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Timestamp: 2017-12-17 15:36:16
Document Index: 403102859

Matched Legal Cases: ['e contrario', 'artículo 191', 'artículo 191', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 53']

Sentencia T.S.J. Canarias 120/2010, de 3 de febrero. Extinción del contrato por causas económicas. Despido improcedente - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.S.J. Canarias 120/2010, de 3 de febrero
Extinción del contrato por causas económicas: Despido improcedente. La situación económica negativa exige una situación de pérdidas de una cierta entidad. Es la empresa la que debe acreditar la situación económica y que la extinción de la relación laboral contribuye a la superación de la crisis. La falta de esta acreditación constituye un despido improcedente.
En el recurso de suplicación interpuesto por Levilla S.A. contra la sentencia de fecha 11 de noviembre de 2008 dictada en los autos de juicio n.º 0000253/2008 en proceso sobre DESPIDO, y entablado por Dña. Leonor, contra Levilla S.A. y Fondo de Garantía Salarial.
Primero.-El actor ha venido prestando servicios por cuenta y bajo la dependencia de la entidad demandada desde el 02.04.91, categoría profesional de vendedora y salario diario prorrateado de 56,71 euros.
Segundo.-La actora trabajaba para la demandada en un stand del Corte Inglés, vendiendo productos de la empresa Magefesa, Pirex, Moulinex, Cayenne, Duralex y de otras cuatro firmas.
En el último año, la actora no vendió las marcas Magefesa, Cayenne, Moulinex y Krups.
Tercero.-En fecha de 21 de enero de 2008, la empresa demandada notifica al actor una carta, en la que se le comunica su despido objetivo por la necesidad de amortizar su plaza por la pérdida de la distribución de las marcas Moulinex y Krups. Siendo imposible ofertarle otro puesto de trabajo, en las mismas condiciones al estar la plantilla sobredimensionada. Con efectos de 22 de enero de 2008.
En la propia carta señala la demandada que en ese mismo acto se ponía a disposición una indemnización de 19.076,58 euros, equivalente al salario de veinte días por año de trabajo, así como la cantidad de 1696,50 euros por un mes de salario ante la imposibilidad, según la demandada, de concederle el plazo de 30 días de preaviso.
Cuarto.-Durante el ejercicio 2005 la evolución de negocios y situación de la compañía era: el importe neto de la cifra de negocios, con respecto al ejercicio de 2005, obtuvo un detrimento del 0,2% y los recursos procedentes en el ejercicio fueron 30 mil euros.
La compañía posee unos fondos propios de 4,172 millones de euros, un capital circulante de 2,708 millones de euros y unas inversiones en el inmovilizado de 1,503 millones de euros.
Durante el 2006, obtuvo un incremento del 42,8%, los ingresos de explotación se aumentaron en un 52,5% hecho éste último que genera unas pérdidas de explotación de 769 mil euros.
La compañía tiene unos fondos propios de 3,257 millones de euros, un capital circulante de 2,068 millones de euros y unas inversiones en el inmovilizado de 1,226 millones de euros.
Quinto.-Por Acuerdo de resolución suscrito entre el Grupo Levilla S.A y Seb Iberica S.A, el primero dejaba la distribución de los productos del segundo (marcas Moulinex y Krups), a fecha de siete de enero de 2008, asumiéndolo directamente el grupo Seb Iberica.
Sexto.-La actora ha percibido la indemnización ofrecida de 19.076,58 euros.
Séptimo.-La actora no es, ni ha sido representante de los trabajadores.
Octavo.-Se cumplió el trámite del intento de conciliación previa. SEGUNDO.- La parte dispositiva de la Sentencia de instancia dice: Que estimando la demanda interpuesta por DOÑA Leonor frente a la empresa LEVILLA S.A. y FOGASA, debo declarar y declaro la IMPROCEDENCIA DEL DESPIDO del actor, condenando a la demandada a estar y pasar por esta declaración, y a que, por tanto, a su elección, le readmita en su puesto de trabajo en las mismas condiciones que regían con anterioridad al despido, o bien les indemnice con la suma de 42.957,82 euros, condenándola igualmente y en todo caso a que les abone los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido 22.01.08 y hasta la notificación de la presente resolución, a razón de salario declarado probado en el hecho primero, con el descuento que proceda, debiendo estar y pasar asimismo el FOGASA por el pronunciamiento presente con respecto a las responsabilidades que pudieran acontecer; advirtiendo por último a la demandada que la opción señalada, habrá de efectuarse ante este Juzgado de lo Social en el plazo de los CINCO DIAS SIGUIENTES, desde la notificación de la Sentencia, entendiéndose que de no hacerlo así se opta por la readmisión.
