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Timestamp: 2020-02-23 07:26:27
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Matched Legal Cases: ['artículo 14', 'artículo 17', 'artículo 12', 'artículo 12', 'Artículo 16', 'artículo 2']

Rev. derecho (Valdivia) vol.22 no.2 Valdivia Dec. 2009
Revista de Derecho, Vol. XXII — Nº 2 — Diciembre 2009, Páginas 75—95
En el derecho chileno no se ha prestado demasiada atención ni a las ofertas sujetas a reserva ni a los términos y condiciones en contratos celebrados por medios electrónicos. Un reciente caso, actualmente en tribunales, muestra la utilidad de detenerse sobre ambos temas. En las páginas siguientes me interesa mostrar cómo, en el ámbito electrónico –generalmente en la contratación a través de sitios web– el problema del carácter contractual o no de los términos y condiciones pasa por el hecho de que estos sean accesibles a los usuarios. En los hechos, la eficacia de la reserva expresa formulada por el predisponente depende de que el consumidor haya tenido un acceso claro e inequívoco a los términos y condiciones que la contenían.
CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA — DERECHO DEL CONSUMO — DERECHO PRIVADO
Not much attention has been in paid in Chilean Law neither to offers subject to reserve, nor to the terms and conditions in contracts held by electronic means. A recent case, currently in court, shows the utility of studying both matters. The author tries to show how, in the e—commerce, the problem of the contract nature of the terms and conditions lies in the fact that these are accessible to users. In practice, the efficiency of the deliberate reserve expressed by the predisponent depends on that the consumer has had a clear and unmistakable access to the terms and conditions implied.
ELECTRONIC CONTRACTING — CONSUMER PROTECTION — PRIVATE LAW
Con respecto a la completitud o precisión, se exige que la oferta contractual contenga los elementos esenciales del negocio proyectado. En lo que se refiere a la firmeza o seriedad de la oferta, el requisito se entiende cumplido cuando quien formula la proposición de contrato lo hace con la intención de quedar vinculado por su aceptación. Como sugiere Díez—Picazo: "Para que exista genuina oferta, es preciso que en la declaración se produzca o manifieste una voluntad del oferente de que el contrato quede formado con la aceptación".3 Sin que exista dicha intención no es posible hablar de oferta contractual, así se admite, ampliamente, tanto en la doctrina comparada como la nacional.4 La misma conclusión se deriva de las normas pertinentes.5
El segundo supuesto –que es el que presta mayor utilidad aquí– corresponde a "las ofertas en las que el autor se reserva la facultad de decidir, ya sobre la celebración misma del contrato, ya sobre la determinación de alguno de sus elementos esenciales".8 Cuando esto sucede, aun si la proposición de celebrar un contrato es completa, el hecho de que quien la formula se reserve la posibilidad de decidir si celebra o no el contrato determina que la aceptación de dicha proposición no sea suficiente para que el contrato se entienda formado. Así se acepta ampliamente en el derecho comparado.9 Existiendo una reserva:
El párrafo extractado indica dos cosas sobre las que conviene insistir: (1) la oferta debe ser seria, esto es, formulada con la intención de obligarse. (2) No es seria aquella oferta en la que su autor no ha tenido la intención de obligarse, reservándose la libertad de aceptar o no las proposiciones que reciba. Como ha señalado con acierto Aubert –conviene insistir sobre el punto–, existiendo una reserva, los roles se invierten; quien acepta se convierte en policitante y quien originalmente propuso la celebración del contrato se convierte en aceptante.12
No obstante estas autorizadas opiniones, existen buenas razones para avanzar con cautela e intentar evitar las generalizaciones. Del hecho que una proposición de celebrar un contrato se dirija al público no se sigue, necesariamente, que no se trate de una oferta contractual. Así, por ejemplo, el artículo 14.2 de la Convención de Viena dispone que una oferta indeterminada "será considerada como una simple invitación a hacer ofertas, a menos que la persona que haga la propuesta indique claramente lo contrario". Una posición relativamente similar –aunque menos estricta– defiende Díez—Picazo cuando señala que:
la primera de ellas se refiere a la forma en que jurídicamente deben calificarse los términos y condiciones en un supuesto como éste. Adelanto que, en mi opinión, se trata –o, al menos, puede tratarse– de un contrato. La segunda precisión se refiere a la categoría de este contrato, sin duda, un contrato por adhesión. Finalmente, lo tercero que es necesario precisar es que se trata de un contrato celebrado por medios electrónicos.
