Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-43615629
Timestamp: 2020-05-27 10:24:05
Document Index: 219129990

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 1', 'artículo 6', 'artículo 1', 'artículo 6', 'ARTÍCULO 6', 'artículo 1', 'ARTÍCULO 256', 'ARTÍCULO 258', 'artículo 213', 'artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 1', 'artículo 221', 'artículo 218', 'artículo 234', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 1']

Sentencia de Constitucionalidad nº 1214/01 de Corte Constitucional, 21 de Noviembre de 2001 - Jurisprudencia - VLEX 43615629
Sentencia de Constitucionalidad nº 1214/01 de Corte Constitucional, 21 de Noviembre de 2001
Ley 62 de 1993. Art. 6 (p.) modificado por la ley 180 de 1995. Art. 1 y ley 522 de 1999 arts. 256 y 258. Codigo penal militar. Alumnos de las escuelas de formacion policial. Fuero militar. Delitos cometidos por miembros de la fuerza publica en servicio activo y en relacion con el mismo servicio. Cosa juzgada constitucional relativa. Exequible e inexequibles.
La Corte ha manifestado que como la Policía Nacional se sitúa en una "zona gris" o "fronteriza", en la cual se superponen los criterios de seguridad y defensa, la Carta Política adoptó para esta institución un régimen intermedio caracterizado de la siguiente manera: Se le asigna a la Policía Nacional el carácter de cuerpo armado de naturaleza civil, cuya misión es eminentemente preventiva y dirigida a mantener "las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y las libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz". La ausencia en su seno de disciplina castrense determina que la responsabilidad de los miembros de la Policía Nacional, por infracción manifiesta de un precepto constitucional en detrimento de alguna persona, no pueda ser excusado por la obediencia debida, por cuanto no están sujetos a ella. Se incluye a la Policía Nacional como parte integrante de la fuerza pública junto con las fuerzas militares, estableciéndose un régimen común para todos en cuanto respecta a su carácter no deliberante, a la reserva legal sobre la privación de grados, honores y pensiones, al fuero penal y a la promoción profesional, cultural y social.
Los estudiantes o alumnos de las escuelas de formación de la Policía Nacional no hacen parte de la jerarquía de la institución, dada su condición de C. de A.. El hecho de que los alumnos no pertenezcan a la jerarquía policial y por ende no ejerzan funciones públicas, no implica que carezcan de un régimen jurídico.
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 6° (parcial) de la Ley 62 de 1993, modificado por el artículo 1° de la Ley 180 de 1995 y los artículos 256 y 258 de la Ley 522 de 1999 "Por medio de la cual se expide el Código Penal Militar"
Demandante: J.A.V.A.
En el proceso instaurado por el ciudadano J.A.V.A., en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, en contra del artículo 6° (parcial) de la Ley 62 de 1993, modificado por el artículo 1° de la Ley 180 de 1995 y los artículos 256 y 258 de la Ley 522 de 1999 "Por medio de la cual se expide el Código Penal Militar".
El ciudadano J.A.V.A., en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en la Constitución Política de 1991 pide a la Corte declarar inexequible el artículo 6° (parcial) de la Ley 62 de 1993 y los artículos 256 y 258 de la Ley 522 de 1999 "Por medio de la cual se expide el Código Penal Militar"
La Magistrada Sustanciadora mediante auto del treinta y uno (31) de mayo de dos mil uno (2001) admitió la demanda, al haberse satisfecho los requisitos establecidos en el Decreto 2067 de 1991. Dispuso, asimismo, el traslado al Señor P. General de la Nación para efectos de obtener el concepto de su competencia, al tiempo que ordenó comunicar la iniciación del proceso al Señor Presidente de la República, al Presidente del Congreso Nacional, al Señor Ministro de Defensa Nacional y al Director General de la Policía Nacional.
