Source: https://www.derechoenzapatillas.com/2018/fuerzas-de-seguridad-podran-usar-armas-de-fuego-en-mayor-cantidad-de-supuestos/
Timestamp: 2019-03-19 21:12:19
Document Index: 196490530

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 2', 'ARTÍCULO 3', 'ARTÍCULO 4', 'ARTÍCULO 5', 'artículo 1']

Ahora modificaron la normativa y podrán usar las armas de fuego si hay peligro o fuga
En un Estado constitucional de derecho se supone que las fuerzas de seguridad democráticas tienen el monopolio del uso de la violencia. Ahora modificaron la normativa que amplía los supuestos que habilitan a disparar, por ejemplo, ya no deberán esperar el disparo del imputado para replicar. Hay polémica y críticas.
El uso de armas de fuego por las fuerzas de seguridad en Argentina
La nueva regulación sobre el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad amplía los supuestos en que policía, prefectura, gendarmería, PSA, a portar armas pueden usarlas. La norma causó polémica porque Argentina es un país donde hay abusos y excesos policiales judicializados (casos de ‘gatillo fácil’), y a la par se impone combatir los actos delictivos.
En concreto, la normativa reitera el principio de que sólo podrán usar las armas cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas, cuando resulten ineficaces otros medios no violentos. Además, deberá verificarse alguno de estos supuestos:
Antes de disparar, el agente deberá identificarse como tal, dice la nueva normativa, intimando de viva voz a cesar la actividad ilícita (por ejemplo, “Alto, policía”), salvo que esto pueda suponer un riesgo de muerte o de lesiones graves a otras personas, o implique riesgo para la integridad física del agente o la voz de alto sea inútil.
Como fundamento la nueva resolución cita la preservación de la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, así como la protección de la integridad física de la ciudadanía en su conjunto y de los miembros de las fuerzas policiales y de seguridad federales, cuando estén en una situación de peligro inminente.
Desde el oficialismo justificaron la medida en que “ante un inminente peligro, ante una situación en que el miembro de la fuerza de seguridad ve que alguien está por utilizar un arma de fuego para agredir a un ciudadano o se está escapando, el policía o gendarme u otro miembro de las fuerzas de seguridad federales, podrán usar su arma de fuego”, explicaron en América TV, igual que en forma similar a los EE.UU., México, Chile, Paraguay y Uruguay.
Según el código penal, no son punibles el que obrare en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo (art. 34 inciso 4). De este modo, cuando el agente actúe en el marco del nuevo reglamento, el poder judicial podrá justificar su conducta, y no será punible.
Qué pasa en la ciudad de Buenos Aires con el uso de armas de fuego
Si bien desde el poder ejecutivo porteño dijeron que se adherían a la medida, y que el protocolo se aplicaría en la ciudad, ahora un juez acaba de emitir una medida cautelar, a pedido de la CORREPI, en la cual suspende la aplicación del nuevo protocolo. El juez declara la “inconvencionalidad” (dice que contradice los tratados internacionales) y la inconstitucionalidad. Además le ordena a las fuerzas de seguridad de la ciudad que se abstengan de incoporar el citado reglamento. La sentencia publicada por Infobae puede leerse acá.
Críticas a la nueva normativa que habilita el uso de armas de fuego
Desde distintos sectores se critica la nueva reglamentación, en un país con varios casos de ‘gatillo fácil’, a la par que se argumenta que una resolución del Ministerio de Seguridad no puede modificar ni el código penal ni los tratados de derechos humanos que regulan el uso de la fuerza (ver abajo el documento completo de la ONU, al que la Argentina adhiere).
Desde el CELS argumentan que el ministerio de seguridad promueve el uso abusivo de la fuerza letal y debilita los controles policiales y habilita un uso abusivo de la fuerza letal, porque quiebra el paradigma del uso excepcional de la fuerza letal que prescriben los estándares internacionales y la ley de seguridad interior.
Explican que a partir de hoy, “situaciones como los controles vehiculares, las persecuciones callejeras o cualquier intento de robo en la vía pública se convierten en escenarios en los que los policías podrían hacer uso del arma de fuego y justificarlo fácilmente. De este modo, se privilegia la propiedad por sobre la vida como bien jurídico protegido y se genera un gran peligro para todos los involucrados en este tipo de situaciones, incluidos las y los transeúntes”.
El Código de Conducta para los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley de la ONU, que forma parte de la legislación nacional a través de la ley 24059 de Seguridad Interior, refiere al uso de armas de fuego como una medida excepcional y extrema. Desde el CELS entienden que la resolución ministerial modifica ese enfoque al habilitar una serie de situaciones claramente no excepcionales en las que se podría usar el arma:
-Se pierde la noción de proporcionalidad al habilitar el uso de armas de fuego contra quienes portan otro tipo de armas o incluso no portan armas.
-La amplitud de situaciones que son caracterizadas como de “peligro inminente” habilita el uso de la fuerza letal contra personas que están huyendo o que forman parte de un grupo en el que hay una persona armada.
-En algunos casos, los policías podrían saltearse garantías tan básicas como el principio de inocencia. Esto ocurre, por ejemplo, porque se otorga la posibilidad de disparar a personas que los policías suponen que podrían haber cometido un delito y se estén dando a la fuga, como ocurrió en el asesinato del niño Facundo Ferreira en Tucumán.
