Source: https://jurisprudencia.cladem.org/bolivia/Comit%C3%A9_para_la_Eliminaci%C3%B3n_de_la_Discriminaci%C3%B3n_contra_la_Mujer_Observaciones_referidas_a_las_mujeres_y_las_ni%C3%B1as/
Timestamp: 2019-02-23 07:09:39
Document Index: 334125250

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 12', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 8', 'artículo 12', 'artículo 1', 'artículo 16', 'artículo 18', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 21', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 18', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 4']

1º Observaciones finales sobre el primer informe presentado por el Estado
adoptadas en enero de 1995.1
El Comité examinó el informe inicial de Chile (CEDAW/C/CHI/1) en sus sesiones 264ª y 271ª, celebradas los días 18 y 24 de enero de 1995.
Sugerencias y recomendaciones2
El Comité sugirió que el Gobierno de Chile preparara su segundo informe de conformidad con las directrices y que proporcionara información suficiente y fundamentada en datos, que permitiera conocer no sólo la situación jurídica de las mujeres sino también la situación real, incluidos los obstáculos que se plantean, en lugar de basarse en referencias jurídicas.
El Comité instó al Estado parte a que promoviera la eliminación de las disposiciones jurídicas discriminatorias que todavía existían, en particular en relación con la familia, y a que se lograra la compatibilización de la legislación chilena con la Convención.
El Comité instó al Estado parte a que introdujera leyes que facilitaran el derecho a un divorcio legal.
El Comité pide al Estado parte que en su próximo informe proporcionara información más completa, incluidas las estadísticas pertinentes, sobre la aplicación de cada uno de los artículos, especialmente en temas como la violencia contra la mujer, la prostitución, la participación política, la salud reproductiva, las condiciones laborales y salariales, la situación de las trabajadoras “temporeras”, las mujeres en situación de pobreza, la situación de facto de la mujer en la familia, el embarazo precoz y la situación de las organizaciones no gubernamentales.
El Comité expresó interés en recibir información sobre el posible fortalecimiento del SERNAM. También se solicitó más información sobre el plan de igualdad de oportunidades.
El Comité recomendó que se revisaran las leyes extremadamente restrictivas sobre el aborto, habida cuenta de la relación que existía entre el aborto clandestino y la mortalidad materna.
El Comité sugirió la conveniencia de que el SERNAM difundiera el informe presentado al Comité, así como las observaciones de éste como un medio para sensibilizar a los sectores que pudieran contribuir a mejorar las condiciones de las mujeres chilenas.
2º Observaciones finales sobre el segundo y tercer informe presentados por el Estado adoptadas el 22 de junio de 1999.3
El Comité examinó los informes periódicos segundo y tercero de Chile (CEDAW/C/CHI/2 y CEDAW/C/CHI/3) en sus sesiones 442ª y 443ª, celebradas el 22 de junio de 1999 (véanse los documentos CEDAW/C/SR.442 y 443).
Principales esferas de preocupación y recomendaciones4
Para el Comité es motivo de preocupación la desprotección de las mujeres en materia de derecho de familia, lo cual limita, entre otras cosas, la capacidad de la mujer para administrar sus propios bienes o los bienes poseídos en común. El Comité está preocupado también por la inexistencia de disposiciones relativas a la disolución del vínculo matrimonial. Esos aspectos resultan gravemente discriminatorios para la mujer, tanto en sus relaciones familiares como en lo que atañe al pleno ejercicio de sus derechos económicos y sociales.
El Comité recomienda al Gobierno que elabore y apoye enérgicamente leyes que autoricen el divorcio, permitan a la mujer volverse a casar tras el divorcio y reconozcan derechos iguales a ambos cónyuges en la administración de los bienes durante el matrimonio y derechos iguales en relación con esos bienes en caso de divorcio. El Comité recomienda también que se otorgue a la mujer el derecho a iniciar proceso de divorcio en igualdad de condiciones que los hombres.
Preocupa al Comité la persistencia de conceptos estereotipados sobre el papel de las mujeres y los hombres en la sociedad. El Comité toma nota de que los patrones sociales imperantes, tales como el la deserción escolar de las adolescentes debido al embarazo temprano, las tareas domésticas que se asignan a las jóvenes y a las mujeres y las obligaciones diferentes que se encomiendan a las mujeres y a los hombres, revelan que subsisten prejuicios sociales y culturales profundamente arraigados que afectan negativamente al logro de la igualdad de la mujer. Preocupa al Comité que los cambios legislativos, aunque son positivos, han sido insuficientes para alcanzar la plena igualdad de facto entre las mujeres y los hombres.
Para el Comité es motivo de preocupación el bajo índice de participación de la mujer en la política y la administración gubernamental, en particular en puestos de adopción de decisiones.
El Comité insta al Gobierno a fortalecer las medidas adoptadas aplicando estrategias amplias, entre ellas medidas especiales temporales, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención, con objeto de fomentar una mayor participación de la mujer en la vida pública, en particular en el proceso de adopción de decisiones, y promover el cambio de actitudes y percepciones, tanto de las mujeres como de los hombres, en cuanto a sus respectivos papeles en el hogar, la familia, el trabajo y la sociedad en su conjunto. En particular, el Comité recomienda que el Gobierno tenga en cuenta las recomendaciones generales 21 y 23, relativas a la igualdad en el matrimonio, las relaciones familiares y la vida pública, que fortalezca e intensifique las medidas dirigidas a crear conciencia de la importancia del papel, las actividades y las contribuciones múltiples de la mujer en la comunidad y en la familia y que, en general, promueva la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres.
El Comité observa con preocupación la alta tasa de embarazos de adolescentes y el hecho de que un alto porcentaje de esas jóvenes sean madres solteras y que un gran número de ellas está en los primeros años de su adolescencia. El Comité observa que un considerable número de los embarazos de adolescentes pueden estar vinculados a actos de violencia sexual contra las jóvenes. Observa también que muchas jóvenes son embarazadas por muchachos adolescentes. Además, el Comité toma nota con preocupación de que únicamente las adolescentes embarazadas son expulsadas de los establecimientos educacionales privados, en los ciclos secundario y preparatorio.
El Comité recomienda que el Gobierno y SERNAM examinen la situación de la población adolescente con prioridad y exhorta al Gobierno a adoptar varias medidas para que se presten servicios efectivos de salud reproductiva y sexual y se preste atención a las necesidades de información de los adolescentes, incluso mediante la difusión de programas de planificación de la familia e información sobre métodos anticonceptivos, aprovechando entre otros medios la puesta en marcha de programas eficaces de educación sexual. Insta también al Gobierno a esforzarse por lograr la promulgación de una ley en que se prohíba explícitamente la expulsión de las jóvenes adolescentes de los establecimientos educacionales, privados y públicos, por causa de embarazo.
El Comité manifiesta su preocupación ante el inadecuado reconocimiento y protección de los derechos reproductivos de las mujeres en Chile. El Comité está preocupado, en particular, por las leyes que prohíben y penalizan toda forma de aborto. Esas leyes afectan a la salud de la mujer, dan lugar a que aumente la mortalidad derivada de la maternidad y ocasionan nuevos sufrimientos cuando las mujeres son encarceladas por violar esas disposiciones. El Comité está preocupado también por que las mujeres sólo puedan someterse a esterilización en una institución de salud pública. Asimismo, está preocupado por que sea necesario el consentimiento del marido para la esterilización y porque la mujer que desee ser esterilizada debe haber tenido ya cuatro hijos. El Comité considera que esas disposiciones violan los derechos humanos de todas las mujeres.
El Comité recomienda que el Gobierno contemple la posibilidad de llevar a cabo una revisión de la legislación relacionada con el aborto con miras a enmendarla, en particular con objeto de proporcionar abortos en condiciones de seguridad y permitir la interrupción del embarazo por razones terapéuticas o relacionadas con la salud de la mujer, incluida la salud mental. El Comité insta también al Gobierno a revisar las leyes en que se exige que los profesionales del sector de la salud informen sobre las mujeres que se someten a aborto a los organismos encargados de hacer cumplir las leyes, los cuales imponen sanciones penales a esas mujeres. También pide al Gobierno que refuerce las medidas encaminadas a la prevención de embarazos no deseados, incluso ampliando la disponibilidad sin restricciones de medios anticonceptivos de toda índole. El Comité recomienda que se reconozca el derecho de las mujeres a obtener la esterilización sin requerir el previo consentimiento del marido o de ninguna otra persona. En ese sentido, el Comité sugiere que el Gobierno tenga en cuenta su recomendación general 21, relativa al matrimonio y las relaciones de familia, y 24, relativa al artículo 12, sobre la mujer y la salud.
El Comité toma nota con preocupación de que un gran número de trabajadoras del pequeño comercio y del sector informal tienen reducidos ingresos, lo que les dificulta la posibilidad de incorporarse al sistema provisional actual. Asimismo, preocupa al Comité que a pesar de los esfuerzos realizados a través de SERNAM, las trabajadoras de temporada enfrenten situaciones particularmente precarias en sus condiciones de trabajo, salarios y cuidado de los niños.
El Comité solicita al Gobierno que en su próximo informe incluya datos sobre el contenido y aplicación del nuevo plan de igualdad de oportunidades 2000–2010 que está en preparación, así como información estadística sobre la condición de las mujeres trabajadoras y el avance en sus condiciones de vida, y acerca de las facilidades para el cuidado de los niños y el problema del acoso sexual en el trabajo.
El Comité solicita que el Gobierno le proporcione datos en su próximo informe sobre los avances en la situación de las mujeres rurales y las mujeres indígenas, en especial sobre sus condiciones de salud, empleo y educación.
El Comité solicita que en el próximo informe se incluyan datos acerca de la incidencia entre las mujeres de todas las edades del consumo del tabaco y sobre el abuso del alcohol y otras substancias.
El Comité recomienda que el Gobierno de Chile incluya en su próximo informe periódico las medidas adoptadas para atender las preocupaciones expuestas en las presentes observaciones finales.
El Comité recomienda que se dé amplia difusión en Chile a las presentes observaciones finales a fin de que toda la sociedad chilena y, en particular, el Gobierno, los administradores y los políticos tomen conciencia de las medidas que se han adoptado para garantizar la igualdad de la mujer de jure y de facto y las demás medidas necesarias a ese respecto. El Comité pide también al Gobierno que siga difundiendo ampliamente, en particular entre las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, la Convención, las recomendaciones generales del Comité y la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing.
3º Observaciones finales sobre el cuarto informe presentado por el Estado adoptadas el 16 de agosto de 2006.5
El Comité examinó el cuarto informe periódico de Chile (CEDAW/C/CHI/4) en sus sesiones 749ª y 750ª, celebradas el 16 de agosto de 2006 (véase CEDAW/C/SR.749 y 750). La lista de cuestiones y preguntas del Comité figuran en el documento CEDAW/C/CHI/Q/4, y las respuestas de Chile en el documento CEDAW/C/CHI/Q/4/Add.1.
A la vez que recuerda la obligación del Estado Parte de aplicar todas las disposiciones de la Convención, en forma sistemática y constante, el Comité considera que las preocupaciones y recomendaciones consignadas en las presentes observaciones finales exigen que el Estado Parte les otorgue atención prioritaria desde este momento y hasta la presentación del próximo informe periódico. En consecuencia, el Comité insta al Estado Parte a que centre en esas esferas sus actividades relacionadas con la aplicación de la Convención y a que comunique las medidas adoptadas y los resultados obtenidos en su próximo informe periódico. Hace un llamamiento al Estado Parte a que transmita las presentes observaciones finales a todos los ministerios pertinentes y al Parlamento para asegurarse así de que sean puestas en práctica en su totalidad.
