Source: http://webs.ucm.es/info/especulo/numero37/censurep.html
Timestamp: 2017-12-13 22:49:25
Document Index: 270326

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 13', 'artículo 20', 'artículo 105', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 34', 'artículo 1', 'artículo 22', 'artículo 1', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 28', 'artículo 39', 'Artículo 13']

Carmen Martínez Pineda: La política informativa del I Bienio republicano y sus efectos en la prensa literaria (I Parte)- nº 37 Espéculo (UCM)
La política informativa del I Bienio republicano
y sus efectos en la prensa literaria
Resumen: El régimen de prensa durante la II República estuvo dominado por la censura, primero soterrada y más tarde instaurada oficialmente y sin tapujos. Con los gobiernos del I Bienio, la prensa vivió la esquizofrenia legal de disponer de una libertad expresamente declarada en la Constitución de 1931 y literalmente vapuleada por otras disposiciones menores que se alumbraron con el único propósito de establecer cotos precisos. Del control tácito que realizó el gabinete provisional se pasaría, tras la elección a Cortes Constituyentes, a una situación de cerco escrupuloso, alentada por la ley de Defensa de la República. La escalada de control desembocó en la Ley de Orden Público, con la que el gobierno se arrogaba la potestad de suspender garantías constitucionales y que se convertiría, con la derecha y en la etapa final del Frente Popular, en un arma legitimadora de la censura previa.
Palabras clave: censura de prensa, república española, I Bienio
El régimen de prensa durante la II República estuvo dominado por la censura, primero soterrada y más tarde instaurada oficialmente y sin tapujos. Con los gobiernos del I Bienio, la prensa vivió la esquizofrenia legal de disponer de una libertad expresamente declarada en la Constitución de 1931 y literalmente vapuleada por otras disposiciones menores que se alumbraron con el único propósito de establecer cotos precisos. Del control tácito que realizó el gabinete provisional se pasaría, tras la elección a Cortes Constituyentes, a una situación de cerco escrupuloso, alentada por la ley de Defensa de la República. La escalada de control desembocó en la Ley de Orden Público, con la que el gobierno se arrogaba la potestad de suspender garantías constitucionales y que se convertiría, con la derecha y en la etapa final del Frente Popular, en un arma legitimadora de la censura previa.
La etapa del Gobierno Provisional: el Estatuto Jurídico y el inicio del control
En abril de 1931 unas simples elecciones municipales provocaban el derrumbe de la monarquía española y la instauración de la II República. Los partidos victoriosos constituían, el 14 de abril, un gobierno provisional que aglutinó a fuerzas políticas de todos los espectros ideológicos unidas con la etiqueta común de su filiación republicana y las primeras medidas adoptadas, en materia de prensa, por el flamante gabinete mostraban un talante conciliador que no tardaría en modificarse para socavar amenazas latentes. En las primeras veinticuatro horas de gestión, el nuevo presidente de la II República, Niceto Alcalá Zamora, firmaba un decreto de amnistía por delitos políticos y de imprenta que en su alocución pública del día 15 justificaba en la necesidad de impulsar la transformación del país y de afianzar la libertad de la que los españoles habían carecido hasta el momento. Alcalá Zamora presentaba el texto sin escatimar en elogios complacientes:
“Hemos comenzado a trabajar con ahínco, a fin de crear un ambiente de justicia y respeto desconocidos hasta hoy en nuestra España, e inspirado en ese empeño el Gobierno ha redactado, entre otros, el decreto de amnistía, sin afán revanchista, en un alarde de benevolencia hacia los oponentes rivales del régimen anterior”. [1]
La resolución beneficiaba, por supuesto, a algunos de los prohombres del gobierno naciente, entre ellos el mismísimo Manuel Azaña, que sería absuelto de la querella criminal que la Fiscalía le había interpuesto apenas dos semanas antes por un artículo publicado en La Tierra, paradójicamente uno de los periódicos más fieramente perseguidos durante el I Bienio por su enconada actitud de rebeldía contra el ejecutivo.
A pesar de sus aspiraciones optimistas, el decreto de amnistía que el gabinete provisional presentó a bombo y platillo se confirmaba a las pocas semanas como una quimera difícil de sostener desde el poder. La indulgencia fue, en consecuencia, efímera. En su segundo día de gestión el gobierno comenzaba a construir el armazón del aparato fiscalizador con el que intentaría encorsetar la presunta libertad de prensa y aprobaba el Estatuto Jurídico de la República, un documento transitorio de reconocimiento de los derechos fundamentales que servía de precedente inmediato de la Constitución. El artículo 6 declaraba que el ejecutivo aspiraba a ensanchar los derechos ciudadanos, pero el talante liberal tenía sus justos límites y ese mismo artículo fijaba cortapisas tajantes:
“El Gobierno provisional, en virtud de razones que justifican la plenitud de su poder, incurriría en verdadero delito si abandonase la República naciente a quienes desde fuertes posiciones seculares y prevalidos de sus medios, pueden dificultar su consolidación. En consecuencia, el Gobierno provisional podrá someter temporalmente los derechos del párrafo 4° a un régimen de fiscalización gubernativa, de cuyo uso dará asimismo cuenta circunstanciada a las Cortes Constituyentes” [2]
La disposición con que se estrenó el gobierno anticipaba el carácter restrictivo que en el ámbito informativo desempeñaría la Ley de la Defensa de la República y enlazaba con los argumentos que, sin distinciones, mantuvieron todos los ministros, al margen de sus afectos ideológicos: la necesidad de velar por la supervivencia del régimen, aunque ello conllevase menoscabos de la libertad individual o contraviniera preceptos constitucionales.
El Bienio Reformista sentó las bases de toda la ordenación jurídica que en el sector periodístico tuvo vigencia durante los cinco años de vida de la institución republicana y planteó ciertas orientaciones marcadamente limitadoras que el bloque de derechas aplicaría en su integridad durante el Bienio Negro. El marco regulador de la actividad periodística fue siempre la ley de policía e imprenta de 1883 que, en su artículo 13, reconocía el derecho de todo español de “emitir libremente sus ideas y opiniones, ya de palabra, ya por escrito, valiéndose de la imprenta, o de otro procedimiento semejante, sin sujeción a la censura previa”. [3] Pero sucesivos textos legales, elaborados con el único propósito de plantear excepciones que otorgaran al gobierno mayor discreción, graduaron e intensificaron el cariz coercitivo sobre la prensa.
El primero y el más laxo era el Estatuto Jurídico, en virtud del cual el gobierno se atribuía competencias para derogar derechos fundamentales bajo el pretexto de proteger a la República de los ataques de sus adversarios. El segundo, la Ley de Defensa de la República, ascendía un peldaño en la escalada paulatina de control al permitir al gobierno imponer sanciones y correctivos de consideración a todo aquél que agrediera a la República. El tercero y último, la Ley de Orden Público, dejaba atrás los tapujos y, sin más vericuetos, autorizaba al gobierno a decretar la censura previa cuando se declarasen determinados estados de excepción.
La ley de 1883 siguió vigente, pero relegada prácticamente a un papel decorativo, de escasa o nula utilidad, ya que las licencias de intromisión gubernativa que los diferentes textos normativos concedieron al ejecutivo impidieron su aplicación efectiva. La libertad de la que el gobierno alardeaba era un escaparte nebuloso. Aunque la censura no se desempeñara por vía administrativa, a través de un gabinete oficial, en la práctica los secuestros de periódicos, la clausura de imprentas y la suspensión de rotativos se sucedieron sin interrupción y fueron especialmente enérgicos en momentos de mayor convulsión.
La prueba de fuego para el talante demócrata del nuevo gobierno llegó a un mes escaso de su proclamación. El 10 de mayo de 1931 una reunión en el Círculo Monárquico Independiente a la que asistieron, entre otros, el director de ABC derivó en un estallido de altercados callejeros y en la quema indiscriminada de iglesias y conventos. El clima de agitación se propagó por otras provincias y los disturbios continuaron en los días siguientes en algunas ciudades españolas sin que el gobierno atajara con rapidez los incidentes. Cuando Niceto Alcalá Zamora compareció, aseguró, sin embargo, que no demostraría flaquezas.
“El Gobierno habrá de considerar como enemigos del régimen a cuantos con uno u otro pretexto inciten a desmanes o produzcan disturbios; y, consciente de su sagrada obligación de mantener a toda costa, sin claudicaciones, sin desmayos ni tibiezas, el régimen que la nación se ha dado libremente, procederá con rigor a defenderle. En esta labor defensiva no tolerará la actuación de provocadores, ni de un bando ni de otro. Contra ellos ha empezado a proceder con detenciones ya verificadas. Para el más rápido restablecimiento de la normalidad ha resuelto también autorizar la declaración del estado de guerra en Madrid” [4]
Los sucesos se saldaron con las primeras detenciones y con la suspensión indefinida de los principales rotativos monárquicos, ABC y El Debate, y del órgano del PCE, Mundo Obrero, pero ésta fue tan sólo la primera solución enérgica con la que debutaba el gabinete republicano. Pronto le siguieron otras. El 21 de agosto una orden gubernativa prohibía la tirada de numerosos periódicos tradicionalistas del Norte, a los que se sumaron algunos madrileños, como Informaciones y Frente Unido, y otros de provincias, entre ellos La Hora de Barcelona, La Unión de Sevilla o El tradicionalista de Valencia, por las sospechas de que dichos rotativos estaban implicados en una supuesta conspiración contra el régimen.
El acuerdo se adoptó en Consejo de Ministros durante la noche del 20 de agosto, a instancia de Manuel Azaña que, alertado de la maniobra conspiradora, quiso con este golpe de fuerza atajar intentonas golpistas. Por la mañana, el ministro de la Gobernación, Miguel Maura, transmitía a los gobernadores civiles de las provincias afectadas la orden oportuna de clausura, en un telegrama parcialmente secreto donde se indicaba de manera explícita que se cifraran las partes subrayadas:
“Por acuerdo de consejo de Ministros proceda V.E. clausurar diarios Gaceta del Norte, Euzkadi y Tarde y semanario Adelante (sic), que vienen haciendo descaradamente campaña de franca rebeldía contra la República”. [5]
Casi en los mismos términos redactaba Miguel Maura la notificación que remitió al gobernador civil de San Sebastián para ordenarle el cierre del periódico El Día. “(...) Telegrafíe cumplimiento orden y adopte medidas precaución para caso intento alterar orden. Le saludo” [6]
Poco después, a primerísima hora de la mañana del 22 de agosto, el gobernador civil de Pamplona proseguía la senda abierta por el ministro; aquel día se despertaba con el propósito de impedir a toda costa la distribución de los periódicos carlistas que se habían adherido a la campaña y tomaba la solución discrecional de prohibir la venta de aquéllos que consideraba incitadores.
