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Timestamp: 2019-01-21 05:14:32
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Matched Legal Cases: ['artículo 17', 'artículo 32', 'artículo 16', 'artículo 13', 'artículo 19', 'artículo 24', 'artículo 32', 'artículo 1', 'artículo 9', 'artículo 34', 'artículo 6']

PERIODOS- José Carlos Mariategui
Colonizaciones Portuguesas, Francesas, Holandesas e Inglesas
Econom í a Colonial
Quaderni Fiorentini, 33, 2005.
COLONIA, DERECHO Y TERRITORIO EN EL GOLFO DE GUINEA: Tensiones del colonialismo español en el siglo XX
ALICIA CAMPOS SERRANO1
Derecho y colonia Colonia y territorio Desposesión inicial y pluralismo jurídico Tierra y derecho colonial: el Real Decreto de 1904 ¿Braceros o pequeños propietarios? Abuso y protección: incapacitando a los africanos Colonización agrícola indígena y los límites de la civilización Conclusiones
1. Derecho y colonia El papel de lo jurídico durante la experiencia colonial de los siglos XIX y XX ha merecido recientemente una atención minoritaria pero seria, al hilo del interés de las ciencias sociales por los imaginarios y las instituciones. Se ha dicho que el derecho fue central al colonialismo europeo2, y Bartolomé Clavero llega a afirmar que la justicia europea "no ha sido una reflexión y un reto para el colonialismo, sino su firme y su medio, su base y su modo incluso en tiempos de constitucionalismo"3. Este artículo se toma en serio esta tesis; y también la matiza. Para los colonialistas europeos, la relevancia del derecho se fundaba en su doble carácter instrumental, como medio de control social y como vía de expansión cultural. El derecho se situaba en la encrucijada entre los principales objetivos de la colonización, que incluía tanto la explotación y rentabilidad económicas, como el control y el orden social, pasando por una autoadjudicada misión de civilización4. Pero las normas e instituciones jurídicas fueron
Investigadora de la Universidad Carlos III de Madrid y miembro del Grupo de Estudios Africanos (Universidad Autónoma de Madrid). Este trabajo ha sido posible gracias a una beca postdoctoral de la Comunidad de Madrid y el Fondo Social Europeo.
K. MANN y R. ROBERTS, Law in Colonial África, Portsmouth, Heinemann, 1991; A.M. HESPANHA, Le Droit en la domination coloniale eurpéenne. Le cas de l'empire coloniale portugues, (version provisoire), en http://www.hespanha.net, 2003.
B. CLAVERO, Genocidio y Justicia. La Destrucción de Las Indias, ayer y hoy, Madrid, Marcial Pons, 2002, p.73. Agradezco aquí los comentarios, el apoyo y la confianza del profesor Pipo Clavero en mis incursiones por la historia del derecho.
Sobre las contradicciones del estado colonial ver B. BERMAN y J. LONSDALE, "Coping with the Contradictions. The Development of the Colonial State, 1895-1914", en Id., Unhappy Valle. Conflict in Kenya and África", London / Nairobi / Athens, James Currey / Heinemann Kenya / Ohio University Press, 1992; R.F. BETTS,
también un lugar privilegiado del encuentro colonial: muchas de las propuestas normativas de los europeos fueron contestadas, asumidas, resistidas o modificadas por los africanos, cuyas reacciones constituyeron parte fundamental del proceso de creación de la realidad colonial. Lo que surgió de este proceso fue un orden jurídico caracterizado por una profunda ambigüedad, que estribaba en el contraste entre la explícita intención expansiva del derecho metropolitano, y el hecho de que éste nunca regiría plenamente en las colonias, pues siempre se trató de un ordenamiento especial5. La distinción, impregnada de criterios raciales, entre europeos e indígenas, se convirtió en elemento constitutivo del proyecto colonial: mientras a los primeros afectaba la ley metropolitana como ciudadanos de un estado europeo, los segundos sólo podían considerarse súbditos sin derechos individuales6. Todo ello se sustentaba en la percepción de los africanos como sujetos esencialmente "tribales", pertenecientes a comunidades territorial, lingüística y culturalmente diferenciadas, gobernadas por jefes y donde la libertad del individuo se supeditaba siempre a las necesidades del grupo7. El sistema jurídico de la colonia, en el marco de lo que los británicos llamaron el gobierno indirecto, trató de integrar parte de los sistemas indígenas de regulación social, reputándose a la costumbre africana, supuestamente inmemorial, como fuente principal de derecho para los africanos. Los europeos se convertían así en los garantes de la tradición africana y de su inmovilidad. Sin embargo, los colonizados no se limitaron a jugar el papel que los dominadores europeos les asignaban, y trataron de sacar provecho de las nuevas circunstancias para aumentar su poder, liberarse de antiguos lazos o transformar sus instituciones en un sentido más favorable8. Si la dicotomía de ciudadanos y súbditos subyacía al imaginario imperialista en su conjunto, las diferenciaciones sociales y constelaciones de intereses que el colonialismo generó en África fueron mucho más complejas y fluidas. Y aunque a veces intentara cristalizarlas, el derecho no dejó de reflejar la fluidez y volatilidad de la situación colonial, convirtiéndose así en un
Métodos e instituciones de la dominación europea, en Historia General de África, vol. VII, a cargo de A. Adu Boahen, Paris / Madrid, Unesco / Tecnos, 1987. Esta contradicción no era, empero, totalmente extraña a la Europa liberal de finales de siglo, pues si la soberanía nacional y las libertades personales de todos los ciudadanos constituían fundamentos de los estados nacionales europeos desde las revoluciones burguesas, eran muchas las trabas y los estatus especiales que mantenían a gran parte de la población −asalariados, mujeres o nativos de las colonias−, al margen de los derechos disfrutados por la minoría de individuos propietarios. Las flamantes ciencias sociales contribuyeron con teorías diversas a legitimar la exclusión de los derechos del hombre y del ciudadano a tan amplia humanidad. A.M. HESPANHA, Cultura jurídica europea. Síntesis de un milenio, Madrid, Ed. Tecnos, 2002, pp. 174-5, 222; Id., Le Droit, cit., 2003. M. MAMDANI, Citizen and Subject. Contemporary África and the Legacy of Late Colonialism, Princeton NJ, Princeton University Press, 1996. T. RANGER, The invention of tradition in colonial África, en E. Hobsbawm y T. Ranger, The invention of tradition, Cambridge, Cambridge University Press, 1983.
T. RANGER, The invention of tradition revisited: the case of colonial África, en Legitimacy and the State in Twentieth-Century África a cargo de T. Ranger y O. Vaughan, London, The Macmillan Press, 1993.
espacio de controversia, producto tanto del imaginario y las propuestas europeas como de las dinámicas y reacciones africanas9. Es este papel de intermediario social, y no tanto su capacidad de control y disciplinamiento, lo que convierte al derecho en un ámbito tan central al colonialismo. Existían mecanismos más eficaces e imperativos para lograr la sumisión de los africanos, y que no necesitaban de derecho alguno, como bien sabían militares o terratenientes. También había otros lenguajes legitimatorios de la dominación colonial más allá del jurídico, como el desplegado por iglesias y misioneros. Pero el derecho colonial contribuyó más que nada a encauzar las tensiones sociales en una época de transformaciones económicas y sociales dramáticas, en la que se dieron fuertes dinámicas de diferenciación y reproducción de la desigualdad. Las nuevas condiciones coloniales exigían definir de manera aceptable socialmente quiénes tenían derecho a la tierra, quiénes podían ser obligados a prestar su trabajo o quiénes podían aspirar a ocupar un puesto de privilegio en el sistema, y el derecho ofreció la arena de los conflictos entre las interpretaciones divergentes sobre los criterios de inclusión o exclusión que debían prevalecer10. La apropiación y el uso de la tierra constituye una de las dinámicas coloniales clave para indagar en todos estos procesos, lo que aquí haremos en el caso de la pequeña colonia española en el Golfo de Guinea11. 2. Colonia y territorio en la Guinea española El acceso y uso de la tierra constituye uno de los escenarios fundamentales de la explotación y la tensión coloniales en África. El colonialismo de finales del siglo XIX se caracterizó precisamente por las peculiares relaciones que estableció con el territorio: frente al imperialismo comercial de la era liberal, se buscaba la ocupación territorial efectiva. Uno de los principales objetivos de esta ocupación era el control directo de las fuentes de producción, en este momento mayoritariamente agrícolas, lo que los europeos consideraron entonces como la
K. MANN y R. ROBERTS, Law, cit., p.3.
S. BERRY, No Condition Is Permanent. The Social Dynamics of Agrarian Change in Sub-Saharan África, Wisconsin, The University of Wisconsin Press, 1993; Id., Debate sobre la historia y el problema de la tierra en África, «ISTOR, Revista de Historia Internacional», IV, 2003; M. CHANOCK, Law, Custom and Social Order. The Colonial Experience in Malawi and Zambia, Cambridge, Cambridge University Press, 1985; Id. Paradigms, Policies and Property: A Review of the Customary Law of Land Tenure, en Law in Colonial África a cargo de K. Mann y R. Roberts, Portsmouth / London, Heinnemann / James Currey, 1994.
