Source: http://nohuboderecho.blogspot.com.ar/2007/05/
Timestamp: 2017-04-30 06:52:11
Document Index: 172525159

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 14', 'artículo 99', 'artículo 28', 'artículo 2', 'artículo 18', 'artículo 31', 'artículo 8', 'artículo 14', 'artículo 7']

Buenos Aires, 23 de mayo de 2007Autos y Vistos;Considerando:1°) Que el Tribunal Oral en lo Criminal N° 9 de la Capital Federal declaróla nulidad de varias decisiones judiciales adoptadas en esta causa y ordenósu remisión a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal yCorreccional para que sortease un juez "designado de acuerdo a laConstitución, que habrá de conocer en ella". No obstante, en razón de lodispuesto en la acordada 7/2005 de esta Corte, resolvió no hacer efectivo elenvío y, en consecuencia, suspender la tramitación de las actuaciones hastatanto se agotaran las vías recursivas ordinarias y extraordinariasprocedentes y se decidiera en forma definitiva (fs.558/579).Para así decidir el citado tribunal consideró que debía verificar elcumplimiento de las prescripciones que gobiernan la instrucción en todos losprocesos en que se produjera la elevación a juicio, entre ellas, que aquéllahubiera sido dispuesta por un juez, calidad de la que carecía el secretarioque había intervenido en autos, quien había sido designado como juezsubrogante por el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nacióny no por el presidente de la Nación, con acuerdo del Senado, después deconcluido el proceso de selección respectivo ante aquel organismo.2°) Que, a su turno, la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal hizolugar al recurso interpuesto por el representante del Ministerio Públicocontra el fallo mencionado y, tras declarar que el Régimen de Subrogacionesaprobado por la resolución 76/2004 del Consejo de la Magistratura esconstitucional, anuló la sentencia apelada y devolvió las actuaciones altribunal oral a fin de que prosiguiera con su trámite.Como sustento de su decisión, el a quo sostuvo en lo sustancial que, deacuerdo con el régimen normativo iniciado con la sanción de la ley 24.937,la cobertura temporaria de la vacante producida en el juzgado en que tramitóla instrucción de la causa había respetado el procedimiento del régimen desubrogaciones vigente. Distinguió a ese efecto las designaciones de caráctertemporal de las de índole definitiva, y entendió que solo en las últimas serequiere la elección y propuesta de los candidatos por el Consejo de laMagistratura así como la selección y designación por el Poder Ejecutivo, conacuerdo del Senado. En cambio -afirmó- el sistema de nombramiento de juecessubrogantes difiere sensiblemente del anterior, porque se trata desolucionar provisionalmente la situación generada por la vacancia del cargo,con la finalidad de que no se vea me noscabada o impedida la funciónjudicial. La señora jueza de cámara, que votó en segundo término, hizoreferencia, también, a la acordada 7/2005 de esta Corte ya citada, de la quesurge que la extensión indiscriminada de resoluciones como la recurridaprovocaría un caos institucional sin precedentes; consideró asimismo que elmétodo arbitrado por el Consejo de la Magistratura encuadra en lasfacultades organizativas que le confieren al organismo la ConstituciónNacional (art. 114, inc. 6) y la ley 24.937 y sus modificatorias (art. 7,inc. 15).3°) Que contra esa decisión, el abogado defensor particular del querelladoRosza interpuso el recurso extraordinario de fs. 638/643, que fue concedidoa fs. 650/651. En su memorial, el apelante argumentó que: a) no es ajustadaa derecho la distinción efectuada por la cámara entre designacionesdefinitivas y temporarias de jueces, pues todas deben adoptarse de acuerdo alas prescripciones constitucionales; b) el procedimiento establecido por elConsejo de la Magistratura para los nombramientos transitorios afecta lasgarantías del debido proceso y del juez natural, pues los profesionales asídesignados carecen de inamovilidad en sus cargos y de intangibilidad de susremuneraciones. Asimismo, apuntó que en el caso de los jueces subrogantes nose llevan a cabo los procesos de selección que garantizan la idoneidad y lafutura independencia de los candidatos a magistrados, ni se cumple con lapublicidad del trámite; y c) la ley 25.876 es inconstitucional pues elCongreso se excedió en sus facultades al dictarla.Por todos esos motivos solicitó que se deje sin efecto la sentenciarecurrida y se esté a la solución dada por el tribunal oral interviniente.4°) Que si bien la sentencia apelada no es definitiva -puesto que no impidela prosecución del proceso, ni se pronuncia de modo final sobre el fondo delasunto- resulta equiparable a tal pues de los antecedentes de la causa surgeque la garantía del juez natural se encuentra tan severamente cuestionadaque el problema exige una consideración inmediata en tanto ésta constituyela única oportunidad para su tutela adecuada (confr. Fallos: 316:826;328:1491, entre otros).5°) Que el recurso extraordinario, superado el mencionado óbice formal,resulta procedente pues se halla en juego la interpretación y aplicación denormas federales y la decisión de la causa ha sido favorable a su validezconstitucional, en detrimento de las pretensiones del apelante (art. 14,inc. 3, de la ley 48).Cabe destacar que en la tarea de esclarecer la inteligencia de normas de esanaturaleza, la Corte no se encuentra limitada por las posiciones deltribunal anterior ni por las argumentaciones del recurrente, sino que leincumbe realizar una declaración sobre el punto en disputa, según lainterpretación que rectamente debe serle otorgada (Fallos: 322:2750 y suscitas). 6°) Que el Tribunal se expidió sobre la temática en cuestiónmediante la acordada 7/2005, al tomar conocimiento de la existencia depronunciamientos judiciales -de similar tenor al que originó estacontroversia- que, sobre la base de considerar inconstitucional lareglamentación emanada del Consejo de la Magistratura, declararon la nulidadde parte o todo lo actuado por jueces subrogantes. Allí se tuvo en cuentaque, dada la significativa cantidad de designaciones llevadas a cabo alamparo del régimen aludido y la importancia de las cuestiones decididas entodos los fueros, especialmente, en el ámbito penal, tales nulidades podíanincrementarse y provocar la paralización de la administración de justiciacon consecuencias gravísimas para la salud de la República. Destacó,asimismo, que esas consecuencias no se traducirían solo en impunidad oriesgo de tal en delitos de suma gravedad, sino también en violación degarantías respecto de las personas que hubiesen sido absueltas osobreseídas. En virtud de todo ello, sin abrir juicio respecto de laconstitucionalidad de las normas cuestionadas -punto cuyo tratamientodifirió a la existencia de un planteo que habilite la competencia ordinariao extraordinaria del Tribunal- e invocando las atribuciones conferidas en sucondición de cabeza del Poder Judicial de la Nación, estimó oportuno ejercerla facultad y el deber constitucional de adoptar las medidas necesarias yapropiadas para evitar el caos institucional sin precedentes que provocaríala extensión indiscriminada de esas nulidades.En función de ello, decidió: 1. mantener la validez de las actuacionescumplidas o a cumplir por los subrogantes designados con arreglo a lareglamentación cuestionada; y 2. invitar al Poder Ejecutivo Nacional y alConsejo de la Magistratura a que, en sus respectivos ámbitos de competenciay en la medida de sus posibilidades, ejerzan las atribuciones necesariaspara proceder a las designaciones de magistrados en los cargos vacantes.7°) Que la intención del Tribunal al dictar la acordada fue dar una solucióneminentemente práctica a una situación estructural atinente al efectivo yoportuno desarrollo de la función judicial propiamente dicha. Se trató deuna respuesta coyuntural y de carácter meramente provisional, que noencontró otro soporte que la finalidad de evitar el caos institucional quepodía provocar la multiplicación indiscriminada de decretos de nulidad deactua ciones cumplidas por jueces subrogantes, sin que ello implicase unpronunciamiento concreto y fundado sobre la validez constitucional de lanormativa, aspecto cuyo tratamiento solo podía tener cabida en el ámbitopropiamente jurisdiccional de la competencia del Tribunal -como en estaocasión- y no por vía de superintendencia.8°) Que conviene recordar que la reglamentación impugnada ha sido dictadapor el Consejo de la Magistratura con invocación de la ley 25.876, normaque, al incorporar al original art. 7 de la ley 24.937 (de creación yfuncionamiento del cuerpo) un nuevo inciso, el N° 15, dispuso que incumbíaal organismo: "Dictar los reglamentos que establezcan el procedimiento y losrequisitos para designación de jueces subrogantes en los casos de licencia osuspensión de su titular y transitorios en los casos de vacancia para lostribunales inferiores. El juez designado deberá cumplir con los requisitosprevistos en el art. 13 inc. b) primera parte de la presente ley, ypercibirá una remuneración equivalente a la que correspondería al titular.En los supuestos de vacancia, las designaciones efectuadas en virtud delpresente inciso no podrán superar el plazo de doce meses. Dicho plazo podráser prorrogado por otros seis meses por decisión fundada. Estasdesignaciones no podrán ser invocadas ni tenidas en cuenta como antecedenteen los con cursos públicos que convoque el Consejo de la Magistratura".9°) Que, con sustento en esta norma, el Consejo de la Magistratura, porresolución 76/2004, del 18 de marzo de 2004, aprobó el Reglamento deSubrogaciones de los Tribunales Inferiores de la Nación, el cual establece,en síntesis, que en caso de que se produzcan vacantes o ausenciastransitorias en cargos de juez de primera instancia o juez de las cámaras otribunales orales, federales o nacionales, los tribunales de alzada o losque ejercen la superintendencia, por sí mismos o con intervención de laComisión de Selección de Magistrados del Consejo de la Magistratura (si lasuplencia fuese prolongada), pueden designar subrogantes a magistrados enejercicio, de igual grado y jurisdicción o de la jurisdicción más próxima, ajueces jubilados que hayan sido nombrados con acuerdo del Senado, a abogadosde la matricula federal que reúnan las condiciones legales para ocupar loscargos de que se trate o, para las hipótesis de reemplazos de jueces deprimera instancia, a secretarios de ambas instancias (confr. art. 2°, 4°,7°, 10 y 11 del reglamento citado).Posteriormente, el Congreso sancionó la ley 26.080 por la que derogó elmencionado inc. 15 del art. 7 de la