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Timestamp: 2019-09-19 02:33:29
Document Index: 209294805

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 778', 'artículo 778', 'artículo 1013', 'artículo 778', 'artículo 2521', 'artículo 783', 'artículo 1401', 'artículo 1401', 'artículo 1344', 'artículo 1401', 'artículo 1298', 'artículo 177', 'artículo 762', 'artículo 375']

﻿ SENTENCIA 7757 DE OCTUBRE 22 DE 2004
SENTENCIA 7757 DE 22 DE OCTUBRE DE 2004
CONTENIDO:AGREGACIÓN DE LA POSESIÓN. PARA SUMAR EL TIEMPO DE POSESIÓN DEL POSEEDOR FALLECIDO AL HEREDERO QUE LA ALEGA NO SE REQUIERE TRABAJO DE PARTICIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:POSESIÓN, ACUMULACIÓN DE POSESIONES, POSEEDOR, ACREDITACIÓN DE LA POSESIÓN
Sentencia 7757 de octubre 22 de 2004
Ref.: Expediente 7757
Decídese el recurso extraordinario de casación interpuesto por los señores Luis Daniel, Ana María, Rebeca, Sixta Tulia, Carlos Adolfo, Silviana y Luz Marina Forero Barragán contra la sentencia proferida el 26 de marzo de 1999, por el Tribunal Superior de Cundinamarca en el proceso ordinario por ellos promovido frente a Hortensia Nivia y personas indeterminadas.
1. Ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Funza, solicitaron los demandantes se declarara que les pertenecía el inmueble rural denominado “El Recuerdo” o “El Triunfo”, ubicado en la vereda Canica o Santa Rosa del municipio de Subachoque, Cundinamarca, por haberlo poseído materialmente por un tiempo superior a los veinte años. Así mismo, que se había extinguido el derecho de dominio de la demandada y de cualquiera otra persona, sobre el referido bien y, finalmente, que se ordenara la inscripción de la demanda en la oficina de registro de instrumentos públicos correspondiente.
2. Como fundamento de sus pretensiones, en resumen, afirmaron los demandantes haber poseído materialmente el predio antes indicado, en forma ininterrumpida por más de 25 años, pues al período de cuatro años y cuatro meses durante el que ellos habían ejercido ese señorío, contados a partir del 25 de diciembre de 1992, día en que falleció su padre, Campo Eliécer Forero Luque, “de quien heredaron tal bien”, había de sumarse la posesión material ejercida por aquel sobre dicho predio “... cuando menos desde el 11 de septiembre de 1970, fecha en la cual celebró con el señor Alfredo García Calderón un contrato de promesa de compraventa sobre el predio que ya venía ocupando” (fl. 29, cdno. 1).
Según los actores, como reflejo de las esgrimidas posesiones, tanto ellos, como su causante, ejercitaron actos de señor y dueño sobre el precitado terreno, “tales como hechura y arreglo de potreros, limpieza de pastos, cultivos de hortalizas ... todo de conformidad con el artículo 1º de la Ley 200 de 1936” (fl. 30, ibíd.), sin reconocer dueño alguno sobre el pretendido inmueble.
3. La admisión de la demanda fue comunicada al procurador judicial agrario y notificada a través de curador ad litem a la señora Hortensia Nivia quien aparecía inscrita en el certificado de tradición del inmueble como su propietaria, así como a personas indeterminadas. El auxiliar de la justicia dijo “estarse” a lo que resultara probado.
4. El a quo dictó sentencia, el 15 de julio de 1998, denegando la solicitada declaración de pertenencia, fallo que —apelado por la actora— fue confirmado mediante la sentencia recurrida en casación.
Tras destacar los requisitos de prosperidad de la acción intentada, acorde con la naturaleza de la prescripción adquisitiva invocada por los libelistas, el ad quem resaltó que “para que la suma o agregación de posesiones sea procedente, es necesario ... 1. un vínculo jurídicamente válido entre el antecesor y el actual poseedor del bien que acredite la transmisión de la posesión; 2. que el antecesor haya sido poseedor del bien; y 3. la entrega real de la posesión” (fl. 38, cdno. 5).
