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Timestamp: 2020-05-28 05:18:09
Document Index: 75967282

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 12', 'Artículo 13', 'artículo 5', 'artículo 14', 'artículo 36']

Audiencia e información pública. Proyecto de RD Transparencia. (06-02-2018) - Proyecto de real decreto de desarrollo de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno - Participación pública en proyectos normativos - Participación Ciudadana - Portal de la Transparencia de la Administración del Estado. España - Inicio
RD Transparencia
Audiencia e información pública: Proyecto de Real Decreto de desarrollo de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (06-02-2018)
Borrador de Real Decreto por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. (Versión 06-02-2018).
Memoria de análisis de impacto normativo. (Versión 06-02-2018).
Información actualizada a 15-02-2019.
El plazo para realizar aportaciones en la fase de audiencia e información pública del proyecto de Real Decreto de desarrollo de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno finalizó el día 31-05-2018.
MAB Se adjunta archivo con las alegaciones. Ver más
JMG La propuesta trata de ordenar la publicación de los planes anuales y plurianuales que establece el art. 6.2 de la Ley de transparencia, alineándolos con los planes a publicar según la Ley 40/2015. Además, refuerza la rendición de cuentas que debe empezar por la propia organización que publica los planes, todo ello supervisado por la inspección de servicios. Por otro lado, recoge la experiencia de EE.UU y del Reino Unido en cuanto a la publicación de programas, información a publicar adicional y complementaria a los planes anuales y plurianuales. Ver más
CCC El Reglamento de la Ley 19/2013, debería determinar la manera más sencilla para identificarse en el Portal de Transparencia a la hora de hacer una solicitud de acceso a la información pública, ya que muchas veces Cl@ve falla y no deja autentificar a la persona.
IUU Propongo que, en relación a la causa de inadmisión del art.18.1.a de la Ley 19/2013 (solicitudes que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general) se incluya en el RD una excepción, consistente en que el interesado manifieste expresamente en su solicitud que, en el caso de que la información esté en curso de elaboración o de publicación general, su petición quede suspendida hasta que se haya elaborado o publicado la información, levantándose la suspensión cuando ello se haya producido y resolviéndose acto seguido la solicitud. Justificación: con ello se evitaría que el interesado tenga que estar averiguando o pidiendo continuamente información sobre el estado del expediente, y se traslada la obligación a la Administración de informar al ciudadano.
ACR El art. 10 de la ley habla del Portal de Transparencia como dependiente del Ministerio de la Presidencia. Los Reales decretos de organización y estructura de los Ministerios posteriormente cambian esa dependencia, por ejemplo ahora depende del Ministerio de Hacienda y Función Pública a través de la DG de Gobernanza Pública. ¿Se podría aclarar la actual dependencia del Portal en el desarrollo reglamentario de la ley de Transparencia?
Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) El artículo 5 de la Ley 13/2013, establece: Toda la información será comprensible, de acceso fácil y gratuito y estará a disposición de las personas con discapacidad en una modalidad suministrada por medios o en formatos adecuados de manera que resulten accesibles y comprensibles, conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos. Las propuestas que se realizan a continuación tienen por objeto desarrollar esta obligación de carácter general. Para ello se sugiere incluir un artículo específico, con el siguiente texto: Artículo XXX. Accesibilidad a la información de las personas con discapacidad. Tanto la solicitud como el acceso a la información debe garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad de cualquier tipo (visual, auditiva, cognitiva, etc.), de modo que puedan utilizar el Portal de la Transparencia y todo formato puesto a su disposición de forma eficaz, con independencia de sus limitaciones personales o derivadas de su contexto de uso. El nivel mínimo de accesibilidad del Portal de la Transparencia será el recogido en la Norma UNE 139803:2012, de conformidad con lo dispuesto en el 5.1 del Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social. Si en la formalización del acceso fuera necesaria la trasposición a un formato accesible a la persona con discapacidad, aquella no conllevará ningún gasto para la misma. 14 de mayo de 2018.
