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Timestamp: 2020-05-28 15:22:31
Document Index: 213852728

Matched Legal Cases: ['Artículo 36', 'artículo 172', 'Artículo 36', 'Artículo 29', 'artículo 17', 'artículo 75', 'artículo 5', 'artículo 5']

DE LEY. 2064-D-2012. PROPIEDAD INTELECTUAL - LEY 11723 -. MODIFICACIONES, SOBRE AUTORIZACION PARA REPRODUCCION DE OBRAS LITERARIAS Y EXIMICION DEL PAGO DE DERECHO DE AUTOR Y DE REQUERIR AUTORIZACION A SU AUTOR PARA LA REPRODUCCION: MODIFICACION DE LA LEY | Partido Solidario
DE LEY. 2064-D-2012. PROPIEDAD INTELECTUAL - LEY 11723 -. MODIFICACIONES, SOBRE AUTORIZACION PARA REPRODUCCION DE OBRAS LITERARIAS Y EXIMICION DEL PAGO DE DERECHO DE AUTOR Y DE REQUERIR AUTORIZACION A SU AUTOR PARA LA REPRODUCCION: MODIFICACION DE LA LEY
"Artículo 36.- Los autores de obras literarias, dramáticas, dramático-musicales y musicales, gozan del derecho exclusivo de autorizar:
Las obras reproducidas y distribuidas en sistemas especiales deberán consignar: los datos de la entidad autorizada, la fecha de la publicación original y el nombre de la persona física o jurídica a la cual pertenezcan los derechos de autor. Asimismo, advertirán que el uso indebido de estas reproducciones será reprimido con pena de prisión, conforme el artículo 172 del Código Penal."
"Artículo 36 bis. - Se exime del pago de derecho de autor y de requerir la autorización a su titular:
Se entenderá, a los fines de éste artículo, que no podrán afectar la explotación normal de la obra, ni causar un perjuicio injustificado en los intereses legítimos del autor, las reproducciones: a) íntegras con fines de conservación o preservación, o para incorporar el ejemplar de una obra no disponible en el mercado; b) íntegras de partituras y artículos de publicaciones periódicas, y parciales de otras obras, en tanto no excedan el 30% de cada una, siempre que se realicen a requerimiento de usuarios con fines de investigación y educación".
"Artículo 29. - Quienes reproduzcan en forma facsimilar un libro o partes de él, sin encontrarse comprendidos en ninguna de las excepciones previstas por la ley 11.723, y sin autorización de su autor y de su editor, serán sancionados con multa de pesos setecientos cincuenta a diez mil. En caso de reincidencia, la pena será de prisión de un mes a dos años. Estas sanciones se aplicarán aun cuando la reproducción sea reducida o ampliada y siempre que el hecho no constituya un delito más severamente penado".
Los derechos de acceso a la información, al conocimiento, a la educación, a la investigación científica y la cultura, constituyen el acceso a obras producto de la creación humana, por un lado y el derecho de autor, por el otro, componiendo así dos facetas de intereses que llevados a sus extremos se presentan como contrapuestos. En este contexto, es obligación, nacional e internacional, velar por la subsistencia de ambos grupos, en condiciones de igualdad y sin discriminaciones de ninguna índole, conciliando el interés particular de los creadores de las obras intelectuales con el general de toda la sociedad como "usuarios" de ellas; escuchando a todos los interesados y a los más débiles sobre todo. Es ésta la única manera de dar una respuesta capaz de evitar que alguno de los mentados derechos contrapuestos prevalezca sobre el otro o que pueda ser erigido como un derecho absoluto e ilimitado.
La creación artística y del intelecto humano gozan de reconocimiento por parte del derecho internacional y del derecho constitucional, habiéndose erigido a la propiedad intelectual, abarcativa del derecho de autor (1) y de la propiedad industrial (2) , como un bien trascendental de protección del derecho, a punto tal que ha sido categorizada "como uno de los derechos humanos con igual jerarquía que el derecho a la vida, a la identidad, a la propiedad y al honor porque se trata de proteger la creatividad de la persona, que es su signo distintivo de humanidad frente a otros seres vivos" (3) , habiéndose encuadrado su naturaleza jurídica como un "derecho específico", "sui generis", que presenta aspectos patrimoniales y personales (derechos morales) convergentes (4) .
