Source: http://www.derechos.org/nizkor/icc/leyccpi.html
Timestamp: 2018-01-24 05:20:44
Document Index: 399872443

Matched Legal Cases: ['artículo 59', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'artículo 53', 'Artículo 8', 'artículo 18', 'artículo 18', 'Artículo 9', 'Artículo 11', 'artículo 59', 'artículo 15', 'artículo 91', 'artículo 91', 'artículo 787', 'artículo 790', 'Artículo 19', 'artículo 93', 'Artículo 22', 'artículo149']

Equipo Nizkor - Proyecto de Ley Orgánica de Cooperación con la Corte Penal Internacional.
Proyecto de Ley Orgánica de Cooperación con la Corte Penal Internacional.
Un elemento significativo de esta Ley es la entrega a la Corte de una persona reclamada por la misma, que resulta imprescindible pues el Estatuto no permite dictar sentencias en rebeldía. Los preceptos del Estatuto y de las Reglas de Procedimiento y Prueba son muy minuciosos y concordantes con el derecho interno español, por lo que esta Ley sólo introduce los adecuados complementos. El aspecto más significativo se refiere al principio general que establece el Estatuto acerca de la obligatoriedad de decretar la prisión provisional, siendo excepción la libertad provisional, aunque no se establece un automatismo riguroso eliminando por completo la facultad de apreciación por el Juez interno, sino solamente que examine y valore las recomendaciones de la Corte, tal y como establece el artículo 59.4 del Estatuto. En orden a la entrega a la Corte, la característica principal es la limitación de los motivos de denegación de la solicitud, apartándose de los modelos clásicos en materia de extradición, ya que ni siquiera la existencia de cosa juzgada puede impedir la entrega, sin perjuicio de la valoración que, en su caso, pueda efectuar la Corte.
Artículo 1.-Objeto y fuentes jurídicas.
El objeto de la presente Ley Orgánica es regular las relaciones de cooperación entre el Estado español y la Corte Penal Internacional en el ejercicio de las funciones encomendadas a esta institución por el Estatuto de Roma de 17 de julio de 1998 y su normativa complementaria, mediante la atribución de competencia a los órganos estatales y el establecimiento de procedimientos internos adecuados, en lo no previsto en el Estatuto hecho en Roma el 17 de julio de 1998 -en lo sucesivo, el Estatuto- y sus normas complementarias en la medida en que estas resulten pertinentes, en particular las Reglas de Procedimiento y Prueba, así como los acuerdos específicos de cooperación que España pueda celebrar con la Corte.
Artículo 2.- De la cooperación pasiva.
Artículo 3.- De la cooperación activa.
Artículo 4.- De las Autoridades competentes.
Artículo 5.- De la representación y defensa procesal.
Artículo 6.- De los órganos de relación y consulta con la Corte.
1. El Ministerio de Justicia es el único órgano de relación entre la Corte, por un lado, y los órganos judiciales y Ministerio Fiscal, por otro, sin perjuicio de las competencias del Ministerio de Asuntos Exteriores. (Modificado)
2. El Ministerio de Justicia es también el órgano de consulta con la Corte en los casos previstos en el Estatuto, debiendo informar previamente de cada consulta al Ministerio de Asuntos Exteriores. En el supuesto de que la consulta afecte a materias propias del ámbito competencial de los Ministerios del Interior o Defensa, recabará el informe de estos Departamentos. (Modificado)
Artículo 7.- De la solicitud para iniciar una investigación por el Fiscal de la Corte.
1. Corresponde exclusivamente al Gobierno, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta conjunta del Ministro de Asuntos Exteriores y del Ministro de Justicia, decidir la presentación de la denuncia de una situación ante el Fiscal de la Corte, de conformidad con lo prevenido en los artículos 13, apartado a) y 14 del Estatuto, y en su caso, para instar de la Sala de Cuestiones Preliminares que el Fiscal reconsidere su decisión de no iniciar actuaciones, conforme al artículo 53.3.a) del Estatuto.
2. Cuando se presentare una denuncia o querella ante un órgano judicial o del Ministerio Fiscal o una solicitud en un Departamento ministerial, en relación con hechos sucedidos en otros Estados, cuyos presuntos autores no sean nacionales españoles y para cuyo enjuiciamiento pudiera ser competente la Corte, dichos órganos se abstendrán de todo procedimiento, limitándose a informar al denunciante, querellante o solicitante de la posibilidad de acudir directamente al Fiscal de la Corte, que podrá, en su caso, iniciar una investigación. En iguales circunstancias, los órganos judiciales y el Ministerio Fiscal se abstendrán de proceder de oficio. (Modificado)
[se elimina el apartado 3]
Artículo 8.- Del requerimiento de inhibición al Fiscal de la Corte.
