Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=683565
Timestamp: 2019-05-21 05:29:54
Document Index: 206750614

Matched Legal Cases: ['artículo\n1', 'artículo\n1', 'artículo\n1', 'artículo 17', 'artículo\n1', 'artículo\n1', 'artículo 17', 'artículo\n1', 'artículo\n1', 'artículo 17', 'artículo\n1', 'artículo 17', 'artículo\n1', 'artículo\n1', 'artículo\n1']

Diario de Sesión: Sesión Especial N°121
ANÁLISIS DE CONTENIDO Y ALCANCE DEL ACUERDO ENTRE REPRESENTANTES DE LA CORFO Y SQM SOBRE ARBITRAJE POR CONTRATOS Y PROYECTOS RELACIONADOS CON LA EXPLOTACIÓN DEL LITIO EN SALAR DE ATACAMA (PROYECTO DE RESOLUCIÓN)
INTERVENCIÓN : Alejandra Amalia Sepulveda Orbenes
INTERVENCIÓN : Claudio Eugenio Arriagada Macaya
INTERVENCIÓN : Paulina Andrea Nunez Urrutia
INTERVENCIÓN : Gaspar Alberto Rivas Sanchez
INTERVENCIÓN : Daniel Alejandro Farcas Guendelman
INTERVENCIÓN : Hugo Humberto Gutierrez Galvez
INTERVENCIÓN : Denise Simone Pascal Allende
INTERVENCIÓN : Felipe Rudecindo Letelier Norambuena
INTERVENCIÓN : Daniel Alexander Melo Contreras
Alejandra Amalia Sepulveda Orbenes
Daniel Ignacio Nunez Arancibia
Ricardo Enrique Rincon Gonzalez
Marcela Ximena Hernando Perez
Sergio Patricio Aguilo Melo
Maya Alejandra Fernandez Allende
Rene Fernando Saffirio Espinoza
DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Miguel Alvarado Ramirez
Juan Luis Castro Gonzalez
Guillermo Arturo Ceroni Fuentes
Tucapel Francisco Jimenez Fuentes
Sesión 121ª, en jueves 25 de enero de 2018
(Especial, de 12.16 a 14.05 horas)
Presidencia de los señores Espinoza Sandoval, don Fidel, y Jaramillo Becker, don Enrique.
Secretario, el señor Landeros Perkič, don Miguel.
I.- ASISTENCIA II.- APERTURA DE LA SESIÓN III.- ACTAS IV.- CUENTA V.- OBJETO DE LA SESIÓN VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
I.- ASISTENCIA............................................................................................................................................ 5
II.- APERTURA DE LA SESIÓN................................................................................................................ 9
III.- ACTAS ................................................................................................................................................... 9
IV.- CUENTA ................................................................................................................................................ 9
V.- OBJETO DE LA SESIÓN ...................................................................................................................... 9
ANÁLISIS DE CONTENIDO Y ALCANCE DEL ACUERDO ENTRE REPRESENTANTES DE LA CORFO Y SQM SOBRE ARBITRAJE POR CONTRATOS Y PROYECTOS RELACIONADOS CON LA EXPLOTACIÓN DEL LITIO EN SALAR DE ATACAMA
(PROYECTO DE RESOLUCIÓN) ........................................................................................................ 9
VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA.
1.-	Informe de la Comisión Especial Investigadora de la utilización de recursos públicos por parte de Codelco, especialmente en las adquisiciones de bienes y servicios a privados durante los últimos diecisiete años, y la política de indemnizaciones por término de la relación laboral de sus ejecutivos y trabajadores (CEI 46).
2.-	Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Alvarado, Campos, Castro, Ceroni, Farcas y Jiménez, y de las diputadas señoras Álvarez, Carvajal, Hernando y Sepúlveda, que “Establece normas de seguridad aplicables a las piscinas”. Boletín N° 11599-14. R
3.-	Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del artículo
1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216. Rol 4040-17-INA. R
4.-	Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del artículo
1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216. Rol 4075-17-INA. R
5.-	Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del artículo
1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216 (Acogido) y del artículo 17 B, inciso segundo, de la ley N° 17.798 (Rechazado). Rol 4083-17-INA. R
6.-	Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del artículo
1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216. Rol 4088-17-INA. R
7.-	Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del artículo
1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216 ( Acogido) y del artículo 17 B, inciso segundo, de la ley N° 17.798 (Rechazado). Rol 4089-17-INA. R
8.-	Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del artículo
1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216. Rol 4098-17-INA.
9.-	Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del artículo
1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216 ( Acogido) y del artículo 17 B, inciso segundo, de la ley N° 17.798 (Rechazado). Rol 4108-17-INA. R
10.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del artículo
1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216 ( Acogido) y del artículo 17 B, inciso segundo, de la ley N° 17.798 (Rechazado). Rol 4125-17-INA.R
11.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del artículo
1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216. Rol 4141-17-INA. R
12.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del artículo
1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216. Rol 4142-17-INA. R
13.- Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del artículo
1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216. Rol 4142-17-INA.
-Asistieron 110 señores diputados, de los 119 en ejercicio.
-Sergio Aguiló Melo
-Miguel Ángel Alvarado Ramírez
-Jenny Álvarez Vera
-Pedro Pablo Álvarez-Salamanca Ramírez
-Osvaldo Andrade Lara
-Claudio Arriagada Macaya
-Pepe Auth Stewart
-Ramón Barros Montero
-Germán Becker Alvear
-Jaime Bellolio Avaria
-Bernardo Berger Fett
-Gabriel Boric Font
-Pedro Browne Urrejola
-Cristián Campos Jara
-Karol Cariola Oliva
-Lautaro Carmona Soto
-Loreto Carvajal Ambiado
-Juan Luis Castro González
-Guillermo Ceroni Fuentes
-Fuad Chahin Valenzuela
-Marcelo Chávez Velásquez
-Daniella Cicardini Milla
-Juan Antonio Coloma Alamos
-Aldo Cornejo González
-Felipe De Mussy Hiriart
-Rojo Edwards Silva
-Sergio Espejo Yaksic
-Marcos Espinosa Monardes
-Fidel Espinoza Sandoval
-Daniel Farcas Guendelman
-Ramón Farías Ponce
-Maya Fernández Allende
-Iván Flores García
-Iván Fuentes Castillo
-Gonzalo Fuenzalida Figueroa
-Sergio Gahona Salazar
-René Manuel García García
-Cristina Girardi Lavín
-Joaquín Godoy Ibáñez
-Rodrigo González Torres
-Romilio Gutiérrez Pino
-Hugo Gutiérrez Gálvez
-Gustavo Hasbún Selume
-Javier Hernández Hernández
-Marcela Hernando Pérez
-María José Hoffmann Opazo
-Giorgio Jackson Drago
-Enrique Jaramillo Becker
-Carlos Abel Jarpa Wevar
-Tucapel Jiménez Fuentes
-José Antonio Kast Rist
-Felipe Kast Sommerhoff
-Issa Kort Garriga
-Joaquín Lavín León
-Luis Lemus Aracena
-Roberto León Ramírez
-Felipe Letelier Norambuena
-Pablo Lorenzini Basso
-Javier Macaya Danús
-Rosauro Martínez Labbé
-Patricio Melero Abaroa
-Daniel Melo Contreras
-Fernando Meza Moncada
-Vlado Mirosevic Verdugo
-Andrea Molina Oliva
-Cristián Monckeberg Bruner
-Nicolás Monckeberg Díaz
-Manuel Monsalve Benavides
-Celso Morales Muñoz
-Juan Enrique Morano Cornejo
-Claudia Nogueira Fernández
-Iván Norambuena Farías
-Marco Antonio Núñez Lozano
-Daniel Núñez Arancibia
-Paulina Núñez Urrutia
-Sergio Ojeda Uribe
-José Miguel Ortiz Novoa
-Clemira Pacheco Rivas
-Denise Pascal Allende
-Diego Paulsen Kehr
-José Pérez Arriagada
-Leopoldo Pérez Lahsen
-Jaime Pilowsky Greene
-Roberto Poblete Zapata
-Yasna Provoste Campillay
-Jorge Rathgeb Schifferli
-Ricardo Rincón González
-Gaspar Rivas Sánchez
-Alberto Robles Pantoja
-Luis Rocafull López
-Karla Rubilar Barahona
-Jorge Sabag Villalobos
-Marcela Sabat Fernández
-René Saffirio Espinoza
-Raúl Saldívar Auger
-David Sandoval Plaza
-Alejandro Santana Tirachini
-Marcelo Schilling Rodríguez
-Alejandra Sepúlveda Orbenes
-Gabriel Silber Romo
-Ernesto Silva Méndez
-Leonardo Soto Ferrada
-Arturo Squella Ovalle
-Jorge Tarud Daccarett
-Guillermo Teillier Del Valle
-Víctor Torres Jeldes
-Renzo Trisotti Martínez
-Joaquín Tuma Zedan
-Marisol Turres Figueroa
-Jorge Ulloa Aguillón
-Christian Urízar Muñoz
-Osvaldo Urrutia Soto
-Ignacio Urrutia Bonilla
-Camila Vallejo Dowling
-Patricio Vallespín López
-Enrique Van Rysselberghe Herrera
-Mario Venegas Cárdenas
-Germán Verdugo Soto
-Matías Walker Prieto
-Felipe Ward Edwards
-Se abrió la sesión a las 12.16 horas.
El señor JARAMILLO (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
El señor JARAMILLO (Vicepresidente).- El acta de la sesión 111ª se declara aprobada. El acta de la sesión 112ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
El señor JARAMILLO (Vicepresidente).- El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta.
El señor JARAMILLO (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra sobre la Cuenta. Ofrezco la palabra.
El señor JARAMILLO (Vicepresidente).-
La presente sesión tiene por objeto analizar el contenido y alcance del reciente acuerdo al que llegaron representantes de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) y la empresa SQM en relación con el arbitraje que sostenían por contratos y proyectos relacionados con la explotación del mineral de litio desde el salar de Atacama.
Fueron citados los ministros de Hacienda, de Economía, Fomento y Turismo, y de Desarrollo Social. Asimismo, fueron invitados el vicepresidente del Consejo de Corfo y el presidente del Directorio de Codelco.
Se excusaron de asistir a la sesión el ministro de Hacienda y el presidente del Directorio de Codelco.
En el tiempo previo de quince minutos, harán uso de la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda , por siete minutos y medio, y el diputado señor Daniel Núñez , por igual tiempo.
Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda .
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).-
Señor Presidente, en este último día antes del receso legislativo, quiero agradecer esta sesión especial, así como la presencia del ministro de Economía, Fomento y Turismo , y del vicepresidente del Consejo de la Corfo, porque muchos parlamentarios, si no la mayoría, estamos interesados en saber qué significa este convenio, que cada uno podría haber tenido en su pupitre, pero que no llegó antes. Tuvimos que realizar varias gestiones para obtenerlo, al igual que para concretar la presencia del vicepresidente del Consejo de la Corfo en esta Corporación, quien fue invitado varias veces a la Comisión de Economía -por lo menos en tres oportunidades-, pero por distintas razones no asistió, a pesar del interés innegable de los parlamentarios por conocer el acuerdo con Soquimich. Tanto es así, que agradezco a todos los parlamentarios que firmaron la petición para celebrar esta sesión especial, porque obtuvimos alrededor de 42 firmas en menos de una hora.
Ahora bien, nadie puede negar la importancia del litio para Chile. Creo que en términos naturales, económicos, de reserva de los salares, de ventajas comparativas y competitivas, sin duda, tenemos un puesto privilegiado en el mundo, sobre todo en relación con el salar de Atacama. Varias veces hemos creado comisiones investigadoras sobre materias medioambientales.
En Chile existen dos empresas que explotan salares mediante contrato de arrendamiento: una de Estados Unidos y la otra es Soquimich. Pues bien, voy a centrar mi intervención en Soquimich.
Mientras más estudio las cuestiones relacionadas con Soquimich, más me sorprendo. Y mientras más analizo el convenio, que según el vicepresidente del Consejo de Corfo es de los mejores que se han suscrito en los últimos doscientos años de historia.
Pero la pregunta que debemos plantearnos es la siguiente: ¿Con quién estamos haciendo ese acuerdo? El convenio puede ser bueno, en todas las aristas que implica, pero ¿con quién estamos haciendo el acuerdo? ¡Lo estamos haciendo con Soquimich, no con cualquier empresa!
Daré a conocer ocho razones, a lo menos, por las cuales considero que no deberíamos suscribir este acuerdo con esa empresa.
Primero, conforme a los antecedentes aportados por la Superintendencia del Medio Ambiente y aquellos surgidos de las comisiones investigadoras de salares, existen cinco sanciones y quince procesos fiscalizadores relacionados con la extracción de litio en el salar de Atacama. ¡Cinco sanciones gravísimas! En términos medioambientales, esta empresa merece un reproche absoluto. ¿Tenemos certeza de que ahora va a ser distinto?
Si alguien los quiere leer, aquí están todos los reproches ambientales.
Segundo, denuncias por prácticas antisindicales en SQM S.A., Soquimich Industrial , Soquimich Salar , Soquimich Nitratos , etcétera. ¡Todas tienen denuncias por prácticas antisindicales, ya que no dejan tranquilos a los trabajadores! ¿Con ellos queremos suscribir contratos?
