Source: https://merchantadventurer.wordpress.com/2016/11/22/de-la-claridad-exigida-en-el-orden-del-dia-y-otras-cuestiones-de-interes/
Timestamp: 2019-07-21 18:00:29
Document Index: 4066745

Matched Legal Cases: ['artículo 287', 'artículo 363', 'artículo 323', 'artículo 198', 'artículo 365', 'artículo 367']

De la claridad exigida en el orden del día y otras cuestiones de interés | Mercantilista sin ánimo de lucro
« Contradicciones entre el acta notarial y la escritura que eleva a público los acuerdos de la junta
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De la claridad exigida en el orden del día y otras cuestiones de interés
La RDGN de 26 de octubre de 2016 (BOE 22-11) plantea una serie de cuestiones de interés relacionadas con una convocatoria de una junta general en la que se adoptan una serie de acuerdos: «la compensación para paliar pérdidas, de la cuenta del balance “Otras aportaciones de socios”»; «la aprobación del balance y reducción del capital social a (0,00€) para compensar pérdidas», y «la ampliación del capital social en la suma de veintinueve mil quinientos euros (29.500 €) mediante la creación de dos mil novecientas cincuenta nuevas participaciones…». A la junta asistieron los dos únicos socios de la sociedad, si bien los acuerdos se adoptaron con el voto favorable de uno solo de ellos, titular de participaciones sociales que representan el 66,66% del capital social.
Advertimos de entrada que la DGRN estima el recurso, que había sido presentado ante la calificación negativa originada por dos defectos (aunque bastaría la primera frase para explicar de qué se trata, prefiero poner el razonamiento completo):
1.«No consta con la debida claridad en la convocatoria de la junta los extremos en que va a consistir los acuerdos adoptados. El orden del día “Reducción de Capital Social para compensar pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores” y “Ampliación de Capital Social según establece la LSC”, no satisface suficientemente la exigencia claridad preceptuada por el artículo 287 LSC. En el caso de reducción de capital a cero se requiere una mayor precisión en los anuncios de la convocatoria de la Junta en el sentido de determinar el alcance de la reducción del capital propuesta, debido a los radicales efectos que produce en los socios antiguos una reducción de capital a cero, que de no ejercer su derecho de suscripción preferente de las nuevas participaciones emitidas, perderían su condición de socio, tal y como ha ocurrido en el presente caso. Por ello es necesario que ello se haga constar de forma expresa en el orden del día de la Junta la reducción de capital “a cero”, no siendo suficiente la expresión únicamente de “reducción del capital social para compensar pérdidas de ejercicios anteriores “ sin más especificaciones, y lo mismo ocurre en relación a la ampliación del capital social».
2 «Tras la operación acordeón efectuada para restablecer el equilibrio patrimonial, la Sociedad sigue incursa en causa de disolución, de conformidad con el artículo 363 LSC, a no ser que se efectúe la ampliación de capital en cuantía suficiente para enervar la citada causa de disolución».
Prescindo, por no extenderme demasiado, de las referencias a una junta posterior que ratifica los acuerdos, aunque ese es un tema que también se menciona y que probablemente merecería una atención específica.
La DGRN realiza una serie de consideraciones generales sobre los requisitos de validez de acuerdo de una junta (competencia, mayoría, válida constitución, orden del día …) y entra en el detalle concreto que se discute, la claridad exigida por el 287 sobre los aspectos quedeben modificarse.
[…]El alcance de dicha exigencia ha sido objeto de diversas interpretaciones sobre el sentido, tanto de la claridad exigible como de la precisión sobre los extremos sujetos a modificación, lo que ha dado lugar a un casuismo jurisprudencial muy ajustado al supuesto concreto […].
Por otra parte, no es suficiente afirmar que determinado supuesto incurre en falta de claridad para mantener la nulidad de la convocatoria y por ende, de los acuerdos adoptados. Es preciso analizar el supuesto de hecho concreto para poder concluir si una determinada convocatoria, en atención a su contenido y a las circunstancias en que se ha producido, se ha llevado a cabo con violación de los derechos individuales del socio. En este orden de cosas, es igualmente doctrina consolidada de esta Dirección General que deben distinguirse aquellos supuestos en los que la violación de la previsión legal conlleva indefectiblemente la nulidad de los acuerdos adoptados de aquellos otros en los que, al no existir perjuicio posible para socios o terceros, no procede la sanción de nulidad.
