Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2007-00278-de-julio-6-de-2011?documento=jurcol&contexto=jurcol_acefed60fe9903eee0430a01015103ee&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-20 15:49:42
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Matched Legal Cases: ['artículo 57', 'artículo 14', 'artículo 17', 'artículo 1', 'artículo 33', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 17', 'artículo 76', 'artículo 76', 'artículo 57', 'artículo 66', 'artículo 14', 'artículo 41', 'artículo 102', 'artículo 14', 'artículo 5', 'artículo 43', 'artículo 79', 'artículo 120', 'artículo 120', 'artículo 96', 'artículo 1', 'artículo 7']

﻿ Sentencia 2007-00278 de julio 6 de 2011
SENTENCIA 2007-00278 DE 06 DE JULIO DE 2011
CONTENIDO:RÉGIMEN DE LIQUIDACIÓN DE CESANTÍAS EN EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. LA LIQUIDACIÓN DE LAS CESANTÍAS DE LOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL EXTERIOR, DEBE EFECTUARSE CON BASE EN EL SALARIO REALMENTE DEVENGADO, TODA VEZ QUE LIQUIDAR PRESTACIONES, COMO LA CESANTÍA, CON BASE EN UNA EQUIVALENCIA, IMPLICARÍA DAR UN TRATAMIENTO DIFERENCIADO E INJUSTIFICADO, CONTRARIO AL MANDATO DE IGUALDAD EN LA FORMULACIÓN DEL DERECHO Y QUE, RESULTA LESIVO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES COMO LOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y MÍNIMO VITAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACTO ADMINISTRATIVO, MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, AGENTE DIPLOMÁTICO, PRESCRIPCIÓN
Sentencia 2007-00278 de julio 6 de 2011
Radicación 25000-23-25-000-2007-00278-01 (1963-2008)
Actor: Francisco Javier Echeverri Lara.
En el presente asunto el debate se centra en establecer la legalidad de los actos administrativos contenidos en los oficios SG 29937 del 26 de mayo de 2006 y DTH/SG 56564 del 1º de noviembre del mismo año, expedidos por la secretaría general del Ministerio de Relaciones Exteriores, que negaron la liquidación de las cesantías del demandante con fundamento en lo devengado en el servicio exterior; o si por el contrario las normas vigentes para la época de prestación del servicio establecían la liquidación conforme a la equiparación del cargo en la planta interna. De presentarse lo primero, determinar si es procedente la aplicación de las sentencias de la Corte Constitucional que declararon la inexequibilidad de las normas prestacionales retroactivas.
Previó a analizar el caso sub examine, esta corporación precisara que en anterior oportunidad(1) estudió un asunto que se orientó a establecer si a la demandante le asistía el derecho a la reliquidación de las cesantías con fundamento en el salario realmente devengado durante el tiempo que cumplió labores en la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores, porque en su sentir no le fue notificado el acto de liquidación de dicha prestación social.
Al decidir la providencia anteriormente mencionada se llegó a la conclusión de revocar la decisión del a quo que accedió a las suplicas de la demanda, para en su lugar, declarar la ineptitud sustantiva, por cuanto la actora tuvo con anterioridad conocimiento de la liquidación de sus cesantías por las anualidades a través de actos oponibles con posibilidad de solicitar ante la administración la revisión de su decisión y así obtener un nuevo pronunciamiento favorable a su posición, así:
Con lo anterior, para la Sala es indudable la falta de lealtad procesal en la que incurrió la demandante, quien no obstante tener conocimiento en forma personal de la liquidación de sus cesantías por los años 2001 a 2003 y evidentemente estar en desacuerdo con la misma, no acudió en sede jurisdiccional dentro del término de caducidad para plantear su inconformidad con los componentes de la decisión administrativa, sino que intentó con posterioridad que se le suministrara la misma información pero por un período más amplio, con la única finalidad de revivir términos.
En este orden de ideas, al haber instaurado la demanda en contra del acto administrativo que dio respuesta a su segundo derecho de petición, la Sala declarará probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, en tanto que no se demandó el acto primigenio de la administración, que le permitió a la actora enterarse de la liquidación de sus cesantías”.
