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Timestamp: 2019-09-22 19:01:06
Document Index: 267669570

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 28', 'artículo 47', 'artículo 45']

El papel de la administración local en la efectividad del derecho al medio ambiente
En los modernos Estados (incluida España), de la tensión descentralizadora que se deja sentir con fuerza a la hora de dar organización al poder público, con el consiguiente reflejo en el protagonismo que debe corresponder a las entidades locales. Se trataría así del empeño (otra de las exigencias clave de nuestra época) de acercar la Administración a los ciudadanos, en esa búsqueda incesante de fórmulas de participación que revaloricen el papel de las corporaciones locales.
La Carta Europea de la Autonomía Local2proclama en su preámbulo “la construcción de una Europa basada en los principios de democracia y descentralización del poder”. En el artículo 3.1 considera que “por autonomía local se entiende el derecho y la capacidad efectiva de las entidades locales de ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos, en el marco de la ley, bajo su propia responsabilidad y en beneficio de sus habitantes”.
2.2 La Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL) de 19853.
El artículo 2.1 de la LBRL, en consonancia con lo dispuesto en la Carta Europea de la Autonomía Local, proclama que “para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las entidades locales, la legislación del Estado y la de las Comunidades Autónomas, reguladora de los distintos sectores de acción pública, según la distribución de competencias, deberá asegurar a los Municipios, las Provincias y las Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles las competencias que proceda en atención a las características de la actividad pública de que se trate y a la capacidad de gestión de la entidad local, de conformidad con los principios de descentralización y de máxima proximidad de la gestión administrativa a los ciudadanos”.
La asignación de competencias concretas a los municipios en materia ambiental la establecen en nuestro ordenamiento jurídico los artículos 25, 26, 28 y 86 de la LBRL. El primer apartado del artículo 25 establece un principio general de actuación de las autoridades locales para conseguir sus objetivos: “El municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal”. Este principio de actuación es muy importante en la materia de la gestión del medio ambiente urbano, para el cual será necesario poner en marcha instrumentos públicos diversos para conseguir asegurar el derecho ciudadano al medio ambiente.
El artículo 25.2 de la LBRL establece la lista general de competencias que deberá ejercer en todo caso el municipio (en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas). De este listado legal, vamos a destacar las competencias conectadas con la materia medio ambiente:
El artículo 28 de la LBRL posibilita a los municipios la realización de actividades complementarias de las propias de otras Administraciones Públicas y, en particular, las relativas a la educación, la cultura, la promoción de la mujer, la vivienda, la sanidad y la protección del medio ambiente.
La consecución y gestión del Ciclo Integral del Residuo: separación de la basura domiciliaria en cuatro fracciones (orgánica, envases-inertes, papel-cartón y vidrio), para su posterior tratamiento en plantes de reciclaje y compostaje, y su transformación final en nuevos productos (compost, papel reciclado, plástico reciclado, vidrio, etc.). Para este objetivo es clave la implicación de la ciudadanía, siendo necesario intensas campañas de información y sensibilización para conseguir una adecuada colaboración ciudadana.
La implementación de planes municipales de educación ambiental: fundamentales, tal como he dicho anteriormente, para conseguir la efectividad del ciclo integral del residuo.
La elaboración de planes estratégicos de medio ambiente urbano: Agendas Locales 21.
La Carta de las Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad (Carta de Aalborg, Dinamarca, de 27 de mayo de 1994) destaca especialmente el“protagonismo de los ciudadanos y la participación de la comunidad” en los programas locales de medio ambiente. En concreto, se dice que ha de garantizarse el acceso a la información a todos los ciudadanos y grupos interesados. Se perseguirá, prosigue, por todos los medios la educación y la formación en materia de desarrollo sostenible. Estos principios también se desarrollan en el VI Programa de Acción de la Unión Europea para el Medio Ambiente (2002-2012).
Otro dato previo muy importante a tener en cuenta en la planificación ambiental es el publicado en el mes de mayo por el Ministerio de Medio Ambiente, en el “Perfil Ambiental de España 2005”:el 80% de la población se concentra tan sólo en el 12% de los municipios, que supone un 19% de la superficie, con los retos ambientales que estos datos de población representan (gestión de residuos, consumo de agua y energía, movilidad, etc)
Gestión de los residuos urbanos. Consecución del ciclo integral de los residuos (reducción, reutilización y reciclaje-compostaje), así como potenciación de los servicios de limpieza viaria y la implicación ciudadana para estos cometidos.
Transporte urbano y movilidad: potenciar el transporte público colectivo, concienciación para el uso de medios de transporte alternativos, racionalización (reducción) del uso del vehículo privado y apuesta clara por la peatonalización, sobre todo en los cascos históricos y antiguos. El Plan Nacional de Transporte 2005-2020 plantea un incremento del tren, más transporte público y una mayor intermodalidad.
Gestión de la energía: ahorro y eficacia energética. Potenciar viviendas con técnicas de construcción aislantes (arquitectura bioclimática), así la instalación de fuentes de energía no contaminantes (paneles de energía solar).
Espacios verdes: incrementar las zonas verdes de las ciudades hasta alcanzar los objetivos de la Organización Mundial de la Salud (13 m2 por habitante).
Acciones permanentes de educación ambiental con el doble objetivo transversal de hacer más ambiental la actuación municipal en su conjunto y más comprometida a la ciudadanía.
La propuesta y ejecución de la lucha contra el cambio climático.
Y que se posibilite en cualquier territorio de España el ejercicio eficaz de derechos constitucionales tan transcendentales como el “derecho a la vivienda digna y adecuada”(artículo 47 de la Constitución), o el “derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona” (artículo 45 de la Constitución).
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