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Timestamp: 2017-10-17 08:05:55
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TRIBUNAL DE ORDEN PÚBLICO ( ): EL MECANISMO INSTITUCIONAL DE REPRESIÓN DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES - PDF
TRIBUNAL DE ORDEN PÚBLICO ( ): EL MECANISMO INSTITUCIONAL DE REPRESIÓN DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES
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Lucas Díaz Aguilar
1 TRIBUNAL DE ORDEN PÚBLICO ( ): EL MECANISMO INSTITUCIONAL DE REPRESIÓN DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA FACULTAD DE DERECHO Rebecca Sánchez Saavedra Direccción TFG: Dra Olga Paz Torres Grado de Relaciones Laborales Bellaterra, 15 de Mayo 2013
2 A mi familia, a Olga Paz por guiarme a todos mis amigos y, en especial, a Javi. 2
3 Palabras claves: oposición, represión, orden público, amnistía Paraules clau: oposición, repressió, ordre públic, amnistía Key words: opposition, repression, law and order, amnesty Abstract Con la realización de este trabajo hemos analizado la represión de los derechos y libertades públicas de los ciudadanos durante el período franquista llevado a cabo de través del Tribunal de Orden Público, el cual sirvió como depurador ideológico de todos aquellos pensamientos contrarios al Movimiento Nacional. Para ello, en primer lugar, hemos contextualizado la creación de este tribunal y, en segundo lugar, hemos realizado un análisis minucioso de una de las sentencias dictada por el mismo que nos sirve de ejemplo para ver de forma práctica como se ejecutaba la represión política. Finalmente, hemos observado la carencia de garantías procesales existentes en el período de vigencia de este tribunal y como muchos de sus integrantes salieron amnistiados por la participación en el mismo. Amb la realització d aquest treball hem analitzat la repressió dels drets i llibertats públiques dels ciutadans durant el període franquista dut a terme mitjançant el Tribunal d Ordre Públic, el qual va serví com a depurador ideològic de tots aquells pensaments contraris al Movimiento Nacional. Per això, en primer lloc, hem contextualitzat la creació d aquest tribunal i, en segon lloc, hem realitzat un anàlisi minuciós d una de les sentències dictades pel mateix que ens a servit d exemple per veure de forma pràctica com s executava la repressió política. Finalment, hem observat la carència de garanties processals existents en el període de vigència d aquest tribunal y com molts dels seus integrants van sortir amnistiats per la participació en el mateix. 3
4 With the completion of this work we have analyzed the repression of the rights and liberties of citizens under Franco carried out through the Tribunal de Orden Público, which served as ideological debugger all those thoughts contrary to the Movimiento Nacional. To do this, first, we contextualized the creation of this court and, secondly, we have performed a thorough analysis of the sentences handed down by the same example we used to see in a practical way, how was political repression. Finally, we noted the lack of procedural guarantees in the term of this court and like many of its members came amnesty for participation in it. 4
5 INDICE I. Introducción... pág. 6 II. Hacia la consolidación del Estado franquista. Periodo pág. 12 III. Década 1950: los instrumentos de represión anteriores al TOP... pág. 17 III.1) La represión jurídica... pág. 20 III.2) La represión social... pág. 24 IV. Ley 154/1963 de 2 de diciembre 1963 sobre la creación del Tribunal de Orden público... pág. 27 V. La restricción de los derechos y libertades: Análisis de la sentencia número 58 de 3 de marzo de pág. 34 VI. Conclusiones... pág. 45 VII. Bibliografía... pág. 52 VIII. Anexo... pág. 53 5
6 La forma en que se realizó la transición, permitió que se amnistiasen los crímenes cometidos en los cerca de cuarenta años de gobierno dictatorial y, lo que es mucho más grave, hizo posible que siguieran administrando justicia los mismos que habían sancionado los abusos ahora perdonados 1 Josep Fontana I. INTRODUCCIÓN En el presente trabajo de final de grado de Relaciones Laborales estudiaremos una parte muy importante de la historia española pero que es obviada o desconocida por muchas personas debido a lo que podemos llamar pacto de silencio que ha existido sobre esta materia. Así pues, estudiaremos el Tribunal de Orden Público (en adelante TOP) que creó el régimen franquista en 1963 como un mecanismo de represión política y depurador ideológico de todos aquellos actos e ideales que se opusieran a la dictadura franquista y que perduró hasta Para ello, las fuentes de información que hemos utilizado han sido Casanova, J., Espinosa, F., Mir, C., y Moreno Gómez, F., Morir, matar, sobrevivir. La violencia en la dictadura de Franco, Barcelona, Crítica, 2002; Del Águila, J. J. El TOP. La represión de la libertad ( ), Barcelona, Planeta, 2001; Fontana, J. España bajo el franquismo, Barcelona, Crítica, 1986; Jiménez Villarejo, C y Doñate Martín, A. Jueces, pero Parciales. La pervivencia del Franquismo en el Poder Judicial, Barcelona, Ediciones de Pasado y Presente, 2012; Juliá, S., Casanova, J., Solé i Sabaté, J M., Villarroya, J. Y Moreno, F. Víctimas de la Guerra Civil, Madrid, Ediciones Temas de Hoy, 2006; Marin, JM., Molinero, C., Ysás, P. Historia Política , Madrid, Istmo, 2001; Molinero, C. y Ysás, P. La anatomía del franquismo. De la supervivencia a la agonía, , Barcelona, Crítica, 2008; Yllán Calderón, E. El franquismo, Madrid, Mare Nostrum Comunication, 2006; Ysás, P. Disidencia y subversión. La lucha 1 Jiménez Villarejo, C y Doñate Martín, A. Jueces, pero Parciales. La pervivencia del Franquismo en el Poder Judicial, Barcelona, Ediciones de Pasado y Presente, 2012, página 15 6
7 del régimen franquista por su supervivencia, , Barcelona, Crítica, 2004, entre otros artículos publicados en La Vanguardia, El País y de la web Público 2. También nos ha servido de ayuda para la realización del presente trabajo la asistencia a las conferencias impartidas en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona por Nicolás Sartorius y Jaime Sartorius y Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell que, desde diferentes ámbitos, han vivido en su piel y sufrido las consecuencias de esta jurisdicción, ya sea como abogados, imputados e investigadores de este tribunal 3 y nos han transmitido su experiencia personal, la cual cosa nos ha permitido un enriquecimiento de este estudio a través del relato directo de las vivencias de estas personas. Es muy difícil destacar cuales han sido las ideas principales de este conjunto de conferencias, pero en líneas generales resaltaremos principalmente que todos ellos (excepto Javier Tébar Hurtado) han formado parte de la oposición al régimen franquista y, por este motivo, unos se han visto sometidos a esta jurisdicción como imputados y otros han participado en ella a través de la defensa de los enjuiciados intentando conseguir la máxima justicia para los ciudadanos. Todos ellos destacan la falta de separación existente entre el poder ejecutivo y el poder judicial y la fuerte represión ejercida por parte de este tribunal a través de la dureza de sus sentencias para frenar cualquier tipo de oposición, además de la dificultad para realizar una defensa justa y adecuada. Hemos escogido este tema, principalmente porque, como ya hemos dicho, es un ámbito de la época franquista que se ha dejado de lado durante la década de los 80 cuando 2 Artículo El País de Carme Molinero Memoria y Democracia, 7 de noviembre de 2004 Artículo Público de Pere Rusiñol Del TOP al Supremo, 16 de mayo de 2010 Artículo El País de Isabel Obiols La debilidad del régimen condujo a la transición, 21 de octubre de 2005 Artículo Público de Vicenç Navarro Los jueces y las víctimas, 22 abril de 2010 Artículo La Vanguardia de Josep María Soria El TOP, un agujero negro del franquismo, 28 de octubre de Conferencias impartidas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona por: El TOP y el antifranquismo catalán, Dr. Javier Tébar Hurtado, 8 de abril de 2013 El Proceso 1001, Jaime Sartorius, Nicolás Sartorius (encausado y abogado respectivamente) y Francisco Naranjo, 22 de abril de 2013 Abogados de Atocha: Alejandro Ruiz-Huerta y Raúl Cordero, 6 de mayo
8 debiera tener una gran importancia, ya que, era un medio del propio régimen para silenciar a los grupos opositores del mismo y un mecanismo que le otorgaba legitimidad al Estado Franquista y a sus instituciones para ejercer la represión tanto política como social, junto con la finalidad de mostrar a la opinión internacional que España se constituía en un Estado de Derecho con garantías judiciales, ya que en la década de los 60 el Estado español mostraba su intención de formar parte de las instituciones europeas (ONU, CEE, entre otras). Para ello, debía disminuir la actuación que había tenido hasta el momento la jurisdicción militar, puesto que el régimen recurría a ésta con frecuencia aunque, en un principio, estuviera reservada para juicios militares y no de personal civil, conseguían de este modo asegurarse la dureza de las sanciones y de las condenas impuestas. Además, en este mismo periodo la oposición al régimen comenzó a organizarse y fue perdiendo su carácter clandestino, contribuyeron a ello el desarrollo de los nuevos movimientos sociales como el obrero y el estudiantil. Con el fin de perseguir las conductas que alteraran el orden público incluyendo los delitos políticos, de opinión, manifestaciones, reuniones o huelgas se crea el 2 de diciembre de 1963 el TOP intentando dar una imagen de legalidad y de reconocimiento de las garantías procesales de las actuaciones represivas del régimen con la finalidad de silenciar a los grupos antifranquistas. También es importante en este punto, la actuación de la policía judicial, la llamada Brigada Político-Social, la cual redactaba los atestados que posteriormente llegaban al TOP y en base a los que éstos imponían la sanción, a veces sin apenas reconocer el derecho de defensa del acusado. En concreto, nos centraremos en la etapa final de la dictadura franquista ( ), momento en el que se crea el TOP y durante la época de la transición, puesto que la cuestión concreta que se pretende estudiar con la realización de este trabajo es cómo este tribunal condenaba como delitos la realización de distintas actuaciones garantizadas hoy como derechos en nuestra Carta Magna (huelga, manifestación, opinión, propaganda, entre otros..), todo ello lo haremos mediante el análisis de una sentencia dictada por este tribunal sobre un caso real y como apenas un año después de la 8
9 desaparición del TOP, esa misma actuación quedaba reconocida en la Constitución de 1978 como derechos fundamentales y libertades públicas de todos los ciudadanos. Esto nos llevará a tratar el período de la transición democrática en España para ver la evolución que han tenido determinados comportamientos pasando de ser considerados conductas delictivas a derechos fundamentales y, para finalizar el trabajo, dentro del período de la transición y en cuanto al reconocimiento de los derechos de los españoles a través de la Constitución, trataremos brevemente el paso de jueces y fiscales pertenecientes al TOP durante su vigencia a los tribunales democráticos (Audiencia Nacional y Tribunal Supremo) una vez iniciada la transición del régimen franquista al estado democrático. Para ello, será necesario el estudio concreto de la etapa de la transición, tanto a nivel político como social, y el análisis de la Ley de Amnistía Política de 1977 por la que quedan amnistiadas personalidades que habían contribuido a la represión en el régimen. Partimos de la idea de que de la misma forma que se redactó una Constitución, entre otras muchas leyes, reconociéndose en un período breve de tiempo derechos que durante la dictadura franquista habían sido considerados actos ilícitos, no se exigieron responsabilidades a todas aquellas personas que contribuyeron en la represión del régimen franquista, al contrario, la desaparición del régimen contribuyó a que todas estas personas siguieran ejerciendo su profesión en un estado verdaderamente democrático, después de haber jurado "servir a España con absoluta lealtad al Caudillo y fidelidad a los principios del Movimiento". Todo ello, nos empuja finalmente a investigar el por qué se acabó tomando la decisión de amnistiar a las personas que habían ejercicio los mecanismos de represión de la dictadura franquista y no únicamente esta decisión sino también, el paso directo a instituciones democráticas cuando, por ejemplo, ni de lejos sucedió una situación parecida con el fin de las dictaduras latinoamericanas (Argentina y Chile), la cual cosa nos sorprende aún más, si nos paramos a pensar que los gobiernos de España en aquel momento eran pertenecientes a la izquierda política. 9
