Source: https://www.scribd.com/document/48176120/El-Concepto-de-Educacion-y-Sus-Fines-en-La-LGE
Timestamp: 2017-11-20 13:00:57
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Por otra parte, el ser educado o estar educado puede implicar distintos aspectos, tales como poseer el mínimo de habilidades necesarias para ocupar uno su lugar en la sociedad; buscar ulterior conocimiento; proporcionar a los hombres y mujeres un entrenamiento vocacional que los capacitaría para mantenerse a sí mismos; despertar interés y gusto por el conocimiento; hacer a las personas críticas; o, finalmente, poner a los hombres y mujeres en contacto con los logros culturales y morales de la humanidad y enseñarles a apreciarlos (O'Connor, 1957). Estas consideraciones respecto de la educación no son sino el marco para comentar el concepto y los fines de la educación en la Ley General de Educación de 1993. I. El concepto de educación en la LGE La Ley General de Educación trata del concepto de educación en el artículo 2 , párrafo segundo; artículo 7o y sus fracciones de la I a la XII. El artículo 7o remite al párrafo segundo del artículo 3o constitucional, del 5 de marzo de 1993, en el cual aparece la definición de educación: [proceso que]"... tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia". Estas palabras están tomadas del artículo 3o, primer párrafo, del 30 de diciembre de 1945 (Diario Oficial de la Federación, de igual fecha).
El mismo artículo 2o, segundo párrafo, indica otra definición de educación: "es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar al hombre de manera que tenga sentido de solidaridad social". Proceso permanente en dos sentidos: individualmente, la educación dura toda la vida. El hombre siempre debe estar educándose. Y colectivamente, año con año nacen nuevas generaciones que requieren ser educadas. El texto citado fue tomado por la nueva ley del también artículo 2o de la Ley Federal de Educación (LFE) de 1973, a la que de ahora en adelante citaremos entre paréntesis para que el lector pueda hacer las comparaciones correspondientes. Los autores disienten sobre si la educación debe contribuir siempre a la transformación, y contestan que la educación tiene una doble función: conservadora, pues transmite los principios, normas y valores de una cultura específica y, simultáneamente, propone nuevos objetivos de acuerdo con el progreso tecnológico del país y del mundo (Brubacher, 1969). Respecto de su función como factor de conocimientos, debe afirmarse que aquélla es primordial para la adquisición de los conocimientos básicos y mucho más para los conocimientos más completos y complicados como los que comprende una carrera, una maestría y mucho más un doctorado.
En la otra función, como factor para formar a los hombres en el sentido de solidaridad, la educación interviene también de modo importante. El hombre tiende de ordinario a ver por sí independientemente de los demás. Requiere de la educación para adquirir el sentido de la solidaridad, es decir, la unidad con el grupo que produce la comunidad de intereses, objetivos y normas. El concepto de educación, según la LGE, implica: 1) Un proceso permanente; 2) Contenidos: conocimiento y valores (criterios); y 3) Un método, de suerte que el educando entienda lo que se le transmite:
En el proceso educativo deberá asegurarse la participación activa del educando, estimulando su iniciativa y su sentido de responsabilidad social para alcanzar los fines a que se refiere el artículo 7° (Art. 2o, párrafo tercero).
El concepto de educación se redondea con las características señaladas en los artículos 4o -obligatoria-; 5o -laica- y 6o -gratuita-El artículo 8o, a su vez, marca los criterios que orientarán la educación: 1) El progreso científico. 2) La lucha contra la ignorancia y sus consectarios: las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. 3) La democracia, concebida no sólo como estructura jurídica y régimen político, sino como sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. 4) El nacionalismo, en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos-atienda a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica, y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura. 5) La mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte, a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de los derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos. Los criterios 1, 2 y en parte el 3, 4 y 5 se hallan en el artículo 3o constitucional de 1946 (Diario Oficial de la Federación, 30 de diciembre de 1945).
Para precisar el concepto de educación, los artículos 4o, 5o y 6o añaden tres características de la misma: obligatoria, gratuita y laica. La obligatoriedad se introduce en 1842; se repite durante el imperio de Maximiliano en 1865; reviste forma de ley en 1888, con sanciones más severas en la ley de 1891; se vuelve a mencionar en la fracción IV del artículo 3o de la Constitución de 1917, en la fracción VI del artículo 3o de 1946, y en la Ley Federal de Educación de 1973, artículo 16. La gratuidad se cita por vez primera el 27 de diciembre de 1865; luego, en la ley del 2 de diciembre de 1867 (gratuita para los pobres); en la ley del 21 de marzo de 1891, así como en la del 15 de agosto de 1908. Aparece en el artículo 3o de la Constitución de 1917, en la fracción IV del de 1934, en la fracción VII de 1945 y en el artículo 12 de la Ley Federal de Educación (1973). La gratuidad de la educación, hasta la Ley Orgánica de 1941, que reglamentaba el artículo 3o de 1934 (segunda ley, la primera se expidió en 1939) establecía (artículos 92 y 11) que el Estado atendiera preferentemente la educación primaria hasta generalizarla, así como la secundaria, la normal, la técnica, la alfabetización, la educación de indígenas y campesinos y la cultura elemental de los iletrados (la actual educación de adultos). Respecto de la educación superior, la ley de 1941 prescribía que el Estado la fomentara con universidades o instituciones particulares, para poder "dedicar con mayor amplitud sus recursos" a las modalidades arriba mencionadas de la educación. El origen de la fracción VII de 1945 (repetida en la ley de 1973, así como en el artículo 3o constitucional de 1991 y la LGE de 1993) fue resultado de una negociación entre el presidente Manuel Avila Camacho y Vicente Lombardo Toledano. A cambio de la aceptación del artículo por parte de éste y los sindicatos, don Manuel concedió la adición de la fracción VII, la cual establecía que "toda la educación que el Estado imparta será gratuita" (Torres Bodet, 1969: 396). Finalmente, el laicismo es la tercera característica de la educación en México. El término tiene cuatro acepciones: 1) Independencia de la Iglesia; 2) Abstención de instrucción religiosa; 3) Exclusión de ministros de culto en la enseñanza; 4) Prohibición de relacionar las escuelas con corporaciones religiosas. La primera acepción se encuentra en el artículo 3o de la Constitución de 1857: "La enseñanza es libre", tanto respecto de los gremios como de la Iglesia. Y se reiteró en el artículo 3o de la Constitución de 1917.
