Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2011-00201-de-octubre-10-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_ea108c11253d02bce0430a01015102bc&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-04-23 12:23:08
Document Index: 166442623

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 42', 'artículo 128', 'artículo 277', 'artículo 135', 'artículo 121', 'artículo 67', 'artículo 66', 'artículo 129', 'artículo 141', 'artículo 131', 'artículo 130', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 321', 'artículo 103', 'artículo 105', 'artículo 92', 'artículo 105', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 67']

﻿ Sentencia 2011-00201 de octubre 10 de 2013
SENTENCIA 2011-00201 DE 10 DE OCTUBRE DE 2013
CONTENIDO:NATURALEZA DE LOS ACTOS DISCIPLINARIOS Y SU SUJECIÓN PLENA A CONTROL JURISDICCIONAL. SE PRECISA SOBRE LA NATURALEZA JURÍDICA DE LOS ACTOS MEDIANTE LOS CUALES SE EJERCE LA POTESTAD DISCIPLINARIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN SUS ÁMBITOS INTERNO Y EXTERNO, Y SOBRE EL ALCANCE DEL CONTROL JURISDICCIONAL AL QUE DICHOS ACTOS ESTÁN SUJETOS ANTE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. SE ESTABLECEN ALCANCES DE NORMA QUE SANCIONA A FUNCIONARIOS POR INFLUIR EN SERVIDORES PÚBLICOS PARA QUE TOMEN DECISIONES, INDICANDO QUE EL VERBO RECTOR DEL ARTÍCULO 42.48 DE LA LEY 734 DEL 2002 ES INFLUIR, LUEGO NO PUEDE PREDICARSE QUE ES NECESARIO QUE SE MATERIALICE EL BENEFICIO. ASÍ, BASTA CON ACUDIR ANTE EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA DETERMINACIÓN PARA ATRIBUIRLE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA AL SOLICITANTE
TEMAS ESPECÍFICOS:FUNCIÓN ADMINISTRATIVA, PROCESO DISCIPLINARIO, DERECHO AL DEBIDO PROCESO, CONTROL JURISDICCIONAL, FALLO DISCIPLINARIO
Sentencia 2011-00201 de octubre 10 de 2013
Rad.: 11001 03 25 000 2011 00201 00 (0675-2011)
El presente asunto es competencia en única instancia del Consejo de Estado en virtud del artículo 128 del Código Contencioso Administrativo, porque se controvierte una sanción disciplinaria administrativa impuesta al señor Alfonso Romero Cárdenas por la Procuraduría General de la Nación, consistente en la destitución del cargo de docente e inhabilidad general por doce años, pretensión que no implica cuantía(59).
2.4. ¿Se violó el debido proceso del señor Sánchez Mosquera por la forma como se contabilizó el término de traslado para presentar alegatos de conclusión, dándole aplicación al Código de Procedimiento Civil en una materia que tiene regulación expresa en el Código Disciplinario Único?
Antes de proceder a la resolución de estos problemas jurídicos, considera pertinente la Sala detenerse a precisar su postura sobre la naturaleza jurídica de los actos mediante los cuales se ejerce la potestad disciplinaria de la administración pública en sus ámbitos interno y externo, y sobre el alcance del control jurisdiccional al que dichos actos están sujetos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
La potestad disciplinaria constituye una de las modalidades de los poderes sancionatorios del Estado; en la misma medida, el derecho disciplinario es una modalidad del derecho sancionador, cuya concepción misma, a más de su ejercicio, deben estar orientados a garantizar la materialización de los principios propios del Estado social de derecho, el respeto por los derechos y garantías fundamentales, y el logro de los fines esenciales del Estado que establece la Carta Política y justifica la existencia misma de las autoridades(60). El ejercicio de la potestad disciplinaria del Estado, por tanto, se orienta a asegurar la apropiada gestión de la administración pública para que esta pueda materializar los fines estatales para cuya consecución fue creada. De allí que el derecho disciplinario, según ha explicado la Corte Constitucional, “busca entonces la buena marcha y el buen nombre de la administración pública y por ello sus normas se orientan a exigir ‘... a los servidores públicos un determinado comportamiento en el ejercicio de sus funciones’(61). Por ello ha precisado la jurisprudencia, que el derecho disciplinario ‘... está integrado por todas aquellas normas mediante las cuales se exige a los servidores públicos un determinado comportamiento en el ejercicio de sus funciones, independientemente de cuál sea el órgano o la rama a la que pertenezcan’(62)”(63).