1. Recibida en el Ministerio de Justicia notificación del Fiscal de la Corte de inicio de una investigación conforme al artículo 18.1 del Estatuto, de tratarse de hechos cuyo conocimiento podría corresponder a la jurisdicción española por haber acaecido en territorio español u ostentar sus presuntos responsables la nacionalidad española, dicho Departamento ministerial solicitará del Fiscal General del Estado información urgente sobre la existencia de actuaciones penales que se sigan o hayan seguido en relación con los hechos objeto de la investigación, así como sobre si tienen competencia los tribunales españoles. (Modificado)
2. Cuando de la información suministrada por el Fiscal General del Estado apareciera que se ha ejercido jurisdicción en España, se está ejerciendo o, como consecuencia de la notificación recibida, se ha iniciado una investigación por las autoridades españolas, los Ministros de Justicia y de Asuntos Exteriores, en plazo que no podrá rebasar los veinte días desde la recepción de la notificación del Fiscal de la Corte, elevarán propuesta conjunta al Consejo de Ministros para que resuelva sobre sostener la competencia de los tribunales españoles y, en su caso, pedir la inhibición al Fiscal de la Corte conforme al artículo 18.2 del Estatuto. (Modificado)
3. Una vez aprobado el Acuerdo del Consejo de Ministros del apartado anterior corresponderá al Ministerio de Justicia formular la petición de inhibición y realizar las restantes actuaciones previstas en el Estatuto, para dar cumplimiento a dicho Acuerdo. (Modificado)
4. El Ministerio de Justicia responderá con carácter urgente a cualquier petición de información del Fiscal de la Corte referida al estado de los procedimientos penales que se siguieren en España y que hubieren sido objeto del requerimiento de inhibición, recabando dicha información del Fiscal General del Estado o directamente del órgano judicial que estuviere conociendo del asunto. La información se transmitirá con los límites de utilización que estableciere el órgano judicial que autorizare la información. (Modificado)
5. Cuando de la información subintrada por el Fiscal General del Estado de conformidad con el apartado 1 resulte que no se ha ejercido jurisdicción, ni se está ejerciendo, ni se ha iniciado investigación en España, el Ministerio de Justicia lo comunicará urgentemente al Fiscal de la Corte. (Modificado)
Artículo 9.- De la impugnación de la competencia de la Corte o de la admisibilidad de la causa.
1. Corresponde exclusivamente al Gobierno, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta conjunta del Ministro de Justicia y del Ministro de Asuntos Exteriores, acordar la impugnación de la competencia de la Corte o la admisibilidad de la causa, de conformidad con lo previsto en los artículos 17 y 19 del Estatuto, cuando los Tribunales españoles hayan conocido del asunto y haya recaído sentencia, o se haya decretado el sobreseimiento libre de la causa o estén conociendo del asunto. Dicho acuerdo habilitará, en su caso, al Ministerio de Justicia para llevar a cabo la impugnación. (Modificado)
2. Tal impugnación se formalizará a la mayor brevedad posible, antes del inicio del juicio en la Corte y excepcionalmente, en el momento de su iniciación o en un momento posterior, fundándose en este último caso en el solo motivo de haberse producido ya cosa juzgada en España. (Modificado)
[suprimidos 3 y 4]
Artículo 11.- De la detención provisional y la libertad provisional.
2. El Juez Central de Instrucción oirá a la persona reclamada, asistida de letrado y, en su caso, de intérprete y al Ministerio Fiscal, dentro de las 72 horas siguientes a su puesta a disposición judicial. Después de verificar la identidad del detenido, el contenido de la orden de detención y las circunstancias previstas en el artículo 59.2 del Estatuto, informará al detenido del contenido de la orden de detención y de su derecho a solicitar la libertad provisional. (Modificado)
3. Cuando la orden de detención de la Corte se refiera a una persona que se encuentra cumpliendo condena impuesta por los Tribunales españoles o por los de un tercer Estado desde el cual hubiere sido trasladada a España para su cumplimiento, la autoridad penitenciaria competente informará con antelación suficiente sobre la fecha de excarcelación al Juez Central de Instrucción y al Ministerio de Justicia, que procederá conforme a lo previsto en el artículo 15.5 de esta Ley. (Modificado)
[Recoge el contenido del art. 11.8 del Anteproyecto]
1. Si el detenido solicitara, en la comparecencia prevista en el artículo anterior, su libertad provisional, el Juez Central de Instrucción acordará remitir dicha solicitud a la Corte, a través del Ministerio de Justicia, con indicación del plazo para recibir sus recomendaciones, que no será inferior a 20 días. En la misma resolución, el Juez Central de Instrucción acordará la prisión provisional del detenido por el tiempo estrictamente necesario para recibir las recomendaciones de la Corte sobre dicha solicitud y hasta que se resuelva sobre la misma.
