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Timestamp: 2018-02-20 10:04:17
Document Index: 306862775

Matched Legal Cases: ['artículo 121', 'artículo 50', 'artículo 11', 'artículo 2', 'Artículo 2', 'ARTÍCULO 350', 'artículo 27']

Federación Ecologista - Pretenden crear acueducto privado en playa Panamá
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Concesión incluye riego de una cancha de golf en Punta Cacique .Nueva burla a comunidades de Guanacaste, denuncia Diputado Merino
Comunicado de Prensa No. 236. Frente Amplio. El Gobierno continúa promoviendo la privatización de los servicios públicos de abastecimiento de agua potable, denunció el diputado José Merino del Río. En esta ocasión se trata de la creación de un acueducto privado en Playa Panamá de Sardinal de Carrillo, Guanacaste, que actualmente se tramita en el Departamento de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía.
“Advertimos que si esta concesión se otorga se agravarán los conflictos sociales por el agua en Guanacaste, porque las poblaciones locales ya no aguantan más tanto abuso. De hecho esta concesión es una burla y una afrenta más al pueblo de Sardinal, pues el Gobierno les ha dicho que no se seguirá usando el agua de los mantos acuíferos de la zona para regar canchas de golf. Sin embargo, la empresa constructora del proyecto Punta Cacique planteó a la SETENA la extracción de agua del acuífero Sardinal en caso de que el acuífero de Playa Panamá no dé abasto”, declaró el Diputado Merino.
“En Costa Rica no pueden existir acueductos privados. Se trata de una concesión absolutamente contraria a ley”. Además “usar agua de calidad potable extraída de un acuífero sobre explotado para regar una cancha de golf en la región más seca del país y donde existen más conflictos por el acceso al agua, es una incoherencia y un verdadero crimen contra el ambiente y la humanidad” manifestó el diputado Merino.
San José, 25 julio de 2008
JMR-JFFA-222-2008
ASUNTO: EXPEDIENTES 9190-P y 5000-S
OPOSICION A CONCESIONES DE AGUA SOLICITADAS
Por este medio, el suscrito, JOSÉ MERINO DEL RÍO, mayor, costarricense, casado, cédula de identidad 8-046-249, politólogo y sociólogo, vecino de San José, en mi doble condición de ciudadano y diputado de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica por el periodo constitucional 2006-2010, procedo a interponer formal OPOSICIÓN a todas y cada una de las pretensiones contenidas en la siguiente gestión:
“Concesión de agua para la prestación de servicio público de suministro del servicio de acueducto y alcantarillado, incluso el agua potable, la recolección, el tratamiento y la evacuación de las aguas negras, las aguas residuales y pluviales, así como la instalación, la operación y el mantenimiento del servicio de hidrantes a nombre de Sistema de Aguas San Pedro Ltda. para administrar el acueducto del Complejo Cacique del Mar. Desglose, ampliación de usos y renovación de la Concesión para aprovechamiento de aguas quedando los pozos CN 273 y CN-284 en cantidad de 23 y 9 litros por segundo para uso poblacional y turístico bajo el expediente 5000-S a nombre de Sistema de Aguas San Pedro Ltda., y el pozo CN-281 en cantidad de 25 litros por segundo para riego bajo el expediente9190-P a nombre de finca San Estanislao de Kostka SRL. Ubicación cartográfica: CN-273 coordenadas 284793 – 355025, CN-281 coordenadas 284790 – 355000 y CN-284 coordenadas 284800 – 354925 todos en propiedad de Sistema de Aguas San Pedro Ltda., en Playa Panamá, Sardinal de Carrillo, Guanacaste.”
Lo anterior, según edicto publicado en La Gaceta del 27 de junio de 2008.
La presente gestión se presenta en apoyo y como ampliación de la oposición formulada el 25 de julio de 2008 sobre este mismo expediente por el señor Gadi Amit, cédula de residencia Nº 648-79690-53, miembro de la Asociación Confraternidad Guanacasteca. Nuestra oposición se fundamenta en las siguientes razones:
1.INTERÉS PÚBLICO. El presente asunto se encuentra revestido de un marcado interés público, pues está en juego el derecho del pueblo costarricense al que represento a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Asimismo está en juego la protección de las aguas subterráneas del país, que, de conformidad con el artículo 121 inciso 14 de la Constitución Política y el numeral 50 de la Ley Orgánica del Ambiente, Nº 7554, son bienes de dominio público cuya titularidad pertenece a la Nación.
