Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=654075
Timestamp: 2019-05-21 05:30:34
Document Index: 175321354

Matched Legal Cases: ['artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 127', 'artículo 7', 'artículo 127', 'artículo 133', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 4']

APROBACIÓN DE ENMIENDAS A CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE BÚSQUEDA Y SALVAMENTO MARÍTIMOS
CONVENIO SOBRE SEGURIDAD DE VIDA HUMANA EN EL MAR
ESTABLECIMIENTO DE SISTEMA DE FIRMA ELECTRÓNICA Y DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN
ERECCIÓN DE MONUMENTOS Y CREACIÓN DE MUSEO Y ARCHIVO DEL REVERENDO PADRE ANTONIO RONCHI
Sesión 22ª, en miércoles 9 de enero de 2002
(De 16:22 a 17:7)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR MARIO RÍOS, VICEPRESIDENTE
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite, que aprueba las enmiendas de 1998 al Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimos, de 1979 (2715-10) (se aprueba en general y particular)...........
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite, que aprueba diversas enmiendas al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, SOLAS, 1974 (2717-10) (se aprueba en general y particular)..........
Proyecto de ley, en segundo trámite, sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma (2571-19) (se aprueba en particular)...............................................................................
Proyecto de ley, en tercer trámite, que autoriza la construcción de monumentos y la creación del Museo y Archivo del Reverendo Padre Antonio Ronchi (2156-04) (se aprueba).................................................
Concurrió, además, el señor Subsecretario de Economía .
Se dan por aprobadas las acatas de las sesiones 18ª, ordinaria, en 18 de diciembre; 19ª, especial, y 20ª, ordinaria, en sus partes pública y secreta, ambas en 19 de diciembre, todas del 2001, que no han sido observadas.
Con el primero comunica que dio su aprobación al proyecto de ley relativo a la calificación de la producción cinematográfica, con urgencia calificada de "suma" (Boletín Nº 2.675-04). 4
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento solicitó a la Mesa el envío de este proyecto a las Comisiones de Constitución y de Educación, unidas, y a la de Hacienda, en su caso.
Con el segundo comunica que aprobó el proyecto de ley que declara feriado legal y regula los días de realización de censos oficiales, con urgencia calificada de "suma" (Boletín Nº 2.854-06).
Con el tercero comunica que aprobó el proyecto de ley, iniciado en moción del Senador señor Horvath, que autoriza la construcción de monumentos en Puerto Cisnes, Coihaique e Isla de Chiloé, y crea el Museo y Archivo en la Región de Aisén en memoria del Misionero de la Obra Don Guanella Reverendo Padre Antonio Ronchi, con las enmiendas que señala (Boletín Nº 2.156-04).
Con el cuarto y el quinto comunica que dio su aprobación, en los mismos términos en que lo hizo el Senado, a los siguientes asuntos:
1.- Proyecto de ley, iniciado en moción del Senador señor Moreno, que concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena al religioso señor Antonio Casarin Manzán (Boletín Nº 2.412-07), y
2.- Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Bombal, Parra, Ríos, Silva y Urenda, que concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena al señor Juan Bautista Lucarini Strani (Boletín Nº 2.451-07).
--Se toma conocimiento y se manda comunicar los proyectos a Su Excelencia el Presidente de la República.
Del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social , con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, referido a la situación de las personas en edad de jubilar.
Del señor Ministro de Vivienda y Urbanismo y de Bienes Nacionales, mediante el cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Lagos, relativo a problemas que enfrenta el grupo de familias que componen el Comité Parceleros Piedras Blancas, de Alto Hospicio, Iquique, Primera Región .
De los Senadores señores Díez, Hamilton, Silva, Viera-Gallo y Zurita, por medio de la cual solicitan el acuerdo de la Sala con el objeto de que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, durante el primer trámite reglamentario, informe tanto en general como en particular, conforme a lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 36 del Reglamento, los siguientes proyectos de ley:
1.- El que crea y regula el Ministerio Público Judicial (Boletín Nº 2.849-07);
2.- El que establece el sistema de jueces de turno y de dedicación exclusiva en materia penal e introduce modificaciones a la tramitación de la segunda instancia en materia penal, con urgencia calificada de "simple" (Boletín Nº 2.850-07);
3.- El que crea el Registro Nacional de ADN (Boletín Nº 2.851-07), y
4.- El que crea nuevas salas en las Cortes de Apelaciones de Santiago, San Miguel, Valparaíso y Concepción, con urgencia calificada de "simple" (Boletín Nº 2.852-07).
De la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, mediante la cual señala que, conforme a lo dispuesto en el artículo 36, inciso final, del Reglamento, acordó proponer al Senado el archivo del proyecto que establece el reconocimiento de la educación parvularia en la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (Boletín Nº 2.183-04).
