Source: https://hayderecho.com/2017/02/19/el-impuesto-de-plusvalia-municipal-es-inconstitucional-si-no-hay-aumento-de-valor-del-inmueble/
Timestamp: 2019-09-18 09:41:18
Document Index: 359910939

Matched Legal Cases: ['artículo 38', 'artículo 19', 'artículo 219', 'artículo 217', 'artículo 32', 'artículo 31']

El Impuesto de Plusvalía Municipal es inconstitucional si no hay aumento de valor del inmueble – Hay Derecho
19 febrero, 2017 /25 Comentarios/en Blog /por Segismundo Alvarez Royo-Villanova
El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU, también llamado de Plusvalía Municipal) lo paga el vendedor cuando vende cualquier finca urbana (locales, viviendas y solares). En teoría grava el incremento del valor del suelo, pero no se calcula sobre la diferencia de valor entre adquisición y transmisión, sino aplicando sobre el valor catastral del suelo en el momento de la transmisión un coeficiente que aumenta según los años transcurridos desde la adquisición.
(Con posterioridad a este post, el TC se ha vuelto a pronunciar sobre el mismo tema en relación con la legislación nacional en una sentencia comentada aquí)
La combinación de esta peculiar forma de cálculo con la crisis inmobiliaria ha dado lugar a una desproporción entre el incremento real del valor y la carga impositiva. Por ejemplo en Madrid, el aumento de los valores catastrales y la eliminación de las bonificaciones ha multiplicado el tipo efectivo casi por 3 en unos pocos años, de manera que ha pasado de ser una cantidad poco significativa a superar en muchos casos el importe del ITP que paga el comprador. Eso explica que a pesar de la disminución del precio de las viviendas y de la reducción del tráfico inmobiliario la recaudación ha aumentado desde la crisis como ven en este gráfico.
Además de este problema de política fiscal se ha planteado otro de tipo jurídico, pues el impuesto se paga aunque el valor del terreno haya disminuido desde su adquisición, en contra de su denominación y de la definición del hecho imponible. Varias resoluciones judiciales habían entendido que en ese caso no había sujeción al impuesto (como se trató aquí y aquí). El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de San Sebastián planteó al TC la constitucionalidad de las reglas que determinan esa forma de cálculo del impuesto (arts. 1, 4 y 7.4, de la Norma Foral 16/1989 de Guipuzcoa y arts. 107 y 110.4 de la Ley de Haciendas Locales o LHL) por posible infracción del principio de capacidad económica (art. 31 CE) y del derecho de defensa (art. 24 CE).
Voy a tratar de resumir la argumentación de la STC de 16 de febrero de 2017 que resuelve esta cuestión y también dar algunas ideas sobre sus efectos, en una aproximación de urgencia y por tanto provisional.
En primer lugar, el TC limita la decisión a la normativa foral, porque la LHL no se aplicaba al caso planteado por el tribunal. Es importante señalar que la razón es puramente procedimental y que la redacción de la norma nacional es casi idéntica y no establece ninguna diferencia en cuanto a la cuestión planteada. La ratio decidendi de la sentencia, que es la necesidad de que exista un incremento real del valor para que se pueda aplicar el impuesto, es claramente aplicable a las normas de la LHL.
(Con posterioridad el TC se ha pronunciado en el mismo sentido en relación con la legislación estatatal en esta sentencia)
En segundo lugar entiende que no es necesario analizar la infracción de la tutela judicial efectiva (Art 24 CE) porque “dado que la imposibilidad de probar la inexistencia de un incremento de valor… es algo consustancial, inherente, a la propia naturaleza de la ficción jurídica que la norma contempla, la vulneración denunciada, de existir, lo sería exclusivamente desde el punto de vista del deber de contribuir (art. 31.1 CE), … que no desde la óptica del derecho a la prueba como un medio instrumental para la defensa de las pretensiones articuladas en un proceso judicial”.