2. Una vez recibida, a través del Ministerio de Justicia, la comunicación de la Corte con las recomendaciones que ésta formule sobre la solicitud de libertad, o concluido el plazo señalado para su formulación, el Juez Central de Instrucción, previa valoración de dichas recomendaciones, podrá acordar la libertad provisional del detenido cuando existan circunstancias urgentes y excepcionales que lo justifiquen y adoptará las salvaguardias necesarias para cumplir la obligación de entregar la persona a la Corte y, en especial, las medidas recomendadas al efecto por ésta. (Modificado).
3. Si en el plazo establecido en las Reglas de Procedimiento y Prueba de la Corte no hubiera remitido la documentación para la entrega prevista en el artículo 91.2 y 3 del Estatuto, el Juez Central de Instrucción podrá acordar la libertad provisional y las medidas cautelares adecuadas, que se mantendrán por un tiempo máximo de 180 días, sin perjuicio de volver a decretar la prisión una vez recibida la documentación de la Corte. (Modificado)
4. Cuando se acordare la libertad provisional, se informará a la Sala de Cuestiones Preliminares y posteriormente cuantas veces ésta lo solicite.
[Artículo nuevo que recoge parte del art. 11 del Anteproyecto.]
2. El Juez Central de Instrucción remitirá urgentemente copia del auto al Ministerio de Justicia, que informará de inmediato a la Corte y solicitará indicaciones de ésta, en orden a la realización del traslado. Una vez recibidas dichas instrucciones, las transmitirá al Juzgado Central de Instrucción y al Ministerio del Interior a los fines de la entrega. (Modificado)
1. No habiendose accedido a la entrega simplificada, cuando hubiera sido detenida una persona en cumplimiento de una orden de la Corte de detención y entrega o una vez recibida en el Juzgado Central de Instrucción la documentación prevista en el artículo 91.2 ó 3 del Estatuto, según los casos, se pondrá ésta de manifiesto en Secretaría y se convocará a una audiencia que tendrá lugar en el plazo máximo de 10 días, con citación de la persona reclamada y su defensor y, en su caso, de un intérprete, así como del Ministerio Fiscal. A dicha audiencia podrá asistir e intervenir un delegado del Fiscal de la Corte. (Modificado)
6. Si la resolución fuere denegatoria de la entrega, una vez firme, se pondrá urgentemente en libertad a la persona detenida y se comunicará al Ministerio de justicia, que a su vez lo hará a la Corte. (Modificado)
1. Cuando concurriere con la solicitud de entrega de la Corte una solicitud de extradición de un Estado, sea o no parte en el Estatuto, o una orden europea de detención y entrega, se notificará este hecho a la Corte y al Estado requirente y se tramitarán conjuntamente ambos procedimientos en el Juzgado Central de Instrucción que estuviere conociendo de la solicitud de entrega. (Modificado)
2. El Juez Central de Instrucción se abstendrá de decidir sobre la entrega, elevando ambos procesos a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, quien resolverá de acuerdo con el Estatuto y, en su caso, de acuerdo con el Tratado que existiere con el Estado requirente. Cuando no existiere Tratado, se dará preferencia a la solicitud de la Corte. (Modificado)
1. Contra las resoluciones del Juez Central de Instrucción relativas a la situación personal del reclamado cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que se sustanciará conforme a lo prevenido en el artículo 787 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y se resolverá por auto en el plazo de cinco días. (Modificado)
2. Contra el auto del Juez Central de Instrucción en el que se resuelve sobre la entrega cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Penal, que se tramitará conforme a lo prevenido en el artículo 790 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si bien en el escrito de formalización del recurso no se podrán formular otras alegaciones que las relativas a quebrantamiento de las normas y garantías procesales en el expediente y las relativas a la concurrencia de los requisitos establecidos en los artículos 89.2 y 99.2 ó 3, según los casos, del Estatuto. (Modificado)
3. Los autos de la Sala de lo Penal resolviendo los recursos de los apartados anteriores no serán susceptibles de recurso alguno. (Modificado)
1. Cuando se hubiere acordado la entrega a la Corte y la persona que deba ser entregada estuviere cumpliendo condena en España o sujeta a proceso por hechos distintos de los que han servido de base para la entrega , el Ministerio de Justicia, si no se opusiere el Tribunal sentenciador o el instructor, celebrará consultas con la Corte, a efectos de decidir sobre la entrega temporal a la Corte mediante resolución motivada, con las modalidades de la restitución a España que se determinen y computándose en todo caso el período pasado a disposición de la Corte.