Las fuentes principales de este trabajo han sido la documentación del Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, fondo de África – Guinea (AGA África G); algunos estudios coetáneos, disponibles en la Biblioteca Nacional (Madrid); y las normas aprobadas y publicadas para la Guinea española, recopiladas por A. MIRANDA JUNCO, Leyes coloniales, Madrid, D.G. Plazas y Provincias Africanas, 1945 y J. M. PEÑA Y GOYOAGA, Repertorio de Legislación Colonial. Años 1945-1954, Madrid, 1955. Los Reales Decretos y Reales Órdenes son normas aprobadas por el gobierno metropolitano, y los Decretos, Órdenes y Ordenanzas se refieren a normas aprobadas por el gobierno general de la colonia, salvo que se señale lo contrario.
puesta en valor del continente12. La idea de que gran parte de África era tierra de nadie, o que los indígenas estaban desaprovechando su potencial productivo, se convirtió en uno de los discursos más frecuentes con que se legitimó la invasión europea13. Los heterogéneos usos y relaciones de los africanos con el territorio, pocas veces identificable con la propiedad privada del imaginario jurídico europeo, fueron ignorados o caracterizados simplemente como parte de una genérica propiedad tribal comunitaria. En este contexto, la mayoría de las potencias coloniales, entre ellas España, declararon todo el territorio como propiedad del estado, aun antes de tener el control militar y administrativo efectivo. El siguiente paso era la concesión a particulares de terrenos más o menos extensos para la extracción o el cultivo de productos dirigidos a los mercados metropolitanos e internacionales. Este proyecto de ingeniería territorial se iba a ver confrontada con numerosas limitaciones, derivadas tanto de las reticencias de los sectores económicos metropolitanos a implicarse en el continente como de las condiciones que fue imponiendo el mismo encuentro colonial. De modo que la expropiación y desposesión de tierras que conllevaba la penetración europea se dejó sentir de muy diferentes maneras a lo largo del continente. Pero más allá de las concretas políticas territoriales y agrícolas desplegadas, la situación colonial en su conjunto no dejó de alterar en todas partes las relaciones sociales de los colonizados en torno a la tierra. La diversidad de los usos y regulaciones de la tierra durante el colonialismo está bien ilustrada en los pequeños territorios del Golfo de Guinea que correspondieron a España en el reparto de África. La presencia europea, inicialmente británica, en la isla de Fernando Poo se remontaba al imperialismo informal de la segunda década del siglo XIX, y desde entonces había dado lugar al asentamiento de numerosos inmigrantes, muchos de ellos esclavos liberados, provenientes de otras partes de la costa occidental africana. Esta sociedad criolla se volcó en el comercio de palma primero y en el cultivo de plantaciones de cacao más tarde, conviviendo hasta finales de siglo con una población autóctona que aunque participó de esta economía, apenas se integró en la nueva sociedad colonial. Cuando el gobierno español quiso ejercer su soberanía sobre Fernando Poo en la segunda mitad de siglo, comenzó gobernando sobre una sociedad multicultural, con un proyecto colonial basado en el asentamiento de colonos y en la explotación agrícola, más parecido a las colonias de poblamiento de Sierra Leona o Senegal que a lo que luego prevalecería en la mayor parte de África occidental14. Ante ello, la población autóctona bubi iba a resistir con empeño los intentos periódicos de conversión en mano de obra para las fincas de europeos y criollos, y con el tiempo adoptaría
Este fue precisamente el título de una obra del ministro francés de Colonias Albert Sarraut justificando la colonización: A. SARRAUT, La mise en valeur des colonies françaises, Paris, Payot, 1923. J. BONELLI RUBIO, El problema de la colonización, Madrid, Dirección General de Marruecos y Colonias, 1944
Sobre la primera sociedad colonial de Fernando Poo ver A. MARTÍN DEL MOLINO, La ciudad de Clarence, Madrid-Malabo, Centro Cultural Hispano Guineano, 1993.
la estrategia de desbrozar el bosque y establecer cultivos comerciales propios, especialmente de cacao. La parte continental de la colonia española en África ecuatorial, Río Muni, no sería delimitada hasta 1900 ni ocupada totalmente hasta los años treinta. Aquí la presencia colonial se restringió durante mucho tiempo a la costa, donde los comerciantes europeos buscaban mano de obra para la isla y más tarde madera del bosque tropical. Pero la integración de este territorio en la economía colonial se completó por obra de los pequeños productores africanos que establecieron fincas de cacao, banana y sobre todo café. La historia de la colonización española en Guinea puede contarse por tanto como la transición, incompleta, de una colonización de asentamiento y explotación de colonos a una colonización de explotación por pequeños agricultores africanos. Y es una historia que queda reflejada precisamente en el derecho colonial y sus transformaciones, como veremos en las siguientes secciones. Si las trayectorias coloniales resultaban a veces tan alejadas de los iniciales proyectos metropolitanos fue debido en parte a las contradicciones de los mismos intereses europeos en juego. La puesta en valor de las tierras ocupadas por colonos exigía que los africanos jugaran el papel de mano de obra barata. Pero éstos tendían a ofrecer resistencia a convertirse en obreros agrícolas, lo que sólo podía quebrarse con el recurso a una violencia que, si no se limitaba, podía amenazar con otra de las aspiraciones principales del imperialismo: el mantenimiento del orden social. Además, el abaratamiento de la mano de obra exigía que se asegurara el sostenimiento del trabajador por la economía familiar y su acceso a la agricultura de subsistencia. De modo que, como dice Sarah Berry, los colonizadores "estaban interesados tanto en reunir la tierra con la mano de obra, como en mantenerlas separadas", lo que hacía a "las políticas de mano de obra y de tierra tan opresivas como fluctuantes"15. La escasez endémica de braceros en las plantaciones de Fernando Poo intentaba subsanarse importando mano de obra más o menos forzosa de las costas occidentales del continente, u obligando a las autoridades locales bubis a proporcionar trabajadores de entre los habitantes autóctonos. Al mismo tiempo, se delimitaba la llamada "propiedad indígena" vinculada a los "poblados", cuyo uso y disfrute debía ser establecido por los botukos o jefes locales de acuerdo a la costumbre bubi. No obstante, el comportamiento de los colonizados no se ajustaría siempre a los moldes diseñados para ellos. Las políticas coloniales y la creciente comercialización agrícola, lejos de enclaustrar a la población africana en nichos de tradición, generó un proceso de transformación, acumulación económica y diferenciación social. Luego serían las mismas autoridades colonizadoras las que observarían algunas iniciativas de los africanos como el mejor modo de obtener beneficios de la colonia manteniendo una cierta legitimación entre la población. El derecho sería uno de los medios con los que se intentaría combinar la
S. BERRY, No Condition, cit., p.72.
rentabilidad económica con el orden social.
3. Desposesión inicial y pluralismo jurídico Cuando a mediados del siglo XIX el gobierno español quiso regular el uso de la tierra en sus posesiones ecuatoriales, existía asentada en Fernando Poo una economía colonial en transformación, en la que plantadores criollos comenzaban a producir cacao para los mercados internacionales. La primera norma que regulaba de forma general la colonización española, el Real Decreto sobre colonización de las islas españolas del Golfo de Guinea de diciembre de 1858, ya establecía la prerrogativa del gobierno general para conceder tierras a particulares; y pocos años más tarde se aprobó la primera normativa sobre concesiones de tierra16. El segundo ordenamiento general de la colonia, aprobado por Decreto del gobierno provisional de noviembre de 1868, consideraba "propiedad de los hijos del país las tierras que cultiven al presente y el área de los solares que tengan ocupados con edificios"17, declaración que se mantendría en los sucesivos estatutos orgánicos coloniales hasta finales de siglo. Los objetivos de estas normas eran, por una parte, facilitar la distribución de tierras entre familias de colonos españoles, a los que se fomentaba y facilitaba los medios para asentarse en la isla, y por otra parte, convertir al estado en el sancionador de este reparto, con la expedición de los correspondientes títulos de propiedad18. Sin embargo, el estado se vio obligado a comenzar reconociendo más que concediendo derechos: los de los colonos ya asentados, y los de las poblaciones autóctonas de la isla19. El tratamiento de ambos casos era, empero, muy divergente. A los primeros, considerados como "particulares" se les reconocían derechos de propiedad en el marco del estado liberal europeo. A los segundos, "hijos del país", no. Pero en este momento, esta situación no puede considerarse todavía como discriminatoria, sino más bien de convivencia espacial y jurídica. La mayor parte de la población de la isla no estaba
Real Orden de 20/3/1864. Decreto de 12/11/1968, artículo 17.
Otras normas que prueban la ansiedad por asentar a colonos españoles fueron el reglamento de colonización por familias españolas, aprobado por Real Orden de 24/11/1894 y suspendido en 1900, y el plan para favorecer la inmigración peninsular que aprobó el Gobernador General en 1907. J.M. CORDERO TORRES, Tratado elemental de Derecho Colonial Español, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1941, pp. 195-197 y 203. Ya en un informe del Consejo de Gobierno de Fernando Poo de 26/2/1866, previo al Decreto de 1868, se sostenía que "En concepto de este Consejo debe entenderse por terrenos propios del Estado y disponibles para concederlos á los que lo soliciten todos aquellos que no se hallen concedidos por el Gobierno á empresas ó particulares ni cultivados por los indígenas; no siendo posible expresar el número de hectáreas de que el Gobierno puede disponer para estas concesiones pues aun cuando según la carta levantada por los misioneros en 1865 de que se dio cuenta al Gobierno de S.M. los pueblos que la Isla contiene son cincuenta y tres, ascendiendo sus poblaciones á 30 ó 35.000 habitantes; es lo cierto que la total carencia de caminos, la impenetrable maleza del bosque y demás condiciones especiales de esta localidad, hacen que no sea conocido el interior de la Isla, por cuyas razones nada se puede manifestar sobre este punto" (AGA África G 154).
