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Timestamp: 2019-03-18 15:29:43
Document Index: 100069301

Matched Legal Cases: ['artículo 96', 'artículo 86', 'artículo 42', 'artículo 96', 'artículo 267', 'artículo 96']

<<1.º Estimamos en parte el recurso contencioso-administrativo. 2.º Fijamos la indemnización a percibir por la parte actora en la cantidad de 1.428.224,05 ?, por todos los conceptos, incluido el 25% por nulidad del procedimiento, cantidad a al que habrán de añadir de los intereses legales desde el día siguiente a la ocupación. 3.º No hacemos imposición de costas>>.
SEGUNDO.-Por el Abogado del Estado se presentó escrito ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, interponiendo recurso de casación para la unificación de doctrina contra la referida resolución, en el que formuló sus consideraciones fácticas y jurídicas y terminó suplicando a la Sala de instancia que elevara los autos a esta Sala para la substanciación del recurso.
TERCERO.-Admitido el recurso a trámite, se concedió a las partes recurridas el plazo de treinta días a fin de que formalizaran su oposición, verificándolo la representación procesal de <<Inmobiliaria Vistahermosa, S.A.>>, conforme puede verse en las actuaciones.
SEXTO.-Conclusas las actuaciones, se señaló para votación y fallo del presente recurso la audiencia del día 19 de diciembre de 2018,en cuyo acto tuvo lugar, habiéndose observado las formalidades legales referentes al procedimiento.
PRIMERO.-Es objeto de impugnación en el presente recurso de casación para unificación de doctrina, la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, el 12 de julio de 2016, en el recurso contencioso administrativo número 671/2010, interpuesto por la mercantil ahora aquí recurrida, <<Inmobiliaria Vistahermosa, S.A.>>, contra resolución del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Toledo, de 25 de marzo de 2010 y 20 de diciembre de 2012, por las que se fija el justiprecio de diversas fincas afectadas por la ejecución del proyecto <<Autovía A-40. Tramo Torrijos este a Toledo noroeste>>.
Los acuerdos del Jurado fijaron el justiprecio en 1.142.579,24 euros y la sentencia recurrida lo eleva a 1.428.224,05 euros, al incrementar la cantidad reconocida en vía administrativa en un 25% por la nulidad que en ella se observa del expediente expropiatorio.
SEGUNDO.-Como cuestión previa debemos examinar la viabilidad procesal que del recurso niega la parte recurrida mediante la invocación de su inadmisibilidad por infracción del artículo 96.3 de la ley jurisdiccional que, como bien es sabido, delimita el ámbito del recurso de casación para unificación de doctrina a la impugnación de <<[...] aquellas sentencias que no sean susceptibles de casación con arreglo a lo establecido en la letra b del artículo 86.2; siempre que la cuantía litigiosa sea superior a 30.000 euros>>.
Sostiene la mercantil recurrida, en defensa de la inadmisibilidad que invoca, que la cuantía del recurso viene determinada por el acuerdo del Jurado y por el importe por ella asignado en sus hojas de aprecio y que la diferencia entre uno y otro excede con creces de los 600.000 euros.
Pues bien, para dar solución a la cuestión procesal planteada, parece oportuno recordar que es doctrina reiterada de este Tribunal que en materia expropiatoria la cuantía viene determinada por la diferencia entre el valor del bien expropiado fijado en la resolución del Jurado y el asignado al mismo por el recurrente en su hoja de aprecio o en el proceso contencioso-administrativo seguido en la instancia - siempre que en este segundo supuesto la valoración reclamada no exceda de la solicitada en la hoja de aprecio, a la que el expropiado está vinculado ( sentencias de 29 de mayo de 2007 y 15 de enero de 2008)-, en aplicación de lo prevenido en el artículo 42.1 b), regla segunda, de la ley reguladora de esta Jurisdicción, salvo en caso de estimación del recurso contencioso-administrativo, en que el justiprecio establecido en la sentencia sustituye al fijado por el Jurado como término de comparación. Mas, para el caso de ser parte recurrente la Administración o la beneficiaria de la expropiación, la cuantía del recurso viene determinada por la diferencia entre el justiprecio fijado por el Jurado de Expropiación -cuya conformidad a Derecho sostiene la parte aquí recurrente- y el fijado por la sala de instancia al revisar aquél ( vid. ATS de 27 de enero de 2005 ).
