Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32014L0049
Timestamp: 2019-04-22 06:53:14
Document Index: 188857769

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 290', 'artículo 5', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 113', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 336', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 113', 'artículo 30', 'artículo 70', 'artículo 7', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 9', 'artículo 13', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 16', 'artículo 6', 'artículo14', 'artículo 11', 'artículo 32', 'artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 16', 'artículo 34', 'artículo 19', 'artículo 11', 'artículo 1', 'artículo 7', 'artículo 10', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 5', 'Artículo 7', 'Artículo 7', 'Artículo 7', 'Artículo 5', 'Artículo 7', 'Artículo 5', 'Artículo 7', 'Artículo 5', 'Artículo 7', 'Artículo 5', 'Artículo 7', 'Artículo 5', 'Artículo 1', 'Artículo 7', 'Artículo 1', 'Artículo 16']

Directiva 2014/49/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014 , relativa a los sistemas de garantía de depósitos Texto pertinente a efectos del EEE
DIRECTIVA 2014/49/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
relativa a los sistemas de garantía de depósitos
La Directiva 94/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (3) se ha modificado sustancialmente (4). Habida cuenta de que es preciso introducir nuevas modificaciones, conviene, en aras de la claridad, proceder a la refundición de dicha Directiva.
Para facilitar el acceso a la actividad de las entidades de crédito y su ejercicio es necesario eliminar algunas diferencias entre las legislaciones de los Estados miembros en lo referente a los sistemas de garantía de depósitos (SGD) a que estas entidades de crédito están sometidas.
La presente Directiva constituye un instrumento esencial para la realización del mercado interior bajo el doble aspecto de la libertad de establecimiento y de la libre prestación de servicios financieros en el sector de las entidades de crédito, reforzando al mismo tiempo la estabilidad del sistema bancario y la protección de los depositantes. Dados los costes que supone para la economía en general la quiebra de una entidad de crédito, y sus consecuencias negativas para la estabilidad financiera y la confianza de los depositantes, es conveniente no solo adoptar disposiciones para reembolsar a los depositantes sino también dotar a los Estados miembros de la flexibilidad suficiente para que sus SGD puedan aplicar medidas que reduzcan la probabilidad de futuras reclamaciones frente a los SGD. Tales medidas siempre deben ser acordes con las normas en materia de ayudas públicas.
Para tener en cuenta la progresiva integración en el mercado interior, debe preverse la posibilidad de fusionar SGD de diferentes Estados miembros o de crear con carácter voluntario sistemas transfronterizos separados. Los Estados miembros deben garantizar una estabilidad suficiente y una composición equilibrada de los nuevos SGD y de los ya existentes. Deben evitarse los efectos adversos sobre la estabilidad financiera, por ejemplo cuando solo las entidades de crédito con un perfil de alto riesgo se transfieren a un SGD transfronterizo.
La Directiva 94/19/CE exige a la Comisión que, si procede, presente propuestas de modificación de la Directiva 94/19/CE. La presente Directiva abarca la armonización de los mecanismos de financiación de los SGD, la introducción de aportaciones basadas en el nivel de riesgo, la armonización del alcance de los productos y la de los depositantes cubiertos.
La Directiva 94/19/CE se funda en el principio de armonización mínima. Como consecuencia de ello, en la Unión existen actualmente SGD de características muy diferentes. Como resultado de los requisitos comunes establecidos en la presente Directiva, se debe disponer un nivel uniforme de protección para los depositantes en toda la Unión, al mismo tiempo que se garantiza el mismo nivel de estabilidad de los SGD. Al mismo tiempo, estos requisitos comunes son de una importancia capital para eliminar distorsiones del mercado. La presente Directiva constituye, por tanto, una contribución a la realización del mercado interior.
Como resultado de la presente Directiva, los depositantes disfrutarán de un acceso mucho mejor a los SGD, gracias a un ámbito de cobertura más amplio y más claro, períodos de reembolso más breves, mejor información y unos sólidos requisitos de financiación. Todo ello mejorará la confianza del consumidor en la estabilidad financiera en todo el mercado interior.
Los Estados miembros deben velar por que sus respectivos SGD implanten buenas prácticas de gobernanza y por que presenten cada año un informe sobre sus actividades.
Cuando se produzca el cierre de una entidad de crédito insolvente, los depositantes de las sucursales situadas en un Estado miembro que no sea el del domicilio social de la entidad de crédito deben estar protegidos por el mismo SGD que los demás depositantes de la entidad de crédito.
La presente Directiva no ha de ser óbice para que los Estados miembros incluyan en su ámbito de aplicación las entidades de crédito definidas en el artículo 4, apartado 1, punto 1, del Reglamento (UE) no 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) que estén fuera del ámbito de aplicación de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (6) en virtud de su artículo 2, apartado 5. Los Estados miembros podrán decidir que, a los efectos de la presente Directiva, el organismo central y todas las entidades de crédito afiliadas al mismo sean considerados como una única entidad de crédito.
En principio, la presente Directiva exige que todas las entidades de crédito estén cubiertas por un SGD. Un Estado miembro que admita sucursales de una entidad de crédito con domicilio social en un tercer país debe decidir la forma de aplicar la presente Directiva a dichas sucursales y debe tener en cuenta la necesidad de proteger a los depositantes y de asegurar la integridad del sistema financiero. Es esencial que los depositantes de dichas sucursales estén plenamente informados de las disposiciones que les son aplicables en materia de garantías.
