Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2011-00840-de-mayo-6-de-2015?documento=jurcol&contexto=jurcol_4dabe0f2a733475cb8daaf0945c8107f&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-16 20:44:20
Document Index: 150155267

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 35', 'artículo 35', 'artículo 54', 'artículo 104', 'artículo 35', 'artículo 54', 'artículo 33', 'artículo 35', 'artículo 54', 'artículo 33', 'artículo 45', 'artículo 54', 'artículo 35', 'artículo 54', 'artículo 29', 'artículo 35', 'artículo 54', 'artículo 177', 'artículo 35', 'artículo 28', 'artículo 35', 'artículo 97', 'artículo 35', 'artículo 54', 'artículo 45', 'artículo 35', 'artículo 104', 'artículo 35']

﻿ Angelino Lizcano Rivera
SENTENCIA 2011-00840 DE 06 DE MAYO DE 2015
CONTENIDO:PROCESO DISCIPLINARIO. RECIBIR DINERO POR CUENTA DEL CLIENTE Y RETENERLOS O, LO QUE ES LO MISMO, NO ENTREGARLOS A QUIEN CORRESPONDA, CONFIGURA LA FALTA DISCIPLINARIA CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 35, NUMERAL 4, DE LA LEY 1123 DEL 2007. DE LA RETENCIÓN O NO ENTREGA DEL DINERO Y EL PASO DEL TIEMPO NO PUEDE INFERIRSE QUE LO UTILIZÓ, PUES LA “UTILIZACIÓN” SE DEBERÁ PROBAR Y NO SIMPLEMENTE AFIRMAR QUE COMO AL PROFESIONAL DEL DERECHO SE LE ENTREGARON UNOS DINEROS LOS UTILIZÓ EN PROVECHO PROPIO.
TEMAS ESPECÍFICOS:CÓDIGO DISCIPLINARIO ÚNICO, PROCESO DISCIPLINARIO, FALTAS DISCIPLINARIAS, ABOGADO
Sentencia 2011-00840 de mayo 6 de 2015
Rad.: 150011102000 2011 00840 01
Aprobado en Sala 36 de la misma fecha.
Desatar el recurso de apelación interpuesto por la doctora Gloria Nelly Cruz Pulido, contra la sentencia proferida el 15 de diciembre de 2014 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá1, por medio de la cual la sancionó con suspensión de seis (6) meses en el ejercicio de la profesión, tras hallarla responsable de la comisión de la falta contenida en el artículo 35 numeral 4 de la Ley 1123 de 2007, en concordancia con la falta prevista en el artículo 54, numeral 4, del Decreto-Ley 196 de 1971.
La abogada Gloria Nelly Cruz Pulido, en calidad de apoderada del señor José Vicente Quino Perdomo, el 1º de diciembre de 2005 recibió de parte de la Secretaría de Educación la suma de $25.000.000, sin embargo, no los entregó a la mayor brevedad posible a los herederos procesales de su cliente fallecido, aduciendo que le pertenecían por concepto de honorarios del proceso de sucesión de este; supuesto que no se encuentra acreditado, por cuanto la señora Aura Alicia de Quino, cónyuge de su mandante, manifestó que en ningún momento se pactó dicho asunto.
Con fundamento en la queja formulada, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá, mediante auto de fecha 10 de febrero de 2010, una vez se acreditó la calidad de abogada de la denunciada2, dispuso la apertura de investigación disciplinaria y señaló la celebración de la audiencia de pruebas y calificación provisional para el 28 de abril de 20113.
El 24 de marzo de 2011, se fijó edicto emplazatorio de conformidad con el artículo 104 de la Ley 1123 de 2007; desfijándose el 28 de ese mismo mes y año4.
El día y hora señalada, se celebró la audiencia de pruebas y calificación provisional con la comparecencia de la disciplinable, quien le confirió poder para que la representara en el asunto, al doctor Dalmis Alejandro Castillo Cruz, a quien le fue reconocida personería para actuar5.
Seguidamente, se escuchó en versión libre a la disciplinada, quien manifestó que en razón a la Resolución DJ0596 del 9 de abril de 2002, le reconocieron al docente José Vicente Quino Perdomo percibir el 20% de “sobresueldo” por haber laborado más de 20 años con el Departamento de Boyacá y no tener la edad de pensión, sin embargo, dicho acto administrativo no fue pagado en su momento, razón por la que le confirió poder al abogado Jairo Alberto Araque, quien se lo sustituyó el 4 de abril de 2003 para que continuara con la ejecución del proceso 2003-00259 adelantado en el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Tunja, despacho judicial que liquidó el crédito en $38.000.000.
Sin embargo, ocurrió que el señor José Vicente Quino Perdomo falleció el 5 de septiembre de 2005 y fue cuando la Secretaría de Educación de Boyacá alegó ya haber cancelado lo adeudado, no obstante, el único que podía acreditar el supuesto mencionado era el propio causante, razón por la cual solicitó que se adjuntara prueba demostrativa del pago.
En razón a lo anterior, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Tunja realizó una nueva liquidación y le requirió para que devolviera la suma de $25.000.000, sin embargo, no procedió conforme con lo dispuesto por el despacho judicial, por cuanto consideró que no era a ella a quien debía requerirse, sino a los deudos, quienes ni siquiera habían sido reconocidos como herederos procesales en el asunto.
En consecuencia, le comunicó a la viuda del señor José Vicente Quino Perdomo, señora Aura Alicia Ávila de Quino, lo sucedido en la oficina judicial, obteniendo como respuesta que se quedara con el título judicial entregado hasta tanto se demostrara que la Secretaría de Educación había cancelado lo adeudado.
Indicó, que en virtud del fallecimiento del señor Quino Perdomo, sus herederos le manifestaron que adelantara el proceso de sucesión respectivo, pactándose por concepto de honorarios el dinero que resultase del pleito adelantado en el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Tunja, razón por la cual tiene en su poder los $25.000.000.