La segunda acepción -abstención de instrucción religiosa- entró en vigor en la ley del 15 de abril de 1861, al no mencionarse dicha instrucción (Dublán y Lozano, 1879) y así la consignaron también la ley del 2 de diciembre de 1867, su reglamento del 24 de enero de 1868 y la ley orgánica del 15 de mayo de 1869 con su reglamento respectivo La instrucción religiosa quedó prohibida explícitamente en la ley del 14 de diciembre de 1874. La tercera acepción entró en vigor por la ley del 23 de marzo de 1888, artículo 10: "En las escuelas oficiales no pueden emplearse ministros de culto alguno, ni persona que haga votos religiosos". La ley del 21 de marzo de 1891 (Art. 2o) engloba las anteriores prohibiciones con la introducción del término "laico". Finalmente, la última acepción se añadió en el artículo 3o de la Constitución de Querétaro: "La escuela no debe estar relacionada con ninguna corporación religiosa". El artículo 3o de 1917 extendió también el laicismo a la escuela particular en el nivel primario. Esta etapa (1857-1917) podría denominarse del laicismo moderado, concebido como neutralidad respecto de la religión. Pero, al publicarse en 1926 el Reglamento Provisional de las Escuelas Particulares del D.F. y Territorios Federales, se prohibió cualquier indicación de naturaleza religiosa o dependencia de la Iglesia: decoraciones, pinturas o estampas religiosas, etc. y se repitió la prohibición de que los directores fueran ministros de algún culto. Se pasó al laicismo agresivo. Durante el periodo de Pascual Ortiz Rubio, Narciso Bassols recrudeció el laicismo y prohibió en las Normas Revisadas de las Escuelas Particulares (18 de abril de 1932; Art. 4o, fracción IV) la enseñanza de ministros de culto. En 1931 (29 de diciembre), Bassols extendió el laicismo a las escuelas secundarias, con la prohibición de la enseñanza religiosa, de la docencia de ministros de culto y de la presencia de corporaciones religiosas en las escuelas. El artículo 3o del 11 de diciembre de 1934 (Diario Oficial de la Federación, de la misma fecha) establece la educación "socialista" que:
[...] además de excluir toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social.
El artículo 3o de 1934, redactado por Bassols y Vicente Lombardo Toledano (1894-1968), perseguía dos objetivos: primero, combatir el fanatismo religioso, reiteración del jacobinismo liberal y positivista bajo el nombre de socialismo. El laicismo neutral y ponderado de Justo Sierra se convirtió así en laicismo agresivo, orientado a extirpar la religión; segundo, proporcionar a los educandos un concepto racional y exacto del universo, objetivo risible o desconocedor, en absoluto, de las capacidades de la mente humana, pues ninguna doctrina científica o filosófica puede ofrecer semejante concepto del universo. La ley exigía a los maestros mexicanos
enseñar la verdad absoluta. ¿Cuál? ¿El materialismo dialéctico, esa doctrina filosófica basada en supuestos discutibles como el contener la materia un principio racional? Si la novedad de la escuela socialista era enseñar un concepto racional y exacto del universo, no se distinguía ésta del positivismo de Gabino Barreda (18201881) y otros (Ramos, 1976: 92). La verdad resultó un poco distinta como consta en una carta de Bassols a Jaime Torres Bodet (1902-1974) en la cual confesaba ser el autor del texto y responsable de su redacción. Y añadía:
[...] la verdad es y no debemos olvidar un solo instante que el problema político real no radica ni en el término "socialista", ni en la fórmula del "concepto racional y exacto". Está en la prohibición a la Iglesia Católica de intervenir en la escuela primaria para convertirla en instrumento de propaganda confesional y anticientífica. Lo demás son pretextos... (Torres Bodet, 1969: 326-327).
