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Timestamp: 2020-08-10 22:27:38
Document Index: 110160463

Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'artículo 69', 'artículo 16', 'artículo 20', 'artículo 22', 'artículo 53', 'artículo 22']

Artículo 2 Habilitación provisional
Artículo 4 Contenido del deber de comunicación
Artículo 5 Eficacia y extinción de la habilitación provisional
Disposición adicional única Concurso para la adjudicación, en régimen de concurrencia, de licencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual televisivo privado de carácter comercial de ámbito local en Andalucía
LEY POR LA QUE SE ARTICULA UN PERÍODO TRANSITORIO PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE DE ÁMBITO LOCAL EN ANDALUCÍA GESTIONADO POR PARTICULARES
De conformidad con la competencia reconocida en el artículo 69.4 del vigente Estatuto de Autonomía para Andalucía –trasunto de la ya prevista en el artículo 16 del anterior texto estatutario previo a su reforma–, y con el fin de dotar a la Comunidad Autónoma de Andalucía de un marco normativo que sustentara la transición de la televisión analógica a la televisión digital terrestre, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el Decreto 1/2006, de 10 de enero, por el que se regula el régimen jurídico de las televisiones locales por ondas terrestres en Andalucía (BOJA núm. 15, de 24 de enero).
Esta impugnación fue resuelta en primera instancia por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, recurso núm. 1159/06, que por sentencia de 11 de junio de 2007 estimó parcialmente el recurso interpuesto por la Administración General del Estado y anuló los artículos 12, 13, 23.2, 40, 41.5.º y 6.º, 47 y la disposición transitoria única del Decreto 1/2006 citado. Esta sentencia fue recurrida en casación por la Junta de Andalucía, recurso núm. 4181/2007, que fue resuelto por el Tribunal Supremo mediante sentencia de 16 de junio de 2010, confirmando el pronunciamiento de la sala autonómica.
Dicha impugnación fue resuelta en primera instancia por la sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, con ocasión del recurso núm. 1742/2006, la cual, mediante sentencia de 16 de julio de 2007, estimó parcialmente el recurso interpuesto por la Administración General del Estado y anuló la Base 7 (apartados 1, 3.2 y 4), y las Bases 20.2, 25 y 29. Esta sentencia, que no contenía pronunciamiento alguno sobre la suspensión de la convocatoria vigente, fue recurrida en casación por la Junta de Andalucía; recurso núm. 5151/2007 que fue resuelto por Auto del Tribunal Supremo, de 20 de octubre de 2010, en el que se confirmaba, igualmente, la sentencia de la sala autonómica al desistirse la Junta de Andalucía, por lealtad procesal, del recurso de casación presentado.
Para llevar a término lo acordado en sede judicial, se publicó en el BOJA núm. 88, de 6 de mayo de 2011, la Orden de 25 de abril de 2011, por la que se disponía el cumplimiento y publicación del fallo de la sentencia de 16 de julio de 2007, de la sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 1742/2006.
Teniendo en cuenta que todas las resoluciones citadas del Tribunal Supremo aún no habían sido dictadas (lo serían en los meses de junio y octubre de 2010) ni se había producido con carácter previo pronunciamiento alguno decretando la suspensión de la convocatoria de 2006, la Junta de Andalucía siguió tramitando la misma, lo que culminaría con el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de julio de 2008, que resolvió el concurso para el otorgamiento de concesiones para la explotación del servicio público de televisión digital terrestre de ámbito local en Andalucía para su gestión por particulares (BOJA núm. 209, de 21 de octubre), asignando un total de 163 concesiones a personas físicas y jurídicas privadas en todo el territorio andaluz.
Efectivamente, teniendo presente que en la actualidad 6,6 millones de personas ciudadanas andaluzas viven en demarcaciones afectadas por los fallos judiciales, lo que representaría el 85% del total de la población andaluza, la consumación del apagón digital local privaría a toda esta ciudadanía andaluza del acceso a la fuente de información de carácter más próximo de la que disponen mediante señal de televisión, cercenando su derecho fundamental a la libertad de comunicación garantizado constitucionalmente (apartados a) y d) del artículo 20.1 de la Constitución española). En esta tesitura, resulta evidente que el perjuicio que se causaría a los ciudadanos y ciudadanas residentes en las demarcaciones afectadas sería notable ya que, tras el cese de emisiones, verían sesgado su derecho a captar satisfactoriamente la señal de televisión digital local en zonas en las que, sin embargo, se encuentra correctamente planificada la recepción de la misma. En este sentido, si bien la consideración de la actividad audiovisual como servicio público, en la que se enmarca el Acuerdo de 29 de julio de 2008, fue superada con la publicación de la LGCA, los servicios de comunicación audiovisual prestados por operadores privados son considerados, tras la aprobación de dicha norma, como servicios de interés general. Efectivamente, el artículo 22.1 de la citada ley considera a los servicios de comunicación audiovisual televisivos como servicios de interés general que se prestan «en el ejercicio del derecho a la libre expresión de ideas, del derecho a comunicar y recibir información, del derecho a la participación en la vida política y social y del derecho a la libertad de empresa y dentro del fomento de la igualdad, la pluralidad y los valores democráticos». En consecuencia, el legislador estatal ha vinculado directamente los servicios de comunicación audiovisual con el ejercicio de derechos fundamentales por parte de la ciudadanía, por lo que su observancia debe orientar necesariamente la actuación de los poderes públicos por los que se encuentran vinculados ( artículo 53.1 de la Constitución española).
La aprobación de la presente norma pretende evitar que lleguen a materializarse, con carácter irreversible, los efectos de toda esta problemática (a la que el Parlamento de Andalucía no puede ser indiferente), contribuyendo a paliar la difícil situación por la que atraviesan los operadores de televisión digital terrestre local en Andalucía tras la anulación judicial de sus licencias, persiguiendo dos objetivos básicos: evitar la interrupción de emisiones y asegurar la continuidad de la actividad empresarial ordinaria de los licenciatarios afectados hasta la resolución de un nuevo concurso público que readjudique las licencias objeto de anulación, en tanto en cuanto es el medio previsto por la norma para habilitar a los nuevos licenciatarios ( artículo 22.3 de la LGCA).