Source: https://www.scribd.com/doc/15854859/Congreso-constituyente-1857-libertad-igualdad-fraternidad-los-masones-libres-de-Mexico
Timestamp: 2017-01-22 04:22:21
Document Index: 162742592

Matched Legal Cases: ['Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 13', 'Artículo 23', 'Artículo 27', 'Artículo 123', 'artículo 123', 'artículo 116', 'artículo 72', 'artículo 7']

BrowseInterestsBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultBrowse byBooksAudiobooksArticlesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinCongreso constituyente (1856-1857)
Estuvo formado por una mayoría de liberales moderados, un activo grupo de diputados liberales y otros conservadores. La Comisión redactora del Nuevo Proyecto de Constitución estuvo integrado por: Ponciano Arriaga (liberal, Presedente del Congreso y de la Comisión redactora). Joaquín Cardoso (liberal). José María Cortés y Esparza (liberal moderado). Pedro Escudero y Echánove (liberal moderado). León Guzmán (liberal, vicepresidente de la Comisión redactora). José María Mata (liberal). Isidro Olvera (liberal, secretario de la Comisión redactora). Antes de iniciarse la discusión y aprobación de la nueva constitución fue promulgado el Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana por Ignacio Comonfort, que debía regir provisionalmente al país. Entran posteriormente a la Comisión redactora: José María Castillo Velazco (liberal ). Melchor Ocampo (liberal). Liberales: Pedro Baranda, Santos Degollado, Benito Gómez Farías, Valentín Gómez Farías, Guillermo Prieto, Ignacio Ramírez, Manuel Romero Rubio, Ignacio Luis Vallarta, Francisco Zarco, José Emparán, Justino Fernández, Ignacio Mariscal. Conservadores: Antonio Aguado, Mariano Arizcorreta, Marcelino Castañeda. En total 95 diputados firmaron la Constitución
Restauración de la constitución de 1824, propuesta por los Diputados del ala moderada y conservadora, encabezada por el Diputado Marcelino Castañeda. Fue finalmente desechada. Libertad de imprenta. Libertad de enseñanza. Abolición de la pena de muerte. Libertad de trabajo. Derecho de propiedad. Juicio por jurados (no se aprobó). Elección directa (no se aprobó). Creación del Senado (no se aprobó). Libertad de cultos. Fue el tema más discutido. No se incorporó textualmente a la Constitución, por 65 votos contra 44. sin embargo, al no prohibirse la tolerancia religiosa quedó implícita la libertad de cultos. El Diputado Ponciano Arriaga introdujo un artículo dando facultades a los poderes federales para legislar en materia de culto.
Esta Constitución significó el triunfo del Federalismo y el inicio de la Reforma liberal. Organizó al país en una República representativa y democrática, y estableció un sistema unicameral que fortaleció al Poder Legislativo. Su capítulo fundamental es el que se refiere a las Garantías Individuales. Principales artículos. - Artículo 3º Libertad de enseñanza. - Artículo 4º Libertad de trabajo. Todo hombre es libre de abrazar la profesión que mejor le acomode. - Artículo 5º Ningún contrato puede significar la pérdida de la libertad, ya sea por causa de trabajo o de voto religioso. - Artículo 6º No puede ser coartada la manifestación de las ideas, salvo que violen principios de carácter moral o derechos de terceros. - Artículo 7º Es inviolable la libertad de Imprenta. Los delitos sobre la misma serán juzgados por la Ley que corresponda. - Artículo 13º Nadie debe ser juzgado por leyes privadas ni tribunales especiales. Ninguna persona ni corporación pueden tener fueros. - Artículo 23º Queda abolida la pena de muerte, salvo en casos que la Ley prevé. - Artículo 27º Ninguna corporación civil o eclesiástica podrá ser propietaria o administrar bienes raíces, salvo los edificios destinados al objeto de la institución. - Artículo 123º El poder federal intervendrá en materia de culto religioso, de acuerdo a la Ley
Reacción contra la constitución
La iglesia condena a la Constitución por considerarla contraria a su dogma, por suprimir sus fueros, impedirle administrar bienes raíces, quitarle el monopolio educativo y dejar abierta la posibilidad de legislar en materia de culto, además de permitir la tolerancia religiosa. Finalmente, excomulga a quienes la juren, apoya al grupo conservador interviniendo en la guerra. El grupo conservador: Félix Zuloaga proclama el Plan de Tacubaya desconociendo a la Constitución de 1857 por considerarla contraria a los intereses de los mexicanos, reconoce como procedente a Comonfort y pide la reunión de un nuevo Congreso Constituyente. Dentro del propio gobierno: Comonfort considera imposible gobernar con esta Constitución que por su sistema unicameral deja maniatado al ejecutivo. Da un golpe de Estado y se adhiere al Plan de Tacubaya. Guerra Civil: Las posiciones de los grupos políticos se radicalizan llevando a una polarización total a la sociedad, se inicia la Guerra de Reforma que dura tres años. Coexisten dos gobiernos, el liberal y el conservador, de 1858 a 1867. Ambos recurren al extranjero en busca de ayuda.
