Source: https://juri-dileyc.com/juridi-news-39/
Timestamp: 2018-08-22 01:08:57
Document Index: 150938903

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Juridi-NEWS: Actualidad europea n.° 39 - JURI-DILEYC
Posted by Juridi-NEWS | Jun 19, 2017 | Juridi-News | 0 |
EDICIÓN DEL LUNES 19 DE JUNIO DE 2017
En portada: Nuevo reglamento sobre la marca de la UE
15 de junio de 2017: Fin del roaming
Medio ambiente: Acciones para la racionalizar la notificación en materia de medio ambiente
Nuestra selección del DOUE (semana del 13 al 19 de junio de 2017)
Jurisprudencia TJUE: Agricultura; Aproximación de las legislaciones; Competencia judicial en materia civil y mercantil; Espacio de libertad, seguridad y justicia; Impuesto sobre el valor añadido (IVA); Libertad de establecimiento; Libre prestación de servicios; Mercado interior; Mercados de instrumentos financieros; Política social; Propiedad intelectual; Protección de los intereses financieros de la Unión Europea; Seguro de responsabilidad civil del automóvil; Sociedad
Lectura: Balance y perspectivas de la política laboral y social europea – XXVII Congreso de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Debe promoverse un desarrollo armonioso de las actividades económicas en el conjunto de la Unión y una expansión continua y equilibrada mediante la plena realización y el buen funcionamiento de un mercado interior que ofrezca condiciones análogas a las existentes en un mercado nacional. La realización de tal mercado y el fortalecimiento de su unidad implican no solo la eliminación de los obstáculos a la libre circulación de mercancías y a la libre prestación de servicios, así como el establecimiento de un régimen que garantice que no se falsee la competencia, sino también la creación de condiciones jurídicas que permitan a las empresas adaptar de entrada sus actividades de fabricación y de distribución de bienes o de prestación de servicios a las dimensiones de la Unión. Entre los instrumentos jurídicos de que deberían disponer las empresas para estos fines, son particularmente apropiadas las marcas que les permitan identificar sus productos o sus servicios de manera idéntica en toda la Unión, sin consideración de fronteras.
Para proseguir los objetivos de la Unión mencionados, resulta necesario prever un régimen de la Unión sobre marcas que confiera a las empresas el derecho de adquirir, de acuerdo con un procedimiento único, marcas de la Unión que gocen de una protección uniforme y que produzcan sus efectos en todo el territorio de la Unión. El principio de la unicidad de la marca de la Unión así expresado debe aplicarse salvo disposición en contrario del presente Reglamento.
Tasa básica para la solicitud de una marca individual de la Unión (artículo 31, apartado 2): 1 000 EUR
Tasa básica para la solicitud de una marca individual de la Unión por medios electrónicos (artículo 31, apartado 2): 850 EUR
Tasa para la segunda clase de productos y servicios de una marca individual de la Unión (artículo 31, apartado 2): 50 EUR
Tasa por cada clase de productos y servicios que exceda de dos de una marca individual de la Unión (artículo 31, apartado 2): 150 EUR
Tasa básica para la solicitud de una marca colectiva de la Unión o una marca de certificación de la Unión (artículo 31, apartado 2, y artículo 74, apartado 3, o artículo 83, apartado 3): 1 800 EUR
Tasa básica para la solicitud de una marca colectiva de la Unión o una marca de certificación de la Unión por medios electrónicos (artículo 31, apartado 2, y artículo 74, apartado 3, o artículo 83, apartado 3): 1 500 EUR
Tasa para la segunda clase de productos y servicios de una marca colectiva de la Unión o una marca de certificación de la Unión (artículo 31, apartado 2, y artículo 74, apartado 3, o artículo 83, apartado 3): 50 EUR
La Unión Europea tiene como finalidad unir a los ciudadanos y facilitar sus vidas. El final de las tarifas de itinerancia es una auténtica historia europea de éxito.
