Source: https://www.encostarican.com/noticias/lista-mep-escuelas-cerradas-por-coronavirus-covid-19/
Timestamp: 2020-07-04 04:36:06
Document Index: 78891064

Matched Legal Cases: ['artículo 29', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'artículo 132', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'artículo 4', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'artículo 365', 'Artículo 14', 'Artículo 15']

MEP cierra TODAS las escuelas y colegios por Coronavirus Covid-19 - En Costa Rican
El MEP estará cerrando TODAS las instituciones educativas a partir del miércoles 17 de marzo del 2020, hasta nuevo aviso, como medida de precaución contra el Coronavirus Covid-19. Esta es una de las muchas medidas que toma el ministerio de educación publica de Costa Rica. Factores como los abastecimientos de agua y casos cercanos llevan a estas decisiones.
DECRETO EJECUTIVO N° ____-MP-S
En ejercicio de las facultades que les confieren los artículos 140 incisos 3), 6), 16), 18), 146 y 180
de la Constitución Política; artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1), 28 inciso b), de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978; y artículo 29 de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, Ley N° 8488 del 11 de enero del 2006; y
I. Que de acuerdo con la Constitución Política, en sus artículos 21 y 50, el derecho a la vida y a la salud de las personas es un derecho fundamental, así como el bienestar de la población, los cuales se tornan en bienes jurídicos de interés público y ante ello, el Estado tiene la obligación inexorable de velar por su tutela. Derivado de ese deber de protección, se encuentra la necesidad de adoptar y generar medidas de salvaguarda inmediatas cuanto tales bienes jurídicos están en amenaza o peligro, siguiendo el mandato constitucional estipulado en el numeral 140 incisos 6) y 8) del Texto Fundamental.
II. Que la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, Ley N° 8488 del 11 de enero de 2006, establece que en caso de calamidad pública ocasionada por hechos de la naturaleza o el hombre que son imprevisibles o previsibles pero inevitables y no pueden ser controlados manejados ni dominados por las potestades ordinarias de que dispone el Gobierno, el Poder Ejecutivo podrá declarar Emergencia Nacional a fin de integrar y definir las responsabilidades y funciones de todos los organismos, entidades públicas, privadas y poder brindar una solución acorde a la magnitud del desastre. Aunado a ello, el ordinal 31 de la Ley citada, consigna que la declaratoria permite un tratamiento excepcional del estado de necesidad y urgencia en razón de su naturaleza, por lo que se concede al Gobierno la posibilidad de obtener ágilmente suficientes recursos económicos, materiales o de otro orden para atender a las personas, los bienes y los servicios en peligro, con el deber ulterior de rendir cuentas sobre las acciones adoptadas.
III. Que la vida, la salud y la seguridad de las personas y bienes deben ser garantizadas por el Estado, quien debe velar por la protección y en general, por la conservación del orden social.
IV. Que la jurisprudencia constitucional ha establecido parámetros estrictos para la fundamentación de una declaratoria de emergencia nacional, en estados de necesidad y urgencia nacional, a efectos de salvaguardar bienes jurídicos primordiales. En sentencia n° 1994-3410 de las 14:45 horas del 10 de noviembre de 1992, dispuso que “(…) el bien jurídico más débil (la conversación del orden normal de las competencias legislativas) debe ceder ante el bien jurídico más fuerte (la conservación de orden jurídico y social, que, en ocasiones, no permite esperar a que se tramite y apruebe una ley) (…)”. Por ello, se ha pronunciado en el sentido de la misma debe ser absolutamente necesaria para lograr atender los peligros provocados por la situación excepcional, debiendo prolongarse únicamente el tiempo estrictamente necesario.
V. Que adicionalmente, en resolución n° 01369-2001 de las 14:30 horas del 14 de febrero de 2001, respecto a la calificación de los hechos que motivan un estado de necesidad y urgencia, señaló: “(…) mediante la declaratoria de estado de necesidad y urgencia la Administración queda facultada para proceder mediante la utilización de procedimientos administrativos excepcionales –como lo es, por ejemplo, la modificación del destino de una partida presupuestaria– para solventar un evento originado a consecuencia de las fuerzas naturales, o bien por actos del hombre. Así, la situación que justifique la “declaratoria de emergencia nacional” debe interpretarse bajo un criterio restrictivo, por lo que sólo puede proceder ante hechos que califiquen como fuerza mayor o, a lo sumo, caso fortuito (…) la noción de estado de necesidad y urgencia únicamente acontece ante la producción hechos que no pueden solventarse mediante el ejercicio de los procedimientos administrativos ordinarios.”
VI. Que desde enero del año 2020, las autoridades de salud activaron los protocolos de epidemiológica sanitaria internacional por brote de nuevo coronavirus en China. La alerta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del día 30 de enero de 2020 se generó después de que se detectara en la ciudad de Wuhan de la Provincia de Hubei, en China, un nuevo tipo de coronavirus que ha provocado fallecimientos en China y casos exportados a Tailandia y Japón. Los coronavirus (CoV) son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el que ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV).