-El nuevo reglamento no expresa que aun cuando se utilicen las armas de fuego los funcionarios deben reducir al mínimo los daños y lesiones y proteger la vida humana, como indican los Principios Básicos Sobre el Empleo de la Fuerza y Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, que la propia resolución invoca en los considerandos.
-Tampoco explicita que se deberá hacer lo posible para excluir el uso de armas de fuego contra niños, niñas y adolescentes, como indica el Código de la ONU.
Finalmente, desde esa ONG alegan que de elevar las amenazas a la vida y la integridad, la resolución es un avance del poder ejecutivo sobre el poder judicial, ya que busca limitar al máximo la capacidad de este último de ejercer su tarea de control del accionar policial, por ampliar los factores de no punibilidad.
El defensor adjunto de la Ciudad, Luis Duacastella, afirmó que este nuevo reglamento “comete un fraude de etiqueta, ya que incluye, bajo el ropaje del cumplimiento del deber y la legítima defensa, situaciones en las que el peligro ha cesado”, explicó en declaraciones publicadas por el diario La Nación.
Desde el kirchnerismo, por ejemplo, presentaron un proyecto de ley alternativo:
Anexo con la normativa completa sobre uso de armas de fuego
POR PARTE DE LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS FEDERALES DE
ARTÍCULO 1°.- Los funcionarios de las FUERZAS FEDERALES DE
SEGURIDAD cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley,
sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos
ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su
profesión, en cumplimiento y en protección de la dignidad humana y los
derechos humanos de todas las personas. Sólo podrán usar las armas en
cumplimiento de sus deberes cuando sea estrictamente necesario y en la
ARTÍCULO 2°.- Se hará uso de las armas de fuego cuando resulten
ineficaces otros medios no violentos, en los siguientes casos:
a) En defensa propia o de otras personas, en caso de peligro
inminente de muerte o de lesiones graves.
b) Para impedir la comisión de un delito particularmente grave, que
presente peligro inminente para la vida o la integridad física de las personas.
c) Para proceder a la detención de quien represente ese peligro
inminente y oponga resistencia a la autoridad.
d) Para impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente, y
hasta lograr su detención.
ARTÍCULO 3°.- Ante el necesario empleo de armas, los funcionarios de las
FUERZAS FEDERALES DE SEGURIDAD deberán identificarse como tales
intimando de viva voz a cesar la actividad ilícita. Se exceptúa de este
requisito en aquellas situaciones donde dicha acción pueda suponer un
riesgo de muerte o de lesiones graves a otras personas, cuando se pusiera
indebidamente en peligro sus propias vidas o su integridad física, o cuando
resultare ello evidentemente inadecuado o inútil, dadas las circunstancias
ARTÍCULO 4°.- En toda situación donde el empleo de las armas ocasione
lesiones o muerte, se procederá de modo que se presten lo antes posible
asistencia y servicios médicos a las personas afectadas, debiendo
comunicarse los hechos inmediatamente a la autoridad competente y la
superioridad, para lograr la rápida realización de un informe detallado que
permita la revisión administrativa, la supervisión judicial por parte de las
autoridades competentes, y se efectuará la pertinente comunicación de los
hechos a los parientes o amigos íntimos de las personas afectadas.
ARTÍCULO 5°.- Se considerará que existe peligro inminente, entre otras
situaciones, en las siguientes circunstancias:
a) Cuando se actúe bajo amenaza de muerte o de lesiones graves
para sí, o para terceras personas.
b) Cuando el presunto delincuente posea un arma letal, aunque luego
de los hechos se comprobase que se trataba de un símil de un arma letal.
c) Cuando se presuma verosímilmente que el sospechoso pueda
poseer un arma letal, por ejemplo, en las siguientes situaciones:
c.1.- Cuando integrase un grupo de dos o más personas y otro
miembro del grupo posea un arma o haya efectuado disparos, o haya
c.2.- Cuando trate de acceder a un arma en circunstancias que
indiquen la intención de utilizarla contra el agente o contra terceros.
c.3.- Cuando efectuase movimientos que indiquen la inminente
utilización de un arma.
d) Cuando estando armado, busque ventaja parapetándose,
ocultándose, o mejorando su posición de ataque.
e) Cuando tenga la capacidad cierta o altamente probable de
producir, aún sin el uso de armas, la muerte o lesiones graves a cualquier
f) Cuando se fugue luego de haber causado, o de haber intentado
causar, muertes o lesiones graves.
g) Cuando la imprevisibilidad del ataque esgrimido, o el número de los
agresores, o las armas que éstos utilizaren, impidan materialmente el debido
cumplimiento del deber, o la capacidad para ejercer la defensa propia o de
* De conformidad con el comentario al artículo 1 del Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, la expresión “funcionarios encargados de hacer cumplir la ley” incluye a todos los agentes de la ley, ya sean nombrados o elegidos, que ejercen funciones de policía, especialmente las facultades de arresto o detención. En los países en que ejercen las funciones de policía autoridades militares, ya sean uniformadas o no, o fuerzas de seguridad del Estado, se considerará que la definición de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley comprende los funcionarios de esos servicios.
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