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Timestamp: 2015-03-05 04:03:00
Document Index: 36929188

Matched Legal Cases: ['artículo 1258', 'artículo 363', 'artículo 2448', 'artículo 1665', 'artículo 34', 'artículo 254', 'artículo\n112', 'artículo 51', 'artículo 197', 'artículo 172', 'e contrario', 'artículo 726', 'artículo 728']

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Civil – Obligaciones. Daños en accidente de circulación. Incapacidad permanente. Factores de corrección. Baremo. Sentencia de la Audiencia Provincial
de Zaragoza (s. 5ª) de 17 de noviembre de 2014 (D. Pedro Antonio Pérez
¿Conoces la FUNDACIÓN
VICENTE FERRER?. ¿Apadrinarías un niño/a por solo 18 € al mes?. Yo ya lo he
hecho. Se llaman Abhiran y Anji. Tienen 7 y 8 años y una mirada y sonrisa
cautivadoras. TERCERO.- Pero aquella norma ha sido objeto de interpretación
amplia por el Tribunal Supremo en recientes Sentencias, que el Sr, Juez también
cita, en el que se tiende, sin descuidar la aplicación de aquellos preceptos en
que se ha de basar la indemnización con cargo al seguro obligatoria, a una
restitución integral del daño producido, con la argumentación esencial de que
dicho factor incluido en el correspondiente baremo tiene como objeto principal
el reparar el daño moral ligado a los impedimentos de cualesquiera ocupaciones
o actividades, siempre que merezcan el calificativo de habituales, conclusión
que se alcanza valorando, entre otras razones, que en la enunciación del factor
de corrección se utiliza el término «ocupación o actividad habitual» y no se
contiene ninguna referencia a la actividad laboral del afectado, así como que,
de acuerdo con la explicación del sistema que contiene el Anexo segundo, b),
con relación a dicha Tabla IV, se trata de un factor de corrección compatible
con los demás de la Tabla, entre los que se encuentra el factor de corrección
por perjuicios económicos. En efecto en la tabla correspondiente existe una
referencia a "Daños morales complementarios", y al aludir a la
incapacidad permanente absoluta, se indica " Con secuelas que inhabiliten al incapacitado para la
realización de cualquier ocupación o actividad", pero sin comprender la
actividad laboral del afectado, tomando en consideración lo que se argumenta en
la Sentencia del Pleno del Tribunal Supremo de 25 de 25 de marzo de 2010,
básica para la resolución del asunto, que se transcribirá más tarde. Todo ello
-bien lo reconoce el Sr. Letrado de la compañía de seguros demandada--
siguiendo los criterios expuestos por la unión europea en diversas Directrices
sobre responsabilidad civil en accidentes de circulación, aun cuando la
reciente Sentencia de su Tribunal (Sala Segunda) de 23 de enero de 2014, caso
Enrico Petillo y Carlo Petillo contra Unipol Assicurazioni SpA, TJCE 2014\19,
reconozca las singularidades de cada legislación. En este sentido, es de invocar en primer lugar A) la
Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) de 21 de enero de 2013,
número 10/2013, recurso 1614/2009, cuando establece que: " Más información »
Daños en Accidente de Circulación,
Derecho Civil - Obligaciones,
Factores de Corrección,
Civil – Contratos. Contrato de asesoría fiscal. Responsabilidad de asesor fiscal por sanción impuesta a su cliente por incumplimiento de normas tributarias relativas a la obligatoriedad de repercutir y liquidar el impuesto sobre el valor añadido de una operación inmobiliaria. Sentencia de la Audiencia Provincial
de Zaragoza (s. 5ª) de 31 de octubre de 2014 (D. Pedro Antonio Pérez
cautivadoras. PRIMERO.- En el actual pleito, la actora reclama de la demandada
el pago de la indemnización que dice le corresponde por el defectuoso
cumplimiento de las obligaciones asumidas por éste como asesor fiscal en el
contrato celebrado, como consecuencia de lo cual se instruyeron actas de
sanción tributaria por infracción de normas de esta naturaleza, que aquella
tuvo que satisfacer. En primer lugar, debe considerarse cual sea la naturaleza
del contrato de asesoría fiscal, y contenido y alcance de las obligaciones
asumidas por el asesor, al objeto de determinar su genérica responsabilidad.
