Source: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/sep/20100928-VII.html
Timestamp: 2018-06-20 21:08:44
Document Index: 162023170

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'Artículo 58', 'Artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 26', 'artículo 58', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 29', 'Artículo 29', 'artículo 42', 'artículo 58', 'Artículo 27', 'artículo 9', 'Artículo 9', 'artículo 42', 'artículo 18', 'artículo 1', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 13', 'Artículo 3', 'artículo 58', 'artículo 89', 'Artículo 58', 'artículo 21', 'artículo 123', 'artículo 21', 'artículo 7', 'Artículo 7', 'artículo 21', 'Artículo 45', 'artículo 123', 'Artículo 46', 'Artículo 85', 'artículo 123', 'artículo 21', 'artículo 109', 'artículo 109', 'artículo 87', 'artículo 109', 'artículo 71', 'artículo 21', 'artículo 109', 'artículo 21', 'artículo 127', 'artículo 87', 'artículo 127']

Gaceta Parlamentaria, año XIII, número 3105-VII, martes 28 de septiembre de 2010
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a los gobiernos de los estados a implantar campañas de prevención de la transmisión, de detección oportuna y de no discriminación de las personas con VIH/sida; y a considerar en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 mayores recursos para los institutos que atienden a éstas, a cargo del diputado Agustín Castilla Marroquín, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para dar efectividad a la reciente reforma integral dirigida a prevenir, erradicar y sancionar la pederastia, y atender tanto a las víctimas como a sus familiares, a cargo del diputado Agustín Castilla Marroquín, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE a intervenir ante las autoridades estadounidenses para que se deslinden responsabilidades y se castigue a los responsables en el caso de Anastasio Hernández Rojas, a cargo del diputado Domingo Rodríguez Martell, del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a dejar sin efecto legal mediante la SHCP las disposiciones del artículo 2o.-A, fracción II, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en las que se establecen aumentos del precio final de gasolina y diesel, a cargo del diputado Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a promover acciones para la industrialización y generación de proyectos productivos, a cargo del diputado José Ricardo López Pescador, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política y a la Comisión de Relaciones Exteriores a analizar la posibilidad de que se efectúe una reunión interparlamentaria México-Chile, a cargo de la diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del PAN, y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos destinados al Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, suscrita por integrantes de la Comisión Especial de seguimiento a los fondos aportados por los ex trabajadores mexicanos braceros
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a hacer cumplir la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en cuanto al manejo de productos de consumo que al deshacerse se vuelven residuos peligrosos, en particular el unicel y demás plásticos, a cargo de la diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a expedir mediante la SHCP y el SAT en la miscelánea fiscal de 2011 la figura de "autofactura" para el sector de reciclaje de materiales, a cargo del diputado Juan Pablo Escobar Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Cámaras del Congreso de la Unión y a las legislaturas locales a declarar la de 2011-2020 como la Década por la Seguridad Vial, a cargo del diputado Miguel Antonio Osuna Millán, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los sectores público, privado y social a fortalecer la permanencia, inserción, integración y promoción laboral de las personas con discapacidad, a cargo del diputado Carlos Bello Otero, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a trasladar al complejo penitenciario de las Islas Marías a los internos de alta peligrosidad sentenciados por delitos federales, a cargo del diputado Víctor Humberto Benítez Treviño, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar con la mayor brevedad una evaluación del grado de accesibilidad para personas con discapacidad en todas las oficinas y dependencias gubernamentales, a cargo de la diputada Yolanda del Carmen Montalvo López, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 se consideren recursos para reconstruir el camino San Juan Copala-La Sábana, Oaxaca, a cargo de la diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a publicar la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y el Reglamento del Artículo 58, referente al envío de paquetería y mensajería, a cargo de la diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades de seguridad pública de los tres niveles de gobierno a otorgar al personal seguro de vida y de gastos médicos mayores, a cargo del diputado Sergio González Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a aumentar en los presupuestos de la Segob y de la SRE los montos asignados a los programas de protección de connacionales que regresen al país por la aplicación de la Ley SB-1070, a cargo del diputado Héctor Pedraza Olguín, del Grupo Parlamentario del PRI
A las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social, a solicitud del diputado Mauricio Toledo Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRD
A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado Mauricio Toledo Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado Agustín Castilla Marroquín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60, párrafo primero, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta al gobierno federal y a los gobiernos de los estados a implantar campañas de prevención de la transmisión, detección oportuna y de no discriminación de las personas con VIH/sida, a la Comisión de Salud y a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados para que se destinen mayores recursos a los institutos que atienden a personas con VIH/sida, en especial al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias para la construcción de un nuevo servicio clínico para la atención de las personas con VIH/sida, al tenor de las siguientes
El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) fue identificado oficialmente en 1981 en Estados Unidos de América y en 1983 en México. Desde su aparición, el sida ha cobrado más de 25 millones de muertes en el mundo y su agente causal, el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), es responsable de unos 2.5 millones de nuevas infecciones cada año. Hasta el 17 de noviembre de 2009, en el Registro Nacional de Casos de Sida se han contabilizado 135 mil 3 casos documentados de sida, de las cuales el 82.3 por ciento son hombres y el 17.7 por ciento son mujeres, para una razón hombre/mujer de 4.6 a 1.
La evolución hombre/mujer se ha reducido a lo largo de la epidemia del sida en México. Dicha razón disminuyó de 10.8 en 1985, hasta 3.6 en el 2008 y aumentó a 4.0 para el 2009. El 60 por ciento de los casos de sida en México, corresponde a hombres que tiene sexo con otros hombres (HSH); el 23 por ciento a mujeres heterosexuales; 6 por ciento a clientes de trabajadoras sexuales, principalmente heterosexuales; 5 por ciento a hombres heterosexuales y 3 por ciento a trabajadoras y trabajadores sexuales. Finalmente, las personas privadas de su libertad (2 por ciento) y los usuarios de drogas inyectadas (1 por ciento) aportaron las proporciones restantes del total de personas que viven con sida en México. Sin embargo, el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/sida (Censida) y Onusida, estimaron que por lo menos 220 mil personas adultas en México viven con VIH, la mayoría de ellas sin saberlo. En América Latina, México ocupa el segundo lugar, sólo después de Brasil, con el mayor número de personas que viven con VIH.
Antes de la llegada a México de los tratamientos antirretrovirales, la tasa de mortalidad general por el VIH/sida era de 1.8 muertes por cien mil habitantes en 1990, con su mayor tasa en 1996 con 4.8 muertes. A partir de entonces, el acceso cada vez mayor a las diferentes clases de fármacos antirretrovirales (TAR), ha cambiado radicalmente el pronóstico de los pacientes con VIH/sida. Se demostró que la combinación apropiada de las diferentes clases de TAR controla la replicación del virus, restaura el daño del sistema inmunológico, mejora substancialmente la calidad de vida e incrementa significativamente el tiempo de supervivencia.
Una de las instituciones de salud más reconocida a nivel nacional es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, INER, que atiende consistentemente, en promedio, a mil 300 pacientes con VIH/sida, según informa un estudio elaborado recientemente por el Centro de Análisis e Investigación Fundar, el INER es el Instituto Nacional de Salud en México que hospitaliza al mayor número de personas con VIH y, además, a los más graves, que requieren cuidados intensivos, ya que el sida es la principal causa de letalidad hospitalaria y la principal causa de mortalidad en personas menores de 50 años de edad en el instituto.
En el período de 2006 a 2009, se hospitalizaron en el INER 138, 207, 222 y 238 pacientes, respectivamente, debe reconocerse que en un período tan corto como 4 años, hubo un incremento de 86 por ciento en el número de personas con sida y enfermedad pulmonar grave. Acorde con el aumento de hospitalizaciones de pacientes graves, que reflejan una detección tardía de la infección en México, la cifra de personas con VIH que son atendidas por la consulta externa del Centro de Investigación de Enfermedades Infecciosas, Cieni del INER, se ha incrementado de 429 (en 2006) a mil 300 (en 2010). Es decir, casi 3 veces más. Se observa, además, un aumento paulatino pero consistente en el número de mujeres.
Debido a que los pulmones son el órgano blanco de las enfermedades oportunistas que definen al sida y finalmente conducen a la muerte a las personas con VIH sin atención y tratamiento apropiados, el INER ha sido, desde el principio de la epidemia, el instituto nacional de salud más afectado por este problema de salud pública. Por ello, el 9 de marzo de 2004 se inauguró el Cieni del INER, cuya misión primaria es la atención clínica, la investigación y la enseñanza, la labor del CIENI ha sido importante desde entonces, tanto de su grupo multidisciplinario de médicos para la atención clínica hospitalaria y ambulatoria, como del grupo de investigadores y estudiantes de postgrado. En la clínica, se brindan tratamientos a personas predominantemente de escasos recursos y los pacientes que deben ser internados, generalmente requieren de la atención de diversas especialidades, tales como infectología, neumología, nutrición, oftalmología, psicología, dermopatología, psiquiatría, ginecología, otorrinolaringología, gastroenterología, nefrología y hematología.
Las enfermedades pulmonares que motivan las hospitalizaciones de las personas con VIH/sida son múltiples (por ejemplo neumonías por tuberculosis, hongos y otros virus y bacterias), y ocurren por el grave deterioro del sistema inmunológico producido por el VIH. Los pacientes son admitidos en INER generalmente por falla respiratoria y requieren, por tanto, de cuidados intensivos respiratorios y deben ser evaluados, tratados y vigilados por profesionales de las especialidades médicas, descritas, la gravedad de los casos y sobre todo la naturaleza infecciosa de sus causas específicamente la tuberculosis, otro problema de salud pública muy asociado al VIH/sida, demanda que los pacientes sean atendidos y tratados en áreas independientes y con características especiales de su infraestructura, para evitar la transmisión de las enfermedades respiratorias entre los propios pacientes y bidireccionalmente entre los pacientes y el personal de salud.
Actualmente, los pacientes con VIH/sida son hospitalizados en el servicio clínico 4 del INER, las características físicas del servicio clínico no son las adecuadas según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, debido a que actualmente incluyen cuartos compartidos hasta por cuatro pacientes, cuenta con solamente 4 regaderas y 4 retretes por cada 16 pacientes, las áreas están divididas por género, carece de sistema de aire acondicionado y de presiones diferenciales apropiadas en los cuartos, la circulación de aire es a través de ventanas abiertas y ventilas en los cuartos, el piso es de loseta vinílica, la pintura de los muros y plafones son de aceite, el equipamiento es incompleto y algunos obsoletos para la atención apropiada de los pacientes. Las condiciones actuales del Servicio Clínico 4 del INER implican los siguientes riesgos:
1) Riesgo ocupacional: el personal de trabajo queda expuesto a los microorganismos infecciosos presentes en los pacientes. 2) Riesgo de infecciones nosocomiales: la presencia de pacientes con distintos padecimientos infecciosos que se transmiten por la vía en el mismo cuarto y el mismo servicio clínico, facilita la infección cruzada, aumentando el tiempo potencial de tratamiento y estancia hospitalaria. Esto es particularmente riesgoso para los pacientes con VIH/sida por su inmunodeficiencia grave que los hace susceptibles a infecciones oportunistas y no oportunistas. 3) Riesgo a la comunidad: El Servicio Clínico 4 se encuentra en un área cercana a una zona residencial. la diseminación de infecciones que afectan las vías respiratorias tendrían repercusiones en la salud pública del lugar.
Por todo lo anterior, la construcción del servicio clínico para la hospitalización de pacientes con VIH/sida en el INER requiere de un diseño especial con diversas áreas que incluyan las recomendaciones internacionales de bioseguridad, que se cumplan con los criterios de la Organización Mundial de la Salud y cuenten con los criterios óptimos de funcionalidad. El contar con un área apropiada de contención de enfermedades infecciosas de transmisión aérea (como la tuberculosis) que concurren en el paciente con VIH/sida que necesita la hospitalización en el INER, es fundamental cumplir con los siguientes objetivos primarios del instituto:
 Disminuir la mortalidad hospitalaria de los pacientes con VIH/sida en el INER.
 Reducir el tiempo de estancia hospitalaria de los pacientes con VIH/sida.
 Reducir el riesgo de infecciones nosocomiales (entre pacientes y el personal médico y no médico).
 Reducir el riesgo ocupacional dentro y fuera del área de contención.
Este proyecto será el primero en el país que se construya con base en el concepto de contención y bioseguridad y servirá de modelo para que las clínicas y hospitales que se construyan en el futuro consideren los aspectos de aislamiento. La repercusión de los beneficios de la obra, por tanto, trasciende a la institución y afectará benéficamente la atención de las enfermedades infecciosas que representan problemas de salud pública tanto a nivel nacional como incluso internacional.
El diseño arquitectónico y las ingenierías del edificio que se pretende construir incluyen conceptos como: 1) Cuartos aislados independientes 2) Esclusa de entradas que permite mantener presión negativa diferencial dentro del cuarto del paciente 3) Sistema de aire acondicionado con filtración de alta eficiencia 4) Áreas de descontaminación para el personal y para los desechos generados en la atención de los pacientes 5) Distribución de áreas para la atención en infectología, cuidados intensivos y enfermedades de transmisión.
