Source: http://bazica.org/recursos-de-objecin.html?page=8
Timestamp: 2019-10-19 13:29:12
Document Index: 110111477

Matched Legal Cases: ['artículo 182', 'artículo 183', 'artículo 64', 'artículo 7', 'artículo 106', 'artículo 12', 'artículo 106', 'artículo 219', 'artículo 172']

-Sobre que el pago se hace con fondos privados
III.- SOBRE LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADOS Y NOTARIOS EXTERNOS.
36-Sobre el cuestionamiento de las facultades de la proveeduría institucional
IV. POR CUANTO: SOBRE LA NOTIFICACIÓN.
, SE RESUELVE: 1) Declarar sin lugar
Gerente Asociado Fiscalizadora MCF, RCM, CCF, EBS, OCU, LFJV, AJP, MAQ NN
35-Sobre que el pago se hace con fondos privados: Alegan los objetantes MARÍA DEL ROSARIO MORERA ALFARO, RAFAEL ALBERTO GAMBOA ARGUEDAS, MIGUEL RODRÍGUEZ GÓMEZ Y ZETTY BOU VALVERDE, que el notario externo difiere de otros servicios contratados por la Administración en un aspecto fundamental, el cual es que los honorarios no son pagados con fondos públicos sino con fondos privados. Agrega, que aquí no se trata de repartir ganancias entre mayor número de profesionales, como el fin primordial de la contratación, sino asegurar que los mejores y más experimentados notarios, con trayectoria y experiencia en el servicio específico (formalización de créditos bancarios), garanticen a la Administración la realización de contratos que no adolezcan de defectos u omisiones, que pongan en riesgo las garantías o que atrasen su inscripción por otras causas, ya que solo así se resguardan los fondos públicos que maneja el banco. Por su parte la Administración licitante manifiesta que existen criterios de la propia Contraloría General en los que claramente se establece que el Banco sí se encuentra en la obligación de licitar este servicio, aunque el pago de los honorarios no sea con cargo a fondos públicos. Por último, olvida el objetante que como resultado del concurso de marras, se establecerá una relación contractual entre el Banco y el notario adjudicado; que será el Banco el que fiscalice el cumplimiento de sus obligaciones, calcule conforme al arancel el monto de sus honorarios, el que recibirá sus facturas por servicios y el que tramitará y procederá con su pago, y que tal costo definirá la competitividad de la Institución en el mercado, sin que en ningún momento y para efectos de pago, tenga relación con el cliente del crédito. No obstante, si ese Órgano Contralor considera que lleva razón el objetante al consignar que el pago lo hace directamente el cliente, en una relación ajena al Banco, de igual manera deberá resolver que la contratación de notarios externos no es materia de contratación administrativa, al no estar involucrada la erogación de fondos públicos. Criterio del Despacho: Esta Contraloría General de la República tiene muy claras sus competencias constitucionales y legales, particularmente en tratándose de contratación administrativa. Así las cosas, este órgano contralor en reiteradas ocasiones ha sido enfática en disponer que debe realizarse una licitación pública para contratar los servicios profesionales notariado, así por ejemplo, en respuesta al recurso de amparo, expediente No. 05-005097-0007-CO, este órgano contralor arribó a la conclusión de “...que en aras de que el Banco se ajustara al principio de legalidad, no debía seguir consintiendo que situaciones como las que se habían venido presentando se mantuvieran indebidamente en el tiempo, por lo que lo procedente era recurrir, como lo ordena la Constitución, a la realización de los respectivos procedimientos licitatorios para contratar el servicio de marras, sin que de ese procedimiento se pudieran ver excluidas las personas que han venido prestando sus servicios a ese Banco, manteniéndose en el ínterin el régimen mediante el cual se había venido trabajando”. Lo cual, dicho lineamiento, fue examinado y avalado por nuestra Sala Constitucional, cuando se pronunció, indicando lo siguiente:
“III.- SOBRE LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADOS Y NOTARIOS EXTERNOS.
