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Timestamp: 2019-08-25 20:29:07
Document Index: 177005149

Matched Legal Cases: ['artículo 63', 'artículo 115', 'artículo 116', 'artículo 90', 'artículo 414', 'artículo 90', 'artículo 414']

﻿ SENTENCIA IJ-4 DE MAYO 30 DE 2002
SENTENCIA IJ-4 DE 30 DE MAYO DE 2002
CONTENIDO:SUSPENSIÓN EN EL EJERCICIO DEL CARGO POR ORDEN DE JUEZ PENAL. EL PERJUDICADO DEBE RECLAMAR MEDIANTE ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, CÓDIGO DISCIPLINARIO ÚNICO, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, JUEZ PENAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:384 DE DICIEMBRE DE 2003, PÁG.2354
Sentencia IJ-4 de mayo 30 de 2002
SUSPENSIÓN EN EL EJERCICIO DEL CARGO POR ORDEN DE JUEZ PENAL
EL PERJUDICADO DEBE RECLAMAR MEDIANTE ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
EXTRACTOS: «El asunto de fondo consiste en dilucidar los derechos salariales y prestacionales que el actor reclama por el tiempo en que estuvo suspendido en el ejercicio de su cargo desempeñado en el Instituto Departamental de Tránsito y Transporte del Tolima, por orden del antiguo Juzgado Tercero Penal Aduanero de Bogotá, habida cuenta de que fue exonerado de toda responsabilidad dentro de la investigación, para adelantar la cual se le suspendió.
Para la rama ejecutiva no existe norma alguna de que autorice en esos casos de suspensión por orden judicial, el pago de sueldos y prestaciones dejados de devengar cuando el empleado o funcionario es absuelto o cesa en su favor el procedimiento, o cuando por prescripción o por cualquier otra razón se revoca la orden de suspensión en el ejercicio del cargo.
Ciertamente cuando se trate de suspensión como medida precautelativa para adelantar una investigación de naturaleza disciplinaria, el Decreto 1950 de 1973 y las normas posteriores, como la Ley 13 de 1984, y el Decreto 482 de 1985, vigentes para la época de los hechos y aplicables por mandato del artículo 63 de la Ley 4ª de 1990, contemplaban la posibilidad de pago de sueldos y prestaciones si no se imponía sanción disciplinaria de destitución o de suspensión o si la impuesta era inferior al término de la separación provisional del servicio.
En la actualidad, la Ley 200 de 1995, Código Disciplinario Único, prevé la suspensión provisional del investigado disciplinariamente en las condiciones señaladas en el artículo 115 y el derecho del servidor suspendido al reconocimiento y pago de las remuneración dejada de percibir durante el lapso de la suspensión, en los casos enlistados en el artículo 116. Ejercido el control de estas normas por la Corte Constitucional, fueron declaradas exequibles mediante sentencia C-280 de 1996.
Sin embargo la situación es diferente en cada caso. En estas hipótesis la orden de suspensión proviene del superior jerárquico del empleado o funcionario o de la procuraduría, para facilitar el adelantamiento de una investigación disciplinaria. Si esta no culmina con la imposición de una sanción, o se impone una sanción inferior al término de la suspensión, el empleado o funcionario suspendido debe recibir como restablecimiento de sus derechos, el pago de los sueldos y prestaciones dejados de percibir durante la suspensión precautelativa; así lo previó la ley.
Así entiende la Sala que por aplicación de dicho artículo 90 puede lograrse la reparación del daño causado, mas no por la vía intentada por el actor en este proceso, en el cual en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se controvierte u acto administrativo ficto que a la luz de las disposiciones invocadas como violados es legal, puesto que para cancelar los sueldos y prestaciones reclamados, la entidad demandada no cuenta con autorización de la ley ni le es dado aplicar analógicamente otras normas que regulan situaciones diferentes y por lo mismo no puede deducírsele responsabilidad, de manera automática, sino a través del ejercicio de la acción de reparación directa.
