Source: https://www.asgabogados.com.ar/en/renta-corporativa-y-dividendos-panorama-planteado-por-la-reforma-2/
Timestamp: 2019-04-21 01:05:00
Document Index: 4183187

Matched Legal Cases: ['artículo 69', 'artículo 69', 'in fine', 'artículo 73', 'artículo 46', 'artículo 73', 'artículo 46', 'artículo 73', 'artículo 46', 'artículo 73', 'artículo 46', 'artículo 73', 'artículo 73', 'artículo 73', 'in fine', 'artículo 46', 'artículo 81', 'artículo 81', 'artículo 19', 'artículo 19']

Es de destacar que el PEN justifica la medida comparando la tasa corporativa vigente a ese momento con la que en promedio aplican los países que integran la OCDE (24,18%) y los países latinoamericanos (27,98%). Se admite incluso en forma expresa, que la estructura tributaria impacta en forma directa en las decisiones de inversión siendo el factor capital altamente móvil, por lo que “el mantenimiento de una tasa corporativa que se ubica en el rango más alto a nivel mundial, como es el caso de Argentina, desincentiva fuertemente la inversión y perjudica la creación de empleo y la mejora de los salarios reales”.
Tasa corporativaEsta tasa se redujo al 25% para ejercicios fiscales iniciados a partir del 1/1/2020. En forma transitoria tal alícuota se fijó en el 30% para ejercicios iniciados desde el 1/1/2018 y hasta el 31/12/2019 (art. 69, LIG).(5)Seguramente el nuevo tratamiento dará nuevo impulso -en ciertos casos-, a la decisión de utilizar alguno de los tipos jurídicos contemplados por el artículo 69, LIG a fin de evitar la posibilidad de que los titulares de los emprendimientos se vean afectados por tasas marginales superiores a la proporcional corporativa (art. 90, LIG). Así, podrían existir empresas unipersonales -ahora incluidas en el art. 49, inc. d), LIG-, con un nivel de rentabilidad tal que haga conveniente evaluar su posible conversión en alguno de los tipos societarios contemplados por el artículo 69 a fin de aprovechar la ventaja de tributar una menor tasa frente a la reinversión de sus utilidades.
Dividendos (utilidades)Con la reforma, pasan a estar gravados para personas humanas y sucesiones indivisas sin importar el origen de los fondos empresarios con que se los pague (reservas anteriores, ganancias exentas) (art. 46, LIG). Incluso en caso que provengan de primas de emisión, lo que resulta cuestionable al no representar aquellas una verdadera utilidad, por lo que se estaría en el caso del reintegro de la prima a quien la aportó, frente a un reembolso de capital y no ante un verdadero dividendo (utilidad). Idéntica conclusión -sobre la misma base argumental-, corresponde a nuestro juicio al supuesto en que el beneficiario no hubiera sido el aportante de la prima.(6)El beneficiario deberá determinar un impuesto de carácter cedular aplicando sobre su ganancia neta una alícuota del 13% o del 7% según la tasa corporativa a que hubiera estado sometida la renta societaria (25% o 30%, según lo indicado en el punto anterior. Arts. 90.3 y 118.1, LIG). Así este impuesto cedular actúa en forma coordinada con la tasa corporativa para que la imposición conjunta termine siendo equivalente a un 35%.(7)Sin perjuicio de lo anterior, la calificación como no computable del dividendo (utilidad), se mantiene para el caso en que su cancelación sea por vía de la entrega de acciones liberadas originadas en revalúos o ajustes contables y por capitalización de utilidades líquidas y realizadas (art. 46, tercer párrafo, LIG). De allí que, si estas fueran rescatadas, no tendrían costo alguno al momento de determinar el resultado por su enajenación (art. 46, cuarto párr. in fine, LIG).Permanece sin cambios para las empresas, la calificación de no computables de los dividendos (utilidades) de los que resultaran beneficiarios (art. 64, LIG); lo que resulta correcto en aras de evitar la “piramidación” del gravamen.