Conviene recordar que hay sistemas institucionales de protección (SIP) que protegen a la propia entidad de crédito y que, en particular, garantizan su liquidez y solvencia. Cuando dichos sistemas son independientes de los SGD, su función suplementaria de salvaguardia debe ser tenida en cuenta a la hora de determinar las aportaciones de sus miembros a los SGD. La armonización del nivel de cobertura que ofrece la presente Directiva no debe afectar a los sistemas que protegen a la propia entidad de crédito, a no ser que reembolsen a los depositantes.
Toda entidad de crédito debe tomar parte de un SGD reconocido en virtud de la presente Directiva, garantizando también un alto nivel de protección del consumidor y la igualdad de condiciones entre las entidades de crédito, al tiempo que impide el arbitraje regulatorio. Los SGD deben poder garantizar esta protección en todo momento.
La función principal de los SGD consiste en proteger a los depositantes frente a las consecuencias de la insolvencia de una entidad de crédito. Los SGD deben poder garantizar esta protección de diferentes maneras. Deben utilizarse principalmente para reembolsar a los depositantes con arreglo a la presente Directiva («función de reembolso»).
Los SGD deben apoyar también la financiación de la resolución de entidades de crédito con arreglo a la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (7).
También debe ser posible, cuando lo permita el ordenamiento jurídico nacional, que los SGD vayan más allá de la mera función de reembolso y utilicen sus recursos financieros disponibles para prevenir quiebras de entidades de crédito y evitar así los costes de reembolso a los depositantes y otras repercusiones negativas. No obstante, esas medidas deben aplicarse dentro de un marco claramente definido y, en cualquier, caso, deben cumplir la normativa en materia de ayudas públicas. Los SGD deben contar, entre otros elementos, con los sistemas y procedimientos adecuados para seleccionar y aplicar esas medidas y supervisar los riesgos asociados. La ejecución de esas medidas debe estar supeditada a la imposición de condiciones a la entidad de crédito, que supongan como mínimo una supervisión de riesgos más estricta y unos mayores derechos de verificación para los SGD. Los costes de las medidas adoptadas para prevenir quiebras de entidades de crédito no deben superar los costes que cumplen mandatos legales o por convenio de los respectivos SGD, en relación con la protección de los depósitos con cobertura en las entidades de crédito o en la propia entidad de crédito.
Los SGD deben estar asimismo en condiciones de adoptar la forma de un SIP. Las autoridades competentes deben poder reconocer a los SIP como SGD si se ajustan a todos los criterios establecidos en la presente Directiva.
La presente Directiva no debe aplicarse a los sistemas contractuales o SIP que no estén oficialmente reconocidos como SGD, excepto por lo que respecta a los requisitos limitados en materia de publicidad e información a los depositantes en caso de exclusión o retirada de una entidad de crédito. En cualquier caso, los sistemas contractuales y los SIP están sujetos a la normativa en materia de ayudas públicas.
En la reciente crisis financiera, el aumento no coordinado de los niveles de cobertura en toda la Unión hizo que, en algunos casos, los depositantes transfirieran fondos a entidades de crédito de países en los que las garantías de depósitos eran más elevadas. Dicho aumento no coordinado restó liquidez a las entidades de crédito en momentos de gran tensión. En tiempos de estabilidad, es posible que unos niveles de cobertura diferentes induzcan a los depositantes a escoger la protección más elevada para los depósitos en vez del tipo de depósito más adecuado para ellos. Esas diferencias en el nivel de cobertura pueden dar lugar a un falseamiento de las condiciones de competencia en el mercado interior. Es necesario, por tanto, que se asegure un nivel armonizado de protección de los depósitos por parte de todos los SGD reconocidos, independientemente del lugar de la Unión en que estén ubicados los depósitos. Sin embargo, algunos depósitos, en razón de la situación personal de los depositantes, deben poder tener, durante un tiempo limitado, una cobertura más elevada.
Debe aplicarse el mismo nivel de cobertura a todos los depositantes, independientemente de que la moneda del Estado miembro sea o no el euro. Los Estados miembros cuya moneda no es el euro deben tener la posibilidad de redondear los importes resultantes de la conversión sin comprometer la equivalencia de la protección de los depositantes.
Por una parte, el nivel de cobertura que se establece en la presente Directiva no debe dejar una proporción demasiado elevada de depósitos sin protección, tanto en interés de la protección de los consumidores como de la estabilidad del sistema financiero. Por otra parte, debe tenerse en cuenta el coste relativo a la financiación de los SGD. Parece razonable, por lo tanto, establecer el nivel armonizado de cobertura en 100 000 EUR.
La presente Directiva opta por el principio de un límite armonizado por depositante y no por depósito. Desde esta óptica, conviene tener en cuenta los depósitos realizados por depositantes que, o bien no figuran como titulares de la cuenta, o bien no son los únicos titulares de una cuenta. El límite debe, por tanto, aplicarse a cuantos depositantes puedan identificarse. El principio de la aplicación del límite a cada depositante determinable no debe aplicarse a los organismos de inversión colectiva sujetos a normas específicas de protección que no se aplican a dichos depósitos.
