Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-864-de-septiembre-7-de-2004?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992041f999f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-08-17 11:56:40
Document Index: 116025689

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 86', 'ARTÍCULO 31', 'ARTÍCULO 136', 'ARTÍCULO 44', 'ARTÍCULO 219', 'ARTÍCULO 56', 'ARTÍCULO 220', 'artículo 31', 'artículo 44', 'artículo 241', 'artículo 86', 'artículo 31', 'artículo 136', 'artículo 44', 'artículo 220', 'artículo 58', 'artículo 219', 'artículo 56', 'artículo 220', 'artículo 220', 'artículo 6', 'artículo 58', 'artículo 58', 'artículo 1', 'artículo 21', 'artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 220', 'artículo 269', 'artículo 269', 'artículo 220', 'artículo 269', 'artículo 30', 'artículo 30', 'artículo 219', 'artículo 56', 'artículo 86', 'artículo 31', 'artículo 136', 'artículo 44', 'artículo 219', 'artículo 56', 'artículo 220']

﻿ SENTENCIA C-864 DE SEPTIEMBRE 7 DE 2004
SENTENCIA C-864 DE 07 DE SEPTIEMBRE DE 2004
CONTENIDO:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA. CONSTITUCIONALIDAD PARA OBTENER INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN Y TRANSFERIR A ÉSTA EL DERECHO DE PROPIEDAD EN CASO DE OCUPACIÓN PERMANENTE DE INMUEBLES POR CAUSA DE TRABAJOS PÚBLICOS O POR CUALQUIER OTRA CAUSA. SE DECLARA EXEQUIBLE LA EXPRESIÓN "O PERMANENTE" CONTENIDA EN EL INCISO 1 DEL ARTÍCULO 86 DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (DECRETO LEY 1 DE 1984), MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 31 DE LA LEY 446 DE 1998 Y EN EL NUMERAL 8 DEL ARTÍCULO 136 DEL MISMO CÓDIGO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 44 DE DICHA LEY Y EL INCISO 2 DEL ARTÍCULO 219 DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (DECRETO LEY 1 DE 1984), SUBROGADO POR EL ARTÍCULO 56 DEL DECRETO LEY 2304 DE 1989 Y EL ARTÍCULO 220 DEL MISMO CÓDIGO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, TITULARIDAD DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, OCUPACIÓN TEMPORAL DE BIEN INMUEBLE
Sentencia C-864 de septiembre 7 de 2004
Sentencia C-864 de 2004
Ref.: Expediente D-5073
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 86 (parcial), 136 (parcial) y 220 del Código Contencioso Administrativo.
A continuación se transcriben los textos de las disposiciones demandadas, conforme a su publicación en los diarios oficiales 36.439 del 10 de enero de 1984 y 43.335 del 7 de julio de 1998, resaltando los apartes demandados:
ART. 86.—Modificado por el artículo 31 de la Ley 446 de 1998. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente del inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa.
ART. 136.—Modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998. Caducidad de las acciones.
ART. 220.—Transmisión de la propiedad. Si se tratare de ocupación permanente de una propiedad inmueble, y se condenare a una entidad pública, o a una entidad privada que cumpla funciones públicas al pago de lo que valga la parte ocupada, la sentencia protocolizada y registrada obrará como título traslaticio de dominio.
1. Esta corporación es competente para decidir sobre la constitucionalidad de las normas acusadas, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 241, numerales 4º y 5º, de la Carta Política, toda vez que ellas forman parte integrante de una ley de la República y de un decreto-ley.
2. Corresponde a la Corte determinar si el artículo 86, modificado por el artículo 31 de la Ley 446 de 1998 (parcial), el artículo 136, modificado por el artículo 44 de la misma ley (parcial) y el artículo 220, todos del Código Contencioso Administrativo (D.L. 1/84), quebrantan el artículo 58 de la Constitución, en cuanto contemplan la acción de reparación directa para obtener la indemnización de perjuicios por parte de la administración y transferir el derecho de propiedad privada a esta en caso de ocupación permanente de inmuebles por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa, desconociendo los procedimientos de enajenación voluntaria y de expropiación establecidos en la ley.
