Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-43557037
Timestamp: 2020-07-07 15:24:26
Document Index: 399578943

Matched Legal Cases: ['artículo 120', 'artículo 4', 'artículo 434', 'artículo 434', 'artículo 25', 'artículo 120', 'artículo 120', 'e contrario', 'artículo 241', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'e contrario', 'artículo 76', 'artículo 25', 'artículo 120', 'artículo 4', 'artículo 120', 'artículo 1', 'artículo 25', 'artículo 1', 'artículo 434', 'artículo 25', 'artículo 1', 'artículo 120', 'artículo 1', 'artículo 120', 'artículo 120', 'artículo 1', 'artículo 7', 'artículo 4', 'artículo 120', 'artículo 120', 'artículo 25', 'artículo 120', 'artículo 120', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 76', 'artículo 25', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'Artículo 1', 'artículo 77', 'artículo 434', 'artículo 1', 'artículo 120', 'artículo 1', 'artículo 39', 'artículo 25', 'artículo 4', 'artículo 120', 'artículo 4', 'artículo 120', 'artículo 120', 'artículo 120', 'artículo 120', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 76', 'artículo 120', 'artículo 1', 'artículo 434', 'artículo 25', 'artículo 77', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 39', 'artículo 241']

Sentencia de Constitucionalidad nº 024/93 de Corte Constitucional, 1 de Febrero de 1993 - Jurisprudencia - VLEX 43557037
Sentencia de Constitucionalidad nº 024/93 de Corte Constitucional, 1 de Febrero de 1993
Fecha de Resolución: 1 de Febrero de 1993
Dec. 1730/91. Estatuto organico financiero. Exequible.
Sentencia C-024/93
ACTIVIDAD FINANCIERA-Regulación
La Constitución de 1991 reconoció un espacio a la actividad financiera sin entrar a determinar un contenido concreto, lo cual indica que las normas que a ella se refieren son de aquellas de textura abierta cuyo alcance material se determina en virtud de las funciones específicas que dicha actividad cumpla concretamente en el marco de las variables circunstancias del sistema económico en su conjunto. Se ocupa de establecer claramente los ámbitos de competencia de la regulación de esta actividad. Es así como dispone que corresponde al Congreso regularla por medio de normas generales, en cuanto se trata de una actividad relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público. Como se ve claramente, esta disposición vino a sustituír el numeral 14 del artículo 120 de la Constitución Política de 1886 y reubicó en el Congreso el manejo de todo lo concerniente al denominado "ahorro privado" que hasta entonces estuvo en cabeza del Presidente de la República en carácter de atribución constitucional propia cuyo ejercicio concreto le permitió en ocasiones intervenir en el ahorro no meramente mediante decretos de alcance de naturaleza administrativa sino con normas cuyo contenido material era el de una verdadera ley.
REFORMA FINANCIERA/ESTATUTO FINANCIERO
Con la expedición del decreto 1730 de 1991 el legislador ejerció las facultades de integrar y armonizar en un sólo cuerpo jurídico las normas vigentes en materia de legislación financiera, de modo tal que ellas integren un estatuto orgánico que la regule íntegramente y derogue las no incorporadas en él, salvo, desde luego, lo dispuesto expresamente en su artículo 4.3.0.0.5. El Presidente de la República fue facultado igualmente para eliminar las normas repetidas y superfluas. Pero es de advertir que el decreto-ley 1730 de 1991 no vino a derogar toda la legislación anterior existente sobre la materia por cuanto de la simple lectura de la ley de facultades, no era posible en el estatuto recoger y agotar la materia financiera; entre otras cosas porque ello habría supuesto desvertebrar de alguna manera todos aquellos cuerpos jurídicos que, como el Código de Comercio, desarrollan materias relacionadas con entidades sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria.
