Source: https://snedh.segob.gob.mx/
Timestamp: 2018-11-16 09:52:03
Document Index: 359129230

Matched Legal Cases: ['Artículo 6', 'artículo 7', 'Artículo 8', 'artículo 8', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 1', 'Artículo 14', 'Artículo 12', 'artículo 11', 'artículo 11']

Plataforma de información para el Sistema Nacional de Evaluación del cumplimiento de los Derechos Humanos
¿Qué es el Sistema Nacional de Evaluación de Derechos Humanos?
El Sistema Nacional para la Evaluación del Nivel de Cumplimiento de los Derechos Humanos se apoya en una plataforma que conjunta indicadores de progreso de los derechos humanos que permiten valorar el cumplimiento de los compromisos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Es decir, miden los niveles de goce y ejercicio de los derechos humanos, que el Estado mexicano se comprometió a dar cumplimiento, de las personas que habitan o transitan por el territorio nacional.
Estos indicadores utilizan dos metodologías concurrentes y validadas por las autoridades internacionales de derechos humanos: el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Organización de los Estados Americanos (OEA). Al utilizar estas metodologías, el Estado mexicano obtiene una herramienta que le permite medir y monitorear el cumplimiento la realización progresiva de los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, así como de las condiciones que favorecen o limitan la posibilidad de acceso efectivo a los derechos.
El Sistema Nacional para la Evaluación del Nivel de Cumplimiento de los Derechos Humanos, por lo tanto, es una herramienta efectiva para la evaluación, seguimiento y mejora de las políticas públicas en el ámbito de los derechos humanos, ya que los indicadores que contiene pueden aportar al proceso de diseño de políticas públicas tendientes a asegurar el cumplimiento del conjunto de los derechos humanos.
La primera etapa de este componente incorpora los indicadores para los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), definidos a partir de los lineamientos establecidos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para dar seguimiento al Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador” (PSS).
El Sistema Nacional de Evaluación del nivel de cumplimiento de los Derechos Humanos (SNEDH) pretende mejorar la acción estatal en materia de derechos humanos, a partir del establecimiento de procesos sólidos y permanentes de evaluación y diagnóstico. Los objetivos específicos planteados para el sistema consideran: impulsar la transparencia y rendición de cuentas en materia de derechos humanos; promover procesos independientes de evaluación integral de la situación de derechos humanos en México; así como, generar bases de información pertinente para evaluación de las políticas públicas en materia de derechos humanos.
“Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente escogida o aceptada” (Artículo 6, párrafo 1 del Protocolo de San Salvador).
“6.2. Los Estados partes se comprometen a adoptar las medidas que garanticen plena efectividad al derecho al trabajo, en especial las referidas al logro del pleno empleo, a la orientación vocacional y al desarrollo de proyectos de capacitación técnico-profesional, particularmente aquellos destinados a los minusválidos. Los Estados partes se comprometen también a ejecutar y a fortalecer programas que coadyuven a una adecuada atención familiar, encaminados a que la mujer pueda contar con una efectiva posibilidad de ejercer el derecho al trabajo”
El artículo 7 del Protocolo de San Salvador establece la obligación de los Estados Partes a garantizar un trabajo justo, equitativo y satisfactorio.
El derecho al trabajo está reconocido en diversos tratados internacionales adoptados por Naciones Unidas (ONU) y por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en los artículos 6 y 7, consagra el derecho al trabajo y el derecho a las condiciones de trabajo justas y favorables. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su Observación General Nº 18, afirma que el derecho al trabajo tiene una dimensión individual y colectiva, siendo esencial para la realización de otros derechos humanos y la dignidad humana. Con respecto a la aplicación del derecho al trabajo, el Comité adopta los siguientes criterios: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. Se hace hincapié en que el derecho al trabajo establecido en el Pacto se refiere al derecho al trabajo “decente”. El Comité aborda en la Observación General Nº 23 los estándares sobre el derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias.
“Los Estados partes garantizarán: (a) el derecho de los trabajadores a organizar sindicatos y a afiliarse al de su elección, para la protección y promoción de sus intereses. Como proyección de este derecho, los Estados partes permitirán a los sindicatos formar federaciones y confederaciones nacionales y asociarse a las ya existentes, así como formar organizaciones sindicales internacionales y asociarse a la de su elección. Los Estados partes también permitirán que los sindicatos, federaciones y confederaciones funcionen libremente; (b) el derecho a la huelga” (Artículo 8, párrafo 1 del Protocolo de San Salvador).
