Source: http://mjlg.es/category/opinion/derecho-deportivo-opinion/page/3/
Timestamp: 2018-01-18 03:49:55
Document Index: 157316925

Matched Legal Cases: ['artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 47', 'Artículo 47', 'artículo 43', 'Artículo 50', 'artículo 44', 'artículo 6', 'artículo 9', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 34', 'Artículo 34', 'artículo 46', 'artículo 124', 'artículo 2', 'artículo 6', 'Artículo 6', 'artículo 18', 'artículo 53', 'artículo 161', 'artículo 14', 'artículo 30', 'artículo 18', 'artículo 81', 'artículo 18', 'artículo 7', 'artículo 1', 'artículo 14', 'artículo 9', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 19', 'artículo 20', 'artículo 16']

Para cuándo el retorno a los deportistas de la recaudación de la Ley del juego
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Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego supuso extender y reconocer la acción de las nuevas forma del juego, en relación al uso de medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos; frente a los tradicionales. No fue una Ley pacífica, por cuanto se trata de una norma delimitada por ámbitos competenciales significados – autonómico y estatal-. De hecho, el preámbulo del a misma reconoce que su acción está se proyecta sobre las actividades que se dirijan a todo el territorio del Estado. Haciendo la salvedad en relación a la reserva y el régimen de control de la actividad de loterías.
Comments Off on Twitter y violencia en el deporte
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Los twists que incitan a la violencia están tipificados en la Ley contra la Violencia en el deporte
La Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Quinta, de la Audiencia Nacional ha confirmado, en una reciente sentencia, SAN 60/2017, que los twists que incitan a la violencia contravienen la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte.Los hechos están referidos a la reyerta, ocurrida en noviembre de 2014, que tuvo lugar en las cercanías del Estadio Vicente Calderón, en la que se enfrentaron seguidores de grupos radicales del Atlético de Madrid y del Deportivo de la Coruña.
A raíz del fallecimiento de una persona, se detectaron en la red social Twitter, unos comentarios que podían estar incursos en las infracciones previstas en la citada norma legal, habiéndose identificado al autor de las mismas, pese haber sido eliminados con posterioridad. Se inició un expediente sancionador, con audiencia de la parte recurrente, que formuló alegaciones, al respecto.
A raíz de ahí se produce una Resolución del Secretario de Estado de Seguridad, de fecha 29 de julio de 2015, por la que se determina imponer al recurrente la sanción de sesenta mil un euros (60.001 €) y la prohibición de acceso a cualquier recinto deportivo por un periodo de cinco años, por la comisión de la infracción muy grave, tipificada en el artículo 23.1.b), en relación con los artículos 2.1.a ) y 27.1.e) de la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la Violencia , el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte.
“¿Los del Frente Atlético asesinos, tenéis retrasito verdad? Habían quedado para negarse ambas partes. La lástima es que sólo ha muerto uno” “Quiero manifestar mi más absoluta y sincera alegría por la muerte del Depor. Un hijo de puta que no la liará otra vez. Ojalá mueran más».”
La propia Sala mantiene, en sus fundamentos, que ha quedado acreditado que el interesado ha incurrido en la infracción calificada como muy grave, consistente en: “La realización de declaraciones en medios de comunicación de carácter impreso, audiovisual o por internet, en cuya virtud se amenace o se incite a la violencia o a la agresión a los participantes en encuentros o competiciones deportivas o a las personas asistentes a los mismos, ase como la contribución significativa mediante tales declaraciones a la creación de un clima hostil o que promueva el enfrentamiento físico entre quienes participan en encuentros o competiciones deportivas o entre las personas que asisten a los mismos”, prevista en el artículo 23,1.b) de la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la Ley contra la Violencia , el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte.
Y todo ello, y frente al argumento del recurrente, en relación al concepto de presunción de inocencia y la apelación a la usurpación de su cuenta, quedó rechazada por entender, que ” un uso por parte de otra persona de su cuenta de Twitter, no es compatible con el gran número de publicaciones posteriores que, a través de” DIRECCION000 0″, realizó matizando las borradas y otras posteriores, por lo que se estima que no ha existido una usurpación de identidad en el uso del perfil ” DIRECCION000 0″, correspondiente a Jose Manuel l” Y concluye: “Por todo lo expuesto, unido al hecho de que, en caso de haber sido avisado de un robo de su cuenta, lo único que tenía que hacer el usuario para subsanarlo era realizar un bloqueo temporal de la cuenta, que lo único que es borrado por el usuario son los twitts denunciados, que en el mismo día sigue publicando twitts defendiendo sus primeras manifestaciones, que no existe ningún indicio que pudiera hacer pensar a los Agentes que se ha producido una usurpación de la cuenta, así como que el denunciado no aporta copia de ninguna denuncia ante ninguna autoridad ni ante la propia red social por el uso indebido de su cuenta.