DECRETO MIXTO/CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Dualidad
El decreto mixto es fruto de atribuciones provenientes de distinta fuente y obedece a una técnica que pretende superar las dificultades hermenéuticas surgidas alrededor del ámbito y alcances concretos de las atribuciones de su autor. En estas condiciones, con él se busca conferirle a la norma un asidero en el ordenamiento que lo ponga a cubierto de cualquier exitoso reparo acerca de su constitucionalidad o legalidad, derivado de la naturaleza dual de las materias que regula. Considerado desde esta perspectiva, el decreto mixto es el resultado de una particular técnica que conduce también necesariamente a un control dual de su contenido por las autoridades competentes, sin que esta dualidad constituya per se la eventual razón de su inconstitucionalidad o ilegalidad, según el caso.
ENTIDAD FINANCIERA-Directores
Por cuanto respecta al número de directores de las entidades financieras y a su régimen general, disposiciones particulares del ordenamiento han establecido la aplicación de las normas propias de la ley 45 de 1923. Así las cosas, es claro que esta ley constituye disposición especial y, como tal prefiere a la de carácter general, vale decir, el artículo 434 del aludido código. Pero además, es de señalar que esta última norma no fija un número máximo de directores sino uno mínimo lo cual permite concluír que en la referida materia el legislador no ha querido establecer que las sociedades anónimas tengan siempre un número fijo de directores sino cuando más, un límite mínimo. En desarrollo de las facultades la norma acusada no hace otra cosa que recoger disposiciones vigentes para integrarlas en un estatuto orgánico. En consecuencia, no se ha producido la derogación del artículo 434 del Código de Comercio como tampoco la consiguiente extralimitación de las facultades concedidas por el artículo 25 de la ley 45 de 1990.
SUPERINTENDENCIA BANCARIA-Cobro de intereses/CORTE CONSTITUCIONAL/COMPETENCIA/REGLAMENTO AUTONOMO/INTERVENCION DEL ESTADO EN AHORRO PRIVADO
En el texto mismo del decreto 1730 de 1991 el Ejecutivo reconoce y advierte que en materia de intereses hizo uso de la facultad constitucional propia conferida por el numeral 14 del artículo 120 de la Constitución de 1886. La circunstancia de que este artículo no haya desaparecido materialmente del ordenamiento jurídico, significa que la norma sub-examine tiene un claro asidero constitucional, toda vez que sanciones -como las que en ella se establecen- constituyen mecanismos idóneos y eficaces para intervenir en defensa del ahorro privado. Tanto por su contenido material como por su fuente de validez, el decreto 1730 a que pertenece la disposición acusada es un decreto ley. No muta en nada esta naturaleza esencial la circunstancia de que el Ejecutivo haya decidido utilizar simultáneamente sus atribuciones propias del artículo 120-14 para expedir el denominado Estatuto Orgánico Financiero. es altamente significativa la intención y voluntad del Ejecutivo al proceder así, consciente como es de que lo hace dentro de una envoltura formal y utilizando un instrumento que bien conoce de antemano que constituye un decreto ley. Al proceder así, no ignora que su control de constitucionalidad corresponde precisamente a esta Corporación, la cual declarará su constitucionalidad.
SOBERANIA MONETARIA-Ejercicio
El instrumento privilegiado para el ejercicio del poder monetario es la ley. Tanto en la Carta de l886, como en la doctrina y en la jurisprudencia, el ejercicio de la soberanía monetaria, -entendida como el poder de regular el funcionamiento del dinero-, residen en el Congreso de la República. Ello obviamente, sin perjuicio de la facultad del Presidente para vigilar y controlar el manejo e inversión del ahorro privado.
SOCIEDAD DE CAPITALIZACION-Normas aplicables
Se hacen aplicables a las sociedades de capitalización los preceptos que regulan los establecimientos bancarios y compañías de seguro, en todo lo que no resulte contrario a sus disposiciones especiales. El ejecutivo se limitó tan sólo a incorporar en el estatuto orgánico una más de las dispersas disposiciones vigentes en materia de sociedades de capitalización, en desarrollo de las atribuciones concedidas por la norma habilitante para recoger y plasmar en un estatuto material y formalmente orgánico el disperso régimen jurídico de las entidades financieras.
