Source: https://aldiachile.microjuris.com/2018/03/06/corte-de-santiago-rechaza-recurso-de-proteccion-presentado-por-fiscal-sancionado-por-incumplir-instrucciones-en-casos-de-violencia-intrafamiliar/
Timestamp: 2018-06-24 12:36:50
Document Index: 20091785

Matched Legal Cases: ['artículo 91', 'artículo 11', 'artículo 17', 'artículo 49', 'artículo 19', 'artículo 33', 'artículo 35']

Corte de Santiago rechaza recurso de protección presentado por fiscal sancionado por incumplir instrucciones en casos de violencia intrafamiliar – Microjuris - Chile
Corte de Santiago rechaza recurso de protección presentado por fiscal sancionado por incumplir instrucciones en casos de violencia intrafamiliar
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección presentado por fiscal adjunto de la Fiscalía Local de Macul-Peñalolén, sancionado por el Ministerio Público por incumplir instrucciones en casos de violencia intrafamiliar, descartando infracción de ley en la investigación que concluyó con la sanción de censura por escrito al fiscal.
La Novena Sala del tribunal de alzada estableció que ciertamente el proceso que culminó con la aplicación de la sanción de censura por escrito en contra del recurrente fue realizado en la forma y de acuerdo con lo que contempla la ley y el Reglamento respectivo. Así artículo 91 de la Constitución refiere que “El Fiscal Nacional tendrá la superintendencia directiva, correccional y económica del Ministerio Público, en conformidad a la ley orgánica constitucional respectiva” y la ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, afirma en su artículo 11 que “El personal del Ministerio Público estará sujeto a responsabilidad administrativa, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que pudiere afectarle”, refiriéndose a este tema los artículos 48 a 51 de la misma legislación y agregándose en la letra d) de su artículo 17 que corresponde al Fiscal Nacional “Dictar los reglamentos que correspondan en virtud de la superintendencia directiva, correccional y económica que le confiere la Constitución Política. En ejercicio de esta facultad, determinará la forma de funcionamiento de las fiscalías y demás unidades del Ministerio Público y el ejercicio de la potestad disciplinaria correspondiente”. En virtud de esta última disposición, el señor Fiscal Nacional dictó el Reglamento de Responsabilidad Administrativa de Fiscales y Funcionarios.
Agregó que “en la especie el procedimiento sancionatorio se sujetó estrictamente a lo que dispone el Reglamento citado, fue efectivamente oído el recurrente, pudo presentar prueba y el Fiscal Regional respectivo -teniendo la facultad para ello- le impuso una de las sanciones que la ley 19.640 ha previsto en su artículo 49 -censura por escrito-, resolución que apeló para ante el órgano de segunda instancia establecido, el Fiscal Nacional, el que la confirmó. En consecuencia, aun suponiendo que la referencia a “comisiones especiales” del inciso quinto del N° 3° del artículo 19 de la Constitución Política de la República también se extienda a los órganos administrativos sancionadores, lo cierto es que el recurrente fue efectivamente sumariado por los órganos fijados con anterioridad en el aludido Reglamento, cuya última versión data del año 2009. Que se ha denunciado también la existencia de una “desviación de poder”, esto es, un caso en que un órgano de la Administración -el Fiscal sumariante, el Fiscal Regional Metropolitano Oriente y el Fiscal Nacional en el asunto sub judice- ejercita su potestad pública para un objetivo distinto de aquellos que sirvieron de supuesto para otorgarle tales competencias pero amparándose en la legalidad formal del acto”.
Concluye que tanto la Constitución Política de la República como la ley 19.640 entrega al Fiscal nacional la superintendencia disciplinaria sobre Fiscales y funcionarios del Ministerio Público y lo autoriza a dictar un Reglamento sobre la materia, lo que hizo en su oportunidad, siendo sumariado el recurrente precisamente bajo dicho procedimiento. “Y en cuanto al decaimiento del proceso administrativo, sin perjuicio de la discusión doctrinaria que ha suscitado esta última institución, lo cierto es que el acto que motivó la sanción data del 7 de septiembre de 2015 y el 20 de julio de 2017 señor Fiscal Nacional confirmó la medida de censura por escrito, esto es, antes de los dos años a que se refiere el artículo 33° del aludido Reglamento disciplinario, en relación a su artículo 35°”.
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