Joseph Muscat (Primer ministro de Malta, en nombre de la Presidencia maltesa del Consejo de la Unión Europea)
Jean-Claude Juncker (Presidente de la Comisión Europea)
MEDIO AMBIENTE: ACCIONES PARA RACIONALIZAR LA NOTIFICACIÓN EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE
Acciones para racionalizar la notificación en materia de medio ambiente - COM (2017) 312 final
obtener la información correcta, en la forma apropiada y en el momento adecuado;
racionalizar el proceso de notificación;
promover la difusión activa de la información medioambiental a nivel europeo y nacional;
explotar otras fuentes de datos y enfoques alternativos que complementen la notificación en materia de medio ambiente; y
mejorar la coherencia y la cooperación.
Estas acciones reflejan la necesidad de aplicar un enfoque común a la notificación. Esto significa pasar de un sistema en el que la notificación se desarrolla de forma paralela en varios campos de la política medioambiental, a un enfoque más estandarizado en el que se adopten las mejores prácticas en todos los ámbitos políticos.
El control de adecuación de la notificación y el control reglamentario en materia de medio ambiente ha proporcionado una visión global sobre los puntos fuertes y débiles de la situación actual. En general, el enfoque relativo a la política medioambiental es maduro y proporcionado. La inversión actual de los Estados miembros y organismos de la UE genera importantes beneficios. Demuestra que la legislación medioambiental de la UE ofrece beneficios tangibles y que los ciudadanos europeos está siendo informados de ello. A pesar de esta situación general positiva, se han llevado a cabo o están a punto de finalizarse muchas actividades de racionalización. El control de adecuación también identificó una serie de áreas específicas y transversales donde se pueden hacer mejoras o explorar nuevas vías, por ejemplo, habida cuenta de las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para proporcionar pruebas rápidas y geográficamente específicas.
Estas acciones adicionales impulsaran la notificación en materia de medio ambiente hacia una mayor transparencia, una mayor especificidad y un control reglamentario más efectivo. Racionalizarán aún más las obligaciones, reduciendo así la carga administrativa y reforzando nuestra base factual. Esto beneficiará a las administraciones, las empresas y los ciudadanos europeos. Se logrará reducir la carga administrativa y, al mismo tiempo, mantener o aumentar los beneficios, principalmente mediante el aumento de la eficiencia y una mayor transparencia (por ejemplo, a través de una mayor difusión pública de la información).
13 de junio de 2017: L 149; C 187
14 de junio de 2017: L 150; L 151; C 188
15 de junio de 2017: L 152; C 189; C 190
16 de junio de 2017: L 153; L 154; C 191; C 191 A; C 192; C 193
17 de junio de 2017: L 155; C 194
19 de junio de 2017: C 195
APRENDIZAJE. Recomendación del Consejo, de 22 de mayo de 2017, relativa al Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente y por la que se deroga la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2008 relativa a la creación del Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente (DOUE C 189, 15 de junio de 2017)
DEPORTE. Resolución del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, relativa al Plan de Trabajo de la Unión Europea para el Deporte (1 de julio de 2017 – 31 de diciembre de 2020) (DOUE C 189, 15 de junio de 2017)
JUVENTUD. Resolución del Consejo sobre el diálogo estructurado y el futuro desarrollo del diálogo con los jóvenes en el contexto de las políticas de cooperación europea en el ámbito de la juventud después de 2018 (DOUE C 189, 15 de junio de 2017)
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/989 de la Comisión, de 8 de junio de 2017, que corrige y modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) n.° 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el código aduanero de la Unión (DOUE L 149, 13 de junio de 2017)
Decisión (UE) 2017/1003 de la Comisión, de 13 de junio de 2017, relativa a la importación en régimen de franquicia de las mercancías destinadas a distribuirse gratuitamente o ponerse gratuitamente a disposición de las víctimas de los terremotos ocurridos en Italia en agosto y octubre de 2016 [notificada con el número C(2017) 3865] (DOUE L 152, 15 de junio de 2017)