“He prohibido venta números correspondientes al día de hoy de los periódicos esta capital ‘El Pensamiento Navarro’ y ‘La Tradición Vasca’ (sic) por insertar ambos artículos iguales haciendo saber a familias de religiosos que una entidad constituida en esta capital por guipuzcoanos, alaveses, vizcaínos y navarros, tomarán medidas de todo género para aceptar la batalla en todo terreno en que le cite el enemigo y aseverar desde ahora que en el país vasco navarro no se ejecutarán, ni la disolución de las órdenes religiosas ni la incautación de sus bienes. He adoptado la resolución por entender que dadas las actuales circunstancias representa un grave peligro las amenazas que encierra y el llamamiento que hacen a la rebeldía, habiendo pasado los números correspondientes al Fiscal a los efectos que en justicia proceda”. [7]
La intervención de la autoridad provincial fue rauda; no aguardó siquiera a que la Fiscalía interpusiera la requerida querella para resolver la incautación de los ejemplares provocadores. Y más sorprendente si cabe que la decisión personal del gobernador civil fue la temprana hora en que la adoptó: el telegrama se emitía a las ocho en punto de la mañana.
Las protestas por esta injerencia a gran escala en la actividad de la prensa se desataron de inmediato. A las 9.30 horas del 22 de agosto el diputado Aristegui lamentaba en un telegrama oficial “el atropello suspensión Prensa vasca (sic)” [8] pero su enervación no fue impedimento para que las autoridades redoblasen sus esfuerzos de represión. A las 12.50 del mismo día, el gobernador civil de Pamplona se comunicaba de nuevo con el ministro para ponerlo al corriente del curso de sus secuestros de prensa.
“Participo a V.E. que también he prohibido venta números correspondientes día de hoy del periódico EL DIARIO DE NAVARRA (sic) por insertar el mismo artículo que EL PENSAMIENTO NAVARRO y LA TRADICIÓN NAVARRA (sic). Igualmente he remitido un número a Fiscal Audiencia a efectos que a justicia procedan y por correo envío a V.E. un ejemplar de cada uno de los tres citados periódicos. No ocurre novedad y saludo respetuosamente” [9]
Avisado por los informes puntuales que recibía de las provincias puestas en cuarentena por su sospechoso partidismo carlista, el ministro de la Gobernación no demoró ni un día el mandato de cese de los periódicos que habían sido recogidos. A las 20.50 horas, el gobernador civil le confirmaba que había acatado su imperativo.
“Cumpliendo lo ordenado por V.E. telegráficamente han quedado clausurados los periódicos EL PENSAMIENTO NAVARRO y LA TRADICIÓN NAVARRA (sic)” [10]
El 23 de agosto la clausura se extendía a El Diario de Navarra, como atestigua el escueto telegrama que, a las 14.10 horas, el gobernador de Pamplona le remitía al ministro.
“Cumpliendo lo ordenado por V.E. ha sido clausurado el periódico El Diario de Navarra (sic)” [11].
Los rotativos sancionados dirigieron una misiva a la Oficina Internacional de Ginebra resaltando “el atropello a la libertad de prensa, universalmente respetada ” [12] que entrañaban tales disposiciones, pero las movilizaciones de los perjudicados y de otros organismos o particulares sensibilizados de poco sirvieron. Las quejas se originaron en diversos frentes y calaron en los más variados puntos de la geografía nacional. Desde el ámbito periodístico, fueron muchas las publicaciones que se solidarizaron con los periódicos castigados y suplicaron el indulto del gobierno. Incluso los diarios afines al régimen elevaron sus peticiones al ministro de la Gobernación para que levantase la férrea condena, en un envío desaforado de telegramas que ratifica la prolongada supresión.
El PNV y la Juventud Vasca de Vitoria tildaron de “ cavernícola maniobra” la operación del gobierno contra la prensa vasca y compararon la situación con la vivida durante la Monarquía. Lo ocurrido, decían, “nos hace suponer que continúa dictadura borbónica” [13]
Aunque el régimen de prensa se ajustaba en teoría a la ley de policía e imprenta de 1883, que, como hemos señalado, reconocía la libertad de expresión, las decisiones excepcionales adoptadas por las autoridades gubernativas demuestran la ineficacia de dicha normativa, que quedó derogada de forma tácita. La citada ley no contemplaba ningún supuesto que licitara la intervención administrativa en el libre curso del periódico. Sólo el artículo 20, de un modo bastante impreciso, autorizaba al Consejo de Ministros a prohibir la inserción de “dibujos, litografías, fotografías, grabados, estampas, medallas, emblemas, viñetas y cualquier otra producción de esta índole, y la de folletos, hojas sueltas y periódicos escritos en idiomas español o extranjero”. Pero la disposición estaba circunscrita únicamente al acuerdo del Consejo de Ministros, nunca al del ministro de la Gobernación, ni mucho menos al de los gobernadores civiles, quienes aplicaron con rigor éstas y otras sanciones contra la prensa rival.
En el ámbito informativo, la arbitrariedad era, por tanto, la nota dominante. El propio ministro de la Gobernación del gabinete todavía provisional de la República, Miguel Maura, aporta la evidencia más palpable de la política informativa del gobierno en una comunicación dirigida al director del periódico El Día, ante la petición que éste le transmitió, el 8 de septiembre de 1931, de que finalizase la dilatada suspensión que venía sufriendo su publicación. Como argumento de buena fe, el director alegó que su diario aspiraba a representar a la derecha católica que lícitamente había obtenido la victoria en las urnas, por la vía estrictamente democrática, y no a las facciones reaccionarias que pretendían atentar contra el sistema. La réplica del ministro fue inclemente. El mismo día 8 le enviaba un telegrama urgente en un tono taxativo que no admitía réplicas posibles:
“El llamamiento a derechas no alcanza ni se dirige a quienes al amparo de libertades que el gobierno quisiera poder respetar siempre pretenden encender pasiones, con daño evidente a la paz pública y a España. En lo sucesivo actuaré o no según me plazca sin su permiso, que ni pido ni necesito” [14].
Inflexible se mostró hasta el 11 de septiembre en que por fin se decidió a levantar el castigo a los periódicos vasco-navarros, a excepción de La Gaceta del Norte “que debe continuar suspensa”. La permisividad del ministro iba acompañada de una conminación: “Advierta V.E directores que sancionará severamente toda excitación rebeldía y todo intento fomentar pasiones” [15].
Un mes después, el 21 de octubre de 1931, La Gaceta del Norte continuaba sin aparecer y los redactores suplicaron al ministro que autorizase su publicación, por el “ peligro verse privados sueldos” y “sobre todo después de haberlo efectuado con demás colegas suspendidos mismo tiempo” [16].
Ante las peticiones reiteradas, el ministro solicitó un informe sobre la prensa clausurada en Bilbao al gobernador civil. El 24 de octubre éste le daba cuenta de la relación de periódicos que se habían visto afectados por la medida censora: La Gaceta del Norte, los semanarios El Fusil, El Adelante, La Rivera Deportiva y El Trabajo. Y señalaba las causas que habían motivado las suspensiones:
“Furibundas campañas de todos ellos contra la República y los ministros de su gobierno” [17].
El gobernador civil, con pulso aún más firme que el ministro, expresaba su criterio reacio a cualquier amago de benevolencia:
“No procede reanuden su publicación. No obstante, V.E. con su elevado criterio adoptará la resolución que crea procedente” [18].
Así lo hizo, para disgusto del gobernador, puesto que Miguel Maura acordó interrumpir la pena. Eso sí, la compasión del ministro llegaba siempre con advertencias rotundas: “ En lo sucesivo se aplicarán las leyes con todo rigor” [19].
El rigor era profundo y caprichoso. De hecho, durante los meses de vida del gabinete provisional, y antes de que se aprobara la Ley de Defensa de la República, el Estatuto Jurídico aportaba al gobierno toda la discreción que necesitaba para actuar. Ya antes de este contratiempo, Miguel Maura había alardeado de la potestad totalitaria que el gobierno se concedía para disponer a su antojo y someter a la prensa a una vigilancia casi policial; unos meses después de la entrada en vigor del controvertido estatuto, dejaba constancia pública de cuál era la opinión del gobierno con respecto a la tan laureada libertad.
“Las garantías constitucionales no existen, no existe más texto legal que el Decreto del 15 de abril, en el cual el Gobierno declaró cuáles eran los límites de su poder, y se atribuyó la potestad discrecional de suspender los derechos tan pronto como lo juzgara oportuno. Es decir, que el régimen vigente, la situación jurídica del Gobierno es hoy la siguiente: El Ejecutivo ante la Cámara y fuera de ella, sigue respondiendo de sus actos; pero es un Gobierno de plenos poderes, sin más límites que los que él mismo se señaló en el Decreto de 15 de abril, y cuando el Gobierno necesita discreción, porque el interés público así lo exige, suspende una garantía, la suspende, y viene a la Cámara como hoy a rendir cuentas, y si la Cámara reprueba su conducta sale a la calle despedido, y si la aprueba, continúa, porque no hay ley capaz de prevalecer frente a la voluntad entera de la Nación reunida en Parlamento, aprobando la conducta de un Gobierno y las medidas que un Gobierno tome, cualquiera que sea el texto anterior o posterior” [20]
Las suspensiones masivas de rotativos, motivadas por circunstancias coyunturales o por sucesos conflictivos, son quizá aquéllas que con más fuerza han transcendido por su evidente notoriedad, pero la actividad censora del gabinete republicano comenzó desde sus andadas iniciales, a través de una vigilancia pertinaz para frenar los desacatos de los periódicos más díscolos.
El control gubernativo se ejercía desde dos vías complementarias: el cerco judicial sobre la prensa desafecta al régimen y las suspensiones que resolvían el ministro de la Gobernación o el gobernador civil de cada provincia. Una simple ojeada al glosario de los expedientes que se han conservado en los registros de los diferentes juzgados de la Audiencia Territorial de Madrid atestigua el ingente cúmulo de sentencias dictadas contra directores o redactores de semanarios, revistas y diarios por presuntos delitos de imprenta. No es exagerado afirmar que más de la mitad de los sumarios obedecen a procedimientos relacionados con supuestos abusos cometidos en el ejercicio de la profesión periodística. En algunos casos, el delito se tipificaba como de imprenta y se juzgaba al director del periódico; en otros, se acusaba directamente a la persona que firmaba el artículo, siempre que de sus escritos se extrajeran indicios delictivos, como atentar contra la forma de gobierno, promover el escándalo público o lanzar injurias contra la institución republicana, contra las autoridades y, muy frecuentemente, contra el cuerpo de la Guardia Civil.
Los procesos contra periodistas venían siempre motivados por la querella criminal que presentaba el fiscal, siguiendo las instrucciones del gobernador civil o del propio ministro de Gobernación. El rigor del gobernador de cada provincia era, por tanto, decisivo para que la prensa gozara o no de cierta relajación en su quehacer, o lo que es lo mismo, la laxitud o la severidad del asedio gubernativo variaba en función del ahínco de las autoridades de provincias. Algunos gobernadores se comportaban como simples informantes y preferían notificar de los desmanes de ciertos periódicos al ministro para que él tomara una determinación. La mayoría, no obstante, asumía una actitud más resuelta y decretaba suspensiones o confiscaba periódicos por propia iniciativa, limitándose a informar al ministro de su resolución a través de un telegrama cifrado.