La Directiva 2009/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (8) introdujo un nivel fijo de cobertura de 100 000 EUR que ha colocado a algunos Estados miembros en la obligación particular de reducir su nivel de cobertura, con el riesgo de socavar así la confianza de los depositantes. Aun cuando la armonización es esencial para garantizar unas condiciones equitativas para todos y la estabilidad financiera en el mercado interior, deben tenerse en cuenta los riesgos de socavar la confianza de los depositantes. Por consiguiente, los Estados miembros deben poder aplicar un nivel de cobertura superior si ya disponían de un nivel de cobertura superior al armonizado antes de aplicarse la Directiva 2009/14/CE. Dicho nivel de cobertura superior debe ser limitado en el tiempo y en su ámbito de aplicación, y los Estados miembros de que se trate deben adaptar proporcionalmente su nivel de financiación objetivo y las aportaciones abonadas a sus SGD. Como no es posible adaptar el nivel objetivo si el nivel de cobertura es ilimitado, sería conveniente limitar la opción a aquellos Estados miembros que, a 1 de enero de 2008, aplicaban un nivel de cobertura situado dentro de una franja determinada, fijada entre 100 000 EUR y 300 000 EUR. Para limitar el impacto de unos niveles de cobertura diferentes, y habida cuenta de que la Comisión revisará la aplicación de la presente Directiva el 31 de diciembre de 2018 a más tardar, es conveniente permitir la existencia de esta opción hasta esa fecha.
Solo se debe permitir a los SGD compensar entre sí las deudas y créditos de un depositante si la fecha de exigibilidad de las deudas no es posterior a la fecha en que dejan de estar disponibles. Esta compensación no debe afectar en modo alguno a la capacidad de los SGD para reembolsar los depósitos dentro del plazo fijado por la presente Directiva. Es importante que no se impida a los Estados miembros adoptar las medidas oportunas en relación con los derechos de los SGD en caso de que una entidad de crédito sea objeto de un procedimiento de saneamiento o liquidación.
Se debe poder excluir del reembolso a aquellos depósitos que, de conformidad con la legislación nacional, no tengan sus fondos a disposición del depositante, al haber acordado este de forma contractual con la entidad de crédito que el depósito únicamente sirva para reembolsar un préstamo contraído con el fin de adquirir bienes inmuebles. Dichos depósitos deben compensarse con el saldo vivo del préstamo.
Los Estados miembros deben garantizar que la protección de los depósitos resultantes de determinadas transacciones, o que sirvan a determinados fines sociales o de otro tipo supere los 100 000 EUR durante un período determinado. Los Estados miembros tomarán una decisión respecto a un nivel de cobertura máxima temporal para dichos depósitos y, al hacerlo, deberán tener en cuenta la importancia de la protección para los depositantes y las condiciones de vida en los Estados miembros. En todos esos casos, procede respetar la normativa en materia de ayudas públicas.
Es necesario armonizar los métodos de financiación de los SGD. Por una parte, los gastos de financiación de los SGD deben recaer, en principio, en las propias entidades de crédito y, por otra parte, la capacidad financiera de dichos sistemas debe ser proporcional a las obligaciones que les incumban. Para asegurar que los depositantes de todos los Estados miembros disfruten de un nivel similarmente elevado de protección, la financiación de los SGD debe armonizarse en un nivel elevado y mantenerse un nivel financiero objetivo previo que sea uniforme para todos los SGD.
No obstante, en determinadas circunstancias, las entidades de crédito pueden operar en un mercado muy concentrado, en el que el tamaño y grado de interconexión de la mayoría de las entidades de crédito sea tal que haría improbable que pudieran liquidarse conforme a los procedimientos de insolvencia ordinarios sin poner en peligro la estabilidad financiera, por lo que sería más probable que estuviesen sujetas a procedimientos de resolución ordenados. En tales circunstancias, los sistemas podrían estar sujetos a un nivel objetivo inferior.
En consonancia con la Directiva 2009/110/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (9), el dinero electrónico y los fondos recibidos a cambio de dinero electrónico no deben recibir el mismo trato que los depósitos ni, por tanto, incluirse en el ámbito de la presente Directiva.
Para limitar la protección de los depósitos al nivel necesario para garantizar la seguridad jurídica y la transparencia ante los depositantes y evitar la transferencia de riesgos de inversión a los SGD, los instrumentos financieros deben quedar excluidos del ámbito de cobertura, a excepción de los productos de ahorro ya existentes representados por un certificado de depósito emitido a nombre de una persona concreta.
Algunos depositantes no deberían gozar de una protección de sus depósitos, en particular las autoridades públicas u otras entidades financieras. Lo limitado de su número en comparación con todos los demás depositantes reduce al máximo las repercusiones derivadas de una eventual quiebra de una entidad de crédito en la estabilidad financiera. Por otro lado, las autoridades tienen un acceso mucho más fácil al crédito que los ciudadanos. No obstante, los Estados miembros deben poder decidir que estén garantizados los depósitos de las autoridades locales con un presupuesto anual de hasta 500 000 EUR. Las empresas no financieras deberían, en principio, estar cubiertas, independientemente de su tamaño.
Los depositantes cuyas actividades incluyen el blanqueo de capitales con arreglo al artículo 1, apartados 2 y 3, de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (10), deben quedar excluidos del reembolso por parte de los SGD.
Para las entidades de crédito, el coste de participación en un sistema de garantía no es en absoluto comparable al que ocasionaría una retirada masiva de depósitos, no solo de una entidad con dificultades sino también de entidades saneadas, a raíz de una pérdida de confianza de los depositantes en la solidez del sistema bancario.
Es necesario que los recursos financieros disponibles de los SGD asciendan a un determinado nivel objetivo y que puedan recaudarse aportaciones extraordinarias. En cualquier caso, deben crearse unos mecanismos de financiación alternativos que permitan a los SGD obtener fondos a corto plazo para hacer frente a los créditos que les sean reclamados. Es preciso que los recursos financieros disponibles de los SGD puedan incluir efectivo, depósitos, compromisos de pago y activos de bajo riesgo, que puedan realizarse con rapidez. La cantidad de las aportaciones a los SGD debe tener debidamente en cuenta el ciclo económico, la estabilidad del sector que componen las entidades receptoras de depósitos y las obligaciones que ya tenga el SGD.
