Source: https://es.scribd.com/doc/74310929/LEY-QUE-INCORPORA-EN-EL-CODIGO-PENAL-EL-DELITO-DE-GRAVE-PERTURBACION-DE-LA-TRANQUILIDAD-PUBLICA-TERRORISMO-BLANCO
Timestamp: 2016-07-27 23:09:17
Document Index: 116840274

Matched Legal Cases: ['artículo 107', 'Artículo 1', 'artículo 315', 'Artículo 315', 'Artículo 2', 'artículo 452', 'Artículo 452', 'artículo 95', 'artículo 22', 'artículo 94', 'artículo 452', 'artículo 561', 'artículo 211', 'artículo 343', 'artículo 373', 'Artículo 561', 'Artículo 211', 'artículo 315']

“LEY QUE INCORPORA EN EL CÓDIGO PENAL EL DELITO DE GRAVE PERTURBACIÓN DE LA TRANQUILIDAD PÚBLICA-TERRORISMO BLANCO”
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I. FÓRMULA LEGAL
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; Ha dado la Ley siguiente: Artículo 1°.- Objeto de la Ley Incorpórese en el Capítulo I del Título XIV del Libro Segundo: Parte Especial del Código Penal, el artículo 315-A° de acuerdo al texto siguiente: “Artículo 315-A°. Delito de grave perturbación de la tranquilidad pública-terrorismo blanco El que perturba gravemente la paz pública usando medios que puedan producir alarma, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de cinco (5) ni mayor de ocho (8) años.
Se considera perturbación grave a todo acto por el cual se difunda o ponga en conocimiento de la autoridad pública, los medios de comunicación social o de cualquier otro por el cual pueda difundirse masivamente la noticia; la inminente realización de un hecho o situación falso, inexistente, relacionado con un potencial daño a la vida e integridad de las personas o de bienes públicos o privados o de ambos. Si el agente actúa en calidad de integrante de una organización que, para lograr sus fines, cualesquiera que sean, utiliza como medio el delito de terrorismo, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de veinte ni mayor de veinticinco años”. Artículo 2°.- Vigencia La presente ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el diario oficial “El Peruano”.
II. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Uno de los temas que mayor preocupación viene generando entre la población es la seguridad ciudadana. Y cada vez son distintos los medios por los cuales se genera esta violencia.
Así, en las últimas semanas han sido reportadas en Lima y Cuzco hasta ocho (8) alertas de inminentes atentados terroristas con bombas, tal como así lo ha dado a conocer el Director de la Policía Nacional del Perú, Gral. Raúl Becerra1.
http://www.larepublica.pe/16-09-2011/raul-becerra-falsas-alertas-de-bomba-sonterrorismo-blanco
Estas falsas alarmas han generado zozobra en la población que tiene el recuerdo de la violencia terrorista en nuestro país, como bien han dado a conocer algunos analistas políticos2.
Sin embargo, la legislación penal sólo contempla un supuesto previsto en el inciso 2° del artículo 452° del Código Penal que permite sancionar a quienes incurran en esta suerte de “terrorismo blanco”. Citamos el texto legal:
“Artículo 452.- Faltas contra la tranquilidad pública Será reprimido con prestación de servicio comunitario de veinte a cuarenta jornadas o con sesenta a noventa días-multa: (…) 2. El que perturba levemente la paz pública usando medios que puedan producir alarma”.
Como se aprecia, se trata de una simple falta. Y, además, el texto es impreciso porque no se indica en qué consiste la perturbación “leve” y, como contraparte, qué pasa si la perturbación es “grave”.
Para dar precisión a dicho texto legal y poder sancionar a hechos como los que han venido aconteciendo en los últimos días en nuestro país, urge contemplar el delito que hemos denominado “de grave perturbación de la tranquilidad pública-terrorismo blanco”.
2. La tranquilidad pública como derecho fundamental y como bien jurídico tutelado
En la Sentencia T-226/953, la Corte Constitucional Colombiana desarrolló la noción del “derecho a la paz” relacionándola con otra: la del “derecho a la tranquilidad”. Veamos lo que dijo la Corte en este fallo:
“3. La tranquilidad como derecho fundamental protegido
Sea lo primero advertir que el derecho a la vida comporta la dimensión integral del hombre como ser digno; en consecuencia la vida digna exige un mínimo de bienes internos, y dicho en otros términos, toda persona tiene derecho a vivir en condiciones de
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-carcel-terrorismo-blanco-sera-unaadvertencia-para-quienes-pretenden-generar-zozobra-378347.aspx 3 Cfr. http://200.21.19.133/sentencias/1995/T-226-95.rtf
paz y tranquilidad. La paz como derecho supone la relación social, se manifiesta como la convivencia ordenada entre los ciudadanos. La tranquilidad individual es un derecho personalísimo derivado de la vida digna, es una tendencia inherente al ser personal y un bien jurídicamente protegible que comprende el derecho al sosiego, que se funda en un deber constitucional, con lo cual se mira el interés general. De ahí que jurídicamente sea diferente el derecho constitucional a la paz, que es un derecho social, con el derecho a la tranquilidad de una persona que es una prerrogativa subjetiva; luego, cuando éste se perturba existen otras vías judiciales distintas a la acción de tutela, salvo el caso que se ocasione un perjuicio irremediable. Es evidente que el ser humano tiene derecho a la tranquilidad y como tal este derecho constituye un bien jurídico protegible por el Estado y la sociedad; es así como la tranquilidad es uno de los deberes previstos en el artículo 95, numeral 6 Superior”.
