Source: https://recull.creinsa.com/sentencia/11367
Timestamp: 2018-05-23 15:05:07
Document Index: 121828665

Matched Legal Cases: ['artículo 97', 'artículo 97', 'artículo 219', 'artículo 97', 'artículo 97', 'artículo 75', 'artículo 235']

Costas. Temeridad
nº Sentencia: 224/2018
Costas. Temeridad. El tenor literal del art.97.3 LRJS no deja margen de duda acerca del cual es el sujeto procesal al que se refiere la condena al pago de honorarios de letrado cuando ésta acompaña a la imposición de la multa por temeridad. Tan solo el litigante que ostenta la condición de empresario es susceptible de la condena en relación al pago de honorarios. La demandante no solo no consta que sea empresaria si no que su demanda temeraria, tenía por objeto obtener la declaración de su condición de trabajadora de donde resulta carente de base jurídica la condena impuesta
Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de lo Social, Sentencia 224/2018 de 28 Feb. 2018, Rec. 2661/2015
Esta Sala ha visto el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por Dña. Cristina , representada y defendida por el Letrado D. José Luis Pardeiro Sánchez, contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 3 de junio de 2015, en el recurso de suplicación nº 106/2015, interpuesto frente a la sentencia dictada el 23 de septiembre de 2014 por el Juzgado de lo Social nº 3 de Madrid , en los autos nº 1134/2013, seguidos a instancia de dicha recurrente, contra D. Romeo , sobre seguridad social.
PRIMERO.- Con fecha 23 de septiembre de 2014, el Juzgado de lo Social núm. 3 de Madrid, dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: «Procede desestimar la demanda planteada por la demandante Dª Cristina contra la empresa demandada Romeo en reclamación sobre derecho relación indefinida, y condenarle por temeridad al abono de una multa de 400 euros que debe de ingresar en el Tesoro Público y acreditar dicho ingreso en este Juzgado en el plazo de 10 días desde la notificación de esta sentencia y así mismo condenarle al abono de los honorarios del letrado que asistió al demandado en suma de 200 euros».
«1º.- La demandante Sra. Cristina con DNI NUM000, madre del demandado, presenta esta demanda en la que solicita se reconozca y se declare la existencia de relación laboral con su hijo el demandado.
6º.- La actora el día 9-7-2013 presentó papeleta de conciliación ante el SMAC, celebrándose dicho acto el 26-7-2013 con el resultado de intentado y sin efecto, en dicho acto la empresa no compareció constando devuelta la citación con reseña de cartero "desconocido"».
SEGUNDO.- Interpuesto recurso de suplicación contra la anterior resolución, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictó sentencia con fecha 3 de junio de 2015 , en la que consta la siguiente parte dispositiva: «Que desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por la representación de Dña. Cristina , contra la sentencia de fecha 23 de Septiembre de 2014 dictada por el Juzgado de lo Social nº 03 de Madrid en sus autos número Procedimiento Ordinario 1134/2013, seguidos a instancia de Dña. Cristina frente a D. Romeo , en reclamación por Materias Seguridad Social, y, en consecuencia, debemos confirmar y confirmamos la resolución recurrida. Sin costas».
TERCERO.- Contra la sentencia dictada en suplicación, el Letrado Sr. Pardeiro Sánchez en representación de Doña Cristina, mediante escrito de 10 de julio de 2015, formuló recurso de casación para la unificación de doctrina, en el que: PRIMERO.- Se alega como sentencia contradictoria con la recurrida la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de fecha 10 de junio de 2008. SEGUNDO.- Se alega la infracción del art. 97.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
CUARTO.- Por providencia de esta Sala de 22 de febrero de 2016 se admitió a trámite el presente recurso de casación para la unificación de doctrina.
QUINTO.- No habiéndose personado la parte recurrida, no obstante haber sido emplazada en forma, se pasó todo lo actuado al Ministerio Fiscal que emitió informe en el sentido de considerar el recurso procedente.
SEXTO.- Instruido el Excmo. Sr. Magistrado Ponente, se declararon conclusos los autos, señalándose para la votación y fallo el 21 de febrero de 2018, en cuya fecha tuvo lugar.
PRIMERO.- Dª Cristina interpuso demanda frente a su hijo D. Romeo en la que reclamaba la declaración de existencia de relación laboral entre las partes. También ha presentado distintas demandas frente a otros miembros de la familia con idéntico fin. El Juzgado de lo Social desestimó la demanda imponiendo a la actora una multa por temeridad y condenándola al pago de los honorarios del letrado que asistió al demandado en la suma de 200€. En suplicación, la anterior sentencia fue confirmada en su totalidad. Por la recurrente se formuló un único motivo de recurso, al amparo del artículo 97.3 de la LRJS en la que denunciaba la infracción del artículo 97.3 de la Ley rituaria social. El motivo se desestima razonando acerca de la actitud procesal temeraria de la demandante.
Recurre la demandante en casación para la infracción de la doctrina y ofrece como sentencia de contraste la dictada el 10 de junio de 2008 por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia.
Entre ambas resoluciones concurre la preceptiva contradicción en los términos exigidos por el artículo 219 de la LRJS.
SEGUNDO.- Por la recurrente se alega la infracción del artículo 97.3 de la LRJS, en relación exclusivamente a la condena al pago de los honorarios de los letrados que intervinieron. La dicción del artículo 97.3 de la LRJS, idéntica a la que en su momento tuvo el precepto homónimo en la LPL es clara al respecto "La sentencia, motivadamente, podrá imponer al litigante que obró de mala fe o con temeridad, así como al que no acudió al acto de conciliación injustificadamente, una sanción pecuniaria dentro de los límites que se fijan en el apartado 4 del artículo 75. En tales casos, y cuando el condenado fuera el empresario, deberá abonar también los honorarios de los abogados y graduados sociales de la parte contraria que hubieren intervenido, hasta el límite de seiscientos euros.
El tenor literal que acabamos de reproducir no deja margen de duda acerca del cual es el sujeto procesal al que se refiere la condena al pago de honorarios de letrado cuando ésta acompaña a la imposición de la multa por temeridad. Tan solo el litigante que ostenta la condición de empresario es susceptible de la condena en relación al pago de honorarios. La demandante no solo no consta que sea empresaria si no que su demanda temeraria, tenía por objeto obtener la declaración de su condición de trabajadora de donde resulta carente de base jurídica la condena impuesta por lo que el recurso, de conformidad con el informe del Ministerio Fiscal, deberá ser estimado, sin que haya lugar a la imposición de las costas a tenor de lo preceptuado en el artículo 235 de la LRJS.