Sobre el primero de los prenotados requisitos, sostuvo el tribunal, que el “vínculo jurídico no es otra cosa que el título traslaticio de la posesión que para este proceso sería el correspondiente al trabajo de partición y su aprobación, elevado a escritura pública, en el que se haya adjudicado a los demandantes el derecho de posesión material que ejercía su difunto padre ... sobre el bien inmueble materia del litigio” (fls. 38 y 39, ibíd.).
Añadió que en el asunto sometido a su estudio no se acreditó la señalada adjudicación; que, “sin título, no es viable acudir entonces a la suma de posesiones y, en tal caso los actores solo podrían invocar la posesión que directamente ellos han ejercido ... la cual no les permite adquirir el dominio del bien”, por lo que “resulta inane adentrarnos en el estudio de la posesión del señor ... Forero Luque, la forma en que la ejerció y si fue demostrada o no, pues no podrán prosperar las pretensiones de la demanda” (fl. 39, cdno. 5).
Dos cargos han sido formulados contra la sentencia, los que serán despachados en forma conjunta por ameritar consideraciones comunes.
Con apoyo en la causal primera de casación, se acusó la providencia del tribunal de ser violatoria de los artículos 778, 783, 1008, 1013, 1040, 1240 y 2521 del Código Civil y 53, 67, 73 y 105 del Decreto 1260 de 1970, como consecuencia de evidentes errores de hecho en la apreciación de las pruebas.
Aseveró el casacionista que el ad quem “no estudió o consideró en forma alguna pruebas válidamente aportadas al proceso ... como son las actas o registros civiles de defunción del causante Campo Eliécer Forero Luque y de su cónyuge Sixta Tulia Barragán”, ni los “registros civiles de nacimiento” de los demandantes, ni la partida eclesiástica de matrimonio del señor Forero y la señora Barragán. Estas pruebas, “a la luz de las disposiciones legales antes mencionadas ... constituyen documentos idóneos para demostrar entre otros aspectos su estado civil, el grado de parentesco entre unos y otros y su vocación hereditaria y de ahí la existencia de un vínculo jurídico en virtud del cual los demandantes podían unir su posesión con un antecesor en la misma (sic) como lo era su difunto padre y de contera pretermitir la exigencia del documento que el tribunal echa de menos para demostrar el mismo vínculo”, esto es, “el trabajo de partición y adjudicación de la posesión a favor de los herederos ya mencionados” (fl. 10, cdno. 7).
Así, según el censor, con motivo de la deficiente valoración probatoria, el sentenciador de segundo grado vulneró los artículos 105 del Decreto 1260 de 1970 y 778 y 2521 del Código Civil. Luego, tras citar algunos pronunciamientos de esta corporación, el inconforme agregó que “no encontramos disposición legal o interpretación jurisprudencial o doctrinaria que preconice que ... el documento o prueba idónea para demostrar el vínculo jurídico entre la posesión ejercida por el causante y sus herederos sea el denominado trabajo de partición y adjudicación elevado a escritura pública” (fl. 12, cdno. 7).
Con apoyo también en la causal primera, el casacionista atribuyó al ad quem la infracción directa, por “interpretación errónea del artículo 778 del Código Civil y de ahí por falta de aplicación de los artículos 783, 1008, 1013, 1040 y 1240 del mismo estatuto”.
En desarrollo del cargo, afirmó el censor que el tribunal tuvo “presente únicamente la parte de la norma (C.C., art. 778) que trata de la sucesión en la posesión a título singular, dejando de lado cualquier connotación a la sucesión a título universal como ocurre precisamente con la transmisión de la posesión del causante (sic) sus herederos”, pues “no de otra manera se entiende que en criterio del fallador se exija como “título traslaticio de la posesión invocada” el denominado “trabajo de partición y su aprobación, elevado a escritura pública” que constituye precisamente la singularización de la sucesión” (fl. 13, cdno. 7).
Después de citar varios pasajes de jurisprudencia de la Corte, que juzgó pertinente, precisó el censor que el ad quem, al deducir que el mencionado “vínculo jurídico” solo podía acreditarse con la adjudicación o el trabajo de partición, además de interpretar en forma errónea el citado artículo 778, desconoció los artículos 783 y 1013, ibídem, los que parcialmente transcribió.