La embestida de este laicismo agresivo no paró allí: Cárdenas expidió un decreto sobre la enseñanza secundaria (Diario Oficial de la Federación, 13 de marzo de 1935): "Ninguna institución, llámese de cultura media o superior, podrá impartir educación secundaria sin autorización expresa de la SEP", y prescribía que ningún establecimiento de educación media superior podría recibir en calidad de alum no regular, irregular o de cualquier otra clase a persona carente de secundaria oficial (Art. 3o) y establecía (Art. 4o), como requisito mínimo de admisión al bachillerato, la constancia de haber terminado la secundaria en un plantel oficial o escuela expresamente autorizada por el Estado. El decreto del ejecutivo modificó así la situación del bachillerato de cinco años de la Universidad de México. Esta se amparó, pero perdió el juicio y, con el pasar de los años, la Secretaría de Educación Pública se hizo de la vista gorda y no volvió a exigir el cumplimiento de la disposición presidencial. Este decreto del ejecutivo, al establecer el carácter obligatorio de la educación secundaria socialista, impidió a la universidad crear un bachillerato de cinco años, el cual serviría sólo para las carreras liberales, no para las científicas que requieren título como las ingenierías, medicina, etc. Sólo las secundarias oficiales podían impartir con validez la enseñanza socialista (Excélsior, 17 de febrero de 1935. Véase Meneses, 1988: 126). El laicismo agresivo aparecía también en los programas y las pruebas de exámenes, así como en los libros de texto y la formación de maestros (Meneses, 1988: 166). La primera ley orgánica del artículo 3o de 1934 repitió lógicamente, en forma más pormenorizada, las prescripciones constitucionales (30 de diciembre de 1939). Sin embargo, en honor de la verdad, debe decirse que no resultó tan radical como los borradores de la misma sugerían. Se advirtió en ella un empeño por suavizar el proyecto de Cárdenas.
Con el pasar del tiempo, el nuevo régimen de Manuel Avila Camacho (18971955) se sentía incómodo con la educación socialista. Y, como se había propuesto tranquilizar el país después de la agitación del sexenio cardenista, empezó por el elemento que producía más conflictos: la educación. El medio fue promulgar otra ley federal del artículo 3o firmada por el presidente el 31 de diciembre de 1941, a un año y un mes de iniciada su administración (Diario Oficial de la Federación, 23 de enero de 1942). La educación sería socialista, fomentaría el desarrollo íntegro de los educandos "dentro de la convivencia social", preferentemente en los aspectos físico, intelectual, moral, estético, social. Tendería a formar conceptos y sentimientos de solidaridad y preeminencia de los intereses colectivos respecto de los privados o individuales, con el propósito de disminuir las desigualdades económicas y sociales; excluiría toda enseñanza o propaganda de cualquier credo o doctrina religiosa, "... combatiría el fanatismo y los prejuicios...". Y se tomaba el trabajo de definir negativamente el fanatismo: no era "la profesión de credos religiosos y la práctica de las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, realizados conforme a la ley" (Art. 17). Y añadía: "... en consecuencia, los educadores no podrán, so pretexto de combatir el fanatismo y los prejuicios, atacar las creencias o prácticas religiosas lícitas de los educandos, garantizadas por el artículo 24 de la Constitución" (Diario Oficial de la Federación, 23 de enero de 1942). Las sanciones eran también distintas: en la ley de 1939, las violaciones al artículo 3o se sancionaban con la clausura del establecimiento y multas de mil pesos; en la ley de 1942, en cambio, se llamaría la atención del infractor, para evitar que se repitiera la violación y conseguir que se corrigiera; en caso de reincidencia, se aplicaría una multa y, si volviera a infringirse la ley, se procedería a la clausura del establecimiento. La ley de 1942 fue el puente entre el artículo 3o de 1934 y el de 1946, que, obviamente, representa un enorme avance sobre el de 1934 y aun sobre el de 1917. Señala el objetivo de la educación: desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentar en él el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y la justicia. Y prescribe que la educación se mantendrá ajena a cualquier doctrina religiosa y luchará contra la ignorancia y sus efectos: las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Sin embargo, el artículo 3o mantuvo el laicismo en toda la educación tanto pública como privada, y el control totalitario en primaria, secundaria y normal y la facultad de negar o revocar la autorización a los particulares deseosos de establecer escuelas, sin que contra tales resoluciones hubiera juicio o recurso alguno; y la prohibición a las corporaciones religiosas de intervenir, en forma alguna, en planteles de educación primaria, secundaria y normal y la destinada a obreros y campesinos. Por ese tiempo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicó la Declaración Universal de los Derechos Humanos y México la firmó, obligándose por tanto a cumplir con dichas normas, entre las cuales se encuentra la siguiente: "Artículo 26.3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos".
Sin embargo, la Ley Federal de Educación, promulgada en el gobierno de Luis Echeverría Alvarez, mantuvo el laicismo tanto en la escuela pública como en la privada y la negación de recurso contra las resoluciones del gobierno en caso de clausura de alguna escuela (Diario Oficial de la Federación, 29 de noviembre de 1973). En 1976 ocurrió un importante evento: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos aprobado por la ONU el 16 de diciembre de 1966 que entró en vigor el 23 de marzo de 1976 en los países que lo habían ratificado. México lo aprobó cinco años después, el 24 de marzo de 1981, y lo promulgó en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 1981. El Pacto, a diferencia de la Declaración, pretende eficacia jurídica. Su contenido, por tanto, es distinto del de aquélla. Dos series de diferencias sobresalen: 1) una gama de limitaciones a los derechos humanos, por razones de seguridad nacional (seguridad pública, orden público y salud o moral públicas) que en la Declaración, texto que no pretendía aplicarse, eran innecesarias; 2) un conjunto de disposiciones por las cuales se obliga a los estados miembros a poner los medios para proteger, en el orden interno, los derechos reconocidos por el Pacto, como el caso de la educación. El artículo 18, número 4, relativo a la educación dice:
Los Estados partes [o miembros] en el presente Pacto se comprometieron a respetar la libertad de los padres [se refiere a la libertad religiosa] y, en su caso, la de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que está de acuerdo con sus propias convicciones.