Decisión de Ejecución (UE) 2017/1015 de la Comisión, de 15 de junio de 2017, relativa a las emisiones de gases de efecto invernadero de cada Estado miembro en el año 2014 contempladas en la Decisión n.° 406/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DOUE L 153, 16 de junio de 2017)
Decisión (UE) 2017/1002 de la Comisión, de 7 de junio de 2017, sobre la propuesta de iniciativa ciudadana denominada «Stop Extremism» (Alto al extremismo) (DOUE L 152, 15 de junio de 2017)
Decisión de Ejecución (UE) 2017/995 de la Comisión, de 9 de junio de 2017, por la que se crea el Consorcio de Archivos Europeos de Datos de Ciencias Sociales — Consorcio de Infraestructuras de Investigación Europeas (CESSDA ERIC) [notificada con el número C(2017) 3870] (DOUE L 149, 13 de junio de 2017)
Decisión de Ejecución (UE) 2017/996 de la Comisión, de 9 de junio de 2017, relativa a la creación del Laboratorio Europeo de Captura y Almacenamiento de Dióxido de Carbono — Consorcio de Infraestructuras de Investigación Europeas (ECCSEL ERIC) [notificada con el número C(2017) 3875] (DOUE L 149, 13 de junio de 2017)
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/988 de la Comisión, de 6 de junio de 2017, por el que se establecen normas técnicas de ejecución con respecto a los modelos de formularios, plantillas y procedimientos para las disposiciones de cooperación relativas a un centro de negociación cuyas operaciones sean de importancia sustancial en un Estado miembro de acogida (DOUE L 149, 13 de junio de 2017)
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1005 de la Comisión, de 15 de junio de 2017, por el que se establecen normas técnicas de ejecución con respecto al formato y el calendario de las comunicaciones y la publicación de la suspensión y exclusión de instrumentos financieros de conformidad con la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los mercados de instrumentos financieros (DOUE L 153, 16 de junio de 2017)
Reglamento Delegado (UE) 2017/1018 de la Comisión, de 29 de junio de 2016, que completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los mercados de instrumentos financieros, en lo que respecta a las normas técnicas de regulación que especifican la información que deben notificar las empresas de servicios de inversión, los organismos rectores del mercado y las entidades de crédito (DOUE L 155, 17 de junio de 2017)
Reglamento (UE) 2017/999 de la Comisión, de 13 de junio de 2017, por el que se modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) (DOUE L 150, 14 de junio de 2017)
Decisión de Ejecución (UE) 2017/1013 de la Comisión, de 30 de marzo de 2017, por la que se establece el acta tipo a que se refiere el artículo 17 del Reglamento (CE) n.° 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (DOUE L 153, 16 de junio de 2017)
Comunicación de la Comisión — Directrices interpretativas del Reglamento (CE) n.° 1008/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo — Normas sobre propiedad y control de las compañías aéreas de la UE (DOUE C 191, 16 de junio de 2017)
Comunicación de la Comisión — Directrices interpretativas sobre el Reglamento (CE) n.° 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo — Obligaciones de servicio público (OSP) (DOUE C 194, 17 de junio de 2017)
AGRICULTURA. En principio, los productos puramente vegetales no pueden comercializarse con denominaciones tales como «leche», «nata», «mantequilla», «queso» o «yogur», reservadas por el Derecho de la Unión Europea a los productos de origen animal (TJUE, TofuTown.com, 14 de junio de 2017, C-422/16).
APROXIMACIÓN DE LAS LEGISLACIONES. El Derecho de la Unión no se opone a una normativa nacional que establece la obligatoriedad de la mediación con carácter previo al ejercicio de la acción judicial en los litigios en los que sean parte los consumidores (TJUE, Menini y Rampanelli , 14 de junio de 2017, C-75/16).
LIBERTAD DE ESTABLECIMIENTO. La puesta a disposición y la gestión de una plataforma de intercambio en línea de obras protegidas, como «The Pirate Bay», puede constituir una violación de los derechos de autor (TJUE, Stichting Brein, 14 de junio de 2017, C-610/15).
LIBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. El principio de libre prestación de servicios que garantiza el Derecho de la Unión no se aplica entre Gibraltar y el Reino Unido (TJUE, 13 de junio de 2017, The Gibraltar Betting and Gaming Association Limited y The Queen, C-591/15).
El artículo 3, apartado 2, párrafo primero, de la Directiva 2008/69/CE de la Comisión, de 1 de julio de 2008, por la que se modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo para incluir las sustancias activas clofentecina, dicamba, difenoconazol, diflubenzurón, imazaquín, lenacilo, oxadiazón, picloram y piriproxifeno, debe interpretarse en el sentido de que la fecha de 31 de diciembre de 2008 a la que hace referencia marca la fecha límite, respecto de un producto fitosanitario ya autorizado que contenga una de las sustancias activas mencionadas en el anexo de esa Directiva, en la que deben haber sido incluidas en la lista que figura en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1991, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios, todas las sustancias activas contenidas en dicho producto fitosanitario, distintas de las enumeradas en el anexo de la Directiva 2008/69, para que nazca la obligación de realizar una nueva evaluación de ese producto prevista en el referido artículo 3, apartado 2, párrafo primero (TJUE, Sharda Europe, 8 de junio de 2017, C‑293/16).
Competencia judicial en materia civil y mercantil
El artículo 7, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que una acción de repetición entre los codeudores solidarios de un contrato de préstamo está incluida en la «materia contractual» mencionada en ese precepto.
El artículo 7, apartado 1, letra b), segundo guion, del Reglamento n.º 1215/2012 debe interpretarse en el sentido de que un contrato de préstamo, como el debatido en el litigio principal, celebrado entre una entidad de crédito y dos codeudores solidarios, debe calificarse de «contrato de prestación de servicios», comprendido en ese precepto.
El artículo 7, apartado 1, letra b), segundo guion, del Reglamento n.º 1215/2012 debe interpretarse en el sentido de que, cuando una entidad de crédito ha concedido un préstamo a dos codeudores solidarios, el «lugar del Estado miembro en el que, según el contrato, hayan sido o deban ser prestados los servicios», a efectos de este precepto, es, salvo pacto en contrario, el del domicilio de la entidad, y asimismo lo es a efectos de determinar la competencia territorial del órgano jurisdiccional que haya de conocer de la acción de repetición entre dichos codeudores (TJUE, Saale Kareda contra Stefan Benkö, 15 de junio de 2017, C‑249/16).
El artículo 13 del Reglamento (CE) n.º 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia, debe interpretarse en el sentido de que la forma y el plazo en los que el beneficiario de un acto perjudicial para la masa de acreedores debe proponer una excepción en virtud de ese artículo, para oponerse a una acción dirigida a obtener la revocación de ese acto según las disposiciones de la lex fori concursus, y la cuestión de si ese artículo puede aplicarse también de oficio por el órgano jurisdiccional competente, en su caso tras el vencimiento del plazo señalado a la parte de que se trata, se rigen por el Derecho procesal del Estado miembro en cuyo territorio está pendiente el litigio. Sin embargo, este Derecho no podrá ser sin embargo menos favorable que el que regula las situaciones similares sometidas al Derecho interno (principio de equivalencia) ni hacer imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el Derecho de la Unión (principio de efectividad), extremo que incumbe verificar al órgano jurisdiccional remitente.
El artículo 13 del Reglamento n.º 1346/2000 debe interpretarse en el sentido de que la parte sobre la que recae la carga de la prueba debe demostrar que, cuando la lex causae permite impugnar un acto considerado perjudicial, no se cumplen en concreto los requisitos exigidos para que pueda acogerse un recurso interpuesto contra ese acto, distintos de los previstos por la lex fori concursus.
El artículo 13 del Reglamento n.º 1346/2000 puede invocarse válidamente cuando las partes de un contrato, que tienen su domicilio en un único Estado miembro, en cuyo territorio se localizan también todos los demás elementos pertinentes de la situación de que se trata, han designado como ley aplicable a ese contrato la ley de otro Estado miembro, siempre que las partes del contrato no hayan elegido esa ley de modo fraudulento o abusivo, extremo que incumbe comprobar al órgano jurisdiccional remitente (TJUE, Vinyls Italia, 8 de junio de 2017, C‑54/16).