sometida todavía a gobierno español, sino a lo que los españoles entendían como sus "usos y costumbres". Esta expresión no denotaba aún el sistema de gobierno indirecto que luego se establecería, sino el reconocimiento de que Fernando Poo era un espacio en el que cabían y coexistían distintas realidades jurídicas que sólo más tarde se harían discrepantes. Prueba de ello era el artículo 32 del liberal Decreto de 1868 que establecía que "(a)sí los indígenas como los nacionales y extranjeros, serán respetados en su religión, usos y costumbres, siempre que no se opongan á las leyes de la moral y órden público, ni excusen la obediencia que deben prestar á la Soberanía de España" (mi cursiva). Hasta el siglo XX, la legislación española no pudo aspirar a regular todas las situaciones de acceso y uso de la tierra, porque no tenía medios para imponerla: pero esta legislación sentará las bases de la futura ocupación colonial. Mientras tanto, los principales conflictos coloniales no se darían con respecto a la tierra, sino en relación a otro aspecto íntimamente relacionado: la mano de obra. Los trabajadores de las plantaciones comerciales provenían de diversos puntos de la costa occidental africana, y también del Caribe, donde el fin de la esclavitud, lejos de generalizar el trabajo asalariado y libre, había producido una clase social con un estatus personal indefinido y disponibles para trabajar como braceros baratos en condiciones de trabajo más o menos forzoso20. Todo ello generó un intenso movimiento de población en torno a Fernando Poo, y la aparición de una élite criolla que gobernó la colonia durante gran parte del siglo XIX. En este contexto, la población autóctona de la isla no pudo ser fácilmente utilizada como mano de obra disponible para los colonos: lo impedía la resistencia de los bubis a convertirse en braceros y la llamada "política de atracción" que pretendía realizar el gobierno colonial. Todo ello no significó que la población local no se viera afectada por las dinámicas políticas, culturales y económicas que la presencia colonial en la isla generaba. Dos fueron las transformaciones que aquí interesa reseñar: el progresivo desplazamiento de la población, empujada por el avance de las grandes plantaciones europeas y criollas, y la apertura de pequeñas fincas de cacao y otros productos comerciales, que daba lugar a una clase de pequeños cultivadores bubis vinculados a los mercados coloniales, especialmente en el sur de la isla. En suma, durante la segunda mitad del siglo XIX, la sociedad colonial de Fernando Poo no se caracterizó por una clara distinción entre colonizadores y colonizados, o entre europeos e indígenas: el Decreto de 1868, aprobado durante el sexenio revolucionario, llegó a reconocer iguales derechos a los "los indígenas sometidos á España, los nacionales y los extranjeros que se avecinden y arraiguen en dichas posesiones"21. La situación era más bien de una multiplicidad de grupos sociales, con intereses a veces antagónicos y otras no. La burguesía
I. K. SUNDIATA, From Slaving to Neoslavery. The Bight of Biafra and Fernando po in the Era of Abolition, 1827-1930, Madison, The University of Wisconsin Press, 1996. Decreto de 12/11/1868, artículo 16.
criolla, representada por el Consejo de Vecinos de Santa Isabel, encontraba en los pequeños propietarios bubis buenos aliados contra los intentos de los grandes capitales de establecerse en la isla y controlar enormes porciones de territorio22. A su vez, muchos braceros veían en los autóctonos una sociedad en la que integrarse al término de su contrato, a través de vínculos matrimoniales y de la adquisición de pequeñas fincas. Mientras que entre los colonos europeos el gobierno español se esforzaba por favorecer a los españoles, exigiendo a los extranjeros unos requisitos mayores para la obtención de tierras.
4. Tierra y derecho colonial: el Real Decreto de 1904 Este equilibrio inestable empezaría a transformarse conforme se consolidaba la presencia del estado colonial en la isla y se iniciaba la penetración de la parte continental. Fue en 1900 cuando se delimitaron definitivamente las fronteras del territorio que había correspondido a España en la parte continental del Golfo de Guinea23. Las presiones sobre la tierra y la mano de obra se plasmaron a principios del siglo XX en una inflación normativa, proveniente tanto del gobierno metropolitano como del colonial. En 1904, junto a un nuevo Estatuto Orgánico24, se aprobó un Real Decreto sobre el régimen de la propiedad en los territorios españoles del Golfo de Guinea, y en 1906 un Reglamento del Trabajo Indígena. El estado buscaba intervenir en el proceso colonizador como proveedor de tierras y braceros para los colonos, pero también como árbitro y regulador de la ocupación y explotación del territorio. En este proceso de consolidación del estado colonial, la distinción entre indígenas y colonos comenzaría a hacerse jurídicamente más definida. El régimen establecido en 1904 afirmaba la propiedad privada del estado sobre todas las tierras cultivables que no estuvieran en uso, y ratificaba el monopolio del gobierno para concederlas −en propiedad si no excedían de 100 hectáreas, o por un determinado plazo de tiempo para las extensiones mayores−. Junto a esta propiedad, regulada por normas similares a las que regían en la metrópoli, la norma establecía una propiedad indígena (capítulo IV) definida como "las tierras que habitualmente ocupan" los naturales (art. 10). Con esta concepción se desconocían conscientemente muchas de las prácticas de utilización del territorio por parte de los africanos, que no podían equipararse al derecho absoluto de propiedad privada, pero que hacían del bosque un lugar no sólo de recursos adicionales a los agrícolas, sino también un espacio potencial de movilidad para sociedades sólo parcialmente sedentarias. El estado colonial se abstuvo de reconocer a estos usos el carácter de derechos de
Ver por ejemplo el informe del Consejo de Vecinos de 17/5/1898 en contra de la concesión de 30.000 hectáreas a los señores Goyri y Olózaga, en una zona con muchas fincas bubis de cacao (AGA África G 155). El Tratado de París de 27 de marzo de 1900 entre Francia y España fijaba definitivamente los límites entre el Gabón francés y la Guinea española.
Real Decreto de 11/7/1904. A. YGLESIA DE LA RIVA, Política indígena en Guinea, Madrid, IDEA, 1947; J.M. CORDERO, Tratado, cit.
la población africana sobre el territorio: ello hubiera hecho jurídicamente muy difícil el inicuo reparto de tierras entre los colonos. De modo que la propiedad indígena, limitada a territorios efectivamente ocupados y cultivados, más que asegurar, sancionó una verdadera desposesión. No obstante, como veremos, no todas las tierras efectivamente utilizadas por los africanos entraban dentro de esta categoría. La propiedad indígena se regulaba no por la ley española, sino "por los usos y costumbres de los naturales", tanto en lo referente "a la naturaleza y extensión de los derechos del propietario" como a "lo que atañe a los modos de transmitirla a otro indígena". No obstante, la norma colonial reservaba al gobierno metropolitano la posibilidad de adoptar disposiciones contrarias a la costumbre, "prohibiendo determinados actos o modificando el carácter y los efectos de otros" (art. 13). La expresión usos y costumbres no era ya símbolo de un mero reconocimiento o de una convivencia jurídica, sino que servía para integrar ciertas formas de regulación africanas en el mismo derecho colonial, siempre de manera selectiva y matizada. Prueba de esta selectividad e incluso reinterpretación de la costumbre era el carácter colectivo que se reputaba a la propiedad indígena, que no se reconocía a individuos sino a tribus, poblados o grupos familiares. Todo ello confería a ciertos africanos, "persona ordinariamente investida de autoridad en la tribu, poblado o grupo familiar", muchas prerrogativas sobre el reparto y el uso de la tierra, especialmente en lo referente a los acuerdos que se establecieran con los colonos. Estas relaciones estaban doblemente restringidas, pues la propiedad indígena no podía ser transmitida a "no indígenas" sin la autorización de "la Autoridad judicial competente" (art. 14), eliminando así la libertad de disposición de estas tierras. Esta regulación buscaba tanto limitar la capacidad de los africanos para entrar en el tráfico económico de la colonia, como proteger a éstos de la codicia de los colonos: y en cualquier caso convertía al estado en intermediador de las relaciones sociales coloniales. El Reglamento del régimen de la propiedad aprobado en 1905 establecía que el Gobernador General fijaría "la porción correspondiente a la tribu, poblado o grupo familiar indígena procurando, en general, reservarle a razón de dos hectáreas por individuo"25. De esta manera, no sólo se presuponía la extensión que ocupaba cada población sin tener en cuenta el uso real de la tierra, sino que ello se hacía sin conferir derechos exigibles por los africanos, ya que las autoridades sólo debían procurar salvaguardar un determinado número de hectáreas. Este proceso, que obligaba el deslinde y el registro por un perito, se demoraría mucho en el tiempo26, y se realizaría conforme los colonos solicitaban la concesión de grandes terrenos
Real Orden de 11/1/1905, artículo 13.
La obligación de deslindar la propiedad indígena sería reiterada en varias ocasiones, como el Decreto de 23/7/1907. Esta norma trataba de promover la constitución de poblados de al menos 20 familias, superando así la gran dispersión en la que vivía la mayoría de la población rural. En un nuevo Decreto de 31/5/1920 el gobierno general volvía a mostrar su interés por la delimitación de "los poblados y un terreno de 2 hectáreas por individuo de cada uno de los citados poblados", y a expresar el deseo de agrupar en poblados a la población dispersa.
que incluían a poblaciones en su perímetro27 . La regulación de la tierra participaba así del proceso de diferenciación legal paulatina entre indígenas y particulares. No obstante, esta distinción se hacía no tanto entre personas sino sobre el carácter de la tenencia de la tierra: comunitaria de los grupos de población, o individual de los agricultores comerciales. Las pequeñas fincas desbrozadas por los cultivadores locales que producían para el mercado colonial no entraban en la categoría de propiedad indígena, y más bien parecían ser consideradas como propiedad privada: así el artículo 19 del Real Decreto establecía que las concesiones de tierras "podrán hacerse a favor de españoles, sean o no indígenas, de extranjeros y de personas jurídicas o Sociedades, tanto nacionales como extranjeras", aunque en este tiempo apenas ninguna de estas finquitas se encontrara registrada y reconocida formalmente por la administración colonial. De modo que la dicotomía europeo/indígena sobre la que se legitimaba el gobierno colonial no era todavía tan incapacitante como lo sería más adelante. El régimen de propiedad de 1904 acogía y al mismo tiempo establecía una diversidad de situaciones económicas y jurídicas en torno a la tenencia de la tierra que no se referían siempre a la distinción entre colonos y colonizados. Además, había otras igualmente delimitadoras de derechos como la que se daba entre españoles y extranjeros. En otros ámbitos jurídicos, como era el derecho penal, la distinción también sería diferente, y aquí pasaba por lo religioso: mientras los cristianos eran juzgados por la ley española, los no cristianos lo eran por sus usos y costumbres28. Y por supuesto, se reproducía la que se daba en la legislación metropolitana entre mujeres y hombres. Sólo tras el sometimiento de todo el territorio a soberanía española, a finales de la década de 1920, se afianzaría la escisión entre ciudadanos y súbditos en la Guinea española.