Agrega que cabe tener en consideración que, respecto de la materia que regula la iniciativa mencionada, recientemente fue dictada la ley Nº 19.634.
Finalmente, advierte que en todo caso, por encontrarse el proyecto en segundo trámite constitucional, el archivo deberá contar con el acuerdo previo de la Cámara de Diputados.
--Se accede al archivo solicitado, previo acuerdo de la Cámara de Diputados.
Informe complementario de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaído en las mociones, en primer trámite, de los Senadores señores Chadwick, Díez, Larraín y Romero y de los Honorables señores Bitar, Hamilton, Silva y Viera-Gallo, con las que inician sendos proyectos que introducen diversas reformas a la Carta Fundamental (Boletines Nºs. 2.526-07 y 2.534-07).
Segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite, sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma, con urgencia calificada de "suma" (Boletín Nº 2.571-19). (Este proyecto cuenta con un certificado del señor Secretario de la Comisión de Hacienda relativo a los acuerdos adoptados por ella en relación con la iniciativa).
Sobre la Cuenta, pido la palabra.
Antes de otorgar la palabra a Sus Señorías, debo hacer presente que, por equivocación de la Mesa, el proyecto que deroga disposiciones de las leyes sobre Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local y de Tránsito y concede amnistía por contravenciones basadas en pruebas provenientes de equipos de registro de infracciones (fotorradares y otros) fue tramitado a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (ayer se dio cuenta de su inclusión en la convocatoria a la actual Legislatura Extraordinaria). Sin embargo, analizando la materia con más detenimiento, concluimos que ella compete claramente a la de Transportes y Telecomunicaciones.
Por consiguiente, solicito el asentimiento de la Sala para traspasar dicha iniciativa a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
Señor Presidente , le ruego recabar el asentimiento de la Sala para los efectos de que la Comisión de Defensa Nacional discuta en general y particular un proyecto muy simple, que queremos despachar antes de que finalice enero. Consta de dos artículos y de ningún modo se justifica la elaboración de dos informes.
Hago esta petición al amparo del artículo 36 del Reglamento.
¿A cuál proyecto se refiere, Su Señoría?
Al que cambia las denominaciones de algunos grados en el Ejército, para volver a las tradicionales: "Teniente General" por "General de Ejército", "Mayor General" por "General de División" y "Brigadier General" por "General de Brigada".
¿Y podremos presentar indicaciones?
Por supuesto, Su Señoría.
La ley en proyecto viene con completo acuerdo del Ministerio de Defensa, que nos solicitó concretarla antes de que se efectúe la transmisión de mando en el Ejército.
Reitero que se trata de una iniciativa muy simple. Como señalé, tiene dos artículos. Y con la discusión general y particular a la vez nos ahorraremos un trámite. Después podremos realizar el debate en la Sala, formular indicaciones, etcétera.
En definitiva, se busca evitar un trámite.
Si le parece al Senado, se accederá a lo solicitado por el Honorable señor Gazmuri.
Entiendo que sólo se trata de acelerar la tramitación.
Por supuesto. No se pretende la aprobación del proyecto: sin informe y sin el debate respectivo en la Comisión, ello es imposible.
Tengo, Honorable señor Fernández , un liviano pero suficiente conocimiento reglamentario como para no pedir la aprobación de un proyecto que no cuenta con informe alguno.
¡A pesar de que no fui constituyente como Su Señoría, por lo menos manejo esos elementos rudimentarios del Reglamento del Senado...!
El Honorable señor Gazmuri solicitó autorizar a la Comisión de Defensa para que discuta la iniciativa en general y particular a la vez en el primer informe.
¿Habría acuerdo para aprobar esa solicitud?
Señor Presidente , el Senado recibió hoy el segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma. Ese informe se incorporó en la Cuenta de esta sesión, donde también figura un certificado de la Comisión de Hacienda, órgano que hoy analizó y aprobó la iniciativa.
Como el proyecto tiene urgencia calificada de "suma" y todos los acuerdos fueron adoptados por unanimidad en la Comisión de Constitución, con el visto bueno de los Ministerios correspondientes, pido a la Sala agregarlo a la tabla de hoy, en tercer lugar.
Los Comités estudiaron esa alternativa y hubo unanimidad para tratar el proyecto hoy sin informe escrito.
Si le parece a la Sala, se procederá en la forma indicada.
A los efectos del estudio de la referida iniciativa, se solicitó autorización para que ingrese a la Sala el Subsecretario de Economía, señor Álvaro Díaz.
Pido la palabra sobre la Cuenta, señor Presidente.