Limitada la cuestión a decidir si el impuesto grava una verdadera capacidad económica, el TC comienza rechazando que (como se había alegado por la administración) ese principio “solo pueda predicarse del sistema tributario en su conjunto y no de cada impuesto en particular”. Al contrario, señala que “el hecho de que el Constituyente no haya precedido el principio de capacidad de un artículo (“la”) sino de un adjetivo posesivo (“su”), lo asocia inexcusablemente también al sujeto, lo que pone de manifiesto que opera con relación a cada sujeto 24 individualmente considerado, esto es, «respecto de cada uno».
También rechaza el argumento del carácter excepcional de estos supuestos pues “la crisis económica ha convertido lo que podía ser un efecto aislado –la inexistencia de incrementos o la generación de decrementos- en un efecto no infrecuente,” al que necesariamente la regulación normativa del impuesto debe atender. En suma, no estamos ante un efecto excepcional, inevitable en el marco de la generalidad de la norma, «pues el referido efecto se produce en relación con supuestos generales perfectamente definibles como categoría conceptual».
Entrando ya en la cuestión central de la infracción del principio de capacidad económica, dice que el Impuesto “según su configuración normativa, grava el “incremento de valor” que experimenten los terrenos … sin embargo, el gravamen no se anuda necesariamente a la existencia de ese “incremento” sino a la mera titularidad del terreno… con independencia no sólo del quantum real del mismo, sino de la propia existencia de ese incremento”
Por ello concluye que “al establecer el legislador la ficción de que ha tenido lugar un incremento de valor susceptible de gravamen al momento de toda transmisión de un terreno por el solo hecho de haberlo mantenido el titular en su patrimonio durante un intervalo temporal dado, soslayando, no solo aquellos supuestos en los que no se haya producido ese incremento, sino incluso aquellos otros en los que se haya podido producir un decremento en el valor del terreno objeto de transmisión, lejos de someter a gravamen una capacidad económica susceptible de gravamen, les estaría haciendo tributar por una riqueza inexistente, en abierta contradicción con el principio de capacidad económica del citado art. 31.1 CE.”
El TC rechaza que se pueda hacer una interpretación de la norma conforme a la constitución entendiendo que “cuando no exista tal incremento de valor, no nacería la obligación tributaria del impuesto, por inexistencia de hecho imponible”. Dice que para salvar a la norma de la inconstitucionalidad sería necesario que esa interpretación fuera posible de “de modo natural y no forzado” lo que no es el caso “porque, al haberse establecido un método objetivo de cuantificación del incremento de valor, la normativa reguladora no admite como posibilidad ni la eventual inexistencia de un incremento ni la posible presencia de un decremento”.
En un sentido semejante rechaza que la norma de cálculo se pueda como una presunción con posibilidad de prueba en contrario porque “supondría reconstruir la norma en contra del evidente sentido que se le quiso dar y aceptar que se ha dejado al libre arbitrio del aplicador (a los entes locales, en vía de gestión, o a los órganos judiciales, en vía de revisión), tanto la determinación de los supuestos en los que nacería la obligación tributaria, como la elección, en cada caso concreto, del modo de llevar a cabo la determinación del eventual incremento o decremento, lo que chocaría, no sólo contra el principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), sino contra el propio principio de reserva de ley que rige la materia tributaria (arts. 31.3 y 133.1 y 2, ambos de la CE).”
La conclusión es la declaración de inconstitucionalidad de esas normas “pero únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.” Es importante destacar que el TC insiste en que lo inconstitucional es solo eso, y en particular que considera lícita la forma de cálculo del impuesto cuando sí exista incremento de valor: “es plenamente válida la opción de política legislativa dirigida a someter a tributación los incrementos de valor mediante el recurso a un sistema de cuantificación objetiva de capacidades económicas potenciales”. En el mismo sentido, el principio de capacidad económica no opera “como “criterio” de graduación de la misma” pues la concreta exigencia de que la carga tributaria se “module” en la medida de dicha capacidad sólo resulta predicable del “sistema tributario” en su conjunto».
