Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-3680-de-junio-28-de-1993?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920414de9f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-05-20 16:56:06
Document Index: 155388975

Matched Legal Cases: ['artículo 1501', 'artículo 1536', 'artículo 1530', 'artículo 8', 'artículo 368', 'artículo 1175', 'artículo 1603', 'artículo 1540', 'artículo 1541', 'artículo 1540', 'artículo 1541', 'artículo 1541']

﻿ SENTENCIA 3680 DE JUNIO 28 DE 1993
SENTENCIA 3680 DE 28 DE JUNIO DE 1993
CONTENIDO:CONDICIÓN SUSPENSIVA, CONSECUENCIAS DE SU INCUMPLIMIENTO
TEMAS ESPECÍFICOS:CONDICIÓN SUSPENSIVA, REQUISITOS PARA LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO PENAL, REQUISITOS DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:260 DE AGOSTO DE 1993, PÁG.733
Sentencia 3680 de junio 28 de 1993
EXTRACTOS: «1. Tomando como punto de partida la clasificación tripartita que de “...las cosas” que es preciso distinguir en todo contrato hace el artículo 1501 del Código Civil, cabe decir de los que de acuerdo con este último precepto se consideran “elementos accidentales” que son aquellos que ni esencial ni naturalmente hacen parte del esquema contractual típico, visto desde luego en abstracto, pero que en casos concretos los contratantes le agregan mediante cláusulas especiales al negocio por ellos celebrado, cláusulas que constituyen las llamadas “modalidades” de las que pueden llegar a depender la existencia, la duración o la estabilidad de los efectos que a dicho negocio le son inherentes. Así, pues, cuando estas modalidades se presentan lo que ocurre es que la voluntad de los agentes, por virtud de la autonomía que el ordenamiento positivo le reconoce (G. J. Tomo CLIX, pág. 199), se autolimita, introduciendo restricciones subordinantes que modifican más o menos profundamente el tipo contractual abstracto y que por lo tanto son en verdad “accidentales” si se atiende a la situación común en que la voluntad se expresa pura y llanamente, pero que cuando son estipuladas a través de cláusulas especiales que las insertan en el contenido mismo de un determinado contrato, se transforman en esenciales para este último pues determinan su idoneidad para producir efectos, razón por la cual se tiene hoy en día por sabido que, como consecuencia de ese carácter accidental que le es propio, las modalidades en referencia se encuentran sometidas a un régimen normativo que en tesis general sigue directrices comunes de entre las que ahora importa llamar la atención sobre las siguientes:
a) En primer lugar, las modalidades de las que constituyen especies la condición, el plazo y el modo, son por definición excepcionales. En términos de derecho lo ordinario es que a los actos jurídicos pueda atribuírseles eficacia inmediata y definitiva tan pronto sus elementos estructurales sean actuales y revestidos de la solemnidad debida si fuere el caso, mientras que la subordinación de esa misma eficacia a modalidades se da únicamente en la medida en que existan motivaciones o intereses singulares de los que ellas son necesaria manifestación y que, de otra manera, esos designios ninguna influencia tendrían sobre el negocio y la relación obligatoria que es su consecuencia.
b) Una segunda regla es que las modalidades, entendiendo la palabra en su sentido estricto que corresponde según acaba de apuntarse al de requisitos de eficacia libres —no impuestos por ley— y por ende remitidos a la disponibilidad de quien emite la respectiva declaración, no se presumen. Si requieren de estipulación expresa por ser excepcionales, quien alegue que hay plazo, condición o modo para beneficiarse de esta circunstancia, tendrá que demostrar en forma concluyente, no sólo la existencia de la “cláusula especial” que los establece, sino además el acontecimiento subordinante en que consisten.