Expuesto lo anterior, ya en las circunstancias del supuesto, debe estudiarse la
clase de infracción tributaria que fue cometida y que determinó la imposición
de las sanciones por las que se recurre, si en ellas tuvo intervención, o debió
tener intervención, el demandado como consecuencia de las obligaciones
asumidas, y si en definitiva debe entenderse que es responsable de las mismas
al no actuar con la diligencia que le es exigible. Respecto de la primera cuestión apuntada, acerca del más
amplio tema de la naturaleza de la relación contractual que une al abogado con
su cliente, en el cual debe comprenderse también la del asesor fiscal, debe
citarse, entre otras muchísimas que también podrían serlo, con referencia a las
cuestiones que han sido apuntadas, la reciente Sentencia del Tribunal Supremo
de 23 de marzo de 2007, en la que se señala que la responsabilidad civil de un
abogado "Constituye un tipo más de responsabilidad profesional, derivada
de un contrato de prestación de servicios que como relación personal
"intuitu personae" incluye un deber de fidelidad que deriva de la
norma general del artículo 1258 del Código civil, y el deber del abogado de
llevar a cabo la ejecución óptima del servicio contratado, que presupone la
adecuada preparación profesional y supone el cumplimiento correcto del encargo,
de forma que si no se ejecuta o se hace incorrectamente se produce el
incumplimiento total o el cumplimiento defectuoso de la obligación que
corresponde al profesional". Más información »
Contrato de Prestación de Servicios Jurídicos,
Responsabilidad de Asesor Fiscal,
Mercantil. Sociedades. Disolución de sociedad por la paralización de los órganos sociales de modo que resulte imposible su funcionamiento. Sentencia de la Audiencia Provincial
cautivadoras. PRIMERO. - El artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital
señala "Causas de disolución. La sociedad de capital deberá
disolverse:...Por la paralización de los órganos sociales de modo que resulte
imposible su funcionamiento". Se configura, pues, el supuesto como una
causa específica o autónoma, independiente de la que en el párrafo inmediato
anterior se señala, aunque, en definitiva, implique una manifestación de la
imposibilidad de realizar el fin social derivada de la propia paralización de
los órganos sociales, y así lo argumentan las Sentencias del Tribunal Supremo
de 14 de febrero de 1945, 3 de julio de 1967, 23 de marzo de 1974, 5 de junio
de 1978, 15 de diciembre de 1982, 12 de noviembre de 1987, 13 de mayo de 1994,
10 de junio de 1994, 2 de marzo de 1998, 7 de abril y 4 de noviembre de 2000).
De esta misma forma se manifiesta el artículo 2448, apartado 3, del Código
Civil italiano: "Per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata
inattività del l'assemblea". Por lo demás, el anterior motivo resulta de
obvia formulación, pues si la esencia del contrato de sociedad es el deseo de
constituirla, la "affectio societatis", y así se desprende por
ejemplo de lo dispuesto en el artículo 1665 del Código Civil, entre otros
preceptos afines, que exige un propósito común en su formulación y determinada
intencionalidad -"Con ánimo de partir entre sí las ganancias"--, en
consideración al hecho de que lo que importa es que dicha actividad exige la
exteriorización de la voluntad social para poder cumplir tanto su fin como sus
objetivos, (Sentencias del Tribunal Supremo 10 de junio de 1999, 25 de julio de
1995 y 7 de abril de 2000), como expresa la Sentencia de esta Sección que luego
se dirá, una vez que hayan desparecido aquellos -el propósito de constituirla y
la intención de lograr un cierto fin--, constatado el clima de enfrentamiento
entre los socios, contrario a aquellos, con paralización de sus órganos
rectores, la sociedad carece de razón de ser y debe extinguirse. Más información »
Paralización de los Órganos Sociales,
Mercantil. Banca. Acción de nulidad por error-vicio en la prestación del consentimiento en la adquisición en 2011 de acciones emitidas por Bankia. La incorrección, inveracidad, inexactitud o los errores contables sobre esos datos publicitados en el folleto de emisión lleva a concluir que la información económica financiera contable divulgada al público suscriptor, resultó inexacta e incorrecta, en aspectos relevantes, primordiales.
de Valencia (s. 9ª) de 7 de enero de 2015 (D. Gonzalo María Caruana
Font de Mora).
cautivadoras. PRIMERO. Eugenio y Tatiana presentaron demanda contra Bankia SA
ejercitando la acción de nulidad por error-vicio en la prestación del
consentimiento en la adquisición en fecha de 19/7/2011 de 5.565 acciones
emitidas por la sociedad demandada, por importe de 20.868,75 euros y
alternativamente la resolución del contrato con la exigencia de daños y
perjuicios y se acordase la nulidad de la orden de compra de las mentadas
acciones, condenándose a Bankia SA a la devolución a los actores de 20.868,75
euros, minoradas con los intereses cobrados, mas el interés legal devengado
desde la fecha de la formalización de los contratos quedando en poder de la
demandada los títulos en ella depositados. Subsidiariamente, se declarase la
resolución contractual del contrato de adquisición de acciones con la
indemnización de 20.868,75 euros con los intereses legales desde la fecha de la
interpelación judicial. La parte demandada se opuso a la pretensión deducida de
contrario, solicitando la desestimación de la demanda.
La sentencia del Juzgado Primera Instancia desestima la
demanda por ser las acciones productos no complejos, cuyo significado y
funcionamiento conocían los actores; haber dado el consentimiento los actores;
ser una operación autorizada por el Banco de España y la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (en adelante CNMV), no existiendo datos de que el precio
fijado para la acción fuese inexacto o ilegal; no concurriendo los requisitos
para el error en la prestación de dicho consentimiento.
Se interpone recurso de apelación por la parte actora
alegando, en esencia y sumario, como motivos los que seguidamente se enuncian:
1º) Error de valoración de la prueba en cuanto al perfil de los actores;
2º)Error de valoración de la prueba sobre la información sobre los riesgos
inherentes a las acciones de Bankia; concurriendo hechos notorios sobre los
beneficios que Bankia publicitó para salir a Bolsa y las cuentas reformuladas
con las pérdidas que muestran que el valor contable no fue cierto; 3º) Error en
la valoración de la prueba del empleado de Bankia afirmando que la información
económica del folleto era errónea; 4º) Concurrir perjuicio en los actores; 5º)
Error de valoración de la prueba sobre la falta de información, sobre la
situación económica de Bankia siendo error esencial y excusable y 6º) Falta del
cumplimiento de la obligación de Bankia de practicar el test de idoneidad a los
demandantes; solicitando la revocación de la sentencia del Juzgado Primera
Instancia por otra que estime la acción de nulidad de la adquisicion de las
acciones de Bankia SA, con las declaraciones fijadas en la demanda y
subisidiariamente la resolución del contrato por el incumplimiento del deber de
información, deber de diligencia y lealtad con la consiguiente indemnización de
daños y perjuicios por el importe de 20.868,75 euros.