Por último, manifestó que “si bien es cierto hay una decisión judicial para cumplir, también es cierto que yo no soy la persona que se debe requerir por cuanto no estoy litigando en causa propia, estoy litigando a favor del profesor Vicente”.
Acto seguido, se decretaron las siguientes pruebas: 1. Recepcionar la declaración de la señora Aura Alicia Ávila de Quino; y, 2. Oficiar al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Tunja para que informara (i) el estado del proceso 2003-00259 y (ii) si se adelantó incidente de nulidad en el proceso mencionado; prueba que fue allegada por el despacho judicial el 6 de septiembre de 2011, mediante oficio 8066, suscrito por la Secretaria Encargada.
El 16 abril de 2012, se reanudó la audiencia de pruebas y calificación provisional7 con la comparecencia de la disciplinable. En ella, se recepcionó la declaración de la señora Aura Alicia Ávila de Quino, quien manifestó que con posterioridad a la muerte de su cónyuge Quino Perdomo, la Secretaría de Educación de Boyacá alegó en el proceso 2003-00259, ya haber pagado lo adeudado, razón por la cual no quiso recibir el título valor contentivo de los $25.000.000 hasta tanto se clarificara el asunto.
En consecuencia, le manifestó a la profesional del derecho que se quedara con el título valor hasta tanto se aclarara el inconveniente suscitado en el proceso 2003-00259. Recalcó además, que en ningún momento le indicó a la abogada que los $25.000.000 serían para ella a título de honorarios del proceso de sucesión de su cónyuge, por cuanto esgrimió desconocer lo acordado en ese aspecto en el pleito laboral, sin embargo, en el sucesoral se le canceló $2.000.000.
En esa misma audiencia, el a quo procedió a calificar jurídicamente la actuación de la disciplinada, y tras hacer un resumen de los hechos denunciados, así como del material probatorio arrimado al informativo, decidió imputarle cargos por la presunta incursión en la falta disciplinaria contemplada en el artículo 35 numeral 4 de la Ley 1123 de 2007, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 54, numeral 4 del Decreto-Ley 196 de 1971, que establece:
Sustentó el Seccional el llamado a juicio de la abogada, en el hecho que en calidad de apoderada del señor José Vicente Quino Perdomo, recibió de parte de la Secretaría de Educación la suma de $25.000.000, sin embargo, una vez requerida para que procediera a devolver el monto mencionado por parte de la cónyuge de su cliente fallecido, no lo hizo, aduciendo que le pertenecían por concepto de honorarios del proceso de sucesión de su mandante; supuesto que no ha sido demostrado, por cuanto la señora Aura Alicia de Quino manifestó que en ningún momento se pactó dicho asunto.
Injusto disciplinario atribuido a título de dolo, “teniendo en cuenta que dichos dineros no le correspondían como honorarios y, en consecuencia, no podía disponer de los mismos o mantenerlos en su cuenta personal, como lo indicó la declarante Aura Alicia Ávila de Quino, que si bien ésta no quiso recibir los dineros, no hay razón alguna para que la investigada declarara en su versión libre que los mismos le pertenecían y que no estaba en obligación alguna de hacer devolución de dicho dinero al Juzgado de Conocimiento”.
Igualmente, se le endilgó pliego de cargos por presuntamente haber incurrido, a título de dolo, en la falta del artículo 33, numeral 8 de la Ley 1123 de 2007, toda vez que “a sabiendas de que los $25.000.000 no le correspondían como honorarios de conformidad con la prueba obrante hasta este momento, se abstiene de hacer el respectivo reintegro e interpone recursos y nulidades para no dar cumplimiento a dichas exigencias del Juzgado”.
El 9 de octubre de 2012, se reanudó la audiencia de pruebas y calificación provisional8 con la comparecencia de la disciplinable, quien amplió su versión, solicitando se le tuviera a consideración la fecha en la cual sucedieron los hechos por los cuales se le endilgó cargos, en atención a la entrada en vigencia la Ley 1123 de 2007.
El 17 de mayo de 2013, la investigada allegó memorial, en el cual solicitó la terminación del proceso disciplinario en su favor, haciendo un relato de lo acaecido al interior del proceso ejecutivo No. 2003-00259, del incidente de nulidad propuesto, el mismo que fue resuelto de manera desfavorable por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Tunja, sin embargo, revocado en sede de segunda instancia por la Sala Laboral del Tribunal del Distrito Judicial de la misma ciudad.
Adujo que por lo anterior, es decir, por haber sido concedida la apelación interpuesta en el incidente de nulidad, se dejaba sin fundamentos fácticos y jurídicos los cargos formulados por la Judicatura. Con el escrito, adjuntó sendo material probatorio9, para efectos que fuera valorado en el momento procesal oportuno.
El 18 de septiembre de 2013, se celebró la audiencia de juzgamiento10 con la comparecencia de la disciplinable, quien presentó alegatos de conclusión, manifestando que la expedición de copias ordenada por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Tunja con la providencia de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa misma ciudad, quedó sin fundamento fáctico y jurídico, toda vez que se obró de manera ligera, sin analizarse cuidadosamente los defectos en los que se había incurrido, en los cuales había insistido y que fueron evidenciados en segunda instancia.
Indicó, que la Secretaría de Educación con base en el auto del Juzgado Tercero Laboral del Circuito Judicial de Tunja, le había promovido un proceso ejecutivo, cobrándole los $9.785.966.23, sin embargo, la demanda no fue acogida, teniendo en cuenta lo establecido en sede de segunda instancia, la cual revocó el auto que daba por terminado el pleito 2003-00259.
El 15 de diciembre de 2014, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá impuso como sanción la suspensión de seis (6) meses en el ejercicio de la profesión a la doctora Gloria Nelly Cruz Pulido, por la comisión de la falta prevista en el artículo 35 numeral 4 de la Ley 1123 de 2007, en concordancia con la falta descrita en el artículo 54, numeral 4 del Decreto-Ley 196 de 1971, al considerar demostrados los extremos probatorios relacionados con la materialidad de la falta y la responsabilidad de la profesional del derecho11.
