Source: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/abr/20170425-VI.html
Timestamp: 2019-10-14 01:00:41
Document Index: 259522893

Matched Legal Cases: ['artículo 107', 'artículo 4', 'artículo 36', 'artículo 107', 'artículo 485', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 205', 'Artículo 200', 'Artículo 204', 'artículo 485', 'artículo 107', 'artículo 485', 'artículo 4', 'artículo 34', 'artículo 107', 'artículo 107', 'Artículo 107', 'artículo 266', 'artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 5', 'Artículo 1', 'Artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 5', 'artículo 4', 'artículo 7', 'artículo 4', 'artículo 19', 'Artículo 19', 'artículo 36', 'artículo 4', 'artículo 36', 'artículo 4', 'artículo 36', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 36', 'ARTÍCULO 4', 'ARTÍCULO 36', 'artículo 4', 'artículo 36']

Gaceta Parlamentaria, año XX, número 4766-VI, martes 25 de abril de 2017
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del artículo 107 Bis del Código Penal Federal
De la Comisión de Ciencia y Tecnología, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 5 y 7 de la Ley de Ciencia y Tecnología
De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 4; y se reforma el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley Nacional de Ejecución Penal
A la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura, le fueron turnadas la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman los artículos 261 y 266 del Código Penal Federal, suscrita por la Diputada Mariana Arámbula Meléndez del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman los artículos 103 y 105 y se Deroga el artículo 107 Bis del Código Penal Federal, suscrita por la diputada Marcela Contreras Julián del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforma el artículo 485 del Código Nacional de Procedimientos Penales a cargo de la Diputada Claudia Sofía Corichi García del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, todas ellas en materia de Imprescriptibilidad de la Acción Penal.
Con fundamento en los dispuesto por los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción II, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158 numeral 1, fracción IV y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, los miembros de esta Comisión de Justicia sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el presente dictamen al tenor de los siguientes:
II. En el apartado denominado “CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN” se resume el objetivo de la proposición que nos ocupa.
III. En el apartado “CONSIDERACIONES”, las y los integrantes de esta Comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.
1. El 8 de marzo de 2016, la diputada Maricela Contreras Julián, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 103 y 105, y deroga el artículo 107 Bis del Código Penal Federal.
En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dispuso que la Iniciativa citada se turnara a la Comisión de Justicia, para su estudio y dictamen correspondiente.
2. El 4 de octubre de 2016, la diputada Mariana Arámbula Meléndez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 261 y 266 del Código Penal Federal.
3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisamos el contenido de las citadas iniciativas y expresamos nuestras observaciones y comentarios a las mismas.
En primer término, tenemos la Iniciativa presentada por la Diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD, en donde en el apartado de Planteamiento del Problema, nos menciona que la violencia sexual es una vulneración a los derechos humanos de las personas y sus efectos adversos en quien la sufre, tanto en su integridad física como mental es devastadora.
Menciona que dicha violencia se presenta cuando alguien por la fuerza o manipulación, obliga a otra persona a realizar una actividad sexual no deseada y sin su consentimiento, explica que las razones por las cuales no hay consentimiento van desde el miedo, la edad, una enfermedad o una discapacidad y que todas las personas, con independencia de género, edad o condición, estamos expuestas a ella, complementando que, quienes cometen este delito pueden ser personas conocidas, miembros de la familia o personas desconocidas.
Nos menciona que según datos del Centro Nacional de Recursos contra la Violencia Sexual, 1 de cada 4 mujeres y 1 de cada 6 hombres han sido abusados sexualmente antes de la edad de 18 años, además, en algún momento 1 de cada 6 mujeres han vivido una violación o un intento de violación; más de la mitad han sido antes de la edad de 18 años y 22 por ciento antes de los 12, también hace referencia que en algún momento, 1 de cada 33 hombres ha vivido una violación o un intento de violación, 75 por ciento lo han vivido antes de la edad de 18 años y 48 por ciento antes de los 12.
Aunado a lo anterior menciona que la violación o el abuso sexual es una experiencia traumática y con secuelas para la víctima, que por lo general sólo puede superarse con ayuda especializada, puesto que esa traumática experiencia se prolonga en el tiempo causando daños psicológicos, de igual forma menciona la diputada que, son frecuentes los caos en que las mujeres que han sufrido violaciones se niegan a realizarse exámenes ginecológicos alegando sentir miedo a que les toquen los genitales, e incluso, son incapaces de disfrutar de su sexualidad aunque hayan pasado años desde la violación.
Por otro lado, nos menciona que entre un abuso o violación sexual suele existir un largo lapso de tiempo entre la denuncia o el seguimiento que la víctima le dé a la misma, ya que denunciar los abusos sexuales implica casi siempre tener que aguantar las miradas inquisitivas de amigos, dudas sobre la veracidad de lo contado, revivir el suceso, razones por las cuales las personas que han sido violadas tienden a evitar pasar por este difícil proceso.
Ahora bien, en su apartado de Argumentos, nos menciona que en nuestro país, el último reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública, alerta que el delito de violación sexual va en aumento, sobre todo en entidades como el Estado de México y Chihuahua.
Dicho reporte, menciona la diputada, indica que el delito de violación sexual ha ido en aumento, poniendo como ejemplo el lapso de enero a marzo de 2015, donde se registraron 2 mil 812 denuncias de índole sexual.
Por otro lado, expone la diputada que México ocupa el primer lugar a nivel mundial en abuso sexual, violencia física y homicidios de menores de 14 años, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, de conformidad con información aportada de esta organización, alrededor de 4.5 millones de niñas y niños son víctimas de abuso sexual en nuestro país.
Señala muy puntualmente la diputada, que de un análisis de los datos aportados por la Procuraduría General de la República arroga que por cada 10 denuncias de violación sexual hubo 2.3 juicios por este delito, es decir, de las 14 mil 829 denuncias por violación sexual presentadas en 2009 en el país, sólo hubo 3 mil 462 enjuiciamientos y 2 mil 795 sentencias condenatorias por ese delito.
Continua la diputada exponiendo datos estadísticos, en lo que se menciona que 7.6 por ciento de las mujeres sufrió abuso sexual en la infancia (antes de los 15 años), y que muchos de esos abusos no son compartidos con sus padres, tutores o cualquier otro adulto; y esta violencia en muchas ocasiones solo es descubierta en la edad adulta por especialistas al presentar trastornos mentales como depresión, síndrome de estrés postraumático, trastornos de personalidad, aislamiento, cambios de humor y evasión de la realidad, ya que las agresiones de este tipo en infantes suelen ser perpetradas por un agresor repetitivo.
De igual forma menciona que la violación sucede más en la casa por la privacidad y el continuo roce que hay entre la víctima y el victimario, sin embargo también se cometen casos de la violencia sexual entre parejas, en las escuelas, donde los maestros abusan de sus alumnas; o en el trabajo, donde los jefes o compañeros abusan de sus compañeras; o en situaciones de vulnerabilidad, como el caso de niñas y niños.
En conclusión la diputada menciona que la violencia sexual entraña no sólo lesiones físicas profundas, sino también psicológicas, afectando terriblemente el libre desarrollo de la personalidad.
De tal suerte que explica que a iniciativa que hoy nos ocupa, la imprescriptibilidad de los delitos contenidos en el título octavo del libro segundo, que son delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, y se refiere a la corrupción, pornografía, turismo sexual, lenocinio y trata de personas de personas en menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, además del lenocinio, trata de personas y pederastia, adicionando que como consecuencia de esta medida, debe derogarse el artículo 107 Bis que establece las reglas de prescripción para los delitos contenidos en dicho título.
De igual forma, propone la imprescriptibilidad de los delitos para los delitos contenidos en el título decimoquinto del libro segundo que son los delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual como lo es el hostigamiento sexual, abuso sexual, estupro, violación e incesto.
