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Timestamp: 2020-06-06 23:08:27
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Matched Legal Cases: ['artículo 57', 'artículo 11', 'artículo 94', 'artículo 20', 'artículo 33', 'artículo 20', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 20', 'artículo 31', 'artículo 218', 'artículo 15', 'artículo 3']

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El método del dictamen de peritos para la comprobación de valores, en la cuerda floja
LIMITE EXENTO DE APORTAR GARANTÍA EN DEUDAS DERIVADAS DE TRIBUTOS EN C.A.
DEDUCIBILIDAD DE INTERESES DE DEMORA
EXPERTOS EN ECONOMÍA FORENSE-Consejo General de Economistas
El coste laboral de las empresas cayó un 0'4% en tercer trimestre 2014
El Economista (Retenciones, autonomos, prestamos, reducciones por empleo, ....)
El Tribunal Supremo ha reprobado el método de comprobación de valores utilizado por la Administración tributaria consistente en determinar el valor del bien comprobado basado en un informe pericial en el que se basa en diversos factores como precios medios de mercado o los valores catastrales.
Esta práctica ha sido catalogada por el Alto tribunal de poco ortodoxa y poco realista por la utilización de unos criterios genéricos que se alejan de la valoración "singular" que debería ser. Pues, a mayor abundamiento, el método ni siquiera requiere la visita física del perito al inmueble, por lo que no se toman en cuenta para la realización de la valoración cuestiones como el estado de conversación del inmueble o las calidades de edificación.
La Sentencia resuelve un recurso de casación para la unificación de doctrina, y fue publicada el pasado 18 de enero, bajo el número de recurso 3379/2014, donde condena el método contemplado en el artículo 57.1 de la Ley General Tributaria 58/2003.
El Tribunal Supremo abre así la puerta a la anulación de las liquidaciones dictadas usando esta tipo de valoración, pues con ella se calcula el valor real del bien, que es la base imponible de tributos como el ITPAJD y el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
Considera el Supremo que el problema de este método de valoración es que no se realiza correctamente la combinación de distintos métodos valorativos que deberían fundamentar la tasación, si no que los aplica directamente pretendiendo así obtener directamente el valor real. Para ser correcto debería realizarse la valoración individualizada, siendo requisito para ello incluir la inspección personal del inmueble y fundamentar la estimación.
Deducibilidad de los intereses de demora derivados de un acta de la Administración tributaria que afecta al IS y a otros conceptos impositivos
Consulta DGT V4080-15, de 12 Dic.
Una entidad firma en 2015 unas actas por el Impuesto sobre sociedades y otros conceptos, resultando deudor, además de las cuotas, los correspondientes intereses de demora, cuestionándose si los mismos serían fiscalmente deducibles.
A fin de dar respuesta a dicha cuestión, la DGT, en consulta vinculante del pasado 21 de diciembre de 2015, comienza analizando la naturaleza jurídica del interés de demora, y considera que, dado que es un interés derivado de la mora, es decir, del retraso en el pago de una deuda desde la fecha de vencimiento de la misma, tiene un carácter indemnizatorio que trae causa en esa dilación en el pago de la deuda, sea del tipo que sea. Desde un punto de vista contable indica que los intereses de demora se califican como gastos financieros.
Desde el punto de vista fiscal, el órgano Consultivo califica el interés de demora como gasto financiero, tanto por su sentido jurídico como por su calificación contable, por lo que se deberá analizar si este gasto se encuadra entre aquellos que tienen la condición de no deducibles del art. 15 LIS. En este caso, y tras analizar lo dispuesto en dicho artículo, la DGT señala que los intereses de demora no son gastos derivados de la contabilización del IS, por lo que no tendrán cabida en el art. 15.b LIS, lo que conlleva un concepto jurídico diferente a la propia cuota del IS.
Tampoco tendrán en este caso concreto, según la DGT los intereses de demora la condición de donativo o liberalidad, por cuanto no existe por parte de la entidad el "animus donandi" o la voluntariedad que requiere la donación o liberalidad, toda vez que estos intereses vienen impuestos por el ordenamiento jurídico.
En definitiva, el Centro directivo concluye que dado que los intereses de demora tienen la calificación de gastos financieros y el art. 15 LIS no establece especificidad alguna respecto de los mismos, se deberán considerar como gastos fiscalmente deducibles. No obstante, debido a su carácter financiero, dichos gastos se someterán a los límites de deducibilidad previstos en el art. 16 LIS.
