Source: http://bazica.org/informe-n-5901.html?page=3
Timestamp: 2019-02-20 22:20:02
Document Index: 11775298

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 25', 'artículo 1', 'artículo 25', 'artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 1']

4. Duplicación del procedimiento y cosa juzgada - Informe nº 59/01
1. Las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC)28
81. Las Patrullas de Autodefensa Civil nacieron a inicios de los años ochenta como grupos de civiles organizados “coercitivamente por la institución armada, que pretendía aislar al movimiento guerrillero y controlar sus comunidades”.29 En abril de 1983 el Acuerdo Gubernativo 222-83 las reconoció legalmente mediante la creación de la Jefatura Nacional de Coordinación y Control de la Auto Defensa Civil.30
82. Conforme a este Acuerdo Gubernativo, las PAC dependían jerárquicamente de las autoridades militares. El primer considerando de este Acuerdo señala que “para proteger a la población honrada y trabajadora del país de la acción destructora promovida por la subversión, el Ejército de Guatemala ha organizado las PAC, especialmente en las poblaciones del interior del país”. El considerando segundo señala que “para regular la Organización, Funcionamiento y Control de las PAC, es necesario crear las respectivas jefaturas con jurisdicción en todo el territorio nacional, para cuyo propósito es procedente dictar la correspondiente disposición legal”. El artículo 2 indica que el Ministro de Defensa Nacional emitirá un reglamento y las órdenes que estime convenientes, para la organización y funcionamiento de la jefatura creada mediante esta disposición.31
83. En 1986, mediante el Decreto Ley 19-86, las PAC pasaron a denominarse “Comités Voluntarios de Defensa Civil”. Según se ha señalado “este cambio simplemente fue nominal puesto que la finalidad de estas organizaciones siguió siendo la misma, continuaron siendo parte de la contrainsurgencia del Ejército y sus integrantes siguieron dependiendo totalmente de la institución armada”.32 En este mismo sentido el experto independiente de Naciones Unidas para Guatemala señaló que “a pesar de lo que indica el nombre oficial de los Comités Voluntarios de Auto Defensa Civil, son muchos los habitantes de las zonas rurales que siguen viéndose obligados a incorporarse a dichas patrullas. Las patrullas se han convertido en un elemento institucionalizado de incontrolable violencia…”.33
84. Las PAC fueron disueltas oficialmente en 1996 mediante el Decreto número 143-96, dándose de esta forma cumplimiento al “Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática”.34
85. De esta forma se puede señalar que las PAC fueron una fuerza paramilitar legalizada que siempre estuvo sujeta al Ejército y cuyo “funcionamiento contaba con la planificación y control de la institución militar”.35
86. Las PAC tuvieron como objetivos centrales organizar a la población civil contra los movimientos guerrilleros y lograr un control físico y psicológico sobre la población. Es así como el fenómeno de las PAC tuvo un gran impacto en las estructuras sociales de la sociedad guatemalteca, especialmente en las áreas rurales con predominancia de población indígena.36
87. El involucramiento de la población guatemalteca en el sistema de las PAC fue muy alto. “No hay datos oficiales del número de hombres integrados a las PAC. Sin embargo, hacia 1982-1983 llegaron a agrupar a unos 900.000 campesinos comprendidos entre los 15 y 60 años, es decir, cerca del 80% de la población masculina en las áreas rurales indígenas. Durante el gobierno de Vinicio Cerezo (1986-1990) los miembros de las PAC bajaron a 500.000, y eran unos 375.000 en el momento de su disolución".37
88. Los miembros o integrantes de las PAC, conocidos como “patrulleros”, dependían de la autoridad o jefe de la patrulla, quienes eran designados en la gran mayoría de los casos por los comandantes militares de su jurisdicción, y en las comunidades afines a los militares eran éstas las que los proponían, pero en ambos casos “debían obtener la autorización del comandante de la zona militar respectiva”. “El registro de los patrulleros se realizaba por medio de un documento de identificación, el cual era expedido en los destacamentos militares”. Los patrulleros recibían del ejército instrucción militar, adoctrinamiento ideológico y suministro de armas. Por su parte los patrulleros colaboraban con el Ejército entre otros como informantes, en rastreos, en operaciones contrainsurgentes, captura, interrogatorios, tortura y ejecuciones extrajudiciales.38
… las patrullas civiles tenían una relación institucional con el Ejército, realizaban actividades de apoyo a las funciones de las fuerzas armadas y, aún más, recibían recursos, armamento, entrenamiento y órdenes directas del Ejército guatemalteco y operaban bajo su supervisión, y a esas patrullas se les atribuían varias violaciones de derechos humanos, incluyendo ejecuciones sumarias y extrajudiciales y desapariciones forzadas de personas.39
