Source: http://www.aireg.es/2010/03/
Timestamp: 2013-12-08 20:19:51
Document Index: 16254342

Matched Legal Cases: ['artículo 23', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'artículo 14', 'Artículo 4', 'artículo 235', 'Artículo 5', 'artículo 3', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'artículo 145', 'artículo 12', 'artículo 12', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'artículo 12', 'artículo 79', 'artículo 79']

AIRE » 2010 » marzo
La crisis fuerza a la Administración al embargo de 4,7 millones de cuentas
El número de inmuebles retenidos se dispara un 30%
La Seguridad Social y la Agencia Tributaria embargaron 4,7 millones de cuentas corrientes en 2009, un 25,4% más que en 2008. La Administración puede, sin necesidad de acudir a los tribunales, retener depósitos y cuentas financieras para asegurar el cobro de deudas, que se han disparado con la crisis.
Hacienda detecta 784 millones por delito fiscal en 2009, un 57% más
La ley permite a Hacienda embargar 20.000 euros de forma automática
Jaume Viñas – Madrid – 30/03/2010 – Cinco Días
Nunca antes la Agencia Tributaria y la Seguridad Social habían lanzado tantas órdenes de embargo como en 2009. En Hacienda, se superaron los cuatro millones de embargos, un 30% más que el año anterior, según los datos a los que ha tenido acceso CincoDías. Mientras que en la Seguridad Social, el número de embargos ascendió a 2,6 millones, un 12% más.
La mayor parte corresponde a cuentas corrientes. Resulta lógico. Por un lado, la legislación establece un orden prioritario de productos a embargar, que encabezan las cuentas corrientes. Le siguen créditos, sueldos e inmuebles. Además, un cambio legislativo introducido en 2009 elevó de 6.000 euros a 20.000 euros el importe que la Agencia Tributaria puede embargar de forma automática.
Por esta vía, la Seguridad Social ha recaudado 231 millones de euros en 2009. Dicho de otra forma, ingresó 143 euros por cada cuenta embargada. La estadística indica que el embargo de inmuebles también se ha disparado en el último año, lo que evidencia el fuerte incremento del importe de las deudas de los contribuyentes. Hacienda ha retenido más de 20.000 inmuebles, un 36% más que en 2008, mientras que la Seguridad Social embargó 93.000 viviendas y locales. En esta cifra, no se incluyen las ejecuciones hipotecarias, es decir, los embargos derivados por el impago de las cuotas hipotecarias a los bancos.
Detrás de todas esas cifras subyace el deterioro económica de empresas y particulares, incapaces de cumplir con sus obligaciones tributarias. De hecho, el año anterior, las empresas solicitaron aplazamientos de deuda tributaria por 15.096 millones de euros, un 57,6% más que el año anterior. Una cifra nunca vista y que ilustra los problemas de tesorería que atraviesan las empresas y las dificultades por encontrar financiación. Retrasar los pagos tributarios no resulta gratuito ya que se aplica el denominado interés de demora, que se sitúa en el 5%, por encima de los tipos oficiales. Sin embargo, a día de hoy, para las empresas resulta más fácil reclamar un aplazamiento a Hacienda que acceder a una línea de crédito. De hecho, la Agencia Tributaria ha flexibilizado los requisitos para conceder moratorias en el pago de impuestos.
Con todo, tanto Hacienda como la Seguridad Social han reducido en 2009 el número de embargos sobre salarios y pensiones . Ello parece indicar que son las empresas, más que los particulares, quienes se encuentran con mayores problemas para abonar sus deudas con la Administración.
Los bancos no tienen bastante con los pisos
La mayor parte de embargos sobre inmuebles se producen a raíz de las ejecuciones hipotecarias, que se dispararon un 95% en 2009 y que se dan cuando los propietarios de una vivienda no pueden hacer frente al pago de su hipoteca. Luis Fernández del Pozo, director del centro de estudios del Colegio de Registradores, constata el incremento exponencial de los procesos de embargo y un aumento de la litigiosidad.
Aun así, Juan Ferré, socio director del bufete de abogados Pluta, indica que la mayor parte de los embargos se ordenan desde los juzgados de primera instancia, por lo que son procesos relativamente rápidos. Sin embargo, la ejecución, es decir, cuando el propietario pierde el bien embargado se produce cuando finaliza el proceso judicial que, dependiendo de los casos, puede demorarse años.
En las ejecuciones hipotecarias suele ocurrir que la deuda contraída con el banco es superior al valor del piso, debido a la caída de precios del sector inmobiliario. En estas ocasiones se embargan otros bienes, como puede ser el salario. La legislación prohíbe embargar la parte del sueldo equivalente al salario mínimo interprofesional, que asciende a 633,3 euros. El Gobierno estudia elevar esa cuantía un 20% para las personas con familiares a cargo. Sin embargo, la legislación actual ya contempla rebajas en la parte del salario susceptible de embargo en función de la “cargas familiares del ejecutado”.
Clasificado bajo: Sin categoría | Sin comentarios » Hacienda recaudó un 11% más gracias al control del fraude sobre el ladrillo en 2009
Fiscalidad | 1.458 millones en 2009
La inspección fiscal contra el fraude inmobiliario generó 1.458 millones en 2009
En 2004 el Estado recaudaba 373 millones por este mismo concepto
Elmundo.es | Agencias | Madrid 29/03/2010
La Agencia Tributaria recaudó un extra de 1.458 millones de euros procedentes del sector inmobiliario en 2009, un 11% más que hace un año, en aplicación del Plan de Prevención de Fraude Fiscal, un programa que completa el sistema recaudatorio oficial gracias a inspecciones pormenorizadas.
El aumento de la deuda descubierta por Hacienda vinculada al sector inmobiliario se produjo pese a que la Agencia Tributaria redujo en un 10,2% el número de contribuyentes inspeccionados, que se situó en 6.959 actuaciones, por las 8.507 de hace un año.
A finales de 2008, la AEAT amplió las medidas para evitar el fraude fiscal en determinados sectores, incluido el inmobiliario, incrementado el control de las actividades económicas de los promotores, y de las transmisiones de inmuebles por personas distintas de los promotores.
Así, desde 2004 el Estado ha venido incrementando las cantidades que recauda fruto de la investigación y el control del fraude: el año pasado la deuda liquidada en 2008 del sector inmobiliario ascendió a 1.315 millones de euros, un 7,5% más que en 2007, cuando alcanzó los 1.223 millones.
En 2006, la deuda liquidada ascendió a 741 millones, en 2005 a 552 y en 2004 a 373, por lo que se puede decir que, en cuestión de seis años, el crecimiento de los ingresos fiscales fruto del control sobre el fraude fiscal asociado al ladrillo ha sido exponencial
Clasificado bajo: Sin categoría | Sin comentarios » El IPCA sube hasta el 1,4%, su tasa más alta desde diciembre de 2008
Ya son cinco meses de aumentos consecutivos de la inflación
30-03-2010 , Expansión.com/EP
El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) en España situó en marzo su tasa anual en el 1,4%, cinco décimas más que en el mes anterior, según los datos adelantados hoy por el INE, que atribuye este repunte al encarecimiento de los carburantes y al mantenimiento de los precios de los alimentos, frente al descenso que experimentaron ambos grupos en marzo del año pasado.
Esta tasa del 1,4% es la más alta desde diciembre de 2008, cuando el IPCA se situó en el 1,5%. Con la subida de marzo, el IPC armonizado vuelve a anotarse un aumento tras haber registrado en febrero una caída de dos décimas en su tasa anual. Con marzo, ya son cinco los meses consecutivos en los que este indicador se encuentra en tasas positivas después de una racha de ocho meses en negativo.
El IPCA entró por primera vez en negativo el pasado mes de marzo y alcanzó su mínimo histórico en julio, con una tasa del -1,4%. Desde el mes de agosto, el indicador moderó su caída por debajo del 1% y en octubre registró su última tasa negativa hasta el momento (-0,6%).
En caso de coincidir el dato de marzo del IPC armonizado con la tasa de inflación general -algo que suele ocurrir décima arriba o abajo-, la inflación registraría también su tasa más elevada desde diciembre de 2008 (1,4%).
El Gobierno considera que la inflación se ha “normalizado” en tasas “moderadamente” positivas, situación que prevé que se mantenga en los próximos meses como consecuencia de la situación económica.
El Ejecutivo cree que el comportamiento que está registrando la inflación subyacente, que excluye los elementos “más volátiles” como la energía y los alimentos no elaborados, permite descartar por completo una situación de deflación y augura un crecimiento de los precios en una tasa de “estabilidad moderada”.
El 15 de abril se publica el dato definitivo
El IPC armonizado, que sirve después a Eurostat para incorporarlo al cálculo del índice de inflación en la Unión Europea, proporciona un avance de cómo evolucionaron los precios en España durante el mes de marzo. Su publicación responde a la política de Eurostat y del Banco Central Europeo (BCE) de ofrecer datos equiparables en tiempo y calidad a los producidos en Estados Unidos.
El indicador adelantado se calcula utilizando el mismo procedimiento que el empleado para el Índice de Precios de Consumo Armonizado, pero utilizando diversos métodos de modelización estadística para estimar la información de la que aún no se dispone en el momento de su publicación.
Clasificado bajo: Sin categoría | Sin comentarios » Los registradores tendrán que avisar si sospechan de parcelaciones ilegales
La nueva norma endurece las multas contra las segregaciones en suelo rural
Diego Narváez – Málaga – 29/03/2010 – El País
Ahora, el nuevo Reglamento de Disciplina Urbanística aprobado el pasado día 16 por el Consejo de Gobierno de la Junta introduce medidas severas contra las parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable, definidas en la LOUA como la división simultánea o sucesiva de terrenos, fincas o parcelas en dos o más lotes que puedan inducir a la formación de nuevos asentamientos.
Lo más novedoso es la implicación de los registradores de la propiedad, que, según la normativa, “deberán comunicar a la consejería competente en materia de urbanismo las solicitudes de inscripción registral de parcelaciones con licencia o declaración de innecesariedad cuando estas pudieran ser contrarias a la ordenación urbanística y territorial”. Es una obligación comparable a la que tienen los notarios de comunicar los casos en los que sospechen que se puede ocultar blanqueo de capitales.
Las parcelaciones quedan además sujetas a la posibilidad de las actuaciones de derribo exprés por las que se ha conocido este reglamento. El artículo que faculta la “inmediata demolición” en el plazo máximo de un mes de aquellas actuaciones “manifiestamente incompatibles con la ordenación urbanística”. Y expresamente cita entre estas: “… y, en cualquier caso, las actuaciones de parcelación o urbanización sobre suelos no urbanizables, y cualesquiera otras que se desarrollen sobre terrenos destinados por el planeamiento a sistemas generales o dotaciones públicas”.
Dentro de la línea general que inspira el reglamento de impedir la obtención de beneficios económicos a los infractores, la norma es especialmente dura en el caso de las parcelaciones ilegales, de forma que contempla que las multas se eleven hasta alcanzar un 150% del beneficio obtenido por el infractor en la venta del terreno parcelado, y, en todo caso, con el que se fije por el valor del mercado.
La parcelación urbanística en suelo no urbanizable es además una de las actuaciones contra las que el reglamento faculta la intervención subsidiaria de la Junta para sancionar, si es que no lo hacen los respectivos ayuntamientos.
Clasificado bajo: Sin categoría | Sin comentarios » La morosidad de las financieras en créditos al consumo se dispara
Se sitúa en el 22% a final de 2009
El volumen de créditos concedidos se hunde un 25% por la crisis
La compra de automóviles se lleva la peor parte con un retroceso del 37%
24/03/2010 Agencias – El Mundo
Madrid.- La morosidad en los créditos al consumo de los establecimientos financieros cerró 2009 en el 22% frente al 13,7% en el que se encontraba el año anterior.
Los establecimientos financieros son entidades que pueden conceder créditos pero, al contrario que los bancos y las cajas, no pueden captar depósitos. Entre estos se encuentran entidades como Cofidis o las filiales de las automovilísticas que conceden préstamos para comprar coches.
La morosidad en los créditos del sector de la automoción de estas entidades terminó el año en el 14,2% frente al 8,7% de 2008, según los datos de la patronal del sector Asnef.
El volumen de crédito al consumo de estos establecimientos sumó 23.461 millones de euros en 2009, lo que representó una caída interanual del 25,7% debido a la crisis económica, que incide de forma especial en este tipo de préstamos, según dijo Asnef.
El retroceso, sin dejar de ser significativo, va siendo menor trimestre a trimestre, ya que en junio disminuyó el 32,2% y en septiembre el 30%.
En cualquier caso, el descenso de los créditos al consumo es muy inferior, del 9,13%, si se tiene en cuenta también a los bancos y las cajas, según muestran los datos del Banco de España.
La mayor caída dentro de este sector la sufrieron los créditos destinados a la compra de automóviles, que se redujeron el 37%, hasta quedar en 6.324,5 millones.
Asnef explica que en las causas del desplome han afectado la predisposición al ahorro, la tendencia a la disminución del endeudamiento y el deterioro de la confianza de las familias en la situación económica.
Dentro de los créditos al consumo destaca la “drástica” caída de los préstamos personales, que cayeron un 63,8%, hasta los 744,8 millones de euros mientras que las operaciones con tarjetas de crédito cayeron un 12,9%, con 12.704 millones.
Clasificado bajo: Sin categoría | Sin comentarios » Fernando P.Méndez González: Solvencia bancaria
El sistema financiero español no atraviesa su mejor momento. Lo sabemos y, además, lo sufrimos. Las empresas y los ciudadanos españoles somos los que más dificultades tenemos para acceder al crédito de toda la Unión Europea.
Sin duda, la incapacidad del sistema financiero para cumplir su función fundamental -conceder créditos a ciudadanos y a empresas solventes- es hoy uno de los principales factores que nos retienen en esta crisis, contribuyendo, con su incapacidad, a que ciudadanos y empresas solventes dejen de serlo y se incremente, cada día, el número de desempleados.
Por ello, las agencias y mercados están juzgando a nuestros bancos y cajas con severidad. Creo, sin embargo, que los están juzgando con una severidad excesiva, porque están sobrevalorando los riesgos en los que se hallan incursos.
Riesgos y solvencia
No se trata de minimizar tales riesgos, bien conocidos, al menos los inmobiliarios, lo cual sería irresponsable, sino de evitar una sobrevaloración relativa de los mismos, lo cual conduce a una percepción inadecuada de la solvencia real del sistema que, a su vez, puede conducir a exigir provisiones excesivas y, en última instancia, a dificultar su función crediticia, la cual requiere inexcusablemente también -no lo olvidemos- la solvencia de los solicitantes, si no queremos que nuestros depósitos y nuestras inversiones en títulos hipotecarios y, en general, bancarios, desaparezcan por el desagÍ¼e. Debemos recordar que una de las razones fundamentales de esta crisis radica en las alegrías excesivas de los gestores del sistema durante los días de vino y rosas.
Tal sobrevaloración se debe, en mi opinión, a que no se tienen en cuenta dos características esenciales de nuestro sistema jurídico, especialmente por las agencias de calificación y no sé si por nuestros organismos reguladores.
A saber, en nuestro país:
1) El acreedor puede exigir ampliación de las garantías, en determinados casos -art.1129 del Código Civil- y, concretamente, cuando el valor del bien hipotecado haya disminuido en más de un 20 por ciento si la hipoteca se halla afecta a una emisión de títulos hipotecarios, como suele ser frecuente -art. 29 del Reglamento del Mercado Hipotecario-Por muchas razones, las entidades financieras no están utilizando esta posibilidad.
2) La responsabilidad por incumplimiento de un crédito hipotecario no recae exclusivamente sobre el bien hipotecado -salvo que así lo hayan pactado acreedor y deudor, lo que aún no he visto en mis casi 30 años de ejercicio profesional-, sino también sobre el resto del patrimonio del deudor, incluyendo su salario, hasta un cierto límite mínimo.
Ello significa que el deudor hipotecario no puede liberarse de la deuda entregando las llaves de la casa al acreedor -como sucede en algunas jurisdicciones del Common Law, y no en todas, pese a lo que por aquí se cree-, lo que constituye un fuerte estímulo para que el deudor no deje de pagar -al que se une el hecho de que el bien hipotecado es, normalmente, la propia vivienda y que la hipoteca, ordinariamente, sirve de garantía al préstamo necesario para adquirirla- Significa también que la evolución negativa del desempleo constituye una disminución de las garantías de cobro con las que el acreedor hipotecario cuenta en nuestro sistema, como es una parte del salario del deudor.
Condiciones bancarias
En definitiva, en primer lugar el valor de las garantías hipotecarias ha disminuido, pero las entidades financieras españolas pueden exigir garantías complementarias, aunque no lo hagan, algo que no pueden hacer muchas de sus competidoras.
En segundo lugar, el deudor no puede liberarse de la deuda entregando la finca hipotecada, lo que constituye un estímulo para el cumplimiento, algo que no sucede en todas las jurisdicciones, especialmente de Common Law.
En tercer lugar, la hipoteca no es la única garantía de un préstamo hipotecario, sino también, previa excusión, el resto del patrimonio del deudor, lo que no sucede tampoco en todas las jurisdicciones, especialmente de Common Law.
Todo ello debería ser tenido muy en cuenta antes de emitir juicios, un tanto precipitados, sobre los riesgos comparativos de las entidades financieras españolas, y también antes de promulgar regulaciones no siempre justificadas.
A pesar de ello, el sistema financiero no es capaz de cumplir su función crediticia, lo que constituye un grave lastre, si no el más grave -a la altura de nuestra rigidez laboral- para ver la salida del túnel. No hay, sin embargo, el menor debate sobre esta cuestión. Sorprendente, ¿o no?
Fernando P.Méndez González, miembro del Consejo Editorial de elEconomista.
Clasificado bajo: Sin categoría | 1 comentario » Un juez anula tres contratos ‘swaps’ al Sabadell y le obliga a devolver el dinero
Hipotecas – Por información engañosa
La sentencia dice que la información ofrecida por el banco les indujo a error
El banco tendrá que devolver 6.287 euros más los intereses a tres clientes
El ‘swap’ fija que, si los tipos bajan, el cliente debe pagar al banco
Europa Press | Madrid 26/03/2010 El Mundo
El juez ha declarado nulos tres contratos ‘swap’, de permuta financiera, suscritos por el Banco Sabadell con dos autónomos y una pyme, a los que deberá de devolver el dinero por no advertirles de los riesgos de una posible bajada de los tipos de interés, según una sentencia dictada el pasado 9 de marzo.
La sentencia afirma que el contrato “no especifica nada sobre los riesgos concretos de la operación modalidad ‘swap’, ni de los riesgos de una variación en los tipos de interés’
La sentencia relata como la directora de una sucursal de Banco Sabadell se puso en contacto telefónico con sus clientes de préstamos hipotecarios para ofrecerles el producto ‘swap’, por el cual, en el caso de que el tipo de interés de referencia suba, el banco debe abonar la diferencia al cliente, y en el supuesto de que el tipo de interés baje es el cliente quien tiene que pagar al banco.
