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Timestamp: 2019-11-22 05:20:31
Document Index: 406901857

Matched Legal Cases: ['artículo 173', 'artículo 245', 'artículo 312', 'artículo 243', 'artículo 270', 'artículo 173']

PGR - SINALEVI >> Pronunciamientos >> Resultados >> Dictamen 084 del 30/05/1996
Dictamen : 084 del 30/05/1996
Consultante: Francisco Castrillo Camacho
Funcionarios: Ana Lorena Brenes EsquivelGeovanni Bonilla GoldoniLuis Antonio Sobrado González
Texto Dictamen 084
C-084-96
Arq. Francisco Castrillo Camacho
Colegio Federado deIngenieros y Arquitectos
Con la aprobación del señor Procurador General de la República, nos referimos a su oficio Nº 826-96-JDG de 9 de mayo, recibido en esta Procuraduría el 24 de mayo, ambos del año en curso, en el cual se solicita el pronunciamiento establecido en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP), como requisito previo a declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de los actos de incorporación al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de los siguientes señores y señoras: XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX.
Después de proceder a estudiar los expedientes por usted enviados, nos permitimos señalar la imposibilidad legal de resolver el fondo del asunto, por ahora, dada la existencia de irregularidades en el procedimiento ordinario administrativo tramitado con ocasión de ello; situación que debe ajustarse a derecho como requisito previo a emitir el dictamen de cita.
EN CUANTO A POSIBLES VICIOS DE PROCEDIMIENTO
De seguido se puntualizarán algunos de los aspectos que deben ser tomados en cuenta por ustedes en cuanto al procedimiento.
1.- En los expedientes enviados, correspondientes a los procedimientos administrativos seguidos contra los colegiados -anteriormente citados-, no consta el acuerdo correspondiente del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos a través del cual se incorporó cada profesional a dicho Colegio Federado, así como a cuál colegio en particular pertenece -dentro de los federados-, es decir, precisamente los actos cuya legalidad ahora se cuestiona.
Lo anterior constituye un vicio dentro de los procedimientos, toda vez que el dictamen que eventualmente se vierta sobre el particular, debe partir del análisis de un acto que no consta dentro del expediente mismo.
"Sobre este punto, ya en el pronunciamiento C- 129-95 de 7 de junio de 1995 se indicó:
En este orden de ideas, resulta necesario proceder a incorporar tales documentos a los expedientes en comentario, ante lo cual la Administración deberá determinar, según su criterio, si se está en presencia de un vicio de procedimiento que genera una nulidad absoluta o relativa del mismo, pero, en cualquiera de los dos casos, debe darse traslado a los funcionarios interesados sobre éstos, a fin de cumplir a cabalidad con la garantía del debido proceso a que tiene derecho todo administrado." (C-047-96 de 20 de marzo de 1996)
Por ser la situación similar en el presente caso, debe proceder la Administración a tomar las medidas pertinentes a fin de adecuar los procedimientos.
2.- Las resoluciones del Órgano Director dando inicio al procedimiento administrativo omiten requisitos establecidos por la Ley General de la Administración Pública. Así, por ejemplo: a.- No se indican los recursos que caben contra la misma, el órgano que los resolverá, el plazo para interponerlos y ante quién deben presentarse (artículo 245 LGAP); b.- No se enumera brevemente la documentación que obra en el expediente, ni se le previene el momento para presentar la prueba (artículo 312 LGAP), y; c.- Dicha resolución no se encuentra firmada por el Órgano Director del Procedimiento Administrativo (artículos 134, 249 y 254 LGAP).
3.- Las notificaciones deben cumplir con lo previsto en el artículo 243.2 de la citada Ley General.
4.- Las actas que se levanten en la celebración de la audiencia deben realizarse de acuerdo con lo estipulado en el artículo 270 en relación con el 313 de la Ley General, esto es, salvo para el caso de que la audiencia sea grabada -y así debe hacerse notar- deben ser levantadas en el mismo acto y firmadas por los comparecientes, debiendo ser el reflejo, lo más fiel posible, de lo dicho en la comparecencia. Asimismo, en el acta se debe identificar claramente a quién hace uso de la palabra, y no, como sucede al menos en un caso, que aparece un espacio en blanco después de que se indica "el Ingeniero".
5.- En los supuestos en que se vuelva a dictar el acto inicial, conviene notificar, junto con éste, el acuerdo de la Junta Directiva de iniciar el procedimiento administrativo y el nombramiento del Órgano Director.
6.- Asimismo, en algunos se echa de menos prueba ofrecida o aportada por los interesados.
Finalmente, sobre estos puntos, debe hacerse la observación de que se podría considerar el contar con asesoría legal en este tipo de procedimientos.
