Source: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/60/2007/dic/20071218.html
Timestamp: 2020-07-03 10:23:05
Document Index: 140717620

Matched Legal Cases: ['artículo 22', 'artículo 41', 'artículo 41', 'artículo 2', 'artículo 41', 'artículo 41', 'artículo 41', 'artículo 123', 'artículo 123', 'artículo 45', 'artículo 31']

Gaceta Parlamentaria, año XI, número 2406, martes 18 de diciembre de 2007
De la Comisión de Seguridad Social, referente a la gira de trabajo por Bélgica, Suiza y España, realizada del lunes 8 al sábado 20 de octubre de 2007.
De la Comisión de Educación y Servicios Educativos, de su participación en el Taller de Educación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, realizado el jueves 18 y el viernes 19 de octubre de 2007 en París, Francia.
De la Comisión de Juventud y Deporte, correspondiente al segundo año de ejercicio de la LX Legislatura.
De la Comisión de Defensa Nacional, correspondiente a la sexta reunión plenaria, efectuada el jueves 8 de noviembre de 2007.
Del Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, correspondiente a la reunión plenaria celebrada el miércoles 5 de septiembre de 2007.
De las Comisiones de Agricultura y Ganadería, y de Desarrollo Rural, a la comparecencia del ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Almentación, ante las comisiones unidas y especiales, que tendrá lugar el miércoles 19 de diciembre, a las 12 horas.
DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL, REFERENTE A LA GIRA DE TRABAJO POR BÉLGICA, SUIZA Y ESPAÑA, REALIZADA DEL LUNES 8 AL SÁBADO 20 DE OCTUBRE DE 2007
El 13 de septiembre la junta directiva de la comisión solicitó, mediante oficio número CSS/LX-2/757/02 dirigido a la Junta de Coordinación Política, autorización para realizar un viaje a países de Europa, con el propósito de asistir al curso denominado "Políticas de pensiones: experiencias exitosas en su aplicación", y conocer las experiencias de estos países para fortalecer sus sistemas de pensiones.
El 25 de septiembre, mediante oficio número JCP/ARH/_DRA/AMF/0136/0907, se autoriza a una delegación de hasta 13 legisladores a realizar el viaje a Europa, para que asistan al curso de "Políticas de pensiones: experiencias exitosas en su aplicación" a celebrarse del 15 al 19 de octubre en el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset en Madrid, España. Así como una visita de trabajo a las ciudades de Bruselas, Bélgica, el 10 de octubre y Ginebra, Suiza el 12 de octubre de 2007.
Conocer la experiencia de reforma que estos países impulsaron para fortalecer sus sistemas de pensiones, así como sus instituciones de seguridad social, lo anterior dada la relevancia que dichos modelos han tenido a nivel internacional.
Conocer las estrategias políticas de reforma en la seguridad social de cada país, así como los esquemas de transición que se instrumentaron y sus resultados.
Conocer las estimaciones de los costos fiscales que estas reformas han tenido en otros países, así como el impacto en la cobertura y calidad de los servicios.
Abrir un canal directo de comunicación con los actores que han diseñado, conducido, analizado y evaluado los distintos caminos de reforma, que permita nutrir el debate y enriquecer las referencias que se tienen en México.
Dirección General de Empleo y Asuntos Sociales
Instancia responsable de los ámbitos de desarrollo social, empleo e igualdad de oportunidades
Preside la reunión el señor Jérôme Vignon, director de área; acompañado del señor Jean Paul Tricart, jefe de Unidad de Cooperación Internacional, así como diversos funcionarios del área de seguridad social
Inició la reunión con la presentación de cada uno de los participantes; posteriormente el señor Jérôme Vignon, hizo la presentación de la situación que guarda la protección e inclusión social en la Unión Europea, de donde resaltó que por primera vez los Estados miembros han presentado informes nacionales integrados sobre las estrategias de inclusión social, los sistemas de pensiones, la asistencia sanitaria y los cuidados de larga duración, en un marco de envejecimiento demográfico e intensificación de la globalización. Todos los Estados miembros deben hacer frente a los retos permanentes de la exclusión social, la pobreza y las desigualdades y a la necesidad de modernizar sus sistemas de protección social.
Las políticas europeas en materia de protección social e inclusión social se enfrentan a grandes retos. La competencia global, el impacto de las nuevas tecnologías y el envejecimiento de la población conforman el contexto político a largo plazo; el débil crecimiento, el elevado desempleo y las desigualdades persistentes deben abordarse a corto plazo.
• Los Estados miembros afrontaron el reto de reducir la pobreza infantil, comprometiéndose a terminar con el ciclo de la privación material. Garantizar el acceso a una educación y una formación de calidad para todos, con énfasis en la educación preescolar y en la lucha contra el deserción escolar. La situación de los inmigrantes y minorías étnicas debe ser objeto de una atención especial.
• La inclusión activa como medio de promover la inserción social y la integración en el mercado laboral de las personas más desfavorecidas. La instauración de condiciones más severas para el acceso a las prestaciones sociales es un elemento esencial de esta política, pero sin empeorar la exclusión social de las personas que no están en condiciones de trabajar.
• En sus primeros planes de atención sanitaria y cuidados de larga duración se priorizan, garantizar la igualdad de acceso para todos; reducir desigualdades desde el punto de vista de los resultados la salud; garantizar una asistencia segura y de calidad y gestionar la introducción de nuevas tecnologías al servicio de salud y la autonomía personal; promover el uso racional de los recursos, estrategia indispensable para la sostenibilidad y mantenimiento de una buena calidad de los sistemas sanitarios; la mejora de la coordinación, promoción de estilos de vida saludables y prevención podrían formar parte de estrategias beneficiosas para todos, contribuyendo a mejorar el estado de salud y a reducir el aumento de gastos.
• El cambio demográfico trae como resultado la necesidad de prestar cuidados de larga duración, por lo que los sistemas sanitarios deben reformarse y dotarse adecuadamente y asentarse sobre bases financieras sólidas. La coordinación más estrecha entre los servicios sanitarios y los servicios sociales, el apoyo a los prestadores de asistencia informal y la utilización de las nuevas tecnologías pueden ayudar a las personas a permanecer el máximo tiempo posible en sus domicilios.
• En la mayoría de los países se realizaron reformas estructurales generales en la última década, las cuales continuaron hasta 2006 en algunos estados miembros. Muchos países están adaptando sus sistemas de pensiones a la progresión de la esperanza de vida y están creando una relación transparente entre contribuciones y prestaciones. Las reformas tienen por objetivo lograr sistemas de pensiones adecuados y sostenibles. Debido al envejecimiento demográfico, la adecuación de las pensiones depende cada vez más del aumento del empleo y la prolongación de la vida activa o el aumento del ahorro en planes de pensiones complementarias. En los países que cuentan con la existencia de pensiones complementarias, sigue siendo esencial garantizar la existencia de regímenes privados y extender su cobertura. Por tanto, es esencial que los trabajadores mayores, en particular, tengan esta posibilidad. Los efectos de las reformas sobre la adecuación deben examinarse atentamente.
• A pesar de las reformas actuales, el envejecimiento demográfico implicará un aumento de los gastos en pensiones, asistencia sanitaria y cuidados de larga duración de cuatro puntos porcentuales del PIB hasta 2050. La sostenibilidad de las finanzas públicas aún corre riesgos. Encontrar una solución a este problema es un reto político clave que requiere una triple estrategia basada en la reducción de la deuda pública, el aumento del empleo y la reforma de los sistemas de protección social, así como un crecimiento de la productividad. También se examina el riesgo de inadecuación de las pensiones y sus consecuencias en forma de una presión imprevista a favor de incrementos especiales de las pensiones o de una mayor demanda de otras prestaciones. Por lo que es necesario que la sostenibilidad y la modernización se analicen conjuntamente.
• Los Estados miembros están teniendo más atención en los vínculos tanto dentro del proceso simplificado de inclusión social y de protección social como entre dicho proceso y las políticas económicas y de empleo a nivel nacional, en particular mediante reformas de las pensiones que reducen el acceso a los regímenes de jubilación anticipada y que desarrollan posibilidades de prolongación de la vida activa y medidas de incentivo en ese sentido, de manera que los resultados puedan empezar a mostrar aumento de la tasa de empleo de los trabajadores mayores.
Los sistemas de protección social en su conjunto requieren un planteamiento a largo plazo y holístico que se centre en la viabilidad como reto, no sólo para las pensiones y la sanidad, en los indicadores para controlar la eficacia de los sistemas, las políticas y los mecanismos de financiación, en la distribución del gasto entre las distintas ramas y en el equilibrio que debe alcanzarse entre las prestaciones públicas y la autonomía de los ciudadanos.
Posteriormente, el diputado Miguel Angel Navarro Quintero, presidente de la Comisión de Seguridad Social presentó la situación actual de la seguridad social en México. Hizo énfasis en sus orígenes, el estado actual, características demográficas y epidemiológicas; características de la reforma al IMSS y la reforma a la Ley del ISSSTE. Antes de concluir se tuvieron varias intervenciones de los diputados mexicanos.
Presiden la reunión la señora Erika Mann MEP, presidenta de la delegación para México (socialista, Alemania); el señor Jan Anderson, presidente del Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (socialista, Dinamarca).
El Parlamento Europeo es la única institución comunitaria elegida por sufragio universal directo y la asamblea parlamentaria multinacional más grande del mundo. Su primera elección directa se celebró en 1979. Es el depositario de la soberanía popular dentro de la Unión. Cuenta con 785 eurodiputados elegidos para 5 años. Las actividades del Parlamento están bajo la dirección de la Mesa, compuesta por el Presidente (señor Hans-Gert Pöttering), 14 vicepresidentes y 6 cuestores. Los eurodiputados se distribuyen actualmente en 9 grupos políticos trasnacionales de acuerdo a sus principios e ideología.
Los períodos legislativos de cinco años se dividen en lapsos de dos años y medio para el reparto y distribución del poder político en el Parlamento. Al inicio de cada periodo presidencial en el Parlamento Europeo, también se redistribuyen las presidencias de las comisiones parlamentarias.
El Parlamento cuenta con 39 delegaciones interparlamentarias que mantienen relaciones con un gran número de parlamentos de otros Estados y con organizaciones internacionales. La legislatura actual marca un parteaguas en las relaciones con América Latina por la designación de cinco delegaciones para la región, una de la cuales es la delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea- México.
La delegación para México está compuesta por 14 eurodiputados propietarios y 12 suplentes pertenecientes a diferentes grupos políticos. En septiembre de 2004 fueron nombrados los miembros de esta delegación por un periodo de dos años y medio. La Presidencia está a cargo de la señora Erika Mann, Grupo Socialista, República Federal de Alemania.
A partir de enero de 2007, la Secretaría Técnica de la Junta de Coordinación Política del Senado de la Republica de la LX Legislatura, designó como presidente de la delegación que representa a ese órgano legislativo, al senador José Guadarrama Márquez del PRD por el estado de Hidalgo.
El diputado Jan Anderson, presidente de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, comenta que dicha comisión está conformada por 52 integrantes, a partir de 1990 dentro del marco del mercado común de la Unión Europea, se cuenta con una legislación marco y complementaria, dentro de ésta comisión se analiza, deroga y reforma lo concerniente a la legislación en seguridad e higiene, la cual garantiza una norma mínima en la materia; legislación laboral, en este caso siempre se tiene una estrecha relación con los interlocutores sociales y se aplica la legislación del país de destino; la ley cuenta con una legislación marco, legislación en educación, que tiene una estrecha relación con el empleo; legislación en seguridad social y pensiones, asegura la portabilidad de derechos en los países que conforman la Unión Europea.
El sistema de pensiones se basa en tres pilares:
Primero. Pensión estatal con sistema de reparto.
Segundo. Negociaciones entre los interlocutores sociales.
Tercero. Pensión individual.
Es importante mencionar que cada Estado es responsable de encontrar el mejor sistema de seguridad social con base en los objetivos comunes establecidos, y cada tres años se revisan dichos objetivos.
Servicio Público Federal de Seguridad Social
La reunión estuvo a cargo de Philippe Nys, director; Johan Janssens, administrador general y Manuel Paolillo.
Se presentó un panorama general de los indicadores poblacionales, económicos e institucionales de Bélgica.
Se hizo notar que cada región y comunidad tiene competencias exclusivas, distintas a las del estado federal, otorgadas por la Constitución.
La protección social en Bélgica contempla la seguridad social y asistencia social. La seguridad social es competencia exclusiva del Estado federal, y para la asistencia social el Estado es responsable del financiamiento y las comunidades se encargan de su operación y tutela. La protección social está organizada a nivel de Unión Europea y existen niveles de coordinación para facilitar la portabilidad de los derechos y beneficios de los trabajadores y familiares al interior de la Unión Europea.
La seguridad social es un sistema público, bajo el régimen contributivo y con fondos principalmente solidarios. Existen tres regímenes de seguridad social:
Régimen de trabajadores asalariados, independientes y funcionarios.
Las diferencias entre estos se basan principalmente en la organización administrativa, cobertura social, financiamiento y preferencia del régimen de los trabajadores asalariados.
El presupuesto anual equivale a 72.8 miles de millones de euros (1 mil 129.45 miles de millones de pesos) de los cuales el 96.5 por ciento se canalizan a seguridad social y 3.5 por ciento a asistencia social. Es importante referir que el presupuesto anual del Estado es del orden de 115 miles de millones de euros.
Los orígenes del sistema de seguridad social de los trabajadores asalariados, se remonta a la revolución industrial en Europa (1800 a 1900). Con el proceso de industrialización y capitalización, la seguridad social inició con la auto organización y seguro voluntario contra riesgos profesionales; continuó un proceso de paternalismo para los trabajadores con el aseguramiento de los familiares de los trabajadores con relación al seguro de enfermedades. En 1891, se instauró el subsidio del Estado y en 1903 se estableció el seguro obligatorio en accidentes de trabajo.
En 1945 se establece el pacto social, con la participación activa de los actores involucrados en el proceso: trabajadores, sindicatos y funcionarios; con un fin, paz social y solidaridad. En esta etapa se estableció la seguridad social obligatoria para los trabajadores asalariados; se creó la Oficina Nacional de Seguridad Social, como organismo central de percepción de cotizaciones y se estableció la gestión paritaria.