Para sustentar la decisión, el Seccional consideró que a la abogada le fue entregado un título ejecutivo contentivo de $25.000.000, sin que hubiese procedido a entregarlo a los herederos del señor José Vicente Quino Perdomo, descontando los honorarios pactados con su mandante, por el adelantamiento del proceso ejecutivo contra el Departamento de Boyacá – Secretaría de Educación.
De otro lado, se absolvió del cargo imputado, relacionado a la falta descrita en el artículo 33, numeral 8 de la Ley 1123 de 2007, pues “las diferentes intervenciones de la abogada dentro del proceso ejecutivo laboral seguido en el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Tunja con el radicado 2003-0259, están soportadas fáctica y jurídicamente”.
En cuanto a la dosimetría de la sanción impuesta, la magistrada ponente valoró, de acuerdo al material probatorio, los criterios previstos en el artículo 45 de la Ley 1123 de 2007.
El 23 de enero de 2015, la doctora Gloria Nelly Cruz Pulido presentó recurso de apelación contra la sentencia del 15 de diciembre de 2014, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá, manifestando que los presupuestos fácticos por los cuales se le sancionó, no fueron objeto de la expedición de copias ordenada por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Tunja y, por lo tanto, no fueron debatidos ampliamente.
Indicó que en el proceso disciplinario en ningún momento se demostró la utilización en provecho propio de los dineros recibidos en virtud del proceso ejecutivo 2003-00259, por cuanto solo se probó que la señora Aura Alicia Ávila no quiso recibir los $25.000.000 hasta tanto se solucionara el problema suscitado con la Secretaría de Educación de Boyacá, significando de esta manera, que sí informó de la existencia del dinero, sin embargo, no se lo recibieron.
De igual manera, manifestó que no entregó los $25.000.000, toda vez que fueron pactados por concepto de honorarios del proceso de sucesión del causante José Vicente Quino Perdomo y, además, dicho pago estaba supeditado al reconocimiento de la señora Aura Alicia Ávila de Quino como heredera procesal de su cónyuge, por parte del Juez Tercero Laboral del Circuito de Tunja.
Bajo los anteriores presupuestos, solicitó se revocara la sentencia del 15 de diciembre de 2014 y, en su lugar, se le absuelva del cargo endilgado.
De conformidad con las atribuciones conferidas por los artículos 256.3 de la Constitución Política y 112 numeral 4 de la Ley 270 de 1996, procede esta Sala a pronunciarse frente al recurso de apelación interpuesto contra la providencia de primera instancia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá.
La potestad sancionatoria penal propende por la garantía del orden social en abstracto; la consecución de fines retributivos, preventivos y resocializadores; y presenta un mayor grado de afectación de los intereses jurídicamente protegidos que daría lugar a la privación de la libertad. No ocurre lo mismo con la potestad sancionatoria disciplinaria, al buscar primordialmente garantizar la organización y el funcionamiento de la administración, y cumplir los cometidos estatales; cuestionar el incumplimiento de los deberes, prohibiciones y los mandatos consignados; que descartan la imposición de sanciones privativas de la libertad12.
Así, el derecho disciplinario comprende el conjunto de normas sustanciales y procesales, en virtud de las cuales el Estado Constitucional, Social y Democrático de Derecho colombiano, conforme a la institución encargada de materializar la función de control disciplinario, esto es la jurisdicción disciplinaria, propugna por el comportamiento ético de los abogados y funcionarios judiciales, en razón de su función social, que demanda un comportamiento ejemplar, determinado por el cumplimiento de unos deberes de carácter deontológico funcional, cuyo desconocimiento lleva a la estructuración de la falta disciplinaria13.
Se trata entonces de la configuración del injusto disciplinario, que se da por desconocimiento de los deberes, la incursión en algún tipo de prohibición, por la materialización o realización de faltas en particular y, la violación de las disposiciones legales que establecen el régimen de incompatibilidades o inhabilidades. Sin duda estamos en presencia de un Derecho Público, Constitucional y Autónomo14.
Previo a entrar a desatar el recurso de alzada interpuesto contra la providencia del 15 de diciembre de 2014, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá, se analizará lo referido por la disciplinada al indicar una presunta vulneración del derecho al debido proceso y a la defensa, por haber sido sancionada disciplinariamente por hechos no descritos en la expedición de copias ordenada por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Tunja.
Así las cosas, se evidencia que dio origen a las presentes diligencias, la expedición de copias ordenada por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Tunja al interior del proceso ejecutivo 2003-00259, promovido por el señor José Vicente Quino Perdomo contra el Departamento de Boyacá – Secretaría de Educación, por cuanto la doctora Gloria Nelly Cruz Pulido no dio cumplimiento a lo ordenado por ese despacho judicial, es decir, no reintegró la suma de $9.785.966.
En consecuencia, una vez avocado el conocimiento del asunto, ordenada la apertura de investigación disciplinaria contra la doctora Cruz Pulido y realizada la audiencia de pruebas y calificación provisional en varias sesiones, en la del 16 de abril de 2012, se calificó la conducta desplegada por la profesional del derecho, formulándosele pliego de cargos por presuntamente haber incurrido en las faltas descritas en los artículos 33.8 y 35.4 de la Ley 1123 de 2007 en concordancia con el artículo 54.4 del Decreto-Ley 196 de 1971.
Del segundo cargo endilgado, se indicó respecto de la imputación fáctica:
“Imputación fáctica
De conformidad con las pruebas obrantes en el paginario, se tiene que la doctora Gloria Nelly Cruz Pulido recibió la suma de $25.000.000 a nombre de su poderdante José Vicente Quino Perdomo, suma que no quiso ser recibida por la señora Aura Alicia de Quino, su cónyuge, hasta que no se aclarara la situación de cuánto era la plata liquidada por el Juzgado de Conocimiento y cuánto le correspondería a la doctora Gloria Nelly Cruz por honorarios.
