Source: http://www.udc.es/normativa/xestion_economica/decreto_92_1991.html
Timestamp: 2017-10-20 01:18:14
Document Index: 262802127

Matched Legal Cases: ['artículo 29', 'artículo 39', 'artículo 4', 'artículo 62', 'artículo 52', 'artículo 51', 'artículo 62', 'artículo 58', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 3', 'artículo 3']

Decreto 92/1991, de 10 de marzo
por el que se aprueba el Reglamento de situaciones administrativas de los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia
El Capítulo II del Título V de la Ley 4/1988, de 26 de mayo (LG 1988, 105), de la función pública de Galicia, regula las situaciones administrativas en las que se pueden encontrar los funcionarios de la Comunidad Autónoma gallega, en relación con el artículo 29 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto (RCL 1984, 2000, 2317, 2427 y ApNDL 6595), artículo básico del régimen estatutario de los funcionarios públicos.
Por otro lado, el artículo 39 del Estatuto de autonomía de Galicia (LG 1981, 631), dispone que corresponde a la Comunidad Autónoma la creación y estructuración de su propia Administración pública, dentro de los principios generales y normas básicas del Estado, en tal sentido, cabe señalar que las recientes reformas operadas en la Ley 30/1984, así como la efectividad del principio de movilidad de los funcionarios de las distintas Administraciones públicas y la singularidad de la situación en la que se encuentran los funcionarios transferidos a la Comunidad Autónoma de Galicia, exigen una regulación precisa que garantice, a un tiempo, la buena marcha de los servicios y el debido respeto a los derechos de los funcionarios.
Por todo ello se hace necesario regular las referidas situaciones en su variedad y modalidades, de tal manera que se establezcan criterios objetivos y precisos, sin olvidar la debida flexibilidad que requiere la diversidad de supuestos.
En su virtud, a propuesta del conselleiro de la Presidencia y Administración Pública, oída la Comisión de Personal de la Xunta de Galicia en su reunión del veinte de marzo de mil novecientos noventa y uno, dispongo:
Se aprueba el reglamento de situaciones administrativas de los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia.
Reglamento De Situaciones Administrativas de los Funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma
El presente reglamento será de aplicación a los funcionarios comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley 4/1988, de 26 de mayo, de la función pública de Galicia.
Los funcionarios podrán encontrarse en alguna de las siguientes situaciones:
Los funcionarios se encuentran en la situación de servicio activo:
Cuando ocupen plaza correspondiente a las relaciones de puestos de trabajo adscritos a los funcionarios comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley 4/1988, de 26 de mayo, de la función pública de Galicia.
Cuando desempeñen un puesto de trabajo en comisión de servicios conforme al artículo 4º del presente reglamento.
Cuando queden a disposición del órgano correspondiente de acuerdo con lo establecido en el artículo 62.4 de la Ley 4/1988, de la función pública de Galicia.
En los supuestos previstos en el Capítulo III de este reglamento y en el artículo 52 de la Ley 4/1988, de 26 de mayo, de la función pública de Galicia, cuando el funcionario opte por permanecer en esta situación.
En casos excepcionales y con reserva de puesto de trabajo los funcionarios podrán desempeñar puestos y funciones especiales distintas de las específicas de su actual puesto de trabajo, cuando al efecto se les confiera una comisión de servicios de carácter temporal.
Las comisiones de servicios podrán acordarse en los siguientes supuestos:
Para el desempeño temporal de un puesto de trabajo de los incluidos en las relaciones de puestos de trabajo adscritos a los funcionarios comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley 4/1988, de 26 de mayo.
En este supuesto, cuando un puesto quede vacante, podrá ser cubierto, en caso de urgente e inaplazable necesidad, en comisión de servicios, durante el plazo máximo de un año, o hasta la resolución del siguiente concurso, en el supuesto de que éste resolviese antes de la finalización de dicho plazo, con otro funcionario que reúna los requisitos establecidos para su desempeño en las relaciones de puestos de trabajo.
