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Timestamp: 2020-01-22 16:23:19
Document Index: 19467360

Matched Legal Cases: ['in dubio', 'in dubio', 'in dubio', 'in dubio', 'in dubio', 'in fine', 'in dubio', 'in dubio', 'in dubio']

sent 88001233100020020009601 (25.910)-12 caso analogo | Derecho penal | Caso de ley
sent 88001233100020020009601 (25.910)-12 caso analogo
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CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA - SUBSECCION A
Consejero Ponente: HERNAN ANDRADE RINCON Bogot, D. C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil doce (2012) Radicacin: Expediente: Actor: Demandado: Referencia: DIRECTA 880012331000200200096 01 (25.910) 25.910 CELSO ALBERTO GORDON GUZMAN Y OTROS FISCALIA GENERAL DE LA NACION Y OTRO APELACION SENTENCIA REPARACION
Decide la Sala el recurso de apelacin interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de San Andrs, Providencia y Santa Catalina, el 4 de septiembre de 2003, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda. I. ANTECEDENTES
1.1.- La demanda y su trmite En escrito presentado el 20 de junio de 2002 por conducto de apoderado judicial, los seores Celso Alberto Gordon Guzmn y Silva Bent Francis, quienes actan en nombre propio y en representacin de sus menores hijos Kim Nicholl y DSeffi Stephanie Gordon Bent; Kizzie Jiannie y Briggettlee Gordon Macariz; Tony Daby Gordon Mitchell; Sirelda Elizabeth Gordon Guerrero; Edilia Griselda y Elva Stella Gordon Guzmn; Ruperto May Britton actuando en nombre propio y en representacin de sus menores hijos Joydeth May Beltran, Ronald Samir y Jenniffer May Zuiga; Ferret May Forbes, Fredy, Quincy George y Shana Patricia May Toledo, interpusieron demanda en ejercicio de la accin de reparacin directa contra la
Expediente: 25.910 Actor: Celso Alberto Gordon Guzmn y otros Referencia: Apelacin sentencia - Reparacin directa
Nacin - Rama Judicial y la Fiscala General de la Nacin, con el fin de que se les declarara patrimonialmente responsables por los perjuicios ocasionados por la privacin injusta de la libertad de la cual fueron objeto los seores Celso Alberto Gordon Guzmn y Ruperto May Britton dentro de un proceso penal adelantado en su contra. Como consecuencia de la anterior declaracin, solicitaron que se condenara a la entidad pblica demandada a pagar, por concepto de perjuicios morales, el monto equivalente en pesos a 1.000 salarios mnimos legales mensuales vigentes para cada uno de los demandantes; por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de dao emergente, deprecaron las sumas de $ 12000.000 y $ 4000.000 a favor de los seores Celso Alberto Gordon Guzmn y Ruperto May Britton, respectivamente y, en la modalidad de lucro cesante, las cantidades de $16619.086 y $7573.097 a favor de los referidos demandantes.
Como fundamentos fcticos de sus pretensiones se narraron, los que a continuacin se transcriben:
Como consecuencia de la denuncia presentada por Adalgiza Gonzlez de Marsiglia, el da 5 de mayo de 1997, ante la Procuradura Departamental de San Andrs Isla y el traslado que esta entidad hizo a la Fiscala Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de San Andrs, se inici por parte del Fiscal 44 una investigacin en contra de Celso Alberto Gordon Guzmn y Ruperto May Britton. Mediante resolucin de fecha 24 de septiembre de 1999, la Fiscala 26 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de San Andrs, isla, resolvi la situacin jurdica de Celso Alberto Gordon Guzmn y Ruperto May Britton decretando en su contra medida de aseguramiento consistente en detencin preventiva sin libertad provisional. La medida de aseguramiento se les profiri por considerarlos presuntos responsables del delito de concusin. Cerrada la investigacin, el funcionario instructor profiri resolucin de acusacin el da 7 de enero de 2000, contra Celso
Alberto Gordon Guzmn y Ruperto May Britton, como coautores del referido delito. Por otro lado y con fundamento en la denuncia presentada por la seora Luisa Irene Arboleda se inici otra investigacin por el delito de Concusin en contra de Celso Alberto Gordon Guzmn, la cual tambin culmin con resolucin de acusacin y fue acumulada, en la etapa de juzgamiento, a aquella de que se viene de relatar. Correspondi el conocimiento de ambas al extinto Juzgado Segundo Penal del Circuito de San Andrs, despacho ste que al momento de proferir sentencia, determin absolver a los seores Celso Alberto Gordon Guzmn y Ruperto May Britton de los cargos formulados en estas causas acumuladas. Por tal decisin, a los seores Celso Alberto Gordon Guzmn y Ruperto May Britton se les concedi la libertad y se orden la devolucin de las cauciones que haban prestado. La anterior decisin cobr ejecutoria el da 20 de junio de 2000. Aunque el fallo se bas en la aplicacin del in dubio pro reo, el Estado someti injustamente a estos ciudadanos a un proceso penal y la consiguiente privacin de la libertad, sin lograr desvirtuar la presuncin de inocencia que los amparaba. 1
Administrativo de San Andrs, providencia y Santa Catalina mediante provedo de fecha 2 de julio de 2002, el cual se notific en legal forma a las entidades demandadas y al Ministerio Pblico 2.
1.2.- La Nacin Rama Judicial, representada por la Direccin Ejecutiva de Administracin Judicial, mediante apoderado judicial dio oportuna contestacin a la demanda, se opuso a la prosperidad de sus pretensiones y seal los siguientes argumentos de defensa:
Seal la demandada que, si bien a los ahora demandantes se le impuso medida de aseguramiento consistente en detencin preventiva, la cual posteriormente fue revocada en virtud de la
Fls. 2 a 31 C. 1. Fls. 60 a 66 C. 1.
sentencia absolutoria en su favor, tal hecho no constituye una falla en el servicio de Administracin de Justicia porque, los demandantes fueron absueltos por duda y no porque se les hubiere probado su inocencia, ya que se le hace ms dao a la sociedad condenando a un inocente que dejando libre a un delincuente. A lo cual agreg que de acuerdo con las pautas establecidas por el Consejo de Estado, el error jurisdiccional y la consecuente falla del servicio por privacin injusta de la libertad se produce cuando la actuacin del ente investigador ha sido deficiente, abiertamente ilegal y/o errada; sin embargo, adujo la demandada, en este caso la conducta desplegada por los encargados de tramitar la instruccin penal en contra de tal persona estuvo fundada en el ejercicio propio de sus funciones, amn de que la misma se adelant dentro del marco normativo previsto para el efecto3. Durante el correspondiente trmino de fijacin en lista del proceso, la Fiscala General de la Nacin guard silencio4.
1.3.- Vencido el perodo probatorio, dispuesto en providencia proferida el 22 de octubre de 2002 y fracasada la etapa de conciliacin, el Tribunal de primera instancia dio traslado a las partes para presentar alegatos de conclusin y al Ministerio Pblico para que rindiera concepto mediante auto de 14 de marzo de 20035.
