Source: https://es.scribd.com/doc/63933558/GUIA-DERECHO-AGRARIO
Timestamp: 2017-04-28 12:31:14
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DEFINICIÓN DE DERECHO AGRARIO Y OTROS CONCEPTOS AFINES
1.1 Diversas Definiciones de derecho Agrario Martha Chávez Padrón explica que el derecho agrario mexicano es un conjunto de normas que se dirigen a un determinado grupo social, protegiéndolo al traducir la suma de sus patrimonios, económicamente negativos por lo pobre, en una fuerza jurídica capaz de oponerse a las de un interés patrimonialmente positivo; por ende, estas normas rigen todas las relaciones jurídicas que surgen a consecuencia de la organización y explotación de la propiedad ejidal, de la pequeña propiedad y de las comunidades agrarias. Para el Doctor Antonio Luna Arroyo el derecho agrario mexicano es el orden jurídico que rige las relaciones sociales y económicas que surge de los sujetos que intervienen en la actividad agraria. Conjunto de principios, preceptos e instituciones que regulan las diversas formas de tenencia de la tierra y los sistemas de explotación agrícola , con el propósito teleológico de realizar la justicia social, el bien común y la seguridad jurídica. El derecho agrario en México es el orden jurídico que rige las relaciones sociales y económicas que surgen de los sujetos que intervienen en la actividad agraria. 1.2 Contenido del derecho Agrario Mexicano El derecho agrario ha sufrido diversas transformaciones, debiendo destacar por su importancia las ocurridas en la época independiente de nuestro país, particularmente las modificaciones que se incorporaron a este derecho a partir de la Revolución y que se vieron concretadas en el congreso constituyente de 1917, quienes lo integraron, resumieron en el artículo 27 de la constitución promulgada en dicho año, los anhelos de dichos grupos revolucionarios en planes como el del San Luis y el Ayala. En la exposición de motivos, se manifiesta nítidamente la razón fundamental del Constituyente de Querétaro para la iniciativa constitucional. Es necesario mencionar que a partir del movimiento revolucionario se comenzó a gestar lo que sería el contenido en el artículo 27 constitucional, destacando la importancia de la Ley del 6 de enero de 1915 que fue impulsada por Venustiano Carranza, siendo éste presidente de la República.
GUÍA DE ESTUDIO ALUMNO: CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ ALVAREZ 1.3 Conceptos afines La Propiedad Comunal: Este tipo de propiedad y explotación de la tierra podemos asemejarla con el periodo prehispánico existió, debido a que en este tipo de propiedad la tierra pertenece a la totalidad de los miembros de una comunidad, y en consecuencia los beneficios de la misma se distribuyen entre todos. Propiedad Ejidal: Se le reconoce como aquella forma de propiedad en que un determinado número de personas conforma un ejido que no es otra cosa que una porción de tierra destinada a la producción agrícola o ganadera por aquellas personas que se encuentran unidas a dicha organización, y que tiene como característica que solamente pueden ser propiedad de los miembros del ejido y hasta en un 5% de la totalidad del mismo para cada uno. Pequeña Propiedad Inafectable: Es el reconocimiento de la propiedad privada que ha sido además protegida mediante la expedición de certificados de inafectabilidad, que en virtud a los cuales será imposible privar a sus propietarios en el goce de los derechos derivados de su propiedad. 1.3.1 Lo Agrario Deriva del latin agrarius, ager, agri = campo: por lo tanto, agrario significa lo referente al campo. Es el conjunto de normas, (teóricas y prácticas) que se refieren a lo típicamente jurídico, enfocado hacia el cultivo del campo, y al sistema normativo que regula todo lo relativo a la organización territorial rústica y a las explotaciones que determine como agrícolas, ganaderas y forestales.
1.3.2 Lo Agrícola Procede del latin ager, agri= campo, y de cultura= cultivo, `por lo tanto, agricultura es lo que se refiere a la labranza o cultivo de la tierra. Algo relativo o perteneciente a la agricultura. Dentro de ésta, se refiere más específicamente a todo lo relacionado con cultivos, roturación de la tierra y al trabajo específico de los terrenos de cultivo. El fin de la agricultura es la producción de alimentos, y materias primas para ser procesadas en la industria. Es una actividad riesgosa ya el clima es un factor del que depende intrínsecamente Las normas de esta rama, que comprenden tanto las de derecho público como las de derecho privado, se refieren a los derechos y obligaciones de los particulares y del estado con respecto a la explotación de los recursos de la tierra en el ámbito rural.
GUÍA DE ESTUDIO ALUMNO: CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ ALVAREZ 1.3.3 Política Agraria El proceso de la reforma se inició con la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, emitida por Carranza en Veracruz, la cual ordenó la restitución de tierras arrebatas a raíz de la legislación de julio de 1856 y estipuló la dotación para aquellos pueblos que carecieran de ella. Asimismo, estipuló la creación de la Comisión Nacional Agraria por cada estado o territorio de la federación, y de los comités particulares ejecutivos que en cada entidad federativa se considerasen necesarios. Los postulados de la Ley reformista de 1915, se incorporaron más tarde en él articulo 27 de la Constitución Mexicana de 1917, que consagra como principio fundamental el dominio original del Estado sobre las tierras y aguas de la Nación y la facultad del mismo para regular la distribución y aprovechamiento de tales recursos, reconoció la propiedad comunal, la restitución de tierras a las comunidades que hubiesen sido despojadas. La expropiación con fines de restitución y dotación respetaría únicamente las propiedades legalmente establecidas que no excedieran de 50 hectáreas de tierras de primera calidad. Se responsabilizó a los estados y territorios de la República para fijar la extensión máxima de tierra de que puede ser dueño un solo individuo o sociedad legalmente constituida y a fraccionar los excedentes que serían adquiridos por el Estado, mediante el pago con bonos que constituirían la deuda agraria. Dejando así establecidas las bases legales para una profunda Reforma Agraria. 1.3.4 Reforma Agraria El movimiento reformista agrario que se inicia en México con la Revolución de 1910 encauzada por Don Francisco Madero, Emiliano Zapata y Venustiano Carranza, así como de Pancho Villa, cada uno con sus propias modalidades y a su manera, puede considerarse como la reforma agraria precursora de las otras que varias décadas después se llevaran a cabo en los países de Hispanoamérica, por gobiernos de derecho o institucionales, con mayor o menor intensidad, duración y efectividad. A partir de este año la concentración de la riqueza y de la propiedad y la violencia de los órganos de represión del Estado, abrieron cause de las demandas para moderar la desigualdad, recuperar las tierras expropiadas injusta e ilegalmente a las comunidades, elevar los salarios de los obreros y mejorar en general las condiciones de vida de la población, a raíz de la dictadura de Porfirio Díaz. Y es así como las exigencias de la sociedad se concretó en planes y leyes que tuvieron un carácter agrario. La mayoría de los campesinos se levantaron en armas, con el Plan de San Luis Potosí, en el cual estaba mencionado la promesa de devolvérseles a éstos las tierras que les fueron despojadas. Pero aunque el levantamiento triunfó, no se cumplieron las promesas agrarias, generando inconformidad entre diversos líderes y caudillos.
GUÍA DE ESTUDIO ALUMNO: CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ ALVAREZ En resumen, la Reforma Agraria tiene cuatro fases: a) b) c) Redistribución de la propiedad territorial; Crédito para la explotación de la tierra que ha sido objeto de redistribución. Asistencia técnica a los nuevos propietarios para la mejor explotación de las extensiones territoriales que hayan recibido como consecuencia de la primera fase de la Reforma; Asistencia la social con el fin de que alcancen más altos niveles materiales y morales de existencia.
1.3.5 Problema Agrario Sin embargo, el plan de formación técnica, como el financiamiento, no pudieron llegar a resarcir el rezago del campo mexicano totalmente. El plan del Cardenismo sólo funcionó en ciertas regiones, aquellas que como la Comarca Lagunera o el valle del río Yaqui contaban con riego y tierras fértiles. Por otro lado, aunque el reparto de tierras durante el gobierno de Cárdenas fue el mayor de la historia de México, no disminuyó significativamente la dimensión de las tierras en pequeña y mediana propiedad, y de los latifundios. Durante el siguiente período (1940-1946), el reparto agrario fue frenado y se emprendió una "contrarreforma" agraria, despojando nuevamente de las tierras recién obtenidas a algunos ejidos, para enajenarlas.
EL DERECHO AGRARIO MEXICANO COMO UN DERECHO SOCIAL.
2.1 Clasificación del derecho Siguiendo al insigne tratadista Gustavo Radbruch, “El Derecho Social debe su contenido a una nueva concepción del hombre por el Derecho… no conoce personas individuales, sino patrones y trabajadores, terratenientes y campesinos, profesores y estudiantes, o empleados y personas productivas necesitadas de protección social, etc.”, Luego entonces, a diferencia de otras Ramas
GUÍA DE ESTUDIO ALUMNO: CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ ALVAREZ de la ciencia del Derecho o de las disciplinas que las integran, el Derecho Social hace siempre especial énfasis en el trato jurídicamente diferenciado a que propenden la serie de normas, eminentemente tuitivas y proteccionistas -casi compensatorias-, que fueran diseñadas con la única finalidad de proteger a los miembros de determinadas clases sociales, como lo son, por ejemplo, los obreros y/o los campesinos. 2.1.1 Teoría Tradicional Un acotamiento pertinente del tema es ubicarlo a partir de la revolución de Independencia. En efecto, México acogió la doctrina liberal de la Revolución Francesa en el Decreto Constitucional de Apatzingán de octubre de 1814, cuya fuente ideológica inmediata la encontramos en los principios enunciados en el documento denominado Sentimientos de la Nación del Siervo de la Nación, don José María Morelos y Pavón. En dicha constitución aparece una enumeración de los derechos humanos con el título "De la igualdad, seguridad, propiedad y libertad de los ciudadanos". La protección procesal de estos derechos se atribuyó a un órgano jurisdiccional denominado Supremo Tribunal, el cual funcionó con toda regularidad. Posteriormente, en 1824, en el artículo 30 del Acta Constitutiva se encuentra la mención "Derechos del hombre y del ciudadano". Luego, en el artículo 2º de la primera de las Siete Leyes Constitucionales de 1836, se expresa "Derechos del mexicano". Con el título "Derechos del hombre" se localiza en el artículo 5º del Acta Constitutiva y de reformas de 1847. Con el rubro expreso de "Garantías individuales" se incluye en el Estatuto Orgánico provisional de 1856; una vez más "Derechos del hombre" en la Constitución de 1857 que contiene la primera sistematización técnico-jurídica de los derechos del hombre. Como puede apreciarse, domina en ella el espíritu democrático liberal de cuño francés. 2.1.2 Clasificación Moderna Otra de las definiciones, con mayor amplitud es, la que da el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM., quien dice que, “el Derecho social establecerá y desarrollara a través de normas jurídicas, principios y procedimientos que protejan a los individuos socialmente débiles”. Como es apreciable, en este ultimo concepto se habla de individuos socialmente débiles, y dentro de esa gama de individuos indiscutiblemente estarán las personas con capacidades diferentes, sin embargo nos debemos de hacer una pregunta, ¿dentro de que rama del Derecho social, recaen los derechos de las personas con capacidades diferentes?
El Derecho Social contemporáneo, con elevado contenido humano impone al Estado el deber de proteger a las clases económicamente débiles, una fórmula de vida colectiva y de actividades de grupos sociales cuyo elemento básico lo es el ser humano en cuanto miembro de la sociedad. Y por ende, el Derecho Social mexicano del siglo XXI se compone de un listado normativo, no limitativo sino enunciativo:
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normas económicas; normativas laborales; normativas agrarias; normativa de cooperativas; normativas familiares; normativas educativas; normativas asistenciales; normativas de seguridad social; y, normativas de los pueblos indígenas.
2.2 La Constitución Político-Social de 1917: El 5 de febrero de 1917 es promulgada en la ciudad de Querétaro la Constitución, misma que fue considerada como una de las más avanzadas en su tiempo. La Constitución de 1917 vino a ser la cristalización de los ideales revolucionarios que fueron elevados a la categoría de normas constitucionales. En ella se incluían avanzados principios de reformas sociales y derechos en favor de obreros y campesinos. Además, fue formulada para gobernar a todos los mexicanos sin distinción de raza, credo, condición social o política, ya que en ella se elevaron al rango de normas constitucionales la libertad de pensamiento y de creencia. México es pues pionero en este tipo de Constituciones sociales en el mundo, y es un referente jurídico obligado en esta materia, por más que no se haya avanzado mucho a ese respecto. Algunos de sus puntos eran: 1. no se reconoció la libertad de cultos, únicamente la religión cristiano-católica. esto era un ardid político para que la juraran todos. 2. decretaba ya, parcialmente, la diferencia o separación entre la iglesia y el estado. 3. establecía un registro civil. Con esto, el registro parroquial dejaba de ser el oficial. 4. no se nacionalizaban los bienes del clero; pero la iglesia no podía administrar o poseer bienes raíces.