La sentencia concluye que los contratantes “se acogieron a la firma del ‘swap’ porque la información ofrecida por el banco les indujo a error sobre las posibilidades de rentabilidad, debido a una información defectuosa”.
El Juzgado de Primera Instancia de Castropol (Asturias) estima así íntegramente la demanda presentada por los afectados, declara nulos los contratos y obliga a la entidad a devolver un total de 6.287 euros más los intereses. Fuentes del Banco Sabadell confirmaron a Europa Press que los servicios jurídicos de la entidad están estudiando el contenido de la sentencia y si presentarán el correspondiente recurso contra ella.
Se anulan los contratos
El ‘swap’ establece que, si el tipo de interés baja, es el cliente quien tiene que pagar al banco
El juez anula los contratos porque, en ellos “no se especifica nada de los riesgos concretos de la operación modalidad ‘swap’, ni de los riesgos de una variación en los tipos de interés como la que se preveía podía producir”.
Asimismo, el dictamen concluye que el banco debió informar al cliente sobre la posible variación de los tipos de interés “a pesar de que ello conlleve un riesgo de no contratación”.
Cargos por bajadas en el Euribor
Unos meses después de firmar el contrato “de forma libre”, los clientes detectaron cargos en los extractos bancarios de sus cuentas corrientes causados por las bajadas de tipos de interés y fue entonces cuando tuvieron conocimiento de la “esencia” del contrato, explica la sentencia.
Por ejemplo, uno de los tres clientes, tras firmar el contrato, sumó dos abonos en septiembre y diciembre de 2008 por valor de 57 euros cada uno y tres cargos en marzo, junio y septiembre de 2009 por importes de 718 euros, 1.273 euros y 1.445 euros, respectivamente.
La sentencia advierte al Banco Sabadell de que debe informar al cliente de que “tales desigualdades pueden producirse y hacerlo de una forma tan exhaustiva que impida la contratación de servicios que rápidamente le puedan producir unos perjuicios económicos persistentes, a través de un sistema de información imparcial, claro y no engañoso”.
Clasificado bajo: Sin categoría | Sin comentarios » La vivienda cierra su primer ‘annus horribilis’
Raquel Díaz Guijarro – 26/03/2010 Cinco Días
Del aterrizaje suave por el que todos suspiraban en 2007 a la debacle vivida en 2009, así ha sido el particular vía crucis del mercado de la vivienda en España. Apenas dos años en los que se ha pasado de cifras que asustaban por su magnitud: más de 700.000 casas iniciadas cada doce meses y por encima de las 830.000 compraventas; a volúmenes que, en teoría, no cubren ni la demanda estructural de residencia que tiene un país con la población de España. El Ministerio de Vivienda hizo públicos ayer los datos correspondientes a actividad, semanas después de que lo hicieran arquitectos y aparejadores. Aunque las cifras discrepan sensiblemente y el Gobierno debería explicar por qué, (el departamento que dirige Beatriz Corredor estima que en 2009 se iniciaron 159.284 casas por las 110.000 que calculan arquitectos y aparejadores), lo cierto que es todos los balances son abrumadores: la actividad se ha reducido a la mínima expresión como consecuencia de la atonía de la demanda.
Esa cifra de pisos iniciados en 2009 es la más baja de la serie histórica que data de 1992 y un 56% inferior a la registrada un año antes, cuando el volumen de casas que comenzaron a edificarse aún resistía en el entorno de las 270.000.
Pero es que en el análisis según la tipología de inmuebles el desplome es aún mayor. Así, en 2009 se iniciaron apenas 80.200 casas de renta libre, tres veces menos que las que comenzaron a edificarse en 2008, que sumaron 269.000. También se redujeron las viviendas protegidas (VPO) iniciadas, con 79.054 inmuebles, aunque en un porcentaje inferior, del 12,7%. De este modo, 2009 marca otro hito que la crisis ha convertido hasta en lógico: por primera vez en la historia se edifican tantas casas de renta libre, como aquellas que cuentan con algún grado de protección, cuando tradicionalmente la VPO apenas ha representado el 30% de toda la actividad residencial.
No concuerda tampoco cómo es posible que si en volumen de viviendas iniciadas las VPO ya pesan tanto como las de renta libre, en el total de las ventas, según los datos que ofrecen los notarios, los pisos de protección oficial continúen representando apenas un 11% del mercado. ¿Caprichos de la estadística? Desde luego, ni teniendo en cuenta el volumen de transacciones de inmuebles de segunda mano se entiende esa aparente discrepancia entre todos los números publicados.
En cuanto a las viviendas terminadas, el pasado año se finalizaron 425.130, un 32,8% menos que en 2008. De ese volumen, 356.555 viviendas eran libres, un 36,7% menos, y 68.575 VPO, un millar menos que durante el ejercicio anterior.
En 2010 se volverán a marcar mínimos de viviendas terminadas, ya que la vida media de una promoción es de 24 a 30 meses y el máximo de actividad inmobiliaria se marcó en 2006, por lo que ese plazo ya se ha cumplido. Por tanto, durante los próximos meses finalizarán promociones procedentes de años en los que el volumen de edificación ya fue considerablemente menor al de los años 2005 y 2006. Esto, unido a que se construirá aún menos que en 2009, los pronósticos más optimistas sitúan las viviendas iniciadas por debajo del umbral de las 100.000, facilitará que se inicie la absorción del stock que, según las fuentes que se consulten, asciende a más de un millón de casas.
Si 2007 fue el año de la desaceleración, 2008 fue el de la sorpresiva crisis y 2009 ha sido el primer annus horribilis, ya que numerosos expertos coinciden en que aún vendrán más. “El hecho de que un promotor no pueda parar de golpe la construcción que tenga en marcha, aunque compruebe que las ventas se han reducido a la mitad ha hecho mucho daño, este sector no es como el del automóvil”, explican en una patronal.
Y mientras el desarrollo de nuevas promociones se reduce a sitios con la demanda prácticamente garantizada, la rehabilitación mantiene el tipo. Según los datos publicados por el Ministerio de Vivienda, en 2009 se realizaron 43.448 solicitudes de reformas en viviendas, frente a las 43.628 del año anterior. Entre octubre y diciembre de 2009, las solicitudes de rehabilitación ascendieron a 11.128, un 5%más que en el trimestre anterior y un 10,5% menos respecto a igual periodo de 2008.
Con respecto a las aprobaciones provisionales de rehabilitación, en 2009 se produjeron 43.087, frente a las 73.362 de 2008, en tanto que el número total de aprobaciones definitivas ascendió a 42.774, frente a las 45.081 del año anterior.
El número de aprobaciones definitivas de rehabilitación en el cuarto trimestre del pasado ejercicio fue de 14.442, lo que supuso aumento del 57,18% con respecto al tercer trimestre y del 14,51% con respecto al cuarto de 2008. Los problemas que aún persisten en el acceso al crédito explican también la caída de demanda de proyectos de reforma.
Drástica reconversión
¿Está el sector preparado para superar esta travesía por el desierto que aún serán los dos próximos ejercicios? Todos los análisis elaborados coinciden en que la demanda habría tocado ya fondo, aunque será necesaria una drástica reconversión. De hecho, los primeros datos de compraventas correspondientes a enero certifican una mejora del 2% anual que no se producía desde la primavera de 2008.
En este leve repunte podría estar incidiendo el denominado efecto fiscal. El hecho de que en julio vaya a subir el IVA que grava los inmuebles de nueva construcción del 7% al 8% o que a partir de 2011 ya no puedan desgravarse fiscalmente las nuevas compras de vivienda las familias con rentas superiores a 24.000 euros brutos anuales podría animar a algunos compradores a adelantar su adquisición. “Sin embargo, superadas esas dos fechas clave, aún es pronto para aventurar si el mercado seguirá la senda de la recuperación. Todo va a depender de la rapidez con que comience a absorberse el stock”, aseguran en una consultora.
Menos márgenes empresariales y productos más exclusivos, con mejores servicios y equipamientos son el único camino que les queda a los promotores que quieran seguir siéndolo despúes de esta crisis porque los expertos avisan: “ya nada será igual”.
Clasificado bajo: Sin categoría | Sin comentarios » Estadística de Hipotecas (Base 2003)
Enero 2010. Datos provisionales
El importe medio de las hipotecas constituidas en enero desciende un 18,8% en tasa interanual y alcanza los 123.673 euros
El número de hipotecas que cambian sus condiciones crece un 24,7% y las cancelaciones registrales descienden un 5,5%
Durante el mes de enero el importe medio por hipoteca constituida se sitúa en 123.673 euros, cifra un 18,8% inferior que la del mismo mes del año anterior y un 3,0% inferior a la registrada en diciembre de 2009.
En el caso de hipotecas constituidas sobre viviendas, el importe medio es de 112.839 euros, un 7,6% menos que en el mismo mes de 2009 y un 6,1% inferior al registrado en diciembre de 2009.
Clasificado bajo: Sin categoría | Sin comentarios » El sector inmobiliario empezará a ver la luz hacia el periodo 2012-2015
Informe – Datos de Deutsche Bank
Horas antes PwC, optimista, apuntaba que la recuperación comenzaría en 2010
‘Si el regulador no toma medidas para salir de la crisis, lo hará el mercado’
‘La ventana que abrió el BCE para el descuento se está cerrando’
Europa Press | Madrid – El Mundo – 23/03/2010
El director gerente del negocio inmobiliario de Deutsche Bank, Ismael Clemente, ha asegurado que el negocio inmobiliario “se encuentra en la mitad del ciclo recesivo” y “que podemos empezar a ver la luz hacia 2012-2015″. Esta previsión llega hora después de que PricewaterhouseCoopers, más optimista, apuntara hacia una mejoría del sector este mismo año 2010.
Según ha explicado Clemente en la presentación del informe ‘Tendencias del Mercado Inmobiliario 2010′, las previsiones efectuadas en 2007 vaticinaban que la recesión duraría en torno a cinco u ocho años, por lo que ha incidido en que “no podemos esperar nada especial nada para 2010″ y en que el sector inmobiliario está en la mitad del ciclo recesivo.
‘La relajación de la política monetaria es la única razón por la que la situación ha mejorado’
Asimismo, ha subrayado que “la relajación de la política monetaria es casi la única razón por la que la situación ha mejorado” y que si el regulador no toma medidas para salir de la crisis, lo hará el mercado. En este sentido, ha apuntado que la única manera de conseguirlo es poner en práctica medidas que impulsen la economía real, porque “tenemos un problema de economía real”.
Respecto a la liquidez en los mercado de deuda, ha manifestado que “la ventana que abrió el Banco Central Europeo para el descuento se está cerrando paulatinamente”, lo que supondrá un problema para la banca española, al tiempo que ha valorado positivamente el enderucemiento por parte del Banco de España de la provisión que el sector financiero debe realizar sobre el valor de los activos inmobiliarios.
Clasificado bajo: Sin categoría | Sin comentarios » El Gobierno propone flexibilizar los préstamos del ICO y limitar los embargos de vivienda
Documento anticrisis de 54 medidas
Pretende rubricarlo el próximo lunes y aprobar un decreto ley el martes
No se han incluido una prorroga del Plan 2000E
25/03/2010 El Mundo Juan Emilio Maíllo
Madrid.- Flexibilizar los créditos del ICO, limitar los embargos de vivienda habitual, aplicar un IVA superreducido del 4% para la dependencia. Estas son algunas de las 54 medidas que el Gobierno ha presentado a los partidos políticos en un documento de nueve páginas, con el objetivo de alcanzar el próximo lunes un pacto anticrisis.
En rueda de prensa, la ministra de Economía y vicepresidenta segunda, Elena Salgado, ha detallado las principales propuestas, algunas ya conocidas, para sacar a España de la recesión.
Para reactivar la actividad de las pequeñas y medianas empresas, el Ejecutivo ha definido varias medidas. Así, antes del 15 de junio el ICO empezará a dar préstamos directos con un límite de 200.000 euros, asumiendo el 100% del riesgo.
También se mantendrán las subvenciones a las compañías en concurso de acreedores, si no se lesiona el interés público.
El documento fomenta las actuaciones de rehabilitación y eficiencia energética en el sector de la construcción para impulsar la creación de empleo.
Así, se reduce el IVA para todo tipo de obras de mejora de vivienda, fijando el tipo reducido para aquellas realizadas hasta 31 de diciembre de 2012 y ampliando el límite máximo del coste de materiales hasta el 30% del precio de la actuación.
Además, se crea una nueva deducción en el IRPF por obras de mejora de la vivienda habitual, realizadas antes del 31 de diciembre de 2012. La deducción será del 10% para contribuyentes de renta inferior a 33.007 euros, con un límite del 4.000 euros anuales por vivienda, pudiendo deducirse las cantidades excedentes a lo largo de los cuatro ejercicios siguientes y con un máximo total de 12.000 euros.
Las empresas podrán recuperar en seis meses, en lugar de un año como hasta ahora, el IVA por factura no cobrada y se beneficiarán de una exención de tributación en el IRPF de las cuantías que aportan las sociedades para el desplazamiento de los trabajadores, con límite de 1.500 euros.
Asimismo, se aplicará un IVA superreducido, del 4%, a los servicios prestados para la atención a la dependencia.
Las entidades financieras podrán ver reducidos los plazos para solicitar las ayudas contempladas en el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). El documento también pretende clarificar la figura conocida como Sistema Institucional de Protección (SIP), en torno al que se pueden articular las conocidas como ‘fusiones frías o virtuales’ entre entidades financieras.
En este punto, Salgado ha señalado que se están haciendo “consultas particulares” para aclarar cuál es el tratamiento contable y fiscal de los SIP, algo que ha pedido el PP, del que la vicepresidenta espera que se sume también al acuerdo.
Para los particulares hay medidas sobre los embargos de vivienda. El Gobierno propone subir el umbral del sueldo que no se puede embargar en una ejecución hipotecaria para proteger a las familias de rentas bajas.
Y así hasta un total de 54 medidas entre las que finalmente no se ha incluido una eventual prórroga del Plan 2000E de ayudas a la compra de automóviles, como sugirió este miércoles el presidente del Gobierno, a propuesta de CiU. Pese a ello, la ministra de Economía asegura que el Ejecutivo no abandona “definitivamente” la idea de ampliarlo.
Salgado confía en recabar el apoyo de los grupos políticos a este último documento que les ha enviado a lo largo de este fin de semana para después poder convocarlos el próximo lunes para su firma. De esta forma, el martes, el Consejo de Ministros lo aprobará en forma de decreto ley.
Izquierda Unida-ICV y Esquerra Republicana han criticado las “prisas” del Gobierno para responder a su paquete de medidas. Estos partidos llaman la atención sobre el hecho de que el Gobierno haya tardado cuatro semanas en enviar ese documento y exija ahora a la oposición que responda en poco más de 24 horas.
Clasificado bajo: Sin categoría | Sin comentarios » Documento de síntesis
La capacidad de la economía española para recuperar un crecimiento sobre bases más sólidas y, con él, la creación de un empleo igualmente más estable, requiere la adopción de relevantes medidas de impulso y reforma del marco económico vigente.
El consenso político en torno a esas medidas de reforma es especialmente positivo por cuanto contribuye de modo muy intenso a elevar la confianza en la capacidad de España para superar los problemas derivados de la crisis económica: confianza de los ciudadanos, de los actores políticos, económicos y sociales, y también la de los agentes internacionales.
En el marco de los acuerdos alcanzados en los foros internacionales y europeos, resulta necesario abordar el doble objetivo de recuperar la senda de la estabilidad en las cuentas públicas y de instrumentar las reformas necesarias para impulsar al máximo el desarrollo y crecimiento de nuestras empresas y su capacidad de generar empleo.
Con ese objetivo el Gobierno, siguiendo la voluntad general de los grupos políticos de las Cortes Generales expresada en la comparecencia del Presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados del 17 de febrero pasado, convocó el pasado 1 de marzo una ronda de negociaciones con el fin de estudiar una serie de propuestas que hizo llegar a los propios grupos el reciente 1 de marzo.
Tras diversas reuniones generales y bilaterales y el examen de las propuestas planteadas por el Gobierno y por los diversos grupos participantes en dichas conversaciones, se puede constatar la existencia de un amplio consenso sobre un buen número de aquellas.
De conformidad con ello, el presente acuerdo recoge una serie de medidas que el Gobierno y los grupos firmantes consideran unánimemente necesarias en el momento actual, sin perjuicio de futuros acuerdos en otros ámbitos y, muy especialmente, en aquellos procesos de diálogo y concertación actualmente abiertos en sedes específicas en materia de Diálogo Social, Pacto de Toledo y estabilidad presupuestaria en las diversas administraciones públicas, así como de los acuerdos a alcanzar en sede parlamentaria con ocasión de la tramitación del proyecto de ley de economía sostenible en los aspectos regulados en esta norma y, en especial, en los ámbitos referidos al tratamiento fiscal de las inversiones de mejora medioambiental y de las inversiones en I+D+i.
Con la finalidad de impulsar la recuperación económica, el Gobierno y los grupos políticos firmantes adoptan los siguientes
A) Con el fin de mejorar el acceso de las empresas al crédito y reforzar su solvencia financiera:
1.- Inicio, con fecha efectiva anterior al 15 de junio, por parte del Instituto de Crédito Oficial de la actividad de préstamo directo a pequeñas y medianas empresas, con un importe máximo de 200.000 euros por operación, decidiendo y asumiendo el ICO el riesgo de estas operaciones al 100%.
2.- Reducción de los plazos y trámites de contratación para la selección competitiva por parte del ICO de una oferta que permita la instrumentación de estos préstamos en el ámbito nacional.
3.- Adopción de un acuerdo por el que se instruye al ICO para que eleve los topes de riesgo que asume, tras un análisis de las líneas de mediación relevantes, hasta los niveles medios de riesgo de las entidades de crédito para los colectivos de referencia
4.- Flexibilización de los requisitos de reinversión de los fondos derivados de las titulizaciones FTPYME permitiendo que se destinen a financiar activo circulante de PYMES.
5.- Reforma de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y de la Ley de Subvenciones para posibilitar la continuidad de la relación contractual o de las subvenciones con las empresas sometidas a procedimientos de concurso cuando de ello no resulte lesionado el interés público.
6.- Fijación de un tope máximo a los aranceles de los procuradores en los procedimientos concursales.
7.- Prolongación para 2010 de la regla transitoria prevista en el RD-Ley 10/2008, sobre cómputo de pérdidas en los supuestos de reducción obligatoria de capital social en la sociedad anónima y de disolución en las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada.
8.- Prórroga para los ejercicios 2011 y 2012, de la libertad de amortización siempre que se mantenga el empleo, establecida en la Ley 4/2008, de 23 de diciembre.
9.- Flexibilización para las PYMES de los requisitos para recuperar el IVA en el caso de impago de facturas, así como acortar el plazo de 1 año a 6 meses.
10.- Simplificación para las PYMES de las obligaciones de documentación en operaciones vinculadas fundamentalmente interiores. No afectará en ningún caso a las operaciones con paraísos fiscales.
