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Timestamp: 2017-10-24 02:39:06
Document Index: 3096852

Matched Legal Cases: ['Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'artículo 107', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 3', 'artículo 37', 'artículo 11', 'artículo 38', 'artículo 35', 'artículo 43', 'artículo 49', 'artículo 13']

Decreto 416/2013, de 24 de septiembre, por el que se desarrolla un programa extraordinario de concesión de avales públicos para la financiación empresarial.
Publicado en BOPV núm. 196 de 14 de Octubre de 2013
Artículo 3.– Ayudas
Artículo 4.– Empresas beneficiarias
Artículo 5.– Empresa en crisis
Artículo 6.– Proyectos financiables
Artículo 7.– Características de las operaciones de aval
Artículo 8.– Solicitudes y documentación
Artículo 9.– Subsanación
Artículo 10.– Comisión de Evaluación y Seguimiento
Artículo 11.– Resolución de concesión de ayuda
Artículo 12.– Formalización de la operación financiera
Artículo 13.– Compatibilidad de las ayudas
Artículo 14.– Incumplimientos
Artículo 15.– Obligaciones de las empresas beneficiarias
Artículo 16.– Alteración de las condiciones de la ayuda
ANEXO I . AL DECRETO 416/2013, DE 24 DE SEPTIEMBRE
ANEXO II . AL DECRETO 416/2013, DE 24 DE SEPTIEMBRE
D 111/2014 de 17 Jun. CA País Vasco (desarrolla un programa extraordinario de concesión de avales públicos para la financiación empresarial)
D. 111/2014, de 17 de junio, por el que se desarrolla un programa extraordinario de concesión de avales públicos para la financiación empresarial. («B.O.P.V.» 2 julio) Véase D [PAÍS VASCO] 111/2014, 17 junio, por el que se desarrolla un programa extraordinario de concesión de avales públicos para la financiación empresarial («B.O.P.V.» 2 julio).
Para paliar esta falta de financiación, en los años 2009-2010, 2011 y 2012, se dispuso de un programa de avales, Decreto 52/2010, de 16 de febrero (BOPV n.o 51, de 16 de marzo), Decreto 125/2011, de 14 de junio (BOPV n.o 120, de 24 de junio) y Decreto 127/2012, de 10 de julio (BOPV n.o 141, de 19 de julio), respectivamente, para la financiación de circulante dirigido prioritariamente a un colectivo de empresas vital para nuestra economía y empleo. Empresas que, solas o cooperando con otras, podían acceder a importantes proyectos, la mayoría en el mercado internacional, en cuyo desarrollo y ejecución aportaban nuevas demandas a sus proveedoras de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
Los Decretos 52/2010 y 125/2011 se basaban en el artículo 107, apartado 3, letra b), del Tratado de Funcionamiento de la UE y en la Comunicación de la Comisión «Marco temporal comunitario aplicable a las medidas de ayuda estatal para facilitar el acceso a la financiación en el actual contexto de crisis económica y financiera», que permite la concesión de ayudas compatibles con el Tratado. Por su parte, el Decreto 127/2012 cumplía lo establecido en la Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales otorgadas en forma de garantía.
Este Programa Extraordinario tiene en consideración y respeta la Comunicación de aplicación, y está adaptado a la tipología de ayudas establecidas por la Unión Europea y sus condiciones básicas para la autorización de las mismas.
El régimen se determina en base a las disposiciones de la Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales otorgadas en forma de garantía.
Asimismo, se acomoda al régimen de los Presupuestos Generales prorrogados, dado que, de acuerdo con la normativa aplicable, durante el periodo de prórroga se podrán conceder garantías en las mismas condiciones y hasta un importe máximo igual al autorizado en los Presupuestos Generales objeto de prórroga. A este respecto, el importe máximo de los avales a conceder en el ejercicio 2013 es de 100 millones de euros, incluidos en el límite fijado en el artículo 9 de la Ley 6/2011, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2012.