10 La explicación que encontramos a esta situación y por tanto, la hipótesis que defendemos antes de entrar a analizar en concreto la materia, es que el General Francisco Franco, se encargó de dejar bien atado el rumbo que debiera seguir España después de su fallecimiento, la cual cosa ya empezó con la Ley de Sucesión de 1947, puesto que era él mismo el encargado de escoger a la persona que le sucedería y, como podemos ver, se cumplió estrictamente con su decisión. De igual forma, podemos entender que sucedió lo mismo con determinadas instituciones y la actuación de futuro de distintas personalidades para que llevaran a cabo el proceso de transición con la restauración de la monarquía marcando, como ya hemos dicho, el rumbo que debía continuar España. No nos sirve la defensa de la idea de que sólo trataban de aplicar la legislación vigente en ese momento, puesto que, en muchos casos la sentencia condenatoria estaba predeterminada antes del juicio. No obstante y en cuanto al reconocimiento de los derechos garantizados en el Estado actual, entendemos que fue el gran elenco de movimientos que obtuvieron fuerza durante la etapa final de la dictadura franquista y otros factores importantes como fue el turismo a partir de los años 60 y la modernización como consecuencia del período de bonanza económica de ese tiempo, los que contribuyeron a la crisis de la dictadura y obligaron a los dirigentes del momento a someter una parte del futuro de España a votación mediante el sufragio universal. En conclusión, fueron los ciudadanos, al fin y al cabo, mediante las elecciones los que decidieron los derechos que se tenían que reconocer a todas las personas que conformaban el Estado Social, Democrático y de Derecho y, por tanto, volviendo al tema de las responsabilidades, si se decidía por la amnistía de unos (como podían ser los presos condenados por el TOP, entre otros ) también se tendría que amnistiar a los otros (personalidades que habían contribuido a ejercer los mecanismos de represión de la dictadura franquista). A partir de ese momento y una vez ya constituido el nuevo Estado, parece que se dejó de lado el tema de la dictadura franquista y las consecuencias que había provocado el régimen, hasta que en la actualidad y desde hace relativamente pocos años se ha vuelto 10
11 a abrir el debate sobre este período de la historia de España y se está luchando por la recuperación de la memoria histórica y los homenajes a las víctimas haciendo honor a las personas que pagaron con sus vidas y/o con sus actos el rechazo y oposición al régimen franquista. 11
12 II. HACIA LA CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO FRANQUISTA. PERÍODO Antes de entrar a examinar la cuestión concreta que trataremos a lo largo del presente trabajo, es conveniente detenernos en el análisis del contexto en el que se desarrolla la creación del TOP, es decir, la situación tanto política, económica y social en la que aparece la creación de dicho Tribunal. Así pues, nos remontamos a principios del año 1936 en el que se empieza a preparar el alzamiento militar contra la República que se haría efectivo en el mes de julio de ese mismo año, momento en el que da comienzo a la guerra civil española, la cual no finalizaría hasta el año La guerra finalizó en beneficio del alzamiento militar, representado por el General Francisco Franco, el cual ejercía la máxima autoridad como Jefe de Estado, del Gobierno, de la Falange, del Ejército y del poder legislativo. Concentración de poder que quedaría expresada en los Estatutos del partido único FET-JONS creado en 1937 e integrado por falangistas, carlistas y conservadores mayoritariamente monárquicos, que gozó de gran protagonismo durante ese período. Dentro de su programa quedaba recogida la abolición total del sistema de partidos políticos y determinaba que el modelo socioeconómico que defendía era la organización corporativa de la sociedad española a través del sindicato vertical por ramas de producción, lo que conocemos como el nacionalsindicalismo. Además tenía un amplio control de los medios de comunicación, lo que le permitía conformar la opinión pública, también tenía el control de la censura y del aparato propagandístico, atribuyéndole funciones de control social y represivas a través del Servicio de Información e Investigación del régimen franquista. El 9 de marzo de 1938 Franco promulga la primera ley fundamental del nuevo régimen, el Fuero del Trabajo, inspirada en la Carta del Lavoro italiana, la cual representaba una reacción contra el capitalismo liberal y la corriente marxista, sentando las bases del sindicalismo vertical franquista que intervendría en la reglamentación, vigilancia y 12
13 control del cumplimiento de las condiciones de trabajo. El Fuero del Trabajo es la declaración de principios del régimen y será el punto de partida para toda la legislación posterior. Es en esta Ley donde se anuncia la desaparición de los tribunales industriales y jurados mixtos y crea una nueva jurisdicción que será la llamada Magistratura del Trabajo. En definitiva, las características políticas que definían el Nuevo Estado era la inexistencia de partidos políticos, exceptuando FET-JONS, concentración personal de poder, potestad legislativa del Jefe de Estado y la desaparición de una Constitución que sería remplazada por la creación de las distintas Leyes Fundamentales. Conjunto de factores que influirían, a la vez, en el ámbito económico, ya que, habían hecho desaparecer los factores que obstaculizaban el crecimiento económico como podía ser la lucha de clases. 4 Estamos pues, ante un franquismo totalmente autoritario, donde únicamente había una idea que era la marcada por el Estado. Es en este contexto en el que se inicia un periodo de represión contra los vencidos. Un ejemplo de cómo se llevaba a cabo o se entendía esta represión la podemos recoger de la afirmación de Mola hay que sembrar el terror, hay que dejar sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros 5. Uno de los primeros instrumentos reglamentarios para la acción represiva del Nuevo Estado fue la creación de la Junta de Defensa Nacional en 1936 que tipificó como delito de rebelión militar todas aquellas actitudes contrarias a los sublevados y que estuvo en vigor hasta También se puso en marcha la represión civil derivada de la Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de , la cual perseguía a todas aquellas personas que se hubieran opuesto al Movimiento Nacional, con la peculiaridad de que tenía efectos retroactivos, es decir, podía sancionar actuaciones desde Estuvo vigente hasta 4 Véase la idea en: Fontana, J. España bajo el franquismo, Barcelona, Crítica, 1986, páginas Marin, JM., Molinero, C., Ysás, P. Historia Política , Madrid, Istmo, 2001, página 22 6 Véase anexo Ley de Responsabilidades Políticas de
14 1966, momento en que se decretó la extinción de las responsabilidades políticas. En ella se recogían tres tipos de sanciones: inhabilitación total o absoluta para el desempeño de una profesión, restricción por localidades y sanciones pecuniarias. Estas sanciones no eran excluyentes entre ellas, sino que se podía aplicar más de una al mismo tiempo (por ejemplo: inhabilitación total y sanción económica). Además, la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939 tenía la peculiaridad de que sus sanciones eran hereditarias, es decir, en caso que el inculpado muriera las sancionas a aplicar podrían pasar a sus familiares, los cuales se tenían que hacer cargo de las mismas y también, en casos de acciones consideradas muy graves los inculpados podían llegar a perder la nacionalidad española. A ésta, le seguirían otras leyes que sirvieron como mecanismo de represión penal como la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo de 1 de marzo de 1940 y vigente hasta 1963, la Ley de Seguridad del Estado de 29 de marzo de 1941 que en su disposición transitoria establecía que todos los delitos que recogía esta ley serían juzgados por la jurisdicción militar, entre otras como las distintas leyes sobre orden público, prensa, y las sucesivas modificaciones del Código Penal. Las dos instituciones que en 1939 gozaban de mayor protagonismo fueron las Fuerzas Armadas y la Iglesia católica ambas con una gran presencia política. Aunque con la Ley de Reorganización de los Servicios Policiales de 1941 se crearon dos nuevos cuerpos: la Policía Armada y el Cuerpo General de Policía, encargadas de la vigilancia, control y represión política en las zonas urbanas. La actuación de las fuerzas policiales destacó por su brutalidad que contribuyó a la atemorización de la población. Además de la represión política, durante toda la vigencia del régimen franquista, la represión afectó de igual modo a otras áreas como en la educación mediante el Sindicato Español Universitario (SEU) y el Frente de Juventudes que dependía directamente de las directrices de FET-JONS, ambas organizaciones con un fuerte protagonismo durante las manifestaciones estudiantiles universitarias y que se utilizaban para socializar políticamente a los jóvenes intentando evitar futuros ideales progresistas; en el ámbito 14
15 laboral, la represión se llevó a cabo a través del sindicato vertical y del propio empleador. De este modo, los primeros años del franquismo se ejerció una represión legal con el aval de las distintas leyes creadas cuyos objetivos eran la defensa del Nuevo Estado ante cualquier amenaza y la represión de los comportamientos de oposición o resistencia al régimen. Así pues, la represión era presentada como una imprescindible purificación, pero tenía una indudable dimensión preventiva y disuasoria 7. Finalizada la Segunda Guerra Mundial con el triunfo de los aliados y determinado el aislamiento internacional del régimen franquista, se inició el período autárquico del régimen. Con el fin de apartarse de la definición fascista que le otorgaban las potencias occidentales, se inició en España un intento de cambio de imagen a través de la designación de un nuevo gobierno para mostrar al exterior una visión más democrática. De este modo, se modificó el Fuero de los Españoles reconociendo la libertad de expresión y los derechos de reunión y asociación para fines lícitos y de acuerdo con lo establecido en otras leyes 8, aunque el gobierno podría suspender estos derechos con la declaración de estado de excepción, recurso utilizado con frecuencia por parte del régimen para reprimir a la oposición. Se derogan las normas que establecían el Saludo Nacional y se promulga la Ley de Referéndum Nacional de 1945 en la que se recogía la posibilidad de someter a consulta popular determinadas leyes con gran transcendencia o interés político, mostrando una imagen más democrática y avanzando en la institucionalización del régimen 9. Como la imagen exterior del régimen franquista no mejoraba, en 1947 se presentó el proyecto de Ley de Sucesión en la que Franco se reservaba la potestad de designar a la persona que le sucediera a título de Rey o Regente, así como la propuesta de revocación de dicha designación. 7 Marín, J M., Molinero, C., Ysás, P. Op. cit., 2001, página 23 8 Yllán Calderón, E. El franquismo, Madrid, Mare Nostrum Comunication, 2006, página 30 9 Marín, J M., Molinero, C., Ysás, P. Op. cit., 2001, página 65 15
