Source: http://www.calivillalonga.com.ar/borrador-del-proyecto-de-ley-de-energia-distribuida/
Timestamp: 2019-03-25 11:06:06
Document Index: 399023756

Matched Legal Cases: ['Artículo 12', 'Artículo 16', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 32', 'Artículo 34']

Home » Sala de Prensa » El borrador que aprobaron Diputados del proyecto de generación distribuida
Energía Estratégica tuvo acceso al proyecto de Ley que avanza en la cámara baja que apunta a que todos los usuarios particulares del territorio nacional puedan inyectar energía renovable a la red eléctrica. El texto fija fomentos para la generación de energía limpia e incentivos para la industria nacional.
El jueves pasado, asesores de diputados de distintos bloques terminaron de unificar el texto del proyecto de Ley de Generación Renovable Distribuida (ver en línea), conformado por las propuestas de los legisladores Juan Carlos Villalonga (2965-D-2016), Néstor Nicolás Tomassi (0097-D-2016) Luis María Bardeggia(2188-D-2017) y Jorge Taboada (2207-D-2017).
Cabe destacar que antes del arribo de esta unificación, los diputados recibieron sugerencias de distintas entidades del nicho energético, de otros legisladores de la cámara baja, del sector privado y hasta del Ministerio de Energía y Minería de la Nación.
En concreto, el texto de la Ley que resultó de este proceso establece que, a partir de su sanción –esperada durante lo que resta del año- “todo proyecto de construcción de edificios públicos deberá contemplar la utilización de algún sistema de generación distribuida proveniente de fuentes renovables, conforme al aprovechamiento que pueda realizarse en la zona donde se ubique”.
El esquema tarifario que se propone es del tipo Net Billing, sistema neto de facturación que permite contrastar el valor monetario de la energía limpia generada por la fuente renovable sobre la energía consumida durante un mismo período “de manera acorde al precio estacional correspondiente a cada tipo de usuario que deben pagar los Distribuidores en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)”.
La energía deberá ser contabilizada por un equipo de medición bidireccional “homologado por la autoridad competente que debe ser instalado a los fines de medir la energía demandada, generada y/o inyectada a la red de distribución por el Usuario-Generador, siendo dichas mediciones almacenadas independientemente para su posterior lectura”.
En el Artículo 12, inciso ‘d’, señala que “si existiese un excedente monetario por los kilowatt-hora inyectados a favor del Usuario-Generador, el mismo configurará un crédito para la facturación de los períodos siguientes. De persistir dicho crédito, el Usuario-Generador podrá solicitar al Distribuidor la retribución del saldo favorable que pudiera haberse acumulado en un plazo a determinar por la reglamentación, que no será superior a 6 meses”.
Para ello se facultará a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a dictar las normas complementarias necesarias para instrumentar y regular los aspectos impositivos correspondientes a lo establecido en el presente inciso.
En el Artículo 16 se fija la creación del Fondo Fiduciario Público, denominado “Fondo para la Generación Distribuida de Energías Renovables” (FODIS), que “tendrá por objeto la aplicación de los bienes fideicomitidos al otorgamiento de préstamos, incentivos, garantías, la realización de aportes de capital y adquisición de otros instrumentos financieros, todos ellos destinados a la implementación de sistemas de generación distribuida a partir de fuentes renovables”.
Este Fondo contará con un patrimonio que estará constituido por los siguientes bienes fideicomitidos:
Los recursos provenientes del Presupuesto Nacional aprobado anualmente por el Congreso de la Nación, los que no podrán ser inferiores al 50 por ciento del ahorro efectivo en combustibles fósiles debido a la incorporación de generación distribuida a partir de fuentes renovables obtenido en el año previo, de acuerdo a la estimación que efectúe la Autoridad de Aplicación;
Cabe destacar que, para el primer año de entrada en vigencia de la ley, se fija una partida del Presupuesto Nacional de 500 millones de pesos.