5. ¿Braceros o pequeños propietarios? Las contradicciones del régimen colonial con respecto a la ordenación del territorio y el uso de la tierra se manifestarían de maneras diversas en las primeras décadas del siglo XX. Este periodo estuvo caracterizado por dos fenómenos distintos aunque interrelacionados: el intento del gobierno de controlar Río Muni, que a la altura de 1900 sólo sufría una presencia colonial en las costas, y la crisis de mano de obra en las plantaciones de Fernando Poo, donde la élite fernandina sería progresivamente desplazada por una clase de grandes propietarios españoles29. Sin embargo los intereses de éstos últimos podían entrar en contradicción, como veremos, con la plena colonización de todo el territorio continental.
En el AGA existen numerosos expedientes de solicitudes paralizadas por falta de delimitación de la propiedad de los poblados. Ver por ejemplo AGA África G 153, 577 exp.3, y 585 exp.1.
Real Orden de 23/7/1902. I. K. SUNDIATA, From Slaving, cit., cap. 6.
El convenio firmado entre el gobierno colonial guineano y el gobierno de Liberia en 1905 para la importación de trabajadores apenas obtuvo resultados30. La búsqueda de mano de obra convirtió a los habitantes de la parte continental en braceros codiciados31. En Río Muni los propietarios de la isla ya habían establecido allí sistemas informales de contratación a través de mediadores europeos y africanos, y esperaban del estado la facilitación de este tráfico humano, tintado a menudo de los caracteres de la esclavitud. Con el objetivo de asegurar el funcionamiento de la economía colonial, pero también de controlar este proceso de contratación, se aprobó en 1906 un Reglamento del trabajo indígena en el que se creaba un organismo mediador entre empleadores y trabajadores. La Curaduría Colonial debía dar su conformidad a todas las contrataciones de braceros −tanto de los asentados en la isla como de los procedentes de la costa africana−, en un sistema en que eran pocos los derechos reconocidos a los trabajadores, considerados más como objeto de contratación que como parte contratante. El reglamento establecía además la obligación de todos los residentes en Fernando Poo sin "propiedad, oficio (u) ocupación legal y conocida", de trabajar "bien contratados por particulares, bien por el Estado"32. De esta obligación se excluía expresamente a los bubis. Pero sobre ellos pesaba otra, recogida en el Estatuto Orgánico de 1904, que era la de "la prestación personal para obras locales de utilidad general"33. Desde la última década del siglo XIX, el Gobernador General obligaba periódicamente a la población autóctona, mediante bandos a participar tanto en los trabajos de obras públicas como en la recolección del cacao en las grandes fincas comerciales34. La resistencia de los bubis a la prestación personal conllevó varias guerras, que sólo en 1917 terminaron con el total desarme de la población de la isla35. Éste fue por tanto un tiempo de violencia y penetración del gobierno colonial, que también utilizó la imposición de tributos para obligar a los africanos a trabajar por un salario con qué pagarlos. Aunque el gobierno colonial colaboraba con los colonos de la isla en su búsqueda de
AGA África G 151.
Ver la encuesta oficial realizada en noviembre de 1908 entre los agricultores de Fernando Poo sobre las ventajas de promover la inmigración de braceros procedentes de otras colonias o de Río Muni (AGA África G 151). Real Orden de 6/8/1906, artículo 24. Real Decreto de 11/7/1904, artículo 32.
Bandos del Gobernador General de 30/8/1907, 28/2/1908 y 21/4/1908 sobre el trabajo de los bubis en la recolección del cacao y en las obras del estado. Petición de la Cámara Agrícola de Fernando Poo al Gobernador General de 30/5/1910 para que dicte disposiciones obligando a la población bubi a trabajar en las plantaciones de los colonos, "con lo que hará dos positivos bienes a la agricultura, evitándole el dolor de ver perderse la cosecha en los árboles; á los bubis encauzándoles en el trabajo que les llevará a la civilización" (AGA África G 151). Sobre esta misma política llevada a cabo en 1911-1912, véase el trabajo de C. PETIT, Detrimentvm Rei Pvblicae. Constitución de España en Guinea, in Constitución en España: orígenes y destinos, a cargo de J.M. Iñurritegui y J.M. Portillo, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1998.
I. K. SUNDIATA, From Slaving, cit., pp. 167-171.
trabajadores, el estado también perseguía la efectiva ocupación y puesta en valor de todo el territorio continental, proceso que podía aumentar la competencia y la presión sobre una mano de obra ya escasa. La debilidad de la administración colonial empujó al gobierno español a considerar fórmulas baratas y efectivas de llevar a cabo esta colonización, de modo que en 1905 se convocó un concurso para el arriendo de la mayor parte de las tierras de Río Muni a una compañía privada de colonización36. En las bases de este requerimiento se ofrecía conceder "la explotación, saneamiento y colonización" del territorio comprendido entre los ríos Campo y Muni, lo que suponía delegar tanto la penetración militar como la realización de labores de gobierno y policía, apertura de caminos y otras infraestructuras, percepción de impuestos o financiación de escuelas e iglesias. Finalmente, no se llegó a un acuerdo sobre distribución de competencias entre el estado y alguna empresa concesionaria, y este intento fracasaría; pero las propuestas que se presentaron son buena muestra de algunas de las ideas y pretensiones con las que los europeos se acercaban al continente africano, al que consideraban territorio virgen a la espera de su puesta en valor y civilización a través de la acción transformadora de unos empresarios convertidos en ingenieros sociales37. Durante las dos primeras décadas del siglo XX, se enfrentaron, pues, visiones muy diferentes sobre el modo de colonizar y de utilizar el territorio en la Guinea española. Finalmente no fueron compañías privadas sino el mismo estado quien, en los años 1920, llevó a cabo las campañas militares que pusieron bajo el dominio español todo Río Muni. Los capitales europeos que seguirían el rastro de los soldados se invirtieron fundamentalmente en la explotación forestal. Y el gobierno colonial, a través de su Curaduría, pudo cumplir el papel de principal mediador entre los agricultores de Fernando Poo y los braceros provenientes de Río Muni. Pero frente a las intenciones de los colonos fernandinos de convertir este territorio en abastecedor de mano de obra, la población continental reaccionaría de modo similar a como lo hicieran los bubis décadas atrás, resistiendo su conversión en asalariados baratos y sacando provecho de la economía colonial a través del cultivo directo de productos agrícolas comerciales. De modo que siguieron llegando braceros de otras partes de África a Fernando Poo, especialmente tras la firma de un nuevo convenio con Liberia en 1914. El papel económico de los africanos en el sistema colonial sería un tema intensamente debatido por los colonizadores, que observaban con cierta ambigüedad la siempre creciente actividad agrícola de los pequeños cultivadores autónomos38. Por una parte, los grandes agricultores temían que restara mano de obra asalariada para sus plantaciones. Pero había quienes también se beneficiaban de la agricultura de los pequeños propietarios, como intermediarios entre éstos y los mercados coloniales. La producción africana, basada en el
Real Decreto de 9/3/1905. Ver AGA África G 153-156.
Sobre este debate ver por ejemplo los informes del Oficial de Obras Públicas, del Consejo de Vecinos de Santa Isabel, del Inspector de Colonización y del Gobernador General de mayo-junio de 1900 a raíz de una petición de 10.000 hectáreas (AGA África G 154).
trabajo personal y familiar, era vista por algunos funcionarios como más barata y rentable que la de las grandes fincas39. En cuanto a los braceros inmigrantes de Fernando Poo, las autoridades reconocían que sólo garantizándoles el acceso a la tierra podía asegurarse su sustento y reproducción40. Tras el final de su contrato, algunos de ellos se asentaban en la isla integrándose en la sociedad bubi y accediendo a la tierra a través de vínculos matrimoniales41. En 1929 la Cámara Agrícola de Fernando Poo proponía la reforma del régimen jurídico de la propiedad "tendentes a la creación del patrimonio familiar indígena inalienable como medio de fomentar dicha población y de arraigar a los braceros indígenas que acuden a nuestras posesiones contratados para los trabajos agrícolas"42. Esta complementariedad entre el esfuerzo laboral de los africanos y su producción familiar agrícola hacía que la regulación colonial del trabajo y de la tierra estuvieran a menudo estrechamente vinculadas. A raíz de la llegada periódica de braceros a la colonia española, se generó una marcada diferenciación entre la población local y los trabajadores inmigrantes. Cierto es que los primeros se podían ver sometidos al trabajo obligatorio en obras públicas43; y que en no pocas ocasiones los segundos se convertían en pequeños propietarios asentados en la colonia. Pero siempre había un número elevado de braceros inmigrantes hacinados en las crudas condiciones de los barracones de las grandes plantaciones, y que eran los que sufrían con más rigor la violencia de la dominación colonial. La situación jurídica de estas personas era además muy marginal, porque a pesar de la existencia de normas regulando el trabajo indígena, los braceros de Fernando Poo tenían muy difícil acceso a los tribunales de la
El ingeniero Eduardo Bosch, de la Sección Colonial del Ministerio de Estado, mantenía en un informe de 8/4/1904 la conveniencia de fomentar la agricultura de los pequeños cultivadores: "Actualmente los indígenas los Bubis, empiezan a solicitar terrenos para cultivarlos: piden pequeñas parcelas de media a una hectárea. Estos trabajarán y producirán sin necesidad de braceros venidos de fuera. (...) Los krumanes que han servido como braceros en las fincas y al terminar sus contratos se encuentran con algunos ahorros, solicitan también concesiones de terrenos pagando por ellos lo establecido: piden 1 ó 2 hectáreas. Estos son los que urge retener en la Isla". (AGA África G 153). Informe del ingeniero del Servicio Agronómico en 1926 sobre concesión de 2.000 hectáreas: "que alrededor de los núcleos de viviendas de los braceros que empleen en la explotación, se dedique una extensión adecuada de terreno, para que en ella cultiven maíz, cacahuete, judías, frijoles, yucas, plátanos, malangas y hortalizas y todo cuanto se crea indispensable" (AGA África G 581 exp. 4). Con el Decreto de 23/9/1919 se intentó regular las concesiones a indígenas originarios de otras colonias de África occidental. Carta de la Sección de Asuntos Coloniales al Presidente de la Junta de Asuntos Judiciales, ambas de la Dirección General de Marruecos y Colonias, informando de la instancia de la Cámara Agrícola Oficial de Fernando Poo, 24/5/1929 (AGA África G 179, exp. 30). En los años 20 siguió obligándose a los bubis a recoger el cacao de las grandes plantaciones, como lo demuestra el Decreto de 9/7/1926 que establecía en su artículo 1 que "todos los bubis que no sean propietarios de fincas mayores de cinco hectáreas o no estén prestando servicio en casas particulares, se contratarán oficialmente durante los tres meses que dura el periodo de recolección". En escrito presentado al Comisario de la República, el alcalde-botuko de Ureka (Fernando Poo) en 1931 reclama contra el trabajo obligatorio para el estado: "viéndolo así se lo comunicamos a Vuestra Excelencia, que ya no queremos seguir trabajando sino a favor de nuestro Pueblo" (AGA África G 157).