En ese orden de ideas, añadió que “el artículo del C.C. (sic) precisa que la adquisición de la posesión en tratándose de un bien hereditario se realiza en el momento en el cual la herencia es deferida, esto es, en el momento de fallecer la persona de cuya sucesión se trata, según las voces del artículo 1013 del mismo estatuto, luego sostener o afirmar enfáticamente que no es (sic) ese momento sino en otro (la partición y adjudicación del activo sucesoral), como equivocadamente lo hace el tribunal ... necesariamente entraña ... un desconocimiento de la norma sustancial (C.C., arts. 783 y 1013)” (fl. 14, ibíd.).
Reclamó, el censor, en consecuencia, que casado el fallo de segunda instancia, la Corte revocará el proferido por el a quo y, por ese conducto, acceder a la demanda de pertenencia.
La Corte, delanteramente, observa que el censor con estribo en los dos cargos antes resumidos, por igual, quiso atacar, ora por la vía directa, ora por la indirecta, la conclusión del tribunal según la cual, la suma de posesiones aducida por la parte actora exigía para su configuración, de conformidad con los artículos 778 y 2521 del Código Civil, la presencia del “trabajo de partición y su aprobación, elevado a escritura pública, en el que se le haya adjudicado a los demandantes el derecho de posesión material que ejercía su difunto padre ... sobre el bien inmueble materia de litigio” (fls. 38 y 39, cdno. 7), ello, en orden a acreditar el “vínculo jurídicamente válido entre el antecesor y el actual poseedor del bien”, requisito este que, aunado a otros dos, es decir, a que “el antecesor haya sido poseedor del bien” y a la “entrega real de la posesión”, posibilitarían, con sujeción al ordenamiento jurídico patrio, la referida agregación de posesiones.
Y aunque, como seguidamente se expondrá, la destacada apreciación del tribunal no es de recibo en modo alguno, ninguna de las acusaciones formuladas por el casacionista puede abrirse paso, afirmación que a continuación se explica, con algún detalle:
1. De antiguo, el derecho ha reconocido que una persona que se encuentra en posesión de una cosa, ante precisas circunstancias, puede agregar a la suya, la posesión anterior ejercida de cara a la misma cosa, instituto este conocido a través de diferentes modalidades, de raigambre romana, a la par que de gran usanza en la doctrina: la accessio possessionis y la successio possessionis, existentes en función de que quienes “... suceden en lugar de otros, sea por un contrato, sea por una liberalidad, pues se concede esa accesión de la posesión del testador a favor de los herederos y de los otros que son tenidos como sucesores” (Digesto, 44, 3º, 14, 1º).
La ley colombiana, a tono con la vigencia de la figura en comentario, al ocuparse de la misma —entre otras disposiciones— en los artículos 778 y 2521 del Código Civil, es clara cuando dispone, en lo pertinente, que “Sea que se suceda a título universal o singular, la posesión del sucesor principia en él; a menos que quiera añadir la de su antecesor a la suya”, por manera que “Si una cosa ha sido poseída sucesivamente y sin interrupción por dos o más personas, el tiempo del antecesor puede o no agregarse al tiempo del sucesor”, respectivamente.
Por su parte, esta corporación, ha tenido ocasión de referirse a la “agregación de la posesión”, señalando que ella tiene como confesado propósito “autorizar que el poseedor, si así conviene a sus intereses, complete el tiempo necesario, bien sea para la consumación de una prescripción adquisitiva en curso o ya para abrirle paso a las acciones posesorias de “mantenimiento” ...” (CCXXVIII, 40), de suerte que, “la facultad consagrada por el artículo 778 del Código Civil, en armonía con el artículo 2521 ibídem, por medio de la cual se autoriza la llamada suma o unión de posesiones, a título universal o singular, tiene como finalidad “entre otros fundamentos”, “lograr” “la propiedad mediante la prescripción adquisitiva” (sent., jun. 26/86), es decir, permitir acumular, excepcionándose así el principio de que la posesión comienza en quien la ostente, al tiempo posesorio propio, el de uno o varios poseedores anteriores, bajo el supuesto de la concurrencia de las condiciones que para el efecto tiene establecidas la doctrina de la Corte, cuales son: a) ... un título idóneo que sirva de puente o vínculo sustancial entre antecesor y sucesor; b) que antecesor y sucesor hayan ejercido la posesión de manera ininterrumpida, y c) que haya habido entrega del bien; lo cual descarta entonces la situación de hecho derivada de la usurpación o el despojo” (CCLVIII, 321, reiterada en cas. civil, nov. 19/2001, exp. 6406).
