Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/692513413
Timestamp: 2020-04-04 08:22:12
Document Index: 325322406

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Sentencia de Tutela nº 364/17 de Corte Constitucional, 10 de Junio de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 692513413
Fecha de Resolución: 10 de Junio de 2017
PROCESO DE RESTITUCION DE TIERRAS EN EL CONTEXTO DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL. La actora, actuando en nombre propio y en calidad de agente oficiosa de cinco hermanos, considera que la decisión del despacho judicial accionado vulneró derechos fundamentales al inhibirse de adelantar proceso de sucesión conjuntamente con el trámite de la acción de restitución y formalización de tierras que se tramitó en dicho juzgado y, por conminarla a iniciar un proceso de sucesión ante el juez ordinario para la materialización del derecho de propiedad en calidad de heredera de su padre. Se aborda la siguiente temática: 1º. La tutela contra providencias judiciales y las causales generales y específicas para su procedibilidad. 2º. El desconocimiento del precedente judicial como causal de dicha procedencia. 3º. El desconocimiento del precedente como defecto sustantivo. 4º. El proceso de restitución de tierras en el contexto de la Justicia Transicional. 5º. Las facultades del juez de restitución de tierras para suspender, acumular y resolver procesos subyacentes y, 6º. Las decisiones adoptadas por estos operadores jurídicos frente a la posibilidad de adelantar trámites de sucesión en los procesos de Justicia Transicional. La Corte concluye que el juzgado demandado no vulneró el debido proceso, por cuanto es inexistente el yerro de desconocimiento del precedente horizontal alegado. Se confirman las decisiones de instancia que NEGARON el amparo solicitado.
Sentencia citada en: 17 sentencias, un artículo doctrinal, una noticia
Sentencia T-364/17
Referencia: Expediente T-5.983.457
Acción de tutela instaurada por C.A.A. en contra del Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras para el Distrito Judicial de Cundinamarca.
B.D.C., primero (1) de junio de dos mil diecisiete (2017)
La S. Octava de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados C.B.P., J.A.C.A. y A.R.R., quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente
En el proceso de revisión del fallo proferido, en primera instancia, por la S. Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de B.D.C., el quince (15) de noviembre de dos mil dieciséis (2016) y de la sentencia dictada por la S. de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el diecinueve (19) de enero de dos mil diecisiete (2017), en segunda instancia, en la acción de tutela incoada por C.A.A. en contra del Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras para el Distrito Judicial de Cundinamarca.
C.A.A. promovió acción de tutela en su propio nombre y como agente oficiosa de sus hermanos A., C.R., Lino, J.Á. y T.A.A., para la protección de los derechos fundamentales a la restitución de tierras, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia y a la igualdad, en atención a los siguientes
1.1. Manifiesta la accionante que junto con sus hermanos A., C.R., Lino, J.Á. y T.A.A. tienen la calidad de herederos de su fallecido padre, el señor A.A.B., quien entre su haber contaba con los predios “La Primavera” y “Mata de Ramo”, adquiridos mediante adjudicación por la sucesión que se adelantó ante el Juzgado Civil del Circuito de La Palma, Cundinamarca, cuya sentencia se protocolizó en Escritura Pública No. 388 del seis (6) de julio de mil novecientos noventa y cuatro (1994).
1.4. La accionante presentó solicitud de restitución de tierras abandonas y formalización jurídica ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas[1], seccional B.D.C., por lo cual fue incluida en el correspondiente registro y se radicó demanda ante el Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cundinamarca, quien profirió sentencia el cuatro (4) de marzo de dos mil dieciséis (2016) en la que (i) reconoció su calidad de víctima de abandono forzado; (ii) reconoció su calidad de heredera del causante A.A.B.; (iii) protegió su derecho fundamental a la restitución como heredera de los predios; y, entre otras decisiones, (iv) ordenó a la Defensoría del Pueblo designar un apoderado para que se adelantara proceso de sucesión.
1.7. Expone que con su actuar el Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cundinamarca, quebrantó el derecho a la reparación integral a la víctimas, junto con los principios de estabilización, seguridad jurídica y prevalencia constitucional que, rigen la restitución de tierras, pues ni el subsidio de vivienda ni el proyecto productivo se materializan hasta que cada heredero cuente con la propiedad sobre su cuota parte, desconociendo así el enfoque transformador y diferenciado de la restitución.
1.9. Advierte la señora C.A.A. que el inciso 2 del artículo 79 de la Ley 1448 de 2011 impone al juez de restitución de tierras el deber de formalizar, y el artículo 91 de la referida norma la necesidad de pronunciarse definitivamente sobre la propiedad, la posesión u ocupación, adoptando todas las medidas necesarias para garantizar la efectividad de la restitución jurídica y material de los predios reclamados, de manera que estos se entreguen plenamente saneados, sin pleitos judiciales o administrativos pendientes.
1.11. Finalmente, sostiene que existe precedente judicial que obliga a los jueces especializados de restitución de tierra a tramitar el proceso de sucesión, por cuanto la Ley 1448 de 2011 no sólo se limita a la restitución del bien, sino que también establece los mecanismos de formalización de la propiedad, ello atendiendo al enfoque transformador, y cuyo único objetivo es brindar una reparación integral a las víctimas, lo que hasta el momento, indica, la entidad accionada ha omitido al no entrar a realizar la sucesión y ordenar adelantar el trámite ante otra autoridad judicial, con lo cual la obliga a incurrir en costos adicionales y a retardar el proceso de reparación.
Así mismo, solicita que de prosperar la acción de la referencia, se ordene a la UAEGRTD – Bogotá revisar los casos que se encuentren en situación semejante, con miras a que proceda a corregirlas ante el juzgado o tribunal de restitución de tierras pertinente.
Respuesta de la parte accionada y vinculados durante el proceso de tutela
2.1. Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cundinamarca
Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cundinamarca se opuso a la prosperidad de la solicitud de amparo, argumentó que, dentro del proceso de restitución que adelantó, solamente la señora C.A. con su núcleo familiar conformado por un hijo fueron inscritos en el registro de tierras. Así mismo, indicó que únicamente a favor de aquella se presentó la solicitud en cuyos hechos se declaró que a los señores A., C.R., Lino, J.Á. y T.A. les fue negada la inclusión en dicho registro sin que sobre el particular se presentara alguna pretensión.
Confirmó que adelantó proceso de restitución de tierras con radicado No 2015-00013-00 iniciado por la UAEGRTD – Bogotá a favor de la accionante, en relación con los predios “Mata de Ramo” y “La Primavera”, y en su condición de heredera del causante A.A.B..
Finalmente, expuso que si bien el artículo 95 de la Ley 1448 de 2011 permite acumular al proceso de restitución otros asuntos de distinta naturaleza, preceptúa que en éstos deben estar comprometidos derechos de propiedad, posesión u ocupación sobre el predio reclamado, pero no de herencia. Así mismo, precisó que aunque en la sentencia del cuatro (4) de marzo de dos mil dieciséis (2016) se condicionó la asignación del proyecto productivo y del subsidio de vivienda hasta el momento en que la beneficiaria ostente el derecho de propietaria, no debe pasarse por alto que las entidades responsables del cumplimiento deben ajustarse a los reglamentos dentro de los procesos administrativos que ejecuten.
Notificada de la acción de tutela en su calidad de interviniente dentro del proceso de restitución 2015-00013-00, la Agencia Nacional de Hidrocarburos se limitó a peticionar que a su favor se declarara la carencia de legitimidad en la causa por pasiva, dado que no está inmersa en los hechos en que se sustenta.
2.3. Dirección Jurídica de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas
“a.- Vulnera el derecho al debido proceso de la accionante porque se la priva de poder disponer de los predios porque pasan a la masa herencial y no directamente a quien los pretende; se omitió tener en cuenta que los causahabitantes son titulares del derecho de restitución (art. 81 L. 1448/2011); contraviene el principio de juez natural, así como el de unidad o integridad procesal, pues la decisión de trasladar la partición y adjudicación a la justicia ordinaria aplaza injustificadamente la restitución jurídica”.
b.- Vulnera los derechos fundamentales a los demás herederos porque al Juzgado accionado se le puso en conocimiento de su existencia en el cuerpo de la solicitud, únicamente analizó el desplazamiento de la señora C.A. en el año 2000, pasó por alto que el causante también sufrió el hecho victimizante a comienzos de los años 90, y empleó una noción restringida de víctima del conflicto armado interno”.
c.- Al no formalizar el derecho de propiedad se dificulta la satisfacción de los derechos de las víctimas del conflicto armado interno, por cuanto los predios restituidos en común y pro indiviso dificultan la ejecución de proyectos productivos y subsidios de vivienda, pues impide determinar qué prerrogativas son las que asisten a los beneficiarios de los fallos y no diferencia los núcleos familiares que deberían ser atendidos”
2.4. Procuradora 30 Judicial I para la Restitución de Tierras[2].
La Procuradora 30 Judicial I para la Restitución de Tierras, en calidad de interviniente, indicó que la solicitud de amparo exige determinar cómo hacer compatible la sujeción del juez de restitución al imperio de la ley, en este caso, la Ley 1448 de 2011, con los principios de independencia y autonomía del poder judicial en la adopción de sus decisiones, teniendo en cuenta que éstos últimos encuentran límite a su vez en el principio de razón suficiente, así como en los fines materiales del Estado Social de Derecho.
