Source: http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=15&id=1663
Timestamp: 2017-10-17 03:53:47
Document Index: 79693265

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 194', 'artículo 22', 'artículo 74', 'artículo 5', 'artículo 237', 'Artículo 245', 'artículo 73', 'artículo 73', 'artículo 2', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 22', 'Artículo 8', 'Artículo 74', 'artículo 74', 'artículo 74', 'artículo 74', 'artículo 74', 'Artículo 74', 'artículo 73', 'artículo 89', 'artículo 76', 'artículo 19', 'artículo 1', 'artículo 33', 'Artículo 33', 'artículo 4', 'Artículo 4', 'artículo 26', 'artículo 19', 'artículo 196', 'artículo 1', 'artículo 13', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 27', 'artículo 58', 'artículo 13', 'artículo 72', 'artículo 196', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 72', 'artículo 4', 'artículo 16', 'artículo 72', 'artículo 5', 'artículo 58', 'artículo 5', 'artículo 72', 'artículo 12', 'artículo 58', 'artículo 12']

CELEBRADA EL MARTES 10 DE NOVIEMBRE DE 2015.
Una, de la Senadora Juana Leticia Herrera Ale, con la que remite su Informe de Actividades Legislativas, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura
Una, del Senador Luis Sánchez Jiménez, con la que remite el Informe de su participación en el Primer Foro Parlamentario Italia-América Latina y Caribe, celebrado en Roma, Italia, del 5 al 7 de octubre de 2015
Una, de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con la que remite su Informe de actividades correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura y su Programa de Trabajo para el Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura
Oficio con el que remite similar de la Secretaría de Turismo, con el Informe Final, así como los anexos correspondientes y el documento de posicionamiento institucional de diversas evaluaciones en la materia
PRONUNCIAMIENTO DE LA MESA DIRECTIVA SOBRE EL DÍA MUNDIAL DE LA CIENCIA PARA LA PAZ Y EL DESARROLLO
De la Senadora Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación
Del Senador Jorge Luis Lavalle Maury, a nombre de las y los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Adriana Dávila Fernández, Héctor Larios Córdova, Luis Fernando Salazar Fernández, Salvador Vega Casillas y Miguel Barbosa Huerta, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Adopciones
Del Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma los artículos 164 y 212 del Código Penal Federal; adiciona la fracción VIII al artículo 2 y reforma el artículo 3 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; y adiciona el inciso 37) al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales
Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 22 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
Del Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma la fracción VI del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo
De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, a nombre de las y los Senadores Fernando Herrera Ávila, Francisco Salvador López Brito, Luis Fernando Salazar Fernández, Silvia Guadalupe Garza Galván, Sonia Mendoza Díaz, María del Pilar Ortega Martínez, Gabriela Cuevas Barrón, Jorge Luis Lavalle Maury, Francisco Búrquez Valenzuela y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 19 y 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano
Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan la Ley General de Educación y la Ley de Asistencia Social
De la Senadora Martha Tagle Martínez, con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
DICTÁMEN DE PRIMERA LECTURA
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Educación, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Convenio de Cooperación en los Campos de la Educación, la Cultura, la Juventud, la Cultura Física y el Deporte entre los Estados Unidos Mexicanos y Santa Lucía, firmado en la ciudad de Asunción, Paraguay, el cuatro de junio de dos mil catorce
Tres de las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, Primera. (Dictámenes en sentido negativo)
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a informar las acciones llevadas a cabo para determinar si existieron impactos a la flora y fauna existentes en el ecosistema aledaño al río Tonto, ubicado en la comunidad de las Peñitas, Cosamaloapan, Veracruz
De las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de decreto para reformar la fracción II del artículo 5o. de la Ley Federal de Radio y Televisión, en materia de contenido infantil. (Dictamen en sentido negativo)
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: (11:41 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las y los señores Senadores.
La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Honorable Asamblea: Conforme al registro de asistencia se han acreditado un total 66 ciudadanos Senadores y Senadoras.
Se abre la sesión del martes 10 de noviembre correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.
El Orden del Día está disponible en el monitor de sus escaños para su consulta, en el cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.
En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si ésta se aprueba.
La Secretaria Senadora Hilda Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida.
Proceda con el siguiente asunto.
Una, de la Senadora Juana Leticia Herrera Ale, con la que remite su informe de actividades legislativas correspondientes al tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.
Una del Senador Luis Sánchez Jiménez, con la que remite el informe de su participación en el Primer Foro Parlamentario Italia-América Latina y Caribe, celebrado en Roma, Italia del 5 al 7 de octubre de 2015.
Una, de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial con la que remite:
Su informe de actividades correspondientes al tercer año de ejercicio de la pasada legislatura.
Y su programa de trabajo para el primer año de ejercicio de esta LXIII Legislatura.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: La Asamblea ha quedado debidamente enterada.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite similar de la Secretaría de Turismo, con el informe final, así como los anexos correspondientes y el documento de posicionamiento institucional de diversas evaluaciones en la materia.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Remítase copia de la documentación a las Comisiones de Turismo y Desarrollo Social.
A continuación, Honorable Asamblea, doy lectura a un pronunciamiento que suscribe la Mesa Directiva sobre el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo.
Honorable Asamblea: Deseo hacer de su conocimiento que el día de hoy, se registraron por conducto de Senadoras y Senadores de diversos grupos parlamentarios, comunicaciones en relación al Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo.
En razón de lo anterior, la Mesa Directiva de esta Honorable Cámara de Senadores desea emitir el siguiente pronunciamiento:
En el año 2001 la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Unesco, decide proclamar el 10 de noviembre como el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, para recordar el compromiso tanto nacional, como internacional del uso responsable de la ciencia en beneficio de la sociedad para la erradicación de la pobreza y a favor de la seguridad humana.
El lema de este año es: “Más investigación, Mejor Desarrollo”.
Por lo tanto, el Senado de la República hace el siguiente llamado:
Primero. El Senado de la República refrenda su compromiso para promover el uso de la ciencia y la tecnología a favor de la salud, la alimentación, la educación, el transporte y la conservación del medio ambiente encaminados al desarrollo sostenible de nuestro país.
Segundo. El Senado de la República exhorta al gobierno federal y a los gobiernos de las entidades federativas a fortalecer las acciones en materia de difusión y fomento de la investigación científica y tecnológica.
Tercero. El Senado de la República exhorta a las autoridades de los tres niveles de gobierno a establecer políticas públicas enfocadas a la democratización de las tecnologías de la información y comunicación.
Cuarto. El Senado de la República exhorta a la sociedad en general al empleo humanista y responsable de la ciencia y tecnología encaminado a lograr sociedades más pacíficas e igualitarias.
Dado en el Senado de la República a los 10 días del mes de noviembre del año 2015.
En este sentido las intervenciones sobre el tema que han sido registradas en nuestra agenda del día de hoy se insertarán en el Diario de los Debates de manera íntegra.
En el apartado de iniciativas tiene el uso de la palabra la distinguida Senadora Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación.
Tiene usted el uso de la palabra, Senadora Cristina Díaz Salazar.
La Senadora Cristina Díaz Salazar: Gracias Senador Presidente.
Estimadas Senadoras y Senadores: Hoy en México estamos ante la posibilidad de establecer un nuevo paradigma en materia de salud en beneficio de nuestros niños, de mujeres y hombres que padecen enfermedades cuyo tratamiento va más allá de los medicamentos tradicionales.
Esto es, el uso medicinal del cáñamo o cannabis, que tiene muchas propiedades terapéuticas probadas, la historia nos indica que el uso de cannabis data desde antes de la era cristiana en el Continente Asiático, particularmente en la India y posteriormente en el Siglo XIX se introdujo en la medicina occidental.
En las primeras décadas del Siglo XX su utilización disminuyó significativamente debido al as dificultades para obtener resultados consistentes a partir de lotes de plantas de muy diversas potencias. Sin embargo, en el año de 1965 aumentó el interés científico hacia esta planta.
Es a finales del Siglo XIX y principios del Siglo XX cuando surge el momento de mayor apogeo en el uso médico de cannabis, surgiendo laboratorios en Alemania, Inglaterra y Estados Unidos que comercializaron extractos y tinturas. En meses recientes el debate en torno a la legalización y regulación del cannabis ha resonado contundentemente.
Es por ello que no debemos perder de vista las dificultades que las sociedades contemporáneas enfrentan como consecuencia del crimen organizado en donde el narcotráfico se ha consolidado como su actividad principal.
Hay que reconocer que el tráfico ilegal de sustancias prohibidas que también implica la producción y el procesamiento ilegal de las mismas involucra a millones de personas en el mundo y produce incalculables ganancias anuales.
La discusión sobre la legalización o no de la marihuana ha llegado hasta la más alta tribuna de justicia del país. No podemos negar que hay un interés y relevancia del tema del uso de la marihuana. Es por ello que debemos delimitar una clara diferencia entre los retos políticos y regulatorios, asociado con los productos médicos y no médicos del cannabis.
En este sentido, debemos separar lo más posible las campañas entre la regulación del mismo para uso médico y para uso lúdico o recreativo, y lo subrayo, es importante que esta regulación separe los fines terapéuticos o medicinales del fin lúdico o recreativo.
El debate debe girar en torno a los beneficios médicos del uso del cannabis, hecho que ha crecido particularmente en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Alemania, y en otras partes del mundo, esto demuestra que la producción legal de la planta y su utilización responsable y regulada, puede traer beneficio a las personas que sufren distintos padecimientos, y bajo esta premisa resulta importante mencionar el caso de Graciela Elizalde Benavides, conocido como el caso Grace, una niña de 8 años de edad que sufre el síndrome Lennox-Gastaut, una forma de epilepsia que se caracteriza por convulsiones muy frecuentes y diversas.
Grace y su familia han atravesado un difícil camino que involucró un proceso judicial para acceder legalmente al tratamiento médico que al día de hoy recibe, el cual tiene como base el cannabidiol.
A tan sólo unos días de que Grace comenzó a recibir este tratamiento, ha tenido grandes mejoras sus episodios de epilepsia y han disminuido considerablemente.
Por cierto, es importante mencionar que el recurso presentado por los padres de Grace, por Raúl y Mayela Elizalde, aún no se encuentra resuelto de fondo, por lo que la obtención del medicamento únicamente se logró gracias a una suspensión provisional, por lo que resulta urgente legislar en esta materia.
Pero, obviamente, este no es el único caso en el país, ya que mucha gente tiene este y otros padecimientos similares que podrían ser atendidos con tratamientos médicos a base de cannabidiol o de THC, tetrahidrocannabinol, esto quiere decir, que no solamente son para padecimientos que sufren convulsiones de epilepsia, sino también hay algunos que tienen esclerosis múltiple que podría verse beneficiados, u otros tipos de cáncer.
Y todo ello nos ha llevado a buscar la reforma de diversos artículos a la Ley General de Salud, de manera que se eliminen aquellas disposiciones referentes a la prohibición de cannabis para uso medicinal.
La iniciativa que hoy someto a su consideración contempla.
Primero.- Reformas a la Ley General de Salud, al artículo 237, se elimina la marihuana del listado de sustancias prohibidas.
Artículo 245.- Se elimina de la fracción primera el THC y la cannabinnoides sintéticos, para pasarlos a la fracción III, de manera que se permita su uso medicinal y terapéutico, subrayo, mi posicionamiento es la aplicación del cannabis con fines medicinales o terapéuticos, es una posición personal en la que creo.
También estoy estableciendo reformas a la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, para permitir la importación, capítulo 12, apartado 12.11, sobre plantas industriales o medicinales; capítulo 30, apartados 30.03 y 30.04 sobre productos farmacéuticos.
Tercero.- Un artículo transitorio segundo para darle 90 días a la Secretaría de Salud para emitir la Norma Oficial Mexicana correspondiente y para hacer efectiva las disposiciones sobre el uso medicinal del cannabis.
Quiero subrayar que con la presente iniciativa, únicamente se permite la importación del medicamento, por lo que va a seguir prohibido su producción en el territorio nacional. Repito, la presente iniciativa su único objeto es permitir la importación del medicamento, por lo que va a seguir prohibida su producción en territorio nacional.
Si bien esta medida atiende la urgencia de permitir la disponibilidad de medicamentos mediante la importación, puede resultar un tanto difícil y costoso su accesibilidad para el paciente o sus familiares.