GUÍA DE ESTUDIO ALUMNO: CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ ALVAREZ 5. el respeto a las garantías individuales, llamados derechos humanos, declarados por primera vez durante la revolución francesa. 6. establecía un sistema unicameral en el poder legislativo; con ello desaparecía la cámara de senadores y quedaba solo la de diputados. Esto no fue del agrado de comonfort porque se dotaba de gran fuerza al poder legislativo y con ello el ejecutivo perdía ventaja en el dominio del país. 7. se ratificaba la ley Juárez, es decir se prohibía a los tribunales eclesiásticos y militares conocer en materia que no fuera de su absoluta competencia. 8. proclamaba la libertad de pensamiento y expresión del hombre. 9. proclamaba la libertad de enseñanza y de prensa. Esa libertad de prensa atacaba a la iglesia; pero también era un arma de doble filo, porque se podía revertir contra el gobierno mismo y presentarlo o exponerlo públicamente. 10. sé reimponía la exclaustración. Con todo esto y con la amenaza de la iglesia de excomulgar a quien jurara la constitución, casi nadie la juró, salvo los empleados y funcionarios
2.2.1 Las Garantías Individuales La palabra garantía proviene del latín garante; entre sus acepciones se encuentran “efecto de afianzar lo estipulado” y “cosa que asegura o protege contra algún riesgo o necesidad Al respecto, Alberto Trueba Urbina, uno de los tratadistas mexicanos más notables en esta materia realmente poco explorada, afirmó: “…Mientras que las garantías individuales son atributos exclusivo de los individuos, las garantías sociales corresponden al hombre visto desde la perspectiva social.” En efecto, puede decirse que las garantías individuales son “derechos públicos subjetivos consignados a favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. LAS GARANTIAS INDIVIDUALES SE DIVIDEN EN: Garantías de igualdad. Garantías de libertad.
GUÍA DE ESTUDIO ALUMNO: CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ ALVAREZ Garantías de propiedad. Garantías de seguridad jurídica.
2.2.2 Las Garantías Sociales Derecho Social, que son siempre normas taxativas, irrenunciables e inalienables, las que conforman un esquema protector de algunas clases sociales económicamente débiles; disciplinas entre las cuales destacan los derechos: Laboral, Agrario, Cultural, Económico, y el de la Seguridad Social. Las garantías sociales tienen la particularidad de no referirse al individuo separado de otros individuos. Por el contrario, estas garantías que por primera vez en la historia fueron consagradas en el ámbito constitucional en México, en 1917 pretenden proteger los derechos y los intereses de grupos sociales determinados, cuya precaria situación económica los coloca en desventaja respecto de otros grupos de personas que cuentan con mayores recursos. Lo que pretenden las garantías sociales que ciertos grupos de individuos gocen de protección de la Constitución respecto de derechos varios, fundamentalmente de tipo laboral. Así, los artículos 3o., 27 y 123 constitucionales se refieren ampliamente a las prerrogativas otorgadas a esos grupos sociales. El artículo 3o. prevé la posibilidad de que todo individuo acceda a la impartición de la educación que estado, tanto en el ámbito federal como local municipal, está obligado a llevar a efecto. Dentro de los principios fundamentales contenidos este precepto pueden señalarse el carácter laico de la educación ofrecida por el Estado, gratuidad de tal educación y la necesidad de que el Congreso de la Unión expida leyes necesarias para que, a lo largo de la República mexicana, se unifique y coordine el sistema educativo de la nación. Además de los artículos 3o., 27 y 123, el Código Supremo contiene otros preceptos enderezados a la protección de los intereses de la sociedad entera, sin hacer distinciones respecto de clases sociales. Los artículos a los que se alude son 25, 26, 28 y la fracción XXV del 73. 2.2.3 La parte Orgánica de la Constitución Los derechos del hombre fueron claramente formulados en veintinueve artículos, en ellos se enfatizó que eran la base de las instituciones y que el ser humano era libre e igual ante la ley, por lo que se excluían los tribunales especiales, los títulos de nobleza y los honores hereditarios. La libertad fue extendida a la enseñanza, el trabajo, la expresión de las ideas, la imprenta, así como la asociación, aportación de armas y el libre tránsito. En cuanto a la Soberanía Nacional (artículo 39), se hizo residir "esencial y originalmente en el pueblo", lo cual modificó el precepto establecido por el Acta y la Constitución de 1824, donde quedó plasmado que la soberanía descansaba en la Nación.
GUÍA DE ESTUDIO ALUMNO: CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ ALVAREZ Finalmente, estipulaba que la Nación estaría organizada como República representativa, democrática y federal. 2.3 El derecho Agrario como derecho Social en México Al derecho agrario se le considera como derecho social por que sus normas e instituciones son protectoras de la población campesina económicamente débil, asegurando su convivencia con los otros sectores demográficos de la sociedad sobre la justicia y la equidad. Si bien las leyes varían en cuanto a los países que lo regulan, el Derecho Agrario trata de imponerse como una rama autónoma del derecho, aunque algunos autores le nieguen esta condición. Se la considera también parte del Derecho Social pues tiende a la justicia social en el reparto de tierras, y al bien común. En México las leyes agrarias tienen sustento constitucional (art.27) dirigidas a regularlas con función e interés social, y allí hay tribunales agrarios autónomos, que aplican la gran cantidad de leyes dictadas en esta materia. 2.3.1 El artículo 27 Constitucional El artículo 27 afirmaba el dominio original de la nación sobre las tierras y aguas comprendidas en su territorio, su derecho a transferir ese dominio en propiedad privada y a imponer a la propiedad las modalidades convenientes según lo pidiera la utilidad pública. Este artículo también sentó las bases de la reforma agraria y devolvió a la nación la propiedad del subsuelo y de sus riquezas. El artículo 27 de la Constitución de 1917 fue la bandera agrarista de la revolución, hasta que fue reformado por el presidente Carlos Salinas de Gortari (6 de enero de 1992), que dio por concluida la reforma agraria. El artículo 123 enunciaba los principios legislativos para normar las relaciones laborales y definió los derechos fundamentales de los trabajadores. En el caso del artículo 27, en su fracción VII reconoce “la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales”, prevé que las leyes protegerán las tierras que tengan los grupos indígenas. En relación con el artículo 123, su primer apartado contiene una serie de derechos en favor de los “obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos”, derechos destinados a impedir que los patrones fuercen a sus empleados a laborar en condiciones de franca explotación, que siempre repercute negativamente en la dignidad de los seres humanos.
DISPOSICIONES QUE GENERARON EL NACIMIENTO DEL SISTEMA SOCIAL AGRARIO MEXICANO
3.1 plan de Ayala de 28 de Noviembre de 1911 A fines de 1911 un grupo de revolucionarios encabezados por el general Emiliano Zapata iniciaron una dura travesía desde los cálidos valles de Morelos. De esta manera, se inició la discusión y redacción del Plan Libertador de los hijos del Estado de Morelos, o Plan de Ayala, bajo la dirección del mismo Zapata y de su compadre, el profesor rural Otilio Montaño. El eje de su argumentación era, evidentemente, la urgente resolución del problema agrario que había olvidado cumplir Francisco I. Madero, aún cuando estaba contemplado en el Plan de San Luís. Es por ello que en los artículos sexto y séptimo del Plan Libertador se establecía que los pueblos entrarían en posesión de los terrenos, montes y aguas que hubieran sido usurpados por los hacendados, científicos o caciques a la “sombra de la tiranía y de la justicia venal”; aunque aquellos propietarios que se consideraran con derechos legítimos sobre sus propiedades, podrían acudir a los tribunales especiales que se establecerían una vez que triunfara la Revolución. Asimismo se hablaba de expropiar tierras, previa indemnización, para que se mejorara “en todo y para todo la falta de prosperidad y bienestar de los mexicanos.” A juicio de los zapatistas, poniendo en marcha estas medidas la Revolución corregiría el rumbo que se había extraviado con el gobierno de Madero. El plan de Ayala fue firmado el 28 de noviembre de 1911 y desde ese momento se convirtió en la bandera que enarbolarían los zapatistas durante toda la década revolucionaria. El plan de Ayala no solo recogió las aspiraciones de los campesinos de Morelos (y podría decirse que de todo el país) sino también, colocó a la problemática agraria en el centro del debate nacional. Asimismo, marcó una ruptura, un distanciamiento entre los revolucionarios que habían iniciado la lucha en 1910. Madero fue el primero en sentir, en carne propia, el choque de percepciones sobre el significado de la palabra Revolución. 3.2 Discurso de Luís Cabrera del 3 de Diciembre de 1912 LAS PROPUESTAS AGRARIAS.- Cabrera analizó a fondo el problema agrario y los reclamos de Emiliano Zapata contenidos en el Plan de Ayala, intentó buscar un solución desde su escaño; el 3 de diciembre de 1912 pronunció ante la Cámara de Diputados el discurso sobre la Reconstitución de los Ejidos de los Pueblos como medio de Suprimir la Esclavitud del Jornalero Mexicano, sin embargo, sus peticiones no fueron aprobadas.
GUÍA DE ESTUDIO ALUMNO: CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ ALVAREZ EL DISCURSO.- “En la actualidad, ahora que el Gobierno carece o no quiere emplear los medios de represión antiguos, el jornalero es el enemigo natural del hacendado, principalmente en el sur de Puebla, en Morelos, en el Estado de México, bajo la forma del zapatismo; pero esta insurrección tiene principalmente una causa económica. La población rural necesita complementar su salario: si tuviese ejidos, la mitad del año trabajaría como jornalero, y la otra mitad del año aplicaría sus energías a esquilmarlos por su cuenta. No teniéndolos, se ve obligada a vivir seis meses del jornal, y los otros seis meses toma el rifle y es zapatista”. Luis Cabrera, diciembre de 1912. Dos años más tarde la propuesta de Cabrera influyó notablemente en la redacción del artículo 27 constitucional en torno a la cuestión agraria. 3.3 Adiciones al plan de Guadalupe del 12 de Diciembre de 1914. Art. 1° Subsiste el plan de Guadalupe de 26 de marzo de 1913 hasta el triunfo completo de la revolución y, por consiguiente, el C. Venustiano Carranza continuará en su carácter de primer jefe de la revolución constitucionalista y como encargado del Poder Ejecutivo de la nación, hasta que vencido el enemigo quede restablecida la paz. Art. 2° El primer jefe de la revolución y encargado del Poder Ejecutivo expedirá y pondrá en vigor, durante la lucha, todas las leyes, disposiciones y medidas encaminadas a dar satisfacción a las necesidades económicas, sociales y políticas del país, efectuando las reformas que la opinión exige como indispensables para restablecer el régimen que garantice la igualdad de los mexicanos entre sí; leyes agrarias que favorezcan la formación de las tierras de que fueron injustamente privados; leyes fiscales encaminadas a obtener un sistema equitativo de impuestos a la propiedad de raíz; legislación para mejorar la condición del peón rural, del obrero, del minero y, en general, de las clases proletarias; establecimiento de la libertad municipal como institución constitucional; bases para un nuevo sistema de organización del Poder Judicial independiente, tanto en la federación como en los estados; revisión de las leyes relativas al matrimonio y al estado civil de las personas; disposiciones que garanticen el estricto cumplimiento de las leyes de reforma; revisión de los códigos Civil, Penal y de Comercio; reformas del procedimiento judicial, con el propósito de hacer expedita y efectiva la administración de justicia; revisión de las leyes relativas a la explotación de minas, petróleo, aguas, bosques y demás recursos naturales del país, y evitar que se formen otros en lo futuro; reformas políticas que garanticen la verdadera aplicación de la constitución de la república, y en general, todas las demás leyes que se estimen necesarias para asegurar a todos los habitantes del país la efectividad y el pleno goce de sus derechos, y la igualdad ante la ley. Art. 3° Para poder continuar la lucha y para poder llevar a cabo la obra de reformas a que se refiere el artículo anterior el jefe de la revolución, queda expresamente autorizado para convocar y organizar el ejército constitucionalista y dirigir las operaciones de la campaña; para nombrar a los gobernadores y comandantes militares de los estados y removerlos libremente; para hacer las expropiaciones por causa de utilidad pública que sean necesarias para el reparto de tierras, fundación de pueblos y demás servicios públicos; para contratar empréstitos y expedir obligaciones del tesoro nacional, con indicación de los bienes con que han de garantizarse; para nombrar y remover libremente los empleados federales de la administración civil y de los estados y fijar las atribuciones de cada uno de ellos; para hacer directamente o por medio de los jefes que
GUÍA DE ESTUDIO ALUMNO: CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ ALVAREZ autorice, las requisiciones de tierras, edificios, armas, caballos, vehículos, provisiones y demás elementos de guerra; y para establecer condecoraciones y decretar recompensas por servicios prestados a la revolución. Art. 4° Al triunfo de la revolución, reinstalada la suprema jefatura en la ciudad de México y después de efectuarse las elecciones de ayuntamientos en la mayoría de los estados de la república, el primer jefe de la revolución, como encargado del Poder Ejecutivo, convocará a elecciones para el Congreso de la Unión, fijando en la convocatoria la fecha y los términos en que dichas elecciones habrán de celebrarse. Art. 5° Instalado el Congreso de la Unión, el primer jefe de la revolución dará cuenta ante él del uso que haya hecho de las facultades de que por el presente se haya investido, y en especial le someterá las reformas expedidas y puestas en vigor durante la lucha, con el fin de que el Congreso las ratifique, enmiende o complete, y para que eleve a preceptos constitucionales aquéllas que deban tener dicho carácter, antes de que restablezca el orden constitucional. Art. 6° El Congreso de la Unión expedirá las convocatorias correspondientes para la elección del Presidente de la república y, una vez efectuada ésta, el primer jefe de la nación entregará al electo el Poder Ejecutivo. Art. 7° En caso de falta absoluta del actual jefe de la revolución y mientras los generales y gobernadores proceden a elegir al que deba sustituirlo, desempeñará transitoriamente la primera jefatura el jefe del cuerpo del ejército, del lugar donde se encuentre el gobierno revolucionario al ocurrir la falta del primer jefe. 3.4 Decreto del 6 de Enero de 1915 a) El Decreto Ley del 6 de enero de 1915 Promulgado por Venustiano Carranza, en Veracruz, este Decreto Ley fue la primera legislación formal de la Revolución Mexicana de tipo agrario, y a la que se le dio rango constitucional en la Constitución de 1917. Este Decreto Ley plantea en el considerando primero7, la restitución de tierras a los poblados que fueron privados de ellas y a aquellos que no fueron privados, plantea la dotación de tierras. En el penúltimo párrafo del mismo Considerando Primero, establece que las tierras de los pueblos deberán entregarse en propiedad a los campesinos, al decir:"...; es de advertir que la propiedad de las tierras, no pertenecerá al común del pueblo, sino que ha de quedar dividida en pleno dominio, aunque con las limitaciones necesarias para evitar, que ávidos especuladores... puedan acaparar fácilmente esa propiedad...". Siguiendo el mismo espíritu, el Artículo 11 de esta Ley, ordena que los terrenos repartidos a los campesinos, deberán guardar la condición que determine: "una Ley Reglamentaria...
