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Timestamp: 2017-10-18 20:24:39
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Fecha de entrada en vigor : 1999-12-09
Diario Oficial No 43.414, de 26 de octubre de 1998
Por medio de la cual se aprueba el "Convenio entre la República de Colombia y la República del Perú sobre asistencia judicial en materia penal", suscrito en la ciudad de Lima, el doce (12) de julio de mil novecientos noventa y cuatro (1994).
< Resumen de Notas de Vigencia >
1. Ley declarada EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-406-99 de 2 de junio de 1999, Magistrado Ponente Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.
Visto el texto del "Convenio entre la República de Colombia y la República del Perú sobre asistencia judicial en materia penal", suscrito en la ciudad de Lima, el doce (12) de julio de mil novecientos noventa y cuatro (1994), que a la letra dice:
« CONVENIO ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA REPUBLICA DEL PERU SOBRE
ARTÍCULO 1o. OBLIGACIONES DE LA ASISTENCIA.
1. a una de las Partes se compromete a prestar a la otra Parte, de conformidad con las disposiciones del presente Convenio la más amplia asistencia en el desarrollo de procedimientos judiciales penales. Asimismo, a brindarse la mayor colaboración en materia de expulsión, deportación y entrega de nacionales de la Parte requirente perseguidos por la justicia que se encuentren irregularmente en la zona fronteriza de los Estados Partes.
Se entenderá como "zona fronteriza" para la República de Colombia, las siguientes circunscripciones municipales: Municipio de Leticia (Amazonas), municipio de Puerto Nariño (Amazonas), Puerto Leguízamo (Putumayo), corregimiento de Atacuarí, corregimiento El Encanto y corregimiento Arica. Para la República del Perú: el distrito de Putumayo, Provincia de Maynas, departamento de Loreto. Dicha zona fronteriza regirá sólo para los efectos previstos en el presente Convenio y será susceptible de ampliación según la voluntad de las Partes.
g) Facilitar el ingreso y permitir la libertad de desplazamiento en el territorio del Estado requerido a funcionarios del Estado requirente, previa autorización de las autoridades competentes del Estado requerido, con el fin de asistir a la práctica de las actuaciones descritas en el presente Convenio, siempre que el ordenamiento interno del Estado requerido así lo permita;
2. Además de la asistencia judicial descrita en el inciso 1 de este artículo, las Partes se comprometen a brindarse la más amplia colaboración en la zona fronteriza en los siguientes términos:
b) Recibido un requerimiento de asistencia, por la autoridad central de uno de los Estados Parte, ésta deberá comunicar dicho requerimiento de manera expedita a los funcionarios encargados del control de inmigración, enviando la documentación pertinente a fin de que presten su concurso con la mayor celeridad, para la adopción de las medidas de expulsión o deportación y entrega del extranjero a las autoridades del Estado requirente.
Para esos efectos actuarán como autoridades centrales, las indicadas en el artículo 4o. del presente Convenio;
c) Para los efectos de la asistencia a la que se refiere este artículo, se entenderá por Zona Fronteriza la señalada en el artículo 1o. inciso 1 del presente Convenio.
ARTÍCULO 2o. HECHOS QUE DAN LUGAR A LA ASISTENCIA.
ARTÍCULO 3o. DENEGACIÓN DE LA ASISTENCIA.
ARTÍCULO 4o. EJECUCIÓN. Los requerimientos de asistencia en virtud de este Convenio, se efectuarán a través de las autoridades centrales competentes, tal como se indica en el presente enunciado:
1. La República de Colombia designa como autoridad central a la Fiscalía General de la Nación y la República del Perú designa como autoridad central al Ministerio Público- Fiscalía de la Nación. La autoridad central de la Parte requerida atenderá de forma expedita las solicitudes, o cuando sea adecuado, las transmitirá a otras autoridades competentes para ejecutarlas.
FORMAS ESPECIFICAS DE ASISTENCIA.
ARTÍCULO 5o. NOTIFICACIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS.
ARTÍCULO 6o. ENTREGA DE DOCUMENTOS, INFORMACIONES Y OBJETOS.
ARTÍCULO 7o. COMPARECENCIA DE PERSONAS EN LA PARTE REQUERIDA.
ARTÍCULO 8o. COMPARECENCIA DE PERSONAS EN LA PARTE REQUIRENTE.
ARTÍCULO 9o. COOPERACIÓN PARA LA PRÁCTICA DE PRUEBAS. A solicitud de la Parte requirente, la Parte requerida proporcionará las facilidades y seguridades necesarias para la actuación de pruebas y diligencias judiciales, dentro de su territorio.