Sin embargo, estoy convencida que es un primer paso que obedece a la necesidad de ampliar el debate alrededor de una postura en la sociedad, de una postura prohibicionista del Estado mexicano, y lograr un andamiaje legal idealmente en el corto plazo que regule de manera efectiva la producción nacional de medicamentos a base de marihuana y sus derivados, que permitan una disponibilidad más asequible y expedita, siempre que la consulta especializada así lo señale.
Dicha importación deberá seguir lineamientos específicos que va a establecer la Secretaría de Salud a través de Cofepris, y que incluirá la distribución y acceso del mismo.
Y aquí hago una pausa para establecer que ésta no será la primera vez que se genera este tipo de obligaciones para el acceso a un medicamento. La morfina estaba regulada bajo estrictas medidas para su distribución y obtención, y hoy es común su uso medicinal, bajo una serie de requerimientos que establece la Norma Oficial, desde el médico especialista que expide la receta médica bajo un número de barras electrónicos, hasta la farmacia especializada que tiene el control también electrónico y que termina en un libro electrónico para que la autoridad sanitaria pueda dar seguimiento desde el médico que prescribe al paciente que lo receta, hasta la farmacia que lo expende, todo queda bajo el control de este libro electrónico que tiene la autoridad sanitaria.
Senadoras y Senadores: La presente iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación en Materia de Uso Medicinal de Cannabis, pretende disponer de cannabis de grado médico, producido, según las normas de buenas prácticas de producción y manufactura.
En nuestro país no existe un marco jurídico que considere las cualidades terapéuticas del cannabis en padecimientos que no siempre cuentan con medicamentos capaces de aliviar la sintomatología de enfermedades que aún no tienen curación como la epilepsia, la esclerosis múltiple, algunos tipos de cáncer, el glaucoma, entre otros.
Hoy el debate está abierto legalizar o no la marihuana y la prioridad debe ser un exhaustivo análisis a lo que nos ha convocado el Presidente Enrique Peña Nieto, a una consulta especializada de médicos, de científicos, de abogados, de sociólogos, para que podamos determinar, la sociedad mexicana, cuál es el rumbo.
Lo que hoy vengo a pedir a esta Asamblea es permitir la importación de este tipo de medicamento que permita ser tratados por médicos especialistas para mitigar el dolor, la enfermedad de muchos mexicanos que padecen y sufren estas familias.
Subrayo, mi posicionamiento es liberar este producto para su importación y poderlo estar ya los médicos especialistas haciendo la receta médica para que nuestros niños, nuestros hombres y mujeres, mitiguen el dolor y la enfermedad por la que se sufre moral y físicamente.
Yo no hablo de legalizar la marihuana, yo hablo de la posibilidad de que este Congreso autorice su importación de este tipo de medicamentos.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Sonido en el escaño de la Senadora Angélica de la Peña.
Preguntarle a la Senadora Cristina Díaz, si me permite acompañarla en esta iniciativa que ha presentado el día de hoy.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: ¿Está de acuerdo la Senadora?
La Senadora Martha Tagle, el Senador Eviel Pérez Magaña, el Senador Daniel Amador, Senador Jesús Casillas, Senadora Lucero Saldaña, Senador Barroso, Senador Neyra, Senadora Hilda Flores Escalera, Senadora Martha Palafox.
Tome nota la Secretaría de quiénes se suman a esta iniciativa.
En lo relativo a las reformas a la Ley General de Salud, se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; de Salud; de Gobernación; y Estudios Legislativos, Segunda de esta Cámara.
En lo que corresponde a las reformas a la Ley de Impuestos General de Importación, Exportación, se turna a la Cámara de Diputados.
La Senadora Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias Senador Presidente, y agradezco a la directiva el acceso a estos padres de familia, gracias.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Todas las y los senadores que deseen sumarse a esta iniciativa, podrán suscribirla en Servicios Parlamentarios.
Tiene el uso de la palabra la Senadora Cristina Díaz, ¿tenía el uso dela palabra? Perfecto, era para agradecer a las senadoras y senadores.
Senadora Martha Tagle, sonido en el escaño de la Senadora Martha Tagle, ¿para qué efecto?
La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez (Desde su escaño): Sí, además de que ya me sumé a esta iniciativa quiero reconocer el esfuerzo de la Senadora Cristina Díaz para presentar esta iniciativa en este momento tan importante para nuestro país en materia de la política de drogas; es un tema que me parece fundamental poder legalizar el uso médico de la cannabis, porque se han visto los efectos que puede tener, y, sobre todo, porque en la parte medicinal se requiere para muchas personas.
Es un anhelo de este país poder avanzar en estos temas porque sin duda la sociedad ha cambiado, y espero que este Pleno, los senadores y las comisiones a donde ha sido turnada, la dictaminen de manera positiva en lo que sea posible.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: El Senador Mario Delgado, tiene el uso de la palabra, entiendo que es para el mismo fin.
El Senador Mario Delgado Carrillo: (Desde su escaño) Gracias Presidente.
Para felicitar a la senadora y qué bueno que el Partido Revolucionario Institucional ya tenga una iniciativa que vaya en el sentido de la regulación del uso médico y terapéutico de la cannabis, hay otras iniciativas presentadas, ojalá esta iniciativa sirva de estímulo para que vayamos a dictaminar a la brevedad, y no sigamos debatiendo un tema, que qué bueno que haya debate, pero también es la hora de tomar decisiones.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias.
Tiene ahora el uso de la tribuna Jorge Luis Lavalle Maury para presentar a nombre propio y de los Senadores Mariana Gómez Campo Gurza, Adriana Dávila Fernández, Héctor Larios Córdova, Luis Fernando Salazar Fernández, Salvador Vega Casillas y Miguel Barbosa Huerta, un proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Adopciones, tiene usted el uso de la palabra.
El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Con su venia, señor Presidente.
Y me permite adherir a esta iniciativa a los senadores Francisco García Cabeza de Vaca, Francisco Búrquez Valenzuela, Maki Ortiz Domínguez, Zoé Robledo Aburto, Víctor Hermosillo y Celada, Mario Delgado y Octavio Pedroza.
Bien, este paquete de iniciativas que estamos presentando el día de hoy, del cual ya habíamos presentado algunos puntos de acuerdo iniciando este proceso integral de lo que podría llevarnos a todos nosotros contar en nuestro país con un sistema Nacional de Adopciones, en este momento cuenta con dos iniciativas.
Primera, una que se presenta una reforma constitucional al artículo 73, fracción XXIX-P; así como a la iniciativa por la cual se crea la Ley General de Adopciones.
Primero, reformar el artículo 73, lo que significa es homologar al proceso de adopción en México, hasta ahora, legislar en la materia no es una facultad del Congreso, y con ello hemos limitado y pospuesto un tema en el que miles, miles de niñas y niños en situación de adopción, así como muchos potenciales padres adoptivos han visto limitadas sus posibilidades.
En este sentido la reforma constitucional es trascendental para motivar un cambio en la adopción de menores de edad y adolescentes en México. Se estima que sólo el 40 por ciento de las adopciones tramitadas en el país concluye con la entrega del menor de edad o adolescente, y muchos otros ni siquiera inician el trámite, porque se tiene la percepción que la adopción en México es un proceso sumamente complejo.
Un trámite viciado con los diferentes criterios, procedimientos y requisitos que cada entidad federativa dispone que esos estados donde es más laxo el procedimiento, los potenciales padres se movilicen a éstos y realicen procedimientos no siempre bajo los estándares más adecuados.
Lo que tenemos que poner en el centro como prioridad y principal objetivo en este caso es garantizar a las y los menores las mejores condiciones para que estas niñas y niños puedan ser adoptados.
Es por ello que en términos de igualdad sustantiva todos los mexicanos tenemos derecho al mismo trato y a igualdad de condiciones, por lo que tanto los menores de edad deben contar con el mecanismo que les permita formar parte de una familia, así como los posibles padres adoptivos tienen el derecho de acudir a su propia entidad federativa a tramitar una adopción.
Ante tal circunstancia, de aprobarse la reforma constitucional planteada estaríamos en posibilidades de contar con una Ley General de Adopciones que, entre otras cosas, atendería las siguientes situaciones.
El 72 por ciento de los niños institucionalizados en México está en instituciones no gubernamentales, es decir, se encuentra en manos de la sociedad civil.
No existe un criterio uniforme a nivel nacional o ley homologada que atienda el proceso de la adopción en México.
No contamos ni siquiera con un padrón al cien por ciento confiable de todas las niñas, niños y adolescentes en situación de adopción, si bien el Inegi ya muy pronto sacará un padrón que se aproxime a esto, no contamos en ese caso tampoco con un padrón de potenciales padres que nos permita hacer más eficiente y más dinámica y darle mayor certidumbre a la adopción en México.
Es inexistente también una instancia que vigile el proceso de adopción que se encuentre lejos de prácticas de corrupción, influyentismos para acceder a una adopción, y mucho menos, no contamos con un seguimiento a las adopciones realizadas ya que no tenemos un indicador que nos permita conocer el éxito de los procesos.
El proceso de adopción debe ser integral, y homologado para realmente poder garantizar las mejores condiciones para las niñas y niños que no estén o no acaben con la entrega del menor, derivado de que la adopción como tal no puede acabar con la entrega del menor; necesitamos un proceso de seguimiento para poder garantizar que la adopción fue exitosa.
Reconocemos que con la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que está próxima a cumplir un año de haber sido publicada, se lograron importantes avances para establecer la coordinación institucional en la protección de los derechos de la niñez, en esta simetría coincidimos en la certeza que la familia como base fundamental de la sociedad debe fortalecerse mediante los instrumentos legales que motivan su conformación.
Es por ello, que la adopción debe privilegiarse, ya que promueve la conformación de nuevas familias y debe abordarse de forma especializada para que sus resultados puedan ser así más efectivos.
Esta iniciativa de la Ley de Adopciones promueve la creación de un Sistema Nacional de Adopciones, que en este caso comprendería: la detección anticipada de los posibles antecedentes de la hija o hijo; una tarea que requiere especial sensibilidad, amigas y amigos. La decisión debe ser tomada de manera libre e informada, como la mejor opción para que la madre no se exponga a malas prácticas de abortos que se traduzcan en riesgos tanto para el menor de edad como para la posible madre.
La homologación del trámite-requisitos mediante el formato único de adopciones a nivel nacional. La creación de un Registro Nacional de Adopciones conformado, como bien les decía hace un momento, por el padrón de quienes cedan a su menor de edad en adopción de los menores de edad y adolescentes susceptibles de ser adoptados, así como el padrón de potenciales padres.
El derecho también de la búsqueda del origen; la coordinación institucional entre las autoridades involucradas, y lo más importante, -lo que les decía hace un momento-, la vigilancia oportuna a través de un consejo ciudadano consultivo a fin de que el trámite de adopción no se filtre ni la burocracia, el engaño, la corrupción, el tráfico de influencias y en algunos casos hasta la discriminación.
Que quede muy claro, agilizar el proceso no debe significar tampoco flexibilizar los controles, los requisitos y demás pruebas que garanticen que la familia receptora es la ideal para el menor de edad, lo que se requiere es que, de manera sistematizada se puede encontrar una familia en cualquier parte del país que resulte idónea para ese menor de edad.
Compañeras y compañeros Senadores: Que la ley sea un instrumento eficaz para que miles de niñas y niños encuentren igualdad de oportunidades donde antes encontraban desigualdad de condiciones.
Recordemos que el transcurso del tiempo disminuye las posibilidades de ser adoptado, ya que la mayor parte de la población infantil se encuentra precisamente entre los 7 y 17 años de edad, lo que dificulta su posibilidad de adopción.
La realidad es muy dramática y no hay tiempo que perder. Las parejas que buscan adoptar, suelen buscar niños entre recién nacidos hasta cuatro años de edad, cuando prácticamente ocho de cada diez niños institucionalizados tienen ya entre 7 y 17 años.
Insisto, esta ley debe estar al servicio de quienes quieren formar una familia y de quienes enfrentan una carrera contra el tiempo.
El Senado de la República puede y debe atender el tema, de manera que podamos resolver una tarea que ha quedado pendiente, y esto es, compañeras y compañeros Senadores, establecer el proceso de adopción a nivel federal.
Con ello vamos a poder garantizar que el proceso de adopción se realizará de forma fluida y eficaz, y sobre todo procurando las mejores oportunidades de vida a las niñas, niños y adolescentes por medio de la integración de una familia.