En ese orden de ideas, precisó que la Ley 1448 de 2011 “como norma es susceptible de interpretación y es allí donde entra en juego la autonomía del J.”, de manera que a su juicio:
“a.- No se quebranta el artículo 91 ejusdem si con la sentencia no decide un trámite de sucesión ligado al predio restituido, siempre que se adopten a favor del beneficiario órdenes claras y precisas para que solucione el asunto el cual a su vez “no es posible determinar dentro del proceso de restitución”.
b.- El art. 95 ejusdem solamente permite acumular al proceso de restitución otros de diferentes naturaleza ya iniciados o en curso y hasta que se adopte la decisión de fondo”.
Decisiones de tutela objeto de revisión:
Tribunal Superior del Distrito Judicial de B.D.C., S. Civil Especializada en Restitución de Tierras, providencia del quince (15) de noviembre de dos mil dieciséis (2016).
La autoridad judicial consideró que la sentencia cuestionada sí decidió de fondo el derecho de restitución de la accionante, pues la calidad que ostentaba frente a los predios “La Primavera” y “Mata de Ramo”, era la de heredera; razón por la cual, concluyó que no se dejó de aplicar el artículo 91 de la Ley 1448 de 2011 dentro del proceso de restitución.
Por lo anterior, otorgó el amparo al “enfoque transformador” de la acción de restitución y ordenó al juzgado accionado que modificara la sentencia debatida no condicionando las medidas transformativas otorgadas hasta que “la solicitante ostente la calidad de propietaria de la cuota parte que le corresponde sobre los predios objeto de restitución”, advirtiéndole que así deberá informarlo a los destinatarios de las mismas>>.
La accionante reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela y adujo que, a pesar de que sólo ella fue incluida como víctima por la UAEGRTD, esa entidad le informó que ello no afectaba a sus hermanos porque el derecho de aquellos provenía de la ley; y, fue por esta razón que optó por iniciar el trámite como heredera y no como poseedora para respetar los intereses de sus familiares.
Corte Suprema de Justicia, S. de Casación Civil, fallo proferido el diecinueve (19) de enero de dos mil diecisiete (2017).
La Corte Suprema de Justicia, S. de Casación Civil, en fallo proferido el diecinueve (19) de enero de dos mil diecisiete (2017), confirmó la sentencia de primera instancia, al considerar que, en el presente caso, para efectos sucesorios, el proceso de restitución de tierras no comporta la competencia expresa, por el contrario, dicho trámite recae en cabeza del juez municipal o en el de familia según la cuantía, proceso que cuando es de mayor cuantía goza adicionalmente del denominado fuero de atracción del artículo 23 del Código General del Proceso.
La S. Octava de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar el fallo proferido dentro de la acción de tutela de la referencia de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9o., de la Constitución Política y en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Conforme con la reseña fáctica y las decisiones adoptadas por los jueces de instancias en el trámite de la solicitud de amparo objeto de revisión, corresponde a la S. establecer, si en el asunto planteado procede la acción de tutela para la protección de los derechos fundamentales a la restitución de tierras, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad, presuntamente vulnerados por el Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cundinamarca al incurrir en un defecto por desconocimiento del precedente horizontal, al inhibirse de adelantar proceso de sucesión conjuntamente al trámite de la acción de restitución de tierras de los predios “Mata de Ramo” y “La Primavera”, y conminando a la accionante a iniciar un proceso de sucesión ante el juez ordinario para la materialización del derecho de propiedad en calidad de heredera del causante.
Para resolver el problema planteado en este trámite, la S. se pronunciará sobre: (i) la tutela contra providencias judiciales y las causales generales y específicas para su procedibilidad; (ii) el desconocimiento del precedente judicial como causal de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (iii) el desconocimiento del precedente como defecto sustantivo; (iv) el proceso de Restitución de Tierras en el contexto de Justicia Transicional; (v) las facultades del juez de restitución de tierras para suspender, acumular y resolver procesos subyacentes; (vi) las decisiones adoptadas por los Jueces de Restitución de Tierras frente a la posibilidad de adelantar trámites de sucesión en los procesos de Justicia Transicional; y, finalmente, (vii) se realizará el análisis del caso concreto.
A continuación, la S. abordará el análisis del requisito de procedencia de legitimación por activa debido a que en el presente caso la accionante manifiesta que actúa como agente oficiosa de sus hermanos, quienes no fueron reconocidos como víctimas en el proceso de restitución de tierras, que dio origen a la sentencia acusada en esta oportunidad.
3.1. Legitimación por activa como requisito de procedencia de la acción de tutela
El artículo 10º del Decreto 2591 de 1991 establece que, toda persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales podrá solicitar el amparo constitucional por sí misma, por representante, o a través de un agente oficioso, cuando el titular de los derechos vulnerados o amenazados no esté en condiciones de promover su propia defensa.
Por ello, este mecanismo de defensa judicial no admite que se pueda asumir de manera indeterminada o ilimitada la representación de otro y demandar protección constitucional a su nombre, pues la informalidad, que caracteriza a la acción de tutela, no se opone a que su ejercicio esté sometido a requisitos mínimos de procedibilidad, entre los cuales está la legitimidad por activa[3].
Ahora bien, de la informalidad de la acción se ha entendido “que quien la ejerza no requiere ninguna calidad especial ni necesita ser abogado titulado pues se trata de un procedimiento preferente y sumario que puede iniciarse, como lo dice la Constitución, por toda persona que estime pertinente reclamar ante los jueces, "...por sí misma o por quien actúe a su nombre...", la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales. Estamos ante una acción con características singulares que, en razón de su objeto, han sido trazadas por la misma Carta Política, de lo cual resulta que no podrían el legislador ni el intérprete supeditar su ejercicio a los requisitos exigidos corrientemente por la ley para otro tipo de acciones.”[4] Por lo tanto, carecería de todo fundamento que en los eventos en que la acción es ejercida por un tercero como agente oficioso, se exigiera el título de abogado, puesto que se desvirtuaría la informalidad que caracteriza a este mecanismo constitucional, arriesgando la efectividad de la misma. Caso distinto es cuando se ejerce la tutela a nombre de otro pero a título profesional, en virtud del mandato judicial. Frente a lo cual, esta Corporación en la sentencia T-550 de 1993, sostuvo:
Por tanto, en este caso podía el firmante apoderar a unas personas naturales si éstas estimaban violados sus derechos constitucionales fundamentales y ejercer, en representación judicial de ellas, la acción de tutela.”
La agencia oficiosa en los procesos de tutela, al igual que el apoderamiento judicial, tiene su fundamento constitucional en el artículo 86 de la Constitución Política, y legal en el mismo artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 que establece que se podrán reclamar derechos ajenos “cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa.”
El fundamento de validez de la norma de permisión consistente en la potestad en cabeza de personas indeterminadas para promover acción de tutela en favor de terceros se encuentra en el enunciado normativo del segundo inciso del artículo 10[5] del decreto 2591 de 1991 en el cual el legislador delegado previó que se podían agenciar derechos ajenos “cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa.”
Para la S. la validez de esta norma de permisión se ve reforzada con tres principios constitucionales: el principio de eficacia de los derechos fundamentales[6], que como mandato vinculante tanto para las autoridades públicas como para los particulares, impone la ampliación de los mecanismos institucionales para la realización efectiva de los contenidos propios de los derechos fundamentales. El principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas[7] el cual en estrecha relación con el anterior está dirigido a evitar que por circunstancias artificiales propias del diseño de los procedimientos se impida la protección efectiva de los derechos. Y el principio de solidaridad[8] que impone a los miembros de la sociedad colombiana velar por la defensa no sólo de los derechos fundamentales propios, sino también por la defensa de los derechos ajenos cuando sus titulares se encuentran en imposibilidad de promover su defensa.
Los elementos normativos de la agencia oficiosa están señalados expresamente en el decreto 2591 de 1991 y de manera implícita en la Constitución y en los decretos reglamentarios de la acción tutela. La S. los sintetiza de la siguiente manera: (i) La manifestación[9] del agente oficioso en el sentido de actuar como tal. (ii) La circunstancia real, que se desprenda del escrito de tutela ya por figurar expresamente o porque del contenido se pueda inferir[10], consistente en que el titular del derecho fundamental no está en condiciones físicas[11] o mentales[12] para promover su propia defensa. (iii) La existencia de la agencia no implica[13] una relación formal[14] entre el agente y los agenciados titulares de los derechos (iv) La ratificación[15] oportuna[16] por parte del agenciado de los hechos y de las pretensiones consignadas en el escrito de acción de tutela por el agente.
“Configurados los elementos normativos anteriormente señalados se perfecciona la legitimación en la causa por activa y el juez de tutela estará en la obligación de pronunciarse de fondo[17] sobre los hechos y las pretensiones relacionadas en el escrito de tutela. Si los mismos no se presentan en el caso concreto, el juez deberá según el caso rechazar de plano[18] la acción de tutela o en la sentencia no conceder[19] la tutela de los derechos fundamentales de los agenciados”. Sin embargo considera la S. que el análisis acerca de la configuración de los referidos elementos debe realizarse por el juez de tutela en atención a las circunstancias propias del caso concreto[20], derechos fundamentales invocados, calidad y condiciones de las partes, características socio económicas de las mismas, lugar geográfico de la supuesta vulneración etc., esta obligación que pesa sobre los jueces de tutela deriva directamente del principio de eficacia de los derechos fundamentales[21] que como ha reiterado la S. inspira e informa la figura procesal de la agencia oficiosa en materia de tutela.
