Source: https://www.scribd.com/document/103843221/Amparo-Igj-Final
Timestamp: 2017-08-20 10:11:22
Document Index: 123207081

Matched Legal Cases: ['in fine', 'artículo 13', 'artículo 2', 'artículo 43', 'artículo 6', 'artículo 14', 'artículo 8', 'artículo 11', 'artículo 4', 'artículo 13', 'Artículo 13', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 5', 'artículo 8', 'artículo 3', 'artículo 10', 'artículo 14', 'artículo 13', 'artículo 16', 'artículo 2', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 2', 'artículo 16', 'artículo 5', 'artículo 39', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 13']

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SR./SRA. JUEZ/A: RICARDO GIL LAVEDRA , diputado nacional y presidente del bloque de la Unión Cívica Radical en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, con domicilio real en República Arabe Siria 2699, piso 12, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el patrocinio letrado de Hernán Gullco (T° 27 F° 507, CPACF) y Felicitas Rossi (T° 92, F° 500, CPACF), abogado/as de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Organización No Gubernamental sin fines de lucro que tiene por objeto la promoción y defensa de derechos humanos fundamentales, constituyendo domicilio procesal en Av. Córdoba 795 piso 8°, oficinas 15 y 16, de esta Ciudad de Buenos Aires (Zona de Notificación 149), a V.S. me presento y digo: I. OBJETO En tiempo y forma oportunos, vengo a interponer acción de amparo en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional y concordantes de la Ley 16.986 contra la Inspección General de Justicia de la Nación, a cargo del Dr. Norberto Carlos Berner1, con domicilio real en Av. Paseo Colón 285 (C1063ACC) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de que se ordene a la demandada entregar la información que fuera solicitada con fecha 17 de febrero y 30 de marzo de 2012, mediante pedidos formales que se adjuntan a la presente. Esos pedidos, que nunca fueron contestados por la IGJ, se realizaron en ejercicio del derecho de acceso a la información pública de conformidad con lo que garantiza el Decreto 1172/03 y los artículos 1, 14, 32 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, (en adelante CN), artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, (en adelante CADH), 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, (en adelante PIDCP) y articulo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, (en adelante DUDH).
II. ADMISIBILIDAD La presente acción es admisible en tanto cumple con todos los requisitos exigidos y la vía elegida es la indicada para la efectiva tutela jurisdiccional del derecho vulnerado. En efecto, el silencio de la Administración respecto de mi pedido de acceso a información pública constituye una negativa en los términos del art. 14 del Anexo VII del decreto 1172/03 y, por ende, un acto manifiestamente ilegal y arbitrario que viola derechos reconocidos en la CN, en tratados y en leyes. Por otro lado, el silencio de la Administración constituye una violación continuada de mi derecho de acceder a la información pública. Así, la presente acción es oportuna en tanto se interpone dentro de un plazo razonable a partir de la configuración de la negativa de la administración a fin de impugnar una conducta estatal que ocurre ahora y que se mantiene como afectación continua. Ello impide oponer plazo de caducidad alguno, pues como la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en adelante CSJN) ha señalado:
“…el escollo que se deduce de la prescripción del artículo 2°, inciso “e”, de la ley 16.986, no es insalvable en la medida en que con la acción incoada se enjuicia una arbitrariedad o ilegalidad continuada, sin solución de continuidad, originada, es verdad, tiempo antes de recurrir a la justicia, pero mantenida al momento de accionar y también en el tiempo siguiente. No es un hecho único, ya pasado (…) ni un hecho consentido tácitamente, ni de aquellos que en virtud de su índole deben plantearse en acciones ordinarias (...) en la especie la lesión es a la vez, inescindiblemente, actual y pasada”2.
Además, no existe otra vía judicial más idónea para resolver el conflicto planteado y las violaciones denunciadas no exigen mayor debate y prueba. La reforma constitucional del año 1994 incorporó la acción de amparo en el artículo 43 de nuestra Carta Magna como vía principal para reparar lesiones o restricciones ilegales o arbitrarias de
CSJN, “Recurso de hecho deducido por Sergio Mosqueda en la causa Mosqueda, Sergio c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados”, sentencia del 7 de noviembre de 2006; y sentencia de Fallos 324:3074, voto de los Dres. Moliné O´Connor, Fayt y Vázquez y sus citas, entre otros.
derechos constitucionales, de modo que hoy constituye un derecho y una garantía procesal. Vale destacar que el Anexo VII del Decreto 1172/03 habilita en su artículo 6° a toda persona física o jurídica, pública o privada, a solicitar, acceder y recibir información, no siendo necesario acreditar derecho subjetivo, interés legítimo ni contar con patrocinio letrado. En este sentido, la norma establece una legitimación activa amplia y además, como ya hemos señalado, la IGJ está obligada también a entregar la información solicitada con base en lo dispuesto por los mencionados tratados y declaraciones de Derechos Humanos que cuentan con jerarquía constitucional. Es por ello que, basados en estas claras previsiones legales, nos vemos obligados a presentar esta acción de amparo toda vez que la IGJ no ha entregado la información solicitada. En la misma línea, la raigambre constitucional del derecho de acceso a la información pública y su carácter operativo, permiten per se la posibilidad de accionar judicialmente por esta vía ya que el actuar de la IGJ es manifiestamente ilegal y arbitrario. En efecto, la Constitución Nacional (art. 1, 14, 33 y 75 inc. 22) reconoce y protege al derecho de acceso a la información, por lo que para el improbable caso en que se pudiera considerar que el pedido de información realizado por esta parte no se encuentra protegido por el anexo VII al decreto 1172/03, correspondería hacer lugar a la presente acción sobre la base de lo prescripto por la Constitución Nacional y las declaraciones y tratados de derechos humanos con plena vigencia en nuestro país y que gozan de rango constitucional. El amparo es una acción rápida y expedita que procede en casos como el de autos en que se configura una denegatoria arbitraria e injustificada al ejercicio de un derecho por parte de una autoridad pública, toda vez que no se permite el legítimo acceso a datos públicos y para ello se fuerza el alcance de una excepción legal al principio general de la publicidad de los actos de gobierno. En efecto, en este caso el silencio de la administración implica una denegatoria como establece el artículo 14 del Anexo VII del decreto 1172/03. Numerosos fallos han sostenido que el amparo es la vía idónea para tutelar el derecho de acceso a la información pública. A modo de ejemplo, entre otros, pueden mencionarse: Bullo Perea, Jorge
Ignacio y otro c/ BANADE s/amparo3, Tiscornia Sofia y otro c/ E.N. Ministerio del Interior s/amparo Ley 16.9864, Fundación Poder Ciudadano c/E.N. Secretaria Honorable Cámara de Senadores de la Nación5, Centro de Implementación de Políticas Públicas c/Honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Nación s/amparo 16.9866, Asociación por los Derechos Civiles (ADC) c/ E.N. M. de Economía INDEC s/ Ley 16.9867, “Asociación por los Derechos Civiles (ADC) c/ E.N. –Secretaría de Medios de Comunicación- s/Amparo Ley 16.986”8, “Asociación por los Derechos Civiles (ADC) c/ E.N. –Secretaría de Medios de Comunicación- s/Amparo Ley 16.986”9, “Asociación por los Derechos Civiles c/ EN -JGM- DTO. 1172/03 s/ Amparo Ley 16.986"10. En concordancia con lo que aquí se esgrime, Marcela Basterra sostiene que:
“el derecho de acceso a la información pública, no es absoluto, sino que debe ser reglamentando en el marco de convivencia social, pero dicha reglamentación nunca puede negar o restringir el derecho constitucionalmente reconocido, pues en tal caso quedaría expedita la vía de la acción de amparo establecida en la Constitución Nacional”11.
Asimismo, la comunidad internacional en el marco de la elaboración de requisitos o estándares mínimos en materia de derecho a la información ha coincidido en la necesidad de establecer recursos judiciales sencillos y accesibles en caso de denegatoria injustificada o silencio de la administración. En efecto,
Humanos ha sostenido que los Estados deben consagrar el derecho a la
Cámara Nacional de Apelaciones Cont. Adm. Fed. Sala IV, sentencia del 13/11/1992. Cámara Nacional de Apelaciones Cont. Adm. Fed. Sala III, sentencia del 17/12/1997. Juzg. Cont. Adm. Fed. N° 5, sentencia del 22/11/2001. Cámara Nacional de Apelaciones Cont. Adm. Fed., sentencia del 27/5/2005
Cámara Nacional de Apelaciones Cont. Adm. Fed., causa 25.037/2007, sentencia del 14/10/2008.
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Cont. Adm. Fed., Sala IV, sentencia del 4/11/ 2010.
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Cont. Adm. Fed., Sala II, sentencia del 22/2/ 2011.
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Cont. Adm. Fed., Sala IV, sentencia del 10/5/2011.
MARCELA BASTERRA, EL DERECHO FUNDAMENTAL 197.