Así las cosas, no es de recibo lo dicho por la doctora Gloria Nelly Cruz Pulido en su versión libre, en el sentido de que los $25.000.000, son de ella que corresponden a honorarios de gestiones profesionales desarrolladas no solo en el proceso laboral ejecutivo seguido en el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Tunja, sino en el de sucesión (...) ya que de manera alguna nunca se indicó que esos dineros le pertenecen como honorarios a la doctora Cruz Pulido, por concepto de honorarios, esto es que si estaba en la obligación de reintegrar dicho dinero al Juzgado de Conocimiento, situación diferente es que la misma esté o no de acuerdo con la liquidación que se ha hecho por las razones que ella anota en la nulidad que presentó, porque una vez definido el curso del proceso ejecutivo como dijo la denunciante, la abogada debía tomar lo correspondiente a sus honorarios y hacer devolución de los dineros restantes a sus poderdantes”15.
Es decir, a la profesional del derecho se le endilgó pliego de cargos porque debía entregar los $25.000.000 recibidos en calidad de apoderada del causante José Vicente Perdomo Quino, descontando lo pactado por honorarios, a los herederos procesales de su poderdante.
De esta manera, en la sentencia del 15 de diciembre de 2014, la Sala A quo declaró responsable disciplinariamente a la investigada por incurrir en la falta descrita en el artículo 35.4 de la Ley 1123 de 2007, en concordancia con la falta prevista en el artículo 54.4 del Decreto-Ley 196 de 1971, por los siguientes supuestos:
... porque la doctora Gloria Nelly Cruz Pulido, a pesar del lapso transcurrido desde el momento que recibió los dineros multicitados, a la fecha, no ha realizado entrega de los dineros correspondientes a su mandante y/o cónyuge y/o herederos, descontando sus honorarios, esto es, que hasta la fecha la señora Aura Alicia Ávila de Quino y/o sus hijos no han recibido suma alguna de lo relacionado con el proceso ejecutivo laboral de primera instancia, radicado con el número 203-0259 (sic) seguido en el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Tunja”16.
En consecuencia, en este punto se acota, que no resulta ser cierto lo expuesto por la recurrente cuando aseveró que se le había declarado responsable disciplinariamente y, en consecuencia, sancionado, por hechos que no fueron descritos en la expedición de copias ni debatidos en el momento procesal indicado, manifestando que en consecuencia, no tuvo la oportunidad de defenderse respecto de estos, por cuanto como se estableció, en la formulación de cargos claramente se consagró la obligación de la profesional del derecho consistente en reintegrar los $25.000.000 recibidos, descontando el porcentaje acordado por concepto de honorarios, a los herederos de su poderdante, el causante José Vicente Perdomo Quino, una vez se esclareciera el problema suscitado al interior del proceso ejecutivo 2003-00259.
Es decir, la doctora Cruz Pulido tuvo conocimiento de los presupuestos fácticos por los cuales se le endilgó la presunta incursión en falta contra la honradez del abogado, debiendo desplegar la defensa que según su criterio, llevaría a desvirtuar el cargo mencionado, sin embargo, si no procedió de esa manera en ese momento, esta no es la instancia procesal para alegar una vulneración al debido proceso y a la defensa, cuando tuvo todas las oportunidades consagradas en el ordenamiento jurídico para solicitar la práctica de pruebas que considerara pertinentes, conducentes y útiles y, no lo hizo.
De otro lado, es dable mencionar que el principio de congruencia en materia disciplinaria, es la coherencia entre lo esgrimido en el pliego de cargos y lo contemplado en el respectivo fallo, principio general, en materia de procedimiento, por estar directamente relacionado con el debido proceso y el derecho de defensa, debidamente estipulado en el artículo 29 de la Constitución Política y en los artículos 617 y 1218 de la Ley 1123 de 2007 respectivamente, es decir, el fallador deberá resolver todos los aspectos ante él expuestos y las circunstancias en las que se basó para proferir pliego de cargos contra el disciplinado, siendo su obligación explicar las razones por las cuales no entrará al fondo de alguna de éstas y, sancionar única y exclusivamente por los presupuestos fácticos reprochados en la calificación de la conducta19.
Calificación jurídica, que como se indicó, se realiza al elevarse pliego de cargos, providencia que precede a la imposición de la respectiva sanción, en la cual, el magistrado instructor explica de manera expresa y motivada la imputación fáctica y jurídica, así como la modalidad de la falta en la que presuntamente incurrió el disciplinado, es decir, contiene los supuestos de hecho y de derecho en los que se basará el reproche planteado al investigado y presunto infractor al deber estipulado en la respectiva normatividad, en este caso, en la Ley 1123 de 2007, razones por las cuales se considera el hilo conductor de la investigación disciplinaria y, por lo tanto, no se podrá sancionar por conductas no descritas en él, pues al no procederse de esta manera, como en este caso, se faltaría al principio de congruencia ya tantas veces mencionado.
Principio que en el caso concreto, no se ha vulnerado, toda vez que si bien se declaró la responsabilidad disciplinaria de la investigada, imponiéndosele la respectiva sanción, por hechos no descritos en la expedición de copias ordenada por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Tunja, sí por presupuestos fácticos endilgados en la formulación de cargos; recalcándose que la acción disciplinaria es independiente de cualquiera otra que pudiera surgir de la comisión de la falta, es decir, el Estado puede entrar a investigar y sancionar conductas que en su momento no fueron denunciadas o catalogadas como tal, dada la conexidad entre los hechos por los cuales se elevó cargos y los tenidos en cuenta en el fallo sancionatorio.
En consecuencia, no se acogerá lo esgrimido por la recurrente, relativa a una presunta vulneración al derecho al debido proceso y a la defensa por los motivos previamente expuestos.