GUÍA DE ESTUDIO ALUMNO: CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ ALVAREZ y la manera y ocasión de dividirlos entre los vecinos (en propiedad desde luego), quienes entretanto los disfrutarán en común". Por su parte, la fracción VII del propio Artículo 27 constitucional del 5 de Febrero de 1917, en la parte final de su tercer párrafo y después de declarar la nulidad de todos los actos jurídicos que privaron a los pueblos de sus tierras, bosques y aguas, establece que el Decreto de Carranza, de 6 de Enero de 1915, "...continuará en vigor como Ley Constitucional...", por lo que lo eleva de rango, y continúa: "Sólo los miembros de la comunidad (beneficiados con los terrenos restituidos o dotados como ejidos), tendrán derecho sobre los mismos terrenos, mientras permanezcan indivisos, así como (sólo los miembros de la comunidad beneficiados con terrenos restituidos o dotados como ejidos, tendrán) los (derechos) de propiedad, cuando se haya hecho el fraccionamiento" (de dichos terrenos). Como consecuencia de lo transcrito, podemos afirmar con absoluta certeza, y con fundamento histórico que: 1. Por disposición de la Ley Carranza, elevada a rango Constitucional por disposición expresa del Artículo 27 de la Constitución de 1917, establece el parcelamiento en propiedad privada o "dominio pleno", de las tierras que han de dividirse a favor de los ejidatarios y comuneros. 2. La posesión en común, sin titulación en propiedad privada a los ejidatarios, es del todo provisional, mientras las leyes secundarias (códigos agrarios sucesivos y Ley Federal de Reforma Agraria), "determinan el modo de dividirse", parcelarse y titularse en propiedad privada. Por tanto, histórica y jurídicamente, se puede fundamentar sin ninguna duda que el Legislador de 1917, plasmó en esas disposiciones de máximo nivel, la titulación de las tierras ejidales y comunales a los campesinos beneficiados, bajo el régimen de propiedad privada; y sólo de manera provisional, mientras se llevaba a cabo la división y fraccionamiento correspondientes, se disfrutarían en común. Ese fue, desde el principio, el verdadero espíritu y la letra del Legislador de la revolución mexicana en materia agraria. 3.5 Artículo 27 de la Constitución Mexicana de 1917 Artículo 27 de la Constitución, en su versión original, del 5 de febrero de 1917 En la Constitución original de 1917, en las fracciones VI y VII, del Artículo 27, se consagra el reconocimiento a la personalidad jurídica de los núcleos de población (que había sido desconocida por la "Ley de Desamortización de Bienes de Manos Muertas", del 25 de Junio de 1856, y por la Constitución de 1857, que privó a los pueblos de sus tierras, lo que constituyó un claro precedente social y económico a la Revolución de 1910 y a los movimientos que le siguieron). La Fracción VI establece que esos núcleos de población, disfruten en común de sus tierras, "...entretanto la Ley (Códigos Agrarios posteriores, de 1934, 1940, 1942, Ley Federal de Reforma Agraria de 1970, que nunca lo hicieron), determina la manera de hacer el repartimiento (en
GUÍA DE ESTUDIO ALUMNO: CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ ALVAREZ propiedad privada como se dijo anteriormente), únicamente de las tierras".
Por su parte, la fracción VII del propio Artículo 27 constitucional del 5 de Febrero de 1917, en la parte final de su tercer párrafo y después de declarar la nulidad de todos los actos jurídicos que privaron a los pueblos de sus tierras, bosques y aguas, establece que el Decreto de Carranza, de 6 de Enero de 1915, "...continuará en vigor como Ley Constitucional...", por lo que lo eleva de rango, y continúa: En el Artículo 27 hace referencia a la propiedad de la tierra. En él se declara que las riquezas del suelo, el subsuelo, las aguas y mares de México pertenecen a la nación, y sólo el gobierno puede ceder a particulares el derecho de propiedad de la tierra y de la explotación del subsuelo, así como expropiarlas cuando lo considere
PRINCIPALES REFORMAS Y ADICIONES DE 1992 AL ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA MEXICANA
4.1 Exposición de Motivos de 1991 Cuando en 1991 se hicieron los estudios previos a la modificación constitucional al Artículo 27 en materia agraria, se analizaron con todo detenimiento los antecedentes legales originales de las primeras legislaciones agrarias de la Revolución Mexicana, pues las reformas debían fundamentarse precisamente en la auténtica raigambre revolucionaria, encontrándose dos razones fundamentales: La primera, porque se iba a terminar con el reparto agrario. En este sentido, la mayoría de las centrales campesinas, estaban conscientes de que era imposible cumplir con lo dispuesto por la fracción X del 27 Constitucional, que ordenaba que en ningún caso el gobierno podía dejar de entregar a los campesinos solicitantes las tierras que necesitaban, pues la tierra no se estira. La segunda, era que se iba a permitir a los ejidatarios la propiedad plena de su tierra, si así lo decidían libremente los ejidatarios y los comuneros, medida que se atacaría muy fuertemente. No era nada difícil demostrar con los más sólidos argumentos jurídicos e históricos (aunque muy poco conocidos), que el espíritu y la letra de la legislación auténtica de la Revolución Mexicana, consistió en que los campesinos disfrutaran de la propiedad y no sólo de la posesión precaria de sus tierras. A continuación, las consideraciones que sustentan la aseveración anterior. El Decreto Ley del 6 de enero de 1915 Promulgado por Venustiano Carranza, en Veracruz, este Decreto Ley fue la primera legislación
GUÍA DE ESTUDIO ALUMNO: CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ ALVAREZ formal de la Revolución Mexicana de tipo agrario, y a la que se le dio rango constitucional en la Constitución de 1917. Este Decreto Ley plantea en el considerando primero7, la restitución de tierras a los poblados que fueron privados de ellas y a aquellos que no fueron privados, plantea la dotación de tierras. Ese fue, desde el principio, el verdadero espíritu y la letra del Legislador de la revolución mexicana en materia agraria.
4.2 Análisis del Artículo 27 Constitucional Reformado en 1992: La reforma al 27 Constitucional en materia agraria, tiene diversas finalidades (teleología), que no se supieron ni se han sabido explotar, entre otras: 1. Respetar la libertad que como personas humanas tienen los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, de elegir por sí mismos y sin interferencias, el tipo de tenencia de la tierra a la que quieran sujetar sus superficies, sin depender de los comisariados ejidales y comunales y de las autoridades agrarias. 2. Crear, si así ellos libremente lo deciden, para alrededor de tres millones de familias de ejidatarios y comuneros, un patrimonio propio, pues los campesinos pobres de México no habían tenido la posibilidad real de ser dueños de sus tierras y de sus destinos, desde antes de la conquista española. 3. Terminar con el reparto agrario, pues había mas de 34,000 expedientes agrarios pendientes de resolución, ya que los presidentes de la República se negaban a firmar resoluciones presidenciales negativas, por violar la fracción X del artículo 27 constitucional. 4. Que cada institución agraria, volviera a su propia rama del derecho. Antes de la modificación al 27 Constitucional de 1992, se había deformado tanto el derecho agrario, que se había convertido en un derecho "híbrido", de forma que ni la posesión era verdadera posesión, ni la propiedad era verdadera propiedad, ni el juicio de amparo era el verdadero y amplísimo juicio de amparo. Se había creado un derecho agrario y procesal agrario híbrido, desfasado totalmente del derecho como ciencia, bajo el pretexto del "derecho social". 5. Eliminar el rezago agrario, lo que se ha logrado en altísimo porcentaje, ya que, los expedientes quedaban sin resolverse, alentando sin base, las expectativas de los solicitantes y permitiendo sin límite de tiempo, la inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra. 6. La creación de los Tribunales Agrarios, como órganos jurisdiccionales plenos, pues antes el presidente de la República y la Secretaría de la Reforma Agraria, asumían en sí mismos, dos poderes, el Judicial y el Ejecutivo, en contradicción a lo establecido por el Artículo 49 Constitucional.
GUÍA DE ESTUDIO ALUMNO: CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ ALVAREZ 4.2.1 Introducción de las Sociedades Mercantiles en actividades agrarias (Frac. IV) La reforma al Artículo 27 y su Ley Reglamentaria establecen normas y procedimientos que impiden que las sociedades se formen con propiedades superiores a los límites legales o que la propiedad de las acciones se acumule en una persona. Las sociedades deberán tener cuando menos tantos socios como veces superen el límite de la pequeña propiedad, para garantizar que se constituyen sólo con propiedades legales. Adicionalmente se establece un límite absoluto para la propiedad de las sociedades de 25 veces la máxima extensión de la pequeña propiedad individual, lo que exige como mínimo de 25 socios. La aportación de tierras a una sociedad mercantil se hace a través de acciones especiales, tipo "T", que deben registrarse en el Registro Agrario Nacional, que también anotará las transacciones que con ellas se realicen. Si algún individuo acumulara acciones tipo "T" hasta rebasar los límites que corresponden a la pequeña propiedad se aplicará el mismo procedimiento de fraccionamiento y enajenación que rige para los latifundios. Estos "candados" son muy poco conocidos o francamente omitidos por quienes sostienen que las sociedades mercantiles permitirán la acumulación de la propiedad agraria. 4.2.2 Modificación de derechos de Ejidatarios y comuneros en la Fracción VII de dicho precepto En la actual fracción VII del Artículo 27 constitucional se establece con claridad el disfrute de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población que guardan el estado comunal. A su vez, se señala la jurisdicción federal para la resolución de las cuestiones relativas a límites de terrenos comunales, mediante el establecimiento de un sistema mixto de resolución de controversias, que prevé tanto la intervención del Ejecutivo Federal como, en su caso, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Conforme a lo expuesto, el texto de esta fracción se propone como sigue:
"Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas.” "La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas.”