Los SGD deben invertir en los activos de bajo riesgo.
Las aportaciones a los SGD deben basarse en el importe de los depósitos con cobertura y el grado de riesgo afrontado por los respectivos miembros. De este modo se podría reflejar el perfil de riesgo de las distintas entidades de crédito, incluyendo sus diferentes modelos de negocio. También debería permitir efectuar un cálculo equitativo de las aportaciones y proporcionaría incentivos para operar con arreglo a modelos de negocio menos arriesgados. Para adaptar las aportaciones a las circunstancias del mercado y a los perfiles de riesgo, los SGD deben estar en condiciones de utilizar sus propios métodos basados en el riesgo. Para tener en cuenta los sectores con un riesgo particularmente bajo reglamentados por la legislación nacional, los Estados miembros deben estar facultados para establecer las correspondientes reducciones en las aportaciones siempre que respeten el nivel objetivo de cada SGD. En cualquier caso, los métodos de cálculo deben ser aprobados por las autoridades competentes. La Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea) (ABE) establecida por el Reglamento (UE) no 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (11) debe formular directrices para especificar los métodos de cálculo de las aportaciones.
La garantía de depósitos es un elemento fundamental para la realización del mercado interior y un complemento imprescindible del sistema de supervisión de las entidades de crédito por la solidaridad que crea entre todas las entidades de un mismo centro financiero, en el caso de que una de ellas quiebre. Por consiguiente, los Estados miembros deben poder permitir que los SGD se presten dinero unos a otros de forma voluntaria.
El actual plazo de reembolso va en contra de la necesidad de mantener la confianza de los depositantes y no satisface sus necesidades, por lo que debería reducirse a siete días laborales.
Sin embargo, con frecuencia no se dispone de los procedimientos necesarios para efectuar el reembolso en un plazo breve. Por lo tanto, los Estados miembros deben tener la posibilidad durante un período transitorio de reducir gradualmente el plazo de reembolso hasta los siete días laborables. El plazo máximo de reembolso establecido en la presente Directiva no debe impedir que los SGD reembolsen antes a los depositantes. Para garantizar que durante el período transitorio los depositantes no encuentren dificultades financieras en caso de quiebra de su entidad de crédito, deberán estar en condiciones, previa petición, de tener acceso a un importe adecuado de sus depósitos con cobertura con el fin de cubrir su sustento. El acceso a dicho importe únicamente debe ser posible sobre la base de los datos proporcionados por la entidad de crédito. Habida cuenta de los diferentes niveles en el coste de la vida entre Estados miembros, dicho importe será determinado por los propios Estados miembros.
El plazo necesario para efectuar el reembolso de los depósitos debe definirse teniendo en cuenta los casos en que el SGD tenga dificultades para determinar el importe del reembolso y los derechos del depositante, en particular si los depósitos se derivan de operaciones relativas a inmuebles residenciales o están ligados a determinadas circunstancias de la vida, si el depositante no es el beneficiario legal del saldo de las cuentas, si el depósito es objeto de un litigio judicial o de reclamaciones concurrentes en relación con las sumas existentes en la cuenta, o si está sujeto a sanciones económicas impuestas por administraciones nacionales u organismos internacionales.
Para garantizar el reembolso, los SGD deberán estar facultados para subrogarse en los derechos de los depositantes que hayan recibido reembolso frente a la entidad de crédito en quiebra. Los Estados miembros deben poder limitar el período de tiempo en que aquellos depositantes cuyos depósitos no hayan sido reembolsados o reconocidos dentro del plazo fijado para el reembolso puedan reclamar el pago de sus depósitos, con el fin de permitir que el SGD ejerza los derechos en que se haya subrogado en la fecha en que tales derechos deban registrarse en procedimientos de insolvencia.
Procede que los SGD de los Estados miembros en los que una entidad de crédito haya establecido sucursales informen y reembolsen a los depositantes por cuenta del SGD del Estado miembro en el que haya sido autorizada la entidad de crédito. Es preciso establecer salvaguardias para garantizar que el SGD que reembolse a los depositantes reciba a su vez los recursos financieros e instrucciones necesarios del SGD del Estado de origen antes de efectuar dicho reembolso. Conviene que los SGD que puedan verse afectados celebren acuerdos de antemano para facilitar estas tareas.
La información de los depositantes es un factor esencial para su protección. Por lo tanto, los depositantes deben ser informados en sus extractos de cuenta de su cobertura y del SGD responsable. Ha de proporcionarse la misma información a los depositantes potenciales mediante una hoja informativa estándar de la que han de acusar recibo. El contenido de esa información ha de ser idéntico para todos los depositantes. La utilización no regulada, en la publicidad, de referencias al nivel de cobertura y el alcance del SGD puede afectar a la estabilidad del sistema bancario o a la confianza de los depositantes. Por ello, las referencias a los SGD en la publicidad deben limitarse a una breve mención objetiva.
La Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (12), se aplica al tratamiento de datos personales realizado en aplicación de la presente Directiva. Los SGD y las autoridades competentes deben tratar con sumo cuidado los datos relativos a cada depósito y mantener un alto nivel de protección de datos, de conformidad con dicha Directiva.
La presente Directiva no debe tener por efecto que se comprometa la responsabilidad de los Estados miembros o de sus autoridades competentes frente a los depositantes si se han asegurado de que se han creado y reconocido oficialmente uno o varios SGD o entidades de crédito en sí mismas para garantizar la indemnización o protección de los depositantes en las condiciones que establece la presente Directiva.
El Reglamento (UE) no 1093/2010 ha asignado a la ABE un serie de funciones en relación con la Directiva 94/19/CE.
