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Timestamp: 2017-03-26 12:51:36
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Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'in fine', 'artículo 517', 'artículo 77', 'e contrario', 'artículo 566', 'artículo\n104']

DEPÓSITO DE DOCUMENTOS PROPIOS Y AJENOS.
Andrés de la Oliva Santos --- AOS
Gobierno del Poder Judicial y valor de la jurisprudencia: un intento de dos cambios sustanciales
(Publicado en Tribunales de Justicia,
nº 10, octubre 2002, sección “Opinión”, págs. 1-18. Los textos en azul son comentarios
o resúmenes elaborados por la redacción de la Revista)
Poder Judicial y valor de la jurisprudencia: un intento de dos cambios
autor realiza un análisis crítico de dos modificaciones de gran calado
contenidas en un borrador de la LOPJ difundido recientemente: un cambio en el
estatuto de los Vocales del CGPJ y en las funciones de sus órganos internos; y
el otorgamiento de fuerza vinculante a la jurisprudencia del TS.
I. Un «Borrador» de nueva Ley Orgánica del Poder Judicial
de junio y julio, proliferaron las noticias acerca de un Borrador de una nueva
Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que, entre otras muchas innovaciones,
contiene dos capaces de hacer hablar al
mudo (precisamente ésa era mi situación: la de mudo voluntario sobre la
mayoría de los asuntos públicos, por motivos que quizá en otro momento
convendrá explicar, porque no son personalísimos, sino concernientes al clima
de falta de aprecio a la libertad y al Derecho genuino, máxima garantía social
obligado trance de escribir estas páginas, un trance que no es agradable, apelo
expresamente, no sólo al amor a la libertad (que es falso cuando no se quiere
la libertad ajena), sino también a los mínimos de buen sentido y de tolerancia
que requiere la democracia para no verse falseada y corrompida. Aquí no hay
ataque a personas ni a instituciones, sino puro ejercicio de libertad en
defensa de lo que, legítimamente, considero preferible para nuestro país.
Lamentaría mucho que se sintiesen personal o institucionalmente agredidos los
autores del Borrador o sus promotores y defensores. Lo digo porque, en algunas
ocasiones parecidas a ésta, ya he contemplado —y, lo que es peor, he hecho
padecer, sin yo saberlo, a otros—, reacciones destempladas de unos pocos, que,
a buen seguro, verbalmente son
entusiastas paladines de las libertades de pensamiento y de expresión y, más en
concreto, verbalmente aceptan y
defienden la crítica a la acción de gobierno y a las resoluciones judiciales.
Pero entremos
en materia. El llamado Borrador —del que han circulado al menos dos versiones,
entregadas a varias personas por autoridades ministeriales— pretende, entre
otras innovaciones, estas dos:
1.ª) Una sustancial modificación del Consejo
General del Poder Judicial (CGPJ), legalmente el supremo «órgano de gobierno»
de dicho Poder;
2.ª) Atribuir
fuerza legalmente vinculante a la interpretación de las normas por el Tribunal
Supremo, lo que afectaría a nuestro sistema de fuentes del Derecho y, en
definitiva, a nuestro sistema jurídico.
tratar exhaustivamente estos dos asuntos —el segundo, de enorme amplitud—, sino
sólo dar cuenta cabal de lo que el Borrador proyecta, con la información, el
análisis y las observaciones indispensables. Y como no se trata de un debate
sobre «modelos» —de «gobierno del Poder Judicial» o de sistemas jurídicos—,
sino de un determinado proyecto de reforma legislativa, no me limitaré a
consideraciones de ortodoxia constitucional o de doctrina y técnica jurídicas.
Algo diré también —en parte, de inmediato— sobre elementos de otra índole. Los
proyectos de cambio legislativo no son ucrónicos ni utópicos, sino históricos:
se inscriben en precisos espacios territoriales, temporales y, en suma,
culturales, de modo que importan algunos datos y circunstancias históricas.
II. Sustancia y
circunstancia del Borrador: la «circunstancia»
considerar que el texto es la sustancia
del referido Borrador. Pero éste tiene también una circunstancia, con elementos concretos, que deben ser expuestos y
analizados, porque en absoluto carecen de relevancia, sino que, por el
contrario, resultan, si se me permite el juego de palabras, muy sustanciosos. 1. La comisión oficiosa
elaboradora del Borrador
esos elementos circunstanciales consiste en que los Borradores proceden de una
comisión no oficial, pero auspiciada por el Ministerio de Justicia (siendo su
titular el Sr. Acebes) y presidida por el actual Presidente de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, el Sr. Rodríguez García.
comisión sea oficiosa o informal, aunque se le haya encargado una tarea de
tanta envergadura, quizá se explique por el régimen legal de incompatibilidades
de los Magistrados del Alto Tribunal. Ese régimen legal no permite la
integración de tales Magistrados en activo en la Comisión General de
Codificación, órgano asesor del repetido Ministerio. Y, en todo caso y aunque
no hubiera ley, el buen sentido jurídico y constitucional desaconseja que
Magistrados que ejercen jurisdicción asesoren a miembros del Gobierno (en
especial, si corresponde precisamente a esos Magistrados el control
jurisdiccional de las disposiciones y actos del Gobierno).
Por mucha que
sea la informalidad de la comisión, lo cierto es que ha existido y actuado y
que el tan citado Ministerio ha difundido, aunque muy restringidamente, las dos
versiones del Borrador (1). Así que, en definitiva, resulta poco discutible la
infracción del espíritu de la ley y de la Constitución en la base de esta
iniciativa, lo que constituye un pésimo principio y resulta tanto más extraño
por ser los protagonistas quienes son. Si no hay escándalo no será por falta de
motivo o causa, sino por una lamentable carencia de sensibilidad y por
acostumbramiento, igualmente lamentable, a sucesos similares.
de base política y doctrinal del Borrador
elemento o dato circunstancial del Borrador es que los dos referidos cambios
proyectados en la LOPJ no se encuentran previstos en el programa electoral de
ningún partido conocido ni en documento programático de ningún Colegio o
asociación profesional ni en el llamado Pacto de Estado para la reforma de la
ninguno de los dos cambios a que me ciño aquí ha sido reclamado por sectores
doctrinales del Derecho ni por autores aislados, más o menos prestigiosos.
además de no responder a clamor doctrinal alguno, mayor o menor, el Borrador
carece de base política conocida.
consideración carecería de sentido (y, a
fortiori, de sentido peyorativo), si el Borrador fuese una iniciativa
privada, perfectamente legítima. Pero la ausencia de base política resulta
relevante a causa de dos factores. Primero, que la prensa y varios destacados
personajes judiciales vinculan el Borrador con el Ministerio de Justicia, sin
contradicción ni rectificación alguna. El segundo elemento o factor que
atribuye relevancia a la ausencia de una conocida base política del Borrador es
el hecho de que, por lo que se sabe, en su elaboración ha sido predominante la
intervención de Magistrados del Tribunal Supremo.
En efecto: al tiempo de
redactar estas páginas, es conocido que la «comisión oficiosa» estaba presidida
por el Excmo. Sr. D. Ángel Rodríguez García, Magistrado del Tribunal Supremo
(TS) y Presidente de su Sala de lo Contencioso-Administrativo (2). Y sabemos
también que han defendido públicamente el Borrador los Excmos. Sres. D. Ramón Trillo Torres y D. Francisco J. Hernando Santiago (3) (los cito por el orden de sus intervenciones
públicas). El primero es Magistrado del TS, Sala de lo Contencioso-Administrativo
y el segundo es el actual Presidente del TS y del CGPJ, también Magistrado de
la Sala lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal.