Por último, lo que se resuelva en este caso también afectará de forma decisiva el carácter público de los servicios esenciales de acueductos y alcantarillados y el derecho humano de acceso al agua de las y los habitantes del país.
2. SOLICITUD DE CONCESIÓN SOBRE UN ACUÍFERO EN GRAVE RIESGO DE SOBREEXPLOTACIÓN SEGÚN ESTUDIOS TÉCNICOS. POSIBLE DESASTRE SOCIAL Y AMBIENTAL.- El acuífero de Playa Panamá donde se ubican los pozos cuya concesión se cuestiona aquí esta sobre concesionado. Es decir que el Departamento de Aguas del MINAE, ha otorgado concesiones mas allá de la capacidad de recarga estimada del acuífero.
Esta afirmación se fundamenta en el “Estudio del Manto Acuífero de Playa Panamá” (consta en el expediente) realizado por Daniel Murillo como tesis de maestría en Hidrogeología (2007). Se trata de un estudio de carácter técnico científico, que concluye que el citado acuífero se encuentra en grave riesgo de sobreexplotación. De acuerdo con la jurisprudencia de la Sala Constitucional:
“La sobreexplotación de un acuífero sobreviene cuando las extracciones o aprovechamientos son tan intensivos –descarga- y fuertes que superan los volúmenes de la recarga, con lo que las reservas de agua del acuífero se disminuyen progresivamente y se degradan. La sobreexplotación provoca nefastos efectos económicos y naturales; entre los primeros, los usuarios pueden experimentar el encarecimientos de los costos de extracción –más energía para hacer fluir las mismas cantidades de agua o gastos para reprofundizar un pozo para alcanzar el nivel de agua-, agotamiento de los pozos ubicados en la zonas periféricas del acuífero y en las de mayor concentración de perforaciones; entre los efectos de carácter natural, está la merma en los caudales de aguas en manantiales, ríos, arroyos, quebradas, lagunas, lagos y humedales con lo que se pone en peligro la existencia de éstos y la afectación de la capacidad de las formaciones geológicas – acuíferos – para almacenar agua al disminuir el espacio intersticial en las rocas por falta de la presión interior que aporta el agua, la subsidiencia del terreno por compactación, con alteración del acuífero, aparición de grietas y corrimiento de laderas.” (Voto N° 2004-1923 de las 14:55 horas del 25 de febrero de 2004)
Por lo tanto, de persistir la concesión más allá de la capacidad del acuífero con la renovación de las concesiones aquí impugnadas, desconociendo los criterios técnicos citados, se podría estar provocando la destrucción del manto acuífero de Playa Panamá. Lo que podría generar un verdadero desastre social, económico y ambiental de toda la zona que se abastece del acuífero de Playa Panamá, a saber: dos poblaciones civiles (Playa Panamá y Playa Hermosa); todos los hoteles concesionados Proyecto Papagayo sector sur (Hotel Hilton, Jardíni di Papagayo, Occidental Gran Papagayo, Costa Blanca del Pacifico, Casa Conde del Mar, etc., etc.) y también Condovac La Costa, Villas Sol y Sol Meliá. Numerosos proyectos urbanísticos como Palo Alto, Hermosa del Mar, etc.
Ante tan graves amenazas, el Estado costarricense, a través del Departamento de Aguas, se encuentra en la obligación de adoptar medidas eficaces de protección dirigidas a evitar que las aguas subterráneas sufran daños irreversibles o de difícil reparación, en cumplimiento del mandato constitucional consignado en el artículo 50 de la Constitución Política. Según esta norma, el Estado tiene el deber de garantizar, defender y preservar el derecho de las y los habitantes a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
En el presente caso, el cumplimiento de tal obligación pasa por la aplicación del Principio Preventivo, definido en el artículo 11 de la Ley de Biodiversidad de la siguiente manera: “Se reconoce que es de vital importancia anticipar, prevenir y atacar las causas de la pérdida de la biodiversidad o sus amenazas.”
