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Timestamp: 2019-02-17 18:23:35
Document Index: 83884554

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 52', 'artículo 51', 'artículo 53', 'artículo 52', 'artículo 53']

﻿ AUTO AP3835-2017/49790 DE JUNIO 14 DE 2017
AUTO AP3835-2017 DE 14 DE JUNIO DE 2017
CONTENIDO:SUSPENSIÓN DEL TRÁMITE DE CASACIÓN Y REMISIÓN A LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ. SE PRECISA QUE ESTE TIPO DE MEDIDA NO SE ENCUENTRA PREVISTA DENTRO DE LOS VARIOS MECANISMOS A LOS QUE PUEDEN ACCEDER LOS MILITARES QUE ESTÁN SIENDO INVESTIGADOS O YA HAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS RELACIONADOS CON EL CONFLICTO ARMADO INTERNO, CUYA CULMINACIÓN SE PRETENDE A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS LEGISLATIVAS, ENTRE OTRAS, COMO LO ES LA LEY 1820 DE 2016.
TEMAS ESPECÍFICOS:EJÉRCITO NACIONAL, RECURSO DE CASACIÓN, GRUPO ARMADO AL MARGEN DE LA LEY, INTEGRACIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL, CONFLICTO ARMADO, CONFLICTO ARMADO INTERNO, JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ
Auto AP3835-2017/49790 de junio 14 de 2017
AP3835-2017
Rad. 49790
(Aprobado Acta Nº 193)
Se pronuncia la Sala respecto de las solicitudes elevadas por varios de los procesados en este trámite, quienes con base en normativa de la Jurisdicción Especial para la Paz solicitan, unos, la libertad y otros, la suspensión del trámite y remisión del expediente a esa justicia.
Para el 25 de agosto de 2007, F. A. G. M., O. R. R., S. E. V. A., A. C. P., A. J. E. R. y P. J. V. G., se desempeñaban como miembros del Ejército Nacional en jurisdicción del departamento del Cauca, lugar en el que reportaron la muerte en combate de tres personas al parecer miembros de un grupo armado ilegal, pues portaban varias armas de uso privativo de la FFMM y de defensa personal, tales como pistolas, granadas, dinamita, estopines, minas antipersonal, entre otros elementos.
Luego de labores investigativas se logró establecer que las personas fallecidas eran indigentes residentes en la ciudad de Cali, lugar desde el que fueron traslados hacia zona rural del departamento del Cauca sitio en el que fueron ejecutados.
Por los anteriores hechos el Juez Primero Penal del Circuito Especializado de Popayán, en sentencia del 8 de julio de 2016, los declaró responsables como coautores del delito de homicidio en persona protegida, en concurso con porte de armas de fuego de uso privativo, imponiéndoles la pena de 46 años y 3 meses de prisión, multa de 6.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y las accesorias de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas y prohibición para la tenencia o porte de armas de fuego, ambas por 20 años.
El fallo de primera instancia fue apelado por la Fiscalía y la defensa de los acusados. El Tribunal Superior de Popayán despachó en forma desfavorable la alzada propuesta por la defensa, mientras que acogió los argumentos de la Fiscalía, procediendo a aumentar la pena a 50 años y 7 meses de prisión.
Contra esta última determinación recurrió en casación a través de una única demanda, la defensa de A. R. C. P., S. E. V. A., O. R. R., F. A. G. M. y A. J. E. R.
El recurso extraordinario promovido por el apoderado de P. J. V. G. fue declarado desierto.
La Corte, mediante auto de 26 de abril de 2017, inadmitió la demanda de casación pero ordenó la devolución del expediente, una vez se surtiera el trámite del mecanismo de insistencia, con el fin de hacer un pronunciamiento de fondo respecto de la pena accesoria de prohibición para el porte y tenencia de armas.
Al momento de la notificación del auto que inadmitió la demanda de casación, los procesados hicieron uso del mecanismo de insistencia, el cual se encuentra en trámite.
Estando el expediente a espera de que se surta la insistencia, los procesados directamente solicitan acogerse a algunas de las prerrogativas previstas por la Jurisdicción Especial para la Paz, sin que alleguen documentos que acrediten que ya elevaron sus solicitudes ante las autoridades administrativas que transitoriamente han asumido las funciones de dicha jurisdicción mientras se compone la misma. Tampoco en el expediente reposa certificación proveniente de alguna de estas que soporte que los procesados reúnen los requisitos para ser beneficiarios de la mentada jurisdicción especial.