Explica la diputada que estas medidas permitirán que no se prescriba la acción penal en el caso de cometerse este tipo de delitos, siempre y cuando exista evidencia de la comisión de esos delitos ante el Ministerio Público, toda vez que se trata de pruebas con elementos objetivos y que, de no existir esa evidencia no podría acreditarse el cuerpo del delito si transcurre un lapso considerable de tiempo para ejercitar las acción penal, añade la diputada que, también permitiría tener las bases para que las acciones delictivas, una vez que se ha dictado sentencia, no queden en la impunidad por la sustracción a la acción de la justicia del condenado.
Por último, menciona que la presente iniciativa se motiva debido a que la mayor parte de las víctimas de este delito se encuentran en una situación vulnerable con respecto a su agresor y el daño psicológico, en muchas ocasiones no les permite tener la claridad suficiente para denunciar el hecho de manera inmediata, lo qué deriva en que existe una cifra mucho menor de agresores denunciados y sentenciados por este tipo de delito, que víctimas del mismo.
En cuanto a la Iniciativa de la Diputada Mariana Arámbula Meiéndez, motiva su iniciativa recordando la necesidad de que la legislación proteja a los derechos de los grupos más vulnerables, en el contexto del 20 aniversario del Primer Congreso Mundial en Contra de la Explotación Sexual de la Niñez.
Menciona el esfuerzo a nivel internacional para proteger sus derechos a una vida digna, plena y democrática , a través de campañas de diversas instituciones y organizaciones como la UNICEF, la ECPAT International, una red mundial de organizaciones y personas que trabajan para eliminar la prostitución infantil, la pornografía infantil y la trata de niños con fines sexuales, Save the children, que se enfocan en invitar a la comunidad mundial a proteger y hacer valer los derechos fundamentales de los niños y niñas de todas partes y que esto sea de manera libre de toda forma de explotación o bien los congresos que han logrado generar un dialogo y un intercambio de ideas entre distintos países para sentar como meta disminuir en índice de violencia infantil , para lo cual han logrado establecer un esquema de coordinación entre gobiernos, la sociedad civil y el sector privado en general.
La suscribente hace notar que, de acuerdo con Save the Children, entre 2006 y 2014 hubo casi 100 mil alumbramientos por parte de mujeres menores de 15 años probablemente están relacionados con abuso sexual o violencia, ya que en muchos casos , las niñas y niños son particularmente vulnerables debido a su género, raza, origen étnico, estatus socioeconómico o edad, siendo estos los que corren un mayor riesgo de sufrir ciertos tipos de violencia debido a que ellos tienen miedo a decir lo ocurrido o son más fáciles de manipular con mentiras por parte de los violadores ya que los delitos antes mencionados suelen cometerse en lugares en los que los padres creen que sus hijos se encuentran seguros como los hogares, escuelas, lugares de trabajo del padre, en las instalaciones dedicadas a la recreación y el turismo, dentro de las comunidades en las que el niño se desarrolla y por personas en que el menor confía.
La diputada centra la atención en el aumento de las cifras sobre la comisión de esta clase de delitos, donde los menores son el sujeto pasivo, relacionándolo con el bajo índice de denuncias por parte de muchos jóvenes que no presentan la denuncia correspondiente ya sea por miedo o pena, pero que al llegar a la edad adulta deciden hacer algo contra lo ocurrido, la posibilidad de ejercer acción prescribió, por lo que el culpable queda libre.
De igual manera, señala los datos de la UNICEF, quien hace referencia a que en el año 2002 la OMS estimo que alrededor de 150 millones de niñas y 73 millones de niños menores de 18 años experimentaron relaciones sexuales forzadas u otras formas de violencia sexual con contacto físico, tal como se estableció en el Estudio de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los Niños. Esta misma organización a través de la convención sobre los derechos del niño, la declaración de Rio de Janeiro y el llamado a la acción para prevenir y eliminar la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y en coordinación con los Estados busca prevenir y responder a la violencia sexual incorporando temas como la justicia, el bienestar social, la educación y la salud y exhortando a los legisladores de los países miembros, a la sociedad civil, a los líderes comunitarios, grupos religiosos el sector privado, los medios de comunicación, las familias y a los propios niños a trabajar para lograr un fortalecimiento de los sistemas de protección de la infancia a nivel internacional y local, para lo cual, señala la suscribiente, deben formularse las leyes, políticas, reglamentos necesarios para poder crear conciencia sobre el problema y abordar todas aquellas normas y prácticas que son perjudiciales para los niños.
La diputada centra su propuesta en las inconveniencias que representa la figura de la prescripción para estos delitos, hasta el límite de extinguir la pretensión punitiva del estado con el mero transcurso del tiempo, toda vez que resulta altamente improbable, sino que imposible que un niño pueda denunciar una agresión como esta, ya que suelen venir acompañadas de amenazas dentro de una relación de dependencia con el agresor.
Es en razón de lo anterior es que la diputada iniciante propone eliminar toda probabilidad de prescripción para esta clase de delitos, adicionando en los artículos correspondientes de los delitos prototípicos cometidos en contra de los menores, como son abuso sexual y violación, contenidos en los artículos 261 y 266, respectivamente, de Código Penal Federal la imprescriptibilidad de la acción penal y la ejecución de la sanción, adicionando un párrafo en ambos artículos para tal efecto.
Finalmente, respecto de la Iniciativa de la Diputada Claudia Sofía Corichi García, motiva su iniciativa en el concepto de prescripción , el cual consiste en la extinción de un derecho, una deuda, acción o responsabilidad por el mero transcurso del tiempo especificado por la ley en beneficio de la segundad jurídica, estableciendo plazos dentro de los cuales se deben ejercer los derechos u acciones que se tengan contra una persona, con la advertencia de que una vez pasado ese plazo sin que el obligado sea requerido, quedara liberado de su obligación.
Por otro lado, la Diputada expone que en materia penal, la prescripción funciona anulando la facultad de los entes de procuración de justicia de llevar a juicio a un presunto delincuente o impidiendo que un sentenciado cumpla una condena, ya que la propia institución supone que el ofendido o sus representantes tuvieron tiempo suficiente para reclamar el cumplimiento de una obligación legal.
Menciona que tratándose de delitos de corrupción de menores, pornografía, lenocinio, trata de personas, abuso sexual, violación y secuestro cometidos contra menores, muchas veces la víctima no tiene la posibilidad de entender que contra ella se comete un delito, ya sea porque se encuentra bajo el poder del victimario o porque las secuelas psicológicas son tan graves que le impiden incluso hablar del tema, y resulta mucho más complejo enfrentar a su agresor.
De igual manera, la iniciante destaca que tratándose de cualquier otro tipo de delitos, cometidos igualmente contra menores, como son los patrimoniales, el menor ignora la existencia de un menoscabo en su patrimonio, debido a que no tiene la libre administración de sus bienes, descubriéndolo hasta que llega a la mayoría de edad. Dándose el supuesto en el que una persona que fue víctima de un delito siendo menor, una vez llegada la mayoría de edad no puede reclamar por los delitos contra ella cometidos porque ya prescribió la acción penal.
La Diputada suscribiente, menciona que actualmente el artículo 205-Bis del Código Penal Federal establece la imprescriptibilidad de las sanciones, tratándose del delito de Pornografía (Artículo 200 CPF), Corrupción de Menores (Artículo 204 CPF) y Lenocinio, cuando el autor tuviere para con la víctima una relación, porque este ejerza la patria potestad, guardia o custodia; sea su ascendente o descendiente sin límite de grado; sean familiares en línea colateral hasta el cuarto grado; sea tutor o curador; ejerza sobre la víctima en virtud de una relación laboral, docente, domestica, médica o cualquier otra que implique una subordinación de la víctima; que se valga de su función pública para cometer el delito; que habite en el mismo domicilio que la víctima; cuando sea ministro de un culto religioso; cuando emplee violencia física, psicológica o moral en contra de la víctima; o se encuentre ligado con la víctima por un lazo de amistad, gratitud o algún otro que influya en la confianza que le tiene la víctima.
