Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/auto-2017-00342-de-diciembre-11-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_7f588cb14e104b11aa1d531d3527ee2b&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-08-21 01:50:48
Document Index: 74730825

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 5', 'ARTÍCULO 3', 'artículo 229', 'artículo 231', 'artículo 229', 'artículo 501', 'artículo 40', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 110', 'artículo 201', 'artículo 12', 'artículo 5', 'artículo 229', 'artículo 231', 'artículo 229']

﻿ AUTO 2017-00342 DE DICIEMBRE 11 DE 2017
AUTO 2017-00342 DE 11 DE DICIEMBRE DE 2017
CONTENIDO:OPERACIONES DE LA SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL DEBEN CORRESPONDER A LA EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS NACIONALES. SE EXPLICA QUE LA SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL ES UNA FIGURA DE CREACIÓN LEGAL ENCAMINADA A IMPULSAR LA EXPORTACIÓN DE LOS PRODUCTOS NACIONALES, DE CUYO OBJETIVO SE DEDUCE CON CLARIDAD LA OBLIGACIÓN DE EFECTUAR LA EXPORTACIÓN BAJO LAS MODALIDADES QUE SE ENCUENTREN LEGALMENTE DEFINIDAS, ES DECIR, NO ES POTESTATIVO PARA LA SOCIEDAD HABILITADA REALIZARLA O NO. POR ELLO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 5° DE LA LEY 67 DE 1979 “LA REALIZACIÓN DE LAS EXPORTACIONES SERÁ DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL Y POR TANTO, SI NO SE EFECTÚAN ESTAS ÚLTIMAS DENTRO DE LA OPORTUNIDAD Y CONDICIONES QUE SEÑALE EL GOBIERNO NACIONAL, CON BASE EN EL ARTÍCULO 3º DE LA MENCIONADA LEY, DEBERÁ LA SOCIEDAD PAGAR A FAVOR DEL FISCO NACIONAL UNA SUMA IGUAL AL VALOR DE LOS INCENTIVOS Y EXENCIONES QUE TANTO ELLA COMO EL PRODUCTOR SE HUBIERAN BENEFICIADO, MÁS EL INTERÉS MORATORIO FISCAL, SIN PERJUICIO DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN LAS NORMAS ORDINARIAS”. DE AHÍ, QUE A LA SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIÓN LE CORRESPONDA ACREDITAR, CON LOS SOPORTES JURÍDICAMENTE ATENDIBLES, QUE EL PRODUCTO ADQUIRIDO ES SOMETIDO A EXPORTACIÓN DENTRO DEL PLAZO QUE ESTABLECE LA NORMATIVIDAD QUE REGULA LA MATERIA. EN CONSECUENCIA, SI LA SOCIEDAD NO ACREDITA QUE LAS OPERACIONES REALIZADAS, EFECTIVAMENTE CORRESPONDEN A EXPORTACIONES, NO ES DABLE SUSPENDER LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS Y LA CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA ACTORA COMO SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:EXPORTACIÓN, EXPORTACIÓN DE MERCANCÍA, SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES, SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL, INSCRIPCIÓN EN LA SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL, COMERCIALIZACIÓN DE ALGUNOS PRODUCTOS
Auto 2017-00342 de diciembre 11 de 2017
Ref: expediente: 11001-03-24-000-2017-00342-00.
Actores: Comercializadora Internacional IFO ENERGY SAS.
En cuanto a los criterios de aplicación que debe seguir el juez para la adopción de la medida, merece destacarse que aquel cuenta con un amplio margen de discrecionalidad, si se atiende a la redacción del artículo 229, el cual permite decretar todas aquellas “que considere necesarias […]”. No obstante, a voces del citado artículo, su decisión estará sujeta a lo “regulado” en dicho estatuto, previsión que apunta a un criterio de proporcionalidad, si se armoniza con lo dispuesto en el artículo 231 ídem, según el cual para que la medida sea procedente el demandante debe presentar “documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla” (resaltado fuera del texto).
“[…] La doctrina también se ha ocupado de estudiar, en general, los criterios que deben tenerse en cuenta para el decreto de medidas cautelares, los cuales se sintetizan en el fumus boni iuris y periculum in mora. El primero, o apariencia de buen derecho, se configura cuando el juez encuentra, luego de una apreciación provisional con base en un conocimiento sumario y juicios de verosimilitud o probabilidad, la posible existencia de un derecho. El segundo, o perjuicio de la mora, exige la comprobación de un daño ante el transcurso del tiempo y la no satisfacción de un derecho. […]”(6). (Negrillas fuera del texto).