Al mismo tiempo que acoge con beneplácito las reformas legislativas realizadas desde 1999, y la voluntad política declarada del Estado Parte en el sentido de aplicar plenamente la Convención, al Comité le preocupa el lento progreso en la introducción de nuevas reformas legales, en particular el proyecto de ley por el que se establece un nuevo régimen patrimonial por el que se concede al marido y a la mujer iguales derechos y obligaciones, que ha estado pendiente desde 1995, y el proyecto de ley de cuotas presentado en 1997, destinado a promover el derecho de la mujer a participar en la vida pública nacional.
El Comité exhorta al Estado Parte a que asegure que el cambio sostenible hacia la plena igualdad de la mujer y el hombre en todos los aspectos de la vida pública y privada se alcance mediante una amplia reforma legal. El Comité insta a que se deroguen o se modifiquen sin dilaciones todas las disposiciones legislativas que constituyan discriminación contra la mujer, según se establece en el artículo 2 de la Convención, e insta al Estado Parte a que cubra las lagunas legislativas y sancione las demás leyes necesarias a fin de que el marco jurídico del país cumpla plenamente las disposiciones de la Convención y garantice la igualdad entre el hombre y la mujer, tal como se consagra en la Constitución de Chile. Alienta al Estado Parte a que establezca un calendario claro y a que aumente la concienciación de los legisladores y el público en general acerca de la urgente necesidad de dar prioridad a las reformas jurídicas a fin de lograr la igualdad de jure para la mujer. El Comité también insta al Estado Parte a que adopte medidas especiales de carácter temporal para acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer, según lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención y en la recomendación general 25 del Comité, en relación con todas las esferas de la Convención en que ello sea apropiado y necesario.
Al Comité le preocupa la significativa diferencia salarial entre el hombre y la mujer, que aumenta con la edad de la mujer, su nivel de educación y las responsabilidades en el trabajo, observándose que las mujeres que desempeñan cargos directivos reciben como promedio un 50% menos que la remuneración percibida por los hombres. El Comité observa asimismo con preocupación el hecho que la mujer tiene tasas de desempleo superiores a las del hombre, pese a que la fuerza de trabajo femenina tiene un mayor nivel de educación. Además, si bien reconoce los esfuerzos realizados por el Estado Parte para mejorar las condiciones de trabajo y las oportunidades de las mujeres que realizan trabajos de temporada y ocasionales, incluido el establecimiento de guarderías, el Comité sigue preocupado por el hecho de que sólo el 39,7% de las mujeres trabajadoras de bajos ingresos tienen contrato de empleo lo que representa una considerable desventaja en el marco del sistema de seguridad social.
El Comité recomienda que el Estado Parte lleve a cabo un estudio detallado sobre la participación de la mujer en el mercado de trabajo, y recopile datos desglosados por sexos, y en particular determine los factores que contribuyen a la situación desventajosa de la mujer en el mercado de trabajo, como se refleja en la diferencia salarial, las altas tasas de desempleo y el hecho de que pocas mujeres desempeñen cargos directivos. El Comité también pide al Estado Parte que establezca un sistema general para supervisar los contratos de las mujeres trabajadoras de carácter temporal y de temporada, y adopte medidas para eliminar las prácticas que crean una situación de desventaja para la mujer en el sistema de seguridad social. El Comité solicita al Estado Parte que facilite datos desglosados e información sobre la situación de la mujer en los mercados de trabajo estructurado y no estructurado. Esta información se debe desglosar en función de la edad de las mujeres, su nivel de aptitudes, educación y especialización, y sector de empleo, así como por zonas urbanas y rurales, y se deberá incluir en el próximo informe.
Al mismo tiempo que acoge con satisfacción los recientes progresos en los puestos de adopción de decisiones en la vida pública, el Comité expresa su preocupación por el hecho de que la participación de la mujer en el Parlamento, en los municipios, y en el servicio exterior, siga siendo escasa.
El Comité insta al Estado Parte a que intensifique sus esfuerzos encaminados a reformar el sistema electoral binominal, que es desfavorable para la representación política de la mujer, y a que adopte medidas, en particular medidas especiales de carácter temporal, destinadas a acelerar la igualdad de facto entre la mujer y el hombre a fin de incrementar la participación de la mujer en la vida política, particularmente en el Parlamento y los municipios, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención y la recomendación general 25 del Comité sobre las medidas especiales de carácter temporal, y la recomendación general 23 sobre la mujer en la vida pública. El Comité recomienda que el Estado Parte adopte medidas a fin de aumentar el número de mujeres que cursan estudios para seguir una carrera en el servicio exterior, a fin de cumplir los compromisos relativos a la igualdad de género establecidos en el Programa de Mejoramiento de la Gestión, y cumplir las obligaciones del Estado Parte en virtud del artículo 8 de la Convención.
A la vez que toma nota de las recientes iniciativas del Estado Parte para abordar el problema de la trata de mujeres y niñas, incluida la ratificación, en noviembre de 2004, del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, al Comité le sigue preocupando la insuficiencia de la información acerca de las causas y el alcance de la trata en Chile como país de origen, de tránsito y de destino, la falta de legislación nacional y la ausencia de medidas adecuadas para combatir el fenómeno de la trata y la explotación de la prostitución.
El Comité exhorta al Estado Parte a que adopte una estrategia general contra la trata y un plan de acción para combatir este fenómeno. Esa estrategia debería incluir una investigación cualitativa y cuantitativa y la ejecución de programas preventivos y de protección, en particular medida para la rehabilitación e integración social de las mujeres y las niñas que son víctimas de explotación sexual y de trata y para procesar a los traficantes. El Comité pide al Estado Parte que presente en su próximo informe datos e información generales sobre la trata de mujeres y niñas y sobre la prostitución, así como sobre las medidas en vigor para combatir estos fenómenos y sus repercusiones.
El Comité toma nota de la meta del Estado Parte de reducir los embarazos de adolescentes en un 45% para el año 2015, y acoge con satisfacción las medidas adoptadas a este respecto sobre el particular, así como las medidas destinadas a garantizar el derecho a la educación de las jóvenes embarazadas y las madres jóvenes. No obstante, al Comité le siguen suscitando preocupación las altas tasas de embarazos de adolescentes y el aumento de los niveles embarazo de la primera etapa de la adolescencia, que sigue siendo la causa más importante de los abandonos escolares por parte de las niñas.
El Comité exhorta al Estado Parte a que fortalezca las medidas destinadas a prevenir los embarazos no deseados entre las adolescentes. Ello debería incluir medidas legales, en particular el enjuiciamiento de los hombres que mantienen relaciones sexuales con niñas menores de edad, así como medidas educativas para las niñas y los niños que favorezcan las uniones y la procreación responsables. El Comité también exhorta al Estado Parte a que adopte medidas adecuadas para la continuación de la educación de las madres jóvenes, así como su acceso a la escolaridad, y a que supervise la efectividad de estas medidas e informe sobre los resultados conseguidos en su próximo informe.
El Comité expresa su preocupación por la insuficiencia del reconocimiento y la protección de los derechos relacionados con la salud reproductiva de la mujer en Chile. Le sigue suscitando preocupación el hecho de que el aborto en cualquier circunstancia constituya un delito enjuiciable con arreglo a la legislación chilena, lo que puede llevar a las mujeres a la búsqueda de abortos inseguros e ilegales, con los consiguientes riesgos para su vida y su salud, así como por el hecho de que los abortos clandestinos sean la causa principal de mortalidad materna.
El Comité exhorta al Estado Parte a que adopte medidas concretas para mejorar el acceso de la mujer a la atención de la salud, en particular los servicios de salud sexual y reproductiva, de conformidad con el artículo 12 de la Convención y la recomendación general 24 del Comité sobre la mujer y la salud. Pide al Estado Parte que fortalezca las medidas destinadas a la prevención de los embarazos no deseados, en particular haciendo que sean más ampliamente disponibles y asequibles todos los tipos de anticonceptivos seguros y métodos de planificación de la familia, sin ninguna restricción, y aumentando los conocimientos y la concienciación acerca de la planificación de la familia entre las mujeres y también entre los hombres. El Comité también insta al Estado Parte a que reduzca las tasas de mortalidad materna mediante servicios de maternidad segura y asistencia prenatal, y a que adopte medidas para garantizar que las mujeres no tengan que buscar procedimientos médicos inseguros, como los abortos ilegales, debido a la falta de servicios adecuados en relación con el control de la fecundidad. El Comité recomienda que el Estado Parte considere la revisión de las leyes relativas al aborto con miras a suprimir las disposiciones punitivas aplicables a las mujeres que se someten a abortos y les dé acceso a servicios de calidad para tratar las complicaciones derivadas de abortos inseguros y reduzca las tasas de mortalidad materna, de conformidad con la recomendación general 24, relativa a la mujer y la salud, y la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing.
El Comité observa con preocupación que la nueva Ley de Matrimonio Civil, que ha estado en vigor desde noviembre de 2004, haya aumentado la edad mínima para contraer matrimonio, tanto de los niños como de las niñas, sólo hasta los 16 años de edad.
El Comité insta al Estado Parte a que siga revisando su legislación con vistas a aumentar la edad mínima legal para contraer matrimonio a los 18 años para ponerla en conformidad con el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, y con el párrafo 2 del artículo 16 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la recomendación general 21 relativa a la igualdad en el matrimonio y las relaciones familiares.
El Comité lamenta la falta de datos suficientes, desglosados por sexos, en el informe y en las respuestas a la lista de cuestiones y preguntas relacionadas con muchas de las disposiciones de la Convención.
El Comité pide al Estado Parte que incluya en su próximo informe datos estadísticos desglosados por sexos y análisis en relación con las disposiciones de la Convención, indicando los efectos de las medidas adoptadas y los resultados conseguidos en cuanto a la realización práctica de la igualdad de facto de la mujer.
El Comité exhorta al Estado Parte a que ratifique el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, junto con esfuerzos encaminados a realizar una campaña nacional que informe y eduque correctamente a los funcionarios de la administración pública y al público en general acerca de la Convención, su Protocolo Facultativo y el Comité.
El Comité alienta al Estado Parte a que amplíe sus consultas con organizaciones no gubernamentales con respecto a la aplicación de la Convención y las presentes observaciones finales y también en la preparación del próximo informe periódico.
El Comité insta al Estado Parte a que utilice plenamente, en el cumplimiento de sus obligaciones con arreglo a la Convención, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, que refuerza las disposiciones de la Convención, y pide al Estado Parte que incluya información al respecto en su próximo informe periódico.
El Comité también hace hincapié en que la aplicación plena y efectiva de la Convención es indispensable para alcanzar los objetivos de desarrollo del Milenio. Exhorta a que se integre una perspectiva de género y se reflejen explícitamente las disposiciones de la Convención en todas las actividades encaminadas al logro de los objetivos de desarrollo del Milenio, y pide al Estado Parte que incluya información al respecto en su próximo informe periódico.
El Comité felicita al Estado Parte por haber ratificado los siete principales instrumentos internacionales de derechos humanos.7 Señala que la adhesión del Estado Parte a esos instrumentos contribuye a que la mujer disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales en todos los aspectos de la vida.