En este sentido, con la ejecución de este nuevo proyecto, se reducirá la letalidad y la mortalidad hospitalaria por VIH/sida en el INER, así como los costos asociados con su atención clínica, y se incrementará la calidad de la atención de los pacientes con VIH/sida. El beneficio será también para los pacientes con otras enfermedades respiratorias por agentes infecciosos emergentes con potencial epidémico o pandémico.
Por otra parte, el modelo de diseño del servicio clínico para la atención de pacientes con VIH/sida permitirá, si es necesario en caso de contingencia por enfermedades respiratorias (que son las más frecuentes), cambiar los protocolos de seguridad e incorporar los conceptos de aislamiento para admitir a personas con otras enfermedades infecciosas, como la influenza, con potencial epidémico o pandémico.
Los recursos autorizados al INER por el Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud 8 número O.V. 76/0708, permitieron el desarrollo del proyecto ejecutivo contratación y equipamiento del servicio clínico para pacientes con VIH/sida, pero para la construcción de la nueva clínica se requiere de 213 millones de pesos, y se contará con el servicio clínico de 25 a 28 camas censables, así como diversos servicios complementarios para la atención de pacientes hospitalizados.
Es importante considerar, según el análisis de Fundar, que el presupuesto más alto para VIH/sida ha sido otorgado al Hospital General de México, con 64 millones de pesos, mientras que el más bajo fue al Instituto Nacional de Cardiología, con 4 millones. En contraste, el INER, que atiende a más de mil personas que viven con VIH/sida, pero que da el mayor número de consultas multidisciplinarias (más de 8 mil en 2009) y el hospital con la tendencia anual cada vez mayor tanto en el número de pacientes hospitalizados como en los atendidos en forma ambulatoria, se le destinaron 17 millones de pesos para atención y prevención de VIH/sida. Esta cifra representa una reducción de 30 por ciento de los recursos que se otorgaron en 2009, que fueron de poco más de 25 millones de pesos. Sin duda, esta reducción ha afectado gravemente a todos los pacientes que atiende el instituto, ya que pone en gran riesgo su vida, debido a que les impide contar con los medicamentos, materiales y servicios médicos hospitalarios e intensivos que son necesarios para garantizarles la atención óptima de un instituto nacional de salud, considerados como los modelos a seguir.
Finalmente, cabe mencionar que desde el comienzo de la epidemia, las personas con VIH/sida o aquellos vulnerables a la infección han sido sistemáticamente objeto de estigma y discriminación, pues se han documentado experiencias como la pérdida de la familia, amigos, trabajo, vivienda, maltrato verbal y físico, en diferentes contextos sociales y políticos. Por ello, es indispensable que se impulsen campañas de prevención de la transmisión del VIH, así como de la detección de personas con la infección en sus etapas tempranas, para reducir el número de contagios así como campañas de no discriminación hacia este sector de la sociedad.
En tal virtud, el gobierno federal, los gobierno locales y la Cámara de Diputados debemos hacer un esfuerzo extraordinario por dotar de mayores recursos a la atención y prevención de pacientes con VIH/sida, pues lo que esta en juego es la salud y el respeto a la dignidad de miles de mexicanos, y esta debe ser una responsabilidad compartida entre todos.
Por lo expuesto, someto a su consideración la siguiente proposición con
Primero. Se exhorta respetuosamente al gobierno federal y a los gobiernos estatales, a que refuercen las políticas de prevención de la transmisión de la infección por VIH, para disminuir el número de casos de nuevas infecciones, así como se implementen campañas preventivas, en especial en instituciones educativas públicas y privadas
Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Salud y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que se destinen los recursos necesarios para la construcción de un nuevo servicio clínico, como parte del Centro de Investigación de Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que cumpla con los criterios internacionales de contención y brinde atención médica especializada a las personas con VIH/sida y enfermedades respiratorias asociadas.
Tercero. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que se destinen mayores recursos a las instituciones de salud que brindan atención a personas con VIH/sida, tales como el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el Instituto Nacional de la Nutrición y el Hospital General de México.
Dado en el recinto legislativo de la Cámara de Diputados, a los catorce días del mes de septiembre del año dos mil diez.
El suscrito, diputado Agustín Castilla Marroquín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60, párrafo primero, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Publica, de Justicia, y de Derechos Humanos de esta honorable Cámara de Diputados a que otorguen los recursos necesarios y suficientes para dar efectividad a la reciente reforma integral para prevenir, erradicar y sancionar la pederastia, así como para la atención de las victimas y sus familiares, al tenor de las siguientes
El Congreso de la Unión aprobó por unanimidad una importante iniciativa en contra de la pederastia, que además contempla diversos mecanismos de protección a los menores, así como obligaciones del Estado y los particulares para garantizar y reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes, a fin de que no sean víctimas del abuso sexual infantil.
En fecha 19 de agosto de 2010, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal; del Código Federal de Procedimientos Penales; de las Leyes para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; General de Educación; de Asociaciones Religiosas y Culto Público; Federal de Protección al Consumidor y Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal.
Destacan entre las principales aportaciones de la reforma lo siguiente: se establece el delito de pederastia como delito grave; se incorporan medidas de protección a favor de las víctimas u ofendidos; el término de la prescripción de los delitos que atentan contra el libre desarrollo de la personalidad, correrá a partir de que la víctima cumpla la mayoría de edad; se procurará el interés superior de la infancia para la aplicación de la ley; se incluye a los dueños, directivos y personal administrativo de escuelas e instituciones similares, como responsables de evitar cualquier abuso o explotación en contra de menores; se establece como infracción por parte de las asociaciones religiosas la comisión de delitos en contra de menores por parte de ministros de culto, y se establece como obligación de la Dirección General de Profesiones llevar un registro de las personas que hayan sido sancionadas por delitos en perjuicio de niñas, niños o adolescentes.
Derivado de la aprobación de estas reformas, se armonizó la legislación nacional sobre la protección de los menores acorde a los compromisos internacionales de los que el Estado mexicano es parte, y se tutela el principio del interés superior de la niñez.
Así, el objeto primordial de estas reformas es velar por la defensa y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en las que se adoptan y establecen diversas medidas legales, que van desde lo administrativo hasta lo punitivo, para que los menores no sean víctimas de delitos sexuales.
Sin embargo, toda reforma se encontrará siempre inacabada si no puede ser traducida en su aplicación, es decir, se necesita brindar los soportes administrativos y presupuestales para que una modificación a la ley, no se quede como letra muerta.
La reforma que tipifica el delito de pederastia y que busca prevenir, sancionar y erradicar este delito, así como la atención a las víctimas y sus familias, corre el riesgo de no hacerse efectiva en su totalidad, si no se le otorgan los recursos necesarios y suficientes por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, ya que en los diversos ordenamientos se plantea en artículos transitorios que las acciones para dar cumplimiento a lo dispuesto en el decreto, deberán cubrirse en función de los ingresos disponibles conforme a la Ley de Ingresos de la Federación y sujetarse a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para dichos fines en el Presupuesto de Egresos de la Federación y las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Asimismo, para ser aprobada la reforma en comento, se contó con el amplio consenso de los diputados y senadores de las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, por lo que ciertamente, ahora se necesita nuevamente que los legisladores cumplan con su obligación de dotar de suficientes recursos a las instancias correspondientes para que realmente puedan aplicar la modificación legal.
Con la reforma de referencia se ha avanzado en gran medida en este tema, por lo que resultaría lamentable que por un asunto meramente presupuestal, se dejara a la infancia de nuestro país desprotegida.
Es así que para la implantación de esta reforma se hace necesario destinar recursos para los siguientes grandes rubros:
1. Capacitación en general, especialmente para las autoridades;
2. Atención a las víctimas y familiares; y
3. Coordinación interinstitucional.
En efecto, las modificaciones a los ordenamientos legales antes citados, implican un cambio sustancial de políticas públicas para la prevención, sanción y erradicación del abuso sexual infantil, lo que hace necesaria una inversión de recursos en la creación de instrumentos y mecanismos de coordinación interinstitucional para la planeación de programas y proyectos en las diferentes instancias de procuración e impartición de justicia.
Asimismo, se requieren recursos para la inversión en la formación de capital humano, a través de la capacitación y entrenamiento técnico-operativo en diversas materias, entre ellas, las relativas al respeto y promoción de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, enfocadas a los especialistas criminalísticos, psicólogos, trabajadores sociales o universidades públicas, por mencionar algunas. De igual manera, dicha capacitación debe ser dirigida a educandos, docentes, autoridades educativas, asociaciones religiosas, autoridades judiciales del ámbito de procuración e impartición de justicia, así como hacia la SEP, la Secretaría de Salud, la SSP y la Procuraduría Federal del Consumidor, por mencionar algunas.
En este sentido, ante la próxima discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, se debe tomar en consideración los aspectos mencionados, para así estar en posibilidades de transitar a una verdadera salvaguarda del interés superior de la niñez.
Por lo planteado, con el objeto de proteger los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes, y a fin de que la reforma multicitada pueda ser efectivamente aplicada, presento para su aprobación el siguiente
Único. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Justicia y de Derechos Humanos de la honorable Cámara de Diputados, a que otorguen los recursos necesarios y suficientes para dar efectividad a la reciente reforma integral para prevenir, erradicar y sancionar la pederastia, así como para la atención de las víctimas y sus familiares.
Palacio Legislativo, a 23 de septiembre de 2010.
El diputado federal Domingo Rodríguez Martell, de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
El pasado 28 de mayo del presente año, en la garita de San Isidro, Baja California, la Policía Fronteriza de Estados Unidos de América golpeó y le dio electrochoques al señor Anastasio Hernández Rojas.
Alrededor de 20 policías agredieron irracionalmente a Anastasio, quien estaba esposado, sometido y boca abajo, sin ninguna oportunidad de defenderse. Después de recibir una infinidad de ataques, fue trasladado de urgencia al hospital Scrips Memorial de Chula Vista, San Diego, California, donde le diagnosticaron muerte cerebral el 31 de mayo.
Cabe recordar que nuestro hermano Hernández Rojas tenía más de 20 años viviendo en el condado de San Diego, California, como muchos connacionales que cruzan la frontera, porque en México no existen las oportunidades mínimas de desarrollo ni empleo para los millones de mexicanos que viven en extrema pobreza.
Ante tal situación, los familiares de Anastasio solicitaron apoyo a este Congreso para exigir que se haga justicia y se condenen a los responsables.
Por ello, compañeras y compañeros legisladores, someto a su consideración la siguiente proposición con
Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a las autoridades estadounidenses a deslindar responsabilidades y castigar a los responsables en el caso Anastasio Hernández Rojas.
Segundo. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a solicitar la extradición de los culpables, a fin de procesarlos en nuestro país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2010.
Diputado Domingo Rodríguez Martell (rúbrica)
El que suscribe, Óscar Román Rosas González, diputado de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente
En diciembre del 2007 el Congreso de la Unión adicionó el articulo 2-A, fracción II, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, LIEPS, que establece la aplicación de un gravamen a la venta final de las gasolinas y el diesel, éste consiste en una tarifa a la venta final al público en general de gasolinas y diesel, que será de 36 centavos por litro para la gasolina Magna, de 43.92 centavos por litro para la gasolina Premium UBA, y de 29.88 centavos por litro para el diesel, aplicado de manera mensual por un lapso de 18 meses.
Con ello, a partir de 2008 el aumento en el precio de estos productos petrolíferos no ha cesado, a pesar de que el aumento sería en un inicio 2 centavos para Magna, 2.44 para Premium y 1.66 para el diesel por 18 meses, la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2010 establece incrementos graduales al precio final, así todo el año continuaremos con incrementos sustanciales en el precio de los combustibles.
El monopolio estatal en la oferta de productos petrolíferos, conlleva a una política de precios administrados por el gobierno, tal es el caso del IEPS en gasolinas y diesel, particularmente el estipulado en el artículo 2-A, fracción II, de la Ley del IEPS, que mediante una política de deslizamiento de los precios mes con mes intenta reducir el subsidio generalizado a los combustibles, aumentando el precio final de venta de los productos.
De acuerdo con el gobierno federal, esta política es de corte progresivo ya que impacta directamente a las familias de mayores ingresos y en menor medida a los hogares con menor ingreso económico.
Con base en la información proporcionada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, los hogares con los ingresos más bajos del país realizan el 0.80 por ciento del consumo total de gasolina y el 0.40 por ciento del consumo total del diesel (decil I), mientras que, los hogares con los ingresos más altos realizaron el 32.30 por ciento del consumo total de gasolina y el 39.80 por ciento del consumo total de diesel.
Sin embargo, cabe destacar que a la SHCP, se le olvido una variable en sus cálculos: la inflación. La inflación que genera en todas las cadenas productivas el alto precio de los energéticos, en especial gasolinas y diesel.