Sin embargo lo anterior, es del caso precisar que en esta oportunidad la Sala se apartara de la posición adoptada en la mencionada providencia, pues al realizar el estudio del caso hoy objeto de debate se observan características que hacen que se replantee la decisión tomada en aquella oportunidad, a saber:
El auxilio de cesantía no es una prestación periódica sino unitaria, que sólo se concreta al momento de culminar la relación laboral, sobre este punto, se ha precisado:
“La cesantía no es una prestación periódica a pesar de que su liquidación se haga anualmente; es prestación unitaria y cuando como en este caso se obtiene en forma definitiva por retiro del servicio, el acto que la reconoce pone fin a la situación si queda en firme. La cesantía debe pagarse al empleado al momento de su desvinculación laboral y excepcionalmente antes de esta, cuando se den las causales específicas de pago parcial. El acto de liquidación por tanto es demandable ante lo contencioso administrativo, observando las normas que en materia de caducidad de la acción señalan un término de 4 meses contados a partir del día de la publicación, notificación o ejecución del acto, según el caso (CCA, art. 136, inc. 2º)”(2).
La anotada característica, obliga al beneficiario inconforme con el reconocimiento de su cesantía a atacar, dentro del término establecido, el acto administrativo que lo efectúa, cuya prestación, se insiste, sólo se consolida al momento de su desvinculación. En el sub judice, el demandante al momento de incoar la demanda, se encontraba vinculado con la entidad demandada, es decir que aún no había causado sus cesantías definitivas y por ello era susceptible de agotar vía gubernativa y demandar la decisión que negara tal determinación.
El tema de la ineptitud sustantiva fue analizado por esta Sección, en anterior oportunidad, mediante providencia del 4 de noviembre de 2010, M.P. Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente 1496-2009, considerando que tal posición debía ser recogida para en su lugar realizar un estudio de fondo respecto del tema puesto a consideración.
Los argumentos que sirvieron de motivación para avocar conocimiento en aquella oportunidad, fueron los siguientes:
“En el presente asunto se tiene que la entidad demandada, Nación - Ministerio de Relaciones Exteriores, afilió al demandante al Fondo Nacional de Ahorro y allí giró las cesantías correspondientes a los años de 1984 a 2005 (fls. 185 a 188).
Pero además, partiendo de la base de que el problema jurídico que se presenta aquí corresponde a la forma de liquidación de las cesantías en donde la entidad lo hizo de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 57 del Decreto 10 de 1992,(3) que ordena “las prestaciones sociales de los funcionarios del servicio exterior, a excepción de los administrativos locales, se liquidarán y se pagarán con base en las asignaciones equivalentes en el servicio interno del Ministerio de Relaciones Exteriores”, norma que, como ya se indicó, fue declarada inexequible mediante Sentencia C-535 de 2005.
Conforme a lo antes indicado se precisa que existía un obstáculo de orden legal que no permitía liquidar las prestaciones de los empleados del servicio exterior, con base en lo que devengaban sino sólo de acuerdo con lo valores equivalentes a los de la planta interna, de manera que se puede decir, como ya lo ha precisado esta Sala, que el derecho a devengar la cesantía liquidada con base en lo devengado en el servicio exterior, sólo surgió, con certeza, a partir de la expedición de las sentencia referida, pues antes, es evidente que la entidad pública se abstenía de liquidarla.
A partir de la remoción del obstáculo normativo cuya sentencia fue proferida el 24 de mayo de 2005, el demandante estaba legitimado para pedir el reconocimiento de su derecho, por ende, no es procedente declarar la ineptitud sustantiva de la demanda, conforme lo pidió la entidad recurrente en el recurso de alzada (negrillas de la Sala).