“ (…) resulta absolutamente conforme con el Derecho de la Constitución. En efecto, ese procedimiento de contratación –licitación pública- garantiza valores y principios constitucionales de carácter básico para el Estado Social y Democrático de Derecho como la transparencia en el manejo y gestión de los fondos y recursos públicos, la publicidad en la participación de los oferentes, la objetividad en la selección de los adjudicatarios y la libre concurrencia e igualdad de todas las personas física o jurídicas técnicamente idóneas o calificadas para prestar los servicios. De otra parte, tal procedimiento, le garantiza a la administración pública respectiva, en aras del uso racional de los recursos y fondos públicos y de la gestión eficiente y eficaz de las competencias públicas asignadas, que el contrato le será adjudicado a las personas físicas y jurídicas que formulen la oferta más ventajosa desde el punto de vista técnico y financiero. La licitación pública o concurso para contratar los servicios profesionales es una garantía institucional emplazada en la parte orgánica de la Constitución Política (artículo 182 ibidem) para asegurar el cumplimiento y observancia de tales principios y valores de orden constitucional. Bajo esta inteligencia, no puede entenderse, bajo ningún concepto, que la apertura de un concurso público para contratar los servicios profesionales de personas físicas o jurídicas restrinja los derechos fundamentales de los funcionarios de planta que por mera tolerancia y práctica administrativa –incluso calificada contra legem por el órgano encargado constitucionalmente de la supervisión y fiscalización de la Hacienda Pública, esto es, la Contraloría General de la República, artículo 183 de la Constitución Política, DAGJ-1420-2002 del 26 de agosto del 2002, visible a folios 22-26- han estado a cargo del cobro de la cartera de créditos hipotecarios morosos de la entidad.” (sentencia No. 2004-12511 de las 16:16 horas del 9 de noviembre del 2004)
Del elenco de hechos probados se desprende que el Banco Popular y de Desarrollo Comunal consultó a la Contraloría General de la República sobre la legalidad de la contratación de sus abogados y notarios externos, ante lo cual dicha entidad se pronunció en el sentido que debía realizarse una licitación pública para contratar esos servicios. Por lo anterior, la autoridad recurrida decidió sacar a concurso público la prestación de los servicios de cobro judicial y notariado, para lo cual elaborará el respectivo cartel de licitación. De ahí que, con base en el criterio expuesto en la sentencia parcialmente transcrita, considere esta Sala que, contrario a lo manifestado por el recurrente, la determinación de la Gerencia General del Banco Popular y de Desarrollo Comunal de sacar a concurso público, los servicios de cobro judicial y notariado, obedece a los lineamientos de carácter general y vinculante emitidos por la Contraloría General de la República, órgano encargado de fiscalizar y controlar esta materia. Es claro que la actuación de la autoridad recurrida al realizar el procedimiento licitatorio en cuestión, responde a la necesidad de ajustar la contratación de los abogados y notarios externos a los criterios esbozados por el ente contralor en esa materia, razón por la cual dicha actuación se adecua al Derecho de la Constitución, en la medida que pretende enderezar una situación que se encontraba al margen del ordenamiento jurídico. En todo caso, el amparado no tiene vedada la posibilidad de participar, en igualdad de condiciones con los restantes oferentes, en el procedimiento de licitación pública que se tramita.”Res: 2005-11741 SALA CONSTITUCIONAL de las 17:16 horas del 30 de setiembre de 2005 (El resaltado no es del texto original)