En el presente año, la SHCP autorizó el noveno incremento a los precios de las gasolinas y diesel en lo que va del presente año. Como se observa en el siguiente cuadro. A partir del sábado 11 de septiembre los precios de la gasolina Magna y diesel se incrementaron 8 centavos por litro, mientras que la Premium subió 4 centavos por litro.
Los millones de conductores tienen que pagar 8.52 pesos por cada litro de gasolina Magna que consuman a partir de del sábado 11 de septiembre del presente, cuando la semana pasada pagaron 8.44 pesos. En el caso de la Premium, desembolsan 9.98 pesos por litro, a diferencia de los 9.94 que pagaron hasta este viernes 10 de septiembre. El litro del diesel cuesta 8.88 pesos, contra los 8.80 pesos que pagaron antes del noveno ajuste.
El incremento que ha tenido la gasolina Magna en los últimos 9 meses ha sido del 9.23 por ciento, de la Premium, 4.28 por ciento, en tanto que del diesel ha sido del 7.84, porcentajes que se verán incrementados por lo que resta del año, cada segundo sábado de los siguiente meses.
Así, el precio de la Gasolina Magna en el mes de enero era de 7.88 para pasar a 8.52 pesos por litro; la Premium paso de 9.66 a 9.98 pesos; y el diesel de 8.24 a 8.88 pesos, respectivamente.
Precio de las gasolinas (precios por litro)
Con estos aumentos y bajo la lógica de Hacienda, el costo es para los hogares con más altos ingresos, pero el efecto negativo en el plano social comienza con el impacto que tiene el permanente aumento de precios de los combustibles en toda la cadena productiva, generando incrementos de bienes y servicios en proporciones mucho mayores a los registrados en los propios combustibles, lo que afecta de inmediato y fundamentalmente a los sectores más empobrecidos del país, que al final de cuentas son el grueso de la población, reduciendo aún más su de por sí famélico poder adquisitivo y deteriorando al extremo su precaria condición de vida.
Ahora bien, los productos petrolíferos son usados en variados sectores de la economía, desde la agricultura- que al ver cada día más caro el precio del diesel y la falta de una política de apoyo al sector se profundiza su crisi- hasta la industria de la transformación. En sectores productivos como la pesca ribereña en los estados sureños como Campeche, las Gasolinas y el Diesel, son el insumo principal de la actividad y al pagar mes con mes un costo mayor por el combustible se ve mermada su productividad y por ende la única fuente de ingresos, de las familias que de ella dependen.
La tendencia inflacionaria que generan los aumentos a los precios finales de los combustibles, repercuten directamente en el incremento de los costos de la canasta básica, en el encarecimiento de los precios de los insumos agropecuarios, en consecuencia en el transporte, en la educación, en los enseres domésticos, en la salud y otros sectores más.
Dicha visión es compartida por el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) al exponer que la anterior preocupación tiene su origen en la permanencia de los ajustes de precios y tarifas públicas, por lo que las previsiones inflacionarias pueden ser superiores a 4.5 por ciento anual.
Asimismo, el gobernador del Banco de México (Banxico), Agustín Carstens, durante la presentación del informe sobre la inflación abril-junio de 2010 anticipó que la política de deslizamiento de bienes administrados (como son las gasolinas y el diesel) continuará en 2011, la cual tendrá un impacto en la inflación, y aunque si bien ésta disminuyó en el primer semestre de 2010, espera que en la segunda mitad del año repunte. Por ello, agregó que la proyección de inflación para 2010 es de entre 4.75 y 5.25 por ciento.
Como podemos apreciar, no sólo los consumidores de combustibles en el país y millones de familias que se ven perjudicadas por el alza de precios, perciben el efecto inflacionario de este gravamen, sino el sector empresarial y el propio Banco de México concuerdan en que aumento empuja la inflación a nivel general.
Ante esta situación, es importante que el gobierno federal reconsidere la aplicación del IEPS a la venta final de gasolinas y diesel, al encontrarse en una disyuntiva, ya que por un lado es progresivo pues le permite captar recursos de los decibeles con mayores ingresos, pero es altamente inflacionario, impactando directamente a la población general al disminuir capacidad de consumo y con ello su calidad de vida.
De lo expuesto y fundado, me permito proponer al pleno el siguiente:
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a dejar sin efecto legal las disposiciones contenidas en el artículo 2-A, fracción II, de la Ley del IEPS, en las que se establecen aumentos al precio final de gasolinas y diesel, como una medida que incentive la demanda y la economía del país.
Palacio Legislativo a 28 de septiembre de 2010.
Diputado Óscar Román Rosas González (rúbrca)
El que suscribe, diputado José Ricardo López Pescador, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo fundada en los siguientes antecedentes y consideraciones.
En México existen factores de carácter estructural que han generado un bajo crecimiento económico y uno de esos factores es la escasa competencia en la economía mexicana. Muchos de los mercados más relevantes internamente en nuestro país, se encuentran altamente concentrados y las prácticas monopólicas no se sancionan con criterios acordes a la gravedad que implican las mismas.
Por ese motivo resulta indispensable que México cuente con un marco jurídico que sustente una política de competencia eficaz y al mismo tiempo contribuya a la generación de empleos y al crecimiento económico. Las prácticas internacionales en materia de competencia ofrecen referencias concretas para señalar que una política de competencia sólida es una base fundamental para el crecimiento y el desarrollo de una nación. Las principales economías desarrolladas del mundo se caracterizan por contar con una política de competencia eficaz. Por lo tanto, es indispensable que en nuestro país se impulse una cultura de la competencia y que ésta sea promovida por empresas, consumidores e instituciones públicas.
En México 30 por ciento del gasto de los hogares se destina a mercados con problemas de competencia y en estos nichos, los consumidores gastan alrededor de 40 por ciento más, que si hubiera competencia. Esta situación se agrava para el decil de la población más pobre, quienes erogan alrededor del 42 por ciento de su ingreso en mercados altamente concentrados. En el corto plazo, los monopolios generan precios excesivos y no en pocas ocasiones malos productos y servicios, lo que disminuye la capacidad de consumo de las familias, especialmente las más pobres. En el mediano plazo, inciden negativamente en la eficiencia de la economía y frenan al crecimiento económico.
La falta de una competencia sólida en los mercados nacionales ha deteriorado la eficiencia y la competitividad de nuestra economía. Esto, se ha reflejado en los índices de competitividad de diversas instituciones nacionales e internacionales. El año pasado, México alcanzó el lugar 60 del índice de competitividad del Foro Económico Mundial. Si se realiza una desagregación de este índice, la caída de la competitividad se relaciona con la falta de competencia.
El efecto de la falta de competencia y su repercusión en la economía, ha sido reconocida por la Comisión Federal de Competencia y señalada por organismos internacionales, entre los que destacan la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), así como las instituciones de investigación nacionales e internacionales como el Instituto Mexicano para la Competitividad y el Foro Económico Mundial.
Con base en lo expuesto se puede estimar que existe un consenso en que la consolidación de una política de competencia permitiría elevar el ingreso real de los consumidores, fomentaría la competitividad en los diversos sectores de la economía, la inversión y el empleo, y además conduciría a la economía por una senda de crecimiento más elevado y sostenido.
Bajo este diagnóstico y en el contexto descrito el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a través de mi persona, también ha presentado una iniciativa en la materia. El pasado 29 de abril presenté a esta soberanía un proyecto de decreto por el que expide la ley para la industrialización y generación de nuevos proyectos productivos.
Esta ley tiene por objetivo central generar condiciones para incrementar el número de agentes de la actividad industrial en el país y ampliar la cantidad de unidades económicas con actividades fabriles o manufactureras en las distintas regiones del país que generen una competencia sana en el mercado.
Algunas medidas muy concretas que la iniciativa propone para lograr lo planteado son:
 Establecer un plan rector que contenga programas de fomento a la actividad industrial en el país y para la generación de nuevos proyectos productivos;
 Fomentar la inversión en el sector industrial, la competitividad empresarial y la implantación de la calidad total en los procesos de producción;
 Vincular la modernización y dinamismo de la actividad industrial a las políticas y estrategias de desarrollo económico contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo;
 Incentivar de manera prioritaria la micro, pequeña y mediana empresa, especialmente las vinculadas al sector agroindustrial, pecuario, avícola, forestal, joyero y, en general, manufacturero que tenga como propósito fundamental agregar valor a los productos del sector primario con excepción de las empresas que tienen presencia nacional o internacional.
 Vincular los programas educativos, así como los de ciencia y tecnología a las necesidades de la planta productiva nacional;
 Aplicar programas de calidad total para alentar la competitividad, respetando las prestaciones y servicios sociales indispensables para lograr niveles productivos y competitivos, con relación a los estándares internacionales;
 Generar empleos remunerados, en igualdad de circunstancias para hombres y mujeres, para personas de la tercera edad, para personas con capacidades diferentes, y siempre orientados a incorporar al proceso productivo a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Otra de las grandes líneas establecidas en la ley con la finalidad de seguir políticas públicas de fomento industrial es la creación del Consejo de Fomento Industrial, como instancia encargada de articular las acciones del sector público en la materia, y el cual se define como el órgano permanente de consulta, opinión, asesoría y análisis, mediante el cual participan las dependencias del Ejecutivo federal y los sectores privado y social para mantener e impulsar la industrialización del país.
Con el propósito de consolidar una política de estado en materia de industrialización del país, la iniciativa de ley que he propuesto, señala la necesidad de aplicar los principios de la planeación democrática que proviene del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Planeación y del Plan Nacional de Desarrollo, incorporando a los empresarios con actividades sujetas a incentivos en términos de la ley, así como a los trabajadores incorporados a esas actividades, en las instancias correspondientes para que participen en el proceso de la planeación con el objeto de definir el contenido de los planes y programas específicos de la materia.
Sin embargo también debe subrayarse que prácticamente todas las propuestas para diseñar políticas públicas para intensificar el fomento industrial, respetan el marco de competencia de la administración pública y de hecho se establece una relación integral de autoridades competentes para la aplicación del ordenamiento en donde se destaca la Secretaría de Economía.
Por ello y con el propósito de que exista plena correspondencia entre el marco normativo que se requiere conformar y las instancias ejecutivas y operacionales que deberán llevar a cabo las regulaciones y participaciones que la ley promueve, es necesario que se lleven a cabo consultas y foros de manera coordinada para que no se dupliquen esfuerzos ni se realicen rutas paralelas, en un rubro tan necesario para la vida económica e institucional de nuestro país.
En mérito de lo expuesto y fundado, solicito atentamente la aprobación de los siguientes
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Economía del gobierno federal a efecto de que promueva las acciones necesarias para la industrialización y generación de nuevos proyectos productivos.
Segundo. - Se exhorta a la Secretaría de Economía del gobierno federal, a efecto de que en el marco de sus atribuciones y con pleno respeto a la división de los Poderes de la Unión, coadyuve en la realización de consultas y foros necesarios, para discutir en conjunto con los diversos sectores productivos nacionales la promulgación de una ley para la industrialización y generación de nuevos proyectos productivos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de septiembre de 2010.
Diputado José Ricardo López Pescador (p.a. rúbrica)
La suscrita, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en la Ley Orgánica, y en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, con las siguientes
El Tratado de Libre Comercio entre Chile y México, firmado el 17 de abril de 1998, entró en vigor el 1 de agosto de 1999 y ha permitido un intercambio enriquecedor de experiencias, e identificado nuevas oportunidades para incrementar aún más las relaciones económicas, las comerciales y las inversiones entre ambos países, con objeto de alcanzar mayores beneficios mutuos. Podemos decir que dicha relación es benéfica para ambas economías, ya que México y Chile tienen economías complementarias, por lo cual resulta posible impulsar su productividad y competitividad en el ámbito internacional.
Las relaciones económicas y culturales que México y Chile han tenido a lo largo de su historia hizo posible y necesaria la firma de un tratado de libre comercio entre ambas naciones, el cual ha resultado un instrumento eficaz para aumentar el intercambio comercial entre ambas naciones. La misma situación ha sido aprovechada por la nación chilena el país con mayor número de tratados de libre comercio firmados en el mundo para diversificar su comercio alrededor del mundo; le ha permitido ser la única nación latinoamericana con un crecimiento del PIB en 2009.
Ambos países tenemos temas en común que en conjunto se deben trabajar. Ambas naciones debemos resaltar el papel que desempeñan en el desarrollo económico y social, teniendo en cuenta su capacidad productiva y empleadora. Es fundamental favorecer su desarrollo e intercambio para que estos sectores se modernicen y puedan enfrentar los desafíos de la globalización. Chile y México han asumido el libre comercio como un camino necesario en el actual contexto internacional para alcanzar el bienestar ciudadano. Los acuerdos comerciales suscritos por ambos países, entre sí y con otras naciones o bloques comerciales, ratifican esa estrategia de desarrollo. Otro tema de gran importancia en el cual podemos compartir experiencias es el ambiental y que debería ser incluido en lo sucesivo por tratarse de un asunto de gran relevancia para un desarrollo equilibrado y sustentable de ambos países.
