Source: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=20040327
Timestamp: 2019-08-24 06:49:47
Document Index: 175534393

Matched Legal Cases: ['artículo 140', 'artículo 140', 'artículo 140', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 145', 'artículo 209', 'Artículo 140', 'Artículo 122', 'Artículo 125', 'Artículo 131', 'Artículo 135', 'Artículo 136', 'artículo 562', 'Artículo 26']

C-799 de 2003
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020040327CC-SENTENCIAC799200316/09/2003CC-SENTENCIA_C_799__2003_16/09/2003200403272003SENTENCIA C-799/03 CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE -Normas rigen en todo el territorio DERECHO A LA LIBRE CIRCULACION -Limitaciones CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE -Objetivo central POTESTAD SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACION -Modalidades INFRACCION -Doble modalidad /INFRACCION -Definición /INFRACCION -Clase de sanciones INMOVILIZACION DE VEHICULO -Definición de la sanción LICENCIA DE CONDUCCION -Retención no está prevista como una sanción SUSPENSION DE LA LICENCIA DE CONDUCCION -Sanción MEDIDAS DE RETENCION Y SUSPENSION -Se llevan a efecto de la misma manera INMOVILIZACION DE VEHICULO O SUSPENSION DE LA LICENCIA DE CONDUCCION POR MORA EN EL PAGO DE MULTAS -Son instrumentos jurídicos para lograr la fuerza coactiva del régimen de tránsito INMOVILIZACION DE VEHICULO O SUSPENSION DE LA LICENCIA DE CONDUCCION -Mecanismo de coacción/ INMOVILIZACION DE VEHICULO O SUSPENSION DE LA LICENCIA DE CONDUCCION -Finalidad MULTA -Responden al carácter coactivo de las normas imperativas del derecho MULTA -Mecanismo para lograr su pago efectivo /MULTA -Fuerza coactiva debe ejercerse legítimamente PROPORCIONALIDAD -Criterio de interpretación constitucional MEDIDA LEGISLATIVA -Determinación de la proporcionalidad MEDIDA COACTIVA -Ponderación INMOVILIZACION DE VEHICULO O RETENCION DE LA LICENCIA DE CONDUCCION -Limitación a la libertad de circulación CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE -Clases de multas MULTA -Cuantía depende de la gravedad de la infracción /MULTA -Criterios adicionales para graduar el valor CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE -Cuantía de las multas son en ciertos casos sanciones rigurosas MULTA POR INFRACCION DE TRANSITO -Pago en ciertos casos puede afectar el mínimo vital de subsistencia del conductor sancionado y su familia MULTA -Severidad está graduada según la gravedad de las infracciones INMOVILIZACION DE VEHICULO O RETENCION DE LA LICENCIA DE CONDUCCION -Mecanismo de coacción para lograr pago efectivo de la multa es desproporcionado MULTA -Cuantía es directamente proporcional a la gravedad de las conductas INMOVILIZACION DE VEHICULO O RETENCION DE LA LICENCIA DE CONDUCCION -Medidas desproporcionadas INMOVILIZACION DE VEHICULO O RETENCION DE LA LICENCIA DE CONDUCCION -Restricción a la libertad de circulación y en algunos casos limitación del derecho al trabajo MULTA -Afectación de núcleo esencial de ciertos derechos fundamentales implicados en la percepción del salario mínimo, a fin de lograr pago inmediato NORMA ACUSADA -Alcance general INMOVILIZACION DE VEHICULO O RETENCION DE LA LICENCIA DE CONDUCCION -Sanción deviene del desconocimiento de la realidad socioeconómica de un grupo de conductores LEGISLADOR -Ignorancia sobre circunstancias de desigualdad económica puede dar lugar a la inexequibilidad de disposiciones que desconocen derechos fundamentales MULTA POR INFRACCION DE TRANSITO -Existencia de otro mecanismo jurídico para lograr el pago JURISDICCION COACTIVA -Concepto /JURISDICCION COACTIVA -Finalidad JURISDICCION COACTIVA -Privilegio exorbitante de la Administración JURISDICCION COACTIVA -Procesos de naturaleza administrativa /JURISDICCION COACTIVA -Objetivo /JURISDICCION COACTIVA -Fundamento jurídico radica en el principio de ejecutividad de los actos administrativos VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO -Mecanismo coactivo para lograr pago de multas CONDUCTORES DE SERVICIO PUBLICO -Pago forzado de multas INMOVILIZACION DE VEHICULO O RETENCION DE LA LICENCIA DE CONDUCCION -Facultades concedidas son exorbitantes y desproporcionadas Referencia: expediente D-4517
Yolanda Cañón PinedaCONSTITUCIONALIDADMarco Gerardo Monroy CabraDemanda de inconstitucionalidad parcial contra el artículo 140 de la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito Terrestre)D4517Identificadores20020040328true60373Versión original20040328Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad parcial contra el artículo 140 de la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito Terrestre)
Sostiene la intervinente que las sanciones que establece el artículo 140 de la 769 de 2002 son de carácter temporal y preventivo. Además, afirma que la inhabilitación temporal a los infractores de tránsito sancionados con multa es una medida razonable en cuanto impide que éstos sigan "circulando sin mayores prevenciones, llegando aún a la posibilidad de acumular varias infracciones sin ningún control en el ejercicio de una actividad considerada como riesgosa, exponiendo así la vida, integridad y seguridad de los peatones y demás conductores". Por otro lado, considera que el término otorgado para pagar la multa antes de ser sancionado (un mes), es un término prudencial.
