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Timestamp: 2017-07-23 12:38:31
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Matched Legal Cases: ['artículo 444', 'artículo 457', 'artículo 444', 'artículo 457', 'artículo 451', 'artículo 462', 'artículo 457', 'artículo 451', 'artículo 457', 'artículo 364', 'artículo 462', 'in fine', 'artículo 462', 'artículo 454', 'artículo 64', 'artículo 58', 'Artículo 58', 'artículo 64']

Abogado Especialista - Francisco Javier Vivas L. -: 18-may-2015
revisados como han sido los requisitos de admisibilidad, esta Sala de Casación
Penal pasa a revisar la fundamentación de las cinco (5) denuncias
propuestas en el presente recurso de casación. En primer lugar,
se observa que la enunciación de la primera denuncia develada por la
formalizante se refiere de manera imprecisa “la violación de la ley, por falta
aplicación”, sin advertir expresamente la norma que considera infringida; sin
embargo se desprende del desarrollo de la aludida denuncia, que la misma se
refiere al contenido del artículo 444 (numerales 2 y 3) de la norma adjetiva
penal. En tal sentido,
debe resaltar esta Sala de Casación Penal, que la precitada norma se refiere a
los motivos sobre los cuales se fundamenta el recurso de apelación de la
sentencia definitiva; y en razón de ello resulta evidente que tal disposición
no puede ser vulnerada por las Cortes de Apelaciones, de tal suerte que mal puede
pretender la defensa atribuir éste vicio a la alzada.
es evidente que el Recurso de Casación, inicia con una denuncia genérica que
ataca la sentencia de la Corte de Apelaciones, pero posteriormente la
recurrente fundamenta su pretensión en vicios que están circunscritos
únicamente a la actividad de valoración probatoria realizada por el Tribunal de
Primera Instancia, lo
cual va en contraposición con el criterio sostenido reiteradamente por esta
Sala de Casación Penal en cuanto que los impugnantes no pueden emplear el recurso de
casación para que sean analizados argumentos referidos al estudio y valoración de pruebas,
orientados a demostrar o no la responsabilidad penal del imputado en los hechos
objeto del proceso, ya que estos son propios del debate que se realiza en la
fase del juicio oral y público.
en mérito de todo lo previamente señalado, la Sala de Casación Penal concluye
que lo procedente y ajustado a derecho es DESESTIMAR POR MANIFIESTAMENTE
INFUNDADA la primera denuncia del presente recurso de casación, de
conformidad con el artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se
segunda denuncia, la defensa advierte que la Corte de Apelaciones del
Estado Aragua incurrió “flagrantemente en una Falsedad inexplicable”,
considerando que la Jueza de Juicio no realizó una adecuada valoración de las
pruebas controvertidas en el debate probatorio.
Y, para sustentar su
denuncia transcribió la respuesta dada por la Sala Accidental No. 67 de la
Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, para luego
plasmar consideraciones subjetivas respecto a la labor desplegada por la
alzada, atacando conjuntamente la valoración dada a las pruebas por parte de la
jueza de primera instancia; expresando con meridiana claridad que el objetivo
perseguido a través del recurso de casación es mostrar su descontento con ambas
decisiones, cuyo resultado no satisfizo sus pretensiones.
Para concluir, la defensa
advierte nuevamente que la referida Corte de Apelaciones incurrió en violación
de la ley “por falta de aplicación del artículo 444 del Código Orgánico
Procesal Penal”; precepto que como se indicó precedentemente no puede ser atribuido
a las Cortes de Apelaciones.
Siendo de gran
importancia, destacar que los defensores no pueden pretender por medio del
recurso de casación, la revisión de los fallos que no le son favorables, más
allá de las razones procesales o jurídicas atribuibles a la alzada, debiendo
cumplir concurrentemente con los requisitos que le establece la ley, lo cual no
sucedió en el caso de autos.
y en atención a todo lo precedentemente expuesto, la Sala de Casación Penal
concluye que lo ajustado a derecho es DESESTIMAR POR MANIFIESTAMENTE
INFUNDADA la segunda denuncia del recurso de casación, de conformidad con
el artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.