A su vez, el derecho de acceso a las obras intelectuales constituye lo que se ha denominado, al decir de Lillian Álvarez Navarrete (5) , el "límite cultural del derecho de autor", pues "la responsabilidad de que todas las personas accedan a los resultados de la creación, está íntimamente relacionada con la creación misma", debiendo contar cada ciudadano "con un espacio para el ejercicio de su libertad de creación, o lo que es lo mismo ... tener la posibilidad de acceder al conocimiento e interactuar con la riqueza cultural preexistente", brindándosele "oportunidades ... que le permitan enriquecer su espiritualidad y desarrollar su talento. Estos derechos constituyen realmente la base del fomento de la protección a la creación y a los autores". Al mismo tiempo, "lograr un acceso razonable y legítimo a los materiales protegidos... es un interés público".
Asimismo y por su parte, la Constitución Nacional también regula los mentados intereses contrapuestos, refiriéndose a los derechos intelectuales, por un lado, en el artículo 17, al establecer que "... todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento por el término que le acuerde la ley ..." y, por otro, a ambas categorías de derechos en el artículo 75, inciso 19, 4° párrafo, al decir que "Corresponde al Congreso ... dictar leyes que protejan ... la libre creación y circulación de las obras del autor ..."; reforzándose el derecho de acceso a las obras intelectuales y, por ende, a la información y al conocimiento, a la educación, a la investigación científica y a la cultura en los arts. 5, 14, 41.2, 42.1, 42.2, 43.3, 75.17 (2° Párr.), 75.18, 75.19 (3° y 4° Párr.) y 75.23.
Es de destacar que la propiedad intelectual se encuentra integrada al concepto constitucional de propiedad, la cual permite a todos los habitantes usar y disponer de ella, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio (conf. Art. 14) y si bien la propiedad en general es "inviolable" (Art. 17) y la propiedad intelectual es "exclusiva" de sus autores (Art. 17), tales condiciones no implican la negación de cualquier razonable limitación que pueda disponer el Estado en ejercicio del poder de policía (arts. 14 y 28, CN), dado que nuestro ordenamiento no admite derechos absolutos y reconoce que la propiedad cumple un fin social (6) . En este sentido, por ejemplo, la primera Ley de Propiedad Intelectual limitaba el plazo de duración al derecho de autor hasta 10 años después de su muerte (Ley Nº 7092 del año 1910), hoy extendido hasta los 70 años (Ley de Propiedad Intelectual Nº 11.723 y sus modificatorias, en adelante LPI) (7) . Otro ejemplo de modificación más reciente es la excepción establecida al derecho de reproducción y distribución de las obras de los autores en beneficio de los ciegos y de otras personas con dificultades perceptivas, asegurado mediante los tiflolectores (8) (Ley Nº 26.285, B.O. 13-09- 2007, modificatoria del art. 36 de la LPI).
Una síntesis elocuente al reconocimiento internacional de ambos intereses contrapuestos la encontramos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, al reconocerse a toda persona, como derecho humano, no sólo el "derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora", sino también y en primer término el "derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten" (ver art. 27, incisos 2° y 1°, respectivamente); implicando este último el derecho de acceso a la información que se consagra en el art. 19 (9) .
Tales principios, junto a los del art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y art. 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y similares, se hallan insitos en las normas de los convenios internacionales citados, reclamos y declaraciones (10) , dejando y quedando en claro que la protección al derecho de autor está subordinada al interés superior que impone la necesidad social de la más amplia difusión de la ciencia, la técnica, la educación y la cultura en general, y que se "está muy lejos de otorgar a los creadores, autores e inventores derechos monopolísticos de propiedad plenos y sin restricciones", ya que debe ser analizado "en su doble acepción", teniéndose "en cuenta la relación indisoluble con el derecho de la sociedad al acceso a estos resultados (11) ". Es que el conocimiento "constituye una de las herramientas clave para la defensa de la humanidad en la época contemporánea y una de las vías fundamentales para enfrentar problemas como la crisis ambiental y el incremento de la pobreza", a pesar de lo cual "las características del sistema socioeconómico predominante vienen provocando su conversión en una mercancía más cuya producción se orienta por las demandas del mercado y no por las necesidades sociales. ... que sientan las bases para el resurgimiento de nuevas formas de fascismo a escala global", como se dijo en la declaración final de la mesa que debatió el tema: "En Defensa del conocimiento y de la cultura para todos", en el encuentro de intelectuales: "En Defensa de la Humanidad", celebrado en Caracas en diciembre del 2004 (12) .