En este orden de ideas, lo impuesto en el aparte demandado es, según la intervinente, una limitación razonable y proporcional pues, además de dar un tiempo prudencial para que no se aplique la sanción, es una medida de carácter temporal que además "evita la circulación de infractores de tránsito sin que asuman la sanción y la responsabilidad que les corresponde".
En cuanto al argumento de la demandante que sostiene que la retención de la licencia de conducción atenta contra el derecho al trabajo, responde el intervinente invocando el artículo 2º de la Constitución por medio del cual se asigna a las autoridades de la República, no sólo el deber de proteger integralmente a todas las personas, sino también la obligación de "asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del estado y de los particulares".
Alega además que la sanción de retener la licencia de conducción cuando no se ha pagado la multa después de un tiempo prudencial "sólo busca que la imposición de sanciones pecuniarias no se siga convirtiendo en un 'rey de burlas' para los infractores, por la imposibilidad de contar con un mecanismo de presión expedito, ágil e inmediato, diferente al dilatado procedimiento de jurisdicción coactiva, para procurar la cancelación de las multas".
En sustento de esta petición el intervinente expuso que desde la vigencia de la Ley 1344 de 1979, estaba consagrada la posibilidad de retener la licencia de tránsito como consecuencia del no pago de multas por infracciones de tránsito, una vez pasados veinte días de la ejecutoria de la resolución que declaraba la contravención. Explica como ahora, tras la expedición de la Ley 769 de 2002, la norma que regula el procedimiento a seguir en caso de mora en el pago de dichas multas contiene dos apartes: uno primero, relacionado con el cobro coactivo, que resulta potestativo, "por lo que la conveniencia de iniciar este proceso está en cabeza de los organismos de tránsito". Y otro, referente a la medidas de inmovilización del vehículo o la retención de la licencia de tránsito, una de las cuales en todo caso debe ser impuesta cuando han transcurrido más de treinta días de ora en el pago de la multa. A su juicio, lo que quiso el legislador fue que el proceso de cobro coactivo fuera la última forma de coerción utilizada por las autoridades para lograr el pago de multas atrasadas, dándole prelación a las otras dos medidas que, a su parecer, son menos gravosas.
"Es claro que si no existiera una regulación adecuada de la circulación de personas y vehículos sobre las vías públicas, los derechos de los particulares, así como el interés colectivo, se verían gravemente afectados: la descoordinación de las fuerzas físicas que actúan en el escenario del tránsito vehicular y peatonal provocaría la accidentalidad constante de sus elementos y el medio ambiente no resistiría la ausencia de una normatividad que reglamentare la emisión de gases tóxicos por parte de los automotores, para poner sólo los ejemplos más evidentes. Fines tan esenciales al Estado como la prosperidad general y la convivencia pacífica (Art. 2º C.P.) serían irrealizables si no se impusieran normas de conducta claras y precisas para el ejercicio del derecho de circulación."[1]
4. De manera general, el Código Nacional de Tránsito Terrestre permite la imposición de medidas administrativas como aquellas a que se refiere la norma acusada - inmovilización del vehículo o retención de la licencia de conducción- a manera de sanción por las infracciones a sus normas. Ahora bien, según lo prescribe el artículo 2° del Código, la "infracción" es una "transgresión o violación de una norma de tránsito", que puede ser simple cuando se trate de violación a la mera norma, o compleja si además se produce un daño material. Dentro de las diferentes sanciones por infracciones de tránsito que pueden ser impuestas por las autoridades competentes están, aparte de la multa, la inmovilización del vehículo y la suspensión de la licencia de conducción, entre otras.[2]
"El ordenamiento jurídico no se limita a diseñar y establecer el aparato de fuerza y las condiciones para su ejercicio, sino que, adicionalmente, indica el método de su actuación y las formas procesales que deben observarse cuando se viola una norma jurídica y se hace entonces necesario poner en marcha sus dispositivos de constreñimiento o de reparación. En este orden de ideas, el uso de la coacción resulta inseparable de sus condiciones de ejercicio y de las formas procesales que deben agotarse para su correcto empleo, fijadas en el derecho objetivo."[5]
La Corte aprecia que por su cuantía las multas previstas en el Código Nacional de Tránsito Terrestre son, en ciertos casos, sanciones rigurosas. Las multas más cuantiosas corresponden al equivalente de treinta (30) salarios mínimos legales diarios vigentes, es decir a un salario mínimo legal mensual.[8] Si se tiene en cuenta que al tenor del artículo 145 del Código Sustantivo del Trabajo, el salario mínimo "es el que todo trabajador tiene derecho a percibir para subvenir a sus necesidades normales y a las de su familia, en el orden material, moral y cultural", respecto del cual la Corte ha dicho que es "la contraprestación menor aceptable para la jornada legalmente establecida, de las labores que no requieren calificación alguna"[9], debe concluirse que para aquellos conductores de vehículos automotores que sólo alcanzan este nivel de ingresos, las multas previstas por la comisión de las infracciones más graves son ciertamente sanciones severas, y que su pago, en esos casos, sólo puede lograrse afectando el mínimo vital de subsistencia del conductor sancionado y de su familia.