Concretamente, el Presidente
del TS y del CGPJ afirma que «un borrador de anteproyecto para la posible reforma
de la Ley Orgánica del Poder Judicial» (…) «ha sido confeccionado por un grupo de expertos designados al efecto
por el Ministerio de Justicia» y que «aquel documento (por demás meritorio
y al que han dedicado sus esfuerzos profesionales del máximo nivel) (4) no ha sido aún [nótese: «aún»] hecho propio por el Ministerio de Justicia».
Y prosigue Hernando Santiago:
«Tampoco ha sido objeto de negociación con los partidos políticos, sindicatos o
Comunidades Autónomas, extremo éste por demás trascendente ya que toda reforma
de esta área debe buscar los niveles de consenso alcanzados por el Pacto de
Estado de Reforma de la Justicia. Por último, no se ha debatido, para la
aportación de sugerencias de mejora, con la Carrera Judicial, sus asociaciones
o cualquiera de los cualificadísimos profesionales del Derecho que trabajan día
a día en nuestra nación.» Hernando
culmina estos párrafos con las siguientes palabras orientadoras: «creo por ello
innecesario decir —por evidente a tenor de lo expuesto— que a partir de ahora
se han de empezar a quemar, sin prisas pero sin pausas, todas aquellas etapas
de reflexión, concertación y consenso con el fin de lograr entre todos un texto
de Ley Orgánica del Poder Judicial riguroso, moderno y que tenga vocación de
perdurabilidad.»
Así, pues, ocurre que,
cuando escribo, ya entrado el mes de agosto de 2002, no ya la mayor, sino la
única información detallada ofrecida públicamente sobre la iniciativa del
Borrador de nueva LOPJ, cuyo impulso es atribuido al Ejecutivo —a un Departamento
ministerial, en concreto—, ha sido suministrada, con pormenores sobre su
situación y, lo que es aún más llamativo, con expresión de propósitos acerca de
su ulterior desarrollo (ritmo, etapas «a quemar», etc.), no por algún órgano
del Ejecutivo, sino por quien preside el Poder Judicial.
Presidente del TS y del CGPJ puede, sin escándalo de nadie, tener conocimiento
de todo lo que comunica y ha quedado transcrito: una cosa es la separación de
poderes y otra, la ausencia de comunicación entre ellos. Y resulta preferible
la comunicación y las buenas relaciones —cada cual «en su sitio», eso sí— que
la tirantez y la hostilidad sistemáticas. Parece evidente que el Presidente del
TS y del CGPJ conoce bien el impulso del Borrador, sus protagonistas, el futuro
trabajo y otros pormenores. Y no hay que dudar de que la sencillez y el
acertado convencimiento de la inexistencia de secreto han inspirado las
palabras de Hernando Santiago. Con
todo, no deja de resultar chocante que, en medio del silencio del Ejecutivo,
sea el máximo representante del Poder Judicial quien informe de un trabajo
pasado y del previsible futuro, cuando aquél ha sido promovido por el Ejecutivo
y cuando a éste corresponde la iniciativa legislativa, de la que carecen
legalmente (y conviene que la realidad se ajuste a la legalidad) los Jueces y
los Magistrados, cualesquiera que sean su categoría y cargos judiciales.
Todo esto guarda relación
con algunas consideraciones, no técnico-jurídicas, que formularé más adelante.
III. La «sustancia» del
la sustancia del Borrador,
circunscrita a los dos cambios ya indicados, cabe adelantar un rasgo común: no
ser conformes a la Constitución, rasgo éste que, como se verá, poca duda puede
ofrecer si la Norma Fundamental es interpretada según las normas de la
hermenéutica. Pero comenzaré por describir la innovación relativa al CGPJ.
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1812: SE ENCUENTRAN COSAS APROVECHABLES
EL MEJOR HOMENAJE QUE SE ME OCURRE: EL TEXTO ÍNTEGRO
DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA. PROMULGADA EN CÁDIZ A 19 DE MARZO DE 1812
Don Fernando VII, por
Españas, y en su ausencia y cautividad la Regencia del Reino, nombrada por las
siguiente: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA En el nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
autor y supremo legislador de la sociedad. Las Cortes generales
y extraordinarias de la Nación española, bien convencidas, después del más
buen gobierno y recta administración del Estado. TÍTULO PRIMERO DE LA NACIÓN ESPAÑOLA Y DE LOS ESPAÑOLES CAPÍTULO PRIMERO De la Nación española. Art. 1º. La Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos
hemisferios. Art. 2º. La Nación española es libre e independiente, y no es ni puede ser
patrimonio de ninguna familia ni persona. Art. 3º. La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo
fundamentales. Art. 4º. La Nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y
justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos
los individuos que la componen. CAPÍTULO II De los españoles. Art. 5º. Son españoles: Primero. Todos los hombres libres nacidos y avecindados en los
dominios de las Españas, y los hijos de éstos. Segundo. Los extranjeros que hayan obtenido de las Cortes cartas
de naturaleza. Tercero. Los que sin ella lleven diez años de vecindad, ganada
según la ley en cualquier pueblo de la Monarquía. Cuarto. Los libertos desde que adquieran la libertad en las
Españas. Art. 6º. El amor de la Patria es una de las principales obligaciones de
todos los españoles, y asimismo el ser justos y benéficos. Art. 7º. Todo español está obligado a ser fiel a la Constitución, obedecer
las leyes y respetar las autoridades establecidas. Art. 8º. También está obligado todo español, sin distinción alguna, a
contribuir en proporción de sus haberes para los gastos del Estado. Art. 9º. Está asimismo obligado todo español a defender la Patria con las
armas cuando sea llamado por la ley. TÍTULO II DEL TERRITORIO DE LAS
ESPAÑAS, SU RELIGIÓN Y GOBIERNO, Y DE LOS CIUDADANOS ESPAÑOLES CAPÍTULO PRIMERO Del territorio de las
Españas Art. 10. El territorio español comprende en la Península con sus posesiones
e islas adyacentes, Aragón, Asturias, Castilla la Vieja, Castilla la Nueva,
Cataluña, Córdoba, Extremadura, Galicia, Granada, Jaén, León, Molina, Murcia,
Canarias con las demás posesiones de África. En la América septentrional, Nueva España, con la Nueva Galicia y
Península de Yucatán, Guatemala, provincias internas de Oriente, provincias
internas de Occidente, isla de Cuba con las dos Floridas, la parte española de
la isla de Santo Domingo, y la isla de Puerto Rico con las demás adyacentes a
éstas y al continente en uno y otro mar. En la América meridional, la Nueva Granada, Venezuela, el Perú,
Chile, provincias del Río de la Plata, y todas las islas adyacentes en el mar
Pacífico y en el Atlántico. En el Asia, las islas Filipinas, y las que dependen de su
gobierno. Art. 11. Se hará una división más conveniente del territorio español por
una ley constitucional, luego que las circunstancias políticas de la Nación lo
permitan. CAPÍTULO II De la religión. Art. 12. La religión de la Nación española es y será perpetuamente la
católica, apostólica, romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes
sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquiera otra. Continúa
MEDIACIÓN Y JUSTICIA: SÍNTOMAS PATOLÓGICOS
lector este número del renovado Otrosí, [1] quizá estará aún formalmente en el telar parlamentario un Proyecto de Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles (en adelante, PLM: pueden consultar su texto mediante el siguiente enlace:http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/A/A_122-01.PDF)
Pero la disolución anticipada del Congreso y del Senado correlativa a la convocatoria de elecciones generales anticipadas, hace más que probable que el PLM no se convierta en Ley. Yo lo traigo a colación porque, además del interés que la mediación pueda suscitar, el PLM entraña -me permitiré el uso del presente histórico- un elocuente conjunto de indicios patológicos en la consideración de la Justicia y el Derecho por numerosas personas titulares de los poderes públicos.