Esta Sentencia, por tanto, viene a ratificar la importancia que tiene en el elemento violento en los eventos deportivos, cualquier tipo de elemento incitador a la misma, como base decisiva para aumentar el riesgo, e incentivar posicionamientos violentos en el deporte.
Comments Off on No todo es dopaje a la hora de prevenir la salud de los deportistas
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La Ley Orgánica 3/2013 de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva, se marca como el paradigma de la lucha contra el dopaje.
A pesar de ello, los hechos han evidenciado nuevos y necesarios cambios de esta legislación. Sin embargo, hay otra gran cuestión, clave y que está íntimamente relacionada con la salud del deportista.
De hecho, el capítulo III del título II – protección de la salud – plantea un marco de colaboración con las Comunidades Autónomas, con el objetivo de facilitar una aplicación práctica y eficaz del modelo de protección de salud de los deportistas. E insiste, en ese mismo capítulo en la necesidad “del establecimiento de un sistema de reconocimientos médicos, más intenso cuanto más exigente sea la actividad física a realizar; la obligación de que los establecimientos relacionados con la práctica deportiva más exigente dispongan de medios de lucha contra las enfermedades cardiorrespiratorias agudas; el establecimiento de un sistema de tarjeta de salud de los deportistas de alto nivel o de carácter profesional; o las nuevas medidas de protección de la salud cuando se finaliza la actividad deportiva”.
De esta manera, en los artículos 2 y 3 de este mismo articulado, se establece la necesidad de incidir en la actuación de los Poderes Públicos en su obligación de proteger la salud del deportista y de la práctica deportiva, en general. Encargando, a la Agencia de Protección de la Salud, en la puesta en marcha de medios personales y materiales, con el concurso de Comunidades Autónomas y Entidades Locales. Programa este que no se ha visto la luz, a pesar del tiempo de aprobación de esta Ley. Como también es el caso de la no puesta en marcha de la denominada tarjeta de salud, ni la política de los reconocimientos médicos, a pesar de la vinculación a ello, establecida en el artículo 47:
Artículo 47 . De los reconocimientos y seguimientos de salud a los deportistas de alto nivel
“Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 43, la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte establecerá un sistema de seguimiento de la salud de los deportistas de alto nivel que contribuya a asegurar convenientemente los riesgos de su práctica deportiva y a prevenir accidentes y enfermedades relacionados con ella.
Esta actuación constituirá una prioridad de los medios de la medicina deportiva de la Administración General del Estado”.
Artículo 50 De la protección de la salud cuando se finaliza la actividad deportiva
“1. La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, en colaboración con el Sistema Nacional de Salud, establecerá un programa específico para la protección de salud y la recuperación o tratamiento de los deportistas que hayan concluido su actividad deportiva y que presenten secuelas como consecuencia de la misma.
2. Los términos de este programa se determinarán reglamentariamente y en su establecimiento se fomentará la participación voluntaria de los centros que componen la red a que se refiere el artículo 44.2, de las asociaciones de deportistas, las Federaciones deportivas, Mutualidades y de las demás entidades públicas o privadas que tengan interés en colaborar”.
Por lo que una no tiene por qué menos de preguntarse acerca de qué pasa con lo novedoso de esta Ley, en todo lo que se ha predicado de lo beneficioso para la salud del deportista. Y en cambio, todo se ha circunscrito en relación al tema del dopaje, más impelido por exigencias internacionales, que por convicciones de la propia legislación, y de las autoridades competentes.
Dejando a un lado, política más decisoria en el deporte, como es la salud y la protección de la salud del deportista. De ahí, que se deba poner especial énfasis en este aspecto. Y en este sentido, debemos insistir en el hecho de por qué no se ha puesto en marcha la propia Disposición Final Tercera- desarrollo reglamentario y habilitación normativa -, en todo lo que afecta a la integridad física del deportista. La pregunta que algunas nos hacemos es la siguientes: ¿ por qué ha merecido tan poco consideración la salud del deportista, y todo se ha volcado en el tema del dopaje?, en una legislación que ya ha emprendido varias modificaciones, desde su entrada en vigor. Y ahora, concretamente, está en otra de ellas.
La difusión de las actividades de los intermediarios contraviene la Ley de Protección de Datos
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La Comunicación y publicación de información de las actividades de los intermediarios de futbolistas contraviene la Ley de Protección de Datos
El pasado 1 de abril de 2015 entró en vigor el nuevo reglamento FIFA de los intermediarios. Con fecha de 25 de marzo de 2015 la Comisión Delegada de la Asamblea General de la RFEF aprobó el Reglamento de Intermediarios de Futbolistas de la RFEF, dando cumplimiento a lo preceptuado por la FIFA, sustituyendo al Reglamento sobre Agentes de Jugadores, modificado en fecha de 29 de octubre de 2007.
