Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-1992-00115-de-enero-21-de-2009?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920425756f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-08-22 07:15:55
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﻿ Sentencia 1992-00115 de enero 21 de 2009
SENTENCIA 1992-00115 DE 21 DE ENERO DE 2009
CONTENIDO:IMPUGNACIÓN DE LA LEGITIMACIÓN VOLUNTARIA. ACUMULACIÓN CON LA INVESTIGACIÓN DE LA FILIACIÓN EXTRAMATRIMONIAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:LEGITIMACIÓN DEL HIJO EXTRAMATRIMONIAL, IMPUGNACIÓN DE LA PATERNIDAD
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:447 DE MARZO DE 2009, PG.364
Sentencia 1992-00115 de enero 21 de 2009
IMPUGNACIÓN DE LA LEGITIMACIÓN VOLUNTARIA
Acumulación con la investigación de la filiación extramatrimonial.
EXTRACTOS: «1. En el libelo con el que se dio inicio a este juicio, presentado en vigencia de la Ley 75 de 1968 antes de ser modificada por la Ley 721 de 2001, su gestor optó por acumular, siendo ello legalmente admisible, de conformidad con el artículo 3º del primero de esos ordenamientos jurídicos, las acciones de impugnación de su legitimación voluntaria y de investigación de su filiación extramatrimonial, pretendiendo, a la vez, que esta última surta efectos patrimoniales, razón por la cual, como consecuencia de ella, pidió que se le reconozca como heredero de su presunto padre. En el punto, pertinente es recordar que la Corte, en sentencia de 9 de octubre de 1975, precisó que “el hijo puede, en un mismo proceso, acumular las pretensiones de impugnación de su legitimidad y de investigación de su paternidad natural” (G.J., t. CLI, pág. 242).
2. Tal entendimiento básico de la cuestión, impone a la Sala asumir, en primer término, el estudio de la mencionada acción de impugnación, pues como lo ha sostenido la jurisprudencia, del éxito de la misma depende la posibilidad de que se establezca una filiación diversa del demandante, esto es, en el caso concreto, que el señor Hernesley Borja Medina es hijo extramatrimonial del señor César Patiño Seade.
Al respecto, tiene dicho la Sala que “desde el punto de vista lógico, para que un hijo legítimo (o legitimado, para el caso es igual) reclame su estado civil de hijo natural en relación con un varón, por supuesto diferente del que figura como su padre y marido de su madre, es menester que antes o en el mismo pleito por lo menos (G.J. CLI, primera parte, pág. 172, XC, pág. 679), remueva ese obstáculo que es su condición de hijo legítimo (o legitimado), para así, al no tener ningún vínculo de filiación paterna, pueda perseguir la declaración de filiación extramatrimonial, dado que ‘no se puede poseer simultáneamente dos estados civiles’ (ib., pág. 679)” (Cas. Civ., sent. oct. 21/2003, exp. 7174; negrillas fuera del texto).
II. Impugnación de la legitimación voluntaria
1.1. A voces del artículo 236 del Código Civil, “[s]on también hijos legítimos los concebidos fuera del matrimonio y legitimados por el que posteriormente contraen sus padres,...”. Tal legitimación ocurre ipso jure, si el nacimiento tiene lugar dentro del matrimonio, o si el hijo ya había sido reconocido como extramatrimonial por los esposos. Fuera de esas dos hipótesis, señala el artículo 239 ibídem, “el matrimonio posterior no produce ipso jure la legitimidad de los hijos. Para que ella se produzca es necesario que los padres designen en el acta del matrimonio, o en escritura pública, los hijos a quienes confieren ese beneficio, ya estén vivos o muertos”. El acto de legitimación de que trata la norma últimamente citada, como ya lo ha precisado la jurisprudencia de esta corporación (Cas. Civ., sent. mar. 29/58. G.J., t. LXXXVII, pág. 538), tiene como particularidad que la manifestación de voluntad que se requiere para el efecto es la que de consuno expresan los dos padres, de lo cual se deduce que el efecto jurídico perseguido con la misma, no se obtendría con la que provenga de uno solo de ellos. Por otra parte, la ley establece que la legitimación deberá ser notificada a la persona en cuyo beneficio se hace, quien podrá aceptarla o repudiarla, atendiendo diversas formalidades y plazos señalados en el ordenamiento, no obstante lo cual se ha puntualizado que la legitimación se perfecciona con la simple manifestación de voluntad de los contrayentes o comparecientes, según el caso, sin perjuicio de las acciones del legitimado o de sus descendientes para impugnar la legitimación por falta de notificación o aceptación, en los términos del artículo 249 del Código Civil (Cas. Civ., sent. jun. 29/59).
1.2. Considerado el hecho de que el demandante nació el 12 de octubre de 1955, según da cuenta el registro civil de nacimiento que milita a folio 2 del cuaderno principal; que el matrimonio de los señores Jairo Borja e Isabel Medina tuvo lugar el 21 de enero de 1961; y que fue en este acto que los nombrados esposos declararon “que queda(n) debidamente legitimado(s) su(s) hijo(s): Hernesley nacido el 12 de octubre de 1955 en Tuluá”, circunstancias que con absoluta nitidez se desprenden del correspondiente registro civil de matrimonio recaudado en el curso de la segunda instancia (fl. 33, cdno. 6), es del caso colegir que la legitimación del actor se concretó en la forma establecida en el mencionado artículo 239 del Código Civil y que es en razón de ella que ostenta su actual estado civil de hijo legítimo de los cónyuges Borja-Medina.
1.3. Ahora bien, en tratándose de hijos nacidos con anterioridad al matrimonio de sus padres, el artículo 248 de la misma obra establece, en su texto original, que “podrá impugnarse la legitimación, probando alguna de las causas siguientes: 1ª) Que el legitimado no ha podido tener por padre al legitimante; 2ª) Que el legitimado no ha tenido por madre a la legitimante; sujetándose esta alegación a lo dispuesto en el título XVIII, De la maternidad disputada”.
Debe precisarse que en la indicada normatividad —en el texto vigente antes de la reforma introducida por la Ley 1060 de 2006— se hacía referencia a la “impugnación de la legitimidad”, y que dicha terminología es usual en el foro, claro está, teniendo en cuenta que de la determinación que se adopte en el correspondiente proceso judicial, se desprenderá, por contera, una modificación de la paternidad o la maternidad legítimas, como elementos esenciales del estado civil que se origina en el acto de la legitimación explicado en precedencia. Así mismo, ha de señalarse que la cuestión en esta clase de procesos no está referida a examinar el acto de legitimación como manifestación de voluntad, para lo cual, ciertamente, otras serán las vías procesales que se deban utilizar para discutir su eficacia.
