Source: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596028&fecha=02/07/2020
Timestamp: 2020-08-05 21:51:14
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4PROGRAMA Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 42020-2024
PROGRAMA Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024.
DERIVADO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
6.1.- Relevancia del Objetivo prioritario 1: Mejorar las condiciones de seguridad en las regiones del territorio nacional para construir la paz.
6.2.- Relevancia del Objetivo prioritario 2: Contribuir al fortalecimiento del diseño e implementación de políticas públicas en materia de prevención de la violencia y el delito en el territorio nacional.
6.3.- Relevancia del Objetivo prioritario 3: Impulsar la reinserción social de las personas privadas de la libertad en centros penitenciarios con enfoque de respeto a los derechos humanos, inclusión y perspectiva de género, diferenciada e intercultural.
6.4.- Relevancia del Objetivo prioritario 4: Fortalecer las capacidades tecnológicas que permitan a las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno el intercambio seguro de la información en la generación de inteligencia, prevención y persecución del delito.
6.5.- Relevancia del Objetivo prioritario 5: Fortalecer la Gestión Integral de Riesgos para construir un país sostenible, seguro y resiliente.
En el marco de los Acuerdos y Tratados Internacionales, el Estado Mexicano se adhiere a la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la cual precisa en su artículo 3: "Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona", lo que constituye un precepto fundamental en la formulación de los objetivos, estrategias y acciones que conforman los programas de la planeación nacional del desarrollo.
El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce los derechos humanos de todas las personas, es decir, de niñas, niños y adolescentes, personas jóvenes, adultas y adultos mayores, mujeres y hombres, personas con discapacidad, colectivo LGBTI+, y con perspectiva intercultural conforme a las necesidades y especificidades propias de los pueblos indígenas y afromexicanos, para fomentar una atención integral y diferenciada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De igual forma, prevé que estos derechos deben promoverse, respetarse, protegerse y garantizarse de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, obligando a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
El Estado Mexicano impulsa el desarrollo equitativo, incluyente, integral, sustentable y sostenible del país, con perspectiva de interculturalidad y de género en la formulación, instrumentación, control y evaluación de los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, conforme a lo dispuesto en los artículos 25 y 26 apartado A de la Constitución y el artículo 2 de la Ley de Planeación.
Por lo anteriormente expuesto y en cumplimiento a la fracción III del artículo 16 de la Ley de Planeación, se ha formulado el Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024, el cual contiene Objetivos y Estrategias prioritarias, Acciones puntuales, así como Metas para el bienestar y Parámetros para la medición de resultados.
El presente programa se fundamenta en el párrafo noveno del artículo 21 de la Constitución el cual determina que la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, lo que comprende la prevención, investigación, persecución de los delitos y la sanción de las faltas administrativas.
Conforme al artículo 69, último párrafo de la Constitución, es obligación del Presidente de la República presentar ante la Cámara de Senadores para su aprobación, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública e informar anualmente sobre el estado que guarde su implementación. Esta disposición se relaciona con el numeral 76, fracción XI de la Carta Magna, que establece que la Cámara de Senadores debe analizar y aprobar la Estrategia, propiciando la coordinación entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo. Durante la presente administración por primera vez se dio cauce a este mandato mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo de 2019.
Por su parte, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que la seguridad pública es una función a cargo de los tres órdenes de gobierno y tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas; comprende la prevención especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social de las personas privadas de la libertad.
En materia de seguridad pública es urgente formular nuevos paradigmas para prevenir la violencia y el delito, considerando un carácter multidimensional, transversal, incluyente y necesariamente radical, en el sentido de que debe ir dirigido a la raíz de la aguda crisis que enfrenta el país en esta materia, avanzando en una perspectiva de respeto a las libertades y derechos humanos.
El primer paso en esta administración para el fortalecimiento de la seguridad pública, fue la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2018, a través de la cual se creó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Las facultades que esta Ley le confiere a la Secretaría consisten en organizar, dirigir y supervisar el desempeño de la Guardia Nacional, la administración del sistema penitenciario federal y de justicia para adolescentes y la organización de la reinserción social; la coordinación de un sistema de investigación e información para dar sustento a la unidad nacional y la preservación de la cohesión social; impulsar la mejora continua del sistema de información, reportes y registro de datos en materia criminal; desarrolla las políticas, normas y sistemas para el suministro permanente e intercambio de información en materia de seguridad pública, y coordinar las políticas y programas en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil.
AFORE: Administradoras de Fondos para el Retiro.
ANR: Atlas Nacional de Riesgos.
BCD: Base Criminalística de Datos.
CENAPRED: Centro Nacional de Prevención de Desastres.
CEPS: Centros Estatales de Prevención Social.
CNDH: Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
ENAPROC: Escuela Nacional de Protección Civil.
ENVE: Encuesta Nacional de Victimización de Empresas.
ENVIPE: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública.
FORTASEG: Subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública.
GIR: Gestión Integral de Riesgos.
IGOPP: Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas en Gestión Integral del Riesgo.
IPH: Informe Policial Homologado.
ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible 2016-2030.
PND: Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.
PPL: Personas Privadas de la Libertad.
REPUVE: Registro Público Vehicular.
RNEPESP: Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada.
SESNSP: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
SNSP: Sistema Nacional de Seguridad Pública.
SINAPROC: Sistema Nacional de Protección Civil.
SIPINNA: Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.
SSPC: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
México es un país enmarcado por la violencia, la inseguridad, la impunidad, el empoderamiento de las organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas, la economía ilegal, la violación a los derechos humanos y la corrupción.
Lo anterior ha provocado una crisis profunda que impacta gravemente las condiciones de bienestar de la población, el deterioro del tejido social y las expectativas de desarrollo, lo que exige un cambio de paradigma de seguridad en el país respecto a los que se han aplicado en los sexenios anteriores.
De acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la violencia que se ha presentado en el país en los últimos años, se encuentra localizada en diversas zonas, donde existen múltiples factores de riesgo que se encuentran asociados al origen de la misma, por lo que el diseño de estrategias de seguridad pública debe ser acorde con las condiciones de cada región, lo que permitirá focalizar acciones de prevención y combate a los delitos de manera conjunta con la sociedad para recuperar la paz y la tranquilidad en el territorio nacional.
Ante este escenario, el Gobierno de México creó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con una visión integral, que se articula a través de un mando único civil, con funciones de seguridad pública y nacional para evitar duplicidad de funciones, esfuerzos aislados y falta de coordinación.
La Secretaría tiene como prioridades atender las causas estructurales de la violencia y la delincuencia, fortalecer capacidades institucionales y establecer los cimientos de una sociedad justa y resiliente donde se construyan las condiciones de paz y seguridad.
La sociedad exige transformar las condiciones actuales de criminalidad e impunidad y en ese sentido la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de la República(1), estableció como indispensables: la alineación de acciones de seguridad pública en el ámbito nacional, la mejora en la coordinación entre las instituciones responsables en cada entidad federativa y municipio, la dignificación y mejora en el desempeño de los cuerpos de seguridad y la creación de la Guardia Nacional como una institución de carácter civil, disciplinado y profesional, cuyo principio rector es la coordinación con los estados y municipios con respeto a su soberanía en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En este sentido, el Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024 atenderá las siguientes problemáticas:
Deterioro de las condiciones de seguridad pública en las regiones del país; deficiente reinserción social de las personas privadas de la libertad; desvinculación de la inteligencia generada para la seguridad nacional con la seguridad pública; coordinación ineficiente de políticas públicas de prevención con participación ciudadana, con estados y regiones; limitada y obsoleta infraestructura en materia de tecnologías de la información y comunicaciones en las instituciones de seguridad, e insuficiencia de un marco legal y de instrumentos para una política de la GIR.
El presente Programa se alinea a los siguientes principios rectores establecidos en el PND 2019-2024: Honradez y honestidad; Al margen de la ley, nada, por encima de la ley nadie; Por el bien de todos, primero los pobres; No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera; No puede haber paz sin justicia; El respeto al derecho ajeno es la paz; No más migración por hambre o por violencia, y Ética, libertad y confianza.
En el PND 2019-2024, el Eje 1. Política y Gobierno manifiesta la convicción de que la violencia engendra más violencia y a partir del justificado reclamo ciudadano por la inseguridad, se impulsa el cambio de paradigma que sustenta la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. A su vez, uno de los principios rectores del PND señala que no puede haber justicia sin paz, por lo que es prioritario transitar de las medidas de guerra a una política de paz de alcance integral, orientada a erradicar las causas sociales de la inseguridad a fin de abatir la incidencia delictiva.
Tanto el presente Programa Sectorial así como los cinco programas especiales: Programa Nacional de Seguridad Pública; Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia; Programa Nacional para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Secuestro; Programa para la Seguridad Nacional, y Programa Nacional de Protección Civil, se encuentran alineados al PND 2019-2024 y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana será responsable de coordinar lo necesario para su publicación, ejecución y seguimiento.
Es así que el presente Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024, establece como Objetivo 1: Mejorar las condiciones de seguridad en las regiones del territorio nacional para construir la paz, a fin de hacer frente a la criminalidad no sólo para prevenir los efectos negativos en la vida de las personas y las comunidades, sino para incidir en las múltiples causas que generan el problema público del deterioro de las condiciones de seguridad en las regiones del territorio nacional que impiden la construcción de la paz, debido al incremento de los delitos que se cometen con el uso indiscriminado de la violencia, en detrimento al derecho a la vida e integridad física de la población, sin distingo de su identidad, condición y lugar de residencia.
Como parte del cambio de paradigma de seguridad, se busca la recuperación del territorio de manos de la delincuencia organizada a través de la instalación de 32 Coordinaciones Estatales y de 266 Coordinaciones Regionales para la Construcción de Paz y Seguridad.
Hacer frente a estos desafíos se relaciona estrechamente con la creación de la Guardia Nacional como respuesta ante la necesidad de contar con una corporación de policía capaz de afrontar los desafíos de la inseguridad y la violencia prevalecientes, con la participación corresponsable de entidades federativas y municipios.
Esta institución inició operaciones a partir de la incorporación de integrantes procedentes de las Policías Militar, Naval y Federal. Está enfocada a la prevención, investigación y persecución del delito, así como a contribuir al restablecimiento de la seguridad pública y la paz en el territorio nacional.
Se prevé que para 2021 cuente con 150 mil integrantes quienes tendrán presencia en las 266 regiones en las que se ha dividido al país y coordinará sus acciones con las policías estatales y municipales bajo el principio rector del PND 2019-2024 de actuar con respeto a los derechos humanos.
Además de la creación de la Guardia Nacional, se fortalecerán las policías municipales y estatales y se logrará su articulación efectiva para afrontar los desafíos de la inseguridad, a fin de prevenir el delito, disminuir la incidencia delictiva, mejorar la percepción de seguridad e incrementar la confianza en las instituciones de seguridad.
Con este propósito, la Asamblea Plenaria de las Conferencias Nacionales de Seguridad Pública y Seguridad Pública Municipal aprobó el Nuevo Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica el 28 de junio de 2019, cuyas funciones se basan en la proximidad social, patrullaje estratégico para la prevención, estado de fuerza óptimo, atención a víctimas y justicia cívica con trabajo a favor de la comunidad(2).
Con la Guardia Nacional y el Nuevo Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, se pretende que quienes integren la institución policial acrediten conocimientos, experiencia, habilidades y aptitudes para el desempeño de sus funciones. En apoyo a este propósito, se propone la creación de la Universidad de la Seguridad Pública, que se encargará de la formación, especialización y desarrollo de nuevas habilidades y competencias del personal policial, así como el fortalecimiento de la alta gerencia policial.
En apego a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, es preciso fortalecer la articulación entre la generación de inteligencia para la seguridad y la protección de los intereses y objetivos nacionales, debido a que la seguridad pública es un componente esencial de la seguridad nacional. Cabe reconocer que en administraciones pasadas se privilegió el uso de la fuerza y el combate frente a la delincuencia organizada y no se establecieron los mecanismos adecuados de coordinación entre las instancias federales y los tres órdenes de gobierno.
Esta situación requiere de una estrategia integral y transversal que privilegie el uso de la inteligencia para minimizar el uso de la fuerza, procurar la seguridad de la población y de los propios cuerpos de seguridad y permitir la desarticulación de los procesos delictivos.
Con el propósito de fortalecer la producción de inteligencia y en apego a los preceptos jurídicos que regulan el proceso de análisis de inteligencia para la seguridad nacional en el marco de un Estado democrático de Derecho y de protección de las personas, sus familias y sus bienes con un enfoque diferenciado, intercultural y basado en la perspectiva de género, es necesario establecer protocolos para el intercambio de información y análisis entre las unidades y órganos de inteligencia en materia de seguridad pública y seguridad nacional, así como formular esquemas de colaboración con otras instancias de gobierno a fin de promover el desarrollo nacional.
Así mismo, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, establece como prioridad el garantizar la coordinación entre las instituciones federales y estatales, y que las 266 regiones distribuidas en las 32 entidades federativas actúen también de manera coordinada e informada.
Por su parte, el Objetivo 2: Contribuir al fortalecimiento del diseño e implementación de políticas públicas en materia de prevención de la violencia y el delito en el territorio nacional, se orienta hacia la mejora en la coordinación interinstitucional, el involucramiento de los actores sociales en el ámbito comunitario y el ejercicio de la prevención como herramienta útil para la construcción de propuestas y acciones basadas en respuestas focalizadas y participativas y no exclusivamente en mecanismos policiales y reactivos, en el marco del cambio de paradigma de seguridad que plantea la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
Con ello, se busca revertir la problemática pública que surge del diseño e implementación de políticas públicas de prevención de la violencia y el delito de manera reactiva y descoordinada entre las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno y de estos con otros actores del sector privado, sociedad civil tanto en el ámbito nacional como internacional, débil en la atención al ciclo de vida de las personas y los rasgos culturales de las comunidades.
En este sentido, en las políticas de prevención de la violencia y el delito, deben evidenciarse las acciones concretas a favor de la niñez, juventudes, mujeres, personas con discapacidad, personas con diversas identidades de género y preferencias sexuales, personas adultas mayores, los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas, así como cualquier otra población que amerite una atención diferenciada, interseccional e intersectorial ante la violencia y el delito. De igual forma, es de interés fomentar la participación ciudadana en la formulación de propuestas con la finalidad de recuperar la paz.