Esta Dirección General ha afirmado que, debido a los efectos devastadores de la nulidad, los defectos meramente formales pueden orillarse siempre que por su escasa relevancia no comprometan los derechos individuales del accionista o socio (Resolución de 8 de febrero de 2012). Desde este punto de vista se ha impuesto en casos concretos la consideración de que es preciso mantener los actos jurídicos que no sean patentemente nulos a fin de proteger la necesidad de que el tráfico jurídico fluya sin presiones formales injustificadas y la idea de que debe evitarse la reiteración de trámites que, sin aportar mayores garantías, dificultan y gravan el normal funcionamiento de las empresas (vid. Resoluciones de 2 y 3 de agosto de 1993, 26 de julio de 2005, 29 de noviembre de 2012, 6 de febrero y 29 de septiembre de 2015 y 2 de septiembre de 2016). Siempre partiendo de la base de que los derechos individuales del accionista no sufran una merma, en condiciones tales que puedan considerarse postergados, ni resulte de forma indiscutible que los socios minoritarios hayan considerado sus derechos individuales violados, situaciones éstas que impiden cualquier consideración relativa a una interpretación flexible que se aleje de la rigurosa tradicional del Centro Directivo (Resolución 20 de mayo de 2013). […]
Se completan las referencias a la doctrina previa de la DGRN y a la jurisprudencia del TS con una serie de consideraciones referidas al nuevo régimen de impugnación de acuerdos establecido por la reforma de la LSC por la Ley 31/2014 y en concreto se hace mención expresa del nuevo 204 y del 206.5: «5. No podrá alegar defectos de forma en el proceso de adopción del acuerdo quien habiendo tenido ocasión de denunciarlos en el momento oportuno, no lo hubiera hecho»
A la luz de las consideraciones anteriores y en atención a las particulares circunstancias del presente supuesto, respecto del primero de los defectos que reitera el registrador, es evidente que el inicial anuncio de convocatoria carece de la debida claridad que le exige el ordenamiento por cuanto la omisión de un dato esencial, como es el hecho de que la reducción del capital social fuera total, afectaba decisivamente a la posición jurídica del socio y le privaba de la información necesaria para ejercer sus derechos de forma adecuada.
Ahora bien y como ha quedado suficientemente motivado no basta con llevar a cabo semejante afirmación, pues es preciso determinar si según las circunstancias del supuesto concreto, la falta de claridad de la convocatoria ha derivado en una violación de la situación jurídica del socio disidente que justifique un reproche de nulidad (vid., entre otras, la Resolución de 6 de febrero de 2015). Resulta del supuesto de hecho que da lugar a este expediente, tal y como consta en los documentos calificados, que el socio disidente asistió a la junta general que aprobó el acuerdo; que del informe de auditor (que la propia Ley hace obligatorio en la operación de reducción por pérdidas, previa al aumento de capital –artículo 323–) y del informe del administrador resulta con toda claridad que dada la situación económica de la sociedad se articula una solución que pasa por reducir el capital a cero y aumentarlo a continuación en la cantidad indicada; y, por ello, de la documentación puesta a disposición del socio disidente resulta la estrategia social para salir de la situación en la que se encuentra en términos totalmente coincidentes con los acuerdos adoptados con posterioridad, de suerte que tuvo en su poder con anterioridad a la junta de socios la información necesaria para poder emitir su voto de acuerdo a la mejor defensa de sus intereses en la sociedad, sin que dicho socio se opusiera a la válida celebración de la junta ni se reservara su derecho a impugnar por tal causa los acuerdos adoptados. Resultaría del todo punto desproporcionado considerar inválida la convocatoria y por ende los acuerdos sociales adoptados cuando del expediente resulta que el socio disidente conoció –o pudo conocer con antelación suficiente– con exactitud el concreto alcance y efectos de la modificación estatutaria propuesta y de las consecuencias económicas y societarias que de las mismas pudieran resultarle.
La DGRN se refiere también al tema de la segunda junta que como hemos advertido será objeto de tratamiento diferenciado en otra ocasión.
En lo referido al segundo defecto, se resuelve en una breve consideración:
Por último, respecto del segundo de los defectos expresados en la calificación impugnada […], es cierto que el citado precepto legal, en su apartado 1.e) establece que la sociedad deberá disolverse por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso, disolución que requerirá acuerdo de la junta general adoptado con la mayoría ordinaria establecida para las sociedades de responsabilidad limitada en el artículo 198, y con el quórum de constitución y las mayorías establecidas para las sociedades anónimas en los artículos 193 y 201, regulando el artículo 365 el deber por parte de los administradores de instar tal convocatoria.
Es evidente que no se trata de una causa de disolución automática, sino que debe ser acordada en junta general, en los términos que también contemplan los artículos 365 y siguientes de la LSC, si es que no se optó por alguna otra de las alternativas que prevé el precepto transcrito, por lo que el defecto invocado por el registrador no puede ser mantenido, pues otras son las consecuencias que legalmente se derivan de su existencia, pero en modo alguno aparecen en la legislación mercantil como determinantes de un posible cierre registral. Y ello sin olvidar que el artículo 367.1 de la misma Ley prevé que responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución los administradores que incumplan la obligación de convocar en el plazo de dos meses la junta general para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución, así como los administradores que no soliciten la disolución judicial o, si procediere, el concurso de la sociedad, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución.
This entry was posted on 22 noviembre 2016 at 11:54 am and is filed under RDGRN, Sociedades.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.