El Sistema DIF como organismo encargado de procurar el bienestar de las familias, contará con esta Ley de Adopciones que le facilitará ejercer sus funciones a nivel nacional para ofrecer así un servicio social más expedito y cierto.
En suma, la Ley General de Adopciones es la oportunidad que tenemos como legisladores para incidir en la vida de miles de niñas, niños y adolescentes que van a transcurrir su vida detrás de un centro de asistencia social, cuando la voluntad de esta soberanía puede abrirles las puertas a un nuevo hogar.
Es tiempo de actuar por quienes no tienen tiempo que perder y lo único que quieren es una familia.
Por su atención, compañeras y compañeros, muchísimas gracias.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez.
Antes de eso, la Senadora Luisa María Calderón tiene el uso de la palabra en su escaño, si le conceden sonido, por favor.
La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: (Desde su escaño) Señor Presidente, sólo quiero pedir a mis compañeros si me pueden agregar como parte de esta propuesta.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Senador proponente Lavalle, ¿está usted de acuerdo?
La Senadora Martha Elena García.
Senadoras y Senadores, si son tan amables, en el área de la Secretaría Técnica.
La Senadora Gómez del Campo también ha solicitado el uso de la palabra.
Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Solamente para felicitar el esfuerzo del Senador Jorge Luis Lavalle, porque los que nos hemos sumado a esta iniciativa desde un inicio -y estamos hablando desde hace ya más de un año construyéndola con la sociedad civil organizada-, esperamos que se pudiese convertir en un tema de la agenda de este Senado de la República a favor de nuestras niñas, de nuestros niños, y que puedan tener una oportunidad para ser adoptados en este país.
¡Felicidades y enhorabuena, Senador Lavalle!
La Senadora Sonia Rocha también se suma a la iniciativa.
Sonido en el escaño de la Senadora Maki Ortiz.
La Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez: (Desde su escaño) Gracias, Presidente.
También para felicitar al Senador Lavalle por una gran iniciativa en donde estamos muchos colaborando, y pedirle por favor que pueda darnos turno a la Comisión de Salud.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Se turna, como se ha solicitado, a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, Comisión de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda.
Enseguida tiene la palabra el Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto que reforma el Código Penal Federal, la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y el Código Federal de Procedimientos Penales.
Tiene usted el uso de la palabra, señor Senador Luis Humberto Fernández Fuentes.
El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Con su venia, Señoría.
Secuestro, narcotráfico, extorsión, desaparición forzada, soborno, tráfico de influencias, cohecho, desvío de recursos, abuso de autoridad, condicionamiento de servicios públicos, prevaricato, malversación, pago a sobreprecios, compras innecesarias, retraso injustificado de pagos, nombramientos basados en el interés de grupo, uso indebido de información, desarrollo de proyectos a solicitud de acuerdo del contratista, otorgamiento y mantenimiento de concesiones para favorecer a privados, sentencias trucadas, incompetencias pactadas, negligencia a modo, apropiación de bienes públicos, trampas en elecciones, corrupción de jueces y de los jueces, perversión de la justicia, pervertir fugas, lucrativa omisión, entre muchos otros.
Este breviario de la podredumbre tiene algo en común: la interactuación de actores privados y servicios públicos que actúan en acuerdo y en organización.
Senadores y Senadoras: El Estado Mexicano está vulnerado; su capacidad para cumplir sus obligaciones constitucionales está comprometida; no puede retener delincuentes de alta peligrosidad, ni garantizar el cumplimiento generalizado de los derechos humanos, la seguridad de los ciudadanos o las actividades económicas reservadas para la nación que hoy están dominadas por grupos delincuenciales.
México está enfermo de corrupción e impunidad, que parece un elemento omnipresente en la vida cotidiana, desde la gestión de recursos básicos o apoyos sociales, hasta los contratos multimillonarios que celebran los Gobiernos, hasta el sistema financiero que ha servido en muchos casos para lavar el dinero.
La gravedad del fenómeno es tal que, como señala María Amparo Casar, el problema alcanza el nivel de norma social, de una creencia compartida de que usar el cargo público para beneficiarse a sí mismo, a los familiares, a los amigos, es un comportamiento generalizado, esperado y tolerado de una conducta individual.
Estos actos de corrupción no son realizados por actores aislados, se desarrollan sobre la base de redes de corrupción que constituyen una industria integrada que cubre desde la planeación, la operación, el manejo financiero, el blindaje jurídico, hasta la cobertura política. La ingeniería de la corrupción es compleja, sólida y funcional.
La corrupción se potencia por la interacción de dos vectores: el uso del imperio del Estado para la lucha y conservación del poder, y la apropiación de los bienes públicos para la generación de condiciones ventajosas para los negocios.
Estas redes de corrupción vulneran el Estado de derecho, la democracia y el libre mercado.
La potencia del Estado está en la capacidad de salvaguardar el interés público, limitar los intereses particulares o de grupo, frente a los públicos y estatales.
El aparato actual para combatir la corrupción alimenta la impunidad y es funcional únicamente al corrupto.
De un Estado sin potencia para enfrentar la corrupción, sólo podrá resultar la nación de privilegiados y tierras baldías, un Estado de bandoleros. Es necesario pensar una estrategia diferente.
El esfuerzo que realiza el Estado para combatir al narcotráfico en una estrategia prohibicionista y militar, cuesta vida y dolor, y ha hecho que el gasto en seguridad en México esté entre los diez más altos del mundo. Dicho sea de paso, es el único país de este grupo que no cuenta con armas nucleares, ni portaaviones, ni un conflicto exterior inminente.
Para lo concreto las sentencias definitivas en delitos contra la salud en lo que va del año, prácticamente son nulas.
Para ilustrar el tamaño del problema debemos decir que todos los recursos del narcotráfico caben en un solo segmento de la industria de la corrupción. El combustible que alimenta al narcotráfico es la complicidad, la corrupción y la impunidad.
Frente a estas dos realidades el esfuerzo contra la corrupción es prácticamente inexistente, y presento la evidencia:
A principios del 2015 el 60 por ciento de los mexicanos percibía el aumento en la corrupción, mientras que el 36 por ciento lo consideraba el principal problema del país.
La presencia de las redes de corrupción y las prácticas de impunidad generan desconfianza de la ciudadanía hacia quienes son responsables de sancionar los actos de los corruptos.
De acuerdo con el barómetro global de la corrupción, en México el 80 por ciento de los ciudadanos asocia a los servidores públicos con corrupción.
La respuesta es nula. Si revisamos los reportes de la Secretaría de la Función Pública, observaremos que el número de sancionados es ínfimo y se centra en operadores de bajo nivel.
Pero esto es por la falta de decisión y la tolerancia, pero también por un enfoque equivocado. Es por el error de pensar que la corrupción y el crimen organizado son diferentes, cuando son en realidad dos caras del mismo problema.
La atrofia es tal, que la Secretaria de la Función Pública, quien debiera de ser el órgano de control, ni siquiera existe en la Ley Orgánica de la Administración Publica. Es decir, es un órgano sin un fundamento firme, y el nuevo sistema diseñado en este Congreso, no ha empezado a funcionar.
¿Habrá alguien que tenga el cinismo para decir que el problema no es de este tamaño? Yo creo que no.
¿Quién podrá defender un aparato inoperante que se ha ganado a pulso la imagen de cómplice, tapadera y desprestigio?
Todo esto nos lleva a una sola conclusión: es la corrupción, es la corrupción.
El punto al que quiero llegar, es que es más eficiente centrarse en combatirla a la corrupción y la impunidad, que seguir tirando el dinero en una estrategia de seguridad, torpe, fallida, y que sólo ha logrado debilitar al Estado.
Frente a un problema tan grande y generalizado, y con tantos fracasos en posturas por dónde empezar.
Lo primero, es reconocer la gravedad del problema y la necesidad de que se ha considerado una prioridad nacional. El inicio es desmantelar las redes complicidad para que el Estado pueda ser efectivo.
Lo segundo, es reconocer los avances, las reformas en materia de combate a la corrupción aprobadas en el 2015, las reformas en materia de transparencia, representan el avance más importante en la historia de México, porque, además de eso, nos constituye un mandato político y moral, de no darle mayor dilación a la operación a la formulación de las leyes secundarias, y hacer operativo el sistema diseñado.
El tercer punto, que es el que les quiero poner a su consideración, que es a donde llega todo esto, es que el problema de la corrupción no se trata de individuos, se trata de redes.
Por lo tanto, la propuesta que hoy pongo ante ustedes, es equiparar los delitos de corrupción a crimen organizado ¿Por qué?
Permítanme plantearles brevemente nueve razones:
1. Porque lo son. Son grupos de individuos que se ponen de acuerdo para delinquir; por lo tanto, es crimen organizado en los términos que la Constitución lo define. Son organizaciones criminales, porque no delinquen una vez, su operación es sistemática y permanente.
2. Está ideas es consistente con los planteamientos de la convicción de naciones unidas, contra la delincuencia transnacional que define un grupo delictivo organizado en este sentido.
3. Porque daría una mayor potencia al Estado, a la nueva Fiscalía, y a todo el Sistema Anticorrupción.
4. Porque frente al incentivo de la recompensa inmediata, generamos el desincentivo de la posibilidad efectiva de una sanción severa y posible.
4. Porque permitiría un cambio de la estrategia, enfocándose en las organizaciones criminales, enquistadas en el aparato público.
6. Obligaría a las empresas a un mayor control y una vigilancia más cercana de sus actos.
7. Es una acción racional para la preservación y el crecimiento del Estado.
8. Mostraría la semilla de un pacto político para limitar las acciones criminales y antiéticas, que fortalezca la democracia y el tejido social.
9. Por qué no hacerlo, por qué negar la realidad, por qué apostar una lógica fallida y qué otra alternativa hay para atacar a las redes de corrupción.
Quiero apuntar que la medida es conveniente, pertinente y armónica, con el Sistema Jurídico Mexicano. Al considerar los actos de corrupción como crimen organizado, se podrían atacar redes de corrupción y no sólo hechos aislados.
La forma de hacerlo es muy sencilla, consiste en reformar los artículos 164 y 122 del Código Penal Federal, y adicionar una fracción VII al artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Esta reforma daría mayor potencia a las instituciones y constituiría a una desincentivo importante para la comisión de estos delitos.
Acoto, esta medida no resuelve el problema; no resuelve tampoco la falta de valentía ni la falta de voluntad política para enfrentarlo, pero sí ataca a una de las aristas más dolorosas. Esta es la primera de un paquete de medidas que la fracción del PRD presentará para combatir a la corrupción y fortalecer al Estado.
No, sin antes, agradecer al apoyo y el compromiso de los Senadores Benjamín Robles, Zoé Robledo, Rabindranath Salazar y, en particular, de don Ernesto Gándara.
López Velarde, escribió en su sublime y Suave Patria: que era impecable y diamantina; pero hoy la patria está maculada, sucia y oscura, por la mugre de la corrupción y la impunidad que generan las redes de corrupción.
Señorías: No hay para adonde hacerse, depende de nosotros, aquí y ahora, darle lustre a la patria.
Estoy seguro que con su apoyo, podemos parafraseando al maestro Sabina: “hacer que ser corrupto, no sea tan barato, y que esto valga la pena”.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Túrnese a las Comisiones Unidas…
Si, Senadora Angélica de la Peña, sonido en el escaño.
Quisiera pedirle al señor Senador Luis Humberto Fernández, si me permite acompañarle en su iniciativa.
El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Es un honor.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Si, como no. Senador David Monreal, Senadora Dolores Padierna.
Sonido en el escaño del Senador Monreal, por favor.
El Senador David Monreal Ávila:(Desde su escaño) Para el mismo efecto, solicitarle y felicitarle al Senador, nos permita suscribir su iniciativa.
El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Con mucho placer.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Senador Ernesto Ruffo. Sonido en el escaño del Senador Ernesto Ruffo.
El Senador Ernesto Ruffo Appel: (Desde su escaño) Presidente, para de igual manera pedir la posibilidad al Senador Fernández, si me puedo adherir a su iniciativa.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Claro que sí, con todo gusto y ha dado su anuencia.
Senador Luis Sánchez, también en la misma forma, Senadora Martha Tagle, Senador César Octavio Pedroza, en el mismo sentido, Senador Ríos Piter, en el mismo sentido, y se turna, se reitera el turno a las Comisiones Unidas de Justicia; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos.