Error del Consentimiento,
Folleto de Suscripción de Acciones,
Suscripción de Acciones de Bankia,
Mercantil. Sociedades. Demanda de nulidad de acuerdo de aprobación de las cuentas anuales por no reflejar la imagen fiel del patrimonio de la sociedad y por infracción del derecho de información ejercitado en la propia junta. Se desestima. Sentencia de la
Audiencia Provincial de Madrid (s. 28ª) de 9 de enero de 2015 (D. Alberto Arribas
cautivadoras. SEGUNDO.- La sentencia considera que las cuentas anuales
no reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los
resultados de la sociedad con infracción del artículo 34 del Código de Comercio
y 172.2 de la Ley de Sociedades Anónimas (actualmente, artículo 254.2 del texto
refundido de la Ley de Sociedades de Capital) y, en consecuencia, declara la
nulidad de los acuerdos impugnados. La falta de imagen fiel se sostiene en la sentencia en
determinadas omisiones contenidas en algunos de los apartados de la memoria y
en la circunstancia reflejada en el informe de auditoría sobre la falta de una
adecuada separación entre saldos comerciales y saldos financieros con empresas
vinculadas, sin que existan acuerdos escritos sobre plazos y condiciones de
devolución de estos últimos.
Los defectos que se imputan a la memoria son los
siguientes: a) en el punto 15.e no se detallan las partidas correspondientes a
las compras y servicios y a las ventas y servicios con las empresas vinculadas
"FORJADOS LOECHES, S.A., EN LIQUIDACIÓN" y "PROMOTORA DE
VIVIENDAS SÁNCHEZ PRIMO, S.A.", reflejando el importe total de las
operaciones con cada una de las sociedades; b) en el apartado de acreedores
comerciales del punto 14.d existe una partida de facturas pendientes de recibir
por importe de 403.341 euros, que supone un 19,9% de las compras, de las cuales
364.588 euros corresponden a la empresa vinculada "FORJADOS LOECHES, S.A.,
EN LIQUIDACIÓN" y en la partida de clientes, hay facturas pendientes de
emitir por importe de 160.531 euros que corresponden a esa misma empresa
vinculada y supone un 5,48% sobre las ventas; c) según el punto 15.c se ha
producido un aumento de 25.800 euros en reparaciones y conservación y de 26.400
euros en suministros, sin que se especifique la razón de un incremento tan
elevado en suministros, así como una disminución de 185.700 euros en la partida
de transporte que tampoco se especifica; y d) en la.nota 15.g se comprueba que
la plantilla ha aumentado de 7 a 23 trabajadores, incrementándose los gastos de
personal en 51.200 euros, sin que se especifiqué la razón del incremento y si
el personal procede de empresas vinculadas.
Derecho de Información de los Socios,
Imagen Fiel de la Sociedad,
Impugnación de Acuerdos,
Información del Socio,
Audiencia Provincial de Madrid (s. 28ª) de 19 de diciembre de 2014 (D. Ángel Galgo Peco).
cautivadoras. 7.- No cabe, desde luego, combatir la justeza de la
resolución impugnada acudiendo a planteamientos genéricos del estilo de que el
derecho de información del socio no justifica cualquier solicitud ni es
ilimitado, o que ningún amparo puede tener el abuso en el ejercicio de ese derecho,
como los que sirven de armazón al discurso impugnatorio de las recurrentes. Lo
importante a tales efectos, y esto lo olvidan las apelantes, es poner de
manifiesto las circunstancias que nos permitan apreciar la patología y, por tal
vía, considerar ajustada a derecho la negativa a satisfacer las demandas del
socio. De otro modo el argumento queda, como aquí sucede, vacío de contenido.
8.- Todo ello, en la conciencia de que, como declaración
de principio, no cabe señalar al derecho de información del socio, en cuanto a
su alcance, otros límites que los que expresamente establecidos en la norma,
como era el caso, al tiempo de producirse los hechos enjuiciados, del artículo
112.3 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y del segundo inciso
del artículo 51 LSRL, y, después, artículos 196 y 197 del Texto Refundido de la
Ley de Sociedades de Capital, los cuales no aplican aquí (las propias
recurrentes hicieron abandono de los argumentos esgrimidos en primera instancia
en torno al segundo de los preceptos señalados), así como los que resultan de
la interdicción del ejercicio de los derechos con abuso o mala fe (es de
observar cómo, en la modificación operada en el texto refundido de la ley de
sociedades de capital por la reciente Ley 31/2014, de 3 de diciembre, que
entrará en vigor pocas fechas después de la de esta resolución, se produce
cierta integración, por lo que a las sociedades anónimas se refiere, en el
sentido e que el artículo 197.3 exime a los administradores a proporcionar la
información solicitada por el socio cuando la misma "sea innecesaria para
la tutela de los derechos del socio", entre otros supuestos). Más información »
Información del B.O.E. del día 4 de marzo de 2015 sobre personas jurídicas y físicas declaradas en Concurso de Acreedores.
