Source: https://www.scribd.com/doc/57522262/Cuadernos-de-la-Economia-Social-CEPES
Timestamp: 2016-08-25 01:29:01
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BrowseUploadSign inJoinBooksAudiobooksComicsSheet MusicWelcome to Scribd! Start your free trial and access books, documents and more.Find out moreCuadernos de Economía SocialNº 1 de 2011
LA LEY 5/2011 DE ECONOMÍA SOCIAL
El 29 de marzo fue histórico para el sector de la Economía Social en España. Ese día se aprobó por unanimidad en el Congreso de los Diputados la Ley 5/2011 de Economía Social y se hicieron realidad las demandas históricas del sector. A partir de ahora, España cuenta con un marco normativo pionero en Europa, donde se define y se conceptualiza la Economía Social y sus empresas. Esta regulación permitirá una mayor visibilidad y reconocimeiento de un sector que representa el 12,6% de empleo y el 10% del PIB. Sin duda, es un punto de inflexión normativo e institucional y un ejemplo a seguir para el resto de Europa.
Valoración de la Ley 5/2011 de Economía Social. Juan Antonio Pedreño, presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES).
Valoración de la Ley 5/2011 de Economía Social
Presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES)
II.- LA ADMINISTRACIÓN OPINA
La Economía Social, pilar de un nuevo modelo productivo. Mª Luz Rodríguez, secretaria de Estado de Empleo del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
III.- PERSPECTIVA INTERNACIONAL
Las repercusiones de la nueva Ley española de Economía Social en el contexto europeo. Mario Mauro, copresidente del Intergrupo de Economía Social. Reflexiones sobre un marco legislativo para la Economía Social. Alian Coheur, presidente de Social Economy Europe.
IV.- OPINIÓN DE LOS EXPERTOS
Juan José Barrera, director general de la Economía Social, del Trabajo Autónomo y de la Responsabilidad Social de las Empresas del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Esperança Esteve, diputada del Grupo Socialista y miembro de la Comisión de Trabajo e Inmigración. Jesús Membrado, diputado del Grupo Socialista y miembro de la Comisión de Trabajo e Inmigración. Luis Carlos Sahuquillo, diputado del Grupo Socialista y miembro de la Comisión de Trabajo e Inmigración. Carmen Quintanilla, diputada del Grupo Popular y miembro de la Comisión de Trabajo e Inmigración. Lourdes Méndez, diputada del Grupo Popular y miembro de la Comisión de Trabajo e Inmigración. Carles Campuzano, diputado del Grupo CIU y miembro de la Comisión de Trabajo e Inmigración. Emilio Olabarría, diputado del Grupo Vasco EAJ-PNV y miembro de la Comisión de Trabajo e Inmigración. Gaspar Llamazares, diputado del Grupo Esquerra Republicana – Izquierda Unida - ICV y miembro de la Comisión de Trabajo e Inmigración. Joan Tardá, diputado de Esquerra Republicana de Cataluña y miembro de la Comisión de Trabajo e Inmigración.
V.- LEY 5/2011 DE ECONOMÍA SOCIAL
El impacto de esta Ley recae sobre las dos disciplinas que acertadamente le dan nombre a la norma. Por un lado, otorga un marco normativo común a las más de 45.000 empresas de Economía Social, que facturan el 10 por ciento del PIB. Por otro, consigue que los principios generales que inspiran la Economía Social tengan rango de Ley. Con esta norma se da un primer paso para la creación de un nuevo modelo económico más proactivo, alejado del asistencialismo y en donde los valores de la Economía Social se extrapolan al resto de las empresas.
a presencia de la Economía Social en España, su desarrollo e implantación en el ámbito económico y social es ya un hecho indiscutible, así como el crecimiento que ha experimentado en los últimos años, hasta configurarse como una forma de emprender y generar riqueza imprescindible en nuestros días. Las sociedades y entidades que constituyen la Economía Social son auténticas instituciones socioeconómicas, plenamente adaptadas a la economía de mercado, a los sectores empresariales emergentes y, en general, a las necesidades que requiere la actual sociedad abierta, plural y democrática. Recordemos que el sector de la Economía Social, representado en CEPES, fue capaz de generar en 2010 un cinco por ciento más de empleos que el año anterior, representando el 12,6 por ciento del empleo total (2.350.000 trabajadores) y a más de 45.000 empresas
que facturan en torno a 100.000 millones de euros, lo que supone el 10 por ciento del PIB y cerca del 3 por ciento del valor añadido. MÁXIMO RECONOCIMIENTO Todo este valor ha alcanzado su máximo reconocimiento tras la reciente aprobación, con la unanimidad de todos los grupos parlamentarios, de la Ley 5/2011 de 29 de marzo, de Economía Social, que ha supuesto un punto de inflexión normativo e institucional para el movimiento de la
La Ley hace un excelente esfuerzo por clarificar y conceptualizar la Economía Social y otorgar un marco legal común a todas las entidades que la componen, lo que significa acabar con la indefinición que hasta ahora sufría el sector y que dificultaba su visibilidad. Si bien, las cooperativas, las sociedades laborales, las mutualidades, los centros especiales de empleo, las empresas de inserción, las cofradías de pescadores y las fundaciones y asociaciones, mantienen intacta su regulación propia. Al igual que sucede con la definición y la entidades que forman parte de la Economía Social, la Ley confiere rango legal a los principios y valores intrínsecos de las empresas de Economía Social, que marcan unas claras diferencias respecto de otras formas de empresa. Estos principios se concretan en: • La primacía de las personas y del fin social sobre el capital que se concreta en una gestión democrática y participativa, transparente y autónoma. • La toma de decisiones en función de las personas. • La aplicación de los resultados en función del trabajo aportado o servicios prestados y no en relación con el capital. • La generación de empleo estable y de calidad. • La promoción de la solidaridad interna y con la sociedad. • La inserción de personas en riesgo de exclusión social.
• El compromiso con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y la sostenibilidad. Además de definir los canales de interlocución del sector, como se ha señalado, la Ley establece como tarea de interés general la promoción de la Economía Social por parte de los poderes públicos. Esto va a permitir mantener un nivel de exigencia en el fomento de la Economía Social y reclamar la presencia del sector en los foros en los que se discuten y elaboran las políticas públicas, tanto en un plano estatal como autonómico. Concretamente, se establece que las políticas a favor del sector cumplan los siguientes objetivos: • Remover los obstáculos que impidan el inicio y desarrollo de la actividad económica de las entidades de Economía Social. • Facilitar las diversas iniciativas de Economía Social. • Promover los principios y valores de la Economía Social. • Promocionar la formación y readaptación profesional en el ámbito de las entidades de la Economía Social. • Facilitar el acceso a los procesos de innovación tecnológica y organizativa de los emprendedores de las entidades de Economía Social. • Crear un entorno que fomente el desarrollo de las iniciativas económicas y sociales, en el marco de la Economía Social.
La Economía Social fue capaz de generar en el año 2010 un 5 por ciento más de empleos que el año anterior
Economía Social española, siendo un reflejo de la sensibilidad política y social hacia las demandas históricas del sector. Esta Ley, pionera en Europa, sin duda alguna colocará a la Economía Social en un lugar relevante en el escenario socioeconómico español, al establecer los canales de interlocución entre las organizaciones representativas del sector y las Administraciones Públicas. Además de por estos motivos, el significado y la importancia de esta Ley para la Economía Social española se fundamenta en los siguientes aspectos:
Diputados y representantes de entidades de la Economía Social celebran la aprobación de la Ley, el 29 de marzo, en el Congreso de los Diputados.
• Involucrar a las Entidades de la Economía Social en las políticas activas de empleo, especialmente en favor de los sectores más afectados por el desempleo. • Introducir referencias a la Economía Social en los planes de Estudios. De igual modo, se recoge la obligación del Gobierno de considerar, de forma especial, a la Economía Social dentro de las estrategias para la mejora de la competitividad y productividad empresarial, así como de aprobar en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley, un programa de impulso de las entidades de Economía Social, con especial atención a las de singular arraigo en su entorno y a las que generen empleo en los sectores más desfavorecidos. La Ley también contempla la representatividad en los órganos de la Administración General del Estado, de las organizaciones de ámbito estatal que agrupen mayoritariamente a las Entidades de la Economía Social, en todos
aquellos ámbitos de representación que les sean propios por su naturaleza jurídica y actividad. Cabe destacar, además, la extensión de este reconocimiento de participación institucional a las Organizaciones, Confederaciones o Fede-
raciones Autonómicas en aquellos ámbitos de la Administración Autonómica que se ocupen de las materias que afecten a sus intereses económicos y sociales en la forma que se prevea en cada territorio.
La Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social ha supuesto un punto de inflexión normativo e institucional
Por todo ello, la totalidad de organizaciones que conforman el sector de la Economía Social en España y que están representadas a través de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) valoran muy positivamente esta Ley, ya que es un importante reconocimiento institucional, económico y social a los valores esenciales de la Economía Social (la persona por encima del capital, solidaridad, participación, democracia, inclusión laboral de colectivos en exclusión y compromiso con el empleo) y un importante impulso a la pluralidad en las formulaciones empresariales, en otras formas de emprender y de crear riqueza. Además, esperamos que los valores de la Economía Social se extrapolen al resto de las empresas, ayudando a construir el nuevo modelo productivo que se desea, tanto desde el Gobierno como desde las propias organizaciones de la sociedad civil, impregnando el conjunto empresarial de valores sociales.