El Comité pide que se difundan ampliamente en Chile las presentes observaciones finales con el objeto de que la población, en particular los funcionarios de la administración pública, los políticos, los parlamentarios y las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, sean conscientes de las medidas adoptadas para asegurar la igualdad de facto y de jure de la mujer, así como otras medidas que es preciso adoptar a ese respecto. La Comisión pide al Estado Parte que siga divulgando ampliamente, en particular entre las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, la Convención, su Protocolo Facultativo, las recomendaciones generales del Comité, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y el documento final del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, titulado “La mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI”
El Comité pide al Estado Parte que responda a las preocupaciones expresadas de las presentes observaciones finales en el próximo informe periódico que deberá presentar en cumplimiento del artículo 18 de la Convención. El Comité invita al Estado Parte a presentar su quinto informe periódico, que debe presentar en enero de 2007, y su sexto informe periódico, que debe presentar en 2011, en un informe combinado en enero de
4º Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto de Chile, adoptadas por el Comité en su 53º período de sesiones.8
El Comité examinó los informes periódicos quinto y sexto combinados de Chile (CEDAWC/CHL/5-6) en sus sesiones 1071ª y 1072ª (CEDAW/C/SR.1071 y 1072), celebradas el 2 de octubre de 2012. La lista de cuestiones y preguntas del Comité figura en el documento CEDAW/C/CHL/Q/5-6 y las respuestas del Gobierno de Chile en el documento CEDAW/C/CHL/Q/5-6/Add.1.
C. Principales motivos de preocupación y recomendaciones9
El Comité recuerda la obligación del Estado parte de aplicar de manera sistemática y continua todas las disposiciones de la Convención, y considera que las preocupaciones y recomendaciones que se señalan en las presentes observaciones finales requieren la atención prioritaria del Estado parte desde el momento actual hasta la presentación del próximo informe periódico. En consecuencia, el Comité insta al Estado parte a que centre sus actividades de aplicación en esas esferas y dé cuenta de las medidas adoptadas y los resultados obtenidos en su próximo informe periódico.
Si bien reafirma que el Gobierno es el principal responsable del pleno cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Estado parte en virtud de la Convención, el Comité insiste en que la Convención es vinculante para todos los poderes del Estado e invita al Estado parte a que inste al Senado y a la Cámara de Diputados, de conformidad con sus procedimientos y cuando proceda, a que adopten las medidas necesarias en relación con la aplicación de las presentes observaciones finales entre el momento actual y el próximo proceso de presentación de informes en virtud de la Convención.
Definición de igualdad y no discriminación
El Comité, aunque toma nota de que la nueva legislación contra la discriminación incluye la prohibición de la discriminación en razón del sexo, la identidad de género y la orientación sexual, sigue preocupado por el hecho de que el Estado parte no haya incluido en su legislación una definición general de la discriminación contra la mujer, de conformidad con el artículo 1 de la Convención, ni el principio de igualdad entre el hombre y la mujer, de conformidad con el artículo 2 a.. Además, el Comité observa con preocupación que, aunque la Convención se refiere al concepto de igualdad, en sus planes y programas el Estado parte utiliza las palabras “igualdad” y “equidad” de manera tal que podría interpretarse que son sinónimas o intercambiables.
Adopte una definición jurídica general de todas las formas de discriminación contra la mujer que abarque tanto la discriminación directa como la indirecta, y establezca en su Constitución y/ o en otra legislación el principio de igualdad entre la mujer y el hombre, de conformidad con el artículo 2 a. de la Convención, con miras a lograr una igualdad formal y sustantiva entre la mujer y el hombre;
Tome nota de que las palabras “equidad” e “igualdad” no son sinónimas ni intercambiables y pueden dar lugar a una confusión conceptual y de que la Convención tiene por objeto eliminar la discriminación contra la mujer y garantizar la igualdad (formal y sustantiva. de hecho y de derecho entre la mujer y el hombre.
Si bien elogia la labor realizada por el Estado parte para reforzar los recursos financieros del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), al Comité le preocupa la insuficiente coordinación existente entre el SERNAM y el Parlamento y la sociedad civil así como el hecho de que las mujeres desfavorecidas no estén suficientemente incluidas en los programas, planes de acción y políticas del SERNAM.
El Comité recomienda al Estado que parte mejore su coordinación con el Congreso Nacional y la sociedad civil e incluya plenamente a todas las mujeres desfavorecidas en la preparación y aplicación de las políticas y los programas públicos, en consonancia con el artículo 21) de la nueva ley contra la discriminación.
El Comité observa con preocupación que el Parlamento se ha negado a incluir la acción afirmativa en la nueva legislación contra la discriminación, lo que priva al Estado parte de medios para acelerar el logro de la igualdad sustantiva entre la mujer y el hombre en todos los ámbitos de la Convención, especialmente en los que la mujer está insuficientemente representada o en una situación desfavorecida.
**El Comité exhorta al Estado parte a que considere la posibilidad de aplicar medidas especiales de carácter temporal , de conformidad con el artículo 4, párrafo 1, de la Convención y la Recomendación general N º 25
del Comité , como estrategia necesaria para acelerar el logro de la igualdad sustantiva en todos los ámbitos de la Convención, en particular en la esfera política y pública, en la que las mujeres están insuficientemente representadas, así como en la educación y en el empleo, ámbitos estos a los que tienen un acceso limitado los migrantes e indígenas.**
Si bien celebra la reciente legislación en la que se establece el permiso posnatal parental en el caso del hombre (Ley Nº 20545), el Comité sigue preocupando por la persistencia de estereotipos tradicionales en relación con las funciones y responsabilidades de las mujeres y los hombres en la familia y la sociedad, que refuerzan el papel tradicional de la mujer como madre y esposa, lo que sigue afectando a sus posibilidades educativas y profesionales. Además, preocupa profundamente al Comité el hecho de que, tal como reconoció la delegación durante el diálogo, haya ciertos grupos de mujeres que son objeto de múltiples formas de discriminación y violencia en razón de su orientación sexual, su identidad de género, su origen indígena o el hecho de ser seropositivas.
Haga un mayor esfuerzo para prestar asistencia a las mujeres y los hombres a los efectos de lograr un equilibrio entre sus responsabilidades familiares y laborales, entre otras cosas con iniciativas de sensibilización y educación, dirigidas a las mujeres y los hombres para que compartan adecuadamente el cuidado de los hijos y las tareas domésticas;
Transforme su reconocimiento del problema de las formas múltiples de discriminación en una estrategia general para modificar o eliminar las actitudes basadas en estereotipos a fin de dar cumplimiento a la nueva legislación contra la discriminación.
El Comité observa con reconocimiento que el Estado parte ha hecho mayores esfuerzos para luchar contra la violencia doméstica, incluida la modificación del Código Penal para incorporar el delito de feminicidio cometido por cónyuges o excónyuges (Ley Nº 20480), y para prestar asistencia y ofrecer una reparación a las víctimas de la violencia doméstica. Sin embargo, si bien observa la explicación de la delegación de que la circunstancia del “maltrato habitual” se refiere únicamente a la violencia psicológica, al Comité le preocupa que la aplicación de este requisito adicional a actos constitutivos de delito represente una barrera procesal que impida que se persigan. Preocupa asimismo al Comité que la legislación no contenga una tipificación concreta de la violencia doméstica como delito que abarque tanto la violencia psicológica como la violencia física. Además, al Comité le preocupa que el acoso sexual se tipifique únicamente como conducta que tiene lugar en el entorno laboral (artículo 2 del Código del Trabajo) y contra menores (Ley Nº 20526).
Modifique la Ley de violencia intrafamiliar (Ley Nº 20066) para que incluya una tipificación concreta de la violencia doméstica como delito que abarque la violencia física y la psicológica y elimine el requisito del “maltrato habitual” a fin de que puedan realizarse investigaciones penales de todos los actos de violencia doméstica y se procese a los autores;
Promulgar legislación para tipificar como delito el acoso sexual.
Preocupa al Comité que el Estado parte no haya adoptado medidas para hacer frente a otras formas de violencia, como el feminicidio fuera del entorno familiar y la violencia sexual. También le preocupa la eficacia de las medidas adoptadas para impedir el feminicidio. Asimismo, el Comité está particularmente preocupado por los informes de que la policía ha recurrido desproporcionadamente a la violencia, incluidos abusos sexuales, contra estudiantes durante las protestas sociales y contra mujeres durante las protestas de los mapuches. Lamenta que no se procese a los autores de esos actos y que el Estado parte no facilite el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de esa violencia.
Adopte medidas para alentar a las mujeres a denunciar todos los incidentes de violencia, dentro y fuera del entorno familiar, incluida la violencia sexual;
Establezca una estrategia y un plan de acción general es para impedir y eliminar todas las formas de violencia contra la mujer, con inclusión de las comunidades mapuches y otras comunidades indígenas, así como un mecanismo institucional eficaz para coordinar, supervisar y evaluar la eficacia de las medidas adoptadas;
Estudie todos los casos de feminicidio a fin de mejorar la efectividad de las medidas de protección de las mujeres víctimas de la violencia doméstica;
Establezca un sistema de reunión de datos de todas las formas de violencia contra la mujer e informe al Comité, en su próximo informe periódico, del número de procesamientos y de condenas, los fallos y las medidas disciplinarias impuestas en los casos de violencia cometida por agentes estatales;
Vele por que todas las formas de violencia a que den lugar acciones u omisiones de agentes estatales de todos los niveles, incluida la policía, o resultantes de tales acciones u omisiones , sean sistemática y debidamente investigadas, se procese efectiva mente a los culpables, se impongan a estos condenas y medidas disciplinarias adecuadas y se proporcione a las víctimas, especialmente a las mujeres indígenas, reparaciones o indemnizaciones;
Refuerce su sistema judicial para garantizar que las mujeres, particularmente las de grupos desfavorecidos, como las mujeres indígenas, tengan acceso efectivo a la justicia.
Si bien observa con satisfacción las iniciativas legislativas e institucionales del Estado parte para luchar contra la trata de mujeres y niñas, el Comité manifiesta profunda preocupación porque, al parecer, no se adoptan medidas preventivas para atajar las causas de fondo de la trata ni existen mecanismos de identificación de las víctimas que faciliten la aplicación de la nueva legislación y la rehabilitación, la protección y el ofrecimiento de lugares de acogida temporal de las mujeres y niñas víctimas de la trata. Además, preocupa al Comité la insuficiente información sobre el alcance de la trata de mujeres y niñas, en particular la trata interna de zonas rurales a urbanas, y la falta de información sobre el fenómeno de la explotación de la prostitución en el Estado parte.
Haga más esfuerzos para aplicar la nueva legislación sobre la trata, particularmente en lo concerniente a la investigación, el procesamiento y el castigo de los que se dedican a ella, y proporcione información al respecto en su próximo informe periódico;
Asegure la supervisión sistemática y la evaluación periódica de la aplicación de la nueva legislación, lo que incluye la reunión y el análisis de datos sobre la trata interna y transfronteriza, así como sobre la explotación de las mujeres en el marco de la prostitución, e incluya tales datos en su próximo informe periódico;
Establezca mecanismos efectivos de remisión e identificación de las víctimas de la trata;
Proporcione formación sistemática a los miembros de la judicatura, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y de vigilar las fronteras y los trabajadores sociales para asegurar la aplicación rigurosa de las nuevas disposiciones penales pertinentes y el procesamiento y el castigo de quienes se dedican a la trata, e informe sistemáticamente a las víctimas de sus derechos durante las actuaciones judiciales;
Aumente el número de centros de acogida temporal públicos para mujeres y niñas víctimas de la trata y proporcione a unas y otras protección y asistencia adecuadas que incluyan programas de rehabilitación y reinserción sociales;
Intensifique la labor de cooperación internacional, regional y bilateral con los países de origen, de tránsito y de destino para prevenir la trata mediante el intercambio de información, y armonice los procedimientos legales para el procesamiento y el castigo de quienes se dedican a la trata.
