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Timestamp: 2020-02-22 21:51:29
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Matched Legal Cases: ['artículo 99', 'artículo 75', 'artículo 75', 'artículo 16', 'Artículo 16', 'artículo 23']

Unidad II: Teoría General de la Ley - Apunte General: Derecho Civil I – Parte General
Unidad II: Teoría General de la Ley
Fuentes del Derecho: Concepto. Clasificación. Fuentes materiales y formales. Diferenciación. Jerarquía en el Derecho Argentino.
La Ley: Definición. Caracteres. Ley y norma jurídica. Ley en sentido formal y material. Orden jerárquico de las leyes en el Derecho Argentino. El principio de la supremacía de la Constitución. Los Tratados y la Constitución de 1994. Bloque Federal Constitucional.
Clasificación de las leyes: Según su estructura –rígidas y flexibles–, según el alcance de la imperatividad legal –imperativas y supletorias–, según el sentido de la disposición legal –prohibitivas y dispositivas–, según la sanción –imperfecta, perfecta, más que perfectas y menos que perfectas–. Los standards jurídicos.
Efectos de la ley con relación al tiempo: Fecha de entrada en vigencia. El principio de irretroactividad de la ley en el Código Civil. Aplicación inmediata y diferida. La retroactividad. Límites. Leyes no publicadas.
Interpretación y aplicación de la ley: Concepto. Clases de interpretación. Métodos. Doctrina de la hermenéutica jurídica en el Código Civil.
La Costumbre: Concepto. Elementos. Clases. La costumbre en el Código Civil. La jurisprudencia: Concepto. La sentencia como fuente del Derecho. Valor como fuente.
Los principios generales del Derecho: Concepto. Ámbito de aplicación en el Código Civil. Otras fuentes.
Modos de contar los intervalos del Derecho en el Código Civil.
Fuentes del Derecho: Concepto: La palabra fuente significa manantial, de donde brota el agua; Llevado este concepto al Derecho sigue manteniendo su sentido original aunque aplicado de modo figurado. Podemos utilizar, entonces la palabra fuente al menos en tres grandes acepciones: La primera, alude al hontanar en el que ha abrevado el legislador para redactar una determinada norma; Se refiere al origen de la norma; La segunda, se vincula a la idea de cómo el ordenamiento jurídico ha llegado a tener su actual forma o contenido. Desde este punto de vista, que se llama causal o causativo, se dice que las fuentes del Derecho han sido la tradición o Derecho consuetudinario, las decisiones judiciales y la articulación de los preceptos por vía legislativa; La tercera, responde a la idea de dónde nace el Derecho vigente en un momento determinado y cómo se positivizan en normas.
Clasificación del Derecho: Según los civilistas, se suele distinguir, exclusivamente, entre fuentes formales y fuentes materiales. La fuente formal es la dotada de autoridad, de obligatoriedad en virtud del mandato del mismo ordenamiento legislativo. Desde ese punto de vista la ley es la principal fuente del Derecho. Pero también suele decirse que la costumbre y la jurisprudencia son fuentes formales. La fuente material es, en cambio, la que no tiene autoridad u obligatoriedad nacida del mismo ordenamiento positivo, pero que constituye factor o elemento que contribuye a fijar el contenido de la norma jurídica, al conocimiento del Derecho y a su más certera aplicación. Se incluyen aquí la jurisprudencia y la doctrina.
Jerarquía en el Derecho argentino: En el Derecho argentino hay un tema muy interesante en materia de jerarquía de las fuentes que es el lugar que corresponde dar a la costumbre mercantil y a la ley civil como fuentes del Derecho comercial. Se ha planteado pues el tema de la jerarquía de las fuentes en la materia mercantil; Esto es: Ante una situación no reglada legalmente por el Código de Comercio, el intérprete ¿debe recurrir al Código Civil y luego a la costumbre mercantil, o por el contrario la costumbre mercantil es una fuente de mayor jerarquía que la ley civil? La mayor parte de la doctrina nacional afirma que las disposiciones examinadas autorizan a concluir en que la costumbre prevalece sobre la ley civil; Pues la costumbre mercantil forma parte del Derecho comercial, al tener carácter de norma jurídica, por lo que sólo cabe recurrir al Derecho civil en defecto de solución brindada por el Derecho mercantil incluida la costumbre.