Esta nueva normativa, que ya lleva más de un año de andadura ha venido a modificar planteamientos anteriores, en relación a cuestiones como la trasparencia, la eliminación del seguro obligatorio, la inscripción en un registro, entre otros. Según se manifiesta en la introducción del propio Reglamento FIFA (que consta de nueve artículos), uno de los principales objetivos de esta exhaustiva revisión ha sido la de presentar un nuevo sistema más trasparente y sencillo en su administración y ejecución, y que, a su vez, permitiera aplicarlo con mayor eficacia a escala nacional.
Pues bien, teniendo en cuenta que en nuestro país hay casi seiscientos intermediarios inscritos en el registro de la RFEF, – la mitad personas jurídicas-. Practicadas, las oportunas entrevistas, que han venido a sustituir el examen para agente. Y que sólo la mitad han contratado algún tipo de seguro de responsabilidad. Datos que son radicales y diferentes a los denominados agentes del fútbol. Me gustaría detenerme, a modo de reflexión, respecto a un elemento del que se ha predicado tanto y que tiene que ver con el hecho de la trasparencia.
Y este se refiere al artículo 6 del Reglamento FIFA cuando señala:
El nuevo reglamento contiene también disposiciones redefinidas sobre la trasparencia en las actividades de los intermediarios. Concretamente, se han incluido una serie de criterios específicos para con las asociaciones miembro en cuanto a la divulgación de información en aspectos tales como los honorarios de los intermediarios, los contratos y acuerdos con estos, etc. Además, se solicita a las asociaciones miembros que publiquen con periodicidad anual los nombres de todos los intermediarios que figuren en sus registros. Asimismo, se hará pública también la cantidad total abonada en concepto de remuneración a los intermediarios en su conjunto, por todos los jugadores registrados en una misma asociación miembro y de forma separada, por cada uno de sus clubes afiliados.
Pues bien, esta cuestión que, a simple vista, y por la controversia que siempre ha representado y representa el mundo del fútbol, conlleva un elemento claro de trasparencia; si la analizamos en profundidad podríamos observar que puede chocar con alguna legislación de nuestro país. Este artículo del Reglamento FIFA, tiene su correspondencia con los artículos 7 -registro de operaciones y transacciones – y artículo 9 – comunicación y publicación de información- del Reglamento de Intermediarios de la RFEF.
La legislación con la que puede levantar el confronte jurídico no es otra que la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
De esta manera, aplicando el artículo 12 de la referida Ley, en relación a acceso de datos a terceros, tomando como terceros, pluralidad de sujetos, frente a la privacidad que encierran en estas transacciones datos de carácter personal, se nos indica:
Como se puede observar no entraríamos en este supuesto, y es el único que podría amparar esa publicitación, al respecto. Y aún más, la propia Federación podría incurrir en el punto 4, del artículo 12; y, por tanto, haría un uso no legal del tratamiento de datos, respecto de conocimiento de terceros.
Y más teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 9 – seguridad de datos-, de la Ley de Protección de Datos, donde tal como está regulado este Reglamento no se establecen elementos de seguridad y salvaguarda de los mismos, como así obliga, en concreto el apartado 1, del referido artículo 9:
1.- El responsable del fichero, y, en su caso, el encargado del tratamiento deberán adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural.
Y aún más, la propia Ley es taxativa cuando dice que esa comunicación de datos para que pueda ser consentida, establece una asunción expresa y constante, y ésto, tal como emana de un reglamento de carácter privado y con escasa fuerza normativa, en el ámbito de derechos fundamentales, no da razón de una apoyatura legal, para que la propia Federación de Fútbol de cumplimiento a este mandato, y no contravenga legislación española, y, por tanto, una acción no amparada en el derecho español.
Queda, patente, por tanto, esa duda razonable que ha de tener la propia Federación Española de Fútbol a la hora de publicar estas transacciones, y que sean compatibles con la normativa patria. Y además, en la amplia casuística de esta praxis, podemos encontrarnos con el hecho cierto y probable de transferencias de informaciones de datos en las que están in curso actores de otros países, y en los que no existe un tratamiento de reciprocidad legal. Supuesto este en el que ya entra en juego otro artículo, como es el 33 de la Ley de Protección de Datos:
Se observa, claramente, ese principio de reciprocidad normativa entre países, y que constituye la clave de la salvaguarda de los derechos de los nacionales, sobre legislación que implique el menoscabo de derechos de los ciudadanos de nuestro país. Y aunque el artículo 34, establece un sistema de excepciones, lo que queda patente, que todo ello debe tener el tamiz de una legislación superior, que no puede amparar el concepto y contexto de un reglamento de una organización, como es la Real Federación Española de Fútbol.
