Source: https://factinfop.blogspot.com/2015/12/es-legal-la-constitucion-espanola-de.html
Timestamp: 2018-04-23 00:05:42
Document Index: 228783543

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 28', 'artículo 3', 'Artículo 3', 'Artículo 1265', 'Artículo 1267', 'Artículo 1268', 'Artículo 1269', 'Artículo 2']

Entérate y debate : ¿Es legal la Constitución española de 1978?
Primer considerando. ¿Dónde está la legalidad primigenia? ¿La legalidadoriginal es republicana?
Como es sabido, en abril de 1931 se proclama la II República tras unos comicios municipales; el rey Alfonso XIII sale de España desmoronándose la monarquía, su gobierno y su Constitución. Unas elecciones que todos (o casi todos) interpretaron como plebiscitarias habían dado paso al nuevo régimen y a una nueva legalidad por disolución de la anterior, por el vacío de poder institucional creado por los resultados electorales. Un cambio de régimen revolucionario sí, pero sin que pueda interpretarse como una revolución contra la legalidad monárquica, precisamente por el abandono voluntario de sus representantes. Dos meses después, en junio, se celebran elecciones explícitamente convocadas para Cortes Constituyentes, y con ellas, la nueva legalidad se legitima en las urnas y se articulará con una nueva Constitución. Una Constitución legal y legitima; nodesobedecía ninguna Constitución anterior (porque simplemente había dejado de existir) y se redactó y aprobó respetando la voluntad de unas Cortes expresamente convocadas como constituyentes, legitimada por el cuerpo electoral. También se establecieron procedimientos para su reforma. En cualquier caso, tanto por su génesis como por sus principios inspiradores, la Constitución de 1931 era Constitución, era legal y era legítima. Por cierto y dicho de pasada, tras el inicialmente fracasado Golpe de Estado de Julio de 1936, el monarca destronado afirmó ser un “falangista de primera hora“. Conviene tener en cuenta estas declaraciones realizadas cuando ya se enfrentaban la Alemania nazi y la Italia fascista (el rey residía en Roma) con las democracias europeas. Años después, su nieto Juan Carlos no ocultaría su admiración por el Caudillo.
Pero ir de la ley a la ley (y asegurar así la impunidad y la inmunidad de los responsables de la dictadura y sus herederos), ¿no supuso en realidad ir de lailegalidad original del franquismo a una nueva ilegalidad? Sigamos frotando con el algodón y veamos cuánta porquería sale…
La pieza maestra del procedimiento para esta operación fue la Ley de Reforma Política, la última que tuvo el rango de Fundamental del Régimen y que se vendióexitosamente como una promesa de cambio radical y democrático, fruto de la victoria de los reformistas contra el búnker franquista. Todos los pasos siguientes, incluida la aprobación de la Constitución, remiten sin excepción a dicha Ley. El mismísimo Miguel Primo de Rivera, sobrino del fundador de la Falange, el procurador que defendió en Las Cortes franquistas la Ley para la Reforma Política, unos meses antes le decía a la periodista Pilar Urbano que “todo cambio debe hacerse partiendo de la constitucionalidad y dentro del Movimiento (…) porque otra cosa sería la conformación de un Estado diferente al que tenemos”. La Ley fue aprobada por el Gran Sanedrín del Régimen (Consejo Nacional de Movimiento) y por la Cortes. Lo tenían claro. No se hicieron ningún harakiri (como algunos nos quisieron hacer creer). Apoyaron mayoritariamente el proyecto que mejor les garantizaba su futuro colectivo, sin sobresaltos; mantener su status en la Familia, además de inmunidad e impunidad. Incluso algunos repetirían en el Congreso o en el Senado después de las elecciones. Naturalmente que si las leyes franquistas eran ilegales, las que derivaron de ellas y sin ruptura jurídica, también lo serán. Más algodón…
Es destacable el contenido de su Artículo 1.1, en una ley que no menciona en ningún lugar a los partidos políticos, pero sí establece las condiciones básicas del sistema que les convenía: “La democracia, en el Estado español se basa en la supremacía de la Ley, expresión de la voluntad soberana del pueblo”. Teniendo en cuenta que en aquel momento rigen plenamente las leyes franquistas, el término “democracia” no compromete nada ni a nadie; solo hay que recordar la “democracia orgánica” o la “democracia a la española”… Mucho dependería de los resultados de las elecciones; por este motivo había que amarrar muy bien todo el tinglado.
En el Artículo 2.3, el Rey se reserva el derecho de designar hasta una quinta parte de los senadores. Un refuerzo añadido… nunca está de más.