El uso de términos y condiciones es extremadamente frecuente en los contratos celebrados por medios electrónicos,20 ya sea para regular, por ejemplo, el uso de un determinado sitio web,21 de programas de software22 o, como sucede en el caso que se examina en estas páginas, para regular, parcialmente al menos, las tratativas preliminares del contrato.23 Pues bien, la pregunta que conviene formularse es cómo debe calificarse jurídicamente a los términos y condiciones. La respuesta, en mi opinión, es que se trata de declaraciones de una de las partes con "vocación contractual". Es decir, se trata de la declaración de voluntad de una de las partes que aspira a disciplinar contractualmente la relación que mantiene con la otra. Ahora bien, la expresión "vocación contractual" busca expresar que, del hecho que una parte formule una declaración con la voluntad de que su contenido forme parte de un contrato no se sigue, necesariamente, que dicha declaración sea vinculante en términos contractuales para la otra. Únicamente lo será si la otra parte ha aceptado de alguna manera dicha declaración. Esta precisión es en especial importante en este caso en el que –aceptando por el momento que los términos y condiciones constituyen un contrato– se trataría de un contrato por adhesión y celebrado por medios electrónicos. Es necesario prestar atención a ambos aspectos.
Por razones que han sido ampliamente tratadas por la doctrina,24 el legislador manifiesta una cierta desconfianza frente a los contratos por adhesión –específicamente frente a la presencia de cláusulas abusivas– que se plasma en una serie de medidas de protección respecto de los adherentes. En el derecho chileno, el control de las cláusulas abusivas tiene lugar, generalmente, a través de tres mecanismos diversos: (1) control de inclusión, (2) reglas de interpretación favorables al consumidor y (3) control de contenido de las cláusulas.25
Respecto del control de inclusión –regulado en el artículo 17 de la ley Nº 19.496–, de lo que se trata es que el texto sea "legible", lo que significa, simplemente, que el tamaño de la letra, la forma de los caracteres, su color, etc., permitan leer el documento.26 En el caso que se examina aquí no existen problemas en términos de legibilidad entendida de esta manera.27
Que se trate de un contrato celebrado por medios electrónicos tiene importancia para efectos de este caso. La Ley Nº 19.496 establece, en su artículo 12 A, algunas obligaciones –aunque en términos técnicos se trataría, más bien, de cargas–38 especiales al proveedor, según el tenor del precepto mencionado:
Existe una diferencia –aunque sea de grado– entre los contratos por adhesión que suelen celebrarse en el mundo del papel y aquellos que tienen lugar en el entorno electrónico. Tratándose del mundo del papel, el problema suele ser que el contenido del contrato sea legible y comprensible. En el entorno electrónico se añade otra dificultad y es el conocimiento por parte del adherente de la existencia del contrato en cuestión.39 Esta es precisamente la dificultad que impregna este caso; el problema no es si los términos y condiciones eran o no legibles y comprensibles –lo eran– sino más bien si el consumidor tuvo una posibilidad razonable de acceder a ellos. El caso que se examina en este trabajo encaja en el inciso primero del artículo 12 A.40 según dicho precepto, el consentimiento no se entenderá formado si el consumidor no tuvo "un acceso claro, comprensible e inequívoco de las condiciones generales del mismo y la posibilidad de almacenarlos o imprimirlos". En otras palabras, los Términos y condiciones de venta –y por lo tanto la reserva expresa del proponente– únicamente vinculan al consumidor si este tuvo un acceso "claro, comprensible e inequívoco" a ellos.41
Únicamente si el usuario seleccionaba la primera de las dos opciones –"Estoy de acuerdo con los Términos y condiciones de venta"– era posible continuar con el procesamiento del pedido.