El ministro de la Gobernación era, casi siempre, el último eslabón en la cadena inspectora. La responsabilidad del control quedaba delegada en los respectivos gobernadores civiles, quienes a través del requisito del sellado previo podían revisar los contenidos de los periódicos y deliberar sobre la actuación a seguir en el caso de que advirtieran críticas mordaces o comentarios fastidiosos. Cuando los contenidos se consideraban lesivos para el interés de la República, trasladaban el ejemplar del periódico al fiscal para que formulara una querella criminal y, sin aguardar muchas veces la resolución judicial ni la apertura del sumario, ordenaban la incautación de todos los ejemplares y del molde del artículo denunciado para eliminar cualquier posibilidad de reeimpresión. Con el propósito de dar visos de legalidad al proceso, el mismo día en que el fiscal interponía la querella, al amparo del artículo 105 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el magistrado competente del juzgado del distrito la admitía a trámite y ordenaba el secuestro de los ejemplares de la publicación, según el precepto 816 de la citada ley.
La Comisaría de vigilancia del distrito firmaba la orden del secuestro de los ejemplares y la inspección de la imprenta y de los talleres. Por último, remitía un oficio a la Dirección General de Correos y Telégrafos para que “las administraciones ambulantes o fijas subordinadas retengan, a disposición del Juzgado Competente, todos los ejemplares que puedan estar en curso del mencionado impreso ” [21]. La incautación implicaba también el registro de todos los quioscos de la ciudad donde ya se hubiera distribuido el número, y a continuación se clausuraban los talleres. Si el gobernador tenía, además, un talante receloso, decretaba la suspensión, temporal o indefinida, de la publicación, con la conformidad del ministro de la Gobernación.
El ojo del gobierno era tenaz y su supervisión de la prensa constante. Para asegurarse de que los gobernadores menos diligentes ejercían de forma idónea su cometido, el ministro enviaba telegramas continuos recordando a los menos abnegados su obligación de remitir un ejemplar de todos los periódicos de la provincia al gabinete de prensa del Ministerio, presidido por Juan Guixé, en el correo de la mañana.
El ministro de la Gobernación también decretaba, por acuerdo del Consejo de Ministros, clausuras de locales y de imprentas cuando el gobernador civil de la provincia no actuaba con suficiente premura. En ese caso, cursaba un despacho telegráfico urgente y cifrado dando instrucciones al gobernador civil de que precintase el periódico en cuestión.
Las órdenes gubernativas de suspensión de periódicos y cierre de locales intentaban paliar el obstáculo con el que tropezaban las autoridades para ejercer este seguimiento concienzudo: la dilación de los procesos judiciales. Para acortar el camino, el gobierno empleaba fórmulas arbitrarias e incluso concedía licencia a los gobernadores civiles para que, si lo estimaban oportuno, asumieran plenos poderes. Un ejemplo ilustrativo es el telegrama que el gobernador civil de Baleares envió al ministro de la Gobernación el 2 de octubre de 1931 donde exponía las dificultades que entrañaba su labor por falta de autonomía. En un tono vehemente, se quejaba de los exabruptos que en cada número incluía el periódico comunista Nuestra Palabra y solicitaba permiso para proceder con rapidez, sin esperar molestos procesos judiciales que sólo retrasaban la adopción de medidas ejemplares.
“Se viene distinguiendo por artículos de extremada violencia, insidiosos y sediciosos, habiendo aumentado su virulencia en el último número publicado ayer... Como la Ley de Policía de Imprenta no otorga a mi autoridad ningún medio para poder atajar tales procacidades... y no ignora V.E. lo dilatorio de procedimientos judiciales, sin que esto suponga de mi parte la menor queja ni de Jueces ni Fiscal, con cuya decidida cooperación cuento, me permito someter a su resolución la autorización para suspender dicho periódico... Caso de concederme V.E. autorización que solicito, sería por mí usada con gran parsimonia y en casos justificadísimos que destruirían efectos de cualquier reclamación y de la que siempre tendría V.E. conocimiento previo” [22].
Al día siguiente, el 3 de octubre de 1931, el ministro de la Gobernación confería poderes al gobernador civil para que contuviera los arrebatos del periódico comunista.
“Contesto a su telegrama cifrado de ayer participándole que no dude V.E. en suspender la publicación del periódico a que se refiere y clausurar el local” [23].
Este afán de defensa patriota conducía casi siempre a un celo desmedido. Algunos gobernadores eran más implacables que el ministro de la Gobernación e incluso marcaban las pautas de inspección y las fórmulas represivas. El de Cuenca firmó la suspensión indefinida del semanario católico El Centro el día 19 de septiembre de 1931, aunque lo hizo tras la consulta protocolaria al ministro de la Gobernación.
“Comunico a V.E por si estima darme orden en contrario que lunes próximo decretaré suspensión indefinida semanario católico El Centro (sic) cuyo número de hoy insiste levantar atmósfera calumniadora sobre labor Gobierno y Cortes Constituyentes” [24].
La respuesta del ministro no llegaba y el gobernador comenzó a impacientarse, temeroso tal vez de que en Madrid no estimasen conveniente emprender una acción tan severa. Ante el silencio gubernativo, persistió. Tres días más tarde reiteraba su propósito de castigar al rotativo “ de cuya insistencia contra labor de Gobierno y Cortes di cuenta V.E.” [25]. La insistencia del gobernador surtió efecto. El ministro se mostró receptivo a su solicitud y el día 26 le daba carta libre para la suspensión.
Más estricta era la intervención del gobierno en la actividad de las agencias periodísticas, sometidas a un régimen de auténtica censura previa. Las comunicaciones telegráficas o telefónicas que éstas transmitían a los diversos periódicos con las noticias del día eran interceptadas por el gobernador civil, quien disponía, con la aprobación del ministro de la Gobernación, lo que era oportuno transmitir y lo que era preciso suprimir de los textos que abordaran sucesos delicados. El 27 de junio de 1931 el gobernador civil de Valencia le remitía al ministro el siguiente telegrama cifrado:
“A efectos sanciones procedan le manifiesto que Compañía de Teléfonos de esta ciudad me remite telefonema que desde Madrid dirige a Heraldo de Castellón (sic) Agencia Fabra, conteniendo noticias inexactas de alarma y gravedad notoria sobre sucesos Sevilla” [26].
Horas después el ministro dictaba la orden oportuna sin que le temblara el pulso:
“Signifícole que en casos análogos debe dirigirse al gobernador de la provincia de destino del telefonema que contenga noticias inexactas para que deje a aquél sin curso la parte que no deba publicarse” [27].
La censura, en este caso, no se limitaba a una denuncia fulminante y al secuestro y clausura de la publicación; se activaba antes de que la noticia se publicara gracias a la colaboración de Telefónica. Como compañía estatal, ésta daba buena referencia de los telefonemas que podían contener signos de traición contra el régimen, del mismo modo que el servicio de Correos y Telégrafos desempeñaba idéntica misión con las cartas y telegramas que levantaran suspicacias.
Pero, además, la previa censura a la que estaba sometido el servicio de telégrafos facilitaba la intrusión veloz de las autoridades para impedir que el periódico receptor de la noticia divulgase la información controvertida. El 17 de abril de 1931, recién instaurada la República, el gobernador civil de Santa Cruz de Tenerife informaba al ministro de la Gobernación de que en Cádiz “ ha sido impuesto un telegrama para Gaceta de Tenerife consignando informaciones exageradísimas sobre sucesos Sevilla y he detenido su curso, permitiéndome V.E. conveniencia autoridades Cádiz impidan tales hechos ” [28]. El delegado provincial coartaba la libertad de expresión al truncar la difusión de la noticia que él juzgaba inadecuada y, no contento con censurar el escrito, aconsejaba al ministro que utilizase su influencia para evitar que en la ciudad de destino del escrito se publicara dicha información.
Los gobernadores civiles también se encargaban a menudo de adiestrar a periodistas y directores sobre la línea informativa que debían seguir. Las consignas previas eran tanto o más frecuentes que la imposición de multas o querellas, como estrategia de precaución para descartar injerencias futuras o como complemento de aquéllas. Hay muchos testimonios al respecto, pero sólo unos pocos que demuestren la voluntad de ciertos gobernadores por impedir represalias hacia la prensa. El 17 de junio de 1931 el de Tenerife se comunicaba con el ministro de la Gobernación con motivo de la querella criminal que el fiscal había formulado contra el periódico En Marcha. En el telegrama desaconsejaba la denuncia por el riesgo de alentar revueltas y descartaba la posibilidad de campañas tendenciosas contra el régimen.
“(...) al tener conocimiento dicho artículo conminé a elementos directivos e inspiradores no tolerancia sucesivo ataques dignidad Instituto (de la Guardia Civil), siendo acatada mi orden, no tomando otras medidas por considerar hubiera sido grave imprudencia exacerbar en aquellos días de convulsión nacional los odios latentes en esta provincia contra Guardia Civil...” [29].
El poder que el gobierno se arrogaba para evitar la acción perniciosa de determinada prensa hostil al régimen se traducía, ocasionalmente, en la prohibición de la libre circulación de aquellas publicaciones. Así sucedió en Ceuta, donde el gobierno civil, a instancias de una sugerencia promovida por el General Jefe Superior de las Fuerzas Militares de Marruecos, solicitó permiso al ministro de la Gobernación para boicotear la venta de determinados periódicos incómodos. La carta, fechada el 21 de agosto de 1931, tuvo salida tres días después, el 24, y señalaba los nombres de las cabeceras inoportunas. El ministro de la Gobernación no titubeó. En cuanto recibió el escrito, devolvió al gobernador civil una respuesta imperativa que implicaba la instauración de un régimen de censura previa: “Impida la entrada, venta o reparto en esa ciudad de los periódicos a que se refiere”
La lista de publicaciones abarcaba rotativos españoles y periódicos internacionales: Nasza Pomoc, Przeglad Robotniczy, Nasza Obona, de origen polaco y publicados en París, Palfkar, de nacionalidad persa y publicado en Berlín, y los nacionales Solidaridad Obrera y Heraldo Obrero, de Barcelona, El Pensamiento Rojo, Mundo Obrero, El Control de Madrid, El Pueblo de Tánger y El Libertario de Madrid.
La parca nota ministerial esclarecía la causa que había motivado esta drástica medida: “Incitan continuamente a la indisciplina en el Ejército” [30]
La censura gubernativa afectaba igualmente a emblemas, títulos o distintivos, que el gobierno modificaba o suprimía cuando lo creía oportuno. El 17 de junio de 1931 el ministro de la Gobernación notificaba al Director General de Seguridad la suspensión del periódico Ejército y Armada, a causa del artículo titulado ‘En el volcán’, y aprovechaba su contacto telegráfico para impartir las nociones pertinentes sobre el futuro de la publicación:
“Sírvase V.E ordenar la suspensión de dicho periódico por término de 15 días dada la tendencia derrotista del mencionado artículo y prevenir que no autorizará su reaparición transcurridos aquellos 15 días sin que se suprima en la cabecera ‘Órgano de opinión militar’ (sic)” [31]
Ni siquiera los anuncios evadían la supervisión exhaustiva del gobierno. El 13 de octubre de 1931 algunas publicaciones cometieron la temeridad de publicar la esquela de Jaime de Borbón adjudicándole el título de realeza. Todos pagaron cara la osadía. El gerente de El Correo Catalán fue sancionado con una multa exorbitada, 5.000 pesetas, por “haber atribuido títulos reales a personas que no los tenían ” [32] y el mismo desenlace les aguardaba a los periódicos vascos El Nervión, Euzkadi, El Noticiero Bilbaíno y La Tarde que el día 16 de octubre habían de abonar, sin excepción, las 5.000 pesetas de multa. Más fortuna tuvo el semanario tradicionalista El Norte, el único que se libró de la sustanciosa sanción, aunque el ministro no lo exculpó por completo y delegó en el gobernador civil la decisión definitiva: “Tratándose de semanario no debe dársele importancia y, por tanto, a V.E queda reservado apreciar si procede o no sancionar el hecho comunicado ” [33].