Entre 1945 y 1970, el sistema de seguridad social entró en un proceso de expansión para trabajadores eventuales e independientes, y en 1974 el sistema cayó en una crisis financiera, por lo que se establecieron medidas para clasificación de prestaciones, contención de costos, creación de cotizaciones especiales y alternativas financieras.
Las fuentes de financiamiento de la seguridad socia son: las cotizaciones sociales (obrero-patronales) 66 por ciento; cuota del Estado 10 por ciento; financiamiento alternativo 18 por ciento y otros 6 por ciento. La cotización social de los patrones equivale al 24.86 por ciento del salario integrado, la cuota del trabajador es del 13.07 por ciento del salario integrado, dando una contribución total de 37.93 por ciento (no incluye contribución especial). El financiamiento alternativo se obtiene vía impuestos especiales (TVA, alcohol y tabaco).
Las prestaciones que contempla este seguro incluyen: asistencia sanitaria, accidentes de tránsito, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, pensiones, desempleo, prestaciones familiares y vacaciones anuales.
En el rubro de pensiones es necesario puntualizar su esquema: basadas en sistema de reparto, edad de jubilación 65 años para hombres y mujeres, antigüedad laboral 45 años y posibilidad de retiro anticipado.
El seguro de desempleo se maneja bajo condiciones especiales, es necesario contar con entre 312 y 624 días de trabajo en un periodo de referencia predeterminado.
La seguridad social de los trabajadores independientes tiene una cobertura mas limitada, no contempla seguro de desempleo, accidentes de trabajo, pero asegura enfermedades incapacitantes y no otorga prestaciones para vacaciones anuales y tiene asignaciones sociales menores: En enfermedades se consideran importes globales con tiempos de espera mínimo de un mes.
También tienes cotizaciones mas bajas que los trabajadores asalariados y la tendencia hacia una alineación progresiva. Los seguros que incluye son: atención médica, incapacidad por enfermedad o invalidez, atención materna, pensiones y seguro por quiebra.
La seguridad social para los funcionarios tiene una cobertura más amplia y cotizaciones personales limitadas.
La modernización de la seguridad social se fijó como objetivo final permitir a los asegurados sociales beneficiarse de los derechos de manera automática, rápida, correcta y sin demasiados trámites.
Después de 2003 la lucha contra el fraude social y del trabajo es un objetivo prioritario del gobierno belga.
La modernización se soporta en tres pilares:
1. Información a los actores y políticas de acceso electrónico.
2. Carta de seguridad social.
3. Simplificación administrativa.
Dentro del proceso de modernización se llevó a cabo la contratación entre el Estado con 15 instituciones de seguridad social (IPSS), contando con 12 mil trabajadores afectados, presupuesto de 870 millones de euros, en un periodo de tres años y con dirección autónoma.
El sistema de seguridad social tiene las siguientes fortalezas y desafíos, concertación social, calidad en los informes, política de modernización, política de modernización administrativa y lucha contra el fraude.
Dentro de los desafíos se identifican: el fenómeno de envejecimiento, control de gastos vinculados con problemas de salud emergentes, financiamiento alterno que permita hacer frente a los desafíos presentes y a la competitividad de las empresas.
En el análisis de las pensiones del sector público belga el primer elemento a considerar en el impacto de la viabilidad del sistema legal de pensiones es el envejecimiento de la población. El sistema se organiza en tres pilares ha saber:
Primero. Pensiones legales, basado en fondo demográfico, sistema de reparto y gestión pública.
Segundo. Pensiones complementarias, basado en contrato del patrón, sistema de capitalización y gestión privada.
Tercero. Seguros individuales, basado en contrato personal, sistema de capitalización y gestión privada.
Las reformas recientes al sistema han sido en las funciones de dirección y en el marco del mismo;
• Nombramiento de vida de reemplazo por un mandato limitado en el tiempo.
• Ventajas complementarias legales a cargo de un fondo presupuestario.
• Cálculo de una pensión por mandato.
• El objetivo de alcanzar igual al cálculo del Estado.
• Participación personal suplementaria del agente de 1,5 por ciento pagadero en capital.
La reunión se llevó a cabo con personal del Departamento de Seguridad Social de la OIT, dirigida por el doctor Michel Cichon y los diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Social. El doctor Cichon inició con la presentación "Seguridad social para todos: hacia una nueva estrategia de desarrollo".
El primer punto trató sobre el desafío a las políticas, comentó que el 80 por ciento de la población vive en la inseguridad social, el 20 por ciento en pobreza extrema, más de 5 millones de niños mueren cada año antes de los cinco años por falta de acceso al cuidado de la salud y de la seguridad de sus ingresos. Por otro lado se aseguró que la seguridad social reduce la pobreza en al menos el 50 por ciento en casi todos los países de la OCDE; reduce la iniquidad en los ingresos en alrededor del 50 por ciento en la mayoría de los países europeos; la seguridad social es universalmente aceptada como un derecho humano; por lo tanto, las transferencias sociales son una herramienta crucial para combatir la pobreza y la exclusión social; incluso se encuentra subutilizada en las estrategias nacionales de desarrollo y contra la pobreza.
Segundo punto, desafiando los tres mitos famosos: desacreditando el mito de la disyuntiva económica que establece que hay una pérdida en el PIB potencial debido a la disyuntiva entre equidad y eficiencia. Esa disyuntiva es un mito, los países pueden crecer con equidad. También es cierto que algunas de las economías mas abiertas tienen un alto gasto social.
Desacreditando el mito de la disyuntiva a nivel nacional, la pobreza y la tasa de gasto social como correlación apenas negativa. La pobreza y el PIB, una correlación más débil y no necesariamente con más igualdad.
Desacreditando el mito no pagable, ¿pueden los países con bajo ingreso pagar la seguridad social básica? Dos estudios de costo de la OIT y un estudio distributivo es un paquete básico de seguridad social en países de bajo ingreso, costeando paquetes de beneficio mínimo en siete países de África; costeando paquetes de beneficio en Asia y valorando los efectos de la pobreza en dos países africanos de bajos recursos.
Supuestos de subsidio para los cálculos, pensiones básicas por edad e invalidez, subsidios a la infancia, cuidado especial de la salud y costo de administración. Un paquete de protección básica es pagable en países de desarrollo.
El tercer punto fue el análisis costo- beneficio de las transferencias en la reducción de la pobreza, los casos de Senegal y Tanzania. Comparando la tasa simulada de pobreza remanente; subsidio universal a niños en edad escolar y la pensión universal por edad avanzada e invalidez. Asimismo, se valoró el impacto potencial y los costos de transferencias de dinero en Senegal y Tanzania costo del paquete de subsidio como porcentaje del PIB, siendo casi el doble que el costo de la pensión.
El cuarto punto se refirió a otra experiencia relevante, una transferencia piloto de dinero financiado por la agencia alemana de cooperación técnica en Zambia ha mostrado que la asistencia asocial anual nacional se estima que cueste el 0.5 por ciento del PIB; los esquemas de pensión universal en Botswana, Brasil, Lesotho, Mauritania, Namibia, Nepal y Sudáfrica cuestan entre 0.2 y 2 por ciento del PIB. El bono a los ancianos en Sudáfrica mejoró el bienestar de los adultos mayores pero también el de otros miembros del hogar, a saber, de los niños de la casa. El programa mexicano de transferencias condicionadas de dinero a Progresa a mostrado efectos positivos en el aspecto nutricional, de salud, vacunación y matriculación escolar.
Otra investigación relevante, muestra el efecto positivo de las pensiones universales en la pobreza de la ancianidad en América Latina y el Caribe.
Tiene sentido una estrategia de desarrollo que persiga crecimiento e igualdad al mismo tiempo, usando políticas de mercado laboral y seguridad social para estabilizar e intensificar el crecimiento; invertir en capital humano, facilitar los ajustes de mercado laboral, activar grupos inactivos, asegurar ingresos mediante transferencias a los que puedan participar, base social, y encontrar el equilibrio correcto hacia el dialogo social.
El quinto punto de la reunión se refirió al nuevo paradigma en políticas de desarrollo de la campaña mundial, hacia el universalismo progresivo. Universal pero progresivo puede significar: construir niveles de protección progresivamente altos, basados en un paquete básico de cobertura para todos.
También se hizo referencia a la nueva estrategia pragmática de seguridad social. Principios sugeridos por la estrategia de campaña;
1. Cobertura básica para todos, universal, pero no necesariamente uniforme,
2. La responsabilidad en conjunto reside en el gobierno, pero el suministro puede compartirse con el sector privado y las comunidades, salvo los estados colapsados.
3. Basado en derecho "Toda persona tiene derecho a la seguridad social" artículo 22 de la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU,
4. Aceptación de la pluralidad en la organización y el financiamiento,
5. Financiamiento gubernamental y tripartito adecuado.
Hacia un desarrollo progresivo de la seguridad social iniciando con el acceso a un paquete básico de subsidios mínimos en que pudieran ser introducidos gradualmente;
• Subsidios básicos de salud, mediante subsistemas unidos básicamente en servicios de salud pública fondeada por impuestos, seguridad social y privada y sistemas de microsegridad.
• Subsidios familiares/infantes dirigidos a facilitar el acceso a servicios sociales básicos de educación, salud y vivienda.
• Implica asistencia probada/autodirigida para los desempleados y programas unidos a otros de capacitación y empleo
• Pensiones universales básicas de edad avanzada, invalidez y sobrevivientes.
Que se requiere para lograr este desarrollo:
• Un consejo internacional de nuevos paradigmas del desarrollo: crecimiento con equidad.
• Más experiencia con los procesos nacionales de implantación de paquetes de subsidios básicos.
• Fortalecer las capacidades nacionales en análisis de necesidades, diseño y manejo financiero y de planeación de la seguridad social.
• Establecer una convención internacional de subsidios básicos de seguridad social que concretice el derecho humano a la seguridad social y establezca una base social.
• Que se definan las reglas sociales en la economía global.
• Definir un derecho moral en que los grupos de presión nacionales e internacionales puedan hacer campaña, y solidaridad internacional.
15 al 19 de octubre de 2007
Curso políticas de pensiones: experiencias exitosas en su aplicación
Del 15 al 19 de octubre de 2007, en el Instituto Ortega y Gasset de Madrid, España se llevó a cabo el curso Políticas de pensiones: experiencias exitosas en su aplicación, que tuvo una duración de 40 horas. En dicho curso se contó, entre otros, con la presencia de la doctora María Antonia Martínez, directora académica, el doctor Francisco Parra, coordinador académico, y personal docente.
El objetivo fundamental del curso fue planear, desarrollar y consolidar un sistema de pensiones eficiente y que, al mismo tiempo, ofrezca un nivel de vida digno a los adultos mayores; que es actualmente uno de los retos más relevantes en el mundo. El caso mexicano no es la excepción, gobierno y sociedad no pueden permanecer ajenos al tema; es imperativo profundizar su estudio con el fin de encontrar las soluciones correspondientes. El Instituto de Investigación Ortega y Gasset ofrece el apoyo técnico y científico adecuado para coadyuvar a alcanzar dichas soluciones. Se trata de estudiar en detalle una serie de políticas, ideas y medidas utilizadas exitosamente en el ámbito de la Unión Europea, específicamente los casos español, británico y alemán, cuyos resultados se han convertido en referente tanto a nivel de la Unión como fuera de ésta.
Estado de la cuestión. Sistemas de pensiones y su gestión: análisis, evaluación y prospectivas de futuro
La inauguración fue celebrada el 15 de octubre con la participación del diputado Miguel Ángel Navarro Quintero, presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados; Jesús Sánchez Lambás, secretario general de la Fundación Ortega y Gasset; Valeriano Gómez, patrono director financiero de la Fundación Ortega y Gasset y ex secretario de Estado de Empleo; y María Antonia Ramírez, directora de Cesmue.
El primer tema desarrollado fue el de sistemas de pensiones y su gestión;
Análisis, evaluación y prospectivas de futuro, el cual fue expuesto por el doctor Adolfo Jiménez, secretario general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social.
En este apartado se analizó el "real decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social", el cual tiene por objeto que el Estado, por medio de la seguridad social, garantice a las personas comprendidas en el campo de aplicación de ésta, por realizar una actividad profesional o cumplir los requisitos exigidos en la modalidad no contributiva, así como a los familiares o asimilados que tuvieran a su cargo, la protección adecuada frente a las contingencias y en las situaciones que se contemplan en esta ley.
Cabe hacer mención que la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la seguridad social prestaciones no contributivas, en su disposición final primera autoriza al gobierno para elaborar, en el plazo de dos años a partir de su entrada en vigor, un texto refundido en el que se integren, debidamente regularizados, aclarados y armonizados, los textos legales específicos de seguridad social enumerados en su apartado primero, y las disposiciones en materia de seguridad social contenidas en normas con rango de ley de otras ramas del ordenamiento jurídico, y expresamente las listadas en su apartado segundo, en el que se hace referencia a las disposiciones con vigencia permanente contenidas en las leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado. Con posterioridad, la Ley 22/1992, de 30 de julio, de medidas urgentes sobre fomento del empleo y protección por desempleo, a través de su disposición final segunda, otorga una doble autorización al gobierno, por una parte para regularizar, sistematizar y armonizar las disposiciones que en materia de protección por desempleo se contienen en ella, con las de los textos legales que expresamente se mencionan; y por otra parte, para que el producto así obtenido se integre en el texto refundido previsto en la citada Ley 26/1990, de 20 de diciembre, prorrogando, a tal efecto, el plazo que ésta había otorgado para la aludida labor refundidora.
En la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de reforma del régimen jurídico de la función pública y de la protección por desempleo, se autoriza al gobierno en su disposición adicional decimocuarta, para que la aludida refundición se extienda también a las disposiciones que sobre la materia de seguridad social y protección por desempleo se contienen en la misma, procediéndose a ampliar nuevamente el plazo disponible para tal refundición.
Así pues, a propuesta del Ministro de Trabajo y Seguridad Social en su reunión del 17 de junio de 1994, se aprobó el texto refundido, el cual entró en vigor el 1 de septiembre de 1994.
Los derechos de la seguridad social son irrenunciables, asimismo el gobierno dictaminará las disposiciones necesarias para coordinar la acción de los organismos, servicios y entidades gestoras del sistema de seguridad social con la de los que cumplen funciones afines de previsión social, sanidad, educación y asistencia social.
