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Timestamp: 2018-11-13 18:19:31
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Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'Artículo 2', 'artículo 12', 'artículo 6', 'artículo 7', 'Artículo 6', 'artículo 48']

minería química a cielo abierto y políticas ambientales en la cuenca
Aqua-LAC - Vol. 3 - Nº 2 - Sep. 2011. pp. 92 - 104.
MINERÍA QUÍMICA A CIELO ABIERTO Y POLÍTICAS AMBIENTALES EN LA CUENCA DEL RÍO SAN
JUAN (NICARAGUA-COSTA RICA) DESDE UNA PERSPECTIVA JURÍDICA
OPEN PIT MINING AND ENVIRONMENTAL STANDARTS IN SAN JUAN
SHARED BASIN (NICARAGUA-COSTA RICA), FROM A LEGAL PERSPECTIVE
Nicolás Boeglin1
A la conﬂuencia de una geografía, siempre caprichosa, y del derecho, mucho menos caprichoso, nos encontramos ante
un polémico proyecto de minería química a cielo abierto ubicado en la zona norte de Costa Rica (Las Crucitas), de la
empresa canadiense Inﬁnito Gold. Este proyecto se sitúa en un punto fronterizo con Nicaragua caracterizado por altas
precipitaciones y en directa relación hidrográﬁca con la cuenca internacional del Río San Juan. Se trata de una zona con
características peculiares propias del trópico húmedo en la que se pretendía ubicar este proyecto (que se hubiese convertido en el más grande proyecto minero metálico a cielo abierto en Centroamérica). Esta información cientíﬁca no fue debidamente incorporada en los estudios de la Secretaría Técnica Nacional para el Ambiente (SETENA) de Costa Rica o de
la misma Empresa Inﬁnito Gold, exponiéndose así a Costa Rica, como Estado, a las reglas y regulaciones internacionales
en la materia. A nivel nacional, el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) nunca fue
solicitado para realizar un estudio de campo sobre las aguas subterráneas en esa zona, y el Estudio de Impacto Ambiental
(EIA) aprobado por la SETENA se basó en un estudio del 2002 cuando el proyecto tenía una profundidad de 15 m, mientras que le proyecto “ampliado” (en diciembre del 200/) conlleva profundidades de hasta 65 m. El proyecto se encontraba
suspendido temporalmente debido a varios recursos presentados ante la Sala Constitucional de Costa Rica después de
la publicación en la Gaceta Oﬁcial de un no menos polémico Decreto Ejecutivo (ﬁrmado el 13 de octubre del 2008 por el
Presidente de Costa Rica Oscar Arias Sánchez y su Ministro del Ambiente, Roberto Dobles) que declara este proyecto
“de interés público y conveniencia nacional”. En una polémica decisión del 16 de abril del 2010, la Sala Constitucional
rechazó los recursos presentados, dado luz verde al proyecto minero. Recursos pendientes presentados ante el Tribunal
Contencioso Administrativo lograron suspender el proyecto, en una contundente decisión dictada por este órgano de justicia en noviembre del 2010. No obstante, el proyecto Crucitas fue mencionado en distintas ocasiones por Nicaragua, tanto
en el plano bilateral, como en su contiendas contra Costa Rica ante la Corte Internacional de Justicia.
Palabras claves: acuíferos –- cianuro – Costa Rica - Crucitas – cuenca compartida – minería – Nicaragua – química Rio San Juan - Sala Constitucional - transfronterizos
Ante la necesidad de explorar y explotar nuevos recursos, asistimos a un endurecimiento de la posición
de los Estados en relación a los recursos naturales
compartidos: los Estados buscan delimitar cada vez
con mucha mayor precisión y claridad el ámbito en el
que pueden ejercer plenamente su soberanía y sacar provecho de sus recursos o emprender proyectos productivos de diversa índole. Es una tendencia
que se irá consolidando conforme se degrade cada
vez más el medioambiente y aumenten las necesidades de sus poblaciones. Esta situación explica gran
parte de las tensiones y probables conﬂictos que
provoque la presión sobre recursos no explotados,
como cuencas hidrográﬁcas o acuíferos transfronterizos, y la necesidad para los Estados de proteger
su territorio de cualquier tipo de contaminación proveniente del territorio de otro Estado. Ante los efectos progresivos de la crisis del agua que ya se hace
sentir en varias partes del planeta, aunados a los del
cambio climático (y que llevan a los Estados a recuperar caudales de agua de sus ríos en detrimento
de su vecinos y a intentar extender su control sobre
las fuentes de abastecimiento, sean superﬁciales o
subterráneas)2, se requería de un renovado esfuerzo
Doctor en Derecho (Universidad de Paris II), LLM (Universitary European Institute, Florencia, Italia). Profesor de Derecho
Internacional Público, Facultad de Derecho, UCR. Profesor de Derecho Internacional Ambiental (Cátedra UNITAR), Maestría
en Derecho Ambiental, Facultad de Derecho, UCR. Miembro de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental (CEL) de la UICN y
consultor de distintas entidades internacionales. Contacto: nboeglin-gmail.com
Este fenómeno es evidente en cuando vemos las tensiones existentes debido a las políticas de control de las aguas dulces
que se dan entre China y Rusia, Turquía y Siria, Turquía e Irak, o cuando analizamos la estrategia hídrica seguida por Israel
con sus vecinos. América Latina no está exenta si nos recordamos de las tensiones originadas por el Rio Grande entre EEUU
y México – que dio lugar a la doctrina Harmon, nombre del Attorney General que la enuncio, o los apetitos regionales alrededor
del acuífero Guaraní en el Cono Sur y las solicitudes de renegociar el tratado de Itaipu entre Paraguay y Brasil en términos más
equitativos. De manera muy reveladora, los casos reciente presentados por países de la región ante la Corte Internacional de
Justicia ser reﬁeren a ríos internacionales (Costa Rica vs. Nicaragua, sobre los derechos de navegación en el Río San Juan;
Argentina vrs Uruguay relativa a la posible contaminación del río de la Plata).
Artículo enviado el 28 de Junio de 2011
Artículo aceptado el 4 de Setiembre de 2011
Aqua-LAC - Vol. 3 - Nº.2 - Sep. 2011
Minería química a cielo abierto y políticas ambientales en la cuenca del río San Juan (Nicaragua-Costa Rica)
para intentar responder a tiempo ante estos nuevos
desafíos – otrora conﬁnados únicamente a zonas
áridas o semi-áridas del planeta. El reconocimiento
de la unidad natural del ciclo hidrológico, de la gran
vulnerabilidad de los cursos de los cuerpos de agua
a todo tipo de contaminación, de la necesidad de
una estrategia de gestión sostenible de los ríos3, de
prevenir posibles conﬂictos4, de armonizar las regulaciones existentes5 y los conocimientos cientíﬁcos
en relación a los efectos devastadores en el mar de
la contaminación telúrica6, así como la necesidad de
preservar los ecosistemas adyacentes, obligaron a
reconsiderar rápidamente la materia desde un enfoque mucho más integral de este ámbito tradicional
Aunado a ello, la presión cada vez mayor sobre nuevas fuentes de abastecimiento de agua potable están orientado estos mismos Estados, a nivel internacional, a considerar el tema desde una perspectiva
mucho más integral del ciclo hídrico y a incorporar
preocupaciones de corte primordialmente ambiental
(sobre todo después de la Conferencia de Río de
1992): tanto la Convención de 1997 (Convención de
Nueva York) sobre cursos de agua internacionales
como la resolución de las Naciones Unidas sobre el
Derecho aplicable a los acuíferos transfronterizos de
enero del 2009 vienen a redimensionar el ámbito de
aplicación de las normas internacionales aplicables
a los ríos y cuerpos de agua compartidos entre Estados, permitiendo encontrar ahí un terreno fértil para
remozar y renovar esta rama tradicional del derecho
La toma de conciencia de las amenazas de todo tipo
que sufren los cuerpos de agua exigen más que en
otras épocas el respeto absoluto de una sólida regla
del derecho internacional público, enunciada en el
Principio 2 de la Declaración de Río de 1992, según
el cual los Estados tienen “la responsabilidad de velar por que las actividades realizadas dentro de su
jurisdicción o bajo su control no causen daños al medio ambiente de otros Estados o de zonas que están
fuera de los límites de la jurisdicción nacional”. La
solemnidad de dicha formulación, en términos casi
idénticos a la hecha 20 años atrás en la Declaración
de Estocolmo de 1972 (Principio 21) no es sino el
eco ambiental de un sólido principio jurídico del derecho internacional público, aﬁrmado desde su primer
fallo por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en
1949 (Estrecho de Corfú, Reino Unido c. Albania),
en decisiones sobre ensayos nucleares que no llegaron a una decisión sobre el fondo (Australia, Nueza
Zelanda c. Francia). y reaﬁrmado en 1997 (caso Gabcikovo-Nagymaros, Hungría c. Checoslovaquia)7.