La Constitución de 1857 ha sido considerada por los más prominentes juristas como un documento que, aunque establecía un sistema presidencial de gobierno, contenía matices o tintes parlamentarios, en otras palabras, como un sistema que imponía la preeminencia del poder legislativo, supresión del senado, el establecimiento de un segundo periodo de sesiones, la facultad otorgada al Congreso para convocar con una mayoría simple a sesiones extraordinarias, la figura de refrendo ministerial y la obligación
de los secretarios de despacho de informar al Congreso, y la restricción al otorgamiento de facultades legislativas al ejecutivo para los casos de emergencia y suspensión de garantías. Emilio Rabasa, en su clásico La Constitución y la dictadura (1912), opina que este hecho obligó al ejecutivo a gobernar al margen de la Constitución. Finalmente, y como resultado del proceso revolucionario iniciado en 1910, se convocó a un nuevo Constituyente en 1916 y se promulgó la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos de 1917. esta sentó las bases formales del presidencialismo mexicano que hoy conocemos. En perspectiva histórica, Lorenzo Meyer sostiene correctamente que la evolución de la presidencia no ha sido lineal y progresiva, sino que ha oscilado entre la absoluta debilidad y el extremo poder. De 1824 a 1867, la presidencia fue débil, con pocos recursos de poder y poca capacidad para mantener unida a la nación o defenderla de las amenazas externas. Después de 1867, el péndulo se movió progresivamente al otro extremo y ahí permaneció durante los treinta años del Porfiriato. El estallido de la Revolución regresó el péndulo al sitio de la debilidad, el poder recayó en los ejércitos y sus líderes. Con la victoria del gobierno republicano sobre el imperio de Maximiliano en junio de 1867 se inicio un nuevo periodo histórico que duró hasta mayo de 1911, fecha en que el general Porfirio Díaz abandonó el poder a raíz del estallido de la Revolución Mexicana. Dividida en dos subperiodos : el primero conocido como el de la "República Restaurada. Los años que corrieron de 1867 a 1876 se caracterizaron por el resquebrajamiento de la alianza liberal en facciones personalistas que lucharon entre sí como habían peleado contra el partido conservador y la intervención extranjera. El primer propósito del gobierno de Juárez al instalarse en la ciudad en México fue que el país recobrara cuanto antes su vida constitucional. El 14 de agosto de 1867, se publicó la convocatoria a elecciones para renovar todos los poderes del Estado. En ella quedó incluido el programa político de Juárez y de su secretario de Gobernación y de Relaciones Exteriores, Sebastián Lerdo de Tejada, cuyo fin era reformar la Constitución de 1857 para robustecer el poder ejecutivo. Las propuestas eran cinco y consistían en: restablecer el Senado y así equilibrar el poder legislativo en manos de la Cámara de Diputados.; imponer el veto del ejecutivo sobre proyectos de ley emitidos por el legislativo, ya que la Carta Magna daba mayor poder a este último que al ejecutivo; autorizar a los ministros a contestar, en comunicaciones escritas, las preguntas del Congreso, con lo cual quedaría testimonio de los asuntos que se trataban; limitar las facultades de la Comisión Permanente para convocar a sesiones extraordinarias del Congreso, ya que esta facultad se ponía en práctica con demasiada frecuencia; variar la forma en que el presidente de la República podía ser sustituida en ausencia también del presidente de la Corte de Justicia, con lo cual Juárez y Lerdo se proponían evitar otro problema sucesorio como el que habían tenido en 1865 con el general Jesús González Ortega. Juárez se enfrentó a Díaz en las elecciones presidenciales y los resultados le dieron un triunfo contundente. El 8 de diciembre devolvió las facultades extraordinarias al Congreso recién instalado, mismo que lo declaró presidente constitucional pocos días después. Porfirio se separó de la vida política, no así el grupo porfirista cada vez más importante en el Congreso y se opondría a todas las medidas dictadas por el ejecutivo, empezando por las reformas a la Constitución. De enero a junio de 1871 se desarrollo la campaña electoral entre Benito Juárez, Lerdo de Tejada que dimitió del gabinete en enero de 1871 y el tercero en discordia fue Díaz. Ninguno obtuvo la mayoría absoluta por lo que el Congreso tuvo que declarar a uno de los tres y Juárez, el 12 de Octubre es electo. Todo desembocó en la revuelta de la Noria en noviembre de 1871 y con esto Juárez intenta en vano reformar la Constitución el primero de abril de 1872. Juárez muere el 18 de julio de 1872. Sebastián Lerdo de Tejada asume
la presidencia interina de la República como presidente que era de la Suprema Corte de Justicia. Lerdo comienza su cuatrienio como presidente constitucional el primero de diciembre de 1872. El 21 de noviembre había recibido la visita de Porfirio Díaz , quien lo tildara de "jefe del partido conservador" cuyo propósito era volver a poner al país bajo la tutela del clero. Lerdo se mostró como un reformista radical y rígido y emprendió una política anticlerical que se manifestó en tres aspectos: a) la inclusión en la Constitución de las Leyes de Reforma y su subsecuente reglamentación; b) la expulsión de algunos jesuitas y la prohibición a las hermanas de la Caridad de vivir en comunidad; c) la protección y el favoritismo mostrado con los protestantes establecidos en México El 25 de septiembre de 1873 se anunció que se adicionaban las Leyes de Reforma a la Constitución, y la reglamentación de la ley se hizo esperar un año y se publicó el 14 de diciembre de 1874. El 13 de noviembre de 1874, el presidente anunció que el poder legislativo de la nación se depositaba en un Congreso general que se dividiría en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores.
Programa político del liberalismo
La constitución de 1857 tenía dos rasgos fundamentales: - Federalista y , - Parlamentaria El federalismo había estado íntimamente ligado con el liberalismo desde la Constitución de 1824. Aparecieron en la superficie de la sociedad la fuerza de los poderes locales representada por los caciques. El liberalismo contó con el apoyo de estos elementos fundamentales a nivel regional. En términos generales, a lo largo del siglo XIX los caciques fueron elementos de modernización al promover un capitalismo incipiente a nivel local. Frente a la enorme concentración de tierras en manos de la Iglesia, los caciques se proponían desarrollar un mercado local, y por ende, ambicionaban las tierras que el clero explotaba pobremente. Los caciques veían en esa forma de organización política una garantía para el mantenimiento de su independencia respecto al poder central. Establecer un cierto equilibrio entre los intereses locales y el proyecto nacional, el sistema federal americano que había servido de modelo estableció dos cámaras, una de origen popular y la otra, el senado, que representaba los intereses locales en su conjunto. En México y bajo la influencia de la Revolución Francesa se descartó la cámara de senadores por considerarla aristocratizante y se deposito el poder legislativo en una sola cámara. Juárez propuso la creación de la cámara de senadores como elemento fundamental de centralización política. El senado tendría entre sus atribuciones, la de declarar desaparecidos los poderes constitucionales de los estados y nombrar al gobernador provisional, resolver los conflictos que surgieran entre poderes de un estado. El senado sería, a diferencia de los Estados unidos, una poderosa arma del Ejecutivo Federal para intervenir en la política local. Juárez propuso que el presidente pudiese vetar las iniciativas del legislativo, para su nueva aprobación requeriría no de la mayoría sino de las dos terceras partes de los botos
