Source: https://hj.tribunalconstitucional.es/fr/Resolucion/Show/4875
Timestamp: 2020-02-22 23:21:54
Document Index: 282910199

Matched Legal Cases: ['artículo 38', 'artículo 39', 'Artículo 25', 'Artículo 15', 'Artículo 26', 'Artículo 29', 'Artículo 38', 'Artículo 38', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 67']

Système HJ - Décision: SENTENCIA 100/2003
SENTENCIA 100/2003, de 2 de junio
ECLI:ES:TC:2003:100
En el recurso de amparo núm. 3201/99, interpuesto por don Miguel López Gil, representado por el Procurador don Antonio Palma Villalón y asistido por el Letrado don José María Astolfi Pérez de Guzmán, contra la Resolución sancionadora de la Delegación Provincial de Huelva de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía de 26 de marzo de 1996, confirmada por Resolución de la Presidencia de la Agencia de Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía de 15 de julio de 1996 y contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, de 29 de marzo de 1999, parcialmente estimatoria del recurso formulado frente a los actos administrativos reseñados. Han intervenido la Junta de Andalucía, representada y defendida por la Letrada doña Carmen Carretero Espinosa de los Monteros, y el Ministerio Fiscal, siendo Ponente el Magistrado don Pablo Cachón Villar, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Mediante escrito presentado en este Tribunal el 20 de julio de 1999, don Antonio Palma Villalón, Procurador de los Tribunales y de don Miguel López Gil, quien se encuentra asistido por el Letrado don José María Astolfi Pérez de Guzmán, formuló demanda de amparo constitucional contra las resoluciones de las que se hace mérito en el encabezamiento.
a) Previa la correspondiente instrucción del oportuno procedimiento, mediante Resolución de la Delegación Provincial de Huelva de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía de 26 de marzo de 1996 se impuso al ahora solicitante de amparo la sanción de 2.000.000 de pesetas e indemnización por importe de 600.000 pesetas, como autor de la infracción grave tipificada en el art. 38.13 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de espacios naturales protegidos y de la flora y fauna silvestres (en adelante, LCEN), en relación con el art. 26.4 del mismo texto legal. En esta resolución administrativa se narran los siguientes hechos probados:
"D. Miguel López Gil ... ha estado en posesión de cuatro pollos de azor, Accipiter Gentilis, que fueron marcados con las anillas PACAC 092/94, 093/94, 094/94, 095/94, y sigue en posesión de uno de ellos (PACAC 093/94) sin poder justificar la procedencia legal de los mismos y, además ha realizado tráfico ilegal con dos de los pollos mencionados (PACAC 094/94 y 095/94) al haberlos cedido a otros cetreros sin notificarlo como es preceptivo según las condiciones impuestas en la autorización del centro de Cría en Cautividad de Aves de Cetrería que dirige el Sr. López Gil. Ya que si bien se giró notificación, es muy posterior al descubrimiento de la cesión por personal de la Agencia de Medio Ambiente."
b) Contra dicha resolución formuló el sancionado recurso ordinario aduciendo, entre otros extremos, la vulneración de su derecho fundamental a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) y la indefensión que le habría causado la forma como se tramitó el expediente sancionador. Dicho recurso fue desestimado por Resolución de la Presidencia de la Agencia de Medio Ambiente, organismo autónomo adscrito a la Consejería de Medio Ambiente, de 15 de julio de 1996.
c) Agotada la vía administrativa, se interpuso recurso contencioso-administrativo, que fue parcialmente estimado por la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, de 29 de marzo de 1999, rebajándose la cuantía de la sanción a 1.000.000 de pesetas. Habiéndose invocado la posible vulneración del art. 25.1 CE, la resolución judicial rechaza este motivo del recurso con la siguiente argumentación:
"Basta la lectura del artículo 38 de la ley para comprobar cómo en el mismo se hace una distinción de las conductas sancionables que en el precepto siguiente son calificadas con distinta gravedad atendiendo a distintas circunstancias. En efecto, dispone el artículo 39: '1. Las citadas infracciones serán calificadas de leves, menos graves, graves y muy graves, atendiendo a su repercusión, a su trascendencia por lo que respecta a la seguridad de las personas y bienes y a las circunstancias del responsable, su grado de malicia, participación y beneficio obtenido, así como a la irreversibilidad del daño o deterioro producido en la calidad del recurso o del bien protegido.'