"Lo que sí parece constituir una desproporción, a la luz de dichos criterios, es que se desconozca que la capacidad económica de muchos colombianos se encuentra por debajo del monto señalado por la norma como cuantía mínima de la caución prendaria. En efecto, no hace falta adelantar mayores investigaciones socio-económicas ni aportar extensas estadísticas sobre la realidad de la Nación para averiguar que hoy por hoy, muchas personas y muchas familias subsisten mensualmente con menos de un salario mínimo legal[11]. Tampoco es difícil imaginar -dolorosamente, es fácil hacerlo- que la satisfacción de las necesidades básicas de muchos individuos depende de lo que puedan producir o puedan recibir día a día en el desempeño de humildes oficios[12], debido a las altas tasas de desempleo que se incrementan a diario en el país[13].
"En Colombia, la existencia de personas incapaces de cancelar una caución prendaria equivalente a un salario mínimo legal mensual constituye una realidad verosímil, actual y cotidiana, antes que una circunstancia extraña o excepcional[14]. La pobreza y sus degradantes niveles son, en el país, un hecho notorio.
"Por disposición de esta medida, las personas sin la capacidad de pago suficiente para cubrir una suma equivalente a un salario mínimo legal mensual quedan excluidas de la posibilidad de acceder al beneficio de la libertad provisional, no obstante cumplan los requisitos de orden personal que la norma establece para conferir tal privilegio (Art. 365 C. de P.P.)."[15]
No sobra recordar que la jurisdicción coactiva es un "privilegio exorbitante" de la Administración[16], que le permite cobrar directamente, es decir sin intervención judicial, las deudas a su favor, y que se justifica en los principios de eficacia y celeridad de la función administrativa a que se refiere el artículo 209 superior. Privilegio que, de por sí, entrega a las autoridades un mecanismo efectivo y suficiente para lograr el pago de la multa, y que es una facultad extraordinaria que "va atada indiscutiblemente a los conceptos de imperio, soberanía, poder y autoridad".[17]
Inexequible la expresión ... Artículo 140 LEY_769_2002_06/07/2002
[2]Ley 769 de 2002. Artículo 122. Tipos de sanciones. Las sanciones por infracciones del presente Código son:
[3]Artículo 125.Inmovilización.La inmovilización en los casos a que se refiere este código, consiste en suspender temporalmente la circulación del vehículo por las vías públicas o privadas abiertas al público. Para tal efecto, el vehículo será conducido a parqueaderos autorizados que determine la autoridad competente, hasta que se subsane o cese la causa que le dio origen, a menos que sea subsanable en el sitio que se detectó la infracción.
