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Timestamp: 2017-06-23 00:09:10
Document Index: 373013924

Matched Legal Cases: ['e contrario', 'artículo 228', 'artículo 277', 'artículo 10', 'artículo 5', 'artículo 7']

INSTITUCIONES CONSTITUCIONALES COLOMBIANAS: TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA PROFIERE SENTENCIA DE TUTELA EN EL CASO DE LOS MATRIMONIOS DE PAREJAS DEL MISMO SEXO - Matrimonio entre Elizabeth González Sanabria y Sandra Marcela Rojas Robayo - Matrimonio entre parejas del mismo sexo - PROCURADURIA Y MATRIMONIO ENTRE PAREJAS HOMOSEXUALES
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA PROFIERE SENTENCIA DE TUTELA EN EL CASO DE LOS MATRIMONIOS DE PAREJAS DEL MISMO SEXO - Matrimonio entre Elizabeth González Sanabria y Sandra Marcela Rojas Robayo - Matrimonio entre parejas del mismo sexo - PROCURADURIA Y MATRIMONIO ENTRE PAREJAS HOMOSEXUALES
SALA SÉPTIMA CIVIL DE DECISIÓN
Bogotá D.C., veintinueve (29) de octubre de dos mil
Magistrado Ponente: MANUEL ALFONSO ZAMUDIO MORA. Proceso No. 11001310304420130055201
ACCIÓN DE TUTELA Accionante: Procurador Judicial II de la
Procuraduría General del Nación – Delegada para Asuntos Civiles-, actuando
como Ministerio Público.
Accionado: JUZGADO 44 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ,D.C..
Sentencia discutida y aprobada en sesión No. 41 de
Decídase la impugnación de la sentencia de 16 de octubre de 2013 proferida
por el Juzgado 44 Civil de Circuito de Bogotá – Piloto de la Oralidad. ANTECEDENTES El señor “Procurador Judicial II de la Procuraduría General del Nación –
Delegada para Asuntos Civiles-, actuando como Ministerio Público” solicitó “Declarar la nulidad de la actuación adelantada por el
Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil Municipal de Bogotá, actuación a través de la
cual se aceptó la solicitud de matrimonio formulada por la señoras Elizabeth
González Sanabria y Sandra Marcela Rojas Robayo”[1]; por cuanto, a su criterio, se configuran unas vías
de hecho en el caso en mención, las que se sintetizan en la existencia de un
defecto orgánico[2],
defecto procedimental absoluto[3],
defecto material o sustantivo[4]
y desconocimiento del precedente constitucional[5]; los que,
en términos generales, se resumen en lo siguiente: 1-.Defecto orgánico[6] en razón a
que el juzgado accionado carece de absoluta competencia para conocer de la
solemnización del matrimonio de dos personas del mismo sexo, porque el
congreso, como lo requirió la sentencia C- 577 de 2001, no aprobó la
celebración de uniones matrimoniales de dicha naturaleza. 2-. Defecto procedimental absoluto que “Ocurrió cuando el juez ordenó desarrollar el trámite
de un matrimonio de personas del mismo sexo desconoció que la Corte
Constitucional en el pluricitado fallo C577 de 2011 le confirió competencia fue
para ‘formalizar y solemnizar’ el ‘vínculo contractual’ que existiera entre
ellas, jamás para celebrar el contrato solemne de matrimonio” [7].
3-. Defecto material o sustantivo “se presenta cuando la operadora judicial aplicó normas
inexistentes, pues, se itera, el Congreso de la República, en los debates
correspondientes, negó la celebración del matrimonio civil entre personas del
mismo sexo” [8].
4-. Desconocimiento del precedente constitucional “Opera el requisito indicado cuando en las decisiones
adoptadas la Jueza Cuarenta y Cuatro Civil Municipal de Bogotá, desconoció lo
señalado por la Corte Constitucional en la parte motiva de la sentencia C – 577
de 2011, al indicar: ‘ El matrimonio como forma de constituir una familia
aparece inequívocamente ligado a la pareja heterosexual y la decisión de
conferirle un tratamiento expreso a la familia surgida de esta clase de vínculo
correspondiente a una determinación que el Constituyente plasmó en la Carta’” [9].
La “Fundación Marido y Mujer”[10],
con argumentos similares a los expuestos por la accionante en su petición la
coadyuvó; mientras que las contrayentes[11]
solicitaron se declarara improcedente el amparo constitucional deprecado por el
Ministerio Público, pues, a su criterio, en primer lugar, el accionante carece
de legitimación; en segundo término, no se desconoció el derecho al debido
proceso, pues en este caso no se cumplen los requisitos contra providencias
judiciales y, finalmente, no se presenta ninguna causal de nulidad que afecte
la actuación y soporte la solicitud de la Procuraduría General de la Nación. La señora juez accionada manifestó que no vulneró derecho alguno por cuanto
la “discrepancia en la interpretación
de la ley y la jurisprudencia, no constituye en manera alguna vía de hecho,
(…), pues ello resulta abiertamente contrario a la dispuesto en el artículo 228
Superior, conforme al cual las decisiones judiciales son independientes,
públicas, permanentes y en ellas prevalecerá el derecho sustancial” (Corte
Constitucional, Sentencia C – 301/93; C-708/96 y C-1002/05, entre otras”)[12], y no “observa que se encuentre bajo ninguno de los
argumentos del accionante”.
