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Timestamp: 2020-02-23 05:39:19
Document Index: 215649200

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 7', 'Artículo 9', 'artículo 9', 'Artículo 12', 'Artículo 24', 'artículo 2']

BOE.es - Documento BOE-A-1992-15617
Documento BOE-A-1992-15617
«BOE» núm. 160, de 4 de julio de 1992, páginas 23010 a 23015 (6 págs.)
BOE-A-1992-15617
https://www.boe.es/eli/es/rd/1992/07/02/671
Posteriormente, una serie de normas de inferior rango profundizaron en la liberización emprendida por la Ley de Inversiones Extranjeras, adaptación que vino motivada, entre otras razones, por la necesidad de plasmar en disposiciones normativas la progresiva liberalización de nuestro sistema de movimientos de capital con el exterior en esta materia y por clarificar cuestiones de carácter técnico que la experiencia adquirida hasta este momento aconsejaba introducir.
En consecuencia, el presente Real Decreto viene a establecer la libertad de movimientos de capital propiciada por la citada Directiva, en base a la facultad que se otorga al Gobierno a tales efectos en el artículo 2. de la Ley 40/1979, de 10 de diciembre, sobre Régimen Jurídico de Control de Cambios.
Las inversiones realizadas en España por personas físicas residentes adquirirán la condición de inversiones extranjeras cuando sus titulares trasladen su residencia al extranjero.
Se considera a estos efectos como un solo sujeto inversor a las entidades que constituyan una unidad de decisión porque cualquiera de ellas controle o pueda controlar directa o indirectamente las decisiones de las demás.
La constitución y ampliación de sucursales y establecimientos, así como la concesión a los mismos de anticipos reintegrables. Se entenderá, a estos efectos, por establecimiento cualquier actividad empresarial que lleve consigo la calificación de establecimiento permanente por la normativa fiscal.
Que el importe de la inversión sea superior a los 500.000.000 de pesetas; a estos efectos, se considerará una sola operación las inversiones que se realicen en una misma sociedad dentro del plazo de seis meses, a contar desde la fecha de formalización de cada inversión, por un mismo sujeto inversor o por varios que constituyan una unidad de decisión.
Que la participación extranjera en el capital social más reservas de la sociedad española supere la cifra de 500.000.000 de pesetas, bien con anterioridad a la inversión proyectada, bien como consecuencia de la misma.
El régimen aplicable a las inversiones extranjeras previstas en el presente artículo será el establecido con carácter general en el artículo 7 del presente Real Decreto para las inversiones extranjeras directas. 2. Excepcionalmente, se computará como participación extranjera al 100 por 100 la que efectúe una sociedad española con participación extranjera en su capital igual o inferior al 50 por 100 cuando los socios no residentes tengan una situación de predominio en la sociedad inversora derivada de cualquier circunstancia que permita comprobar a la Administración la existencia de una influencia decisiva de dichos socios extranjeros en la gestión de la sociedad.
Artículo 9. Ambito de aplicación.
Cuando la emisión o colocación indicadas se refiera a las acciones y valores reseñados en el apartado a) del citado artículo 9, la operación se someterá a verificación previa de la Dirección General de Transacciones Exteriores.
Artículo 12. Ambito de aplicación.
2. Cuando la adquisión de inmuebles por inversores no residentes constituya en sí misma una actividad de naturaleza empresarial, la inversión se regirá por las disposiciones previstas para las inversiones extranjeras directas.
Las inversiones efectuadas en valores negociables serán declaradas al Registro de Inversiones por parte de las entidades depositarias, las cuales remitirán la información que se determine en las normas de aplicación del presente Real Decreto.
El Subdirector General de Gestión de las Transacciones con el Exterior, que actuará como Secretario de la Junta. Artículo 24. Tramitación de los expedientes de inversión extranjera.