Lo que esto quiere decir es que el hecho de que el incremento real sea inferior a la base imponible que resulta del sistema objetivo de cálculo señalado por la ley no hace ilícita la liquidación. Por tanto, existiendo incremento, aunque sea pequeño, no se va a poder impedir la aplicación del impuesto tal y como está regulado. En esto se separa el TC de alguna de la jurisprudencia como la Resolución del Tribunal Administrativo de Navarra de 7 de mayo de 2013, en la que entendió que era posible impugnar las liquidaciones también en el caso de una manifiesta desproporción entre las cuantías liquidadas y los valores reales. Quizás cabría encontrar un límite en el carácter confiscatorio del impuesto. Señala la sentencia que sería confiscatorio “todo tributo que agotase la riqueza imponible ”, de manera que si se prueba que la cuota del impuesto (no la base imponible) es igual o superior al aumento de valor (aunque este exista), su aplicación también sería inconstitucional.
El efecto de la declaración de inconstitucionalidad es la nulidad de la norma ( art 39 LOTC) lo que implica una falta de producción de efectos ex tunc. El único límite es el de la cosa juzgada (art 164 Constitución y 40 LOTC). Aunque en materia tributaria la STC 45/1989 señaló que los efectos de la declaración de inconstitucionalidad de leyes tributarias pueden ser objeto de limitación, en este caso el TC no establece ninguna limitación, por lo que -a salvo la cosa juzgada- parece posible pedir la devolución de las cantidades ingresadas indebidamente.
La STC termina diciendo: “Por último, debe señalarse que la forma de determinar la existencia o no de un incremento susceptible de ser sometido a tributación es algo que sólo corresponde al legislador, en su libertad de configuración normativa, a partir de la publicación de esta Sentencia, llevando a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.”
Por tanto está ordenando al legislador que modifique la norma para admitir el no devengo del impuesto cuando no haya incremento y que determine cuando no lo hay, aunque entiendo eque esto siempre podrá ser objeto de revisión judicial.
Pero ¿Qué sucede hasta que se regule? El art 39 CE impone el efecto inmediato de la sentencia frente a todos desde su publicación, por lo que en ningún caso la administración podrá aplicar el impuesto si no existe incremento de valor. Entiendo que el sujeto pasivo podrá hacer una autoliquidación alegando la no sujeción con base en esta sentencia en el caso en el que estime que no se ha producido plusvalía. También podrá reclamar la devolución de ingresos indebidos, pero en ambos casos se puede plantear la discusión sobre si existe o no ese incremento de valor. Para evitar la judicialización de estas cuestiones el legislador debe establecer con urgencia un criterio objetivo razonable, por ejemplo basado en elementos estadísticos ajenos a las administraciones involucradas.
Los argumentos de la sentencia son directamente aplicables a los artículos 107 y 110.4 LHL, pero como la STC expresamente los excluye de su ámbito por motivos formales no podemos entender quee hayan sido anulados. Sin embargo, una vez publicada la sentencia, creo que la mínima lealtad que cabe esperar del legislador y los gobernantes exige, por una parte, que también se reforme la LHL en el sentido indicado por el TC; y por otra, que los Ayuntamientos admitan las autoliquidaciones como no sujetas en los casos en que esté claro que no se ha producido incremento de valor del inmueble. Puede que sea mucho esperar.
Etiquetas: Derecho Fiscal, impuestos
Incluso ante un escándalo como el que está sucediendo, –donde los ayuntamientos dictan valor, se erigen en Mercado, y falsean datos y proporciones para más recaudar; ya tenemos sobre la mesa el Impuesto sobre Minusvalías y sobre Pérdidas y gente obligada a malvender su casa para pagar IBI’s y el resto de impuestos por falta de rentas–, el tribunal se lo toma al uso de la jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Con lo cual, IMHO, se vuelve a mostrar la naturaleza política del Tribunal Constitucional y su alineamiento con el Poder Político del cual emana su Potestas.
Por ello es perfectamente capaz de no ver la realidad para no tener que enfrentarse al inevitable cuestionamiento moral de la Naturaleza Extractiva –y desorbitada– de esta forma de Estado que ha convertido la esclavitud en un anhelo y la mendicidad y el gorroneo en actos racionales.