El párrafo 4o precisa, como contenido de la libertad religiosa, la libertad de los padres o tutores para que sus hijos reciban educación religiosa o moral de acuerdo con sus convicciones. El Pacto es más expreso que la Declaración, pues prescribe a los Estados partes no sólo comprometerse a respetar esa libertad sino, además, garantizarla. Esta norma implica la obligación de los Estados de procurar que existan los medios indispensables como locales, instructores y libros -no necesariamente deben proveerlos-, a fin de que los niños reciban efectivamente esa educación. Este párrafo no señala restricción alguna a este derecho. 1 Ahora bien, el artículo 2o del Pacto establece tres obligaciones de los Estados en ese sentido: 1)"... a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente pacto sin distinción alguna..."; 2)"... a dictar las disposiciones legislativas o de cualquier otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto"; 3) a garantizar a toda persona, que haya sufrido violación de alguno de los derechos definidos en el Pacto, tener la posibilidad de imponer un "recurso efectivo", que lo proteja y le dé la reparación
Véase el excelente escrito de Jorge Adame Goddard. La libertad religiosa en México. (Estudios Jurídicos). México: Editorial Porrúa, 1990. De esa obra están tomadas algunas ideas.
debida. Es más, expresamente se dice que este recurso debe existir "aun cuando tal violación haya sido cometida por personas en ejercicio de sus funciones oficiales". Finalmente, durante la administración del presidente Salinas, se modificó el artículo 3o constitucional con la restricción del laicismo sólo a la educación que imparte el Estado. Se suprimieron las facultades del mismo gobierno de cancelar la autorización para impartir educación sin posibilidad de recurso alguno (Diario Oficial de la Federación 5 de marzo de 1993). Sin embargo, la restricción del laicismo a la educación pública no está de acuerdo con la Declaración de los Derechos del Hombre de la ONU, firmada por México y citada más arriba. Tampoco satisface el nuevo artículo 3o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ONU, 16 de diciembre de 1966), aceptado por México el 24 de marzo de 1981 (Diario Oficial de la Federación, 20 de mayo de 1981). El nuevo artículo 3o deja sin enseñanza religiosa (de cualquier credo, no necesariamente el católico) al casi 90 por ciento de los niños de México, cuando 52 por ciento de la población, después de 130 años de laicismo oficial, está a favor de la enseñanza de la religión en primaria (Guevara Niebla, 1991). 2 II. Los fines de la educación en la LGE La fracción I del artículo 7° contiene un concepto de educación semejante en sustancia al del segundo párrafo del artículo 3o de la Constitución, comentado más arriba: "contribuir al desarrollo del individuo para que ejerza plenamente sus facultades humanas". Esta descripción implica que el modo de educar debe respetar la personalidad del educando y se aparta de las descripciones de la educación que hablan del "influjo ejercido por las personas maduras en las inmaduras". El verbo usado por la ley no puede ser más discreto: contribuir con actitudes, consejos, ejemplos, información, aun representaciones, al desarrollo integral del individuo (Brubacher, 1969:129). Pero como éste tiene distintos aspectos: físico, emocional, intelectual, social, artístico y moral (debería incluirse también el religioso, excluido de la enseñanza oficial por ser ésta laica), síguese que "contribuir" se extiende a ese desarrollo múltiple, el cual, de otra suerte, no sería integral y el individuo no podría ejercer plenamente sus capacidades humanas (Ley Federal de Educación, Art. 5o, I, 1973). De la fracción II del mismo artículo a la XII, se mencionan explícitamente los fines del término de ese desarrollo, pues el estar educado puede presentar múltiples
Véase el interesante artículo de Pablo Latapí: "Libertad religiosa y legislación escolar. Las recientes reformas constitucionales en México ante el derecho internacional", en Revista Latinoariericana de Estudios Educativos, 1992, Vol. XXII, No. 1, pp. 11-38.