Es decir, con base en los nuevos criterios jurisprudenciales antes señalados la posición que asumió esta corporación en sentencia proferida por la Sección Segunda - Subsección A, del 4 de marzo de 2010, expediente 25000-23-25-000-2005-08719-01 (1605-2008), Actor: Mónica Sofía Dimate Castellanos contra la Nación - Ministerio de Relaciones Exteriores, C.P. Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, en donde se indicó que es inepta la demanda cuando se acusa el acto administrativo que da respuesta a un segundo derecho de petición, cuando no se demandó el acto primigenio de la administración, que le permitió a la actora enterarse de la liquidación de sus cesantías, permiten inferir que en el presente caso la solución es distinta.
Precisado lo anterior, es del caso abocar conocimiento del problema jurídico planteado y revisar el presente asunto teniendo en cuenta los siguientes planteamientos: Régimen general de cesantías; régimen de liquidación de cesantías en el Ministerio de Relaciones Exteriores; efectos de las sentencias de inexequibilidad en los asuntos sometidos al control de esta jurisdicción; Interés moratorios contemplados en el artículo 14 del Decreto 162 de 1969; prescripción trienal cuando se radicó la petición ante la administración, solución al caso concreto.
Régimen general de cesantías
La Sala Plena de esta corporación(4) en anterior oportunidad realizó un análisis sobre la evolución del auxilio de la cesantía, estudio que se tendrá en cuenta en el presente asunto para desarrollar el tema, así:
La Ley 6ª de 1945, en su artículo 17, estableció esta prestación social en razón de un mes de sueldo por cada año de servicios.
Por su parte, la Ley 65 de 1946, en el artículo 1º, ordenó que:
“Los asalariados de carácter permanente, al servicio de la Nación en cualquiera de las ramas del poder público, hállense o no escalafonados en la carrera administrativa, tendrán derecho al auxilio de cesantía por todo el tiempo trabajado continua o discontinuamente, a partir del 1º de enero de 1942 en adelante, cualquiera que sea la causa de retiro”.
En el artículo 33 de la norma en mención se establecieron intereses a favor de los trabajadores en el 9% anual sobre las cantidades que al 31 de diciembre de cada año, figuraran a favor de cada empleado público, porcentaje que ascendió a la suma del 12% en virtud del artículo 3º de la Ley 41 de 1975.
Este nuevo régimen señaló, para proteger el auxilio de la cesantía contra la depreciación monetaria, el pago de intereses a cargo del Fondo Nacional del Ahorro.
Para reglamentar este nuevo régimen en el ámbito territorial, se expidió el Decreto 1582 de 1998 para los servidores públicos vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, a quienes se les aplican los artículos 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 1990. El citado Decreto 1582 de 1998, fue dictado en el marco de la Ley 4ª de 1992 para reglamentar los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5º de la Ley 432 de 1998(5).
En conclusión de conformidad con lo anterior, han existido para el sector público tres regímenes de liquidación de cesantías, que son: a) el de liquidación retroactiva; b) el de los afiliados al Fondo Nacional de Ahorro y c) el de los pertenecientes a fondos privados de cesantías.
Régimen de liquidación de cesantías en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
En anterior oportunidad esta corporación señaló que dada la naturaleza especial de las relaciones internacionales se requiere de funcionarios especializados que atiendan la política exterior del país(6).
De otra parte, es del caso precisar que es característica esencial de la carrera diplomática y consular la denominada “alternación”, de ahí que unos miembros de dicha carrera se deban desempeñar en el servicio exterior y otros al interior del ministerio, bajo las condiciones y formas fijadas en sus respectivas épocas, entre otros, por el Decreto 10 de 1992 y el Decreto 274 de 2000 para ello aparecen regladas equivalencias entre la planta exterior y la interna.
Lo anterior en razón a que quienes prestan sus servicios en el extranjero no lo hacen de forma indefinida sino que retornan, así sea un tiempo, al país, para que se mantengan en permanente contacto con la realidad de su lugar de origen y puedan representar aún mejor los intereses del Estado.