Finalmente, con respecto a la imputación temporal de los intereses de demora, el art. 11.3 LIS diferencia, por un lado, según el órgano Consultivo, los producidos en el ejercicio, que serán deducibles con los límites establecidos en el art. 16 LIS y, por otro lado, los correspondientes a ejercicios anteriores, que serán deducibles en el período impositivo en que se registren contablemente con cargo a reservas, siempre que de ello no se derive una tributación inferior.
Normativa aplicable: artículo 11.3, 15 y 16 (Ley 27/2014)
El TS dicta su primera sentencia en relación con la devolución del céntimo sanitario
La Sala del Supremo desestima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la mercantil interesada contra la sentencia de la Audiencia Nacional; dicha resolución había estimado parcialmente el recurso y había ordenado la retroacción de actuaciones para comprobar de nuevo la solicitud de devolución. La interesada consideraba que se le debía devolver directamente el IVMDH indebidamente abonado más los intereses de demora, sin pasar por un nuevo procedimiento. Sin embargo, la Sala del Supremo no entra a conocer del fondo del asunto, pues tratándose de un recurso de casación para la unificación de doctrina, es necesario que la contradicción entre las sentencias aportadas para el contraste y la impugnada debe establecerse sobre la existencia de una triple identidad de sujetos, fundamentos y pretensiones, lo que en el caso no acontece.
TS, 3ª, S 27 Ene. 2016. Rec. 3735/2014
TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, S 27 Ene. 2016. Ponente: Martín Timón, Manuel
La entidad recurrente insiste en la devolución del Impuesto Especial sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH), comúnmente llamado «céntimo sanitario», cuya repercusión había soportado, alegando que el Impuesto resulta contrario a la Directiva 92/12/CEE del Consejo relativa al régimen general de circulación y control de los productos objeto de impuestos especiales. Partiendo de esa aducida vulneración del Derecho Comunitario, pretende dejar de aplicar la Ley española reguladora del Impuesto y que la oficina gestora que ostenta la competencia territorial sobre el obligado que soportó la repercusión del impuesto, ponga fin al procedimiento sin más trámites, al entender que resulta innecesaria la intervención del órgano con competencia sobre el obligado que efectuó la repercusión. Por contra, la Audiencia Nacional acordó la retroacción de actuaciones, para que el órgano administrativo competente pudiera determinar el importe exacto de la devolución.
El IVMDH fue derogado por la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 2/2012, de 29 de junio , de Presupuesto Generales del Estado para 2012, integrándose en el Impuesto sobre Hidrocarburos. Con posterioridad, la Sentencia del TJUE de 27 de febrero de 2014 declaró que la normativa española sobre el IVMDH era contraria al Derecho Comunitario porque permitiéndose solo el gravamen de productos ya sometidos a imposición por los impuestos armonizados, siempre que los nuevos impuestos persigan una finalidad específica, no concurría esta circunstancia en el IVDMH, ya que el importe de la recaudación del mismo no se destinaba a reducir costes sociales y ambientales ligados al consumo de hidrocarburos, sino a la financiación de los gastos sanitarios en general.
No se trata del ejercicio por la Administración del derecho a determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación, ni de un derecho a exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y autoliquidadas, sino que se está en presencia del ejercicio por el obligado tributario del derecho a solicitar, y en su caso obtener, la devolución de un ingreso que considera indebido, matiz que justifica la acordada retroacción de las actuaciones. Mantener lo contrario, podría, hipotéticamente, conducir a una solución final que fuera en detrimento de la prohibición de la "reformatio in peius" de la situación de la entidad recurrente, a quien la sentencia le ha reconocido, a través de la retroacción de actuaciones a momento anterior a que dictara el acuerdo de la Oficina gestora, la posibilidad de demostrar de modo fehaciente la concurrencia de todos los requisitos para obtener la pretendida devolución de ingresos indebidos.
El Supremo aprecia falta de identidad entre la sentencia referencial y la recurrida, y confirma que procede la reposición del procedimiento administrativo al momento anterior a que se dictara Acuerdo de la Oficina Gestora de Impuestos Especiales, al objeto de que se complete el procedimiento administrativo y se dicte una nueva resolución sobre la solicitud de devolución de ingresos indebidos.
Plazo de presentación: mes de febrero de 2016.
La DGT ha respondido en 2015 a diversas consultas sobre el Modelo 347
1. Una sociedad mercantil que recibe un préstamo de una entidad financiera para satisfacer la deuda pendiente con dicha entidad ¿tiene la obligación de incluir dicho préstamo en la declaración anual de operaciones con terceras personas?