Los alcances de este principio fueron precisados en
parte y seguirán siéndolo con ocasión del estudio
de recientes demandas interpuestas ante la CIJ por
países latinoamericanos: la demanda por probable
contaminación de plantas de producción de celulosa
(Argentina c. Uruguay) del río de la Plata interpuesta
por Argentina el 4 de mayo del 2006 ante la CIJ8, la
demanda por aspersiones aéreas con químicos en
la zona fronteriza (caso Ecuador c. Colombia) interpuesta el 1ero de abril del 2008 por Ecuador9 y no
resuelta a la fecha, la demanda interpuesta el29 de
septiembre del 2005 por los derechos de navegación
en el Rio San Juan y derechos conexos (Costa Rica
c. Nicaragua, resuelta el 13 de julio del 2009) y la
reciente demanda interpuesta el 18 de noviembre del
2010 en relación esta vez al dragado del Río San
Juan (Costa Rica c. Nicaragua).
En Centroamérica, la cuenca del Río San Juan, la
mayor cuenca hidrográﬁca de la región centroamericana ha sido escenario en los últimos años de graves
controversias entre Costa Rica y Nicaragua10. Tanto
Véase DROBENKO B., Vers une stratégie de gestion durable des ﬂeuves, Colloque de Limoges, Cahiers du CRIDEAU, Limoges, 2002.
Véase WORLD BANK, International Watercourses. Enhancing Cooperation and Managing conﬂicts, Proceedings of a World
Bank Seminar, Washington, 1997.
Véase BOISSONS DE CHAZOURNES L and SALMAN S.(Ed), L´eau et le droit international/Water and international law, Académie de Droit Interntaional de La Haye /Hague Academy of International Law, Nijoff Publishers, La Haye-The Hague, 2005.
Convención de Helsinki del 17 de marzo de 1992 en el marco regional europeo sobre la protección y la utilización de cursos de
aguas transfronterizos y lagos internacionales.
Véase SANDS Ph., "La Cour International de Justice, la Cour de Justice des Communautés Européennes el la protection de
l´environnement", in PRIEUR M. & LAMBRECHTS Cl. (ed.), Les hommes et l´environnement. En hommage a Alexandre Charles-Kiss, Paris, Editions Frison-Laroche, 1998, pp. 323-344.
Demanda interpuesta en el 2006 por Argentina contra Uruguay. De gran interés resultan desde ya los alegatos orales iniciados
por Argentina el 14 de septiembre del 2009 en La Haya, disponibles en el mismo sitio de la CIJ: http://www.icj-cij.org/docket/
index.php?p1=3&p2=3&k=88&case=135&code=au&p3=2. La Corte Internacional de Justicia rindió una salomónica decisión en
Este conﬂicto llevaba más de 7 años sin resolverse entre ambos países. La demanda fue presentada en la Haya día después
de la violación del espacio terrestre y aéreo de Ecuador por parte de Colombia en su lucha contra las FARC acaecida en marzo
del 2008 con la muerte de Raúl Reyes. Véase el Libro Blanco de Ecuador disponible en el siguiente sitio: www.ecuadorinmediato.com/radio/descargas/ColombiaInforme.pdf
Véase breve historial de las controversias entre ambos en nuestra modesta contribución en AGUILAR Gr. E IZA A., Gobernanza de aguas compartidas: aspectos jurídicos e institucionales, UICN (San José), Serie Política y Derecho Ambiental Nº
58, 2009, pp 122-126. Notemos que se trata de una reedición y actualización de una ibra editada por vez primera en el 2006
(AGUILAR Gr. & IZA A., Gobernanza de aguas compartidas: aspectos jurídicos e institucionales, UICN (San José), Serie
Política y Derecho Ambiental Nº 58, 2006), la cual venía en su portada con una foto de un barco en las aguas del Río San Juan
ondeando las banderas de ambos, Costa Rica y Nicaragua. La nueva edición del 2009 optó por una portada menos conﬂictiva.
en la polémica sobre los derechos de navegación en
el río San Juan (que inició en 1998 y culminó con
una sentencia de la Corte Internacional de Justicia
del 13 de julio del 2009)11, como en la reciente crisis
desatada en relación al dragado del Río San Juan
operado por Nicaragua a ﬁnales del 2010 (que llevó
a Costa Rica a solicitar a la Corte Internacional de
Justicia unas medias provisionales en noviembre del
2010, y concedidas en marzo del 2011 por la máxima
instancia judicial de las Naciones Unidas) en ﬁligrana
aparece el tema ambiental y los legítimos intereses
de los Estados en conservar y proteger el Río San
Juan y su cuenca de actividades que puedan signiﬁcarle un daño ambiental grave. Adicionalmente, en
ambos casos, Nicaragua se ha valido en sus escritos
de un polémico proyecto minero ubicado en Costa
Rica en la localidad de Las Crucitas (declarado de
“conveniencia nacional e interés público” en octubre
del 2008 por sus máximas autoridades): ello con el
ﬁn de desvirtuar ante los jueces de La Haya la posición de Costa Rica en materia ambiental en relación
al Río San Juan. La comparación de las posiciones
defendidas por ambos Estados en lo relacionado al
proyecto minero en Las Crucitas y en lo relacionado
al dragado evidencia un interesante paralelismo inverso en las referencias que hacen cada uno a las
reglas imperantes en materia ambiental. Pero señala
de manera inequívoca el extremo cuidado que deberían de tener los Estados al autorizar proyectos de
minería química a cielo abierto en cuencas hidrográﬁcas compartidas, y este será el punto de partida de
las siguientes reﬂexiones que ya tuvimos la oportunidad de adelantar con anterioridad12.
La aplicación del antes mencionado Principio 2 de la
Declaración de Rio a un espacio geográﬁco peculiar
como una cuenca hidrográﬁca compartida o un acuífero transfronterizo, que caracteriza la casi totalidad
de los espacios fronterizos en Centroamérica induce
a pensar que los Estados deberán ya sea tomar medidas extremas cuando se trata de permitir actividades altamente contaminantes como la minería química a cielo abierto en esas zonas; o bien establecer
una moratoria indeﬁnida ya sea para toda la región
mesoamericana13, para el territorio nacional14 o bien
para franjas cercanas a la cuenca hidrográﬁca15.
BREVE APROXIMACIÓN SOBE LOS
Centroamérica se caracteriza por una gran concentración de cuencas hidrográﬁcas. Según la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), Centroamérica cuenta con “120 cuencas
principales, de las cuales 23 son cuencas compartidas”16 entre varios Estados.
Costa Rica, cuyo gran parte de su territorio se sitúa
en zonas de recarga, se ve inmerso en esa tan peculiar geografía de abundante recurso hídrico. Dicha
abundancia, lastimosamente, no ha sido acompañada, a nivel nacional, por políticas públicas para preservar este preciado liquido, colocando hoy a Costa
Rica, irónicamente, en una situación delicada desde
el punto de vista del abastecimiento en agua potable de varias zonas, incluyendo el Valle Central, que
Para un análisis de esta sentencia, véase: CASSELLA S., “Rééquilibrer les effets inéquitables d´une délimitation territoriales:
l´arrêt de la Cour Internationales de Justice du 13 juillet 2009 dans l´affaire du di fférend relatif à des droits de navigation et des
droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), Annuaire Français de Doit International, AFDI, 2009, pp.253-277.
Véase BOEGLIN N., “Minería química a cielo abierto en el trópico húmedo fronterizo entre Costa Rica y Nicaragua: el proyecto
minero de Crucitas y sus implicaciones internacionales”, Perspetivas Internacionales, Julio del 2009, Sociedad Latinoamericana
de Derecho Internacional (SLADI), http://lasil-sladi.org/perspectivas21.pdf
Ver por ejemplo en ese sentido la resolución adoptada durante el Congreso Mundial de la UICN en Barcelona, en octubre
del 2008, CGR4.MOT141. Exploraciones y explotaciones mineras de metales a cielo abierto en Mesoamérica. En los
considerandos, se puede leer que: CONSIDERANDO que hay decisiones de invertir en la explotación de minerales metálicos
en el Corredor Biológico Mesoamericano que afectará miles de hectáreas de bosques primarios, cuencas hidrográﬁcas claves
del área, zonas costero marinas ricas en biodiversidad y por ende la salud humana y la seguridad alimentaria de las poblaciones”. El punto resolutivo 1 se lee así:. “PIDE a los gobiernos de los países de la región mesoamericana cancelar las actuales
exploraciones y explotaciones mineras de metales a cielo abierto con probadas afectaciones negativas al ambiente, y tomen
las medidas preventivas necesarias para que en el futuro otorgamiento de permisos de exploración y explotación minera se
excluyan las de minería de metales a cielo abierto, y que se realicen y apliquen de forma rigurosa las evaluaciones ambientales
estratégicas y otros instrumentos de gestión ambiental pertinentes, en particular en el corredor biológico mesoamericano. Ver
texto en: http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/WCC-4th-004-Es.pdf
Caso de la moratoria vigente en Costa Rica para la minería metálica a cielo abierto, decretada en junio del 2002 y vigente
hasta mayo del 2008 , adoptada mediante el Decreto Ejecutivo 30477 del 5 de junio del 2002.Es de notar que en sus considerandos, este Decreto Ejecutivo indicaba “la necesidad de realizar una valoración del sector minería iniciando por la minería
metálica a cielo abierto,, para identiﬁcar si existe equilibrio entre los beneﬁcios sociales, económicos y ambientales en la exploración y explotación de sus recursos a ﬁn de garantizar ese aprovechamiento racional”. A raíz de la controversia suscitada
por el proyecto minero ubicado en Las Crucitas, en noviembre del 2010, se aprobó en el Congreso de Costa Rica una ley (ver
nota: http://www.elpais.cr/articulos.php?id=35855 ) la cual fue publicada oﬁcialmente tan solo en febrero del 2011, después de
presiones de la oposición al Gobierno (ver nota en: http://www.elpais.cr/articulos.php?id=40879 ): esta ley establece ya no una
moratoria sino una prohibición legal para la minería química a cielo abierto en Costa Rica:
Ver Resolución del 23 de septiembre del 2009 de la Asamblea Legislativa de Nicaragua titulada: “Resolución Legislativa
sobre las concesiones mineras en la Cuenca del Río San Juan y el Proyecto Minero a Cielo abierto “Las Crucitas”,
disponible en: http://www.asamblea.gob.ni/index.php?option=com_content&task=view&id=904&Itemid=211
AGUILAR Gr. E IZA A., Gobernanza de aguas compartidas: aspectos jurídicos e institucionales, UICN (San José), Serie Política y Derecho Ambiental Nº 58, 2006, p. 55
concentra mas de la mitad de la población17. Desde
el punto de vista internacional, Costa Rica cuenta
con 4 cuencas compartidas desde el punto de vista hidrográﬁco, de extensiones muy disímiles. Con
Nicaragua comparte la mayor cuenca hidrográﬁca
compartida de Centroamérica, la Cuenca del Río San
Juan, (36,905 Km2) y otra pequeña de Río Naranjo
(9Km2). Con Panamá, comparte la cuenca del Rio
Sixaola ( 2840 Km2), y del río Colorado (1282 km2).