“[…] Lo anterior quiere significar que el marco de discrecionalidad del juez no debe entenderse como de arbitrariedad, razón por la cual le es exigible a este la adopción de una decisión judicial suficientemente motivada, conforme a los materiales jurídicos vigentes y de acuerdo a la realidad fáctica que la hagan comprensible intersubjetivamente para cualquiera de los sujetos protagonistas del proceso y, además, que en ella se refleje la pretensión de justicia, razón por la cual es dable entender que en el escenario de las medidas cautelares, el Juez se enfrenta a la exposición de un razonamiento en donde, además de verificar los elementos tradicionales de procedencia de toda cautela, es decir el fumus boni iuris y el periculum in mora, debe proceder a un estudio de ponderación y sus sub principios integradores de idoneidad, necesidad y proporcionalidad stricto sensu, ya que se trata, antes que nada, de un ejercicio de razonabilidad”(7). (Negrillas no son del texto).
Entre sus características principales se destaca su naturaleza cautelar, temporal y accesoria, tendiente a evitar que actos contrarios al ordenamiento jurídico puedan continuar surtiendo efectos, mientras se decide de fondo su constitucionalidad o legalidad en el proceso en el que se hubiere decretado la medida. Su finalidad, pues, es la de “evitar, transitoriamente, que el acto administrativo surta efectos jurídicos, en virtud de un juzgamiento provisorio del mismo, salvaguardando los intereses generales y el Estado de derecho”(9).
Merece resaltarse, en relación con el anterior Código Contencioso Administrativo (D. 1 de 2 de enero de 1984), que la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos se supeditaba a la manifiesta infracción de la norma invocada, indicándose que en acciones distintas a la objetiva de legalidad se requería demostrar, aunque fuera sumariamente, el perjuicio con la ejecución del acto.
“[…] Para el estudio de la procedencia de esta cautela se requiere una valoración del acto acusado que comúnmente se ha llamado valoración inicial, y que implica una confrontación de legalidad de aquel con las normas superiores invocadas, o con las pruebas allegadas junto a la solicitud. Este análisis inicial permite abordar el objeto del proceso, la discusión de ilegalidad en la que se enfoca la demanda, pero con base en una aprehensión sumaria, propia de una instancia en la que las partes aún no han ejercido a plenitud su derecho a la defensa. Y esa valoración inicial o preliminar, como bien lo contempla el inciso 2º del artículo 229 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no constituye prejuzgamiento, y es evidente que así lo sea, dado que su resolución parte de un conocimiento sumario y de un estudio que, si bien permite efectuar interpretaciones normativas o valoraciones iniciales, no sujeta la decisión final […]” (Resaltado fuera del texto).
A través de los actos demandados, la DIAN impuso a la sociedad IFO Eenrgy SAS (sic) la sanción descrita en el numeral 1.8 del artículo 501-2 del Decreto 2685 de 1999, consistente en la cancelación de la inscripción como sociedad comercializadora internacional.
A juicio de la parte actora, los actos acusados son contrarios al ordenamiento jurídico bajo el entendido de que la DIAN no cuenta con la facultad legal de modificar el procedimiento para el trámite de exportación de productos por parte de las sociedades comercializadoras internacionales, toda vez que no se tuvieron en cuenta los certificados al proveedor recibidos por las ventas por reaprovisionamiento de buques en tráfico internacional que soportan la realización de la exportación ni las ventas realizadas a otras sociedades de comercialización internacional.
Para la Sala Unitaria, un primer examen de la legalidad del aparte del acto acusado permite inferir que no se reúnen los requisitos señalados por la ley y la jurisprudencia para el decreto de la medida cautelar solicitada, por cuanto, no es posible determinar, a partir del análisis de las resoluciones 1-90-201-241-6261-1062 y 1902012364082530 y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas, así como del estudio de las pruebas que fueron allegadas con la solicitud, que exista la violación alegada.
En efecto, al realizar un análisis preliminar de legalidad de los textos acusados, de cara a las normas que se estiman infringidas, se evidencia que para la emisión de aquella decisión, la DIAN consideró que, por haberse incumplido con la obligación que le asiste a IFO Energy SAS como comercializadora internacional de exportar la mercancía adquirida, dentro de los 6 meses siguientes a la expedición de los respectivos certificados al proveedor, se configuró el supuesto para la cancelación de la inscripción como sociedad comercializadora internacional.
Según lo preceptuado en el artículo 40-1 del Decreto 380 de 2012(12), las sociedades de comercialización internacional tienen como objeto principal la comercialización y venta de productos colombianos al exterior, adquiridos en el mercado interno o fabricados por productores socios de estas.