La entidad financiera no tiene obligación de expedir factura por la concesión del préstamo, y, por tanto, dicha operación queda excluida del deber de declaración en la declaración anual de operaciones con terceras personas (DGT V4126-15, de 22 de diciembre).
2. Comunidad de regantes encargada de la distribución de agua a sus comuneros y del mantenimiento de sus instalaciones ¿tiene que presentar este modelo 347?
Como entidades que desarrollan una actividad empresarial, si bien no sujeta a IVA, están obligadas a presentar la declaración anual relativa a sus operaciones con terceras personas, declaración que incluirá también, al tratarse de una entidad del artículo 94.1 de la LGT como corporación de derecho público, las adquisiciones de bienes o servicios que efectúen al margen de su actividad empresarial (DGT V2524-15, de 27 de agosto).
3. ¿Se incluyen en la declaración anual de operaciones con terceras personas, los pagos efectuados a las comunidades de propietarios por el simple hecho de ser propietario de un inmueble?
Tienen la consideración de Operaciones a estos efectos las entregas de bienes y prestaciones de servicios, incluyendo operaciones típicas y habituales, las ocasionales, operaciones inmobiliarias y subvenciones o auxilios no reintegrables. Así, las operaciones que con carácter general se encuentran dentro de la órbita del IVA son las que deben detallarse. Por ello, los pagos efectuados por los propietarios de la Comunidad por el simple hecho de ser propietarios No tienen que consignarse en la Declaración Anual de Operaciones (DGT V2244-15, de 17 de julio).
4. Entidad de Utilidad Pública y de Interés Social, que en el ejercicio de su actividad recibe subvenciones públicas y ayudas de entidades privadas en el marco de convenios de colaboración y que realiza prestación de servicios relacionados con el sector de su actividad a entidades públicas y privadas.
En tanto en cuanto las subvenciones recibidas se correspondan con el sector de actividad de las entidades o establecimientos de carácter social a que se refiere el artículo 20.tres de la Ley del IVA, regirá la excepción establecida en el artículo 33.2 del Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, por lo que no serán objeto de declaración.
Para el resto de las subvenciones recibidas por la realización de operaciones empresariales no exentas a que se refiere al artículo 20.tres de la Ley del IVA, rige la regla general del deber de consignarlas en la Declaración Anual de Operaciones con Terceras Personas, salvo que sea de aplicación lo establecido en el artículo 33.2.i) que establece la exclusión del deber de declarar de todas aquellas operaciones respecto de las que exista una obligación periódica de suministro de información a la Administración tributaria estatal y que como consecuencia de ello hayan sido incluidas en declaraciones específicas diferentes a la regulada en esta subsección y cuyo contenido sea coincidente (DGT V2197-15, de 15 de julio y V2246-15, de 17 de julio).
5. Ayuntamiento que otorga ayudas de comedor para menores en edad escolar mediante la firma de un convenio con los centros escolares ¿Tiene que declarar en el modelo 347?, en caso afirmativo, ¿quién es el perceptor de las ayudas?
El Ayuntamiento deberá relacionar en la declaración a todas aquellas personas o entidades a quienes hayan satisfecho subvenciones, auxilios o ayudas cuando superen el límite cuantitativo establecido en el artículo 33 del RD 1065/2007 (3.005,06 euros); será los beneficiarios de dichas ayudas los que deban ser declarados, en tanto en cuanto sobrepasen dicha cantidad (DGT V1579-15, de 25 de mayo).
6. Entidad declarada de carácter social, de acuerdo con el art. 20.tres LIVA, que se dedica a la asistencia social a la tercera edad y que realiza adquisiciones de bienes y servicios para el mantenimiento y adecuación de sus casas asilos, como por ejemplo alimentos que también sirven para la manutención de las religiosas que acogen a los ancianos, siendo una parte importante de estas adquisiciones a título gratuito. ¿Debe declarar en la declaración anual de operaciones con terceras personas las adquisiciones de bienes y servicios a título oneroso y lucrativo para sus residencias de ancianos, en la parte que afecta al consumo de las Hermanas que trabajan para la obra social?
Las adquisiciones de bienes y servicios que realiza la Congregación, lo sean a título oneroso o lucrativo, y que se afectan al consumo de las religiosas que se dedican plenamente a la actividad de asistencia social de la Congregación, no se consideran realizadas al margen de esta actividad empresarial, por lo que no deben incluirse en la declaración anual de operaciones con terceras personas. Además, respecto de las adquisiciones de bienes y servicios a título gratuito, la letra c) del artículo 33.2 del RGAT también prevé la exclusión del deber de declaración en la medida en que éstas queden no sujetas o exentas del IVA (DGT V1578-15, de 25 de mayo).