16 A nivel de política económica, el Nuevo Estado pretendía conseguir la autosuficiencia económica, es decir, la autarquía con el fin de asegurarse la independencia de España, fracaso que se manifestó durante los años cuarenta y, por consiguiente, provocaron la depresión económica y las desigualdades dentro de la sociedad española. En este contexto aparecieron las primeras manifestaciones de oposición que terminaron sentaron las bases de la reorganización del movimiento obrero y provocaron el cambio de política económica con el abandono de la política autárquica defendida por el régimen. Fue con el acuerdo entre España y Estados Unidos por el que se cede el uso de bases áreas y navales españolas a Estados Unidos, lo que permitió el inicio de la recuperación económica española a través de la reapertura de las importaciones, así dejaba de estar aislada internacionalmente aunque el reconocimiento internacional del régimen se produjo el 14 de diciembre de 1955 cuando se integró España como miembro en las Naciones Unidas Véase Marín, J M., Molinero, C., Ysás, P. Op. cit., 2001, páginas 92 a 97 16
17 III. DÉCADA 1950: LOS INSTRUMENTOS DE REPRESIÓN ANTERIORES AL TOP El TOP, como ya hemos dicho, fue un mecanismo institucional de represión utilizado por el propio régimen franquista. Para llegar a explicar esta institución es necesario analizar en concreto la etapa en la que se crea esta jurisdicción especial, es decir, los acontecimientos que llevan a la toma de esta decisión. Analizaremos también la represión llevada a cabo por el Estado franquista, puesto que es uno de los elementos clave de este período histórico, ya que, utilizan la represión para llegar al poder y una vez en el poder, la utilizan también para conservarlo. Diferenciaremos, entonces, la represión en dos apartados; por un lado, la represión jurídica y, por otro lado, la represión social. Es necesario remarcar que la década de 1950 fue un período de muchas movilizaciones y protestas debido al malestar de la población, ya que, transcurridos más de 10 años desde la finalización de la guerra todavía se continuaba con el racionamiento. El inicio del período de protestas en esta década lo podemos fechar con el boicot a los tranvías en Barcelona en 1951 por el incremento del precio del billete y a raíz de las mejoras conseguidas provocó que se fuera extendiendo por otras provincias de España. Otros ámbitos con gran protagonismo en cuanto a movilizaciones fueron el laboral y estudiantil. En el ámbito estudiantil universitario las protestas más significativas las encontramos en Madrid y Barcelona entre los años 1954 y Después de ser nombrado Joaquín Ruíz-Giménez ministro de educación, se inicia una modificación del modelo educativo permitiendo una cierta apertura cultural apoyada por el SEU con la intención de atraer a estudiantes para que luego acabaran formando parte del Movimiento Nacional, pero sucedió todo lo contrario, puesto que los estudiantes manifestaban sus opiniones críticas con el régimen y cuestionaban abiertamente el SEU, la cual cosa era una muestra de la 17
18 pérdida de control del sindicato sobre los estudiantes 11. Distintos acontecimientos entre ellos el fallecimiento de Ortega y Gasset, provocaron una serie de enfrentamientos y movilizaciones estudiantiles que finalizaron con una fuerte represión por parte del régimen. Sin embargo, las protestas estudiantiles continuaron en aumento hasta que a partir de 1965 llegaron a entrar de lleno en la escena política convirtiéndose para el régimen también en un problema de orden público 12. Esta ola de reivindicaciones en las universidades finalizó con la presencia de la policía política del régimen dentro de los centros universitarios evitando así, cualquier tipo de foco de protesta. Por otro lado, en el ámbito laboral, las huelgas y movilizaciones fueron especialmente relevantes en la segunda mitad de la década de los 50 y principios de los años 60 reivindicando mejoras en sus condiciones laborales, el gran foco de estas protestas lo encontramos en territorios como el País Vasco y Cataluña donde se situaban grandes empresas industriales pero, también, en el sector minero de Asturias. Aunque estas movilizaciones fueron fuertemente reprimidas por parte del régimen mediante el sometimiento a consejos de guerra de los detenidos, es de suma importancia resaltar que también consiguieron cambios legislativos y una muestra de ello fue la Ley de Convenios Colectivos de 1958 que tenía como objetivo la implantación de la organización científica del trabajo pero también, la posibilidad de negociación entre patronos y obreros, posibilitando a las comisiones de trabajadores (que durante los años 60 se hacen más estables) intervenir en las negociaciones de las condiciones de trabajo. Y, por último, resaltaremos que fue una década en la que empezamos a ver las primeras muestras de reconstrucción de la oposición franquista tras todos los acontecimientos sucedidos y acabaron creándose también nuevas organizaciones como el Frente de 11 Véase Marín, J M., Molinero, C., Ysás, P. Op. cit., 2001, páginas 106 a Ysás, P. Disidencia y subversión. La lucha del régimen franquista por su supervivencia, , Barcelona, Crítica, 2004, página 9 18
19 Liberación Popular, Euskadi eta Askatasuna, Catòlics Catalans, entre otros pero, aún así, continuaba siendo débil 13. El régimen franquista no fue ajeno a estas situaciones sino que la quiebra económica y las protestas de obreros y estudiantes habían protagonizado en 1956 la expresión cada vez más frecuente del malestar popular hizo evidente la necesidad de acabar con las tensiones internas que paralizaban la acción gubernamental 14. Frente a este cúmulo de circunstancias, el régimen se vio obligado a tomar fuertes medidas represivas para evitar cualquier foco de disidencia y oposición al franquismo a través de los mecanismos que veremos a continuación. 13 Véase en general para el apartado de Década 1950: Los instrumentos de represión anteriores al TOP el libro de Marín, J M., Molinero, C., Ysás, P. Op. cit., 2001, páginas 87 a Molinero, C. y Ysás, P. La anatomía del franquismo. De la supervivencia a la agonía, , Barcelona, Crítica, 2008, página 33 19
20 III.1 Represión Jurídica Para entender el contexto en el que se crea el TOP es necesario estudiar sus precedentes legales. Por este motivo, analizaremos el contexto jurídico en que se aprueba la creación del TOP, ya que forma parte de un elenco de medidas creadas por el régimen franquista para reprimir cualquier tipo de contestación política contraria al régimen, de las cuales destacaremos las que más relevantes. Antes de entrar en la cuestión concreta, creemos que es conveniente hacer un apunte y es que lo que el franquismo pretende evitar con una feroz persecución es la reorganización futura del oponente político. La represión se hace para el presente y para el futuro 15, por lo tanto, no es de extrañar el carácter retroactivo de las leyes creadas durante el período franquista como medio para disuadir cualquier intento de oposición al régimen. Es necesario empezar por estudiar el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo creado en 1940, puesto que es el antecedente directo del TOP y estuvo vigente hasta El 1 de marzo de 1940 fue promulgada la Ley de represión de la Masonería y el Comunismo por la que se crea el Tribunal Especial para la represión de la Masonería y el Comunismo. Estaba formado por un Presidente, un general del Ejército, un jerarca de la Falange y dos letrados, todos ellos nombrados por el Jefe del Estado. Perseguía castigar con penas de prisión la pertenencia a organizaciones masónicas y comunistas, otorgándole un significado muy amplio a su pertenencia ya que también se incluían los anarquistas, colaboradores con la propaganda soviética, etcétera... Además, si alguna de esas personas formaba parte de corporaciones públicas, ejerciera algún cargo en el Estado, estuviera en los consejos de administración de empresas privadas o se integrarán dentro de entidades subvencionadas por el Estado, serían inhabilitados de su cargo y se les impondría una sanción económica conforme a 15 Juliá, S., Casanova, J., Solé i Sabaté, J M., Villarroya, J. Y Moreno, F. Víctimas de la Guerra Civil, Madrid, Ediciones Temas de Hoy, 2006, página Véase anexo Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo
21 la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939, la cual ya contiene la previsión de ilícitas todas las logias masónicas. Un ejemplo de la importancia otorgada por parte de Francisco Franco a la masonería lo podemos encontrar en los distintos artículos publicados por éste durante 1946 en el diario Arriba que después fueron recopilados en 1952 en el libro titulado Masonería, donde define a las personas pertenecientes a esta organización como un sector de traición a la patria y la amenaza de la religión; abyectas figuras que, por medrar, son capaces de vender sus hermanos al enemigo 17. Finalmente, este Tribunal desapareció con la puesta en marcha en 1963 del TOP. También fue importante la Ley de Rebelión Militar de 1943, la cual tipificaba como delito de rebelión la promulgación de noticias falsas o que fueran destinadas a desestabilizar el orden público, el desprestigio del Estado, del Ejército o las Autoridades, todas aquellas reuniones que persigan estos mismos fines o los actos destinados a perturbar los servicios públicos, medios de comunicación o los medios de transporte. Dentro de la etapa denominada Trienio del terror 18 que abarca los años 1947 a 1949, aprobaron el decreto-ley sobre Bandidaje y Terrorismo de 1947, el cual endurecía las penas contra la oposición armada. Fue creada con el fin de hacer frente a los guerrilleros característicos sobre todo en las zonas rurales que se resistían a subordinarse al régimen y que habían huido a estas zonas como única vía de escapatoria después que bloquearan las fronteras para llegar al extranjero. Por otro lado, en 1959 se promulga la Ley de Orden Público 19 debido al contexto de movilizaciones obreras y, en general, movilizaciones sociales que se estaban produciendo durante la década de 1950 como hemos explicado anteriormente. Tipificaba como delito de orden público cualquier acto que atente a la unidad 17 Fontana, J. Op. cit., 1986, página Véase Juliá, S., Casanova, J., Solé i Sabaté, J M., Villarroya, J. Y Moreno, F. Op. cit., 2006, páginas 369 a Véase anexo Ley de Orden Público de
22 espiritual, nacional, política y social de España 20, es decir, eran hechos constitutivos de delito cualquier actuación que alterase la convivencia social, ya fueran paros obreros, reuniones públicas ilegales o manifestaciones estudiantiles aplicando consecuencias totalmente desproporcionadas y otorgando al régimen franquista la posibilidad de decretar el Estado de excepción como una medida más de represión de cualquier actuación que fuera en contra de los ideales franquistas, la cual cosa demuestra la carencia del régimen de los requisitos para considerarse Estado de Derecho tal y como se pretendía. Un aspecto relevante más, es el protagonismo de la Brigada Político Social en la represión de las movilizaciones y conflictos existentes que contribuyeron al mantenimiento del régimen franquista, puesto que fue el aparato policial creado con la promulgación de la Ley de Reorganización de los Servicios Policiales de 1941 como un instrumento institucional de coacción, el cual podemos definir como una policía política destinada a garantizar el orden público y orientada a la actividad política clandestina, denominada por el propio régimen como Fuerzas de Orden Público actuando casi con total inmunidad. Sus atestados formaban parte de los pocos o únicos elementos probatorios en los que el TOP fundamentaba su acusación y sin ni siquiera formularse nuevas preguntas ni realizar nuevas diligencias comprobatorias, al igual que había sucedido con el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. Para el ejercicio de sus actuaciones no dudaban en utilizar el maltrato tanto físico como psíquico para la obtención de confesiones y provocar el miedo en los detenidos, por tanto, era la detención policial la que marcaba todo el procedimiento que vendría posteriormente. Con la creación de esta institución podemos ver un cierto parecido con las instituciones y organismos de otras dictaduras próximas como es el caso de la dictadura portuguesa y la existencia de los tribunales plenarios. Por último, no podemos cerrar este apartado sin olvidarnos de la importancia de la jurisdicción militar como medio esencial de la represión del régimen, la cual fue 20 Marín, JM., Molinero, C., Ysás, P. Op. cit., 2001, página138 22