En cuanto a los acuíferos transfronterizos, se cuenta
con una información desigual en la región centroamericana, en razón de la poca información disponible
sobre las aguas subterráneas en algunos países del
área centroamericana. Oﬁcialmente, fueron reportados a modo preliminar a la UNESCO y a la OEA18
en el área centroamericana, los siguientes acuíferos
transfronterizos: seis acuíferos situados entre Guatemala y México19, uno entre Guatemala, México y Belice20, tres entre Guatemala y Belice21, dos entre Guatemala y Honduras22, uno entre Guatemala, Honduras
y el Salvador23, dos entre el Salvador y Guatemala24,
uno entre Honduras y Nicaragua25 y uno entre Costa
Rica y Panamá, el Sixaola. Cabe señalar desde ya
la preocupante falta de información sobre las aguas
subterráneas en Costa Rica, ya denunciada por un
panel de expertos en el 200226. Se lee recientemen-
te que es urgente que “la investigación (en Costa
Rica)/.../ debe ser enfocada a a) caracterización de
los acuíferos (ubicación, parámetros y relaciones hidráulicas, potencial, zonas de recarga, grado de vulnerabilidad y riesgo potencial a la contaminación), así
como el monitorio respectivo”27. En el reporte preliminar presentado ante la UNESCO y la OEA, publicado
en el año 2007, Costa Rica reportó oﬁcialmente un
acuífero transfronterizo con Panamá en la región de
Sixaola28 pero omitió incluir datos de probables otros
acuíferos transfronterizos con Panamá y no reportó
ningún dato relativo al importante acuífero transfronterizo regional con Nicaragua ubicado en la zona Norte29. Por su parte, Nicaragua sólo reportó un acuífero
transfronterizo con Honduras (Estero Real-Río Negro), y ninguno con Costa Rica.
BREVE APROXIMACIÓN A LAS
RELATIVAS A LOS RECURSOS HÍDRICOS
A diferencia de las tradicionales reglas de buena vecindad entre Estados colindantes, las reglas relativas a las cursos de agua internacionales constituyen
un campo del derecho internacional público más re-
En una reciente visita a Costa Rica en el mes de marzo del 2009, la relatora especial del Consejo de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas sobre Agua, Derechos Humanos y Saneamiento, la señora Catarina Albuquerque, advirtió en su informe
preliminar que “Costa Rica desperdicia su agua”. Ver informe preliminar reproducido en una nota periodística digital: http://
www.elpais.cr/articulos.php?id=4541. Así como el informe ﬁnal de su visita a Costa Rica (Doc. A/HRC/12/24 Add 1 del 23 de
junio del 2009). La misma SENARA desde el 2006 ha advertido de la sobreexplotación de varios acuíferos en el Valle Central,
sin que se haya procedido a algún tipo de moratoria por parte de las autoridades públicas o a políticas drásticas destinadas
a proteger las agua subterráneas. Desde varios años, el informe del Estado de la Nación advierte de la crítica situación en la
que se encuentra la gestión del recurso hídrico en Costa Rica, sin, nuevamente, que ello haya signiﬁcado un Plan Nacional
draconiano para reforzar los controles y las regulaciones existentes. Desde el 2002, un proyecto de ley sobre el recurso hídrico
ha sido presentado (expediente 14.585), y retirado para consultas por parte del Poder Ejecutivo.
OEA/UNESCO, programa Hidrológico Mundial, Sistemas acuíferos transfronterizos en las Américas, PHI-LAC, Montevideo,
Wahington DC, 2007, pp.96-97.
Soconuso-Suchiate/Coatlán, Chicomuselo-Cuilco-Selegua, Ocosingo-Ususmacinta-Pocomo-Ixcan, Marquez de ComillasChixoy/Xacibal, Boca del Cerro-San Pedro y Trinitaria-Nentón.
Península de Yucatán-Candelaria-Hondo
Mopan-Belice, Pisulia-Moho, SartsunTemash.
Motagua y Chiquimula-Copan Ruinas
Esquipulas-Ocotepeque-Citalá.
Ostúa-Mepalán y Rio Paz
Estero Real-Río Negro
Ver REYNOLDS VARGAS J (Ed.), Manejo integrado de aguas subterráneas, un reto para el futuro, EUNED, 2002. Anterior
a ello, podemos citar a una experta advirtiendo en 1996 que “ las investigaciones en Costa Rica sobre la problemática de los
recursos hídricos son incipientes”: REYNOLDS VARGAS J. (Ed)., “Las aguas subterráneas de Costa Rica: un recurso en
peligro”, in Utilización y manejo sostenible de los recursos hídricos”, Convenio Costa Rica-Holanda, Editorial UNA, 1996, pp.
Véase ARIAS M., “ Las aguas subterráneas de Costa Rica”, 2008, publicado en el Boletín 2007 del la entidad denominada
Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea para el Desarrollo http://www.alhsud.com/public/boletines/boletin27.
pdf. Para este mismo autor” En Costa Rica, no existe una cuantiﬁcación real, ni un plan de gestión integrado del recurso hídrico, subterráneo, lo que genera una administración desordenada del mismo, la cual se basa en la demanda y no en la oferta
hídrica existente, pues esta no se conoce” (ARIAS M., Estado del conocimiento del agua subterránea en Costa Rica”, Boletín
Geológico y Minero, 117 (1), pp. 63-73. Disponible en: http://www.igme.es/internet/Serv_Publicaciones/boletin/117_1_2006/
Art.5.PDF
Ver OEA/UNESCO, programa Hidrológico Mundial, Sistemas acuíferos transfronterizos en las Américas, PHI-LAC, Montevideo,
Este acuífero, entre otros aspectos, ha sido señalado como una importante reserva de agua a nivel regional que puede verse
seriamente afectada por la actividad minera en Las Crucitas. Ver a ese respeto CONSEJO UNIVERSITARIO de la Universidad de Costa Rica (UCR), “Informe Especial: minería química a cielo abierto: el caso de Crucitas”, Consejo Universitario,
UCR, mayo 2009, pp.12-13 y 27-28. Disponible en: http://cu.ucr.ac.cr/documen/InformeFinaldeCrucitas.pdf
ciente pero que paradójicamente cuenta con sólidas
reglas y principios jurídicos de carácter consuetudinario30.
Las aguas superﬁciales
En lo que atañe a las aguas superﬁciales, fue un largo
y tedioso ejercicio de sistematización de la práctica
convencional y jurisprudencial por parte del órgano
codiﬁcador de las Naciones Unidas, la Comisión de
Derecho Internacional (CDI), el cual se extendió por
más de 20 años (1974-1997), que culminó en 1997
con la convención marco de alcance universal en la
materia: la Convención sobre el derecho de los usos
de los cursos de agua internacionales para ﬁnes distintos de la navegación, ﬁrmada en Nueva York de
199731. Según la convención de 1997, la noción de
“curso de agua” se entiende como ”un sistema de
aguas de superﬁcie y subterráneas que, en virtud de
su relación física, constituyen un conjunto unitario y
normalmente ﬂuyen a una desembocadura común”.
Por “curso de agua internacional” se entenderá “un
curso de agua algunas de cuyas partes se encuentran en Estados distintos”32. Estamos así ante una
deﬁnición sumamente amplia que rebasa el concepto tradicional de “río internacional”, entendido como
el simple cauce del río (el agua que se encuentra
entre sus dos márgenes), sea contiguo o sucesivo.