c) Finalmente, una tercera característica por recalcar es que las modalidades no son de suyo y por principio elementos requeridos para el cabal perfeccionamiento de un acto o contrato, habida cuenta que dando por supuesta la existencia de este último, la incidencia de aquellas recae por lo común sobre la duración o estabilidad de sus efectos, no así sobre la calidad jurídica de estos ni menos aún sobre la validez del mismo acto o contrato del cual emergen, criterio éste por cierto acogido con firmeza por la doctrina científica predominante al sostener, Messineo por ejemplo (Doctrina General del Contrato, Cap. III, num. 1), que considerados como un conjunto la condición, el plazo y el modo “...se califican como autolimitaciones o autodeterminaciones de la voluntad, para indicar que a los mismos queda subordinada la eficacia, pero no la validez, del contrato. No es que queden influenciadas las declaraciones de las partes; el influjo lo ejercen sobre lo que es querido, es decir sobre el contenido de la voluntad...”, lo que equivale a decir que se trata de restricciones voluntarias por cuya virtud el contrato a ellas subordinado, existente y dotado de plena validez, queda desviado del que habría de ser su normal desarrollo de no mediar las modalidades en cuestión, modalidades que en consecuencia sólo en situaciones particulares de escasa ocurrencia en la práctica y por obra de mandatos expresos de la ley como son los contenidos en los artículos 1533 (condición negativa moralmente imposible) y 1535 (condición puramente potestativa dependiente del querer del deudor) del Código Civil, alcanzan a comprometer la validez de la relación contractual integralmente considerada.
2. Pues bien, si se trasladan estos principios, y en particular el último, al terreno de los efectos que de la condición suspensiva son predicables cuando ella falla, se frustra o no se cumple, inevitable es concluir que no le asiste razón al recurrente en tanto sostiene, en procura de apoyar el primer cargo deducido, que situaciones de tal naturaleza acarrean la invalidez sobreviniente de la relación obligatoria sometida a modalidades de la especie mencionada. Y en orden a justificar este aserto bastan las siguientes observaciones:
a) Una de las clasificaciones que admite la condición de conformidad con el artículo 1536 del Código Civil, es la que distingue entre “suspensivas” y “resolutorias”, atendiendo al influjo que el acontecimiento subordinante futuro e incierto en que ellas siempre consisten según los términos del artículo 1530 del mismo cuerpo legal, tenga sobre los efectos del negocio a dicha modalidad subordinado por obra de la voluntad de los estipulantes, o apenas sobre un pacto singular que del mismo forme parte, determinando la producción de tales efectos, caso en el cual la condición se llama “suspensiva”, o bien la eliminación de ellos cuando ya se han consumado, supuesto en el que la condición es “resolutoria”. Por eso, a las condiciones de la primera especie se las define diciendo que son circunstancias objetivamente inciertas, previstas como de realización hipotética por los contratantes e investidas también por ellos de la función de decidir acerca del perfeccionamiento del negocio jurídico celebrado, es decir del nacimiento en todo o en parte de los efectos a cuya creación tiende dicho negocio, sea que se trate de la adquisición de derechos o ya de la asunción de obligaciones, todo esto debido a que no obstante encontrarse la condición en estado de pendencia, la verdad es que el acto en cuestión quedó completo al concertarse, desde este momento se formó válidamente pero hasta tanto la condición no se cumpla sus efectos normales no se producen, razón por la cual se ha sostenido con evidente acierto por la doctrina que en los eventos de modalidades suspensivas de los que viene haciéndose mérito, es el acuerdo válido de las partes el que las establece, al paso que es su cabal cumplimiento el elemento fáctico que le imprime vigencia definitiva a la relación obligatoria que en dicho acuerdo tiene su título, luego si falta ese elemento y llega a ser cierto que el acontecimiento, previsto no podrá ocurrir, el negocio sin embargo existe, es por lo demás válido y lo menos produjo un efecto, el que por voluntad explícita de quienes lo celebraron no hay obligaciones que en él puedan tomar causa legítima.