La Economía Social, pilar de un nuevo modelo productivo
Secretaria de Estado de Empleo del Ministerio de Trabajo e Inmigración
mica. Las más de 200.000 empresas de Economía Social de España dan ocupación a más de 2 millones de trabajadores, alrededor del 10 por ciento de la población ocupada, y facturan 116.000 millones de euros, en torno al 10 por ciento del PIB. MEDIDAS MÁS EFICACES Pero hay otros aspectos que también evidencian esta eficiencia económica. Por ejemplo, durante esta crisis económica que estamos atravesando han sido un ejemplo de flexibilidad interna, adoptando medidas que les ha permitido aguantar mejor sus envites, logrando perder menos empleo que las empresas capitalistas. Podríamos decir que dentro de cada empresa de Economía Social ha habido una conjura interna para salvar los empleos. Del mismo modo, la Economía Social es fuente de trabajo estable y de calidad, ya que el 80 por ciento de los puestos de trabajo en las cooperativas es estable. Pero aparte de sus valores económicos, destacan sus valores sociales. En este sentido, me gustaría incidir en tres
La crisis económica que estamos viviendo ha puesto de manifiesto la necesidad de un modelo de producción en el que la Economía Social sea un pilar fundamental. Para el Gobierno, la aprobación de la Ley de Economía Social significa un gran paso hacía el objetivo de conseguir un nuevo modelo económico en el que prime la estructura democrática de las empresas, la inserción de los colectivos más desfavorecidos y el compromiso con el desarrollo local.
l pasado 16 de marzo, el Congreso de los Diputados aprobaba por unanimidad la Ley de Economía Social, un compromiso adoptado por el Gobierno de España al inicio de la presente legislatura, y que desde el Ministerio de Trabajo e Inmigración hemos elaborado de la mano de los representantes de la Economía Social. Su aprobación definitiva fue un momento de gran satisfacción para todos los que hemos estado involucrados en su elaboración porque es una
Ley que reconoce, valora y fomenta la Economía Social, y que, sin duda, coloca a este sector como un elemento clave en el desarrollo del nuevo modelo productivo que queremos para nuestro país. Y realmente lo es. Porque la Economía Social tienen una doble seña de identidad que la hace valedora de tal consideración. Por una parte, las cifras que nos ofrece la Economía Social en nuestro país ponen de manifiesto su eficiencia econó-
elementos claves de estas empresas: la democratización del poder económico y de la gestión de la empresa; la inserción de los colectivos más desfavorecidos, que las convierten en motores de igualdad de oportunidades; y un férreo compromiso con el desarrollo local, porque son empresas que no se deslocalizan. Incluso en debates tan actuales como la Responsabilidad Social Empresarial, la Economía Social es vanguardia, porque hay que recordar que las cooperativas hacen Responsabilidad Social desde sus orígenes. Por todas estas razones, la Economía Social deben constituir un pilar en el nuevo modelo económico y productivo por el que queremos salir de esta crisis económica y que, inexorablemente, debe ser distinto a la puerta por la que entramos en ella. UN PAÍS MÁS SOSTENIBLE En ese debate sobre ese nuevo modelo productivo que queremos para el país, más productivo y sostenible, más competitivo, con un mercado de trabajo de mayor calidad y basado en actividades de mayor valor añadido, debemos aspirar a que los valores de la Economía Social sean finalmente los valores de todas las empresas. Todo esto, esta conjunción de valores sociales y económicos, es lo que ha llevado al Gobierno a impulsar la Ley de Economía Social, pionera en Europa y que supone el reconocimiento económico y social de esta clase de empresas. Una Ley de la que nos sentimos orgullosos por haber sido nosotros quienes la hemos promovido y elaborado, pero más orgullosos aún porque haya sido de la mano del tejido de la Economía Social. Muestra también del convencimiento del Gobierno en su apuesta por la Economía Social como motor de fu-
Debemos aspirar a que los valores de la Economía Social sean finalmente los valores de todas las empresas
turo es que, por primera vez, en la Reforma de las Políticas Activas de Empleo se hace una referencia concreta a que uno de los objetivos de esas políticas es el impulso de la Economía Social. Además, desde 2004, hemos duplicado el presupuesto dirigido a la Economía Social, además de hacer un es-
fuerzo inversor considerable en materia de formación en este terreno. MARCO DE INTERLOCUCIÓN Finalmente, quiero resaltar el avance que constituye la nueva Ley de Economía Social en relación al poder de participación de los representantes de la Economía Social en la elaboración de políticas públicas relacionadas con esta materia, ya que la nueva norma genera un nuevo marco de interlocución que antes no existía. Juntos, de la misma forma que hemos conseguido elaborar y aprobar la Ley de Economía Social, conseguiremos hacer de la Economía Social un pilar estratégico del futuro que queremos para España.
PERSPECTÍVA INTERNACIONAL
Las empresas de la Economía Social representan más del 10% de las empresas europeas y ofrecen puestos estables a más de 11 millones de trabajadores
Las repercusiones de la nueva Ley española de Economía Social en el contexto europeo
Copresidente del Intergrupo de Economía Social del Parlamento Europeo
La Ley de Economía Social es un ejemplo de buenas prácticas y de consenso entre todos los sectores sociales y políticos, y debe convertirse en un referente para la creación de marcos jurídicos y legislativos similares, no solo en cada uno de los Estados miembros sino también en la Unión Europea a través de una normativa común para todo el territorio. En este sentido, el “Intergrupo de Economía Social” se convierte en una pieza clave para la apertura de la Economía Social, ya que constituye un foro de debate donde se pueden fraguar las bases de la futura normativa europea de Economía Social.
omo miembro del Parlamento Europeo desde 1999 y, anteriormente, miembro del Foro Italiano de Economía Social, llevo mucho tiempo trabajando para el reconocimiento de la importancia de las empresas de la Economía Social.
La falta de una definición precisa y de una clarificación jurídica sobre los agentes de la Economía Social impide el reconocimiento real de este importante sector para la economía europea. Es, por tanto, de gran utilidad para los responsables políticos del nivel europeo
que la Ley se detenga en fijar el concepto y la definición del término de Economía Social. Establece, incluso, principios orientadores comunes a todas las entidades de la Economía Social, permitiendo con ello una mayor clarificación del concepto aplicable, además, a todos los Estados Miembros de la UE. Por otra parte, se refiere también a la Carta de Principios de la Economía Social establecida por SOCIAL ECONOMY EUROPE, la actual asociación europea para la Economía Social (anteriormente, CEP-CMAF). En este periodo de crisis, las empresas de la Economía Social pueden ofrecer un modelo económico nuevo y alternativo, basado en valores tales como el beneficio a largo plazo, la prioridad de las personas sobre el capital y la creación de puestos de trabajo de calidad y duraderos. Las empresas de la Economía Social están presentes en todo el territorio de la Unión Europea, especialmente en el ámbito local. Representan más del 10 por ciento de las empresas europeas y ofrecen puestos de trabajo estables a más de 11 millones de trabajadores. Las empresas de la Economía Social demuestran cada día que la racionalidad económica y el progreso social son criterios compatibles, y que
Son objetivos del Intergrupo de Economía Social la creación de un marco permanente para el diálogo entre eurodiputados, expertos en Economía Social y funcionarios de la Comisión Europea
dos los Estados Miembros, para que el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo de Ministros tomen en consideración la Economía Social y sus agentes durante el desarrollo de sus políticas, invitándoles a las sesiones y enviándoles las recomendaciones finales de cada reunión. Debemos subrayar la necesidad de salvaguardar la pluralidad de formas que pueden adoptar las empresas en Europa. Los marcos jurídicos de la Unión Europea que regulan las actividades empresariales deben promover de una forma permanente los diversos tipos de empresa y la igualdad de estatus. En especial, recomendamos nuevas medidas que crearán un entorno favorable para el desarrollo de empresas de la Economía Social en sus múltiples expresiones. Las instituciones europeas han reconocido en diferentes documentos oficiales la forma en que las empresas de la Economía Social pueden contribuir a la generación de un valor añadido económico y social, y a la solución de algunos de los problemas y desequilibrios más significativos que se producen en el seno de la sociedad europea, con el fin de consolidar su bienestar. A través de las actividades del Intergrupo de Eco- (Continúa en la pág. siguiente)
la solidaridad y la responsabilidad social son instrumentos clave para la consecución de un horizonte común de bienestar y cohesión social. Un modelo comprometido con la creación de trabajo, la inversión en capital humano, la lucha contra la exclusión social y el aprovechamiento de la capacidad de innovación de la sociedad europea. Pero no podemos olvidar las dificultades y los límites a los que se enfrentan diariamente los agentes de la Economía Social. Por citar solo algunos, los que limitan el acceso a la financiación, la participación en procedimientos de contratación con las administraciones públicas y el acceso a fondos europeos y nacionales. Por todo ello, es de suma importancia promover un debate en Europa entre las principales instituciones europeas y la sociedad civil. Presido desde hace
algunos años, junto con mi colega Marc Tarabella, el “Intergrupo de Economía Social” en el Parlamento Europeo, que trabaja en colaboración con SOCIAL ECONOMY EUROPE. El Intergrupo de Economía Social es un foro informal de miembros del Parlamento Europeo que se reúnen para tratar temas relacionados con la Economía Social. Por medio de reuniones periódicas, el Intergrupo ofrece información actualizada e intercambia opiniones sobre políticas y legislación de la UE relacionadas con la Economía Social. En concreto, son objetivos del Intergrupo de Economía Social la creación de un marco permanente para el diálogo entre eurodiputados, expertos en Economía Social, funcionarios de la Comisión Europea, representantes de la sociedad civil y otros agentes interesados y la reunión de eurodiputados de todos los partidos políticos y to-
nomía Social, presentamos en 2009 la “Resolución sobre Economía Social”, votada por una gran mayoría del Parlamento Europeo. Después de la primera reunión pública celebrada en 2001 del Intergrupo de Economía Social, que insistió en el valor de un reconocimiento jurídico de los agentes de la Economía Social, y en la que se pidió la creación de diferentes estatutos europeos para los agentes de la Economía Social (fundaciones, asociaciones y mutualidades), se invitó a los miembros del Parlamento Europeo a firmar la declaración nº 84, “Estatutos europeos” .