Tercero.-La parte dispositiva del auto de aclaración de sentencia de instancia dice: SE ACUERDA rectificar el error manifiesto contenido en la parte dispositiva de la sentencia de fecha 11 de noviembre de 2008, consistente en que en el fallo de la misma se condena a la entidad demandada LEVILLA, S.A. a que abone la cantidad de 42.957,82 euros a la actora Dña. Leonor, sin descontarse la cantidad de 19.076,58 euros ya abonada a la actora en concepto de indemnización por despido objetivo, dicha condena debe ser rectificada, condenándose a la entidad demandada a que abone a la actora la cantidad de 23.881,24 euros, una vez descontados los 19.076,58 euros percibidos por la parte actora.
Cuarto.-Frente a dicha resolución se interpuso el recurso de Suplicación por la empresa Levilla S.A., que fue impugnado de contrario.
Primero.-Frente a la sentencia que estimando la demanda declaró la improcedencia del despido de la actora, condenando a la empresa demandada a las responsabilidades correspondientes, se alza esta última en suplicación alegando un motivo de revisión fáctica y otro de censura jurídica, a fin de que con revocación de aquella se declare procedente el despido objetivo de la trabajadora.
Segundo.-Con amparo en el artículo 191 b) de la Ley de Procedimiento Laboral la parte recurrente pretende la modificación de los siguientes hechos probados:
Sustitución del hecho probado 2.º por el siguiente texto: "La actora trabajaba para la demandada en un stand del Corte Inglés, vendiendo productos de la empresa Magefesa, Pirex, Moulinex, Cayenne Duralex y de otras cuatro firmas. Con efectos del 31 de diciembre de 2007 Levilla S.A., cesó en la distribución de los productos Moulinex y Krups permitiéndosele la comercialización de los mismos hasta el día 6 de enero de 2008. A partir de dicha fecha la distribución de dichos productos es asumida directamente por Seb Ibérica".
Basa su propuesta en los documentos unidos a los folios 278 a 291.
Sustitución del hecho probado 4.º por el siguiente texto: "Las Cuentas Anuales de la empresa vienen siendo auditadas todos los años. Según la Cuenta de Pérdidas y Ganancias a 31-12-06, los resultados anuales de los ejercicios 2005 y 2006 fueron los siguientes: 2005: -267.204,52 €; 2006: -915487.71 €. El saldo de fondos propios o recursos propios, formados por el capital, reservas y otras partidas asimiladas a éstas que constituyen la participación de los accionistas en la financiación de la empresa ha sido el siguiente: Saldo Inicial al 31.12.2005= 4172526.84 Euros; Saldo final al 31.12.2006= 3.257.039,13 Euros.
Según el informe de la Auditoría de Cuentas, el inmovilizado material compuesto por elementos patrimoniales tangibles, muebles e inmuebles, que son utilizados para la actividad permanente y productora de la empresa es de 2.636.325,68 € 4. La empresa tiene reservas voluntarias por importe de 3.898.820,46 €; deudas con entidades de crédito por importe de 2.237.018,06 €. 5. el empleo medio durante el ejercicio de 2006 es de 47,12 personas.
Según el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2006, firmado el 30-03-07 por el Consejo de Administración de LEVILLA, S.A., en el apartado evolución de los negocios, con respecto al ejercicio 2006, obtuvo un incremento de 42'8%, los ingresos de explotación se incrementaron en un 39,9% y los gastos aumentaron en un 52,5%, hecho éste último que genera unas pérdidas de explotación de 769 mil euros. Las pérdidas del ejercicio de 2.006, por importe de 915 mil euros, corresponden en la cantidad de 517 mil a los resultados de la entidad absorbida LEVILLA COMERCIAL, S.L.U. y el resto a la absorbente LEVILLA, S.A.. La empresa tiene unos fondos propios de 3'257 millones de euros, un capital circulante de 2'068 millones de euros y unas inversiones en el inmovilizado (material, inmaterial, financiero) de 1'226 millones de euros".