"La ley, considerando el respeto Y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y comunidades, protegerá la tierra para el asentamiento humano y regulará el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común y la provisión de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus. Pobladores.” "La ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos, regulará el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela.. Asimismo establecerán los procedimientos por los cuales ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre sí, con el Estado o con terceros y otorgar el uso de sus tierras; y, tratándose de ejidatarios, transmitir sus derechos parcelarios entre los miembros del núcleo. De población; igualmente fijará los requisitos y procedimientos conforme a los cuales la asamblea ejidal otorgará, al ejidatario el
GUÍA DE ESTUDIO ALUMNO: CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ ALVAREZ dominio sobre su parcela. En caso de enajenación de parcelas se respetará el derecho de preferencia que prevea la ley. "Dentro de un mismo núcleo. De población, ningún ejidatario podrá ser titular de más tierra que la equivalente al 5% del total de las tierras ejidales. En todo caso> la titularidad de tierras en favor de un solo, ejidatario deberá ajustarse a los límites 'señalados en la fracción XV.” "'La asamblea general es el órgano supremo del núcleo de población. Ejidal o comunal, con la organización y funciones que la ley señale. El comisariado 'ejidal o de bienes comunales, electo democráticamente en los términos de la ley, es el órgano de representación del núcleo y el responsable de ejecutar las resoluciones de la asamblea.” "La restitución de tierras, bosques, y, aguas a los núcleos de población se hará en los términos dé la ley reglamentaria.” 4.2.3 La terminación del Reparto Agrario con la derogación de las Fracciones X, XI, XII Y XIII de dicho Artículo 27 Constitucional 5. Derogación de las fracciones X a XIV De manera congruente con la proposición genérica de terminar con el reparto masivo de tierras, se propone la derogación de las fracciones anteriormente mencionadas,, que se refieren a los procedimientos; condiciones, y autoridades para la tramitación de resolución de las solicitudes de dotación de tierras y aguas. 4.2.4 Algunas modificaciones a la pequeña propiedad en la Fracción XV del Artículo 27 Constitucional En el texto vigente de esta, fracción del Artículo 27 constitucional se establecen las características de la pequeña propiedad agrícola y ganadera, así como sus extensiones máximas de acuerdo a las diferentes calidades de tierra, incluida su equivalencia para diversos cultivos en tratándose de pequeñas propiedades agrícolas, y de, pequeñas propiedades ganaderas al tenor del número de cabezas de ganado que permita la capacidad forrajera del terreno. También señala la posibilidad de que los pequeños propietarios mejoren la calidad de sus tierras para la 'explotación agrícola o ganadera de que se trate'; aunque en virtud de los trabajos ejecutados se rebasen las extensiones máximas para efectos de explotación. De acuerdo con lo señalado, el texto de esta fracción se propone como sigue: "En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los latifundios.”
"Se considera pequeña propiedad agrícola la que no exceda por individuo de cien hectáreas de riego ó humedad de primera o sus equivalentes en otras clases de tierras.” "Para los efectos de la equivalencia se computará una hectárea de riego por dos de temporal, por cuatro de agostadero de buena calidad y por ocho de bosque, monte o agostadero en terrenos
GUÍA DE ESTUDIO ALUMNO: CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ ALVAREZ áridos.” "Se considerará, asimismo, como pequeña propiedad, la superficie que no exceda por individuo de ciento cincuenta hectáreas cuando las tierras se dediquen al cultivo de algodón, si reciben riego; y de trescientas, cuando se dediquen al cultivo de plátano, caña de azúcar, café, henequén, hule, palma, vid, olivo, quina, vainilla, cacao, agave, nopal o árboles frutales.” "Se considerará pequeña propiedad ganadera la que no exceda por individuo la superficie necesaria para mantener hasta quinientas cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, en los términos que fije la ley, de acuerdo con la capacidad forrajera de los terrenos.” "Cuando debido a obras de riego, drenaje o cualesquiera otras ejecutadas por los dueños o poseedores de una pequeña propiedad se hubiese mejorado la calidad de sus tierras, seguirá siendo considerada, como pequeña propiedad, aun cuando, en virtud de la mejoría obtenida, se rebasen los máximos señalados por esta fracción, siempre que se reúnan los requisitos que fije la ley.” “Cuando dentro de una pequeña propiedad ganadera se realicen mejoras en sus tierras y éstas se destinen a usos agrícolas, la superficie utilizada para este fin no podrá exceder según el caso, .los límites a que se refieren los párrafos segundo y tercero de esta fracción que correspondan a la calidad que hubieren tenido dichas tierras antes de la mejora”. 4.2.5 Nuevo Procedimiento para la reducción de excedentes de tierra de los propietarios (Fracción XVII) Por otro lado, tanto en la iniciativa cómo en, la minuta proyecto de Decreto que nos ocupa, se propone conservar como último párrafo el texto del inciso g) de la vigente fracción XVII, relativo a la facultad de las legislaturas locales para organizar el patrimonio de familia "determinando los bienes que deberán constituirlo, sobre la base de que será inalienable y o estará sujeto a embargo ni a gravamen". Conforme a lo expuesto, el texto se propone como sigue: 'El Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados, en sus respectivas jurisdicciones, expedirán leyes que establezcan los procedimientos para el fraccionamiento y enajenación de las extensiones que llegaren a exceder los límites señalados en las fracciones IV y XV de este Artículo. 'El excedente deberá ser fraccionado y enajenado por el propietario dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación correspondiente. Si transcurrido el plazo el excedente no se ha enajenado, la venta deberá hacerse mediante pública almoneda. En igualdad de, condiciones, se respetará el derecho de preferencia que prevea la Ley Reglamentaria. "Las leyes locales organizará el patrimonio de familia, determinando los bienes que deben constituirlo, sobre la base de que será inalienable y no estará sujeto a embargo ni a gravamen ninguno".
5.1 Antecedentes históricos de la Institución. La pobreza en el campo fue una de las razones principales de la Revolución mexicana. La explotación y marginación que padecían los campesinos, sobre todo en el centro y sur del país, llevaron a que, al fin de la Revolución, la justicia social se convirtiera en una de las razones de ser de la Constitución vigente y del sistema político construido a partir de 1917. El Artículo 27 es uno de los fundamentos de la Constitución de 1917; éste en su primer párrafo expresa: "La propiedad de la tierra y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada". Así constituida la propiedad privada, también es protegida mediante una serie de garantías; estableciéndose que la propiedad de la tierra y su distribución no está consignada a la lucha entre los intereses individuales, sino que concierne también al bienestar y a la estabilidad de la sociedad como un todo; limitándose la propiedad privada sólo por el interés colectivo. En el afán de justicia agraria, marco del Artículo 27 constitucional, se derivaron limitantes a la propiedad privada: a los latifundios —buscando fraccionarlos—, a la pequeña propiedad, — buscando desarrollarla y protegerla—; ante la necesidad o interés por tierras, se definió una modalidad, la de expropiación sólo por causa de utilidad pública, como acto de la administración pública y mediante indemnización. La teoría de la propiedad de la tierra como función social y fin del Estado encontró su mejor expresión en el Artículo 27 constitucional. Con toda su complejidad define la propiedad, la restringe, establece su modalidad, el procedimiento y sus reglamentaciones para modificarla, invoca el principio de expropiación y la causa de utilidad pública; todo ello a través de los atributos del Estado, mismos que configuran las formas de propiedad y los fines de la reforma agraria. El resultado de estas formas de propiedad, una vez atacado el latifundio, fue una estructura compuesta principalmente por tres elementos: la propiedad pública, la social: ejidal y comunal, y la pequeña propiedad.
En cuanto a la propiedad pública, cuando el Artículo 27 señala que los bienes son de la Nación no sólo indica que existe un dominio del Estado sobre todos ellos sino que tiene y existe una propiedad pública igual a la que tienen los propietarios privados; aún más protegida ya que sobre estos bienes el dominio de la Nación es inalienable, los particulares no pueden adquirir sobre ellos derechos reales. Con la propiedad ejidal y comunal, se buscó dar respuesta al problema agrario, cuya caracterización principal estaba en la dicotomía —producto de la Conquista y la Colonia— de individuos sin tierra, sin derechos y sin trabajo por un lado, y de grandes latifundistas por otro, y se concretaría con la reforma agraria cuyos objetivos fueron: 1. Restituir la tierra a aquellos núcleos de población que habían sido despojados por los grandes latifundios y las haciendas. 2. La distribución gratuita de tierra a poblaciones que carecían de ella, en la forma de dotación llamada ejido.1 Aunque en ninguna parte del Artículo constitucional se define lo que es un ejido, se menciona como tal y, en la práctica, el concepto se aplicó a los núcleos de población dotándolos de tierras a través de los procedimientos señalados en la Ley. 3. Crear con ello una nueva estructura de tenencia que reemplazara el antiguo sistema latifundista y permitiera un crecimiento agrícola acelerado. También se destacó el respeto a la propiedad comunal de los pueblos, especialmente las comunidades indígenas, a quienes se autorizó para disfrutar en común las tierras, bosques y aguas que les pertenecieran. Esto, a grandes rasgos, fue el programa agrario delineado en la Constitución de 1917, dejando muchos aspectos para reglamentos e interpretaciones posteriores. En este sentido, el programa fue tomando forma solo, paulatinamente —aunque siempre dentro del marco general establecido en 1917— y cambió con frecuencia de dirección y de ritmo en la práctica. Con relación al ejido, la idea esencial que lo inspiró fue la de proteger a las propiedades colectivas de los pueblos. La palabra ejido se refería, originalmente, a las tierras comunales que se encontraban a la salida de los pueblos y que servían para el usufructo colectivo (para ganado y recolección de madera), y éste era el significado que tradicionalmente se le daba en México, antes de la reforma agraria. De hecho, en la terminología corriente, el concepto ejido se refiere a la comunidad de campesinos que han recibido tierras de esta forma (ejidatarios) y el conjunto de tierras que les corresponden. Su patrimonio está formado por tierras de cultivo (área parcelada), otras para satisfacer necesidades colectivas (uso común) y otra más para urbanizar y poblar (fundo legal), principalmente.
GUÍA DE ESTUDIO ALUMNO: CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ ALVAREZ Así, desde 1917 se han venido creando ejidos casi ininterrumpidamente, pero la función económica atribuida a éstos ha cambiado de forma gradual; primero se les consideró como fuentes de ingresos complementarios a los salarios ganados en las grandes fincas (periodo comprendido por el modelo primario exportador principalmente en los años veinte), luego como pequeñas fincas de subsistencia para los grupos rurales más atrasados (durante los años treinta, en la gran depresión, el ejido se encontraba inactivo y sin apoyo gubernamental). Posteriormente se le asignó durante los años cuarenta, un papel primordial en la producción agrícola y, con la reforma de 1992, finalmente tiene objetivos productivos semejantes a los del sector agrícola privado. La organización interna más apropiada para el ejido siguió un trayecto paralelo, en función del papel que le tocó desempeñar dentro de la estructura agrícola general del país y de las tendencias predominantes en cada época. Por lo tanto, en este marco institucional debe situarse la creación de la mayoría de los ejidos colectivos. Ahora bien, no todos los ejidos de la República fueron dotados con la misma cantidad y calidad de recursos. Muchos factores intervinieron en esta diferenciación que, en parte, es responsable de las variaciones en la eficiencia económica y el funcionamiento institucional de los mismos. En primer lugar, juegan un papel los diferentes recursos naturales en las diversas regiones del país (los ejidos del norte con promedios de dotación de 20 hectáreas); en segundo, la densidad demográfica de cada zona (los ejidos del centro del país con promedio de dotación de entre tres y cuatro hectáreas) y su relación con la estructura de tenencia en la época del reparto agrario; y en tercer lugar, el proceso mismo de la distribución, caracterizado en sus distintas etapas por aspectos particulares de tipo jurídico, técnico, político e ideológico, que se han manifestado en la modificación paulatina de la unidad mínima de dotación ejidal. En consecuencia, el sector ejidal no constituye un sistema de tenencia homogéneo en lo que a cantidad y calidad de sus recursos se refiere. Entre el Artículo 27 original y el reformado en 1992 hubo al menos trece decretos con sendas enmiendas, mismas que reflejan los diversos énfasis del régimen en vigor. 1
5.2 Conceptos de Ejido Mexicano desde 1920 hasta 1991 5.3 Características que tenía el Ejido hasta 1991 (artículo 52 L.F.R.A.) 5.4 El nuevo concepto de Ejido con las Reformas de 1992 El artículo 27 de la Constitución de 1917 devolvió expresamente la capacidad legal a los condueñazgos, rancherías, pueblos, congregaciones, tribus y demás corporaciones de población
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Comentada, Serie Textos Jurídicos Jorge Madrazo p.120 y ss.
GUÍA DE ESTUDIO ALUMNO: CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ ALVAREZ para disfrutar en común de sus tierras, bosques y aguas que les pertenecieran o que se les hayan restituido o restituyeren. Con las reformas al artículo 27 constitucional, en diciembre de 1933 se incorporó al texto constitucional el término ejido, con la misma connotación que se le dio en la ley de 1915. Así, en su fracción X se estableció que los núcleos de población que carecieran de ejidos o no pudieran lograr su restitución, tendrían derecho a que se les dotara con tierras, bosques y aguas para su constitución. De esta manera, este concepto de ejido ya no correspondía al concepto que se tenía en cuanto a que era el campo o tierra que está a la salida del lugar, que no se planta ni se labra, y es común para todos los vecinos, sino que este nuevo ejido no estaba a la salida del lugar, sus tierras se plantaban y labraban para el mantenimiento de los ejidatarios y, finalmente, el ejido no era común a todos los vecinos ya que sólo tenían derecho a participar de él los beneficiados reconocidos, y que aplicaran su esfuerzo personal a las tareas agrícolas. Con las reformas de 1992, que es el texto vigente, el párrafo cuarto de la fracción VII del artículo 27 constitucional establece que la ley fijará los requisitos y procedimientos conforme a los cuales la asamblea ejidal otorgará al ejidatario el dominio pleno sobre su parcela. Por tanto, Gerardo González Navarro, define al Ejido como “una sociedad de interés social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, integrado por el conjunto de tierras, aguas y bosques y pen general, por todos los recursos naturales que lo constituyen. Su finalidad es el mejoramiento de la vida campesina mediante el uso y la explotación lícita, integral y respetuosa del medio ambiente y de las tierras de su propiedad que hubieren sido entregadas por dotación o se hayan adquirido mediante cualquier otro título (art. 9º. De la Ley Agraria)”.2 5.5 La personalidad Jurídica del Ejido El ejido es una sociedad mexicana de interés social, integrada por campesinos mexicanos de nacimiento, con un patrimonio inicial constituido por las tierras, bosques y aguas que el estado le entrega gratuitamente en propiedad inajenable, intransmisible, inembargable e imprescriptible; sujeto a su aprovechamiento y explotación a las modalidades establecidas en la ley, bajo la dirección del estado en cuanto a la organización de su administración interna basada en la cooperación y la democracia económica ,y que tiene por objeto la explotación y el aprovechamiento integral de sus recursos naturales y humanos , mediante el trabajo personal de sus socios en su propio beneficio , la liberación y la explotación en beneficio de terceros en su fuerza de trabajo y del producto de la misma, y la elevación de su nivel de vida social, cultural y económico. 5.6 Los Órganos del Ejido
GONZALEZ NAVARRO Gerardo. DERECHO AGRARIO Editorial OXFORD pág. 163.