Tercero, a las irregularidades cometidas en Chile, se suman los ilícitos que investiga la SEC en Estados Unidos, que instruyó un proceso sancionatorio por el pago de 14,75 millones de dólares a políticos y candidatos en Chile. ¡14,7 millones de dólares! Y esto no lo sabíamos aquí. Nos enteramos por la investigación de la SEC, en Estados Unidos de América, y por eso nos enteramos de lo que estaba ocurriendo. ¿Y con ellos queremos firmar contratos? ¡No entiendo nada!
Cuarto, la Superintendencia de Valores y Seguros multa a todo el directorio de Soquimich por no informar pagos a políticos.
Quinto, la arista judicial por el royalty minero, que motivó que el Consejo de Defensa del Estado presentara una querella contra Soquimich . O sea, el Consejo de Defensa del Estado está encima de SQM, pero nosotros estamos haciendo contratos con ellos.
Sexto, compra de concesiones mineras dentro del anillo de protección de dos kilómetros. O sea, como bien señaló el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Soquimich compró activos a espalda del Estado. ¡Soquimich juega sucio permanentemente!
Séptimo, ejecutó acciones que impiden que la Corfo haga una licitación competitiva en 2030. Y para reafirmar lo anterior, permítanme leer lo siguiente: “Ejecutando acciones que intentaron impedir una licitación competitiva al término del contrato de 2030, para limitar fuertemente la incorporación de terceros en la explotación del salar, como, por ejemplo, la superposición de solicitudes de derechos mineros por sobre los del Estado de Chile”.
¿Nosotros queremos hacer contratos con quienes compran activos por sobre los derechos mineros del Estado de Chile? ¿No hay sorpresa? ¿Entendemos algo? O como diría Bombo Fica : “Sospechosa esta cuestión”.
Para finalizar mi intervención, debo decir que Soquimich ha estafado permanentemente al Estado de Chile. Entonces, con este contrato “maravilloso, extraordinario, super poderoso, mega contrato”, ¿podemos creer que la actitud de Soquimich va a cambiar? ¡Por favor, no seamos ilusos! ¡Busquemos la forma de resguardar el derecho de todos los chilenos sobre el litio!
Tiene la palabra el diputado Daniel Núñez .
El señor NÚÑEZ (don Daniel).-
Señor Presidente, el contrato entre Corfo y Soquimich es lesivo para el interés nacional y representa una renuncia a las exigencias que planteó la propia Corfo , cuando demandó a Soquimich en 2013, bajo el gobierno de Piñera.
En dicha demanda la Corfo solicitaba tres cuestiones:
1. Terminar los contratos con Soquimich por la explotación del Salar de Atacama.
2. La restitución de los bienes de la Corfo que incluyen derechos de agua y servidumbres mineras legales usurpadas.
3. Indemnización por los graves perjuicios causados a la Corfo, como el no pago de las rentas por arrendamiento del salar de Atacama.
Aun cuando el nuevo contrato mejora los términos en relación con el de 1993 -contrato, a todas luces, increíblemente mal elaborado-, este nuevo acuerdo abandona la principal demanda que estableció la Corfo, que es el término de los contratos con Soquimich en el Salar de Atacama.
¿Qué nos dice la Corfo respecto a las razones para suscribir este nuevo contrato? Que si no lograba este acuerdo, el fallo del juez arbitral se produciría entre mayo y agosto del 2018, y que sería favorable a Soquimich, pues no pondría término al contrato y solo consideraría una pequeña indemnización.
Resulta curioso que la Corfo se adelante con tanta convicción a un fallo que no se conoce -no entiendo esto del fallo arbitral, pero que ya se sepa que fallará en contra de nosotros y concluya que, como no existe otra opción, tiene que negociar con Soquimich .
Señor Presidente, por su intermedio quiero decir a las señoras y señores parlamentarios que eso es absolutamente falso. Cualquier abogado o entendido en derecho sabe que en las causas de arbitraje comúnmente se recurre a la Corte Suprema a través de un recurso de queja.
Por lo tanto, si la Corfo pierde en el fallo arbitral, puede recurrir a la Corte Suprema con un recurso de queja y seguir defendiendo el interés del país. Ahora, si pierde en la Corte Suprema hay otra opción: que los diputados y diputadas presentes aprueben el proyecto de reforma constitucional, presentado por nuestra bancada, que establece la creación de la Empresa Nacional del Litio en el salar de Atacama, en las pertenencias mineras de la Corfo, el cual fue declarado admisible en esta Corporación pero que aún no se tramita. Este proyecto incluye la consiguiente expropiación de Soquimich por incumplir sus obligaciones legales con el Estado de Chile. Todos los estados en el mundo tienen la posibilidad, cuando una empresa privada incumple los contratos y actúa de esa manera, de defenderse, expropiando lo que es de su propiedad, en este caso, lo que es propiedad de la Corfo en el salar de Atacama.
Este contrato no solo es lesivo para el interés nacional porque no permite ejercer soberanía sobre un bien usurpado por Soquimich, sino también por la legitimación de la corrupción que conlleva. Al pactar un nuevo contrato, la Corfo desconoce todos los delitos cometidos por esa empresa y su mandamás, Julio Ponce Lerou.
Nombraré algunos “méritos” del currículum de Soquimich; perdón, de su prontuario: financiamiento ilegal de la política al por mayor; multa del Departamento de Justicia y de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos de América por infringir la ley de prácticas corruptas en el extranjero; causa penal contra Soquimich por cohecho en el famoso artículo de la invariabilidad tributaria del royalty minero, entre otros. Sobre este último punto, esperamos que la justicia no acoja mañana -curioso, mañana viernes la solicitud del fiscal Pablo Gómez , quien quiere terminar con el juicio y deslindar la responsabilidad penal de la empresa. El fiscal Pablo Gómez no les llega ni a los talones a los fiscales recientemente renunciados, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena , abogados que dieron su pelea contra la corrupción.
Soquimich comete todos esos delitos, y qué hace la Corfo. La premia. ¡Sí, señoras y señores! La Corfo la premia con el aumento de la cuota de extracción del litio en 350.000 toneladas hasta 2030. Con eso se triplica la cantidad pactada en el acuerdo original, que era de 180.000 toneladas de litio metálico. Se calcula que esta nueva cuota generará ingresos para la empresa de Ponce Lerou en alrededor de 24.000 millones de dólares. El Estado premia a la empresa corrupta más grande de Chile con un contrato que le significará 24.000 millones de dólares. ¿En qué país del mundo ocurre eso?
Ese acto legitima la corrupción y promueve los delitos de cuello y corbata que cometen los poderosos que sobornan, estafan, delinquen. Pero pareciera que no les importa, porque pagan multas y todo se arregla; es decir, firman nuevos contratos más suculentos, quedan impunes y siguen aumentando sus fortunas.
Este acuerdo es una invitación al mundo empresarial para recurrir a las mismas prácticas corruptas de Soquimich. El Estado no puede legitimar la corrupción. Este contrato pone una lápida a la creación de una empresa estatal que explote el litio en el salar de Atacama, como se hace con el cobre a través de Codelco.
Exigimos que el litio sea explotado y procesado en Chile por una empresa estatal que incorpore valor agregado a ese mineral y potencie las industrias asociadas al litio, como sucede con las baterías para autos eléctricos y las energías renovables, industrias que hoy están en desarrollo.
Como si todo lo anterior no fuera suficiente, este nuevo contrato además nos anuncia que el 2029 habrá una nueva licitación para continuar la explotación privada del litio. O sea, ya se está anunciando que Chile, cuando termine este contrato indigno, volverá a licitar el litio. Por consiguiente, se está asumiendo que no somos capaces de explotarlo. Es decir, el señor Bitrán anuncia a las transnacionales y a los grupos económicos criollos que se preparen y que afilen los colmillos, pues quienes han quedado fuera de la carrera por el oro blanco, el 2030 podrán entrar a competir. Con ello se desecha totalmente la posibilidad de que el Estado explote directamente ese mineral después del 2030. Si eso no se llama desnacionalización y privatización, no sé cómo llamarlo.
Por último, quiero señalar que en el litio hay una poderosa herramienta para superar un modelo neoliberal basado en la exportación de materias primas, que es profundamente depredador de los recursos naturales. En el litio está la posibilidad de avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo que privilegie una industrialización sustentable del país.
Por eso, la bancada del Partido Comunista no comparte ese acuerdo que legitima la corrupción a través del Estado.
Por último, invito a toda la ciudadanía, a todos los chilenos y chilenas, a manifestarse en contra de ese acuerdo el lunes, a las 18.30 horas, en la plaza Italia. La gente, el pueblo, los trabajadores y las dueñas de casa tienen derecho a manifestarse porque hoy, con este acuerdo, se está legitimando la corrupción, con lo cual nos roban el litio.
Tiene la palabra el diputado Claudio Arriagada .
El señor ARRIAGADA.-
Señor Presidente, por su intermedio, saludo al ministro de Economía, Fomento y Turismo , y al vicepresidente ejecutivo de Corfo.
En la década de los setenta, el Presidente Eduardo Frei Montalva , con la gran gestión de Radomiro Tomic, estableció la denominada chilenización del cobre, y el Presidente Salvador Allende culminó la tarea, para el bien de todos los chilenos, con la nacionalización el cobre.
En contraposición con los argumentos que tuvieron presentes quienes privatizaron el agua y los servicios eléctricos, entregándolos a capitales extranjeros, el Estado, con el cobre en sus manos, demostró que puede ser eficiente y que, por consiguiente, es posible preservar las riquezas que han sido dadas por la naturaleza para el bienestar de todos los chilenos.
Algunos señalan que el desarrollo económico tiene que ver con el crecimiento productivo del país. Ello es efectivo; pero nos interesa un desarrollo sustentable, que alcance a la mayoría de los chilenos y que no quede en la especulación, en la avaricia y en los bolsillos de unos pocos.
Se ha demostrado la conducta corrupta de Soquimich no solo en la variable relativa al financiamiento irregular de la política, sino también en el hecho de que ha sido una empresa inconsciente frente al impacto ambiental que provocan sus distintos tipos faenas.
Una representante del Consejo de Pueblos Atacameños dijo que la empresa fue incapaz de reparar el daño medioambiental que implica la ampliación de la cuota de extracción. Explicó que hasta el momento no se conoce el estado actual del salar de Atacama, que ha sufrido graves deterioros por las faenas de Soquimich.
Además, señaló que no hay garantía de cumplimiento medioambiental y que la Corfo recién está empezando a trabajar en el modelo hidrogeológico de la cuenca del salar de Atacama, lo cual fue una condición fundamental para que se pensara en aumentar la cuota de extracción de Soquimich.
En noviembre de 2016, tal como dijo la diputada Sepúlveda , la Superintendencia del Medio Ambiente formuló cargos contra Soquimich , porque entre 2013 y 2015 extrajo salmuera por sobre lo autorizado, lo cual afectó la vitalidad de los algarrobos, que son los árboles nativos del lugar.
Cuando hablamos de economía sustentable, ¿estamos diciendo que nos oponemos a la generación de empleos y a la explotación de las riquezas? ¡No! No tenemos complejo alguno en esa materia, pero queremos que en la explotación de la riqueza exista precaución por los seres humanos y que no solo se ponga énfasis en la ganancia de unos pocos.
En el caso del cobre, se ha demostrado que una empresa estatal puede ser eficiente y que no todo debe quedar en manos de empresas privadas, que extraen las riquezas y dejan en las comunidades consecuencias ambientales, como lo hemos vivido en muchas partes. Lo vivimos con las forestales en Valdivia. De hecho, las multas aplicadas a las empresas forestales por la muerte de los cisnes de cuello negro, debido a la contaminación del río Cruces, fueron irrisorias. A algunos les da lo mismo seguir actuando de la misma manera, pues basta con pagar la multa respectiva para poder seguir dañando el patrimonio de todos. Lo mismo ocurre en Puchuncaví y en otros lugares.
Es muy triste que esta decisión se haya adoptado en medio de la visita del papa, como una forma de pasar “piola”, como dicen los jóvenes. Asimismo, es muy triste que esa decisión se haya tomado al final del mandato de una Presidenta de la República que ha tenido una sincera preocupación por el problema medioambiental.
Quedan tareas pendientes. Hay que fortalecer los tribunales ambientales; tenemos apenas tres en Chile, los que cuentan con poco personal y poca competencia en la materia.
Sin lugar a dudas, era imprescindible que esa decisión hubiera tenido algo que es esencial en el mundo: transparencia. Ha carecido de toda transparencia. Ha sido muy complejo adentrarse en la información establecida para formarse una opinión acabada al respecto.
¿Por qué ocurrió al final de este mandato? ¿Por qué se produjo en medio de un momento de distracción del país, en el que la mayoría de la gente estaba preocupada de la visita de una gran presencia del ámbito espiritual, la que concitó la atención de todos los chilenos? ¿Por qué no fueron conocidos los detalles de ese acuerdo por este Parlamento? ¿Por qué no conocieron los detalles las comisiones de Economía, y de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, y las comisiones de Economía y de Minería y Energía del Senado? ¿Por qué nos encontramos con la sorpresa en los medios de comunicación, cuando estos informaron sobre el acuerdo?