Confederación Española de Organizaciones Empresariales CEOE Aportaciones al Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el reglamento de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Se adjunta documento. Ver más
Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía (Ayuntamiento de Madrid) Se adjunta documento. Ver más
Grupo de Trabajo de Acceso a la Información Pública de la Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) Se adjunta documento con las observaciones. Ver más
Las reclamaciones, potestativas, ante el Consejo de Transparencia, en mi opinión, carecen de seguridad jurídica puesto que se limita a ser un envío electrónico normal sin numeración ni comunicación de la recepción del mismo, un mero trámite de relleno. Cualquier otra impugnación está bastante regulada en cuanto a plazos y competentes para su tramitación. La Ley de Transparencia es una ventana abierta a la confianza en nuestro sistema político y democrático, si no se cuida su eficacia no es eficiente.
Empresa Albir Multiservicios SL Indemnización daños perjuicios. mala praxis. Obstrucción del proceso judicial de fecha 06/07/2017. Ocultar pruebas del accidente laboral. Ocultar informe de ITSS. Ocultar informe de desgarro con fecha 05/20/2016. sustraer dinero patrimonial en mi nombre etc.
TGF En el fichero adjunto como PDF (bajo el título "Aportaciones Proyecto RD Desarrollo Ley 19-2013) incorporo las pequeñas propuestas de matizaciones que, sujeto a un mejor criterio, entiendo que se podrían efectuar en el texto del Proyecto de Real Decreto con el fin de aclarar criterios interpretativos. Ver más
Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica (FARMAINDUSTRIA) Nos remitimos al archivo adjunto con las aportaciones de esta Asociación. Ver más
Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España Se adjunta documento con la aportación. (Enviado directamente a la SEFP el 29-05-2018). Ver más
Consejo General De Colegios Oficiales De Farmacéuticos Se remite adjunto informe que practica el Consejo General al proyecto de RD que aprueba Reglamento de desarrollo Ley 19/2013 de Transparencia. Ver más
Proyecto de Investigación DER-2017/88456-P. Observatorio de Transparencia Las propuestas de enmienda y supresión del articulado del borrador de Reglamento se adjuntan en archivo PDF unido. Ver más
Coordinadora de ONGD-España Aportaciones al reglamento de carácter general: - En términos generales, consideramos que el proyecto de reglamento no facilita el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa ni favorece el ejercicio del derecho de acceso por las personas interesadas con las máximas garantías ya que, en su conjunto, no concreta ni da pautas que desarrollen los principios que estipula la Ley. - Además, para su redacción no se han tenido en cuenta las especificidades del sector no lucrativo. - Consideramos, que dicho proyecto no está redactado con lenguaje inclusivo de género. - Por último, para la aplicación de la Ley de transparencia creemos que es indispensable dotar al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de los recursos necesarios para ejercer su capacidad coercitiva.
Aportaciones específicas: - En el Capítulo II, artículo 5, punto 3, hace alusión a los artículos 4 y 5 de la ley sin detallar ni dar pautas sobre dos elementos sobre los que consideramos necesaria mayor concreción: concepto de formato reutilizable y accesibilidad. - En la Sección 4, artículo 12 punto 3.a, interpretamos que se aplica la Ley en función del máximo subvencionador, esto puede cambiar varias veces al año ya que la fecha para hacer los cálculos es la de concesión de la subvención y puede haber varias concesiones en un año ¿Es esta interpretación correcta? De ser así, tengan en cuenta las dificultades que puede conllevar para las organizaciones su cumplimiento. - En el Artículo 13 del proyecto del reglamento, y en relación a los artículos 6 y 8 de la Ley, necesitamos que se aclare qué entendemos por altos cargos y responsables en el caso de las organizaciones del sector no lucrativo. Ver más
Fundación hay Derecho, Transparencia Internacional, Fundación Compromiso y Transparencia Las alegaciones se presentan el archivo adjunto. Ver más
Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) En relación con la petición de observaciones a través del trámite de audiencia e información pública de la página Web del Portal de transparencia del pasado 3 de mayo sobre la ?Proyecto de Real Decreto de desarrollo de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno?, se adjunta el informe realizado por la Asociación de Mutuas de Accidentes de trabajo. Ver más
Sociedad Estatal Lotería Y Apuestas Del Estado, S.M.E., S.A. comentarios de la sociedad estatal loterías y apuestas del estado, SME S.A. al proyecto de real decreto por el que se aprueba el reglamento de la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno que se remiten en el archivo adjunto. Ver más