Señor Presidente , respecto del proyecto -tal vez sencillo, pero significativo-, aprobado por la Cámara de Diputados, que autoriza la construcción de monumentos en Puerto Cisnes, Coyhaique e Isla de Chiloé en memoria del padre Antonio Ronchi, solicito agregarlo en la tabla de hoy. Es de fácil despacho; las enmiendas son mínimas.
Si le parece a la Sala, se incorporará dicha iniciativa en el Orden del Día, pero entendiendo que si éste concluye y no ha sido posible debatirla, quedará pendiente para otra sesión.
Señor Presidente , ayer no estaba en la Sala cuando se dieron a conocer los acuerdos de Comités. Entonces, ¿podría la Mesa recordar qué ocurrirá el martes y miércoles de la próxima semana en materia de proyectos y votaciones?
Nada, señor Senador. Sólo habrá que tratar lo que reglamentariamente corresponda. Hasta el momento, se encuentra para tabla el informe complementario recaído en el proyecto atinente a reformas constitucionales,...
A eso me estaba refiriendo.
...que desde mi punto de vista, no habiendo otra iniciativa en esa condición, comenzará a discutirse...
...el martes próximo.
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba las enmiendas de 1998 al Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimos, de 1979, adoptadas por el Comité de Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional, mediante la Resolución MSC. 70 (69), de 18 de mayo de 1998, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2715-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 16ª, en 14 de noviembre de 2001.
Relaciones Exteriores, sesión 21ª, en 8 de enero de 2002
El principal objetivo del instrumento internacional cuya aprobación se propone es introducir diversas enmiendas al Anexo del Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimos. Dichas enmiendas tienen por finalidad dar mejor cumplimiento a los objetivos del referido Convenio, el que, a su vez, tiene como postulado principal la cooperación entre los gobiernos y las personas que participan en estas operaciones en el mar, mediante el establecimiento de un plan internacional de búsqueda y salvamento.
La iniciativa se encuentra informada por la Comisión de Relaciones Exteriores, que propone a la Sala, por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Martínez, Romero y Valdés), que el proyecto de acuerdo sea aprobado en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados.
Cabe señalar que, por tratarse de un proyecto de artículo único y de conformidad con lo prescrito en el artículo 127 del Reglamento, la Comisión de Relaciones Exteriores propone al señor Presidente su discusión en general y particular a la vez.
Tiene la palabra el Honorable señor Romero, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores.
Señor Presidente, los dos proyectos de la tabla de hoy se refieren a materias conexas.
El primero de ellos -tal como señaló el señor Presidente - aprueba las enmiendas de 1998 al Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimos, de 1979, adoptadas por el Comité de Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional, mediante la Resolución MSC. 70 (69), de 18 de mayo de 1998.
Dichas enmiendas, que se encuentran en vigor internacional desde el 1º de enero del año 2000, se refieren a modificaciones al Anexo de ese instrumento internacional y son de carácter netamente técnico, pues incorporan y compatibilizan los criterios operacionales y especializados que se usan actualmente en las actividades de búsqueda y salvamento marítimos.
Tales modificaciones tienen por finalidad dar mejor cumplimiento a los objetivos del Convenio de 1979, el que, a su vez, tiene como postulado principal la cooperación entre los gobiernos y entre las personas que participan en estas operaciones en el mar, mediante el establecimiento de un plan internacional de búsqueda y salvamento.
Entre las materias abordadas por las referidas enmiendas se destacan la adopción de medidas por los Estados partes para crear servicios de búsqueda y salvamento en sus aguas costeras y formar centros coordinadores de las operaciones de salvamento; las operaciones de búsqueda y salvamento, que deberán prolongarse hasta que quede esperanza razonable de encontrar supervivientes; y los sistemas de notificación para buques que las Partes podrán establecer cuando lo estimen necesario, sea en forma individual o en colaboración con otros Estados, a fin de facilitar las referidas operaciones.
Este proyecto de acuerdo fue aprobado en general y particular en la Comisión por la unanimidad de los miembros presentes.
Señor Presidente , deseo formular una pregunta respecto a la coordinación -se refirió a ella el señor Senador informante - que debe haber con el Servicio de Búsqueda y Salvamento que atiende la Fuerza Aérea de Chile, conforme lo establece el artículo 7º de la ley Nº 16.752, que fija la organización y funciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Entiendo que el Convenio en análisis exige esa coordinación y determina una serie de normas que debe cumplir la referida Dirección.
Pregunto, entonces, si se llevó a cabo la coordinación, tanto más cuanto que eventualmente se requerirán diversas modificaciones en ese Servicio en materia, por ejemplo, de nuevas tecnologías, de centros extras a lo largo de Chile, según lo demanda este instrumento internacional, en fin.