CONCURSOS: BADAJOZ: 030/2015 AGUAS
CLARAS S. COOP. F-06111306 (AC: JUSTO JOSÉ PAJUELO GRIÑÓN, aguasclaras.concursoacreedores@gmail.com)
3: 98/2015 CASTELLNOU DE
PROYECTOS, SOCIEDAD LIMITADA B62019518 (AC: Vanessa Casas Du Bar vcdubar@icab.cat)
8: 1129/2014 A PLAIN ESTRUCTURAS,
S.A. A60225455 (AC: Carme Tort Carré, smrcons@smrcons.com)
8: 1108/2014 G BULTE 2002
EMPRESARIAL, S.L. B-62936554 (AC: Pablo Ferrandiz Avendaño, administracionconcursal@ferrandiz-abogados.com)
10: 914/2014-B MARTORA COSMETICS,
S.L. B60115383 (AC: ALHOS CONCURSAL, S.L.P., mcosmetics.914-14@alhosgroup.com)
GIRONA: 1050/14 TALLERS
ELÉCTRICS GIRONA, SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL A-17023482 (AC: Rebollo
Melció y Asociados Administradores Concursales, Sociedad Limitada Profesional tegirona@rmconcursales.com)
GIRONA: 1045/14 COMERCIAL
ELÉCTRICA BLANES, SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL A-17044694 (AC: Rebollo
Melció y Asociados Administradores Concursales, Sociedad Limitada Profesional ceblanes@rmconcursales.com)
GIRONA: 1102/2014 STAR LINE
GIFTS & WEAR, S.A. A-08929036 (AC: GABINET CAMERO CASTIBLANQUE,
S.L. jce@economistes.com)
BOE - Concursos de Acreedores Publicados en el,
Información del B.O.E. del día 3 de marzo de 2015 sobre personas jurídicas y físicas declaradas en Concurso de Acreedores. ¿Conoces la FUNDACIÓN
VICENTE FERRER?. ¿Apadrinarías
un niño/a por solo 18 € al mes?. Yo ya lo he hecho. Se llaman Abhiran y Anji.
Tienen 7 y 8 años y una mirada y sonrisa cautivadoras. - DECLARACIÓN DE
CONCURSOS: A
CORUÑA 2: 15/15-L PASCUAL MARTÍNEZ,
S.L. B-15.047.392 (AC: Germán-Faustino Fernández Linares, germanfernandez@icam.es)
CORUÑA 2: 439/14-L FROITAL SUPRA,
S.L.U. B-70.207.634 (AC: Ángel Sánchez-Cendal Bermejo, concursal@cendal.com)
1: 1098/2014-G BRUC 42LH B64078744
(AC: Euro Audit, S.L.P., Emilio Álvarez Pérez, emilio.alvarez@crowehorwath.es)
3: 142/2015 C5 INCRYEN 2014, S.L.
B25441767 (AC: Bufete Marroquin Abogados y Economistas, S.L.P., Víctor
Marroquin Sagales, concursal@bufetemarroquin.com,
Addvante Concursal, S.L.P., Enrique Faura Lluis, concursal@addvante.com)
8: 1061/14 C TRANSPORTES A
GRANEL, S.L.U. B08556078 (AC: BMR Advocats i Economistes, S.L.P. transportesagranel@bmrconcursal.com)
CÁCERES: 892/2014 HERGUEZ
CÁCERES, S.L. B10234235 (AC: ADMICOEX, S.L., admicoex@admicoex.com)
1: 1332/2014 JUNDESOL NUEVAS
ENERGÍAS, S.L.U. Y SOLCASTEL ENERGÍAS ALTERNATIVAS, S.L.U. B85.093.706,
B85.071.553 (AC: Gestión y Administración Concursal, S.L.P., jipraena@gyadcon.es)
PALMAS DE GRAN CANARIA 1: 100/2014
CANARIAS, S.L. B-35.054.048 (AC:
Claudio Almeida Santana, jcalmeida@crvconsultores.com)
Penal – P. General. Eximente de miedo insuperable. Eximente incompleta. Si el miedo resultó insuperable, se aplicaría la eximente, y si, por el contrario, existen elementos objetivos que permiten establecer la posibilidad de una conducta o comportamiento distinto, aún reconociendo la presión de las circunstancias, será cuando pueda apreciarse la eximente incompleta.
Tribunal Supremo de 11 de febrero de 2015 (D. Juan Ramón Berdugo Gómez
de la Torre).
Tienen 7 y 8 años y una mirada y sonrisa cautivadoras.
CUARTO: (...) Como hemos dicho en STS. 172/2008 de 30.4, el miedo, de
larga tradición jurídica (metus), considerado por la moderna psicología como
una emoción asténica de fondo endotimico, en su vertiente jurídica, como
circunstancia eximente ha sido analizado por la doctrina jurisprudencial, por
todas SS. 783/2006 de 29.6, 180/2006 de 16.2 y 340/2005 de 8.3, que parte de la
consideración de que la naturaleza de la exención por miedo insuperable no ha
sido pacífica en la doctrina. Se la ha encuadrado entre las causas de
justificación y entre las de inculpabilidad, incluso entre los supuestos que
niegan la existencia de una acción, en razón a la paralización que sufre quien
actúa bajo un estado de miedo. Es en la inexigibilidad de otra conducta donde
puede encontrar mejor acomodo, ya que quien actúa en ese estado, subjetivo, de
temor mantiene sus condiciones de imputabilidad, pues el miedo no requiere una
perturbación angustiosa sino un temor a que ocurra algo no deseado. El sujeto
que actúa típicamente se halla sometido a una situación derivada de una amenaza
de un mal tenido como insuperable. De esta exigencia resultan las
características que debe reunir la situación, esto es, ha de tratarse de una
amenaza real, seria e inminente, y que su valoración ha de realizarse desde la
perspectiva del hombre medio, el común de los hombres, que se utiliza de baremo
para comprobar la superabilidad del miedo. El art. 20.6 del nuevo Código Penal introduce una novedad
sustancial en la regulación del miedo insuperable al suprimir la referencia al
mal igual o mayor que exigía el antiguo art. 8.10º del Código Penal derogado.