7. Profesional contratado en régimen laboral por una entidad que emite proyectos de obras que han de ser visados por el Colegio profesional correspondiente. ¿Quién tiene obligación de declarar en la declaración anual de operaciones con terceras personas (modelo 347) los servicios de visado de proyectos que presta el Colegio profesional, el profesional que los solicita o la empresa de la que depende laboralmente este y por cuenta de la que se han solicitado dichos servicios?
En este caso, será la empresa de la que depende laboralmente el profesional colegiado quien tiene que declarar en la declaración anual de operaciones con terceras personas los servicios de visado solicitados al Colegio profesional siempre que hayan superado la cifra de 3.005,06 euros durante el año natural correspondiente, al ser la adquirente de dichos servicios y, por tanto, la destinataria de la operación (DGT V1492-15, de 13 de mayo).
8. Prestación de servicios desde España a clientes extranjeros.
En el supuesto planteado, se han de incluir todas las operaciones de prestación de servicios a que alude el interesado, ya que de los datos no se deduce que sean de aplicación las exclusiones contenidas en el artículo 33.2 del RD 1065/2007. En todo caso, si existiera obligación de consignar las operaciones en una declaración informativa específica diferente a las reguladas en subsección 1ª de la sección 2ª, del capítulo V del título II del Reglamento, con contenido coincidente, dichas operaciones estarían excluidas de ser consignadas en la citada Declaración Anual de Operaciones con Terceras Personas (DGT V1176-15, de 16 de abril).
9. El consultante ha alquilado una vivienda de uso turístico a una empresa dedicada al alquiler de este tipo de inmuebles.
El interesado tiene la condición de empresario o profesional, a efectos del IVA, estando el alquiler sujeto al IVA y debiendo presentar el modelo 347 de declaración anual de operaciones con terceros (DGT V1171-15, de 16 de abril).
10. Inclusión en la Declaración Anual de Operaciones con Terceras Personas de los salarios de los porteros de fincas y las prestaciones a la seguridad social así como los pagos por tasas por voladizos y badenes.
Salvo que la normativa reguladora de la Declaración Anual de Operaciones con Terceras Personas establezca otra cosa, las operaciones que con carácter general han de detallarse en la misma, son aquellas que se encuentran en la órbita del IVA. Es por ello que los ingresos y pagos regulados por la normativa laboral o de seguridad social no han de consignarse en dicha declaración. En el caso particular de operaciones que realizan los entes públicos no sujetas al IVA por las que se cobran tasas, no existe obligación de expedir factura, por lo que dichas operaciones quedan excluidas del deber de consignarlas en la Declaración Anual de Operaciones con Terceras Personas (DGT V1163-15, de 15 de abril).
11. Ayuntamiento obligado a presentar la Declaración Anual de Operaciones con Terceras Personas ¿en qué ejercicio ha de incluir las facturas?
Las facturas deben anotarse en el orden en el que se reciban, lo que supone que el criterio de la fecha de recepción es el determinante para la anotación registral y, consecuentemente, para la inclusión de la operación en la Declaración. En consecuencia, una factura fechada en diciembre pero recibida en enero, en tanto en cuanto que la factura es recibida en enero, éste es el mes en el que debe realizarse la anotación registral y, consecuentemente, debe consignarse la operación en la Declaración anual correspondiente al ejercicio de dicho mes (DGT V1149-15, de 13 de abril).
12. Arrendamiento de un inmueble urbano que sea local de negocio y que esté sujeto a retención.
El arrendatario como sujeto obligado a retener ha de informar del arrendamiento en la declaración resumen anual de retenciones sobre rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos (modelo 180). En tal caso, el interesado no estará obligado a presentar la declaración anual de operaciones con terceras personas por el arrendamiento de local de negocio sujeto a retención (DGT V1108-15, de 10 de abril).
13. Obligación de presentar la declaración anual de operaciones con terceras personas de una federación corporativa.
La federación y los clubs no están excluidos de la obligación de presentar la declaración anual de operaciones con terceras personas, pero no incluirán las operaciones excepcionadas en el art. 33.2 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria. En particular, no se incluirán en la declaración las operaciones a las que se refiere la letra f) de dicho precepto siempre que reúnan los requisitos para la consideración de entidad o establecimiento de carácter social a que se refiere el artículo 20.tres de la Ley 37/1992, y sus entregas de bienes y prestaciones de servicios estén exentos de dicho impuesto, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1 del artículo 31 de este reglamento (DGT V0532-15, de 9 de febrero).