En relación con el primero de los precitados elementos estructurales, se tiene que el “vínculo jurídico” a que se hace referencia y que sirve de unión —o puente— entre la posesión del antecesor y la del sucesor, legitimando al segundo, para prevalerse de la mencionada agregación temporal, podrá darse, según las circunstancias, ya successio possessionis, ora accessio possessionis, fenómenos que, según ha tenido oportunidad de precisarlo también esta corporación, poseen perfiles característicos que impiden su confusión, habida cuenta de que tienen fisonomía propia, pues al paso que la primera figura se “produce a favor de un heredero a título universal del poseedor fallecido quien, por mandato del artículo 783 ibídem, sustituye al causante en la posición jurídica en que este se encontraba en el momento de su defunción”, en la segunda, “... por el contrario, el causahabiente lo es por un título inter vivos de manera que puede agregar a su posesión la de quien le antecedió”, y por ello “... cuando un poseedor pretenda agregar a su posesión la de aquel a quien suceda por un acto entre vivos, debe acreditar un título de carácter traslaticio, exigencia que, en el evento del vínculo por causa de muerte, queda satisfecha con la prueba de la calidad de heredero que ha aceptado la herencia que se le ha deferido” (se resalta, cas. civ., feb. 8/2002, exp. 6019, aún sin publicar).
Ciertamente, en cuanto tiene que ver con la agregación de la posesión por causa de muerte, el hecho que se erige en detonante jurídico de la floración de ese ligamen o vínculo, lo constituye, de un lado, el fallecimiento del poseedor anterior y, del otro, la inmediata delación de la herencia a sus herederos (C.C., art. 1013), porque es, en ese preciso instante, en que el antecesor deja de poseer ontológica y jurídicamente y en el que sus causahabientes, según sea el caso, continúan poseyendo sin solución de continuidad, merced a una ficción legal, vale decir sin interrupción en el tempus. No en vano, quien sucede, lato sensu, se sitúa en el lugar de otra que ha fallecido, haciéndose a sus derechos y prerrogativas, lo que permite, en esta hipótesis, preservar incólume el tiempo de la posesión antecedente, lo que torna errónea, ab initio, la tesis esgrimida por el tribunal, antes expuesta, por cuanto, como ya lo ha explicitado la Corte Suprema, “La sucesión por causa de muerte es uno de los modos de adquirir el dominio, y que, por mandato del artículo 1401 ejusdem, el heredero desde el instante que acepta el llamado a la herencia adquiere derecho al patrimonio del difunto, es en este momento en el que el vínculo jurídico que se hace necesario para agregar la posesión del causante a la propia, cobra entidad, motivo por el cual es una equivocación escudriñar la partición en búsqueda de la adjudicación de la “posesión” de un bien, puesto que ese acto jurídico no es atributivo de derechos, sino meramente declarativo y con carácter retroactivo, aserto del cual se colige que no es la partición el origen del aludido vínculo de derecho que se hace menester para agregar la posesión del causante” (se resalta, cas. civil, feb. 8/2002, antes citada).