Lo sucedido es un tema de gran trascendencia para el país. No voy a seguir en este Parlamento para defender la riqueza de todos los chilenos. Espero que quienes asuman a partir del 11 de marzo sean capaces de exigir que esta medida se revierta, que sea revisada en detalle y que se asuman todas las consecuencias de lo obrado.
Por último, quiero señalar que no estamos hablando de algo menor; esto es extremadamente grave. No nos vengan con el argumento de que lo estatal, lo público, es ineficiente y corrupto. Está absolutamente demostrado que no es así. Chile merece defender sus riquezas. Los diputados deben defender la riqueza de todos los chilenos, porque el cobre ha dado muestras de ser una herramienta para dotar de mayor justicia al país. Así lo pensaron Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende .
Tiene la palabra la diputada Paulina Núñez .
La señorita NÚÑEZ (doña Paulina) .-
Señor Presidente, en primer lugar, saludo al ministro de Economía y al vicepresidente ejecutivo de la Corfo, señor Eduardo Bitrán . Lamento que no estén presentes las demás autoridades que fueron invitadas a esta sesión, porque esta tiene por objeto abordar una situación que es realmente importante para el país.
Participo de esta sesión con una doble sensación: por una parte, de inquietud; por otra, con algo de esperanza.
La inquietud proviene de la historia del norte chileno, tan maltratado, tan engañado y tan defraudado por el manejo centralista y santiaguino de las grandes riquezas de nuestros territorios.
También, como señalé, lo hago con algo de esperanza, sin la cual las mujeres y los hombres del norte no podríamos haber poblado los desiertos, fundado nuestras ciudades, construido nuestros puertos, y no podríamos, a pesar de todo, ser felices y sentirnos orgullosos de ser chilenos.
Hoy sesionamos para conocer un episodio más de cómo el Estado de Chile dispone de sus riquezas ubicadas en nuestro maravilloso desierto nortino.
No lo hago por nostalgia, pero creo que nos viene bien recordar, para saber de qué estamos hablando verdaderamente. Para ello, les quiero invitar a que imaginen y recorran los pueblos fantasmas de Tarapacá y Antofagasta; las oficinas que hoy parecen un espejismo surrealista de lo que alguna vez fue la pujante industria del salitre, cuya riqueza produjo el pampino con su esfuerzo y sus lágrimas, para, finalmente, escurrirse torrentosamente a la suntuosa vida palaciega que se desarrollaba en las ciudades del centro del país.
El trabajo duro y esforzado de miles de nortinos y los minerales de su territorio han sido, históricamente, los que han hecho posible progresar a nuestro país y soñar con mejores niveles de desarrollo.
Pero también hay un hecho indesmentible: nuestras regiones, especialmente mi región, la de Antofagasta, es poco lo que han podido aprovechar de todo eso. En la región no queda siquiera una pequeña parte de la riqueza que produce; todo se va a Santiago .
La pobreza, la marginalidad, los campamentos, la mala calidad de los servicios y las dificultades cotidianas que enfrentamos las personas son un testimonio vivo de la contradicción que significa ser la región que produce más riqueza, pero cuya gente tiene, por qué no decirlo, la peor calidad de vida.
Definitivamente, no queremos seguir con esa forma de entender el desarrollo. No queremos más pueblos fantasmas; no queremos más oficinas abandonadas en mitad del desierto; no queremos más que Santiago se trague, como un gigante que no comparte, todo el esfuerzo y las riquezas de nuestras regiones.
Señalado lo anterior y con la visión que he dado a conocer, voy a referirme a algunos puntos que me parecen relevantes del acuerdo al que llegaron los representantes de la Corfo y SQM, relacionado con la explotación de litio desde el salar de Atacama.
En su historia inmediata, debido a la relación que ha tenido la Corfo con esta industria, no podemos olvidar que en una comisión investigadora de la Cámara de Diputados quedó en evidencia que el Estado descuidó los contratos y que recién en 2013 comenzó a haber disposición de las autoridades para que hubiese mayor control y supervisión.
La Corfo, durante muchos años se desentendió del cuidado debido respecto de los contratos con SQM, situación que también fue señalada por la Contraloría General de la República. Nos parece, más allá de las opiniones que cada uno pueda tener sobre este acuerdo, que es positivo que ese desinterés respecto del cuidado de la Corfo haya terminado.
Me genera esperanza leer que en la conciliación de la Corfo con SQM se acuerde, por ejemplo, que SQMS se obliga a vender hasta el 25 por ciento del total de su capacidad de producción teórica de productos de litio a productores especializados, públicos o privados, situados en el país o que se establezcan en Chile, a un precio preferente, a fin de que estos elaboren productos con valor agregado, como cátodos de litio, componentes de baterías de litio y sales de litio, entre otros.
Lo anterior tiene por objeto atraer industrias a Chile que agreguen valor y produzcan bienes de mayor valor agregado en el país. Eso me parece bien.
La Corfo puede avanzar más y propender a que esos productores se instalen en la Región de Antofagasta. Esta es nuestra petición desde una perspectiva regionalista.
De igual manera, me parece positivo que el Consejo de Corfo determine que sean instituciones con clara identificación local en la Región de Antofagasta las que lleven a cabo las actividades de investigación, transferencia de tecnología e innovación en relación con los productos de las pertenencias de la Corfo y en el ámbito de la energía solar. Sin embargo, lo que no vamos a transar es que el centro tecnológico de investigación se construya en otro lugar que no sea Antofagasta, con recursos para su ejecución, implementación y mantención por los años que dure el contrato.
También, nos da esperanza el criterio asumido por la Corfo, el que ojalá se implemente a la brevedad, en términos de que SQM se obliga a aportar anualmente hasta 15 millones de dólares destinados a las comunidades de la cuenca del salar de Atacama, el uno por ciento de sus ventas al Gobierno Regional de Antofagasta, el 0,3 por ciento al GORE para desarrollo productivo, el 0,2 por ciento a la municipalidad de San Pedro de Atacama y el 0,1 por ciento a cada una de las municipalidades de Antofagasta y de María Elena. En porcentaje puede sonar poco, pero estamos hablando de que en el caso de la Región de Antofagasta es, ni más ni menos, aproximadamente la mitad del FNDR.
Ahora bien, quiero aprovechar la presencia del ministro de Economía y del señor Eduardo Bitrán para consultar por qué se acordó que el aporte llegara hasta 15 millones de dólares, en circunstancias de que lo lógico habría sido que ese monto fuera solo el mínimo. Me gustaría que alguna de las autoridades lo explique.
De igual modo, deseo reiterar nuestra posición cuando investigamos estos contratos, como dije, en la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados creada para tal efecto, en el sentido de que la Corfo no tuvo en el pasado, no tiene en el presente y estimamos que no tendrá en el futuro, la capacidad para controlar las más de 28.000 pertenencias mineras que pueden explotar litio.
La Corfo pretende que con la creación de un Comité de Minería no Metálica podrá ejercer un mejor control y ser una contraparte más eficiente. Esto no es efectivo, ya que durante muchos años los contratos fueron administrados por un comité de la Corfo, denominado Sistema de Empresas Públicas, con los malos resultados y problemas que conocemos: interposición de juicios, falta de información y muy probablemente perjuicio fiscal.
Sin duda, la única entidad estatal con capacidades, cantidad y calidad de profesionales, volumen y tamaño para ser contraparte efectiva de empresas mineras transnacionales es la Corporación Nacional del Cobre (Codelco). Esa es nuestra propuesta.
Por lo demás, con lo anterior también se lograría reunir en una gestión coherente a todas las pertenencias mineras desde las que se puede extraer litio, ya que Codelco es la titular de las pertenencias denominadas Pedernales y Maricunga .
Finalmente, examinaremos en profundidad este reciente convenio, con la convicción, esta vez, de que las riquezas de la región no deben desparecer de la región, ya que su gente y comunidades deben ver y sentir el fruto de su esfuerzo y, con ello, alcanzar su desarrollo. Eso es posible.
Tiene la palabra el diputado Gaspar Rivas .
El señor RIVAS.-
Señor Presidente, estos ocho años de experiencia en la Cámara de Diputados me han permitido darme cuenta de que las sesiones especiales son ejercicios políticos inútiles, que no sirven absolutamente para nada. He participado en decenas de sesiones especiales, y ninguna ha logrado cambiar en lo más mínimo el curso de las cosas que se discutieron en ellas.
Está bien; entiendo que eso es parte de los ejercicios políticos que realiza esta cámara, que es una cámara política. Se supone que aquí se viene a parlamentar, aunque, en definitiva, muchas veces los discursos terminen siendo solo un montón de palabras vacías. En todo caso, no por eso voy a dejar de hablar ni van a dejar de escucharme.
En tan solo diez días el Congreso Nacional, el Gobierno y la Justicia se pusieron de acuerdo para reírse o mofarse de los chilenos. El Congreso apitutó a Zaldívar; la justicia, dejó libre de polvo y paja al senador Moreira , y el gobierno le regala, por doce años más, el litio de todos los chilenos a Ponce Lerou. Chile ha demostrado ser un maravilloso país de la eficiencia cuando se trata -me disculparán la palabra de joderse a sus ciudadanos.
Me gustaría ver esa misma eficiencia en esta cámara, en el Congreso Nacional, en este gobierno y en esta justicia para solucionar el problema de las pensiones miserables que reciben los jubilados del país, el del robo que realizan las AFP; los problemas de la salud pública miserable que tenemos, entre otras cosas, por la falta de recursos; la expoliación de nuestros recursos naturales; la delincuencia, que campea.
¿Dónde están las soluciones eficientes? En ninguna parte. Cómo debe estar revolcándose en su tumba Pedro Aguirre Cerda al ver que su creación predilecta, la Corfo, es asquerosamente utilizada para, a través de ella, despojar a los chilenos de sus recursos naturales, en este caso del litio.
No espero absolutamente nada de la derecha neoliberal, pero valoro las palabras de la diputada Núñez ; sin embargo, por experiencia le puedo decir que no corresponden al pensamiento ideológico de la derecha neoliberal.
Por otro lado, llama la atención la capacidad de los parlamentarios de gobierno para desdoblarse o desarmarse, porque están instalados en la comodidad de disfrutar de las delicias de ser parte del gobierno. Se apartan de su discurso durante cinco minutos para criticar al gobierno y quedar bien con la galería, pero, acto seguido, se vuelven a instalar en la comodidad de ser parte de ese gobierno.
Cualquier parlamentario partidario del gobierno de turno -de este o de cualquier otro que sienta que está actuando en contra de su acervo ideológico, por decencia debería renunciar a su partido y a apoyar al gobierno. Pero aquí eso no ocurre: solo hacen los desdoblajes, las desarmaduras ideológicas que el momento les demande.
¡Qué ironía que en Chile haya tan pocas cosas que sean nuestras, de los chilenos! El agua es de los privados, el cobre es de los privados, las carreteras son de los privados, la electricidad es de los privados, el litio vuelve a estar en manos de los privados, y lo estará por doce años más gracias a este acuerdo al que ha llegado el gobierno con Soquimich.
El Congreso Nacional, el gobierno y la justicia, cada uno en lo que le corresponde, vuelven a reírse en la cara de los chilenos.
En el tiempo del Partido Radical Social Demócrata, tiene la palabra el diputado José Pérez .
El señor PÉREZ (don José).-
Señor Presidente, esta sesión especial tiene por objeto analizar el acuerdo alcanzado entre la Corfo y Soquimich para que esta última continúe explotando un recurso natural estratégico para el país: el litio.
Quiero ser muy claro en señalar que todos los chilenos, o al menos la mayoría, confiábamos en que el vicepresidente ejecutivo de Corfo, señor Eduardo Bitrán , le pondría el cascabel al gato, es decir, defendería los intereses de Chile y no negociaría con una empresa que, lamentablemente, sobornó a varios diputados y senadores de la zona norte para que, ante las operaciones vinculadas con la entrega en concesión de la explotación del litio, hicieran la vista gorda. Eso es una vergüenza nacional que ha ensuciado, una vez más, al Congreso Nacional.
No obstante mis esperanzas, y en contra de ellas, se ha llegado a un acuerdo para que Soquimich siga explotando ese recurso estratégico, en desmedro de los intereses del país. En verdad -repito-, es una vergüenza nacional.
No estamos defendiendo los intereses de Chile, sino regalándolos una vez más. Eso nos duele porque no es un acuerdo que haya emanado del Congreso Nacional, sino un entendimiento directo entre la Corfo y una empresa con la que no se debía haber hecho ninguna operación, porque no debemos olvidar que los tribunales siguen investigando los alcances de los sobornos a los que me acabo de referir.
La Sala debería estar llena de parlamentarios preocupados por lo que acontece en nuestro país, especialmente cuando se está haciendo uso y abuso de un recurso estratégico agotable que podríamos utilizar de mejor manera.
¡Qué lamentable que la Corfo no haga las cosas que otrora realizaba, cuando era el motor del desarrollo nacional!
Estamos entregando las reservas de litio del país a una empresa privada que, sin duda, no respetará los acuerdos y seguirá haciendo lo que se le ocurra en el salar de Atacama, como siempre ha hecho, afectando algo tan importante como el medio ambiente.