Además, de que encontrándose en los supuestos antes mencionados, perderán cualquier derecho que pudieran tener respecto de la víctima o bien sea destituido o inhabilitado para desempeñar su cargo o comisión o cualquier otro, hasta por un tiempo igual a la pena impuesta.
Sin embargo, señala la Diputada que aunque los delitos de corrupción de menores, ya son imprescriptibles, la prescripción sigue aplicando para los demás; delitos de carácter sexual que son cometidos contra menores.
Es en razón de lo anterior es que la diputada iniciante propone eliminar toda probabilidad de prescripción tratándose de delitos tanto sexuales como de delitos en contra del patrimonio que se cometan en perjuicio de menores de edad, adicionando para tal efecto, un párrafo al artículo 485 del Código Nacional de Procedimientos Penales, estableciendo la imprescriptibilidad de la acción penal.
PRIMERA. Los integrantes de esta Comisión dictaminadora, una vez que realizamos el análisis de las tres iniciativas con proyecto de decreto, la primera a cargo de la Diputada Mariana Arámbula Meléndez del Grupo Parlamentario del PAN, la segunda correspondiente a la Diputada Maricela Contreras Julián del Grupo Parlamentario del PRD y la tercera a cargo de la Diputada Claudia Sofía Corichi García estimamos que son instrumentos que reflejan no solo preocupación por los problemas a que se enfrentan las víctimas de delitos de carácter sexual, sino que también son aportaciones para mejorar los mecanismos procesales, y erradicar la impunidad dentro de los delitos de esta índole.
Los integrantes de esta Comisión no perdemos de vista la importancia que conlleva la medida de protección para las víctimas de delitos de carácter sexual, que forman parte de los sectores vulnerables de la sociedad, como bien lo señalan en las iniciativas, es por ello que esta dictaminadora se adhiere a la lucha en contra de la impunidad en caso de los delitos de carácter sexual, no solo por el hecho de que se generaría un Estado de Derecho más fuerte, sino también, como medida preventiva para combatir el índice delictivo de carácter sexual, y con ello garantizar el bien jurídico tutelado del libre y normal desarrollo psicosexual de las personas, y en específico de los menores.
SEGUNDA. Ahora bien, podemos observar en la iniciativa propuesta por la Diputada Mariana Arámbula Meléndez, que busca atacar la problemática añadiendo un último párrafo a los artículos 261 y 266 del Código Penal Federal, en donde busca señalar puntualmente que la acción penal y la ejecución de sanciones por el delito de abuso sexual y de violación, en contra de una persona menor de quince años de edad, son imprescriptibles.
Expuesto lo anterior, se considera que la figura de la imprescriptibilidad, puede ser aplicable no solo en los delitos mencionados con anterioridad, e incluir más delitos referentes a la protección de las personas y en específico de los menores, y con ello ampliar el margen de actuación de la autoridad para que conforme a la Norma, tenga las herramientas suficientes para combatir los delitos de índole sexual.
TERCERA. En cuanto concierne a la iniciativa de la diputada Maricela Contreras Julián, encontramos que su propuesta va encaminada a atacar el problema adicionando un último párrafo a los artículos 103 y 105 del Código Penal Federal, expresando que el término de prescripción previsto en este artículo no será aplicable en el caso de los delitos previstos en el título octavo (Delitos Contra el Libre Desarrollo De la Personalidad) y del título decimoquinto (Delitos contra la Libertad y el Normal Desarrollo Psicosexual) del libro segundo del Código.
Entre los Delitos que se encuentran en los Títulos mencionados en la iniciativa de la diputada Contreras, se encuentran, el de Corrupción de Personas Menores (200, 201, 201 Bis), Pornografía de Personas Menores (202, 202Bis), Turismo Sexual en contra de Personas Menores (203, 203B¡s), Lenocinio de Personas Menores (204), Trata de Personas Menores (205Bis), Lenocinio y Trata de Personas(206 Bis), Pederastia (209Bis), Hostigamiento Sexual (259B¡s), Abuso Sexual (260), Estupro (262) y Violación (265), incesto(272), Delitos Contra el Estado Civil y Bigamia(277).
Por otro lado, también se propone derogar el artículo 107 bis del tan comentado Código, ya que en las dos referencias anteriores hace mención de la medida en cuestión.
Ahora bien, en razón de esta Comisión Dictaminadora, se aprecia que en caso contrario a la Iniciativa de la diputada Arámbula, ésta sobrepasa los delitos que pueden tener cabida dentro de la figura de la imprescriptibilidad.
CUARTA. Respecto a la iniciativa propuesta por la diputada Claudia Sofía Corichi García, encontramos que busca atacar la impunidad, en general de los delitos cometidos contra menores para garantizarles un efectivo acceso a la justicia, adicionando un párrafo al artículo 485 del Código Nacional de Procedimientos Penales, estableciendo que las sanciones derivadas de los delitos que atenten contra el Libre Desarrollo de la Personalidad, la Libertad y el Normal Desarrollo Psicosexual, así como los delitos contra el Patrimonio en agravio de personas menores de edad, tendrán el carácter de imprescriptibles.
Respecto a la imprescriptibilidad de los delitos que atenían contra el libre desarrollo de la personalidad, la libertad y el normal desarrollo psicosexual, se considera que la propuesta de referirse como tal al catálogo de delitos abriría la posibilidad de volver imprescriptible la sanción penal para delitos que no son cometidos contra menores, afectando la seguridad jurídica.
Por lo que hace a la imprescriptibilidad de los delitos patrimoniales en contra de menores, esta Comisión, considera que la legislación vigente en materia familiar ya cuenta con mecanismos de control jurisdiccionales tratándose de bienes que sean propiedad del menor.
QUINTA. Los integrantes de esta Comisión dictaminadora, en el análisis pormenorizado de las tres Iniciativas en comento, consideramos algunos aspectos importantes a destacar a efecto de realizar modificaciones al dictamen, atendiendo a la técnica legislativa y el principio de taxatividad.
De igual forma, no podemos dejar de lado lo establecido en nuestra Constitución, ya que de acuerdo a ella, el cuidado de los menores de edad es uno sus principios fundamentales, puesto que se deben poner todas las vías y mecanismos necesarios para garantizar una vida digna y la integridad de los menores, bienes jurídicos tutelados, que se recoge el párrafo noveno del artículo 4° que a la letra dice:
Aunado a lo anterior, es preciso hacer referencia al Interés Superior del Menor, el cual ha sido definido por el Poder Judicial de la Federación como el catálogo de valores, principios, interpretaciones, acciones y procesos dirigidos a forjar un desarrollo humano integral y una vida digna, así como a generar las condiciones materiales que permitan a los menores vivir plenamente y alcanzar el máximo bienestar personal, familiar y social posible, cuya protección debe promover y garantizar el Estado en el ejercicio de sus funciones legislativa, ejecutiva y judicial, por tratarse de un asunto de orden público e interés social1
Además, en armonía con lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta máxima admite distintos matices, es decir, se puede entender como:
• Derecho Subjetivo: en cuanto a que el interés referido sea consideración primordial y se tenga en cuenta al sopesar distintos intereses respecto a una cuestión debatida;
• Principio Interpretativo: en el sentido de que si una norma jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la que satisfaga de forma más efectiva sus derechos y libertades, a la luz del interés superior del menor
• Norma de Procedimiento, es decir, siempre que se tome una decisión que afecte los intereses de uno o más menores de edad, deberá incluirse en el proceso de decisión, una estimación de las posibles repercusiones en ellos. Manifestando su consideración.
De lo anterior, se desprende que ante la necesidad de proteger a los menores por estar en un estado de vulnerabilidad, es imperativo que las autoridades en el ámbito de sus competencias tomen en consideración la aplicación de este principio en asuntos relacionados directamente con niñas, niños y adolescentes y garanticen las adecuaciones necesarias para que los menores de edad ejerzan sus derechos, como es el caso de las presentes iniciativas, para permitir el acceso a la justicia con los parámetros necesarios para la protección de sus derechos e intereses, poniéndolos en una situación de igualdad frente a sus agresores.