Es importante considerar que los niveles de violencia y delincuencia no tienen su origen únicamente en la falta de políticas de seguridad integrales, también expresan las fallas del modelo económico y social. En un contexto histórico y social donde la desigualdad y la persistencia de brechas sociales obstaculizan el cumplimiento de los derechos humanos, nos obliga a contemplar la pobreza como un fenómeno multidimensional, con la finalidad de relacionar las carencias sociales de la población con el incumplimiento específico de ciertos derechos sociales y económicos.
Según el Banco Interamericano de Desarrollo, como resultado de los procesos de urbanización acelerada no sólo en nuestro país sino en la región latinoamericana, durante los últimos cincuenta años, gran parte de la población no contó con suficientes oportunidades de desarrollo, lo que dejó en la marginalidad a diversos sectores sociales. La pobreza y la exclusión han sido el terreno fértil para el incremento extremo de los niveles de criminalidad extremos. Si bien la pobreza en sí misma no necesariamente es causa de violencia y delincuencia, sí tiende a originar sentimientos de estrés y frustración que pueden desencadenar comportamientos violentos si están acompañados por desempleo, falta de acceso a la salud y hacinamiento de los hogares y localidades más pobres, discriminación, entre otros(3).
La evidencia disponible pone en claro las afectaciones en la vida de las personas a propósito de la problemática descrita. Conforme a datos recopilados por el Centro Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social(4) en cuanto a las brechas de los niveles de pobreza, destaca que 40.1% de las mujeres indígenas en zonas rurales se encuentran en pobreza moderada y 45% en pobreza extrema; el 47.3% de la niñez indígena sufre de pobreza moderada y 31.1% se encuentra en pobreza extrema; el 41.5% de la niñez no indígena sufre pobreza moderada y 6.4% en pobreza extrema; el 40.1% de las y los jóvenes en las zonas rurales se encuentra en pobreza moderada y 16.4% en pobreza extrema; el 36% de las y los jóvenes en
zonas urbanas viven en pobreza moderada y 4.6% en pobreza extrema. Estas brechas exponen que nuestro país se encuentra lejos de tener oportunidades y participación en igualdad de circunstancias para todos los grupos sociales(5).
De hecho, la población indígena enfrenta las mayores brechas en cuanto a carencias sociales, cuando se compara con la población no indígena: rezago educativo, 31.6% población indígena y 15.9% población no indígena; acceso a los servicios de salud, 15.1% población indígena y 15.6% población no indígena; seguridad social, 77.6% población indígena; 53.5% población no indígena; calidad y espacios en la vivienda, 30.2% población indígena y 10.2% población no indígena; servicios básicos en la vivienda, 56.3% población indígena y 15.5 población no indígena; acceso a la alimentación, 30.5% población indígena y 19% población no indígena(6).
En el orden de los delitos que producen mayor exasperación social, se encuentran los de carácter sexual y originados en razones de género. De acuerdo con cifras del SESNSP, durante el periodo de enero de 2015 a abril de 2020, el registro de presuntos delitos relacionados con la violación a nivel nacional registró un máximo de 1,642 carpetas de investigación en mayo de 2019, una cifra que solo estuvo cerca de alcanzarse en marzo de 2020 con 1,640 casos. Por su parte, los incidentes de violencia contra la mujer llegaron a 26,171 en marzo de 2020, lo que representa un incremento de 60.67 % respecto a las 16,289 llamadas de emergencia al 9 1 1 registradas en el mes de marzo de 2019(7).
Asimismo, las carpetas de investigación por el delito de feminicidio a nivel nacional en el periodo 2015-2018 han presentado un incremento constante, duplicándose el número de feminicidios de 407 en 2015 a 834 en 2018. Entidades federativas como Tamaulipas, Quintana Roo, Nuevo León, Estado de México, Guanajuato, Colima, Chihuahua y Baja California Sur han presentado incrementos porcentuales de 2017 a 2018 superiores a 50%. El SNSP registró que los primeros cuatro meses del año de 2019, se cometieron al menos 1199 feminicidios y homicidios dolosos de mujeres de los cuales, 114 de las víctimas fueron menores de edad(8).
Otro de los sectores sociales que presenta brechas en cuanto a las prestaciones laborales, corresponde a las y los jóvenes, solamente 35.4% cuenta con servicios médicos como prestación laboral; 24.5% tiene incapacidad por enfermedad o maternidad con goce de sueldo; 24.8% cuenta con SAR o AFORE; 27.4% tiene acceso directo a la seguridad social; 41.2% sin prestaciones laborales. Además, la juventud enfrenta problemas para la inserción laboral, y cuando logran insertarse lo hacen en empleos precarios. Si esta situación persiste, dependerán de los niveles salariales y su capacidad de ahorro para enfrentar la vejez(9).
La población que percibe poco o nulo respeto a sus derechos se integra por el 22.5% de niñas y niños entre 9 y 11 años; 26.9% de personas de la diversidad religiosa; 32.6% de las y los adolescentes; 36% de las y los jóvenes; 44% de las mujeres; 48.1% de personas con discapacidad; 49.3% de personas indígenas(10).
En este contexto, las estrategias y acciones puntuales que conforman este objetivo, se sustentarán en el establecimiento de espacios de discusión y consulta que convoquen a diversos grupos sociales, conforme al principio rector del PND 2019 - 2024 que señala que la democracia significa el poder del pueblo, a quien el Gobierno de México ha tomado en cuenta bajo el principio de mandar obedeciendo.
El Objetivo 3: Impulsar la reinserción social de las personas privadas de la libertad en centros penitenciarios con enfoque de respeto a los derechos humanos, inclusión y perspectiva de género, diferenciada e intercultural, constituye la respuesta a los desafíos que enfrenta el sistema penitenciario del país, tal como lo señala el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2018 de la CNDH, en el que presenta sus resultados mostrando que la problemática entre los Centros Penitenciarios Estatales y los Federales no es común, sino específica o particular para cada uno de ellos.
En los Centros Penitenciarios Estatales se observan problemas de sobrepoblación, hacinamiento, deficientes condiciones materiales, de equipamiento e higiene en dormitorios y área médica, problemas en el control de la seguridad y falta de actividades de reinserción, entre otros, lo que afecta los derechos de las personas privadas de la libertad, así como la seguridad, gobernabilidad y disciplina al interior de los centros penitenciarios.
Es por ello que la CNDH, indica que los centros penitenciarios estatales presentan graves problemas, por lo cual se convierten con frecuencia en un mecanismo contraproducente pues pervierten el carácter disuasorio del castigo para transformarlo en un multiplicador de la criminalidad.
Podemos observar que los centros penitenciarios estatales enfrentan corrupción de las autoridades carcelarias; comisión de actividades ilícitas; inadecuado control de ingreso de visitas tanto familiar como íntima y en el uso de teléfonos; falta de prevención y atención de incidentes violentos; así como deficiencias en cuanto a la aplicación de sanciones disciplinarias a las personas privadas de la libertad, que dan paso al autogobierno que es el dominio de los penales por parte de organizaciones criminales, por lo que es necesaria la coordinación con las autoridades penitenciarias de las entidades federativas y de la Federación para fortalecer la operación del sistema penitenciario del país.
Por lo que hace a los Centros Penitenciarios Federales la problemática que señala el Diagnóstico de la CNDH, es la carencia de actividades de reinserción social, falta de personal médico, deficiencias en la atención a la salud, insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria y deficiencias respecto de la vinculación de las personas privadas de la libertad con la familia.
El Objetivo 4: Fortalecer las capacidades tecnológicas que permitan a las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno el intercambio seguro de la información en la generación de inteligencia, prevención y persecución del delito, que contribuyan en la toma de decisiones, privilegiando el uso de la inteligencia sobre el uso de la fuerza para hacer frente al problema público relativo a la insuficiente capacidad de tecnologías de la información y comunicaciones en las instituciones de seguridad, que ha limitado la coordinación para el suministro, intercambio y explotación de la información en materia de seguridad.
En cumplimiento al Eje 1 Política y Gobierno del PND 2019-2024 en cuanto al cambio de paradigma en seguridad, el objetivo ocho de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública orientado a articular la seguridad nacional, la seguridad pública y la paz, surge el compromiso de fortalecer las capacidades tecnológicas, promoviendo que las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno cuenten con herramientas tecnológicas para la coordinación, interoperabilidad, suministro, intercambio y explotación de la información en tiempo real, a fin de generar inteligencia requerida para la toma de decisiones.
Acorde con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, el presente objetivo prioritario se sustenta en la Estrategia Específica denominada "Nuevos criterios de distribución de los recursos federales en materia de seguridad" así como en los siguientes criterios: 2 "Equipamiento Policial y de Instituciones (Unidades Especializadas en Combate al Secuestro, Cibernética, Búsqueda de Personas y Sistema de Justicia Penal), 6 "Interconexión tecnológica eficaz de todos los sistemas de información federal, estatal y municipal"; 7 "Actualización y fortalecimiento de la Red Nacional de Radiocomunicación"; 8 "Fortalecimiento Tecnológico del REPUVE" y 9 "Fortalecimiento de los sistemas de video vigilancia y geolocalización", con la finalidad de proporcionar a las áreas de prevención, seguridad, reinserción social y protección civil el soporte necesario a través de procesos más rápidos y eficientes, así como focalizar mejor los recursos, además de ser un insumo indispensable para detectar y combatir la corrupción a través del control y monitoreo de la actuación policial.
En ese sentido, el objetivo tiene un enfoque transversal ya que la mejora de las capacidades tecnológicas de información y comunicaciones, contribuye en la consecución de los objetivos planteados en el Programa Sectorial así como en el Plan Nacional de Desarrollo y la propia Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
El Objetivo 5: Fortalecer la Gestión Integral de Riesgos para construir un país sostenible, seguro y resiliente, busca combatir las causas estructurales de los desastres y fortalecer las capacidades de resiliencia de la sociedad; conlleva un conjunto de acciones institucionales para cumplir con una de las atribuciones sustantivas conferidas a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de acuerdo con el principio rector del PND 2019 - 2024: No dejar a nadie atrás y no dejar a nadie fuera.
Las características de nuestro país nos obligan, como sociedad, a estar informados y preparados. Los fenómenos perturbadores que pudieran ocasionar desastres afectan la vida, integridad y salud de las personas, principalmente de los más vulnerables, tienen un impacto directo en los bienes muebles e inmuebles de la sociedad, de los Gobiernos, asociaciones, universidades, colegios; alteran o inhabilitan los servicios públicos e infraestructura, y afectan las actividades económicas y sociales.
Por su ubicación geográfica, México está sujeto a la influencia de diferentes fenómenos capaces de ocasionar desastres; de particular importancia son los efectos que el cambio climático tiene en los fenómenos hidrometeorológicos, tales como lluvias, vientos, mareas de tormenta, inundaciones, inestabilidad de laderas entre otros. De acuerdo con datos del CENAPRED, estos fenómenos son los que han tenido mayor impacto en los últimos 20 años. El conocimiento de los principales aspectos de los fenómenos hidrometeorológicos, la difusión de la cultura de Protección Civil en la población y la aplicación de las medidas de prevención de desastres pueden contribuir de manera importante en la reducción de daños ante los fenómenos relacionados con el agua.
México es también, sísmico y volcánicamente activo. El territorio nacional tiene la interacción de cinco placas tectónicas. Todos los días se presentan sismos, por lo que es sumamente relevante llevar a cabo estudios para identificar las áreas más expuestas a daños en diferentes niveles y, con ello, estimar escenarios futuros, así como adecuar los criterios para la mitigación del riesgo.
La limitada vinculación entre los sectores social, académico, privado y gubernamental, aunada a la falta de coordinación interinstitucional y armonización de políticas públicas, con un marco legal desactualizado y heterogéneo, insuficientes mecanismos y fondos preventivos, una prevaleciente visión reactiva ante el riesgo
de desastres, así como una degradación ambiental creciente, no permiten que el país sea resiliente, en temas relacionados con la seguridad y bienestar de la población y el eficiente manejo del entorno físico, sustentado en criterios de ordenamiento territorial y la inclusión social. La presencia de peligros en el territorio, aunada a las condiciones de exposición y vulnerabilidad creadas por la actividad humana, dan como resultado un incremento en los escenarios de riesgo, que de materializarse comprometen el desarrollo del país y acentúan las asimetrías en el bienestar social.
El conocimiento de los fenómenos naturales y actividades humanas, las vulnerabilidades de los sistemas expuestos, la difusión de la cultura de protección civil en la población y la aplicación de estas medidas pueden contribuir de manera importante en la prevención de riesgos y desastres. Para ello, es necesario contar con herramientas como los atlas de riesgos y los sistemas de alerta temprana.
Los atlas de riesgos son el marco de referencia para la elaboración de políticas públicas para la gestión del riesgo de desastres. México cuenta con un ANR y las 32 entidades federativas tienen su respectivo atlas, sin embargo, únicamente el 15% de los municipios (383) cuentan con su atlas municipal. Adicionalmente, la información contenida en estos instrumentos no es utilizada para la toma de decisiones en la planeación del desarrollo, el ordenamiento territorial, la implementación de medidas para la reducción del riesgo, la atención de emergencias o la reconstrucción.
La escasa planeación y articulación de programas de desarrollo urbano, de ordenamiento territorial, así como las debilidades en el marco normativo y en su observancia, favorecen el crecimiento de vulnerabilidades y limitan la operación de la política pública de protección civil. De ahí que existan mecanismos insuficientes de prevención de riesgos, falta de profesionalización y de coordinación entre los integrantes del SINAPROC así como una vinculación débil con la población y los sectores social, privado y académico.
Los mecanismos para la transferencia y apropiación social del conocimiento sobre protección civil no han logrado tener el impacto deseado; la ausencia de un Sistema de Alerta Temprana con enfoque de peligros múltiples que permita la difusión de información en lo local, para llevar a cabo los protocolos de acción oportuna, es otra debilidad del SINAPROC. Estas circunstancias afectan el bienestar social y el desarrollo de la economía, pues al no contar con un modelo o sistema que integre en una misma plataforma los avisos generados por las diversas instituciones encargadas del monitoreo de los fenómenos perturbadores, que permita tomar medidas necesarias ante un fenómeno o una situación de emergencia, un bajo porcentaje de la población recibe alertas acompañadas de información oportuna, accesible e incluyente.