1. Procesado – P. J. V. G.
Actuando a nombre propio, este procesado solicita “suspender con la continuación de la decisión de casación y remitir mi proceso a la Jurisdicción Especial para la Paz”.
Citando el artículo 2º de la Ley 1820 de 2016, sostiene que debe ser cobijado con la amnistía o indulto que ofrece dicha normatividad, dada su condición de agente del Estado como Sargento Segundo del Ejército Nacional.
Añade que el hecho por el que fue condenado y que se calificó como homicidio en persona protegida, es un suceso que tiene relación directa con el conflicto armado y se cometió con anterioridad a la entrada en vigencia de la referida ley, la cual le es más favorable respecto del trámite y consecuencias que prevén los normas penales ordinarias.
Luego de citar varias normas de la Ley 1820 en la que se establecen beneficios para los agentes el Estado y la prevalencia de dicha jurisdicción frente a la ordinaria en tratándose de delitos ejecutados con ocasión del conflicto armado, solicita que el proceso en su contra sea remitido a la Jurisdicción Especial para la Paz.
Como documento anexo, el peticionario incorpora el formulario único de sometimiento a dicha jurisdicción.
De otra parte, en escrito remitido vía correo electrónico el 17 de mayo pasado, a la Secretaria de la Sala Penal, solicita la libertad condicionada, transitoria y anticipada.
Considera que esa petición debe ser resuelta por la Corte en consideración a que a la fecha no ha emitido decisión que ratifique la condena en su contra, motivo por el que el proceso se encuentra radicado en esta Corporación.
Esa así que al amparo de los artículos 49 y 50 de la Ley 1820 de 2016, solicita la libertad, pues considera que los requisitos que contempla el artículo 52 ibíd para acceder a este beneficio, se cumplen a cabalidad, en tanto ya descontó más de cinco años de privación de la libertad; además, el hecho por el que fue condenado, guarda relación con el conflicto armado interno.
2. Procesado – A. R. C. P.
Actuando directamente, solicita la suspensión del trámite de casación, al tiempo que la remisión del expediente a la Jurisdicción Especial para la Paz con base en la Ley 1820 de 2016.
Esta petición se asemeja en su mayoría a la resumida en el acápite precedente, en tanto que A. R. C. P. considera que en su condición de miembro del Ejército Nacional, debe ser cobijado con las prerrogativas de la norma en mención, dada la naturaleza del hecho por el que fue condenado y en aplicación del principio de favorabilidad.
Cita además el Decreto 706 de 3 de mayo de 2017, a través del cual se fijaron unas pautas especiales para los miembros de la Fuerza Pública a los que cobija la ley de amnistía e indulto.
3. Procesados A. J. E. R., S. E. V. A., O. R. R. y F. A. G. M.
En idéntico escrito pero radicado por separado, cada uno de los procesados demanda la suspensión del trámite de casación y su remisión a la Jurisdicción Especial para la Paz en similares términos a los de las solicitudes ya reseñadas, las cuales acompañan con el formato único de manifestación de intención de sometimiento a esa jurisdicción.
1. La Libertad Transitoria, Condicionada, Anticipada.
El Título IV de la Ley 1820 de 2016, regula lo relativo al tratamiento penal especial diferenciado para agentes del Estado, en cuyo capítulo segundo se establecen los mecanismos para hacer efectivo este trato especial.
Entre tales mecanismos se instituye un régimen de libertades en el que el artículo 51 prevé la libertad transitoria, condicionada y anticipada para los “agentes del Estado que al momento de entrar en vigencia la presente ley, estén detenidos o condenados que manifiesten o acepten su sometimiento a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz, con el fin de acogerse al mecanismo de renuncia a la persecución penal.
Dicha manifestación o sometimiento se hará ante el Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz en caso de que no haya entrado en funcionamiento la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas”.
En cuanto a la competencia para resolver las solicitudes de libertad transitoria, condicionada y anticipada, el artículo 53 de la Ley 1820 señala que “El secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz comunicará al funcionario que esté conociendo la causa penal sobre el cumplimiento de los requisitos por parte del beneficiario para que proceda a otorgar la libertad transitoria, condicionada y anticipada (…)”.