b) Entendidas así las cosas, preciso es inferir entonces que la situación jurídica característica de un negocio sometido a condición suspensiva a la postre frustrada o fallida, no es en modo alguno la de un acto irregular aquejado de “nulidad sobreviniente” de carácter absoluto. En efecto, si llega a ser seguro que el evento puesto como condición suspensiva no se ha realizado y tampoco tendrá verificación posible, desde luego por causa no imputable a la parte con interés contrario a su ocurrencia (art. 1538, inciso final, del Código Civil), y de este modo se disipa la incertidumbre que le es inherente a cualquier condición en estado de pendencia, la obligación a tal modalidad sometida se reputa inexistente y el negocio jurídico que constituye su fuente, queda destituido en consecuencia de los que habrían sido sus efectos normales de no faltar la condición, lo que en otras palabras quiere significar que dada esta circunstancia y porque así lo dispusieron ellos voluntariamente, los contratantes terminaron celebrando un contrato inútil en tanto desposeído de eficacia duradera y estable, pero no nulo; en la hipótesis en estudio, pues, lo que pasa es que también juega papel de notable importancia la conocida regla de la retroactividad en las condiciones, todo debe desenvolverse como si el contrato no se hubiera concluido, como si no hubiera existido nunca vínculo alguno de derecho entre acreedor y deudor —ni siquiera el de tipo eventual que la ley reconoce “pendente conditione”—, habida consideración que “...conforme a la intención de las partes que no habrían contratado si hubieran tenido la certeza del incumplimiento de la condición, la convención se da por no celebrada, se conceptúa que nunca ha existido y sus efectos se borran...” (Josserand, Curso, Tomo II, vol. 1, núm. 743), de suerte que quien haya “pagado” con miras a ejecutar el contrato en cuestión, puede sin duda repetir lo pagado, surgiendo en consecuencia la correlativa obligación de restituir a cargo del respectivo beneficiario, obligación que como hizo verlo con acierto el tribunal sentenciador en el fallo impugnado, encaja en el conjunto de preceptos que reprimen el enriquecimiento injusto por pago de lo no debido (G. J., Tomos XLV, pág. 803, LVII, pág. 128, y LXXVII, pág. 704, entre otras), vale decir en los artículos 2313 y 1542 del Código Civil en concordancia con el artículo 8º de la Ley 153 de 1887), ello porque en el caso examinado las prestaciones se cumplieron en atención a una causa real y lícita que si bien es cierto existió en un primer momento, después y como consecuencia de haberse frustrado la condición suspensiva pactada, dejó de tener vigencia.
En síntesis, el incumplimiento de una condición positiva, causal e indeterminada que, además de posible y lícita, es de carácter suspensivo, no conlleva la nulidad del contrato a ella subordinado y no es tampoco de una supuesta “invalidez sobreviniente” de donde nace la obligación de restituir las prestaciones recibidas cuando dicho contrato tuvo “...un principio de ejecución...”, luego es de simple lógica concluir que al confirmar la decisión del a quo en el sentido de no declarar la nulidad reclamada en la demanda que al proceso le dio origen, el Tribunal no dejó de aplicar en su sentencia ninguno de los imperativos jurídicos de los que dan cuenta las numerosas normas sustanciales que el cargo primero cita, cargo que por lo tanto es infundado.
3. E igual suerte está llamado a correr el segundo cargo, no porque sea en el fondo desacertada, como en el anterior, la argumentación teórica expuesta por el casacionista en relación con los efectos que de acuerdo con la ley produce la frustración de una condición suspensiva, sino porque pretende sacar indebida ventaja de un notorio error sobre la cuestión de hecho en que cayó el ad quem al suponer fallida una condición cumplida, intención que con la suficiente claridad se pone de manifiesto al utilizar el recurrente el numeral 1º del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil en su primera fase (violación por vía directa de normas de derecho sustancial) y adrede acicalar su tesis con esta elocuente advertencia: “...ni siquiera la Sala de Casación Civil —proclama el censor— puede discutir que la condición positiva, causal suspensiva e indeterminada pactada en la compraventa litigiosa, resultó fallida...”. Cierto es que ésta última tiene el valor de una premisa no modificable del fallo por ausencia de impugnación eficaz, pero como a continuación pasa a verse, ello no implica de suyo la demostración de que el juicio jurisdiccional contenido en dicha providencia y por mérito del cual vino a ser desestimada la acción resolutoria incoada, sea contrario a la ley por efecto de los errores jurídicos concretos que la demanda de casación describe.