Por lo expuesto, en la regulación legal de derechos contrapuestos se impone no prescindir en el análisis de una doble perspectiva, armonizando los intereses en juego de acuerdo al desarrollo y circunstancias de cada país si se aprecia fomentar la innovación y la creatividad en la economía de la información, máxime en los países en vía de desarrollo y menos adelantados, como Argentina, que luchan por cubrir las necesidades más básicas de sus ciudadanos, no pudiéndose imponer "las mismas políticas" y el mismo "nivel de protección de la propiedad intelectual" que los países desarrollados, toda vez que semejante pretensión conduciría "a resultados injustos y agobiantes" (13) . Es que todo sistema equilibrado de protección de la propiedad intelectual presupone estar al servicio de todos los sectores de la sociedad (autores y usuarios (14) ), priorizando el avance de la cultura frente a los intereses particulares y mercantiles que tanto mutilan a ésta cuanto al propio derecho de autor, al alejarlo cada vez más de una efectiva protección (15) . Y a tales, fines todos los países signatarios de los tratados internacionales sobre derecho de autor tienen por ellos permitido (16) echar mano del único instrumento que posen para establecer en sus legislaciones y que "son las excepciones y limitaciones a los derechos, esto es, aquellos casos en que las obras pueden ser utilizadas sin permiso del propietario, ya sea de forma gratuita o con algún sistema de pago, remuneración o subsidio (17) ".
Su tratamiento por el derecho internacional
Los tratados internacionales que se ocupan de las excepciones a los derechos de autor, son: (i) el Convenio de Berna (revisión de París de 1971; arts. 9.1. y 9.2), (ii) el Acuerdo sobre los ADPIC (Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, siendo sus siglas en inglés TRIP's;), resultado de la última Ronda del GATT (Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio), Uruguay 1986/93, que concluyó, junto con otros Acuerdos y la constitución de la Organización Mundial de Comercio (OMC) con la firma del Acta Final el 15 de abril de 1994 por los 122 países representados en la Conferencia Ministerial celebrada en Marrakech (18) y (iii) el Tratado de la OMPI sobre derecho de autor en el entorno digital, producto de la Conferencia Diplomática reunida en Ginebra en 1996 (art. 10.1.).
El último Tratado, además de reiterar la regla antes mencionada, señala en su preámbulo "la necesidad de mantener un equilibrio entre los derechos de los autores y los intereses del público en general, en particular en la educación, la investigación y el acceso a la información" y en su art. 10 resuelve el debate que concluye admitiendo la creación de nuevas excepciones y limitaciones al derecho de autor adaptadas a la nueva realidad tecnológica, al establecer que los Estados pueden "aplicar y ampliar debidamente las limitaciones y excepciones al entorno digital" en sus leyes y "establecer nuevas excepciones y limitaciones que resulten adecuadas al entorno de red digital".
Su tratamiento por el derecho interno argentino
La Ley de Propiedad Intelectual Nº 11.723 y sus modificatorias, coloca diversos derechos en cabeza de los autores de obras científicas, literarias y artísticas, como ser: el derecho a la reproducción de las mismas "en cualquier forma" y a distribuir copias u otorgar permiso para hacerlo (conf. art. 2°); luego establece algunas excepciones al uso y a los derechos exclusivos en sus arts. 6, 10, 27, 28, 31 y 32, incluido el derecho a la copia de salvaguardia de los programas de computación (art. 9°, Párr. 2° y 3°) y, los derechos a la reproducción y distribución de las obras a favor de ciegos y otras personas con dificultades perceptivas (art. 36, LPI) (20) , pero no establece -conforme facultan los convenios internacionales- ninguna otra excepción a este derecho, ni en el entorno impreso, ni en el digital (21) . En tal sentido, se destaca que aún no se ha reglamentado el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) de 1996 (ratificado por la Ley Nº 25.140), el cual constituye el punto de partida para la reformas a las leyes nacionales de derecho de autor.
Ahora, fuera de estas omisiones, se reprime penalmente a quienes defrauden el derecho de autor (arts. 71 a 74), de representación y ejecución de las obras intelectuales (art. 73), y de reproducción de las mismas (art. 72, inc. a), existe en nuestro derecho interno otra ley que sanciona a "quienes reproduzcan en forma facsimilar un libro o partes de él, sin autorización de su autor y editor" (art. 29, Ley Nº 25.446 (23) ), donde tampoco se contempla ninguna otra excepción a los mentados derechos, ya sea en el entorno impreso o digital.
Así, el derecho de reproducción queda consagrado en nuestro ordenamiento jurídico como cuasi-absoluto y, por tanto, inconstitucional, al reconocer la ley a los autores un monopolio económico preválete y supremo, configurativo de un "derecho de exclusión", con la consecuencia de poder hacer valer desde su "posición dominante" tanto el "ius prohibendi" como el "ius excludendi" (26) ; cercenando a los ciudadanos su libertad a estudiar e investigar, y el acceso a la cultura y a la información; y a las bibliotecas y demás instituciones de carácter cultural, el cumplir con su objetivo de facilitarlos, difundirlos y programarlos; toda vez que la Ley 11.723 no consagra excepciones a su favor en cuanto a la reproducción, como tampoco a la representación, ejecución y recitación de las obras. Y, es de destacar que en los casos de las bibliotecas públicas y populares -piezas claves de la infraestructura cultural de la comunidad (27) - se encuentra reforzada su misión de proveer oportunidades para el desarrollo creativo personal y el acceso a expresiones culturales de todas las artes; promover la vigilancia de la herencia cultural, la mejora científica y la innovación; y, apoyar y participar en actividades literarias y programas para todas las edades (28) .