INFORMACIÓN PÚBLICA, 2006, pág.
revisión judicial de la decisión administrativa a través de un recurso que resulte sencillo, efectivo, expedito y no oneroso, y que permita controvertir las decisiones de los funcionarios públicos que niegan el derecho de acceso a una determinada información o que simplemente omiten dar respuesta a la solicitud12. Dicho recurso debe: (a) resolver el fondo de la controversia para determinar si se produjo una vulneración del derecho de acceso, y (b) en caso de encontrar tal vulneración, ordenar al órgano correspondiente la entrega de la información. En estos casos, los recursos deben ser sencillos y rápidos, pues la celeridad en la entrega de la información suele ser indispensable para el logro de las funciones que este derecho tiene aparejadas13. Estos recursos judiciales deben garantizar una solución de fondo a la pregunta sobre si aquél que solicita la información tiene o no derecho a acceder a ella. No pueden, por el contrario, tratarse de meras instancias que dilaten aún más la posibilidad de entrar en contacto con la información de interés en tanto no resuelven la cuestión de fondo que sustenta el reclamo judicial. Por las razones expuestas, es indudable que el presente amparo constituye el medio adecuado planteado. III. COMPETENCIA En el caso de autos se cuestiona la omisión de un deber de la Inspección General de Justicia que se encuentra bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional, a la vez que se solicita la aplicación del Reglamento General del Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional aprobado por el decreto PEN 1172/2003. En atención a ello, se trata de una “causa contencioso administrativa” comprendida en el art. 45 inc. a) de la ley 13.998. Asimismo, en las presentes actuaciones la pretensión está regida y debe resolverse mediante la aplicación en forma preponderante de normas de derecho administrativo, lo que de acuerdo a pacífica jurisprudencia del Fuero y para resolver el conflicto
Cfr. Corte I.D.H., Caso Claude Reyes y otros. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párr. 137.
Cfr. Corte I.D.H., Caso Claude Reyes y otros. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párrs. 116-139.
de la Corte Suprema de Justicia, determina la competencia de V.S. para entender en autos14. IV. HECHOS IV.A. ANTECEDENTES . EL
Hacia fines del 2011, tomó estado público a través de distintos medios de comunicación una denuncia formulada ante la justicia federal que acusa a distintos funcionarios del gobierno nacional, entre ellos al Sr. Vicepresidente de la Nación, Lic. Amado Boudou, de haberse valido de su influencia para levantar la quiebra de Ciccone Calcográfica S.A, que había sido declarada por el Juzgado Comercial Nº 8, Secretaría 15, a cargo del juez Javier Cosentino, y favorecer su adquisición por parte de sociedades comerciales controladas por allegados. Según ha sido reconocido públicamente por su titular, Ricardo Echegaray, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) solicitó, junto a otros acreedores, la quiebra de dicha empresa por una deuda cercana a los $250 millones de dólares15. Y una vez que esta fue decretada, la sociedad del Estado Casa de la Moneda y Boldt S.A. se presentaron en el expediente con dos propuestas de locación de los bienes que integraban su activo. Finalmente fue la firma Boldt S.A., la que formuló una oferta que fue juzgada superior y consiguió que se autorice la suscripción de un contrato, que contenía entre sus cláusulas la obligación de notificar el arrendamiento a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), en cumplimiento del art. 8 de la ley 25.156 (Defensa de la competencia), a fin de que autorizara la operación. Pero antes de que la CNDC se expidiera, la firma Ciccone fue comprada por la sociedad The Old Fund, que en cuestión de semanas se presentó en el expediente y tomó el control de la empresa,
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Cont. Adm. Fed., Sala I, caso “Ríos A.R.S.A. c/ Administración Gral. de Puertos y otros”, sentencia del 1/2/1993; Sala II, caso “Establecimiento Geriátrico San Jorge c/ D.G.I.”, sentencia del 12/9/1995; ídem Sala III, caso “Capandegui, Héctor M”, sentencia del 24/6/1993.
Alconada Mon, Hugo, Ayuda clave de la AFIP a un allegado a Boudou, La Nación, 10 de febrero de 2012, disponible en http://www.lanacion.com.ar/1447631-ayuda-clavede-la-afip-a-un-allegado-a-boudou.
al adquirir alrededor del 70% de sus acciones, tras depositar algo más de 2 millones de dólares, de los cuales aproximadamente 1,8 millones fueron, en realidad, pagados por la firma London Supply16, contratista del Estado Nacional17 y socia de la firma Searen S.A, propietaria de un departamento ubicado en Puerto Madero, que es alquilado a Boudou según surge de su declaración jurada. Este dinero, de todas formas, le sería devuelto por The Old Fund mediante un cheque del banco Macro. A continuación, los nuevos dueños de Ciccone, ahora Compañía de Valores Sudamericana S.A. (en adelante CVS), presentaron un plan de pagos y una proyección de negocios que llevó a sus acreedores a consentir el levantamiento de la quiebra. En el caso del Estado Nacional, la decisión de prestar conformidad fue resuelta en el marco del expediente CUDAP S01:0319607/2010, en apenas 65 horas18. Y según fue explicado más tarde por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, se tomó en consideración la necesidad de preservar las fuentes de trabajo comprometidas, la importancia estratégica de la empresa y la posibilidad de percibir íntegramente los créditos, lo que, dicen, no hubiera sucedido de liquidarse la empresa19. Una vez levantada la quiebra, CVS solicitó a la CNDC el cese inmediato de los efectos derivados del contrato celebrado con Boldt S.A., argumentando que, de acuerdo al artículo 8 de la ley 25.156, la operación aún no había producido efectos, ni le era oponible y que se veía imposibilitada de desistir por sí misma, porque el alquiler había sido autorizado por el juez de la quiebra. Y este planteo fue acogido favorablemente, primero, por la CNDC que mediante el dictamen 845/10, recomendó a la Secretaría de Comercio Interior (SCI) que acoja favorablemente su pretensión. Y luego por la SCI, que dictó la resolución 538/10 SCI, que dejó sin efecto el contrato e intimó a Boldt
Alconada Mon, Hugo, El misterioso aporte por $ 1,8 millón que ayudó a la ex Ciccone, La Nación, 15 de febrero de 2012, disponible en http://www.lanacion.com.ar/1448799-el-misterioso-aporte-por-$-18-millon-que-ayudoa-la-ex-ciccone
Ver http://www.londonsupply.net/home.html.
Alconada Mon, Hugo, Boudou pidió por Ciccone cuando llegó Vandenbroele, La Nación, 9 de marzo de 2012, disponible en http://www.lanacion.com.ar/1455130boudou-pidio-por-ciccone-cuando-llego-vandenbroele.
Informe Nº 79 del Jefe del Gabinete de Ministros, Mayo de 2011, pp. 440/5. Disponible en http://tmp.jgm.gov.ar/Paginas/InformeSenado/Informe %2079/Informe_79.pdf.
S.A. a cesar las actividades, bajo apercibimiento de la imposición de la multa prevista en el inc. d) del art. 46 de la ley 25.156. Contra esta decisión, Boldt S.A. intentó distintos
recursos, donde alegó, entre otras cosas, que se encontraban en marcha tareas comprometidas con sus clientes. Pero éstos no prosperaron, aunque algunos de ellos aún se encuentran en trámite. Y tras soportar una multa diaria de $15.000 pesos impuesta por la SCI, debió cesar con sus actividades y entregar la posesión de los bienes20. A partir de este cambio en la conducción, la empresa imprimió las boletas electorales empleadas por el Frente para la Victoria durante la última elección, se presentó en una licitación para confeccionar las cédulas y patentes de autos y motos21 y, actualmente, se encontraría negociando con el Instituto Provincial de Loterías y Casinos de Buenos Aires para imprimir las fichas empleadas en los casinos22. Y también desde entonces, distintas fuentes indicaron que el Estado Nacional encomendaría la impresión de billetes a Ciccone y a pesar de las enfáticas negativas públicas de distintos funcionarios, esto finalmente se concretó cuando el pasado 30 de marzo, el Banco Central aprobó el esquema de provisión que fue sometido a su consideración por la Casa de la Moneda23. Más tarde, a solicitud de la senadora Laura Montero, la Jefatura de Gabinete hizo entrega de una copia del contrato, que se adjunta, de donde surge que Casa de la Moneda alquiló parte de la capacidad productiva de CVS para la impresión de billetes.
Alconada Mon, Hugo, Moreno, otro involucrado en la ayuda a la ex Ciccone, La Nación, 14 de febrero de 2012, disponible en http://www.lanacion.com.ar/1448573moreno-otro-involucrado-en-la-ayuda-a-la-ex-ciccone.
La Política Online, Caso Ciccone: jubilados y monotributistas en la trama que complica a Boudou, 11 de febrero de 2012, disponible en http://www.lapoliticaonline.com/noticias/val/80059/caso-ciccone-jubilados-ymonotributistas-en-la-trama-que-complica-a-boudou.html.
Wiñazki Nicolás, El amigo de Boudou, atrás de otro contrato estatal de 25 millones de dólares, Clarín, 15 de febrero de 2012, disponible en http://www.clarin.com/politica/amigo-Boudou-contrato-estatalmillones_0_646735371.html.
Alconada Mon, Hugo, Moreno, otro involucrado…, cit.