La segunda cuestión que se trata de responder es si el consumidor puede alegar legítimamente que, aun teniendo conocimiento de la existencia de términos y condiciones no fue capaz de acceder a ellos. Al margen de si se acepte o no que los usuarios de Internet son consumidores más "sofisticados" que sus pares que únicamente contratan en el mundo del papel,46 lo que interesa advertir aquí es si los consumidores que optaron por configurar los equipos, reemplazando el procesador y que luego efectuaron un pedido se encontraban o no en condiciones de acceder a los términos y condiciones. la respuesta, en mi opinión, es que sí; la razón es que acceder a los términos y condiciones implicaba, únicamente, seleccionar dos hipervínculos, una tarea en extremo sencilla para quien ya había configurado –a través de varias operaciones– el computador objeto de su pedido.
La tercera es que cuando dichas proposiciones se dirigen a consumidores, por regla general, involucran una oferta contractual. No existe –salvo situaciones excepcionales– una reserva tácita por el hecho de dirigir la oferta a persona indeterminada.
3 Díez—Picazo, L., Fundamentos del derecho civil patrimonial, I, 6ª ed., Thomson Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2007, p. 330.
4 Señala Aubert,J.L., Notions et roles de l´offre et de l´acceptation dans la formation du contrat, L.G.D.J., París, 1970, p. 44, que la condición de firmeza de la oferta contractual es unánimemente reconocida por la doctrina francesa y añade que la exigencia de este requisito se explica por el hecho de que la aceptación de la oferta contractual entraña inmediatamente la formación del contrato. Moreno Quezada, B., La oferta de contrato, Editorial Nereo, Barcelona, 1973, p. 61, advierte que, en el Derecho español, la oferta contractual presenta dos caracteres, uno de ellos –el que interesa aquí– es "la intención del que la hace de quedar obligado por la aceptación de la misma". El mismo autor se encarga de recordar que este requisito se ha reconocido siempre y que ya se encontraba recogido en las Partidas en los siguientes términos: "pregunta e respuesta ha menester que sea fecha en la promission por palabras, e con entendimiento de se obligar". Por su parte, Treitel, G., The Law of Contract, 10ª ed., Sweet & Maxwell, Londres, 1999, p. 8, define la oferta contractual en el derecho inglés como:
6 Moreno Quezada, La oferta de contrato., pp. 62—63.
9 Ver, por ejemplo, Larroumet, C., Les obligations, t. III, 6ª ed, Le contrat. I, Conditions de formation, Economica, París, 2007, p. 225. En el ámbito del derecho inglés, Treitel (The Law of Contract., p. 11) utiliza como ejemplo de proposiciones que no constituyen ofertas aquellas en que el proponente, expresamente, señala su intención de no quedar vinculado por la aceptación del destinatario. Finalmente, en el derecho alemán, Flume (El negocio jurídico, trads. J.M. Miquel González y E. Gómez Calle, Fundación Cultural del Notariado, Madrid, 1998, pp. 752—753), se refiere a este supuesto como "la exclusión del efecto vinculante por el oferente". Advierte el autor alemán que el § 145 del Código Civil alemán (Bürgerliches Gesetzbuch) dispone bajo el epígrafe "Vinculación a la oferta" que:
11 SF Comercial Limitada con Adexus S.A., rol Nº 3362—2006, número identificador Legal Publishing 38659. (Negrillas añadidas).
13 Ver, por ejemplo, Mazeaud, H., L., y J., Lecciones de derecho civil, II—1 (Trad. Alcalá—Zamora y Castillo, L.). Editorial Jurídica Europa—América, Buenos Aires, 1960, p. 154.
15 Mateu de Ros, R., "El consentimiento y el proceso de contratación electrónica", en Mateu de Ros, R. y Cendoya Méndez de Vigo, J.M. (coords.), Derecho de Internet. Contratación Electrónica y Firma Digital, Aranzadi, Elcano, 2000, pp. 56—57.
16 Díez—Picazo, Fundamento., p. 335.
19 Por "tratativas preliminares" entiendo, siguiendo en esto a Díez—Picazo Fundamentos, p. 311: "los actos que los interesados y sus auxiliares llevan a cabo con el fin de elaborar, discutir y concertar el contrato".