23 utilizada como uno de los medios principales de disuasión de cualquier actuación contraria al Estado franquista. Se le encomendaban delitos que en un principio debían ser competencia de los tribunales ordinarios y sus sentencias se basaban en el Código de Justicia Militar. Se caracterizada por la dureza de sus penas y la falta de garantías jurisdiccionales de los acusados durante los procedimientos incoados, era simplemente un mero trámite para la eliminación física, sin aportación de pruebas, sin esfuerzo por esclarecer los hechos y sin apoyo por parte del defensor, un miembro del tribunal que no cumplía misión alguna Casanova, J., Espinosa, F., Mir, C., y Moreno Gómez, F., Morir, matar, sobrevivir. La violencia en la dictadura de Franco, Barcelona, Crítica, 2002, página 21 23
24 III.2 Represión Social El régimen franquista no se servía únicamente de los medios jurídicos para ejercer la represión, sino que la llevaba a cabo también a través del control social como veremos a continuación. La represión existió desde el inicio de la sublevación militar formulada bajo el concepto de operación de limpieza dirigida sobre todo a aquellas personas, ya fueran, gobernadores, diputados, intelectuales o simples ciudadanos que mostraban su apoyo al Gobierno del Frente Popular. Al final de la guerra se pusieron en marcha las depuraciones profesionales que afectaban a cualquier tipo de sector laboral permitiendo el control estatal de todos ellos (colegios profesionales, trabajadores autónomos, etc ), es decir, era una forma de garantizar que el mundo laboral estuviera compuesto por trabajadores fieles al régimen. Estas circunstancias, provocaron la marginación laboral, social y económica de todas aquellas personas que no fueran afines al franquismo, ya que les hacían imposible el acceso a la vida cuotidiana mediante la inhabilitación o prohibición del ejercicio de una actividad profesional 22. Ayudó a la realización de toda esta actividad represiva y depuradora del primer franquismo las denuncias de los particulares que eran estimuladas por parte del régimen a través de los medios de comunicación como La Justicia de Franco necesita y pide la cooperación de todos los españoles y Se recuerda y encarece a todas las personas, la obligación de coadyuvar a la acción de la Justicia, en la labor de depurar y sancionar a los verdaderos culpables de toda clase de delitos, saques, profanaciones 23. Este mecanismo activó la puesta en marcha de denuncias y acusaciones arbitrarias interpuestas por los propios ciudadanos y basadas en los odios personales de unos y los sentimientos de venganza de otros. 22 Véase Juliá, S., Casanova, J., Solé i Sabaté, J M., Villarroya, J. Y Moreno, F. Op. cit., 2006, páginas 351 a Juliá, S., Casanova, J., Solé i Sabaté, J M., Villarroya, J. Y Moreno, F. Op. cit., 2006, página
25 En ningún caso nos podemos olvidar de las prácticas de hostigamiento, aislamiento y las prácticas de humillación y maltrato sufridas por los vencidos por parte del régimen. Estas son una serie de prácticas destinadas a la destrucción de las relaciones sociales de las personas que las padecían y se realizaban a través de las deportaciones o el trabajo en campos de concentración. Es de especial relevancia resaltar el papel que jugó la Iglesia durante el período franquista como un medio más de represión y control ideológico de la sociedad española. La Iglesia Católica siempre tuvo una función de legitimación del estado totalitario incentivada por el periodo republicano que amenazaba sus mecanismos tradicionales de poder e influencia. Uno de los ámbitos en el que tuvo un elevado protagonismo fue en la educación. El control de la enseñanza estuvo durante toda la dictadura en manos de los falangistas y la jerarquía eclesiástica, pero el control de los contenidos educativos no era el único importante para asegurar el adoctrinamiento católico, sino que también era necesaria la regeneración moral de la sociedad 24, esto quiere decir que tuvo un papel crucial en todos los ámbitos de la sociedad, no solo en la esfera pública sino que marcaba también las pautas de la vida privada de las personas, cumpliendo así, el objetivo de catolizar a las personas apartándolas de todos aquellos ideales liberales que estaban surgiendo en el resto de Europa. También es necesario destacar la presencia de la Iglesia en las prisiones donde cumplió una importante labor con los presos a los que tenía que reeducar y desintoxicarlos de sus errores y tratar de recuperar a los que fueran recuperables 25. Esta fue una forma más de represión ideológica y de control absoluto de la sociedad española del siglo XX, aunque años más tarde con el Concilio Vaticano II y el concepto de aggiornamento que surgió de éste (lo podemos entender como la actualización de la Iglesia a una época), la Iglesia Católica mostraría una imagen más crítica con el régimen y se iniciaría un distanciamiento con éste, configurándose una iglesia 24 Marin, JM., Molinero, C., Ysás, P. Op. cit., 2001, página Juliá, S., Casanova, J., Solé i Sabaté, J M., Villarroya, J. Y Moreno, F. Op. cit., 2006, página
26 comparativamente renovada y progresiva o, por lo menos, abierta a una concepción pluralista de la vida y la sociedad, y, por ello, difícilmente compatible con los principios antidemocráticos y autoritarios del Estado del 18 de julio 26. Otra de las formas de represión del régimen era el control de los medios de comunicación (prensa, radio y televisión) como restricción de los derechos fundamentales y libertades públicas para evitar cualquier tipo de opinión crítica impidiendo así, el derecho de información. Cualquier tipo de información era controlada y vigilada por el propio régimen, es decir, sometida a una censura por la influencia que podría generar en la opinión pública, ejerciendo, de este modo, el control social que se acentuó debido a los hechos producidos en 1962 (conflictos y huelgas, el caso de Julián Grimau, etc...). Por tanto, se evitaba así, cualquier tipo de actuaciones que pudieran desestabilizar al régimen y sus intereses para evitar que fueran conocidos por la sociedad española. 26 Fontana, J. Op. cit., 1986, página
27 IV. LEY 154/1963, PROMULGADA EL 2 DE DICIEMBRE DE 1962 SOBRE LA CREACIÓN DEL TRIBUNAL DE ORDEN PÚBLICO Entendemos que para realizar el presente trabajo es importante el estudio y análisis de la Ley 154/1963 (entró en vigor el 18 de marzo de ese mismo año) promulgada el 2 de diciembre de 1962 por la cual se aprueba la creación del TOP 27, ya que es la pieza clave que da comienzo a la existencia de esta institución. La creación del TOP en 1963 (gestada, aprobada y puesta en marcha por la séptima legislatura de las Cortes franquistas) se estableció como un intento de mejorar la opinión pública internacional respecto al régimen franquista y otorgar una vez más, la legalidad y legitimidad de las instituciones franquistas, disminuyendo la actuación de los tribunales militares y los consejos de guerra, la cual cosa no quiere decir que con la creación de este nuevo tribunal se redujera la actuación represiva del régimen, al contrario, el propio TOP era un mecanismo de represión política por parte del Estado franquista. En definitiva, podemos definir esta jurisdicción como una jurisdicción política, ya que, se le atribuían (como veremos seguidamente) delitos de carácter político y, además, porque cumplió funciones legitimadoras del sistema, ya que se encargaba de aplicar el ius puniendi del Estado a quienes se oponían al régimen político vigente 28. Dicho lo anterior, podemos ver como no había una separación entre el poder ejecutivo y el judicial, ya que era una jurisdicción especial providente del gobierno con la finalidad de perseguir determinados actuaciones que pudieran desestabilizar el régimen instaurado. De este modo, procedemos a examinar el preámbulo de dicha Ley en el que se trata de explicar que la finalidad de este texto es que cada hecho, actuación o comportamiento 27 Véase anexo Ley 154/1963 sobre la creación del Tribunal de Orden Público 28 Del Águila, J. J. El TOP. La represión de la libertad ( ), Barcelona, Planeta, 2001, página
28 esté sometido al ordenamiento penal y jurisdiccional correspondiente para poder realizar una mejor puntualización de las actuaciones delictivas, salvo los delitos que se consideran que generan alarma social, los cuales continúan dependiendo de la jurisdicción militar. También formarán parte del TOP los delitos que anteriormente se atribuían al Tribunal Especial de Masonería y Comunismo debido a su desaparición. La creación del TOP es percibida por sus creadores como un logro, sin merma alguna del derecho de defensa del reo: de un lado, por la aconsejable unificación de criterio en el enjuiciamiento [..], y de otro, la seguridad de una pronta y justa resolución de las causas en que intervengan 29, por tanto, a partir de aquí podemos volver a la idea expuesta anteriormente de que la creación de este Tribunal está pensado para mejorar la opinión internacional y otorgar legitimidad y legalidad a las instituciones franquistas, intentando disminuir el protagonismo que había tenido hasta el momento la jurisdicción militar. Así pues, en el artículo tercero de esta misma Ley se recogen todos los delitos que quedan sometidos a esta jurisdicción, los cuales los podemos agrupar en los siguientes: delitos contra el Jefe del Estado y las Cortes, delitos de rebelión y sedición, desórdenes públicos, propaganda ilegal, más todos aquellos en los que la jurisdicción militar no fuere competente. De esta forma, intentan reprimir cualquier conducta relacionada con la oposición al régimen y todos aquellos comportamientos que queden englobados dentro del desorden público, como puede ser el derecho de reunión, derecho de huelga, asociación o libertad de expresión, entre muchos otros. Por tanto, destacaremos que la mayoría de acusados por el TOP se les atribuían delitos políticos consistentes en una simple opinión. El TOP estaba compuesto por un Presidente, nombrado entre los Magistrados; y dos magistrados, que se nombran por Decreto, previo informe del Consejo Judicial y a 29 Ley 154/1963, de 2 de diciembre de 1963 de creación del Tribunal y Juzgados de Orden Público 28
29 propuesta del Ministro de Justicia. Además se nombrarán dos Magistrados sustitutos pertenecientes a la Audiencia de Madrid, en las mismas condiciones que los anteriores. También estará compuesto por un Fiscal al que se le atribuyen las funciones del Ministerio Público y estará adscrito permanentemente al Tribunal y por un Secretario y personal auxiliar cuando sea necesario (artículo 4 Ley 154/1963). El Ministro de Justicia era el encargado de proponer al Consejo de Ministros los nominados para la presidencia, magistraturas y fiscalías del TOP, lo que nos muestra su carácter político e ideológico de tal decisión 30, además de ser el medio del mismo régimen para vigilar que las conductas y actuaciones de todos los integrantes del TOP quedaban subordinadas a los principios franquistas, ya que, en el poder político, como hemos visto, residía la competencia del nombramiento de los miembros de este tribunal pudiendo hacer las modificaciones que considerase oportunas para garantizar el cumplimiento de los ideales del régimen. Un incentivo al mantenimiento de esa fidelidad era el elevado estatus que se le otorgaba a los integrantes de este tribunal sobre todo, a partir del decreto del Ministerio de Justicia de 1973 e incluso después de la supresión de esta jurisdicción en 1977 donde las disposiciones del decreto de supresión del TOP no impidieron, sin embargo, que sus antiguos magistrados, jueces y fiscales siguieran ejerciendo en otras jurisdicciones, e incluso llegaran a estar destinados en las más altas instancias jurisdiccionales del país, como las Presidencias de Audiencias Provinciales y Salas del Tribunal Supremo 31. No podemos olvidarnos de la figura del juez de guardia, una figura todavía hoy muy desconocida pero que era el elemento clave del aparato represivo del régimen, puesto que, era quien aconsejaba o decidía quien era la jurisdicción competente en cada caso, después que la policía hubiera practicado las oportunas detenciones Según datos recogidos en Del Águila, J. J., Op. Cit., 2001, página 287. Véase anexo cuadro 1 31 Del Águila, J.J. Op. cit., 2001, página Conferencia impartida por el Dr. Javier Tébar Hurtado en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona el 8 de abril de