1.4. No hay duda, pues, que en frente del hijo nacido con anterioridad al matrimonio de sus padres, estos pueden, al contraer tal vínculo, legitimarlo, señalándolo así expresamente, y que dicha legitimación —con su resultado de paternidad o maternidad legítima— puede ser impugnada por el hijo y por los legitimantes —padre o madre—, y que, incluso, en este caso particular, pueden ejercer las acciones de impugnación aquellas personas que prueben un interés actual o, incluso, los ascendientes de los legitimantes (C.C., art. 248 in fine).
1.5. Sobre la viabilidad de la acción de impugnación de la legitimidad por parte del hijo nacido después del matrimonio de los legitimantes —a quien se aplicaban las reglas atinentes a la impugnación de la legitimidad del concebido dentro del matrimonio—, ha recordado la Corte que “[h]asta la vigencia, pues, de la apuntada Ley 75 [de 1968], mientras viviera el marido, nadie, ni el hijo mismo, ni siquiera la madre podían reclamar contra la legitimidad presunta que abrigaba a todo hijo de mujer casada que fue concebido dentro del matrimonio”, a lo que más adelante agregó: “Tal estado de cosas varió a partir de la vigencia de la Ley 75, pues, desde entonces, la acción de impugnación de su legitimidad se concedió también al hijo, mas solo en el caso de que su nacimiento hubiera tenido lugar ‘después del décimo mes siguiente al día en que el marido o la madre abandonaron definitivamente el hogar conyugal’, como expresamente lo dice en su aparte 5º el artículo 3º de la Ley 75 de 1968,...” (G.J., t. CLI, pág. 241).
En relación con este mismo punto, imperioso es advertir que al pronunciarse sobre la constitucionalidad del precitado artículo 3º de la Ley 75 de 1968, la Corte Constitucional resolvió declararlo exequible,
“... siempre y cuando se interprete que, además de esta causal, y en virtud del derecho que toda persona tiene de reclamar su verdadera filiación y del principio de igualdad de derechos dentro de las relaciones familiares, consagrados en la Constitución, el hijo de mujer casada cuenta con otras posibilidades para impugnar la presunción de paternidad, así: de un lado, si el hijo acumula la impugnación de paternidad con una acción de reclamación de paternidad, deberá darse aplicación preferente al artículo 406 del Código Civil; de otro lado, en todos los casos, el hijo contará con las causales previstas para el marido en los artículos 214 y 215 del Código Civil y en el artículo 5º de la Ley 95 de 1890” (sent. C-109, mar. 15/95).
2. Régimen particular de las acciones de impugnación de la legitimación voluntaria. Quiénes pueden ser parte en ellas, especialmente conformar el extremo demandado.
2.1. En el libelo con el que se abrió esta controversia, el demandante precisó que él, en lo que hace a “la acción de impugnación de paternidad”, se dirigía no solo contra su madre, Isabel Medina de Borja, sino también respecto de los “herederos indeterminados de Jairo Borja, cuyos nombres ignoro, quien fuera en vida padre del actor. Les solicito emplazarlos según el artículo 318 del Código de Procedimiento Civil” (se destaca), como en efecto se hizo.
2.2. Esa circunstancia, impone a la Corte fijar su atención en el tema de las personas que deben integrar la relación jurídico procesal en asuntos como el presente, lo que la llevará a analizar la especial naturaleza de la legitimación voluntaria y, por consiguiente, de la acción judicial en la que se pretenda su impugnación.
2.3. La legitimación por declaración expresa de los padres es una figura de contornos especiales dentro del universo de que se trata, en tanto que, como ya se ha indicado, en ella los progenitores, en el acta de matrimonio o en escritura pública, designan los hijos a quienes confieren el beneficio de la legitimación, ya estén vivos o muertos, y debe ser notificada a quien se ha hecho merecedor de tal declaración, el que puede aceptarla o repudiarla. Las causas que permiten impugnar este tipo de legitimación son igualmente particulares, como lo establece la primera parte del artículo 248, que en su redacción anterior a la modificación introducida por la Ley 1060 de 2006, prescribía que para la prosperidad de la correspondiente pretensión, debía acreditarse que “el legitimante no ha podido tener por padre al marido” o “no ha tenido por madre a la legitimante”. Por otra parte, como ya se ha destacado, el citado acto de legitimación, con sus consecuencias en el estado civil, puede ser impugnado en los términos del artículo 248 del Código Civil a través de acción que puede ser ejercida por los que prueben un interés actual en ello, y por los ascendientes legítimos del padre o madre legitimante.
Lo anteriormente reseñado permite colegir que esta acción, siendo ciertamente de estado, no debe examinarse rigurosamente con los mismos criterios de aquellas encaminadas a establecer la filiación extramatrimonial, paterna o materna, o a impugnar la legitimidad, propiamente dicha, pues es evidente su singularidad —la de la acción de impugnación de la legitimación voluntaria de que se trata— y, en concreto, en relación con los sujetos procesales, es igualmente claro que la facultad para entablar la pretensión no es exclusiva del padre o del hijo, sino que también pueden ejercerla personas distintas a ellos, acreditando el respectivo interés jurídico para el efecto o, en su caso, su calidad de ascendientes de los legitimantes, y, así mismo, en cuanto al extremo pasivo de la relación procesal, siendo el acto de legitimación un acto en el que, por expresa definición de la ley, deben concurrir necesariamente los dos contrayentes a manifestar su voluntad de legitimar al hijo, resulta del mismo modo nítido que ambos padres, o sus herederos, conjunta o separadamente, tienen interés para enfrentar la demanda con la se que busque discutir los efectos de la declaración que aquellos, de consuno, formularon.
Por lo anterior, ha de concluirse que la impugnación de la legitimación voluntaria es una acción de estado que presenta rasgos particulares en frente de las restantes acciones de tal naturaleza, no solo en cuanto a las causales necesarias para que pueda recibir una decisión de mérito, sino también en relación con las personas llamadas a intervenir como parte. Cosa diferente será determinar, como adelante se precisará, si la decisión correspondiente surte efectos erga omnes o, simplemente relativos, de acuerdo con quienes hayan actuado como demandados en el respectivo proceso.