Sin perjuicio de la supervisión de los SGD por parte de los Estados miembros, resulta oportuno que la ABE contribuya al objetivo de facilitar el acceso a la actividad de las entidades de crédito y su ejercicio, asegurando al mismo tiempo una protección eficaz de los depositantes y reducir al máximo el riesgo para los contribuyentes. Los Estados miembros deben mantener informadas a la Comisión y a la ABE de la identidad de las autoridades que hayan designado para cumplir el requisito de cooperación entre la ABE y las autoridades designadas que se prevén en la presente Directiva.
Es necesario establecer directrices en el ámbito de los servicios financieros con objeto de garantizar condiciones de competencia equitativas y una protección adecuada de los depositantes en toda la Unión. Deben emitirse tales directrices con el fin de especificar el método de cálculo de las aportaciones basadas en el riesgo.
Con el fin de asegurar un funcionamiento eficiente y eficaz de los SGD y una consideración imparcial de sus posiciones en los diferentes Estados miembros, la ABE debe poder resolver con efecto vinculante los desacuerdos que surjan entre ellos.
Habida cuenta de las divergencias entre prácticas administrativas relativas a los SGD en los Estados miembros, estos deben tener libertad para decidir qué autoridad determina la falta de disponibilidad de depósitos.
Las autoridades competentes, las autoridades designadas, las autoridades de resolución, las autoridades administrativas competentes y los SGD deben cooperar entre sí y ejercer sus facultades de conformidad con lo dispuesto en la presente Directiva. Deben cooperar desde una fase temprana en la elaboración y aplicación de las medidas de resolución con el fin de fijar un importe del que se hará responsable el SGD cuando se utilicen los recursos financieros para financiar la resolución de entidades de crédito.
Deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos delegados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por lo que respecta a la adaptación del nivel de cobertura establecido en la presente Directiva para la totalidad de los depósitos de un mismo depositante con arreglo a la inflación en la Unión Europea, sobre la base de las variaciones del Índice de Precios de Consumo. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos. Al preparar y elaborar actos delegados, la Comisión debe garantizar que los documentos pertinentes se transmitan al Parlamento Europeo y al Consejo de manera simultánea, oportuna y adecuada.
De conformidad con la Declaración política conjunta de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explicativos (13), en casos justificados, los Estados miembros se comprometen a adjuntar a la notificación de sus medidas de transposición, uno o varios documentos que expliquen la relación entre los componentes de una directiva y las partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposición. Por lo que respecta a la presente Directiva, el legislador considera que la transmisión de tales documentos está justificada.
Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, la armonización de las normas relativas al funcionamiento de los SGD, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.
La obligación de incorporar la presente Directiva al Derecho nacional debe limitarse a las disposiciones que constituyan una modificación sustancial respecto de las Directivas anteriores. La obligación de transponer las disposiciones inalteradas se deriva de las Directivas anteriores.
La presente Directiva no debe afectar a las obligaciones de los Estados miembros relativas a los plazos de transposición al Derecho nacional de las Directivas que figuran en el anexo II.
los SGD establecidos por disposición legal;
los SGD contractuales que estén oficialmente reconocidos como SGD en virtud del artículo 4, apartado 2;
los sistemas institucionales de protección que estén oficialmente reconocidos como SGD de conformidad con el artículo 4, apartado 2;
las entidades de crédito afiliadas a los sistemas indicados en las letras a), b) o c), del presente apartado.
los sistemas contractuales que no estén oficialmente reconocidos como SGD, inclusive los sistemas que ofrezcan una protección adicional al nivel de cobertura establecido en el artículo 6, apartado 1;
los sistemas institucionales de protección que no estén oficialmente reconocidos como SGD.
2) «sistemas institucionales de protección» o «SIP»: los sistemas institucionales de protección a que se refiere el artículo 113, apartado 7, del Reglamento (UE) no 575/2013;
su existencia solo pueda probarse mediante un instrumento financiero tal como se define en el artículo 4, punto 17, de la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (14), a no ser que se trate de un producto de ahorro representado por un certificado de depósito emitido a nombre de una determinada persona y que exista en un Estado miembro a fecha de 2 de julio de 2014,
si el principal no es reembolsable por su valor nominal,
si el principal solo es reembolsable por su valor nominal con una garantía o acuerdo especial de la entidad de crédito o de un tercero;
las autoridades administrativas competentes hayan determinado que, en su opinión, la entidad de crédito de que se trate se encuentra de momento, por razones directamente relacionadas con su situación financiera, en la imposibilidad de restituir los depósitos y la entidad no parece tener perspectivas de poder hacerlo en ese momento, o
una autoridad judicial haya adoptado una decisión, por razones directamente relacionadas con las circunstancias financieras de la entidad de crédito, que tenga el efecto de suspender el derecho de los depositantes de reclamar contra dicha entidad;
9) «entidad de crédito»: una entidad de crédito definida en el artículo 4, apartado 1, punto 1, del Reglamento (UE) no 575/2013;
esté constituida por activos de bajo riesgo;
no esté gravada por derechos de terceras partes, y se encuentre a libre disposición del SGD;
14) «activos de bajo riesgo»: activos pertenecientes a la categoría primera o segunda recogida en el cuadro 1 del artículo 336 del Reglamento (UE) no 575/2013 o cualquier activo considerado como igualmente seguro y líquido por parte de la autoridad competente o designada;
15) «Estado miembro de origen»: un Estado miembro de origen definido en el artículo 4, apartado 1, punto 43, del Reglamento (UE) no 575/2013;
16) «Estado miembro de acogida»: un Estado miembro de acogida definido en el artículo 4, apartado 1, punto 44, del Reglamento (UE) no 575/2013;
17) «autoridad competente»: una autoridad nacional competente definida en el artículo 4, apartado 1, punto 40, del Reglamento (UE) no 575/2013;
2. Cuando la presente Directiva haga referencia al Reglamento (UE) no 1093/2010, el organismo encargado de administrar el SGD o, si el funcionamiento del SGD corre a cargo de una empresa privada, la autoridad pública encargada de supervisar ese sistema se considerará, a efectos de dicho Reglamento, autoridad competente con arreglo al artículo 4, apartado 2, del mismo Reglamento.