Si bien elogia la labor del Estado parte para reforzar el liderazgo político de la mujer mediante el establecimiento del Programa “600 mujeres líderes para Chile”, preocupa al Comité el escaso número de mujeres que hay en el Gobierno, en ambas Cámaras del Parlamento, en el servicio diplomático, en la judicatura y en el desempeño de las funciones de alcaldes y concejales. El Comité lamenta que la persistencia de actitudes y estereotipos patriarcales y la falta de medidas especiales de carácter temporal sigan obstaculizando la participación de las mujeres, incluidas las mujeres indígenas, en el Parlamento y los cargos de responsabilidad a nivel estatal y municipal. Además, el Comité reitera su preocupación por el hecho de que el sistema electoral binominal resulte desfavorable para la representación política de la mujer (CEDAW/C/CHI/CO/4, párr. 14).
Considere la posibilidad de adoptar, cuando sea necesario, medidas especiales de carácter temporal a fin de acelerar la participación plena e igual de la mujer en la vida pública y política;
Intensifique los esfuerzos para aumentar la participación de la mujer en la vida pública en los planos nacional y municipal, lo que incluye la organización de campañas de sensibilización dirigidas también a las mujeres indígenas, el ofrecimiento de incentivos a los partidos políticos para que designen un número igual de mujeres y hombres en las candidaturas y la financiación adecuada de las campañas de las mujeres que sean candidatas;
Adopte todas las medidas necesarias para poner en marcha la reforma del sistema electoral binominal y vele por que el estudio solicitado a la Oficina del Ministro Secretario General de la Presidencia con miras a formular una propuesta a este respecto se realice dentro de un plazo claramente establecido.
Preocupa al Comité que la excepción al principio del jus soli en relación con los extranjeros en tránsito se aplique sistemáticamente a las mujeres migrantes en situación irregular, independientemente de la duración de su estancia en el Estado parte, y que, como consecuencia de ello, sus hijos no puedan adquirir la nacionalidad chilena por nacimiento y únicamente puedan optar a ella durante el año siguiente a aquel en que cumplan los 21 años.
El Comité alienta al Estado parte a que:
Revise y modifique su legislación para que los hijos de las mujeres migrantes en situación irregular nacidos en el Estado parte puedan adquirir la nacionalidad chilena por nacimiento cuando esas mujeres no puedan transmitir su nacionalidad a sus hijos, tal como recomendó el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW/C/CHL/CO/1, párr. 33);
Considere la posibilidad de entrar a ser parte en los instrumentos internacionales que se ocupan de la situación de los apátridas, a saber, la Convención para reducir los casos de apátrida (1961) y la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas (1954).
El Comité celebra las medidas legislativas e institucionales adoptadas por el Estado parte para alentar a las adolescentes embarazadas a que sigan asistiendo a la escuela, en particular la imposición de una sanción a las escuelas que excluyan a las estudiantes por estar embarazadas, la inclusión de la educación sexual en la escuela secundaria y el establecimiento de la Mesa de Protección Social del Embarazo Adolescente. No obstante, el Comité está profundamente preocupado por el creciente número de embarazos de adolescentes, que da lugar a elevadas tasas de abandono escolar; la persistencia de expulsiones de las escuelas en razón del embarazo y el escaso número de denuncias presentadas por ello, que pone de manifiesto la escasa sensibilización al respecto de las estudiantes embarazadas; la falta de una educación sexual sistemática en los programas de estudios de las escuelas; y la persistencia de prejuicios basados en estereotipos en el contenido docente de 2 de los 7 programas de educación sexual existentes. Preocupan también al Comité las elevadas tasas de analfabetismo entre las mujeres de las zonas rurales y las mujeres indígenas.
El Comité recomienda el Estado parte que:
Intensifique los esfuerzos para que las estudiantes embarazadas permanezcan en la escuela durante el embarazo y regresen a ella después del parto, lo que incluye establecer mecanismos de supervisión, hacer cumplir las correspondientes sanciones, informar a las estudiantes embarazadas de sus derechos con arreglo a la nueva legislación e intensificar las campañas de sensibilización;
Incluya programas generales sobre salud y derechos de índole sexual y reproductiva dentro de los programas escolares ordinarios dirigidos a los adolescentes de uno y otro sexo, incluidas las escuelas de formación profesional, prestando especial atención a la prevención de los embarazos de adolescentes;
Proporcione formación en materia de género a los maestros de todos los niveles del sistema educativo y elimine los estereotipos en razón del género o el sexo del contenido de todos los programas sobre educación sexual;
Intensifique los esfuerzos para establecer programas especialmente destinados a erradicar el analfabetismo entre las mujeres de las zona s rurales y las mujeres indígenas y para establecer un sistema de igualdad de oportunidades en la educación para las niñas de las zonas rurales y las niñas indígenas.
El Comité observa con satisfacción la promulgación de legislación para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de casa particular en lo concerniente al salario mínimo, el derecho a descansar en días festivos y la licencia de maternidad, así como el proyecto de ley Nº 8292-13, que tiene por objeto regular el número máximo de horas de trabajo a la semana. No obstante, el Comité manifiesta preocupación ante la precaria situación en que siguen encontrándose los trabajadores de casa particular, particularmente las mujeres, la falta de aplicación del marco jurídico y la insuficiente supervisión de sus condiciones de trabajo.
Agilice la promulgación del proyecto de ley Nº 8292-13 relativo al número máximo de horas de trabajo a la semana de los trabajadores de casa particular y vele por que tanto los trabajadores internos como los externos gocen de los mismos derechos a este respecto;
Adopte todas las medidas necesarias para lograr una mejor aplicación de su legislación laboral en relación con los trabajadores de casa particular, lo que incluye la realización de inspecciones laborales sistemáticas y la realización de actividades de sensibilización dirigidas a las mujeres migrantes en particular;
Establezca un plazo para la ratificación del Convenio Nº 189 (2011) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos.
Si bien observa los esfuerzos realizados por el Estado parte para ofrecer formación a mujeres en ámbitos en que tradicionalmente ha predominado el hombre, el Comité sigue preocupado por la baja participación de la mujer en el mercado de trabajo, especialmente en el caso de las mujeres migrantes y las mujeres indígenas, por la persistencia de diferencias salariales entre las mujeres y los hombres y por el hecho de que el Estado parte no haya incluido el principio de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor en la Ley Nº 20348 (2009) sobre el derecho a la igualdad en las remuneraciones, de conformidad con las normas de la OIT. Aunque observa que en la Ley Nº 20348 se establece un mecanismo de presentación de denuncias, el Comité está particularmente preocupado por el reducido número de denuncias interpuestas.
Considere la posibilidad de modificar su legislación para incluir el principio de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor a fin de reducir las diferencias salariales entre mujeres y hombres, de conformidad con el Convenio Nº 100 (1951) de la OIT sobre igualdad de remuneración;
Establezca mecanismos eficaces para hacer efectiva la Ley Nº 20348;
Intensifique los esfuerzos para establecer medidas y programas encaminados a mejorar la situación de la mujer en el mercado laboral, lo que incluye la integración de las mujeres migrantes e indígenas.
El Comité elogia al Estado parte por la puesta en marcha del Plan Nacional de Educación en Sexualidad y Afectividad, que incluye una amplia formación sobre salud sexual y reproductiva, la Estrategia “Control Joven Sano” y el establecimiento de espacios para adolescentes en 59 municipalidades. No obstante, el Comité lamenta profundamente que todas las recientes iniciativas parlamentarias encaminadas a despenalizar el aborto hayan fracasado en el Estado parte, incluso en los supuestos de riesgo para la salud o la vida de la madre, grave malformación del feto o violación. Aunque celebra la declaración de la delegación en el sentido de que el derecho a la vida de la madre prevalece cuando se encuentra en peligro su salud o su vida, el Comité reitera la preocupación manifestada en sus anteriores observaciones finales (CEDAW/C/CHI/CO/4, párr. 19), en el sentido de que el aborto sigue siendo un delito en toda circunstancia. Al Comité también le preocupan los presuntos casos de esterilización involuntaria en el Estado parte de mujeres con el VIH/SIDA, así como los casos de pruebas obligatorias del VIH/SIDA para embarazadas, aunque en la Circular Nº A/15/47 (diciembre de 2011) se permite expresamente que las mujeres se nieguen a hacerse tal prueba. Además, aunque toma nota con satisfacción de la promulgación en 2010 de legislación sobre los derechos sexuales y reproductivos (Ley Nº 20418), habida cuenta del elevado número de embarazos prematuros y los consiguientes abortos practicados en condiciones de riesgo, preocupan al Comité las graves lagunas que se registran en relación con la aplicación de la Ley Nº 20418 y las dificultades experimentadas por las mujeres para acceder a métodos anticonceptivos y servicios de planificación de la familia y disponer de esos métodos y servicios.
Adopte todas las medidas necesarias para proporcionar un acceso adecuado a servicios de planificación de la familia y anticonceptivos, incluida anticoncepción de emergencia, a fin de evitar los embarazos prematuros y garantizar la debida aplicación de la nueva legislación por las municipalidades;
Vele por que el personal médico solicite el consentimiento plenamente informado antes de realizar esterilizaciones, se sancione a los profesionales que realicen esterilizaciones sin dicho consentimiento y se ofrezca una reparación y una indemnización monetaria a las mujeres víctimas de esterilizaciones no consentidas;
Vele por que la Circular Nº A/15/47 sea debidamente cumplida y hecha cumplir por el personal médico y se informe a las embarazadas sobre la posibilidad de negarse a que se les realice la prueba del VIH/SIDA;
Revise la legislación vigente sobre el aborto con miras a despenalizarlo en los casos de violación, incesto o riesgo para la salud o la vida de la madre;
Realice un estudio exhaustivo, con datos estadísticos, de los abortos ilegales y practicados en condiciones de riesgo y de sus consecuencias para la salud y la vida de las mujeres, particularmente cuando se produzcan casos de mortalidad derivada de la maternidad, y considere la posibilidad de utilizar ese estudio como base para adoptar medidas legislativas y en materia de políticas.
Si bien observa con satisfacción la positiva repercusión que la reforma de las pensiones realizada en 2008 ha tenido sobre la mujer, al Comité le preocupa el sistema discriminatorio de cálculo del fondo de pensiones que, al utilizar cuadros de esperanza de vida desglosados por sexo, da lugar a diferentes pensiones mensuales al momento de la jubilación para mujeres y hombres que han contribuido por igual y acumulado los mismos saldos.
El Comité recomienda al Estado parte que adopte todas las medidas necesarias para revisar el sistema público de pensiones a fin de eliminar de él todos los elementos que discriminan a la mujer.
Asimismo, el Comité lamenta la insuficiente información disponible sobre la repercusión del terremoto y el tsunami de 2010 en la situación social y económica de la mujer, en particular en las zonas rurales. Si bien observa la información facilitada por la delegación durante el diálogo acerca de la aprobación de un plan de acción nacional sobre la gestión de los desastres naturales, al Comité le preocupan los informes de que en las labores de reconstrucción no se han tenido suficientemente en cuenta necesidades específicas de la mujer.
El Comité exhorta al Estado parte a que vele por que en todos los programas y estrategias adoptados en respuesta a terremotos y otros desastres naturales, con inclusión del plan de acción nacional que va a adoptarse, se integre una perspectiva de género a fin de asegurar que la mujer, en particular la de las zonas rurales, se beneficie plenamente de tales medidas con arreglo a sus necesidades.