Para la realización de las tareas especiales que no estén asignadas específicamente a los puestos incluidos en las relaciones de puestos de trabajo.
Para la realización de tareas que, por motivo de mayor volumen o razones coyunturales, no puedan ser atendidas con suficiencia por los funcionarios que desempeñen con carácter permanente los puestos de trabajo a los que se asignen tales tareas.
Para participar en tiempo no superior a seis meses en misiones de cooperación internacional al servicio de organismos internacionales entidades o gobiernos extranjeros.
Por necesidad del servicio debidamente justificada y de acuerdo con los criterios y condiciones que se determinen reglamentariamente oída la Comisión de Personal, los órganos competentes podrán destinar, por una sola vez, al funcionario en comisión de servicios de carácter forzoso y por tiempo no superior a tres meses, a un puesto de trabajo distinto del de destino y, si supiese cambio de localidad, el funcionario tendrá derecho a las indemnizaciones establecidas reglamentariamente.
Las citadas comisiones de servicios podrán acordarse por las autoridades siguientes:
El conselleiro competente en materia de función pública, cuando la comisión suponga cambio de consellería o localidad o sea superior a tres meses.
El conselleiro competente en materia de función pública la autorización de las comisiones de servicio que tengan carácter forzoso, previstas en el apartado 4.2.e del presente reglamento y en el artículo 51 de la Ley 4/1988, de 26 de mayo (LG 1988, 105.
Los conselleiros, en el ámbito de su correspondiente Consellería y por duración no superior a tres meses.
Los directores de los organismos autónomos de la Administración autonómica, en el ámbito de los mismos.
Cuando la comisión de servicios suponga traslado forzoso con cambio de localidad, se destinará preferentemente al funcionario que preste servicios en la misma consellería, incluidos sus organismos autónomos, en localidad más próxima o con mejores facilidades de desplazamiento y que tenga menores cargas familiares y, en igualdad de condiciones, al de menor antigüedad.
El puesto de trabajo cubierto en comisión de servicios será incluido necesariamente en la siguiente convocatoria de provisión por el sistema que corresponda. Si el puesto continúa vacante, podrá prorrogarse la comisión de servicio hasta un año más o hasta la resolución del siguiente concurso, en el supuesto de que éste se resolviera antes de la finalización de dicho plazo.
Los funcionarios en comisión de servicios percibirán la totalidad de sus retribuciones con cargo a los créditos incluidos en los programas en los que figuran dotados los puestos de trabajo que realmente desempeñan, excepto los comprendidos en los supuestos 2.b y c que continuarán percibiendo las retribuciones correspondientes a su puesto de trabajo, todo ello sin perjuicio de las percepciones a que tengan derecho e indemnizaciones por razón de servicio.
El tiempo prestado en la comisión de servicio, prevista en el presente artículo, será tenido en cuenta a efectos de consolidación del grado personal correspondiente al nivel del puesto desde el que se produce la comisión, excepto que se obtuviera, mediante la oportuna convocatoria, destino definitivo en el puesto de trabajo desempeñado en comisión de servicios o en otro del mismo nivel; en tal supuesto, será tenido en cuenta para la consolidación del grado correspondiente a este último, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 4/1988, de 26 de mayo.
La comisión de servicios será desempeñada voluntariamente, excepto en el supuesto regulado en los apartados 2.e y 4 de este artículo.
CAPITULO III.Servicios especiales.
Cuando sean autorizados para realizar una misión por período superior a seis meses en organismos internacionales, gobiernos o entidades públicas extranjeras o en programas de cooperación internacional.
Cuando sean nombrados miembros del gobierno o de los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas o de altos cargos de los mismos que no deban ser provistos necesariamente por funcionarios públicos.
Cuando sean elegidos por las Cortes Generales para formar parte de los órganos constitucionales u otros en los que su elección corresponda a las Cámaras.