A la luz de lo expuesto hasta aquí, debe procederse a analizar, en cada caso, si se cumplió con todos los requisitos exigidos por la Ley General de la Administración Pública cuando se procede a establecer un procedimiento administrativo, y a determinar el tipo de nulidad que los mismos acarrean a fin de enderezar correctamente los procedimientos y evitar nulidades futuras.
EN CUANTO AL PLAZO PARA ANULAR ACTOS ADMINISTRATIVOS
Aparte de lo expuesto hasta aquí, debe tomar en cuenta el Colegio Profesional, que la Administración cuenta con un determinado plazo para declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de actos administrativos.
Sobre el tema del plazo, esta Procuraduría tiene múltiples dictámenes señalando que el mismo es de cuatro años. A manera de ejemplo, nos permitimos transcribir los siguientes:
De la relación de ambas normas, debe interpretarse de que, a pesar de que existe obligación de la Administración de declarar la nulidad de los actos que contengan vicios de tal naturaleza, debe ajustarse a las limitaciones de la ley, siendo obviamente una de ellas, la establecida en el numeral 173.4 anteriormente transcrito. Esto significa que, a pesar de que pueda existir un acto que aparentemente contenga un vicio de nulidad absoluta, evidente y manifiesta, si ya transcurrieron cuatro años, la Administración se encuentra impedida de hacer tal declaratoria. En este sentido se pueden ver, entre otros, los pronunciamientos de esta Procuraduría C-46-86 de 3 de marzo de 1986, C- 182-89 de 4 de octubre de 1989, C-032-92 de 17 de febrero de 1992 y C-07092 de 6 de abril de 1992." (C-111-93 de 24 de agosto de 1993)
Ahora bien, una de las diferencias sustanciales entre los términos de caducidad y prescripción es, justamente, que en el primer supuesto el término señalado no se interrumpe. En cambio el plazo de la prescripción es interrumpible bajo determinados supuestos que no es del caso analizar aquí, ya que el artículo en comentario - 173 de la Ley General- expresamente indica que el plazo es de caducidad. Sobre la distinción entre caducidad y prescripción, en lo que nos interesa para este caso, nos indica el Dr. Víctor Pérez:
Posteriormente, este mismo autor afirma que:
"En síntesis, en la prescripción el momento en que se completa la figura es, por su naturaleza, movible, mientras que en la caducidad la figura permanece anclada al término prefijado.
"Así las cosas, tenemos que si dentro del plazo de cuatro años que en forma expresa se señala en la ley, (término fatal), la Administración no utilizó su potestad de revisión oficiosa tendente a declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de un acto, por la vía fijada en la Ley General de la Administración Pública, caducó -con las implicaciones que conlleva el término- esa potestad, y por lo tanto, carece de competencia para emitir un pronunciamiento sobre ese asunto.
Las anteriores consideraciones nos llevan a la conclusión de que el plazo de cuatro años que tiene la Administración para declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de un acto declaratorio de derechos es ininterrumpible." (C- 168-94 de 2 de noviembre de 1994) (La anterior reseña se encuentra contenida en el pronuciamiento C-117-95 de 31 de mayo de 1995
De acuerdo, por lo tanto, con la Ley General de la Administración Pública, y con el criterio que ha sido aplicado en diversos pronunciamientos de esta Procuraduría, la Administración cuenta con cuatro años para declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de sus actos administrativos.
A pesar de que, como ya se indicó, los actos que se pretenden anular no se encuentran agregados a los expedientes, de acuerdo con una "tabla" que se encuentra agredada en algunos de ellos, parece desprenderse que dicho plazo ya fue superado en los siguientes casos: XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX y XXX. Otros aparentemente están cerca de su término.
Debe entonces la Administración verificar las fechas de los actos que se pretenden anular, ya que aquellos en los cuales transcurrieron los cuatro años, no podría emitirse el pronunciamiento que manda la Ley General de la Administración Pública.
Ello no significa, que aquellos colegiados que en virtud del puesto que desempeñan requieran estar colegiados a otro colegio profesional, y respecto de los cuales haya operado la referida caducidad, queden por éste hecho eximidos de tal deber.
Finalmente, adjunto encontrará copias de pronunciamientos de esta Procuraduría relacionados con el tema para su información.
Al existir posibles vicios de procedimiento en los expedientes remitidos, esta Procuraduría se abstiene de emitir los pronunciamientos requeridos conforme al artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública.
Licda. Ana Lorena Brenes E.
Lic. Geovanni Bonilla G.
Dr. Luis Antonio Sobrado G.
Procurador Adjunto Procurador Adjunto
Anexo: Pronunciamientos C-002-94, C-181-95 y C-006-96.