Esta nueva deﬁnición, que corresponde a un visión
más integral de obliga desde ya los Estados a redimensionar el marco legal e institucional previsto
tradicionalmente en la “gestión conjunta” de los ríos
En esta misma convención de 1997 encontramos
una serie de obligaciones para los Estados ribereños
de un curso de agua internacional, como la de “impedir que se causen daños sensibles a otros Estados
del curso de agua” (Art. 7), la obligación de cooperar
a ﬁn de lograr “una protección adecuada de un curso
de agua internacional” (Art. 8) y de notiﬁcar oportunamente “antes de ejecutar o permitir la ejecución
de medidas proyectadas que puedan causar un efecto perjudicial sensible a otros Estados del curso de
agua” (Art.11). La convención de Nueva York procede además a una aplicación del principio de prevención –propio del derecho ambiental- a los cursos de
agua internacionales, al establecer la obligación de
prevenir toda contaminación, entendida como “toda
alteración nociva de la composición o calidad de las
aguas de un curso de agua internacional que sea
resultado directo o indirecto de un comportamiento
humano”. (Art.21) así como a otras reglas en materia
ambiental (Parte V, Art. 21-28).
Los acuíferos transfronterizos han despertado un súbito interés a nivel internacional, debido a las discusiones que, a nivel regional e internacional, se han
dado en torno al cambio climático y a los problemas
futuros de abastecimiento en agua potable. En este
sentido, el tema de los acuíferos compartidos entre
varios Estados fue objeto de un reciente esfuerzo de
codiﬁcación, el cual aún no está debidamente incorporado bajo la forma de un instrumento internacional
similar a la Convención de Nueva York de 1997 para
las aguas superﬁciales: la Asamblea General de las
Naciones Unidas adoptó el anteproyecto de Convención elaborado por la CDI desde el año 2000 y contenido en la Resolución 63/124 de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre “El derecho de los
acuíferos transfronterizos” (aprobada el 15 de enero
del 2009)33. Este texto, aún poco difundido34, reviste
una importancia capital para muchas regiones del
mundo, en particular para la centroamericana, la
cual depende en gran parte de sus aguas subterráneas para proveer en agua potable a sus habitantes
(y que sufrirá posiblemente de manera más impactante que otras regiones del mundo los efectos del
cambio climático). Este texto de las Naciones Unidas
sobre acuíferos transfronterizos deﬁne el objeto de
dicho proyecto de convención de la siguiente manera. Se entiende por “acuífero, un formación geológica permeable portadora de agua, situada sobre una
capa menos permeable, y el agua contenida en la
zona saturada de la formación” y por “acuífero trans-
Ver a este respecto, una obra clásica, BARBERIS J, Los recursos naturales compartidos entre Estados y el derecho internacional, Madrid, Tecnos, 1979. Más reciente, AGUILAR Gr. E IZA A., Gobernanza de aguas compartidas: aspectos jurídicos e
institucionales, UICN (San José), Serie Política y Derecho Ambiental Nº 58, 2006.
Convención sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para ﬁnes distintos de la navegación, ﬁrmada
en Nueva York en Diciembre de 1997. En el caso de Hungría c. Tchecoslovaquia, la CIJ utilizo varios de los principios enunciados en dicho texto que aún no había sido aprobado por la Asamblea General de la ONU para fundamentar su fallo dictaminado
el 25 de septiembre de 1997. Véase: HERNÁNDEZ R., “La aportación del asunto Gabcikovo Nagymaros al derecho internacional del medioambiente”, Anuario de derecho internacional (1998), volume 14 , p. 769-807
Artículo 2 de la convención de Nueva York de 1997.
Esta resolución, resultado de un proceso de codiﬁcación emprendido por la Comisión de Derecho Internacional (CDI) de las
Naciones Unidas, en realidad constituye un cuerpo normativo aún indeﬁnido por los mismos Estados-Miembros de la ONU,
razón por la cual se mantiene bajo la forma de una resolución de las Naciones Unidas.
Por ejemplo, este texto no aparece reproducido en una reciente publicación de la UICN sobre aguas compartidas. Véase AGUILAR GR &IZA A., Gobernanza de Aguas compartidas. Aspectos Jurídicos e Institucionales, UICN, Bonn, 2009.
Artículo 2 del proyecto de artículos de la CDI contenidos en la resolución 63/124 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
fronterizo” un “acuífero que tengas partes situadas
en distintos Estados”35. Dicho texto establece claramente que: “al emprender actividades diferentes de
la utilización de un acuífero o sistema acuífero transfronterizo que tengan o puedan tener un impacto en
ese acuífero o sistema acuífero transfronterizo, los
Estados del acuífero adoptarán todas las medidas
apropiadas para prevenir que se cause un daño sensible a través de este acuífero o sistema acuífero a
otros Estados del acuífero o a otros Estados en cuyo
territorio se halle situada una zona de descarga” (Art.
6, 2)36.
Señalemos desde ya que dicho texto incorpora una
seria de reglas en materia ambiental (Parte III, Artículos 10 a 15) de gran interés, reactivando, entre
otras, la discusión teórica sobre el concepto de “daño
sensible” en derecho internacional ambiental, en particular cuando se aplica especíﬁcamente a un acuífero transfronterizo37.
Finalmente, el artículo 12 de dicho texto hace una
referencia explicita al principio de precaución cuando existen dudas sobre la extensión, profundidad o
vulnerabilidad de un acuífero, al señalar que “Los Estados del acuífero, individual y, cuando corresponda,
conjuntamente, prevendrán, reducirán y controlarán
la contaminación de sus acuíferos o sistemas acuíferos transfronterizos, inclusive en el proceso de recarga, que pueda causar un daño sensible a otros
Estados del acuífero. Los Estados del acuífero adoptarán un criterio de precaución en caso de incertidumbre acerca de la naturaleza y la extensión de los
acuíferos o sistemas acuíferos transfronterizos y su
vulnerabilidad a la contaminación”.
Tanto la Convención de 1997 como la resolución del
2009 constituyen, desde nuestra perspectiva, un útil
marco de referencia al establecer principios generales
vigentes entre los Estados (independientemente de
un reconocimiento formal mediante su ratiﬁcación),
y que debería de guiar las relaciones entre Estados
centroamericanos que comparten recursos hídricos
como un curso de agua internacional o un acuífero transfronterizo38. Se trata en efecto de un valioso
marco de referencia en la materia, al sistematizar y
ordenar una serie de principios y reglas jurídicas,
muchas de ellas consolidadas por la práctica internacional en materia de uso y gestión del recurso hídrico
compartido39, tanto a nivel internacional como a nivel
de la practica jurisprudencial entre provincias o entidades federadas40. Incluso, estos textos pueden ser
incorporados sin necesidad de una ratiﬁcación, ya
que, como bien lo ha recalcado la jurisprudencia de
la Sala Constitucional de Costa Rica (más conocida
como Sala IV), textos internacionales no necesariamente ratiﬁcados por Costa Rica son parte íntegra
de su ordenamiento, al dictaminar que “nuestro país
ha suscrito gran cantidad de convenciones en las
que se busca la protección de los recursos naturales
y que deben utilizarse para integrar la legislación interna y dilucidar, incluso jurisdiccionalmente, los problemas relacionados con la protección ambiental, ya
que los instrumentos internacionales, aún los no ratiﬁcados, permiten soluciones regionales o mundiales
a tales problemas”41. Para dar ejemplos reciente, el
uso reiterado y sostenido que ha hecho en los últimos años la Sala Constitucional de Costa Rica de un
texto como la Declaración de Río de 1992 evidencia
la entendible preocupación del juez constitucional
de incorporar en el ordenamiento jurídico ambiental
textos internacionales que no necesariamente pasan
por el “tamiz” de una ratiﬁcación por parte del Estado costarricense. En su reciente decisión en relación al proyecto minero ubicado en Las Crucitas, la
Sala Constitucional se reﬁere, por vez primera a la
Resolución del 2009 de las Naciones Unidas sobre
acuíferos transfronterizos como un “derecho de la
Ver texto reproducido en: ULATE CHACON E.(Editor), Derecho Internacional, Derecho Comunitario y Derechos Humanos. En
Homenaje al Profesor Dr. José Luis Molina Quesada, San José, SEP de la UCR (Facultad de Derecho).2009, pp.520-529, y
nuestro estudio, BOEGLIN N., “Implicaciones jurídicas internacionales para Costa Rica de los recursos hídricos compartidos o
transfronterizos”, pp. 507-519.
SANDONATO DE LEON P., "El "daño signiﬁcativo" en la contaminación de acuíferos transfronterizos: un estándar aplicable?",
disponible en: http://www.lasil-sladi.org/perspectivas16.pdf
Centroamérica se caracteriza por una gran concentración de cuencas hidrográﬁcas. Según la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN), Centroamérica cuenta con “120 cuencas principales, de las cuales 23 son cuencas
compartidas” entre varios Estados. Véase AGUILAR Gr. E IZA A., op.cit., p. 55
De las 245 cuencas o acuíferos compartidos a nivel mundial, repertoriados por el Banco Mundial (véase WORLD BANK, International Water courses: enhancig cooperation and managing conﬂict. Poceedings of a World Bank Seminar, Washington, World
Bank Technical paper, No 414, pvii), se contabilizan aproximadamente unos 213 acuerdos regionales o bilaterales relativos a
cursos de aguas internacionales.
Referimos el lector a los interesantes aportes del Profesor Julio Barberis (Argentina) en una obra clásica, y los precedentes
jurisprudenciales sentados entre cantones suizos, “lânder” alemanes y por la misma Corte Suprema de Estados Unidos. Véase
al respecto, BARBERIS J, Los recursos naturales compartidos entre Estados y el derecho internacional, Madrid, Tecnos, 1979.