Existen dos grandes ámbitos de ejercicio de la potestad disciplinaria: el ámbito interno de la propia administración pública, y el ámbito externo del control preferente por la Procuraduría General de la Nación. El ámbito natural y originario de la potestad disciplinaria es, evidentemente, el interno, puesto que se trata de una potestad implícita en la definición misma del aparato administrativo estatal diseñado por el constituyente(64). Ahora bien, el ámbito externo —y excepcional— es el del organismo autónomo establecido por la Carta Política para cumplir con esta trascendente función.
Para el Consejo de Estado resulta indudable que los actos de control disciplinario adoptados por la administración pública y por la Procuraduría General de la Nación, es decir, aquellos actos expedidos en ejercicio de la potestad disciplinaria en sus ámbitos interno y externo, constituyen ejercicio de función administrativa, y por lo tanto son actos administrativos sujetos al pleno control de legalidad y constitucionalidad por la jurisdicción contencioso administrativa. No se trata de actos que manifiesten la función jurisdiccional, ni mucho menos de una función sui generis o nueva del Estado, sino —se reitera con énfasis— de actos administrativos que tienen, por definición, control judicial. La única excepción a la naturaleza administrativa de los actos de la Procuraduría es la que indica la propia Constitución en su artículo 277, inciso final, según el cual “para el cumplimiento de sus funciones la Procuraduría tendrá atribuciones de policía judicial”. Según lo ha explicado sin ambigüedades la Corte Constitucional, es una excepción de interpretación restrictiva, aplicada a un tema muy específico y particular(65).
3.3. El control ejercido por la jurisdicción contencioso administrativa es pleno y no admite interpretaciones restrictivas.
La entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, con su catálogo de derechos fundamentales y sus mandatos de prevalencia del derecho sustancial en las actuaciones de la administración de justicia (C.N., art. 228) y de primacía normativa absoluta de la Constitución en tanto norma de normas (C.N., art. 4º), implicó un cambio cualitativo en cuanto al alcance, la dinámica y el enfoque del ejercicio de la función jurisdiccional, incluyendo la que ejercen los jueces de la jurisdicción contencioso administrativa (incluyendo al Consejo de Estado). En efecto, según lo han precisado tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional, la plena vigencia de los derechos y garantías fundamentales establecidos por el constituyente exige, en tanto obligación, que los jueces sustituyan un enfoque limitado y restrictivo sobre el alcance de sus propias atribuciones de control sobre los actos de la administración pública, por un enfoque garantista de control integral, que permita a los jueces verificar en casos concretos si se ha dado pleno respeto a los derechos consagrados en la Carta Política.
Esta postura judicial de control integral del respeto por las garantías constitucionales contrasta abiertamente con la posición doctrinal y jurisprudencial prevaleciente con anterioridad, de conformidad con la cual las atribuciones del juez contencioso administrativo son formalmente limitadas y se restringen a la protección de aquellos derechos y normas expresamente invocados por quienes recurren a la justicia, posición —hoy superada— que otorgaba un alcance excesivamente estricto al principio de jurisdicción rogada en lo contencioso administrativo. Este cambio, constitucionalmente impuesto y de gran calado, se refleja nítidamente en un pronunciamiento reciente del Consejo de Estado, en el cual la Sección Segunda - Subsección “B” de esta Corporación, recurriendo a los pronunciamientos de la Corte Constitucional y dando aplicación directa a los mandatos de la Carta, rechazó expresamente una postura restrictiva que limitaba las facultades garantistas del juez contencioso administrativo en materia de control de las decisiones disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación con base en el principios de jurisdicción rogada, y adoptó en su reemplazo una postura jurisprudencial que exige a las autoridades jurisdiccionales realizar, en tanto obligación constitucional, un control sustantivo pleno que propenda por materializar, en cada caso concreto, el alcance pleno de los derechos establecidos en la Constitución(66).
Lo que resulta aún más importante es que el control pleno por la jurisdicción contenciosa forma parte de las garantías mínimas del debido proceso a las que tiene un derecho fundamental el sujeto disciplinado, según la Corte Constitucional, por lo cual este control judicial contencioso administrativo no puede ser objeto de interpretaciones que restrinjan su alcance(67).