En la relación México-Chile se reconoce y aprecia el excelente nivel que se ha alcanzado en las relaciones entre ambos países, con múltiples coincidencias frente a los asuntos regionales y los principales temas de la política mundial, apreciando así el alto valor de la diplomacia parlamentaria. En esta instancia, los parlamentarios debemos desempeñar el papel que nos corresponde como representantes de la sociedad en sus diversas manifestaciones políticas y culturales.
A pesar de haber tenido un importante intercambio parlamentario entre ambas naciones desde comienzos de los años noventa, esta práctica se interrumpió en 2004. La Reunión Parlamentaria fue celebrada en Valparaíso, Chile; en ella se lograron avances y negociaciones de acuerdos y el Tratado de Libre Comercio.
Por lo anterior resulta impostergable restablecer las relaciones interparlamentarias entre México y Chile para impulsar y fortalecer la amistad entre nuestras dos naciones hermanas, contribuyendo con ello a elevar el diálogo político al más alto nivel, lo cual permitirá favorecer las coincidencias en los temas que nos son comunes en esta relación, profundizándola en todos los ámbitos y, de manera destacada, en el comercial, financiero, técnico, científico, educativo y cultural para el beneficio de nuestros pueblos. Nuestro país sería el anfitrión de tan importante encuentro interparlamentario, por lo que es de suma importancia no retrasar más la designación de los representantes de esta soberanía para dicha interparlamentaria.
Con la medida planteada en el presente punto de acuerdo se impulsará la ejecución de una agenda binacional México-Chile, que deberá obedecer a una visión de Estado y de gestión compartida por el bien común.
Por lo expuesto, se somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Único. Se hace un atento y respetuoso exhorto a la Junta de Coordinación Política y a la Comisión de Relaciones Exteriores a analizar la posibilidad de una reunión interparlamentaria entre México y Chile, y nombrar a los diputados que representen a esta soberanía.
Palacio Legislativo de San Lázaro,a 28 de septiembre de 2010.
Diputados: Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, José Ricardo López Pescador, Mauricio Toledo Gutiérrez (rúbricas)
Como resultado de los trabajos realizados por esta soberanía en las legislaturas pasadas y la presente, podemos jactarnos de que el Poder Legislativo ha cumplido con los ex braceros de este país, reconociéndoles sus derechos, sobre todo actuando en consecuencia para que puedan disfrutar en vida de sus derechos ganados hace más de 50 años y que, sin embargo, apenas se les reconoció dicho derecho.
A partir de la creación de la Comisión Especial de seguimiento a los fondos aportados por los ex trabajadores migratorios mexicanos en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, se ha mostrado que ha prevalecido un acuerdo entre todos sus integrantes para lograr los mejores compromisos en favor de los ex braceros.
Una muestra de ello: hicimos efectivo el acuerdo generado de la comisión para reformar la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.
El acuerdo fue en aras de beneficiar a los ex braceros del país, que en promedio tienen 75 años (considerando que el programa Bracero inició en 1942 y terminó en 1964). Son ciudadanos que se dedicaron en su totalidad al campo y que hoy, dadas las condiciones difíciles de la economía, no pueden seguir esperando a que esos recursos, que por derecho les corresponde, lleguen hasta que el Ejecutivo muestre la voluntad de otorgarlos.
Por ello, el Legislativo planteó una solución de fondo, permitiendo mediante la reforma aprobada y con los recursos erogados en cada ejercicio fiscal que se atienda de una buena vez la demanda de los ex trabajadores.
En este año, que celebramos el bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución, damos cuenta de injusticias y luchas por derechos como las que vivieron nuestros antepasados, y vemos cómo los ex braceros quedan coartados por la falta de respuesta del Ejecutivo, que publica tardíamente el decreto aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, órganos que representan a la mayoría de los mexicanos.
Nuestra labor como diputados federales no termina con la aprobación de esta reforma: continúa en el momento de discutir y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, pues al conocer el proyecto que nos envía el Ejecutivo, la propuesta sólo es de 300 millones, cantidad irrisoria que sólo permitiría pagar a 7 mil 849 ex braceros, y en la lista de espera se encuentran más de 150 mil
El mismo Ejecutivo ha estado cayendo en subejercicios en diversos programas y desafortunadamente este programa no es la excepción; por lo que se necesita que publiquen más listas de pago a fin de seguir ejerciendo los recursos que desde 2009 están en poder del Fideicomiso 2106.
A fin de que esta soberanía demuestre nuevamente al Ejecutivo la necesidad de que haga su trabajo y beneficie a quienes han dado tanto a este país presentamos las siguientes
Con la reforma que inició en la Cámara de Diputados y que fue publicada el pasado viernes 10 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación, por fin, después de cuatro meses de espera, esto de todos modos significa un gran avance respecto al problema de los ex braceros, y refleja el compromiso que mantenemos como representantes populares con el electorado. Sin embargo, la tarea que tenemos ahora es otorgar a las personas que se benefician de este programa los recursos económicos necesarios para que reciban de una buena vez su apoyo, que tanta falta les hace.
Los recursos aprobados por esta soberanía para 2007 fueron de 298.5 millones de pesos; para el ejercicio de 2008, 300 millones de pesos; para 2009, 700 millones de pesos; y para 2010, atendiendo la petición del Ejecutivo en razón del boquete fiscal generado por los problemas financieros internacionales que generaron un efecto en el país, aceptamos que se destinaran 300 millones de pesos, pero con la salvedad de que en la existencia de subejercicios de otros programas, estos recursos se destinarán a solucionar el asunto de los ex braceros.
Sin embargo, según el último informe que remite el Comité Técnico del Fideicomiso (CTF) 2106 a esta soberanía, a finales de junio se tenían disponibles más de 583 millones de pesos sin ejercer; y en la propuesta que nos envía el Ejecutivo en su paquete económico el pasado 8 de septiembre considera una partida de 300 millones de pesos. Parecería que el programa no necesita recursos; sin embargo, la situación de éste es otra.
Es preocupante que se haya publicado apenas el pasado 20 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación la lista 35, que contiene mil 150 ex braceros o sus familiares. Hablamos de personas que vienen desde el proceso de registro de 2005-2006 y que no habían cobrado un centavo de este apoyo. Para esta lista se aplicaron 43 millones 700 mil pesos; también, tenemos a miles de beneficiarios inscritos en la segunda parte del programa que se inscribieron por las reformas hechas a la ley por la anterior legislatura sólo recibiendo 4 mil pesos de un total de 38 mil, así como compatriotas radicados en Estados Unidos, quienes a través de los consulados entregaron los requisitos que marca la ley, hasta este momento ninguno de ellos ha sido apoyado por alguna cantidad económica a la cual tienen derecho.
Necesidades: Pagos de la segunda etapa, por 34 mil pesos. A la fecha en las listas 30 a 34 se han publicado 149 mil 20 ex braceros: 5 mil 66 millones 680 mil pesos.
Necesidades: Pagos pendientes a los ex braceros que radican en ciudades de Estados Unidos, 5 mil 89 personas, con 38 mil pesos; y gastos de operación del Fideicomiso 2106 (publicaciones): 193 millones 382 mil pesos.
Total de requerimientos: 5 mil 300 millones de pesos.
Fuente: Elaboración propia, con datos del CTF 2106.
Los más de 540 millones todavía sin ejercer por la Segob como entidad coordinadora del Fideicomiso 2106 representan un poco mas de 10 por ciento de los recursos necesarios para resolver de una buena vez el problema de los ex braceros. Si bien los requerimientos son de 5 mil 300 millones de pesos, pedimos a todos los presentes que hagan lo conducente desde sus espacios y con sus votos en la aprobación del dictamen de Presupuesto de Egresos para que en el próximo ejercicio fiscal a fin lograr que se eleve la cantidad de recursos para los ex braceros, ya sea tener los 5 mil 300 millones de pesos o al menos lograr recursos para apoyar a la mayor parte de los 150 mil ex braceros que esperan este beneficio.
Dadas las reformas hechas a la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para los ex Trabajadores Mexicanos Braceros, en el artículo octavo transitorio se instruye al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas para realizar un estudio del impacto presupuestal, a fin de otorgar a esta soberanía mayores elementos sobre los recursos necesarios para el programa. Por ello, la cifra puede ser aun mayor, debido a que si en futuro se abren nuevamente mesas receptoras de documentos ya que se agregó otro requisito como elemento probatorio para de haber sido ex bracero y, por tanto, obtener este derecho, así como otorgar el reconocimiento a las concubinas y legítimos herederos, por eso los diputados que promovemos este punto de acuerdo y con conocimiento de causa exponemos con datos las necesidades reales del programa y esperamos la ratificación del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Les pedimos que hagan conciencia y apoyen el punto de acuerdo.
Por lo expuesto, se someten a consideración de esta soberanía, como de obvia y urgente resolución, los siguientes
Primero. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que considere la cantidad de 5 mil 300 millones de pesos para el Fondo de Apoyo Social para los ex Trabajadores Migratorios Mexicanos para el ejercicio fiscal de 2011.
Segundo. Se solicita que la Secretaría de Gobernación no siga incurriendo en subejercicios y ejecute los recursos disponibles desde marzo de este año para el Fideicomiso 2106.
Dado en el salón de sesiones, a 28 de septiembre de 2010.
Diputados: María Hilaria Domínguez Arvizu, Samuel Herrera Chávez (rúbrica), Juan Enrique Ibarra Pedroza (rúbrica), Laura Itzel Castillo Juárez (rúbrica).
La que suscribe, diputada Sofía Castro Ríos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
El unicel o poliestireno expandido (EPS) es un material plástico espumado, utilizado en el sector del envase y la construcción; es un residuo considerado altamente peligroso y en realidad lo es más, si no se maneja adecuadamente su proceso de reciclaje, es decir, su transformación a través de distintos procesos que permitan restituir su valor económico, sin perjuicio para la salud, el ecosistema o sus elementos. El común de la población no sabe que no debe verterlo en rellenos ya que este material no es biodegradable:[ ]se calcula que en mil años podría encontrarse un vaso de este material intacto; la naturaleza sólo puede dividir su estructura en moléculas mínimas, pero no biodegradarlo y puede ser altamente tóxico si se ingiere porque para producir poliestireno se usan recursos naturales no renovables y es un plástico derivado del petróleo.
Su cualidad más destacada es su higiene ya que no incuba microorganismos, no se pudre, no se enmohece ni se descompone, lo que lo convierte en un material idóneo para la venta de productos frescos; es ligero, resistente a la humedad y tiene capacidad de absorción de impactos.
Otra de sus aplicaciones es la de aislante térmico y acústico en el sector de la construcción, utilizándose como tal en fachadas, cubiertas, suelos, etcétera. Sin embargo, la practicidad de este producto, en particular para servir los alimentos y las bebidas calientes, y lo económico de su costo, está propiciando que su uso se vuelva indiscriminado, lo que aunado a la ignorancia en su manejo como residuo hace que el unicel se esté volviendo un enemigo ecológico potencialmente intrusivo y destructivo del medio ambiente.
El artículo 4. Párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos a la letra dice toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.
La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos tiene por objeto garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente adecuado y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención, de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial; prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación. En el artículo 2o. señala que en la formulación y conducción de la política en materia de prevención, valorización y gestión integral de los residuos a que se refiere esta ley, la expedición de disposiciones jurídicas y la emisión de actos que de ella deriven, así como en la generación y manejo integral de residuos, según corresponda, se observarán los siguientes principios:
I. El derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar;
III. La prevención y minimización de la generación de los residuos, de su liberación al ambiente, y su transferencia de un medio a otro, así como su manejo integral para evitar riesgos a la salud y daños a los ecosistemas.
Es por eso que urge que la autoridad en materia de medio ambiente elabore planes para el manejo de residuos de consumo que al desecharse se conviertan en residuos peligrosos; y ejecute con eficiencia y claridad las disposiciones del artículo 29 de la Ley General Para la prevención y Gestión Integral de los Residuos, que a la letra dice:
Artículo 29. Los planes de manejo aplicables a productos de consumo que al desecharse se convierten en residuos peligrosos deberán considerar, entre otros, los siguientes aspectos:
III. Los procedimientos mediante los cuales se darán a conocer a los consumidores las precauciones que, en su caso, deban de adoptar en el manejo de los productos que devolverán a los proveedores, a fin de prevenir o reducir riesgos; y
Pues bien, ninguno de los artículos antes mencionados se están cumpliendo, la autoridad no sólo debe establecer el marco normativo y esta autoridad federal se está caracterizando entre otras cosas por su falta de compromiso con el medio ambiente, y el deterioro ambiental nos está alcanzando, los ciudadanos requieren del compromiso serio de sus gobernantes con el futuro del planeta aunque también requieran de la fuerza coactiva de la ley para hacer cumplir las disposiciones ambientales cuando sea necesario.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente proposición con
Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales (Semarnat).
Uno. A hacer cumplir la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, referente al manejo aplicable a productos de consumo que al desecharse se convierten en residuos peligrosos, en particular el unicel y demás plásticos usados en el hogar y la industria.