90. En cuanto a la incorporación de la población a las PAC, si bien en el papel era voluntaria en la práctica en muchas oportunidades tuvo características de reclutamiento forzoso y en otras tantas se convirtió en un mecanismo de sobrevivencia de la población civil.40 En este sentido “se presionaba a la gente a incorporarse a las PAC por medio de la coacción, las acusaciones y las amenazas de muerte que incluían incluso a los familiares. Estas amenazas fueron el mecanismo más importante para tratar de involucrar a los hombres de la comunidad y, a través de ellos, tener un sistema de control de las familias. El sistema de control de la vida cotidiana llevó a que fuera muy difícil que la gente se resistiera a participar”.41
91. Las Patrullas de Autodefensa Civil lograron tener un gran poder físico y psicológico sobre sus miembros y las comunidades en su conjunto. En este sentido la Comisión ha señalado que las PAC: “En primer lugar en la mayoría de los casos no dependen ni están controladas por las autoridades civiles democráticamente electas de la comunidad, lo cual las hace una fuente alternativa de poder que exacerba tensiones y divisiones internas en la comunidad. En segundo lugar, en tanto estén fuera del control de la estructura democrática de poder, se vuelven centros alternativos de poder local, fuente de favoritismo, acciones ilegales y asumen ilegalmente poderes para su prestigio o provecho personal, apoyándose en su conexión real o pretendida con autoridades del Ejército o las fuerzas de seguridad. En vez de ser una fuente de tranquilidad, pasan a ser la causa del miedo y angustia comunitaria. Más aún, en las restringidas áreas donde aún subsisten movimientos irregulares armados, la reacción civil a las operaciones de contrainsurgencia, llevan a la población asolada entre dos fuegos. El Ejército, al percibir la frialdad del apoyo, lo interpreta como colaboracionismo con la guerrilla y en consecuencia castiga a la población”.42
92. En este mismo sentido el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico señaló que: “El Ejército otorgó poder discrecional a los jefes de patrullas, como parte del modelo de control total. Los actos y la vida de los demás patrulleros y de la población entera dependían del poder militar, ya sea en manos directas de miembros del Ejército o en manos de jefes de patrulla y comisionados. El sistema de sanciones era parte de ese modelo de control y también un mecanismo para que los patrulleros aprendiesen técnicas de tortura, las cuales luego aplicaban a la población”.43 De esta manera, “la imposición de castigos fue una práctica repetitiva en cientos de comunidades del país, donde los mismos patrulleros replicaron los métodos de tortura aprendidos de los miembros de la institución armada. La intimidación, las amenazas y los tratos crueles se realizaron en las comunidades como un método disuasivo para quienes rechazaban hacer los turnos respectivos o integrar las PAC…”.44 Asimismo, “la comisión de hechos violatorios de derechos humanos tuvo el objetivo de crear terror en la población y fue parte de la estrategia contrainsurgente del Estado. La actuación de los patrulleros se dio en el marco de la estrategia contrainsurgente. En general, actuaron bajo órdenes expresas de los militares o ejerciendo el poder impune que el Ejército les delegó para realizar funciones de vigilancia y control, capturas, operaciones armadas; incluso, la muerte y tortura de personas, la destrucción de comunidades, relaciones sexuales y actos inhumanitarios con ex combatientes, entre otros hechos violatorios de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario”.45
93. La Comisión dentro de este punto desea hacer una breve mención a la institución de los Comisionados Militares, atendida su estrecha vinculación con las PAC. La institución de los Comisionados Militares fue creada en julio de 1938.46 Al crearse las PAC (1981) los comisionados militares, debido a su cercanía con el ejército, pasaron por lo general también a ejercer funciones de jefes de las patrullas de Auto Defensa Civil. Algunas de las actividades desarrolladas por los Comisionados Militares fueron “la colaboración con el reclutamiento militar, con la red de información del Ejército, el control y vigilancia sobre la población civil, la persecución a delincuentes, las denuncias, las capturas de las víctimas, los interrogatorios y las torturas, la ejecución de mujeres y niños, la participación en operaciones contrainsurgentes, la utilización de cementerios clandestinos, la colaboración con los finqueros y la resolución de problemas personales, entre otros”.47
94. De esto modo podemos sostener, al igual como lo señaló la Corte, que “la aquiescencia del Estado de Guatemala en la realización de tales actividades por parte de las patrullas civiles, permite concluir, que dichas patrullas deben ser consideradas como agentes del Estado, y por lo tanto imputables a éste los actos por ellas practicados".48 De igual manera la CEH concluyó que:
El Estado es responsable de las violaciones cometidas por las PAC en la medida que actuaron organizadas por él, en cumplimiento de sus órdenes, o por el poder que el Estado les delegó, o con su aquiescencia, conocimiento o tolerancia, y estaban bajo su control jerárquico y supervigilancia. Como indican los testimonios recibidos por la CEH, la participación de las PAC en muchos hechos de violencia fue obligatoria y su oposición a hacerlo podía dar lugar a la muerte o tortura del patrullero. El poder omnímodo otorgado por el Ejército a los patrulleros, como parte de la estrategia de terror, dio lugar a que éstos cometieran todo tipo de violaciones. Es responsabilidad del Estado, además, la falta de investigación, juzgamiento o sanción de los responsables individuales en cada caso.49
Mediante la práctica sistemática de la ejecución arbitraria, agentes del Estado eliminaron físicamente a sus opositores, buscando a la vez reprimir, silenciar y controlar a la población en su conjunto, a través del terror, tanto en las áreas urbanas como en las rurales.50
97. Informes de este período reflejan la poca protección y garantías que el Estado guatemalteco le otorgaba al derecho a la vida. En su Informe Anual 1989-90, la Comisión destacó que se había registrado durante el período a que se refiere el informe “el más grave incremento de la violencia y de las violaciones a los derechos humanos ocurrido durante el Gobierno del Presidente Cerezo”.51 La Comisión se refirió tanto a las múltiples denuncias que había recibido como a la cantidad de informes de secuestros, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales que se registraban casi diariamente, y en ciertos casos con múltiples víctimas.52 Nuevamente en su Informe Anual 1990-91, la Comisión informó que la situación de los derechos humanos en el país se había deteriorado,53 y que la mayoría de los casos en trámite en la Comisión en relación con Guatemala eran denuncias de supuestas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y detenciones ilegales.54 A nivel nacional, el Procurador de Derechos Humanos informó del procesamiento de 556 peticiones relacionadas con muertes extrajudiciales en 1990 y 432 de estas peticiones en 1991.55 Las estadísticas de las ejecuciones extrajudiciales declaradas por las organizaciones no gubernamentales coincidieron con estas cifras o fueron sustancialmente superiores.56
98. Si bien algunas ejecuciones fueron perpetradas en forma indiscriminada, sin relación con el sexo, la edad, el origen étnico, la opinión política u otra distinción en cuanto a la víctima, “en el período que corre entre 1990 y 1996, se mantuvo la tendencia apuntada al final de los años 1980, es decir, la realización de ejecuciones arbitrarias selectivas…”.57 Las ejecuciones selectivas ocurrieron “…cuando la víctima era definida o elegida de forma clara y concreta … podía ser una persona, una comunidad o un sector…”.58
se realizan abiertamente a cualquier hora del día y de la noche, en cualquier lugar de Guatemala y sin importar la presencia de testigos presenciales…utilizan automóviles o camionetas sin placas o con placas robadas; ninguna persona y menos autoridad judicial hace nada por impedir los hechos; las investigaciones no concluyen a ningún resultado y los órganos responsables se inculpan el uno al otro por la falta de investigación.59
[L]os cadáveres hallados aparecieron en diferentes partes del país, en los más de los casos con heridas de bala o arma blanca; algunos con señales de torturas…60
100. Las ejecuciones arbitrarias en general se llevaron a cabo básicamente de dos maneras. En algunos casos, un grupo de hombres armados no identificados, en ropa de civil u ocasionalmente de uniforme, se acercaban a la víctima en su hogar, lugar de trabajo o en la calle, a menudo en presencia de testigos, y allí mismo perpetraban el ataque. En otros casos, la víctima era secuestrada en estos lugares, también a menudo en presencia de testigos, descubriéndose a las horas o los días el cadáver, en muchos casos con señales de tortura.61 Además, como informó la CEH, “[l]a mayoría de las ejecuciones arbitrarias cometidas por agentes del Estado se complementaron con otros actos y maniobras orientadas a evitar o entorpecer la investigación de los jueces, intensificando el clima de impunidad”.62
101. Las PAC cometieron numerosas ejecuciones extrajudiciales en las comunidades donde operaban y en comunidades vecinas a éstas.63 Las ejecuciones arbitrarias llevadas a cabo por las PAC se realizaban entre otras cuando una persona era acusada o sospechosa de ser guerrillera, durante acciones de patrullaje con o sin efectivos del ejército, cuando alguien se negaba a patrullar o incorporarse a éstas, por faltar al reglamento disciplinario de las PAC o simplemente por motivos personales, atendido el gran poder e impunidad con que actuaban sus miembros en las comunidades.64 “La mayor parte de las veces esas acciones se realizaron, según los testigos, sin antecedentes previos que implicaran a la persona en acciones militares de la guerrilla. Es posible que una parte de ellos fueran miembros de la infraestructura guerrillera en muchas comunidades (FIL), pero también tuvieron un carácter indiscriminado ante cualquier sospechoso, realizándose en medio de un despliegue de fuerzas y en una situación de completa indefensión de las víctimas y muchas veces delante de sus familiares”.65
