Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/C-318-07.htm
Timestamp: 2018-12-19 03:31:05
Document Index: 61435755

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C-318-07
Sentencia C-318/07
BIENES INEMBARGABLES-Desuso de norma que establecía la inembargabilidad hasta el valor de doscientos pesos, de libros relativos a la profesión del deudor, máquinas e instrumentos utilizados por el deudor para enseñar/INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Disposición acusada no vigente
La Corte Constitucional considera que el contenido normativo demandado, referido a que los libros relativos a la profesión del deudor, así como los instrumentos y máquinas que el deudor utiliza para enseñar un arte o una ciencia, no son embargables hasta el valor de doscientos pesos ($200) a elección del mismo deudor, no está vigente en el ordenamiento jurídico colombiano. En razón de lo anterior, no procede pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad de las expresiones demandadas, contenidas en los numerales 3 y 4 del artículo 1677 del Código Civil. Como tantas veces lo ha expuesto este Tribunal Constitucional, el control de constitucionalidad tiene como sustento la regla general consistente en que la norma objeto de control debe estar vigente, salvo que pese a su falta de vigencia, ésta siga produciendo efectos. Ahora bien, en el presente caso no se da la excepción referida pues la norma derogada no sigue produciendo efectos. Por el contrario, como se dijo, sobre ella ha se ha configurado el fenómeno del desuso, por la imposibilidad fáctica de aplicarla, de conformidad con lo explicado en fundamento número 9 de esta sentencia. Por todo lo anterior, la Corte Constitucional se declarará inhibida para pronunciarse de fondo sobre la constitucionalidad de las disposiciones acusadas.
Referencia: expediente D-6543
Demanda de inconstitucionalidad contra los numerales 3° y 4° (parciales) del artículo 1677 Ley 57 de 1887 (Código Civil).
En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política, el ciudadano Andrés Fernando Marín Rodríguez solicita a esta Corporación la declaratoria de inconstitucionalidad de los numerales 3° y 4° (parciales) del artículo 1677 Ley 57 de 1887 (Código Civil).
ARTICULO 1677. La cesión comprenderá todos los bienes, derechos y acciones del deudor, excepto los no embargables.
3o.) Los libros relativos a la profesión del deudor, hasta el valor de doscientos pesos y a la elección del mismo deudor.
4o.) Las máquinas e instrumentos de que se sirve el deudor para la enseñanza de alguna ciencia o arte, hasta dicho valor y sujetos a la misma elección.
6o.) Los utensilios del deudor arte o trabajador del campo, necesarios para su trabajo individual.
Las normas demandadas estipulan un valor límite de doscientos pesos ($200), al embargo de los libros relativos a la profesión del deudor y a las máquinas e instrumentos que el deudor utiliza para la enseñanza de algún arte o ciencia. El demandante considera que estas normas vulneran los artículos 1º (prevalencia del interés general), 2º (fines esenciales del Estado), 8º (protección de las riquezas culturales de la Nación), 13 (promoción de la igualdad real y efectiva), 25 (derecho al trabajo), 27 (libertad de enseñanza e investigación) y 70 (promoción e igual acceso a la cultura).
El actor explica que los artículos constitucionales citados establecen un contenido normativo consistente en que es deber del Estado, tanto proteger aquellos materiales que sirvan para el fomento de la cultura, la enseñanza, la ciencia y las artes, así como establecer condiciones adecuadas para que quienes desarrollan oficios relacionados con ello, encuentren efectivamente garantizada su actividad.
De este modo, en opinión del demandante, las normas acusadas configuran un límite para que la propiedad de los elementos necesarios para el ejercicio de actividades relacionadas con la cultura, la enseñanza, la ciencia y las artes, se vea garantizada cuando el propietario tenga la calidad de deudor, y se pretenda respaldar una obligación con dichos elementos. Así, encuentra el actor que dicho límite es desproporcionado respecto de la importancia que cobran los mencionados elementos en razón a que las actividades que con ellos se desarrolla, se promocionan y protegen en la Constitución. Y, es desproporcionado –según el demandante- porque prohíbe el embargo de dichos elementos (libros, instrumentos o máquinas), tan sólo en el equivalente a un valor de doscientos pesos ($ 200). Suma que en sus palabras resulta irrisoria, y no brinda en realidad ninguna garantía de protección a las actividades constitucionalmente consagradas, en el evento mencionado de la posibilidad de embargo.
Agrega por último, que de lo anterior se desprende también la vulneración del derecho al trabajo y a la igualdad, entre otras cosas porque en los numerales 5 y 6 del mismo artículo 1677 del Código Civil se estipulan como inembargables los uniformes y equipos de los militares, según su arma y grado y los utensilios del deudor artesano o trabajador del campo, necesarios para su trabajo individual, sin que para estos elementos se establezca límite de valor alguno.
Mediante escrito allegado a la Secretaría General de esta Corporación, el 16 de noviembre de 2006, el Ministerio del Interior y de Justicia solicita a la Corte Constitucional, o bien que dicte un fallo inhibitorio, o que declare la exequibilidad condicionada de las disposiciones acusadas.
Respecto de la solicitud de inhibición, argumenta que el cargo formulado por el demandante deviene de una interpretación particular de éste de la norma demandada, con lo cual se desnaturaliza el sentido abstracto del control de constitucionalidad que realiza este Tribunal Constitucional. Asevera que la demanda plantea que la norma es contraria a la Constitución en razón a que la suma de doscientos pesos ($200) como monto mínimo equivalente al valor de los bienes (libros, instrumentos o máquinas) que se establecen como inembargables en las disposiciones demandadas, es ineficaz como medida de protección a las actividades que se desarrollan con estos bienes.
Se explica en el escrito de intervención que la conclusión del actor sobre la inconstitucionalidad de las disposiciones acusadas, se deriva de un juicio subjetivo de eficacia de las mismas. Así, afirma que “se debe tener en cuenta que el juicio de constitucionalidad que le corresponde ejercer a la Corte Constitucional se lleva a cabo mediante la confrontación en abstracto de los preceptos legales demandados con el estatuto superior, para determinar si ellos se adecuan a éste, independientemente de la buena o mala aplicación o interpretación que de ellos se haga.”
Agrega, que en el escrito de la demanda sólo funge como razón de la presunta inconstitucionalidad, la supuesta ineficacia de las normas acusadas, pero no se dice nada para sustentar la vulneración de las cláusulas constitucionales que alega. En últimas, concluye que no existe mérito suficiente en el escrito de la demanda, para dictar un fallo de fondo sobre la constitucionalidad de las normas acusados, pues “un precepto de la ley no es inconstitucional por la interpretación o aplicación que se haga de ella sino por su oposición sustancial a los principios o normas de la Carta Política.” En virtud de esto plantea que lo pertinente es un fallo inhibitorio por parte de la Corte.
De otro lado, explica que si esta Corporación decide hacer un estudio de fondo de las normas objeto de la demanda, entonces lo procedente es una sentencia interpretativa. Ésta, en el sentido de declarar la exequibilidad de las mismas, bajo el entendido que la suma de doscientos pesos ($ 200), como monto equivalente al mínimo valor exento de la situación jurídica de embargo por deudas cuando se trata de los libros, instrumentos o máquinas relativos al oficio del deudor, se debe actualizar a partir de una formula que en la idea del interviniente la establecería la Corte Constitucional.
El Ministerio sustenta lo anterior, en el argumento consistente en que si se llegase a aceptar que la ineficacia de la norma configura un cargo de constitucionalidad, entonces se debe partir del hecho que “la total ineficacia del precepto legal no hace que este devenga inconstitucional, puesto que una cosa es la validez de las normas jurídicas y otra muy distinta su eficacia.” Por ello, lo único que se podría oponer a la norma demandada es que está desactualizada, pero no que es contraria a la Constitución. Ahora bien, si esto es así, “al desaparecer la suma que no es embargable del ordenamiento jurídico se formalizaría una violación a los principios de igualdad y proporcionalidad”, luego la solución no puede ser declararlas inexequibles, sino actualizar el monto de inembargabilidad en la forma expuesta.