Artículo 19. De las actuaciones posteriores a la entrega
1. Los órganos judiciales y las restantes autoridades intervinientes darán cumplimiento a las solicitudes de cooperación formuladas por la Corte previstas en el artículo 93 del Estatuto que no estuvieran prohibidas en la legislación española y cuyo fin fuere también facilitar el proceso ante la Corte. (Modificado)
2. Cuando la solicitud de la Corte pudiere afectar a la defensa o a la seguridad nacionales o tenga por objeto documentos o informaciones que hubieren sido transmitidos a España con carácter confidencial por un Estado, una organización internacional o una organización intergubernamental, el Ministerio de Asuntos Exteriores, en coordinación con los Ministerios de Justicia, del Interior y de Defensa u otros Ministerios competentes, efectuará consultas con el Estado u organización de que proceda la información o documentación, informándose a la Corte del resultado de tales consultas. (Modificado)
4. El objeto de las consultas será exponer a la Corte la razón fundada por la que no puede prestarse la asistencia solicitada, considerar la posibilidad de atendería de otra manera o con arreglo a otras condiciones, estudiar su modificación o retirada, así como asegurar la protección de informaciones de carácter confidencial o restringido. (Modificado)
1. Las personas citadas como peritos o testigos para comparecer ante los Tribunales españoles en cumplimiento de una comisión rogatoria expedida por la Corte, tendrán las mismas obligaciones y responsabilidades que si hubieren sido citadas en una causa que se siguiere en España.
2. Cuando la solicitud de comparecencia en la sede de la Corte se refiriese a una persona detenida en España, el Ministerio de Justicia se dirigirá al órgano judicial que estuviere conociendo del asunto, para que interrogue a dicha persona acerca de si consiente el traslado y si lo consintiere y la autoridad judicial española no se opusiere, el Ministerio de Justicia autorizará el traslado, comunicándolo al citado órgano judicial y al Ministerio del Interior, en coordinación con la Corte.
Artículo 22.- De la ejecución de las penas en España.
1. De conformidad con el acuerdo que eventualmente se celebrare entre España y la Corte y con la Disposición adicional única de la Ley Orgánica 6/2000, de 4 de octubre, por la que se autoriza la ratificación por España del Estatuto de la Corte Penal Internacional, el Ministerio de Justicia, previas las consultas oportunas, comunicará a la Corte las condiciones en las que España estuviese dispuesta a aceptar el traslado de un condenado a pena privativa de libertad o las razones que impidiesen la aceptación de dicho traslado.
3. Los jueces de vigilancia penitenciaria y el Ministerio del Interior prestarán el máximo apoyo a Magistrados y funcionarios de la Corte que se personaren en España para supervisar la ejecución de las penas. (Modificado)
5. Cuando se celebrare una vista en la Sala de Apelaciones acerca de una posible reducción de la pena de quien estuviere cumpliendo condena en España, corresponderá al Ministerio de Justicia determinar la conveniencia de la intervención procesal y los términos en que deba producirse. (Modificado)
2. Cuando las observaciones se refiriesen a la atribución del importe de la reparación a una organización intergubemamental o internacional, el Ministerio de justicia consultará con el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Si España recibiere una invitación de la Corte para participar en un proceso en calidad de " amicus curiae", el Ministerio de Justicia consultara con el Ministerio de Asuntos Exteriores acerca de la conveniencia u oportunidad de hacerlo, y en su caso, fijar los términos de dicha participación.
Si la Corte propusiere la celebración del juicio u otras actuaciones procesales en España, el Ministerio de Justicia, previa consulta con los Ministerios de Asuntos Exteriores y del Interior y otras autoridades competentes, comunicará a la Corte la decisión al respecto. En su caso, los aspectos no jurisdiccionales de dichas actuaciones estarán sometidos al acuerdo específico que se celebre con la Corte. (Modificado)
Las referencias que ésta hace al Juzgado Central de Instrucción y a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional deben entenderse hechas, cuando la cooperación sea de la competencia de la jurisdicción militar, al Juzgado Togado Militar Central Decano y al Tribunal Militar Central, respectivamente. (Modificado)
de Vigilancia Penitenciaria deben entenderse hechas al Fiscal Jurídico Militar y al Juez Togado Militar de Vigilancia Penitenciaria.
Los preceptos contenidos en los artículos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (excepto su apartado 2), 15 y 21.3 y la disposición adicional segunda, tienen carácter orgánico. Los restantes preceptos tienen carácter ordinario y han sido dictados en ejercicio de lo dispuesto en el artículo149.1. 3a, 5a y 6a de la Constitución. (Modificado)