Inciso f) – sueldos u honorarios reconocidos en exceso a los que se pagarían a terceros, o respecto a los cuales no pueda probarse la efectiva prestación del servicio: nuevamente debemos alertar respecto a las dificultades de la prueba; y, consecuentemente, a la posibilidad cierta de una extendida litigiosidad si el reglamento no es lo suficientemente claro y flexible al respecto, y si las autoridades no aplican esta disposición en forma mesurada. Agreguemos que el PEN debiera establecer al respecto mecanismos sencillos y de bajo costo para el contribuyente.Aunque ello no surge expresamente del texto legal, debe entenderse que la presunción opera en cuanto al importe que exceda el monto empleado como referencia.Con el propósito de evitar que se presuma una distribución de resultados por encima de las reales, la norma prevé una limitación cuantitativa que viene dada por las utilidades acumuladas al cierre del ejercicio anterior. De lo que se deriva que las empresas podrán encontrarse en muy diferente situación al momento de entrada en vigor de la nueva norma.En tanto se supere el límite antedicho, el excedente quedará sometido a la presunción de intereses consagrada por el artículo 73, LIG. De este modo ambas presunciones quedan engarzadas y en principio los hechos identificados por el artículo 46.1 pasan a ser en términos prácticos, generadores de la presunción consagrada en el artículo 73, LIG.Lo indicado en los dos párrafos anteriores permite observar que las consecuencias podrán ser diferentes según las empresas cuenten o no con utilidades acumuladas al inicio de la entrada en vigor: si tales ganancias existieran habrá más posibilidades de que opere el artículo 46.1, LIG (dividendo/utilidad ficto) que afecta a nivel personal al involucrado; de lo contrario, es probable que deba aplicarse la figura del artículo 73 (interés presunto) cuyo cómputo afecta la liquidación de la sociedad y, por lo tanto, a todos sus titulares.Se deberá monitorear, entonces, la evolución de los saldos iniciales como consecuencia de las eventuales afectaciones que pudieran sufrir a lo largo del ejercicio; ello permitirá precisar a partir de qué momento dejará de aplicarse la presunción del artículo 46.1, LIG (dividendo/utilidad ficta) para dar paso a la del artículo 73, LIG (interés presunto).No prevé la norma cuáles son las consecuencias que se generarán en caso que en fecha posterior (por ejemplo, al retiro de fondos), esos resultados acumulados fuesen formal y efectivamente distribuidos por la sociedad, más allá de que el accionista hubiera sufrido la retención y los hubiera incorporado oportunamente en su liquidación anual.Las incógnitas son varias:
inversiones en sociedades del exterior -art. 140, inc. a, LIG-. En este supuesto la ficción implica el reconocimiento de un dividendo (utilidad) ficto de fuente extranjera que el contribuyente deberá incorporar en su liquidación anual para ser sometido a la escala de tasas progresivas (art. 90, LIG), ya que no corresponde su tratamiento cedularizado.Cuesta imaginar cómo podrán encaminarse las acciones fiscalizadoras tendientes a comprobar algunos de los supuestos planteados por el artículo 46.1, LIG, sobre todo por el limitado acceso a la información sobre la actividad de la sociedad extranjera. Otras situaciones, en cambio -como por ejemplo el uso sin cargo de un inmueble como casa habitación situado en nuestro país por parte del accionista, que resulte de propiedad de la compañía del exterior-, serán más identificables para el Fisco argentino. Imaginemos la misma hipótesis, pero respecto a un inmueble situado en Punta del Este – ROU, que fuera utilizado para vacacionar por el accionista y su grupo familiar.Pensamos que la intención del legislador al incorporar esta figura ha sido fundamentalmente disuasiva. Existe el convencimiento de que con la incorporación de este tipo de norma se logrará que los contribuyentes eviten caer en las situaciones descriptas al aparecer como una suerte de “puerto seguro” (safe harbour).Es probable que en muchos casos ello así ocurra.Sin embargo, la experiencia recogida en cuanto a la aplicación de disposiciones de este tipo permite observar que son origen de una gran y extendida conflictividad sobre todo porque suelen no tenerse en cuenta los objetivos últimos de las disposiciones legales, generándose resultados irracionales (repasar los antecedentes jurisprudenciales alrededor de la aplicación del art. 73, LIG nos alcanza para imaginar lo que podrá llegar a venir). Por eso abogamos por una reglamentación que complete el panorama planteado por la ley, pero teniendo en cuenta los objetivos perseguidos por el legislador; a la vez que por una aplicación prudente de parte de las autoridades fiscales.Para sintetizar lo referido a la interacción de la nueva figura con la presunción del artículo 73, LIG, es de señalar que en la aplicación de ambos regímenes (arts. 46.1 y 73, LIG), la prioridad corresponde al primero, ya que los dividendos (utilidades) fictos se calcularán en tanto y en cuanto existiera un monto de utilidades acumuladas. Y solo de existir un excedente sobre aquellas, entrará a jugar el marco presuntivo consagrado por el artículo 73, LIG. (conf. art. 46.1, segundo párr., LIG).Téngase además en cuenta que este último ha sido objeto de modificaciones introducidas por la ley 27430, observándose cambios importantes:
No obstante, lo que nos resulta inquietante, es que en el texto del nuevo artículo 73, LIG -inc. b), in fine- la situación se resuelve solo para el supuesto de pagos que el sujeto beneficiado por la entrega del uso o goce de bienes, hiciera a la empresa. Ello es absolutamente razonable porque de no tenerse en cuenta esos pagos, la renta calculada sin detraerlos sería totalmente ficticia.