La parte actora reiter los argumentos expuestos con la demanda e insisti en que la privacin de la libertad de los seores Celso Alberto Gordon Guzmn y Ruperto May Britton era una carga que no estaban en la obligacin de soportar, habida cuenta de que el Estado no
Fls. 67 a 77 C. 1. Fl. 44 C. 1. Fls. 95 y 178 C. 1.
cumpli con la carga de desvirtuar la presuncin de inocencia que los ampara, razn por la cual deba responder patrimonialmente por el dao antijurdico que les haba causado6. En sus alegatos, la Fiscala General de la Nacin manifest que los ahora demandantes estaban en la obligacin de soportar o sufrir la medida de aseguramiento porque la misma se ajust en un todo a las normas sustantivas y procesales y, en esa medida, se justificaba, a lo cual agreg que tampoco resulta procedente la solicitud de indemnizacin con fundamento en el artculo 414 del C.P.P., comoquiera que los sindicados fueron absueltos en virtud del principio in dubio pro reo7. En su concepto, el Agente del Ministerio Pblico manifest que deban denegarse las splicas de la demanda, por considerar que en el presente asunto no se configur falla alguna del servicio por parte de las entidades pblicas demandadas que comporte la indemnizacin de perjuicios deprecados por los demandantes8.
Dentro de esta oportunidad procesal la Direccin Ejecutiva de Administracin Judicial guard silencio 9.
1.4.- La sentencia de primera instancia Cumplido el trmite legal correspondiente, el Tribunal Administrativo de San Andrs, Providencia y Santa catalina profiri sentencia el 4 de septiembre de 2003, oportunidad en la cual deneg las splicas de la demanda, por considerar bsicamente, que la decisin adoptada por
Fls. 179 a 186 C. 1. Fls. 210 a 221 C. 1. 8 Fls. 230 a 235 C. 1. 9 Fls. 236 C. 1.
el ente investigador consistente en privar a los hoy demandantes de su libertad, estuvo fundada en pruebas suficientes que comprometan su responsabilidad por el delito por el cual se los investig, razn por la cual dicha privacin de la libertad no comport un dao antijurdico y, por lo tanto, era una carga que deban soportar, amn de que la sentencia absolutoria se profiri con fundamento en el principio del in dubio pro reo. A tal conclusin lleg el Juzgador de primera instancia luego de realizar el siguiente razonamiento:
En este caso la administracin judicial actu en relacin con unos hechos que constituyen delito y frente a unos funcionarios pblicos que fueron sealados de manera directa como autores de los mismos, pero que, como el juez de la causa lo interpret en ejercicio de la autonoma de que ha sido investido por la Constitucin y la ley, Este es un evento de oposicin entre verdad material y garantas procesales, con las consecuencias inherentes. Es el precio que paga el Estado por la laxitud de las formas, cuando degeneran en irregularidades jurdicamente insoportables, motivo por el cual decide fallar aplicando el aforismo in dubio pro reo que indudablemente favorece a los procesados, pero que de ninguna manera deslegitima el actuar de la administracin de justicia cuando adopt la medida de aseguramiento en su contra, con fundamento en previsiones legales contenidas en el Cdigo de Procedimiento Penal; no observa la Sala que el obrar de la Fiscala ni del juez de la causa en alguna de las piezas procesales por las cuales adopt la medida de aseguramiento fuese manifiestamente opuesta a la ley. En efecto la Sala no puede afirmar que dicho actuar fue abiertamente desproporcionado, ni violatorio de los procedimientos legales. (). Se concluye entonces que el aparato judicial del Estado no caus con su legtimo actuar un dao antijurdico a los demandantes, lo que hace que se despachen desfavorablemente las splicas de la demanda.10
1.5.- El recurso de apelacin Contra la anterior decisin la parte demandante interpuso
oportunamente recurso de apelacin, el cual fue concedido por el
Fls. 237 a 255 C. Ppal.
Tribunal a quo el 25 de septiembre de 2003 y fue admitido por esta Corporacin el 27 de noviembre de esa misma anualidad 11. En la sustentacin, la parte actora insisti en que si bien es cierto que la investigacin en contra de los demandantes estuvo enmarcada dentro del ordenamiento jurdico, por lo cual fue legal y legtima, lo cierto es que el Estado no logr desvirtuar la presuncin de inocencia que ampara a las personas que son objeto de una investigacin penal, razn por la cual la privacin de la libertad que padecieron se torn injusta y, en consecuencia, se caus un dao antijurdico en perjuicio de los demandantes, por lo cual surga entonces el deber de reparar los perjuicios que les fueron irrogados12. 1.6.- Una vez se dispuso el traslado a las partes para presentar alegatos de conclusin y al Ministerio Pblico para que rindiera concepto, tanto la parte actora, como la demandada y el Ministerio Pblico guardaron silencio13. 1.7.- A travs de provedo de fecha 9 de noviembre de la presente anualidad, el Consejero de Estado, Doctor Carlos Alberto Zambrano Barrera remiti el expediente al suscrito Magistrado ponente de esta sentencia con el fin de que elabore la providencia a que hubiere lugar, segn el criterio mayoritario de la Sala, del cual respetuosamente me aparto. 14 La Sala, al no encontrar causal de nulidad alguna que pudiera invalidar lo actuado, procede a resolver de fondo el presente asunto sometido a su conocimiento.
Fls. 272 y 277 C. Ppal. Fls. 67 a 76 C. Ppal. Fls. 279 y 280 C. Ppal. Fl. 288 C. Ppal.
2.1.- Competencia de la Sala. 2.1.1.- La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, en razn del recurso de apelacin interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 4 de septiembre de 2003, por el Tribunal Administrativo de San Andrs providencia y Santa Catalina, comoquiera que de conformidad con el artculo 73 de la Ley 270, la competencia para conocer de las acciones de reparacin directa que se instauren por error jurisdiccional, por privacin injusta de la libertad o por defectuoso funcionamiento de la Administracin de Justicia, se encuentra radicada en los Tribunales Administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia, independientemente de la cuanta del proceso, es decir, sea sta igual o inferior a 500 SMLMV15. 2.1.2.- En cuanto a la oportunidad para formular la presente accin indemnizatoria, advierte la Sala que el dao por cuya indemnizacin se demand -segn se indic-, devino de la privacin injusta de la libertad de la cual fueron objeto los seores Celso Alberto Gordon Guzmn y Ruperto May Britton dentro de un proceso penal adelantado en su contra. Ahora bien, para determinar el momento en el cual ha de efectuarse el cmputo del trmino de caducidad de la accin de reparacin directa para el caso concreto, la Sala tendr como punto de referencia el da siguiente al de la fecha de ejecutoria de la providencia proferida el 20 de junio de 2000 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de San Andrs Islas, mediante la cual se decidi absolver a las citados personas de los cargos que le fueron formulados, esto es el 30 de junio de esos mismo mes y ao 16, razn por la cual, por haberse
Al respecto consultar las precisiones que sobre el particular realiz la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado a travs de Auto del 9 de septiembre de 2008. Exp. 110010326000200800009 00. 16 En ese mismo sentido consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Seccin Tercera, sentencia del 13 de septiembre de 2001, Exp. 13.392, M.P. Dr. Alier Hernndez Enrquez, entre muchas otras.
interpuesto la demanda el 20 de junio de 2002, se impone concluir que la misma se interpuso dentro de los 2 aos que establece el numeral 8 del artculo 136 del C.C.A.