2. La garantía prevista por el párrafo 1o., cesa si la persona reclamada, habiendo tenido la posibilidad, no haya dejado el territorio de la Parte requirente, luego de transcurridos quince días desde que su presencia ya no es más requerida por la autoridad judicial o bien, habiéndolo dejado, haya regresado a él voluntariamente.
ARTÍCULO 11. ENVÍO DE SENTENCIAS Y DE CERTIFICADOS DEL REGISTRO JUDICIAL.
ARTÍCULO 12. PLAZOS. En toda solicitud de asistencia en la que exista un plazo para efectuarla, el Estado requirente deberá remitir la solicitud al Estado requerido por lo menos con 30 días de antelación al término establecido. En casos urgentes, el Estado requerido podrá renunciar al plazo para la notificación.
ARTÍCULO 13. OBTENCIÓN DE PRUEBAS.
ARTÍCULO 14. LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS. El Estado requerido desplegará sus mejores esfuerzos con el fin de ubicar e identificar cualesquiera personas señaladas en una solicitud de asistencia y mantendrá informado al Estado requirente del avance y resultados de sus investigaciones.
ARTÍCULO 15. BÚSQUEDA Y APREHENSIÓN.
ARTÍCULO 16. ASISTENCIA EN PROCEDIMIENTOS DE DECOMISO Y OTROS.
1. Si una de las Partes contratantes se percatara de la existencia de los medios para la comisión del delito y de los frutos provenientes del mismo ubicados en el territorio de la otra Parte contratante, que pudiesen ser decomisados, incautados o de otro modo aprehendidos conforme a las leyes de ese Estado, deberá comunicar este hecho a la autoridad central de otro Estado. Si ese otro Estado tiene jurisdicción, presentará dicha información a sus autoridades para determinar si procede tomar alguna medida. Estas autoridades emitirán su decisión de acuerdo con las leyes de su país y, por mediación de su autoridad central informará al otro Estado sobre la acción que se haya tomado.
ARTÍCULO 17. INFORMACIONES RELACIONADAS CON LAS CONDENAS.Cada Parte informará anualmente a la otra Parte respecto de las sentencias de condena pronunciadas por sus propias autoridades judiciales, contra ciudadanos de dichas Partes.
PROCEDIMIENTO Y GASTOS.
ARTÍCULO 18. DE LOS PROCEDIMIENTOS.
e) El término dentro del cual el Estado requirente desearía que la solicitud sea
ARTÍCULO 19. COMUNICACIONES. Las comunicaciones entre las Partes, se efectuarán a través de sus respectivos Ministerios de Relaciones Exteriores.
ARTÍCULO 21. CONFIDENCIALIDAD. Toda tramitación o pruebas proporcionadas por razón del presente Convenio, se mantendrán en estricta confidencialidad, salvo que éstas sean requeridas en investigaciones que formen Parte de un proceso penal descrito en la solicitud de asistencia, o que el Estado requirente y el Estado requerido acuerden lo contrario.
ARTÍCULO 22. DISPOSICIONES FINALES. Las autoridades centrales celebrarán consultas en fechas acordadas con el fin de evaluar la asistencia prestada en aplicación del presente convenio.
ARTÍCULO 23. INTERPRETACIÓN. Cualquier controversia que pueda surgir sobre la interpretación o aplicación del presente Convenio será solucionada entre las autoridades centrales y en caso de no llegar a un acuerdo, se recurrirá a consultas entre las dos Partes.
ARTÍCULO 24. RATIFICACIÓN Y ENTRADA EN VIGENCIA.
FERNANDO VEGA SANTA GADEA. »
Que la presente reproducción es fotocopia tomada del texto original del "Convenio entre la República de Colombia y la República del Perú sobre asistencia judicial en materia penal", suscrito en Lima el día doce (12) de julio de mil novecientos noventa y cuatro (1994), que reposa en los archivos de la Oficina Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores.
(Fdo.), MARÍA EMMA MEJÍA VÉLEZ.
ARTÍCULO 1o. Apruébase el "Convenio entre la República de Colombia y la República del Perú sobre asistencia judicial en materia penal", suscrito en la ciudad de Lima, el doce (12) de julio de mil novecientos noventa y cuatro (1994).
ARTÍCULO 2o. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o. de la Ley 7a. de 1944, el "Convenio entre la República de Colombia y la República del Perú sobre asistencia judicial en materia penal", suscrito en la ciudad de Lima, el doce (12) de julio de mil novecientos noventa y cuatro (1994), que por el artículo 1o. de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 22 de octubre de 1998.