Para la Sala emerge claro que la ley establece un procedimiento y requisitos especiales para los agentes del Estado, entre ellos, los miembros de la Fuerza Pública que pretendan beneficiarse de las prerrogativas que ofrece la Ley 1820 de 2016 como la libertad condicionada, beneficio que implica el previo agotamiento de un trámite administrativo ante el Ministerio de Defensa Nacional para que dicha entidad consolide los listados de los miembros de la Fuerza Pública que “prima facie cumplan con los requisitos para la aplicación de la libertad transitoria condicionada y anticipada”.
Una vez recopilada dicha información esta se remite al Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz con el fin de que verifique los listados y, de ser necesario, los modifique, al tiempo que establezca si el militar cumple los requisitos del beneficio liberatorio, los cuales enumera el artículo 52 del mentado estatuto.
En caso positivo, “el Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz comunicará al funcionario que esté conociendo la causa penal sobre el cumplimiento de los requisitos por parte del beneficiado, para que proceda a otorgar la libertad transitoria condicionada y anticipada a que se refiere el artículo anterior, funcionario quien de manera inmediata adoptará la acción o decisión tendiente a materializar la misma”, conforme lo señala el artículo 53 de la citada norma.
Ya la Corte en CSJ AP 10 may. 2017 rad. 49253, indicó que el juez de la causa es el que está conociendo del proceso, que en este caso, resulta ser la Corte Suprema en sede de casación, motivo por el que es competente para pronunciarse sobre la solicitud de libertad elevada por P. J. V. G.
En ese orden, vistos los requisitos legales que establece la Ley 1820 para la libertad transitoria, anticipada y condicionada para agentes del Estado, es claro que el aquí petente no ha agotado el trámite administrativo para acceder dicho beneficio, motivo por el que el mismo será negado.
1. Suspensión del trámite de casación y remisión a la jurisdicción especial para la paz.
La petición que en estos términos elevan los procesados en últimas busca que la Corte se abstenga de agotar la sede extraordinaria promovida por ellos mismos, con el fin de que el conocimiento del proceso sea asumido por la Jurisdicción Especial para la Paz.
Este tipo de medida no se encuentra prevista dentro de los varios mecanismos a los que pueden acceder los militares que están siendo investigados o ya han sido condenados por delitos relacionados con el conflicto armado interno, cuya culminación se pretende a través de estrategias legislativas, entre otras, como lo es la Ley 1820 de 2016.
Las medidas que hacen parte del tratamiento especial diferenciado para los miembros de la Fuerza Pública contenidos a lo largo del Título IV de la citada normativa, como lo son, la renuncia a la persecución penal (Art. 46), la libertad transitoria, condicionada y anticipada (Art. 51), la suspensión de órdenes de captura (Art. 6º del Decreto 706 de 2017) o la revocatoria, o sustitución de las medidas de aseguramiento (Art. 7º ibíd.), en manera alguna contemplan la asunción por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz de una competencia exclusiva del juez penal ordinario, cual es la de establecer la existencia de delitos y la individualización de responsabilidad penal con la imposición de la consecuencia punitiva fijada previamente en la ley.
Cada una de las prerrogativas antes enunciadas cuenta con regulación propia y requisitos particulares, sin que los aquí petentes hubieran especificado a cuál de todas ellas pretenden acceder, ni las razones para ello, simplemente solicitan que la Corte suspenda el trámite de casación, lo cual resulta claramente improcedente, pues como se indicó no existe causa legal para ello.
De conformidad con lo expuesto, la Sala negará la solicitud de suspensión del proceso y su remisión a la Jurisdicción Especial para la Paz, motivo por el que una vez se surta el trámite de insistencia el expediente regresará con el fin de casar el fallo oficiosamente en los términos ordenados en auto de 26 de abril de 2017 a través del cual se inadmitió la demanda de casación.
1. NEGAR la petición de libertad transitoria, anticipada y condicionada elevada por P. J. V. G.
2. Negar por improcedente, la solicitud de suspensión del trámite de casación y la remisión del expediente a la Jurisdicción Especial para la Paz.