Por si acaso se perdía el control del proceso en algún momento, se podía recurrir al Artículo quinto: “El Rey podrá someter directamente al pueblo una opción política de interés nacional, sea o no de carácter constitucional, para que decida mediante referéndum, cuyos resultados se impondrán a todos los órganos del Estado. Si el objeto de la consulta se refiere a materia competencia de las Cortes y éstos no tomaran la decisión correspondiente de acuerdo con el resultado del referéndum, quedarán disueltas, procediéndose a la convocatoria de nuevas elecciones”. Y ya sabemos de las habilidades del franquismo con los referéndums… Precisamente, mediante un referéndum (debidamente controlado por el aparato franquista y con la oposición ilegal y silenciada) se ratificó la Ley de Reforma Política el 15 de diciembre de 1976. La legitimidad que buscaba el Régimen con esta apelación a las urnas no solo era tramposa, sino que en modo alguno corrige su ilegalidad, propia del franquismo. Las urnas no conceden per se“legalidad“.
Poco después, el 18 de marzo de 1977: Real Decreto-Ley sobre las normas electorales que regularán las elecciones del 15 de junio de 1977, por aplicación de la Ley para la Reforma Política que “atribuye al Gobierno la potestad de regular las primeras elecciones” a Cortes y por “la necesidad de adecuar (…) la democracia occidental a las peculiares circunstancias españolas de hoy”. Nos mantenemos en la ilegalidad. Es la clave de bóveda electoral, perfectamente estudiada, para garantizar “democráticamente” el poder de los Corleone en el futuro.
15 de abril de 1977. Real Decreto 679/1977 por el que se convocan elecciones generales a Cortes Españolas para el 15 de junio, todo según lo dispuesto en la Ley para la Reforma Política y el artículo 28 del Decreto-Ley sobre Normas Electorales del 18 de marzo, sin que conste en parte alguna del decreto explícitamente ningún supuesto constituyente. Los españoles votaron sin saber que lo hacían para hacer una Constitución, una reforma constitucional o para otra cosa, y sin conocer los planteamientos comprometidos por las diferentes fuerzas políticas en relación a estas eventualidades. Durante la elaboración constitucional en las Cortes se escamoteó cualquier posible intervención del supuesto “pueblo español soberano”. Se practicó el “lo tomas o lo dejas”. El encadenamiento de elementos de “ilegitimidad”, agravados por el control absoluto del Gobierno y del aparato de Estado franquistas, contamina plenamente la convocatoria y sus consecuencias jurídico-políticas. ¿Acaso los atracos son legales?
Cuando el 13 de julio de 1977, al constituirse las Cortes salidas de la votación el 15-J, los diputados y senadores renunciaron a denunciar al régimen franquista y a proclamar solemnemente la ruptura democrática, perdieron definitivamente la oportunidad de legitimarse y de legalizar el proceso subsiguiente. Solo estaban en condiciones de elaborar una nueva Ley Fundamental, neo-franquista y bajo control militar, a la que llamarían Constitución. Rubricaron la rendición y se sometieron expresamente diez días después, el 26 de julio de 1977, cuando el Pleno del Congreso de los Diputados, ejerciendo la iniciativa constitucional que le otorgaba el artículo 3º de la Ley para la Reforma Política (otra vez esta ley) aprueba una moción por la que se crea una Comisión Constitucional con el encargo de redactar un proyecto de Constitución. La desfachatez de UCD alcanzó el extremo de presentar a las Cortes para su aprobación un proyecto de Constitución realizado por el Gobierno. No prosperó, pero todo estaba atado. Otra vez de la ilegalidad a la ilegalidad. Se puede argumentar que no les quedó otra porque los militares no hubieran permitido desviaciones al respecto. Quizá sea así, pero en este caso se abre una segunda vía para identificar y reconocer la ilegalidad de la Constitución del 78 y sus instituciones. Lo veremos a continuación. Más algodón, y tila… Vayamos por partes.
Una vez aprobado por las Cortes el texto final, se convoca el referéndum constitucional para el 6 de diciembre de 1978 apelando una vez más a la legalidadde la Ley de Reforma Política de acuerdo a su Artículo 3.3.: “El Rey, antes de sancionar una Ley de reforma constitucional deberá someter el Proyecto a Referéndum de la Nación”. Obsérvese que se admite que es una “reforma constitucional”, una reforma de las Leyes Fundamentales del franquismo. Este detalle, desde el punto de vista técnico-jurídico, permitiría al Constitucional, en caso de “apuro”, interpretar la Constitución atendiendo a las leyes a las que reformó. No es un asunto menor… Y confirmado. El algodón sale hecho una porquería.
En la primera parte del artículo propusimos hacer la prueba del algodón al Régimen del 78 y su Constitución y ponerla en relación con la moción de “desconexión” aprobada hace poco por el Parlament de Catalunya. Tuvimos en cuenta la naturaleza de los antecedentes jurídicos y políticos de la Constitución del 78 que son la Leyes Fundamentales del franquismo. ¿El tinglado que montaron es legal?