Señor Presidente , el Convenio obliga a una coordinación entre los enlaces aéreos y marítimos en cuanto a ese tipo de salvamento. Por ende, sin entrar en consideraciones técnicas, que desconozco, puedo señalar que la obligatoriedad de la coordinación aéreo-marítima se encuentra establecida.
Mi pregunta apunta, señor Senador , a determinar si eso se hizo con la Dirección General de Aeronáutica Civil. Porque a lo mejor podrían necesitarse modificaciones que impliquen presupuestos extras.
El tema es importante desde el punto de vista tecnológico.
No me es factible responder con exactitud al señor Senador. Pero sí puedo afirmar con propiedad que la coordinación se halla establecida y que necesariamente deberá efectuarse.
Desconozco los detalles sobre si se hicieron o no las consultas del caso. Por lo tanto, no puedo precisar al respecto.
Una alternativa es que el Senador señor Vega analice el punto con el señor Presidente de la Comisión y votemos el proyecto dentro de un par de minutos.
Señor Presidente , sólo quiero dejar establecido, para la historia de la ley, que el Convenio puede implicar costos en aquel aspecto. Y ello, a los efectos de que, cuando se efectúen las coordinaciones indispensables, las enmiendas puedan solicitarse formalmente por las instancias políticas correspondientes.
Señor Presidente , sugiero que, con el objeto de recoger el planteamiento del Senador señor Vega , se haga llegar el texto de este debate al organismo pertinente de la Armada, que en este caso es la Dirección del Territorio Marítimo y de Marina Mercante.
Repito: este Convenio obliga a que haya una coordinación. Por lo tanto, sobre la base de esta observación, más un informe que remitiremos mediante oficio a dicha entidad -el cual puedo solicitar como Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores-, el planteamiento del Senador señor Vega podrá ser considerado por la Dirección del Territorio Marítimo y de Marina Mercante.
--Se aprueba en general y particular el proyecto de acuerdo y queda despachado en este trámite.
Solicito autorización para que las Comisiones de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social, unidas, sesionen simultáneamente con la Sala, a partir de las 17, con el objeto de abocarse al análisis de la iniciativa relacionada con los multifondos, la que debemos despachar en el curso de ésta y de la próxima semana.
Corresponde ocuparse en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba diversas enmiendas al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, SOLAS 1974, adoptadas por el Comité de Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional (OMI) y por la Conferencia de los Gobiernos Contratantes del referido Convenio, para cuyo estudio se cuenta con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2717-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
El principal objetivo de las resoluciones cuya aprobación se propone es introducir diversas enmiendas al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, SOLAS 1974, considerando los cambios y avances tecnológicos que ha experimentado la industria marítima.
La Comisión de Relaciones Exteriores propone a la Sala, por la unanimidad de sus miembros presentes -Honorables señores Martínez, Romero y Valdés-, la aprobación del proyecto de acuerdo en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
Finalmente, cabe señalar que, por tratarse de una iniciativa de artículo único, y en conformidad a lo prescrito en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, la Comisión propone al señor Presidente que el asunto sea discutido en general y particular a la vez.
Señor Presidente, este segundo proyecto de acuerdo sometido a la consideración de la Sala aprueba diversas enmiendas al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, denominado "SOLAS 1974", adoptadas por el Comité de Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional (OMI) y por la Conferencia de los Gobiernos Contratantes al referido Convenio.
Dicho instrumento internacional, relacionado con la seguridad de la vida humana en el mar y de la navegación, fue ratificado por Chile el 28 de marzo de 1980, y es el más importante Convenio de la Organización Marítima Internacional.
Teniendo en consideración los cambios y los avances tecnológicos que experimenta la industria marítima, el mencionado instrumento internacional está siendo modificado continuamente. Por ello, es indispensable su actualización a nivel nacional. En efecto, ya en 1995 el Honorable Congreso aprobó catorce enmiendas al Convenio, sus Protocolos de 1978 y de 1988, y dos al primero de éstos.
Dentro de ese contexto se enmarcan las actuales modificaciones sujetas a aprobación legislativa, las que también tienen un carácter eminentemente técnico y cuyo propósito fundamental obedece a la permanente necesidad de adecuarlas a los sucesivos avances tecnológicos, con el objeto de resguardar la seguridad y la vida de las personas en el mar y de proteger el medio ambiente marino.
Cabe destacar que en la actualidad todas las enmiendas expuestas se encuentran internacionalmente en vigor, por lo que los países que han ratificado el Convenio en comento y sus modificaciones están en situación de exigir su cumplimiento a las naves de cualquier bandera que recale en sus puertos.
En el caso de Chile, todos los buques de servicio exterior y gran parte de los de cabotaje cumplen con los requerimientos planteados por el referido instrumento internacional, incluidas las enmiendas en trámite. De modo que no se afectarán los intereses de los armadores nacionales. El respeto y el cumplimiento de los convenios en el concierto marítimo internacional desde luego que fortalece la imagen del país.