La primera instancia, después de citar
apartes de la sentencia T- 293 de 2013, referente a la interpretación del
artículo 277 de la Carta Política, en la cual se dice que “Por lo tanto, considera la Sala que la Procuraduría
General de la Nación o sus agentes están legitimados para interponer acciones
de tutela, cuando ello sea necesario para el cumplimiento de sus funciones constitucionales
en protección del interés general, del patrimonio público y los intereses de la
sociedad”[13], concedió el amparo a los derechos reclamados,
fundamentado, en primer lugar, en que la Procuraduría General de la Nación a
través de sus Procuradores Delegados de conformidad con las funciones que la
misma constitución le asigna se encuentra plenamente habilitada para interponer
acciones de tutela. En segundo término, en que ni la ley ni
la jurisprudencia facultan o autorizan al juez la celebración de la institución
del matrimonio civil para aquellas parejas del mismo sexo que se unen con el
fin de vivir juntos y en ese orden quieren solemnizar ese vínculo contractual[14].
Las señoras Adriana Elizabeth González Sanabria y Sandra Marcela Rojas
Robayo, por intermedio de apoderado judicial, impugnaron la decisión con los
mismos argumentos que había defendido la decisión cuestionada[15].
pronto se advierte que la solicitud de
amparo constitucional debe ser decidida en sentido desfavorable y por ende,
prospera la revocatoria de la sentencia que profirió el a quo, habida cuenta que el accionante, en su condición de
“Procurador Judicial II de la Procuraduría General del Nación – Delegada para
Asuntos Civiles-, actuando como Ministerio Público”, aunque invoque lo
dispuesto en los artículos 227 -7 de la Constitución Política y 45 del Decreto
262 de 2000, carece de legitimación en la causa por activa (artículo 10 del Decreto 2591 de 1991). En efecto, la Procuraduría no plantea que a
las contrayentes les fueron vulnerados
sus derechos fundamentales, la petición se refiere a “Declarar la nulidad de la actuación adelantada por el
González Sanabria y Sandra Marcela Rojas Robayo”[16]; de lo cual se deduce que el accionante en ejercicio de las funciones de “ministerio público”
pretenda ejercer un control de legalidad de las decisiones de los jueces y por
esa vía, la supuesta protección del derecho fundamental al debido proceso.
Aunado a lo anterior, si lo que pretende el
accionante es que se declare la nulidad sustancial del “matrimonio” celebrado
entre Elizabeth González Sanabria y
Sandra Marcela Rojas Robayo, sin que al respecto tome partido la Sala, tal
objetivo cuenta en el ordenamiento con el proceso de “nulidad y divorcio de matrimonio civil y de la cesación de efectos
civiles de matrimonio religioso” en los términos del numeral 1º del
artículo 5 del Decreto 2272 de 1989, modificado por el artículo 7 de la Ley 25
conclusión, no es viable la protección constitucional que reclamó el señor Procurador Judicial II de la Procuraduría General
del Nación – Delegada para Asuntos Civiles-, actuando como Ministerio Público”,
coadyuvada por la “Fundación Marido y Mujer”, pues por un lado, carece de
legitimación y por el otro, en caso de la nulidad, existen otros mecanismos de
consecuencia, se revocará la sentencia impugnada y se negarán las pretensiones.
En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Séptima de
Decisión Civil, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
Primero. Conforme a lo dicho se revoca la sentencia de fecha y procedencia preanotadas y en su lugar, se niega el amparo
solicitado. Segundo. Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más expedito.
Tercero. Remítase el expediente de esta acción a la Corte Constitucional
magistrados, MANUEL ALFONSO ZAMUDIO MORA
(Rad. 11001310304420130055201)
GERMÁN VALENZUELA VALBUENA (Rad. 11001310304420130055201)
ÓSCAR FERNANDO YAYA PEÑA
[1] Ver folio 24
[2] Ver folio 18 del cuaderno uno
[3] Ver folio 19 ibídem [4] Ver folio 19 ibídem
[5] Ver folio 20 ibídem
[6] Ver folio 18 ibídem
[7] Ver folio 19 ibídem
[8] Ver folio 19 ibídem
[9] Ver folio 20 ibídem
[10] Ver folios 111 y siguientes, ibídem
[11] Ver folio 65 ibídem
[12] Ver folio 31 ibídem anterior
[13] Ver página 130 y
siguientes. Sentencia de primera instancia.
[14] Ver folio 139 ibídem anotación 11
[15] Ver folio 151 y
[16] Ver folio 24