En la segunda parte seguimos a los timoneles de la Transición que quisieron ir de la ley a la ley pasando por la ley, pero parece que fueron de ilegalidad en ilegalidad… y por partida doble.
Cuarto considerando. ¿No son nulos los contratos consentidos cuando haya habido violencia, intimidación o dolo?
Aceptando la íntima relación entre los conceptos de legalidad y legitimidad, y teniendo en cuenta la especificidad del origen de la Constitución de 1978, hay que cuestionar a quienes obvian de dónde provienen las constituciones, “de cómo nace este Estado” y que justifican su posición porque los consideran como “puros hechos que escapan a la consideración del jurista: (aquellos que no se interesan) por el derecho de su origen, sino tan solo por la ley de su funcionamiento” (Legalidad y legitimidad, Estudio y Notas, Luis Legaz Lacambra). Antes al contrario, entendemos que la Constitución de 1978 presenta en su origen elementos o déficits de ilegalidad, además de otros relacionados con su ilegitimidad. En este sentido, el Derecho Civil español (del mismo modo que lo hacen otros de su entorno próximo) reconoce la nulidad de los contratos (aunque sean) consentidos cuando haya habido “violencia”, “intimidación” o “dolo”:
– Artículo 1265. Será nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo.
– Artículo 1267. Hay violencia cuando para arrancar el consentimiento se emplea una fuerza irresistible. Hay intimidación cuando se inspira a uno de los contratantes el temor racional y fundado de sufrir un mal inminente y grave en su persona o bienes, o en la persona o bienes de su cónyuge, descendientes o ascendentes.
– Artículo 1268. La violencia o intimidación anularán la obligación, aunque se haya empleado por un tercero que no intervenga en el contrato.
– Artículo 1269. Hay dolo cuando, con palabras o maquinaciones insidiosas de parte de uno de los contratantes, es inducido el otro a celebrar un contrato que, sin ellas, no hubiera hecho.
El contrato más importante que gestionaron y firmaron los representantes de los españoles. y que éstos rubricaron mediante referéndum, fue la Constitución del 78. Por analogía, el origen de esta Ley Fundamental es ilegal. Hubo violencia, intimidación y dolo. Veámoslo.
Respecto de la violencia, hay que empezar con los atentados de grupos “incontrolados” de extrema derecha y paramilitares (en varios casos con demostradas conexiones con el aparato del Estado) contra personas y bienes que provocaron numerosas víctimas mortales y heridos; como mínimo están los cincuenta asesinatos que ha contabilizado Mariano Sánchez Soler en su La Transición sangrienta entre 1976 y 1982. El estado de terror causado por estas acciones violentas, casi nunca perseguidas por la justicia, buscaba presionar e intimidar a los líderes políticos, sindicales y sociales y a la propia población con su mensaje criminal. A este ambiente de violencia “incontrolada”, habría que añadir las detenciones y torturas que se siguieron practicando y las víctimas de las fuerzas de orden público en manifestaciones, actos políticos, conflictos sindicales y las producidas bajo custodia en dependencias policiales y penitenciarias. Sus efectos no podían dejar indiferentes ni a los ciudadanos en general ni a quienes desde la oposición democrática participaron en la elaboración de una Constitución bajo estas circunstancias.
Intimidación y dolo. Entra dentro de la lógica de sus objetivos que los ponentes de la Constitución de Alianza Popular (uno) y de UCD (tres) hayan negado casi siempre presiones o intimidaciones durante aquellos meses. Aún así, algo se escapaba: “Justo antes de la conclusión de los trabajos de la ponencia, dirigentes de la UCD comunicaron a Roca y a Solé Tura que no podían aguantar las presiones y que se veían obligados a retirar el término nacionalidades de la Constitución” (Molinero e Ysàs, p. 234). No hay que echar mucha imaginación para comprender de qué naturaleza eran las presiones. Por estas razones resultan más sorprendentes las declaraciones de Miguel Roca Junyent negando en muchas ocasiones la existencia de líneas rojas durante la redacción de la Constitución. Sin embargo, en La cuestión catalana de Molinero e Ysàs (pp. 234) se recoge un texto que contradice lo anterior a propósito del Artículo 2 de la Constitución, donde se mencionaba el término “nacionalidades”: “Miguel Roca ha explicado que negoció personalmente con Suárez el redactado del artículo en cuestión en el palacio de la Moncloa y en un escenario que incluía la presencia de altos mandos militares en una habitación contigua” (entrevista el 7 de febrero de 2012 de Carles Pastor a Miquel Roca en Memoria de la Transición, p. 217).
