Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-689-17.htm
Timestamp: 2018-10-17 18:13:47
Document Index: 45890385

Matched Legal Cases: ['artículo 1119', 'artículo 243', 'artículo 2349', 'artículo 2349', 'artículo 1119', 'artículo 1119', 'artículo 243']

C-689-17
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, prevista por los artículos 40.6, 241.4 y 242.1 de la Constitución, los ciudadanos Álvaro Villabona Bravo y Arnulfo Ferreira Gualdrón demandaron la expresión “sirvientes” contenida en el artículo 1119 de la Ley 57 de 1887 (Código Civil) por considerar que vulnera los artículos 1, 2, 5, 13 y 17 de la Constitución Política[1].
1. Mediante auto del 17 de abril de 2017[2], la entonces Magistrada sustanciadora María Victoria Calle Correa admitió la demanda y ordenó comunicar el inicio del proceso al señor Presidente de la República, al señor Presidente del Congreso de la República, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Superintendente de Notariado y Registro, a la Unión Colegiada del Notariado Colombiano, a la Defensoría del Pueblo, al Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Sabana, al Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Surcolombiana de Neiva y al Director de la organización nacional Dejusticia.
7. La Directora de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia y del Derecho intervino para solicitar que se declare “la existencia de cosa juzgada constitucional absoluta”, toda vez que el aparte normativo demandado fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-190 del 29 de marzo de 2017. Agrega que en este caso se cumple con la exigencia prevista en el artículo 243 de la Constitución, en el sentido de que “a la fecha no se haya efectuado modificación alguna “de la norma constitucional en la que se apoyó [esa Corporación] para retirar el texto normativo del ordenamiento jurídico”.[3]
8. El jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de Notariado y Registro se pronunció para apoyar la postura de la demandante; en esa medida, solicita se declare inexequible la expresión demandada y que para el efecto se aplique el mismo criterio que en su momento dio lugar a que en la sentencia C-1235 de 2005 la Corte declarara la inexequibilidad de las expresiones “amo”, “criado” y “sirviente” contenidas en el artículo 2349 del Código Civil y las sustituyera por las de “empleadores” y “trabajadores”. Para el interviniente, si bien es cierto que el artículo 2349 del Código Civil tiene un contenido y alcance diferente al del artículo 1119, en todo caso es “análogamente comparable”. Al efecto advierte que se debe tener en cuenta que la norma demandada se refiere al sirviente asalariado, por lo cual aunque de esa manera “el término no parece ser demasiado agresivo”, en todo caso “en el contexto actual no existen relaciones formales de servidumbre, y además se encuentra proscrito tal tipo de relaciones, sin embargo la figura del empleador y trabajador sí es una figura compatible con el contexto contemporáneo de las relaciones jurídicas y sociales, por lo tanto libre de la carga peyorativa u opresiva que puede traer el término “sirviente”.[4]
9. La Universidad de La Sabana–, por conducto de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, intervino en el sentido solicitar la declaratoria de inexequibilidad de la expresión demandada, a efectos de lo cual pide a la Corte que se pronuncie “a través de una sentencia modulada de sustitución, conservando el contenido normativo en el cual se encuentra inserta la expresión “sirvientes”, pero bajo el entendido que en adelante será sustituida por “trabajadores del servicio doméstico”. En concepto de la interviniente, “la expresión “sirviente” tiene un carácter peyorativo, despreciativo, humillante, despectivo, ofensivo", aspecto sobre el cual , señala, la Corte Constitucional se ha pronunciado en otros casos, por lo que considera que dicha expresión, para el caso de la norma demandada, debe referirse al “trabajador del servicio doméstico”, término utilizado por las normas sustantivas laborales vigentes pues corresponden a “vocablos acordes con la dignidad de la persona humana”[5].
10. El Procurador General de la Nación, mediante Concepto 6328 del 9 de junio de 2017[6], solicita a la Corte “declarar la existencia de la cosa juzgada constitucional material y, por tanto, ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-1235 de 2005. Como consecuencia de lo anterior, declarar INEXEQUIBLE la expresión “sirvientes”, contenida en el artículo 1119 del Código Civil, y SUSTITUIRLA por la de “trabajadores””.
15. La Corte Constitucional tiene establecido que en materia de control de constitucionalidad opera el fenómeno de Cosa Juzgada, que impide volver a pronunciarse sobre un asunto ya decidido y por lo tanto debe estarse a lo resuelto en la sentencia anterior. Esta institución jurídico procesal encuentra cabida en el procedimiento de constitucionalidad en atención a la necesidad de garantizar la seguridad jurídica y proteger la confianza y la buena fe de los destinatarios de decisiones previamente proferidas por la Corte, al tiempo que se defiende la autonomía judicial en tanto que se conjura la posibilidad de reabrir debates ya resueltos por el juez competente[7].
16. La aplicación del fenómeno de la cosa juzgada en los procesos de control de constitucionalidad también encuentra justificación en el artículo 243 Superior, conforme al cual ninguna autoridad puede reproducir el contenido material de una norma declarada inconstitucional, pues esta decisión es definitiva, de obligatorio cumplimiento y tiene efecto erga omnes[8], con lo cual se reconoce “el carácter inmutable de las sentencias de la Corte Constitucional”[9], mandato exceptuado por la Corte Constitucional en los casos en los cuales las disposiciones constitutivas del parámetro de constitucionalidad ya no se encuentren vigentes o hubieren sido modificadas.[10]
17. Si bien en la jurisprudencia de la Corte se encuentra que la cosa juzgada puede presentarse en diversas modalidades, incluso combinables entre sí[11]: cosa juzgada formal y cosa material[12], cosa juzgada absoluta y cosa juzgada relativa[13], lo cierto es que de lo que se trata es de advertir la imposibilidad que se tiene de efectuar un nuevo estudio respecto de disposiciones frente a las cuales se adoptó previamente una decisión definitiva de constitucionalidad, para lo cual, en cualquier caso, deben concurrir los siguientes dos requisitos: “(i) que se proponga estudiar el mismo contenido normativo de la misma proposición normativa, ya estudiada en una sentencia anterior; y (ii) que se proponga dicho estudio por las mismas razones (esto incluye el referente constitucional o norma presuntamente vulnerada), ya estudiadas en una sentencia anterior”[14].