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Timestamp: 2019-03-21 22:50:41
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Matched Legal Cases: ['artículo 109', 'artículo 19', 'artículo 13', 'artículo 62', 'artículo 63', 'artículo 64', 'artículo 61', 'artículo 153', 'artículo 434']

Revista Jurídica Derecho - "La aplicación del derecho de daños como garantía de los derechos de las familias en casos de alienación parental"
"La aplicación del derecho de daños como garantía de los derechos de las familias en casos de alienación parental"
The application of the right to damages as a guarantee of the rights of families in cases of parental alienation
E. Natalia Miranda Parra *
nataliamparra@gmail.com
Presentado: 24 de julio de 2017. Aceptado: 16 de octubre de 2017
Palabras Clave: Constitución, La Familia, Los Derechos de las Familias, Derechos Fundamentales, Garantía de los Derechos Fundamentales, Alienación Parental, Derechos de la Niñez y Adolescencia, Derecho de Daños.
The analysis about the social problems, must necessarily be linked to the study of the family law, understanding families as the social core in which the first human relations are settled and that directly influence the integral development of the individual and which later become the origin or cause of certain behaviors that finally converge in social phenomena that cause repercussions in the order and the harmonious coexistence of society. In this sense, this purpose of this paper is to propose as a guaranty and protection of the families' rights, constitutionalized as fundamental rights in Bolivia since the promulgations of the 2009 Constitution, the application of the Right to Damages in cases in which parents incur in parental alienation against children, due to family conflicts in divorce processes or separation of the parents.
Keywords: Constitution, The Families, Family Rights, Fundamental Rights, Guarantee of Fundamental Rights, Parental Alienation, Rights of the Children and Adolescents, Right to Damages.
El derecho como ciencia, intenta dar respuesta a los fenómenos sociales, con la finalidad de satisfacer las necesidades de los miembros de la comunidad. Por ello, de alguna manera su fin se orienta a la búsqueda de soluciones a las diferentes problemáticas vinculadas al comportamiento humano cuando se quebrantan las reglas impuestas, pues la transgresión del sistema normativo, que afecta alguno de sus miembros, nos referimos a los miembros de la sociedad, rompe con la convivencia armónica de la colectividad, lo cual provoca la insatisfacción del individuo y la interpelación de éste al Estado, considerado como el responsable de restablecerel orden instituido. Ahora bien, la realidad jurídica y social, nos permiten afirmar hoy en día, que en ciertos casos, es necesario encarar estos conflictos considerando, como finalidad prioritaria la garantía efectiva del restablecimiento o restitución del derecho vulnerado a favor de la persona afectada.
2. La garantía de los derechos fundamentales.
El apunte de éstas es esencial, pues la Constitución Boliviana prevé dentro de su parte dogmática normas específicas respecto a "Las Familias", como "Derecho Fundamental", cuyo desarrollo legislativo ciertamente tiene la función de definir su alcance y contenido conforme a los parámetros constitucionales; garantizándose el ejercicio a través de la normativa de desarrollo.
Partiendo de ello, resulta importante también hacer referencia a los instrumentos de protección de los derechos fundamentales, pues la trascendencia de éstos no sólo depende de su descripción en la Norma Constitucional, sino de los mecanismos que existen para garantizar su protección y cumplimiento. Por ello, al definir los derechos fundamentales, Pérez Luño (2004) establece que: "se advierte que uno de los presupuestos que más directamente contribuyen a perfilar su significado es el de gozar de un régimen de protección jurídica reforzada" (p. 65). Desarrollando, el autor, desde esa perspectiva, las garantías normativas, las garantías jurisdiccionales y las garantías institucionales, de las cuales particularmente nos interesan las primeras, en el marco del desarrollo normativo.
