Source: http://www.mamacoca.org/docs_de_base/Consumo/proyecto_de_acto_legislativo_sardi-placio_refAt49_2008.html
Timestamp: 2018-11-21 02:57:09
Document Index: 61331292

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 7', 'Artículo 5', 'ARTÍCULO 5', 'artículo 38', 'artículo 5', 'artículo 95']

﻿ PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO
Con fines resocializadores y rehabilitadores, la ley podrá establecer sanciones no privativas de la libertad a quienes porten o consuman sustancias estupefacientes o psicotrópicas para uso personal. Así mismo, el Estado dedicará especial atención al adicto y a la familia para fortalecerla en valores y principios que contribuyan a prevenir comportamientos que afecten el cuidado integral de la salud de las personas y, por consiguiente, de la comunidad, y desarrollará en forma permanente campañas de prevención contra el consumo de drogas o sustancias estupefacientes y en favor de la recuperación de los adictos. En ningún caso la sanción aplicable constituirá antecedente penal.
EXPOSICION DE MOTIVOS AL PROYECTO
DE ACTO LEGISLATIVO
“POR EL CUAL SE ADICIONA EL ARTICULO 49
Este proyecto de acto legislativo tiene como fundamento, los preocupantes resultados arrojados por los estudios realizados en materia de consumo y tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, y en especial, en razones de protección a la salud de la persona, como derecho constitucional fundamental de ésta, las cuales hacen procedente la presente iniciativa. Igualmente, es fundamental hacer efectiva la obligación a cargo del Estado de adoptar las acciones y medidas necesarias para garantizar la protección y la recuperación de la salud de las personas, mediante el desarrollo permanente de campañas de prevención contra el consumo de drogas y en favor de la recuperación de los adictos.
Considerando, así mismo, que toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad. Lo que le impone asumir acciones para no atentar contra ella, en cuanto constituye un derecho y un deber para la persona como tal y como parte de su esencia y razón de existencia, así como para la comunidad como parte integrante de ella que lo es.
Cabe destacar que esta iniciativa que somete a consideración del H. Congreso de la República el Gobierno Nacional, no pretende penalizar con medida privativa de la libertad al infractor de la conducta prevista en la norma, tanto así que su objetivo consignado en la reforma pretende establecer que en ningún caso la sanción aplicable constituya antecedente penal. Si bien durante la vigencia de la ley 30 de 1986, el porte y el consumo de cualquier estupefaciente era penalizado, lo cual significaba que a quien se le detuviera bajo los efectos de una droga psicoactiva, o se le descubriera la posesión de la misma, estaría destinado a ir a la cárcel; en esta ocasión, el Gobierno ha considerado pertinente proponer en consonancia con su política nacional e internacional en la lucha contra este flagelo y dirigida a la protección de los derechos individuales y colectivos de la población, particularmente de los jóvenes y niños, así como con el compromiso de gobierno asumido por el Presidente de la República frente a sus conciudadanos, para que sea el legislador el que reglamente cómo se harán efectivas sanciones no privativas de la libertad a quienes sean detenidos o capturados consumiendo o portando sustancias alucinógenas o adictivas para uso personal.
I. Objetivos del proyecto de acto legislativo
El proyecto de acto legislativo pretende los siguientes objetivos:
1º Garantizar la protección del derecho a la salud pública de la población amenazada por el consumo y por el porte de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, considerando el deber que toda persona tiene a procurar el cuidado integral de su salud y el de la comunidad;
2º Que el legislador establezca sanciones no privativas de la libertad al consumo y porte de sustancias estupefacientes o psicotrópicas para uso personal;
El proyecto de acto legislativo contiene una reforma sustancial a
2.1 Estadísticas y tendencias del consumo de drogas y otras sustancias psicotrópicas y alucinógenas en Colombia
Según el estudio de Salud Mental Colombia 2003[2], el 10,6% se ajustan a alguno de los diagnósticos por trastorno de sustancias (abuso de alcohol, dependencia de alcohol, abuso de drogas, dependencia de drogas, dependencia de nicotina). De acuerdo con este mismo estudio, las drogas de mayor consumo en la vida son la marihuana 11,1%, cocaína 3,7%, y los tranquilizantes 2,6%.
Otro estudio, la Encuesta Nacional sobre Consumo de SPA[3] en jóvenes Escolares, de 2004, calculó en 9,9% la prevalencia de vida para tranquilizantes, 7,6 % para marihuana, 5,6% para estimulantes, 3,8% para solventes/ inhalantes, para edades entre 12 y 17 años.
La Encuesta de Jóvenes realizada en 2003, muestra un alarmante indicador de consumo de tranquilizantes en esta población, incluso por encima del consumo de marihuana tradicionalmente en primer lugar dentro de las drogas ilícitas. En efecto, este estudio calculó que el 9.9% de jóvenes escolarizados han consumido tranquilizantes alguna vez en su vida, frente al 7.6% que han consumido marihuana alguna vez.