2.2.- Rgimen de responsabilidad extracontractual del Estado derivado de la afectacin al derecho de la libertad personal. Previo a analizar los supuestos de responsabilidad aplicables al caso concreto, resulta necesario precisar que la demanda de la referencia tiene por objeto la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado por razn de la privacin injusta de la libertad a la cual fueron sometidos los seores Celso Alberto Gordon Guzmn y Ruperto May Britton desde el 24 de septiembre de 1999 al 30 de junio de 2000 -fecha en que qued ejecutoriada la sentencia absolutoria en su favor-, de manera tal que se evidencia que los hechos que se someten a conocimiento de la Sala deben ser analizados con base en la Ley 270 de 1996. En este sentido, procede comenzar por hacerse alusin al artculo 65 de la Ley 270, cuyo tenor literal es el siguiente:
ARTCULO 65. DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. El Estado responder patrimonialmente por los daos antijurdicos que le sean imputables, causados por la accin o la omisin de sus agentes judiciales. En los trminos del inciso anterior el Estado responder por el defectuoso funcionamiento de la administracin de justicia, por el error jurisdiccional y por la privacin injusta de la libertad.
Respecto de la norma legal transcrita, la Sala ha considerado que su interpretacin no se agota con la declaracin de la responsabilidad del Estado por detencin injusta, cuando sta sea ilegal o arbitraria. En reiterada jurisprudencia17, se ha determinado que las hiptesis de
Consejo de Estado, Seccin Tercera, sentencias proferidas el dos de mayo de 2007, expediente: 15.463, actor: Adiela Molina Torres y otros y el 26 de marzo de 2008, expediente 16.902, actor: Jorge Gabriel Morales y otros, ambas con ponencia del Consejero, Doctor
responsabilidad objetiva, tambin por detencin injusta, mantienen vigencia para resolver, de la misma forma, la responsabilidad del Estado derivada de privaciones de la libertad, es decir que despus de la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996, cuando una persona privada de la libertad sea absuelta, se configura un evento de detencin injusta. Lo anterior en virtud de la clusula general de responsabilidad patrimonial del Estado prevista en el artculo 90 de la Constitucin Poltica; en ese sentido, la Sala mediante sentencia del 2 de mayo de 2007, precis:
Como corolario de lo anterior, ha de entenderse que la hiptesis precisada por el artculo 68 de la Ley 270 de 1996, en la cual procede la declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado por detencin injusta, en los trminos en que dicho carcter injusto ha sido tambin concretado por la Corte Constitucional en el aparte de la sentencia C-03[7] de 1996 en el que se analiza la exequibilidad del proyecto del aludido artculo 68 y que se traduce en una de las diversas modalidades o eventualidades que pueden generar responsabilidad del Estado por falla del servicio de Administracin de Justicia, esa hiptesis as precisada no excluye la posibilidad de que tenga lugar el reconocimiento de otros casos en los que el Estado deba ser declarado responsable por el hecho de haber dispuesto la privacin de la libertad de un individuo dentro del curso de una investigacin penal, siempre que en ellos se haya producido un dao antijurdico en los trminos del artculo 90 de la Constitucin Poltica. Tal es la interpretacin a la que conducen no slo las incuestionables superioridad y preeminencia que le corresponden al citado canon constitucional, sino tambin una hermenutica armnica y sistemtica de los comentados preceptos de la misma Ley 270 de 1996, as como los razonamientos plasmados por la propia Corte Constitucional en la sentencia C-03[7] de 1997, mediante la cual los encontr ajustados a la Carta Fundamental. En consecuencia, los dems supuestos en los cuales el juez de lo contencioso administrativo ha encontrado que la privacin de la libertad ordenada por autoridad competente ha conducido a la produccin de daos antijurdicos, con arraigo directamente en el artculo 90 de la Carta, tienen igualmente asidero tanto en la regulacin que de este mbito de la responsabilidad estatal efecta la Ley Estatutaria de la Administracin de Justicia, como en la jurisprudencia de la Corte Constitucional relacionada con este asunto. De manera que aquellas hiptesis en las cuales la evolucin de la jurisprudencia del Consejo de Estado a la que se hizo
Mauricio Fajardo Gmez.
referencia en apartado precedente ha determinado que concurren las exigencias del artculo 90 de la Constitucin para declarar la responsabilidad estatal por el hecho de la Administracin de Justicia al proferir medidas de aseguramiento privativas de la libertad, mantienen su aplicabilidad tras la entrada en vigor de la Ley 270 de 1996 18.
Ahora bien, la Sala en relacin con la responsabilidad del Estado derivada de la privacin de la libertad de las personas, dispuesta como medida de aseguramiento dentro de un proceso penal, no ha sostenido un criterio uniforme cuando se ha ocupado de interpretar y aplicar el artculo 414 del Cdigo de Procedimiento Penal 19. En efecto, la jurisprudencia se ha desarrollado en cuatro distintas direcciones, como en anteriores oportunidades se ha puesto de presente20. En una primera etapa la Sala sostuvo que la responsabilidad del Estado por la privacin injusta de la libertad de las personas se fundamentaba en el error judicial que se produce como consecuencia de la violacin del deber que tiene toda autoridad judicial de proferir sus resoluciones conforme a Derecho, previa una valoracin seria y razonable de las distintas circunstancias del caso y sin que resultara relevante el estudio de la conducta del juez o magistrado a efecto de establecer si estuvo caracterizada por la culpa o el dolo 21. Bajo este criterio, la medida de aseguramiento consistente en detencin preventiva se tena como una carga que todas las personas tenan el deber de soportar22.
Consejo de Estado, Seccin Tercera, sentencia del dos de mayo de 2001, expediente: 15.463, actor: Adiela Molina Torres y otros, M.P. Mauricio Fajardo Gmez.
El tenor literal del precepto en cuestin es el siguiente: Artculo 414. Indemnizacin por privacin injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podr demandar al Estado indemnizacin de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existi, el sindicado no lo cometi, o la conducta no constitua hecho punible, tendr derecho a ser indemnizado por la detencin preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave. 20 Consejo de Estado, Seccin Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, expediente: 13.168; Consejo de Estado, Seccin Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, expediente No. 15.463. 21 Consejo de Estado, Seccin Tercera, sentencia del 30 de junio de 1994, expediente nmero 9734. 22 Consejo de Estado, Seccin Tercera, sentencia del 25 de julio de 1994, expediente 8.666.
Ms adelante, en una segunda direccin, se indic que la carga procesal de demostrar el carcter injusto de la detencin con el fin de obtener la indemnizacin de los correspondientes perjuicios carga consistente en la necesidad de probar la existencia de un error de la autoridad jurisdiccional al ordenar la medida privativa de la libertad fue reducida solamente a aquellos casos diferentes de los contemplados en el artculo 414 del Cdigo de Procedimiento Penal 23, pues en relacin con los tres eventos sealados en esa norma legal se estim que la ley haba calificado de antemano que se estaba en presencia de una detencin injusta24, lo cual se equiparaba a un tipo de responsabilidad objetiva, en la medida en que no era necesario acreditar la existencia de una falla del servicio25. En una tercera lnea, tras reiterar el carcter injusto atribuido por la ley a aquellos casos enmarcados dentro de los tres supuestos previstos en el artculo 414 del Cdigo de Procedimiento Penal, la Sala aadi la precisin de acuerdo con la cual el fundamento del compromiso para la responsabilidad antijuridicidad del Estado en estos tres supuestos no es la de la conducta del agente del Estado, sino la
antijuridicidad del dao sufrido por la vctima, en tanto que sta no tiene la obligacin jurdica de soportarlo 26, reiterando que ello es as independientemente de la legalidad o ilegalidad del acto o de la actuacin estatal o de que la conducta del agente del Estado causante del dao hubiere sido dolosa o culposa27.
