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Timestamp: 2018-04-24 02:41:04
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Matched Legal Cases: ['artículo 18', 'artículo 10', 'artículo 30', 'artículo 32', 'artículo 6', 'artículo 1', 'artículo 1']

violencia | Pablo Gómez
Dice el artículo 18 del proyecto: “En ningún caso, las Acciones de Seguridad Interior que lleven a cabo las Fuerzas Armadas se considerarán o tendrán la condición de seguridad pública”. Esto quiere decir que las funciones de policía que desempeñen los militares sólo serán tales en la realidad, pero nunca según la ley. Todas las disposiciones vinculadas con la seguridad pública, incluyendo las relacionadas con detenidos y el uso de la fuerza, quedarían sin aplicación para los militares.
Para una mayor claridad, en el artículo 10 se dice que “la materia de Seguridad Interior queda excluida de lo dispuesto en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo”, en la cual se encuentran reglas de la función pública y derechos de las personas, empezando por el de petición.
El artículo 30 permite a los militares llevar a cabo funciones de inteligencia de carácter civil. Además, señala que, “al realizar” tales tareas, las fuerzas federales (policía) y las fuerzas armadas “podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información”, lo cual permitiría, por ejemplo, solicitar directamente, sin el Ministerio Público, la intervención de comunicaciones o llevar a cabo interrogatorios. La cuestión se redondea cuando el artículo 32 señala que “en materia de Seguridad Interior, las autoridades federales y los órganos autónomos (!) deberán proporcionar la información que les requieran las autoridades que intervengan en los términos de la presente Ley”. Esas otras “autoridades” son los comandantes (así llamados) de las operaciones de seguridad interior, militares nombrados por el presidente de la República a quien deben rendir sus informes, de acuerdo con el proyecto de ley. Con esto, tales jefes podrían ordenar, por ejemplo, que se les entregue información de seguridad nacional (CISEN), fiscal, bancaria, ministerial, electoral (listados de electores e identificación de los mismos) y cualesquiera otras que requieran para sus “tareas de inteligencia”. Lo anterior se aplica también a las entidades federativas, bajo las figuras llamadas “deberes de colaboración”.
En cambio, el proyecto de ley declara que la información sobre “seguridad interior” queda protegida como si fuera de Seguridad Nacional, con lo cual, la deja durante años fuera del sistema de transparencia.
El proyecto habla de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior (siempre prorrogable y que puede ser innecesaria en situaciones “de grave peligro”), emitida por el presidente de la República, por sí o a petición de las entidades federativas. Además, se señala en el artículo 6 que “las autoridades federales incluyendo a las Fuerzas Armadas… implementarán sin necesidad de Declaratoria… políticas, programas y acciones para identificar, prevenir y atender oportunamente… los riesgos contemplados en la Agenda Nacional de Riesgos…”. Con esto, la nueva ley estaría en aplicación de manera permanente, en el colmo de la flexibilidad normativa, es decir, bajo la discrecionalidad total.
“La seguridad interior –dice el proyecto– es la condición que proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional…”. Es decir, el concepto no sólo abarca al Estado sino a todo lo relacionado con el país: su “desarrollo”. Esa sería una ley sin límites.
Lo que se quiere es que esta ley sea la “carta de garantías” exigida por los generales y almirantes, quizá no todos, pero al menos el alto mando.
Mas, por lo pronto, el punto de partida de cualquier cambio sería que no se extienda esa pretendida “carta de garantías”.
Por otro lado, el proyecto de Ley de Seguridad Interior pretende hacer un fraude a la Constitución porque, siendo que el Congreso tiene facultad para legislar en materia de Seguridad Nacional (art.73. XXIX-M), carece de facultad para “… regular la función del Estado (Federación, entidades federativas y municipios) para preservar la Seguridad Interior, así como establecer las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre los Poderes de la Unión, las entidades federativas y los municipios, en la materia”, como lo pretende el proyecto de marras en su artículo 1. Por tanto, el contenido general de la pretendida ley es inconstitucional debido a la ausencia de facultades del Congreso en esa materia, la cual, por lo demás, ni siquiera existe como tal. Lo anterior, no obstante que en ese mismo artículo 1 se diga que “las disposiciones de la presente Ley son materia de Seguridad Nacional”, lo que evidentemente no es verdad, pues se trata de seguridad pública.