Este programa extraordinario mantiene los criterios de actuación aplicados en el año 2012, de entre los que destacaríamos:
– El uso de la figura del aval público como instrumento general de ayuda para la consecución de financiación.
– Un compromiso escrito de traslado de las condiciones financieras logradas mediante el aval público a sus empresas proveedoras.
– La necesidad de contar con una autorización previa del Gobierno Vasco en el caso de una transmisión de acciones a terceras personas que implique un cambio de control de la empresa.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad y del Consejero de Hacienda y Finanzas, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 24 de septiembre de 2013,
El presente Decreto tiene por objeto establecer un programa extraordinario de concesión de avales públicos a empresas o grupos de empresas de la Comunidad Autónoma del País Vasco con especial incidencia en el mantenimiento del tejido industrial y del empleo, que permita a estas últimas la obtención de financiación para la cobertura de las necesidades de capital circulante, y regular las condiciones y el procedimiento de acceso al mismo.
1.– El importe máximo de avales a conceder en el ejercicio 2013 será de hasta 100.000.000 de euros. Además de este límite, los avales efectivamente concedidos con base en el presente Decreto no podrán superar, en cómputo conjunto con el resto de las garantías sujetas al artículo 9.1 de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2012, el importe señalado en dicha norma.
4.– Las solicitudes que estuvieran ya presentadas y en tramitación, y que no pudieran ser atendidas por agotamiento del límite total de avales a conceder especificado, serán denegadas por tal motivo, mediante resolución administrativa del órgano competente.
1.– Se considerará que una empresa PYME está en crisis, tal y como se encuentra definido en el apartado 2 de las Directrices Comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (2004/C 244/02).
a) Tratándose de una sociedad, cuyos socios o socias tienen una responsabilidad limitada, ha desaparecido más de la mitad de su capital suscrito y se ha perdido más de una cuarta parte del mismo en los últimos doce meses, o
b) Tratándose de una sociedad de responsabilidad ilimitada, han desaparecido más de la mitad de sus fondos propios, tal como se indican en los libros de la misma, y se ha perdido más de una cuarta parte de los mismos en los últimos doce meses, o
c) Para todas las formas de empresas, que reúnen las condiciones para someterse a un procedimiento de concurso.
1.– Los avales financieros otorgados en base al presente Decreto garantizarán riesgos dinerarios de las empresas beneficiarias derivados de las operaciones de financiación necesarias para la ejecución de los proyectos de inversión, pedidos o contratos que sean objeto de apoyo.
7.– La Dirección de Política Financiera y Recursos Institucionales, como órgano gestor del Registro de Garantías, y de conformidad con lo establecido en el artículo 3.3 del Decreto 54/1997, de 18 de marzo, de prestación de garantías por la Comunidad Autónoma de Euskadi, emitirá con carácter previo a la resolución del Viceconsejero de Industria informe relativo al no agotamiento del límite establecido en el artículo 37 de la Ley 8/1996, de 8 de noviembre, de Finanzas de la Comunidad Autónoma de Euskadi; a las características económico-financieras de la operación; a los términos en los que el aval queda garantizado; y la no existencia de deudas de la empresa solicitante con la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi en periodo ejecutivo. La resolución a la que hace referencia el artículo 11 sólo podrá ser aprobada si dicho informe es favorable.
1.– Quienes de conformidad con lo establecido en este Decreto reúnan las condiciones para poder acceder a las ayudas previstas en el mismo deberán dirigir la solicitud y demás documentación complementaria a la Dirección de Desarrollo Industrial del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco, y presentarse en la referida Dirección, sita en c/ Donostia-San Sebastián, n.o 1 de Vitoria-Gasteiz; 01010 (Álava), en las Delegaciones Territoriales del Departamento citado o en los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2.– El plazo de presentación de solicitudes, en tanto no se haya agotado el importe señalado, finalizará el 30 de noviembre de 2013.
A la solicitud deberá acompañarse la documentación señalada en los párrafos 4 y 5 de este artículo correspondiente a cada una de las empresas integrantes de la agrupación.