Otros casos de detencin injusta, distintos de los tres previstos en el artculo 414 del Cdigo de Procedimiento Penal, podran ser, por va de ejemplo, los siguientes: detencin por delitos cuya accin se encuentra prescrita; detencin por un delito que la legislacin sustrae de tal medida de aseguramiento; detencin en un proceso promovido de oficio, cuando el respectivo delito exige querella de parte para el ejercicio de la accin penal, etc. 24 Consejo de Estado, Seccin Tercera, sentencia del 17 de noviembre de 1995, expediente 10.056. 25 Consejo de Estado, Seccin Tercera, sentencia del 12 de diciembre de 1996, expediente 10.229. 26 Consejo de Estado, Seccin Tercera, sentencia de 4 de abril de 2.002, expediente 13.606. 27 Consejo de Estado, Seccin Tercera, sentencia del 27 de septiembre de 2000, expediente 11.601.
Finalmente, y en un cuarto momento, la Sala ampli la posibilidad de que se pudiera declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detencin preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente, por entenderse que en aquellos eventos en los cuales se aplique el principio in dubio pro reo para absolver de responsabilidad penal a un individuo, se causa un dao antijurdico en perjuicio de ste, toda vez que aunque la privacin de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado, se abre paso al reconocimiento de la obligacin, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que ste no se encuentre en el deber jurdico de soportarlos cosa que puede ocurrir, por va de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la vctima da lugar a que se profiera, en su contra, la medida de aseguramiento28. Estas ltimas tesis han estado fundadas en la primaca de los derechos fundamentales, en la consecuente obligacin estatal de garantizar el amparo efectivo de los mismos y en la inviolabilidad de los derechos de los ciudadanos entre los cuales se cuenta, con sumo grado de importancia, el derecho a la libertad. En relacin con estos aspectos, la Sala, en sentencia proferida el 4 de diciembre de 2006, precis:
Lo cierto es que cualquiera que sea la escala de valores que individualmente se defienda, la libertad personal ocupa un lugar de primer orden en una sociedad que se precie de ser justa y democrtica. Por consiguiente, mal puede afirmarse que experimentar la prdida de un ingrediente fundamental para la realizacin de todo proyecto de vida, pueda considerarse como una carga pblica normal, inherente al hecho de vivir dentro de una comunidad jurdicamente organizada y a la circunstancia de ser un sujeto solidario. Si se quiere ser coherente con el postulado de acuerdo con el cual, en un Estado Social y Democrtico de
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccin Tercera, sentencia del dos (2) de mayo de dos mil siete (2.007); Radicacin No.:20001-23-31-000-3423-01; Expediente No. 15.463; Actor: Adiela Molina Torres y otros; Demandado: Nacin Rama Judicial.
Derecho la persona junto con todo lo que a ella es inherente ocupa un lugar central, es la razn de la existencia de aqul y a su servicio se hallan todas las instituciones que se integran en el aparato estatal, carece de asidero jurdico sostener que los individuos deban soportar toda suerte de sacrificios, sin compensacin alguna, por la nica razn de que resultan necesarios para posibilitar el adecuado ejercicio de sus funciones por las autoridades pblicas Y es que si bien es cierto que en el ordenamiento jurdico colombiano la prevalencia del inters general constituye uno de los principios fundantes del Estado a voces del artculo 1 in fine de la Constitucin Poltica, no lo es menos que el artculo 2 de la propia Carta eleva a la categora de fin esencial de la organizacin estatal la proteccin de todas las personas residentes en Colombia en sus derechos y libertades. Ello implica que la procura o la materializacin del inters general, no puede llevarse a cabo avasallando inopinada e irrestrictamente las libertades individuales, pues en la medida en que la salvaguarda de stas forma parte, igualmente, del contenido teleolgico esencial con el que la Norma Fundamental programa y limita la actividad de los distintos rganos del Estado, esa proteccin de los derechos y libertades tambin acaba por convertirse en parte del inters general De ah que los derechos fundamentales se configurasen como lmites al poder29 y que, actualmente, se sostenga sin dubitacin que el papel principal del Estado frente a los coasociados se contrae al reconocimiento de los derechos y libertades que les son inherentes y a ofrecer la proteccin requerida para su preservacin y respeto 30. No en vano ya desde la Declaracin de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, adoptada por la Asamblea Nacional Constituyente francesa el 26 de agosto de 1798 31, en su artculo 2, con toda rotundidad, se dej consignado: Artculo 2. El fin de toda asociacin poltica es la conservacin de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresin Despus de la vida, el derecho a la libertad constituye fundamento y presupuesto indispensable para que sea posible el ejercicio de los dems derechos y garantas de los que es titular el individuo. No es gratuito que, en el catlogo de derechos fundamentales contenido en el Captulo 1 del Ttulo II de la Constitucin Poltica, inmediatamente despus de consagrar el derecho a la vida artculos 11 y 12 se plasme el derecho a la libertad. La garanta de
Sobre el punto, vese DE ASIS ROIG, Agustn, Las paradojas de los derechos fundamentales como lmites al poder, Debate, Madrid, 1992; RODRGUEZ-TOUBES MUIZ, Joaqun, La razn de los derechos, Tecnos, Madrid, 1995. 30 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I, Introduccin, Universidad Externado de Colombia, Bogot, D.C., 2003, p. 375. 31 Se toma la cita de la trascripcin que del texto de la Declaracin efecta FIORAVANTI, Maurizio, Los derechos fundamentales..., cit., p. 139.
la libertad es, a no dudarlo, el principal rasgo distintivo entre las formas de Estado absolutistas, totalitarias y el Estado de Derecho. Todo lo expuesto impone, ineludiblemente, la mxima cautela antes de calificar cualquier limitacin a la libertad, como una mera carga pblica que los individuos deben soportar por el hecho de vivir en comunidad.
As las cosas, se tiene que el ordenamiento jurdico colombiano, orientado por la necesidad de garantizar, de manera real y efectiva, los derechos fundamentales de los ciudadanos, no puede escatimar esfuerzos, por tanto no se puede entender que los administrados estn obligados a soportar como una carga pblica la privacin de la libertad y que, en consecuencia, estn obligados a aceptar como un beneficio o una suerte que posteriormente la medida sea revocada. No, en los eventos en que ello ocurra y se configuren causales como las previstas en el citado artculo 414 del C. de P. C., o incluso cuando se absuelva al detenido por in dubio pro reo sin que opere como eximente de responsabilidad la culpa de la vctima el Estado est llamado a indemnizar los perjuicios que hubiere causado por razn de la imposicin de una medida de detencin preventiva que lo hubiere privado del ejercicio del derecho fundamental a la libertad, pues esa es una carga que ningn ciudadano est obligado a soportar por el slo hecho de vivir en sociedad32. La Sala ha considerado necesario presentar estas reflexiones respecto del rgimen de responsabilidad aplicable al caso concreto y las normas que rigen la materia, las cuales sern tenidas en cuenta para valorar la prueba obrante en el proceso, con el fin de establecer si estn demostrados en este caso, los elementos de la responsabilidad de la entidad demandada respecto de la privacin injusta de la libertad de la cual fueron objeto los seores Celso Alberto Gordon Guzmn y Ruperto May Britton.
En similares trminos puede consultarse, por ejemplo, Consejo de Estado, Seccin Tercera, sentencias del 8 de julio de 2009, Exp. 17.517, 25 de febrero del 2009, Exp. 25.508 y del 15 de abril del 2010, Exp. 18.284, M.P. Mauricio Fajardo Gmez.