Este texto apareció finalmente en Otrosí, Rev. del Ilustre
Colegio de Abogados de Madrid, Septiembre de 2011, págs. 7-14.
Orientación general de la Ley proyectada
La mediación no se
contempla en el PLM como un sistema de autocomposición de conflictos con
interés intrínseco, sino, de forma inmediata y primordial, en su relación con
la Justicia del Estado, como una alternativa. El apartado I de la Exposición de
Motivos finaliza, coherentemente, con las siguientes palabras: “la presente ley
apuesta por la mediación porque ve en ella un cauce con claros
beneficios para la Administración de Justicia y para los ciudadanos que
podrán disponer, si voluntariamente así
lo deciden, de un instrumento muy sencillo, ágil, eficaz y económico para
la solución de sus conflictos, alcanzando por sí solos un acuerdo al que esta
ley otorga fuerza de cosa juzgada, como si de una sentencia judicial se
tratase.” (la cursiva es mía).
expresar mis más serias objeciones a ese planteamiento con la misma rotundidad
con que se expresa el PLM. Desde hace largo tiempo, se observa una atención de
política legislativa hacia el arbitraje, la conciliación y la mediación en
directa relación con problemas –con frecuencia reales, pero no siempre ajustadamente
descritos- de la Justicia estatal u oficial. Es decir, los ADR se asocian a un
diagnóstico, más o menos disimulado, de imposible o muy difícil mejora de esa
Justicia. El diagnóstico es falso. Pero sirve para no afrontar
responsabilidades que no se solventan con proyectos de ley.
Existe en España
una secular cultura popular de acceso a la Justicia para obtener, precisamente
de los tribunales oficiales, una tutela conforme a Derecho. Dicho con otras
palabras: son muy comunes y muy arraigados el impulso y la decisión de acudir a
los tribunales para que remedien la injusticia que se ha sufrido o que aún se
sufre, sin que el coste de la Justicia oficial opere como un fuerte elemento
disuasorio. La gente demanda que se le haga justicia y pocas veces pide que una
controversia sea resuelta de alguna forma. La demanda de justicia es
perfectamente legítima y no debe ser desoída o desdeñada. Y es desoída o
desdeñada cuando, en lugar de preocuparse por más y mejores recursos humanos y
más medios materiales para la Justicia estatal, el Estado reacciona
principalmente con la promoción de alternativas.
Bien están las
alternativas. Es bueno que existan y estén bien reguladas, pero es perverso que
desplacen el debido esfuerzo del Estado por dotar a la Administración de
Justicia de los recursos humanos y de los medios materiales necesarios para
cumplir su indeclinable función,
especialmente en un país con una Constitución vigente, de 1978 (en adelante,
CE), en la que se proclama como derecho fundamental el “derecho a obtener la
tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e
intereses legítimos” (art. 24.1 CE).
El apartado I de
la Exposición de Motivos (en adelante, E. de M.) del PLM ya manifiesta un craso
error conceptual y, en consecuencia, un gran error de básica perspectiva
legisferante. Véanse los siguientes párrafos:
“La modernización de la Administración de Justicia no
se circunscribe a la mejora de su organización o al perfeccionamiento y
depuración de las normas procesales. También es necesario abordar fórmulas
válidas y aceptadas en el Estado de Derecho, orientadas a dimensionar el
creciente volumen de asuntos que llegan a la jurisdicción favoreciendo un uso
más racional de los recursos disponibles. En este sentido, desde hace ya algunos
años se están potenciando fórmulas complementarias de resolución de conflictos,
que permiten a los ciudadanos resolver sus controversias con altos niveles de
satisfacción y, al tiempo, ayudan a la agilización y mejora de todo el sistema
“Una de esas
fórmulas es la mediación y, aunque existen experiencias importantes en este
campo, lo cierto es que en nuestro ordenamiento jurídico no existe una norma
que, con carácter general, ponga en conexión la mediación con la jurisdicción
lo que, en la práctica, limita la eficacia real de aquella. Este es el
propósito principal de esta ley.”
desde ningún punto de vista, que la Administración de Justicia comprenda la
mediación (ni otras fórmulas similares) y no es cierto, por tanto, que modernizar
la Administración de Justicia suponga potenciar fórmulas complementarias de
resolución de conflictos. La mediación no es Administración de Justicia, ni por
sus protagonistas ni por su método. En la mediación no tiene por qué intervenir
el Estado, puede llevarse a cabo con formas máximamente flexibles, simplemente
amparadas por la ley en cuanto manifestaciones de la autonomía de la voluntad
de los sujetos jurídicos y el acuerdo se basa en la conveniencia mutua y no
necesariamente en reglas jurídicas aplicables al caso. Por su parte, modernizar
la Administración de Justicia es actuar sobre ella con propósitos de mejora y
eso, dejando a un lado elucubraciones de toda clase, significa idear y realizar
mejoras orgánicas, procesales, humanas y materiales. No consiste en eso el PLM.
Las fórmulas de resolución de conflictos a que
alude la E. de M. pueden, ciertamente, considerarse complementarias de la Administración de Justicia, pero el
complemento no es lo mismo que lo complementado. Esas fórmulas suelen ser
alternativas al recurso a la Administración de Justicia y, cabalmente, en
cuanto alternativas, son algo sumamente distinto del proceso y de la sentencia.
párrafo de la E. de M. del PLM transcrito al principio, está visto que en
España resulta modernísimo denominar
“apuestas” a las opciones y también, como es el caso ahora, a las opciones de
política legislativa. Nada tiene de raro, pues, que aparezca la “apuesta por la
mediación”, aunque me parece significativo que la opción legislativa se exprese
en términos de juegos de azar. Los “claros beneficios para la Administración de
Justicia” no pueden existir como efecto directo del PLM, puesto que, como ya
hemos demostrado, el PLM no trata de mejorar la Administración de Justicia. Sin
duda, los “claros beneficios” consistirían, según el PLM, en una sustancial
disminución del número de procesos. Al respecto parecen convenientes dos
observaciones: en primer lugar, que, tras muchos años de énfasis políticos e
inventos legales para disminuir la litigiosidad a base de alternativas a la
Justicia estatal, la experiencia española no puede ser más clara: la
litigiosidad no ha dejado de aumentar en ningún momento, al margen de los
efectos de la actual crisis económica. En segundo lugar, en la hipótesis de que
la mediación nueva fuese un cauce de solución masiva de controversias en
asuntos civiles y mercantiles, no sería de excluir –aunque no parecen haber
pensado en ello- que la disminución de procesos declarativos se viese
compensada por un nada despreciable incremento de ejecuciones forzosas. A los
“beneficios” para “los ciudadanos” nos referiremos más adelante.