Artículo 34 Excepciones:
Las lesiones en la disciplina jurídica del deporte
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En diferentes ocasiones, como abogada, he tenido que enfrentarme a determinados casos de jugadoras, con lesiones graves, practicando una actividad deportiva, no reconocida como profesional –formalmente–, aunque sí de hecho. Y con el agravante de una incapacidad laboral a futuro. La cuestión primera tiene que ver, dependiendo de las circunstancias, con el escenario de la desvinculación con el club –bajo acuerdo tácito, y en menor caso con la relación laboral existente–. Y la cuestión segunda, tendría que ver con el tipo de seguro de la deportista, en relación al que viene otorgado por la licencia, aquí habría que insistir en modificar el Real Decreto que lo regula: Real Decreto 849/1993, de 4 de junio, por el que se determina las prestaciones mínimas del seguro obligatorio deportivo.
El desafío al que enfrentarse, sea campo laboral formal o simulado –empleo marrón o no declarado–, tiene que ver con el hecho de cómo contrarrestar esta situación, que juega en un doble campo: en el sanitario- deportivo, y en el laboral-deportivo.
Pues bien, esta materia que cada vez es más recurrente, por desgracia; y al mismo tiempo, provoca mayor intimidación entre muchas deportistas. Con agravamiento de la concurrencia de una perspectiva laboral de futuro, además, en ocasiones, de una atención médica especializada deficitaria. A pesar, incluso, de la Ley Orgánica 3/2013 de protección de la salud del deportista y la lucha contra el dopaje en la actividad deportiva, en cuyo preámbulo manifiesta, en relación a su capítulo III lo novedoso de la misma:
«Constituyen elementos fundamentales del nuevo modelo de protección de la salud en el deporte, medidas como el establecimiento de un sistema de reconocimientos médicos, más intenso cuanto más exigente sea la actividad física a realizar; la obligación de que los establecimientos relacionados con la práctica deportiva más exigente dispongan de medios de lucha contra las enfermedades cardiorrespiratorias agudas; el establecimiento de un sistema de tarjeta de salud de los deportistas de alto nivel o de carácter profesional; o las nuevas medidas de protección de la salud cuando se finaliza la actividad deportiva.
Todas estas medidas específicas se complementan con el establecimiento de un Plan de Apoyo a la salud en el ámbito de la actividad deportiva, que determine los riesgos comunes y específicos, así como las medidas de prevención, conservación y recuperación que puedan resultar necesarias en función de los riesgos detectados en los deportistas».
Un texto cargado de buenas intenciones, pero sobre el que a día de hoy nada se ha cumplido. A pesar de esa supuesta intencionalidad de innovación, y mejora en el ámbito de la salud del deportista.
En cuanto al campo normativo deportivo. Aquí hemos irremediablemente que estar a lo que diga la Ley del Deporte 10/1990 de 15 de octubre, en el caso que se suscita en el ámbito y tipo de competición. Lo que nos traslada al artículo 46:
«1. A efectos de esta Ley, las competiciones deportivas se clasifican de la forma siguiente:
Serán criterios para la calificación de competiciones de carácter profesional, entre otros, la existencia de vínculos laborales entre clubes y deportistas, y la importancia y dimensión económica de la competición».
Pues bien, una vez conocidas las reglas de juego, se observa que se hace necesaria la concurrencia de Federación y Consejo Superior de Deportes. Y hacerlo en ambos terrenos, desde un plan estructural propio que cope el tema sanitario y de protección socio laboral. Y no dejar este tema como viene siendo al albur de la deportista y su capacidad económica. Por cuanto afecta a su futuro en un marco laboral, que no necesariamente ha de ser el deportivo.
Y así, a pesar, de la apelación que podemos hacer a estas normas. La realidad nos describe la absoluta dejadez en la que se encuentra algunas de estas mujeres deportistas, ante un escenario de absoluta indefensión. Respecto a: la interrupción de la relación contractual, suspensión del contrato, rescisión del acuerdo verbal, o sustitución por otra deportista, hasta su recuperación, llegado el caso. Obvios postulados, y respuestas silentes. Porque la realidad describe, casi inexistencias de relaciones laborales regladas, acompañado de la inexistente liga profesional femenina, sobre las que parapetar esta casuística. A lo que habría que añadir instrumentos reglamentarios y normativos afectos a esta praxis.
Aún más, este maniqueísmo discriminatorio del deporte en España, agrava esa situación de desigualdad, cuando, observamos, por ejemplo, la comparativa con sus colegas masculinos. Y así, en base a situaciones contractuales de hecho y de derecho, regladas, en definitiva, se habilita un período de licencia de sustitución del deportista, siempre masculino, que conforman parte de instrumentos reglamentarios normativizados, nacidos de una praxis y una demanda. Y ante situación semejante, deportista mujer y deportista hombre, salvando lo ya descrito en este artículo, las Federaciones recogen la praxis, y sirva, el ejemplo, del artículo 124 del Reglamento General de la Real Federación Española de Fútbol:
«También podrá autorizarse excepcionalmente la expedición de licencia fuera de estos períodos reglamentarios cuando un jugador de la plantilla cause baja por enfermedad o lesión que lleve consigo un período de inactividad por tiempo superior a cinco meses, siempre y cuando la inscripción del futbolista sustituto no requiera la expedición de transferencia internacional».