manifestaciones, según la época en que vive el individuo, la sociedad a la cual pertenece y el propio destino ambicionado por cada uno. Los fines de la educación desempeñan tres importantes funciones, según Brubacher (1969): 1) Orientan el proceso educativo hacia determinadas metas, además del objetivo intrínseco de ser educado, tales como ser buen ciudadano, científico competente, etcétera. 2) Motivan al educando a conseguir los fines, pues éstos son valores y, por tanto, son atractivos. 3) Finalmente, los fines proporcionan un criterio para evaluar todo el proceso educativo, de los padres respecto de su hijo, del maestro respecto de sus alumnos, o de la escuela respecto de sus estudiantes. Pasemos ahora a comentar cada una de las fracciones del artículo 7o de la Ley General de Educación, a partir de la II. La fracción II dice: "Favorecer el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos, así como la capacidad de observación, análisis y reflexión críticos". Ante todo, la fracción se refiere a los conocimientos prácticos para valerse a sí mismo y ganar el sustento. Este conocimiento es fundamental en la vida. Capacita al individuo para crecer, desarrollarse y, eventualmente, formar una familia. Implica saber leer, escribir y contar, habilidades indispensables en la sociedad actual, sin las cuales el individuo sería incapaz de comunicarse y relacionarse plenamente con sus semejantes. La fracción supone también la escuela, que proporciona al niño no sólo las enseñanzas básicas -leer, escribir y contar- sino también ulteriores conocimientos de sí mismo, del mundo en que vive y de la sociedad a la cual pertenece. La educación significa que los individuos aprendan -otra forma de llamar al desarrollo de las facultades para adquirir conocimiento- y, sobre todo, les enseña cómo aprender o les enseña a aprender a aprender. El mínimo de este desarrollo se contiene en la educación básica: preescolar, primaria y secundaria. Al decir esta fracción "favorecer", insinúa discretamente hacerlo de modo deliberado, actitud que difiere de la de los defensores de la "educación según la naturaleza", quienes creen que el gusto por el conocimiento "le sucederá" al individuo en el curso normal de eventos. Parece también que las palabras "facultades para adquirir conocimientos" implican una jerarquía: primero, los básicos, para bastarse a sí mismo y encontrar su lugar en el grupo y, segundo, todos los demás, como saber la diferencia entre las distintas familias de moluscos, enumerar las fuerzas de la naturaleza, etc. Además,
señala la capacidad de observación, análisis y reflexión crítica, esta última necesaria en una sociedad sujeta a tanta propaganda, a una prensa no siempre veraz y responsable y al adoctrinamiento que algunos individuos se esfuerzan en ejercer. La reflexión crítica interesa no sólo al individuo sino también a la sociedad. Una sociedad sin crítica constructiva se estancaría. Nunca podría lograr verdadero progreso, pues éste supone la capacidad de criticar lo presente con el fin de diseñar formas mejores, más económicas y tal vez más rápidas de hacer lo mismo en el futuro (LFE, 1973, Art. 45, I y IV). La fracción III propone: "Fortalecer la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía, el aprecio por la historia, los símbolos patrios y las instituciones nacionales, así como la valoración de las tradiciones y particularidades culturales de las diversas regiones del país". Es decir, presenta tres grandes grupos: 1) la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía; 2) el aprecio por la historia, los símbolos patrios y las instituciones nacionales; 3) la valoración de las tradiciones y particularidades culturales de las diversas regiones del país (LFE, 1973, Art. 5o, II). La conciencia de la nacionalidad y de la soberanía debe inculcarse en el hogar y afirmarse en la escuela. Y conviene realizar esta tarea evitando el patrioterismo estrecho, inclinado a despreciar a los demás pueblos de la tierra. Así como pertenecer a una determinada familia no suscita el menosprecio de las demás, de la misma manera el amor a la propia patria tampoco ha de inducir a despreciar a las otras naciones. La nacionalidad está constituida por dos elementos: el hispanismo y el indigenismo. México es un pueblo mestizo, descendiente de los españoles, pero también de los indígenas, los primeros pobladores del continente y poseedores de una gran civilización que se pierde en las brumas de tres milenios antes de Cristo. México es una nación soberana, independiente mucho antes que otras naciones europeas, como Italia y Alemania, para citar algunas: dueña de su territorio y de todos los bienes que éste produce. La segunda parte de esta fracción recomienda el aprecio de la historia, la memoria social que nos proporciona la identidad del ser mexicanos, como la memoria individual sustenta nuestra propia personalidad. Esa historia está formada por la urdimbre de la conquista, la colonia, la independencia, la invasión estadounidense con la pérdida de más de la mitad de nuestro territorio, la reforma, la intervención francesa, la dictadura, la revolución y la posrevolución de los últimos decenios. Los símbolos patrios: la bandera y el escudo, y las instituciones nacionales: el Congreso, la Suprema Corte de Justicia y la Presidencia, "así como la valoración de tradiciones y particularidades culturales de las diversas regiones del país", es decir, la estima manifiesta por lo peculiar de cada región de las que constituyen nuestro país (Béjar, 1981). Dice la fracción IV: "Promover, mediante la enseñanza de la lengua nacional el español- un idioma común para todos los mexicanos, sin menoscabo de proteger y promover el desarrollo de las lenguas indígenas". Lástima que no se incorporó la
redacción: "proteger y desarrollar las lenguas indígenas, sin menoscabo del español como lengua común". De esa forma se ponía énfasis en lo más amenazado y frágil (LFE, 1973, Art. 5o, III). No puede exagerarse la importancia de la enseñanza del español. La primera razón es enseñar a pensar. El lenguaje interviene en cada pensamiento. El esquema fundamental del habla consta de sujeto, verbo y predicado y calificativos, adverbios y complementos circunstanciales. Aprender el propio idioma, su sintaxis y estructura es organizar la inteligencia y someterla a una disciplina. Desafortunadamente, muchos maestros de español en nuestras escuelas ignoran la función formadora del lenguaje. No asignan composición a sus alumnos o, si se la exigen, no la revisan ni la corrigen con el alumno. Es lamentable encontrar estudiantes universitarios incapaces de poner por escrito, en forma clara, su pensamiento. La lengua es también capacidad de lectura, de esa vasta y rica vena de la literatura española, mexicana y latinoamericana y, también, de la universal. Pero tal capacidad supone aprender a leer comprendiendo el texto, meta a la cual no llega un buen número de estudiantes universitarios. El español es el eje de nuestra cultura. Esta fracción no sólo se refiere al español, sino que extiende su solicitud hacia las lenguas indígenas, vehículo indispensable para que éstos puedan alfabetizarse en español, como lo enseñaron los lingüistas Morris Swadesh (1900-1967) y Maxwell Lathrop. "Infundir el conocimiento y la práctica de la democracia [dice la fracción V] como la forma de gobierno y convivencia que permite a todos participar en la toma de decisiones para el mejoramiento de la sociedad". La fracción contiene una recomendación: el conocimiento y la práctica de la democracia de la cual decía Winston Churchill: "Es una mala forma de gobierno, salvo en un sentido: todas las demás son peores". La fracción señala una de las razones para defender la democracia: ésta permite a todos participar en la toma de decisiones para mejorar la sociedad (LFE, 1973, artículo 5o, XIV). La democracia es actualmente la forma de gobierno más extendida. Es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, como lo llamó Abraham Lincon. Puede ser presidencial y parlamentaria y establecer la división total de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Desde su origen, México optó por la plena división de poderes, aunque la historia enseña que la realidad ha sido diferente y que se ha inclinado hacia un presidencialismo exagerado sin plena distinción de poderes. Además, la existencia de un partido identificado con el gobierno impide el juego de la democracia en la cual la oposición sirve de control al partido en el poder. La democracia supone una estructura jurídica: la existencia y el cumplimiento de las normas jurídicas -los principios básicos del derecho-, el bien común y el conjunto de derechos y obligaciones que de allí nacen; y un régimen político de democracia representativa: un ciudadano, un voto.