20 Ver, por ejemplo, Hillman, R., y Rachlinsky, J., "Standard—Form Contracting in the Electronic Age en New York Law Review, vol. 77, 2002, pp. 429—495; Maxeiner, J., "Standard—Terms Contracting in the Global Electronic Age: European Alternatives", en The Yale Journal of International Law, vol. 28, 2003, p. 111; Winn, J., y Bix, B., "Diverging Perspectives on Electronic contracting in the U.S. and EU", en Cleveland State Law Review, vol. 54, 2006, pp. 175—190; Mann, R., y Siebeneicher, T., "Just one Click: The Reality of Internet Retail of Contracting", en Columbia Law Review, vol. 108, 2008, p. 985 y Trakman, L., "The boundaries of contract law", en International Business Law Journal / (IBLJ), Nº 2, 2009, pp. 159—197.
22 En Specht v. Netscape Communications Corp. (2001 WL 755396, 150 F. supp. 2d 585 [S.D.N.Y., July 5, 2001], affd. —— F.3d – [2d Cir., Oct. 1, 2002], el demandado ofrecía en su sitio web un programa de software –Netscape Smart Download– en forma gratuita a quienes deseasen descargarlo a sus computadores. Además de la función explícita del software –descargar documentos en forma más eficiente– este cumplía una segunda tarea, enviar información sobre los documentos bajados a Netscape. Para bajar el programa a su computador el usuario únicamente debía pulsar el icono de bajada (download) y éste comenzaba a descargarse. Si el usuario se desplazaba hacia el extremo inferior de la página descubría un enlace que contenía un aviso redactado en los siguientes términos: "Por favor revise y acepte los términos del software NSD antes de descargarlo y utilizarlo". Este texto contenía un enlace que transportaba al usuario a una página separada titulada "License and Support Agreements" que notificaba al usuario que todos los productos de Netscape se encontraban regulados por contratos de licencias que debían ser aceptados por los usuarios antes de comenzar a utilizarlos. Esta página contenía además un nuevo enlace que transportaba al usuario al contrato de licencia de NSD el cual, según su texto, vinculaba al usuario a sus términos por el solo hecho de bajar el programa. Frente a la demanda, Netscape se defendió argumentando que la licencia que regulaba la utilización del producto prorrogaba la competencia para conocer de los asuntos contenciosos a un tribunal arbitral ubicado en el condado de Santa Clara, California.
24 Ver, por ejemplo, para el derecho español, García Amigo, M., Condiciones generales de los contratos (civiles y mercantiles), Revista de Derecho Privado, Madrid, 1969; Castro y Bravo, F. , Las condiciones generales de los contratos y la eficacia de las leyes, Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, Madrid, 1979; Polo, E., Protección del contratante débil y condiciones generales de los contratos, Civitas, Madrid, 1990; Alfaro Águila Real, J., Las condiciones generales de la contratación. Estudio de las disposiciones generales, Civitas, Madrid, 1991; AA.VV., Las condiciones generales de la contratación y cláusulas abusivas, Civitas, Madrid, 1996; Pagador López, J., Condiciones generales y cláusulas contractuales predispuestas. La Ley de condiciones generales de la contratación de 1998, Marcial Pons, Madrid, 1999; Bercovitz Rodríguez—Cano, R. (coord.) Comentarios a la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, Aranzadi Editorial, Elcano (Navarra), 2000; Espiau Espiau, S. (dir.), Las condiciones generales de la contratación y la Ley 7/1998, de 13 de abril, Marcial Pons, Madrid, 1999; Ballesteros Garrido, Las condiciones generales; Nieto Carol, U. (dir.), Condiciones generales de la contratación y cláusulas abusivas, LexNova, Madrid, 2000; Díez—Picazo, L. (dir.), Comentarios a la Ley sobre condiciones generales de la contratación, Civitas, Madrid, 2002; Llodrá Grimalt, F., El contrato celebrado bajo condiciones generales, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2002; Ballugera Gómez, C., El contrato no—contrato enigma desvelado de las condiciones generales de la contratación, Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Madrid, 2006. En el derecho nacional puede consultarse Tomasello Hart, L., La contratación. Contratación tipo, de adhesión y dirigida. Autocontratación y subcontratación, Valparaíso, Edeval, 1984; López Santamaría, J., "Condiciones Generales de la Contratación y Cláusulas Abusivas", en Cuadernos Jurídicos. Facultad de Derecho. Universidad Adolfo Ibáñez, 1996, Nº 4; El mismo,. "Cláusulas Contractuales Abusivas y Derecho del Consumidor", en Instituciones Modernas de Derecho Civil. Homenaje al Profesor Fernando Fueyo Laneri, Santiago, Conosur, 1996, pp. 424—433; Veloso Valenzuela, P., "Cláusulas abusivas" en
Instituciones modernas de derecho civil: homenaje al profesor Fernando Fueyo Laneri. Jurídica Conosur. Santiago, 1996, pp. 444—454; Pizarro Wilson, C., La protección de los consumidores en materia contractual, Jurídica Conosur, Santiago, 1999. Tapia Rodríguez, M., y Valdivia Olivares, J.M., Contrato por adhesión: ley 19.496, Editorial Jurídica de Chile. Santiago: 2002; de la Maza, Gazmuri, I., "Contratos por adhesión y cláusulas abusivas. ¿Por qué el Estado y no solamente el mercado?, en Revista Chilena de Derecho Privado, Fernando Fueyo Laneri, diciembre 2003, Nº 1, pp. 109—148. El mismo, "El control de las cláusulas abusivas y la letra g)". Revista Chilena de Derecho Privado, Fernando Fueyo Laneri Nº 3, 2004, pp. 35—68.