En escrito recibido en la Secretaría General de la Corte Constitucional el 8 de noviembre de 2006, el Instituto colombiano de Derecho Procesal plantea que este Tribunal Constitucional debe emitir un fallo inhibitorio respecto de las normas acusadas.
Se explica en el escrito de intervención que los numerales 3 y 4 del artículo 1677 del Código Civil parcialmente acusados, han sido “modificados de manera tácita y evidente”, por el artículo 684 del Código de Procedimiento Civil. En este orden, no procede estudio de fondo de constitucionalidad sobre un contenido normativo que no está vigente.
Considera el interviniente que el artículo 684 del C.P.C. (de 1970 y modificado en 1989) dispuso que los utensilios necesarios para el trabajo de la persona contra quien se decrete el secuestro no podrán embargarse, ha modificado los numerales 3 y 4 del artículo 1677 del Código Civil (de 1857 y modificado en 1984) pues por un lado, libros, instrumentos o máquinas relativos al trabajo del deudor (art. 1677 C.C) están dentro de la noción de utensilios, enseres e instrumentos del artículo 684 del C.P.C.; y por otro, los conceptos de profesión y/o actividad de enseñanza del deudor (art. 1677 C.C) se subsumen igualmente en la noción de trabajo individual de la persona del artículo 684 del C.P.C. La anterior identidad en los contenidos normativos de los artículos 1677 del C.C y 684 del C.P.C., lo sustenta el interviniente en la comparación de los textos respectivos textos, y lo presenta de la siguiente manera:
Artículo 684 del C.P.C
Concluye pues el interviniente, que el límite establecido por las normas demandadas de doscientos pesos ($200) como equivalente del valor inembargable relativo a los elementos en cuestión, ya no es un límite y “queda ahora a juicio del juez”, quien a partir de la norma del Código de Procedimiento Civil citada, tiene la prohibición legal de “despojar al deudor de los elementos necesarios para el ejercicio de su profesión, oficio o trabajo”. Por ello, en su opinión, la decisión de la Corte debe ser inhibitoria, pues el contenido normativo demandado no tiene vigencia en el ordenamiento jurídico colombiano.
3.- Intervención de la Facultad de Derecho de la Universidad del Rosario.
La Facultad de Derecho de la Universidad del Rosario allegó escrito de intervención, recibido en la Secretaría General de esta Corporación el 17 de noviembre de 2006, en el que manifiesta que la demanda objeto de estudio se dirige contra contenidos normativos que fueron modificados por el artículo 684 del Código de Procedimiento Civil, por lo cual no procede estudio de fondo sobre la constitucionalidad de las normas demandadas, sino un fallo inhibitorio.
El escrito de intervención señala que los numerales acusados del artículo 1677 del Código Civil, fueron derogados tácitamente por el artículo 684 del C.P.C. Y aclara además, que “a pesar de que las reglas sobre bienes inembargables se encuentran en el Código Civil, no son normas sustanciales sino procesales y por eso el Código de Procedimiento [Civil] las modifica”.
Concluye que le es dable a la Corte Constitucional adelantar estudio de constitucionalidad de normas “desuetas u obsoletas”. La consecuencia de la derogatoria tácita de los numerales acusados es que “hoy, (…), aquellos elementos imprescindibles para la realización de cualquier actividad remunerada de la cual dependa el deudor para su digna subsistencia, sin consideración a su valor, (…) son señalados por el juez como inembargables, según su criterio, pero sujeto a los mismos medios de discusión propios de las decisiones judiciales.” Con ello adicionalmente, se ha establecido que la inembargabilidad no surge de un valor determinado, sino del criterio de utilidad y necesidad que tiene el deudor de servirse de ciertos elementos, en los términos del artículo 684 del C.P.C en mención.
Por lo anterior, afirma que la Corte debe inhibirse para dictar un fallo de fondo sobre la constitucionalidad de las normas demandadas.