acuerdo a lo esgrimido por la defensa en la tercera denuncia del recurso
de casación, resulta palmario que la impugnante esgrime argumentos dirigidos a
cuestionar la valoración de las pruebas sometidas al contradictorio, actuación que
es propia del juez o jueza de juicio, dirigida a establecer la eficacia de los elementos
probatorios evacuados en el debate oral, y tomados en conjunto para arribar a
una conclusión con trascendencia jurídica, que en el caso bajo análisis, se
traduce en una sentencia condenatoria que no satisfizo a la defensa, quien
valiéndose del recurso de casación ha elevado a esta Sala de Casación Penal su
inconformidad con dicho fallo. Siendo esto contrario a lo
establecido en el artículo 451 del Código Orgánico Procesal Penal.
modo, la recurrente expresa en la denuncia objeto de análisis, que resulta
procedente “impugnar o denunciar la Falta de aplicación de Ley por parte de la
Corte de Apelaciones del estado Aragua, tal y como lo establece el artículo 462
del Código Orgánico Procesal Penal”, siendo éste planteamiento confuso e
incomprensible, en razón de que la norma supra indicada está referida a la
procedencia del recurso de revisión, lo cual no guarda relación con lo esbozado
en la denuncia, ni ha sido el fundamento del recurso de apelación ejercido por
la defensa en su oportunidad.
tal sentido, es de advertir que este tipo de divergencias impiden que la Sala
tenga un conocimiento concreto sobre cuál es realmente el supuesto vicio
denunciado, y cómo incidió en el fallo recurrido, dificultando su comprensión y
resolución, evidenciando
los alegatos aquí expuestos, lo que priva para la impugnante es la
inconformidad con una decisión que es contraria a los intereses de su
defendido, lo que indudablemente no es procedente por medio del recurso de
sobre la base de lo supra señalado, la Sala de Casación Penal concluye que lo
procedente y ajustado a derecho es DESESTIMAR POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADA
la tercera denuncia del presente recurso de casación, de conformidad con el
artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.
fundamentación desarrollada en la cuarta denuncia, la defensa nuevamente
y en ausencia de toda lógica y faltando a la debida técnica recursiva, pretende
utilizar el presente recurso para atacar actuaciones propias del tribunal de
juicio, cuando señala que “la sanción en contra de mi patrocinado es mayor a la
pena aplicada, cuando la Juez A quo mantiene esta medida le cercena el derecho
al trabajo a mi patrocinado perjudicándolo gravemente en su negocio y por ende
en sus finanzas”.
anterior se colige, que la impugnante pretende que esta Sala someta a revisión
la medida de coerción personal impuesta por la juzgadora de juicio al ciudadano
DAVID SALOMÓN AZUAJE
PACHECO, siendo ésta
una actividad propia de la defensa, quien cuenta con la posibilidad de ejercer
los recursos que a bien tenga contra tal decisión, no pudiendo esta Sala suplir
las deficiencias de las partes.
Aunado a lo anterior, del
análisis del escrito recursivo en la presente denuncia, se comprueba que a pesar de acudir a esta Sala a
recurrir de la decisión proferida por la alzada, la defensora privada no señaló, ni explicó en forma clara,
cuales son los vicios propios del fallo aquí recurrido y su incidencia en las
resultas del caso, limitándose a resaltar la supuesta aplicación desmedida de
una medida de coerción personal contra su representado por parte del tribunal
de juicio. Con
lo cual se demuestra que el verdadero ánimo de la recurrente es oponerse a la
sentencia condenatoria de juicio, y atribuirle vicios de fondo a la corte de
apelaciones que no le corresponden, siendo esta una prohibición expresa del artículo 451 del
Código Orgánico Procesal Penal. Por consiguiente
y en atención a las consideraciones precedentes, la Sala de Casación Penal
concluye que lo procedente y ajustado a derecho es DESESTIMAR POR
MANIFIESTAMENTE INFUNDADA la cuarta denuncia del presente recurso de
casación, de conformidad con el artículo 457 del Código Orgánico Procesal
Penal. Así se decide.
