Source: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-15556
Timestamp: 2019-11-13 06:34:58
Document Index: 255406893

Matched Legal Cases: ['artículo 82', 'artículo 210', 'artículo 210', 'artículo 82', 'artículo 82', 'artículo 210', 'artículo 82', 'artículo 82', 'artículo 210']

BOE.es - Documento BOE-A-2019-15556
Documento BOE-A-2019-15556
«BOE» núm. 261, de 30 de octubre de 2019, páginas 120266 a 120289 (24 págs.)
BOE-A-2019-15556
«Calificado el precedente documento, conforme a los Artículos 18, 19 y 19 bis de la Ley Hipotecaria, que fue suscrito por don V. A. M., el día 28/02/2019, presentado en este Registro a las 10:26 horas del día 28/02/2019, asiento 1489 del Diario 31, examinados los antecedentes registrales, la Registradora que suscribe ha resuelto suspender el asiento solicitado por haberse observado lo siguiente:
Las Palmas de Gran Canaria, a dieciocho de marzo del año dos mil diecinueve.–La registradora (firma ilegible) Fdo. M.ª Cristina Bordallo Sarmiento.»
«En base a lo anterior, el Registrador que suscribe ha resuelto reiterar íntegramente la nota de calificación de la Registradora de la Propiedad número 6 de Las Palmas de Gran Canaria de fecha 18 de marzo de 2019 al calificar negativamente el título, suscribiendo íntegramente todos los hechos y fundamentos de Derecho en ella relacionados, a la cual me remito, toda vez que no concurre ninguno de los supuestos previstos en la legislación hipotecaria para la cancelación de la hipoteca de la inscripción 5.ª de la finca registral número 33.220 del Registro de la Propiedad número 6 de Las Palmas de Gran Canaria. Todo ello porque, a pesar de lo argumentado por el presentante en su escrito: ni han transcurrido veinte años desde la fecha en que la prestación que se garantiza con la hipoteca debió ser satisfecha en su totalidad según el Registro, que es el 5 de julio de 2046, debiendo en tal caso esperar además a que dentro del año siguiente no resulte del Registro que ha sido renovada la hipoteca. Interrumpida la prescripción o ejecutada debidamente la hipoteca (artículo 82 párrafo 2.º de la Ley Hipotecaria); ni es aplicable la regla octava del artículo 210.1 de la Ley Hipotecaria al constar en el Registro la fecha en que debe hacerse el pago íntegro ni han transcurrido cuarenta años desde el último asiento relativo a la titularidad de la propia garantía (artículo 210.1 regla octava de la Ley Hipotecarla); ni se aporta escritura o documento auténtico, en el cual preste su consentimiento para la cancelación la entidad a cuyo favor se hubiere hecho la inscripción, sin que la mera titulación del préstamo hipotecario implique consentimiento para la cancelación del derecho de hipoteca inscrito y sin que las fotocopias de escrituras tengan la consideración de documento auténtico (artículos 3 y 82 de la Ley Hipotecaria y Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario); ni se acredita que el derecho de hipoteca inscrito haya quedado extinguido por declaración de la Ley o resulte su extinción del mismo título en cuya virtud se practicó la inscripción, sin que la mera titulación del préstamo hipotecario implique la extinción de la hipoteca inscrita por declaración de la Ley y sin que resulte de la inscripción que el título en cuya virtud se practicó preveía la titulación del préstamo hipotecario como causa de extinción de la hipoteca la titulación del préstamo hipotecario (artículo 82 de la Ley Hipotecaria y Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario). Como indica el propio presentante en su escrito de 26 de marzo de 2.019, es directriz legal del Banco de España según fotocopia de escrito de contestación del Banco de España con referencia expediente C-201501247 y fecha 26 de marzo de 2.015 que se acompaña, que: “De conformidad con la Ley 19/1992, sobre régimen de sociedades y fondos de inversión inmobiliaria y sobre fondos de titulación hipotecaria, la titulación de un préstamo supone que la entidad que concedió el mismo deja de ser la acreedora del préstamo, aunque conserve por Ley la titularidad registral…”. Es decir, la titulación de un préstamo hipotecario simplemente implica que la entidad que lo concedió deja de ser acreedora del préstamo, pero conservando por Ley la titularidad registral de la hipoteca, la cual no puede ser cancelada por el mero hecho de la titulización.»