2.4. Sin perder de vista las apreciaciones que en precedencia se dejan consignadas, importante es memorar que la Corte, en un principio, y a propósito de las denominadas acciones de estado, afincada primordialmente en el artículo 7º de la Ley 45 de 1936 y en los artículos 401 a 404 del Código Civil a que aquel hacía remisión, particularmente en el artículo 403, conforme el cual el “legítimo contradictor en la cuestión de paternidad es el padre contra el hijo, o el hijo contra el padre, y en la cuestión de maternidad, el hijo contra la madre, o la madre contra el hijo”, consideró respecto de esta clase de procesos que, en general, la muerte de uno u otros impedía el éxito de la respectiva acción, puesto que ellos —hijo, padre o madre—, y solo ellos, eran las personas entre quienes debía entablarse esa clase de controversias (Cas. Civ., sent. abr. 26/40. G.J., t. XLIX, pág. 263).
Empero, esa primera posición de la jurisprudencia solo se mantuvo hasta el 1º de octubre de 1945, cuando en pronunciamiento de tal fecha, la corporación se apartó de su criterio anterior y puntualizó en cuanto a él, que denota “manifiesta e inexplicable desarmonía entre el artículo 403 y las disposiciones mencionadas de los títulos 10 y 18 del Código Civil, pues al paso que estas autorizan la acción de impugnación de la filiación legítima a favor de los herederos y ascendientes del padre o madre, y aún de toda persona que tenga un interés actual, el artículo 403 la desautoriza y niega, reservándola únicamente al padre o madre”. Así las cosas, desde entonces, ha venido sosteniendo que las acciones de estado en que se discuta la filiación, sean ellas de impugnación o de investigación, en el supuesto de haber fallecido alguno de los progenitores, en línea de principio, pueden dirigirse en contra de sus herederos.
Esa postura no tuvo ningún cambio con la entrada en vigor de la Ley 75 de 1968, mediante la cual “se dictan normas sobre filiación y se crea el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”, ni frente a la adopción en 1971 del Código de Procedimiento Civil, que en su artículo 81 estatuyó que “cuando se pretenda demandar en proceso de conocimiento a los herederos de una persona cuyo proceso de sucesión no se haya iniciado y cuyos nombres se ignoran, la demanda podrá dirigirse indeterminadamente contra todos los que tengan dicha calidad, y el auto admisorio ordenará emplazarlos en la forma y para los fines dispuestos en el artículo 318. Si se demanda a herederos determinados e indeterminados, procederá el emplazamiento de estos”. En relación con tal mandato, el inciso 5º del artículo 332 de la misma obra consagró que “en los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que comparezcan como parte, la cosa juzgada surtirá efectos en relación con todas las comprendidas en el emplazamiento”, no obstante lo cual, de manera previa, en el inciso 4º de la misma norma, se precisó que “los efectos de la cosa juzgada en procesos en que se ventilen cuestiones relativas al estado civil de las personas, se regularán por lo dispuesto en el Código Civil y leyes complementarias”.
Llegados a este punto, se torna necesario precisar que la jurisprudencia de la Corte, con más claridad en oportunidades recientes, se ha dirigido a considerar que en los procesos en los que se discuta sobre el estado civil, en sentido amplio, no es viable la aplicación del trascrito artículo 81, de lo que ha derivado dos específicas conclusiones: de un lado, que en esa clase de litigios, la acción no puede dirigirse únicamente en contra de los herederos indeterminados de la persona que, en principio, estaba llamada a ser demandada; y del otro, que cuando en dichas controversias se ha demandado a herederos determinados, no es necesario el emplazamiento de los indeterminados.
En torno de la primera inferencia indicada, la Sala, en sentencia de 1º de agosto de 2003 (exp. 7769), con invocación de los artículos 395, 398, 399, 401, 402, 403 y 404 del Código Civil, concluyó que “no se aplica a las causas de paternidad el artículo 81 del Código de Procedimiento Civil, pues contraría el régimen propio de las leyes especiales de investigación de la paternidad —conducentes al establecimiento del estado civil correspondiente—”, y que “es el mismo estatuto procesal civil que se remite a ellas y por contera a distintas normas del Código Civil que, ni por asomo, admiten la posibilidad de disputar la paternidad del hijo únicamente contra herederos indeterminados, ni consagran los efectos erga omnes de la correspondiente sentencia”.
Sobre la segunda, cabe citar el fallo de 11 de enero de 2007, en el cual la Sala, al resolver tres cargos fundados todos en la causal quinta de casación (nulidad), estimó, previa invocación de su fallo de 28 de abril de 1995, que “dentro de los procesos destinados a fijar la filiación cuando los demandados son los herederos del presunto padre, no rige la exigencia del artículo 81 del Código de Procedimiento Civil, esto es, que no se hace menester el emplazamiento de quienes indeterminadamente tengan tal calidad”, habida cuenta que “no se descubre cuál sería la finalidad de emplazamiento semejante, ya que si se entendiese que es con el ánimo de afirmar los efectos erga omnes de la sentencia correspondiente, ello sería a costa de no reparar en que esa es materia que el derecho sustancial se ha reservado para sí, como igualmente lo reconoce el mismo Código de Procedimiento Civil —inciso 4º del artículo 332—”.
De lo hasta aquí expuesto, podría colegirse, en apretada síntesis, que en el momento actual, según el estado de la jurisprudencia, si bien se admite que las acciones de estado promovidas por el hijo, cuando sus progenitores han fallecido, pueden dirigirse en contra de los herederos de estos, tal permisión no comprende la posibilidad de que en la demanda se convoque únicamente a los herederos indeterminados del respectivo causante, supuesto en el cual la pretensión no podría llegar a buen suceso.
2.5. Teniendo en cuenta todo lo anterior, y de conformidad con lo ya advertido inicialmente, en el sentido de que la demanda introductoria de esta controversia anunció que la misma estaba encaminada a que se declarara que el actor “no es hijo legítimo, ni legitimado de los cónyuges Jairo Borja e Isabel Medina de Borja...”, ningún reparo puede hacerse, en consecuencia, al hecho de que el libelo incoativo del proceso se hubiera dirigido contra la mencionada señora, pues ciertamente el alcance dado a esta súplica, traduce que ella está llamada a resistir la misma y que, por ende, le asiste legitimidad pasiva para intervenir como demandada en esta causa. De prosperar la pretensión del actor, ciertamente su estado de “madre legitimante” de Jairo Borja sufriría modificaciones.
2.6. Ahora bien, tratándose también de una discusión que compromete o afecta la paternidad, acaecido el fallecimiento del progenitor, los llamados a enfrentar la demanda serían sus herederos. Es que, se recuerda, si no se remueve el obstáculo de la filiación legítima, se tornaría imposible, a la vez, declarar que el actor es hijo extramatrimonial de César Patiño Seade.