En esa lógica, la garantía de los derechos y de los deberes humanos aparecen como una exigencia social, de la existencia de aquéllos. Si se les reconoce como indispensables para que la vida en sociedad sea realmente humana, la sociedad en su conjunto, a través de los órganos que corresponda, debe adoptar las garantías, es decir, los medios adecuados para asegurar su efectivo ejercicio y realización. La garantía está al servicio de los derechos y deberes y la convivencia social demuestra que, de hecho, es tan indispensable como éstos, para que éstos tengan vigencia real y no ficticia en el ámbito social. De ahí que la realización de unos y otros pasa, en buena medida, por la adecuación de los instrumentos que los asegurarán según las circunstancias de cada lugar y momento. Sobre ello, Adela Cortina (1993) señaló: "Reclamar la satisfacción de tales exigencias (refiriéndose a los derechos) e intentar satisfacerlas es condición necesaria para ser hombre, por eso el derecho positivo no concede tales derechos, sino que los debe reconocer y proteger..." (p. 39). Estableciendo asimismo, Pérez Luño (2004) que: "La tutela constitucional de los derechos fundamentales se manifiesta también en la instauración de unos cauces normativos tendentes a asegurar la integridad del significado y función de tales derechos" (p. 70).
En ese marco, ya desde la proliferación del pensamiento liberal, en su lucha contra el absolutismo, se había supuesto que la libertad quedaría perfectamente garantizada en cuanto el pueblo fuera quien detentara la titularidad y el ejercicio del poder mediante el reconocimiento del principio de la soberanía popular, de la cual debía ser expresión la ley. De ahí la confianza de los autores de la Declaración de 1789 en la ley, que por ser emanación de la voluntad general parecía el instrumento más adecuado para determinar el contenido y los límites de los derechos fundamentales. En esta exigencia se funda el principio básico para el constitucionalismo liberal- democrático de la "reserva de la ley", esto es, de la garantía de que la regulación del catálogo de libertades es materia reservada al legislador y sustraída a la injerencia del gobierno. Esta garantía, en la Constitución Boliviana se halla prevista como una garantía jurisdiccional, que expresamente refiere en el artículo 109.II: "Los derechos y sus garantías sólo podrán ser regulados por la ley".
Por su parte, la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania, garantiza en su artículo 19.2 la exigencia de que dicho desarrollo legislativo respete, en todo caso "el contenido esencial" de tales derechos. La evolución de ésta categoría en la doctrina y jurisprudencia alemanas, se desarrollan a partir de posturas estrechamente ligadas a las distintas teorías sobre los derechos fundamentales. Así, para la "teoría positivista", el contenido esencial se vincula a la protección normativa de los intereses defendidos por el Derecho, mirando siempre a la tutela de la voluntad o autonomía individual frente a posibles intromisiones del Estado. Mientras que la "teoría de los valores" ha tendido a identificar el contenido esencial con el núcleo objetivo intrínseco de cada derecho, como entidad previa a la regulación legislativa. Un avance importante en la determinación del contenido esencial ha correspondido a la teoría institucional. Al tenor de esta tesis, dicha categoría se refiere a la dimensión institucional que define el sentido, alcance y condiciones de ejercicio de los derechos fundamentales. Por ello, la protección del contenido esencial debe entenderse como una garantía institucional que hace referencia a los fines objetivamente establecidos por Constitución, y en función de los cuales, precisamente, se reconocen los derechos y libertades fundamentales. En suma la garantía del contenido esencial, al que hacemos referencia tiene que ver con la obligación del legislador de salvaguardar la institución, definida por el conjunto de la normativa constitucional y las condiciones histórico-sociales que forman el contexto de los derechos y libertades. De este modo, la postura institucional supone un planteamiento sólido para superar la conceptualización del "contenido esencial", a partir de ideas tales como las de "la voluntad", "el interés" o la "protección jurídica", caracterizaciones que perpetúan la vieja parafernalia conceptual de la dogmática decimonónica sobre el derecho subjetivo. Al respecto, Ana Poyal Costa (1991)afirmó: "... El Estado constitucional democrático no sólo organiza determinadas formas de actuación estatal, sino que garantiza además elementos objetivos y fijación de metas, cuya proyección y realización encomendada al Estado por la vía de la conformación del Derecho" (p. 195). La tarea de la garantía que corresponde al orden jurídico en relación a los Derechos Humanos (fundamentales) debe acentuarse, en rigor todo aquél puede o debería encararse, como un gran esfuerzo para garantizar al ser humano una convivencia digna en la sociedad y, por ende, para lograr la efectiva aplicación, ante todo, de los llamados derechos humanos.