En este sentido, México enfrenta el reto de superar la falta de coordinación interdisciplinaria que favorezca la investigación aplicada para la solución de problemas por parte de las universidades e instituciones relacionadas a nivel local.
Por ello, es necesario fortalecer la prevención con un enfoque estratégico de la GIR, las capacidades institucionales y de cooperación internacional, los instrumentos financieros, el marco jurídico y la promoción del desarrollo de una sociedad resiliente.
Es decir, el diseño normativo e institucional requiere una clara alineación y congruencia, considerando los instrumentos internacionales existentes, que permitan seguir mejorando la construcción de la cultura de protección civil, en la que la ciudadanía esté empoderada con conocimiento y tenga la capacidad de identificar cualquier riesgo que la pudiera poner en peligro, reducirlo y responder efectivamente ante emergencias y desastres.
Necesitamos fortalecer los instrumentos normativos para tener un marco jurídico que construya un adecuado sistema de monitoreo de fenómenos naturales que traduzcan sus resultados en pronósticos puntuales, armonice las facultades en los tres órdenes de Gobierno y fortalezca la planificación urbana y ordenamiento territorial con un enfoque incluyente, generando factores que reduzcan sistemáticamente el riesgo de desastres.
Los sistemas de monitoreo deben formar parte de la GIR, al proveer información para la toma de decisiones en materia de protección civil, siendo herramientas necesarias para mejorar el conocimiento y análisis sobre los peligros, vulnerabilidades y riesgos, así como para coadyuvar en el diseño de medidas de reducción de riesgos, bajo un enfoque de respeto a los derechos humanos, inclusión y perspectiva de género, diferenciada e intercultural.
La coordinación en materia de protección civil, en su ánimo de sumarse a la transformación de México y participar en temas de inclusión y equidad en un marco de respeto a los derechos humanos, ha asumido compromisos internacionales, tales como el Marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres 2015 - 2030, adoptado durante la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas, celebrada en la Ciudad del mismo nombre en Japón, expresa la necesidad de comprender mejor el riesgo de desastres en todas sus dimensiones relativas a la exposición, la vulnerabilidad y características de las amenazas; el fortalecimiento de la gobernanza del riesgo de desastres, incluidas las plataformas nacionales; la rendición de cuentas en la gestión del riesgo de desastres; la necesidad de prepararse para "reconstruir mejor" y el reconocimiento de las
partes interesadas y sus funciones.
Igualmente, reconoce que la movilización de inversiones debe orientarse hacia el impedimento de nuevos riesgos; la resiliencia de la infraestructura sanitaria, del patrimonio cultural y de los lugares de trabajo; el fortalecimiento de la cooperación internacional y la elaboración de políticas de los donantes y programas que tengan en cuenta los riesgos, incluidos los préstamos y el apoyo financiero brindados por las instituciones financieras internacionales.
Asimismo, se alinea con seis de los ODS de la Agenda 2030 que son el fin de la pobreza; igualdad de género, diferenciada e intercultural; industria, innovación e infraestructura; reducción de las desigualdades; ciudades y comunidades sostenibles, y acción por el clima, encauzando sus acciones con el firme propósito de asegurar el progreso social y económico, garantizando los derechos humanos de todas las personas.
El Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024 busca fortalecer los mecanismos de coordinación; priorizar el uso de inteligencia sobre el uso de la fuerza; el fortalecimiento de capacidades institucionales; la intervención en regiones prioritarias; el desarrollo social y el respeto a los derechos humanos; el fortalecimiento tecnológico; impulsar el Nuevo Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica; el fortalecimiento del Sistema Penitenciario; erradicar la corrupción; reformular el combate a las drogas; articular la seguridad pública, la seguridad nacional y la paz; establecer la Guardia Nacional y, construir una sociedad más resiliente y sustentable ante los riesgos de fenómenos perturbadores.
La coordinación resulta un instrumento fundamental para la implementación de este Programa, en virtud de que las acciones que en el mismo se prevén, deben ir alineadas a las diversas disposiciones que se vinculan con la Seguridad Pública, Seguridad Nacional, Derechos Humanos, Protección Civil, Responsabilidad Hacendaria, Sistema de Justicia Penal, Instrumentos Internacionales y todas aquellas relativas a las atribuciones de la Administración Pública Federal.
El Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020 - 2024 se integra por cinco objetivos prioritarios definidos a través de lo establecido en el PND 2019 - 2024 y en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de la República para contribuir al cambio de paradigma en materia de seguridad.
Los objetivos prioritarios, estrategias y acciones puntuales se orientan a la atención del origen estructural de la delincuencia, el crimen organizado, la violencia y en general de todos los aspectos que puedan poner en riesgo a la ciudadanía para ofrecer seguridad y protección de manera coordinada entre los diferentes órdenes de gobierno.
Se generarán las condiciones para el bienestar de la población con el objetivo de impulsar el incremento sostenido de la productividad y la competitividad de la economía nacional en un marco de paz y seguridad.
Objetivos prioritarios del Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024
1.- Mejorar las condiciones de seguridad en las regiones del territorio nacional para construir la paz.
2.- Contribuir al fortalecimiento del diseño e implementación de políticas públicas en materia de prevención de la violencia y el delito en el territorio nacional.
3.- Impulsar la reinserción social de las personas privadas de la libertad en centros penitenciarios con enfoque de respeto a los derechos humanos, inclusión y perspectiva de género, diferenciada e intercultural.
4.- Fortalecer las capacidades tecnológicas que permitan a las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno el intercambio seguro de la información en la generación de inteligencia, prevención y persecución del delito.
5.- Fortalecer la Gestión Integral del Riesgo para construir un país sostenible, seguro y resiliente.
Este objetivo prioritario atiende a la problemática del deterioro de las condiciones de seguridad en el territorio nacional que impiden la construcción de la paz a causa la deficiente prevención, investigación y persecución del delito; el insuficiente desarrollo policial; los limitados mecanismos de coordinación entre las instancias policiales de los tres órdenes de gobierno y la insuficiencia en la provisión y regulación de los servicios que auxilian en las funciones de seguridad pública.
Los efectos de este problema público se pueden observar en el incremento de la incidencia delictiva, el aumento de delitos que no se denuncia, la falta de confianza en las instituciones de seguridad y procuración de justicia y el aumento en la demanda de los servicios de seguridad privada por las diversas afectaciones a las personas y su patrimonio.
Esto da cuenta de la crisis de seguridad pública de la última década, que propició el reclamo de la ciudadanía ante la inseguridad que vive México, por lo cual el Ejecutivo Federal definió un cambio de paradigma de seguridad sustentado en una política de paz y seguridad integral, cuyo objetivo es la reducción de los índices delictivos.
México es un país enmarcado en una crisis de violencia e inseguridad que ha impactado gravemente la vida de la población y la economía del país. El homicidio es el crimen más representativo del precario estado de la seguridad pública de México, de acuerdo con el INEGI, en 2018 se registraron 35 mil 964 homicidios en México; es decir, 29 homicidios por cada 100 mil habitantes a nivel nacional. Esta tasa es superior a la registrada en 2017, que fue de 26 homicidios por cada 100 mil habitantes.
La victimización en el país también enmarca la crisis referida; la ENVIPE 2019 del INEGI reveló que en 2012 el 27.3% de la población mayor a 18 años fue víctima de algún delito, mientras que en 2018 fue el 28.3%. Lo anterior implicó un aumento del 7.34% y un incremento en términos absolutos de 4.5 millones de víctimas en ese periodo. En 2018, se cometieron 33 millones de delitos asociados a 24.7 millones de víctimas; esto es, 1.2 delitos por víctima durante el último año registrado. Asimismo, se estima que 33.9% de los hogares del país tuvo al menos una víctima.
Adicionalmente, la ENVE 2018 muestra que en 2017, 34% de las 4.6 millones de unidades económicas del país (1.5 millones), fueron víctimas de algún delito. Se estima que en 2017 el costo para las empresas en México, derivado de la inseguridad y los delitos, ascendió a 155.8 mil millones de pesos, lo que representa el 0.9% del PIB. Esto afectó al sector productivo al aumentar los costos de operación, situación que impide la existencia de escenarios propicios para la generación de negocios y empleos.
La prevalencia delictiva genera una percepción negativa en la ciudadanía sobre la efectividad del Estado en el combate al crimen, lo que redunda en la disminución de la calidad de la democracia, entre otros efectos. La ENVIPE 2019, estimó que el 67.2% de la población de 18 años y más, consideró a la inseguridad y a la delincuencia como el problema más importante que aqueja a su entidad federativa.
Sin la confianza en la capacidad de las instituciones de proveer seguridad a su población se rompe un elemento del pacto social entre gobernantes y gobernados. De acuerdo con la ENVIPE 2019, durante 2018, la cifra negra ascendió a 93.2% de los delitos cometidos en los cuales no hubo denuncia o no se inició averiguación previa o carpeta de investigación lo que dificulta identificar, ubicar y asegurar personas y organizaciones delictivas relacionadas con la comisión de algún delito.
Ante esta situación, la demanda de servicios de seguridad privada ha crecido exponencialmente. Las cifras del RNEPESP, muestran que de 714 empresas en 2010 se pasó a 1,141 empresas con registro en 2018. Lo que significa que en los últimos ocho años tuvo un crecimiento promedio anual de 6% de unidades económicas prestadoras de estos servicios para el cuidado de las personas y sus patrimonios.
Para atender la situación de seguridad del país, el Gobierno de México ha establecido en el PND 2019-2024 que la Estrategia Nacional de Seguridad Pública deba desarrollar estrategias específicas para velar por la construcción colectiva y la coordinación efectiva entre cuerpos policíacos municipales, estatales y federales, a fin de que las fuerzas de seguridad actúen de manera coordinada con apego a derechos humanos y a los principios de igualdad y no discriminación para prevenir, investigar y perseguir los delitos a fin de salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, de acuerdo a lo establecido en la CPEUM.
El Objetivo Prioritario 1 contribuirá a lograr lo establecido en el PND 2019 - 2024 para emprender la construcción de la paz, establecer la Guardia Nacional, articular las coordinaciones nacionales, estatales y regionales e implementar el Nuevo Modelo Policial. Asimismo, se dará cumplimiento al artículo 2 Constitucional para consolidar el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos; a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad; a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y por último, a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
En este marco, se crea la Guardia Nacional ante la carencia de una corporación nacional de policía profesional y capaz de afrontar el desafío de la inseguridad y la violencia. Esta nueva corporación conformada por personal policial procedente de la Policía Militar, la Policía Naval y la Policía Federal se enfoca al restablecimiento de la seguridad pública y paz en el territorio nacional. Se continuarán los esfuerzos para contar con mujeres y hombres profesionales, que actúen con respeto a los derechos humanos e igualdad de género, en apego al Sistema Penal Acusatorio.
La Guardia Nacional encauzará sus esfuerzos para brindar bienestar a las personas en el territorio nacional, participando en la construcción de la paz y la justicia a través de su contribución al combate de operaciones con recursos de procedencia ilícita; la prevención de la entrada y circulación de armas de fuego ilegales en el país; la atención de los delitos de alto impacto; así como mediante la implementación de un modelo de proximidad social.
Asimismo, se busca fortalecer y articular las policías municipales y estatales con la Guardia Nacional a través del Nuevo Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, el cual propone una estructura organizacional y de procedimientos que faciliten la eficiencia en la función policial. Aunado a la mejora de la atención y vinculación con la ciudadanía para la recuperación de su confianza.
Adicionalmente, se fortalecerá la coordinación territorial a través de las Mesas de Coordinación para la Construcción de Paz y Seguridad. Éstas articularán a los actores relevantes para tomar decisiones de manera conjunta y serán atendidas por el mando operativo contribuyendo al suministro, intercambio y actualización de información en materia de seguridad para la ejecución, seguimiento y evaluación de los planes, programas y estrategias.
Otra estrategia relevante para mejorar las condiciones de seguridad es la contribución al fortalecimiento de los mecanismos de control interno para combatir la corrupción ya que ésta es la razón primaria del crecimiento y de la imposibilidad de contrarrestar e incluso de contener el delito tal como se señala en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
Finalmente, se trabajará en la mejor prestación de servicios de Protección Federal y en la regulación de los servicios de seguridad privada para auxiliar y contribuir en las funciones de seguridad pública.
En este contexto, para el bienestar de las personas en el territorio nacional, a través de este objetivo prioritario, el Gobierno de México se compromete a realizar acciones que permitan recuperar la seguridad pública, para lograr una verdadera protección de la integridad física y derechos de las personas y sus bienes, preservando las libertades, el orden y la paz pública, para el establecimiento de la seguridad ciudadana, garantizando que las fuerzas de seguridad se conduzcan con apego a los principios de derechos humanos, igualdad y no discriminación.
Este objetivo busca la aportación de mejores prácticas de prevención del delito, profesionalismo en el personal responsable de la seguridad pública, coordinación entre autoridades, intercambio de información efectiva y confiable y mecanismos de control para la erradicación de la corrupción, lo que incidirá en garantizar la integridad y la soberanía nacionales, libres de amenazas al Estado en busca de construir una paz duradera y fructífera.
Desde el nuevo paradigma de seguridad impulsado por el Gobierno de México se convierte en un imperativo estratégico articular la seguridad nacional, la seguridad pública y la paz en el territorio mexicano, dado que los campos, los conceptos y las políticas en estas materias son interdependientes y complementarias.
De conformidad con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la redefinición de los conceptos de seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública deberán sustentar las acciones de recuperación de la paz, restablecimiento de la seguridad pública, prevención del delito, procuración e impartición de justicia, fortalecimiento del Estado de Derecho y reinserción de infractores. Tales estrategias deben ser multidimensionales, transversales, incluyentes y, necesariamente radicales, en el sentido que deben ir dirigidas a la raíz de la aguda crisis que enfrenta el país en estas materias.
Para el Gobierno de México, la seguridad nacional es una condición indispensable para garantizar la integridad y la soberanía de la Nación para construir una paz duradera y fructífera. En la situación por la que atraviesa el país, la mayor amenaza a la seguridad nacional es la inseguridad pública. La seguridad de la gente es un factor esencial del bienestar y la razón primordial del gobierno, quien tiene el compromiso de garantizar la vida, la integridad física y el patrimonio de los individuos.