Teniendo muy en cuenta que la señora Isabel Medina de Borja está llamada a soportar la pretensión de impugnación de la legitimación voluntaria y que, por tanto, como consecuencia de su sola intervención, es viable que en el presente proceso se dicte sentencia que de mérito defina el asunto sometido a consideración de la jurisdicción ordinaria, debe establecerse cuáles son las consecuencias de que la acción se haya dirigido también contra los herederos indeterminados de Jairo Borja, descartando la posibilidad de que ello conduzca, indefectiblemente, al fracaso de la totalidad de las súplicas formuladas en el libelo iniciador de la contienda, pues si así se admitiera, deviene ostensible que un pronunciamiento en ese sentido vulneraría el derecho que toda persona tiene de establecer su genuina filiación y arrasaría dicha prerrogativa del demandante, más cuando, como aquí ocurre, exista prueba científica que tenga la virtualidad de acreditar la paternidad biológica del interesado.
En cuanto hace a este tópico, ha de tenerse en cuenta lo dicho por la Corte Constitucional sobre que “el derecho a la personalidad jurídica no se reduce únicamente a la capacidad de la persona humana a ingresar al tráfico jurídico y ser titular de derechos y obligaciones sino que comprende, además, la posibilidad de que todo ser humano posea, por el simple hecho de existir e independientemente de su condición, determinados atributos que constituyen la esencia de su personalidad jurídica e individual como sujeto de derecho. Son los llamados atributos de la personalidad”, entre los cuales ubicó la “filiación..., puesto que ella está indisolublemente ligada al estado civil”, y sobre la que añadió que “no puede ser un elemento puramente formal, sino que tiene que tener un sustento en la realidad fáctica de las relaciones humanas a fin de que se respete la igual dignidad de todos los seres humanos y su derecho a estructurar y desarrollar de manera autónoma su personalidad” (sent. C-109, mar. 15/95).
2.7. Con observancia de la advertida naturaleza especial de la acción encaminada a impugnar la legitimación voluntaria y del régimen legal que le es propio, así como de las directrices fijadas por la jurisprudencia nacional, que se dejaron compendiadas, es del caso puntualizar que en la gestionada por el hijo cuando alguno de sus progenitores ya ha fallecido, tienen cabida las siguientes reglas: que la acción corresponde plantearse frente a los herederos del respectivo causante; que, en ese supuesto, no podrá nunca lograrse la comparecencia de las personas, en principio, llamadas a resistirla, en razón, precisamente, del deceso de una de ellas —el padre o la madre—; y que, por consiguiente, forzosamente, los fallos que en disputas con esas características se pronuncien, pueden resolver en el fondo, afirmativa o negativamente, la pretensión concerniente con la determinación del estado civil del actor, no obstante lo cual, en lo que hace a la incidencia patrimonial que la sentencia produzca, la decisión no tendrá efectos erga omnes, sino meramente relativos, es decir, que sus alcances estarán siempre circunscritos a quienes fueron parte en los mismos.
2.8. Además, se advierte, que lo en precedencia anunciado, lejos de reñir, se ajusta y defiende la disposición contenida en el inciso 4º del artículo 332 del Código de Procedimiento Civil, según la cual, como se sabe, “los efectos de la cosa juzgada en procesos en que se ventilen cuestiones relativas al estado civil de las personas, se regularán por lo dispuesto en el Código Civil y leyes complementarias”, que no son otros que los contenidos en los artículos 401 a 404 de ese ordenamiento sustancial y en la Ley 75 de 1968, de las que se infiere que cuando el respectivo asunto se ha desarrollado entre legítimos contradictores genera efectos erga omnes —que es la excepción—, mientras que cuando ello no es así, se itera, cuando el proceso se ha dado entre quienes, conforme el derecho debatido y la ley sustancial, eran los llamados a intervenir en la controversia, pese a no concurrir en ellos esas exactas calidades, sus efectos se determinan con sujeción a la regla que preconiza la relatividad de los mismos en los aspectos patrimoniales, esto es, que tales efectos solo recaen en quienes fueron parte en el proceso, lo que al tiempo significa, obviamente, que el estado civil así determinado, dado el carácter de orden público que ostenta y su indivisibilidad, establecida en el artículo 1º del Decreto 1260 de 1970 —que reza: “El estado civil de una persona es su situación jurídica en la familia y la sociedad, determina su capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones, es indivisible, indisponible e imprescriptible, y su asignación corresponde a la ley”—, tiene plenos efectos, como siempre ha sido, aun cuando el asunto no se haya disputado entre partes con las mencionadas calidades.
2.9. Aplicados los conceptos anteriores al proceso sometido al escrutinio de la Corte, en lo que hace a la acción de impugnación de la legitimación voluntaria estudiada, debe concluirse, en primer término, que la pretensión elevada, en rigor, no se circunscribe a la paternidad del actor, sino que ella es más amplia, comoquiera que lo implorado fue que se declarara que el demandante “no es hijo legítimo, ni legitimado de los cónyuges Jairo Borja e Isabel Medina de Borja”.
De esa circunstancia se desprende, entonces, que en la acción de que se trata, estando en entredicho el acto de legitimación en sí mismo considerado, en principio, tenían aptitud para controvertirlo el hijo, señor Hernesley Borja Medina, aquí demandante, y sus dos progenitores, señores Isabel Medina de Borja y Jairo Borja, por cuanto la súplica, por su extensión, comprende tanto la maternidad como la paternidad legítima del primero de los nombrados. Igualmente, de la anotada particularidad se infiere que, debido al fallecimiento con anterioridad a la instauración del pleito del citado padre, era absolutamente imposible que el litigio se desarrollara con la concurrencia de la totalidad de los originales contradictores. También que, por consiguiente, la acción debía incluir como demandados a la madre del actor y a los herederos de Jairo Borja. Y finalmente, que si el libelo introductorio solo vinculó a la señora Isabel Medina y a los sucesores indeterminados del prenombrado causante, el fallo que se profiera no producirá efectos patrimoniales en relación con ninguna de las personas que tengan la condición de herederos del aludido de cujus, sin que ello sea óbice para que la decisión judicial pueda dictarse y para que ella tenga alcances respecto de la impugnación deprecada.
Así las cosas, patente es que los señores Hernesley Borja Medina e Isabel Medina de Borja tienen interés para actuar como demandante y demandada, respectivamente, en este proceso. Aparejadamente, que el llamado que se hizo a los herederos indeterminados del causante Jairo Borja, no se torna en impedimento para resolver en el fondo la solicitud de impugnación de la legitimación voluntaria que se demandó.