14. Sociedad mercantil que opera habitualmente con empresas británicas. Las empresas del Reino Unido facturan sus servicios a las empresas españolas sin IVA. Estas empresas no están Registradas en el Registro de Operadores intracomunitarios.
Teniendo en cuenta que el declarante no puede incluir las operaciones referidas en el modelo 349 como consecuencia de la falta de comunicación del NIF a efectos del IVA por parte de los prestadores de servicios situados en el Reino Unido dado que, aquellos no están obligados a disponer de un NIF a efectos del Impuesto, en dichos Estados miembros, deberá declararse dicha información en la declaración de operaciones con terceras personas, modelo 347 (DGT V0188-15, de 20 de enero).
Circular Banco de España 2/2016, de 2 Feb. (a las entidades de crédito, sobre supervisión y solvencia, que completa la adaptación del ordenamiento jurídico español a la Directiva 2013/36/UE y al Reglamento (UE) n.º 575/2013) [BOE 9 de Febrero de 2016]
R Coordinación Autonómica y Local 14 Ene. 2016 (Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias en relación con L 40/2015 de 1 Oct., Régimen Jurídico del Sector Público) [BOE 8 de Febrero de 2016]
R Coordinación Autonómica y Local 14 Ene. 2016 (Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad de Canarias en relación con L 39/2015 de 1 Oct., Procedimiento Administrativo Común) [BOE 8 de Febrero de 2016]
L 1/2016, de 5 Feb. CA Murcia (Presupuestos Generales para el ejercicio 2016) [BORM 6 de Febrero de 2016]
Orden Hacienda y Administraciones Públicas 3 Feb. 2016 CA Castilla-La Mancha (normas para la aplicación de los medios de valoración a los bienes inmuebles de naturaleza urbana en el ámbito del ISD y del ITP-AJD, para el año 2016) [DOCM 11 de Febrero de 2016]
R Consejo de Cuentas de 1 Feb. 2016 (Instrucción relativa al artículo 218.3 del TRLHL, en relación con la información sobre acuerdos y resoluciones de las entidades locales contrarios a reparos formulados por interventores locales) [DOG 9 de Febrero de 2016]
Corrección de errores L 7/2015, de 30 Dic., CA Castilla y León (Medidas Tributarias) [BOCL 5 de Febrero de 2016]
Corrección de errores de L 11/2015 de 29 Dic. CA Canarias (de presupuestos generales de la comunidad autónoma de Canarias para 2016) [BOIC 9 de Febrero de 2016]
Consulta Vinculante V4080-15, de 21 de diciembre de 2015 de la Subdireccion General de Impuestos sobre la Renta de las Personas Juridicas Dirección General de Tributos
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Deducciones. Intereses de demora derivados de actas de la Administración tributaria firmadas por el obligado tributario, contabilizados con cargo a reservas (los anteriores a 2015) y como gastos financieros (los devengados en 2015). Naturaleza indemnizatoria del interés de demora, que debe diferenciarse de la sanción que recae. Calificación contable de dichos intereses como gastos financieros. Análisis desde un punto de vista fiscal. Teniendo en cuenta que los intereses de demora tienen la calificación de gastos financieros y el artículo 15 LIS no establece especificidad alguna respecto de los mismos, deben considerarse como gastos fiscalmente deducibles.
TEAC, Sección Vocalía 2ª, R, 13 Ene. 2016, Rec. 4872/2012
INSPECCIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA. Duración de las actuaciones inspectoras. Interrupción de la prescripción. CAMBIO DE CRITERIO. La simple reanudación formal de las actuaciones comunicando al sujeto pasivo la superación del plazo de duración máxima de las actuaciones y la continuación de las mismas respecto de los ejercicios no prescritos interrumpe la prescripción. En un contexto de superación de plazo de duración máxima del procedimiento, ha de entenderse que tiene contenido bastante como para interrumpir la prescripción no pudiendo calificarse la misma como de diligencia o comunicación "argucia".
TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, S, 27 Ene. 2016, Rec. 3735/2014
IMPUESTO SOBRE LA VENTA MINORISTA DE DETERMINADOS HIDROCARBUROS. «Céntimo Sanitario». Impuesto repercutido durante los ejercicios 2006 a 2008. Solicitud de devolución. Impugnación de la sentencia dictada por la AN por la que se declara la nulidad de las actuaciones para que la Administración determine si concurren los requisitos necesarios para proceder a la devolución, tras las sentencia dictada por el TJUE de 27 Feb. 2014. Se impugna por la interesada al entender que debió declararse el derecho a la devolución directamente sin necesidad de retrotraer actuaciones puesto que fueron acreditados los requisitos necesarios para acordar la devolución. Examen por primera vez por la Sala de la problemática del IVMDH, haciendo referencia a sus principales características. RECURSO DE CASACIÓN PARA LA UNIFICACIÓN DE DOCTRINA. Desestimación. No concurre la precisa falta de identidad fáctica entre la sentencia impugnada y las de contraste que permita apreciar la existencia de contradicción. La sentencia impugnada, tras constatar que la del TJUE de 27 Feb. 2014 declaró la incompatibilidad de la regulación normativa del IVMDH con el artículo 3.2 de la Directiva 92/12/CEE, indica que no podía conducir a la estimación del recurso contencioso-administrativo, pues era precisa la acreditación de todos los requisitos, subjetivos, objetivos y procedimentales para la devolución; en cambio, las sentencia aportadas para contraste reconocen directamente el derecho a la devolución de las cantidades reclamadas sobre la base de argumentaciones distintas.
Remitimos a continuación, unos breves comentarios sobre las Estadísticas INE que han salido hoy, 5 de febrero 2015, publicadas del cuarto trimestre 2015 y del total 2015:
Acceso estadísticas INE:
http://www.economistas.es/contenido/REFor/INE/epc0415.pdf
1) El número total de concursos de acreedores en 2015 ha sido de 5.510 que supone un 24,3% menos (se incluyen personas físicas y empresas). Si nos referimos a empresas solamente, el número total ha sido de 4.916, un 25,1% menos
(desde el REFOR-CGE a mediados de año 2015, ya predijimos que serían menos de 5000 las empresas en concurso, por lo que nos adelantamos a las cifras oficiales...)
2) En el conjunto del año 2015, por actividad,el 21,40% de las empresas en concursos son del sector Comercio y un 20,17% de la construcción (ya no es el primer sector en número de concursos). Si juntamos los dos sectores, Comercio y Construcción, representan un 41,6% del total concursos.Todos los sectores de la economía presentan una tasa negativa de concursos, excepto Agricultura y Ganadería,que incrementa el número de concursos un 24%. La mayor disminución de concursos ha sido en el sector industrial, un 38,8% menos.
3) Otro dato de interés es que el 80,3% de las empresas concursadas en 2015 fueron una S.L.
4) Cataluña fue la Comunidad Autónoma de España, con mayor número de concursos (1.089), Comunidad Valenciana la segunda con 902 y Comunidad de Madrid, en posición medalla de bronce, con 817 concursos, Andalucía la cuarta con 608 y País Vasco en quinta posición con 353..
5) Como comentario ampliado desde el REFOR-CGE, si comparamos el número de mediaciones concursales en 2015, 398 (dato obtenido por el REFOR-CGE) con el de concursos del INE de concursos de acreedores totales (5.510), nos sale que: el número de mediaciones concursales en 2015 fue de un 7,2%.
6) Otro posible comentario ampliado desde el REFOR-CGE es comparar cifras del FOGASA totales, que hemos obtenido de sus estadísticas (67.952 empresas afectadas por pagos del FOGASA en 2015) frente a los 5.510 concursos de acreedores del INE. Los concursos de acreedores son un 8% de las cifras de empresas afectadas por pagos de FOGASA (se ha mejorado bastante, pues los pagos del FOGASA se han reducido en 2015, un 58%). El ratio concursos/pagos del FOGASA en 2014,fue del 4%.