La Ley: Definición: Según Rénald, es la regla emanada de la voluntad autoritaria de los gobernantes. Suárez dice que la ley es el precepto común –formulada en términos generales–, justo –igualdad de tratamiento en situaciones iguales– y suficientemente promulgadas –haber sido establecido por el legislador conforme al mecanismo Constitucional–. El Dr. Rinessi expresa que la ley es una manifestación de voluntad de la autoridad pública que dicta e impone la regla jurídica. El Estado –agrega-, en virtud de su potestad dicta leyes, por la cual su finalidad es velar por los intereses generales, y lo hace para que reine el orden en la sociedad. Las leyes están orientadas a personas libres que pueden, en consecuencia desobedecerlos. Finaliza expresando que es necesario por lo tanto, prever la desobediencia y las sanciones que la evitarán o reprimirán.
Caracteres: 1) Socialidad: Se dicta para el hombre en cuanto miembro de la sociedad, y se dirige a gobernar las relaciones interindividuales; 2) Obligatoriedad: Esto supone una voluntad superior que manda y una voluntad inferior que obedece; 3) Origen público: La ley emana de la autoridad pública y por ello actúa en la línea de la soberanía política diferenciándose de las reglas impuestas por poderes privados; 4) Coactividad: Es el medio de expresión típica y privilegiada de la ley. Sus sanciones son de tipo resarcitorias y represivas, es decir, que las primeras procuran un restablecimiento de la situación precedente a la infracción –resarcimiento de daños y perjuicios–, mientras que las segundas se inspiran en el castigo corrector del infractor; 5) Normatividad: Abarca un número indeterminado de hechos y rige a quienquiera quede comprendido en el ámbito de su aplicación, lo que lo distingue de otras expresiones del poder público, tales como los actos administrativos. La ley debe ser de carácter general y abstracto de manera de no quedar agotada su vigencia con la aplicación a un caso determinado.
Ley y norma jurídica: La norma es un juicio hipotético que expresa el enlace específico de una situación de hecho condicionante con una consecuencia condicionada. Las normas son enunciados descriptivos, mientras que la ley es un enunciado prescriptivo. La ley, en cambio, puede reproducir la norma, y en tal caso estará repitiendo el juicio hipotético, pero puede basarse en la norma sin reproducirla, y en tal caso estará estableciendo la consecuencia de la conducta. Ley en sentido formal y material: Se denomina ley en sentido material a la regla escrita que tiene contenido jurídico, o sea que describe relaciones de conductas intersubjetivas y que provengan de organismos que tienen poder reglamentario (los poderes Ejecutivos, el Congreso, una Universidad, etc.). La ley material se caracteriza porque describe y reglamenta el actuar de las personas; Tiene los mismos caracteres que se ha descripto con respecto a la ley –general, escrita, reguladora de conductas y obligatorias–. En cambio es ley formal, porque ha sido sancionada por el órgano competente para dictar leyes (el Congreso Nacional y las Legislaturas Provinciales), cuyo procedimiento está delimitado por la Constitución. Aquí no hay contenido jurídico, desde que por lo general se refieren a casos particulares o imputan a la individualidad de la persona. Así, por ejemplo, una ley material sería la ley de defensa al consumidor, y formal una pensión graciable otorgada por el Congreso.
Orden jerárquico de las leyes en el Derecho Argentino: En la cima de la jerarquía de las leyes están las Constitucionales emanadas de los poderes nacionales y provinciales. En segunda instancia, vendrían los decretos reglamentarios, que son las normas que dictan el Presidente de la Nación y los gobernadores de provincia, pero quedan condicionadas por la Constitución Nacional, “no debiendo alterar su espíritu con excepciones reglamentarias” (Art. 86, Inc.2 de la Constitución Nacional). Por último, le siguen Las ordenanzas municipales y los edictos de policía, que son las normas que dictan los municipios y jefes de policía para nacer efectivas las funciones que les competen.