B) Con el fin de impulsar el desarrollo y crecimiento de las PYMES, en especial de su actividad en el exterior:
11.- Incorporación de la garantía a la normativa del seguro de crédito a la exportación, de modo que las coberturas otorgadas en nombre propio y por cuenta del Estado por la Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación S.A. Cia. de Seguros y Reaseguros (CESCE), sobre riesgos derivados del comercio exterior, de las inversiones exteriores y de las transacciones económicas con el exterior puedan instrumentarse mediante esta fórmula.
12.- Previsión, una vez concedida la correspondiente autorización de las autoridades comunitarias, de la capacidad para que CESCE, por cuenta del Estado, cubra riesgos comerciales en operaciones a corto plazo cuando el deudor sea privado y el medio de pago sea un crédito documentario.
13.- Adopción de un acuerdo por el que se instruye al ICO para que incremente el volumen de reafianzamiento de las Sociedades de Garantía Recíproca mediante la adopción de convenios con Sociedades de Garantía Recíproca que permitan la canalización de operaciones a las mismas, compartiendo el ICO el aval de estas operaciones. Esta operativa se instrumentará a través del sistema de contragarantías de CERSA con las Sociedades de Garantía Recíproca
14.- Refuerzo de las líneas de apoyo a la exportación, y en especial ampliación de la línea FAD-PYME respetando el marco presupuestario global del FAD para 2010 y el refuerzo de la actividad de FONDPYME mediante la revisión de sus condiciones de actuación (límites de financiación por proyecto, plazos y periodos de carencia).
15.- Desarrollo de planes específicos para el apoyo a la internacionalización de empresas españolas en el Ífrica Occidental.
16.- Incremento de los porcentajes de cofinanciación de las empresas en las actividades de promoción comercial en el exterior.
C) Con el fin de impulsar la creación de empleo mediante el desarrollo de las actuaciones de rehabilitación y eficiencia energética en el sector de la construcción:
17.- Reducción del IVA para todo tipo de obras de mejora de vivienda, fijando el tipo reducido para las obras realizadas hasta 31 de diciembre de 2012 y ampliando el límite máximo del coste de materiales hasta el 30% del precio de la actuación.
18.- Ampliación del concepto de rehabilitación estructural a efectos de IVA definiendo las obras análogas y conexas a las estructurales con el objeto de reducir los costes fiscales asociados al proceso de rehabilitación.
19.- Aplicación de las medidas anteriores al Impuesto General Indirecto Canario, cuando las competencias normativas correspondan al Estado
20.- Creación de una nueva deducción en el IRPF por obras de mejora de la vivienda habitual realizadas hasta 31 de diciembre de 2012. La deducción, que soportará íntegramente el Estado, se establece por cantidades satisfechas por obras que tengan por objeto la eficiencia energética, la mejora de las cubiertas y la estanqueidad, el saneamiento, el acceso a la sociedad de la información, la sustitución o mejora de las instalaciones de electricidad, agua, gas, la adaptación de la vivienda a personas con discapacidad, o la mejora de la accesibilidad del edificio o las viviendas en los términos previstos en el Real Decreto 2068/2008. La deducción será del 10% para contribuyentes de renta inferior a 33.007 â‚¬ con un límite del 4.000 euros anuales por vivienda, pudiendo deducirse las cantidades excedentes a lo largo de los cuatro ejercicios siguientes, con el mismo límite anual y con un máximo total de 12.000 euros. La deducción decrecerá progresivamente para los contribuyentes con rentas entre 33.007 â‚¬ y 39.407,20 â‚¬.
21.- Adopción de un acuerdo por el que se instruye al Instituto de Crédito Oficial para ampliar el apoyo financiero a promotores de viviendas de protección oficial cuando éstas se destinen a la venta.
22.- Definición de las Empresas de Servicios Energéticos, como elemento de dinamización de la rehabilitación del parque existente de edificios con vistas a la reducción del consumo energético.
23.- Adopción de las reformas necesarias en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas para asegurar la pronta contratación y realización de un plan de obras de rehabilitación y eficiencia energética en las administraciones públicas, mediante la contratación de empresas de servicios energéticos con el fin de alcanzar un ahorro del 20 % del consumo energético en el horizonte 2010-2012 en 2000 edificios públicos de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales.
D) Con el fin de incrementar los derechos de ciudadanos y consumidores
24.- Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para elevar el umbral de inembargabilidad en los supuestos de ejecución hipotecaria sobre su vivienda habitual, teniendo en cuenta la existencia de familiares a cargo del obligado.
25-. Aplicación del tipo superreducido de IVA a los servicios de atención a la dependencia prestados por las empresas integradas en el sistema de autonomía y atención a la dependencia mediante plazas concertadas en centros o residencias.
26.- Las ofertas de valores dirigidas al público en general, que empleen para ello cualquier forma de comunicación publicitaria, requerirán la intervención de una entidad autorizada para prestar servicios de inversión.
27.- Aceleración del plan de instalación de contadores de nueva generación mediante el establecimiento de incentivos adicionales
E) Con el fin de impulsar la reestructuración del sector financiero:
28.- Clarificación del régimen aplicable a los sistemas institucionales de protección (SIP) en aspectos relativos a su régimen de consolidación contable y de adhesión al Fondo de Garantía de Depósitos, con objeto de garantizar su seguridad jurídica.
29.- Reducción de los plazos y trámites asociados al funcionamiento del FROB.
30.- Permitir que los fondos de titulización de activos se conviertan en titulares de los inmuebles, derechos y cantidades resultantes de los remates de los préstamos hipotecarios de los que son titulares como consecuencia de su titulización.
F) Con el fin de impulsar el desarrollo de las infraestructuras de transporte, el transporte público y la movilidad sostenible:
31. Adopción de un Plan Extraordinario de Infraestructuras Sostenibles a financiar mediante participación público-privada, que garantice un impacto positivo sobre la competitividad de nuestra economía y su contribución a la cohesión territorial.
32.- Subvención del 50% del importe de las tasas de aterrizaje y de la tarifa B.1 por los vuelos con origen o destino a los aeropuertos canarios en días semanales determinados, desde el 26 de marzo de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2012.
33.- Prórroga hasta el 31 de diciembre de 2010 de la bonificación del 30 por ciento de las tasas de aterrizaje de aeronaves y tasas aplicables a pasajeros en los aeropuertos extrapeninsulares en los términos establecidos en el apartado primero de la disposición adicional primera de la ley 5/2009, de 29 de junio.
34.- Prórroga hasta el 31 de diciembre de 2010 del plazo previsto en la Disposición adicional cuadragésimo primera, apartado 3, de la LPGE para 2010 en relación con la finalización convencional de los procedimientos derivados de las reclamaciones por obras adicionales ya ejecutadas al tiempo de su entrada en vigor por las concesionarias de autopistas de peaje competencia de la Administración General del Estado.
35.- Exención de tributación en el IRPF del trabajador de las cuantías satisfechas por las empresas para desplazamientos entre la residencia y el centro de trabajo en transporte público, con el límite de 1.500 euros anuales.
36.- Regulación de los derechos de los pasajeros en materia de exceso de equipaje, de modo que se establezca que el mismo debe calcularse en función del peso y no del número de bultos en el caso de compañías que operen bajo el régimen de obligaciones de servicio público previsto en el Reglamento CE 1008/2008.
37.- Establecimiento y regulación de la obligación para las compañías aéreas de aceptar a embarque los objetos adquiridos en las tiendas situadas en las áreas de embarque, sin que puedan considerarse como exceso de equipaje ni ser objeto de penalización económica.
38.- Creación y regulación de la figura del gestor de recarga energética para impulsar el uso del vehículo eléctrico.
39.- Impulso al programa de gestión de la demanda de electricidad para vehículos eléctricos y elaboración de una propuesta de tarifas ”˜super-valle”™.
G) Con el fin de adoptar un nuevo marco de impulso de la actividad industrial:
40.- Elaboración de un Plan Integral de Política Industrial 2020 con el objetivo de elevar el peso de la industria en el PIB acercándolo a la media europea, en el que se incluyan previsiones específicas en relación con:
Sector aeroespacial.
Participación en proyecto Galileo.
Apoyo al sector de la máquina-herramienta.
Impulso del sector de automoción.
Plan de desarrollo de vehículo eléctrico.
Impulso al sector de las TICs.
Aumento del tamaño empresarial.
Impulso al desarrollo de polos de innovación (clusters)
Apoyo a los clústers del ámbito farmacéutico y biotecnológico en el marco del Plan de Innovación 2010 y de las actividades del CDTI.
41.- A tal fin, el Gobierno creará un Comisión Interministerial de Política Industrial. Antes de 3 meses dicha Comisión presentará una propuesta con las líneas generales del Plan Integral de Política Industrial 2020 al Consejo de Ministros.
42.- Se promoverá la creación de una subcomisión específica en el Congreso de los Diputados, con la participación de los agentes sociales, para la discusión de un marco integral de la Política Industrial para el período 2010-2020 en el plazo de 10 meses.
H) Con el fin de impulsar la plena recuperación y modernización del sector turístico
43.- Adopción, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, de un plan de incentivos a la desestacionalización para las empresas que se comprometan a ampliar su actividad por encima de seis meses durante 2010 y 2011.
44.- Adopción de un acuerdo por el que se instruye al Instituto de Crédito Oficial para proceder a la ampliación de la línea ICO-FuturE para apoyar la renovación del sector en 100 M â‚¬ hasta un total de 500 Mâ‚¬, ampliando además el conjunto de inversiones financiables.
45.- Firma del Convenio en materia turística con la Comunidad Autónoma de Canarias, antes del 1 de junio de 2010, para materializar las inversiones por importe de 30 millones de euros, en el marco de la estrategia para la mejora de los espacios públicos turísticos de Canarias, así como para incorporar a la Comunidad al programa Turismo Senior Europa.
I) Con el fin de impulsar el sector agroalimentario
46.- Presentación, antes del 30 de junio, de un proyecto de modificación de la ley de organizaciones interprofesionales agroalimentarias y de la legislación de contratos agrarios para mejorar la gestión y transparencia de los mercados.
J) Con el fin de mejorar la contribución del sector energético a la competitividad y la sostenibilidad de la economía
47.- Antes del 30 de junio de 2010 se adoptarán medidas para mejorar la eficiencia en costes de la energía y los precios que afectan a empresas y familias y, para ello:
Se revisarán los sistemas de incentivos a las energías renovables.
Se revisarán los costes asociados al transporte de energía.
Se fomentará la competencia en el mercado eléctrico mejorando los mecanismos de contratación.
48.- Antes del 30 de junio de 2010, se acordará, en el seno de la Subcomisión de análisis de la estrategia energética española para los próximos 25 años, una propuesta de mix energético para 2020.
49.- Establecimiento de cupos especiales de potencia para energías renovables en Canarias y determinación de las necesidades de tecnologías de respaldo, atendiendo a su condición de región ultraperiférica.
50.- Previsión legal que permita asegurar la financiación transitoria por parte de las empresas eléctricas de los déficits coyunturales del sistema, así como la determinación de los mecanismos por los que se articula el proceso de titulización del déficit de tarifa del sistema eléctrico hasta su completa emisión.
K) Con el fin de impulsar la actuación del Gobierno y del resto de administraciones públicas en el desarrollo de los planes de austeridad
51.- Compromiso colectivo de impulsar y apoyar, en los correspondientes Parlamentos, los acuerdos alcanzados por el Estado, y las Comunidades Autónomas en el seno del Consejo de Política fiscal y Financiera, así como a la adopción de las medidas de garantía de su cumplimiento.
52.- El Gobierno concretará, en el mes de abril, un plan de austeridad que, en el marco de una reducción progresiva del gasto de personal, asuma una reducción del número de altos cargos y un Programa de racionalización del sector público empresarial.
L) Otras medidas:
54.- Mantenimiento para el ejercicio 2010 de la regla transitoria de valoración del suelo urbanizable de acuerdo con las determinaciones previstas en la Disposición transitoria tercera, apartado 2, párrafo 2º, del texto refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio.
55.- Apertura de la posibilidad de valoración del suelo agrario mediante un coeficiente corrector vinculado con los precios de mercado, mediante la reforma de la Disposición Adicional Séptima del texto refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, sobre capitalización de rentas de suelo rural.
Con el fin de agilizar al máximo la adopción de los acuerdos anteriores, el Gobierno adoptará de inmediato cuantas actuaciones incluidas en los anteriores acuerdos sean susceptibles de inclusión en un Real Decreto-Ley de medidas urgentes de impulso de la recuperación económica.
En el mismo sentido, el Gobierno y los grupos políticos impulsarán la rápida tramitación parlamentaria de cuantas actuaciones incluidas en los anteriores acuerdos sean objeto de iniciativas legislativas actualmente en trámite o de presentación inmediata por parte del Gobierno.
Igualmente, el Gobierno informará a los grupos políticos de la adopción de las normas reglamentarias y acuerdos del Consejo de Ministros y sus Comisiones Delegadas que incluyan las restantes medidas previstas en los acuerdos anteriores.
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Iustel. Diario del Derecho
Decreto 76/2010, de 18 de marzo, por el que se regulan las condiciones de ejercicio de las competencias delegadas en las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario para la gestión y liquidación de los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, y se aprueba su régimen de creación, división y supresión (DOE de 25 de marzo de 2010). Texto completo.
DECRETO 76/2010, DE 18 DE MARZO, POR EL QUE SE REGULAN LAS CONDICIONES DE EJERCICIO DE LAS COMPETENCIAS DELEGADAS EN LAS OFICINAS LIQUIDADORAS DE DISTRITO HIPOTECARIO PARA LA GESTIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS IMPUESTOS SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS Y SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES, Y SE APRUEBA SU RÉGIMEN DE CREACIÓN, DIVISIÓN Y SUPRESIÓN.
De acuerdo con la Ley 22/2009 , de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, y la Ley 28/2002 , de 1 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Extremadura y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, corresponde a la Comunidad Autónoma de Extremadura, entre otras facultades, la gestión, liquidación y recaudación en relación con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
La normativa reguladora de estos tributos, integrada fundamentalmente por la Ley 29/1987 , de 18 de diciembre, por lo que respecta al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y por el Real Decreto Legislativo 1/1993 , de 24 de septiembre, por lo que se refiere al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, prevé la posibilidad de encomendar las funciones de gestión y liquidación a las Oficinas de Distrito Hipotecario a cargo de Registradores de la Propiedad. Más concretamente, esta previsión se contiene en la disposición adicional primera del Real Decreto 1629/1991 , de 8 de noviembre, que aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y en la disposición adicional segunda del Real Decreto Legislativo 1/1993 , de 24 de septiembre, que aprueba el Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Estas disposiciones permiten, pues, descentralizar el desempeño de las funciones de gestión y liquidación de estos tributos cedidos y lograr una mayor proximidad a los ciudadanos.
La Comunidad Autónoma de Extremadura, mediante el Decreto 89/1997, de 1 de julio, encomendó las funciones de gestión y liquidación de los tributos cedidos a determinadas Oficinas de Distrito Hipotecario a cargo de los Registradores de la Propiedad y estableció las bases para la firma de un nuevo convenio, que se suscribió el mismo día 1 de julio de 1997.
En el periodo de tiempo transcurrido desde entonces han surgido novedades en varios frentes que aconsejan su incorporación en una nueva norma que regule de forma integral las relaciones entre la Administración Autonómica extremeña y los Registradores de la Propiedad a cargo de Oficinas Liquidadoras. Entre estas novedades destacan la existencia de un nuevo marco normativo de la cesión de tributos entre el Estado y las Comunidades Autónomas; la entrada en vigor de la Ley General Tributaria, que ha supuesto la puesta en práctica de nuevos procedimientos tributarios; y la previsión de que las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario se conecten informáticamente al sistema de gestión integral de ingresos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, denominado DEHESA.
Este Decreto, además de enumerar las funciones de naturaleza tributaria encomendadas a las Oficinas Liquidadoras, también regula el régimen de creación, división y supresión de Oficinas, estableciendo, en este sentido, que dichas actuaciones se llevarán a cabo mediante Orden del Consejero competente en materia de hacienda. Esta previsión dota de agilidad a las posibles alteraciones en la composición de las Oficinas que sean consecuencia, bien de la modificación de las demarcaciones de los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, o bien de una decisión administrativa de la Junta de Extremadura.
Asimismo, este Decreto habilita al Consejero competente en materia de hacienda para formalizar el convenio con el Colegio de Registradores en el que se concreten determinados aspectos relacionados con la gestión de los impuestos, incluyendo la fijación de las indemnizaciones y compensaciones, sin perjuicio de que hasta ese momento mantenga su vigencia el convenio de 1 de julio de 1997.
Por último, en los Anexos se detallan, por un lado, las Oficinas Gestoras dependientes de la Consejería competente en materia de hacienda y los términos municipales que les corresponden y, por otro, se enumeran las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario junto con sus respectivos municipios.
En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 , letra h), de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a propuesta del Consejero de Administración Pública y Hacienda y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión de 18 de marzo de 2010, DISPONGO:
Constituye el objeto del presente Decreto establecer las condiciones en las que las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a cargo de Registradores de la Propiedad, ejercerán las funciones delegadas en relación con los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones.
Artículo 2. Ímbito de aplicación.
1. Este Decreto se aplicará a las Oficinas Liquidadoras que se relacionan en el Anexo II y a las que, en su caso, se creen con posterioridad a su entrada en vigor, en el ejercicio de las funciones enumeradas en los artículos 3 y 4. Las Oficinas Gestoras relacionadas en el Anexo I dependen orgánicamente de la Dirección General competente en la aplicación de los tributos integrada en la Consejería competente en materia de hacienda.
2. El ámbito territorial al que se extiende la competencia de las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario es el que se señala para cada una de ellas en el Anexo II del presente Decreto.
Artículo 3. Funciones de gestión tributaria encomendadas a las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario.
1. Se encomienda a las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario que se relacionan en el Anexo II, respecto del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, excepto las transmisiones onerosas de vehículos usados a motor, el ejercicio de las siguientes funciones administrativas:
a) La recepción y tramitación de declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones de datos y demás documentos con trascendencia tributaria.
b) La comprobación de la procedencia de los beneficios fiscales, de acuerdo con la normativa reguladora del correspondiente procedimiento, salvo en aquellos supuestos que deban ser comprobados por la Inspección Tributaria.
c) La realización de actuaciones de verificación de datos.
d) La realización de actuaciones de comprobación de valores.
e) La realización de actuaciones de comprobación limitada.
f) La práctica de liquidaciones tributarias derivadas de las actuaciones de verificación y comprobación realizadas.
g) La emisión de certificados tributarios.
h) La información y asistencia tributaria.
i) La realización de las demás actuaciones de aplicación de los tributos no integradas en las funciones de inspección y recaudación ejecutiva.
j) El ejercicio de las funciones administrativas conducentes al cobro de las deudas tributarias.
k) La iniciación, instrucción y terminación de procedimientos sancionadores.
l) La tramitación y resolución de los recursos de reposición que se presenten contra los actos y actuaciones de aplicación de los tributos y de imposición de sanciones tributarias.
m) La rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos.
n) La emisión de informe sobre las solicitudes de devolución de ingresos indebidos.
ñ) La propuesta dirigida al órgano competente, según la normativa tributaria y la de organización específica, para que se inicien los procedimientos de revisión de actos nulos de pleno derecho, declaración de lesividad y revocación.