2.3.- Los elementos de prueba allegados al proceso. La Sala entrar a analizar las pruebas aportadas debidamente al proceso y, por ende, susceptibles de valoracin. Obran en el expediente copias autnticas de las decisiones judiciales adoptadas en el proceso penal adelantado en contra de los seores Celso Alberto Gordon Guzmn y Ruperto May Britton, las cuales fueron aportadas al proceso por el Juzgado Penal del Circuito de San Andrs Islas (cuadernos 2 y 3), entre las cuales, se encuentran las siguientes: - Providencia del 24 de septiembre de 1999, mediante el cual la Fiscala Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de San Andrs Islas profiri medida de aseguramiento consistente en detencin preventiva en contra de los seores Celso Alberto Gordon Guzmn y Ruperto May Britton, por el delito de concusin. La anterior decisin se origin en los siguientes hechos y consideraciones:
Podemos observar que la calidad de servidores pblicos de los seores Gordon Guzmn y May Britton la encontramos establecida por sus aseveraciones al respecto en sus injuradas, y el nombramiento del Director de Transito Departamental mediante Decreto 001 de 1997 de la Gobernacin del Departamento de San Andrs Islas y el acta de posesin respectiva. As tambin las funciones por ellos realizadas en sus cargos fueron detalladas en sus injuradas; cuando el seor Ruperto May Britton dice que en su calidad de servidor mecnico que cuando los carros van a revisin para obtener licencia de movilizacin, revisa las luces, frenos, limpia brisas, pito y direccin, que el automvil se encuentre en perfecto estado de funcionamiento. A su vez el seor Celso Alberto Gordon Guzmn en su calidad del Director de Trnsito Departamental dice que su funcin es supervisar a los empleados de trnsito departamental, dice que su funcin es supervisar a los empleados de Trnsito y Transporte, firmar los documentos como matrcula de vehculos, traspasos, licencia de conducir y supervisar y revisar los documentos que le toque elaborar a los funcionarios. Para la configuracin del reato investigado, el tipo contempla la necesidad de sujeto activo cualificado, es decir que ste debe ser Servidor Pblico, misma calidad que ostentan los encartados.
Sobre la posible existencia del hecho investigado tenemos que obran las declaraciones rendidas ante la Procuradura Departamental, por el seor Ruperto May Britton, respaldando las aseveraciones hechas por la seora Adalgiza Gonzlez de Marsiglia referentes a las exigencias de ndole econmico hechas por este funcionario en connivencia con el seor Celso Alberto Gordon Guzmn, para poder expedir, por parte del seor Ruperto May un certificado de revisin mecnica y a su vez por parte del seor Gordon Guzmn firmar la respectiva matrcula del vehculo. La actitud tomada por Gonzlez de Marsiglia en el sentido de entregar el dinero exigido por los funcionarios pblicos deviene de las maniobras esgrimidas por estos en el sentido de constreirla o inducirla a tal fin. (). En el caso en examen la seora Gonzlez de Marsiglia debi adherir a la voluntad de los seores Ruperto May Britton y Celso Alberto Gordon y entregar la suma de dinero para poder evitar males mayores, dado que el tiempo transcurra y los documentos respectivos no eran firmados por estos funcionarios y por ende el vehculo no le era entregado. El Despacho considera a los encartados inmersos en el delito de concusin, en calidad de coautores, dado que abusaron de sus funciones y exigieron utilidad econmica para expedir, por parte del seor Ruperto May, la licencia de movilizacin y por parte del seor Celso Alberto Gordon la matrcula de vehculo, y al final obtuvieron dicha contraprestacin econmica. Lo anterior se desprende de las declaraciones del seor Ruperto May Britton en concordancia con la de la seora Adlagiza Gonzlez cuando manifiestan que en todo momento el seor Celso Alberto y el mencionado estuvieron en contacto, a efectos de no expedir el certificado respectivo sin previa cancelacin del dinero exigido; adems ntese como en su declaracin ante la Procuradura Departamental el seor Ruperto May afirma que de los $ 200.000 M/cte. que recibi de la seora Adalgiza Gonzlez Yo recib los $ 200.000, le coment al Director y le di $100.000. No son de recibo las exculpaciones esgrimidas por el seor May Britton en el sentido de que l no declar lo que aparece en la jurada rendida ante la Procuradura Departamental, pese a que esa es su firma, dado que la misma fue recibida ante un funcionario pblico que le merece toda la credibilidad y confianza del Despacho, y en aparte alguno aparece constancia del encartado en el sentido de no estar de acuerdo con lo all consignado, adems se puede notar su inters por eludir su responsabilidad al percatarse de la magnitud de sus faltas, pudiendo notar el Despacho en su contra por lo menos un indicio de mala justificacin. Existen suficientes elementos de juicio en contra de los encartados para proferir en su contra medida de aseguramiento, la que de conformidad con lo establecido por el artculo 397 del C.P.P. ser de detencin preventiva, sin que sea dable causal de excarcelacin alguna. Teniendo en cuenta la calidad de servidores pblicos que ostentan los sindicados se oficiar a la Gobernacin del Departamento a efectos que los suspenda en el ejercicio de sus
cargos a efectos de hacer efectiva la medida de aseguramiento aqu impuesta. 33
- A travs de providencia calendada el 11 de octubre de 1999 la Fiscala Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Andrs Islas decidi confirmar el anterior provedo. 34 - Mediante providencia de fecha 7 de enero de 2000 la referida Fiscala Delegada profiri resolucin de acusacin contra los seores Celso Alberto Gordon Guzmn y Ruperto May Britton , por el delito de concusin.35 - Una vez agotado el trmite del proceso penal, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de San Andrs Islas decidi absolver a los seores Celso Alberto Gordon Guzmn y Ruperto May Britton de los delitos respecto de los cuales fueron sindicados, al tiempo que dispuso concederles la libertad. Los argumentos que tuvo en cuenta la instancia en comento para adoptar dicha decisin, fueron sustancialmente, los siguientes:
En conclusin, es verosmil, posible que el ilcito investigado fuera cometido por los acusados, pero las pruebas de cargo resultaron sumamente contradictorias y las imprevisiones no pudieron ser salvadas mediante demostraciones objetivas que las disparan, a travs de otros medios de prueba . La versin que supuestamente aclara las cosas no puede ser apreciada porque su prctica se produjo con violacin del debido proceso, en virtud de que se hicieron imputaciones penales sin presencia de un defensor a quien debi escuchrsele en versin libre y no en calidad de testigo, en virtud de las circunstancias concretas que en la investigacin disciplinaria se presentaban. Aun dentro de ella y a pesar de lo dispuesto en el artculo 73 de la Ley 200 de 1995 puede el imputado y no slo el disciplinado designar apoderado desde la indagacin preliminar y ste presentar pruebas y asistir al comprometido en versin libre, obviamente sin el apremio del juramento. A su vez, ste estatuto consagr en su artculo 18 la prevalencia de los principios rectores en l
Fls. 214 a 219 C. 2. Fls. 267 a 271 C. 2. Fl. 296 a 301 C. 2.
contenidos, as como en la Constitucin Poltica y las normas del Cdigo penal y de Procedimiento Penal contra los cuales se estn los de legalidad y debido proceso. (). Para el caso que nos ocupa constatadas las contradicciones de los testigos de cargo y las otras pruebas obrantes que no es del caso discriminar de nuevo, aun acogiendo la restriccin adoptada por la Corte Suprema de la ilegal declaracin de May, no surgen hechos objetivos, demostraciones innegables e incontrovertibles o situaciones de hecho que se puedan deslindar de la prueba ilegalmente obtenida en contra de Ruperto May y Celso A. Gordon. Es decir, cualquier induccin o deduccin partir de la aludida testificacin y en aplicacin de la teora de los frutos del rbol envenenado, deber ser desechado como evidencia, declarando la absolucin por duda de los procesados a falta de pruebas que por s mismas o en conjuncin con otras den certeza sobre la comisin del hecho punible, sus modalidades y la responsabilidad de aquellos en el ilcito investigado . En mrito de lo discurrido, se absolver a los acusados en la presente causa de los cargos formulados en la resolucin de acusacin en aplicacin del principio in dubio pro reo. 36 (Negrillas y subrayas fuera del texto original).
