Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-sc003-2015-de-enero-14-de-2015?documento=jurcol&contexto=jurcol_0d9047a77fd90102e0530a0101510102&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-11-18 21:26:28
Document Index: 298882045

Matched Legal Cases: ['artículo 1098', 'artículo 1096', 'artículo 1096', 'artículo 1096', 'artículo 1666', 'artículo 1096', 'artículo 1634', 'artículo 68', 'artículo 92', 'in fine', 'artículo 175', 'artículo 68']

﻿ Sentencia SC003-2015 de enero 14 de 2015
SENTENCIA SC003-2015 DE 14 DE ENERO DE 2015
CONTENIDO:PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN SUBROGATORIA BAJO CONTRATO DE SEGURO. LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN SUBROGATORIA EN VIRTUD DE UN CONTRATO DE SEGURO DEPENDE DE ACREDITAR QUE LA ASEGURADORA PAGÓ LA INDEMNIZACIÓN DEL SINIESTRO Y ASÍ SE PONE EN EL LUGAR DEL AFECTADO PATRIMONIALMENTE CON EL RIESGO AMPARADO FRENTE AL CAUSANTE DEL DAÑO. ESA ACCIÓN BUSCA EVITAR QUE EL RESPONSABLE DE LA LESIÓN RESULTE EXONERADO Y, ADEMÁS, EL ENRIQUECIMIENTO DEL ASEGURADO, PUES SE TRATA DE IMPEDIR QUE ESTE OBTENGA DOBLE REPARACIÓN DEL MISMO PERJUICIO. LA SUBROGACIÓN PERMITE A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS RECIBIR CIERTOS RECURSOS ENCAMINADOS A LOGRAR UNA MÁS ADECUADA EXPLOTACIÓN PROFESIONAL DE SU ACTIVIDAD.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN SUBROGATORIA, PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL, COMPAÑÍA DE SEGUROS, CONTRATO DE SEGURO, ENTIDAD ASEGURADORA
Sentencia SC003-2015 de enero 14 de 2015
SC003-2015
Radicación: 11001-3103-030-2009-00475-01
3. A fin de acreditar los “errores de derecho” precisa que reduce el tema de análisis a los aspectos relacionados con el “recibo de egreso 446337” y la “solicitud de indemnización”, al considerar que fueron los únicos elementos de juicio “que se invocaron en la demanda con el objeto o finalidad de establecer la legitimación en causa proveniente de la subrogación legal”, en tanto que los demás medios de convicción no se adujeron con ese propósito.
En ese sentido comenta que es evidente el yerro “en la valoración de la prueba del llamado recibo de egreso 4463377 porque lo demeritó totalmente por el solo hecho de provenir del demandante”, dando a entender que la única prueba válida es la que provenga del tercero asegurado, en la que reconozca haber recibido el pago, lo que no es admisible porque no existe restricción legal, y de paso desconoce el precepto 175 ibídem, que consagra el “principio de libertad probatoria”; además no es procedente establecer limitaciones probatorias, ya que esa facultad está reservada exclusivamente a la ley.
c) Al haber preterido las probanzas incorporadas, el sentenciador concluyó erradamente que la actora no satisfizo la carga de acreditar el “pago de la indemnización”, pasando por alto que la “demandante no creó ni fabricó su propia prueba porque el recibo de egreso es un documento que (…) [se] emite al final del proceso de pago de la indemnización por la ocurrencia de un siniestro amparado por una póliza de seguro, proceso que adelantó directamente con su acreedor /asegurado”; además tal instrumento permite el registro del acto concerniente a la solución de la “obligación indemnizatoria” en los libros de contabilidad, por lo que el mismo “se puede catalogar como un papel de comercio que hace parte de la aludida contabilidad”.