A pesar de guardar similitudes con la figura de la agencia oficiosa consagrada y regulada en el código de procedimiento civil[22], la agencia oficiosa en materia de tutela tiene características propias que permiten identificarla y diferenciarla[23] de aquella, por lo cual las hipótesis para su configuración son las propias reguladas en el decreto 2591 de 1991 y las que se desprenden de la interpretación de los enunciados constitucionales[24] a partir de los principios que gobiernan la materia.
La finalidad[25] de la agencia oficiosa se encuentra en estrecha relación con los principios constitucionales que la inspiran, su consagración legal es entonces a la vez, la concreción efectiva de los mismos, de esta forma el principio de eficacia de los derechos fundamentales, se concreta en la operatividad de la figura de la agencia oficiosa en tanto y en cuanto con la misma se realiza el principio de prevalencia del derecho sustancial y el derecho al acceso a la administración de justicia.[26]”
Por lo tanto, “cuando en el escrito de tutela no se manifiesta en forma expresa que se están agenciando derechos de personas que se encuentran imposibilitadas para acudir a un proceso, pero del contenido mismo de la demanda de tutela se concluye que se actúa en nombre de otro, el juez constitucional debe interpretar la demanda y aceptar la procedencia de la agencia oficiosa”[27]
3.3. Análisis de la legitimación por activa como requisito de procedencia en el caso concreto
De acuerdo con los fundamentos jurisprudenciales anteriormente señalados y las pruebas que obran en el expediente, la S. encuentra que en el caso objeto de estudio, C.A.A. actuando en su propio nombre y en calidad de agente oficiosa de sus hermanos A., C.R., Lino, J.Á. y T.A., presentó acción de tutela contra el Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cundinamarca, alegando la vulneración de los derechos fundamentales a la restitución de tierras, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad. Sin embargo, la S. Octava de Revisión solamente reconoce legitimidad en la causa por activa a la señora C.A.A. para actuar en defensa de sus intereses, por cuanto no se acreditó que los señores A., C.R., Lino, J.Á. y T.A., cuenten con alguna declaratoria de interdicción, y por tanto, era imperioso que para el efecto, informaran en el escrito de tutela las razones por las cuales se encuentran imposibilitados para interponer directamente la acción constitucional.
En consecuencia, se concluye que la señora C.A.A. únicamente se encuentra legitimada por activa para presentar la acción de tutela en contra del Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cundinamarca en su nombre propio.
Tutela contra providencias judiciales y las causales generales y específicas para su procedibilidad. Reiteración de jurisprudencia
4.1 La intervención del juez constitucional en asuntos decididos por otros jueces, en sus respectivas jurisdicciones, se puede adelantar únicamente con el fin de proteger derechos fundamentales vulnerados. Al respecto, se ha establecido que el juez constitucional no puede suplantar o desplazar al juez ordinario en el estudio de un caso que, por su naturaleza jurídica, le compete. Éste sólo puede vigilar si la providencia conlleva la vulneración de los derechos constitucionales del peticionario.
“se trata de una garantía excepcional, subsidiaria y autónoma para asegurar, cuando todos los recursos anteriores han fallado, que a las personas sometidas a un proceso judicial no les violen sus derechos constitucionales fundamentales. No se trata entonces de garantizar la adecuada aplicación del resto de las normas que integran el sistema jurídico o de los derechos que tienen origen en la ley”. [28]
4.2 Este Tribunal Constitucional estableció los requisitos para el estudio de la acción de tutela contra providencias judiciales en la Sentencia C-590 de 2005. En esa oportunidad, la Corte estipuló que para la procedencia de la acción constitucional, deben cumplirse tanto las (i) causales generales, como los (ii) requisitos especiales para su procedencia. A saber:
h. Violación directa de la Constitución.”[31]
El precedente judicial. Reiteración de jurisprudencia[32]
5.1. Esta Corte ha definido el precedente judicial como “la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo”[33] (Negrilla fuera del texto).
La doctrina también lo identifica como un “mecanismo jurisdiccional de origen anglosajón que se funda en lo que se conoce como stare decisis (estar a lo decidido), y consiste en la aplicación de criterios utilizados en sentencias anteriores a casos posteriores”[34] o como “la decisión judicial anterior a un caso concreto que será utilizada para la solución de casos posteriores”[35].
En ese orden de ideas, las altas cortes, como órganos de cierre y encargados de garantizar la seguridad jurídica, la igualdad y buena fe, tienen la función de unificar la jurisprudencia al interior de su jurisdicción[36].
5.2. El precedente se ha clasificado en horizontal y vertical, de acuerdo con la autoridad que emitió la providencia que sirve como antecedente, el precedente se ha clasificado en horizontal y vertical. El primero, hace referencia a que “un juez – individual o colegiado- no puede separase del precedente fijado en sus propias sentencias”[37]. En este sentido, el precedente horizontal implica que (i) los jueces individuales deben respetar su autoprecedente, se trata, en términos sencillos, de una disciplina y coherencia frente a sus propios fallos; y, (ii) los cuerpos colegiados están vinculados frente a las decisiones de las salas que lo conformen.
“Esta Corporación en múltiples oportunidades ha estudiado el tema concluyendo que, en efecto, los jueces tienen la obligación constitucional de respetar sus propias decisiones[38]. De acuerdo con la jurisprudencia Constitucional, el precedente horizontal también tiene fuerza vinculante en el ordenamiento jurídico colombiano, lo cual se explica al menos por cuatro razones: (i) en virtud del principio de igualdad en la aplicación de la Ley, que exige tratar de manera igual situaciones sustancialmente iguales; (ii) por razones de seguridad jurídica, ya que las decisiones judiciales deben ser “razonablemente previsibles”; (iii) en atención a los principios de buena fe y confianza legítima, que demandan respetar las expectativas generadas a la comunidad; y finalmente, (iv) por razones de “disciplina judicial”, en la medida en que es necesario un mínimo de coherencia en el sistema judicial”[39] (Negrilla fuera del texto).
Desconocimiento del precedente como defecto sustantivo. Reiteración de jurisprudencia[40]
“una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo cuando la autoridad jurisdiccional (i) aplica una disposición en el caso que perdió vigencia por cualquiera de la razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; (ii) aplica un precepto manifiestamente inaplicable al caso, por ejemplo porque el supuesto de hecho del que se ocupa no tiene conexidad material con los presupuestos del caso; (iii) a pesar del amplio margen hermenéutico que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, realiza una interpretación contraevidente -interpretación contra legem- o claramente irrazonable o desproporcionada; (iv) se aparta del precedente judicial –horizontal o vertical- sin justificación suficiente; o (v) se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución, siempre que su declaración haya sido solicitada por alguna de las partes en el proceso”[41].
6.2. En Sentencia T-615 de 2016, la Corte reiteró que “la seguridad jurídica y el respeto a la igualdad, son axiomas que los Tribunales y en especial las Cortes deben considerar al momento de emitir las providencias, a fin de mantener una estabilidad en sus posiciones. Ello, porque no es justo que casos similares se resuelvan de diferente manera por el mismo juez[42]. Así, la no aplicación del precedente judicial -vertical u horizontal- constituye causal que genera defecto sustancial susceptible de ser amparado por la acción de tutela”.
“(…) un tribunal puede apartarse de un precedente cuando considere necesario hacerlo, pero en tal evento tiene la carga de argumentación, esto es, tiene que aportar las razones que justifican el apartamiento de las decisiones anteriores y la estructuración de una nueva respuesta al problema planteado. Además, para justificar un cambio jurisprudencial no basta que el tribunal considere que la interpretación actual es un poco mejor que la anterior, puesto que el precedente, por el solo hecho de serlo, goza ya de un plus, pues ha orientado el sistema jurídico de determinada manera. Los operadores jurídicos confían en que el tribunal responderá de la misma manera y fundamentan sus conductas en tal previsión. Por ello, para que un cambio jurisprudencial no sea arbitrario es necesario que el tribunal aporte razones que sean de un peso y una fuerza tales que, en el caso concreto, ellas primen no sólo sobre los criterios que sirvieron de base a la decisión en el pasado sino, además, sobre las consideraciones de seguridad jurídica e igualdad que fundamentan el principio esencial del respeto del precedente en un Estado de derecho”[43].
6.3. En síntesis, con el fin de garantizar el derecho a la igualdad “los funcionarios judiciales están obligados a mantener su propia línea jurisprudencial y acoger los precedentes de los órganos límite de la jurisdicción, so pena de incurrir en causal especial de procedencia de la acción de tutela, por defecto sustantivo. No obstante, pueden apartarse de los mismos, siempre que ofrezcan argumentos claros, lógicos y precisos sobre las razones que determinan esa decisión, previa referencia al precedente que abandonará y las causales que determinan esa decisión”[44].
Proceso de Restitución de Tierras en el contexto de Justicia Transicional. Reiteración de jurisprudencia[45]
Con fundamento en lo anterior, el artículo 9º de la referida ley preceptúa que las autoridades judiciales y administrativas competentes deben ajustar sus actuaciones para adecuarse al marco de justicia transicional[46].
7.4 La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el proceso de restitución de tierras en el marco de la justicia transicional. En efecto, en la sentencia C-820 de 2012, reiterada en la sentencia C-794 de 2014, esta Corporación indicó que “el proceso de restitución de tierras es un elemento impulsor de la paz, en la medida en que a través de un procedimiento especial y con efectos diferentes a los consagrados en régimen del derecho común, se establecen las reglas para restitución de bienes de las personas que han sido víctimas del conflicto armado de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la misma normativa[47]”.
