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Timestamp: 2019-11-14 19:56:22
Document Index: 279920607

Matched Legal Cases: ['Artículo 3', 'Artículo 12', 'Artículo 17', 'artículo 267', 'artículo 3', 'artículo 915', 'artículo 915', 'artículo 12', 'artículo 483', 'artículo 400', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 17', 'artículo 6', 'artículo 8', 'artículo 12', 'artículo 3', 'artículo 12', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 12', 'artículo 3', 'artículo 8', 'artículo 12', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 2']

«Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Reglamento (CE) n.o 2201/2003 — Competencia para conocer de una demanda de divorcio — Competencia en materia de responsabilidad parental y de la obligación de alimentos respecto del hijo menor de edad de la pareja — Presentación de la demanda ante un tribunal del Estado de la nacionalidad de las partes — Artículo 3, apartado 1, letra b) — Residencia del menor y de los padres en otro Estado miembro — Artículo 12, apartado 1, letra b) — Prórroga de la competencia — Artículo 17 — Comprobación de la competencia — Concepto de “responsabilidad parental”»
En el asunto C‑759/18,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la Judecătoria Rădăuţi (Tribunal de Primera Instancia de Rădăuţi, Rumanía), mediante resolución de 19 de noviembre de 2018, recibida en el Tribunal de Justicia el 3 de diciembre de 2018, en el procedimiento entre
b) de la nacionalidad de ambos cónyuges o, en el caso del Reino Unido y de Irlanda, del “domicile” común.»
«1) ¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado l, del Reglamento n.o 2201/2003 en el sentido de que el hecho de que la parte demandada no haya propuesto una excepción por falta de competencia internacional de los tribunales rumanos para conocer de un asunto que tiene por objeto un “divorcio que afecta a un menor” equivale a la aceptación tácita por dicha parte de que sea el tribunal al que el demandante ha sometido el asunto el que conozca de este, en un supuesto en el que las partes tienen su residencia habitual en otro Estado miembro (Italia en el caso de autos) y la demanda de divorcio ha sido presentada ante un tribunal del Estado de la nacionalidad de las partes?
2) ¿Deben interpretarse los artículos 3, apartado 1, y 17 del Reglamento n.o 2201/2003 en el sentido de que el tribunal debe o puede abstenerse de oficio de conocer por falta de competencia internacional de los tribunales rumanos para conocer de un asunto que tiene por objeto un “divorcio que afecta a un menor”, a falta de acuerdo entre las partes —que residen en otro Estado miembro (Italia en el caso de autos)— sobre la elección del tribunal competente (con la consiguiente declaración de inadmisibilidad de la demanda por falta de competencia de los tribunales rumanos), con carácter prioritario sobre lo dispuesto en el artículo 915, apartado 2, del Código de Enjuiciamiento Civil, que permite suscitar la cuestión de la falta de competencia territorial exclusiva de la Judecătoria Rădăuţi (Tribunal de Primera Instancia de Rădăuţi) [con la consiguiente declinación, en favor de la Judecătoria Sectorului 5 București (Tribunal de Primera Instancia del Sector 5 de Bucarest, Rumanía), de la competencia para conocer del asunto y para resolverlo en cuanto al fondo], habida cuenta de que tales artículos son menos favorables que la normativa nacional (artículo 915, apartado 2, del Código de Enjuiciamiento Civil)?
3) ¿Debe interpretarse la expresión “cuando la competencia de dichos órganos jurisdiccionales haya sido aceptada […] de cualquier otra forma inequívoca por los cónyuges o por los titulares de la responsabilidad parental en el momento de someter el asunto ante el órgano jurisdiccional”, contenida en el artículo 12, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 2201/2003, en el sentido de que en caso de que las partes, que tienen su residencia habitual en un Estado miembro (en el caso de autos Italia) hayan elegido como tribunal competente para conocer de una demanda de divorcio un tribunal del Estado del que son nacionales [la Judecătoria Rădăuţi (Tribunal de Primera Instancia de Rădăuţi)], este adquiere automáticamente la competencia para pronunciarse también sobre las pretensiones que tienen por objeto “el ejercicio de la autoridad parental, la residencia del menor y la determinación de la contribución de los padres a los gastos de manutención y educación del menor”?