Concluidas aquellas precisiones, se procede a resolver el fondo del asunto:
De las pruebas allegadas al expediente, estas son, la copia del proceso ejecutivo 2003-00259, la declaración de la señora Aura Alicia Ávila de Quino y la versión libre de la disciplinada, se observa que el señor José Vicente Quino Perdomo le confirió poder al doctor Jairo Alberto Araque Perico para que demandara ejecutivamente al Departamento de Boyacá – Secretaría de Educación, con el fin de “obtener el pago del 20% a que tengo derecho conforme a la resolución que será descrita dentro de los hechos de la demanda”.
Por lo anterior, el 2 de abril de 2003 se interpuso la demanda ejecutiva mencionada20 y, el 3 de ese mismo mes y año, el señor Quino Perdomo le confirió poder a la doctora Gloria Nelly Cruz Pulido, con el siguiente objeto:
“... continúe con el trámite del proceso ejecutivo que en su despacho adelanto en contra de la gobernación y la secretaría de educación del departamento de Boyacá (...), ejecutivo laboral correspondiente al 20% de sobresueldo (prima de servicio), derecho que me fue reconocido conforme se acredita con la respectiva resolución que obra en el proceso”21.
Demanda ejecutiva que le correspondió por reparto al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Tunja, bajo el radicado 2003-00259, despacho judicial que el 17 de julio de 200322, libró mandamiento de pago en contra de la parte demandada y, el 26 de agosto de 2005, declaró no probada las excepciones propuestas por la parte demandada y, en consecuencia, ordenó continuar con la ejecución correspondiente23.
De esta manera, mediante auto del 30 de noviembre de 200524, el despacho cognoscente resolvió no aprobar la liquidación del crédito presentada por la disciplinada, en calidad de apoderada judicial del demandante, y por lo tanto, ordenó su realización por medio de Secretaría, la cual ascendió a $38.229.665, realizando el depósito judicial 415030000060157 a nombre de la disciplinada por un valor de $25.000.00025.
No obstante lo anterior y después del fallecimiento del señor José Vicente Quino Perdomo, ocurrido el 5 de septiembre de 2005, el 14 de noviembre de 2007 el Profesional Especializado del Grupo de Nómina de la Secretaría de Educación de Boyacá adjuntó al despacho cognoscente el oficio 1421326, por medio del cual indicó haber cancelado lo concerniente a la prima de servicios y, por lo tanto, el 25 de agosto de 2008, el apoderado judicial de las entidades demandadas solicitó la terminación del pleito ejecutivo por pago total de la obligación27.
De esta manera, mediante auto del 23 de septiembre de 2009, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Tunja, atendiendo a las certificaciones allegadas por la Secretaría de Educación de Boyacá, ordenó la actualización de la liquidación del crédito —teniendo en cuenta los montos pagados al señor Quino Perdomo28—, la cual sumó $9.785.966.29 en favor de la demandada29, razón por la cual el 7 de octubre de 2010, se solicitó a la disciplinada reintegrar dicho monto de manera inmediata30, estipulándose:
“2. Requerir a la doctora Gloria Nelly Cruz Pulido en calidad de apoderada del señor José Vicente Quino Perdomo (q.e.p.d.), para que de manera inmediata realice la devolución de la suma de nueve millones setecientos ochenta y cinco mil novecientos sesenta y seis pesos con 29/10 ctvos. ($9.785.966.29), la que deberá ser puesta a disposición del presente proceso, por intermedio del Banco Agrario de Tunja en la cuenta de depósitos judiciales que allí se lleva”.
Siendo requerida nuevamente mediante proveídos del 21 de octubre31 y 5 de noviembre de esa anualidad32, hasta que finalmente se ordenó la expedición de copias ante el Seccional de Instancia33, por cuanto no dio cumplimiento con lo dispuesto.
Inconforme con lo resuelto por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito Judicial de Tunja, la disciplinada presentó recurso de reposición, el cual fue rechazado por extemporáneo34; igualmente, promovió un incidente de nulidad35, el mismo que fuere negado mediante proveído del 10 de mayo de 201236 y, contra el que se interpuso el recurso de alzada37, correspondiéndole por reparto al despacho de la Magistrada Fanny Elizabeth Robles Martínez de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, Colegiado que el 14 de marzo de 2013 revocó lo resuelto por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de esa misma ciudad, bajo las siguientes consideraciones:
“Los argumentos que preceden son contundentes para concluir que no pueden tenerse como prueba del pago alegado por la entidad los referidos documentos y menos aun cuando el ejecutado ni siquiera acredita a través de qué medio hizo el supuesto pago, toda vez que el Banco Agrario, a través de su vicepresidente de operaciones informa que el señor Quino Perdomo no tuvo vinculación con ningún producto de esa entidad durante el periodo aquí ejecutado”.
En consecuencia, la expedición de copias ordenada por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Tunja, con la providencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad, quedó sin fundamento fáctico y jurídico al punto que el despacho judicial cognoscente, mediante auto del 4 de julio de 201338, no accedió a librar mandamiento de pago en la demanda ejecutiva promovida contra la doctora Cruz Pulido, tendiente a obtener el pago de los $9.785.966.28.
De otro lado, a la doctora Gloria Nelly Cruz Pulido se le declaró responsable disciplinariamente de incurrir en la falta del artículo 35.4 de la Ley 1123 de 2007, por cuanto una vez recibió los $25.000.000 en calidad de apoderada judicial del señor Quino Perdomo, no procedió a entregarlos a la cónyuge de su cliente o a sus herederos; lo anterior, en concordancia con la falta descrita en el artículo 54, numeral 4 del Decreto-Ley 196 de 1971 por la permanencia en el tiempo de la conducta infractora de los deberes profesionales, teniéndose en cuenta que le fue otorgado dicho monto en el año 2005 y a la fecha de la sentencia de primera instancia —15 de diciembre de 2014—, no lo había reintegrado a quien correspondía.