DIVERSIDAD Y PLURALIDAD En el nivel de la Comisión Europea, la iniciativa denominada “Small Business Act” para el fomento de la pequeña empresa y los comisarios Antonio Tajani (Industria) y Michel Barnier (Mercado Interno) han señalado la necesidad de tener en cuenta la diversidad de la comunidad empresarial y de las pymes, ya sean negocios artesanales, microempresas, empresas de la Economía Social o pymes de gestión familiar, ya que todas ellas tienen el potencial de consolidar el crecimiento europeo. La pluralidad y la diversidad de los diferentes tipos de actividad económica son aspectos de gran valor para la Unión Europea y sería, por ello, importante que la Estrategia 2020 de la Unión Europea así lo reconociera expresamente. La Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea organizó los días 6 y 7 de mayo de 2010 en Toledo la “Conferencia Europea sobre Economía Social: retos y oportunidades en un mundo globalizado”. En sus conclusiones, propuso que la Estrategia 2020 de la UE incluyera expresamente a las empresas de la Economía Social entre
los agentes que van a contribuir al desarrollo de unos sólidos cimientos de industria y conocimiento especializado en Europa y al posicionamiento de la UE en un lugar desde el que podrá impulsar un desarrollo sostenible general. La Presidencia belga organizó los días 27 y 28 de octubre de 2010 una conferencia sobre “La Economía Social en Europa y la Estrategia Europa 2020. Valor añadido local y raíces territoriales”, con la finalidad de subrayar la importancia de la inclusión de la Economía Social en las próximas políticas europeas y, en particular, de destacar el valor añadido que aporta la Economía Social en el mercado de
Animo a los Estados miembros y a las instituciones europeas a que mantengan el desarrollo de la Economía Social en la agenda de las futuras presidencias europeas
quedaran integradas por los órganos de decisión en el nivel de la UE”. Animo encarecidamente a los Estados Miembros y a las instituciones europeas a que mantengan el desarrollo de la Economía Social en la agenda de las futuras presidencias europeas, ya que con ello se seguirá dando impulso a las empresas de la Economía Social. Es muy importante coordinar estas actividades entre la Comisión Europea, el Intergrupo de Economía Social del Parlamento Europeo y la Categoría de Economía Social del Comité Económico y Social Europeo. Este trabajo de coordinación entre institucionales nacionales y europeas debería traducirse en una mayor coherencia entre las diversas políticas europeas y nacionales que afectan a las empresas de la Economía Social. UN REFERENTE PARA EUROPA En este sentido, la Ley española de Economía Social debe considerarse un referente y un importante ejemplo de buena práctica que podría permitir la generación de marcos similares en el nivel de los Estados Miembros. Se contribuiría con ello al reconocimiento de la Economía Social como agente económico y social y de las empresas de la Economía Social como agente económico que contribuye a la construcción de una Europa fuerte en un mundo globalizado. La introducción del texto legal sitúa a la Ley en el contexto más amplio del desarrollo del concepto de Economía Social, en el nivel nacional y europeo, en todos los Estados Miembros. Por ello, el Intergrupo de Economía Social del Parlamento Europeo va a organizar una reunión sobre esta cuestión, con el objeto de explicar la importancia y la aportación de esta Ley al desarrollo de la Economía Social.
las tres grandes áreas temáticas de la Estrategia Europa 2020: una economía basada en el conocimiento, desarrollo sostenible e inclusión. Después de celebrarse la reunión pública sobre “Economía Social y UE2020” el 10 de junio de 2010 en el Parlamento Europeo, los miembros del Intergrupo de Economía Social concluyeron con recomendaciones similares. En concreto, propusieron que “las conclusiones de la última conferencia sobre Economía Social (…)
Reflexiones sobre un marco legislativo para la Economía Social
Presidente de Social Economy Europe
sus arraigados valores humanistas, en su voluntad de actuar a favor de un desarrollo al servicio de todos, en su responsabilidad como actores económicos de primer orden, en el éxito de sus empresas, son unos socios inevitables de un desarrollo económico y social equilibrado y equitativo. Se hace necesario afirmar que es posible otra eco- (Continúa en la pág. siguiente)
La aprobación de esta Ley hace posible otra realidad y otra economía que fomente la calidad en el empleo y las actividades innovadoras, que incentive la participación ciudadana, la diversidad y la no discriminación en todas sus formas dentro de las políticas de contratación y evolución profesional. Para la consecución de todos estos fines en el resto de Europa, las empresas de Economía Social deben contar con un marco jurídico seguro que las defina y las proteja. Por esta razón, desde 2009 se están llevando a cabo iniciativas legales que formalicen la situación de las empresas de Economía Social para poder crear un estatuto unitario a nivel europeo.
ace algunas semanas, España se convirtió en el primer país europeo en dotarse de una legislación nacional sobre Economía Social. Nosotros sólo podemos alegrarnos del gran trabajo realizado por las distintas organizaciones de la Economía Social española y por su cúpula, CEPES, para lograrlo y celebrar la capacidad y la madurez de la que han dado prueba esas mismas organizaciones que, mediante dicho marco legislativo, han sabido superar sus diferencias para alcanzar un objetivo común. Las empresas de la Economía Social recuerdan así su adhesión a una economía plural, puesta de relieve por el Consejo Económico y Social Europeo, ofreciendo todo el espacio posible a cualquier modalidad empresarial, diversidad necesaria para poder responder a los desafíos del mundo actual en términos de equidad y de cohesión social. Es de hecho un avance, ya que en un sistema económico que, más allá de sus éxitos, no deja de excluir, dándole un lugar preponderante únicamente a
los intereses financieros, y en una sociedad en la que los desequilibrios persisten y se agudizan o la vida en común se vuelve más frágil para las empresas de la Economía Social, aún es posible comprometerse en un proyecto que une y que resulta innovador desde el punto de vista legislativo. ¿Es posible un avance nacional de esta índole a escala europea? Son muchos los elementos que actualmente abogan por un reconocimiento de la Economía Social. Nuestras empresas, cuya fuerza radica en la promoción de
España ha sido el primer país europeo en dotarse de una legislación nacional sobre Economía Social
nomía, una economía que vuelva a darle sentido a la producción de bienes comunes, creada o recreada a partir del vínculo social, implicada en actividades innovadoras, que favorece la participación ciudadana. Una economía que contribuya activamente a las políticas de empleo, como la Estrategia 2020 y fomente la calidad del empleo, favoreciendo la diversidad y la no discriminación en todas sus formas en las políticas de contratación y evolución profesional.