9.– No será preceptiva la presentación de aquellos documentos vigentes que ya se encuentren en poder del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad. En este supuesto, se hará constar en la solicitud, la fecha y órgano o dependencia en que se presentaron, en los términos y con los requisitos establecidos en el apartado f), del artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
1.– Para la evaluación y seguimiento de las solicitudes presentadas se constituirá una Comisión integrada por el Viceconsejero de Hacienda y Política Financiera, que actuará como presidente, el Viceconsejero de Industria, la Directora de Política Financiera y Recursos Institucionales y el Director de Desarrollo Industrial, que actuará como secretario.
2.– La citada Comisión tendrá por objeto la evaluación de las solicitudes presentadas y la formulación de la correspondiente propuesta de resolución de concesión o denegación de la ayuda. Asimismo, asumirá las funciones de seguimiento de los avales concedidos en aplicación del presente Decreto.
A tales efectos, la Dirección de Desarrollo Industrial informará a dicha Comisión de las solicitudes de aval recibidas, y de las resoluciones de concesión emitidas. Asimismo, les remitirá los informes referentes al cumplimiento de las obligaciones de las empresas beneficiarias, así como los incumplimientos detectados y la propuesta de medidas a aplicar en dicho caso.
1.– El Viceconsejero de Industria emitirá y notificará, en el plazo máximo de tres meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la totalidad de la documentación requerida, la resolución administrativa en la que determinará el importe máximo del aval, su plazo y otras condiciones si las hubiera, en la que constará la normativa comunitaria de aplicación.
Cuando, finalizado el plazo indicado en el párrafo anterior, no se haya dictado y notificado la resolución, la empresa podrá entender estimada su solicitud sin perjuicio de la obligación del órgano administrativo competente de dictar resolución expresa con relación al aval solicitado, de conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo, si la solicitud no cumple los requisitos para poder acceder a los avales, el Director de Desarrollo Industrial, a propuesta de la Comisión de Evaluación y Seguimiento, dictará resolución denegatoria del aval solicitado.
2.– La resolución que recaiga no agotará la vía administrativa, pudiendo interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, en el plazo y forma establecidos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
3.– Sin perjuicio de la notificación individual a las solicitantes de las Resoluciones de concesión de aval, se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco la relación de las empresas beneficiarias e importe de los avales concedidos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre.
1.– Una vez notificada la resolución de concesión del aval, se procederá en el plazo máximo de tres mes a la formalización de la operación financiera que se garantiza y a la del contrato de aval, si bien la Dirección de Política Financiera y Recursos Institucionales podrá prorrogar ese plazo a petición motivada del interesado y previa valoración de las circunstancias que provocan esa demora.
En el supuesto en que la empresa beneficiaria incumpla cualquiera de las condiciones establecidas en la resolución de concesión y demás normas de aplicación, el Viceconsejero de Industria, mediante la oportuna resolución a propuesta de la Comisión de Evaluación y Seguimiento, declarará la pérdida del derecho al aval y la obligación de liberar de responsabilidades como avalista a la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco. En el caso de que dicha circunstancia no fuera posible por negativa de la entidad acreedora principal el aval pasará a devengar una comisión anual del 3,5% hasta su vencimiento. Si la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco se viera obligada a hacer frente parcial o totalmente al importe del aval por impago de la beneficiaria se estará a lo dispuesto en la Ley 8/1996, de 8 de noviembre, de Finanzas de la Comunidad Autónoma de Euskadi y en el Decreto 54/1997, de 18 de marzo, de prestación de garantías de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
En todo caso, la obtención concurrente de ayudas o avales otorgados por otras Administraciones Públicas y, en su caso, de cualesquiera otros ingresos o recursos para la misma finalidad, dará lugar a la modificación de la resolución de concesión al objeto de ajustar el aval en los términos establecidos en el artículo 13.
AL DECRETO 416/2013, DE 24 DE SEPTIEMBRE