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Timestamp: 2019-07-19 03:32:10
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¿Qué opina del aumento en el catálogo de delitos que requieren prisión preventiva oficiosa según el artículo 19 constitucional? - El Mundo del Abogado
La justicia penal debe conducirse bajo el principio de ultima ratio. Es decir, la pretensión punitiva del Estado se justifica en casos de excepción extremos. De ahí que la incorporación de un amplio catálogo de delitos a la lista de prisión preventiva oficiosa en el artículo 19 de la Constitución sea un error de comprensión del Derecho penal y del sistema de justicia en una democracia constitucional y deliberante. Si la justicia penal es la razón última del Estado, por mayoría lo son las penas privativas de la libertad y, más aún, la prisión preventiva oficiosa. Además de ser contraria a los derechos humanos (presunción de inocencia), esta medida de demagogia punitiva ignora que la justicia penal como causa y consecuencia del Estado debe considerar la desigualdad social como parte esencial de su estructura sancionadora. En un país con composición socioeconómica heterogénea, alerta que la población carcelaria sea homogénea. Esta reforma sólo hará que la falta de oportunidades siga sobrerrepresentada en las cárceles.
Óscar Vásquez del Mercado Cordero
El aumento del catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa nos lleva a socavar una década de configuración del sistema penal acusatorio, aprobado en el Congreso, con el riesgo de que inocentes sean privados de su libertad.
José-Juan Méndez
La reciente reforma al artículo 19 constitucional aprobada en lo general y en lo particular por el pleno del Senado para agrandar el catálogo de siete a 19 delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa es, sin lugar a dudas, una regresión en materia de derechos humanos.
Si bien la Constitución ya prevé la aplicación de la prisión preventiva oficiosa como parte de nuestro sistema de justicia penal acusatorio, su inclusión ha sido ampliamente cuestionada. Además, debemos recordar que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria determinó, en abril de 2018, que esta medida cautelar impuesta de manera oficiosa viola el artículo 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los principios de excepcionalidad y presunción de inocencia del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La prisión preventiva debe ser excepcional para no vulnerar los derechos humanos. Por lo tanto, el riesgo inminente de esta reforma es la violación al principio constitucional de presunción de inocencia y el debilitamiento de la confianza ciudadana en sus instituciones que avalan la reducción de los derechos como la única vía para resolver la crisis de seguridad pública y potencian el uso arbitrario del poder punitivo del Estado.
México debe aspirar a eliminar la prisión preventiva, trabajar para cumplir con nuestros compromisos en materia de derechos humanos, garantizando la paz social a través de mecanismos eficientes de procuración e importación de justicia, y evitar medidas que van en contra de nuestra Constitución y del espíritu del sistema de justicia penal.
Más que lo que yo pueda opinar, comento lo que me dijo hace poco un ex gobernador, haciendo gala de un cinismo inquietante: “Qué bueno que volvamos al viejo sistema para encerrar sin mayores trámites a los malandrines. Esto va a permitir a los gobiernos federal y locales ahorrarse la capacitación de policías, agentes del Ministerio Público y jueces. Pero, sobre todo, les va a permitir dar la impresión a sus electores de que se actúa con eficacia. Así era antes y nunca debió cambiar. Esto, es cierto, tiene un costo: llenar las cárceles de personas inocentes y sin recursos para pagar a un abogado. Pero, bueno, ¿quién dijo que el mundo fuera perfecto?”
Uno de los problemas que tenemos en materia penal en México es que no estamos dispuestos a tomarnos en serio un derecho tan relevante como es la presunción de inocencia. Se trata del reflejo de una incapacidad más amplia, que parece impedirnos asumir con todas sus consecuencias los mandatos que derivan en general de cualquier derecho humano. Nos gusta ponerlos en la Constitución, citarlos cuando damos clases o conferencias o cuando escribimos libros, pero a la hora de aplicarlos y hacerlos efectivos en la realidad nos hacemos pequeños.