Y siempre referida a la licencia “P”; una vez más, tendríamos que acudir a nuestra norma de cabecera, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres para apelar a ese principio, siendo ámbito laboral, de no discriminación en base al desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución. Teniendo en cuenta, además, que el ámbito de aplicación de esta norma, según su artículo 2:
«1. Todas las personas gozarán de los derechos derivados del principio de igualdad de trato y de la prohibición de discriminación por razón de sexo.
2. Las obligaciones establecidas en esta Ley serán de aplicación a toda persona, física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia».
Y en donde se incurre, siguiendo el texto del artículo, en su artículo 6, en lo que se denomina discriminación directa:
«Artículo 6. Discriminación directa e indirecta.
Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable».
La cuestión vuelve a ser, una vez más, la escasa capacidad de transversalidad del principio de igualdad en el ámbito del deporte. Y el agravio injusto que se sigue haciendo a la mitad de los deportistas de nuestro país. La mitad que conforma la deportista mujer en España.
Los derechos de imagen como interferencia contractual
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La imagen y el derecho a su propia imagen tiene su punto de partida, al mismo tiempo que su salvaguarda, en el artículo 18 de nuestra Constitución, según el cual, «se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen».
La prevalencia del orden cronológico nos sitúa este derecho en el contexto de los denominados derechos fundamentales, y por ende, de una especial protección. Lo que viene a significar, por ejemplo, la atribución que tienen los ciudadanos de recabar la tutela de los órganos jurisdiccionales por un procedimiento de especial preferencia, establecido en el artículo 53 de la Constitución Española. Según este precepto, «los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161.1.a). Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen».
Acudiendo, por ende, al Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional para la protección de estos derechos.
Estableciéndose, además, que sólo por Ley que ha de respetar el contenido de, en este caso, el artículo 18 de la Constitución, podrá regularse el ejercicio de este derecho. Y ha de hacerlo, a través, según establece el artículo 81.1 de la Constitución, de una Ley Orgánica. Dice, en efecto, el precepto constitucional que «son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto».
En este caso, tenemos la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Una Ley, que de acuerdo a lo establecido en el artículo 18 de la Constitución, dispone que el respeto de tales derechos constituya un límite al ejercicio de las libertades de expresión que el propio precepto reconoce y protege con el mismo carácter de fundamentales.
Pues bien, esa imagen que conforma el derecho fundamental del individuo, por cuanto es la reafirmación de su personalidad, tiene una serie de elementos, que en el ámbito del deporte, pueden a llegar a contextualizar relaciones contractuales y monetarias. Y además, configura un marco de relaciones mercantiles de primera magnitud. No exento de beligerancia, controversia y casuística jurídica, al respecto. No es, por tanto, un tema pacífico. Y desde luego, requiere de la existencia de acuerdos y contratos, para validar esas prácticas mercantiles, en torno a la monetarización de la imagen, y enriquecimiento de terceros, en relación a la misma.
Una vez más, y, son demasiadas, en la Ley del Deporte 10/1990, de 15 de octubre, no hay referencia alguna al tema de los derechos de imagen. Siendo esta norma el marco jurídico de referencia del deporte de nuestro país. Continuando con la prelación y jerarquización de normas, encontramos el Real Decreto 1006/1985 de 26 de junio, que regula la relación laboral de los deportistas profesionales, haciendo una mención a este tema de los derechos de imagen, y los parapeta en el concepto de beneficios, en su artículo 7 (Derechos y obligaciones de las partes), que, en su apartado tercero, determina que, «en lo relativo a la participación en los beneficios que se deriven de la explotación comercial de la imagen de los deportistas se estará a lo que en su caso pudiera determinarse por convenio colectivo o pacto individual, salvo en el supuesto de contratación por empresas o firmas comerciales previsto en el número 3 del artículo 1 del presente Real Decreto».
De esta manera, se puede aseverar que el enfoque de los derechos de imagen no es unívoco –convenio, relación contractual–, y que simboliza el eje de una controversia que va desde el propio principio de comercialización de la imagen, el marco de la tributación, y la cesión a tempore que cada vez más parece circunscribirse a cesación generosa de la imagen, por mor de terceras instancias, como es el caso de las federaciones deportivas en nuestro país, que, con excesiva frecuencia, firman acuerdos de sponsors, en nombre de deportistas con empresas, a las que ceden derechos de esos deportistas, sin que tengan capacidad y legitimidad para hacerlo. Y todo ello, mediante la inconsistencia de falta de definición de esos derechos de imagen, en tratamientos individuales y colectivos. Y el uso de cada uno de ellos en, por ejemplo, competiciones nacionales e internacionales, ligas profesionales, ruedas de prensa, presentaciones, etc.