Respecto de lo anterior, es dable indicar que conforme con la declaración de la señora Aura Alicia Ávila de Quino y la versión de la disciplinada, se observa que la profesional del derecho una vez recibió el 1º de diciembre de 2005, el depósito judicial por valor de $25.000.000, se dirigió donde la cónyuge de su poderdante fallecido para entregarle dicho monto, sin embargo, la señora Ávila de Quino no quiso recibir dinero alguno hasta tanto se solucionara o esclareciera lo aducido por la Secretaría de Educación de Boyacá respecto del hecho que presuntamente ya había cancelado lo adeudado.
Siendo lo anterior, el único motivo por el cual la doctora Cruz Pulido retuvo los $25.000.000, sin embargo, esta Sala considera que si bien la señora Ávila de Quino no quiso recibir, en ese momento, el dinero aducido, era obligación de la profesional del derecho proceder a reintegrar dicho monto al despacho judicial cognoscente o a una persona —cualquiera que fuese— con derecho a recibir, es decir, no debió quedarse con el valor mencionado y, mucho menos, después indicar que le pertenecían, por cuanto la cónyuge de su cliente fue enfática en manifestar que el rubro descrito era del proceso ejecutivo 2003-00259 y no de la letrada.
Respecto del motivo por el cual la disciplinada no procedió a entregar los $25.000.000, indicó que fue porque dicho dinero se pactó por concepto de honorarios del proceso de sucesión del causante José Vicente Perdomo Quino, sin embargo, esa afirmación no encuentra eco en lo manifestado por la señora Aura Alicia Ávila de Quino, quien al rendir declaración en la audiencia de pruebas y calificación provisional celebrada el 16 de abril de 2012, señaló:
“Magistrado: ¿Usted acordó con la doctora que ella podía disponer o no de los $25.000.000 como honorarios?
Magistrado: ¿Los $25.000.000 que retiró la doctora son de ella únicamente o no?
Rta/: Pues son del proceso...”39.
Es decir, los $25.000.000 recibidos por la doctora Gloria Nelly Cruz Pulido en calidad de apoderada judicial del señor José Vicente Perdomo Quino, en ningún momento fueron pactados como honorarios del proceso de sucesión y, en consecuencia, le asistía la obligación de entregarlos a la cónyuge de su cliente, quien fuere autorizada por sus hijos para continuar con la reclamación ejecutiva y cobrar los dineros que se resultasen del pleito 2003-00259, conforme poder obrante a folio 1 del cuaderno anexo.
Por lo tanto, se considera que no existe prueba alguna demostrativa de lo afirmado por la disciplinada, teniendo entonces que aplicarse el onus probando incumbit actori, es decir, corresponde al actor probar.
El artículo 177 del Código de Procedimiento Civil y 167 del Código General del Proceso consagraron el principio de la autorresponsabilidad al afirmar que “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, es decir, es a la parte a quien incumbe aportar al proceso las pruebas de sus alegaciones y de las normas que establecen los efectos perseguidos y, por lo tanto, es ese sujeto procesal a quien le corresponde sufrir las consecuencias de su propia inactividad40.
En el presente evento, la investigada debió indicar, la autenticidad de lo manifestado como medio defensivo, es decir, que el dinero se retuvo como consecuencia de un pacto realizado con la cónyuge de su poderdante, pues al no existir alguno —y a la declarante negarlo—, queda demostrado la materialidad de la falta descrita en el numeral 4 del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, consistente en recibir dineros por cuenta del cliente y retenerlos o, lo que es lo mismo, no entregarlos a quien corresponda, sin que obre prueba que justifique el actuar desplegado, violatorio del deber consagrado en el numeral 8 del artículo 28 Ibídem.
Lo anterior, de conformidad con el principio de la carga dinámica de la prueba, caso en el que corresponderá probar a quien se encuentra en mejores condiciones para hacerlo, en este evento, a la disciplinada, quien debió aportar algún elemento de juicio demostrativo y justificativo de su defensa.
Al respecto, el Consejo de Estado ha manifestado que:
“El llamado principio de las cargas dinámicas (...) encuentra su fundamento en las normas constitucionales que consagran el principio de equidad, toda vez que en algunas ocasiones este puede verse vulnerado por la exigencia hecha a la parte actora de aportar determinadas pruebas al proceso dada su dificultad; y por lo mismo, supondría la inaplicación, en tales eventos, de la norma procesal civil que consagra a su vez el principio del onus probando. Sin embargo, en otros casos es la parte actora la que está en condiciones de aportar los medios de convicción pertinentes, por lo cual resulta innecesaria la inversión de la carga de la prueba que conlleva la presunción de falla del servicio; opera entonces el principio de la carga dinámica de la prueba, en virtud del cual si es el demandante quien se encuentra en mejores condiciones de demostrar determinados hechos.”41
De otro lado, se considera que lo esgrimido por la disciplinada en el recurso de apelación, relativo a que no entregó los $25.000.000, por cuanto “estaba supeditada al reconocimiento de los herederos o acreedores con la vocación acreditada y reconocida por el juez”42, se encuentra desvirtuado con lo que ella misma manifestó en el escrito mencionado, líneas más adelante:
“... el trámite procesal antes señalado es decir que la entrega de los dineros estaba supeditada al reconocimiento de los herederos o acreedores con la vocación acreditada y reconocida por el Juez, o en su defecto a las personas de quienes yo tenía conocimiento podían tener esa calidad como era la señora Aura Alicia Ávila...”.
Es decir, la doctora Gloria Nelly Cruz Pulido era consciente que la persona a la que debía entregarle los $25.000.000 era la señora Aura Alicia Ávila de Quino y, sin embargo, no procedió de esa manera una vez se esclareció la vicisitud presentada al interior del proceso ejecutivo 2003-00259; conducta infractora de los deberes profesionales contemplados en la Ley 1123 de 2007.