En los discursos, nuestros políticos dicen estar comprometidos con los derechos humanos. En la realidad hacen todo lo posible por seguir violándolos. La ampliación de los supuestos de la prisión preventiva oficiosa es eso: una violación de derechos humanos. Lo es porque está fuera de los parámetros establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y lo es porque hace trizas no solamente la propia presunción de inocencia sino también el debido proceso legal.
Se trata de una reforma regresiva, que hará mucho más compleja la tarea de construir una sociedad segura para nosotros y para nuestras familias. Es como dispararse en el pie, cuando lo que necesitamos es comenzar a correr. Pésimo diagnóstico, pésima reforma.
La iniciativa me parece simplemente transgresora de los derechos humanos. Ya en 1998 la Corte, en forma unánime y equivocada, dejó abierta una puerta para que pueda darse la prisión preventiva en algunos casos. Yo estoy totalmente en contra de esa posibilidad; dejar en manos de un juez que oficiosamente pueda dictar la prisión preventiva a personas que a su juicio incurrieron en esos delitos sin observar el principio de presunción de inocencia es, a no dudarlo, una aberración. Que te juzguen, y si resultas culpable que te condenen, pero hasta que esté acreditado el ilícito.
El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos preveía un catálogo para dictar la prisión preventiva oficiosa. Desde entonces partía de un error en relación con el sistema de justicia penal que se pretendía adoptar. Dicho sistema está basado, en principio, en que la prisión preventiva fuese la excepción y no la regla, como lo fue en el sistema anterior, y que, además, fuese aplicada tomando en cuenta la garantía de que el imputado se presentara a juicio, así como que no constituyera un riesgo para la víctima o para los partícipes en el proceso. Pero eso no bastó, como no fue suficiente ni bien comprendido el hecho de que ya estuviera regulada la prisión preventiva justificada. El catálogo se amplió y con ello se dio el primer paso para sobrepoblar las prisiones (cuya población extrañamente no descendió en los términos esperados desde 2016), incrementar la carga de trabajo de los tribunales y, en ese sentido, preparar el terreno para aumentar el desencanto del sistema de justicia adversarial. Es un pequeño paso para el legislador, pero un gran salto hacia el pasado. Al tiempo.
Me parece que en estos momentos en que debemos cuestionar muy seriamente el rumbo de nuestro Estado de Derecho y buscar soluciones al problema cultural tan grave que tenemos de inobservancia de la ley, una reforma de esta naturaleza parece obviar el avance y el cambio trascendental que se dio hacia el sistema penal acusatorio en 2008. Y si bien es cierto que en 2014 se reformó el Código Penal para ampliar el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva, soy de la opinión de que la prisión preventiva así, sin pruebas y sin debido proceso, lo único que hace es lastimar severamente el principio constitucional de la presunción de inocencia.
Lamentablemente vamos a seguir teniendo el problema de cárceles llenas de imputados sin ser juzgados, de indiciados que no pueden defenderse contra los ministerios públicos, que estarán ávidos de recibir sobornos para buscar modificar la calificación de los delitos.
Independientemente del tema de fondo sobre si esos delitos merecen y justifican la prisión preventiva oficiosa, yo pienso que todo el sistema punitivo debe repensarse en otra dirección. Ni la prisión preventiva oficiosa ni el aumento de las penas son medidas disuasivas de la comisión de delitos. La burocracia y la tramitología solamente encarecen el aparato de procuración de justicia. El gran número de delitos que quedan impunes es el mayor incentivo a la delincuencia. La convicción del delincuente de que nunca lo van a atrapar, y de que si lo atrapan tiene mil maneras de defenderse y salir del atolladero, es lo que hay que combatir con medidas de policía y procuración e impartición de justicia eficientes y expeditas.