Al igual que ocurriera con la suspensión conjunta de periódicos vasco-navarros, la medida gubernativa desató las críticas en el sector. La Federación de Empresas Periodísticas tildó de desproporcionada la solución y razonó su opinión discrepante:
“Lo hecho por las citadas Empresas Periodísticas -admitir una esquela cuyo texto está redactado por el cliente que paga bajo su exclusiva responsabilidad- es tan habitual y corriente que existen numerosos precedentes. Por otra parte, la tramitación de los originales de anuncios -lo mismo que las esquelas- es ajena siempre a la Dirección de la Empresa Periodística...” [34].
Y como ya había sucedido con incidentes análogos, el gabinete provisional no atendió las súplicas de los periodistas; los rotativos castigados debieron pagar íntegramente el importe de la sanción.
La censura oficiosa se ejercía asiduamente y la prensa debía lidiar en su mecánica diaria con numerosas trabas gubernativas que entorpecían su trabajo y vulneraban la libertad de imprenta. Las suspensiones frecuentes de periódicos y revistas no sólo contradecían los preceptos de la ley de policía e imprenta; chocaban incluso con lo que había dispuesto una norma más conservadora como la ley de jurisdicciones de 1906, irónicamente derogada por el gobierno provisional el 17 de abril de 1931 debido a los importantes matices que introducía en los postulados liberales de la ley de 1883. Dentro de sus límites, esta normativa, al menos, había condicionado la supresión de publicaciones a la imposición de tres condenas y la suspensión temporal a la acumulación de tres autos de procesamiento, condiciones que jamás se dieron en los numerosos correctivos impuestos por los diferentes equipos de gobierno de la II República, quienes dictaron clausuras automáticas sin más guías que las de su propia inspiración.
Con el fin de corregir estos defectos y evitar recriminaciones sobre los abusos en que incurría el gobierno, Manuel Azaña pronto ideó una ley que nació con la aspiración de dar justificación legal a la perseverante actividad censora del gobierno. Era la Ley de Defensa de la República, que recogía la esencia del polémico decreto del 15 de abril, pero ensanchaba la potestad del gobierno para intervenir, secuestrar, clausurar e imponer importantes sanciones a aquéllos periódicos que reincidieran en su propósito de descalificar al régimen elegido por el pueblo soberano.
La Ley de Defensa de la República y el cerco a la prensa oponente
Las elecciones a Cortes Constituyentes celebradas el 28 de junio de 1931 otorgaron una holgada victoria a las fuerzas republicanas y socialistas y prácticamente desterraron del mapa político a la derecha monárquica. El PSOE consiguió el mayor número de sufragios, aunque el gran triunfador sería Manuel Azaña, quien se convirtió en el ideólogo que marcó las pautas del I Bienio. Su paso indiscutible fue asumir la Presidencia del Gobierno, a partir del mes de octubre, tras la primera crisis gubernamental desencadenada por las disensiones con los representantes de la derecha republicana, Alcalá Zamora y Maura, respecto a la política anticlerical de la coalición.
En el plano informativo, su voluntad resultó crucial a la hora de engendrar la ley que durante dos años serviría para ejercer una política de fiscalización absorbente sobre la prensa y para garantizar que ningún acto adverso quedase impune. Bautizada con el certero nombre de Ley de Defensa de la República, la normativa entró en vigor el 21 de octubre de 1931 y facultaba a las autoridades gubernativas para establecer rígidos correctivos contra los disidentes que colisionarían, incluso, con la Carta Magna (todavía en fase de redacción).
El articulado era conciso pero clarificador. Aunque incluía variados ejemplos de actuaciones que habían de considerarse como quebrantadoras de la tranquilidad republicana, sus resoluciones más firmes se centraban en la divulgación de toda clase de noticias, informaciones u opiniones que violentaran el sistema, incitaran a la rebelión, promovieran la sedición o calumniasen a las autoridades. El artículo 1° tipificaba los actos de agresión a la República sometidos a dicha ley y tres puntos atañían específicamente al quehacer de periódicos, revistas o emisoras radiofónicas: el 3° (“La difusión de noticias que puedan quebrantar el crédito o perturbar la paz o el orden público”), el 5° (“Toda acción o expresión que redunde en menosprecio de las instituciones u organismos del Estado”) y el 6° (“La apología del régimen monárquico o de las personas en que se pretenda vincular su representación y el uso de emblemas, insignias o distintivos alusivos a uno u otras”).
El artículo segundo fijaba las penas con que el gobierno condenaría dichos actos:
“Podrán ser confinados o extrañados, por un periodo no superior al de vigencia de esta ley, o multados hasta la cuantía máxima de diez mil pesetas, ocupándose o suspendiéndose según los casos, los medios que hayan utilizado para su realización, los autores materiales o los inductores de hechos comprendidos en los números I al X del artículo anterior”.
Los autores individuales de los presuntos delitos poseían el derecho de interponer un recurso ante el ministro de la Gobernación en el plazo máximo de 24 horas y las personas jurídicas, en cinco días, ante el Consejo de Ministros.
La ley, por lo tanto, confería al gobierno poder para sancionar económicamente a periodistas que difundieran noticias tendenciosas o agresivas para la institución, y a decretar su destierro por un tiempo prácticamente indefinido (mientras tuviera vigencia la ley). Pero, además, capacitaba al ejecutivo para ocupar y suspender los medios empleados para la realización del presunto delito, lo que correspondía a la clausura automática de aquellos periódicos denunciados por cualquier artículo que el fiscal juzgase calumniador u ofensivo para las autoridades o para la institución.
La prensa fue el sector que con mayor fuerza sufrió los efectos de la ley. Con el nuevo paraguas normativo, el gobierno endureció las sanciones y redujo la capacidad de maniobra de las publicaciones. La confirmación palmaria de esta política informativa es la celeridad con que el ministro de la Gobernación aleccionó a los gobernadores civiles de todas las provincias para que las indicaciones de la ley se aplicaran con firmeza. El 24 de octubre, Casares Quiroga, sustituto de Miguel Maura desde octubre de 1931, dirigía una circular, la número 120, a todos los gobernadores y a los delegados del Gobierno de Mahón, Ceuta y Melilla con un imperativo apremiante:
“Telegrafíen con urgencia expresando periódicos que están suspendidos, causas que la motivaron y si procede o considera conveniente que reanuden su publicación ” [35]
La finalidad del ejecutivo era hacer compatibles las suspensiones anteriores a la aprobación de la ley con las nuevas consideraciones del documento normativo y dar un borrón a las disposiciones precedentes para partir de cero. Así lo verificaba el ministro en un despacho telegráfico dirigido al gobernador civil de Barcelona el 23 de octubre de 1931 en el que denegaba la solicitud de éste de suspender Solidaridad Obrera. Sus argumentos son aclaratorios:
“Como el Gobierno se propone que los periódicos suspendidos con anterioridad a la Ley de Defensa de la República reanuden su publicación no oculto a V.E. produciría mal efecto suspender Solidaridad Obrera (sic) al mismo tiempo que reaparezcan diarios derechistas, pero si dicha publicación ha incurrido en delitos comunes, debe denunciarla a los Tribunales, significándole a los Presidentes de la Audiencia las oportunas instrucciones que cabe aplicar en tales casos” [36]
La consigna de Casares Quiroga confirma dos conjeturas: que los vínculos judiciales y gubernativos eran permanentes, hasta el punto de que los jueces recibían las oportunas instrucciones para el desempeño de su actividad en lo que a la revisión de la prensa se refería, y la intención del gobierno de justificar su esmerada tarea censora. De ahí las incesantes notas que en las semanas sucesivas el ministro de la Gobernación remitiría a los respectivos gobernadores civiles reiterando su empeño de que se le informara de las cabeceras clausuradas y ordenando el levantamiento de dichas suspensiones.
Puesto que la estrategia del gobierno consistía en legitimar sus afanes inspectores, no es extraño que su permisividad fuera también transitoria. Tras haber recabado toda la información sobre los periódicos que habían sido forzados a interrumpir su trabajo y haber ordenado su reaparición, el 22 de Noviembre de 1931 Casares Quiroga distribuía una nueva circular, la 131, con las directrices más recientes:
“Cuando alguno de los periódicos de esa provincia incurra en cualquiera de los actos de agresión a la república que enumera la Ley de Defensa de la misma, remítame por el primer correo un ejemplar de dichos periódicos señalando el concepto que imponga la sanción correspondiente” [37]
Al amparo de la ley del 21 de octubre, el gobierno envolvía en la legalidad sus persistentes intromisiones en el oficio periodístico, al tiempo que justificaba ante la opinión pública, representada en el Parlamento, el acoso al que venía sometiendo a la prensa. Sin embargo, el envío de los ejemplares tachados con el lápiz rojo y azul de la censura no suponía una demora en los procesos. El ministro siguió delegando en los gobernadores civiles la responsabilidad de escoger sanciones y dictar clausuras; la única precisión que ahora les realizaba era que le notificaran sus resoluciones y que recordaran decretar sus correctivos basándose en los preceptos de la ley.
Como prueba testimonial, la de algunos telegramas que las autoridades provinciales remitieron al ministro de la Gobernación reseñando, a modo meramente informativo, las suspensiones con que habían castigado a determinados rotativos. El 7 de noviembre de 1931 el delegado del gobierno de Ceuta escribía a Casares Quiroga sobre el estilo reprobable del periódico Adelante y le comunicaba concisamente su determinación:
“Dada la persistencia en la campaña, haciendo uso de las facultades que V.E. me ha conferido, he suspendido temporalmente la publicación del referido semanario y me permito acompañar un ejemplar del mismo” [38]
Curiosamente, la supuesta licencia que los gobernadores se atribuían contravenía de forma manifiesta la ley que, en su artículo 4°, sólo reservaba dicha facultad sancionadora al ministro de Gobernación o a delegados de dos o más provincias. Los gobernadores civiles quedaban exentos de esta prebenda legal, pese a la profusión con que la aplicaron en sus disposiciones cotidianas.
Al margen de los fallos que pudieron cometerse en la interpretación de la norma, lo cierto es que a partir de noviembre de 1931 se intensificó la dureza censora y todos los gobernadores civiles justificaban los escarmientos que imponían a los periódicos contrincantes en la infracción de algún punto de su artículo 1°. El problema, no obstante, se haría pronto tangible: la naturaleza de una ley que coartaba la libertad de prensa e imprenta iba a chocar de forma lógica con el espíritu que la coalición republicano-socialista quería imprimir a la Constitución de 1931, cuyo artículo 34 proclamaba abiertamente la libertad de expresión.
“Toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones valiéndose de cualquier medio de difusión, sin sujetarse a la previa censura. En ningún caso podrá recogerse la edición de libros y periódicos sino en virtud de mandamiento de juez competente. No podrá decretarse la suspensión de ningún periódico sino por sentencia firme”.