Este criterio jurisprudencial ha sido precisado en mejor forma en la Sentencia T-028/94 por la Corte Constitucional Colombiana 4. Veamos sus argumentos:
“3. La tranquilidad como bien jurídico protegido El derecho a la vida comporta la dimensión integral del hombre como ser digno; la dignidad hace relación, a su vez, a un merecimiento que a la persona le corresponde esencialmente, en virtud de su racionalidad; con base en lo expuesto, es forzoso concluir que el derecho a la vida digna exige un mínimo de bienestar interno, garantizado por el respeto social hacia la interioridad vital de todo ser humano, es decir, toda persona tiene derecho a vivir en condiciones de paz y de tranquilidad. Un ordenamiento constitucional, por naturaleza, mira el interés general. De ahí que la paz, como derecho, supone la relación social, y se manifiesta como la ordenada convivencia bajo la aplicación de la justicia. Por tanto, jurídicamente hablando, es impreciso homologar el derecho constitucional a la paz, que es un derecho social, con el derecho a la tranquilidad de una persona, que es un derecho subjetivo. En el evento de que se perturbe ésta, existen otros mecanismos de defensa, distintos a la tutela, salvo el caso en que se ocasione un perjuicio irremediable. El derecho a la paz, tal como lo consagra la Constitución, en su artículo 22, supone la armonía social inspirada en la plena realización de la justicia. Sería un desconocimiento del verdadero significado de la paz, suponer que siempre que a una persona le perturbe el efecto del quehacer de otra, se lesione por ello el derecho fundamental a la paz; no hay que confundir la paz constitucional con la tranquilidad
Cfr. http://200.21.19.133/sentencias/1994/T-028-94.rtf
subjetiva de uno de los asociados, porque perfectamente puede presentarse el caso de que una exigencia de la paz social, pueda perturbar la tranquilidad de un individuo en particular. Verbi gratia: la obligación de prestar el servicio militar, puede afectar el discurso y tranquilidad subjetivas de una persona, pero no por ello se pierde el vínculo obligacional del individuo hacia el bien común. Por otra parte la tranquilidad individual es un derecho personalísimo, derivado por necesidad del derecho a la vida digna. Si bien es cierto que la tranquilidad tiene una dimensión subjetiva, indeterminable, y por lo tanto imposible de ser objeto jurídico, también es cierto que existen elementos objetivos para garantizar ese bienestar íntimo de la persona, dada la influencia del entorno sobre el nivel emocional propio. A nadie se le puede perturbar la estabilidad de su vivencia sin justo título fundado en el bien común. Y esto obedece a una razón jurisprudencial evidente: el orden social justo parte del goce efectivo de la tranquilidad vital de cada uno de los asociados, de suerte que, al no perturbar el derecho ajeno, se logra la común unidad en el bienestar, es decir, la armonía perfeccionante de los individuos que integran la sociedad organizada, bajo el imperio de la ley, en forma de Estado. Es evidente que el ser humano tiende a la tranquilidad en su vida. Se trata de una tendencia inherente al ser personal, y por ello constituye un bien jurídicamente protegido como fundamental, ya que la dignidad humana conlleva la natural inviolabilidad del sosiego necesario para vivir adecuadamente, y es así cómo la tranquilidad es uno de los derechos inherentes a la persona humana a que se refiere el artículo 94 superior”.
Y, por su parte, el Tribunal Constitucional ha conceptualizado este derecho de la manera siguiente en la STC N° 04072-2009-AA/TC5 (caso Empresa Millarq E.I.R.L.):
“Derecho a la tranquilidad 18. Se trata de un derecho de naturaleza especial, pues permite que su contenido pueda ser enfocado desde una perspectiva tanto individual como extra individual, pues su afectación puede darse tanto de manera individual como conjunta. A través de este derecho se pretende evitar que se perturbe o menoscabe la estabilidad de la vida personal e intersubjetiva de cualquier ciudadano o conjunto de ciudadanos, de manera arbitraria, abusiva o irrazonable, puesto que, de permitirse ello, no solo se la afecta un derecho individual, sino también el orden social preestablecido. 19. Evitar la afectación de este derecho obliga a la autoridad pública a adoptar medidas para prevenir conductas o actividades de los particulares, así como de los poderes públicos y de los órganos constitucionales autónomos, de modo que se garantice a cada
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/04072-2009-AA.html
ciudadano que su tranquilidad no va a ser perturbada por actuaciones contrarias al ordenamiento constitucional. 20. Cuando se evidencie su vulneración, se puede observar su interrelación con otros derechos, tales como la dignidad, vida y salud cuando menos, pero ello tiene que determinarse en cada caso concreto”.