Los principios de neutralidad fiscal, de igualdad de trato y de efectividad no se oponen a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que, en el contexto de la reducción del plazo de prescripción, por una parte, de las solicitudes de devolución del impuesto sobre el valor añadido indebidamente pagado y, por otra parte, de las solicitudes de deducción del impuesto sobre el valor añadido soportado, establece períodos transitorios distintos, de tal manera que las solicitudes correspondientes a dos ejercicios contables de tres meses están sujetas a plazos de prescripción distintos según tengan por objeto la devolución del impuesto sobre el valor añadido indebidamente pagado o la deducción del impuesto sobre el valor añadido soportado (TJUE, Compass Contract Services Limited contra Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, 14 de junio de 2017, C‑38/16).
El artículo 138, apartado 2, letra a), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, se opone a que una disposición nacional supedite el reconocimiento de la exención de la entrega intracomunitaria de un medio de transporte nuevo al requisito de que el adquirente esté establecido o domiciliado en el Estado miembro de destino de ese medio de transporte.
El artículo 138, apartado 2, letra a), de la Directiva 2006/112 debe interpretarse en el sentido de que la exención de una entrega de un medio de transporte nuevo no puede denegarse en el Estado miembro de entrega por el único motivo de que dicho medio de transporte haya sido dotado únicamente de una matrícula temporal en el Estado miembro de destino.
El artículo 138, apartado 2, letra a), de la Directiva 2006/112 se opone a que el vendedor de un medio de transporte nuevo, transportado a otro Estado miembro por el adquirente y matriculado en este Estado con carácter temporal, resulte posteriormente obligado a ingresar el impuesto sobre el valor añadido si no se acredita que el régimen de matrícula temporal se ha extinguido y que el mencionado impuesto ha sido o será ingresado en el Estado miembro de destino.
El artículo 138, apartado 2, letra a), de la Directiva 2006/112 y los principios de seguridad jurídica, de proporcionalidad y de protección de la confianza legítima se oponen a que el vendedor de un medio de transporte nuevo, transportado por el adquirente a otro Estado miembro y matriculado en este Estado con carácter temporal, resulte obligado posteriormente a ingresar el impuesto sobre el valor añadido en caso de fraude fiscal cometido por el adquirente, salvo que se demuestre, sobre la base de datos objetivos, que el referido vendedor sabía o hubiera debido saber que la operación estaba implicada en un fraude cometido por el adquirente y no adoptó todas las medidas razonables a su alcance para evitar su participación en ese fraude. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente verificar si concurre tal circunstancia mediante una apreciación global de todos los datos y circunstancias fácticas del asunto principal (TJUE, Santogal M-Comércio e Reparação de Automóveis Lda contra Autoridade Tributária e Aduaneira, 14 de junio de 2017, C‑26/16).
Los artículos 49 TFUE y 56 TFUE, tal como se interpretan concretamente en la sentencia de 30 de abril de 2014, Pfleger y otros (C‑390/12, EU:C:2014:281), leídos a la luz del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a un régimen procesal nacional con arreglo al cual, en el marco de los procedimientos administrativos sancionadores, el órgano jurisdiccional que ha de pronunciarse sobre la conformidad con el Derecho de la Unión de una normativa que restringe el ejercicio de una libertad fundamental de la Unión Europea, como la libertad de establecimiento o la libre prestación de servicios en el interior de la Unión Europea, está obligado a instruir de oficio los elementos del asunto de que conoce al examinar la existencia de infracciones administrativas, siempre que tal régimen no tenga como consecuencia que ese órgano jurisdiccional se vea obligado a actuar en lugar de las autoridades competentes del Estado miembro de que se trate, a las que corresponde aportar los elementos de prueba necesarios para permitir a dicho órgano jurisdiccional controlar si tal restricción está justificada (TJUE, Online Games Handels GmbH y otros contra Landespolizeidirektion Oberösterreich, 14 de junio de 2017, C‑685/15).