2.10. Antes de continuar con el análisis de los restantes aspectos de la acción que se ausculta, no puede soslayar la Sala, en primer lugar, que en el poder otorgado por el actor, a fin de que se diera inicio al proceso, facultó al apoderado judicial que designó para que dirigiera la demanda en contra de los herederos indeterminados del señor Jairo Borja, entre otros; en segundo término, que en dicho libelo introductorio se manifestó el desconocimiento de los nombres de los sucesores del nombrado causante; y, por último, que el propio demandante, en el interrogatorio de parte que absolvió en audiencia cumplida el 16 de junio de 1995, frente a la pregunta de “... si usted conoce a los hijos nacidos de la unión del señor Jairo Borja con la señora Isabel Medina y en caso afirmativo si ha conocido y conoce su paradero”, respondió:
“Sí, a todos, Aminta Margoth está en Buga, Ciro si no sabemos dónde está hace como 6 ó 7 años, Rita Isabel esta en Sogamoso, María Alexandra en Tulúa y Ana Janeth en Tuluá” (fls. 226 y 226 vto., cdno. 1).
Es evidente, entonces, que la posición asumida por el actor en torno de haber dirigido la acción en contra de los referidos herederos indeterminados, no es consecuente con el conocimiento que, en la mencionada probanza, él admitió respecto de los nombres y del paradero de los mismos.
La Corte, en consideración a que actitudes de esas características pudieran resultar contrarias a los principios de buena fe, probidad y lealtad que deben imperar en las actuaciones de las partes de todo proceso judicial, las reprocha e insiste en que, debe ser propósito imperativo del promotor de la respectiva controversia vincular a los herederos de la persona fallecida a quien, en principio, correspondía demandarse, o de alguno o algunos de ellos, si le son conocidos, por lo que las referidas acciones de estado, en tal supuesto, deben dirigirse indefectiblemente en su contra. En este preciso aspecto se debe ser particularmente exigente, en aras de preservar los mencionados principios, así como la claridad y rectitud procesales, especialmente en asuntos tan delicados como los atinentes a la filiación, dadas las trascendentales consecuencias que de ella se derivan en el campo personal y familiar.
No obstante lo anterior, la anomalía de que ahora se trata, no tendrá otros alcances jurídico procesales, comoquiera que, por una parte, no permite ubicársele dentro de los eventos que, conforme el artículo 74 del Código de Procedimiento Civil, son constitutivos de temeridad o mala fe y, por otra, de entenderse que tipifica un motivo de anulación de lo actuado (art. 140, num. 9º, ib.), tendría la condición de saneable por parte de los herederos mismos y, en consecuencia, no puede ser reconocida de oficio (art. 145, ejusdem).
3. Análisis de los restantes elementos de la acción.
3.1. Precisó la Corte en su sentencia de 11 de noviembre de 2004, con la cual casó la de segunda instancia proferida en este asunto, que
“... en tratándose de una demanda en la que se impugne la legitimación y, además, se persiga el reconocimiento de la filiación extramatrimonial, los hechos en que cada una de dichas pretensiones se fundamenta, deben tener su propia individualidad y entidad, vinculada a la causa que le sirve de soporte a una y a otra. En el primer caso, los hechos deben presentarle al juzgador las razones por las que, en la hipótesis del numeral 1º del artículo 248 del Código Civil, ‘el legitimado no ha podido tener por padre al legitimante’, y en el segundo, los motivos específicos que dan lugar a cualquiera de las causales previstas en el artículo 6º de la Ley 75 de 1968”.
Añadió la Sala, que
“... es igualmente claro que si en una demanda se alega que el demandante no es hijo de quien lo legitimó y, al propio tiempo, se esgrimen las razones por las cuales aquel considera que otro es su progenitor, en forma explícita se están exponiendo los hechos por los cuales ‘el legitimado no ha podido tener por padre al legitimante’. Con otras palabras, la persona que, en una misma demanda, impugna su legitimación e investiga su verdadera paternidad, al hacer el recuento de los hechos que dan lugar a una o varias de las presunciones de paternidad que reconoce la Ley 75 de 1968, por vía de ejemplo, que entre la madre y el presunto padre existió trato carnal para la época de la concepción del demandante, no hace cosa distinta que justificar, desde el punto de vista fáctico, la pretensión que [busca] derruir la legitimación, toda vez que, a la postre, está esgrimiendo que quien pasa por su padre, no lo es en realidad”.
Y en cuanto al caso concreto de este proceso se puntualizó, que “resulta claro, entonces, que el demandante, en últimas, afirmó que no podía tener como padre al legitimante Jairo Borja, porque fue concebido por César Patiño e Isabel Medina, en el marco de las relaciones sexuales que estos sostuvieron entre 1951 y 1955, periodo que comprende el de la época probable de la concepción”.
3.2. Siendo esa la correcta interpretación de la demanda, de la que la Sala, por ende, coligió su aptitud formal, se impone en el presente asunto analizar si en verdad aquí se demostró por parte del actor que no pudo “tener por padre al legitimante”, lo que se deberá hacer en consonancia con ese entendimiento del libelo, esto es, teniendo en cuenta que la referida causal de impugnación de la legitimación, se sustentó en el hecho de que Hernesley Borja Medina fue concebido por César Patiño Seade e Isabel Medina.
3.3. Al respecto es contundente, y suficiente, la prueba científica ordenada por la Corte en el memorado fallo de casación y obrante en el expediente, según la cual, examinado comparativamente el ADN determinado con base, por una parte, en los “fragmentos óseos... tomados al cuerpo de César Patiño Seade” —para la práctica de prueba semejante en otro proceso de filiación extramatrimonial— y, por otra, en la muestra de sangre tomada a Hernesley Borja Medina”, utilizando para ello quince (15) marcadores genéticos, se observó que “comparten un alelo en cada marcador genético” y se concluyó que el primero “no se excluye como el padre biológico” del segundo, con un porcentaje de “probabilidad de paternidad” del 99,999%, con lo cual se estimó que dicha paternidad esta “prácticamente probada”.
3.4. En consecuencia, si como se desprende del parágrafo 2º del artículo 8º de la Ley 721 de 2001, modificatorio del artículo 14 de la Ley 75 de 1968, cuando la prueba científica es conclusiva de la paternidad o la maternidad, se impone al juez efectuar la correspondiente declaración, basta la aquí practicada para establecer que, ciertamente, el demandante no pudo tener por padre al señor Jairo Borja, que como legitimante pasó por tal toda la vida, acreditación que se encuentra corroborada con los restantes elementos de juicio recaudados (cfr. sent. jul. 5/2007, exp. 25397-31-84-001-1992-00613-01).