Obligación de la sociedad de actuar como agente de retención:La puesta a disposición de dividendos (utilidades) genera la obligación de retener de acuerdo con el siguiente esquema, según el carácter del beneficiario (art. 90.3, LIG):
Dividendo de rescate:Tal como en general ocurre cuando los dividendos resultan gravados, se incorpora una norma antiabuso para impedir que se evite el cargo del impuesto camuflando el pago de dividendos bajo la apariencia de un rescate accionario (capital).De este modo el artículo 46, LIG en sus últimos tres párrafos califica como dividendo al resultado derivado de esa operación. Para el supuesto en que las acciones hubieran sido adquiridas a otros accionistas, se ordena una apertura del resultado en dos componentes:
a reforma contiene diversas disposiciones que tienen como objetivo evitar posibles maniobras tendientes a lograr el ahuecamiento de la base imponible. Abordaremos seguidamente las referidas a lo que el legislador considera el endeudamiento excesivo de la empresa, contenidas en la nueva redacción del artículo 81, inciso a), LIG a partir de su cuarto párrafo. Al respecto, cumple el Mensaje de Elevación en admitir en forma expresa que se siguen al respecto las recomendaciones formuladas en el marco de la Acción 4 de BEPS adoptadas por OCDE y G20, para limitar la erosión de la base imponible por vía de la deducción de intereses y otros cargos financieros originados en préstamos contraídos con sujetos vinculados cuando se superen determinados parámetros; ello sin perjuicio de la fijación de algunos límites para la efectiva aplicación de estas pautas.
Que el beneficiario de los intereses financieros hubiera tributado efectivamente el impuesto según lo dispuesto por la LIG -art. 81, inc. a), séptimo párr., punto 6-.
nterpretamos que la nueva disposición del artículo 81, inciso a), LIG en cuanto limita el cómputo de intereses por deudas financieras debe entenderse aplicable sobre aquellos que se devengaran desde el primer ejercicio iniciado a partir del 1/1/2018 con prescindencia de que los pasivos hayan existido o no a esa fecha.
Debe destacarse que estos ajustes procederán independientemente de si el Título VI -ajuste “integrador”- cobra o no
vigencia; y que comprenden no solo a los sujetos alcanzados por dicho Título (empresas) sino también al resto de
contribuyentes.(29)
De lo anterior se deriva que para las inversiones efectuadas con anterioridad a la vigencia de la nueva norma en los
rubros involucrados, no habrá reconocimiento del efecto inflacionario futuro salvo que el contribuyente optara por
emplear la alternativa del revalúo impositivo instaurado por la propia ley 27430; opción que podrá ejercer en un
plazo que ha sido prorrogado hasta el año próximo, y que podría aparecer más atractiva también a partir del
incremento de la inflación observado en los últimos meses. No obstante, la realidad muestra que aunque pueda
terminar siendo en algunos casos una buena apuesta financiera, la postergación aludida ha hecho que no se observe
actualmente una generalizada evaluación de esta posibilidad.(30)
Concretamente, el texto indica como objeto del ajuste las inversiones efectuadas “en los ejercicios fiscales que se
inicien a partir del 1/1/2018”.
Este texto pareciera orientado a contemplar solo el caso de cierres operados al 31/12 de cada año. Lo que genera una
evidente iniquidad respecto a contribuyentes con fechas de cierre distintas. Obsérvese, por ejemplo, que un sujeto
cuyo ejercicio finalizara el 30/11/18 recién podrá aplicar el mecanismo automático sobre aquellas inversiones
concretadas desde el 1/12/2018; las anteriores a esa fecha no serán objeto del ajuste. Indudablemente esto debiera
ser materia de una modificación que evite que se generalicen reclamos amparados en una flagrante vulneración de los
principios constitucionales de igualdad y razonabilidad.
