Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2002/A162-02.htm
Timestamp: 2017-11-17 17:26:28
Document Index: 301747105

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 189', 'artículo 1']

A162-02
Auto 162/02
Referencia: expediente ICC-410
Conflicto de competencia entre el Juzgado Promiscuo de Familia de Apartadó y el Tribunal Administrativo de Antioquia.
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en uso de sus facultades constitu­cionales y legales, procede a definir el conflicto de competencia suscitado entre los despachos judiciales de la referencia.
1. El 23 de mayo de 2002, Blanca Luz Mary Durango interpuso acción de tutela en con­tra del CONPES y el Municipio de Apartadó, ante el Juzgado Promiscuo de Familia de Apartadó
2. El Juzgado se declaró incompetente para conocer el caso mediante auto de mayo 24 de 2002 y remitió el expediente al Tribunal Administrativo de Antioquia, despacho que a su juicio es el competente. El Juzgado fundó su decisión en la aplicación del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000.
3. El Tribunal Administrativo de Antioquia, también se declaró incompetente para conocer del caso de la referencia por considerar que el Juzgado promiscuo de Familia de Apartadó sí es el despacho competente para conocer del mismo. Fundándose en la jurisprudencia constitucional, en especial en la que la Sala Plena de la Corte Constitucional resolvió otorgar efectos inter pares a la decisión de inaplicar el artículo 1° del Decreto 1382 de 2000, el Tribunal, mediante auto de junio 14 de 2002, inaplicó dicho artículo y remitió el expediente a la Corte Constitucional para lo de su compe­tencia.
1. El proceso de la referencia versa sobre un aparente conflicto nega­tivo de compe­tencia suscitado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, despacho que consideró que la acción de tutela que le había remitido el Juzgado Promiscuo de Familia para su cono­cimiento en virtud del artículo 1° del Decre­to Reglamentario 1382 era nula, pues según su criterio y de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, dicha disposición debía ser inaplicada por desconocer la Consti­tución Política. Así, decidió decla­rar­se incompetente para conocer de la acción de tutela que le había enviado, y en consecuencia, resolvió remitir el proceso a la Corte Cons­ti­tu­cional para que dirimiera el conflicto.
2. Sin embargo, a pesar de que el Tribunal Administrativo decidió conforme a la jurisprudencia constitucional, con posterioridad al auto mencionado, el 18 de julio de 2002 la Sección Primera del Consejo de Estado decidió un grupo de demandas, que el propio Consejo de Estado calificó de “simple nulidad” (pág. 4), contra varias normas del Decreto Reglamentario 1382 de 2000.[1] Dicha Sección resolvió denegar las súplicas de las demandas, salvo las acusaciones contra el inciso cuarto del numeral primero del artículo 1°, y el inciso segundo del artículo 3°, los cuales fueron declarados nulos.
Para la Sección Primera del Consejo el Decreto 2591 de 1991, con fuerza de ley, puede ser reglamentado por el Presidente en ejercicio de las atribuciones confe­ridas por el artículo 189, numeral 11, de la Constitución. Además, para la Sección Primera el artículo 1° del Decreto Reglamentario 1382 de 2000 no modifica ni crea reglas de competencia en materia de procedimiento de tutela, simplemente se ocupa de llenar un vacío respecto a qué hacer cuando hay varios jueces competentes en un mismo lugar, fijando reglas para el reparto. Así pues, la Sección Primera del Consejo de Estado decidió denegar las súplicas de las demandas (con excepción de las ya mencionadas).
‘Las acciones de tutela dirigidas contra la aplicación de un acto adminis­trativo general dictado por una autoridad nacional serán repar­tidas para su conocimiento al Tribunal Contencioso Administrativo de Cundina­mar­ca, siempre que se ejerzan como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.’
‘Cuando se presente una o más acciones de tutela con identidad de objeto respecto de una acción ya fallada, el juez podrá resolver aquélla están­dose a lo resuelto en la sentencia dictada bien por el mismo juez o por otra autoridad judicial, siempre y cuando se encuentre ejecutoriada’.
Ante las circunstancias descritas, la Corte Constitucional decide acatar la decisión de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, tanto por las consideraciones expuestas como para salvaguardar el principio de la seguridad jurídica y proteger los derechos fundamentales de las personas involucradas en el caso, que son quienes realmente se ven perjudicadas cuando sus procesos se dilatan en razón a los ahora aparentes conflictos de competencia. Además, es pertinente subrayar la necesidad de hacer cesar la afectación del derecho al acceso oportuno a la administración de justicia y de garantizar la celeridad y la eficacia de los procedimientos de tutela. Lo que procede entonces es aplicar el decreto reglamentario citado, mientras no se profiera una providencia que decida lo contrario, a partir de un análisis princi­palmente constitucional o del estudio de súplicas diferentes a las dene­ga­das por la Sección Primera del Consejo de Estado en la sentencia citada.
4. El decreto reglamentario estableció que la acción presentada debía ser repar­tida a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Administrativos y Consejos Seccionales de la Judicatura, y así se dispondrá en la parte resolutiva. Por lo tanto, en merito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
Remitir, por medio de la Secretaría General, el expediente al Tribunal Administrativo de Antioquia, para que, ejerciendo sus competencias constitu­cionales y legales, decida sobre la acción de tutela presentada.
Salvamento de voto al Auto 162/02
REF. Expediente ICC - 410
Peticionario: Blanca Luz Mary Durango