Los regímenes que integran el sistema de la seguridad Social son: el régimen general y los regímenes especiales.
Dicha ley contempla como obligatoriedad la afiliación a la seguridad social, sin perjuicio de las altas y bajas que se den en los distintos regímenes que lo integran, así como de las variaciones que puedan producirse con posterioridad a la afiliación, de igual forma la cotización en cualquiera de sus regímenes es obligatoria. La tesorería general de la seguridad social, como caja única del sistema de la seguridad social, es quien llevará a efecto la gestión recaudatoria de los recursos de ésta, tanto voluntaria como ejecutiva, bajo la dirección, vigilancia y tutela del Estado.
La gestión y administración de la seguridad social se efectuará bajo la dirección y tutela de los respectivos departamentos ministeriales, con sujeción a principios de simplificación, racionalización, economía de costes, solidaridad financiera y unidad de caja, eficacia social y descentralización, por las siguientes entidades gestoras:
El Instituto Nacional de la Seguridad Social, para la gestión y administración de las prestaciones económicas del sistema de la seguridad social,
El Instituto Nacional de la Salud, para la administración y gestión de servicios sanitarios y
El Instituto Nacional de Servicios Sociales, para la gestión de las pensiones de invalidez y de jubilación, en sus modalidades no contributivas, así como de los servicios complementarios de las prestaciones del sistema de la seguridad social.
Las cuotas, bienes, derechos, acciones y recursos de cualquier otro género de la seguridad social constituyen un patrimonio único afecto a sus fines, distinto del patrimonio del Estado, así pues los bienes y derechos que integran el patrimonio de la seguridad social son inembargables.
La entidad gestora competente está obligada, de acuerdo a esta ley, a pagar las prestaciones por desempleo en los supuestos de incumplimiento de las obligaciones de afiliación, alta, y cotización, sin perjuicio de las acciones que pueda adoptar contra la empresa infractora y la responsabilidad que corresponda a ésta por las prestaciones abonadas.
Dentro de sus disposiciones adicionales se da protección entre otros a:
• Los trabajadores emigrantes, ya que el gobierno adopta las medidas necesarias para que la acción protectora de la seguridad social se extienda a los españoles que se trasladen a un país extranjero por causas de trabajo, y a los familiares que tengan a su cargo o bajo su dependencia.
• Los trabajadores minusválidos al quedar incluidos en el régimen correspondiente de la seguridad social.
• Los deportistas de alto nivel, al ser incluidos en la seguridad social
• Los socios trabajadores y los socios de trabajo de las cooperativas.
• Los asegurados que presten servicios en la Administración de la Comunidad Europea.
• Los aprendices.
• Los trabajadores contratados a tiempo parcial.
Otro de los puntos que se vieron fue el "Pacto de Toledo", este pacto es la conclusión de un debate parlamentario que en 1995 se cerró con un acuerdo de los cinco partidos del arco parlamentario, en el que se analiza el futuro de la seguridad social y su financiación.
El acuerdo lo suscribieron el PP, PSOE, IU, PNV, y CIU y parte de unas consideraciones generales que concluyeron en 15 recomendaciones:
1. Separación y clarificación de las fuentes de financiación. La financiación de las prestaciones de naturaleza contributiva dependerá básicamente de las cotizaciones sociales y la financiación de las prestaciones no contributivas y universales, sanidad y servicios sociales entre otras, exclusivamente de la imposición general.
2. Constitución de reservas. El sistema contributivo debe presentar presupuestos equilibrados. El sistema de pensiones precisa de la constitución de reservas que atenúen los efectos de los ciclos económicos. Por ello, en su caso, los excedentes que pudieran existir en los ejercicios presupuestarios de los momentos de bonanza deberían ser utilizados para constituir, con títulos públicos adquiridos en mercados oficiales, a fondos de equilibrio que permitan actuar en los momentos bajos del ciclo, sin acudir a incrementos de las cotizaciones.
3. Mejoras de las bases. Las bases de cotización deberán coincidir en todos los grupos plenamente con los salarios reales, con aplicación gradual de un único tope máximo de cotización para todas las categorías laborales, que fija el techo de aseguramiento del sistema público de protección.
4. Financiación de los regímenes especiales. Modificar en lo posible la situación actual bajo el criterio de que a igualdad de acción protectora, debe ser también semejante la aportación contributiva.
5. Mejora de los mecanismos de recaudación y lucha contra la economía irregular. Se recomienda proseguir los esfuerzos de mejora de los mecanismos de recaudación de las cotizaciones que posibiliten la reducción de la morosidad. Asimismo se debe incentivar el trabajo regular y luchar de forma decidida contra la economía sumergida, permitiendo que aflore el empleo oculto existente en la sociedad.
6. Simplificación e integración de regímenes especiales. Se recomienda que se continúe reduciendo de manera gradual el número de los regímenes y lograr la plena homogeneización del sistema público de pensiones, de manera que a medio o largo plazo todos los trabajadores y empleados queden encuadrados o bien en el régimen de trabajadores por cuenta ajena, o bien en el de trabajadores por cuenta propia, contemplando, no obstante, las peculiaridades específicas y objetivas de los colectivos encuadrados en los sectores marítimo-pesquero y de la minería del carbón, así como de los trabajadores eventuales del campo.
7. Integración de la gestión. Reafirmar la eficacia gestora del sistema a través de una mayor integración orgánica de las funciones de afiliación, recaudación y de gestión de prestaciones, que facilite nuevos avances en ese ámbito.
8. Evolución de las cotizaciones. La aplicación de esas recomendaciones requiere que quede condicionada al mantenimiento del equilibrio financiero del sistema contributivo y que no suponga dificultades adicionales al equilibrio de las cuentas públicas.
9. Sobre la equidad y el carácter contributivo del sistema. Se propone el reforzamiento de estos principios, de manera que las prestaciones guarden una mayor proporcionalidad con el esfuerzo de cotización realizado y se eviten situaciones de falta de equidad en el reconocimiento de las mismas. Es preciso, por tanto, que las técnicas de cálculo de las pensiones contributivas permitan en el futuro, y de forma progresiva, que quienes realizan similar esfuerzo de cotización alcancen prestaciones equivalentes.
10. Edad de jubilación. La edad de jubilación debe ser flexible y dotada de los caracteres de gradualidad y progresividad. De igual modo, el acceso a la pensión de jubilación no debe impedir una presencia social activa del pensionista. En tal sentido, y sin perjuicio de mantener la edad ordinaria de jubilación en los 65 años, resultaría muy aconsejable, en términos financieros y sociales, facilitar la prolongación voluntaria de la vida activa de quienes libremente lo deseen. A tal efecto, cabe regular la exoneración total o parcial, en función de la jornada, de la obligación de cotizar en aquellos supuestos en que el trabajador opte por permanecer en activo con suspensión proporcional del percibo de la pensión. De igual modo, se mantendrán los sistemas de jubilación anticipada ligados a los contratos de relevo y de sustitución ya previstos en la legislación vigente.
11. Mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. Es criterio de la ponencia que debe garantizarse el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones mediante la revalorización automática de las mismas, en función de la evolución del índice de precios al consumo y a través de fórmulas estables de contenido similar a la aplicada en el presente año.
12. Reforzamiento del principio de solidaridad. Reforzar el principio de solidaridad y de garantía de suficiencia, en la medida en que la situación financiera lo permita, adoptando medidas como pueden ser la elevación de la edad máxima de permanencia en el percibo de las pensiones de orfandad, o la mejora de las pensiones de viudedad en el caso de menores ingresos. La ponencia propone que se proceda a la regulación de la responsabilidad en orden a las prestaciones, adecuada a la realidad actual y a las características del modelo presente de seguridad social.
13. Mejora de la gestión. La ponencia manifiesta la necesidad de adoptar medidas destinadas a mejorar la gestión de las prestaciones por incapacidad temporal y por invalidez, al objeto de frenar las causas de fraude dentro del sistema público en el acceso y permanencia de las prestaciones. Entre dichas medidas tendrán prioridad el establecimiento de un calendario y de los medios humanos necesarios para el control de dicha incapacidad desde el mismo sistema y profundizar en la participación y corresponsabilidad social en la gestión, control y vigilancia de estas prestaciones.
14. Sistema complementario. El sistema público de seguridad social puede complementarse, voluntariamente, por sistemas de ahorro y protección social, tanto individuales como colectivos, externos a la seguridad social, que tengan por objetivo exclusivo mejorar el nivel de prestaciones que les otorga la seguridad social pública. Por ello se recomienda abordar la ordenación de la previsión social complementaria, potenciándola como elemento de consolidación del modelo de protección social configurado en el artículo 41 de la Constitución. Asimismo, se propone la actualización y mejora de los actuales incentivos fiscales dirigidos a la promoción de dicho sistema complementario con especial atención a los sistemas colectivos. En su regulación debe tenerse en cuenta que estos mecanismos constituyen una importante fuente de ahorro a largo plazo, tanto individual como colectiva.
15. Análisis y seguimiento de la evolución del sistema. Las actuales previsiones pueden alterarse significativamente en las próximas décadas. Por ello resulta de gran interés que se utilicen instrumentos, tanto en el gobierno como en el Parlamento, para realizar un seguimiento y evaluación periódica de la evolución de las magnitudes que intervienen en el equilibrio financiero del sistema, para operar con las intervenciones que fueran requeridas en cualquier eventualidad. Esta información se trasladará a los agentes sociales. Se propone que el Congreso de los Diputados cada cinco años cree una ponencia que estudie el presente y futuro del sistema de seguridad social como garantía de continuidad del mismo. Se prestará una atención específica a las consecuencias que la reciente reforma de la normativa laboral pueda tener sobre la financiación de la seguridad social y el sistema de prestaciones de la misma.
Una de las propuestas de la CCOO para racionalizar el sistema de seguridad social son mantener el sistema actual de reparto, que las cotizaciones sociales financien las prestaciones y el resto se sustente de los impuestos, e introducir alguna relación entre las pensiones de viudedad e invalidez y otros ingresos. Asimismo en dichas recomendaciones sobresalen los siguientes puntos:
Nivel contributivo de carácter general
Mantener en 15 años el período necesario para acceder a las pensiones contributivas y supresión de la carencia cualificada que exige que de estos 15 años dos estén en los ocho últimos años de vida laboral para acceder a la jubilación.
La base reguladora será la media de las bases de cotización de los últimos ocho años, con actualización de los 72 meses más lejanos.
Sólo existirán dos figuras: la incapacidad temporal (IT) y la incapacidad permanente (IP), desapareciendo la actual figura de la invalidez provisional.
Mantenimiento de la carencia y base reguladora actual.
Las pensiones no contributivas no podrán ser inferiores a un tercio del SMI.
Encuentro con autoridades del gobierno de España relacionadas con el tratamiento del sistema de pensiones
En la reunión se contó con la presencia del jefe del gabinete del secretario de Estado de Seguridad Social, José Antonio Panizo y Aurelio Fernández y con el director general del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Fidel Ferreras.
De la presentación se destaca:
La seguridad social española tuvo su origen eminentemente laborista para integrar socialmente a los trabajadores de la industria naciente, fue evolucionando hacia un modelo de carácter profesionalista en un intento de abarcar a todos los agentes productivos, y finalmente, tras la racionalización y mejora del modelo profesionista, se incorporó el sistema de la universalización de beneficios mediante la generalización a toda la población residente.
La evolución de la seguridad social española viene marcada por tres etapas:
Etapa precursora, que comprende desde 1900 hasta 1962, en la que se establecen diversos mecanismos de cobertura de riesgos de trabajo y situaciones de necesidad, con limitación de los riesgos de protección social y desigualdad de soluciones.
Etapa de cristalización y consolidación. Periodo comprendido entre 1963 y 1972, en que ya se articula jurídica y sistemáticamente la seguridad social como protección conjunta de situaciones de necesidad, y se sientan determinados principios que hasta hoy perduran.
Una última etapa, que abarca desde 1972 hasta la actualidad, marcada por importantes medidas de reordenamiento y racionalidad de la acción protectora. Por la reforma de la estructura organizativa y, sobre todo, por la consagración constitucional de la seguridad social y la extensión de su ámbito subjetivo a todos los ciudadanos.
La cuestión sobre el modelo de seguridad social que se implanta con la Constitución ha sido un tema enormemente discutido, aunque la opinión más compartida es que se trataría de un modelo mixto, contributivo y asistencial. Tal opinión se desprende del análisis del artículo 41 que establece: "Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres".
El mandato constitucional, recogido como uno de los principios rectores de la política social y económica, se ha cumplido mediante la promulgación de la Ley de Prestaciones no Contributivas, y así ha quedado finalmente configurado el sistema de protección de la seguridad social a través de dos modalidades o niveles: una modalidad contributiva y una modalidad no contributiva.
La Ley General de la Seguridad Social enuncia en su artículo 2 los principios y fines de la seguridad social. De este modo, en la actualidad, la acción protectora del sistema de seguridad social español se articula partiendo de un módulo de protección integral y universalizada que comprende la asistencia sanitario-farmacéutica, la protección familiar, los servicios sociales y, en determinados casos, el subsidio por desempleo.
A esta protección acceden todos los ciudadanos, en idénticas condiciones, con independencia de que hayan contribuido o no al Sistema de la Seguridad Social, y se completa, por una parte, con el sistema de prestaciones económicas en el que, de forma armónica y diferenciada, se integra la modalidad contributiva en la que se ofrecen rentas de sustitución de los salarios percibidos en activo (proporcionalidad entre salario-cotización y prestación) y, por otra, con la modalidad no contributiva, dirigida a proporcionar rentas de compensación de las necesidades básicas a favor de aquellos ciudadanos que, encontrándose en situación de necesidad, no acceden a la esfera contributiva.