Para el cumplimiento de su objeto, el FODIS podrá implementar una serie de instrumentos, con el fin de viabilizar la adquisición e instalación de bienes de capital previstos en la ley:
El Fondo establecerá beneficios promocionales en forma de bonificación sobre el costo de capital para adquisición de sistemas de generación distribuida de fuentes renovables.
Dicha bonificación será establecida en función de la potencia a instalar según lo establezca la reglamentación de la presente para cada tecnología. Al menos un tercio de los montos afectados a los instrumentos, incentivos y beneficios que establezca deberán destinarse a emprendimientos residenciales de vivienda unifamiliar, pudiendo afectarse el sobrante no utilizado en el próximo ejercicio fiscal a otros fines.
En el Artículo 27, el proyecto de Ley de la Cámara de Diputados propone que la Autoridad de Aplicación podrá instrumentar un precio adicional de incentivo del FODIS una tarifa de incentivos a pagar por la energía que el Usuario-Generador inyecte a la red.
“Dicho precio de incentivo será fijado por tiempo limitado y sus valores ajustados de acuerdo a lo que se establezca en la reglamentación y normas complementarias, en base a los costos evitados para el sistema eléctrico en su conjunto”, acota el texto.
Esta tarifa de incentivos será fijada de manera proporcional para todos los aportantes al sistema conforme la energía generada y no podrá afectar en más de un 20 por ciento los recursos del FODIS.
De acuerdo al Artículo 28, la Autoridad de Aplicación podrá instrumentar un beneficio promocional en forma de certificado de crédito fiscal para ser aplicado al pago de impuestos nacionales, por un valor a establecer a través de la reglamentación de la ley.
El monto total del certificado fiscal no podrá superar en ningún caso el 50% del costo de combustible fósil desplazado durante la vida útil del sistema de generación distribuida, de acuerdo a la estimación que efectúe la Autoridad de Aplicación
Se establece para el ejercicio del año de entrada en vigencia de la presente ley un cupo fiscal de 200 millones de pesos para ser asignado a los beneficios promocionales previstos en el presente artículo. Los beneficios serán asignados de acuerdo con el procedimiento que establezca la reglamentación a tal al efecto.
Además, el proyecto de Ley prevé incentivos para la industria nacional.
En el Artículo 29, “la Autoridad de Aplicación establecerá beneficios diferenciales prioritarios para la adquisición de equipamiento de generación distribuida a partir de fuentes renovables de fabricación nacional, siempre y cuando los mismos cumplan con los requisitos de integración de valor agregado nacional que establezca la reglamentación”.
En estos casos, los beneficios se establecerán tomando como base el porcentaje de valor agregado nacional y serán como mínimo un 20% superiores a lo establecido mediante el régimen general.
A su vez, el Artículo 32 plantea la creación del Régimen de Fomento para la Fabricación Nacional de Sistemas, equipos e Insumos para Generación Distribuida a partir de fuentes renovables, denominado “FANSIGED”.
El Régimen es de aplicación en todo el territorio de la Argentina y tendrá vigencia por diez (10) años a partir de la sanción de la presente y podrán adherir las Micro, Pequeñas y Medianas empresas radicadas en el país.
El FANSIGED contará con un cupo fiscal anual para la asignación del beneficio de certificado fiscal según lo que la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional fije a tal fin.
Se establece para el ejercicio del año de entrada en vigencia de la ley un cupo fiscal de 200 millones de pesos para ser asignado a los beneficios promocionales previstos. Estos incentivos serán asignados de acuerdo con el procedimiento que establezca la reglamentación.
El Artículo 34 enumera que son integrantes del FANSIGED los siguientes instrumentos, incentivos y beneficios:
La Autoridad de Aplicación establecerá el porcentaje mínimo de composición de materias primas e insumos nacionales exigibles para los beneficiarios de este régimen, no pudiendo ser menores al 25% durante los primeros tres años de vigencia de la ley y de un 40% a posteriori.