REF: EXPEDIENTE D-107
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1.7.3.0.1; 1.2.0.2.2 y 1.9.0.0.2 del Decreto Ley 1730 de 1991 "por el cual se expide el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero".
J.C.E.P..
Sentencia aprobada mediante Acta No. S.F. de Bogotá, D.C., el primero (1o.) del mes de febrero de mil novecientos noventa y tres (1993).
El 27 de marzo de 1992 y en ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241-4 de la Constitución Política vigente, el ciudadano J.C.E.P. presentó ante la Secretaría General de esta Corporación demanda de inconstitucionalidad contra algunos artículos del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 1730 de 1991).
De conformidad con el programa de trabajo aprobado por Sala Plena para el mes de julio, dicha demanda fue repartida al Despacho del suscrito Magistrado, quien la admitió mediante auto de agosto (3) del pasado año.
Al proveer sobre su admisión, abrió un término probatorio de diez (10) días con el fin de que se allegara al expediente copia de los Diarios Oficiales en los cuales se hicieron las publicaciones tanto del decreto demandado como de la ley de facultades. Se pidió también a la Secretaría General del Consejo de Estado que certificara sobre la existencia o no de demandas contra alguno de los artículos acusados ante esta Corporación.
Igualmente, ordenó la fijación en lista del negocio para asegurar el derecho a la intervención ciudadana que consagra los artículos 242-1 C.N. y 7, inciso segundo del Decreto 2067 de 1991.
También se surtieron las comunicaciones de rigor sobre la iniciación del proceso al Señor Presidente de la República, al Ministro de Hacienda y Crédito Público, al Superintendente Bancario, al Presidente de la Asociación Bancaria de Colombia y al Presidente de la ANIF-, así como el traslado de copia de la demanda al despacho del señor P. General de la Nación, quien oportunamente rindió el concepto de rigor.
Las disposiciones impugnadas -conforme a la publicación del Decreto a que pertenecen hecha en el Diario Oficial No. 39.889 del 4 de julio de 1991-, son las que a continuación se transcriben.
"DECRETO 1730 DE 1991
Por el cual se expide el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero
Artículo 1.2.0.2.2. NUMERO DE DIRECTORES. Los establecimientos bancarios, las corporaciones financieras, las corporaciones de ahorro y vivienda, las compañías de financiamiento comercial, los almacenes generales de depósito, las sociedades de leasing y factoring, las sociedades fiduciarias, las sociedades de capitalización, tendrán un número de directores que no será menor de cinco (5) ni mayor de diez (10).
Artículo 1.7.3.0.1. INTERESES. A partir de la ejecutoria de cualquier resolución por medio de la cual la Superintendencia Bancaria imponga una sanción y hasta el día de su cancelación, las personas y entidades sometidas a su control y vigilancia deberán reconocer en favor del Tesoro Nacional un interés mensual del tres (3%) sobre el valor insoluto de la sanción.
Artículo 1.9.0.0.2 NORMAS APLICABLES A LAS SOCIEDADES DE CAPITALIZACION. Serán aplicables a las sociedades de capitalización las normas que regulan los establecimientos bancarios y compañías de seguro, en todo lo que no resulte contrario a sus disposiciones especiales.
El actor estima que las normas acusadas infringieron el numeral 8 del art. 118 y el numeral 12 del artículo 76 de la Constitución Política que rigió hasta el 4 de julio de 1991 y, a partir de entonces, el numeral 10 del art. 150 de la Constitución Política hoy vigente.
El actor observa inicialmente que el Decreto 1730 de 1991 es antitécnico por cuanto contiene en un sólo cuerpo disposiciones derivadas de las facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso a través de artículo 25 la Ley 45 de 1990 y disposiciones que tienen su origen en el artículo 120-14 de la Carta de 1886, el cual permitía al Presidente de la República dictar disposiciones tendientes a intervenir, cuando fuera necesario, el Banco Emisor y las actividades de las personas naturales o jurídicas que tenían por objeto el aprovechamiento y la inversión de los fondos provenientes del ahorro privado.