Dicho lo anterior, queda claro que la Administración Pública debe realizar el procedimiento licitatorio en cuestión, el cual responde a la necesidad de ajustar la contratación de los abogados y notarios externos a los criterios sostenidos por la Sala Constitucional y el órgano contralor en esa materia, toda vez que dicha actuación se adecua al Derecho de la Constitución en la medida que se respete los principios de la contratación administrativa. Bajo esas circunstancias, es criterio de este órgano contralor, que independientemente de si la Administración cancelará con los fondos públicos los honorarios o si serán los clientes del banco en contraprestación a los servicios notariales brindados, lo cierto es que media el Estado en calidad de parte compareciente en los negocios jurídicos de su interés, de suerte tal, que el cartulante se verá beneficiado económicamente de dichos negocios y en todo caso, la condición de Notario en ese negocio es concedido por una designación del ente público, lo cual implica una publicización de esa condición y por ende de la designación. En este caso, y sobre todo tratándose de servicios profesionales contratados por el Estado, resulta evidente que aún cuando el banco no tenga la obligación de cancelar honorarios en forma directa, prevalece lo dispuesto en la Ley y en los criterios de este órgano contralor, ratificados por supuesto, por la jurisprudencia de la Sala Constitucional. Dicho lo anterior, no cabe duda que el Banco tiene la obligación de ordenar la realización del procedimiento licitatorio para contratar a los notarios externos. De modo que, el argumento de los objetantes no se comparte y adquiere especial relevancia el razonamiento de esta División, con base en el artículo 64 de la Ley de Contratación Administrativa, No. 7494 del 2 de mayo de 1995 que dispone: “Los servicios técnicos o profesionales a cargo de personas físicas o jurídicas, se contratarán por los procedimientos de licitación pública, licitación abreviada o contratación directa, según su monto”, cuyo criterio ha sido sostenido por la Sala Constitucional en la resolución 2005-11741 de las 17:16 horas del 30 de setiembre de 2005. Recuérdese que aunado a esa obligación jurídica, existen otras razones que precisamente justifican necesidad de realizar el procedimiento de contratación, tales como: Las contrataciones son de cuantía inestimable y se debe garantizar los valores y principios constitucionales de carácter básico para el Estado Social y Democrático de Derecho como: La publicidad en la participación de los oferentes, la objetividad en la selección de los adjudicatarios y la libre concurrencia e igualdad de todas las personas física o jurídicas técnicamente idóneas o calificadas para prestar los servicios, entre otros. Además, tal y como lo reconocen algunos objetantes, para lograr la idoneidad es necesaria la intervención estatal mediante el procedimiento como valor agregado, aún cuando el Estado no sea el pagador de sus honorarios y si los clientes bancarios. A mayor abundamiento puede revisarse la resolución No. 12511-2004 de las 16:16 horas del 9 de noviembre de 2004, que ante un caso similar ese Tribunal Constitucional emitió. Por consiguiente, es indubitable que la Administración está imbuida en realizar el procedimiento respectivo para contratar los notarios externos, razón por la cual, se rechaza todos sus extremos, los alegatos en este punto de los recursos. --------------------------------------------------------------------------