Se concluye, pues, que no hay límites formales para el control judicial contencioso administrativo de los actos administrativos proferidos por las autoridades administrativas disciplinarias y la Procuraduría General de la Nación, salvo aquellos límites implícitos en el texto mismo de la Constitución y en las normas legales aplicables. Las argumentaciones de la Procuraduría a través de sus representantes y apoderados que puedan sugerir lo contrario —v.gr. que el control judicial es meramente formal y limitado, o que las decisiones disciplinarias de la Procuraduría tienen naturaleza jurisdiccional— no son de recibo por ser jurídicamente inaceptables y conceptualmente confusas.
4. Aludida violación del debido proceso por la falta de reconocimiento instantáneo de la abogada sustituta, y la falta de respuesta a su solicitud de aclaración.
(4) El mismo 5 de agosto de 2008, a las 14:47 horas, el abogado Miguel Arcángel Villalobos, reasumiendo el poder, presentó recurso de apelación contra el fallo disciplinario, encabezándolo con una “petición especial” consistente en que antes de conceder el recurso de apelación, el despacho respondiera a la solicitud de aclaración presentada por la abogada Eliana Sandoval, y que se notificara esta decisión de acuerdo a los artículos pertinentes del Código Disciplinario Único, luego de lo cual pedía se concediera el recurso de apelación en el efecto suspensivo.
(5) El 7 de agosto de 2008, la Inspección Delegada Especial aceptó el recurso de apelación, y negó su “petición especial” explicando que “en ninguna parte del fallo motivo de apelación aparece mencionado el nombre de la persona que indica el apoderado como ‘la Dra. Eliana Patricia Sandoval’”.
(8) En el fallo disciplinario de segunda instancia se abordó expresamente el tema de la sustitución del poder y la “petición de aclaración” de la abogada Sandoval; en cuanto a la sustitución, invocando lo dispuesto en el artículo 135 del Código de Procedimiento Penal (L. 600/2000), el inspector general de la Policía Nacional consideró que era improcedente por no existir una autorización expresa de parte del procesado. En cuanto a la petición de aclaración, se consideró que no se habían dado las condiciones del artículo 121 de la Ley 734 de 2002 para aclarar los fallos, por lo cual se procedió a resolver la apelación.
La regla general establecida en la ley procesal, aplicable a los procedimientos disciplinarios, es que para que un abogado pueda actuar procesalmente se requiere el reconocimiento expreso de su personería por parte de la autoridad que conduce el proceso. Así se deduce de lo dispuesto en el artículo 67 del Código de Procedimiento Civil(68), aplicable a este tema en virtud de lo dispuesto en los artículos 96 de la Ley 734 de 2002 —según el cual las formalidades no reguladas en él se regirán por lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo— y 267 del Decreto 1 de 1984 —en virtud del cual los aspectos no regulados en el Código Contencioso Administrativo se regirán por lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil, en lo que sea compatible con la naturaleza de estos procedimientos y actuaciones—. Este fue, de hecho, el procedimiento que se siguió inicialmente con el abogado Miguel Arcángel Villalobos, quien fue objeto de un auto reconociendo su personería y dándole posesión el 23 de diciembre de 2004, antes de iniciar sus actuaciones como apoderado del señor Sánchez.
Más aún, observa la Sala que la “petición especial” con la cual el abogado Villalobos encabezó el recurso de apelación —con cuya presentación reasumió intempestivamente el poder que había sustituido el día anterior— era manifiestamente improcedente, y dejaba traslucir sin ningún tipo de disimulo la voluntad de dilatar, a como fuese lugar, el trámite y culminación de este procedimiento disciplinario, ya que se estaba solicitando que primero se profiriera una decisión sobre la “aclaración” y que esta se sometiera al trámite de notificación, antes de conceder la apelación en el efecto suspensivo. Se nota, de paso, que era contradictorio en sí mismo el que se hubiese pedido tal aclaración previa de un fallo que se estaba apelando, puesto que el desenlace de dicha “aclaración” —en el hipotético caso de que fuera procedente— podría desembocar en una modificación del fallo recurrido, con lo cual se caería el sustento del recurso de apelación. En cualquier caso, se trataba de una “petición especial” presentada claramente por fuera de los cauces ordinarios de un proceso disciplinario, y que a su turno se derivaba de la torpe maniobra dilatoria en la cual había incurrido la apoderada sustituta, asumiendo que podía litigar automáticamente en forma inmediata luego de presentar la sustitución de poder, y disfrazando un recurso de apelación bajo la terminología de una “solicitud de aclaración”. Semejante innovación procesal, fundamentada en una maniobra dilatoria mal estructurada, no podía ser aceptada bajo ninguna circunstancia por el operador disciplinario, el cual obró correctamente cuando descartó en forma expresa su procedencia.