Disposiciones más significativas del PLM
Concepto legal de mediación: errores y falsedades.
Examinada la
orientación general del PLM, daremos ahora noticia de aquellos preceptos que
contribuirían más significativamente a configurar la innovación que se pretende
introducir en España. Es lógico señalar, ante todo, cómo define la mediación el
PLM, en su artículo 1, que literalmente dice:
entiende por mediación aquel medio de solución de controversias en que dos o
más partes intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo con la
intervención de un mediador.”
las mediaciones desarrolladas con arreglo a esta ley producirán los efectos
procesales que en ella se establecen.”
discutible que esta definición extiende el concepto de mediación más allá de
ésta misma. Por mediación puede entenderse la acción de mediar (“se está
llevando a cabo una mediación”) y también el hecho mismo de haber mediado (“se
produjo una mediación”). Pero no cabe incluir en el concepto de mediación
aquello que, como ya hemos dicho, no es sino un resultado posible, pero no
necesario, de la actividad de mediación y que depende de sujetos distintos del
protagonista o protagonistas de la mediación. El acuerdo no es parte de la
mediación. Y si los sujetos o “partes” que recurren a un mediador pueden, como
lo hace el precepto reproducido, considerarse protagonistas de la mediación, se
deberá precisamente a algo contrario de lo que el precepto afirma: se deberá a
que no se consideran capaces de alcanzar un acuerdo “por sí mismas”. Si dos
partes llegan a un acuerdo “por sí mismas” difícilmente puede afirmarse que el
acuerdo es fruto de la intervención de un mediador.
probablemente, quienes vean en estas observaciones un excesivo criticismo en el
análisis de la literalidad que, en opinión de esos objetores, carecería de
relevancia. No es ése mi criterio. Además de que la experiencia demuestra que
los preceptos legales defectuosamente formulados son siempre, cuando menos, perturbadores,
me detengo en lo que considero errores de base, aunque se trate de pequeñas
inexactitudes, porque son coherentes con la sustancia del PLM. Sería aquí de
aplicación, como en tantas ocasiones, el viejo adagio procedente de
Aristóteles: parvus error in principio, magnus est in fine. A mí me
parece muy necesario recordar esta regla en un tiempo como el actual, en el
que, también en el ámbito de la legislación y del Derecho, las modas se imponen
con una enorme y excesiva facilidad, precisamente a base de excluir, muy a
menudo, los fundamentos teóricos más elementales. Exclusión superlativamente
frívola, que suele ir acompañada, puesto que la moda manda, por la ignorancia o el desprecio a la experiencia
anterior a la moda. Pero es que,
además, en el párrafo primero del art. 1 PLM hay una pura falsedad. En efecto,
la mediación del PLM se define como un medio de solución de controversias
consistente en un intento de acuerdo llevado a cabo “voluntariamente”. Y no hay
en la proyecta ley de mediación, como nota esencial de ésta, la voluntariedad.
Por el contrario, son de suma importancia los preceptos del PLM que imponen
acudir a la mediación so pena de no acceder a la Jurisdicción, a la Justicia
del Estado. Esta falsedad -porque de falsedad se trata, no de error- de la
primera norma positiva del PLM no es un buen presagio sobre la innovación
La obligatoriedad de la mediación voluntaria
El art. 7 PLM
proclama, desde su rótulo, la voluntariedad de la mediación. Pero el apartado 1
de ese precepto dispone que “la mediación es voluntaria, sin perjuicio de la obligatoriedad de su inicio cuando lo prevea la
legislación procesal.” Y la legislación procesal quedaría modificada para
obligar a la mediación por obra de ciertos preceptos de la Disposición
Adicional Cuarta del PLM. En concreto, un nuevo apartado 3 del art. 437 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), haría obligatorio haber intentado
previamente la mediación en los asuntos civiles y mercantiles para los que está
previsto que se siga un juicio verbal por razón de la cuantía (no de la
materia), cuando no sea superior a seis mil euros (art. 250.2 LEC). Sin
acreditar documentalmente ese intento, la demanda no sería admitida.
carece, como veremos enseguida, de cualquier originalidad. En cambio, el PLM
contiene, en su Disposición Adicional Tercera, una previsión muy original, pues
se refiere a procesos contencioso-administrativos. El art. 77 de la Ley de la
Jurisdicción Contenciosa-Administrativa (LJCA: Ley 29/1998, de 13 de julio) quedaría reformado en el sentido de
disponer que en los procedimientos en primera o única instancia, el tribunal,
tras demanda y contestación, además de hacer considerar a las partes “la
posibilidad de alcanzar un acuerdo que ponga fin a la controversia, cuando el
juicio se promueva sobre materias susceptibles de transacción y, en particular,
cuando verse sobre estimación de cantidad”, en este último caso, podría “imponer a las partes el sometimiento a
las normas de la Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles relativas a
los principios de la misma, el estatuto del mediador y el procedimiento”.[1]
Este intento de mediación suspendería el curso de las actuaciones procesales
hasta su terminación, de la que las partes habrían de informar.
La mediación obligatoria previa a procesos civiles.
dos normas puede merecer nuestra alabanza. En cuanto a la mediación
obligatoriamente preceptiva en ciertos procesos civiles, es de señalar que se
trataría de reintroducir un requisito de procedibilidad semejante -no igual,
pero sí semejante y equivalente- al que ya existió en la Justicia civil
española al menos durante 113 (ciento trece) años consecutivos, con nulo éxito o,
para ser más exactos, con absoluto fracaso.
En efecto: una
conciliación judicial preceptiva previa al proceso civil venía impuesta por la
Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 para la práctica totalidad de los procesos
civiles. Para la admisión de las demandas sobre asuntos civiles y mercantiles,
se exigía acreditar que esa conciliación judicial había terminado sin avenencia
o había sido “intentada sin efecto” (esto es, que la futura parte pasiva ni
siquiera había comparecido ante el juez competente para la conciliación). El
porcentaje de conciliaciones exitosas no alcanzaba ni siquiera el 1% de los
litigios civiles y mercantiles. No es de extrañar que la importante y extensa Ley
34/ 1984, de 6 de agosto, de reforma
urgente de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dispusiese, como decía su E. de M. “conferir
al acto de conciliación, que, como demuestra la experiencia, ha dado resultados
poco satisfactorios, un carácter meramente facultativo”. En este punto, la
reforma de 1984 fue recibida con general satisfacción: desaparecía lo que no
era sino un factor de dilación y de incremento del esfuerzo y el coste de los
procesos civiles. Lo que la experiencia había demostrado es que quienes estaban
resueltos a demandar, lo hacían, bien una vez agotados por su cuenta los intentos
de llegar a un acuerdo, bien por no estar dispuestos a acuerdo de ninguna
clase, sino determinados a obtener una concreta sentencia favorable. No se ha registrado cambio alguno en la
cultura jurídica española que permita suponer que la obligatoriedad de la
mediación proyectada en asuntos civiles será ahora efectiva cuando antes la
conciliación resultó un mero estorbo. Entendemos, por tanto, que los promotores
del PLM han descubierto, no el Mediterráneo, sino más bien el Mar
Muerto. Que el intento de mediación sea obligatorio para asuntos de cuantía no
superior a seis mil euros sólo puede servir, si acaso, para disuadir litigios
menores, dado el coste de la mediación, superior al de la abandonada
conciliación previa. Pero, en tal caso, serían personas sin grandes recursos
económicos las más afectadas negativamente por esa innovación tan
pretendidamente progresista.