4) ¿Debe interpretarse el concepto de “responsabilidad parental” incluido en los artículos 2, punto 7, y 12 del Reglamento n.o 2201/2003 en el sentido de que también comprende los conceptos de “patria potestad” —establecido en el artículo 483 del Codul civil (Código Civil)—, “residencia del menor”—al que se hace referencia en el artículo 400 del Código Civil— y “contribución de los padres a los gastos de manutención y educación del menor», en el sentido del 402 del Código Civil?»
27 En cambio, el referido artículo 3, apartado 1, enumera, en las letras a) y b), varios criterios para determinar la competencia, entre los cuales no establece ninguna jerarquía, de modo que todos los criterios enunciados en esta disposición son alternativos (sentencia de 16 de julio de 2009, Hadadi, C‑168/08, EU:C:2009:474, apartado 48).
28 El Tribunal de Justicia ha declarado igualmente que el sistema de reparto de competencias instaurado por el Reglamento n.o 2201/2003 en materia de disolución del vínculo matrimonial no pretende excluir las competencias múltiples. Al contrario, se ha previsto expresamente la coexistencia de varios tribunales competentes, sin que entre ellos se haya establecido una jerarquía (sentencia de 16 de julio de 2009, Hadadi, C‑168/08, EU:C:2009:474, apartado 49).
29 De ello se sigue que un tribunal del Estado miembro de la nacionalidad común de las partes —en el caso de autos, un tribunal rumano— es competente, en virtud del artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 2201/2003, para pronunciarse sobre la demanda de divorcio presentada por el demandante.
32 A este respecto, procede recordar que para garantizar la aplicación efectiva del Reglamento n.o 2201/2003 y conforme al principio de la confianza mutua en el que se basa, corresponde a cada órgano jurisdiccional, con arreglo al artículo 17 de este Reglamento, verificar su competencia (sentencia de 16 de enero de 2019, Liberato, C‑386/17, EU:C:2019:24, apartado 44 y jurisprudencia citada).
34 Procede subrayar igualmente que, habida cuenta del objetivo del citado Reglamento, que es garantizar la seguridad jurídica, su artículo 6 prevé, en lo sustancial, que las competencias definidas en los artículos 3 y 5 del mismo Reglamento tienen carácter exclusivo (sentencia de 16 de julio de 2009, Hadadi, C‑168/08, EU:C:2009:474, apartado 48).
39 Procede recordar que, para responder al interés superior del menor y privilegiar el criterio de proximidad, el artículo 8 del Reglamento n.o 2201/2003 establece una competencia general en materia de responsabilidad parental en favor de los tribunales del Estado miembro en el que el menor tenga su residencia habitual (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de febrero de 2017, W y V, C‑499/15, EU:C:2017:118, apartados 51 y 52).
40 Según se desprende claramente de la redacción del artículo 12, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 2201/2003, este precepto contempla la posibilidad de una prórroga de la competencia en materia de responsabilidad parental en favor de los tribunales del Estado miembro en que se ejerza la competencia en virtud del artículo 3 de ese mismo Reglamento en una demanda de disolución del vínculo matrimonial (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de noviembre de 2014, L, C‑656/13, EU:C:2014:2364, apartado 42). Así, los tribunales competentes en virtud de dicho artículo 12, apartado 1, también son competentes para resolver en materia de obligaciones de alimentos, en virtud del artículo 3, letra d), del Reglamento n.o 4/2009, cuando la demanda relativa a la obligación de alimentos sea accesoria de la acción en materia de responsabilidad parental (sentencia de 15 de febrero de 2017, W y V, C‑499/15, EU:C:2017:118, apartado 48).