Si bien —nota la Sala— el inspector general invocó una norma del Código de Procedimiento Penal para rechazar la procedencia de la sustitución del poder, siendo que la norma aplicable, como se vio, es la del Código de Procedimiento Civil, no por ello se lesionó el derecho de defensa o el debido proceso, puesto que —se enfatiza— objetivamente se concedió una segunda instancia en el curso de la cual los argumentos sustanciales de la defensa fueron evaluados en forma detallada y suficiente.
Finalmente, y desde otra perspectiva, nota la Sala que fue la conducta inusual del propio abogado Villalobos, al reasumir súbitamente el poder que había sustituido el día anterior e interponer recurso de apelación inmediatamente después de la petición presentada irregularmente por la abogada Sandoval, la que generó el problema de trámite que se está ventilando en sede judicial. Si el abogado Villalobos no hubiera realizado este extraño y sorpresivo acto procesal, se habría procedido con toda probabilidad a tramitar la sustitución de poder presentada por la señora Sandoval, reconocer su personería, y adoptar un pronunciamiento sobre su “solicitud de aclaración” en primera instancia. Sin embargo, la inesperada conducta procesal del abogado Villalobos (probablemente motivada por un desacuerdo con la actuación de la señora Sandoval y una intención de evitar el vencimiento del término de ejecutoria del fallo de primera instancia sin apelar) causó la confusión de trámite reseñada —el envío del expediente al superior para surtir el recurso de apelación, y el posterior hallazgo en la secretaría del fallador de primera instancia de los documentos presentados por la abogada Sandoval—. Por lo mismo, el hecho de que el abogado Villalobos se esté valiendo de este insuceso de trámite para invocar una supuesta nulidad del proceso equivale, en últimas, a alegar su propia culpa en beneficio suyo, en términos jurídicamente insostenibles (nemo auditur propriam turpitudinem allegans). Tampoco tuvo en cuenta el abogado, al reasumir intempestivamente el poder el mismo día en que la abogada sustituta intentó actuar, la expresa prohibición que trae el artículo 66 del Código de Procedimiento Civil, según la cual “en ningún proceso podrá actuar simultáneamente más de un apoderado judicial de una persona”.
5. Supuesta violación del debido proceso por insuficiencia probatoria.
Sea lo primero recordar que, según lo ha reiterado esta Sala, la autoridad disciplinaria cuenta con una potestad de valoración probatoria amplia, que le habilita para determinar, en ejercicio de discrecionalidad razonada, cuándo obran en un determinado proceso disciplinario suficientes pruebas como para forjarse la certeza y convicción respecto de la ocurrencia —o no ocurrencia— de determinados hechos. Así se deduce del texto mismo de las disposiciones generales sobre recaudo y valoración de pruebas del Código Disciplinario Único:
(c) el artículo 129 establece que “[e]l funcionario buscará la verdad real”, para lo cual debe “investigar con igual rigor los hechos y circunstancias que demuestren la existencia de la falta disciplinaria y la responsabilidad del investigado, y los que tiendan a demostrar su inexistencia o lo eximan de responsabilidad”, y “podrá decretar pruebas de oficio” —se desprende necesariamente de este precepto que el funcionario que ejerce la potestad disciplinaria debe entenderse suficientemente habilitado para establecer cuándo el recaudo probatorio le permite visualizar “la verdad real”, mediante la valoración ponderada y razonada de las evidencias recogidas—;
(d) el artículo 141 consagra en términos específicos el deber del funcionario disciplinante de apreciación de las pruebas según la sana crítica, al disponer que “las pruebas deberán apreciarse conjuntamente, de acuerdo con las reglas de la sana crítica”, y que “en toda decisión motivada deberá exponerse razonadamente el mérito de las pruebas en que esta se fundamenta” —disposiciones que claramente presuponen la existencia de una potestad de valoración y apreciación de la suficiencia probatoria en un momento dado del proceso—;
Se tiene, así, que fue claramente voluntad del legislador el dotar a las autoridades que ejercen la potestad disciplinaria, como la Procuraduría, de una facultad de valoración y apreciación probatoria —o facultad de libre formación del conocimiento del operador disciplinario— que incluye el poder para determinar cuándo se ha logrado recaudar un nivel de pruebas suficiente como para concluir con certeza y convicción que se pudo haber cometido una falta.