Prueba de ello es el artículo 4.3.0.0.1 que hace una enunciación taxativa de las disposiciones del Estatuto que tienen su fuente en artículo 120-14. Razón que lleva al actor a presentar su demanda ante esta Corporación, aún cuando la Carta es clara al asignar el conocimiento de las normas dictadas con fundamento en esta norma al H. Consejo de Estado.
A.- Cargos al artículo 1.2.0.2.2: Número de directores.
Con fundamento en lo manifestado por el señor Ministro de Hacienda en la correspondiente exposición de motivos del proyecto de ley de facultades extraordinarias, el actor señala que el objeto de las mismas era:
"Simplemente el de recoger la legislación existente en materia de la organización de la Superintendencia Bancaria y las disposiciones que regían a las sociedades sometidas a su control". (Fl. 8)
En tales condiciones, observa que es claro
"Que en ningún momento pretendió el gobierno solicitar o utilizar dichas facultades para modificar, alterar o suprimir las disposiciones existentes" (Fl. 8)
Agrega que desde cuando se inició el trámite del proyecto de ley en la Cámara de Representantes su ponente entendió y así lo hizo constar que su propósito no era otro que el de sistematizar y unificar las normas aplicables al sector financiero y que esta misma limitación la mantuvo el Congreso finalmente, tal como se desprende del texto del artículo 25 de la ley 45 de 1990 en la parte que reza:
".... con tal propósito, podrá reordenar la numeración de las diferentes disposiciones, unificar su aplicación, simplificar y abreviar los procedimientos, eliminar las normas repetidas o superfluas y adaptar su texto, sin que en tal caso se altere su contenido ...." (se ha subrayado) (Fl. 9).
Sin embargo el gobierno no resistió la tentación de legislar y -a través de "un extraño híbrido, mezcla de Decreto-Ley reglamento autónomo"- expidió el artículo 1.2.0.2.2. de cuyo texto se infiere que:
"Ciertamente se excedió en el uso de las facultades extraordinarias que le fueron conferidas puesto que modificó nada menos que el artículo 434 del Código de Comercio que trata sobre las juntas directivas de las sociedades anónimas y que a la letra dispone:
Las atribuciones de la junta directiva se expresarán en los estatutos. Dicha junta se integrará con no menos de 3 miembros y cada uno de ellos tendrá su suplente .... " (Fl. 10).
El actor observa, finalmente, que por cuanto respecta a los almacenes generales de depósito, las sociedades de leasing y factoring, las sociedades fiduciarias y de capitalización
"El Gobierno carecía de atribuciones para alterar el régimen de sus juntas directivas, toda vez que la disposición que aumentó el número de sus miembros emanaba de las facultades extraordinarias del artículo 25 de la Ley 45 de 1990, cuyo alcance, como ya quedó dicho, era únicamente el de autorizar al Gobierno a recopilar y numerar las normas sobre el sector financiero" (Fl. 11).
B.C. al artículo 1.7.3.0.1.: Intereses.
Manifiesta el actor que por cuanto respecta a los decretos autónomos o reglamentos constitucionales, la "atribución constitucional propia" a que se refería el numeral 14 del artículo 120 de la Constitución de 1886, por su carácter excepcional tenía una aplicación ciertamente restringida, tal como tradicionalmente lo ha sostenido el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia. Su finalidad no es otra que la de garantizar el ahorro particular y evitar que los intermediarios financieros defrauden o perjudiquen la confianza pública. Su objeto material sólo permite, como lo ha señalado la doctrina, intervenir las actividades de personas que tengan por objeto la intermediación financiera.