Sobre lagos entre Estados o entidades federadas y la jurisprudencia norteamericana, suiza, alemana y austriaca al respecto,
ver PONDAVEN PH., Les lacs frontières, Paris, Pedone, 1972, pp.139-152
Amparo Fecha: 30/07/1993 VOTO N° 3705-93. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San
José, a las quince horas del treinta de julio de mil novecientos noventa y tres.
Constitución”42 así como a la Convención de 1997
sobre cursos de agua internacionales43:
EL PROYECTO MINERO UBICADO EN
CRUCITAS (COSTA RICA).
A priori, un proyecto minero ubicado en territorio de
Costa Rica (en la zona de Las Crucitas) y operado
por una compañía canadiense, Inﬁnito Gold, es una
actividad que se rige únicamente por la aplicación de
la legislación nacional de Costa Rica y por las regulaciones concedidas por Costa Rica a inversionistas
extranjeros, a través de los tratados bilaterales de
protección y promoción de inversiones44.
Al revisar sin embargo la localización exacta de este
proyecto minero, y las características geográﬁcas
“Más recientemente, y de manera concreta sobre acuíferos transfronterizos y ya no sólo sobre aguas de uso internacional, la
Asamblea General de Naciones Unidas, en su sexagésimo tercer período de sesiones, adoptó la resolución número 63/124,
de once de diciembre de dos mil ocho, denominada "El derecho de los acuíferos transfronterizos”, en la cual recoge diversos
principios ya establecidos en la Convención de cita, otorgándoles aplicación a este otro tipo de acuíferos; a los efectos del caso
bajo estudio resulta particularmente ilustrativo la disposición del artículo 6 de la resolución, norma que reedita una fórmula similar a la ya establecida en el artículo 7 de la Convención, disponiendo que: “Artículo 6 Obligación de no causar un daño sensible
1. Al utilizar un acuífero o sistema acuífero transfronterizo en su territorio, los Estados del acuífero adoptarán todas las medidas
apropiadas para prevenir que se cause un daño sensible a otros Estados del acuífero o a otros Estados en cuyo territorio se
halle situada una zona de descarga.” De tal forma, es claro que a través de estos instrumentos internacionales –por principio
aplicables en el ámbito interno costarricense en virtud del artículo 48 de la Constitución y la dimensión reconocida al denominado Derecho de la Constitución- se establece a los Estados la obligación de evitar daños sensibles que puedan afectar o
impactar de manera negativa los recursos hídricos de otro Estado con el que se comparta regiones fronterizas, o acuíferos que
transcurran de un Estado hacia otro. En el caso bajo estudio, este es el caso del Río San Juan –fronterizo entre Nicaragua y
Costa Rica- y del llamado acuífero inferior identiﬁcado en la zona del proyecto minero Crucitas –que transcurre en dirección noroeste sureste desde Nicaragua hacia Costa Rica-, por lo que lo dispuesto en los instrumentos normativos de referencia debe
ser tenido en cuenta al momento de valorar la prueba técnica allegada al expediente, para determinar si el país ha observado
estas disposiciones o si, eventualmente, pudiera ser objeto de alguna imputación por presunto incumplimiento de sus obligaciones internacionales.”. Pár. XIII, Fecha: 16 /04/2010, Voto N. 10-006922. SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA, San José, a las a las catorce horas y treinta y cinco minutos del dieciséis de abril del dos mil diez.
“Partiendo del reconocimiento del derecho al agua como un derecho humano y la protección que por ello debe otorgarse a los
recursos hídricos, la comunidad internacional se ha abocado a deﬁnir instrumentos normativos que permitan la preservación
de los mantos acuíferos situados entre diferentes países o que discurran de un territorio nacional hacia otro, estableciendo
así obligaciones asumidas por los Estados para evitar que por su actuación se generen impactos negativos en los recursos
hídricos de otro Estado. Así, la "Convención sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para ﬁnes
distintos de la navegación", de veintiuno de mayo de mil novecientos noventa y siete, dispone que los Estados se comprometen
a otorgar todas las medidas de protección y colaboración necesarias para evitar este tipo de daños en los recursos hídricos de
otros países tributarios o beneﬁciarios del acuífero o curso de que se trate”. Ibidem
Sobre este particular, y las insistentes amenazas de recurrir a un arbitraje internacional que en varias ocasiones, la empresa
minera canadiense externó, ver nuestro artículo: BOEGLIN N., “Minería y amenazas de arbitraje internacional: balance y perspectivas”, Revista Ambientico (210), diciembre 2010, pp. 11-12. Disponible en: http://www.ambientico.una.ac.cr/210.pdf
Fuente: http://www.goldinvestmentnews.com/featured.aspx?ArticleID=48296
propias de la zona en la que se ubica, resulta de interés conocer cuáles han sido las medidas tomadas
por Costa Rica para mitigar el posible efecto transfronterizo que pudiera ocasionar dicho proyecto y las
reacciones que suscitó en Nicaragua. Precisamente
es desde esta perspectiva internacional que quisiéramos referirnos al proyecto de minería química a cielo
abierto ubicado en Crucitas, y sus implicaciones para
Costa Rica. Ello debido a la evidente proximidad (3,5
kilómetros en línea recta, 8 km por vía acuática) del
En efecto, el San Juan, a partir de ese preciso sector
(punta la Triela, sector Nicaragua, San Isidro, lado de
Costa Rica, situados a algunos kilómetros aguas arriba) pasa de ser un río nacional de Nicaragua (ambas
márgenes sometidas pertenecientes a un mismo Estado, Nicaragua) para convertirse en un río internacional que separa a ambos Estados. Con un detalle
de importancia y es que sobre el espacio ﬂuvial en
sí, Nicaragua es el Estado que ejerce su “dominio y
sumo imperio” de manera exclusiva46: ello en virtud
de la técnica de delimitación acordada en 1858 (técnica de limite al margen del río, usada también para
ríos como el Shatt-el-arab (Iran/Irak), Amour (Rusia/
China), Ríos Tinto y Motagua (Guatemala/Honduras)
o Senegal (Senegal/Mauritania) en vez de la técnica
más equitativa de la línea mediana o thalweg - canal
profundo navegable- utilizada, por ejemplo, para delimitar el río Sixaola en el tratado Echandi Montero
–Fernández Jaén de 1941 (Costa Rica/Panamá)47.
En la parte terminal del Río San Juan, por efecto de
un proceso natural, se da una situación muy particular:
a) el caudal principal del San Juan desemboca en
un río propiamente nacional de Costa Rica, el
Río Colorado, del que dependen en gran medida los canales de Tortuguero y los humedales
de la Zona Norte de Costa Rica;
b) mientras que una parte mínima del caudal del
San Juan desemboca en la bahía de San Juan
La situación geográﬁca del Río San Juan antes señalada conlleva para ambos Estados ribereños un
grado de diﬁcultad mucho mayor que los que enfrentan otros Estados ribereños en la gestión de ríos
internacionales. Con respecto a esta última expresión, cabe indicar que en la controversia en La Haya
en relación a los derechos de navegación de Costa
Rica, la caliﬁcación del San Juan como río nacional o
como río internacional quedó irresuelta por parte de
la CIJ, pese a los intensos esfuerzos desplegados
por ambas partes en su contienda entre el 2005 y el
2009. En su decisión del 13 de julio del 2009, la CIJ
aﬁrma que “...no cree tampoco, en consecuencia,
deber decidir sobre el punto de saber si el San Juan
entra en la categoría de los “ríos internacionales” - tal
como lo sostiene Costa Rica - o si constituye un río
nacional que comporta un elemento internacional según la tesis del Nicaragua” (párrafo 34, traducción
libre del autor).
Las implicaciones transfronterizas de actividades
realizadas desde territorio de Costa Rica susceptibles de alterar la calidad o la cantidad de las aguas
del Río San Juan podrían intentar mitigarse si esta
región tuviera otras características desde el punto
de vista geográﬁco. Sin embargo, no es el caso y
debemos añadir que esta proximidad geográﬁca de
Crucitas con el Río San Juan se ve acentuada desde
el punto de vista hidrológico, debido los altos índices
de precipitaciones en esa precisa zona (una tesis
de un geólogo en la UCR, Claudio Gutiérrez ubica
el rango entre 3500 a 4000 anuales en esa zona reportados en promedio para 1961-199048. Finalmente señalemos que en la zona en que se localiza el
proyecto minero de Crucitas se ubica un acuífero
transfronterizo regional, tal como el mismo Estudio
de Impacto Ambiental original de la Secretaría Técnica Nacional del Ambiente (SETENA) lo reconoció en
el estudio presentado ante ella por al empresa en el
año 200249, ubicado a una profundidad de unos 63
Considerando a) la ubicación de Crucitas en la red
hidrográﬁca que conﬂuye hacia el San Juan, b) las
Ver artículo Artículo VI del Tratado Cañas-Jerez ﬁrmado en 1858 por ambos Estados. En RODRIGUEZ SERRANO F., Los
derechos de Costa Rica y de Nicaragua en el San Juan, San José Ed. Lehman, 1993.