a) Asevera que aunque el ad quem analiza los documentos allegados por “Molino Flor Huila S.A.”, al igual que el testimonio de Octavio Tovar Medina, tales probanzas “no tienen incidencia en este aspecto porque no se refieren al hecho del pago que se dejó de advertir, en razón a que las únicas pruebas invocadas en la demanda con el objeto de acreditar este hecho fueron el recibo de egreso y la solicitud de indemnización”, puesto que aquellas tenían por fin acreditar la responsabilidad contractual de la accionada, no obstante ser indicativas de manera tangencial de que “provienen del asegurado, quien a través de su empleado y de la información rendida en los citados documentos participó en el proceso sobre el tema de la responsabilidad contractual (…) invocando la subrogación de los derechos de ese asegurado, cumpliendo así la obligación establecida en el artículo 1098 del Código de Comercio, circunstancias todas que hacen suponer que el pago de la indemnización por el siniestro se realizó en su oportunidad”, esto es, el 14 de junio de 2007, como lo indica el “comprobante de egreso”, y que al haber intervenido “Molino Flor Huila S.A.”, a fin de allegar los documentos requeridos por la actora, “no aludió a una posible falta de pago y por el contrario apoyó la posición procesal de la aseguradora como demandante subrogada”, y que la declaración de Tovar Medina, aunada a dichos instrumentos, constituye “prueba de la conducta o actitud del asegurado que ha recibido el pago”.
b) La errónea valoración de la contestación de la demanda, la hace consistir (i) en que el tribunal no apreció “la conducta procesal de la demandada, derivada de su pronunciamiento (…) sobre el tema del pago de la indemnización, y con su silencio absoluto sobre ese mismo aspecto en la formulación de las excepciones de mérito que esgrimió en su defensa, ignorando lo preceptuado por los artículos 249 y 250 del Código de Procedimiento Civil”; (ii) tampoco tuvo en cuenta que en la réplica se pretirió la formalidad de hacer un pronunciamiento expreso sobre los hechos admitidos o respecto de los negados, y que no se excepcionó aduciendo el “pago”, y (iii) el haber entendido que a través de tales actos procesales, había sido repudiada la idoneidad de la reseñada documentación, lo que no es cierto, sin que tenga ese efecto lo manifestado en la sustentación de la apelación o en los alegatos de conclusión. Por lo tanto, dichos comportamientos debieron ser estimados como aceptación del “pago”.
g) También critica la falta de apreciación de los documentos allegados con el dictamen, los que fueron entregados por la accionada, y que aluden a la instalación de los equipos en cuestión, en los que se encuentra una carta firmada por Ángel M. Palacios, encargado de la bodega, donde reconoce que “Telesentinel ‘…maneja parámetros específicos de conexiones en el cableado y tipo de sensores, los cuales deben llevar sabotaje en lo sensores como en el cableado”; así mismo aparece, un anexo del “contrato de prestación de servicio de monitoreo de alarmas”, el que incluye el concepto de “sabotaje general”; al igual que un video de la visita del auxiliar de la justicia al centro de monitoreo de la proveedora del servicio, en el que “se registra permanentemente la señal de activación o desactivación y que además se reciben otras señales como las de pánico, luego deben recibirse también las de sabotaje”; además se informa sobre “las clases de aparatos de radio que se utilizan para la transmisión de las señales, en los cuales se deja ver que son independientes al panel de control, tienen su correspondiente antena y poseen un cableado especial mucho más grueso que el de las líneas telefónicas”.
Plantea también que el ad quem se equivocó al no valorar la confesión que entraña la respuesta del representante legal de la demandada, a la pregunta 17 del interrogatorio, en la que se le indagó sobre si era cierto que los equipos instalados en el inmueble de la asegurada estaban en capacidad de enviar señales en caso de sabotaje, respondiendo afirmativamente.