Cuando sean adscritos a los servicios del Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, Valedor do Pobo u organismo similar.
Cuando accedan a la condición de miembros del Parlamento de Galicia o asambleas legislativas de otras Comunidades Autónomas, si perciben retribuciones periódicas por el desarrollo de la función.
Cuando no perciban tales retribuciones, podrán optar o pasar a la de servicios especiales, sin perjuicio de la normativa que dicten las comunidades autónomas sobre incompatibilidades de los miembros de las asambleas legislativas.
Cuando desarrollen cargos electivos retribuidos y de dedicación exclusiva en las entidades locales.
Cuando presten servicio en los gabinetes de la Presidencia de los gobiernos, central y autonómicos, de los ministros y consejeros y de los secretarios de Estado.
Cuando cumplan el servicio militar o prestación sustitutoria equivalente.
Cuando presten servicios en los gabinetes de la Presidencia de la Xunta de Galicia o de los conselleiros.
Cuando desempeñen puestos de trabajo de carácter directivo en el gabinete del presidente del Parlamento de Galicia.
Cuando sean nombrados miembros del Consejo de Cuentas de Galicia.
Cuando sean nombrados por decreto delegados provinciales o territoriales de las consellerías de la Xunta de Galicia.
A los efectos de lo previsto en el apartado 10 del presente artículo se considera de carácter político el nombramiento para el desarrollo de un cargo de confianza que no implique una relación profesional de carácter permanente y del que se derive incompatibilidad para ejercer la función pública.
El pase a la situación de servicios especiales se declarará por el conselleiro competente en materia de función pública, de oficio o a instancia del interesado, una vez verificado el supuesto que la ocasione, con efectos desde el momento en que se produjo.
A los funcionarios que se encuentren en la situación de servicios especiales se les reservará la plaza de destino que hubiesen ocupado, según los siguientes criterios:
Cuando el puesto de trabajo desempeñado con anterioridad hubiese sido obtenido mediante el sistema de libre designación, la reserva será de un puesto correspondiente a su grado personal en la misma consellería y localidad. Si el puesto de trabajo de origen fuese desempeñado por otro funcionario en comisión de servicios o permaneciese vacante, tendrá derecho a dicho puesto.
Cuando el puesto de trabajo fuese de los singularizados y hubiese sido obtenido mediante concurso, se reservará dicho puesto.
Si el puesto de referencia fuese suprimido se reservará otro puesto de trabajo en los criterios establecidos en el apartado siguiente.
Cuando el puesto de trabajo fuese obtenido mediante concurso, pero no fuese de carácter singularizado, se reservará un puesto de igual nivel y retribución en la misma consellería y localidad.
Los puestos que se deban reservar para su provisión en un momento por los funcionarios en situación de servicios especiales podrán ser desempeñados, entre tanto, bien en comisión de servicios o bien por personal interino.
Los funcionarios en la situación de servicios especiales percibirán la retribución del puesto o cargo efectivo que desempeñen y no el que les corresponda como funcionarios. Excepcionalmente, y cuando las retribuciones por los trienios que tuviesen reconocidos, no pudiesen ser percibidos con cargo a los correspondientes presupuestos, deberán ser retribuidos en tal concepto por la consellería en la que figuraban adscritos en situación de servicio activo, igual tratamiento se seguirá en el supuesto de abono de la cuota de la Seguridad Social.
A los funcionarios en situación de servicios especiales se les computará el tiempo que permanezcan en tal situación para efectos de ascensos, trienios y derechos pasivos.
Quienes pierdan tal condición deberán solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo de treinta días: de no hacerlo se les declarará en situación de excedencia voluntaria por interés particular, con efectos desde el día en que perdieron aquella condición.
No obstante, los diputados, senadores y los miembros de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas que pierdan dicha condición por la disolución de las correspondientes cámaras o terminación del mandato de las mismas, podrán permanecer en la situación de servicios especiales hasta la nueva constitución de aquéllas.