Los derechos sindicales están reconocidos en diversos tratados internacionales adoptados por Naciones Unidas (ONU) y por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales los consagra en el artículo 8. Entre los convenios aplicables de la OIT destacan:
Convenio Relativo a la Libertad Sindical y a la Protección del Derecho de Sindicación, 1948 (núm. 87), el cual señala “Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas.” (Artículo 2); “1. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción. 2. Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal.” (Artículo 3).
Convenio Relativo a la aplicación de los principios del Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva, 1949 (núm. 98), que establece “1. Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo. 2. Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto: (a) sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato; (b) despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o, con el consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo.” (Artículo 1).
“Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen el derecho de toda persona a: a. Participar en la vida cultural y artística de la comunidad; b. gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico; c. beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora” (Artículo 14, párrafo 1 del Protocolo de San Salvador).
“14.2. Entre las medidas que los Estados partes en el presente Protocolo deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y el arte.
14.3. Los Estados partes en el presente Protocolo se comprometen a respetar la indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora.
14.4. Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios que se derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este sentido se comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional sobre la materia.”
La “cultura” debe ser entendida de un modo amplio e inclusivo, según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Observación general No 21), la cultura comprende, entre otras cosas, “las formas de vida, el lenguaje, la literatura escrita y oral, la música y las canciones, la comunicación no verbal, los sistemas de religión y de creencias, los ritos y ceremonias, los deportes y los juegos, los métodos de producción o la tecnología, el entorno natural y el producido por el ser humano, la comida, el vestido y la vivienda, así como las artes, costumbres y tradiciones, por los cuales individuos, grupos y comunidades expresan su humanidad y el sentido que dan a su existencia, y configuran una visión del mundo que representa su encuentro con las fuerzas externas que afectan sus vidas. La cultura refleja y configura los valores del bienestar y la vida económica, social y política de los individuos, grupos y comunidades”. Asimismo, esta observación general aclara que los derechos culturales pueden ser ejercidos individualmente, en asociación con otras personas o colectivos o dentro de una comunidad o grupo.
“1. Toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada que le asegure la posibilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual. 2. Con el objeto de hacer efectivo este derecho y a erradicar la desnutrición, los Estados partes se comprometen a perfeccionar los métodos de producción, aprovisionamiento y distribución de alimentos, para lo cual se comprometen a promover una mayor cooperación internacional en apoyo de las políticas nacionales sobre la materia.” (Artículo 12, del Protocolo de San Salvador).
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 11, incorpora el derecho a la alimentación en el párrafo 1 y establece medidas de protección contra el hambre en el párrafo 2. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su Observación General Nº 12 señala que: “el derecho a la alimentación [adecuada] se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea sólo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla. El derecho a la alimentación adecuada no debe interpretarse, por consiguiente, en forma estrecha o restrictiva asimilándolo a un conjunto de calorías, proteínas y otros elementos nutritivos concretos. El derecho a la alimentación adecuada tendrá que alcanzarse progresivamente. No obstante, los Estados tienen la obligación básica de adoptar las medidas necesarias para mitigar y aliviar el hambre tal como se dispone en el párrafo 2 del artículo 11, incluso en caso de desastre natural o de otra índole”. Este derecho “…está inseparablemente vinculado a la dignidad inherente de la persona humana y es indispensable para el disfrute de otros derechos humanos consagrados en la Carta Internacional de Derechos Humanos. Es también inseparable de la justicia social, pues requiere la adopción de políticas económicas, ambientales y sociales adecuadas, en los planos nacional e internacional, orientadas a la erradicación de la pobreza y al disfrute de todos los derechos humanos por todos”.
Protocolo de San Salvador (PSS)
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PFPIDESC)
Página de Observaciones Generales del CDESC
Metodología de indicadores de derechos humanos
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos - Informe Sobre Los Indicadores para Promover y Vigilar el Ejercicio de los Derechos Humanos (HRI/MC/2008/3)
Grupo de Trabajo para el análisis de los informes nacionales previstos en el Protocolo de San Salvador - Indicadores de progreso para la medición de derechos contemplados en el Protocolo de San Salvador
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos - Indicadores de derechos humanos: Guía para la medición y la aplicación
Asamblea General de la Organización de Estados Americanos - Adopción del Mecanismo de Seguimiento para la Implementación del Protocolo De San Salvador
Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará - Indicadores de progreso para la medición de la implementación de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer "Convención de Belém Do Pará"