SI bien los mandatarios de Nicaragua se reﬁeren al San Juan como un “rio nacional”, la cancillería de ese país optó por la
expresión “río nacional a vocación internacional”. Independientemente de ello, el San Juan es considerado en la doctrina y en
la práctica de órganos como la ONU, la FAO, el Banco Mundial, la UICN, la Comisión de Derecho Internacional de la ONU, la
OEA, como un río internacional, de la misma manera que el Río Amour-Oussouri entre China y Rusia, el Shatt el Arab entre
Iran et Irak, el Rio Coco entre Nicaragua y Honduras, ríos delimitados con esta misma técnica de delimitación ﬂuvial. A ese
respecto, ver nuestro estudio al respecto, BOEGLIN NAUMOVIC N.; “De l´usage des cours d´eaux comme frontière”, in BOISSONS DE CHAZOURNES/ L / SALMAN M. A, (Ed.), Water Resources and International Law, Hague Academy of International
Law, The Hague, Martinus Nijhoff Publishers, 2005, pp. 130-165.
GUTIÉRREZ CL., Las aguas del la cuenca del río San Juan: diagnóstico del sistema hidrográﬁco y balance hidrológico. Proyecto Regiones Fronterizas, San José, Departamento de Geografía, UCR (1990), p. 4.. Marca tan solo superada en la región de
Guatuso (5.297 mm) y Caño Negro ( 4.455 mm) , según reportes de la estaciones meteorológicas compiladas por la OEA. Ver
cuado de precipitaciones en PNUMA, Gobierno de Costa Rica / Gobierno de Nicaragua, Estudio de Diagnostico de la Cuenca del Río San Juan y lineamientos del Plan de Acción, Secretaría General de la OEA, 1997, p. xlvii
seriamente afectada por la actividad minera en Crucitas. Ver a ese respeto CONSEJO UNIVERSITARIO UCR, “Informe Especial: minería química a cielo abierto: el caso de Crucitas”, Consejo Universitario, UCR, mayo 2009, pp.12-13 y 27-28. Texto
completo del informe disponible en: http://cu.ucr.ac.cr/documen/InformeFinaldeCrucitas.pdf
características climatológicas de la zona, el tipo de
suelo y la relación directa de la microcuenca del Río
Infernillo con el río San Juan; c) la existencia de un
acuífero regional, probable reserva de agua de enorme valor para ambos Estados y la preservación de
sus ecosistemas y d) la “ampliación” del proyecto
original hecha en Diciembre 2007 por la empresa,
que duplica el volumen de extracción, y multiplica
por 10 la profundidad de extracción (que pasa de 7
m –proyecto inicial - a 70 m – ampliación del 2007),
resulta a todas luces sorprendente que el estudio de
impacto ambiental (EIA) inicial otorgado por la Secretaría Técnica Nacional del Ambiente (SETENA)
en diciembre del 2005 a este Proyecto no haya sido
completado por otro nuevo, haciendo así caso omiso del factor hidrológico del proyecto, ignorando sus
efectos sobre los mantos acuíferos subyacentes51 y
sus implicaciones para la misma cuenca del Río San
Juan y los prodigiosos ecosistemas que forman parte
de los corredores biológicos binacionales entre Costa Rica y Nicaragua52.
Esta omisión, entre muchas otras, fue la que despertó varias dudas del otro lado del río San Juan, externadas mediante diversas solicitudes de información
y acciones emprendidas,
Las reacciones de Nicaragua
Se trata básicamente de dos solicitudes oﬁciales de
parte de Nicaragua (solicitud formal de MARENA, de
mayo del 200853 y un comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua de octubre del 200854 en aras de conocer el contenido del
EIA y evaluar cuáles son las implicaciones que este
Mapa incluido en el estudio preliminar ASTORGA A., Datos hidrogeológicos regionales de Crucitas, abril del 2010. El autor
agradece al Dr. Allan Astorga por permitirle incluir esta ﬁgura en este artículo. En rojo la ubicación del proyecto minero ubicado
en Las Crucitas. En amarillo el posible acuífero compartido en la zona entre Costa Rica y Nicaragua.
El Servicio de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), entidad pública nacional a cargo de este ámbito nunca
fue consultada por ninguna instancia nacionales sobre este Proyecto y sus eventuales implicaciones para los mantos acuíferos aledaños y subyacentes. Así consta en su oﬁcio de enero del 2007 incluido en el expediente ante la SETENA.
Se trata de los corredores Castillo-San Juan-La Selva, ubicados en el centro de las Reservas de la Biosfera Río San JuanNicaragua y la Biosfera Agua y Paz (Costa Rica).
Ver: http://www.marena.gob.ni/index.php?option=com_content&task=view&id=333&Itemid=9
En un comunicado de prensa del 30 de octubre del 2008, Nicaragua, por medio de su cancillería indica que “El pueblo de Nicaragua puede estar seguro que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional continuará haciendo uso de los mecanismos
que la diplomacia y el Derecho Internacional ponen al servicio de los Estados para casos de esta naturaleza, especialmente
cuando está en juego un recurso hídrico tan importante para el país como lo es el Río San Juan de Nicaragua, y diversas áreas
que gozan a nivel nacional e internacional de categoría especial, como lo son la Gran Reserva de la Biosfera de Indio Maíz y el
Refugio de Vida Silvestre del Río San Juan”.
Documento disponible en: http://www.cancilleria.gob.ni/publicaciones/index.htm (buscar:”Crucitas).
proyecto representa para el Río San Juan y sus ecosistemas). Ante la negativa de Costa Rica de proveer
dicha información, Nicaragua, en marzo del 2009,
externo nuevamente su preocupación, esta vez ya
no en el marco bilateral, sino frente a los magistrados
en Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya,
con ocasión de los debates orales celebrados en
La Haya ante al CIJ a propósito de los derechos de
navegación en el Río San Juan55. En setiembre del
2009, la Asamblea Legislativa de Nicaragua adoptó
una resolución sobre el tema del proyecto minero de
Las Crucitas, exigiendo, entre otras,
“Solicitar a nuestros homólogos costarricenses, a
través de las instancias regionales correspondientes, la revisión y derogación del Decreto en el que se
declara de interés público y conveniencia nacional el
Proyecto Minero Crucitas, en virtud de que contraviene la legislación ambiental nacional e internacional,
promoviendo binacionalmente un desarrollo humano
sostenible, con amplia participación comunitaria en
el uso de los recursos naturales disponibles.56. Notemos que esta misma resolución evidencia la preocupación por los proyectos mineros que podrían
ubicarse en la cuenca del Río San Juan, y que, para
efectos “internos” solicita en sus numerales 1 y 2 al
Poder Ejecutivo de Nicaragua lo siguiente: “1ro. Exhortar al Gobierno de la República de Nicaragua a
revisar las políticas de promociones y otorgamiento
de concesiones mineras en la Cuenca del Río San
Juan, adecuando la legislación vigente en esta materia para evitar la instalación y operación de empresas
que puedan contaminar el ambiente y causar daños
irreversibles a estos ecosistemas; 2do. Solicitar al
Poder Ejecutivo la CANCELACION inmediata de los
trámites de solicitudes de permisos ambientales y
Juan, valorando las posibilidades de una moratoria
indeﬁnida para la minería química a cielo abierto”.
Es menester indicar que las notables deﬁciencias del
mismo EIA aprobado por la SETENA en Costa Rica
en el año 2005 contrasta singularmente con la gran
cantidad de estudios, proyectos y diagnósticos sobre las peculiares características de la Cuenca del
Río San Juan realizados por diversas instituciones
de ambos países -en forma separada o coordinada
(en particular los realizados a ﬁnales de los años 90
por el PNUMA y la OEA en coordinación con ambos
Estados57.
Algunos cientíﬁcos adelantaron incluso la idea que,
pese a las “seguridades” aportadas por las empresas mineras que operan en zonas tropicales, resulta poco realista pensar que un sistema de lagunas
y/o membranas puedan evitar contaminar el Río San
Juan, en una zona tropical con semejantes índices
de precipitaciones y en una zona propensa a sismos
y huracanes58, recordando lo ocurrido con lagunas de
este tipo en Honduras y el desastre ambiental provocado por deslizamientos y fallas en el sistema de
geomembrana en la Mina de Bellavista de Miramar
en Costa Rica en octubre del 2007. Es de señalar que
este desastre ambiental fue anunciado por cientíﬁcos
y entidades ambientales desde el año 200059 y vaticinado ante los mismos magistrados de la Sala IV en
el 200560, pese a las “seguridades” de SETENA y los
estudios del EIA. La eventual – y muy probable según
varias entidades ambiéntales - contaminación a partir
de los lixiviados (cianuro en particular) de la mina en
el Río San Juan, expondría así a Costa Rica a una
eventual demanda, pero esta vez, de Nicaragua por
daños ambientales a las aguas del Rio San Juan.
El informe AIDA
Reconocidos especialistas dedicados al derecho internacional ambiental dieron a conocer al Estado de
Costa Rica las advertencias del caso (entre otras, el
informe presentado el 19 de agosto del 2008 al Presidente Oscar Arias por la Asociación Interamericana
en la Defensa del Ambiente (AIDA), informe puesto
a conocimiento público en la Facultad de Derecho de
Ver alegatos de Nicaragua, Alegatos orales, Caso Costa Rica vrs Nicaragua, del 5 de marzo del 2009 (Doc. CR2009/4, p. 16.