En consecuencia, pleno fundamento encuentra esta corporación para que la primera instancia la sancionara por la falta que aparece descrita en el numeral 4 del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, pues se demostró con las pruebas aportadas al expediente, la materialidad de la falta y la responsabilidad de la disciplinada exigidas en el artículo 97 Ibídem, para proferir sentencia sancionatoria, toda vez que la abogada no entregó a quien correspondía, en este caso a la cónyuge de su cliente, y a la mayor brevedad posible dineros recibidos en virtud de la gestión profesional el 1º de diciembre de 2005, pues está demostrado que la letrada retuvo $25.000.000, de los que debía descontar los honorarios del proceso ejecutivo, y que le correspondía a la señora Aura Alicia Ávila de Quino, sin que se evidencia que en la actualidad haya procedido a reintegrar dicho valor, de esta manera, se determina el carácter permanente de la infracción a los deberes profesionales por parte de la doctora Cruz Pulido.
Comportamiento efectuado bajo la modalidad dolosa, pues de manera voluntaria, consciente y deliberada retuvo los recursos que le correspondían a la cónyuge del señor José Vicente Quino Perdomo, producto de la gestión encomendada, es decir, no entregó a quien correspondía y a la mayor brevedad posible dichos valores, pudiendo obrar de conformidad con lo preceptuado en el Estatuto de la Abogacía y así, velar por la buena imagen de la abogacía.
Por último, se observa que el a quo profirió sentencia sancionatoria en consideración a una transgresión de los deberes profesionales por parte de la disciplinada, en razón a que incurrió en la falta descrita en el artículo 35, numeral 4, de la Ley 1123 de 2007, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 54, numeral 4, del Decreto-Ley 196 de 1971, por cuanto al parecer, “utilizó” el monto no entregado, sin embargo, se determina que de la retención o no entrega del dinero y el paso del tiempo, no puede inferirse que lo utilizó, pues se considera que no existe prueba demostrativa de la utilización de los mismos por parte de la togada, toda vez que al considerarse, sin más valoración, que la retención implicaba utilización, se incurre en petición de principio, ya que se tiene por probado una situación a partir de circunstancias que por sí solas no la demuestran, es decir, erróneamente la proposición a ser probada se incluyó explícitamente entre las premisas, por lo que no se mantendrá lo dispuesto en primera instancia respecto a este asunto en concreto.
Lo anterior, por cuanto la reiterada jurisprudencia de esta Sala, ha sido enfática en indicar que la retención no implica necesariamente la utilización de dineros, como lo afirmó el Seccional en la sentencia aquí recurrida, pues la “utilización” se deberá probar y no simplemente afirmar, que como a la profesional del derecho se le entregaron unos dineros los utilizó en provecho propio.
Finalmente, respecto de la sanción impuesta, se observa que se dosificó en seis (6) meses de suspensión en el ejercicio de la profesión, no obstante, dado que no se mantendrá lo dispuesto por el a quo, respecto de una supuesta utilización de los dineros retenidos, se deberá reducir.
En efecto, para dosificar la sanción se hace necesario acudir a los criterios enseñados por la Ley 1123 de 2007 en su artículo 45, esto es la trascendencia, modalidad y motivos determinantes de la conducta, además, el daño ocasionado. En el caso concreto, el comportamiento desplegado por la togada genera mala imagen de la profesión y contribuye a su desprestigio, por lo tanto, cinco (5) meses de suspensión en el ejercicio de la profesión, se consideran necesarios, razonables y proporcionales, para la conducta investigada, además, de cumplirse con el fin de prevención.
Aunado a lo anterior, no puede desconocerse que es la primera vez que la letrada incursiona en conductas como la ahora investigada, pues no se evidencia que registre antecedentes disciplinarios demostrativos de comportamientos contrarios a la ética profesional.
1. NEGAR la solicitud de nulidad presentada por la abogada Gloria Nelly Cruz Pulido, conforme lo expuesto en la parte motiva.
2. MODIFICAR el fallo apelado, en los siguientes términos:
— CONFIRMAR el reproche disciplinario deducido a la abogada Gloria Nelly Cruz Pulido por la falta prevista en el artículo 35 numeral 4 de la Ley 1123 de 2007, por los motivos expuestos en el cuerpo de esta providencia.
— REDUCIR la sanción de seis (6) meses a cinco (5) meses de suspensión en el ejercicio de la profesión, conforme con lo expuesto en la parte motiva.
4. NOTIFICAR EN FORMA PERSONAL la presente decisión a la abogada disciplinada, para ello se comisiona a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá, por un término de diez (10) días hábiles.
Magistrados: Néstor Iván Javier Osuna Patiño, presidente—Pedro Alonso Sanabria Buitrago—Rafael Alberto García Adarve—Julia Emma Garzón de Gómez Angelino Lizcano Rivera—María Mercedes López Mora—Wilson Ruiz Orejuela.
1 M.P. José Oswaldo Carreño Hernández, en Sala 94 con el magistrado Luis Francisco Casas Farfán.
2 Folio 5 del cuaderno principal del expediente.
3 El 4 de abril de 2011, la disciplinada se notificó personalmente del auto que ordenó la apertura de investigación en su contra (fl.16).
4 Folio 12 del cuaderno principal del expediente.
5 El 4 de octubre de 2011, el abogado Dalmis Alejandro Castillo Cruz renunció al poder otorgado por la disciplinada (fl. 39), la cual fuere aceptada el 19 de ese mismo mes y año (fl. 44).
6 Folio 29 del cuaderno principal del expediente.
7 Mediante auto del 13 de septiembre de 2011, se fijó la reanudación de la audiencia de pruebas y calificación provisional para el 6 de diciembre siguiente (fl.38), sin embargo, el 29 de noviembre de esa anualidad, la disciplinada solicitó el aplazamiento de la actuación (fl. 54), razón por la cual se reprogramó para el 16 de abril de 2012 (fls. 58-59).
8 La audiencia de pruebas y calificación provisional celebrada el 16 de abril de 2012 se suspendió, ordenándose su reanudación para el 15 de junio siguiente, sin embargo, en esa oportunidad, la disciplinada no compareció (fls. 83-84), razón por la cual, una vez allegada la justificación correspondiente (fls. 103-104), se fijó para el 9 de octubre de esa anualidad (fl.105).