El artículo 9, apartado 1, de la Directiva 97/67/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa a las normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales de la Comunidad y la mejora de la calidad del servicio, en su versión modificada por la Directiva 2008/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de febrero de 2008, debe interpretarse en el sentido de que un servicio de envíos postales como el controvertido en el litigio principal no está incluido en el servicio universal si no corresponde a una oferta de servicios postales de calidad determinada prestados de manera permanente en todos los puntos del territorio a precios asequibles para todos los usuarios. La prestación de servicios de envíos postales no incluidos en el servicio universal sólo puede estar sometida a la expedición de una autorización general.
El artículo 9, apartado 1, de la Directiva 97/67, en su versión modificada por la Directiva 2008/6, debe interpretarse en el sentido de que la prestación de servicios postales no incluidos en el servicio universal puede supeditarse a requisitos como los establecidos en el artículo 9, apartado 2, párrafo segundo, segundo guion, de dicha Directiva, en su versión modificada (TJUE, Ilves Jakelu Oy, 15 de junio de 2017, C‑368/15).
La Directiva 2003/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, relativa a la homologación de los tractores agrícolas o forestales, de sus remolques y de su maquinaria intercambiable remolcada, así como de los sistemas, componentes y unidades técnicas de dichos vehículos y por la que se deroga la Directiva 74/150/CEE, en su versión modificada por la Directiva 2014/44/UE de la Comisión, de 18 de marzo de 2014, debe interpretarse en el sentido de que la primera comercialización y la matriculación en un Estado miembro de tractores de ocasión o usados importados desde un tercer país están sujetas al cumplimiento de los requisitos técnicos previstos en ella.
El artículo 23, apartado 1, letra b), de la Directiva 2003/37, en su versión modificada por la Directiva 2014/44/UE, debe interpretarse en el sentido de que las disposiciones de ésta se aplican a los vehículos de ocasión pertenecientes a las categorías T1, T2 y T3 importados en la Unión Europea desde un tercer país, cuando se pongan en circulación en la Unión por primera vez a partir del 1 de julio de 2009 (TJUE, Agrodetalė, 15 de junio de 2017, C‑513/15).
El artículo 4, apartado 1, punto 2, de la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE del Consejo, puesto en relación con el anexo I, sección A, punto 1, de esta Directiva, debe interpretarse en el sentido de que el servicio de inversión consistente en la recepción y transmisión de órdenes de clientes en relación con uno o más instrumentos financieros no incluye la mediación en la celebración de un contrato que tenga por objeto una actividad de gestión de cartera (TJUE, Mohammad Zadeh Khorassani contra Kathrin Pflanz, 14 de junio de 2017, C‑678/15).
El Memorando de Acuerdo entre la Comunidad Europea y Rumanía, concluido en Bucarest y Bruselas el 23 de junio de 2009, debe considerarse un acto adoptado por una institución de la Unión Europea, en el sentido del artículo 267 TFUE, que puede someterse a la interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El Memorando de Acuerdo entre la Comunidad Europea y Rumanía, concluido en Bucarest y Bruselas el 23 de junio de 2009, debe interpretarse en el sentido de que no impone la adopción de una normativa nacional, como la considerada en el litigio principal, que establece la prohibición de acumular la pensión neta de jubilación en el sector público con los ingresos obtenidos por actividades ejercidas en el seno de instituciones públicas si el importe de dicha pensión neta supera el salario medio nacional bruto que sirvió de base para la elaboración del presupuesto de la seguridad social estatal.
El artículo 6 TUE y el artículo 17, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional, como la considerada en el litigio principal, que establece la prohibición de acumular la pensión neta de jubilación en el sector público con los ingresos obtenidos por actividades ejercidas en el seno de instituciones públicas si el importe de dicha pensión neta supera un determinado umbral.