a favor. La reforma propuesta consistía en limitar las atribuciones de la comisión permanente para convocar, en los periodos de receso de la cámara, a sesiones extraordinarias. El presidente quería fortalecer el poder del Ejecutivo Federal en su doble carácter, como representante del proyecto nacional frente a la multitud de proyectos locales, y en su calidad de poder ejecutivo, frente al poder omnipotente del legislativo. Propuso una extensa política de conciliación. Esta respondía a la realidad; el liberalismo representaba a una minoría ilustrada frente a la inmensa mayoría ignorante y bajo la enorme influencia de la Iglesia. En una sociedad mayoritariamente agraria como lo era México durante todo el siglo XIX, era normal que el liberalismo representase a una minoría, restableciendo el voto pasivo a los miembros del clero, de esta manera la Iglesia estaría representada en la cámara, evitándose así que se organizara al margen de las estructuras liberales y en contra de ellas. Extendía esta política de conciliación a todos aquellos que, ya fueran liberales o conservadores, hubieran ayudado al Imperio. Era tan extensa esta política que sólo quedaron excluidos tres personajes: los generales Leonardo Márquez y José López Uraga y el obispo Antonio Labastida y Dávalos. Cada uno de ellos ejemplificaba una corriente política que había apoyado al Imperio. Leonardo Márquez representó al militarismo más cruel. Labastida y Dávalos representaba al sector más reaccionario y combativo de la Iglesia mexicana. Regresó a México con las tropas francesas y ocupó nada menos que la regencia del Imperio. El general José López Uraga representaba al amplio sector liberal que desertó para unirse al Imperio. El nivel de deserción en las filas liberales fue tan extenso que al restablecerse la república Manuel Payno encontró 104,000 solicitudes de empleos. Payno quiso publicar la lista de los solicitantes y Sebastián Lerdo de Tejada se opuso argumentando que de hacerlo el partido liberal desaparecería. La justificación de esta extensa deserción se basaba en la coincidencia del programa liberal con el aplicado por Maximiliano. Frente a la deserción liberal se formó un pequeño grupo de una treintena de hombres que se mantuvieron firmes en contra del Imperio, "LOS INMACULADOS DEL PASO DEL NORTE", formaron desde 1867 una verdadera élite que controlaría los puestos claves del poder hasta su paulatina desaparición física. Benito Juárez Sebastián Lerdo de Tejada, José María Iglesias, José María Lafragua, José María Vigil, Guillermo Prieto, Porfirio Díaz, Manuel González, Mariano Escobedo e Ignacio Mejía entre otros. El presidente Ignacio Comonfort consideraba que una Constitución con un poder ejecutivo débil y un parlamento omnipotente sería nefasta para el país. Comonfort concluía que en México la tendencia general era hacia la disgregación, de ahí, la importancia de tener un poder ejecutivo fuerte, capaz de imponer un proyecto nacional. La Constitución pasó a ser el emblema liberal a lo larga de diez años de lucha. Al regresar Juárez, la Constitución aparecía como la justificación a todos los sacrificios y se le consideraba como la solución a los problemas nacionales. Las reformas propuestas por Juárez fracasaron, pues los caciques se sintieron amenazados por la política centralizadora que en ella se delineaba. Se le atacó argumentando que el sistema de plebiscito no estaba contemplado por la Constitución. Toda reforma debería ser aprobada por el Congreso Federal y por la mayoría absoluta de las legislaturas locales. La convocatoria dio origen a la primer tormenta política de la república restaurada y se le consideró como la causa que dividió al partido liberal en dos fracciones: la juarista y la porfirista. Porfirio Díaz carente de un programa político, tomó el de un constitucionalista intransigente, frente a Juárez , de personificar la Constitución, aparecía como su primer transgresor. Con el tiempo Díaz se convertiría en el líder de los caciques que resentían la política centralizadora del gobierno, unidos a los caudillos militares profundamente
resentidos por un régimen civilista que les debía el triunfo y que una vez en el poder los desplazaba. Al fracasar las reformas propuestas por Juárez en la convocatoria, el presidente se vio obligado a vivir al margen de la constitución. Durante los 112 meses que duró la República restaurada, tanto Juárez como Lerdo de Tejada solicitaron durante 49 meses la suspensión de las garantías individuales. Es decir, para poder actuar el Ejecutivo se vio obligado a utilizar facultades extraordinarias.
La presidencia de Sebastían Lerdo de Tejada
Con la desaparición legal del partido conservador, el partido liberal conoció a partir de 1867 un proceso de constantes divisiones internas. La cohesión que dicho partido mantuvo desapareció en el momento del triunfo. Desde 1867 los candidatos a la presidencia de la República surgieron exclusivamente de las filas liberales. Benito Juárez y Porfirio Díaz. En julio de 1871, la división del partido se acentuó al aparecer una tercera candidatura liberal, la de Sebastián Lerdo de Tejada. Era difícil precisar las diferencias políticas entre estos tres candidatos, declaraban compartir las ideas liberales cristalizadas en la Constitución de 1857, fracciones personalistas. Porfirio Díaz, quien carecía de un verdadero programa político, atacaba a Juárez de violar la Constitución. La posición del Presidente era la más vulnerable pues sufría un desgaste lógico del ejercicio del poder. Sus oponentes criticaban su política y a cambio hacían promesas para el futuro. La reelección del presidente Juárez contaba con una oposición cada vez más creciente. El grupo civilista apoya a Sebastián Lerdo de Tejada. Díaz, además de representar a los militares resentidos y a los caciques temerosos de la política centralizadora de Juárez, pertenecía a una generación diez años más joven que la del presidente. Esta generación creía que había llegado el momento de renovar a la clase política representada por el Ejecutivo. En Octubre el congreso declaró electo a Juárez. Al mes siguiente estalló la revuelta de la Noria encabezada por Porfirio Díaz. El plan de la Noria se oponía a la reelección indefinida de Juárez. Añadía que el presidente violaba sistemáticamente la Constitución al intervenir en los otros dos poderes de la Unión y al atropellar la soberanía de los Estados. La revuelta perdió todo sentido a la muerte del presidente Juárez. Sebastián Lerdo de Tejada ocupó la presidencia provisional y en el verano de 1872 resultó electo en los comicios. Lerdo de Tejada se hizo cargo de la presidencia bajo los mejores augurios y en un lapso de tres años se hundió en una gran impopularidad. Durante la presidencia provisional, Lerdo decretó una ley de amnistía que acabó por desmantelar definitivamente a los rebeldes porfiristas, sin embargo perdieron sus grados militares y condecoraciones. Porfirio Díaz se acogió a la ley de amnistía. Lerdo declaró que gobernaría como jefe de la Nación y no de un partido político. Tranquilizó a los juaristas e infundió esperanzas a los conservadores. En las elecciones de octubre de 1872 obtuvo 10502 votos y Porfirio Díaz solo 680 y publicó un manifiesto declarando que su gobierno se apegaría a la Constitución de 1857 y a las Leyes de Reforma. Este manifiesto echó por la tierra las esperanzas del partido conservador. De la declaración el presidente pasó inmediatamente a los hechos, iniciativa para expulsar a los jesuitas del país, enorme descontento entre los miembros de la Iglesia.