3. El Procurador General de la Nación solicita a la Corte que conforme unidad normativa de las disposiciones demandadas con el inciso 2º del artículo 219 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 56 del Decreto-Ley 2304 de 1989, relativo a las deducciones por valorización, por tener dicho aparte el mismo contenido del artículo 220 del mismo código.
“En esta clase de procesos cuando se condenare a la entidad pública o a una privada que cumpla funciones públicas al pago de lo que valga la parte ocupada del inmueble, la sentencia protocolizada y registrada obrará como título traslaticio de dominio”.
Por su parte, el artículo 220 demandado establece que:
“Si se tratare de ocupación permanente de una propiedad inmueble, y se condenare a una entidad pública, o a una entidad privada que cumpla funciones públicas al pago de lo que valga la parte ocupada, la sentencia protocolizada y registrada obrará como título traslaticio de dominio”.
De conformidad con la doctrina expuesta por la Corte con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto 2067 de 1991, la integración normativa es procedente cuando el texto demandado está reproducido en otra u otras normas no demandadas, de suerte que, de no efectuarse aquella, la decisión que profiera la corporación únicamente respecto del primero resultaría inane, especialmente si es de inconstitucionalidad, o cuando es imposible adoptar una resolución sobre el texto demandado sin tomar en cuenta elementos normativos estrechamente relacionados con él que están contenidos en otra u otras disposiciones no impugnadas.
Constitucionalidad de la acción de reparación directa para obtener indemnización de perjuicios por parte de la Administración y transferir a esta el derecho de propiedad en caso de ocupación permanente de inmuebles por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa
4. El actor considera que la acción de reparación directa contemplada en las normas acusadas para obtener indemnización de perjuicios por parte de la administración y transferir a esta la propiedad en caso de ocupación permanente de inmuebles por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa, desconoce los procedimientos de enajenación voluntaria y de expropiación establecidos en la ley y por tanto viola el artículo 58 de la Constitución Política que garantiza el derecho de propiedad privada.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 de la Constitución Política, reformado por el artículo 1º del Acto Legislativo 1 de 1999, “se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social”.
El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad”.
Acerca del alcance de esta disposición, en la citada Sentencia C-595 de 1999 la Corte Constitucional expresó:
“Dicha respuesta está fundada en nuevos valores-derechos consagrada por la segunda y tercera generación de derechos humanos y se manifiesta institucionalmente a través de la creación de mecanismos de democracia participativa, de control político y jurídico en el ejercicio del poder y sobre todo, a través de la consagración de un catálogo de principios y derechos fundamentales que inspiran toda la interpretación y funcionamiento de la organización política” (resaltado fuera del texto)” (3) .
iii) Que se pague una indemnización previamente al traspaso del derecho de propiedad a la administración, la cual debe ser justa, de acuerdo con lo previsto en el numeral 21.2 del artículo 21 de la Convención americana sobre derechos humanos (4) .
“3. Hasta la Constitución de 1991, no existía en la Constitución ni en la ley una cláusula general expresa sobre la responsabilidad patrimonial del Estado. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y, en especial, del Consejo de Estado encontraron en diversas normas de la constitución derogada —en especial en el art. 16— los fundamentos constitucionales de esa responsabilidad estatal y plantearon, en particular en el campo extracontractual, la existencia de diversos regímenes de responsabilidad, como la falla en el servicio, el régimen de riesgo o el de daño especial. Por el contrario, la actual Constitución reconoce expresamente la responsabilidad patrimonial del Estado, pues el artículo 90 señala con claridad que el Estado “responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”.
La Corte Constitucional coincide entonces con los criterios desarrollados por la Sección Tercera del Consejo de Estado, juez especializado en este campo. En efecto, según esa Corporación, los criterios lentamente construidos por la jurisprudencia en materia de responsabilidad del Estado han recibido una expresión constitucional firme en el artículo 90, que representa entonces “la consagración de un principio constitucional constitutivo de la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado, tanto la de naturaleza contractual como la extracontractual” (5) . Por ello ha dicho esa misma corporación que ese artículo 90 “es el tronco en el que encuentra fundamento la totalidad de la responsabilidad patrimonial del Estado, trátese de la responsabilidad contractual o de la extracontractual” (6) ” (7) .
El Código Contencioso Administrativo contempla las vías para el reconocimiento de dicha responsabilidad en los artículos 85 (acción de nulidad y restablecimiento del derecho), 86 (acción de reparación directa) y 87 (acción sobre controversias contractuales).