103. Al evaluar la naturaleza y el alcance de la responsabilidad del Estado por esta práctica durante el conflicto, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico concluyó que “el Estado de Guatemala incurrió reiterada y sistemáticamente en violaciones del derecho a la vida … agravadas en numerosos casos por la aplicación de extrema impiedad, como ocurrió, a modo de ejemplo, en situaciones en las cuales los cuerpos fueron abandonados con evidentes señales de tortura, mutilaciones, múltiples impactos de bala o quemaduras”. En términos globales, según sus datos, “el Ejército fue responsable del 86% del total de ejecuciones arbitrarias”.66 “Las PAC fueron responsables del 21%, y los comisionados militares del 11%…”. “Otras fuerzas de seguridad del Estado (Policía Nacional, Guardia de Hacienda y otros), del 4%”.67 (Este porcentaje se calcula sobre el total de ejecuciones arbitrarias, sin evaluar si su actuación fue individual o en colaboración con otro actor).
104. Estas conclusiones generales son congruentes con las características de las ejecuciones y los informes del período específico bajo estudio. Por ejemplo, el Procurador de Derechos Humanos informó en julio de 1990 que “…la mayoría de las denuncias en su oficina correspondían a acusaciones contra el Ejército, la Policía Nacional y las Patrullas Civiles”.68 En su Informe Anual de 1991, la Comisión expresó su preocupación por la cantidad de denuncias recibidas concernientes a violaciones del derecho a la vida a manos del Ejército y las Patrullas de Autodefensa Civil, y la incapacidad de las autoridades pertinentes para controlar o sancionar a los integrantes de las fuerzas de seguridad, que parecen haber participado directamente en una serie de violaciones de los derechos humanos.69 El Experto Independiente de Naciones Unidas para Guatemala informó que, dado que los responsables de las violaciones del derecho a la vida --presuntamente integrantes de las fuerzas de seguridad o personas vinculadas a éstas-- eludieron toda sanción, pueden actuar prácticamente con total impunidad.70
105. Un aspecto esencial de esta práctica que estimuló su perpetuación fue la falta de capacidad o de voluntad de parte de las autoridades pertinentes de reaccionar a las ejecuciones como lo exigió la ley. Durante este período, la Comisión indicó que en lo referente a los hechos violatorios de los derechos humanos los órganos de la administración de justicia llamados a investigar y sancionar tales hechos no actuaron, lo cual pone en evidencia su ineficacia para prevenir o responder frente a esas violaciones.71 Las investigaciones judiciales iniciadas por las reiteradas denuncias de ejecuciones sumarias “no han dado en la práctica resultado positivo, en el sentido de que en la mayoría de los casos los tribunales o los organismos de seguridad no logran determinar quienes han sido los autores de tales hechos violentos”.72 Las pocas personas que han sido presentadas ante los tribunales acusadas de haber participado en violaciones al derecho a la vida no fueron sancionadas, “unas veces por falta de voluntad política y otras veces por deficiencias en la administración de justicia”.73
106. Muchas de las ejecuciones extrajudiciales selectivas perpetradas durante 1990-91 fueron cometidas contra víctimas elegidas por su participación en organizaciones sociales y políticas.74 La Comisión y otras fuentes informaron durante este período de las persistentes campañas de violencia e intimidación contra defensores de los derechos humanos,75 en especial integrantes del Consejo de las Comunidades Etnicas Runujel Juman (CERJ);76 miembros de organizaciones laborales y sindicales;77 miembros de las comunidades
universitarias;78 la población indígena, especialmente en las zonas rurales;79 la población campesina;80 la prensa;81 miembros de los partidos políticos y personas vinculadas de alguna manera a la vida política del país; 82 miembros de los servicios comunitarios y las organizaciones religiosas,83 y personal judicial. 84 En muchos casos, los ejecutados y/o las personas cercanas a ellos habían sido víctimas de amenazas previas. 85 En otros casos, pese a sus precauciones, como períodos de exilio en ciertos casos, estas amenazas fueron concretadas.86