Los tres derechos serían incumplidos de forma sistemática recurriendo a un texto normativo que había sido elaborado con carácter eventual y que, una vez se aprobase la Constitución, vulneraría sin remedio varios de sus preceptos. Para solventar este inconveniente, Manuel Azaña se propuso insertar la ley como una disposición adicional transitoria de la Constitución. Planteó esta salida de auxilio en la sesión del 8 de diciembre de 1931, “cuando prácticamente ya habían finalizado los debates del texto constitucional y sólo restaba proceder a su votación” [39]
La votación para preservar la ley de la derogación forzosa desató una ácida polémica entre los parlamentarios. Manuel Azaña admitió que era una ley de excepción, pero justificó su pervivencia por tratarse de “una necesidad dolorosa” [40]. Su petición generó airadas protestas en la Cámara y el debate se acaloró. Algunos diputados lanzaron arengas contra su carácter coercitivo, dijeron que mutilaba la libertad de expresión y que quebrantaba derechos individuales. Los discursos de los oponentes destacaron la represión que la ley, en apenas dos meses de trayectoria, había ocasionado a quienes discrepaban con las ideas gubernativas. José Antonio Balbontín, uno de los diputados y periodistas intensamente perseguidos por sus presuntos delitos de imprenta, fue el más crítico de todos.
“La República ha fracasado. Ahora se está peor que en los tiempos de la Monarquía... porque ni se goza de mayor libertad ni de un mayor bienestar. La Ley de Defensa de la República significa la suspensión de los derechos individuales votados en la Constitución. Así seguirá el pueblo español sometido a una Dictadura más o menos embozada y parte del pueblo sentirá la nostalgia de la Monarquía Constitucional ” [41].
Las desavenencias no fueron obstáculo para que la proposición se aprobara por una mayoría cualificada, ni para que los delitos de prensa e imprenta se sucedieran sin descanso. Las revueltas tumultuosas y las insurrecciones populares contribuyeron a reforzar los criterios del gobierno en su rigurosa aplicación. El 18 de enero de 1932 los mineros anarquistas de la cuenca del Llobregat proclamaban el comunismo libertario en diversas localidades. La sublevación se liquidó en tres días y Manuel Azaña aplicó la Ley de Defensa para deportar a Guinea a 104 anarquistas. En el ámbito informativo, el gobierno respondió al desafío revolucionario con un recrudecimiento de su política restrictiva. El día 25 Casares Quiroga hacía llegar a los gobernadores de todas las provincias y al director general de Seguridad la circular número 11, telegrafiada con carácter urgente a las 20.30 horas, en la que, sin ambages, planteaba las pautas que los responsables de los rotativos debían acatar. Sus mandatos constituían, en realidad, un supletorio de la censura previa.
“Proceda V.E. avisar a directores de periódicos e indicarles que este Ministerio impondrá sanciones contra los mismos si publican informaciones alarmantes o exageradas sobre hechos de hoy, recomendando den impresión de serenidad y que nada de gravedad ocurre ni puede ocurrir pues tal es la realidad. Si algún periódico desatendiese advertencia comuníquelo y envíe un ejemplar con propuesta de la sanción que proceda imponer” [42]
Unos días antes, el gobernador de Castellón, haciendo uso del mando que el gobierno le había concedido, notificaba al ministro que había ordenado la recogida del semanario tradicionalista Lealtad por publicar un texto “acusadamente tendencioso y grave que cae dentro del punto 3° del artículo 1° de la ley de 21 de Octubre”. Pero el gobernador no se contentó con impedir la circulación del periódico, también detuvo y encarceló a quien sospechaba que podía ser el autor material del escrito, el “reaccionario Manuel Bellido”. El gobernador exponía sus motivos íntimos en un telegrama cifrado: “Tengo la convicción de que es el autor del artículo, aunque no figure como director responsable”.
Y se mostraba resolutivo en su deliberación: “Paso a la cárcel” [43]
Una simple hipótesis, un arrebato clarividente, era razón de peso para encarcelar, sin pruebas, a quien la autoridad provincial creía responsable de un presunto delito y sin aguardar a la celebración de un juicio justo ni, por supuesto, a la respuesta de la judicatura.
Pese a las arbitrariedades que introducía la ley en la regulación de la prensa, el asedio judicial también se recrudeció a raíz de su aprobación. Los fiscales eran incansables en la formulación de querellas contra cualquier artículo que considerasen difamador o violento y se disparó el número de procedimientos instruidos en los juzgados ordinarios por presuntos delitos de imprenta o por actos de agresión a la república cometidos a través de la prensa. No en vano, dos días después de que la ley comenzara a funcionar, el 24 de octubre de 1931, el ministro de Justicia, Fernando de los Ríos, cursaba al presidente del Tribunal Supremo una circular indulgente con los juristas reacios a colaborar con el régimen. Si no seguían el camino trazado, el ministro les invitaba amablemente a dimitir.
“Los magistrados, jueces y fiscales cuya posición de conciencia no les permita esta actitud de eficaz y decidido apoyo a la nueva legalidad facilitarían la serena renovación del órgano judicial si espontáneamente solicitasen su separación”.
La orden velada iba seguida de una amenaza inequívoca:
“En todo caso, este Ministerio, velando, por lo que concierne a los funcionarios dependientes de él, de hacer efectivo el cumplimiento de la ley votada por las Cortes Constituyentes, desea se advierta a las Salas de Gobierno de las Audiencias Territoriales, para que a su vez lo comuniquen a las Provinciales y Juzgados, la inmediata sanción de que será objeto toda lenidad o flaqueza en la leal ejecución de la voluntad de las Cortes Constituyentes expresada en la Ley de 21 de octubre último” [44]
Por si la conminación no era suficientemente explícita, el ministro de Justicia se encargaba de que el mensaje fuera entendido hasta por el jurista más cándido. La consigna, desde luego, se siguió a pies juntillas en los diferentes órganos de la judicatura. Jueces y fiscales prestaron una colaboración, entusiasta u obligada, a raíz de la divulgación de la circular y se multiplicaron los procesos instruidos contra periodistas, directores de periódicos y diputados que colaboraban en medios afines por causas relacionadas con los delitos de imprenta. El proceso apenas experimentó cambios con respecto a la etapa del gabinete provisional. La única diferencia fue que desde octubre de 1931 las denuncias se apoyaban en un colchón legal más sólido.
La misión de la Fiscalía no terminaba en la mera interposición de la querella; el fiscal también debía seguir concienzudamente la evolución de los procesos para cerciorarse de que la sentencia era siempre la debida: condenatoria. Por este motivo, cuando la Audiencia Provincial no apreciaba indicio de delito, el fiscal formulaba un recurso de casación por infracción de la Ley de Defensa de la República.
Ninguno de estos periódicos podía burlar las redes de la judicatura ni esquivar los acechos del gobierno, pero la mayoría recurría a una argucia legal para atenuar los efectos de las querellas. Adjudicaban la autoría de los escritos denunciados a algún diputado cercano al espectro ideológico de la publicación que, amparándose en su inmunidad parlamentaria, podía eludir responsabilidades penales. Conforme a la ley de 9 de febrero de 1912, si, una vez incoado un sumario, se comprobaba la implicación de algún diputado en el hecho juzgado las diligencias se remitirían al Tribunal Supremo.
Las publicaciones sometidas al escrupuloso régimen fiscalizador del primer bienio empleaban, por tanto, esta artimaña y presentaban un recurso en el que aportaban, como único alegato, el acta de diputado. En dicho escrito, el abogado defensor remarcaba la fecha exacta en la que el redactor ocasional había jurado su cargo para acreditar que su condición de diputado era anterior a la comisión del delito que se le imputaba.
En casi todos los casos denunciados, el magistrado del Supremo advertía indicios de delito, pero se veía en la obligación de elevar un suplicatorio a las Cortes solicitando autorización para dirigir el procedimiento contra el autor del artículo. Las Cortes, habitualmente, votaban en contra de tal petición en su sesión parlamentaria del día, de modo que el procedimiento concluía con un fin previsible: el sobreseimiento de la causa.
Determinados nombres de diputados estaban asociados a ciertas cabeceras que deambulaban por los dos polos extremos (derecha e izquierda) entre los que se ubicaba el gobierno centrista del I Bienio. Algunos eran imputados crónicos en la Sala de lo Criminal del Tribunal Supremo, como José Antonio Balbontín, por sus denuncias exaltadas desde La Tierra, Pedro Sainz Rodríguez, generalmente acusado de atentar contra el gobierno desde las páginas del periódico tradicionalista Jerarquía, Antonio García Prieto, muy crítico en el rotativo La Razón, Joaquín García Hidalgo, redactor en el semanario Política, Juan Company, del Diario de Almería o Manuel Robles Aranguiz, que escribía en el diario bilbaíno Euzkadi. Otros simplemente eran denunciados de forma ocasional, como Marcelino Oreja, José María Gil Robles, José María de Lamanie, Ángel Samblancat o José Gómez Ossorio.
Pese a estas agudezas de ingenio, las publicaciones no se libraban del habitual secuestro de los ejemplares ni de la más que probable suspensión, por algunos días o indefinida si el periódico era reincidente en su manía cerril de discrepar.
Primeros síntomas de agotamiento de la ley
A medida que transcurría el tiempo, las dificultades a las que debía hacer frente el gabinete republicano iban en aumento. Los levantamientos y huelgas de obreros y campesinos recibían la respuesta represiva de la Guardia Civil que sofocaba las revueltas empleando métodos muy cuestionados por la prensa de izquierdas. En medio de este clima de agitación e inestabilidad social, el 10 de agosto de 1932 se producía el alzamiento fallido del general Sanjurjo que, pese a concebirse como un acto desesperado, sin planificación ni apoyos suficientes, alertó al gobierno del peligro que se cernía sobre la República.
En los días sucesivos se adoptaron una serie de medidas encaminadas a evitar el triunfo de futuras tentativas. Las precauciones se extremaron desde el día 10 de agosto, cuando el ministro de la Gobernación difundía una circular urgente entre todos los gobernadores civiles revelando pautas de actuación en su relación con la prensa que apuntaban directamente hacia la instauración de un régimen de censura previa. La orden telegráfica se emitió a las 10.30 horas de la mañana y evitaba los circunloquios:
“Procederá V.E. desde hoy mismo a suspender hasta nueva orden aquellos periódicos cuyas campañas tendenciosas anteriores contra la República, su orientación reaccionaria o monarquizante puedan provocar al informar sobre los sucesos de hoy exaltación en las masas republicanas, alarma o desorden público” [45]
La censura no se aplicó mediante la revisión previa de los ejemplares del día. El gobierno quiso prevenir antes que curar y optó por la prohibición brusca: las cabeceras sospechosas de desafección al régimen no obtuvieron siquiera el privilegio de la duda y fueron suspendidas de un plumazo por decreto gubernamental.
El resultado fue la clausura automática de 127 periódicos (77 diarios y 52 no diarios). Con anterioridad al 10 de agosto, ya estaban censurados otros cinco diarios madrileños: La Correspondencia, El Imparcial, El Popular, El Mundo y Mundo Obrero, así como el semanario de Valdepeñas Adelante, lo que elevaba, en total, a 133 las suspensiones gubernativas.