7.5 El título IV de la Ley 1448 de 2011 está dedicado, específicamente, al tema de la reparación de las víctimas[48]. En concreto, el artículo 69 establece:
Para el efecto, el artículo 73 definió los siguientes principios: el carácter preferente, la independencia, la progresividad, la estabilización, la seguridad jurídica, la prevención, la participación y la prevalencia constitucional[49].
7.7. En Sentencia T-244 de 2016, la S. Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, reiteró que es a través del proceso de restitución de tierras que el Legislador materializó la protección de algunos de los derechos constitucionales fundamentales, cuya vulneración fue puesta de presente por la Corte en la Sentencia T-025 de 2004, a saber: “(i) el derecho a la vida en condiciones de dignidad; (ii) el derecho a escoger el lugar de domicilio, en la medida en que para huir de la amenaza que enfrentan las víctimas de desplazamiento, éstas se ven forzadas a escapar de su sitio habitual de residencia y trabajo; (iii) los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de expresión y de asociación; (iv) la unidad familiar y a la protección integral de la familia; (v) la libertad de circulación por el territorio nacional y el derecho a permanecer en el sitio escogido para vivir; (vi) el derecho al trabajo y la libertad de escoger profesión u oficio, especialmente en el caso de los agricultores que se ven forzados a migrar a las ciudades y, en consecuencia, abandonar sus actividades habituales; y (vii) el derecho a una vivienda digna, puesto que las personas en condiciones de desplazamiento tienen que abandonar sus propios hogares y someterse a condiciones inapropiadas de alojamiento en los lugares hacia donde se desplazan, cuando pueden conseguirlas y no tienen que vivir a la intemperie”.
Así mismo, el artículo 73 de la Ley 1448 de 2011 consagra las medidas de restitución a adoptarse en este proceso, las cuales se caracterizan por: (i) ser preferentes; (ii) adoptarse en consideración a que el derecho a la restitución es autónomo y opera independientemente de que se haga o no el efectivo el retorno de las víctimas; (iii) reconocer que las víctimas tienen derecho a retornar y ser reubicadas de forma voluntaria en condiciones de sostenibilidad, seguridad y dignidad (principio de estabilización); (iv) propender por la seguridad jurídica y el esclarecimiento de la situación de los predios objeto de restitución; (v) prevenir el desplazamiento forzado, proteger la vida e integridad de los reclamantes y las propiedades y posesiones de las personas desplazadas; y (vi) garantizar la participación plena de las víctimas en todo el procedimiento[50].
7.9. El artículo 74 hace referencia a las figuras de “despojo” y “abandono”. Frente a lo que debe entenderse como una situación de despojo, el artículo 74 dispuso “la acción por medio de la cual, aprovechándose de la situación de violencia, se priva arbitrariamente a una persona de su propiedad, posesión u ocupación, ya sea de hecho, mediante negocio jurídico, acto administrativo, sentencia, o mediante la comisión de delitos asociados a la situación de violencia”. Por abandono forzado de tierras entiende “la situación temporal o permanente a la que se ve abocada una persona forzada a desplazarse, razón por la cual se ve impedida para ejercer la administración, explotación y contacto directo con los predios que debió desatender en su desplazamiento durante el periodo establecido en el artículo 75”.[51]
7.12. El artículo 81 de la Ley 1448 de 2011 se refiere a las personas que pueden presentar la acción: quienes fueran propietarios o poseedores de predios, o explotadores de baldíos con fines de adjudicación (artículo 75); su cónyuge o compañero permanente con quien convivía al momento de los hechos que desencadenaron el despojo o abandono; los llamados a sucederlos según el Código Civil, la Unidad de Restitución de Tierras, en representación de menores de edad (sucesores) y personas con discapacidad[52].
7.14. Durante la fase administrativa, que constituye un requisito de procedibilidad de la acción judicial, la Unidad de Restitución de Tierras debe (i) identificar física y jurídicamente los predios, (ii) determinar el contexto de los hechos victimizantes, (iii) individualizar a las víctimas y sus núcleos familiares, (iv) establecer la relación jurídica de la víctima con la tierra y los hechos que dieron origen al despojo o abandono forzado. Esta etapa termina con la decisión de incluir o no a los solicitantes y a los predios objeto del trámite en el Registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente[53].
7.15. El artículo 86 de la Ley 1448 de 2011 prevé un conjunto de medidas de protección del predio, que deben adoptarse al momento de la admisión de la solicitud: la inscripción del predio en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, la sustracción provisional del comercio del bien, la suspensión de procesos declarativos de derechos reales sobre el mismo, y la notificación al representante legal del municipio en que se encuentra el predio, y al Ministerio Público[54], seguidamente se dará inicio a la etapa de oposición.
7.18. Cumplido el período probatorio, de acuerdo con el artículo 91 de la Ley 1448 de 2011, la sentencia “se pronunciará de manera definitiva sobre la propiedad, posesión del bien u ocupación del baldío objeto de la demanda y decretará las compensaciones a que hubiera lugar, a favor de los opositores que probaron buena fe exenta de culpa dentro del proceso […]” [55].
7.20. Finalmente, la S. considera relevante resaltar que de conformidad con lo establecido en el artículo 95 de la Ley 1448 de 2011, dentro del proceso de restitución de que trata la referida norma, se podrá efectuar la acumulación procesal, entendida como, el ejercicio de concentración en este trámite especial de todos los procesos o actos judiciales, administrativos o de cualquier otra naturaleza que adelanten autoridades públicas o notariales en los cuales se hallen comprometidos derechos sobre el predio objeto de la acción.
Facultades del juez de restitución de tierras para suspender, acumular y resolver procesos subyacentes
En todo caso, durante el trámite del proceso, los notarios, registradores y demás autoridades se abstendrán de iniciar, de oficio o a petición de parte, cualquier actuación que por razón de sus competencias afecte los predios objeto de la acción descrita en la presente ley incluyendo los permisos, concesiones y autorizaciones para el aprovechamiento de los recursos naturales que se hubieran otorgado sobre el predio respectivo (Parágrafo 2º del artículo 95 de la Ley 1448 de 2011).
Decisiones adoptadas por los Jueces de Restitución de Tierras frente a la posibilidad de adelantar trámites de sucesión en los procesos de Justicia Transicional
9.1. Los jueces de Restitución de Tierras han tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la posibilidad de adelantar trámites de sucesión en los procesos transicionales a su cargo. Es así como, dentro del marco de la discreta autonomía e independencia judicial que tienen los administradores de justicia para la interpretación y aplicación de las leyes al interior de la jurisdicción especializada han proferido, entre otras[56], decisiones que contienen diferentes posiciones en temas de sucesorales. A continuación, la S. encuentra pertinente transcribir apartes de algunas providencias en las cuales se diferencia claramente las dos posturas más significativas para la resolución del caso de la referencia. A saber:
i) Juzgado 1 Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Ibagué, Tolima, sentencia del 24 de febrero de 2014, radicado 2013-000161-00. En este proceso el juez formalizó la sucesión intestada a favor del cónyuge y los herederos y procedió a efectuar la respectiva participación y adjudicación de bienes, al argumentar que:
“Así las cosas, el trámite para adelantar el juicio de sucesión del causante señor TOBIAS ANDRADE (q.e.p.d.), es el establecido en la anterior normatividad, por cuanto la compañera permanente supérstite y los herederos obras de consumo. Por lo anterior, este Despacho accederá a formalizar, llevando a cabo la partición y adjudicación de los bienes relictos, por cuanto el espíritu de la ley es restituir y formalizar, si se dan las condiciones para tal fin, dando así seguridad jurídica y material a las víctimas…”
ii) Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Mocoa, P., sentencia del 5 de julio de 2013, radicado 2013-00022-00. En este proceso el juez señaló lo siguiente:
“Pero como a la fecha de solicitud y de esta providencia la señora M.L.M. ha fallecido, según registro civil de defunción indicativo serial 5421578, adosado al proceso a folio 166 del cuaderno principal y de acuerdo a la apertura de la sucesión de la causante que se hizo en el auto admisorio en relación con el predio aquí reclamado, en donde de ordenó emplazar a los herederos determinados e indeterminados, y de los cuales sólo se han hecho parte, los determinados, JOSE ABRAHAM, C.D., J.C.Y.L.V.C.M., a través de representación que la ley otorga a la UNIDAD DE TIERRAS, por ser estos menores de edad. Podemos concluir que es a estos a quienes debemos declarar como copropietarios del predio, cumpliendo así con lo ordenado en el literal I p) del artículo 91 de la Ley 1448 de 2011, al decir, que se deben proferir ‘Las órdenes que sean necesarias para garantizar la efectividad de la restitución jurídica y material del bien inmueble y la estabilidad en el ejercicio de y goce efectivo de los derechos de las personas reparadas’, al igual, que lo preceptuado en el inciso tercero del artículo 95 de la misma ley, ‘La acumulación procesal está dirigida a obtener una decisión jurídica y material con criterios de integralidad, seguridad jurídica y unificación para el cierre y estabilidad de los fallos”.