Así lo hemos venido sosteniendo en numerosos autos referenciados en la sentencia de 20 de febrero de 2014 (recurso de casación 2752/2013) y en autos posteriores (auto de 26 de enero de 2012 y 25 de abril de 2013, entre otros).
Parece oportuno recordar la indicada doctrina jurisprudencial, en cuanto habilita a sostener que a efectos casacionales un único procedimiento tenga dos cuantías distintas según el interés de las partes litigantes.
Para el expropiado la cuantía a efectos casacionales viene determinada por la diferencia entre el justiprecio por él solicitado en su hoja de aprecio y el justiprecio fijado por el Jurado o el establecido en sustitución en la sentencia.
Ello se explica porque su interés casacional no es otro que el reconocimiento en casación de un justiprecio superior al reconocido por el Jurado o por la sentencia de instancia.
Pero para la administración expropiante o para el beneficiario de la expropiación que no han recurrido el justiprecio fijado por el Jurado y que en virtud de sentencia estimatoria total o parcial del recurso contencioso administrativo interpuesto por la parte expropiada se encuentra con que el indicado justiprecio se incrementa, la cuantía que para ellos rige a efectos casacionales no puede ser otra que la resultante de la diferencia entre el justiprecio reconocido por el Jurado y el reconocido en la sentencia. En esa diferencia, en el interés que tienen en que se aminore el justiprecio fijado en la sentencia, radica su interés casacional.
La inadmisibilidad del recurso, consecuente con lo expuesto, debe desestimarse.
TERCERO.-Entrando ya en el tema de fondo, la primera cuestión a resolver es la relativa a si entre la sentencia recurrida y las de contraste aportadas concurre los requisitos de identidad que el artículo 96.1 de la ley jurisdiccional exige, a saber, que los litigantes sean los mismos u otros diferentes pero en idéntica situación y que los pronunciamientos distintos se alcancen en mérito a hechos, fundamentos de derecho y pretensiones sustancialmente iguales.
En la sentencia recurrida figura como parte recurrente la expropiada y es ella quien en su escrito de demanda, tal como se recoge en el antecedente de hecho primero de la indicada resolución, plantea, entre otras cuestiones, la nulidad de la expropiación y las consecuencias que de la nulidad se derivan.
La cuestión se resuelve en el fundamento de derecho sexto al apreciar la nulidad invocada y al establecer por dicho concepto un incremento del justiprecio fijado por el Jurado en un 25%.
Es en el fundamento de derecho cuarto cuando el tribunal de instancia, bajo el epígrafe <<Sobre los terrenos sobrantes tras la modificación del proyecto para transformar el tramo de autovía en urbano>>, se refiere a los terrenos sobrantes y lo hace en los siguientes términos:
<<Antes de comenzar el análisis de la valoración del suelo a efectos de la determinación del justiprecio, hemos de examinar el régimen jurídico aplicable a los terrenos no ocupados. A ese respecto, el Abogado del Estado señala que la expropiación contemplada en las actas fue de 148.639 m2 de pleno dominio, de 5.092 de ocupación temporal y de 1.996 m2 de servidumbre, y que tras la modificación del proyecto y terminada la obra, según la Administración, se expropiaron 118.421 m2 de forma definitiva, 2.481 m2 de ocupación temporal, y de servidumbre no se expropió nada. Por tanto, la diferencia de superficies, según el cuadro adjunto al certificado del Jefe de la demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha de 11 de diciembre de 2015, aportado a los autos por el Abogado del Estado mediante escrito de 23 de diciembre de 2015, es de 30.218 m2 de expropiación definitiva, de 2.611 m2 de ocupación temporal, y de 1.996 m2 de servidumbre, según certificado del Jefe de la Demarcación de 11 de diciembre de 2015.