ARTÍCULO 6o. PERSONAL POLICIAL. A. modificado por el artículo 1º de la Ley 180 de 1995. El nuevo texto es el siguiente: La Policía Nacional está integrada por Oficiales, personal del Nivel Ejecutivo, S., A., Alumnos y por quienes presten el servicio militar obligatorio en la Institución, así como por los servidores públicos no uniformados, pertenecientes a ella, unos y otros sujetos a normas propias de carrera y disciplina en la forma que en todo tiempo establezca la ley.
ARTÍCULO 256. INSPECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL. La Inspección General de la Policía Nacional, conoce en primera instancia de los procesos penales que se adelanten contra Oficiales subalternos, S., personal del nivel ejecutivo, A., y personal que preste el servicio militar orgánicos de la Dirección General; así como contra los alumnos, S., personal del nivel ejecutivo y A. de la Escuela Nacional de Policía General Santander, y Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional; y, además, de los procesos contra el personal policial cuyo conocimiento no esté atribuido a otro juzgado.
ARTÍCULO 258. JUZGADOS DE DEPARTAMENTO DE POLICÍA. Los Juzgados de departamento de Policía, conocerán en primera instancia de los procesos penales que se adelanten contra, S., personal del nivel ejecutivo, A. de la Policía Nacional y personal que preste el servicio militar en las diversas unidades policiales que se les asigne territorialmente, así como de los procesos penales que se adelanten contra los alumnos, S., personal del nivel ejecutivo, A. y personal que preste el servicio militar, orgánicos de las Escuelas de Formación, Capacitación y Técnicas que se encuentren en la jurisdicción, de conformidad con la organización administrativa que fije la ley.
El D.A.Q.G., en su calidad de S. General de la Policía Nacional procede a defender la constitucionalidad de la norma demandada en los siguientes términos:
El señor P. General de la Nación, Dr. E.M.V., en concepto No. 2611, recibido el día dieciocho (18) de julio del año 2001, solicita a la Corte declarar la constitucionalidad de las normas acusadas, con fundamento en las siguientes consideraciones:
Prosigue la Procuraduría en su concepto, comentando que los "alumnos", como los denomina las normas acusadas, son personal uniformado que desde el acto de ingreso denominado "resolución de alta", entran a formar parte de la institución en su calidad de "cadetes" y "estudiantes". Los primeros son los que ingresan directamente a la Escuela Nacional de Policía "General Santander" y los segundos los que entran a las secciónales de ésta y que funcionan de forma descentralizada en todo el país.
En este orden, no encuentra el P. en el escrito de la demanda razón alguna que permita afirmar validamente que los mencionados estudiantes no pueden hacer parte de la Policía Nacional. El único argumento del actor es que estos son civiles y como tal no pueden hacer parte de la institución.
Para el P. General de la Nación la norma demandada se ajusta al inciso final del artículo 213 Superior, en razón de que esta norma señala que en ningún caso los civiles pueden ser investigados y juzgados por la justicia penal militar pues los alumnos de las Escuelas de Formación de la Policía Nacional son miembros de la Fuerza Pública en su calidad de activos, desde el mismo momento de incorporación a través de la resolución de alta que expide el Director de la Escuela General Santander, y sus conductas, cuando estén relacionadas con las actividades propias de formación para el servicio, deben ser de conocimiento de la justicia penal militar con arreglo a las disposiciones del código penal castrense, asunto éste que el juez habrá de determinar en cada caso concreto.
Asunto preliminar: cosa juzgada constitucional relativa respecto de los segmentos impugnados de los artículos 256 y 258 de la Ley 522 de 1999
Mediante Sentencia C-740 de 2001, con ponencia del Magistrado A.T.G., la Corte declaró la exequibilidad de los artículos 256 y 258 de la Ley 522 de 1999 -Código Penal Militar-, por considerar que la competencia atribuida a la Inspección General de la Policía Nacional y a los Juzgados de Departamento de la Policía, para conocer en primera instancia de los procesos que se adelanten contra los oficiales superiores, oficiales subalternos y alumnos de esa institución, no establece un trato discriminatorio en contra de los oficiales del mismo rango pertenecientes a la Armada Nacional, a la Fuerza Aérea y al Ejercito Nacional que deben ser investigados por Jueces de Brigada o de División.