2.4.- Conclusiones probatorias y caso concreto. En el caso sub examine, de las pruebas aportadas al proceso se puede establecer, bsicamente, i) Que el 24 de septiembre de 1999, los seores Celso Alberto Gordon Guzmn y Ruperto May Britton fueron objeto de una medida de aseguramiento consistente en detencin preventiva, proferida por la Fiscala Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Andrs Islas, sindicados del delito de concusin y, ii) Que a travs de sentencia de fecha 20 de junio de 2000, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de San Andrs Islas decidi absolver a los seores Celso Alberto Gordon Guzmn y Ruperto May Britton del cargo que fue formulado en su contra, por cuanto no se prob la responsabilidad de los sindicados respecto del delito por el cual se lo investig.
Fl. 427 a 446 C. 1.
As pues, las circunstancias descritas evidencian que los seores Celso Alberto Gordon Guzmn y Ruperto May Britton fueron objeto de medida de aseguramiento consistente en detencin preventiva por haber sido sindicados del delito de concusin ; sin embargo, el Juez Penal correspondiente, despus de valorar detenidamente el material probatorio allegado al proceso penal, concluy que no existan pruebas suficientes sobre la responsabilidad penal por la comisin del ilcito por los ahora demandantes o, lo que es lo mismo, que no se logr demostrar que stos hubieran cometido el delito por el cual se los investig y en cuya virtud se impuso una medida restrictiva de su libertad, pues en palabras del propio juez penal, tales personas deban ser absueltas <<a falta de pruebas que por s mismas o en conjuncin con otras den certeza sobre la comisin del hecho punible, sus modalidades y la responsabilidad de aquellos en el ilcito investigado>>. As las cosas, precisa la Sala que, contrario a lo que expres dicho Despacho judicial y el propio Tribunal a quo, la referida absolucin no devino de la aplicacin del principio in dubio pro reo, comoquiera que de la lectura de la providencia que absolvi de responsabilidad penal a los sindicados, se evidencia que tal determinacin devino de la sencilla pero potsima razn consistente en que no se logr probar y menos establecer la responsabilidad penal de los seores Celso Alberto Gordon Guzmn y Ruperto May Britton, sin que en dicha decisin aparezca la aplicacin -desde el punto de vista material-, de tal postulado como pilar para concluir acerca de su absolucin de los cargos por el cual se lo priv de su libertad37. Esta sola circunstancia constituye un evento determinante de privacin injusta de la libertad, puesto que antes, durante y despus del proceso
En similar sentido consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Seccin Tercera, Subseccin A, sentencias del 9 de mayo y 12 de julio de 2012, proferidas dentro de los expedientes Nos. 20.079 y 24.008, ambas con ponencia del Consejero, Dr. Mauricio Fajardo Gmez.
penal al cual fueron vinculados los ahora demandantes, siempre mantuvieron intacta la presuncin constitucional de inocencia que los ampara y que el Estado, a travs de la entidad ahora demandada, jams le desvirtu. En consecuencia, no es posible considerar que los seores Celso Alberto Gordon Guzmn y Ruperto May Britton hubieren estado en la obligacin de soportar las consecuencias de la medida cautelar restrictiva de su libertad, en los trminos en que en ese entonces le impuso la justicia penal. Resalta la Sala que la privacin de la libertad de los hoy demandantes no se produjo entonces como consecuencia de un hecho que fuere atribuible a los sindicados, pues no se acredit en este asunto causa alguna que permita establecer que la decisin se hubiere adoptado con fundamento en una actuacin directa y exclusiva de aquellos. Adicionalmente, para la Sala no pueden pasar desapercibidas las desafortunadas afirmaciones de las entidades demandadas realizadas a lo largo del trmite de la presente accin, en el sentido de que la absolucin de los ahora demandantes no significa que sean inocentes, puesto que se le absolvi por duda, no porque hubiere probado su inocencia ya que se le hace ms dao a la sociedad condenando a un inocente que dejando libre a un delincuente. Sobre el particular, resulta necesario precisar que, tal y como lo ha manifestado la jurisprudencia de esta Seccin del Consejo de Estado, resulta desde todo punto de vista desproporcionado e injusto pretender que se le pueda exigir a un particular que hubiere sido privado de su derecho a la libertad, que asuma de forma impasible y como si se tratase de una carga pblica que todos los coasociados debieran asumir en condiciones de igualdad, tal privacin de su derecho a la libertad, en aras de salvaguardar la eficacia de las decisiones del
Estado; razonar de forma contraria significara el desconocimiento de la garanta a los derechos de libertad consignada tanto en la Carta Poltica como en tratados internacionales de los cuales el Estado Colombiano hace parte. Teniendo en cuenta las circunstancias fcticas descritas se impone concluir que no estaban los seores Celso Alberto Gordon Guzmn y Ruperto May Britton en la obligacin de soportar el dao que el Estado les irrog y que, por tanto, debe calificarse como antijurdico, calificacin que determina la consecuente obligacin para la Administracin de resarcir a los demandantes. Sobre el particular, debe decirse que en casos como este no corresponde a la parte actora acreditar nada ms all de los conocidos elementos que configuran la responsabilidad: actuacin del Estado, dao antijurdico e imputacin, extremos que se encuentran suficientemente acreditados en el expediente, pues una decisin de la Administracin de Justicia, en cabeza de la Fiscala General de la Nacin, determin que los seores Celso Alberto Gordon Guzmn y Ruperto May Britton tuvieren que padecer de la limitacin a su libertad durante ocho meses aproximadamente hasta que se los absolvi de la responsabilidad, por cuanto el hecho por el cual se los investigaba no existi. En cambio, es a la entidad demandada a quien corresponda demostrar, mediante pruebas legales y regularmente tradas al proceso, si se haba dado algn supuesto de hecho en virtud del cual pudiera entenderse configurada una causal de exoneracin, fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o culpa exclusiva y determinante de la vctima y ocurre que ninguna de estas eximentes ha sido acreditada en el plenario38.
Al respecto ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Seccin Tercera, sentencia del 8 de julio de 2009, Exp. 17.517 y del 15 de abril de 2010, Exp. 18.284, entre otras.