3. El demandante de amparo sostiene que las resoluciones administrativas y judicial impugnadas han vulnerado sus derechos fundamentales a la legalidad sancionadora (art. 25.1 CE) y a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) en los términos que, sustancialmente, se exponen a continuación.
a) Comienza afirmando que los arts. 38 y 39 LCEN no cumplen con las exigencias materiales que impone el art. 25.1 CE, en cuanto recoge el principio nullum crimen, nulla poena sine lege. De dicho principio se infiere no sólo la necesaria definición legal de los ilícitos y de las sanciones sino también el establecimiento de la correspondencia necesaria entre unos y otras, evitando así que el órgano administrativo se convierta en legislador.
b) En el presente caso, la definición genérica de la infracción recogida en el art. 38.13 LCEN no permite discernir si se trata de un ilícito administrativo leve, menos grave, grave o muy grave. Por otro lado, en el art. 39 del mismo texto legal sólo se fijan los criterios generales con arreglo a los cuales ha de procederse a la graduación de las sanciones, para, a continuación, establecer sus límites máximos. Lo que lleva a la conclusión de que la Administración pretende llevar a cabo una graduación ad hoc, que no garantizaría la seguridad jurídica de los ciudadanos ni satisfaría las exigencias del art. 25.1 CE. En apoyo de esta opinión se citan las SSTC 42/1987, 207/1990 y 41/1991 y las SSTS de 4 y 29 de febrero y 28 de octubre de 1992.
c) Continúa el recurrente recordando que en la STC 207/1990, de 17 de diciembre, se formula la doctrina de aplicación a este caso al decirse lo siguiente: "No resultando de norma alguna la distinción entre infracciones muy graves y otras, ni la división de cada una de estas ignotas categorías en distintos grados, es evidente que este modo de graduación ad hoc de la sanción correspondiente a cada concreta infracción no garantiza mínimamente la seguridad jurídica de los administrados ... y sólo para el caso de que exista y les sea conocido un precedente aplicable, podrán conocer cuáles son las consecuencias que se siguen de su acción u omisión. En cuanto que este modo de actuación administrativa es el que se sigue necesariamente de la norma legal, interpretada del modo en que lo ha sido, es patente que dicha norma no cumple con las exigencias materiales que impone el art. 25.1 de nuestra Constitución" (FJ 3). Igualmente, se recuerda que en la STC 42/1987, de 7 de abril, este Tribunal ha entendido que el derecho fundamental proclamado en el art. 25.1 CE "incorpora la regla nullum crimen nulla poena sine lege, extendiéndola incluso al ordenamiento sancionador administrativo, y comprende una doble garantía. La primera, de orden material y alcance absoluto, tanto por lo que se refiere al ámbito estrictamente penal como al de las sanciones administrativas, refleja la especial trascendencia del principio de seguridad en dichos ámbitos limitativos de la libertad individual y se traduce en la imperiosa exigencia de predeterminación normativa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes" (FJ 2).
d) La demanda de amparo termina con la súplica a este Tribunal de que "tenga ... por interpuesto recurso de amparo contra la Sentencia de fecha 29 de marzo de 1999 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, por la que se vulneran los derechos fundamentales, reconocidos constitucionalmente, a la tutela judicial efectiva y al principio nullum crimen nulla poena sin lege basado en los principios de legalidad y tipicidad recogidos en el art. 25.1 de la Constitución Española, lo admita, y, previos los oportunos trámites de ley, requiera a la referida Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la remisión de las actuaciones o testimonio de ellas, emplace a su recibo a quienes fueron partes en el procedimiento y, tras la tramitación legal oportuna, dicte en su día sentencia por la que se declare que las resoluciones administrativas motivadoras del presente recurso así como la Sentencia recurrida vulneran los derechos constitucionales expresados y, de conformidad con lo dispuesto en el art. 55.1 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, declare asimismo: A) La nulidad de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Andalucía de 29 de marzo de 1999. B) La nulidad de la Resolución Administrativa del AMA de la Junta de Andalucía de 28 de marzo de 1996. C) El restablecimiento para ... [el recurrente] de sus derechos a la tutela judicial efectiva y al principio nullum crimen nulla poena sine lege, basado en los principios de legalidad y tipicidad, ordenando cuanto más proceda en Derecho".