colonia para reclamar la aplicación de la legislación laboral, que en ningún caso los consideraba como portadores de derechos. De modo que, entre los súbditos indígenas, la distinción entre autóctonos y extranjeros constituía una diferencia social y jurídica de primer orden.
6. Abuso y protección: incapacitando a los africanos La creciente comercialización de la tierra y sus productos, y la participación en ella de los africanos, generaría oportunidades y conflictos diversos. Y también transformaciones en el derecho colonial: no sólo las que se referían a la regulación del acceso y uso de la tierra, sino a la misma capacidad jurídica de los colonizados. Las fincas comerciales africanas vivían en gran medida en un limbo jurídico, pues no eran consideradas como propiedad colectiva indígena de la contemplada en el Real Decreto de 1904, pero normalmente tampoco estaban registradas como propiedad individual44. Esto librara a los africanos de la fiscalización estatal, aunque no siempre del pago de impuestos45; pero los hacía vulnerables a los grandes agricultores y comerciantes de la colonia. Periódicamente, y de manera desigual, la población local sufría limitaciones en el acceso a la tierra y sus productos allí donde sus actividades colisionaban con los intereses económicos de los colonos46. Con este fenómeno como telón de fondo, las relaciones económicas entre colonos y africanos en torno a la tierra eran intensas y diversas. La venta de los productos agrícolas, y a veces también de maderas del bosque, se hacía a colonos intermediarios sin apenas intervención del estado47. Con el tiempo, la misma tierra fue objeto de transacciones
En este sentido era expresiva la exposición de motivos de la Real Orden de 18/3/1927, que se dictó para paliar la declaración de caducidad de las propiedades que no cumplieran la normativa sobre concesiones, y que se mostraba preocupada por "la posibilidad de que unos 1500 propietarios o poseedores, en su mayoría indígenas, puedan verse privados de sus fincas por la declaración de caducidad de peticiones o concesiones no invocadas en el plazo y forma previstos en aquella disposición". El Jefe del Negociado del Servicio Agronómico, en un breve informe acerca de la extensión de los terrenos cultivados en las posesiones españolas del Golfo de Guinea de 16/3/1913 constataba que "Esta clase de concesiones (las tramitadas por la Inspección de Colonización y el Negociado del Servicio Agronómico que la sustituyó en 1908) figura en el Registro de la Propiedad y contribuye á los gastos públicos. No sucede lo mismo con numerosas fincas de corta extensión, abiertas por negros bubis ó extranjeros en medio del bosque y que carecen de titulación por no haberla solicitado sus dueños. De estas fincas algunas pagan contribución por haber llegado á descubrirlas los investigadores de Hacienda; otras están ocultas y no contribuyen". Informaba el negociado que los terrenos totales concedidos en Fernando Poo ascendían a 15,601 hectáreas y 249 en el continente, más 3000 hectáreas de anteriores concesiones, mientras que calculaba en 500 las hectáreas cultivadas sin concesión (AGA África G 152). Informe del Patronato de Indígenas sobre abusos cometidos contra los indígenas, mayo 1933 (AGA, África G 1799, exp.2). A menudo, las reivindicaciones de los africanos pasaban por la exigencia de un mayor papel del estado: "Pedimos a la autoridad de V.E. una protección ó mejor dicho un privilegio en nuestros productos agrícolas ya que los producimos en muy pequeñas cantidades comparándola con la que rinden los europeos, por contar con mejores medios que nosotros. Así como nuestra aspiración es que se nos establezca un precio fijo ó variable, según presente la balanza comercial", Reclamaciones de los Jefes indígenas del Continente español al
entre africanos y colonizadores, pues los primeros arrendaban sus parcelas por un tiempo determinado a cambio de una renta48. Uno de los abusos más habituales era la apropiación por parte de europeos de las pequeñas fincas africanas49. Esta pérdida se producía a menudo a raíz del endeudamiento creciente que sufrían los pequeños agricultores, cada vez más obligados a pagar contribuciones e impuestos al estado colonial. Este endeudamiento llevaba a muchos a arrendar sus fincas a sus acreedores, que a falta de un banco de crédito, eran los mismos colonos. Y en no pocas ocasiones, éstos acababan ejecutando su deuda contra las tierras de sus deudores, apropiándose por vías judiciales de las mismas. Había otros modos por los que se producía la pérdida de tierras a mano de europeos o africanos, como era a través de la mala administración de las fincas de herederos bajo tutela50, o de vínculos matrimoniales que servían para inscribir las tierras de la mujer como propias en el registro de la colonia51. De modo que la participación en la economía colonial y el creciente interés de la administración por gravarla, llevaría a muchos a la pérdida misma de sus fincas. Esta continua desposesión era una de las quejas permanentes de los africanos, que se hicieron más explícitas con la llegada de la República52. Los gobernantes coloniales veían estas dinámicas con una mezcla de tolerancia, impotencia y ansiedad. Por una parte, para los estados metropolitanos, los colonos y comerciantes europeos constituían el sustento fundamental de la explotación económica del continente, por lo que su relación con éstos era siempre estrecha. Pero la administración colonial no era un mero representante de los intereses de los colonos, y mantenía otros objetivos, como el control de los intercambios económicos o el orden social, lo que pasaba por limitar la autonomía y la libertad de acción de la población africana, pero también los abusos de los colonos contra ella.
Comisario de la República de 2/9/1931 (AGA África G 157). Informe del Servicio Agronómico de Guinea sobre formas de colaboración del indígena con el europeo, 2/3/1945 (AGA África G 1944, exp.5).
Informe del Patronato de Indígenas, cit., mayo 1933.
Memorium del Alma Indígena, informe dirigido por Claudio E. Ricardo Burnley al Comisario del Gobierno de la República, 12/8/1931; Proposiciones de los hijos del país, los bubis, 28/8/1931 (AGA África G 157).
Esta parecía una estrategia de algunos de los braceros inmigrantes que se establecían luego en Fernando Poo. Ver la exposición de motivos del Decreto de 23/9/1919 sobre concesiones a indígenas originarios de otras colonias de África occidental Así se ve en el conjunto de Instancias presentadas al Comisario de la República y a los que dio curso la Dirección General de Marruecos y Colonias, en las que se solicitaban medidas como la exención de contribuciones para las pequeñas fincas, la facilitación del crédito, y en general la defensa de la propiedad de los africanos: Memorium, cit., 12/8/1931; Aspiraciones y medidas de urgente resolución, presentadas por los elementos indígenas de estos territorios al señor comisario de la República para que a su vez sea elevada al gobierno del nuevo régimen, septiembre de 1931; Proposiciones, cit., 28/8/1931. (AGA África G 157). Ver también Más vale tarde que nunca, carta de los fernandinos al Presidente de la República, 1931 (AGA África G 1799, exp.2).
Un instrumento fundamental de estas políticas era la consolidación definitiva de la distinción entre indígenas y europeos y la consiguiente limitación de la capacidad de obrar de los primeros. Ya vimos cómo el régimen de la propiedad de 1904 había exigido la participación de la "autoridad competente" en todo negocio que implicara disposición de la propiedad indígena colectiva. En la década de 1920 se ampliaron estas limitaciones de los africanos a cualquier tipo de propiedad: un Real Decreto de mayo de 1926, sometía a los indígenas a la tutela de ciertos organismos coloniales que debían suplir su capacidad jurídica "a los efectos de transmisión, gravamen e inscripción de los inmuebles"53. El proceso se apuntaló en 1928 con la aprobación del estatuto del Patronato de Indígenas, organismo de fuerte sabor colonial creado en 1904 pero que había mantenido un perfil bajo hasta este momento54. Con él se sancionó definitivamente el principio de minoridad e incapacidad jurídica de los colonizados55. La nueva regulación prohibía a los indígenas participar sin la aprobación del Patronato en una serie de transacciones relacionadas, muchas de ellas, con los derechos sobre la tierra. De este modo se pretendía fiscalizar la participación de los africanos en el tráfico colonial, al verse sometidos a la tutela y representación de la propia administración para realizar acciones como "enajenar bienes inmuebles, contratar préstamos con garantía inmobiliaria, contratar sobre bienes inmuebles, comparecer en juicio, contraer obligaciones de carácter personal" de cierta cuantía56. La categoría de indígena era obviamente la piedra angular de este sistema, pero su definición no carecía de dificultades en un contexto social tan complejo. El estatuto de 1928 no determinaba claramente quiénes eran indígenas: en ocasiones se identificaban con "los naturales del país", a quienes se presuponía una incapacidad "intelectual y moral" para regirse por sí mismos57. En realidad la categoría de indígena estaba atravesada por un criterio racial: ni los blancos podían ser indígenas, ni los criollos dejaban de serlo por haber adoptado la forma de vida europea, y también lo eran los africanos venidos de otras partes de la costa africana, a pesar de no ser naturales de Guinea. El segundo estatuto del Patronato aprobado en 1938, los definiría abiertamente como "todos los individuos de raza de color"58. La distinción legal entre colonizadores y colonizados en términos raciales planteaba un
Real Decreto de 5/5/1926, artículo 9: los organismos tutores eran el Ministerio Fiscal, el Curador Colonial o sus Delegados y el Patronato de Indígenas. Un año más tarde, otro Decreto de 21/6/1927 castigaba la transmisión de "bienes de indígenas a no indígenas" sin la intervención del Juez de Primera Instancia o el Subgobernador.