4. La excepción.
4.1. La demandada Inés Ochoa de Patiño, al contestar el libelo introductorio, propuso en frente de la acción de impugnación que ocupa la atención de la Sala, las excepciones de “caducidad” y “prescripción”, que fundamentó señalando que “de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 248 del Código Civil, cuando la legitimación no opera de pleno derecho por el nacimiento dentro del matrimonio (art. 247, ib.), la demanda debe presentarse dentro de los trescientos días siguientes a la fecha en que el interesado haya tenido un interés actual en impugnarla”.
4.2. Al respecto, necesario es traer aquí a colación nuevamente la sentencia C-109 de 15 de marzo de 1995, en la que para solucionar las dificultades que encontró la Corte Constitucional a efecto de adoptar las medidas que permitieran corregir el trato desfavorable y desigual que las normas civiles contemplaban para el hijo en relación con el padre, tratándose de la impugnación de la paternidad legítima que aquel pudiera promover, entre otros muchos razonamientos, confirió “primacía al artículo 406 del Código Civil”, queriendo con ello significar que “cuando una persona acumula la impugnación de la presunción de paternidad con una acción de reclamación de la paternidad” el proceso queda regulado “por el amplio artículo 406 del Código Civil, y no por las normas restrictivas que regulan la impugnación...”.
Precisó, además, esa corporación, que la referida prevalencia del artículo 406 del Código Civil se deriva de “valores constitucionales” y que “la entrada en vigor de la Constitución de 1991 ha conferido a este artículo una nueva dimensión y jerarquía normativa”, en el entendido que el derecho “de las personas a reclamar su filiación verdadera... ha sido constitucionalizado”.
4.3. Como esa es la situación que acontece en el presente caso, en donde, como se sabe, el actor acumuló en la demanda con que dio inicio al mismo las pretensiones de impugnación de su filiación legítima y de investigación de su paternidad extramatrimonial, es claro que este asunto está, por ende, sometido al artículo 406 del Código Civil, que a la letra reza: “ni prescripción ni fallo alguno, entre cualesquiera otras personas que se haya pronunciado, podrá oponerse a quien se presente como verdadero padre o madre del que pasa por hijo de otros, o como verdadero hijo del padre o madre que le desconoce”, precepto en torno del cual la Sala ya tiene dicho que su “amplitud se predica respecto de la reclamación de un estado civil y no de su impugnación, o cuando se presentan de manera conjunta” dichas acciones (Cas. Civ., sent. jun. 2/2006, exp. 11001-31-10-010-2001-13082-01).
4.4. Consecuencia directa del anterior aserto es que, por una parte, la acción de impugnación analizada resulta imprescriptible, y que, por otra, no puede resultar afectada por la caducidad aducida por la excepcionante, esto es, la establecida en el inciso final del artículo 248 del Código Civil, que la sentencia C-310 de 31 de marzo de 2004 de la Corte Constitucional redujo a sesenta días. Téngase en cuenta, que en dicho fallo se resolvió:
“2. Declarar EXEQUIBLES las expresiones ‘aquellos en los (...) subsiguientes a la fecha en que tuvieron interés actual y pudieron hacer valer su derecho’, contenida en el inciso 2º del numeral 2º del artículo 248 del Código Civil, en el entendido que será el mismo plazo de sesenta días consagrado en este artículo y en el 221 del Código Civil”.
4.5. Así las cosas, las mencionadas excepciones no habrán de prosperar.
La acción de impugnación de su legitimación voluntaria, impetrada por Hernesley Borja Medina en contra de su madre, doña Isabel Medina de Borja, y de los herederos indeterminados de Jairo Borja, debe acogerse, con la advertencia de que tal decisión solo surtirá efectos patrimoniales respecto de las personas que como parte han intervenido en el presente asunto.
III. Investigación de la paternidad extramatrimonial
1.1. En la demanda que dio origen a este diligenciamiento se solicitó “[d]eclarar que Hernesley Borja Medina, nacido en octubre 12 de 1995 (sic), es hijo extramatrimonial y/o natural de Isabel Medina de Borja y César Patiño Seade, ya fallecido”, pretendiéndose, además, como consecuencia de tal pronunciamiento, se disponga que el actor “tiene vocación hereditaria para suceder a su padre extramatrimonial..., con efectos patrimoniales...” y “derecho a recoger la cuota parte correspondiente...” en la herencia, razón por la cual debe ordenarse se rehaga el trabajo de partición efectuado y aprobado en el proceso sucesoral del causante y condenarse “a los demandados a restituir al demandante la posesión material... de los bienes que integran la masa de la herencia, ocupada por aquellos, con los aumentos, (accesiones), productos frutos (sic) (civiles y naturales), desde la fecha de la delación diciembre 2 de 1990 y hasta cuando le sea restituida en forma efectiva, o en su defecto el pago de su valor”.
Esas súplicas se fundamentaron en las causales 2ª, 4ª y 6ª del artículo 6º de la Ley 75 de 1968 y en que la señora Isabel Medina, siendo menor de edad, fue seducida por el señor César Patiño Seade cuando laboró a su servicio en el consultorio médico que este tenía en Girardot, de lo que se derivó la ocurrencia de relaciones sexuales entre ellos, fruto de las cuales nació el demandante en la ciudad de Tuluá, lugar al que su madre se trasladó a vivir cuando tenía cinco meses de embarazo, luego de lo cual recibió ayuda económica por parte del nombrado señor Patiño Seade para su sostenimiento, atención médica y gastos del parto. También en que cuando el señalado padre conoció al actor, a sus tres meses de edad, y días después, cuando lo visitó en Tuluá, exteriorizó su alegría y complacencia con el niño y entregó dinero a la madre para la manutención tanto de ella como del infante. De igual modo, en que, posteriormente, cuando Hernesley cursó los estudios de primaria en la mencionada población de Girardot, contó siempre con la colaboración de su padre, quien le entregaba dinero en las ocasiones en que lo visitaba en su sitio de trabajo.
1.2. Se trata, pues, del ejercicio de una típica acción de investigación de la paternidad extramatrimonial, con efectos patrimoniales, comoquiera que a consecuencia de la declaración que se solicita de ese estado civil, se busca por parte de su proponente, la adjudicación y recuperación de los bienes que le correspondan en la herencia de su progenitor fallecido.
1.3. Es extramatrimonial “el hijo nacido de padres que al tiempo de la concepción no estaban casados entre sí,... , cuando ha sido reconocido o declarado tal con arreglo a lo dispuesto en la... ley. También se tendrá esta calidad respecto de la madre soltera o viuda por el solo hecho del nacimiento” (L. 45/36, art. 1º; se destaca).