GUÍA DE ESTUDIO ALUMNO: CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ ALVAREZ Los órganos del ejido y de la comunidad son: La asamblea: Es el órgano supremo del ejido o la comunidad es la asamblea. Es un órgano integrado por personas con un fin común, el cual no funciona en forma permanente, sino sólo cuando se convoca y sus miembros se reúnen para deliberar y votar los asuntos correspondientes. La asamblea, en materia agraria, es una reunión temporal de los miembros integrantes de un mismo núcleo agrario, celebrada para deliberar y votar los asuntos para los cuales fueron convocados conforme a los procedimientos señalados por la ley Agraria. Los artículos de la Ley Agraria que regulan lo relacionado con la asamblea son el 11 y del 22 al 31 de dicho ordenamiento. En cuanto a la periodicidad de la asamblea, la Ley Agraria dispone que deberá reunirse por lo menos una vez cada seis meses, o con mayor frecuencia cuando así lo determine el propio núcleo a través de su reglamento o su costumbre. El comisariado: El comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido. Lo integran un presidente, un secretario y un tesorero, con sus respectivos suplentes. Si el reglamento interno no dispone la forma y extensión de sus funciones, se entenderá que funcionan conjuntamente y n o en forma separada, a menos que la asamblea ejidal así lo disponga en su reglamento. El consejo de vigilancia: Se constituye por un presidente y dos secretarios, con sus respectivos suplentes. Si el reglamento no dispone nada en cuanto a su función, se entenderá que sus integrantes lo harán conjuntamente. Ellos son los encargados de vigilar los actos del comisariado para que se ajusten a los preceptos de ley; revisar las cuentas y operaciones del comisariado; convocar a asambleas cuando no lo haga el comisariado y las demás que establezca el artículo 36 de la L.A. 5.7 El Patrimonio Ejidal Bienes que pertenecen al ejido La resolución presidencial fundamenta el patrimonio (tierras, montes, pastos aguas y demás bienes) de los núcleos de población ejidal. Que mediante la ejecución de dicha resolución, otorga al ejido propietario la calidad de poseedor de esos bienes o se le confirma, si el núcleo ejidal disfrutaba de la posesión provisional. La resolución presidencial y los bienes que adquiere el ejido posibilitan la clasificación del patrimonio ejidal en los siguientes apartados: • Individual: comprende la parcela, los solares con una extensión máxima de 2,500m2 y en los ejidos colectivos un predio para granja familiar, con una superficie máxima de dos hectáreas (Art. 63, 93 y 140)
GUÍA DE ESTUDIO ALUMNO: CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ ALVAREZ • Colectivo: es válido para los ejidos que tienen ese sistema de organización productiva social (Art. 135) • Común: engloba el uso y aprovechamiento de las aguas para el riego de las tierras ejidales, igualmente los pastos, bosques y montes (Art. 56y 65) • Social: considera la parcela escolar igual a una unidad de dotación y la unidad agrícola industrial para la mujer (Art. 101 y 103) • Recursos no agrícolas, ni pástales, ni forestales: comprende los que se puedan explotar en forma industrial y comercial por el ejido, para fines turísticos, pesqueros y mineros. Estructura del ejido. Está compuesto de la siguiente manera: • La zona de cultivo dividido en parcelas • La zona de urbanización • La zona escolar (mínimo una escuela.) • La zona de tierras comunales, donde solo los campesinos podrán hacer uso de ellas. Características del ejido. • es inalienable - nadie puede quitar la tierra a ese núcleo campesino. • Inembargable - nadie puede embargar la tierra para hacer efectivo el pago de una deuda. • Indivisible - que no puede subdividirse o fraccionarse. • Intransmisible - no se puede transmitir bajo ningún motivo o bajo ninguna condición. Tipos de ejido. • Ejido agrícola - dedicado al cultivo • Ejido ganadero - dedicado a la cría de ganado • Ejido forestal - dedicado a la explotación de los bosques 5.8 Tierras para el asentamiento humano Son las destinadas al asentamiento humano e integran el área necesaria para el desarrollo de la vivienda comunitaria del ejido, se compone de los terrenos en que se ubique la zona de urbanización y su fundo legal (art. 63 de la Ley Agraria), de lo que se obtiene el área de reserva de tierras para el crecimiento poblacional, así como la correspondiente a la constitución de solares urbanos. Por su parte el artículo 87 de la Ley Agraria indica que si los terrenos de un ejido se encuentran ubicados en el área de crecimiento de un centro de población, los núcleos de población ejidal podrán beneficiarse de la urbanización de sus tierras. En todo caso, la incorporación de las tierras ejidales al desarrollo urbano deberá sujetarse a las leyes, reglamentos y planes vigentes en materia de asentamientos humanos, y queda prohibida, conforme al artículo 88 de la propia legislación incluyendo las zonas de preservación ecológica de los centros de población, cuando se contraponga a lo previsto en la declaratoria respectiva. 5.9 Tierras de uso común Las tierras de uso común están conformadas por aquellas tierras destinadas al sustento económico de la vida en comunidad del ejido; es decir, son las tierras dirigidas al uso, trabajo o explotación colectiva de los propios ejidatarios.
La asamblea de cada ejido, conforme al artículo 56 de la Ley Agraria podrá determinar el destino de las tierras que no estén formalmente parceladas, efectuar el parcelamiento de éstas, reconocer el parcelamiento económico o de hecho regularizar la tenencia de los posesionarios o de quienes carezcan de los certificados correspondientes. Los derechos sobre las tierras de uso común se presumirán concebidos en partes iguales, a partir de la certificación que realice el Registro Agrario Nacional del plano interno del ejido, y con base en éste, expedirá los certificados parcelarios o los certificados de derechos comunes o ambos. Las tierras ejidales de uso común son inalienables, imprescriptibles e inembargables, es decir, no se puede transmitir el dominio sobre estas tierras, ni se puede prescribir o embargar, artículo 74 de la Ley Agraria. 5.10 Tierras Parceladas En las tierras parceladas (porción pequeña de terreno, de ordinario sobrante de otra mayor que se ha dotado por el gobierno a favor de un núcleo), correspondiente al ejidatario el aprovechamiento, uso y usufructo de la unidad con la que fue dotado, artículo 76 de la Ley Agraria. Así el artículo 76 de la Ley Agraria establece que corresponde a los ejidatarios e derecho de aprovechamiento, uso y usufructo de sus parcelas. En ningún caso la asamblea ni el comisariado ejidal podrá usar, disponer o determinar la explotación colectiva de las tierras parceladas del ejido sin el previo consentimiento escrito de su titulares, por lo que el ejidatario puede aprovechar su parcela directamente o conceder a otros ejidatarios o a terceros su uso o usufructo mediante aparcería, mediería, asociación, arrendamiento o cualquier otro acto jurídico no prohibido por la ley, sin necesidad de autorización de la asamblea o de cualquier autoridad. Asimismo podrá aportar sus derechos de usufructo a la formación de sociedades tanto mercantiles como civiles, artículos 77 y 79 de la Ley Agraria. 5.11 Tierras de Zonas urbanas La ley Agraria en el capítulo II de las tierras ejidales Sección Séptima correspondiente a las tierras ejidales en zonas urbanas establece lo siguiente: Articulo 87.- Cuando los terrenos de un ejido se encuentren ubicados en el área de crecimiento de un centro de población, los núcleos de población ejidal podrán beneficiarse de la urbanización de sus tierras. En todo caso, la incorporación de las tierras ejidales al desarrollo urbano deberá sujetarse a las leyes, reglamentos y planes vigentes en materia de asentamientos humanos. Artículo 88.- queda prohibida la urbanización de las tierras ejidales que se ubiquen en áreas naturales protegidas, incluyendo las zonas de preservación ecológica de los centros de población, cuando se contraponga a lo previsto en la declaratoria respectiva. Articulo 89.- en toda enajenación de terrenos ejidales ubicados en las áreas declaradas reservadas para el crecimiento de un centro de población, de conformidad con los planes de desarrollo urbano municipal, en favor de personas ajenas al ejido, se deberá respetar el derecho de
GUÍA DE ESTUDIO ALUMNO: CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ ALVAREZ preferencia de los gobiernos de los estados y municipios establecido por la ley general de asentamientos humanos. 5.12 Requisitos para la formación de nuevos Ejidos A partir de la vigencia de la actual Ley Agraria, la creación de un ejido es un acto voluntario que no requiere autorización de ninguna dependencia pública, por medio del cual los interesados en constituirlo aportan tierras de propiedad privada a efecto de crear un nuevo ejido. Los supuestos básicos por los que los interesados procederían a constituir un nuevo ejido son, por una parte, la intención de crear una persona moral, con personalidad jurídica y patrimonio propios (Ley Agraria, artículo 9º), como instancia organizativa-económica que norme sus actividades productivas entre ellos mismos, ante terceros y ante el propio Estado, y por otra, que a partir de dicha constitución las tierras que aporten se sujeten a las prerrogativas y limitaciones que la Ley Agraria establece para las ejidales, atendiendo al tipo y destino de las mismas, asumiendo los interesados los derechos y obligaciones que para los ejidatarios prevé la propia legislación. Por su parte el Artículo 27 constitucional, fracción VII, reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales. La Ley Agraria establece en los artículos 90 y 91 la posibilidad de que se constituyan nuevos ejidos, en los siguientes términos: Artículo 90. Para la constitución de un ejido bastará: I. Que un grupo de 20 o más individuos participen en su constitución; II. Que cada individuo aporte una superficie de tierra; III. Que el núcleo cuente con un proyecto de reglamento interno que se ajuste a lo dispuesto en esta Ley, y IV. Que tanto la aportación como el reglamento interno consten en escritura pública y se solicite su inscripción en el Registro Agrario Nacional. Artículo 91. A partir de la inscripción a que se refiere la fracción IV del artículo anterior, el nuevo ejido quedará legalmente constituido y las tierras aportadas se regirán por lo dispuesto por esta Ley para las tierras ejidales. 5.13 Ejidatarios, avecindados y posesionarios Ejidatario.- Campesino que participa de los bienes ejidales concedidos a un núcleo de población, ya sea como adjudicatario de una parcela individual, si el ejido cuanta con terrenos de cultivo susceptibles de parcelarse, o que participa de las tierras de agostadero, monte o de otra clase, si se considera al núcleo de tierras de uso común.3
Luna Arroyo. Antonio y Alcerreca, Diccionario del Derecho Agrario México. Ed. Porrúa. México, 1982. p. 162.
Son ejidatarios los hombres y mujeres titulares de los derechos ejidales (Ley Agraria Artículo 12). Avecindados.- Por lo que hace al requisito de avecindad, el artículo 13 de la Ley Agraria define a los avecindados como “aquellos mexicanos mayores de edad que han residido por un año o más en las tierras del núcleo de población ejidal y que han sido reconocidos como tales por la asamblea ejidal o el tribunal agrario competente”. En materia agraria, entonces, debemos entender por avecindad el radicar en determinado lugar por más de un año y que esa residencia obedezca al ánimo de sustento para el avecindado, derivado de subsistencia con motivo de los aprovechamientos agrícolas o de su comercialización, porque de no ser así estaríamos desvinculando al campesino de la propia explotación de la tierra o de las actividades relacionadas con ésta. Además para adquirir el carácter de avecindado de un núcleo agrario no basta lo antes mencionado, sino que tal carácter debe ser reconocido por la asamblea ejidal o comunal, según sea el caso. De darse la negativa de ésta, entonces el tribunal agrario competente estará facultado para resolver esa cuestión por la vía de controversia, en la que se demande al ejido de que se trate tal reconocimiento. Posesionarios.- Son las personas que tienen en posesión parcelas ejidales y pueden estar o no reconocidas como ejidatarios. Puede adquirir la titularidad de los derechos sobre su parcela por el 4 reconocimiento que haga la asamblea o por la prescripción positiva.