Sometida a votación, la iniciativa en análisis fue aprobada en general y particular por la unanimidad de los miembros presentes en la Comisión.
Conforme a lo acordado, corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma, con segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2571-19) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 1ª, en 5 de junio de 2001.
Constitución, sesión 16ª, en 31 de julio de 2001.
Constitución (segundo), sesión 22ª, en 9 de enero de 2002.
Sesión 21ª, en 8 de agosto de 2001 (se aprueba en general).
Se encuentra autorizado para ingresar a la Sala el Subsecretario de Economía, señor Álvaro Díaz.
Tal como se acordó, el Presidente de la Comisión rendirá un informe verbal del proyecto.
El señor Secretario hará la relación.
Cabe señalar que el Ejecutivo hizo presente la urgencia para el despacho de la iniciativa calificándola de "suma", y fue aprobada en general en la sesión celebrada el 8 de agosto del año pasado.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento deja constancia en su informe, para los efectos reglamentarios, de que no hubo artículos del proyecto que no fueran objeto de indicaciones ni de modificaciones.
En dicho documento se enuncian las indicaciones aprobadas, las acogidas con enmiendas, las rechazadas, las retiradas y la que fue declarada inadmisible.
Además, se consignan en él las modificaciones introducidas al proyecto aprobado en general, todas las cuales fueron acordadas por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Constitución.
En consecuencia, conforme al inciso sexto del artículo 133 del Reglamento, tales enmiendas deben ser votadas sin debate, salvo que algún señor Senador solicite discutir la proposición del referido órgano técnico respecto de alguna de ellas o que exista una indicación renovada.
Por su parte, la Comisión de Hacienda, una vez que analizó la disposiciones de su competencia, aprobó el artículo transitorio por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señora Matthei y señores Foxley y Prat) y, en consecuencia, despachó la iniciativa en los mismos términos en que lo hizo la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
La Secretaría ha elaborado un boletín comparado, dividido en tres columnas. En la primera se consigna el proyecto aprobado en general; en la segunda, las modificaciones propuestas por las Comisiones informantes, y en la tercera, el texto final.
Por último, cabe hacer presente que, según el informe de la Comisión de Constitución, los artículos 6º, 7º, 8º, 9º, 10 y 19 revisten el carácter de normas orgánicas constitucionales, requiriendo para su aprobación del voto conforme de 27 señores Senadores.
Tiene la palabra el Honorable señor Díez, quien rendirá un informe verbal.
Deseo explicar brevemente al Senado en qué consiste este segundo informe.
La Comisión que presido somete a la consideración de la Sala su segundo informe relacionado con esta iniciativa, en la que trabajamos en estrecha armonía con los Ministerios de Economía, Fomento y Reconstrucción y de Justicia.
Como resultado de ese estudio, proponemos diversas modificaciones al proyecto aprobado en general por la Sala, que corresponde, más o menos, al despachado por la Cámara de Diputados. Me permito destacar que -y ésta ha sido la regla general en la labor de la Comisión- todas ellas han sido aprobadas por unanimidad. Estos cambios mantienen la estructura de la iniciativa legal, tanto en su aspecto formal como en su contenido.
Sin perjuicio de lo anterior, estimamos que la mejoran, al simplificar algunos aspectos y al efectuar ajustes en otros. Según entendemos, esta opinión es ampliamente compartida por el Ejecutivo y por los sectores de la actividad económica que han manifestado su interés en el proyecto.
Simplificamos el sistema de certificación de las firmas electrónicas; conservamos la posibilidad de que actúen como certificadores entidades acreditadas ante la Subsecretaría de Economía o que no lo estén, pero restringimos la certificación de firma electrónica avanzada a los prestadores acreditados.
Simplificamos, también, la confusa regulación del valor probatorio de los documentos electrónicos, que contenía diversas reglas. El proyecto que proponemos dispone, con mucha claridad, que los documentos electrónicos que tengan la calidad de instrumento público deben suscribirse mediante firma electrónica avanzada, y hacen plena prueba. Este mismo efecto se extiende a los instrumentos privados que sean suscritos mediante firma electrónica avanzada. Si estuvieren suscritos con firma electrónica simple, se sujetarán a las reglas generales de los instrumentos privados.
Simplificamos, además, las reglas sobre obligaciones de los prestadores de servicios de firma electrónica, contenidas en dos artículos que refundimos.
Hicimos ajustes especialmente en cuanto a la oportunidad en que surtirá efecto el término de la vigencia de un certificado de firma electrónica. Para proteger a los usuarios, nos pareció indispensable consignar que la extinción de ese certificado será inoponible a terceros mientras no sea eliminado del registro de acceso público que mantendrá el respectivo prestador del servicio.