El panorama de la responsabilidad del estado, por acción u omisión de sus agentes judiciales, se amplió y precisó por el legislador el que, con posterioridad a los hechos que se juzgan, previó en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal la indemnización por privación injusta de la libertad y posteriormente, en los artículos 65 y siguientes de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la justicia, destinó un capítulo a la responsabilidad del Estado y de sus funcionarios y empleados judiciales, estableciendo la responsabilidad patrimonial por los daños antijurídicos causados por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad.
Las normas anteriormente comentadas, es decir, el artículo 90 de la Constitución, los artículos 65 y siguientes de la Ley 270 de 1996 y el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal que consagra la responsabilidad por privación injusta de la libertad, son las llamadas hoy a garantizar la protección del empleado o funcionario injustamente suspendido de su cargo por orden judicial, pero ni antes de su expedición, ni ahora, puede ello perseguirse a través del ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra un acto que, como ocurre en el caso sub examine, no resulta contrario a normas superiores de derecho y del cual no se puede derivar una condena para quien se limitó a ejecutar una orden de un juez de la república que indudablemente era de obligatorio cumplimiento.
Naturalmente en ejercicio de la acción de reparación directa, el empleado o funcionario tendrá la posibilidad de demostrar dentro del proceso respectivo, que se le ocasionó un daño antijurídico o que se dan los supuestos contemplados en la preceptiva citada, y obtener, si es el caso, el resarcimiento del daño causado, el cual podría comprender el pago de lo dejado de devengar en el evento analizado.
Como en el caso de autos se acudió a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y el acto ficto acusado no resulta contrario a las normas superiores invocadas en la demanda, habrá de confirmarse la sentencia en cuanto negó a la petición de pago de salarios y prestaciones dejados de devengar durante el término de suspensión de su empleo por orden judicial».
(Sentencia de mayo 30 de 2002. Expediente IJ-004. Consejero Ponente: Dr. Alberto Arango Mantilla).
EXTRACTOS: «Con el debido respeto me permito exponer las razones que me motivan a disentir de la decisión mayoritaria que se abstuvo de imponer en contra del nominador del empleado suspendido el reconocimiento de los salarios y las prestaciones dejadas de percibir en cumplimiento de una orden judicial que posteriormente fue revocada.
En la providencia de la cual me aparto, se esgrime como tesis la improcedencia de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y la viabilidad de la de reparación directa para lograr el reintegro de las sumas de dinero de cuyo goce estuvo privado el actor por causa de una orden judicial que resulta a posteriori revocada.
La decisión judicial de suspender el pago de los salarios y prestaciones, no implica el rompimiento de la relación laboral porque la orden de suspensión contiene una condición resolutoria consistente en el futuro incierto del proceso, luego como el acto de suspensión no conlleva extinguir el vínculo laboral, es apenas comprensible que desaparecida la condición suspensiva que pasaba sobre el derecho a la remuneración, se retrotraigan plenamente los efectos de tal suceso, recayendo sobre el nominador la obligación de reintegrar las sumas de dinero dejadas de pagar.
En este orden de ideas, estimo que para radicar en el nominador el deber de pagar los salarios y prestaciones en la hipótesis contemplada, no se requiere de un precepto normativo que establezca dicha obligación, pues es de elemental justicia que habiendo sido privado el empleado de su medio vital de subsistencia por causa de una medida que no implica extinción de la relación laboral, una vez que esta sea revocada lo pertinente es permitir que se retrotraiga plenamente en sus efectos, volviendo las cosas a su estado inicial.
Así mismo, bien podría el empleado acudir a la mencionada acción para reclamar al causante directo del daño los perjuicios que la medida de suspensión de salarios y prestaciones le irrogó, pero ello no significa, en términos de la tesis mayoritaria, que únicamente cuente con este mecanismo procesal, pues si lo prefiere, está igualmente facultado para instaurar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra su nominador, y en esta circunstancia, se configura un conflicto de naturaleza estrictamente laboral, propio del vínculo laboral que indudable e indiscutiblemente existe entre el empleado y su empleador»