h) Agrega la censura, que de no ser suficiente lo reseñado, estima que “todas las pruebas anteriores aluden a que al momento del siniestro existía dentro del sistema de seguridad un soporte de transmisión de señales por radio, adicional e independiente al sistema de transmisión por línea telefónica, el cual estaba en capacidad de transmitir la señal al centro de control de Telesentinel a pesar del corte o daño intencional de los cables telefónicos, sistema que debió funcionar y tampoco fue detectado por Telesentinel en su central de monitoreo”, operando dicho mecanismo desde la instalación de los equipos en abril de 2004, según consta en el acta de aprobación de servicios y en la hoja de procedimientos, como en el contrato celebrado entre “Molino Flor Huila S.A.”, con “General Protección Service Ltda.”, agente comercial de “Telesentinel Ltda.”, figurando en el ítem 1, “conexión vía radio a Telesentinel”, situación corroborada por el perito, al informar que “las señales de alarma llegan al centro de control de Telesentinel ‘por marcación telefónica que efectúa el panel de sistema de alarma por conexión a través del servicio de telefonía local o mediante transmisión de señal de radio que puede ser VHF o UHF, para este caso en particular se utilizó la frecuencia UHF’”, circunstancia esta a la que se refirió el deponente Tovar Medina, al manifestar, que creía que el monitoreo se hacía a través de frecuencia de radio.
1. Las peticiones de la actora “Seguros Generales Suramericana S.A.”, tienen origen en el ejercicio de la acción subrogatoria que se sustenta en la circunstancia de haber pagado la indemnización a “Molinos Florhuila S.A.”, en calidad de “asegurada beneficiaria”, por el siniestro amparado en el contrato que incorpora la “póliza de seguro 413737”, y en virtud de atribuirle responsabilidad a la accionada “Telesentinel Ltda.”, por el incumplimiento de obligaciones establecidas en el “convenio de prestación de servicios de monitoreo mediante la emisión de señales de alarma”, que había celebrado con el usuario “Molino Flor Huila S.A.”, lo que contribuyó a la realización del riesgo amparado.
2. Con relación al instituto jurídico de la “subrogación del asegurador”, en lo pertinente el artículo 1096 del Código de Comercio estatuye: “El asegurador que pague una indemnización se subroga por ministerio de la ley y hasta concurrencia de su importe, en los derechos del asegurado contra las personas responsables del siniestro. Pero éstas podrán oponer al asegurador las mismas excepciones que pudieren hacer valer contra el damnificado. — (…)”.
Con relación a dicha temática, en la sentencia CSJ SC, 8 nov. 2005, rad. 7724, se expuso:
El artículo 1096 del Código de Comercio dispone que ‘el asegurador que pague una indemnización se subrogará, por ministerio de la ley y hasta concurrencia de su importe, en los derechos del asegurado contra las personas responsables del siniestro’. Como puede verse, este precepto reclama la existencia de un soporte básico, cual es el pago de una indemnización por parte del asegurador, a raíz de una póliza de seguro previamente expedida; consecuentemente, la compañía se subroga —ipso iure— en los derechos del asegurado, de modo que entra a ocupar la posición que éste tenía dentro de la relación jurídica respectiva, que no se extingue por tal razón, asumiendo la titularidad de todos los créditos, garantías y acciones con que contaba su antecesor, frente a los causantes del siniestro.
Así mismo, en el fallo CSJ SC, 18 mayo 2005, rad. 0832-01, en lo pertinente se sostuvo:
1) Evitar, a ultranza, que el responsable del daño se exonere de responsabilidad, merced al pago efectuado por el asegurador al beneficiario del seguro, primigenio acreedor de aquél, pues en caso contrario, se le estaría libertando de un débito que trasciende la esfera del ius privatum, así la condena, en línea de principio, se limite al mero resarcimiento económico. Expresado en otros términos, es claro que el ordenamiento desea que la conducta del victimario no quede impune, ora directa, ora indirectamente y, de paso, liberado de reconocer, en el ámbito patrimonial, el daño irrogado.
Desde esta perspectiva, resulta claro el origen y el carácter del derecho radicado en cabeza del asegurador, en virtud de la aludida subrogación personal, derecho que es derivado (…), como lo reconoce autorizada doctrina sobre la materia y, por tal motivo, ayuno de sustantividad y autonomía, como quiera que la entidad aseguradora —he ahí la importancia del fenómeno sustitutivo que aflora de la subrogación—, adquiere el mismo derecho que antes del pago residía en la órbita patrimonial del asegurado-damnificado.