6.1. Antecedentes históricos en el Calpulli
El imperio azteca era gobernado por un monarca y había todo un órgano judicial que resolvía los conflictos entre los miembros de la sociedad. La división en clases sociales permitía que cada individuo se dedicara a una función específica acorde con su capacidad. Así, había una clase noble, una sacerdotal, otra guerrera, además de la comerciante y la campesina. A su vez, la tierra estaba dividida entre estos sectores, como el tlatocalli, el milchimalli, el pillali y el teotlalpam, cuyatenencia correspondía a los señores, guerreros y sacerdotes, respectivamente.
Procuraduría Agraria. Revista espacios. Número 4 de septiembre de 1993. p. 13.
A la gente del pueblo le correspondía el calpulli, una pequeña superficie de tierra que bastaba a su titular para cubrir sus necesidades y las de su familia. El calpulli, as u vez era parte del calputlalli. El consejo del Calputlalli –dice Martha Chávez Padrón- distribuía las tierras entre los solicitantes del mismo barrio para su explotación y uso personal, pero no se otorgaba en propiedad sin condiciones. 5 Y agrega: “entre los aztecas solamente el señor (tzin) podía disponer de la tierra como propietario y ejercer la plena in re potestas (derecho de usar, disfrutar y de disponer de una cosa). El señor podía dejar tierras para sí, llamándose entonces a dichas tierras tlatocalli (tlatoa, mandar, calli, casa), o las repartía entre los principales (pipiltzin), siguiendo por regla general sus costumbres, pero estas tierras podían volver a poder del señor cuando éste lo desease. La forma de la tenencia de la tierra tomaba el nombre dependiendo del sector favorecido: a) EL PILLALLI estaba constituido poro posesiones antiguas de los pipiltzin, trasmitidas de padres a hijos o concedidas por el rey en recompensa por los servicios prestados al monarca. b) EL TEOTLALPAM (tierra de los dioses) estaba destinado a sufragar los gastos del culto religioso. c) A su vez, las tierras del MILCHIMALLI permitían suministrar víveres al ejército en tiempos de guerra. d) Por su parte, el ALTEPETLALLI estaba conformado por tierras de las ciudades cuyo destino era sufragar los gastos del pueblo. Estas tierras se dividían entre el número de barrios y cada uno de éstos poseía su parcela con independencia de los otros. e) En lo que toca al CALPULLI, la propiedad de las tierras era comunal: pertenecía al bario al que se había asignado y sus miembros sólo gozaban del usufructo; el calpulli no era enajenable. “En Mesoamerica y propiamente en la época pre-colonial, en el régimen de explotación agrícola azteca, el calpulli –escribe José Luis Soberanes Fernández- como persona moral era el titular de la tierra laborable, la cual era entregada para su explotación en parcelas a los jefes de familia, a través de una especie de enfiteusis, de la misma manera que constituía también una unidad fiscal y religiosa”.6 En cuanto a las medidas utilizadas por el pueblo azteca, Lucio Mendieta y Núñez señala: “sabemos que tenían una unidad para las medidas longitudinales llamada octácatl, que significa vara de
PADRON Chávez Martha. EL DERECHO AGRARIO EN MÉXICO. Pag 19.
SOBERANES Fernández José Luis, HISTORIA DEL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, p. 24.
GUÍA DE ESTUDIO ALUMNO: CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ ALVAREZ medir o dechado. Orozco y Berra fija la correspondencia de esta medida con las modernas, valiéndose de una cita de la Ixtlixóchitl, en tres varas de Burgos, ósea 2 metros 514 milímetros”.7
6.2 Reconocimiento legal de la comunidad y sus efectos
Durante la época colonial la división de la superficie territorial conquistada estuvo sujeta a las hazañas o inversiones realizadas por los españoles. Así los pueblos avasallados vieron cómo sus tierras fueron a dar al patrimonio del Estado peninsular. Mediante diversos documentos conocidos como BULAS ALEJANDRINAS se legitima la actuación de la Corona de Castilla en las tierras descubiertas, de acuerdo con la premisa expuesta por Enrique de Susa, el Ostiense, de que si Dios es el creador de las cosas terrenales y el papa es el representante terrenal de Jesús, entonces ello resulta ser un justo título para legitimar dichas tierras. En tal forma legitimadas las tierras a favor de la Corona española, se constituye la propiedad de ésta así como la personal del monarca, con lo que surgen las tierras realengas, que pertenecías al Tesoro Real e incluían tierras de siembra, montes, pastos y aguas. De ahí se deriva la propiedad inmueble que rige durante el coloniaje y que desde el punto de vista individual incluía:  Las Mercedes Reales.- Eran tierras dadas a los conquistadores y colonizadores, cuya superficie variaba en cuanto a su extensión por los méritos del solicitante o la calidad de las tierras. Las mercedes eran provisionales, ya que el titular tenía que cumplir los requisitos de residencia y de explotación agrícola que se imponían para obtener la propiedad. La Caballería.- Medida de tierra entregada en merced a un soldado de caballería. La Peonía.- Consistía en la tierra entregada en merced a un soldado de infantería. Las Suertes.- Solares de labranza que se daban a los colonos por medio de una capitulación o una merced. La Compraventa.- El Tesoro Real podía vender las tierras avasalladas por medio de la compraventa a particulares.
En cuanto a los medios de que disponían tanto las personas morales como las personas físicas para adquirir la propiedad, éstos eran:   Confirmación.- Era un procedimiento por el cual el rey “confirmaba” la tenencia de la tierra a alguien que careciera de títulos sobre ella, o bien, cuando su título tuviera algún vicio. Usucapión.- Las tierras realengas podían usucapirse (prescribir) y el termino para ello variaba.
MENDIETA y Núñez Lucio, EL PROBLEMA AGRARIO DE MÉXICO, Ed. Porrúa, p 19.
GUÍA DE ESTUDIO ALUMNO: CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ ALVAREZ  Composición.- En 1631 los cabildos dispusieron que aquellos que hubieren introducido y usurpado más de lo que les perteneciera, fueran admitidos en cuanto al exceso, a moderada composición, despachándole nuevos títulos.
En cuanto a la propiedad colectiva, existían las siguientes:    Las reducciones.- Consistían en pueblos de fundación indígena cuyo objeto era concentrar a los indios para que fueran instruidos en la santa fe católica y sometidos a un orden legal. El Fundo Legal.- Estaba constituido por terrenos disponibles para el asentamiento del pueblo. Inicialmente este medía 500 varas hacia los 4 vientos, pero para 1687 este aumento a una extensión de 600 varas (501.6 metros). Los Ejidos.- Felipe II, por disposición del 1º de diciembre de 1573, ordenó que los sitios en que se formaron los pueblos y las reducciones tuvieran comodidad de aguas, tierras y bosques, entradas, salida y labranzas, y un ejido de una legua de largo, donde los indios pudieran criar sus ganados sin que se revolvieran con otros de españoles. La Dehesa.- Era un lugar donde se llevaba a pastar el ganado, y al igual que el ejido, se encontraba a la salida del pueblo. No se podía labrar ni plantar en él. Las tierras de repartimiento.- En los pueblos de nueva fundación deberían continuar en el goce de las tierras que antes de ser reducidas poseían, las cuáles se les dieron por disposición y mercedes especiales, constituyéndose en parcialidades indígenas y de comunidad; es decir, estas tierras de repartimiento se daban en usufructo a las familias que habitaban los pueblos, con la obligación y utilizarlas, y si quedaban vacantes las parcelas, éstas eran repartidas entre quienes las solicitaban. Los propios.- Tanto los pueblos españoles e indígenas tenían determinados terrenos que se destinaban a cubrir los gastos públicos. Los ayuntamientos eran los encargados de su administración y los daban a censo enfitéutico o los arrendaban entre los vecinos del pueblo.
6.3 Principios sobre protección a las tierras indígenas
En el México independiente, la tenencia de la tierra gira en torno de la colonización, figura que supuestamente contrarrestaría el latifundio originado por la Conquista, así como la sobrepoblación de las regiones centrales y la falta de población en el norte del país. Tal perfil se podía observar en el México de 1821; en los años siguientes se conservaron las formas de acaparamiento de tierra; los latifundios fueron mantenidos por los españoles y sus descendientes; la propiedad eclesiástica aumentó en detrimento de la economía nacional. Este acaparamiento trajo como consecuencia la falta de movilidad de las tierras rusticas, lo cual impidió que los impuestos llegaran a las arcas del gobierno que iniciaba su gestión. El resultado fue que esas tierras se convirtieran en improductivas, tanto en el aspecto agropecuario como en el fiscal, cuando en el país existían campesinos carentes de tierras con que subsistir. La situación mencionada se intentó remediar mediante una serie de disposiciones legales que en su mayoría resultaron un fracaso o que, en la práctica, fueron nocivas para los grupos campesinos del país, como la propia Ley de Desamortización.
De tal modo la legislación sobre colonización trató de resolver el problema del despoblamiento territorial. Para 1823 Severo Maldonado publicó un proyecto de leyes agrarias mediante el cual se proponía el fraccionamiento de las tierras que no tuvieran propietarios en “predios o porciones, que no sean tan grandes que no puedan cultivarlas bien, ni tan pequeñas que no basten sus productos para la subsistencia de una familia de 20 personas”. El 23 de junio de 1856 el diputado Ponciano Arriaga pidió la expedición de una ley agraria que incorporara el derecho a la propiedad perfeccionado por medio del trabajo, la acción de límites a la propiedad y la dotación a pueblos o rancherías mediante la expropiación de las tierras, para que fueran repartidas en solares a censo enfitéutico. 8
La pequeña propiedad individual.
7.1 Tipos de pequeña propiedad en México
La pequeña propiedad individual es la superficie de tierras agrícolas, ganaderas o forestales cuya propiedad recae en un solo individuo y sin que exceda los límites prohibidos por la ley, artículo 115 y 116 de la Ley Agraria. Se entiende por tierras agrícolas los suelos utilizados para el cultivo vegetales, por tierras ganadera los suelos empleados para la producción y cría de animales mediante el uso de su vegetación, sea esta natural o inducida; por último, tierras forestales son los suelos utilizados para el manejo productivo de bosques o selvas. Se repuntan como agrícolas las tierras agrícolas que no estén dedicadas en realidad a otra actividad económica.
7.2 Agrícola
PADRON Chávez Martha. EL DERECHO AGRARIO EN MÉXICO. Pags 237 y 238.
GUÍA DE ESTUDIO ALUMNO: CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ ALVAREZ Se considera propiedad agrícola a la superficie de tierras agrícolas de riego o de humedad de primera que no exceda los siguientes límites o sus equivalentes en otras clases de tierras: 1. 100 hectáreas si se destinan a cultivos distintos de los señalados a continuación; 2. 150 hectáreas si se destinan a cultivos de algodón; 3. 300 hectáreas si se destinan a cultivos de plátano, caña de azúcar, café, henequén, hule, palma, vid, olivo, quina, vainilla, cacao, agave, nopal o árboles frutales (artículo 117 de la Ley de Amparo). Para los efectos de la aplicación de la Ley agraria, se consideran árboles frutales, las plantas perenes de tronco lechoso productora de frutos útiles al hombre. Para su equivalencia se computará una hectárea de riego por dos de temporal, por cuatro de agostadero de buena calidad y por ocho de monte o agostadero en terrenos áridos. En lo concerniente a los límites de la pequeña propiedad, cuando un mismo individuo sea propietario de tierras agrícolas de distinta clase o las destine a distintos cultivos, se sumaran todas ellas de acuerdo con sus equivalencias y con el cultivo correspondiente. En los predios dedicados a las actividades previstas en las fracciones I y III del artículo 117 de la L.A., podrán intercalarse otros cultivos sin que por ello dejen de aplicarse los límites previstos para dichas actividades.
7.3 Ganadera
Es la superficie destinada para la reproducción y cría de animales mediante el uso de su vegetación, ya natural, ya inducida y que de acuerdo con el coeficiente de agostadero ponderado de la región, no exceda de la necesaria para mantener hasta 500 cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, conforme a las equivalencias que publica la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. (art. 120 de la L.A.). Las pequeñas propiedades ganaderas seguirán siendo consideradas como tales aún cuando se destinen a uso agrícola, siempre que las tierras dedicadas a tal fin, hubieran sido mejoradas y se cumpla con lo siguiente: 1. Que la producción obtenida de la superficie destinada a uso agrícola, se utilice para la alimentación de ganado, o 2. Que las tierra dedicadas a uso agrícola, sin fines de alimentación de ganado, no excedan la superficie señala en el artículo 117 de la L.A. El límite aplicable será el que corresponda a la clase que tenía dichas tierras antes de la mejora. Los vegetales que en forma espontánea se obtengan en tierras ganaderas, podrán comercializarse sin que por ello se entienda que dichas tierras se destinan a uso agrícola. Cuando las tierras de
GUÍA DE ESTUDIO ALUMNO: CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ ALVAREZ una pequeña propiedad ganadera se conviertan en forestales, estas seguirán considerando como pequeña propiedad aunque rebase las 800 hectáreas.