“Pero la represión no alcanzó exclusivamente a los periódicos: impuesta acto seguido la previa censura a todas las Agencias informativas, para su fiscalización fue designado un delegado gubernativo con atribuciones incluso para remover el personal, lo que valía en la práctica por una incautación ” [46]
El impacto mediático del suceso se vio amortiguado por la rápida movilización del gobierno, que prohibió la difusión de noticias sobre el mismo. Miguel Maura ha explicado en sus memorias qué táctica se siguió para frenar la repercusión del pronunciamiento infructuoso. Él personalmente convocó a los directores de los periódicos para recordarles “que se hallaban frente a un ministro que disponía de plenos poderes en materia de orden público” y condicionó la publicación de la noticia a un determinado tratamiento informativo. “ Les rogaba que la diesen a conocer con escrupulosidad y veracidad, porque interesaba que España supiese que había un Gobierno en su sitio, con el cual no se jugaba. Ahora bien -continué-: el diario que utilice la noticia para su campaña política, o intente envenenar el ambiente con ella, será suspendido, y suspendido quedará mientras yo esté en este Ministerio” [47]
El ex ministro recuerda que todos los periódicos cumplieron la orden y que sólo La Voz publicó en última página una reseña escueta. Los rotativos de provincias que se atrevieron a informar sobre el levantamiento corrieron la suerte de una multa voluminosa. Al director de El Castellano le penalizaron con 2.000 pesetas “por publicar noticiosas tendenciosas... relacionadas con los recientes sucesos” (acontecimientos que el cauto gobernador civil ni siquiera mencionaba en su resolución), y eso a pesar de que la postura del rotativo al escribir sobre el pronunciamiento había sido bastante discreta. “Estalla en Madrid, de madrugada, un movimiento sedicioso que ha sido prontamente dominado”, decía el titular. Y el subtítulo añadía: “Generales complicados. Varios muertos y heridos” [48].
La reaparición de los rotativos afectados por la suspensión fue escalonada, lenta y azarosa, ya que dependía, en numerosas ocasiones, de la resolución discrecional de cada gobernador civil. El 25 de noviembre de 1932 el diario ABC todavía cumplía su castigo, lo que originó un telegrama de denuncia de la Asociación de la Prensa de Pontevedra al presidente del Consejo de Ministros y al ministro de la Gobernación. No era éste el único medio informativo que se encontraba en aquella situación calamitosa. Y la firmeza del gobierno desencadenó una tormenta de protestas por las excepciones inconstitucionales con que estaba bombardeando a la prensa. La carta de la Asociación de la Prensa de Pontevedra resaltaba, precisamente, las incoherencias del gobierno en su política mediática y su transformación repentina desde que hubiera conquistado el poder.
“El Gobierno, integrado por quienes cimentaron su actuar en el respeto al derecho, en la denuncia pública de infracciones constitucionales y que en las etapas de lucha propugnaba la libertad de Prensa, reunión y asociación, sintiendo como ofensas propias las restricciones dictatoriales, seguramente habrá de lamentar desde el Poder que circunstancias imperativas de su autoridad en defensa del orden le coloque en la dura obligación de emplear medidas excepcionales con la Prensa en tal sentido y sin discriminar las poderosas razones que aconsejen la prolongada suspensión de diarios, entre los que destaca ABC por el volumen de sus cuantiosos intereses y por su prestigio, nos permitimos rogar a V.E., en gesto amparador de solidaridad colectiva, la inmediata reaparición de la Prensa suspendida...” [49].
Las demandas ciudadanas no fueron suficientemente persuasivas, ni los alegatos de los periodistas modificaron la regulación del gobierno en materia de prensa. Todo lo contrario: la rigidez aumentó con el tiempo, conforme iban creciendo los enemigos del régimen.
Las tareas de vigilancia también afectaban a la prensa extranjera y a sus corresponsales más peligrosos. El 28 de julio de 1932 el ministro de Estado enviaba un escrito al ministro de Gobernación y al Director General de Seguridad avisándoles de que el embajador de París le había transmitido el siguiente mensaje:
“Tengo entendido ha salido o va a salir para España Grijalba, colaborador de La Nación (sic) de Buenos Aires en París, para preparar otro número antiespañol de ‘Je Suis Partout’ (sic). Sería conveniente que vigilaran su actuación en esa ciudad”.
El ministro de Estado, como autoridad no cualificada en el terreno periodístico, se limitaba a trasladar la información a los dignatarios responsables “para su conocimiento y efectos” [50].
Menos libertad tenían los folletos, las hojas sueltas y los suplementos de periódicos, sobre los que caía el peso de un verdadero engranaje censor. Éstos podían ser prohibidos por acuerdo de Consejo de Ministros, aunque en la práctica, y en contra de lo que estipulaba la ley de 1883, los gobernadores civiles también se beneficiaron de este poder discrecional. En consecuencia, cuando las autoridades provinciales observaban alguna desviación de las directrices oficiales, denegaban sin más reparos su libre distribución.
El control escrupuloso se ejercía gracias al trámite forzoso del sellado previo en las dependencias del Gobierno Civil (y del Ministerio de Gobernación para los rotativos madrileños). Los periódicos, por lo general, acataban estas imposiciones, incluso aquéllas de cuestionable solidez legal, pero sus quejas se incrementaron cuando las inspecciones se hicieron más férreas y cuando empezaron a vulnerarse las disposiciones de la autoridad. A partir de 1932 son habituales los telegramas de protesta por las recogidas indisciplinadas de publicaciones. Los trabajadores de La verdad social de Badajoz denunciaban el 22 de enero la intervención indebida de la Guardia Civil al recoger un impreso “autorizado con sello Gobernador Civil ” [51]
En este caso, como en muchos otros, la operación policial obedecía probablemente a una orden verbal impartida por el gobernador de la provincia. El de Córdoba, de los más intransigentes, evitaba el 1 de junio de 1933 que el periódico La Voz se distribuyera. Sin que mediara querella alguna ni orden impresa de suspensión, envió a los agentes policiales a la puerta del periódico con la instrucción de que boicoteasen la salida del número. El 14 de junio suspendía nuevamente su difusión, pero esta vez el ejemplar era recogido mediante una orden judicial. No obstante, el secuestro se producía a las cinco de la mañana y con un auto dictado la noche anterior, a las 22.30 horas. Un procedimiento inusual, peligrosamente cercano a los métodos propios de un sistema de censura previa, que incomodó a los redactores, quienes expusieron su queja ante el ministro de la Gobernación.
Las querellas y multas eran diarias y este uso indiscriminado de la Ley de Defensa de la República fue desacreditando al gobierno. En dos años de aplicación abusiva, el talante demócrata del gabinete republicano estaba más que cuestionado y en 1933 la ley ya denotaba signos de agotamiento, desprestigiada por su utilización excesiva e inoperante para impedir los riesgos que acechaban a la institución republicana.
Los desvelos del gobierno para salvar al régimen llevaban a las autoridades más suspicaces a dictar sentencias contra ciudadanos de a pie que rayaban el absurdo. Muchos gobernadores rubricaban sanciones contra aquellos vecinos que enaltecían las virtudes del catolicismo a la salida de misa o que criticaban al gobierno en una tertulia de café y coñac. Los sermones del púlpito se analizaban con lupa y eran permanentes las denuncias contra párrocos por proferir insultos contra el régimen. Incluso los borrachos ocasionales eran castigados por sus faltas de ebriedad. Un vecino de Villamartín, en Cádiz, fue denunciado por atentar contra la forma de Gobierno, al pronunciar palabras ofensivas para la República en estado de embriaguez en la vía pública [52].
La situación llegó a tal extremo que incluso el Fiscal General de la República debió advertir en una circular que se moderase la utilización de la ley. Los periódicos también alzaron la voz contra este régimen de prensa. El 3 de febrero de 1932, ABC exponía su visión en un editorial titulado ‘La situación de la Prensa’. El texto es bastante sintomático:
“La censura (en los tiempos de la Dictadura) era una mutilación del periódico y de la libertad; se nos llevaba textos determinados, ésta o la otra crítica, o sólo el matiz y el vigor de un artículo. La Ley de Defensa de la República elimina los temas enteros, cohibe toda nuestra libertad, y si no le sacrificamos toda nuestra lícita opinión, o no acertamos en la medida del sacrificio, nos trae la suspensión temporal o ilimitada, se nos lleva el periódico... y destruye intereses cuya pérdida es en algún caso pena enorme que ningún tribunal impondría por ningún delito de pluma” (p. 15).
Otras fórmulas improvisadas de censura
La pervivencia de la Ley de Defensa de la República condicionó la actitud de la prensa; muchos de los periódicos más castigados comenzaron a moderar su tono o evitaron exponer críticas demasiado exaltadas, desterrando ciertos hábitos propios de la época, como la demagogia ferviente o la utilización profusa de adjetivos. El testimonio de Juan García Oliver sobre su etapa en la redacción del diario CNT es significativo porque demuestra el problema con el que batallaban muchos colegas de la profesión y las salidas de auxilio que encontraron ciertas publicaciones para eludir la pena máxima de la suspensión.
“Había que lograr una reducción de las recogidas de las ediciones de CNT por las autoridades fundadas en el contenido excesivamente virulento de buena parte de los escritos que publicaba... Bastaba tachar los adjetivos de excesivo abuso en los periódicos de combate. La acción penal, les explicaba diariamente, se ejerce solamente sobre los adjetivos. Utilizad sustantivos y no se nos podrá recoger ninguna edición” [53].
Al margen de que su pronóstico pudiera haber sido un tanto optimista, lo innegable es que las denuncias fundamentadas en la Ley de Defensa de la República comenzaron a decaer a finales de 1932 y, sobre todo, en 1933, como se desprende de la documentación custodiada en los diferentes archivos estatales. Pero la habilidad de los periódicos para esquivar las trabas de la censura gubernativa no hizo que languideciera la vigilancia ni que se atenuaran las denuncias. Solamente cambiaron los términos en la formulación. A partir de 1932 son numerosas las sanciones rubricadas por los gobernadores civiles contra los directores de las publicaciones peor avenidas con el gobierno al abrigo de la ley provincial de 29 de agosto de 1882 que, en su artículo 22, facultaba al gobernador civil para “reprimir los actos contrarios a la moral y a la decencia pública, las faltas de obediencia o de respeto a su autoridad y las que en ejercicio de sus cargos comentan los funcionarios y corporaciones dependientes de la misma...”.
El polémico artículo no aludía a la prensa, de modo que la legalidad en la aplicación de dicha norma para sancionar los presuntos delitos cometidos por medio de la imprenta parece más que rebatible. Y así lo resaltaban los periodistas afectados en sus alegaciones, ya que el ámbito informativo estaba sobradamente regulado por medio de dos disposiciones normativas: la ley de policía e imprenta de 1883 y la de Defensa de la República.
Los directores tenían un plazo de diez días para presentar un recurso de alzada ante el ministro de la Gobernación y quince días de audiencia pública para aportar, más adelante, sus pruebas argumentales. Sin embargo, el importe de la sanción debía abonarse en papel de pagos al Estado en ese plazo inexcusable de diez días, y sólo después de haber consignado la multa en la Caja General de Depósitos el sancionado podía recurrir. La finalidad del proceso era, por supuesto, asfixiar económicamente a los periódicos menos complacientes con la política gubernativa.
Los periodistas habían aprendido rápido y habían descubierto asideros para escapar del prolijo entramado judicial. Hay testimonios que lo acreditan. El 17 de marzo de 1933 el Diario de Albacete fue multado con 500 pesetas por un brevísimo artículo, publicado en primera página, a modo de apología nostálgica de la Dictadura de Primo de Rivera. El gobernador señaló en rojo la parte que consideraba punible: “(...) época añorada cada vez con más intensidad por los españoles al contrastarla con los momentos actuales...” [54].