Oficina Antifrau de Catalunya Adjuntamos documento de alegaciones al Reglamento de desarrollo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno Ver más
Cámara de Concesionarios y empresas vinculadas al sector público en el ámbito de las Infraestructuras, los Equipamientos y Servicios Público (CCIES), En archivo con documento adjunto Ver más
Fundación Civio En archivo con documento adjunto Ver más
Access Info Europe Alegaciones de Unión Profesional, asociación que aúna las profesiones colegiadas españolas. Ver más
Unión Profesional Ver documento adjunto. Ver más
Archiveros Españoles en la Función Pública Remitimos de nuevo nuestra aportación en archivo adjunto por haber detectado problemas en el envío de una comunicación anterior. Ver más
LRE Se acompaña en el pdf adjunto. Ver más
Consejo General de la Abogacía Española El Consejo General de la Abogacía Española, tras su participación en el trámite de consulta pública, formula en este trámite las alegaciones que estima pertinentes al Proyecto de Reglamento de desarrollo de la Ley 19/2013. Ver más
Asociación Española de Fundaciones Adjunto remitimos propuestas y observaciones de la Asociación Española de Fundaciones al borrador de reglamento por el que se desarrolla la Ley de Transparencia. Asociación Española de Fundaciones. Ver más
IMD Se exponen a continuación algunas de las propuestas de un Congreso recientemente celebrado en la UCLM, que pueden ser incluidas en norma reglamentaria, por si se consideran de utilidad:
- Identificación de qué información tiene la Administración. Inclusión de la obligación de identificar los documentos que están en poder de la Administración, pues no basta con que se dé lo que la Administración dice que tiene; es necesario saber qué tiene.
- Reforzar la publicidad activa. Necesidad de regular la medición del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, al menos valorando no sólo cantidad, sino también calidad y, además, reutilización.
- Acotar los límites del derecho de acceso. La norma no debe limitarse a enunciar los límites y a establecer la necesidad de ponderación, sino que es imprescindible precisar algunos de ellos.
- Mejorar el procedimiento de acceso. Flexibilización de los medios de identificación y autenticación electrónica, a través de la posibilidad de utilizar otros más sencillos con los que están familiarizados los ciudadanos. Debe incluirse un trámite de audiencia al solicitante en los casos en los que sea necesario y la posibilidad de solicitar informes en supuestos especialmente complejos; se ha de otorgar a los terceros la consideración ordinaria de interesados, permitiéndoles presentar reclamación ante el órgano de control; se debe regular un plazo máximo para remitir la solicitud al órgano competente y evitar el alargamiento fraudulento del procedimiento, así como revisar los tiempos de respuesta en las solicitudes de acceso. Por último, se considera necesario valorar la posibilidad de incluir una vía de acceso alternativo a la información sin necesidad de procedimiento administrativo con todas las garantías (solicitud con auto-obligación de respuesta), a través de correo electrónico.
- Concretar las causas de inadmisión de la solicitud de acceso.
- Apostar por la gestión documental como espina dorsal de la transparencia y del Gobierno abierto.
En el adjunto se desarrollan estas ideas y se añaden algunas otras.
Asociación Acreditra
- En relación al ámbito subjetivo de aplicación es importante reforzar la obligación de cumplimiento de transparencia de las entidades públicas con naturaleza jurídica dependientes de la Administración General del Estado y la conminación a que rindan cuentas en sus propias webs de la publicidad activa y no redirijan únicamente al Portal de Transparencia del Estado, ya que ello dificulta a una o un ciudadano medio el acceso a la información sobre una entidad concreta de forma sencilla.
- Indicar de forma expresa que la publicación de la información se realizará en formatos abiertos y reutilizables, atendiendo a los principios generales previstos en los apartados 4 y 5 del artículo 5 de la Ley 19/2013, salvo que por la naturaleza de la información de la que se trate no sea posible; circunstancia de la que habrá noticia justificada en el lugar que proceda la publicación.
- La publicidad activa debería incluir necesariamente contenidos como las agendas de las y los altos cargos, las retribuciones de los mismos, y la publicación de los códigos éticos o de buen gobierno que regulen aspectos de integridad, y detallar las importantes obligaciones de publicidad de los aspectos de calidad de servicios y valoraciones de las y los ciudadanos sobre los servicios públicos que deriven en planes de mejora de servicios, de forma que la publicidad activa sirva a la mejora de la gestión pública.