Ante esa falta de definición, muy especialmente, en el deporte que no está asignado a una Liga profesional, con Convenios, y contratos definidos, nos encontramos con un tránsito y tráfico de derechos de imagen, sin un acuerdo que lo describa y los ceda; y, muchos menos, con retorno económicos, en lo que podríamos denominar como ejercicio de expropiación de unos derechos, al margen del ejercicio de consentimiento que deber presidir el uso de la imagen de un deportista. Convendría, por tanto, recordar a estos actores principales del deporte, que son los deportistas, la celosa necesidad de no hacer dejación del uso de su imagen a terceros, sin un expreso consentimiento, y una temporalidad manifiesta.
Comments Off on Una ley del deporte a espaldas del deporte femenino
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Pues bien, ante la ausencia de un capítulo y una mención expresa sobre la importancia de la no discriminación por sexo, y una política de género, en un ámbito tan significativo como el deporte. Nada se dice sobre cómo afecta la aplicación de la Ley Orgánica, – LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres- , a este ámbito tan específico, como es el deporte.
Una Ley Orgánica que recuerda que el artículo 14 de nuestro texto constitucional proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo. Teniendo en cuenta, y ahí la incidencia de los Poderes Públicos, que el artículo 9.2 del mismo texto constitucional, consagra la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas.
Argumentos y marcos normativos todos ellos que obligaron a la promulgación y aprobación de esta Ley de Igualdad, conscientes de la existencia de discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo; además de promover la igualdad real entre mujeres y hombres, con remoción de los obstáculos y estereotipos sociales que impiden alcanzarla. Un mandato imperativo de nuestro texto constitucional, de nuestras normas de desarrollo; además de ser un elemento de dignidad de las mujeres en nuestro país.
Pues bien, a pesar de todo ello, y de la obligatoriedad de la activación de marcos normativos que no discriminen e inspiren las políticas públicas, y la promoción del deporte es una de ellas. Nos encontramos, con un marco normativo de la Ley del Deporte de 1990, que no establece en ningún momento mención a género, al concepto de la igualdad entre mujeres y hombres deportistas. Y lo peor de todo ello, que ni siquiera se ha asomado a transformar este marco normativo que la sociedad demanda, tal como así interpela nuestro texto constitucional y la mencionada Ley Orgánica.
No puede decirse que se ha impulsado una política de estado en el deporte, bajo el principio de igualdad y la perspectiva de género, si las mujeres deportistas en nuestro país no tienen acceso a Ligas Profesionales, a firmas de Convenios Colectivos, a Comisiones Mixtas para solventar sus reclamaciones de impagos, frente al hecho que todo esto sea causa efecto de sus colegas masculinos. Es el único ámbito laboral de nuestro país en el que por el hecho de ser mujer, una sufre la merma de sus derechos en su ámbito laboral, en un marco profesional que las obvia. De hecho, cuando se plantean acciones de conciliación de la vida familiar y profesional. Y se estudia cómo compaginar sus carreras profesionales y académicas, su marco de maniobras es tan escaso, por cuanto su trabajo profesional, NO DECLARADO, las sucumbe a la indefensión y lesión de derechos fundamentales.
Y mientras, los Poderes Públicos, permanecen cautivos de hitos históricos, de status quo, de usos tradicionales que llevan efecto causa de una marginación intolerable. Y todo ello, a pesar de supuestas políticas públicas, que en estas casi tres décadas de la vigencia de la Ley del Deporte de 1990, han sido incapaces de arbitrar normas y políticas de acción para dar efectividad a lo que esta Ley Orgánica de Igualdad proclama, respecto a lo señalado en su Título Segundo, Capítulo Primero: se establecen las pautas generales de actuación de los poderes públicos en relación con la igualdad, se define el principio de transversalidad y los instrumentos para su integración en la elaboración, ejecución y aplicación de las normas.
De hecho, el primer artículo de la Ley, – objeto – , manifiesta que:
Esta Ley tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural para, en el desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución, alcanzar una sociedad más democrática, más justa y más solidaria.
Pues bien, en el ámbito laboral del deporte no se ha producido ese cumplimiento objetivado de la Ley de Igualdad, sigue siendo esa esfera que por el hecho de ser mujer deportista estás exenta – por utilizar un eufemismo- de tener contrato, de ejercer tu profesión dentro de una liga profesional, tener un convenio colectivo, regulación de un salario mínimo, etc. Y lo manifiesto desde el punto de vista de una regulación que las discrimina per se. Y que su reivindicación ya es causa – efecto de una incapacidad política pública de ser efectista en el reconocimiento de la mujer deportista, como mujer profesional del deporte.