Expresado de otro modo, aflora claro el yerro jurídico del tribunal, comoquiera que trocó la naturaleza jurídica de la acción de partición, al mismo tiempo que no dio aplicación a basilares principios que estereotipan la sucesión por causa de muerte en el derecho patrio. Al fin y al cabo, es menester recordar, por resultar pertinente al asunto sometido al escrutinio de la Sala, que en el régimen hereditario colombiano la partición, como se mencionó en precedencia, no tiene propiedades constitutivas o atributivas, según tuvo lugar en el derecho romano, en desarrollo de la adjudicatio, lo que traduce que ella, únicamente, sea meramente declarativa, a emulación de lo sucedido en el derecho francés histórico y postmedieval y contemporáneo, en los que se anidó la teoría de la ficción, y así lo ha reconocido la Corte al afirmar que la partición es “... un negocio jurídico de carácter declarativo con efectos retroactivos, según se deduce de lo dispuesto por el artículo 1401 del Código Civil” (CCXXVIII, Vol. I, 661). Ello explica que don Andrés Bello haya esculpido la fórmula finalmente inmersa en el artículo 1344 del Código Civil chileno, equivalente al artículo 1401 del colombiano, a cuyo tenor “cada asignatario se reputará haber sucedido inmediata y exclusivamente al difunto, en todos los efectos que le hubieren cabido, y no haber tenido jamás parte alguno en los otros efectos de la sucesión”.
2. De todo lo anterior se desprende, que, en el presente juicio, el tribunal no resultó atinado cuando sostuvo, con carácter absoluto, que la suma de posesiones por causa de muerte solo podía darse por estructurada con la correspondiente adjudicación a los demandantes en el correspondiente trabajo de partición de la posesión de inmueble en disputa, pues, como quedó visto, para ello, in abstracto, era suficiente aportar la prueba idónea de la defunción del causante, así como de la calidad de herederos del de cujus, y sabido es que con la correspondiente demanda fueron anexadas las actas de registro civil que demuestran tales hechos (fls. 11 a 20, cdno. 1), debiéndose agregar que, el requisito concerniente a la aceptación de la herencia se satisfizo, en los términos del artículo 1298 del Código Civil, con el hecho mismo de la formulación de la demanda con que se dio inicio a este litigio.
Sin embargo, pese a la presencia del reseñado equívoco, de suyo claro, en sí mismo considerado, no podría la Corte quebrar la sentencia cuestionada del ad quem, puesto que al entrar a desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la providencia de primer grado, tendría que confirmarla en su integridad, por motivos diversos, toda vez que no fue acreditado, a plenitud, uno de los requisitos indispensables para que, en el sub judice, operara la pluricitada suma de posesiones.
En efecto, los demandantes, acorde con lo establecido en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, tenían la carga de probar no solo el ligamen que los unía con su antecesor, sino también los demás elementos requeridos para que la suma o agregación de la posesión fuera procedente, carga probatoria, que de no ser cumplida daría al traste con la declaración de dominio perseguida por la parte actora.
En este orden de ideas, conviene recordar que, en consonancia con su demanda inicial, los libelistas pretendieron prevalerse de la posesión que directamente ostentaron sobre el predio materia de controversia, ejercida durante cuatro años y cuatro meses, según lo manifestaron en la citada oportunidad, así como de la que ostentara su progenitor, el señor Campo Eliécer Forero Luque desde el 11 de septiembre de 1970, fecha en que celebró, con Alfredo García Calderón, promesa de compraventa sobre el mismo predio “el que ya venía ocupando” (fl. 29, ibíd.).
Y si bien es cierto que el negocio jurídico preliminar fue acreditado con copia auténtica del escrito que lo recogiere (fls. 6 y 7, cdno. 1), y que, de alguna manera, la prueba testimonial refiere que, para la época señalada en la demanda, el señor Forero Luque ocupó y explotó físicamente el predio en litigio (declaraciones de María Leonor Barragán de Sánchez y de Uriel Bello Salamanca, fls. 74 a 76 vto. cdno. 1), no puede pasarse por alto que la prolongada presencia del padre de los demandantes en el citado inmueble, obedeció, justamente, a la referida promesa de venta, celebrada con el entonces propietario del terreno, lo que sin más implica que para la fecha de celebración del mentado negocio (sep./70) y sin importar que “con anterioridad” a ella, el hoy occiso “viniera ocupando el inmueble”, reconoció positivamente, señorío o dominio del predio, en cabeza ajena, o lo que es lo mismo, para ese momento, él no tenía ánimo de señor y dueño inherente a la posesión, en los términos del artículo 762 del Código Civil, no siendo factible, entonces, inferir que, en virtud de la promesa y a partir de su celebración, el señor Forero Luque adquirió la posesión alegada por la parte actora.