El artículo 1º del Decreto 311 de 8 de febrero de 1951, “por el cual se aclaran el inciso c) del artículo 17 de la Ley 6ª de 1945 y los artículos 2º y 3º de la Ley 65 de 1946, en cuanto se refiere a los empleados nacionales que prestan sus servicios en el exterior” , previó:
El artículo 76 del Decreto 2016 de 17 de julio de 1968, “Estatuto orgánico del servicio diplomático y consular”, señaló:
El Decreto 1253 de 27 de junio de 1975(7), por el cual se modificó el artículo 76 del Decreto 2016 de 1968, dispone:
ART. 2º—La tasa de cambio será la que establezca la Junta Monetaria en 31 de diciembre de cada año fiscal”.
Los artículos 1º y 2º de la Ley 41 de 11 de diciembre de 1975, “por la cual se modifica el Decreto Ley 1253 de 1975 y se dictan otras disposiciones”, señalan:
El artículo 57 del Decreto 10 de 1992, que contiene el estatuto orgánico del servicio exterior y de la carrera diplomática y consular(8) dispone:
“Las prestaciones sociales de los funcionarios del servicio exterior, a excepción de los administrativos locales, se liquidarán y se pagarán con base en las asignaciones del cargo equivalente en el servicio interno del Ministerio de Relaciones Exteriores”(9).
En el régimen legal de la carrera diplomática y consular se ha distinguido entre el ingreso base de cotización y liquidación de la pensión de jubilación y el ingreso base de cotización de las prestaciones sociales. Es decir, no obstante que aquella y éstas se han sujetado al salario de cargos equivalentes en planta interna, su regulación se ha hecho en disposiciones diferentes.
Por su parte, el Decreto 274 de 2000(10), por el cual se regula el servicio exterior de la República y la carrera diplomática y consular(11), en su artículo 66 previó:
“Liquidación de prestaciones sociales. Las prestaciones sociales de los funcionarios pertenecientes a la carrera diplomática y consular se liquidarán y se pagarán con base en la asignación básica mensual y en los conceptos laborales legalmente reconocidos como factores de salario, que le correspondieren en planta interna”.
La norma anteriormente transcrita que derogó el Decreto 10 de 1992, fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-292 del 16 de marzo de 2001, por cuanto consideró que la facultad de regular el régimen prestacional de los funcionarios de la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores, no estaba dentro de las potestades otorgadas extraordinariamente por el legislador.
Con fundamento en el anterior recuento, entre otras cosas, se puede inferir que, efectivamente, la liquidación de las prestaciones contaba con regulaciones especiales que desaparecieron del ordenamiento jurídico, quedando como premisa que la liquidación de las cesantías de los funcionarios que prestan sus servicios en el exterior debe efectuarse con base en el salario realmente devengado, porque liquidar sus prestaciones, entre estas la cesantía, con base en una equivalencia, como lo declaró la Corte Constitucional implicaría dar un tratamiento diferenciado e injustificado, contrario al mandato de igualdad en la formulación del derecho y que, resulta lesivo a los “derechos fundamentales como los de seguridad social y mínimo vital”.
Pero además del tratamiento injustificado, por desconocimiento del mandato de igualdad en la formulación del derecho, también se atenta contra el principio de primacía de la realidad frente a las formas que debe imperar en las relaciones laborales,(12) pues lo cierto es que las prestaciones sociales, en especial las cesantías deben cotizarse y liquidarse con base en lo realmente devengado por el funcionario del servicio exterior y no con base en un salario inferior que no es su realidad.
Efectos de las sentencias de inexequibilidad en los asuntos sometidos al control de esta jurisdicción.
De conformidad con lo anteriormente señalado, si bien es cierto, existieron algunas normas que regularon la liquidación de las prestaciones de los funcionarios referidos, ellas: i) fueron derogadas; ii) fueron declaradas inexequibles por el máximo órgano de la jurisdicción constitucional, o, iii) de encontrarse vigentes, deben ser inaplicadas por violar los principios de primacía de realidad sobre las formas, de favorabilidad y los derechos fundamentales superiores protegidos por la Constitución Política.
Respecto de este último aspecto,(13) deben efectuarse aún algunas precisiones, a saber:
— Los efectos de las sentencias de la Corte Constitucional por las cuales se decide la declaratoria de inexequibilidad de una norma, por regla general, son hacia el futuro; salvo, que la misma Corte expresamente manifieste, de conformidad con su reglamento interno, los alcances que le da a la misma.