Y marcada por el rumbo y la letra de esta Ley, nos encontramos el artículo 2.2 – ámbito de aplicación – :
Parece ser que esto no encaja a los operadores públicos y privados del deporte, y así, si una jugadora ante una falta de relación contractual rompe con su club no tiene el derecho de vincular como predominio su contrato, frente a la licencia deportiva, como arma de retención contra la deportista.
Siguiendo con la ruta marcada por esa Ley Orgánica, observamos, un buen campo de pruebas de esa igualdad real, pero que en el deporte es complejo y casi antijurídico, respecto a la intencionalidad y el vector de la Ley, ese principio de igualdad de trato de su artículo 3 – respecto al de la maternidad- :
Indicar en este sentido, la existencia de cláusulas de rescisión unilateral sin indemnización por embarazo, o suspensión del contrato, y por consiguiente de la cobertura social y asistencial adecuada; ante la decisión de ser madre. Hecho que nunca podrá ser planteado para el varón que decida ser padre y deportista de alto nivel. Y desde luego vendrá acogido por sus propios convenios colectivos y Estatuto de los Trabajadores sobre este tema de la paternidad. Y aún más, esto nos hace preguntarnos ¿por qué un deportista de élite varón podrá ser padre siempre y cuando quiera, y no una mujer deportista de élite?. O arbitramos medidas, que no supongan suspensión del contrato, o está claro que aquí hay una discriminación tan directa, como deleznable.
Y esto entroncaría con el artículo 5, – Igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al empleo, en la formación y en la promoción profesionales, y en las condiciones de trabajo-, donde lo expuesto anteriormente queda bien señalado y referenciado como lo que no se puede tolerar y se encuadraría en el concepto de discriminación directa, artículo 6 de la Ley:
Y ahondando en el propio texto de esa Ley, nos encontramos con una referencia al deporte:
Es un único artículo de referencia al deporte, que tiene más que ver con un ejercicio programático, que con un elemento de vinculación. Aunque los artículos señalados con anterioridad son efectivos y efectistas en lo que estamos denunciando. Parece, por evidente, que poco o nada se ha hecho en ese elemento de integración y no discriminación en todos los niveles – al menos en el profesional-. De ahí que sigamos demandando algunas un campo laboral que dignifique a las mujeres deportistas. Y sea tan esquivo al cumplimiento del principio de igualdad entre hombres y mujeres deportistas profesionales. Una voluntad de cambiar este marco normativo ni ha existido, ni parece vislumbrarse en mor de un espacio que parece vetado solo a los mismos.
Ni siquiera se han implementado al efecto, lo establecido en el propio artículo 19 de la ley Orgánica, respecto a los informes de impacto de género. Aún más, ese relativismo de la igualdad en el deporte que es más de salón que de realidad, no ha tenido ni el referente, por ejemplo, de políticas bien instrumentalizadas en países como los anglosajones, con subvenciones limitadas y preventivas, hasta en los ámbitos privados del mundo académico, si son programas que conllevan discriminación por no ofrecer y acceder al mismo trato los chicos y las chicas deportistas.
Comments Off on Violencia de género en el deporte
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La Ley del Deporte de 1990, en sus artículos 60 a 69 trataba el hecho de la violencia, en los espectáculos deportivos. Normativa que supuso dar cumplimiento, dada la ratificación por España en 1987, del “Convenio Internacional sobre la violencia, seguridad e irrupciones de espectadores con motivo de manifestaciones deportivas y, especialmente, partidos de fútbol”, del Consejo de Europa. Todo ello conllevóla tipificación de las infracciones administrativas relativas a las medidas de seguridad, así como las sanciones correspondientes a tales infracciones. Además de la creación de la Comisión Nacional contra la Violencia en estos espectáculos.
Los artículos del 60 al 69 fueron sustituidos en 2007, por la Ley 19/2007, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Una Ley que marca todo un devenir en el ámbito de la denominada violencia en torno a los espectáculos y eventos deportivos.
Pues bien, teniendo en cuenta las Memorias de la Comisión Anti Violencia, y la praxis; y, a pesar de la casuística,que apunta a situaciones relevantes. Observamos que todo lo que tiene que ver con la violencia en relación a género, no está estadísticamente tratado en esas Memorias; por lo que conlleva un escaso análisis de esta realidad y, por lo tanto, falta de elementos de lucha contra esa lacra. De hecho, con cierta frecuencia escuchamos comportamiento de intolerancia hacia las mujeres en el deporte. Todos parecen indignarse pero poca efectividad para luchar contra esa recurrente práctica, que viene a señalar ese papel secundario, que, parece encasillar a la mujer en el deporte.