El 13 de mayo de 1873 decretó que prohibía toda manifestación pública de culto. El 20 de mayo, dispuso la exclaustración de varias órdenes residentes en la ciudad de México. El enfrentamiento entre el gobierno de Lerdo y la Iglesia llegó a su clímax en septiembre de 1873, fecha en que las leyes de Reforma fueron incluidas en la Constitución de 1857, tanto el partido conservador como la Iglesia habían argumentado que eran anticonstitucionales pues habían sido decretadas por el presidente y no promulgadas por el Congreso, no perdían las esperanzas de que dichas leyes fueran derogadas. Esto provocó una revuelta cristera cuyo centro de acción se situaba en el Estado de Michoacán. Durante su presidencia, Lerdo de Tejada no pudo terminar con esta revuelta. Continuando con esta política anticlerical, Lerdo decretó el 1º de diciembre de 1874 la disolución de la obra de las Hermanas de la Caridad, enorme descontento en las zonas urbanas, pues estas religiosas se dedicaban a cuidar enfermos en los hospitales. La política lerdista con relación a la Iglesia le enajenó al Ejecutivo apoyos considerables. Durante el periodo de Sebastián Lerdo de Tejada y ante la indefinición constitucional, el Presidente consideró que a él le correspondía nombrar a los jueces de distrito y de circuito. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, José María Iglesias, se enfrentó a Lerdo. Para Iglesias la base de la separación de los tres poderes residía en la independencia del poder judicial, encargado de vigilar el cumplimiento de la Constitución, el poder Judicial era el único que no debería depender de los vaivenes políticos puesto que su función estaba claramente marcada en la Constitución. Para Iglesias la intervención del Ejecutivo en el nombramiento de los jueces creaba lazos de lealtad con un poder que le era extraño. Lerdo dividía al poder judicial en dos sectores; la Suprema Corte de Justicia mantendría su independencia y por la otra la base misma de dicho poder se ligaría al Ejecutivo. Aunque este conflicto no se resolvió durante la época de Lerdo, indiscutiblemente creó un enorme distanciamiento entre los dos poderes de la Unión. La Ley del 19 de mayo de 1875 agravó todavía más la situación. Lerdo pretendía restringir las facultades de la Suprema Corte de Justicia para amparar a las autoridades políticas que fueran declaradas inconstitucionales. Provocó la renuncia de José María Iglesias a su cargo de presidente de la Suprema Corte, y en la sesión del 2 de junio la Suprema Corte lo obligó a retirar su renuncia. Al finalizar el año 1875 todas las condiciones eran propicias para que estallara una revuelta en contra del presidente Lerdo de Tejada. Esta cristalizó el 10 de enero de 1876 cuando el coronel Sarmiento se pronunció enarbolando el Plan de Tuxtepec. En este se desconocía al presidente, se designaba al general Porfirio Díaz jefe del Ejército Regenerador y se determinaba que el presidente interino sería nombrado por la mayoría de los gobernadores de los estados que se adhiriesen al plan. Tanto en el Plan de Tuxtepec como en el de La Noria se atacaba al presidente de violar la Constitución al no respetar el federalismo y la división de poderes. Coincidían en declarar que mediante la imposición de candidatos oficiales el presidente no permitía el desarrollo de la democracia. El Plan de Tuxtepec proponía un programa negativo, estaba en contra de la reelección, el establecimiento del Senado y el mantenimiento de la Ley del Timbre. Tanto el Senado como la Ley del Timbre tenían un claro objetivo de centralización política que los caciques repudiaban. La Ley del Timbre fue un impuesto federal generalizado durante la Intervención francesa para obligar a los estados a contribuir económicamente en su lucha contra ésta. El 21 de marzo de 1876 Porfirio Díaz aceptó la jefatura del movimiento y presento las reformas de Palo Blanco. Díaz propuso que la presidencia interina fuese ocupada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, es decir, por José María Iglesias. Intentaba
cubrirse de un manto de legalidad constitucional. Una vez llevada a cabo la reforma constitucional que prohibiese la reelección del presidente, Iglesias no podría presentarse a las elecciones. De esta manera, Díaz se valía y eliminaba simultáneamente del terreno político la figura del presidente de la Suprema Corte. Porfirio Díaz logró unificar una serie de revueltas locales y darle al movimiento el carácter nacional que requería para su triunfo. A finales de 1873 surgió un movimiento cristero como reacción a las leyes de Reforma, y para 1875 se había extendido hasta Guanajuato, Jalisco, el Estado de México y Morelos. A pesar de su aislamiento político Lerdo decidió presentarse a las elecciones presidenciales de julio de 1876, el Congreso se reunió el 1º de septiembre y ante la expectativa general no declaró el resultado de las elecciones hasta el 26 de octubre. Ese lapso no hizo mas que confirmar ante la opinión pública que Lerdo sería declarado reelecto para el periodo comprendido entre el 1º de diciembre de 1876 y el 30 de noviembre de 1880. El último gran golpe asestado en contra de Lerdo fue dado por José María Iglesias quien al aparecer la declaración del Congreso a favor de la reelección lerdista, Iglesias publicó el 31 de octubre un manifiesto proclamando ilegal dicha reelección y autonombrándose presidente interino, contó con el apoyo de dos estados de la República Querétaro y Guanajuato. Iglesias publicó un programa de gobierno en el que se comprometía a que tanto él como los miembros de su gabinete no se presentarían en las próximas elecciones presidenciales, para demostrar así que su lucha no era de carácter personalista seno a favor del cumplimiento constitucional. La división de Iglesias debilitó al gobierno lerdista pues para combatirlo lo obligó a fraccionar aún más sus fuerzas militares. La batalla decisiva, 16 de noviembre de 1876, Tecoac, próximas a Huamantla, en el Estado de Tlaxcala. 3 mil hombres de las fuerzas lerdistas y Porfirio Díaz, 4 mil rebeldes prácticamente derrotados de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Antes de las 5 de la tarde se presentó el general Manuel González con 3800 hombres. La llegada oportuna de González transformó la derrota en una victoria porfirista. Lerdo de Tejada entregó el gobierno civil a un porfirista, Protasio Tagle, y recomendó al general Francisco Loaeza, comandante de la plaza, que no la entregase a José María Iglesias. En la tarde del 23 de noviembre Porfirio Díaz hizo su entrada triunfal a la capital. Díaz proclamó el desconocimiento del gobierno lerdista, el reconocimiento de los gobernadores que se adhiriesen al Plan, la organización de elecciones generales en dos meses, la reforma constitucional para prohibir la reelección del presidente y de los gobernadores y la entrega de la presidencia provisional a José María Iglesias bajo la condición de que aceptara públicamente el Plan de Tuxtepec.
La Formación del Estado Laico en México.