Al Comité le preocupan la exclusión social y la vulnerabilidad de las mujeres migrantes, así como los obstáculos que les impiden disfrutar de derechos fundamentales como el acceso a prestaciones sociales y servicios de atención de la salud, en particular en el caso de las mujeres embarazadas.
Adopte todas las medidas necesarias para mejorar la situación económica de las mujeres migrantes, acabando así con su vulnerabilidad a la explotación y a los que se benefician de la trata, así como su acceso a prestaciones sociales y servicios de atención de la salud, con independencia de cuál sea su condición, en particular en el caso de las mujeres embarazadas;
Ponga en marcha mecanismos para vigilar sistemáticamente la repercusión de las políticas sociales y económicas en las mujeres migrantes e informe al Comité al respecto en su próximo informe periódico.
El Comité lamenta la falta de información detallada acerca de grupos desfavorecidos de mujeres, como las migrantes, las mujeres rurales, las indígenas y otras mujeres que se enfrentan a múltiples formas de discriminación.
Se invita al Estado parte a que facilite información y datos estadísticos completos, en su próximo informe periódico, acerca de la situación de los grupos desfavorecidos de mujeres, en particular las mujeres migrantes, de las zonas rurales e indígenas.
Mujeres en centros de reclusión
Si bien observa la declaración de la delegación acerca de la reforma del sistema penitenciario y de su marco normativo, al Comité le preocupa enormemente la difícil situación en la que se encuentran las mujeres que están en prisión, en particular a la hora de acceder a instalaciones y servicios de salud adecuados.
Recordando las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok), el Comité exhorta al Estado parte a que vele por que la reforma del sistema penitenciario incluya una perspectiva de género y prevea instalaciones y servicios de salud adecuados para todas las mujeres privadas de libertad del país.
El Comité observa la declaración de la delegación en la que informa de que se encuentra ante el Senado un proyecto de ley sobre las uniones de hecho que incluye las relaciones entre personas del mismo sexo. Al Comité le preocupa profundamente que siga habiendo legislación que discrimina a la mujer en lo que se refiere a la administración de los bienes matrimoniales y reitera su preocupación de que esté pendiente desde 1995 la reforma legal de esta cuestión (CEDAW/C/CHI/CO/4, párr. 9).
En línea con la Recomendación general Nº 21 (1994) sobre igualdad en el matrimonio y en las relaciones familiares, la Comisión insta al Estado parte a que:
**Agilice, con plazos claros, la promulgación del proyecto de ley Nº 7567
07, por el que se modifican el Código Civil y otras disposiciones legislativas que regulan el régimen económico del matrimonio , que en la actualidad está examinando el Parlamento, se asegure de que en el nuevo régimen económico del matrimonio se garantiza la igualdad de derechos entre la mujer y el hombre, tanto durante el matrimonio como a la hora de su disolución, y se asegure de que se facilite a las mujeres información que les permita hacer una elección informada con arreglo a la nueva legislación que regule el régimen económico del matrimonio;**
Considere la posibilidad de aprobar, lo antes posible, la nueva legislación sobre las uniones de hecho y se asegure de que sus disposiciones respetan plenamente el principio de no discriminación e igualdad entre la mujer y el hombre.
Si bien celebra el establecimiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos, al Comité le preocupa que no se ajuste a los principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París).
El Comité insta al Estado parte a que refuerce y amplíe el mandato del Instituto Nacional de Derechos Humanos modificando la Ley Nº 20045 con arreglo a los Principios de París y a que dote a esa institución de recursos humanos, financieros y técnicos suficiente s para su funcionamiento efectivo, de un mandato específico sobre la igualdad de género y de un mecanismo de presentación de denuncias facultado para examinar y emitir dictámenes y hacer recomendaciones en relación con denuncias de violaciones de los derechos humanos presentadas por mujeres.
El Comité celebra los esfuerzos realizados a nivel nacional para mejorar el sistema de recopilación de datos y actualización de los indicadores de género. No obstante, lamenta que estos no estén plenamente integrados a nivel institucional y que aún existan lagunas en lo que se refiere al análisis y el empleo de estadísticas en materia de género en el Estado parte. El Comité lamenta también la falta de datos estadísticos desglosados por sexo en muchos ámbitos recogidos en la Convención.
El Comité recomienda al Estado parte que haga más esfuerzos por establecer un sistema unificado y completo de datos desglosados por sexo en todos los ámbitos recogidos en la Convención. También recomienda el Comité al Estado parte que incluya en su próximo informe datos y análisis estadísticos, desglosados por sexo y por zonas rurales y urbanas, indicando la repercusión de las medidas adoptadas y los resultados obtenidos a fin de ilustrar de manera más completa la situación de la mujer en varias esferas, en particular en lo que se refiere a la cuestión de la violencia.
Reiterando sus observaciones finales anteriores (CEDAW/C/CHI/CO/4, párr. 25), el Comité insta al Estado parte a que agilice el proceso de ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención para facilitar el pleno goce de los derechos garantizados en esta.
El Comité insta al Estado parte a que, en cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de la Convención, aplique plenamente la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, que refuerza n las disposiciones de la Convención, y le pide que incluya información al respecto en su próximo informe periódico.
El Comité pone de relieve que la aplicación plena y efectiva de la Convención es indispensable para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Exhorta a que se integre una perspectiva de género y se reflejen en forma explícita las disposiciones de la Convención en todas las actividades encaminadas al logro de dichos objetivos, y pide al Estado parte que incluya información al respecto en su próximo informe periódico.
El Comité pide al Estado parte que de amplia difusión en Chile a las presentes observaciones finales a fin de que la población, incluidos los funcionarios públicos, los políticos, los parlamentarios y las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, conozca n las medidas que se han tomado para garantizar la igualdad de hecho y de derecho entre hombres y mujeres, así como las que todavía quedan por adoptar a ese respecto. El Comité recomienda que la difusión se extienda a las comunidades locales. Insta al Estado parte a que organice una serie de reuniones para debatir los progresos alcanzados en la aplicación de las presentes observaciones. El Comité pide también al Estado parte que siga difundiendo ampliamente, sobre todo entre las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, las recomendaciones generales del Comité, la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing y los resultados del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General titulado “La Mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI”.
El Comité pide al Estado parte que, en el plazo de dos años, proporcione información por escrito sobre las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones que figuran en los párrafos 19 a. y 25 a. y b..
El Comité pide al Estado parte que vele por la amplia participación de todos los ministerios y órganos públicos en la elaboración de su próximo informe y que, durante esa fase, consulte a diversas organizaciones de mujeres y de derechos humanos.
El Comité pide también al Estado parte que responda a las preocupaciones expresadas en las presentes observaciones finales en el próximo informe periódico que prepare en virtud del artículo 18 de la Convención. El Comité invita al Estado parte a que le presente su próximo informe periódico en octubre de 2016.
5º Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de Chile.10
El Comité examinó el séptimo informe periódico de Chile (CEDAW/C/CHL/7) en sus sesiones 1574ª y 1575ª (véanse CEDAW/C/SR.1574 y CEDAW/C/SR.1575), celebradas el 21 de febrero de 2018. La lista de cuestiones y preguntas del Comité figura en el documento CEDAW/C/CHL/Q/7 y las respuestas de Chile figuran en el documento CEDAW/C/CHL/Q/7/Add.1.
D. Principales motivos de preocupación y recomendaciones11
Aplicación de la Convención, de su Protocolo Facultativo y de las recomendaciones generales del Comité
El Comité acoge con beneplácito las numerosas iniciativas emprendidas por el Estado parte para difundir la Convención. Sin embargo, le preocupa que, a pesar de la aceptación por el Estado parte de las recomendaciones formuladas durante el proceso del examen periódico universal en 2014 de que ratificase el Protocolo Facultativo de la Convención, el proyecto de ley con esa finalidad (boletín núm. 2667-10) lleva en tramitación ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado desde 2001.
El Comité reitera sus observaciones finales anteriores (CEDAW/C/CHL/CO/5-6, párr. 52) y recomienda que el Estado parte tome medidas de cara a agilizar el proceso de ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención de forma prioritaria, para facilitar el pleno goce de los derechos garantizados en la Convención.
El Comité encomia al Estado parte por haber aprobado leyes esenciales para promover la igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres. Sin embargo, observa con preocupación que:
La Ley núm. 20.609, de 2012, por la que se establecen medidas contra la discriminación sigue teniendo un ámbito de aplicación limitado y no incluye una definición amplia de la discriminación contra la mujer;
La falta de aplicación de la Ley núm. 20.609 y de un mecanismo judicial para resolver los casos de discriminación contra la mujer han dado lugar a bajas tasas de enjuiciamiento (entre 2012 y 2016, solo el 3% de los casos juzgados en virtud de la Ley estaban relacionados con la discriminación);
El proyecto de ley (boletín núm. 8924-07) sobre la identidad de género, con diversas enmiendas, sigue pendiente;
La insuficiencia de la protección jurídica se ha traducido en un aumento del número de casos de discriminación contra las mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero y las personas intersexuales.
De conformidad con las obligaciones del Estado parte en virtud de la Convención y en consonancia con la meta 5.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Comité recuerda sus anteriores observaciones finales (CEDAW/C/CHL/CO/5-6, párr. 11) y recomienda al Estado parte que:
Apruebe, con carácter prioritario, una definición jurídica exhaustiva de todas las formas de discriminación contra la mujer que abarque las formas directas, indirectas y concomitantes de discriminación en las esferas pública y privada y establezca, en su Constitución o en otra ley, el principio de igualdad formal y sustantiva entre mujeres y hombres, de conformidad con el artículo 2 a. de la Convención;
Establezca un mecanismo de denuncia judicial específico para los casos de discriminación contra la mujer y vele por que se asignen recursos humanos, financieros y técnicos adecuados para su aplicación, incluida la provisión de capacitación para la judicatura con respecto a la resolución de esos casos;
Apruebe el proyecto de ley sobre la identidad de género con las enmiendas propuestas;
Organice actividades de capacitación a fondo para la judicatura y otras autoridades estatales en relación con la discriminación y las violaciones de los derechos que sufren las mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero y las personas intersexuales.
El Comité acoge con beneplácito el establecimiento de la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación en la Corte Suprema, junto con las políticas destinadas a promover el acceso a la justicia para las mujeres desfavorecidas. No obstante, el Comité está preocupado por los obstáculos institucionales, procedimentales y prácticos que afrontan las mujeres para acceder a la justicia, tales como:
Los estereotipos discriminatorios, la parcialidad judicial y los escasos conocimientos sobre los derechos de la mujer entre los miembros del poder judicial, los profesionales de la justicia y los encargados de hacer cumplir la ley, incluida la policía;
Los numerosos obstáculos, en particular económicos, lingüísticos y geográficos, que afrontan las mujeres de bajos ingresos, rurales, indígenas y discapacitadas para acceder a la justicia;
Las denuncias de amenazas contra mujeres indígenas por agentes del orden y representantes del poder judicial y los casos de represalias en respuesta a los intentos de esas mujeres de reclamar colectivamente el acceso a sus tierras;
Los obstáculos discriminatorios que afrontan las mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero y las personas intersexuales al acceder al sistema de justicia;
El acceso limitado de las mujeres a la información sobre sus derechos en virtud de la Convención y sobre los recursos legales de que disponen las mujeres víctimas de la violencia de género y las bajas tasas de enjuiciamiento y condena.