2. La Dirección General competente en la aplicación de los tributos podrá avocar la competencia para la tramitación y resolución de cualquier procedimiento iniciado por las Oficinas Liquidadoras en relación con aquellos expedientes que por su trascendencia o circunstancias especiales, libremente apreciadas por el Director General, se estime conveniente de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En estos supuestos las Oficinas Liquidadoras estarán obligadas a remitir en su integridad toda la documentación que obre en los correspondientes expedientes.
3. En el ejercicio de las funciones delegadas, los Registradores de la Propiedad tendrán la condición de funcionarios públicos liquidadores de los tributos a ellos encomendados.
Artículo 4. Funciones complementarias.
Además de las funciones de gestión tributaria especificadas en el artículo anterior, corresponde a las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario las siguientes:
a) Archivar, clasificar y custodiar toda la documentación que tenga entrada en la Oficina, debiendo conservarse los expedientes ordenados por año y número de presentación.
b) Tramitar y resolver las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de pago relacionadas con los expedientes que sean competencia de la Oficina Liquidadora, conforme a los criterios establecidos en la normativa tributaria y en las Instrucciones de la Dirección General competente en la aplicación de los tributos.
c) Tramitar el procedimiento de tasación pericial contradictoria hasta la designación del perito tercero.
d) Recibir los escritos de interposición de las reclamaciones económico-administrativas contra los actos dictados por la Oficina Liquidadora y proceder a su remisión, junto con el expediente, al órgano de revisión competente en el plazo y con los requisitos establecidos en el artículo 235.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Igualmente, deberán observarse las Instrucciones que a estos efectos dicte la Dirección General competente en la aplicación de los tributos.
e) Ejecutar las resoluciones de las reclamaciones económico-administrativas y, en su caso, de las sentencias judiciales relacionadas con actos tramitados por la Oficina Liquidadora, salvo en el supuesto de que proceda la devolución de ingresos indebidos, en cuyo caso corresponderá la resolución al Servicio Fiscal de la provincia a la que pertenezca la Oficina Liquidadora.
f) Adoptar los acuerdos de suspensión de los actos impugnados, así como acordar su levantamiento en los casos legalmente establecidos.
g) Colaborar con el Servicio de Valoraciones suministrando a éste la información sobre los valores declarados por los contribuyentes, de acuerdo con los criterios que se establezcan por el órgano competente.
h) Colaborar con el Servicio de Inspección Fiscal en la selección de obligados tributarios que vayan a ser objeto de comprobación e investigación.
i) Actuar como oficina de atención al contribuyente.
j) Cualquier otra que a juicio de la Dirección General competente en la aplicación de los tributos resulte necesaria para la correcta gestión de los tributos.
Artículo 5. Competencias que no son objeto de delegación.
No son objeto de delegación las siguientes funciones y competencias:
a) La resolución de los procedimientos de devolución de ingresos indebidos.
b) Las comprobaciones de valores realizadas mediante dictamen de peritos de la Administración.
c) La gestión recaudatoria en vía ejecutiva.
d) La inspección de los hechos imponibles.
e) La tramitación y resolución de los procedimientos especiales de revisión, excepto la rectificación de errores a que se refiere el artículo 3.1.m) de este Decreto.
f) Cualquier otra competencia atribuida a los órganos de la Comunidad Autónoma de Extremadura y que no se encuentre expresamente delegada a las Oficinas Liquidadoras por este Decreto.
Artículo 6. Reserva de los datos con trascendencia tributaria.
1. Los datos, informes o antecedentes obtenidos por las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario en el ejercicio de las funciones a que se refiere el presente Decreto tienen carácter reservado y sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos cuya gestión tienen encomendada y para la imposición de las sanciones que procedan.
Estos datos, informes o antecedentes no podrán ser cedidos o comunicados a terceros salvo a través del órgano correspondiente de la Dirección General competente en la aplicación de los tributos.
2. Por las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de esta información y su uso adecuado, que deberá sujetarse a lo establecido en la legislación de protección de datos de carácter personal.
3. El personal al servicio de la Oficina estará sujeto a las responsabilidades penales o civiles que pudieran derivarse en el supuesto de infringir este deber de sigilo, al margen de que, en todo caso, se considerará falta disciplinaria muy grave.
Artículo 7. Dependencia funcional.
1. Las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario actuarán bajo la dependencia funcional de la Dirección General competente en la aplicación de los tributos de la Consejería competente en materia de hacienda. A la citada Dirección General le corresponde la coordinación, dirección y control de la aplicación de los tributos y la imposición de sanciones tributarias realizada por las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario. El control financiero de tales Oficinas corresponde a la Intervención General.
2. Las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario recibirán de la Dirección General competente en la aplicación de los tributos cuantas instrucciones sean pertinentes para la adecuada realización de las funciones encomendadas. Los Servicios de Inspección y Recaudación de la Dirección General podrán solicitar información respecto de los expedientes que se tramiten en la Oficina, realizar visitas de control e inspección y cualquier otra medida que se estime necesaria encaminada a garantizar el buen funcionamiento del servicio y la unidad de criterio en las actuaciones. En cualquier caso, con periodicidad anual se realizará una visita de Inspección a cada una de las Oficinas Liquidadoras por personal dependiente de la unidad administrativa que tenga atribuida la coordinación, control e inspección de las mismas. Del resultado de la visita se elaborará un informe comprensivo de todos los aspectos relevantes de la gestión durante el ejercicio y en el que constarán las conclusiones y, en su caso, las recomendaciones que los inspectores consideren necesarias realizar.
3. Por la Dirección General competente en la aplicación de los tributos, se podrá exigir a los responsables de las Oficinas Liquidadoras la dotación de los medios personales y materiales de los que deben disponer para garantizar el buen ejercicio de las funciones que se encomiendan, siendo a cargo del titular de la Oficina Liquidadora los costes generales, de material y de personal de la misma.
4. Corresponde a la Dirección General competente en la aplicación de los tributos la resolución de las cuestiones de competencia que se pudieran suscitar entre las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario y entre éstas y las Oficinas Gestoras.
Artículo 8. Integración en el sistema informático.
1. Las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario quedarán integradas informáticamente con el resto de dependencias de la Dirección General competente en la aplicación de los tributos, a partir de la puesta en marcha del sistema de gestión informatizada de los ingresos de la Comunidad Autónoma de Extremadura denominado DEHESA. Esta integración se realizará en los plazos y con las especificaciones que establezca la Dirección General competente en la aplicación de los tributos.
2. Corresponde a la Dirección General competente en la aplicación de los tributos prestar el apoyo técnico que demanden las Oficinas Liquidadoras, así como asumir el mantenimiento de la programación y de la aplicación informática.
3. Las Oficinas Liquidadoras deberán cumplir los requisitos de seguridad que se establezcan y asumirán la responsabilidad que se derive en el supuesto de incumplimiento de estos requisitos.
4. Los ficheros informáticos de datos personales quedarán sometidos al régimen de protección de datos que establece la Ley Orgánica 15/1999 , de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y demás disposiciones legales en la materia.
Artículo 9. Indemnizaciones y compensaciones.
El ejercicio por las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario de las funciones a que se refiere el presente Decreto no devengará honorarios a cargo de los particulares. En compensación por el ejercicio de las funciones delegadas percibirán las indemnizaciones económicas que se fijen en el correspondiente convenio de colaboración.
Artículo 10. Creación, división y supresión de Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario.
1. La creación, la división y la supresión de Oficinas Liquidadoras se realizarán teniendo en cuenta criterios de viabilidad, economía y eficiencia en la prestación del servicio, y atendiendo al volumen y las necesidades de la gestión y recaudación tributarias, con el fin de optimizar el desarrollo de las funciones encargadas a estas Oficinas y conseguir un mayor grado de acercamiento a los ciudadanos.
2. La creación, la división y la supresión de Oficinas Liquidadoras se acordarán mediante Orden del Consejero competente en materia de hacienda, a propuesta del Director General competente en la aplicación de los tributos. En el expediente que se incoe deberá ser oído el Decanato del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de Extremadura y el Registrador afectado.
3. La orden del Consejero competente en materia de hacienda que acuerde la creación, división o supresión de Oficinas Liquidadoras establecerá la fecha de la efectividad de la medida. No obstante, desde la publicación de la norma hasta su efectiva aplicación deberán transcurrir, al menos, tres meses durante los cuales se llevarán a cabo por parte del Registrador afectado las operaciones de organización y liquidación de la Oficina.
Artículo 11. Régimen de responsabilidades.
1. El Registrador de la Propiedad a cargo de la Oficina Liquidadora de Distrito Hipotecario es el responsable del ejercicio de las funciones administrativas encomendadas, respondiendo de las consecuencias que se puedan derivar para la Administración Tributaria Extremeña o para terceros como consecuencia de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en que se incurriera en esa gestión, salvo que las mismas se deriven de la estricta aplicación de instrucciones o criterios dictados por la Dirección General competente en la aplicación de los tributos.
Si concurren estas circunstancias, se podrá exigir al Registrador de la Propiedad la responsabilidad a que se refiere el artículo 145 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los artículos 177 y 178 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y los artículos 154 y 155 de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura.
2. Se considerarán incumplimientos de la encomienda del ejercicio de las funciones administrativas a que se refiere el presente Decreto los siguientes:
a) Incurrir de forma reiterada en deficiencias notorias en el ejercicio de las funciones administrativas encomendadas. Se entenderá producida esta circunstancia cuando, advertida su existencia, aquéllas no se hubieran corregido en el plazo de seis meses desde el requerimiento que en este sentido se practique al Registrador de la Propiedad responsable de la Oficina Liquidadora.
b) El incumplimiento reiterado de los criterios de actuación dictados por la Dirección General competente en la aplicación de los tributos o por los Jefes de Servicio de las áreas con funciones relacionadas con las Oficinas Liquidadoras.
c) El incumplimiento reiterado de los deberes de colaboración con la Dirección General competente en la aplicación de los tributos.
d) El retraso reiterado en la remisión de datos o documentos a la Dirección General competente en la aplicación de los tributos o la remisión reiterada de los mismos de forma incompleta o contradictoria.
e) La resistencia y obstaculización a las actuaciones de control.
f) La remisión injustificada de los obligados tributarios o sus representantes a otra Oficina Liquidadora de Distrito Hipotecario o a las Oficinas Gestoras, siendo la Oficina competente, según los puntos de conexión establecidos en los artículos 32 y 33 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y en las Instrucciones dictadas por la Dirección General.
g) La falta de ingreso o el retraso en la entrega de los fondos.
3. El incumplimiento de la encomienda del ejercicio de las funciones administrativas por una Oficina Liquidadora de Distrito Hipotecario dará lugar a la incoación de un expediente por la Dirección General competente en la aplicación de los tributos, en el que, con audiencia al Registrador de la Propiedad titular de la misma, y con vistas a normalizar su gestión, se adoptarán, en su caso, sucesivamente las medidas contempladas en los siguientes apartados de este artículo.
La incoación de este expediente se pondrá en conocimiento de los representantes de los liquidadores en la Comisión de Seguimiento a que se refiere el artículo 12 de este Decreto y del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, para que éste pueda ejercitar las facultades inspectoras y disciplinarias que le son propias, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil y penal en que pudiera incurrirse.
4. Constatados los incumplimientos establecidos en el apartado 2 de este artículo, el Consejero competente en materia de hacienda, a propuesta del Director General competente en la aplicación de los tributos, podrá acordar la suspensión temporal de percepción de la compensación estipulada o la disminución del importe de la misma. Los efectos de esta medida no podrán alargarse más allá del plazo de seis meses desde su adopción, salvo que se amplíe dicho plazo mediante acuerdo motivado, sin que la ampliación pueda exceder de tres meses.
5. De persistir el incumplimiento de la encomienda transcurridos los plazos establecidos en el apartado anterior, el Consejero competente en materia de hacienda, a propuesta del Director General competente en la aplicación de los tributos, y previo informe favorable de la Comisión de Seguimiento a que se refiere el artículo 12 de este Decreto, podrá acordar el cambio de adscripción de la Oficina Liquidadora. En estos casos, la Oficina Liquidadora se adscribirá a otro Registro de la Propiedad situado en la Comunidad Autónoma de Extremadura o a otra Oficina Gestora, según la propuesta de la Comisión de Seguimiento.
En el acuerdo de cambio de adscripción por incumplimiento se establecerá la duración de la medida, pudiendo acordarse por tiempo determinado hasta el cambio del Registrador titular del Registro de la Propiedad que hubiera cometido el incumplimiento.
Artículo 12. Comisión de Seguimiento.
1. Se crea una Comisión de Seguimiento y Evaluación de la Gestión de las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario integrada por ocho miembros, cuatro por parte de la Dirección General competente en la aplicación de los tributos y cuatro en representación de las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario.
2. La Comisión estará presidida por el Director General competente en la aplicación de los tributos y se reunirá a instancia de cualquiera de las partes, al menos, una vez al año.
Asistirá a las reuniones un funcionario de la referida Dirección General que actuará de Secretario con voz pero sin voto.
3. La Comisión se regirá, en cuanto a su funcionamiento, por las normas contenidas en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992 , de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
4. Serán funciones de la Comisión de Seguimiento:
a) La interpretación del presente Decreto y el asesoramiento sobre las cuestiones que requiera su desarrollo.
b) El seguimiento y evaluación de la gestión de las Oficinas Liquidadoras.
c) El conocimiento de los informes sobre el control de la gestión de las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario.
d) La coordinación de los criterios mínimos en materia de personal, instalaciones, medios informáticos, etc.
e) La propuesta e informe de la modificación de las Oficinas Liquidadoras, en los Municipios a los que se extienda su Distrito Hipotecario cuando resulten afectadas por reestructuraciones del mismo.
f) Conocer de las avocaciones que acuerde la Dirección General competente en la aplicación de los tributos.
Artículo 13. Convenio de colaboración.
1. La determinación de las funciones atribuidas a las Oficinas Liquidadoras, según lo dispuesto en los artículos 3 y 4 de este Decreto; el régimen de prestación de los servicios de gestión y recaudación tributarias; su coordinación con la Dirección General competente; el establecimiento de las indemnizaciones económicas que deben percibir las Oficinas en compensación a las funciones mencionadas, así como cualquier otro aspecto que se considere conveniente, deberán ser regulados mediante un convenio de colaboración entre la Junta de Extremadura y el Decanato Autonómico de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles y de Bienes Muebles.
2. Mediante el convenio de colaboración se podrá ampliar el alcance de atribución de competencias a las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario, respecto de otras funciones o tributos diferentes de los contemplados en este Decreto, de acuerdo con la normativa aplicable.
3. Se autoriza al Consejero competente en materia de hacienda a la firma del convenio así como a fijar en el mismo las previsiones correspondientes ajustadas al presente Decreto.
4. El convenio de colaboración a que se refiere este artículo deberá ser publicado en el Diario Oficial de Extremadura.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a la presente norma y, en particular las siguientes:
- El Decreto de 28 de enero de 1992, de la Consejería de Economía y Hacienda, sobre funciones de gestión y liquidación a las Oficinas de Distrito Hipotecario a cargo de los Registradores de la Propiedad, publicado en el DOE n.º 11, de 6 de febrero de 1992.
- El Decreto 89/1997, de 1 de julio, por el que se encomiendan funciones de gestión y liquidación de tributos cedidos a las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario a cargo de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, publicado en el DOE n.º 79, de 8 de julio de 1997.
Se autoriza al Consejero competente en materia de hacienda para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de este Decreto.
Clasificado bajo: Sin categoría | Sin comentarios » El Banco de España amenaza con intervenir más cajas a quienes frenan fusiones
Declaraciones del gobernador Miguel Íngel Fernández Ordóñez
24/03/2010 Eugenio Mallol – El Mundo
Valencia.- A punto de cumplirse un año de la intervención de CCM, el gobernador del Banco de España vuelve a arremeter contra quienes dificultan el proceso de consolidación de las cajas. Miguel Íngel Fernández Ordóñez ha advertido a las autonomías que están frenando las fusiones que está dispuesto a intervenir aquéllas que dejen de ser rentables.
Ordóñez, que ha participado en un almuerzo coloquio con de la Asociación para el Progreso de la Dirección, ha reconocido que existe “una minoría de cajas que está retrasando los procesos de integración, bien por sus propias decisiones, bien por la interferencia de los gobiernos de sus comunidades autónomas”.
En este sentido, ha hecho “una llamada a la responsabilidad” a quienes “están perjudicando” estos procesos. “No sólo por el daño que se hacen así mismos y a su región sino por el perjuicio que causa al resto de las instituciones de crédito españolas que sí están haciendo sus deberes”, ha señalado.
Fernández Ordóñez no ha citado el nombre de las cajas que eluden las recomendaciones del Banco de España. Sin embargo, ha apuntado que su peso en el conjunto del sistema es reducido y que son todavía viables.
“Pero deben saber que en cuanto dejen de serlo”, ha advertido, “el Parlamento ha dotado al Banco de España para que, más allá de lo que piensen las asambleas de esas cajas y los gobiernos autonómicos, estas entidades sean intervenidas y posteriormente liquidadas o vendidas”. Esto significa la apertura de expedientes a los consejeros y demás órganos de gobierno de las cajas intervenidas.
En su opinión, “la mayoría de las entidades españolas está haciendo sus deberes”. Sin embargo, hay algunas “fundamentalmente cajas de ahorro que son viables hoy pero que, sometidas a análisis, muestran problemas en el futuro”. De este grupo, apunta Fernández Ordóñez, “son también mayoría -y ustedes lo pueden seguir por la prensa – las que están poniendo en marcha procesos de integración que, ayudados con los recursos públicos aprobados por el Parlamento, facilitarán su reestructuración”.
Clasificado bajo: Sin categoría | Sin comentarios » El 37% de las familias tuvo que retrasar al menos en una ocasión el pago de la hipoteca
Crisis – Datos de la Agencia Negociadora de Productos Bancarios
El 37% de las familias tuvo que retrasar al menos en una ocasión el pago de la hipoteca
La Sociedad reclama la creación de la figura de un ‘mediador financiero’
‘El 31% de los embargos podría haberse evitado con una reunificación de deuda’
Europa Press | Madrid 22/03/2010
El 37% de las familias hipotecadas tuvo que retrasar al menos en una ocasión durante el año 2009 el pago de su hipoteca. Mientras, un 48% ha afirmado tener problemas para llegar a fin de mes, según datos de la Agencia Negociadora de Productos Bancarios.
En este sentido, la sociedad ha vuelto a reclamar la creación de la figura de un ‘mediador financiero’ a través de una acreditación administrativa que permita impulsar y extender las operaciones de refinanciación para las familias.
La agencia ha recordado que la creación de esta figura cuenta con el visto bueno de las entidades financieras y estamentos jurídicos como los registradores de la propiedad, y que actualmente la refinanciación constituye una auténtica “tabla de salvación” para miles de familias.