En palabras de la Sala Constitucional, este principio -cuya necesaria aplicación a la protección de las aguas subterráneas ha sido constantemente reafirmada por dicho tribunal- implica que: “La prevención pretende anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Consecuentemente, el principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible –o una duda al respecto-, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate. Lo anterior debido a que en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido ya las consecuencias biológicas socialmente nocivas, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados en el ambiente”.(Voto Nº 1250-99 de las 11:24 horas de 19 de febrero de 1999)
Así las cosas, al haber en el caso del acuífero de Playa Panamá estudios técnicos que señalan la existencia de graves riesgos de daños a dicho acuífero como consecuencia de la sobreexplotación de sus aguas, se torna impostergable una actuación preventiva y protectora por parte de la Administración. Esta acción preventiva y protectora, como mínimo, se traduce en el no otorgamiento de nuevas concesiones para la explotación de las aguas del acuífero, sabiendas de que el impacto acumulado de tales concesiones implica la extracción de volúmenes de agua que superan su capacidad de recarga. De hecho, el Departamento de Aguas, lejos de otorgar nuevas concesiones, debería realizar con carácter de urgencia una declaratoria de acuífero en estado de sobreexplotación, ya que como ha dicho la Sala Constitucional: “En la hipótesis de la sobreexplotación del acuífero, la autoridad administrativa competente puede declarar ese estado para revertir el estado de cosas a través de una ordenación, restricción y reparto de las extracciones o aprovechamientos preexistentes para lograr una explotación racional y la inmediata suspensión de las solicitudes nuevas o de modificación de concesiones pendientes a ese momento.” (Voto N° 2004-1923. Énfasis agregado)
La prioridad para el disfrute de agua, es para el uso domiciliario de las poblaciones civiles. Existiendo una limitación grave y técnicamente probada, sería un pecado moral, político, económico, ambiental y social, permitir el uso de agua de calidad potable, para el riego de una cancha de golf, incluida en este proyecto y aun para un desarrollo urbanístico y turístico a costa de poner en peligro a la población local.
3. EL FIN PARA EL QUE SE SOLICITAN LAS CONCESIONES ES LA REALIZACIÓN DE UNA ACTIVIDAD CONTRARIA A LA LEY. USURPACIÓN DE COMPETENCIAS DE AYA. La administración de un servicio público esencial como es el abastecimiento de agua potable, está por ley, en manos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), las municipalidades, las ASADAS (por delegación expresa de AYA, previa firma del convenio respectivo) u otras empresas públicas autorizadas por ley. El documento – que adjuntamos- firmado por Ligia Céspedes en su calidad de Sub Gerente de AyA detalla las leyes vigentes punto por punto. No es posible que particulares (personas físicas o jurídicas) administren un servicio público de suministro de agua potable, sin estar autorizados para ello.
Como se indica en el edicto publicado, las solicitudes de concesión son promovidas por Sistemas de Aguas San Pedro Ltda. (sociedad comercial de naturaleza privada) y se encuentran destinadas a la prestación del servicio público de abastecimiento de agua potable, a saber, el Acueducto Privado del Complejo Cacique del Mar, ubicado en el Distrito de Sardinal, Cantón Carrillo, Provincia de Guanacaste.
En este sentido, la solicitud presentada tendría por objeto la realización de una actividad ilegal, contraria a la legislación vigente, pues dicha actividad estaría en abierta violación de lo dispuesto en el artículo 2 inciso g) de la Ley Nº 2726 de 14 de abril de 1961 que, en lo que interesa, dispone claramente que:
“Artículo 2º- Corresponde al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados: (...)
g) Administrar y operar directamente los sistemas de acueductos y alcantarillados en todo el país, los cuales se irán asumiendo tomando en cuenta la conveniencia y disponibilidad de recursos. Los sistemas que actualmente están administrados y operados por las corporaciones municipales podrán seguir a cargo de éstas, mientras suministren un servicio eficiente; (...)
Queda facultada la institución para convenir, con organismos locales, la administración de tales servicios o administrarlos a través de juntas administradoras de integración mixta entre el Instituto y las respectivas comunidades, siempre que así conviniere para la mejor prestación de los servicios y de acuerdo con los reglamentos respectivos.(...)” (Énfasis agregado)
De acuerdo con esta disposición legal vigente, la prestación de servicios públicos de abastecimiento de agua potable a poblaciones y alcantarillado sanitario ha sido reservada exclusivamente al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA) o a las municipalidades, o bien, a “asociaciones comunales” que podrían prestar estos servicios por delegación expresa de AYA. Estas asociaciones son las Asociaciones Administradoras de Acueductos y Alcantarillados (ASADAS) cuya operación se encuentra normada por el Decreto Ejecutivo Nº 32529 de 2 de febrero de 2005. A estos supuestos, habría que agregar el caso de otras empresas públicas creadas por ley especial como la Empresa de Servicios Públicos de Heredia.
Es decir, la legislación vigente excluye la posibilidad de que otros sujetos o entidades distintas a las indicadas puedan prestar estos servicios.