VII. Que el 06 de marzo de 2020 se confirmó el primer caso de COVID-19 en Costa Rica, luego de los resultados obtenidos en el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud y el 08 de marzo de 2020, ante el aumento de casos confirmados, el Ministerio de Salud y la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias dispusieron elevar el estado de alerta amarilla en todo el territorio nacional, ante la emergencia sanitaria ocasionada por la presencia del COVID-19.
VIII. Que a efectos de atender la situación nacional provocada por el COVID-19, el Poder Ejecutivo emitió la Directriz N° 073-S-MTSS del 09 de marzo de 2020, con medidas de coordinación interinstitucional para garantizar el cumplimiento de los protocolos de Ministerio de Salud, e implementar medidas de teletrabajo en las oficinas estatales y mediante Decreto Ejecutivo N° 42221-S del 10 de marzo de 2020 se establecieron medidas temporales para la suspensión de eventos masivos de personas y centros de reunión pública. y se ha dispuesto el cierre preventivo de centros educativos y la restricción de uso de un 50% según su capacidad de espacios de reunión pública (tales como restaurantes y bares), como medidas para minimizar el riesgo de transmisión COVID-19.
IX. Que al 15 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud ha confirmado 35 casos confirmados por COVID-19 en las provincias de San José, Alajuela, Heredia, Guanacaste y Cartago, en un rango de edad de 10 a los 87 años.
X. Que el 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud elevó la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional. La rapidez en la evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, requiere la adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a esta coyuntura. Las circunstancias extraordinarias que concurren constituyen, sin duda, una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud tanto por el muy elevado número de ciudadanos afectados como por el extraordinario riesgo para sus derechos.
XI. Que en razón de las consideraciones anteriores, resulta necesario declarar un estado de necesidad y urgencia, vía Decreto Ejecutivo, a efectos de aplicar medidas extraordinarias de excepción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política y la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, para hacerle frente a los eventos y mitigar sus consecuencias.
Artículo 1.- Se declara estado de Emergencia Nacional en todo el territorio de la República de Costa Rica, debido a la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19.
Artículo 2.- Para los efectos correspondientes, se tienen comprendidas dentro de la presente declaratoria de emergencia las tres fases que establece la Ley Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, a saber:
a) Fase de respuesta. Que incluye además de lo estipulado en la Ley N° 8488 y su reglamento, las acciones de contención y control de los brotes, el reforzamiento de los servicios de salud, el aprovisionamiento de agua, la compra y distribución de suministros de limpieza y desinfección, las acciones de limpieza profunda en edificaciones públicas, la protección del personal sanitario, vigilancia epidemiológica y la asistencia humanitaria requerida para la adecuada atención de la emergencia. En el marco de sus competencias las instituciones velarán por evitar el desabasto, acaparamiento, condicionamientos en la venta y la especulación en bienes y servicios.
b) Fase de rehabilitación. Que incluye además de lo estipulado en la Ley N° 8488 y su reglamento, la ampliación de las capacidades de los servicios para la atención de pacientes, incluido sin que se limite a: la sostenibilidad de la red de servicios de salud y la ampliación de las unidades especializadas y laboratorios requeridos para la reducción de la morbimortalidad de la población.
c) Fase de reconstrucción. Que incluye además de lo estipulado en la Ley N° 8488 y su reglamento, las acciones a mediano plazo orientadas a establecer las condiciones normales de operación de la red de servicios de salud, así como eventuales tratamientos y procedimientos médicos disponibles, según el nivel de los impactos determinados tras el final de la fase pandémica, así como la adopción de medidas de mediano y largo plazo que faciliten el proceso de recuperación económica de los sujetos afectados en el ámbito productivo, laboral y comercial. Todas las acciones deben de realizarse con un enfoque preventivo orientado a que futuros eventos similares al que generó la declaratoria no vuelvan a generar un estado de emergencia nacional.
Artículo 3.- Se tienen comprendidas dentro de esta declaratoria de emergencia todas las acciones y obras necesarias para poder solucionar los problemas indicados en los considerandos, para salvaguardar la salud y vida de los habitantes y proteger el medio ambiente. Todo lo cual debe constar en el Plan General de la Emergencia aprobado por la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, para poder ser objeto de atención conforme al concepto de emergencia. Este plan se elaborará entre otros del Ministerio de Salud como institución rectora y clave para la atención de esta emergencia.
Artículo 4.- El Ministerio de Salud y la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias serán los órganos encargados del planeamiento, dirección, control y coordinación de los programas y actividades de protección, salvamento, atención y rehabilitación de las zonas declaradas en estado de emergencia. Se deberán emprender acciones inmediatas y coordinadas para la mejor atención de las fases y de respuesta y rehabilitación y una vez aprobado el Plan General de la Emergencia se podrán designar unidades ejecutoras para los proyectos específicos.