A estos dos niveles de carácter público y obligatorio hay que añadir un tercer nivel complementario, de carácter libre, constituido principalmente por las Entidades de Previsión Social y los Fondos de Pensiones
El modelo de seguridad social (niveles de protección)
• Rentas de compensación de necesidades básicas
• Asistencia no contributiva
–Según límite de acumulación de recursos
• Rentas de sustitución de salarios en activo
–Según cotización
• Cobertura voluntaria
• Contratación libre
–Prestaciones asistenciales y económicas
Protección integral común
• Pensiones no contributivas de jubilación de invalidez
• Prestaciones familiares económicas
• Subsidio de maternidad
Prestaciones (exclusivas de este nivel)
• Pensión de jubilación y de incapacidad permanente
• Subsidios (incapacidad temporal, maternidad, paternidad)
• Prestaciones por muerte y supervivencia
La doctrina ha destacado que dentro de lo poco preciso que resultaba el concepto de seguridad social, su objeto y contenido, sus niveles y técnicas de financiación, por fin se venía a reconocer un nivel de seguridad social universalista, de tipo asistencial, financiado por el Estado por vía fiscal de acuerdo con el ideario de Beveridge y las declaraciones internacionales de derechos humanos. Efectivamente, este nivel ha quedado perfilado en el artículo 41 de la Constitución, a juzgar por las expresiones utilizadas: ciudadano, estado de necesidad, régimen público, asistencia.
A partir del nivel asistencial, y dentro del régimen público y obligatorio, habría un segundo escalón, profesional, contributivo, como agregado histórico, de extensión limitada a la población activa. El sector de ciudadanos que trabaja por cuenta propia o ajena gozaría así de un nivel de protección diversa, especializada, frente a otro tipo de riesgos diversos de los que cubre el régimen universal.
La consolidación de la seguridad social española: un acuerdo para el equilibrio
Durante la década de los años noventa y antes de la firma del Pacto de Toledo una serie de estudios evaluaban ya críticamente la sostenibilidad de la seguridad social española a la luz de la evolución del gasto en pensiones, de los ingresos por cotizaciones sociales y del envejecimiento de la población. En realidad todas las proyecciones realizadas fallaron.
En realidad, el sistema español de protección social tiene elementos robustos de sostenibilidad. El primero, la separación de las fuentes de financiación. La configuración de la asistencia sanitaria y de los servicios sociales como un derecho de ciudadanía que debía ser financiado por imposición general ha permitido al sistema alcanzar el equilibrio y mejorar las prestaciones sin requerir incrementos de la imposición sobre el empleo.
El segundo, la creación de empleo continuado que se produce en el país en los últimos años, y que tiene todavía un recorrido en el incremento de las tasas de actividad femenina y en el mantenimiento de las mujeres en el mercado de trabajo de forma masiva después de asumir responsabilidades familiares. A su vez la incorporación de centenares de miles de inmigrantes a nuestro tejido productivo y a la cotización a la Seguridad Social, a través de un proceso de normalización que ha puesto el acento por primera vez en la asociación de permiso de residencia y trabajo con la cotización a la seguridad social y ha permitido disminuir muy notablemente la economía sumergida, que con su competencia desleal genera efectos perversos que afectan muy negativamente a la sostenibilidad de un sistema de protección social basado en la cotización asociada al trabajo.
El tercer elemento de sostenibilidad es el mantenimiento de tipos de cotización efectivos sobre los salarios reales razonablemente suficientes, que han demostrado no ser ningún lastre para la creación de empleo y riqueza, puesto que han sido compatibles con procesos muy intensivos de incremento del número de cotizantes.
El cuarto elemento de optimismo es la existencia en el sistema español de edades de jubilación superiores a la media europea, que permiten al sistema asumir la mejora de prestaciones a partir de una consideración del periodo de vida como jubilados también razonable, con relación a la parte de la vida en que desarrollamos actividad ocupada.
El quinto elemento, de carácter complementario, es la configuración en el sistema de seguridad social de unas reservas, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social y las reservas de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, que deben posibilitar alcanzar el equilibrio, cuando las tensiones entre ingresos y gastos se hagan mayores, a través de procesos paulatinos en el tiempo y socialmente aceptables. La constitución de instituciones de previsión social complementaria, que permiten a los españoles complementar las prestaciones del sistema público con rentas vitalicias derivadas de ahorro e inversión, juega también un papel positivo en la adaptación desarrollada por el sistema de seguridad social a las necesidades del futuro.
Y, para finalizar, no es de menor importancia y solvencia que los trabajadores españoles conceden a su sistema de protección social. La resultante más positiva del Pacto de Toledo no ha residido tanto en su derivada normativa como en la referencia cultural contributiva, que se ha incorporado a las decisiones individuales de los cotizantes españoles: la disminución de la economía sumergida, la mejora de las bases de cotización y la configuración del derecho a cotizar como una de las reivindicaciones permanentes de todos los colectivos excluidos de sistema.
Frente a estos elementos positivos, es innegable que se debe hacer frente al incremento de las prestaciones, al envejecimiento de la población, a la tendencia de la sociedad a adelantar la edad de jubilación, al incremento muy notable de la esperanza de vida de los españoles mayores y al hecho de que el sistema compensa con procedimientos de cálculo de las prestaciones relativamente generosos la existencia de carreras de cotización reducidas, intermitentes, por bases alejadas de los salarios reales, produciendo como resultante una relación entre aportaciones y prestaciones deficitarias.
Reunión con el doctor Fidel Ferras, director general
En la sede del instituto el director Ferras inició su exposición planteando que el modelo de la seguridad social es contributivo desde 1966 y ha ido ampliando su cobertura a toda la población y lo ubica desde una visión laboralista.
En este periodo se sientan las bases de la nueva seguridad social bajo las siguientes directrices:
Tendencia a la unidad, participación de los interesados, gobierno de los órganos gestores, supresión del ánimo de lucro, conjunta consideración de las situaciones o contingencias protegidas, transformación del régimen financiero, acentuación de la participación del Estado en el sostenimiento del sistema y preocupación preferente sobre los servicios de recuperación y rehabilitación.1
Al explicar como se llevó a cabo el proceso de la reforma en España consideró que cuando se realizan muchos cambios en las leyes, éstos no garantizan los resultados que pactaron, ni dan confianza a los actores sociales que intervienen, por lo que fue necesario realizar reformas que involucraran a las instituciones que le dieran garantía a los sindicatos, empresarios y al mismo Estado.
Para 1982 se acuerda cambiar la formula de cálculo, se toman en consideración los cambios demográficos de la población, para esta etapa se adaptan las cotizaciones a las retribuciones reales de los trabajadores, unificando y simplificando la cotización y sustituyendo el sistema de bases tarifarías según las categorías profesionales, que estaban distanciadas de la realidad. Con esta medida se pretendió alcanzar la suficiencia de las prestaciones económicas, en especial de las pensiones y las prestaciones por desempleo también se previo la revalorización de los aportes de las pensiones a fin de que no perdieran su poder adquisitivo. Para lograr estos objetivos de consolidación sobre un modelo de seguridad social universalista se requirió:
• Perfeccionar y acción protectora: se pretendía satisfacer con mayor eficacia las exigencias de la justicia distributiva, a través de criterios más realistas en régimen de cotizaciones, que habrían de permitir un perfeccionamiento de la acción protectora, muy particularmente en las pensiones y en las prestaciones económicas por incapacidad laboral transitoria y desempleo.
• Clarificación y sistematización normativa: mediante decreto se refunden las leyes de 1966, 1972 y 1974 quedando como base para la actual ley.
• Simplificación de la gestión: a partir del cambio político de 1975 el sistema de seguridad social se empieza a revisar, especialmente su estructura organizativa y de gestión experimentando una importante reforma sobre la gestión institucional de la seguridad social, la salud y el empleo.
• Consagración constitucional: se aprueba la Constitución de 1978, especialmente el artículo 41, cuyo contenido diseña el actual modelo de seguridad social, el cual establece el principio rector de la política social y económica el mantenimiento de los poderes públicos de un régimen publico de seguridad social.
• Racionalización y reordenación: mediante un proceso gradual se pretende corregir las desviaciones y el desequilibrio que cuestionaban el mantenimiento del sistema y servir de base sólida para la acumulación del proceso en un sistema protector mas justo, eficaz y completo, para el cumplimiento la ley establece la actualización de las pensiones cada año según la evolución del índice de precios al consumo.
• Reforma financiera: el modelo de financiación de la seguridad social se relaciona con la naturaleza de las prestaciones; las de carácter contributivo se financiarán básicamente con cotizaciones, y las no contributivas lo serán a través de aportaciones del Estado. Para cada modalidad de protección predominará, respectivamente, el sentido profesionalista o universal. La reforma financiera permite, a su vez, la extensión de la asistencia de sanitaria a personas sin recursos económicos, no incluidas previamente al sistema, extensión que se produce sin agravar los ingresos procedentes de cotizaciones sociales.
• Ampliación del ámbito subjetivo: la reforma extiende el, derecho a las pensiones de jubilación e invalidez y a las prestaciones económicas por hijo a cargo, a todos los ciudadanos, aun cuando no hayan cotizado nunca o el tiempo suficiente para alcanzar prestaciones del nivel contributivo, por la realización de actividades profesionales. Se trata en definitiva, de la universalización de tales prestaciones.
• Nueva refundición normativa: el texto vigente, incorpora, de manera coordinada y actualizada el contenido de 37 leyes, y cumple un importante objetivo: adecuar la norma básica de seguridad social a los criterios contenidos en la Constitución. Así recoge una serie de derechos como la igualdad de sexos, la universalización de la protección social, la revalorización de pensiones, entre otras. Significa la voluntad política de reforzar, desde el ámbito normativo, la estabilidad del sistema.
• Mejora de gestión: se han adoptado múltiples medidas; una administración recaudatoria propia de la Seguridad social, simplificación y agilización de los trámites para el reconocimiento de las prestaciones, la potenciación de la atención e información al público, una mayor transparencia económica, financiera y contable.
• Consolidación y racionalización del sistema de seguridad social. Se aprueba esta ley introduciendo reformas muy importantes: la separación financiera de la seguridad social, se constituyen reservas con cargo a los excedentes de cotización sociales que puedan resultar de la liquidación de presupuestos, se establece la máxima gradualidad y la máxima vigilancia sobre la competitividad y el empleo, la introducción de mayores elementos de contribución y proporcionalidad en el acceso y determinación de la cuantía de las pensiones de jubilación, se procede a una mejora sustancial del tiempo de duración de las pensiones de orfandad, mejora en las cuantías de las pensiones mínimas en su cuantía inferior de viudedad, la revalorización automática de todas las pensiones a partir del primero de enero del ejercicio siguiente.
• Conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras; se establecen los permisos relacionados con la maternidad y la paternidad, se modifica la regulación de los permisos por adopción, se modifica la Ley de Riesgos de Trabajo cuando la madre por motivos de salud requiere de un cambio en el puesto de trabajo.
• Mejora de la protección familiar. Se incorporan dos nuevas prestaciones de pago único dirigidas a los casos de nacimiento de un tercer hijo o hija o de partos múltiples.
• Jubilación parcial y jubilación gradual y flexible; se incluyen un conjunto de medidas en relación con la flexibilidad de la edad de jubilación, a fin de dotar a la misma de los caracteres de gradualidad y progresividad.
• Medidas específicas de la acción protectora y de carácter instrumental; se delimitan los fines del sistema de seguridad social, de modo que se perfila legalmente el régimen publico de la seguridad social dispuesto en el artículo 41 de la Constitución, y se enuncian los principios de universalidad, unidad, solidaridad e igualdad en que dicho sistema se fundamenta.
• Medidas laborales y de seguridad social para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; la ley contempla una serie de medidas laborales y de seguridad social en orden al reconocimiento del derecho a la conciliación de la vida personal y laboral y el fomento de una mayor responsabilidad entre mujeres y hombres en la asunción de las obligaciones familiares.
El director del instituto una vez explicado el contenido central de la seguridad social, planteó reflexiones que han surgido de su experiencia como responsable y de su posición en torno a el sistema que rige su país, un primer punto plantea que, la seguridad social no es una cuestión económica sino del Estado, y por lo tanto sólo se puede llegar a ello sobre la construcción de los consensos de los actores políticos, es decir a través del pacto social.
Sobre los cambios demográficos y de enfermedades plantea que los sistemas públicos tienen sus limitaciones ya que sobre la vejez no puede influir a diferencia de la natalidad, la cual controlar con políticas públicas, considera que ante el envejecimiento de la población se requiere de una propuesta de Estado, considera que alcanzar la edad legal no es igual a tener la edad real, por lo que alcanzar el tiempo de trabajo en función del incremento de la esperanza de vida no garantiza calidad de vida. Sobre la política económica plantea que cuando se logre un sistema redistributivo de la renta la seguridad social está garantizada.
Otro de los aspectos que considera de suma importancia es la revisión del Pacto de Toledo cada cinco años, ya que el sistema de reparto que rige su sistema de seguridad social tiene muchas posibilidades de adaptarse a los cambios sociales sin que pierda su objetivo social y político de ahí las bases para su consenso entre los partidos en el Congreso.
Reunión con Diputados Españoles
En la reunión se establece un diálogo entre los diputados españoles, integrantes de la comisión encargada del análisis de la seguridad social en el país y la delegación mexicana, privilegiándose en la misma el contenido y revisión del Pacto de Toledo, la solidez de su reforma y el consenso político entre los actores sociales.
Se hace referencia del tránsito de diversos sistemas de seguridad social al sistema nacional, dado a partir de las modificaciones de 1967. Se menciona el presupuesto de seguridad social que representa el 33 por ciento del presupuesto del estado (107 mil millones de euros). Asimismo, se señala la relación cotizantes por pensionista siendo esta de 2.6 cotizantes por cada pensionista y la forma de calcular la pensión a través de una media de los últimos 15 años en función de la cotización y el sueldo.
Los diputados mexicanos comentan sobre el esquema de seguridad del país y se hacen una serie de preguntas sobre ambos sistemas.
Posteriormente, se hace una visita guiada al parlamento español.
Sede de la UGT
La reunión se llevó a cabo con Jesús Pérez, de la Secretaría de Previsión Social, y con Josefa, secretaria de Relaciones Internacionales. El representante sindical de la UGT reivindicó el sistema de la seguridad social por su carácter público, contributivo, universal, de reparto y que mantiene la solidaridad generacional.
El sistema contributivo garantiza la pensión permanente y las incapacidades, la jubilación por vejez, los permisos por maternidad son de 16 semanas y los permisos paternos son de 15 días y todos son pagados.