quinta denuncia la recurrente señaló “denuncio la violación del artículo 364 en su ordinal
4, relativos a los requisitos que debe contener la sentencia respecto de la
exposición concisa de sus fundamentos de hecho y de derecho…la sala de
apelaciones no expuso los fundamentos del fallo que solo se limitó a
transcribir declaraciones de testigos del debate, como el contenido de la sentencia definitiva y alegatos del escrito de la defensa, y la audiencia oral
y pública de apelación no resolvió los vicios alegados en la apelación”.
recurso de casación exige el cumplimiento de ciertos requisitos formales imprescindibles y de particular importancia, relacionados íntimamente con su contenido, dado su ámbito especial y su carácter extraordinario, todo lo cual comporta cierta precisión procesal en la interposición del mismo.
condición del recurso de casación, la Sala ha dicho que:
procedimiento del recurso de casación tiene un carácter especialísimo, lo que
hace más restrictivo la obligatoriedad del algunos requisitos en acciones de
esta naturaleza, por lo tanto, sólo podrá fundarse en violaciones de ley contra
sentencia de cortes de apelaciones y mediante indicación en forma precisa y
separada de cada motivo, de sus argumentos de hecho y de derecho y expresando
la solución que se pretende…”. (Sentencia n° 123 del 3 de mayo de 2005).
respecto, en Sentencia número 100 del 20 de febrero de 2008, la Sala ratificó
el anterior criterio en los términos siguientes:
recurso de casación no es el medio para impugnar los supuestos vicios cometidos
por los juzgados de primera instancia (…) sino los cometidos por las Cortes de
Apelaciones.”
Cabe resaltar, además, que en materia
penal el ejercicio del recurso de casación exige el cumplimiento de ciertos
requisitos formales imprescindibles y de particular importancia, relacionados
íntimamente con su contenido, dado su ámbito especial y su carácter extraordinario,
todo lo cual comporta cierta precisión procesal en la interposición del mismo.
Estos requisitos no son
meros formalismos, por el contrario, el cumplimiento de los mismos resulta
esencial; a tal punto, que la ausencia de cualquiera de ellos provoca la
desestimación del recurso de casación presentado por las partes.
Acorde con lo anterior,
la Sala en decisión número 561 de fecha 13 de noviembre del 2009, que ratifica el
criterio expuesto en decisión número 346 del 25 de septiembre del 2003, precisó
requisitos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal para la
procedencia del recurso de casación (artículo 462 in fine), no son meros
formalismos que pueden ser obviados sin detrimento del fundamento mismo del
recurso extraordinario, que exige del impugnante la obligación de demostrar sus
afirmaciones. La casación, como ha sido reconocido por la doctrina universal,
es un medio técnico que está sometido a determinadas condiciones de obligatorio
cumplimiento...”. [El artículo 462 corresponde al artículo 454 del Código
vigente]. Asimismo, la
Sala ha dicho que:
“Los impugnantes
lo que plantean en su denuncia es el descontento con la recurrida que declaró
sin lugar la apelación confirmando el fallo condenatorio dictado por el juzgado
de Juicio y pretenden que esta Sala conozca a través del recurso de casación de
los mismos vicios por ellos denunciados ante esa instancia judicial. En efecto,
los recurrentes denunciaron en su recurso de apelación “…la infracción de los
artículos 462, 84 del Código Penal, por considerar que el Juez sentenciador
incurrió en quebrantamientos u omisiones de formas sustanciales de los actos
que causan indefensión debido a que en su sentencia no resolvió los puntos
esenciales alegados por la defensa, de igual manera incurrió el ciudadano Juez
en error en la clasificación del delito, al encuadrar la conducta de nuestros
representados en la comisión del delito de cómplices necesario…”.(Sic). Tal
denuncia fue resuelta por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal
del Estado Monagas, declarándola sin lugar. Los impugnantes no estuvieron de
acuerdo con las razones expuestas por la recurrida, por lo que nuevamente
interpusieron la misma denuncia en el recurso de casación planteando el mismo
punto objeto de la apelación, pero argumentando que la Corte de Apelaciones
también incurrió en el mismo vicio. Por lo antes expuesto, se desestima, por
manifiestamente infundada...”. (Vid Sentencia n.° 551 del 12 de diciembre de
2006). Ver sentencia: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/febrero/174054-030-3215-2015-C14-450.HTML Publicadas por
...estima la Sala importante señalar que la figura de la recusación puede entenderse como el acto procesal que tiene por objeto impugnar legítimamente la actuación de un juez en un proceso, cuando una parte considera que no es apto porque su imparcialidad está en duda, y cuya oportunidad está claramente establecida por la ley.