Lamento profundamente lo ocurrido. Espero que esto sirva para que nunca más se vuelva a repetir un exceso de esta naturaleza, porque afecta el interés nacional.
En el tiempo del Comité Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado Daniel Farcas .
El señor FARCAS.-
Señor Presidente, por su intermedio saludo al ministro de Economía y al vicepresidente ejecutivo de la Corfo.
En primer lugar, quiero hacerme cargo de la preocupación transversal que, por razones obvias, genera cualquier tipo de acuerdo relacionado particularmente con estas riquezas, que son únicas y parte del patrimonio de nuestro país.
No estamos hablando del currículum medioambiental, de la gestión prosindical o antisindical, ni del récord laboral. Tampoco nos estamos refiriendo a la probidad de la empresa. De lo que realmente debemos preocuparnos es del interés de Chile, de que un contrato beneficie al Estado de Chile, de que los recursos que genere para el fisco se inviertan en los más necesitados, en las personas que necesitan mejor salud, más educación y, por supuesto, acceder a bienes de los que hoy carecen.
En ese contexto, considero que debemos preocuparnos de que sea efectivo lo afirmado por el señor Eduardo Bitrán en el sentido de que se trata de un buen contrato, que beneficiará al Estado de Chile.
En todo caso, la diputada Alejandra Sepúlveda tiene razón cuando dice que el vicepresidente ejecutivo de la Corfo debió haber concurrido a las sesiones de la Comisión de Economía, porque con su actitud, lamentablemente, el Ejecutivo solo generó mayor confusión y nos impidió contar con la información adecuada, completa y en tiempo oportuno. Por lo demás, esa parcialidad lleva a tener opiniones que no necesariamente son fundadas.
También tiene razón la diputada Paulina Núñez cuando, acertadamente, señala que esos recursos deben ser utilizados en la Región de Antofagasta, que debe tener prioridad, porque es de donde provienen. En ese sentido, la supervisión de cómo se utilizan esos recursos también debe ser parte de nuestras preocupaciones.
El diputado Claudio Arriagada nos habló del rol fiscalizador de la Cámara de Diputados.
¡Qué duda cabe de que en un caso como este se justifica en forma total y absoluta el uso de nuestras facultades fiscalizadoras!
Asimismo, cuando el diputado José Pérez habló sobre el valor estratégico del litio, nos recordó algo que ya sabemos y que es muy importante para quienes estamos en la Sala desarrollando nuestra tarea de fiscalización.
Por todas estas razones y porque compartimos transversalmente esta preocupación, resultan tan importantes las explicaciones del ministro de Economía y del vicepresidente ejecutivo de la Corfo, porque permitirán a quienes somos parte del gobierno tener los argumentos necesarios para decir y hacer lo que corresponde, o sea, contar con los datos exactos y ver efectivamente cuáles son las distintas aristas e implicancias del contrato.
Obviamente, no puede construirse una realidad a base de información incompleta; no se puede tener certeza acerca de distintas materias cuando no se han explicado en profundidad todos los alcances que tiene. No obstante, debemos hacer un mea culpa como gobierno.
En ese sentido, es probable que la confusión o la información incompleta hayan llevado a muchos a entender las cosas de una manera distinta a como efectivamente son. Esto pasa también por nuestra propia incapacidad política para coordinarnos de mejor manera y tener esa información a tiempo.
Tengo la convicción de que la explicación del vicepresidente ejecutivo de la Corfo, señor Eduardo Bitrán , clarificará e iluminará lo que muchos de nosotros no entendemos a cabalidad, lo que genera transversalmente ciertas dudas legítimas debido a que no contamos con esa información. Por eso, necesitamos tener esa ilustración acerca de cada uno de los puntos, particularmente cómo se beneficiará el Estado de Chile.
Creo que todos los chilenos estamos preocupados de lograr una mejor calidad de vida, especialmente para quienes sufren más necesidades. Esos recursos del Estado serán invertidos en salud, en educación y en vivienda para favorecer a quienes más lo necesitan.
Tiene la palabra el diputado señor Hugo Gutiérrez .
El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).-
Señor Presidente, el dalái lama dijo que si una sociedad pierde el valor de la honestidad, arriesga el futuro de las próximas generaciones.
Efectivamente, la honestidad es relevante en los contratos, particularmente cuando los celebra el Estado de Chile. Si se tratara solo de obtener una ventaja pecuniaria, entonces deberíamos negociar con narcotraficantes, vendedores de armas o tratantes de esclavos. Sin embargo, como el mismo señor Bitrán dijo en la comisión investigadora, Soquimich (SQM) cometió graves infracciones éticas. Creo que la ética tiene que guiar la celebración de los contratos, particularmente cuando se trata del Estado de Chile.
Cuando uno echa miradas rápidas a los titulares de los diarios, se encuentra con noticias respecto del caso SQM, como que el tribunal va a formalizar nuevamente a Longueira por la arista del royalty minero o que lo formalizó también por lo sucedido respecto del Código de Aguas. Sin embargo, es necesario saber quién corrompió a Longueira en el caso del Código de Aguas, quién corrompió a Longueira en el caso del royalty minero, quién corrompió a cientos de políticos chilenos para que dieran su voto y para que estuvieran siempre disponibles para salir en defensa de SQM. Es decir, SQM es una empresa que ha corrompido la política chilena.
Aun cuando se hayan esmerado por sacar a la persona jurídica de la formalización y estén ofreciendo la suspensión condicional del procedimiento, ahí están los políticos que han sido formalizados por corrupción. ¿Quién los corrompió? SQM.
Resulta que celebraremos contrato con esa empresa corruptora, para permitirle que siga explotando y sobreexplotando una sustancia vital para el desarrollo del país.
¿Quién estaba secando el salar de Llamara, de Iquique? SQM. ¿Quién prohibió que lo siguiera secando? La superintendencia pidió al Primer Tribunal Ambiental que le prohibiera seguir sacando agua. ¿Quién lo estaba haciendo? SQM, que es una empresa corrupta, que corrompe a la clase política chilena. No obstante, ahora el Estado chileno está celebrando contrato con esa empresa.
Me parece que un mínimo de decencia que debemos heredar a las futuras generaciones sería no celebrar contratos con ese tipo de empresas, que lo único que hacen al final del día es degradar aún más la política chilena y perjudicarnos como clase política, así como a todos los que queremos limpiar la política en Chile. Lo único que hacemos es dar ventajas a una empresa que solo ha demostrado que le importa un carajo lo que pasa con el desarrollo del país y que quiere hacerse multimillonaria a costa de los recursos de todos los chilenos.
El señor JARAMILLO (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal .
La señora PASCAL (doña Denise).-
Señor Presidente, cuando uno estudia qué es realmente Soquimich y cómo nació, nos damos cuenta de que en 1971, durante el gobierno de Salvador Allende, se compraron las salitreras, por lo que el ciento por ciento de la propiedad de esas empresas pasó a ser del Estado.
Mediante el proceso vivido en los años 83 y 88 del siglo pasado, durante el gobierno militar, una parte de ella fue nuevamente privatizada sin que los chilenos pudiéramos opinar.
Hoy, cuando podemos hablar, nos alarma que nuestro gobierno haga entre bambalinas un convenio con Soquimich para dar a esa empresa la explotación del litio hasta el año 2030.
Ya vimos que hace un tiempo, en 2012, en nuestro país se autorizó la explotación de 100.000 toneladas de litio a veinte años plazo. Nos alarmamos y lo dijimos. Hoy, gracias a la denuncia de la diputada Alejandra Sepúlveda , nos dimos cuenta de que nuestro gobierno, a través de la Corfo, entrega la explotación del litio de nuestro país hasta el año 2030.
Los diputados que representan al norte de nuestro país dijeron que podría crearse una empresa nacional, como la del cobre, para explotar ese recurso, con el objeto de que los ingresos se destinaran a resolver los problemas de la población más vulnerable de la zona norte o de todo Chile. No obstante, nos damos cuenta de que estamos entregando la explotación de ese recurso a una empresa que no solo está en Chile, sino que tiene 16 filiales a través del mundo, en las que entrega el litio y cobra dineros que nadie puede controlar.
Realmente, este tema tiene relación no solo con la forma en que se hizo este último contrato, sino también con la manera de fiscalizar a una empresa que se ha ido externalizando a través del mundo, sin ser objeto de ninguna fiscalización clara sobre los negocios que está haciendo desde de Chile.
Por último, vemos que nuestro gobierno, a través de la Corfo, entrega la explotación del litio a Soquimich, empresa que ha estado involucrada en todos los casos de corrupción en materia de financiamiento de las campañas políticas y que hizo un gran fraude al fisco entre 2006 y 2014, casos que se están ventilando en nuestros tribunales.
Cuando uno está por dejar el Parlamento, es triste ver que se vuelva a abrir una arista con una empresa que creíamos que había sido controlada y con la cual pensábamos que nuestro gobierno no celebraría nuevos contratos, con el objeto de buscar la manera para que nosotros podamos explotar el litio y que este sea una fuente de ingresos, como lo es el cobre a través de Codelco, para el beneficio de nuestra gente.
La bancada del Partido por la Democracia ha cedido los minutos restantes al diputado Felipe Letelier .
Tiene la palabra, señor diputado.
Señor Presidente, lo más probable es que me digan que el problema judicial va por un carril y los negocios van por otro, y se acabó. Se ha ignorado el daño moral, patrimonial, económico y social que ha sufrido el país. ¡Por esa razón estamos como estamos en el PPD y en la Nueva Mayoría! Hemos sido castigados políticamente porque cometimos muchos errores de este tipo.
Recuerdo que cuando se privatizaron las empresas sanitarias, nuestro querido Eduardo Bitrán estaba acá haciendo lobby, para que eso finalmente sucediera. Teníamos empresas sanitarias en cada una de las regiones del país y cada una se financiaba, a tal punto que entregaban al fisco una enorme cantidad de dinero. Se podría haber pedido un crédito para pagar las deudas y no deshacernos de un patrimonio de todos los chilenos y chilenas.
Es triste que sigamos con estas prácticas, porque la ciudadanía nos critica y nos condena por ellas. La gente no quiere que el patrimonio del país se venda, y menos a estos verdaderos “Al Capone”.
Tiene la palabra el diputado Daniel Melo .
El señor MELO.-
Señor Presidente, es importante recordar que la disputa entre Corfo y Soquimich se generó en 2013, cuando una auditoría confirmó que Soquimich no estaba pagando al fisco lo correspondiente a su operación. Se calculó un perjuicio económico cercano a los 17 millones de dólares debido a la venta del producto a empresas relacionadas entre sí a precios menores que los del mercado.
Si a lo anterior sumamos el daño ambiental y las faltas a la ética y a la fe pública, a propósito del financiamiento irregular de la política, hablamos de una empresa de la que podríamos decir que no es de los trigos muy limpios.
¿Por qué el Estado abandona la posibilidad de cumplir un rol preponderante en la explotación del litio? ¿Por qué la Corfo ha negociado con la principal empresa implicada en el financiamiento irregular de la política? Ha quedado demostrado que no existe una política integral y seria en la extracción de este recurso estratégico.
Los socialistas aspiramos a que este recurso natural sea explotado por una empresa estatal creada para tales fines o, en su defecto, por Codelco.
En nuestro país está pendiente la discusión sobre qué tipo de modelo de desarrollo queremos para Chile. El actual modelo extractivista solo genera daños y pasivos ambientales para las regiones, además de que el uso y abuso de los recursos naturales relega la búsqueda de formas alternativas de desarrollo sustentable para las futuras generaciones.
Desde el punto de vista ambiental, este acuerdo amplía la cuota de extracción en el salar de Atacama, pero se desconoce el daño ambiental ya causado por la extracción.
Según se informa, en noviembre de 2016 la Superintendencia del Medio Ambiente formuló cargos contra Soquimich porque entre 2013 y 2015 extrajo salmuera por sobre el límite autorizado, lo que afectó la vitalidad de los algarrobos. Del mismo modo, la compañía entregó información incompleta sobre la extracción de agua dulce, presentó planes de contingencia deficientes, contribuyó a la afectación de las variables de PH y salinidad del suelo, y modificó las variables consideradas en los planes de contingencia sin la autorización pertinente.
Por lo tanto, la principal crítica en este aspecto apunta al hecho de que no se tiene claridad respecto de la afectación sufrida por el salar de Atacama, pero, no obstante aquello, se ha autorizado la ampliación de la actividad extractiva sobre él.
Aunque algunos señalan que este es un buen negocio, lo cierto es que el Estado abandona su rol de resguardar el interés general de todos y de cada uno de los chilenos.
Considero lamentable que en las postrimerías de nuestro gobierno se avance en este acuerdo, porque teníamos la oportunidad de dar una señal a la opinión pública de que es posible pensar en un nuevo modelo de desarrollo, en un rol del Estado mucho más preponderante y que, en definitiva, aquellas empresas que han faltado a la ética pública y han dañado a la política y al rol empresarial dieran un paso al costado, para que el Estado asumiera la posibilidad de tener un tratamiento distinto de sus recursos naturales, que nos permitiera avanzar como país hacia un modelo de desarrollo sustentable para que las futuras generaciones puedan gozar de los recursos naturales que pertenecen a cada uno de los chilenos.
Tiene la palabra el ministro Jorge Rodríguez .