Este criterio ha sido reafirmado recientemente por la Procuraduría General de la República mediante el Dictamen Nº 236-C-2008 de 7 de julio de 2008 en cual dicho órgano asesor concluyó que: “La entidad privada que no cuente con un convenio del AyA por medio del cual se le delega la prestación del servicio agua potable y alcantarillado sanitario, así como con la concesión de agua que otorga al MINAE, no está autorizado por el ordenamiento jurídico para prestar esos servicios.”)
Es importante destacar que en el criterio técnico jurídico citado (vinculante para la Administración Pública) la Procuraduría fue enfática al manifestar que “un particular no está autorizado por el ordenamiento jurídico para prestar el servicio público de abastecimiento poblacional de agua potable y alcantarillado sanitario, con excepción de las ASADAS. (...)Es decir, en este caso, el MINAE, de previo a otorgar la concesión, estaría en la obligación legal de verificar que el particular cuenta con la autorización previa del AyA y del Ministerio de Salud para que la empresa privada preste el servicio de agua potable a la población, así como el sistema de alcantarillado sanitario. La razón de esta postura encontraría fundamento en la Ley 2726 de 14 de abril de 1961, Ley constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillaos y en los artículos 266 y 276 de la Ley general de salud, Ley n.° 5395 de 23 de octubre de 1973.” (Énfasis agregado
Así las cosas, no cabe duda alguna que la solicitud de concesión de aguas que en este acto se objeta es absolutamente improcedente por estar destinada a un fin ilegal y no reunir los requisitos esenciales indicados. Asimismo, es claro también que el Departamento de Aguas del MINAE se encuentra en la obligación de cumplir con el procedimiento señalado por la Procuraduría de previo a su otorgamiento.
De no proceder de esta manera dicho Departamento estaría incurriendo en un acto absolutamente viciado de nulidad, en perjuicio de la prestación de servicios públicos esenciales, que, además de las responsabilidades administrativas que podría acarrear para los funcionarios responsables, podría configurar el delito de prevaricato tipificado en el numeral 350 del Código Penal:
“Prevaricato
ARTÍCULO 350.- Se impondrá prisión de dos a seis años al funcionario judicial o administrativo que dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos.(...)” (Énfasis agregado)
4. NECESIDAD DE ATENDER CRITERIOS TÉCNICOS DE INSTITUCIONES COMPETENTES. AyA se opuso formalmente al trámite de estas concesiones, al momento de su trámite original hace 10 años, y nosotros hacemos nuestros todos y cada uno de los argumentos expuestos por AyA. También el ICT se opuso en aquella ocasión.
En la actualidad, resulta indispensable que antes de resolver sobre la presente solicitud el Departamento de Aguas consulte el criterio de técnico de AYA sobre procedencia jurídica y técnica de otorgar tales concesiones.
Igualmente debe solicitarse el criterio técnico especializado del Departamento de Aguas Subterráneas del Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA), ya esta es la dependencia del Estado costarricense que cuenta con mayor información sobre el estado en que se encuentran los acuíferos costeros de Guanacaste clasificados de alto riesgo de sobre explotación como el acuífero Playa Panamá.
Estas consultas son fundamentales para garantizar la protección de las aguas subterráneas en el caso que nos ocupa.
5.USO DEL AGUA PARA RIEGO DE CANCHA DE GOLF. AFECTACIÓN DE USOS PRIORITARIOS COMO EL ABASTECIMIENTO PARA CONSUMO HUMANO.- El proyecto de Punta Cacique incluye una cancha de golf , tipo Arizona, con un área de 60.000 m2 ( SESENTA MIL METROS CUADRADOS), que deberá ser regada con el agua de calidad potable, por extraerse de la concesión que aquí se tramita (Pozo CN 281 con 25 litros por segundo).
Tomando en cuenta que el acuífero de Playa Panamá se encuentra seriamente amenazado de sobre explotación y que ni siquiera hay garantía de que a futuro exista caudal suficiente para abastecer a las poblaciones locales, resulta inadmisible que se pretenda otorgar una concesión para extraer 25 litros por segundo adicionales para ser destinados a un uso suntuario y no prioritario como el riego de una cancha de golf.
En este sentido, tal pretensión contradice lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley de Aguas, Nº 276 de 26 de agosto de 1942 que claramente establece que en las solicitudes de aprovechamiento de las aguas públicas tienen preferencia los usos destinados a cañerías para poblaciones (acueductos) y “abastecimiento de poblaciones, servicios domésticos, abrevaderos, lecherías y baños”.