El principio de la supremacía de la Constitución: La expresión supremacía Constitucional apunta a que la Constitución Nacional, revestida de supra legalidad, obliga a que las normas y los actos estatales se ajusten a ella; todo el orden jurídico político del Estado debe ser congruente o compatible con la Constitución formal.
Dada la estructura general del Estado, la supremacía Constitucional reviste un doble alcance: a) La Constitución Nacional prevalece sobre todo el orden jurídico del Estado (Arts.27, 28 y 86, inc.2 de la Constitución Nacional); b) La Constitución en cuanto federal, prevalece también sobre todo Derecho provincial.
Los Tratados y la Constitución Nacional de 1994: Los tratados son acuerdos internacionales celebrados entre Estados que constituyen un Derecho Internacional Positivo para los Estados parte contratante. De acuerdo con el artículo 99, inciso 11, de la Constitución Nacional, es atribución del Poder Ejecutivo el concluir y firmar tratados, concordatos y otras negociaciones requeridas para el mantenimiento de buenas relaciones con las organizaciones internacionales y las naciones extranjeras; Antes de la Reforma Constitucional de 1994, los tratados celebrados con las potencias extranjeras no poseían orden de prelación o superioridad con respecto de las leyes válidamente dictadas por el Congreso de la Nación, es decir, leyes y tratados eran igualmente calificados como Ley Suprema de la Nación. Debido al caso "Ekmekdjian c/Sofovich" (1992) la Nación Argentina ratificó la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados confiere primacía al Derecho internacional convencional sobre el Derecho interno y que esta prioridad de rango integra el ordenamiento jurídico argentino. La reforma Constitucional de 1994 consagró definitivamente esta tendencia. El artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, establece cuatro puntos importantes: 1) Le entrega al Congreso de la Nación la posibilidad de aprobar y desechar tratados celebraos con las demás naciones y organizaciones internacionales o los concordatos con la Santa Sede; 2) Los tratados y concordatos anteriormente mencionados gozan de jerarquía superior a las leyes internas del país, y todas las Convenciones y Declaraciones enumeradas en este inciso, en las condiciones de su vigencia, gozarán de jerarquía Constitucional no derogando los Derechos y garantías enumerados en la primera parte de nuestra Constitución Nacional ; 3) Establece el mecanismo de denuncia de estos tratados por el Poder Ejecutivo Nacional; Y 4) establece un mecanismo por el cual otros instrumentos internacionales pueden adquirir jerarquía Constitucional. Además, la reforma Constitucional ha creado el marco jurídico necesario para el desenvolvimiento de los procesos de integración. El artículo 75, inciso 24, de la Constitución Nacional expresa tres puntos fundamentales: 1) Expresa que corresponde al Congreso aprobar tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales –además establece que las normas dictadas por estos organismos tendrán jerarquía superior a las leyes–; 2) Establece también el mecanismo para aprobar esta clase de tratados de integración, y discrimina entre los Estados Latinoamericanos y los demás tratados; Y 3) establece el mecanismo de denuncia de esta clase de tratados.
Clasificación de las leyes: Según su estructura jurídica: Las leyes rígidas son aquellas que marcan taxativamente su ámbito de aplicación, haciendo referencia a criterios objetivos indubitables. En cambio, las leyes flexibles son aquellas que su ámbito de aplicación quedó sujeto a criterio del intérprete según pautas que la misma ley indica. Según su sanción: Las leyes imperfectas o carentes de sanción expresa, que no serán normas de Derecho Positivo, por esa ausencia de sanción, sino más bien exhortaciones legislativas tendientes a encauzar en un cierto sentido la conducta de los hombres. Las leyes imperfectas son aquellas cuya sanción estriba en la nulidad de lo obrado en infracción de lo que ellas ordenan o prohíben. Las leyes menos que perfectas son aquellas cuya infracción no es sancionada con la nulidad de lo obrado, sino con la consecuencia. Y las leyes más que prefectas son aquellas cuya violación no sólo determina la nulidad del acto celebrado en contravención, sino que dan lugar a la aplicación de otras sanciones adicionales. Según el sentido de disposición legal: Las leyes prohibitivas son las que prescriben un comportamiento negativo, o en otros términos, las que vedan la realización de algo que se podría ejecutar si no mediase la prohibición legal. Las leyes dispositivas son las que prescriben un comportamiento positivo, o sea que disponen que se haga algo determinado. Tales leyes quedan al margen de lo dispuesto en el Art.18 del Código Civil, y en principio la sanción de nulidad no será apropiada para el supuesto de la contravención. Con todo, si se trata de la omisión de requisitos por la ley para la celebración de ciertos actos jurídicos, esa infracción podrá dar lugar a la nulidad del acto obrado con esa falla, si es que la sanción de validez está prevista.