Dos. A elaborar programas y proyectos que garanticen el manejo adecuado y reciclaje del unicel y demas plásticos de uso comercial e industrial.
Tres. A usar tiempo aire oficial en los medios de comunicación para difundir campañas que den a conocer el riesgo que conlleva el uso de unicel y demás plásticos para el ecosistema.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2010.
El suscrito, diputado Juan Pablo Escobar Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo, lo anterior de conformidad con los siguientes
Hasta el último día de 2008 los contribuyentes dedicados a la comercialización o industrialización de ciertos productos de consumo básico, incluido el sector de la recuperación de todo tipo de materiales para reciclaje adquiridos de personas físicas del sector primario, tenían la facilidad de autofacturar estas adquisiciones siempre y cuando se cumplieran ciertos requisitos, entre los cuales se encuentra el de la posterior inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes.
El sector reciclador de México reacondiciona vidrio, papel, plástico, PET, acero, aluminio, cobre y otros materiales; la autofacturación en este sector específico había venido funcionando de manera eficiente, ya que casi la totalidad de los materiales que se reciclan son recuperados de los destinos finales de confinamiento para desechos sólidos por pepenadores, los cuales venden los materiales recuperados a centros de acopio los cuales efectuaban el proceso de autofacturación, incorporando al sistema económico y fiscal del país importantes cantidades de pesos.
Con la eliminación de la autofactura se dan impactos importantes a las finanzas públicas con la disminución de la recaudación en 2 mil millones de pesos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con cerca de 400 mil empleos afectados, impacto negativo en la salud; según datos de la propia industria del papel en 2009 acopiaron 100 mil toneladas menos a raíz de la eliminación de autofactura.
El volumen total de materiales reciclados nos da una idea del impacto que se genera en la ecología al retirar de los lugares de destino final de desechos sólidos materiales que serán reutilizados por la industria.
Las gráficas presentadas corresponden y son tomadas de los indicadores ambientales de 2009, publicados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y expresa los residuos reciclables recuperados en sitios de disposición final en miles de toneladas.
La reducción de los residuos sólidos urbanos al reciclar favorece la capacidad de espacio y en la eficiencia de los confinamientos.
El volumen creciente de los residuos sólidos urbanos y su manejo inadecuado promueven la proliferación de tiraderos sin control, los que generan riesgos al ambiente y a la salud humana, así como un incremento tanto la demanda de infraestructura, como de la magnitud de un riesgo potencial ante el manejo inadecuado de los residuos urbanos.
Tabla 2. Generación total de residuos sólidos urbanos en millones de toneladas
La imposibilidad de utilizar la autofactura contribuyó al cierre de muchos centros de acopio, reduciendo la oferta de materia prima y elevando sus precios, toneladas de gases invernadero que se emiten a la atmosfera pueden ser evitadas al reciclar la mayor parte de los desechos sólidos.
Que el tema de la conservación del medio ambiente es prioritario en la agenda de las naciones, especialmente ante el innegable embate de los fenómenos climáticos provocados cambio climático.
Que las cantidades de desechos sólidos se han venido elevando significativamente, además de que las previsiones poblacionales indican afirmar que esta dinámica se mantendrá en el mediano y largo plazo.
Que el impacto de la contaminación producto de estos desechos en los ecosistemas puede ser aminorado al recuperar la mayor parte de estos materiales con fines de reciclaje.
Que la actividad de recolección es realizada por personas de bajos y muy bajos recursos de la tercera edad o con capacidades diferentes. Los cuales por su propia situación socioeconómica encuentran en la basura una forma de subsistencia.
Que el reciclado es una industria limpia, la cual crea fuentes de empleo y reduce significativamente el impacto de la actividad humana en la naturaleza, industria que requiere facilidades regulatorias para que se desarrolle en condiciones de competitividad y legalidad.
Que el permitir la autofacturación en materia de reciclado de materiales favorecerá las finanzas públicas, así como el medio ambiente.
Único. Se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal, por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y al Servicio de Administración Tributaria a expedir dentro de la miscelánea fiscal para 2011 la figura de autofacturación para el sector de reciclado de materiales.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2010.
El suscrito, diputado Miguel Antonio Osuna Millán, integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en pleno uso de las facultades que le confiere el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Cámaras de Diputados y Senadores del honorable Congreso de la Unión y a los congresos locales de las entidades federativas, se declare al periodo 2011-2020 como la Década por la Seguridad Vial, en concordancia con la resolución A/RES/64/255 Mejoramiento de la Seguridad Vial en el Mundo, emitida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de mayo de 2010.
La mortalidad por colisiones en accidentes de tránsito tiene una enorme incidencia en todo el mundo y cada año mueren casi 1,2 millones de personas y otros varios millones sufren heridas o discapacidad a consecuencia de accidentes viales, principalmente en las zonas urbanas de países en desarrollo. Las lesiones por accidentes de tráfico son la causa principal de la muerte de personas entre los 10 y los 24 años de edad en todo el mundo. 1
Tan sólo en México, durante 2008, según fuentes del Centro Nacional de Prevención de Accidentes (Cenapra), la mortalidad por accidentes de tránsito fue de 24,129 muertos, de los cuales 16,852 fueron por accidentes de vehículo y 7,269 fueron atropellados, lo que hace de este importante problema de salud pública, el que tenga una amplia gama de consecuencias sociales y económicas que, de no ser atendidas, pueden afectar al desarrollo sostenible de los países y obstaculizar el progreso de los mismos.
Siendo los accidentes de tráfico un problema de salud pública, el enfoque que hoy prevalece integra conocimientos de medicina, biomecánica, epidemiología, sociología, ciencias de la conducta, criminología, ciencias educativas, economía y otras disciplinas, la Organización Mundial de la Salud en su informe sobre la situación mundial de la seguridad vial, en el cual se evalúa por primera vez la situación de la seguridad vial a nivel mundial y en el que se pone de manifiesto que la mitad de las personas que fallecen como consecuencia de accidentes de tránsito son los usuarios vulnerables de las vías de tránsito, como es el caso de los peatones, usuarios del transporte público y adultos mayores, entre otros, ya que son relativamente pocos los países del mundo que tienen una legislación completa para hacer frente a los principales factores de riesgo para la seguridad vial.
Considerando que el número de muertos y heridos aumenta como consecuencia de los accidentes de tránsito en nuestro país y en todo el mundo, y en pleno reconocimiento a los esfuerzos realizados por la comunidad internacional, en lo que respecta a la aplicación de mejores prácticas, el establecimiento de objetivos de largo alcance y el seguimiento del número de víctimas mortales de dichos accidentes, nos vemos en la necesidad de fortalecer aún más la cooperación y el intercambio de conocimientos en materia de seguridad vial a escala internacional, teniendo en cuenta las diferentes necesidades de cada país, particularmente en los ámbitos de la gestión de la seguridad vial, la infraestructura viaria, la seguridad de los vehículos, el comportamiento de los usuarios de las vías de tránsito, incluidas las distracciones, la educación para la seguridad vial y la atención después de ocurridos los accidentes, incluida la rehabilitación de las personas con discapacidad, fijando nuestros propios objetivos para lograr la reducción de las víctimas de accidentes de tránsito.
La experiencia internacional ha demostrado que el incremento de accidentes de tráfico está fuertemente asociado a los procesos de urbanización, lo que lo convierte en un problema complejo. Es por esto que orientar los esfuerzos sobre un aspecto aislado del problema o a varios de ellos en forma independiente, ha arrojado resultados insuficientes y efímeros. Por ello se debe buscar que las acciones sean complementarias y simultáneas. Las instituciones involucradas deberán participar, desde su ámbito de competencia, en la prevención y atención de accidentes con acciones de diferente índole, no siendo diferente para nosotros los legisladores.
Es necesario reafirmar la importancia de ocuparse de las cuestiones relativas a la seguridad vial, con el objetivo de estabilizar y después reducir las cifras previstas de víctimas mortales en accidentes de tránsito en nuestro país mediante el aumento de las actividades encaminadas a prevenir los accidentes de tránsito.
Es por ello que debemos reconocer que la crisis mundial de la seguridad vial podrá ser superada mediante la cooperación intersectorial y la asociación de todas las partes interesadas, tanto del sector público como del privado, con la participación de la sociedad civil, reduciendo el número de accidentes de tránsito en la República Mexicana mediante la promoción de la seguridad vial, la prevención de accidentes y la mejora en la atención a víctimas, a través del fortalecimiento y la modernización del marco jurídico y regulatorio, principalmente en lo que se refiere a mejorar la oportunidad y calidad en la atención a víctimas.
Debemos aceptar la invitación de la Organización de las Naciones Unidas a asumir un papel de liderazgo en la realización de las actividades del Decenio de Acción para la Seguridad Vial, declarado en la Primera Conferencia Ministerial Mundial sobre Seguridad Vial celebrada en Moscú el 19 y 20 de noviembre de 2009, fomentando modalidades de colaboración multisectorial con el ámbito académico, el sector privado, las asociaciones profesionales, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil, para poder evaluar los compromisos a realizarse durante el decenio y mostrar ante la comunidad internacional los progresos obtenidos en consecución de los objetivos del Decenio de Acción para la Seguridad Vial.
Es por lo anterior y en virtud de lograr avances en la determinación de los compromisos que México llevará a cabo en concordancia con los objetivos del Decenio de Acción para la Seguridad Vial, que propongo el siguiente:
Primero. Se exhorta a las Cámaras de Diputados y Senadores del honorable Congreso de la Unión y a los congresos locales de las entidades federativas, se declare al periodo 2011-2020 como la Década por la Seguridad Vial, en concordancia con la resolución A/RES/64/255 Mejoramiento de la Seguridad Vial en el Mundo, emitida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de mayo de 2010.
1. Organización de las Naciones Unidas (ONU). http://www.who.int/roadsafety/news/un_sg_report_2007_es.pdf
El que suscribe, diputado Carlos Bello Otero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura; con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los sectores público, privado y social a fortalecer la permanencia, inserción, integración y promoción laboral de las personas con discapacidad, al tenor de la siguiente
La problemática social que afecta a las personas con discapacidades es un problema que concierne a todos los sectores sociales. Es preocupante que para las personas con discapacidad las probabilidades de encontrar trabajo disminuyen en relación a su nivel o tipo de discapacidad.
Datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señalan que 650 millones de personas, es decir, el 10 por ciento de la población mundial, padece alguna discapacidad, ya sea física o mental. Además las estadísticas nos indican que aproximadamente una de cada cinco de esas personas nace con una discapacidad, mientras que la mayoría la adquiere después de los 16 años y principalmente durante su vida laboral.
Pese a los esfuerzos institucionales que por décadas se han realizado a lo largo del territorio nacional, actualmente persiste en nuestro país la falta de instrumentos que hagan viables y efectivos los derechos de inserción laboral de las personas con discapacidad.
El fenómeno de la discriminación en México, es complejo y múltiple, tal y como define el convenio número 111 de la OIT, la discriminación se refiere a cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social, entre otras características, que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación.
Estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 10 por ciento de la población son personas con algún tipo de limitación física, sensorial o mental; y de acuerdo a estimaciones del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 98 por ciento carecen de empleo.
Por otro lado y con el ánimo de propiciar la integración laboral de las personas con discapacidad, el Congreso de la Unión ratifico y aprobó el Convenio sobre la Readaptación Profesional y el Empleo de Personas Inválidas convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por México el 5 de abril de 2001, en vigor el 22 de abril del 2002, y que establece en su Artículo primero, párrafo segundo:
Artículo l. ...
El 30 de marzo de 2007, México firmó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, instrumento jurídico internacional promovido e impulsado por iniciativa del presidente constitucional en turno, mismo que entró en vigor el 3 de mayo de 2008 y que en su Artículo 27, párrafo primero dispone que los estados partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación, como se indica en el inciso e) del mismo párrafo, que a la letra señala:
1. Los estados parte reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. Los estados parte salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación, entre ellas:
Según esta convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, desde el ámbito legislativo se tiene el compromiso de alentar y promover la integración laboral de las personas con discapacidad.
Al respecto, y atendiendo a los anteriores tratados internacionales de los que México forma parte, este honorable Congreso de la Unión en el año 2005 aprobó la Ley General de las Personas con Discapacidad; la cual en su artículo 9 al referirse al trabajo y a la capacitación para las personas con discapacidad, dispone que las autoridades competentes establecerán entre otras medidas, las indicadas en sus siguientes fracciones:
Artículo 9. Las personas con discapacidad tienen derecho al trabajo y la capacitación, en términos de igualdad de oportunidades y equidad. Para tales efectos, las autoridades competentes establecerán entre otras, las siguientes medidas:
Es importante destacar que como antecedente, a estos instrumentos jurídicos, en diciembre de 1997 ésta honorable Cámara de Diputados aprobó el punto de acuerdo para que el uno por ciento del personal de este órgano legislativo fueran personas con discapacidad. Y el 14 de febrero de 2008, se aprobó el punto de acuerdo en el que exhorta al gobierno federal y a los gobiernos de las entidades para que el dos por ciento de sus plantillas de personal fueran personas con discapacidad.