Desgraciadamente, como sostiene Fernández- Molina (ob, cit. p. 129), ni los propietarios de los derechos, ni los legisladores de la mayoría de los países parecen estar conscientes de la misión de las bibliotecas y del rol docente y responsable que cumplen en la utilización legal y apropiada del material bibliográfico para la educación, la investigación y el trabajo, que al imponérseles excesivas y absurdas restricciones se las ve más como una amenaza para el derecho de autor que como sus mejores aliadas. "Si resulta muy dudosa -como agrega el citado autor- la conveniencia de una excesiva protección de los derechos de autor en los países desarrollados, es evidente su inadecuación para los países en desarrollo, dado que son importadores de productos con derechos de autor, no exportadores. Además, no cuentan con infraestructuras científicas y tecnológicas suficientemente sofisticadas como para sacar partido de la protección" (29) .
Por lo expuesto, las leyes 11.723 y 25.446 no pueden más que merecer en los aspectos reprochados su descalificación como tales, especialmente esta última, en cuanto hace al derecho de reproducción, que ante la falta de un adecuado régimen de excepciones en la primera, ha sido reputada por la doctrina como "un grave desacierto ... ya que resulta difícil concebir que hubiera estado en la mira de nuestros señores legisladores transformar a estudiantes, científicos e investigadores en delincuentes por fotocopiar material, para proteger en forma tan tajante los intereses de los editores" (30) .
Las normas legales, en un sistema democrático, deben ser "la expresión del sentido mayoritario de la justicia, de los valores morales imperantes en una sociedad y en un determinado momento" (31) ; siendo función del derecho -como señala Lillian Álvarez Navarrete (ob. cit., p. 181 y ss)- "normar la vida de la sociedad", regulando "las relaciones entre los seres humanos, interpretando y asumiendo la defensa de las necesidades sociales", puesto que el derecho no es ni más ni menos que "un instrumento de organización social a través del cual los seres humanos -entiéndase la clase o grupos en el poder- alientan y promueven determinadas conductas o desalientan otras". Es que las sociedades elevan a "norma de conducta" aquellos paradigmas que responden a los valores que reconocen como "positivos", como "metas a alcanzar"; cabe entonces preguntarse, como lo hace la citada autora, ¿En virtud de qué valores jurídicos pueden permanecer vigentes normas de derecho de autor cuyo resultado visible no es favorable a la creación ni incluso a la garantía de los derechos humanos más elementales?, ¿pueden considerarse inalienables los derechos que otorga aún cuando su ejercicio obstaculice el desarrollo colectivo y por ende el individual de los ciudadanos, y afecte el ejercicio de derechos humanos tales como el derecho a la educación, a la salud y el propio derecho a la vida?" ... "En un mundo al borde del colapso ambiental, donde reina la injusticia, un mundo sumido en la más profunda crisis ética motivada por el consumo desenfrenado, el individualismo, la competencia, y la lucha de unos seres humanos contra otros en pos de la propiedad, hay que fomentar legislativamente la solidaridad y la cooperación, no sancionarla".
Es que desatender el necesario equilibrio de los intereses en juego y romper con la igualdad de condiciones en el acceso con equidad a la información y el conocimiento, conspira contra la cultura y el desarrollo, margina a la población sin posición económica y atenta contra los propios intereses autorales que se pretenden defender (hoy desplazados y en cabeza de los empresarios que ostentan el monopolio de la explotación de la actividad autoral, nuevos titulares del derecho de autor - llamados los "titulares derivados" por contraposición a los "titulares originarios"- merced al pago de sumas ridículas y al sometimiento de sus auténticos creadores a contratos injustos en los que el mercado tiene siempre la última palabra), en detrimento y en conspiración contra los derechos de acceso de la sociedad; ignorándose -como bien dicen Finkelberg y Stempler (ob. cit., p. 1305) - que "desde antaño la búsqueda del equilibrio se ha venido dando a través de las limitaciones al ejercicio del derecho exclusivo del autor mediante las llamadas licencias (libres y gratuitas y no voluntarias: obligatorias y legales) que posibilitan la utilización de la obra o parte de ella sin previa autorización y, en algunos casos, sin pago de retribución alguna".