Si bien la prisión preventiva debe ser la ultima ratio de las medidas cautelares de carácter personal, la incidencia delictiva de nuestro país en temas como: a) abuso sexual contra menores, delitos electorales y desaparición forzada; b) delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del ejército, y c) robo de hidrocarburos y hechos de corrupción, hace necesaria la inclusión de esos ilícitos en el catálogo de tipos penales, medios comisivos y bienes jurídicos, sobre los que recae la prisión preventiva oficiosa, contemplados en el artículo 19 constitucional. Lo anterior permitirá contrarrestar la impunidad que prevalece en la investigación de los citados delitos, garantizándose —en todo momento— el respeto a la dignidad humana del imputado en el marco del debido proceso.
Es irónico que en México se busque ampliar constantemente la prisión preventiva, cuando en el ámbito internacional la tendencia es la opuesta. En el Estatuto de la Corte Penal Internacional no existe la prisión preventiva oficiosa. Una persona puede seguir su proceso en libertad por delitos internacionales como genocidio y crímenes de lesa humanidad. Esta medida se ha entendido como una expresión de la presunción de inocencia dentro del régimen de este tribunal. Sin embargo, en México una persona lleva su proceso en prisión por delitos de mucho menos gravedad, contrariamente a los estándares internacionales y al debido proceso.
Los delitos contenidos originalmente en el artículo 19 constitucional que ameritan prisión preventiva oficiosa fueron previstos para proteger el máximo bien jurídico tutelado: la vida. El incremento de este catálogo de delitos comprende bienes jurídicos tutelados distintos como los patrimoniales o los electorales, y aunque el objetivo es acabar con la corrupción, con esta medida se puede provocar aquello que se pretende eliminar, como acusaciones falsas, fabricación de pruebas, entre otros, convirtiendo la presunción de inocencia en presunción de culpabilidad para las personas a las que se les impute cualquier delito contenido en este catálogo, lo cual representa un retroceso para el joven sistema de justicia penal establecido el 18 de junio de 2008, y que no termina de cuajar en México.
Es un retroceso en materia de derechos humanos. Se reformó la Constitución; hubo una vacatio legis de ocho años; se creó el Código Nacional de Procedimientos Penales para implantar el nuevo sistema. Sus creadores consideran el cambio propuesto una contrarreforma. El sistema anterior estaba podrido de raíz y no hemos aprendido a usar el nuevo. Lo están reformando antes de acabar de entenderlo y aplicarlo.
Se requiere tiempo para que la sociedad y el foro entiendan este nuevo sistema. Mientras tanto, no se deben hacer reformas que lo empiecen a parchar hasta dejarlo irreconocible. No se debe legislar por lo que digan los medios sino por lo que técnicamente sea adecuado, y si en el camino hay problemas para entenderlo, que se corrijan estos problemas, pero que no se cambie lo que todavía no se sabe si puede funcionar.
Cada vez que el catálogo constitucional de delitos que requieren prisión preventiva oficiosa es aumentado, el sistema de justicia retrocede por lo menos en dos frentes: 1) la batalla por dotar de contenido al principio de presunción de inocencia y 2) la batalla por dotar al Estado de una sólida capacidad de investigación de delitos, y con ello, la capacidad de sancionar a los culpables y de absolver a los inocentes.
La prisión preventiva oficiosa no garantiza ni atrapar a los infractores ni mucho menos sancionarlos. En cambio, significa claudicar en la construcción de un aparato de justicia sólo para caer en la tentación del castigo inmediato, aunque sea inmerecido. Con la prisión preventiva oficiosa se releva de su responsabilidad a ministerios públicos y jueces, y se coloca una hoja de olivo en la demagogia penal, la cual nada tiene que ver con el Derecho penal.
El abuso excesivo de la prisión preventiva es uno de los temas que ha propiciado una severa crisis del sistema penal. El encarcelamiento de las personas que aún no se ha demostrado que sean plenamente responsables de la comisión de un delito nunca podrá ser suficiente para afirmar que con ello se solucionará la grave inseguridad que se vive en el país. Los argumentos que se utilizaron para ampliar el catálogo de delitos por los que procede la prisión preventiva oficiosa carecen de bases sólidas para llevar a cabo una política criminal seria. En ese sentido, coincido con el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, al considerar que esta medida crea una categoría discriminatoria de imputados: los que pueden ser beneficiarios de medidas alternativas a la prisión preventiva y los que no pueden serlo.