IV.B. LAS
SOCIEDADES INVOLUCRADAS Y LOS PEDIDOS DE ACCESO A
Como dijimos, este sorpresivo cambio de rumbo en el destino de Ciccone Calcográfica, fue liderado por The Old Fund, una firma cuyo operatoria y antecedentes son poco claros. De hecho, uno de sus directivos, Alejandro Vanderbroele, fue señalado públicamente como amigo y testaferro de Boudou24 y no tendría un patrimonio que le permita justificar las operaciones mencionadas. Según ha trascendido, Vanderbroele está inscripto como monotributista, ha declarado un ingreso mensual de $12.000 pesos mensuales y figura como deudor de los bancos HSBC y Citibank, de la Agencia de Recaudación Bonaerense y del fisco español25. The Old Fund, además, pertenecería a Tierras
International Investments (TII), un fondo holandés que figura como dado de baja del Registro de Comercio de Amsterdam y que habría sido inscripto ante la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires y nombrado como representante legal a Carlos Raúl Schneider, presuntamente, un jubilado que percibe el haber mínimo y se domicilia en la localidad de Longchamps26. TII, a su vez, es una sociedad en comandita integrada por Stichting LP Services y Stichting MP Services, dos firmas creadas en Holanda e inscriptas en el Registro de Comercio el 20 de octubre de 2006, con números casi correlativos, que fijaron domicilio en un mismo edificio de oficinas en Ginebra (Suiza) y también figuran como disueltas en su país de origen. En negociaciones con Vandenbroele, TII habría adquirido el 95% de su paquete accionario, quedando el 5% restante en manos de Sergio Gustavo Martínez27. El pasado 28 de febrero, además, los directivos de The Old Fund se habrían presentado ante una escribana para declarar que
Wiñazki, cit.
Alconada Mon, Hugo, El misterioso aporte por $1,8 millón que ayudó a la ex Ciccone, La Nación, 15 de febrero de 2012, disponible en http://www.lanacion.com.ar/1448799-el-misterioso-aporte-por-18-millon-que-ayudo-ala-ex-ciccone.
Alconada Mon, Hugo, La ex Ciccone, comprada por un fondo holandés que fue disuelto, La Nación, 16 de febrero de 2012, disponible en http://www.lanacion.com.ar/1449081-la-ex-ciccone-comprada-por-un-fondo-holandesque-fue-disuelto.
la firma uruguaya Dusbel S.A. habría aportado $ 2,4 millones de dólares, de origen no detallado28, a cambio de la mitad de su paquete accionario, el 29 octubre de 201029. Al día de la fecha, sin embargo, Dusbel S.A. no habría concretado su inscripción ante la Inspección General de Justicia, ni ante la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires30. Y en su solicitud fallida, figura como domicilio la calle Davel 2345 de Longchamps, partido de Almirante Brown. Esto es a sólo seis cuadras de donde vive Carlos Schneider, el jubilado que aparece como representante de Tierras International Investments S.A.31. Dos de los socios fundadores de Dusbel S.A., además, Fernando Juan Castagno Schickendantz y Janine Gómez Suárez aparecen vinculados con operaciones financieras irregulares en España y con un caso de presunto lavado de dinero en la Argentina32. En España, fueron reportados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores por operar sin autorización oficial, ni registración de la firma financiera y de inversiones Pesmir Trading o Banco de Pesmir Trading33. Y ambos figuran, también, vinculados a una veintena de sociedades anónimas que operan o se registraron durante los últimos veinte años en la Argentina, Uruguay, Paraguay y Estados Unidos34. En el caso de Castagno Schickendantz, además, a ocho empresas identificadas en el capítulo destinado “bancos, compañías off shore consolidadas y « shell banks » no reconocidos” del informe sobre lavado de activos que difundieron en 2001 los diputados nacionales Elisa Carrió, Graciela Ocaña, Gustavo Gutiérrez y José Vitar35.
Alconada Mon, Hugo, Ciccone: surgen vínculos con el lavado en España y aquí, La Nación, 20 de marzo de 2012, disponible en http://www.lanacion.com.ar/1458046ciccone-surgen-vinculos-con-el-lavado-en-espana-y-aqui.
Alconada Mon, Hugo, Una firma extranjera, sin papeles, aportó $2,4 millones para Ciccone, La Nación, 17 de marzo de 2012, disponible en http://www.lanacion.com.ar/1457418-una-firma-extranjera-sin-papeles-aporto-$-24millones-para-ciccone.
Íd. Íd. Alconada Mon, Hugo, Ciccone: surgen vínculos con el lavado, cit. Íd. Íd. Íd.
El domicilio de Montevideo aportado por esta firma, que se constituyó en 2010 con un capital social de 400.000 pesos uruguayos, por otro lado, coincidiría por lo menos con el de otras 15 sociedades comerciales registradas durante los últimos años. Y tras la salida de sus dos socios fundadores, habría asumido como presidente y único integrante del directorio, el Sr. Daniel Gonzalo García Belhot que aparece también como el único nombre reconocible en otras sociedades anónimas de similares características36. Resumiendo, adquisición de Ciccone las sociedades S.A involucradas presentan en la
irregularidades y aspectos sospechosos, puntualmente, en lo referente a la procedencia de los fondos que emplean. Algunas de ellas, como vimos, incluso fueron constituidas en forma irregular o directamente no se encuentran inscriptas en el país. Pero esto no les ha impedido rehabilitar una sociedad quebrada y celebrar contratos con el Estado Nacional, lo que da cuenta de la ausencia de una labor de fiscalización adecuada por parte de los organismos de control en un sector relevante para la economía del país.
LAS SOLICITUDES DE ACCESO Y EL PROCEDER DE LA
A raíz de estos acontecimientos,
interpuse distintas
solicitudes de acceso a la información que, en general, fueron contestadas fuera de término y en forma deficiente. Y algunas, directamente, jamás tuvieron respuesta. Dos de ellas, precisamente, estaban dirigidas a la Inspección General de Justicia. Una de ellas se presentó el pasado 17 de febrero y la otra el 30 de marzo de 2012. Y ambas requerían lo mismo. En primer lugar, se solicitó que se contestara si se había desarrollado en el ámbito de la IGJ algún tipo investigación en relación a las presuntas irregularidades en la constitución y operatoria de las sociedades mencionadas. En caso afirmativo, que se aportara copia de lo actuado o, en su defecto, se explicaran las razones por las cuáles se decidió que no correspondía intervenir. En segundo lugar, que se informara si las sociedades mencionadas se encontraban inscriptas y
Alconada Mon, Hugo, Ciccone: más movimientos societarios sospechosos, La Nación, 22 de marzo de 2012, disponible en http://www.lanacion.com.ar/1458564ciccone-mas-movimientos-societarios-sospechosos.
en qué carácter, que se suministrara copia de su estatuto y detalle la composición de sus órganos de gobierno y fiscalización, sus accionistas, los domicilios denunciados, si registraban sanciones y todo otro dato que pudiera resultar de interés. Como adelantamos, ninguno de estos pedidos fue contestado, ni se ha recibido notificación alguna en relación a ellos. Sin embargo, según trascendió en los medios de comunicación, la IGJ solicitó la opinión de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (DNPDP) sobre el mérito de nuestra presentación. En respuesta, este organismo emitió el dictamen 7/201237 que, aunque omite consignar el nombre del diputado requirente y de la sociedad sobre la cual se solicita información, es fácilmente identificable porque transcribe textualmente fragmentos de nuestra solicitud y la fecha se corresponde38. Allí, la DNPDP ofrece una reseña de la normativa vigente en materia de acceso a la información y datos personales y avanza en una interpretación que estimamos equivocada y arbitraria, que promueve la inclusión de una nueva excepción al acceso a la información en contraposición al marco legal vigente. Entre los puntos que se destacan del dictamen 7/2012, la DNPDP realiza un repaso de las pautas que la ley 25.326 prevé en su artículo 11 para la cesión de información y afirma que:
“previo a ceder los datos personales en su poder, el organismo público deberá verificar el cumplimiento por parte del peticionante del requisito de ‘interés legítimo’, y que el mismo sea suficiente para acceder a la información pretendida, de manera restrictiva si los datos revelan información íntima de las personas39”.
Más V.D. de esta
–entendemos
equivocadamente, tal como demostramos claramente en el apartado presentación— “información confidencial”, “información de acceso público” e “información de acceso público
Disponible en: http://www.jus.gob.ar/media/348393/D2012_07.pdf.
En efecto, el dictamen DNPDP No. 7/2012 se refiere al “Diputado Nacional” y menciona una nota del 17 de febrero.
Íd., p. 4.
irrestricto”40. Y encuadra la información requerida en la segunda de estas categorías, dado que, a su juicio, se trata de información:
“que (…) no se encuentra sujeta a confidencialidad ni tampoco está destinada a ser difundida irrestrictamente al público y cuyo acceso a terceros resulta generalmente condicionado al cumplimiento de ciertos requisitos (…) atento que la Inspección General de Justicia a través del REGISTRO NACIONAL DE SOCIEDADES, creado por Ley N° 26.047 (…) constituye una base de datos de carácter público, a la que puede acceder por medios informáticos cualquier interesado, mediante el pago de un arancel…”41 (el destacado nos pertenece).
Y, finalmente, sostiene que:
“(…) no toda la información de carácter personal asentada en un registro público puede ser difundida o cedida por el mero hecho de su pertenencia a una base de datos del ámbito público, corresponderá previstos en al la organismo Inspección requerido General a de las verificar Justicia la la procedencia de brindar a través de los mecanismos información correspondiente sociedades
mencionadas y verificar la existencia de interés legítimo para proceder a dar mayor información al respecto”42.