30 Cabe resaltar las peculiaridades que se recogen en el apartado de Disposiciones Transitorias de esta Ley, ya que se establece que quedarán sometidos a esta jurisdicción las infracciones que hayan sido realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 154/1963 de 2 de diciembre de 1963, cuando sean más favorables para el acusado y no exista sentencia firme sobre su causa, por lo que entendemos que es necesario destacar el efecto retroactivo de esta disposición para todas aquellas causas abiertas y cuyas sentencias no hayan adquirido firmeza y siempre que sea más favorable para el acusado, de esta forma es especial importancia resaltar la puerta abierta que deja la disposición transitoria primera al no regular dichas condiciones más favorables al reo y, por tanto, puede desprenderse la idea que se dejaba al arbitrio del Presidente o los Magistrados del TOP, decidir si las infracciones cometidas formaban parte o no de este Tribunal. Decimos que deja la puerta abierta a la interpretación, puesto que, para aplicar esta disposición entendemos que las circunstancias que se tenían en cuenta para decidir su aplicación podían ser los antecedentes del imputado, su condición ideológica y sobretodo cuáles han sido sus actuaciones durante la guerra y el posterior triunfo e imposición del régimen franquista como modelo político, social y económico, es decir, si ha contribuido o no a la victoria del régimen y a su perduración en el tiempo o por el contrario, ha tenido un papel activo con los republicanos o de omisión, esto es no actuar para impedir cualquier acto protagonizado por los rojos favoreciendo así su subversión y oposición al régimen. Estamos hablando que para tomar esta decisión se basaban en los informes sobre la mala conducta social realizados por la Brigada Político-Social que posteriormente también eran tenidos en cuenta para la graduación de las penas. No obstante, una de las características del poder judicial es su imparcialidad e independencia con el resto de poderes del Estado sirviéndose, únicamente, de lo establecido en las distintas leyes para dictaminar la sentencia, esto es, ajustar la resolución a la legalidad, la cual cosa, durante ese período se entendía (o, al menos, se quería hacer ver) que funcionaba así, pero con el paso del tiempo hemos podido 30
31 comprobar que no era realmente así, sino que cuando en España no había más que una política, muchos de nosotros la hemos servido, incluso con entusiasmo. Pero en el momento en que en España hay varias políticas la obligación de los tribunales es la de mantenerse neutrales, aplicar e interpretar las leyes como dice nuestra Ley Orgánica 33. Es esta afirmación la que nos sirve para defender la idea anteriormente expuesta, puesto que lo que se desprende de ésta es que ha sido en el período democrático cuando ha existido la necesidad de que los jueces se mantengan imparciales, neutrales e independientes debido a la existencia de distintas ideologías y partidos políticos reconocidos legal e institucionalmente y aceptados por todos, por tanto, durante el período franquista esta imparcialidad no ha sido necesaria puesto que sólo había una política aceptada y legal, y en definitiva, una forma de aplicar la ley. También cabe tener en cuenta que el 74% de las sentencias dictadas por el TOP fueron condenatorias, frente al 25% de las sentencias que fueron absolutorias 34. Además, ni que decir cabe que los magistrados y fiscales que desempeñaron sus funciones en el mismo [TOP] acreditaron la extrema dependencia institucional de esta jurisdicción en relación con el ejecutivo franquista, y, por tanto, participaron de la ideología criminalizadora del régimen 35, lo que nos muestra, una vez más, la vinculación política de los jueces de los tribunales franquistas, más cuando en la toma de posesión del cargo juraban la estricta fidelidad a los principios y leyes del Reino una prueba más de la subordinación del poder judicial a los ideales del régimen. La Ley 154/1963 no sólo crea el TOP sino que también crea el Juzgado de Orden Público con la peculiaridad que este último tiene la facultad de desplazarse por todo el territorio español cuando sea necesario, aunque ambos tienen competencia en todo el territorio nacional y pueden reunirse y actuar en cualquier lugar dentro del territorio español. En concreto el Juzgado de Orden Público se encargaba de instruir el sumario 33 Jiménez Villarejo, C y Doñate Martín, A. Jueces, pero Parciales. La pervivencia del Franquismo en el Poder Judicial, Barcelona, Ediciones de Pasado y Presente, 2012, página Según datos recogidos en Del Águila, J. J., Op. Cit., 2001, página 245. Véase anexo cuadro 2 35 Jiménez Villarejo, C y Doñate Martín, A. Op. cit., 2012, página 28 31
32 del caso para posteriormente hacerlo llegar al TOP que se encargaba de la celebración del juicio y dictaba la sentencia. Tal era la importancia de esta jurisdicción que en 1972 se crea un segundo Juzgado de Orden Público permitiendo así, un aumento de la plantilla debido al incremento de los procedimientos iniciados aunque no fue suficiente puesto que seguía aumentando el plazo de tramitación de los procedimientos y, en consecuencia, se incrementaba el período transcurrido entre la terminación de la instrucción y la fecha de celebración del juicio. La creación de este tribunal introduce varias novedades, por un lado, uno de los objetivos por el que se crea el TOP es para la rápida resolución de las causas relacionadas con el orden público a través de una sanción rápida y eficaz, lo que denominamos procedimientos de urgencia, aunque no se consiguió alcanzar este objetivo y fue necesaria la creación de los Juzgados de Orden Público para acelerar los procesos. La otra novedad que se introduce es la prisión provisional, es decir, un encarcelamiento cautelar mientras se inicia el proceso judicial. Tenía el objetivo de garantizar la presencia de las personas imputadas en el proceso penal, siempre que cumplieran con una serie de requisitos: que existiera una conducta delictiva, que la pena fuera mayor que la prisión menor y que existieran motivos suficientes para que el sujeto fuera considerado responsable criminal de los hechos que se le imputaban. A pesar de todo, la prisión preventiva se utilizó por parte de las autoridades como castigo a los opositores políticos del régimen antes de que se iniciara el proceso judicial y, por tanto, pasó a ser una pena anticipada a la que luego impondría el TOP en su resolución. Por último, otra novedad era que en los casos de rebeldía, podía celebrarse el juicio oral sin la presencia del acusado siempre que se acreditara que se habían cumplido con los medios para hacer llegar la citación al acusado, no obstante existiera el principio procesal de audiencia y contradicción, disminuyendo el derecho de autodefensa de los imputados. 32
33 Este Tribunal que dictó su primera sentencia en 1964 por un delito de injurias al Jefe de Estado condenando a un obrero a diez años de prisión por haber gritado en un bar: me cago en Franco, estuvo en vigor hasta que se aprobó el 4 de enero de 1977 por Real Decreto-Ley la supresión del Tribunal y Juzgados de Orden Público. Ésta no fue una supresión causal, ya que en los dos años inmediatamente anteriores a su disolución se seguían incoando miles de procedimientos, sino que sirvió de muestra por parte del gobierno de Adolfo Suárez como aceptación de la vía reformista y el inicio del sistema democrático 36, pero también, porque era inviable su existencia con la reforma del Código Penal el 19 de julio de 1976 (se hace constar la regulación de los derechos de reunión, manifestación y asociación) e incompatible con un Estado de Derecho en el que uno de sus principios fundamentales es la separación de poderes. A modo de conclusión para cerrar este apartado diremos que la creación del TOP se produjo principalmente debido a los cambios políticos y económicos que se estaban produciendo, ya que es una etapa en la que se deja atrás el racionamiento dando paso a la economía del consumo y apareciendo una nueva clase media, se crea, también, como un intento por parte del régimen franquista de aproximación a las instituciones europeas y con el propósito de otorgar legitimidad al mismo, y, por último, la creación del TOP la podemos entender como la respuesta por parte del régimen a la nueva conflictividad obrera y estudiantil existente y, por tanto, como el medio de represión de cualquier foco de oposición. 36 Del Águila, J. J. Op. cit., 2001, página
34 V. LA RESTRICCIÓN DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES: ANÁLISIS DE LA SENTENCIA NÚMERO 58 DE 3 DE MARZO DE En este apartado analizaremos la sentencia número 58 de 3 de marzo de dictada por el TOP mediante la que se declara como culpable a Juan José del Águila de un delito de propaganda ilegal 38. Esta sentencia la hemos extraído de una web centrada en el período franquista que persigue la recuperación de la memoria histórica y en la que se recopila gran cantidad de información, desde documentos e investigaciones hasta testimonios y denuncias, y también se recogen distintas sentencias dictadas por el TOP. En concreto hemos escogido la sentencia que condena a Juan José del Águila por un delito de propaganda ilícita como pequeño homenaje, ya que, su libro El TOP. La represión de la libertad ( ), ha sido nuestro manual de referencia durante toda la realización de este trabajo, ya que es el único documento que estudia en profundidad la existencia de este tribunal represivo de derechos y libertades franquista. Además, también es importante tener en cuenta que se le juzga y condena por una de las conductas que sufrió una mayor represión por parte del franquismo y, en consecuencia, por parte del TOP durante toda su existencia 39. Con la realización y estudio de este apartado de nuestro trabajo queremos mostrar de forma práctica como el régimen franquista aplicaba su política represiva y tipificaba como delitos actuaciones que pocos años después pasaron a considerarse como Derechos Fundamentales de todos los españoles, pero que durante el período franquista eran considerados como comportamientos ilícitos, puesto que, no seguían las directrices generales impuestas por el Movimiento Nacional y se oponían a un régimen que los había liberado de la República, trayendo consigo e instaurando la paz social en España y permitiendo su desarrollo económico. 37 Véase anexo sentencia número 58 de 3 de marzo de 1969 dictada por el TOP por la que se juzga delito de propaganda ilegal 38 Extraída de la web 39 Según datos recogidos en Del Águila, J. J., Op. Cit., 2001, página 251. Véase anexo cuadro 3 34
35 Sin más dilaciones entramos a tratar la cuestión principal de este apartado analizando la sentencia escogida y lo primero que nos llama la atención es el hecho de que antes de entrar a examinar y explicar los hechos que supuestamente han sido realizados por el imputado, se detalla de forma exhaustiva y minuciosa características, peculiaridades o situaciones de la persona imputada y esta es una información que aparece en todas las sentencias dictadas por el TOP: edad, descendencia, domicilio, estado civil, profesión, antecedentes, calificación que consta de la conducta de la persona, capacidad económica y periodo de privación de libertad anterior al inicio del procedimiento judicial. Nos sorprende que se recojan estos datos porque, por un lado, afectan la intimidad de la persona y, por otro lado, no creemos que tenga relevancia alguna con el procedimiento judicial. No obstante, lo que nos muestra es la tendencia represiva del régimen a través del control total de la sociedad española de la época, tanto en el ámbito público como privado, con la que colaboraba toda la red de instituciones creadas por el propio régimen, como lo fue el TOP. El hecho de que se determinara cuál era el estado civil, profesión y capacidad económica de la persona creemos que se relaciona con la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939 en la que se establecen tres tipos de sanciones que podemos vincular con estos aspectos, no obstante esta ley fue derogada en 1966 creemos que se seguía manteniendo la política de sanciones establecida en esta disposición, ya que, no dejaba de ser una medida represiva y disuasoria. En primer lugar, examinaremos conjuntamente el hecho de que se haga constar el estado civil y la capacidad económica del imputado. Sería pues importante determinar cuál es la capacidad económica y el estado civil del acusado porque las sanciones interpuestas podían ser hereditarias en el caso que el inculpado muriera antes de hacer efectivo el pago de la sanción, pasando de este modo, la obligación a sus familiares y esto le permitiría al Estado franquista asegurarse el cobro de las multas impuestas. Es por este motivo que también creemos que se hace constar el nombre de los progenitores del presunto culpable como 35