El sistema fiscal de las Social-Democracias ignora cualquier concepto de Justicia –sin adjetivos– y es una de las razones que exigen la desaparición no ya del Derecho Natural sino de conceptos fundamentales de la Ciencia Económica y de Principio Contables Universales.
No comulgo con Rorty, vive Dios. Pero razón no le falta.
Cuando la fundamental justificación de la fiscalidad es la “capacidad de pago” se ha terminado el basamento moral del sistema.
Esto y otros temas fiscales convierten al sistema en Extractivo (lean –bien leído– el librito de Acemoglu y Robinson y verán nuestro verdadero modelo)
Y cuanto antes salte a la arena política antes se podrá salvar lo positivo del Estado.
Otro asunto sanguinolento es la fragmentación de la Autoridad Impositiva. Todo dios tiene una con lo cual no hay forma humana de ponerle coto ni de saber cuántas tropelías cometen. Mucho menos imponer un verdadero límite Constitucional y un tope fiscal Justo, Racional, Sostenible y Transparente.
Hoy se está muriendo el horizonte vital de las clases medias trabajadoras de Europa y su incineración es función directa de la tardanza en poner sobre la mesa temas de naturaleza moral y estructural como esta que hoy aborda el artículo.
Aunque lo más llamativo es que se cobre un impuesto por plusvalía cuando no existe tal, el mayor escándalo es el aumento en la presión fiscal en este impuesto, que ha pasado casi desapercibida.
Presión,por cierto,algunas veces casi confiscatoria y en abierta compatibilidad con el ITP pues ha funcionado como otro impuesto “sobre ” la transmisión y no sobre el aumento, algunas a veces a tipos superiores al 35%
Fernando Isidro Ambrosy Jiménez Dice:
Muy bien, pariente…nosotros no hacemos la Ley. Sólo la aplicamos. El/los Legisladores no piensan en todas las consecuencias…Un cordial saludo
Para completar un poco las opciones de los administrados, reproduzco esta opinión de Broseta Abogados:
“Habrá que esperar a ver cómo se resuelven el resto de cuestiones de inconstitucionalidad planteadas ante el TC respecto de la norma Estatal, pero a priori, y viendo las similitudes de la norma foral y la norma estatal, sería de prever un fallo en el mismo sentido que el ahora comentado.
La sentencia no hace referencia expresa a sus efectos temporales pero, lo lógico es pensar que solo será posible solicitar la devolución de lo ingresado cuando la autoliquidación o liquidación no sea firme. Esto es, en el caso de autoliquidación se dispone de cuatro años para solicitar la rectificación de la misma, pero en los casos de liquidación se dispone de un mes para recurrir la misma, de lo contrario deviene firme.”
Buen artículo. Aunque no procede que las Administraciones locales procedan a la devolución de las cantidades indebidamente ingresadas:
1) Porque la sentencia del Tribunal tiene efectos desde su publicación en el BOE (artículo 38.1 LOTC).
2) Por analogía, el artículo 19.2 TRLRHL dispone “Salvo que expresamente lo prohibiera la sentencia, se mantendrán los actos firmes o consentidos dictados al amparo de la ordenanza que posteriormente resulte anulada o modificada”
Yo creo que no: el efecto se produce desde la publicación el efecto de la declaración de inconstitucionalidad es la nulidad de la norma (art 39 LOTC) y por tanto tiene efectos retroactivos. así se deduce del art. 40 LOTC que solo deja a salvo los efectos de la cosa juzgada.