9.2. A diferencia de los juzgados previamente referidos, el Juez 2 Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Antioquia, en sentencia del 10 de marzo de 2016, radicado 2015-00070-00, realizó un análisis jurídico más exhaustivo sobre la procedencia de efectuar sucesiones en los proceso de restitución teniendo en cuenta: (i) el deber o mandato de formalización de la propiedad contenido en la Ley 1448 de 2011; (ii) los alcances de la acción hereditaria en el marco de la ley de víctimas; (iii) la competencia del juez especializado para tramitar sucesiones; para finalmente, (iv) concluir que el momento procesal adecuado para ello no puede ser otro sino en el postfallo con la presentación de la correspondiente demanda., A juicio de este Juzgado:
“Ha sido postura de este Despacho, que la acción especial y constitucional de restitución de tierra no se debe tramitar conjuntamente por el juez civil del circuito especializado de restitución de tierras con las sucesión del causante”
“Así pues, el trámite de la acción de restitución de tierras (proceso de conocimiento) y el proceso de sucesión (trámite liquidatario) de un causante no se pueden tramitar en el mismo proceso, puesto que no se cumple con el presupuesto de la acumulación de pretensiones de que todas las pretensiones se puedan tramitar por el mismo procedimiento (artículo 88, numeral 3 de la Ley 1564 de 2012). En consecuencia, cuando demandan mediante la acción de restitución de tierras los herederos del causante víctima del desplazamiento forzado, que a su vez era propietario, poseedor u ocupante del predio objeto mediato de la pretensión, el juez o magistrado debe ordenar en la sentencia tanto restituir dicho inmueble a favor de la sucesión del cujus, representada por sus herederos, como realizar en el mismo juzgado, con radicado y cuaderno separado, el trámite de sucesión, donde se apliquen el procedimiento propio de las sucesiones consagrado en los artículos 473 y siguientes de la Ley 1564 de 2012, para que se le adjudiquen derechos y obligaciones del causante a sus herederos y/o legatarios, de conformidad con lo establecido en la ley o en el testamento, incluido los bienes inmuebles restituidos”.
Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras itinerante en los distritos de Yopal y Cundinamarca y Casanare[57], sentencia del 29 octubre de 2015, radicado 2010-00014-00. En este caso, el juez argumentó que:
Conforme los preceptos establecidos en el artículo 81 de la Ley 1448 de 2011, que incluye a los llamados a suceder y de conformidad con el artículo 1045 del Código Civil, el Despacho realizará la respectiva partición; en este sentido es de destacar que dentro del presente proceso se encuentra acreditado mediante registro civil de defunción (consecutivo No. 21 y 22 del proceso digital) la muerte del señor J.D.R.T., así como también la condición de hijos de los solicitantes respecto del causante, a partir de los registros civiles de nacimiento obrantes a folios 2, 4, 11, 17 del cdno de pruebas y anexos en PDF; igualmente obra registro de defunción de la señora M.A.L.V.. de Rojas, madre de los reclamantes a folio 23 del cdno de pruebas y anexos en PDF”.
En conclusión, un detenido análisis de algunas providencias proferidas entre el año 2013 y el año 2015 por los jueces de especializados en restitución de tierras[58], revela que en efecto, se perfilan, al interior de la jurisdicción de justicia transicional para la restitución de tierras, dos posturas sobre la posibilidad de adelantar diligencias de sucesión en procesos de esta naturaleza:
(i) Una, según la cual el trámite de sucesión tiene requisitos y etapas propias orientadas a garantizar el debido proceso, la igualdad y la publicidad de las actuaciones de los herederos determinados e indeterminados que no concurrieron al ejercicio de restitución “por falta de citación”; a diferencia de la acción especial, cuenta con la posibilidad de segunda instancia; su propósito es “abarcar de manera integral todo el patrimonio del causante”, por lo que “una decisión final en el trámite de restitución de tierras que apruebe una partición impediría en el futuro la inclusión de otros bienes que deban ser objeto de liquidación pero que no puedan ser restituidos por no haber sido despojados o abandonados”[59].
En primer lugar, la S. verificará la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales en el caso concreto, para así determinar si en el asunto sub examine se configura el defecto de desconocimiento del precedente judicial endilgado al fallo acusado.
10.1 Verificación de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela en el caso concreto.
10.1.1 La relevancia constitucional del asunto bajo examen.
La S. Octava de Revisión observa que la tutela se dirige contra una decisión judicial, que según la demandante vulneró sus derechos fundamentales a la restitución de tierras, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad, asunto con evidente relevancia constitucional; puesto que, más allá de las garantías que conforman el núcleo esencial del debido proceso, que podrían presumirse garantizadas en el trámite de justicia transicional, se cuestiona la efectividad del derecho a la restitución que le asiste a una persona en calidad de heredera de una víctima del conflicto armado interno por desplazamiento forzado y abandono de tierras, sujeto al que el Estado debe otorgar especial protección.
10.1.2 El agotamiento de los mecanismos ordinarios.
10.1.3 Satisfacción del requisito de inmediatez.
10.1.4 La incidencia directa de una irregularidad procesal en la decisión impugnada.
10.1.5 La identificación razonable de los hechos y derechos presuntamente vulnerados, y su alegación en el proceso judicial.
10.1.6 No se trata de una tutela contra una decisión de igual naturaleza.
En el presente caso, se impugna la decisión proferida dentro de un proceso de restitución de tierras, donde el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras, conminó a la accionante a acudir a los mecanismos ordinarios, al trámite notarial o judicial de sucesión; para que se decidiera sobre la cuota parte que le corresponde a los herederos de los predios restituidos.
En el presente caso el Juzgado Civil del Circuito Especializado de Restitución de Tierras de Cundinamarca no vulneró el debido proceso de la accionante por cuanto es inexistente el yerro de desconocimiento del precedente horizontal
El asunto bajo análisis tiene como génesis la interposición de una acción de tutela por parte de C.A.A. contra el Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cundinamarca, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la restitución de tierras, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad. Lo anterior, con ocasión de la decisión proferida dentro del proceso de restitución de tierras abandonas y formalización jurídica, el cuatro (4) de marzo de dos mil dieciséis (2016) en la que se (i) acreditó su calidad de víctima de abandono forzado; (ii) reconoció como heredera del causante A.A.B.; (iii) protegió su derecho fundamental a la restitución como heredera de los predios; y, entre otras decisiones, (iv) ordenó a la Defensoría del Pueblo designar un apoderado para que se adelantara proceso de sucesión.
Para la accionante, la sentencia del cuatro (4) de marzo de dos mil dieciséis (2016) proferida por el Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cundinamarca, es violatoria de su derecho a la igualdad de trato como víctima del conflicto armado interno, en razón a que sostiene una tesis distinta a la expuesta por otros jueces en el marco de justicia transicional, sobre la competencia que le asiste al juez para realizar trámites de sucesión para garantizar la efectividad de la restitución jurídica y material de los predios reclamados dentro de la acción de restitución, al considerar que estos son asuntos de naturaleza civil subyacentes al proceso especializado.
Para decidir sobre la procedencia de la acción de tutela por la causal alegada, es necesario entender la noción de precedente como aquella sentencia o conjunto de sentencias que presentan semejanzas con un caso nuevo objeto de estudio respecto a su supuestos fácticos y como a los problemas jurídicos a resolver, y en las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para solucionar la controversia[60]. El precedente puede consolidarse en una línea jurisprudencial cuando de forma reiterada se emplea la misma ratio decidendi para resolver problemas jurídicos similares.
En la ratio decidendi de la sentencia se encuentra una regla relacionada con el caso a resolver posteriormente;
c) Los hechos del caso o las normas juzgadas en la sentencia anterior deben ser semejantes o plantear un punto de derecho semejante al que debe resolverse posteriormente. En este sentido será razonable que cuando en una situación similar, se observe que los hechos determinantes no concuerdan con el supuesto de hecho, el juez esté legitimado para no considerar vinculante el precedente”[61].
Al constatarse la presencia de estos tres elementos en una sentencia o grupo de sentencias anteriores se constituye un precedente aplicable a un caso concreto y en esa medida, resultan vinculantes en virtud de los principios de igualdad y debido proceso, entre otros. En estos términos, se puede definir el precedente aplicable, como aquella “sentencia o grupo de sentencias anteriores y pertinentes cuya ratio representa una regla (prohibición, orden o autorización) determinante para resolver el caso, dados unos hechos y un problema jurídico, o una cuestión de constitucionalidad semejantes”[62].
Determinado lo anterior, procede esta S. Octava de Revisión, en primer lugar, a verificar si en el caso concreto, existía un precedente vinculante para el Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cundinamarca y determinar si en todos los casos un juez de restitución de tierras debe adelantar un proceso de sucesión (intestada) en el marco de justicia transicional dentro de una acción de restitución.
En efecto, un detenido análisis de algunas providencias proferidas entre el año 2013 y el año 2015 por los jueces especializados en restitución de tierras[63], revela que en efecto, se perfilan, al interior de la jurisdicción de justicia transicional para la restitución de tierras, dos posturas sobre la posibilidad de adelantar diligencias de sucesión en procesos de esta naturaleza:
(i) Una, según la cual el trámite de sucesión tiene requisitos y etapas propias orientadas a garantizar el debido proceso, la igualdad y la publicidad de las actuaciones de los herederos determinados e indeterminados que no concurrieron al ejercicio de restitución; a diferencia de la acción especial, cuenta con la posibilidad de segunda instancia; su propósito es “abarcar de manera integral todo el patrimonio del causante”, por lo que “una decisión final en el trámite de restitución de tierras que apruebe una partición impediría en el futuro la inclusión de otros bienes que deban ser objeto de liquidación pero que no puedan ser restituidos por no haber sido despojados o abandonados”[64].