Parecería ser que el terrorismo estatal ha tenido entre sus criterios más preciados, para liquidar a una persona, que ésta sea ampliamente conocida [y] apreciada …. Esto se ha hecho por la sencilla razón de que se genera más miedo. Con el asesinato o desaparición de dirigentes, en alguna forma se puede generar la mayor sensación de desprotección, falta de dirección y por supuesto, desorganización.87
108. En áreas rurales fueron empleadas las mismas tácticas del terror. “En el interior del país, la eliminación sistemática de los líderes tradicionales, catequistas y cooperativistas, dejaron secuelas de desestructuración, desprotección y desorganización al interior de la comunidad”.88
109. En otros casos, las violaciones fueron menos selectivas por cuanto las víctimas incluían a hombres, mujeres, ancianos y niños.89 La gran mayoría de los ejecutados durante el curso del conflicto, aproximadamente 86.56% de las víctimas, pertenecían a la población maya.90 Un gran porcentaje de las víctimas eran miembros de las comunidades rurales, incluidos trabajadores agrícolas y campesinos.91 En el curso del conflicto armado, miles de personas fueron ejecutadas sumariamente sobre la base de acusaciones de que tenían alguna conexión con la guerrilla, sin que se aclarase tal acusación.92 Otras lo fueron porque no querían incorporarse a las patrullas PAC o habían dejado de participar.93 Las víctimas no siempre eran seleccionadas en relación a sus presuntas actividades; en algunos casos, se les seleccionaba en conexión con las actividades políticas o sociales de sus familiares o simplemente porque estaban presentes cuando desconocidos armados aparecían en el hogar o el lugar de trabajo en busca de un familiar.94 A la inversa, en algunos casos se seleccionaba a las personas precisamente porque nunca habían participado en ninguna actividad política. También en este caso se trataba de sembrar el terror, de provocar la reacción: si matan a tal persona, “a quién no pueden matar”.95
110. Al valorar las pruebas y establecer los hechos, la Comisión ha tenido en cuenta la totalidad de la información ofrecida por las partes, en particular las referencias a las declaraciones de testigos y de familiares y a toda investigación judicial cuando la hubo, así como la información mencionada con respecto al origen, funcionamiento y modus operandi de las PAC, Comisionados Militares y a la práctica de las ejecuciones sumarias en Guatemala en los tiempos en que ocurrieron los hechos. Como lo estableció la Corte Interamericana, cuando una práctica gubernamental de violaciones ha sido demostrada, “la prueba directa, ya sea testimonial o documental, no es la única que puede legítimamente considerarse …. [l]a prueba circunstancial, los indicios y las presunciones, pueden utilizarse, siempre que de ellos puedan inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos”.96
111. De esta manera, en aquellos casos donde existe un patrón de conducta, los elementos circunstanciales, los indicios y las presunciones de la prueba pueden ser de particular importancia para establecer la responsabilidad internacional de un Estado por la violación o una serie de violaciones perpetrada(s) por sus agentes.97
112. Como se ha ilustrado con el análisis precedente, la práctica de las ejecuciones extrajudiciales en Guatemala se complementó con el clima de impunidad imperante en la época y la falta de voluntad del poder judicial para investigar seria y efectivamente las denuncias de violaciones de derechos humanos que llegaron a su conocimiento y sancionar a sus responsables.98 De esta manera, toda vez que se pueda establecer esta práctica, atribuible al Estado o utilizada con su aquiescencia, y vincularse al caso particular, esa vinculación ayuda a definir aún más la naturaleza y el alcance de las denuncias planteadas,99 y ayuda a establecer la veracidad de los hechos alegados.100
115. Las ejecuciones extrajudiciales alegadas en todos los casos en estudio fueron perpetradas en áreas rurales donde las patrullas de auto defensa civil tenían una fuerte presencia y gran poder. En todos los casos las víctimas, previo a su muerte, habían sido objeto de amenazas por miembros de las PAC ya sea porque se negaban a incorporarse a éstas o habían renunciado a las mismas. De las quince víctimas objeto de ejecución extrajudicial al menos nueve eran indígenas. Asimismo, de las quince víctimas de ejecución extrajudicial, al menos siete eran miembros del CERJ, situación congruente con la práctica de esa época de persecución y amedrentamiento contra miembros de organizaciones de derechos humanos y especialmente contra miembros del CERJ.101 De igual manera, ocho de las ejecuciones extrajudiciales ocurrieron en San Pedro de Jocopilas. En casi todos los casos, eran varios los sujetos que cometían el ilícito, iban vestidos de civil y siempre actuaban fuertemente armados y con aparente impunidad. En todos estos casos, el modus operandi que los responsables de las ejecuciones extrajudiciales siguieron fue dirigirse al lugar en donde se encontraba la víctima, aún cuando estuviese acompañada de otras personas, para ejecutarla de manera inmediata.