8. Finalmente, cabe señalar que este mismo criterio fue planteado por la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia 94 proferida el 16 de octubre de 1986 (8) al declarar la exequibilidad, frente a la Constitución vigente con anterioridad a la Constitución de 1991, entre otras normas, del artículo 220 del Código Contencioso Administrativo, que es una de las disposiciones acusadas en la demanda que se examina, considerando, por una parte, que dicha norma no reproduce el contenido del artículo 269 de la Ley 267 de 1941, sobre organización de la jurisdicción contencioso administrativa, que había sido declarado inexequible por la misma corporación mediante sentencia dictada el 20 de Junio de 1955, y que el contenido del primero es muy distinto del de este último, y, por otra parte, que los artículos 86 y 220 del Código Contencioso Administrativo no autorizan a la administración para que ocupe permanentemente la propiedad inmueble, ni equiparan la ocupación de hecho de la misma y la expropiación. Al respecto expresó:
En efecto, el artículo 269 de la nombrada ley, única disposición que se declaró inexequible con prescindencia de la jurisdicción encargada de aplicarla y de los trámites del proceso especial allí regulado, no aparece reproducida en ninguna de las acusadas del nuevo Código Contencioso Administrativo y es muy distinta a la contenida en el artículo 220 del Decreto 1 de 1984.
El título adquisitivo de dominio de la administración sobre el inmueble que es ocupado definitivamente por trabajos públicos y una vez que sea condenada a su pago, es la correspondiente sentencia; y el modo, la tradición que se verifica simbólicamente por el debido registro de esta.
En cambio, el artículo 269 del abrogado código consideraba como título, el traslaticio de dominio que debía otorgar el dueño que había salido avante en el proceso y a cuya efectiva realización queda supeditada la obligación indemnizatoria impuesta a la administración.
A) Cuando (sic) a la violación del artículo 30 por el 86 del Código Contencioso Administrativo, en su inciso 2º expresión “o permanente”, resulta inaceptable tal quebranto dado que esta norma se limita a estructurar una especial acción contencioso administrativa, la denominada de reparación directa y cumplimiento, encaminada a la reparación del daño que sufre el particular por un hecho administrativo realizado por la administración, cual es el de ocupar temporal o permanentemente un inmueble de tercero, por causa de trabajos públicos.
En parte alguna de la disposición citada, ni de las con ella relacionadas y que igualmente se acusan, aparece que se autorice a la administración para que ocupe permanentemente la propiedad inmueble y lo haga sin seguir el procedimiento expropiatorio ordenado en el artículo 30 única forma legal de adquirir el dominio sobre inmuebles.
Tampoco es aceptable considerar que los artículos impugnados equiparan o hacen equivalentes la ocupación de hecho de la propiedad inmueble y la expropiación, ya que la primera figura es una simple actuación fáctica de la administración, generalmente arbitraria y, por lo mismo no apta para despojar al particular de su derecho; en cambio la segunda es un modo de adquirir el dominio que el ordenamiento constitucional otorga al Estado mediante el cumplimiento de ciertos requisitos; en todo caso, implica a diferencia de la ocupación, el ejercicio de un derecho”.
Por las razones anteriores, la Corte declarará la exequibilidad, por el cargo examinado en esta sentencia, de las disposiciones acusadas y del inciso 2º del artículo 219 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 56 del Decreto-Ley 2304 de 1989.
1. La expresión “o permanente” contenida en el inciso 1º del artículo 86 del Código Contencioso Administrativo (D.L. 1/84), modificado por el artículo 31 de la Ley 446 de 1998, y en el numeral 8º del artículo 136 del mismo código, modificado por el artículo 44 de dicha ley.
2. El inciso 2º del artículo 219 del Código Contencioso Administrativo (D.L. 1/84), subrogado por el artículo 56 del Decreto-Ley 2304 de 1989, y el artículo 220 del mismo código.
(5) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 8 de mayo de 1995, expediente 8118. C.P. Juan de Dios Montes Hernandez.
(6) Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 13 de julio de 1993, expediente 8163. C.P. Juan de Dios Montes Hernandez.
(7) Sentencia C-333 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(8) Expediente 1495, M.P. Jairo E. Duque Pérez.