ley 24.937. Ello dio lugar a que el 28de febrero de 2006 el Consejo de la Magistratura de la Nación dictase elacta 4/06 por la que dispuso que hasta tanto el Congreso Nacional sancionarauna ley reguladora de la materia, el Reglamento de Subrogaciones de losTribunales Inferiores de la Nación mantendría plena vigencia.10) Que, de conformidad con los términos en que ha quedado planteada lacontroversia, corresponde dilucidar si el procedimiento para la designaciónde jueces subrogantes aprobado por la resolución 76/2004 del Consejo de laMagistratura se adecua a las reglas y recaudos establecidos por nuestra LeyFundamental.11) Que la Constitución Nacional confiere al Poder Judicial de la Nación elejercicio de las atribuciones contempladas en los arts. 116 y 117, para locual establece que este departamento de Estado se compone de una CorteSuprema de Justicia y demás tribunales inferiores que el Congresoestableciere (art. 118).La designación de los magistrados integrantes de dicha rama del GobiernoNacional, según la pauta constitucional, exige la participación del Consejode la Magistratura de la Nación, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativomediante la intervención del Senado. Así, el presidente de la Nación nombraa los "jueces de los tribunales federales inferiores en base a una propuestavinculante en terna del Consejo de la Magistratura" y el Senado debe prestaracuerdo "en sesión pública en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de loscandidatos" (art. 99, inc. 4°).A través de este mecanismo se adquiere la calidad de juez.Tal sistema de designación encierra la búsqueda de un imprescindibleequilibrio político pues, tal como lo ha enfatizado muy calificada doctrina-en términos verdaderamente actuales aunque referidos al textoconstitucional anterior a la reforma de 1994-, el acuerdo del Senadoconstituye "un excelente freno sobre el posible favoritismopresidencial...", pero también entraña el propósito de obtener lasdesignaciones mejor logradas: "el Senado -enseña Estrada- presta o no suacuerdo, según reconozca en la persona propuesta las cualidades y meritosrequeridos para el fiel desempeño de las difíciles cuestiones que estállamado a resolver" (conf. Estrada, José Manuel, Curso de DerechoConstitucional, Buenos Aires, 1927, pág. 302 quien cita la opinión deHamilton, Alexander, en El Federalista, N° 76).Más todavía, resulta indudable que la participación del Senado ha sidoenfáticamente reclamada por nuestros constituyentes, ni bien se atiende alinforme de la Comisión Examinadora de la Constitución Federal que, al fundarla propuesta de reforma al texto sancionado en 1853, expresó: "todas lasConstituciones, y muy especialmente las federales, han buscado un correctivoa la facultad peligrosa y corruptora depositada en manos de un solo hombre,de distribuir empleos honoríficos y lucrativos de un orden elevado. De aquíla necesidad de sujetar a un acuerdo previo el nombramiento de losministros, diplomáticos, los obispos, los altos empleos de la milicia, yjueces superiores, sometiendo al Senado la facultad de prestar eseacuerdo...". De ahí que se propusiera, y con éxito, la reforma del art. 83inc. 23, del texto de 1853, lo cual daría lugar en 1860 al art. 86, inc. 22,que desde entonces nos rige -hoy 99, inc. 19- (Ravignani, Emilio, AsambleasConstituyentes Argentinas, Buenos Aires 1937, tomo IV, pág. 780). Precisoes, recordar que, con la reforma de 1994, el constituyente decidióincorporar al procedimiento de selección y nombramiento de magistradosinferiores la participación del Consejo de la Magistratura -en su condiciónde órgano con competencias especiales dentro de la estructura orgánica delPoder Judicial de la Nación- con el fin de atenuar la discrecionalidad delPoder Ejecutivo en la propuesta de magistrados federales, con exclusión deaquéllos que integraran la Corte Suprema de Justicia de la Nación.12) Que el nombramiento de los jueces de la Na ción con arreglo al sistemareferenciado se erige en uno de los pilares esenciales del sistema dedivisión de poderes sobre el que se asienta la República.En tal sentido los procedimientos constitucionales y las leyes quereglamentan la integración de los tribunales, han sido inspirados en móvilessuperiores de elevada política institucional, con el objeto de impedir elpredominio de intereses subalternos sobre el interés supremo de la justiciay de la ley. Las disposiciones pertinentes se sustentan, pues, en lanecesidad de afirmar la independencia e imparcialidad de los jueces no soloen beneficio de ellos sino, fundamentalmente, de los justiciables.No es ocioso apuntar, al respecto, que la aspiración de contar con unamagistratura independiente e imparcial está directamente relacionada con laconsagración constitucional de la garantía del "juez natural", expresada enla contundente prohibición de que los habitantes de la Nación puedan serjuzgados por comisiones especiales o ser sacados de los jueces legítimamentenombrados (art. 18 de la Constitución Nacional).13) Que distintos pactos internacionales de derechos humanos, de rangoconstitucional conforme lo prevé el art. 75, inc. 22, segundo párrafo de laLey Fundamental, establecen el derecho de toda persona a ser oída por unjuez o tribunal competente, independiente e imparcial (art.26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948;art. 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966;art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de SanJosé de Costa Rica- de 1969; art. 10 de la Declaración Universal de DerechosHumanos).En tal sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyajurisprudencia debe servir de guía para la interpretación de los preceptosconvencionales de orden internacional (Fallos: 321:3555; 328:1491) destacóque "esta Corte considera que uno de los objetivos principales que tiene laseparación de los poderes públicos, es la garantía de la independencia delos jueces y, para tales efectos, los diferentes sistemas políticos hanideado procedimientos estrictos, tanto para su nombramiento como para sudestitución". Los principios básicos de las Naciones Unidas relativos a laindependencia de la judicatura, establecen que: "La independencia de lajudicatura será garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución ola legislación del país. Todas las instituciones gubernamentales y de otraíndole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura"."Esta Corte considera necesario que se garantice la independencia decualquier juez en un Estado de Derecho y, en especial, la del juezconstitucional en razón de la naturaleza de los asuntos sometidos a suconocimiento. Como lo señalara la Corte Europea, la independencia decualquier juez supone que se cuente con un adecuado proceso de nombramiento,con una duración establecida en el cargo y con una garantía contra presionesexternas" (caso del Tribunal Constitucional, "Aguirre Roca, Rey Terry yReboredo Marzano vs. Perú", sentencia del 31 de enero de 2001, párrafos 73 y75, serie C N° 71).14) Que tal como se expresó la Constitución contiene un procedimiento dedesignación de magistrados en el que resulta necesaria la participación delConsejo de la Magistratura, del Poder Ejecutivo y del Senado de la Nación.Este sistema no excluye la implementación de un régimen de juecessubrogantes para actuar en el supuesto de que se produzca una vacante -yhasta tanto ésta sea cubierta por el sistema constitucional antes descripto-a los efectos de no afectar el derecho de las personas a contar con untribunal que atienda en tiempo oportuno sus reclamos.Este régimen alternativo y excepcional requiere la necesaria intervención delos tres órganos mencionados.En tal sentido esta Corte ha sostenido enfáticamente, que resultaindispensable para la designación de los magistrados y el ejercicio de lafunción judicial, en sintonía con los principios de independencia einamovilidad de los jueces, la intervención obligatoria del Poder Ejecutivo-después de 1994, debe añadirse, precedida de la selección y emisión depropuestas en ternas vinculantes formuladas por el Consejo de laMagistratura-, con acuerdo del Senado, de conformidad con los preceptos dela Constitución Nacional y la forma representativa de gobierno (confr.criterio general enunciado en el precedente que se registra en Fallos:306:72). De ello se infiere, contrario sensu, que la garantía deindependencia del Poder Judicial, requisito necesario para el control quedeben ejercer los jueces sobre los restantes poderes del Estado, se veríagravemente afectada si el sistema de designaciones de subrogantes noponderara la necesidad y grado de participación de los tres órganos de poderreferidos en relación con los fines que se persiguen con la implementaciónde dicho sistema. Asimismo, cabe señalar que, a los efectos de no vulnerarla mentada independencia, es indispensable que este régimen de contingenciarespete los principios y valores que hacen a la naturaleza y esencia delPoder Judicial en un estado constitucional de derecho, adaptándolos a lasparticularidades de excepción de un mecanismo de suplencias. También resultaimprescindible que la selección de estos magistrados está presidida de uncriterio de razonabilidad.15) Que, por lo demás, la clara directriz constitucional en orden a laintervención del Poder Ejecutivo y del Senado para la cobertura de vacanciasde magistrados ha sido receptada por el legislador en oportunidad desancionar la ley 23.498 norma que, al modificar el art. 22 del decreto-ley1285/58, dispuso que en los casos de recusación, excusación, vacancia olicencia de alguno de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de laNación, ésta debe integrarse, hasta el número legal para fallar, mediantesorteo entre los presidentes de las cámaras nacionales de apelaciones en lofederal de la Capital Federal y los de las cámaras federales con asiento enlas provincias. Ahora bien, si ese mecanismo no resultara eficaz, la leydetermina que deberá practicarse un sorteo entre una lista de conjueces,hasta completar el número legal necesario para decidir. Al efecto, losconjueces, en número de diez, "serán designados por el Poder Ejecutivo conacuerdo del Senado".16) Que, como se ha anticipado, el principio de la independencia del PoderJudicial de la Nación es uno de los cimientos en que se apoya nuestraorganización institucional (confr. doctrina de Fallos: 313:344; 314:760 y881; 319:24; 322:1616; 325:3514, entre muchos otros). Para favo recer laefectividad de dicho principio, la misma Constitución y la ley, además dedeterminar un especial mecanismo de designación, reconocen a quienes accedena la magistratura determinadas garantías (inamovilidad, inmunidad,intangibilidad remuneratoria) a la par que establecen un especial sistema deresponsabilidad.La reglamentación sobre subrogantes, si bien con las adaptaciones quecorresponda admitir en orden a la transitoriedad del requerimiento de suactuación, no puede dejar de contemplar el modo en que operarán en lacontingencia las garantías conferidas a los jueces en general ni tampocopuede prescindir de los recaudos mínimos estipulados para el acceso al cargode acuerdo a la instancia en que deba ser desempeñado.Cabe advertir, al respecto, que la resolución aquí impugnada autoriza elreemplazo de jueces de cámara por magistrados de primera instancia y, a suvez, el de éstos, por secretarios de ambas instancias, sin supeditar talrelevo al cumplimiento de los recaudos atinentes a la edad y a laexperiencia profesional fijados en el ordenamiento vigente. 17) Que, en otroorden de consideraciones, no puede dejar de ponderarse la significativacantidad de designaciones que tuvieron lugar bajo el régimen impugnado quellega a aproximadamente al 20% de la judicatura. Tal situación pone demanifiesto que el carácter extraordinario del sistema de reemplazos se havisto claramente desvirtuado, convirtiéndose en regla la excepción, lo cualconlleva una clara afectación del desarrollo regular de la administración dejusticia.18) Que, sin perjuicio de todo lo considerado es menester precisar, además,que la implementación de un régimen de subrogaciones para asegurar unacorrecta administración de justicia pero que a la vez, por su naturaleza,importe un remedio excepcional de política judicial, debe instrumentarse demanera tal que resguarde los principios y garantías propias de la misión dejuzgar, sin bien adaptados a las características peculiares de tal sistema,sin menoscabo de la indispensable celeridad que debe presidir su ejecuciónpues su objetivo es, precisamente, dar una respuesta inmediata a unasituación crítica. 19) Que, en las condiciones expresadas, el Régimen deSubrogaciones aprobado por la resolución 76/2004 del Consejo de laMagistratura, en la medida en que no se adecua a los parámetrosconstitucionales, en particular, en cuanto autoriza un método denombramiento circunscripto a la intervención exclusiva de organismos queoperan en el ámbito del Poder Judicial (tribunales orales, cámaras nacionales de apelaciones o cámaras federales y, para algunos supuestos,Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial del Consejo de laMagistratura), es inconstitucional. 20) Que lo expuesto no implica en modoalguno cuestionar el funcionamiento y eficacia de las actuaciones que sehubieren iniciado o se hallaren aún en trámite bajo el sistema desubrogaciones, aquí tachado de inconstitucional. Elementales razones deseguridad jurídica obligan a rechazar cualquier inteligencia que admitiesela negación de las consecuencias derivadas de la aplicación del régimen desubrogaciones, cuya génesis debe ubicarse en una situación de extremanecesidad susceptible, eventualmente, de obstruir, o más aún paralizar, laadministración de justicia y que, por ello, con una finalidad eminentementepráctica y en el ámbito de la superintendencia que ejerce el Tribunal fueoportunamente admitido en forma provisoria. 21) Que, por los motivosindicados, la autoridad institucional de este fallo no privará de validez alos actos procesales cumplidos de conformidad con las normas consideradas envigor (conf. doctrina de Fallos: 319:2151 -Barry- y sus citas; 328:566-Itzcovich-). Ello es así toda vez que la aplicación en el tiempo de losnuevos criterios ha de ser presidida por una especial prudencia con el objeto de que los avances propuestos no se vean malogrados en ese trance. Enmérito de ello, es necesario trazar la línea divisoria para el obrar de lanueva jurisprudencia, apoyándola en razones de conveniencia, utilidad y enlos más hondos sentimientos de justicia, necesidad que entraña, a su vez, lade fijar el preciso momento en que dicho cambio comience a operar (conf.causa Fallos: 308:552 -Tellez-).Este criterio ya había sido sostenido desde antaño cuando en el derechoromano, a través de la Lex Barbarius Philippus, se mantuvo la validez de losactos dictados por un Pretor que fue designado sin reunir las calidadesnecesarias para ello, según las normas de la época, dada su condición deesclavo (Digesto, Libro II, Título XIV, 3). Por su parte, en el ámbito delderecho constitucional comparado, cabe recordar que la Corte Suprema de losEstados Unidos sostuvo que, si bien una ley del Congreso declaradainconstitucional no es ley, que es inoperativa y que no confiere derechos niimpone deberes, su existencia efectiva en forma previa a esa declaración esun hecho operativo cuyas consecuencias no pueden ser justamente ignoradas.El pasado no siempre puede ser borrado por una nueva decisión de lajusticia. El efecto de una sentencia posterior que declara la invalidez debeser considerado en diversos aspectos referidos a relaciones particulares-perso nales y societarias- y a conductas particulares -privadas yoficiales-. Las cuestiones concernientes a derechos que se alegan comoadquiridos, al estado legal, a decisiones previas que se consideran firmes yen cuyas consecuencias se ha actuado, y al orden público a la luz de lanaturaleza de la ley y de su anterior aplicación requieren ser examinadas.Estos interrogantes aparecen entre los más difíciles que han ocupado laatención de los tribunales, estaduales y federales; y surge en formamanifiesta de numerosas sentencias que la afirmación general de un principiode invalidez retroactiva absoluta no puede ser justificada" (conf. doctrinaemanada de los casos "Norton vs. Shelby County" 118 U.S. 425, Chicot CountyDrainage Dist. v. Baxter State Bank 308 U.S. 371, 374).No está demás traer a colación que, años antes, la Corte de Apelaciones deCarolina del Sur había confirmado los actos dictados por una personadesignada por el gobernador para ejercer la función judicial en virtud deuna ley que autorizaba al primero a nombrar esta suerte de juecessubrogantes en aquellos supuestos en que el juez estuviere enfermo o que porcualquier otra razón no pudiera desempeñar su función. Este Tribunalmanifestó que los actos que había dictado esta persona que ejerció lafunción de juez eran "generalmente válidos más allá de que fuera nulo eltítulo en virtud del cual actuó. La conveniencia pública como la justiciapública exigen que sean mantenidos. Se generaría un daño incalculable si sedeclarara la nulidad e invalidez de todos procedimientos llevados a cabo porlos jueces designados de este modo" ("Archibald Taylor v. Thomas Skrine",Constitutional Court of Appeals of South Carolina, 1815). Tiempo más tarde,en ese mismo sentido, se pronunció la Corte Suprema de los Estados Unidosrespecto de los actos celebrados por un secretario pro tempore de una Cortede Circuito de Mississippi designado por el juez ante la imposibilidad deque el secretario que había sido designado del modo constitucional-elecciones- asistiera a cumplir su función (41 U.S. 71, "Stephen Cocke v.Joseph A. Halsey, 1842").22) Que, en esta línea de razonamiento resulta claro que, decisiones con lasrepercusiones de la presente, no pueden dictarse desatendiendo las gravesconsecuencias que, de modo inmediato, derivarán de ella. Ello exige que elTribunal, en cumplimiento de su deber constitucional de adoptar las medidasapropiadas para evitar el caos institucional o la eventual paralización delservicio de justicia, establezca pautas claras y concretas acerca de lamanera en que los efectos de su pronunciamiento operarán en el tiempo(confr. resolución 7/2005 ya citada). Para satisfacer ese objetivo, devieneimprescindible admitir la validez de las designaciones de jueces subrogantesllevadas a cabo hasta el presente, así como la de las actuaciones procesalespor ellos ya practicadas y de las que practiquen hasta que se produzcaalguna de las circunstancias que enseguida se referirán. En función de loexpresado y con el fin de descartar de plano cualquier solución que someta alos litigantes a una suerte de retrogradación del proceso (situación quejustamente esta Corte procuró conjurar mediante la solución consagrada enlos mencionados precedentes Barry e Itzcovich), corresponde resolver que losjueces subrogantes cuya designación haya sido efectuada sobre la base delrégimen que aquí se declara inconstitucional, continuarán en el ejercicio desu cargo y su actuación jurisdiccional será considerada válida hasta quecesen las razones que originaron su nombramiento o hasta que seanreemplazados o ratificados mediante un procedimiento constitucionalmenteválido, según las pautas fijadas en el presente. En ningún caso dichossubrogantes podrán continuar en funciones más allá del término de un año,contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, lapso duranteel cual el Congreso y el Poder Ejecutivo, en ejercicio de sus atribuciones,procedan a establecer un sistema definitivo sobre la materia en debate conestricta observancia de los parámetros constitucionales ya examinados. Conarreglo a idénticos parámetros, deberán ser decididas las designacionestransitorias o interinas de jueces subrogantes que se efectúen luego de quese notifique esta sentencia y hasta el cumplimiento del plazoprecedentemente indicado.Por ello, habiendo dictaminado el señor Procurador General, se resuelve:1.- Declarar procedente el recurso extraordinario.2.- Revocar parcialmente la sentencia apelada y declarar lainconstitucionalidad de la resolución 76/04 del Consejo de la Magistraturade la Nación.3.- Confirmar la sentencia apelada en cuanto declara la validez de lasactuaciones cumplidas por quien se desempeñó como magistrado al amparo delrégimen declarado inconstitucional.4.- Mantener en el ejercicio de sus cargos a quienes han sido designadospara ejercer la función jurisdiccional en los tribunales que se encuentranvacantes hasta que cesen las razones que originaron su nombramiento o hastaque sean reemplazados, o ratificados, mediante un procedimientoconstitucionalmente válido que deberá dictarse en el plazo máximo de un año.Sin costas en atención a la naturaleza de la cuestión debatida. Notifíquesea las partes. Póngase en conocimiento del Poder Ejecutivo Nacional, delCongreso de la Nación y del Consejo de la Magistratura y, oportunamente,devuélvase.RICARDO LUIS LORENZETTI - ELENA I. HIGHTON de NOLASCO CARLOS S. FAYT (segúnsu voto) - JUAN CARLOS MAQUEDA -E. RAUL ZAFFARONI (en disidencia) - CARMENM. ARGIBAY (en disidencia).VOTO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON CARLOS S. FAYTConsiderando:1°) Que la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal, al hacer lugaral recurso interpuesto por la Fiscalía General, declaró laconstitucionalidad del régimen de subrogancias de jueces nacionales aprobadopor el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación(resolución 76/04), dejó sin efecto la sentencia del Tribunal Oral en loCriminal N° 9 que había decretado la nulidad de lo actuado en estos autospor no haber sido dispuesto por el juez constitucionalmente competente, yremitió los autos a dicho tribunal, a fin de que prosiguiera su trámite.Contra esta sentencia, el defensor de Carlos Alberto Rosza dedujo el recursoextraordinario federal, que fue concedido.2º) Que, para decidir como lo hizo y en lo sustancial, el a quo afirmó quede acuerdo con el régimen normativo iniciado con la sanción de la ley24.937, la cobertura temporaria de la vacante producida en el juzgado en quetramitó la instrucción de la causa había respetado el procedimiento delrégimen de subrogaciones vigente. Distinguió, a ese efecto, lasdesignaciones de carácter temporario de las de índole definitiva, y entendióque sólo en las últimas se requería la selección de los candidatos por elConsejo de la Magistratura así como la designación por el Poder Ejecutivocon acuerdo del Senado. En cambio, sostuvo, el sistema de nombramiento dejueces subrogantes difería sensiblemente del anterior porque se trataba desolucionar provisionalmente la situación generada por la vacancia del cargocon la finalidad de que no se viera menoscabada o impedida la funciónjudicial. Hizo referencia, asimismo, a la acordada 7/2005 de esta Corte, dela que surge que la extensión indiscriminada de resoluciones como larecurrida podría provocar un caos institucional sin precedentes y consideróque el método arbitrado por el Consejo de la Magistratura encuadraba en lasfacultades organizativas conferidas al organismo por la ConstituciónNacional (art. 114, inc. 6°) y la ley 24.937 y sus modificatorias (art. 7°,inc. 15). 3º) Que si bien lo resuelto no reviste el carácter de sentenciadefinitiva en los términos del art. 14 de la ley 48, ello no obsta a laprocedencia formal del recurso por cuanto, al encontrarse debatida lavalidez constitucional de las normas que regulan el procedimiento desubrogancia de jueces nacionales y federales, la cuestión excede el interésde las partes y afecta también al de la comunidad. En tal sentido, de losantecedentes de la causa surge que la garantía del juez natural se encuentratan severa mente cuestionada que el problema exige una consideracióninmediata en tanto ésta constituye la única oportunidad para su tutelaadecuada (Fallos: 316:826; 328:1491, entre otros).4°) Que, por otra parte, el recurso extraordinario resulta formalmenteadmisible en la medida en que se ha cuestionado la inteligencia de normas denaturaleza federal por estimarse opuestas a diversos preceptos de laConstitución Nacional y la sentencia desestimó tales planteos (art. 14, inc.1° de la ley 48). En este orden de ideas, la Corte no se encuentra limitadaen su decisión por los argumentos expuestos por las partes o el a quo en elpleito sino que le incumbe realizar una declaración sobre el punto disputado(Fallos: 310:2682; 311:2553; 327:5416, entre muchos otros).5°) Que a fin de dilucidar la presente controversia, es menester recordarque desde los albores de la organización institucional del país nuestrosconstituyentes concibieron, con inocultable sustento en el proceso ocurridohacia fines del siglo XVIII a ambos lados del Atlántico, una noción de clarocontenido vernáculo cual es la de Estado de Derecho y, con ella, la divisióndel poder estatal en tres grandes áreas o departamentos como mejor y máseficaz forma de contenerlo. A efectos de instrumentarla, se pre vieronespeciales atribuciones para cada uno de dichos poderes reservándose, parael judicial y en lo que al caso concierne, la potestad de impartir justiciaen aquellas causas o controversias que se sometieran a su conocimiento deacuerdo a los procedimientos que, al efecto estableciera el Congreso (confr.arts. 75, inc. 32, y 116 Constitución Nacional).6°) Que esta prerrogativa, que tiene su raíz en la noción de soberanía, tuvopor fin mantener bajo la órbita de un tercero imparcial e independiente lasolución de conflictos cuando en ellos pudieran estar en juego derechos ogarantías consagrados por la Constitución Nacional. En este orden de ideas,ya señalaba Alberdi en sus "Bases" que "La propiedad, la vida, el honor, sonbienes nominales cuando la justicia es mala. No hay aliciente para trabajaren la adquisición de bienes que han de estar á merced de los pícaros. Laley, la constitución, el gobierno, son palabras vacías, si no se reducen áhechos por la mano del juez, que, en último resultado, es quien los hace serrealidad ó mentira"; y añadía "la interpretación, el comentario, lajurisprudencia, es el gran medio de remediar los defectos de las leyes. Esla receta con que la Inglaterra ha salvado su libertad y la libertad delmundo.La ley es un dios mudo: habla siempre por la boca del ma gistrado. Éste lahace ser sabia ó inicua" (confr. Alberdi, Juan Bautista. "Bases y Puntos dePartida para la Organización Política de la República Argentina", en"Organización de la Confederación Argentina". El Ateneo. Madrid. 1913. TomoPrimero. Capítulo XVI. Pág. 80, y Capítulo XXXIV, pág. 198,respectivamente).7°) Que, con sustento en tal línea de razonamiento, se ha sostenido que lafunción jurisdiccional es la que mejor define el carácter jurídico delestado constitucional pues en su realización, y a diferencia de lalegislativa, "el Estado obra con personalidad propia, porque la actividadque con ella desarrolla es una emanación directa de su soberanía (...) Lafunción jurisdiccional se ejerce mediante los jueces, quienes, por medio dela sentencia, previo al conocimiento de los hechos, aplican el derecho alcaso concreto sometido a su decisión" (confr. Linares Quintana, Segundo V."Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional argentino y comparado".Editorial Alfa. Buenos Aires. 1963. Parte Especial. Tomo IX "Poderes deGobierno", págs. 404 y sgtes.). Es por ello que González ha podido decir que"ningún poder, persona o reunión de personas no instituidas como jueces porel pueblo o sus representantes pueden administrar justicia en la República"(confr. González, Joaquín V. "Manual de la Constitución Argentina". ÁngelEstrada y Cía. S.A. Editores. Buenos Aires. 1971. Pág. 586).Desde esta perspectiva, el régimen de subrogancias impugnado, que confierela función jurisdiccional a personas que no han sido designadas conforme alos mecanismos constitucionales correspondientes, carece de legitimidad,legalidad, validez y vigencia.8°) Que, en punto a la legitimidad y legalidad del sistema declaradoconstitucional por el a quo, los constituyentes previeron un especial modode acceso a la magistratura judicial, atribuyendo a los poderes ejecutivo ylegislativo un rol conjunto y exclusivo para la cobertura de tales cargos,plasmado en un acto complejo. Así, se estableció que la designación dejueces nacionales y federales debía llevarse a cabo a propuesta delpresidente de la Nación con necesario e indispensable acuerdo del Senado(art. 99, inc. 4º, Constitución Nacional).9º) Que la reforma constitucional del año 1994 no alteró de manera alguna elmodo de designación de los jueces federales. Estableció un "Consejo de laMagistratura" con el fin de atenuar la discrecionalidad del poder ejecutivoen la propuesta de magistrados federales, con exclusión de aquéllos queintegraran la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el debate de laConvención Constitu yente del año 1994, García Lema adujo que "loscontenidos del Núcleo de Coincidencias Básicas responden, al igual que lahabilitación de los temas que están incluidos en el artículo 3 de la leydeclarativa, a ciertas finalidades, a ciertas ideas-fuerza, que constituyenlos grandes objetivos de la presente reforma. La primera es sin duda lanecesidad de obtener una consolidación y perfeccionamiento del sistemademocrático (...) La segunda gran idea-fuerza es generar un nuevo equilibrioen el funcionamiento de los tres órganos clásicos del poder del Estado -elEjecutivo, el Legislativo y el Judicial-; y a ella responden, a su vez, laatenuación del régimen presidencialista, el fortalecimiento del rol delCongreso, la mayor independencia del Poder Judicial" (ver debates de laConvención Nacional Constituyente, 18ª Reunión - 3ª Sesión Ordinaria(Continuación) del 27 de julio de 1994, págs. 2200/2201).10) Que en la citada Convención, se puso de relieve la importancia y elalcance de la misión encomendada al Consejo de la Magistratura. Elconvencional Paixao, en este orden de ideas, expresó: "...respecto del temade las funciones y del proceso de transparencia al que me vengo refiriendo,el Consejo de la Magistratura tendrá funciones centrales en la selección delos jueces, para cuyo procedimiento la propia norma constitucional propuestaprevé la realización de concursos públicos, y tendrá participación decisivaen la propuesta de los nombres para ocupar las magistraturas, a cuyo efectoelevará ternas que resultarán vinculantes. Por lo tanto, obligatoriamente elPoder Ejecutivo deberá elegir de ellas a uno de los nominados. Por último,ya en lo que hace a la intervención de los órganos políticos, el Senado dela Nación tendrá la atribución final para juzgar la idoneidad de laspersonas que el Poder Ejecutivo proponga como consecuencia del procedimientode selección descrito" (ver debates de la Convención Nacional Constituyente,18ª Reunión -3ª Sesión Ordinaria (Continuación) del 27 de julio de 1994,pág. 2209/2210, lo resaltado no se encuentra en el texto original).11) Que, desde otra óptica, el convencional Alejandro J. Vásquez afirmó que"el pueblo, como entidad política, equivale a cuerpo electoral, al conjuntode ciudadanos electores que intervienen y participan en la organización delos poderes públicos del Estado. Si bien comprensivo de los ciudadanos quetienen idoneidad electoral, capacidad para elegir y ser elegidos y cumpliren plenitud la función pública inherente al derecho de sufragio, éste es elsentido limitado de pueblo del Estado, en la terminología de Hermann Heller,reservando la de pueblo en el Estado para el significado amplio,indeterminado, de población (...) En concreto, la voluntad consciente ylibre de los ciudadanos expresada mediante el sufragio elige a quienes comodiputados, senadores, presidente y vicepresidente, y jueces desempeñarán lasfunciones legislativas, ejecutivas y judiciales. A partir de su elección,reconocida su investidura y asumidos los cargos, los órganos representativoscumplen las tareas que la Constitución les determina... "Y concluyó, concita de la posición del infrascripto, "Por último, los jueces son elegidospor el pueblo, de modo indirecto y en tercer grado" (Pág. 2226, ibídem, loresaltado no aparece en el original).12) Que, junto a su reconocimiento, el producto constitucional de talesdebates contempló de manera expresa las funciones del nuevo órgano,destacando de manera puntual y en lo que al caso concierne, que lecorresponde "seleccionar mediante concursos públicos los postulantes a lasmagistraturas inferiores" y "emitir propuestas en ternas vinculantes para elnombramiento de los magistrados de los tribunales inferiores" (art. 114incs. 1 y 2 de la Constitución Nacional). 13) Que, desde un primer momento yal reglamentar su funcio-namiento en las leyes consecuentes (24.937 y24.939, texto ordenado por decreto 816/99), el propio Congreso de la Nacióndestacó de manera expresa que el Consejo "ejercería la competencia previstaen el art. 114 de la Constitución Nacional". Y en ese marco, jamás se previóo reconoció la potestad de designar a jueces federales o nacionales,siquiera de manera temporaria.Es más, no obstante que la temática fue debatida en el Consejo de laMagistratura hacia el año 1999, recién con la sanción de la ley 25.876resultó plasmado el régimen impugnado. Y aun en dicha oportunidad, sealzaron voces disonantes en el debate legislativo respecto de laconstitucionalidad de tal delegación de atribuciones. Así, el senador Yomasostuvo -tras poner de relieve las dificultades que se habían generado en laespecie por la falta de regulación apropiada- que "ya bastantes problemas deíndole constitucional hemos tenido (...) Como para que además este Congresodelegue en el Consejo de la Magistratura facultades que le son propias, cosaque no está prevista en la Constitución" (Cámara de Senadores de la Nación.14º Reunión -5º Sesión ordinaria -4 de abril de 2001, Versión Taquigráfica.República Argentina).14) Que, por lo demás, el dilema constitucional apuntado tampoco pasódesapercibido en el seno mismo del órgano involucrado. Así y en oportunidadde aprobar el reglamento cuya legitimidad se cuestiona, el consejeroCaviglione Fraga aseveró "Por otro lado -y ya yendo a conside raciones másgenerales-, no puedo dejar de señalar mis dudas -personales- respecto de laconstitucionalidad de este régimen. El Congreso facultó al Consejo de laMagistratura a dictar un Reglamento de Subrogancias. A mí me parece que éstees un tema que no puede ser delegado en otro órgano por el Congreso, porquehace a las garantías del juez natural -art. 18 de la Constitución-, en dondese debe respetar el juez designado por ley antes del hecho de la causa. Yeste es un tema muy delicado que lo traigo a colación aquí porque debemosestar prevenidos sobre cualquier cuestión que se pueda presentar en elfuturo. Esta es una opinión, que no es una opinión ligera sino que estáfundada en distintos criterios que se han manejado incluso antes en esteConsejo de la Magistratura, cuando se intentó hacer un Reglamento deSubrogancias, hace ya dos o tres años atrás" (confr. Consejo de laMagistratura. Plenario. Reunión del 18 de marzo de 2004 bajo la presidenciadel Dr. Enrique S. Petracchi. Versión Estenográfica. Pág. 8).15) Que, por otro lado, la facultad discutida no encuentra sustento en otrasprevisiones constitucionales vinculadas a la materia. En efecto, no resultaadmisible invocar a ese fin la designación de jueces denominada "encomisión" pues tal atribución fue expresamente reservada por elconstituyente al Poder Ejecutivo para circunstancias puntuales -vacantes deempleos que requieran el acuerdo del Senado y que ocurran durante sureceso-, y con un plazo específico -expiran al fin de la próximalegislatura- (confr. art. 99, inc. 19 Constitución Nacional y art. 2ª ,decreto-ley 1285/58). Tampoco la potestad reservada al Congreso en el art.75, inc. 20 Constitución Nacional, pues allí sólo se contempló laposibilidad de creación de tribunales y cargos, mas no la de cubrirlos.16) Que la conclusión apuntada parecería encontrar sustento en la últimareforma al Consejo de la Magistratura, plasmada mediante la ley 26.080, puesen dicho cuerpo normativo el Congreso de la Nación no contempló facultadalguna para el dictado de reglamentos de subrogancias (confr. art. 3º, quesustituyó el art. 7º de la ley 24.937, t.o. por decreto 816/99, y susmodificatorias). De tal modo, es incontestable que desde el punto de vistalegal, el sistema hoy carece de vigencia. Es más, el cambio legislativoapuntado obligó a que el 28 de febrero de 2006 el propio Consejo debieradictar el acta 4/06, por la que dispuso que hasta tanto el Congreso Nacionalsancionara una ley reguladora en la materia, el Reglamento de Subrogacionesmantendría plena vigencia.17) Que tampoco resulta justificativo para sustentar la legitimidad de lanormativa cuestionada la situa ción de conflicto que existe con relación ala insaculación de jueces nacionales y federales. En tal sentido, no esactuando a extramuros de la Constitución Nacional que correspondesolucionarla sino haciendo efectivas las atribuciones reconocidas por ella alos órganos del Estado. Por tal motivo, señalaba Alberdi "Conservar laconstitución es el secreto de tener constitución. ¿Tiene defectos, esincompleta? No la reemplacéis por otra nueva. La novedad de la ley es unafalta que no se compensa por ninguna perfección; porque la novedad excluyeel respeto y la costumbre, y una ley sin estas bases es un pedazo de papel,un trozo literario" (confr. Alberdi, Juan Bautista. "Organización...", op.cit., pág. 198).Y si bien esta Corte no olvida los límites y la gravedad que conlleva unadeclaración de inconstitucionalidad (confr. Fallos: 249:51; 264:364, entremuchos otros) , tampoco soslaya que tiene el imperioso deber de hacerlaefectiva cuando la norma no supera el denominado "test" de legitimidad, comoclaramente se advierte en el caso.18) Que, desde otra perspectiva, cabe recordar que mediante la resoluciónCSJN 2374/04 se desestimó la avocación planteada por tres integrantes de laCámara Civil. El Tribunal -sin emitir pronunciamiento alguno sobre losreparos constitucionales de los que era objeto el régi men de subrogacionesestablecido por las normas indicadas- señaló que "no se presenta[ba] unasunto que, con arreglo a las normas legales y reglamentarias en vigencia,justifi[case] su intervención en la vía de superintendencia promovida porlos peticionarios".Posteriormente, mediante la acordada 7/05 -ver el voto en disidencia parcialdel infrascripto- se expresó que era de público conocimiento -circunstanciaque este Tribunal no podía ignorar como cabeza del Poder Judicial de laNación- que las normas referidas en la acordada dieron lugar a que en elfuero criminal se dispusieran nulidades de actuaciones cumplidas por losjueces designados de acuerdo a las indicadas disposiciones.Sin perjuicio de que, en ese caso, no concurrían las circunstancias a lasque esta Corte subordinó el dictado de un pronunciamiento sobre el punto(resolución 2374/2004), lo que obstaba claramente a expedirse tanto sobre lavalidez de la investidura de los jueces como la que correspondía asignar alos actos que hubieran cumplido se estimó pertinente señalar que en lasituación contemplada, el Poder Judicial de la Nación se encontraba frente aun verdadero vacío, fruto de la cantidad de vacantes existentes y lalentificación del proceso de designación de los jueces. Esta últimasituación deriva sin duda, del dictado de un fárrago de normasreglamentarias pensadas con el noble objetivo de transparentar el proceso dedesignación de los magistrados. Sin embargo, resultaron en la prácticatécnicas de dilación en el cumplimiento del rol que a cada uno de lospoderes le corresponde asumir a la hora de designar jueces, de acuerdo a lasnormas constitucionales que regulan la materia.En ese contexto, se señaló que, paradójicamente, las disposicionessancionadas con el declamado objetivo de democratizar el proceso dedesignación de magistrados a fin de permitir al Poder Judicial el mejorcumplimiento de las ingentes atribuciones que le reconoce la ConstituciónNacional, lejos de transparentar el proceso de designación de los jueces yde contribuir a recuperar la confianza de la sociedad en sus instituciones,es causa inequívoca del grave resultado hoy nítidamente perceptible en esteDepartamento del Gobierno Federal.19) Que, en ese orden de ideas, se expresó que se instalaba una categoría demagistrados sin designación de los poderes que ejercen la representación delpueblo, en definitiva, sin mandato popular; prescindencia que -se enfatizóentonces- más allá de la consideración y decisión que esta Corte efectuaríaacerca de la constitucionalidad de dicho procedimiento cuando se presentaraante sus estra dos un caso con arreglo a lo dispuesto en el art. 116 de laConstitución Nacional y en el art. 2 de la ley 27, había dado lugar adecisiones jurisdiccionales que privaron de validez constitucional a talesnombramientos. Se había creado así una situación de extrema gravedad queimponía a esta Corte la urgente adopción, en el ámbito de sus atribuciones,de las medidas apropiadas para perseguir el diáfano cumplimiento de lospreceptos constitucionales en juego, fundamentalmente el principio del jueznatural (art. 18, Constitución Nacional).En esa inteligencia, se invitó a los poderes del Gobierno Federal a cumplirde un modo adecuado en el tiempo, su ineludible función de nombrar a losjueces nacionales y federales en las numerosas vacantes existentes connóminas provistas a ese efecto por el Consejo de la Magistratura. Ello, afin de hacer viable a los habitantes del país su elemental derecho a lajurisdicción. También se los invitó a adoptar las medidas necesarias paraadecuar las normas reglamentarias del proceso de designación de los jueces,de modo tal que las vacantes sean efectivamente cubiertas en un tiemporazonable que tenga en cuenta la naturaleza impostergable de los reclamosque se someten a conocimiento de los tribunales.20) Que, planteada ahora en esta instancia el caso concreto al que aludieronlos mencionados pronunciamientos del Tribunal, esta Corte declara -por todolo expresado anteriormente- que el sistema establecido por el reglamento esabiertamente inconstitucional. Ello, en tanto se afecta el procedimientoclaramente establecido por nuestra Constitución para el nombramiento demagistrados, desconociéndose así la garantía del juez natural, con gravemenoscabo al principio de división de poderes, y por ende, con fulminantedesconocimiento a la elemental regla republicana según la cual la soberaníadescansa en el pueblo de la Nación. El sistema impugnado es refractario aese principio cardinal, toda vez que la designación de los jueces no escometido del Consejo de la Magistratura, sino que proviene de la voluntad-aun indirecta, en segundo grado- del pueblo argentino, a través de losrepresentantes que la Constitución le ha asignado.21) Que la condición de juez se obtiene, sin ambages, si se han satisfecholos requerimientos constitucionales establecidos al efecto; por lo queresulta imposible sostener que "sólo" es necesario seguir el procedimientoestablecido en la Constitución Nacional en caso de designacionesdefinitivas, en tanto las transitorias quedarían salvadas mediante elrégimen de subrogaciones. El Judicial es uno de los tres poderesconstitutivos del Estado y es inaceptable sostener -a extramuros de la LeyFundamental- que aceptase la titularidad de la magistratura en algunoscasos, mediante el procedimiento constitucional y en otros, fuera de susmárgenes.El fundamento en el criterio de la transitoriedad de los cargos, importaríatanto como menoscabar el principio preambular de "afianzar la justicia", queconstituye un propósito liminar y operativo referido a la salvaguarda delvalor justicia en los conflictos concretos que se plantean en el seno de lacomunidad.22) Que, frente a lo expuesto y en lo atinente a la legitimidad de los actoscumplidos por los denominados "jueces subrogantes", cabe recordar laevolución que, al respecto, se aprecia en la jurisprudencia de la CorteSuprema de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica.Así y en un primer momento, dicho tribunal señaló en los autos "Norton vs.Shelby County", 118 US 425 (1886) que "Un acto inconstitucional no es unaley, no confiere derechos; no concede protección; no crea una funciónpública; es, en su aspecto jurídico, tan inoperante como si nunca hubierasido aprobado". No obstante, más de cincuenta años después, sostuvo en elprecedente "Chicot County Drainage Dist. vs. Baxter State Bank" 308 US 371(1940) que "Los tribunales inferiores han procedido sobre la base de lateoría que [postula que] una ley del Congreso que ha sido consideradainconstitucional no es una ley; que era inoperante, que no confiere derechosni impone obligaciones y por lo tanto no ofrece base en contra del decretoatacado -'Norton vs. Shelby County'-. (...) "Es muy claro, sin embargo, queenunciados tan amplios sobre los efectos de una determinación deinconstitucionalidad deben ser tomados con calificaciones. La existenciaefectiva de una ley anterior a esa determinación es un hecho operativo ytiene consecuencias que no pueden ser ignoradas con justicia. El pasado nopuede siempre ser borrado por una declaración judicial. El efecto de ladecisión subsiguiente sobre la invalidez debe ser considerado en variosaspectos, con respecto a las relaciones particulares, individuales, osocietarias y la conducta particular privada y oficial. Cuestiones sobrereclamaciones de derechos adquiridos, sobre estado, sobre determinacionesprevias destinadas a tener finalidad y sobre las que se ha actuado enconsecuencia, sobre el orden público y a la luz de la naturaleza tanto de laley, como de su aplicación previa requieren ser examinadas. Estas cuestionesestán entre las más difíciles de las que son traídas a la atención de lostribunales, tanto locales como federales, y es evidente por numerosas quesean que una decisión que contenga un principio de absoluta retroactivi dadde la invalidez, no puede justificarse. Todos los tribunales federalesinferiores son cortes de jurisdicción limitada, esto es, con la jurisdicciónexclusiva que el Congreso ha prescripto. Pero, sin embargo, son tribunalescon autoridad cuando las partes comparecen ante ellos de acuerdo con losrequerimientos del debido proceso para saber si tienen o no jurisdicciónpara conocer en la causa, y con este propósito para interpretar y aplicar laley bajo la cual han sido llamados a actuar. Sus determinaciones en esascuestiones, aun cuando estén abiertas a revisión, no pueden ser consideradascomo subordinadas (assailed collaterally)". Finalmente, en la causa "Lemonvs. Kurtzman" , 411 US 192 (1973) y tras recordar el criterio establecido enel precedente "Norton" supra citado, puntualizó que "El proceso dereconciliar los intereses constitucionales reflejados en una nueva normajurídica con respecto a los intereses de confianza fundados sobre laanterior está 'entre los más difíciles de todos los que han sido traídos aatención de los tribunales federales o locales' (Chicot CountyDrainage)...En consecuencia, nuestros holdings en los recientes años hanenfatizado que el efecto de una decisión constitucional referida a unaconducta anterior no está sujeta a ningún 'principio de absoluta invalidez'sino que depende de la consideración de 'relaciones particulares...yconducta particular sobre derechos reclamados de haber sido invertidos,sobre estado, sobre determinaciones previas destinadas a tener finalidad' y'sobre el orden público a la luz de la naturaleza tanto de la ley, como desu aplicación previa' (Linkletter)"."A pesar de lo atrayente que la lógica de 'Norton' puede haber sido enabstracto, su abandono refleja nuestro reconocimiento que la legislación oaun el derecho judicial son hechos duros sobre los cuales la gente confíapara tomar decisiones y en la delineación de su conducta.Estas circunstancia de la vida subyacen en nuestras decisiones modernas quereconocen una doctrina de no retroactividad. Los apelantes no ofrecenninguna razón persuasiva para confirmar el enfoque moderno sólo a aquelloscasos constitucionales referidos al procedimiento penal o abonos municipalesy nosotros no encontramos ninguna".23) Que, en razón de lo antedicho, cabe concluir que lo aquí resuelto noimporta en modo alguno cuestionar el funcionamiento y eficacia de lasactuaciones ya cumplidas y aún en trámite bajo el sistema de subrogacionesdeclarado inconstitucional mediante este pronunciamiento.Parece imprescindible destacar que la vida social se vería seriamentetrastornada en la Argentina si sus habitantes tomaran conciencia de que lostribunales de justicia sólo tienen apariencia de tales. Razones de seguridadjurídica repelen cualquier inteligencia que implicara la negación de lasconsecuencias del régimen de subrogaciones. Ello, eventualmente, podríaobstruir o aún paralizar la administración de justicia. Es decir, que en laArgentina, por hipótesis, existiría una categoría de sentencias desprovistasde "legitimidad", precaria y fácilmente extinguibles; ello irremediablementecomunicaría a todo el sistema político-social una imprevisibilidad y unaincerteza que son colindantes con la anarquía, en palabras Jèze (doctrina deFallos: 313:1621).De este modo, la autoridad institucional de este fallo no privará de valideza los actos procesales cumplidos de conformidad con las normas en vigor almomento de ser dictados (Fallos: 328:566). Ello es así, toda vez que laaplicación en el tiempo de los nuevos criterios debe ser presidida por unaespecial prudencia con el objeto de que los avances propuestos no se veanmalogrados en ese trance.En mérito a ello, es necesario trazar la línea divisoria para el obrar de lanueva jurisprudencia, apoyándola en razones de conveniencia, utilidad y enlos más hondos sentimientos de justicia -doctrina de Fallos: 308:552-.La Corte es titular de uno de los departamentos del gobierno federal y, comotal, tiene diversas atribucio nes institucionales destacándose, entre otras,la de ejercer la jefatura de la justicia federal. En ella se funda lanecesidad de mantener la unidad y el orden indispensables del Poder Judicialy la significación jerárquica de la Corte (Fallos: 241:23).24) Que, otra dimensión de la cuestión a resolver obliga a considerar que lapresente decisión no puede dictarse desatendiendo las graves consecuenciasque, de modo inmediato, podrían derivar de ella. En especial, evitar laeventual paralización del servicio de justicia impone la necesidad demantener en sus cargos y por un plazo máximo de un (1) año a quienes hansido designados para ejercer la función jurisdiccional en los tribunales quese encuentran vacantes, hasta que cesen las razones que originaron sunombramiento o hasta que sean reemplazados, o ratificados, mediante unprocedimiento constitucionalmente válido.En efecto, consciente de la autoridad institucional que este fallo entrañapara el afianzamiento del sistema republicano de gobierno, esta Cortereafirma que ninguna solución es defendible si, en lugar de asegurar elorden público, genera el riesgo de un absoluto desorden.Por ello, habiendo dictaminado el señor Procurador General, se resuelve: 1.-Declarar procedente el recurso extraordinario.2.- Revocar parcialmente la sentencia apelada y declarar lainconstitucionalidad de la resolución 76/04 del Consejo de la Magistraturade la Nación.3.- Confirmar la sentencia apelada en cuanto declara la validez de lasactuaciones cumplidas por quien se desempeñó como magistrado al amparo delrégimen declarado inconstitucional.4.- Mantener en el ejercicio de sus cargos a quienes han sido designadospara ejercer la función jurisdiccional en los tribunales que se encuentranvacantes hasta que cesen las razones que originaron su nombramiento o hastaque sean reemplazados, o ratificados, mediante un procedimientoconstitucionalmente válido que deberá dictarse en el plazo máximo de un año.Sin costas en atención a la naturaleza de la cuestión debatida. Notifíquesea las partes. Póngase en conocimiento del Poder Ejecutivo Nacional, delCongreso de la Nación y del Consejo de la Magistratura y, oportunamente,devuélvase.CARLOS S. FAYT.DISIDENCIA DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES DON E. RAÚL ZAFFARONI Y DOÑACARMEN M. ARGIBAYConsiderando:1°) Que los antecedentes de la causa se encuentran suficientementedetallados en el voto de la mayoría, al que en honor a la brevedad seremite.2°) Que el recurso extraordinario ha sido correctamente concedido por eltribunal a quo. En efecto, los tribunales con jurisdicción sobre el caso, asaber: el Tribunal Oral en lo Criminal N° 9 y la Sala IV de la Cámara deCasación ya se han expedido definitivamente sobre el punto constitucionalcontrovertido, y ningún acto posterior modificará ya la decisión a la que seha llegado y que ha sido apelada por ante esta Corte. En tales condiciones,la decisión debe equipararse a definitiva y, habida cuenta de la máximarelevancia institucional de la cuestión debatida en autos, resulta imperiosoque el Tribunal se expida al respecto.Sentado ello, en la presente causa se ha impugnado la validez de normasfederales, y la decisión del tribunal a quo ha sido contraria a laspretensiones del recurrente (artículo 14, inciso 3 de la ley 48). 3°) Que elartículo 99, inciso 4° de nuestra Constitución federal ha conferido alPresidente de la Repú blica la facultad de designar a los jueces nacionalesque integran el Poder Judicial. Esta prerrogativa fue atenuada con lareforma de 1994 que limitó la discrecionalidad del acto presidencial a laelección y propuesta al Senado del candidato que resulte de una ternavinculante elaborada por el Consejo de la Magistratura, tras un proceso deselección. Un aspecto importante de este complejo sistema es que elconstituyente ha conferido máxima discrecionalidad en lo concerniente alplazo dentro del cual cada uno de los diferentes órganos que participan enel proceso debe realizar su tarea. Además, no ha establecido ningúnprocedimiento alternativo para cubrir las vacantes en el Poder Judicialdurante el tiempo que demande el nombramiento del nuevo magistrado.El rigor y complejidad que exhibe la regulación constitucional delprocedimiento de designación de jueces, ha llevado al tribunal de juicio,primero y, más tarde, a la parte recurrente a la conclusión de que estáprohibido cualquier otro procedimiento, incluso aquél destinado a cubrir loscargos en forma transitoria. La premisa que sirvió de apoyo a estaconclusión fue que es prohibida por la Constitución la designación de juecesmediante un procedimiento diferente al que ella prevé.Sin embargo, esta afirmación constituye un abordaje excesivamente estrechode la cuestión, que se aferra a la verificación del cumplimiento de lasdisposiciones constitucionales referidas a la designación de los jueces,para concluir que los magistrados subrogantes también deberían serdesignados siguiendo ese procedimiento, sin atender a que el cometidoconstitucional que han venido a llenar históricamente los jueces suplentesno es el de integrar el Poder Judicial sino el de evitar la denegación dejusticia asociada a la paralización de los tribunales vacantes.En efecto, no resulta plausible sostener que la Constitución ha establecidoun complejo sistema de designación de magistrados, con la intervención delos tres poderes del Estado, que actúan consecutivamente sin sujeción aplazos y, al mismo tiempo, ha prohibido la implementación de un mecanismoque impida la paralización o severo entorpecimiento del servicio dejusticia, que con alta probabilidad puede derivarse de la mencionadacomplejidad e indefinición de los plazos. 4°) Que la legitimidadconstitucional de un procedimiento alternativo para enfrentar esta últimaposibilidad fue percibida incluso desde los primeros tiempos posteriores ala organización nacional, cuando el trámite para la designación de losjueces nacionales era mucho menos dificultoso1. 1 Así surge desde lasprimeras leyes que pusieron en funcionamiento las instituciones creadas porla Constitución de 1853. Con algunos matices, la posibilidad de cubrir lasvacancias de jueces federales con quienes no revisten la condición demagistrados, forma parte de una tradición de antigua data en la República.La ley 935, de 1878 disponía que los jueces federales de sección seríanreemplazados por abogados de la matrícula designados por la lista queconfeccionaría la CSJN, imitando el sistema de suplencia para los ministrosque ya contemplaba la ley N° 182 de Procedimientos de la Justicia Nacionaldel 28 de agosto de 1858. Esta última establecía la posibilidad de losabogados de la matrícula de subrogar a los ministros de la CSJN. Laconstitucionalidad del sistema no fue puesta en duda. Así surge del debateen donde se discutió la ley 935 "...Como es de notarse, las prescripcionesconstitucionales, al exigir ciertas condiciones especiales, solo puedenreferirse a los jueces permanentes, pero no a estos que pueden llamarsetransitorios, y como la Suprema Corte es la que, en caso de creerse una leyinconstitucional la declara tal, y no la aplica, y en el caso a que me hereferido, lejos de haber declarado inconstitucional la ley vigente,referente a las suplencias ante ese tribunal, al contrario, ella la aplicade ordinario, en los casos que ocurren, es claro que el proyecto que sediscute no puede considerarse como inconstitucional. Así, pues, no cree laComisión que cuando solo se trata de las suplencias de los jueces inferioresde la Nación, pueden abrigarse escrúpulos en ese sentido" (sic) (Diario desesiones de Cámara de Senadores. Sesión del 22 de agosto de 1878, pág. 323,exposición del Sr. Argento). Este sistema continuó en la ley 4162, de 1903,que en su art. 3 dispuso un orden de mérito en la cobertura de lassuplencias de los jueces federales y de los territorios nacionales,incluyendo la posibilidad de convocar al "conjuez correspondiente de lalista anual que forma la Suprema Corte para los jueces federales y para losterritorios nacionales, el juez de sección, o territorio más próximo, comolo prescribe el art. 1, inc. 4 de la ley 3575, del 8 de octubre de 1897". Asu vez, la ley 17.928 de 1968, en su artículo 28 sustituyó al artículo 2 dela ley 935, transfiriendo la facultad de confeccionar las listas de abogadosque suplirían a los jueces federales, a las Cámaras Federales deApelaciones. El sistema persistió hasta que la ley 19.984 de 1972 suprimióla posibilidad de que la subrogancia quedara en cabeza de los abogados,siguiendo el régimen de suplencia para los jueces letrados con asiento enlos ex territorios En este contexto, la recta interpretación de laConstitución Nacional debe incorporar, junto a las disposiciones que serefieren a la designación de jueces, el derecho que las personas tienen acontar con un tribunal que examine en tiempo oportuno sus peticiones(artículo 18 de nacionales establecido en el art. 1 inciso 4) de la ley3575. No obstante el sistema se sostuvo sólo dos años, hasta ser suplantadopor la ley 20.581 de 1974 que retornó al sistema de la ley 4.162, tras unafuerte crítica que dejó al descubierto que, en el afán de excluir a losabogados de la matrícula de la posibilidad de actuar como jueces, no sehabían sopesado los problemas que ello generaba en la actividad judicial(ver debate parlamentario en torno a la ley 20.581, en especial, diario desesiones de Senadores de 8 de agosto de 1973, págs. 481 y siguientes y del31 de octubre de 1973, pág. 903). Este régimen de subrogancias se completacon el decreto-ley 1285/58, que en su artículo 31, modificado por la ley24.050, estableció que en caso de vacancias o licencias de los jueces de lasCámaras que allí se mencionan, debían ser reemplazados por otros jueces dela CNCP, los tribunales Orales y las Cámaras Nacionales de Apelaciones en loCriminal y Correccional y en lo Penal Económico, y en última instancia porlos jueces de Primera Instancia que dependieran de la Cámara que debaintegrarse. Mientras que para las Cámaras Federales de Apelaciones conasiento en las provincias, se prevé una integración que contempla laposibilidad de cubrir la vacante con los conjueces de una lista de abogadosque reúnan las condiciones para ser miembros de la misma. Por último, elReglamento para la Justicia Nacional, estableció en el art. 120 que losjueces comprendidos en la jurisdicción de cada una de las Cámaras Nacionalesde la Capital Federal se reemplazarán recíprocamente en la forma quedisponga la cámara respectiva. Esta reseña de disposiciones que han llenadoel vacío constitucional sobre el tema de los jueces subrogantes confirma unatradición legislativa de permitir que los cargos vacantes fueran cubiertospor quienes no revestían la condición de magistrados. Si bien es cierto queesta posibilidad fue legislada casi con exclusividad con relación a losjueces federales del interior del país, frente a los inconvenientes quesignificaba, en especial por las distancias, la suplencia por otro juez, nopuede reputarse que sólo este tipo de subrogancias es constitucional paraestos casos. la Constitución Nacional, artículo 8 de la Convención Americanasobre Derechos Humanos y artículo 14 del Pacto Internacional de DerechosCiviles y Políticos); pues, si es cierto que este derecho se ve debilitadopor la proliferación de designaciones transitorias, más cierto es queresulta aniquilado por la paralización del mismo número de tribunalesvacantes por todo el tiempo que demande la designación de sus reemplazantes.Si el sistema de subrogancias tiene por fin atenuar el impacto negativo que,sobre el derecho de acceso a la justicia, tiene la duración delprocedimiento constitucional de designación de jueces, es erróneodescalificarlo precisamente por apartarse de este procedimientoconstitucional que viene a complementar. Esto sólo podría hacerse negandolos referidos efectos negativos o bien, admitiéndolos, pero prefiriéndolosfrente al menoscabo que la continuidad de jueces no designados conforme alprocedimiento constitucional provocaría en la calidad institucional delPoder Judicial. Ninguna de estas dos posibilidades resiste el menoranálisis. Para descartar la primera basta con referirse a los juzgadosfederales del interior del país que en caso de vacancia quedarían de hechototalmente paralizados hasta la designación del nuevo juez, o lasdificultades que enfrentaría en la situación actual la justicia nacional conasiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mientras que la segunda,además de ser inconsistente, se configura a sí misma como un contrasentidopues admite el riesgo de un grave deterioro en el funcionamiento del poderjudicial y, por consiguiente, en el acceso a la justicia, paradójicamentecon el fin de salvar la calidad institucional de ese mismo poder judicial yese mismo servicio de justicia.En este punto, cabe concluir que tanto la ley 25.876 como el reglamento desubrogaciones dictado en su cumplimiento por el Consejo de la Magistratura,persiguen un fin permitido, y en realidad presupuesto por la ConstituciónNacional, por lo que, contrariamente a lo postulado por la recurrente, debedescartarse una contradicción literal con esta última. 5°) Que así las cosascabe ahora evaluar si el sistema actual de subrogancias constituye un mediodiseñado de manera ajustada a esa finalidad o, en cambio, contieneprevisiones que, injustificadamente, interfieren en las competenciasconstitucionales del Presidente, del Senado, o bien, deterioran la calidadinstitucional del Poder Judicial.El argumento que se ha hecho jugar -por ejemplo, en la resolución dictada enesta causa por el tribunal de juicio- en contra de la racionalidad delsistema se apoya en su innecesariedad, puesto que bien podría haberse creadoun cuerpo de jueces suplentes, designados con todas las formalidades queexige la Constitución Nacional y que estuviese disponible para atender lasnecesidades de los tribunales cuyos titulares hubieren cesado o estuviesencon licencia. Al existir una posibilidad semejante, el sistema creado por elCongreso de la Nación y el Consejo de la Magistratura es presentado como unadesviación gratuita del régimen constitucional de designación de jueces.Sin embargo, se advierte claramente, que se trata de una objeción quedesplaza el problema sin resolverlo. En efecto, la creación de un equipo dejueces suplentes sólo retardaría la necesidad de los jueces subroganteshasta el momento en que la cantidad de vacantes supere la capacidad deabsorción de los suplentes. En otras palabras: apenas el número de vacantesexcediese el previsto al crear el cuerpo de jueces suplentes, deberíaigualmente decidirse si paralizar los juzgados que no pueden ser cubiertos odesignar a subrogantes. Es que el punto no finca en la conveniencia de tenermás jueces (titulares o suplentes), sino, cualquiera sea la cantidad, en quédebe hacerse cuando no se llega a cubrir las necesidades de los tribunalesvacantes. Esta es la situación en la que se encuentra actualmente el PoderJudicial de la Nación.Si, como se ha visto, la designación de jueces transitorios tiene lafinalidad de asegurar el servicio de justicia durante el tiempo que insumeel procedimiento de designación del titular, su nombramiento sólo tienesentido si es llevado a cabo en un tiempo más breve.Valga todo lo anterior solamente como indicación de que la designación dejueces suplentes, aún cuando su adopción pueda ser recomendable, no funcionacomo sustituto perfecto de la figura de los jueces subrogantes de modo quepermita concluir en la innecesariedad de estos últimos.6°) Que bajo la comprensión precedente cabe examinar si por esta vía, demanera intencional o por negligencia de los funcionarios a quienescorresponde intervenir, las designaciones de jueces permanentes se handemorado excesivamente y ello se convierte en un medio para deteriorar lacalidad institucional del Poder Judicial, poniendo en riesgo de tal modo suindependencia e imparcialidad.Este temor es el que subyace en todo el razonamiento seguido en la extensaresolución que dictó en esta causa el tribunal de juicio y que, ante larevocación por la Cámara de Casación, es sostenida por la defensa en surecurso extraordinario.Es un riesgo que no puede en modo alguno subesti marse, aunque debeaclararse que ello ocurriría por el uso contrario a la Constitución de unsistema que por sí mismo no lo es, según se ha visto más arriba.De todos modos y concretamente, el remedio contra tales desviaciones está enlos diferentes juicios de responsabilidad que deberían enfrentar losrespectivos funcionarios. En nada ayuda a reparar la vigencia de laConstitución mantener los juzgados vacíos por el tiempo que dure lairregularidad: esta solución sólo vendría a sumar a la primera una segundafractura constitucional, esta vez contra el derecho de las personas -seanimputadas o querellantes, demandantes o demandadas- a contar con un tribunalque conozca de las controversias en que se juegan la persona y sus derechos.Desde el punto de vista del control judicial es prudente entonces desecharla inconstitucionalidad del sistema impugnado y propiciar en cambio unescrutinio riguroso por parte de los tribunales de alzada sobre el desempeñode los jueces subrogantes, a fin de que refuercen el control sobre susdecisiones en los casos en que puedan configurarse perturbaciones a laindependencia con que debe funcionar el Poder Judicial.Esto es, la fragilidad institucional ocasionada por la indebida utilizacióndel sistema de subrogancias, desde el Poder Judicial sólo puede ser atenuadamediante un refuerzo del control sobre el desempeño en cada caso de losjueces transitorios.7°) Que como se ha explicado, el sistema de subrogancias resulta uncomplemento indispensable del procedimiento constitucional para ladesignación definitiva de jueces, no obstante lo cual el uso abusivo de esteinstrumento auxiliar, sostenido en el tiempo conduce lisa y llanamente a laconsolidación definitiva de un sistema distinto al previsto en laConstitución. Dicho de otro modo: el uso de un mecanismo válido peroaccesorio y complementario, en ningún caso debe desplazar la centralidadinstitucional de la forma de designación prevista en la ConstituciónNacional.En efecto, la trasgresión del régimen principal, aunque en apariencia sepresente paradójica, es posible también mediante el ejercicio excesivo deinstitutos admitidos constitucionalmente, pero en forma excepcional. Así,como norma, el servicio de justicia debe instrumentarse mediante juecesdesignados de manera definitiva, según lo establece la Constitución. De locontrario se generaría una mutación constitucional convirtiendo en principalaquello que fue pensado sólo como accesorio y complementario.8°) Que reconocido el régimen de subrogancias como un sistema accesorio queviene a complementar, más no a reemplazar, al procedimiento constitucionalde designación de jueces, no puede ignorarse -en base a las estadísticas quepractica regularmente el Consejo de la Magistratura- que dicho mecanismofunciona actualmente en franco exceso de su carácter auxiliar. Resulta, porlo tanto, necesario reforzar la legitimidad de aquél sistema que, de todasmaneras, bajo ninguna circunstancia podrá reemplazar al modelo principal. Atal fin, se advierte que el soporte legislativo de la Resolución 76/04, asaber, el artículo 7°, inciso 15 de la ley 24.937 -texto según ley 25.876-,ha sido derogado por la ley 26.080. Aquélla cláusula asignaba al Consejo dela Magistratura Nacional la atribución de "dictar los reglamentos queestablezcan el procedimiento y los requisitos para la designación de juecessubrogantes en los casos de licencia o suspensión de su titular ytransitorios en los casos de vacancia para los tribunales inferiores".De ello se desprende que la ley 26.080 ha generado un vacío legislativoquitándole sustento legal a la competencia otorgada al Consejo en cuyoejercicio este aprobó el régimen de subrogancias. En vista de ello, y de lasdemás circunstancias ya señaladas, resulta impostergable y de suma urgenciaque el Honorable Congreso de la Nación establezca el marco legal bajo elcual habrá de funcionar en lo sucesivo el sistema de subrogancias. Por ello,oído el señor Procurador General de la Nación se declara formalmenteadmisible el recurso extraordinario y se confirma la sentencia apelada, conel alcance indicado en este voto. Sin costas en atención a la naturaleza dela cuestión debatida. Notifíquese a las partes. Póngase en conocimiento delpresidente de la República, del Honorable Congreso de la Nación y delConsejo de la Magistratura de la Nación. Oportunamente, devuélvase.E. RAUL ZAFFARONI CARMEN M. ARGIBAY.
Textual del blog de Gustavo Arballo, Saber leyes no es saber derecho, con referencia a la conferencia de Pepe Cafferata Nores en el I Congreso Federal de Justicia Penal, el 2 de mayo de 2007, en el Salon de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos AiresJosé I. Cafferatta NoresHabló de dos temas importantísimos: el federalismo en jaque por la necesidad (impuesta por la Corte Suprema en “Casal”) de que no haya divergencias graves interjurisdiccionales en la aplicación del Código Penal “común”.Tema que tiene dos campos de batalla principales. Uno es el de la prisión preventiva, tradicional facultad “procesal” de las provincias que fue puesta en entredicho precisamente en “Casal”, cuando la Corte mandó a la provincia de Buenos Aires a que “arreglara” su legislación.Otro es el de la legislación del “principio de oportunidad”, que releva al Estado de seguir “de oficio” cualquier presunta infracción a la ley penal. En virtud del “principio de oportunidad”, cobran sentido opciones compositivas que derivan en la disponibilidad de la acción penal. Tradicionalmente el Congreso se abstuvo de legislar sobre eso, así que lo han hecho algunas provincias y de esto se deriva una disparidad en la reacción estatal ante el pragma conflictivo (estamos re zaffaronistas en la terminología, parece).Se nota que Cafferatta había “preparado la clase”: estuvo muy bien, y antes de su radioteatro unipersonal, habíamos pensado en ponerle cuatro estrellas a la presentación de Cafferata.Fue interrumpido por aplausos cuando reclamó honestidad intelectual y dijo: “en Argentina hay muchos jueces que escriben (los fundamentos) por izquierda y fallan por derecha” (esto es, que hacen un enjundioso articulado garantista en los considerandos y antes de pasar a la parte resolutiva lo disuelven con dos o tres clichés frustratorios para dejarlos sin efectos “para el caso”).Después de su radioteatro (un diálogo entre un cliente y su abogado, ejemplificando como hechos de gravedad creciente podían tener tratamiento más benévolo según la jurisdicción que eligiera para ir a robar), ya habíamos decidido ponerle las cinco estrellas. Nos hubiera gustado grabarlo y postearlo acá en mp3.El final fue conmovedor. Cafferatta relataba que el domingo pasado, en Córdoba, le había dicho a su padre en el Hospital, gravemente enfermo, lo que iba a decir ayer. Que tenía dudas sobre si venir o no a Buenos Aires. Y que su padre le dijo: “hijo, dejame a mi, vos tenés que ir, primero porque eso es lo que hacés, porque es tu trabajo, y además porque comprometiste tu presencia”. Y que, después de eso, Cafferatta padre murió el lunes.Lo que siguió fue un standing ovation de diez minutos, algo que nunca vi en más de una década que voy a conferencias o congresos del gremio. Y se lo merecían. Ambos.
Cafferata Nores,
EN: http://www.eltribunosalta.com.ar/edicion-salta/nacionales/20070511_223922.phpDurante su exposición en el Consejo de la Magistratura ocurrida el 26 de abril pasado, Bisordi atribuyó el juicio político en su contra a "una maniobra del Gobierno" y se calificó como "política e ideológicamente enemigo de este gobierno"."El presidente es el enemigo número uno mío", sostuvo Bisordi ante el plenario del Consejo de la Magistratura.Además, el camarista se mostró "absolutamente indignado con esta canallada" -como calificó al pedido de juicio político en su contra-, y denunció que "quieren sacar de Casación a los jueces que no les son afectos y que serían independientes en las causas de corrupción que se avecinan contra el Gobierno".BUENA COMPRENSIÓN DEL CONCEPTO DE "IMPARCIALIDAD", ESPECIALMENTE DESPUÉS DE SUS DECLARACIONES, DONDE INSULTA AL PRESIDENTE Y LO DECLARA "ENEMIGO NUMERO UNO" —NO ES QUE ME PREOCUPE—, CONFIESA QUE ESTÁ ESPERANDO QUE LLEGUEN A SUS GARRAS CAUSAS DE CORRUPCIÓN DE ESTE GOBIERNO, Y DESPUÉS SE DECLARA INDEPENDIENTE. MARAVILLOSO EL DOGOR!!!!!!!ME ENCANTA QUE PRUEBES UN POCO DE TU MISMO JARABE, INIDÓNEO.MIS MÁS ATENTOS SALUDOS,AB