Tiene ahora la palabra el señor Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 22 Bis, de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente.
Tiene usted el uso de la palabra, señor Senador Monreal.
En el marco de la discusión y la aprobación de la reforma energética, los argumentos giraron en torno a diversos temas. Uno de ellos fue la importancia de impulsar el uso de energías renovables.
Sin embargo, sólo quedó en buenos deseos, pues ni en la reforma constitucional, ni en las leyes secundarias se consideraron esquemas concretos que impulsarán el uso de energías limpias, como hidroeléctricas, eólicas o las plantas de Biogás en México.
Esto, pesé a que el decreto constitucional de la reforma energética, estableció expresamente obligaciones de energías limpias y reducción de la contaminación.
La reforma energética, era una oportunidad para generar en el país el desarrollo sustentable que tanto hace falta.
En cambio, la reforma en mención, se concentra en las energías fósiles, en especial los hidrocarburos, cuando es urgente posicionar a las energías renovables en México, como una prioridad.
La importancia de las energías renovables, radica en que se basan en los flujos y ciclos implícitos en la naturaleza, procedentes de fuentes como el sol, el aire, el agua, la biomasa, etcétera.
Son fuentes naturales de energía inagotable, por lo que frente a los efectos contaminantes y el agotamiento de los combustibles fósiles, las energías renovables son ya una alternativa para la necesidad de disminuir significativamente la emisión de gases de efecto invernadero a nivel mundial, o los efectos del cambio climático.
A nivel mundial, las energías renovables representan el 18 por ciento de la generación eléctrica.
En México, los combustibles fósiles han sido la base para el desarrollo nacional, y los pronósticos indican que seguirán ocupando una participación destacada como fuente de energía en las próximas décadas.
Pese a que el país cuenta con un potencial de generación energética, renovable de más de 200 mil megavatios, a través de sus formas, fotovoltaica, térmica, eólica, mareomotriz, nuclear, geotérmica, hidráulica y biomasa.
Sin embargo, sólo se aprovecha menos del 7 por ciento de todo ese potencial.
Durante sexenios, se han emprendido acciones para hacer uso de las energías renovables; no obstante, existe un desinterés histórico por parte de los gobernantes.
En la pasada administración federal, la agenda política incluyó los temas de cambio climático y el impulso de las energías renovables, incluso, en el 2008 se expidió la Ley para Aprovechamiento de Energías Renovables y el financiamiento de transición energética, pero al concluir el mandato presidencial, se dejaron pendientes los reglamentos de ciertos artículos.
Por otro lado, la actual reforma energética, presentada por el Ejecutivo Federal, fue más una reforma petrolera que ambiental, pues priorizó, por los hidrocarburos y relegó a una sola ley las energías renovables, por lo que notablemente se observa que no preocupa impulsar energías alternativas, incluso, en el Congreso de la Unión está a discusión la Ley de Transición Energética, su aprobación daría cumplimiento al mandato constitucional de obligaciones de energías limpias y regularía, el incremento de acciones de eficiencia energética.
Lo anterior muestra, que para el Estado, la prioridad es hacer negocio con las energías no renovables, cuando datos exhiben que México necesita acciones inteligentes sobre cambio climático y la aplicación de energías limpias.
Para ejemplificar, en el 2013, México emitió 781 millones de toneladas de bióxido de carbono, y para el 2030, de seguir en la misma senda, se llegaría a los mil 110 del total de emisiones, el 92 por ciento, proviene de la quema de hidrocarburos y el 8 por ciento restante, del cambio de uso de suelo como la deforestación.
Ante esta problemática, diversos especialistas se han pronunciado a favor de mejorar la política ambiental nacional.
El Presidente de la Academia Mexicana de Derecho Energético, indicó recientemente que el país se encuentra atrasado en el desarrollo e implementación de energías renovables, debido a que hay poca proyección, falta de recursos, falta de estímulos, falta de incentivos, es decir, una política de energía renovable más agresiva.
Lo anterior es una realidad, sólo basta con revisar la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para evidenciarlo.
La ley en mención, en el artículo 22 Bis contiene el otorgamiento de los estímulos fiscales y las actividades para acceder a los mismos, las cuales, a grandes rasgos, están relacionadas con la investigación científica y tecnológica, que tengan por objetivo, evitar la contaminación o deterioro ambiental, la investigación o incorporación de sistemas de ahorro de energía y de utilización de fuentes de energía menos contaminantes, prevención de la contaminación de agua y la vigilancia de áreas naturales protegidas.
Del análisis de estos rubros, se puede concluir que la legislación mexicana, en esta materia es muy vaga, pues no se establecen qué actividades pueden o no acceder al incentivo fiscal, además, las contempladas, están enfocadas al cuidado del medio ambiente, finalmente, los incentivos sólo están encaminados a la investigación, por lo que las acciones que promuevan el uso de las energías renovables no es considerado para el acceso a este incentivo fiscal.
A diferencia, en otros países como España, existe una deducción por inversión, para el aprovechamiento de fuentes de energía renovables en la vivienda habitual.
Este incentivo fiscal establece que los residentes pueden deducir impuestos por medio de inversiones realizadas en la adquisición de instalación y equipo, destinados al aprovechamiento de energía solar o eólica para su transformación en calor o electricidad, al tratamiento de productos agrícolas, forestales o aceites usados para su transformación en biocarburantes, entre otros.
Si en México, existiera un marco legal similar al de España, potencialmente miles de mexicanos serían beneficiados con este incentivo fiscal, para ejemplificar nuevamente, diversos hogares cuentan con calentadores solares, así como celdas solares generadoras de energía, si al instalar estos equipos, los ciudadanos pudieran acceder a la deducción fiscal, notablemente se fomentaría el uso de energías renovables, lo que en consecuencia, beneficiaría el ambiente en el país.
En este orden de ideas, la presente iniciativa, propone un cambio a la legislación ambiental, para que los mexicanos, desde su hogar o empresa, fomenten el uso de las energías renovables.
Para ello, se propone modificar el artículo 22 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, con el objetivo de que los ciudadanos hagan pequeños cambios armónicos con las energías renovables y a cambio reciban un estímulo fiscal.
Para ello y, en similitud con la legislación española, se propone que los ciudadanos, por medio de sus hogares o empresas, sean beneficiados con una deducción fiscal cuando inviertan en instalaciones destinadas a reducir la contaminación del aire, la contaminación del agua y a favorecer la reducción, recuperación y tratamientos reducidos industriales; así como el aprovechamiento de fuentes de energía renovables.
También podrán acceder a la deducción fiscal cuando aprovechen residuos sólidos, urbanos, de biomasa, procedentes de industria agrícola y forestal para su transformación en calor o electricidad.
Otra acción, para otorgar este incentivo fiscal, será el tratamiento de residuos biodegradables procedentes de explotaciones ganaderas, de estaciones depuradoras de aguas residuales, de fuentes industriales o de residuos sólidos urbanos para su transformación en Biogás.
El objetivo de esta modificación a la ley, es principalmente beneficiar a los ciudadanos, con una política fiscal y ambiental que los apoye con deducciones fiscales a las cuales podrán acceder con simple modificación a su hábito, los cuales a su vez ayudarán al medio ambiente.
Asimismo, el medio ambiente se verá beneficiado con el uso de las energías renovables, reduciendo a largo plazo el uso de energías no renovables como los combustibles fósiles y ayudará también al cuidado de agua y reutilización.
Un beneficio más será que las empresas tendrán un verdadero compromiso con la ecología, ya que los residuos industriales que sean utilizados en calor o electricidad serán etiquetados como una acción en favor de las energías renovables.
México goza de importantes recursos eólicos, hídricos, solares e incluso geotérmicos no explotados, por lo que tiene gran potencial de generar energías renovables.
En este orden de ideas, la presente iniciativa, incluye cambios en la legislación para establecer metas claras a favor del medio ambiente, a través de energías renovables y los mecanismos claros para alcanzarlas.
Recibimos de la Mesa Directiva la Iniciativa de la Senadora Mónica Arriola Gordillo, que contiene un proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V del Artículo 8 de la Ley General de Educación, la cual se turna a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.
Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a los alumnos de la Universidad del Valle de Grijalva, Campus Tuxtla Gutiérrez, invitados por el Senador Roberto Gil Zuarth, quienes asisten con la finalidad de presencial el debate legislativo de esta Asamblea.
Enseguida se concede el uso de la palabra al Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proyecto de decreto que reforma el Artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo.
Tiene su intervención el señor Senador Jesús Casillas Romero. Tiene usted el uso de la palabra.
El Senador Jesús Casillas Romero: Gracias, Presidente.
Compañeras y compañeros Senadores: Puente festivo o fin de semana largo, son términos que se usan en los países occidentales para referirse a un periodo de días de fiesta o asueto que se forma al unir un día festivo con el fin de semana.
En nuestro país, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, estos días festivos o feriados son denominados como los días de descanso obligatorio; son fechas especiales señaladas en la ley en las que el trabajador está autorizado para dejar de concurrir a sus labores.
En ocasiones los denominados puentes, incluyen en su periodo a días laborables. Por ejemplo, cuando el día de descanso es jueves, en el que el viernes intermedio entre éste y el fin de semana se incorpora al periodo inhábil, pero por el solo hecho de quedar entre estos 2 días, ya es de asueto.
Sin embargo, su consolidación quedaba a expensas de concretar ese día nacional como no laborable, en ocasiones en base a tomarlo a través de la falta injustificada del trabajador.
Por ello en diciembre del 2005 se aprobó y publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que modificó el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, con el propósito de acabar con los famosos puentes mexicanos y dar paso a los fines de semana largos que abarcan los días sábado, domingo y lunes, así se establecieron tres fines de semana largos de manera formal, sin necesidad de restarle días laborables a la semana con el afán de concretar el susodicho puente.
Así el lunes 2 de febrero, en conmemoración, del jueves 5 de febrero día de la Constitución; lunes 16 de marzo en conmemoración del 21 de Marzo; el 16 de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre, el resto de las fechas ese es su día festivo.
Dentro de las consideraciones para aprobar la reforma de diciembre de 2005, al invocado artículo 74 se tomaron en cuenta algunos como la certeza de las familias mexicanas de los fines de semana largos para prever la convivencia y hasta vacacionar, y la promoción turística en estas fechas con la consecuente derrama económica esperada para ello.
En parte se tuvo razón, pues en estos espacios vacacionales la convivencia y la derrama económica sí se incrementó considerablemente, sin embargo también es cierto que existen otras fechas que permanecieron en su día de asueto en la fecha de su día, sin mayor problema y menoscabo.
Sin embargo, existen dos grandes fecha en la mente de los mexicanos, yo creo que todos habremos de coincidir que el imaginario de la población son dos fechas cívicas que seguramente tenemos con mayor y acendrado arraigo, me refiero al 16 de septiembre y, desde luego al 20 de noviembre, fecha de inicio de la lucha armada que dio como consecuencia la Revolución Mexicana.
Fechas de gran emotividad, fiesta y muy marcadas en la mente de los mexicanos, como lo es también el 16 de septiembre, fecha de inicio de la Independencia de México, consideradas estas efemérides relacionadas como las dos grandes y directamente relacionadas con la libertad, y con los cambios políticos e históricos de la nación, fechas de desfile, de folklor, tradición, mexicanidad y particularmente simbólicas.
Por eso sólo se preservó el 16 de septiembre en merma de la segunda gran fiesta, que es el 20 de noviembre, del que se extraña el esplendor con que era conmemorada, con emotivos desfiles, haciendo, aunque con mayor intensidad, con las Fuerzas Armadas, charros, cuerpos de seguridad y protección civil, pequeños con vestimentas alusivas, a las “adelitas” y los “juanes” de la Revolución, cargando sus rifles de madera y simbólicas carrileras.
Y que decir prácticamente en todos los municipios del país los famosísimos desfiles deportivos, ocasión en la que los jóvenes, sobre todo, y los niños de primaria y secundaria salen a las calles con sus vestimentas deportivas a desfilar por las calles precisamente en conmemoración al 20 de noviembre.
