Source: http://terragnijurista.com.ar/doctrina/casacion.htm
Timestamp: 2018-07-21 01:54:47
Document Index: 32795559

Matched Legal Cases: ['artículo 119', 'Artículo 120', 'Artículo 121', 'Artículo 122', 'Artículo 123', 'artículo 14', 'artículo 5']

Tribunal de casación...
Tribunal de casación constitucional
Por Carlos F. Poli, Lorenzo Vidal y Rosana Scian (Abogados)
TRABAJO DE LOS INSTITUTOS DE DERECHO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL, Y DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE QUILMES
COMPETENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS SUPERIORES TRIBUNALES DE LAS PROVINCIAS: PROPUESTA PARA EVITAR LA ACUMULACIÓN EXCESIVA DE CAUSAS
Necesidad de reforma constitucional: Como veníamos sosteniendo hace falta una reforma de la Constitución Nacional a los efectos de agregarle artículos que permitan al nuevo organismo judicial tener basamento legal y constitucional suficiente. A simple modo ilustrativo se aconseja el agregado de estos artículos, a continuación del artículo 119 y con nueva numeración: Artículo 120: “La Corte Constitucional es competente para conocer: a) del recurso de inconstitucionalidad contra leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de ley; b) de la cuestión de inconstitucionalidad sobre normas con rango de ley, decretos de necesidad y urgencia, dispuestos tanto por el Estado Federal como por las provincias; c) de los recursos de amparo, habeas data y habeas corpus por violación de los derechos, garantías y libertades estatuidos por la Constitución Nacional; d) controversias relativas a la legitimidad constitucional de las leyes y demás actos con fuerza de ley dictados por el Estado Federal y las provincias; e) supuestos de violación de la doctrina legal emanada del Tribunal y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; y f) declaración de inconstitucionalidad de oficio o a pedido de parte”.- Artículo 121: “La Corte Constitucional está compuesta de quince (15) jueces nombrados de la siguiente forma: a) un tercio de ellos a propuesta del presidente de la República; b) otro tercio de ellos a propuesta de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación; y c) un tercio a propuesta del Consejo de la Magistratura de la Nación. En todos los casos cada pliego deberá ser elevado al Honorable Senado de la Nación, quien otorgará o no, según sea el caso y fundadamente, el respectivo acuerdo por el voto afirmativo de la simple mayoría de todos sus miembros. Los jueces de la Corte Constitucional durarán diez (10) años en sus funciones, venciendo indefectiblemente el plazo acordado el mismo día que operare la finalización del término, no siendo posible la reelección. Entre sus quince miembros la Corte elegirá a su presidente, el que durará en sus funciones por espacio de un (1) año, no siendo reelegible. Existe incompatibilidad total entre el cargo de juez de la Corte Constitucional y cargos elegibles en el Congreso de la Nación, legislaturas provinciales y/o territoriales y/o comunales, demás cargos en la Magistratura así como también en el ejercicio de la abogacía.- Para ser juez de la Corte Constitucional se requiere una antigüedad de título de abogado de quince (15) o más años y las demás condiciones requeridas para ser Senador nacional”.- Artículo 122: “Cuando la Corte declara la ilegitimidad constitucional de una norma, de una ley o de los actos que tienen fuerza de ley, la norma en cuestión deja de tener eficacia a partir del día siguiente al de la publicación de la sentencia que así lo decida. La ilegitimidad sólo podrá ser declarada por sentencia en acuerdo plenario de la Corte. La decisión de la Corte deberá ser publicada y comunicada a través del Boletín Oficial. Contra las decisiones de la Corte Constitucional sólo podrá interponerse recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos que indique la reglamentación” [por ejemplo, pautas de monto de pena o sumas de dinero].- Artículo 123: “Los Jueces de la Corte Constitucional permanecerán en sus funciones mientras dure su buena conducta y no incurran en causales que ameriten su destitución, en cuyo caso deberán ser acusados por la comisión acusadora ante el Consejo de la Magistratura de la Nación. Dejarán de ser jueces por fallecimiento, impedimento legal, destitución, por renuncia al cargo o por el mero transcurso del término de diez años para el que fueron elegidos, el mismo día de su vencimiento”.-