Disponible en: http://www.icj-cij.org/docket/ﬁles/133/15070.pdf). Así como alegatos del 6 de marzo del 2009 en los que Nicaragua se reﬁere expresamente al proyecto Crucitas como “contaminación potencial” del San Juan en sus argumentos. Doc.
CR2009/5, del 6 de marzo del 2009, p. 59. Disponible en: http://www.icj-cij.org/docket/ﬁles/133/15074.pdf ). El fallo dictaminado
por la CIJ del 13 de julio del 2009 hace eco a esas preocupaciones ambientales “legitimas”, según la CIJ, de Nicaragua (véase
párrafos 88, 89,104, 109, 118, 127 y 141 en particular). Texto oﬁcial del fallo del 13 de julio sobre los Derechos de navegación y
derechos conexos (Costa Rica c. Nicaragua) disponible (inglés y francés) en: http://www.icj-cij.org/docket/ﬁles/133/15322.pdf
Ver texto completo de la Resolución del 23 de septiembre del 2009 de la Asamblea Legislativa de Nicaragua titulada: “Resolución Legislativa sobre las concesiones mineras en la Cuenca del Río San Juan y el Proyecto Minero a Cielo abierto
“Las Crucitas”, en: http://www.asamblea.gob.ni/index.php?option=com_content&task=view&id=904&Itemid=211
OEA, Proyecto Pro Cuenca Rio San Juan de la OEA, Programa conjunto PNUMA/Secretaría de la OEA, entre otros.
En caso de rompimiento de la laguna de desoxidación, o falla o más mínima fuga, la contaminación al Río San Juan se efectuaría en menos de 2 horas, según el geólogo Allan Astorga, ex Secretario Ejecutivo de la SETENA (Semanario Universidad,
“Río San Juan se contaminaría en 2 horas”, edición del 29 de octubre del 2008. http://feconcr.org/Articulos/Rio-San-Juan-secontaminaria-con-cianuro-en-dos-horas.html
CEDERSTAV A, Análisis del Plan de Gestión Ambiental de Bellavista, AIDA, con fecha del 6 de diciembre del 2000
En el 2002, una cientíﬁca (química), Ana Cederstav, había indicado que “ubicar una mina de cielo abierto en una región
montañosa, tropical, propensa a deslizamientos de tierra y lluvias torrenciales es esperar por una inevitable catástrofe/.../”. La
misma cientíﬁca en su comparecencia, esta vez, ante la Sala IV Costa Rica en el 2005 explicó “que el impacto de la perforación
del manto acuífero para la extracción de oro no fue cuantiﬁcado en el Plan de Gestión Ambiental” y que “El PGA no presenta
información sobre los volúmenes de agua que piensan desaguar ni sobre los efectos de este desagüe en los acuíferos o los
ríos que dependen de las aguas subterráneas para su recarga.”. Ver texto de su advertencia en Exp: 04-002626-0007-CO.
Resolución de la Sala IV 2005-05790 del 13 de mayo del 2005.
la Universidad de Costa Rica el 24 de septiembre
del 200861.
Además de varias normas ambientales que derivan
de convenios internacionales ambientales universales (Convención sobre Biodiversidad, Convención
sobre Cambio Climático, y varios convenios centroamericanos suscritos por Costa Rica), se mantiene
como eje principal el principio 2 de la Declaración de
Rio de 1992 que prohíbe a cualquier Estado permitir
actividades productivas susceptibles de provocar algún daño al territorio de otro Estado.
Así como en 1998 Costa Rica pidió explicaciones a
Nicaragua en torno al posible impacto sobre sus legítimos derechos de navegación cuando Nicaragua
promovió un proyecto de ley para la construcción de
un ECOCANAL (y que el súbito interés de Rusia desde agosto del 2008 posiblemente reactive) ahora es
Nicaragua que podría exigirle a Costa Rica que se
cumplan las normas internacionales aplicables a los
cursos de aguas internacionales y el respeto a consideraciones ambientales aplicables al Río San Juan
y reconocidas como “legitimas” por la CIJ en julio del
2009. De ahí que aﬁrmar que “en Crucitas somos soberanos” como externado por el titular del MINAET
el pasado 24 de octubre del 2008 ante el plenario de
la Asamblea Legislativa ameritaría algunos bemoles
cuando se habla de minería química a cielo abierto
en una zona tropical fronteriza como la antes descrita, (bemoles que aún no se han hecho escuchar por
parte de ninguna instancia nacional, ni tan siquiera
en el mismo Poder Legislativo62.
Reacción oﬁcial de Costa Rica
La nota de respuesta del Costa Rica del 16 de septiembre del 2008 a AIDA63 conﬁrma nuevamente la
importancia relativa que le presta a esta advertencia,
como bien lo pudimos leer en el mismo comunicado
de prensa del MRREE de Costa Rica que considera
“improcedente” la solicitud nicaragüense, (comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores
de Costa Rica emitido el pasado 5 de junio del 2008,
paradójicamente, en el día Mundial del Medio Ambiente).
El fallo (nazo) de la Sala Constitucional del 16 de
A penas publicado (en la Gaceta Oﬁcial) el Decreto
de Conveniencia Nacional del proyecto minero Crucitas, el viernes 17 de octubre del 2008, organizaciones y expertos del país presentaron varios recursos
de amparo y recursos de inconstitucionalidad ante
la máxima instancia judicial, la Sala Constitucional
de Costa Rica. Esta ordenó la suspensión de los trabajos hasta tanto resolvía estos recursos, los cuales
fueron acumulados en un solo expediente. Esta instancia judicial emitió si fallo 18 meses después de
presentados los recursos. En su decisión, cuyos considerandos fueron dados a conocer el viernes 16 de
abril del 2010 (como muchos otros Viernes en este
expediente64), y cuyo texto completo fue notiﬁcado el
9 de julio del 2010, la Sala Constitucional de Costa
Rica rechaza todos los recursos de amparo presentado contra el proyecto minero por 5 votos contra 2.
Sobre el tema de las aguas subterráneas, demuestra complacencia rara veces concedida, aceptando
la idea de que los únicos estudios en materia de
aguas subterráneas proveídos por la empresa minera son garantía suﬁciente de ausencia de daño. Incluso, uno de los magistrados que votaron en contra
de la decisión, el magistrado Fernando Cruz Castro
advierte que:” Punto 3- Las graves limitaciones de
recursos de las instituciones estatales encargadas
del medio ambiente, es palpable en el caso de la
concesión de la minería a cielo abierto de crucitas,
ya que SENARA no pudo realizar un estudio hidrogeológico, debiendo validar el que presentó la empresa ECOAMBIENTE S.A. y que fue sufragado por
la misma corporación que gestiona la concesión (los
itálicos son nuestros)"65. Por su parte el Magistrado
Gilberth Armijo, al votar en contra de esta decisión
en un Voto Salvado más detallado, expresa clara-
Ver nota en: http://www.aida-americas.org/email/updates/2008_10.html Y nota de prensa titulada “Con minería en Las Crucitas,
Costa Rica viola derecho internacional” del 25 de septiembre disponible en un medio digital costarricense : http://www.elpais.
co.cr/NACIONALES/0908686.html
En una reunión celebrada en Antigua (Guatemala) en Diciembre del 2008, varios parlamentarios centroamericanos, incluyendo la actual Vicepresidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, Maureen Ballesteros, ﬁrmaron una Declaración Final
llamando los Estados a aplicar la Convención de 1997. Ver Declaración Final de Antigua, Diciembre del 2008 auspiciado por el
Global Water Partnership (GWP). Disponible en: http://www.gwpcentroamerica.org/uploaded/content/event/889753255.pdf
Ver texto completo de la respuesta del Señor Bruno Stagno, Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica en: http://www.
aida-americas.org/templates/aida/uploads/docs/RespuestaCrucitas.pdf
Ver reciente análisis sobre los “viernes” y los “diciembres” que se acumulan en este polémico expediente en ASTORGA GATTGENS A.,GONZALEZ BALLAR R., BOEGLIN N., SAGOT A, “Crucitas y la supuesta inseguridad jurídica”, Diario La Extra, 7
de diciembre del 2010. Disponible en: http://www.diarioextra.com/2010/diciembre/07/opinion07.php.