Basa su propuesta en los documentos unidos a los folios 66 a 277.
Sustitución del hecho probado 5.º proponiendo el siguiente texto: "Por acuerdo de resolución suscrito entre la mercantil Levilla S.A. y Seb Ibérica, el primero dejaba la distribución de los productos del segundo (marcas Moulinex y Krups), a fecha siete de enero de 2008, asumiéndolo directamente el grupo Seb Ibérica S.A. quien además adquirió todos los productos que quedaron en stock".
Los hechos declarados probados pueden ser objeto de revisión mediante este proceso extraordinario de impugnación (adicionarse, suprimirse o rectificarse), si concurren las siguientes circunstancias: a) que se concrete con precisión y claridad el hecho que ha sido negado u omitido, en la resultancia fáctica que contenga la sentencia recurrida; b) que tal hecho resalte, de forma clara, patente y directa de la prueba documental pericial obrante en autos, sin necesidad de argumentaciones más o menos lógicas, puesto que concurriendo varias pruebas de tal naturaleza que ofrezcan conclusiones divergentes, o no coincidentes, han de prevalecer las conclusiones que el Juzgador ha elaborado apoyándose en tales pruebas (no siendo cauce para demostrar el error de hecho, la "prueba negativa", consistente en afirmar que los hechos que el juzgador estima probados no lo han sido de forma suficiente (STS 14 de enero, 23 de octubre y 10 de noviembre de 1986) y STS, 17 de noviembre de 1990) "... sin necesidad de conjeturas, suposiciones o interpretaciones y sin recurrir a la prueba negativa consistente en invocar la inexistencia de prueba que respalde las afirmaciones del juzgador...); c), que se ofrezca el texto concreto a figurar en la narración que se tilda de equivocada, bien sustituyendo alguno de sus puntos, bien completándola; d) que tal hecho tenga trascendencia para llegar a la modificación del fallo recurrido, pues, aun en la hipótesis de haberse incurrido en error si carece de virtualidad a dicho fin, no puede ser acogida; e) que en caso de concurrencia de varias pruebas documentales o pericia les que presenten conclusiones plurales divergentes, sólo son eficaces los de mayor solvencia o relevancia de los que sirvieron de base al establecimiento de la narración fáctica y, f) que en modo alguno ha de tratarse de la nueva valoración global de la prueba incorporada al proceso.
En este caso, no pueden ser acogidas las modificaciones propuestas pues mediante las mismas la recurrente pretende sustituir la interpretación de los documentos aportados efectuada por el Magistrado a quo, junto con la totalidad del acervo probatorio, de carácter objetivo e imparcial por la mas interesada de la parte.
Tercero.-Con amparo en el artículo 191 C) de la Ley de Procedimiento Laboral la misma parte aduce violación del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, aunque dados los términos en que se fundamentó la carta de cese (folios 4 a 6) y lo que ha sido objeto de debate, habrá de entenderse que la infracción denunciada se refiere concretamente al artículo 52 c) del Estatuto de los Trabajadores puesto que las causas esgrimidas fueron económicas.
En relación con la misma, la Sala ha reiterado en sentencia de 29-01-2010 (Recurso 1801/2009), lo siguiente:
"Esta Sala con fundamento en la doctrina de la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha hecho suya un cuerpo de doctrina que cabe resumir en los siguientes términos:
E) En todo caso hay que tener en cuenta el carácter casuístico de esta materia lo que obliga a analizar en cada caso el contenido de la carta y la suficiencia de la misma, para lo que habrá que ponderar el conocimiento que el trabajador pueda tener de las causas en función de su posición en el seno de la empresa".
En este caso, del inalterado relato fáctico se deduce que la actora trabajaba para la empresa demandada en un stand de El Corte Inglés como vendedora de productos Magefesa, Pirex, Moulinex, Cayenne, Duralex y otras cuatro firmas.
Durante el último año no vendió las marcas Magefesa, Cayenne, Moulinex y Krups.