LOS DIPUTADOS CONSTITUYENTES. Valentín Gomez Farías, Francisco Zarco, Guillermo Prieto, Pedro Escudero y Echánove, Santos Degollado, Inacción Ramírez, José María del Castillo Velasco, León Guzmán Isidoro Olvera, Ponciano Arriaga, José María Mata, Ignacio L. Vallarta, Mariano y Vicente Riva Palacio, Melchor Ocampo y José María Lafragua, fueron electos diputados
constituyentes, estos dos últimos prácticamente no llegaron a intervenir en las sesiones parlamentarias. Muchos de estos diputados poseían una regular cultura política y algunos conocían con cierto detalle el texto de la Constitución norteamericana y habían leído el libro de Tocqueville sobre La democracia en América, así como las obras de los principales tratadistas de esa Constitución. Además, el funcionamiento de las instituciones constitucionales de Inglaterra, España y especialmente Francia, no les era desconocido. Trabajaron sobre El modelo de Filadelfia, haciendo del gobierno un equilibrio de fuerzas, disposiciones que rompieron fundamentalmente el equilibrio constitucional: la cámara única, la supresión del veto presidencial, la acción congresional ininterrumpida, el juicio político sin garantías de justicia, en una palabra, la omnipotencia del legislativo. Casi cuatro meses tardó en elaborarse el proyecto de Constitución, los debates que más adelante dividieron a los constituyentes, sobre todo los relativos a las materias religiosas y a la organización del propio Congreso. Los temas que se debatieron, la altura y seriedad del propio debate, el modelo histórico que se vivía, la formación intelectual y la responsabilidad de los constituyentes más destacados permiten afirmar que el Congreso Constituyente de 1856-1857 es el más importante de la historia constitucional mexicana. EN LA ARENA PARLAMENTARIA Los debates más significativos fueron los relativos al proceso de reforma que tímidamente había comenzado bajo el gobierno de Juan Álvarez, en concreto la libertad de culto y la relación con la Iglesia, el nuevo equilibrio entre los poderes ejecutivo y legislativo; el restablecimiento de la Constitución federal de 1824; y el problema de la propiedad inmueble. Un asunto no fue puesto a discusión: la forma republicana del gobierno. Desde Ayutla, quedó claro que los monárquicos mexicanos estarían excluidos. El Congreso Constituyente, como fruto de una revolucion prerrepublicana, impidió que fuea discutida abiertamente la cuestión más urgente del momento y la que a la larga costaría tanto derramamiento de sangre: la forma de gobierno. En materia religiosa el proyecto de la comisión incluyó las tres polémicas leyes "prerreformistas". La ley Iglesias, que declaró no obligatorio el pago de los derechos y de las obvenciones parroquiales; la Juárez, que ordenó la supresión de los fueros eclesiásticos y militar en los juicios civiles y renunciable en los criminales; y la ley Lerdo, que obligó a desamortizar la propiedad vinculada tanto a corporaciones civiles como a la Iglesia. La libertad de cultos provocó las más encendidas objeciones. Los que la favorecían argumentaron que la república solo superaría sus graves dificultades si admitía una considerable colonización de extranjeros, principalmente europeos, para lo cual se hacía indispensable admitir la libertan de cultos. Los detractores afirmaron que con ella se pondría en riesgo la unidad de los mexicanos. El Constituyente aprobó el artículo 123 que dotó a los poderes federales de la facultad de intervenir en las materias de culto religioso y disciplina externa, lo que equivalía a reconocer el ejercicio de un cierto patronato sobre la Iglesia. Nadie quedo plenamente satisfecho con la reglamentación que finalmente hizo la Constitución de esta importante materia, que aceleró y legitimó el proceso de secularización de la vida social de los mexicanos iniciado con las reformas de los monarcas Borbones. Esta inconformidad fue una de las principales causas del amplio rechazo al texto constitucional y de la posterior guerra de Reforma, aunque no la única. Otra provino del deficiente y endeble equilibrio que estableció entre poderes. INCONFORMIDAD CONSERVADORA Los Conservadores prácticamente excluidos del seno del Congreso Constituyente, no ofrecieron un proyecto de Estado alternativo al propuesto en la nueva Constitución. También divididos, coincidieron en la defensa de la religión -como el último y único lazo de unidad entre los mexicanos- y de la propiedad - tanto de la privada como de la corporativa, sin embargo, con o sin la ayuda de la Iglesia pero si con la del ejército y la del
pueblo, comenzaron a organizar la oposición, defender la religión y la independencia nacional, que se respetasen la religión y los fueros. Durante todo el año de 1857 creció el descontento provocado por la desamortización de las fincas rústicas y urbanas de las corporaciones civiles y eclesiásticas y de las tierras comunales de los pueblos indígenas, y por el juramento a la Constitución exigido por el gobierno a los sacerdotes y a los empleados públicos. Rechazo generalizado a la Constitución, y finalmente a la proclamación del Plan de Tacubaya, el 17 de diciembre, por parte del general Félix Zuloaga, desconoció a la nueva Constitución y Comonfort, quien no podía verse transformado como un presidente constitucional en cierta forma sometido al Congreso se adhirió al de Tacubaya. El texto de la Constitución de 1857 no satisfacía prácticamente a nadie y los conservadores la rechazaron por irreligiosa e inmoral, y por estar plagada de principios filosóficos abstractos, ajenos al pueblo mexicano. El papa Pío IX atacó los artículos aprobados de la Constitución en materia eclesiástica y religiosa, acusando al gobierno mexicano de injuriar a la religión, a la Iglesia católica, a sus ministros y pastores, a sus derechos y a la propia autoridad pontificia, por todo lo cual condenó y declaró "írritos y de ningún valor los enunciados decretos". El 11 de enero de 1858 el mismo Auloaga pronunció en contra de Comonfort y se convirtió en presidente interino con su gabinete conservador. La Guerra de Reforma, o de Tres Años, fue la más Sangrienta e Intransigente de las conflagraciones civiles del siglo XIX mexicano independiente. La libertad de cultos no se decretó hasta diciembre de 1860, días antes de finalizar la guerra, lo que demuestra la cautela con la que se trataba el asunto de la religión.