En el caso que ocupa a la
Sala, y de conformidad con los planteamientos formulados por la defensa, se
evidencia que las peticiones formuladas en la instancia fueron tramitadas y
resueltas, es decir que no se observa en el escrito planteado ni se desprende
de los recaudos presentados que los reclamos incoados en instancia no hubiesen
sido debidamente procesados, con lo cual no se estaría en presencia de una
solicitud que deba ser admitida, ya que, aunque no se otorgó lo pedido, sí se
satisfizo el derecho de petición. Esta Sala ratifica, una vez más, el criterio mediante el cual, “[e]l objeto
de la figura procesal del avocamiento no se trata de una nueva instancia
judicial o administrativa, ni de una figura de sustitución de los medios
ordinarios para la tutela de los derechos e intereses de los justiciables, pues
solo procede cuando no exista otro medio procesal idóneo y eficaz, que procure
la restitución de la situación jurídica presuntamente infringida y que es la
vía idónea para tutelar los derechos fundamentales de los ciudadanos” (vid.
sentencia de la Sala de Casación Penal n.° 032, del 28 de febrero de 2012).
Precisa la Sala que el avocamiento no es un medio de gravamen o de
impugnación, y que constituye, según lo establecido en la Ley Orgánica del
Tribunal Supremo de Justicia, una facultad que tienen las Salas del Tribunal
Supremo de Justicia para, de oficio o a instancia de parte, con conocimiento
sumario de la situación, recabar de cualquier tribunal de instancia, en el
estado en que se encuentre, cualquier expediente o causa para resolver si se
avoca y directamente asume el conocimiento del asunto o, en su defecto, lo
asigna a otro tribunal. Es decir, el avocamiento constituye una figura procesal
de carácter absolutamente excepcional cuyo manejo debe apreciarse en todo caso
con criterio restrictivo. Ver sentencia: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/febrero/174053-029-3215-2015-A14-445.HTMLhttp:
Esta Sala ratifica, una vez más, el criterio mediante el cual “[e]l
objeto de la figura procesal del avocamiento no se trata de una nueva instancia
judicial o administrativa, ni de una figura de sustitución de los medios ordinarios
para la tutela de los derechos e intereses de los justiciables, pues sólo
procede cuando no exista otro medio procesal idóneo y eficaz, que procure la
restitución de la situación jurídica presuntamente infringida y que es la vía
idónea para tutelar los derechos fundamentales de los ciudadanos” (vid.
Sentencia de la Sala de Casación Penal n.° 032 de fecha 28 de febrero de 2012).
con criterio restrictivo. Ver sentencia: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/febrero/174051-027-3215-2015-A14-313.HTML Publicadas por
...la desconfianza que le puede merecer a las partes los funcionarios encargados de administrar justicia no supone una circunstancia para que proceda la radicación del juicio, pues la procedencia de una radicación dependerá de la concurrencia de los supuestos establecidos en el artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal, a saber: la alarma, sensación o escándalo público por la gravedad del delito o que el proceso se haya paralizado indefinidamente como consecuencia de las incidencias de recusación, inhibición o excusa de los jueces titulares y sus suplentes. En el proceso penal venezolano, la competencia
territorial de un tribunal para el conocimiento de un hecho punible está
determinada por el lugar donde se haya consumado el delito, según lo
establecido en el artículo 58 del Código Orgánico Procesal Penal, conforme al
Artículo 58. La competencia territorial de los tribunales se determina
por el lugar donde el delito o falta se haya consumado.
En caso de delito imperfecto será competente el del lugar
en el que se haya ejecutado el último acto dirigido a la comisión del delito.
En las causas por delito continuado o permanente el
conocimiento corresponderá al tribunal del lugar en el cual haya cesado la
continuidad o permanencia o se haya cometido el último acto conocido del delito.