La fracción va más adelante y pide considerar la democracia no sólo como forma de gobierno, sino de convivencia en una sociedad igualitaria, donde todos los ciudadanos participan en la toma de decisiones para el mejoramiento de la sociedad, de tal suerte que aquéllos alcancen no sólo la vida necesaria de que habla Platón sino también la vida confortable. "Promover el valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, así como propiciar el conocimiento de los derechos humanos y el respeto a los mismos" reza la fracción VI. En realidad, la fracción cubre tres disposiciones distintas aunque conectadas entre sí: 1) Infundir el valor de la justicia, elemento primordial en toda sociedad, porque atribuye a cada uno lo suyo y tiene por objeto el bien común. Se distinguen varias clases de justicia: general o legal que atribuye a cada uno lo suyo y tiene por objeto el bien común, asegurando la cohesión de la sociedad global. Juan XXIII la define en la encíclica Mater et Magistra como "la suma de aquellas condiciones que permiten a los hombres alcanzar con mayor plenitud y facilidad la propia perfección" (Ocho grandes encíclicas, 1974, No. 65). Santo Tomás de Aquino define el bien común como el de las personas reunidas y que las hace crecer conjuntamente. Este mismo bien se llama público cuando está a cargo de organismos públicos o de una personalidad jurídica organizada. El bien del cual las personas gozan juntas y que las hace crecer juntas consiste en:
1) El conjunto de recursos materiales públicos y privados: la totalidad del suelo sobre el cual se asienta la sociedad; los bienes inmateriales como el idioma, la cultura, el prestigio, el desarrollo de las comunicaciones, etc.; 2) los bienes propios de las personas como su propia realización, el respeto de que gozan y la adecuada distribución de puestos y de roles (Bigo, 1966: 279. Traducción nuestra).
Además de la justicia general o legal -ordenación de las personas en cuanto constituyen un conjunto-existe la justicia distributiva, repartidora entre los miembros de la sociedad, de los recursos y cargas comunes y cuyo dominio es mayor del que, ordinariamente, se piensa. Este derecho no se deriva de ningún otro. Es propio de la persona por el solo hecho de pertenecer a la comunidad y se relaciona con el derecho fundamental de todo hombre de participar en los recursos de la sociedad en la cual vive. La justicia distributiva incumbe no sólo a los responsables de la sociedad global -los poderes públicos- sino también a las personas acomodadas; pero como esta clase de justicia no descansa en contratos, no obliga al rico Pablo a dar de sus bienes al pobre Andrés, ni entraña el derecho específico de éste de recibir ayuda de Pablo, en particular. Al lado de la justicia distributiva, Santo Tomás señala la justicia conmutativa, la cual regula los intercambios y contratos. Esta clase de justicia se refiere primariamente a los bienes que se permutan y, sólo en forma indirecta, a las personas. Un bien puede tener por sí mismo un gran valor, independientemente de la
situación acomodada del vendedor, o carecer de valor en sí aunque para una persona en particular sea sumamente valioso. Además de estas clases de justicia, existe la justicia social que vela, tanto en los gobernantes cuanto en los organismos sociales y aun en los miembros particulares:
Por el desarrollo de los recursos sociales, su armoniosa repartición entre las distintas categorías sociales mediante leyes, instituciones e iniciativas convenientes, así como por la distribución de puestos, tomando sus normas de la justicia general distributiva y conmutativa, según las diversas situaciones de que se trate (Bigo, 1966: 230. Traducción nuestra).