Creo que eso prevalece sobre lo que diga el TRLRHL. No soy un especialista en estas cuestiones pero también es la opinión citada en el comentario anterior y también de Leopoldo Gandarias aquí:
http://almacendederecho.org/la-plusvalia-municipal-la-sentencia-del-tribunal-constitucional/
“Por tanto, en los casos de pago por medio de autoliquidación (el modo habitual) en los últimos 4 años, el conducto adecuado es la solicitud de rectificación de las autoliquidaciones, ex artículos 221.4 y 120.3, en relación con el 32 y 34.1 b) de la misma ley. En aquellos supuestos en los que se haya producido una liquidación (ya sea a través de una previa declaración, o bien por consecuencia de una actuación administrativa de comprobación), salvo que se haya impugnado (en cuyo caso se sigue la vía de revisión ordinaria, hasta llegar a la JCA, en su caso), podría acudirse a la revocación de los actos regulada en el artículo 219 de la Ley General Tributaria por infracción manifiesta de ley, a cuya iniciación la Administración no podría negarse (al no concurrir los presupuestos habilitantes de la revisión de actos nulos regulada en el artículo 217 de la LGT).
Fuera de estos supuestos, en teoría, quedaría abierta la vía de la reclamación de responsabilidad patrimonial, pero las dificultades que para ello ofrece en términos prácticos el artículo 32, apartados 3 y 4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, hacen suponer que esta vía sea impracticable, al menos en la inmensa mayoría de los casos.”
20 febrero, 2017 en 16:16
buenas tardes a todos, ¿alguno que haya encontrado la sentencia en internet, seria tan amable de compartir con nosotros el texto integro? llevo buscandolo un rato y no he sido capaz de dar con él.
20 febrero, 2017 en 18:42
20 febrero, 2017 en 20:58
Gracias, a mi me habían pasado el texto y ayer no encontré el link. Ahora lo subo
José Luis García Gómez Dice:
Me llama la atención el vacío de la Sentencia acerca de los casos en los que se produzca un incremento de valor del terreno inferior, no ya a la base imponible, sino incluso a la propia cuota líquida del impuesto, que daría lugar, como bien mencionas, a exacciones confiscatorias, contrarias por tanto al artículo 31 CE. Según el fallo de la Sentencia, un incremento de valor de 1 euro, ya habilitaría la constitucionalidad de la aplicación del método objetivo de cálculo.
Enhorabuena por el análisis preciso de la Sentencia y la claridad expositiva del artículo.
20 febrero, 2017 en 19:04
Mientras la fiscalidad se base en la ambigüedad arbitraria de la “capacidad de pago” (en lugar de saber lo que queremos pagar por los servicios y ajustar éstos a las “posibilidades” en lugar de gastar por encima de ellas), seguiremos mareando la perdiz en cada una de las ocasiones que salte “un caso” como el que se comenta… Un saludo.
20 febrero, 2017 en 19:22
El vendedor paga la plusvalía municipal, y el incremento de patrimonio en IRPF. El comprador ITP. Todas las administraciones sacan rendimiento de la compraventa, el municipio, la comunidad autónoma y el estado.
20 febrero, 2017 en 21:00
El problema no es que cobren todos sino cuanto: según el tiempo transcurrido, la plusvalía en renta (a menudo no real por la falta de una actualización de valores adecuada), las haciendas pueden llevarse casi un 40% del valor del inmueble en cada transmisión…
ciudadano canino Dice:
20 febrero, 2017 en 22:53
Magnifico y muy clarificador post.
Las reclamaciones en este impuesto eran despachadas sin titubeo por… el propio Ayuntamiento, salvo en aquellos municipios con TEAL (en algunos el presidente del mismo es la misma persona que resuelve en reposición). No me refiero solo a las minusvalías, sino a la fórmula de cálculo del incremento (en la práctica supone un incremento de valor q se produciría en los siguientes años a la venta, no a los anteriores contados desde la compra). Aquí la DGT resolvió en una consulta-informe que la fórmula era la correcta, asunto resuelto, pese a la claridad y contundencia de la sentencia de Toledo. Abuso de poder?… compensa ir al contencioso que en un 90% de los casos no condena en costas a la Admón?… como los letrados le salen gratis al Ayuntamiento, pues los paga el ciudadano -el mismo del que abusan-, a litigar gratis en los contenciosos, a ver quién se atreve a recurrir…
Lo que no sé es cómo no se ha planteado todavía la inconstitucionalidad de la supresión de los coeficientes de actualización de valor de inmuebles para determinar ganancia patrimonial el IRPF, pues en la configuración actual se gravan supuestas ganancias que en realidad pueden ser pérdidas ¿acaso tiene el mismo valor real el precio de un inmueble hace 20 años que ahora? Habrá que aplicarle el IPC, no? Pues no! resulta que para eso no, no hay q actualizar el valor…. A ver si la valentía judicial con la banca se extiende a este abuso y se plantea la inconstitucionalidad
21 febrero, 2017 en 00:06
Hay varios temas determinantes.