36 información adicional que permita el acceso a sus familiares para reclamar la cantidad pendiente de pago. En segundo lugar, entendemos que sería esencial determinar la profesión del enjuiciado, sobre todo en el caso que ejerciera un cargo público, puesto que una de las sanciones más recurrentes durante este período y reconocida en la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939 (y como nos muestra la sentencia que analizamos) era la inhabilitación para el ejercicio de la profesión que vinieran desempeñando y tuvieran reconocida, por tanto, serviría también como una forma de control del adecuado cumplimiento de la pena impuesta. Por otro lado, el hecho de que aparezcan los antecedentes y se haga constar la calificación de la conducta de la persona imputada lo relacionamos con la posible concurrencia de circunstancias de modificación de la responsabilidad criminal que ayuden a determinar el grado de implicación del acusado en la conducta delictiva y, en consecuencia, en la agravación de la sanción aplicable a través de la valoración de la conducta y los actos anteriores realizados por el acusado. De esta forma, entendemos que lo primero que era necesario hacer era clarificar estos aspectos de la persona que posteriormente podían influir en la sanción aplicable en el caso de que se demostrara la culpabilidad del encausado, aunque ello conllevará a la transgresión de unos límites que hoy entendemos como Derechos Fundamentales recogidos en la Constitución Española de 1978 y que tanto hoy en día como durante la vigencia del TOP afectan a la vida privada e intimidad de la persona. Otro de los aspectos que conviene destacar de esta sentencia es el que se refiere al período que transcurre desde el momento en que se realizan los hechos supuestamente delictivos hasta el día de celebración del juicio, ya que, como hemos podido ver en apartados anteriores de este trabajo, uno de los objetivos por los que se crea la jurisdicción especial de orden público es para dar una rápida resolución a los procedimientos relacionados con el orden público, pero como podemos observar por los 36
37 datos que consta en la sentencia, el periodo transcurrido desde el momento de constitución de las conductas ilícitas hasta el inicio del procedimiento y el posterior fallo por parte del juez es superior a 1 año, la cual cosa nos muestra el elevado nivel de actividad que tenía el TOP y los respectivos Juzgados de Orden Público y la gran cantidad de comportamientos que eran considerados como desordenes públicos y, por tanto, sometidos a esta jurisdicción especial. Los hechos por los que Juan José del Águila es juzgado y posteriormente condenado consisten en que según se hace constar en la sentencia, el día 23 de abril de 1968 recibe un paquete postal en la farmacia de su padre y cito literalmente: integrado por doscientas hojas tamaño folio y ochocientas de tipo octava, suscritas, unas por Comisiones Obreras, entidad tendente a la destrucción por la fuerza de la actual estructura estatal, y otros por el Partido Socialista y la Unión General de Trabajadores 40 las cuales el día 25 de abril de 1968 se dedicó a distribuirlas, momento en el que fue detenido por los agentes policiales. Si nos detenemos en este punto, podemos defender la hipótesis de que la policía del régimen llevaba cierto tiempo vigilando y controlando al imputado, ya que en la sentencia aparece como absolutamente cierto, puesto que en ningún momento se cuestiona, el día exacto que Juan José del Águila recibe el paquete, el lugar de la recepción del mismo y el día exacto que procede a su distribución. Además, aparece como hecho irrefutable la cantidad exacta de hojas de uno y otro tamaño, lo que nos sorprende si tenemos en cuenta que fue detenido en el momento de distribución de las mismas pero cuando le quedaban tan solo 142 ejemplares. Por tanto, tenemos dos aspectos relevantes y que merecen especial atención, por un lado, se sabe perfectamente los días en los que transcurren los hechos y, por otro lado, se sabe la cantidad exacta de ejemplares recibidos, elementos que podemos ver en la sentencia que en ningún momento llegan a cuestionarse. Tales hechos no creemos que 40 Véase anexo sentencia número 58 de 3 de marzo de 1969 dictada por el TOP por la que se juzga delito de propaganda ilegal. 37
38 sean debidos (sin intención de menospreciar) a una investigación minuciosa por parte de la policía, puesto que, sería muy difícil obtener el número exacto de hojas que integran el paquete recibido si tenemos en cuenta que el imputado fue detenido cuando estas estaban siendo repartidas y las repartía de diversas formas: porteándolas, entregándolas en mano o esparciéndolas por el suelo y, como muy bien queda recogido en la sentencia, cuando únicamente le quedaban 142 ejemplares. Con esto queremos decir que habría una parte de los ejemplares que no podrían haber sido contabilizados, ya que, se han entregado en mano a personas y no tenemos constancia de que esas personas estuvieran en el momento de la detención, otros se han porteado, es decir, se han repartido en coche por los buzones de los vecinos, lo cual nos da a entender que el ámbito geográfico que alcanza la distribución de las papeletas es bastante amplio y, por último, debemos tener en cuenta los fenómenos meteorológicos para aquellos ejemplares que se esparcieron por el suelo. Todos estos elementos expuestos nos muestran la dificultad de haber obtenido el número exacto de papeletas recibidas por el enjuiciado, únicamente se puede entender en el caso de que la policía hubiera tenido un confidente y son estos detalles los que nos ayudan a defender la hipótesis de que la policía política llevaba algún tiempo vigilando al encausado. En cuanto al contenido de las papeletas objeto de distribución, era un contenido reivindicativo en lo que se refiere a las condiciones laborales en las que se encontraban los trabajadores y crítico con la situación política, económica y social existente que llamaba a la participación en unas jornadas programadas con motivo del día del trabajador (1 de mayo) para intentar ejercer presión con el fin de conseguir posibles mejoras. Destacaremos una afirmación realizada por parte del juez instructor que se recoge en el primer considerando de la sentencia y es la siguiente: propaganda que en su totalidad es maliciosamente desconocedora de los indiscutibles avances económicos, 38
39 políticos y sociales logrados por nuestra Patria en el discurso de los último 30 años 41. Entendemos que se realiza esta afirmación con la intención de obtener un elemento más para declarar la culpabilidad del imputado, ya que, además de que cometerse un delito de propaganda ilícita, esta propaganda es falsa. Afirmación que puede ser fácilmente rebatida simplemente examinando el contexto económico, político y social (como ya lo hemos hecho en apartados anteriores) de ese período. El delito que se le imputa es el delito de propaganda ilegal, el Código Penal de 1963 en su artículo 251 párrafo 2º define lo que se entiende por propaganda como la impresión de toda clase de libros, folletos, hojas sueltas, carteles, periódicos y de todo género de publicaciones tipográficas o de otra especie, así como su distribución o tenencia para ser repartidos, los discursos, la radiodifusión y cualquier otro procedimiento que facilite la publicidad 42. Por tanto, podemos ver que se realiza una delimitación muy exhaustiva en cuanto a todos aquellos comportamientos a los que se le puede atribuir el delito de propaganda ilegal, en comparación con el período actual podríamos decir que esta redacción limitaría el derecho de libertad de expresión y el derecho de comunicar libremente información por cualquier medio de comunicación, también es una muestra de la censura realizada por parte del régimen franquista controlando la información que recibían los ciudadanos. Por lo que se refiere a la tipificación concreta del delito se basan en el artículo y 4 del Código Penal de 1963 que establece Se castigará con las penas de prisión menor y multa de a pesetas a los que realicen propaganda de todo género y en cualquier forma, dentro o fuera de España, por alguno de los siguientes fines: 1º Subvertir violentamente o destruir, la organización política, social, económica o jurídica del Estado y en su apartado cuarto se recoge 4º Realizar o proyectar un 41 Véase anexo sentencia número 58 de 3 de marzo de 1969 dictada por el TOP por la que se juzga delito de propaganda ilegal 42 Véase artículo 251 del Código Penal de
40 atentado contra la seguridad del Estado, perjudicar su crédito, prestigio o autoridad o lesionar los intereses u ofender la dignidad de la Nación española 43. Es en este punto cuando vemos la importancia del segundo párrafo del artículo 251 del Código Penal de 1963 anteriormente comentado, puesto que en el primer apartado de este artículo sólo establece que será constitutivo de delito los que realicen propaganda en las condiciones luego establecidas, pero es necesaria la clarificación del párrafo segundo, ya que, se entiende por propaganda no únicamente la impresión de la misma, sino también su distribución, tenencia y otros procedimientos que faciliten su publicación. Por este motivo también es clave el momento en el que se produce la detención del acusado que es el momento de la distribución de los folletos puesto que, es ese el comportamiento que supone la subversión al régimen por parte del imputado derivada del contenido de las papeletas perjudicando así su crédito, prestigio o autoridad [ ] ofendiendo a la dignidad de la Nación española, ya que, si la Brigada Político Social conocía de la recepción del paquete y el contenido del mismo también podría haberlo detenido e incautado todo el material en el momento de su recepción, ya que, también es considerada conducta delictiva la simple tenencia de propaganda, pero entendemos que no lo hizo en ese momento sino que se esperó a que fueran distribuidos porque podría haber sido más difícil su tipificación en alguno de los apartados del artículo 251 del Código Penal y podría facilitar la línea de defensa de Juan José del Águila. Para determinar la culpabilidad del acusado únicamente se tienen en cuenta tres elementos que resultan probados, el primero de ellos es el hecho de que la persona imputada en el procedimiento judicial fue sorprendida en el momento en que distribuía una serie de papeletas, en segundo lugar, se da por probado que conocía el contenido de esa propaganda de lo que se deriva la conducta que califican como subversiva y de menosprecio hacia el Estado franquista español y, por último, queda probado que los 43 Véase anexo artículo 251 del Código Penal de