Queda por último un caso por demás trascendente respecto al cual se generan interrogantes: se trata de la
posibilidad de actualizar los quebrantos acumulados al momento de entrada en vigor de las nuevas disposiciones.
En primer término, digamos que no hay dudas en cuanto a la aplicación del mecanismo automático de ajuste tal como
viene planteado por el ante último párrafo del
target=”_blank”>artículo 19, LIG para nuevos quebrantos.
¿Podrá sostenerse que la redacción del artículo 19 da pie a considerar que la actualización allí prevista opera sin
interesar la fecha de origen del quebranto acumulado?
Sin dudas sería lo razonable; sobre todo teniendo en cuenta que el revalúo de bienes tampoco lo contempla
En aras de terminar con esta incertidumbre debiera imaginarse una solución que permita al contribuyente el cómputo
de sus quebrantos acumulados por valores homogéneos.
El panorama recorrido muestra limitaciones de distinta naturaleza que claramente impiden que quien se vea afectado
por el fenómeno inflacionario pueda determinar su renta neta gravada en forma real. Sin perjuicio de lo cual, otras
normas vigentes del impuesto a las ganancias lo obligan a reconocer rentas por mera tenencia, no generadas por
operaciones con terceros. Es el caso del método de valuación de inventarios que exige aplicar el precio de las
últimas compras sobre el total del stock del contribuyente (art. 52, LIG, y de valuación de títulos públicos y
moneda extranjera en existencia al cierre -art. 97, incs. b) y c), LIG-, lo que hace más crítica la situación.
Este trabajo ha sido elaborado sobre la base de la presentación del autor como panelista en el “20 Simposio Sobre
Legislación Tributaria Argentina”, Comisión 2, “Reforma del impuesto a las ganancias”, organizado por el CPCECABA entre
el 17 y el 19 de octubre de 2018
(2) Más allá de sus detractores -que en nuestro país abundan-, esta hubiera sido probablemente una señal clara a favor
de la economía de mercado y de fomento a la iniciativa privada; figuras estas que deben ser revalorizadas si se
pretende que el nuestro sea un país que genere riqueza, empleo y oportunidades, para salir del triste lugar que
ocupamos a nivel mundial: un informe del Banco Mundial muestra que a lo largo de los últimos 70 años, en una lista de
200 países, el Congo encabeza el ranking de los que más tiempo habían sufrido recesión, y que la Argentina ocupa el
segundo lugar, seguida por Irak, Siria y Zambia (diario La Nación, 26/8/2018)
(4) “Lineamientos y propuestas para la Reforma Fiscal Argentina” – Asociación Argentina de Estudios Fiscales, Parte I,
Capítulo VIII, preparado por el autor (2016)
(5) Más allá de que ello resulte justificado, es interesante observar que estas tasas implican un descalce con otras
que prevé la ley; por ejemplo, para los casos de las salidas no documentadas (35%), o para rentas percibidas por
sujetos del exterior (35%). Nótese que, en este último caso, será más complicado desarrollar el hasta ahora habitual
arbitraje entre las deducciones a nivel de las sociedades locales y su simétrica gravabilidad en cabeza de los sujetos
del exterior vinculados (art. 18, último párr., LIG)
(6) Adherimos al respecto a la denominada teoría de la “prima capital” que califica a las primas como un suplemento de
capital sobre el nominal exigido a nuevos accionistas para equiparar valores teniendo en cuenta el derecho que
adquieren sobre todo el fondo social (Reig, Enrique J.; Gebhardt, Jorge y Malvitano, Rubén H.: “Impuesto a las
ganancias” – 12ª ed. – ERREPAR – 2010 – pág. 547)
(7) De todos modos no deja de ser esta una conclusión teórica que difícilmente se presente en la práctica. La realidad
muestra importantes diferencias entre los resultados que surgen de los balances comerciales y las respectivas bases
imponibles. La posibilidad de que próximamente puedan convivir balances ajustados por inflación (moneda funcional) e
históricos, también se enmarca en este contexto
(10) Como muestra de estas dificultades ver, entre otras, las causas
target=”_blank”>“El Privanero SRL” – TFN – Sala B – 12/6/1997;
Vallarta” – TFN – Sala C – 10/12/2003;
target=”_blank”>“Sias, Antonio Raúl” – TFN – 14/7/2003;
target=”_blank”>“Gracecol SA” – TFN – Sala A –