La supresión de la ponderación de males, busca eliminar el papel excesivamente
objetivista que tenía el miedo insuperable en el Código anterior y se decanta
por una concepción más subjetiva y pormenorizada de la eximente, partiendo del
hecho incontrovertible de la personal e intransferible situación psicológica de
miedo que cada sujeto sufre de una manera personalísima. Esta influencia
psicológica, que nace de un mal que lesiona o pone en peligro bienes jurídicos
de la persona afectada, debe tener una cierta intensidad y tratarse de un mal
efectivo, real y acreditado. Para evitar subjetivismos exacerbados, la
valoración de la capacidad e intensidad de la afectación del miedo hay que
referirla a parámetros valorativos, tomando como base de referencia el
comportamiento que ante una situación concreta se puede y se debe exigir al
hombre medio (S 16-07-2001, núm. 1095/2001). La aplicación de la eximente exige
examinar, en cada caso concreto, si el sujeto podía haber actuado de otra forma
y se le podría exigir otra conducta distinta de la desarrollada ante la presión
del miedo. Si el miedo resultó insuperable, se aplicaría la eximente, y si, por
el contrario, existen elementos objetivos que permiten establecer la
posibilidad de una conducta o comportamiento distinto, aún reconociendo la
presión de las circunstancias, será cuando pueda apreciarse la eximente
incompleta (S 16- 07-2001, núm. 1095/2001). Más información »
Eximentes,
Miedo Insuperable,
SEGUNDO: (...) Como señala STS. 1014/2011 de 10.10, esta Sala
reiteradamente, ha venido diciendo, el dolo eventual es del todo equiparable al
dolo directo o intencional en cuanto al merecimiento del castigo aplicable,
puesto que ambos suponen igual menosprecio del autor por el bien jurídico
tutelado. Siendo así en SSTS. 172/2008 de 30.4, y 210/2007 de 15.3,
hemos precisado que el dolo directo o de primer grado constituido por el deseo
y la voluntad del agente de matar, a cuyo concreto objetivo se proyecta la
acción agresiva, y el dolo eventual que surge cuando el sujeto activo se
representa como probable la eventualidad de que la acción produzca el resultado
lesivo al sujeto pasivo, aunque este resultado no sea el deseado, a pesar de lo
cual persiste en dicha acción que obra como causa del resultado producido (STS.
8.3.2004). Por consiguiente tal como se aprecia en los precedentes
jurisprudenciales reseñados -recuerdan las SSTS. 1187/2011 de 2.11 y 890/2010
de 8.10, esta Sala, especialmente a partir de la sentencia de 23-4-1992
(relativa al caso conocido como del "aceite de colza" o "del
síndrome tóxico") ha venido aplicando en numerosas resoluciones un
criterio más bien normativo del dolo eventual, en el que prima el elemento
intelectivo o cognoscitivo sobre el volitivo, al estimar que el autor obra con
dolo cuando haya tenido conocimiento del peligro concreto jurídicamente
desaprobado para los bienes tutelados por la norma penal. Sin embargo, se afirma en la sentencia 69/2010, de 30 de
enero, "ello no quiere decir que se excluya de forma concluyente en el
dolo el elemento volitivo ni la teoría del consentimiento. Más bien puede
entenderse que la primacía que se otorga en los precedentes jurisprudenciales
al elemento intelectivo obedece a un enfoque procesal del problema. De modo
que, habiéndose acreditado que un sujeto ha ejecutado una acción que genera un
peligro concreto elevado para el bien jurídico con conocimiento de que es
probable que se produzca un resultado lesivo, se acude a máximas elementales de
la experiencia para colegir que está asumiendo, aceptando o conformándose con
ese resultado, o que cuando menos le resulta indiferente el resultado que
probablemente va a generar con su conducta". Más información »
Imprudencia Grave,
del Tribunal Supremo de 5 de febrero de 2015 (D.
RAFAEL SARAZÁ JIMENA).
CUARTO.- Formulación del motivo del recurso de casación 1.- El segundo motivo del recurso de casación, que como se ha expuesto es
realmente el único motivo de casación formulado, se encabeza así: « Infracción
de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre la responsabilidad
concursal de los administradores sociales (artículo 172.3 de la Ley
Concursal)». 2.- El motivo se fundamenta alegando que la Audiencia Provincial, al
prescindir de la incidencia en la generación o agravación de la insolvencia de
la conducta determinante del carácter culpable de la calificación la ha
configurado como de naturaleza sancionatoria o punitiva, lo que es contrario a
lo declarado en por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. El recurrente reproduce diversas resoluciones de esta
Sala para afirmar que de ellas se desprende que se ha considerado la
responsabilidad concursal de los administradores sociales por déficit como una
responsabilidad de naturaleza resarcitoria, que debe graduarse según la mayor o
menor incidencia de la conducta en la generación o agravación de la
insolvencia, debiéndose también identificar de entre las posibles personas
afectadas por la calificación, quiénes son responsables, en atención a su
participación en la conducta que ha merecido la calificación de culpable y la
generación o agravación de la insolvencia. Por tanto, añade el recurrente, se
exige una relación de causalidad entre la conducta de los administradores a
quienes se quiere hacer responsables de la cobertura del déficit y la
insuficiencia del activo.