Sobre este punto, vale la pena precisar que en el ámbito de los procesos disciplinarios no existe una tarifa probatoria legal; de hecho el propio Código Disciplinario Único consagra, en su artículo 131, el principio de libertad probatoria, al establecer que “la falta y la responsabilidad del investigado podrán demostrarse con cualquiera de los medios de prueba legalmente reconocidos”. De manera tal que no es aceptable exigir que se haya recaudado un tipo determinado de prueba —por ejemplo un testimonio o un documento— para efectos de sustentar un fallo disciplinario, que puede estar basado, por decisión expresa del legislador, en cualquiera de los medios de prueba admitidos por el sistema legal colombiano —e incluso en otros medios probatorios, como se deduce del artículo 130 ibídem—(69).
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala concluye que el cargo no está llamado a prosperar, puesto que el ejercicio de valoración probatoria que realizó el Inspector delegado especial de la Policía se mantuvo dentro del margen propio de sus competencias, y se sustentó en claros y sólidos argumentos que se transcribieron, en lo pertinente, en la sección 4.1.19 de la presente providencia.
6. Aludida violación del debido proceso por errónea interpretación del tipo disciplinario.
El demandante alega que en los fallos disciplinarios que le sancionaron se dio una interpretación jurídica errónea al tipo disciplinario consagrado en el artículo 48.42 de la Ley 734 de 2002, al haberse asumido que la utilización indebida del cargo, función o jerarquía para influir sobre otro servidor público es una falta de mera conducta, y no de resultado; en su criterio, este tipo disciplinario requiere, para configurarse en casos concretos, no solamente que se realicen actos tendientes a influir en un servidor público, sino que dichos actos produzcan el resultado buscado, a saber, conseguir una actuación, concepto o decisión de parte de la autoridad objeto de la influencia.
Se desprende del tenor literal de esta norma que el verbo rector de la conducta allí tipificada es “influir”, y que dicho verbo rector está cualificado por dos elementos, uno objetivo —el hecho de que la influencia se realice “prevaliéndose” de un cargo, una función o una jerarquía determinadas y verificables— y uno subjetivo —la finalidad o propósito que se busca con los actos de influencia, a saber, la consecución de una actuación, concepto o decisión que le pueda beneficiar directa o indirectamente—. No es necesario traer a juicio elementos hermenéuticos adicionales para concluir que yerra el demandante cuando pretende que este tipo disciplinario se interprete como un tipo de resultado que exige la adopción efectiva de la actuación, concepto o decisión por parte del servidor público influido, y la obtención efectiva del beneficio, para configurarse; tal interpretación es contraria al texto mismo de la norma.
En criterio de la Sala, si hubiera sido voluntad del legislador exigir la obtención efectiva de la actuación, concepto o decisión y del beneficio de allí derivado como uno de los elementos que configuran el tipo disciplinario, no habría utilizado las palabras “para conseguir...”, sino “y conseguir”, o alguna otra forma conjuntiva semejante. La utilización de la palabra “para” revela que este elemento del tipo disciplinario corresponde a la finalidad con la que actúa el servidor público que incurra en el verbo rector principal, esto es, influir, verbo que debe interpretarse en el sentido de ejercer actos tendientes a influir sobre determinado servidor público, actos de cualquier índole, con los elementos cualificadores objetivo y subjetivo que se acaban de indicar.
Por las anteriores razones, el Consejo de Estado concluye que no se incurrió en ilegalidad alguna en los fallos disciplinarios de primera y segunda instancia cuando interpretaron el artículo 48.42 del Código Disciplinario Único como un tipo disciplinario de mera conducta y no de resultado. El cargo no prospera.
7. Aludida violación del debido proceso por el conteo incorrecto del término de fijación de un edicto notificatorio.
Debe la Sala establecer si se violó el debido proceso del señor Sánchez Mosquera por la forma como se contabilizó el término de traslado para presentar alegatos de conclusión, dándole aplicación al Código de Procedimiento Civil en una materia que tiene regulación expresa en el Código Disciplinario Único.