Sostienen que adelantar un trámite de sucesión conjuntamente con el proceso de restitución sería “dar por sentado” que éste último saldrá a favor de los solicitantes. Así mismo, indican que, al constatarse la existencia de procesos de sucesión ya iniciados en los que existan predios reclamados en una acción de restitución, la Ley 1448 de 2011 dispone suspensión del trámite ordinario, con la posibilidad de su acumulación, y hasta que se decida de fondo el asunto de justicia transicional.
Los Jueces Civiles Especializados en Restitución de Tierras de Ibagué, Tolima, e igualmente el de Mocoa, P., consideran que el espíritu de la Ley 1448 de 2011 es el de “restituir y formalizar”, si se dieran las condiciones para tal fin. De manera que, presentándose la pretensión de sucesión en la solicitud de restitución, han procedido con la admisión de ésta a dar apertura a la primera, efectuando el emplazamiento a herederos indeterminados nombrándoles posteriormente curador ad-litem, considerando como determinados al o a los solicitantes, para finalmente en caso de prosperar la acción principal, realizar la sucesión únicamente sobre el predio objeto del proceso, otorgando a cada uno de los herederos la cuota parte que en derecho le corresponde, pero sin exponer las razones que los conducen a tener por procedente adelantar dicho trámite, esto es, sin justificar por qué es razonable y legítimo llevar a cabo sucesiones parciales.
Así las cosas, le corresponde a la S. Octava de Revisión establecer si a alguna de esas posturas se le puede atribuir la condición de precedente con sus atributos de uniformidad y consistencia. Al respecto, la S. encuentra que la primera tesis es sostenida por los Jueces Civiles del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Ibagué, el Juez 1 Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Mocoa y el Juez Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras del Distrito Judicial de Cundinamarca, quienes han expuesto una mínima carga argumentativa para justificar la procedencia del proceso de sucesión dentro de la acción de restitución y otros como los Juzgados Civiles del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Antioquia, quienes han efectuado un amplio razonamiento jurídico para justificar la procedencia del proceso de sucesión dentro de una acción de restitución.
La segunda tesis ha sido sostenida, en algunos casos, por los Juzgados Civiles del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Antioquia y por el Juez Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras del Distrito Judicial de Cundinamarca (autoridad judicial accionada en el asunto de la referencia).
Observa la S. que el Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras del Distrito Judicial de Cundinamarca, en sentencia No. 0009 del 29 de octubre de 2015 con radicado 8500131210012014-00014-00, efectuó un proceso de sucesión al conocer un asunto de su especialidad, al verificar (i) la calidad de víctimas de los solicitantes; (ii) la relación jurídica de los reclamantes con el predio; y, (iii) las características que rodearon su desplazamiento, sin aportar mayores justificaciones en la referida providencia que soporten su postura. Sin embargo, para la S. no puede predicarse un desconocimiento de este precedente horizontal, como a continuación se expondrá.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional señala que cuando una Corporación o juez especializado han adoptado una posición determinada, aplicada de manera consistente y sostenida, debe ser respetada hasta que se presenten argumentos suficientes para cambiarla. Si ello no fuere posible, el juez disidente, está obligado a proyectar respetando el precedente. “El juez, aunque sea autónomo, no es una rueda suelta dentro del sistema jurídico, sino que tiene que integrarse a éste y someterse a los lineamientos fijados de manera sistémica”[65].
Reitera la S. en esta oportunidad la importancia que reviste el respeto del precedente horizontal en términos de salvaguardar el principio de igualdad y de preservación de la unidad del orden jurídico. Sin embargo, advierte que no se presenta en el asunto bajo examen un desconocimiento del mismo por parte de la autoridad judicial acusada en sede de tutela. En efecto, para la Corte es claro que en la sentencia del cuatro (4) de marzo de dos mil dieciséis (2016) proferida por el Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cundinamarca, se plasmaron de manera clara las razones por las cuales no podía realizar la participación y adjudicación de los predios “Mata de Ramo” y “La Primavera” a favor de los herederos en el mismo asunto especial, negativa que en el presente caso no constituye una causal especial de procedibilidad de tutela contra providencia judicial.
Lo anterior, por cuanto, si bien el funcionario de conocimiento tiene, según el numeral 5 del artículo 73 de la Ley 1448 de 2011, el deber de “garantizar la seguridad de la restitución y el esclarecimiento de la situación de los predios objeto de restitución” y para ello “propenderá por la titulación de la propiedad como medida de restitución, considerando la relación jurídica que tenían las víctimas con los predios objeto de restitución o compensación”, el Juez Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cundinamarca advirtió de acuerdo con las particularidades del caso, lo correcto era adelantar el proceso de sucesión de manera autónoma atendiendo las precisas competencias legales.
“(…) ante la carencia de instrumentos legales precisos que hagan factible, para el juez, tramitar la sucesión de los predios restituidos, dentro del mismo proceso de restitución de tierras, y en pro de dar seguridad jurídica a la restitución y garantizar los derechos constitucionales al debido proceso y a la doble instancia; en la sentencia analizada se informó que la competencia para adelantar la sucesión de la masa herencial del causante, correspondía al juez ordinario, mediante el procedimiento dispuesto por la ley procesal civil; sin embargo, reconocida la calidad de víctima de la solicitante y garantizando la efectividad y la estabilidad en el ejercicio y goce efectivo de sus derechos, mediante los numerales séptimo y octavo del fallo, se ordenó a la Defensoría del Pueblo la designación de apoderado judicial para realizar el trámite de la partición de los predios restituidos, teniendo en cuenta la calidad de víctima de la señora C.A.A.; así mismo, se ordenó al juzgado o a la Notaria ante quien se tramite la partición, darle prelación al proceso, y procurar hasta donde la ley lo permita la gratuidad[66]”
La accionante considera que al otorgar un trato desigual a víctimas que se encuentran en la misma circunstancia fáctica, se legitima la ausencia de seguridad jurídica pues, indica que en algunos casos, los jueces de la especialidad han realizado sucesiones frente a predios objeto de solicitud de restitución, con el fin de materializar los principios procesales de economía, celeridad, igualdad, justicia y reparación integral. Cita en apoyo de su aserto varias sentencias de jueces especializados en restitución de tierras diferentes al de Cundinamarca que dan cuenta de muchos procesos ordinarios que frente a peticiones de partición herencial, han procedido a materializar el derecho.
Encuentra la S. Octava de Revisión, que si bien hay muchas providencias en las que el juez especializado asume la competencia propia del juez ordinario en asuntos civiles, existen otras causas en las cuales se ordena la restitución del predio a la masa herencial para que se efectúe la sucesión ante la justicia ordinaria. En el presente caso, no se logró demostrar la existencia de una secuencia de precedentes sobre el tema, que sugiriera que el juzgado accionado hubiera cambiado su jurisprudencia o tuviera que seguir el sentido de pronunciamientos anteriores, so pena de no violar el imperativo del precedente horizontal.
En conclusión, encontró la Corte que en el presente asunto concurren los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisión judicial. Sin embargo, constató que no se configura ninguna de las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial; razón por la cual, la S. no acoge los argumentos expuestos para desvirtuar la sentencia del Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras para el Distrito Judicial de Cundinamarca por la causal alegada, en tanto no se logró demostrar que exista un precedente riguroso y consolidado en relación con el tema. Acusar una decisión judicial sin que medie este elemento no es más que manifestar su oposición a la sentencia, cosa que, prima facie, obliga a desestimar la tacha de haber ignorado un precedente.
No obstante lo anterior, encuentra la S. Octava de Revisión de la Corte Constitucional hacer las siguientes precisiones en el presente caso, para efectos sucesorios, la acción de restitución no comporta competencia expresa, por cuanto la misma escapa del resorte del proceso de restitución y formalización de tierras despojadas o abandonas, el cual fue instituido por el legislador como un procedimiento de carácter especial en la Ley 1448 de 2011, dentro del marco de justicia transicional, para lograr fines específicos.
El trámite sucesoral ha de seguirse vía ordinaria, el cual debe cumplir con unos presupuestos procesales, es decir, requisitos y términos expresamente indicados en el Código General del Proceso. Pretender que se surta este trámite de naturaleza civil dentro de un proceso de restitución de tierras es omitir los mismos, con lo cual se generaría una vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la publicidad de cualquier otro heredero – determinado o indeterminado- que no haya hecho parte del asunto por falta de citación.
En esta oportunidad, encuentra la Corte que la decisión adoptada por el Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras del Distrito Judicial de Cundinamarca de conminar a la accionante para que inicie, en calidad de heredera, el proceso de sucesión de los predios restituidos al haber herencial del causante A.A.B. se encuentra ajustada a derecho, toda vez que, efectuar la sucesión en sede de restitución de tierras es inconveniente e irrazonable por múltiples factores. Máxime, si se tiene en cuenta la Ley 1448 de 2011 no otorga competencia a los jueces especializados en procesos de restitución de tierras para efectuar trámites sucesorales.
El proceso de sucesión está adscrito a competencias específicas, cuyas actuaciones especiales no pueden ser obviadas y resultan incompatibles con el trámite especial de restitución de tierras. A continuación, la S. expondrá algunos aspectos relevantes que se debe tener en cuenta al decidir asuntos de esta naturaleza.