Composición: la Corte de Casación Constitucional estará compuesta e integrada por quince miembros que durarán en sus cargos indefectiblemente 10 años sin posibilidad de reelección. Se dividirá en 7 salas integradas cada una de ellas por dos vocales y en caso de empate votará también el juez presidente del tribunal. Siguiendo el modelo de la Corte de Casación francesa, las salas podrán ser divididas de acuerdo a las distintas materias de que se trate, debiendo 3 de ellas dedicarse a cuestiones propias del derecho privado y las restantes 4 a cuestiones de derecho público o mixto. En el caso de convocatoria a plenario de Corte, deberán votar la totalidad de los miembros del tribunal, salvo los supuestos de licencia o ausencia debidamente justificada.- Para el supuesto de acefalía o vacante en uno o varios cargos, se procederá a su elección inmediata debiendo respetarse el origen de la vacancia. Así, si se trata de un ministro elegido de los abogados de la matrícula, deberá volver a elegirse del mismo grupo, y así para los restantes. En los casos de recusación o excusación justificada de los miembros, deberá ser integrada única y exclusivamente con conjueces, abogados y magistrados, en igualdad de número, de la matrícula y fuero federal con más de quince (15) años de título y demás condiciones para ser elegido juez de la corte de casación constitucional.-
Competencia de la Corte de Casación Constitucional: Fuera del andamiaje teórico en que se sustenta el proyecto, cual los antecedentes legislativos de otros países, interesa resaltar los alcances y la jurisdicción propia que tendrá el nuevo órgano judicial, de acuerdo a las pautas que hemos ido dando en este trabajo. Sobre el particular es dable destacar la actividad desarrollada por los Institutos, dado que de ellos provienen los lineamientos generales aquí dados. Principalmente hemos dividido la competencia en razón de la materia en: I°.- Cuestiones de Derecho Privado y II°.- Cuestiones de Derecho Público.- Dentro del primer grupo corresponde aludir al derecho privado propiamente dicho, entendido como civil y comercial, así como también las cuestiones mixtas como ser el derecho del trabajo y de la seguridad social. En el segundo grupo se encuentran el derecho penal, el derecho constitucional propiamente dicho y el derecho administrativo.-
Como la Corte de Casación Constitucional se dividirá en salas, éstas tendrán asignada –en principio- la competencia de acuerdo a lo ya expuesto, salvo un mejor criterio sobre el particular.-
Interesa el procedimiento a emplear a través del recurso de casación constitucional, específicamente en las causas provenientes de las distintas Cámaras de Apelaciones de las provincias, así como también de los demás tribunales de justicia ordinarios que resulten inferiores al Superior Tribunal de Justicia que en cada provincia o territorio ejercite la máxima judicatura local.- La cuestión no es huérfana en problemas, particularmente a tenor de la doctrina de la C.S.J.N. en “Strada”, “Di Mascio” y otros, porque dicho Alto Tribunal requiere, para el acceso al mismo por la vía del recurso extraordinario federal o bien a través de la queja por denegación del recurso extraordinario, que se haya agotado la vía recursiva ordinaria y extraordinaria local; en otras palabras, que se hayan interpuesto todos los recursos habidos y por haber de carácter local, y una vez fenecida la instancia ordinaria y extraordinaria local o provincial, recién allí acceder a la Corte Suprema como intérprete último de la Constitución Nacional.- Tal situación se contradice en parte con lo aquí expuesto respecto del acceso a la CORTE DE CASACIÓN CONSTITUCIONAL desde los tribunales locales, dado que el recurso de casación constitucional debe interponerse ante el órgano judicial que haya dictado la resolución o sentencia que se intenta recurrir, y el mismo no tiene que ser necesariamente el Superior Tribunal de provincia, dado que bien podría tratarse de una Cámara de Apelaciones, de un Tribunal de Casación Penal (como el existente en la provincia de Buenos Aires) e incluso de un Tribunal Colegiado de instancia única (en la provincia de Buenos Aires están los del fuero de familia y los del trabajo). Si el recurso de casación se interpone ante dichos órganos jurisdiccionales, la interposición implica la renuncia tácita a la totalidad de los recursos extraordinarios de carácter local, de manera tal que una vez que la CORTE DE CASACIÓN resuelva el caso, admitiendo o denegando el recurso, no habrá posibilidad de interponer recursos extraordinarios de carácter local ni acceder al Superior Tribunal de Justicia de la provincia o territorio de que se tratare. Sí, en cambio, de la sentencia que dicten las Cámaras de Apelaciones, Tribunales Colegiados o Tribunal de Casación local, se interpusieren recursos extraordinarios de carácter local, al mismo tiempo deberá interponerse el recurso de casación nacional, cuyo tratamiento será diferido para la oportunidad en que se denieguen, rechacen o admitan los recursos extraordinarios locales.