El texto del artículo en cita, es el siguiente:
“ART. 40-1.—Sociedades de Comercialización Internacional. Son aquellas personas jurídicas que tienen por objeto social principal la comercialización y venta de productos colombianos al exterior, adquiridos en el mercado interno o fabricados por productores socios de las mismas. En todo caso las demás actividades que desarrolle la empresa deberán estar siempre relacionadas con la ejecución del objeto social principal y la sostenibilidad económica y financiera de la empresa.
Estas sociedades, podrán contemplar entre sus actividades la importación de bienes o insumos para abastecer el mercado interno o para la fabricación de productos exportables y deberán utilizar en su razón social la expresión “Sociedad de Comercialización Internacional” o la sigla “CI”, una vez hayan sido autorizadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y hayan obtenido la correspondiente aprobación y certificación de la garantía ante la mencionada entidad […]”.
En ese contexto, debe resaltarse que la sociedad de comercialización internacional es una figura de creación legal enderezada a impulsar la exportación de los productos nacionales, de cuyo objetivo se deduce con claridad la obligación de efectuar la exportación bajo las modalidades que se encuentren legalmente definidas, es decir, no es potestativo para la sociedad habilitada realizarla o no.
Frente a este punto, se debe señalar que conforme a la regulación contenida en el artículo 5º de la Ley 67 de 1979(13) “La realización de las exportaciones será de exclusiva responsabilidad de la sociedad de comercialización internacional y por tanto, si no se efectúan estas últimas dentro de la oportunidad y condiciones que señale el Gobierno nacional, con base en el artículo 3º de esta ley, deberán las mencionadas sociedades pagar a favor del fisco nacional una suma igual al valor de los incentivos y exenciones que tanto ella como el productor se hubieran beneficiado, más el interés moratorio fiscal, sin perjuicio de las sanciones previstas en las normas ordinarias”.
Por consiguiente, a la sociedad de comercialización le corresponde acreditar, con los soportes jurídicamente atendibles, que el producto adquirido es sometido a exportación dentro del plazo que establece la normatividad que regula la materia.
Ahora bien, con fundamento en las pruebas recaudadas y analizadas por la DIAN en el curso de la investigación administrativa que culminó con la expedición de los actos acusados, se acreditó que la sociedad demandante entre los años 2012 y 2013 efectuó unas ventas a otras sociedades de comercialización internacional. Sin embargo, estas operaciones no pueden ser catalogadas como exportaciones en tanto constituyen una venta que se realiza dentro del propio territorio nacional, por lo que se arriba a la conclusión de que se incumple con el objetivo principal fijado en la norma, aunado al hecho de que se desdibuja la naturaleza y fin esencial de la sociedad de comercialización internacional.
Así mismo, respecto del aprovisionamiento de buques en tráfico internacional, la DIAN determinó con la documentación aportada que la operación realizada no constituye esa modalidad de exportación, puesto que se comprobó que el condensado de petróleo no fue suministrado y entregado directamente por la sociedad actora, sino que esa operación fue realizada a través de otras sociedades comercializadoras, lo que vulnera lo previsto en los artículos 228-1 y 298 de la Resolución 4240 de 2000, cuyos textos se transcriben a continuación:
“ART. 228-1.—Reaprovisionamiento de buques o aeronaves. De conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Decreto 2685 de 1999, el reaprovisionamiento de las naves o aeronaves que lleguen al territorio aduanero nacional no requiere el trámite de una declaración de exportación, no obstante en el caso de que el exportador opte por declarar la operación, podrá aplicar el procedimiento previsto en el capítulo XVI de la presente resolución, para la exportación de energía eléctrica y gas”.
Esta habilitación, de acuerdo con las circunstancias, podrá ser permanente o transitoria. Cuando por necesidades logísticas de la operación, se requiera que un punto de exportación habilitado previamente a un exportador sea utilizado por otra empresa interesada, la autoridad aduanera en cuya jurisdicción se encuentre el punto podrá autorizar su utilización. La empresa interesada deberá cumplir las obligaciones establecidas en este capítulo y, en especial, demostrar que cuenta con la autorización del titular de la habilitación para utilizar el punto.
PAR.—El procedimiento previsto en el presente capítulo para la exportación de energía eléctrica, gas u otros, le será aplicable a la exportación de todas aquellas mercancías cuyo transporte se realice a través de redes, tuberías o ductos”. (Negrillas del despacho).
La parte actora no acreditó durante la investigación administrativa que tuviera un punto habilitado de exportación para que la venta del producto sea considerada como exportación bajo la modalidad de reaprovisionamiento de buques en tráfico internacional.