25 Ver de la Maza Gazmuri, I., "El control de las cláusulas abusivas y la letra g)", pp. 54—68.
28 Un análisis de la regla en Tapia Rodríguez y Valdivia Olivares, Contratos por adhesión, pp. 151—157.
29 Ver de la Maza Gazmuri, I., "El control de las cláusulas abusivas y la letra g)", pp. 57—67.
"Artículo 16.– No producirán efecto alguno en los contratos de adhesión las cláusulas o estipulaciones que:
32 Ver de la Maza Gazmuri, I., "El control de las cláusulas abusivas y la letra g)", pp. 59—64.
33 Me he referido con mayor detalle a este requisito en Ibíd., pp. 52—53 y 64.
34 En un fallo de 21 de septiembre de 2007 (Juan Pablo Camus Valverde con Comercializadora Aldo Mantagua S.A.", rol Nº 37246—2007, Nº Legal Publishing 37182), la Corte de Apelaciones de Santiago señaló que para determinar si existe un grave desequilibrio deben considerarse las expectativas razonables del consumidor.
37 Respecto de la distinción entre contratos electrónicos celebrados a través de Internet y otras modalidades de contratación informática puede consultarse Mateu de Ros, "El consentimiento", pp. 42—43.
38 Utilizo aquí la expresión carga como "la necesidad de adoptar una cierta conducta si se quiere lograr un cierto resultado" (Peñailillo Arévalo, D., Obligaciones. Teoría general y clasificaciones. La resolución por incumplimiento, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2003, p. 80. Sobre esto puede consultarse, además, Díez—Picazo, L., Fundamentos de derecho civil patrimonial, vol. II, Las relaciones obligatorias, 6ª ed., Thomson Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2008, pp. 134—138. Se trataría de cargas en la medida que, si el proveedor aspira a que sus términos y condiciones vinculen contractualmente al consumidor debe adoptar ciertas conductas que garanticen al consumidor un acceso claro, comprensible e inequívoco.
En general, los tribunales estadounidenses han estimado que en supuestos como éste no existe contrato. Ver Mann y Siebeneicher "Just One Click", pp. 990—993.
42 Utilizo aquí la expresión "hipervínculo" como una traducción de hyperlink, es decir, un elemento contenido en un documento electrónico que se encuentra vinculado a otro espacio del mismo documento a otro documento completamente distinto. En este caso el vínculo se establecía entre dos porciones diversas del sitio web del proveedor, en una de ellas –la que se encontraba el hipervínculo– correspondía a los campos que debían ser llenados para enviar el pedido. La segunda porción correspondía a las regulación de la actividad del proveedor, por ejemplo, uso de datos personales del usuario y términos y condiciones de venta".