El Parlamento Europeo ha entendido la necesidad indispensable de reconocer la importancia que tienen las empresas de la Economía Social
2009, sobre el Reconocimiento del concepto de Economía Social, invitando a la Comisión a fomentar la Economía Social por medio de sus nuevas políticas y a defender el concepto de “enfoque diferente de la empresa” de la Economía Social, cuyo motor fundamental no es la rentabilidad financiera, sino la rentabilidad societaria, de forma que las particularidades de la Economía Social se tomen debidamente en cuenta en la elaboración de marcos jurídicos. Ese mismo informe pedía el Reconocimiento jurídico: estatutos europeos para las asociaciones, las fundaciones y las mutualidades ya que ese reconocimiento es necesario para garantizar la igualdad de trato de las empresas de la
UN MARCO JURÍDICO Acompañar el desarrollo de las empresas de la Economía Social, supone que las disposiciones legislativas y reglamentarias que enmarcan la creación y el desarrollo de nuestras empresas, sobre todo en lo tocante al derecho que trata de la competencia, del tratamiento fiscal y de los mercados públicos, no penalicen las modalidades específicas de funcionamiento. Esta situación es especialmente importante cuando las empresas de la Economía Social contribuyen a misiones de interés general, ya que han de poder contar con una definición clara y un marco jurídico seguro para ejercer sus misiones. Las características de las empresas de la Economía Social, aunque consten en sus estatutos, sólo podrán resistir ante la ola de normalización, por no decir trivialización, si se proponen estatutos europeos, a semejanza del estatuto de la sociedad cooperativa europea. El Parlamento Europeo ha entendido muy bien la necesidad indispensable de reconocer la importancia que tienen las empresas de la Economía Social y se moviliza cada vez más en torno a la cuestión de los estatutos europeos. Sin querer ser exhaustivo, una de las primeras iniciativas se ha debido al Informe Toia, en enero de
Economía Social en las reglas del mercado interior. En mayo de 2010, el informe Grech titulado “Ofrecer un mercado único a los consumidores y a los ciudadanos”, aprobado por 578 votos, incluía dos apartados en los que se pedía en concreto un Estatuto europeo para las mutualidades y las fundaciones. Finalmente, el 10 de marzo de 2011, el PE aprobó por amplia mayoría (386 firmas) la Declaración escrita n° 84 sobre el Establecimiento de un Estatuto Europeo para las Mutualidades, las Asociaciones y las Fundaciones. Es necesario crear las condiciones de una igualdad de trato que permita a las asociaciones, a las mutualidades y a las fundaciones disponer de instrumentos y posibilidades equivalentes a las que tienen las demás estructuras organizativas y jurídicas, otorgándole así una dimensión europea a su organización y a sus actividades. IMPULSO DE LOS GOBIERNOS Las voces que se dejan oir son cada vez más numerosas, pero la reacción de la Comisión sigue siendo tímida… En el momento de la consulta sobre el mercado interior, con las 50 propuestas formuladas, ha habido un rayo de esperanza, pero las 12 acciones que acometerá la Comisión en 2011 no establecen una iniciativa que pueda responder a las expectativas del Parlamento Europeo. ¿La movilización no ha de proceder entonces de los gobiernos europeos que podrían pedirle a la Comisión la adopción de esa iniciativa? ¡Por supuesto! De ahí la importancia de la legislación española que se acaba de aprobar y que, para todos aquellos que defienden la diversidad y el reconocimiento de nuestras empresas a escala europea, podría ser un arma de la que hasta ahora se carecía.
Es posible otra economía que vuelva a darle sentido a la producción de bienes comunes, creada a partir del vínculo social e implicada en actividades innovadoras
Director general de la Economía Social, del Trabajo Autónomo y de la Responsabilidad Social de las Empresas, del Ministerio de Trabajo e Inmigración
a aprobación de la Ley de Economía Social cumple con el compromiso del Gobierno de España, y de su presidente, con los representantes de la Economía Social y su organización representativa, CEPES, de configurar un marco jurídico que reconozca y visualice la Economía Social, como un conjunto
de empresas que combinan la producción de bienes y servicios con un fin social, desde la participación activa en la propiedad de trabajadores y consumidores hasta la prestación de servicios sociales. Están comprometidas con el desarrollo local, la cohesión y la sostenibilidad, y por esos
valores sociales se reconoce como tarea de interés general la promoción, estímulo y desarrollo de las entidades de la Economía Social y de sus organizaciones representativas. Esta Ley afecta a un conjunto que genera 2.350.000 empleos directos e indirectos y aporta un 3% al PIB.
“Una apuesta por nuevas formas de democracia económica”
Diputada del Grupo Socialista y miembro de la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso de los Diputados
l 16 de marzo, el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad la Ley de Economía Social, después de un largo período de debate y de acuerdo del Gobierno con los agentes sociales y con la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), así como con los diferentes grupos parlamentarios. En cuanto a su contenido, la Ley define una política pública para la Economía Social que describe las empresas que la conforman, los principios y objetivos, dándole con ello reconocimiento y visibilidad, aún cuando constata que la iniciativa surge de la sociedad, de su dinamismo emprendedor y económico, y lo
más importante, de los valores inherentes de progreso, de participación de la persona y de la comunidad, y de democracia económica. Partiendo pues de la idea que, aquello que pueda hacer la sociedad de forma autónoma no debe hacerlo el Estado, éste a su vez debe asegurar la cohesión social y el bienestar de los ciudadanos y actuar para garantizarlo. De ahí que la Ley, sea una apuesta y un esfuerzo conjunto por nuevas formas de democracia económica que aumenten la capacidad de actuar de las empresas de Economía Social en beneficio de la persona, del entorno inmediato y de la justicia social.
“Un claro reconocimiento de la importancia de este sector”
Diputado del Grupo Socialista y miembro de la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso de los Diputados
l pasado 30 de marzo, se publicó en el BOE la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social. Se daba así respuesta a una de las demandas históricas del sector: la homogeneización mediante una norma de los principios básicos por los que se rige, desde el respeto a la diversidad de entidades que conviven bajo ese denominador común. La Ley es un claro reconocimiento de la importancia de este sector y ha sido posible gracias al trabajo y al consenso de los grupos políticos y de las propias entidades de Economía Social. De su tramitación parlamentaria, es de destacar que la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso de los Diputados debatió las 63 enmiendas de los distintos grupos y dictaminó el Proyecto de Ley por unanimidad. Posteriormente, la Comisión de Trabajo e Inmigración del Senado, analizó en ponencia las 46 enmiendas presentadas, aprobando, también por unanimidad, el texto, cuya aprobación definitiva tuvo lugar el 16 de marzo en el Pleno del Congreso de los Diputados.
“Una Ley que promueve nuevos modelos productivos”
ntre todos hemos conseguido que la tan ansiada Ley de Economía Social sea una realidad, que por fin nos hayamos dotado de un marco jurídico que reconoce el interés general de las entidades que conforman este sector, sin sustituir las normas vigentes de cada una de ellas. Una Ley donde prevalece la persona sobre el capital, cuya importancia demuestra el gran número de empresas adheridas, los numerosos puestos de trabajo que se mantienen (incluso en una época difícil como la que vivimos, no sólo no se han perdido empleos, sino que siguen incrementándose), donde más de 380.000 personas están dadas de alta en la Seguridad Social en 37.200 cooperativas y sociedades laborales. Una Ley que promueve nuevos modelos productivos basados en la responsabilidad social. Por tanto, enhorabuena, ahora a seguir demostrando que sabéis hacerlo bien.
“Una Ley necesaria y muy esperada”
Diputada del Grupo Popular y miembro de la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso de los Diputados
“Es de justicia el reconocimiento economíco de un sector que representa el 10% del PIB”
s una buena noticia que al fin tengamos una Ley de Economía Social.Todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados se han puesto de acuerdo en la necesidad de aprobar este texto legal, que sin lugar a dudas, ha impulsado el propio sector. Porque todos los grupos parlamentarios hemos entendido que es de justicia el reconocimiento de un sector económico que en España representa el 10% del PIB, y que son los responsables de las más de 48 mil empresas que existen en toda España, y del mantenimiento de 2.350.000 puestos de trabajo que en esta época de crisis no solo están sabiendo conservar, sino que incluso en el último año han creado aproximadamente 30.000 empleos. Aún más me satisface, por ser Diputada por Murcia, una de las Comunidades Autónomas que más ha impulsado a este sector. ¡Enhorabuena a todos!
a aprobación de la Ley de Economía Social ha sido un hecho tremendamente importante para un sector que, liderado por CEPES, venía demandando desde hace tiempo una normativa específica con un nuevo marco jurídico que regulara su actividad. Con esta Ley, hemos dado respuesta a esta demanda pero, además, hemos otorgado una mayor visibilidad y hemos puesto en valor el mundo de la Economía Social, no ya sólo desde el punto de vista económico sino lo que es más importante desde el punto de vista social ya que las entidades de Economía Social se diferencian del resto de la actividad empresarial porque prima el interés social por encima del capital económico y ahí, precisamente, radica su tremenda importancia y la necesidad de mantener y potenciar esta actividad.
“Un Sector productivo que compatibiliza la rentabilidad económica y el compromiso social”
Diputado del Grupo CiU y miembro de la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso de los Diputados
a reciente aprobación de la Ley de Economía Social debe de constituir una oportunidad para relanzar las empresas, entidades e iniciativas que constituyen ese sector productivo que apuesta por hacer compatible la rentabilidad económica y el compromiso social. Mas en tiempos de crisis y desempleo masivo, reforzar la capacidad para promover el emprendimiento y facilitar la generación de puestos de trabajo de un sector que realiza aporte significativo al PIB y que agrupa miles de empresas parece imprescindible. La ley reconoce esa realidad y le da mayor visibilidad, si cabe. Y ahora toca desplegar la nueva legislación, especialmente en el ámbito de las políticas activas de empleo, los incentivos fiscales y la eliminación de las limitaciones aun existentes para actuar en determinados sectores para convertir en un motor de la recuperación económica y la generación de empleo la Economía Social.