Por consiguiente, la Sala revocar la sentencia apelada, esto es la proferida por el Tribunal Administrativo de San Andrs, Providencia y Santa Catalina, el 4 de septiembre de 2003 y, en consecuencia, se declarar la responsabilidad patrimonial de la Fiscala General de la Nacin respecto de los hechos materia de este asunto, pues si bien cada una de las entidades demandadas (Fiscala General de la Nacin y Direccin Ejecutiva de Administracin Judicial) ostentan la representacin de la Nacin en casos en los cuales se discute la responsabilidad del Estado por hechos imputables a la Administracin de Justicia (inciso segundo del artculo 49 de la Ley 446 de 1998 39 y numeral 8 del artculo 99 de la Ley 270 de 1996 40), lo cierto es que las decisiones que se discuten en el presente litigio y que, tal como qued establecido, ocasionaron el dao por cuya indemnizacin se reclama, fueron proferidas por la Fiscala General de la Nacin, la condena ser impuesta nicamente a dicha entidad. 2.5.- Indemnizacin de perjuicios. 2.5.1. Perjuicios morales. Tal y como se indic en los antecedentes de esta sentencia, la parte actora solicit que por concepto de perjuicios morales se condenara a la demandada al pago del equivalente en pesos a 1.000 salarios mnimos legales mensuales a favor de cada uno de los demandantes. Ahora bien, en cuanto se refiere a la cuanta de la indemnizacin por tales perjuicios morales, debe recordarse que de acuerdo con lo expresado en sentencia del 6 de septiembre de 2001 41, esta Sala
En los procesos Contencioso Administrativos la Nacin estar representada por el Ministro, Director de Departamento Administrativo, Superintendente, Registrador Nacional del Estado Civil, Fiscal General, Procurador o Contralor o por la persona de mayor jerarqua en la entidad que expidi el acto o produjo el hecho. 40 () Son funciones del Director Ejecutivo de Administracin Judicial: 8. Representar a la Nacin Rama Judicial en los procesos judiciales para lo cual podr constituir apoderados judiciales. 41 Consultar sentencia del 6 de septiembre de 2001, expediente 13.232-15.646, M.P. Alier Hernndez Enrquez.
abandon el criterio segn el cual se consideraba procedente la aplicacin analgica del artculo 106 del Cdigo Penal de 1980, para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicio moral y ha considerado que la valoracin de dicho perjuicio debe ser hecha por el juzgador, en cada caso, segn su prudente juicio y ha sugerido la imposicin de condenas por la suma de dinero equivalente a cien salarios mnimos legales mensuales, en los eventos en que aqul se presente en su mayor grado de intensidad. As pues, la jurisprudencia de esta Seccin del Consejo de Estado ha manifestado que, en casos de privacin injusta de la libertad, la simple acreditacin del parentesco, para los eventos de perjuicios morales reclamados por abuelos, padres, hijos, hermanos y nietos, cuando alguno de estos ha sufrido un dao antijurdico, como el que se juzga en el presente caso, a partir del contenido del artculo 42 de la Carta Poltica42 y con base en las mximas de la experiencia, resulta suficiente para inferir que tanto el peticionario como los integrantes de su familia han padecido el perjuicio moral por cuya reparacin se demanda. Para el caso sub lite, entiende la Sala que la restriccin de la libertad a la cual fueron sometidos los seores Celso Alberto Gordon Guzmn y Ruperto May Britton causa per se, una afeccin moral que debe ser indemnizada en su favor y en el de sus familiares, amn de que obran en original y en copia autntica los respectivos registros civiles de nacimiento que acreditan la relacin de parentesco entre los citados demandantes y quienes acuden al proceso en calidad de padres, hermanos, hijos y esposas, respectivamente43. Con fundamento en todo lo anterior y con base en el criterio
La familia es el ncleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vnculos naturales o jurdicos, por la decisin libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizarn la proteccin integral de la familia. La ley podr determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables. 43 Fls. 35 a 42, 49 a 55 y 107 a 108 C. 1.
reconocimiento del monto de esta modalidad de perjuicios 44, la Sala impondr por dao moral, las siguientes sumas de dinero a favor de los demandantes que a continuacin se relacionan: Primer grupo demandante
Celso Alberto Gordon Guzmn (vctima directa) Silva Bent Francis (cnyuge) Kim Nicholl Gordon Bent (hija) DSeffi Stephanie Gordon Bent (hija) Kizzie Jiannie Gordon Macariz (hija) Briggettlee Gordon Macariz (hija) Tony Daby Gordon Mitchell (hijo) Sirelda Elizabeth Gordon Guerrero (hermana) Edilia Griselda Gordon Guzmn (hermana) Elva Stella Gordon Guzmn (hermana) Segundo grupo demandante
70 SMLMV 70 SMLMV 70 SMLMV 70 SMLMV 70 SMLMV 70 SMLMV 70 SMLMV 40 SMLMV 40 SMLMV 40 SMLMV
Ruperto May Britton (vctima directa) Ferret May Forbes (padre) Ronald Samir May Zuiga (hijo) Jenniffer May Zuiga (hija) Joydeth May Beltran (hija)
70 SMLMV 70 SMLMV 70 SMLMV 70 SMLMV 70 SMLMV
Al respecto consultar, sentencias proferidas el 24 de agosto de 2012, Exp. 26.027, 23 de junio de 2011, Exp. 22.591 y 8 de junio de 2011, Exp. 21.010, en las cuales se reconoci el mismo monto por perjuicios morales a favor de la vctima directa, hijos y cnyuge.
Fredy May Toledo (hijo) Quincy George May Toledo (hijo) Shana Patricia May Toledo(hija)
70 SMLMV 70 SMLMV 70 SMLMV
2.5.2. Perjuicios materiales. - Dao emergente. En cuanto a dicha modalidad de perjuicios materiales, se solicit en la demanda que se condenara al pago de las sumas de $12000.000 y $4000.000 a favor de los seores Celso Alberto Gordon Guzmn y Ruperto May Britton, respectivamente, consistentes en los gastos de su defensa en el proceso penal. Ahora bien, con el fin de acreditar los gastos asumidos por los sindicados por concepto de honorarios de abogado se aport sendas certificaciones expedidas el da 19 de junio de 2002 por los abogados Marco E. Murillo Crdoba y Alejandro Osuna Gutirrez sobre el costo de los mismos, causados con ocasin del proceso penal seguido contra las aludidas personas, en las cuales se hizo constar que por tal rubro se recibi las sumas de $ 12000.000 por parte del seor Celso Alberto Gordon Guzmn y, $ 4000.000 por el seor Ruperto May Britton, respectivamente.45 Los anteriores documentos fueron aportados en original con la demanda por la parte actora y el Tribunal Administrativo de San Andrs Islas orden tenerlos como prueba mediante auto proferido el 22 de octubre de 2002 (fl. 95 C. 1), sin que los mismos hubieren sido tachados de falsos por las entidades demandadas, razn por la cual los documentos en mencin resultan suficientes para acreditar el
Fls. 43 y 56 C. 1.
desembolso efectivo de tales sumas por dicho concepto, las cuales sern actualizadas a la fecha de esta sentencia, as: Ind. final octubre de 2012 (111,86) RA = VH ------------------------------------------------Ind. Inicial febrero 1999 (69,92) RA = $ 12000.000 x 1,599 = $ 19197.940 Total perjuicios materiales por dao emergente a favor del seor Celso Alberto Gordon Guzmn: Diecinueve millones ciento noventa y siete mil novecientos cuarenta pesos ($ 19197.940).