En consonancia con su recomendación general núm. 33 (2015) sobre el acceso de las mujeres a la justicia, el Comité recomienda al Estado parte que:
Siga ampliando las actividades sistemáticas y obligatorias de fomento de la capacidad sobre los derechos de la mujer, las investigaciones en las que se tenga en cuenta el género, el fomento de la presentación de denuncias y la prevención de la revictimización para los magistrados, los jueces, los fiscales, los defensores públicos, los abogados, los agentes del orden, los administradores, los mediadores y los expertos;
Vele por que la información sobre los recursos legales esté a disposición de las mujeres víctimas de la violencia de género, en particular en las lenguas indígenas y en formatos accesibles para las mujeres con discapacidad, e implante un sistema de tribunales móviles y asistencia jurídica gratuita para facilitar el acceso a la justicia de las mujeres que viven en zonas rurales y remotas;
Implante actividades sistemáticas de capacitación para los miembros del poder judicial y los agentes del orden sobre los derechos de las mujeres indígenas y garantice el derecho de estas a acceder a la justicia sin temor a represalias;
Establezca procesos para eliminar las decisiones y prácticas discriminatorias contra las mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero y las personas intersexuales en el sistema de justicia;
Vele por que las víctimas de discriminación y violencia de género tengan acceso a recursos oportunos y efectivos, en particular la restitución, la indemnización y la rehabilitación, aliente a las mujeres a denunciar los incidentes de violencia de género, incluida la violencia doméstica, y asegure que se investiguen adecuadamente todos los casos de violencia contra la mujer y haga lo posible por que se enjuicie debidamente a los autores.
El Comité acoge con agrado la creación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y la elaboración del Cuarto Plan Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres 2018-2030. Sin embargo, el Comité está preocupado por que la insuficiencia de los recursos del Ministerio y su integración y coordinación limitadas con el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género y el Consejo de Ministros y Ministras por la Igualdad de Género puedan obstaculizar la promoción de estrategias de igualdad de género. El Comité está preocupado también por la participación limitada y esporádica de las organizaciones de la sociedad civil, en particular las que representan a los grupos más desfavorecidos de mujeres, en la preparación y el seguimiento de las políticas públicas sobre la igualdad de género.
El Comité reitera sus anteriores observaciones finales (CEDAW/C/CHL/CO/5-6, párr. 13) y recomienda al Estado parte que:
Refuerce el enfoque integrado de la incorporación de la perspectiva de género, establezca mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas eficaces, que incluyan evaluaciones sistemáticas por todos los ministerios de las repercusiones de género de la legislación, y vele por que la evaluación se base en el cumplimiento de las metas y los indicadores pertinentes y utilice métodos efectivos para la recopilación de datos;
Vele por que se asignen recursos humanos, técnicos y financieros suficientes al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género permitan aplicar plenamente su Cuarto Plan Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres;
Integre las consideraciones de género en el proceso presupuestario nacional, en particular en lo relativo a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas eficaces en todos los sectores y niveles de gobierno;
Mejore la coordinación con el Congreso Nacional y la sociedad civil e incluya a los grupos desfavorecidos de mujeres en la preparación y la aplicación de políticas y programas públicos, en consonancia con el artículo 2 1) de la Ley núm. 20.609.
El Comité acoge con beneplácito la inclusión de una disposición en la Ley núm. 20.820 que permite al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género proponer medidas, planes y programas de carácter temporal (art. 4). También considera positiva la iniciativa de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile de implantar un Programa de Ingreso Prioritario de Equidad de Género y el consiguiente aumento en la inscripción de muchachas en la facultad. Sin embargo, el Comité está preocupado por la falta de medidas especiales de carácter temporal para acelerar el logro de la igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres en otras esferas abarcadas por la Convención, como la educación y el empleo, y la participación en la vida política y pública.
El Comité recuerda sus observaciones finales anteriores y recomienda al Estado parte que considere la posibilidad de utilizar medidas especiales de carácter temporal, de conformidad con el artículo 4 1) de la Convención y la recomendación general núm. 25 (2004) del Comité, sobre las medidas especiales de carácter temporal, como estrategia necesaria para acelerar el logro de la igualdad sustantiva en todas las esferas abarcadas por la Convención, en particular en la vida política y pública, en la que las mujeres están insuficientemente representadas, y en la educación y el empleo, a los que las mujeres migrantes e indígenas tienen un acceso limitado.
El Comité acoge con beneplácito las medidas legislativas y de otra índole adoptadas para hacer frente a los estereotipos discriminatorios en el Estado parte, incluidos los esfuerzos constantes por promover la igualdad entre las madres y los padres en los deberes de crianza de los hijos. Sin embargo, sigue preocupado por que los persistentes estereotipos discriminatorios sobre las funciones y las responsabilidades de las mujeres y los hombres en la familia y la sociedad, junto con las formas concomitantes de discriminación y la cultura de machismo profundamente enraizada en el Estado parte, siguen impidiendo los progresos en la promoción de la igualdad de género. El Comité observa con preocupación además que determinados grupos de mujeres no disfrutan del pleno respeto de sus derechos, debido a la falta de medidas especiales de protección.
El Comité reitera sus observaciones finales anteriores (véase CEDAW/C/CHL/CO/5-6, párr. 17) y recomienda que el Estado parte adopte una estrategia integral dirigida a las mujeres, los hombres, las niñas y los niños para superar la cultura machista y los estereotipos discriminatorios sobre las funciones y las responsabilidades de las mujeres y los hombres en la familia y la sociedad. Recomienda también que esa estrategia aborde las formas concomitantes de discriminación contra las mujeres, incluidas las mujeres con discapacidad, las mujeres indígenas, las mujeres afrodescendientes, las mujeres migrantes y las mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero y las personas intersexuales, según la definición del párrafo 18 de la recomendación general núm. 28 (2010) del Comité, sobre las obligaciones básicas de los Estados partes de conformidad con el artículo 2 de la Convención.
La falta de disposiciones legislativas claras que prohíban la realización de intervenciones médicas innecesarias en bebés y niños intersexuales hasta que tengan una edad en la que puedan dar su consentimiento libre, previo e informado;
La falta de apoyo y de recursos efectivos para las personas intersexuales que hayan sufrido intervenciones quirúrgicas innecesarias desde el punto de vista médico a una edad muy temprana, a menudo con consecuencias irreversibles y sufrimiento físico y psicológico a largo plazo.
Teniendo en cuenta la recomendación u observación general conjunta núm. 31 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y núm. 18 del Comité de los Derechos del Niño (2014) sobre las prácticas nocivas, el Comité recomienda al Estado parte que:
Apruebe legislación que prohíba explícitamente la realización de operaciones quirúrgicas u otros tratamientos médicos innecesarios en niños intersexuales hasta que tengan una edad en la que puedan dar su consentimiento libre, previo e informado, vele por que los médicos sean informados sobre esa legislación y proporcione a las familias con niños intersexuales asesoramiento y apoyo adecuados;
Vele por el acceso efectivo a la justicia por las personas intersexuales que hayan sido sometidas a operaciones quirúrgicas u otros tratamientos médicos innecesarios sin su consentimiento libre, previo e informado y estudie la posibilidad de establecer un fondo de indemnización estatal.
El Comité acoge con beneplácito los importantes avances legislativos e institucionales logrados para luchar contra la violencia de género contra la mujer y elaborar una base de datos para registrar los incidentes de violencia, como el Plan Nacional de Acción Contra la Violencia hacia las Mujeres 2014-2018. No obstante, sigue preocupado por:
Las tasas persistentemente elevadas de violencia de género contra las mujeres en el Estado parte en los ámbitos público y privado, incluida la violencia física, psicológica, sexual y económica, y los altos niveles de violencia intrafamiliar contra las niñas y adolescentes;
La falta de avances en la aprobación del proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia (boletín núm. 11077- 07), que ha estado pendiente en la Cámara de Diputados desde 2016;
El ámbito de aplicación limitado de la Ley núm. 20.066 de violencia intrafamiliar para sancionar los casos de femicidio, puesto que requiere que el autor mantenga o haya mantenido una relación con la víctima, y el número creciente de femicidios (de 34 casos en 2016 a 43 en 2017) y tentativas de femicidio;
La violencia contra las niñas, incluidos los casos de explotación y abusos sexuales, en las instituciones del Servicio Nacional de Menores;
Las denuncias de uso de la violencia por agentes del Estado contra mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero y la falta de datos sobre los enjuiciamientos y las condenas en tales casos;
Las denuncias de uso excesivo de la fuerza por agentes del Estado contra mujeres mapuches en la Araucanía, y la falta de datos sobre los casos de violencia contra mujeres indígenas.
El Comité recuerda su recomendación general núm. 35 (2017) sobre la violencia por razón de género contra la mujer, por la que se actualiza la recomendación general núm. 19, y recomienda que el Estado parte:
Redoble sus esfuerzos para luchar contra todas las formas de violencia de género contra la mujer, prepare una estrategia general para prevenir la violencia contra los niños, en particular en el hogar, y preste apoyo psicosocial a las víctimas;
Acelere la aprobación del proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia (boletín núm. 11077-07) y vele por que la ley reconozca la intersectorialidad de la violencia y la discriminación, especialmente en lo que respecta a las mujeres migrantes, las mujeres indígenas, las mujeres con discapacidad y las mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero y las personas intersexuales;
Modifique la Ley núm. 20.480 relativa al femicidio para ampliar la definición de femicidio de modo que abarque todos los homicidios motivados por el género, intensifique las medidas para prevenir los femicidios y vele por que se investigue, se enjuicie y se condene a sus autores;
Establezca un mecanismo específico para vigilar los derechos de las niñas en las instituciones públicas del Servicio Nacional de Menores y vele por que se investiguen todos los casos de violencia de género contra niñas y sus autores sean enjuiciados y adecuadamente sancionados;
Aborde la falta de medidas de protección en aras de la dignidad y la integridad de las mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero, en particular aumentando la conciencia del público sobre sus derechos, en cooperación con la sociedad civil, y adopte medidas para prevenir los delitos motivados por prejuicios y asegurar que se lleven a cabo las investigaciones, enjuiciamientos y condenas y que se proporcione a las víctimas el resarcimiento adecuado, incluidas la reparación y la indemnización;
Vele por que todas las formas de violencia de género contra las mujeres mapuches a que den lugar las acciones o las omisiones de agentes estatales de todos los niveles, incluida la policía, o resultantes de tales acciones u omisiones, sean debida y sistemáticamente investigadas, se procese de forma eficaz a los culpables y se les impongan condenas y medidas disciplinarias adecuadas y se proporcione a las víctimas reparación o una indemnización.
El Comité acoge con beneplácito los esfuerzos por luchar contra la trata en el Estado parte, incluida la publicación de la Guía de buenas prácticas en investigación criminal del delito de trata de personas, aprobada en 2014, y del Plan de Acción Nacional contra la Trata de Personas 2015-2018. Sin embargo, está preocupado por:
El escaso presupuesto asignado para la aplicación de la Ley núm. 20.507, sobre la trata de personas, incluidos los migrantes;
La falta de una estrategia integral de lucha contra la trata y la ausencia de datos desglosados sobre las víctimas de la trata o información sobre el alcance de la trata en el Estado parte, en particular para fines distintos de la explotación sexual;
Las bajas tasas de enjuiciamiento y condena en casos de trata de personas y la revictimización de las mujeres y las niñas, algunas de las cuales, al parecer, son criminalizadas en lugar de recibir apoyo como víctimas;
La insuficiencia de las medidas de asistencia, rehabilitación y reintegración para las víctimas, en particular en cuanto al número de centros de acogida disponibles y a la limitación del acceso al asesoramiento, el tratamiento médico, el apoyo psicológico y el resarcimiento, incluida la indemnización, especialmente en el caso de las mujeres migrantes.