En otros términos, urge poner remedio a la indebida inclusión de los derechos de autor dentro de los acuerdos comerciales que convirtieron a los productos y servicios culturales en una mercadería sujeta al "libre comercio" entre los países de desigual desarrollo -Acuerdo ADPIC, Tratados comerciales como CAFTA (Tratado de Libre Comercio para Centroamérica), el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) y otros acuerdos multilaterales y bilaterales- y garantizaron a las transnacionales la protección de sus inversiones y el dominio de los mercados a costa de reforzar la desigualdad, la ruina de las economías y la puesta en peligro de las culturas nacionales. La vida espiritual de la sociedad no debe definirse sobre la base de criterios de rentabilidad, éticamente inadmisibles cuando se trata de la salud y los derechos más elementales del ser humano.
Como antecedente nacional de un régimen de excepciones, aunque limitada a la reproducción reprográfica por ser anterior al estallido tecnológico, la Argentina cuenta con la propuesta de reforma a la LPI registrada en el Anteproyecto de Ley de Derecho de Autor, elaborado por la Comisión Reformadora, nombrada por resolución del Ministerio de Justicia 82/74, cuyas normas agrupadas bajo el título "Reproducción Fotográfica de Obras Protegidas", establecían: (art. 108) "lícita la reproducción fotográfica o por medios análogos a la fotografía de las obras protegidas para uso privado y fines estrictamente personales"; (art. 109) permitiendo proporcionar a los interesados por las "bibliotecas que no persigan fines de lucro para uso privado y fines estrictamente personales", "sin pagos de derechos de autor", "una sola reproducción de un artículo de revista y otra publicación periódica o de fragmentos de obras, en la extensión que justifiquen expresados por el peticionante, de lo que se dejará constancia"; (art. 111) permitido por las mentadas bibliotecas "realizar ... reproducciones microfilmadas de revistas o publicaciones periódicas ... para conservación de sus colecciones ... en un número de copias ... no ... superior al de los ejemplares de la obra registrada en los catálogos"; y, (art. 112) permitido por "las bibliotecas públicas ... reproducir para el fondo bibliográfico de otras bibliotecas ... públicas una copia de las obras agotadas, depositadas en sus archivos" y otra "por la biblioteca que las reciba en caso de ser necesaria su conservación" (33) .
Por otro lado, la Argentina ha reafirmado en los foros internacionales la necesidad de que el sistema de propiedad intelectual sea balanceado, de modo de equilibrar los intereses de los distintos actores y sectores involucrados, concibiendo a la Propiedad Intelectual como un medio y siendo su fin la creatividad, el desarrollo y la diseminación tecnológica. En tal sentido, nuestro país, junto a Brasil, a la par de haber presentado un proyecto de Tratado de Acceso al Conocimiento (A2K, 2005), lidera el denominado "Grupo de Amigos para el Desarrollo" y ambas naciones con la participación de otros 12 países más (Venezuela, Cuba, Perú, Bolivia, Ecuador, Sudáfrica, Egipto, Irán, Kenia, República Dominicana, Sierra Leona y Tanzania) propusieron en el año 2004 incluir en la agenda de los debates de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre productos y servicios protegidos por la propiedad intelectual, elementos del desarrollo y el acceso al conocimiento, entendiéndose a este último en su forma más amplia y abarcativa de cuestiones vinculadas al acceso a los libros, a la educación, las artes, la cultura, la salud, las tecnologías y los conocimientos en general. Por su parte, los países dominantes, exportadores de productos con derecho de autor, dilataron burocráticamente el tratamiento del proyecto hasta su final aprobación en octubre de 2007; pero en el entretanto dichos países lograron avanzar en la firma -de modo poco democrática- de nuevos tratados bilaterales y regionales, con los países pobres, que incluyen protecciones mayores a las exigidas por la Organización Mundial de Comercio (OMC) y diseccionadas a favor de los intereses de su industria.
Su tratamiento por el derecho comparado
Las funciones ínsitas a las bibliotecas en relación a obras con derecho de autor, tales como la consulta física o a distancia a través de la red (interna o no), el préstamo de ejemplares, la copia o transmisión por servicios interbibliotecarios, las copias con fines de sustitución o conservación, la comunicación y difusión pública de las obras por medio de la recitación, la representación y la ejecución, etc., se ven en las legislaciones de la mayoría de los países de América Latina impedidas por carecer de un específico régimen de excepciones y limitaciones al derecho de autor; y, ello contrariamente a lo que ocurre en los países anglosajones y europeos, que cuentan -aunque disímilmente- con excepciones, debido a "diferentes razones que las justifican", como recuerda Fernández-Molina (Derecho de autor y bibliotecas digitales: ... cit., p.124/125), destacándose -entre otras- el "interés público" (esto es, en concreto, la promoción de la educación, la cultura y la investigación). Dicho interés público es lo que constituye la base de los denominados "privilegios de las bibliotecas e instituciones similares (museos, archivos, hemerotecas, etc.)" que "llevan a cabo funciones de preservación y difusión de la información que benefician a la sociedad en su conjunto y promueven el bien común", aunque la dimensión del mismo "varía" y presenta "diferencias notables entre unos países y otros", caracterizándose los anglosajones por regularlo "en forma amplia y detallada, en tanto que las legislaciones de países con tradición jurídica latino-continental están menos definidos y habitualmente de forma poco generosa".