Autoridades administrativas competentes
Reconocimiento oficial, participación y supervisión
Cualquier SIP podrá ser reconocido oficialmente como SGD si se ajusta a los criterios establecidos en el artículo 113, apartado 7, del Reglamento (UE) no 575/2013 y cumple la presente Directiva.
Basándose en los resultados de las pruebas de resistencia, la ABE realizará al menos cada cinco años evaluaciones inter pares según lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento (UE) no 1093/2010 con el fin de evaluar la resistencia de los SGD. Al intercambiar información con la ABE, los SGD estarán sujetos al secreto profesional en virtud del artículo 70 de dicho Reglamento.
Admisibilidad de los depósitos
a reserva de lo dispuesto en el artículo 7, apartado 3, de la presente Directiva, los depósitos realizados por otras entidades de crédito en nombre y cuenta propios;
los fondos propios según la definición del artículo 4, apartado 1, punto 118, del Reglamento (UE) no 575/2013;
los depósitos derivados de operaciones en relación con las cuales haya habido una condena penal por blanqueo de capitales según la definición del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2005/60/CE;
los depósitos de las entidades financieras según la definición del artículo 4, apartado 1, punto 26, del Reglamento (UE) no 575/2013;
los depósitos de las empresas de inversión según la definición del artículo 4, apartado 1, punto 1, de la Directiva 2004/39/CE;
los depósitos cuyo titular no haya sido identificado, conforme a lo dispuesto en el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2005/60/CE, en el momento en que los depósitos dejan de estar disponibles;
los depósitos de las empresas de seguros y de reaseguros a que se refiere el artículo 13, apartados 1 a 6, de la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (15);
los depósitos de los organismos de inversión colectiva;
los depósitos de los fondos de pensiones o jubilación;
los depósitos de las autoridades públicas;
los títulos de deuda emitidos por una entidad de crédito y las obligaciones derivadas de aceptaciones propias y pagarés.
depósitos mantenidos por regímenes de pensión personales o regímenes de pensión profesionales de pequeñas y medianas empresas;
depósitos mantenidos por autoridades locales que cuenten con un presupuesto anual de hasta 500 000 EUR.
los depósitos procedentes de transacciones con bienes inmuebles de naturaleza residencial y carácter privado;
los depósitos que cumplan una función social establecida en la normativa nacional y ligados a determinadas circunstancias de la vida del depositante tales como el matrimonio, el divorcio, la jubilación, el despido, la invalidez o el fallecimiento;
los depósitos que cumplan una función establecida en la normativa nacional y estén basados en el pago de prestaciones de seguros o en la indemnización por perjuicios que sean consecuencia de un delito o de un error judicial.
la moneda del Estado miembro en que esté situado el SGD;
la moneda del Estado miembro en que resida el titular de la cuenta;
la moneda de la cuenta;
la moneda del Estado miembro en que se halle la cuenta.
Determinación del importe reembolsable
9. Cuando la normativa nacional permita a las entidades de crédito operar bajo diferentes denominaciones comerciales con arreglo al artículo 2 de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (16), los Estados miembros velarán por que se informe claramente a los depositantes de que la entidad opera bajo diferentes denominaciones comerciales y de que el nivel de cobertura establecido en el artículo 6, apartados 1, 2 y 3, de la presente Directiva se aplica a los depósitos agregados que el depositante mantiene en la entidad de crédito. Dicha información se incluirá en la información al depositante mencionada en el artículo 16 de la presente Directiva y en su anexo I.
20 días laborables, hasta el 31 de diciembre de 2018;
15 días laborables, a partir del 1 de enero de 2019 y hasta el 31 de diciembre de 2020;
10 días laborables, a partir del 1 de enero de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2023.
cuando no exista certeza acerca de si una persona tiene derechos legales para recibir un reembolso o cuando el depósito sea objeto de litigio;
cuando el depósito sea objeto de sanciones restrictivas impuestas por gobiernos nacionales u organismos internacionales;
como excepción al apartado 9 del presente artículo, cuando no se haya producido ninguna transacción en relación con el depósito en los últimos 24 meses (la cuenta esté inactiva);
cuando el importe que ha de reembolsarse se considere parte de un balance temporalmente alto, con arreglo al artículo 6, apartado 2, o
cuando el importe que ha de reembolsarse deba serlo por el SGD del Estado miembro de acogida, de conformidad con el artículo14, apartado 2.
en la lengua oficial de las instituciones de la Unión que utilice la entidad de crédito donde se halle el depósito con cobertura en sus comunicaciones con el depositante, o
en la lengua o lenguas oficiales del Estado miembro en que se halle el depósito con cobertura.