Real Decreto de 11/7/1904 aprobando el Estatuto Orgánico, artículo 34. Real Orden de 17/7/1928.
J. MIGUEL ZARAGOZA, Ensayo sobre el Derecho de los pamúes de Río Muni, Madrid, IDEA-CSIC, 1963, pp. 67-68. Ibídem. Decreto 29/9/1938, artículo 6.
problema inmediato con respecto, precisamente, a la élite criolla de Fernando Poo59. La necesidad de dar cobertura a este grupo social, importante también como apoyo de la colonización, hizo surgir la figura del indígena emancipado. Al mismo tiempo que se establecía el estatuto del Patronato de Indígenas, se aprobaba un Real Decreto regulando la emancipación60: "los indígenas de los territorios del golfo de Guinea que revelen de un modo notorio, por el estado de su cultura intelectual y moral, hallarse en condiciones de regir por sí mismos sus personas y bienes, podrán ser emancipados y obtener, en su virtud, la correspondiente carta de emancipación" (art. 1). La escisión ciudadanos y súbditos tenía un claro reflejo en la exposición de motivos del Real Decreto, que expresamente entendía esta carta de emancipación como "título de su nuevo estado ciudadano"61. La categoría de emancipado era el reflejo institucional del discurso asimilacionista y civilizatorio que, sin alcanzar a todos los africanos, al menos parecía satisfacer las aspiraciones de aquéllos que más podían resentir la falta de capacidad jurídica en el ordenamiento colonial62. Esta era un estatus no obstante reversible, de modo que hacía imposible la igualdad entre los nacionales metropolitanos y los coloniales. La aparición del Patronato obligó a la revisión de muchas relaciones de los africanos con la tierra y con los colonos europeos, y especialmente de los arrendamientos en curso63. En 1934 un Decreto anuló todos los contratos de administración de fincas los indígenas no autorizadas por el Patronato64, que sin embargo no por ello dejarían de existir65. El nuevo organismo asumió también un papel de entidad crediticia para los africanos66 y de primera instancia en el enjuiciamiento de conflictos que se generaban sobre la tierra, y especialmente los que se
"(T)oda vez que existe entre la población nativa de nuestras posesiones en Guinea una considerable minoría capacitada ya para el ejercicio de los derechos civiles", exposición de motivos del Real Decreto de 17/7/1928.
Real Decreto de 17/7/1928. Esta referencia a la ciudadanía se hacía en la exposición de motivos de la norma.
La desigualdad que esta legislación suponía y los criterios tan ambiguos con los que se definía la emancipación fueron acusadas por muchos africanos, como muestran las reclamaciones de los Jefes indígenas del Continente español, cit. 2/9/1931, en las que se solicita que la emancipación se conceda "a todos los morenos, que siendo mayores de edad, sepan leer y escribir correctamente el español". En 1928 el Patronato de Indígenas preparó una "relación del personal de los poblados de Fernando Poo que tiene fincas arrendadas sin la autorización del Patronato", en la que se señalaban a 43 personas. Decreto de 28/11/1934. El Gobernador General prohibió el 31/12/1934 que el Patronato de Indígenas aprobara contratos de arrendamiento sin título de propiedad (AGA África G 1799). Una Ordenanza de 7/5/1937, estableció la sorprendente obligación de que los contratos de arrendamiento aprobados por el Patronato de Indígenas "se cumplirán indefectiblemente según su texto literal". Además insistía en la invalidez de los contratos no aprobados por el Patronato y en la obligación de que las fincas arrendadas recibieran "el mismo cuidado que las propias".
Ver cifras de la nota 91.
Con ello intentó monopolizar, infructuosamente, una función que ya cumplían muchos particulares. Informe del Servicio Agronómico, cit., 2/3/1945; La Voz de Fernando Poo: proposiciones que elevan los Jefes de Poblados de Fernando Poo al Gobernador General, 29/8/1949 (AGA Af G 1799, exp.2).
referían a los mencionados arrendamientos67. De modo que a finales de los años 1920, cuando las campañas militares extendieron la presencia de la administración española por todo Río Muni, y muchos de los africanos que allí habitaban comenzaban a participar en los mercados metropolitanos como ya lo hacían los bubis de Fernando Poo, el derecho trataba de embutir a la sociedad colonial en una dicotomía rígida que limitaba la capacidad de obrar de los colonizados. La distinción que establecían las leyes entre indígenas y europeos se justificaba en la necesidad de proteger a los autóctonos de la codicia de los colonos68. Pero esta protección no se hacía reconociendo derechos, sino incapacitando para participar en el tráfico económico y jurídico de la colonia69.
7. La colonización agrícola indígena y los límites de la civilización La década de 1930 se inició con un agravamiento de la recurrente crisis de mano de obra en las grandes plantaciones europeas. A ello contribuyó el ciclo de depresión mundial iniciado en 1929. Y más en concreto, las denuncias internacionales formuladas en 1930, en el seno de la Sociedad de Naciones, contra el tráfico de trabajadores provenientes de Liberia hacia las plantaciones de Fernando Poo70. Además, se puso de manifiesto el problema de concesiones realizadas a europeos que no se ponían en cultivo, lo que frenaba el crecimiento de la agricultura comercial71. Todo ello llevó al gobierno español a suspender en mayo de 1930 la concesión de terrenos por un tiempo indefinido72. Dos años más tarde, en una Orden Ministerial de 1932, se exceptuaba de esta suspensión a los pequeños propietarios africanos que solicitaran fincas de menos de 20 hectáreas73. Estas fincas estarían sometidas a limitaciones jurídicas, como la
Ver expedientes de conflictos ante el Patronado de Indígenas recogidos en AGA África G 1799, exp. 4.
Veinte años más tarde, en un informe del Secretario General del Patronato de Indígenas presentado el 20/6/1949 respondiendo a las proposiciones de los jefes de los poblados de Fernando Poo ya citadas, se argumentaría que “Anteriormente a la restricción de la capacidad civil indígena y por ende de la creación del Patronato de Indígenas, vivieron los naturales del país en un régimen de equiparación legal a los europeos y su diferencia de cultura unida a la imprevisión de que comunmente hacen gala fueron causas de que gran número de individuos de raza de color perdiesen sus propiedades, origen ello de nueva orientación de política colonial restrictiva a la capacidad desde cuyo momento puede el Estado Español vanagloriarse de haber impedido el despojo de la propiedad indígena" (AGA África G 1799, exp.2).
En diciembre de 1944 aún se aprobaría una nueva Ley sobre capacidad civil de los indígenas que mantuvo y consolidó la distinción entre ciudadanos y súbditos. I. K. SUNDIATA, From Slaving, cit., pp. 143-144: "The League of Nations condemned internal pawning and forced porterage in Liberia. Curiously, it did not address the issue of forced labor on Fernando Po."
El Real Decreto de 5/5/1926 consideraba caducadas las concesiones que no cumplieran los requisitos legales. La Real Orden de 18/3/1927 y el Decreto de 22/6/1927 ampliaban los plazos para la convalidación de las tierras cultivadas. Ver también CORDERO TORRES, Tratado, cit.
Real Decreto de 3/5/1930 y Real Orden de 21/11/1934. Orden Ministerial de 22/4/1932. Despacho 348 de la Dirección General de Marruecos y Colonias al
prohibición de arrendarlas o transferirlas a "individuos de raza blanca". Se optaba así por apoyar lo que era ya un proceso entre la población colonial: la conversión de los colonizados en pequeños cultivadores autónomos. Y se frenaba la colonización a través de colonos europeos, siempre demandantes de mano de obra. El gobierno español, que era entonces republicano, reconocía por tanto a los africanos como colonizadores agrícolas privilegiados, que al trabajar sus fincas personalmente o en el marco de las relaciones familiares, apenas se veían afectados por la secular carencia de braceros ni las dejaban de cultivar. Sin embargo, la mayor parte de estos productores no se acogerían a la nueva normativa sobre concesiones, y seguirían roturando sus tierras con independencia de la normativa colonial74. Además, el nuevo plan de la administración colonial de consolidar a los africanos como pequeños cultivadores familiares no era necesariamente compartida por los más prósperos de entre éstos, que demandaban periódicamente mayores facilidades para contratar braceros75 o acumulaban tierras que arrendaban a grandes cultivadores. Éstos serían, en última instancia, los principales beneficiarios de la suspensión de concesiones, que se libraban con ella de la competencia por la mano de obra de nuevos colonos76. Los distintos proyectos de ingeniería social que se iban expresando a través del derecho colonial, no lograban por tanto moldear a la sociedad colonizada a su antojo. Pero las formas sociales africanas sufrirían importantes transformaciones, en el contexto de la violencia con que los coloniales respaldaban su misión civilizatoria y de la comercialización de los productos de la tierra y de la tierra misma. La referencia constante a los usos y costumbres de los indígenas no podía evitar que las normas sociales se vieran afectadas por los cambiantes contextos económicos y sociales77. Las nuevas condiciones de acceso a la tierra y las posibilidades de consolidación de un patrimonio individual alteraron las jerarquías y las desigualdades sociales, y también las relaciones entre hombres y mujeres78.