El señor RODRÍGUEZ (ministro de Economía, Fomento y Turismo).-
Señor Presidente, al iniciar mi intervención quiero recordar que en 2013, durante el gobierno del entonces Presidente Sebastián Piñera , se iniciaron acciones judiciales por grave incumplimiento contra la empresa Soquimich .
Durante el actual gobierno, se interpusieron demandas pidiendo al árbitro el término anticipado de los contratos y la devolución del salar a Corfo, su dueño, tal como lo preveía el mismo contrato. De esa demanda se hizo parte el Consejo de Defensa del Estado en 2015, y en 2016 Corfo demandó por incumplimiento del contrato de proyecto, ya que Soquimich, desde los años 90, mediante acciones deliberadas, vulneró la integridad de los derechos del Estado en el salar, ejecutando acciones que trataron de impedir una licitación competitiva al término del contrato, en el 2030, con el fin de limitar fuertemente la participación de terceros en la explotación del salar, como, por ejemplo, superponiendo solicitudes de derechos mineros por sobre los del Estado.
Además, en el proceso arbitral ha quedado demostrado que Soquimich no pagó íntegramente al Estado las rentas de arrendamiento entre 2009 y 2014, ocultando información y afectando la integridad los derechos de propiedad estatal en el salar.
Durante 2016 el árbitro convocó a conciliación obligatoria, lo cual es muy importante tener presente, porque no es voluntario que estemos participando y hayamos concluido con un acuerdo, porque podríamos haber dejado que este juicio siguiera y que el árbitro a mediados del próximo año. Por lo tanto, el acuerdo a que hemos llegado tiene que entenderse como una conciliación dentro de un proceso judicial del cual no podíamos salirnos.
A juicio del gobierno, el proceso que fue llevado por Corfo, con la participación del Consejo de Defensa del Estado, ha sido un muy buen acuerdo. Cuando decimos esto estamos señalando que, respecto de lo posible que se podría haber obtenido y del marco legal al que estamos sujetos, se ha conseguido no solo lo que se estaba pidiendo, sino que, a juicio del propio Consejo de Defensa del Estado, se ha logrado conseguir más de lo que estábamos solicitando. Ello se da porque, entremedio de todo este proceso, entre otras cosas, se llegó a un acuerdo con Albemarle -que es la otra empresa explotadora de litio en el salar-, muy conveniente para el Estado de Chile y, dentro del acuerdo conciliatorio con Soquimich, se aplicó íntegramente este nuevo acuerdo a las condiciones con Soquimich.
También quisiera señalar que si no hubiese habido un acuerdo con Soquimich, entre los años 2023 y 2030 la empresa podría haber seguido extrayendo salmuera del salar sin procesar el litio -no habría tenido derecho-, pero sí podría procesar boro y potasio, porque sí tiene derecho a hacerlo, con lo cual habríamos logrado bajar la participación de Chile en el mercado mundial del litio de 40 a 20 por ciento. Y no solo habría bajado, sino que se habría posibilitado la incorporación de otros países que no están hoy en el mercado del litio y que habrían pasado a ser nuestros competidores.
También quisiera hacerme cargo, muy superficialmente, de algunas afirmaciones que se han hecho.
Nosotros no hemos regalado ningún recurso natural de Chile a nadie. Lo que estamos haciendo es, básicamente, permitir la explotación de un recurso que es muy importante y que va a serlo incluso más en el futuro, por el cambio tecnológico que está afectando a la producción de vehículos, tanto para usos personales como colectivos. Las opciones que siempre tiene un Estado respecto de estos recursos naturales es no hacer nada, lo cual habría significado, por cierto, haber disminuido la participación de Chile y la importancia de Chile en este mercado, que económica y tecnológicamente es extremadamente interesante, como va a explicar Eduardo Bitrán a continuación.
La otra posibilidad habría sido hacer una empresa estatal, o pedirle a alguna empresa estatal que incursionara en este recurso, cosa que no está, obviamente, descartada para el futuro. Pero también quisiera recordar que eso no es gratis. Cuando uno está llevando adelante una iniciativa productiva por parte del Estado, debe incurrir en créditos y pagar intereses; debe incurrir en inversiones; debe incurrir en una serie de costos. Por lo tanto, cuando en lugar de eso se recurre a un privado, lo que está haciendo es permitir que, con otro capital, se haga una explotación y el Estado se remunera a través de utilidades e impuestos, que vendría a ser el caso de todas aquellas explotaciones donde hay capital privado.
Por otro lado, haber sacado a Soquimich, como podría haber sido el legítimo interés de muchos, también habría significado un gasto de magnitud desde el punto de vista financiero, porque las expropiaciones en Chile tienen que ser pagadas.
El otro elemento que quisiera señalar es que aquella investigación que tiene que ver con sobornos va por otro carril, el judicial. El acuerdo al que hemos llegado con Soquimich no tiene nada que ver con ese tema y ello continuará su curso como debe ser.
Por último, el tema de los daños ambientales sigue también en manos de la Superintendencia del Medio Ambiente. No hemos transado absolutamente nada que signifique perdonar a Soquimich por los daños ambientales ni mucho menos, pero sí hemos amarrado en el contrato obligaciones y transparencia, puesto que se permite a la Corfo y a los órganos ambientales del Estado vigilar el futuro en materia de daños ambientales.
Señor Presidente, como el vicepresidente de la Corfo ha sido el encargado de llevar adelante todo este proceso, solicito que se le permita usar de la palabra para que dé cuenta del contrato o de los contratos que se han firmado.
Tiene la palabra el vicepresidente de Corfo, señor Eduardo Bitrán .
El señor BITRÁN (vicepresidente del Consejo de la Corfo).-
Señor Presidente, muchísimas gracias por la oportunidad de poder explicar este tema acá en la Cámara de Diputados.
Lamento que, habiendo sido convocados a la Comisión de Economía, no hayamos podido concordar un día. Primero, el que habla tuvo conflictos y luego la propia comisión. Por lo tanto, no tuvimos la oportunidad de hacer el análisis en detalle en la Comisión de Economía, que tenía interés en abordar el tema.
Daré brevemente una opinión sobre el contexto del litio hoy día y explicaré por qué hoy tiene una relevancia que hace tres, cuatro o cinco años no tenía.
En realidad, en 2017 ocurre un cambio dramático en el mundo, que tiene que ver con el cambio climático y el compromiso de los países europeos de abordar definitiva y decididamente ese problema.
Después de la reunión del G-20, donde Trump anuncia el retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París, dos líderes, el Presidente de Francia y la Primera Ministra del Reino Unido, anuncian el fin de los autos de combustión interna al año 2040 en sus respectivos países. Simultáneamente, el gobierno de China, por razones distintas, básicamente de contaminación en sus ciudades, anuncia una agresiva política de cuotas y subsidios para promover la electromovilidad.
Lo que eso implica para Chile es de una trascendencia de la que quizás todavía no nos damos cuenta. La electromovilidad, por una parte, y la penetración de las energías renovables no convencionales, que son intermitentes y que requieren de baterías para estabilizar frecuencia, permiten un desarrollo y un crecimiento dramático de la producción de baterías de litio. Además, utilizan otros metales que Chile produce en abundancia.
El automóvil eléctrico usa cuatro veces más cobre que un auto de combustión interna, y al año 2040, de los 100 millones de autos que se van a producir en el mundo, 60 millones van a ser autos eléctricos o de fuel cell. El cobre que requieren esos vehículos, al menos en los países de Europa, en Estados Unidos, en Corea y en Japón, es un nuevo cobre, es un nuevo producto. Están solicitando cobre con traza de carbono, es decir, un cobre limpio, un cobre ético, un cobre con cero emisiones de gases de efecto invernadero.
Por lo tanto, cuando hablamos de una estrategia del litio, esto tiene implicancias que van mucho más allá del litio. A propósito del enorme potencial solar que tiene Chile y de la ventaja única a nivel global de tener simultáneamente la trilogía virtuosa del mejor potencial solar, la mayor disponibilidad de minerales metálicos del mundo y la mayor disponibilidad de minerales no metálicos que almacenan energía, podremos explotar no solo el litio, sino también nuestro antiguo salitre. El antiguo salitre es el principal recurso que se usa en la concentración solar de potencia para poder tener oferta eléctrica 24 horas. De eso estamos hablando.
¿Y qué ocurre? El salar de Atacama representa el 52 por ciento de la reserva mundial de litio.
Por lo tanto, lo que hagamos o dejemos de hacer en el Salar de Atacama tiene una enorme implicancia en el efecto de la demanda indirecta sobre una nueva minería verde, pero también tiene implicancia, con consecuencias éticas, sobre la posibilidad de combatir el cambio climático a nivel global y de enfrentar la muerte prematura de la población en ciudades de muchos países donde los vehículos de combustión interna son su principal causante.
En consecuencia, lo primero que hacemos es tener una estrategia y una visión país de cómo queremos transformar nuestra economía. En ese contexto, nos damos cuenta de que si impedimos la expansión de la oferta del litio o, incluso peor, si cerramos la producción de litio en 2023 -porque la cuota disponible en el contrato de Corfo termina ese año-, infligiremos un daño grave a toda una nueva economía sustentable que se puede desarrollar a partir de la electromovilidad. Ese es el primer elemento que debemos tener en cuenta.
¿Qué ocurre? Tenemos un contrato que, como señaló el ministro, se hizo en dictadura en 1987, y que fue modificado y ratificado en democracia en 1993. Ese contrato establece una fecha de vigencia hasta el 2030. Nosotros teníamos el siguiente dilema: la única posibilidad de obtener el término del contrato y de recuperar el salar para la Corfo era a través del proceso arbitral. Fue durante este gobierno, en mayo de 2014, que la Corfo solicitó y demandó al árbitro el término anticipado del contrato. ¿Por qué razones? Por las mismas que los señores diputados expresaron aquí: faltas graves y reiteradas, y mala fe en el comportamiento de Soquimich a lo largo de décadas.
Pero estamos en un Estado de derecho y debemos usar los mecanismos que nos deja disponibles el Estado de derecho para lograr nuestros propósitos. En este caso, el mecanismo es el procedimiento arbitral.
¿Qué ocurrió? El árbitro nos convocó en 2015 a un proceso obligatorio de conciliación, propio de los procesos arbitrales. En esa convocatoria nos planteó una compensación por daños, de 17,1 millones de dólares y básicamente la mantención de los contratos. Es decir, no nos planteó abordar el tema de fondo, el tema fundamental, cual es que esa empresa tiene una gobernanza, unos controladores -lo he dicho públicamente una y otra vez que han generado una cultura de impunidad en virtud de la cual han pasado por sobre los marcos jurídicos y ha imperado en el pasado una visión de que todo se puede comprar. Esa es una cultura de impunidad.
Por esa razón y por los graves incumplimientos a las normas de la Corfo, pedimos el término anticipado del contrato.
¿Qué aspectos contractuales fueron gravemente vulnerados? Los derechos de agua.
¿Cómo es posible que los derechos de agua estén inscritos a favor de la compañía que en 2030 termina su contrato? ¿Qué posibilidades tenemos de hacer una relicitación competitiva? ¡Ninguna! ¡Sin derechos de agua no hay explotación!
¿Qué posibilidades tenemos de hacer una licitación competitiva, si la infraestructura productiva no puede ser transferida a un precio justo al que compra, al que licita o al Estado si quiere ser el que después de 2030 desarrolle la actividad del salar?
Se trata de un conjunto muy amplio de infracciones graves. Por eso pedimos el término anticipado del contrato.
¿Qué ocurrió? En 2015, una compensación monetaria sin cambio del gobierno corporativo era insuficiente.
En 2017, el árbitro nos convocó nuevamente a una conciliación. En esa oportunidad sí logramos cambiar las regalías -se establecieron las mejores regalías del mundo, las más altas y cambiar una serie de aspectos contractuales que permitan una relicitación efectiva y no simplemente simbólica. Pero hicimos una exigencia. No sería comprensible para los chilenos que aquel que incurrió en graves faltas, entre ellas en faltas éticas, y que corrompió, siga controlando la compañía. Por lo tanto, nuestra exigencia fue la pérdida del control por parte de Julio Ponce Lerou. En esa oportunidad, el controlador se negó a un acuerdo porque no estaba disponible para perder el control.
Por tanto, quiero decir, con total franqueza, que a diciembre de 2017 continuábamos con el arbitraje. Habíamos recibido la mala noticia de que el perito había avaluado los perjuicios a la Corfo en 10 millones de dólares, y no en 17 millones de dólares. Simplemente estábamos esperando que el árbitro fallara en unos pocos meses. Ese fallo del árbitro solo nos iba a dar una compensación monetaria, pero no iba a permitir corregir los contratos para que hubiera una relicitación efectiva; no iba a permitir corregir todas las cuestiones ambientales en las que la empresa tiene un récord espantoso; ni iba a permitir asimilar las rentas que capta el Estado al acuerdo que hicimos con Albemarle.
Por lo tanto, dijimos: “Hay enormes ganancias, pero también hay un tema ético fundamental que la ciudadanía no entendería.”. Ese tema ético pasa por la pérdida del control de la compañía por parte de Julio Ponce Lerou.