Es claro que en el honorable Congreso de la Unión, y en especial esta Cámara de Diputados, ha atendido a lo dispuesto en los tratados internacionales de los que México forma parte, y ha impulsado un amplio trabajo legislativo a favor de la integración laboral de las personas con discapacidad en el sector público. Desde 1997 a la fecha, con gusto podemos ver que en este órgano legislativo se encuentran trabajando junto con nosotros un buen número de personas con algún tipo de discapacidad; pero además este buen ejemplo se ha reproducido en las distintas áreas y dependencias de los tres niveles de gobierno.
No obstante el importante avance descrito para la integración laboral de las personas con discapacidad, debemos reconocer que el número de desempleados con limitaciones físicas, mentales o sensoriales es aún considerablemente mayor, y que en consecuencia debemos continuar con este esfuerzo legislativo.
Es importante reconocer, que dado a los recortes presupuestales realizados en el sector público, se han producido despidos de personal con alguna discapacidad; sin considerar que el desempleo o el despido de empleados con discapacidad es aún más grave, ya que entre este grupo vulnerable existe un amplio número de padres de familia, con todas las responsabilidades económicas que ello implica.
En la actualidad para cualquier persona es muy difícil conseguir un empleo y mantenerse en el mismo; pero para las personas con discapacidad es doblemente difícil, dado el rechazo, la marginación y discriminación que sufren.
Finalmente realicemos un llamado al sector privado y social de México para que se solidaricen con las personas con discapacidad que buscan una oportunidad de inserción en el ya difícil y competitivo mercado laboral.
Primero. Se exhorta respetuosamente a las áreas y dependencia administrativas del honorable Congreso de la Unión, del Poder Judicial de la Federación, de los congresos estatales; y a todas las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal, centralizada y paraestatal, a no despedir funcionario, empleado o servidor público con algún tipo de discapacidad física o sensorial, o de ambos tipos; y a reinstalar laboralmente, cuando así corresponda, a cualquier servidor público que durante el presente año fue despedido o dado de baja por su condición de discapacidad.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría Federal del Trabajo y Previsión Social a generar, impulsar y en su caso, reforzar las políticas públicas dirigidas al fortalecimiento laboral de las personas con discapacidad.
Tercero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Secretaría de Economía y se hace un llamado público al sector empresarial y a los organismos sociales, para impulsar el fortalecimiento, integración, difusión y promoción de la inserción laboral de las personas con discapacidad, mediante la vinculación de los oferentes y demandantes de empleo en un acuerdo nacional.
El suscrito, diputado federal Víctor Humberto Benítez Treviño, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ante la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, de urgente resolución, bajo los siguientes
1. Las Islas Marías son un archipiélago de cuatro ínsulas localizadas en el océano Pacífico a 112 kilómetros de las costas del estado de Nayarit, del cual forman parte, conforme al artículo 42 de la Constitución Política de México.
La mayor de las islas, denominada María Madre tiene una extensión territorial de 126.4 kilómetros cuadrados, alberga la colonia penal federal Islas Marías, establecida en 1905. Las otras tres islas, se denominan María Magdalena, con una extensión territorial de 86.6 kilómetros cuadrados; María Cleofas, con 27.3, y San Juanito, con 12.3 kilómetros cuadrados.
2. Mediante decreto presidencial de Porfirio Díaz publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 12 de mayo de 1905, se destinó el archipiélago de las Islas Marías a establecimiento de una colonia penitenciaria.
Fue hasta el 30 de diciembre de 1939 cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Estatuto de las Islas Marías, que en últimas fechas fue reformado mediante decreto publicado el 1 de abril de 2010, a efecto de adecuarlo a la reforma constitucional de 2008, que transformó el sistema penitenciario mexicano.
3. Las primeras personas en llegar a esta prisión fueron los mineros de Cananea y Río Blanco, y para aquella época se convierte en lo que hoy denominamos máxima seguridad, pues era imposible fugarse en virtud de sus paredes de agua y de la gran cantidad de tiburones que viven en dicha zona.
En la actualidad, cualquier barco tiene prohibido acercarse a menos de 12 millas náuticas de las islas, que se encuentran resguardadas por la infantería de la Secretaría de Marina.
Los internos que se encuentran compurgando sus penas en dicho penal son de baja peligrosidad, por lo que la Secretaría de Seguridad Pública federal lo considera como de baja seguridad.
1. Es un hecho que en nuestro país las cárceles están sobrepobladas, en virtud de que no existen espacios suficientes para albergar a los procesados y sentenciados, ni existe una verdadera clasificación de éstos, lo cual impide cumplir con lo establecido por el artículo 18 constitucional, ocasionando que el sistema penitenciario se encuentre colapsado, aunando esto al hecho de que en la mayoría de los penales estatales se encuentran internadas personas que están siendo procesadas, incluso ya sentenciadas por delitos del fuero federal.
Ejemplo de ello son la corrupción dentro del penal de Gómez Palacio, Durango, en el que la directora permitía a sicarios procesados salir por la noche a delinquir, o la fuga de 86 reos en Reynosa, Tamaulipas, con la complicidad de las propias autoridades y el personal de custodia.
2. El Estatuto Vigente de las Islas Marías establece en su artículo 1o. lo siguiente:
3. En últimas fechas el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, ha señalado que el gobierno arrancará en septiembre la construcción de un complejo penitenciario de distintos grados de seguridad, en los que se considera uno de máxima seguridad, en el que se planea recluir, entre otros, a delincuentes del crimen organizado, a efecto de despresurizar la sobrepoblación de los penales de las entidades federativas.
En algunas notas periodísticas se ha señalado que la intención es trasladar por vía aérea y marítima a por lo menos 10 mil 427 internos que actualmente se encuentran recluidos en los penales federales del Altiplano, Noroeste, Occidente, Nayarit, Veracruz, así como en otros centros, a la isla María Madre, donde serían vigilados por un pequeño ejército compuesto por 500 custodios y 450 policías federales.
4. En razón de lo anterior, es urgente que el Ejecutivo federal comience de manera inmediata la construcción de dicho complejo penitenciario en las Islas Marías y acelere los trabajos para que se pueda trasladar a los internos sentenciados por delitos federales que estén compurgando su pena en cárceles estatales, lo que tendrá como consecuencia que los penales de las entidades federativas comiencen a bajar sus índices de sobrepoblación, lo cual permitirá que se implementen de mejor forma las bases que el artículo 18 constitucional refiere.
Además, que se fortalecerá el sistema penitenciario nacional, ya que a través de esta redistribución planificada de sentenciados federales a las Islas Marías se clasificará correctamente a los mismos, por lo que se está planeando crear distintas áreas de seguridad, para que en ellas se recluyan a los internos de mediana peligrosidad y de alta peligrosidad, de manera separada.
Por todo lo expuesto y con fundamento en los artículos 58, 59, y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta, como de urgente y obvia resolución, el siguiente
Primero. Esta soberanía exhorta al Ejecutivo federal a que de manera inmediata traslade al complejo penitenciario en las Islas Marías a los internos de alta peligrosidad sentenciados por delitos federales que estén compurgando su pena en cárceles de las entidades federativas.
Segundo. De igual forma, esta soberanía exhorta al Ejecutivo federal a acelerar los trabajos de construcción de un penal especial de delincuencia organizada como lo dispone el nuevo artículo 18 Constitucional.
Diputado Víctor Humberto Benítez Treviño (rúbrica)
Yolanda del Carmen Montalvo López, diputada federal integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 55, fracción 11, 58, 59 Y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo de obvia y urgente resolución, por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que en el ámbito de sus atribuciones implemente a la brevedad una evaluación del grado de accesibilidad para personas con discapacidad, en todas las oficinas y dependencias gubernamentales del país, a fin de incluir dicha evaluación, en el informe inicial sobre los avances en su implementación, que nuestro país debe presentar este año, con motivo de la ratificación de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad hecha en 2008, al tenor de las siguientes
1. Que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, alrededor del 10 por ciento de la población mundial vive con algún tipo de discapacidad, esto es aproximadamente 650 millones de personas. Si a esta cifra se agregan los familiares cercanos, el número de personas directamente involucradas con la discapacidad asciende a dos mil millones de habitantes, lo que representa casi un tercio de la población mundial. 1
2. Que según datos del XII Censo General de Población y Vivienda realizado en el año 2000 y, posteriormente con la aplicación de la Encuesta Nacional de Evaluación del Desempeño, realizada en el año 2003 por la Secretaría de Salud, se reveló que aproximadamente el 9 por ciento de la población total de nuestro país presentaba en ese momento algún grado de dificultad en los dominios de movilidad, función mental, estado de ánimo, actividades usuales y dolor y función social, por lo cual se estima que el número de personas con discapacidad podría llegar a ser de alrededor de 9.7 millones en todo el país. 2
3. Que de acuerdo con lo anterior y con el propósito de contribuir al desarrollo integral e inclusión plena de las personas con discapacidad y sus familias en la vida social, política y productiva del país, el gobierno federal a través del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (Conadis) y el Consejo Consultivo para las Personas con Discapacidad, elaboraron el Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad 2009­2012 (Pronaddis).
4. Que uno de los objetivos más importantes del Pronaddis es contribuir al avance en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio establecidos para el 2015, ya que la discapacidad está asociada a pobreza, inequidad de género, así como a bajos niveles de educación y salud. Por lo que este programa sienta las bases para transitar de una política asistencialista para personas con discapacidad, a una política que facilite el ejercicio pleno de sus derechos, así como su participación efectiva en la vida social, económica y política del país, en condiciones de igualdad de oportunidades con los demás miembros de la sociedad.
5. Que para lograr los objetivos anteriormente señalados, en el marco de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 3 , entre los principios rectores del Pronaddis se encuentra el tema de la accesibilidad, siendo este uno de los principios regulado en el artículo 5o., inciso h, de la Ley General de las Personas con Discapacidad.
6. Que en el artículo 6o., numeral IV del mismo ordenamiento, se faculta al Ejecutivo federal para: Establecer las políticas y acciones necesarias para dar cumplimiento a los programas federales en materia de personas con discapacidad; así como aquellas que garanticen la equidad e igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad en el ejercicio de sus derechos.
7. Que por otra parte, la misma ley regula en su artículo 13, el derecho de las personas con discapacidad al libre desplazamiento en condiciones dignas y seguras en espacios públicos, donde además se mandata que las dependencias de la administración pública federal, estatal y municipal deberán vigilar el cumplimiento de las disposiciones que en materia de accesibilidad y desarrollo urbano y, por último, también se mandata que los edificios públicos que sean construidos a partir del inicio de la vigencia de la .1\ ley en comento, según el uso al que sean destinados, se adecuarán a las normas oficiales que expidan las autoridades competentes, para el aseguramiento de la accesibilidad a los mismos.
8. Que por otra parte, en virtud de que el gobierno de México ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el 2008 y, por tanto, este 2010 debe presentar el informe inicial sobre los avances en su implementación, consideramos primordial y necesario, llevar a cabo una Evaluación del Grado de Accesibilidad de las Personas con Discapacidad, en todas las oficinas y dependencias gubernamentales del país, a fin de conocer y, en su caso, implementar las medidas necesarias
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de obvia y urgente resolución:
Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que en el ámbito de sus atribuciones implemente a la brevedad una Evaluación del Grado de Accesibilidad para Personas con Discapacidad, en todas las oficinas y dependencias gubernamentales del país, a fin de incluir dicha evaluación, en el Informe Inicial Sobre los Avances en su implementación, que nuestro país debe presentar este año, con motivo de la ratificación de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad hecha en 2008.
1. Programa Nacional para las Personas con Discapacidad 2009-2012, Secretaría de Salud y Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, México, 2009, Pág.15.
2. Op cit, Págs. 15-16
3. Artículo 3o.
La que suscribe, diputada federal Sofía Castro Ríos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
El pueblo triqui de San Juan Copala, del municipio de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, tiene 786 habitantes, según el conteo de población y vivienda de 2005, está a 1 578 metros de altitud. Cuando en 1948 las autoridades estatales retiraron el título de municipio a San Juan Copala, provocaron la división del pueblo triqui, al reagruparlos en los municipios mestizos de Santiago Juxtlahuaca, Putla de Guerrero y Constancia del Rosario, que desconocen su autonomía y por años la región triqui y las 36 comunidades que la conforman han tenido constantes conflictos políticos.
De los triquis de San Juan Copala se valoran sus tierras y sus cosechas: café, plátano manila, maíz; los huipiles triquis bordados por las mujeres triquis son una muestra de la gran destreza con que cuentan estas mujeres indígenas y que incluso se considera que es el símbolo que representa a esta etnia. Pero en la región se padece una impunidad muy grande, cualquiera sabe que se puede matar sin que pase algo; y ello les ha generado una resistencia y un orgullo fuertes, los perversos les han querido hacer fama de violentos y asesinos, de flojos y de ignorantes; y la única realidad es que son una cultura ancestral un tanto diferente a la nuestra y las oportunidades de desarrollo no les han sido dadas, se les ha marginado por ser indígenas, y los gobiernos de los tres ámbitos, no los han visto como prioridad.