Según su alcance de imperatividad legal: Las leyes imperativas son aquellas que prevalecen sobre cualquier acuerdo diverso de los particulares sometidos a ellas. Su contenido se aprecia que es de “orden público” y consiguientemente el comportamiento previsto se impone incontrastablemente, no obstante el deseo de alguien de quedar sujeto a una regulación diferente. Y las leyes supletorias, también llamadas interpretativas, son las que las partes pueden modificar sustituyendo su régimen por el convencional que hubiesen acordado. Consiguientemente sólo rigen en caso de ausencia de la voluntad de los particulares.
Standars Jurídicos: Son criterios elaborados por la propia comunidad, que no están normativizados al igual que los principios jurídicos, pero que difieren de éstos porque son más concretos, tienen la característica de describir una conducta, que es siempre igual, un momento corriente de actuar, etc. Son también valoraciones que surgen de la comunidad, pero que no tienen el carácter general de los principios jurídicos. Por ejemplo: La conducta de un padre, es un standars, que si bien resulta un modelo de conducta aplicado a muchas situaciones, lo son en la medida que se den circunstancias que tengas relación con ese patrón de conducta. Sin embargo estos standars no se aplicarán a la conducta de un profesional.
Efectos de la ley con relación al tiempo: Una ley contiene normas jurídicas, que han de incidir sobre las personas. Éstas habrán, en consecuencia, de adecuar sus conductas a tales normas. Pero, ¿a partir de qué momento? Hay dos grandes opciones: La ultraactividad –o irretroactividad- (las leyes se aplican sólo para los hechos posteriores a su entrada en vigencia) y la retroactividad (se aplica inclusive a hechos previos). A su vez, la ultraactividad, que es el supuesto normal, puede ser inmediata o diferida; Sería inmediata si la ley entrase en vigor apenas fuese publicada. Diferida, si estableciera un plazo para su entrada en vigor. El principio general es la ultraactividad diferida, y el plazo previsto en el Art.2° del Código Civil es de ocho días después de su publicación en el Boletín Oficial, pero nada impedirá la extensión de ese término.
El principio de irretroactividad: Es la vigencia de la ley a partir de su publicación, con efecto hacía el futuro. Este principio lo establece el Art.2 del Código Civil. El Congreso puede establecer excepciones a este principio, o sea que puede sancionar las leyes retroactivas. Para hacerlo debe así determinar en la ley. Pero las leyes deben entenderse siempre como irretroactivas cuando nada se diga nada se diga en ellas, y los jueces deben interpretar las mismas irretroactivamente.
El principio de retroactividad: Es cuando la ley nueva se aplica a los actos jurídicos realizados bajo el imperio de la ley antigua, y las situaciones jurídicas nacidas o hechos acaecidos bajo la vigencia de aquella. Pero debe cumplir ciertos requisitos, conforme al Art.3 del Código Civil: a) Que la ley así lo debe declarar expresamente; y b) que no afecte a Derechos que tuvieran garantías Constitucionales. Pero además, esta nueva ley sólo puede ser retroactiva si afecta solo una mera expectativa, sin perjudicar los Derechos firmemente adquiridos. Límites: Estas leyes no pueden afectar las sentencias dictadas al amparo de la ley interpretada y no puede afectar tampoco las garantías Constitucionales.
Interpretación y aplicación de la ley: Concepto: Interpretar es buscar el sentido y valor de la norma para medir su extensión precisa, y apreciar su eficiencia en cuanto al gobierno de las relaciones jurídicas, aparentemente comprendidas en el ámbito de su vigencia. Entonces, las normas jurídicas, para ser aplicadas, deben ser interpretadas.