Los funcionarios de la Comunidad Autónoma de Galicia que por medio de los sistemas de concurso o de libre designación o transferencia, en su caso, pasen a ocupar puestos de trabajo en otras administraciones públicas, se someterán al régimen estatutario vigente en la Administración en que estén designados, siéndoles de aplicación la legislación en materia de función pública de la misma, pero conservarán su condición de funcionarios de la Comunidad Autónoma en situación de servicio en otras administraciones públicas, manteniendo todos sus derechos como si se encontraran en servicio activo, salvo en lo referente al régimen retributivo.
En el supuesto de estar incurso en expediente disciplinario, la imposición de sanción de separación de servicio corresponderá a los órganos competentes de la Comunidad Autónoma de Galicia, salvo lo dispuesto en la normativa sectorial de funcionarios. En todo lo demás les serán de aplicación las normativas relativas a la promoción profesional, promoción interna, régimen retributivo, situaciones administrativas y régimen disciplinario de la Administración pública en que se encuentren destinados.
Excedencias en sus diversas modalidades
Procederá declarar de oficio o a instancia de parte en situación de excedencia voluntaria a los funcionarios cuando se encuentren en situación de servicio activo en otro cuerpo o escala de cualesquiera administraciones públicas, a no ser que obtuviesen la oportuna compatibilidad o pasen a prestar servicios en organismos o entidades del sector público y no les corresponda quedar en otra situación.
A los efectos de lo previsto en el presente artículo se deben considerar incluidos entre los organismos o entidades del sector público aquellas empresas en las que la participación del capital, directa o indirectamente de las Administraciones públicas, sea superior al 50%.
Los funcionarios podrán permanecer en esta situación en tanto se mantenga la relación de servicios que dio origen a la misma. Una vez producido el cese en ella, deberán solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo máximo de treinta días, declarándose, de no hacerlo, en la situación de excedencia voluntaria por interés particular. Dicho reingreso se producirá, en todo caso, con ocasión de vacante con dotación presupuestaria: de no existir vacante, permanecerán en la situación de excedencia voluntaria hasta tanto no se produzca dicha vacante.
Los funcionarios tendrán derecho a un período de excedencia voluntaria no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción, a contar desde la fecha del nacimiento de éste o de la fecha de adopción, los sucesivos hijos darán derecho a un nuevo período de excedencia que, en su caso, pondrá fin al que se hubiese venido disfrutando. Cuando el padre y la madre trabajen, solamente uno de ellos podrá ejercer este derecho. Durante el primer año de duración de cada período de excedencia los funcionarios en esta situación tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo y a su cómputo a efectos de trienios, consolidación del grado personal y derechos pasivos. Sin embargo de lo anterior, dicho plazo se ampliará a un año más en el supuesto de excedencia para el cuidado de un hijo con disminución física o psíquica legalmente reconocida.
Transcurrido el tiempo o desaparecida la causa que motivó la concesión de la excedencia, deberá solicitarse en el plazo de treinta días el reingreso al servicio activo o el pase a la situación de excedencia voluntaria por interés particular, declarándosele en esta situación de no solicitar el reingreso. Si no se produce el reingreso al servicio activo por falta de puesto vacante con dotación presupuestaria, será declarado en la situación de excedencia forzosa.
En cualquier momento, mientras permanezca en esta situación, el funcionario podrá solicitar el reingreso al servicio activo.
Podrá concederse la excedencia voluntaria a los funcionarios cuando lo soliciten por interés particular, no lo impidan las necesidades del servicio y el funcionario no esté sometido a expediente disciplinario o pendiente de cumplimiento de una sanción disciplinaria.
Esta excedencia no podrá declararse hasta completar el funcionario tres años de servicio activo desde que accedió al cuerpo o escala o desde su reingreso al servicio activo desde la situación de excedencia voluntaria, y en ella no se podrá permanecer más de diez años continuados ni menos de dos. De no solicitarse el reingreso antes del cumplimiento del plazo de diez años, se producirá la pérdida de la condición de funcionario. Si, solicitado el reingreso, no se concede éste por falta de puesto vacante con dotación presupuestaria, continuarán en la situación de excedencia voluntaria por interés particular hasta que se produzca la misma.