El sistema cubre la diferencia cuando no se alcanza la pensión, este sistema es de carácter mixto: la aportación individual es optativa y la contributiva es obligatoria. Sobre el Pacto de Toledo la UGT no ha estado de acuerdo en todo y lo ha manifestado no votando el acuerdo, reconoce que en 1996 se dan las reformas sobre la base del diálogo social, en relación con las revisiones, la UGT no firmó en 2001, ya en 2006 todos los actores políticos lo firmaron, incluyendo a la UGT.
Planteó que la sanidad (sistema de salud) se administra de manera autónoma, pero sigue siendo parte de la seguridad social. Consideran la salud como parte del estado de bienestar y dentro de la universalidad de la seguridad social ya que lo otorga la Constitución.
Consideran que la propuesta de reformas a la seguridad social se dio bajo una visión catastrofista, los análisis estaban hechos por técnicos financieros, actualmente los trabajadores aportan entre el 6 y 7 por ciento de su salario, mientras los aportes empresariales son de un 27 por ciento. Consideran que la protección familiar es deficitaria. La UGT participa en las instancias de control y supervisión.
Los consejeros de la UGT a nivel de su representatividad evalúan, opinan y proponen en las instancias donde participan. Sobre el control de la gestión en el sistema de Seguridad Social inciden con propuestas y se apoyan en la movilización.
Los retos que se platean al futuro son:
1. Mantener la sustentabilidad del sistema sin modificarlo.
2. Mantener la calidad de vida ante el incremento de años de vida.
3. Luchar por un régimen de pleno empleo.
4. Calidad del empelo.
La UGT tiene:
• La Secretaría de Igualdad.
• Proyectos de cooperación sindical con Ecuador y Colombia.
• Campaña contra la xenofobia y el racismo, ya que existen 4 millones de migrantes y tienen un área de estudio y atención a migrantes.
Miguel Ángel García director gabinete económico de Comisiones Obreras
Blanca Villate
Sede Comisiones Obreras, CCOO
El director planteó que cuando el gobierno les presentó la propuesta de reformar la seguridad social lo hizo sobre la base de la capitalización individual, ante ello, del rechazo inicial pasaron a elaborar un diagnóstico propio y generaron y sustentaron su propuesta, concluyeron que no era estar en contra por estarlo, sino que tenían el sustento para rechazarlo y sobre todo que una propuesta alternativa.
El eje central de la reforma fue y sigue siendo el consenso, la reforma a la seguridad social se llevó tres años, hasta que se logró el consenso. Parte de la discusión se basó en mantener el Estado de bienestar que permitiera transitar y hacer viable la reforma.
Una de las reformas centrales fue modificar el sistema tributario a la razón del que tiene más paga más y así garantizar el sistema contributivo y universal.
Se discutió que tipos de impuestos permite pagar la seguridad social y no solo el gasto público.
El Pacto de Toledo se ratifica en 2003 lo que ha permitido garantizar las prestaciones contributivas como las pensiones, incapacidades, maternidad, entre otras. Actualmente se pagan 8 millones de pensiones, la relación de pensiones con relación al PIB es de 18 por ciento de inversión.
Las CCOO tienen la proyección hasta el 2050 del actual sistema, la confederación tiene como reto garantizar la cobertura y después la intensidad, todo en función del crecimiento, el gasto y la sustentabilidad financiera del sistema, además de construir la coordinación de las diferentes políticas de los Estados para garantizar las pensiones.
Las pensiones son la transferencia de la renta, por lo que es necesario plantearse:
¿Cuánto cuesta?, ¿a quién beneficia? y ¿quién lo paga?
Consideran necesario ampliar los servicios sociales, como el cuidado de personas mayores personas con discapacidad, cuidado de familiares, para lo cual elaboraron la iniciativa de Ley de Dependencia, la cual ya fue aprobada y requieren darle una aplicación gradual.
Otro eje fundamental es el empleo de calidad y con garantías como garante del sistema de seguridad social, plantean que el sistema de aportes individual no se puede democratizar a diferencia del sistema complementario en el cual participan en su evaluación y propuesta y donde la representación e los actores reflejan la representatividad.
IV. Productos documentales
• Carpeta Informativa de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Misión de México ante las Comunidades Europeas, Bruselas, Bélgica, 10 de octubre del 2007, 33 páginas.
• Federal Public Service, Social Security/Aspects du systéme de securité sociale belge, señor Manuel Paolillo, 21 páginas.
• Service des Pensions du Sectuer Public/Les Pensions du Sectuer Public Belge, Johan Janssens, administrateur general; Philippe Nys directeur.
• Consejo de la Unión Europea/Informe conjunto sobre protección social e inclusión social 2007, Bruselas, 23 de febrero de 2006, 5 páginas.
• Consejo de la Unión Europea/Informe conjunto sobre protección social e inclusión social, Bruselas, 13 de marzo de 2006, 7 pp.
• Carpeta informativa del Servicio Público Federal (SPF) de Seguridad Social en Bélgica, 6 páginas.
• European Comission/Adequate and sustainable pensions. Synthesis report 2006, august 2006, 261 páginas.
• European Comission/Joint Report on Social Protection and Social inclusion 2007, 418 páginas.
• Documento de Trabajo; el papel de los sindicatos en la educación obrera: la clave para el aumento de la capacidad de los sindicatos. /Coloquio Internacional de trabajadores Ginebra, 8 a 12 de octubre de 2007. Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra. 49 páginas.
• CEACR: Observación Individual sobre el Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (número 102) México (ratificación: 1961) Publicación: 2007.
• Carpeta con ponencias del curso denominado "Política de pensiones: experiencias exitosas en su aplicación". Instituto Universitario de Investigaciones Ortega y Gasset.
• Ministerio del Trabajo y asuntos sociales, Instituto Nacional de la Seguridad Social /El Sistema Español de seguridad social. Antecedentes y modelo actual. 2007, 142 páginas.
• Felipe Serrano Pérez, Miguel Ángel García Díaz, Carlos Bravo Fernández. El sistema español de pensiones. Un proyecto viable desde un enfoque económico. Ariel Sociedad Económica, marzo 2004, 240 páginas.
V. Intervención del diputado Miguel Ángel Navarro Quintero
Situación actual de la seguridad social en México
La seguridad social en México ha ido expandiendo su cobertura paulatinamente. En el siglo XIX surgieron algunas fórmulas aisladas de protección al trabajador en materia de riesgos laborales; en 1925 se estableció la Ley General de Pensiones Civiles, dirigida a los trabajadores al servicio del Estado; en 1943 se instaura el Instituto Mexicano del Seguro Social con un sistema previsional para los trabajadores del sector privado; en 1959 nace el ISSSTE, con un sistema de seguridad social para los trabajadores del sector público; y a partir de entonces, ha surgido otro conjunto de sistemas, servicios e instituciones que brindan protección a trabajadores en las entidades federativas, las universidades, las empresas descentralizadas del gobierno y algunos otros regímenes especiales.
Aunque existen en México ámbitos previsionales como el de la asistencia social y privada, el surgimiento y desarrollo de la seguridad social han estado estrechamente ligados a la naturaleza de las relaciones laborales que en diversos momentos ha prevalecido en el país. De hecho, la seguridad social en México es un derecho constitucional establecido en el artículo 123 de la Carta Magna, lo que supone que la población que carece de un empleo formal sólo encuentra cobertura a través de servicios asistenciales.
En México el sistema público de seguridad social incluye instituciones federales, estatales, empresas paraestatales y otros organismos sociales. Sin embargo, la seguridad social recae casi completamente en dos instituciones: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) creados en 1942 y 1960, respectivamente.
Los servicios que prestan están amparados en el artículo 123 de la Constitución Política y en la Ley Federal del Trabajo. La seguridad social está destinada, en principio, a los trabajadores y sus beneficiarios.
Existen en México, otras instituciones que proporcionan algunos beneficios de la seguridad social, como el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFAM), Petróleos Mexicanos (Pemex), Luz y Fuerza del Centro (LFC) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Los trabajadores de Pemex no cotizan al IMSS, pues tienen un plan de pensiones independiente, aunque jurídicamente deberían hacerlo, mientras que los trabajadores de la banca de desarrollo, CFE y LFC sí cotizan, pero cuentan con un plan complementario al de ese instituto.
Actualmente, la cobertura de las dos principales instituciones IMSS e ISSSTE sigue siendo limitada. Los trabajadores asegurados permanentes y eventuales alcanzaron al 48.81 por ciento de la población económicamente activa (PEA) en el 2007, mientras que el total de derechohabientes, representó el 58.18 por ciento de la población.
La dinámica de las pensiones basadas en el sistema de reparto está determinada por variables sociales, económicas, demográficas y epidemiológicas, entre otras. En los últimos años en México, se han registrado cambios demográficos de gran importancia: disminuyeron las tasas de fertilidad y de mortalidad infantil, y aumentó la esperanza de vida de los mexicanos, entre otros, de manera que México es un país que tenderá a envejecer de forma acelerada en los próximos años.
Si bien el porcentaje de la población de 65 años y más es todavía bajo para México, comparado con otros países, su ritmo de crecimiento nos alerta acerca de la problemática que puede crearse en caso de que este fenómeno no sea atendido. Actualmente residen en México 8.5 millones de personas de 60 años o más, y para el 2030 se espera que sean 20.7 millones, en tanto que para la mitad del siglo alcanzarán, según lo previsto, 33.8 millones. Esto se reflejará en el aumento de las proporciones de adultos mayores en las próximas décadas: en 2007 la proporción es de 8.0 por ciento; se incrementará a 17.1 por ciento en 2030 y a 27.7 por ciento en 2050.
Actualmente, en el IMSS los jubilados y pensionados representan menos del 6 por ciento de los derechohabientes, pero la atención médica que se les brinda corresponde al 20 por ciento de los servicios otorgados. Se estima que para el 2037 el número de pensionados representará el 50 por ciento de los asegurados, y que más de 77 por ciento serán pensionados mayores de 64 años de edad.
Adicionalmente, los cambios epidemiológicos en la población mexicana han sido muy importantes, predominando las enfermedades crónico-degenerativas relacionadas con el estilo de vida y la educación para la salud.
Con frecuencia este tipo de enfermedades son discapacitantes y representan un costo financiero muy elevado, al demandar una mayor utilización de los servicios de salud y una mayor complejidad tecnológica para su diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.
Por tanto, se promueven nuevas estrategias basadas en la prevención, la curación y la rehabilitación para reorientar la atención médica hacia la prevención, convirtiendo la corresponsabilidad del derechohabiente en un aspecto crucial en el cuidado de su salud.
El costo por derechohabiente tanto en salud como en seguridad social ha aumentado en los últimos años. El IMSS ha tenido un crecimiento promedio anual de 10 por ciento en el periodo 2000-2004 en el rubro de salud, mientras que en el ISSSTE el rubro que más ha aumentado es la seguridad social con un crecimiento promedio anual de 5.1 por ciento en el mismo periodo.
El déficit acumulado de los diversos sistemas e instituciones de pensiones representa a la fecha una deuda superior al 115 por ciento del producto interno bruto.
Características de la reforma al IMSS
En 1997 se concretó la reforma al sistema de pensiones del IMSS que incluyó únicamente a los trabajadores afiliados al IMSS, sin incluir a los trabajadores que cotizan en el ISSSTE y a los propios trabajadores del IMSS que cuentan con un contrato colectivo de trabajo conocido como Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP), entre otros. El sustento de la reforma del sistema de pensiones en México fue el diagnóstico de la situación del IMSS en 1995, que destacó el alto déficit en el seguro de enfermedad y maternidad, aunado a la reducción del superávit del seguro de retiro, lo que llevaría a la institución a una situación insostenible. Lo anterior aunado a la caída en los salarios reales, el crecimiento del sector informal y la inestabilidad económica.
La estimación de la deuda implícita del sistema de pensiones de reparto era de alrededor del 30 por ciento para el caso de México, siendo de 200 por ciento en el caso de Uruguay y de cerca de 90 por ciento en Colombia, países que también reformaron sus sistemas de pensiones.
Así, México pasó de un sistema de reparto a uno de capitalización individual, obligatorio para todos los trabajadores del sector privado, creándose las Administradoras de Fondos para el Retiro.
En todas las reformas es necesario el reconocimiento de las contribuciones realizadas antes de que los cambios entren en vigor. En México se implantó un régimen de transición que permite a los trabajadores que cotizaban antes del 30 de junio de 1997 elegir entre el nuevo o el anterior sistema, dependiendo de la opción que consideren más atractiva. Dada esta situación, el costo fiscal de la reforma no puede estimarse con precisión, ya que depende de la decisión que tomará cada trabajador que tenga esta opción al momento de su retiro.
Las reformas a la Ley del Seguro Social modificaron sustancialmente el funcionamiento de los seguros ofrecidos por el instituto. Los seguros de riesgos de trabajo, de invalidez y vida y el de enfermedad y maternidad, que incluye el seguro de gastos médicos de pensionados, así como el seguro de guarderías y prestaciones sociales, permanecen bajo la administración del instituto. El IMSS maneja también otros seguros que tienen carácter voluntario. La administración de los seguros de retiro y el de cesantía en edad avanzada y vejez fue transferida a las Afores, limitándose la labor del instituto a la intermediación en la cobranza de las cuotas correspondientes. Es importante señalar que las pensiones que quedan a cargo del instituto se rigen por un sistema de reparto, esto es, las aportaciones de los trabajadores en activo se usan para pagar las pensiones de los jubilados y pensionados.
Con el objeto de regular la actuación de las diferentes afores, el 1 de julio de 1997 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Esta Ley crea la Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro para el Retiro, encargada de vigilar su funcionamiento. A junio de 2007, la Consar informa que el total de trabajadores afiliados a alguna de las Afores es de 37 millones 809 miles 559 y que el total de recursos que manejan es de 747 mil 961.6 (millones de pesos).
En marzo de este año, se realizaron reformas en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro con el objeto de regular que a partir de enero de 2008, el cobro de comisiones que aplican las administradoras de los fondos de los trabajadores se realice únicamente sobre el saldo de sus cuentas y no sobre el saldo y el flujo, como se realiza todavía hasta la actualidad.
La reforma de la Ley del ISSSTE
Debido a la crítica situación financiera que presenta el instituto, el 31 de marzo del presente año se publicó en el DOF la reforma a la Ley del ISSSTE.