a) Bien sabido es que la situación de incertidumbre, característica de las condiciones en su etapa de pendencia, se disipa de manera definitiva “...con la ocurrencia o la falta de ocurrencia del evento prevenido como condición...” (Hugo Natoli y otros, Derecho Civil, T. I, Vol. 2 núm. 130), y así mismo que en orden a poderse tener por configurado el primero de tales supuestos, es necesaria la plena correspondencia del acontecimiento subordinante con las previsiones contractuales, ello en el entendido que si es positiva (art. 1531 del Código Civil), la condición se cumple cuando por causa de ese acontecimiento, el estado de cosas existente al momento de estipularla cambia en el sentido señalado por dichas previsiones, mientras que si es negativa, la condición se verifica cuando, con el advenimiento del mentado suceso, se adquiere completa certeza de que aquel estado de cosas no se modificará del modo indicado al pactarla. Así, pues, positivas o negativas y en la medida en que la voluntad de las partes sea absolutamente clara sobre el particular, las condiciones requieren de cumplimiento literal (art. 1541 ibídem), exigencia esta con la cual ha querido significar el legislador su deseo de rechazar por principio la idea de que las condiciones, en especial las potestativas (art. 1534 del C. C.), puedan considerarse realizadas de un modo equivalente, no “in forma specifica” sino “per aequipollens”, si esta segunda alternativa ha de quedar descartada porque esa fue la intención verosímil de los contratantes, reflejada en cláusulas suficientemente explícitas que no admitan la menor interpretación.
Dicho en otras palabras, la analogía no tiene lugar en materia de cumplimiento de las condiciones si ninguna duda razonable hay de que a ese entendimiento obliga la “ley del contrato”, pero no puede perderse de vista que en no pocas ocasiones el lenguaje utilizado por las partes no es el más adecuado y, de otro lado, ellas no se posesionan siempre y con el debido rigor técnico de las secuelas que traen las expresiones empleadas para definir una condición, por manera que “...la ciega obediencia y entera sumisión a la letra...” por la que propugnaba en este campo escritores franceses del pasado siglo al consignar sus comentarios al artículo 1175 del Código de Napoleón, lejos de respetar el genuino alcance de aquella disposición, la destruiría y acabaría abriéndole paso a odiosos desvaríos que el artículo 1603 del Código Civil reprueba en toda la línea. De aquí, entonces, la presencia en esta misma codificación del artículo 1540, texto éste de conformidad con el cual debe entenderse que para reglamentar este tema específico del cumplimiento o la frustración de las condiciones, el ordenamiento positivo se inspira en los postulados generales de conservación de los negocios jurídicos válidamente celebrados y respeto por la autonomía de los particulares, pero siempre dentro de precisos límites de razonabilidad, economía y sentido práctico de las operaciones que en su diario discurrir llevan a cabo las personas comunes y corrientes, no los abogados experimentados en el manejo artificioso de la dogmática conceptualista, y es por fuerza de esta misma consideración que un renombrado expositor colombiano (Guillermo Ospina Fernández, Régimen General..., Parte cuarta, cap. IV, num. 359) ha sostenido con acierto indiscutible que el artículo 1541 del Código Civil no significa, no obstante su redacción parezca indicar lo contrario, “...que para interpretar las condiciones y para apreciar cuándo estas están cumplidas, haya de darse absoluta preferencia al tenor literal de la estipulación, pues tanto el artículo 1540 antes transcrito como este artículo 1541, se gobiernan por las normas generales sobre interpretación de los contratos que el Código Civil trae en sus artículos 1618 y siguientes, y sobre todo por la que ordena que conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse más a ella que a lo literal de las palabras...”, de donde se sigue que la identidad o el ajuste entre los hechos efectivamente acaecidos y aquellos que fueron previstos en un contrato como eventos condicionantes de su eficacia, es preciso medirla y comprobarla sin hacer de lado las particularidades que el caso concreto ofrece, de acuerdo con la intención empírica de los interesados y con la finalidad que al negocio le infunde consistencia económica.
