Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-848-12.htm
Timestamp: 2019-06-26 14:31:52
Document Index: 390511611

Matched Legal Cases: ['artículo 137', 'artículo 137', 'artículo 26', 'artículo 25', 'artículo 47', 'artículo 137']

C-848-12
Sentencia C-848/12
Referencia: Expediente D-9085.
Actores: Carlos Mario Gil Yarce
El ciudadano Carlos Mario Gil Yarce, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, demandó el artículo 137 (parcial) del decreto 19 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”. El texto normativo demandado y subrayado, es el siguiente:
El magistrado sustanciador admitió la demanda mediante Auto del 11 de mayo de 2012, dispuso su fijación en lista, simultáneamente se corrió traslado al Procurador General de la Nación para lo de su competencia. A su vez, ordenó comunicar la iniciación de este proceso al señor Presidente del Congreso, Presidente de la República, al Ministro de Trabajo y al Ministro de Salud y Protección Social, e invitó a participar en este proceso al Colegio de Abogados del Trabajo, a la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia – CUT, a la Confederación General del Trabajo – CGT, a la Asociación de Trabajadores Discapacitados de Antioquia, a la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, a la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, a la Facultad de Derecho de la Universidad Javeriana, a la Facultad de Derecho de la Universidad Externado, a la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Norte
El accionante asegura que la expresión “no se requerirá de autorización por parte del Ministerio del Trabajo”, incorporada en el artículo 137 del Decreto 019 de 2012, la cual modificó el artículo 26 de la ley 361 de 1997, atenta contra el preámbulo de la constitución y los artículos 1, 5, 13, 25, 47, 53 y 93 constitucionales, en primer lugar, porque suprimir la autorización del Ministerio de Trabajo implica eliminar una medida que protege los derechos de las personas que están en situación de discapacidad e implica un actuar discriminatoria contrario al derecho a la igualdad.
En segundo lugar, señala que el artículo 25 de la Constitución prevé que toda persona que labore tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Adicionalmente las personas que se encuentra con algún tipo de discapacidad demandan una garantía especial que es la llamada estabilidad laboral reforzada, que supone el deber de solicitar un permiso previo cuando se pretenda terminar el vínculo laboral con una persona que se encuentre en esas condiciones.
Por otra parte, considera el actor que la disposición acusada desconoce el derecho a la integración social de los discapacitados que contempla el artículo 47 de la Constitución Política, a su vez, implica el deber positivo del Estado de tomar las medidas necesarias para que las personas con limitaciones físicas puedan ejercer sus derechos en condiciones de igualdad. Ello se encuentra en consonancia con los artículos 53 y 54 de la Constitución y, de forma particular, con el deber del Estado de propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud.
Finalmente, cita diferentes instrumentos internacionales y, en particular, la declaración de los derechos de los impedidos, la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad de las Naciones Unidas, concluye que la norma demandada afecta las disposiciones en ellos contenidas relativas a la protección de los derechos laborales de la población en situación de discapacidad.
Debido a lo anterior, el accionante le solicita a la Corte Constitucional para que declare la inconstitucionalidad de la expresión “no se requerirá de autorización por parte del Ministerio del Trabajo” contenida en la disposición demandada.
El Departamento Administrativo de la Función Pública abogaron por la exequibilidad de la norma demandada.
El Ministerio del Trabajo, La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia CUT y el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social – PAIIS- de la Universidad de los Andes solicitaron declarar la inexequibilidad de la norma acusada.
El Procurador General de la Nación mediante concepto 5398, solicitó a la Corte Constitucional estarse a lo resuelto acorde con las demandas D-8982 y 8989 acumuladas, D-9004 y D-9074. En estas demandas pidió que se declarara la exequibilidad de la expresión contenida en el inciso 3 del artículo 137 del Decreto Ley 19 de 2012, bajo el entendido que la indemnización prevista a favor del trabajador es una sanción al empleador al despedir al trabajador discapacitado sin la autorización previa de la autoridad del trabajo.