Los aspectos principales de la reforma pueden resumirse en los siguientes puntos:
• Se modifica el sistema de financiamiento colectivo (solidario) y de beneficio definido por otro de financiamiento individual y costo definido.
• Los recursos de los trabajadores que anteriormente se acumulaban en una bolsa general, ahora serán administrados de forma individual por un organismo público denominado Pensionissste (órgano desconcentrado del Instituto dotado de facultades ejecutivas).
• La ley establece que el Pensionissste estará sujeto a la regulación y supervisión de la Consar y que la inversión de los recursos administrados por Pensionissste se llevará a cabo a través del mercado de valores y de instrumentos alta calidad, teniendo como objetivo brindar la mayor seguridad y rentabilidad de los recursos de los trabajadores, así como la promoción del ahorro interno de largo plazo y el financiamiento de infraestructura: construcción de vivienda, generación de energía, producción de gas y petroquímicos y construcción de carreteras.
• Se establecen cuatro tipos de seguros de los 21 seguros, servicios y prestaciones que originalmente se tenían:
I) Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez;
II) Invalidez y vida;
III) Riesgos de Trabajo y
IV) Salud
• Se separan los seguros de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez del seguro de invalidez y vida. En el primer caso, se establece un sistema de cuentas individuales, con incrementos en las aportaciones del Estado y de los trabajadores. En el caso de las aportaciones de los trabajadores se llevan a cabo incrementos graduales.
• El monto de la pensión mínima garantizada se establece en dos salarios mínimos. Para los trabajadores de menores ingresos cuyo saldo acumulado en su cuenta individual no sea suficiente para obtener la pensión mínima garantizada, el gobierno federal aportará la diferencia.
• Las contribuciones de los trabajadores se incrementarán gradualmente de 3.5 por ciento de su salario de cotización a 6.125 por ciento en un periodo de 5 años y el resto estarán conformadas por una cuota de 5.175 por ciento a cargo de las dependencias y entidades más la Cuota Social de 1.5 por ciento del salario promedio de los trabajadores que cotizan al ISSSTE. Cabe señalar que actualmente las contribuciones para el sistema de pensiones equivalen a 7 por ciento del salario de cotización y se dividen por partes iguales entre el trabajador y el patrón, pero bajo la nueva ley se llegará a 12.7 por ciento.
• Se incluye un nuevo régimen de ahorro en el que el Estado contribuirá con 3.25 pesos por cada peso que aporte el trabajador, con un límite de 2 por ciento para el trabajador.
• Se incrementará gradualmente la edad mínima de retiro de 50 años para los hombres y de 48 para las mujeres a 60 y 58 años, respectivamente, para el 2028. Estos cambios no modifican los años de cotización (30/28) que actualmente se requieren para alcanzar la jubilación.
• Asimismo, se incrementará de manera gradual el requisito para el retiro por edad y tiempo de servicio de 55 a 65 años.
• Para los trabajadores que actualmente cotizan podrán migrar al sistema de cuentas individuales por lo cual recibirán un bono de reconocimiento de antigüedad en su cuenta individual. De otra manera, podrán optar por un régimen transitorio similar al sistema anterior, éste prevé modificaciones a la edad mínima para pensionarse que se implantarán de manera gradual.
Palacio Legislativo a 15 de noviembre de 2007.
Diputados: Abundio Peregrino García, Ana María Ramírez Cerda, Efraín Arizmendi Uribe (rúbrica), Enrique Rodríguez Uresti (rúbrica), Lorena Martínez Rodríguez, Margarita Arenas Guzmán (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Miguel Ángel Navarro Quintero (rúbrica), Neftalí Garzón Contreras (rúbrica), Patricio Flores Sandoval (rúbrica), Rafael Plácido Ramos Becerril (rúbrica), Ramón Valdés Chávez (rúbrica), Rosario Ignacia Ortiz Magallón, Samuel Aguilar Solís (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS, DE SU PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE EDUCACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS, REALIZADO EL JUEVES 18 Y EL VIERNES 19 DE OCTUBRE DE 2007 EN PARÍS, FRANCIA
Participantes por la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos
Diputados: Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, presidente; Sergio Sandoval Paredes, Ariel Castillo Nájera, secretarios; Gabriela González Martínez.
En el mes de septiembre del presente, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) convocó a la Secretaría de Educación Pública, a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos y a diversos especialistas en educación, a un taller organizado especialmente para México, con el objeto de informar ampliamente sobre la evaluación educativa denominada PISA (Programme for International Student Assessment), y así contribuir a la mejor comprensión de este programa y de su utilidad para la educación en México. Esta evaluación es dirigida a jóvenes de 15 años que estén culminando la educación obligatoria, se aplicó por tercera ocasión en México durante el ciclo escolar pasado (2006-2007) y el reporte de resultados se dará a conocer a escala mundial el próximo mes de diciembre.
Con fecha 9 de octubre de 2007, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura autorizó a la comisión, a través de su presidente, a que se conformara una delegación de hasta cuatro legisladores de la siguiente manera (1 GPPAN, 1 GPPRD, 1 GPPRI y 1 del Partido Nueva Alianza), previa designación de sus respectivos Grupos Parlamentarios, con la finalidad de asistir al taller de temas educativos organizado por la OCDE, en la ciudad de París, Francia, los días 18 y 19 de octubre de 2007.
La OCDE es un organismo internacional de carácter gubernamental, en el que sus miembros analizan e intercambian experiencias sobre diversos temas de interés común y definen lo que puede considerarse como "mejores prácticas" en una amplia gama de políticas públicas, entre ellas la educativa.
México es miembro de la OCDE desde el18 de mayo de 1994. A más de 10 años de formar parte de la organización, la educación en México ha experimentado diferentes procesos orientados principalmente a conseguir tres objetivos: cobertura, calidad y eficiencia en la gestión del sistema educativo1.
Taller de Educación OCDE
Para la realización de este taller, se convocó a una delegación conformada representativamente por legisladores, autoridades educativas, académicos y representantes de la sociedad y medios especializados.
El taller se llevó a cabo en dos sesiones. El día 18 de octubre se abordaron los siguientes temas: el panorama general de trabajo del Directorado de Educación; la revisión de la participación de México en las actividades del directorado, especialmente el Programa PISA; los nuevos proyectos del directorado; así como las recomendaciones de la OCDE ante futuras reformas en materia educativa en México, con base en los resultados del Programa PISA. Dicha sesión fue dirigida por la doctora Bárbara Ischinger, directora de Educación de la OCDE.
En la sesión del día 19, se abordó el tema de "La horizontalidad del tema educativo en el marco de los trabajos de la OCDE". En la sesión participaron especialistas como el maestro Ricardo Tejada, Dirección de Relaciones Exteriores y de la Comunicación de la OCDE; la doctora Benedicte Larré, economista en jefe de la OCDE; el señor Paulo Santiago, funcionario del Directorado en Educación; y la maestra Gabriela Ramos, jefa de gabinete adjunto al secretario general de la OCDE.
La participación en el Taller de Educación permitió un entendimiento más profundo de la metodología de trabajo de la OCDE, sobre todo en lo referente al diseño, aplicación e interpretación de resultados del examen PISA.
Con base en el análisis, discusión y el intercambio de puntos de vista con los especialistas de la OCDE sobre el examen PISA, se derivan las siguientes conclusiones generales y aspectos a considerar en el desarrollo de políticas educativas en México:
• Si bien es cierto que el nivel de conocimientos y habilidades de los jóvenes mexicanos de 15 años en matemáticas, lectura, ciencias y solución de problemas, es significativamente inferior al que tienen los alumnos de esa edad en países más desarrollados, también lo es que el nivel de ingresos y otros indicadores socioeconómicos de nuestro país, a su vez, son inferiores. Por tanto, los comparativos internacionales deben tomar en cuenta el factor socioeconómico y cultural para la interpretación de los resultados.
• No obstante lo anterior, pocos alumnos mexicanos alcanzan los niveles más altos de competencia que definen las escalas de la prueba PISA y una gran cantidad de ubica en el nivel más bajo o por debajo de él, lo cual significa que carecen de las competencias mínimas para una vida plena y productiva en la sociedad del conocimiento. Lo anterior implica que los planes y programas de estudio en nuestro país deben ser ajustados para que no se basen en conocimientos tradicionales, sólo a través de la memorización, sino en las competencias para la solución de problemas complejos de la vida diaria.
• La desigualdad regional en cuanto a calidad educativa en nuestro país es preocupante. Colima, el Distrito Federal y Aguascalientes obtienen de manera consistente resultados significativamente superiores a la media nacional, pero no alcanzan la media de la OCDE. Mientras que Oaxaca y Tabasco, por ejemplo, se sitúan por debajo con los resultados más bajos en el nivel de los últimos países participantes. Así, México es uno de los países con brechas más amplias en cuanto al rendimiento de los alumnos a nivel inter-regional e intra-regional.
• En matemáticas, los varones obtienen mejores resultados a nivel nacional y en general en los países de la OCDE, pero hay entidades federativas en nuestro país donde las brechas en el rendimiento son muy amplias. Esto hace necesario el reforzamiento de las políticas compensatorias y de avance de las mujeres en la educación, sobre todo en matemáticas y ciencia.
• En algunos países de la OCDE, entre los que se encuentra México, más del 40 por ciento de los alumnos opina que la escuela no lo prepara para la vida, lo cual hace necesario repensar las prácticas pedagógicas y los programas de estudio en nuestro país.
• En suma, se considera que los resultados del examen PISA debieran tener más peso en la política educativa de nuestro país. Dado que dicho examen está basado en competencias para la vida, es importante promover que las autoridades educativas federales y estatales establezcan metas concretas en cuanto a la obtención de puntajes en PISA para los próximos años. Con ello, tendríamos indicadores de éxito concretos que incentiven la modificación de las prácticas de enseñanza-aprendizaje y los programas educativos en México.
1. Tomado del libro "La educación en síntesis", Resúmenes de las principales publicaciones de la OCDE en el ámbito educativo. OCDE, 2004.
DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA LX LEGISLATURA
Con fundamento en el artículo 45, numeral 6, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se sometió a consideración de la comisión, la siguiente propuesta de programa de trabajo, para el segundo año de ejercicio de la LX Legislatura, que abarca el periodo de septiembre de 2007 a agosto de 2008, el cual constituye el eje rector, con el que la comisión –como órgano de deliberación y dictamen– habrá de encaminar las actividades y los esfuerzos de los legisladores que forman parte de ella, con el propósito de desempeñar sus atribuciones constitucionales y legales, cumpliendo con los términos y las circunstancias que la normatividad determina.
Los diputados integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte han establecido los siguientes objetivos generales:
a) Revisar la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud y la Ley General de la Cultura Física y Deporte, y en su caso, proponer una reforma integral de las mismas y demás leyes afines.
b) Propiciar desde el entorno familiar, económico, cultural, de formación, las condiciones necesarias para que desde la niñez se genere un ambiente que permita establecer bases sólidas para una juventud sana y positiva.
c) Evaluar y formular propuestas de solución ante problemas inherentes a la juventud y que ponen en riesgo el desarrollo pleno de sus capacidades.
d) Promover mecanismos que proporcionen herramientas a los jóvenes para construir su plan de vida, en un entorno adecuado que les permita mejorar su calidad de vida y enfrentar los nuevos retos de la sociedad moderna.
e) Fomentar el deporte y la cultura física en toda la población y con ello, incidir en la salud y seguridad de los individuos, las familias y comunidades.
Los diputados integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte han establecido los siguientes objetivos específicos:
a) Analizar y discutir diversas iniciativas en materia de juventud y deporte, presentadas por diputados de la LX Legislatura.
b) Aumentar el índice de participación comunitaria, en la práctica deportiva.
c) Promover la práctica del deporte para favorecer la creación y mantenimiento de los hábitos deportivos, incorporándolos definitivamente al estilo de vida de la población.
d) Contribuir con las entidades federativas para el logro de mayor eficacia, eficiencia, calidad y sustentabilidad, en el diseño e implantación de sus correspondientes programas y proyectos de deporte.
e) Promover la formación de recursos humanos para el deporte, con capacidad profesional y responsabilidad social, para la conducción e implantación de servicios y actividades destinadas a la población.
f) Construir y promover espacios de diálogo y difusión en un marco de pluralidad, tolerancia y equidad entre los distintos grupos de jóvenes del país.
g) Impulsar acciones que construyan espacios de bienestar que promuevan la responsabilidad social y personal de los jóvenes en temas relacionados con la salud integral, el desarrollo de entornos adecuados y el disfrute de la condición juvenil.
h) Incentivar y promover mecanismos en materia de educación, trabajo, salud y vivienda que permitan a los jóvenes formar parte del desarrollo de México.
i) Contribuir a que los jóvenes se integren en todos los ámbitos de la participación ciudadana, como lo son la cultura, educación, medio ambiente y derechos humanos.
Para el logro de los objetivos citados, se propone realizar las siguientes actividades:
1. Analizar y discutir los asuntos legislativos que sean turnados por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
2. Celebrar reuniones de trabajo con el Conadems (Consejo Nacional del Deporte de la Educación Media Superior).
3. Impulsar un incremento al presupuesto que se asigna al rubro de juventud y deporte, así como la creación de un fondo para la infraestructura municipal deportiva para el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008.
4. Opinar y dar seguimiento al presupuesto y las Reglas de Operación de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) y la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD), para la ejecución de los recursos que se aprueben en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2008.
5. Proponer reformas legales y acciones sociales para prevenir y erradicar la violencia asociada al deporte, así como todo tipo de discriminación en el deporte.
6. Celebrar un convenio social con medallistas olímpicos y paralímpicos para su participación en tareas de fomento del deporte como factor de salud.
7. Fortalecer el deporte municipal y comunitario.
8. Acordar con las empresas refresqueras, cerveceras, de comida rápida, botanas industrializadas y cualquier otra cuyo producto pueda incidir de manera negativa en la salud de la población, que impulsen el deporte municipal y la promoción de la salud mediante el ejercicio físico.
9. Vincular las federaciones nacionales con la promoción de la salud mediante el ejercicio físico y el acceso de las comunidades a la práctica deportiva.
10. Promover el programa nacional especial de actividad física para personas con enfermedades crónico-degenerativas.
11. Gestionar la entrega de los bienes que sean asegurados a la delincuencia organizada o por cuestiones fiscales a instituciones públicas o privadas encargadas del fomento del deporte.