La acción de restitución cuenta con cuatro (4) meses para su ejecución, tiempo en el cual no se podría tramitar el proceso especifico de sucesión con el respeto de los términos legalmente establecidos, donde se exigen unos requisitos para la presentación de la demanda; con anexos especiales, cumpliendo cabalmente con las exigencias específicas para que el juez competente declare la apertura del proceso de sucesión y en unos términos determinados para el emplazamiento de quienes se crean con derecho a intervenir.
Lo anterior, sin contar con que este tipo de proceso involucra el principio de la doble instancia, y por el contrario, el trámite de restitución de tierras se erigió como uno de única instancia (artículo 79 de la Ley 1448 de 2011, declarado exequible en la Sentencia C-099 de 2013).
Dentro del trámite sucesoral, por expresa disposición legal algunos actos procesales son susceptibles del recurso de apelación; v.gr. los autos que niegan o declaran abierto el proceso de sucesión, así como, el que acepta o niega el reconocimiento de herederos legatarios, cesionario o cónyuge sobreviniente; controversias que no podrían plantearse al interior de un proceso de restitución de tierras, por ser éste una excepción al principio de doble instancia.
En este sentido, concluye la S. que los presupuestos procesales dispuestos para este particular tipo de procedimiento, no se compadecen con el trámite y términos dispuestos para la acción especial de restitución y formalización de tierras. Omitir las etapas previstas por el legislador para el proceso de sucesión, no solo conlleva el quebrantamiento de derechos fundamentales de los directamente interesados; sino que, adicionalmente, desconoce los derechos sustanciales de terceras personas que no han sido convocadas al proceso, con lo que se está vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva, en los términos de los artículos 228 y 229 de la Constitución de 1991.
Los anteriores argumentos evidencia la inconveniencia de tramitar una sucesión al interior del procedimiento de restitución de tierras o en la etapa post-fallo ante el juez especializado en restitución de tierras, pues iniciar la sucesión en forma conjunta con este trámite representaría, adicionalmente, dar por sentado que se concederá la restitución, lo que no puede ser materia de decisión sino sólo hasta el momento de la sentencia.
La S. Octava de Revisión de la Corte Constitucional, al verificar lo alegado por la señora C.A.A. para invocar la protección de los derechos fundamentales a la restitución de tierras, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad, determina que el comportamiento desplegado por el Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cundinamarca, al decidir (i) reconocer a la accionante la calidad de heredera de los predios “Mata de Ramo” y “La Primavera”; (ii) restituir los predios referidos con destino a la masa sucesoral del causante ante la posible existencia de otros bienes que conforman el patrimonio yacente; (iii) entregar materialmente los predios a la reclamante para que continuara los actos de explotación en calidad de heredera; y, (iv) conminar a la peticionaria para que iniciara proceso de sucesión ante el juez competente para obtener la transferencia del derecho de propiedad de los predios restituidos, convocando a los demás herederos, no configuró un defecto por desconocimiento del precedente horizontal.
(i) Una, según la cual no es posible por cuanto el trámite de sucesión tiene requisitos y etapas propias orientadas a garantizar el debido proceso, la igualdad y la publicidad de las actuaciones de los herederos determinados e indeterminados que no concurrieron al ejercicio de restitución, y cuyo propósito es “abarcar de manera integral todo el patrimonio del causante”, por lo que “una decisión final en el trámite de restitución de tierras que apruebe una partición impediría en el futuro la inclusión de otros bienes que deban ser objeto der liquidación pero que no puedan ser restituidos por no haber sido despojados o abandonados”[67].
En efecto, la S. advierte que si bien hay muchas providencias en las que el juez de restitución de tierras asume la competencia propia del juez ordinario en asuntos civiles subyacentes, existen otras causas en las cuales se ordena la restitución del predio a la masa herencial para que se efectúe la sucesión ante la justicia ordinaria. En el presente caso, no se logró demostrar la existencia de una secuencia de sentencias que configuren un precedente sobre el tema, que sugiriera que el juzgado accionado hubiera cambiado su jurisprudencia o tuviera que seguir el sentido de pronunciamientos anteriores, so pena de no violar el imperativo del precedente horizontal.
Encontró la Corte que en el presente asunto concurren los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisión judicial. Sin embargo, constató que no se configura ninguna de las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial; razón por la cual, para la S. no resulta pertinente acoger los argumentos expuestos para desvirtuar la sentencia del Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras para el Distrito Judicial de Cundinamarca por la causal citada, en tanto no se logró demostrar que exista un precedente riguroso y consolidado en relación con el tema. Acusar una providencia sin que medie este elemento no es más que manifestar su oposición a la sentencia, cosa que, prima facie, obliga a desestimar la tacha de haber ignorado un precedente.
No obstante lo anterior, la S. Octava de Revisión de la Corte Constitucional precisa que, para efectos sucesorios, el juez especializado de justicia transicional no comporta competencia expresa, por cuanto la misma escapa del resorte de la acción de restitución y formalización de tierras despojadas o abandonas, la cual fue instituida por el legislador como un procedimiento de carácter especial en la Ley 1448 de 2011, para lograr fines específicos.
Se concluye que el trámite sucesoral ha de seguirse por la vía de la jurisdicción ordinaria, el cual debe cumplir con unos presupuestos procesales, es decir, requisitos y términos expresamente indicados en las normas pertinentes del Código General del Proceso. Pretender que se surta un asunto de naturaleza civil dentro de un proceso de restitución de tierras es omitir los mismos, con lo cual se generaría una vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la publicidad de cualquier otro heredero – determinado o indeterminado- que no haya hecho parte del proceso.
De este modo, la S. Octava de Revisión confirmará la sentencia proferida por la S. de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el diecinueve (19) de enero de dos mil diecisiete (2017) en segunda instancia, confirmatoria del fallo dictado por la S. Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de B.D.C., el quince (15) de noviembre de dos mil dieciséis (2016) en primera instancia, en la acción de tutela incoada por C.A.A. en contra del Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras para el Distrito Judicial de Cundinamarca.
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por la S. de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el diecinueve (19) de enero de dos mil diecisiete (2017) en segunda instancia, confirmatoria del fallo dictado por la S. Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de B.D.C., el quince (15) de noviembre de dos mil dieciséis (2016) en primera instancia, en la acción de tutela incoada por C.A.A. en contra del Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras para el Distrito Judicial de Cundinamarca.
[1] En adelante UAEGRTD.
[2] La Funcionaria actúo como delegada ante el juzgado accionado, y fue notificada de la acción de tutela en calidad de interviniente en el proceso de restitución 2015-00013-00.
[3] Sentencia T-417 de 2013.
[4] Sentencia T-550 de 1993.
[5] Artículo 10, decreto 2591 de 1991, Legitimidad e interés. Segundo inciso: (...) “También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.”
[6] Sentencia T-011 de 1993.
[7] En la Sentencia T-603 de 1992 se sostuvo que la posibilidad del agenciamiento de derechos ajenos en materia de tutela constituye desarrollo “lógico” del principio de prevalencia de los aspectos sustantivos sobre los aspectos formales. Así también, en la sentencia T-044 de 1996, la Corte afirmó que con la agencia oficiosa “Se trata una vez más de asegurar la vigencia efectiva de los derechos por encima de formalidades externas, en una manifestación de la prevalencia del derecho sustancial...”
[8] En las sentencias T-029 de 1993 y T-422 de 1993.
[9] Sentencia T-555 de 1996.
[10] Sentencia T-452 de 2001.
[11] Sentencia T-342 de 1994.
[12] Sentencia T-414 de 1999.
[13] En la sentencia T-422 de 1993. Reiterada en Sentencia T-421 de 2001.
[14] Sentencia T-408 de 1995. Igualmente ver la sentencia T-029 de 1993.
[15] Sentencia T-044 de 1996 y Sentencia T-503 de 1998.
[16] En la sentencia T-088 de 1999.
[17] Sentencia T-315 de 2000.
[18] Sentencia T-555 de 1996 (referida en sentencias SU-707 de 1996 y T-414 de 1999).
[19] Sentencia T-573 de 2001.
[20] Sobre la importancia de consultar las circunstancias propias del caso concreto ver sentencia T-555 de 1996 sentencia T-452 de 2001 y sentencia T-573 de 2001.
[21] sentencia T-555 de 1996, reiterada en la sentencia T-452 de 2001.
[22] Una integración normativa de la figura de la agencia oficiosa del código de procedimiento civil, dirigida a incluir tales exigencias en sede de tutela resultaría abiertamente contraria a la Constitución. Dice el artículo 47: “Agencia oficiosa procesal. Se podrá promover demanda a nombre de persona de quien no se tenga poder, siempre que esté ausente o impedido para hacerlo; para ello bastará afirmar dicha circunstancia bajo juramento que se entenderá prestado por la presentación de aquella. El agente oficioso deberá prestar caución dentro de los diez días siguientes a la notificación a él del auto que admita la demanda, para responder de que el demandante la ratificará dentro de los dos meses siguientes. Si este no la ratifica, se declarará terminado el proceso y se condenará al agente, a pagar las costas y los prejuicios causados al demandado. La actuación se suspenderá una vez practicada la notificación al demandado del auto admisorio de la demanda, El agente deberá obrar por medio de abogado inscrito, salvo en los casos exceptuados en esta ley.”
[23] Sentencia T-452 de 2001.
[24] Sentencia T-422 de 1993.