- En relación a las agendas de las y los altos cargos, establecer que deberán publicarse las agendas públicas de todas y todos los responsables de los sujetos obligados, con especial obligación de identificar a aquellas personas o entidades con las que se reúna y el motivo de la reunión, respetando los límites de la LOPDP y de la propia Ley 19/2013.
- Incluir un apartado referente a la publicación de la relación de puestos de trabajo de las instituciones y entidades públicas, con indicación expresa de la forma en la que ha de realizarse de acuerdo con las interpretaciones formuladas al respecto por el CTBG y la AEPD.
- Incluir una referencia a la obligación de publicar históricos sobre la información relevante a nivel económico, como contratos adjudicados, convenios y encomiendas de gestión, subvenciones concedidas, presupuestos, cuentas anuales etc. Además de la información sobre el ejercicio en curso, debería establecerse un período mínimo de publicación de la información medida en número de ejercicios anteriores cerrados, entendiéndose que dicho mínimo debería fijarse en al menos 3 años, aunque sería deseable llevarlo hasta los 5 años.
- Como principio general, la información publicada en los portales de transparencia debe mantenerse accesible durante al menos los 4 años anteriores, del mismo modo que la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público obliga al mantenimiento de la publicidad sobre contratos durante al menos 5 años.
- Incluir en el Reglamento un glosario de términos referentes a la publicidad activa para evitar las interpretaciones sobre lo que supone cada una de las obligaciones recogidas.
- Se debería precisar la obligación de garantizar canales para el Derecho de Acceso a la Información Pública tanto por vía telemática como presencial y con simple DNI y correo electrónico.
- Incluir un último párrafo con el siguiente tenor literal: "Corresponde únicamente a los órganos Jurisdiccionales la denegación del acceso a la información por aplicación del límite de acceso a la información al que se refiere el artículo 14.1, apartado f) de la Ley 19/2013.
- Para el desarrollo de una gestión documental para la transparencia, aspecto no recogido suficientemente en la Ley 19/2013, y en ausencia de una ley general de archivos en el ámbito estatal, el Reglamento debería regular el derecho de acceso a la información en cualquier tipo de archivo (de gestión, central, intermedio e histórico), con el objetivo de garantizar el ejercicio del derecho de acceso en todas las fases del mismo.
- Al objeto de articular técnicas de coordinación entre los sistemas de archivos y la transparencia, los órganos de gestión, garantía y supervisión de la misma deberían tener en cuenta a las unidades especializadas en archivos para el registro, seguimiento, control y actualización de la tramitación de las solicitudes de acceso a la información Además, aunque quizás sean elementos que no encajen conceptualmente en el alcance que debería tener este Reglamento, queremos aprovechar para incorporar otras propuestas de mejora que deberían ser tenidas en cuenta en futuras acciones de desarrollo normativo de la transparencia:
- Dado que la experiencia práctica demuestra que la Ley 19/2013 presenta problemas de cumplimiento efectivo por la falta de capacidad de monitorización y control de seguimiento y la ausencia de un régimen sancionador adecuado, sería necesario incorporar mecanismos que hagan más efectivo el cumplimiento de las obligaciones de transparencia. En particular, sería muy positivo que las resoluciones del CTBG tuvieran un mayor carácter vinculante, intentando evitar lo que entendemos como una actual elevada e injustificada en muchos casos judicialización de sus resoluciones.
- Incluir la realización desde el CTBG o desde otras entidades de estudios periódicos de evaluación del cumplimiento efectivo de la Ley 19/2013.
- Eliminar el silencio administrativo negativo en la resolución de las solicitudes de acceso a la información pública.
- La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno, regulada en el artículo 36 de la Ley 19/2013, debería tener un miembro representante del ámbito de los archivos y la gestión documental.
AAPA: Asociación de Archiveros y Gestores de Documentos del Principado de Asturias Aportaciones en el documento adjunto. Ver más
Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias La traslado en un fichero Ver más
Xunta de Galicia Trasladan observaciones al borrador de Real Decreto por el que se aprueba el reglamento de la Ley 19/2013, de 9 de Diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Ver más
MALDITA.ES Aportaciones en archivo adjunto Ver más
Valoración de las aportaciones recibidas.
Nota resumen de la reunión con representantes del Foro de Gobierno Abierto
Nota resumen de la reunión con representantes del Foro de Gobierno Abierto.