Y es que, la eventual o virtual idoneidad de la promesa de contrato de compraventa para generar posesión, así esté acompañada de la entrega material del bien prometido, en línea de principio, ha sido reiterada y sistemáticamente rechazada por la jurisprudencia vernácula, porque esa modalidad de negocio jurídico genera la obligación de celebrar, en el futuro, el contrato prometido y, en consecuencia, no puede reconocerse, entre sus efectos connaturales, el que dé lugar —en beneficio del prometiente comprador— a una posesión.
Así, sobre este tópico, la Sala ha precisado que el contrato de promesa “... no constituye un acto jurídico traslaticio de la tenencia o de la posesión del bien sobre el cual ella versa” (CCXLIII, 530), toda vez que “... por sus mismas connotaciones funcionales, en particular por limitarse a comprometer la conducta futura de los contratantes ... no resulta eficaz, para traducirse en fuente o detonante del dominio, ya que se repite, esa tipología de negocio preparatorio tan solo origina una obligación de celebrar —in futurum— el contrato convenido (de hacer) y, en consecuencia, no puede —por definición— ser traslativo o constitutivo de derechos” (cas. civil, mayo 8/2002, exp. 6763).
De igual manera, en sentencia del 7 de julio de 1995, esta Sala precisó que “bien es sabido que en esta materia lo que el ordenamiento positivo exige es una sucesión en las posesiones fundada en una justa “causa adquirendi” por medio de la cual, en la forma de una continuación de posesiones contiguas y homogéneas respecto del objeto poseído, un poseedor reemplaza al otro y en consecuencia se hace imposible que de esta facultad puedan sacar provecho los usurpadores o los ladrones, luego es claro, que esa “causa adquirendi” pueda fincarse en cualquier clase de negocio jurídico, preparatorio o definitivo, que en atención a las condiciones concretas en el mismo consignadas, sea hábil para servir de nexo legítimo de unión entre aquellas situaciones posesorias que se agregan o fusionan”. Por tanto “... en determinadas condiciones las promesas de contrato sí pueden desempeñar esa función en tratándose de prescripción extraordinaria basada de suyo en posesión irregular” (se resalta, CCXXXVII, 21, 22).
Por consiguiente, en virtud de un pacto agregado (C.C., art. 1501), —es decir, mediando acuerdo diáfano, amén de expreso—, la promesa de compraventa puede llegar a ser fuente de posesión si en forma inequívoca se evidencia la voluntad de los contratantes de entregar el bien prometido al prometiente comprador para que él asuma su gobierno autónomo, y se realiza la entrega física —en favor de aquel— del bien materia de convención, porque como la jurisprudencia lo ha precisado, “cuando el prometiente comprador de un inmueble lo recibe por virtud del cumplimiento anticipado de la obligación de entrega que corresponde al contrato prometido, toma conciencia de que el dominio de la cosa no le corresponde aún; que de este derecho no se ha desprendido todavía el promitente vendedor, a quien, por tanto el detentador considera dueño, a tal punto que lo requiere para que le transmita la propiedad ofrecida. Para que la entrega de un bien prometido en venta pueda originar posesión material, sería indispensable, entonces, que en la promesa se estipulara clara y expresamente que el promitente vendedor le entrega al futuro comprador en posesión material la cosa sobre la cual versa el contrato de promesa” (se resalta, CLXVI, 51), lo que justifica que en este supuesto se exceptúe la señalada regla jurisprudencial que no es absoluta, según se anticipó.
Sin embargo, consultado detenidamente el escrito de promesa adosado con la demanda, no se observa que las partes hubiesen convenido alguna de estas específicas y excepcionales circunstancias, pues no se consignó que, con ocasión de la promesa misma, la posesión del predio dejaría de corresponder al prometiente vendedor o que pasaría a ser detentada por el prometiente comprador.