36-Sobre el cuestionamiento de las facultades de la proveeduría institucional: Alega el objetante SERGIO VARGAS LÓPEZ que la Proveeduría General del Banco Nacional de Costa Rica, carece de las condiciones legales y jerárquicas para promover el concurso. Agrega que el artículo 7 de la Ley No. 8511 (Reforma Parcial de la Ley de Contratación Administrativa, Ley No. 7494) indica que el procedimiento se iniciará con la decisión administrativa del promover el concurso, emitida por el jerarca o titular subordinado competente. Por lo que dicho cartel debió ser promovido por aquel representante del Banco Nacional que cuente con la debida representación siendo el titular competente, en cuyo caso no existe documento alguno en donde conste dicha situación y que para sus efectos los haga ver como tales. Por su parte la Administración licitante aduce, que el argumento se debe rechazar, en vista que la Proveeduría General es indiscutiblemente un órgano con competencia plena para realizar este tipo de comunicaciones, en el entendido además de que en este caso particular lo hace en ejecución de un acto aprobado por la Junta Directiva General de la Institución, y con pleno apego a las instrucciones giradas al respecto. Es importante que el objetante se esté a lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley de Contratación Administrativa. Criterio del Despacho: Esta División comparte el argumento de la Administración, más aún cuando existe el artículo 12 de la sesión No. 11467 celebrada el 29 de enero de 2008 en donde la Junta Directiva acordó que se llevara a cabo el procedimiento de licitación. En todo caso, recuérdese que la Proveeduría General es el órgano interno del banco, con competencia para tramitar los procedimientos de contratación de dicha entidad, tal y como lo dispone el artículo 106 de la Ley de Contratación Administrativa, que dice: “La proveeduría institucional tendrá plena competencia para conducir los trámites del procedimiento de contratación administrativa. Asimismo, podrá adoptar los actos y requerir los informes que resulten necesarios para preparar la decisión final.”, así como el artículo 219 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Por consiguiente, se rechaza en todos sus extremos el alegato planteado en este punto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IV. POR CUANTO: SOBRE LA NOTIFICACIÓN. En razón del número tan elevado de objetantes y la extensión de la resolución, se dispone notificar únicamente el encabezado y la parte dispositiva dentro del plazo establecido legalmente, quedando la resolución completa en documento en este Despacho a disposición del los objetantes sin costo alguno o por medio de correo electrónico.--------------------------------------------------------------------------------------------------