Créditos frente a los SGD
Financiación de los SGD
la reducción esté basada en la hipótesis de que es improbable que una parte significativa de los recursos financieros disponibles vaya a utilizarse para medidas de protección de los depositantes con cobertura distintas de las definidas en el artículo 11, apartados 2 y 6, y
el sector bancario en que operan las entidades de crédito afiliadas al SGD esté muy concentrado, con una gran cantidad de activos en poder de un pequeño número de entidades de crédito o grupos bancarios, sujetos a supervisión de una forma consolidada y que, habida cuenta de su tamaño, en caso de quiebra es probable que se vean enfrentados a procedimientos de resolución.
la autoridad de resolución no haya emprendido ninguna acción de resolución con arreglo al artículo 32 de la Directiva 2014/59/UE;
los SGD cuenten con sistemas y procedimientos adecuados para seleccionar y aplicar las medidas alternativas y supervisar los riesgos asociados;
los costes de tales medidas no superen los costes que cause el cumplimiento de la normativa legal o de lo estipulado por el convenio del SGD;
el uso de medidas alternativas por parte del SGD esté condicionado a que la entidad de crédito apoyada cumpla determinadas condiciones que, como mínimo, incluyen el refuerzo de la supervisión de los riesgos y mayores derechos de verificación para el SGD;
el uso de medidas alternativas por parte del SGD esté vinculado a determinados compromisos de la entidad de crédito apoyada, con el fin de garantizar el acceso a los depósitos con cobertura;
la capacidad de las entidades de crédito afiliadas de satisfacer las aportaciones extraordinarias, de conformidad con el apartado 5 del presente artículo, quede confirmada en la evaluación de la autoridad competente.
si se presenta la necesidad de reembolsar a los depositantes y los recursos financieros disponibles del SGD no alcanzan dos tercios del nivel objetivo;
si los recursos financieros disponibles se sitúan por debajo del 25 % del nivel objetivo.
Préstamos entre SGD
el SGD prestatario no pueda cumplir sus obligaciones con arreglo al artículo 9, apartado 1, debido a la falta de recursos financieros disponibles que se indica en el artículo 10;
que el SGD prestatario haya recurrido a las aportaciones extraordinarias contempladas en el artículo 10, apartado 8;
que el SGD prestatario se comprometa legalmente a utilizar los fondos tomados en préstamo para satisfacer créditos al amparo de lo dispuesto en el artículo 9, apartado 1;
que el SGD prestatario no se encuentre sujeto a la obligación de reembolsar un préstamo a otros sistemas de garantía de depósitos conforme a lo previsto en el presente artículo;
que el SGD prestatario indique la cantidad solicitada;
que el importe total prestado no exceda del 0,5 % de los depósitos con cobertura del SGD prestatario;
que el SGD prestatario informe sin demora a la ABE, indicando los motivos por los que se cumplen las condiciones establecidas en el presente apartado y el importe solicitado.
el SGD prestatario reembolsará el préstamo a más tardar al cabo de cinco años. Podrá reembolsar el préstamo en tramos anuales. Los intereses solo vencerán en el momento del reembolso;
el tipo de interés fijado será por lo menos igual al tipo de interés de la facilidad marginal de crédito del Banco Central Europeo durante el período del crédito;
el SGD prestamista comunicará a la ABE el tipo de interés inicial y la duración del préstamo.
Cálculo de las aportaciones a los SGD
Los Estados miembros podrán permitir que el organismo central y todas las entidades de crédito afiliadas de modo permanente a él a que se refiere el artículo 10, apartado 1, del Reglamento (UE) no 575/2013 estén sujetos globalmente a la ponderación de riesgo determinada para el organismo central y sus entidades afiliadas de forma consolidada.
3. Para garantizar una aplicación coherente de la presente Directiva, la ABE emitirá, a más tardar el 3 de julio de 2015, directrices con arreglo a lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento (UE) no 1093/2010 para especificar los métodos de cálculo de las aportaciones a los SGD de conformidad con los apartados 1 y 2 del presente artículo.
Cooperación dentro de la Unión
Las autoridades designadas notificarán a la ABE sobre la existencia y el tenor de dichos acuerdos y la ABE podrá formular dictámenes de conformidad con el artículo 34 del Reglamento (UE) no 1093/2010. Si las autoridades designadas o los SGD no pueden llegar a un acuerdo, o en caso de divergencia en cuanto a la interpretación de un acuerdo, cualquiera de las partes podrá remitir el asunto a la ABE de conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) no 1093/2010 y la ABE actuará de conformidad con lo dispuesto en dicho artículo.
7. La ABE y las autoridades competentes y designadas cooperarán entre sí y ejercerán sus competencias de conformidad con las disposiciones de la presente Directiva y del Reglamento (UE) no 1093/2010.
8. La ABE cooperará con la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS), establecida por el Reglamento (UE) no 1092/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (17), en el análisis de los riesgos sistémicos relativos a los SGD.
Sucursales de entidades de crédito establecidas en terceros países
Información a los depositantes
Lista de entidades de crédito autorizadas
el nivel objetivo sobre la base de los depósitos con cobertura, con una valoración de la conveniencia del porcentaje fijado, teniendo en cuenta el historial de quiebras de entidades de crédito en la Unión;
el impacto de las medidas alternativas aplicadas de conformidad con el artículo 11, apartado 3, sobre protección de los depositantes y coherencia con los procedimientos ordenados de liquidación en el sector bancario;
el impacto sobre la diversidad de modelos bancarios;
la adecuación del nivel de cobertura actual de los depositantes, y
si las cuestiones mencionadas en el presente apartado se han tratado de modo que se mantenga la protección de los depositantes.
Queda derogada la Directiva 94/19/CE, modificada por las Directivas que figuran en el anexo II, con efectos a partir del 4 de julio de 2019, sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros relativas a los plazos de incorporación al Derecho nacional y de aplicación de las Directivas que figuran en el anexo II.
(1) DO C 99 de 31.3.2011, p. 1.