Agrega luego que:
"Sentadas las anteriores bases, es viable advertir que la disposición del artículo 1.7.3.0.1. del Decreto 1730 de 1991, cuya fuente fue el numeral 14 del artículo 120 antes transcrito, según se indicó en la parte inicial de esta demanda, excede del ámbito de la atribución constitucional que hemos venido comentando".
En efecto, mediante la disposición censurada se señaló que:
"A partir de la ejecutoria de cualquier resolución por medio de la cual la Superintendencia Bancaria imponga una sanción y hasta el día de su cancelación, las personas y entidades sometidas a su control y vigilancia deberán reconocer en favor del Tesoro Nacional un interés mensual del tres por ciento (3%) sobre el valor insoluto de la sanción".
Así pues, resulta que la finalidad perseguida por la disposición transcrita no parece ser la misma que la del numeral 14 del artículo 120 antes mencionada.
Y tampoco regula las actividades de quienes se ocupan en manejar, aprovechar e invertir fondos provenientes del ahorro privado, sino una situación bastante diferente, por demás regulada de manera diferente en otras disposiciones vigentes.
Consecuencia de lo anterior es que, al no quedar la norma censurada comprendida dentro del ámbito señalado en el numeral 14 varias veces mencionado, dicha norma es claramente inconstitucional. (Fls. 5, 6).
C.- Cargos al artículo 1. 9. 0. 2.: Normas aplicables a las Sociedades de Capitalización.
El actor manifiesta que por cuanto respecta a esta norma hubo también extralimitación de facultades por parte del gobierno, como quiera que:
"En este artículo se dispone que son aplicables a las sociedades de capitalización las mismas normas que regulan los establecimientos bancarios. Y resulta que esta norma no tiene antecedente legal de ninguna especie, ni estaba contenida en norma alguna de las que se suponía que el ejecutivo habría de recoger en el llamado Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
Así las cosas, al expedirla, el gobierno excedió las facultades que le habían sido otorgadas". (Fl. 11).
Dentro del término de fijación en lista establecido en el artículo 7 del Decreto 2067 de 1991, el apoderado de la Superintendencia Bancaria doctor J.M.C.L. presentó un escrito en el cual impugna las pretensiones de la demanda.
Inicialmente hace referencia a los argumentos del demandante con el propósito de demostrar su presunta carencia de fundamento. A continuación expone las razones que sustentan la constitucionalidad de las normas acusadas, las cuales pueden resumirse como sigue:
Puesto que el demandante aduce que hubo exceso del Presidente de la República en el ejercicio de sus facultades constitucionales y legales respecto de un decreto expedido en ejercicio de facultades ejercidas bajo la vigencia de la Constitución de 1886, el apoderado pone de presente que el examen de constitucionalidad procede hacerlo en relación con dicha Carta.
Reproduce luego los argumentos expuestos por él en defensa de la constitucionalidad de la palabra "sustituír" del artículo 4.3.0.0.5. del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero los cuales pueden consultarse en la sentencia C- 558 de la Corte Constitucional.
Comparte el criterio establecido por esta Corte Constitucional en la sentencia del 13 de Agosto de 1992 relativa al decreto 1660 de 1991, según el cual lo atinente al ejercicio idóneo de las facultades extraordinarias procede discernirlo frente a las normas que regulaban su alcance cuando se otorgaron y ejercieron en tanto que las cuestiones de fondo deben confrontarse con la nueva Carta.
Pone de presente que,- mutatis mutandis- lo mismo debe predicarse del ejercicio de las facultades constitucionales del ordinal 14 del artículo 120 de la Constitución de 1886 y que cualquier eventual exceso en su ejercicio configuraría un vicio en la formación del decreto que no hace que su contenido sea intrínsecamente inconstitucional.
Procede luego a examinar las facultades en virtud de las cuales fueron expedidas las normas acusadas. Observa a este respecto que el estatuto orgánico tiene una fuente principal de carácter dual comoquiera que el gobierno ejerció simultáneamente las facultades extraordinarias y pro témpore otorgadas por el art. 25 de la ley 45 de 1990 como la atribución constitucional propia que le confirió el ordinal 14 del artículo 120 de la Constitución de 1886.