En materia de consumo de Sustancias Psicoactivas en Colombia, a continuación se presentan los r
esultados de la Encuesta Mundial de Salud Mental (ENSM)
Minprotección-OMS- Universidad de Harvard:
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TENDENCIA DEL CONSUMO ANUAL DE COCAINA
* Es indiscutible la relación entre el consumo de drogas y el crimen.
Algunas drogas, debido a su capacidad de provocar un consumo compulsivo y adictivo, llevan más que otras a provocar una conducta criminal. Y mientras mayor sea el consumo de drogas, mayor es el riesgo de estar involucrado en delitos más graves que la simple posesión y consumo de la droga.
* Los consumidores de drogas se involucran con más frecuencia en crímenes, y la probabilidad de tener antecedentes penales es mayor que en el caso de los que no consumen drogas.
* A medida que aumenta el consumo de drogas, aumenta igualmente el número de delitos que la persona comete.
Los reclusos de cárceles y prisiones confiesan altas tasas de consumo de drogas, y más del 25% afirma que estaba drogado cuando cometió el delito que llevó a su encarcelamiento.
El consumo de drogas es especialmente elevado en personas encarceladas por haber cometido crímenes violentos.
A menudo el consumo de drogas empieza antes del primer roce con el sistema penal.
La violencia es común en la distribución de drogas ilícitas, y muchos homicidios están relacionados con el narcotráfico.
* Un alto porcentaje de víctimas de homicidio están drogadas al momento de morir.
Prevalencia del consumo de drogas más frecuentes
(Alguna vez en la vida)
Tabaco 18
Abuso de alcohol 26
Dependencia al alcohol 26
Mientras que en los Estados Unidos, según un estudio elaborado sobre el consumo de drogas estupefacientes o psicotrópicas en los años 2001 y 2006, bajo en un 10% (esto incluye esencialmente drogas como la cocaína y la marihuana), el consumo de drogas de estas especies en general se redujo en un 23%, y ello, como consecuencia de la adopción de una política represiva y sancionadora.
Por su parte, en Europa, con una política preventiva y permisiva, aumentó el consumo de cocaína entre uno y 10% en consumidores entre 15 y 34 años de edad.
Acciones preventivas, encaminadas a que el Estado dedique especial atención al adicto y a la familia para fortalecerla en valores y principios que contribuyan a prevenir comportamientos que afecten el cuidado integral de la salud de las personas y, por consiguiente, de la comunidad, y a que desarrolle permanentemente campañas de prevención contra el consumo de drogas o sustancias estupefacientes y en favor de la recuperación de los adictos.
De esta manera, se propone en esta iniciativa constitucional, una solución que combina las dos modalidades de políticas públicas para el tratamiento del consumo de la dosis personal: acciones represivas cuyo desarrollo se deja en manos del legislador, para que este imponga sanciones no privativas de la libertad para enfrentar el consumo y el porte de la denominada dosis personal, y acciones preventivas, a cargo del Estado, para proteger la salud de la persona adicta como de su familia, y para promover campañas educativas y de prevención contra el consumo. De esa manera, el Gobierno acoge la solución de no llevar a estas personas a un centro de reclusión por el hecho de consumir o portar la conocida dosis personal; sino por el contrario, de decirles que esa conducta está mal en cuanto atenta contra su salud y la de la comunidad, y socializarla hacia una política de prevención.
La ley 30 de 1986 o Estatuto Nacional de Estupefacientes tipifica los delitos relacionados con la producción y el tráfico drogas ilícitas en Colombia, así como con la importación y uso de sustancias químicas para el procesamiento de alcaloides y de sustancias que producen adicción. En lo que tiene que ver con consumo, reglamenta las campañas de prevención y programas educativos para evitar el uso de drogas y dispone la creación de la Dirección Nacional de Estupefacientes.
Es importante mencionar que esta ley ha sufrido varias modificaciones, entre ellas se destacan las realizadas por la Corte Constitucional a través de la Sentencia C-221 de 1994, la cual despenalizo el consumo y porte de la dosis personal, y las establecidas por el nuevo Código Penal del año 2000, que modifica de manera sustancial las sanciones penales y pecuniarias para los delitos relacionados con estupefacientes.
· Decreto 1108 de 1994 “por el cual se presentan algunas disposiciones en relación con el porte y consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas”. Este decreto establece la prohibición del uso de la dosis personal en lugares públicos, en establecimientos educativos, en presencia de menores de edad o mujeres embarazadas, la DNE sirve de enlace entre dicho organismo y las demás entidades tanto oficiales como privadas, encargadas de la prevención, control, represión y rehabilitación en materia de drogas que producen dependencia.
· Decreto No 1943 de 1999 por el cual se modifica la estructura de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) y del Programa Presidencial para el Afrontamiento del Consumo de Sustancias Psicoactivas (RUMBOS). A partir de la vigencia de este Decreto el Programa Presidencial RUMBOS asume las funciones en materia de prevención del consumo de sustancias psicoactivas; así mismo, dispone que la DNE continúe con las demás funciones relacionadas con las diferentes manifestaciones del problema.