119. Como la Corte Interamericana ha establecido, a fin de determinar que se ha producido una violación de los derechos consagrados en la Convención no es necesario establecer la culpabilidad de los autores o su intencionalidad y tampoco es preciso identificar a los agentes a los cuales se atribuye el hecho violatorio. En tales casos es suficiente la demostración de que ha habido apoyo o tolerancia del poder público en la infracción de los derechos reconocidos en la Convención, o bien la ausencia de las medidas necesarias para identificar y sancionar a los autores de esas violaciones.102
121. El artículo 4(1) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos declara que “toda persona tiene derecho a que se respete su vida…nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”. El derecho internacional de los derechos humanos, tanto convencional como consuetudinario, y la Constitución guatemalteca de 1985, garantizan el derecho a la vida.103
125. Asimismo, el sistema de garantías legales, que debió haber sido puesto en marcha para controlar las acciones de agentes del Estado implicados no fue adecuado ni efectivo, más bien fue ilusorio y no dio la respuesta necesaria para la investigación de tales violaciones. En este sentido, el derecho internacional e interamericano en materia de derechos humanos ha establecido que toda violación del derecho a la vida exige que el Estado emprenda una investigación judicial a cargo de un tribunal penal designado para "procesar, enjuiciar y sancionar penalmente a los hallados responsables de tales violaciones".104 Por lo tanto, en ciertos casos en que un Estado no ha investigado debidamente las denuncias de muertes arbitrarias, éste ha sido hallado responsable en el plano internacional por haber sido violado el derecho a la vida, pese a que las circunstancias de las muertes no hayan sido plenamente aclaradas.105 Como se señalará más adelante en el análisis, los informes presentados por el Estado con respecto a los casos en estudio no demuestran que se hayan emprendido investigaciones efectivas para aclarar los hechos o determinar la responsabilidad correspondiente por esas muertes.
126. Con respecto a toda persona privada de libertad antes de la ejecución, es preciso agregar que la muerte bajo cualquier forma de custodia debe considerarse prima facie una ejecución sumaria, que exige una investigación inmediata para confirmar o desestimar esa presunción.106
130. El secuestro de la persona es un caso de privación arbitraria de libertad que conculca, además, el derecho del detenido a ser llevado sin demora ante un juez y a interponer los recursos adecuados para controlar la legalidad de su arresto....107 El derecho de petición para la determinación de la legalidad de la detención constituye la garantía fundamental de los derechos constitucionales y humanos de un detenido en caso de privación de libertad llevada a cabo por agentes estatales. "[E]s esencial la función que cumple el habeas corpus como medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes".108 No obstante que no se estableció con precisión por cuánto tiempo fue detenida cada víctima antes de ser ejecutada, se puede afirmar que la naturaleza de estas detenciones les impidió inclusive invocar la salvaguarda esencial de la protección judicial.