Alega el abogado Villalobos que el cálculo del tiempo que duró fijado el estado se realizó con base en la norma incorrecta, puesto que se invocó para el efecto el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, siendo que existe una regulación expresa del tema en el artículo 103 del Código Disciplinario Único.
“ART. 103.—Notificación de decisiones interlocutorias. Proferida la decisión, a más tardar al día siguiente se librará comunicación con destino a la persona que deba notificarse; si esta no se presenta a la secretaría del despacho que profirió la decisión, dentro de los tres días hábiles siguientes, se procederá a notificar por estado o por edicto, salvo en el evento del pliego de cargos. // En la comunicación se indicará la fecha de la providencia y la decisión tomada”.
Ahora bien, el artículo 105 de la misma Ley 734 de 2002 disponía a la fecha del proceso (antes de su modificación por la L. 1474/2011):
“ART. 105.—Notificación por estado. La notificación por estado se hará conforme lo dispone el Código de Procedimiento Civil”.
Más aún, para la fecha en la que se surtió este procedimiento, no había norma alguna en el Código Disciplinario Único (como la hay hoy, luego de la reforma de la L. 1474/2011) que estableciera un procedimiento o un término para correr traslado para alegatos de conclusión; de allí que el inspector delegado hubiese recurrido a una interpretación armónica de todo el Código Disciplinario Único, trayendo a colación el artículo 92-8 del mismo (que consagra el derecho de las partes a presentar alegatos de conclusión) y efectuando un ejercicio de remisión normativa a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, para concluir que el término a aplicar para este traslado era de diez días. En otras palabras, el funcionario conductor del proceso disciplinario realizó un esfuerzo interpretativo correcto para efectos de materializar al máximo el derecho de defensa del señor Sánchez Mosquera.
Tratándose de un auto de trámite o sustanciación, y no de un auto interlocutorio o de fondo que requiriese notificación personal, el inspector delegado obró correctamente cuando dio aplicación al artículo 105 del Código Disciplinario Único, que remite al procedimiento establecido en el Código de Procedimiento Civil para efectos de realizar la notificación por estado.
Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo de Estado observa que, según se reseñó en las secciones 4.1.12 y siguientes de la presente providencia, el inspector delegado especial que adelantaba la investigación procuró por medios extraordinarios notificar en forma personal de la decisión de correr traslado para presentar alegatos de conclusión al abogado Villalobos, sin estar en la obligación legal de hacerlo; en efecto, además de la fijación del estado como tal, el 24 de junio de 2008 se envió una comunicación al abogado Villalobos informándole que se iba a fijar el estado el 27 de junio de 2008 durante un día —comunicación que tiene una nota de recibo—, y asimismo se le envió el mismo 24 de junio de 2008 una citación para que compareciera el 26 de junio de 2008 a la Inspección para notificarse de esa y otras decisiones adoptadas en el proceso.
De igual forma, nota el Consejo de Estado que transcurrido parcialmente el término de traslado para presentar alegatos, y estando todavía vigente el mismo, el señor Ariel Sánchez Mosquera, investigado, compareció personalmente ante la inspección delegada especial de la dirección general de la Policía y se negó a notificarse personalmente de las providencias pendientes de notificación, incluido el auto que corrió traslado para presentar alegatos de conclusión. Es evidente que se trató de una decisión con fines dilatorios del proceso, que resta fuerza o credibilidad a la posición del abogado Villalobos, quien argumenta una violación sustancial de su derecho de defensa; por el contrario, existiendo la oportunidad para que ejerciera dicho derecho de defensa presentando oportunamente alegatos, y habiéndose tomado medidas extraordinarias para comunicarle que el término estaba corriendo, el abogado Villalobos por razones que se desconocen, al igual que su cliente Ariel de Jesús Sánchez, se abstuvieron de ejercer materialmente su defensa y recurrieron a conductas procesales reprochables —negarse a proceder a la notificación personal— que ahora invocan en su favor en sede judicial para buscar que se anule la actuación.
8. Aludida violación del debido proceso por no acatamiento de una directriz del fallador disciplinario de segunda instancia.