En la Estrategia Nacional de Seguridad Pública se plantea fortalecer las capacidades institucionales a efecto de alcanzar objetivos estratégicos, como el establecer un Sistema Nacional de Inteligencia que permita la generación de productos estratégicos para sustentar la toma de decisiones en materia de seguridad, promover el concepto de cultura de seguridad nacional postulado por el PND para contribuir al conocimiento colectivo sobre el tema y fortalecer la toma de conciencia sobre los principales riesgos y amenazas, y mejorar las capacidades tecnológicas de investigación científica en los ámbitos de seguridad pública, seguridad interior, generación de inteligencia estratégica y procuración de justicia.
En materia de inteligencia, uno de los objetivos es crear un sistema nacional a partir de la fusión de las denominadas inteligencias especializadas e información estratégica en la Secretaría, a efecto de incrementar las capacidades del Gobierno de México para prevenir, disuadir, contener o desactivar aquellos fenómenos que impidan el logro del proyecto de nación, así como fortalecer las tareas de prevención e investigación de delitos en apoyo a las instituciones de seguridad pública, incluida la Guardia Nacional y las 266 coordinaciones regionales.
El diseño e implementación de la política pública en materia de prevención de la violencia y el delito ha sido poco efectiva y descoordinada entre las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno, sector privado, sociedad civil, así como organismos internacionales y carente de enfoques que consideren las necesidades de la población en su ciclo de vida.
Dicha situación tiene su origen en tres causas. En primer lugar, históricamente las instituciones de seguridad pública han carecido de marcos de referencia homologados en temas de prevención para la construcción de paz. Por su parte, el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2014-2018, se estableció como instrumento de política pública para la atención de los factores de riesgo y de protección con un enfoque de seguridad ciudadana, basado en la participación y la construcción de ambientes seguros a través de la prevención, además de entender la seguridad como un derecho humano que debe ser garantizado por el Estado pero que debe ser coproducido por todos los actores sociales; no obstante, los resultados indicaron que resultó insuficiente para articular los esfuerzos de las diversas dependencias y entidades del gobierno federal, los estados y los municipios en materia de prevención.
En segundo lugar, estructuralmente las instituciones de seguridad pública y de prevención de la violencia y el delito, han carecido de medios (recursos humanos, técnicos, metodológicos) suficientes para la generación, análisis, presentación y uso de la información. En el 2016, el SESNSP realizó un diagnóstico en los CEPS y entre los resultados destaca la valoración de las personas titulares con respecto a la situación que prevalece en dichos Centros: 25% consideran que no cuentan con el equipamiento necesario; 33% señala que la falta de personal es una de las principales problemáticas para su operación; 33% valora que la falta de recursos económicos limita su operación; y 19% considera que las instalaciones en cuanto a infraestructura y equipo, no son adecuadas.
Además, sólo un 6.5% del Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública se utilizó para la capacitación del personal de los CEPS, lo cual tiene como efecto una escasa profesionalización de los agentes encargados del diseño de los instrumentos de seguimiento y evaluación de los programas y acciones en materia de prevención de la violencia y el delito.
Datos de los Censos Nacionales de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales, desde 2015 al 2017, exponen que no se ha reportado ninguna capacitación en temas de prevención social de la violencia y la delincuencia dirigida a funcionarios y funcionarias de áreas directivas en seguridad pública a nivel estatal, y apenas un 9% de los policías preventivos recibieron alguna capacitación en esta materia durante el año 2017.
En tercer lugar, la falta de coordinación entre las instancias encargadas de la instrumentación de los programas en materia de prevención de la violencia y el delito. Al respecto, el Diagnóstico de los CEPS elaborado por el SESNSP en el año 2016(11), expone que 53% no se coordina con los municipios para desarrollar sus acciones, lo cual incide en la falta de articulación interinstitucional para establecer acciones integrales que permitan incentivar procesos de colaboración entre los diferentes órdenes de gobierno. Además, refiere que un 41% de las entidades federativas no tienen una Ley Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
En este contexto, se han generado incrementos constantes en la prevalencia delictiva. Según datos de la ENVIPE 2019(12), durante 2018, 33.9% de los hogares mexicanos tuvo al menos una víctima de delito, incluidos: robo total o parcial de vehículo; robo en casa habitación; robo o asalto en calle o transporte público; robo en general; fraude; extorsión; amenazas verbales; lesiones, secuestro y delitos sexuales, entre otros.
Como se indica previamente, los resultados de la ENVIPE 2019 señalan que alrededor de 24.7 millones de personas de 18 años o más han sido víctimas de delito, lo que representa una tasa de 28 mil 269 víctimas por cada 100 mil habitantes durante 2018(13), en una tendencia que muestra un comportamiento ascendente:
Tasa de víctimas de
delito por cada 100 mil
habitantes por Año
Tasa de víctimas de delito
28,224 *
29,746 *
28,269*
Fuente: ENVIPE 2019.
*En estos casos existió un cambio estadísticamente significativo con relación al año anterior.
Por su parte, la ENVIPE 2019 muestra que la percepción de la población respecto a la situación actual sobre la inseguridad pública en su colonia, localidad, municipio o alcaldía y entidad federativa, ha ido en aumento al comparar los niveles de 2013 a 2019, a la vez que se reflejan diferencias en la percepción de mujeres y hombres:
Porcentaje de población que percibe inseguridad en el Municipio o Alcaldía
67.1 *
61.7 *
65.1 *
62.7 *
66.3 *
73.4 *
66.2 *
De conformidad con la propia ENVIPE 2019, la sensación de inseguridad en los ámbitos más próximos a las personas en el período de marzo y abril de 2019, fue de 70.5% y 50.6% de la población de 18 años y más que se siente insegura en su municipio o demarcación territorial y en su colonia o localidad, respectivamente(14).
En el marco del PND 2019-2024, se ha emprendido un cambio de paradigma en materia de seguridad nacional y seguridad pública. Bajo la convicción de que la violencia engendra más violencia, y tomando en cuenta el reclamo ciudadano en contra de la inseguridad, el Gobierno de México ha decidido emprender una política de paz y seguridad que atienda a las causas estructurales de la violencia y delincuencia, que tenga como objetivo la reducción de los índices delictivos.
En el PND 2019-2024, la prevención del delito es uno de los ejes estratégicos de la seguridad pública. Se han impulsado acciones para instaurar una política de prevención y participación ciudadana. El gobierno a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana enfocará sus esfuerzos en la prevención especial de la violencia y el delito, a fin de disuadir a los autores de conductas delictivas de su reincidencia mediante intervenciones, orientadas a su protección, resocialización y reparación del daño, y se pondrá especial énfasis en el combate a los crímenes que causan mayor exasperación social.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reconoce la coordinación entre los tres órdenes de gobierno como la base para lograr instaurar mecanismos de sistematización y homologación de datos para elaborar diagnósticos territoriales que ayuden a identificar a niñas y niños, las y los jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, personas LGBTI+, pueblos y comunidades indígenas, en territorios con mayor riesgo de vulnerabilidad.
En el caso específico de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, permitirá que las políticas públicas, programas, procedimientos, y servicios que se brinden sean culturalmente adecuados, en su lengua, accesibles, considerando una visión respetuosa de su cosmovisión, reconociendo los sistemas normativos de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes.
En materia de prevención del delito, el Programa Sectorial incorpora tres estrategias prioritarias. En la primera estrategia se busca integrar diagnósticos en zonas y poblaciones de atención prioritaria a través del intercambio de información; para ello, se buscará generar una metodología para la elaboración de diagnósticos que incorpore la participación de actores gubernamentales y sociales, y buscar mecanismos que faciliten el intercambio y sistematización de la información.
La segunda estrategia tiene como finalidad coordinar acciones, y para ello se formularán propuestas de diseño e implementación de programas de capacitación en materia de prevención, se promoverán medidas de difusión, se buscará la coordinación con organismos internacionales y dependencias, y se buscara incorporar a los jóvenes pertenecientes al Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
La tercera estrategia prioritaria consiste en el diseño y aplicación de modelos de intervención para prevenir las manifestaciones de la violencia y el delito. Entre las acciones puntuales se destaca la instrumentación de modelos de intervención con un enfoque diferenciado y basado en los derechos humanos, perspectiva de género, interculturalidad y adecuación cultural que contribuya a la cohesión social a través de los Secretariados Ejecutivos Estatales de Seguridad Pública; coadyuvar en la instrumentación del modelo multi-agencial y diseñar un modelo de evaluación y seguimiento de estrategias de prevención.
En este proceso, es indispensable que las instancias de seguridad encargadas de instaurar programas de prevención, logren articularse con el sector privado, sociedad civil, así como organismos internacionales; esto sin duda, será la base que permita generar procesos de colaboración de largo plazo, que tomen en cuenta las particularidades locales y tengan una mirada integral sobre las causas generadoras de la violencia y delincuencia. De esta forma, podrá lograrse una alianza estratégica entre autoridades y ciudadanía que incida en el ámbito local y que permita garantizar una reducción en los factores de riesgo generadores de los focos de inseguridad en los distintos territorios.
El sistema penitenciario constituye un tema prioritario, conforme lo establece el Objetivo 7 de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, Recuperación y dignificación de los Centros Penitenciarios, en alineación al Eje 1 Política y Gobierno del PND 2019 - 2024, ya que las distorsiones que enfrenta, multiplican la criminalidad convirtiendo los Centros en escuelas de delincuentes y en espacios operativos de grupos del crimen organizado. De acuerdo con el PND, "el hundir a los infractores -presuntos o sentenciados- en entornos de descomposición y crueldad es la peor manera de impulsar su reinserción".
El sistema penitenciario busca la implementación de protocolos de atención considerando las necesidades de las PPL: mujeres, mujeres con niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas con enfermedades mentales, indígenas y afromexicanas, migrantes, refugiadas, que viven en comunidades rurales o alejadas, indigentes, extranjeras, con discapacidad, adultas mayores, que sufren alguna discriminación por motivos de su orientación sexual o identidad de género, portadoras de VIH o enfermas de SIDA, fármaco-dependientes, entre otras.
Para cada uno de estos grupos, los sistemas nacionales e internacionales de protección a derechos humanos, han elaborado una serie de documentos que servirán como directrices para la protección mínima de sus derechos "estándares mínimos de protección" y que deberán ser considerados de manera trasversal dentro del Modelo Integral de Reinserción Social.
Por ello, se impulsa la reinserción social con un enfoque de derechos humanos, inclusión y perspectiva de género de las PPL en los centros penitenciarios del sistema nacional, a través de la existencia de condiciones de seguridad, orden, educación, disciplina y atención a la salud.
A más de 10 años de publicada la reforma al sistema de seguridad pública y justicia penal que modificó diversos artículos constitucionales relacionados con el reconocimiento y protección de los derechos humanos, hoy en día sigue siendo una materia pendiente la efectiva reinserción social de las PPL en centros penitenciarios con enfoque de respeto a los derechos humanos, inclusión y perspectiva de género.
La ineficiente aplicación del modelo integral de reinserción social de las PPL para contribuir a que no vuelvan a delinquir, es consecuencia de la falla en la supervisión de su aplicación y que no se ha dado el debido seguimiento a las recomendaciones, pronunciamientos y observaciones de organismos de derechos humanos sobre reinserción social. Aunado a esto, siguen siendo insuficientes programas de apoyo al proceso
de reinserción social por la ausencia del funcionamiento de una comisión intersecretarial que contribuya a vincular a las autoridades corresponsables conforme a lo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal.
De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la CNDH, dentro del sistema penitenciario se observa la insuficiencia en los programas de reinserción social, y la falta de actividades laborales y de capacitación para el trabajo, provocando que la persona privada de la libertad al culminar con su sentencia no logre una reinserción social efectiva.
Lo anterior se afirma debido a que el artículo 18 Constitucional señala que el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte son medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, por lo que en el Sistema Penitenciario Federal de acuerdo al Diagnóstico antes señalado se observa lo siguiente:
· En 14 Centros Federales existe la carencia de actividades laborales y de capacitación; así como en 13 de los establecimientos se carece de actividades educativas y deportivas
· El derecho de protección de la salud es un problema generalizado en los centros federales dada la falta de personal médico, así como por la deficiencia en su atención.
· En 14 centros penitenciarios se observó insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria.
En cuanto a adolescentes que infringieron la ley penal, es necesario que se les atienda considerando las características específicas de este grupo poblacional para evitar que se eleven las cifras, tratar de disminuir las existentes, así como lograr la reinserción y evitar así la reincidencia, ya que de 2015 al 2018 las cifras de adolescentes en internamiento han ido disminuyendo:
POBLACIÓN A NIVEL NACIONAL DE ADOLESCENTES EN INTERNAMIENTO POR AÑO, DIVIDIDA
POR FUERO
2020, al mes de abril
Fuente: Datos de Prevención y Readaptación Social, abril 2020.
Al no aplicarse el modelo integral de reinserción social se incrementan las recomendaciones de la CNDH por violaciones a los derechos humanos de las PPL, ya sea por el trato recibido por parte del personal penitenciario o por prevalecer las deficientes condiciones de internamiento en los centros.
Así, las personas que estuvieron en un centro penitenciario por haber cometido algún delito y luego llegan a ser puestas en libertad por cumplir su sentencia o por obtener algún beneficio de libertad, no logran su plena reintegración a la sociedad, ya sea porque reinciden en la comisión de algún delito o porque la sociedad no las acepta o las estigmatiza.
Este problema se agudiza en algunos centros penitenciarios con el deterioro de las condiciones de gobernabilidad y gobernanza institucional, fenómeno que está asociado a una inadecuada clasificación, ubicación y separación de las PPL en los centros penitenciarios a los retrasos en la imposición de la sanción disciplinaria y al incumplimiento de la normatividad relativa a la operación y seguridad del sistema penitenciario.
De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2018, realizado por la CNDH, otra de las principales problemáticas de los Centros Penitenciarios Estatales visitados, es la falta de espacios dignos para las PPL, ya que de los 165 Centros supervisados, en el 76% se informa una deficiente separación entre procesados y sentenciados, así mismo en un 72% se presentan deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las PPL (dormitorios).