41 hechos fueron realizados de forma directa, material y voluntaria por parte del enjuiciado. Dicho esto, una de las grandes carencias que encontramos en el análisis de esta sentencia son los argumentos de defensa del acusado y las líneas de actuación por parte del abogado defensor, ya que, en ningún momento aparecen recogidas las alegaciones realizadas por la parte acusada en el procedimiento que intenten demostrar la inocencia del imputado, únicamente se hace una pequeña referencia en el Tercer Resultando de la sentencia donde se establece que los hechos no son constitutivos de delito, suplicando su absolución 44, no obstante, en ningún caso aparecen recogidos los argumentos en los que se basa la defensa y las alegaciones realizadas con el objetivo de rebajar la pena que pudiera ser impuesta. La concurrencia de estas circunstancias nos da a entender una afirmación realizada en apartados anteriores de este trabajo como es que eran los atestados realizados por la policía política del régimen los que integraban los pocos elementos probatorios en los que el TOP fundamentaba su acusación, ya que, como podemos ver, la acusación únicamente se basa en las declaraciones realizadas por la policía y en la incautación de un total de 142 ejemplares que no pudo acabar de distribuir, pero en ningún caso vemos que se hayan formulado nuevas preguntas que puedan poner en entredicho la declaración realizada por parte de la policía y ayudara a la defensa del acusado, como bien podrían haber sido: cómo sabía la policía el número exacto de ejemplares recibidos de uno y otro tamaño?, la distribución de tales papeletas no podría haber sido una segunda actividad laboral? Queda justificado el comportamiento subversivo por parte del imputado únicamente por el contenido de la propaganda? Y, en relación con la pregunta anterior el acusado conocía cual era su contenido o podría no haberlo conocido? 44 Véase anexo sentencia número 58 de 3 de marzo de 1969 dictada por el TOP por la que se juzga delito de propaganda ilegal 41
42 Todo esto lo que nos muestra es que en ningún caso, ni el juez instructor ni los magistrados se cuestionaban la declaración realizada por la policía y tampoco se hacían nuevas preguntas sino que se tomaba como una verdad absoluta. Además, el vacío que podemos observar en lo que se refiere a la defensa del imputado lo entendemos como la falta de importancia que tenían las alegaciones o los argumentos de defensa que pudiera realizar tanto el acusado como su abogado defensor y, con esto podemos recuperar una idea expuesta anteriormente, que antes de la ejecución del procedimiento judicial la sentencia ya era condenatoria, lo cual nos ayuda a cuestionar la imparcialidad, neutralidad e independencia de la mayoría de los jueces pertenecientes a este tribunal. La pena solicitada por el Ministerio Fiscal es de un año de prisión menor, una multa de pesetas o 3 meses de arresto substitutorio en caso de impago, más las sanciones accesorias y el pago de las costas. Finalmente, la pena a la que es condenado es de un año de prisión menor, una multa de pesetas o 46 días de arresto substitutorio en caso de impago, junto con las accesorias consistentes en la suspensión para el ejercicio de su profesión habitual y derecho a sufragio durante el tiempo de condena más el pago de las costas derivadas del procedimiento, descontándose de la pena de prisión menor el período de prisión provisional al que hubiera estado sometido en el momento de la detención, es decir, 23 días, pero al que se le suman los 46 días de arresto por ser declarado insolvente. Es en este punto donde entendemos que tiene cierta relevancia la definición de algunos de los aspectos personales realizada al principio de la sentencia como es la situación económica del acusado y el periodo de privación de libertad transcurrido en el momento de la detención, ya que, en lo que se refiere a la pena de prisión, tenían la consideración de descontar el tiempo que hubiera estado privado de libertad por la causa que posteriormente se condena. En cuanto a la situación económica, es un aspecto que tiene importancia porque el artículo 252 y 253 del Código Penal de les permite graduar la sanción pecuniaria en función de la capacidad económica del condenado, 45 Véase anexo artículo 252 y 253 del Código Penal de
43 rebajándola hasta una cuantía mínima de pesetas o aumentándola hasta las pesetas. En relación a la graduación de las sanciones en función de la capacidad económica del acusado, únicamente diremos que un mismo hecho realizado por personas en las mismas condiciones pero de distinta capacidad económica debería tener la misma tipificación y graduación puesto que la importancia y lo que se debería entrar a valorar es la realización de la conducta ilícita y no la capacidad económica de la persona que realiza el comportamiento. Pasando a analizar concretamente la condena impuesta a Juan José del Águila, podemos ver que apenas hay variación en comparación con la pena solicitada por el Ministerio Fiscal y a la que finalmente se le termina condenando, la única diferencia existente se refiere al periodo de arresto sustitutorio en caso de impago o insolvencia pasando de 3 meses según la solicitud del Fiscal a los 46 días determinados por el juez instructor. Esta escasa diferencia la podemos entender como una falta más de imparcialidad, neutralidad e independencia por parte de la judicatura (sin intención de generalizar), puesto que entendemos que en pocas ocasiones puedan coincidir las apreciaciones de unos y de otros, ya que, tienen funciones distintas con el límite de lo establecido en las disposiciones legales. Realizado este análisis minucioso de la sentencia del TOP número 58 de 3 de marzo de 1969, podemos concluir que según lo que aparece expuesto en esta sentencia, los imputados apenas contaban con su derecho de defensa, ya que, no nos consta la línea de defensa seguida por parte del abogado defensor como bien se recogen en las sentencias actuales dictadas por cualquier tribunal, sino que únicamente aparece una pequeña referencia en cuanto a las alegaciones realizadas en apenas tres líneas que se hace constar en el tercer resultando. Por lo que entendemos que apenas tenían posibilidades para explicar sus actuaciones y poder defenderse de los hechos que se le imputaban. Es, por tanto, una muestra de la importancia que se le daban a los atestados realizados por la policía política del régimen sin ni siquiera llegar a cuestionarlos, en detrimento de la posible explicación que pudiera alegar el acusado en defensa de su actuación. 43
44 También es una sentencia que nos sirve como ejemplo para ver cómo se limitaba el derecho de información y el derecho de expresión que en apenas 10 años después quedaron recogidos en nuestra Carta Magna como Derechos Fundamentales, periodo en el que entendemos que no puede haber cambiado tan drásticamente la visión de los derechos que se garantizan a los ciudadanos, sin entrar a valorar la incorporación de las garantías procesales y los medios de tutela judicial efectiva en la misma. Es esta una muestra de la gran coordinación que tenía el régimen franquista con sus instituciones, en concreto con las dos más importantes en nuestro trabajo como es la policía y la judicatura, ya que, ambos son los encargados últimos de aplicar los medios represivos con el amparo de la Ley. Era, por tanto, totalmente necesaria esa coordinación para silenciar y reprimir fuertemente cualquier tipo de disidencia y fue el funcionamiento correcto de estos mecanismos lo que contribuyó a la perduración en el tiempo del régimen dictatorial. En cuanto a las actuaciones policiales, cabe destacar la exhaustiva forma de actuación, que han tenido al menos en el procedimiento examinado, demostrando el profundo conocimiento del aparato represivo legal que les pudiera asegurar el éxito de su cometido. Para finalizar diremos que lo más importante que podemos ver en el estudio de este procedimiento es como se calificaba como un atentado contra la seguridad del Estado, perjudicar su crédito, prestigio o autoridad (artículo Código Penal 1963) o subvertir violentamente o destruir la organización política, social, económica y jurídica (artículo Código Penal 1963) la simple reivindicación de mejoras en sus condiciones de vida y de sus condiciones laborales a través de la manifestación de su descontento sin que en ningún momento hubiera intervenido la violencia en estos actos, es decir, la expresión de la mera opinión ante una situación que podría ser mejorada. 44
45 VI. CONCLUSIONES A lo largo de la realización del presente trabajo hemos podido ver como la creación del TOP en 1963 fue la respuesta por parte del régimen franquista a una serie de circunstancias que se estaban produciendo en el Estado español pero también a nivel internacional y supuso un intento de adaptación a las mismas bajo la falsa apariencia de legalidad y legitimidad de las instituciones franquistas. A continuación pasaremos a exponer nuestras conclusiones en los siguientes seis apartados: 1) Principalmente, el TOP se creó debido a los cambios políticos y económicos que se estaban produciendo en este período, ya que, es el momento en el que se empieza a iniciar la economía de consumo dejando atrás la precariedad económica que venían sufriendo las familias españolas desde la Guerra Civil y apareciendo una nueva clase media con cierto poder adquisitivo que le permitiera mejorar sus condiciones de vida. Se crea también, como respuesta represiva para acabar con cualquier tipo de oposición, protagonizada principalmente por el contexto de movilizaciones obreras y estudiantiles que cuestionan el régimen franquista y exigen mejoras de sus condiciones. El último de estos objetivos de creación de la jurisdicción especial, fue el intento de aproximación por parte del régimen a las instituciones europeas bajo esta falsa idea de legitimidad del régimen franquista llevada a cabo a través de la disminución de protagonismo de los tribunales militares y consejos de guerra. Decimos que se creó bajo una falsa idea de legitimidad, puesto que, el TOP fue un mecanismo de represión política y depurador ideológico de todos aquellos ideales que se opusieran a los principios del régimen, además, si bien es cierto que disminuyó la actuación de la jurisdicción militar, ésta todavía seguía en vigor, quizás podría haber sido un tanto más creíble esta idea de legitimidad y legalidad de las instituciones que integraban el régimen franquista con la total desaparición de los tribunales militares y los consejos de guerra, lo cual nos muestra que su desaparición no se produce, ya que, 45
46 era el recurso más eficaz al que podían recurrir ante situaciones que eran consideradas de especial gravedad y que permitía también la suspensión de los pocos derechos que les eran reconocidos. 2) Tal y como consta en el título de este trabajo, el TOP fue un tribunal de represión de los derechos y libertades, puesto que, como hemos podido ver a través del análisis de la sentencia por la que se juzga a Juan José del Águila de un delito de propaganda ilegal, en primer lugar, ni siquiera se respeta la intimidad de la persona que iba a ser juzgada haciendo constar en la sentencia informaciones que pertenecen a su esfera privada como es el hecho de que aparezca la capacidad económica, el estado civil o su domicilio. Por otro lado, se tipifica su comportamiento como un delito de propaganda ilegal por el simple hecho de contribuir a dar a conocer a los ciudadanos una información que, en realidad, todos conocían pero que significaba la subversión al régimen franquista y su desprestigio, cuando únicamente contribuye a cumplir con el derecho de información que pocos años después se reconoció a todos los españoles, con la intención de que todas las personas que quisieran pudieran unirse para reivindicar mejoras en sus condiciones laborales y posibles cambios en éstas para intentar acabar con la precariedad que venían padeciendo y con las arbitrariedades y el poder del que disponían los empleadores. Por tanto, este comportamiento realizado por el enjuiciado considerado de orden público, cuando ni siquiera manifiesta su opinión sino que se da por entendido por el simple hecho de distribuir la propaganda, nos muestra el carácter represivo que tenía el TOP para silenciar y reprimir las conductas que cuestionaran el régimen instaurado. 3) Todo ello contribuye a defender nuestra hipótesis inicial de la falta de garantías procesales y medios de tutela judicial efectiva, principalmente porque como hemos podido observar con el análisis de la sentencia del TOP número 58 de 3 de marzo de 1969, en ningún momento apreciamos la línea de defensa seguida por el abogado 46