Con la Ley Juárez (1855)- Elaborada por Benito Juárez mientras era Ministro de Justicia. Consideraba a todos los ciudadanos iguales ante la ley con lo que suprimía los privilegios del clero y del ejército. Otro de los puntos importantes declaraba que ni los matrimonios ni los entierros eran asuntos del clero, sino del estado, lo cual le quitaba a ésta una fuente de recursos que había tenido por más de trescientos años. Obviamente, el descontento entre los conservadores ocasionó largos debates dentro del Congreso instalado en 1856, formado en su mayoría por liberales radicales pero con presencia de moderados y conservadores. Mientras que los liberales querían la división de las grandes propiedades en pequeños propietarios, los conservadores argumentaban que la iglesia tenía derecho a tener sus propios bienes y que las comunidades indígenas saldrían perjudicadas con el fraccionamiento de sus tierras. Por ser mayoría, los liberales resultaron ganadores y promovieron una nueva Constitución que incluyera estos nuevos principios que fue promulgada el 5 de febrero de 1857: México sería una República Federal División de poderes - Poder ejecutivo en manos del Presidente de la República por un periodo de cuatro años
con derecho a reelección - El poder legislativo lo ejercería el congreso formado por la Cámara de Diputados. - Poder judicial a cargo de la Suprema Corte de Justicia y los respectivos tribunales. (El Presidente de la Suprema Corte de Justicia sustituiría al presidente si era necesario). Declaraba la libertad de imprenta, de pensamiento, de enseñanza, de comercio, de trabajo y de asociación. Establecía la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Establecía el juicio de amparo. Tales reformas significaban la pérdida de muchísimos privilegios de la iglesia, por lo que se prohibió a todos los católicos aceptar la nueva constitución, lo cual generó una gran tensión. Ante esto los conservadores vieron como única solución un levantamiento armado encabezado por un experimentado general llamado Félix Zuloaga, mismo que estalló el 17 de diciembre de 1857. En respuesta a esto, el presidente Comonfort desconoció la Constitución que él mismo había implementado por considerarla un cambio demasiado rápido, asimismo encarceló a algunos de sus colaboradores más cercanos, entre ellos Juárez. Poco tiempo después huyó del país dejando por ley constitucional al Licenciado Juárez en el Poder, por ser el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, por su parte, los conservadores nombraron presidente al General Zuloaga. A esta lucha por el poder entre liberales y conservadores se le llamó Guerra de Reforma. Ambos ejércitos desgastados y con escasez de recursos hicieron varios intentos para obtenerlos. Por su parte, negociaron un tratado con Estados Unidos, conocido como McLane-Ocampo, los conservadores buscaron ayuda en España por medio del tratado Mont-Almont; ninguno de éstos se llevó a cabo, por lo que los ejércitos se siguieron desgastando. Mientras la guerra se llevaba a cabo, Benito Juárez, con su gobierno establecido en Veracruz, expidió las conocidas leyes de Reforma, cuyo principio más importante e innovador es la separación entre el estado y la iglesia: a) Ley de Nacionalización de los bienes del clero - Los bienes de la Iglesia ya no tenían que pasar a manos de los rentistas, sino al estado. b) Ley del Matrimonio Civil - Sólo el matrimonio como un contrato civil tiene validez para fines oficiales. c) Ley del Registro Civil - Registro de nacimientos obligatorios. d) Ley de Exclaustración de monjas y frailes - Se prohíbe la existencia de conventos y claustros. e) Ley de Secularización de Cementerios - Sólo es permitida la inhumación o el sepulcro en panteones civiles. f) Ley de Libertad de Cultos - Cada persona es libre de elegir el culto que desee, asimismo, se prohíbe la asistencia de funcionarios públicos a ceremonias religiosas.
La Dictadura De Díaz
Iglesias rechazó, en una conferencia telegráfica con Justo Benítez, las exigencias de los textepecanos por consideraras contrarias a la Constitución. Al día siguiente Porfirio Díaz se autonombró jefe del Poder Ejecutivo y designó su gabinete. El 7 de diciembre Porfirio Díaz cedió el Poder Ejecutivo al general Juan N. Méndez, para encargarse de dirigir las operaciones militares en contra del iglesismo. El 21 de diciembre se llevó en la hacienda La Capilla, cerca de la ciudad de Querétaro, la única y última entrevista entre Iglesias y Díaz. Este último se negó a entrar en negociaciones argumentando que al principio el movimiento había buscado una salida
constitucional, pero al fracasar ésta había optado por la revolucionaria. Díaz recomendó a Iglesias no presentar resistencia militar: las fuerzas tuxtepecanas sumaban 16000 hombres. Díaz concluyó diciéndole que la entrevista tenía por único fin darle una salida honorable. Iglesias se embarcó en Manzanillo, el 17 de enero de 1877, con destino a San Francisco. Se inició un proceso de centralización que logró prácticamente para 1888 la tan anhelada unidad nacional. Esta integración se llevó a cabo gracias a la dictadura porfirista. El 5 de mayo de 1877 por vía electoral. Su periodo concluiría el 30 de noviembre de 1880. Mientras los caciques pretendían mantener su independencia del poder central, los caudillos tenderían a la centralización. Antagonismo entre el ejército federal y las guardias nacionales, verdaderos ejércitos locales organizados por su cacique respectivo. El ejercito federal no podía permitir, por su propia seguridad, la existencia de ejércitos paralelos. Porfirio Díaz no intervino y dejó a los caciques en libertad para designar o bien ocupar sus respectivas gubernaturas. La prioridad política del momento era desplazar a los gobernadores lerdistas. Para debilitar a los caciques en sus respectivas gubernaturas, Díaz recurrió a la ley decretada por Juárez en 1867; por ella era incompatible el cargo de gobernador con el de comandante en jefe de las fuerzas locales. Se separaba el poder político del militar. Una política de reorganización del ejército federal, integrando paulatinamente al disciplinado ejército lerdista. La política centralizadora no se podía llevar a cabo sin el previo desarrollo de los ferrocarriles. Estos lograrían la integración geográfica del país, terminarían con el aislamiento de los mercados locales y permitirían el desarrollo de un mercado nacional. El ejército federal sería concentrado y movilizado para combatir de manera escalonada cacicazgos locales. La primera gran etapa de política centralizadora se llevó a cabo durante la presidencia de Manuel González, 5371 kilómetros y la red telegráfica, que en 1877 sumaba 9 mil kilómetros llegó en 1887 a 40 mil, hubo llegada de inversión extranjera. Durante su primera administración Porfirio Díaz centró su actividad en fortalecer al Ejecutivo Federal, integrando a personas capaces provenientes de otras fracciones políticas ajenas a la tuxtepecana. La política de centralización como la de conciliación Díaz la desarrollo al margen de la carta magna y a través de alianzas personales. Con respecto a la política de conciliación varios de sus correligionarios ya habían establecido un Comité de Salud Pública para juzgar a los traidores lerdistas. Díaz dio instrucciones para disolverlo. Lerdo y su comitiva fueron conducidos en calidad de libres al puerto de Acapulco. La política de conciliación fue delineada el 16 de enero de 1877 en una circular del secretario de Gobernación Protasio Tagle. En ella negaba los insistentes rumores respecto a una posible nulificación de las Leyes de Reforma, pero aclaraba que la aplicación de dichas leyes no iniciaría una política de intolerancia y de persecución sino una etapa de concordia entre mexicanos. Existió una inestabilidad del gabinete, Hacienda cambió siete veces, Relaciones y Gobernación, cuatro y Justicia y Guerra, tres. Ninguno de los secretarios nombrados originalmente terminaron el periodo presidencial, hablando de personalidades juaristas. El Iglesismo estuvo representado e incluso el sector imperialista.
La política de conciliación hacia los iglesistas
De las dos fracciones liberales desplazadas por los tuxtepecanos, la primera en ser incorporada a la administración fue la iglesista. Su debilidad militar le vedaba la posibilidad de regresar al poder por medio de las armas.