b) La mediación obligatoria previa a procesos
En cuanto a la mediación en el ámbito de la
jurisdicción contencioso-administrativa, lo primero que se hace necesario
señalar es que el PLM contradice, con esta concreta innovación que pretende, el
ámbito que el mismo PLM se fija en su propio rótulo. Recordémoslo: “mediación
en asuntos civiles y mercantiles”. Los asuntos civiles y mercantiles son una
excepción cuantitativamente muy pequeña cuando se trata de procesos en que son
los administrados quienes demandan al Estado. La Jurisdicción
contencioso-administrativa es un ámbito jurisdiccional eminentemente revisor del
ajuste a Derecho de las acciones y omisiones de las Administraciones públicas y
entidades asimiladas y aunque lo que se pretenda sean condenas al pago de
cantidades de dinero, lo que se dilucida, ante todo, es si las Administraciones
han actuado de conformidad con el Derecho administrativo, no al Derecho civil o
mercantil. Por tanto, el rótulo de una futura Ley de Mediación comprensiva de
lo que ahora nos ocupa habría de ser modificado para que el contenido de la Ley
no estuviese en grosera discordancia con su nombre.
En segundo lugar, hemos de señalar que nos
parece una ocurrencia tan original como poco lógica y nada equitativa para los
administrados la que permite al tribunal, cuando se trate de reclamaciones de
cantidad, imponer a las partes la mediación, ya iniciados los procesos,
suspendiéndolos. Porque cuando la tutela jurisdiccional pretendida frente al Estado
se fundamenta en normas de Derecho privado, se exige una reclamación
administrativa previa al recurso a la Justicia (arts. 120.1 y 121-122 de la Ley
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: en adelante LRJAP-PAC). Y en
esos casos como en todos los restantes, que no son asuntos civiles ni
mercantiles, el procedimiento administrativo anterior a la posibilidad de
acudir de acudir a la Justicia[2]
prevé, con carácter general, una posible terminación convencional del
procedimiento administrativo (art. 88 LRJAP-PAC), es decir, por acuerdo de las
partes, especialmente fácil en lo relativo al quantum de lo que la
Administración debería pagar al administrado, cualquiera que sea el título o
concepto jurídico (indemnización por daños, devolución de impuestos, etc.). El
ámbito de posible finalización del procedimiento administrativo mediante
acuerdo es plenamente coincidente con el de la posible mediación: materias
susceptibles de transacción.
Sabedores los autores del PLM de la lógica
inclinación de los tribunales de justicia a procurar eludir enjuiciamientos,
dan por sentado que se acogerán a la posibilidad de imponer la mediación, que
no acarrearía ninguna consecuencia negativa a los Jueces y Magistrados[3]
y podría ahorrarles, en ciertos casos, tener que resolver. Pero, sobre todo en
una situación en que el Estado (esto es, la Administración central, las
Administraciones autonómicas y municipales y las empresas públicas) es el
principal deudor de cientos de miles de ciudadanos y de pequeñas y medianas
empresas, ofrecer a ese deudor otra oportunidad de, cuando menos, demorar aún
más el pago (todo lo que dure el procedimiento de mediación) resulta
singularmente inicuo si se tiene en cuenta que a la demanda frente al Estado ha
precedido necesariamente un procedimiento administrativo de larga duración, en
el que ha existido la posibilidad de llegar a un acuerdo que pusiese fin al
litigio. En relación con esta imposición de mediación voluntaria, la
invocación del PLM al “beneficio de los ciudadanos”, antes reseñada, constituye
un cruel sarcasmo. Lo que el PLM promovería, además de un aumento de la
morosidad de las Administraciones públicas, sería una dilación injustificada de
La fuerza ejecutiva del acuerdo alcanzado por la mediación regulada en el PLM
la concreta mediación del PLM, pieza que, junto a la descrita obligatoriedad,
hace segura la “apuesta” por esa mediación, es la atribución de la cualidad de
título ejecutivo al acuerdo con que eventualmente finalice la mediación,
Apuntada ya esa cualidad en el art. 24.6 PLM[4],
la ejecución se regula en el Capítulo del PLM (arts. 26 a 29). Pero, bien
mirado, el precepto fundamental en este punto es el apartado 12 de la
Disposición Adicional cuarta del PLM, dedicada a reformas de la LEC, apartado
del siguiente tenor literal: “El número
2 del apartado 2 del artículo 517 pasa a tener la siguiente redacción: «2.º Los
laudos o resoluciones arbitrales y los acuerdos de mediación.»” El art. 517
LEC, tras sentar, en el apartado 1, que la acción ejecutiva debe fundarse “en
un título que lleve aparejada ejecución”, enumera, en su apartado 2, cuáles son
esos títulos, judiciales y parajudiciales unos, y extrajudiciales, otros. El 1º
de los títulos del art. 517.2 es prototípico: “la sentencia firme de condena”.
El 2º son los “laudos o resoluciones arbitrales”. El PLM equipara los acuerdos
de mediación a las sentencias arbitrales, lo que tiene una relevancia enorme,
pues la LEC, en preceptos posteriores, distingue, a diversos efectos, entre los
títulos judiciales y parajudiciales y los extrajudiciales o contractuales.
Entre las distinciones más relevantes según se trate de una y otra clase de
títulos, destaca la relativa a la oposición a la ejecución y a la impugnación de concretos actos de
ejecución por ser contrarios a la ley o a lo dispuesto en el mismo título
ejecutivo. Ni que decir tiene que las posibilidades de oposición a la ejecución
cuando ésta se ha despachado sobre la base de un título judicial son mucho
menores (art. 556 LEC) que cuando la ejecución se apoya en un titulo
extrajudicial (art. 557 LEC).
No resulta comprensible ni aceptable que un acuerdo entre dos sujetos
jurídicos, que, por más que haya intervenido un mediador, no deja de ser el
resultado de una autocomposición, documentada sin fedatario (el mediador no lo
es y, por añadidura, firma el acuerdo después de las partes), pueda valer lo
mismo que la decisión de un tercero (juez o árbitro). El procedimiento del PLM
no constituye una garantía semejante a la del proceso jurisdiccional o
arbitral, dirigido y controlado por un juez o un árbitro. Según el PLM, lo que
se presentaría al Juez para iniciar el proceso de ejecución forzosa civil no
sería sino un documento privado en el que constaría un acuerdo, por más que se
acompañe “copia de las actas de la sesión constitutiva y final del
procedimiento” (otro documento privado), conforme prevé el art. 26 PLM. Se
trataría de un documento sin las condiciones esenciales para constituir un
título ejecutivo extrajudicial o contractual, entre las que se encuentra la
intervención de un fedatario que proporciona seguridad de que lo que aparece
pactado responde efectivamente a la voluntad de quienes aparecen como
protagonistas del pacto y obligados a cumplirlo. El PLM no hace fedatarios a
los mediadores regulados en el PLM y una protocolización notarial del acuerdo,
que puede ser unilateral (art. 24.3, pfo. segundo PLM), no equivale en modo
alguno a la dación de fe sobre el hecho del pacto en sus concretos términos. A fortiori, el acuerdo de mediación
resulta inequiparable a los títulos ejecutivos judiciales o parajudiciales
Sería, pues, una pura y neta voluntad política la que introduciría en el
Derecho español el insólito fenómeno de la fuerza ejecutiva de unos documentos
privados y, por añadidura, con una fuerza ejecutiva igual a la de una sentencia
judicial o arbitral. No hace falta, nos parece, encarecer el injustificable
peligro de esta innovación del PLM. Simplemente, es de tener en cuenta que,
tras despacharse ejecución (el primer acto de ejecución forzosa, que puede
incluir trabar embargo de bienes concretos), la LEC, ante sentencias judiciales
o arbitrales, no permite una oposición por falta de autenticidad si la
sentencia arbitral ha sido notarialmente protocolizada (art. 5591, 4º LEC). No
prosperaría tal oposición, según el PLM, si el acuerdo de mediación se hubiese
protocolizado notarialmente, incluso por una sola de las partes.