QUINTO.-Decisión de la Sala. La responsabilidad del
administrador social por déficit concursal 1.- La sentencia núm. 772/2014, de 12 de enero de 2015, dictada por el Pleno
de esta Sala, declaró que la naturaleza del régimen de responsabilidad
concursal establecido en el art. 172.3 de la Ley Concursal, antes de la reforma
operada por el Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, había sido fijada por
una serie de sentencias de esta Sala de un modo razonablemente uniforme, de
modo que no podía considerarse como una responsabilidad de naturaleza
resarcitoria sino como un régimen agravado de responsabilidad civil por el que,
concurriendo determinados requisitos, el coste del daño derivado de la
insolvencia podía hacerse recaer, en todo o en parte, en el administrador o
liquidador social al que son imputables determinadas conductas antijurídicas, y
no en los acreedores sociales. Por tanto, no se exigía la concurrencia de una
relación de causalidad entre la conducta del administrador o liquidador
determinante de la calificación del concurso como culpable y el déficit
concursal del que se hacía responsable a dicho administrador o liquidador o,
por decirlo en otras palabras, no era necesario otro enlace causal distinto del
que resulta "ex lege" de la calificación del concurso como culpable
según el régimen de los arts. 164 y 165 de la Ley Concursal y la imputación de
las conductas determinantes de tal calificación a determinados administradores
o liquidadores de la persona jurídica concursada. Más información »
Concurso Culpable,
Responsabilidad Concursal,
Concursal. Art. 169 LC. Sección de calificación. Está justificado que en determinadas circunstancias, el Juez del concurso pueda posponer el inicio del plazo para formular el informe de la Administración Concursal (bien desde el primer momento, bien dejando sin efecto el trámite iniciado). Para ello es necesario que concurran circunstancias que lo justifiquen y que la posposición del inicio del plazo sea razonable. Sentencia
del Tribunal Supremo de 5 de febrero de 2015 (D. RAFAEL SARAZÁ
JIMENA).
SEGUNDO.- Formulación del recurso extraordinario por
infracción procesal 1.- El epígrafe del recurso extraordinario por infracción procesal es el
siguiente: « Infracción de los artículos 134.1 y 136 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil ». 2.- En el motivo, el recurrente expone que el informe de la Administración
Concursal en el que se postulaba la calificación del concurso como culpable y
se hacían una serie de peticiones derivadas de esta calificación, fue
presentado cuando el trámite procesal previsto al efecto había precluido, por
lo que no podía tener el efecto pretendido. Y que el plazo para emitir el
informe es improrrogable. TERCERO.- Decisión de la Sala. Posibilidad de fijar el
inicio del plazo para emitir el informe de la Administración Concursal sobre la
calificación del concurso con posterioridad a la expiración de los plazos para
personación de los interesados. 1.- El informe de la Administración Concursal fue presentado al Juzgado dentro
del plazo que este le fijó. La cuestión es que el Juzgado pospuso el inicio de
tal plazo a un momento posterior a la finalización del plazo de personación y
alegaciones de los interesados previsto en el art. 168 de la Ley Concursal,
pues suspendió (en realidad, dejó sin efecto) la apertura del trámite
inicialmente acordada ante la petición de la Administración Concursal, que
necesitaba conocer el resultado de la auditoría de cuentas para formular su
informe. 2.- El art. 169 de la Ley Concursal prevé que el plazo de quince días para que
la Administración Concursal presente el informe razonado y documentado sobre
los hechos relevantes para la calificación del concurso, con propuesta de
resolución, se iniciará tras la expiración del previo plazo de diez días que
para la personación y alegaciones de los interesados establece el art. 168 de
la Ley Concursal. En la sentencia de esta Sala núm. 122/2014, de 1 de abril,
declaramos que el inicio del plazo del art. 169 de la Ley Concursal no se
produce automáticamente cuando expira el plazo del trámite previo, previsto en el
art. 168, sino que es necesario que el Juez del concurso dicte una resolución
en que acuerde la apertura de tal plazo. En el presente recurso se plantea una cuestión diferente
pero complementaria de la resuelta en esa sentencia anterior. Mientras que en
el anterior supuesto no existía ningún obstáculo para que el plazo de emisión
del informe se iniciara una vez constatada la finalización del plazo de
personación y alegaciones de los interesados en la sección de calificación, en
el presente caso la Administración Concursal solicitó la posposición del inicio
del plazo de emisión del informe porque no contaba con los elementos necesarios
para elaborarlo. En concreto, se trataba de una sección de calificación que se
había abierto como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación
derivada del incumplimiento de un convenio, y no existía el informe de
auditoría preceptivo porque la sociedad concursada no había procedido a nombrar
el auditor de cuentas. El Juez del concurso accedió a la solicitud, y una vez
que la Administración Concursal contó con el informe de auditoría, abrió el
plazo de emisión del informe.