Gobernador General de 22/4/1932 (AGA África G 583, exp.4). Ver cifras de la nota 91. Servicio Nacional de Marruecos y Colonias, Memoria explicativa del proyecto sobre ordenación y régimen de la propiedad en los Territorios Españoles del Golfo de Guinea de 20/1/1939 (AGA África G 1891, exp.2).
Muchos pequeños agricultores se lamentaban de las dificultades para contratar braceros a través de la Curaduría Colonial. Proposiciones, cit., 28/8/1931; Más vale tarde que nunca, cit. 1931. Ver también Quejas presentadas por los primeros Jefes indígenas naturales y vecinos de esta Demarcación (Santa Isabel), 12/6/1942 (AGA África G 1913, exp.6); Solicitudes de los jefes de la Demarcación de Niefang, sin fecha (AGA África G 1913, exp.6); La Voz de Fernando Poo, cit. 29/8/1949.
En la Memoria explicativa del proyecto sobre ordenación y régimen de la propiedad, cit. 20/1/1939, se expresaba preocupación por la consolidación de oligopolios agrícolas en la colonia en manos de unos pocos grandes propietarios. Ejemplo de las pugnas que se generaban en torno a la costumbre en los nuevos contextos es el conflicto presentado en diciembre de 1934 ante el Patronato de Indígenas sobre la propiedad de una finca, en la que una viuda alegaba la costumbre bubi y su cuñado la inscripción en el Registro de la colonia. En este caso, prevaleció el derecho de la primera. (AGA África G 1799).
C. ESTEVA FABREGAT, Algunos caracteres del sistema de propiedad "fang", «Revista de Trabajo», 5, 1964.
Especialmente candentes eran las cuestiones matrimoniales y sucesorias, que provocaron intensos debates sobre las normas aplicables al caso, en un contexto que no dejó de ser nunca de un cierto pluralismo jurídico. La autonomía que adquirían muchas mujeres al participar en la economía comercial, y la resistencia de los hombres a la misma, se veía reflejado en los numerosos conflictos que se presentaban ante la justicia colonial entre cónyuges. Y lo mismo sucedía con las transmisiones hereditarias, cuyo significado se había visto profundamente alterado por el proceso de acumulación e individualización de la tierra, al tiempo que pugnaban modelos familiares muy diferentes79. Todas estas dinámicas generadas en el marco del colonialismo podían llegar a ser contradictorias con el mismo proyecto de la dominación colonial, en un territorio con una clase de colonos que, permanentemente necesitada de braceros, no siempre veía con buenos ojos la competencia económica de los africanos80. Pero aunque algunos quisieran ver a la Guinea española como una colonia de asentamiento europeo, lo cierto es que la iniciativa de los africanos había transformado la fisonomía del sistema colonial. Con el aumento de la población, tanto indígena como europea, el gobierno decidió dar un nuevo impulso a la colonización agrícola de mano de esta última y controlar al mismo tiempo la actividad productiva de los colonizados que, como hemos dicho, se estaba desarrollando en gran medida al margen de las figuras jurídicas existentes. En los inicios del régimen franquista81, se presentó un proyecto sobre ordenación y régimen de la propiedad para levantar la suspensión que aún recaía sobre las concesiones, cuyo principal "propósito", según se argumentaba en la memoria justificativa del Servicio Nacional de Marruecos y Colonias, era "dotar a los naturales del país de un patrimonio propio: de ponerlos a cubierto, con todas las garantías precisas, de la rapacidad de los explotadores y de iniciar, con paso firme y seguro, un proceso de colonización integral a base del elemento indígena"82. El proyecto consideraba pernicioso para la economía y la legitimidad de la colonia la conversión de los colonizados en braceros, y apostaba por su consolidación como cultivadores propietarios. A los objetivos económicos, se sumaban además los culturales: la generación de familias cristianas y numerosas vinculadas a la tierra.
Ver los expedientes, muchos incompletos, del Tribunal Indígena de la Administración Territorial de Santa Isabel, 1939-1962 (AGA África G 2258). En las reclamaciones de los Jefes indígenas del Continente español al Comisario de la República, cit., 2/9/1931, estos notables pedían "Que los Jefes indígenas resuelvan las controversias que surjan entre los cónyuges de su clase según costumbre y tradición del país", denotando la preocupación por el acceso de las mujeres a las normas metropolitanas que les favorecieran. En las Aspiraciones y medidas, cit., septiembre 1931, los notables peticionarios solicitaban flexibilidad en la acreditación del parentesco.
Informe del Ministerio de Agricultura sobre el proyecto de ordenación y régimen de la propiedad de 1939 (AGA África G 1931, exp.2).
Sobre el sistema colonial en los Territorios Españoles del Golfo de Guinea durante la época del franquismo ver A. CAMPOS SERRANO, De colonia a estado: Guinea Ecuatorial, 1955-1958, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2002.
Servicio Nacional de Marruecos y Colonias, Memoria explicativa, cit., 20/1/1939, p.15.
Este proyecto fue objeto de numerosos debates y enmiendas83, y la reforma se demoraría aún unos años. Lo que se recrudeció en estos años de guerras europeas, fue la obligación de los africanos de trabajar en las infraestructuras y grandes plantaciones coloniales, con la imposición generalizada de la prestación personal84. Sólo a mediados de la década de los cuarenta se reguló de nuevo el acceso y uso de la tierra en la Guinea española85. El Reglamento sobre concesiones aprobado en 1944 y la posterior Ley sobre Régimen de Propiedad de 1948, distinguían, frente a la norma de 1904, dos tipos de propiedad indígena: la colectiva y la individual. La vieja regulación sólo había considerado como indígena la propiedad de "tribus, poblados y grupos familiares", pero ahora a esta se sumaban la de las cooperativas agrícolas o asociaciones de indígenas, la de sindicatos o colonias agrícolas, y los cotos y patrimonios familiares, todas ellas consideradas como propiedad colectiva. Esta propiedad era considerada de nuevo como indisponible. Por su parte, la propiedad indígena individual pretendía regular el fenómeno de las numerosísimas pequeñas fincas diseminadas por toda la colonia, distinguiéndolas de las fincas de los colonos. La propiedad sobre estas tierras se consideraba derivada de la concesión del estado. Esta regulación no buscaba tanto convertir a los africanos en pequeños propietarios, lo que era ya una realidad evidente, sino más bien controlar este proceso y encauzar su desarrollo. Por eso se establecía un límite de cuatro hectáreas a estas concesiones. Y su propietario, indígena no emancipado, debía cultivarlas personalmente, estando prohibido su arrendamiento a cualquier europeo o africano emancipado (art. 23). No eran inalienables, pero la capacidad de obrar del propietario estaba limitada por su condición de indígena, por lo que era necesaria la intervención del Patronato de Indígenas para vender, arrendar o constituir cualquier derecho real sobre estas tierras86. De este modo al tiempo que se protegía al pequeño cultivador y se aseguraba su acceso a la tierra, se trataba de impedir el proceso ya en marcha de acumulación de tierras en manos africanas y la aparición de una clase de propietarios rentistas87. La nueva normativa se basaba
Informe del Jefe del Servicio Nacional de Marruecos y Colonias de 24/1/1939; Informe del Ministerio de Agricultura, sin fecha (AGA África G 1931, exp.2). Informe del Servicio Nacional de Política y Tratados de 18/2/1939; Informe del Ministerio de Industria de 6/3/1939; Informe del Ministerio de Agricultura de 3/5/1939 (AGA África G 1869). De ello se quejarían todos los remitentes de una serie de reivindicaciones dirigidas al Gobernador General en 1942 con motivo de una visita de inspección a la zona continental. Carta de los Jefes de la Demarcación de Río Benito de 9/6/1942; Carta de la Tribu Baney de 9/6/1942; Quejas presentadas por los primeros Jefes indígenas, cit. 12/6/1942 (AGA Africa G 1913, exp.6).
J. MOLINA ARRABAL, Propiedad territorial en Guinea, in Labor de España en África, Barcelona, Alta Comisaría de España en Marruecos, 1946; J. MIGUEL ZARAGOZA, Ensayo, cit.
Estas limitaciones serían permanentemente objetadas por los africanos. Véase La voz de Fernando Poo, cit., 19/8/1949. Informe del Servicio Agronómico de Guinea, cit., 2/3/1945 (AGA África G 1944, exp.5); Informe del Secretario General del Patronato de Indígenas, cit. 20/9/1949.