«(…) Expongo
A la vista de los hechos, la titulización de mis prestamos comporta la instrumentalización de figuras delictivas graves, de irrenunciable afrontamiento, tales como la estafa, el blanqueo de capitales, el enriquecimiento ilícito, la falsedad de documento público, prevaricación de funcionarios que actúan en connivencia manifiesta con los financieros, la violación de mis datos personales, incumplimiento de obligaciones tributarias, etc…con la participación activa y pasiva de funcionarios y fedatarios públicos como agentes necesarios para el buen término y opacidad de tales delitos, en unos actos constitutivos que incumplen la prevalencia del orden jerárquico jurídico.»
1. La única cuestión susceptible de ser objeto de este recurso radica en determinar si, en los supuestos de titulización de préstamos y créditos hipotecarios tiene lugar una extinción de la hipoteca por ministerio de la Ley, en virtud del pago efectuado por el fondo de inversión inmobiliario a la entidad acreedora, y, en consecuencia, es posible cancelar la hipoteca sin consentimiento de acreedor al amparo del artículo 82.2 de la Ley Hipotecaria o, alternativamente, por caducidad al amparo del artículo 210.1.8.ª de la misma ley. Las demás cuestiones planteadas de índole no jurídica deberán, si procede, plantarse a través del procedimiento adecuado para ellas.
Alude, igualmente, a la disposición adicional primera, apartado 10, de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que recoge la liberación de responsabilidad del consumidor por la cesión por la parte predisponente del contrato a un tercero, sin consentimiento del deudor, sin que ello puede engendrar mermas en las garantías de este; y al apartado 11 de la misma disposición que considera abusiva «la privación o restricción al consumidor de las facultades de compensación de créditos», lo que tendría lugar en caso de falta de la notificación, en tanto que la falta de conocimiento priva al deudor de esas posibilidades jurídicas anteriores a la cesión.
2. Sobre la titulización de créditos hipotecarios. A este respecto, como expresamente señala el informe del Banco de España que presenta el propio recurrente, la titulización es una forma de financiación utilizada habitualmente por las empresas de diversos sectores económicos, entre ellos el de las entidades de crédito respecto de los préstamos y créditos hipotecarios, teniendo la misma pleno reconocimiento legal en España desde la Ley 2/1981 de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario, reformada entre otras por las leyes 19/1992, 41/2007, 1/2013 y 5/2019, y desarrollada en la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial. En concreto, la titulización constituye un proceso financiero por medio del cual se transforman unos activos generalmente ilíquidos (créditos/préstamos) en títulos o valores negociables, mediante la puesta en el mercado secundario, o mediante su cesión a un fondo de titulización, quien a su vez emite unos bonos para su colocación entre inversores institucionales. De esta manera, las entidades cedentes venden todo o parte de sus riesgos financieros para obtener nueva financiación con la que seguir desarrollando su negocio sin necesidad de acudir a otras vías, como ampliaciones de capital.
3. Sobre la cesión de créditos. Se entiende que existe cesión de créditos cuando concurre el acuerdo de voluntades entre un antiguo y un nuevo acreedor, en virtud del cual, la titularidad del derecho de crédito se transmite del cedente al cesionario, subrogándose éste en la situación o posición jurídica del primitivo acreedor, adquiriendo la condición de nuevo acreedor de ese crédito. El régimen de la cesión de créditos es aplicable, en consecuencia, a la aportación de créditos a un fondo de titulización, concebido éste en los términos antes expuestos.
4. Sobre la caducidad de las inscripciones de hipotecas. A estos efectos, si estuviéramos ante un supuesto de caducidad convencional del derecho de hipoteca, resultaría aplicable la norma del párrafo segundo del artículo 82 de la Ley Hipotecaria, que posibilita la cancelación de la hipoteca cuando la extinción del derecho inscrito resulte del título en cuya virtud se practicó la inscripción. En otro caso debería esperarse a la caducidad legal por transcurso del plazo de prescripción de la acción hipotecaria, por aplicación de la norma del párrafo quinto del artículo 82 de la Ley Hipotecaria, introducido mediante la disposición adicional vigésima séptima de la Ley 24/2001, que posibilita la cancelación de la hipoteca, mediante solicitud del titular registral de cualquier derecho sobre la finca afectada; o a los supuestos de caducidad o de extinción legal del derecho real de garantía inscrito recogidos en el artículo 210.8 de la Ley Hipotecaria, según redacción dada por la Ley 13/2015.