Así, comoquiera que no se acreditó la exportación de los productos adquiridos durante los años 2012 y 2013 a partir de la compra que conste en el respectivo certificado al proveedor, era procedente la aplicación de la sanción de que trata el numeral 1.8 del artículo 201-2 del Decreto 2685 de 1999, que dispone:
“ART. 501-2.—Infracciones aduaneras de las sociedades de comercialización internacional y sanciones aplicables. Artículo adicionado por el artículo 12 del Decreto 380 de 2012. El nuevo texto es el siguiente: Las infracciones aduaneras en que pueden incurrir las sociedades de comercialización internacional y las sanciones asociadas con su comisión son las siguientes:
En virtud de lo previsto en el artículo 5º de la Ley 67 de 1979, la sanción a imponer será de multa equivalente al cien por ciento (100%) del valor total de la compra que conste en el correspondiente certificado al proveedor. Cuando en el período de dos (2) años consecutivos se incumpla en más de dos (2) ocasiones con los términos antes previstos, la sanción aplicable será la de cancelación, sin perjuicio de las acciones que pueda adelantar la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, para determinar la responsabilidad por la declaración y pago de IVA que pueda generarse en el evento en que la exportación no se hubiera realizado, incluidas las sanciones que para el efecto establezca el estatuto tributario”. (Se resalta).
Bajo tales presupuestos, se tiene que la cancelación de la inscripción como sociedad de comercialización internacional se hizo sobre la base de haberse comprobado el incumplimiento de las exportaciones en el término y bajo las condiciones previstas en la normatividad que regula la materia, razón por la que no es dable afirmar que los actos administrativos acusados sean contrarios al ordenamiento jurídico.
Finalmente, se reitera que la valoración inicial o preliminar que se efectúa al resolver la solicitud de medidas cautelares, como lo establece el inciso 2º del artículo 229 del CPACA, no constituye prejuzgamiento, pues aunque permite efectuar interpretaciones normativas o valoraciones iniciales, no sujeta la decisión final. Así lo sostuvo la sala en la providencia de 11 de marzo de 2014 (exp. 2013-00503. Consejero Ponente: doctor Guillermo Vargas Ayala), al expresar que:
De modo pues que al no cumplirse los requisitos previstos en el artículo 231 del CPACA, se impone para la Sala Unitaria denegar la medida cautelar solicitada.
2. TIÉNESE al doctor Pablo Nelson Rodríguez Silva como apoderado de la DIAN, de conformidad con el poder y demás documentos visibles a folios 26 y siguientes del cuaderno de la medida cautelar.
4 Sobre la finalidad de las medidas cautelares, consultar providencia de 13 de mayo de 2015 (exp. 2015-00022, Consejero Ponente: doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa), en la que se aseveró: “(…) se busca evitar que la duración del proceso afecte a quien acude a la jurisdicción, a tal punto que para el momento de obtener una decisión favorable se torne en ilusorio el ejercicio del derecho reconocido, pues al decir de Chiovenda ‘la necesidad de servirse del proceso para conseguir la razón no debe convertirse en daño para quien tiene la razón”.
6 Providencia de 17 de marzo de 2015, exp. 2014-03799, Consejera Ponente: doctora Sandra Lisset Ibarra Vélez.
11 Así lo sostuvo la sala en la providencia de 11 de marzo de 2014 (exp. 2013 00503. Consejero ponente: doctor Guillermo Vargas Ayala), al expresar que: “Con el ánimo de superar los temores y las reservas que siempre acompañaron a los jueces respecto del decreto de la suspensión provisional en vigencia de la legislación anterior, célebre por su escasa efectividad producto de las extremas exigencias que la jurisprudencia le impuso para salvaguardar su imparcialidad, el inciso segundo del artículo 229 del CPACA expresamente dispone que ‘[l]a decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento’. De lo que se trata, entonces, con esta norma, es de brindar a los jueces ‘la tranquilidad de que se trata de mecanismos meramente cautelares, que en nada afectan ni influyen en la decisión final del fondo del asunto sub lite’ [ ]. Una suerte de presunción iure et de iure, sobre cómo acceder a la medida no afecta la imparcialidad del juez ni compromete su capacidad de discernimiento ni poder de decisión, que busca además promover la efectividad del nuevo régimen cautelar introducido.
12 “Por el cual se adiciona y modifica el Decreto 2685 de 1999 y se dictan otras disposiciones”.
13 “Por la cual se dictan las normas generales a las que deberá sujetarse el Presidente de la República, para fomentar las exportaciones a través de las sociedades de comercialización internacional, y se dictan otras disposiciones para el fomento del comercio exterior”.