En enero de 1878, La Libertad con sus editores habían colaborado estrechamente con Iglesias. La Libertad nació gracias al apoyo financiero del gobierno porfirista. La necesidad de combatir toda empresa revolucionaria con el fin de establecer la paz que tanto anhelaba la sociedad. Los redactores de La Libertad justificaban su alianza con el gobierno argumentando que de hecho su posición no había cambiado. Seguían luchando como antes, por respeto a la Constitución de 1857 pero ahora diferían. Habían llegado a la conclusión que era necesario fortalecer al poder ejecutivo debilitando al legislativo. La Libertad desarrolló un marco de ideas generales que le sirvieron de sustento ideológico al régimen porfirista. Al criticar la Constitución contribuyeron a su desprestigio. Felipe Berriozábal, ocupó el ministerio de Gobernación.
La política de conciliación hacia los lerdistas
La integración del grupo lerdista a la administración porfirista fue más tardía. Elecciones legislativas de julio de 1880 con la entrada de cuatro destacados miembros de dicho grupo a la Cámara de Diputados, Juan José Baz y Manuel Romero Rubio. La lenta integración de ese grupo se debió a su fuerza política y militar. El Lerdismo representó una amenaza militar para el régimen porfirista por más de un año y medio. Mariano Escobedo, exsecretario de Guerra del último gabinete lerdista, organizó desde su exilio en Nueva Cork un levantamiento militar que estalló el 19 de julio de 1878. El levantamiento fracasó, el ejército federal se mantuvo leal a Díaz. Mariano Escobedo fue detenido y Díaz actuó con gran inteligencia al perdonarlo. El fracaso militar del general Escobedo inició la desintegración del grupo lerdista. Romero Rubio rompió su compromiso político con Lerdo de Tejada pues éste trataba a sus partidarios con tal prepotencia que logró transformarlos en enemigos, regresó al país en agosto de 1878. el 25 de junio de 1879 estalló en Veracruz otro levantamiento militar organizado por los lerdistas y encabezado nuevamente por Mariano Escobedo. Sangrientamente reprimido por el gobierno, que envió instrucciones al gobernador Luis Mier y Terán en estos términos: "aprehendido infraganti mátalos en caliente". Políticamente el acto constituyó una gran lección, pues el gobierno demostró que cualquier intento golpista sería severamente reprimido. "Pan o palo". La matanza del 25 de junio de 1879 había acelerado la política de conciliación a la fuerza. En noviembre de 1881 el matrimonio del general Profirio Díaz con Carmen Romero Rubio por el obispo Gillow, quien originalmente iba a celebrar el matrimonio, lo consideró una alianza política fundamental, pues al llegar Díaz al poder la sociedad se encontraba profundamente dividida. Por una parte la chicana (los tuxtepecanos) y por la otra la aristocracia (los lerdistas), una paz duradera tenía que acabar con este antagonismo entre grupos liberales. Los lerdistas presionaron para que se llevase a cabo el matrimonio. Efectuado éste, su integración al sistema aparecería como un acto natural. En enero de 1885 Carmen Romero Rubio escribía a su padrino Sebastián Lerdo de Tejada para explicarle que con su matrimonio ella esperaba contribuir a la pacificación del país. Carmen Romero Rubio jugó un papel fundamental en la política de conciliación, pues gracias a ella hubo un acercamiento entre el gobierno y la alta jerarquía eclesiástica. Cuando en diciembre de 1884 Díaz ocupó nuevamente la presidencia, nombró a su suegro, Manuel Romero Rubio, secretario de Gobernación, puesto que mantuvo hasta la muerte, en octubre de 1895.
La política de conciliación hacia la iglesia
Se había establecido un sistema de reacomodo entre la alta jerarquía eclesiástica y los nuevos propietarios de los bienes nacionalizados a la Iglesia. "las contentas" consistía en un porcentaje que los nuevos dueños pagaban sobre el valor de la propiedad al arzobispo
u obispo de su diócesis. A cambio de este pago la alta jerarquía levantaba la excomunión al nuevo propietario. "las contentas" fueron un elemento fundamental para tranquilizar las conciencias y esto repercutió en una estabilización del régimen liberal. Solo los arzobispos y obispos podían levantar excomuniones, por lo que el sistema de "las contentas" benefició al clero secular. Para llevar a cabo este proceso era necesario que el liberalismo permitiese el regreso al país de la alta jerarquía. Juárez autorizó en mayo de 1871 que el arzobispo Antonio Labastida y Dávalos volviese a México, con su llegada se inició un proceso de reorganización interna de la Iglesia. Al participar del desarrollo económico la alta jerarquía eclesiástica, unió sus intereses a los de la dictadura porfirista. El clero secular era un reflejo de la sociedad en su conjunto, pues dentro de él existían diversas clases sociales. El liberalismo protegió al clero secular para que se apropiase de un porcentaje de lo expropiado al clero regular. Mediante las Leyes de Reforma, que prohibían a la Iglesia tener propiedades en el campo, la obligó a modernizar su inversión. El capital acumulado a través de "las contentas" fue utilizado para comprar propiedades urbanas a través de prestanombres. A principios del siglo XX la Iglesia cambió su inversión hacia el sector más dinámico de la economía: el financiero. Las acciones bancarias permitían mantener oculta la identidad del inversionista. A través de su confesor, el obispo Gillow, Carmen Romero Rubio logró un acercamiento personal entre su marido y el arzobispo de México. Antonio Labastida y Dávalos celebró el matrimonio de ambos. A la muerte de Labastida, en abril de 1891, Díaz presidió el funeral. Manuel Romero Rubio, suegro del Presidente, fue el artífice de un "Pacto de caballeros" entre Labastida y Díaz, transigir en lo secundario de las Leyes de Reforma a cambio del poder para vetar las candidaturas a las vacantes en la alta jerarquía. Así, Porfirio Díaz logró de hecho una subordinación de la Iglesia hacia el Estado liberal. La política de conciliación dividió al gabinete porfirista, se opusieron argumentando que los tuxtepecanos deberían monopolizar los puestos públicos.
Medidas legislativas que fortalecieron al ejecutivo
Dos reformas fundamentales para fortalecer al Ejecutivo fueron el artículo 116 de la Constitución, los poderes de la Unión protegerían a los estados, la reforma propuesta daba esta prerrogativa de intervenir en la política local al Ejecutivo, quien podría declarar desaparecidas a las autoridades de un estado y nombrar al gobernador provisional, supresión del Senado. El 15 de septiembre de 1877, se reinstaló dicha cámara. La otra reforma importante, elección de los jueces de distrito y circuito del poder judicial. En abril de 1878 el Secretario de Gobernación presentó una iniciativa de ley dando esa prerrogativa al Presidente. La Suprema Corte volvió sobre los argumentos utilizados en la época de Lerdo. Como último recurso de presión la Suprema Corte revocó el 30 de abril las licencias de tres magistrados que ocupaban al mismo tiempo puestos ministeriales: Tagle, García. Vallarta por su parte, renunció a la Secretaría y regresó como presidente de la Suprema Corte para defender la independencia del poder judicial. Su esfuerzo fracasó al aprobarse, el 28 de mayo de 1878, la ley que determinaba que en cada vacante de juez de distrito o de circuito, el Ejecutivo propondría una terna a la Suprema Corte de la cual el Presidente seleccionaría al titular.