[25] Sentencia T-044 de 1996.
[26] Sentencia T-531 de 2002.
[27] Sentencia T-095 de 2005.
[29] Sentencia T-522 de 2001.
[31] V. en Sentencia C-590 de 2005.
[32] En esta oportunidad la S. Octava de Revisión hará reseña de las consideraciones expuestas de la Sentencia T-615 de 2016, proferida por la S. Sexta de Revisión, al encontrarlas pertinentes para la resolución del caso objeto de revisión.
[33] Sentencia SU-053 de 2015.
[34] “El Precedente Constitucional teoría y praxis”, editorial I.S.A.S, 2013.
[37] En este sentido, se ha pronunciado la Corte Constitucional en las Sentencias: T-688 de 2003, T-918 de 2010, SU-288 de 2015, T-625 de 2016, SU-050 de 2017,T-145 de 2015 y T-151 de 2017, entre otras
[38] Sentencias C-447 de 1999, C-836 de 2001, T-468 de 2003, T-688 de 2003, T-698 de 2004, T-330 de 2005 y T-292 de 2006.
[39] Sentencia T-049 de 2007.
[40] La Corte reseña las consideraciones de la Sentencia T-615 de 2016, proferida por la S. Sexta de Revisión al encontrarlas pertinentes para la resolución del caso objeto de revisión.
[41] Sentencia T-087 de 2007. Ver también, sentencias T-193 de 1995, T-1625 de 2000, T-522 de 2001, T-462 de 2003, T-292 de 2006, T-436 de 2009, T-161 de 2010 y SU-448 de 2011.
[42] Sentencia C-447 de 1997.
[43] I.em
[44] Sentencia T-615 de 2016.
[45] En esta ocasión se reiterarán las consideraciones expuestas en las sentencias C-330 de 2016 y T-244 de 2016, al encontrarse pertinentes para la resolución del caso objeto de revisión.
[46] El inciso 5º del artículo 9º de la Ley 1114 de 2011 establece lo siguiente: “En el marco de la justicia transicional las autoridades judiciales y administrativas competentes deberán ajustar sus actuaciones al objetivo primordial de conseguir la reconciliación y la paz duradera y estable. Para estos efectos se deberá tener en cuenta la sostenibilidad fiscal, la magnitud de las consecuencias de las violaciones de que trata el artículo 3o de la presente Ley, y la naturaleza de las mismas.”
[47] Sentencia T-244 de 2016.
[48] El artículo 25 de esta ley dispone: “Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia de las violaciones de que trata el artículo 3º de la presente Ley. La reparación comprende las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima dependiendo de la vulneración en sus derechos y las características del hecho victimizante”.
[49] El artículo 73 de la Ley 1448 de 2011 los define de la siguiente manera: “1. Preferente. La restitución de tierras, acompañada de acciones de apoyo pos-restitución, constituye la medida preferente de reparación integral para las víctimas; 2. Independencia. El derecho a la restitución de las tierras es un derecho en sí mismo y es independiente de que se haga o no el efectivo el retorno de las víctimas a quienes les asista ese derecho; 3. Progresividad. Se entenderá que las medidas de restitución contempladas en la presente ley tienen como objetivo el de propender de manera progresiva por el restablecimiento del proyecto de vida de las víctimas; 4. Estabilización. Las víctimas del desplazamiento forzado y del abandono forzado, tienen derecho a un retorno o reubicación voluntaria en condiciones de sostenibilidad, seguridad y dignidad; 5. Seguridad jurídica. Las medidas de restitución propenderán por garantizar la seguridad jurídica de la restitución y el esclarecimiento de la situación de los predios objeto de restitución. Para el efecto, se propenderá por la titulación de la propiedad como medida de restitución, considerando la relación jurídica que tenían las víctimas con los predios objeto de restitución o compensación; 6. Prevención. Las medidas de restitución se producirán en un marco de prevención del desplazamiento forzado, de protección a la vida e integridad de los reclamantes y de protección jurídica y física de las propiedades y posesiones de las personas desplazadas; 7. Participación. La planificación y gestión del retorno o reubicación y de la reintegración a la comunidad contará con la plena participación de las víctimas; 8. Prevalencia constitucional. Corresponde a las autoridades judiciales de que trata la presente ley, el deber de garantizar la prevalencia de los derechos de las víctimas del despojo y el abandono forzado, que tengan un vínculo especial constitucionalmente protegido, con los bienes de los cuales fueron despojados. En virtud de lo anterior, restituirán prioritariamente a las víctimas más vulnerables, y a aquellas que tengan un vínculo con la tierra que sea objeto de protección especial.”
[50] Sentencia T-666 de 2015.
[51] En cuanto a estas definiciones, es relevante indicar que en la sentencia C-715 de 2012, recién mencionada, señaló que las medidas de protección establecidas en la Ley de víctimas y restitución de tierras deben dirigirse a superar tanto el despojo como el abandono forzado de los predios.
[52] Ley de víctimas y restitución de tierras. Las personas a que hace referencia el artículo 75.
[53] Al respecto señala el artículo 75 de la Ley 1448 de 2011 lo siguiente: “la inscripción de un predio en el registro de tierras despojadas será requisito de procedibilidad para iniciar la acción de restitución a que se refiere este capítulo”
La inscripción de la solicitud en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos indicando el folio de matrícula inmobiliaria y la orden de remisión del oficio de inscripción por el registrador al Magistrado, junto con el certificado sobre la situación jurídica del bien, dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de la orden de inscripción.
[55] Sentencia T-666 de 2015.
[56] En el mismo sentido se pueden consultar los fallos proferidos por: Juzgado 2 Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Ibagué, abril 11 de 2014, radicado 73001-31-002-2013-00174-00, Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cúcuta, 31de mayo de 2013, radicado 2012-220. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, S. Civil Fija de Decisión Especializada en Restitución de Tierras, en sentencia del 15 de abril de 20145, No. 540013121002200130024901, Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras del Distrito Judicial de Cundinamarca, sentencia No. 009 de 2015, proceso 8500131200120140001400.
[57] Autoridad judicial accionada en el caso de la referencia, de cuya sentencia específicamente la parte accionante hace alusión a un desconocimiento del precedente horizontal.
[58] Juzgado 1 Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Ibagué, sentencia del 24 de febrero de 2014, radicado 73001-31-21001-2013-000161-00; Juzgado 2 Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Ibagué, sentencia del 18 de diciembre de 2013, radicado 73001-31-21-002-2013-00131-00; Juzgado 1 Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Mocoa, sentencia del 5 de julio de 2013, radicado 860013121001-2013-00022-00; Juez Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras del Distrito Judicial de Cundinamarca, sentencia No. 009 de 2015, proceso 85001312100140001400; Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Antioquia, sentencia del 4 de septiembre de 2015, radicado 2015-00002-00, Juzgado 1 Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Antioquia, sentencia del 24 de julio de 2013, radicado 2013-000-33-00, Juzgado 2 Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Antioquia, sentencia del 12 de febrero de 2014, radicado 2013-00062-00; Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cundinamarca, radicado 2014-00014-00 y Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cúcuta, sentencia del 31 de mayo de 2013, radicado 2012-220-00.
[59] Tribunal Superior del Distrito Judicial de B.D.C. S. Civil Especializada en Restitución de Tierras, expediente 11001222100020160001100, sentencia del 15 de noviembre de 2016.
[60] La sentencia T-292 de 2006 se afirma que la ratio decidendi es la “formulación del principio, regla o razón general de la sentencia que constituye la base de la decisión judicial”.
[61] Cfr. Sentencia T-292 de 2006. Ver además sentencia T-110 de 201.
[62] Ver Q.R., M.F.. “Vías de hecho. Acción de tutela contra providencias judiciales”. Séptima Edición. Ed. I. (2012).
[63] Juzgado 1 Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Ibagué, sentencia del 24 de febrero de 2014, radicado 73001-31-21001-2013-000161-00; Juzgado 2 Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Ibagué, sentencia del 18 de diciembre de 2013, radicado 73001-31-21-002-2013-00131-00; Juzgado 1 Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Mocoa, sentencia del 5 de julio de 2013, radicado 860013121001-2013-00022-00; Juez Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras del Distrito Judicial de Cundinamarca, sentencia No. 009 de 2015, proceso 85001312100140001400; Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Antioquia, sentencia del 4 de septiembre de 2015, radicado 2015-00002-00, Juzgado 1 Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Antioquia, sentencia del 24 de julio de 2013, radicado 2013-000-33-00, Juzgado 2 Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Antioquia, sentencia del 12 de febrero de 2014, radicado 2013-00062-00; Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cundinamarca, radicado 2014-00014-00 y Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cúcuta, sentencia del 31 de mayo de 2013, radicado 2012-220-00.
[64] Tribunal Superior del Distrito Judicial de B.D.C. S. Civil Especializada en Restitución de Tierras, expediente 11001222100020160001100, sentencia del 15 de noviembre de 2016.
[65] Corte Constitucional sentencias T- 688 de 2003. Criterio reiterado en la sentencia T- 698 de 2004.
[66] Folio 48 del cuaderno número 3 del expediente T-5.983.457.
[67] Tribunal Superior del Distrito Judicial de B.D.C. S. Civil Especializada en Restitución de Tierras, expediente 11001222100020160001100, sentencia del 15 de noviembre de 2016.
Sentencia nº 11001-03-15-000-2015-02499-01 de Consejo de Estado - Sección Quinta, de 18 de Febrero de 2016