Para el demandante el segmento "alumno" contenido en los artículos 6º de la Ley 62 de 1993, modificado por el artículo 1º de la Ley 180 de 1995; 256 y 258 de la Ley 522 de 1999, vulneran los artículos 2, 4, 6, 29, 122, 123, 124, 213 inciso final, 216, 219, 221 y 250 del Ordenamiento Superior, por cuanto, las disposiciones acusadas extienden la excepción del fuero militar a los alumnos de la Escuela de Formación de la Policía Nacional, quienes no ostentan la calidad de miembros de la Fuerza Pública, ni cumplen funciones propias del servicio público de policía, pues los mismos están sujetos a un régimen académico según los establecido en la Ley 30 de 1992 -Ley de Educación Superior-.
Por su parte el P. General de la Nación y el S. General de la Dirección General de la Policía Nacional son del criterio de que no existe la violación alegada por el demandante, toda vez que los alumnos de las Escuelas de Formación de la Policía Nacional materialmente ejercen funciones publicas, en la medida en que durante el tiempo que comprende su formación se encuentran sometidos a un régimen castrense que comprende el uso del uniforme policial y la permanentemente realización de prácticas y apoyos de vigilancia, en cuyo desarrollo pueden cometer ilícitos que deben ser de competencia de la Inspección general de la Policía Nacional y los Juzgados de departamento de policía.
Como es bien sabido la Policía Nacional por mandato de la Constitución, hace parte esencial de la Fuerza Pública (art. 216 C.P.), por cuanto como cuerpo armado permanente, aunque de naturaleza civil, tiene como fin primordial "el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz" (art. 218 C.P.). La Corte en la sentencia C-453/94 con ponencia del Magistrado E.C.M., señaló las implicaciones que se derivan del carácter civil que la Constitución le ha atribuido a la Policía: "a. La misión de la policía es eminentemente preventiva y consiste en evitar que el orden público sea alterado."b. El policía es un funcionario civil, que escoge voluntariamente su profesión."c. Los miembros del cuerpo de policía están sometidos al poder disciplinario y de instrucción que legalmente le corresponde al funcionario civil ubicado como superior jerárquico."
"La Policía en un Estado social de derecho.
Igualmente opera la máxima de que la policía debe obrar contra el perturbador del orden público, pero no contra quien ejercite legalmente sus derechos". Sentencia C-024 de 1994 .M.P.A.M.C.
Concretamente, la Corte ha manifestado que como la Policía Nacional se sitúa en una "zona gris" o "fronteriza", en la cual se superponen los criterios de seguridad y defensa, la Carta Política adoptó para esta institución un régimen intermedio caracterizado de la siguiente manera:
§ Se le asigna a la Policía Nacional el carácter de cuerpo armado de naturaleza civil, cuya misión es eminentemente preventiva y dirigida a mantener "las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y las libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz" (art. 218 C.N.).
En lo que atañe a la Policía Nacional, esta institución cuenta con una significativa tradición académica cultivada y desarrollada en el tiempo por la Escuela de C. General Santander, que fue establecida mediante el Decreto 1277 de 1936 con el fin de atender la formación de los oficiales, suboficiales y agentes de la policía Nacional. Posteriormente mediante el Decreto 776 de 1940 se la define como una instancia de carácter civil organizada como un departamento docente autónomo que dependía de la Dirección General de la institución policial.
La condición jurídica de los alumnos de las escuelas de formación policial
En las escuelas de formación de la Policía Nacional existen dos niveles: el Directivo que corresponde a la formación de oficiales cuyo periodo en la escuela es de tres (3) años y el nivel ejecutivo que cuenta con un periodo de formación de un (1) año. Para la formación del nivel Directivo existe la Escuela Seccional de C. y A. donde los estudiantes desarrollan el período de formación. Pasados dos (2) años adquieren la condición de C. y en año restante la de A..