El mismo diagnóstico de la CNDH, de los Centros Penitenciarios Estatales supervisados, en un 45% se observó un bajo control en las funciones de autoridad sobre el Centro, favoreciendo la violencia dentro de los mismos. Adicionalmente, se reportó que en el 34% de los centros estatales persiste la sobrepoblación(15), lo que genera otro tipo de problemáticas que afectan su funcionamiento, y en el 44% de estos centros existe hacinamiento(16), con áreas que rebasan de manera importante su capacidad.
Actualmente el Sistema Penitenciario Nacional se integra por 300 centros en total, 19 son federales (dos se encuentran cerrados por rehabilitación), 279 estatales y dos municipales, con un total de 214,992 espacios y con una población penitenciaria a nivel nacional de 201,343 PPL de acuerdo con la estadística penitenciaria nacional al mes de julio de 2019.
Los centros penitenciarios federales tienen una capacidad instalada de 33,024 espacios, de los cuales 17,211 se encuentran ocupados por PPL y 15,813 están disponibles, lo que permite corroborar que a nivel federal no se registra sobrepoblación; por el contrario, en los centros estatales se registra una capacidad para 181,968 PPL y se reporta una población de 184,132 PPL, lo cual representa una sobrepoblación de 2,164 PPL.
El problema de sobrepoblación se encuentra focalizado en los centros penitenciarios de 11 estados del país, destacando por la magnitud de este fenómeno el Estado de México con una sobrepoblación de 16,080 PPL, Jalisco con 3,389, Durango con 1,783, Puebla con 1,371 y Morelos 1,287.
Fuente: Datos del cuadernillo estadístico Prevención y Readaptación Social, Julio 2019.
Del total de las PPL en México, 170,925 corresponden al fuero común, lo cual equivale al 85%, y 30,418 son del fuero federal lo que representa el 15%; de esta población, el 38% se encuentran procesadas y 62% sentenciadas; 95% son hombres y 5% son mujeres. A la inadecuada clasificación, ubicación y separación de las PPL se suma el escaso control ejercido por las autoridades y personal penitenciario, lo que vulnera la seguridad al imperar el autogobierno.
Se ha incumplido con las disposiciones normativas en materia de ubicación de las PPL en los centros penitenciarios, como las referentes a su separación conforme a criterios de igualdad, integridad y seguridad, que permitan garantizar su protección e integridad:
· Las mujeres cumplirán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres.
· Las personas procesadas y sentenciadas ocuparán instalaciones distintas.
· Las personas en reclusión preventiva y en ejecución de sentencias por delincuencia organizada o por sentencia de medidas especiales de seguridad, deberán encontrarse en centros especiales.
Por otra parte, la falta de personal penitenciario, las deficiencias en su profesionalización, así como la falta de programas enfocados en la formación de docentes e instructores para el desarrollo de competencias, afectan el desempeño de sus actividades y funciones, lo que puede llegar a generar actos de corrupción dentro de los centros penitenciarios.
Otro problema se origina en las deficiencias de profesionalización del personal penitenciario como resultado de la falta de actualización de los contenidos de los programas de formación inicial, educación continua, formación de instructores y mandos del personal penitenciario conforme a los objetivos del Programa Rector de Profesionalización y la falta de un sistema de investigación académico que contribuya a mejorar las políticas en materia de capacitación del sistema penitenciario federal. Lo anterior repercute, como consecuencia final, en la afectación a los derechos humanos de las PPL en los centros penitenciarios federales.
Por otro lado, se aprecia una débil coordinación entre instancias y órdenes de gobierno en materia penitenciaria, lo que se traduce en el incumplimiento de los acuerdos generados en la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario para generar políticas públicas de reinserción social y en la falta de políticas las públicas diseñadas para fortalecer los sistemas estatales en materia de desarrollo penitenciario, seguridad y condiciones de internamiento.
Para atender todas estas problemáticas que aquejan al Sistema Penitenciario Nacional se diseña este Objetivo prioritario para contribuir a la disminución de la incidencia delictiva a partir del fortalecimiento de los programas de reinserción social. Asimismo, se busca que prevalezca el respeto a los derechos humanos de las PPL y de sus familiares, así como la atención a grupos con requerimientos específicos y asegurar que no sean discriminados.
Las instituciones de seguridad pública han demostrado incapacidad para hacer frente a la violencia y la inseguridad que prevalece en nuestro país. Una de las causas es la obsolescencia de su infraestructura tecnológica sobre la que actualmente desarrolla su operación. Derivado de esto surge el compromiso de proveer tecnologías que permitan el intercambio de información para generar inteligencia en la prevención y persecución del delito.
Una de las afectaciones sociales de dicha obsolescencia tecnológica se manifiesta en delitos cibernéticos que han abierto nuevos espacios que la delincuencia utiliza para su comisión, donde los grupos vulnerables se han convertido tanto en blanco como en replicadores de violencia.
En los últimos seis años, se atendieron más de 260 mil incidentes y 68 mil reportes ciudadanos; neutralizando alrededor de 26 mil sitios web identificados con actividades ilícitas, y se han realizado 4,500 colaboraciones internacionales, por lo que se requiere de atención prioritaria.
Entre los principales problemas detectados en materia tecnológica se encuentran los siguientes:
· Insuficiente capacidad de almacenamiento, procesamiento y transmisión de la información producida por las instituciones de seguridad, por lo que se requiere de la aplicación de nuevas tecnologías para ampliar dichas capacidades. Asimismo, es necesario promover acuerdos interinstitucionales para ampliar la cobertura, diversificar los servicios y aprovechar las nuevas tecnologías.
· Los sistemas de información y las bases de datos de las instituciones de seguridad no se encuentran homologadas, por lo que su interoperabilidad no es factible sobre todo cuando estas requieren compartir e intercambiar información y productos de inteligencia.
· La Red Nacional de Radiocomunicación no se encuentra homologada en cuanto a tecnología con las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, razón por la cual no es posible establecer una eficiente comunicación entre las mismas.
· Se requiere capacitación permanente del personal técnico de las instituciones de seguridad con la intención de proporcionar el mantenimiento y la atención que los servicios requieren para el uso eficiente de la infraestructura tecnológica, que garantice la disponibilidad y oportunidad de los servicios.
· La constante actualización tecnológica requiere de sistemas de gestión de seguridad de la información más eficientes que incorporen estrategias de ciberseguridad para la prevención, detección y respuesta a incidentes como ataques cibernéticos en las instituciones de seguridad. En este sentido, es necesario fortalecer la seguridad a fin de evitar las vulnerabilidades lógicas y físicas en las plataformas tecnológicas de las instituciones de seguridad, así como ampliar los acuerdos de colaboración interinstitucional para fortalecer los mecanismos de seguridad de la información.
Por lo anterior y en cumplimiento al PND 2019-2024 en su Eje 1 Política y Gobierno, apartado Cambio de Paradigma, y objetivo 8 "Articular la seguridad nacional, la seguridad pública y la paz" de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se encuentra comprometida a realizar acciones que permitan la coordinación, interoperabilidad, el suministro, intercambio y explotación de la información; obtener información en tiempo real, la identificación de personas, monitorear puntos de incidencia delictiva; y georreferenciar los diferentes tipos de delitos, permitiendo mejorar las capacidades de investigación así como la generación de inteligencia, para prevenir y perseguir el delito.
En este contexto, este objetivo prioritario cobra relevancia en el marco del cambio de paradigma en materia de seguridad pública, toda vez que a través de la actualización e implementación de infraestructura tecnológica adecuada en las instituciones de seguridad se busca mejorar sus capacidades en apoyo a las labores de seguridad, análisis y política criminal.
Del año 2000 a 2017, el CENAPRED evaluó el impacto social y económico de los desastres; las pérdidas en México se estimaron en 9,009 decesos y en 512,413 millones de pesos en esa misma materia. En ese mismo periodo, alrededor de 53 millones de habitantes tuvieron alguna afectación directa o indirecta en su vida, ya sea por la pérdida de su patrimonio o de sus medios de vida, derivado del impacto de algún fenómeno perturbador.
En términos de daños a la infraestructura, se contabilizaron casi 1.5 millones de viviendas, más de 38 mil escuelas, así como alrededor de más de 2 mil centros de salud y hospitales afectados. Adicionalmente, los sismos que impactaron el territorio nacional durante el año 2017 evidenciaron una alta vulnerabilidad; condición en la que se encuentran alrededor de 250 municipios, aunado a una ausencia de normatividad o quebrantamiento en materia de diagnóstico de peligros y reglamentación de la edificación, lo cual incrementa la construcción social del riesgo.
El 90% de las declaratorias de emergencia y desastre son causadas por fenómenos de origen hidrometeorológico; se concentran principalmente en los estados de Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Nuevo León (CENAPRED, 2018).
De 2012 a 2018, se atendieron 90 declaratorias anuales en promedio, es decir, una cada cuatro días, lo cual conlleva la asignación presupuestal para la atención y reconstrucción, distrayendo recursos que podrían ser dedicados a programas de prevención.
En 2019 la ENAPROC ha capacitado a personal de las 32 entidades federativas y del 46% de los municipios, en temas básicos de la GIR. No obstante, la profesionalización en materia de protección civil requiere orientarse hacia la GIR. Actualmente se imparten aproximadamente más de 20 cursos de manera presencial y 7, 500 a distancia. Sin embargo, se requiere ampliar, armonizar la oferta educativa y desarrollar estándares de competencia homologados, para mejorar las capacidades preventivas, de coordinación y de respuesta en las organizaciones y en la sociedad civil.
Derivado de las problemáticas mencionadas, este Objetivo prioritario tiene el propósito de fortalecer la GIR, impulsando mecanismos de prevención y coordinación, que involucren a los tres órdenes de gobierno e integre a grupos vecinales voluntarios, sector privado, social y académico; formando una sociedad con mayores capacidades y conocimientos, que ayuden a tomar decisiones y acciones oportunas, con enfoque de respeto a los derechos humanos, inclusión y perspectiva de género, diferenciada e intercultural.
Los principales cambios que se esperan en el mediano y largo plazo con la aplicación de este objetivo son mejorar la actuación coordinada en los integrantes del SINAPROC, mediante la ejecución de estrategias y acciones puntuales que permitan obtener un mejor conocimiento sobre los diferentes fenómenos que puedan afectar al país, a través del uso de herramientas tecnológicas integradas desde una perspectiva de prevención con enfoque de género, diferenciado e intercultural.
Desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, se implementarán estrategias y acciones para fortalecer la GIR, encaminadas a la identificación, análisis, evaluación, control y reducción de los riesgos de desastres, considerándolos por su origen multifactorial y en un proceso permanente de construcción que facilite la realización de acciones dirigidas a la creación e implementación de políticas públicas, estrategias y procedimientos integrados al logro de pautas de desarrollo sostenible, que combatan las causas estructurales de los desastres y fortalezcan las capacidades de resiliencia de la sociedad, involucrando las etapas de identificación de los riesgos y proceso de formación, previsión, prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción.
En suma, se reconoce que los riesgos de desastres no sólo son producto de las manifestaciones de la naturaleza o de las amenazas tecnológicas, sino producto de procesos, decisiones y acciones que derivan de los modelos de crecimiento económico y de desarrollo, y están expuestos a factores institucionales, culturales, sociales, políticos, económicos, ambientales, entre otros.
Por ello, es necesario consolidar la GIR, las capacidades institucionales y de cooperación internacional, los instrumentos financieros, el marco jurídico, además de promover el desarrollo de una sociedad resiliente con la difusión de información confiable, oportuna y accesible para la reducción del riesgo de desastres, apegado a la demanda social de garantizar los derechos humanos.
Alineado al Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, específicamente en su principio rector inciso "D", el objetivo prioritario derivado de la aplicación de la GIR, requiere la implicación y colaboración de toda la sociedad, como una participación inclusiva, accesible y no discriminatoria, fomentando el empoderamiento y prestando especial atención a personas afectadas desproporcionadamente por desastres, con énfasis a grupos en situación de vulnerabilidad: niñas y niños, jóvenes y adolescentes, personas con discapacidad, mujeres, personas adultas mayores, personas indígenas, personas afromexicanas, personas en condiciones de pobreza extrema y personas de la diversidad sexual. Asimismo, menciona la integración de perspectivas de género, edad, discapacidad y cultura en todas sus políticas y prácticas, promoviendo el liderazgo de las mujeres y las personas jóvenes.
En este marco y en correspondencia a los cinco Objetivos prioritarios que conforman el presente Programa, se describen a continuación las Estrategias prioritarias y las Acciones puntuales para alcanzarlos, en coordinación con las diversas instituciones que se señalan.
Objetivo prioritario 1.- Mejorar las condiciones de seguridad en las regiones del territorio nacional para construir la paz.
Estrategia prioritaria 1.1 CONTRIBUIR A PREVENIR, INVESTIGAR Y PERSEGUIR LOS DELITOS, CON ENFOQUE DE GÉNERO, DIFERENCIADO E INTERCULTURAL, PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD PÚBLICA Y SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO EN EL TERRITORIO NACIONAL.
1.1.1 Consolidar la operación y desarrollo de la Guardia Nacional en las 266 regiones del territorio nacional.
1.1.2 Consolidar la unidad policial especializada en la investigación de lavado de dinero (Guardia Financiera).
1.1.3 Controlar la entrada ilegal y circulación de armas de fuego en el país, a través de acciones operativas.
1.1.4 Verificar la implementación y modernización del Informe Policial Homologado para garantizar el debido proceso en las puestas a disposición que realicen los cuerpos policiales y generar acciones de inteligencia con enfoque de género.
1.1.5 Integrar grupos de inteligencia, en coordinación con la ciudadanía, en las regiones y comunidades.
1.1.6 Coordinar el intercambio de información estadística y estratégica para contribuir a mejorar la toma de decisiones del Gabinete de Seguridad y de las coordinaciones Estatales y Regionales para la Construcción de Paz con enfoque de género, diferenciado e intercultural.
1.1.7 Priorizar la inteligencia en la prevención integral, la investigación y persecución de los delitos que más afectan a la sociedad como la extorsión, el robo, el secuestro, el homicidio, el tráfico de personas, el contrabando y el comercio ilegal de armas, el feminicidio, la violencia de género y los crímenes de odio con perspectiva de género, diferenciada, intercultural y no discriminación, en las 266 regiones con prioridad a las de mayor incidencia delictiva.