Somos testigos y hemos sido testigos de conductas reprobables en esta dirección, pero, se es incapaz de marcar actuaciones que sean útiles contra este tipo de comportamientos; así como declaraciones que violentan a las mujeres que practican deporte. De esta manera, todo parece subsumirse al ámbito del reproche moral, frente a otras actuaciones contundentes y que generen medidas de prevención e intimidación. Ni siquiera, ante la falta de estadísticas y diagnósticos, al respecto, podríamos apostar por, incluso, tipificaciones en el marco de la regulación en la Ley 19/2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.
El desarrollo de esta Ley vino a significar la configuración de una nueva Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, en desarrollo del artículo 20 de la Ley 19/2007. Una Comisión que se ha sustanciado a través del Real Decreto 748/2008, de 9 de mayo. En la que si observamos la composición del Pleno se da una amplia representación de Ministerios, CCAA, Fiscalía, CSD, Ligas Profesionales, y hasta en su punto j) la presencia de representantes de deportistas donde exista competición profesional. Y ahí, volvemos a encontrarnos la inexistencia, por marco normativo, de presencia de mujeres, ante una legislación que las sigue lastrando y discriminando.
Lástima que el marco normativo del deporte siga siendo el refugio de espacios de discriminación de la mujer deportista. Y desde aquí me gustaría hacer una reflexión para marcar líneas estratégicas contra esa violencia e intolerancia machista, con el desarrollo, por ejemplo, de campañas de sensibilización, estadísticas sobre violencia de género en el deporte, una nuevas tipificación de estas conductas, y desde luego que puedan estar también las asociaciones de mujeres deportistas, en la referida Comisión, porque existen y tienen derecho, al igual que sus colegas masculinos.
Comments Off on La violencia en el deporte: una política inacabada
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El cuerpo normativo en el que el deporte dilucida sus problemas en relación con la violencia, está circunscrita a la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.
En el mismo preámbulo de esa Ley se manifiesta que ya el Consejo de Europa, a través de una Resolución en el año 2000, estableció la necesidad de establecer medidas de carácter sociales y educativas en la prevención de la violencia en el deporte. Manifestando la incompatibilidad de los valores del deporte, frente a cualquier actividad violenta, xenófoga o intolerante.
El mandato de esta Ley ha venido a establecer un conjunto de prescripciones, medidas y sanciones respecto a comportamientos que no han de ser tolerables en el mundo del deporte, y que están relacionados con cualquier tipo de violencia verbal o física.
Esta Ley ha surtido efecto y ha sido puesta de manifiesto en hechos graves, que han tenido que ver mucho con una violencia física, con grave riesgo y consecuencias luctuosas en algún terreno de juego de nuestro país. Pues bien, últimamente, además, y con una frecuencia que no debe ser permitida esa violencia verbal se está posicionando como una cotidianidad mal sana, en forma de insultos vejatorios, que tienen que ver con la violencia de género, o insultos racistas.
Como una especie de fantasma de la intolerancia hacia aquellos que se manifiestan diferentes, ante el grupo que los agrede verbalmente. Apelando al artículo 16 de esta Ley – medidas de apoyo a la convivencia y a la integración en el deporte – una no puede por menos que hacer un pequeño cotejo de la virtualidad de ese artículo, en lo que se fija como la Administración General del Estado asume la función de impulsar una serie de actuaciones cuya finalidad es promover la convivencia y la integración intercultural por medio del deporte en el ámbito de la presente Ley.
Y a continuación señala, eso que en un texto normativo, ha de estar, pero no ha de ser la única causa sustancial de excusa para no vertebrar la resolución de la puesta en marcha de una Ley, que es necesario, y es la apelación a la disponibilidad presupuestaria existente en cada ejercicio.
Y se señala, entre otros:
Y continuando con el texto, encontramos en su Disposición Adicional Primera:
Y observamos, que esto, que viene establecido como mandato, trascurrido casi una década sigue sin haberse ejecutado, a pesar del mandato de la propia Ley, y a pesar de la habilitación para ello. Una vez más, y ya son muchas, nos encontramos el efecto de la titularización de una Ley, y el vacío consiguiente, ante un escaso desarrollo y la incapacidad mandatarse como administración a lo que se ha obligado. A pesar, incluso, de haberse aprobado, por Real Decreto 203/2010, de 26 de febrero, el Reglamento de prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.
Me gustaría, por tanto, hacer una reflexión en torno a la capacidad de la administración de cumplir con lo que se ha legislado así misma; y por otro lado, con la necesidad, quizás, ahora donde está más claro el rango de derechos y deberes en juego sobre la virtualidad de dar cumplimiento a lo que la propia Ley se ha mandatado. A pesar, de haber ya aprobado el Reglamento, clave para su desarrollo.