Ahora, los alumnos en su condición de C. o A. no pertenecen a los niveles jerárquicos, a la clasificación y al escalafón de la carrera policial, por cuanto para acceder a estas categorías, los cursos de formación se constituyen en un requisito ineludible, que una vez satisfecho se materializa en un nombramiento por acto administrativo proferido por el Director General de la Policía, el cual contiene la orden de que estos alumnos sean incorporados al escalafón de la carrera profesional de oficiales e inicien su desempeño de la función policial adquiriendo la calidad de servidores públicos de la institución.
Lo anterior significa que los alumnos de las escuelas de formación no ejercen funciones públicas ni ostentan calidades diferentes a su condición de estudiantes de un centro docente, además por la sencilla razón de que las escuelas de formación de la Policía Nacional tienen el carácter de entidad universitaria, al tenor de lo dispuesto en el Acuerdo Nº 15 de enero 23 de 1976, expedido por el Instituto Colombiano para el Fomento de Educación Superior ICFES, que concede licencia de funcionamiento a los programas de licenciatura en estudios superiores y de Administración Policial a la Escuela De C. de Policía "General Santander", y de la resolución Nº 9354 de octubre 27 de 1976 el Ministerio de Educación Nacional, que aprueba los programas respectivos.
Cabe anotar que el Decreto 1791 de 2000, "Por el cual se modifican las normas de carrera del Personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo, S. y agentes de la Policía Nacional", en su artículo 5º establece la jerarquía de los cargos para efectos de mando, régimen disciplinario, justicia Penal Militar, lo mismo que para todos los derechos y obligaciones consagradas en este Decreto, determinando al efecto los grados de oficiales, nivel ejecutivo, suboficiales y agentes. Y en el artículo 6º preceptúa que son estudiantes quienes ingresan a las seccionales de la Escuela Nacional de Policía "General Santander", para adelantar cursos de formación y no pertenecen a la jerarquía de que trata ese ordenamiento.
Bajo estas consideraciones se concluye que los estudiantes o alumnos de las escuelas de formación de la Policía Nacional no hacen parte de la jerarquía de la institución, dada su condición de C. de A..
Para la Corte la clasificación de C. o A. obedece a la necesidad de contar con unos niveles dentro del establecimiento docente a fin de implementar el plan de estudios del programa de formación universitaria en administración policial orientada a la parte académica y a la práctica de observación del procedimiento en materia policial.
De por qué los estudiantes y alumnos de las escuelas de formación integran la Policía Nacional
Se tiene, pues, que la expresión "alumnos" del artículo 6 de la Ley 62 de 1993, modificada por el artículo 1º de la Ley 180 de 1995, se ajusta a los postulados constitucionales, toda vez que al incluir a los estudiantes de las escuelas de formación dentro del personal de la Policía Nacional, el legislador toma en cuenta el hecho de que dichas personas están recibiendo una formación estricta e idónea para cumplir la misión constitucional encomendada a la Policía Nacional.
Los alumnos de las escuelas de formación de la Policía Nacional no pueden ser amparados con el fuero penal militar, por no estar ubicados dentro de la jerarquía y escalafón policial y no ejercer, en consecuencia, funciones públicas
La jurisprudencia constitucional Sentencia C-444 de 1995. M.P.C.G.D. ha expresado que fue inequívoca la voluntad del constituyente, en el sentido de aplicar el fuero penal militar a los miembros de la Policía Nacional por los delitos que cometan en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, tomando en cuenta el hecho de que la actividad de esta institución está situada en los límites entre lo militar y lo civil, y la defensa y la seguridad dentro del contexto social colombiano. Por tal razón estableció una regulación constitucional que intenta conciliar las aspiraciones ideales y las necesidades coyunturales.