4. Intervención de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cartagena.
Mediante escrito recibido en la Secretaría General de esta Corporación el 12 de diciembre de 2006, la Facultad de Derecho de la Universidad de Cartagena, solicita a la Corte Constitucional que declare la exequibilidad de los numerales acusados, bajo el entendido que el valor de $ 200 pesos debe actualizarse a una suma que oscile entre $18.000.000 y $21.000.000.
El interviniente considera que la demanda carece de fundamentos suficientes que permitan detectar que las normas acusadas son contrarias a la Constitución. No obstante, explica que los numerales que se demandan tienen como objetivo “que los docentes a los que usan libros como apoyo necesario de su labor no [deban] pagar sus deudas con ellos”, lo cual es un propósito acorde con la Constitución, siempre y cuando se entienda que el valor en el que se protegen estos bienes no es de doscientos ($200), sino, dicho valor pero actualizado a 2007 (según el interviniente, este valer estaría entre $18.000.000 y $21.000.000). En este sentido la norma debería pues, ser declarada exequible, bajo la condición expuesta.
De conformidad con los artículos 242-2 y 278-5 de la Constitución, el Procurador General de la Nación rinde concepto de constitucionalidad número 4240 en el proceso de la referencia. La vista Fiscal solicita a la Corte Constitucional que se inhiba para pronunciarse de fondo sobre la constitucionalidad de las normas demandadas.
Explica el Ministerio Público, que la demanda tiene falencias en la fundamentación del cargo de inconstitucionalidad. Considera que el demandante no desarrolla el concepto de la violación de las normas constitucionales, es decir que tan sólo referencia las disposiciones superiores que presenta trasgredidas, pero no dice por qué resultan vulneradas. En su parecer esto se sustenta en dos aspectos principales: (i) el accionante no presenta los argumentos en que se apoya la solicitud de inconstitucionalidad (…) de manera clara, cierta, específica, pertinente y suficiente; y, (ii) el actor no tiene en cuenta que el concepto de bienes inembargables establecido en el artículo demandado del Código Civil ha sufrido profundas modificaciones por parte del legislador, tales como en el Decreto 2282 de 1989, en donde desaparecieron, precisamente, las expresiones por él demandadas”.
Sobre lo primero afirma el Procurador General, que en el escrito de la demanda no queda claro cómo es que las normas demandadas vulneran el estatuto superior, tal como se expuso más arriba.
Sobre lo segundo, señala que el artículo 684 del Código de Procedimiento Civil vigente hace una enumeración de los bienes inembargables que “…corresponde a un lenguaje más acorde con los tiempos actuales, en el que desaparece la suma de doscientos pesos acusada por el demandante”. Por lo cual, las expresiones demandas no están vigentes en nuestro ordenamiento.
Por lo anteriormente expuesto, el Ministerio Público solicita a la Corte Constitucional que se declare inhibida para emitir pronunciamiento respecto de las expresiones acusadas.
2.- Se han demandado las expresiones “hasta el valor de doscientos pesos y a la elección del mismo deudor” y “hasta dicho valor y sujetos a la misma elección”, contenidas en los numerales 3 y 4, respectivamente, del artículo 1677 del Código Civil, por cuanto estas expresiones determinan el valor hasta el cual no resultan embargables los libros relativos a la profesión del deudor, y los instrumentos o máquinas que el deudor utilice para enseñar una ciencia o un arte; y, dicho valor es tan sólo de doscientos pesos ($200). A juicio del demandante, el valor mencionado no da cuenta del hecho que los libros, instrumentos o máquinas en cuestión se utilizan para desarrollar actividades constitucionalmente protegidas.
2.- Algunos intervinientes consideran que en el escrito de la demanda no se expresan razones para fundamentar por qué las normas constitucionales se ven trasgredidas por las normas demandadas. En estas intervenciones se explica que el actor sólo atina a afirmar que las expresiones acusadas vulneran algunos artículos constitucionales, pero no establece el concepto de la violación, además de que las únicas razones presentadas se refieren a la ineficacia de las normas demandadas, en el sentido de explicar que su presunta inconstitucionalidad deriva del monto de doscientos pesos ($200) como equivalente al valor en el que ciertos bienes no son embargables. Por dicho monto, las normas acusadas no establecen en realidad la inembargabilidad de ninguno de estos elementos.