i) En el estudio encomendado por la OMPI al Director de la Oficina Asesora de Derecho de Autor de la Universidad de Columbia, Dr. Kenneth Crews, en relación a "Excepciones en beneficio de las bibliotecas en las leyes nacionales de derecho de autor", publicado por el citado organismo el 26 de agosto de 2008 (34) , se concluyó que de los 149 países miembros de la OMPI -que tiene un total de 184 miembros (35) - 128 contaban en sus legislaciones con, al menos, una excepción en favor de las bibliotecas, mientras que en los 21 restantes, dentro de los cuales figura Argentina, no se registra ninguna excepción (36) (p. 7/8, 14 y 74 y notas 1 y 64).
Al decir de este especialista internacional, "estas estadísticas elementales demuestran el establecimiento generalizado de excepciones a favor de las bibliotecas lo que sugiere que desempeñan una importante función en la legislación y favorecen los servicios bibliotecarios". Puntualiza, asimismo, que "el hecho de que las disposiciones se centren generalmente en actividades como investigación y preservación también significa que la legislación sobre derecho de autor cumple un importante papel a la hora de facilitar el acceso constante de los ciudadanos a la rica variedad de material que contienen las bibliotecas" (p. 7, 2º párrafo). Agrega, que "otro indicador de importancia de esa normativa es el esfuerzo constante de los legisladores por promulgar o revisar esas disposiciones", destacando que "en los meses durante los cuales realizó el estudio, se promulgaron nuevas disposiciones relativas a las bibliotecas en la Federación de Rusia, Israel y Nueva Zelandia". Y a este se suma "la publicación en marzo de 2008, tras tres años de estudio, de una propuesta de reforma de las excepciones en beneficio de las bibliotecas en los Estados Unidos de América..." (p. 14 y nota 4) y cabe agregar a Chile con su reforma legislativa, en igual sentido, realizada en abril de 2010.
Señala que "el ámbito de aplicación de las excepciones generalmente se centra en la reproducción de obras protegidas por derecho de autor" y éste "suele tener mayor importancia, dado que las bibliotecas efectúan copias a efectos de preservación, investigación o cualquier otro fin. Cuando las bibliotecas entregan copias a los usuarios a efectos de estudio o investigación, esta acción entraña también el derecho de distribución. Cuando las bibliotecas permiten a los usuarios ver una obra audiovisual o imágenes que están almacenadas en un servidor de red, el servicio plantea preguntas acerca de "exponer" o "ejecutar" o "poner a disposición" (p. 29, penúltimo párrafo).
En cuanto a "¿Qué bibliotecas tienen derecho a aplicar las disposiciones legales? ¿Qué obras pueden utilizarse? ¿Permiten las disposiciones legales las copias en soportes digitales? Las respuestas a estas preguntas pueden decirnos mucho acerca de la visión que tienen los legisladores de las bibliotecas, los servicios que prestan, y la importancia de utilizar nuevas tecnologías. Por otra parte, tanto las bibliotecas como las obras protegidas por derecho de autor y las tecnologías cambian rápidamente. La disposición legal de un país puede establecer normas respecto de esas cuestiones y problemas, pero puede ocurrir que la legislación haya sido promulgada muchos años antes. Las normas que se estipulan en la ley pueden ser un reflejo de decisiones legislativas tomadas tiempo atrás, creando una tensión entre la letra de la ley y las necesidades y las situaciones reales con la que se enfrentan las bibliotecas hoy" ( p. 30).
Continúa diciendo el informe de Crews, que "las legislaciones de los distintos países del mundo presentan en conjunto una enorme variedad en el alcance y la aplicabilidad de una excepción. Muchos países están actuando independientemente para dar respuesta a los cambios en los sectores bibliotecario, editorial y tecnológico. Se promulgan nuevas excepciones y se reconsideran los detalles de la legislación ya existente para tener en cuenta nuevas necesidades y circunstancias." Y pone como ejemplo a Nueva Zelandia que modificó su legislación en 2008 "para adecuarla a los avances de las tecnologías digitales", agregando que "la diversidad entre las excepciones en favor de las bibliotecas puede obedecer a factores, como el hecho de que el órgano legislador haya tomado conciencia de un problema, o simplemente que haya podido alcanzar un acuerdo respecto de la necesidad de introducir una disposición y de cuáles han de ser sus términos exactos" (p. 75).