Calificación del Concurso,
Informe de Calificación,
Informe de la Administración Concursal,
Tienen 7 y 8 años y una mirada y sonrisa cautivadoras. PRIMERO. -Doña Julia y don Carlos Manuel formularon demanda
contra Audiovisual Española 2000 SA y don Roque. La primera como editora del
diario La Razón y el segundo como autor de un artículo publicado en el citado
diario con el título "Mr. Perro y Miss. Perra".Reclaman que se
declare que se ha cometido una intromisión ilegítima en el derecho a su honor,
a que se difunda el texto de la sentencia tanto en edición impresa como
digital, y solicitan que se les condene solidariamente al pago de 30.000 euros
a cada uno de ellos, en concepto de indemnización. En lo que interesa, el texto del artículo es el
siguiente:" Como la justicia siempre va lenta y como el parto de la
investigación interna de la Junta sobre la trama de los ERE se producirá con el
retraso habitual - aunque el consejero Porfirio diga que va "a toda
máquina"-, será preciso abrir otras imaginativas líneas de investigación
para enterarnos de cuantos intrusos hay en esta ensaladilla de prejubilados. A
la que, por cierto, no le falta ningún ingrediente para ser el más sabroso caso
de corrupción conocido en este país. Pero a lo que íbamos. Corre por los
mentideros que el salón de turismo que se acaba de inaugurar en Torremolinos
será clave para desentrañar la trama de los ERE. Será el punto de encuentro de
muchos infiltrados en los expedientes que llegaron recientemente en una
camioneta a los Juzgados de Sevilla. Sólo hay que atender al título: Expojubilados,
el Salón Internacional del Turismo y la Economía. Y a las bases: está destinado
a mayores de 50 años "para el desarrollo de las capacidades y habilidades
psíquicas y de ocupación positiva del tiempo libre y de ocio de los jubilados y
prejubilados".Entre los concursos, hay algunos que, a priori, no se espera
que sean de participación masiva por parte de los infiltrados laborales, como
el "Gran premio de España de manualidades", o el certamen
"Abuela de España" para el que suma enteros los centellantes Visi
Pazos; una sevillana del 55 que dice usar "jeans con botas si hace
falta" y que aspira a ir a "Sálvame Delux" cuando suba al
estrellato."Todas las miradas están puestas en otro concurso: en Mr. Perro
y Mrs. Perra de España". Ahí si se puede hacer desfile de infiltrados en
busca del prestigioso galardón, haciendo valer la hoja de servicio demostrada
durante los duros años de servicio de tajo, pan, sardina arenque. Porque...es
difícil imaginar al conseguidor-prejubilado Carlos Manuel y a su prejubilada mujer
compitiendo a morreo libre en el concurso del beso más largo, pero en el de
Mr.Perro y Mrs Perra la verdad es que la cosa cambia". (...)
Derecho Civil - Personas,
Libertad de Expresión e Información,
Información del B.O.E. del día 2 de marzo de 2015 sobre personas jurídicas y físicas declaradas en Concurso de Acreedores. ¿Conoces la FUNDACIÓN
Tienen 7 y 8 años y una mirada y sonrisa cautivadoras. Si tienes interés,
mándame un correo y te contaré mi experiencia (diarioconcursalpremium@gmail.com). - DECLARACIÓN DE
CORUÑA 2: 42/15-M DISVIPER, S.L.
B-15627623 (AC: José Alberto Carballo Calvar, albertocc@icasantiago.org)
2: 46/2015K RALOR 98, S.L.
B-53354866 (AC: M. Elvira Pérez Llorca, elviraperezllorca@yahoo.es)
ALMERÍA: 124/2014 ALMENDRAS
ALARCÓN, S.A. A-04044456 (AC: Allforce Capital Concursal, S.L.P., Carlos
Palanca Cruz, carlospalanca@allforcecapital.com)
8: 18/15 y 19/15 D FRANCISCO SÁNCHEZ
GONZÁLEZ Y LAURA ÁNGELA BUENO ROBLEDILLO 46520152F, 46521233F (AC: Víctor
Marroquín Sagales, concursal@bufetemarroquin.com)
1: 194/2014 PROMOCIONES GARALPI
95, S.L. B12412565 (AC: José Manuel Gozalbes Llorca, jmllorca@economistas.org)
REAL: 311/2014 AUTOESCUELA ALFONSO,
S.L. B13269972 (AC: AE2 ADMINISTRADORES CONCURSALES, S.L.P., Santiago
Manuel Oliveros Lapuerta oliveros@visolauditores.es)
PALMAS DE GRAN CANARIA 2: 77/2015 FANEGA FOOD, S.L.
B35453711 (AC: Vidal y Verano Abogados, S.C.P., Eugenio Vidal Rivera, concursohermet@gmail.com)
RIOJA: 459/2014 PREFABRICADOS
NEWPLACK S.L. (AC: Santiago Baena Moreno, administración@afiba.es)
RIOJA: 71/2015 FORGARELLA, S.L.
B26386672 (AC: ILDEFONSO GONZALEZ MATA, igonzalez@icar.es)
Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Barcelona de 20
de enero de 2015 (Dª. BÁRBARA MARÍA
CÓRDOBA ARDAO).
cautivadoras. Si tienes interés, pero no estás seguro, mándame un correo con tu
teléfono y te contaré mi experiencia (diarioconcursalpremium@gmail.com). FUNDAMENTOS DE DERECHO: PRIMERO. Alegaciones Las presentes actuaciones tienen su
origen en la demanda de solicitud de concurso necesario presentada por la
mercantil BANK OF AMERICA LYNCH INTERNACIONAL LIMITED contra la compañía HOTEL
DIAGONAL 205 SA.