SEXTA. Por otro lado, tenemos los ordenamientos internacionales, que han buscado establecer los parámetros indispensables para la protección de los Derechos de la Niñez, por lo que la Corte Interamericana, a través de una opinión consultiva solicitada por la propia Comisión acerca de la condición jurídica y los Derechos Humanos de los niños, y vinculatoria para el Estado Mexicano al reconocer la jurisdicción contenciosa de la Corte en Diciembre de 1998, ha establecido que en los supuestos en los que los menores son víctimas de abusos implica que está en riesgo su vida y su salud, pues “no sólo les causa daños psicológicos, físicos y morales, sino que además los expone a enfermedades de transmisión sexual, acentuando aún más el peligro que corre su vida”. Lamentablemente, estos hechos muchas veces quedan en el entorno familiar y en otros casos el Estado no actúa, aunque se, encuentra facultado a ejercer los mecanismos adecuados para su protección.
Asimismo, los mecanismos sancionatorios en contra de los victimarios carecen de efectividad, negando el acceso a la justicia y contrariando toda idea de protección a la niñez ”2
Así, la Corte señalo que el problema es de carácter regional, razón por la cual es preciso que el Estado implemente las acciones necesarias para garantizar el acceso efectivo a las víctimas de estos delitos obtengan una efectiva reparación del daño y se sancione de forma efectiva para evitar que esta clase de delitos sigan aquejando a la sociedad.
Igualmente, la Organización de las Naciones Unidas, dentro de la Observación General, Número 14, para la Protección Emocional de los niños, establece que al evaluar el interés superior del menor, debe tomarse en cuenta su seguridad e integridad contra toda clase de abuso, sea físico o emocional, así como la posibilidad de riesgos y daños futuros y su consecuencia:
73. La evaluación del interés superior del niño también debe tener en cuenta su seguridad, es decir, el derecho del niño a la protección contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental (art. 19), el acoso sexual, la presión ejercida por compañeros, la intimidación y los tratos degradantes, así como contra la explotación sexual y económica y otras formas de explotación, los estupefacientes, la explotación laboral, los conflictos armados, etc. (arts. 32 a 39).
De esta forma, queda manifiesto que es del interés de la comunidad internacional el prevenir y sancionar las conductas abusivas que puedan poner comprometer la integridad y el normal desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, que además puedan causarle daños psicoemocionales, de acuerdo con la Universidad Nuestra Señora de la Asunción, en Paraguay, el diagnostico de niños que han sufrido abuso sexual suele pasar desapercibido al no existir señales físicas que permitan advertir dicha conducta, lo anterior aunado a que se presenta con mayor frecuencia en el ámbito familiar, dejando marcas emocionales que con el transcurso del tiempo son más difíciles de tratar.
De acuerdo al estudio realizado por esta Universidad en América Latina, 1; de cada 5 niños son abusados por un familiar cercano; en más del 50% hay evidencias de situaciones incestuosas; el 80% son amigos, vecinos o parientes y las consecuencias psicológicas que se han relacionado con la experiencia de abuso sexual infantil pueden perdurar a lo largo del ciclo evolutivo y configurar efectos a largo plazo, en la edad adulta, manifestándose, entre otros problemas:3
Dentro de este apartado destacan, por su presencia en gran parte de las víctimas de abuso sexual infantil, los trastornos depresivos y bipolares; los síntomas y trastornos de ansiedad, destacando por su elevada frecuencia el trastorno por estrés postraumático; ei trastorno límite de la personalidad; así como las conductas autodestructivas (negligencia en las obligaciones, conductas de riesgo, ausencia de autoprotección, entre otras); las conductas auto lesivas; las ideas suicidas e intentos de suicidio; y la baja autoestima. Fue detectado en el 72% de la muestra con la presencia variada de uno y otro problema emocional.
Se observan mayores niveles de hostilidad en víctimas de abuso sexual infantil que en grupos control, así como una mayor presencia de conductas antisociales y trastornos de conducta. Kaufman y Widom (1999), por su parte, constataron, mediante un estudio longitudinal (1989-1995), el mayor riesgo de huida del hogar que presentaban las víctimas de maltrato infantil, entre ellas, de abuso sexual infantil, en comparación con un grupo control. A su vez, la conducta de huida del hogar, así como el haber sufrido abuso sexual infantil, incrementaban el riesgo de delinquir y de ser arrestado por delitos diversos.
Dentro de la muestra existen dos niños con problemas de conducta que están siendo valorados por el CDO del municipio para ser insertados en una escuela apropiada para este tipo de trastorno.
Asimismo, el Estado Mexicano, como país parte de la Convención de los Derechos de los Niños, adquirió la obligación expresada en el artículo 34, el cual busca la protección de la niñez contra cualquier forma de explotación y abuso sexual, para lo cual el Estado deberá adoptar todas las medidas necesarias de carácter nacional, para impedir que los menores se dediquen a cualquier actividad sexual, su explotación en la prostitución o materiales pornográficos. Entre las medidas que puede adoptar el estado están las medidas de carácter legislativo para sancionar las conductas que, a consideración de legislador, dan cumplimiento las obligaciones convencionales.
Finalmente, es preciso decir que el Comité de los Derechos del Niño, órgano de las Naciones Unidas que se encarga de verificar el cumplimiento de la Convención sobre los mismos derechos, ratificada el 21 de Septiembre de 1990 por México y que de conformidad con el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al versar sobre derechos humanos tiene jerarquía constitucional, emitió para México, recomendaciones derivado de la presentación de los informes periódicos cuarto y quinto, acerca de la situación de la niñez en el país que realizo el Gobierno Mexicano en Mayo de 2015 ante el Comité, quién analizo las medidas y acciones implementadas por este para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la implementación de dicha convención, y en consecuencia emitió las siguientes observaciones finales4 :
33. Aunque se destaca la adopción del Protocolo para atenderá niñas y niños víctimas de abuso sexual, el Comité está preocupado por la alta prevalencia de violencia sexual contra la infancia, en particular contra las niñas. El Comité está seriamente preocupado por el hecho de que los autores de violación contra niñas puedan escapar del castigo si se casan con la víctima. Es también una preocupación, que la actual propuesta para reformar el Código Penal Federal en relación con delitos de abuso sexual contra niñas y niños, no proteja los derechos de la infancia en Jo que respecta al plazo de su prescripción. También, existe la preocupación sobre los esfuerzos insuficientes para identificar, proteger y rehabilitar a niñas y niños víctimas, así como por el aumento de casos de violencia sexual en centros de educación.
34. El Comité insta al Estado parte a:
(a) Revisar la legislación federal y estatal para asegurar que la violación sea penalizada en línea con los estándares internacionales y que sea removida cualquier previsión legal que permita a los autores de abuso sexual infantil ser excusados por sus crímenes;
b) Asegurar que la reforma al Código Penal Federal provea que no exista plazo de prescripción en cuanto a las sanciones como a la acción penal en lo que respecta al abuso sexual contra niñas y niños, y que incluya tanto a los autores como a los cómplices. Las mismas previsiones deben ser tomadas en los códigos penales estatales;
c) Establecer mecanismos, procedimientos y lineamientos para asegurar que se informen obligatoriamente los casos de abuso sexual y de explotación infantil, y asegurar la disponibilidad de mecanismos de denuncia amigables para niñas y niños, en particular en las escuelas;
d) Prevenir, investigar y enjuiciar todos los casos de abuso sexual contra niñas y niños, y castigar adecuadamente a los sentenciados;
e) Proveer capacitación a jueces, abogados, procuradores, a la policía y a otros actores relevantes sobre cómo atender a niñas y niños víctimas de violencia sexual y sobre cómo los estereotipos de género presentes en el aparato judicial, afectan el derecho de las niñas a un juicio justo en casos de violencia sexual, y sobre cómo dar seguimiento a juicios en los que niñas y niños estén involucrados;
f) Implementar efectivamente el Protocolo para la atención de niñas y niños víctimas de abuso sexual y asegurar servicios y recursos de calidad para protegerlos, para proveerlos de recuperación física y sicológica y reintegración a la sociedad, además de compensarlos;
g) Llevar a cabo actividades de sensibilización para prevenir el abuso sexual infantil, para informar al público en general que el abuso sexual es un delito y, para atender la estigmatización de la víctima, sobre todo cuando los presuntos culpables son familiares .