“Una iniciativa negociada y consensuada”
Diputado del Grupo Vasco EAJ-PNV y miembro de la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso de los Diputados
a primera reflexión que cabe realizar de esta importante Ley, es que se trata de una iniciativa negociada y consensuada con el sector afectado, algo que sin duda la pone en valor. Además, la Ley de Economía Social es un texto de carácter técnico y de contenido casi predeterminado, puesto que incorpora el Reglamento 1.435/2003 del Consejo de Europa que aprueba el Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea, así como la Directiva 2003/72/CE. En esencia, la operación que acomete
esta Ley es conformar un marco jurídico que consagre el reconocimiento y la mejor visibilidad de la Economía Social. Sin duda, esta Ley contribuye a afianzar -en comunión con la Legislación Estatal y Autonómica relativa a estas materias- el cumplimiento del mandato del artículo 129.2 de la Constitución que exige a los poderes públicos favorecer (mediante una legislación adecuada) a las Sociedades Cooperativas y por extensión a todas las empresas de la Economía Social.
“Un momento de visualización de la realidad de la Economía Social”
Diputado del Grupo Esquerra Republicana – Izquierda Unida-ICV y miembro de la Comisión de Trabajo e Inmigración
aloro positiva mente la aprobación de la Ley de Economía Social, por ser una oportunidad para esa otra economía posible, en cumplimiento del artículo 129.2 de la Constitución Española, que mandata a los poderes públicos a fomentar una economía más social. Es el correlato al humanismo, la solidaridad y la sostenibilidad que la Economía Social puede aportar a las relaciones económicas en nuestra sociedad. En este sentido, considero que la Ley brinda
oportunidades que han de ser aprovechadas, porque la aprobación de la Ley es un momento de visibilización de la realidad de la Economía Social y de sus virtualidades, por el avance que supone otorgar rango de ley y ofrecer una coherencia conceptual a la idea de la Economía Social y por el reconocimiento expreso de que el desarrollo de las entidades de la Economía Social y de sus organizaciones es una tarea de interés general. Dar a conocer estas fórmulas de la economía, facilitar su consolidación y desarrollo y establecer las medidas fiscales y administrativas que les compense lo que estas entidades y empresas dan a la sociedad, es el reto que, desde nuestro Grupo Parlamentario, seguiremos demandando, de la mano con el propio sector.
“Una vez debatida, ha contado con la aprobación unánime”
JOAN TARDÁ I COMA
Diputado de Esquerra Republicana de Catalunya y miembro de la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso de los Diputados
ocas leyes aprobadas en esta legislatura han sido tan bien recibidas por todos los Grupos Parlamentarios desde el inicio de su tramitación. Y que una vez debatida haya contado con la aprobación unánime de todos ellos es buena prueba del interés compartido. De una vez por todas, la Economía Social dispone de un instrumento de pleno reconocimiento, lo cual es de gran importancia atendiendo a la coyuntura
actual. No se trata sólo de valorar la función social y económica de las muy significativas 45.000 empresas y los 2,5 millones de empleos, sino de poner las bases de un mayor protagonismo en el escenario postcrisis. Esperamos tanto de esta Ley que, valoramos positivamente el mandato que se incluye a demanda de Esquerra Republicana de proceder a una evaluación al cabo de dos años de su aprobación. En este sentido, ya dejamos apuntado que
insistiremos en la necesidad de proceder a algunas modificaciones, entre las que se incluye la destinada a garantizar que el 20% de la contratación pública se reserve a las empresas de Economía Social, así como que, a la vez, éstas estén en la obligación de reinvertir los beneficios en sus asociados o en planes sociales. Una vez más les reiteramos agradecimiento a CEPES y les brindamos cuánta colaboración nos requieran.
A lo largo de las siguientes páginas, se incluye el texto integro de la Ley de la Economía Social, aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados, el 19 de marzo de 2011.
l marco histórico de nacimiento del concepto moderno de Economía Social se estructura a través de las primeras experiencias cooperativas, asociativas y mutualistas que surgen desde finales del siglo XVIII y se desarrollan a lo largo del siglo XIX en distintos países de Europa (Inglaterra, Italia, Francia o España). A partir de este concepto tradicional de origen decimonónico que engloba a las cooperativas, mutualidades, fundaciones y asociaciones, se fueron sucediendo en la década de los años 70 y 80 del pasado siglo y en distintos países europeos, declaraciones que caracterizan la identificación de la economía social en torno a distintos principios. De este modo, en Francia la «Charte de l´économie sociale» define el término de economía social como «el conjunto de entidades no pertenecientes al sector público que con funcionamiento y gestión
democráticos e igualdad de derechos y deberes de los socios, practican un régimen especial de propiedad y distribución de las ganancias, empleando los excedentes del ejercicio para el crecimiento de la entidad y mejora de los servicios a la comunidad». En este mismo sentido, el «Conseil Wallon de l´Économie sociale» hace lo propio en Bélgica. En 1992 el Comité Económico y Social Europeo presentó tres Propuestas de Reglamento de Estatutos de la Asociación Europea, de la Cooperativa Europea y de la Mutualidad Europea. De estas iniciativas llegó a término el Reglamento por el que se aprueba el Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea (Reglamento CE 1435/2003 del Consejo, de 22 de julio de 2003) y la Directiva por la que se completa el Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores (Directiva 2003/72/CE del Consejo, de 22 de julio). El Reglamento caracteriza a las cooperativas como agru-
En España, resulta de interés destacar el sustrato jurídico en el que se fundamentan las entidades de la economía social que obtiene el más alto rango derivado de los artículos de la Constitución Española. Así ocurre en diversos artículos que hacen refe-
En España resulta de interés destacar el sustrato jurídico en el que se fundamentan las entidades de la economía social
paciones de personas que se rigen por principios de funcionamiento específicos diferentes de los de otros agentes económicos, caracterizados por la primacía de la persona. Esta primacía de la persona se refleja en disposiciones específicas relativas a las condiciones de adhesión, renuncia y exclusión de las socias y los socios; en la regla una persona, un voto, y en la imposibilidad de que sus integrantes ejerzan un derecho sobre el activo de la sociedad cooperativa. La Carta de principios de la Economía Social en 2002 de la Conferencia Europea de Cooperativas, Mutualidades, Asociaciones y Fundaciones (CEP-CEMAF), antecesora de la actual asociación europea de economía social (Social Economy Europe), introduce en el acervo comunitario un conjunto de principios que permiten plasmar una realidad diferenciada de las entidades de la economía social, tales como la primacía de la persona y del objeto social sobre el capital, la adhesión voluntaria y abierta, el control democrático por sus integrantes, conjunción de los intereses de las personas usuarias y del interés general, defensa y aplicación de los principios de solidaridad y responsabilidad, autonomía de gestión e independencia respecto de los poderes públicos y el destino de los exce-
dentes a la consecución de objetivos a favor del desarrollo sostenible, del interés de los servicios a sus integrantes y del interés social. Esta realidad palpable y concreta ha trascendido posteriormente al ámbito comunitario en el propio Parlamento Europeo, por medio del Informe 2008/2250 (INI) de 26 de enero de 2009 o en el propio Comité Económico y Social Europeo, a través de distintos dictámenes, como «Economía Social y mercado único» en el año 2000, o más recientemente el dictamen de «Distintos tipos de empresas» del año 2009. A la luz de lo expuesto, el Derecho Comparado ilustra, por lo tanto, la tendencia de los países al establecimiento de un marco jurídico de apoyo y reconocimiento de la economía social como actividad económica diferenciada que requiere de acciones sustantivas de apoyo y fomento público.
A partir del año 1990, en España, la economía social empieza a tener un reconocimiento expreso por parte de las instituciones públicas
rencia, de forma genérica o específica, a alguna de las entidades de economía social como sucede en el artículo 1.1, en el artículo 129.2 o la propia cláusula de igualdad social del artículo 9.2, y otros artículos concretos como el 40, el 41 y el 47, que plasman el fuerte arraigo de las citadas entidades en el texto constitucional. A partir del año 1990, en España, la economía social empieza a tener un reconocimiento expreso por parte de las instituciones públicas, con ocasión de la creación del Ins tituto Nacional de Fomento de la Economía Social (INFES), por la Ley 31/1990, de 27 de diciembre. Dicho Instituto sustituyó a la antigua Dirección General de Cooperativas y Sociedades Laborales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y entre sus objetivos, figuró el fomento de las entidades de economía social y por ello creó en su seno el Consejo. Una vez desaparecido el Instituto en el año 1997, sus funciones fueron asumidas por la Dirección General del Fomento de la Economía Social y del Fondo Social Europeo. La Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, incorpora el Consejo para el Fomento de la Eco-
nomía Social como órgano asesor y consultivo para las actividades relacionadas con la economía social, y que fue desarrollado por el Real Decreto 219/2001, de 2 de marzo, sobre organización y funcionamiento del Consejo. Este Consejo, por lo tanto, se configura como la institución que dota de visibilidad al conjunto de entidades de la economía social. A mayor abundamiento, y debido a la descentralización competencial que caracteriza el sistema territorial del Estado, existen diversas normas sustantivas de las diferentes entidades de la economía social cuya regulación se ubica también en el ámbito autonómico, dando lugar a la existencia de instituciones similares en el seno de las Comunidades Autónomas que refuerzan la visibilidad institucional de las distintas entidades que se incardinan en el referido sector. Las sociedades cooperativas, en sus distintas modalidades, y entre ellas, las de trabajo asociado, consumo, vivienda, agrarias, servicios, mar, crédito, enseñanza, sanitarias, seguros, de transporte, las sociedades laborales, las asociaciones, fundaciones y mutualidades, las empresas de inserción, los centros especiales de empleo, las sociedades agrarias de transformación y las cofradías de pescadores comparten los principios orientadores de la economía social. Todas estas entidades se ven reflejadas de forma directa o indirecta en los referidos artículos de la Constitución Española reuniendo los principios que les otorgan un carácter diferencial y específico respecto a otro tipo de sociedades y entidades del ámbito mercantil. Además, exis-
La economía social es precursora y está comprometida con el modelo económico de desarrollo sostenible, en su triple dimensión económica, social y medioambiental
te una dinámica viva de las entidades de la economía social que hace que confluyan distintas entidades singulares que también participan de los mismos principios que las anteriores. Este rico acervo se completa con un catálogo de entidades potenciales que pueden adscribirse a la economía social, pero siempre que dichas figuras estén acotadas a los principios que determinan una peculiaridad intrínseca en valores y perfectamente delimitadas en su configuración específica. Existen distintas iniciativas destacables que coinciden en la necesidad de aprobar una Ley de Economía Social. Por una parte, la demanda de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) con una propuesta de texto articulado y, por otra parte, los trabajos realizados por la Subcomisión Parlamentaria del Congreso de los Diputados, que estuvo en funcionamiento desde marzo del año 2007 hasta el final de dicho año, y cuyo objetivo era el estudio de la situación de la economía social en España y proponer actuaciones para su fomento.