9 La disciplinada adjuntó los siguientes elementos materiales probatorios:
1. Copia de la liquidación del crédito efectuada el 1 de octubre de 2010, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Tunja (fls. 162-164).
2. Copia del auto del 7 de octubre de 2010, proferido por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Tunja, por medio del cual aprobó la liquidación del crédito efectuada el 1 de ese mismo mes y año (fl.165).
3. Copia del auto del 21 de octubre de 2010, expedido por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Tunja, mediante el cual se rechazó el recurso de reposición y se requirió a la disciplinada para que devolviera el dinero referenciado (fls. 166-167).
4. Copia del incidente de nulidad propuesto por la disciplinada el 5 de noviembre de 2010 (fls. 168-182).
5. Copia del auto del 10 de mayo de 2012, proferido por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Tunja, mediante el cual se negó el incidente de nulidad promovido (fls. 183-185).
6. Copia del auto del 31 de mayo de 2012, expedido por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Tunja, por medio del cual se declaró terminado el proceso por pago total de la obligación (fls. 187-188).
7. Copia del recurso de apelación interpuesto por la disciplinada, contra el auto del 31 de mayo de 2012 (fls. 189-193).
8. Copia del Auto 14 de marzo de 2013, proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, en el cual se concedió el recurso de apelación interpuesto (fls. 194-200).
10 La audiencia de juzgamiento fue programada para el 20 de noviembre de 2012, sin embargo, en esa oportunidad, la disciplinada no compareció (fls. 122-123), razón por la cual se ordenó dar cumplimiento con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 104 de la Ley 1123 de 2007. En consecuencia, se fijó el edicto emplazatorio 81 (fl.143) y el 19 de abril de 2013, se le declaró persona ausente y se le designó defensor de oficio (fls. 147-148), fijándose como fecha para la actuación el 18 de septiembre siguiente.
11 Folios228-247 del cuaderno principal del expediente.
12 Corte Constitucional, Sentencia C-595/2010.
14 Derecho disciplinario que se enmarca en el núcleo el constitucionalismo contemporáneo representado por los valores, principios, derechos, deberes y garantías constitucionales.
15 Record 1:04:02’ del audio de la audiencia de pruebas y calificación provisional celebrada el 16 de abril de 2012.
16 Folio 239 del cuaderno principal del expediente.
17 ART. 6º—Debido proceso. El sujeto disciplinable deberá ser investigado por funcionario competente y con observancia formal y material de las normas que determinen la ritualidad del proceso, en los términos de este código.
18 ART. 12.—Derecho a la defensa. Durante la actuación el disciplinable tiene derecho a la defensa material y a la designación de un abogado.
Cuando se juzgue como persona ausente se designará defensor de oficio.
19 Corte Constitucional, Sentencia T-592 de 2000.
20 Folios 4-5 del cuaderno anexo.
21 Folio 8 del cuaderno anexo.
22 Folios 17-21 del cuaderno anexo.
23 Folios 126-132 del cuaderno anexo.
24 Folios 137-138 del cuaderno anexo.
25 Folio 139 del cuaderno anexo.
26 Folio 171 del cuaderno anexo.
27 Folios186-188 del cuaderno anexo.
28 Folio 197 del cuaderno anexo.
29 Folios 211-213 del cuaderno anexo.
30 Folio 214 del cuaderno anexo.
31 Folios 218-219 del cuaderno anexo.
32 Folio 220 del cuaderno anexo.
33 Folio 236 del cuaderno anexo.
34 Folios 166-167 del cuaderno principal del expediente.
35 Folios 168-182 del cuaderno principal del expediente.
36 Folios 183-185 del cuaderno principal del expediente.
37 Folios 189-193 del cuaderno principal del expediente.
38 Folios 225-226 del cuaderno principal del expediente.
39 Record 30:04’ de la audiencia de pruebas y calificación provisional celebrada el 16 de abril de 2012.
40 Nisimblat Nattan, Derecho Probatorio Introducción a los medios de prueba en el Código General del Proceso, Ediciones Doctrina y Ley Ltda, Bogotá D.C., 2013, pág. 172.
41 Consejo de Estado, Sección Tercera, Proceso 85001-23-31-000-1993-00074-01, M.P. Ramiro Saavedra Becerra.
42 Folio 258 del cuaderno principal del expediente.
Aprobado según Acta de Sala 36 del 6 de mayo de 2015
De manera comedida me permito manifestar que SALVO PARCIALMENTE MI VOTO en el asunto de la referencia, toda vez que si bien comparto la decisión adoptada por la Sala en la sesión del día 5 de marzo de 2015– Acta 18, en cuanto a “PRIMERO: NEGAR la solicitud de nulidad presentada por la abogada Gloria Nelly Cruz Pulido, (...) CONFIRMAR el reproche disciplinario deducido a la abogada Gloria Nelly Cruz Pulido por la falta prevista en el artículo 35 numeral 4 de la Ley 1123 de 2007 (...)”, no estoy de acuerdo con reducir la sanción impuesta a la disciplinada de seis (6) a cinco (5) meses.
Lo anterior por cuanto, se debe tener en cuenta que la conducta reprochada a la disciplinada fue efectuada bajo la modalidad dolosa, pues de manera consciente y voluntaria retiene en sus arcas la totalidad del dinero producto de la gestión que le fue encomendada.
Además, la disciplinada una vez recibió los $25.000.000 en calidad de apoderada judicial del señor José Vicente Quino Perdomo, quien falleció durante el trámite del proceso, no procedió a entregarlos a la cónyuge de su cliente o a sus herederos, conservando en su poder desde el año 2005, año en que le fue otorgado dicho monto hasta la fecha de la sentencia de primera instancia —15 de diciembre de 2014—, unos emolumentos que no le pertenecen, con lo cual le ha causado un grave perjuicio a los quejosos.
Marytza V.