(12) Debe tenerse presente que para ciertos entes la posibilidad de estar incluidos en dicho art. es optativa -art. 69,
inc. a), punto 8-
(13) Causas CSJN:
target=”_blank”>“Akapol SA” – 3/5/2012;
target=”_blank”>“Cía. de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener SA” –
(14) La postura de las autoridades ha sido la de considerar que la ley no distinguía entre la disposición de fondos en
moneda local y extranjera. Por lo que se debía convertir el importe a pesos para aplicar la tasa de referencia fijada
por la ley, la que correspondía a operaciones en moneda nacional (ver respuesta AFIP a consulta formulada en el marco
de la reunión del Grupo de Enlace AFIP-CPCECABA del 22/11/2006). Es interesante volver a mencionar el caso “Transener”
citado en nota anterior ya que allí el Alto Tribunal analizó el caso de entrega de dólares y aceptó la no aplicación de
la presunción porque las tasas pactadas estaban alineadas con las que los bancos exigían por préstamos a empresas en
esa moneda y por depósitos a plazo fijo también concertados en la moneda estadounidense
(15) La jurisprudencia no ha sido uniforme y pueden identificarse casos en los que se aceptó la postura fiscal (causas
“Roemmers SA” – CNFed. Cont. Adm. – Sala III;
target=”_blank”>“Jaime B. Coll SA” – TFN – 28/9/2001) y otros en los que se desechó
(causa “Promofilm SA” –
TFN – Sala D – 7/2/2003, en la que se hicieron “netear” las devoluciones). El Fisco ha
mantenido su postura tal como incluso ha indicado en respuesta dada en el marco del Grupo Enlace AFIP-CPCECABA según
Acta de reunión del 23/6/2011
(16) Cabe recordar en este sentido que la presunción del art. 73, LIG no se constituye en una sanción sino en un
mecanismo de determinación de la ganancia gravada (ver causa
target=”_blank”>“Agropecuaria Dipe SA” – TFN – Sala A – 11/3/2004)
(17) La limitación opera solo para determinar la base del impuesto cedular, mientras que el resultado por compraventa
de acciones extranjeras, sometidas al 15% -según art. 90.3, tercer párr., LIG-, y los dividendos que aquellas reconocen
-sometidos a la escala progresiva del art. 90, LIG-, forman parte de la liquidación general (y no de la cedular).
(18) De modo que la retención podrá ser inferior al 13% en casos como los de Australia, Canadá, Bélgica, Dinamarca,
Finlandia, Reino Unido, Noruega, Países Bajos, Rusia. Para los dos primeros la condición es que el accionista posea
directamente no menos del 25% del capital de la sociedad argentina; en el resto, se requiere que el accionista sea una
sociedad -en algunos casos no debe tratarse de una sociedad de personas-, que posea 25% o más del capital de la
(20) Amparada en la idea de que los eventuales beneficios impositivos reconocidos a la sociedad no deben mantenerse si
aquella decide distribuir la renta generada entre sus titulares (Sistema de “washout”)
(21) Por ejemplo, respecto a diferencias entre los resultados contables e impositivos de carácter transitorio, o a la
consideración de los quebrantos anteriores a la vigencia del régimen (1998)
(23) Entendemos que si en el futuro el contribuyente reclamara -con fundamento en las conclusiones de la sentencia
recaída en la causa “Candy SA” de la CSJN-, la aplicación del procedimiento de ajuste por inflación previsto en el art.
95, LIG por algún período en el que aquel estuviera suspendido, las liquidaciones conteniendo dicho ajuste no deberán
contemplar la limitación que venimos analizando para el cómputo de diferencias de cambio y actualizaciones de sus
deudas financieras. Ello se convierte en un factor adicional que puede impulsar al contribuyente a decidirse por
iniciar las acciones necesarias para que se le reconozca su derecho a considerar el efecto que pudo haber causado la
inflación sobre su resultado impositivo.
Al respecto, debe tenerse en cuenta que el recrudecimiento del fenómeno inflacionario verificado en los últimos meses y
su consecuente proyección en el tiempo, haga que muy probablemente en el futuro cercano aumente el nivel de
litigiosidad alrededor de la no aplicación del ajuste
(24) No hace falta resaltar la extrema importancia de esta cuestión atento al contexto de alta volatilidad cambiaria
por el que ha venido atravesando nuestro país.