El objetivo básico de la Ley es configurar un marco jurídico que, sin pretender sustituir la normativa vigente de cada una de las entidades que conforma el sector, suponga el reconocimiento y mejor visibilidad de la economía social, otorgándole una mayor seguridad jurídica por medio de
Por otra parte, la necesidad de aprobar una Ley de la Economía Social conecta directamente con los principios que inspiran y los objetivos que persigue la Ley de Economía Sostenible, en la medida que la economía social es, en cierto modo, precursora y está comprometida con el modelo económico de desarrollo sostenible, en su triple dimensión económica, social y medioambiental. El Gobierno de la Nación, por medio del Consejo para el Fomento de la Economía Social y con el acuerdo de CEPES, designó una Comisión independiente de personas expertas, que en octubre de 2009 finalizó los trabajos de elaboración de estudio de una Ley de la Economía Social. Partiendo del informe de la referida Comisión y de la propuesta de CEPES, se procedió a la elaboración de un texto común que cuenta con el respaldo de gran parte del sector. Además, en el proceso de elaboración del proyecto han sido informadas las Comunidades Autónomas, a través de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales del día 29 de abril de 2010, y el propio Consejo para el Fomento de la Economía Social que en su reunión plenaria del día 29 de abril de 2010 manifestó su acuerdo mayoritario al texto.
Se reconoce como tarea de interés general la promoción, estímulo y desarrollo de las entidades de la economía social y de sus organizaciones representativas
las actuaciones de definición de la economía social, estableciendo los principios que deben contemplar las distintas entidades que la forman. Partiendo de estos principios se recoge el conjunto de las diversas entidades y empresas que contempla la economía social. Asimismo, se reconoce como tarea de interés general, la promoción, estímulo y desarrollo de las entidades de la economía social y de sus organizaciones representativas. Además, se contempla la importancia de la interlocución de los poderes públicos con las organizaciones que representan a las distintas entidades que componen la economía social, propias por su figura jurídica y actividad, subrayando el papel a desempeñar por las confederaciones intersectoriales de ámbito estatal representativas del sector y restaurando con el encaje jurídico más acertado, el Consejo para el Fomento de la Economía Social como órgano asesor y consultivo vinculado al Ministerio de Trabajo e Inmigración, vinculándolo al sector mediante
esta Ley, ya que anteriormente estaba incardinado en la legislación estatal de sociedades cooperativas. El proyecto de Ley consta de nueve artículos, siete disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias y cuatro disposiciones finales. El artículo 1 marca el objeto de la ley, siendo éste el establecimiento de un marco jurídico común para el conjunto de las entidades que conforman el sector de la economía social y de las medidas de fomento aplicables al mismo; dando cumplimiento a lo anterior, el artículo 2 versa sobre el concepto y denominación de la economía social. El artículo 3 fija como ámbito de aplicación de la ley el de las entidades de la Economía Social que actúen en el Estado, pero sin perjuicio de las competencias asumidas por las Comunidades Autónomas. El artículo 4 presenta los cuatro principios orientadores y comunes a todas las entidades de la economía social, que son aquellas que recoge el artículo 5, bien sea mediante su denominación directa y en los términos del apartado uno, o por medio del procedimiento recogido en el apartado dos del citado precepto. El artículo 6 regula el catálogo de entidades de la economía social, que será elaborado y actualizado por el Ministerio de Trabajo e Inmigración previo informe del Consejo para el Fomento de la Economía Social, no teniendo en ningún caso carácter constitutivo. El artículo 7 recoge los principios de representación de las entidades de la economía social, y los criterios de representatividad de las confederaciones intersectoriales de ámbito estatal representati-
Se contempla la importancia de la interlocución de los poderes públicos con las organizaciones que representan a la economía social
vas. Por su parte, el artículo 8 cumple con otro de los objetos de la ley: el reconocimiento del fomento y difusión de la economía social. Por último, el artículo 9 regula en esta Ley el Consejo para el Fomento de la Economía Social, órgano asesor y consultivo en la materia, con el establecimiento de sus funciones. La disposición adicional primera regula la información estadística sobre las entidades de la economía social y la disposición adicional segunda se refiere a la financiación de las actuaciones previstas en ámbito estatal. La disposición adicional segunda regula los medios de financiación de las actuaciones de promoción, difusión y formación a las que se refiere el artículo 8.3 y del funcionamiento del Consejo para el Fomento de la Economía Social. La disposición adicional tercera clarifica la naturaleza de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) como corporación de derecho público cuya normativa específica le confiere la consideración de entidad singular de economía social. La disposición adicional cuarta recoge la necesidad de que el Gobierno integre a las empresas de la economía social en las estrategias para la mejora de la productividad. La disposición adicional quinta establece que el Gobierno enviará al Congreso de los Diputados, en un plazo de dos años desde la entrada en vigor de la Ley, un informe sobre los efectos de ésta. Hay dos disposiciones transitorias. La disposición transitoria primera mantiene la aplicación de la disposición adicional segun-
da de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, en tanto en cuanto no se desarrolle reglamentariamente el artículo 9.5 de esta Ley. La disposición transitoria segunda posibilita a las cooperativas de viviendas enajenar o arrendar a terceros no socios las viviendas de su propiedad iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley. Por su parte, en la disposición final primera se determinan los títulos competenciales de esta norma, que constituye legislación básica, dictada al amparo del artículo 149.1.13.ª de la Constitución, que atribuye al Estado las «bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica», salvo lo dispuesto en los artículos 8.3 y 9, que corresponde a la competencia de autoorganización del Estado, así como lo previsto en la disposición adicional primera, que se ampara en la competencia exclusiva atribuida al Estado por el artículo 149.1.31.ª de
La presente Ley tiene por objeto establecer un marco jurídico común para el conjunto de entidades que integran la economía social
la Constitución, en materia de «estadística para fines estatales». La disposición final segunda habilita al Gobierno para dictar las disposiciones de aplicación y desarrollo necesarias. Por último, la disposición final cuarta prevé una «vacatio legis» de un mes, plazo que se considera adecuado para su entrada en vigor.
Artículo 2. Concepto y denominación. Se denomina economía social al conjunto de las actividades económicas y empresariales, que en el ámbito privado llevan a cabo aquellas entidades que, de conformidad con los principios recogidos en el artículo 4, persiguen bien el interés colectivo de sus integrantes, bien el interés general económico o social, o ambos.
Las entidades de la economía social actúan en base a los siguientes principios orientadores: a) Primacía de las personas y del fin social sobre el capital, que se concreta en gestión autónoma y transparente, democrática y participativa, que lleva a priorizar la toma de decisiones más en función de las personas y sus aportaciones de trabajo y servicios prestados a la entidad o en función del fin social, que en relación a sus aportaciones al capital social. b) Aplicación de los resultados obtenidos de la actividad económica prin-
jan por los principios establecidos en el artículo anterior. 2. Asimismo, podrán formar parte de la economía social aquellas entidades que realicen actividad económica y empresarial, cuyas reglas de funcionamiento respondan a los principios enumerados en el artículo anterior, y que sean incluidas en el catálogo de entidades establecido en el artículo 6 de esta Ley. 3. En todo caso, las entidades de la economía social se regularán por sus normas sustantivas específicas. Artículo 6. Catálogo de entidades de economía social. El Ministerio de Trabajo e Inmigración, previo informe del Consejo para el Fomento de la Economía Social, y en coordinación con las Comunidades Autónomas, elaborará y mantendrá actualizado un catálogo de los diferentes tipos de entidades integrantes de la economía social, teniendo en cuenta los principios establecidos en la presente ley y de forma coordinada con los catálogos existentes en el ámbito autonómico. Los catálogos de entidades de economía social deberán ser públicos. La publicidad se hará efectiva por medios electrónicos. Artículo 7. Organización y representación. 1. Las entidades de la economía social podrán constituir asociaciones para la representación y defensa de sus intereses, y éstas po-
Se denomina economía social al conjunto de las actividades económicas (...) que persiguen bien el interés colectivo de sus integrantes, bien el interés general económico o social, o ambos
cipalmente en función del trabajo aportado y servicio o actividad realizada por las socias y socios o por sus miembros y, en su caso, al fin social objeto de la entidad. c) Promoción de la solidaridad interna y con la sociedad que favorezca el compromiso con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la cohesión social, la inserción de personas en riesgo de exclusión social, la generación de empleo estable y de calidad, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la sostenibilidad. d) Independencia respecto a los poderes públicos.