43 Esta es una idea sobre la que conviene insistir. Como acertadamente han advertido Malaurie, Aynès y Stoffel—Munck (Les obligations, 3ª ed., Defrénois, París, 2003, p. 191) la vocación del derecho no ha sido jamás, ni debe llegar a ser, convertir a los agentes jurídicos en incapaces. Esta afirmación no es, desde luego, ajena a las normas que regulan las relaciones de consumo. Una breve mirada a la legislación comunitaria europea –a la cual ha interesado especialmente la protección de los consumidores– permite advertirlo. Así, por ejemplo, el artículo 2.3 de la Directiva 99/44/CE, que regula la conformidad del bien mueble en el contrato de compraventa, dispone:
Lo que subyace a las Directivas citadas y a la SAP de la Coruña es una idea central en el derecho de contratos que no debe olvidarse –aunque sí matizarse– en las relaciones de consumo y otras similares: los contratantes no deben ser tratados como incapaces, liberándolos de responsabilidad por sus decisiones. Esto es lo que suele denominarse el principio de la autorresponsabilidad (vuelvo sobre él en la siguiente nota).
Sin embargo, conviene hacer una precisión, pues se puede ser responsable en, al menos, dos sentidos distintos (ver Cariota Ferrara, El negocio jurídico, p. 53. ver, también, Pietrobon, V. (El error en la doctrina del negocio jurídico, trad. M. Alonso Pérez, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1971, pp. 268—269), relacionando, en sede de error, la autorreponsabilidad con la protección de la confianza de la parte que recibe la declaración). De una parte, frente a terceros, en cuyo caso la responsabilidad se traduce en una obligación de indemnizar los perjuicios causados. De otra, se puede ser responsable en el sentido de que las declaraciones de voluntad que formula una persona le son imputables. A este segundo sentido puede denominársele "autorresponsabilidad" y, en sede de negociaciones de un contrato, significa que, bajo ciertas condiciones, la persona que celebra un contrato debe "sufrir los efectos del negocio que realiza" (loc. cit.), aun cuando no los desee. Así sucede, por ejemplo, con el error inexcusable, el dolo bueno y la reserva mental.
46 Ver, por ejemplo, Hillman y Rachlinsky, "Standard—Form Contracting", p. 478. En el ámbito chileno, un temprano estudio de 1999 realizado por la Universidad de Chile durante ese año mostraba que un 75,5% de los usuarios de Internet en Chile tenían menos de 35 años, de los mayores de 18 años un 64,5% eran hombres, prácticamente un 70% de los usuarios mayores de 18 años tenía acceso a un buen nivel educacional y menos de un tercio de los usuarios mayores de 18 años poseían ingresos familiares inferiores a quinientos mil pesos (ver Demografía y comportamiento de los usuarios chilenos en Internet. Universidad de Chile. disponible en http://www.facea.uchile.cl/uca/estudios/1999/usuarios/texto2.htm. Visitado 03/04/2000). Las estimaciones de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) correspondientes al año 2001 resultan consistentes con las anteriores, aunque advierten una relativa democratización a partir del año 1999. (Ver La Economía Digital en Chile 2002. Centro de Estudios de la Economía Digital. Cámara de Comercio de Santiago. Junio 2002).
Ballesteros Garrido, Las condiciones generales; Nieto Carol, U. (dir.), Condiciones generales de la contratación y cláusulas abusivas, LexNova, Madrid, 2000; Díez—Picazo, L. (dir.), Comentarios a la Ley sobre condiciones generales de la contratación, Civitas, Madrid, 2002. [ Links ]
Ballugera Gómez, C., El contrato no—contrato enigma desvelado de las condiciones generales de la contratación, Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Madrid, 2006. [ Links ]
Bercovitz Rodríguez—Cano, R. (coord.) Comentarios a la ley de Condiciones Generales de la Contratación, Aranzadi Editorial, Elcano (Navarra), 2000. [ Links ]
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Hillman, R. y Rachlinsky, J., "Standard—Form Contracting in the Electronic Age en New York Law Review, vol. 77, 2002. [ Links ]
Malaurie, Ph., Aynès, L. y Stoffel—Munck, Ph., Les obligations, 3ª ed., Defrénois, París, 2003. [ Links ]
Maxeiner, J., "Standard—Terms Contracting in the Global Electronic Age: European Alternatives", en The Yale Journal of International Law, vol. 28, 2003. [ Links ]
Mazeaud, H., L. y J., Lecciones de derecho civil, II—1 (Trad. Alcalá—Zamora y Castillo, L.) Editorial Jurídica Europa—América, Buenos Aires, 1960. [ Links ]