El dictamen de la DNPDP incurre en varios errores y postula una interpretación del marco legal y constitucional aplicable que resulta sumamente restrictiva del derecho de acceso a la información pública, y por ende, arbitraria e inconstitucional. Esta interpretación será específicamente cuestionada al exponer los fundamentos jurídicos de la presente acción de amparo. Pero cabe adelantar que la DNPDP encuadra la solicitud de información pública como un requerimiento de “cesión de datos personales”, lo que importa un grave error que desnaturaliza y afecta los pedidos realizados por esta parte. En ese encuadre equivocado se encuentra el germen de la interpretación errónea, arbitraria e inconstitucional postulada por la DNPDP.
Ibíd. Íd., p. 5. Íd., p. 4.
IV.D. EL
Ante el silencio de la IGJ, nos convencimos de la necesidad de formular preguntas similares al Jefe de Gabinete para que las responda en su visita a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Esto atento a que distintos organismos públicos como el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios han afirmado en varias oportunidades que el Reglamento General del Acceso a la Información Pública:
“está dirigido a los ciudadanos, en su carácter de tal, que no cuentan con un acceso o vía específica para requerir o solicitar información a la Administración Pública y sus dependencias. Así lo determina el artículo 4º del Anexo VII – Capítulo I del decreto citado al establecer que la finalidad del Acceso a la Información Pública es permitir y promover una efectiva participación ciudadana (…) En este sentido el aquí requirente invoca su carácter de Diputado Nacional y Presidente del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical, existiendo para ello un canal específico de comunicación entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, previsto por los artículos 71 y 100 inc. 11) de la Constitución Nacional43”.
Así se preguntó44:
¿Quién son o han sido, desde 2009 hasta la actualidad, los titulares de la acciones de CVS S.A.? ¿Y de las firmas Tierras International Investements CV y Dusbel S.A? Como es de público conocimiento, a través de los medios de comunicación se ha difundido que éstas últimas presentarían graves irregularidades, tales como la designación de apoderados insolventes sin vínculo real con la sociedad ¿Se ha adoptado alguna medida desde el Poder Ejecutivo para esclarecer estos hechos? ¿Cuál ha sido la intervención de la Inspección General de Justicia en el tema? ¿Adoptó la Sociedad del Estado Casa de la Moneda alguna medida
Ver, por ejemplo, la nota SSCYCG Nº 3251/2012 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, que se adjunta. Cabe destacar que los argumentos de la Jefatura de Gabinete son de todas formas equivocados: si bien existen canales específicos, el acceso a la información pública es un derecho constitucional de todos los habitantes de la Nación, y éste no se pierde como consecuencia del ejercicio de ninguna función pública específica.
Ver Informe Nº 81 de la JGM a la HCDN, pregunta 522.
constitución de estas sociedades antes de contratar la capacidad productiva de CVS S.A? ¿Lo hicieron la AFIP y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas antes de consentir el levantamiento de la quiebra de la ex Ciccone Calcográfica S.A? ¿Mediante que procedimiento se resolvió celebrar el contrato de locación productiva entre la Sociedad del Estado Casa de la Moneda y CVS S.A., que fue acompañado como documental de su informe al Senado? ¿Hubo licitación? ¿Se trató de una contratación directa? ¿Se contemplaron otras posibilidades o proveedores? De ser así, ¿por qué se descartaron o se optó por CVS S.A?
Y como respuesta, se obtuvo lo que se transcribe a continuación:
“Respecto de la sociedad de COMPAÑÍA DE VALORES en SECM,
SUDAMERICANA SA,
aportada en el marco de la acreditación de existencia de sociedad y representación invocada para la firma del contrato surge COPIA TESTIMONIO, en la parte pertinente a la transcripción del libro de depósito de acciones y registro de asistencia a asambleas surgen como accionistas Ciccone Nicolás Tadeo, Ciccone Silvia Noemí, Ciccone Graciela Cristina, The Old Fund S.A. Sin perjuicio de lo expuesto, el objetivo del presente informe es el de comunicar sobre la marcha del Gobierno, y no así, el de brindar información sobre personas y sociedades que en algunos casos se encuentra protegida por la normativa vigente. Por lo expuesto, la información ha sido remitida a los organismos correspondientes, quedando a la espera de la remisión y posterior envío, de corresponder45.”
La información, por supuesto, no ha sido remitida al día de la fecha. Por lo que la respuesta del Jefe de Gabinete constituye una nueva evidencia de la falta de voluntad del Poder de Ejecutivo de aportar los datos solicitados y de su cuestionable interpretación de las excepciones legales a la obligación de informar. Si no existe ningún impedimento para revelar la composición accionaria de CVS, ¿por qué no puede informarse acerca de las sociedades que la controlan? ¿Qué es lo que diferencia a CVS S.A. del resto de las sociedades? En definitiva, hemos agotado las vías disponibles para obtener la
Íd., respuesta a la pregunta 522.
información sin haber recibido una respuesta apropiada a nuestro reclamo.
IV.E. EL
Cabe destacar, finalmente, que la IGJ luego de solicitar a la DNPDP un dictamen con motivo de mi presentación del 17 de febrero de 2012 introdujo cambios en el régimen de acceso a la información que fueron informados por medio de la página web de la entidad sin que se señale por qué mecanismo legal los mismos serían implementados. En efecto, en una nota del 18 de junio de 2012 aún disponible en la página de Internet de la IGJ se informa que “en los casos de trámites en general, solo se dará ingreso cuando se acredite ser parte interesada, su apoderado, letrado patrocinante o autorizado previamente. Para el caso de los actos inscriptos, cuando se acredite interés legítimo.” Asimismo, se informa:
“La medida se enmarca en la legislación vigente referente al procedimiento administrativo (Decreto-Ley Nº 19549 y Decreto 1759/72 -TO Dec 1883/91). La información contenida en la Inspección General de Justicia forma parte de un banco de datos personales, alcanzada por la Ley Nº 25.326 de Protección de Datos Personales y su normativa concordante”46.
La información publicada en la página de Internet de la IGJ es consistente con el dictamen de la DNPDP, razón por la cual en esta presentación cuestionaremos no sólo al dictamen en sí en su relación con el pedido de información efectuado por esta parte, sino también como antecedente normativo de un cambio en las prácticas de la IGJ en materia de acceso a la información pública. V. FUNDAMENTOS V.A. EL
DE LA PRESENTE ACCIÓN
La presente acción se interpone como consecuencia directa de la violación del derecho constitucional de acceso a la información pública. Este derecho está garantizado doblemente por la Constitución Nacional, ya que es parte esencial de la libertad de
IGJ. 18 de junio de 2012. Requisitos para la solicitud de información, desarchivo o vista de trámites. Disponible en: http://www.jus.gob.ar/igj/comunicacion/novedades/2012/06/18/procedimientoadministrativo.aspx (consultado el 23 de agosto de 2012).
expresión y a la vez está expresamente establecido en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), el cual establece:
“Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión 1. Toda
persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección” (el subrayado nos pertenece).
El acceso a la información es una precondición de todo sistema democrático de gobierno y está íntimamente relacionado con el derecho a la libertad de expresión, con el ejercicio de otros derechos constitucionales y control de la gestión gubernamental por parte de los ciudadanos, más allá de los propios resortes de los que disponga el Estado. En efecto, las instituciones estatales están sometidas a una permanente vigilancia por parte de la ciudadanía, que se materializa a través de los derechos de expresión, manifestación y petición, entre otros. De este modo, mediante la interpelación al Estado utilizando las herramientas que el propio sistema reconoce y garantiza, los ciudadanos pueden conocer las razones por las cuales el Estado actúa, pueden indagar sobre lo que éste hace con el dinero público y pueden controlar el accionar estatal en sus más mínimos detalles. De este modo, el acceso a la información se convierte en un bien público de una gran trascendencia social, ya que la información que se obtiene por esa vía funciona como un instrumento de control institucional íntimamente vinculado al concepto participativo de la democracia y al respeto de los derechos fundamentales.
“El control efectivo de los ciudadanos sobre las acciones públicas requiere no solo una abstención por parte del Estado de censurar información, sino que requiere la acción positiva de proporcionar información a los ciudadanos. Es evidente que sin esta información, al que todas las personas tienen derecho, no puede ejercerse la libertad de expresión como mecanismo efectivo de participación ciudadana ni de control democrático de la gestión gubernamental”47.
Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Libertad de Expresión en las Américas. Los cinco primeros informes de la Relatoría para la Libertad de Expresión, IIDH 2003, página 130.