Por supuesto, todo sería más sencillo y razonable de aplicarse el mecanismo del ajuste por inflación que permitiría
medir adecuadamente la verdadera carga financiera que afecta el balance impositivo del contribuyente para someter su
cómputo al tipo de restricción sugerido por la Acción 4 de BEPS. Debe tenerse en cuenta que esta Acción no comprende al
concepto “diferencias de cambio”, atento tratarse de un fenómeno local
(25) Puede decirse que el parámetro del 30% es alto en términos comparativos. Pero evidencia falta de neutralidad al
tratar de igual modo los casos de actividades en las que no se requieran importantes inversiones en activos (por
ejemplo, prestación de servicios) y de otros, en los que las empresas deban endeudarse para afrontar el nivel de
inversión requerido.
(26) Conceptualmente la conclusión no cambia aun en la hipótesis en que el resultado impositivo del contribuyente sea
(27) Excede el marco de este trabajo el análisis de la evolución en la aplicación de ambos géneros de ajustes a lo
largo del tiempo. Simplemente recordemos que por el art. 39 de la L. 24073 se suspendieron sus efectos concretos -lo
que entonces resultaba razonable ante el marco de estabilidad de precios imperante a partir de la entrada en vigencia
del régimen de convertibilidad instaurado por la L. 23928-, sin que la dramática escalada de los precios operada a
partir de su caída llevara a que las autoridades dispusieran su rehabilitación.
Por el contrario, aunque la L. 25561 dejara sin efecto la convertibilidad, al mismo tiempo mantuvo derogadas todas las
normas legales que autorizaran la repotenciación monetaria.
Ello, como es sabido, generó una extendida litigiosidad que llegó a la CSJN que resolvió en el leading case
target=”_blank”>“Candy SA”
(2009) a favor del contribuyente que probó la confiscatoriedad del impuesto por la falta de reconocimiento de los
efectos provocados por la inflación sobre sus resultados, aunque sin declarar la inconstitucionalidad del art. 39 de la
L. 24073.
A pesar de ello, del tiempo transcurrido y de la inflación acumulada, tanto la Administración anterior como la actual
se han opuesto a aceptar la rehabilitación plena de los ajustes legales, lo que ha acrecentado la litigiosidad del
asunto respecto de quienes resultan perjudicados por el deterioro del signo monetario, aunque no generando posibilidad
de reclamo alguno por parte del Estado a aquellos que se hubieran beneficiado con el proceso inflacionario.
La CSJN no extendió las conclusiones de la causa “Candy SA” al supuesto de quebrantos impositivos (causa
target=”_blank”>“Estancias
Argentinas El Hornero SA” – 2012)
(28) Como aspecto positivo, señalamos que el proyecto establece que la derogación de los mecanismos de actualización
dispuesta por la ley de convertibilidad no resulta aplicable a los estados contables, los que deberán confeccionarse en
moneda constante. Sin dudas, tales estados servirán eventualmente como prueba para sostener la confiscatoriedad del
(29) Nótese que la postergación de la aplicación del ajuste “integrador”, pero no de los permanentes parciales, implica
en los hechos que quien se endeuda para comprar activos fijos podrá computar las amortizaciones a valores actualizados,
aunque no deberá reconocer, paralelamente, la ganancia por inflación derivada de ese pasivo
(30) Sin perjuicio del análisis acerca de la conveniencia de haber instaurado este régimen de revalúo impositivo, no
debe dejar de tenerse en cuenta que el mismo termina representando la exigencia del pago de una tarifa o precio como
requisito para que el contribuyente pueda ejercer su derecho a actualizar valores. Si ello de por sí resulta
criticable, más lo es que para poder ejercer esta opción se fije como condición la renuncia a la promoción de cualquier
proceso judicial o administrativo por el cual se reclame aplicar el ajuste inflacionario con respecto al período de
opción o respecto a ejercicios futuros en los que el contribuyente compute la amortización del revalúo o se lo
considere como costo; y que desista de esas acciones y derechos con respecto a ejercicios fiscales cerrados con
anterioridad (art. 292, L. 27430). Que el Estado persiga disminuir el nivel de litigiosidad forzando la renuncia de
derechos por parte del contribuyente, resulta una actitud inapropiada