De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 170 y 172 del Reglamento a la citada Ley, SE RESUELVE: 1) Declarar sin lugar el recurso de objeción de EDGAR ABELLÁN ACEVEDO, LEDA MARÍA PEÑA MARTÍNEZ, AIDA MARÍA MONTIEL y HUGO ZÚÑIGA CLACHAR. 2) Declarar parcialmente con lugar los recursos de objeción de JORGE ALFONSO CASTRO CORRALES, EUGENIO FRANCISCO JIMÉNEZ BONILLA, LIVIA MEZA MURILLO, FABIO VINCENZI GUILÁ, FEDERICO CARLOS SAÉNZ DE MENDIOLA Y RODOLFO CORTÉS ROSABAL, CARLOS EDUARDO CASTRO MORA, ANDREÍNA VINCENZI GUILÁ, MARÍA DEL ROSARIO MORERA ALFARO, DORIS ARAYA ALFARO, RAFAEL ANTONIO ORTEGA AYÓN, JUAN JOSÉ DELGADO ZÚÑIGA, CARLOS RIVERA BIANCHINI, JAIME LÓPEZ BAUDRIT Y ARNOLDO CHRYSSOPOULOS MORÚA, MANUEL ENRIQUE FERNÁNDEZ CAMPOS, HORACIO MONTEALEGRE MONTEALEGRE, JOSÉ ÁNGEL RAMÍREZ ESPINOZA, JUAN MANUEL RAMÍREZ VILLANEA Y OSCAR EMILIO PÉREZ ZUMBADO, CARLOS MANUEL FERNÁNDEZ ALVARADO, MANUEL ANTONIO SOLANO UREÑA, JOAQUÍN ANTONIO BOLAÑOS ALPÍZAR, , MAURO MURILLO ARIAS EN REPRESENTACIÓN DE ROXANA MARÍA RODRÍGUEZ CASCANTE, ORLANDO CALZADA MIRANDA Y CARLOS ENRIQUE AGUIRRE GÓMEZ, JOSÉ ANTONIO BARLETTA CHAVES, HAZEL SALAS DESANTI, LIGIA MARÍA AGUIAR ARIAS, LUIS JAVIER GUIER ALFARO, EUGENIA GARNIER CASTRO, ALEJANDRO FERNÁNDEZ CARRILLO, MAURO MURILLO ARIAS EN REPRESENTACIÓN DE MILTON ARGUEDAS SALAS, LUIS DIEGO VALDELOMAR ESQUIVEL Y MAURICIO VARGAS SALAS, SANDRA MARÍA MONGE RODRÍGUEZ, MANUEL ANTONIO VÍQUEZ JIMÉNEZ, RAFAEL ALBERTO GAMBOA ARGUEDAS, JOSÉ JAVIER VEGA ARAYA, SONIA SEGURA SECO, JUAN LUIS VARGAS ALFARO, OLGER SOLÍS HERNÁNDEZ, VILMA B. MESÉN MADRIGAL, SONIA TERESA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, BRAULIO ENRIQUE SÁNCHEZ GONZÁLEZ, LUZ MARÍA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, GUILLERMO ENRIQUE AZUOLA VALLS, CAROLINA BARRANTES JIMÉNEZ, ANANIAS MATAMOROS CARVAJAL, ADEMAR ANTONIO ZÚÑIGA QUIRÓS, WILBER ENRIQUE VARGAS BRENES, LAURA MORA CAMACHO, FRANCISCO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, OSCAR JULIO RÍMOLA UMAÑA Y ERICH NEUROHR TREJOS, RODOLFO CORTÉS NORIEGA, CARLOS MANUEL VENEGAS GÓMEZ, MARIO GONZÁLEZ PORRAS, RONALD GONZÁLEZ CALDERÓN, JUAN IGNACIO MATA CENTENO, JOSÉ MIGUEL FONSECA SABORÍO, VÍCTOR EDUARDO MURILLO RODRÍGUEZ, ALCIDES ARAYA CAMPOS, CLAUDIO ZELEDÓN ROVIRA, MARCO ANTONIO JIMÉNEZ CARMIOL, JOSÉ ALBERTO HERRERA LOBO, JUAN VICENTE ROJAS MORERA, SERGIO LEIVA URCUYO, OWEN COLE SCARLETT, JAVIER ALFARO BLANCO, ZETTY BOU VALVERDE, MIGUEL RODRÍGUEZ GÓMEZ, JUAN CARLOS SOLANO GARCÍA, VÍCTOR EMILIO SOTO CRUZ, SERGIO VARGAS LÓPEZ, AMADO HIDALGO QUIRÓS, RODRIGO VARGAS ULATE, GUILLERMO SALAS CAMPOS Y GUILLERMO SALAS BRENES , LYANNETTE PETGRAVE BROWN, FEDERICO ALFARO ARAYA, JIMMY ENRIQUE RAMOS COREA, ADRIÁN MONTERO GRANADOS Y MYRNA IVETTE PIERRE DIXON. 3) Declarar con lugar el recurso de objeción de los recursos de objeción de FRANCISCO MORERA ALFARO. De conformidad con el artículo 172 del reglamento a la Ley de Contratación Administrativa deberá la administración licitante proceder con las modificaciones, correcciones y aclaraciones pertinentes. ------------------------------------------------NOTIFÍQUESE. --------------------------------------------------------------------------------------------------
Lic. María de los Ángeles Calderón Ferrey
MCF, RCM, CCF, EBS, OCU, LFJV, AJP, MAQ
NN: 08235 (DCA-2417-2008)
NI:14961,15138,15167,15238,15243,15253,15266,15271,15284,15290,15291,15297,15305.15316, 15320, 15323, 15335, 15336, 15344, 15347,15359, 15357, 15368, 15369,15371, 15372, 15374, 15377, 15386, 15390,15391, 15394, 15393, 1539215397,15398, 15399, 15401, 15402, 15400, 15405, 15418, 15421, 15419, 15427, 15428, 15430, 15432,15441,15442, 15444,15446, 15448, 15422,15452, 15454, 15456, 15450, 15459,15460, 15462, 15464,15466,15473, 15485,15483, 15482, 15481, 15480, 15486, 15487, 15488, 15489, 15491, 15492, 15493, 15494, 15499, 15546, 15559, 15588, 15502 y 16425
G: 2008002219-1
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