- Pero en tales circunstancias, especialmente en el primer supuesto, si la CORTE DE CASACIÓN rechazara, desestimara, denegara el recurso de casación nacional, al justiciable sólo le quedará expedita la vía para interponer el recurso extraordinario federal en los términos del artículo 14 de la ley 48, el que deberá ser interpuesto ante la misma Corte de Casación Constitucional, la cual podrá declararlo admisible (y en tal caso elevar las actuaciones a la CSJN) o inadmisible rechazándolo (en este caso el justiciable tan sólo podrá ocurrir directamente a la CSJN por la vía de la queja por denegación del recurso extraordinario federal). Ahora bien, la Corte Suprema tiene dicho que para acceder a la misma (para declarar formalmente admisible la vía recursiva) debe agotarse toda posibilidad de recursos ordinarios y extraordinarios locales, más tal esquema, por más que sea el vigente en la actualidad conforme la jurisprudencia del Alto Tribunal, debería ser readecuado al ordenamiento que deberá dictarse para el funcionamiento de la Corte de Casación Constitucional, tribunal que de hecho como de derecho hará de última instancia recursiva anterior a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.-
A mayor abundamiento una Corte de Casación Constitucional no debe ser una instancia ordinaria más, tal como lamentablemente y en la actualidad se estima que son los Superiores Tribunales de Justicia o bien la mismísima Corte Suprema de Justicia de la Nación y también, en el caso de la provincia de Buenos Aires el Tribunal de Casación Penal y dentro del esquema procesal penal nacional la Cámara Nacional de Casación Penal. La ratio legis de este nuevo instituto cual la generación de un órgano judicial constitucional no puede permitirse de ser una mera instancia recursiva más, sino que deberá funcionar como lo que realmente es, como una verdadera Corte de Justicia de naturaleza constitucional y casacional, o sea para casos extremos que ameriten sentencias ejemplares que marquen el camino procesal y sustancial a seguir por parte de los tribunales inferiores, sin necesidad de agotar otras instancias recursivas que tan sólo han de recargar a los tribunales con más papelería y, han de impedir que se haga la justicia en el menor tiempo posible, a sabiendas de que la justicia no es como los medicamentos que se puede dar de gota en gota. La justicia si no se da en plenitud se da la injusticia (P. Calamandrei). Dentro de tal concepción es del caso afirmar que los órganos jurisdiccionales que deben impartir justicia plena son los tribunales ordinarios, sean nacionales o provinciales, según que las cosas caigan en una u otra jurisdicción, y que los superiores tribunales de justicia deben intervenir en contados supuestos, es decir en aquellos casos donde es menester dar una solución específica y con validez genérica para el resto de los casos, a modo de doctrina judicial válida.-
PROPUESTA: corolario de todo lo ya expuesto resulta la imperiosa necesidad, como realidad misma tendiente a limitar los accesos a la Corte Suprema Nacional como también hacia los superiores tribunales de provincia y/o regiones autónomas (por ejemplo, ciudad de Buenos Aires), a través de un mecanismo de filtro que NO ES la Corte de Casación Constitucional sino el eventual acceso a la misma por la vía del recurso de casación constitucional; es decir, el mecanismo procesal constitucional de acceso al nuevo órgano judicial, que deberá ser interpuesto –para su eventual admisibilidad y procedencia- ante el último órgano judicial ordinario que hubiere dictado sentencia o resolución equiparable a ella, o sea las Cámaras de Apelaciones nacionales como provinciales, la Cámara Nacional de Casación Penal, el Tribunal de Casación Penal bonaerense, y las Cámaras Federales.- La Corte de Casación es necesaria a los fines de disponer jurisprudencia “casatoria” unificada válida en todo el territorio de la Nación, como organismo que sólo tendrá como alzada (para contadísimos casos) a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ciertamente que será vía procesal obligatoria para poder acceder a la C.S.J.N., de manera tal que si los justiciables pretenden acceder al más Alto de los Tribunales del país, tras una sentencia dictada en una Cámara de Apelaciones de una provincia, deberán ineludiblemente acceder a través del paso obligatorio por la Corte de Casación Constitucional, vía procesal que ha de implicar la renuncia a los recursos extraordinarios locales. En otras palabras, recurriendo a la casación sí se podrá acceder (formalmente) a la CSJN, más ello implicará la renuncia a los recursos extraordinarios ante los superiores tribunales de justicia locales; en tanto que si se optara por los recursos extraordinarios locales ante una sentencia de una Cámara de Apelaciones provincial, para acceder al Superior Tribunal de la jurisdicción de que se trate, ello impedirá el acceso a la CSJN, salvo supuestos excepcionales, como los casos de arbitrariedad manifiesta.