Los asesinatos contra periodistas y líderes de derechos humanos, hombres y mujeres, que se han cometido con tanta frecuencia en los últimos años, siguen por lo regular en la impunidad, quizá por encima del 90 por ciento. Mas las autoridades tampoco explican el posible móvil concreto de cada acción homicida ni a quienes en específico están buscando.
Esta entrada fue publicada en derechos, política, violencia el 18 mayo, 2017 por Pablo.
La propuesta de una nueva ley para las fuerzas armadas, denominada de “seguridad interior”, promovida por los secretarios de Defensa y Marina, se ha presentado en el momento en que coinciden dos hechos: la llamada guerra contra el narcotráfico ha fracasado y, como responsables de la decepción, aparecen las fuerzas armadas, a las cuales se les ordenó demoler la delincuencia organizada.
Se busca que en los trabajos de “inteligencia” se puedan aplicar todas las “medidas necesarias” y se quiere también que los militares retengan detenidos, hagan investigaciones y, en fin, asuman funciones que tienen a su cargo, en combinación, la policía, la PGR, Gobernación y los jueces.
Desde 1959, cuando se firmó un acuerdo de cooperación con Estados Unidos en materia de drogas, se metió al Ejército en la persecución de la producción de opio y marihuana, y se recibió ayuda de Estados Unidos en armamento y equipo. Luego vino la “Operación Cooperación” de 1969, (Díaz Ordaz) para evitar las medidas unilaterales de EU en los pasos fronterizos. Después, luego del convenio internacional sobre drogas, se adoptó la “Operación Cóndor” en 1971 (Echeverría), la cual llevó a su sucesor (López Portillo) a hacer declarar al secretario de Defensa, Félix Galván, en 1978, que el narcotráfico había sido “erradicado” en un 95%. Se había “ganado” la “guerra”, dijeron.
Ya desde los años 60 se denunciaban atropellos de tropas contra población rural, aunque al parecer no tan frecuentemente como ocurrió después, ni se conocieron ejecuciones extrajudiciales como la de Tlatlaya; sucesos como éste sólo se produjeron por motivos de represión política (guerra sucia). También se expidió la ley de pérdida de derechos agrarios de ejidatarios y comuneros (familias de ellos no importaban) que se dedicaran a la producción de estupefacientes, pero sin tocar a la “pequeña” propiedad. La actitud de las fuerzas encargadas de perseguir al narco siempre ha sido muy agresiva y trascendente. Al mismo tiempo, la corrupción no dejó fuera a ninguna corporación aunque sin duda en diferentes intensidades.
El debate sobre si la sociedad depende o no de los militares para acabar con la crisis de violencia en el país, creo que está resuelto a la luz del análisis de los últimos 55 años de narcotráfico en México. Hoy tenemos un problema mayor y una violencia mucho peor que hace dos lustros cuando la vieja “guerra” se volvió a declarar por parte de Felipe Calderón. Hacer discursos sobre el Ejercito y la Armada con halagos excesivos y un tanto ridículos, propios de una guerra internacional victoriosa, es por lo menos un desacierto. Pero la verdad está a la vista. Tenemos una “guerra” errónea porque enfrentar a la delincuencia organizada mediante una acción bélica no puede llevar a la victoria aunque tampoco hay una derrota. Sencilla, pero lamentablemente, tenemos una peor situación y a un alto costo en vidas, lesiones y angustias.
El hecho de que el diálogo se hubiera restaurado inmediatamente después de la matanza de Nochixtlán sólo indica que el gobierno no puede ocultar su responsabilidad por más investigaciones que simule realizar. Sin embargo, las negociaciones abiertas después de Nochixtlán parecen tener los mimos obstáculos que antes. La tesis peñista de que las leyes no se negocian es de origen diazordacista. La legislación es por excelencia el terreno de la negociación política. Lo que hay que cancelar es justamente el estereotipo de la evaluación. Nunca la enseñanza ha dependido de exámenes aplicados a profesores y a estudiantes. Por más que se hagan pruebas, la educación seguirá siendo buena, mala o regularcita. La nuestra es mala porque la escuela es autoritaria y, por tanto, los docentes y educandos no participan a plenitud en el proceso de enseñanza-aprendizaje o, bien, éste se encuentra escindido. Aurelio Nuño es el funcionario público que menos está dispuesto a tratar de entender esa realidad.