El artículo 2, apartado 2, letra b), de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, debe interpretarse en el sentido de que no se aplica a la interpretación de una normativa nacional, como la considerada en el litigio principal, según la cual la prohibición establecida por ella de acumular la pensión neta de jubilación con los ingresos obtenidos por actividades ejercidas en el seno de instituciones públicas, si el importe de dicha pensión neta supera el nivel del salario medio bruto nacional que sirvió de base para la elaboración del presupuesto de la seguridad social estatal, se aplica a los magistrados de carrera, pero no a las personas investidas de un mandato previsto por la Constitución nacional (TJUE, Eugenia Florescu y otros contra Casa Judeţeană de Pensii Sibiu y otros, 13 de junio de 2017, C‑258/14).
El artículo 15, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que la colocación sobre productos, por el titular o con su consentimiento, de una marca individual de la Unión como sello de calidad no es un uso como marca que esté comprendido en el concepto de «uso efectivo» en el sentido de esta disposición. No obstante, la colocación de dicha marca constituirá tal uso efectivo si garantiza, asimismo y simultáneamente, a los consumidores que dichos productos proceden de una única empresa bajo cuyo control se fabrican y a la cual puede hacerse responsable de su calidad. En este último supuesto, el titular de la marca estará facultado para prohibir a terceros que coloquen un signo similar en productos idénticos en virtud del artículo 9, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento, cuando ello genere un riesgo de confusión por parte del público.
El artículo 52, apartado 1, letra a), y el artículo 7, apartado 1, letra g), del Reglamento n.º 207/2009 deben interpretarse en el sentido de que no puede declararse la nulidad de una marca individual, basándose en la aplicación conjunta de estas disposiciones, porque el titular de la marca no garantice, mediante controles de calidad periódicos de sus licenciatarios, la veracidad de las expectativas de calidad que el público asocia con esa marca.
El Reglamento n.º 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que sus disposiciones relativas a las marcas colectivas de la Unión no pueden aplicarse mutatis mutandis a las marcas individuales de la Unión (TJUE, W. F. Gözze Frottierweberei GmbH y Wolfgang Gözze contra Verein Bremer Baumwollbörse, 8 de junio de 2017, C‑689/15).
Está comprendido en el concepto de «programa plurianual», en el sentido del artículo 3, apartado 1, párrafo segundo, segunda frase, del Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, un proyecto de la índole del examinado en el litigio principal, consistente en la creación de un sistema de gestión de residuos en una determinada región y cuya ejecución tenía una duración prevista de varios años y se financiaba con recursos de la Unión Europea.
El artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.º 2988/95 debe interpretarse en el sentido de que el plazo de prescripción de una irregularidad cometida en el marco de un «programa plurianual», como el proyecto examinado en el litigio principal, comienza a correr a partir del día de la realización de la irregularidad en cuestión, con arreglo al artículo 3, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento n.º 2988/95, con la precisión de que, si se trata de una irregularidad «continua o reiterada», el plazo de prescripción comienza a correr a partir del día en que se haya puesto fin a la irregularidad, conforme al artículo 3, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento n.º 2988/95.
Además, se considera que un «programa plurianual» queda «definitivamente cerrado», en el sentido del artículo 3, apartado 1, párrafo segundo, segunda frase, del Reglamento n.º 2988/95, en la fecha de fin fijada para ese programa por las normas que lo rigen. En particular, procede considerar que un programa plurianual regido por el Reglamento (CE) n.º 1164/94 del Consejo, de 16 de mayo de 1994, por el que se crea el Fondo de cohesión, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.º 1264/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el Reglamento (CE) n.º 1265/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, y por el Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, la República de Hungría, la República de Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la República Eslovaca, y a las adaptaciones de los Tratados en los que se fundamenta la Unión, queda «definitivamente cerrado», en el sentido de la citada disposición, en la fecha fijada en la decisión de la Comisión Europea por la que se apruebe ese proyecto como fecha límite para la terminación de los trabajos y para la ejecución de los pagos correspondientes a los gastos subvencionables de dicho proyecto, sin perjuicio de una eventual prórroga mediante una nueva decisión de la Comisión en ese sentido (TJUE, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra contra UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ y otros, 15 de junio de 2017, C‑436/15).