Considero que esta intensidad y relevancia fue la que orilló a los legisladores en ese entonces, a que el día 16 de septiembre se siga conmemorando en su fecha precisa, el mismo criterio es el que se deba aplicar para el 20 de noviembre. Tan esto es así que a diferencia de las dos fechas restantes, relativas a las instituciones, fines de semana larga, la que conmemora la Revolución Mexicana, sigue estando presente en su celebración el día exacto de su fecha, pese al descanso obligatorio del tercer lunes de noviembre, los actos cívicos, como desfiles, se siguen celebrando a pesar de que el lunes es día inhábil, y si el 20 de noviembre cae en una fecha distinta, se da el fin de semana largo, pero también se celebra la conmemoración del 20 de noviembre con todas estas expresiones que son ya muy particulares de nuestro país.
Una muestra más, es que el año pasado la Bolsa Mexicana de Valores y las instituciones financieras del país suspendieron sus operaciones el tercer lunes del mes, con motivo de los 104 años de la Revolución Mexicana, pero los bancos que ofrecen sus servicios comerciales en establecimientos comerciales y supermercados abrieron al público y ese día que se suponía festivo, resultó que al final de cuentas no lo fue.
Esto ha llegado al grado de que en la práctica nos encontremos con dos días festivos, el lunes del fin de semana largo y el propio 20 de noviembre. Por eso es que considero que las dos grandes fechas, que no debieron trasladarse en su conmemoración, lo son, como ya lo mencionaba, el 16 de septiembre y el 20 de noviembre, este último, 20 de noviembre, por ser muy similar al 16 de septiembre.
Es necesario rescatar esta profunda celebración, particularmente el día exacto, que dicho sea de paso no tendrá consecuencias en los fines perseguidos en la reforma del 2005, bastaría comentarles, compañeras y compañeros, que este año las fechas consideradas como días de descanso obligatorio por la Ley Federal del Trabajo, pues coincidieron con fines de semana, y este año, este 2015 tuvimos cinco fines de semana largos, sin menoscabo, insisto, sin que vaya en menoscabo de lo que establece el 20 de noviembre.
Por eso la iniciativa que pretendo sea estudiada, y en su caso dictaminada, y desde luego con el apoyo de todas mis compañeras y mis compañeros, es que el 20 de noviembre se siga celebrando en el día de la fecha que le corresponde. Si el 20 de Noviembre cae el miércoles, el miércoles tendrá que ser el día de descanso obligatorio, o el día de la semana que corresponda, por tratarse de una fecha, que a mi juicio representa una de las fechas más simbólicas, históricamente hablando y, desde luego, cívicamente considerando.
Por ello la propuesta es devolver la conmemoración al 20 de noviembre en su fecha mediante la iniciativa de proyecto de Decreto mediante el cual se reforman la fracción VI del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo.
Para quedar como sigue. Artículo 74. Son días de descanso obligatorio de la uno a la cinco, sexta, el 20 de noviembre.
Por su atención, compañeras y compañeros, y desde luego por su apoyo a esta iniciativa, quedo a sus órdenes.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias a usted, señor Senador.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo, Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda.
Tiene ahora el uso de la palabra, la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza para presentar a nombre propio y de los Senadores Jorge Luis Lavalle Maury, Adriana Dávila Fernández, Héctor Larios Córdova, Luis Fernando Salazar Fernández, Salvador Vega Casillas y Miguel Barbosa Huerta, un proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 73 constitucional.
Tiene usted el uso de la palabra, distinguida Senadora Mariana Gómez del Campo.
Compañeras y compañeros Senadores. Los nombramientos de los embajadores y cónsules generales de México, en el extranjero, es un asunto tan importante que nuestra Constitución prevé que sea el Senado de la República el que dé su visto bueno y el que analice cada uno de ellos.
Así, el artículo 89 de la Constitución dota al presidente de la facultad para nombrar a los embajadores y cónsules generales con la aprobación de este Senado de la República.
El artículo 76 de nuestra Constitución dispone que al Senado de la República compete el análisis de dichos nombramientos a efecto de determinar si los ratifica o no los ratifica, y el Presidente, en caso de no ratificarse tiene que enviar una nueva propuesta.
Los embajadores se encargan de la relación política que el gobierno del Estado en el que se encuentran, y los cónsules atienden los asuntos relativos a la protección de nuestros connacionales en el extranjero.
El artículo 19 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano señala: “Que las personas que sean nombradas para desempeñar los cargos de embajadores y cónsules generales deben ser preferentemente los funcionarios de carrera, de mayor competencia, categoría y antigüedad en la rama diplomático consular”.
Lamentablemente, el Presidente de la República ha hecho nombramientos de representantes de nuestra nación en diversos países, cuyo perfil no cumple con los requisitos mínimos de preparación y formación para una adecuada representación de los intereses de nuestro país y de nuestros connacionales en el extranjero.
Los representantes de México, en otros países, deben de tener credibilidad y gozar de buena reputación, tanto en nuestro país como en el país ante el que estén acreditados.
Evidentemente esto no ha sido tomado en cuenta por el Gobierno Federal al nombrar como cónsules de carrera a personas con antecedentes cuestionables.
Tenemos el ejemplo del exgobernador de Veracruz, Fidel Herrera, precisamente nombrado como cónsul de carrera y no como cónsul general.
Se buscó, definitivamente, evitar que el perfil de este personaje nombrado Cónsul de México en Barcelona, no fuese objeto de análisis de este Senado de la República.
La página de internet de la Secretaría de Relaciones Exteriores, da cuenta de 39 cónsules de carrera que no son necesariamente miembros del Servicio Exterior, y por supuesto en estos cónsules de carrera no participa el Senado de la República.
El artículo 1º bis de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, dispone que para efectos de dicha ley, las oficinas consulares, según su importancia y ámbito de circunscripción, se clasifican en: Sección Consular, Consulado General, Consulado, Agencia Consular y Consulado Honorífico.
En Acción Nacional estamos muy preocupados porque hay una serie de nombramientos que están en puerta, y no queremos, ni debemos permitir que se siga jugando con la tradición diplomática de nuestro país.
A veces pareciera que se premia a todos aquellos que hicieron mal las cosas, que impulsaron a todas luces actos de corrupción en sus estados, y que muchos de ellos, incluso, deberían estar en la cárcel, hoy resulta que son propuestos como cónsules de carrera, para que este Senado de la República, ni siquiera discuta nada de ello.
El día de hoy estamos sometiendo ante esta Cámara de Senadores una Iniciativa que prevé reformar los artículos 19 y 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, y plantea concretamente tres puntos:
El primero.- Especificar las características y requisitos puntuales que deberá cumplir el perfil de las personas que sean nombradas como embajadores o cónsules generales, tales como tener buena reputación, tanto a nivel nacional como en el país ante el que vaya a ser acreditado; contar con título y cédula profesional; tener experiencia en negociaciones políticas y adaptabilidad cultural; tener conocimiento de la región en la que ejercerá el cargo; tener amplios conocimientos en derecho internacional.
Segundo.- Que los perfiles de las personas que sean nombradas como cónsules no generales, que esos sí pasan por este Senado de la República, sino los cónsules de carrera, deban también cumplir con los requisitos establecidos para los cónsules generales.
Tercero.- Que la mayoría de las personas nombradas como Embajadores, Cónsules Generales y Cónsules de Carrera, sean miembros del Servicio Exterior.
Yo quiero compartirles, que por supuesto, en Acción Nacional nos preocupa el actuar del Gobierno Federal.
Recordarle que cada uno de los nombramientos que aquí ratificamos, que cada uno de los nombramientos impulsados por el Gobierno Federal, no son nombramientos del presidente Peña, no son nombramientos del Gobierno Federal, como tal, son nombramientos de representantes del Estado mexicano en los diferentes países independientemente del partido político que gobierne.
Y yo quiero decirles que estamos muy preocupados por el actuar de la Cancillería. Este es un tema, este es un tema que no queríamos dejar fuera del debate, sobre todo porque sabemos que antes de que finalice el año, estaremos recibiendo propuestas de algunos innombrables para que se vayan a embajadas o a consulados generales.
Desde Acción Nacional vamos a ser muy críticos, vamos a revisar con lupa cada uno, cada una de las propuestas que envíe el Presidente de la República, y esperemos que no sigan pretendiendo enviar por la puerta de atrás, insisto, a personajes innombrables.
Y no quiero dejar de mencionar en esta tribuna un tema que dimos ayer a conocer el Senador Juan Carlos Romero Hicks, la Senadora Gabriela Cuevas, y algunos otros compañeros de Acción Nacional, datos muy concretos que tienen que ver con la emisión de pasaportes y este contrato que les fue asignado a una empresa, curiosamente ubicada en el Estado de México, un contrato para emitir 8 millones de pasaportes, a una empresa, lamentablemente sin capacidad; y esta suspensión de la emisión de pasaportes afectó a 10 mil mexicanos por día, y no está garantizado que los datos personales en este momento estén debidamente protegidos.
El día de hoy le haremos llegar una carta a la Canciller en donde, firmada por todos los Senadores de Acción Nacional, en donde manera muy respetuosa estamos, primero, solicitando la información completa sobre la licitación con respecto a los pasaportes; las dificultades técnicas que sufrió la emisión de pasaportes en las últimas semanas.
Necesitamos que a este Senado se le dé una explicación.
La comparecencia también del Oficial Mayor ante las Comisiones de Relaciones Exteriores de este Senado de la República, y también vamos a exigir la reducción del precio del pasaporte en nuestro país, que es el más caro de América Latina, y esto no se vale. Se lo vamos a exigir al Gobierno Federal, se lo estamos exigiendo a la Canciller, y por supuesto al Presidente de nuestro país.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias a usted.
En cuanto al decreto por el que se reforma y adiciona el 73 constitucional en materia de deducción, túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de los Derechos de la Niñez y de la Docencia y de Estudios Legislativos.
Por lo que de la segunda iniciativa presentada por la Senadora Mariana Gómez del Campo, esta reforma a la Ley del Servicio Exterior, se turna a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos.
Se concede ahora el uso de la tribuna al señor Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan la Ley General de Educación y la Ley de Asistencia Social.
El Senador Sofío Ramírez Hernández: Gracias, señor Presidente.
Este proyecto de decreto, esta iniciativa tiene como propósito atender a un sector social de las familias mexicanas muy importante, que son las conocidas familias que se encuentran en una condición de familia monoparental, aquellas familias que en el hogar sólo existe el papá o la mamá, sin ninguno del otro cónyuge y que atienden al desarrollo, la educación, la formación de sus hijos.
Y para ello tenemos que retomar lo que nos mandata la propia Constitución, que garantiza el derecho humano a la integración familiar, a la educación y es por eso que es importante darles a conocer algunos datos.
De acuerdo al Inegi, los hogares monoparentales representan el 18.5 por ciento de los hogares familiares de nuestro país. Las entidades con mayor porcentaje de hogares monoparentales, entre otras razones sociodemográficas quizás, por condiciones también de migración, se encuentra el propio Distrito Federal, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, entre otros.
De estos hogares monoparentales, el 84 por ciento son encabezados por la mujer, quien desarrolla el papel de madre, de padre y en su conjunto de jefe de familia.
En México las estadísticas de divorcio con hijos menores indican que a la madre se le queda la custodia de los hijos aproximadamente 89.3 por ciento queda en la madre, y sólo 3.9 por ciento en el padre.
Entre otras circunstancias de adversidad la familia monoparental, reitero, aquella familia que en su núcleo sólo cuenta con la mamá o el papá, encuentra momentos difíciles, como lo es la discriminación salarial, la integración familiar, así como el tema de cuidados y atención para los hijos.
Es importante también señalar, que de acuerdo a los datos con Inegi, del total de mujeres en condición de jefas de familia o de la familia monoparental, 70 por ciento son las que obtienen ingresos por trabajo, un 20 por ciento de las madres no tienen un ingreso ni formal, ni informal, sobreviven con los apoyos de los programas sociales de gobierno y en muchos casos, sobre todo en las comunidades rurales, en las colonias de menor índice de desarrollo humano, con apoyos de familiares.
Por eso es que tenemos que señalar que este grupo de actividades representa una tercera parte del total del valor económico del trabajo no remunerado con una aportación femenina del 74.1 por ciento.
Yo los invito a que ojalá podamos, cuando sea turnado en comisiones y posteriormente regresar al Pleno esta propuesta de iniciativa que ojalá pueda ser aprobada por ustedes, aprobada en este primer momento también, porque nos estamos refiriendo por razones de integración familiar, de derechos humanos a las familias que se encuentran en condiciones de adversidad, de integración en su núcleo familiar y, sobre todo, de quienes debemos de tener y brindarles mayores oportunidades para sus hijos.