Esta entrada fue publicada en democracia, derechos, política, violencia el 4 agosto, 2016 por Pablo.
El cargo no ha sido como se había dicho el robo de libros de texto gratuitos, los cuales carecen de valor comercial. Esa acusación era demasiado débil por no decir ridícula. Se habla ahora de decenas de millones de pesos supuestamente “lavados”. Pero para que hayan operaciones con recursos de procedencia ilícita lo primero es acreditar la existencia de un delito anterior, el cual nunca ha sido denunciado y mucho menos perseguido. Lo que estamos viendo es lo de siempre: investigaciones falsas motivadas por instrucciones de gobierno, jueces de consigna, justicia corrompida por el poder político.
A Demetrio Vallejo y sus compañeros los acusaron en 1959 de disolución social, un delito directamente político. Él estuvo en la cárcel unos doce años por haber dirigido una huelga. Antes se usaba el Código Penal en defensa declarada de la “seguridad” del Estado. Ahora se utiliza el prosaico “lavado de dinero” como instrumento político para sacar de circulación a ciertas personas.
El encarcelamiento de Elba Esther Gordillo ha sido semejante por el uso de esa técnica pero con una gran diferencia: ella tiene una larga trayectoria delictiva, la cual siempre fue parte de la manera de operar el sindicalismo “charro”, es decir, de Estado. Lo mismo ocurrió en 1989 con Hernández Galicia, “La Quina”, a quien le plantaron en su casa cajas de armas e incluso un cadáver. Pero tanto la profesora como el líder petrolero eran parte de una estructura de Estado dentro de la cual se estaban produciendo traiciones o deslealtades, al final reprimidas con la misma ilegalidad con la cual se habían sostenido esos liderazgos. Por tal motivo, después de sus encarcelamientos, no sucedió nada relevante más que el encumbramiento de otros líderes de la misma familia política mafiosa pero ya docilitados.
La CNTE es una organización independiente y democrática en la cual existe militancia sindical de base, participación efectiva de sus miembros. Además, está en lucha. Encarcelar a dirigentes mediante inventos judiciales es un acto de represión política, como fue el caso de Vallejo y los ferrocarrileros, no es un ajuste personal de cuentas dentro del Estado corrupto como los casos de “La Quina” y Gordillo.
La lesión que se inflige a la sociedad es evidente porque se reprime la libertad política, la crítica, la movilización ciudadana. El secretario de Educación habla como bravero de barrio y es un golpeador de Peña Nieto. En el momento más complicado de la lucha de la CNTE se aprovecha la situación para, por fin, utilizar la prisión como factor político después de que el funcionario más cercano del presidente de la República, Aurelio Nuño, ya había condicionado el diálogo a una renuncia de la CNTE a sus demandas. Eso quiere decir que el oficialismo declara imposible toda interlocución con adversarios ya que ésa sólo tiene sentido cuando el tema es la divergencia de posiciones, no es una plática de amigos sino una confrontación de ideas y una búsqueda de acuerdos entre discrepantes. Con esto, el gobierno de Peña ha oficializado con absoluto cinismo la renuencia a discutir con opositores y el uso de la prisión como lenguaje político. Se repite el binomio Díaz Ordaz-Echeverría.
Esta entrada fue publicada en derechos, política, violencia el 16 junio, 2016 por Pablo.
Ayotzinapa: responsabilidades
En la entrevista concedida por Enrique Peña Nieto a Rosa Elvira Vargas del diario La Jornada (23.05.16) se plantea una duda de imposible comprensión. Dice el presidente: “No he logrado entender cuándo pasó el gobierno a ser culpable” por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal y, habría que agregar, por el homicidio de seis personas aquella trágica noche en Iguala.
Lo que no se puede entender es la duda sencillamente porque no tendría que existir, crece de motivo. El gobierno federal es autoridad en todo el país, es deber suyo dar garantías a las personas para que éstas ejerzan sus derechos y, por tanto, evitar que otras autoridades o individuos las lesionen o les impidan algo en forma indebida. En Iguala existe una estación de la Policía Federal y todo un batallón del Ejército Mexicano. ¿Qué más fuerza se necesitaría para evitar un tiroteo de más de una hora y un levantón de las dimensiones de las de Iguala durante la noche del 26 de septiembre de 2015?