En base a estos lineamientos jurisprudenciales, queda claro que tras las falsas alarmas generadas en los últimos días en nuestro país de posibles bombas u otros hechos terroristas, es el derecho a la tranquilidad el directamente afectado y, como bien dice el Tribunal Constitucional, nos obliga a adoptar medidas para prevenir estas conductas y sancionarlas efectivamente.
3. La regulación del tipo penal
La fórmula legal contempla dos tipos: modalidad simple y modalidad agravada.
La modalidad simple la comete cualquier persona que difunda o ponga en conocimiento de la autoridad pública, los medios de comunicación social o de cualquier otro por el cual pueda difundirse masivamente la noticia; la inminente realización de un hecho o situación falso, inexistente, relacionado con un potencial daño a la vida e integridad de las personas o de bienes públicos o privados o de ambos. Aquí, la pena es privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años.
Por su parte, la modalidad agravada la comete aquel integrante de una organización que, para lograr sus fines, cualesquiera que sean, utiliza como medio el delito de terrorismo. Por ello la pena, en estos casos, es sumamente grave porque oscila entre los veinte y veinticinco años de pena privativa de libertad.
De esta manera, regulado el delito de perturbación grave de la tranquilidad pública, toma coherencia la falta prevista en el inciso 2° del artículo 452° del Código Penal que quedará vigente.
4. Legislación comparada
Cabe tomar en cuenta que estas conductas han venido siendo reguladas en la legislación comparada en cuatro países. En efecto, España contempla el artículo 561° de su Código Penal6 con el siguiente texto: “El que, con ánimo de atentar contra la paz pública, afirme falsamente la existencia de aparatos explosivos u otros que puedan causar el mismo efecto, o de sustancias químicas, biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud, será castigado con la pena de prisión (…)”. En el Código Penal Argentino este delito se tipifica en el primer párrafo del artículo 211 del Código Penal7 como ‘intimidación pública’, entre los delitos contra el orden público, de la forma siguiente: “Será reprimido con prisión de dos a seis años, el que, para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos”. En el Código Penal Colombiano este delito se tipifica entre los delitos de terrorismo en el segundo párrafo del artículo 343 del Código Penal, 8 con la fórmula siguiente: “Si el estado de zozobra o terror es provocado mediante llamada telefónica, cinta magnetofónica, video, casete o escrito anónimo, la pena será de dos (2) a cinco (5) años y la multa de cien (100) a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.” Finalmente, el próximo martes 20 de septiembre se votará en el Congreso del Estado de Veracruz- México un proyecto de ley para incorporar el artículo 373° al Código Penal de dicho Estado con el siguiente texto: "A quien, por cualquier medio, afirme falsamente la existencia de aparatos explosivos u otros; de ataques con armas de fuego; o de sustancias químicas, biológicas o tóxicas que puedan causar
CÓDIGO PENAL DE ESPAÑA Aprobado por LO 10/1995, de 23-11. LIBRO II ‘DELITOS Y SUS PENAS’, TITULO XXII Delitos contra el orden público, CAPITULO III De los desórdenes públicos. Artículo 561 modificado por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. 7 CODIGO PENAL DE LA NACION ARGENTINA, aprobado por Ley 11.179 (T.O. 1984 actualizado). LIBRO SEGUNDO DE LOS DELITOS. TITULO VIII DELITOS CONTRA EL ORDEN PUBLICO. CAPÍTULO III Intimidación Pública, Artículo 211. 8 CÓDIGO PENAL DE COLOMBIA, aprobado por Ley 599, el 24 de julio del 2000. LIBRO II. PARTE ESPECIAL DE LOS DELITOS EN PARTICULAR. TITULO XII DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA. CAPITULO I DEL CONCIERTO, EL TERRORISMO, LAS AMENAZAS Y LA INSTIGACION.
daño a la salud; ocasionando la perturbación del orden público, se le impondrá prisión de uno a cuatro años y multa de quinientos a mil días de salario, atendiendo a la alarma o perturbación del orden efectivamente producida"9. III. ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO El presente proyecto de ley no implica generación de gasto alguno. Regula la ocurrencia de conductas graves que en la actualidad vienen ocurriendo y que lesionan, severamente, la tranquilidad pública. Por tanto, beneficia a la población en general afectada con este denominado “terrorismo blanco”. IV. EFECTOS DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN NACIONAL La presente iniciativa plantea incorporar el artículo 315-A° en el Código Penal, específicamente en el Libro Segundo, Parte Especial - Delitos, del Título XIV Delitos contra la Tranquilidad Pública, Capítulo I Delitos contra la Paz Pública. Lima, 19 de septiembre de 2011.
En: http://www.eluniversalveracruz.com.mx/12761.html
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