7) Como último posible comentarios, si comparamos concursos en 2015, según INE, 5.510, con acuerdos de refinanciación homologados en 2015, que fueron 92, dato obtenido por el REFOR-CGE, nos da un ratio de 1,6% (en relación al número de concursos) muy pequeño en relación a los concursos (téngase en cuenta que sólo nos referimos a acuerdos de refinanciación homologados). Este ratio será mayor en cuanto a acuerdos de refinanciación totales (dato que no conocemos al no publicarse muchos de ellos al solicitarse su secreto para evitar estigma preconcursal)
El coste laboral de las empresas disminuye un 0,4% en el tercer trimestre de 2014 respecto al mismo periodo de 2013 y se sitúa en 2.450,10 euros por trabajador y mes, según ha publicado el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En los últimos años, se han modificado diferentes aspectos del IRPF. En el siguiente listado destacamos las cuestiones que te recomendamos revisar a la hora de afrontar tu declaración de la Renta y las de tus clientes
a) Por cada descendiente con discapacidad con derecho a la aplicación del mínimo por descendientes, hasta 1.200 € anuales b) Por cada ascendiente con discapacidad con derecho a la aplicación del mínimo por ascendientes, hasta 1.200 € anuales c) Por ser ascendiente, o hermano huérfano de padre y madre, que forme parte de una familia numerosa conforme a la Ley 40/2003, de Protección a las Familias Numerosas, o por ser ascendiente separado legalmente, o sin vínculo matrimonial, con dos hijos sin derecho a percibir anualidades por alimentos y por los que tenga derecho a la totalidad del mínimo previsto en el art. 58 Ley 40/2003, hasta 1.200 € anuales. En caso de familias numerosas de categoría especial, esta deducción se incrementa en un 100%. Este incremento no se tendrá en cuenta a efectos del límite a que se refiere el art. 58.2 Ley 40/2003. Esta cuantía se incrementa hasta en 600 € anuales por cada hijo que forme parte de la familia numerosa que exceda del número mínimo de hijos exigido para adquirir la condición de familia numerosa de categoría general o especial. Este incremento no se tiene en cuenta a efectos del límite del art. 58.2 Ley 40/2003d) Por el cónyuge no separado legalmente con discapacidad, siempre que no tenga rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 € ni genere el derecho a las deducciones previstas en las letras a) y b) anteriores, hasta 1.200 € anuales. La deducción por cónyuge no separado legalmente con discapacidad y el incremento de la deducción previsto por cada hijo que exceda del número mínimo exigido para adquirir la condición de familia numerosa, se determinará tomando en consideración exclusivamente los meses desde agosto a diciembre del 2018.
Los precios de las viviendas parece que vuelven a subir poco a poco, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su última publicación del Índice de Precios de Vivienda (IPV), los precios de la vivienda se incrementan un 0,2% en relación al segundo trimestre de 2014. Lo que parece indicar que, aunque el ritmo de crecimiento de los precios se ralentiza, la época de viviendas a bajo precio puede que llegue a su fin. Por lo tanto, el ahorro se torna cada vez más importante si se quiere acceder a una vivienda y más si es en propiedad.
El acceso a la vivienda ha sido y sigue siendo una cuestión difícil para muchos. Por ello el Plan de Vivienda 2013-2016 que ha impulsado el Ministerio de Fomento, pretende ayudar a que sean más familias las que puedan acceder a una vivienda en forma de alquiler. ¿En qué consisten estas ayudas?
Este plan estatal tiene por objeto facilitar el acceso a la vivienda a los sectores de la población que cuenten con menos recursos.. Por este motivo, las personas que quieran convertirse en beneficiarios de las ayudas para los alquileres, deberán tener un límite de ingresos inferior a tres veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos múltiples), es decir, ingresos inferiores a 22.365,42 euros al año. Este límite puede variar según el número de miembros que conformen la llamada "unidad de convivencia" y también según la comunidad autónoma en cuestión ya que puede fijar límites inferiores. Por ejemplo, si la unidad de convivencia la forma una persona, el límite de ingresos es una vez del IPREM anual, si está compuesta por dos o más personas, la primera persona adulta computa una vez el IPREM y cada persona adicional mayor de 14 años computa 0,5 veces el IPREM (los menores de 14 años computan el IPREM 0,3 veces).
El ministro de Economía tiene previsto impulsar de forma inminente, antes de que termine la Legislatura, una Ley de Segunda Oportunidad para los autónomos.
La idea del Ejecutivo es que la nueva ley esté vigente en abril de 2015, para empezar a rescatar a los autónomos en dificultades que demuestren buena voluntad según publica el diarioExpansión. También se pretende facilitar que desparezcan de los registros de morosos.
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/6359730/12/14/El-Gobierno-ya-tiene-fecha-para-la-ley-de-Segunda-Oportunidad-para-autonomos.html
http://cincodias.com/cincodias/2015/02/18/empresas/1424260621_038719.html
Según consta en el Plan de Control Tributario y Aduanero diseñado por la Agencia para este año, y publicado en el BOE de 11 de marzo, publicado en el BOE de 11 de marzo, se actuará también sobre aquellasempresas turísticas regulares que no cumplen debidamente sus obligaciones fiscales y se realizarán actuaciones presenciales para la detección de alquileres irregulares no declarados.