4. Con fecha 15 de noviembre de 1999 se presentó en el Registro General de este Tribunal Constitucional un escrito del demandante interesando la admisión del recurso de amparo y la suspensión, sin afianzamiento, de las resoluciones administrativas y judiciales impugnadas.
5. Mediante providencia de 22 de febrero de 2000, la Sala Segunda de este Tribunal, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 11.2 LOTC, acordó conocer del presente recurso de amparo y admitir a trámite la demanda. Por ello, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, ordenó dirigir atenta comunicación a la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, a fin de que en plazo que no excediera de diez días remitiera certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al recurso núm. 1883/96, debiendo previamente emplazarse, para que en el plazo de diez días pudieran comparecer si así lo deseaban, en el recurso de amparo, a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto el recurrente en amparo.
6. Por nuevo proveído de esa misma fecha, se acordó la formación de la oportuna pieza separada para la tramitación del incidente de suspensión concediéndose, conforme prevé el art. 56 LOTC, un plazo común de tres días al recurrente y al Ministerio Fiscal para que alegaran lo que estimasen pertinente. Evacuado dicho trámite, se dictó el ATC 163/2000, de 26 de junio, denegando la medida cautelar interesada.
7. El 26 de abril de 2000 se presentó en este Tribunal un escrito de la Letrada de la Junta de Andalucía, solicitando que se la tuviera por comparecida y personada, en la representación que por su cargo ostenta.
8. Por diligencia de ordenación de 10 de julio de 2000 se tuvo por personada y parte a la Letrada de la Junta de Andalucía en nombre y representación de ésta y se dio vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal por plazo común de veinte días, a fin de que en dicho término pudieran presentar las alegaciones que tuvieran por convenientes conforme determina el art. 52.1 LOTC.
9. El 8 de septiembre de 2000 se presentó el escrito de alegaciones de la Junta de Andalucía:
a) En dicho escrito se solicita, en primer lugar, la inadmisión del recurso de amparo por manifiesta falta de contenido, en cuanto pretende la anulación completa de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, siendo así que la demanda tan sólo reclama frente a una parte de la misma. Haciéndose uso de una defectuosa técnica procesal, se interesa la anulación íntegra de esta resolución judicial, parcialmente confirmatoria de los actos administrativos impugnados (salvo en lo atinente al importe de la multa, que se rebaja a un millón de pesetas), que a su vez presentan un doble contenido: sancionador y determinador de la indemnización administrativa que corresponde conforme a la normativa reglamentaria en materia de especies protegidas.
b) Seguidamente se sostiene que no ha mediado conculcación del art. 25 CE. A juicio de la Junta de Andalucía, las exigencias que dimanan de los principios de legalidad y tipicidad se satisfacen en los arts. 38 y 39 LCEN pues aquéllos no impiden ni la remisión a normas de rango inferior a la Ley (SSTC 18/1981, 62/1982, 50/1983 y 2/1987) ni que la norma legal pueda servirse de conceptos abiertos (STC 207/1990), como tampoco la existencia de un cierto margen de discrecionalidad administrativa en la determinación de la correspondencia tipo- sanción.
10. El Ministerio Fiscal presentó su escrito de alegaciones el 21 de septiembre de 2000. Tras una sucinta exposición de los antecedentes fácticos, se aborda el fondo de la cuestión planteada, a cuyo fin se efectúan tres precisiones iniciales. La primera tiene que ver con el objeto del proceso, que ha de entenderse constituido exclusivamente por la resolución administrativa sancionadora, en tanto que el pronunciamiento de la Sentencia manifiesta la cumplimentación del requisito de agotamiento de la vía judicial previa procedente para la protección del derecho fundamental afectado, constando que ha mediado la oportuna invocación del mismo. En segundo lugar, el Ministerio Fiscal señala que no se aprecia deficiencia alguna en el hecho de que las alegaciones del recurrente se dirijan contra la LCEN y no contra la resolución sancionadora, toda vez que la lesión constitucional, de haberse producido, se ha materializado precisamente por aplicación de aquélla. Finalmente, se rechaza de inicio la aducida vulneración del art. 24.1 CE porque carece de todo desarrollo argumental.