La justicia social parece tener dos funciones: armonizar las distintas clases hasta la eventual desaparición de las diferencias, e incrementar los recursos de la sociedad, es decir, trata de la repartición social y el crecimiento económico. 2) El valor "de la observancia de la ley y de la igualdad de los individuos ante ésta... " (LFE, 1973, Art. 5o, XVI). No puede exagerarse la importancia de este valor que haría más ordenada y tranquila la vida de los ciudadanos de esta república. El abierto menosprecio de la ley, o los tortuosos ardides para evadirla o lograr que sus efectos sean más suaves, son actitudes frecuentes en muchos mexicanos. Por desgracia, el ejemplo del gobierno no ayuda, pues se registran casos en que éste pasa por encima de la ley. Conocido es el proceder de algunos policías que se sienten por encima de la ley. Es lamentable que esta fracción no mencione la moral social, indispensable para el funcionamiento de cualquier sociedad y barrera para impedir que en nuestras ciudades reine la ley de la selva. La moralidad no es tema exclusivo de las religiones, sino compete también al Estado. La moral social consiste en un conjunto de principios de ética racional, encaminados a inspirar conductas colectivas en el orden público. Dentro del laicismo del Estado es posible y necesario formular las creencias y condiciones de supervivencia de una sociedad pluralista. Si bien la educación moral debe impartirse en el hogar, éste frecuentemente falla en impartirla o lo hace en forma imperfecta. Por tanto, la escuela debería suplirlo y enseñar el respeto a la vida, a la integridad, al buen nombre, y a los bienes de los demás seres humanos. El código de moralidad es indispensable no sólo para la convivencia de los ciudadanos, sino para la misma seguridad del Estado. 3) La educación deberá propiciar el conocimiento y el respeto de los derechos humanos. Digna de alabanza fue la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, encargada de promoverlos y defenderlos mediante personas de
intachable conducta. Todavía queda mucho por hacer para sanear al gobierno de la corrupción que lo aqueja y el despilfarro que empobrece a la nación. La fracción VII coloca entre los fines de la educación el "Fomentar actitudes que estimulen la investigación y la innovación científica y tecnológica". La fracción se refiere sobre todo a la educación superior, pero también se aplica a las grandes empresas, las cuales, a ejemplo de los otros países, deberían contratar investigadores que mejoraran los productos e hicieran de México un país creador de su propia tecnología, en lugar de ser un gran importador de tecnología ajena. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Sistema Nacional de Investigadores pueden ayudar mucho en este asunto, cuyo fomento supone facilitar el trabajo del científico con todos los medios necesarios, entre los cuales están las bibliotecas que sean verdaderos centros de información, donde se ayude al investigador, en vez de dificultarle su tarea (LFE, 1973, Art. 5o, XI). La fracción VIII recomienda: "Impulsar la creación artística y propiciar la adquisición, el enriquecimiento y la difusión de los bienes y valores de la cultura universal, en especial de aquellos que constituyen el patrimonio de la nación" (LFE, 1973, Art. 5o, XI). Impulsar la creación artística supone la atención a los niños superdotados, quienes constituyen el tesoro más preciado del país, los individuos capaces de distinguirse en sus respectivos campos y de merecer toda la estima y el respeto de la humanidad, llámense Sor Juana Inés de la Cruz, Francisco Javier Clavijero, José Ma. Velasco o Rufino Tamayo. Para propiciar la adquisición, habría que empezar por evitar la pérdida y la exportación de los bienes culturales, como en el caso de las bibliotecas. "Estimular la educación física y la práctica del deporte" 3 propone la fracción IX. El dicho del poeta latino Juvenal, mens sana in corpore sano (Sátiras 10, 356), tiene permanente validez. La salud del cuerpo es indispensable para el buen funcionamiento de las facultades superiores del hombre. Este objetivo se conseguiría con la impartición a los niños de los principios de higiene, elemento tan importante de la educación fundamental. Luego, la recomendación del ejercicio físico, como diversión en los juegos de fútbol, béisbol, básquet, vólibol, tenis, bádmington, etc. El juego también ofrece la ventaja de dar ocasión de ejercitar la participación y buscar el triunfo del propio equipo en vez de la exhibición personal, aprendizaje tan importante para toda la vida. Finalmente, debe señalarse la necesidad del país de contar con deportistas que puedan competir en las lides internacionales. Para este tipo de encuentros hace falta que los niños y jóvenes tengan cualidades sobresalientes, excelente alimentación y un entrenamiento riguroso. "Desarrollar actitudes solidarias en los individuos, para crear conciencia sobre la preservación de la salud, la planeación familiar, y la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana, así como
Esta fracción no aparece en la LFE de 1973.