"Realización de actuaciones en el sector servicios enfocadas al descubrimiento de actividades y rentas ocultas en negocios de la economía sumergida. Entre otros, se actuará sobre los particulares que ceden de forma opaca total o parcialmente viviendas por internet u otras vías. De igual modo se actuará respecto de aquellas empresas turísticas regulares que no cumplen debidamente sus obligaciones fiscales. Asimismo, se realizarán actuaciones presenciales para la detección de alquileres irregulares no declarados."
El problema, para Hacienda, es que los tribunales sistemáticamente han considerado que la Agencia Tributaria ha recurrido a la verificación de datos cuando debería haber iniciado un procedimiento decomprobación limitada, una figura más compleja.. Son diferencias técnicas, pero importantes. Como señala el TEAC en diversas resoluciones, el procedimiento de verificación de datos se agota en el mero control de carácter formal de la declaraciones". Y añade: "Se trata de una actividad de comprobación de escasa entidad". Es decir, este mecanismo está previsto para corregir defectos formales o errores de cálculo; falta de coincidencia con declaraciones anteriores o una aplicación indebida y patente de la normativa.
Sin embargo, como apunta José María Salcedo, abogado del despacho Ático Jurídico, Hacienda ha utilizado masivamente el procedimiento de verificación de datos para comprobaciones que excedían estos límites. En estos casos, el Tribunal Económico Central (TEAC) tenía dos opciones. Anular el procedimiento o declararlo nulo de pleno derecho. Las diferentes consecuencias de una u otra opción son relevantes. De forma recurrente, la doctrina optaba por la figura de la "anulabilidad", que implicaba que Hacienda simplemente debía dictar otra liquidación utilizando el procedimiento de comprobación limitada.
Sin embargo, el año pasado se dictaron diversas resoluciones que marcaron un cambio de criterio y el TEAC concluyó que la "utilización improcedente del procedimiento de verificación de datos" supone la "nulidad de pleno derecho de las actuaciones realizadas". Salcedo indica que el cambio de criterio puede ser "demoledor para Hacienda". Recuerda que declarar nulo de pleno derecho el procedimiento de verificación de datos implica que la actuación inicial de la Agencia Tributaria no interrumpió la prescripción. Es decir, cuando Hacienda deba iniciar una comprobación limitada -una vez declarado nulo el proceso de verificación de datos- es probable que el ejercicio fiscal en cuestión ya haya prescrito. Hay que tener en cuenta que las campañas de comprobación suelen iniciarse como mínimo dos años después de la presentación de la declaración. Es decir, actualmente se está revisando el ejercicio 2013 y anteriores en el IRPF.
Además, indica Salcedo, la resolución abre la puerta a que los contribuyentes que sufrieron "una liquidación dictada en el procedimiento de verificación de datos insten su nulidad de pleno derecho" para obtener la devolución. Es decir, los contribuyentes que sufrieron paralelas en ejercicios anteriores deberían revisar si éstas se dictaron a través del procedimiento de verificación de datos y consultar si este mecanismo era el adecuado en su caso concreto. Si la Agencia Tributaria utilizó de forma indebida este proceso, el contribuyente puede reclamar la devolución y, además, puede que la prescripción impida iniciar una comprobación limitada o inspección sobre la misma infracción.
Por otra parte, el Real Decreto establece la creación de la bolsa de denominaciones sociales con reserva. Este registro tiene más de 1.500 denominaciones sociales que podrán consultarse electrónicamente y de forma gratutita. La base de datos estará generada y mantenida por el Registro Mercantil Central, bajo la supervisión del Consejo General del Notariado
http://www.eleconomista.es/flash-ecoley/noticias/6753459/05/15/El-Gobierno-fija-las-pautas-para-crear-sociedades-de-forma-electronica.html
Nota de Aviso 10-16
En primer lugar te informo de que hoy se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la Orden HAP/347/2016, de 11 de marzo, por la que se eleva a 30.000€ (antes 18.000€) el límite exento de la obligación de aportar garantía en las solicitudes de aplazamientos o fraccionamientos de deudas derivadas de tributos cedidos cuya gestión recaudatoria corresponda a las Comunidades Autónomas.
En segundo lugar, te informo de que, como todos los años, por ser miembro del Registro recibirás a mediados de abril el aviso para pasar a recoger a la Estafeta de Correos nuestro Código Fiscal 2016. No obstante, si deseas adquirir algún ejemplar adicional puedes hacerlo a través de nuestra página web, beneficiándote de la oferta en prepublicación de 35,50 euros.