Por ello, se propone modificar la Ley General de Educación en su artículo 33, fracción VIII para agregar el siguiente contenido, donde dice:
“Artículo 33 de la Ley General de Educación. Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las siguientes actividades”.
Que se enumeran de la fracción I a la VIII y ahí proponemos la adición de la fracción VIII-Bis donde se establecerán programas con perspectiva de equidad para otorgar becas y demás apoyos económicos para los estudiantes miembros de las familias monoparentales.
Asimismo, el artículo 4º, en su numeral N de la Ley de Asistencia Social que señala:
Artículo 4º. Tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas o sociales requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar.
Con base en lo anterior, los sujetos de la asistencia social preferentemente podrán atender en su fracción I, todas las niñas, niños, adolescentes, en especial aquellos que se encuentren en situación de riesgo o afectados por otras condiciones o circunstancias.
Y proponemos agregar a la fracción I, el numeral N, que también se considere a todas y todos los niños que sean miembros integrantes de las familias monoparentales.
Por su atención muchas gracias. Buenas tardes.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senador.
Finalmente en este capítulo tiene el uso de la palabra la Senadora Martha Tagle Martínez, para presentar proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Tiene usted el uso de la palabra, distinguida Senadora Martha Tagle.
La Senadora Martha Tagle Martínez: Gracias Presidente.
Compañeras y compañeros Senadores: Desde el siglo pasado, nuestro régimen político había mantenido un sistema electoral restringido a los ciudadanos, creando un monopolio a favor de los partidos.
Así, el sistema representativo tradicional hoy en día es insuficiente para el pleno ejercicio de los derechos políticos de las y los ciudadanos. Diferentes sectores o minorías han quedado fuera de la representación.
Asimismo hay un gran distanciamiento entre la clase gobernante y la ciudadanía. El poder público se ejerce con un incipiente control ciudadano y la democracia se ha estancado para hacer un mero ejercicio del voto y no una forma de vida de la ciudadanía.
Si bien los partidos políticos son intrínsecos a las democracias contemporáneas, surge la necesidad del replanteamiento de los particos políticos en la vida democrática.
Hoy en día las democracias modernas son mucho más que una contienda entre partidos políticos en la búsqueda del voto. Los partidos se benefician, así como la sociedad democrática en general, cuando promueven la participación política.
La democracia depende de partidos políticos transparentes y responsables y elecciones en las que los votantes eligen libremente a sus representantes.
Legislaturas que representen a la ciudadanía y supervisen al Ejecutivo; Poderes Judiciales independientes que resguarden el imperio de la ley. Sin embargo, hoy en día la ciudadanía ha hecho evidente su descontento y falta de credibilidad hacia los candidatos de los partidos políticos existentes, el sistema político que pasó del sistema de partido hegemónico al sistema pluripartidista y que alimentó a la partidocracia, hoy se ve acotado.
La reforma en materia político-electoral, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el día 10 de febrero de 2014, reguló las candidaturas independientes ante la exigencia y el descontento de la ciudadanía que pasada la jornada electoral quedaron sujetos al arbitrio y designio de los funcionarios electos, y estos desvinculados de los intereses y necesidades de la ciudadanía.
Las candidaturas independientes en un régimen considerado democrático no deben ser consideradas antagónicas al sistema de partidos.
De la misma manera, los legisladores independientes no deben ser tratados como de segunda.
Como es de su conocimiento, el pasado 4 de agosto asumí el cargo como Senado de la República por el Distrito Federal, ante este escenario recibí propuestas de integrarme a algún grupo parlamentario al ser yo la única Senadora por Movimiento Ciudadano, así en conferencia de prensa, el pasado 31 de agosto, notifiqué con base al artículo 26 del Reglamento del Senado, mi decisión de no formar parte de ningún grupo parlamentario y considerarme Senador independiente.
Es de apremio mencionar que previo a tomar mi decisión, se me alertó de las consecuencias que acarrearía no integrarme a un grupo parlamentario, tales como ser relegada y acotar la presencia en el uso de la tribuna, ya que los turnos están reservados para los grupos parlamentarios.
Este es el panorama de los Senadores que no forman parte de ningún grupo parlamentario y de aquellos que llegan por la vía independiente al interior del Senado.
Lo anterior se debe a que la legislación que norma y regula a este Pleno, no incluye ni otorga igualdad de condiciones a los Senadores que no forman parte de ningún grupo parlamentario, así los Senadores independientes, que serán electos y que se integrarán al Congreso de la Unión, enfrentarán un nuevo obstáculo, dado que la normatividad interna y la práctica parlamentaria no se encuentran armonizadas a la Reforma Político-Electoral que incluyó las candidaturas independientes.
Los Senadores dependen de un grupo parlamentario y no de la voluntad ciudadana, por lo que no existe una verdadera igualdad en la integración de los órganos de gobierno y legislativos, menos aún se toma en cuenta la experiencia y reconocimiento en la materia para ser asignados, las prácticas y funciones parlamentarias condenan al ostracismo a aquellos que no pertenecen a un grupo parlamentario, esto pone de manifiesto que son los grupos parlamentarios los verdaderos artífices de la vida y práctica del Parlamento, y no los parlamentarios.
Si se quiere acceder a los órganos legislativos y de gobierno al interior del Senado hay que pertenecer a un grupo, donde no hay un proceso transparente y no se conocen las negociaciones al interior de los órganos de gobierno.
Debemos reconocer y, con ello, corregir los ordenamientos que posicionan al Grupo Parlamentario como el cauce de participación en la labor y participación legislativa, con esto damos certeza a la voluntad ciudadana que en las elecciones manifestó su apoyo a los candidatos de partido o independientes, permitiendo igualdad, libertad y autonomía a los legisladores.
El principio más elemental en cuanto a la esencia del verdadero debate, no es el de la mayoría, sino el del verdadero pluralismo, y, por tanto, también el de las minorías, que tengan la oportunidad y capacidad de actuar y gozar de los mismos derechos consagrados en la Constitución como legisladores integrantes del Congreso de la Unión, luchando contra los privilegios de unos cuantos.
Así la presente iniciativa surge con la finalidad de garantizar a las y los legisladores, Diputados y Senadores, el pleno ejercicio de sus derechos como integrantes del Congreso de la Unión, el acceso e integración, así como el derecho a presidir órganos legislativos y de gobierno de acuerdo a su trayectoria, experiencia y reconocimiento en la materia, coadyuvando a transparentar el proceso legislativo, dejando de lado los intereses partidistas y transparentando las prácticas parlamentarias.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora Martha Tagle.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Reglamento y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos.
Esta presidencia le da la más cordial bienvenida a un grupo de integrantes del Consejo Nacional de Estudiantes del Distrito Federal, que fueron invitados por la Senadora Mariana Gómez del Campo, ellos asisten con la finalidad de presenciar el debate legislativo de esta Asamblea.
En otro apartado de nuestra agenda, tenemos la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe; de Relaciones Exteriores; y de Educación, con proyecto de decreto por el que se aprueba el Convenio de Cooperación en los Campos de la Educación, la Cultura, la Juventud, la Cultura Física y el Deporte, entre México y Santa Lucía, firmado en la Ciudad de Asunción, Paraguay, el 4 de junio de 2014.
Tenemos ahora la discusión de dictámenes en sentido negativo que proponen desechar diversos proyectos iniciados en el Senado, esos dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta del día de hoy. En consecuencia, pasaremos a su discusión conjunta.
Solicito, por tanto, a la Secretaría dé lectura a los proyectos a los que se refieren los dictámenes que han sido propuestos por las comisiones en sentido negativo.
Están a discusión los siguientes tres dictámenes de las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos, Primera.
Uno, en relación con el proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión en materia de propaganda electoral.
Otro, sobre el proyecto de decreto para reformar y adicionar la Ley Federal de Radio y Televisión en materia de equidad de género.
Y uno más, en relación con el proyecto de decreto para adicionar diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión en materia de concesiones para uso social.
En consecuencia, se encuentran estos dictámenes a discusión.
No habiendo reservas, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dictámenes que proponen desechar los proyectos de decreto iniciados en esta Cámara.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los acuerdos que desechan proyectos de decreto.
Por tanto, se instruye a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluidos e informar a los promoventes.
Pasamos a la discusión de un dictamen de las comisiones de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de la Familia y Desarrollo Humanos, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de los estados y del Distrito Federal a fortalecer las políticas públicas para prevenir y eliminar de manera integral el maltrato infantil.
El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del día de hoy.
En este sentido, tiene el uso de la palabra la distinguida Senadora Martha Elena García Gómez, por la comisión para presentar el dictamen.
La Senadora Martha Elena García Gómez: Con su venia, señor Presidente.
Solicito a la Presidencia la incorporación del texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates.
Compañeras y compañeros Senadores: El dictamen que hoy vengo a presentarles toca un tema sumamente importante en el contexto de los grandes pendientes que tenemos con la niñez, me refiero al maltrato infantil que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, es cualquier tipo de maltrato físico y/o emocional, abuso sexual, desatención o trato desconsiderado o explotación comercial o de otra índole que ocasionen un daño real o potencial a la salud, supervivencia, desarrollo o dignidad del niño en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder.
El maltrato a la niñez ocurre en diversos ámbitos, y quienes los cometen se encuentran en el ámbito familiar, escolar y comunitario en los que se desenvuelven las niñas y los niños.
La misma Organización Mundial de la Salud, considera que es un problema complejo y que las estrategias más eficaces para su prevención difieren notablemente en función de la edad de la víctima, del entorno que produce al maltrato y de la relación entre la víctima y el perpetrador.
Existen diversos tipos de maltrato infantil: los abusos físicos, los abusos sexuales, los abusos emocionales, psicológicos e incluso la desatención.
La Ley General de los Niños, Niñas y Adolescentes establecen un nuevo marco jurídico para la protección de los derechos de estos niños, y en este marco es que es indispensable garantizar su derecho a vivir en un ambiente libre de violencia.
Y para dar claridad a lo anterior, quiero retomar lo expuesto en la Convención Sobre los Derechos del Niño, la cual establece en su artículo 19 que los estados partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.
Dichas medidas deberán comprender los procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño, y según corresponda la intervención judicial.
Sobre el tema desde 2006 el Comité de los Derechos de los Niños en las observaciones finales a México expresó su preocupación por el elevado número de casos denunciados sobre el abuso de niñas y niños, y de la ausencia de medidas preventivas y de apoyo psicológico y social para con las víctimas, acerca de la magnitud del fenómeno en el documento Maltrato Infantil en México 2010-2011 realizado por el Sistema Nacional DIF y el UNICEF se establece que, el 71 por ciento de las niñas y los niños recibe algún tipo de violencia de parte de su madre y/o su padre; un 51.5 por ciento sufre algún tipo de violencia física; el 25.9 por ciento de las niñas y los niños sufre violencia física grave.
En 2010 el total de niñas y niños víctimas de maltrato atendidos en el DIF 52.4 por ciento son niños, y 47.6 por ciento son niñas.
Y que uno de los factores de riesgo más relevantes tanto para el abuso como para el maltrato es la presencia de violencia entre los padres cuando hay violencia entre los padres, los niños y niñas están en una situación de mayor vulnerabilidad de sufrir violencia y abuso.
En conclusión la acción concurrente gubernamental provista de programas y acciones sujetas a revisión y evaluación permanente conforme al marco jurídico vigente, debe de ser reforzada a efecto de combatir formalmente el flagelo del maltrato infantil y en aras de alcanzar estándares de bienestar idóneos para niñas, niños y adolescentes.
Es por ello compañeras Senadoras y Senadores que les pido su voto a favor del presente dictamen que tiene por objeto exhortar a los gobiernos de los estados y del Distrito Federal a que fortalezcan las políticas públicas para prevenir y eliminar de manera integral el maltrato infantil.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias a usted, distinguida Senadora.
Ha solicitado el uso de la palabra para motivar este dictamen la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
En consecuencia se le concede el uso de la palabra a la distinguida Senadora Hernández Lecona.
Compañeras Senadora, compañeros Senadores: Hablar del tema de la niñez es un tema muy significativo para los legisladores y las legisladoras, toda vez que sabemos que es donde empieza la parte más importante del crecimiento de un ser humano, que es basada en la inocencia, basada en los principios y valores éticos, morales y de integridad que le puedan dar quienes lo cuidan, quienes tienen la patria potestad, pero sobre todo su madre y su padre.