Courtis y Abramovich destacan el tratamiento de la información como participación y control cuando sostienen que “la información no se dirige exclusivamente a evaluar la actividad del gobierno, sino que funciona como presupuesto del ejercicio del derecho de participar en la formación de políticas públicas o en la toma de decisiones públicas o de efecto público”48. Este reconocimiento del acceso a la información como herramienta ciudadana es realizado también por la Convención Interamericana contra la Corrupción49 y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción50, que también nos exigen fortalecer y estimular la participación de la sociedad civil en la prevención y lucha contra la corrupción como un medio para generar conciencia entre la población de los países sobre la existencia y gravedad del problema. Y destacan, entre las medidas propuestas para alcanzar este objetivo, el acceso eficaz a la información pública. Finalmente, cabe destacar que el acceso a la información ha sido reconocido como un derecho humano por distintos organismos internacionales y regionales además de la Corte Interamericana en el caso Claude Reyes Vs. Chile51. Así, por ejemplo, la OEA consideró en diversas resoluciones que el acceso a la información pública es un requisito indispensable para el funcionamiento mismo de la democracia, una mayor transparencia y una buena gestión pública, y que en un sistema democrático representativo y participativo, la ciudadanía ejerce sus derechos constitucionales, a través de una amplia libertad de expresión y de un libre acceso a la información52. En el presente caso, la Inspección General de Justicia (IGJ) no respondió los pedidos de acceso a la información realizados por esta parte. Ese silencio injustificado de la administración importa una
Víctor Abramovich y Cristian Courtis, El acceso a la Información como derecho. Anuario de Derecho a la Comunicación; Año 1 Vol. 1 (2000).
Ver art. III punto 11 CICC. Ver art. 13 inc. b) CNUCC.
Cfr. Resolución AG/RES. 1932 (XXXIII-O/03) de 10 de junio de 2003 sobre “Acceso a la Información Pública: Fortalecimiento de la Democracia”; Resolución AG/RES. (XXXIV-O/04) de 8 de junio de 2004 sobre “Acceso a la Información Pública: Fortalecimiento de la Democracia”; Resolución AG/RES. 2121 (XXXV-O/05) de 7 de junio de 2005 sobre “Acceso a la Información Pública: Fortalecimiento de la Democracia”; y AG/RES. 2252 (XXXVI-O/06) de 6 de junio de 2006 sobre “Acceso a la Información Pública: Fortalecimiento de la Democracia”.
verdadera denegación de un derecho constitucional que debe ser reparada por medio de esta vía. En efecto, la Convención Americana exige que el Estado responda todos los pedidos de acceso a la información, incluso cuando considera que el acceso no corresponde.
“[E]n caso de que exista un motivo permitido por la Convención Americana para que el Estado limite el acceso a la información bajo su poder, la persona que solicita el acceso debe recibir una respuesta fundamentada sobre la negativa que le permita conocer las razones precisas por las cuales el acceso no es posible (…). Según ha explicado la CIDH, si el Estado deniega el acceso a información, éste debe proveer explicaciones suficientes sobre las normas jurídicas y las razones que sustentan tal decisión, demostrando que la decisión no fue discrecional o arbitraria, para que las personas puedan determinar si tal negativa cumple con los requisitos establecidos en la Convención Americana (…). En este mismo sentido, la Corte Interamericana ha precisado que la negativa a proveer acceso a la información que no está fundamentada, explicando con claridad los motivos y normas en que se basa, también constituye una violación del derecho al debido proceso protegido por el artículo 8.1 de la Convención Americana, puesto que las decisiones adoptadas por las autoridades que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente justificadas o, de lo contrario, serían decisiones arbitrarias (…)”53.
Los derechos que nuestra Constitución garantiza sólo pueden ser restringidos de manera excepcional y sólo si la restricción persigue una finalidad legítima y es necesaria en una sociedad democrática, lo que exige que sea proporcional al fin que persigue y que no exista otra vía menos gravosa para lograrlo54. Por ello, cualquier razón que se oponga para intentar resistir el deber de informar debe ser sometida a un escrutinio estricto y riguroso. En el presente caso, sin embargo, la negativa a entregar la información careció totalmente de razones o fundamento alguno, toda vez que la administración optó por el silencio.
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual 2009, Cap. IV, párr. 55 (las citas internas fueron eliminadas).
Corte I.D.H., OC, 5-85.
La información solicitada en el presente caso es de indudable carácter público y el acceso a ella se presume como tal en virtud de principio de “máxima divulgación” que debe regir al acceso a la información de acuerdo a lo establecido por la Corte Interamericana en el citado caso Claude Reyes Vs. Chile donde sostuvo que “en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es accesible, sujeto a un sistema restringido de excepciones.55” Dicho requisito fue operativizado en el ámbito del poder ejecutivo nacional a través del artículo 8 del Anexo VII al decreto 1172/03, el cual establece que “se presume pública toda información producida u obtenida por o para los sujetos” obligados por el decreto mencionado. En efecto, la información solicitada versa sobre las investigaciones o procedimientos desarrollados por la IGJ en relación a algunas sociedades comerciales, así como sobre la integración social de una sociedad comercial legalmente constituida, cuya inscripción en el Registro Público de Comercio es mandada por la ley de Sociedades Comerciales 19.550. Esta norma establece en su artículo 5 que “el contrato constitutivo o modificatorio [de las sociedades comerciales] se inscribirá en el Registro Público de Comercio del domicilio social, en el término y condiciones de los artículos 36 y 39 del Código de Comercio.” Es decir, la información que se solicita es información “pública” en los términos del artículo 8 del Anexo VII al decreto 1172/03. Cabe destacar que la información contenida en los Registros Públicos de Comercio establecidos por el Código de Comercio fue una de las primeras regulaciones estatales que proveían de información pública a la sociedad sobre datos relevantes para el ejercicio de la actividad comercial. Su origen puede rastrearse hasta el derecho romano, como explica Labariega Villanueva en su estudio histórico sobre el registro público de comercio en México56.
Corte I.D.H., Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151., párr. 92.
Pedro Alfonso Labariega Villanueva, Devenir histórico del registro público de comercio, ESTUDIOS JURÍDICOS EN HOMENAJE A MARTA MORINEAU, T.I, 2006, pág. 289.
“La actividad del comerciante desborda la esfera de sus intereses particulares para comprometer intereses comunitarios. De ahí, la exigencia de conocer públicamente su situación legal (calidad de comerciante, constitución, modificación, extinción, contabilidad y demás actos jurídicos que puedan afectarla). La necesidad de publicar tales actos motivó la aparición del registro mercantil.57”
En la Argentina, la actividad del Registro Público de Comercio estuvo regulada por primera vez en el Código de Comercio de 1859. Dicha normativa sufrió numerosas modificaciones, entre las que se destaca en la temática relevante para la presente acción la ley 19.550 de Sociedades Comerciales y la ley 26.047 que crea un registro específico para éstas últimas. Esos registros “son de consulta pública por medios informáticos, sin necesidad de acreditar interés” (artículo 3, ley 26.047). En el ámbito de la Capital Federal, el Registro Público de Comercio es llevado por la IGJ, tal como ella misma señala en su página de Internet.
“La Inspección General de Justicia, organismo dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, tiene la función de registrar y fiscalizar a las sociedades comerciales, sociedades extranjeras, asociaciones civiles y fundaciones que se constituyen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A su vez, es la encargada de la inscripción en el Registro Público de Comercio de las sociedades comerciales nacionales y extranjeras, las matrículas de los comerciantes, y de los auxiliares de comercio; ejercer el control federal de las sociedades de ahorro e implementar el Registro Nacional de Sociedades (Art. 3 Ley 22.315, Art. 2 Ley 26.047). Estas funciones que ejerce la IGJ son indelegables y se complementan con las realizadas por los organismos registrales de las distintas provincias”.
Resulta absolutamente significativo que la información que no fue entregada por la IGJ haga a la esencia de la información que debe recabar como organismo dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que lleva el Registro Público de Comercio. En efecto, la información del registro público de comercio es pública incluso desde antes de que se desarrollara a nivel interamericano y a nivel local la concepción del derecho de acceso a la información como un derecho autónomo.
Pedro Alfonso Labariega Villanueva, op. cit., pág. 289.
La información solicitada es registrada con la expresa finalidad de ser difundida y dada a conocer para mejorar y brindar mayor seguridad a la actividad comercial. Como establece la ley 19.550 en su artículo 10:
“Las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades por acciones deben publicar por un día en el diario de publicaciones legales correspondiente, un aviso que deberá contener: a) En oportunidad de su constitución: 1. Nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio, número de documento de identidad de los socios; (…) 4. Domicilio de la sociedad; (…) 8. Composición de los órganos de administración y fiscalización, nombres de sus miembros y, en su caso, duración en los cargos; 9. Organización de la representación legal; (…)”.
En el mismo sentido se expresa la ley 26.047, como se señaló anteriormente. Como puede observarse, la normativa en materia societaria exige la publicidad de la información que solicitamos y gran parte de ella debe ser publicada por ley en un medio expresamente destinado a asegurar su mayor difusión posible. En consecuencia, estamos ante información que es de acceso público irrestricto y que es recabada por el Estado con el objeto explícito de difundirla. El carácter público de esta información se apoya no sólo en el principio de máxima divulgación sino en la normativa societaria que dispone la publicidad de la misma. Por ello, de ninguna manera puede considerarse que (a) es necesario obtener el consentimiento del titular de los datos para acceder a la información o (b) es necesario demostrar tener un interés legítimo para acceder a la información, como sugiere la DNPDP en el dictamen 7/2012.
V.C. LA Como
INFORMACIÓN NO FUE ENTREGADA
solicitada es pública y la respuesta de la administración fue el silencio. En efecto, y tal como surge de las constancias acompañadas a este expediente, la IGJ nunca contestó los pedidos de acceso a la información realizados. Esa falta de contestación habilita la acción de amparo constitucional, toda vez que el silencio de la administración
permite considerar que hubo una negativa a entregar la información como establece el artículo 14 del Anexo VII al decreto 1172/03.