A mayor abundamiento, señala que los estudios del caso indican que las disposiciones en raras ocasiones son "suficientemente claras para orientar a las bibliotecas y éstas tengan pocas dudas o experimenten pocas complicaciones" y "parece más probable que las disposiciones no reflejen las necesidades reales de las bibliotecas" (p. 76). Por eso, concluye que "para que las bibliotecas puedan llevar a cabo ... sus cometidos más fundamentales es preciso que la legislación prevea excepciones que permitan la distribución de las obras mediante préstamo ... la reproducción limitada para fines de preservación o sustitución, o la reproducción y distribución para fines de estudio o investigación del usuario" (p. 77) con la inteligencia de evitar que los rápidos cambios en la tecnología y las comunicaciones aborten la idoneidad y viabilidad de las excepciones.
En otros términos, señala que "...las excepciones en beneficio de las bibliotecas son muy reveladoras de las relaciones entre la legislación de derecho de autor y los servicios bibliotecarios... ", aparte de indicarnos que "son reflejo de los objetivos culturales, históricos y económicos... " y " ... a veces contradictorios unos con otros (p. 8) (37) . Así pues, ... suelen ser un compromiso entre intereses contrapuestos, que por regla general, permiten a las bibliotecas ciertos usos a las obras protegidas por derecho de autor, al mismo tiempo que establecen límites y condiciones para proteger los intereses de los titulares de derecho de autor, de los editores y de los derechohabientes" (p. 8); agregando, que "la industria editorial puede tener gran influencia en un país en el que el interés económico sea muy importante, lo que dará lugar a excepciones al derecho de autor más restrictivas. En otros países los bibliotecarios pueden estar bien organizados y tener una influencia política mayor, lo que puede dar lugar a excepciones más generosas que satisfagan las necesidades de las bibliotecas (p. 28, ult. Párrafo).
Como conclusión, Crews expresa que "su estudio debería promover... debates acerca de la viabilidad y el futuro de las excepciones en beneficio de las bibliotecas", las cuales "se debaten actualmente con problemas que trascienden generalmente la legislación actual, como es el caso de la digitalización en gran escala de colecciones, y el acopio automatizado y la recopilación de material publicado en Internet. La índole de las excepciones en beneficio de las bibliotecas pueden ofrecer buenas indicaciones de los problemas y las dificultades que aún quedan por delante a la hora en que los legisladores comienzan a examinar nuevamente los problemas cada vez mayores relacionados con el derecho de autor que afectan a las bibliotecas" (p. 8).
Agrega, que "los estudios de casos... ponen en evidencia que las bibliotecas han dedicado muchos esfuerzos a la hora de entender y de aplicar la normativa. Algunas... han trabajado a solas para interpretar y aplicar la ley. Otras ... se ocupan de lograr soluciones por medio de sus sociedades profesionales con objeto de que estén respaldadas por muchas bibliotecas y quizá por editores, autores u otras partes interesadas" y aclarando "que mientras ... algunas bibliotecas han participado en el proceso legislativo, otras han tenido que enfrentarse con la interpretación de demandas judiciales. De conformidad con otros ejemplos, a pesar de haber enfrentado los problemas de la ley, las bibliotecas no han logrado la solución deseada, viéndose obligadas a restringir o suprimir varios servicios", sin "que nadie salga beneficiado", ni el público pierde servicios, ni los titulares del derecho de autor que pierden la oportunidad de concertar acuerdos (p. 19). A mayor abundamiento, expresa más adelante que "probablemente todas las leyes abarcadas por este estudio contienen algún elemento de riesgo para las bibliotecas. Cuando menos, casi cualquier palabra de la ley puede ser objeto de controversia y generar incertidumbre. Las cláusulas y requisitos de las disposiciones suelen dejar abiertas cuestiones importantes en lo que respecta a si la biblioteca reúne los requisitos para hacer uso de la excepción, o si la disposición abarca la copia de obra o las actividades que lleva a cabo la biblioteca. Muchas bibliotecas no disponen de un asesoramiento jurídico que cubra todas sus necesidades. Son los bibliotecarios quienes han de decidir cuál es el significado o el alcance de las disposiciones. Concientes de la difícil situación jurídica en que se encuentran muchas bibliotecas, los legisladores de muchos países han protegido a las bibliotecas limitando los riesgos jurídicos que afrontan en caso de infracción del derecho de autor" (p. 70).