Pero qué mejor que logremos conjuntar esfuerzos de política pública desde el gobierno federal, del gobierno estatal y la propia familia.
El maltrato y el abandono y los abusos contra niñas, niños y adolescentes son actos que no debemos permitir como sociedad.
El maltrato infantil en sus diferentes modalidades es la principal causa de muerte entre los menores de edad, lo que de acuerdo con el censo del Inegi del 2010, alcanza una cifra de 32.5 millones de niños de 0 a 14 años lo que en términos relativos representa el 29 por ciento de la población total; cifras que resultan preocupantes porque en los niños recaen las aspiraciones de progreso y desarrollo de una nación; además de ser la parte más vulnerable de las familias.
A esas cifras se suman los datos de UNICEF cuyo estudio reveló que entre 55 y 62 por ciento de los niños en México han sufrido algún tipo de maltrato en el momento de su vida; que el 10.1 por ciento de los estudiantes de secundaria ha padecido algún tipo de agresión física; y 7 de cada 10 jóvenes viven violencia en el noviazgo.
Nuestro país ha suscrito diversos instrumentos internacionales para favorecer la protección de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes, obligando al Estado mexicano a atender el interés superior del niño; de igual forma se expidió la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la cual por objetivo garantiza el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos.
El derecho interno y externo brindan los elementos necesarios y establece las responsabilidades de los tres órdenes de gobierno para garantizar el ejercicio pleno de los menores.
Sin embargo, tenemos que continuar con la lucha para erradicar la violencia en su contra, por ello solicito el voto a favor del presente dictamen para fortalecer las políticas públicas para prevenir y eliminar de manera integral el maltrato infantil, por el valor de la familia.
Se pregunta y se consulta a la Asamblea si hay algún otro orador u oradora para motivar el presente dictamen.
En virtud de no haber más oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.
Queda, en consecuencia, aprobado.
Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a alumnos de la licenciatura en Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, del Instituto Tecnológico Autónomo de México, invitados por la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, quienes asisten con la finalidad de presenciar el debate legislativo de esta Asamblea.
Igualmente se da la más cordial bienvenida a estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Internacional de Ciencias y Negocios del Estado de México, invitados por la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández.
Agradecemos de forma sincera su visita y presencia en este Senado de la República, y también son ustedes bienvenidos.
Se informa a la Asamblea que recibiremos en unos momentos más, la visita de representantes de la Federación Mexicana de Diabetes, invitados por el Senador Presidente Roberto Gil Zuarth, con el propósito de repartir distintivos alusivos al Día Internacional de la Diabetes.
Nuestros visitantes buscan generar conciencia de la gravedad de la enfermedad y solidaridad con quienes la padecen.
En sus escaños recibirán a nuestros visitantes para que les entreguen el distintivo con el Círculo Azul que representa la prevención y control de la diabetes.
En consecuencia y enseguida, tenemos la discusión de un dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo sobre los impactos a la flora y fauna existentes en el ecosistema aledaño al río Tonto, ubicado en Las Peñitas, Cosamaloapan, Veracruz.
El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del día de hoy y por tanto se encuentra a discusión.
En este sentido ha solicitado el uso de la palabra el Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para exponer sus motivos en favor del presente dictamen.
Compañeras y compañeros Legisladores: La contaminación ambiental es uno de los graves flagelos que enfrenta actualmente la humanidad. De ahí la importancia de que todos participemos en trabajar conjuntamente para evitarla y lograr resarcir los daños que el medio ambiente ha sufrido por la acción del ser humano.
Por ello la importancia de este punto de acuerdo, en donde el Senado de la República exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a informar sobre la contaminación suscitada en el río Tonto, ubicado en la comunidad de Las Peñitas, Cosamaloapan, Veracruz.
De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, la contaminación de los afluentes hídricos no es un problema ajeno a nuestro país. Gran parte de los ríos y lagos presentan algún grado de contaminación, ya que en la actualidad menos de la mitad de las aguas residuales recolectadas reciben tratamiento.
En enero de este año los habitantes y pescadores de Las Peñitas, Cosamaloapan, Veracruz, vivieron una situación que impactó negativamente su economía: miles de peces y especies marinas aparecieron muertos en el río Tonto.
Es por ello que en su momento autoridades de la Secretaría de Salud Estatal, Medio Ambiente y Semarnat, entre otras, se reunieron con la finalidad de atender las denuncias de la población. Se creó un Comité Regional de Protección Contra Riesgos Sanitarios y se entregaron los resultados del estudio a la población, en donde se señaló que no existía riesgo en materia de salud.
De lo anterior se deduce que las dependencias gubernamentales, en ejercicio de sus atribuciones, atendieron la contingencia presentada en el río Tonto y que no existió riesgo para la población en materia de salud.
Sin embargo, para el Grupo Parlamentario del PRI es que estamos conscientes de la importancia que representa el prevenir riesgos ecológicos que afecten la economía de nuestras comunidades, por lo que apoyamos favorablemente este dictamen.
Esto con la finalidad de que la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, en ejercicio de sus atribuciones, conforme a este órgano colegiado, actúe sobre las medidas que se tomaron y que se llevarán a cabo en un futuro, con la finalidad a que no vuelva a ocurrir una contingencia ambiental como la sucedida.
Dicho lo anterior, adelantamos que el Grupo Parlamentario del PRI por mi conducta, expresa no solamente el beneplácito por este punto de acuerdo, sino que estaremos votando a favor de este dictamen.
Al no haber más oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el presente dictamen.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el presente dictamen.
Queda aprobado, en consecuencia, el acuerdo.
Informo a la Asamblea que a petición de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, el dictamen con punto de acuerdo sobre un reconocimiento a los mexicanos Alejandro González Inárritu y Emmanuel Lubezki, se retira de la agenda del día de hoy.
Pasamos a la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1, 3, 11 y 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas en Materia de Respeto a Lenguas Indígenas, como lenguas maternas.
Quienes porque se omita, favor de levantar la mano.
En consecuencia se concede a continuación el uso de la palabra al señor Senador Eviel Pérez Magaña, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento correspondiente.
Tiene usted el uso de la palabra, señor Senador Pérez Magaña.
El Senador Eviel Pérez Magaña: Muchas gracias.
Compañeras Senadoras y Senadores: Los pueblos y las comunidades indígenas tienen derecho a preservar y enriquecer sus lenguas, sus conocimientos y todos los elementos que constituyen su cultura e identidad.
Para ello nuestro marco normativo integrado por el marco constitucional, el convencional y el legislativo, han dispuesto la obligación que tiene el Estado en sus diferentes órdenes de Gobierno para garantizar este derecho.
Esa obligación corresponde al Poder Legislativo Federal a partir de la concepción y elaboración de normas jurídicas, y faculta a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, a someter a su consideración un dictamen, a minuta con proyecto de decreto, turnada por la Cámara de Diputados.
En esta minuta se propone reformar los artículos 1, 3, 11 y 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.
El procedimiento legislativo que vengo a referir, comenzó con la iniciativa presentada a fines de noviembre de 2014 en la Cámara de Diputados, que fue turnada a la Comisión de Asuntos Indígenas.
Esa Comisión analizó y modifico el texto del decreto propuesto que fue presentado al Pleno de Diputados que lo aprobó por unanimidad. De él estamos conociendo en esta sesión y en términos generales se destaca la importancia de preservar y usar la lengua materna como base del mosaico multicultural y pluriétnico de nuestra diversidad.
Reforma al artículo primero.- En su texto vigente se establece, como objeto de esta ley, regular el conocimiento y protección de los derechos lingüísticos individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso y desarrollo de las lenguas indígenas.
La reforma consiste en agregar que esa promoción sea en el uso cotidiano de las lenguas indígenas, además de que el reconocimiento, protección y promoción de estas lenguas sea bajo un contexto de respeto a sus derechos.
Reforma al artículo tercero.- El precepto actualmente establece que las lenguas indígenas son parte integrante del patrimonio cultural y lingüístico nacional.
La pluralidad de lenguas indígenas es una de las principales expresiones de la composición pluricultural de la nación mexicana.
La reforma propuesta consiste en remplazar el término pluralidad por el de diversidad. Podrían parecer palabra sinónimas; sin embargo la Colegisladora precisa una diferencia conceptual en la que coincidimos estas Comisiones dictaminadoras.
Pluralidad es multiplicidad, es un vocablo con una connotación numérica, expresa cantidad. En cambio, diversidad comprende diferencia o variedad.
En el caso de las lenguas indígenas de México tiene mayor relevancia la diversidad que su pluralidad.
Reforma los artículos 11 y 13, dispone actualmente que las autoridades educativas federales de las entidades federativas, garantizarán que la población indígena tenga acceso a la educación obligatoria, bilingüe intercultural.
Estas autoridades adoptarán las medidas necesarias para que en el sistema educativo se asegure el respeto a la dignidad e identidad de las personas independientemente de su lengua.
Asimismo, en los niveles medio y superior, se fomentará la interculturalidad, el multilingüismo y el respeto a la diversidad y los derechos lingüísticos.
La reforma consiste en agregar que debe asegurarse la práctica y el uso de la lengua indígena.
De esta manera, el enunciado dispondrá que las autoridades educativas federales y de las entidades federativas, garantizarán a la población indígena tenga acceso a la educación obligatoria bilingüe e intercultural.
Y adoptarán las medidas necesarias para que en el sistema educativo se asegure el respeto a la dignidad e identidad de las personas, así como a la práctica y uso de su lengua indígena.
Asimismo, en los niveles medio y superior, se fomentará la interculturalidad, el multilingüismo, y el respeto a la diversidad y los derechos lingüísticos.
Como se aprecia, se trata de reiterar la práctica y el uso de la lengua indígena, como se ha establecido en el artículo 1º.
El artículo 13, establece los objetivos particulares de la ley en estudio dentro de ellos, el primero enuncia:
Incluir dentro de los planes y programas nacionales, estatales y municipales en materia de educación cultura indígena, las políticas y acciones tendientes a la protección, preservación, promoción y desarrollo de las diversas lenguas indígenas nacionales, contando con la participación de los pueblos y comunidades indígenas.
La reforma propuesta con la que coincide en estas comisiones, es para agregar que la acción de incluir políticas y acciones tendientes a la protección, preservación, promoción y desarrollo las diversas lenguas indígenas, sea bajo un contexto de respeto y reconocimiento de las diversas lenguas indígenas nacionales.
Esta reforma está relacionada con la del artículo 1º, ya comentada y las Comisiones Dictaminadoras consideramos que es procedente que en el Sistema Educativo Nacional, se asegure que la protección, preservación, promoción y desarrollo de las diversas lenguas, sea bajo un contexto de respeto y reconocimiento hacia ella.
Cabe subrayar, que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que es organismo descentralizado, cuyo objetivo es promover el fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas, emitió su opinión considerando viable la propuesta de reforma de estos cuatro preceptos.
El Inali, hizo hoy énfasis en su pertinencia, pues se privilegia el uso cotidiano y el desarrollo de las lenguas indígenas en un marco de respeto a los derechos de los hablantes de alguna lengua de estas lenguas indígenas, de esta nación.
Compañeras, Senadoras y Senadores: De aprobarse este dictamen en sus términos, estaremos concluyendo la etapa que corresponde al Congreso de la Unión dentro del proceso legislativo.
La Mesa Directiva ordenará remitir el decreto al Ejecutivo para su correspondiente intervención en el proceso. Si el Ejecutivo no tiene observaciones, lo promulgará y publicará y habremos utilizado nuestra atribución legislativa, a favor de los pueblos y comunidades indígenas.
Es lo que nos corresponde como Senado de la República.
Es lo que nos corresponde como mexicanos en un país de culturas diversas y pluriétnico.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias a usted, Senador.
Está a discusión en lo general e informo a esta Asamblea que se ha recibido una propuesta de adición del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Partido del Trabajo.
Para tales efectos se concede el uso de la palabra al señor Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, para que exponga los motivos de su propuesta de adición al presente dictamen.
Tiene usted el uso de la palabra, señor Senador Blásquez Salinas.
El dictamen que nos ocupa, parece que tiene por destinatarios únicamente los habitantes de estados con elevada densidad de población indignada, como los son: Oaxaca, Chiapas o Guerrero.