Asimismo, adecuamos las normas relativas al procedimiento a que deberán sujetarse la Subsecretaría de Economía para resolver una solicitud de acreditación, y el interesado para deducir reclamación en contra de la resolución de dicha Subsecretaría que deje sin efecto su acreditación, a las reglas previstas en el proyecto de ley sobre bases de procedimientos administrativos, ya despachado por la Comisión.
Por último, ampliamos el ámbito de aplicación del cuerpo legal en estudio a todos los órganos públicos, y no sólo a aquellos que integran la Administración del Estado, como planteaba el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados. Estimamos ilógico excluir ambas ramas del Congreso Nacional, el Poder Judicial , el Ministerio Público, el Tribunal Calificador de Elecciones y tantos otros organismos autónomos, de la aplicación de una tecnología que la realidad demuestra que será cada vez más indispensable.
Resulta enteramente justificado el interés de quienes se ocupan de las actividades económicas de nuestro país en agilizar el despacho de la iniciativa. Pero no podemos olvidar, en la era del llamado "gobierno electrónico", a las instituciones públicas distintas de la Administración, y no sólo por los actos propios del cumplimiento de sus labores, sino también por los actos y contratos que necesariamente deben celebrar para su funcionamiento en conformidad a la legislación civil y comercial.
En síntesis, la Comisión que presido recomienda por unanimidad aprobar las modificaciones contenidas en el informe, las cuales, según se expresó allí, cuentan con el visto bueno del Poder Ejecutivo .
¿Me concede una breve interrupción, Honorable colega?
Con todo gusto, con la venia de la Mesa.
Señor Presidente , sólo deseo informar que la Comisión de Hacienda se reunió esta mañana para analizar el aspecto financiero -por lo demás, muy menor- del proyecto. Se trataba de autorizar la asignación de algo más de 12 millones de pesos, en los años 2002 y 2003, en el presupuesto de la Subsecretaría de Economía, que será la entidad acreditadora para los prestadores del servicio de certificación de firma electrónica. El punto se discutió en dicho órgano técnico y se aprobó por unanimidad.
Señor Presidente , la normativa en debate reviste enorme importancia y, al mismo tiempo, gran dificultad práctica para adecuar las normas tradicionales del Derecho Civil y del Derecho Comercial a la realidad nueva de la revolución tecnológica.
A mi juicio, el punto crucial de la iniciativa está dado por el valor probatorio de la firma electrónica y de los documentos que a través de ella se suscriban, lo que se resuelve en los artículos 3º y siguientes del texto propuesto.
En esta materia, primó la idea de simplificar al máximo las disposiciones de la futura ley, evitándose por ello incluir una completa regulación de la firma y los documentos electrónicos, optando en cambio por establecer normas muy particulares relativas a la firma electrónica, sus incompatibilidades, requisitos especiales en ciertos casos y su valor probatorio.
Se siguió así uno de los criterios posibles, acaso el más utilizado por la legislación comparada. Cabe señalar, sin embargo, que algunas naciones han optado por una legislación muy comprensiva, atendida la mayor inseguridad de estos medios (más susceptibles de fraude que el papel) y el menor conocimiento que de éstos tienen los usuarios.
El artículo 3º no fue objeto de modificaciones sustantivas, sino más bien formales, respecto del proveniente de la Cámara de Diputados.
En términos generales, el inciso primero de dicho precepto establece la equivalencia de la firma electrónica con aquella estampada en soporte de papel. Agrega que en ambos casos los actos y contratos se reputarán como escritos. Es decir, hace una analogía entre documento electrónico y documento de papel.
El inciso segundo, por su parte, contempla tres excepciones, bastante obvias, para actos o contratos sujetos a solemnidades especiales, que requieran comparecencia personal o que se refieran al derecho de familia. Se trata de una disposición muy simple pero trascendental, ya que en la práctica es la que posibilita el uso de la firma electrónica.
El artículo 4º fue incorporado durante el trámite del proyecto en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, y resulta importante pues cumple dos objetivos principales.
En primer término, clarifica que a través de este medio será factible suscribir instrumentos públicos, cuestión que podía motivar alguna duda. Además, en otras disposiciones se extendió el uso de la firma electrónica a los actos tanto del Poder Judicial como del Parlamento.
En segundo lugar, en atención a la relevancia de los instrumentos públicos, se exige como requisito adicional que en este caso la firma electrónica sea avanzada, o sea, aquella certificada por los prestadores señalados en la normativa.
La firma electrónica avanzada garantiza en mejor forma la autenticidad de un documento, tema extremadamente debatido a nivel internacional.