En esa línea, la necesidad de prestar una garantía específica y eficaz a los derechos fundamentales parece difícil de soslayar. Si bien lo primero deriva básicamente, de la lentitud unida a la ineficacia de los procesos regulares, dos características negativas que resulta indispensable eliminar, pues si la garantía llega tarde y no es tal, no funciona, casi no vale la pena establecerla. La garantía tiene diferentes manifestaciones: eliminar los riesgos que impidan el ejercicio o la aplicación del derecho o deber respectivo- prevención. Realizar de otra manera, sustituyendo al sujeto o a los modos de actuar o ambas cosas, lo que debía efectuarse, sustitución por otro o de modo diverso, reiteración análoga. Sustituir por algo diferente lo que no pudo efectuarse y correspondía, o lo que no debía realizarse y se efectuó, sanción, reparación. Estos aspectos, desde nuestro punto de vista, tienen estrecha vinculación con las características del desarrollo normativo, cuya finalidad debe ser el efectivizar el derecho de forma plena y oportuna. La importancia de una norma de desarrollo se medirá en función al grado de efectividad que se logre en cuanto al ejercicio del derecho. Pues como bien señalaron Jorge de Esteban y Luis López Guerra (1980): "La eficacia y validez de los derechos no quedan en modo alguno aseguradas con las meras Declaraciones que preceden o están en los textos constitucionales del Estado Liberal, y aunque los autores de las declaraciones, como escribe J. DE ESTEBAN, estaban convencidos de que la fuerza invencible y la evidencia de los axiomas políticos abstractos que precedían a las Constituciones garantizarían un respeto eficaz, la historia demostrará que la incontestable justicia de esos derechos no es suficiente para otorgar a éstos la protección práctica necesaria. (p. 127)". Resultando en consecuencia, fundamental para el ejercicio pleno de los derechos, la existencia de las garantías normativas pertinentes, como desarrollo Constitucional que permita viabilizar la efectivización del derecho.
De todo lo descrito, es menester apuntar, primero, que los derechos de las familias en el acervo constitucional boliviano, hoy en día se catalogan como derechos fundamentales. Debe también precisarse que cuando hablamos de los "derechos de las familias", nos referimos, sin duda, a los derechos consignados para todas y todos miembros del núcleo familiar. Segundo, la garantía para el cumplimiento de los derechos fundamentales descritos en el Texto Constitucional, requiere del desarrollo normativo pertinente que viabilice el ejercicio pleno de éstos, en el presente trabajo generamos cuando menos ciertas bases teóricas que nos permitan definir un desarrollo normativo respecto del derecho de daños en materia familiar, en casos de alienación parental. Desde tal perspectiva, finalmente corresponde establecer que la aplicación del derecho de daños, por vulneración de los derechos de las familias, en casos de alienación parental, constituye un mecanismo idóneo de garantía de los derechos de las hijas o hijos dentro del entorno familiar, cuando son víctimas de este tipo de violencia.
3. La alienación parental conducta vulneradora de derechos de las y los hijos.
En efecto, cuando hablamosdelasfamilias, y una de sus fuentes más importantes, tal es el caso del matrimonio o la unión libre, advertimos de forma clara, cuáles son las obligaciones emergentes, de la procreación de los hijos, ya sea dentro de una unión conocida por autoridad competente (oficial de registro civil), o aquélla protegida también por el Estado, pero que no requiere necesariamente la intervención de ésta, por su naturaleza. Las obligaciones, son las mismas, y de diversa índole también; concluyamos en términos generales, que las mencionadas obligaciones se vinculan a elementos de protección íntegra a favor de las o los hijos por parte de sus progenitores, la sociedad y finalmente el Estado.
