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Timestamp: 2018-05-24 23:38:31
Document Index: 216943385

Matched Legal Cases: ['Artículo 34', 'Artículo 34', 'Artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 336', 'artículo 25', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 30']

Pandectas Digital: Sentencia N° 55 de fecha 2 de marzo de 2016 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que establece con carácter vinculante la interpretación constitucionalizante de la segunda parte del Artículo 34 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana
Sentencia N° 55 de fecha 2 de marzo de 2016 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que establece con carácter vinculante la interpretación constitucionalizante de la segunda parte del Artículo 34 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana
Sentencia N° 55 de fecha 2 de marzo de 2016 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que establece con carácter vinculante la interpretación constitucionalizante de la segunda parte del Artículo 34 (hoy 30) del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana y, a tal efecto, debe entenderse que: “La renuncia del juez investigado o jueza investigada disciplinariamente ante el Tribunal Disciplinario Judicial, manifestada antes de la decisión respectiva, no paralizará la causa. Si la decisión sobre la investigación da origen al juicio y la decisión definitiva del proceso dispone de la aplicación de la sanción disciplinaria de destitución, la renuncia será considerada maliciosa y de pleno derecho dará lugar a la inhabilitación para el desempeño de funciones dentro del Sistema de Justicia desde dos años hasta por un máximo de quince años en atención a la gravedad de la falta cometida, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.885 de fecha 14 de abril de 2016 y en la Gaceta Judicial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 63 de fecha 3 de mayo de 2016.
El 6 de febrero de 2015, el abogado Neill Jesús Reaño García, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 56.527, actuando con el carácter de apoderado judicial –según consta en autos- de la ciudadana EDY SIBONEY CALDERÓN SUESCÚN, venezolana, mayor de edad, abogada inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 35.075, titular de la cédula de identidad N° 5.675.425 y “[…] Jueza Titular Superior Cuarta (antes integrante de la extinta Corte Superior Primera) del Circuito Judicial del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional […]”; solicitó la revisión constitucional de la decisión N° 36, publicada el 1 de octubre de 2014, por la Corte Disciplinaria Judicial, mediante la cual se dictaron los siguientes pronunciamientos: “[…] PRIMERO: PERIMIDO el recurso de apelación interpuesto por la ciudadana Andreína Ibarra de Carlo… en su carácter de Inspectora de Tribunales, en contra de la Sentencia Nº TDJ-SD-2013-161, dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial, en fecha 19 de noviembre de 2013. SEGUNDO: ANULA de oficio el particular sexto de la sentencia recurrida, referido a la orden de reincorporación de la jueza denunciada, por encontrarse inficionado del vicio de falta de aplicación de una norma jurídica. TERCERO: SE INHABILITA a la ciudadana EDY SIBONEY CALDERÓN SUESCÚN… para el desempeño de funciones dentro del Sistema de Justicia, por un periodo de tres (3) años contados a partir de la publicación de la presente decisión, en gaceta oficial (sic) de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con el artículo 34 del Código de Ética. CUARTO: IMPROCEDENTE la solicitud realizada en fecha 12 de agosto de 2014, por el ciudadano NEIL (sic) JESUS REAÑO… en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana EDY SIBONEY CALDERON”.
En reunión de Sala Plena del 11 de febrero de 2015, se eligió la Junta Directiva de este Tribunal Supremo de Justicia, quedando constituida la Sala Constitucional de la siguiente manera: Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, en su condición de Presidenta, el Magistrado Arcadio Delgado Rosales, en su condición de Vicepresidente y los Magistrados y Magistradas Francisco Antonio Carrasquero López, Luisa Estella Morales Lamuño, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán y Juan José Mendoza Jover, siendo ratificada como ponente la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán.
El 22 de diciembre de 2015, el abogado Neill Jesús Reaño García, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 56.527, actuando con el carácter de apoderado judicial –según consta en autos- de la ciudadana EDY SIBONEY CALDERÓN SUESCÚN, venezolana, mayor de edad, abogada inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 35.075, titular de la cédula de identidad N° 5.675.425, solicitó “aclaratoria y ampliación” de la sentencia N° 1756 del 21 de diciembre de 2015.
El 7 y 20 de enero y, el 19 de febrero de 2016, la parte actora solicitó pronunciamiento respecto a la solicitud de “aclaratoria y ampliación” solicitada.
Realizado el estudio individual del expediente, esta Sala procede a pronunciarse respecto de la solicitud sobre la base de las consideraciones siguientes:
El apoderado judicial de la ciudadana EDY SIBONEY CALDERÓN SUESCÚN, solicitó “aclaratoria y ampliación” de la sentencia N° 1756 dictada por esta Sala el 21 de diciembre de 2015, en los siguientes términos:
Que “[…] la sentencia N° 1756, de fecha 21 de diciembre de 2015 N° 1756, dictada por esta honorable Sala Constitucional, establece la nulidad parcial de la sentencia N° 36 publicada el 1 de octubre de 2014, por la Corte Disciplinaria Judicial, la cual estableció:
En vista de lo anteriormente expuesto, considera esta alzada que lo procedente en el presente caso es declarar perimido el recurso de apelación presentado por la representación de la IGT, anular de oficio el particular de la sentencia recurrida, referido a la orden de reincorporación de la jueza denunciada, por encontrarse inficionado del vicio de falta de aplicación de una norma jurídica y consecuentemente, teniendo por maliciosa la renuncia presentada por la ciudadana EDY SIBONEY CALDERÓN SUESCÚN, declarar su inhabilitación para el desempeño de funciones dentro del Sistema de Justicia, por un periodo de tres (3) años contados a partir de la publicación de la presente decisión, en gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Y así se decide”.