El 13,7% de los españoles tuvieron muchas dificultades para llegar a fin de mes, según el INE
En concreto, el porcentaje de los españoles con muchas dificultades para llegar a fin de mes alcanzó a finales de 2009 su valor más elevado de los últimos seis años, y representa ya un 13,7% del total, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
La Agencia también ha reclamado una serie de medidas que faciliten el conocimiento y el acceso del mayor número posible de familias con problemas a fórmulas financieras que permitan evitar situaciones de impago, ya que las operaciones de financiación con garantía hipotecaria no destinadas a la adquisición de vivienda alcanzó un volumen de casi 50.000 millones en 2009, el doble a finales de 2005.
Además, según datos del Observatorio de Financiación Familiar de la Agencia Negociadora de Productos Bancarios, en 2009 aumentaron en un 50% las solicitudes para suscribir operaciones de este tipo, sólo en el sector de particulares y familias, mientras que el 31% de los embargos hipotecarios podrían haberse evitado si se hubiese realizado a tiempo una reunificación de deudas.
Clasificado bajo: Sin categoría | Sin comentarios » España defiende ante la Eurocámara la Ley de Costas en un tenso debate
Polémica – Expropiación de casas
España defiende ante la Eurocámara la Ley de Costas en un tenso debate
Según la portavoz española, fijará ‘límites’ al crecimiento urbanístico
Su objetivo es ‘preservar’ el litoral y prevé compensaciones ‘justas’
Auken: Afecta a ‘casas modestas’ y permite ‘que se levanten enormes hoteles’
Un eurodiputado británico ‘desaconseja’ comprar vivienda en España
Europa Press – Bruselas (Bélgica) 22/03/2010
La directora General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Alicia Paz Antolín, ha defendido ante la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo la Ley de Costas española porque su objetivo es “preservar” el litoral español y porque prevé compensaciones “justas” para los afectados, respondiendo así a las numerosas quejas remitidas a la Eurocámara.
La comisión europarlamentaria escuchará (mañana, martes, 23 de marzo) a ciudadanos de distintos países comunitarios que acusan a las autoridades españolas de haberles expropiado sus viviendas en base a Ley de Costas.
En su comparecencia, Antolín ha señalado que la “gran presión” a la que se ve sometido el litoral español debido al impacto “económico, social, cultural y recreativo” de la costa hace necesaria una ley que la proteja y que fije “límites” al crecimiento urbanístico.
Se quiere limitar el impacto de construcciones, que se ha aplicado de manera ‘progresiva’
Además, insiste en que su deslinde afecta a una zona “francamente estrecha” y “sensible” en la que se quiere limitar el impacto de construcciones, y que se ha aplicado de manera “progresiva”.
También subrayó que el Tribunal Constitucional avala como “justa y equilibrada” la concesión de hasta 60 años que la ley prevé para los afectados que posean propiedades que sí fueron construidas de acuerdo a la legislación vigente antes de que existiera la ley de costas.
Varios eurodiputados tomaron la palabra durante el debate para aceptar la necesidad de una ley tal pero también para poner en duda la forma en que se ha puesto en marcha y reprochar el carácter “caprichoso” del deslinde en el litoral español. Es el caso de la eurodiputada verde danesa Margrete Auken, autora de un duro informe sobre el urbanismo en España, para quien la ley de costas es “estupenda”, pero que considera que su aplicación está siendo “aleatoria”.
Auken critica la “desigualdad” de una norma que afecta a “casas modestas”, mientras que permite “que se levanten enormes hoteles”.
El eurodiputado ‘popular’ Carlos Iturgaiz que criticó el trazado ‘en zigzag’ de los deslindes
En la misma línea se ha pronunciado el eurodiputado ‘popular’ Carlos Iturgaiz que criticó el trazado “en zigzag” de los deslindes para “salvar determinadas estructuras” y no a otras. También atacó la ley española por ser “caprichosa, parcial y discriminatoria” y no indemnizar “justamente” a unos propietarios a los que la norma convierte en “okupas”.
El representante de IU, Willy Meyer, ha expresado el apoyo de Izquierda Unitaria a la ley de costas española pero advirtió de “graves asimetrías” en su aplicación ya que “arrasa con celeridad” construcciones tradicionales, mientras que “no toca” otras como grandes complejos hoteleros. Por ello, pide “estudiar” la reubicación de sectores populares que han perdido “de la noche a la mañana su primera vivienda” y contemplar indemnizaciones apropiadas.
Por su parte, el eurodiputado socialista Miguel Íngel Martínez ha defendido la actuación del Gobierno español recordando las palabras de un portavoz de la Comisión Europea que al inicio del debate advirtió de que las instituciones europeas “no tienen competencia” en esta área.
El socialista protagonizó un rifirrafe con un colega conservador, el británico Roger Helmer, quien considera “intolerable” que España haga “caso omiso” a las denuncias de ciudadanos británicos que se ven “amenazados” por la expropiación de sus propiedades en España. Helmer afirmó que la corrupción “empaña” el mercado de viviendas en España por lo que “desaconseja” a sus electores que adquieran propiedades en este país.
Clasificado bajo: Sin categoría | 2 comentarios » Méritos de guerra.
Hoja de ruta. Debate sobre cuestiones de actualidad notarial
Parece mentira que sean precisamente las Islas Canarias (donde se residencia la única asociación teóricamente mixta de notarios y registradores) el origen de los mas furibundos ataques de notarios contra el cuerpo de registradores de la propiedad, relevando así en tan desagradables menesteres a algún decano vasco que preferimos no nombrar. De aquellas tranquilas y relajadas islas y con firma y rúbrica notarial salió la denuncia de la incompatibilidad entre la función registral y la de liquidador de impuestos. Desde allí se informó de oscuras maniobras en la financiación de la nueva sede madrileña de los registros. Y de allí ha partido la maniobra recientemente orquestada para poner a los registradores a los pies de los caballos de la agencia de protección de datos. Tan peligrosa brisa atlántica , que puede convertirse en mortal tornado que acabe con unos y con otros, se nos muestra a través de una belicosa asociación de usuarios de los registros ( presidida casualmente por un notario), una pretenciosa revista con más valor de forma que de fondo y una obsesión patológica por llegar al cuerpo a cuerpo, sobre todo desde que los registradores dieron calabazas a quienes de buenas a primeras y sin previo cortejo pretendieron la fusión pura y dura de escalafones.
Lo peor del asunto es que todo el cotarro se mueve en el entorno de quien es vicepresidente del Consejo General del Notariado, que desoye así las llamadas a la cordura que se nos hacen desde la Dirección General, como si estuviera empeñado en llegar a ser presidente por méritos de guerra.
Clasificado bajo: Sin categoría | Sin comentarios » Economía estudia ampliar los criterios de inembargabilidad de las hipotecas
“Muy seriamente”
Para proteger a las familias de rentas bajas
24/03/2010 – Europa Press – Finanzas.com
El Gobierno presentará el plan de reducción de empresas en abril
Las ventas de pisos siguen en mínimos a pesar de la reactivación de enero
La vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, aseguró hoy que el Gobierno está “estudiado muy seriamente” y como una “prioridad” la propuesta de IU-ICV de ampliar los criterios de inembargabilidad de las hipotecas para proteger a las familias de rentas bajas, dentro de los límites de la “acción política” del Ejecutivo, que pasan por garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Así lo aseguró durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso en respuesta al diputado de ICV, Joan Herrera, quien le pidió que a los “limites” puestos por el Gobierno en los ingresos y los “gastos” no añada el límite de la “insensibilidad social” a la hora de alcanzar “compromisos” con la izquierda” en el marco de las negociaciones de los conocidos como “acuerdos de Zurbano”.
De hecho, le recordó que la idea de cambiar los criterios sobre los embargos hipotecarios fue aceptada por el PSOE durante el Debate del Estado de la Nación del pasado mes de mayo. La medida contempla que se modifique la legislación para elevar el listón de ingresos inembargables hasta el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en caso de ejecución de una hipoteca. Superado este límite, se fijarán otros en función de los ingresos y condiciones familiares.
Asimismo, pedía la creación de un Fondo de Garantía Hipotecaria para frenar los embargos por parte de entidades financieras de las viviendas habituales de familias en especiales dificultades económicas.
Hora de pedir esfuerzos a los bancos
En este sentido, Herrera destacó la necesidad de cumplir con el compromiso de ampliar estos “criterios de inembargabilidad” de las hipotecas, pese al rechazo de las entidades financieras. “Creo que es la hora es la hora de pedir esfuerzos a los bancos”, incidió.
Salgado señaló que el Gobierno “cumple sus compromisos” y ha enfrentado la crisis desde una “posición de izquierdas coherente” para ayudar a “quienes más están sufriendo” y así lo ha planteado en las negociaciones con la oposición abiertas en las últimas semanas.
“La reducción del déficit no es un capricho”
No obstante, advirtió de que la preocupación del Gobierno por la reducción del déficit publico “no es un capricho”, sino una exigencia de la Comisión Europea y de ello depende la sostenibilidad de las finanzas públicas en el futuro.
Como ejemplo para justificar los límites de gasto público criticados por Herrera, Salgado explicó que los 23.000 millones que cada año se dedican al pago de intereses de la deuda pública no se pueden dedicar una finalidad distinta a esa.
Clasificado bajo: Sin categoría | Sin comentarios » Las ventas de pisos siguen en mínimos a pesar de la reactivación de enero
Los precios en 2009 ya subieron en Extremadura y en Melilla
24/03/2010 – Cristina Vallejo – Finanzas.com
El aumento de las operaciones puede tener el riesgo de convertirse en un espejismo si los propietarios, tanto promotores como particulares, dejan de bajar los precios, algo que sigue siendo necesario, a juicio de la mayoría de los expertos independientes.
Sin duda, es una buena noticia. Las compraventas de viviendas aumentaron un 2,1 por ciento en enero en tasa interanual, hasta alcanzar 38.263 operaciones. Pero hay que poner el dato en su contexto: en 2008, las transacciones de viviendas habían disminuido un 28,6 por ciento y en 2009, un 24,9 por ciento. Por eso: ¿era posible un mayor deterioro? Además, la cifra de enero de 2010 se encuentra muy lejos de la de enero de 2007, cuando se vendieron cerca de 84.000 viviendas, o de la del primer mes de 2008, cuando el número de compraventas se acercó a las 62.000. Desde hace más de quince meses, en España no es posible superar las 40.000 transacciones mensuales.
Si escarbamos un poco más en la última estadística, la de enero de 2009, observamos que se produjo un aumento del 10,7 por ciento en las ventas de viviendas de segunda mano, mientras que las de pisos nuevos se redujeron un 5,1 por ciento. Éste es el dato que resalta Carlos Ferrer-Bonsoms, director del departamento de suelo, urbanismo y residencial de Jones Lang LaSalle. A su juicio, gran parte de la mejora de las cifras se debe a las ventas de viviendas adjudicadas por parte de las entidades financieras. En cambio, este analista cree que el número de pisos entregados y escriturados procedentes de promociones nuevas continúan descendiendo.
Para Fernando Encinar, de Idealista.com, el último repunte es un balón de oxígeno para el castigado sector inmobiliario y pone de manifiesto que cuando los vendedores bajan el precio de sus casas, se despierta el interés de los compradores. Pero también observa un peligro: Â«Corremos el riesgo de que este ligero incremento en las ventas sea entendido como una recuperación del sector y el final de las rebajas de precio. Si así fuera, volveremos a un escenario de menos ventas. Los precios deben seguir bajando. El vendedor que vea en estos datos el final de los descuentos corre el riesgo de no concluir la venta que lleva tantos meses deseando cerrarÂ».
Gonzalo Bernardos, profesor de la Universidad de Barcelona, prevé que las ventas subirán un 25 por ciento en 2010 con respecto a las de 2009. Pero, a su juicio, ello requerirá más reducciones de precios.
Las compras de viviendas por parte de extranjeros residentes en España también se recuperan: en el cuarto trimestre de 2009 realizaron 7.340 operaciones, un 11,8 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior. Supusieron el 5,6 por ciento del total de las compras. Pero, en los mejores tiempos, en el primer trimestre de 2007, llegaron a representar casi el 12 por ciento.
Las bajadas se relajan
Las transacciones remontan y las caídas de precios se relajan. Según el Índice de Precios de Vivienda que elabora el Instituto Nacional de Estadística, los pisos bajaron un 4,3 por ciento interanual en el cuarto trimestre del año pasado. En el tercer trimestre, la caída interanual había sido de un siete por ciento. En términos intertrimestrales, el precio de la vivienda bajó un 0,4 por ciento, cinco décimas menos que en el tercer trimestre.
La mejora fue, al igual que sucede en el caso de las transacciones, importante en el caso de la vivienda usada, cuya variación de precios entró en terreno positivo por primera vez desde el tercer trimestre de 2007, aunque con una mínima revalorización del 0,1 por ciento. Pero no hay que olvidar que la vivienda usada es la que más se ha ajustado. Según se observa en la tabla adjunta, si en 2007 el índice partía de 100, al término de 2009 había bajado hasta los 85,2 puntos, frente a los 98,5 puntos a los que se ha reducido el índice de la vivienda nueva.
Por áreas geográficas, los precios en 2009 ya subieron en Extremadura y en Melilla. Y dejaron de bajar en Murcia. Pero en el País Vasco, Cataluña y Aragón cayeron alrededor de un siete por ciento.
Si nos fijamos sólo en la evolución del precio en el último trimestre, observamos que la vivienda ha comenzado a subir en alguna otra comunidad autónoma, como País Vasco, La Rioja o Ceuta.
Hasta el momento, Madrid y Cataluña han sido las comunidades donde más se han ajustado los precios. Los índices, que partían de 100 a principios de 2007, ahora se sitúan en 83,7 y 82,3 puntos, respectivamente. En Extremadura, Galicia, Murcia y Melilla, en cambio, los precios están más caros que cuando se empezó a hacer la estadística.
Clasificado bajo: Sin categoría | Sin comentarios » Don Piso te paga la hipoteca mientras vende la vivienda
La cadena especializada en intermediación inmobiliaria, Don Piso, ha lanzado una nueva campaña dirigida a todos sus clientes que consiste en pagar la hipoteca al propietario de una vivienda mientras se lleva a cabo la comercialización del inmueble.
CincoDías.com – Madrid – 24/03/2010
La campaña está pensada para aportar soluciones a aquellos propietarios que tengan la necesidad de vender su vivienda, según un comunicado de prensa de Don Piso.
Tal y como explica la nota, a través de este servicio, el propietario puede acogerse a un adelanto del 10% del precio de la vivienda fijado conjuntamente con Don Piso o bien a la entrega a cuenta de las cuotas hipotecarias que el propietario esté soportando, en un número determinado y previamente pactado entre ambos, mientras se vende el inmueble en cuestión.
La comercialización se lleva a cabo mediante un documento de encargo de venta donde quedan claramente reflejados por escrito todos los aspectos acordados.
Según Don Piso, se trata de una iniciativa pensada para proporcionar al propietario la tranquilidad necesaria para poder gestionar la venta al mejor precio, sin la pérdida de valor que origina una operación con prisas.
Clasificado bajo: Sin categoría | Sin comentarios » Innecesariedad del documento público en el reglamento para la ejecución de la Ley de Patentes
Por otra parte, el Plan de reducción de las cargas administrativas que soportan las empresas y de mejora de la regulación, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de junio de 2008, se configura como el primer paso para identificar y eliminar las cargas administrativas redundantes, desfasadas o innecesarias y revisar los trámites que puedan ser simplificados o realizados por medios telemáticos.
En este contexto, el artículo 12 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, ha modificado el artículo 79 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, para facilitar la inscripción de las modificaciones de derechos sobre patentes y los modelos de utilidad registrados en la Oficina Española de Patentes y Marcas.
El objetivo de esta reforma legal fue permitir que el registro de las mencionadas modificaciones de derechos y cambios de titularidad, que supone una condición necesaria para su oponibilidad frente a terceros, se realice con un mínimo coste administrativo y documental, y sin merma de la seguridad jurídica, liberando recursos para las empresas en un área tan sensible como el de la transferencia de tecnología patentada y su constancia registral.
La reforma, encaminada a permitir a los interesados la utilización de otros instrumentos probatorios menos costosos pero suficientemente seguros, se ha instrumentado mediante una deslegalización, suprimiendo en el artículo 79 de la referida Ley de Patentes la exigencia insoslayable de documento público en la formalización de las transmisiones y licencias, y remitiendo al Reglamento para la ejecución de la Ley, aprobado por Real Decreto 2245/1986, de 10 octubre, la regulación de estas cuestiones, para facilitar en un futuro posibles modificaciones y asegurar la inexistencia de períodos de vacío legal.
Clasificado bajo: Sin categoría | Sin comentarios » El BOE ha publicado la revisión de los tipos de interés de las hipotecas sobre las viviendas protegidas
Enlace a la página web del Ministerior de Vivienda
Clasificado bajo: Sin categoría | Sin comentarios » Corredor defiende, en la cumbre de las ciudades de la ONU, la rehabilitación urbana integrada para conseguir un futuro más sostenible
La ministra explica en la mesa de ministros los instrumentos del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación para intervenir en la ciudad ya consolidada
Beatriz Corredor y la presidenta de la Caixa Económica Federal de Brasil acuerdan las bases para una cooperación técnica entre ambas instituciones
Río de Janeiro, 22 de marzo de 2010 La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha asegurado hoy que “la rehabilitación y la regeneración urbana integrada son un reto que tenemos que afrontar necesariamente si queremos conseguir un modelo urbano más respetuoso con el medio ambiente y un futuro más sostenible”.
En su intervención, la ministra ha explicado que la rehabilitación y la regeneración urbana son una prioridad estratégica del Gobierno de España porque “constiituyen una política medioambientalmente necesaria, socialmente deseable, ya que mejora la calidad de vida de las personas y favorece la cohesión social, y económicamente conveniente y acorde con la coyuntura actual porque es intensiva en mano de obra, tecnológicamente avanzada e impulsa el desarrollo de otras industrias y servicios auxiliares del sector de la construcción residencial”.
La ministra ha detallado los tres Instrumentos de intervención en la ciudad ya consolidada que incluye el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación y que son las Íreas de Rehabilitación Integral concebidas como actuaciones de mejora de tejidos residenciales, recuperación funcional de conjuntos históricos, centros urbanos, barrios degradados y municipios rurales, que precisen la rehabilitación de sus edificios y viviendas e intervenciones de urbanización o reurbanización de sus espacios públicos; las Íreas de Renovación Urbana en las que se refuerzan las ayudas estatales para proceder al derribo, reurbanización y reconstrucción de viviendas con graves problemas que hacen inviable su reconstrucción; y el programa de ayudas específicas para la erradicación de infravivienda.Todo ello se completa además con el programa Renove para la rehabilitaciÍµn energética de cerca de medio millón de viviendas.
Una delegación técnica de la Caixa viajará próximamente a Madrid para desarrollar las líneas de la cooperación acordadas hoy.
Clasificado bajo: Sin categoría | Sin comentarios » Conferencia ‘La salida de la crisis. Seguridad jurídica, seguridad económica’
Más cooperación, mayor impulso y más trasparencia, la ‘receta’ de los registradores
Proponen que el Colegio asuma la gestión del Registro Civil a coste cero
‘Los registros podrían gestionar el IBI, el ICIO o las tasas urbanísticas’
Piden controlar las condiciones hipotecarias para evitar abusos
El Mundo | Madrid 22/03/2010
Los Registradores de la Propiedad creen que la superación de la crisis económica tiene tres puntos de apoyo: 1) Incrementar la cooperación entre Administraciones Públicas, 2) colaborar para poner en marcha las medidas que impulsen el sector de la vivienda y 3) que el mercado sea más transparente y seguro.