Nadie ha dicho que el gobierno federal es el único responsable. También lo fueron los gobiernos de Guerrero, de Iguala y de Cocula, por lo menos. Pero esos tres han encarado de alguna manera su responsabilidad. El gobernador renunció a su cargo por presión política. Los presidentes municipales de Iguala (PRD) y de Cocula (PRI) (este último cuando ya había terminado su gestión) fueron acusados de varios delitos y encarcelados. Un debate se produjo dentro del PRD y no sólo en los medios de comunicación cuando se señaló que Ángel Aguirre tenía responsabilidad política en la tragedia por el sólo hecho de que ésta no había sido un acontecimiento precisamente espontáneo sino que se inició con la salida de los estudiantes de Tixtla, su llegada a Iguala y el intento de abandono de esa ciudad, todo lo cual fue monitoreado por la autoridad de Guerrero o, si no lo fue, es peor, debió haberlo sido. No hay duda respecto de que Aguirre merece ser sometido a juicio político en su Estado.
Fuerzas federales monitorearon el viaje de los normalistas y estaban al tanto de lo que ocurría. Cuando empezaron los disparos por parte de la policía municipal contra los estudiantes de Ayotzinapa y se inició la hasta ahora inexplicada persecución de los autobuses en los que viajaban, las autoridades federales, tanto como las estatales y municipales, se encontraban al corriente de lo que estaba sucediendo. Hay una zona gris justamente en aquellos momentos en que unos estudiantes fueron aprehendidos mientras otros lograron escapar. Sobre esto nada se nos dice en forma precisa ni en la verdad histórica ni en la verdad declarada. La primera es la de Murillo Káram como procurador, la segunda es la creada con los testimonios de los policías de Iguala. Existe la increíble versión, implícita por lo demás, de que el omnipresente poder federal no asomaba en ese momento por ninguna parte.
Si los estudiantes que pudieron escapar de la cacería de la policía municipal fueron localizados por efectivos del Ejército antes de la medianoche –“¿ustedes son ayotzinapos?” les inquirieron los soldados–, ¿cómo es posible que éstos no supieran nada sobre el paradero de los estudiantes detenidos por la policía municipal? Los jóvenes que se dieron a la fuga han declarado que los militares recibieron reporte radial de un incidente en la carretera: era la agresión contra el equipo de futbol de los Avispones de Chilpancingo. Lo que se puede ver es que a los militares se les transmitía por radio lo que estaba ocurriendo en Iguala aquella noche. Pero, ¿dónde estaban en ese momento los estudiantes de Ayotzinapa detenidos? Al parecer desaparecieron de las comunicaciones policiales y del Ejército.
Pero hay algo más. Una parte de los presuntos victimarios son también presuntos delincuentes organizados, es decir, “perseguidos” por las autoridades federales desde tiempo atrás. Si la policía municipal estaba bajo el control de los narcos como todo indica, por otro lado en Iguala existe un fuerte destacamento militar que, por lo visto, nunca ha intentado poner orden. Esto tiene que ser explicado, como también la ocultada resolución de la PGR de fecha 31 de diciembre de 2010 de no ejercicio de la acción penal en favor de José Luis Abarca luego de una averiguación por denuncia anónima que duró seis meses.
La búsqueda de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa quedó a cargo de las autoridades federales luego de que la PGR atrajo a regañadientes el caso Iguala. Habría que recordar que el jefe de la seguridad pública federal, Osorio Chong, secretario de gobernación, había declarado que era en Guerrero donde debía arreglarse todo ese lío. Pues bien, las cosas resultaron tan duras y afrentosas que Peña Nieto tuvo que aceptar lo que era lógico, legal y necesario: hacerse cargo de la búsqueda de los estudiantes a quienes oficialmente había dejado de vigilar durante la noche del 26 de septiembre a pesar de que transitaban por carreteras federales.
Pues bien, el gobierno de Peña es, ha sido y seguirá siendo, mientras no se aclare todo, el responsable de decirnos qué ocurrió exactamente y por qué. Pero entonces nos tendrá que aclarar también su propio grado de responsabilidad en la tragedia de Iguala. Eso es lo que se busca eludir por supremos motivos políticos y acaso de defensa personal.
Esta entrada fue publicada en corrupción, derechos, drogas, política, violencia el 26 mayo, 2016 por Pablo.
Plan de trabajo legislativo de Pablo Gómez