134. La manera en que estas víctimas fueron torturadas y las marcas que mostraban sus cuerpos no revelaban intención de ocultar los hechos, sino ponerlos de manifiesto para quienes hallaran los cadáveres y para los familiares y demás que vieran los cuerpos. Como se señaló en la sección sobre las características de las ejecuciones durante el período en cuestión, los objetivos de esas torturas incluían no sólo causar sufrimiento a la víctima, sino también destruir su dignidad humana ante los familiares y la comunidad, y exacerbar el temor de todos los que supieran del hecho.109
139. El respeto de los derechos humanos de los niños es una cuestión de primordial importancia para todo Estado. Es por esta razón que el artículo 19 establece medidas especiales de protección para los niños, en virtud de su vulnerabilidad como menores.110 En consecuencia, el Estado no cumplió con las garantías establecidas en el artículo 19 de la Convención Americana en perjuicio de Rafael Sánchez y Orlando Galicia Gutiérrez .
El artículo 25 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana, obliga al Estado a garantizar a toda persona el acceso a la administración de justicia y, en particular, a un recurso rápido y sencillo para lograr, entre otros resultados, que los responsables de las violaciones de los derechos humanos sean juzgados y para obtener una reparación por el daño sufrido. ….[E]l artículo 25 “constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de derecho en una sociedad democrática…”. Dicho artículo guarda relación directa con el artículo 8.1 … que consagra el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías … para la determinación de sus derechos de cualquier naturaleza.111
143. Las obligaciones correspondientes del Estado deben ser cumplidas, no mediante medidas formales sino sustanciales. Por lo tanto, los recursos que ofrece el Estado deben ser “realmente idóneo[s] para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla”.112
144. Si bien las garantías de los artículos 8 y 25 son diferentes, deficiencias básicas comunes de la administración de justicia impidieron su aplicación durante el período en estudio. Como se señaló antes, la administración de justicia en esa época era deficiente al punto de la inoperancia.113 En la mayoría de los casos, las fuerzas investigadoras o judiciales no identificaron a quienes perpetraron los delitos y en los pocos casos en que los identificaron, no los sometieron a juicio. En los pocos casos en que se dictaron sentencias en primera instancia, fueron revocadas en una apelación.114 “En los casos en que existían antecedentes políticos, casi ninguna acusación formal se mantiene en la apelación. Claramente, con esos resultados, la población tiene poca fe en una administración de justicia adecuada”.115 Los denunciantes y testigos de violaciones de los derechos humanos temían participar en los procesos judiciales debido a las amenazas o a la intimidación, o a la suerte que habían corrido otros que participaron en tales procesos. Los jueces declinaban investigar las violaciones de los derechos humanos por temor a que les ocurriera lo mismo que a quienes lo habían hecho.116 La falta de voluntad y capacidad de parte del Estado para responder a las graves violaciones también se puso de manifiesto y fue exacerbada por las profundas deficiencias estructurales de la administración de justicia.117
El fracaso de la administración de justicia en la protección de los derechos humanos durante el enfrentamiento armado interno ha quedado clara y plenamente establecido, a la vista de miles de violaciones … que no fueron objeto de investigación, juicio ni sanción por el Estado de Guatemala. …. En general, el Poder Judicial se abstuvo de atender los recursos procesales básicos, para controlar al poder público frente a atropellos graves a la libertad y la seguridad de las personas…. Además, en numerosas ocasiones los tribunales de justicia actuaron directamente subordinados al Poder Ejecutivo…. Todo ello colocó a la población en una situación de absoluta indefensión frente a los abusos del poder y le ha hecho percibir al Organismo Judicial como un instrumento de defensa y protección de los poderosos, que ha reprimido o negado la protección de los derechos fundamentales, especialmente de quienes han sido víctimas de graves violaciones de derechos humanos.118
147. De acuerdo con la Convención Americana, cuando un derecho o una libertad protegidos ha sido infringido, “[e]l Estado está en el deber jurídico … de investigar seriamente con los medios a su alcance … a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación”.119 Al mismo tiempo, la víctima o sus familiares tienen derecho a procurar la protección judicial y una reparación. La víctima y/o sus familiares tienen derecho a una investigación judicial por un tribunal penal para determinar quiénes fueron los responsables de las violaciones de los derechos humanos y sancionarlos.120 “La investigación debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener sentido y debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares que dependa de la iniciativa…de…familiares… sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad”.121
148. Como lo ha señalado la Comisión en otros casos, los "Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias", adoptados por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas mediante la Resolución 1989/65, explican lo requerido en casos de muertes sospechosas.122 Al respecto, la investigación debe tener por objeto determinar la causa, la forma y el momento de la muerte, la persona responsable y el procedimiento o práctica que pudiera haberla provocado. Asimismo, se debe realizar una autopsia adecuada, recopilar y analizar todas las pruebas materiales y documentales, y recoger las declaraciones de los testigos. La investigación debe distinguir entre la muerte por causas naturales, la muerte por accidente, el suicidio y el homicidio.