Expuesto lo anterior, se considera indispensable que los delito de índole sexual sean perseguidos de manera efectiva, reformando el Código Penal Federal para prever que no exista plazo de prescripción de la acción penal y de las sanciones, cuando este delito se cometa en contra de menores de edad, sin embargo se propone; agregar el supuesto al artículo 107-Bis ya que esta disposición establece una regla de prescripción para los delitos cometidos en Contra de la Libertad y el Normal Desarrollo Psicosexual, para así precisar que respecto los delitos de índole sexual en contra de menores, la acción penal y las sanciones derivadas de la acreditación del mismo serán de carácter imprescriptible, por tratarse de delitos que tienen por sujeto pasivo a un menor de edad.
Por lo antes expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Justicia LXIII Legislatura, sometemos a consideración del pleno de esta Honorable asamblea el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 107 BIS DEL CODIGO PENAL FEDERAL.
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el primer párrafo, y se deroga el segundo y tercer párrafos, del artículo 107 Bis del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
Artículo 107 Bis. Tratándose de los delitos previstos en los artículos 200,201, 201 Bis, 202, 202 Bis, 203, 203 Bis, 204, 209 Bis, 259 Bis, 261, la fracción I, del artículo 266 y 272 de este Código, así como los previstos en la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas, que hubiesen sido cometidos en contra de una persona menor de edad, la acción penal y las sanciones previstas serán de carácter imprescriptible.
ÚNICO. Las reformas a que se refiere el presente decreto entrarán en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
1 INTERES SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO, 1013883. 1284. Tribunales Colegiados de Circuito. Novena Época. Apéndice 1917-Septiembre 2011. Tomo V. Civil Segunda Parte - TCC Segunda Sección - Familiar Subsección 1- Sustantivo Pág. 1436.
2 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Condición Jurídica y Derechos Del Niño, opinión consultiva solicitada por la Comisión interamericana de Derechos Humanos, 28 de Agosto de 2002
3 “Psychological Consequences of Infant Sexual Abuse” CDID “Centro de Documentación, Investigación y Difusión de la Carrera de Psicología”, Universidad Católica “Ntra. Sra. De la Asunción”
4 (CRC/C/MEX/CO/4-5) ,
A la Comisión de Ciencia y Tecnología le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 5º Y 7º DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80 numeral 1 fracción II, 82 numeral I, 85 numeral I fracción XI, 157 numeral 1 fracción I, 158 numeral 1 fracción IV, 182 numeral 3, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, se presenta a consideración de esta Soberanía el siguiente Dictamen.
III. En el capítulo de CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN se expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de esta comisión.
Primero. Con fecha 29 de septiembre de 2016, en Sesión Plenaria en la Cámara de Diputados se presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 5º y 7º de la Ley de Ciencia y Tecnología, presentada por el Diputado Carlos Gutiérrez García, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
Segundo. En esta misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, acordó el turno de la propuesta a la Comisión de Ciencia y para su estudio y dictamen. Oficio número D.G.L.P. 63-II-2-1079.
Tercero. Con fecha 4 de octubre de 2016, la Comisión de Ciencia y Tecnología recibió el expediente 3849 que contiene la Iniciativa con Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 5º y 7º de la Ley de Ciencia y Tecnología, presentada por el Diputado Carlos Gutiérrez García, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
Cuarto. Con fecha 18 de enero se dio respuesta a la solicitud de la Junta Directiva de la Comisión de Ciencia y Tecnología donde solicitó prórroga para emitir dictamen a la Iniciativa con Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 5º y 7º de la Ley de Ciencia y Tecnología, misma que fue autorizada por la mesa directiva mediante el oficio No. D.G.L.P. 63-II-2-1467.
La iniciativa en análisis se refiere al Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación (Conacyt), el cual es el máximo órgano de política y conducción sectorial y se creó en el año 2002.
El Consejo fue una instancia prevista por una de las últimas reformas importantes de la normatividad científica. En ese momento se contempló la creación del mismo como un órgano de alto nivel, en el que intervendría el Ejecutivo federal y secretarios de estado, con la finalidad de definir con claridad el rumbo sectorial y asegurar el flujo de los recursos financieros.
El proponente expone que al ser el Consejo un órgano público tan importante en materia de ciencia y tecnología, cuya principal función es promover y estimular el desarrollo científico y cultural de nuestro país, es imperativo que lleve a cabo las sesiones citadas en la ley para poder cumplir con las responsabilidades que le han sido encomendadas e, incluso, acrecentar a tres sesiones obligatorias durante el año y las extraordinarias que el Consejo decida.
En este sentido, se menciona que la Ley de Ciencia y Tecnología señala en su artículo 5 que el Consejo General se integrará por 20 personas con derecho a voz y voto. Prevé que el Consejo será encabezado por el presidente de la República y que fungirá como secretario ejecutivo el director del Conacyt. Como principales facultades, la ley le reserva la responsabilidad de establecer las correspondientes políticas nacionales en el programa sectorial, así como la aprobación y actualización de éste último. En materia de recursos financieros tiene la capacidad de definir prioridades y criterios de asignación presupuestal; también debe sancionar el proyecto de presupuesto sectorial que será incluido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, lo mismo que rendir el informe anual del estado que guarda la ciencia, la tecnología y la innovación en el país.
A pesar de que la misma ley establece que el Consejo debe reunirse ordinariamente por lo menos dos veces al año, tal precepto no se ha cumplido. En la administración de Vicente Fox, periodo en el que se creó el organismo, solamente sesionó un par de veces en cuatro años. Durante el sexenio que se está llevando a cabo solo ha sesionado una vez por año; en 2013 el Consejo sesionó el 9 de septiembre; en el 2014 fue el 20 de mayo y en 2015 sesionó únicamente el 13 de abril.
En resumen, el proponente expone en la Iniciativa reformar el artículo 7 y adicionar un párrafo segundo al mismo artículo, así como adicionar un párrafo segundo al artículo 5. El objetivo de dicha reforma y adición es garantizar la calendarización de las reuniones a fin de que sean efectivamente realizadas, asimismo establecer la periocidad de las reuniones se cumplan y sean más frecuentes.
A continuación se expone una tabla comparativa para ilustrar el actual texto legislativo:
Primera. La Comisión dictaminadora realizó el análisis del expediente que contiene la Iniciativa con Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 5º y 7º de la Ley de Ciencia y Tecnología, en el proceso se llevaron a cabo consultas detalladas del tema y se analizaron las posturas sobre el tema de los organismos y entidades consultadas y fueron consideradas. Derivado de lo anterior se proponen cambios en la redacción de la propuesta original y de esta manera, de acuerdo con los argumentos analíticos y jurídicos analizados esta Comisión considera la presente propuesta viable, toda vez que plantea lograr un cambio integral que pueda colaborar garantizar la realización de las reuniones del Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, así como a dar certeza y transparencia a las mismas.
Segunda. La iniciativa en análisis atiende diversas solicitudes de la comunidad académica que se encuentran incluidas en el documento titulado “Hacia una Agenda Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación” presentada en noviembre de 2013, que incluye la voz de la comunidad científica, empresarios y académicos en la que se plantea en el apartado XII. Aspectos relativos a la Legislación sobre Ciencia, Tecnología e Innovación que el problema jurídico de la CTI no radica necesariamente en la ausencia de normatividad, sino en la falta de operatividad y de aplicación de la misma, así como la burocratización de las instancias y los procedimientos que intervienen en las distintas fases del desarrollo científico, tecnológico y de innovación.