— Lo anterior implica que deberían avalarse las situaciones que adquirieron firmeza durante la vigencia de aquellas normas que posteriormente son declaradas inconstitucionales.
Tal circunstancia se presente en el sub examine, pues la Corte Constitucional en ninguno de sus fallos moduló los efectos de la declaratoria de inexequibilidad y, en consecuencia, se alega que al haberse efectuado la liquidación de las cesantías del actor en vigencia de normas en las que se avalaba la equivalencia a cargos de la planta interna, ello no puede dar lugar a ilegalidad alguna.
“Finalmente, la Sala encuentra que si bien la declaratoria de inexequibilidad del Decreto 1670 de 1997 ocurrida mediante la Sentencia C-140 de 15 de abril de 1998 dictada por la Corte Constitucional con ponencia del Dr. Carlos Gaviria Díaz se dispuso con efectos hacia el futuro, ello no implica que al juez le sea un imposible jurídico pronunciarse sobre la legalidad del acto acusado, dictado con fundamento en el declarado a la postre inexequible, por cuanto es ostensible que desde su origen el Decreto 1670 de 27 de junio de 1997 nació viciado de ilegalidad y por ende, le es dable al juzgador aplicar respecto de aquél la excepción de inconstitucionalidad por el lapso que transcurrió desde su expedición hasta la sentencia de inexequibilidad, evitando con ello que una decisión manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico y que causa estragos en los derechos particulares, se ampare en que los efectos de la declaratoria de inexequibilidad se dispusieron hacia el futuro”(14).
Intereses moratorios contemplados en el artículo 14 de Decreto 162 de 1969.
“ART. 41.—Decisión judicial. En caso de controversia judicial acerca de la liquidación en 31 de diciembre de 1968 o de una liquidación anual o de la liquidación correspondiente al tiempo de servicios en el último año, el fondo acreditará en la cuenta del respectivo empleado público o trabajador oficial la cantidad que se ordene en la providencia debidamente ejecutoriada que ponga fin al litigio. El registro de esta suma producirá todos los efectos que conforme a los artículos anteriores tiene el de las liquidaciones definitivas, aceptadas por el empleado o trabajador”.
El Decreto Extraordinario 3118 de 1968, creó el Fondo Nacional de Ahorro como administrador de las cesantías de los empleados públicos y trabajadores oficiales y en ésta se fijaron las condiciones en que llevaría a cabo su gestión, por ello, aparecen algunos aspectos como los anteriores que regulan el pago de intereses moratorios.
Así las cosas, dado que en el sub examine el a quo omitió dar aplicación a las normas anteriormente relacionadas es del caso ordenar el reconocimiento a favor del trabajador de una suma mayor de la que le hubiere sido liquidada por la respectiva entidad y por lo tanto se dispondrá el reconocimiento de intereses moratorios a favor del actor sobre la diferencia, en un porcentaje del 2% mensual desde la fecha en que la suma respectiva se hubiere causado hasta aquella en que se le acredite.
La indexación obedece a un criterio mínimo de equidad según el cual quien no cumplió con una obligación oportunamente, no puede beneficiarse cumpliéndola en menor valor o depreciada, pero resulta que en el presente asunto, ni siquiera se ha causado la cesantía, porque el demandante no se ha retirado del servicio y, siempre ha estado en el Fondo Nacional de Ahorro, entidad que, simplemente, paga los intereses que la ley le ha señalado(15).
Prescripción trienal cuando se radicó la petición ante la administración.
El artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, en concordancia con el artículo 102 Decreto Nacional 1848 de 1969, prevé la prescripción de las prestaciones sociales, en los siguientes términos:
“ART. 41.—Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este decreto prescribirán en tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
La entidad demandada afilió al demandante al Fondo Nacional de Ahorro y allí giró las cesantías correspondientes desde su ingreso en 1992 hasta hoy en día. Como se advirtió precedentemente dentro del proceso no aparece probada la respectiva notificación de cada acto administrativo de liquidación de las cesantías, sin que se hubiera dado la oportunidad de impugnar la decisión a la parte demandante, es decir, que tal prestación no cumplió el requisito de firmeza para que los dineros fueran traslados al Fondo Nacional del Ahorro, en otros términos, la parte demandante no tuvo oportunidad para discutir el monto de sus cesantías conforme lo ordena la ley y por ello tampoco podía correr en su contra algún término prescriptivo.