Clases de interpretación: Según quien la formule: Legislativa o auténtica: Es la que realiza el legislador al votar una nueva ley destinada a esclarecer su voluntad expresada en una ley anterior. Es una forma interpretativa de fijar la verdadera voluntad legal con el propósito de una verdadera integración normativa. Judicial: Es la realizada por los tribunales de justicia, como paso previo a la aplicación de la ley en un caso concreto. La interpretación judicial es la verdadera interpretación, en tanto y en cuanto es actividad libre destinada a la fijación del verdadero sentido de la ley. Doctrinaria: Es la realizada por los autores, que puede servir incluso como fuente material del Derecho. Sus aportaciones son muchas veces de fundamental importancia para el desarrollo de la interpretación judicial, y por ende para la solución de litigios en los casos concretos.
Según su alcance: Según un criterio generalizado la interpretación puede ser declarativa o correctiva; Esta última a su vez puede ser restrictiva o extensiva. Declarativa: Se dirige a explicar el texto de la ley y tiende a fijar el alcance de la misma, particularmente cuando las palabras usadas por ésta tienen más de un significado (por Ej.: Si una ley habla de hombre, el intérprete dirá si se refiere sólo al varón –interpretación estricta- o si se refiere al varón y a la mujer –interpretación amplia o lata). Restrictiva: Es la que ofrece como resultado restringir el significado de las palabras de la ley, cuando éstas expresan más de lo que corresponde a la finalidad de ella. La interpretación restrictiva procede en las normas prohibitivas, sancionadoras y limitativas de la capacidad de obrar. Extensiva: Es la que tiene por finalidad extender el natural significado de las palabras de la ley, cuando se llega a la conclusión de que expresan menos de lo que corresponde a su finalidad o espíritu; No extiende la norma a casos no contemplados por ella, sino que pone de manifiesto los que ya estaban virtualmente contenidos en ella. Métodos interpretativos: El problema de interpretación de la ley ha formado, a través del tiempo, verdaderas escuelas que jalonaron etapas e impusieron en los operadores, sus pautas, y que además propugnaron siempre por encontrar el recto sentido del sistema. Pero las primeras escuelas presentaban deficiencias o vacíos, y que fueron suficiente razón para que nacieran otras escuelas que pretendías satisfacerlos. Caracterizaremos a estas escuelas según su origen cronológico: Escuela Exegética: Fueron sus principales cultivadores los doctrinarios franceses del siglo XIX, que crecieron bajo el amparo del Código Napoleón. Su apego a este gran cuerpo legal, y la letra de la ley en especial, fue de alguna manera una reacción contra la monarquía absoluta que aplicaba el Derecho despóticamente, sin sujeción a ninguna regla. Los cuatro rasgos fundamentales de esta escuela fueron: El culto al texto de la ley (y significó que el Derecho quedase sustituido por la ley); La sumisión a la intención del legislador (este apego significó la conversión de la ley en un estatuto rígido); El carácter estatista (hace referencia al Estado, y como se proclama la omnipotencia del legislador, el Derecho quedaría en poder del primero); La supremacía del argumento autoridad (porque los jurisconsultos que propiciaron esta escuela se convierten en toda una autoridad en la materia). Escuela Dogmática: Fue un desprendimiento de la exégesis, ya que partió del Código y tomó del mismo sus principios. No cambió los puntos de vista del legislador, pero estudió la materia con un criterio más científico, que les permiten sentar principios no expresados taxativamente por el legislador. Mediante un procedimiento inductivo se remontan de esas soluciones particulares al principio general que las explica, y de este principio general obtienen por deducción otras aplicaciones particulares, no consagrados explícitamente en el articulado. Escuela Moderna: Dentro de este marco se han sucedido la escuela histórica, la escuela científica, la del Derecho libre y el realismo norteamericano. Estas escuelas reaccionaron abruptamente al sometimiento del intérprete a los textos de la ley, y buscaron que la interpretación se nutriera de aspectos históricos, sociológicos, políticos e ideológicos. El método histórico consistió en apartarse del pensamiento del legislador. La ley ante todo es un producto de la época, del medio social, una aspiración de la comunidad, de la cual el legislador no es sino el vocero. La ley no es como lo pensó el legislador sino que sigue la evolución de los tiempos y debe ser interpretada con las necesidades los nuevos tiempos, porque la ley no se dicta sólo para el presente, sino también para el futuro, para satisfacer las necesidades del porvenir. La escuela científica se asienta en las fuentes del Derecho, es decir que las instituciones jurídicas y las reglas del Derecho derivan de las llamadas fuentes reales, que son las que proporcionan la sustancia o materia jurídica, es decir la experiencia y la razón. Las fuentes formales, en tanto, son las que dan a esa materia una delimitación apropiada, o forma, las que traducen las fuentes reales, y son: La norma legal, la costumbre, y las que derivan de la jurisprudencia y la doctrina. La del Derecho libre es una orientación que reacciona contra el dogmatismo jurídico. Reconoce una mayor libertad en los jueces, de manera tal que éstos pueden fallar aún en contra de la ley, si la solución de ésta es injusta. El realismo norteamericano piensa que el juez a la vista de las pruebas, se forma una opinión sobre el caso y una convicción de lo que es junto respecto de éste; Y después busca los principios o las consideraciones que puedan justificar esa opinión. Claro que en la formación de esa convicción interviene también el conocimiento que él tiene de las leyes.