"El segundo de los mencionados apartados enuncia, en efecto, como ya quedó dicho, una serie de criterios para la graduación de las sanciones, no de las infracciones sin precisar cómo, en qué momento y por quién ha de llevarse a cabo esta graduación. En el caso de autos, la autoridad administrativa ha entendido manifiestamente que la graduación de la sanción ha de entenderse como una decisión singular, esto es, como una graduación ad hoc que en cada caso concreto lleva a cabo la misma autoridad que impone la sanción, cuya discrecionalidad ni siquiera requiere que se explicite el peso concreto concedido a cada uno de los criterios que la ley ofrece, sino sólo una genérica referencia a su 'adecuada aplicación ... en atención a las circunstancias concurrentes en el supuesto enjuiciado y a los debidos criterios de proporcionalidad' una referencia en virtud de la cual se define como 'infracción muy grave, de grado medio' la que la inspección, en virtud de razones que no aparecen en las actuaciones, había calificado como 'infracción muy grave, de grado máximo'.
11. Transcurrido el plazo concedido en la diligencia de ordenación de 10 de julio de 2000, la parte recurrente no presentó escrito de alegaciones, de lo que se dejó constancia mediante diligencia de Secretaría de 2 de octubre de 2000.
12. Por providencia de 30 de mayo de 2003 se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el 3 de junio del mismo año.
1. Según se ha expuesto con detalle en los antecedentes, don Miguel López Gil impugna en el presente proceso constitucional las resoluciones de la Delegación Provincial de Huelva de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, de fecha 26 de marzo de 1996, y de la Presidencia de la Agencia de Medio Ambiente de la misma Consejería, de fecha 15 de julio de 1996, así como la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, de 29 de marzo de 1999. La primera de dichas resoluciones administrativas le impuso una sanción de 2.000.000 de pesetas e indemnización de 600.000 pesetas, como autor de la infracción muy grave tipificada en el art. 38.Decimotercera, en relación con el art. 26.4, ambos de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de espacios naturales protegidos y de la flora y fauna silvestres (LCEN). La resolución administrativa citada en segundo lugar desestimó el recurso ordinario formulado contra la anterior. La Sentencia de 29 de marzo de 1999 desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la Resolución de 15 de julio de 1996, salvo en lo relativo a la multa, cuyo importe fijó en un millón de pesetas.
2. Resulta indudable que la causa de inadmisión apuntada por la representación procesal de la Junta de Andalucía no puede ser acogida, desde el mismo momento en que nuestro examen persigue, justamente, dilucidar si la demanda reviste contenido constitucional suficiente para otorgar el amparo solicitado (STC 142/2001, de 18 de junio, FJ 2). Ello no es óbice para reconocer que los términos empleados en su planteamiento ponen de manifiesto la necesidad de acotar con precisión el objeto del presente proceso constitucional.
Lo dicho nos permite ya delimitar con claridad el objeto de este proceso constitucional, por referencia a las resoluciones de la Delegación Provincial de Huelva de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía de 26 de marzo de 1996 y de la Presidencia de la Agencia de Medio Ambiente de 15 de julio siguiente. Estos actos administrativos presentan un doble contenido, sancionatorio y reparador. El primero de ellos, derivado de la comisión de la infracción tipificada en el art. 38.13, en relación con el art. 26.4 LCEN, se traducía en la imposición de una multa de 2.000.000 de pesetas, reducida a la mitad por la Sentencia de la Sala de lo Contencioso- Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, de 22 de marzo de 1999. En cuanto al segundo, se concreta en la declaración de la obligación de indemnizar los daños causados en un importe fijado en 600.000 pesetas, que ha permanecido inalterado desde la primera resolución administrativa.
3. Precisado el objeto del presente proceso constitucional y expuestos los términos en los que se plantea la cuestión suscitada por el demandante de amparo, parece pertinente sintetizar la doctrina constitucional sobre el derecho a la legalidad sancionadora, relevante para la resolución del caso.
El punto de partida de esta síntesis ha de ser la doctrina expresada por la STC 42/1987, de 7 de abril. En esta Sentencia se dice lo siguiente respecto del contenido del art. 25.1 CE: "El derecho fundamental así enunciado incorpora la regla nullum crimen nulla poena sine lege, extendiéndola incluso al ordenamiento sancionador administrativo, y comprende una doble garantía. La primera, de orden material y alcance absoluto, tanto por lo que se refiere al ámbito estrictamente penal como al de las sanciones administrativas, refleja la especial trascendencia del principio de seguridad en dichos ámbitos limitativos de la libertad individual y se traduce en la imperiosa exigencia de predeterminación normativa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes. La segunda, de carácter formal, se refiere al rango necesario de las normas tipificadoras de aquellas conductas y reguladoras de estas sanciones, por cuanto, como este Tribunal ha señalado reiteradamente, el término 'legislación vigente' contenido en dicho art. 25.1 es expresivo de una reserva de Ley en materia sancionadora" (loc. cit., FJ 2). Recientemente hemos hecho hincapié en esta doble garantía en las SSTC 133/1999, de 15 de julio, FJ 2; 276/2000, de 16 de noviembre, FJ 6; 25/2002, de 11 de febrero, FJ 4; 75/2002, de 8 de abril, FJ 4; y 113/2002, de 9 de mayo, FJ 3.