1.1.8 Establecer mecanismos de coordinación en el ámbito nacional e internacional, con perspectiva de género, diferenciada e intercultural para la prevención, investigación y persecución del delito en materia de Ciberseguridad.
1.1.9 Desarrollar modelos de intervención y estrategias focalizadas según la naturaleza de los problemas locales y regionales, de manera prioritaria en los territorios más violentos, dirigidas principalmente a mujeres y jóvenes, para la recuperación de los espacios públicos.
1.1.10 Proponer instrumentos para impulsar una política criminal integral que permita a las diferentes fases del sistema de justicia y seguridad pública elevar sus capacidades institucionales.
Estrategia prioritaria 1.2 FORTALECER LA CARRERA POLICIAL, LOS ESQUEMAS DE PROFESIONALIZACIÓN, LA CERTIFICACIÓN, LA ESPECIALIZACIÓN Y EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO, CON ENFOQUE DE GÉNERO, DIFERENCIADO E INTERCULTURAL, PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE LOS CUERPOS POLICIALES EN LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO.
1.2.1 Profesionalizar al personal de la Guardia Nacional para la aplicación del protocolo de actuación sobre el uso de la fuerza, el respeto a los derechos humanos, la observación de la perspectiva de género, así como un trato diferenciado en atención especial a niñas, niños y adolescentes, mujeres, jóvenes, migrantes entre otros grupos sociales.
1.2.2 Promover que las y los integrantes de las instituciones de seguridad pública federales, estatales y municipales cuenten con formación inicial, evaluaciones de desempeño, evaluaciones de competencias básicas y las evaluaciones de control de confianza aprobadas y vigentes para favorecer la obtención del Certificado Único Policial.
1.2.3 Implementar el Nuevo Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, para articular los esfuerzos de la Guardia Nacional, las Policías Estatales y Municipales y los requerimientos del Ministerio Público con enfoque de derechos humanos, proximidad y participación ciudadana.
1.2.4 Instrumentar y aplicar los lineamientos y procedimientos de Carrera Policial en las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno en el marco de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
1.2.5 Aplicar procedimientos de régimen disciplinario al personal de las instituciones de seguridad pública.
1.2.6 Contribuir en la consolidación del Sistema Penal Acusatorio mediante esquemas de coordinación con el Poder Judicial de la Federación, Fiscalía General de la República, Fiscalías y Procuradurías Estatales, Secretaría de Gobernación y otras dependencias y entidades de la APF, así como de los Órganos Administrativos Desconcentrados de la Secretaría y otras instituciones de seguridad pública.
1.2.7 Colaborar con organismos nacionales e internacionales de derechos humanos para desarrollar e implementar programas de formación, profesionalización y actualización integral de atención a víctimas, perspectiva de género con enfoque diferencial, intercultural y no discriminación.
1.2.8 Diseñar los contenidos de los programas y acciones que contribuyan a la formación, profesionalización y especialización del personal que integra las instituciones de seguridad pública, con respeto a los derechos humanos, perspectiva de género, diferenciada, intercultural y de no discriminación.
1.2.9 Impulsar la creación de la Universidad de Seguridad Pública.
Estrategia prioritaria 1.3 MEJORAR LA ATENCIÓN Y VINCULACIÓN CON LA POBLACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA Y RECUPERACIÓN DE SU CONFIANZA.
1.3.1 Atender y dar seguimiento a las quejas y recomendaciones por violaciones a los derechos humanos cometidos por el personal adscrito a las Unidades Administrativas y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con perspectiva de género, diferenciada, intercultural y de no discriminación.
1.3.2 Participar en comisiones intersecretariales para desarrollar planes, programas y campañas de prevención del delito y la orientación y fomento a la cultura de denuncia entre la población.
1.3.3 Implementar el modelo de proximidad social en la Guardia Nacional, con un enfoque diferenciado, con perspectiva de género e intercultural.
1.3.4 Establecer mecanismos de supervisión para el cumplimiento de protocolos de atención integral de las víctimas, personas ofendidas o que atestigüen la comisión de delitos en el territorio nacional con perspectiva de género, interculturalidad, inclusión y no discriminación y con enfoque diferencial, en coadyuvancia con las instituciones públicas correspondientes.
1.3.5 Mejorar esquemas de participación y fortalecer alianzas con el sector público, privado y la sociedad civil en la prevención y denuncia del delito para incrementar la confianza y mejorar la percepción sobre el desempeño de las instituciones de seguridad pública.
Estrategia prioritaria 1.4 FORTALECER LA COORDINACIÓN TERRITORIAL ENTRE INSTANCIAS Y ÓRDENES DE GOBIERNO PARA ESTABLECER LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y SEGURIDAD.
1.4.1 Articular las coordinaciones estatales y regionales de construcción de la paz y seguridad, como un espacio de neutralidad política, asegurando la participación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para la definición de estrategias de seguridad y el restablecimiento del orden y la paz pública.
1.4.2 Impulsar en las Coordinaciones Estatales y Regionales el intercambio de información delictiva, así como de mejores prácticas, que contribuyan a fortalecer la Estrategia Nacional de Seguridad Pública para la atención de los delitos que más afectan a la sociedad como la extorsión, el robo, el secuestro, el homicidio, el tráfico de personas, el contrabando y el comercio ilegal de armas, el feminicidio, la violencia de género y los crímenes de odio.
1.4.3 Generar vínculos de coordinación con autoridades nacionales e internacionales para la prevención, investigación y persecución de los delitos que más afectan a la sociedad como la extorsión, el robo, el secuestro, el homicidio, el tráfico de personas, el contrabando y el comercio ilegal de armas, el feminicidio, la violencia de género y los crímenes de odio con enfoque de género, diferenciado e intercultural.
1.4.4 Participar en el Consejo Nacional para la Construcción de la Paz a fin de vincular, articular y coordinar las instituciones y actores nacionales e internacionales que trabajan por la paz.
1.4.5 Promover y dar seguimiento a los acuerdos interinstitucionales en el marco de las Comisiones y Conferencias del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
1.4.6 Diseñar y proponer los mecanismos de coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como con mujeres y hombres de la sociedad civil, para el diseño de la política criminal sobre delincuencia organizada y tráfico de drogas.
1.4.7 Articular las mesas de coordinación regionales e implementar grupos de trabajo a efecto de compartir buenas prácticas y generar inteligencia para prevenir de forma integral la comisión del delito de secuestro con perspectiva de género, interculturalidad e inclusión.
1.4.8 Analizar la incidencia delictiva en las regiones para proponer al Gabinete de Seguridad del Gobierno de México acciones encaminadas a la atención de los fenómenos delictivos.
Estrategia prioritaria 1.5 IMPULSAR LA MEJORA DE LOS MECANISMOS DE CONTROL INTERNO PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN EN LOS CUERPOS POLICIALES DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO.
1.5.1 Implementar controles en el ingreso y permanencia del personal en las instituciones policiales para erradicar las prácticas relacionadas con corrupción.
1.5.2 Promover la cultura de integridad en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para combatir frontalmente la corrupción, en el marco del Programa Anticorrupción y Gobierno Abierto.
1.5.3 Verificar que en el proceso de evaluación de nuevos ingresos y reingresos, se lleve a cabo la investigación de la información de los antecedentes policiales contenida en Plataforma México para evitar que el personal policial sometido a proceso o sancionado por la comisión de delitos, sean recontratados en otras instituciones de seguridad.
1.5.4 Implementar mecanismos de control interno en el uso de los recursos humanos, financieros, materiales y servicios de acuerdo con el marco jurídico en la materia.
1.5.5 Implementar mecanismos de control normativo para regular la rotación del personal penitenciario en el servicio y evitar la familiaridad con las personas privadas de la libertad, abogadas/os o familiares, en coadyuvancia con las instituciones correspondientes.
Estrategia prioritaria 1.6 MEJORAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN FEDERAL Y LA REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA AUXILIAR Y CONTRIBUIR EN LAS FUNCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.
1.6.1 Promover con las autoridades de las entidades federativas la suscripción de bases de colaboración para fortalecer la regulación y supervisión de los prestadores de servicios de seguridad privada.
1.6.2 Mejorar los mecanismos de supervisión de los prestadores de servicios de seguridad privada a efecto de generar evidencia de su apego a la normatividad vigente, así como de la capacitación del personal.
1.6.3 Promover con los prestadores de servicios de seguridad privada que incluyan en sus planes y programas de capacitación el tema de auxiliares de la actuación policial como primer respondiente, a fin de contribuir a la prevención del delito y a la seguridad de la comunidad.
1.6.4 Mantener actualizado el Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada.
1.6.5 Fortalecer los mecanismos de intercambio de información con empresas de seguridad privada a través de la coordinación con autoridades competentes de las entidades federativas; para mejorar la supervisión, la aplicación de procedimientos, la vigilancia y la regulación de los servicios.
1.6.6 Ampliar la cobertura de los servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
1.6.7 Fortalecer la formación, capacitación y certificación de los integrantes del Servicio de Protección Federal para mejorar el desempeño de sus funciones.
1.6.8 Promover servicios de asesoría, capacitación, certificación y supervisión en materia de seguridad, vigilancia y protección de instituciones, bienes y personas.
1.6.9 Elaborar diagnósticos de riesgos para valorar las causas de posibles amenazas y eventos no deseados en la protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones.
1.6.10 Fomentar el uso, desarrollo, supervisión y disposición de tecnologías para la prestación de servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones de la Administración Pública Federal.
Estrategia prioritaria 1.7 GENERAR INTELIGENCIA PARA LA SEGURIDAD EN EL MARCO DE LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES Y OBJETIVOS NACIONALES.
1.7.1 Fortalecer los procesos de integración de inteligencia estratégica para garantizar la seguridad, defensa y desarrollo de la Nación.
1.7.2 Promover en el entorno internacional los intereses y objetivos nacionales para favorecer las condiciones de seguridad y desarrollo del país.
1.7.3 Consolidar los mecanismos de coordinación y cooperación interinstitucional en tareas de seguridad.
Objetivo prioritario 2.- Contribuir al fortalecimiento del diseño e implementación de políticas públicas en materia de prevención de la violencia y el delito en el territorio nacional.
Estrategia prioritaria 2.1 IMPULSAR LA INTEGRACIÓN DE DIAGNÓSTICOS EN ZONAS Y POBLACIONES DE ATENCIÓN PRIORITARIA A TRAVÉS DEL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, ACADEMIA, GRUPOS EMPRESARIALES Y ACTORES SOCIALES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS FRENTE A LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA.
2.1.1 Generar y aplicar una metodología para la elaboración de diagnósticos que permitan la identificación de comunidades y localidades en riesgo dada la incidencia delictiva y las manifestaciones de violencia con enfoque de género, de transversalidad, diferenciado e intercultural.
2.1.2 Incorporar las aportaciones y testimonios de actores sociales y comunidades, con la finalidad de identificar problemáticas y necesidades con relación a las manifestaciones de violencia y delincuencia en sus localidades.
2.1.3 Identificar necesidades en materia de prevención de la violencia y el delito a través de mesas de trabajo con grupos de empresarios y sociedad civil y gestionar la participación de autoridades competentes.
2.1.4 Coordinar acciones para el análisis, intercambio y sistematización de información estadística e indicadores, útiles en la generación de programas de prevención con visión territorial fundamentado en un enfoque diferenciado, perspectiva de género y derechos humanos, así como interculturalidad y adecuación cultural, mediante convenios con dependencias y entidades de la APF y demás instituciones, así como con gobiernos estatales y municipales que permitan identificar brechas de desigualdad y su incidencia como factores de riesgo de violencia y delincuencia.
2.1.5 Impulsar mecanismos de identificación de posibles escenarios de manifestaciones delictivas que puedan presentarse en el territorio nacional a partir del análisis estratégico de la información criminal.
Estrategia prioritaria 2.2 COORDINAR ACCIONES CON DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APF, ACADEMIA Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN, ORGANISMOS INTERNACIONALES, SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA Y NO ORGANIZADA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO DE LOS GOBIERNOS ESTATALES Y MUNICIPALES EN MATERIA DE PREVENCIÓN.
2.2.1 Conducir el desarrollo de las funciones que deriven de la participación en el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y otras instancias deliberativas en la materia, así como dar seguimiento a la instrumentación de las acciones acordadas en dichas instancias.
2.2.2 Formular propuestas para el diseño e implementación de programas de capacitación en materia de prevención que consideren un enfoque diferenciado, perspectiva de género y derechos humanos, así como interculturalidad y adecuación cultural, dirigidos a las autoridades estatales y municipales con la finalidad de fortalecer las acciones encaminadas a la construcción de la paz.
2.2.3 Promover medidas de difusión en temas de prevención y auto cuidado dirigido a la protección de niñas, niños, adolescentes, personas jóvenes y mujeres y en colaboración con organismos internacionales, con un enfoque diferenciado y basado en los derechos humanos, perspectiva de género, interculturalidad y adecuación cultural que fomente la capacidad de autodeterminación.
2.2.4 Coordinar con organismos internacionales, estrategias de formación dirigida a cuerpos policiales, para la atención y protección de niñas, niños y adolescentes, personas jóvenes y mujeres.
2.2.5 Fomentar la colaboración con organismos internacionales y dependencias de la APF para la atención y prevención del delito de trata de personas, a través de comisiones intersecretariales.
2.2.6 Incorporar a un proceso de formación en materia de prevención social de los adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal y en proceso de reinserción, a través del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro dentro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con la finalidad de que lleven a cabo actividades que abonen a la construcción de paz en sus territorios de origen.
2.2.7 Promover espacios de diálogo entre universidades, organismos internacionales y actores sociales con autoridades federales, estatales, municipales y, en su caso, alcaldías para el intercambio de información y experiencias en materia de prevención de la violencia y el delito.
2.2.8 Establecer las acciones de coordinación con las zonas geográficas con alta incidencia delictiva que se determinen, a través de las unidades administrativas competentes de la Secretaría.
Estrategia prioritaria 2.3 PARTICIPAR EN EL DISEÑO Y APLICACIÓN DE MODELOS DE INTERVENCIÓN Y EVALUACIÓN PARA PREVENIR LAS MANIFESTACIONES DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO QUE PONGAN EN RIESGO A POBLACIONES Y TERRITORIOS, CON LA COLABORACIÓN DE ENTIDADES Y DEPENDENCIAS DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, ASÍ COMO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES.