Como aspecto destacable en el documento se señala que uno de los problemas existentes en esta materia se refieren a que en la Ley de Ciencia y Tecnología Vigente se contempla que el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación esté presidido por el Presidente de la República, y que dada la complejidad de la agenda presidencial se vuelve poco funcional la operatividad del consejo, razón por la cual se requiere la modificación de la ley a efecto de darle operatividad al Consejo.
Por tanto, al tener como objetivo justamente la atención a esa problemática consideramos que la propuesta en análisis resulta uno de los mecanismos más completos para dotar de certidumbre a las reuniones del Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación.
Tercera. En la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en su Título Primero “Disposiciones comunes para los Sujetos Obligados”, Capítulo I Disposiciones Generales reza en su Artículo 1. “La presente Ley es de orden público. Tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad federal.” Por ello y debido a que la anterior disposición atiende el hecho de que la transparencia es requerida en cualquier campo del quehacer gubernamental, incluida las reuniones del Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, se considera acertada la propuesta para que se den a conocer las respectivas actas de las sesiones llevadas a cabo, ello con la firme intención de contribuir a la transparencia requerida en el país.
Lo anterior debido a que dentro de las obligaciones del Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación enlistadas en el Artículo 6 de la Ley de Ciencia y Tecnología, se abordan temas de interés general para la comunidad científica y en general de la sociedad, tendientes a definir y priorizar la política científica en el país.
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 5 Y 7 DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Artículo Único. Se reforma el artículo 7 y se adiciona un último párrafo al artículo 5 a la Ley de Ciencia y Tecnología, para quedar como sigue:
El Consejo General sesionará cuatrimestralmente durante el año en forma ordinaria y en forma extraordinaria cuando su Presidente así lo determine, a propuesta del Secretario Ejecutivo. El Consejo General sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus miembros. Las resoluciones se tomarán por mayoría de los miembros presentes teniendo el Presidente voto de calidad para el caso de empate.
Las sesiones del Consejo General, y sus respectivas actas, deberán ser públicas a través del portal de internet del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
En caso de las fracciones I y II del presente artículo, los titulares podrán designar un representante con nivel mínimo de subsecretario u homólogo, privilegiando en dichas designaciones se busque en su caso, la paridad de género. En el caso del Presidente de la República, presidirá al menos una reunión anual.
Palacio Legislativo de San Lázaro, marzo de 2017.
Diputados: Carlos Gutiérrez García (rúbrica), presidente; Lucely del Perpetuo Socorro Alpízar Carrillo (rúbrica), Bernardino Antelo Esper, Hersilia Onfalia Adamina Córdova Morán, Federico Eugenio Vargas Rodríguez (rúbrica), Leonel Gerardo Cordero Lerma (rúbrica), José Máximo García López (rúbrica), Gerardo Federico Salas Díaz, Tania Victoria Arguijo Herrera (rúbrica), Leonardo Rafael Guirao Aguilar (rúbrica), Mirza Flores Gómez (rúbrica), secretarios; Patricia Elena Aceves Pastrana (rúbrica), María Esther Guadalupe Camargo Félix (rúbrica), Héctor Javier García Chávez, Laura Valeria Guzmán Vázquez (rúbrica), María Angélica Mondragón Orozco (rúbrica), Luz Argelia Paniagua Figueroa (rúbrica), Laura Beatriz Esquivel Valdés (rúbrica), Alfredo Javier Rodríguez Ávila, Erika Araceli Rodríguez Hernández (rúbrica), Salomón Fernando Rosales Reyes (rúbrica), Juan Fernando Rubio Quiroz (rúbrica), María Eloísa Talavera Hernández (rúbrica).
A la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura, le fue turnada una iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4 y 36 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a cargo de la Diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con fundamento en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39, numeral 2 fracción XXXIII; 43, 44, y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1 fracción II, 81, numeral 1, 82 numeral 1, 84, 85,157 numeral 1, fracción I y 158 numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, los miembros de esta Comisión de Justicia sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el presente dictamen al tenor de la siguiente:
1. La Iniciativa de la Diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia del Partido Acción Nacional, fue publicada en la Gaceta Parlamentaria el día 20 de diciembre del año 2016.
2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Iniciativa citada se turnara a la Comisión de Justicia, para su estudio y dictamen correspondiente.
3. Posteriormente, el 21 de diciembre esta Comisión de Justicia recibió formalmente dicha iniciativa para dictamen.
La diputada proponente dentro de su iniciativa manifiesta el estado de indefensión al que se encuentran sometidos los niños dentro de los centros penitenciaros, debido a que sus madres compurgan una pena privativa de libertad.
En este sentido y para dar mayor claridad sobre el tema en su iniciativa, menciona que se realizó un informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre las condiciones de hijas e hijos de las mujeres privadas de la libertad en los centros de reclusión de la República Mexicana, en la cual se encontró que la población penitenciaria al mes de agosto del presente año, ascendía a 230 mil 519 personas internas, de las cuales 12 mil 4 (5.21 por ciento) son mujeres, en 30 de las 32 entidades federativas y en un Centro Federal, había una población total de 618 niños, dato que confirma que la población infantil en los centros ha aumentado de manera progresiva, de tal forma que casi se ha duplicado en 4 años.
De acuerdo con dicho informe la iniciante manifiesta que resulta relevante atender a estos menores desde el momento de su nacimiento en los centros penitenciarios, y que para tal efecto se requieren instrumentos legales que garanticen la observancia del interés superior de la niñez, así como los diversos derechos consagrados en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Continua mencionando que dentro de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo cuarto, en el cual se advierte la necesidad de incluir en primer término el interés superior de la niñez como uno de los principios rectores del sistema penitenciario, el cual deberá ser observado en todas y cada una de las actuaciones que tengan como fundamento la citada ley, por lo que propone una adición al artículo cuarto, para realizar la inclusión de dicho principio, de la misma manera manifiesta que en la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes se menciona el derecho de los menores de contar con un nombre y apellido, así como a ser inscritos en el Registro Civil respectivo de forma inmediata y gratuita, y a que se les expida en forma ágil y sin costo la primera copia certificada del acta correspondiente, todo esto con la finalidad de que las madres reclusas cumplan con la obligación correspondiente sobre sus hijos.
Para dar mayor claridad sobre el tema se realizó el siguiente cuadro comparativo de la iniciativa que nos ocupa:
PRIMERA. Los integrantes de la Comisión de Justicia de este Órgano Legislativo examinamos de manera minuciosa el contenido de la iniciativa, haciendo un estudio de la legislación vigente, tomando en todo momento como base que la propuesta de reforma estuviera correctamente armonizada con los principios constitucionales y tratados internacionales que tutelan los derechos humanos. A partir de ello en este apartado de consideraciones, se analizarán las propuestas planteadas por la diputada iniciante utilizando como métodos interpretativos el analítico, deductivo y el funcional, de manera que ello permita determinar sobre la viabilidad o inviabilidad de cada una de las mencionadas propuestas.
En este sentido y en un primer comentario antes de realizar a profundidad el análisis en mención, se puede decir que los integrantes de esta Comisión de Justicia compartimos de manera general la opinión de la iniciante, sin embargo consideramos necesario realizar algunas modificaciones con el objeto de aplicar correctamente la técnica legislativa y evitar así caer en inconsistencias legales, todo esto sin que ello implique perder de vista el objeto de la iniciativa sujeta a análisis.
SEGUNDA. La importancia de contar con una acta de nacimiento resulta de los problemas y conflictos que una persona puede llegar a tener cuando esta se encuentre en una edad adulta; es decir al momento que tenga que demostrar su capacidad jurídica; no podrá celebrar contratos, si desea contraer matrimonio, si quiere comprar un inmueble, en fin diversas situaciones que por motivos de identidad no podrá realizar, otra situación grave es la discriminación a la que le puede llevar a las personas no contar con un nombre y una acta de nacimiento, de esta manera es que el Estado mexicano protege el derecho a la identidad de las personas, mencionando en el párrafo octavo del artículo 4 constitucional:
Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. [...]