Al menos, esas son las ‘recetas’ puestas en común por Alfonso Candau, decano-presidente del Colegio de Registradores de España, dentro del ciclo de conferencias organizadas por el Club Siglo XXI de Madrid bajo el título ‘La salida de la crisis. Seguridad jurídica, seguridad económica’.
Para Candau es esencial incrementar la cooperación con otras Administraciones Públicas, por ello ha manifestado que además de la cooperación de las Oficinas Registrales con las Comunidades Autónomas en la gestión de ciertos tributos, “los Registros podrían gestionar la liquidación del IBI, el ICIO -Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras- o las tasas urbanísticas, con la reducción de costes que podría suponer para muchos Ayuntamientos y Diputaciones”.
“El Registro se configura así como el único punto en donde confluyen movimientos jurídicos y económicos procedentes de diversas instancias”, ha afirmado el decano. Por ello, ha manifestado su disposición a seguir impulsando las relaciones con el Catastro con el fin de simplificar los trámites y mejorar el servicio público que ambas instituciones ofrecen a los usuarios. “El valor añadido que pueden aportar los registradores en estas cuestiones es el de depurar una masa ingente de información inmobiliaria y cruzarla con la mercantil” ha sentenciado.
Candau ha propuesto asumir la gestión del Registro Civil a coste cero, en un primer momento a modo experimental, a la espera de una decisión política al respecto. Además, ha apostado por la reactivación del Registro de Bienes Muebles mediante la promulgación de una nueva Ordenanza más ambiciosa que la actual.
Entre las medidas para impulsar el mercado de vivienda protegida, y ante la creación por parte de las Comunidades Autónomas de un Registro público de demandantes, el decano ha manifestado que se podría ahorrar el desarrollo de toda esta infraestructura si esta gestión fuese asumida por los registradores. En este sentido, ha ofrecido a los responsables de los planes municipales de vivienda la información que aporta la base de datos de los Registros para construir una base estatal de planes municipales.
El decano ha hablado sobre la transparencia y eficacia del mercado, resaltando que para esto “es necesario contar con instituciones que aspiren a la máxima transparencia”. En este sentido, se ha referido a la necesidad de potenciar el proceso concursal. “Los datos que obran en poder del Registro Mercantil señalan anticipadamente las sociedades llamadas a caer en concurso si no adoptan las medidas oportunas, por lo que el Registro puede realizar actuaciones preventivas orientadas a frenar el concurso y mantener su viabilidad” ha comentado.
‘El Registro puede realizar actuaciones preventivas para frenar el concurso’
Igualmente ha señalado que “para las entidades de crédito el Registro puede resultar un instrumento clave para detectar los casos anómalos en los que el bien garantizado aparece sobrevalorado, ejerciendo de esta forma una tarea de control preventivo que evite en el futuro situaciones similares a las que estamos viviendo ahora”.
Por último, el decano ha ofrecido como medida para estimular el tráfico inmobiliario la atribución al registrador de facultades de control de la transparencia de las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios y de las cláusulas abusivas. Siguiendo esta línea de transparencia ha animado a una reflexión global del papel del Registro en el ámbito de la gestión del suelo.
Clasificado bajo: Sin categoría | 1 comentario » Las hipotecas para financiar gasto corriente se disparan un 50%
Carlos Sánchez – 22/03/2010 Cotizalia
La crisis del crédito está provocando un verdadero terremoto en el mercado hipotecario. Hasta el punto de que los principales agentes económicos -empresas y familias- han dispuesto ya de casi 50.000 millones de euros que han destinado no a la adquisición de una vivienda, como es tradicional en este tipo de préstamos, sino a financiar bienes de consumo: una lavadora, un coche o hasta un viaje. Un número indeterminado de empresarios, igualmente, se ha visto abocado a pedir créditos hipotecarios -con la garantía de su propia vivienda o de otros bienes inmuebles- para poder atender las necesidades de tesorería de sus empresas o, incluso, el salario de sus empleados.
Se trata de un fenómeno relativamente nuevo (habitual en países como EEUU) que se ha avivado a medida que se han intensificado las dificultades para lograr un préstamo, lo que ha obligado a muchos demandantes de crédito a acudir al banco para refinanciar la hipoteca con el objetivo de lograr nuevos fondos. Para hacerse una idea de lo que significa este movimiento, hay que tener en cuenta que en 2005 -cuando el Banco de España comenzó a publicar estas estadísticas- el volumen de créditos con garantía hipotecaria no destinados a la compra de una vivienda ascendía a 25.834 millones de euros, casi la mitad de los 49.761 millones con que se cerró el año 2009.
En los tres últimos últimos años, de hecho, el crecimiento ha sido de nada menos que del 47%, lo que da idea del interés que ha suscitado su utilización. No es para menos teniendo en cuenta que el crédito al consumo no sólamente es escaso -el grifo sigue cerrado- sino que, además, es caro. Mientras que, según datos del banco central, el tipo de interés medio de los créditos hipotecarios se situó en el pasado mes de enero en un 2,6% (TAE), en el caso de los destinados a adquirir bienes de consumo se dispara hasta el 7,7%, también en términos de tasa anual equivalente.
A priori puede tratarse de una operación muy rentable, toda vez que los tipos de interés son sensiblemente menores, pero hay que tener en cuenta que al tratarse de un crédito hipotecario, el capital hay que devolverlo en plazos mucho más largos, por lo que al final los intereses pueden llegar a ser sensiblemente mayores, dependiendo de los plazos de amortización. Las cajas de ahorros son, con diferencia, las entidades que más dinero prestan con garantía hipotecaria en operaciones no destinadas a comprar una vivienda, lo que es coherente con el hecho de que también son ellas las más expuestas al sector inmobiliario.
El fuerte aumento de este tipo de préstamos coincide con el deterioro de los préstamos destinados a la adquisición de viviendas, que en el cuarto trimestre de 2009 decrecieron un 0,5% en términos anuales. Muy lejos del 5,2% de aumento que se registró en 2008 y a una gran distancia del 13,8% de 2007, lo que da idea del ajuste que está sufriendo el crédito hipotecario. Salvo en el caso de aquellos que se utilizan para otros fines que no son la adquisición de una vivienda.
La preferencia por este tipo de préstamos tiene también que ver con la mayor aversión al riesgo por parte de las entidades financieras, que en muchas ocasiones exigen poner como garantía una vivienda a la hora de conceder el crédito. Se trata de una estrategia congruente con el hecho de que tradicionalmente -y los últimos datos del Banco de España dan la razón a este argumento- lo último que deja de pagar una familia es la vivienda. De hecho, la morosidad en este segmento es de prácticamente la mitad que en el conjunto de la actividad crediticia.
Clasificado bajo: Sin categoría | Sin comentarios » Investigan al Registro de la Propiedad por facilitar datos de forma irregular
Xavier Gil Pecharromán 20/03/2010 El Economista
Su sistema de consulta electrónica permite a cualquiera acceder a información sensible. Los denunciantes obtuvieron ‘notas simples’ con argumentos inaceptables y nombres falsificados.
En la denuncia se califica de “mayúsculo escándalo” que se pueda pedir información a nombre de una persona inexistente, con DNI errado y alegando intereses ilógicos”.
“No puede ya sólo obedecer a una negligencia del funcionario (registrador), sino a la existencia de un sistema torticeramente montado que ampara un negocio, sin matiz de clase alguno, lo que conlleva una imputación directa a quien pone en pie ese sistema, que no es sino el Colegio de Registradores”, afirma la asociación, presidida por el notario Javier Menéndez, directivo del Colegio Notarial de Canarias.
Desde el pasado 18 de febrero, la AEPD comprueba el proceso de emisión de notas simples de los Registros de la Propiedad, que según la denuncia es “un sistema fraudulento impulsado desde el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, cuya finalidad es dar la apariencia, falsa, por supuesto, de juridicidad de lo que es un negocio absoluto”.
Clasificado bajo: Sin categoría | 18 comentarios » ¿Compro piso, espero… o qué hago?
20-03-2010 , Juanma Lamet – Expansión
Ahora resulta que no, que los precios de la vivienda no han caído tanto como todos pensaban. Al menos, según las principales estadísticas. Y no sólo eso, sino que el Gobierno ya ve “próxima” la estabilización del sector. Quizá no tan próxima como la subida del IVA, que encarecerá los pisos una media de 2.000 euros. Y a lo mejor no tan lejana como la supresión en 2011 de la deducción fiscal por compra de vivienda habitual, que supone un encarecimiento encubierto del 8% en un piso medio, según los cálculos de los economistas.
Entonces, teniendo en cuenta que la adquisición de un inmueble es la gran inversión vital de la mayoría de las familias, ¿merece la pena comprar ahora con deducción y sin penalización en el IVA? ¿Espero a 2011 o se acabó la época de rebajas en el ladrillo? ¿Vendo? ¿Alquilo con opción a compra? Demasiadas preguntas y una respuesta desesperanzadora para todas: “Depende”. Los expertos consultados por Expansión no tienen soluciones universales, pero sí para cada caso.
“No hay una regla general para decantarse por comprar. Depende de las circunstancias familiares y del inmueble, pero casualmente, los pisos que están ajustando su precio son los que están vendiéndose”, señala Gregorio Izquierdo, director de Estudios del Instituto de Estudios Empresariales (IEE). Lo que viene a decir es que si un piso tiene una buena rebaja, no se lo piense demasiado, porque a día de hoy es muy probable que haya tocado fondo.
Tenga en cuenta, como referencia, que “en el conjunto del ciclo, la vivienda puede caer entre un 20% y un 25%, de media”. “Es buen momento para buscar mucho, porque hay una oferta muy amplia, y encontrar productos con buenos precios”, aconseja Julio Gil, socio director de Horizone Consulting Inmobiliario. Ojo: si quiere comprar en costa, no lo haga ahora, porque “los precios van a seguir bajando”.
¿Merece la pena adquirirla antes del alza fiscal de julio?
Si necesita ya la vivienda, láncese. “La subida fiscal de julio va a animar a que entre comprador y vendedor fuercen ponerse de acuerdo”, apunta Carlos Martínez Jarabo, consejero delegado de la plataforma de servicios inmobiliarios Admentum. Hay que aprovechar los meses de abril, mayo y junio para presionar al vendedor -que sabe que la demanda va a caer- y rascar alguna rebaja. Puede que comprando antes de la subida fiscal acabe matando dos pájaros de un tiro.
Además, a tenor de lo que opina José Manuel Sánchez, director de Análisis de la consultora Knight Frank, este año es un buen momento para comprar la primera residencia: “Si anduviéramos en ratios de depreciación de entre el 4% y el 5% [como dice el INE], la subida del IVA y la no deducción nos comerían la bajada. Pero realmente no creo que el valor de caída de precios esté en el 4%”. El descenso “ha tenido que ser de al menos un 10% o un 15% (dependiendo de la zona) en 2009, y en 2010 estaremos entre un -10% y un 20%, así que todo el año sería bueno para comprar y nefasto para vender”.
¿Es rentable seguir esperando?
“A medida que pase el tiempo el precio caerá más, pero las grandes oportunidades irán desapareciendo, ya que a partir de mediados de 2010 empezará a drenarse el excedente de pisos nuevos a la venta”, opina Julio Gil. Pongamos que usted está convencido de comprar ya su primera vivienda. Tiene a su favor que no le pillará la subida del IVA -del 7% al 8% a partir de julio-. Además, aunque cobre más de 24.000 euros anuales, llega a tiempo para deducirse en el IRPF hasta el 15% de los primeros 9.015 euros destinados a la hipoteca cada año. Pero tiene en contra que el año que viene puede ser muy positivo para el comprador.
¿Qué pasa en 2011?
La subida fiscal y la anunciada deducción de la vivienda “van a ayudar este año a animar las compras, pero el ajuste de precios no ha acabado”, señala Izquierdo. Es decir, “habrá muy probablemente más rebajas y mejores opciones en 2011”, agrega. “La contrapartida es que “la subida del IVA nos puede encarecer la compra de nuestro piso de 2.500 a 4.000 euros”, replica Sánchez.
Aunque Izquierdo contraataca con una lectura optimista, ya que “si se desploma la demanda, el ajuste de los precios puede intensificarse”, apunta Izquierdo. Los promotores y los vendedores particulares pueden acabar presionando en 2011 los precios a la baja para lograr vender su stock.
No lo tengo claro, ¿alquilo con opción a compra y así me lo pienso?
Los promotores se están lanzando a poner su stock en alquiler con opción a adquisición pasados unos años. “Si usted duda sobre si los pisos van a caer más, alquile con opción de compra”, aconsejan los expertos. Pero si el precio fijado para la compra acaba siendo alto, porque mientras está de alquiler bajan más los precios, usted podrá rescindir el arrendamiento sin problemas y volver a buscar una casa a la venta con un buen precio. Es una opción muy razonable y “ventajosa” y que “no te compromete”, apunta Gil.
¿Y si soy yo el que compro el piso para ponerlo en alquiler y que me vaya rentando?
Otra buena opción. Invertir una vivienda en alquiler es adecuado ahora. Es una inversión que en un momento de crisis da muchísimas oportunidades para elegir. Ahora es el momento para invertir a medio y largo plazo, y siempre sabiendo que “igual el año que viene hay más rebajas”, avisan los analistas inmobiliarios. “A a diez años, todos los que compren ahora habrán hecho bien”, dice Izquierdo.
¿Vendo?
“Es mejor a veces asegurarse una pérdida cierta que esperar una situación mejor”, coinciden varios expertos. Si pone un precio realista, venderá. Pero tenga en cuenta que ese valor casi nunca se parecerá al que tenía la vivienda en el boom. La rebaja dependerá de la zona. Al norte de Madrid, por ejemplo, “difícilmente se ve un cartel de Se vende”, agrega Martínez.
1. “Todo el año 2010 es nefasto para vender y bueno para comprar, y lo mejor probablemente antes del verano”, que es cuando sube el IVA, asegura Knight Frank.
2. “Es buen momento para buscar buenas ofertas. A medida que pase el tiempo el precio caerá más, pero las grandes oportunidades irán desapareciendo”, apunta Julio Gil.
3. Busque pisos con una buena rebaja, porque difícilmente bajarán más. “Casualmente, los pisos que ajustan su precio son los que se están vendiendo”, subraya el IEE.
Clasificado bajo: Sin categoría | Sin comentarios » Que nadie espere grandes rebajas, el ajuste de la vivienda parece llegar a su fin
EcoDiario.es 21/03/2010 El Economista
Clasificado bajo: Sin categoría | Sin comentarios » Zapatero anuncia una nueva línea de crédito para pymes y autónomos
Agencias 20/03/2010 El Economista
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció este sábado la puesta en marcha “de manera inmediata” de una nueva línea de crédito por el que las pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos podrán solicitar hasta 200.000 euros.
El presidente del Gobierno también anunció ayudas para quienes decidan rehabilitar una vivienda, con el objetivo de crear empleo.
Durante su intervención en un desayuno-coloquio sobre ‘Crecimiento sostenible para el empleo’ organizado por el Consejo Económico y Social de Andalucía (CES-A) en Sevilla, el jefe del Ejecutivo mostró su “confianza” en los empresarios para hacer un uso “razonable” de estas línea de crédito “que ayudarán a las pymes”, y consideró la rehabilitación de viviendas como “un gran campo para la actividad económica”.
Clasificado bajo: Sin categoría | Sin comentarios » El precio del suelo se ha reducido un 6,5% en el cuarto trimestre de 2009
Estadística de suelo del Ministerio de Vivienda Entre octubre y diciembre de 2009 se realizaron 6.150 transacciones de suelo urbano, frente a las 5.023 del trimestre anterior
La superficie transmitida alcanzó los 6,4 millones de metros cuadrados, lo que supone un descenso del 41,6% en tasa interanual
16 de marzo de 2010. El precio del suelo urbano se situó en el cuarto trimestre de 2009 en 232 euros el m2, lo que representa un 6,5% menos que en el cuarto trimestre del año anterior.
Enlace al Ministerio de Vivienda
Clasificado bajo: Sin categoría | Sin comentarios » Las familias dedican un 29% de su renta a pagar el piso, lo mismo que en 2006
Según Corredor
Los jóvenes siguen encontrando dificultades para acceder a una vivienda
17/03/2010 – Europa Press
La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, destacó hoy que las familias dedican en la actualidad el 29% de su renta bruta disponible a la compra de una vivienda, una vuelta a los niveles de 2006 que calificó de “buena noticia”.
Durante la sesión del control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, Corredor afirmó que, si bien es cierto que el mercado inmobiliario “ha dado muchas malas noticias”, últimamente también está ofreciendo “alguna novedad positiva”.
Corredor recordó que, con el ánimo de ir reduciendo estos “agobios”, el Gobierno ha rebajado los tipos de interés de las hipotecas que pagan hasta 640.000 adjudicatarios de viviendas protegidas al amparo de los planes de vivienda estatales.
Según dijo, esta rebaja podrá suponer un ahorro de hasta 900 euros mensuales, lo que no hará al Ejecutivo bajar los brazos, pues “no escatimará esfuerzos” para lograr que el acceso a la vivienda siga mejorando.
Clasificado bajo: Sin categoría | Sin comentarios » La mora de los promotores cierra 2009 en el 10,06%, su tasa histórica más elevada
Banco de España| Casi cuatro puntos más que la registrada en 2008
El saldo de préstamos dudosos se situó en diciembre en 32.533 millones de â‚¬
La tasa de impago de los créditos para la adquisición de vivienda cae un 0,16%
Europa Press | Madrid 18/03/2010 El Mundo
A pesar de los últimos y tímidos indicios de recuperación del mercado inmobiliario, a este sector parece que aún le queda un largo camino para curarse plenamente en salud. Prueba de ello es el último dato sobre la tasa de morosidad de los préstamos concedidos por las entidades financieras para actividades inmobiliarias. Este porcentaje repuntó en 2009 hasta el 10,06%, la cifra más elevada de la historia, según datos del Banco de España.
El dato de diciembre supera en 1,31 puntos el del tercer trimestre y eleva en casi cuatro puntos la del ejercicio 2008, cuando se situó en el 6,11%. La crisis ha puesto en un difícil situación a estas empresas, que afrontan un 2010 complicado, en el que el nivel de mora podría seguir creciendo.
El saldo de préstamos dudosos se situó en diciembre en 32.533 millones de euros, lo que supone casi el doble que hace un año (19.416 millones de euros) y eleva en más de 3.000 millones de euros los créditos dudosos del tercer trimestre de 2009. Los créditos totales alcanzaron los 323.306 millones en 2009, un 0,34% menos que en el tercer trimestre del año (324.439 millones), pero un 1,65% más que hace un año (318.032 millones).