Por virtud de lo anterior, en tratándose de disposiciones cuya fuente fue el ejercicio de facultades extraordinarias, el gobierno debía someterse a los precisos límites temporales y materiales impuestos por la norma habilitante (ley 45 de 1990, artículo 25). Pero dichos límites no le son oponibles al Gobierno cuando obra en ejercicio de la atribución constitucional propia otorgada por el artículo 120, numeral 14 de la Constitución de 1886.
Precisa también que los artículos 1.2..0.2.2. (número de directores) -en lo referente a los establecimientos bancarios, las corporaciones financieras, las corporaciones de ahorro y vivienda, las compañías de financiamiento comercial- y el 1.7.3.0.1. (intereses) del estatuto orgánico se expidieron con fundamento en las facultades consagradas en el ordinal 14 del artículo 120 de la Constitución de 1886. En tanto que el artículo 1.9.0.0.2 (normas aplicables a sociedades de capitalización) y el artículo 1.2.0.2.2. en lo referente a almacenes generales de depósito, sociedades de leasing y factoring, sociedades fiduciarias y sociedades de capitalización fueron expedidos en ejercicio de las facultades consagradas en el ordinal 12 del artículo 76 de la misma Constitución que constituyen el fundamento del artículo 25 de la ley 45 de 1990.
En relación con el artículo 1.2.0.0.2., el apoderado de la Superintendencia señala que la diversidad de fuentes tiene un sólido respaldo constitucional, según se desprende de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado que definió el alcance del ordinal 14 del art. 120 de la Carta derogada.
Estima, de otra parte, que el decreto 1730 de 1991 no es antitécnico y que en caso de serlo, no es esta una causal de inconstitucionalidad. (Fl. 104).
Por cuanto respecta a la competencia de la Corte Constitucional, el apoderado estima que ella debe declararse inhibida para fallar sobre la constitucionalidad del artículo 1.7.3.0.1. del Decreto 1730 de 1991 en virtud de la naturaleza de esta norma. Pero que es plenamente competente para conocer de la demanda contra el artículo 1.2.0.0.2. en cuanto respecta a las sociedades fiduciarias, almacenes generales de depósito, sociedades de leasing y factoring y sociedades de capitalización y lo es también para fallar acerca de la constitucionalidad del artículo 1.9.0.0.2. del mismo decreto.
-Constitucionalidad del Artículo 1.2.0.2.2.
El apoderado desvirtúa la tacha de inconstitucionalidad que hace a esta norma el demandante y afirma que el gobierno no se excedió en sus facultades. Ella no modificó la legislación anterior sino que se limitó a armonizar, integrar y sistematizar en un único artículo la legislación preexistente en materia de directores, aplicable a diversas instituciones financieras, como lo demuestra enseguida con una referencia pormenorizada de tal legislación. En particular, señala la aplicabilidad de la ley 45 de 1923 a dichas instituciones financieras en cuanto no se oponga a las normas especiales de cada una de ellas, por disposición expresa del legislador. Por esta vía les es aplicable la norma sobre el número de directores establecidos en la ley 45 de 1923, artículo 77, numeral 4o.
En consecuencia, la norma acusada no modificó el artículo 434 del Código de Comercio y además -por virtud de lo dispuesto en sus artículos 2033 y 2034- son aplicables a dichas instituciones las normas del Código que no pugnen con tales reglas especiales. (Fl. 113 ).
-Constitucionalidad del artículo 1.7.3.0.1.: Multas.
En caso de que la Corte,- pese a lo sugerido acerca de su manifiesta inhibición derivada de la naturaleza del decreto- decida asumir su examen, el apoderado formula las siguientes consideraciones:
"La cabal observancia del ordenamiento aplicable a las entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria es elemento esencial de la protección del ahorro perseguida por el ordinal 14 del artículo 120 de la Carta anterior. Y, a su vez, dicha observancia se afianza en la medida en que las multas impuestas por tal entidad cumplan verdaderamente las funciones preventiva y retributiva de toda sanción jurídica". (Fl. 114).