2.3.1 Diseñar un modelo de prevención social en municipios y, en su caso, alcaldías, acorde a los objetivos de las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz y dar seguimiento a los acuerdos en la materia.
2.3.2 Orientar a las autoridades de las entidades federativas y municipales en la formulación de programas, estrategias y acciones para la prevención de la violencia y el delito, en colaboración con dependencias, entidades y organismos internacionales.
2.3.3 Incentivar la colaboración interinstitucional en los tres órdenes de gobierno para la instrumentación de programas culturales y acciones dirigidas a poblaciones para la prevención de la violencia y el delito.
2.3.4 Participar en la implementación de programas de prevención de consumo de sustancias nocivas entre niñas, niños, adolescentes, personas jóvenes y otras poblaciones en riesgo, en colaboración con la Secretaría de Salud.
2.3.5 Colaborar en el desarrollo e instrumentación del modelo nacional para la seguridad y protección integral de las mujeres a través del grupo impulsor multi agencial para la prevención de la violencia de género y el feminicidio.
2.3.6 Diseñar un modelo de evaluación y seguimiento de estrategias y acciones de prevención implementadas con un enfoque transversal, diferenciado y basado en los derechos humanos, perspectiva de género, interculturalidad y adecuación cultural, para instrumentarse por gobiernos estatales y municipales en beneficio de la población en riesgo.
Objetivo prioritario 3.- Impulsar la reinserción social de las personas privadas de la libertad en centros penitenciarios con enfoque de respeto a los derechos humanos, inclusión y perspectiva de género, diferenciada e intercultural.
Estrategia prioritaria 3.1 APLICAR EL MODELO INTEGRAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, CON ENFOQUE DE GÉNERO, DIFERENCIADO E INTERCULTURAL, PARA CONTRIBUIR A QUE NO VUELVAN A DELINQUIR.
3.1.1 Consolidar los mecanismos de supervisión y verificación, internos y externos, para la aplicación de los ejes de reinserción social en los centros penitenciarios federales.
3.1.2 Promover entre las personas privadas de la libertad los beneficios de los programas del modelo integral de reinserción social con la finalidad de incrementar su participación y la de sus familiares en los planes de actividades.
3.1.3 Impulsar la operación de la Comisión Intersecretarial Federal que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal para vincular a las autoridades corresponsables para la aplicación en el modelo de reinserción social y dar seguimiento a los acuerdos.
3.1.4 Proponer convenios de colaboración con autoridades corresponsables conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal, con el objetivo de desarrollar y aplicar programas de reinserción social con un enfoque intercultural al interior de los centros penitenciarios federales.
3.1.5 Verificar que los programas de reinserción incorporen puntualmente los enfoques transversales de inclusión y no discriminación, intercultural con perspectiva de género y actualizar su contenido.
3.1.6 Difundir las acciones de reinserción social y buenas prácticas en materia de derechos humanos para promover su réplica y homologación en el sistema penitenciario federal.
3.1.7 Realizar una adecuada clasificación, ubicación y separación de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios federales para su participación en los programas del Modelo Integral de Reinserción Social con perspectiva de género, interculturalidad y enfoque diferenciado.
3.1.8 Atender las observaciones y recomendaciones de organismos y expertos nacionales e internacionales para dignificar las condiciones de internamiento de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios, en materia de derechos humanos, prevención de la tortura, salud, alimentación, entre otras.
Estrategia prioritaria 3.2 CONSOLIDAR LAS CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA INSTITUCIONAL PARA FORTALECER EL CONTROL EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS FEDERALES.
3.2.1 Fortalecer los mecanismos de coordinación con las distintas instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno para garantizar la seguridad y operatividad de los centros penitenciarios federales.
3.2.2 Combatir el uso delictivo de dispositivos móviles en centros penitenciarios federales en cumplimiento a las disposiciones en materia penitenciaria.
3.2.3 Verificar la elaboración e implementación del plan de actividades para cada persona privada de la libertad a su ingreso a un centro penitenciario federal a fin de que se atiendan los ejes de reinserción social de acuerdo a la situación de cada una y se eviten la discriminación y la exclusión.
3.2.4 Proporcionar a los centros penitenciarios federales los recursos y servicios básicos para la implementación de los ejes de reinserción social, así como condiciones dignas de alojamiento de las personas privadas de la libertad.
3.2.5 Reforzar los controles y revisiones permanentes de seguridad en centros penitenciarios federales.
3.2.6 Instrumentar los protocolos y procedimientos sistemáticos de operación en materia de seguridad, vigilancia, custodia, análisis de incidencias y control aplicables a los centros penitenciarios federales.
3.2.7 Establecer un régimen y cultura de respeto a los derechos humanos y la aplicación del debido proceso para las personas privadas de la libertad en la imposición de la sanción disciplinaria.
3.2.8 Elaborar el modelo de desarrollo penitenciario, para su implementación en los centros penitenciarios federales, a fin de contribuir a la política penitenciaria en materia de reinserción social.
Estrategia prioritaria 3.3 PROFESIONALIZAR AL PERSONAL PENITENCIARIO CON LA FINALIDAD DE QUE EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES SE GARANTICEN LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS FEDERALES CON ENFOQUE DE GÉNERO, DIFERENCIADO E INTERCULTURAL.
3.3.1 Actualizar los contenidos de los programas de formación inicial en derechos humanos, perspectiva de género, enfoque diferenciado, intercultural y no discriminatorio al personal penitenciario en la academia nacional de administración penitenciaria.
3.3.2 Introducir la formación, capacitación y profesionalización en materia de derechos humanos, perspectiva de género, enfoque diferenciado, intercultural y no discriminatorio a los mandos en la institución mediante la oferta de cursos, diplomados o posgrados para el mejoramiento de su desempeño.
3.3.3 Actualizar el programa de formación continua acorde a las necesidades de capacitación del personal penitenciario para su desarrollo profesional.
3.3.4 Fortalecer la educación formal del personal penitenciario, mediante la acreditación de estudios y obtención de grados académicos ante la Secretaría de Educación Pública, en función de la capacitación recibida, ya sea al ingresar a la institución o durante la formación continua.
3.3.5 Promover el sistema de capacitación, evaluación y el procedimiento integral para la certificación de competencias laborales del personal penitenciario.
3.3.6 Promover la acreditación de instructoras/es y el registro y certificación de personal docente del sistema penitenciario.
3.3.7 Promover la participación de académicas/os e investigadoras/es para mejorar las políticas de formación, capacitación y profesionalización del sistema penitenciario federal.
3.3.8 Impulsar la creación de un modelo de educación a distancia específico del sistema penitenciario federal, que facilite la capacitación y actualización del personal penitenciario.
3.3.9 Promover la especialización con lineamientos y contenidos homologados para todas las personas que operan del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes.
Estrategia prioritaria 3.4 FORTALECER LA COORDINACIÓN ENTRE INSTANCIAS Y ÓRDENES DE GOBIERNO EN MATERIA PENITENCIARIA, PARA LOGRAR LA REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD.
3.4.1 Promover, mediante acciones de gestión, el cumplimiento de los acuerdos generados en la Conferencias Nacional del Sistema Penitenciario para generar políticas públicas de reinserción social, basadas en el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación laboral, la educación, las actividades deportivas y la salud.
3.4.2 Promover políticas públicas que fortalezcan los sistemas penitenciarios estatales en materia de desarrollo penitenciario, seguridad y condiciones de internamiento.
3.4.3 Fortalecer las condiciones de internamiento específicamente las relativas al acceso a servicios de salud desde una perspectiva de género, con enfoque diferenciado e intercultural.
3.4.4 Propiciar los acercamientos con gobiernos y organismos internacionales para consolidar la cooperación en el fortalecimiento de las acciones en materia penitenciaria.
3.4.5 Promover acuerdos de coordinación y cooperación con instancias de los tres órdenes de gobierno para fortalecer las acciones en materia de servicios post-penales.
3.4.6 Impulsar acuerdos de cooperación con instancias de los tres órdenes de gobierno para la adopción de normas mínimas sobre la reconciliación social a través de la reinserción social.
3.4.7 Promover la coordinación con las entidades federativas para el establecimiento e implementación de políticas en materia de adolescentes que infringieron la ley penal.
3.4.8 Implementar programas dirigidos a juventudes al interior de los centros penitenciarios en coordinación con Dependencias y organismos públicos.
Objetivo prioritario 4.- Fortalecer las capacidades tecnológicas que permitan a las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno el intercambio seguro de la información en la generación de inteligencia, prevención y persecución del delito.
Estrategia prioritaria 4.1 ACTUALIZAR LA INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA QUE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO MANTENGAN LA DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS.
4.1.1 Actualizar la Red Nacional de Radiocomunicación mediante comunicaciones seguras y cifradas entre las instancias de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno.
4.1.2 Promover acuerdos interinstitucionales en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública para el aprovechamiento de la infraestructura tecnológica que proporcionan los servicios a las instancias de seguridad pública.
4.1.3 Actualizar la infraestructura tecnológica de la Red Nacional de Telecomunicaciones que permita la interconexión de las diferentes plataformas tecnológicas, para la comunicación segura y cifrada entre las instituciones de seguridad en los tres órdenes de gobierno.
4.1.4 Analizar y proponer la incorporación de nuevas tecnologías para almacenar, procesar y transmitir la información generada en las instituciones de seguridad.
4.1.5 Desarrollar capacidades técnicas para el soporte y mantenimiento de la infraestructura tecnológica para mantener la disponibilidad de los servicios para las instituciones de seguridad en los tres órdenes de gobierno.
4.1.6 Actualizar la infraestructura tecnológica de los Centros de Datos e infraestructura informática que permita la generación e intercambio de información, entre las instituciones de seguridad en los tres órdenes de gobierno.
Estrategia prioritaria 4.2 IMPLEMENTAR PROCESOS DE GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES DE LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS QUE PERMITAN A LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO PROTEGER LA INFORMACIÓN ANTE LA PRESENCIA DE CIBERATAQUES.
4.2.1 Implementar infraestructura y protocolos de seguridad informática para la prevención de ciberataques en el intercambio de información entre las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno.
4.2.2 Promover acuerdos en materia de seguridad informática con las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno y del sector privado para combatir los delitos cibernéticos.
4.2.3 Capacitar en el uso, mantenimiento y actualización de las herramientas tecnológicas en materia de ciberseguridad para prevenir y hacer frente a los diversos ataques cibernéticos.
4.2.4 Establecer mecanismos de coordinación en el ámbito nacional e internacional para la prevención, investigación y persecución del delito en materia de ciberseguridad.
4.2.5 Diseñar e implementar programas para promover la cultura y concientización sobre seguridad de la información y tecnología, en las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno.
Estrategia prioritaria 4.3 ACTUALIZAR Y DESARROLLAR LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS QUE PERMITAN LA OPTIMIZACIÓN, HOMOLOGACIÓN E INTEROPERABILIDAD ENTRE LOS SISTEMAS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO PARA GENERAR INTELIGENCIA EN LA PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO.
4.3.1 Implementar e interconectar sistemas de video vigilancia y geolocalización en las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno y sector privado para generar inteligencia mediante el análisis de información.
4.3.2 Establecer estándares para el desarrollo y mantenimiento de sistemas informáticos que permitan su interoperabilidad.
4.3.3 Implementar y homologar sistemas que permitan a las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno generar bases de datos que permitan validar la identidad de las personas.
4.3.4 Capacitar en el desarrollo y mantenimiento de los sistemas informáticos a fin de que las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno dispongan de herramientas informáticas que apoyen la generación de inteligencia para la prevención, investigación y persecución del delito.
Estrategia prioritaria 4.4 MEJORAR LOS PROCESOS DE INTERCONEXIÓN TECNOLÓGICA ENTRE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO PARA FACILITAR LA GENERACIÓN DE INTELIGENCIA EN LA PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO.
4.4.1 Homologar e incrementar la cantidad de información contenida en las bases de datos de los registros nacionales de las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno que permitan generar inteligencia en la prevención, investigación y persecución del delito.
4.4.2 Promover acuerdos interinstitucionales en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública para el suministro e intercambio de información en materia de seguridad.
4.4.3 Facilitar la explotación de la información contenida en las bases de datos de las plataformas tecnológicas mediante el desarrollo de nuevos módulos que permitan a las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno generar productos de inteligencia.
Objetivo prioritario 5.- Fortalecer la Gestión Integral de Riesgos para construir un país sostenible, seguro y resiliente.
Estrategia prioritaria 5.1 PREVENIR RIESGOS Y DESASTRES POR FENÓMENOS PERTURBADORES, MEJORAR SU CONOCIMIENTO Y ESTABLECER ACCIONES QUE PROMUEVAN EL ACCESO IGUALITARIO A LA PROTECCIÓN CIVIL Y LA RESILIENCIA EN LA SOCIEDAD.
5.1.1 Promover la investigación científica y tecnológica para la generación de conocimiento sobre el riesgo de desastres y sus factores causales, con perspectiva de género, diferenciado e intercultural.
5.1.2 Promover el diseño de políticas públicas para la gestión integral del riesgo de desastres y la acción participativa de todos los sectores de la sociedad, con énfasis en la reducción de riesgos, la prevención y autoprotección a grupos en situación de vulnerabilidad: niñas y niños, jóvenes y adolescentes, personas con discapacidad, mujeres, personas adultas mayores, personas indígenas, personas afromexicanas, personas en condiciones de pobreza extrema y personas de la diversidad sexual.
5.1.3 Evaluar el impacto de los desastres y avances en la gestión integral de riesgos a través de metodologías de verificación de logros e impacto.
5.1.4 Consolidar un Sistema Nacional de Alertas, a través de la ampliación de la cobertura, disponibilidad y acceso a las personas expuestas a amenazas múltiples.
5.1.5 Capacitar y profesionalizar a los integrantes del SINAPROC en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de manera incluyente, a través de la ENAPROC.
5.1.6 Promover estrategias de difusión en materia de Gestión Integral de Riesgo a nivel Nacional con énfasis en la prevención y autoprotección a grupos en situación de vulnerabilidad: niñas y niños, jóvenes y adolescentes, personas con discapacidad, mujeres, personas adultas mayores, personas indígenas, personas afromexicanas, personas en condiciones de pobreza extrema y personas de la diversidad sexual, dirigidas al sector público, privado y social para incidir de manera oportuna en su identificación, prevención, reducción y control.