V.D. ARGUMENTO
SUBSIDIARIO SOBRE EL DICTAMEN DE LA
La falta de contestación de un pedido de acceso a la información habilita por sí sola la acción de amparo constitucional. Sin perjuicio de ello, y para el supuesto -altamente probable— en que el dictamen 7/2012 de la DNPDP haya servido como antecedente para el silencio de la IGJ ante nuestro pedido de acceso a la información, en este apartado atacaremos los fundamentos de aquel dictamen. En efecto, el dictamen de la DNPDP presenta una lectura totalmente equivocada del marco legal aplicable a la presente controversia, postula una interpretación indebidamente restrictiva del acceso a la información pública y recomienda a la IGJ un curso de acción que deriva en una violación de derechos constitucionales. Analizaremos ese dictamen del siguiente modo. En primer lugar, señalaremos en términos generales las condiciones bajo las cuales el derecho de acceso a la información puede ser limitado. En segundo lugar, analizaremos el dictamen de la DNPDP como vinculado a una de esas excepciones –la protección de datos personales sensibles — y señalaremos los problemas de ese análisis que, según vemos, son dos: (1) la DNPDP adelanta un enfoque extremadamente formalista de la situación que no repara en los derechos constitucionales en juego; (2) la DNPDP postula una armonización entre el régimen de acceso a la información y la ley de protección de datos personales que resulta en una restricción de un derecho constitucional, incorporando una causal de limitación al acceso a la información no prevista en el marco legal vigente.
V.D.1. LOS
Como se mencionó antes, el derecho de acceso a la información es un derecho constitucional que se basa el principio de publicidad de los actos de gobierno, en la forma de gobierno republicana y en los artículos 14, 32 y 33 de la Constitución Nacional y en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Por ello, las limitaciones a ese derecho deben satisfacer un estricto test de proporcionalidad que ha sido desarrollado por la Corte Interamericana y que se conoce como test tripartito. En virtud de ese análisis, las restricciones al derecho de acceso a la información deben (a) haber sido definidas en forma precisa y clara a través de una ley formal y material; (b) estar orientadas al logro de objetivos imperiosos autorizados por la Convención Americana, y (c) ser necesarias en una sociedad democrática para el logro de los fines imperiosos que se buscan; estrictamente proporcionada a la finalidad perseguida; e idónea para lograr el objetivo imperioso que pretende lograr58. Desde este punto de vista, la excepción al principio general de acceso a la información pública relevante en este caso es la prevista en el artículo 16.i del Anexo VII al decreto 1172/03 que establece que se podrá rechazar la entrega de información cuando ésta este “referida a datos personales de carácter sensible —en los términos de la Ley Nº 25.326— cuya publicidad constituya una vulneración del derecho a la intimidad y al honor, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de la persona a que refiere la información solicitada”. Por su parte, los datos personales de carácter sensible son definidos por la ley 25.326 en su artículo 2 que establece que los datos personales de carácter sensible son los que “revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual.” Como puede observarse, la limitación al acceso a la información está prevista en el artículo 16.i del Anexo VII del decreto 1172/03, el cual remite a la ley 25.326. Parece estar redactada en términos los suficientemente claros y precisos, por lo que el primer punto del test tripartito parecería verse satisfecho. También resulta claro que el objetivo de la protección de datos personales sensibles es un objetivo legítimo bajo la Convención Americana. Finalmente, corresponde preguntarse si es una restricción necesaria en una sociedad democrática, lo que exige que nos preguntemos por la proporcionalidad de la medida y la idoneidad para proteger los datos sensibles. Nada de ello parece en principio objetable.
Cfr. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Informe Anual 2009, Cap. III, párr. 68.
El problema surge con la interpretación
adelantada por el dictamen 7/2012 de la DNPDP, que borra la palabra sensibles del artículo 16.1 del Anexo VII del decreto 1172/03 y extiende la protección a todos los datos personales en manos del Estado. En este sentido, el problema no está en la limitación legal sino en el hecho de que la DNPDP pretende aplicar una limitación que no existe. En los próximos párrafos cuestionaremos el dictamen de la DNPDP ofreciendo distintas razones por las cuales el mismo debe ser rechazado.
V.D.2. EL
Y LOS LÍMITES AL
V.D.2.A. EL
El dictamen 7/2012 de la DNPDP contiene un error fundamental: él analiza la cuestión desde el punto de vista de los datos personales y considera que estamos ante una “cesión” de datos por parte de los ciudadanos hacia el Estado, cuando en realidad estamos ante un pedido de acceso a información pública. La diferencia es significativa: la caracterización que adelanta la DNPDP muestra un análisis sesgado que la lleva a encuadrar erróneamente el problema. Ese sesgo inicial se expresa en las conclusiones del dictamen 7/2012 que habilitan –errónea e ilegalmente— a la IGJ a modificar las reglas del acceso a la información contenida en el Registro Público de Comercio en detrimento de un derecho constitucional, introduciendo una restricción no prevista en el marco legal. En efecto, del análisis del dictamen 7/2012 surge que – para la DNPDP— el régimen de acceso a la información pública previsto en el decreto 1172/03 se encuentra limitado por la Ley de Protección de Datos Personales No. 25.326 cuando esa información pertenece a personas y se encuentra en manos del Estado59. Sin embargo, dicho análisis es incorrecto ya que la única limitación al acceso a la información pública como derecho constitucional debe surgir de una ley que en forma clara y precisa establezca cuando es posible negar información pública, y ello está previsto en los señalados artículos 16.i del Anexo VII al decreto 1172/03 y –por
DNPDP, Dictamen 7/2012, pág. 2.
remisión— en el artículo 2 de la ley 25.326. Es decir, es sólo un aspecto de la ley 25.326 que funciona como un límite para el acceso a la información, no toda la norma. Ese error de interpretación se ve claramente en la clasificación realizada por la DNPDP de información confidencial, de acceso público y de acceso público irrestricto. Esa clasificación es manifiestamente arbitraria y no surge de ningún tipo de regulación legal, sino de la pluma de quien firmó el dictamen 7/2012. En efecto, toda la información pública es de acceso público irrestricto: es el principio general que surge de principio de máxima divulgación que rige en materia de acceso a la información pública. La deficiencia que señalamos en el punto de partida del análisis adelantado por la DNPDP es sumamente importante: al no considerar al acceso a la información como un derecho constitucional, el dictamen se permite adelantar una interpretación que lo restringe indebidamente, como veremos a continuación.
V.D.2.B. LA “ARMONIZACIÓN”
En el dictamen 7/2012, la DNPDP sostiene:
“No obstante ello, el citado Decreto Nº 1172/03 señala que los obligados a informar pueden exceptuarse de proveer la información requerida cuando una Ley o Decreto así lo establezca o cuando se configure alguno de los siguientes supuestos: (…) i) información referida a datos personales de carácter sensible –en los términos de la Ley Nº 25.326- cuya publicidad constituya una vulneración del derecho a la intimidad y al honor, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de la persona a que se refiere la información solicitada’. // Al respecto, cabe señalar que la Ley Nº 25.326 de Protección de Datos Personales es una ley de orden público, que establece condiciones a la cesión de información personal a terceros. // En tal sentido, las condiciones que establece la Ley 25.326 son ineludibles para evaluar la licitud del acto administrativo que resuelva sobre la entrega de información de las personas en poder del Estado. // Por tales motivos, entiende esta Dirección Nacional de Protección de Datos Personales que la libre cesión de información del Poder Ejecutivo Nacional a terceros dispuesta por el Decreto 1172/03, en lo que
respecta a la información de las personas, se encuentra condicionada por las disposiciones de la Ley Nº 25.326”60.
Las contradicciones entre el primer párrafo citado y el cuarto son sorprendentes. En efecto, mientras que en el primero se identifica claramente la restricción al acceso a la información cuando existen datos personales de carácter sensible, en el cuarto se deja de lado esa restricción y se sostiene que en lo que respecta a la información de las personas el Estado se encuentra condicionado por la ley 25.326. Es decir, se pasa de una restricción limitada (datos personales sensibles) a una restricción amplia (datos personales) por la sola voluntad interpretativa de la DNPDP. A partir de allí, todo el dictamen 7/2012 es equivocado: ya se deja de hablar de datos personales sensibles y se pasa a hablar de datos personales, que en los términos de la ley 25.326 son todos aquellos que importen “información de cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia ideal determinadas o determinables.” Esa extensión le permite a la DNPDP sostener que ante pedidos de acceso a la información que involucre a ese tipo de información es posible exigir (a) el consentimiento del titular de los datos y (b) la existencia de un interés legítimo. Esa interpretación sólo es posible porque la DNPDP propone borrar el artículo 16.i del Anexo VII del decreto 1172/03 y reemplazarlo con una restricción genérica en materia de datos personales que no surge del marco legal aplicable. Ello implica una violación al principio de legalidad presente en el test tripartito señalado anteriormente, ya que importa la inclusión de una nueva restricción al derecho constitucional al acceso a la información por vía administrativa. Sobre este punto, la CSJN sostuvo:
“… Que el sometimiento del Estado moderno al principio de legalidad, lo condiciona a actuar dentro del marco normativo previamente formulado por ese mismo poder público que, de tal modo, se autolimita. El ejercicio de tal poder, por ende, no puede desvincularse del orden jurídico en que el propio Estado se encuentra inmerso, como lo ha señalado esta Corte…”61.