Asigne recursos humanos, financieros y técnicos suficientes para la aplicación de la Ley núm. 20.507;
Establezca lo antes posible un mecanismo independiente con recursos humanos, técnicos y financieros suficientes para recopilar y analizar sistemáticamente datos desglosados sobre la trata de personas y estudiar el alcance del problema en el Estado parte;
Mejore la capacitación de los policías y los trabajadores sociales en el plano municipal sobre procedimientos en los que se tenga en cuenta el género para los casos de víctimas de trata, investigue, enjuicie y sancione adecuadamente a los autores de trata de personas, especialmente mujeres y niñas, y prepare unas directrices nacionales para la identificación efectiva de las víctimas de la trata a fin de evitar la revictimización;
Refuerce el apoyo a las mujeres víctimas y las personas en riesgo de trata, en particular las mujeres migrantes y las niñas no acompañadas, asegurando que dispongan de un acceso adecuado a la atención de la salud, los servicios de asesoramiento y el resarcimiento, incluida la indemnización, y proporcionando un número suficiente de centros de acogida;
Estreche la cooperación regional con los países de tránsito y destino para prevenir la trata mediante el intercambio de información y fortalezca la capacidad y los recursos de los inspectores de trabajo, los agentes de policía y los funcionarios de fronteras para detectar mejor el trabajo forzoso, la trata y los delitos conexos cometidos contra las mujeres y las niñas.
El Comité acoge con beneplácito los importantes avances en lo que se refiere al aumento de la participación de las mujeres en la vida política y pública, en particular mediante la aprobación de la Ley núm. 20.840. Acoge con beneplácito también el hecho de que se esté seleccionando a más mujeres para puestos del servicio diplomático y en la gestión de las empresas públicas. Sin embargo, el Comité sigue preocupado por que los obstáculos estructurales y los estereotipos discriminatorios relacionados con la participación de las mujeres en la vida política y pública sigan excluyéndolas de los puestos electivos y de libre designación encargados de la adopción de decisiones, en particular en los partidos políticos, el poder judicial y los círculos académicos. Además, la falta de medidas especiales de carácter temporal sigue dificultando la participación de las mujeres, incluidas las mujeres indígenas, en la adopción de decisiones en los planos nacional y municipal.
El Comité reitera su recomendación al Estado parte de que aplique cabalmente la recomendación general núm. 23 (1997), sobre la vida política y pública, incluida la preparación de directrices para la aplicación de cuotas en las próximas elecciones. Además, insta al Estado parte a que establezca objetivos y plazos específicos para acelerar la participación de la mujer en pie de igualdad en todos los niveles de la vida pública y política nacional e internacional y a que trate de crear las condiciones necesarias para lograr estos objetivos. El Comité exhorta asimismo al Estado parte a que destaque la importancia que tiene para la sociedad la participación plena y en condiciones de igualdad de la mujer en puestos de liderazgo. Igualmente, solicita al Estado parte que incluya en su octavo informe periódico una evaluación de la Ley núm. 20.840, junto con datos desglosados sobre las tendencias de participación de las mujeres en la adopción de decisiones, incluida la esfera de la diplomacia.
El Comité está preocupado por que las defensoras indígenas de los derechos humanos sean víctimas de diversas manifestaciones de violencia, como las amenazas, los abusos sexuales, el hostigamiento y los homicidios. El Comité está preocupado también por las denuncias de que, en algunos casos, esos actos de violencia han sido perpetrados por agentes del Estado. El Comité está preocupado además por el hecho de que la legislación de lucha contra el terrorismo se haya aplicado de manera desproporcionada para penalizar determinados actos de las mujeres indígenas en relación con la reivindicación de sus derechos, incluidos sus derechos a las tierras ancestrales.
El Comité recomienda que el Estado parte adopte medidas específicas, adecuadas y efectivas para prevenir e investigar los ataques y otras formas de maltrato perpetrados contra defensoras de los derechos humanos, para enjuiciar y sancionar a los autores y para luchar contra la impunidad. También recomienda que el Estado parte no aplique la legislación de lucha contra el terrorismo a las mujeres indígenas por actos cometidos en relación con la reivindicación de sus derechos, incluidos sus derechos a las tierras ancestrales.
El Comité encomia al Estado parte por las medidas adoptadas para garantizar que se otorgue la nacionalidad chilena a los hijos de los extranjeros no residentes mediante la rectificación de su acta de nacimiento, a petición de cualquiera de los progenitores. El Comité también considera positivo el hecho de que, desde julio de 2017, se hayan concedido visados temporales a niños y adolescentes en el marco del programa “Chile Te Recibe”, independientemente de la situación migratoria de sus progenitores.
El Comité recomienda que el Estado parte mantenga el programa “Chile Reconoce” y acelere el proceso de regularización para otorgar la nacionalidad chilena a todos los niños mediante la rectificación de las actas de nacimiento.
El Comité acoge con beneplácito las importantes reformas del sistema educativo, incluida la aprobación en 2015 de la Ley núm. 20.845, de inclusión escolar, y la provisión de educación superior gratuita para los grupos desfavorecidos, así como el desarrollo de un protocolo conjunto entre el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y la Superintendencia de Educación para promover la asistencia continua a la escuela de las niñas embarazadas y las madres jóvenes. Sin embargo, está preocupado por lo siguiente:
El material educativo con estereotipos de género y las conductas con sesgo de género en los procesos de enseñanza y aprendizaje siguen repercutiendo en la elección de carrera de las mujeres y las niñas;
La aplicación desigual del protocolo conjunto puede impedir que algunas niñas embarazadas y madres jóvenes continúen participando en el proceso educativo o se reincorporen a él;
Persiste el bajo rendimiento escolar entre las mujeres y las niñas indígenas;
Hay desigualdad en el número de mujeres y niñas en disciplinas en las que han predominado tradicionalmente los hombres, como la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.
El Comité recuerda su recomendación general núm. 36 (2017), sobre el derecho a la educación de las mujeres y las niñas, y recomienda al Estado parte que:
Revise los planes de estudios para eliminar los estereotipos de género, vele por que se disponga de material didáctico en el que se tenga en cuenta el género e implante actividades obligatorias de capacitación para el personal docente a todos los niveles del sistema educativo sobre sensibilidad y cuestiones de género y sobre las repercusiones de las conductas con sesgo de género en los procesos de enseñanza y aprendizaje;
Aplique plenamente el protocolo conjunto del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y la Superintendencia de Educación de modo que haya mecanismos de apoyo para alentar a las niñas embarazadas y las madres jóvenes a continuar su educación durante el embarazo y después de él, en particular ofreciendo servicios asequibles de cuidado de los niños, informando a las estudiantes embarazadas sobre sus derechos en virtud de la nueva legislación e imponiendo multas a las instituciones educativas que expulsen a las niñas embarazadas o denieguen a las madres jóvenes la oportunidad de volver al proceso educativo;
Adopte y aplique medidas selectivas, incluidas medidas especiales de carácter temporal, de conformidad con el artículo 4 1) de la Convención y la recomendación general núm. 25 del Comité, para acelerar la igualdad de acceso de las niñas y las mujeres indígenas de las zonas rurales a todos los niveles de educación;
Aborde los estereotipos discriminatorios y las barreras estructurales que puedan impedir que las mujeres sigan progresando después de la enseñanza secundaria y mejore las iniciativas que garanticen su matriculación en disciplinas en las que tradicionalmente han predominado los hombres, como la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.
El Comité encomia al Estado parte por las amplias medidas que ha adoptado para conciliar la vida laboral y familiar, en particular la aprobación de la Ley núm. 20.786, de 2014, sobre los trabajadores de casa particular, el programa “+Capaz” y el proyecto de ley (boletín núm. 9322-
de modificación del Código del Trabajo en el que se establece el principio de igualdad de remuneraciones para hombres y mujeres. Sin embargo, el Comité está preocupado por:
El hecho de que el proyecto de ley núm. 9.322-13 siga pendiente de aprobación;
La desigualdad salarial por razón de género (el 22% en 2016) en los sectores público y privado, que sigue teniendo un efecto adverso sobre las pensiones de las mujeres, debido a la falta de una definición clara en la legislación vigente (Ley núm. 20.348, de 2009, sobre el derecho a la igualdad en las remuneraciones) de lo que constituye la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor;
La persistencia de la segregación ocupacional horizontal y vertical y la concentración de las mujeres en el sector no estructurado, en los sectores de servicios peor remunerados y en el trabajo temporal y a tiempo parcial;
La falta de información sobre la plena aplicación del Convenio núm. 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en particular en lo relativo a las mujeres migrantes;
El limitado acceso al mercado de trabajo formal que tienen las mujeres migrantes y con discapacidad.
Acelere la aprobación del proyecto de ley núm. 9322-13;
Intensifique sus esfuerzos por eliminar la diferencia salarial por razón de género y garantice la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en el mercado laboral, incluso mediante el uso continuo de medidas especiales de carácter temporal con objetivos sujetos a plazos preestablecidos, de conformidad con el artículo 4 1), de la Convención y la recomendación general núm. 25 del Comité;
Elimine la segregación ocupacional vertical y horizontal en los sectores público y privado;
Vele por que la legislación laboral se aplique a los trabajadores domésticos, en particular mediante inspecciones laborales sistemáticas y actividades de sensibilización, y por que el Convenio núm. 189 de la OIT se aplique plenamente;
Cree oportunidades de empleo para los grupos desfavorecidos de mujeres, en particular las mujeres migrantes, las mujeres indígenas y las mujeres con discapacidad.
El Comité acoge con agrado la aprobación de la Ley núm. 21.030, de 2017, por la que se regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales: en casos de violación, cuando la mujer embarazada se encuentre en riesgo vital y cuando el feto padezca una patología incompatible con la vida. También considera positiva la aprobación en 2018 de las Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad. No obstante, el Comité expresa su preocupación por:
La persistencia del riesgo potencial que suponen para las mujeres los abortos ilegales y en condiciones de riesgo, a pesar de las recientes medidas legislativas;
La objeción de conciencia por parte de personas o instituciones, que podría dificultar, de forma no intencionada, el acceso de las mujeres al aborto sin riesgo, especialmente en las zonas rurales y remotas;
La elevada tasa de embarazos de adolescentes y la prevalencia de abusos sexuales entre las adolescentes y las niñas a edades muy tempranas;
Las persistentes lagunas en la aplicación de la Ley núm. 20.418 de 2010, por la que se permite el uso, la venta y la distribución de anticonceptivos de emergencia, y las dificultades a que se enfrentan las mujeres para acceder a métodos anticonceptivos modernos y a servicios de planificación familiar;
Las dificultades para tener acceso a asistencia sanitaria de emergencia, incluidos los servicios ginecológicos, a que se enfrentan las mujeres migrantes, las mujeres indígenas y las mujeres con discapacidad;
Las denuncias de esterilización forzada de mujeres y niñas, en particular las que tienen discapacidad mental o de otra índole.