Como presupuesto subjetivo de la acción, justifica la
actora su condición de acreedor en base a la póliza de cesión de derechos de
crédito suscrito el día 25 de septiembre de 2014 con diversas entidades
bancarias, por importe de 9.388.431,71 euros. Dicho contrato tiene su origen, a
su vez, en un contrato de préstamo sindicado suscrito por la demandada con
diferentes entidades bancarias el día 15 de septiembre de 2009 y novado el día
22 de diciembre de ese mismo año, para refinanciar el pago de su deuda.
Como presupuesto objetivo de la acción o hecho revelador
de la insolvencia, conforme al art. 2.4 LC, basa la actora su solicitud en el
sobreseimiento generalizado de pagos, al constarle, al menos, otro acreedor
impagado como es la sociedad MIDDLEBURY INVEST SL, la cual habría también
adquirido los derechos de crédito por importe de 17.185.232,57 euros, en virtud
de un contrato de arrendamiento financiero y 6.044.346 euros del contrato de
préstamo sindicado de 15 de septiembre de 2009, novado el 22 de diciembre de
La parte demandada se opone a su estimación alegando, en
primer lugar, varias excepciones procesales cuya estimación, supondría la suspensión
de este proceso, excepciones procesales a las que la parte actora se opuso
oralmente en el acto de la vista. En resumen: 1.- Ilicitud de los documentos aportados de contrario por
haber sido obtenidos de manera ilícita, con abuso de derecho y fraude de ley.
2.- Cuestión prejudicial penal conforme al art. 40 LEC,
pues la actora accedió a documentación confidencial de la demandada con el
único objeto de comprar el crédito de las entidades bancarias para interponer
3.- Cuestión prejudicial civil conforme al art. 43 LEC,
al existir un procedimiento judicial en marcha en el que se discute tanto la
cesión del crédito por parte de las entidades bancarias que formaban parte del
préstamo sindicado a la actora, por lo que ésta carece de legitimación activa
para instar este concurso. Asimismo, está subiudice si la decisión de
vencimiento anticipado fue ajustada a derecho por lo que, sin tal vencimiento,
la deuda no es exigible ni hay insolvencia.
Insolvencia Concursal,
Auto del Juzgado de
lo Mercantil nº 9 de Barcelona de 16 de enero de 2015 (Dª. Bárbara María Córdoba
Ardao).
cautivadoras. Si tienes interés, mándame un correo con tu teléfono y te contaré
mi experiencia (diarioconcursalpremium@gmail.com). PRIMERO. Introducción: Antecedentes normativos y
jurisprudenciales Aunque nos pueda parecer que la materia de consumidores y
usuarios es algo reciente o que surge después de la STS de 9 de mayo de 2013,
lejos está de la realidad. Ya la directiva comunitaria 93/13/CE fijaba los
objetivos que debían cumplir las legislaciones nacionales en materia de
protección y defensa de los consumidores. En concreto, su art. 7 obligaba a los
estados miembros a prever en sus legislaciones "medios y mecanismos eficaces"
de tutela y protección de los consumidores para que éstos pudieran denunciar la
abusividad de aquellas cláusulas impuestas que habían sido incorporadas a sus
contratos. Asimismo, el apartado 2, disponía que tal denuncia podía partir de
los propios consumidores o bien, de las asociaciones de consumidores
habilitadas a tal efecto. Por último, su apartado 3 preveía que tales personas,
"bien conjuntamente o de forma individual", pudieran dirigirse contra
varias entidades demandadas para denunciar esas cláusulas abusivas.
La Ley 1/2000 trató de dar respuesta a ese cometido en
sus arts. 11, 13, 15, 221, 222, 579 o 694 LEC. Pese al empeño, el TJUE ha
puesto en evidencia que nuestra legislación adolece de muchos defectos y que es
contraria al ordenamiento jurídico comunitario en muchos extremos en materia de
tutela y protección de los consumidores. Tal jurisprudencia nos puede resultar
chocante, en ocasiones, al ir en contra de principios y axiomas que todos
tenemos interiorizados de nuestro proceso civil, como el principio dispositivo,
a instancia de parte o que no puede haber dos resoluciones judiciales sobre el
Mercantil. Banca. Demanda de nulidad de cláusula suelo. Se solicita como medida cautelar la suspensión de la eficacia de la misma. Se accede. Se fija una caución de 100 euros. Auto
del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia de 15 de enero de 2015 (D. FRANCISCO
CANO MARCO).
cautivadoras. Si tienes interés, mándame un correo y te contaré mi experiencia
(diarioconcursalpremium@gmail.com). PRIMERO.- Señala el artículo 726 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil "1. El tribunal podrá acordar como medida cautelar,
respecto de los bienes y derechos del demandado, cualquier actuación, directa o
indirecta, que reúna las siguientes características: 1ª Ser exclusivamente
conducente a hacer posible la efectividad de la tutela judicial que pudiere
otorgarse en una eventual sentencia estimatoria, de modo que no pueda verse
impedida o dificultada por situaciones producidas durante la pendencia del
2ª No ser susceptible de sustitución por otra medida
igualmente eficaz, a los efectos del apartado precedente, pero menos gravosa o
perjudicial para el demandado.
2. Con el carácter temporal, provisional, condicionado y
susceptible de modificación y alzamiento previsto en esta Ley para las medidas
cautelares, el tribunal podrá acordar como tales las que consistan en órdenes y
prohibiciones de contenido similar a lo que se pretenda en el proceso, sin
prejuzgar la sentencia que en definitiva se dicte." Por su parte, el artículo 728 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil regula los tradicionales requisitos de peligro de mora procesal,
apariencia de buen derecho y caución necesarios para la adopción de una medida
cautelar en los siguientes términos Más información »