4. De lo expuesto se colige, como hemos recordado en la reciente STC 113/2002, de 9 de mayo, FJ 4, la plena aplicabilidad de las dos garantías comprendidas en el art. 25.1 CE tanto a la tipificación de las infracciones como al establecimiento de las correspondientes sanciones.
Así, por lo que a éstas se refiere, en la STC 29/1989, de 6 de febrero, este Tribunal entendió que el art. 13.1 del Decreto 3632/1974, de 20 de diciembre, no se acomodaba a la garantía material antes descrita, en cuanto que establecía para las infracciones muy graves en materia alimentaria multas de 2.500.000 de pesetas "en adelante". Según tuvimos ocasión de señalar en aquella resolución, "la expresión 'en adelante', contenida en el precepto últimamente citado, debe entenderse derogada por la Constitución, ya que introdujo un elemento de indeterminación de la sanción administrativa imponible que resulta incompatible con el alcance material del principio de legalidad enunciado en el art. 25.1 CE", de modo que dicha expresión "no satisface las exigencias de lex certa que el propio Abogado del Estado identifica como integrante del derecho fundamental garantizado por la citada norma constitucional." (STC 29/1989, FJ 3).
Resumiendo nuestra doctrina en esta materia, en el fundamento jurídico 6 de la STC 113/2002, de 9 de mayo, hemos puesto de relieve que "la necesidad de que la ley predetermine suficientemente las infracciones y las sanciones, así como la correspondencia entre unas y otras, no implica un automatismo tal que suponga la exclusión de todo poder de apreciación por parte de los órganos administrativos a la hora de imponer una sanción concreta. Así lo ha reconocido este Tribunal al decir en su STC 207/1990, de 17 de diciembre, FJ 3, que el establecimiento de dicha correspondencia 'puede dejar márgenes más o menos amplios a la discrecionalidad judicial o administrativa'; lo que en modo alguno puede ocurrir es que quede 'encomendada por entero a ella', ya que ello equivaldría a una simple habilitación en blanco a la Administración por norma legal vacía de contenido material propio, lo cual, como hemos dicho anteriormente (con cita de la STC 42/1987), contraviene frontalmente las exigencias constitucionales."
5. La aplicación de la doctrina expuesta al presente caso nos lleva, en primer lugar, a descartar que exista vulneración del principio de taxatividad, ínsito en el art. 25.1 CE, en la tipificación de la infracción, es decir, en la determinación de la conducta prohibida. En efecto, la lectura del art. 38.13 LCEN, en relación con el art. 26.4 del mismo texto legal, nos permite afirmar que no se aprecia merma alguna de la seguridad jurídica, pues dichos preceptos, en lo que estrictamente conciernen a la conducta realizada por el recurrente, satisfacen adecuadamente la exigencia de certeza de la norma. Como quiera que en el presente proceso constitucional no se ha puesto en cuestión que el recurrente se hallaba en posesión de crías de azor, especie declarada de interés especial [art. 29 d) LCEN] en el catálogo nacional de especies amenazadas, aprobado por Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, y protegida igualmente por el Decreto de la Junta de Andalucía 4/1986, de 22 de enero, ni se ha discutido la conclusión alcanzada en el procedimiento sancionador -y confirmada en vía jurisdiccional- de que carecía de justo título para ello, puede considerarse que la constatación de que incumplió una obligación establecida en la LCEN plasmada tanto en los actos administrativos como en la resolución judicial impugnados, con las consecuencias de orden indemnizatorio que hemos examinado con anterioridad, no ha conllevado vulneración alguna del derecho fundamental a la legalidad sancionadora del recurrente.
