Source: http://legislacion.derecho.com/resolucion-21-mayo-2005-ministerio-de-justicia-109046
Timestamp: 2016-10-22 22:14:39
Document Index: 168360274

Matched Legal Cases: ['artículo 98', 'artículo 98', 'artículo 98', 'artículo 98', 'artículo 327', 'artículo 98', 'artículo 98', 'artículo 19']

RESOLUCION de 21 de mayo de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Pinos Puente, don José Ignacio Suárez Pinilla, contra la negativa de la registradora de la propiedad de Almuñécar, a inscribir una escritura de compraventa
RESOLUCION de 21 de mayo de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Pinos Puente, don José Ignacio Suárez Pinilla, contra la negativa de la registradora de la propiedad de Almuñécar, a inscribir una escritura de compraventa Mis Leyes
RESOLUCION de 21 de mayo de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Pinos Puente, don José Ignacio Suárez Pinilla, contra la negativa de la registradora de la propiedad de Almuñécar, a inscribir una escritura de compraventa Estado	:
MINISTERIO DE JUSTICIA	RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Pinos Puente, don José Ignacio Suárez Pinilla, contra la negativa de la registradora de la propiedad de Almuñécar, a inscribir una escritura de compraventa.
El día 28 de mayo de 2002 don José Ignacio Suárez Pinilla, Notario de Pinos Puente, autorizó una escritura por virtud de la cual doña Carol H. y don Robert Edward H., representados por don Jesús R. C. M., transmitieron a don José Alfredo B. F. y doña Carmen H. R., a título de compraventa, el pleno dominio de una finca urbana, sita en Almuñécar.
En dicha escritura de compraventa se expresa, respecto de la representación alegada, que don Jesús R. C. M. ejerce dicha representación en virtud de sendas escrituras de poder autorizadas por la Notaria de Almuñécar doña María de las Mercedes Sánchez Cazorla, los días 27 y 7 de diciembre de 2000, bajo números 2096 y 1968 de protocolo, respectivamente. Y por el Notario se expresa lo siguiente: «He tenido a la vista copias autorizadas de las citadas escrituras de poder y considero que el apoderado tiene facultades suficientes para otorgar esta escritura de compraventa».
Presentada copia de la anterior escritura compraventa en el Registro de la Propiedad de Almuñécar el 29 de mayo de 2002, causó el asiento 28 del diario 1058, y fue objeto de la siguiente calificación: «... hechos: I. El día 29/05/2002 fue presentado el documento de referencia para su inscripción en este Registro. II. Y habiéndose observado que no se ha hecho constara una relación o transcripción somera de las facultades representativas. Fundamentos de derecho: I. De conformidad con el artículo 98.1 y 98.2 de la Ley 24/2001 y la Resolución de la Dirección General del Registro y del Notariado de 12 de abril de 2002. Acuerdo: La suspensión de la inscripción del documento presentado en virtud de los fundamentos de derecho antes expresados. Almuñécar, 19 de junio de 2002. La Registradora [Firma ilegible. Existe un sello con el nombre M.ª Cristina Palma López]».
Según reconoce el Notario autorizante de la escritura, la citada calificación negativa se le notificó el día 20 de junio de 2002; y aquél interpuso recurso gubernativo contra la misma mediante escrito de 21 de junio de 2002.
En dicho recurso, que entró en el Registro de la Propiedad de Almuñécar el 26 de junio de 2002, alegó: Primero.Que la calificación negativa de la Registradora se basa en el artículo 98.1 y 98.2 de la ley 24/2001 y la Resolución de 12 de Abril de 2002, precepto y resolución que no sólo no fundamentan su calificación sino todo lo contrario. Segundo.Que la Ley 24/2001 esta previendo que el juicio del Notario, formulado con las cautelas que impone el primer párrafo de su artículo 98, «hace fe suficiente, por sí solo, de la representación acreditada al Notario» y sólo a éste. Que dicho juicio de valor tiene para el legislador el alcance de una «presunción de verdad» frente a todos aunque quedando «bajo la salvaguardia de los Tribunales». Tercero.Que la Resolución de 12 de abril de 2002 consideró necesario para que los Registradores pudieran llevar a cabo su calificación la «indicación de una relación o transcripción somera pero suficiente de las facultades representativas» sin necesidad de copiar o transcribir de forma literal dichas facultades y en las Resoluciones de 23 y 26 de abril de 2002, tras manifestar la propia Dirección General que la cuestión planteada debe ser solventada a la vista de la legalidad vigente contenida en el artículo 98 de la ley 24/2001, cuya aplicación ha dado lugar a la Resolución de 12 de abril de 2002, por lo que no cabe alegar que son contradictorias con la citada resolución de 12 de abril, pues según resulta de las citadas resoluciones es lo mismo decir que del poder resulta facultado «para vender inmuebles» que decir, que del poder resulta facultado
«para otorgar esta escritura de compraventa» porque al fin y al cabo es lo mismo. Cuarto.Que conforme al párrafo décimo del artículo 327 de la Ley Hipotecaria, una vez publicada la resolución en el B.O.E. tendrá carácter vinculante para todos los registradores mientras no se anule por los Tribunales.