Con otras palabras, aunque la acción subrogatoria tiene su manantial en el pago que el asegurador le hace al asegurado-beneficiario en cumplimiento de la obligación que contrajo en virtud del contrato de seguro, el derecho que aquel ejerce al amparo de la referida acción frente a las ‘... personas responsables del siniestro’, no nace o deriva de la relación aseguraticia —a la que le es completamente ajena—, sino que procede de la conducta antijurídica desplegada por el victimario, autor del daño que afectó al damnificado asegurado, según el caso. Por tanto, el pago de éste tan sólo determina su legitimación en la causa para el ejercicio de la señalada acción, así como la medida del derecho que puede reclamar, pero no la naturaleza del derecho mismo, ni sus propiedades, pues éste no es otro distinto del que tenía la víctima antes de ser indemnizada por el asegurador. Ello explica por qué ‘[e]l derecho adquirido por el asegurador, en virtud de la subrogación, es un derecho derivado del que tenía el asegurado frente al tercero. Dicho en otros términos, la acción que ejerce el asegurador contra el tercero es la misma acción que tiene el asegurado contra el autor del daño. Por esta razón gozará de todos los beneficios que esta acción tuviera y, al contrario, quedará sometida a las mismas excepciones que podrían ser opuestas al asegurado’ (…), lo que es apenas obvio si se tiene en cuenta que ‘su derecho se moldea (...) sobre el del asegurado’ y, por consiguiente —esto es nuclear—, tiene la ‘misma naturaleza y la misma extensión’, de suerte que tendrá ‘por base una responsabilidad contractual o una responsabilidad delictual, sin que el asegurador pueda modificar esa base’ (…).
Y en la Sentencia CSJ SC, 6 ago. 1985, GJ 2419, 2º sem. 1985, págs. 233-234, se precisó:
Aun cuando del texto del referido artículo 1096 pareciera deducirse que el único requisito exigido para el ejercicio de la acción subrogatoria fuera el de que el asegurador hubiere efectuado el pago, es lo cierto que la doctrina, teniendo en cuenta la noción misma que de subrogación da el artículo 1666 del Código Civil, ha señalado los siguientes: a) existencia de un contrato de seguro; b) un pago válido en virtud del referido convenio; c) que el daño producido por el tercero sea de los cubiertos o amparados por la póliza, y d) que una vez ocurrido el siniestro surja para el asegurado una acción contra el responsable.
a) Póliza 413737, modalidad “todo riesgo daño material” expedida por Suramericana, en la que interviene como tomadora, asegurada y beneficiaria “Molinos Flor Huila”, con vigencia durante el período “2006/07/31 - 2007/07/31”, cobertura —entre otros riesgos— “sustracción con violencia (…) para maquinaria y equipo, muebles y enseres, mercancías, dineros, equipo eléctrico, y/o electrónico y demás bienes susceptibles de hurto y que formen parte integrante de la póliza”, y por valor total de $ 95.345’955.469 (cdno. 1, fls. 19-26).
b) Solicitud de indemnización de 31 de mayo de 2007, suscrita por el representante legal de “Molino Florhuila S.A.”, en la que se pide la suma de $ 257’033.557 “como única y total indemnización por las pérdidas sufridas como consecuencia del evento ocurrido el 18 de febrero de 2007 en la bodega de almacenamiento de producto terminado, ubicada en la carrera 67 Nº 8-21 de la ciudad de Bogotá en la cual se hurtaron 212.528 kilos de arroz. Estas pérdidas se encuentran amparadas por la póliza de seguro todo riesgo, daños materiales y lucro cesante 413737”, y en otro aparte se manifiesta que “una vez recibido a satisfacción el pago antes solicitado, declaramos a la compañía Suramericana de Seguros S.A., a paz y salvo por todo concepto con relación a la totalidad de las pérdidas sufridas con ocasión del evento ocurrido el 18 de febrero de 2007” (cdno. 1, fl. 36).