Los bancos lideran este capítulo de morosidad con un 10,58%, 2,4 puntos por encima del nivel del tercer trimestre
Hace dos meses, Santos González, presidente de la Asociación Hipotecaria Española -entidad dependiente de las entiedades financieras- afirmó que “la banca no puede asumir la deuda inmobiliaria”, cifrada por él mismo en 325.000 millones de euros.
Más morosos con los bancos
La alta morosidad que acumulan bancos y cajas ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que el Banco de España suba del 20% al 30% las provisiones que las entidades tienen con vistas a una depreciación de sus activos inmobiliarios o los impagos procedentes del sector Por entidades, los bancos lideran este capítulo de morosidad, con un 10,58%, 2,4 puntos por encima del nivel del tercer trimestre, y un total de 14.000 millones de euros dudosos, frente a 132.235 millones de euros concedidos.
Las cajas de ahorros, por su parte, cerraron el año con un ratio de mora del 9,71%, sólo medio punto por encima del nivel que marcó en el tercer trimestre del año, lo que pone de manifiesto que estas entidades han logrado contener el crecimiento de esta tasa. El total de dudosos ascendía en diciembre hasta los 17.056 millones de euros, con un total de 175.520 millones de euros concedidos.
Descienden los impagos hipotecarios
El mayor incremento se produjo en el tercer y cuarto trimestre de 2008, cuando se elevó en 0,60 puntos y 0,50
La tasa de mora de los créditos para la adquisición de vivienda con garantía hipotecaria cerró el año 2009 en el 2,83%, 0,16 décimas por debajo de la del tercer trimestre del año (2,99%), lo que refleja que se ha moderado el endeudamiento de las familias.
Este ratio de morosidad se mantuvo por debajo del 1% hasta marzo de 2008. A partir de junio de ese año comenzó a registrar un mayor repunte, como consecuencia del recrudecimiento de la crisis, y a cierre de ese mismo ejercicio ya superaba el 2%.
El mayor incremento se produjo precisamente en el tercer y cuarto trimestre de 2008, cuando se elevó en 0,60 puntos y en 0,50 puntos porcentuales. A lo largo de 2009, la morosidad hipotecaria ha continuado su ascenso, pero de manera más moderada.
El saldo de créditos dudosos alcanzó a cierre del pasado ejercicio 17.277 millones de euros, mientras que el saldo total de préstamos para la compra de vivienda con garantía hipotecaria cerró en 610.647 millones.
En este capítulo, las cajas lideraron la tasa de mora, con un ratio del 3,06% a cierre del año, aunque lograron reducirla en 0,38 décimas respecto al tercer trimestre. El saldo de dudosos alcanzó los 10.182 millones de euros, mientras los créditos concedidos se situaron en 332.731 millones de euros.
En el caso de los bancos, la morosidad se situó en el 2,41%, 10 décimas por encima del nivel del tercer trimestre, con un total de 231.336 millones de euros concedidos y 5.588 millones de euros en créditos dudosos.
Clasificado bajo: Sin categoría | Sin comentarios » El saldo vivo del crédito hipotecario crece un 0,97% en enero
Sólo en los establecimientos financieros ha bajado el saldo vivo: un 4,47%
Servimedia | Madrid 18/03/2010 El Mundo
El saldo vivo del crédito hipotecario ha alcanzado en enero de 2010 los 1.095 billones de euros, lo que supone un aumento de sólo el 0,97% con respecto al mismo mes del año anterior. Con respecto a diciembre de 2009, el saldo del crédito hipotecario se redujo un 0,36%, según ha informado la Asociación Hipotecaria Española (AHE).
En concreto, el saldo vivo del crédito hipotecario en las cajas de ahorros se se ha sitado en 605.916 millones de euros, tras subir un 0,35% en comparación con enero de 2009.
Por su parte, en los bancos ha alcanzado los 402.184 millones de euros, un 1,72% más, y en las cooperativas de crédito ha aumentado un 3,5%, hasta situarse en 71.188 millones de euros. Los establecimientos financieros han sido los únicos en los que ha bajado el saldo vivo, un 4,47%, hasta los 16.311 millones de euros.
Clasificado bajo: Sin categoría | Sin comentarios » Uno de cada diez hogares se retrasa ya en el pago de su hipoteca
Cinco Días – Madrid – 18/03/2010
El peor año de la crisis ha sido, hasta el momento, 2009. La economía de los hogares españoles se deterioró por el paro y la reducción del ingreso. Una realidad que constata el Instituto Nacional de Estadística en su encuesta de Condiciones de Vida publicada ayer. El 7,2% (casi un o de cada diez) confiesa que tuvo retrasos en el pago de la hipoteca, el alquiler y en los recibos de agua, gas, energía y comunidad. La estadística señala que este valor subió 2,5 puntos en los últimos cinco años. En 2005 se situaba en el 4,7%. No obstante, el porcentaje se eleva al 18,6% en los hogares con todos sus miembros parados.
Las familias han perdido también la capacidad para hacer frente a los gastos adicionales y corrientes. Así, el porcentaje de hogares que no tenía recursos para afrontar costes imprevistos registró un incremento de 5,8 puntos en 2009 frente al año anterior. La dificultad afecta a una de cada tres familias, el dato más elevado en cuatro años, según el informe.
En tanto, los hogares registraron problemas para llegar a fin de mes. El 13,7% tuvo mucha dificultad en 2009, el dato más elevado en seis años, según el INE. La cifra se incrementa, sin embargo, al 30,5% si se agrupan aquellos que llegan con “dificultad o mucha”. Esto supone un aumento de 2,3 puntos frente a 2007, antes de la recesión.
Los niveles de pobreza se mantienen, pese a la crisis. La tasa llegó al 19,5% el año pasado, dos décimas menos que en 2007. La mayor miseria recae sobre los mayores de 65 años (del 25,7%). Aunque bajó 2,8 puntos si se compara con la de 2007.
Clasificado bajo: Sin categoría | Sin comentarios » En tres de cada cuatro fondos monetarios la gestora gana en comisiones más que el partícipe
El 35% está en pérdidas en lo que va de año
18-03-2010 , Manuel de la Cruz – Expansión
Los inversores más conservadores en fondos se han quedado sin su tradicional refugio: los monetarios. En lo que va de año, uno de cada tres fondos monetarios (los antiguos Fiamm) pierde dinero y la rentabilidad media de la categoría es del -0,05%, según los datos de Inverco al cierre de febrero. Pero, además, en tres de cada cuatro productos, la gestora recauda en comisiones más dinero de lo que el fondo renta al partícipe.
Pese a que los monetarios son los fondos más seguros por el tipo de activo en el que invierten, lo cierto es que también pueden hacer perder dinero a los partícipes. De hecho, de los 89 fondos monetarios españoles, en 31 de ellos, la rentabilidad del fondo en los dos primeros meses del año es negativa y en tres, el valor liquidativo es el mismo que a comienzos de año. Sólo 21 fondos rentan más del 0,1% en 2010.
Los partícipes de estos 21 fondos son precisamente los únicos que obtienen una rentabilidad superior a las comisiones medias (de gestión y depósito) que cobran las gestoras y que están incluidas en el valor liquidativo del fondo.
Los gastos medios de gestión y depósito que aplican los fondos monetarios rondan el 0,55% del patrimonio gestionado, según los datos de VDOS Stochastics (incluye monetarios de gestoras internacionales). El último dato de Inverco referido a los fondos españoles correspondiente a 2008 cifraba la comisión de gestión media ponderada de esta categoría de fondos en el 0,72%.
Si los gastos medios de los monetarios son del 0,55% del patrimonio anual, al descontarse diariamente del valor liquidativo del fondo, en los dos primeros meses del año, las gestoras han percibido, de media, el 0,09% del patrimonio. La rentabilidad de 68 de los 89 fondos monetarios no supera este porcentaje.
El origen de esta situación se debe a que mientras la rentabilidad de los activos en los que invierten los fondos monetarios ha caído de forma brusca en los últimos años, las comisiones no se han reducido en la misma proporción.
Actualmente, los rendimientos de las letras del Tesoro oscilan entre el 0,38% a tres meses y el 1,16% a 18 meses. Con estas rentabilidades y comisiones totales por encima del 1% en algunos casos es normal que haya fondos presenten un balance negativo este año.
De ahí que los partícipes estén dando la espalda a estos fondos. En lo que va de año, los reembolsos netos en fondos monetarios ascienden a 897,5 millones de euros, el 6,67% de su patrimonio. Sólo los fondos de renta fija a corto plazo presentan peor balance. En los últimos doce meses, con una mayor rentabilidad (0,82% de media), el volumen de activos gestionados ha caído el 33,7% (frente al 1,75% del sector).
Por lo que respecta al número de partícipes, entre enero y febrero 14.584 inversores netos han vendido sus fondos monetarios, lo que supone el 3,56%, por encima de la media del conjunto del sector, que ha descendido el 2,84%.
Clasificado bajo: Sin categoría | Sin comentarios » La Fed dejará de comprar hipotecas a final de mes
La Reserva Federal mantendrá los tipos de interés en la banda entre el 0% y el 0,25% durante un “periodo prolongado”
Sandro Pozzi – Nueva York – 16/03/2010 – El País
Ben Bernanke quiere que las aguas se calmen para distinguir los factores estructurales que frenan la recuperación de los temporales, y a partir de ahí ajustar la estrategia monetaria. Eso le ha justificado dejar los tipos de interés en EE UU en la banda entre el 0% y el 0,25%. Sin embargo, la Reserva Federal ha confirmado que a final de mes dejará de comprar activos hipotecarios, un mecanismo que le permitió mantener bajo el crédito a la compra de la vivienda.
La de hoy ha sido la primera reunión del comité de política monetaria del banco central que duró un día, en lugar de las dos jornadas que durante la recesión dedicó el equipo de Bernanke a analizar la coyuntura. Ahora lo que busca la Fed es no ser rehén de su propio lenguaje. En el comunicado final mantuvo la línea maestra, la que anticipa que los tipos seguirán intactos en EE UU durante un “periodo prolongado”.
Los pocos ajustes han llegado en la parte referida a la economía, al decir que las cosas van a ir mejor a pesar de que el paro sigue alto y de que el mercado de la vivienda esta “deprimido”. Esto, en cualquier caso, no le impide seguir con lo planeado cuando se refiere a la estrategia para retirar los instrumentos que activó para inyectar liquidez en la economía.
El sector privado, motor de crecimiento
El baile empezó hace unas semanas, con un alza de un cuarto de punto en el interés a los préstamos a los bancos. Ese paso, de carácter técnico, no afectó al crédito al consumo. Pero la Fed confirmó que a final de mes empezará a desmantelar el programa de 1,25 billones de dólares para la compra de hipotecas. Los analistas ya anticipan un incremento de medio punto en el tipo a los créditos a 30 años, que ahora rondan el 5%.
Es otro paso más para que el sector privado vaya asumiendo poco a poco el papel de motor del crecimiento, sin apoyarse tanto en la intervención pública. El mercado parece estar cada vez más preparado para ello, como indicaron durante las últimas semanas los miembros de la Fed en sus discursos públicos. La atención se dirige así hacia el encuentro del 27 de abril. Ahí podría introducir ya un cambio de lenguaje, que podría indicar que pondrá el pie sobre el freno tras las elecciones de noviembre.
El calendario de subidas, en cualquier caso, dependerá de la marcha de la economía. La previsión es que el repunte se modere a una tasa anualizada del 3% del producto interior bruto en el primer trimestre, frente al 5,9% del cuatro de 2009. Eso, según el Tesoro, sería suficiente para empezar a crear empleos netos. La inflación se mantiene suave. Por lo que de haber subida, sería hasta el 0,5%. Pero hay miembros en el seno de la Fed, como Thomas Hoenig, que están cada más preocupados por los riesgos de la estrategia monetaria actual. Hoenig votó en contra.
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Informe de la UAM
16-03-2010 , Marga Castillo Grijota – Expansión
El urbanismo y la corrupción están indisolublemente unidos y en España es algo todavía generalizado. Sobre todo en el entorno del Gobierno local, la ordenación del territorio sigue siendo un foco de corrupción permanente, lo que hace perder la confianza de los ciudadanos en los poderes públicos. ¿Cuáles son las causas? ¿Se puede luchar contra este tipo de delicuencia? Hay instrumentos legales suficientes, pero seguirá habiendo delitos mientras no se persigan lo necesario y cometerlos siga siendo rentable para el infractor.
Los Informes Globales de la Corrupción de la ONG Transparencia Internacional señalaban en 2005 que “ningún otro sector en España tiene la corrupción tan arraigada como el de la construcción”. El Informe Global sobre la corrupción en España de 2007, emitido también por esta institución, concluía que “la multiplicación de escándalos vinculados a la corrupción urbanística están reforzando la imagen cínica de la ciudadanía sobre los gobernantes, contribuyendo a deslegitimar las instituciones democráticas”.
En estos últimos años, no obstante, la situación de la corrupción urbanística ha mejorado, según los índices de la ONG, y en 2009 los ayuntamientos españoles mejoraron sus indicadores de transparencia -79 de los 110 consistorios analizados superaron el aprobado frente a sólo 55 en 2008. Los consistorios mejoraron su transparencia en todas las áreas, incluso en la de urbanismo y obras públicas, donde la nota media ha aumentado en 22 puntos, hasta los 72,2 puntos en 2009, y el año pasado España se situó en el puesto 28 del Informe Global sobre la Corrupción realizado por la ONG Transparencia Internacional (TI) tras caer seis puestos desde 2004 en el Índice Global de Percepción de la Corrupción.
El motivo de esta variación se atribuye, sobre todo, a una menor percepción de la corrupción urbanística. Para el director de la ONG en España, Javier Lizcano, estos delitos “han aflorado” mucho más que años atrás gracias a ”la actuación de los jueces, las fuerzas de seguridad y los medios de comunicación”, señaló durante la última presentación del informe.
Laura Pozuelo, profesora titular de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y experta en esta área, señala que el ‘boom’ inmobiliario a raíz de la liberalización del suelo ha dado lugar a más supuestos de corrupción en el ámbito urbanístico. “El hecho de que haya existido un crecimiento desproporcionado de la construcción en nuestro país ha generado mucho dinero, una parte del cual ha acabado en los bolsillos de autoridades y funcionario públicos de la Administración local en forma de cohecho”. Pero el estallido de la burbuja inmobiliaria, junto a la crisis económica, “ha contribuido a que el crecimiento urbanístico se haya detenido, lo que sin duda afecta a unos menores índices de corrupción. En casos como éstos, el movimiento de dinero ilegal y con ello, la corrupción, suele desplazarse a otros ámbitos, pero aún es pronto para poder hacer un diagnóstico”. Por otro lado, ha aumentado el nivel de persecución de estos supuestos y su repercusión mediática, lo que influye en la percepción de que existe más corrupción.
La clave, perseguir los delitos para poder aplicar la ley
Desde el caso de Marbella, en el que se terminó implicando a casi todos los estamentos del Ayuntamiento y “en el que un juez decidió ir a por todas” y empezó a “tirar de la manta” se ha intensificado la persecución de los delitos contra la ordenación del territorio”, afirma Pozuelo. “Desde Marbella ha habido un efecto dominó”, señala la experta. “No es que haya ahora más corrupción, pero sí se persigue más, se da a conocer en los medios y por ello la opinión pública es cada vez más sensible al respecto”.
Esto se suma a un avance significativo en la legislación sobre delitos urbanísticos y el mayor empeño de las autoridades públicas para perseguir las mafias del ladrillo, pero sigue habiendo carencias importantes, señala Pozuelo en su informe Urbanismo y Corrupción, que acaba de hacer público la UAM. La corrupción urbanística sigue favoreciendo el enriquecimiento fácil a quienes participan en él, tanto desde la esfera pública como privada. En la administración local, que cuenta con una gran autonomía en urbanismo, “tanto funcionarios como alcaldes o concejales pueden acceder fácilmente a un lucro que la ley pone a su alcance, porque de ellos depende el planeamiento urbanístico, la recalificación de los usos del suelo y la concesión de licencias, todo con un enorme valor de mercado”.
Para Pozuelo, el problema es que estos delitos siguen siendo rentables, sobre todo en el ámbito local, aunque hay tres instrumentos legislativos fundamentales que podrían reducir este tipo de delitos a su mínima expresión: perseguir los delitos de prevaricación y cohecho para sancionar tanto al funcionario como al promotor, elevar las multas y no dilatar en el tiempo las órdenes de demolición y comiso. “Es importante que el delito no salga a cuenta, que la apuesta por una construcción ilegal no sea para el infractor una baza casi segura”.
El estudio de esta experta señala que “a menudo, quien otorga las licencias y quien debe controlar las infracciones contra la ordenación del territorio es la misma persona o son muy próximas, lo que abre la puerta a la corrupción”. El resultado es la existencia de un enorme margen de impunidad. Y lo que es más grave, el lucrativo fenómeno de la corrupción está también vinculado a la financiación ilegal de partidos políticos, por lo que cada vez que se destapa un caso de corrupción urbanística la confianza de los ciudadanos de los partidos y en las instituciones democráticas se tambalea.
La implicación de funcionarios suscita un profundo rechazo social
Además, la implicación de los funcionarios y cargos como alcaldes y ediles provoca un profundo rechazo social ya que son representantes públicos que deberían velar por el buen común, por eso la sociedad les condena más y “se carga” contra los que toman las decisiones: “Hay un sentimiento de mayor reproche al hecho de que quien se enriquezca ilícitamente sea un representante público más que el promotor infractor, por otra parte, tan culpable como el primero.
El problema de fondo es que la corrupción local es algo muy antiguo, lleva implícita una especie de resignación que se manifiesta en la expresión de “dar a dedo”… aunque las cosas están cambiando, de momento, sigue haciendo un escenario favorable al delito. Se sabe que ‘de facto’, se llega a incluir en el presupuesto para una determinada planificación urbanística qué cantidad de dinero se dedica a los sobornos, y quien quiere concurrir honradamente tiene menos oportunidades.
A ello se une que para los jueces, además de la ya de por sí complicada instrucción de los casos, es habitual que se den problemas probatorios tanto en los delitos de prevaricación como de cohecho, y también que la instrucción de los casos puede llegar a ser muy compleja. “En los casos en los que el dinero fluye por doquier y no hay transparencia, se crean empresas títere que hacen difícil probar que ha habido dádiva y las dificultades técnicas se suman a todo lo demás”, señala Pozuelo.
¿Da respuesta la Justicia?
Es frecuente pensar que la respuesta del derecho administrativo es insuficiente para perseguir estos delitos porque la normativa es enrevesada, lo que dificulta saber cuándo se produce una actividad ilícita y se reducen las posibilidades de sanción, y además las administraciones públicas no cuentan con suficientes recursos preventivos y represivos. Algo, según Pozuelo, “no del todo cierto, puesto que la normativa sí es clara al describir qué comportamientos son punibles, aunque faltarían recursos materiales y humanos para gestionar los delitos, y además no parecen que se hayan puesto realmente al servicio de la persecución de las infracciones urbanísticas”, explica.