Al historiar sobre las excepciones en beneficio de las bibliotecas, recuerda, Crews en su estudio, que la primera excepción nace en la legislación Británica en 1956 y explica que "a medida que la legislación de derecho de autor fue adquiriendo carácter internacional" las mismas "se fueron generalizando en muchas partes del mundo a lo largo de los últimos decenios". Y agrega, que el aumento de la necesidad de excepciones para permitir a las bibliotecas efectuar copias de obras a efectos de investigación, preservación y otros fines viene de la mano del aumento de las bibliotecas, la expansión de la tecnología informática y la proliferación de servicios bibliotecarios. Es por ello que concluye diciendo, que "por estas razones, las disposiciones aplicables a las bibliotecas han pasado a ser relativamente comunes en la legislación sobre derechos de autor, así como diversas y complejas a medida que los países han debido hacer frente a las dificultades del contexto de los servicios bibliotecarios así como a las expectativas cambiantes de los titulares de derecho de autor y de los editores", dando lugar a "una enorme variedad de normativas ... en todos los aspectos, desde el tipo de biblioteca a las que son aplicables hasta las actividades bibliotecarias incluidas".
Puntualiza, por otra parte, que "la legislación sobre derecho de autor ha introducido un nuevo concepto: la prohibición de eludir las medidas tecnológicas de protección" (MTP) y el establecimiento por parte de muchos países de excepciones a esta prohibición en beneficio de las bibliotecas, merced a sus reclamos.
Concluye, finalmente, sosteniendo que "el aumento y variedad de las disposiciones de derecho de autor destinadas a las bibliotecas no hacen más que reafirmar el interés de aportar una nueva comprensión de este tema" (p. 14 y 15), no sin antes recordar que "la mayoría de las leyes ... autorizan a las bibliotecas a hacer determinados usos de las obras protegidas por derecho de autor sin compensar a los autores o a los titulares del derecho de autor, citando en tal sentido a la Directiva de la Comisión Europea, la cual no exige que la excepción esté sujeta a compensación" (p. 41 y nota 33).
ii) El nuevo Tratado de la OMPI de 1996 ha constituido, como señala Fernández-Molina, "el punto de partida para la reforma de las leyes nacionales de derecho de autor" y es, concretamente, el tratado que no sólo habilita para la adaptación de las excepciones y limitaciones a las nuevas circunstancias del entorno digital (algo totalmente lógico si se tiene en cuenta que las razones en que se basan son igualmente válidas para un entorno impreso o digital) sino también para la creación y ampliación de nuevas excepciones y limitaciones requeridas, fundamentalmente, por los cambios tecnológicos, imprescindibles para las bibliotecas actuales si se quiere evitar colocarlas en graves dificultades para seguir desempañando sus funciones de forma satisfactoria, toda vez que las obras en formato digital son cada día más numerosas en sus colecciones.
Merced a este tratado y en concordancia con él se dictó la Directiva de la Unión Europea (2001) para armonizar las leyes nacionales sobre derecho de autor en el entorno digital, permitiendo su artículo 5.2.c) a los países de la Comunidad realizar "actos específicos de reproducción efectuados por bibliotecas accesibles al público" y sin exigirse remuneración compensatoria alguna para los titulares de los derechos, "siempre que no tengan intención de obtener beneficio económico o comercial directo o indirecto alguno" y en tal sentido se ha hecho eco Francia en su legislación (2006). Finalmente, se autoriza en el artículo 5.3.n) realizar a las bibliotecas accesibles al público y sin exigirse para los titulares de los derechos remuneración compensatoria alguna, actos de comunicación pública, o sea transmisión digital a través de las redes internas o externas a personas concretas del público o la puesta a su disposición de las obras de su colección para fines de investigación o estudio personal.
Comenta Kenneth Crews, en el estudio referido en el punto i), que "los redactores de la Ley Tipo optaron por elaborar una disposición general, en lugar de detallar las condiciones para la copia de obras específicas a los efectos de investigación u otras finalidades estipuladas". Y, "que de conformidad con el comentario que acompaña a la Ley Tipo, la excepción en beneficio de las bibliotecas se ajustará al texto de la prueba del criterio triple del Convenio de Berna. Dos de los criterios se reiteran explícitamente en esa Ley Tipo. El primer criterio -que la reproducción se efectúe para casos especiales- se cumple, de conformidad con el comentario, al establecer que las excepciones sólo sean aplicables a las bibliotecas y las organizaciones afines, y al limitar la copia a las necesidades de la institución" (p. 28).