- Si el justiciable opta por el recurso de casación constitucional está renunciando automáticamente a los recursos extraordinarios locales y, por ello, del acceso a los superiores tribunales de provincia; sí, en cambio, dedujere recursos extraordinarios locales, no podrá luego acceder a la Corte de Casación Constitucional ni a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (salvo los supuestos de excepción a esta regla), dado que es requisito sine qua non el paso previo por la Corte de Casación.- La idea que ha de primar es que exista convencimiento de la necesidad de acceder a la Corte de Casación en los casos extremos que resulte a los fines de fijar una doctrina casatoria, o aplicar la ya existente cuando los tribunales inferiores no lo hicieran. Pero con el convencimiento de que sólo en contados casos abrirá la instancia de la casación (y aún en menor medida la correspondiente a la CSJN) y si en lugar de elegir esa vía se optase por los recursos extraordinarios locales, el rechazo de los mismos ya desde el examen relativo a su admisibilidad por parte del Tribunal recurrido, limitará aún más el acceso de los justiciables a los superiores tribunales de justicia. Interesante sería poder contar con una “ley marco o convenio” a los fines de que las legislaturas locales imitaran al Congreso de la Nación, o bien que dictaran sus propias normas con arreglo a lo que venimos exponiendo, respecto de los recaudos procesales y sustanciales del recurso de casación constitucional y la limitación de los recursos extraordinarios locales.- La Corte de Casación Constitucional deberá ser un Tribunal con rango constitucional que se encuentre un escalón por debajo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación pero por sobre todo otro tribunal. Si se recurriesen sentencias dictadas por las Cámaras de Apelaciones, sean nacionales o provinciales, o por los tribunales provinciales de casación, o de la cámara de casación penal nacional, la interposición del recurso de casación impedirá todo otro recurso. De la Rúa (en “El recurso de casación”) dice: “Algo similar ocurriría si como ha sido preconizado muchas veces, se implantara una Corte Nacional de Casación la cual, so pretexto de uniformar la interpretación de las leyes, vendría a sustraer a los tribunales provinciales el poder de aplicarlas en última instancia: esa aplicación es una potestad inalienable e irrenunciable de los Estados locales que no puede ser transferida a un organismo nacional a lo menos mientras no lo haga posible una reforma constitucional”.-
El recurso de casación es un medio de impugnación de la sentencia, o de las resoluciones que asimilables (Piero Calamandrei en “La casación civil”).- En síntesis, ésta es nuestra propuesta para acelerar los procesos limitando el acceso a los S.T. de las provincias y a la Corte Suprema Nacional.-
CONCLUSIONES: para evitar la acumulación de causas en la CSJN así como en los ST provinciales, se propone la creación de un nuevo órgano judicial, el cual necesariamente debe tener raigambre constitucional por su naturaleza y el alcance de sus decisiones. Se debate sobre necesidad de una reforma constitucional y en particular algunos autores no están de acuerdo con este “proyecto” porque se oponen a una reforma constitucional en tanto que otros indagan sobre si tal reforma es necesaria o bien se podría crear por ley el tribunal de que se trata sin recurrir así a un procedimiento difícil como es una reforma constitucional. Lo cierto en todo esto es que para lograr su cometido, o sea que sus sentencias resulten obligatorias en todo el territorio de la Nación, respecto de todos los jueces inferiores de la Nación o de las provincias, sin ninguna limitación, no se podría alcanzar la finalidad deseada sin la cláusula constitucional que así lo sostuviere. Caso contrario tendríamos nuevos órganos judiciales como la Cámara Nacional de Casación Penal, o el Tribunal de Casación Penal bonaerense, los que generan doctrina “casatoria” que sólo obliga a los tribunales inferiores de la jurisdicción que se trate porque si se pretendiese hacerla valer en otros territorios o jurisdicciones, podría entenderse como violentado –entre otros- el artículo 5º de la Constitución Nacional.- La doctrina de los fallos de este nuevo tribunal contribuirá a una unificación jurisprudencial en todo el país. A más de ello destacamos los caracteres que rodean al proyecto, en cuanto a su composición y elección de sus miembros.- Los autores.-