La Registradora de la Propiedad emitió su informe y elevó el expediente a esta Dirección General mediante escrito con fecha de 1 de julio de 2002. En tal informe añadió determinados fundamentos de derecho no expresados en la calificación impugnada y, además, expresó que el documento se inscribió el 21 de junio de 2002, como consecuencia de la aportación del poder por parte del presentante ante los términos de la calificación notificada. En cambio, no constan datos necesarios para examinar la regularidad del expediente, como fecha y forma de la notificación de la calificación (que únicamente figura en el escrito de recurso, por reconocerlo así el recurrente).
1. El objeto del presente recurso consiste en dilucidar si el Notario ha cumplido con las exigencias dimanantes del artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, al reseñar el poder del que emanan las facultades representativas del apoderado e incorporar un juicio de suficiencia de tales facultades atendido el negocio jurídico concluido, esto es una compraventa.
El título presentado fue calificado por el Registrador de la Propiedad del modo expuesto en el apartado segundo de los precedentes «Hechos». Y el Notario interpuso recurso contra dicha calificación en el que, en esencia, alega que el artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, tan sólo exige al Notario que reseñe los datos del documento auténtico del que surgen las facultades representativas y que incluya un juicio de suficiencia acerca de esas facultades en unos términos a los que se ajusta la escritura calificada, conforme a las Resoluciones de este Centro Directivo de 12, 23 y 26 de abril de 2002, que son vinculantes para todos los Registradores.
A tal efecto, resulta interesante destacar que las innovaciones introducidas en el procedimiento registral por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, y que supusieron la modificación de numerosos preceptos de la Ley Hipotecaria, tuvieron por objeto la aplicación a dicho procedimiento de las mínimas garantías que cualquier administrado ha de disfrutar frente a una Administración cuando se relaciona con ella; así, debe recordarse una vez más, que los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles,
son Administración a estos efectos. Por ello, se modificó la Ley Hipotecaria en el sentido de exigir, por ejemplo, que la calificación negativa se motivara (párrafo segundo del artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria), de modo que en dicha calificación se hicieran constar íntegramente las causas suspensivas o denegatorias y su motivación jurídica ordenada en hechos y fundamentos de derecho.
Igualmente, y en lógica coherencia con lo expuesto, el Tribunal Supremo no ha admitido como medio de motivación la utilización de fórmulas convencionales, o la simple invocación al interés público o general o, mucho menos, la simple cita de unos preceptos legales sin el acompañamiento de la interpretación exposición del razonamiento lógico que de ellos hace el órgano que dicta el acto; pues, en tal caso, existiría una motivación formal o aparente, mas no una motivación material que es la exigida por el ordenamiento jurídico (Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de marzo de 1982, 9 de junio de 1986 y de 25 de mayo de 1998).
Aplicada la precedente jurisprudencia a la calificación recurrida se aprecia, sin más, que la misma no se encuentra debidamente motivada, ya que la funcionaria calificadora se ha limitado a citar una Resolución de este Centro Directivo; y no llega a proporcionarse al interesado razón lógica suficiente por la cual considera el funcionario calificador que el Notario debe hacer una relación o transcripción de las facultades representativas de quien actúa en nombre de la entidad de crédito sin que sea suficiente con expresar que considera suficientes las facultades representativas acreditadas para la compraventa que se formaliza.
La inexistencia de motivación debería tener como lógica consecuencia la anulación de la calificación y la devolución del expediente a la funcionaria calificadora, para que ésta volviera a calificar el título presentado cumpliendo con la exigencia de motivación.
En conclusión, esta Dirección General, visto el expediente del recurso, entiende que procede resolver el fondo de la cuestión, estimando el recurso interpuesto por las razones que luego se expondrán, sin perjuicio de lo cual es necesario precisar que, como en otras Resoluciones que son de público conocimiento, no se va a tener en consideración el contenido del referido informe de la Registradora, en cuanto en él se encuentra verdaderamente la motivación de la calificación negativa. En caso contrario, esta misma Dirección General estaría admitiendo que un funcionario de ella dependiente calificara intempestivamente un título sometido a calificación. Por otra parte, cabe precisar que en su informe la Registradora ha omitido determinados datos (si se ha notificado la calificación, con expresión de la fecha y la forma en que, en su caso, se ha notificado) que son necesarios para que este Centro compruebe la regularidad del expediente y de la actuación del Registrador.
Examinado el título presentado a calificación se observa que el Notario ha reseñado adecuadamente los documentos de los que nacen las facultades representativas. Así, se manifiesta que se trata de poderes conferidos, mediante escrituras públicas, autorizadas por la Notaría que se identifica, añadiendo la fecha de los poderes y el número de protocolo respectivo. Nada hay que objetar, pues, a la existencia y regularidad de la reseña.
Respecto del juicio de suficiencia el Notario expresa en el título lo siguiente: «He tenido a la vista copias autorizadas de las citadas escrituras de poder y considero que el apoderado tiene facultades suficientes para otorgar esta escritura de compraventa».
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria. Madrid, 21 de mayo de 2005.La Directora general, Pilar Blanco-Mora-
Sra. Registradora de la Propiedad de Almuñécar (Granada).