San Juan Copala se encuentra localizado en el extremo occidente del estado de Oaxaca y en el centro del municipio de Santiago Juxtlahuaca, se localiza a unos 20 kilómetros al sur de la cabecera municipal, Santiago Juxtlahuaca, con la que se comunica por una carretera pavimentada que llega hasta la localidad de La Sabana.
Sin embargo, el paso del tiempo, el flujo constante del autotransporte, la falta de mantenimiento y las inclemencias del tiempo, han propiciado que una carretera antes pavimentada hoy requiera la reconstrucción total del pavimento del camino de 4 kilómetros De longitud mediante la recuperación de la base hidráulica, renivelaciones y carpeta en tramos aislados sobre la superficie de rodamiento, además de la construcción de obras complementarias de drenaje.
El proceso de deterioro del pavimento empieza con grietas diagonales, longitudinales o transversales, causadas por la contracción del suelo, continúa con hundimientos y desplazamientos laterales del pavimento generalmente causados por la humedad, cuando existe acumulación de agua en la estructura del pavimento, las deflecciones de las losas de concreto en las juntas, las grietas y a lo largo de borde de las losas bajo efecto de cargas pesadas, se produce desplazamiento y eyección de agua. Esta acción contiene partículas de suelo en suspensión y bajo constantes repeticiones remueve parte de la superficie del suelo provocando primero descaramientos y luego socavaciones (baches), que conducen a una falla de soporte y consecuentemente la falla del pavimento; este fenómeno se conoce como bombeo.
Si el proceso de deterioro antes referido no se detiene, las zonas específicas de la carpeta de rodamiento se van desintegrando por acción del tránsito, y llega un momento en que necesita una reconstrucción total.
Como lo menciona el Plan Nacional de Desarrollo, en el tema de la igualdad de oportunidades, refiriéndose a los pueblos y comunidades indígenas, Estrategia 15.5 Fortalecer sustancialmente la infraestructura básica en las regiones indígenas:
Las estrategias mencionadas sobre la construcción y el mejoramiento de caminos rurales, así como las del reordenamiento territorial para lograr una provisión de servicios más eficiente, tendrán como uno de sus principales beneficiarios a los pueblos y comunidades indígenas, que son los grupos sociales con mayor dispersión demográfica e incomunicación.
La estrategia regional de caminos implica el diseño de un plan de pavimentación y modernización de ejes troncales acordes con la dinámica regional social y productiva a la que se aspira...
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados a destinar la cantidad de ocho millones de pesos para la reconstrucción del camino San Juan Copala-La Sabana, Oaxaca, tramo del kilómetro 0+000 al kilómetro 4+500, en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, en el Ramo 09, Programa de mantenimiento de carreteras.
La que suscribe, Sofía Castro Ríos, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos, somete a consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
El servicio de envío de paquetería y mensajería es la recepción, porte, traslado, rastreo, control, seguimiento, entrega personalizada y confirmación de entrega, en tiempos predeterminados y de manera acelerada, de documentos, paquetes y/o bienes. Estas empresas surgieron ante la necesidad de envíos mayores a un documento escrito, y fueron ganando terreno debido a la explosión demográfica que propició mayores necesidades de comunicación, de logística y de intercambio comercial de objetos de pequeño volumen; hoy son pieza fundamental del engranaje económico de nuestro país. De acuerdo con cifras del Inegi, el valor del mercado de mensajería y paquetería es de ocho mil millones de pesos y está integrado por 3 mil 100 empresas nacionales y extranjeras, de las cuales el 91 por ciento son micro, el 6 por ciento son pequeñas, el 2 por ciento son medianas y el 1 por ciento son grandes.
He aquí que el 22 de diciembre de 1993 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en cuyo capítulo VI , relativo a paquetería y mensajería , artículo 58, a la letra dice:
La prestación del servicio de paquetería y mensajería requiere de permiso que otorgue la secretaría en los términos de esta ley y estará sujeto a las condiciones que establezca el reglamento respectivo. A este servicio se le aplicarán las disposiciones de la carta de porte.
Como lo especifica con claridad la ley antes mencionada, y por lógica de derecho, este artículo tiene que contar con un reglamento que regule la prestación del servicio, sin embargo después de 16 años y de cuatro presidentes de la República, ninguno ha tenido la atención de voltear a ver a las empresas de paquetería y mensajería, y hasta hoy, este importante sector económico no cuenta con regulación alguna.
Es facultad y obligación del Presidente de la República emitir el reglamento respectivo como lo señala el artículo 89 constitucional, Fracción I, que a la letra dice:
I. Promulgar y ejecutar las leyes que emita el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia.
Es decir, El presidente de la República debe emitir el reglamento, como un acto de autoridad, no como un instrumento negociado y/o avalado por los grupos de interés, sino por una decisión sana, de política pública, a favor de su propio ejercicio de poder, y en favor de las empresas; particularmente las nacionales, que proveen este servicio en nuestro país.
Es muy importante señalar que el reglamento no debe tener restricciones injustificadas, que debe ofrecer certeza jurídica, y permitir operar al sector de paquetería y mensajería según la práctica internacional.
En este tenor, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene que subsanar el anteproyecto de reglamento que envió a la Comisión Federal Mejora Regulatoria (Cofemer), que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía, cuyo propósito es garantizar la transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones, y que éstas generen beneficios mayores a sus costos para la sociedad. Para contribuir al objetivo de una regulación de calidad, que incremente el bienestar social y fomente la competitividad, la Cofemer revisa y dictamina los proyectos de nueva regulación , para que sean sencillos y fáciles de cumplir.
Es indispensable que el reglamento regule el servicio de paquetería y mensajería sin invadir el segmento de carga, pero es importante también que no aparezcan en el reglamento una restricción mayor de peso en paquetes porque es limitativa del servicio, y que los límites de peso bruto vehicular fijados les permita utilizar los vehículos cuyas características se ajusten de mejor manera a sus necesidades de negocio, lo cual sirve para que en ese sentido se respete la práctica establecida, como lo marca la Unión Postal Universal (UPU), que es un organismo especializado de la Organización de Naciones Unidas que tiene como objetivo afianzar la organización y el mejoramiento de los servicios postales, participar en la asistencia técnica postal que soliciten los países miembros y fomentar la colaboración internacional en materia postal. La UPU fija tarifas, límites máximos y mínimos de peso y tamaño, así como las condiciones de aceptación de la correspondencia, entre otras funciones. En este sentido, la UPU fija treinta y un y medio kilos como peso máximo de paquete, además del tamaño del vehículo establecido en la Norma de Pesos y Dimensiones que índica hasta cuatro toneladas de peso bruto vehicular. Cualquier restricción numérica o cuantitativa podría quedarse en la zona de extralimitación jurídica, además es muy importante que, de acuerdo al Tratado de Libre Comercio Para América del Norte; el cabotaje, es decir el servicio entre las ciudades, o sea punto a punto, siga restringido sólo a compañías de transporte de carga de capital nacional.
Hoy se desconoce el curso o el destino del anteproyecto que contribuiría positivamente al sector logístico en general y taparía un hoyo regulatorio que lleva más de 16 años; el clima de negocios e inversión se beneficiaría de tener el reglamento, es una cuestión de estado de derecho.
Desde esta tribuna, la más alta del país, les digo a todos que en indispensable que la SCT defina el anteproyecto final de Reglamento de Paquetería y Mensajería que presentará a consideración del presidente de la República y que el presidente de la República emita el reglamento, porque la inacción de la autoridad se llama negligencia , y ésta sólo demuestra incapacidad en el ejercicio de gobierno.
Por todo lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Único. Se exhorta al ciudadano Felipe de Jesus Calderón Hinojosa, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para que publique de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, el Reglamento del Artículo 58, referente al envío de paquetería y mensajería.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 14 de septiembre de 2010.
El suscrito, diputado federal Sergio González Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a considerar la contratación de un seguro de vida colectivo para los integrantes de sus instituciones policiales, con base en las siguientes
Primero. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que la seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que comprende, entre otras funciones, la de prevención de los delitos, así como la investigación y persecución para hacerla efectiva, y que las funciones señaladas recaen en los distintos cuerpos policíacos dependientes de los órdenes de gobierno ya expresados, y sus funciones están regidas por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos por nuestra propia Carta Magna.
Asimismo, el citado precepto constitucional establece que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública estará a cargo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificada y registrada en el referido sistema.
De igual forma, la Constitución Política Federal, en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, párrafo tercero, establece que las autoridades del orden federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes, instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social.
Sumado a lo anterior, la propia Constitución, en la fracción XI del precepto antes referido, señala que la seguridad social cubrirá, entre otras cosas, los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte; además, los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y medicinas, en los casos y en la proporción que determine la ley.
Segundo. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reglamentaria del artículo 21 constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2009, ordena que la seguridad pública deberá proveerse de manera concurrente y coordinada por la federación, las entidades federativas y los municipios, y que en los tres órdenes de gobierno habrá de instaurarse un adecuado sistema de formación, desarrollo, empleo y retiro en las corporaciones policíacas.
Al respecto, la citada Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece en la fracción XIV del artículo 7o. y en los artículos 45, 46, 84 y 85 lo siguiente:
Artículo 7. Conforme a las bases que establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las instituciones de seguridad pública de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, en el ámbito de su competencia y en los términos de esta ley, deberán coordinarse para
XIV. Fortalecer los sistemas de seguridad social de los servidores públicos, sus familias y dependientes, e instrumentar los complementarios a éstos.
Artículo 45. Las instituciones de seguridad pública deberán garantizar, al menos, las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al servicio del Estado; las entidades federativas y municipios generarán de acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus presupuestos, una normatividad de régimen complementario de seguridad social y reconocimientos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 46. Las instituciones de seguridad pública, conforme a lo dispuesto en esta ley, realizarán y someterán a las autoridades que corresponda, los estudios técnicos pertinentes para la revisión, actualización y fijación de sus tabuladores y las zonas en que éstos deberán regir.
De igual forma, se establecerán sistemas de seguros para los familiares de los policías que consideren el fallecimiento y la incapacidad total o permanente acaecida en el cumplimiento de sus funciones.
Artículo 85. La carrera policial comprende el grado policial, la antigüedad, las insignias, condecoraciones, estímulos y reconocimientos obtenidos, el resultado de los procesos de promoción, así como el registro de las correcciones disciplinarias y sanciones que, en su caso, haya acumulado el integrante.
Se regirá por las normas mínimas siguientes:
VIII. Se determinará un régimen de estímulos y previsión social que corresponda a las funciones de los integrantes de las instituciones policiales.
No obstante, las corporaciones de seguridad pública de los estados y municipios en muy escasas ocasiones han definido con precisión los lineamientos elementales de un sistema de carrera policial y muchas veces, ha sido notorio el desinterés por fortalecer a esas corporaciones más allá de dotarlas de recursos del Fondo para la Seguridad Pública.
Tercero. Con objeto de defender la integridad y derechos de las personas y preservar las libertades, el orden y la paz públicos, el gobierno federal diseño la Estrategia Integral de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia, que considera dentro de sus programas estratégicos la conformación de un nuevo modelo policial federal, que restablezca el sentido original de la función de la seguridad pública del Estado.
Este nuevo esquema propuesto por la Secretaría de Seguridad Pública federal comprende un marco jurídico modernizado: los esquemas de profesionalización asociada con la carrera policial y un proyecto de vida, el régimen disciplinario y la certificación de integrantes a través de evaluaciones control de confianza; homologación de jerarquías en los grados, salarios, normas y protocolos de actuación; uso de la fuerza de manera racional, congruente, oportuno y con respeto a los derechos humanos.
Cuarto. Según el diagnóstico presentado recientemente por el secretario de Seguridad Pública federal en la XXVIII sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, 61 por ciento de los policías municipales gana menos de 4 mil pesos al mes, y 20 por ciento del total menos de mil pesos mensuales (periódico El Universal , 4 de junio de 2010). Tales retribuciones están lejos de ser proporcionales a las exigencias de una óptima capacitación y un desempeño honesto y eficiente de tareas de enorme importancia que, además, suponen en todo momento riesgos para la vida de quienes las realizan.
Los bajos salarios y la precaria situación laboral propician el descuido en el empleo y los actos de corrupción. Es importante tener en cuenta que no será posible una mejor capacitación y adiestramiento si el policía no tiene una vivienda digna, un salario digno, un seguro de vida, entre otros, siendo susceptibles ante el crimen organizado. Así, es preciso que se paguen a los policías salarios razonables, se genere para ellos y sus familias un patrimonio, que les permita vivir sin angustias económicas, y se les brinden todos los beneficios a los que cualquier trabajador debe tener derecho.