Después de que la H. Corte Constitucional considerara que la dosis personal de algunas drogas no podría considerarse como una conducta punible (Sentencia C-221 de 1994), el legislador expidió la Ley 745 de 2002 que tipificó como contravenciones penales, algunas conductas que no fueron objeto de análisis de constitucionalidad por parte de la Corte en la sentencia mencionada.
“ARTÍCULO 1o. El que en presencia de menores de edad consuma estupefacientes o sustancias que produzcan dependencia, incurrirá en las siguientes sanciones:
ARTÍCULO 7o. El establecimiento de comercio de esparcimiento público, en cuyo interior su propietario o administrador faciliten, autoricen o toleren el consumo de dosis personal de sustancias, estupefacientes o que produzcan dependencia por parte de menores de edad o en presencia de éstos, será sancionado con cierre entre quince (15) y treinta (30) días. En caso de reincidencia la sanción será el cierre definitivo del establecimiento.”
Adicionalmente, el Artículo 5° de la precitada ley 745 señala el procedimiento penal aplicable a tales contravenciones, en los siguientes términos: serán competentes para conocer de las contravenciones tipificadas en los artículos anteriores los jueces penales o promiscuos municipales, con sujeción al procedimiento previsto para las contravenciones especiales en los artículos 21, inciso primero, 22, 23, 24 y 26 de la Ley 228 de 1995, que para este efecto conservará su vigencia. En todo caso, se aplicarán los principios rectores del Código de Procedimiento Penal.
“ARTÍCULO 5o. Aparte tachado INEXEQUIBLE> Serán competentes para conocer de las contravenciones tipificadas en los artículos anteriores los jueces penales o promiscuos municipales, con sujeción al procedimiento previsto para las contravenciones especiales en los artículos 21, inciso primero, 22, 23, 24 y 26 de la Ley 228 de 1995, que para este efecto conservará su vigencia. En todo caso, se aplicarán los principios rectores del Código de Procedimiento Penal.
- Aparte tachado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-101-04 de 10 de febrero de 2004, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño.
“en el caso presente se está ante una ostensible violación del principio de legalidad del proceso pues la Ley 745 no desarrolló materias básicas del sistema procesal contravencional ya que, en lugar de ello, hizo una remisión parcial a la Ley 228. No obstante, con esta técnica configuró un procedimiento confuso que se construye con normas de dos sistemas procesales contrapuestos y que no suministra elementos de juicio para llenar los vacíos consecuentes, como lo hacía antes el artículo 38 de la Ley 228 respecto del sistema procesal contravencional en él consagrado. Tampoco los jueces están legitimados para colmar esos vacíos normativos. Luego, la vulneración del principio de reserva de ley para la determinación de los procesos judiciales torna inexequible el aparte demandado del artículo 5º de la Ley 745 de 2002 y así lo declarará la Corte”.
Lo anterior, es decir la existencia de normas que sancionan el consumo de sustancias estupefacientes equivalentes a la dosis personal en establecimiento educativo o en presencia de menores pero que carecen -por virtud de decisión judicial de la Corte Constitucional- de un procedimiento que permita judicializar a los responsables por la comisión de estas conductas, llevó al Gobierno Nacional a incorporar en la Ley 1153 de 2007 algunas contravenciones incluidas en la Ley 745 de 2002, pero con el procedimiento que permite sancionar a quienes incurren en ellas. Así lo estableció el Capitulo V de la mencionada ley:
Sin embargo, como se ha venido señalando a lo largo de esta exposición de motivos, la existencia de algunas disposiciones legales como las incorporadas en la Ley 745 de 2002 y en la ley de pequeñas causas (Ley 1153 de 2007) que tipifican como contravenciones el consumo de la denominada dosis personal en presencia de menores o en establecimientos educativos, es insuficiente para enfrentar un fenómeno tan grave que ha generado un gran incremento en los índices de consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas y de adicción, particularmente en los menores de edad, y un debilitamiento en la salud de la población. Fenómeno que requiere ser abordado de una manera más compleja e integral, como una política estatal de protección a la salud pública, que permita al legislador establecer, con fines resocializadores y rehabilitadores, sanciones no privativas a la libertad para quienes porten o consuman sustancias estupefacientes o psicotrópicas para uso personal. Sanciones que en ningún caso constituirán antecedente penal para el infractor de la norma.
Esta reforma, como parte de una política criminal integrada, se hace a nuestro juicio y desde la óptica constitucional, con el objeto de servir de fundamento a las disposiciones legales existentes. De esta manera, por una parte, se blinda aun más la exequibilidad de las normas sobre porte y consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas incluidas en la ley de pequeñas causas y en la Ley 745 de 2002, y por la otra, se coloca en consonancia con lo prescrito por el artículo 95 de