No es razonable, aplicar la prescripción trienal porque esta figura es una sanción al titular del derecho por no ejercerlo dentro de los plazos que la ley le otorga, lo que supone, en primer lugar, la evidencia de la exigibilidad y, en segundo lugar, una inactividad injustificada del titular del derecho en lograr su cumplimiento, lo que se traduce en la mora en agotar la vía gubernativa, cuestiones que no ocurrieron en el presente asunto. Por lo tanto, el cargo formulado de la prescripción trienal no está llamado a prosperar.
Solución al caso concreto.
En el presente asunto se tiene que la entidad demandada, Nación - Ministerio de Relaciones Exteriores, afilió al demandante al Fondo Nacional de Ahorro y allí giró las cesantías correspondientes a los años de 1992 a 2006 (fls. 241 a 246).
Dentro del proceso no aparece probada la respectiva notificación de cada acto administrativo que liquida la cesantía, simplemente, según se deduce, se le acredita cada año al demandante en su cuenta individual, el valor que le corresponde por dicho concepto (fls. 232 a 235).
De conformidad con lo expuesto en aparte precedentes, los actos acusados no están reviviendo términos en la medida en que lo que están reclamando son unas cesantías que es una prestación unitaria que sólo se causa al momento del retiro del trabajador, máxime cuando la entidad no efectuó una liquidación anualizada, por ello, resulta aceptable tenerlo en cuenta como acto pasible de control ante esta jurisdicción.
El fallo recurrido amerita ser confirmado porque pese a que la sentencia de la Corte Constitucional C-535 de 2005, fue proferida luego de que se causaron las respectiva anualidades en las que el demandante prestó sus servicios en el exterior, y ésta tiene efectos hacia el futuro, lo cierto es que, por las razones arriba expresadas, es procedente declarar la denominada excepción de inconstitucionalidad para darle prevalencia a la interpretación constitucional y así, en aplicación de los principios de primacía de la realidad frente a las formas y favorabilidad evitar que una norma que es inconstitucional desde sus orígenes produzca efectos en los trabajadores del Ministerio de Relaciones Exteriores que prestaron sus servicios en el exterior.
Empero, de otra parte, la sentencia recurrida que accedió a indexar la condena se deberá revocar en este aspecto; para en su lugar, sólo ordenar el reconocimiento y pago de intereses moratorios previstos por el artículo 14 del Decreto 162 de 1969.
En consecuencia, el proveído impugnado que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda amerita ser adicionado en cuanto omitió reconocer los intereses del 2%; revocado en cuanto a la indexación de la condena y la prescripción ordenadas y confirmado en lo demás.
1. ADICIÓNESE el numeral 4º de la sentencia proferida el 17 de abril de 2008 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda formulada por Francisco Javier Echerri Lara contra el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el sentido de precisar:
“Como consecuencia de las anteriores declaraciones de nulidad y a titulo de restablecimiento del derecho, la Nación - Ministerio de Relaciones Exteriores, procederá a reliquidar el valor de las cesantías a que tiene derecho el demandante, teniendo como base de dicha reliquidación, el salario realmente devengado, es decir, la asignación salarial de US 5.240 según su equivalente en pesos colombianos; así como el 2% de interés sobre las sumas que resulten de la reliquidación tal como se señaló en la parte motiva”.
2. REVOCASE el parágrafo segundo del numeral 4º anteriormente mencionado, en el sentido de precisar que no hay lugar a declarar prescripción alguna de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
3. REVOCASE el numeral 5º de la parte resolutiva de la presente providencia, que ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores indexar la condena, conforme a los argumentos esbozados en la parte considerativa.