Ocurrió que el 18 de diciembre nos pidieron una reunión por lobby, y nos plantearon que sí estaban dispuestos a perder el control, que sí estaban dispuestos a tomar todas las regalías hechas por Albemarle y que sí estaban dispuestos a un cambio drástico en el gobierno corporativo.
Entonces, nos vimos enfrentados al dilema de aceptar que el árbitro fallara en lo que estaba en su ámbito, para lo cual había sido convocado: las rentas de arrendamiento, y seguir hasta 2030 sin poder liderar en el mundo el desafío de la electromovilidad y de las energías renovables no convencionales y transformar nuestra economía, o ir a un acuerdo transparente, de cara a la ciudadanía, porque las condiciones las había planteado la Corfo, una y otra vez, en la prensa, en la televisión, en todas partes. Dijimos que había una cultura de impunidad y que Ponce Lerou tenía que salir; esa era la condición. Cuando no estuvo dispuesto a salir, dijimos: “Fracasó, por esa condición”. Y cuando estuvo dispuesto a salir, dijimos: “Ahora vamos”.
Por lo tanto, aquí no hay nada hecho a espaldas de nadie. Hubo transparencia, mirando a la cara a la ciudadanía.
¿Cuáles son los logros? En primer lugar, el cambio del gobierno corporativo. Se deshace el acuerdo con Kowa -empresa japonesa-, que permitió a Ponce Lerou tomar el control en 2006, y que, por razones que todavía no nos explicamos, fue sancionado positivamente por la Superintendencia de Valores y Seguros. Creemos que es ilegal, porque se trata de una empresa desconcentrada, que se hizo al amparo del decreto ley N° 3.500 como empresa desconcentrada, y, por tanto, nadie puede votar ni tener control por más del 37,5 por ciento de las acciones serie A. Ese pacto de control con la empresa Kowa permitió a Ponce Lerou controlar la compañía. En nuestra opinión, se violó al menos el espíritu del decreto ley N° 3.500.
En segundo lugar, se establece el término del voto dirimente -voto que tenía el presidente y que permitió, en un directorio de ocho miembros, tomar el control a Ponce Lerou en todos aquellos aspectos fundamentales, como transacciones relacionadas con el Grupo Pampa, todo tipo de donaciones, y litigios contra el Estado -esa empresa está llena de litigios con el Estado-. Todo lo anterior está incorporado en el cambio del gobierno corporativo.
Muchos sectores empresariales consultan por qué aplicamos la norma que mencionaré a continuación. ¿Qué derecho tiene la Corfo para meterse en esto? Ponce Lerou y todos aquellos parientes hasta el segundo grado de consanguinidad no pueden ocupar cargos de directorio ni cargos ejecutivos en la compañía. Por lo tanto, Eugenio Ponce Lerou tiene que salir de la presidencia y del directorio de SQM como consecuencia de este acuerdo.
Concordamos que hubiera un presidente independiente. Por lo tanto, ahora la empresa tiene dos directores independientes y un presidente que también tiene que ser independiente. Lo hemos concordado de común acuerdo y establecido con la más alta autoridad del país. Este no es un tema de la Corfo; es el gobierno de Chile el que ha establecido que esto es bueno para el país.
Además, en la empresa SQM Salar, que hoy es una empresa de papel, que es la que tiene el salar, se exigen cinco directores, dos directores independientes y un comité de directores. En este punto aprendimos del Departamento de Justicia norteamericano, que sancionó severamente la corrupción con mucha premura y que puso un veedor-interventor en materias de corrupción, quien estuvo presente, no en persona, pero sí orientando el proceso, en toda la negociación de los detalles del contrato. Me refiero a un veedor del gobierno norteamericano, que nosotros llamamos interventor.
Al respecto, nosotros dijimos: “Hagamos lo mismo, porque esta empresa, que ha tenido impunidad ambiental, no puede seguir así.”. Por lo tanto, en virtud de este acuerdo tendremos un veedor hasta el 2030 en materia ambiental, con todos los poderes de acceso a la información. La empresa tendrá la obligación de tener monitoreos de todo el salar, de todos sus pozos, en línea y compartido con las comunidades y con el Comité de Minería no Metálica y de Gobernanza de Salares. Alguien podría decir que es un interventor entre comillas, pero es un veedor.
Además, hemos establecido un segundo veedor en todos los aspectos contractuales.
En este punto, pregunto si en la historia moderna de Chile hay algún otro caso de intervención en el gobierno corporativo de una compañía para cambiarlo radicalmente, que puedan dar como ejemplo y ser comparable con lo que estamos haciendo en este caso. ¡No lo hay! Lejos, esto está en el más alto estándar internacional.
Es más, quiero señalar que, para poder establecer estas condiciones, nos asesoramos con el Centro de Gobierno Corporativo de la Universidad de Stanford, que es una de las instituciones más prestigiadas del mundo en materia de gobiernos corporativos.
¿Qué pasa en materia de compartir los beneficios?
Un diputado señalaba correctamente que este es un negocio que va a generar muchos ingresos. Sin duda, generará un poco menos de 20.000 millones de dólares; alrededor de 18.000 millones de dólares, según nuestras estimaciones. De ese monto, más o menos el 30 por ciento es costo, y, de acuerdo con los propios datos que hemos enviado, lo que tendrán que pagar en regalías, lo que tendrán que pagar en royalty, y lo que tendrán que pagar en impuesto a la renta supera los 11.000 millones de dólares. Eso es lo que tendrán que pagar.
¿Por qué? Porque este país, durante 40 años de minería metálica, lo máximo que ha logrado en términos de regalía de las rentas de la minería metálica es alrededor del 8 por ciento del margen, que es alrededor del 4 o 5 por ciento del precio, luego de una segunda reforma de las regalías.
Sin embargo, resulta que en este caso, con los precios actuales, la regalía promedio que establece el contrato va en escalas. Así, con precios sobre 10.000 dólares -hoy el precio está en 12.000 dólares-, lo que se cobra es del orden del 50 por ciento: 40 por ciento va a la Corfo y 10 por ciento es la regalía legal.
¿Conocen algún otro país del mundo en que, por la explotación del recurso minero, haya una regalía de alrededor de 50 por ciento en el margen?
La regalía promedio, sumando ambas, es de 30 por ciento. Por lo tanto, ocurre que los aportes al Estado van a ser cercanos, en total, a 12.000 millones de dólares. Sin embargo, como consecuencia de este acuerdo, el incremento de aportes al Estado será 8.300 millones de dólares.
Hay varios años en que el aporte supera los 1.000 millones de dólares al año, y si se suma el acuerdo con Albemarle, son 1.600 millones de dólares al año.
¿Saben cuánto ingresos han generado al Estado las 10 principales empresas de minería metálica de Chile en los últimos cuatro años? Entre 1.500 y 2.000 millones de dólares.
O sea, solo con esta negociación estamos generando casi el equivalente a lo generado por todas las otras empresas de la minería.
¿Cómo se distribuye? ¿Qué pasa con lo que planteaba la diputada Paulina Núñez respecto de la Región de Antofagasta? La Región de Antofagasta tiene un activo que es el litio, que tiene una ventana de oportunidad de 20 a 30 años en que puede obtener mucho valor. Después va a pasar lo que ocurrió con el salitre, porque están todos invirtiendo para sustituir la tecnología. En consecuencia, la Región de Antofagasta, dado que el litio es un activo no renovable, aspira a que después de 30 años, cuando ese activo no genere riqueza, se haya creado una nueva economía que permita el desarrollo de su gente.
Por eso, de los 8.300 millones de dólares de recursos incrementales para el Estado, 1.000 millones de dólares -un poco más de 980 millones van a la región, porque hay platas de las ventas que van directamente al gobierno regional para FNDR, que van directamente a triplicar los fondos de desarrollo productivo, y que van directamente a las municipalidades.
¿Qué es María Elena ? Es un almacén de Soquimich; no es una comuna. La electricidad, incluso el agua, es provista por Soquimich; absolutamente todo. Eso se tiene que acabar.
Por eso, hemos acordado, ya que no ha sido posible que el Estado chileno aporte los recursos que corresponde, la asignación de dineros directos a la municipalidad de María Elena, de manera que no se requerirá preguntar ni negociar con nadie para que ese municipio reciba los recursos que requiere para hacerse cargo de las necesidades de sus ciudadanos.
En materia ambiental, se considera el aporte de recursos importantes para el desarrollo de las comunidades y del medio ambiente.
En síntesis, desde la perspectiva del Estado y de la minería no metálica, estamos frente al mejor contrato del mundo: 30 por ciento de royalty promedio; el que le sigue en el mundo:
19 por ciento. Y para qué vamos a hablar de nuestra historia: es, lejos, el mejor contrato en esta materia de nuestra historia.
Adicionalmente, la restitución de derechos para relicitar es un tema clave. ¡Cómo es posible que no se pueda relicitar en forma competitiva!
Respecto de los derechos de agua, la Corfo tiene la opción, valorada por un perito tercero, de tomar los derechos de agua y decidir el año 2028 qué quiere hacer con el salar de Atacama: si quiere relicitar, hacer una empresa estatal o lo que se le ocurra al gobierno de la época. Tiene la posibilidad de hacerlo; pero sin derechos de agua no puede hacer nada.
Por otra parte, la RCA se transfiere a título gratuito a aquel que continúe la explotación, lo que hoy no es posible. ¿Qué posibilidades hay de que entre otra empresa, en circunstancias de que debiera hacer todos los estudios ambientales de nuevo y tener tres años parada la operación? Ninguna.
Además, toda la infraestructura productiva que la Corfo estime necesaria dentro de las OMA se transfiere con un mecanismo de pago, obviamente por la inversión depreciada, determinada por un perito.
Todas las servidumbres se transferirán a título gracioso, gratuito, y se dispondrán en un anillo de diez kilómetros, lo que constituirá una restricción para establecer derechos, con el objeto de proteger la hidrología del salar de Atacama ante el supuesto de que no funcione bien la institucionalidad encargada de la protección del medio ambiente. Eso es inédito, ya que nunca ha habido un contrato del Estado que se haya preocupado así de esas materias.
En cuanto al valor agregado, efectivamente queremos ser un actor en materia de electromovilidad. No nos basta con exportar litio, carbonato de litio e hidróxido de litio.
Se prohíbe la exportación de salmuera. Como se sabe, uno de los aspectos de disputa de la Corfo es la exportación de salmuera. En este contrato aquello se prohíbe.
Asimismo, el 25 por ciento de toda la producción tiene que ser destinado a valor agregado. Estamos hoy en ese proceso. Nos han llegado seis propuestas de todo el mundo para hacer cátodos de baterías; nos estamos introduciendo en la línea de la electromovilidad. De hecho, una empresa europea nos ha propuesto la elaboración de litio metálico, que usa la energía verde. El 2014 eso no era posible; hoy, con la reforma que este gobierno ha hecho en el ámbito eléctrico y mediante la incorporación de la utilización de la energía solar, es posible ser líderes en litio metálico, producto que vale diez veces el costo de la materia prima: el carbonato del litio.
En cuanto al cumplimiento ambiental, se establecen obligaciones especiales en esa materia: acceso a información, monitoreo en línea y la creación de un comité de la Corfo con recursos propios, lo que permitirá tener listos en junio los estudios ambientales de toda la cuenca.
Respecto del nivel de extracción de salmuera, quiero corregir algo que aquí se ha dicho: no hay siquiera un litro más de extracción de salmuera. Lo que está ocurriendo hoy es que se extrae lo que está autorizado por la RCA, y solo el 10 por ciento del litio se procesa. No hay cuota para hacerlo, porque esa cuota se pensó con fines nucleares.
Entonces, ¡miren el absurdo!: Australia y Argentina están explotando en inversión para ganarnos el liderazgo, y nosotros estamos dejando botado en superficie el litio, que no tiene ningún impacto ambiental adicional, porque es la misma cantidad de salmuera.
Adicionalmente, lo que hemos hecho es establecer una cláusula de término anticipado del contrato si hay un proceso sancionatorio de falta gravísima por daño ambiental. ¿Por qué hemos establecido aquello en el contrato? Bueno, porque no estamos seguros de que necesariamente todo el resto de la institucionalidad vaya a funcionar. Entonces, acá hay un mecanismo adicional. Además, se debe tener en cuenta que hoy los directores responden con su patrimonio.
A propósito del proceso sancionatorio, al cual aquí se hizo referencia, fue la Corfo la que en octubre de 2016 descubrió que se estaban manipulando los pozos que eran alerta temprana en el salar, y nosotros interpusimos la demanda respectiva en la Superintendencia del Medio Ambiente. La superintendencia acogió nuestra demanda y formuló cargos por falta gravísima y seis cargos por falta grave con daño ambiental.
Hace dos meses nos opusimos al plan de cumplimiento, y en los próximos días, debido a que consideramos insatisfactorio el plan de cumplimiento, nos vamos a volver a oponer.
Al respecto, una cosa es resolver un problema relacionado con las rentas y con una serie de aspectos del ámbito económico, y otra, decir que vamos a cambiar nuestra visión sobre la obligación de sustentabilidad ambiental.
Para terminar, quiero señalar dos cosas adicionales.