y reforzaba, por tanto, la distinción entre indígenas y europeos. Y en su primer artículo establecía claramente esta desigualdad en términos jurídicos: mientras españoles e indígenas emancipados se regularían por los Códigos metropolitanos, "los demás indígenas se regirán por las disposiciones coloniales que les afecten, por sus costumbres respectivas en cuanto se acrediten debidamente y sean conformes con la moral católica, y, en defecto de ellas, por los principios generales del derecho". Pero a estas alturas, la referencia a la costumbre servía más para marcar la diferencia entre colonizadores y colonizados que como modo de respetar las formas de acceso y uso de la tierra, que quedaban bien establecidas en el propio reglamento. Especialmente en lo referente a los llamados patrimonios familiares. Con esta figura, a la que se dedicaban dos secciones del Reglamento, el gobierno colonial se hacía de un instrumento con el que llevar a cabo una verdadera ingeniería social colonial. Los patrimonios familiares podían alcanzar extensiones mucho mayores que las propiedades individuales y se preveían para ellos una serie de beneficios y apoyos financieros por parte del estado. El objetivo era tanto aprovechar el trabajo familiar no asalariado en la economía colonial, como aculturizar y españolizar a los africanos. Efectivamente, un patrimonio familiar se concedía a cabezas de familia "experimentados en el cultivo o cultivos que hayan de establecerse", primando a los "casados canónicamente mayores de dieciocho años que vivan con su esposa e hijos legítimos y sean de intachable conducta", a los que tuvieran "mayor número de hijos", especialmente varones, y a los que disfrutaran de "mejores informes de conducta, religiosidad, patriotismo y hábitos morales" (art. 24). Todo un programa de civilización que trataba de transformar las formas familiares y sociales existentes en Guinea para fomentar el establecimiento de familias tal y como las contemplaba en Código civil español (art. 32). A partir de la reunión de varias de ellas, se formarían poblaciones modélicas llamados cotos familiares, dirigidos por un "(s)indicato", y en los que se preveía el establecimiento "(c)apilla, escuelas y almacenes" (art. 41). El intento de reproducir una sociedad a imagen de los ideales de los gobernantes coloniales no significaba sin embargo que se aplicaran a estas fincas el régimen general de la propiedad, y se reproducían los límites a la capacidad de obrar típicos del derecho colonial consolidado: los patrimonios familiares sólo podían ser heredadados en bloque, por el sucesor del cabeza de familia o por otra unidad familiar indígena, dificultándose sobremanera su partición y enajenación (arts. 36-40). Las instituciones que los legisladores parecían tener en mente aquí nos recuerdan más a la cultura jurídica del Antiguo Régimen europeo, y a figuras como el mayorazgo, que a su propia cultura capitalista o a la de los mismos africanos88. A pesar de este ambicioso programa colonizador y civilizador, el desarrollo agrícola y social de la colonia no prosperaría, en cuanto a los colonizados se refiere, por las líneas previstas en el
Así lo reconocía el mismo Informe del Ministerio de Industria, cit. 6/3/1939.
nuevo régimen de la propiedad colonial, pues no fueron muchos los africanos que decidieron asumir la forma de vida y de tenencia de la tierra que eran los patrimonios familiares. Sólo la propiedad colectiva de los poblados fue siendo paulatinamente delimitada tanto en la isla como en la parte continental. En cuanto a la propiedad indígena individual, mientras en la isla fue regulándose y registrándose, a mediados de los años 1950 el estado no tenía todavía capacidad de conocer y fiscalizar la mayoría de las pequeñas fincas africanas del continente89, al tiempo que continuarían los arrendamientos de tierras a los grandes cultivadores90. De modo que en Río Muni la colonización agrícola por parte de los colonizados se llevó a cabo durante mucho tiempo, y de forma tolerada oficialmente, al margen del propio derecho colonial. Tampoco el programa de cooperativismo agrícola, tan querido a algunos funcionarios coloniales, tendría mucho éxito91. El esfuerzo de la administración se concentraría por tanto en la fijación de precios y en la regulación de los mercados locales donde los pequeños productores, especialmente en la parte continental, vendían sus cultivos92. Hacia finales del periodo que hemos considerado, el ingeniero del Servicio Agronómico de la colonia, Jaime Nosti, ofrece una serie de datos que muestran la situación de la agricultura comercial y su distribución según sus productores europeos o indígenas. Dejamos al lector la interpretación de las cifras, que son una buena ilustración de algunas de las dinámicas que hemos relatado. Sólo advertiremos que Nosti se olvida señalar que dentro de las fincas europeas se contabilizaban la de los indígenas emancipados. Y es que la misma clasificación utilizada por el ingeniero demuestra hasta qué punto la distinción entre las dos categorías, ciudadanos y súbditos, estaba ya consolidada en el sistema colonial93.
GOBIERNO GENERAL DE LOS TERRITORIOS ESPAÑOLES DEL GOLFO DE GUINEA, Memoria de la labor realizada en el periodo 1949-1955, Madrid, 1955, p. 134.
En 29/12/1949 el Gobernador General, en una carta al presidente del Patronato de Indígenas y a instancias de esta institución, volvía a insistir en la prohibición del arrendamiento de fincas sin título de propiedad entre indígenas y europeos (AGA África G 1799). Informe del Presidente del Patronato de Indígenas, La política del Patronato de Indígenas en el Distrito Continental en relación con la actuación de su filial y la cooperación indígena, 20/6/1950 (AGA África G 1799). Orden de 22/7/1942 sobre mercados de productos del país. Según nota del Gobernador General a la Dirección General de Marruecos y Colonias de 24/7/1942, se han establecido estos mercados "con el objeto de evitar que algunos europeos obtengan ganancias excesivas a costa del indígena comprando a estos sus productos a bajo precio con lo cual no se estimula al individuo para que trabaje ni produzca. Además, pretende la Orden conseguir una atracción de los productos y los habitantes de las colonias vecinas para abastecer y repoblar la nuestra." (AGA África G 1944, exp. 5). Según el informe del Servicio Agronómico de Guinea, cit. 2/3/1945, los mercados nunca tuvieron efectividad en Fernando Poo, donde los compradores compraban al contado en los lugares de producció. Ver también J. NOSTI, Notas geográficas, físicas y económicas sobre los Territorios Españoles del Golfo de Guinea, IDEA-CSIC, Madrid, 1947, p. 86.
Ibídem, cap. VI. FERNANDO POO Fincas indígenas concedidas sin conceder explotadas directam. arrendadas explotadas directam. arrendadas 803 182 758 23 4,510 has 1,189 has 3,950 has 162 has
8. Conclusiones Este recorrido por ciertos procesos coloniales en el golfo de Guinea apenas ha logrado penetrar en la reconfiguración de las formas locales de regulación de la tierra, de invención de la tradición94, difíciles de observar a través las fuentes utilizadas. Lo que ha mostrado es cómo los procesos coloniales transformaron tanto la actividad económica y el uso de la tierra de los africanos, como el mismo proyecto de ingeniería social que los europeos trataban de implantar, a menudo encarnado en el derecho colonial. La trayectoria del derecho colonial refleja el esfuerzo permanente del estado por moldear unas realidades sociales que estuvieron en continua transformación. Las normas aprobadas para la colonia española iban dando forma a sucesivas maneras de entender la misión europea en África. Desde la simple defensa de unos colonos que debían convivir con poblaciones y formas sociales que no dominaban, a mediados del siglo XIX, hasta la creación de una sociedad nueva formada por familias monógamas y cristianas convertidas en unidades de producción, pasando por la transformación radical de las poblaciones africanas en una gran fábrica agrícola impulsada por el gran capital. Estas vacilaciones en los planes, y sus sucesivos fracasos, demuestran hasta qué punto la sociedad colonial y los procesos que la atravesaban eran mucho más difíciles de moldear de lo que la misión civilizatoria europea presuponía. La inicial colonización de asentamiento, que se basaba en la apropiación de tierras y la conversión de los africanos en braceros semilibres, se vio enfrentada a la progresiva participación de éstos en la economía comercial como pequeños productores de cacao o café, arrendatarios de tierra o vendedores de madera. La colonización de Guinea se caracterizó por la articulación, a veces conflictiva, de una agricultura de colonos europeos y criollos basada en la ocupación de tierras y el uso intensivo de mano de obra inmigrante, y una agricultura de pequeños propietarios autóctonos basada en el trabajo familiar, y cuyo acceso al mercado siempre se hacía a través de agentes europeos.
Fincas europeas
de españoles 445 de extranjeros 138 (todas concedidas salvo 6 fincas, 79 has) concedidas sin conceder de españoles de extranjeros superficie forestal explotada 100 8,985 79 8
24,079 has 8,438 has
RÍO MUNI Fincas indígenas Fincas europeas
5,301 has 12,220 has 10.675 has 678 has 102.475 has
T.RANGER, The invention, cit.
El derecho va a responder a la actividad económica de los colonizados de dos maneras complementarias: tratando de regular y ordenar el acceso a la tierra a través de las normas sobre propiedad, y limitando al mismo tiempo la capacidad jurídica de la mayoría de los africanos para participar en pie de igualdad en el tráfico de la colonia. La consideración jurídica de los africanos como indígenas, sometidos a sus usos y costumbres y sin derechos individuales que reclamar, permitiría al mismo tiempo imponerles obligaciones y controlar su participación en el proceso de explotación económica. La incapacitación jurídica de los africanos, y la consiguiente distinción entre ciudadanos y súbditos, no fue sin embargo la estructura de la dominación colonial desde el inicio de la penetración. Más bien se trató de un proceso que fue consolidándose a medida que el control del estado incluía más ámbitos sociales y que los africanos trataban de aprovechar las oportunidades, sociales y económicas, que les brindaba la presencia colonial. Con todo, no fue el derecho el principal ni el más eficaz instrumento con el que se trató de domesticar a las sociedades colonizadas. El colonialismo generó un contexto en el que se encontraron procesos y grupos sociales diversos, uno de los cuales, aunque central, era el estado europeo convertido en colonial con sus administradores, su policía y sus normas. La distinción entre colonizadores y colonizados, particulares e indígenas, ciudadanos y súbditos ocultaba una enorme diversidad de intereses y relaciones de poder. Y en este entramado, el estado jugó no pocas veces un papel de intermediario: a menudo apoyando a los colonos en su búsqueda de trabajadores baratos y disciplinados, pero también proporcionando una cierta protección a los sectores más débiles contra las dinámicas más crudas del capitalismo colonial. Y siempre tratando de controlar las rápidas transformaciones sociales generadas por el impacto colonial. Si finalmente el colonialismo no logró imponer sus formas de organización política y jurídica en África no fue sólo debido a las reticencias de los colonizadores a considerar a los africanos como iguales, sino también a su incapacidad para dominar todo el proceso de conquista, gobierno e ingeniería social. Las reacciones de los africanos ante la invasión, la divergencia de intereses de los grupos europeos que desembarcaban en el continente, o la escasez de medios, fueron condicionantes fundamentales del derecho que se fue gestando. En última instancia el estado colonial y su derecho se conformaron en el marco de las contradicciones entre objetivos diversos, como la transformación social, la explotación económica y el orden político. Y por supuesto, en medio de la acción de las personas y de los procesos sociales. De ahí que su estudio permita comprender de una forma privilegiada los entresijos de la tensión colonial.
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