De haber seguido adelante el PLM, no habrían faltado algunos panegiristas
oficiosos que presentarían como audaz
o revolucionaria innovación lo que es
una ocurrencia gravemente errónea. Abrir la puerta directamente a la ejecución
forzosa sobre la base de documentos privados es algo que, por lo menos,
merecería un debate extenso y a fondo, que no ha existido en torno al PLM. Pero
llamar audaz reforma o revolucionaria novedad a una idea
insensata es un método frecuente de defensa y contraataque. La insolencia
altanera con que este método se aplica surte frecuentemente los efectos de
acobardamiento que se pretenden.
Habría también,
conforme al PLM, cambios en la ejecución forzosa en el ámbito de la Justicia
administrativa. Conforme al apartado 2 de la Disposición Adicional tercera del
PLM, el acuerdo alcanzado tras una mediación respecto de asunto inicialmente
sometido a los tribunales contencioso-administrativos (mediación a la que nos
referimos anteriormente) se equipararía a una sentencia de condena dineraria a
la Administración por adición, en el art. 106 LJCA,[5]
de un apartado 7 nuevo, del siguiente tenor: “7. Este procedimiento será de
aplicación cuando el crédito frente a la Administración se reconociera en un
acuerdo alcanzado según lo previsto en el artículo 77 o estuviere impuesto por
un laudo arbitral.”
equiparación es de menor gravedad a la proyectada en asuntos civiles y
mercantiles, puesto que, de una parte, uno de los litigantes es una
Administración pública y, por otro lado, conforme al art. 77 LJCA en su texto
modificado por el PLM, el acuerdo habría de ser homologado por el Tribunal, lo
que sin duda no se hará sin que a éste le conste la voluntad concorde de ambas
partes. Lo grave, aquí, es lo que señalamos al final del subepígrafe anterior,
esto es, el incremento inicuo de las dificultades para lograr que las
Administraciones públicas hagan frente a sus responsabilidades pecuniarias.
dejado claramente expuesta mi opinión acerca del grave error de enfoque que
sufren quienes se afanan en promover esta forma de componer controversias, que
imaginan (porque domina una gran imaginación voluntarista, si no es cinismo
demagógico) un remedio mágico para compensar carencias de la Justicia, cuando
procedería aplicarse a aminorar seriamente esas carencias. Habrán notado,
supongo, que la ausencia de un nivel aceptable de técnica jurídica y
legislativa es compañera natural del voluntarismo (o la demagogia). Subrayo, por
último, que ni ese Proyecto de Ley ni ningún otro similar merecen por mi parte
un pronóstico de éxito, no ya en cuanto a producir una disminución de la
litigiosidad propiamente jurisdiccional, sino ni siquiera en cuanto a que se
recurra más a la mediación para poner fin a controversias civiles o
El proyectado precepto nuevo continuaría en los
siguientes términos: “Los representantes de
las Administraciones públicas demandadas necesitarán la autorización oportuna
para llevar a efecto la transacción, con arreglo a las normas que regulan la
disposición de la acción por parte de los mismos.”
El intento de conciliación o mediación, siempre que se sujete al procedimiento
previsto en la ley o, en su caso, cuando todas las partes personadas lo
soliciten suspenderá el curso de las actuaciones, a cuya terminación las partes
informarán al tribunal del resultado del procedimiento que hubieren seguido.
Aunque se reanude el proceso, el tribunal admitirá el acuerdo que se alcance
posteriormente siempre que tenga lugar en cualquier momento anterior al día en
que el pleito haya sido declarado concluso para sentencia.”
controversia, el Juez o Tribunal dictará auto declarando terminado el
procedimiento, siempre que lo acordado no fuera manifiestamente contrario al
ordenamiento jurídico ni lesivo del interés público o de terceros.»”
Con frecuencia, las demandas contra la Administración
ante los Tribunales de la Jurisdicción Administrativa son precedidas de un
periodo de mera inactividad de la Administración tras el que, ope iuris, se considera desestimada
tácitamente, por el denominado silencio
administrativo negativo, la solicitud o reclamación que el administrado
hubiese formulado a la Administración. Pero incluso en estos casos, un
procedimiento administrativo tiene que haber sido incoado. [3]
Téngase en cuenta que hoy, en España, los Jueces y
Magistrados se encuentran compelidos a “producir” cierto número de resoluciones
si no quieren sufrir consecuencias desfavorables en su remuneración e incluso
sanciones disciplinarias. Pues bien: la suspensión de procesos
contencioso-administrativos no sólo no les acarrearía ninguna consecuencia
negativa, sino que quizá les permitiría cumplir con esos “módulos” de trabajo
con un esfuerzo inferior: podrían suspender procesos de fatigosa decisión
acerca del an debeatur y del quantum debeatur, en beneficio de la
resolución de procesos más fáciles. Pero hay aún algo más grave, fundado en la
experiencia: lamentablemente, buen número de jurisdicentes presionan a las partes para llegar a un acuerdo que les ahorre
decidir a ellos. Esas genuinas presiones
se producen, frecuentemente, incluso cuando legalmente es público el acto
procesal en que teóricamente se podría simplemente exhortar a alcanzar un
acuerdo. Puedo mencionar el caso real de los Juzgados de Familia de Madrid, en
que, ilegalmente, no son grabadas las audiencias en que se prácticamente se
coacciona a los litigantes para evitar el trabajo de decidir complicados
litigios económico-matrimoniales. No incurrimos en la ingenuidad de pensar que
algo semejante debería ser por completo descartado en el seno de esta novedad
del PLM. [4]
Transcribimos el precepto (nótense los defectos
sintácticos): “1. El acuerdo de mediación puede versar sobre una parte o sobre
la totalidad de las materias sometidas a la mediación.”
el acuerdo de mediación deberá constar la identidad y el domicilio de las
partes, el lugar y fecha en que se suscribe, las obligaciones que cada parte
asume y que se ha seguido un procedimiento de mediación ajustado a las
previsiones de esta ley, con indicación del mediador o mediadores que han
intervenido y, en su caso, de la institución de mediación en la cual se ha
desarrollado el procedimiento.”
El acuerdo de mediación deberá firmarse por las partes o sus representantes y
presentarse al mediador, en el plazo máximo de diez días desde el acta final,
para su firma.”
Del acuerdo de mediación se entregará un ejemplar a cada una de las partes,
reservándose otro el mediador para su conservación. Dicho documento será título
que lleva aparejada ejecución.”
de las partes podrá protocolizar notarialmente el acuerdo de mediación a su
el acuerdo de mediación haya de ejecutarse en otro Estado la protocolización
notarial será necesaria para su consideración como título ejecutivo, además de
los requisitos que en su caso puedan exigir los Convenios internacionales en
que España sea parte y las normas de la Unión Europea.”