43 Por consiguiente, en tales circunstancias no puede considerarse que el tribunal competente para pronunciarse sobre la demanda de divorcio en virtud del artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 2201/2003 sea competente —ni, a fortiori, que lo sea automáticamente—, en virtud del artículo 12 del mismo Reglamento, para pronunciarse sobre cuestiones relativas a la responsabilidad parental y a la obligación de alimentos en favor del menor afectado.
44 Esta interpretación viene corroborada por el auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 16 de enero de 2018, PM (C‑604/17, no publicado, EU:C:2018:10), apartado 29, en el que se declaró que de los propios términos del Reglamento n.o 2201/2003 resulta que un tribunal de un Estado miembro competente para conocer, en virtud del artículo 3, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento, de una demanda de divorcio entre dos cónyuges que tienen la nacionalidad de dicho Estado miembro no lo es, en cambio, para pronunciarse sobre los derechos de custodia y de visita respecto de un hijo de ambos cónyuges si este reside habitualmente en otro Estado miembro, en el sentido del artículo 8, apartado 1, de dicho Reglamento, en el momento en que se presenta la demanda ante aquel tribunal y no se cumplen las condiciones requeridas para conferirle tal competencia en virtud del artículo 12 del citado Reglamento, teniendo en cuenta, además, que de las circunstancias del asunto principal tampoco se infiere que tal competencia pudiera fundarse en otros artículos del mismo Reglamento.
46 Mediante su cuarta cuestión prejudicial, el tribunal remitente pide sustancialmente que se dilucide si el concepto de «responsabilidad parental», a efectos del Reglamento n.o 2201/2003, debe interpretarse en el sentido de que abarca los conceptos de «patria potestad», «residencia del menor» y «contribución de los padres a los gastos de manutención y educación del menor», previstos en el Derecho nacional de que se trata.
49 El concepto de «responsabilidad parental» se define en el artículo 2, punto 7, del Reglamento n.o 2201/2003 como los derechos y obligaciones conferidos a una persona física o jurídica en virtud de una resolución judicial, por ministerio de la ley o por un acuerdo con efectos jurídicos, en relación con la persona o los bienes de un menor, en particular, los derechos de custodia y visita.
50 El concepto de «derechos de custodia» se define en el artículo 2, punto 9, del Reglamento n.o 2201/2003 como los derechos y obligaciones relativos al cuidado de la persona de un menor y, en especial, el derecho a decidir sobre su lugar de residencia.
51 El Tribunal de Justicia ha declarado, por un lado, que el empleo de la expresión «en particular» en el artículo 1, apartado 2, del Reglamento n.o 2201/2003 implica que la enumeración contenida en dicha disposición reviste carácter indicativo y, por otro lado, que la responsabilidad parental, en el sentido del artículo 2, punto 7, del mismo Reglamento, ha sido objeto de una definición amplia (sentencia de 27 de noviembre de 2007, C, C‑435/06, EU:C:2007:714, apartados 30 y 49).
52 De ello se deduce que el concepto de «responsabilidad parental», en el sentido del artículo 2, punto 7, del Reglamento n.o 2201/2003, abarca, en particular, todas las decisiones relativas al derecho de custodia y a la residencia del menor.
54 Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede responder a la cuarta cuestión prejudicial que el concepto de «responsabilidad parental», a efectos del Reglamento n.o 2201/2003, debe interpretarse en el sentido de que abarca las decisiones relativas, en particular, al derecho de custodia y a la residencia del hijo menor de edad, pero no incluye la contribución de los padres a los gastos de manutención y educación del hijo, contribución que está comprendida en el concepto de «obligación de alimentos» y entra dentro del ámbito de aplicación del Reglamento n.o 4/2009.
4) El concepto de «responsabilidad parental», a efectos del Reglamento n.o 2201/2003, debe interpretarse en el sentido de que abarca las decisiones relativas, en particular, al derecho de custodia y a la residencia del hijo menor de edad, pero no incluye la contribución de los padres a los gastos de manutención y educación del hijo, contribución que está comprendida en el concepto de «obligación de alimentos» y entra dentro del ámbito de aplicación del Reglamento n.o 4/2009.