El Tribunal de Justicia no es competente para pronunciarse con carácter prejudicial sobre la parte de las cuestiones prejudiciales planteadas por el tribunal remitente que versa sobre la interpretación del Reglamento general del Consejo de Oficinas, adoptado mediante el Acuerdo celebrado el 30 de mayo de 2002 entre las oficinas nacionales de seguros de los Estados miembros del Espacio Económico Europeo y de otros Estados asociados, que figura en el anexo de la Decisión 2003/564/CE de la Comisión, de 28 de julio de 2003, sobre la aplicación de la Directiva 72/166/CEE del Consejo relativa a los controles sobre el seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles.
Como la Directiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativa al seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como al control de la obligación de asegurar esta responsabilidad, no es aplicable ratione temporis al litigio principal,
la Directiva 72/166/CEE del Consejo, de 24 de abril de 1972, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como del control de la obligación de asegurar esta responsabilidad, en su versión modificada por la Directiva 2005/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, la Directiva 84/5/CEE del Consejo, de 30 de diciembre de 1983, Segunda Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles, en su versión modificada por la Directiva 2005/14/CE, y la Directiva 2000/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de mayo de 2000, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles y por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE y 88/357/CEE del Consejo, no son aplicables ratione materiae a dicho litigio y, por lo tanto,
el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, al no existir una aplicación del Derecho de la Unión en el sentido del artículo 51, apartado 1, de ésta, tampoco es aplicable al mencionado litigio,
las antedichas Directivas y el artículo 47 de la Carta deben interpretarse en el sentido de que, en el caso de autos, no se oponen a las consecuencias derivadas de la jurisprudencia del tribunal remitente según la cual, a efectos de la acción de repetición, incumbe al Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų viuras (Oficina lituana de seguros de vehículos automóviles) la carga de la prueba relativa al conjunto de los elementos que permiten demostrar la responsabilidad civil de los demandados en el litigio principal en relación con el accidente ocurrido el 20 de julio de 2006 (TJUE, Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras contra Gintaras Dockevičius y Jurgita Dockevičienė, 15 de junio de 2017, C‑587/15).
Los principios de imagen fiel y de prudencia establecidos, respectivamente, en el artículo 2, apartado 3, y en el artículo 31, apartado 1, letra c), de la Cuarta Directiva 78/660/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1978, basada en [el artículo 50 TFUE, apartado 2, letra g)], y relativa a las cuentas anuales de determinadas formas de sociedad, en su versión modificada por la Directiva 2003/51/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2003, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a un método de contabilización según el cual una sociedad emisora de un derecho de opción sobre acciones puede contabilizar como ingreso el precio de la cesión de dicha opción durante el ejercicio contable en que dicha opción se ejercite o al vencimiento de su período de validez (TJUE, Immo Chiaradia SPRL y Docteur De Bruyne SPRL contra État belge, 15 de junio de 2017, C‑444/16 y C‑445/16).
Resumen del libro: La presente obra colectiva publica las actas del XXVII Congreso de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, celebrado los días 1 y 2 de junio de 2017 en Tarragona bajo el título “Balance y perspectivas de la política laboral y social europea”.
El Congreso se celebra en un momento en el que el proyecto europeo se encuentra en una intensa encrucijada, a resultas de diversos hechos que de manera acumulada han provocado un importante revulsivo sobre las instituciones comunitarias (los efectos negativos de la gestión de la crisis económica con el consiguiente incremento de las desigualdades sociales, la compleja gestión de la fuerte presión de flujos migratorios, la solicitud de desconexión político-institucional por parte del Reino Unido, los debates en torno a las negociaciones de los Tratados de libre comercio, etc. ).
Todas estas circunstancias han confluido y justifican con creces que la temática del presente Congreso anual y su libro giren en torno al diagnóstico y previsible evolución de las políticas laboral y social en el seno de la Unión Europea.
Ediciones Cinca, 2017, 347 p., 23 €
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