Observa a este respecto la Sala que, tal como se reseñó en las secciones 4.1.8 y siguientes de la presente providencia, el proceso disciplinario adelantado por el inspector general de la Policía Nacional fue llevado hasta la adopción de un fallo sancionatorio el 13 de julio de 2006; no obstante, el 18 de abril de 2007 el director general de la Policía Nacional resolvió declarar la nulidad de lo actuado a partir del auto de cargos, por considerar que se había realizado una errónea subsunción típica de la conducta del señor Sánchez Mosquera, por haber efectuado un ejercicio de remisión normativa inadecuado. Declarada la nulidad, el proceso se rehízo en todas sus etapas.
En efecto, la eficacia jurídica de la decisión del director general de la Policía Nacional, como autoridad disciplinaria de segunda instancia, se agotaba en la anulación de lo actuado en primera instancia y en la orden de retrotraer el procedimiento hasta el momento previo a la adopción del auto de cargos; su competencia como autoridad de segunda instancia no incluía, desde ninguna perspectiva, el dictar pautas, directrices u órdenes a la autoridad disciplinaria de primera instancia para que esta, siguiéndolas, diese término al proceso según una instrucción predefinida de su superior. Por lo tanto, el inspector delegado especial, al acatar la anulación de lo actuado, rehacer el procedimiento y culminarlo con la decisión sancionatoria que se examina, no estaba obligado a seguir ninguna pauta o directriz de su superior funcional, ya que obraba autónomamente en ejercicio de la potestad disciplinaria que le era propia.
(59) Ver, entre otras, la decisión adoptada el 27 de marzo de 2009 por la Sección Segunda, con ponencia del Consejero Gerardo Arenas Monsalve, así como el Auto proferido por la misma Sección Segunda el 4 de agosto de 2010, con ponencia del consejero Gerardo Arenas Monsalve, los cuales siguen la línea jurisprudencial establecida por la sección segunda de esta corporación desde el auto del 12 de octubre de 2006, Expediente 0799-06, radicación 110010322400020050033300, actor: Eduardo de Jesús Vega L., C.P. Alejandro Ordóñez Maldonado.
(60) En este sentido, en la Sentencia C-155 de 2002 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), la Corte Constitucional argumentó: “El derecho disciplinario es una modalidad del derecho sancionador, cuya concepción hoy en día debe estar orientada por los principios del Estado social y democrático de derecho previstos en el artículo 1º de la Constitución, garantizando el respeto a las garantías individuales pero también los fines del Estado determinados en el artículo 2º ibídem y para los cuales han sido instituidas las autoridades públicas”.
(61) Sentencia C-417 de 1993.
(62) Sentencia C-417 de 1993.
(63) Corte Constitucional, Sentencia C-155 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
(64) Ha aclarado la Corte Constitucional a este respecto que “en el terreno del derecho disciplinario estricto, esta finalidad se concreta en la posibilidad que tiene la administración pública de imponer sanciones a sus propios funcionarios quienes, en tal calidad, le están sometidos a una especial sujeción. Con esta potestad disciplinaria se busca de manera general el logro de los fines del Estado mismo y particularmente asegurar el cumplimiento de los principios que gobiernan el ejercicio de la función pública, cuales son el de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad” (Sent. C-125/2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra]; y que “la administración pública goza de un poder disciplinario para someter a sus servidores y obtener de ellos la obediencia, disciplina, moralidad y eficiencia necesarias para el cumplimiento de sus deberes y demás requerimientos que impone la respectiva investidura pública, a fin de que se cumpla con el propósito para el cual han sido instituidos, como es el servicio al Estado y a la comunidad, en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento (C.N., art. 123)” (Sent. C-095/98, M.P. Hernando Herrera Vergara).
(65) Corte Constitucional, Sentencia C-244 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
(66) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”. Sentencia del 19 de agosto de 2010. Radicación 76001-23-31-000-2000-02501-01 (1146-05). Actor: Milton José Mora Lema. Demandado: Procuraduría General de la Nación. C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.
(67) Ver las sentencias C-095 de 1998 (M.P. Hernando Herrera Vergara), C-1189 de 2005 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), o T-060 de 2009 (M.P. Mauricio González Cuervo).
(68) Código de Procedimiento Civil, artículo 67: “Para que se reconozca la personería de un apoderado es necesario que este sea abogado inscrito y que haya aceptado el poder expresamente o por su ejercicio”.