12. Promover la vinculación de los deportistas de alto rendimiento y excelencia con la población.
13. Revisar de manera integral la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.
14. Impulsar acciones para evitar daños a la salud de los jóvenes por trastornos alimenticios y por el uso y abuso del alcohol y otras drogas.
15. Apoyar la práctica, preservación y difusión de los juegos y deportes autóctonos y tradicionales, así como de la charrería.
16. Apoyar la difusión y práctica del ajedrez.
17. Impulsar la creación de un fondo privado para apoyar a la educación física escolar.
18. Finalizar el proceso de análisis integral de la Ley General de Cultura Física y Deporte.
19. Promover la firma un convenio con las instituciones vinculadas con la cultura física, para promover el deporte comunitario.
20. Asistir a competencias, congresos y asambleas deportivas, entre los que destacan, los campeonatos nacionales, la olimpiada nacional y los Juegos Olímpicos Beijing 2008, en China, para vincularse de manera directa con los deportistas.
21. Dar promoción de la Comisión de Juventud y Deporte como actor social, promotor de cambios sociales benéficos y tangibles para la sociedad.
22. Impulsar modificaciones al apartado del Premio Nacional del Deporte de la Ley de Estímulos y Recompensas Civiles.
23. Otorgar reconocimientos a los medallistas paralímpicos, a los pioneros del deporte adaptado y a los medallistas olímpicos.
24. Visitar la Escuela Nacional de Entrenadores para impulsar su fortalecimiento a favor de la sociedad.
25. Visitar Guadalajara, sede de los Juegos Deportivos Panamericanos 2011, para dar seguimiento de los trabajos de organización y de los recursos federales ejercidos.
26. Dar promoción de programa nacional de recreación física para familias.
27. Revisar y en su caso, actualizar la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.
28. Dar continuidad a la organización del Parlamento Universitario, en coordinación con el Senado de la República.
29. Asesorar a la Universidad de Matehuala en la organización de un parlamento universitario.
30. Vincularse con instituciones como Espacio de Vinculación, AC, y aquellos organismos tanto públicos como privados, que organicen foros que reúnan a los sectores más importantes de la sociedad, gobierno, empresa, industria e instituciones de educación superior con el fin de impulsar y desarrollar iniciativas de los jóvenes.
31. Revisar y dar seguimiento a todas las políticas públicas dirigidas a los jóvenes.
Por último, los que integramos la Comisión de Juventud y Deporte de la honorable Cámara de Diputados refrendamos nuestro compromiso de continuar trabajando en beneficio de los jóvenes y el deporte de nuestro país, conscientes de la importancia que representan para el futuro de la nación.
Diputados: Elizabeth Morales García (rúbrica), presidenta; Alma Hilda Medina Macías (rúbrica), Daisy Selene Hernández Gaytán, Francisco Elizondo Garrido (rúbrica), Francisco Sánchez Ramos, Gerardo Lagunes Gallina (rúbrica), Gregorio Barradas Miravete (rúbrica), José Luis Aguilera Rico (rúbrica), José Inés Palafox Núñez (rúbrica), Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEXTA REUNIÓN PLENARIA, EFECTUADA EL JUEVES 8 DE NOVIEMBRE DE 2007
A las 9:30 horas del jueves 8 de noviembre de 2007, en el salón E del edificio G del Palacio Legislativo de San Lázaro se reunieron los integrantes de la Comisión de Defensa Nacional, de conformidad con la convocatoria publicada en la Gaceta Parlamentaria de fecha 6 de noviembre del presente año, para el desahogo del siguiente orden del día:
Se pasó lista de asistencia, y estaban presentes los diputados Jorge Justiniano González Betancourt (PAN), presidente; Jesús Arredondo Velázquez (PAN), Marco Orozco Ruiz Velazco (PAN), Alma Lilia Luna Munguía (PRD), Roberto Badillo Martínez (PRI), secretarios; Gerardo Aranda Orozco (PAN), Diódoro Carrasco Altamirano (PAN), José Guillermo Fuentes Ortiz (PAN), Nelly Asunción Hurtado Pérez (PAN), Violeta del Pilar Lagunes Viveros (PAN), Alejandro Landero Gutiérrez (PAN), Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo (PAN), Marco Antonio Peyrot Solís (PAN), César Flores Maldonado (PRD), Celso David Pulido Santiago (PRD), José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (PRD), Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (PRD), Andrés Carballo Bustamante (PRI), Lilia Guadalupe Merodio Reza (PRI), Pedro Montalvo Gómez (PRI), Carlos Rojas Gutiérrez (PRI) y Manuel Portilla Diéguez (PVEM).
2. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la quinta reunión plenaria, celebrada el 12 de septiembre de 2007
Se aprobó el acta, y se dispensó la lectura.
Se aprobó el orden del día propuesto para la reunión.
4. Lectura y, en su caso, aprobación del segundo informe semestral de actividades de la comisión relativo al primer año de ejercicio de la LX Legislatura
Los diputados Alma Lilia Luna Munguía y José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, solicitaron que se anexara de manera íntegra al informe semestral la versión estenográfica de la comparecencia del secretario de la Defensa Nacional ante la Comisión de Defensa Nacional de fecha 26 de abril de 2007.
A petición del diputado Roberto Badillo Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI, se acordó incorporar de manera íntegra al segundo informe semestral la versión estenográfica de la tercera reunión plenaria de la comisión, celebrada el 19 de abril de 2007, fecha en que se discutió el dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley para Conservar la Neutralidad del País.
El diputado Jorge Justiniano González Betancourt, presidente, anunció que se está en espera de una nueva opinión relativa a la Ley de Neutralidad del País por las Secretarías de Gobernación, de Marina, y de Relaciones Exteriores.
El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Partido de la Revolución Democrática, solicitó que se tuviera acceso a estos documentos una vez que se entreguen a la presidencia de la Comisión de Defensa Nacional.
Asimismo, manifestó que el dictamen de la Comisión de Defensa Nacional por el que se abroga la Ley de Neutralidad del País debe ser declarado inválido.
Acuerdo: Se aprueba el segundo informe semestral de la comisión; se le incorpora la versión estenográfica íntegra de la comparecencia del secretario de la Defensa Nacional ante la Comisión de Defensa Nacional de fecha 26 de abril de 2007, así como de la tercera reunión plenaria, celebrada el 19 de abril de 2007, fecha en que se discutió el dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley para Conservar la Neutralidad del País.
5. Lectura y, en su caso, aprobación del programa anual de trabajo correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional
Se dispensó la lectura del documento. En su discusión intervinieron los diputados José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del PRD, quien solicitó en el punto 7, relativo a la visita a prisiones militares, incluir de manera simultánea reuniones con los responsables del fuero de guerra.
El diputado Roberto Badillo Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI, solicitó que se presentara el dictamen relativo a la iniciativa del diputado Carlos Rojas Gutiérrez que reforma el artículo 31 de la Ley del ISSFAM.
El diputado Diódoro Carrasco Altamirano, del Grupo Parlamentario del PAN, solicitó que se incorporase al programa anual de trabajo una reunión con los responsables de operar el Plan DN-III-E, de la Secretaría de la Defensa Nacional, para conocer la coordinación del Ejército en casos de desastre y auxilio a la población civil.
Acuerdo: Se aprueba el programa anual de trabajo de la comisión correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional; se le adicionan las reuniones con los responsables del fuero de guerra y de la aplicación del Plan DN-III-E.
El diputado Roberto Badillo Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI, manifestó que el Plan DN-III-E nació en 1966, con motivo del desbordamiento del río Pánuco. Agregó que su estructura es vertical, y que las regiones, zonas y batallones militares disponen de elementos para la aplicación de dicho plan de auxilio a la población civil en caso de desastre.
Señaló que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se debe apoyar a las Fuerzas Armadas Mexicanas, ya que no se están modernizando sino sólo dándoles lo necesario para que puedan continuar realizando sus labores como lo han demostrado apoyando a la población de Tabasco y Chiapas.
El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del PRD, expresó en nombre de éste el reconocimiento a las Fuerzas Armadas por su capacidad de respuesta en Chiapas y Tabasco.
Solicitó que se informara sobre la situación de la ampliación presupuestal de la Secretaría de la Defensa Nacional presentada ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Agregó que tiene inquietud para que se informe sobre el desglose de recursos para la defensa nacional que contiene la Iniciativa Mérida.
Manifestó también que debería informarse sobre el alto grado de deserciones en el Ejército Mexicano, ya que de 2001 a 2006 lo han hecho miles de elementos, desde personal de tropa hasta oficiales y jefes.
El presidente, Jorge Justiniano González Betancourt, solicitó el apoyo de los grupos parlamentarios para lograr, con la mayor brevedad, intervenir ante los coordinadores de cada uno, con el apoyo al acuerdo de la Comisión de Defensa Nacional mediante el cual se solicitan recursos adicionales para la Secretaría de la Defensa Nacional.
Señaló que las acciones desplegadas por el Ejército en Tabasco y en Chiapas son el ejemplo más palpable de que se requiere modernizar los medios terrestres y aéreos de la Secretaría de la Defensa Nacional.
El diputado Manuel Portilla Diéguez, del PVEM, solicitó que se incluya en la agenda de la próxima reunión plenaria el dictamen a la minuta con proyecto de decreto que reforma la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, mediante el cual se prohíbe el empleo de balas de plomo en actividades cinegéticas; agregó que en la Comisión de Medio Ambiente ya existe dictamen al respecto.
El diputado César Flores Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRD, manifestó su preocupación con relación a la Iniciativa Mérida y agregó que se requiere una reunión con el secretario de la Defensa Nacional para que informe específicamente de la participación en México de agentes de la CIA, del FBI y la DEA.
Recomendó, como integrante de la Comisión de Presupuesto, que el presidente de la Comisión de Defensa Nacional reenviara el acuerdo en los mismos términos, con la solicitud de recursos adicionales a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
El presidente, Jorge Justiniano González Betancourt, señaló que, por tradición, las Fuerzas Armadas Mexicanas no están subordinadas a agentes extranjeros y que cuando se requiere capacitación se propicia un intercambio.
El diputado Marco Antonio Peyrot, del PAN, solicitó que se agregaran a la explicación del Plan DN III E, los DN I y II, y agregó que es necesario realizar visitas al Comando Norte de Estados Unidos para, en un afán constructivo, escuchar y conocer su propuestas sobre la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte.
El diputado Jorge Justiniano González Betancourt dio la bienvenida oficial al diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco, del Grupo Parlamentario del PAN, quien se reincorporó a sus funciones como diputado federal y como secretario de la mesa directiva de la Comisión de Defensa Nacional.
El diputado Heriberto Orozco Ruiz Velazco agradeció el recibimiento y señaló que se debe dar prioridad a la solicitud de recursos para la Secretaría de la Defensa Nacional, a fin de que se destinen a la modernización de sus equipos bajo un techo mínimo presupuestal.
El diputado Jesús Arredondo, del PAN, manifestó su respaldo a la propuesta del diputado César Flores, y señaló que la mesa directiva de la Comisión de Defensa Nacional se había reunido con su homóloga de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para solicitar los incrementos al Ramo 07, "Defensa Nacional", y en tal virtud se requieren los apoyos de los coordinadores parlamentarios.
Al no haber más intervenciones, el diputado Jorge Justiniano González Betancourt clausuró los trabajos de la reunión plenaria de la Comisión de Defensa Nacional a las 11:05 horas.
Diputados: Jorge Justiniano González Betancourt (rúbrica), presidente; Jesús Arredondo Velázquez (rúbrica), Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco (rúbrica), Alma Lilia Luna Murguía (rúbrica), Roberto Badillo Martínez, secretarios.
DEL COMITÉ DEL CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL ADELANTO DE LAS MUJERES Y LA EQUIDAD DE GÉNERO, CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN PLENARIA CELEBRADA EL MIÉRCOLES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2007
A las 16:30 horas del miércoles 5 de septiembre de 2007, en la sala 3 del edificio I de la Cámara de Diputados, se reunieron las diputadas y los diputados integrantes del Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, de conformidad con la convocatoria publicada en la Gaceta Parlamentaria.
Al dar inicio con la reunión, la presidenta, diputada María Soledad Limas Frescas, propuso al pleno del comité iniciar con el punto 9 del orden del día y posteriormente seguir con la reunión.
Esta propuesta se puso a consideración del pleno del comité, y por unanimidad se acordó empezar con la conferencia de la maestra María de los Ángeles Corte, directora del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, con el tema Inclusión de la perspectiva de género en la reforma del Estado.
Al término de la conferencia de la maestra Ángeles Corte, la presidenta, María Soledad Limas Frescas, dio inicio formal a la reunión, dejando las preguntas y comentarios a la maestra Ángeles Corte para el final de la reunión.
En ausencia de las diputadas secretarias, la presidenta, María Soledad Limas, puso a consideración del pleno que la diputada Martha Angélica Romo Jiménez fungiera como secretaria en la reunión, lo cual se aprobó por mayoría.
Se procedió al desahogo del siguiente orden del día:
Se pasó la lista de asistencia a fin de que los diputados integrantes firmaran y registraran su asistencia.
La diputada Martha Angélica Romo, a petición de la presidenta, declaró el quórum legal para llevar a cabo la reunión con 11 diputadas y diputados registrados.
La secretaria, Martha Angélica Romo, dio lectura y puso a consideración de los miembros presentes del comité el orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad.
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión del 25 de abril de 2007, aprobada por la mesa directiva
El diputado David Lara Compeán solicitó que se pusiera a consideración del pleno dispensar la lectura del acta, en virtud de que en el material entregado con anterioridad ya lo tenía cada diputada y cada diputado por escrito.
La secretaria, Martha Angélica Romo, sometió esta propuesta a votación, la cual fue aprobada por unanimidad
Luego entonces, la presidenta, María Soledad Limas Frescas, pidió a la secretaria someter a votación la aprobación del acta de la reunión del 25 de abril de 2007.
La secretaria, Martha Angélica Romo, sometió a votación del pleno el acta, la cual fue aprobada y firmada por los integrantes del comité.