Como puede apreciarse derivado del problema que se suscita en las personas el hecho de no contar con una identidad es que se establece en la reforma de 2014 este párrafo en el cual se establece el derecho a la identidad, así como a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento, elevándolo al grado de un derecho humano.
La problemática pareciera simple, sin embargo en todo el territorio mexicano existe un gran número de personas que no cuenta con un acta de nacimiento, según se menciona en el periódico el universal en una nota de 2015, alrededor de 14 millones de mexicanos hasta ese momento no contaban con acta de nacimiento.
Por otro lado en el informe anual 2015 de la UNICEF, se mencionan las siguientes estadísticas:
• En México, 8 de cada 10 niños menores de un año de edad cuentan oportunamente con un acta de nacimiento.
• Por cada mil niñas, niños y adolescentes en México, hay 15 que no cuentan con registro ni acta de nacimiento.
• En municipios donde la población es predominantemente indígena y 75% se encuentra en pobreza extrema, la tasa promedio de registro oportuno de nacimiento es de 66.9%.
Con dichas cifras se puede visualizar un panorama general de la problemática social que representa el no registrar a los niños de manera oportuna, mismo que no debe verse como un simple trámite ya que el no hacerlo conlleva a situaciones que afectan a las personas, pero sobre todo a las niñas, niños y adolescentes que son representantes de un grupo vulnerable el cual estamos llamados a proteger.
Ante dicha situación la UNICEF ha tomado algunas medidas trabajando en campañas como la del registro universal oportuno que de acuerdo a su mismo informe 2015, relata lo siguiente:
“En 2015 continuamos trabajando en la Campaña Nacional para el Registro Universal, Oportuno y Gratuito de Nacimientos “Si no los registras, no existen” que, desde abril de 2103 a septiembre de 2015, logró que 1 millón 127 mil 490 niños y niñas fueran registrados antes de su primer año de vida. Esta campaña que, desde su inicio contó con el apoyo de la Fundación Carlos Slim, es impulsada por UNICEF, el Registro Nacional de Población (RENAPO), el DIF Nacional, los Sistemas DIF estatales y las direcciones del Registro Civil en los 32 estados de la República Mexicana, también comprendió la realización de brigadas especiales en los estados para abatir el subregistro y continuar con los registros ya rutinarios.
Con la finalidad de fortalecer las capacidades de las autoridades municipales y estatales para promover el derecho a la identidad, realizamos ocho talleres con más de 320 funcionarios en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, los cuales se caracterizan por tener bajos índices de registro oportuno de nacimientos. En estos estados, cerca de 19 mil niñas y niños no fueron registrados antes de su primer año de vida. Estos talleres buscaron impulsar la coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales para llegar, a través de políticas de salud, desarrollo social y registro, a los niños y niñas sin acta de nacimiento.
Además, para impulsar que 100% de los niños y niñas que nacen en el país sean registrados, en UNICEF trabajamos con el RENAPO para identi­car buenas prácticas sobre la universalización del registro de nacimiento. Se identi­caron y examinaron 41 programas y acciones en 15 entidades del país que incluyen el registro de nacimiento en hospitales materno-infantiles, la utilización de unidades móviles para llegar a poblaciones en áreas más remotas y campañas informativas en lenguas indígenas para mamás y papás de grupos indígenas o migrantes. Estas experiencias formarán parte de una guía sobre cómo llegar a niños y niñas en situaciones de exclusión, que será publicada y compartida para promover el intercambio entre los estados, así como con otros países durante la III Conferencia Regional sobre el Derecho a la Identidad y al Registro de Nacimiento Universal, que se realizará en México en 2016.”
Con lo anterior podemos contextualizar el problema que significa para nuestro país la falta de registro en las personas, y que derivado de ello ya se están tomando cartas en el asunto por parte de Organismos internacionales, nacionales de la administración pública e incluso de la iniciativa privada, por lo cual con ello manifestamos el interés de los integrantes de la Comisión de Justicia para contribuir desde nuestra trinchera a participar en acciones legislativas que redunden en fortalecer el marco normativo que permita tener menos personas sin una identidad.
TERCERA. Con las anteriores consideraciones nos hemos podido percatar del problema que representa para la sociedad mexicana la falta de registros, de la misma forma hemos vislumbrado que el grupo que más sufre por no tener una acta de nacimiento son las niñas, niños y adolescentes, no obstante lo anterior, no hemos hecho referencia a los miembros de este grupo que en sí ya es vulnerable pero que aparte tuvo el infortunio de nacer o vivir dentro de una prisión por que su madre realizo un delito y está se encuentra compurgando una pena, si pensamos en ello nos daremos cuenta que dicha minoría corre un gran riesgo de quedarse sin una identidad y no contar con una acta de nacimiento, ya que por el sólo hecho de nacer en un centro de reclusión tendrá diversas carencias que mermaran su desarrollo integral, tal y como se comenta en la siguiente nota de MVS, que nos permitimos plasmar:
“Niños en prisión con sus madres enfrentan el peor futuro
18 Nov 2015 - Juan Carlos Alarcón López
Niñas y niños que viven con sus madres en celdas de prisiones, donde el olvido de la familia es el común denominador, enfrentan un futuro incierto: escaso desarrollo educativo, desconocimiento del mundo exterior y lo peor, emprender una vida sin los cuidados y orientación de la figura materna.
Algunos de ellos, denominados Los Niños Invisibles de México por la organización civil Reinserta a un Mexicano, que coordina Saskia Niño de Rivera, no conocen la libertad, porque nacieron en prisión, y cuando llega el momento de dejarla enfrentan una realidad compleja.
La familia no se hace cargo, las parejas de sus madres se desentienden de ellos y en ocasiones, el último camino es llegar a los albergues infantiles.
Niño de Rivera, detalló en entrevista con Noticias MVS el panorama que enfrentan los pequeños dentro de las prisiones.
“Son niños que en su mayoría nunca salen de prisión porque las mujeres que están presas es una población que normalmente es abandonada, una situación cultural que hace que las mujeres sean abandonadas y los niños están adentro con sus mamás y no el apoyo de un familiar externo hay algunas que sí, duermen en las celdas con sus mamás, son encerrados con candado, duermen más o menos cinco internas por celda.
“Duermen en una misma cama de cemento el niño con su mamá, tiene dos dormitorios adentro del penal exclusivos para maternidad, sin embargo no implica que no puedan estar rondando por el penal o que tengan contacto con otro perfil de internas, de hecho en el penal de santa Martha Acatitla y a los niños ves por todo el reclusorio”
Datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señalan que actualmente 377 niños y niñas de entre cero y 6 años, incluso hasta de 12, habitan en las cárceles del país.
Sólo 77 reclusorios a nivel nacional albergan a mujeres; en 10 de estos no pueden habitar con sus hijos; 15 son exclusivos para el género femenil y en 53 se carece de Centros de Desarrollo Infantil.
La rudeza de vivir en las cárceles y sus lineamientos, también deja secuelas en el desarrollo de los pequeños y más cuando a su corta edad, no entiende por qué la mamá tiene que seguir por varios años más en encierro.
“Están conscientes de entender muchas cosas pero tampoco le puedes explicar a un niño de 6 años ‘tu mamá cometió un delito y por eso la sociedad la está castigando y no puede salir de un reclusorio’, es muy difícil ese concepto porque los niños no lo entienden y los niños empiezan adoptar conductas sumamente agresivas están sobre estimulados sexualmente por todo lo que ven adentro de la cárcel y lo que ven en las visitas conyugales.
“Hemos tenido muchos problemas de niños que muerden o niños que están sobre estimulados sexualmente o que se golpean entre ellos te manejan las groserías que quieras, las mamás a veces venden drogas o se drogan para ellos se vuelven como una conducta natural”, puntualizó.
Saskia Niño de Rivera señaló que otro factor que no favorece a los infantes que viven en prisión con sus madres, es la inexistencia de presupuestos etiquetados para protección de los menores en quienes recae también el efecto de la prisión.