b) En la especie que hoy ocupa la atención de la Corte y refiriéndose a las estipulaciones que se consideró contenían la condición suspensiva en discusión, condición consistente como se sabe en la entrega material, futura y por ese entonces (mayo de 1972) incierta, de las fincas vendidas por Alfonso Bedoya Alzate a Francisco Hurtado Arango y que debería realizar un tercero de nombre Inocencio Hurtado Martínez cuando lograra el desalojo de aparceros ocupantes de dichos inmuebles, expresó el Tribunal en su sentencia, tomando pie al parecer en el artículo 1541 del Código Civil, que la mencionada entrega se efectuó en forma diferente a aquella en que fue convenida “...porque es el propio demandante Bedoya quien al absolver el interrogatorio de parte rendido dentro de este proceso el diez (10) de febrero de 1988 admite haber obtenido la entrega de los aludidos predios para él y para el señor José Ignacio Hurtado como condueños y a través de un proceso de lanzamiento iniciado por aquél, celebrándose un contrato de administración entre ambas personas en donde el señor Alfonso Bedoya Alzate tenía la administración de los referidos inmuebles, materializándose en tal forma la entrega de esos bienes para el señor José Ignacio Hurtado como heredero y adjudicatario de ellos en nombre del causante Francisco Hurtado Arango, forma que es diversa a como fue convenida...”, concluyendo por lo tanto que la condición es fallida “...al reputarse como cierto que no fue el señor Inocencio Hurtado quien realizó la entrega de los inmuebles vinculados al contrato condicional y en tales circunstancias quiere decir (sic) que ella se ha extinguido...”.
Puesto en otros términos, para el juzgador de segundo grado la que tuvo por una condición causal de carácter suspensivo “...se extinguió” en tanto el tercero que debía cumplirla no lo hizo, suponiendo erróneamente y sin ninguna lógica a la que el expediente le suministre respaldo, que el acontecimiento que a su juicio pusieron los contratantes como elemento condicionante, es decir la entrega física de los predios objeto de enajenación una vez fueran desocupados por los aparceros, era un hecho personal del antiguo propietario Inocencio Hurtado Martínez que nadie distinto podía llevar a cabo en su lugar; por el contrario, la prueba obrante en los autos y que el tribunal pudo ver, muestra a todas luces el ostensible desacierto que semejante conclusión implica, toda vez que si así fueran las cosas y correspondiera ese entendimiento de la afirmada condición, tanto a la genuina voluntad común de los interesados como a la finalidad práctica que se propusieron conseguir estableciendo tal modalidad, no se alcanza a comprender por qué, a partir del 1º de abril de 1983 o sea más de diez años después de celebrado el contrato y poco más de tres antes de iniciarse el presente proceso, el vendedor y el sucesor universal del primitivo comprador fallecido en febrero de 1975, al celebrar el contrato de administración del que da cuenta el documento obrante a folios 65 y 66 del cuaderno 2 del informativo, dieron por verificada la entrega y consumada en forma definitiva la respectiva atribución patrimonial en favor del segundo que tuvo por causa el contrato de compraventa de marras, cuando lo pertinente habría sido considerar a este último destituido de sus efectos normales y exigir las restituciones que ahora con tanto empeño se buscan por quien, valga anotarlo para destacar la completa falta de coherencia jurídica del argumento en estudio, tampoco era el contratante legitimado para alegar el no cumplimiento de la ameritada condición pues no fue en su beneficio, sino en el del comprador, que ella se estipuló.
Frente a estas concluyentes realidades, originadas en el comportamiento espontáneamente observado por los propios interesados recibiendo el vendedor del heredero del comprador la mera tenencia en su nombre de los bienes vendidos, la única conclusión verosímil posible es que para ambos, demandante y demandado, la condición estaba cumplida desde abril de 1983 y perfeccionados también desde esa época los efectos del negocio, luego es inadmisible intentar prevalecerse del desacierto que supone aseverar lo contrario para sostener, escudándose en la técnica peculiar del recurso de casación, que la corporación sentenciadora quebrantó la ley al no persistir en su equivocación y ahondarla, puesto que no decretó la resolución de los efectos de un acto jurídico condicional por fallar la condición a la que estaba subordinado, cuando la evidencia recaudada muestra sin lugar a dudas de ninguna clase que quien así razona tuvo por cumplida dicha condición.
Lo dicho en los párrafos precedentes pone de presente que ninguno de los dos cargos formulados prospera».
(Sentencia de casación, junio 28 de 1993. Expediente 3680. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Esteban Jaramillo Schloss).