5. Aprobación del plan de trabajo del Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género
Antes de la aprobación del plan de trabajo del comité, la presidenta, María Soledad Limas Frescas, recordó a los integrantes que éste ya había sido presentado en la reunión plenaria previa, y ya incluidas las aportaciones se había aprobado por la mesa directiva.
La diputada Rosario Ortiz Magallón pidió la palabra para solicitar que se incluyera en el plan de trabajo el término "familias" y el tema de "seguridad social", propuestas que dijo haber presentado y que no las veía reflejadas en el plan de trabajo.
La presidenta, María Soledad Limas Frescas, aclaró que no se había incluido el término "familias" en virtud de que hubo aportaciones de diputadas y diputados para conservar el término "familia".
Ante esta disyuntiva, la presidenta, María Soledad Limas Frescas, propuso que se votara esta propuesta. La secretaria, Martha Angélica Romo sometió a consideración del pleno el término por ocupar en el plan de trabajo. Quedaron cinco votos a favor del término "familias" y siete votos para el de "familia".
Asimismo, en virtud de que no se había recibido en tiempo la propuesta de integrar el tema de "seguridad social", la secretaria, Martha Angélica Romo, por instrucciones de la presidenta, María Soledad Limas Frescas, sometió a votación la integración de este tema en el plan de trabajo del comité, lo cual fue aprobado por unanimidad.
6. Entrega del calendario de fechas y horarios para las reuniones del pleno de comité, aprobadas en la mesa directiva
La presidenta, María Soledad Limas Frescas, hizo del conocimiento del pleno del comité las fechas y los horarios para las reuniones del comité. Cada diputado contaba con copia de la programación.
7. Presentación del micrositio del Comité del CEAMEG, aprobado por la mesa directiva
La presidenta, María Soledad Limas Frescas, procedió a la presentación del micrositio del Comité del CEAMEG, explicando que éste será un instrumento de comunicación de las funciones tanto del comité como del CEAMEG. Expuso los apartados del micrositio: inicio, editorial, integrantes, marco normativo, misión del comité, plan de trabajo, actividades, transparencia, foros y encuentros, galería multimedia, contacto y solicitud de información y el enlace al sitio del CEAMEG, dejando claro que este micrositio recogía las propuestas de las integrantes de la mesa directiva y fue aprobado anteriormente en sesión de mesa directiva.
La secretaria, Martha Angélica Romo Jiménez, sometió a votación del pleno la propuesta de creación del micrositio del Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, el cual fue aprobado por unanimidad. En el acto se recolectaron las firmas de los integrantes del comité.
8. Acuerdo del Comité del CEAMEG por el que rinde su informe semestral de actividades, aprobado por la mesa directiva
En desahogo de este punto, la presidenta, María Soledad Limas Frescas, se refirió al informe como una obligación del comité de informar semestralmente a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.
Comentó que este informe ya había sido revisado y aprobado por la mesa directiva y que se iba a someter a votación del pleno.
La Rosario Ortiz Magallón pidió la palabra para solicitar un margen de tiempo para que este informe fuera revisado por las y los integrantes del comité.
La presidenta, María Soledad Limas, hizo la observación de que el plazo límite para entregar este informe es el 15 de septiembre y en virtud de la petición de la diputada Rosario Ortiz Magallón en cuanto al tiempo para revisar el informe, pidió a la secretaria, Martha Angélica Romo Jiménez, someter a consideración del pleno esta propuesta, estableciendo como fecha límite el 15 de septiembre para que el comité reciba las observaciones de las diputadas y los diputados integrantes, acordando que si no llegaban observaciones se daba por aprobado el informe para ser entregado a la conferencia. La cual fue aprobada por unanimidad.
La diputada Martha Angélica Tagle pidió la palabra para solicitar que se considerara la incorporación al informe, de las observaciones recibidas en el tiempo acordado.
9. Conferencia Inclusión de la perspectiva de género en la reforma del Estado, por la maestra María de los Ángeles Corte Ríos, directora general del CEAMEG
Para desahogar el punto 9, la presidenta, María Soledad Limas Frescas, procedió a leer el currículo de la directora del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, maestra María de los Ángeles Corte Ríos, para luego continuar con el espacio de preguntas y respuestas de la conferencia dictada por ella.
La diputada Rosario Ortiz Magallón pidió la palabra para compartir una reflexión sobre el planteamiento que hizo la maestra Ángeles Corte Ríos sobre la necesidad urgente de que se incorpore la perspectiva de género en el debate que existe actualmente sobre la reforma del Estado.
Puso énfasis en la ausencia de las diputadas en el proceso de la reforma del Estado apuntando que no se ha logrado discutir el diseño de una estrategia para incorporarse en la reforma del Estado. Y que las legisladoras darían un resultado de poco avance a la sociedad, si no se logra en este periodo de sesiones incidir en los puntos de la reforma del Estado que están a debate.
Hizo mención del punto que tocó la maestra Ángeles Corte Ríos en su conferencia respecto a que las leyes que tenemos no son leyes neutras. Arguyendo que es un punto que se debe de poner atención, puesto que se han presentado un número importante de iniciativas en este periodo en las cuales se debe de cuidar que se planteen desde la perspectiva de género, sensibilizando a las y los compañeros en las diversas comisiones en las que las y los integrantes del comité participan, pues "este tipo de estrategias nos permiten abonar los avances legislativos que las mujeres nos estamos planteando desde este espacio".
Expresó que la tarea inmediata es la Ley para la Reforma del Estado, pues ello "nos puede permitir ir construyendo estas reflexiones... pero debemos tener el espacio e incidir a través de nuestros representantes de los grupos parlamentarios en qué queremos y cómo queremos y dónde queremos estar las mujeres en esta discusión de la reforma del Estado. De otra manera, vamos a quedar excluidas, un poco por la lógica que tiene la propia negociación política, pero creo que no debe de quedar por omisión de parte nuestra".
La presidenta, María Soledad Limas Frescas, dio la palabra a la diputada Martha Angélica Tagle, quien recalcó que aunque los integrantes del comité están consientes de la importancia de la perspectiva de género en la reforma del Estado, también hay claridad de que en la realidad no está siendo así.
La diputada Martha Angélica Tagle expresó que es importante tener una estrategia y poder generar alianzas entre las distintas fuerzas políticas a fin de que se avance en el tema.
Manifestó que le gustaría saber cuál fue el objetivo de la conferencia de la directora del CEAMEG, pues ella tenía la idea de que este punto se refería al programa de un acto donde participaría el comité.
Agradeció a la presidenta del comité haber entregado el currículo de la maestra Ángeles Corte, directora del CEAMEG, y solicitó que se informara del seguimiento de los acuerdos, "que básicamente es el acuerdo para solicitar el plan del CEAMEG; solicitar un informe general del estado que guarda el centro; solicitar que se remita copia de las actividades del programa de trabajo del centro de estudios ante la Mesa Directiva en primera instancia".
Manifestó interés particular por el plan de trabajo, pues "al comité corresponde ver la parte presupuestal y estamos ante un próximo debate del presupuesto de la propia Cámara y del Presupuesto general".
La presidenta, María Soledad Limas Frescas, respondió a la diputada Martha Angélica Tagle que para poder solicitar al centro su plan de trabajo se tiene que aprobar el del comité, y que se les dará a conocer en su momento.
Se dio la palabra a la diputada Laura Rojas, quien manifestó que coincide con el comentario de la diputada Rosario Ortiz y propuso que se fijara una fecha para una reunión de trabajo, incluso con la Comisión de Equidad y Género.
La diputada Maricela Contreras pidió la palabra para retomar el punto que plantea la diputada Laura Rojas, "porque el centro de estudios es un instrumento muy importante y tendría que ser el apoyo en primer término en este correlativo con la Comisión de Equidad y Género".
Consideró que las tareas del centro y de la comisión pueden compatibilizarse, pues "de pronto salen asuntos de violaciones de los derechos humanos de las mujeres en particular" y la información del centro puede "dar el respaldo argumentativo para poder presentar una serie de posicionamientos que nos ayuden a que tanto el comité como la Comisión de Equidad y Género puedan empujar".
Se mostró escéptica en el tema de la reforma política: si se avanza en la reforma electoral, "ya podemos darnos de santos", pues no hay compañeras en ese grupo de trabajo. Expresó que no figura una sola mención de la perspectiva de género en la reforma política.
Recordó que varias compañeras diputadas acababan de regresar de una reunión en Quito, donde se hicieron dos planteamientos que considera que se deben de retomar en el trabajo del centro: el primero es con relación a la paridad y el segundo con el reconocimiento del trabajo no remunerado de las mujeres. Los temas –consideró– podrían ser votados en contra, pero "otras personas, otros diputados serían los que, en su momento, pudieran estar en contra, y no las diputadas que trabajamos por la equidad de género".
La presidenta, María Soledad Limas Frescas, estuvo de acuerdo con los comentarios de las diputadas Maricela Contreras, Rosario Ortiz y Martha Tagle. Manifestó que quisiera revisar las agendas para, entonces sí, presentar un calendario de reuniones con el tema de la reforma del Estado de manera que no haya problemas de inasistencias.
En cuanto a la reforma política, hizo hincapié en que no se ha dejado este tema por parte del comité y que incluso estaba la propuesta para que se incorporara la directora del CEAMEG, como especialista, en la comisión redactora a fin de que se vigilara la inclusión de la perspectiva de género en la reforma del Estado.
Comentó la presidenta que esta decisión estaba en la Mesa Directiva y que, si se aprobaba, se pasaría al Pleno.
Pidió la palabra la diputada Laura Rojas para expresar que le gustaría que esta decisión se tomara en el pleno del comité.
La diputada Martha Tagle expresó que en su opinión ya había los mecanismos para formar la comisión redactora y que esos mecanismos ya se dieron, por lo que ya hay nombrados especialistas. Manifestó que entonces hay que buscar estrategias para influir en quienes están tomando las decisiones, crear sinergias para que haya propuestas muy concretas en cuanto a perspectiva de género.
La diputada Rosario Ortiz propuso que se hiciera un posicionamiento firmado por las diputadas para llevar la propuesta de paridad a la Cenca y hacer valer la autoridad de la representación de las presidentas de la Comisión de Equidad y Género, y del Comité del CEAMEG.
Pidió que se retomara la propuesta de la diputada Laura Rojas para tener reuniones de trabajo y tener la agenda para la reforma del Estado en el Comité del CEAMEG y en la Comisión de Equidad y Género.
La diputada Laura Rojas opinó que no debe desaprovecharse ningún espacio. Si se consiguiera un espacio en la subcomisión redactora, aunque sea como observadoras, no debe dejarse.
La presidenta, María Soledad Limas, expresó que si bien ya se determinó cuáles comisiones participarán en la reforma del Estado, la intención de proponer a la directora del centro como especialista en la subcomisión redactora es que se vigile que los temas de equidad y género queden plasmados, haciendo esta propuesta independientemente de que se aceptara o no, pero que no quedara por el comité.
Se integró a la reunión la diputada Yolanda Rodríguez, quien preguntó si se acordó alguna reunión entre la Comisión de Equidad y Género y la presidencia o mesa directiva del comité "para posicionar los temas que nos interesan en la reforma del Estado" e involucrar al centro "para que haga las investigaciones que tenga que hacer y que nos puedan servir, y aprovechar lo que tenemos para sacar este trabajo". Estos puntos los dejó a consideración.
La presidenta, María Soledad Limas, recalcó: "Vale la pena que platiquemos como presidentas de la Comisión de Equidad y Género, del Comité del CEAMEG y la directora del centro a efecto de hacer un calendario Y atender las inquietudes mencionadas por las diputadas".
La Presidenta, María Soledad Limas, procedió al desahogo de los asuntos generales. Entregó un directorio a cada integrante a efecto de facilitar la comunicación.
Recordó el acuerdo aprobado el 26 de abril, denominado "De las inasistencias", y refirió que se publicaran en la Gaceta Parlamentaria los nombres de quienes no asistan a las reuniones.
A las 18:15 horas, la presidenta, diputada Soledad Limas Frescas, declaró clausurada la reunión de mesa directiva del Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.
Diputados: María Soledad Limas Frescas (rúbrica), presidenta; Holly Matus Toledo (rúbrica), Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez (rúbrica), secretarias. Olga Patricia Chozas y Chozas, Maricela Contreras Julián (rúbrica), Aracely Escalante Jasso, Jaime Espejel Lazcano (rúbrica), Martha Hilda González Calderón, Daisy Selene Hernández Gaytán (rúbrica), David Lara Compeán (rúbrica), Agustín Leura González (rúbrica), María Mercedes Maciel Ortiz, Lizbeth Evelia Medina Rodríguez (rúbrica), Rosario Ignacia Ortiz Magallón, Laura Angélica Rojas Hernández, Martha Angélica Romo Jiménez (rúbrica), Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Patricia Villanueva Abraján, José Rosas Aispuro Torres (rúbrica).
DE LAS COMISIONES DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, Y DE DESARROLLO RURAL
A la comparecencia del ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Almentación, ante las comisiones unidas y especiales, que tendrá lugar el miércoles 19 de diciembre, a las 12 horas, en el salón de protocolo del edificio C.
Podrán participar todos los interesados que presenten estudios, investigaciones y desarrollos tecnológicos enmarcados bajo las siguientes modalidades:
a) Comparativos o de caso, siempre que tengan como principal referente las finanzas públicas de México.
c) Tecnológicos, cuando la aportación sea un desarrollo de software y modelos.
Los trabajos deben circunscribirse a los siguientes temas: política tributaria, política de gasto, evaluación del desempeño, transparencia, fiscalización y rendición de cuentas, deuda pública, patrimonio público, federalismo fiscal y los relacionados con las finanzas públicas.
• Ser inéditos y estar totalmente terminados.
• Estar acompañados con un resumen ejecutivo de máximo 10 cuartillas.
Los ensayos se presentarán en cinco tantos, bajo seudónimo, en versión electrónica (Word) e impresa. En forma anexa se acompañará un sobre sellado cuyo exterior identifique el seudónimo y nombre del trabajo, el cual contendrá el nombre del participante, dirección, teléfono y currículum vitae, dirigido al CEFP sito en edificio I, nivel 1, Palacio Legislativo, avenida Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque, delegación Venustiano Carranza, CP 15969, México, Distrito Federal.
Teléfono: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 5628 1300, extensiones 55220 y 55227. Correo electrónico: administrador@_ns.cefp.gob.mx