El primero, llamémosle “precedente Mariano”. ¿No era Mariano el que sacaba pecho por haber sacado adelante la Ley de Financiación de Entes locales… el famoso real decreto legislativo que refundía todos los impuestos locales…….. Yo juraría que sí. Más que un presidente de gobierno parece una avestruz.
Por otra parte, el contubernio masónico Hacienda-Gobierno-Parlamento…… es amigo de dictar normas ilegales. ¿Para cuándo, hay derecho, un análisis de la relevancia penal de la aprobación de normas ilegales?
Pensará el lector que he perdido el juicio…… El único juicio que se pierde es el de jurisdicción contencioso-administrativa…. Es pleitear contra el propio estado en su campo….. Tremendo. ¿Hay derecho? Una vez más, y ya van “n” veces, si lo hay,…. totalmente amañado.
Repasando, breve lista de normas que desde su origen estaba claro que eran ilegales:
– Céntimo sanitario……. Nada más y nada menos que una Ley con un impuesto finalista. Hace falta mucha desvergüenza….. Hoy en día hasta tienen un formulario web para reclamar……. Todo muy ordenado, sí señor…..
– Tasas que reportan beneficios. Una tasa debe cubrir el coste del servicio, no servir para pagar dividendos.
* Alucinantes las tasas del a CNMV, SA y los dividendos que paga al Ministerio todos los años.Quien tenga curiosidad que mire la millonada que gana la CNMV,… todo para que le cuelen goles a centenares.
* Tasa de basuras gallardón….. sin comentarios.
– Más recientemente Impuesto sobre Sociedades… que pierden dinero…… Muy parecido, por cierto, a impuesto sobre minusvalías del terreno.
Podríamos seguir…..
La estrategia está clara. Aprobar, a sabiendas, normas inconstitucionales y contrarias a la ley General Tributaria cuando no a las normas de la Unión Europea.
Se tiran años y años recaudando amparados en una ley inconstitucional e ilegal. Luego, un esperpéntico proceso kafkiano de recursos…….
¿Todavía alguien se pregunta si hay derecho?
La pregunta es, insisto, ¿hay alguien en Hay Derecho que podría ligar estas conductas de nuestros gobernantes con algún ilícito penal? ¿Por qué no existe un delito de aprobación de normas evidentemente inconstitucionales?
No necesitamos regeneración. Necesitamos meter en la cárcel a parte de la administración.
22 febrero, 2017 en 02:44
Totalmente de acuerdo con el comentario de Irene. Seguimos cayendo en la trampa de la “regeneración” de lo “irregenerable” (perdón por la palabra). Tenemos un sistema donde lo “inconstitucional” está a la orden del día y donde el propio texto constitucional se presta a una cosa y la contraria. Desde que se anuló el recurso previo de inconstitucionalidad, se ha agravado aún más la situación de manera que es muy difícil “renovar” lo que ya está en estado comatoso. Un saludo.
21 febrero, 2017 en 09:47
Enhorabuena por el artículo, y su trasfondo.
-. Si de autoliquidación se trata, cabrá instar la rectificación y la consiguiente devolución de ingresos indebidos; si es una liquidación (acto administrativo), sólo cabrá la responsabilidad patrimonial si se pasa por el ojo de la aguja de la nueva Ley 39/2015.
-. Hay ya sentencias que abundan en otra patología de este impuesto que no es el propio hecho imponible (existencia o no de ganancia) sino el modo del cálculo de la base imponible que mira más hacia el futuro que hacia el pasado. Atención a esa interesante interpretación judicial.