“El hecho de que no estén como parte del presupuesto penitenciario hace que no existan recursos para estos niños y para sus necesidades básicas y si las hay, entonces están desviando recursos de una forma negativa”, afirmó.
La organización civil aclaró que la mayoría de los llamados “Niños Invisibles de México”, subsisten por donaciones o por la buena voluntad de las autoridades.”
Como bien podemos percatarnos en la nota, los problemas que sufren las niñas o niños que nacen o viven en prisión son graves, y si a ello le aumentamos que las madres no cuentan con la información necesaria y apoyo para el registro de sus hijos que nacen dentro de los centros de reclusión por parte de una Procuraduría Especializada, se está condenando que aquellos niños que ya de por sí se les considera invisibles crezcan sin un nombre, sin apellidos, sin identidad y por lo tanto sin derechos.
Derivado de todo lo anterior y conforme al análisis sociológico que hasta aquí se ha realizado y el cual arroja la pertinencia de la iniciativa, procederemos en la siguiente consideración a revisar la viabilidad jurídica de la propuesta.
CUARTA. Existen diversas legislaciones tanto del ámbito nacional como internacional que protegen la identidad de las personas, incluyendo niñas, niños y adolescentes, ya que ésta, se encuentra considerada como un derecho humano y por lo tanto cualquier persona por el solo hecho de serla puede acceder a ella, por esta razón los estados deben de garantizar un efectivo acceso a dicho derecho. Para poder apreciar de mejor manera lo aquí mencionado, nos permitiremos reproducir las porciones normativas que procuran el derecho a la identidad enfocado primordialmente al tema que nos atañe que es el de los menores:
La Convención Internacional Sobre los Derechos del Niño, en su artículo 7, establece:
En nuestra Constitución Política en el párrafo octavo del artículo 4, se establece el derecho a la identidad:
En el artículo 19 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, también se puede apreciar que se encuentra establecido el derecho a la identidad:
“Artículo 19. Niñas, niños y adolescentes, en términos de la legislación civil aplicable, desde su nacimiento, tienen derecho a:
La falta de documentación para acreditar la identidad de niñas, niños y adolescentes no será obstáculo para garantizar sus derechos.”
Como puede apreciarse en esta Ley Secundaria se ahonda más sobre las características del derecho a la identidad, e incluso en el antepenúltimo párrafo se solvente la viabilidad jurídica de la propuesta de reforma que la iniciante pretende hacer al artículo 36 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Culminando con el presente análisis jurídico de la iniciativa y determinando su procedencia derivado de que se encuentra acorde tanto a los tratados internacionales como a nuestro derecho constitucional y leyes secundarias, en la siguiente consideración procederemos a realizar el análisis sobre la viabilidad de forma particular a las propuestas de la iniciante.
QUINTA. Con respecto a la propuesta de la iniciante de insertar en el artículo 4 de la Ley Nacional de Ejecución Penal el principio de Interés Superior de la Niñez como uno de los principios rectores del Sistema Penitenciario, se precisa que dicho Principio ya se encuentra establecido en el artículo 36 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en sus párrafos tercero y quinto, mismos que nos permitimos transcribir para mayor claridad:
No obstante lo anterior, representa un acierto considerar a dicho Principio dentro del artículo 4 de la Ley en comento, ya que no sólo se armonizaría con el artículo 36 de la citada Ley, sino que al darle un rango de Principio Rector se estaría considerando a éste como un postulado general que sirva de base y permita orientar la actividad del Estado en la regulación y ejecución de la sanción penal impuesta por un órgano jurisdiccional en pro de su correcto desenvolvimiento administrativo y judicial en beneficio de las madres y de los menores que se encuentren dentro de los centros de reclusión en la república mexicana. Cabe mencionar que con independencia de que los menores no sean sujetos de una ejecución penal, si son sujetos de las decisiones que tomen las autoridades penitenciarias, razón por la que se subraya la importancia de establecer el Principio del Interés Superior de la Niñez como Principio Rector del Sistema Penitenciario Mexicano.
Por otro lado el hecho de considerar el Interés Superior de la niñez en el artículo 4° de la Ley Nacional de Ejecución penal, le estaríamos asignando a dicho principio la relevante función de servir como guía de interpretación y aplicación de la ley penal en cuestiones penitenciarias que versen sobre los menores y las madres que se encuentren en un centro de reclusión.
Por lo que dicha propuesta de reforma al artículo 4 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se considera viable.
SEXTA. Respecto de la propuesta de modificar el segundo párrafo del artículo 36 de la Ley Nacional de Ejecución Penal y con el fundamento jurídico vertido en la consideración cuarta de este dictamen, esta comisión dictaminadora la considera viable con modificaciones, en razón de los siguientes argumentos:
1. Se elimina la parte de “bajo su más estricta responsabilidad” por economía del lenguaje al aparecer la obligación de notificar se entiende perfectamente que la autoridad penitenciaria tiene una responsabilidad.
2. Se homologa al texto de toda la Ley que hace referencia a la procuraduría, quedando de la siguiente manera; Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes o a sus equivalentes en las entidades federativas, realizando con esto la especificación del organismo al cual se le tiene que notificar.
3. Se especifica que la notificación es para efecto de “coadyuvar con la madre para realizar las gestiones conducentes en el registro” , con esto se le da un espectro más amplio de acción que permite dar cumplimiento y armonización a lo establecido en los artículos 19 y 103 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
4. De la misma manera se hace referencia a “las disposiciones legales aplicables” para no ceñir dicha modificación sólo a la normatividad de protección de los derechos de los niños, si no toda a aquella que sea en beneficio de los mismos.
Con dichas modificaciones los legisladores estamos aportando una herramienta jurídica que permita tutelar adecuadamente el derecho humano a la identidad, así como el de la dignidad de las personas que se encuentran privadas de su libertad.
Por lo antes expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Justicia de esta LXIII Legislatura, sometemos a consideración del pleno de esta Honorable asamblea el siguiente:
DECRETO POR EL SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 4 Y SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL
Artículo Único. Se adiciona un último párrafo al artículo 4 y se reforma el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para quedar como sigue:
Interés superior de la niñez. El órgano jurisdiccional, el juez de ejecución y la autoridad penitenciaria, en el ámbito de sus atribuciones deberán garantizar en todo momento el interés superior de la niñez.
En los casos de nacimiento de hijas e hijos de mujeres privadas de la libertad dentro de los Centros Penitenciarios, queda prohibida toda alusión a esa circunstancia en el acta del registro civil correspondiente. La autoridad del Centro Penitenciario notificará sobre dicho nacimiento a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes o a sus equivalentes en las entidades federativas, con el fin de que éstas coadyuven con la madre para realizar las gestiones conducentes en el registro correspondiente, conforme a lo previsto en las disposiciones aplicables.
Dado en el palacio legislativo de San Lázaro a 23 de febrero de 2017
Diputados: Álvaro Ibarra Hinojosa (rúbrica), presidente; César Alejandro Domínguez Domínguez (rúbrica), María Gloria Hernández Madrid (rúbrica), Ricardo Ramírez Nieto (rúbrica), José Hernán Cortés Berumen, Javier Antonio Neblina Vega, Patricia Sánchez Carrillo (rúbrica), Arturo Santana Alfaro (rúbrica), Lía Limón García (rúbrica), Víctor Manuel Sánchez Orozco (rúbrica), secretarios; Jesús Emiliano Álvarez López, Alfredo Basurto Román (rúbrica), Ramón Bañales Arámbula (rúbrica), Tristán Manuel Canales Najjar (rúbrica), Édgar Castillo Martínez, José Alberto Couttolenc Buentello (rúbrica), Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, Waldo Fernández González (rúbrica), José Adrián González Navarro (rúbrica), Sofía González Torres (rúbrica), Carlos Iriarte Mercado (rúbrica), Armando Luna Canales (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), Ulises Ramírez Núñez (rúbrica), Édgar Romo García (rúbrica), Martha Sofía Tamayo Morales (rúbrica).