Que “[…] la Corte Disciplinaria Judicial dictaminó, en primer lugar, perimido el recurso de apelación presentado por la Inspectoría General de Tribunales y, en segundo lugar, anuló la orden de reincorporación de la jueza denunciada por cuanto el a quo no aplicó el artículo 34 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, al considerar maliciosa la renuncia lo que, por vía de consecuencia acarrea la inhabilitación por un periodo de tres (3) años; es decir, la inhabilitación per se anulaba la orden de reincorporación de mi representada”.
Que “[…] la sentencia de esta honorable Sala Constitucional de este Máximo Tribunal dispone que ‘ciertamente, la renuncia constituye un acto voluntario, sin embargo, en el caso de los jueces y juezas de la República Bolivariana de Venezuela, esa manifestación de voluntad de querer separarse voluntariamente del cargo debe ser aceptada para que surta los efectos legales correspondientes’, y siendo que en el presente caso al no ser aceptada la renuncia, la misma no produce efecto legal alguno, máxime cuando esta Sala claramente dictaminó que no puede considerarse maliciosa la renuncia si la misma no está acompañada de una falta grave que genere como consecuencia la destitución”.
Que “[…] como enfáticamente estableció esta Sala, en el presente caso la sanción versó sobre una amonestación escrita que no es causa de separación del cargo, razón por la cual la declaratoria de reincorporación de mi representada debe quedar incólume, pues ella fue anulada por la Corte Disciplinaria por el hecho de imponer una sanción de inhabilitación para el desempeño de funciones dentro del Sistema de Justicia, por un periodo de tres (3) años, es decir, por vía de consecuencia, lo contrario sería una lesión idéntica a la inhabilitación en virtud que los precitados dictámenes están estrechamente vinculados, por cuanto lo pretendido es restablecer la situación jurídica infringida, mediante la cual se sometió a una Jueza Titular por concurso, quien no tiene en su expediente, durante su larga trayectoria, más que la sanción escrita de amonestación, impuesta en un juicio que lleva más de cinco (5) años, motivo por el cual, lo más justo es que se le regrese su empleo por quien lo ha dado todo, y lo que ha motivado su lucha”.
Que “[l]a presente solicitud de aclaratoria y ampliación constituye un mecanismo que permite determinar el alcance exacto de la voluntad del órgano decisor, con la finalidad de su correcta comprensión, sobre todo cuando esta Sala Constitucional, a través de un maravilloso fallo, dejó sentado que no puede haber una sanción tan desproporcionada para un caso donde solo se ha establecido la mínima sanción como lo es una amonestación escrita, es por ello que solicitamos muy respetuosamente que se declare de forma expresa la reincorporación de la ciudadana EDY SIBONEY CALDERÓN SUESCÚN, en resguardo de sus garantías constitucionales y en pro de sus derechos humanos”.
Preliminarmente es necesario acotar que en el caso sub lite la solicitud de “aclaratoria y ampliación” versa sobre una decisión en ejercicio de la potestad prevista en el numeral 10 del artículo 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, discrecionalidad que opera frente a la estimación de circunstancias limitadas constitucionalmente y definidas en el fallo Nº 93/2001, caso: CORPOTURISMO y en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia; y a fin de velar por la uniforme interpretación y aplicación de la Constitución, se efectuó una interpretación constitucionalizante sobre el sentido y alcance que debe dársele a la segunda parte del artículo 34 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, para evitar así un desequilibrio en la aplicación de las sanciones.
La parte actora solicitó la revisión constitucional de la decisión N° 36, publicada, el 1 de octubre de 2014, por la Corte Disciplinaria Judicial, mediante la cual se dictaron los siguientes pronunciamientos: “[…]PRIMERO: PERIMIDO el recurso de apelación interpuesto por la ciudadana Andreína Ibarra de Carlo… en su carácter de Inspectora de Tribunales, en contra de la Sentencia Nº TDJ-SD-2013-161, dictada por el Tribunal Disciplinario Judicial, en fecha 19 de noviembre de 2013. SEGUNDO: ANULA de oficio el particular sexto de la sentencia recurrida, referido a la orden de reincorporación de la jueza denunciada, por encontrarse inficionado del vicio de falta de aplicación de una norma jurídica. TERCERO: SE INHABILITA a la ciudadana EDY SIBONEY CALDERÓN SUESCÚN… para el desempeño de funciones dentro del Sistema de Justicia, por un periodo de tres (3) años contados a partir de la publicación de la presente decisión, en gaceta oficial (sic) de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con el artículo 34 del Código de Ética. CUARTO: IMPROCEDENTE la solicitud realizada en fecha 12 de agosto de 2014, por el ciudadano NEIL (sic) JESUS REAÑO… en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana EDY SIBONEY CALDERON”.
No obstante lo anterior, visto que en la sentencia objeto de aclaratoria esta Sala Constitucional efectuó una interpretación constitucionalizante de la segunda parte del artículo 34 “Renuncia Maliciosa” del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana publicado en la Gaceta Oficial N° 39.493 del 23 de agosto de 2010, texto normativo que fue modificado mediante Gaceta Oficial N° 6.207 Extraordinario, publicada el 28 de diciembre de 2015, esta Sala como custodio de los derechos fundamentales previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en su deber de adecuar constitucionalmente, mediante su labor interpretativa, aquellas disposiciones legales cuya aplicación menoscaben tales derechos, debe precisar lo siguiente:
El nuevo Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana reformado mediante Gaceta Oficial N° 6.207 Extraordinario, publicada el 28 de diciembre de 2015, consagró igualmente en su artículo 30 la“Renuncia Maliciosa” en los siguientes términos: