Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/plena/SE-2017/se201700272.html
Timestamp: 2019-03-19 17:19:58
Document Index: 42662038

Matched Legal Cases: ['Artículo 4', 'Artículo 81', 'Artículo 81', 'Artículo 81', 'Artículo 81', 'Artículo 81', 'Artículo 200', 'Artículo 4']

se201700272
SENTENCIA: 272/2017.
EXPEDIENTE: 1182/2013.
VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fs. 45 a 50 de obrados, impugnando la Resolución R.J. No. 1725/2013, pronunciada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, la contestación de fs. 56 a 58 vlta., los antecedentes procesales.
La entidad demandante menciona que dentro la tramitación de una Orden de Verificación sobre base cierta se ha establecido que el contribuyente NCD Bolivia S.A., y/o responsable no ha determinado el impuesto conforme a Ley, consignado en las declaraciones juradas presentados por los periodos enero a diciembre de la gestión 2008, posteriormente se giró la Vista de Cargo y al no ser suficientes los descargos presentados por el contribuyente se emitió la Resolución Determinativa, donde se resuelve determinar de oficio, por conocimiento cierto de la materia imponible las obligaciones impositivas del contribuyente NCD Bolivia S.A., la misma ascendía a Bs 411.193 a la fecha de emisión de la Resolución Determinativa, documento administrativo que fue debidamente notificado al contribuyente, determinación que fue confirmada en la instancia de alzada y revocada parcialmente en la jerárquica.
1.- La Administración Tributaria señala que de manera superficial la Autoridad demandada pretende validar el crédito fiscal de las facturas No. 5243 y 444, bajo el principio de la búsqueda de verdad material; no obstante y sin embargo la GRACO requirió y solicitó entre otros documentos los medios fehacientes de pago para que en la búsqueda de la verdad material pueda valorar la misma, situación que el contribuyente hizo caso omiso y conforme a los plazos señalados y establecidos en el Art. 81 C.T.B., no presenta los mencionados medios fehacientes de pago en ninguna de las instancias administrativas a efectos de poder validar o no los mismos; es en este punto que tenemos que dejar constancia y manifestar que la validación de descargos presentados ya en etapa recursiva (en Recurso de Alzada) nos causa agravios y genera una aplicación errónea y nula del Art. 81 de la Ley Nº 2492, pues al valorar y analizar y peor aún validar la prueba presentada de forma extemporánea por parte del contribuyente, la Autoridad de Impugnación Tributaria no realiza una aplicación valedera, legal y jurídica de la mencionada norma; de conformidad a la norma señalada la presentación de las pruebas de reciente obtención debe efectuarse hasta antes de la emisión de la Resolución Determinativa, en caso de que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, sin embargo en el presente caso, no han sido presentadas ante el requerimiento ni tampoco se ha dejado constancia de su existencia, además la Resolución Determinativa ya emitida y notificada, por lo que al ser ofrecido fuera de plazo con carácter previo el contribuyente debe probar que la omisión de su presentación oportuna no fue por causa propia, situación que en el presente caso no ha ocurrido con la presentación de los medios de pago de las facturas No. 5243 y 444 para poder validarlas, en consecuencia cualquier presentación de documentación de manera inoportuna, debe ser rechazada en cumplimiento del Art. 81 y 76 de la Ley Nº 2492.
2.- Añadió que la fundamentación y argumentación de la Resolución Jerárquica olvida que ante la verdad material también se encuentra la verdad formal, y no obstante que los procesos en vía prejudicial se basan en la aplicación y búsqueda de la verdad material, también es cierto que la misma debe estar ligada de manera absoluta a lo dispuesto por la verdad formal, por tanto la Resolución Jerárquica al pretender sobreponer la verdad material sobre la verdad formal en el presente caso está desconociendo lo establecido por Ley, la cual dispone el Art. 81 del C.T.B., se tiene probado que, todas las entidades públicas se encuentran sometidas al inciso c) del Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo, cual es del principio de sometimiento pleno a la Ley, y por último y de conformidad al Art. 81 de la Ley Nº 2492, la presentación de las pruebas, así como las pruebas de reciente obtención deben efectuarse hasta antes de la emisión de la Resolución Determinativa, en caso de que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubieren dejado expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, sin embargo en el presente caso NCD Bolivia S.A. no ha presentado descargos ante el requerimiento ni tampoco se ha dejado constancia de su existencia, además la Resolución Determinativa ya se encontraba emitida y notificada, por lo que al ser ofrecida fuera de plazo (Etapa Recursiva), con carácter previo el contribuyente debe probar que la omisión en su presentación oportuna no fue por causa propia, situación que en el presente caso no ha ocurrido.
Pide se declare probada la demanda, y se Revoque parcialmente la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1725/2013 sólo la parte referida a la revocación parcial de dicho acto administrativo y en definitiva se declare firme y subsistente la Resolución de Alzada.
Corrida en traslado la demanda y citada legalmente la Autoridad demandada, en tiempo hábil se apersona Daney David Valdivia Coria Director Ejecutivo General a.i. de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, quien por memorial de fs. 56 a 58 vlta. de obrados, contesta a la demanda en forma negativa, expresando en síntesis lo siguiente:
La Autoridad demandada menciona que respecto a los vicios denunciados, del análisis realizado de los antecedentes administrativos y del expediente, corresponde señalar que respecto a la Factura No. 5243 emitida el 10 de enero de 2008 por SEAL Representaciones de Maribel Alba Villanueva a NCD Bolivia S.A., ante la Vista de Cargo presentó: Orden de Pago No. 100100000697, en el que se registra el pago de la Factura No. 5243 por $us651 a través del Cheque No. 85154 del Banco Mercantil Santa Cruz y la cuenta corriente No. 4010599412 M/E, además, cuenta con la firma y sello del receptor o beneficiario del pago, a su vez acompañó la Orden de Servicio No. 100200000326, emitida por NCD Bolivia S.A. en el que se describe como requerimiento el “Servicio y mantenimiento y reparación de bomba inyectora” por $us651; en cuanto a la factura No. 444, se tiene que ésta fue emitida el 23 de julio de 2008, por “Metal C” de Nicolás Avelino Vinoya Rocabado, por la que se presentó la Orden de Pago No. 100100003878 que registra el pago de la citada factura por $us525 a través del Cheque no. 86811 y la Cuenta Corriente No. 4010599412 M/E, del Banco Mercantil Santa Cruz SA, el que cuenta con la firma y sello del receptor o beneficiario del pago; documento al que también adjunto la Orden de Servicio No. 100200002497 de NCD Bolivia S.A. que describe como requerimiento, el “Alquiler de maquinaria y equipo motogenerador” por $us525, de lo anterior se evidencia que la documentación descrita refleja el movimiento de las transacciones efectivamente realizadas por parte de NCD Bolivia SA, puesto que en el contenido de dicha documentación, como son las Órdenes de Pago, inclusive se registran los pagos con documentos bancarios, los mismos que no fueron correctamente valorados por la Administración Tributaria; afirmación que se refuerza más cuando la empresa recurrente adjunto a su memorial de Recurso de Alzada presentó fotocopias debidamente legalizadas por el Banco Mercantil SA, de los cheques de la cuenta corriente M/E No. 4010599412, entre ellos se encuentran los cheques Nos. 85154 y 86811, de 24 de mayo y 11 de noviembre de 2008, girados por importes de $us731 y $us1.155 a favor de Maribel Alba Villanueva y Nicolás Avelino Vinoya Rocabado, propietarios de los rótulos comerciales “SEAL Representaciones” y “Metal C”, respectivamente; documentos que en definitiva demuestran la efectiva realización de las operaciones transaccionales de la empresa NCD Bolivia S.A.
Finalmente pide dejar en claro que la propia Administración Tributaria cuando el Sujeto Pasivo presentó los descargos a la Vista de Cargo, los valoró y de forma correcta consideró válidas la presentación de las Órdenes de Pagos y las Órdenes de Compras o de Servicios, si bien en el inicio de la verificación requirió la presentación de los medios de pago y la instancia de alzada consideró que la prueba presentada en etapa recursiva no cumple con el Artículo 81 de la Ley 2492, sin embargo se debe tomar en cuenta que en búsqueda de la verdad material, el análisis y valoración de las Órdenes de Pago, refiere que los pagos de las transacciones observadas fueron efectuadas a través de cheques, por lo que dicha documentación complementa los documentos presentados en el inicio de la verificación respecto al pago efectivo realizado a sus proveedores.
Solicita se dicte sentencia declarando improbada la demanda, manteniendo firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico 1725/2013.
Que, la Gerencia GRACO Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales en uso de las atribuciones conferidas por el Código Tributario Boliviano Ley 2492, dando cumplimiento a la Orden de Verificación No. 0011OvI04873, el Departamento de Fiscalización dependiente de la Gerencia GRACO Santa Cruz, ha procedido a la verificación del cumplimiento que este dio a las disposiciones legales relativas al Impuesto al Valor Agregado (IVA) pertinente al crédito fiscal del periodo enero a diciembre de la gestión 2008, referente a las facturas de compras detalladas en el F-7520 cuyas diferencias fueron detectadas a través de los cruces de información, las mismas han sido declaradas por el sujeto pasivo en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2008, por lo que al haber establecido la Administración Tributaria que el contribuyente y/o responsable no ha determinado el impuesto conforme a Ley consignado en las declaraciones juradas presentadas por los referidos periodos e impuestos fiscalizados, el 20 de septiembre de 2012 se emitió la Vista de Cargo 7912-720-0011OVI04873-272/2012, notificada mediante cédula al representante legal del contribuyente NCD BOLIVIA S.A., haciendo el análisis a los descargos presentados por el contribuyente se estableció que las mismas no fueron suficientes para desvirtuar las observaciones establecidas en la Vista de Cargo señalada, por lo que en tal antecedente se emite la Resolución Determinativa 17-00581-12, donde se resuelve determinar de oficio, por conocimiento cierto de la materia imponible las obligaciones impositivas del contribuyente NCD Bolivia S.A., la misma ascendía a Bs411.193,. a la fecha de emisión de la Resolución Determinativa, debidamente notificado con dicho acto administrativo, el sujeto pasivo interpuso el correspondiente Recurso de Alzada impugnando la Resolución Determinativa, luego de realizados los trámites pertinentes el Recurso es resuelto mediante la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0522/2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Santa Cruz que resolvió confirmar la Resolución Determinativa No. 17-000581-12 de 28 de diciembre, en conocimiento de dicha determinación el contribuyente interpuso en contra de la citada Resolución el Recurso Jerárquico, por lo que el 17 de septiembre 2013 la Autoridad demandada emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1725/2013 que revoca parcialmente la Resolución de Alzada, acto administrativo que dio lugar al presente proceso contencioso administrativo.
1.- Si la Resolución del Recurso Jerárquico pretende sobreponer la Verdad Material sobre la Verdad Formal al incumplirse lo establecido por el Artículo 81 del Código Tributario.
Antes de ingresar a resolver la controversia, corresponde señalar que vistos los antecedentes del proceso, la fundamentación de derecho y reconocida como se encuentra la competencia del Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Plena, para la resolución de la controversia, tomando en cuenta la naturaleza del proceso contencioso administrativo que reviste las características de un juicio de puro derecho, en el que el Tribunal sólo analiza la correcta aplicación de la ley a los hechos expuestos, en este caso por la parte demandante, corresponde realizar el control judicial sobre los actos ejercidos por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.
El acto administrativo impugnado en el presente proceso, se encuentra contenido en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1725/2013 de 17 de septiembre, que Revocó parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA Nº 0522/2013 de 24 de junio, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, que a su vez, confirmó la Resolución Determinativa No. 17-00581-12 de 28 de diciembre, por la que la Administración Tributaria determinó una deuda tributaria de Bs.411.193, equivalentes a UFV's 228.442, emergente del Tributo Omitido, mantenimiento de valor, intereses, la multa por omisión de pago y la multa por incumplimiento de deberes formales.
Según sostiene la Administración Tributaria, la Autoridad demandada ha emitido la Resolución Jerárquica prescindiendo totalmente de la sana crítica que tiene el juzgador a momento de impartir justicia y sin valorar lo señalado y descrito en el Artículo 81 del Código Tributario, toda vez que no se consideró la oportunidad de la prueba y que en los procesos tributarios y administrativos los plazos son perentorios y de cumplimiento, pretendiendo sobreponer la Verdad Material sobre la Verdad Formal.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el proceso y los Anexos con antecedentes de actuados en sede administrativa, se tiene:
La Administración Tributaria, dando cumplimiento a la Orden de Verificación Nº 0011OVI04873, el Departamento de Fiscalización dependiente de la Gerencia GRACO Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales, ha procedido a la verificación de las obligaciones impositivas del contribuyente NCD Bolivia S.A., con el objeto de comprobar el cumplimiento que éste ha dado a las disposiciones legales relativas al Impuesto al Valor Agregado (IVA), “Verificación Específica Crédito Fiscal” referente únicamente a las facturas de compras detalladas en el F-7520 cuyas diferencias fueron detectadas a través de cruces de información, las mismas que han sido declaradas por el sujeto pasivo en los periodos de enero a diciembre de 2008.
La Administración Tributaria alega que de conformidad con el Artículo 81 de la Ley 2492, la presentación de las pruebas de reciente obtención debe efectuarse hasta antes de la emisión de la Resolución Determinativa, en caso de que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, sin embargo en el presente caso, no han sido presentadas ante el requerimiento ni tampoco se ha dejado constancia de su existencia, además la Resolución Determinativa ya emitida y notificada, por lo que al ser ofrecida fuera de plazo, con carácter previo el contribuyente deberá probar que la omisión de su presentación oportuna no fue por causa propia, situación que en el presente caso no ha ocurrido con la presentación de los medios de pago de las facturas 5243 y 444 para poder validarlas, pretendiendo sobreponer la Verdad Material sobre la Verdad Formal.
La Autoridad General de Impugnación Tributaria, al contestar la demanda refiere que respecto a la Factura No. 5243 emitida el 10 de enero de 2008 por SEAL Representaciones de Maribel Alba Villanueva a NCD Bolivia S.A., ante la Vista de Cargo presentó: Orden de Pago No. 100100000597, en el que se registra el pago de la Factura No. 5243 por $us 651.- a través del Cheque No. 85154 del Banco Mercantil Santa Cruz (BMSC) y la cuenta corriente y la cuenta corriente No. 4010599412 M/E, además cuenta con la firma y sello del receptor o beneficiario del pago; a su vez, acompañó la Orden de Servicio No. 100200000326, emitida por NCD Bolivia S.A. en el que se describe como requerimiento, el “Servicio y mantenimiento y reparación de bomba inyectora” por $us 651. En cuanto a la Factura No. 444, se tiene que ésta fue emitida el 23 de julio de 2008 por “Metal C” de Nicolás Avelino Vinoya Rocabado, por la que se presentó la Orden de Pago No. 100100003878 que registra el pago de la citada factura por $us 525 a través del Cheque No. 86811 y la Cuenta Corriente No. 4010599412 M/E del Banco Mercantil Santa Cruz S.A., el que cuenta con la firma y sello del receptor o beneficiario del pago; documento al que también adjuntó la Orden de Servicio No. 100200002497 de NCD Bolivia S.A., que describe como requerimiento el “Alquiler de maquinaria y equipo motogenerador” por $us 525.