El precepto mencionado permite, de algún modo, salvaguardar la fe pública involucrada en este tipo de documentos requiriendo la autenticación de la firma electrónica por medios más exigentes.
Tal como señalé en la discusión general del proyecto, esta materia es fundamental. Con relación a ella, a pesar de que sigo manteniendo algunas reservas, creo que la Comisión encontró una solución mucho mejor que la consignada en el primer informe. Habría preferido un procedimiento más estricto, si no para todos los casos, al menos para aquellos de mayor trascendencia jurídica como el que examinamos. Sin embargo, en aras de un expedito trámite del proyecto y, esencialmente, de la masificación del uso de estas técnicas, concuerdo en que de esta manera se ha logrado una fórmula que resguarda, aunque sea en forma mínima, la fe pública involucrada.
El artículo 5º constituye una versión simplificada del artículo 4º original, al suprimirse varias de las reglas contenidas en él, las que quedaron reducidas sólo a dos: la primera otorga valor probatorio pleno a los instrumentos públicos suscritos mediante firma electrónica avanzada, los cuales, dada su naturaleza, obviamente requieren la actuación de algún funcionario público o la presencia de un notario; la segunda establece idéntico efecto para aquellos instrumentos privados suscritos de aquel modo y contempla una norma residual que deja los restantes casos sujetos a las reglas generales.
Cabe señalar que lo anterior no encuentra aceptación universal en la doctrina comparada. Por ejemplo, durante la discusión de la actual ley francesa sobre la materia, en el año 2000, se suscitó sobre el punto una controversia jurídica acerca de la conveniencia de la norma en comento.
Algunos consideraron que el hecho de otorgar valor privilegiado a la firma electrónica desmerecería los documentos públicos y en particular la actividad notarial; que eventualmente implicaría una disminución de los documentos públicos o auténticos, lo que se estimaba perjudicial, atendido que el mérito y certeza que la legislación les asigna contribuye notablemente a la resolución de determinados litigios y a la certidumbre y autenticidad de los mismos.
Probablemente la exigencia legal de ciertos documentos auténticos impedirá que se produzca una notoria disminución de éstos, aunque ciertamente lo anterior podría producirse respecto de aquellos documentos privados que hoy son protocolizados o autentificados para mayor seguridad de los contratantes. Es un aspecto importante de considerar y seguramente deberá ser evaluado en el futuro, fundamentalmente, en cuanto a la incidencia de estas normas en el funcionamiento de los tribunales.
Del mismo modo, cabría analizar posteriormente la forma de compatibilizar la actividad notarial con este tipo de instrumentos, atendido que hay casos en que el rol de los entes certificadores es francamente contradictorio con la posibilidad de la suscripción electrónica, por ejemplo, en cuanto no les sea factible certificar la identidad de los contratantes por encontrarse en lugares muy distantes. ¿Podrían, por ejemplo, respecto de un mismo documento, cumplir esta función dos notarios ubicados en territorios geográficos diversos? ¿Podrían darla por acreditada con el solo mérito de los certificadores que así lo establecieran?
Estamos entrando en un terreno nuevo, lleno de incertidumbre jurídica, y ello ocurre no sólo en Chile, sino en todo el mundo. Recientemente, estuve en un congreso en Francia sobre el tema de la adecuación del Derecho al mundo electrónico y, precisamente, uno de los puntos que dieron lugar a mayor controversia -a pesar de que en muchos países hay legislación sobre esta materia- fue el de la firma electrónica.
En último término, por más que el legislador dicte ciertas normas de carácter general en esta materia, los que tendrán que decidir respecto de los posibles litigios y controversias son los tribunales. Y, en mi opinión, el Parlamento habrá de recoger la experiencia de éstos, la jurisprudencia que se dé, para que esto, que es el futuro -porque no cabe duda: el futuro no es el sistema escrito, sino el electrónico-, certificando la identidad de quien suscribe el documento y la autenticidad del mismo, pueda contar con el mismo grado de certidumbre, de certeza jurídica que la modalidad que ha subsistido por tanto tiempo (en algunos países por siglos), el sistema escrito. Pero hoy, con el desarrollo actual de la ciencia jurídica y de las nuevas tecnologías no estamos en condiciones de llegar a una solución definitiva.
Por último, quiero señalar que, en nuestro caso, a diferencia del caso francés, no introdujimos modificaciones al Código Civil ni al Código de Comercio en esta materia, y que, por tanto, los tribunales tendrán que ver en cada caso cómo se compatibiliza, con algunas salvedades, la norma general de la iniciativa, que hace aplicables al documento electrónico las disposiciones generales del documento escrito, con el valor jurisprudencial, ya muy tradicional, de las normas interpretativas del Código Civil y del Código de Comercio.
Si le parece a la Sala, se aprobará en particular el proyecto, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional exigido, de que concurrieron con su voto favorable 30 señores Senadores.
