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Timestamp: 2018-07-20 14:42:00
Document Index: 242141570

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 19', 'Artículo 20', 'artículo 35', 'artículo 1', 'artículo 67']

FUNCIONES DEL PROMOTOR EN UN PROCESO DE REORGANIZACIÓN | MANUAL DEL CONTADOR - PLANEACION EMPRESARIAL
FUNCIONES DEL PROMOTOR EN UN PROCESO DE REORGANIZACIÓN
Enviado por admin en Mar, 01/22/2013 - 14:46
Oficio SUPERSOCIEDADES 220-177554 Del 05 de Diciembre de 2012
ASUNTO: FUNCIONES DEL PROMOTOR EN UN PROCESO DE REORGANIZACIÓN
Me refiero a su escrito radicado en esta Entidad con el número 2012-01-308273, mediante los cuales formula una consulta relacionada con el proceso de reorganización, en los siguientes términos:
1. Cuáles son las funciones del Promotor en un proceso de reorganización de Ley 1116 de 2006.
2. SÍ el Promotor cumple funciones administrativas o realiza actividades de manejo de dineros dentro de las sociedades en proceso de reorganización de Ley 1116 de 2006.
Al respecto, me permito manifestarle que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es función de la Superintendencia de Sociedades la de absolver las consultas de carácter general y abstractas que se le formulen sobre temas de derecho estrictamente societario regulado por la legislación mercantil, y no sobre temas contractuales, jurisdiccionales o procedimentales.
No obstante lo anterior, este Despacho se permite, a título meramente informativo, hacer las siguientes precisiones de orden legal, a la luz de la Ley 1116 de 2006, por la cual se expide en el régimen de insolvencia en la República de Colombia.
i) La Ley 1116 de 2006, a diferencia de la Ley 550 de 1999, no consagró en una misma disposición las funciones del promotor, sino que las previó en diferentes normas, a las cuales se hará referencia más adelante.
ii) En efecto, no existe en el nuevo régimen de insolvencia una norma similar a la consagrada en el artículo 8º de la Ley 550 de 1999, donde indica expresamente las funciones principales que desarrollará el promotor en relación con la negociación y celebración del acuerdo.
iii) Lo anterior ha llevado a que no se tenga claridad sobre cuáles son las funciones de los promotores dentro del aludido trámite concursal, lo cual ha conllevado a discusiones complicadas, porque a juicio de este Organismo, la labor del promotor debe consistir, entre otros, en verificar, uno a uno, todos los soportes de las acreencias relacionadas por el deudor, mientras que los deudores manifiestan su desacuerdo con tal posición, siendo el promotor el directamente sacrificado en el tema, pues el legislador no fue claro sobre el particular.
iv) Igualmente, durante la vigencia de la Ley 550 de 1999, era indispensable que el promotor debía rendir un concepto sobre las proyecciones financieras elaboradas por el deudor o, en su defecto, elaborar dichas proyecciones. Actualmente tales funciones no se consagraron en la ley, por lo cual debe entenderse, que el promotor está relevado de las mismas, pero hay doctrinantes que siguen considerando que el promotor debe continuar cumpliendo con tales funciones.
v) De otra parte, no es clara la participación del promotor una vez celebrado el acuerdo de reorganización, dado que la ley no establece si podrá participar o no en el comité de vigilancia, y la remuneración por su labor, con lo cual es evidente un vacío en relación con lo regulado por la Ley 550 de 1999, el cual deberá ser llenado por lo que se pacte en cada caso concreto sobre el particular y por lo que decida el juez del concurso sobre tales aspectos.
vi) No obstante lo expuesto, es de anotar que el artículo 19 de la Ley 1116 ya citada, que trata del inicio del proceso de reorganización, consagra en sus numerales 3, 8, 9 y 11, algunas funciones que debe realizar el promotor, los cuales son del siguiente tenor:
8. Ordenar al deudor y al promotor, la fijación de un aviso que informe sobre el inicio del proceso, en la sede y sucursales del deudor
vii) Por su parte, los artículos 20, 29, 31 y 46 ejusdem, señalan otras funciones que debe cumplir el mencionado auxiliar de la justicia, así:
“Artículo 20. Nuevos procesos de ejecución y procesos de ejecución en curso. A partir de la fecha de inicio del proceso de reorganización no podrá admitirse ni continuarse demanda de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra del deudor. Así, los procesos de ejecución o cobro que hayan comenzado antes del inicio del proceso de reorganización, deberán remitirse para ser incorporados al trámite y considerar el crédito y las excepciones de mérito pendientes de decisión, las cuales serán tramitadas como objeciones, para efectos de calificación y graduación y las medidas cautelares quedarán a disposición del juez del concurso, según sea e l caso, quien determinará si la medida sigue vigente o si debe levantarse, según convenga a los objetivos del proceso, atendiendo la recomendación del promotor y teniendo en cuenta su urgencia, conveniencia y necesidad operacional, debidamente motivada.
El promotor o el deudor quedan legalmente facultados para alegar individual o conjuntamente la nulidad del proceso al juez competente, para lo cual bastará aportar copia del certificado de la Cámara de Comercio, en el que conste la inscripción del aviso de inicio del proceso, o de la providencia de apertura. El Juez o funcionario que incumpla lo dispuesto en los incisos anteriores incurrirá en causal de mala conducta”. (Se subraya).
viii) Es de advertir que el artículo 35 de la Ley 1429 de 2010, prevé que “Las funciones que de acuerdo con la Ley 1116 de 2006 corresponden al promotor serán cumplidas por el representante legal de la persona jurídica deudora o por el deudor persona natural comerciante, según el caso.
ix) Finalmente, se observa que el artículo 1º del Decreto 962 de 2009, preceptúa que los cargos de promotores y liquidadores, como auxiliares de la justicia, son oficios públicos indelegables, que deben ser desempeñados por personas de conducta intachable, excelente reputación, imparcialidad absoluta y total idoneidad. Los honorarios respectivos constituyen la totalidad de la retribución del servicio y no podrán exceder los límites establecidos en el artículo 67 de la Ley 1116 de 2006.