CSJN, caso “Naviero de la Serna de López”, Fallos: 315:2771, considerando 5° y sus citas; entre otros.
Pero de todas formas, incluso suponiendo que ese artilugio interpretativo fuera válido, las recomendaciones de la IGJ no se sostienen ni siquiera en sus propios términos, ni con relación al consentimiento ni al interés legítimo. En relación al consentimiento del titular de los datos, la ley 25.326 específicamente establece en su artículo 5.2 que él no será necesario cuando:
“a) Los datos se obtengan de fuentes de acceso público irrestricto; // b) Se recaben para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado o en virtud de una obligación legal; // c) Se trate de listados cuyos datos se limiten a nombre, documento nacional de identidad, identificación tributaria o previsional, ocupación, fecha de nacimiento y domicilio; // d) Deriven de una relación contractual, científica o profesional del titular de los datos, y resulten necesarios para su desarrollo o cumplimiento; // e) Se trate de las operaciones que realicen las entidades financieras y de las informaciones que reciban de sus clientes conforme las disposiciones del artículo 39 de la Ley 21.526.”
consentimiento tampoco será exigido para la cesión de esos datos en los casos previstos en el artículo 5.2 anteriormente citado. Y sucede que la información solicitada por esta parte ingresa dentro de cuatro de esas cinco causales. En efecto, los datos solicitados están contenidos en “fuentes de acceso público irrestricto” (artículo 5.2.a) tal como establece el artículo 3 de la ley 26.04762. Asimismo, esos datos fueron recabados “para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado o en virtud de una obligación legal”, es decir, para el control sobre la actividad comercial desarrollada a través de sociedades o personas de existencia ideal que prevé la ley 19.550 y la ley 26.047 (artículo 5.2.b). Además, los datos que se están buscando se limitan a identificar a los integrantes de una sociedad comercial, por lo que difícilmente excedan al “nombre, documento nacional de identidad, identificación tributaria o previsional, ocupación, fecha de nacimiento y domicilio” (artículo 5.2.c). Finalmente, los datos solicitados derivan “de
No puede entenderse que el pago de un arancel haga que los datos no sean de acceso público irrestricto: dicho arancel tiene por objeto cubrir los costos de la provisión de información que –generalmente— es utilizada con fines comerciales. En este caso, la información es solicitada con fines de interés público.
una relación contractual, científica o profesional del titular de los datos, y resulten necesarios para su desarrollo o cumplimiento” (artículo 5.2.d): los datos solicitados derivan de un contrato societario y son absolutamente necesarios para el desarrollo y cumplimiento de esa relación contractual, toda vez que el registro público de comercio cumple una función vital para el desarrollo de actividades comerciales por medio de corporaciones de existencia ideal. En relación a la exigencia de interés legítimo tampoco se sostiene por lo dispuesto en el artículo 3 de ley 26.047 que específicamente señala que no será necesario acreditar interés legítimo alguno para acceder a información contenida en los registros identificados por esa norma. ¿Para qué se menciona la cuestión del interés legítimo y se señala que la IGJ “deberá verificar el cumplimiento por parte del peticionante del requisito de ‘interés legítimo’ cuando una norma que específicamente se refiere a la IGJ señala que no será necesario acreditar tal interés? Como señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Claude Reyes Vs. Chile,
“En lo que respecta a los hechos del presente caso, la Corte estima que el artículo 13 de la Convención, al estipular expresamente los derechos a ‘buscar’ y a ‘recibir’ ‘informaciones’, protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención. Consecuentemente, dicho artículo ampara el derecho de las personas a recibir dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la persona pueda tener acceso a conocer esa información o reciba una respuesta fundamentada cuando por algún motivo permitido por la Convención el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el caso concreto. Dicha información debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal, salvo en los casos en que se aplique una legítima restricción. Su entrega a una persona puede permitir a su vez que ésta circule en la sociedad de manera que pueda conocerla, acceder a ella y valorarla. De esta forma, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, el cual también contiene de manera clara las dos dimensiones, individual y social, del 29
derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, las cuales deben ser garantizadas por el Estado de forma simultánea”63.
En el presente caso, y tal como quedó demostrado en los párrafos anteriores, estamos ante un pedido de acceso a información pública que busca satisfacer un derecho constitucional. La ley 23.526 encuentra una aplicación restrictiva, ya que ella impide el acceso a información pública sólo cuando se trata de información que contiene datos personales sensibles. Asimismo, la información solicitada –en los términos propios de la ley 25.326— no requiere el consentimiento del titular ni para el tratamiento ni para la cesión de esos datos. Por el contrario, la información solicitada fue recabada por el Estado con el objeto y la finalidad expresa de difusión pública a través del Registro Público de Comercio. Tampoco corresponde exigir interés legítimo del solicitante, por las razones expuestas con anterioridad. En conclusión, la interpretación adelantada por la DNPDP en el dictamen 7/2012 postula una extensión ilegítima de las excepciones previstas al acceso a la información pública lo que implica una violación al principio de legalidad previsto en la primera parte del test tripartito mencionado anteriormente. Asimismo, la armonización propuesta entre el régimen de acceso a la información y la ley 25.326 resulta en una clara e inconstitucional restricción del derecho de acceso a la información en detrimento de la ciudadanía en general, que se vería de ese modo privada de una herramienta fundamental para el control del Estado democrático y para la participación política. Finalmente, y para concluir esta presentación, cabe señalar –de modo subsidiario— que de considerarse que la interpretación de la DNPDP es correcta y que toda la ley 25.326 implica una restricción al acceso a la información pública, ello sería de todas formas inconstitucional no sólo por implicar una violación de principio de legalidad sino por vulnerar la tercer parte del test tripartito, que señala que las restricciones, para ser legítimas, deben ser necesarias en una sociedad democrática, proporcionales al fin propuesto e idóneas para alcanzarlo. En efecto, si se considerase que para acceder a información pública que contiene datos personales es necesario
Corte I.D.H., Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151., párr. 77.
acreditar un interés legítimo u obtener el consentimiento del titular de los datos estaríamos ante una violación del principio de legalidad no por el origen de la norma sino por la ambigüedad y vaguedad de los términos utilizados por la ley 25.326 que define a los datos personales como “información de cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia ideal determinadas o determinables”. Se trata de una definición extremadamente amplia que no corresponde cuando estamos hablando de una restricción a un derecho constitucional: éstas últimas deben ser redactadas en términos claros y la ambigüedad o vaguedad las vuelve inválidas. Asimismo, si el texto citado de la ley 25.326 se sostiene como restricción al acceso a la información ello implicaría aceptar que casi toda la información pública puede ser sometida a requisitos que expresamente no son necesarios, como por ejemplo, demostrar ser poseedor de un interés legítimo o específico sobre la información solicitada. En efecto, ¿acaso la información sobre gastos del Estado no se refiere a información “referida a personas de existencia ideal”? ¿Acaso la nómina de empleados estatales no es información “referida a personas físicas”? Estos ejemplos de información claramente pública muestran, mediante una reductio ad absurdum, que las consecuencias lógicas del dictamen de la DNPDP implica aceptar una restricción al acceso a la información que violaría el principio de necesidad en una sociedad democrática, ya que sería manifiestamente desproporcionado considerar que el derecho de acceso a la información pública puede atarse legítimamente a la necesidad de demostrar un interés legítimo. Así lo señaló expresamente la Corte Interamericana en el caso Claude Reyes Vs. Chile, que ya fue citado en esta presentación. Este tipo de restricciones importan una limitación excesiva al derecho constitucional involucrado y por ello son inválidas y contrarias a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales.
V.E. CONSIDERACIONES
Si bien los argumentos desarrollados hasta el momento son suficientes para obtener una decisión favorable, en lo que sigue formularemos algunas precisiones adicionales vinculadas con el contexto del caso, que agrega un componente de interés público que ofrece más argumentos a nuestra posición.
En efecto, el silencio estatal se produce en un marco de sospechas de corrupción y donde existe una investigación penal en curso, en el marco de la cual, se han ordenado medidas cautelares tales como el allanamiento de una propiedad del Sr. Vicepresidente de la Nación, Amado Boudou64. Y esto sugiere la necesidad de un escrutinio más detenido de las razones que se esgriman para resistir la obligación de informar, por comprometer un interés público. En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha resuelto en reiteradas oportunidades que la protección del honor de personalidades públicas debe ser atenuada cuando se discuten temas de interés público, en comparación con la que se brinda a los simples particulares65. Y también que:
“la tensión entre los distintos derechos en juego -el de buscar, dar, recibir y difundir informaciones u opiniones y el derecho al honor, a la dignidad y a la intimidad de las personas- debe resolverse en el sentido de asignar un mayor sacrificio a quienes tienen en sus manos el manejo de la cosa pública”66; (y que) “…este criterio responde al prioritario valor constitucional, según el cual debe resguardarse especialmente el más amplio debate respecto de las cuestiones que involucren a este tipo de personas, como garantía esencial del sistema republicano democrático”67.