El reconocimiento de los aludidos hijos puede darse en la forma y términos del artículo 1º de la Ley 75 de 1968, mientras que la declaración judicial procede atendiendo las presunciones que sobre el particular consagró el artículo 6º de ese mismo ordenamiento legal, de las cuales, como en precedencia se apuntó, el demandante invocó en apoyo de su causa, las que pasan a trascribirse. Dice la precitada norma lo siguiente:
“El artículo 4º de la Ley 45 de 1936 quedará así: Se presume la paternidad natural y hay lugar a declararla judicialmente:
2. En el caso de seducción realizada mediante hechos dolosos, abuso de autoridad o promesa de matrimonio...
4. En el caso de que entre el presunto padre y la madre hayan existido relaciones sexuales en la época en que según el artículo 92 del Código Civil pudo tener la concepción... Dichas relaciones se podrán inferir del trato personal y social entre la madre y el presunto padre, apreciado dentro de las circunstancias en que tuvo lugar y según sus antecedentes, y teniendo en cuenta su naturaleza, intimidad y continuidad...
1.4. El legislador colombiano, atendiendo los avances científicos en materia genética y la circunstancia de estarse realizando en el país exámenes de cotejo de las características del ADN concluyentes de la paternidad y/o de la maternidad, con un grado de certeza superior al 99.9%, dictó la Ley 721 de 2001 “por medio de la cual se modifica la Ley 75 de 1968”, en la que impuso que en los procesos de investigación de la filiación es forzosa la práctica de ese medio de convicción y que “[e]n firme el resultado, si la prueba demuestra la paternidad o maternidad, el juez procederá a decretarla, en caso contrario se absolverá al demandado o demandada”.
Sobre el particular tiene dicho la Sala, que “si el propósito apunta a que la denominada ‘verdad biológica’ coincida con la jurídica, como que todo gira en torno a vincular a una persona, con los efectos que declaratoria de aquel abolengo comporta, ‘con su origen sanguíneo y su incontrastable derecho a conocer a sus progenitores’, resulta importante contar con las pruebas que hoy el avance de la ciencia brinda, concretamente en el campo de la genética” (Cas. Civ., sent. dic. 18/2006, exp. 0118).
2. La legitimidad.
2.1. Ninguna duda ofrece la legitimidad de los intervinientes procesales en lo tocante con la investigación de la paternidad extramatrimonial ahora estudiada.
2.2. En efecto, dicha acción fue iniciada por quien aduce ser hijo y reclama que se le reconozca su condición de tal en relación con el señor César Patiño Seade, de donde aquel es el principal interesado en que se efectúe un pronunciamiento de este linaje.
2.3. A su turno, se aprecia que, en razón del fallecimiento del presunto padre, señor César Patiño Seade, acaecido el 2 de diciembre de 1990 (fl. 7, cdno. 1), la demanda se dirigió contra su cónyuge supérstite, señora Inés Ochoa de Patiño (fl. 114, cdno. 1), y contra los señores César Armando Patiño Ochoa y Julio César Patiño Díaz, hijos del citado causante (fls. 4 y 5, cdno. 1), así como contra sus herederos indeterminados.
Siendo ello así, se colige que los demandados determinados, pese a no tener la calidad de legítimos contradictores, son las personas llamadas a resistir la acción por mandato expreso contemplado en el inciso 2º del artículo 10 de la Ley 75 de 1968, que establece que “muerto el presunto padre la acción de investigación de la paternidad natural podrá adelantarse contra sus herederos y su cónyuge”.
3. Demostración de la paternidad investigada.
3.1. Ya se señaló la importancia probatoria que en los procesos de investigación de la paternidad, o de la maternidad, tiene la experticia elaborada con base en la comparación científica de los rasgos del ADN del hijo y del presunto padre, que procura fijar, de conformidad con la realidad, su verdadera filiación, al igual que el contenido y las conclusiones del examen en tal sentido practicado en este asunto, por orden oficiosa impartida por la Corte.
3.2. De este elemento de juicio se puede inferir la paternidad atribuida al señor César Patiño Seade, en tanto que él demuestra, con un grado de probabilidad del 99,999%, que el componente genético del actor corresponde, en la mitad, a los mismos alelos que caracterizan el ADN del presunto progenitor y, por esta vía, permite presumir la ocurrencia de relaciones sexuales para la época de la concepción de Hernesley Borja Medina entre el prenombrado señor y la madre del accionante.
3.3. Tal deducción cobra mayor fuerza al valorar en conjunto el comentado dictamen con la declaración que en el curso de la primera instancia rindió la señora María Georgina Serrano Cristancho (fls. 266 a 267, cdno.1).
En lo fundamental, la citada testigo indicó haberse desempeñado como empleada doméstica en la casa del doctor César Patiño Seade y que, en ese tiempo, Isabel Medina “trabajaba como recepcionista en el consultorio” del citado médico, al que ingresó cuando “tenía 12 años de edad y el doctor la cultivó hasta el punto que ella quedó en embarazo y ella estaba muy joven y como era elegante y bonita”. Señaló también, que los nombrados tuvieron “vida marital no recuerdo exactamente la fecha, como él era casado las relaciones de ellos eran muy privadas para que no se diera cuenta la mujer de él, le pagaba arriendo y yo como vivía en una casa de inquilinato ella la pieza donde vivía con César Patiño era cerca de la mía pues yo me daba cuenta de esto”. Interrogada sobre si de ese trato íntimo hubo hijos, contestó que “Sí uno de nombre Hernesley Medina Borja (sic)”. Añadió que el señor Patiño Seade sí colaboró con los gastos del hijo y precisó que “hasta el año que nos volvimos a ver el señor César Patiño le ayudaba a ella le pagaba el arriendo y pagó los gastos del parto y ayudó al niño pero de ahí no me di cuenta de más en ese entonces el pelao (sic) como unos trece años y yo sabía que una hermana de Isabel no recuerdo el nombre era quien iba para que el doctor César le diera la limosna pero a escondidas”.
3.4. Se reitera, entonces, que de las probanzas antes indicadas, se desprende el trato que existió entre la señora Isabel Medina, desde cuando era menor de edad, y el señor César Patiño Seade, de carácter, al principio, meramente laboral y, después, amoroso, que los dos, por la circunstancia de estar él casado, mantuvieron muy en secreto y que se extendió hasta cuando ella quedó en embarazo y se trasladó a vivir a Tuluá, comprendiendo la época en que, de conformidad con el artículo 92 del Código Civil, se presume la concepción del demandante.