propiciar el rechazo a los vicios" es el fin expresado en la fracción X del artículo 7o. Esta fracción pide desarrollar actitudes solidarias, es decir, actitudes que produzcan una unidad de grupo basada en la comunidad de intereses, objetivos y normas, o la misma unidad que produce esa comunidad, según la etimología del nombre. No se piden solamente actitudes favorables, sino "solidarias", difíciles de enseñar y, por tanto, difíciles también de reproducir. Aquí cabe recordar que la mejor forma de enseñar actitudes estriba en el ejemplo de la persona poseedora de esa actitud. Esta actitud solidaria se postula para crear conciencia sobre: 1) la preservación de la salud; 2) la planeación familiar y la paternidad responsable; y 3) propiciar el rechazo de los vicios. Las actitudes solidarias han de servir para: 1) La preservación de la salud, fundamento de la actividad humana en todos sus aspectos. La educación física y la práctica del deporte ayudan incomparablemente a preservar la salud. 2) La planeación familiar y la paternidad responsable. Esta última completa y perfecciona la mera planeación de nacimientos, en cuanto lo hace basada en razones de peso. La alusión a que se efectúe "sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana" rechaza la planeación familiar realizada mediante la esterilización impuesta, como se efectuó en algunos países. 3) El último inciso comprende sobre todo las adicciones al alcohol y a otras drogas, origen de tantas vidas truncadas y destrozadas, no sólo de los responsables mismos, sino también de sus familiares y amigos. La fracción XI se refiere a la creación de conciencia sobre "la necesidad de un aprovechamiento racional de los recursos naturales y de la protección del ambiente". Esta fracción es especialmente importante. La ecología nos enseña a aprovechar los recursos tanto renovables como no renovables. Puede aprovecharse la madera de los bosques con tal de talar reforestando sistemáticamente; es lícito cazar animales sin poner en peligro su desaparición; es permitido pescar, pero evitando la extinción de las especies. La protección del ambiente, por la contaminación de la atmósfera con toda clase de combustibles, exige evitar el "efecto de invernadero", el cual aumentaría la temperatura media de una región del globo y aquélla afectaría el clima universal, con grave perjuicio de las distintas zonas por aguaceros torrenciales o por sequías. Los países han tenido que ponerse de acuerdo para suprimir el uso de los clorofluorocarburos, responsables de la destrucción de la capa de ozono, que protege a los seres humanos de los efectos nocivos de la radiación solar. La última fracción de la ley, la XII, dice así: "Fomentar actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo, el ahorro y el bienestar general".
La fracción recomienda impulsar actitudes. La actitud es una disposición mental a reaccionar en forma consistente a una clase de objetos no como son, sino como se concibe que son. La fracción pide impulsar actitudes solidarías que produzcan la unión del grupo, basada ésta en la comunidad de intereses, objetivos y normas. Estas actitudes deben ser positivas: es decir, favorables, constructivas y opuestas, por tanto, a las negativas o desfavorables hacia tres elementos de la vida humana: el trabajo, el ahorro y el bienestar general. El trabajo es la ocupación retribuida y tiene dos funciones: ganarse el sustento y realizarse a sí mismo. El ahorro es guardar parte de lo que se gana. Sí esto es una suma considerable, puede colocarse en un banco para obtener intereses, de suerte que se cuente siempre con una cantidad para gastos imprevistos, un viaje, etc. El ahorro es una práctica que debe infundirse en los niños, dándoles desde pequeños dinero cada semana o mes para sus gastos y recomendándoles que no lo gasten todo, sino que separen una cantidad que se acumula para gastos imprevistos. Desgraciadamente, los mexicanos no estamos acostumbrados al ahorro y México es una de las naciones en las cuales el ahorro nacional es mínimo. El bienestar general es objetivo muy importante en la vida humana. Significa el mejoramiento de todos en una familia, en una zona, en una ciudad o en una nación. Contra el bienestar general atenían la mala conducta, el despilfarro y la corrupción. El artículo 10 -relativo a la educación como servicio público-señala en el segundo párrafo de la fracción VI:
Este párrafo postula dos objetivos importantes para el país y, obviamente, para el individuo y la familia: impartir educación apta para incorporar al individuo a la sociedad, es decir, haciéndolo útil de suerte que mejore la condición de vida o su calidad con el desarrollo -de una actividad productiva- y permitir eventualmente al trabajador estudiar. La vida moderna tiende a aumentar los periodos de ocio. Esta ventaja permite a algunas personas seguir estudiando mientras trabajan y, así, concluir una carrera que tal vez no pudieron seguir cuando eran jóvenes. Al terminar la lectura del concepto de educación y de los fines de ésta propuestos por la LGE, no puede menos de afirmarse que la LGE señala fines ambiciosos, cuya consecución haría de México un país próspero y tranquilo. Pero no basta sugerir todos estos fines tan laudables e importantes para nuestra patria. La Secretaría de Educación Pública tiene ahora delante de sí la delicada tarea de estructurar programas sobre la forma de alcanzar tales fines, para que éstos no se queden en letra muerta, sino que vivifiquen la educación toda de las futuras generaciones mexicanas.
REFERENCIAS BÉJAR Navarro, R. El mexicano. Aspectos culturales y psicosociales. México: UNAM, 1981. BIGO, P. La doctrine sociale de TEglise. (2iéme édit). París: Presses Universitaires de France, 1966. BRUBACHER, J. S. Modern philosophies of education. (fourth ed.) New York: McGrawHill, 1969. DUBLÁN, M. y J. M. Lozano. Legislación mexicana o colección completa de las disposiciones legislativas expedidas desde la independencia de la República. México: Edición Oficial, 1879, vol. 9. GUEVARA Niebla, G. Los mexicanos ante la educación. Nexos, 1991, No. 159, marzo, pp. 59-65. MENESES Morales, E. Tendencias educativas oficiales en México 1934-1964. México: Centro de Estudios Educativos, 1988. O'CONNOR, D. J. An introduction to the philosophy of education. Lon-don: Routledget and Kegan Paul, 1957. PETERS, R. S. The philosophy of education. Oxford: Oxford Universíty Press, 1987. RAMOS, Samuel. "Veinte años de educación en México", en Obras Completas. México: UNAM, 1976, vol. 2. SCHOFIELD, H. The philosophy of education. London: George Alien and Unwín, 1977. TORRES Bodet, J. Años contra el tiempo. México: Editorial Porrúa, 1969.
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