c) Informe final del estudio de la reclamación presentada por “Molinos Florhuila S.A.”, con cargo a la póliza de seguro anteriormente reseñada, firmado por el gerente general de la Organización Noguera Camacho (ajustador), en el que al describir el evento se incluyen los señalados datos de la reclamación, precisando que en la entrevista de las personas que tenían a su cargo el manejo de las bodegas, indicaron que “se cerraron a las 4:35 p.m. del sábado 17 de febrero de 2007 y fueron reabiertas el lunes 19 de febrero de 2007, a las 11:00 a.m. Al abrir las bodegas, los empleados se percataron que el portón de acceso había sido violentado y que la alarma se encontraba desconectada, según indicaba el panel donde normalmente se ingresa la clave; posteriormente se detectó que el panel principal de control de la alarma había sido arrancado. Al recorrer las instalaciones advirtieron que faltaba parte del producto (arroz empacado) almacenado. De inmediato dieron aviso a la firma Telesentinel (…)”; en punto de la cobertura se expone que el evento “se enmarca dentro del amparo opcional 5 ‘sustracción con violencia’”, y se fijó el valor a indemnizar en la suma de $ 257’033.557 (cdno. 1, fls. 38-60).
d) Reporte informático en el que se menciona en su encabezamiento a “Molino Flor del Huila S.A. —Bodega Molino Flor del Huila S.A. carrera. 67 Nº 8-21 (…)— contrato 13928 - unidad 01-00-3772”, el que detalla los eventos del “02/01/07 - 02/20/07”; y para la época de los hechos registra el “02/17 sat 09:49:16 2 Int alarma - 09:50 B lop sistema desactivado”; se inserta leyenda que indica: “Coment: contacto telefónico en el sitio con: Ángel Palacios CDI usuario confirma normalidad al momento - no hay novedad - Completed on: 02/17/07 at: 10:02:44 - operator:019 - 16:35 (…) c ECL sistema activado”; no aparece registro del “02/18/07”, y el “02/19 mon 11:17:02 - Coment: se recibe llamada telefónica de: Claudia Ramírez informa que los robaron se le informa que se envía móvil para verificar” (cdno. 1, fls. 27 y 29).
e) Copia autenticada del contrato 13928, celebrado entre “Telesentinel Ltda.”, en calidad de proveedora del servicio, y “Molino Flor Huila S.A.”, como usuario, en el que se estipuló en lo pertinente: La prestación por parte de aquella del “servicio de monitoreo consistente en el envío de señales de alarma durante las 24 horas del día todo el año, siempre y cuando no medie caso fortuito, fuerza mayor o aquellas situaciones descritas en la cláusula octava (…). Estas señales de alarma serán emitidas con los equipos indicados en el formato de control de calidad elaborado por Telesentinel y ubicados en las dependencias del usuario, hasta el centro de control computarizado que para tal efecto tiene Telesentinel. (…) El servicio de monitoreo opera así: La señal de alarma enviada por las unidades remotas y recibidas por el centro de control, será respondida por Telesentinel, con las siguientes acciones: a) verificación telefónica; b) a criterio de Telesentinel, envío de un funcionario a fin de verificar en el lugar protegido, la causa de la señal, c) comunicación con el usuario o sus dependientes en los teléfonos suministrados para tal fin, d) de ser necesario aviso registrado a organismos como bomberos, policía, servicios médicos, etc. de acuerdo con el reporte recibido. (…) Telesentinel prestará el servicio de monitoreo (…) utilizando los equipos instalados en la dirección carrera 57 Nº 8-21 Zona Industrial (…)”, y en la citada cláusula octava, se pactó: “Telesentinel queda eximida de toda responsabilidad en la prestación del servicio, siempre y cuando medie alguna de las siguientes situaciones: a) Corte del servicio de energía eléctrica en el inmueble en el cual o los cuales se han instalado los equipos, por cualquier causa cuando el corte se prolongue por más de seis (6) horas, (…) b) Por daños locativos en el inmueble que causen deterioro en los equipos y/o instalaciones y hasta tanto no sean comunicados expresa y certificadamente por el usuario, o sus dependientes, que causen daño o mal funcionamiento de los sistemas instalados. c) (…) d) Por cualquier otra causa no imputable a dolo o negligencia comprobados. PAR.—Telesentinel no será en ningún caso responsable por los daños, hurtos, atracos, robos, incendios, inundaciones o cualquier otro perjuicio que pueda sufrir el usuario en sus instalaciones o bienes, ya que es claro para ambas partes, que el sistema de seguridad instalado ha sido diseñado para detectar y avisar mas no evitar es decir que la obligación es de medio y no de resultado. (…) el usuario, quien entiende claramente los alcances y limitaciones de los sistemas de monitoreo de alarmas para cubrir los riesgos inherentes a la prestación del servicio el usuario debe estar asegurado por una compañía de seguros legalmente constituida para cubrir todos sus riesgos” (cdno. 1, fls. 163-164).
