Source: http://www.eduardorojotorrecilla.es/2010/05/ya-esta-aqui-el-decreto-ley-que-pone-en.html
Timestamp: 2018-07-19 21:02:26
Document Index: 404218584

Matched Legal Cases: ['artículo 38', 'Artículo 1', 'artículo 22', 'Artículo 25', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 166']

EL BLOG DE EDUARDO ROJO: Ya está aquí el Decreto-Ley que pone en peligro la paz social.
Ya está aquí el Decreto-Ley que pone en peligro la paz social.
1. El BOE de hoy lunes, publica, en 59 páginas, el Real Decreto-Ley 8/2010 de 20 de mayo, “por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público”, que entrará en vigor mañana.
No tengo ninguna duda de que el precepto más significativo, y el que será sin duda causante de un período más o menos acentuado de conflictividad, es la disposición adicional segunda, en la que se acuerda, con efectos del próximo 1 de junio, la suspensión parcial del acuerdo suscrito el 25 de septiembre de 2009 entre el gobierno y los sindicatos en la función pública para el período 2010-2012, “en los términos necesarios para la correcta aplicación del presente Real Decreto-Ley y, en concreto, las medidas de ajuste económico”. La suspensión se justifica por lo establecido en el artículo 38.10 de la Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, que dispone lo siguiente: “Se garantiza el cumplimiento de los Pactos y Acuerdos, salvo cuando excepcionalmente y por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas suspendan o modifiquen el cumplimiento de Pactos y Acuerdos ya firmados, en la medida estrictamente necesaria para salvaguardar el interés público. En este supuesto, las Administraciones Públicas deberán informar a las Organizaciones Sindicales de las causas de la suspensión o modificación”.
Recuérdese que la tesis general del acuerdo era que el personal de las Administraciones Públicas mantendría el poder adquisitivo durante su período de vigencia en su periodo de vigencia, y que a tal efecto se tendría en cuenta "la evolución presupuestaria del incremento del IPC, la previsión de crecimiento económico, la capacidad de financiación de los Presupuestos Generales del Estado y la valoración del aumento de la productividad del empleo público derivado de acciones o programas específicos".
Pocas veces se podrá encontrar en la introducción de una norma referencias tan explícitas a la necesidad, según el gobierno, de adecuar la normativa a las circunstancias económicas, a fin y efecto de dar confianza a “los mercados”. En efecto, en aquella puede leerse que “La evolución de la coyuntura económica, así como los compromisos adoptados por nuestro país en el ámbito de la Unión Europea en defensa de la Unión Monetaria y de las economías de la eurozona, hacen necesario anticipar algunas de las medidas previstas en dichos escenarios con la finalidad de acelerar la senda de consolidación fiscal, restableciendo de esta manera la confianza de los mercados en el cumplimiento de las perspectivas de reducción del déficit”, y también que “La aprobación de todas… (las medidas) va a producir unos importantes efectos económicos desde esta fecha, directamente orientados a remediar la situación de extraordinaria y urgente necesidad a la que el presente Real Decreto-Ley responde, pues la rapidez, seguridad y determinación en la actuación forma parte del compromiso asumido por los países integrantes de la zona euro para reforzar la confianza en la moneda única y en la estabilidad de la eurozona”. Para tranquilizar a “los mercados”, la norma prevé una reducción sustancial del gasto de personal en las Administraciones Públicas (estatal, autonómicas y locales), y otras medidas adiciones de ajuste que tratan de distribuir, y está por ver si ello se va a plasmar en la realidad, “de la forma más equitativa posible el esfuerzo que toda la sociedad debe realizar para contribuir a la sostenibilidad de las finanzas públicas”.
2. He realizado una selección de aquellos preceptos más relevantes de la norma a mi parecer con contenido laboral y de protección social. A partir de una lectura más detallada, no sólo de los artículos que ahora recojo sino de todo el texto de la norma, será el momento de ver y analizar con detalle en qué medida uno de los pilares del modelo de relaciones laborales, el derecho a la negociación colectiva, se ha puesto en peligro por la norma. Auguro trabajo para la justicia, porque no tengo dudas de que se interpondrán acciones judiciales contra diferentes preceptos del Real Decreto-Ley, con independencia del celo, y creo que ha sido mucho, de sus redactores (juristas que han de dar forma técnica a las decisiones adoptadas en sede política), que se ha puesto para darle la cobertura jurídica más adecuada a la norma.