Otros intervinientes consideran que el contenido normativo demandado, estipulado en el artículo 1677 del Código Civil, según el cual estarían exentos de la posibilidad de embargo los libros, instrumentos o máquinas referenciados, hasta un valor de doscientos pesos ($200), no está vigente en el ordenamiento jurídico colombiano. Esto, en tanto el numeral 11 del artículo 684 del Código de Procedimiento Civil, que es posterior (de 1970 y modificado en 1989) al artículo 1677 del Código Civil (de 1857 y modificado en 1984), derogó tácitamente al último. El mencionado numeral 11 del artículo 684 C.P.C., reguló el mismo asunto de manera distinta. Es decir respecto de los elementos de trabajo del profesional o de quien enseña un arte o una ciencia, ya no se establece un monto determinado a partir del cual se consideran inembargables, como lo establecían los numerales 3 y 4 del artículo 1677 acusado, sino que ahora se prohíbe de plano el embargo de los elementos necesarios para el trabajo individual de una persona, al tenor del citado numeral 11 del artículo 684 C.P.C.
Lo anterior se sustenta en el análisis de los contenidos de las normas en cuestión. El artículo 684 del C.P.C. dispuso que los utensilios necesarios para el trabajo de la persona contra quien se decrete el secuestro no podrán embargarse. Por un lado, libros, instrumentos o máquinas relativos al trabajo del deudor (art. 1677 C.C) están dentro de la noción de utensilios, enseres e instrumentos del artículo 684 del C.P.C.; y por otro, los conceptos de profesión y/o actividad de enseñanza del deudor (art. 1677 C.C) se subsumen igualmente en la noción de trabajo individual de la persona del artículo 684 del C.P.C.
3.- El Ministerio Público por su lado, solicita igualmente que la Corte Constitucional se inhiba para pronunciarse de fondo sobre la constitucionalidad de las expresiones acusadas, por ineptitud sustantiva de la demanda, y en sustento de ello expresa dos razones principales. En primer lugar, explica que la demanda adolece de fundamentos que desarrollen el concepto de la violación; y los pocos argumentos que se estructuran no sugieren “la confrontación en abstracto del contenido de la disposición acusada y la norma Superior”. En segundo lugar, manifiesta que “el concepto de bienes inembargables establecido en el artículo demandado del Código Civil ha sufrido profundas modificaciones por parte del legislador, tales como en el Decreto 2282 de 1989, en donde desaparecieron, precisamente, las expresiones por él demandadas”; lo cual deja entrever que el contenido normativo demandado no está vigente.
4.- De conformidad con lo anterior, corresponde a la Corte Constitucional determinar preliminarmente el alcance de la demanda, en cuanto a si adolece de defectos insalvables en su argumentación y a si se dirige contra un contenido normativo vigente o derogado. Luego de ello, si es procedente, se deberá estudiar de fondo lo relativo a la inexequibilidad que propone el demandante.
Asuntos previos: Alcance de los artículos 1677 del Código Civil y del artículo 684 del Código de Procedimiento Civil y vigencia del artículo 1677 del Código Civil.
5.- En primer término, la Corte considera que si bien el escrito de la demanda no es profuso en razones para sustentar la presunta vulneración de las normas constitucionales por parte de las disposiciones demandadas, permite detectar la relevancia constitucional de la discusión que plantea el demandante. En esencia, del argumento expuesto en la demanda se deriva que el punto al cual se dirige el actor, es el relativo a que la suma de doscientos pesos ($200) no representa en la actualidad un valor al que pueda equivaler algún bien en el mercado, por lo que la cualidad de inembargabilidad de unos bienes determinados hasta dicho monto, no representa algo real en la práctica. Ahora bien, aquellos bienes que resultan inembargables hasta el monto en mención, los relaciona el demandante con actividades consagradas constitucionalmente en su promoción y protección.