La lucha por la sucesión presiencial de 1880
El enfrentamiento entre caciques y caudillos quedó claramente demostrado en la sucesión de Díaz. De los siete aspirantes al cargo, cuatro eran reconocidos caciques: Ignacio
Vallarta, de Jalisco; Juan N. Méndez de Puebla; Trinidad García de la Cadena de Zacatecas y Jerónimo Treviño de Nuevo León. La Libertad, que ya tenía un prestigio considerable, opinaba que sólo la intervención del Presidente podría evitar el desastre que se avecinaba. Para esta publicación Díaz debería romper el frágil equilibrio apoyando a un candidato, para evitar así el enfrentamiento entre caciques. Díaz declaró el 16 de septiembre de 1879, en su discurso ante la Cámara de Diputados, que no aceptaría su reelección. Convocó en la capital a los gobernadores para auscultar la candidatura de mayor aceptación. Ese mismo mes salieron del gabinete el secretario de Gobernación Protasio Tagle y el secretario de Guerra, Manuel González. LA PRESIDENCIA DE MANUEL GONZALEZ La presidencia de González fue fundamental para el futuro del régimen porfirista: - Entrada de capital extranjero, - cinco mil kilómetros de redes ferroviarias, - mayor integración geográfica del país, - repercutió en un lento desarrollo de incipiente mercado nacional, - el punto de vista político fue la base de la centralización que el régimen llevaría a cabo - EL EJECUTIVO UTILIZÓ LOS FERROCARRILES PARA LIQUIDAR POLÍTICAMENTE A LOS CACIQUES OPUESTOS AL PROYECTO NACIONAL
La política de centralización y de conciliación
González liquido políticamente tres de los cuatro caciques tuxtepecanos que hacían lanzado su candidatura a las elecciones presidenciales de julio de 1880; Ignacio Vallarta, de Jalisco, Trinidad García de la Cadena, de Zacatecas y Juan N. Méndez, de Puebla. Sobrevivió Jerónimo Treviño, de Nuevo León. Para liquidarlos González utilizó a las dos grandes instituciones centralizadoras: el ejercito federal y el Senado de la República. LA POLÍTICA DE CONCILIACIÓN En relación al gabinete de Díaz que lo precedió el de González tuvo mayor estabilidad. Manuel González hizo enorme hincapié en aplicar la política de conciliación a personalidades dentro del ejército federal. En 1881 liberó al general Juan N. Cortina, el otro gran cacique de Tamaulipas, en 1880 González nombró al general Sóstenes Rocha director del Colegio Militar. Miguel Negrete fue incorporado al ejército e integrado al Senado a pesar de que organizó una rebelión al proponerse la reelección de Díaz. Carlos Fuero recibió el mando de las fuerzas federales en Chihuahua. Mariano Escobedo fue incorporado como miembro de una comisión encargada de redactar los nuevos códigos militares.
Medidas legislativas que fortalecieron al ejecutivo federal
El artículo 72 constitucional daba al Congreso Federal la prerrogativa: "DE EXPEDIR CÓDIGOS OBLIGATORIOS EN TODA LA REPÚBLICA DE MINERÍA Y COMERCIO, COMPRENDIENDO EN ESTE ÚLTIMO A LAS INSTITUCIONES BANCARIAS" El artículo 7º de la Constitución de 1857, acabó con la libertad de prensa, los delitos de imprenta serían juzgados por tribunales populares, es decir, formados por gente del pueblo. Estos tribunales eran mucho mas benévolos que los dependientes del poder judicial. El 15 de mayo de 1883 se reformó el artículo y los tribunales comunes tenían la
prerrogativa de juzgar los delitos de prensa. Esta reforma, unida a la que Porfirio Díaz llevó a cabo en mayo de 1878, dando al Ejecutivo federal la prerrogativa de presentar una terna para cada vacante de juez de distrito o de circuito permitió que el Presidente controlase a la prensa nacional.
La segunda presidencia de Porfirio Díaz
Durante el periodo comprendido entre el 1º de diciembre de 1884 al 30 de noviembre de 1888 Porfirio Díaz consolidó la dictadura. Existió un compromiso entre Porfirio Díaz y Manuel González para alternarse en la primera magistratura. La nueva reforma constitucional permitió una sola reelección del presidente y con el apoyo de importantes sectores de la clase política en el poder, se reeligió. Para lograr la reforma, Díaz tuvo que liquidar previamente al grupo gonzalista, desprestigiando a su caudillo y separando del poder a los gobernadores identificados con él. Durante su segunda administración el Presidente mantuvo la política de conciliación iniciada en 1877, pero agregó un nuevo elemento, el enfrentamiento entre los políticos más destacados del régimen. Con esta nueva política Díaz evitó el surgimiento de un posible sucesor El control sobre la prensa se fortaleció en julio de 1886 al reformarse el código postal, dando al gobierno federal la prerrogativa de impedir la circulación de publicaciones que considerase subversivas. En 1889 se logró fijar una línea divisoria entre México y Estados Unidos, al oeste del río Bravo, mediante la firma de un tratado bilateral. El 19 de abril de 1892, la Convención hizo público que postularía a Porfirio Díaz para la presidencia y presentaría un programa político. En octubre de 1899 se preparó la reelección. La Convención Nacional, dirigida por Sebastián Camacho, y el tradicional Círculo Nacional Porfirista, se encargaron de hacer lo conducente para aparentar el sufragio. Desde principios de 1909 Francisco I. Madero inició los trabajos para formar una agrupación antirreeleccionista a nivel nacional. El 19 de mayo de 1909 se fundó el Centro Antirreeleccionista en la ciudad de México, bajo la presidencia de Emilio Vázquez Gómez y el propio Madero como vicepresidente. El 5 de octubre de 1910 en San Luis Potosí se expidió el Plan Revolucionario, lanzado cuando Madero estaba en Estados Unidos El 7 de junio de 1911 Francisco I. madero entró triunfalmente a la ciudad de México. Porfirio Díaz, el viejísimo liberal, vivía en París, era testigo de la Gran Guerra y guardaba silencio en torno a su gestión política, y al porvenir de la República Mexicana. Murió en 1915 mientras la revolución alcanzaba su máximo grado de violencia. No había podido terminar el sexenio para el que había sido reelecto, ni Ramón Corral habría podido sustituirlo, pues éste, enfermo de cáncer, murió también en Europa en 1912.
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