Doctrina de la hermenéutica jurídica: Todo mensaje requiere ser interpretado y entre ellos los mandatos de las normas jurídicas; Pero no es fácil lograr la correcta interpretación si no se cuenta con reglas precisas y claras, metódicas y sistemáticamente establecida. Es precisamente este hecho del que se ocupa la “HERMENÉUTICA JURÍDICA” que se ocupa de establecer los principios elaborados doctrinaria y jurisprudencialmente, para que el interprete pueda efectuar una adecuada interpretación de las normas jurídicas. La hermenéutica brinda herramientas guías, que van a auxiliar al juzgador para hacerle la labor más fácil y equitativa posible. En esta tarea interpretativa, según De Ruggiero se deben tener en cuenta los siguientes elementos: 1) El gramatical, tratando de entender lo que dice la norma en sus palabras, relacionándolas entre sí, para captar su sentido, en relación a los demás vocablos; 2) El lógico, para tratar de descubrir en caso de oscuridad del texto, el motivo para el cual fue creada (la ratio legis) y el contexto histórico social que determinó su sanción; 3) El histórico, que no debe confundirse con el anterior ya que allí se observaba las circunstancias del momento en que la ley se dictó y en este caso, cómo llegó a dictarse, y las normas que la precedieron; 4) El sociológico, adecuando la norma a los cambios sociales producidos.
El Dr. Llambías considera que la teoría de la hermenéutica no constituye un sistema completo e infalible de normas, cuya mecánica aplicación da lugar casi automáticamente al descubrimiento del verdadero sentido de la ley. Su verdadero carácter y función es el ser meros auxiliares, criterios generales que deben servir de guía en el proceso lógico de investigación. En el código Civil: El Código Civil argentino, que en su artículo 16 establece que “si una cuestión civil no puede resolverse, ni por las palabras, ni por el espíritu de la ley, se atenderá a los principios de leyes análogas; Y si aún la cuestión fuere dudosa, se resolverá por los principios generales del Derecho, teniendo en consideración las circunstancias del caso”.
La Costumbre: Concepto: La costumbre es una conducta repetida, por lo que la costumbre jurídica es la repetición de la conducta en interferencia intersubjetiva. Pero en esta primera categoría no existen deberes y Derechos correlativos, porque no es coercible, sino meramente facultativa, aún cuando en ambos hay repetición de conductas. Elementos: De la costumbre social surgen dos elementos: Uno externo y otro interno. El primero es la práctica repetida durante un tiempo suficientemente prolongado; Y el segundo el convencimiento que de aquello debe hacerse. Clases: Existen cuatro clases de costumbres: 1) Secundum legem: Existe cuando el legislador remite la solución a la costumbre; 2) Praeter legem: Es la que se aplica cuando no existe ley exactamente aplicable al caso; 3) Contra legem: Es la costumbre contra la ley o derogatoria; 4) Local o general: La costumbre puede ser local o general. La cuestión pasa por que si puede o no un juez resolver un caso aplicando una costumbre general que no se practica en su jurisdicción. La costumbre en el Código Civil: El Art. 17 del Código Civil convierte en jurídica y obligatoria a la costumbre cuando la ley se refiere a ella o cuando no hubiera reglas legales sobre tales situaciones. El antiguo artículo solamente convertía en jurídica a la costumbre cuando la ley se refería a ella. Ahora, por la modificación del Art. 17 por la Ley 17.711 se ha ampliado el valor de la costumbre, porque ahora, frente a una laguna legal, la costumbre puede llenar ese vacío, aplicando la solución que otorga ésta. Sin embargo, esta modificación no se condice con lo establecido en el Art. 16, en lo que se refiere a la interpretación de las cuestiones civiles, porque en ningún momento introduce en el proceso de interpretación a la costumbre. Esto plantea el interrogante que cuando la ley no regla la situación a resolver, se deberá ir directamente a la costumbre, o tendrá que recurrirse a leyes análogas.