-. Obligado hacer mención a lo cansino de estos episodios: IVA/subvenciones, tasas judiciales, gravamen complementario, DA 4ª Ley de Tasas, céntimo sanitario, ISD de no residentes, modelo 720, taxlease, fondo de comercio, … ¿De qué va todo esto? ¿Quién está al otro lado de la cámara oculta? ¡Basta ya!
Y, para terminar, unas demoledoras consideraciones de Fernando del Pino:
http://www.fpcs.es/2017/02/16/el-verdadero-coste-del-estado-de-bienestar/
Reitero mi felicitación al autor.
21 febrero, 2017 en 19:46
Pobre señor don Fernando del Pino Calvo-Sotelo. Seguro que no llega a final de mes con tanto impuesto. No sé si lo sabrá: tiene comedores sociales a su disposición, llenos de pobres como él disfrutando de la dieta mediterránea… ideal para esos últimos días en que va tan justito.
Allí, con todos los pobres como él, don Fernando del Pino Calvo-Sotelo puede debatir dónde recortar servicios para que todos paguemos la mitad de impuestos. Yo puedo ayudar. Por ejemplo podemos recortar la mitad del presupuesto para servicios médicos, la mitad para pensiones, la mitad para seguridad y justicia, la mitad para FFAA, la mitad para infraestructuras, etc. Así con TODO. De esa forma el pobre señor don Fernando del Pino Calvo-Sotelo solo pagará la mitad de impuestos ¿no es genial?
Ahora, que si le parece demagógico mi plan al Sr don Fernando del Pino Calvo-Sotelo, pues en su próximo artículo que nos diga él CUANTO y de DONDE rebaja el presupuesto para pagar CUANTO de menos. Así, CON NUMEROS. Para los que no somos de letras.
21 febrero, 2017 en 11:23
Ya sabemos que la jurisprudencia, sea del TS o del TC no puede ser tomada en serio como una fuente del derecho, dada la falta de principios jurídicos y éticos en que se desarrollan, pero ¿no sería aplicable la misma doctrina a la tributación de la “ganancia patrimonial del donante” por IRPF cuando se transmite un bien a título gratuito? Por que en este caso no sólo “se someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor”, sino situaciones en las que en realidad hay una disminución de valor patrimonial de quien transmite.
Pero volviendo al principio, la jurisprudencia es cualquier cosa menos una fuente de derecho seria, oscilando entre el populismo judicial y la razón de estado según convenga.
En esta lotería judicial, algunos salen ganando o perdiendo a corto plazo pero a largo plazo todos salimos perdiendo, por el descrédito institucional que alimenta el auge de los populismos.
Dicen los creyentes que Dios escribe recto con renglones torcidos.
Estoy expectante para ver si el abyecto mensaje populista de Trump es en realidad el camino por el que se abre paso el nuevo paradigma político que arrumbe con el consenso socialdemócrata zombi, extractivo y arruinado.
21 febrero, 2017 en 17:50
Espero que la referencia al “aumento de valor del Inmueble” sea una simplificación de la sentencia y no su redacción o su criterio estricto, porque en este impuesto se trata del valor del suelo y no del conjunto de la finca. Es perfectamente compatible una revalorización del inmueble con la depreciación del suelo. De hecho, todo aumento de valor de una finca edificada inferior al aumento del coste de construcción implica una disminución del valor del suelo. Esto, depurado de la retórica procesal, se puede apreciar en los peritajes técnicos. Sus cálculos muestran el mecanismo que determina el valor de suelo. Si se pretende algo de objetividad, no puede ser otro que el método residual.
Y asimismo espero que se entienda que el valor del suelo ha de ser común a las fincas con aprovechamiento y localización semejantes, y por tanto no puede depender de los valores de adquisición y enajenación de la finca concreta. No vale “YO compré por 100 y vendí por 90”. Este punto es importante ahora para acotar materialmente la inexistencia de hecho imponible, antes de que sea legislado. Espero que la STC no introduzca confusión al respecto.
Ya sé que espero mucho.
21 febrero, 2017 en 18:26
En efecto el título del post no es técnicamente exacto y debe entenderse referido al valor del suelo. Pero explicarlo en el título era imposible. Creo que del resto del artículo (en el primer párrafo se explica) se deduce claramente.