“Para responder de forma efectiva a este tipo de delincuencia no existen, en puridad, problemas legales, en el sentido de que deban crearse nuevos delitos o cambiar la respuesta jurídica; ahí están las diferentes formas de prevaricación administrativa y el delito de cohecho. El problema está en la insuficiente persecución de esas infracciones, que se explica porque hay muchos intereses en conflicto, en ocasiones incluso de alto nivel, pues el dinero procedente de la corrupción urbanística ha llegado a financiar ilegalmente partidos políticos”, argumenta la profesora de la UAM.
“La norma no es laxa, pero no se aplica”
“La impunidad se explica porque no se persigue suficientemente los supuestos de delincuencia urbanística pese a contar con recursos suficientes para ello. La respuesta al problema no está en modificar la ley y en endurecerla: la solución está en la mayor persecución de esas infracciones. La normativa, siempre mejorable, no es laxa, el problema es que no se aplica. Sólo la certeza de la aplicación de la ley puede dar resultados en materia de prevención de delitos”, sentencia.
“De hecho, los delitos contra la ordenación del territorio no constituyen el principal problema de la delincuencia urbanística: el núcleo se encuentra en los supuestos de aprobación de planes urbanísticos en contra de los intereses generales, en la concesión de licencias urbanísticas en contra de la normativa vigente y, por último, en el hecho de que prácticamente nunca se proceda a la demolición de las construcciones ilegales, bien porque no se llega a ordenar, bien porque se incumplan las órdenes de demolición. Para todos estos supuestos, los delitos de prevaricación administrativa y de cohecho pueden dar una respuesta suficiente, sin olvidar la aplicación de la institución del comiso y el cumplimiento de las órdenes de demolición.
Junto a estos instrumentos estrictamente penales, aquellos con los que cuenta el Derecho administrativo también pueden resultar muy útiles: En primer lugar, el efectivo cumplimiento de lo establecido en el 75.7 de la Ley de Bases del Régimen Local, que obliga a los representantes locales a dar cuenta de su patrimonio antes de la toma de posesión del cargo y una vez finalizado su mandato. Si esto se controlara suficientemente, ayudaría mucho a evitar la corrupción urbanística”.
El núcleo del problema: la aprobación de planes urbanísticos en contra de los intereses generales, en la concesión de licencias y la no demolición de las obras ilegales
La demolición y el comiso son útiles, pero lo más importante es tomarse en serio la aplicación de la ley. Además, “es muy importante sancionar al cargo público que ha cometido un delito de cohecho, porque como representante de la Administración tiene el deber de servir con objetividad e imparcialidad a los intereses generales. Pero esto no quita importancia a la necesidad de sancionar al constructor que corrompe a la autoridad o funcionario o se deja corromper con él, pues es una pieza absolutamente esencial en la dinámica de la corrupción urbanística. Creo que es muy útil y muy necesario dirigir una respuesta penal a ambos”. “Que se investigue y se inspeccione más”, pide la experta, ya que disuadirá a los posibles infractores de cometer el delito”.
Multas proporcionales, no máximas
Eso sí, Pozuelo cree que la norma todavía no es lo suficientemente eficiente en algunos puntos para evitar que estos delitos sigan “mereciendo la pena” a los infractores. “Es el caso del delito contenido en el art. 319 del Código penal, en el que se sanciona al promotor, constructor o técnico-director que construye o edifica ilegalmente en suelos de especial protección, y en el que la multa se configura conforme al sistema días-multa, lo que beneficia económicamente al infractor. Conforme a este sistema, el máximo a imponer sería una multa de 288.000 euros, lo que resulta ridículo, teniendo en cuenta lo que puede llegar a ganar con este tipo de delito. Es mucho más efectivo el sistema de multa proporcional, que obliga al pago de un múltiplo de las ganancias obtenidas; de este modo ya no resulta tan rentable la infracción.
El hecho de que la demolición de la construcción ilegal no se llegue a ordenar o bien, en caso de que sí haya orden de demolición, ésta no se cumpla, supone una especie de “regalo” al infractor. No pierde nada: existe la alta probabilidad de que no se sancione penalmente su conducta por falta de persecución y, en caso de que sí se haga, no perderá la obra construida, porque la probabilidad de que se produzca la demolición es mínima. “Por esta razón, tanto en este trabajo como, en especial, en uno publicado conjuntamente con otro penalista específicamente sobre la materia, propongo que si ya no resulta posible la demolición, se ha de producir el comiso. Esto significa que al infractor se le decomisarán las ganancias obtenidas con la construcción ilegal. En definitiva, hay dos alternativas: o hay demolición de la obra ilegal o hay comiso de las ganancias ilícitamente obtenidas con ella”, señala la experta en su compendio”.
Tanto funcionarios como alcaldes o concejales pueden acceder fácilmente a un lucro que la ley pone a su alcance
Las empresas títere, estratagemas contra la inhabilitación
“Y en lo que se refiere al cumplimiento de la pena de inhabilitación, suele eludirse a través de la técnica de creación de empresas para cada construcción o edificación, que desaparecen una vez que éstas han terminado. Esos costes se eliminarían o al menos se atenuarían si el legislador optara el sistema de multa proporcional y la administración dedicara más medios materiales y humanos para hacer efectivo el cumplimiento de las sanciones penales”.
Lo que resulta insostenible, en opinión de Pozuelo “es que el beneficio obtenido o que se vaya a obtener de la realización de un delito quede en manos de infractor, cuando esto no sucede en el resto de infracciones penales. Imaginemos a alguien que sustrae unos bienes ajenos y después los vende, ¿sería razonable que, al margen de la condena por un delito de hurto o de robo, se le permitiera al infractor quedarse con las ganancias obtenidas de la venta de los bienes sustraídos? Pues en el supuesto de los delitos contra la ordenación del territorio el esquema es el mismo: un sujeto sustrae de forma ilícita un aprovechamiento del suelo al construir en un lugar prohibido -suelo no urbanizable de especial protección”.
“Si a continuación vende la construcción y obtiene con ello una ganancia”, prosigue, “debemos dar exactamente la misma respuesta que al ladrón que vende el botín. Bajo ningún concepto puede admitirse que los beneficios que se deriven de una construcción ilegal, ya procedan de su venta, de su arrendamiento o de cualquier otra modalidad a través de la cual se genere dinero a favor del infractor, puedan enriquecer a quien atenta contra la ordenación del territorio”. Por otra parte, es necesario “que no quede impune el incumplimiento de las órdenes de demolición y pueda ser sancionado por delito de desobediencia, pues la no demolición de las obras ilegales obstaculiza enormemente la lucha contra la delincuencia urbanística”.
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El Consejo de Gobierno andaluz da luz verde al Reglamento de Disciplina Urbanística, con el que se faculta a los ayuntamientos a “iniciar y concluir” un procedimiento de demolición en el plazo de un mes
Sebastián Sánchez / Málaga 17.03.2010 -
La larga senda por la que en los últimos años han deambulado en la provincia de Málaga miles de expedientes urbanísticos motivados por la ejecución de obras al margen de la ley puede llegar a su fin. Desde ayer, los ayuntamientos malagueños y del resto de la comunidad andaluza disponen de una nueva herramienta que les permitirá “iniciar y concluir” un procedimiento de demolición en un mes para actuaciones que se determinen “manifiestamente ilegalizables”.
Este lapso de tiempo, según precisaron desde el Gobierno autonómico, se contará desde que se notifique al interesado el inicio del expediente, con lo que se podrá reducir hasta en once meses el actual periodo de tramitación. Así al menos lo marca el nuevo Reglamento de Disciplina Urbanística al que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía dio ayer luz verde y que introduce como principal novedad el denominado “derribo exprés”, norma con la que se trata de reforzar las competencias urbanísticas de los ayuntamientos y poner coto a las construcciones ilegales.
La disposición de estos preceptos podría haber acortado los largos plazos que han venido transcurriendo en muchos municipios para que se lleven a cabo derribos de obras ilegales. Ejemplo de ello son los casi 12 años que acumulan las obras que el promotor del centro hispano-ruso, Vladimir Beniachvili, ha ejecutado sobre suelo no urbanizable en el Monte San Antón sin que hasta el momento el Ayuntamiento de la ciudad haya logrado el derribo de lo ejecutado. Y ello a pesar de las numerosas órdenes dirigidas al empresario.
Otro caso llamativo es el de una casa en Estepona derruida en abril de 2008, 14 años después de que su construcción fuese denunciada por una comunidad de propietarios. Cabe recordar que en Marbella, localidad en la que se levantan unas 18.000 viviendas irregulares autorizadas durante los gobiernos del GIL y de las que las que serán normalizadas 16.500 en el nuevo Plan General, el primer derribo de no se produjo hasta el año pasado, a pesar de las numerosas voces que reclamaban una acción contundente. Y ello siete meses después de que la alcaldesa, Íngeles Muñoz, firmara la orden de derribo.
El mapa del urbanismo ilegal se extiende como una mancha de aceite por la práctica totalidad de la provincia, territorio donde en los últimos años ha aumentado de forma exponencial la cifra de construcciones al margen de la ley. Una muestra es lo sucedido en la Axarquía, comarca donde se cuentan unas 10.000 casas sobre suelo rústico (según grupos ecologistas). En Cártama, sólo en suelo inundable, hay registradas 700 construcciones y se conocen de unos 2.000 expedientes abiertos por construcciones irregulares.
Desde la Administración autonómica, precisaron que el reglamento “permitirá a los ayuntamientos y a la propia Junta incrementar la agilidad y la seguridad jurídica tanto en el aspecto preventivo y de detección de las infracciones como en la tramitación de los procedimientos y en la adopción de medidas disciplinarias”. No obstante, fuentes jurídicas consultadas por este periódico señalaron que en cualquier caso al afectado siempre le quedará la posibilidad de recurrir a la vía judicial, con lo que el fallo podría demorarse en el tiempo.
Precisamente, para tratar de evitar lo sucedido en la provincia, se apuesta por reforzar la vigilancia. Los ayuntamientos son los que tendrán que asumir esta competencia, que hasta ahora recaía en exclusiva en la Junta y en el cuerpo de inspectores, integrado por sólo 36 profesionales. Para ello, redactarán planes de inspección y contarán con agentes especializados.
Otro de los elementos que incorpora el reglamento es el refuerzo de las acciones a prevenir infracciones urbanísticas, como la coordinación con el Registro de la Propiedad, que deberá comunicar a las administraciones competentes la solicitud de inscripción de parcelaciones cuando existan “dudas fundadas” sobre su legalidad. La aplicación de esta medida hubiese evitado, por ejemplo, que el promotor del centro hispano-ruso, tomando como base un informe elaborado por el ex jefe de Arquitectura de Diputación, pudiese inscribir en el registro número 2 de Málaga parte de la construcción ilegal que levantada en San Antón.
Asimismo, se destaca desde la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio la introducción del principio de “cumplimiento por equivalencia” para aquellos casos “excepcionales” en los que sea “imposible” la ejecución material o legal de las resoluciones. En esos supuestos, entre los que no está el “derribo exprés”, se exigirá una indemnización sustitutoria en metálico o la cesión de terreno, con independencia de la multa que se imponga al infractor.
La medida fue valorada por el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, Manuel Díaz Guirado. El edil del PP, que admitió desconocer en detalle el reglamento, admitió que todo lo que suponga “agilizar los trámites para llevar a cabo el restablecimiento de la legalidad urbanística, viene bien a todas las administraciones”. “Va en la línea de lo que siempre hemos dicho, demoler la estructura en construcciones ilegales para evitar que tras todo el trámite la vivienda esté ocupada”, expuso. En la misma línea, el alcalde de Cártama, José Garrido, aplaudió la medida. “Que se pueda actuar sobre una obra que se ejecuta sin licencia en una zona inundable, por ejemplo, paralizándola, es beneficioso para todos”, dijo el regidor.
Por su parte, el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, indicó que este reglamento, que desarrolla la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), no se trata de “una ley de punto y final” sino de un sistema de “filtros y garantías” a través de unas “reglas del juego más claras”.
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16/03/2010 Carmen del Toro – Andalucía Información
Los municipios podrán hacer efectos los derribos de las edificaciones “manifiestamente ilegalizables” en un plazo mínimo de un mes y un máximo de dos meses gracias al reglamento de disciplina urbanística aprobado ayer en el Consejo de Gobierno.
Según explicó el consejero de Vivienda, Juan Espadas, el reglamento faculta a los ayuntamientos para que en un mes, tras comunicar el inicio del expediente administrativo al infractor, el edificio “manifestamente ilegalizable” sea derribado, siendo el tiempo máximo de ejecución de dos meses, además de que la Junta de Andalucía puede ejecutarlo subsidiariamente si así no lo hace el responsable municipal.
Según Espadas, el objetivo es que “un movimiento de tierras o una estructura no se convierta en una vivienda ni esté habitada”, por lo que el reglamente incluye una “cadena de presunción de titularidades” para facilitar la labor inspectora del municipio y clarificar cuáles son las situaciones claramente ilegalizables, como que sea en una zona reservada en el planeamiento, protegida o espacio natural, por ejemplo.
Este procedimiento abreviado o exprés, que reduce de nueve meses a un mes el procedimiento administrativo, se une una revisión de la tipología de las licencias que permite la adopción de medidas cautelares, suspensión de obras así como su desarrollo parcial.
Además, para conseguir la licencia se implica a los colegios profesionales (el visado debe garantizar que se cumpla con la legalidad vigente), a los registradores de la propiedad (deben identificar los suelos y su tipología urbanística) y a las empresas suministradoras, de forma que no se dará ni luz ni agua si no hay licencia municipal.
“Nunca gratis”
Con respecto a las situaciones preexistentes, Espadas apuntó que el reglamento no es “de punto y final sino que fijas las reglas del juego”, apuntando que “no cabe la legalización si no cabe en el planeamiento”. Así, en las situaciones ya preexistentes , especialmente en parcelaciones ilegales, los ayuntamientos deberán elaborar, en colaboración con los inspectores de la Junta, un inventario de las edificaciones e identificar “caso por caso” cada uno de los existentes. Posteriormente, se analizará cuáles son ilegales, sus posibilidades de legalización de acuerdo con el planeamiento urbanístico vigente y “nunca gratis”.
En este sentido, Espadas quiso dejar claro que habrá que compensar al municipio, ya sea económicamente o mediante terrenos, para legalizar estas edificaciones. Eso sí, en caso de sanción, “en ningún caso será rentable al infractor”, incrementándose en un 150% sobre el valor del posible beneficio económico “para evitar que haya repetición”.
El reglamento incluye también un régimen sancionador que va desde los 600 euros hasta los 120.000 euros, al margen del 150% que se estipula en las parcelaciones ilegales. Por contra, se reconoce también la buena disposición del infractor a la hora de restaurar la legalidad y se facilita el conocido como “prontopago”, con una reducción del 50% si asume la reparación antes de los dos meses estipulados.
Espadas ejemplificó en la comarca de la Axarquía los problemas derivados de estas parcelaciones ilegales. Así, se está trabajando en paralelo para realizar el inventario de las edificaciones existentes para analizarlas caso por caso y, al mismo tiempo, acelerando la planificación urbanística de los municipios, puesto que algunos de esos municipios aún no lo poseen.
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La Junta aprueba el reglamento que intenta impedir las edificaciones ilegales
Diego Narváez – Málaga – 17/03/2010 El País
No hay mejor forma de eliminar una construcción ilegal que evitar que se construya. El Reglamento de Disciplina Urbanística que aprobó ayer el Consejo de Gobierno introduce entre sus novedades más llamativas la figura del derribo exprés, un procedimiento de rápida tramitación que permitirá a los alcaldes, o de manera subsidiaria al titular de la Consejería de Ordenación del Territorio, ordenar en un plazo máximo de un mes una edificación que sea “manifiestamente incompatible con la ordenación urbanística”.
Se consideran así aquellas construcciones sobre las que existe denegación de licencia; la parcelación o edificación en suelo calificado como no urbanizable y cualquiera que se alce sobre terrenos reservados a equipamientos públicos, o los actos realizados en terrenos de dominio público que no cuenten con la pertinente concesión.
El consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, explicó que “se trata de evitar que cuando se detecta un movimiento de tierras o una cimentación, al cabo de los 12 meses haya una vivienda terminada y habitada”.
Iniciado el expediente, los afectados tendrán entre 10 y 15 días para ser oídos y en un mes máximo se podrá dictar la orden de derribo.El reglamento, que desarrolla y “aclara” criterios que como recordó Espadas ya están formulados en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), trata sobre todo de propiciar a los ayuntamientos instrumentos de respuesta ágiles contra las ilegalidades. “Blindamos los procesos de forma más segura a como estaba hasta ahora, y se fijan unas reglas de juego si cabe más claras, de forma que no queden dudas ni resquicios, si es que a alguien le quedaban”, explicó Espadas.
En la elaboración de la normativa se ha tenido muy en cuenta la práctica de irregularidades e ilegalidades de los últimos años, de forma que se han recopilado casos muy concretos. La huella de lo ocurrido en Marbella es especialmente evidente. Es el caso más conocido, pero la realidad es que en la comunidad existen decenas de miles de viviendas construidas en contra de las normas urbanísticas.
El reglamento introduce el “cumplimiento por equivalencia”, para aquellas situaciones que si bien contravienen el ordenamiento urbanístico pueden tener cabida en él, estableciendo para ello una indemnización sustitutoria económica o en aportación de suelo, y siempre complementaria a la multa correspondiente. Es un sistema similar a la normalización diseñada por Manuel González Fustegueras en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella. “Hay que sacar muchas conclusiones de lo ocurrido”, reconoció Espadas, quien explicó que “es necesaria una mayor implicación del conjunto de la sociedad”.
La normativa, que según Espadas es “pionera en España”, no sólo implica a ayuntamientos y a la Junta, también otorga responsabilidades en el control de la legalidad a colegios profesionales, registradores de la propiedad y a las empresas suministradoras de servicios. La experiencia enseña que viviendas construidas en contra de la normativa urbanística han sido escrituradas, inscritas en los registros, y han disfrutado con toda normalidad de suministros de agua, luz, gas, o teléfono. Según el consejero, uno de los objetivos primordiales de la norma es proteger al comprador de una vivienda en proyecto, para que tenga todas las garantías de legalidad
El reglamento, por ejemplo, amplía el listado de hechos inscribibles en el registro, de forma que se deberán anotar si una vivienda tiene la licencia impugnada, si está pendiente de algún pronunciamiento judicial, o ha quedado fuera de ordenación. Hasta ahora, el registro no anota siquiera una sentencia firme de anulación de una licencia. Los colegios de arquitectos, antes de visar los proyectos de licencias, tendrán que comprobar que se ajustan a las determinaciones urbanísticas. Y las empresas de de suministros quedarán impedidas a suministrar servicios a las viviendas que no acrediten disponer de la licencia de primera ocupación.
En el régimen sancionador, las faltas muy graves serán sancionadas con multas de entre 6.000 y 120.000 euros, y son las referidas a actuaciones en suelo protegido o no urbanizable sin instrumento de planeamiento. El reglamento endurece la reprobación de las parcelaciones ilegales, con sanciones a partir de un 150% del beneficio obtenido. El régimen sancionador persigue además eliminar el beneficio económico del infractor, de forma que la cuantía de las multas puede elevarse si sumada al coste de la reposición de la legalidad queda por debajo del lucro obtenido.
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