El acuerdo de mediación produce efectos de cosa juzgada para las partes y
frente a él sólo podrá solicitarse la anulación.”
acción de anulación caducará a los treinta días naturales a contar desde el día
siguiente a la firma del acuerdo de mediación y sólo podrá fundarse en la
infracción de los requisitos previstos en los apartados 1, 2 y 3 de este
el conocimiento de la acción de anulación del acuerdo de mediación será
competente el Juzgado de Primera Instancia del domicilio o residencia del
demandado o de cualquiera de ellos, si fueren varios, y se sustanciará por los
cauces del juicio verbal regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil.”
Se podrá solicitar la revisión de los acuerdos de mediación conforme a los
supuestos y procedimiento establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil para
las sentencias firmes.”
Si despachada ejecución se interpusiera y admitiera la demanda de acción de
anulación o de revisión, se podrán hacer uso de los trámites de suspensión,
sobreseimiento y reanudación de la ejecución previstos en el artículo 566 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil.”
[5] Para facilidad del lector,
reproduzco el art. 106 LJCA: “1. Cuando la Administración fuere condenada al
pago de cantidad líquida, el órgano encargado de su cumplimiento acordará el
pago con cargo al crédito correspondiente de su presupuesto que tendrá siempre
la consideración de ampliable. Si para el pago fuese necesario realizar una
modificación presupuestaria, deberá concluirse el procedimiento correspondiente
dentro de los tres meses siguientes al día de notificación de la resolución
A la cantidad a que se refiere el apartado anterior se añadirá el interés legal
del dinero, calculado desde la fecha de notificación de la sentencia dictada en
única o primera instancia.”
No obstante lo dispuesto en el artículo
104.2, transcurridos tres meses desde que la sentencia firme sea
comunicada al órgano que deba cumplirla, se podrá instar la ejecución forzosa.
En este supuesto, la autoridad judicial, oído el órgano encargado de hacerla
efectiva, podrá incrementar en dos puntos el interés legal a devengar, siempre
que apreciase falta de diligencia en el cumplimiento.”
Si la Administración condenada al pago de cantidad estimase que el cumplimiento
de la sentencia habría de producir trastorno grave a su Hacienda, lo pondrá en
oídas las partes, se resuelva sobre el modo de ejecutar la sentencia en la
forma que sea menos gravosa para aquélla.”
Lo dispuesto en los apartados anteriores será de aplicación asimismo a los
conforme a esta Ley.”
Cualquiera de las partes podrá solicitar que la cantidad a satisfacer se
compense con créditos que la Administración ostente contra el recurrente.”
UNA LEY “INTEGRAL” (ES DECIR, TOTALITARIA) PARA MULTAR Y CASTIGAR LA INCORRECCIÓN (I)
INFORMACIÓN BÁSICA Y “PERLAS” ESCOGIDAS DEL “ANTEPROYECTO DE LEY INTEGRAL PARA LA IGUALDAD DE TRATO Y LA NO DISCRIMINACIÓN”A base de antieméticos y protectores gástricos, he sido capaz de leer el “Anteproyecto de Ley Integral para la Igualdad de trato y la no discriminación” (ALIT), presentado el 7 de enero de 2011 por la increíble pero cierta Ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad del “Gobierno de España” (“GdE”), Dña. Leire Pajín.No puedo entretenerme aquí en los numerosos errores y defectos técnico-jurídicos del ALIT, empezando por la heterogeneidad de un precepto importantísimo, el art. 2.1, que, además, en absoluto responde a su rótulo, “ámbito subjetivo de aplicación”, pues comienza con algo básico para el ámbito objetivo, como son los parámetros de igualdad y no discriminación:“Nadie podrá ser discriminado por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad, lengua o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.”El art. 14 de la Constitución Española (CE) en vigor se expresa en los siguientes términos: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.” Como se ve, el art. 2. ALIT se refiere expresamente a la “edad”, a la “discapacidad”, a la “orientación o identidad sexual”, a la “enfermedad” y a la “lengua” que no aparecen en el texto constitucional, aunque pueden considerarse comprendidos en el inciso “o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”, inciso reproducido en el ALIT. Los elementos que pudieran ser relevantes para una indebida desigualdad de trato son, a la postre, todos, porque, además de los expresamente mencionados, en “cualquier otra condición o circunstancia personal o social” están comprendidos la estatura, el peso, el color de los ojos, el aspecto físico general, los rasgos temperamentales, la rapidez de reflejos, la agudeza visual, la inteligencia, los años de trabajo, el tipo o tipos de empleo desempeñados, la condición de autónomo o de trabajador por cuenta ajena, los títulos escolares y académicos, etc., lo mismo que la liquidez y la solvencia patrimonial propia o familiar, la cantidad de hijos o de hermanos, la profesión, las relaciones profesionales y sociales, las amistades y enemistades, la fama y prestigio, asociaciones diversas a que se pertenece o se ha pertenecido, etc., Sentado lo anterior veamos el verdadero ámbito subjetivo de la futura Ley Integral, etc. (LIT). Los destinatarios de la LIT somos todos, organismos públicos, personas física o jurídicas, incluidos los turistas, que residan o actúen en España (párrafo final del aptdo. 5 de art. 2 ALIT).El ámbito objetivo de la LIT estaría configurado por el total de ciertos ámbitos de la vida humana. El ALIT (art. 3) se refiere expresamente a varias “esferas”, que son las siguientes:“a) Empleo y trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia, que comprende el acceso, las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas y las de despido, la promoción profesional y la formación para el empleo.”“b) Acceso, promoción, condiciones de trabajo y formación en el empleo público.”“c) Afiliación y participación en organizaciones políticas, sindicales, empresariales, profesionales y de interés social o económico.”“d) Educación.”“e) Sanidad.”“f) Prestaciones y servicios sociales.”“g) Acceso, oferta y suministro de bienes y servicios a disposición del público, incluida la vivienda.”Pero estas “esferas” constituyen ámbitos en los “especialmente” deben evitarse la desigualdad de trato y la discriminación. Antes, el ALIT dispone que la ley venidera se aplique “en todos los ámbitos de la vida política, económica, cultural y social.” ¿Se aplica a la familia? Claro que sí, salvo que el ámbito familiar no se considere un ámbito “social”, lo que se me hace muy cuesta arriba. En realidad, a un “ámbito social” pertenece cualquier actividad humana que no se lleve a cabo en soledad. Debería haber un factor correctivo de “lo social”, constituido por el círculo o “esfera” de la intimidad. La CE reconoce la “intimidad personal y familiar” en su art. 18.1. Y una jurisprudencia copiosa relaciona la inviolabilidad del domicilio con la intimidad personal. Hay mucho casuismo, pero, aun así, debería considerarse excluido de la LIT lo que resulte indudablemente íntimo. Se reduciría así el ámbito objetivo, pero tampoco de modo notable. De modo que, en cuanto al ámbito objetivo, se puede decir que, según el ATLI, sería casi todo lo humano.Siendo éste el panorama general, el ALIT introduce algunas importantes matizaciones generales (hay otras concretas, respecto de distintas concretas “esferas”) frente a la igualdad y a la no discriminación. Son hipótesis legales en las que las disposiciones de la LIT no tendrían que aplicarse o, al menos, no se aplicarían en sus propios términos. Nos encontramos, para empezar, con este curioso precepto, el apartado 2 del art. 3:“Lo