6.- El artículo 1677 del Código Civil colombiano parcialmente acusado, se encuentra dentro del capítulo IX titulado “Del pago por cesión de bienes o por acción ejecutiva del acreedor o acreedores”, del Libro Cuarto denominado “De las obligaciones en general y de los contratos”. El artículo 1672 del mismo Código, estipula que cuando a causa de accidentes inevitables un deudor no se halla en estado de pagar sus deudas, podrá ceder (abandono voluntario) sus bienes al(los) acreedor(es). Así, el artículo 1677 en cuestión, establece que la mencionada cesión podrá comprender todos los bienes, derechos y acciones del deudor, excepto los no embargables. A su turno los numerales demandados del mismo artículo disponen que dentro de los bienes no embargables se encuentran los libros relativos a la profesión del deudor hasta el valor de doscientos pesos ($200) (num 3 art 1677 C.C) y las máquinas e instrumentos que sirven al deudor para la enseñanza de un arte o ciencia hasta el mismo valor (num 4 art 1677 C.C).
Como se ve, el artículo 1677 parcialmente demandado, contiene un listado de bienes, a los cuales la legislación civil les adjudica la cualidad de inembargabilidad, y a su turno prohíbe que sean objeto de cesión en la situación particular del deudor frente al acreedor, descrita en el artículo 1672 del C.C.
7.- De otro lado, el artículo 684 del Código de Procedimiento Civil establece también la cualidad de inembargabilidad de algunos bienes. Dispone pues, que además de los bienes inembargables de conformidad con las leyes especiales, tampoco podrán embargarse, entre otros los del numeral 11: los utensilios, enseres e instrumentos necesarios para el trabajo de la individual de la persona contra quien se decretó el secuestro, a juicio del juez, salvo que el crédito provenga del precio del respectivo bien[1].
8.- Ahora bien, los contenidos normativos descritos se relacionan de manera general, en la medida en que ambos contemplan criterios para calificar ciertos bienes como inembargables. Pero, en una comparación más profunda, su texto sugiere que se refieren a los mismos bienes, calificándolos, en un caso como inembargables hasta cierto monto ($200) (art 1677 C.C), y en otro, como inembargables simplemente, si es que son necesarios para el trabajo del deudor. En este orden, dichos contenidos regulan la misma situación de manera parcialmente distinta, por lo que se presenta una antinomia jurídica, cuya definición en el ámbito de la teoría jurídica puede describirse como aquella situación en la que en un sistema jurídico dos normas establecen consecuencias jurídicas distintas para el mismo supuesto de hecho.
Por regla general, dentro de los distintos criterios que el derecho brinda para solucionar antinomias[2], se cuestiona en primera instancia la vigencia temporal de las normas. Esto es, frente a una antinomia jurídica el operador del derecho aplica el criterio denominado lex posterior, según el cual, la norma posterior en el tiempo tiene como efecto jurídico, que la norma anterior que regulaba el mismo supuesto pierde vigencia. Esto es, se presenta el fenómeno de la derogación o derogatoria.
El fenómeno de la derogación de las normas lo ha definido la doctrina como la “acción o efecto de la cesación de la vigencia de una norma por la aprobación y entrada en vigor de una norma posterior que elimina, en todo o en parte, su contenido, o lo modifica sustituyéndolo por otro adverso”[3] . Dicho fenómeno está contemplado en nuestro ordenamiento, en el artículo 1° de la Constitución, cuyo contenido normativo destaca el principio democrático como elemento predominante del Estado colombiano. En ausencia de un principio constitucional cuyo sentido fuera la primacía de las decisiones de la mayoría (principio democrático), no se entendería que una ley nueva tuviera la fuerza jurídica de cesar la vigencia de la ley antigua. Justamente, la idea según la cual la voluntad que prevalece es la de la mayoría que ha sido producto del proceso de renovación constante de la democracia, es la que permite la modificación de los resultados de una mayoría que ya no funge como tal. Lo anterior es garantizado por el principio democrático, que a su vez sustenta la institución de la derogación de las leyes.