Según Molinero e Ysàs, a Solé Tura le llegó finalmente un papel escrito a mano con la nueva formulación del artículo, “cuyo texto adolecía de deficiencias de redacción; sin embargo, los representantes de UCD manifestaron que no se podía variar ni una coma “porque aquél era el texto literal del compromiso alcanzado con los sectores consultados”, que no se especificaron pero que para Solé Tura no era “difícil adivinarlo en concordancia con el testimonio de Roca” (p. 234). No es fácil de entender este inútil intento de negar públicamente lo que para casi todo el mundo era evidente.
El testimonio de Santiago Carrillo parece más sincero y socarrón, y arroja mucha más luz. “Yo tuve la impresión, a lo largo de todo el debate constitucional, de que en éste participaba activamente un protagonista invisible: el Ejército. Nunca supe quién transmitía al Gobierno las opiniones del mando militar, ni por dónde le llegaban a Suárez; pero tenía la convicción de la presencia de ese factor invisible, demasiado opresiva a veces, mientras duraron los trabajos de la Constitución. Suárez me reconoció más de una vez que un sector del Ejército había seguido con la escopeta apuntando todo el periodo constituyente, y particularmente cuando se trataron los temas vasco y catalán” (La gran desmemoria, p. 348, de Pilar Urbano). Otro ejemplo de pressing es el Artículo Octavo de la Constitución, que confiere misiones a las Fuerzas Armadas directamente heredadas de las anteriores leyes franquistas y ajenas a los ordenamientos constitucionales democráticos de nuestro entorno.
En cualquier caso, es imprescindible distinguir la violencia y la intimidación ejercida alrededor del proceso constituyente (o mejor dicho, de la reforma constitucional de 1978) de lo que son las “líneas rojas” en una negociación entre libres e iguales, donde cada parte legítimamente fija las suyas. No es aceptable hablar de “líneas rojas”, ni siquiera con una expresión tan suave como la de “tutela” militar, para definir el marco y las condiciones impuestas a los constituyentes, en el cual nadie de los que vivieron aquellas fechas puede olvidar el permanente “ruido de sables” y su manifestación explosiva el 23-F. En definitiva, ¿es legal una Constitución elaborada y aprobada bajo la amenaza permanente del Ejército? Violencia, intimidación y dolo.
Me recordaba hace poco José Ignacio Lacasta, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Zaragoza, cómo se percibe la trampa en la propia Constitución atendiendo a su principio y a su final cuando el rey manda a los españoles acatar el texto; una Constitución que el rey no juró jamás…
A quien argumente que el Régimen actual y sus instituciones (al que con propiedad podemos caracterizar de neo-franquismo no autoritario o democrático, a pesar de la aparente contradicción entre sus términos) han permitido unos grados de libertad imposibles durante la dictadura y que han sido funcionales para el ejercicio de derechos democráticos y civiles imposibles antes, habrá que decirle que tiene razón. Lo que no obsta para denunciarlo como ilegal. Como es obvio, ni la funcionalidad de un sistema político ni su mayor o menor compromiso con determinadas causas por muy justas que subjetivamente puedan ser, ni los refrendos en las urnas, por sí mismos, dan el marchamo de legalidad. Si cualquier hijo de vecino comete un delito, no será legal por mucho que detrás haya una causa justa o unos resultados electorales favorables. También fue muy funcionalel régimen de Hitler, su Ejército y sus hornos crematorios. En páginas anteriores ya cité las conclusiones al respecto de Legaz Lacambra, a título de ejemplo. Los muchos detalles existentes sobre la cuestión de la ilegalidad y los referidos a los déficits de legitimidad del Régimen del 78 dan para un libro, el cual espero que pronto pueda estar en sus manos, estimado lector. En cualquier caso, me permito recomendarle la lectura del libro de Gregorio Morán El precio de la transiciónrecientemente reeditado por Akal para conocer mejor cómo son los Corleone y su corte de granujas.
Ricardo Romero de Tejada Collado es politólogo y sociólogo. Fue director de estudios socio-políticos y de opinión en el Instituto Gallup en los años de la Transición, y después ha sido fundador y director de Iope-Etmar, director científico de TNS y profesor asociado de Sociología en la Universidad Carlos III de Madrid. La Sociología Política, de la Comunicación y del Consumo han sido sus principales campos de actividad durante sus 40 años dedicados a la Investigación. Sus últimas publicaciones han sido “27-S. Cataluña decide su futuro”, un estudio prospectivo, y “El mundo nos mira”, con entrevistas a más de veinte corresponsales de prensa extranjera residentes en Barcelona y Madrid que han aportado sus puntos de vista sobre el momento político actual.
Publicado por FACTORIA DE INFORMACIONES Y OPINIONES en 9:23
Etiquetas: Constitución, Franquismo, PPSOE, República y Monarquía, Transición Española