RA = $ 4000.000 = 1,599 = $ 6396.000 Total perjuicios materiales por dao emergente a favor del seor Ruperto May Britton: Seis millones trescientos noventa y seis mil pesos ($ 6396.000). - Lucro cesante. La parte demandante solicit que se reconocieran perjuicios por lucro cesante a favor de los seores Celso Alberto Gordon Guzmn y Ruperto May Britton, respectivamente, los cuales devienen de los ingresos dejados de percibir durante el trmino que permanecieron privados de su libertad, esto es desde el 24 de septiembre de 1999 al 30 de junio de 2000. Ahora bien, dicho reconocimiento se estima procedente en
consideracin a que obran certificaciones expedidas por el Secretario
del Grupo de Desarrollo y Control de Talento Humano de la Gobernacin del Departamento de San Andrs Islas, en la cual hizo constar que <<el seor Celso Alberto Gordon Guzmn para el ao 1999 se desempe como Director Departamental de Trnsito con una asignacin bsica mensual de $1874.474>>; asimismo certific que <<el seor Ruperto May Britton prest sus servicios a la Secretara de Gobierno como Supervisor Cdigo 545, grado 14, con una asignacin bsica mensual de $ 870.471, para el ao 1999>>. As las cosas, se liquidar no slo ese perodo en el que los referidos demandantes principales estuvieron privados de la libertad, sino tambin el lapso que, segn las estadsticas, una persona requiere en Colombia para conseguir trabajo luego de haber obtenido su libertad, o acondicionarse en una actividad laboral. En efecto, acerca del perodo a liquidar en eventos de privacin injusta de la libertad, la Sala ha sostenido:
En cuanto al tiempo que, en promedio, suele tardar una persona en edad econmicamente activa en encontrar un nuevo puesto de trabajo en Colombia, la Sala se valdr de la informacin ofrecida por el Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de acuerdo con la cual dicho perodo equivale a 35 semanas (8.75 meses)46 .47
Por lo tanto, segn los parmetros jurisprudenciales al perodo a indemnizar resulta necesario sumarle el tiempo en que, segn los datos oficiales, una persona tarda en conseguir trabajo nuevamente; por consiguiente, se reconocer como perodo a indemnizar 17,75 meses a cada uno de ellos.
Cfr. URIBE G., Jos Ignacio y GMEZ R., Lina Maritza, Canales de bsqueda de empleo en el mercado laboral colombiano 2003, en Serie Documentos Laborales y Ocupacionales, N 3, Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, SENA-Direccin General de Empleo y Trabajo, Bogot, junio de 2005, p. 22. 47 Consejo de Estado, Seccin Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, exp. 13168, M.P. Mauricio Fajardo Gmez.
De conformidad con lo anterior, proceder la Sala a realizar la liquidacin de dicho perjuicio. Entonces: - A favor de Celso Alberto Gordon Guzmn: Ingresos de la vctima al momento de su detencin: $ 1874.474. Perodo a indemnizar: 17.75 meses Actualizacin de la base: Ind. final octubre 2012 (111,86) ------------------------------ind inicial junio de 2000 (69.92)
RA = VH
RA = $ 2998.836. Adicionalmente, el mismo ser adicionado en un 25% por concepto de prestaciones sociales ($ 3748.545).
(1+i)n -1 ------------I
(1.004867)17,75 -1 S = VA --------------------0.004867 S = $ 3748.545 x 18,492 S = $ 69319.343. Total perjuicios materiales por lucro cesante: Sesenta y nueve millones trescientos diecinueve mil trescientos cuarenta y tres pesos ($ 69319.343).
- A favor de Ruperto May Britton: Ingresos de la vctima al momento de su detencin: $ 870.471. Perodo a indemnizar: 17.75 meses Actualizacin de la base: Ind. final octubre 2012 (111,86) ------------------------------ind inicial junio de 2000 (69.92)
RA = $ 1392.604. Adicionalmente, el mismo ser adicionado en un 25% por concepto de prestaciones sociales ($ 1740.755). (1+i)n -1 ------------I
(1.004867)17,75 -1 S = VA --------------------0.004867 S = $ 1740.755 x 18,492 S = $ 32190.041. Total perjuicios materiales por lucro cesante: Treinta y dos millones ciento noventa mil cuarenta y un pesos ($ 32190.041). 2.6.- Condena en costas. Comoquiera que para el momento en que se profiere este fallo, el artculo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que slo hay lugar a la imposicin de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedi de esa forma en el sub lite, no habr lugar a su imposicin.
En mrito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso la ley, Administrativo, Seccin Tercera, Subseccin A, administrando Justicia en nombre de la Repblica y por autoridad de
Administrativo de San Andrs, Providencia y Santa Catalina, el 4 de septiembre de 2003.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, DECLARAR patrimonial y extracontractualmente responsable a la Fiscala General de la Nacin por los perjuicios causados a los demandantes, sealados en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: En consecuencia, CONDNASE a la Fiscala General de la Nacin, a pagar las siguientes sumas de dinero:
3.1. A ttulo de dao emergente para el seor Celso Alberto Gordon Guzmn la suma de diecinueve millones ciento noventa y siete mil novecientos cuarenta pesos ($ 19197.940). 3.2. A ttulo de dao emergente para el seor Ruperto May Britton la suma de seis millones trescientos noventa y seis mil pesos ($ 6396.000). 3.3. Por lucro cesante para el seor Celso Alberto Gordon Guzmn, la suma de sesenta y nueve millones trescientos diecinueve mil trescientos cuarenta y tres pesos ($ 69319.343). 3.4. Por lucro cesante para el seor Ruperto May Britton la suma
Treinta y dos millones ciento noventa mil cuarenta y un pesos ($ 32190.041). 3.5. Por dao moral, a favor de las siguientes personas y por los montos establecidos a continuacin: Primer grupo demandante
Celso Alberto Gordon Guzmn (vctima directa) Silva Bent Francis (cnyuge) Kim Nicholl Gordon Bent (hija) DSeffi Stephanie Gordon Bent (hija) Kizzie Jiannie Gordon Macariz (hija) Briggettlee Gordon Macariz (hija) Tony Daby Gordon Mitchell (hijo) Sirelda Elizabeth Gordon Guerrero (hermana) Edilia Griselda Gordon Guzmn (hermana) Elva Stella Gordon Guzmn (hermana)
Segundo grupo demandante
Ruperto May Britton (vctima directa) Ferret May Forbes (padre) Ronald Samir May Zuiga (hijo) Jenniffer May Zuiga (hija) Joydeth May Beltran (hija) Fredy May Toledo (hijo) Quincy George May Toledo (hijo) Shana Patricia May Toledo(hija)
70 SMLMV 70 SMLMV 70 SMLMV 70 SMLMV 70 SMLMV 70 SMLMV 70 SMLMV 70 SMLMV
CUARTO. DENIGANSE las dems pretensiones de la demanda. QUINTO. CMPLASE lo dispuesto en esta providencia, en los trminos establecidos en los artculos 176 y 177 del Cdigo Contencioso Administrativo.
SEPTIMO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUELVASE el expediente al Tribunal de origen para su cumplimiento y expdanse a la parte actora las copias autnticas con las constancias de las que trata el artculo 115 del Cdigo de Procedimiento Civil.
MAURICIO FAJARDO GOMEZ BARRERA
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Sumario.93pdf
EXP. N° 00301-2019
Movimientos campesinos latinoamericanos
Holodomor.docx
Proyecto Categorización Centros Poblados
Regimen de Posesion y Negociación de La Tierra en La Comunidad Xinca de Jutiapa
Litispendencia Trabajo
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