f) Dictamen elaborado por un ingeniero electrónico, decretado a instancia de las partes, en el que expone un amplio fundamento teórico acerca de los “sistemas de alarma”, transmisión de señales, “central de alarmas o monitoreo”, operatividad y otros temas, advirtiendo que el experto no examinó la infraestructura que en su momento tuvo instalada “Telesentinel” en la bodega donde se produjo el siniestro, porque fue retirada, y solo pudo consultar documentos que aquella le proporcionó, atinentes al plano de instalación, el contrato de prestación del servicio, informe de “eventos de monitoreo” al que antes se hizo mención. En el acápite de consideraciones se indica, que “[n]o existe material probatorio sobre características técnicas de los demás dispositivos utilizados con dicha instalación del sistema de seguridad de alarma”, y como hipótesis principal acerca de que no se hubiera generado algún tipo de señal de alarma, ante el acaecimiento del aludido suceso, plantea “(…) que el sensor infrarrojo de largo alcance, ubicado en esta zona 13 no estaba en funcionamiento, es decir, estaba dañado o desactivado para el momento de los hechos, claro está que si hubiere sido esto último, este evento podría haber presentado alguna señal que habría sido monitoreada desde la central de alarmas de la empresa Telesentinel Ltda.”, y agrega “que para que dicho evento no fuera monitoreado, es decir, captado por la central de alarmas (…), debió inicialmente haber una falla en el sensor infrarrojo de largo alcance de la zona 13, ubicado en el mezanine, motivo por el cual se pudo efectuar la intrusión por el techo del mismo sector, (…), sin presentarse ningún tipo de señal de alarma”; igualmente comenta que la falla “pudo haber sido de tipología electrónica intrínseca del dispositivo o por enmascaramiento del mismo, es decir, y como figura en el reporte documental del dictamen, por manipulación de cubrimiento con algún tipo de material para impedir el efecto de radiación infrarroja, y así la actuación del elemento electrónico, y por ende, su adecuado funcionamiento” (cdno. 1, fls. 169-259).
g) El declarante Octavio Tovar Medina, trabajador de “Molinos Florhuila S.A.”, quien acudió al lugar donde se presentaron los hechos el día que se detectó el ilícito, respecto de lo que él directamente apreció, manifestó que “[e]l panel estaba abierto y había sido manipulado y le habían sustraído elementos internos” (cdno. 1, fls. 265-268).