También ha reconocido la Corte que si bien en esta materia existe una aparente contradicción de carácter constitucional entre la disposición que le asigna a la Policía Nacional naturaleza civil y la que ordena que los delitos cometidos por sus miembros en servicio activo y por razón del mismo, sean de conocimiento de las cortes marciales o tribunales militares no puede desconocerse el contenido del artículo 221 Superior, disposición que no resulta irreconciliable con la contenida en el artículo 218 ibidem que consagra el carácter civil de la Policía Nacional. Sentencia C-444 de 1995. M.P.C.G.D.
Esta Corporación ha señalado que sólo pueden ser juzgados por la jurisdicción penal militar los miembros activos de la fuerza pública -entiéndase fuerza militar y policía nacional-, cuando éstos cometan un delito relacionado con el servicio mismo. De ahí que haya dicho que son dos elementos que deben estar presentes para que opere la competencia de las Cortes marciales o tribunales militares. El primero, de carácter subjetivo: pertenecer a la institución castrense y ser miembro activo de ella; el segundo, de carácter funcional, por cuanto el delito cometido debe tener relación con el servicio. Debe precisarse que en relación con los Generales y A. de la Fuerza Pública, el artículo 234-34 de la Carta establece una excepción al fuero penal militar, puesto que respecto de ellos la norma superior consagra un fuero integral para ser juzgados por la Corte Suprema de Justicia por todos los delitos que cometan y no sólo a aquellos llevados a cabo en relación con el servicio activo. Así lo reconoció esta Corte en la Sentencia C-361 de 2001 M.P.M.G.M.C.
Con fundamento en estos dos elementos la Corte ha expresado que cuando el Constituyente dispuso que el fuero militar opera cuando el delito tenga "relación con el servicio", se requiere que el acto delictivo por el cual un miembro de la fuerza pública puede ser juzgado por la justicia penal militar debe ser cometido en ejercicio de "las actividades concretas que se orienten a cumplir o realizar las finalidades propias de las fuerzas militares - defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional - y de la policía nacional - mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y la convivencia pacífica" Sentencia C- 358 de 1997
6. El concepto de servicio corresponde a la sumatoria de las misiones que la Constitución y la ley le asigna a la fuerza pública, las cuales se materializan a través de decisiones y acciones que en última se encuentran ligadas a dicho fundamento jurídico. La sola circunstancia de que el delito sea cometido dentro del tiempo de servicio por un miembro de la fuerza pública, haciendo o no uso de prendas distintivas de la misma o utilizando instrumentos de dotación oficial o, en fin, aprovechándose de su investidura, no es suficiente para que su conocimiento corresponda a la justicia penal militar. En efecto, la noción de servicio militar o policial tiene una entidad material y jurídica propia, puesto que se patentiza en las tareas, objetivos, menesteres y acciones que resulta necesario emprender con miras a cumplir la función constitucional y legal que justifica la existencia de la fuerza pública. El uniforme del militar, por sí sólo, no es indicativo de que lo que hace la persona que lo lleva sea en sí mismo delito militar.
"El simple hecho de que una persona esté vinculada a la fuerza pública no dota a su propósitos delictivos de la naturaleza de misión de la fuerza pública. Ello continúa siendo simplemente la voluntad delincuencial imputable a la persona, desconectada del servicio público de la defensa y de la seguridad jurídica, la cual en un plano de estricta igualdad deberá ser investigada y sancionada según las normas penales ordinarias".
7. Además del elemento subjetivo- ser miembro de la fuerza pública en servicio activo- se requiere que intervenga un elemento funcional en orden a que se configure constitucionalmente el fuero militar: el delito debe tener relación con el mismo servicio. Lo anterior no significa que la comisión de delitos sea un medio aceptable para cumplir las misiones confiadas a la fuerza pública. Por el contrario, al Constitución y la ley repudian y sancionan a todo aquel que escoja este camino para realizar los altos cometido que se asocian al uso y disposición de la fuerza en el estado de derecho...
