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Timestamp: 2017-10-19 23:25:57
Document Index: 291421379

Matched Legal Cases: ['Artículo 68', 'Artículo 289', 'Artículo 312', 'Artículo 42', 'Artículo 19', 'Artículo 28', 'Artículo 69']

La Gaceta: Turna la Presidencia iniciativas de nuevas leyes y proyectos de decreto
Turna la Presidencia iniciativas de nuevas leyes y proyectos de decreto
Hermosillo, Son. 10 de diciembre de 2013.- Proyectos de nuevas leyes de anticorrupción en contrataciones públicas y que crea el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, así como para modificar las de Educación, de Responsabilidades, de Hacienda, de Tránsito, de Adquisiciones y de Integración Social, se recibieron en el Pleno del Congreso.
La primera de éstas fue presentada por el diputado Carlos Samuel Moreno Terán, con proyecto de ley anticorrupción en contrataciones públicas del Estado de Sonora y de decreto por el que se adicionan y reforman los artículos 63 bis y un párrafo cuarto del Artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.
Expuso que la iniciativa tiene por objeto impulsar una nueva cultura de transparencia, rendición de cuentas y honestidad en la función pública
La misma establece responsabilidades y sanciones que deben imponerse a personas físicas y morales de nacionalidad mexicana o extranjera, por infracciones en que incurran, de forma directa o indirecta, dijo, con motivo de su participación en contrataciones públicas a nivel estatal o municipal, con el carácter de interesados, licitantes, invitados, proveedores, adjudicados o contratistas, permisionarios y concesionarios.
Moreno Terán agregó que el proyecto también establece la integración de órganos de control interno para interpretar y aplicar la ley, y reglamenta la investigación que prosigue al procedimiento administrativo sancionador de oficio o por denuncia, además de que los faculta para requerir a las personas físicas y morales, públicas o privadas, la información necesaria para integrar la investigación.
Las sanciones para las personas físicas oscilarán en multas de mil a 50 mil salarios mínimos y hasta la inhabilitación para participar en contrataciones públicas de tres meses a ocho años, mientras que para personas morales serán de una multa de 10 mil a 50 mil salarios mínimos, hasta la inhabilitación de seis meses a diez años.
Para la Ley de Responsabilidades se presentan una serie de reformas y adiciones con el objeto de establecer mayores sanciones a quienes incurran en este tipo de actos materia de la legislación propuesta. La iniciativa se turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, en tanto que a la de Obras y Servicios Públicos se envió el proyecto de ley que crea el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, presentada por el diputado Humberto Jesús Robles Pompa.
La iniciativa pretende otorgar una mayor inclusión dentro del Consejo Directivo, sostuvo, con el objeto de profesionalizar las políticas públicas que en materia de concertación de obra pública realice dicho consejo, para lo cual se propone que sean tres vocales emanados de las universidades del Estado de Sonora donde se cuenta con las carreras de Ingeniería Civil y Arquitectura.
Robles Pompa expuso que de igual forma, la iniciativa propone una adición a la Ley de Hacienda del Estado, en virtud de que gran cantidad de los recursos que maneja el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, provienen de la contribución fiscal establecida en el Artículo 289 de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora, la cual consiste en una cuota adicional del 15% del importe de los impuestos y derechos vigentes en el Estado de Sonora.
Es por ello que considero pertinente la creación de un fideicomiso que extraiga de los fondos generales de la administración pública los ingresos obtenidos por el cobro de las contribuciones para el CECOP, con el objetivo primordial de que estos recursos lleguen a los ayuntamientos de Sonora, sin costos de la burocracia e intereses políticos, aseveró.
Otro proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado lo presentó el diputado Carlos Ernesto Navarro López, que busca eliminar la periodicidad de tres años para el reemplacamiento vehicular que establece el Artículo 312 de la referida legislación.
Se deja la posibilidad de efectuar el canje de placas, previo pago de los derechos correspondientes, únicamente en los casos de robo, extravío o deterioro de las láminas, indicó, al grado que no permitan su correcta visibilidad.
Navarro López consideró importante el replanteamiento de distintas políticas públicas que coadyuven a sostener o mejorar el nivel de vida de la población acrecentando su poder adquisitivo, entre ellas, disminuir o bien eliminar el pago de ciertos instrumentos impositivos, como los programas de reemplacamiento o canje de placas por parte de la autoridad hacendaria estatal.
También se requiere adecuar el Artículo 42 de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora, en virtud de que tal disposición estipula como obligatorio el canje de placas cada tres años y es esta disposición legal la que faculta el cobro de la expedición de las placas a la autoridad hacendaria en la entidad, explicó.
La iniciativa se turnó a las comisiones Primera y Segunda de Hacienda, en forma unida, mientras que a la Educación y Cultura se envió otra que presentó el diputado Juan Manuel Armenta Montaño, con proyecto de decreto que adiciona la fracción VII bis A al Artículo 19 de la Ley de Educación.
Indicó que la iniciativa pretende darle facultad a la Secretaría de Educación y Cultura para que establezca las medidas de cuidado y preservación de los libros de texto que puedan ser reutilizados.
La reutilización dependerá de criterios que la misma Secretaría considere, así como el estado físico de los libros y que el contenido aún sea vigente según los criterios de la SEC, por ser los libros una fuente de conocimiento y facilitadores de aprendizaje.
Por ello nos debemos dar a la tarea de cuidarlos y fomentar su reutilización y, con ello, contribuir al mejoramiento del ambiente, expresó Armenta Montaño.
La adición que propone señala que se establecerán medidas que deberán observar docentes y alumnos para permitir la reutilización de los libros de texto, susceptibles de hacerlos, por estudiantes del grado correspondiente en el siguiente ciclo escolar o para apoyar al Ayuntamiento en la prestación de servicios bibliotecarios.
El diputado Luis Alejandro García Rosas presentó, a nombre suyo y de las diputadas Guadalupe Gracia Benítez y Karina García Gutiérrez, una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal, y que adiciona el Artículo 69 de la Ley de Integración Social para Personas con Discapacidad.
Se propone que en Sonora se promueva la creación de empresas que empleen a trabajadores con discapacidad o de empresas de las cuales sean dueños o socios personas con discapacidad, así como que el Gobierno del Estado pueda celebrar contratos con los mismos, sin la necesidad de una licitación de por medio.
García Rosas dijo que con esto se daría el primer paso, desde el Congreso, para poder llegar en un futuro a incorporar a las personas con discapacidad a la vida laboral.
Recordó que dentro de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Sociedad se han aprobado diversas iniciativas que reforman, derogan y adicionan la Ley de Integración Social para Personas con Discapacidad en el Estado, para lo cual se han cubierto diversos aspectos que coadyuvan a la integración de estas personas a la sociedad, tal como quedó plasmado en la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General sobre Discapacidad y Desarrollo.
La misma busca crear una agenda para el desarrollo que tenga en cuenta a las personas con discapacidad para 2015 y después de ese año, pero no deben esperar esos plazos, afirmó, si dentro de sus posibilidades está actuar con determinación y solidaridad en pro de ese fin.