[5]Sentencia T-057 de 1995, M.P Eduardo Cifuentes Muñoz
[7]Artículo 131. Multas. Los infractores de las normas de tránsito pagarán multas liquidadas en salarios mínimos legales diarios vigentes así:
[10]La multa debe ser pagada inmediatamente, como se desprende de la lectura de los artículos 135 y 136 del Código Nacional de Tránsito Terrestre, cuyo tenor literal, en lo pertinente, dice así:
"Artículo 135.Procedimiento. Ante la comisión de una contravención, la autoridad de tránsito debe seguir el procedimiento siguiente para imponer el comparendo:
"Artículo 136.Reducción de la sanción. Una vez surtida la orden de comparendo, si el inculpado acepta la comisión de la infracción, podrá cancelar el cien por cien (100%) del valor de la multa dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la orden de comparendo, sin necesidad de otra actuación administrativa. O podrá igualmente cancelar el cincuenta por ciento (50%) del valor de la multa al organismo de tránsito y un veinticinco por ciento (25%) al centro integral de atención al cual estará obligado a ir para tomar un curso en la escuela que allí funciona sobre las normas de tránsito. Pero si, por el contrario, la rechaza, el inculpado deberá comparecer ante el funcionario en audiencia pública para que éste decrete las pruebas conducentes que le sean solicitadas y las de oficio que considere útiles. Si el contraventor no compareciere sin justa causa comprobada en este tiempo, la autoridad de tránsito dentro de los diez (10) días siguientes seguirá el proceso, entendiéndose que queda vinculado al mismo, fallándose en audiencia pública y notificándose en estrados.
[11] De conformidad con el boletín informativo SISD 30 del Departamento Nacional de Planeación, publicado por dicha dependencia en Diciembre de 2001, "Colombia reune en la actualidad la mayor parte de las características negativas esbozadas por la CEPAL (se refiere al informe de dicha organización, publicado en el año 2000): una severa crisis económica, los mayores niveles de desempleo de su historia, catástrofes naturales, conflicto armado, violencia, desplazamiento forzado, etc; elementos que en su conjunto configuran el marco en el que se espera se agudicen las condiciones de pobreza en el país."
[12] Entre los diferentes índices utilizados por el DNP para calcular los niveles de pobreza de la población colombiana se destaca el índice NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) que califica como pobre a quien carece de vivienda construida con materiales apropiados, si tiene servicios públicos inadecuados, si tiene nivel de hacinamiento crítico, si el grado de dependencia económica es alto y si uno de sus niños entre 7 y 11 años no asiste a un establecimiento escolar. De acuerdo con este índice, en el año 2000 el 23.0% de la población colombiana tenía al menos una NBI. Por su parte, el índice de Línea de Pobreza (LP) determina la población nacional que no recibe un nivel de ingresos suficientes para satisfacer los niveles básicos nutricionales de su familia. De conformidad con el DNP, "este indicador muestra que en el país continúa incrementándose la pobreza, el porcentaje de personas por debajo de la Línea de Pobreza que en 1999 era de 56.3%, en 2000 se acerca a 60%; en valores absolutos significa un aumento en el número de pobres, por este concepto, de 2 millones de personas (22.647.877 en 1999 y 24. 610.844 en 2000). En términos de indigencia, el panorama es igualmente desalentador; el porcentaje de personas en estas condiciones pasa de 19.7% en 1999 a 23.4% en 2000.".
[13] "Infortunadamente, Colombia se encuentra en una etapa en donde la incidencia del desempleo es muy elevada y sin signos claros de recuperación (...), con todas sus connotaciones negativas. La tasa de desempleo para el total del país, pasa de 16.3% en 1999 a 16.6% en 2000. A pesar que en términos relativos el deterioro no parece ser significativo, en valores absolutos el incremento en el número de desempleados se acerca a los 350 mil (2'900.000 en 1997 y 3'247.000) en el 2000), lo que refleja la gran limitante que tiene el aparato productivo para generar puestos de trabajo." SISD 30. DNP
[14] "El impacto directo sobre la pobreza provocado por la caída de los ingresos es, a pesar de los enormes diferenciales, tan grave en la zona urbana como en la rural -sostiene el informe del DNP-. En septiembre de 1999 el porcentaje de población por debajo de la Línea de Pobreza (LP) en la zona urbana era del orden de 47% y en la rural de 80%, en 2000 en la primera de las zonas el porcentaje se incrementa en 4 puntos y en la rural en 3 puntos. Es preciso advertir que el DANE no ha estimado líneas de pobreza rural; estas corresponden a estimaciones de investigadores privados.".
[19]En concordancia con lo dispuesto por el Código Nacional de Tránsito Terrestre, numeral 3° del artículo 562 del Código de Procedimiento Civil dispone que las resoluciones ejecutoriadas de funcionarios administrativos o de policía, que impongan multas a favor de las entidades de derecho público prestan mérito ejecutivo para ser cobradas por jurisdicción coactiva. Estas ejecuciones, de conformidad con el articulo inmediatamente anterior, se siguen ante los funcionarios que determine la ley, por los trámites del proceso ejecutivo de mayor o menor y de mínima cuantía que regula el mismo Código, según fuere el caso, teniendo en cuanta las normas especiales contenidas en los artículos 564 a 568 ibidem.
"Artículo 26.Causales de suspensión o cancelación.La licencia de conducción se suspenderá:­