--Se aprueba, y queda despachado el proyecto en este trámite.
Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, iniciado en moción del Senador señor Horvath, que autoriza la construcción de monumentos en Puerto Cisnes, Coyhaique y en la Isla de Chiloé, y crea el Museo y Archivo en la Región de Aisén, en memoria del Misionero de la Obra Don Guanella, Reverendo Padre Antonio Ronchi.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2156-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción del señor Horvath).
En primer trámite, sesión 3ª, en 31 de marzo de 1998.
En tercer trámite, sesión 22ª, en 9 de enero de 2002.
Educación, sesión 17ª, en 21 de julio de 1999.
Sesiones 18ª, en 3 de agosto (queda para segunda discusión); 19ª, en 4 de agosto de 1999 (vuelve a Comisión para nuevo informe, junto con proyecto 2157-04); 27ª, en 1 de septiembre de 1999 (se aprueba en general y particular).
Se ha agregado a la tabla el proyecto de ley enunciado por el señor Presidente.
La Honorable Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional, efectuó una serie de modificaciones al texto despachado por el Senado. La Secretaría ha elaborado un texto comparado de dos columnas que consignan el proyecto despachado por el Senado y las enmiendas que propone la Cámara de Diputados.
En discusión las modificaciones de la Cámara de Diputados.
Señor Presidente , seré muy breve porque no quiero volver a señalar los méritos, que pesan por sí mismos, del misionero Padre Antonio Ronchi Berra , cuya actividad en Chiloé, Aisén , Magallanes e, incluso, en la Patagonia argentina ha tenido una influencia que dura hasta hoy.
Debo destacar la feliz coincidencia de que se encuentra en las tribunas el alcalde de Puerto Ingeniero Ibáñez, el primero que, respondiendo a una iniciativa de la comunidad, erigió un monumento en honor de este misionero.
Las enmiendas propuestas por la Cámara de Diputados son muy sencillas. Originalmente, la Comisión Especial iba a estar integrada por diez miembros ad honorem encargados de cumplir los objetivos de la iniciativa en debate. La otra rama del Congreso los aumentó a once, al considerar dos Senadores y dos Diputados, lo cual nos parece positivo por cuanto los monumentos se crean tanto en la Décima como en la Undécima Regiones, por lo cual resulta conveniente que haya Parlamentarios y representantes de nuestra Región vecina.
Por lo anterior, más los antecedentes que incluye el informe, solicito a la Sala la aprobación del proyecto.
Si le parece a la Sala, se aprobarán las enmiendas propuestas por la Cámara de Diputados.
--Se aprueban, y queda despachado el proyecto en este trámite.
Al señor Ministro del Interior, respecto de RECURSOS DESTINADOS A CARABINEROS, INVESTIGACIONES Y SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS PARA COMBATE DE TRÁFICO DE DROGAS.
Al señor Director Nacional de Aduanas acerca de DESTINACIÓN A SEGUNDA REGIÓN DE MATERIAL MODERNO PARA PREVENCIÓN DE TRÁFICO DE DROGAS.
Al señor Ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción, en lo concerniente a CORTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALTO COSTO DE LA MISMA EN SAN PEDRO DE ATACAMA (SEGUNDA REGIÓN).
Al señor Ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción, en cuanto a VALOR DEL AGUA, CORTES EN SUMINISTRO DE LA MISMA Y FALTA DE REGULACIÓN EN COBROS EN SAN PEDRO DE ATACAMA (SEGUNDA REGIÓN).
Al señor Director Nacional de la Policía de Investigaciones de Chile y al señor Contralor Regional de la Segunda Región, sobre CONDUCTA DE POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE EN FISCALIZACIÓN DE CIUDADANOS CHILENOS Y BOLIVIANOS EN TRASLADOS DESDE SAN PEDRO DE ATACAMA A PASO FRONTERIZO HITO CAJÓN (SEGUNDA REGIÓN).
A la señora Presidenta del Consejo de Defensa del Estado, al señor Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos y al señor Contralor Regional de Antofagasta , en lo concerniente a POSIBLES IRREGULARIDADES DE EMPRESA DE TURISMO EN SAN PEDRO DE ATACAMA (Segunda Región).
Al señor Ministro de Obras Públicas , en cuanto a CONCESIÓN DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE VARIOS RÍOS EN COMUNA DE COCHAMÓ (DÉCIMA REGIÓN).
Los Comités UDI e Independientes, Renovación Nacional e Independiente, Institucionales 1, Socialista, Institucionales 2, Mixto y Demócrata Cristiano no harán uso de su tiempo.
Habiéndose cumplido el objetivo de la presente sesión, se levanta.
--Se levantó a las 17:7.