El perito judicial indicó en su dictamen que lo expropiado en pleno dominio fue 131.992,05, más 1.474 m2 de ocupación temporal, superficie que reconoció en el acto de aclaración que no es fiable, y 4.485,51 m2 de servidumbre. Pero, como apunta el Abogado del Estado en su escrito de conclusiones, el perito reconoce que no citó a las partes para hacer la medición, pese a que la obra se retrasó mucho, salvo en la ocupación temporal, supuesto en que la Administración reconoce que ocupó más de lo que dice el perito. Y en cuanto a la servidumbre, resulta que no se ha impuesto ninguna, y en la ratificación el perito refirió que estaba en las entradas y salidas.
Entendemos que el planteamiento del Abogado del Estado lo que pretende es evitar que los terrenos sobrantes de la expropiación sean valorados como suelo urbanizable. Pero, al rechazar la Sala el planteamiento de la parte actora por los motivos ya expuestos, la cuestión planteada quedaría enervada por cuanto que fue el Jurado el que valoró la total de la superficie a que se refiere este procedimiento, por lo que no podemos nosotros modificar ahora, sin vulnerar el principio que prohíbe la "reformatio in peius", una resolución contra la que la Administración demandada no ha adoptado acuerdo alguno>>.
Acertadamente o no, quizá en atención a que el planteamiento de la cuestión relativa a la existencia de terrenos sobrantes no se realiza por la Abogacía del Estado en su escrito de contestación a la demanda sino en su escrito de conclusiones, en el que solicita subsidiariamente, para el caso de declarar la nulidad de la expropiación, la restitución de los terrenos sobrantes, lo cierto es que la sala de instancia entendió, según resulta del fundamento de derecho cuarto de su sentencia que hemos trascrito, que el planteamiento del Abogado del Estado respecto a terrenos sobrantes no tenía por finalidad la devoluciónin naturade los terrenos sobrantes sino que fueran valorados como suelo urbanizable.
Se corrobora lo precedentemente expuesto por la circunstancia de que instada por la Abogacía del Estado el complemento de la sentencia al amparo del artículo 267.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el entendimiento de que se había omitido el pronunciamiento relativo a si procedía o no la restitución de los terrenos sobrantes, el tribunala quoexpresa que la cuestión ya ha sido suficientemente tratada en el fundamento de derecho cuarto de la sentencia.
Pues bien, en atención a lo precedentemente expuesto, mal puede aceptarse que en atención a las sentencias de contraste concurran los requisitos de identidad que para la viabilidad del recurso de casación para unificación de doctrina exige el citado artículo 96.1 de la ley jurisdiccional.
En la sentencia de contraste de 20 de marzo de 2005 se estima el recurso de casación número 3687/2012, interpuesto por la expropiada, contra sentencia de instancia que si bien declaraba la nulidad del expediente expropiatorio no acogía la petición realizada por la indicada parte de restituciónin natura.
A diferencia del supuesto de autos existe un pronunciamiento expreso por el tribunal de instancia en la cuestión relativa a la procedencia o no de la restituciónin natura.
Pero no termina en lo expuesto las diferencias.
Según se infiere del fundamento de derecho primero la petición de restituciónin naturano estaba referida a terrenos sobrantes, como sucede en la presente litis, sino a la totalidad de la superficie expropiada por no haberse materializado la expropiación. Es más, expresamente se reconoce en el fundamento de derecho segundo que la finca ha permanecido en todo momento en posesión de la propiedad.
En la otra sentencia de contraste aportada, la de 14 de noviembre de 2014, dictada en el recurso de casación ordinario número 4118/2012, se interpone por la beneficiaria de una expropiación contra una sentencia en la que la cuestión litigiosa se circunscribe a la procedencia o no de retasación de unas fincas afectadas por la nulidad de un expediente expropiatorio y que ante la imposibilidad de devolverlain naturase había fijado una indemnización incrementada en el 25%.
Tampoco las circunstancias concurrentes coinciden con el supuesto ahora enjuiciado.
Por todo ello, el recurso debe desestimarse.
Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido no haber lugar al recurso de casación para unificación de doctrina interpuesto por el Abogado del Estado contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, el 12 de julio de 2016, en el recurso contencioso administrativo número 671/2010; con imposición de las costas a la parte recurrente en los términos prevenidos en el fundamento de derecho cuarto de la presente resolución.
Fuente de suministro: Centro de Documentación Judicial. IdCendoj: 28079130052018100476