
ARTÍCULO 226.- El procedimiento se iniciará con la presentación del escrito de demanda
ante la Oficialía de Partes del Tribunal o la Sala que lo turnará al auxiliar o secretario que corresponda el mismo día antes de que concluyan las labores.
A la demanda se acompañarán las pruebas de que disponga el actor y los documentos que acrediten la personalidad del representante, en caso de que aquel no pudiera concurrir
ARTICULO 227. La demanda se formulará por escrito debidamente firmado y se acompañarán tantas copias de la misma como demandados haya. La demanda deberá
II. Nombre y domicilio del demandado o demandados;
IV. Relación de los hechos;
V. Documentos probatorios; o
VI. Indicación del lugar en que puedan obtenerse los que el actor no pudiese aportar
ARTICULO 228. Cuando el servidor público ignore el nombre del titular de la institución pública o dependencia, o la denominación exacta del centro de trabajo donde labora o laboró, deberá precisar en su escrito inicial de demanda, al menos el domicilio de la
institución pública o dependencia en donde prestó o presta sus servicios.
ARTÍCULO 229.- El Tribunal o la Sala dentro de tres días siguientes a la presentación de la demanda, prevendrá al actor para que en el plazo de tres días corrija su demanda por ser obscura e imprecisa, en caso de que no lo haga se tendrá por ratificada. Asimismo,
cuando el actor sea el servidor público o sus beneficiarios podrá aclarar, modificar o
enderezar la demanda por una sola vez en un término de cinco días hábiles contados a
partir de la presentación de la demanda, para el caso de no hacerlo se le tendrá por perdido su derecho para hacerlo valer con posterioridad. Admitida la demanda y el escrito
de pruebas se correrá traslado de ella a la parte demandada, así como de las pruebas, en un plazo no mayor de cinco días hábiles, emplazándola para que la conteste dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente del emplazamiento, ésta
deberá contener copia cotejada de la demanda y de los acuerdos que le recayeron, apercibiéndolo que para el caso de no contestarla en el término señalado se tendrá por
contestada en sentido afirmativo, sin perjuicio de que en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas ofrezca pruebas en contrario con las que acredite que el actor no era servidor público, que no existió el despido o que no son ciertos los hechos afirmados
El Tribunal o la Sala dentro de los tres días hábiles siguientes que reciba la contestación de demanda o hubiera trascurrido el término para contestarla, dictará acuerdo en el que se señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, ofrecimiento y
admisión de pruebas, la cual deberá realizarse dentro de los diez días hábiles posteriores al acuerdo; apercibiéndolos de tenerlos por inconformes con todo arreglo conciliatorio y
por perdido el derecho de ofrecer pruebas si no concurren a la audiencia.
Durante la tramitación de los conflictos indi viduales y colectivos bastará la presencia del Presidente del Tribunal o de la Sala o del auxiliar, quien llevará a cabo la audiencia hasta su terminación y dictará las resoluciones que procedan, salvo los laudos, caso en
que citará a
los integrantes del Tribunal o de la Sala para dictar la resolución
ARTÍCULO 230.- Derogado.
Artículo 231.- La falta de notificación de alguno de los demandados obliga al Tribunal o a la Sala a señalar de oficio, nuevo día y hora para la celebración de la audiencia, la cual
deberá desahogarse dentro de los siguientes tres días hábiles, salvo que las partes concurran a ella o cuando el actor se desista de las acciones intentadas en contra de los demandados que no hubieran sido notificados.
Las partes que comparezcan a la audiencia quedarán notificadas de la nueva fecha para
su celebración. A las partes que habiendo sido notificadas no concurran a la audiencia, se les notificará por estrados o por boletín la nueva fecha de la audiencia, y a las que no fueron notificadas se les hará personalmente.
ARTÍCULO 232.- La audiencia a que se refiere el artículo 229 de esta ley constará de dos
I. De conciliación; y
II. De ofrecimiento y admisión de pruebas.
La audiencia se iniciará con o sin la comparecencia de las partes. Las ausentes podrán intervenir cuando se presenten, siempre que el Tribunal o la Sala no haya emitido el
acuerdo correspondiente.
ARTICULO 233. La etapa conciliatoria se desarrollará en la siguiente forma:
I. Las partes podrán comparecer ante el Tribunal o la Sala personalmente o por medio de
su apoderado o representante legal;
II. El Tribunal o la Sala intervendrán para la celebración de pláticas entre las partes y las
exhortarán, para que procuren llegar a un arreglo conciliatorio;
III. Si las partes llegan a un acuerdo, se dará por terminado el conflicto. El convenio respectivo, aprobado por el Tribunal o la Sala, producirá todos los efectos jurídicos
inherentes a un laudo;
IV. Las partes, de común acuerdo, podrán solicitar por una sola ocasión, que se suspenda
la audiencia con el objeto de conciliarse. El Tribunal o la Sala podrán suspenderla y fijarán su reanudación, dentro de los diez días hábiles siguientes, quedando notificadas