En ese contexto, veamos pues, que la Constitución boliviana en primera instancia establece en el artículo 13 de su texto: "I. Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos". Por primera vez en la historia constitucional de nuestro Estado, en Bolivia, se consigna a los derechos inherentes a los miembros de las familias, como Derechos Fundamentales, así se prevé en el artículo 62 del texto Constitucional: "El Estado reconoce y protege a las familias como el núcleo fundamental de la sociedad, y garantizará las condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo integral. Todos sus integrantes tienen igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades". La misma Norma Fundamental, prevé derechos y deberes para los cónyuges; sea en el caso del matrimonio o de una unión libre, en relación a las hijas o hijos, de acuerdo al artículo 63.I y II de la referida Norma Constitucional. Ratificándose tal obligación en el artículo 64 de la Constitución que prevé: "I. Los cónyuges o convivientes tienen el deber de atender, en igualdad de condiciones y mediante el esfuerzo común, el mantenimiento y responsabilidad del hogar, la educación y formación integral de las hijas e hijos mientras sean menores o tengan alguna discapacidad". En el marco del artículo 61.I del Texto Constitucional, se "prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra las niñas, niños y adolescentes, tanto en la familia como en la sociedad". Véase pues, que las y los hijos dentro del núcleo familiar resultan miembros de vital importancia y prioritaria protección por parte de las familias, la sociedad en general y por supuesto del Estado.
Ahora bien; sea cual fuere el miembro de la pareja (madre o padre) con quien conviva el niño se debe garantizar la relación con ambos, tras la separación; los regímenes de visitas tienen varias e importantes funciones psicológicas para el desarrollo de la infancia; las visitas protegen los derechos de la niña, niño o adolecente, de acceso al progenitor que no tiene la tenencia, al igual que los de este último; así mismo, se protege el vínculo emocional entre el niño y sus progenitores, ya que se le proporcionan modelos de rol alternativos y, por último, se permite al progenitor con la guarda que descanse de su responsabilidad en la crianza. El problema surge no por el hecho de que los padres, responsablemente, decidan poner fin a su vida en común, sino cuando se hacen partícipes a sus hijos e hijas de los conflictos que ha generado la separación. Entonces los niños se ven inmersos en los problemas de los adultos, tomando partido en el conflicto, pasando a formar parte de los bloques enfrentados, y reproduciendo las disputas de los adultos.
En estos casos, la opinión de los niños estará mediatizada, en mayor o menor grado, por el problema en el que están inmersos y por las presiones que están recibiendo. En determinados casos, es fácil apreciar como la niña o niño adquiere un papel protector del progenitor al que siente como más débil, "el perdedor o el abandonado", ejerciendo una función defensora que no le corresponde. Esta función puede llevarle incluso a rechazar cualquier contacto con el otro progenitor, justificando su postura ante todas las instancias que le pide explicaciones, incluido el Juez. Por otra parte, los niños envueltos en una situación de ruptura familiar conflictiva sufren una aguda sensación de shock, de miedo intenso, teñido todo ello por un sentimiento de profunda confusión, con consecuencias negativas a nivel psico-emocional y conductual. Estos menores presentan, con frecuencia, sentimientos de abandono y culpabilidad, rechazo, impotencia e indefensión, inseguridad, así como estados de ansiedad y depresión y conductas regresivas, disruptivas y problemas escolares. Esta sintomatología puede verse incrementada al ser presionado para participar en actos legales derivados del conflicto de separación, pasando a formar parte de la propia disputa en la medida en que sus sentimientos son utilizados como argumentos o armas arrojadizas. Los padres pueden tomar al pie de la letra esta negativa expresada y utilizarla para descalificarse mutuamente, e incluso pueden decidir llevar a su hijo delante del Juez para que este también pueda escucharle y valorar si es influencia de uno o, por el contrario, la ineficacia del otro, lo que motiva dicha actitud9.