La jurisprudencia: Concepto: Es la sucesión de fallos en un mismo sentido sobre un determinado hecho. La sentencia como fuente del Derecho: La sentencia es un acto jurisdiccional emanado de un juez competente, que está fundado en el Derecho y soluciona un conflicto, por modo que obliga a las partes. Valor como fuente: No cabe duda que la sentencia de los Tribunales Constitucionales son fuentes del Derecho.
Los principios generales del Derecho: Concepto: Estos principios constituyen una fuente reconocida expresamente por nuestro propio ordenamiento (Art. 16 Código Civil). Entonces, principios jurídicos son los pensamientos directores de una regulación existente o posible. Ámbito de aplicación en el Código Civil: Como ya señalamos, el Artículo 16 establece que si una cuestión civil no puede resolverse, ni por las palabras, ni por el espíritu de la ley, se atenderá a los principios de leyes análogas; Y si aún la cuestión fuere dudosa, se resolverá por los principios generales del Derecho, teniendo en consideración las circunstancias del caso. Para deslindar qué es lo que Vélez Sarsfield ha entendido por principios generales del Derecho, puede recurrirse en el caso al argumento de fuente, es decir a la determinación de cuáles son las disposiciones en las cuales abrevó nuestro codificador. La influencia del Código Civil austríaco revela que nuestro codificador vinculó la idea de principios generales del Derecho a la corriente ius naturalista; Es decir se trataría de principios supra legales, emanados de la misma naturaleza de las cosas que se imponen al legislador, están por encima de él, están antes que él, y éste no puede desconocerlos. Otras fuentes:
Modos de contar los intervalos del Derecho en el Código Civil: El Título II del Código Civil que trata del modo de contar los intervalos del Derecho, desde el artículo 23 al 29, expresa:
Art.23: Los días, meses y años se contarán para todos los efectos legales, por el Calendario Gregoriano.
Art.24: El día es el intervalo entero que corre de media noche a media noche; Y los plazos de días no se contarán de momento a momento, no por horas, sino desde la media noche en que termina el día de su fecha.
Art.25: Los plazos de mes o meses, de año o años, terminarán el día que los respectivos meses tengan el mismo número de días de su fecha. Así, un plazo que principie el 15 de un mes, terminará el 15 del mes correspondiente, cualquiera que sea el número de días que tengan los meses o el año.
Art.26: Si el mes en que ha de principiar un plazo de meses o años, constare de más días que el mes en que ha de terminar el plazo, y si el plazo corriese desde alguno de los días en que el primero de dichos meses excede al segundo, el último día del plazo será el último día de este segundo mes.
Art.27: Todos los plazos serán continuos y completos, debiendo siempre terminar en la media noche del último día; Y así, los actos que deben ejecutarse en o dentro de cierto plazo, valen si se ejecutan antes de la media noche, en que termina el último día del plazo.
Art.28: En los plazos que señalasen las leyes o los tribunales, o los decretos del Gobierno, se comprenderán los días feriados, a menos que el plazo señalado sea de días útiles, expresándose así.
Art.29: Las disposiciones de los artículos anteriores, serán aplicables a todos los pazos señalados por las leyes, por los jueces, o por las partes en los actos jurídicos, siempre que en las leyes o en esos actos no se disponga de otro modo.