La situación de excedencia voluntaria no produce reserva de plaza, salvo en los casos recogidos en el presente reglamento, no devengándose retribuciones, ni les será computable el tiempo permanecido en tal situación a efectos de promoción, trienios y derechos pasivos. El reingreso al servicio activo procedente de esta situación se producirá con ocasión de vacante presupuestaria y gozarán del derecho preferente para obtener, por una sola vez, destino en la misma localidad.
La excedencia forzosa se producirá por las siguientes causas:
Cuando se lleve a cabo una reducción de puestos de trabajo de acuerdo con los procedimientos legalmente establecidos y el funcionario afectado por la misma no pueda ser adscrito a otro puesto.
Cuando, una vez concluido el período de excedencia voluntaria concedida para atender al cuidado de un hijo, el funcionario solicite el reingreso y no lo pueda obtener por falta de puesto vacante con dotación presupuestaria.
Cuando el funcionario procedente de la situación de suspenso en firme, una vez cumplida la suspensión, solicite el reingreso y no fuese posible concedérselo por falta de puestos vacantes.
Los excedentes forzosos tendrán derecho a la percepción del sueldo, trienios, pagas extraordinarias, ayuda familiar y complemento de destino inferior en dos niveles a su grado personal.
Asimismo, gozarán del derecho preferente a obtener por una sola vez destino en la localidad donde servían cuando se produjo su cese en el servicio activo.
El reingreso al servicio activo podrá disponer con ocasión de vacante presupuestaria, con carácter provisional, hasta que obtengan destino con carácter definitivo a través del concurso pertinente. Los ingresados provisionales tienen la obligación de participar en el primer concurso de traslados, siendo declarados de oficio, si no lo hacen, en situación de excedentes voluntarios por interés particular.
La suspensión de funciones puede tener carácter provisional o firme. El funcionario declarado en tal situación quedará privado temporalmente del ejercicio de sus funciones y de los derechos inherentes a su condición de funcionario.
La suspensión provisional podrá acordarse preventivamente por el conselleiro del departamento en el que prestara servicios el funcionario, a propuesta de la autoridad que ordenó la incoación del expediente, previo informe de la comisión de personal, durante la tramitación de aquél y por un período no superior a seis meses, siempre que el mismo se iniciara por la comisión de faltas graves o muy graves.
Durante el tiempo de suspensión provisional el funcionario percibirá las retribuciones básicas que le correspondan, así como la ayuda familiar. No se acreditará haber alguno en el supuesto de incomparecencia en el procedimiento disciplinario.
La suspensión tendrá carácter firme cuando se imponga en virtud de condena criminal o sanción disciplinaria.
La condena y la sanción determinarán la pérdida del puesto de trabajo, excepto cuando la suspensión firme no exceda del período durante el que el funcionario permaneció en suspensión provisional.
Una vez cumplida la sanción el funcionario deberá solicitar el reingreso al servicio activo, que se le concederá con ocasión de vacante dentro del orden de prioridades previstas en el artículo 58 de la Ley 4/1988, de 26 de mayo (citada), de la función pública de Galicia, declarándosele, de no hacerlo en el plazo de treinta días, en la situación de excedencia voluntaria por interés particular con efectos desde la fecha en la que cesó en la suspensión. De no existir vacante presupuestaria, deberá pasar a la situación prevista en el supuesto del artículo 7.2.3º de excedencia forzosa del presente reglamento y gozará de preferencia por una sola vez para obtener un destino en la misma localidad.