Ahora bien, en el marco de la legislación boliviana, el Código Niña, Niño y Adolescente, Ley N^ 548 de 17 de julio de 2014, en el artículo 153. I inc. d), establece: "La Jueza o el Juez Público en materia de Niñez y Adolescencia, a denuncia de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, conocerá y sancionará las siguientes infracciones por violencia: d) Utilización de la niña, niño o adolescente, como objeto depresión, chantaje, hostigamiento en conflictos familiares". La alienación parental se constituye en una forma de violencia contra las y los niños, por lo que corresponde conocer tales casos al Juez Público en materia de Niñez y Adolescencia, empero como bien se estableció antes, a efectos de establecer posibles sanciones emergentes de la violencia antes citada, conforme el artículo 434 inc. i) del Código de las Familias y del Proceso Familiar, la suspensión, extinción o restitución de la autoridad de la madre o del padre en casos emergentes de desvinculación conyugal, debe ser conocida por Juez Público en materia familiar, aspectos normativos que deben ser resueltos a fin de no dejar en indefensión a quienes son víctimas, particularmente en el caso que nos atañe. Empero de ello, más allá de estas precisiones, lo relevante a efectos del presente trabajo, es ratificar que, la normativa no prevé ningún mecanismo de restitución del derecho cuando éste ha sido vulnerado por alienación parental, a fin de que el daño causado no genere consecuencias o secuelas para la vida futura de las o los hijos víctimas de tal violencia.
4. Derechos de daños por vulneración de los derechos de las familias en casos de alienación parental
Ahora bien, resulta evidente que todo el Derecho Privado ha evolucionado en estos últimos años, el Derecho de Familia es uno de los que particularmente ha sufrido más transformaciones, derivado en gran medida de la evolución de las costumbres y del cambio en las reglas morales. Uno de los cambios más importantes es la evolución de una estructura familiar jerarquizada basada en el dominio del páter familias a una estructura igualitaria, en la cual la mujer y el hombre se encuentran colocados en una posición horizontal tanto en el gobierno de la familia como en la contribución a su sostenimiento. Por otra parte, existe un menor énfasis en la idea de concebir a la familia como una estructura unitaria, mientras se pone el acento sobre la autonomía individual de cada uno de los integrantes de la familia, a partir del reconocimiento de la personalidad singular como individuos. Esta circunstancia en el ámbito conyugal permite que los cónyuges contraten entre sí, y por lo tanto que se les apliquen las reglas de la responsabilidad contractual, y al mismo tiempo que respondan con sus propios bienes o con los gananciales de su administración por las obligaciones por ellos contraídas. Hoy en día, a la luz de los precedentes jurisprudenciales y de la doctrina autora, vemos que se ha eliminado la idea de que en la familia no se reparan los daños causados entre sus integrantes y que se ha desechado completamente la concepción de que la especialidad del Derecho de Familia impide la aplicación de los principios de la responsabilidad civil. Lo que ocurre es que los principios clásicos de la responsabilidad civil han sufrido una evolución así como también se ha avanzado en la concepción del Derecho de Familia.la reparación de los daños entre los miembros de la familia podemos considerarla como un principio aceptado después de una lucha de años y que se abre paso, no sin dificultad, en el ámbito jurídico.
De acuerdo a lo expuesto se colige, en primera instancia que las familias como núcleo fundamental de la sociedad constituyen un factor determinante para la evolución de la sociedad, así como la convivencia armónica de sus habitantes. En consecuencia, en tanto el Estado no genere los mecanismos tendientes a proteger y garantizar los derechos de quienes forman parte del núcleo familiar, los mecanismos de orden jurídico aplicados en procura de la efectivización del "vivir bien", pierden fuerza y coherencia, al soslayar el origen de la problemática social, que en la mayoría de los casos parte de las familias y la desatención en relación a ésta y sus miembros.