(2) Posición del Parlamento Europeo de 16 de febrero de 2012 (DO C 249 E de 30.8.2013, p. 81) y Decisión del Consejo en primera lectura de 3 de marzo de 2014 (no publicada aún en el Diario Oficial). Posición del Parlamento Europeo de 16 de abril de 2014 (no publicada aún en el Diario Oficial).
(3) Directiva 94/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 1994, en lo referente a sistemas de garantía de depósitos (DO L 135 de 31.5.1994, p. 5).
(4) Véase el anexo III.
(5) Reglamento (UE) no 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) no 648/2012 (DO L 176 de 27.6.2013, p. 1).
(6) Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE (DO L 176 de 27.6.2013, p. 338).
(7) Directiva 2004/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un marco para el rescate y la resolución de entidades de crédito y empresas de inversión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo y las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y los Reglamentos (UE) no 1093/2010 y (UE) no 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (véase la página 190 del presente Diario Oficial).
(8) Directiva 2009/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2009, por la que se modifica la Directiva 94/19/CE relativa a los sistemas de garantía de depósitos, en lo que respecta al nivel de cobertura y al plazo de pago (DO L 68 de 13.3.2009, p. 3).
(9) Directiva 2009/110/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre el acceso a la actividad de las entidades de dinero electrónico y su ejercicio, así como sobre la supervisión prudencial de dichas entidades, por la que se modifican las Directivas 2005/60/CE y 2006/48/CE y se deroga la Directiva 2000/46/CE (DO L 267 de 10.10.2009, p. 7).
(10) Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo (DO L 309 de 25.11.2005, p. 15).
(11) Reglamento (UE) no 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), se modifica la Decisión no 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/78/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 12).
(13) Declaración política conjunta, de 28 de septiembre de 2011, de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explicativos (DO C 369 de 17.12.2011, p. 14).
(14) Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE del Consejo (DO L 145 de 30.4.2004, p. 1).
(15) Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el seguro de vida, el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) (DO L 335 de 17.12.2009, p. 1).
(16) Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO L 299 de 8.11.2008, p. 25).
(17) Reglamento (UE) no 1092/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, relativo a la supervisión macroprudencial del sistema financiero en la Unión Europea y por el que se crea una Junta Europea de Riesgo Sistémico (DO L 331 de 15.12.2010, p. 1).
Los depósitos mantenidos en [insertar el nombre de la entidad de crédito] están garantizados por:
[insertar el nombre del correspondiente SGD] (1)
100 000 EUR por depositante y entidad de crédito (2)
Si tiene usted más depósitos en la misma entidad de crédito:
Todos sus depósitos en la misma entidad de crédito se suman y el total está sujeto al límite de 100 000 EUR [sustituir por el importe adecuado en caso de que la moneda no sea el EUR] (2).
Si tiene una cuenta en participación con otra(s) persona(s):
El límite de 100 000 EUR [sustituir por el importe adecuado en caso de que la moneda no sea el EUR] se aplica a cada depositante por separado (3).
Período de reembolso en caso de quiebra de la entidad de crédito:
7 días laborables [sustituir por otra fecha si procede] (4)
Moneda en que se realiza el reembolso:
EUR [sustituir por otra moneda cuando proceda]
[insertar el sitio web del correspondiente SGD]
(1) [Solo cuando proceda]: Su depósito está garantizado por un sistema contractual reconocido oficialmente como Sistema de Garantía de Depósitos. En caso de insolvencia de su entidad de crédito, su depósito se le reembolsará hasta los 100 000 EUR [sustituir por el importe adecuado en caso de que la moneda no sea el EUR].
(2) Si no pudiera disponerse de un depósito debido a que una entidad de crédito no esté en condiciones de cumplir sus obligaciones financieras, un Sistema de Garantía de Depósitos reembolsará a los depositantes. El reembolso asciende como máximo a 100 000 EUR [sustituir el importe adecuado en caso de que la moneda no sea el EUR] por entidad de crédito. Esto significa que se suman todos sus depósitos efectuados en la misma entidad de crédito para determinar el nivel de cobertura. Si, por ejemplo, un depositante posee una cuenta de ahorro con 90 000 EUR y una cuenta corriente con 20 000 EUR, solo se le reembolsarán 100 000 EUR.
(3) En el caso de cuentas en participación, el límite de 100 000 EUR se aplicará a cada depositante.
2009/14/CE [artículo 1, punto 3, inciso i), párrafo segundo; artículo 7, apartados 1 bis y 3; y artículo 10, apartado 1, de la Directiva 94/19/CE, modificada por la Directiva 2009/14/CE]
Artículo 2, apartado 1, punto 7
Artículo 2, apartado 1, punto 8
Artículo 2, apartado 1, punto 9
Artículo 2, apartado 1, punto 10
Artículo 5, apartado 1, letras a) a c)
Artículo 7, apartado 2; anexo I, punto 1
Artículo 7, apartado 2; anexo I, punto 10
Artículo 7, apartado 2; anexo I, punto 2
Artículo 5, apartado 1, letra g)
Artículo 7, apartado 2; anexo I, punto 5
Artículo 5, apartado 1, letra h)
Artículo 7, apartado 2; anexo I, punto 6
Artículo 5, apartado 1, letra i)
Artículo 7, apartado 2; anexo I, puntos 3 y 4
Artículo 5, apartado 1, letra j)
Artículo 7, apartado 2; anexo I, punto 12
Artículo 5, apartado 1, letra k)
Artículo 1, apartado 3, letra d)
Artículo 7, apartados 1 a 3
Artículo 1, apartado 6, letra a)
Artículo 16, apartados 1 a 3