4. CONFÍRMASE en lo demás.
(1) Expediente 1605-2088, Actor: Mónica Sofía Dimate Castellanos; Demandado: Ministerio de Relaciones Exteriores. Sentencia del 4 de marzo de 2010 Sección Segunda - Subsección “A”. M.P. Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
(2) Auto del 18 de abril de 1995, expediente 11.043, M.P. Clara Forero de Castro, actor Luis Aníbal Villada.
(3) El Decreto 1181 de 1999 y Decreto 274 de 2000, precisaban que la liquidación de las prestaciones sociales se haría en términos similares.
(4) Ver, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 27 de marzo de 2007, expediente 760012331000200002513 01, (2777-2004), Actor: José Bolívar Caicedo Ruiz, M.P. Dr. Jesús María Lemos Bustamante.
(5) “ART. 1º—El régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel territorial vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto en los artículos 99, 102, 104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores públicos del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el establecido en el artículo 5º y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998.
(6) Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 25 de marzo de 2010, expediente 110010325000200500010 00 (0177-2005), Actor: Sindicato de Empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores - Semrex, C.P. Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
(7) Proferido por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 24 de 1974.
(8) Este cuerpo normativo fue dictado por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas mediante el artículo 43 de la Ley 11 de 1991; y, de conformidad con lo establecido en su artículo 79, derogó el Decreto 2016 de 1968.
(9) Con posterioridad a este cuerpo normativo el Decreto-Ley 1181 de 1999, dictado por el ejecutivo en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el artículo 120 de la Ley 489 de 1998, reguló el estatuto orgánico de servicio exterior y de carrera diplomática y consular; sin embargo, esta normatividad fue declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-920 de 1999, en razón a que la Corte había declarado inconstitucional el artículo 120 de la Ley 489 de 1998 y en consecuencia, los decretos leyes dictados con fundamento en él debían correr la misma suerte.
(10) El Decreto 274 de 2000, de conformidad con lo establecido en el artículo 96, derogó el Decreto 10 de 1992.
(11) Este decreto fue dictado por el ejecutivo en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el artículo 1º, numeral 6º de la Ley 573 de 2000.
(12) En Sentencia C-173 de 2004, que declaró inexequibles los apartes demandados del artículo 7º de la Ley 797 de 2003, que expresamente dicen: “para los cargos equivalentes de la planta interna”, en razón a que se consideró que la equivalencia allí establecida atentaba contra el derecho a la igualdad de los trabajadores destinatarios de la norma. Así: “14. De acuerdo con lo dicho anteriormente, es claro que la jurisprudencia de esta corporación ha sido precisa al señalar que las cotizaciones para pensión deben hacerse tomando en consideración la asignación que corresponde al cargo realmente desempeñado, pues hacerlo a partir de una asignación distinta o supuestamente equivalente resulta discriminatorio. Si se acogiera un criterio distinto al determinado jurisprudencialmente el resultado sería que aquellos trabajadores que han devengado un mayor salario van a recibir prestaciones sociales que en realidad pertenecen a labores de menor asignación, desarrolladas por trabajadores que generalmente cumplen distintas funciones a consecuencia también de su nivel de preparación, quienes además ostentan otras responsabilidades concordantes con su cargo”.
(13) Como ya lo hizo esta corporación, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia de 11 de marzo de 2010, expediente 25000232500020053120 01 (0613-08), actor Ramiro Zambrano Cárdenas, M.P. Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
(14) Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, de 24 de mayo de 2007, radicado interno 2616-04; C.P. Dr. Alejandro Ordóñez Maldonado.
(15) La Ley 432 de 1998, regla los intereses así: “ART. 12.—Intereses sobre cesantías. A partir del 1º de enero de 1998 el Fondo Nacional de Ahorro reconocerá y abonará en la cuenta de cesantías de cada servidor público afiliado, un interés equivalente al sesenta por ciento (60%) de la variación anual del índice de precios al consumidor, IPC, sobre las cesantías liquidadas por la entidad nominadora correspondientes al año inmediatamente anterior o proporcional por la fracción de año que se liquide definitivamente.