Luis Alfonso Madrigal Pereyra
La pasada reforma al artículo 19 de nuestra constitución, con el único fin de añadir delitos de prisión preventiva oficiosa, implica un retroceso a los principios que dieron vida al Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, como lo es el de presunción de inocencia y pro persona. Estos principios fundamentales del nuevo sistema se contraponen a la prisión preventiva como sanción anticipada, pues se impone prisión a quien no ha sido declarado culpable. Recordemos que el catálogo de delitos considerados graves en el Código Federal de Procedimientos Penales se reformó en más de veinte ocasiones para añadir delitos, ya por cuestiones políticas del momento, ya por incapacidad del Ministerio Púbico para investigarlos, y ahora se sigue la misma tónica. Volveremos al “usted disculpe”.
Primeramente, considero que la prisión preventiva es una medida violatoria de los derechos fundamentales de quienes son sometidos a ésta sin haber sido juzgados, como ya lo han apuntado organizaciones y colectivos defensores de los derechos humanos, y el aumento de los delitos puede dar lugar a detenciones arbitrarias, pasando por alto que esta medida debe ordenarse exclusivamente en casos de excepción plenamente justificados. En cuanto a la ampliación del catálogo de delitos, si bien se trata de delitos graves y muy comunes, tales como corrupción, huachicoleo, abuso sexual y desaparición forzada de personas, entre otros, su inclusión goza de la simpatía general ante el hartazgo de una enorme impunidad, Sin embargo, a los abogados nos da la impresión de que la reforma tiene la intención de impedir la total integración y el avance del sistema penal acusatorio. Se considera, incluso, como una contrarreforma constitucional al mismo.
La prisión preventiva es un mal necesario si se aplica con racionalidad, caso por caso y sin perder de vista que su finalidad no es imponer una pena anticipadamente o constituir una válvula de escape a la presión social que acompaña la exigencia de seguridad y justicia, sino garantizar la continuidad del proceso penal, la seguridad de sus participantes y de terceros (víctimas, testigos, juzgadores, policías, familiares, etcétera) y equilibrar los derechos y prerrogativas en conflicto. Luego, su existencia no es per se violatoria de derechos humanos, tal y como se reconoce en todas las legislaciones democráticas del mundo, y los juzgadores deben imponerla como ultima ratio atendiendo a circunstancias concretas alrededor del imputado, independientemente del hecho que se le atribuya.
Precisamente por ello es que la imposición oficiosa de la medica cautelar es siempre repulsiva: se basa en el mero hecho atribuido y no en las circunstancias personales del imputado. Así, la prisión preventiva oficiosa no debería de existir para ningún delito, según la ciencia.
No obstante, la realidad se impone a la teoría: en México, como en todo el mundo, es constante que imputados por determinados delitos evadan la acción de la justicia y, debido a los antecedentes del hecho y sus contextos, los participantes en el proceso penal y terceros queden objetivamente expuestos a sufrir daños por venganzas o para eliminar la futura prueba en el juicio oral. Tal es el caso en delincuencia organizada, violación, delitos sexuales contra menores, homicidio doloso (de hombres y mujeres), secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos y, sin duda alguna, los de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y los delitos en materia de hidrocarburos. En estos supuestos, la Constitución debe de optar por el mal menor de la oficiosidad de la medida, con otros equilibrios como su duración, claro está.
El desafío es, siempre, que el Constituyente permanente determine cuáles son esas realidades y constantes mediante diagnósticos consistentes y datos duros; y mucho me temo que tal no es el caso en los demás delitos a que se refiere la reforma constitucional en curso.