7.4 Forestal
Es la superficie de tierras utilizadas para el manejo productivo de bosques, de cualquier clase que no exceda las 800 hectáreas (artículo 119 L.A.).
7.5 Límites a la pequeña propiedad individual
Articulo 118 Ley Agraria.- para efectos de la aplicación de los límites de la pequeña propiedad, cuando un mismo individuo sea propietario de tierras agrícolas de distinta clase o las destine a diferentes cultivos, se sumaran todas ellas de acuerdo a sus equivalencias y al cultivo respectivo. En los predios dedicados a las actividades previstas en las fracciones II y III del artículo 117, podrán intercalarse otros cultivos, sin que por ello dejen de aplicarse los limites previstos para dichas actividades.(ley agraria).
7.6 Por la calidad de sus tierras
Aquí es conveniente aclarar las diferencias que existen entre las diversas calidades de tierra, así: - Tierras de riego: Son aquéllas que poseen humedad permanente, y no depende de la lluvia para su irrigación, pues esta se consigue a través de aguas provenientes de presas, ríos, pozos, lagunas, etc. - Tierras de temporal: Son aquéllas cuya humedad, está sujeta a los ciclos pluviométricos de la región, en el entendido de que estos son constantes. La parte sur de Tamaulipas, en la cual las épocas de lluvia y están perfectamente definidas. La época de lluvias, abarca desde mayo a noviembre. y el estiaje los meses restantes. - Tierras de agostadero de buena calidad: Igual que las tierras de temporal, su humedad depende de las lluvias, sólo que en estas regiones los ciclos pluviométricos, no se encuentran tan definidos como en las tierras de temporal ya que puede haber años o temporadas en que las lluvias no caen o caen irregularmente. - Tierras de monte o agostadero en terrenos áridos: En los terrenos de monte, puede llover mucho, sólo que por su grado de pendiente o inclinación, hacen difícil la posible la práctica de la agricultura. En tanto que las tierras de agostadero en terrenos áridos, son regiones en las que casi nunca llueve.
7.7 Por la clase de cultivos
GUÍA DE ESTUDIO ALUMNO: CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ ALVAREZ Por la importancia económica que revisten ciertos tipos de cultivo, el articulo 27 constitucional y ei 117 de la Ley Agraria, se permite ser propietario de una mayor superficie de tierra en los casos siguientes: - 150 hectáreas, si se destinan al cultivo de algodón. - 300 hectáreas, si se destinan al cultivo de plátano, caña de azúcar, café, henequén, hule, palma, vid, olivo, quina, vainilla, cacao, agave, nopal o árboles frutales, pequeña Propiedad Ganadera.
7.8 Por la superficie necesaria para mantener el ganado
El artículo 120 de la Ley Agraria, considera pequeña propiedad ganadera la superficie de tierras que de acuerdo con el coeficiente de agostadero de la región de que se trate, no exceda a la necesaria para mantener hasta 500 cabezas de ganado mayor conforme a las equivalencias que determine y publique la Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación. El coeficiente de agostadero, es la superficie de terreno que se requiere para alimentar una cabeza de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, atendiendo los factores topográficos, climatológicos y pluviométricos que determinen la capacidad forrajera de cada región.
7.9 Enajenación y excedentes y orden de preferencia
La Ley Agraria en su Artículo 124 establece lo siguiente.- Las tierras que conforme a lo dispuesto en esta ley excedan la extensión de la pequeña propiedad individual, deberán ser fraccionadas, en su caso, y enajenadas de acuerdo con los procedimientos previstos en las leyes de las entidades federativas. De acuerdo con lo dispuesto por la parte final del párrafo segundo de la fracción XVII del artículo 27 de la Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos, cuando en la enajenación de excedentes en publica almoneda se hagan dos o más ofertas iguales, tendrán preferencia, en el orden señalado: I. Los núcleos de población colindantes a las tierras de cuya enajenación se trate; II. Los municipios en que se localicen los excedentes; III. Las entidades federativas en que se localicen los excedentes; IV. La federación; V. Los demás oferentes.
7.10 Prohibición de latifundios
La prohibición de latifundios se encuentra contemplada en la Fracción XV del artículo 27 Constitucional y 115 de la Ley Agraria.
GUÍA DE ESTUDIO ALUMNO: CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ ALVAREZ Art. 27 Fracción XV. EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS QUEDAN PROHIBIDOS LOS LATIFUNDIOS. ARTICULO 115.- PARA LOS EFECTOS DEL PARRAFO TERCERO Y LA FRACCION XV DEL ARTICULO 27 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SE CONSIDERAN LATIFUNDIOS LAS SUPERFICIES DE TIERRAS AGRICOLAS, GANADERAS O FORESTALES QUE, SIENDO PROPIEDAD DE UN SOLO INDIVIDUO, EXCEDAN LOS LIMITES DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD. Podemos de decir que en nuestro país, está reglamentado en nuestra Constitución y en las Leyes complementarias o secundarias la Prohibición de los Latifundios que recaiga en una sola persona, como sucedió en la nueva España, después de la conquista que las extensiones de tierras eran exageradas de un solo dueño, que a la independencia y la revolución fue por estas desigualdades que dio origen, para fundamentar la prohibición de los latifundios en México.
1.- Definición de la pequeña propiedad.
R.- es la superficie de tierras agrícolas, ganaderas o forestales cuya propiedad recae en un solo individuo y sin que exceda los límites permitidos por la ley.
2.- Definición de la pequeña propiedad, su origen
R.- En leyes agrarias anteriores se le denominaba solo pequeña propiedad, sin el calificativo de individual, pues se entendía que era la única forma de propiedad privada sobre la tierra. En la nueva legislación agraria se contempla la pequeña propiedad individual, se conservan las figuras de la propiedad agrícola y ganadera y se introduce la Pequeña propiedad agrícola La pequeña propiedad agrícola es aquella constituida por suelos utilizados para el cultivo de vegetales. Se considera pequeña propiedad agrícola la superficie de tierras agrícolas que no exceda 100 hectáreas si se destina a cultivos distintos a los señalados en los siguientes puntos; • 150 hectáreas si se destina al cultivo del algodón. • 300 hectáreas si se destina al cultivo de plátano, caña de azúcar, café, henequén, hule, palma, vid, olivo, quina, vainilla, cacao, agave, nopal o árboles frutales (son plantas perennes de tronco leñoso productoras de fruto útiles al hombre). Pequeña Propiedad Ganadera.Está constituida por los suelos utilizados para la reproducción y cría de animales, mediante el uso de su vegetación sea natural o inducida. Su extensión se sujetará a los coeficientes de agostadero ponderados en la región de que se trate, suficiente para mantener hasta 500 cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor.
GUÍA DE ESTUDIO ALUMNO: CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ ALVAREZ El coeficiente de agostadero debe ser determinado y publicado por regiones, mediante estudios técnicos de campo, los cuales deben tomar en cuenta la superficie que se requiere para alimentar 1 cabeza de ganado mayor o su equivalente en menor, según los factores topográficos, climatológicos y pluviométricos que determinen la capacidad forrajera de cada región, ganado mayor: bueyes, vacas, mulas, yeguas etc., ganado menor: ovejas, cabras y cerdos, Pequeña Propiedad Forestal.Se integra con los suelos utilizados para el manejo productivo de bosques o selvas de cualquier clase cuya extensión no exceda las 800 hectáreas. A estos últimos se le llama ganado de cerda. Las tierras que excedan de la pequeña propiedad individual deberán ser fraccionadas y enajenadas. Cuando la enajenación de excedentes se haga en pública almoneda y haya 2 o más ofertas iguales, tendrán preferencia: • Los núcleos de población colindantes a las tierras de cuya enajenación se trate. • Los municipios en los que se localicen los excedentes. • Las entidades federativas en que se localicen los excedentes
3.- Explica brevemente a continuación que son las tierras agrícolas
R.- Son los suelos utilizados para el cultivo de vegetales. Comprenden las de riego y las de secano, los pastizales cultivados, huertos y plantaciones.
4.- Estructura un cuadro donde desarrolles la definición de: pequeña propiedad forestal y pequeña propiedad ganadera. Pequeña Propiedad Forestal Pequeña propiedad Ganadera Son suelos utilizados para el manejo productivo de bosques Son suelos utilizados para la reproducción y cría o selvas, que no debe exceder de 800 has., sea cual fuere de animales mediante el uso de su vegetación, sea la calidad de las tierras esta natural o inducida. no exceda a la necesaria para mantener hasta 500 cabezas de ganado. 5.- Explica quién determina el coeficiente de agostadero.
R.- Artículo 120 de la Ley Agraria: Se considera pequeña propiedad ganadera la superficie de tierras ganaderas que, de acuerdo con el coeficiente de agostadero ponderado de la región de que se trate no exceda de la necesaria para mantener hasta quinientas cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, conforme a las equivalencias que determine y publique la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. El coeficiente de agostadero por regiones que determine la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos se hará mediante estudios técnicos de campo tomando en cuenta la superficie que se requiere para alimentar una cabeza de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, atendiendo los factores topográficos, climatológicos y pluviométricos que determinen la capacidad forrajera de la tierra de cada región.
6.- Cita a continuación el concepto de latifundio. R.- Artículo 115 Ley Agraria: Para los efectos del párrafo tercero y la fracción XV del artículo 27 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se consideran latifundios las superficies de tierras agrícolas, ganaderas o forestales que, siendo propiedad de un solo individuo, excedan los límites de la pequeña propiedad.
7.- Explica brevemente el procedimiento de enajenación de excedentes
R.- La Dirección General Técnica Operativa de la Secretaria De La Reforma Agraria es la encargada de Verificar que las sociedades mercantiles y civiles, propietarias de tierras agrícolas, ganaderas y forestales, estén dentro de los límites de extensión de tierra permitidos por el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Establecer el procedimiento de enajenación de excedentes de tierras de las sociedades mercantiles y civiles referidas en la fracción anterior, de acuerdo con la Ley; Notificar a la autoridad competente para que ésta aplique el procedimiento previsto en los artículos 124 y 132 de la Ley Agraria, en el supuesto de la existencia de excedencias; Investigar de oficio o a petición de parte, el acaparamiento de tierras ejidales o comunales y, en su caso, instaurar el procedimiento previsto en la Ley.
Las sociedades mercantiles en actividades agrarias.
8.1. Límites a las sociedades mercantiles o civiles propietarias de tierras
Las Sociedades Mercantiles o Civiles no podrán tener en propiedad tierras agrícolas, forestales o ganaderas en mayor extensión que la equivalente a 25 veces los límites de la pequeña propiedad individual, y deberán participar en la sociedad, por lo menos, tantos individuos como tantas veces rebasen las tierras de la sociedad los límites de la pequeña propiedad individual. Al efecto, se
GUÍA DE ESTUDIO ALUMNO: CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ ALVAREZ toma en cuenta la participación de cada individuo, ya sea en forma directa o a través de otra sociedad. A manera de ejemplo digamos que el límite para la pequeña propiedad con tierras de primera calidad y riego, utilizadas para la siembra de hortalizas, es de 100-00-00 hectáreas. Pensamos, en forma hipotética en una empresa que tenga en propiedad tierras con estas características, luego, si la pequeña propiedad es de 100 hectáreas y sólo puede tener 25 veces esta, entonces podrá tener hasta 2,500-00-00 hectáreas, lo que equivale a 25 veces la pequeña propiedad. Ahora bien, cada socio no debe rebasar la pequeña propiedad individual, por lo que si la empresa cuenta con menos de 25 socios, ellos estarían excediendo en forma proporcional los límites de la pequeña propiedad, por lo que la sociedad no deberá tener menos de 25 socios.
8.2 Requisitos en la Constitución de Sociedades Mercantiles
Artículo 126.- Las sociedades mercantiles o civiles no podrán tener en propiedad tierras agrícolas, ganaderas o forestales en mayor extensión que la equivalente a veinticinco veces los límites de la pequeña propiedad individual y deberán cumplir con los siguientes requisitos: I. Deberán participar en la sociedad, por lo menos, tantos individuos como veces rebasen las tierras de la sociedad los límites de la pequeña propiedad individual. Al efecto, se tomará en cuenta la participación de cada individuo, ya sea directamente o a través de otra sociedad; II. Su objeto social deberá limitarse a la producción, transformación o comercialización de productos agrícolas, ganaderos o forestales y a los demás actos accesorios necesarios para el cumplimiento de dicho objeto; III. Su capital social deberá distinguir una serie especial de acciones o partes sociales identificada con la letra T, la que será equivalente al capital aportado en tierras agrícolas, ganaderas o forestales o al destinado a la adquisición de las mismas, de acuerdo con el valor de las tierras al momento de su aportación o adquisición.
8.3 En cuanto al Número de Socios
Deberán participar en la sociedad por lo menos, tantos individuos como veces rebasen las tierras de la sociedad los límites de la pequeña propiedad individual. Al efecto se tomará en cuenta la participación de cada individuo, ya sea directamente o a través de otra sociedad.
