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Timestamp: 2020-02-21 12:52:31
Document Index: 354420275

Matched Legal Cases: ['artículo 270', 'artículo 4', 'Artículo 7', 'artículo 22', 'artículo 15', 'Artículo 23', 'Artículo 74', 'Artículo 209', 'Artículo 270']

DIRLIQUIDACIONES - Prescripción de la acción de cobro de Comparendos
Prescripción de la acción de cobro de ...
La Constitución Política Colombiana de 1991, en su artículo 270, faculta a la ciudadanía para que intervenga activamente en el control de la gestión pública al establecer que:
Por lo tanto, la participación ciudadana se debe considerar como el mecanismo por excelencia de control social y de integración colectiva, que fortalece los lazos de confianza entre la comunidad y sus instituciones.
La Corte Constitucional, ha sostenido que el derecho de participación ciudadana emana del mandato democrático y participativo como principio fundamental del Estado en la Constitución.
El Código Contencioso Administrativo “Decreto 01 de 1984” antes de la expedición de la Constitución de 1991, reconoció la importancia del Derecho de Petición (artículo 4), al punto de señalar que la omisión en que incurre la autoridad al no responder las peticiones con prontitud y en los términos legales, es una violación del derecho y una causal de mala conducta. (Artículo 7).
Con el propósito de fortalecer el ordenamiento jurídico y el mejoramiento de la gestión pública, así como unificar criterios jurisprudenciales, el Legislador expidió la Ley 1437 del 18 de enero de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual en su artículo 22, establece la obligación a cargo de las autoridades de reglamentar el trámite interno de las peticiones que les corresponda. La primera parte de esta norma, impulsa el ejercicio del Derecho de Petición como una herramienta para poner en marcha la actuación administrativa.
El artículo 15 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, viene a desarrollar este principio constitucional en los siguientes términos:
“Artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. (…)”.
“Artículo 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley. (…)”
“Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, delegación y la desconcentración de funciones. (…)”
“Artículo 270. “La ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos niveles administrativos y sus resultados”.
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