47 defensor por la que intenta exculpar al acusado o al menos, rebajar la pena impuesta, ni las alegaciones realizadas por parte del propio acusado para tratar de explicar los hechos sucedidos que se le imputan, sino que, únicamente recogen el contenido de la propaganda, lo desmienten y lo califican como falso y condenan al acusado como culpable de un delito de propaganda ilegal basándose en las declaraciones policiales que son las únicas que constan como hechos probados. Esto último, lo podemos relacionar con la carencia o casi nula existencia de medios probatorios que eran exigidos para dar una justa resolución a las cuestiones planteadas delante de este tribunal. Como hemos podido observar, bastaba con las declaraciones policiales para determinar la culpabilidad o inocencia del encausado, sin que ni el propio juez ni los magistrados se planteara cuestionar la versión declarada por la policía, sino que la consideraban como una verdad absoluta e irrefutable perjudicando, en consecuencia, el derecho de autodefensa del propio acusado. 4) Es esto lo que nos muestra el correcto funcionamiento del aparato represivo de la dictadura franquista y la coordinación existente entre sus instituciones, en concreto en el caso que examinamos, entre la judicatura y las autoridades policiales. Ambas instituciones las consideramos sumamente importantes, puesto que, eran los encargados últimos de aplicar la política represiva del régimen proveniente del gobierno y perseguir todas aquellas actuaciones que pudieran desestabilizar el régimen instaurado, por este motivo, ambas tenían que mirar en la misma dirección y es debido a estos elementos, cuando entendemos la gran importancia que tenían los atestados policiales en la celebración del juicio y la poca iniciativa por parte de la mayoría de la judicatura de cuestionarse esas declaraciones, por tanto, muchos acusados y posteriormente juzgados por este tribunal vieron mermadas su garantías procesales y medios de tutela judicial efectiva, ya que, la sentencia era condenatoria mucho antes de la celebración del juicio. Muestra de ello lo encontramos en el contenido de las conferencias impartidas en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona por investigadores, 47
48 abogados e imputados 46 que han tenido por distintos motivos una relación directa con esta jurisdicción especial, definiéndola abiertamente como un mecanismo puro de represión de conductas contrarias a los principios franquistas cumpliendo con su objetivo a la perfección, a través del establecimiento de duras sanciones que disuadieran cualquier foco de oposición al Estado franquista. 4) Es en este punto en el que nos cuestionamos la imparcialidad de los jueces que ejercieron en este tribunal, empezando por el hecho que en la disposición transitoria de la Ley154/1963 de 2 de diciembre de 1963 de creación del TOP se recoge un concepto jurídico indeterminado ( condiciones más favorables al reo ) lo que nos lleva a una disminución de la seguridad jurídica, ya que entendemos que deja la puerta abierta al arbitrio de cada juez la determinación de la competencia de este tribunal teniendo en cuenta distintos elementos, como podía ser la conducta social del imputado (aspecto que quedaba recogido en la sentencia) y que, junto con la capacidad económica posteriormente se tenían en cuenta para la graduación de la pena. Así pues, es aquí donde entra en juego el poder de decisión de los jueces y magistrados que, como creemos que sucedió en el TOP, pueden estar influidos por el medio social como en este período fue el franquismo, con el que contribuyeron en la persecución de sus fines políticos y pensamientos contrarios al mismo a través de la aplicación de una justicia disuasoria. 5) El hecho que nos sorprende es que los jueces y magistrados que se encargaron de aplicar la represión a través de una justicia disuasoria, poco tiempo después de la muerte de Francisco Franco, algunos de ellos pasaron a ser presidentes y magistrados de verdaderos tribunales democráticos (Tribunal Supremo y Audiencia Nacional), sin en ningún momento exigirles ningún tipo de responsabilidad por el hecho de haber contribuido a la aplicación de la política represiva del régimen franquista a través de la 46 Conferencias impartidas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona por: El TOP y el antifranquismo catalán: Dr. Javier Tébar Hurtado, 8 de abril de 2013 Proceso 1001: Jaime Sartorius, Nicolás Sartorius y Francisco Naranjo, 22 de abril de 2013 Abogados de Atocha: Alejandro Ruiz-Huerta y Raúl Cordero, 6 de mayo
49 condena de actuaciones y comportamientos que simplemente consistían en la mera manifestación de una opinión o de reivindicación de mejoras en las condiciones de vida y laborales que venían padeciendo y que podían ser mejoradas. Es cierto que si bien en la transición se optó por la amnistía de unos (presos políticos), también es lógico que se optará por la amnistía de los otros (todo el aparato represivo del régimen) con el objetivo de tratar de evitar posibles venganzas, pero también es cierto que existen diferencias entre ambos, ya que por un lado encontramos a los obligados sumisos a aceptar el sistema impuesto, acatarlo y no cuestionarlo y, por otro lado, a los responsables de su cumplimiento disponiendo de todos los medios necesarios para cumplir con el fin establecido. No tratamos de distinguir entre buenos y malos, sino que simplemente hablamos de justicia, ya que muchos de los presos lo fueron por el simple hecho de manifestar su descontento con el sistema instaurado, actuación que apenas diez años después fue especialmente protegida como Derechos Fundamentales en la Constitución y, es en los artículos de esta misma, donde se recogen otros muchos derechos y libertades, como puede ser el derecho de defensa, asistencia letrada, derecho a una información veraz, entre otros... esto implícitamente implica que anteriormente no estaban reconocidos. Lo que queremos decir es que durante la transición y hasta hace poco tiempo, no se ha tenido en consideración a las víctimas del franquismo, al contrario de lo que ha sucedido con los integrantes del TOP que contribuyeron en la aplicación de los principios del Movimiento Nacional a los que después de su desaparición se les aseguró su continuidad en las altas instancias judiciales, la amnistía se aplicó para prevenir posibles venganzas, pero la exigencia de responsabilidades también podría cumplir con el mismo objetivo, sin embargo fue totalmente descartada. No nos sirve el argumento de que únicamente trataban de aplicar la legislación vigente, pues es de sobras conocido que era condición indispensable para la permanencia en el poder judicial mostrar su apoyo al régimen, más cuando habían jurado servir a España 49
50 con absoluta lealtad al Caudillo y fidelidad a los principios del Movimiento. Además, los integrantes del TOP eran perfectamente conscientes de las torturas y demás prácticas realizadas por la Brigada Político Social a los detenidos (sólo había que ver las condiciones en las que llegaban algunos imputados a la celebración del juicio), no obstante, nunca denunciaron ni investigaron esas prácticas desatendiendo las alegaciones de tortura y malos tratos convirtiéndose así, en cómplices de las mismas. La imparcialidad hubiera existido si la judicatura no hubiera contribuido con la represión franquista a través de sus sentencias, pues es a través de estas donde nos muestra su aceptación con tal represión. 6) Para finalizar, diremos que creemos que no se exigieron responsabilidades a ninguno de los integrantes que contribuyeron en la política represiva del régimen porque, como muy bien sabemos, Franco murió en la cama, es decir, los grupos opositores al régimen no consiguieron derrotarlo y la transición democrática se inició con las bases sentadas, sólidas y estables de cuarenta años de dictadura, lo cual quiere decir que se mantenían en el poder los miembros que habían contribuido a la integración y consolidación del franquismo en el Estado español, con la única diferencia de que una vez fallecido Franco y designado su sucesor, se iniciaba un nuevo período de reforma política impulsada sobretodo mediante las movilizaciones sociales, esto implicaba que los distintos grupos políticos debían pactar, ceder y cooperar entre ellos para formar ese nuevo Estado. Desde sectores muy distintos de la sociedad se reclamaba la amnistía para las víctimas de la represión franquista, ya que, suponía la anulación de todos los procedimientos instruidos durante este período (a diferencia de lo que ocurriría con el indulto donde sí que habría una sentencia condenaría), pero, volviendo a la idea anteriormente expuesta, si se opta por la amnistía de unos también sirve de aplicación para otros y, creemos que se decidió por la aplicación de esta amnistía como símbolo de inicio de un nuevo período para todos, pero entendemos que olvidándose de conceptos como el de justicia y decretando la política del silencio y del olvido, lo que acabó favoreciendo el acceso de 50
51 los jueces del TOP a los tribunales democráticos justificándose en el fin de una etapa y el inicio de otra. 51
52 VII. BIBLIOGRAFÍA Casanova, J., Espinosa, F., Mir, C., y Moreno Gómez, F., Morir, matar, sobrevivir. La violencia en la dictadura de Franco, Barcelona, Crítica, Del Águila, J. J. El TOP. La represión de la libertad ( ), Barcelona, Planeta, Fontana, J. España bajo el franquismo, Barcelona, Crítica, Jiménez Villarejo, C y Doñate Martín, A. Jueces, pero Parciales. La pervivencia del Franquismo en el Poder Judicial, Barcelona, Ediciones de Pasado y Presente, Juliá, S., Casanova, J., Solé i Sabaté, J M., Villarroya, J. Y Moreno, F. Víctimas de la Guerra Civil, Madrid, Ediciones Temas de Hoy, Marin, JM., Molinero, C., Ysás, P. Historia Política , Madrid, Istmo, Molinero, C. y Ysás, P. La anatomía del franquismo. De la supervivencia a la agonía, , Barcelona, Crítica, Yllán Calderón, E. El franquismo, Madrid, Mare Nostrum Comunication, Ysás, P. Disidencia y subversión. La lucha del régimen franquista por su supervivencia, , Barcelona, Crítica, WEBGRAFÍA
54 Cuadro 1: Magistrados, Jueces y Fiscales servidores de la jurisdicción de orden público 1964 (febrero) 1965 (diciembre) Presidente Enrique Amat Casado Antonio Torres-Dulce Ruiz Magistrados José Francisco Mateu Cánoves Juez de Instrucción José Garralda Valcárcel Fiscales Félix Hernández Gil 1966 (enero) 1967 (octubre) Presidente José de Hijas Palacios Antonio Torres-Dulce Ruiz Magistrados José Francisco Mateu Cánoves José Garralda Valcárcel Juez de Instrucción Jaime Mariscal de Gante Félix Hernández Gil Fiscales Luis Manuel Poyatos Bernáldez 1967 (noviembre) 1972 (agosto) Presidente José Francisco Mateu Cánoves Carlos Maria Entrena Klet Magistrados José Redondo Salinas Manuel González Alegre Juez de Instrucción Jaime Mariscal de Gante Fiscales José María Riera Larios 1972 (septiembre) (enero) Presidente José Francisco Mateu Cánoves Carlos Maria Entrena Klet Antonio Martínez Carrera Fernando Menéndez Rodríguez Magistrados Fernando Cid Fontán Gabril Gonzálvez Aguado José Redondo Salinas Manuel Gómez Villaboa Navoa Diego Córdoba García Juez de Instrucción Rafael Gómez Chaparro Jaime Mariscal de Gante José María Riera Larios Luis Beneytez Merino Fiscales Lisardo Fuentes Bullido Eugenio Antonio de Herrera Martín Jesús Silva Porto 54
55 Magistrados Sustitutos Juez de intrucción sustituto Fiscales en situacones especiales Tomás Pereda Iturriaga Tomás Marcos Garmendia Víctor Serván Mur Saturnino Gutiérrez de Juana Agustín Muñoz Álvarez Carlos Iglesias Selgas Rafael García de Prado Ruiberris de Torres Fuente: Juan José del Águila El TOP. La represión de la libertad ( ) (Ed. 2001) página
56 Cuadro 2: Porcentaje de sentencia condenatorias / absolutorias TOP AÑO TOTAL CONDENATORIAS PORCENTAJE CONDENATORIAS ABSOLUTORIAS PORCENTAJE ABSOLUTORIAS % 33 26% % 38 34% % 40 27% % 43 28% % 51 23% % % % 79 25% % 80 24% % 50 21% % % % % % % % 31 16% TOTAL % % Fuente: Juan José del Águila El TOP. La represión de la libertad ( ) (Ed. 2001) página
57 Cuadro 3: Tipos de delitos TIPOS DE DELITOS NÚMERO Amenazas y coacciones 121 Asociación ilícita 3658 Delitos contra el Consejo de Ministros 2 Delitos contra el jefe del Estado 405 Delitos contra la forma de gobierno 2 Delitos contra las Leyes Fundamentales 29 Delitos que comprometen la paz o la independencia del Estado 3 Desorden público 794 Faltas contra el orden público 5 Otros 803 Prensa 25 Propaganda ilegal 2622 Reuniones o manifestaciones no pacíficas 1508 Sedición 108 Tenencia de armas, explosivos o terrorismo 1111 Traición 1 Ultraje a la nación 64 TOTAL Fuente: Juan José del Águila El TOP. La represión de la libertad ( ) (Ed. 2001) página
58 Artículo 251 del Código Penal de