Artículo 5.- De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, el Poder Ejecutivo, las instituciones públicas, entidades autónomas y semiautónomas, empresas del Estado, municipalidades, así como cualquier otro ente u órgano público están autorizados para dar aportes, donaciones, transferencias al Fondo Nacional de Emergencias y prestar la ayuda y colaboración necesaria a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias.
Asimismo, estarán autorizadas para ejecutar sus aportes de forma coordinada y para esta labor sea exitosa, pueden tomar las medidas necesarias para simplificar o eliminar los trámites o requisitos ordinarios, que no sean estrictamente necesarios para lograr impactar positivamente a favor de las personas damnificadas y facilitar la construcción y reparación de los daños, sin detrimento de la legalidad, tal como lo establecen los artículos 4 y 10 de la Ley General de la Administración Pública, a fin de brindar respuestas más eficientes a las necesidades de las personas y familias afectadas por esta emergencia. . En los casos que las acciones requieran de los trámites de contratación administrativa, se les instruye a utilizar los procedimientos de urgencia autorizados por la Ley y regulados en el artículo 132 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
Artículo 6.- Para la atención de la presente declaratoria de emergencia la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, de conformidad con la Ley Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, podrá destinar fondos y aceptar donaciones de entes públicos y privados, los cuales ingresarán al Fondo Nacional de Emergencias.
Artículo 7.- La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, para la atención de esta emergencia podrá utilizar fondos remanentes no comprometidos de otras emergencias finiquitadas o vigentes, según disponga la Junta Directiva de este órgano.
Artículo 8.-Se insta a los órganos de la Administración Central y a los entes del Sector Descentralizado, para que por el plazo de vigencia del presente Decreto Ejecutivo y bajo el principio de coordinación interinstitucional y los principios del servicio público, establecidos en el artículo 4° de la Ley General de la Administración Pública, y en la medida de sus posibilidades, faciliten el préstamo de Funcionarios, equipos o activos a favor de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgo y Atención de Emergencias, para la atención del estado de emergencia nacional, en cualquiera de las tres fases de la emergencia.
Artículo 9.- Se insta a las instituciones del Gobierno Central y Descentralizadas que en el marco de sus competencias ejecuten todas aquellas acciones legales pertinentes para evitar situaciones de desabasto, acaparamiento, condicionamientos en la venta y la especulación en los productos de primera necesidad para mitigar la propagación del virus.
Artículo 10.- Los predios de propiedad privada ubicados en el área geográfica establecida en esta Declaratoria de Emergencia, deberán soportar todas las servidumbres legales necesarias para poder ejecutar las acciones, los procesos y las obras que realicen las entidades públicas en la atención de la emergencia, siempre y cuando ello sea absolutamente indispensable para la atención oportuna de la misma, de conformidad con lo dispuesto en la primera fase de la Emergencia.Asimismo, los propietarios estarán obligados a permitir la ocupación temporal de sus predios, cuando sea absolutamente indispensable para atender oportunamente la emergencia.
Artículo 11.- De conformidad con lo establecido en la Ley N° 8488, la declaratoria de emergencia será comprensiva a toda la actividad administrativa del Estado cuando sean estrictamente necesarios para resolver las imperiosas necesidades de las personas y proteger los bienes y servicios cuando inequívocamente exista el nexo de causalidad entre el hecho provocador del estado de emergencia y lo daños provocados en este efecto, entendidos estos como aquellas acciones que se realicen en el marco de la Ley General de Salud, Ley General de Policía y la aplicación del Régimen de Excepción aplicable a la declaratoria de emergencia nacional.
Artículo 12.- En el marco de lo establecido en la Ley 8488, todas las instituciones públicas están obligadas a contribuir en lo necesario con información y apoyo técnico en las tres fases de la emergencia, pudiéndose asignar tareas especificas a cada institución en el marco de sus competencias.
Artículo 13.- El Ministerio de Salud con base en la declaratoria de emergencia podrá, en aplicación del artículo 365 de la Ley General de Salud a proceder con el cierre de todo establecimiento atención médica, de educación, comercio, industriales, de recreación, de diversión u otros cuyo estado o condición involucren peligro para la salud de la población, de, su personal o de los individuos que los frecuenten, para lo cual deberá coordinarse las acciones pertinentes con el Ministerio de Seguridad Pública o los cuerpos policiales Municipales. A estos efectos, se otorga a los cuerpos policiales la facultad de proceder con la clausura de los establecimientos señalados cuando la acción se requiera en horarios o zonas donde no estén presentes funcionarios del Ministerio de Salud.
Artículo 14.- La presente declaratoria de emergencia se mantendrá vigente durante el plazo que el Poder Ejecutivo disponga, según los informes que sean emitidos por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias o en su defecto por el plazo máximo que establece la Ley Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, Ley N° 8488, pudiendo ampliarse o modificarse mediante decreto ejecutivo si las condiciones de la emergencia lo exigen.
Artículo 15.- Rige a partir del 15 de marzo de 2020.
Dado en la Presidencia de la República. San José, a los quince días del mes de marzo de dos mil veinte.
MINISTRA A.I. DE LA PRESIDENCIA
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