h) Testimonio de Sen Alonso Mora Morales, jefe de servicio al cliente de “Telesentinel”, acerca del documento sobre “detalle de eventos”, explicó que “[p]artiendo de la señal de activación del día 17 de febrero de 200, día sábado, efectivamente el sistema estaba enviando señales como lo demuestra la copia del detalle a las 16:35 horas, en cuanto a las activaciones y desactivaciones debo aclarar que estas obedecen únicamente a la rutina y/o manejo dado por los usuarios con sus claves y que son de su conocimiento, en cuanto a movimientos o cualquier otro tipo de señal de alarma obedece a que como o dije anteriormente y así también fue comprobado por el administrador o gerente de Flor Huila, el panel central de la alarma que se puede denominar como el cerebro del mismo fue violentado, o vandalizado incluyendo los medios de transmisión, ante esta situación no podría enviar ningún tipo de señal a nuestro centro de control y sin señal no podría darse alguna atención, por lo anterior es claro que en la copia del detalle no se registra señal diferente a la activación de la hora y fechas mencionadas hasta el día 19 de febrero de 2007”, y en otra respuesta dijo que “[l]as señales recibidas en el centro de control y efectivamente enviadas desde el panel de alarma obedecen exclusivamente a la activación y desactivación del sistema de alarma por parte de un usuario y dado el caso que se envíe una señal de alarma al centro de control depende única y exclusivamente del buen estado de los medios de transmisión con lo cual se concluye que los protocolos de servicio aplicados por los operadores de medios tecnológicos del centro de control obedecen cuando se reciben señales de alarma en el mismo” (cdno. 1, fls. 153-156).
A su vez, el Decreto 2649 de 1993 relativo a la reglamentación de la contabilidad, como también de los principios y normas contables generalmente aceptados en Colombia, en el precepto 123 establece, que “(…) los hechos económicos deben documentarse mediante soportes, de origen interno o externo, debidamente fechados y autorizados por quienes intervengan en ellos o los elaboren. — Los soportes deben adherirse a los comprobantes de contabilidad respectivos o, dejando constancia en estos de tal circunstancia, conservarse archivados en orden cronológico y de tal manera que sea posible su verificación. — Los soportes pueden conservarse en el idioma en el cual se hayan otorgado, así como ser utilizados para registrar las operaciones en los libros auxiliares o de detalle”.
Lo anterior permite señalar, que para el caso el “comprobante de egreso” aportado, pudo tener como soporte la “solicitud de indemnización” suscrita por el representante legal de “Molinos Florhuila S.A.”, al igual que el informe preparado por la empresa ajustadora “Organización Noguera Camacho”, y en virtud de cumplir con lo previsto en las reseñadas normas, cabe predicar su idoneidad para efectuar en los libros de contabilidad de la aseguradora, el asiento de la operación contable a que el primero de los instrumentos se refiere, esto es, la salida de dinero de la empresa, mas no a fin de otorgar plena certeza de que se hizo efectivo el “pago de la obligación indemnizatoria”, con el alcance requerido para tener por surtido el requisito establecido por la jurisprudencia de la Sala en punto de la procedencia de la subrogación prevista por el artículo 1096 del estatuto mercantil, que se concreta en la existencia de “un pago válido en virtud del (…) convenio”, lo cual supone, además de probar que se efectúa de conformidad con las estipulaciones del contrato de seguro, acreditar que el mismo se realiza a la persona legitimada para recibirlo, esto es, en principio al beneficiario del seguro, o en cualquier caso con ajuste a lo prevenido por el artículo 1634 del Código Civil, que a la letra reza: “Para que el pago sea válido, debe hacerse o al acreedor mismo (bajo cuyo nombre se entienden todos los que le hayan sucedido en el crédito aun a título singular), o a la persona que la ley o le juez autoricen a recibir por él, o a la persona diputada por el acreedor para el cobro. — El pago hecho de buena fe a la persona que estaba entonces en posesión del crédito, es válido, aunque después aparezca que el crédito no le pertenecía”.
En todo caso es de advertir que ni siquiera se acreditó dentro del proceso la existencia del respectivo “registro contable”, del “comprobante de egreso” con la atestación de llevarse la contabilidad en legal forma (CPC, inc. 1º, precepto 271), dado que en ese evento tales elementos de convicción, en principio habría que considerarlos plena prueba, al menos de la salida del dinero, de conformidad con el artículo 68 del Código de Comercio, pero en ese sentido la actividad probatoria también presenta deficiencias, por lo que la crítica apoyada en ese argumento, no es de recibo.