"La exigencia de que la conducta punible tenga una relación directa con una misión o tarea militar o policiva legítima, obedece a la necesidad de preservar la especialidad del derecho penal militar y de evitar que el fuero militar se expanda hasta convertirse en un puro privilegio estamental. En este sentido, no todo lo que se realice como consecuencia material del servicio o con ocasión del mismo puede quedar comprendido dentro del derecho penal militar, pues el comportamiento reprochable debe tener una relación directa y próxima con la función militar o policiva. El concepto de servicio no puede equivocadamente extenderse a todo aquello que el agente efectivamente realice. De lo contrario, su acción se desligará en la práctica del elemento funcional que representa el eje de este derecho especial". (subrayas fuera de texto).
En efecto, aún cuando los alumnos están bajo la responsabilidad de la institución policial y hacen parte de ella en calidad de estudiantes con obligaciones y responsabilidades especiales que los diferencian de quienes conforman la jerarquía de la Policía Nacional, conforme se encuentra establecido en el artículo 5º del Decreto 1791 de 2000, lo cierto es que no pueden ser considerados como miembros activos de la fuerza pública por el hecho de que porten un uniforme, y que dentro del plan de estudios para su formación como oficiales o suboficiales deban realizar diversas prácticas, relacionadas con las actividades propias que deben cumplir cuando adquieran el grado correspondiente. Es de anotar que los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía nacional son simples ejecutores del poder y de la función policiva. Así lo precisó la Corte Suprema de Justicia cuando actuaba como Juez de la Carta al distinguir los conceptos de poder, función y actividad del policía: "a) El poder de policía, entendido como competencia jurídica asignada y no como potestad política discrecional (arts. 1º y 3º del Código), es la facultad de hacer la ley policiva, de dictar reglamentos de policía, de expedir normas generales, impersonales y preexistentes, reguladoras del comportamiento ciudadano, que tienen que ver con el orden público y con la libertad... b) La función de Policía es la gestión administrativa concreta del poder de policía, ejercida dentro de los marcos impuestos por éste...c) En cambio, los oficiales, suboficiales y agentes de policía... no expiden actos sino que actúan, no deciden sino que ejecutan; son ejecutores del poder y de la función de policía; despliegan por orden superior la fuerza material instituida como medio para lograr los fines propuestos por el poder de policía; sus actuaciones se tildarían de discrecionales sólo limitadas por actos jurídicos reglados de carácter legal y administrativo. Una instrucción, una orden, que son ejercicio concreto de la función de policía, limitan el campo de acción de un agente de policía, quien es simple ejecutor, quien manda obedeciendo, y hace cumplir la voluntad decisoria del alcalde o inspector, como funcionario de policía.2. C. de lo precedentemente expresado que: a) El poder de policía es normativo: legal o reglamentario. Corresponde a la facultad legítima de regulación de la libertad. En sentido material es de carácter general e impersonal. Conforme al régimen del estado de derecho es, además, preexistente. b) La función de policía es reglada y se halla supeditada al poder de policía. Supone el ejercicio de competencias concretas asignadas por éste a las autoridades administrativas de policía. Más repárese en que dicha función no otorga competencia de reglamentación ni de regulación de la libertad. c) La actividad de policía, asignada a los cuerpos uniformados, es estrictamente material y no jurídica, corresponde a la competencia de ejercicio reglado de la fuerza, y está necesariamente subordinada al poder y la función de policía. Por lo tanto, tampoco es reglamentaria ni menos reguladora de la libertad". Sentencia de abril 21 de 1982. M.P. Manuel Gaona Cruz
Primero.- Declarar EXEQUIBLE la expresión "alumnos" contenida en el artículo 6° de la Ley 62 de 1993, modificado por el artículo 1° de la Ley 180 de 1995.
Segundo.- Declarar INEXEQUIBLES las expresiones "alumnos" de los artículos 256 y 258 de la Ley 522 de 1999.
Sentencia nº 52001-23-31-000-2002-01777-01(28628) de Consejo de Estado - Sección Tercera, de 16 de Marzo de 2005