De lo anterior se evidencia que la documentación descrita refleja el movimiento de las transacciones efectivamente realizadas por parte de NCD Bolivia S.A., puesto que en el contenido de dicha documentación como son las Órdenes de Pago, inclusive se registran los pagos con documentos bancarios, los mismos que no fueron correctamente valorados por la Administración Tributaria, cabe dejar en claro que la propia Administración Tributaria cuando el Sujeto Pasivo presentó los descargos a la Vista de Cargo, los valoró y de forma correcta consideró válidas la presentación de las Órdenes de Pagos y las Órdenes de Compras o de Servicios, si bien en el inicio de la verificación requirió la presentación de los medios de pago y la instancia de alzada consideró que la prueba presentada en etapa recursiva no cumple con el Artículo 81 de la Ley 2492, sin embargo se debe tomar en cuenta que en búsqueda de la verdad material, el análisis y valoración de las Órdenes de Pago, refiere que los pagos de las transacciones observadas fueron efectuadas a través de cheques, por lo que dicha documentación complementa los documentos presentados en el inicio de la verificación respecto al pago efectivo realizado a sus proveedores.
Respecto a la Verdad Material que hace referencia la Autoridad demandada, corresponde señalar que la doctrina ha establecido que uno de los principios más importantes que inspiran el procedimiento administrativo es el principio de verdad material, según el cual la Autoridad Administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo para sus decisiones, para lo cual deberá munirse de todos los medios probatorios necesarios, y si estos no son lo suficientemente válidos según su sana critica, la Autoridad Administrativa queda facultada a razonar bajo el principio de verdad material.
El tratadista Juan Carlos Cassagne manifiesta: “… En el procedimiento administrativo, el órgano que lo dirige e impulsa ha de ajustar su actuación a la verdad objetiva o material, con prescindencia o no de lo alegado y probado por el administrado. De esta manera, el acto administrativo resulta independiente de la voluntad de las partes”. (Derecho Administrativo II- Abeledo-Perrot-Buenos Aires Argentina, pag. 321).
En comprensión del Tribunal Constitucional Plurinacional, expresada a través de la Sentencia N° 1662/2012 de 1 de octubre, la verdad material se trata de “…aquella verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja o distorsione la percepción de los hechos a la persona encargada de juzgar a otro ser humano, o de definir sus derechos y obligaciones, dando lugar a una decisión injusta que no responda a los principios, valores y valores éticos consagrados en la Norma Suprema de nuestro país, a los que, todas las autoridades del Órgano Judicial y de otras instancias, se encuentran impelidos a dar aplicación, entre ellas, al principio de verdad material, por sobre la limitada verdad formal.”
De acuerdo a lo alegado por las partes así como de las citas anteriores, a efecto de determinar la verdad material en oposición a la verdad formal, esta última deberá significar una restricción o distorsión de los hechos, que derive en una situación injusta y que no responda a principios y valores que sustentan la constitución y las leyes. En el caso presente, la Autoridad demandada basó su Resolución en aplicación del principio de Verdad Material en oposición a la Verdad Formal, argumento que se refuerza por lo dispuesto por el Artículo 200 de la Ley Nº 3092 (CTB) que establece que los recursos administrativos, responderán además de los principios descritos en el Artículo 4 de la Ley Nº 2341 (LPA), al Principio de oficialidad o de impulso de oficio, siendo la finalidad de los recursos administrativos al establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como el del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus obligaciones tributarias hasta que en debido proceso se pruebe lo contrario, por todo lo anterior este Tribunal Supremo de Justicia no encuentra que sea evidente lo afirmado en la demanda por la Administración Tributaria.
Del análisis precedente, éste Tribunal Supremo habiendo verificado los actos administrativos sobre los que la autoridad jurisdiccional ejerce control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa, determina que la Autoridad General de Impugnación Tributaria al haber pronunciado la Resolución ahora impugnada no ha causado agravios a la entidad demandante por lo que conforme a los fundamentos expuestos corresponde confirmar la Resolución Jerárquica.
POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución conferida por los arts. 4 y 6 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014 y, lo dispuesto en los arts. 778 y 781 del Código Procedimiento Civil, declara IMPROBADA la demanda contencioso administrativa de fs. 45 a 50, de obrados interpuesta por la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales, declarándose firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT R.J. No. 1725/2013 de 17 de septiembre pronunciada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.