dispuesto en la presente Ley se entiende sin perjuicio de los regímenes específicos más favorables establecidos en la normativa estatal o autonómica por razón de las distintas causas de discriminación previstas en el apartado primero del artículo dos.” (la cursiva es mía).El texto, en sí mismo, resulta curioso y chocante porque o la LIT se presenta ya, ella misma, como muy imperfecta en su propósito igualitario y no discriminatorio o no cabe pensar que haya otras conjuntos de normas (“regímenes específicos”), estatales o autonómicos, que puedan ser “más favorables” para la igualdad de trato y la no discriminación en lo relativo a nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad, lengua o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, que son los factores previstos en el art. 2.1 ALIT. Literalmente, estaríamos, conforme a la LIT futura, ante un panorama de igualdad a casi todos los efectos, pero posiblemente coexistentes con panoramas de más igualdad aún en distintos ámbitos y a ciertos efectos. El “legislador” estaría haciendo buena el dicho popular, muy extendido, de que “todos somos iguales, pero algunos más iguales que otros”.A no ser que en el precepto transcrito (art. 3.2) se esté haciendo referencia a las denominadas “medidas de acción positiva” del art. 11 del ALIT:“Se consideran acciones positivas las diferencias de trato orientadas a prevenir, eliminar y, en su caso, compensar cualquier forma de discriminación en su dimensión colectiva o social. Tales medidas serán aplicables en tanto subsistan las situaciones de discriminación que las justifican y habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con los medios para su desarrollo, los objetivos que persigan y los plazos para su consecución.”Esta noción, muy conocida, consiste en unas buenas diferencias de trato o discriminaciones que no son contrarias a las malas diferencias de trato o discriminaciones, porque se orientan “a prevenir, eliminar y, en su caso, compensar cualquier forma de discriminación en su dimensión colectiva o social”. Ejemplo claro de las positive actions, son las medidas discriminatorias favorables a las mujeres (política de cuotas). Lo que no veo yo muy bien expresado es eso de que se previene, elimina o compensa (mayormente se compensa) alguna forma de discriminación “en su dimensión colectiva o social”. Porque ocurre que la positive action, aunque se fije en esa dimensión colectiva o social (y eso de fijarse, como lo estar “orientadas”, resulta extremadamente subjetivo), acaba siempre teniendo una dimensión individual: la del beneficiario y la de los perjudicados. De la temporalidad de las positive actions mejor no hablamos mucho, porque suena a burla: de ordinario, no se establecen plazos y, muy frecuentemente, las “medidas de acción positiva” se adoptan cuando la discriminación ha desaparecido. Desde hace bien poco, p. ej., tenemos suaves “medidas de acción positiva” en el profesorado universitario, p. ej., justo cuando, en no pocas “áreas de conocimiento”, el número de profesoras comienza a igualar o superar al de profesores. Los arts. 4 a 7 del ALIT se dedican a lo que el mismo ALIT considera un gran avance: las distinciones entre tipos de discriminación. Las distinciones del ALIT son éstas: discriminación directa, discriminación indirecta, discriminación por asociación, discriminación por error, discriminación múltiple, acoso discriminatorio, inducción, orden o instrucción de discriminar y represalia. Al final de esta entrada, en el texto no directamente visible, reproduzco los artículos citados y los restantes del ALIT que más me han llamado la atención, para esta entrada y las sucesivas. Noten algo tremendo: es ilícito no sólo lo que suponga desigualdad de trato, sino también lo que pueda suponer esa desigualdad. Terminaré esta entrada con tres observaciones: sobre la discriminación indirecta, sobre la discriminación por error y sobre la represalia.Definición legal de discriminación indirecta (art. 5.2 ALIT):“La discriminación indirecta se produce cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros ocasiona o puede ocasionar a una o varias personas una desventaja particular con respecto a otras.” Es decir, algo (“disposición, criterio o práctica”) que en apariencia es neutro, es decir, en lo que no se advierte intención discriminatoria, acaba provocando una desventaja de uno respecto de otro. Con sólo eso ya tenemos un comportamiento censurable y sancionable. La vida, nuestra vida diaria, estará poblada de discriminaciones indirectas: el barman, como somos habituales y sabe que lo nuestro es el cafelito con dos churros, se pone a preparárnoslos en cuanto nos ve entrar. No quiere discriminar a nadie: simplemente no necesita preguntarnos “qué a va ser” y tiene a mano los churritos y la cafetera. Pero el resultado es que uno empieza a desayunar 30 segundos antes que otro cliente que entró 35 segundo antes que nosotros. ¡Horrible discriminación indirecta! En todos los bares, a coger número y a esperar que nos llamen. O a ponerse en fila: ¡fantástica mejora de la calidad de vida!. Pero la cosa se pone aún más interesante ante la “discriminación por error” (art. 6.2 ALIT): “aquella que se funda en una apreciación incorrecta acerca de las características de la persona discriminada”. Es decir, que, a nada que te equivoques al apreciar la existencia o inexistencia de ciertas características en una persona –no ya al valorar esas características- incurres en discriminación. Se me antoja un gran exceso esta clase de discriminación.Muy notable e impresionante encuentro el tipo de discriminación definido como represalias en el art. 10 ATLI:“A los efectos de esta Ley se entiende por represalia cualquier trato adverso o consecuencia negativa que pueda sufrir una persona por intervenir, participar o colaborar en un procedimiento administrativo o proceso judicial destinado a impedir o hacer cesar una situación discriminatoria, o por haber presentado una queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso de cualquier tipo con el mismo objeto.”Aquí no se ha incurrido en exceso alguno, sino en un claro defecto, porque las diferencias de trato que se definen como represalias son únicamente las represalias (trato adverso que se dispensa a una persona o conciencia negativa que se le hace sufrir) originadas a consecuencia de denunciar, demandar, querellarse, ser testigo o cualquier comportamiento procedimental o procesal en el seno de procesos o procedimientos iniciados para defender la igualdad de trato y la no discriminación. Pero la represalia, digo yo, es igualmente reprochable si se lleva a cabo por discrepar ideológica, política, científica o culturalmente o porque a quien se encuentra en condiciones de tratar adversamente a una persona lo hace porque ésta “le cae mal” y no digamos porque compra habitualmente un periódico determinado, porque ha colocado un pequeño crucifico encima de su mesa de trabajo (o porque no lo ha colocado), porque está afiliado a cierto sindicato (o porque no lo está), porque lleva corbata o porque no la lleva, etc. En concreto, resulta curioso que, en concreto, las represalias que suele gastar la clase política, colectivo al que pertenece la Ministra Pajín, represalias que sufre tanta gente (a la hora de ser empleado, a la hora de la contratación administrativa, a la de las subvenciones) y que son diferencias de trato discriminatorias, están excluidas de las “represalias” discriminatorias que tendrían relevancia conforme al ATLI. ¿No es esto algo escandaloso?
-- DEPARTAMENTO DE DERECHO PROCESAL. U. COMPLUTENSE (Madrid. España)
-- POR DERECHO
"Juez de Garantías"
Gobierno del Poder Judicial y valor de la jurispru...