En fin, no desconozco, ni mucho menos, la gravedad de la situación económica que atraviesa España, pero me pregunto si las medidas adoptadas contribuirán a la mejora de dicha situación y si el coste social “oculto” que tendrá en el ámbito público (la reducción salarial, por cierto, se aplicará sobre todos los conceptos incluidos en nómina) no será superior en algunos casos al posible impacto positivo a escala global de dichas medidas. Uno de los factores que contribuye al éxito de cualquiera medida de austeridad, tal como explicaba ayer el profesor Antón Costas en un interesante artículo en El País, es “el grado de comprensión que la población tenga de la necesidad de esas medidas, así como su percepción acerca de la justicia en el reparto de la factura de la crisis. La teoría de la política económica democrática es concluyente: medidas percibidas como injustas acaban no teniendo eficacia económica y, por el contrario, agudizan los problemas sociales y políticos”. Coincido con su tesis de que las nuevas medidas “criminalizan a algunos segmentos de trabajadores (no sólo a los funcionarios, puestos a los pies de los caballos como "privilegiados", sino a los empleados del sector público en general, muchísimos de ellos con empleos temporales, mal pagados y sin derecho a indemnización en caso de despido). Pero nadie con un mínimo sentido de la honestidad intelectual puede atribuir a los funcionarios o a los pensionistas ser causa del déficit. Son los damnificados”.
Le hará falta mucha pedagogía al gobierno para explicar la bondad de las medidas adoptadas, y probablemente también le haga falta la adopción de medidas que demuestren, de verdad, que la factura de la crisis va a ser pagada por toda la sociedad, incluidos aquellos que se encuentran en excelentes condiciones económicas para abordarlas. Al menos, eso es lo que se espera (y espero) de un gobierno socialista.
3. “Artículo 1. Modificación de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2010.
Dos. – Se da una nueva redacción al apartado Dos del artículo 22 de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2010 que queda redactado en los siguientes términos:
4. Artículo 25. Personal laboral del sector público estatal.
B) Con efectos de 1 de junio de 2010 la masa salarial del personal laboral del sector público estatal, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 22.Dos.B) de esta ley, experimentará la reducción consecuencia de la aplicación al mismo de la minoración, con efectos de 1 de junio de 2010, en un 5 por ciento de las cuantías de cada uno de los conceptos retributivos que integran la nómina y que les corresponda percibir y de acuerdo con de lo dispuesto en el artículo 22. Dos, B), punto 4 de esta ley, comprendido en dicho porcentaje el de todos los conceptos salariales, y sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo tercero del punto 4 del apartado Dos. B) del artículo 22 de la presente Ley con carácter general y, en especial, de lo relativo a la paga extraordinaria del mes de junio de 2010, y de lo que pudiera derivarse de la consecución de los objetivos asignados a cada Departamento ministerial u Organismo público mediante el incremento de la productividad o modificación de los sistemas de organización del trabajo o clasificación profesional.
5. Disposición adicional séptima. Cotización al Régimen General de la Seguridad Social.
(Nota: En el texto publicado en el BOE del día 24, y según lo previsto en la disposición final quinta, la citada disposición podría ser modificada mediante Real Decreto por el Consejo de Ministros. En corrección de errores publicada el martes 25 se indica que la posible modificación no se refiere a las bases de cotización sino a los aranceles notariales y registrales regulados en la disposición adicional octava).
6. Disposición adicional novena. Normas especiales en relación con determinadas entidades del sector público a efectos de la aplicación de la reducción salarial prevista en este Real Decreto-ley con efectos 1 de junio de 2010.
7. Disposición transitoria segunda. Jubilación parcial.
Hasta el 31 de diciembre de 2012, podrán acogerse a la modalidad de jubilación parcial establecida en el artículo 166.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, con el cumplimiento de todos los requisitos exigidos en las letras b), c), d), e) y f) de dicho artículo, los trabajadores afectados por compromisos adoptados en expedientes de regulación de empleo o por medio de Convenios y acuerdos colectivos de empresa, aprobados o suscritos, respectivamente, con anterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto Ley, a las siguientes edades:
8. Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Uno. Quedan derogadas expresamente las siguientes disposiciones:
a) Las disposiciones transitorias cuarta y decimoséptima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en las redacciones dadas, respectivamente, por los artículos 3.Seis y 4.2 de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social.
b) Con efectos desde 1 de enero de 2011, los artículos 1 a 5 y las disposiciones adicionales primera y segunda de la Ley 35/2007, de 15 de noviembre, por la que se establece la deducción por nacimiento o adopción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y la prestación económica de pago único de la Seguridad Social por nacimiento o adopción.
(Nota: en la introducción del RDL se destaca que se elimina “el régimen transitorio para la jubilación parcial previsto en la Ley 40/2007. Con esta medida se pone término a la aplicación paulatina y gradual prevista en disposiciones transitorias de la Ley General de la Seguridad Social en relación tanto con el periodo mínimo de cotización exigido para el acceso a la pensión de jubilación como con los diferentes requisitos exigidos para acceder a la modalidad de jubilación parcial”).