En materia de investigación y desarrollo, hemos establecido un financiamiento directo -esos recursos no requieren ser incluidos en la ley de presupuestos para la creación de tres institutos tecnológicos. El primero de ellos es al que hizo referencia la diputada Paulina Núñez : el Instituto Tecnológico Solar Minero, cuya sede queremos que se establezca en Antofagasta, y que se instalen todas las plantas piloto en la subestación Crucero . Por lo tanto, se beneficiará a Antofagasta y Calama de un desarrollo de frontera, con la meta de un millón de toneladas el 2030 de cobre cero emisiones. Eso significa que vamos a tener que producir hidrógeno solar; vamos a tener que producir otros combustibles solares; vamos a tener que introducir el uso de la energía solar en los procesos mineros, y esto tenemos que hacerlo con el sector minero. Se tiene que beneficiar con capital intelectual a la Región de Antofagasta.
Segundo, estamos en una revolución digital a la cual tenemos que subirnos. Hemos propuesto la creación de un instituto en el área del big data, porque para la minería y la energía se requiere el internet de las cosas, y eso también tiene que beneficiar a las regiones.
Por último, se necesita el establecimiento de un ámbito de manufactura avanzada.
Termino señalando que Codelco está tratando de desarrollar Maricunga . Como saben, en el salar de Maricunga, en Atacama, hay decenas de propietarios. No todos tienen derechos posteriores al año 1979, pero el que tiene los mejores derechos y propiedad está en el centro del salar: es Soquimich. Lo que nosotros hemos hecho es obligar a Soquimich a aportar eso a una empresa que se estructure para explotar con Codelco el salar de Maricunga y poder viabilizar lo que hoy creemos que no es viable, porque con una estructura fragmentada de propiedad es muy difícil hacer una operación en Maricunga.
Por lo tanto, ese es un tema fundamental.
En síntesis, el balance de este gobierno es que hemos recuperado el litio para Chile; los chilenos se van a beneficiar del litio.
Además, hemos establecido los más altos estándares de gobernanza, de cuidado ambiental y de apoyo para el desarrollo de las comunidades. Y si el año 2030, cuando venza el contrato, que es válido, que nosotros no podemos quitar arbitrariamente, y vamos a perder, en ese ámbito, el juicio arbitral, porque el árbitro en tres ocasiones nos ha ofrecido una compensación, pero sin poner sobre la mesa la posibilidad del término anticipado del contrato; por lo tanto, no hay que ser pitoniso para saber que esto no nos lo van a otorgar.
En consecuencia, el consejo de la Corfo y el gobierno han buscado defender el interés del país y no han hecho cuentas pequeñas en cuanto a si políticamente es más o menos conveniente que lo resuelva este gobierno o el próximo; hemos actuado en beneficio de la región, de las comunidades y de todo el país.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).-
Para finalizar, tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda .
Señor Presidente, agradezco las intervenciones del ministro y del vicepresidente ejecutivo de la Corfo. ¡Extraordinarias! Después de escucharlos, podemos irnos contentos para la casa.
¡Pero qué tontos son en Soquimich! ¡Impresionante! Es impresionante observar que Soquimich aguantó todo y no puso ningún problema, y dijo “entreguemos todo, porque el Estado nos ofrece un acuerdo maravilloso”. Como los ejecutivos de Soquimich son tontos, estúpidos, y no se dan cuenta de que están perdiendo todas las regalías que siempre han tenido, firmaron el convenio. ¡Espectacular para el Estado! ¡Somos brillantes y Soquimich es un tonto y un imbécil!
El problema es que no es así, señor Presidente. Los que conocemos la historia, el prontuario y a los personajes involucrados, sabemos que no es así. Cuando escuchamos las explicaciones del vicepresidente ejecutivo de la Corfo, por ejemplo, cuando nos dice que tendremos un veedor ambiental… ¡Qué legitimidad puede tener ese veedor si según la legislación vigente es la Superintendencia del Medio Ambiente la que manda!
Si dice que acordaron todo esto porque no había otra posibilidad, se concluye que Chile está capturado por Soquimich. ¿No existía alternativa? ¿No tenemos nada más que hacer porque Chile está capturado por un árbitro? Además, el árbitro recibirá el 10 o el 20 por ciento del contrato. ¿Por qué no llegamos hasta el final y recurrimos a la corte de apelaciones o a la Corte Suprema para actuar con dignidad?
Ha concluido su tiempo, señora diputada.
El señor Prosecretario va a dar lectura a la parte dispositiva del proyecto de resolución que se ha presentado.
El señor ROJAS (Prosecretario).-
Proyecto de resolución N° 1.068, de los diputados Alejandra Sepúlveda , Daniel Núñez , Ricardo Rincón , Daniel Melo , Claudio Arriagada , Marcela Hernando , Sergio Aguiló , Maya Fernández , Camila Vallejo y René Saffirio , que en su parte dispositiva señala:
La honorable Cámara de Diputados resuelve:
Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República que efectúe un rechazo categórico al acuerdo al que llegaron representantes de la Corfo y Soquimich a causa de la demanda sustanciada por el Estado contra esta empresa por diversos incumplimientos en el contrato de arrendamiento del salar de Atacama.
Asimismo, la Cámara acuerda solicitar a su excelencia la Presidenta de la República que le confiera la urgencia en carácter de discusión inmediata a los proyectos de ley que declaran nula la invariabilidad tributaria a SQM (boletín N° 10597-07), el proyecto que declara de interés nacional la exploración y explotación de litio y la Sociedad Química y Minera de Chile (boletín N° 10638-08) y la reforma constitucional que crea la Empresa Nacional del Litio (boletín N° 11261-07).
En votación el proyecto de resolución.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 38 votos; por la negativa, 17 votos. Hubo 15 abstenciones.
Aguiló Melo, Sergio ; Álvarez Vera, Jenny ; Arriagada Macaya, Claudio ; Boric Font, Gabriel ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Cicardini Milla, Daniella ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Lemus Aracena, Luis ; Letelier Norambuena, Felipe ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Núñez Arancibia, Daniel ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Poblete Zapata, Roberto ; Rivas Sánchez, Gaspar ; Rocafull López, Luis ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Soto Ferrada, Leonardo ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Vallejo Dowling, Camila ; Venegas Cárdenas, Mario .
Becker Alvear, Germán ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Coloma Alamos, Juan Antonio ; Edwards Silva, Rojo ; Gahona Salazar, Sergio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Lavín León, Joaquín ; Molina Oliva, Andrea ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Urrutia , Paulina ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Sandoval Plaza, David ; Tuma Zedan, Joaquín ; Turres Figueroa, Marisol ; Urrutia Soto , Osvaldo ; Verdugo Soto , Germán .
Auth Stewart, Pepe ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Jarpa Wevar , Carlos Abel ; Lorenzini Basso, Pablo ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Robles Pantoja, Alberto ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sabat Fernández, Marcela ; Silber Romo, Gabriel ; Walker Prieto , Matías .
-Se levantó la sesión a las 14.05 horas.
GUILLERMO CUMMING DÍAZ, Jefe de la Redacción de Sesiones.
Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Alvarado, Campos, Castro, Ceroni, Farcas y Jiménez, y de las diputadas señoras Álvarez, Carvajal, Hernando y Sepúlveda, que Establece normas de seguridad aplicables a las piscinas. Boletín N°11599-14
Valparaíso, septiembre de 2017.
A la Honorable Cámara, tenemos el honor de someter a vuestra consideración el presente proyecto de Ley:
I.- VISTOS.
Lo prescrito en los artículos 1°, 6º, 19º Nºs 1, 2, 5 y 63° y 65º de la Constitución Política de la Republica.
II.- CONSIDERANDO.
1º.- Que, la muerte o heridas graves por ahogamiento en una piscina residencial o pública, así sea de un solo menor, es considerado por la comunidad como un hecho inaceptable y que los adultos deben evitar adoptando todas las medidas necesarias. El "Ahogamiento" se define como el proceso de sufrir dificultades respiratorias por sumersión/inmersión en un líquido, con resultados que se clasifican en: muerte, morbilidad y no morbilidad, es decir que, cuando un niño pasa cinco minutos sin respirar, quedará con graves secuelas neurológicas; por ello tratándose de niños y niñas, ninguno puede quedar solo o sin supervisión en playas y piscinas, como mínima medida de seguridad y, mediante esta ley se buscará regular una normativa básica de seguridad en las piscinas de todo tipo, más allá del resguardo ofrecido por la vigilancia de un adulto.
Las muertes por ahogamiento o inmersión no han sido satisfactoriamente reguladas por una norma de carácter general y obligatoria, como una ley, reduciéndose la preceptiva existente a reglamentos sobre el tema y tampoco hay una previsión suficiente por parte de las personas; lo cual genera un alza constante de fallecimientos por esta causa en cada época estival, sobre todo en niños menores de 9 años; por ello es preciso que la autoridad, como este parlamento, sea capaz de prevenir y elaborar políticas publicas prioritarias en la prevención de los ahogamientos y a su integración dentro de otros planes de salud pública.
2º.- Analizando el riesgo al que se ve enfrentado un niño o niña cuando ingresa en una piscina, ellos se pueden ahogar en centímetros de agua, para evitar estos accidentes, no sólo se debe prescribir estándares mínimos para el funcionamiento adecuado de las piscinas, sino que también se deben enseñar y fomentar conductas responsables. Por ejemplo, no lanzarse al agua desde alturas o consumir alcohol en las piscinas, entre otras medidas de seguridad.
3º.- Que, en cifras proporcionadas por el Ministerio de Desarrollo Social, la muerte por ahogamiento o inmersión es la primera causa de muerte en menores, aquello solamente en la pasada temporada estival del año 2011, cuando se informó por parte de dicha cartera que más de 800 menores de edad sufrieron algún accidente en playas y piscinas, de ellos 162 fallecieron y 700 quedaron con secuelas permanentes o parciales y que, un 60% de los menores que sufre algún accidente por inmersión, fallece y el 40% restante queda con daño neurológico[1].
4º.- Que, las estadísticas o cifras proporcionadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) son igualmente preocupantes, el organismo internacional informó una elevada mortalidad por accidentes ocurridos en piscinas de todo tipo, sean públicas o privadas. En efecto, Los ahogamientos son la tercera causa de muerte por traumatismo no intencional en el mundo y suponen un 7% de todas las muertes relacionadas con traumatismos y se ha estimado que en el mundo mueren cada año por ahogamiento unas 360.000 personas, no obstante, es preciso destacar que la propia OMS. en este cálculo reconoce un margen de error, en cuanto esta cifra sea notablemente menor a la real la magnitud del problema de salud pública que suponen los ahogamientos. El riesgo de ahogamiento es mayor en niños, varones y personas con fácil acceso al agua[2]. A escala mundial, los índices de ahogamiento más elevados corresponden a los niños de 1 a 4 años de edad, seguidos de la franja de edad de 5 a 9 años.
En 2015, según sus estimaciones, los traumatismos a causa de un accidente en piscinas o playas, supusieron más de un 9% de la mortalidad mundial total. El ahogamiento, que es la tercera causa más importante de mortalidad por traumatismo no intencional, representa un 7% de todas las muertes relacionadas con traumatismos. Todas las economías y regiones del mundo sufren mortalidad por ahogamiento y soportan la correspondiente carga, aunque:
1)	En los países de ingresos bajos y medios se concentra el 90% de las muertes por ahogamiento no intencional;
2)	Más de la mitad de los ahogamientos del mundo se producen en las regiones del Pacífico Occidental y de Asia Sudoriental de la OMS;
3)	En Estados Unidos de América, el ahogamiento es la segunda causa de muerte por traumatismo no intencional entre 1 y 14 años de edad.
4)	Los índices de muerte por ahogamiento alcanzan su máximo en la Región de África, donde son más de 15-20 veces más elevados que en Alemania o el Reino Unido, respectivamente[3].
5º.- Que, desde una perspectiva económica, no obstante haber escasos datos en algunos estudios sobre las consecuencias económicas de los ahogamientos, solamente en los Estados Unidos de América, un 45% de las personas muertas por ahogamiento forma parte del segmento económicamente más activo de la población; los ahogamientos en aguas litorales entrañan costos directos e indirectos por valor de US$ 273 millones al año. En Australia y el Canadá, el costo total de los traumatismos por ahogamiento es, respectivamente, de US$ 85,5 millones y US$ 173 millones al año[4]. Debemos advertir sobre el margen de error de dichos estudios, dada la incertidumbre en torno a la estimación de la mortalidad por ahogamiento en el mundo. Los métodos utilizados para clasificar los datos oficiales sobre ahogamientos hacen que queden excluidas las muertes por ahogamiento intencionado (suicidio u homicidio), así como los ahogamientos resultantes de inundaciones catastróficas y de incidentes en el transporte acuático. Los datos procedentes de países de ingresos altos indican que los métodos de clasificación llevan a subestimar sustancialmente (hasta en un 50% en algunos de esos países) la cantidad total que suponen los ahogamientos y en muchos países las estadísticas sobre casos no fatales de ahogamiento son difíciles de conseguir o poco fiables.