150. De acuerdo con los antecedentes en poder de la Comisión, ninguna de las actuaciones judiciales dio lugar a una decisión final que esclareciera las denuncias planteadas ni se responsabilizó ni sancionó a persona alguna en relación con la muerte de las 15 víctimas de ejecución extrajudicial y las 7 objeto de tentativa de ejecución extrajudicial. La Comisión ha indicado que la obligación de investigar no se incumple solamente porque no exista una persona condenada en la causa o por la circunstancia de que pese a los esfuerzos realizados, sea imposible la acreditación de los hechos. Sin embargo, el Estado, para establecer en forma convincente y creíble que este resultado no ha sido objeto de una mera formalidad, debe buscar efectivamente la verdad, y debe demostrar que ha realizado una investigación inmediata, exhaustiva, seria e imparcial.123 En los presentes casos, el Estado no ha cumplido con esta carga de la prueba.
151. Los familiares de las víctimas tenían y tienen derecho a saber la verdad sobre lo que ocurrió con sus seres queridos.124 También tenían y tienen derecho a usar esa información para ejercer el derecho a una reparación del Estado, como sucesores de las víctimas. “Los derechos de las víctimas o de sus familiares a recibir una compensación adecuada es un reconocimiento de la responsabilidad del Estado por los actos cometidos por sus agentes y una expresión de respeto por el ser humano”.125
152. Sobre la base de las consideraciones expuestas en detalle anteriormente en relación con la falta de voluntad y capacidad del poder judicial para actuar en el caso de las violaciones de derechos humanos durante el período en cuestión y con respecto a los casos particulares en estudio, la Comisión llega a la conclusión de que los procesos judiciales iniciados con respecto a estos casos no estuvieron a cargo de tribunales independientes e imparciales.126 Asimismo, dado que transcurrieron más de nueve o diez años desde que se iniciaron estos procesos sin que aún se haya llegado a una conclusión efectiva, la Comisión considera que se ha superado con creces el tiempo razonable que ofrece la Convención. En consecuencia, dada la falta de una investigación efectiva en estos casos, a lo que se suman otras deficiencias en la administración de justicia guatemalteca, la Comisión concluye que los familiares no gozaron de las garantías necesarias del debido proceso en la determinación de sus derechos.
153. La impunidad es el resultado de “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables”.127 De acuerdo con las garantías interelacionadas establecidas en los artículos 25, 8 y 1(1) de la Convención Americana, el Estado tiene el deber de combatir la impunidad “por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familiares”.128 Como ha enfatizado el Relator Especial sobre ejecuciones de la ONU, “la impunidad sigue siendo la causa principal de la perpetuación y el estímulo de las violaciones de los derechos humanos y, en particular, de las ejecuciones sumarias o arbitrarias”.129 Con respecto a los casos actuales, surge claramente de los antecedentes que el Estado no utilizó los medios a su disposición para realizar una investigación efectiva que sirviera de base para el procesamiento y la sanción de los responsables. En consecuencia, el Estado es responsable de que estas violaciones hayan permanecido cubiertas por un manto de impunidad y consecuentemente violó los artículos 8 y 25 de la Convención Americana.
155. Así, la primera obligación de los Estados, emergente del artículo 1(1) de la Convención, es la de respetar los derechos y libertades de todos los individuos dentro de su jurisdicción. En relación con esta obligación, la Corte ha expresado que “es un principio de derecho internacional que el Estado responde por los actos de sus agentes …[y] por las omisiones de los mismos aún si actúan fuera de los límites de su competencia o en violación del derecho interno”.130 Asimismo, “en principio, es imputable al Estado toda violación a los derechos reconocidos por la Convención cometida por un acto del poder público o de personas que actúan prevalidas de los poderes que ostentan por su carácter oficial”. Además, un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte imputable directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por no haberse identificado el autor de la transgresión, puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por la falta de la debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos en la Convención”.131
157. La segunda obligación prevista en el artículo 1(1) es la de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención. Al respecto, los Estados partes tienen el deber “de organizar el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia … deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención”.132