4. Los efectos patrimoniales.
4.1. Dispone el inciso final del artículo 10 de la Ley 75 de 1968 que “la sentencia que declare la paternidad en los casos que contemplan los incisos precedentes —muerto el presunto padre o fallecido el hijo, aclara la Corte—, no producirá efectos patrimoniales sino a favor o en contra de quienes hayan sido parte en el juicio, y únicamente cuando la demanda se notifique dentro de los dos años siguientes a la defunción”.
4.2. Dos son, pues, las restricciones que el legislador estableció en relación con los alcances económicos del fallo en que se declare la paternidad extramatrimonial demandada. Una consiste, en que esos efectos solo se generan a favor o en contra de las personas que como parte intervinieron en el proceso; y la otra, en que para que tales secuelas se concreten, es necesario que la notificación del auto admisorio proferido en el correspondiente asunto se efectúe dentro de los dos años siguientes a la defunción del respectivo causante.
El primero de esos tópicos quedó ampliamente analizado cuando se abordó el estudio de la legitimidad de los intervinientes respecto de la acción de impugnación de la legitimación aquí acumulada. El segundo, amerita otras consideraciones.
4.3. Por descontado se tiene, que el término de dos años previsto en el último inciso del artículo 10 de la Ley 75 de 1968 es de caducidad.
En consecuencia, para la correcta evaluación de ese fenómeno, es indispensable aplicar el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, en este caso, según el contenido que tenía desde cuando fue reformado por el Decreto 2282 de 1989 y antes de la vigencia de la Ley 794 de 2003, periodo en el cual el precepto consagraba lo siguiente:
“La presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad, siempre que el auto admisorio de aquella, o el de mandamiento ejecutivo, en su caso, se notifique al demandado dentro de los ciento veinte días siguientes a la notificación al demandante de tales providencias, por estado o personalmente. Pasado este término, los mencionados efectos solo se producirán con la notificación al demandado” (se destaca).
4.4. En consideración a que el fallecimiento del señor César Patiño Seade acaeció el 2 de diciembre de 1990 y que el libelo introductorio de esta tramitación se presentó el 30 de noviembre de 1992 (fl. 23 vto., cdno. 1), debe estimarse oportuno el inicio de la acción, comoquiera que está ubicado dentro de los dos años subsiguientes al deceso del causante.
Ahora bien, el auto admisorio de la demanda data del 2 de diciembre de 1992, habiéndose verificado su notificación a la parte actora personalmente, por intermedio del apoderado judicial que la representa, el día 4 siguiente (fl. 24, cdno. 1).
Entonces, para que la presentación del indicado escrito produjera el efecto de impedir la configuración de la caducidad investigada, era necesario que la notificación de los demandados se hubiere surtido, como en efecto ocurrió, dentro de los 120 días siguientes a la última fecha mencionada, término que se entiende referido a días hábiles judiciales (CPC, art. 121). Véase que el señor Julio César Patiño Díaz se enteró del proveído admisorio el mismo 4 de diciembre de 1992 (fl. 27, cdno. 1) y que los señores Inés Ochoa de Patiño y César Armando Patiño Ochoa lo fueron el 1º de abril de 1993 (fls. 51 y 52, cdno. 1).
Resultado de lo anterior es que, si bien la notificación de los demandados determinados en la investigación de la paternidad extramatrimonial no se realizó dentro de los dos años siguientes a la muerte del de cujus César Patiño Seade, ella sí tuvo lugar dentro de los 120 días siguientes a la fecha en la que el auto admisorio de la demanda se puso en conocimiento personalmente al apoderado del actor y, por tal virtud, no se configuró la caducidad de que trata el inciso final del tantas veces citado artículo 10 de la Ley 75 de 1968.
5. La excepción.
5.1. Las consideraciones que se dejan expuestas, per se, permiten descartar la excepción que la demandada señora Inés Ochoa de Patiño propuso en relación con la acción de investigación de la paternidad.
5.2. Definido quedó atrás que es exitosa la impugnación que el actor planteó de su legitimación voluntaria y, por lo mismo, superó la frontera que le impedía ser reconocido como hijo extramatrimonial de su verdadero padre, señor César Patiño Seade. Ningún asidero, por tanto, se encuentra a la defensa que se nominó como “presunción de legalidad”.
Como en el caso de la acción primeramente estudiada, la de investigación de la paternidad extramatrimonial también está llamada a reconocerse, produciendo la decisión que en tal sentido se profiera efectos patrimoniales contra las personas determinadas que fueron convocadas para resistir la misma.
IV. Pronunciamiento sobre las excepciones planteadas en relación con las pretensiones de petición de herencia y reivindicación
En razón a que la demandada señora Inés Ochoa de Patiño planteó otras excepciones queriendo con ellas, según su decir, atacar las pretensiones de petición de herencia y reivindicatoria de los bienes sucesorales, es del caso observar que, como ya se definió, la acción de impugnación de la legitimación es exitosa y que, por consiguiente, ningún asidero se encuentra a la defensa de “falta de capacidad del actor para ser parte demandante”. Del mismo modo, quedó sustentada la legitimidad de la propia excepcionante para intervenir en el proceso debido a que así lo ordena expresamente el artículo 10 de la Ley 75 de 1968, eventualidad que descarta la excepción de “indebida integración del contradictor, por cuanto la cónyuge sobreviviente no puede ser parte pasiva en la causa”. Y además, como bien se sabe, no es aplicable aquí la prescripción, por el mandato del artículo 406 del Código Civil, así como que la caducidad de los efectos patrimoniales no se configuró, de donde las defensas promovidas en tal sentido igualmente deben desecharse.
En definitiva, la Corte confirmará las decisiones adoptadas en la sentencia apelada, aunque con la aclaración de que los fundamentos que los soportan son los explicitados en la presente providencia.
Por mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, actuando en sede de segunda instancia,
1. CONFIRMAR la sentencia proferida en este asunto por el Juzgado Primero de Familia de esta ciudad, fechada el 10 de marzo de 1997, con la aclaración de que las razones que sustentan las decisiones allí contenidas son las aducidas en la presente providencia.
2. CONDENAR en costas de segunda instancia a los apelantes. Tásense en oportunidad por el ad quem.
Cópiese, notifíquese, cúmplase y, en oportunidad, devuélvase al tribunal de origen».
(Sentencia sustitutiva, 21 de enero de 2009. Expediente 11001-3110-001-1992-00115-01. Magistrado Ponente: Dr. Arturo Solarte Rodríguez).