Al tenor de lo anterior, el artículo 71 del Código Civil colombiano contempla la mencionada institución, cuando establece que una ley nueva puede estipular la derogatoria de una antigua y que la imposibilidad de conciliar el contenido de una ley antigua con el de una ley nueva, implica que la primera pierde vigencia, esto es, es reemplazada por la segunda[4]. Así pues la derogación puede operar de diversos modos, de manera expresa (cuando la nueva ley dice expresamente que deroga la antigua. Art 71 C.C) o tácita (cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior. Art 71 C.C).
9.- A partir de lo anterior, y tal como se dijo, la Corte Constitucional encuentra que en el presente caso el numeral 11 del artículo 684 del Código de Procedimiento Civil ha derogado parcialmente las disposiciones demandas mediante acción pública de inconstitucionalidad, cuales son, los numerales 3 y 4 del artículo 1677 del Código Civil.
Tal como sugieren algunos de los intervinientes, incluido el Ministerio Público, esta Sala encuentra que dentro de la noción de “utensilios, enseres e instrumentos necesarios para el trabajo de la individual” del deudor, contenida en el artículo 684 del C.P.C, se hallan, entre otros, tanto los libros relativos a la profesión del deudor, como los instrumentos y máquinas que el deudor utiliza para enseñar un arte o una ciencia, de los que habla el artículo 1677 del C.C. Además, la noción de trabajo individual del artículo 684 del C.P.C, incluye igualmente entre otras, la del desempeño de una profesión, como la de enseñanza de un arte o ciencia del el artículo 1677 del C.C. Así las cosas, la regulación nueva (art 684 C.P.C) ha modificado para la misma situación, el criterio del que se desprende la cualidad de inembargabilidad de ciertos bienes, contenido en la ley antigua (art 1677 C.C). Esto es, ha operado una derogatoria tácita.
Esta modificación consistió específicamente en que la ley antigua establecía como criterio de inembargabilidad sobre los bienes en cuestión, un cierto monto equivalente a su valor. Mientras que, la ley nueva dispone que dicho criterio ya no es un determinado monto, sino el carácter necesario del bien respecto de la labor del deudor, y esto a juicio del juez. Resultan pues irreconciliables las regulaciones referidas, en el punto específico de bajo cuál criterio se pueden considerar inembargables los libros de la profesión del deudor y los instrumentos y/o máquinas utilizados por el deudor para la enseñanza de un arte o una ciencia. Esto, en tanto en un caso (art 1677 C.C), la consecuencia jurídica es la permisión del embargo hasta el valor de doscientos pesos ($200), monto del cual se podría decir entre otras cosas que sugiere la imposibilidad fáctica absoluta de aplicarla ya que no existe un bien de este tipo en el mercado que corresponda a dicho valor, lo que no significa sin embargo que su desuso implique su derogatoria[5]; y en otro caso (art 684 C.P.C), la consecuencia jurídica es por el contrario la prohibición absoluta de embargar estos bienes (con la salvedad del numeral 10 del mismo art 684 C.P.C), si es que éstos son necesarios a juicio del juez, para el trabajo del deudor.
Por último, la aseveración de ley antigua como característica del artículo 1677 de Código Civil en el presente caso, por oposición a la de ley nueva del artículo 684 del Código de Procedimiento Civil, se sustenta en que el las disposiciones contenidas en el Código Civil datan en su gran mayoría de 1873[6], mientras que el Código de Procedimiento Civil es de 1970, y particularmente el artículo 684 fue modificado por el artículo 1° numeral 342 del Decreto 2282 de 1989, aunque el contenido del numeral 11 data de 1970.
10.- En razón de lo anterior, no procede pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad de las expresiones demandadas, contenidas en los numerales 3 y 4 del artículo 1677 del Código Civil. Como tantas veces lo ha expuesto este Tribunal Constitucional[7], el control de constitucionalidad tiene como sustento la regla general consistente en que la norma objeto de control debe estar vigente, salvo que pese a su falta de vigencia, ésta siga produciendo efectos.