* Abogada, Docente de Derecho Constitucional de la Carrera de Derecho en la Universidad Mayor de San Andrés. Correo electrónico: miranda-parra@hotmail.com
2 KELSEN, HANS, "La garantía Jurisdiccional de la Constitución", Traducción: Rolando Tamayo y Salmorán. México: Universidad Nacional Autónoma de México. 2002. Pp. 95-107
3 FERRAJOLI, LUIGI, "Razones Jurídicas del pacifismo", Traducción: Gerardo Pisarrello. Madrid: Trotta. 2004. P. 117.
4 PÉREZ CONTRERAS, María Montserrat, "Derecho de los Padres y de los Hijos", Cámara de Diputados LVIII Legislatura, Universidad Nacional Autónoma de México, México 2000.
5 BOSSERT, Gustavo A. y ZANNONI, Eduardo A., "Manual de Derecho de Familia, 6ta edición actualizada, Editorial Astrea, Buenos Aires -Argentina, 2004.
6 BOSSERT, Gustavo A. y ZANNONI, Eduardo A., "Manual de Derecho de Familia, 6ta edición actualizada, Editorial Astrea, Buenos Aires -Argentina, 2004, págs. 8 y 9.
8 Artículos: 434 a), i) y j) del Código de las Familias y del Proceso Familiar, Ley N°603 de 19 de noviembre de 2014.
9 C. SEGURA, Mj Gil y SEPÚLVEDA, MA., El síndrome de alienación parental: una forma de maltrato infantil. The parental alienation syndrome: a wayof mistreatment on children.
12 BAUTISTA CASTELLANO, Carmen Lucy, Síndrome de Alienación Parental: Efectos Psicológicos, Tesis Psicológica N^ 2, 2007, 54-72, aceptado Octubre 2 de 2007.
13 MEDINA, GRACIELA, "Daños en el Derecho de Familia", Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires Argentina
14 MEDINA, GRACIELA, "Daños en el Derecho de Familia", Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires Argentina.
15 MEDINA, GRACIELA, "Daños en el Derecho de Familia", Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires Argentina.
1. PÉREZ LUÑO, ANTONIO E., "Los Derechos Fundamentales", Octava Edición, Tecnos, Madrid-España, 2004. [ Links ]
2. PÉREZ LUÑO, ANTONIO E., "Los Derechos Fundamentales", Octava Edición, Tecnos, Madrid-España, 2004. [ Links ]
3. KELSEN, HANS, "La garantía Jurisdiccional de la Constitución", Traducción: Rolando Tamayo y Salmorán. México: Universidad Nacional Autónoma de México. 2002. Pp. 95-107 [ Links ]
4. FERRAJOLI, LUIGI, "Razones Jurídicas del pacifismo", Traducción: Gerardo Pisarrello. Madrid: Trotta. 2004. P. 117. [ Links ]
5. PÉREZ CONTRERAS, María Montserrat, "Derecho de los Padres y de los Hijos", Cámara de Diputados LVIII Legislatura, Universidad Nacional Autónoma de México, México 2000. [ Links ]
6. BOSSERT, Gustavo A. y ZANNONI, Eduardo A., "Manual de Derecho de Familia, 6ta edición actualizada, Editorial Astrea, Buenos Aires -Argentina, 2004. [ Links ]
7. 1 BOSSERT, Gustavo A. y ZANNONI, Eduardo A., "Manual de Derecho de Familia, 6ta edición actualizada, Editorial Astrea, Buenos Aires -Argentina, 2004, págs.. 8 y 9. [ Links ]
8. C.SEGURA, MjGilySEPÚLVEDA, MA., El síndrome de alienación parental: una forma de maltrato infantil. The parental alienation syndrome: a way of mistreatment on children. [ Links ]
9. BAUTISTA CASTELLANO, Carmen Lucy, Síndrome de Alienación Parental: Efectos Psicológicos, Tesis Psicológica N? 2, 2007, 54-72, aceptado Octubre 2 de 2007. [ Links ]
10. MEDINA, GRACIELA, "Daños en el Derecho de Familia", Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires Argentina. [ Links ]
12. Código de las Familias y del Proceso Familiar, Ley N? 603 de 19 de noviembre de 2014.
13. Código Niña, Niño y Adolescente, Ley N? 548 de 17 de Julio de 2014.