Y por el hecho de haber expresado la convocada en la réplica de la demanda, que el pago no le constaba, ello no representa inobservancia de las exigencias contempladas en el artículo 92 ejusdem, toda vez que esa manifestación es admisible, máxime cuando el hecho planteado por la actora no proviene de la accionada, sino que alude a relaciones de aquella con un tercero, pues al respecto en el punto décimo séptimo del escrito introductorio se asevera, que “la compañía Suramericana de Seguros S.A., previa evaluación de la reclamación y aplicación del correspondiente deducible, pagó a Molino Flor Huila S.A., el día 1º de junio de 2007, la correspondiente indemnización (…)”, es decir, que no involucra en ese acto a “Telesentinel Ltda.”, por lo que no subyace en esa situación procesal, un elemento de convicción que se hubiere preterido.
(…) si la vía indirecta escogida se encamina por la senda del error de derecho, exige (…), que el recurrente indique las normas de carácter probatorio (las que regulan la solicitud, decreto, práctica, contradicción y valoración de las pruebas) cuyo desconocimiento o violación fue el medio a través del cual incurrió el tribunal en la violación de normas sustanciales. Y no sólo eso, sino que debe explicar ‘en qué consiste la infracción’ (art. 374, in fine) de esas normas probatorias aducidas, lo que supone la proposición de la recta inteligencia de la norma de esa estirpe y la demostración de cómo el tribunal la dejó de aplicar, la empleó indebidamente o la interpretó en forma equivocada, hipótesis que corresponden a los otrora denominados ‘conceptos de violación’, y que en el ámbito del derecho común se establecieron, y aún hoy así se erigen, en las únicas formas como puede ser transgredida la ley por parte del sentenciador.
Así mismo, esta corporación en Sentencia CSJ SC, 14 oct. 2010, rad. 2002-00024-01, expuso que el error de derecho:
‘(…), apunta al aspecto normativo de las probanzas y se presenta en el momento de la contemplación jurídica de las mismas, es decir, cuando luego de darlas por materialmente existentes en el proceso, se pasa a ponderarlas a la luz de los preceptos que regulan su valoración, quedando excluida toda controversia en cuanto a su aspecto físico o material, pudiendo surgir el desacierto por transgredir el debido respeto al postulado del contradictorio, en las fases de aducción e incorporación de los elementos de juicio, ora porque se entra a contrariar al legislador acerca de su mérito o eficacia probatoria (…) ‘se presenta en síntesis cuando la sentencia exige, para demostrar un acto o un hecho, una prueba especial que la ley no reclama; o cuando viendo la prueba en su exacta dimensión no le atribuye a ella el mérito que la ley le asigna para demostrarlo; o, en fin, cuando se lo niega por estimar que el medio fue ilegalmente producido cuando así no sucedió’.
b) Con relación a la desestimación del valor probatorio del “comprobante de egreso”, en consideración a que provenía de la misma parte actora, sin que obrare impresa la “firma o sello atribuibles a la entidad beneficiaria de ese desembolso”, estima la impugnante que se equivoca el juzgador, porque da a entender que “la única prueba válida es la que provenga del tercero asegurado (…) [en la que reconozca] haber recibido el pago”, por lo que desconoce el aludido postulado consagrado en el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil.
c) De otra parte, en razón a que en los cuestionamientos se denuncia el desconocimiento de normas sobre aspectos probatorios relativos a los “libros y documentos contables”, se torna pertinente precisar, que no obstante que de conformidad con el precepto 51 del Código de Comercio, el aludido “comprobante de egreso” es “parte integrante de la contabilidad”, y que al tenor del artículo 68 ibídem, “[l]os libros y papeles de comercio constituirán plena prueba en las cuestiones mercantiles que los comerciantes debatan entre sí, judicial o extrajudicialmente”, es evidente que para la verificación del concepto que se resalta, además del asiento de la respectiva partida en los libros y de que estos se llevan con ajuste a las prescripciones legales (arts. 51 y 70 ibíd.), necesariamente ha de examinarse el <contenido material> de tales elementos de juicio, para determinar si mediante su aducción el aporte satisface la carga probatoria que la ley le impone.