6. Distinto es el caso de la falta de determinación de la gravedad del ilícito y, en consecuencia, de la sanción impuesta como consecuencia del incumplimiento de dicha obligación y que se sustenta en lo dispuesto en el art. 39.1 LCEN. Por remisión a las infracciones tipificadas en el artículo inmediatamente anterior, este precepto legal dispone:
Las infracciones anteriormente tipificadas serán sancionadas con las siguientes multas: Infracciones leves, multa de 10.000 a 100.000 pesetas. Infracciones menos graves, multa de 100.001 a 1.000.000 de pesetas. Infracciones graves, multa de 1.000.001 a 10.000.000 de pesetas. Infracciones muy graves, multa de 10.000.001 a 50.000.000 de pesetas."
7. Sin embargo, dicha estimación no hace imprescindible acudir, en este caso, a lo dispuesto en el art. 55.2 LOTC, elevando al Pleno de este Tribunal la correspondiente cuestión de inconstitucionalidad en relación con el primer párrafo del art. 39.1 LCEN, en la medida en que es posible una interpretación distinta del mismo, acorde con el contenido del derecho a la legalidad sancionadora reconocido en el art. 25.1 CE, en los términos expuestos a lo largo de esta Sentencia.
Otorgar parcialmente el amparo promovido por don Miguel López Gil y, en su virtud:
1º Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental del demandante de amparo a la legalidad sancionadora (art. 25.1 CE).
2º Restablecerlo en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de las Resoluciones de la Delegación Provincial de Huelva de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía de 26 de marzo de 1996 y de la Presidencia de la Agencia de Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía de 15 de julio de 1996, así como la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, de 29 de marzo de 1999, en lo que se refiere a la sanción impuesta al demandante en amparo.
Promovido por don Miguel López Gil frente a Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que estimó parcialmente la demanda contra la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, sobre sanción por tráfico ilegal de crías de azor.
La graduación ad hoc que en cada caso concreto lleva a cabo la misma autoridad que impone la sanción no resulta acorde con el principio de taxatividad en cuanto que no garantiza mínimamente la seguridad jurídica de los ciudadanos, quienes ignoran las consecuencias que han de seguirse de la realización de una conducta genéricamente tipificada como infracción administrativa (STC 207/1990) [FJ 6].
No existe vulneración del principio de taxatividad, ínsito en el art. 25.1 CE, en la tipificación de la infracción porque la lectura del art. 38.13 LCEN, en relación con el art. 26.4 del mismo texto legal, nos permite afirmar que no se aprecia merma alguna de la seguridad jurídica, pues dichos preceptos, en lo que estrictamente conciernen a la conducta realizada por el recurrente ?posesión y tráfico ilegal de crías de azor?, satisfacen adecuadamente la exigencia de certeza de la norma [FJ 5].
Doctrina sobre el derecho a la legalidad sancionadora (SSTC 42/1987, 25/2002, 113/2002) [FJ 3].
Jurisprudencia constitucional sobre la aplicabilidad de las garantías comprendidas en el art. 25.1 CE, tanto a la tipificación de las infracciones como al establecimiento de las correspondientes sanciones [FJ 4].
Del art. 39.1 LCEN se deduce que la función de calificación de las infracciones se difiere a un posterior desarrollo normativo, sin el cual no es posible proceder a una aplicación directa e inmediata de la Ley, cuyo carácter incompleto en este punto ya ha sido señalado [FJ 7].
Pesa sobre el recurrente la carga de facilitar a este Tribunal las alegaciones fácticas y jurídicas precisas a fin de dilucidar si ha mediado vulneración de los derechos fundamentales para cuya protección se interesa el otorgamiento del amparo constitucional (SSTC 155/1999, 137/2002) [FJ 2].
Artículo 25.1, ff. 1 a 7
Artículo 15.1.7, f. 7
Decreto de la Junta de Andalucía 4/1986, de 22 de enero. Amplía la lista de especies animales protegidas y dicta normas para su protección
Artículo 26.4, ff. 1, 2, 5
Artículo 29 d), f. 5
Artículo 38.6, f. 6
Artículo 38.7, f. 6
Artículo 38.13, ff. 1, 2, 5
Artículo 39.1, ff. 1, 2, 6, 7
Artículo 67.1.1, f. 4
Principio de taxatividad en el ámbito sancionadorPrincipio de taxatividad en el ámbito sancionador, f. 5
Contrabando de especies protegidasContrabando de especies protegidas, ff. 1, 2
Especies protegidasEspecies protegidas, ff. 1, 2