De conformidad con esta norma, existe una clara disposición legal que otorga prioridad al uso para consumo humano sobre otros usos comerciales o lucrativos del agua. Con mucha más razón esa prioridad existe cuando se trata de usos “de lujo” absolutamente prescindibles como el riego de canchas de golf en la región más seca del país.
Desde esta perspectiva, la solicitud planteada es absolutamente improcedente, porque pretende extraer agua para el riego de una cancha de golf de un acuífero gravemente amenazado y en inminente riesgo de sobre explotación, poniendo en peligro el abastecimiento actual y futuro del preciado líquido para la satisfacción de otros usos prioritarios y esenciales de las comunidades locales. Si ni siquiera es seguro que exista agua suficiente para abastecer la demanda futura de las poblaciones humanas es inadmisible que se pretenda destinar la poco agua que hay al riego de canchas de golf y otros lujos similares de una minoría privilegiada.
Por lo tanto, advertimos que usar agua de calidad potable extraída de un acuífero sobreexplotado para regar una cancha de golf en la región más seca del país y donde existen más conflictos por el acceso al agua es una incoherencia, una estupidez y un verdadero crimen contra el ambiente y la humanidad. Por ello, también solicitamos que denieguen esa concesión.
6. INEVITABLE ENFRENTAMIENTO SOCIAL CON LAS COMUNIDADES LOCALES.- Como lo ha advertido la Asociación Confraternidad Guanacasteca, el agua que pretenden usar para riego mediante la presente solicitud representa más de la que consumen hoy, TODOS los y las habitantes de las comunidades residentes de Playa Hermosa y Playa Panamá en conjunto. Además, en los dos últimos años, la población de Playa Hermosa sufrió un racionamiento de agua durante toda la temporada seca.
También cabe recordar que la Municipalidad de Carrillo adoptó un acuerdo que declara estado de emergencia por la falta de agua en su territorio.
Tampoco pueden ignorarse los enfrentamientos y la gran convulsión social que se ha originado en ese cantón, por la férrea oposición de la población de Sardinal a la extracción de aguas de acuífero Sardinal para abastecer proyectos urbanísticos e inmobiliarios construidos sin ningún tipo de planificación ni controles adecuados.
Este último punto es de suma relevancia porque el proyecto Punta Cacique ha planificado utilizar el acuífero de Sardinal como “fuente adicional” para su abastecimiento de agua, lo que sin duda podría agravar los conflictos en la zona.
De hecho, la viabilidad ambiental del proyecto Punta Cacique, según Resolución 1572-2008-SETENA, está condicionada a lograr un adecuado abastecimiento de agua “evitando conflictos socio-ambientales por el uso del agua con las comunidades involucradas.” Una condición que difícilmente podrá cumplirse si estas concesiones son otorgadas, pues, por las razones indicadas, estas tenderán más bien a incrementar severamente la conflictividad social por el acceso al agua en la provincia de Guanacaste.
Por las razones expuestas, solicito formalmente:
1.De previo al dictado de una resolución final se solicite el criterio técnico de AYA y el Departamento de Aguas Subterráneas de SENARA sobre las solicitudes de concesión de aguas tramitadas bajo los expedientes 9190-P y 5000-S.
2.Se denieguen de las solicitudes de otorgamiento, renovación, y ampliación de usos de concesiones para la explotación de aguas subterráneas de los pozos CN 281, CN 273 y CN 284, tramitadas en los expedientes 9190-P y 5000-S, por ser contrarias a la legislación vigente e incompatibles con la necesaria protección del recurso hídrico, en ambiente y los derechos de las comunidades locales.
3. Se declare el acuífero Playa Panamá en estado de sobre explotación y se adopten las medidas que sean necesarias para garantizar su protección y recuperación.
4. Se deje el caudal de estas concesiones para reserva y protección del acuífero de Playa Panamá y eventualmente para cubrir las necesidades de abastecimiento de agua potable derivadas del normal crecimiento vegetativo de las poblaciones civiles.
Nos basamos en la prueba documental aportada por el señor Gadi Amit, cédula de residencia Nº 648-79690-53, de la Asociación Confraternidad Guanacasteca en oposición formulada el 25 de julio de 2008 ante dicha dependencia. En consecuencia, solicitamos que este escrito se tenga como complemento y ampliación de esa gestión.
Recibiré notificaciones en la oficina de José Merino del Río, ubicada en la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, Edificio Sión, o al fax número 243-2830, rotulado a nombre del despacho del Diputado José Merino del Río.
Cédula Nº 8-046-249