4. Cuando la inversión proyectada por residentes en países no comunitarios pueda tener consecuencias perjudiciales para los intereses del Estado español, el Director General de Transacciones Exteriores queda facultado para suspender el régimen de liberalización previsto en el presente Real Decreto mediante notificación motivada al interesado, que podrá ser recurrida de acuerdo con la disposición adicional quinta. Efectuada la notificación al interesado, se elevará el proyecto de inversión al Ministro de Economía y Hacienda, previo informe de la Junta de Inversiones Exteriores.
Actividades directamente relacionadas con la defensa nacional. A estos efectos, tendrán la consideración de actividades directamente relacionadas con la defensa nacional, en todo caso, las actividades que se destinen a la producción o comercio de armas, municiones, explosivos y material de guerra, así como a la explotación de minerales de interés estratégico, y a la explotación de servicios finales y portadores de telecomunicaciones.
A los efectos de determinar el porcentaje de participación extranjera no comunitaria en sociedades españolas admitidas a cotización cuya actividad esté sujeta a régimen especial, se computarán las participaciones accionariales de titulares residentes en países no pertenecientes a la Comunidad Económica Europea que individualmente superen el 5 por 100 del capital de la sociedad española o las que, sin alcanzar este porcentaje, permitan al inversor formar parte, directa o indirectamente, de su órgano de administración, todo ello de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 377/1991, de 15 de marzo, sobre Comunicaciones de Participaciones Significativas en Sociedades Cotizadas y de adquisiciones por éstas de acciones propias.
1. Los sujetos a que se refiere el artículo 2 del presente Real Decreto podrán adquirir inversiones en España por actos de disposición a título gratuito <inter vivos>, cualquiera que fuese la residencia del transmitente, siempre que dicha adquisición se someta a las condiciones y requisitos establecidos en el presente Real Decreto para la clase de inversión de que se trate, y en particular a las exigencias de verificación, formalización y declaración al Registro de Inversiones de dicha inversión.
Las transmisiones <mortis causa> que den lugar a una inversión extranjera en España deberán declararse al Registro de Inversiones, sin necesidad de sometimiento al trámite de verificación administrativa previa y sin perjuicio de su debida formalización por fedatario público español.
Requerirán autorización especial del Consejo de Ministros la adquisición a título lucrativo <mortis causa> o <inter vivos> de inversiones en España por Estados y Entidades extranjeras de soberanía nacional pertenecientes a Estados no comunitarios así como la adquisición a título lucrativo de inversiones en sectores específicos por residentes en países no comunitarios.
3. La liquidación de las inversiones referidas en el apartado 1 precedente, así como la transferencia al extranjero de los rendimientos legalmente obtenidos y del producto de su liquidación serán libres, con sujeción a las prescripciones generales de este Real Decreto.
A la entrada en vigor del presente Real Decreto, los titulares no residentes de inversiones efectuadas con cargo a las extinguidas cuentas extranjeras de pesetas ordinarias deberán declarar dichas inversiones al Registro de Inversiones, en los términos que se determinen en las normas de desarrollo de este Real Decreto.
Las normas de desarrollo del presente Real Decreto establecerán las disposiciones aplicables al procedimiento de la liquidación de las inversiones mantenidas por extranjeros residentes o por españoles no residentes realizadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente Real Decreto con cargo, respectivamente, a su patrimonio exterior o al patrimonio constituido antes del cambio de residencia.
Fecha de entrada en vigor: 04/07/1992
SE DESARROLLA por Resolución de 6 de julio de 1992 (Ref. BOE-A-1992-16421).
Orden de 25 de septiembre de 1991 (Ref. BOE-A-1991-24536).
art. 2 de la Orden de 12 de marzo de 1990 (Ref. BOE-A-1990-8372).
Resolución de 31 de julio de 1985 (Ref. BOE-A-1985-16234).
Orden de 17 de marzo de 1980 (Ref. BOE-A-1980-7039).
Orden de 30 de mayo de 1977 (Ref. BOE-A-1977-15611).
Real Decreto 1026/1977, de 28 de marzo (Ref. BOE-A-1977-11844).
Real Decreto Legislativo 1265/1986, de 27 de junio (Ref. BOE-A-1986-17103).