Durante el ejercicio 2005 la cifra de negocios de la empresa demandada tuvo un detrimento del 0,2 %, siendo los recursos procedentes del ejercicio 30.000,00 €. Tenía unos fondos propios de 4,172 millones de €; un capital circulante de 2.708 millones de € y unas inversiones en inmovilizado de 1.503 millones de €.
Durante 2006, obtuvo un incremento del 42,8 %; los ingresos de explotación aumentaron en un 52,5 %; presentando unas pérdidas de 769.000,00 €. Tenía unos fondos propios de 3.257 millones de €; un capital circulante de 2.068 millones de € y unas inversiones en inmovilizado de 1.226 millones de €.
Por acuerdo suscrito entre la empresa demandada y Seb Ibérica S.A. la primera dejaba la distribución de las marcas Moulinex y Krups de la segunda, que asumió esta última desde el día 07-01-2008.
Con fecha 21-01-2008 la empresa demandada notificó a la actora carta comunicándole su despido objetivo con efectos de 22-01- 2008 por pérdida de la distribución de la aludidas marcas, siendo imposible ofertarle otro puesto de trabajo en las mismas condiciones por estar la plantilla sobredimensionada.
El artículo 52 c) del Estatuto de los Trabajadores exige al empresario acreditar la decisión extintiva basada en causas económicas, con el fin de contribuir a la superación de situaciones económicas negativas, es decir; será necesario examinar si concurren dificultades económicas justificativas de la decisión de cese del trabajador y si esta sirve para superar tales dificultades.
Por lo relatado, en este caso, no se ha acreditado la existencia de dificultades en la empresa. Tampoco el cese de la trabajadora podría contribuir razonablemente, a superar las eventuales pérdidas económicas. Lo acaecido a la demandada es habitual en las empresas distribuidoras, es decir, la defección de dos marcas - que serán sustituidas por otras -, dentro de las que ordinariamente vendía la trabajadora en el correspondiente stand de El Corte Inglés. Tal circunstancia forma parte del riesgo de la empresa.
Además, esta mantenía en 2006 unas importantísimas cifras en los capítulos de fondos propios, capital circulante e inversiones en inmovilizado, con un aumento de los ingresos de explotación, por lo que las pérdidas del ejercicio pueden resultar coyunturales y desde luego en ningún caso atribuibles a la pérdida de la distribución de aquellas dos marcas, de entre las confiadas a la trabajadora en el referido stand.
La falta de justificación del pretendido cese objetivo de la actora, constituyó su despido improcedente (artículo 53.5 del Estatuto de los Trabajadores) y habiéndolo entendido así la sentencia impugnada solo cabe su confirmación con desestimación del recurso interpuesto.
Cuarto.-En aplicación de lo dispuesto en los artículos 201, 202.4 y 233.1 de La Ley de Procedimiento Laboral, procede efectuar, con respecto al aseguramiento de la condena, el depósito efectuando para recurrir y las costas causadas, los pronunciamientos pertinentes. Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.
Que desestimando el recurso de suplicación interpuesto por Levilla S.A., contra la sentencia dictada el día 11 de noviembre de 2008, por el JUZGADO DE LO SOCIAL N. 1 de LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, que debemos confirmar como confirmamos dicha sentencia.
Se decreta la pérdida del deposito constituido para recurrir al que se dará el destino legal. Manténgase el aseguramiento prestado hasta que la condenada cumpla la sentencia o hasta que en cumplimiento de la misma se resuelva sobre su realización. Con imposición de costas a la empresa demandada incluidos los honorarios del letrado impugnante del recurso que se fijan en 300,00 €.
Además, si el recurrente hubiere sido condenado en la sentencia, deberá acompañar, al preparar el recurso, el justificante de haber ingresado en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en el BANESTO cta. número: 3537/000066 1129/09 a nombre de esta Sala el importe de la condena, o bien aval bancario en el que expresamente se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista. Si la condena consistiere en constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad Social y una vez se determine por éstos su importe, lo que se le comunicará por esta Sala.
El recurrente deberá acreditar mediante resguardo entregado en la Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de la personación, la consignación de un depósito de 300 Euros en la entidad de crédito de BANESTO c/c 2410000066 1129/09, Sala de lo Social del Tribunal Supremo.