1. Forman parte de la economía social las cooperativas, las mutualidades, las fundaciones y las asociaciones que lleven a cabo actividad económica, las sociedades laborales, las empresas de inserción, los centros especiales de empleo, las cofradías de pescadores, las sociedades agrarias de transformación y las entidades singulares creadas por normas específicas que se ri-
nes cumplan con el requisito de la letra a). c) Representar, en al menos la mayoría de los tipos de entidades del artículo 5 que agrupe la correspondiente Confederación, como mínimo, al quince por ciento del total de las entidades o empresas de cada tipo asociadas a las confederaciones intersectoriales que concurran al procedimiento de representatividad, entendiéndose como concurrentes a aquellas Confederaciones que hayan cumplido los requisitos de las letras a) y b). 3. Las confederaciones intersectoriales de ámbito estatal representativas tendrán representación en los órganos de participación institucional de la Administración General del Estado que se ocupen de las materias que afectan a sus intereses económicos y sociales. Del mismo modo, tendrán representación en los órganos de la Administración General del Estado, las organizaciones de ámbito estatal que agrupen mayoritariamente a las entidades de la economía social, en todas aquellas actividades de representación que les sean propias por su naturaleza jurídica y actividad. 4. Asimismo, las organizaciones, federaciones o confederaciones representativas de cada Comunidad Autónoma tendrán representación en los órganos de participación institucional de las Administraciones de las Comunidades Autónomas que se ocupen de las materias que afectan a sus intereses económicos y sociales, en la forma en que se prevea por las Comunidades Autónomas.
Tendrán representación en los órganos de participación institucional de la Administración General del Estado que se ocupen de las materias que afectan a sus intereses
drán agruparse entre sí, de acuerdo con lo previsto en su normativa específica o, en su caso, en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación. 2. Las Confederaciones intersectoriales de ámbito estatal representativas serán las que cumplan los siguientes requisitos: a) Agrupar al menos a la mayoría de tipos de entidades que contempla el artículo 5 de la presente Ley. b) Representar, al menos, el veinticinco por ciento del total de las empresas o entidades asociadas directamente o a través de organizaciones intermedias a las Confederaciones Intersectoriales que concurran al procedimiento de representatividad, siempre que dichas Confederacio-
Los poderes públicos, en el ámbito de sus competencias, tendrán como objetivos de sus políticas promover y fomentar la economía social
Artículo 8. Fomento y difusión de la economía social. 1. Se reconoce como tarea de interés general, la promoción, estímulo y desarrollo de las entidades de la economía social y de sus organizaciones representativas. 2. Los poderes públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, tendrán como objetivos de sus políticas de promoción de la economía social, entre otros, los siguientes: a) Remover los obstáculos que impidan el inicio y desarrollo de una actividad económica de las entidades de la economía social. Para ello se prestará especial atención a la simplificación de trámites administrativos para la creación de entidades de la economía social. b) Facilitar las diversas iniciativas de economía social. c) Promover los principios y valores de la economía social. d) Promocionar la formación y readaptación profesional en el ámbito de las entidades de la economía social. e) Facilitar el acceso a los procesos de innovación tecnológica y organizativa a los emprendedores de las entidades de economía social. f) Crear un entorno que fomente el desarrollo de las iniciativas económicas y sociales en el marco de la economía social. g) Involucrar a las entidades de la economía social en las políticas activas de empleo, especialmente en favor de los sectores más afectados por el desempleo, mujeres, jóvenes y parados de larga duración. h) Introducir referencias a la economía social en los planes de estudio de las diferentes etapas educativas. i) Fomentar el desarrollo de la economía social en áreas como el desarrollo rural, la dependencia y la integración social. 3. Al Gobierno, para la aplicación de esta Ley, le corresponderá, con carácter general, a través del Ministerio de Trabajo e Inmigración, impulsar en su ámbito la realización de las actuaciones de promoción, difusión y formación de la economía social, sin perjuicio de las facultades de otros departamentos ministeriales en relación con la actividad económica, empresarial y social que desarrollen las entidades de economía social para el cumplimiento de su objeto social. 4. En el desarrollo de las actividades de fomento de la economía social se respeta-
El Consejo para el Fomento de la Economía Social actuará como un órgano de colaboración y coordinación de la economía social y la Administración General del Estado
rán las competencias de las Comunidades Autónomas. Desde la Administración General del Estado se impulsarán los mecanismos de cooperación y colaboración necesarios con las Administraciones Autonómicas para el desarrollo de las actividades de fomento de la economía social.
Artículo 9. Consejo para el Fomento de la Economía Social. 1. El Consejo para el Fomento de la Economía Social se regirá por lo dispuesto en esta Ley, configurándose como órgano asesor y consultivo para las actividades relacionadas con la economía social, integrado, a través del Ministerio de Trabajo e Inmigración, en la Administración General del Estado, sin participar en la estructura jerárquica de ésta. Actuará como un órgano de colaboración, coordinación e interlocución de la economía social y la Administración General del Estado. 2. De conformidad con las competencias atribuidas, y de acuerdo con el ámbito de esta ley, tendrá las siguientes funciones: a) Informar y colaborar en la elaboración de proyectos sobre cualquier disposición legal o reglamentaria que afecten a entidades de la economía social. b) Elaborar los informes que se soli-
citen por el Ministerio de Trabajo e Inmigración y demás departamentos ministeriales. c) Evacuar informe previo, de conformidad con el artículo 6 de esta Ley, en la elaboración y actualización del catálogo de entidades de la economía social del Ministerio de Trabajo e Inmigración. d) Informar los programas de desarrollo y fomento de la economía social. e) Realizar estudios e informes sobre cuestiones y problemas que afecten a la economía social y en especial sobre el refuerzo del conocimiento, presencia institucional y proyección internacional de la economía social. f) Velar por la promoción y el respeto a los principios orientadores de la presente Ley. g) Emitir informe previo en la adopción de las medidas de información estadística de las entidades de economía social en los términos de la disposición adicional primera de la presente Ley. h) Cuantas otras funciones y competencias se le atribuyan por disposiciones legales y reglamentarias. 3.. El Consejo para el Fomento de la Economía Social estará compuesto por representantes de la Administración General del Estado, de las Administraciones autonómicas, de la asociación de entidades locales más representativa, de las confederaciones intersectoriales representativas de ámbito estatal, así como de las entidades sectoriales mayoritarias de la economía social referidas en el artículo 5 de esta Ley que no estén representadas por las
citadas confederaciones intersectoriales, de las organizaciones sindicales más representativas y por cinco personas de reconocido prestigio en el ámbito de la economía social designadas por el Ministerio de Trabajo e Inmigración. 4. La Presidencia del Consejo para el Fomento de la Economía Social corresponderá a la persona titular de la Secretaría de Estado de Empleo. 5. El funcionamiento y composición del Consejo será objeto de desarrollo reglamentario, y se ajustará a lo dispuesto sobre órganos colegiados en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. Disposición adicional primera. Información estadística sobre las entidades de la economía social. El Ministerio de Trabajo e Inmigración
adoptará, en colaboración y coordinación con los departamentos ministeriales y las Administraciones que pudieran tener competencia en materia registral de las entidades de la economía social, y previo informe del Consejo para el Fomento de la Economía Social, las medidas necesarias para garantizar una información estadística de dichas entidades así como de sus organizaciones de representación, periódicamente actualizada y ajustada en su clasificación al catálogo previsto en el artículo 6 de esta Ley. Disposición adicional segunda. Financiación. El impulso de las actuaciones de promoción, difusión y formación a las que se refiere el artículo 8.3, así como el funcionamiento del Consejo para el Fomento de la Economía Social previsto en el artículo 9, se financiarán con los créditos que el Ministerio de Trabajo e Inmigración tenga efectivamente disponibles para el ejercicio 2010, sin que puedan suponer aumento neto de gasto, conforme a lo establecido en el Plan de Acción inmediata para 2010 y, para ejercicios sucesivos, en el Plan de Austeridad de la Administración General del Estado 2011-2013. La Administración General del Estado podrá acordar con las Comunidades Autónomas el fomento de determinadas actuaciones de promoción, difusión o formación de la economía social estableciendo al efecto los oportunos convenios de colaboración en los que se concretarán los recursos que se aporten.