En su recurso, el director del medio subrayaba la contradicción de esa sentencia. No sin cierta sorna, trataba de encontrar los fundamentos legales en los que el gobernador civil sustentaba su sanción:
“Si se amparase en la Ley de Defensa, tampoco tendría validez la medida gubernativa ya que el añorar cualquier sistema de Gobierno (como pretende argumentar el Gobernador Civil) no se halla comprendido en ninguno de los apartados del artículo 1° de la citada ley que define los actos de agresión a la República” [55].
A esas alturas los gerentes y directores de periódicos se conocían la ley hasta en las comas y sabían perfectamente que la única vía para evitar las querellas era eliminar las injurias al régimen. Parece lógico, por tanto, que los gobernadores civiles tuvieran que recurrir a otras preceptivas menores y que se vieran obligados a realizar un auténtico encaje de bolillos para justificar sus sanciones.
El director del Diario de Almería, uno de los periódicos habitualmente denunciado en los juzgados ordinarios, vio colmada su paciencia tras la imposición sucesiva de varias multas que no iban precedidas de ninguna querella criminal. El 22 de abril de 1932 recibía una sanción de 250 pesetas por un artículo que contenía, a juicio del gobernador, “párrafos insidiosos y faltos en absoluto de veracidad ...”. El responsable del medio reprobó esta conducta cuando expuso sus alegaciones y lo hizo con el razonamiento de que la supuesta negligencia de la autoridad provincial rayaba en la ilegalidad:
“La multa que se nos ha impuesto no es otra cosa que una manifestación de la persecución sistemática que se hace desde el Gobierno Civil a DIARIO DE ALMERÍA (sic). Buena prueba de ello es que a esta primera multa de 250 pesetas ha seguido otra de 500, basándose igualmente en el desprestigioso artículo 22 de la ley provincial. La persona que está al frente de este Gobierno Civil conoce perfectamente que no es la ley provincial la sancionadora de las faltas cometidas por medio de la imprenta. No puede ignorar que para cumplir esta misión hay un Código Penal...” [56]
La libertad de los gobernadores para multar a su antojo, sin orden judicial ni autorización del Ministerio, alcanzaba extremos tan desmesurados que algunos rotativos sufrían la sanción máxima de 500 pesetas por reproducir informes casi telegráficos en los que el periódico no emitía la más ligera opinión. El 2 de mayo de 1932 El Pueblo Católico, de Granada, era sancionado por relatar el mitin del ministro Fernando de Los Ríos y su única imprudencia había sido informar de la algarada callejera que se generó a raíz del evento con un estilo de crónica testimonial.
“El señor De Los Ríos comenzó su discurso rechazando los ataques que se dirigía a los socialistas, precisamente porque triunfaban. Esto dio origen a fuerte escándalo. Continuó atacando a los comunistas y el escándalo aumentó en términos ensordecedores. Se oyeron gritos de enchufistas y otros por el estilo. Surgieron diversas colisiones en los tendidos repartiéndose profusión de palos y bofetadas. El señor De Los Ríos calificó de infamia lo de los enchufes, y el escándalo fue inenarrable. Después de grandes esfuerzos el señor De Los Ríos logró apaciguar los ánimos. A la salida ocurrieron también varias colisiones. Don Fernando de los Ríos montó en su auto, marchando precipitadamente al hotel, seguido de numerosos grupos que pretendían lincharlo. Los anarcosindicalistas organizaron una manifestación, que recorrió algunas calles dando mueras y vivas. La policía les arrebató una bandera que llevaban. Se cruzaron algunos disparos, haciéndose varias detenciones” [57].
El tono obedecía, según confirmó el director, a que la noticia era una mera transcripción de la que había facilitado una agencia a todos los periódicos del país, pero el gobernador mantuvo la sanción, basándose en que la noticia era “falsa” y contenía “conceptos que han producido el escándalo suficiente para considerarla inclusa en el artículo 22 de la vigente ley provincial” [58].
El recurso de alzada que el director elevó al Ministerio de la Gobernación seguía la línea argumental en la que coincidían casi todos los perjudicados: la arbitrariedad que suponía aplicar una ley de ámbito provincial para castigar presuntos delitos de imprenta, ya que éstos se hallaban sometidos a una normativa específica y debían ser juzgados por la vía penal.
Alguien debió de alertar al gobernador civil de que el recurso tenía suficientes fundamentos para prosperar porque el 16 de mayo éste corregía sus razonamientos. En la formulación de motivos que dirigió al ministro admitía que, en efecto, el artículo 22 de la ley provincial no era aplicable para penalizar esa infracción, aunque no por ello claudicaba:
“Mas como el hecho que la motivara está comprendido, a juicio del que suscribe, en el apartado V del artículo 1° de la ley de 21 de octubre de 1931, debe ser castigado conforme previene el artículo 2° de la indicada ley con una multa equivalente a aquélla y así tengo el honor de proponerlo a V.E .” [59].
Los gobernadores civiles eran, muchas veces, más voluntariosos que hábiles en su trabajo. En este caso, la autoridad provincial alcanzó a comprender que el artículo era injurioso, aunque no atinara al decidir contra quién. Otros ni siquiera captaban el sarcasmo. El 22 de abril de 1932 varios vendedores fueron multados con 500 pesetas en Valencia, San Sebastián y Barcelona por repartir una hoja socarrona sobre el monarca destronado.
“Hace casi un año que sufro en silencio cuanto en lo humano es posible porque es mucho lo que he perdido. Aquel Palacio de Oriente que disfruté sin pagar renta ni inquilinato, porque eso lo dispuse para que lo pagárais vosotros; aquella pingüe dotación contra la que tenía muchas cargas, pero algo quedaba; aquella adulación que a porfía me dispensábais y que tanto os honraba; aquellas esplendorosas cacerías con que me obsequiaban mis cortesanos a cambio de mercedes que salían de vuestras contribuciones, así como alguna que otra aristocrática pieza cobrada en ojeos menos ostentosos y de gran gusto para mí, a espaldas de mi cónyuge...” [60].
La premura de los gobernadores a la hora de decretar sus sanciones derivaba con bastante frecuencia en la irregularidad. El 9 de abril de 1932 el gobernador civil de Baleares sancionó con 1.000 pesetas al periódico Verdad y Justicia por el artículo ‘Un cable de protesta al Presidente de la República española’, reproducción literal del telegrama enviado por Ricardo Cox Méndez, ex diputado y ex ministro de Chile, a Alcalá Zamora criticando la disolución de la Compañía de Jesús. El gobernador civil decidió acompañar la sanción económica con una orden de suspensión indefinida, pero la querella criminal dictada por la Fiscalía llegó bastante más tarde. Fue notificada al director del rotativo el día 13, con posterioridad a la multa y a la suspensión. A esta arbitrariedad le siguieron otras que el director resaltó en sus alegaciones: el gobernador no citaba los preceptos legales que fundamentaban su sanción; la ley del 21 de octubre de 1931, en la que parecía ampararse, era de aplicación reservada para el ministro de la Gobernación o delegados de dos o más provincias y las presuntas ofensas contra el régimen las lanzaba el firmante de la nota.
La propensión a la multa inmediata era tan acentuada que, en ocasiones, ciertos gobernadores provocaban situaciones rocambolescas, como la creada por el de Guipúzcoa el 4 de mayo de 1933, al firmar una sanción de 500 pesetas contra el periódico El Día por “las faltas de respeto a mi Autoridad... con motivo de la improcedente suscripción para pagar la multa impuesta por mi Autoridad el 26 de abril último” [61].
La independencia de la prensa se veía cada vez más cercenada y los redactores no encontraban muchas veces ni el refugio ocasional de la ironía para huir del acoso gubernamental.
“(...) Se han propuesto hundir el exhausto erario con una nueva contribución ciudadana: la de las multas legales... En esta República de trabajadores corren unos soplos tan fatales, que por menos de nada, le descacharran a uno con un déficit de 500 pesetas” [62].
El relato sardónico lo publicaba el 23 de julio de 1932 otro periódico de cita fija en los juzgados y despachos gubernativos, el salmantino Defensa, que por supuesto tuvo que pagar su audacia con el impuesto fijo al que aludía: 500 pesetas.
La Ley de Orden Público: vía libre para la censura previa
El marco normativo regulador de la prensa había perdido, por lo tanto, eficacia, y a los ojos del gobierno la ley de Defensa de la República mostraba ciertas lagunas para impedir la crítica propagada por medio de la imprenta. El año 1933 se inauguró, además, con uno de los incidentes que más duramente desgastaría al gabinete de la coalición, la matanza de Casas Viejas, que pasó factura al gobierno por la desproporción de la masacre con que los cuerpos de seguridad reprimieron a los insurrectos.
El suceso derivó en una campaña muy combativa por parte de la prensa de izquierdas y las críticas de los periódicos derechistas tampoco fueron escasas. El gabinete reformista empezó a advertir entonces la necesidad de promulgar un nuevo documento normativo que mantuviera a la prensa metida en la vereda republicana. Con este fin elaboró la Ley de Orden Público, cuya novedad más interesante para el régimen de prensa consistía en la posibilidad de declarar hasta tres estados de excepción (de prevención, de alarma y de guerra) que progresivamente iban endureciendo las condiciones para que las publicaciones periódicas ejercieran su actividad con plena libertad.
Los hechos difundidos a través de la imprenta se regían por las prescripciones de la Ley de Policía de Imprenta, excepto en aquellas circunstancias específicas en que fuera aplicable la nueva Ley de Orden Público. Pero la vaguedad a la hora de definir y tipificar los actos que atentaban contra el orden público dejaba abierta la puerta a su aplicación inmoderada, como realmente sucedió desde su entrada en vigor y durante los casi tres años que transcurrieron hasta el estallido de la Guerra Civil.
“Se puede afirmar que no hay ley excepcional que se haya aplicado más intensa y frecuentemente que la Ley de Orden Público de 1933. Es más, se podría llegar a afirmar, que con la promulgación de esta Ley, España vivió bajo un casi constante estado de anormalidad constitucional” [63].
La simple declaración del estado de prevención permitía al gobierno articular estrategias de control informativo que reemplazaban a la censura previa. El artículo 28 daba carta blanca al gobierno para revisar con antelación las publicaciones a través del sellado “de todos los impresos, con excepción de los libros que sirvan para defender ideas u opiniones políticas o sociales... dos horas antes de su publicación”, un tiempo que se reducía “a una hora para los periódicos diarios”. Y ello sin necesidad de suspender las garantías constitucionales, un procedimiento que algunos juristas han considerado inconstitucional”. [64].
Las garantías sí quedaban suspendidas durante el estado de alarma, que eliminaba libertades básicas, como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de residencia y los derechos de asociación y sindicación. Las autoridades tenían atribuciones para firmar destierros de hasta 250 kilómetros del domicilio, parar practicar detenciones gubernativas o, según el artículo 39, para “someter a previa censura todos los impresos y en caso urgente, acordar la suspensión de las publicaciones que preparen, exciten o auxilien la comisión de delitos contra el orden público, a condición de dar cuenta el Gobierno de las medidas que adopte en cada caso”.
El estado de excepción más grave era el de guerra que transfería los poderes civiles a la autoridad militar. Ésta era la que adoptaba las medidas que antes le competían a los dirigentes civiles y disponía de potestad absoluta para restablecer el orden. Como afirma Abad Amorós, proclamado este estado “no sólo desaparece la libertad de expresión, sino todas las libertades públicas del individuo” [65].
Dada su rigidez, la aprobación de la ley no fue un camino de rosas. El debate parlamentario reprodujo los planteamientos esgrimidos durante la sesión en la que, dos años antes, se aprobara la Ley de Defensa de la República. Y también fueron los mismos espectros ideológicos quienes se opusieron a su aprobación. Como entonces, el más contundente fue el diputado Balbontín, para quien la Ley de Orden Público “ no iba a significar más que un cambio de nombres. Los derechos habían estado proscritos por la Ley de Defensa de la República, pero a partir de aquel momento el estado de prevención o alarma previstos en la Ley de Orden Público, sería poco menos que perpetuo” [66].
No se equivocó en sus pronósticos. La ley se promulgó el 28 de julio de 1933 y sus efectos sobre la prensa fueron presurosos. En ciertas ciudades especialmente conflictivas las precauciones se extremaron, estableciendo fórmulas de censura previa sin que se declarasen los estados de excepción que contemplaba la ley. De este modo lo denunciaron en varios comunicados dirigidos al ministro de la Gobernación los redactores de algunos de los periódicos censurados por las autoridades provinciales. El 5 de agosto de 1933 Casares Quiroga recibía un telefonema de Juan de Zabala explicándole que habían sido detenidos varios jóvenes por vocear el semanario vasco Jagi-Jagi, de Bilbao, “no obstante haberse cumplido con el requisito del sellado previamente en el gobierno civil” [67].
Apenas dos semanas después de este incidente, los redactores del periódico Euzkadi, uno de los rotativos que con mayor inclemencia sufrió la persecución gubernativa, protestaba ante el ministro porque el gobernador civil exigía al diario “inopinadamente que presente ejemplares según la Ley de Imprenta a una hora que aquel convenga para que pueda tener montados servicios de incautación rápida de toda la tirada”. Los redactores subrayaban la conculcación de la libertad de expresión que entrañaba esta práctica en un momento en que, sin haberse declarado ningún estado de excepción, no parecía estar justificada. “Como tal vejación implica la previa censura (...) solicitamos y esperamos V.E. sírvase comunicar y dejar sin efecto su extraña medida de excepción con urgencia” [68].
En ambos casos, como en todos los escritos de protesta que particulares, colectivos o entidades elevaban al ministro, éste se limitó a trasladar el escrito al gobernador civil para que le informara sobre lo acaecido.
No son éstos ejemplos esporádicos. Los métodos de censura que el gobierno podía aplicar a partir de julio de 1933 eran mucho más amplios y terminantes, y las autoridades supieron aprovechar las ventajas que les deparaba el nuevo contexto legal para mantener a la prensa adocenada. Algunos gobernadores civiles se permitían el lujo de complementar las tradicionales consignas con el envío de notas oficiosas a los rotativos más belicosos. El 8 de septiembre de 1933, en los coletazos finales de la coalición centrista del I Bienio, el gobernador de Burgos notificaba al ministro de la Gobernación, Casares Quiroga, de sus andanzas con la prensa local:
“Mañana enviaré nota oficiosa y datos complementarios sobre incidente ocurrido en despacho oficial entre Alcalde accidental señor Santa María y Secretario Comité Acción Republicana Señor Errazquin, anticipándole que dicho suceso aparece desvirtuado por la prensa de Madrid servida aquí por diario de Burgos enemigo acérrimo Gobierno. Suceso es de tipo personal y privado careciendo de toda importancia, que únicamente se la quisieron conceder las mencionadas derechas en combinación con concejales radicales y propio Alcalde al servicio de aquellas en busca de producir cambio monárquico Burgos desacreditando Gobierno” [69].
La Ley de Orden Público acabó con los eufemismos y transformó un gobierno presuntamente democrático en otro de plenos poderes. Los estados de excepción se convirtieron desde entonces en una situación persistente. Aunque sería el bloque de derechas el que utilizaría profusamente la ley, también la coalición republicano-socialista cerró su etapa con un balance revelador: entre los meses de agosto y noviembre (cuando la derecha ganó las elecciones y se produjo el relevo en el gobierno) apenas hubo exiguos paréntesis en los que reinase la normalidad constitucional.
Como muestra anecdótica, baste citar algunos de los estados de excepción declarados por el gobierno del I Bienio en ciertas regiones especialmente litigantes. El 19 de agosto de 1933 el presidente del Consejo de Ministros firmaba un decreto declarando el estado de prevención en la provincia de Sevilla, que se mantuvo hasta el 20 de octubre de ese mismo año [70], e idéntica medida se aplicó el 6 de octubre de 1933 en Cataluña, aunque la anormalidad constitucional duró en este caso menos; se levantaba el día 20 de ese mes. El decreto estaba sobradamente razonado, al margen de lo convincentes que resultaran sus argumentos:
“Ante la posibilidad de que con motivo del conflicto obrero de las Fábricas de luz, gas y electricidad de Cataluña, se produzcan alteraciones de orden público en aquella región el Gobierno estima que es deber suyo inexcusable garantizar el servicio público, defender los derechos de los ciudadanos y adoptar las medidas preventivas que le señale las leyes. La Ley de Orden Público consigna una serie de medidas cuya aplicación escalonada representa una actuación de Gobierno en su función defensora del interés general de la Nación...” [71].
Había cambiado la ley, pero el discurso seguía intacto. El bien de la República avalaba la adopción de alternativas que pudieran reprimir derechos ciudadanos. Con menos reparos se anduvieron los gobiernos del II Bienio, quienes decretarían sus estados excepcionales sin soflamas de pretexto. De hecho, la Ley de Orden Público diseñada y aprobada por la coalición republicana-socialista fue prolijamente empleada por el gobierno radical-cedista quien inspeccionó de un modo puntilloso la labor periodística. Prácticamente durante los dos años del Bienio Rectificador, los diferentes gobiernos de derechas tuvieron a la prensa bajo un régimen de severa disciplina, sometida casi siempre a la censura previa.
La injerencia continuada sobre la actividad periodística se perpetuó hasta el fin de la República. Tampoco el gobierno del Frente Popular fue flexible con la prensa cuando desbancó a la derecha en las elecciones de febrero de 1936. Lejos de suavizar las condiciones del régimen informativo, el bloque de izquierdas llevó a cabo una política de intromisiones usuales. La censura previa mutilaba artículos, suprimía noticias y prohibía la publicación de aquellos impresos considerados insidiosos. Tras la entrada en vigor de la Ley de Orden Público, y hasta el estallido de la guerra civil, la libertad de imprenta se anuló de golpe. De la vigilancia todavía algo relajada del I Bienio se desembocó en una situación de asedio absoluto en la que ningún gobierno dejaría nada al azar.
[1] Citas extraídas de: Gutiérrez-Ravé, José, España en 1931. Anuario, Imp. Sáez, Madrid, 1932. p. 121 y ss.
[2] Ley de 15 de abril de 1931. En Gutiérrez-Ravé, José, España en 1931. Anuario, Imp. Sáez, Madrid, 1932, p. 125 y ss.
[3] Ley de policía e imprenta de 1883. Artículo 13.
[4] Gutiérrez-Ravé, José. José, España en 1931. Anuario, Imp. Sáez, Madrid.
[5]AHN. Gobernación. Legajo 49
[7] Archivo General de la Administración. Fondo Antiguo de Gobernación. Legajo 130.
[8] AHN. Gobernación. Legajo 49.
[9] AGA. Fondo Antiguo de Gobernación. Legajo 130.
[12] Gutiérrez-Ravé, José, España en 1931. Anuario, Imp. Sáez, Madrid, 1932, p. 259.
[13] Archivo General de la Administración. Fondo Antiguo de Gobernación. Legajo 130.
[14] Archivo Histórico Nacional. Ministerio de la Gobernación. Legajo 49.
[20] Cita en: Abad Amorós, María Rosa, La libertad de expresión del pensamiento en la II República española, Editorial Universidad Complutense de Madrid, 1988, p. 69.
[21] Archivo Histórico Nacional. Tribunal Supremo. Legajos 79-92.
[22] Archivo Histórico Nacional. Gobernación. Legajo 49.
[28] AHN. Gobernación. Legajo 14.
[29] AGA. Fondo Antiguo de Gobernación. Legajo 2414.
[30] AHN. Gobernación. Legajo 49.
[32] Archivo General de la Administración. Fondo Antiguo de Gobernación. Legajo 92.
[33] Archivo Histórico Nacional. Ministerio de Gobernación. Legajo 49
[35] Archivo Histórico Nacional. Fondo: Gobernación. Legajo 49.
[37] AHN. Gobernación. Legajo 18.
[38] Archivo Histórico Nacional. Fondo: Gobernación. Legajo 49.
[39] Abad Amorós, María Rosa, La Libertad de expresión del pensamiento en la II República española, Ed. Unversidad Complutense de Madrid, 1988, p. 191.
[40] Gutiérrez-Ravé, José, España en 1931. Anuario, Imp. Saéz, Madrid, 1933, p. 390 y ss.
[42] Archivo Histórico Nacional. Ministerio de Gobernación. Legajo 49
[43] Citas extraídas de: Ibid.
[44] Archivo Histórico Nacional. Ministerio de Gobernación. Legajo 18
[46] Gómez Aparicio, Pedro, Historia del Periodismo español. (De la Dictadura a la Guerra Civil). Ed. Nacional, Madrid, 1981, p. 300.
[47] Maura, Miguel, Así cayó Alfonso XIII, Ed. Ariel, Barcelona, 1962, p. 278 y ss.
[48] AGA. Fondo Antiguo de Gobernación. Legajo 92.
[49] AHN. Gobernación. Legajo 18.
[50] Citas extraídas de: AHN. Gobernación. Legajo 49.
[52] AHN. Fondo: Gobernación. Legajo 18.
[53] Cita extraída de Madrid, Francisco, Prensa Obrera en Madrid. (La prensa confederal en la II República: El diario CNT 1932-1934), Revista Alfoz CIDUR, Comunidad de Madrid, 1987, p. 389.
[54] Archivo General de la Administración. Fondo Antiguo de Gobernación. Legajo 2417.
[56] AGA. Fondo Antiguo de Gobernación. Legajo 65.
[59] AGA. Fondo Antiguo de Gobernación. Legajo 117.
[61] AGA. Fondo Antiguo de Gobernación. Legajo 213.
[62] AGA. Fondo Antiguo de Gobernación. Legajo 65.
[63] Cita en: Abad Amorós, María Rosa, La libertad de expresión del pensamiento en la II República española, Ed. Universidad Complutense de Madrid, 1988, p. 274.
[64] Ibid. Pag. 284 y ss.
[65] Ibid. Pag 288.
[66] Ibid. Pag 271.
[67] Archivo Histórico Nacional. Fondo: Gobernación. Legajo 18.
[69] AGA. Fondo Antiguo de Gobernación. Legajo 2421
[70] AGA. Fondo de Presidencia. Legajo 3484.
© Carmen Martínez Pineda 2007
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