6º.- Según el precitado “Informe mundial sobre los ahogamientos”[5], los principales factores de riesgo son la edad, el género o sexo y el acceso al agua (personas que se dedican a la pesca); todos ellos vinculados, en general, a lapsos de inatención en la supervisión de un niño; otros factores de riego con menor prevalencia son las inundaciones catastróficas, viajes por medio acuático; una mala situación socioeconómica; la pertenencia a una minoría étnica; la falta de educación superior o el hecho de vivir en un medio rural; el hecho de dejar a un lactante desatendido o con otro niño en la bañera o a proximidad del agua; ciertas enfermedades, como la epilepsia y turistas no familiarizados con los riesgos y las particularidades de las aguas locales.
La OMS. en el año 2014 publicó una guía para prevenir los ahogamientos (“Preventing drowning: an implementation guide”), la cual se basa en el Informe Mundial sobre Ahogamientos, antes mencionados y ofrece orientaciones concretas sobre cómo aplicar las intervenciones destinadas a prevenir los ahogamientos. Algunas de las medidas más comunes son el uso de barreras para controlar el acceso al agua, la creación de guarderías para niños en edad preescolar.
La experiencia internacional está totalmente de acuerdo con la dictación e implementación de leyes de seguridad para las piscinas y otras actividades acuáticas y hay bastante legislación sobre el particular, como la ley australiana, la ley del Estado de La Florida, la ley francesa, la legislación de Canadá, de Brasil y Colombia, son algunos ejemplos.
7º.- Por tanto, tener una piscina no es solo un derecho, es una responsabilidad, y una que debe ser tomada con seriedad con el fin de reducir las fatalidades mientras se aprenden habilidades valiosas de recreación y vida, cualquier costo adicional que las reformas propuestas traigan es pequeño comparado con la vida de un menor; los parlamentarios que suscribimos estamos totalmente comprometidos en asegurarnos que las piscinas sean lugares seguros para divertirse y relajarse, y para alcanzar esto, le pedimos a todas las personas que sean responsables en asegurarse que cumplirán medidas de seguridad mínimas, como que las piscinas tengan cerramientos acorde con la legislación actual.
Hay muchas medidas útiles para prevenir los ahogamientos, más allá de instalar barreras para controlar el acceso de las personas al agua, como instalar barreras con puertas o corrales, colocar vallas el perímetro de las piscinas, la instauración de sistemas comunitarios supervisados de cuidado de los niños en edad preescolar puede reducir el riesgo de ahogamiento, la posibilidad de enseñar a los niños en edad escolar elementos básicos de la natación, de seguridad en el agua y de primeros auxilios, aunque al hacerlo es preciso poner el acento en la seguridad y encuadrar esta labor en un sistema global de gestión del riesgo que incluya un programa lectivo de seguridad probada, un área de instrucción segura, procesos de preselección y selección de los estudiantes y una proporción entre estudiantes e instructores que ofrezca garantías de seguridad. Instituir y hacer cumplir una ley de seguridad en las piscinas, es el elemento central de esta moción mejorar la seguridad en el medio acuático y prevenir ahogamientos, además de servir para suscitar un mayor nivel de conciencia en la materia, generar consenso en torno a posibles soluciones, fijar las líneas de actuación estratégica y ofrecer un marco de referencia que oriente las actividades multisectoriales y permita seguir y evaluar la labor realizada.
III.- IDEAS MATRICES.
Son varias las razones que aconsejan la aprobación de una moción de aspiración tan loable como salvar vidas, principalmente de niños y niñas y a un coste tan bajo en comparación al mal que causan estos accidentes, tan solo la dictación de una ley capaz de reglar esta materia hasta ahora, entregado al ámbito reglamentario. Por ello, en esta moción proponemos que:
a)	Todas las piscinas que sean aprobadas para construcción desde la entrada en vigencia de esta ley y aquellas que hayan entrado en funcionamiento con anterioridad, tendrán un período legal de adaptación y se les proporcionará una fecha efectiva, han de instalar al menos uno de los dispositivos de seguridad que esta ley prevé, ubicándola entre la residencia respectiva y la piscina.
b)	Se regularán requisitos mínimos del diseño, ubicación y mantenimiento de los dispositivos de seguridad de ley.
c)	Estas normas se aplicarán a los dueños de piscinas privadas, residenciales, de uso particular o colectiva y a toda persona con la responsabilidad de diseñar, instalar, construir y mantener piscinas.
d)	La normativa se aplicará a toda piscina residencial, de condominio o casa particular, cuyo uso sea privado y/o abierto al público, gratis o mediante una contraprestación.
POR TODO LO ANTERIOR, es que los Diputados firmantes vienen en proponer a esta Honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de ley.
PROYECTO DE LEY DE SEGURIDAD EN LAS PISCINAS.
Artículo Primero. Objetivos. El objetivo de la presente ley es la prevención de los riesgos derivados del ahogamiento por inmersión en piscinas privadas.
Artículo Segundo. Ámbito de Aplicación: La presente ley se aplicará a piscinas privadas, de uso individual o colectivo, enterrada o elevada, al aire libre o en lugar cerrado, las piscinas de residenciales, piscinas de hoteles, de campings, de centros y clubes de vacaciones, hospedajes rurales y urbanos, piscinas de condominios, de casa particular, cuyo uso sea privado y/o abierto al público, gratis o mediante una contraprestación y cualesquiera otras piscinas privadas domésticas.
No se aplicará a las piscinas de los establecimientos educacionales, gimnasios, centros deportivos y piscinas públicas o aquellas vigiladas por socorrista o salvavidas permanentemente, así como las piscinas colocadas en el suelo que sean inflables o desmontables.
Artículo Tercero. Dispositivos de Seguridad de Piscinas: Todas las piscinas previstas en el artículo anterior deberán estar equipadas con un dispositivo de seguridad regulado por esta ley.
Dicho dispositivo de seguridad corresponde a cualquiera de los cuatro siguientes:
a)	Barreras o cercas de seguridad.
b)	Sistemas de alarmas o detectores de inmersión.
c)	Cubiertas reforzadas de seguridad.
d)	Abrigos o protectores de piscina.
e)	Quitar la escalera en las piscinas elevadas.
Artículo Cuarto. Responsables: Los dueños, cualquiera sea su naturaleza jurídica, de las piscinas identificadas en el artículo segundo de la presente ley, deben utilizar por lo menos uno de los dispositivos de seguridad previstos en el artículo anterior; pudiendo elegir uno de entre los cuatro primeros sistemas seguridad y aplicar el previsto en la letra “e” obligatoriamente en caso de piscinas elevadas.
Artículo Quinto. Vigencia: Desde seis meses después de la entada en vigencia de esta ley, los diseñadores arquitectos y/o constructores de piscina serán obligados a proveer a sus clientes un paquete completo con la información de seguridad o de los dispositivos de seguridad regulados por esta ley.
En el mismo plazo previsto en el inciso anterior, los permisos de construcción para las piscinas serán concedido solamente si la piscina se ha diseñado con aplicación de uno de los dispositivos o sistemas de seguridad.
En el caso de las piscinas del artículo segundo de esta ley que ya se hallen en funcionamiento o hayan sido construidas y/o instaladas con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, deberán cumplir con la obligación establecida en el artículo cuarto de la misma, a contar del primer año de vigencia de esta ley. Salvo que la piscina ya cuente con un dispositivo de seguridad de los previstos en el artículo tercero, cuando la persona que lo haya diseñado, construido y/o instalado acredite que se ajusta a los estándares de seguridad de esta ley, mediante la emisión de un certificado. Si el dispositivo de seguridad resulta no cumplir con los estándares será sancionado en conformidad al artículo sexto de esta ley
Artículo Sexto. Sanciones: La infracción de cualquiera de las disposiciones de esta ley o de sus reglamentos y de las resoluciones que dicten los Directores de los Servicios de Salud, salvo las conductas reguladas en el Código Penal que tengan una sanción diferente, será castigada con multa de diez unidades tributarias mensuales hasta cien unidades tributarias mensuales, con un tope del treinta por ciento del avalúo fiscal de la propiedad raíz donde se halle instalada la piscina que haya infringido esta normativa. Las reincidencias podrán ser sancionadas hasta con el doble de la multa original.
Las resoluciones que establezcan las infracciones y determinen las multas tendrán mérito ejecutivo y se harán efectivas de acuerdo con los artículos 434 y siguientes del Código de Procedimiento Civil
Capitulo II. De los Dispositivos de Seguridad de Piscinas.
Artículo Séptimo. Barreras, Rejas o Cercas de Seguridad: Las barreras o cercas de protección, así como la puerta de seguridad y la cerradura de la puerta de dichas cercas de piscinas reguladas en esta ley, deben realizarse, construirse o instalarse con el objeto de impedir el paso de niños menores de nueve años de edad sin la ayuda de un adulto, deberán resistir a las acciones de un niño menor de nueve años de edad, en particular, en lo que se refiere al sistema de bloqueo del acceso y, no causar heridas. Deberán cumplir a los menos las siguientes características:
a) La barrera debe ser por lo menos de 1,20 metros de altura en el exterior.
b) La barrera no debe tener espacios, aberturas, protuberancias, o algún componente estructural que pueda permitir a un menor gatear por debajo, meterse por, o escalar o trepar por encima de la barrera. Los espacios huecos u orificios que tenga la valla deben ser de un tamaño lo suficientemente pequeño para que no quepa un niño pequeño, ni su cabeza, pero que sea posible ver a través de ellas, de modo de permitir tener una visión completa de la piscina desde el exterior.
c) La barrera debe colocarse rodeando el perímetro de la piscina y debe separase de cualquier cerca, pared u otro cerramiento de patio, a menos que la cerca, pared o cerramiento sea usado como parte de la barrera de la piscina y cumpla con los requerimientos de esta norma.
d) La barrera debe ubicarse suficientemente lejos del borde del agua, para prevenir que un menor o adulto mayor con condiciones médicas frágiles, que haya podido penetrar la barrera, caiga inmediatamente en el agua. No podrá ser menor a un metro y cincuenta centímetros.
e) Las barreras que proporcionen acceso a las piscinas deben abrir hacia afuera lejos de la piscina, y deben cerrarse por sí solas o contar con un sistema de auto cerrado magnético u otro dispositivo que se asegure por sí mismo. Este mecanismo debe localizarse por sobre un metro de altura.
f) La pared de una morada puede servir como parte de la barrera, si no contiene alguna ventana o puerta que abra y proporcione acceso a la piscina.
g) Una barrera no se puede ubicar de tal forma que permita que una estructura permanente, equipo, u objeto similar, sea usado para escalar la barrera.
Artículo Octavo. Cubiertas de piscina: Las coberturas o cubiertas reforzadas de piscina o “Cobertor de Seguridad”, deben realizarse, construirse o instalarse de tal modo que impidan la inmersión involuntaria de personas. Ésta cubrirá la superficie del agua y el borde de la piscina, permitiendo cerrar la piscina totalmente, deberá soportar un peso no inferior a cien kilogramos sin hundirse; pueden ser instaladas al tiempo de construir la piscina o ser agregados a una piscina existente, adheridos o clavados al perímetro de la piscina, deberán ser instalados por un profesional del diseño, construcción y/o instalación de piscinas.
Podrán utilizarse algunos de los siguientes diseños de cubierta reforzada de piscina, tales como:
a) El cobertor flotante de PVC. (“Volet Roulant”) o “Cobertor de Lamas” o membrana de PVC, pudiendo desenrollarse manualmente o automáticamente mediante un sistema eléctrico, que se extiende y recoge deslizándolo por encima del agua, cubriendo toda la piscina, incluyendo su borde.
b) “Cobertor Deslizante de Seguridad”: Cobertor tejido de poliéster recubierto de PVC., reforzado por unos perfiles de aluminio, colocados alrededor del perímetro de la piscina y separada de ésta al menos un metro de distancia, dotado de un sistema de rodamientos para extenderlo y recogerlo.
Artículo Noveno. Alarmas de Piscina: Las Alarmas de piscina son dispositivos que se activan con movimiento, haciendo sonidos fuertes y/o efectos lumínicos, cada vez que una persona se acerca a la piscina, o se cae al agua. Las alarmas deben realizarse, construirse o instalarse de modo que todos los comandos de activación y desactivación no deban poder ser utilizados por niños menores de nueve años de edad, sus sistemas de detección deben disponer de una sirena y/o de luces y deben ser instaladas por un profesional.
Podrán utilizarse algunos de los modelos de alarma infrarroja o dotadas de un sistema inteligente de vigilancia o supervisión, tales como:
a) Alarmas de área o alarma de perímetro.
b) Alarma perimétrica de infrarrojo: Estas alarmas se instalan rodeando la piscina en sitos estratégicos cubriendo todo el perímetro de la misma.
c) Alarmas de la inmersión o sensores de movimiento del agua: Estas se activarán cuando alguien o algo entra en contacto con el agua de la piscina, mediante sensores de movimiento del agua que detectan el oleaje que se crea cuando un cuerpo ingresa a la piscina. Podrán ser flotantes, o colocarse en el borde de la piscina con un sensor sumergido.
Artículo Décimo: Abrigos de Piscina: Los abrigos de piscina deben realizarse, construirse o instalarse de modo a no causar heridas y de tal modo que cuando la superficie de la piscina está cerrado o cubierta resulte inaccesible a los niños menores de nueve años de edad. Estos podrán ser fijos, desprendibles, telescópicos o inflables, su estructura debe ser capaz de soportar un peso de al menos 100 kilogramos y contar con una traba de seguridad.