De conformidad con su recomendación general núm. 24 (1999) sobre la mujer y la salud, el Comité recomienda al Estado parte que:
Amplíe el ámbito de aplicación de la Ley núm. 21.030 para despenalizar el aborto en todos los casos;
Aplique requisitos estrictos de justificación para impedir el uso general de la objeción de conciencia por los médicos que se niegan a practicar abortos, en particular en los casos de embarazos de adolescentes, y vele por que esas medidas se apliquen también al personal médico de las clínicas privadas;
Vele por que las mujeres, incluidas las niñas y las adolescentes menores de 18 años, tengan acceso al aborto en condiciones seguras y a servicios de atención posterior al aborto y por que los servicios sanitarios presten apoyo psicológico a las niñas y adolescentes que hayan sido víctimas de violencia sexual;
Procure que los métodos anticonceptivos modernos sean asequibles y estén a disposición de todas las mujeres y las niñas, en particular en las zonas rurales o remotas;
Adopte medidas para garantizar que los servicios de asistencia sanitaria, especialmente los servicios ginecológicos, sean accesibles para todas las mujeres, en particular las mujeres migrantes, las mujeres indígenas y las mujeres con discapacidad;
Vele por la plena implementación de las Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad, garantizando que el personal médico solicite el consentimiento plenamente informado antes de realizar esterilizaciones, que se sancione a los profesionales que realicen esterilizaciones sin dicho consentimiento y que se ofrezca una reparación y una indemnización monetaria a las mujeres víctimas de esterilizaciones no consentidas.
El Comité acoge con beneplácito constantes los esfuerzos del Estado parte para reducir sustancialmente la pobreza. No obstante, observa con preocupación que:
A pesar del crecimiento económico y la disminución de las tasas generales de pobreza registrados por el Estado parte, la brecha de ingresos sigue aumentando;
Las mujeres se ven desproporcionadamente desfavorecidas por el sistema de pensiones, ya que suelen trabajar en el sector informal, el salario que reciben es irregular y llevan a cabo el trabajo asistencial no remunerado. Sin embargo, las reformas del sistema propuestas siguen pendientes;
Las mujeres solo tienen un acceso limitado a las instalaciones deportivas.
Fortalezca su estrategia nacional de lucha contra la pobreza para que se centre en los grupos de mujeres más desfavorecidos y marginados, en particular las mujeres indígenas y las mujeres de las zonas rurales, asegure que los Objetivos de Desarrollo Sostenible se apliquen de manera plenamente inclusiva y fomente la participación activa de las mujeres en los procesos de adopción de decisiones que afectan a sus vidas;
Continúe revisando el sistema de pensiones para eliminar todas las disposiciones discriminatorias contra la mujer, en particular las lagunas que impiden que las mujeres reciban la misma pensión que los hombres;
Promueva la igualdad de acceso de las mujeres y las niñas a todas las instalaciones deportivas y aliente su participación en los deportes de competición.
El Comité acoge con beneplácito las iniciativas que se han elaborado para ayudar a las mujeres del medio rural, en particular las que trabajan en el ámbito de la agricultura. Sin embargo, le preocupan la falta de datos sobre la situación de las mujeres de las zonas rurales del Estado parte, que contribuirían a una mejor comprensión de sus condiciones de vida, y los informes que sugieren que las mujeres del medio rural, incluidas las trabajadoras estacionales, son más vulnerables a la pobreza y, en algunos casos, disponen de un acceso limitado a un nivel adecuado de asistencia sanitaria y de educación. El Comité también encomia al Estado parte por sus iniciativas para hacer frente al cambio climático, en particular mediante su Plan Estratégico Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, y la inclusión de la capacitación para la participación de la comunidad con perspectiva de género en la gestión de los desastres y la microzonificación de recursos, a través de su programa de mejora de la gestión de las cuestiones de género.
El Comité recomienda al Estado parte que intensifique sus programas de apoyo a las mujeres del medio rural, en particular mediante el programa del Banco Estatal para apoyar a las mujeres empresarias y las iniciativas de capacitación correspondientes. Además, el Comité recomienda al Estado parte que garantice el acceso de las mujeres del medio rural, incluidas las trabajadoras estacionales, a servicios sanitarios y de educación adecuados y proporcione un análisis detallado de la situación de las mujeres de las zonas rurales en su octavo informe periódico. El Comité también recomienda que el Estado parte amplíe su Plan Estratégico Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres a las zonas más vulnerables al cambio climático, en particular la Patagonia, y asegure la participación activa de las mujeres en la adopción de decisiones a ese respecto en todos los niveles.
El Comité observa los esfuerzos realizados por el Estado parte para facilitar la integración económica y social de las mujeres migrantes, en particular mediante la aprobación en 2015 del Instructivo Presidencial que establece Lineamientos e Instrucciones para la Política Nacional Migratoria. No obstante, observa con preocupación que las mujeres migrantes siguen afrontando formas concomitantes de discriminación en el acceso a la vida política, la educación, el empleo y la atención sanitaria.
El Comité recomienda al Estado parte que apruebe el proyecto de ley de migraciones (boletín núm. 11395-06) y se asegure de que incluya una base para la aplicación de mecanismos de entrada con disposiciones de protección para las personas necesitadas de protección internacional y el acceso a procedimientos justos, eficientes y que tengan en cuenta el género para determinar la condición de refugiado. También recomienda que el Estado parte tome medidas para eliminar la discriminación contra las mujeres migrantes, tanto en la sociedad como en sus propias comunidades, mediante campañas de sensibilización y la colaboración con los medios de comunicación para señalar a la atención del público las formas concomitantes de discriminación contra ellas.
El Comité considera positiva la propuesta de crear un ministerio para la población indígena. Sin embargo, al Comité le preocupa que, por su origen étnico y condición social, las mujeres indígenas se enfrenten a formas concomitantes de discriminación en el Estado parte, además de odio racial, violencia de género, pobreza y marginación. El Comité está particularmente preocupado por:
Los conflictos en algunas zonas del país que afectan a las mujeres indígenas a través de la falta de reconocimiento y protección de la tenencia y propiedad de la tierra de las mujeres indígenas, sus desalojos forzosos de las tierras tradicionales indígenas y su exclusión de los procesos de adopción de decisiones relativas al uso de la tierra;
La ausencia de consultas y mecanismos eficaces para garantizar que las mujeres indígenas den su consentimiento libre, previo e informado a los proyectos de desarrollo en sus tierras tradicionales.
Acelere la creación del ministerio para la población indígena e incremente el diálogo con las mujeres indígenas para asegurar su plena participación en el proceso;
Adopte medidas para reconocer oficialmente la tenencia y propiedad de la tierra de las mujeres indígenas, eliminar las normas y costumbres discriminatorias que limitan su acceso a la propiedad de la tierra y velar por su participación significativa en los procesos de adopción de decisiones sobre el uso de las tierras indígenas tradicionales;
Establezca un mecanismo de consulta obligatorio para obtener el consentimiento libre, previo e informado de las mujeres indígenas con respecto al uso de sus tierras y recursos naturales.
El Comité está preocupado por el elevado número de mujeres en prisión preventiva, principalmente por cargos relacionados con drogas, teniendo en cuenta que muchas de ellas son el sostén de sus familias. El Comité también está preocupado por el hecho de que las mujeres privadas de libertad tengan un acceso limitado a una atención médica adecuada por la escasez general de personal profesional y la ausencia de personal médico durante la noche y los fines de semana en los centros de reclusión. Asimismo, el Comité está preocupado por los riesgos que afrontan las mujeres embarazadas en los centros de reclusión, debido a la falta de acceso a la atención obstétrica y ginecológica.
El Comité recomienda que la reforma del sistema penitenciario incorpore una perspectiva de género y que el Estado parte considere la posibilidad de hacer un mayor uso de sanciones y medidas no privativas de libertad para las mujeres en lugar de la prisión. También recomienda que se aceleren los procedimientos judiciales para evitar el uso excesivo de la prisión preventiva. Además, el Comité recomienda que se adopten medidas para garantizar que en los centros de reclusión se disponga de servicios de atención médica adecuados, incluido el acceso a la atención obstétrica y ginecológica, junto con servicios para todas las mujeres privadas de libertad.
El Comité acoge con agrado la aprobación de la Ley 20.830 y las enmiendas propuestas para el régimen patrimonial del matrimonio (proyectos de ley núms. 1707-18 y 7727-18, consolidados con los proyectos de ley núms. 7567-07 y 5907-13). También considera positiva la presentación de un proyecto de ley (boletín núm. 9850-18) por el que se aumentaría a 18 años la edad mínima para contraer matrimonio para las mujeres y los hombres. Sin embargo, al Comité le preocupa lo siguiente:
Los proyectos de ley núms. 1707-18, 7727-18, 7567-07 y 5907-13 siguen en tramitación ante el Congreso desde 2013, a pesar de que el actual régimen de propiedad marital es discriminatorio contra la mujer, ya que, de conformidad con el Código Civil, el marido administra los bienes comunes y los bienes pertenecientes a la esposa, mientras que las mujeres deben estar representadas o autorizadas por sus esposos al participar en procedimientos jurídicos, como la venta o arrendamiento de bienes, y en procedimientos comerciales o al solicitar un préstamo;
La legislación vigente no incluye disposiciones claras sobre los derechos de filiación y patria potestad para parejas del mismo sexo y no permite que los procedimientos de adopción reconozcan a ambos progenitores;
Cabe la posibilidad de que las situaciones de violencia doméstica no se aborden adecuadamente en los casos de decisiones relativas a la custodia del niño;
El proyecto de ley núm. 9850-18, en caso de que se apruebe, seguirá permitiendo el matrimonio de menores de 18 años en casos excepcionales.
Agilice, dentro de unos plazos precisos, la aprobación de los proyectos de ley de enmienda del Código Civil y otras leyes que rigen el régimen patrimonial del matrimonio (boletines núms. 7567-07 y 5907-13) y se asegure de que el nuevo régimen garantice la igualdad de derechos de las mujeres y los hombres durante el matrimonio y después de su disolución;
Apruebe el proyecto de ley sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo (boletín núm. 11422-07) y vele por que se protejan los derechos de filiación y la patria potestad;
Vele por que se tenga en cuenta la violencia por razón de género contra la mujer en la esfera doméstica en las decisiones sobre custodia infantil o visitas y sensibilice al poder judicial sobre la relación entre este tipo de violencia y el desarrollo de los niños;
Enmiende el proyecto de ley núm. 9850-18 para aumentar a 18 años la edad mínima para contraer matrimonio sin excepción y vele por que se establezcan garantías judiciales que protejan a las niñas menores de esa edad que hayan sido autorizadas a casarse.
El Comité exhorta al Estado parte a que utilice la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing en su labor dirigida a aplicar las disposiciones de la Convención.
El Comité solicita al Estado parte que se asegure de que se difundan puntualmente las presentes observaciones finales, en el idioma oficial del Estado parte, entre las instituciones públicas pertinentes de todos los niveles, en particular el Gobierno, los ministerios, el Congreso Nacional y la judicatura, para permitir que se lleven plenamente a la práctica.
El Comité pide al Estado parte que, en el plazo de dos años, proporcione información por escrito sobre las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones que figuran en los párrafos 13 a. y b., 17 b. y 25 b. de este documento.
El Comité invita al Estado parte a que presente su octavo informe periódico en marzo de 2022. El informe deberá presentarse en la fecha indicada y, en caso de demora, deberá abarcar el período transcurrido hasta el momento de su presentación.
El Comité solicita al Estado parte que siga las Directrices armonizadas sobre la preparación de informes con arreglo a los tratados internacionales de derechos humanos, incluidas orientaciones relativas a la preparación de un documento básico común y de informes sobre tratados específicos (HRI/GEN/2/Rev.6, cap. I).
A/50/38, paras.105-159. 03 de febrero de 1995↩
A/54/38, paras.202-235, 7 a 25 de junio de 1999↩
CEDAWC/CHI/CO/4, 7 a 25 de agosto de 2006↩
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.↩
CEDAW/C/CHL/CO/5-6, 12 de noviembre de 2012↩
CEDAW/C/CHL/CO/7, 14 de marzo de 2018↩