Y en la misma línea, la Corte Interamericana ha entendido que:
“…en una sociedad democrática los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio y la crítica del público. Este diferente umbral de protección se explica porque se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente. Sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público. Este umbral no se asienta en la calidad
Ver, por ejemplo, Hauser, Irina, Un allanamiento en Puerto Madero, Página 12, 5 de abril de 2012, disponible en http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-191203-201204-05.html.
Cfr. CSJN, Fallos: 310:508; 316:2416; 319:3428, entre otros. Cfr. CSJN, Fallos: 310:508, considerandos 13 y 14. Cfr. CSJN, Fallos: 321:4136.
del sujeto, sino en el interés público de las actividades que realiza…”68.
Aunque cabe reconocer que estos precedentes no son dirimentes, dado que no responden exactamente la misma pregunta que nos formulamos aquí, nos brindan algunas pautas que avalan nuestras tesis. Esto porque lo definitorio parece ser no la calidad de funcionario público de la persona investigada, sino el hecho de que éste tiene en su manos el manejo de la cosa pública. Los accionistas de estas compañías y los integrantes de sus órganos de control han dejado de ser simples ciudadanos desde el momento en que, voluntariamente, resolvieron celebrar un contrato de locación de la capacidad productiva de la empresa con Casa de la Moneda. Y por esta razón, deberíamos reconocerles ab initio un margen diferencial para escudarse en su derecho a la intimidad. Nuestra Constitución nos pide el mayor debate posible sobre la marcha del gobierno y el empleo de los fondos públicos y este ideal sólo puede ser satisfecho permitiendo que la ciudadanía conozca quiénes y en qué condiciones celebran negocios con el Estado. Asimismo, observamos que el silencio de la IGJ en este caso contrasta con las políticas implementadas por otras dependencias en cuestiones similares. Así, por ejemplo, vemos que en la página www.argentinacompra.gov.ar, la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) permite acceder, precisamente, al tipo de información que solicitamos. Y pone a disposición de quién quiera verlos, datos como la nómina de los órganos de gobierno, administración y fiscalización de las sociedades que han celebrado un contrato con el Estado. De hecho, desde esta página es posible acceder a información desactualizada sobre la composición de la ex Ciccone Calcográfica, incluyendo el nombre, apellido, cargo y DNI de cada uno de los integrantes. Aunque no existe información de CVS, ni de las sociedades que la controlan. Parece ridículo, entonces, sostener -como lo hizo la JGM- que los mismos datos de las sociedades que, como The Old Fund, controlan a la ex Ciccone están protegidos por el secreto. No podemos admitir que una herramienta jurídica empleada para lucrar y limitar la responsabilidad patrimonial de los individuos sea empleada,
Cf. Corte IDH, “Kimel vs. Argentina”; Sentencia del 2 de mayo de 2008; Serie C, Nº 177.
además, para encubrir actos de corrupción. Se está reclamando información acerca de sociedades que, en definitiva, reciben fondos estatales y a las cuáles, por ésta razón, les resultan aplicables las mismas consideraciones. Por eso, no puede afirmarse que la identidad de los directores o accionistas de The Old Fund, por ejemplo, sea información confidencial o protegida. De lo contrario, alcanza con constituir una serie de sociedades para, así, eludir cualquier tipo de control o instancia de rendición de cuentas. Y esto no parece una lectura razonable de nuestra legislación. Se daría el absurdo de que los ciudadanos quedan obligados a emplear y solventar con sus impuestos el producto de un contratista anónimo. ¿Cómo constataríamos, entonces, que no exista ningún tipo de incompatibilidad en las contrataciones estatales? ¿De qué manera podríamos asegurarnos de que no se beneficie a allegados o familiares del poder? ¿Qué lugar quedaría para el control? No hay modo de defender en forma plausible un derecho a la intimidad infranqueable de quien es un inversor comercial de una empresa que brinda un servicio al Estado, en un área como la impresión de papel moneda. Cabe destacar, finalmente, que el Congreso de la Nación recientemente resolvió aprobar la expropiación de la ex Ciccone. En el curso del debate, muchos legisladores plantearon dudas y reservas en relación a la actuación de diversos funcionarios públicos en este caso. Ese proceso ratifica sospechas señaladas en este apartado que sugieren la necesidad de someter esta controversia a un escrutinio estricto sobre las razones esgrimidas para resistir la obligación del Estado de informar a sus ciudadanos sobre cuestiones de claro interés público. VI. PLANTEO
SUBSIDIARIO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Tal como hemos visto, no hay nada en el texto de los artículos 16.i del Anexo VII del Decreto 1172 y 2 de la ley 25.326 que constituya un obstáculo para acceder a la información pública que solicito. Por el contrario, dichas normas –correctamente interpretadasson plenamente aptas para fundar mi pretensión. Tal solución se ajustaría a la conocida jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación, conforme a la cual las normas infra constitucionales deben ser
interpretadas (siempre que su texto lo permita) en forma compatible con los derechos y garantías reconocidos en la Ley Fundamental (conf., entre muchos, caso “Casal“, Fallos: 328:3399). Sin embargo, para el improbable supuesto que se entendiera que dichas normas autorizan las conductas llevadas a cabo en el caso por la IGJ, entonces planteamos subsidiariamente la inconstitucionalidad de los artículos 16.i del Anexo VII del Decreto 1172 y 2 de la ley 25.326 con base en los argumentos constitucionales que hemos desarrollado a lo largo de esta presentación.
VII. PRUEBA Se adjunta a esta presentación, que se detalla a continuación: a) b) Copia del D.N.I. de quien suscribe Solicitudes de acceso a la información presentadas ante la Inspección General de Justicia el 17 de febrero y el 30 de marzo de 2012; c) Copia del contrato celebrado entre Casa de la Moneda Sociedad del Estado y Compañía de Valores Sudamericana S.A aportada por la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Formulario de datos básicos de la firma Ciccone Calcográfica incorporado con fecha 8 de julio de 2005, obtenido a través del sitio web: www.argentinacompra.gov.ar;
Dictamen 7/12 de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (DNPDP);
Impresión de la página web de la IGJ que detalla los “Requisitos para la solicitud de información, desarchivo o vista de trámites”.
Nota SSCYCG Nº 3251/2012 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios;
Informe Nº 79 del Jefe del Gabinete de Ministros, mayo de 2011, págs. 440/5.
Respuestas a las preguntas formuladas por el bloque de la Unión Cívica Radical en el Informe Nº 81 del Jefe de Gabinete de
Ministros a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, páginas pertinentes.
concluyeron en la aprobación de la expropiación de la ex Ciccone.
Notas periodísticas que han sido referidas a lo largo de esta presentación:
1) Alconada Mon, “Ayuda clave de la AFIP a un allegado a Boudou”, La Nación, 10 de febrero de 2012. 2) Alconada Mon, “El misterioso aporte por $ 1,8 millón que ayudó a la ex Ciccone, La Nación, 15 de febrero de 2012. 3) Alconada Mon, “Boudou pidió por Ciccone cuando llegó
Vandenbroele”, La Nación, 9 de marzo de 2012. 4) Alconada Mon, “Moreno, otro involucrado en la ayuda a la ex Ciccone”, La Nación, 14 de febrero de 2012. 5) La Política Online, “Caso Ciccone: jubilados y monotributistas en la trama que complica a Boudou”, 11 de febrero de 2012. 6) Wiñazki, “El amigo de Boudou, atrás de otro contrato estatal de 25 millones de dólares”, Clarín, 15 de febrero de 2012. 7) Alconada Mon, “La ex Ciccone, comprada por un fondo holandés que fue disuelto”, La Nación, 16 de febrero de 2012. 8) Alconada Mon, “Ciccone: surgen vínculos con el lavado en España y aquí, La Nación, 20 de marzo de 2012”. 9) Alconada Mon, “Una firma extranjera, sin papeles, aportó $2,4 millones para Ciccone”, La Nación, 17 de marzo de 2012. 10)Alconada Mon, “Ciccone: más movimientos societarios sospechosos”, La Nación, 22 de marzo de 2012. 11)Hauser, “Un allanamiento en Puerto Madero”, Página 12, 5 de abril de 2012.
VIII. AUTORIZA Autorizo a Pablo Pejlatowicz (DNI 31.763.914), María Celeste Leonardi (DNI 31.531.728), y Ramiro Álvarez Ugarte (DNI 28.216.244), a consultar el expediente en mesa de entradas, sellar y retirar oficios, cédulas, mandamientos y edictos, desglosar y fotocopiar
documentación, diligenciar oficios y mandamientos y a efectuar cualquier otro acto para el que pudiera requerirse estar autorizado.
IX. PETITORIO Por todo lo expuesto, a V.S. solicito: 1) Se tenga por interpuesta la presente acción de amparo, por denunciado el domicilio real y por constituido el domicilio procesal. 2) Se agregue la prueba documental acompañada. 3) Se tenga presente el planteo subsidiario de
inconstitucionalidad formulado en el apartado VI de esta presentación. 4) Se tengan presentes las autorizaciones conferidas. 5) Oportunamente se haga lugar a la acción y se ordene a la Inspección General de Justicia que entregue la información oportunamente solicitada, con costas.
Sírvase V.S. resolver de conformidad a lo solicitado.
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