En las causas por delito o delito imperfecto cometidos en
parte dentro del territorio nacional, será competente el tribunal del lugar
donde se haya realizado total o parcialmente la acción u omisión o se haya
verificado el resultado”.
Por ello, la radicación implica una excepción a la
regla de competencia territorial, ya que excluye del conocimiento del asunto de
que se trate a un tribunal cuya potestad le viene atribuida en virtud de tal
disposición, con el propósito de atribuirlo a otro de igual jerarquía, pero
perteneciente a un circuito judicial penal diferente, dada la necesidad de
resguardar al proceso de influencias ajenas a la verdad procesal, que incidan
en su desenvolvimiento o influyan en el ánimo de los jueces o juezas a quienes
corresponda el conocimiento del asunto.
El artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal
indica los supuestos de procedencia que se exigen para que se acuerde la
radicación de un juicio; ellos son los siguientes: cuando se trate de delitos
graves cuya perpetración cause alarma, sensación o escándalo público, o cuando,
después de presentada la acusación por el Ministerio Público, el proceso se
paralice indefinidamente, por recusación, inhibición o excusa de los jueces o
juezas titulares y de sus suplentes respectivos.
De dicha disposición se desprende que la radicación
tiene como objetivo fundamental garantizar la tutela judicial efectiva, el
debido proceso y la protección del derecho a obtener una justicia expedita y
sin dilaciones indebidas, con sujeción a los principios de imparcialidad,
idoneidad, transparencia e independencia del órgano que juzga, los cuales se
verían comprometidos si las situaciones señaladas en la referida norma no
recibiesen la respuesta adecuada en que la radicación consiste.
Para ello, la interposición de una solicitud de esta
naturaleza exige una clara descripción de las circunstancias de modo, tiempo y
lugar que dieron lugar a la respectiva investigación, así como el señalamiento
particular de las incidencias ocurridas en el curso de la causa y el estado
actual del proceso, con las referencias periodísticas y documentales que, de
haberlas, demuestren la existencia de un obstáculo evidente para el
desenvolvimiento del juicio penal en el circuito judicial donde se desarrolla.
En relación con los hechos, el
solicitante señaló que los mismos ocurrieron en
el Sector Guafitas, Vecindario Canafístola, de El Amparo, Distrito Especial
Alto Apure, del Estado Apure, donde el acusado se desempeñaba como Jefe del
Puesto Naval de Guafitas adscrito al Comando Naval “TN Jacinto Muñoz”, y que,
en circunstancias que se investigan, a menos de 800 metros de distancia del
Puesto Fluvial resultaron abatidos los hoy occisos, Fernando Antonio Madrid
Restrepo y Franklin Ancelmo Navarro Barón, cuyo sector es, según afirma el
solicitante, considerado de alta peligrosidad, puesto que dicha localidad se
encuentra ubicada en una zona fronteriza, lo que permitiría, según asegura, a
grupos al margen de la ley hacer presencia en la localidad, generando
situaciones de violencia e incertidumbre entre sus pobladores.
Señala igualmente el
solicitante, que esta situación viene afectando el proceso penal de forma
directa, en virtud del clima de tensión que perjudica tanto a los testigos como
a los administradores de justicia, debido a que los mismos tienen su domicilio
en la mencionada localidad; alega también que dichos testigos se encuentran en
constante amenaza por parte de grupos subversivos de los cuales, en criterio del
solicitante, formaban parte los occisos (folio 2 de la pieza 1).
En relación con la alarma,
sensación o escándalo público, el solicitante sostuvo
que el caso bajo análisis se refiere a hechos graves los cuales dieron lugar a
que se calificara la conducta desplegada por el procesado como constitutiva de
los delitos de Homicidio Calificado con Alevosía y Motivos Fútiles, Uso
Indebido de Arma de Guerra y Homicidio en Grado de Frustración; todo lo cual,
además de ser público y notorio, ha generado inquietud en la colectividad de
las poblaciones vecinas de El Amparo y Guasdualito del Estado Apure, en virtud
de que esos delitos le fueron imputados a un funcionario militar (folio 5 de la
pieza 1).
Ver decisión: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/marzo/175029-066-5315-2015-R14-260.HTML Publicadas por