En cuanto a como se va a determinar el valor del suelo, es realmente problemático. Yo entiendo que si no ha cambiado lo edificado, la disminución del valor del inmueble en su conjunto es un indicio bastante seguro de la reducción del valor del suelo. Un criterio que podría ser admisible (aunque puede considerarse pro Hacienda ) sería considerar que no hay aumento de valor de suelo si de los datos estadísticos resulta que el suelo en esa localidad ha bajado y al mismo tiempo de los títulos de adquisición y transmisión resulta esa pérdida de valor respecto del inmueble en su conjunto.
22 febrero, 2017 en 10:26
Efectivamente se entiende en el post que se trata del valor del suelo. Me refería a que la STS no permitiera o indujera a interpretaciones (via “generación de la capacidad económica”, por ejemplo) que justificaran el gravamen si se diera un incremento del valor conjunto de la finca transmitida, aun con bajada del valor del suelo. Creo inevitable esa tentación en la administración y temo que cuando se regule se tienda a ello.
La determinación del valor del suelo es técnicamente simple, con una fórmula y a partir de precio en venta de inmuebles acabados y costes de construcción. Esta solución abarca todos los casos, tanto si se compra o vende solo suelo o finca edificada, se construya, se derribe o se transforme durante la posesión.
Varios ayuntamientos grandes publicaban series estadísticas de los primeros y colegios de arquitectos publican los baremos de los segundos. Pero algunos de aquellos ayuntamientos dejaron de hacerlo porque les destrozaban sus valoraciones en expropiación ante los tribunales. Es así de triste.
Creo que el Catastro dispone de sobrada información para reconstruir una buena base de datos histórica de precios de edificaciones, y de costes de construcción, pormenorizada por tipologías y localizaciones, pues es la que usan para redactar las Ponencias.
Si se quiere hacer bien, se puede.
21 febrero, 2017 en 23:52
El Marxismo se sacó de la manga que el sistema productivo definía la “superestructura” pero solo era una añagaza para reclamar para sí la toma del poder y ejercerlo a la vieja usanza.
En realidad era al revés: Toda la “infraestructura” viene definida desde el poder.
Y tenemos lo que tenemos porque el Poder no está bien repartido entre “la autoridad” y los “mandados a la fuerza”. Porque en realidad no hay límites y los que existen se los pone el propio Poder.
Una vez se acepta la estructura monopolística del poder , este se rodea de infraestructuras Miméticas gestionables. Cuantos menos interlocutores………… Mejores y más grandes vasallos que a su vez desarrollan sus propias jerarquías de dominio.
Así tenemos Oligopolios Bancarios, Sindicales, Empresariales, Militares y Policiales, Mediáticos, etc. Para que el Poder pueda gestionarlo y Controlarlo debidamente todo. La Paranoia del Control.
¿Podría ser diferente?
Cada vez más gente piensa que sí. Y el primer paso es poner límites eficaces a “sus Poderes”. Tiene que haber límites al poder.
He de decir que estos años he sentido mucha pena por la Infanta y eso que no me tengo por monárquico. La masa no quedamos nada bien en estos casos. Se nos ven las bajas pasiones y todo se parece mucho a las fiestas de la guillotina y las orgías de los jacobinos.
Se ha usado a este matrimonio y a muchos otros –“small fry”– como un conjuro para alejar el fantasma de la luz sobre la verdadera corrupción y sus causas principales. Y sobre quién desmanteló a través del BOE los controles administrativos que el Estado tenía sobre el gasto y las inversiones. Durante no menos de diez años. Metódicamente. Pasito a pasito.
A l’anomenat impost de plusvàlua (IIVTNU), el fet imposable és la PLUS vàlua. – Avançat dice:
27 febrero, 2017 a las 10:59
[…] b) En “https://hayderecho.com/&#8220;. […]
El derecho a una buena Administración: una palanca revolucionaria para lograr... Lucha contra la corrupción en Francia y España: novedades y experiencias