8.4 En cuanto al capital social
GUÍA DE ESTUDIO ALUMNO: CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ ALVAREZ Por otro lado, también cabe señalar que ningún individuo, ya sea en forma directa o mediante una sociedad, podrá detentar más acciones o partes sociales de serie T, ya sea de una o de varias sociedades emisoras, de las que equivalgan a la extensión de la pequeña propiedad.
8.6 Características de las acciones “T”
Artículo 127 Ley Agraria.- Las acciones o partes sociales de serie T no gozarán de derechos especiales sobre la tierra ni de derechos corporativos distintos a las demás acciones o partes sociales. Sin embargo, al liquidarse la sociedad sólo los titulares de dichas acciones o partes sociales tendrán derecho a recibir tierra en pago de lo que les corresponda en el haber social.
1.- Explica en la siguiente tabla a qué ley se deben someter las sociedades civiles o mercantiles propietarias y qué requisitos son necesarios, y por qué.
SOCIEDADES MERCANTILES LEY Ley General de Sociedades Mercantiles y la Ley General de Sociedades Cooperativas REQUISITOS
Serán mercantiles si se constituyen con arreglo a las formalidades del Código de comercio u otras leyes mercantiles (escritura pública, inscripción en el Registro Mercantil, etc.) y le será de aplicación la ley mercantil. Para su constitución las sociedades civiles no requieren ninguna forma especial, pudiendo establecerse incluso mediante escritura privada y tienen, personalidad jurídica.
PORQUÉ La esencia de su existencia, estriba precisamente en la especulación y en la obtención de un lucro ad-infinitum
Códigos Civiles Locales
Su finalidad es la realización de un fin común de carácter preponderantemente económico, pero que no constituye una especulación comercial
2.- Elabora una definición propia de empresa rural, y cítala a continuación.
R.- Las uniones de ejidos podrán establecer empresas especializadas que apoyen el cumplimiento de su objeto y les permitan acceder de manera óptima a la integración de su cadena productiva. De igual modo, los ejidos y comunidades, podrán establecer empresas para el aprovechamiento de sus recursos naturales o de cualquier índole, así como para la prestación de servicios. De ellas podrán participar ejidatarios, grupos de campesinas organizadas, hijos de ejidatarios, comuneros, avecindados y pequeños productores. Dichas empresas pueden adoptar cualquiera de las formas asociativas previstas por la ley.
3.- Enumera los requisitos necesarios para constituir sociedades propietarias de tierras.
R.- Artículo 126.- Las sociedades mercantiles o civiles no podrán tener en propiedad tierras agrícolas, ganaderas o forestales en mayor extensión que la equivalente a veinticinco veces los límites de la pequeña propiedad individual y deberán cumplir con los siguientes requisitos: I. Deberán participar en la sociedad, por lo menos, tantos individuos como veces rebasen las tierras de la sociedad los límites de la pequeña propiedad individual. Al efecto, se tomará en cuenta la participación de cada individuo, ya sea directamente o a través de otra sociedad; II. Su objeto social deberá limitarse a la producción, transformación o comercialización de productos agrícolas, ganaderos o forestales y a los demás actos accesorios necesarios para el cumplimiento de dicho objeto; III. Su capital social deberá distinguir una serie especial de acciones o partes sociales identificada con la letra T, la que será equivalente al capital aportado en tierras agrícolas, ganaderas o forestales o al destinado a la adquisición de las mismas, de acuerdo con el valor de las tierras al momento de su aportación o adquisición.
4.- Características de las acciones “T”
R.- Artículo 127 Ley Agraria.- Las acciones o partes sociales de serie T no gozarán de derechos especiales sobre la tierra ni de derechos corporativos distintos a las demás acciones o partes sociales. Sin embargo, al liquidarse la sociedad sólo los titulares de dichas acciones o partes sociales tendrán derecho a recibir tierra en pago de lo que les corresponda en el haber social.
5.- Importancia de la participación de las sociedades en el ámbito productivo agrario.
R.- Su importancia radica en que el objeto social de dichas sociedades, es el de la producción, transformación o comercialización de productos agrícolas, ganaderos o forestales equitativos
6.- Datos que inscribe el Registro Agrario Nacional respecto de las sociedades propietarias de tierras agrícolas, ganaderas o forestales.
R.- Artículo 152.- Deberán inscribirse en el Registro Agrario Nacional: I. Todas las resoluciones judiciales o administrativas que reconozcan, creen, modifiquen o extingan derechos ejidales o comunales; II. Los certificados o títulos que amparen derechos sobre solares, tierras de uso común y parcelas de ejidatarios o comuneros; III. Los títulos primordiales de las comunidades, y en su caso, los títulos que las reconozcan como comunidades tradicionales; IV. Los planos y delimitación de las tierras a que se refiere el artículo 56 de esta ley; V. Los planos y documentos relativos al catastro y censo rurales; VI. Los documentos relativos a las sociedades mercantiles, en los términos del Título Sexto de esta ley; VII. Los decretos de expropiación de bienes ejidales o comunales; y
GUÍA DE ESTUDIO ALUMNO: CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ ALVAREZ VIII. Los demás actos y documentos que dispongan esta ley, sus reglamentos u otras leyes.
Las sociedades rurales.
9.1 Uniones de Ejidos
Los ejidos podrán constituir uniones, cuyo objeto comprenderá la coordinación de actividades productivas, asistencia mutua, comercialización u otras no prohibidas por la ley, artículo 108 de la Ley Agraria. Un mismo ejido, si así lo desea, podrá formar parte al mismo tiempo de dos o más uniones de ejidos. El concepto jurídico de las uniones de ejidos debe entenderse como el vínculo jurídico estable y voluntario al cual los núcleos agrarios se subordinan o quedan subordinados al interés común al ejercer una actividad económica, y cuyo fin consiste en la disciplina total o parcial por medio de una organización colectiva de dicha actividad, que ejerce individualmente cada ejido. Las uniones de ejidos se encuentran reguladas por los artículos 108 y 109 de la Ley Agraria. El órgano supremo será la Asamblea General, que se integrará con dos representantes de cada una de las asambleas de los ejidos o de las comunidades miembros de la unión y dos representantes designados de entre los miembros del comisariado y el consejo de vigilancia de los mismos. La dirección de la unión estará a cargo de un consejo de administración nombrado por la Asamblea General y que se forma por un presidente, un secretario, un tesorero y los vocales previstos en los estatutos, propietarios y sus respectivos suplentes, y tendrán la representación de la unión ante terceros. Para este efecto se requerirá la firma mancomunada de por lo menos dos de los miembros de dicho consejo. La vigilancia de la unión estará a cargo de un consejo de vigilancia nombrado por la asamblea general e integrada por un presidente, un secretario y un vocal, propietarios con sus respectivos suplentes.
Los miembros de la unión que integren los consejos de administración y de vigilancia, durarán en sus funciones tres años, sus facultades y responsabilidades deberán consignarse e los estatutos de la unión.
9.2 Empresas ejidales y comunales
Las uniones de ejidos podrán establecer empresas especializadas que apoyen el cumplimiento de su objeto y les permitan acceder de manera óptima a la integración de su cadena productiva. De igual modo, los ejidos y comunidades, podrán establecer empresas para el aprovechamiento de sus recursos naturales o de cualquier índole, así como para la prestación de servicios. De ellas podrán participar ejidatarios, grupos de campesinas organizadas, hijos de ejidatarios, comuneros, avecindados y pequeños productores. Dichas empresas pueden adoptar cualquiera de las formas asociativas previstas por la ley.
9.3 Asociaciones Rurales de Interés Colectivo
Los ejidos, comunidades, uniones de ejidos o de comunidades, sociedades de producción rural o uniones de sociedades de producción rural podrán constituir asociaciones ruarles de interés colectivo, integradas por dos o más de las referidas personas morales. Artículo 110 de la Ley Agraria. Su propósito será la integración de los recursos humanos, naturales, técnicos y financieros para el establecimiento de industrias, aprovechamientos, sistemas de comercialización y cualquier otra actividad económica. Tendrán personalidad jurídica propia a partir de su inscripción en el Registro Agrario Nacional, y cuando se integren con sociedades de producción rural o con uniones de estas, se inscribirán en los Registros Públicos de Crédito Rural o de Comercio. Es aplicable a las asociaciones rurales de interés colectivo, en lo conducente, lo previsto en los artículos 108 y 109 de dicha ley.
9.4 Sociedades de Producción Rural
Los productores rurales podrán constituir sociedades de producción rural. Dichas sociedades tendrán personalidad jurídica y deberán constituirse con un mínimo de dos socios. Artículo 111 de la Ley Agraria. LA razón social se formará libremente y al emplearse ira seguida de las palabras “SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN RURAL”, o de su abreviatura “SPR”, así como del régimen de responsabilidad que haya adoptado, ya sea ilimitada, limitada o suplementada.
Las sociedades de responsabilidad ilimitada son aquellas en que cada uno de sus socios, responde por sí de todas las obligaciones sociales de manera solidaria; las de responsabilidad limitada, son aquellas en que los socios responden de las obligaciones hasta por el monto de sus aportaciones al capital social, y las de responsabilidad suplementada, son aquellas en que los socios, además del pago de su aportación al capital social, responden de todas las obligaciones sociales de manera subsidiaria hasta por una cantidad determinada en el pacto social, que en ningún caso será menor de dos tantos de su mencionada aportación. La constitución y la administración de la sociedad, se sujetará a lo establecido en los artículos 108 y 109 de la referida ley agraria. La contabilidad de la sociedad la llevará la persona propuesta por la Junta de Vigilancia y aprobada por la asamblea general. Dos o más sociedades de producción rural, podrán constituir uniones con personalidad jurídica propia a partir de su inscripción en el registro público de crédito rural o en el público de comercio. Artículo 113 de la Ley Agraria. Sociedad en general, según la definición que se da de ella en el artículo 2688 del Código Civil Federal, es un contrato por el cual “los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o sus esfuerzos para la realización de un fin común, de carácter preponderantemente económico, pero que no constituya una especulación comercial”. La característica principal de la sociedad reside precisamente en un intento de realización de un cierto fin común a todos los asociados, para el cual destinan esfuerzos y recursos provenientes de todos y cada uno de ellos. Como el objetivo reviste un “carácter preponderantemente económico” aunque de ninguna manera debe constituir una especulación mercantil, los socios esperan la obtención de ganancias que por la participación inicial de todos se repartirán en forma equitativa.
Actividades Unidad 9
1.- Menciona a continuación la finalidad de la Unión de Ejidos.
R.- Su objeto comprenderá la coordinación de actividades productivas, asistencia mutua, comercialización u otras no prohibidas por la ley; artículo 108 de la Ley Agraria.
2.- Cita los requisitos para la constitución de las sociedades de producción rural.
a) En las sociedades de responsabilidad limitada no se requiere aportación inicial.
GUÍA DE ESTUDIO ALUMNO: CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ ALVAREZ b) En las de responsabilidad limitada, la aportación inicial será la necesaria para formar un capital mínimo que deberá ser equivalente a setecientas veces el salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal. c) En las de responsabilidad suplementada, la aportación inicial será la necesaria para formar un capital mínimo, que deberá ser equivalente a trescientos cincuenta veces el salario mínimo diario general en el Distrito Federal (artículo 112 de la Ley Agraria).
3.- Explica brevemente que se necesita para que en el campo se establezca y fomenten las formas de organización para la producción rural.
R.- Se necesita ubicar al sector rural como un sector estratégico para la Nación y como una parte fundamental de la soberanía y seguridad alimentarias del país; que defina como una prioridad para la sociedad mexicana su desarrollo y como un imperativo de justicia social reconocer lo que durante décadas aportó al desarrollo del país; que fortalezca el tejido social, económico, productivo y agrario de la sociedad rural para la incorporación de su población al desarrollo nacional y que, construya una nueva relación Estado-sujetos rurales basada en la autogestión y el reconocimiento pleno de derechos, en donde se amplíe la participación de los actores rurales y sus organizaciones en el diseño de las políticas públicas y en la operación de sus instrumentos.
4.- Derechos de que gozan los socios de una sociedad.
R.- En caso de liquidación de la sociedad, el núcleo de población ejidal y los ejidatarios, de acuerdo a su participación en el capital social, y bajo la estricta vigilancia de la Procuraduría Agraria, tendrán preferencia, respecto de los demás socios, para recibir tierra en pago de lo que les corresponda en el haber social. Cuando la asignación se hubiere hecho a un grupo de ejidatarios, se presumirá, salvo prueba en contrario, que gozan de dichos derechos en partes iguales, y serán ejercidos conforme a lo convenido entre ellos o, en su defecto, a lo que disponga el reglamento interno o la resolución de la asamblea y, supletoriamente, conforme a las reglas de copropiedad que dispone el Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal. Los derechos de los socios de la sociedad serán transmisibles con el consentimiento de la asamblea. Cuando la sociedad tenga obligaciones con alguna institución financiera se requerirá además la autorización de ésta.
5.- Con cuántos socios se puede formar las sociedades de producción rural.
R.- Artículo 111 de la Ley Agraria.- Los productores rurales podrán constituir sociedades de producción rural. Dichas sociedades tendrán personalidad jurídica, debiendo constituirse con un mínimo de dos socios.
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