La Administración General del Estado podrá acordar con las Comunidades Autónomas el fomento de determinadas actuaciones de promoción, difusión o formación de la economía social, estableciendo convenios de colaboración
por los principios y valores de la solidaridad, la ausencia de ánimo de lucro y el interés general; que ejerce en todo el territorio español funciones delegadas de las Administraciones Públicas, bajo el Protectorado del Estado; y que, para la financiación de sus fines sociales, goza de un conjunto de autorizaciones públicas en materia de juego.
El Gobierno, en el plazo de dos años, remitirá al Congreso un informe en el que se analizarán y evaluarán los efectos y las consecuencias de la aplicación del contenido de la Ley
Disposiciónadicionaltercera.OrdenaciónJurídica de la ONCE como entidad singular. A los efectos previstos en el apartado 1 del artículo 5 de la presente Ley, la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) es una organización singular de economía social, que ajusta su ordenación y funcionamiento a lo previsto en las leyes, así como en su normativa específica de aplicación, constituida básicamente por el Real Decreto 358/1991, de 15 de marzo, de reordenación de la ONCE y sus vigentes Estatutos; cuyos rasgos básicos y genuinos relativos a su actividad económica y empresarial, así como a su naturaleza de operador de juego de reconocido prestigio, se plasman en la presente disposición adicional. La ONCE es una Corporación de Derecho Público de carácter social; que se rige por su normativa específica propia y cuyos fines sociales se dirigen a la consecución de la autonomía personal y plena integración de las personas ciegas y con deficiencia visual grave; mediante la prestación de servicios sociales, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar y de autoorganización; caracterizada en su actividad social, económica y empresarial,
Disposición adicional cuarta. Integración de las empresas de la economía social en las estrategias para la mejora de la productividad. El Gobierno tendrá en cuenta las especiales características de las empresas de la economía social en sus estrategias de mejora de la productividad y la competitividad empresarial. Disposición adicional quinta. Informe del Gobierno. El Gobierno, en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente Ley, remitirá al Congreso de los Diputados un informe en el que se analizarán y evaluarán los efectos y las consecuencias de la aplicación del contenido de la misma. Disposición adicional sexta. Ejercicio de actividades sanitarias por titulados universitarios de Licenciado en Psicología o Graduado en el ámbito de la Psicología. 1. En el plazo de doce meses desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno re-
El Gobierno aprobará en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley un programa de impulso de las entidades de economía social
mitirá a las Cortes Generales un proyecto de Ley que regule la actividad de la «Psicología sanitaria» como profesión sanitaria titulada y regulada, definiendo las condiciones de acceso a dicha profesión y las funciones que se le reservan. 2. Transitoriamente, hasta la entrada en vigor de la Ley prevista en el apartado anterior, quienes ostenten el título de Licenciado en Psicología o alguno de los títulos de Graduado en el ámbito de la Psicología que figuren inscritos en el Registro de Universidades, Centros y Títulos como adscritos a la rama de conocimiento de Ciencias de la Salud, podrán ejercer actividades sanitarias, siempre que acrediten haber adquirido una formación específica a través de alguna de las siguientes vías: a) Por haber superado los estudios de graduado/licenciado, siguiendo un itinerario curricular cualificado por su vinculación con el área docente de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos, o con la Psicología Clínica y de la Salud.
b) Por haber adquirido una formación complementaria de posgrado no inferior a 400 horas (o su equivalente en créditos europeos), de las que al menos 100, tendrán carácter práctico, vinculada a las áreas mencionadas en la anterior letra a). 3. La acreditación de encontrarse en alguna de las situaciones previstas en el apartado anterior, permitirá solicitar la inscripción de consultas o gabinetes de psicologías en el correspondiente registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios. 4. Los psicólogos que desarrollen su actividad en centros, establecimientos y Servicios del Sistema Nacional de Salud, o concertados con él, para hacer efectivas las prestaciones sanitarias derivadas de la cartera de servicios comunes del mismo que correspondan a dichos profesionales, tanto en el ámbito de la atención primaria como en el de la especializada, deberán estar en posesión del título oficial de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica al que se refiere el apartado 3 del anexo I del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada. Disposición adicional séptima. Programa de impulso de las entidades de economía social. El Gobierno aprobará en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta
3.º Previa consulta con las entidades que realizan acción social revisará la normativa de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que le es de aplicación, con el objeto de simplificar los procedimientos regulados en la misma. Disposición transitoria primera. Régimen transitorio aplicable del Consejo para el Fomento de la Economía Social. Hasta la entrada en vigor del desarrollo reglamentario previsto en el artículo 9.5 de esta Ley, el Consejo para el Fomento de la Economía Social se regirá por lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas. Disposición transitoria segunda. Cooperativas de viviendas. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 89.4 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, las cooperativas de viviendas podrán enajenar o arrendar a terceros no socios, las viviendas de su propiedad iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley. En este supuesto, la enajenación o arrendamiento de las viviendas y sus condiciones generales deberán haber sido acordadas previamente por la Asamblea General. Adicionalmente, estas operaciones con terceros no socios podrán alcanzar como límite máximo el 50 por ciento de las realizadas con los socios. La Asamblea General acordará también el destino del importe obtenido por la enajenación o arrendamiento.
La presente Ley constituye legislación básica (…) que atribuye al Estado las «bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica»
Ley, un programa de impulso de las entidades de economía social, con especial atención a las de singular arraigo en su entorno y a las que generen empleo en los sectores más desfavorecidos. Este programa entre otras reflejará las siguientes medidas: 1.º Previa consulta a las entidades representativas de la economía social, del Consejo para el Fomento de la Economía Social y de las Comunidades Autónomas, revisará la normativa necesaria para eliminar las limitaciones de las entidades de la economía social, de forma que estas puedan operar en cualquier actividad económica sin trabas injustificadas. 2.º Previa consulta a las entidades representativas de la economía social, del Consejo para el Fomento de la Economía Social y de las Comunidades Autónomas, remitirá a las Cortes un proyecto de ley que actualice y revise la Ley 4/1997, de 24 de marzo, de Sociedades Laborales.
cación y desarrollo de la presente Ley en el ámbito de sus competencias. Disposición final tercera. Modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. El texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, queda modificado en los siguientes términos: Uno. Se modifica el apartado 1 de la disposición adicional vigésima quinta, que queda redactado en los siguientes términos: «1. La tramitación de las prestaciones y demás actos en materia de Seguridad Social, incluida la protección por desempleo, que no tengan carácter recaudatorio o sancionador se ajustará a lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con las especialidades en ella previstas para tales actos en cuanto a impugnación y revisión de oficio, así como con las establecidas en la presente disposición adicional, en la disposición adicional quincuagésima de esta Ley o en otras disposiciones que resulten de aplicación.» Dos. Se modifican los apartados 2 y 4 de la disposición adicional quincuagésima, que quedan redactados en los siguientes términos: «2. Las notificaciones de los actos administrativos que traigan causa o se dic-
Se faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación y desarrollo de la presente Ley en el ámbito de sus competencias
Disposición final primera. Título competencial. La presente Ley constituye legislación básica dictada al amparo del artículo 149.1.13.ª de la Constitución que atribuye al Estado las «bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica». No obstante, no tendrán carácter básico: a) Los contenidos de esta Ley que hacen referencia a la organización y funcionamiento de órganos del Estado o de órganos adscritos a la Administración del Estado: Artículo 8.3 y artículo 9. b) La disposición adicional primera que se incardina en el artículo 149.1.31.ª de la Constitución que atribuye al Estado la competencia en materia de «Estadística para fines estatales». Disposición final segunda. Habilitación al Gobierno. Se faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la apli-
tados anteriores, se practicarán exclusivamente en el tablón de edictos y anuncios de la Seguridad Social situado en dicha sede electrónica, no procediendo su publicación por ningún otro medio. Transcurridos veinte días naturales desde que la notificación se hubiese publicado en el tablón de edictos y anuncios de la Seguridad Social, se entenderá que la misma ha sido practicada, dándose por cumplido dicho trámite y continuándose con el procedimiento. El tablón de edictos y anuncios de la Seguridad Social será gestionado por la Secretaría de Estado de la Seguridad Social. La práctica de la notificación en el mismo se efectuará en los términos que se determinen por orden del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Disposición final cuarta. Entrada en vigor. La presente Ley entrará en vigor al mes de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley. Madrid, 29 de marzo de 2011. JUAN CARLOS R. El Presidente del Gobierno, JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
La Ley de Economía Social entró en vigor el 30 de abril de 2011
ten como consecuencia de los datos que deban comunicarse electrónicamente a través del sistema RED, realizadas a los autorizados para dicha transmisión, se efectuarán obligatoriamente por medios electrónicos, informáticos o telemáticos en la sede electrónica de la Seguridad Social, siendo válidas y vinculantes a todos los efectos legales para las empresas y sujetos obligados a los que se refieran dichos datos, salvo que estos últimos hubiesen manifestado su preferencia porque dicha notificación en sede electrónica se les efectúe directamente a ellos o a un tercero.» «4. En los supuestos previstos en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, las notificaciones que no hayan podido realizarse en la sede electrónica de la Seguridad Social o en el domicilio del interesado, conforme a lo indicado en los apar-
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