Así pues, la jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa en el sentido de afirmar que para que proceda el examen de constitucionalidad es preciso que la norma acusada se encuentre vigente pues, de lo contrario, tendría la Corte Constitucional que declararse inhibida para fallar de fondo el asunto planteado por sustracción de materia[8]. No obstante lo anterior, también ha manifestado la Corporación que cuando la Ley deroga, sustituye o modifica un acto propio y voluntario de la Legislación, pero éste continúa produciendo efectos de manera ultractiva, habrá lugar a un pronunciamiento de fondo con el fin de lograr que se cumpla la garantía de supremacía e integridad de la Constitución[9]. De no ser esto así, ha dicho la Corte, entonces normas contrarias al texto constitucional continuarían regulando situaciones jurídicas[10].
A LA SENTENCIA C-318 de 2007
Demandante: Andrés Fernando Marín Rodríguez
Habrá, por supuesto, casos en que dicha contribución se logre mejor escribiendo una opinión separada, siempre dentro del mayor respeto por la institución. Así lo estimé necesario, por ejemplo, en la sentencia sobre el aborto (C-355 de 2006), la cual compartí enteramente. Escribí una aclaración de voto a dicha sentencia para agregar algunos argumentos fundados en el derecho comparado, con el fin de dar elementos de juicio orientados a impulsar desarrollos futuros en la materia, no para criticar la sentencia.[13] En cambio, en la primera sentencia en la cual participé sobre la igualdad de las parejas del mismo sexo (SU-623 de 2001), escribí un salvamento de voto conjunto para tratar de abrir el camino hacia evoluciones jurisprudenciales encaminadas a proteger a las parejas del mismo sexo, como en efecto sucedió varios años después sobre bases distintas a las que en el 2001 dividieron a la Corte.
[1] CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Artículo 684. Bienes Inembargables. <Artículo modificado por el artículo 1, numeral 342 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Además de los bienes inembargables de conformidad con leyes especiales, no podrán embargarse:
14. Los derechos personalísimos e intransferibles, como los de uso y habitación. [Énfasis fuera de texto]
[2] Dentro de los criterios para solucionar antinomias, los principios generales del derecho han establecido los análisis de: lex posterior, lex superior, lex especial, favorabilidad (principalmente en materia penal, laboral y en normas de orden público como las de familia, entre otras), aplicación de principios generales, entre otros.
[3] SANTAMARÍA PASTOR Juan Alfonso. Fundamentos de Derecho Administrativo I. Ed. Centro de Estudios Ramón Areces, S.A.. Madrid 1991. Pág 415.
[4] CÓDIGO CIVIL. Articulo 71. La derogación de las leyes podrá ser expresa o tácita.
[5] Desde alguna perspectiva se podría concluir que el desuso de la norma, sea por incumplimiento, falta de eficacia o desactualización, entre otros, afecta la vigencia de la norma, pero lo cierto es que representa un problema en la aplicación de la misma. No conviene pues, identificar el desuso de las leyes como una forma de derogación, en tanto: 1) el Juez no puede tener una norma por formalmente derogada sólo en base a su situación de desuso; 2) esta situación debe y puede tenerse en cuenta para inaplicar la norma en el caso concreto, empleando para ello cualquier otro mecanismo interpretativo; 3) los supuestos de inaplicación generalizada o desuso deben valorarse con extrema prudencia, aceptándose en casos realmente ostensibles o indubitados, o cuando la aplicación de la norma llevase a consecuencias contrarias a la buena fe, gravemente irrazonables, arbitrarias o atentatorias al principio de igualdad ante la ley”. [SANTAMARÍA PASTOR Juan Alfonso. Fundamentos (…) Op Cit. Pág 426]
[6] Con vigencia desde 1887. Cr. Artículo 1° de la Ley 57 de 1887. “Ley 57 de 1887, art. 1o. Regirán en la República, noventa días después de la publicación de esta ley, con las condiciones y reformas de que ella trata, los códigos siguientes:
El Civil de la Nación, sancionado el 26 de mayo de 1873 ...”
[7] Cr. entre otras las sentencias C-451 de 1999 y C- 471 de 1997, en la último se consignó lo siguiente: “(…) Habiendo sido retirada del mundo jurídico la norma del art. 113 del C.C.A. y dado que la Corte entiende que lo demandado es todo su contenido normativo, por constituir una unidad, su decisión será inhibitoria.”