Si el funcionario resultase absuelto en el procedimiento criminal o expediente disciplinario o si la sanción que se le impusiese fuese inferior a la suspensión, el tiempo de duración de ésta se le computará como servicio activo, con reconocimiento de todos los derechos económicos, incorporación inmediata a su puesto de trabajo y demás derechos que procedan desde la fecha de efectividad de la suspensión.
A efectos de la sanción, se computará el tiempo de duración de las suspensiones provisionales.
Reingreso y cambios de situación
El reingreso al servicio activo del funcionario que no tenga reserva de plaza y destino se verificará mediante la participación en las convocatorias para la provisión de puestos de trabajo por el sistema de concurso, de libre designación a través de la adscripción con carácter provisional a un puesto vacante dotado presupuestariamente.
El reingreso se verificará respetando el siguiente orden de prelación:
Excedentes voluntarios de los apartados b, a y c del artículo 7º 1 del presente reglamento, por este orden.
Los funcionarios reingresados con adscripción provisional tendrán la obligación de participar en el primer concurso para la provisión de puestos de trabajo que se convoque, siempre que reúnan los requisitos exigidos: de no hacerlo, serán declarados en situación de excedencia voluntaria por interés particular. La plaza cubierta provisionalmente será incluida necesariamente en el primer concurso.
Las solicitudes de reingreso al servicio activo de los funcionarios deberán ser resueltas en todo caso con anterioridad a la elaboración de la propuesta anual de oferta de empleo público.
El cambio de las situaciones administrativas en las que se encuentren los funcionarios podrán tener lugar siempre que reúnan los requisitos exigidos en cada caso, sin necesidad de reingreso previo al servicio activo.
Lo dispuesto en el presente reglamento se entiende sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones orgánicas contenidas en leyes de carácter y demás disposiciones básicas de aplicación.
Con el fin de atender adecuadamente a la provisión de puestos de trabajo en la Administración educativa y hasta tanto se dicten las normas específicas a que se refiere la disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1984, de 2 de agosto (RCL 1984, 2000, 2317, 2427 y ApNDL 6595), de medidas para la reforma de la función pública, el personal docente podrá ocupar puestos de trabajo en la Administración educativa sin consolidar grado personal, de acuerdo con lo que se establezca en las relaciones de puestos de trabajo y previo informe favorable de la Dirección General de la Función Pública.
El plazo de diez años establecido como máximo de permanencia en la situación de excedencia voluntaria por interés particular, regulada en el artículo 7º1 c del presente reglamento, deberá computarse, en todo caso a partir de la fecha de entrada en vigor de la Ley 80/1984, de 2 de agosto, de medidas por la reforma de la función pública.
El plazo de dos años mínimo de permanencia en esta situación deberá computarse desde el momento de la concesión de excedencia voluntaria.
Hasta tanto se aprueben las relaciones de puestos de trabajo en la Administración autonómica gallega, deben considerarse en activo, como incluidos en el supuesto previsto en el artículo 3ºa del presente reglamento, a los funcionarios que ocupen puestos de trabajo en algunas de las Administraciones y organismos autónomos a que se hace referencia en el artículo 3º de la Ley 4/1988, de 26 de mayo, de la función pública de Galicia, y perciban la totalidad de sus retribuciones con cargo al programa al que figuran adscritos los referidos puestos.
El personal interino o contratado administrativo que a la entrada en vigor de este reglamento se encuentre en expectativa de acceso a la función pública de Galicia y que estuviese obligado a cumplir el servicio militar o prestación sustitutoria equivalente, se asimilará al régimen previsto en el capítulo tercero de este reglamento.
Quedan derogadas cuantas disposiciones generales o específicas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este decreto.
Ley 4/1988, de 26 mayo (LG 1988\105)
art. 49: desarrollado.
art. 50: desarrollado.
art. 51: desarrollado.
art. 52: desarrollado.
art. 53: desarrollado.
art. 54: desarrollado.
art. 55: desarrollado.
art. 56: desarrollado.
art. 57: desarrollado.
art. 58: desarrollado.
art. 59: desarrollado.