Derivado principalmente del notable incremento de la criminalidad en nuestro país, especialmente la llevada a cabo por el crimen organizado, la función policial se ha convertido en uno de los ejercicios profesionales sujetos, por disposición constitucional, a las mayores exigencias profesionales y éticas y es, al mismo tiempo una de las actividades laborales de mayor riesgo en términos de la integridad personal, tan solo en los últimos tres años los homicidios dolosos en contra de policías en México se ha incrementado en más de 70 por ciento, ambas circunstancias no se ven reflejadas en las prestaciones laborales a que tienen derecho los integrantes de los cuerpos policíacos de los distintos órdenes de gobierno, por lo que resulta conveniente otorgar entre otros beneficios un seguro de vida y un seguro de gastos médicos mayores, como un reconocimiento al alto valor social de la buena labor policial y el especial peligro a que se enfrentan los policías en el cumplimiento de sus funciones.
Quinto. Como puede apreciarse, es necesario y urgente cambiar no solo los aspectos legales y de operación de las policías, si no también tratar de mejorar la calidad de vida de sus elementos, solo así podremos tener una policía eficaz y honesta. Es momento de otorgar a los elementos policiales la oportunidad de desarrollarse profesional y personalmente, y construir un proyecto de vida que los aleje de cualquier posibilidad de incursionar en células delincuenciales, y esto sólo será posible mediante el mejoramiento de sus condiciones de vida.
Único. Con base en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 7, fracción XIV, y 45 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se exhorta a las instituciones de seguridad pública de la federación, del Distrito Federal, de los estados y municipios a otorgar a los servidores públicos que las integran un seguro de vida y uno de gastos médicos mayores.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a 14 de septiembre de 2010.
Diputado Sergio González Hernández (rúbrica)
El suscrito diputado Héctor Pedraza Olguín integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal, a efecto de que en los presupuestos de las Secretarías de Gobernación, y de Relaciones Exteriores, se aumenten los montos asignados a los programas de protección a nuestros connacionales, que regresan al país con motivo de la aplicación de la Ley SB1070, al tenor de las siguientes
Como es del conocimiento de todos nosotros, el pasado mes de julio del año en curso, entró en vigor la polémica Ley SB1070 en el estado de Arizona, a pesar que en la víspera una jueza federal bloqueó temporalmente sus partes más polémicas.
Hay posibilidad de que otros estados de Estados Unidos, traten de aprobar leyes similares pero hasta la fecha el único estado que tiene este tipo de ley es Arizona.
La juez federal Susan Bolton bloqueó provisionalmente partes de la Ley SB1070, entre ellas, que no es delito por ahora no portar documentación que pruebe un estado migratorio legal y dejó en suspenso la prohibición de que trabajadores indocumentados o sin papeles pidieran trabajo en las calles.
Asimismo, la estadía ilegal en el país, pasa de ser un delito meramente civil a ser un delito criminal. Esta ley da derecho a la policía de Arizona, a detener a las personas solamente bajo la sospecha razonable de no estar en el país legalmente. También da derecho a los ciudadanos de Arizona a demandar a las agencias o entidades del estado, si creen que éstas no están cumpliendo con la ley.
Con este ordenamiento aumentará la discriminación, ya que las autoridades policiacas podrán utilizar lo que se llama perfiles raciales, aunque la ley prohíbe utilizarlos. No es posible saber exactamente, quiénes están o no legalmente en el país; puede ser cualquier persona que hable otro idioma, que tenga rasgos latinos o asiáticos, que se vista de cierta manera o que tenga cierto color de piel o que se comporte de manera diferente a la mayoría, etcétera.
En este orden de ideas, el flujo migratorio de connacionales que regresen al país, va ir en un aumento gradual, ya que al ir endureciendo las medidas para impedirles trabajar, habrá detenciones y serán devueltos a México y en otros casos, será por voluntad propia. De lo que resulta necesario que las dependencias responsables de prestarles apoyo y protección, cuenten con los recursos necesarios para su cumplir con su encomienda, en los estados de origen y destino de los migrantes.
Adicionalmente, debemos de considerar a los indocumentados que cruzan por nuestro país, para llegar a Estados Unidos y que también son materia de atención por parte de nuestras autoridades.
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los cinco estados de la República Mexicana a los que regresa un mayor porcentaje de emigrantes provenientes de Estados Unidos de América son: Guanajuato, Tamaulipas, Veracruz de Ignacio de la Llave, Morelos e Hidalgo.
En resumen, resulta necesario que los recursos que se aplican a estos programas por parte de las Secretarías de Gobernación, y de Relaciones Exteriores sean aumentados sucesivamente año con año, de acuerdo a las circunstancias que se van presentando en materia migratoria, como es el caso de la Ley SB1070 y en consecuencia las citadas autoridades puedan cumplir cabalmente con los programas, que para dichos efectos tienen establecidos y brindar todo el apoyo necesario a nuestros connacionales.
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, para que en al ámbito de su competencia, aumente el monto de los recursos a las partidas presupuestales relativas a los programas de apoyo a los migrantes nacionales y extranjeros, a cargo de la Secretaría de Gobernación y de Relaciones Exteriores, con motivo de la aplicación de la Ley Arizona SB1070.
Diputado Héctor Pedraza Olguín (rúbrica)
Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite solicitar respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta soberanía, que en uso de sus facultades y buen despacho, formule excitativa a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Social para que dictamine la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta , al tenor de los siguientes
1. En la sesión pública ordinaria de fecha jueves 29 de abril de 2010 , presenté ante el pleno de la honorable Cámara de Diputados una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
2. En dicha sesión, la Iniciativa en comento fue turnada por la Mesa Directiva para su estudio, análisis y dictamen a la Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Social.
3. Es el caso que las comisiones referidas hasta la fecha no han emitido el dictamen correspondiente, no obstante que de conformidad con el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, debieron presentarlo dentro de los cinco días siguientes al de la fecha en la que recibieron dicha iniciativa.
La iniciativa de la que solicita se formule excitativa, tiene como objeto exentar del pago del Impuesto sobre la Renta a las pensiones de los trabajadores superiores a los nueve salarios mínimos, bajo las siguientes consideraciones:
Como bien se sabe a finales del año pasado con la anuencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; el IMSS y el ISSSTE les entregó a sus pensionados y jubilados una circular a través de la cual, se notificaba que a partir de enero de 2010, se comenzaría a aplicar el impuesto sobre la renta (ISR) a las pensiones superiores a nueve salarios mínimos, es decir mayores a 517.14 pesos; en virtud de que hasta el año pasado las pensiones de seguridad social por este monto estuvieron exentas de impuestos, por lo que deberían entregar su hoja de retención.
Podrá haber opiniones de que son muy pocas las personas jubiladas y pensionadas, a las que se afecta con este gravamen, por lo que ésta situación no causa ningún perjuicio; luego entonces, les quiero preguntar compañeras y compañeros diputados:
¿Por qué no, con el mismo criterio, eliminamos de una vez por todas las pensiones vitalicias de los ex presidentes, ya que sólo son cinco los ex titulares del Poder Ejecutivo federal y sus viudas, a quienes se les asigna insolentemente este dinero público, por haber estado en el cargo tan sólo seis años y no treinta, como todo trabajador jubilado?
¿O por qué no tomamos otra opción, que sería la de gravar en un 50 por ciento los ingresos de nuestros ilustres ex mandatarios?
Cabe referir, que se estima que son 70 mil pensionados los que se encuentran dentro del rango citado, por lo que el gravamen a sus pensiones equivale a la cantidad aproximada a mil 500 millones de pesos, calculado con una tasa promedio del 12 por ciento.
Es perfectamente claro, que se está gravando fuertemente y recargando la recaudación fiscal en la clase media, que con estas medidas cada vez más, se sumerge en niveles de vida insostenibles e indignantes, en los que ya se encuentran 60 millones de compatriotas.
Existen razones de toda índole que justifican el rechazo de este cobro injusto que se les hace a los jubilados y pensionados:
1 . El espíritu de la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, viola a todas luces la norma constitucional que contiene el principio de la Supremacía Constitucional, toda vez que el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo, que ratificó nuestro país en 1985, establece que el total de las prestaciones de seguridad social, como lo son las pensiones y jubilaciones, deberá ser suficiente para asegurar a la familia condiciones de vida sanas y convenientes; además de que categóricamente el artículo 71.1. de ese importantísimo instrumento jurídico internacional, establece que: El costo de las prestaciones concedidas en aplicación del presente convenio y los gastos de administración de estas prestaciones deberán ser financiados colectivamente por medio de cotizaciones o de impuestos, o por ambos medios a la vez, en forma que evite que las personas de recursos económicos modestos tengan que soportar una carga demasiado onerosa y que tenga en cuenta la situación económica del miembro y la de las categorías de personas protegidas.
2. La aplicación del impuesto multicitado, es contrario al concepto de la exención en materia tributaria, ya que al no exentar a dichos trabajadores jubilados y pensionados, se desvirtúa la finalidad de asistencia social de dicha figura, toda vez que la política fiscal en su diseño y aplicación no es ni debe ser ajena a la política social y económica del Estado mexicano.
3. El impuesto sobre la renta que se aplica a jubilados y pensionados, entraña una doble tributación, si consideramos que la pensión es producto del trabajo que el pensionado desarrolló durante un determinado número de años, el cual ya fue objeto del cobro de impuestos, por lo que no debe ser sujeta a la aplicación de un nuevo gravamen; además de que dichas pensiones no constituyen una fuente de capital o de un rendimiento.
Por lo expuesto, y con fundamento en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva, formule la siguiente
Único. Esta Presidencia de la honorable Cámara de Diputados, excita a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Social, para que presenten el dictamen correspondiente de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 109, fracción III de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de septiembre de 2010.
Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite solicitar respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta soberanía, que en uso de sus facultades y buen despacho, formule excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para que dictamine la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de prohibir y suprimir las pensiones vitalicias de los ex presidentes de la República , al tenor de los siguientes:
1. En la sesión pública ordinaria de fecha jueves 29 de octubre de 2009, presenté ante el Pleno de la H. Cámara de Diputados una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 127 constitucional y un artículo Sexto Transitorio al Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 constitucionales.
2 . En dicha sesión, la iniciativa en comento fue turnada por la Mesa Directiva para su estudio, análisis y dictamen, a la Comisión de Puntos Constitucionales.
3 . Es el caso que la Comisión de Puntos Constitucionales hasta la fecha no ha emitido el dictamen correspondiente, no obstante que de conformidad con el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, debió presentarlo dentro de los cinco días siguientes al de la fecha en la que recibió dicha iniciativa.
La iniciativa de la que solicita se formule excitativa, tiene como objeto suprimir las llamadas pensiones vitalicias de los ex presidentes de la República, bajo las siguientes consideraciones:
Las condiciones de pobreza y marginación de millones de mexicanos, se han recrudecido como consecuencia de la actual crisis económica y la falta de aplicación de políticas públicas efectivas y consensuadas por los gobiernos federales anteriores, incluido, el de estos tres últimos años.
Hoy en día, tenemos como resultado de un mal gobierno: 60 millones de mexicanos sumidos en circunstancias de extremo rezago y marginación, y 20 millones de compatriotas en pobreza alimentaria.
Si revisamos las cifras, ocupamos los últimos lugares en educación, nutrición, salud y desarrollo humano, según organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Unicef; pero en contraste, las percepciones y remuneraciones económicas que año con año reciben quienes han sido titulares del Poder Ejecutivo y lo han ejercido para ubicarnos en esos lugares vergonzosos, continúan previéndose en su monto de primer nivel sin razonamiento y sustento alguno, como parte del gasto público.
Con base en estudios, se ha señalado que con los recursos que se destinan en un año al pago de estas compensaciones vitalicias de cada uno de los ex presidentes, se podrían pagar anualmente 17 mil salarios mínimos mensuales, 4 mil 814 salarios de policías en el Distrito Federal en el mismo periodo, así como emprender la construcción de más de mil 500 viviendas populares.
Socialmente, no es justo que quienes han conducido al país por un camino contrario al de bienestar y desarrollo económicos, sigan percibiendo de forma considerable ingresos compensatorios que constituyen privilegios. Y jurídicamente, es inconstitucional que sigamos asignando y aprobando recursos presupuestarios para tal objeto, toda vez que se continúa dando vigencia a decisiones que de origen se tomaron de forma unilateral y contraria a la voluntad popular y que nunca han tenido respaldo en la ley fundamental.
En suma, con dicha iniciativa se propone eliminar las pensiones vitalicias de los ex presidentes de la República, a fin de armonizar nuestro orden jurídico con la realidad económica y social, por lo que se convoca al Congreso de la Unión, para aprobar la decisión política fundamental de suprimir privilegios o prerrogativas contrarias al interés colectivo y superior de la Unión.
Único. Esta Presidencia de la honorable Cámara de Diputados, excita a la Comisión de Puntos Constitucionales para que presente el dictamen correspondiente de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 127 constitucional y un artículo sexto transitorio al decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 constitucionales, con el objeto de prohibir y suprimir ,las pensiones vitalicias de los ex presidentes de la República.