Sin embargo, también habrá de aplicarse en el estado de Baja California, el cual represento ante está Cámara.
En el dictamen se invocan las nuevas obligaciones en materia de derechos humanos establecidos en el artículo 1º de nuestra ley fundamental.
En relación con Baja California, cobra especial importancia, la obligación de garantizar los derechos fundamentales.
Y lo digo, en razón de que se requiera adoptar medidas legislativas adicionales, pues de otra manera los altos postulados que se persiguen con el dictamen de hoy que vamos a aprobar, quedará en letra muerta. Y me parece que sucederá igual en estados como Sonora, Sinaloa y Jalisco.
Me refiero, a las comunidades indígenas que se han traslado a la parte sur del estado de Baja California, principalmente para trabajar en los campos de cultivo del Valle de San Quintín.
Encontramos niñas, niños y adolescentes provenientes de Oaxaca, Guerrero y Puebla, principalmente.
Como va a ser posible que si imparte educación en lengua indígena, si no contamos con maestros que la hablen en el estado por carecer, precisamente, de pueblos indígenas de origen como son los migrantes. Existen otros pueblos, aunque reducidos, que si son originarios de Baja California.
En consecuencia, para que la propuesta que estamos por aprobar, tenga la virtud de la eficacia jurídica. Me permito proponer una disposición transitoria que a la letra se establece de la manera siguiente:
Segundo.- La educación que se imparta a comunidades indígenas, que hayan migrado fuera de la entidad federativa de origen, estará a cargo de docentes que hablen la lengua indígena para lo cual se asignarán recursos bajo el principio de progresividad.
Cabe mencionar, que de conformidad con el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, que ratificó nuestro país el 5 de septiembre de 1990. Estamos obligados a tomar medidas proactivas para garantizar el uso del lenguaje indígena, en entidades a donde llegan las comunidades migrantes.
Me refiero, y me permito dar lectura en la parte conducente al artículo 27 de dicho convenio.
“Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos interesados, deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con estos, a fin de responder a sus necesidades particulares, y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y culturales”
2. La autoridad competente deberá asegurar la formación de miembros de estos pueblos, y su participación en la formulación y ejecución de programas de educación, con miras a transferir progresivamente a dichos pueblos, la responsabilidad de la realización de estos programas cuando haya lugar.
“Siempre que sea viable, deberá enseñarse a los niños de los pueblos interesados a leer y escribir en su propia lengua indígena, o en lengua que más comúnmente se hable en el grupo al que pertenezcan. Cuando no sea viable, las autoridades competentes deberán celebrar consultas con esos pueblos, con miras a la adopción de medidas que permitan alcanzar este objetivo”
Con el único propósito de armonizar el dictamen con las obligaciones contraídas a nivel internacional, es que me permito poner a su consideración, a la consideración de la Asamblea, y solicitar su aprobación para agregar un segundo artículo Transitorio.
El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias a usted, señor Senador.
En consecuencia, solicito a la Secretaría, consulte a la Asamblea, en votación económica, si las adiciones descritas puntualmente por el Senador Blásquez Salinas, se admiten a discusión.
La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, si se admite a discusión la propuesta del Senador Blásquez.
Con la propuesta de adición que no fue aceptada, se agota el trámite correspondiente.
Por no haber otros oradores, ni artículos reservados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento, para informar en su momento, el resultado de la votación y, por tanto, ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en los términos del dictamen.
La Secretaría Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 91 votos en favor, cero votos en contra.
En consecuencia, se declara aprobado el decreto por el que se reforman los artículos 1, 3, y 11 y la fracción I del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.
Se remite al Ejecutivo Federal, para los efectos de lo dispuesto por el artículo 72 constitucional.
Enseguida tenemos la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4 y 16 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas en materia de validez, de las lenguas indígenas para trámites oficiales.
Se concede, en consecuencia, el uso de la palabra al señor Senador Eviel Pérez Magaña, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento correspondiente.
El Senador Eviel Pérez Magaña: Gracias, Presidente.
Compañeras Senadoras, Senadores: Hace unos momentos destacamos el derecho constitucional reconocido a los pueblos indígenas y comunidades indígenas, en relación a sus culturas e identidad, derecho que trae consigo la obligación que se impone al Estado, a la Federación, a los estados y municipios, de impulsar el respeto y reconocimiento de las diversas culturas que existen en la nación mexicana.
Con esta justificación constitucional, sometemos a su consideración un dictamen aprobado por las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, se trata del análisis a una iniciativa presentada en la pasada legislatura de la Cámara de Diputados, en diciembre de 2014, que fue modificada por la Comisión de Asuntos Indígenas de la Colegisladora y aprobada por el Pleno en esa Cámara, el 14 de abril del año en curso en una reserva.
Esto muestra la participación de las y los legisladores en esta iniciativa, que derivó en el proyecto de decreto en materia de nuestros dictámenes, se trata de reformar la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas en sus artículos 4 y 16.
El primero de ellos, dentro del capítulo referente de las disposiciones generales de este ordenamiento, establece en su texto vigente que las lenguas indígenas que se reconozcan en los términos de la ley y el español, son las lenguas nacionales por su origen histórico y tienen la misma validez en su territorio, localización y contexto en el que se hable.
La reforma consiste, por un aparte, en que se incorpore el texto en enunciado, que determine que se garantizarán en todo momento los derechos humanos a la no discriminación y acceso a la justicia, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en la materia, en los que el Estado mexicano sea parte.
Por otra parte, se presume del texto vigente el enunciado que limita la validez de las lenguas indígenas nacionales al territorio, localización y contexto en el que se hable.
Es necesario enfatizar que en México está prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, que atente contra la dignidad humana, y que esta discriminación tenga por objeto menoscaba los derechos y libertades de las personas.
Asimismo, debe subrayarse que los indígenas deben anteceder a la justicia del Estado de manera plena sin desventajas, sin que las lenguas originarias sean un obstáculo o una limitante. Por ello se propone que esta ley determine estos derechos fundamentales, pues se trata de un ordenamiento de carácter general, y su objeto es regular el reconocimiento protección de los derechos lingüísticos individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas.
No podemos hablar de justicia y menos de plena justicia en tanto la población originaria de México encuentre en el lenguaje su primer obstáculo para tener acceso a ella. Por esa razón el proyecto considera suprimir lo que es una verdadera contradicción legislativa, no puede haber una lengua nacional si sólo se le reconoce validez en su territorio, localización de un contexto. Esta parte que está actualmente en vigor es discriminatorio y limita de manera evidente el ejercicio de un derecho que tienen los pueblos y comunidades indígenas.
En el mismo proyecto se propone reformar el artículo 16 de la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los pueblos. Este precepto se ubica dentro del capítulo que crea el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el Inali, dicho precepto determina su objeto, enumera sus atribuciones, establece la integración de un órgano colectivo de gobierno y del responsable de su funcionamiento, que es el director general.
El artículo 16 es un texto vigente, contempla la integración de su órgano de gobierno, denominado Consejo Nacional. La reforma consiste sólo en remplazar la presencia de un representante del Instituto Indigenista por un representante de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, pues en 2003 se abrogó la Ley de Institución Nacional Indigenista para crearse a través de una ley, la actual CDI.
Compañeras y compañeros, el proyecto que proponemos y que ponemos a su consideración contiene una reforma de corte garantista, una reforma consecuente con la Constitución que en 2011 ha representado una nueva interpretación de los derechos humanos, en los tribunales, en las cámaras y en la observancia por parte del Ejecutivo.
Bajo estas consideraciones es que proponemos este dictamen, que de aprobarse en sus términos, tal como dispone el artículo 72 constitucional, da por concluido el proceso legislativo en ambas cámaras. Se remite al Ejecutivo, para que de no tener observaciones promulgue y publique este decreto, así estaremos culminando un proceso legislativo dando agilidad a reformas que hacen posible que los pueblos y comunidades indígenas den un paso más hacia el derecho a la no discriminación, y el derecho de acceso a la justicia.
Reconocemos el trabajo responsable y participativo de las comisiones dictaminadoras, de los integrantes de Asuntos Indígenas, de la Senadora Gracia Ortiz, Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos y de sus integrantes, solicito al Presidente de la Mesa ordene la transcripción íntegra del presente dictamen en el Diario de los Debates.
Por su atención, gracias, Presidente.
Como lo solicita el Senador Eviel Pérez Magaña, se integre de manera textual e íntegra en el Diario de los Debates su intervención.
Se encuentra a discusión el presente dictamen.
En virtud de que no hay oradores registrados, ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
Informo, en tanto se desarrolla esta votación.
Informo a la Asamblea que la Senadora Adriana Dávila Fernández, invitó a esta sesión a representantes de la Organización SinCeraSer, Asociación Civil a niñas y niños del Colegio Ameyalli del Coro del Albergue Ayuda y Solidaridad.
Estos visitantes nos acompañan con el propósito de repartir pulseras, distribuir pulseras moradas como símbolo del compromiso de los legisladores para erradicar al maltrato infantil y adolescente en cualquiera de sus formas.
Adicionalmente, a la recepción de las pulseras, el Senado de la República, a través de la Mesa Directiva, acordó iluminar sus instalaciones con el color morado de apoyo a esta importante campaña.
A nombre entonces del Senado de la República, les doy la bienvenida a los representantes de la Organización SinCeraSer, y a las niñas y a los niños del Colegio Ameyalli, son bienvenidos y les felicitamos por su importante participación, y les manifestamos el apoyo para esta causa.
Informo a la Asamblea que sigue abierto el sistema para recabar la votación correspondiente al presente dictamen.
La Secretaria Senadora Hilda Estela Flores Escalera: Señor Presidente, conforme al registro tanto en el sistema electrónico, como lo aquí pronunciado por las Senadoras y Senadores, se emitieron en total 95 votos en pro, cero en contra y cero abstenciones.
Está aprobado, en consecuencia, en lo general y en lo particular el decreto por el que se reforman el artículo 4 y el numeral 6 del artículo 16 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.
Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos de lo dispuesto por el artículo 72 constitucional.
Tenemos ahora la discusión de un dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de decreto para reformar la fracción II del artículo 5º de la Ley Federal de Radio y Televisión, el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de este día.
En consecuencia, el presente dictamen está a discusión.
Al no haber oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento correspondiente para informar en su momento el resultado de la votación.
Ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal del dictamen que propone desechar el proyecto del presente decreto.
La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Señor Presidente, le informo el resultado de la votación: se emitieron 89 votos en pro; cero en contra, y cero abstenciones.
En consecuencia, queda desechado el proyecto de decreto para reformar la fracción II del artículo 5º de la Ley Federal de Radio y Televisión, se devuelve a la Cámara de los Diputados, para los efectos de lo dispuesto por la fracción d) del artículo 72 constitucional.
El siguiente asunto del Orden del Día es la votación del dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo III al artículo 12 de la Ley Orgánica del Congreso General para establecer la prohibición estricta del ingreso de personas armadas a los recintos de las Cámaras.
Este dictamen fue discutido en la Sesión del 15 de diciembre del 2014, y quedó únicamente pendiente de su votación.
Como consecuencia, hágase los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento correspondiente para informar, en su momento, en resultado de la votación.
Y por tanto, ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de decreto, tanto en lo general como en lo particular.
La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Señor Presidente, conforme al resultado de la votación, le informo los números: 87 votos a favor; cero en contra, y cero abstenciones.
En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo III al artículo 12 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Se remite a la Cámara de los Diputados.
Informo a la Asamblea que las Senadoras Martha Tagle y la Senadora Angélica de la Peña han presentado un punto de acuerdo relativo al Presupuesto 2016, el cual se remite a la Cámara de los Diputados.
Compañeras y compañeros Senadores: Hago de su conocimiento que las iniciativas y proposiciones que cumplieron su segunda inscripción se turnarán a comisiones.
Les informo también que los textos de las intervenciones del rubro efemérides, se integrarán al Diario de los Debates.
Se levanta la sesión y se cita a Sesión Solemne para la entrega de la Medalla Belisario Domínguez el próximo jueves 12 de noviembre, a las 11:00 horas, en el recinto de Xicoténcatl No. 9.
Y al término de la ceremonia realizaremos nuestra sesión ordinaria en el mismo recinto.
(Se levantó la sesión a las 14:23 horas)
http://www.senado.gob.mx:80/index.php?watch=15&id=1663