Transcribe luego apartes de la sentencia de julio 19 de 1990 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Sección Tercera, Magistrada ponente: Doctora M.G. de Escobar, proceso N°. 84D-17.540), en la que se pone de presente, que las sanciones constituyen maneras muy efectivas de intervenir en defensa del ahorro privado.
Señala también la necesidad de lograr a través de la multa que su cuantía efectiva al momento del pago no se convierta en irrisoria por efectos de la inflación, teniendo en cuenta la demora en su cobro ejecutivo.
- Constitucionalidad del artículo 1.9.0.0.2: Normas aplicables a las sociedades de Capitalización.
Para desvirtuar la supuesta inexequibilidad de esta norma, el apoderado de la Superintendencia Bancaria manifiesta que ella solo se limitó a recoger la disposición contenida en el artículo 39 de la Ley 66 de 1947 el cual consagró que:
"Las disposiciones de la Ley 45 de 1923 y de la Ley 105 de 1927 sobre establecimientos bancarios y compañías de seguros, y los que las adicionen y reformen, son aplicables a las sociedades de capitalización en cuanto fueren pertinentes y no sean contrarias a los preceptos de la presente Ley".
Mediante oficio número 101 del 14 de Octubre de 1992, el P. General de la Nación Doctor C.G.A.P., hizo llegar a esta Corte el concepto fiscal de su competencia.
Después de citar las disposiciones constitucionales que el demandante considera infringidas y resumir el concepto de la violación, procede el Señor P. a formular sus consideraciones, a partir de los siguientes presupuestos:
Antes de emitir cualquier concepto, dice el agente fiscal, se hace necesario estudiar la naturaleza y génesis del decreto acusado. Así, después de hacer una transcripción del artículo 25 de la Ley 45 de 1990 y del artículo 4.3.0.0.1 del estatuto que enuncia taxativamente las normas que se incorporaron al decreto con base en la facultad del artículo 120-14, afirma el Señor P.:
" ...podría pensarse ligeramente que se trata de un legítimo decreto ley, que cubrió con la fuerza y virtualidad de ésta las disposiciones que se incorporaron, - con base en el art. 120-14- y que por lo tanto su preceptiva devendría en legal ...".
"...Sin embargo el asunto hoy no es tal, pues
"... la discriminación taxativa que hace el Decreto en su artículo 4.3.0.0.1 en el sentido de enumerar las disposiciones que tienen origen en el artículo 120-14, nos conduce a pensar que paralelamente al ejercicio normal de las facultades extraordinarias, también existió deliberadamente ejercicio de la atribución constitucional mencionada en el artículo 120-14, con la consecuente jurisdicción que se encargaría de su control, tomando por lo tanto una connotación de un decreto mixto, en el cual el Presidente de la República hizo uso de atribuciones constitucionales y legales concretadas en dos ejercicios definidos: de una parte utilizando la habilitación otorgada por la ley 45 de 1990 y de otra, haciendo uso de su atribución propia sustentada en el ordinal 14 del artículo 120 de la Constitución de 1886". ( Fl. 131)
Con base en lo anterior y sin desconocer que se trata de un decreto sui-generis, el Ministerio Público establece que la Corte Constitucional -como también lo fue en su momento la Corte Suprema de Justicia- es incompetente para conocer de las normas dictadas con base en la atribución constitucional del artículo 120-14. Concluye por lo tanto, que frente al artículo 1.7.3.0.1 debe declararse inhibida para estudiar su exequibilidad o no, por falta de competencia, la cual esta radicada en el H. Consejo de Estado.