Ver también ASTORGA A., “Crucitas y las lecciones aprendidas para el desarrollo de proyectos de inversión,” Diario La Extra,
29 de marzo del 2011. Disponible en: http://www.diarioextra.com/2011/marzo/29/opinion04.php
Nota separada del Magistrado Fernando Cruz C al voto de la Sala Constitucional del 16 de abril del 2010., El magistrado va
mucho mas allá al explicar que: “Punto 2:- En proyectos de trascendencia medioambiental, el estudio de impacto ambiental
(EIA) debe tener un procedimiento de control y evaluación que no dependa, exclusivamente, del Poder Ejecutivo; en este sentido, se podría potenciar un régimen jurídico legal que le reconozca a los centros universitarios del país un mayor protagonismo
en el análisis y evaluación de los estudios de impacto ambiental. El fortalecimiento de la instancia de control y evaluación es
conveniente, porque no puede ignorarse que el estudio de impacto ambiental lo ﬁnancia la empresa que pretende demostrar
que su actividad no contraviene las exigencias del artículo cincuenta de la Constitución”.
mente que; “El proyecto, que en este momento se
pretende llevar a la realidad, es completamente distinto al que, en un inicio, se planteó ante la SETENA
y al cual se le otorgó la correspondiente viabilidad
ambiental, como resultado de la aprobación de una
evaluación de impacto ambiental que ﬁscalizó obras
diametralmente distintas a las que ahora se está intentando ejecutar. Pero, además, se autorizó la actividad sin que existiera un estudio integral elaborado
por el SENARA de la afectación del recurso hídrico
en la zona. A pesar de que existen estudios locales,
sobre el área del proyecto, bastante especíﬁcos, no
se efectuaron análisis regionales para determinar la
inﬂuencia entre los mantos acuíferos, incluido el que
será utilizado para la laguna de relaves. Al estimar el
amparo, la mayoría de la Sala se fundamenta, precisamente, en esa omisión, pero resulta contradictorio
con la protección del ambiente tenerla por subsanada con un estudio propuesto por la ﬁrma minera interesada, con un simple aval del Gerente del Servicio
Nacional mencionado” (lo itálicos son nuestros)66.
A raíz de declaraciones públicas de magistrados según los cuales “los estudios técnicos de SENARA
avalan el proyecto”, las reacciones no se hicieron esperar, tanto de especialistas y universitarios67, como
de los mismos funcionarios de SENARA68, en particular de sus hidrogeólogos, quedando en evidencia
la inexplicable (e inexplicada…) complacencia de 5
de los 7 magistrados de la Sala Constitucional. En
varios artículos en medios de prensa advirtiendo del
grave error de las magistrados, se concluía que “La
duda persiste, y es una muy importante, dado que
se estaría poniendo en peligro un recurso natural estratégico muy relevante para el país y que incluso
podría tener consecuencias internacionales, en caso
de que se demuestre que es un acuífero regional
de tipo internacional (“acuífero transfronterizo” según la nomenclatura de las Naciones Unidas, la cual
ya tiene aprobado un anteproyecto de convención
respecto al “Derecho aplicable a los acuíferos transfronterizos”, aprobado por la Asamblea General de la
ONU en enero del 2009). La duda debe ser aclarada,
con el debido criterio cientíﬁco e imparcial, antes de
que se tome cualquier decisión sobre la minera en
Crucitas”69.
La controversia provocada por este proyecto minero
que, con el pasar de los años, hubiera ineludiblemente terminado en una posible demanda ante un tribunal internacional de Nicaragua contra Costa Rica,
fue frenada gracias a la acción persistente y contundente de pequeñas organizaciones de la sociedad
civil costarricense ante tribunales de justicia locales
contra el accionar de su propio Estado. El discurso
ambiental oﬁcial proclamado por Costa Rica desde
décadas quedó en entredicho con este polémico proyecto apoyado por las máximas autoridades, y que
se inscribe en una peligrosa tendencia en Costa Rica
. Este gran desgaste para el país evidenció una extraña complacencia de sus autoridades en relación a
este proyecto minero, ubicado en una frágil zona tropical. La polémica decisión de la Sala IV de rechazar
de plano, de manera extrañamente aventurada, los
18 recursos de amparo en su decisión del 16 de abril
del 2010 despertó en su momento reacciones sumamente fuertes de especialistas en Costa Rica71, y posiblemente Nicaragua tenía previsto hacer referencia
a este proyecto en sus contiendas internacionales.
Era sin contar con los recursos pendientes del Tribunal Contencioso Administrativo, el cual, en una contundente decisión de justicia, anula la mayoría de los
permisos y concesiones otorgadas por Costa Rica a
esta empresa minera. La suspensión ordenada por
el Tribunal Contencioso Administrativo, y pendiente
de una apelación, no permitió lamentablemente evitar una nueva “sanjuanización” de la compleja agenda bilateral entre ambos países (suspendida por casi
10 años en razón de la controversia iniciada en 1998
por los derechos de navegación en el río San Juan,
objeto de una demanda interpuesta en setiembre del
2005 por Costa Rica ante la CIJ, y que culminó tan
solo con el fallo del 13 de julio del 2009 de la CIJ). En
efecto, en noviembre del 2010, Nicaragua emprendió
Voto salvado, Magistrado Gilberth Armijo.
Véase ASTORGA A., “Hidrogeología, Senara y Crucitas”, Diario la Extra, 8 de junio del 2010. Disponible en: http://www.
diarioextra.com/2010/junio/08/opinion07.php. En el mismo sentido, BOEGLIN N., “Minería química y acuíferos transfronterizos,
Semanario Universidad, 8 de junio del 2010, Disponible en: http://semanario.ucr.ac.cr/index.php/opinion/71-opinion/2366-mineria-quimica-y-acuiferos-transfronterizos.html
Véase RAMIREZ M., “Senara y Crucitas: cosas que se dicen”, La Nación, 4 de mayo del 2010. Disponible en: http://www.
nacion.com/2010-05-05/Opinion/Foro/Opinion2360368.aspx
Véase ASTORGA A., “Hidrogeología, Senara y Crucitas”, Diario la Extra, 8 de junio del 2010. Disponible en: http://www.diarioextra.com/2010/junio/08/opinion07.php.
Ver reports de prensa tales como, entre muchos otros, ROGERS T., “Costa Rica´s President: it is no easy staying green “Times
Magazine, Oct. 10, 2009. Disponible en: http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1927452,00.html; CAROIT J., “Costa
Rica: objectif zéro carbone pour 2021 ». Le Monde, 10 Novembre 2009. Disponible en: http://mobile.lemonde.fr/planete/article/2009/11/10/costa-rica-objectif-zero-carbone-pour-2021_1265460_3244.html . En el ámbito del desarrollo turístico costero,
una tendencia similar es analizada en FERNANDEZ FERNANDEZ E., “Les aires sauvages protégées et le développement
touristique au Costa Rica”, Edudes offertes au professeur René Hostiou, Paris, Litec, 2009, pp.137-150.
Véase: ASTORGA A., Alcances de la sentencia de la Sala IV sobre Crucitas, (20 de abril del 2010) Disponible en: http://www.
nacion.com/2010-04-20/Opinion/Foro/Opinion2340939.aspx o las reacciones inmediatas de universitarios el día en que se dictaminó la sentencia del 16 de abril del 2010: “La lucha contra la minería metálica en Costa Rica a penas comienza. Disponible”
http://www.elpais.cr/articulos.php?id=22399
el dragado del Río San Juan en la parte terminal de
este curso de agua internacional, colocando a ambos
países en una crisis diplomática sin precedentes. En
las declaraciones oﬁciales dadas días después de
iniciar la controversia, Nicaragua adelanto una posible demanda en materia ambiental contra Costa
Rica, que al ﬁnal no fue presentada. La solicitud de
medidas provisionales a la CIJ por parte de Costa
Rica fue acordada en parte por la CIJ en su decisión
del 8 de marzo del 201172.
Lo cierto es que los posibles efectos que hubiera provocado el proyecto minero de Crucitas o los daños
ambientales ocasionados por el dragado efectuado
por Nicaragua, o, el día de mañana, los efectos en
el Río San Juan de la sedimentación y contaminación de los ríos costarricenses que terminan en el
San Juan (Río Sarapiquí, Rio San Carlos, Rio Frío,
entre otros) o provenientes del Lago de Nicaragua,
constituyen un terreno fértil para que ambos Estados busquen establecer mecanismos de información
y notiﬁcación para conservar y salvaguardar los frágiles ecosistemas del Río San Juan. Una demanda
por daños ambientales en instancias internacionales
de uno u otro probablemente signiﬁcaría indemnizaciones millonarias73. Los pronósticos cada vez más
agobiantes sobre el calentamiento global, la vulnerabilidad de los bosques tropicales, las necesidades
en agua potable, la pérdida de la biodiversidad son
elementos que deberían de sopesar debidamente
Costa Rica y Nicaragua, y los demás países de la
región centroamericana, antes de exponerse ante la
comunidad internacional y al derecho que la rige.
Desde el punto de vista de la región centroamericana, la Convención de 1997 – aún no ratiﬁcada por
ningún Estado de la región – y la resolución de la
Asamblea General de la ONU del 2009 sobre acuíferos transfronterizos debieran de servir de plataforma
política y normativa para relanzar la idea de una gestión hídrica integrada venida a menos en los últimos
años en la región74.
Sobre un intento de explicar los alcances de esta decisión, ver BOEGLIN N., La decisión de la CIJ del 8 de marzo : balance y perspectivas, La Nación, 9 de marzo del 2011, Disponible en: http://www.nacion.com/2011-03-10/Opinion/Foro/Opinion2709459.aspx
Para tener una idea de los costos de indemnización en materia ambiental, 1 metro cúbico contaminado de agua dulce se
indemniza, según los parámetros ambientales internacionales, en unos 500 US$.
Nos referimos a un conjunto de planes de acción, diagnósticos adoptados en el marco de la región (iniciativa Alianza para el
Desarrollo Sostenible (ALIDES), Plan Regional de la Región Centroamericana (PARCA) (1999) y el Plan Centroamericano del
Agua (PACADIRH) aprobado en el 2000 y la Política Centroamericana para la Conservación y Uso Racional de los Humedales
La protección de las aguas subterráneas Los acuíferos son
BM sigue viendo logros.p65