Puestas de tal modo las cosas, para la Sala aflora que el señor Forero Luque a partir de la suscripción de la referida promesa de compraventa (sep. 11/70) tuvo el disputado inmueble a título de mera tenencia, esto es, “la que se ejerce sobre una cosa, no como dueño, sino en lugar o a nombre del dueño” (C.C., art. 775), en este caso, el prometiente vendedor, a la sazón, su propietario inscrito. Y aunque el causante hubiera conservado materialmente el mismo predio hasta la fecha, de su óbito (dic. 25/92), ello, per se, no tenía el efecto de trocar, necesaria e ineludiblemente, su primigenia condición de tenedor en poseedor, comoquiera que “el simple lapso de tiempo no muda la mera tenencia en posesión” (art. 777, ibíd.), desde luego que para ello “se exige al tenedor la prueba de la interversio possessionis, por medio de un acto traslaticio emanado de tercero o del propio contendor naturalmente titular del derecho” (LXXXVI, 14) o “de su alzamiento o rebeldía, esto es del desconocimiento efectivo del derecho de la persona por cuya cuenta llegó a la cosa” (LXXI, 501 y LXXXVIII, 203) dentro de “una ubicación temporal que permita inferir la medida de un punto cierto, seguido de actos categóricos, patentes e inequívocos de afirmación propia, autónoma. Pues, en el último caso, le es indispensable descargar indiciariamente la presunción de que las cosas continúan conforme empezaron, aplicación elemental del principio de inercia, consagrado en los artículos 777 y 780 del Código Civil” (CLXXII, 184 y 185 y CXCII, 279).
Finalmente, resta decir que el material probatorio obrante en el expediente es insuficiente para llegar a conclusión diferente, porque los testigos antes mencionados, sin aducir parámetros temporales ciertos y precisos, manifestaron escuetamente que sobre el predio en cuestión “mandó” el señor Forero Luque durante varios años, hasta su fallecimiento (María Leonor Barragán de Sánchez y Uriel Bello Salamanca, fls 75 y 76, cdno. 1), debiéndose acotar que los prenombrados declarantes no hicieron siquiera una alusión, expresa o implícita, a la promesa tantas veces mencionada, ni adujeron circunstancias de tiempo, modo y lugar que llevaran a concluir que —por gracia de positivos, manifiestos y categóricos actos suyos— el prometiente comprador cambió o mudó su inicial condición de mero tenedor, en la de indiscutido poseedor del inmueble materia de controversia y menos que esa posesión (aducida, mas no probada), aunada, sin solución de continuidad, a la que ejercitaran personalmente los demandantes —sus causahabientes— superó los 20 años requeridos para que se abriera paso la reclamada prescripción adquisitiva extraordinaria, de llenarse, claro está, las demás exigencias de rigor, a que antes se hizo referencia.
Evidénciase, entonces que, con total prescindencia del yerro en que en efecto incurrió el tribunal, la pretensión de usucapión no podía —ni puede— ser atendida por no existir diáfanos elementos de juicio que permitan dar por probada la posesión atribuida al causante, por lo que ningún término de señorío cabría añadir al ostentado directamente por los demandantes, insuficiente, por sí mismo, para usucapir a la luz de los artículos 2531 y 2532 del Código Civil.
En síntesis, el cargo alegado no es suficiente para la infirmación de la sentencia impugnada, por cuanto aun dando por establecido el vínculo o puente existente entre los demandantes y su antecesor y demostrado, por ende, el yerro del tribunal, la acción de pertenencia fundada en una suma de posesiones no puede prosperar, por no estar acreditada la posesión del antecesor y evocando lo dicho por esta corporación, en fallo proferido en tiempos ya lejanos “Tanto vale restablecer el verdadero sentido de la ley y uniformar consiguientemente en ese punto la jurisprudencia, dentro de sentencia de instancia como en el estudio de un motivo fundado en derecho, pero inconducente para cambiar la decisión final de la controversia” (LXIII, 174), resultando procedente, eso sí, efectuar la correspondiente corrección doctrinaria, sin que haya lugar a condenar en costas al casacionista, conforme a lo establecido en el artículo 375 del Código de Procedimiento Civil.
Como corolario de lo anterior, ninguno de los dos cargos formulados prospera.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 26 de marzo de 1999, por el Tribunal Superior de Cundinamarca, en el proceso ordinario promovido por los señores Luis Daniel, Ana María, Rebeca, Sixta Tulia, Carlos Adolfo, Silviana y Luz Marina Forero Barragán frente a Hortensia Nivia y personas indeterminadas.
No hay lugar a condenar en costas por lo dicho en la parte motiva.