Afirma, que el antitecnicismo que se le reprocha al decreto no lo torna en inconstitucional. Así mismo, tampoco puede decirse que su función de ser el unificador de la normatividad existente en materia financiera, se pierda o desfigure por el hecho que sean dos las entidades llamadas a conocer sobre su constitucionalidad. Agrega el Ministerio Público:
"... lo que se pretende lograr con la figura del estatuto es que las normas conserven su homogeneidad respecto de la materia de que tratan, aunque difiera en su naturaleza y jerarquía". (Fl. 132)
Con respecto a los cargos en contra del artículo 1.2.0.2.2. estima el P. que debe hacerse una distinción acerca de las instituciones a que ha de aplicarse este artículo y establecer su fuente constitucional.
Con fundamento en el 120-14 de la Constitución de 1886, la norma del artículo 1.2.0.2.2 será aplicable sólo a las corporaciones financieras, corporaciones de ahorro y vivienda, compañías de financiamiento y organismos de grado superior.
Por exclusión expresa del artículo 4.3.0.0.1, se usaron las facultades del ordinal 12 artículo 76 para regular a los almacenes generales de depósito, sociedades de leasing y factoring, sociedades fiduciarias y sociedades de capitalización.
Esto se justifica -según el P.- en virtud de las numerosas jurisprudencias que han establecido que el ordinal 14 del artículo 120 se debía aplicar exclusivamente a los intermediarios financieros y no a la entidades parafinancieras o auxiliares del crédito llamadas por el artículo 1.1.1.1.7 del estatuto sociedades de servicios financieros.
Aclarado lo anterior, estima el agente fiscal que no hubo modificación del artículo 434 del Código de Comercio y por lo tanto, tampoco exceso en las facultades extraordinarias, por las siguientes razones:
Los artículos 2033 y 2034 del Código de Comercio, excluyen de la regulación y aplicación de las disposiciones comerciales a la Superintendencia Bancaria y la entidades sometidas a su control, en cuanto existan normas especiales y se contradigan con las disposiciones de dicho código.
Asi las cosas, frente a las llamadas sociedades de servicio financiero se ejercieron las facultades del artículo 25 de la Ley 45 de 1990, que ordenaba recopilar toda la legislación dispersa. Finalidad que exactamente cumplió el artículo demandado, pues las disposiciones que regían a cada una de estas instituciones, en lo referente a la integración de la junta directiva remitían al artículo 77-4 de la Ley 45 de 1923 que establece:
el número de directores del Banco no será menor de cinco ni mayor de diez.
De esta manera, concluye el P., se unificó a través del artículo demandado el número de directivos de estas entidades. Por lo tanto no puede alegarse exceso en las facultades.
Frente al artículo 1.9.0.0.2., defiende su exequibilidad con los mismos argumentos que le sirvieron de base para desvirtuar los cargos en contra el artículo 1.2.0.2.2. Sin embargo agrega, que el artículo 39 de la ley 66 de 1947 establecía:
Las disposiciones de la Ley 45 de 1923 y de la Ley 105 de 1927, sobre establecimientos bancarios y compañías de seguros y las que la adicionan y reforman, son aplicables a las sociedades de capitalización.
Por lo tanto, el artículo demandado recogió esta norma y la integró al Estatuto sin que por ello pueda afirmarse que hubo exceso en las facultades extraordinarias. Razón que lleva a pedir la exequibilidad de la norma.
Puesto que las normas acusadas hacen parte de un decreto con fuerza de ley, esta Corte es competente para decidir sobre la demanda de inconstitucionalidad, en los términos del artículo 241, numeral 5o. de la Constitución vigente.
El tránsito constitucional y las facultades extraordinarias
En materia de ejercicio de competencias dentro del contexto del tránsito constitucional, esta Corporación ha reiterado en diversas ocasiones su conformidad con el siguiente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia:
" ... los ataques por extralimitación del Presidente de la República en las facultades extraordinarias debe examinarse en torno a la Constitución vigente al tiempo de su otorgamiento.
Sentencia nº 11001-03-06-000-2000-01327-01 de Consejo de Estado - Sala de Consulta, de 8 de Marzo de 2001