5.1.7 Sistematizar e integrar la información del riesgo de desastres, a través de los atlas de riesgos, para la toma de decisiones en la gestión integral de riesgos.
Estrategia prioritaria 5.2 COORDINAR LA RESPUESTA Y ATENCIÓN, DE MANERA EFECTIVA E INCLUYENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES PROVOCADOS POR FENÓMENOS PERTURBADORES, PARA DISMINUIR SU IMPACTO.
5.2.1 Fortalecer las capacidades del personal de Protección Civil para la coordinación ante emergencias y desastres, incorporando la participación del sector público, privado y social, para una oportuna respuesta y auxilio a la población.
5.2.2 Implementar políticas y estrategias de coordinación incluyente y con enfoque a derechos humanos, con perspectiva de género, diferenciado e intercultural, mediante los programas de Protección Civil.
5.2.3 Impulsar la participación social en labores de Protección Civil para fortalecer la actuación de coordinación del SINAPROC.
Estrategia prioritaria 5.3 INSTAURAR MECANISMOS DE PROTECCIÓN FINANCIERA PARA LA TRANSFERENCIA DEL RIESGO POR FENOMENOS NATURALES PERTURBADORES, QUE PERMITAN GENERAR CONDICIONES DE RECONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE, CON PERTINENCIA CULTURAL Y RESILIENTE.
5.3.1 Coordinar la operación y actualización de instrumentos financieros de la Gestión Integral de Riesgos mediante procesos ágiles.
5.3.2 Asesorar a las entidades federativas y dependencias y entidades de la Administración Pública Federal durante las solicitudes de declaratoria de desastre y de emergencia, para facilitar la disponibilidad de recursos.
5.3.3 Promover acciones y programas en los tres órdenes de gobierno para fortalecer los instrumentos financieros en la Gestión Integral de Riesgos ocasionados por fenómenos naturales perturbadores.
Estrategia prioritaria 5.4 FORTALECER LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS A TRAVÉS DEL MARCO LEGAL Y POLÍTICAS PÚBLICAS TRANSVERSALES, CON LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL, PARA PREVENIR, REDUCIR Y CONTROLAR EL RIESGO DE DESASTRES.
5.4.1 Promover la creación de ordenamientos jurídicos, para fortalecer el marco normativo en materia de Protección Civil.
5.4.2 Crear planes y programas de protección civil, para fortalecer el conocimiento en la materia entre los tres órdenes de gobierno en coordinación con el sector público, privado y social.
5.4.3 Desarrollar e implementar estrategias de vinculación en materia de Gestión Integral de Riesgos, que fortalezcan la participación de los sectores público, privado y social con el propósito de crear entornos seguros y resilientes.
5.4.4 Desarrollar acciones de innovación para el diseño de planes de continuidad de operaciones y respuesta ante emergencias en los sectores público, privado y social.
Como resultado de este Programa Sectorial, se espera observar un cambio en las condiciones de vida de la población. Para saber si los programas generan los resultados esperados en términos del cumplimiento de Objetivos prioritarios, Estrategias prioritarias y Acciones puntuales, es necesario darles seguimiento y detectar deficiencias tanto en el diseño como en su operación para hacer ajustes que permitan alcanzar los objetivos planteados.
Los Objetivos prioritarios de los programas responden al nivel más alto de la planeación nacional del desarrollo, ya que marcan los temas que se consideran prioritarios a atender durante la presente administración. Para conocer el avance en el cumplimiento de estos objetivos, se establecen Metas para el bienestar y Parámetros.
Las Metas para el bienestar y los Parámetros son expresiones cuantitativas construidas a partir de variables cuantitativas o cualitativas, que proporcionan un medio sencillo y fiable para medir el cumplimiento de las metas establecidas, reflejar los cambios vinculados con las acciones del programa, dar seguimiento y evaluar sus resultados.
La diferencia entre las Metas para el bienestar y los Parámetros, consiste en que las Metas para el bienestar cuentan con metas numéricas y los Parámetros no necesariamente. Estos últimos podrán ser referentes de la tendencia que tiene la medición de interés cada que se calcula, es decir, sirven para saber si hay un aumento o descenso con respecto a la medición anterior. En cada Parámetro debe ser evidente esclarecer si la tendencia esperada es ascendente o descendente.
A continuación se presentan las Metas para el bienestar y los Parámetros de los cinco Objetivos prioritarios del Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024.
1.1 Tasa de incidencia delictiva
Mejorar las condiciones de seguridad en las regiones del territorio nacional para construir la paz.
La tasa de incidencia estima el número de todos los delitos ocurridos en contra de la población de 18 años o más, por
cada 100,000 habitantes. El indicador se basa en la suma de todos los delitos estimados por la encuesta, hayan sido
o no denunciados ante el Ministerio Público.
Delitos por cada 100 mil habitantes.
36.- Seguridad y Protección Ciudadana
H00.- Guardia Nacional
TID = (T_delitos / T_pob18) * 100,000
La tasa se calcula dividiendo el número total de delitos ocurridos entre la población de 18 años entre la población de
18 años y más, multiplicado por 100 mil.
1.- T_delitos =
Total de delitos
33035090
y Percepción sobre Seguridad
Pública. INEGI.
2.- T_pob18 =
población de 18
87378633
TID = (33,035,090 / 87,378,633) * 100,000 = 37,807
El cumplimiento de la meta depende de los esfuerzos coordinados de los tres
órdenes de gobierno en materia de seguridad, así como de dependencias y
entidades involucradas en materia de empleo, educación, salud y bienestar.
1.2 Porcentaje de regiones que cuentan con despliegue de la Guardia Nacional
Mide el despliegue de unidades de la Guardia Nacional a las coordinaciones regionales en las 266 regiones del país.
Las unidades de la Guardia Nacional podrán estar conformadas por una o más compañías.
Agosto-Julio (ciclo escolar)
RDGN= (Num_RegDO / Tot_Reg) * 100
Como parte de la estrategia para la pacificación del país, el Gobierno de México plantea la creación de 266 regiones
con prioridad en las de mayor incidencia delictiva, en las cuales se establecerán Coordinaciones regionales de la
Guardia Nacional, toda vez serán las áreas geográficas que servirán de base para el despliegue de la Guardia
Nacional en el territorio nacional.
1.- Num_RegDO
= Número de
Informe de labores de la Secretaría
2.- Tot_Reg =
RDGN= (150 / 266) * 100 = 56
El cálculo del valor de 56% corresponde a 2019. Pero se registra 2018 por
requerimiento del sistema informático implementado por la SHCP para
gestionar el análisis de los programas (SIDIAP-PPND) para admitir el registro.
No existe serie histórica debido a que la Guardia Nacional se crea en 2019.
El 100% corresponde al despliegue de Coordinaciones Regionales de la
Guardia Nacional en las 266 regiones y su cumplimiento depende de la
asignación de presupuesto para su operación y de la disposición de las
personas para sumarse a la Guardia Nacional. Cabe señalar, que las metas
establecidas para el periodo 2020 al 2022 son de tendencia ascendente hasta
alcanzar el 100% de presencia en las 266 regiones del país, a partir del año
2023 al 2024 la tendencia será constante, es decir se mantendrá dicha
1.3 Porcentaje de la población que considera efectivo el desempeño de la Guardia Nacional
Mide el porcentaje de la población de 18 años y más que considera muy efectivo o algo efectivo el desempeño de la
Guardia Nacional, en el cuarto trimestre de cada año.
Nacional en zonas urbanas
PPGN=(Pob_efecGN / T_pob18) * 100
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI se publica de manera trimestral, sin embargo, los
resultados que se reportarán serán los correspondientes al cuarto trimestre de cada año.
1.- Pob_efecGN =
años y más que
considera muy o
algo efectivo el
Pública Urbana. INEGI.
años y más de
ciudades urbana,
que identifica a la
La cifra correspondiente al cuarto trimestre de 2019, será la línea base a partir
de la cual se podrá verificar el comportamiento de la tendencia del parámetro.
Cabe señalar que, según datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública
Urbana correspondiente al segundo trimestre de 2019 la percepción de
desempeño de la Guardia Nacional fue de 70.9%; mientras que en el tercer
trimestre de 2019 fue de 67.7%, lo que sirve como referencia para el
El valor de la línea base no está disponible debido a que la Guardia Nacional
se crea en 2019, se registra cero debido a los requerimientos del sistema.
órdenes de gobierno en materia de seguridad.
2.1 Tasa de prevalencia delictiva por cada 100 mil habitantes.
Contribuir al fortalecimiento del diseño e implementación de políticas públicas en materia de prevención de la violencia
y el delito en el territorio nacional.
Mide el número estimado de víctimas de 18 años y más de cualquier delito por cada 100 mil personas de 18 años y
Victimas por cada 100 mil
310.- Unidad de Prevención de la Violencia y
TPD = (TV / P18M) * 100,000
TPD = Tasa de prevalencia delictiva por cada 100 mil habitantes. Participan en la integración de la información y
reporte de avances además de la Unidad de Prevención de la Violencia y el Delito, de la Subsecretaría de Planeación,
Prevención, Protección Civil y Construcción de Paz de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
1.- TV = Total de
víctimas a nivel
INEGI. Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE).
2.- P18M =
Personas de 18
años y más a
TPD = (24701066 / 87378633) * 100000= 28269
La meta del parámetro para el año 2024 sería regresar a la tasa de prevalencia
delictiva más baja en el periodo 2014-2018 (28,200), esto implica una
reducción de casi 14 víctimas de delitos por cada 100 mil habitantes al año.
2.2 Porcentaje de la población de 18 años y más que percibe inseguridad en su municipio o demarcación territorial
Mide el porcentaje de la población de 18 años y más que percibe que vivir en su municipio o demarcación territorial es
inseguro en términos de delincuencia.
PPIM=(P18MIM / P18M) * 100
1.- P18MIM =
reportaron como
inseguro el
61558785
PPIM = (61,558,785 / 87,378,633) * 100 = 70.45
El valor de la línea base corresponde a lo reportado por la población de 18
años y más durante los meses de marzo y abril de 2019.
NOTA SOLO PARA EL SIDIAP: Por el diseño del SIDIAP se registra año de la
línea base 2018 y el valor de 2019 se registra como meta 2019 aunque
corresponde a un valor histórico.
La meta del parámetro para el año 2024 sería regresar a la percepción de
inseguridad similar a la reportada en 2015, esto implica una reducción
porcentual de 1.3 por año.
2.3 Porcentaje de proyectos municipales concertados en el rubro de prevención en FORTASEG que reportaron
cumplimiento total en los criterios mínimos que define el subsidio.
Mide el cumplimiento total de criterios mínimos de los proyectos municipales concertados en el rubro de prevención en
FORTASEG con relación al total de proyectos concertados en el propio rubro de prevención.
PMun_CT = (PPDIMCCM / TPPDIM) * 100
La información sobre el cumplimiento de los criterios mínimos para cada proyecto concertado se encuentra homologada solo para 2018.
Definición completa: Mide el cumplimiento total de criterios mínimos de los proyectos municipales concertados en el rubro de prevención en FORTASEG con relación al total de proyectos concertados en el propio rubro de prevención. Los criterios mínimos que define el Programa de Fortalecimiento a la Seguridad para la implementación, evaluación y seguimiento son:
1. Información sobre metas convenidas y población beneficiada.
2. Implementación y evaluación del proyecto.
2.1 Diagnóstico.
2.2 Difusión de resultados del diagnóstico.
2.3 Intervención.
2.4 Acuerdos y mejoramientos planteados en la Guía de Proyectos.
2.5 Participación de la policía local.
2.6 Seguimiento y evaluación.
2.7 Indicadores.
2.8 Alianzas estratégicas.
Por número de caracteres se tiene que completar la definición de los criterios mínimos en esta sección.
1.- PPDIMCCM =
diseñados e
implementados en el
ámbito municipal con
cumplimiento total de
los criterios mínimos.
Informe final de los proyectos de
la delincuencia del SESNSP en lo
relativo al Subsidio para el
2.- TPPDIM =
PMun_CT = (118 / 528) * 100 = 22
Se pretende aumentar el indicador 10 puntos porcentuales para 2024 con
respecto a la línea base, con un incremento constante de 2 puntos
porcentuales anuales a partir de 2020.
Meta del bienestar del Objetivo prioritario 3
3.1 Calificación Nacional de los centros penitenciarios federales de acuerdo al Diagnóstico Nacional de Supervisión
Penitenciaria emitido por la CNDH.
Impulsar la reinserción social de las personas privadas de la libertad en centros penitenciarios con enfoque de respeto
a los derechos humanos, inclusión y perspectiva de género, diferenciada e intercultural.
Mide el puntaje obtenido a nivel nacional que se obtiene del promedio de las calificaciones que recibieron los centros
penitenciarios federales del país de acuerdo al Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria. La calificación
considera los siguientes rubros: aspectos que garantizan la integridad personal del interno, estancia digna,
condiciones de gobernabilidad, reinserción social del interno y grupos de internos con requerimientos específicos. La
escala de la calificación es de 0 a 10, donde 10 es el puntaje más alto.
Puntaje de la calificación.
D00.- Prevención y Readaptación Social
El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria que emite la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
proporciona la calificación nacional de los centros penitenciarios federales.
1.- Cal_Nal_DNSP
= Calificación
federales de
Diagnóstico Nacional de
Supervisión Penitenciaria. Comisión
Se prevé una disminución en la calificación esperada en 2020 dado el
impacto que represente el cierre del Complejo Penitenciario Islas Marías.
El incremento de las calificaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la Autoridad Penitenciaria Federal deberá atender a un trabajo relacionado con políticas públicas, prevención, planeación, la adecuada aplicación de recursos, el buen desempeño de las funciones por parte de la autoridad penitenciaria, entre otros. El complejo Penitenciario Islas Marías cuenta con las calificaciones más altas, con un promedio de 8.1 en 2018. El promedio nacional sin considerar los centros de este complejo cae a 7.28 en 2018. Por lo que se prevé una disminución en la calificación esperada en 2020 dado el impacto que representa el cierre del complejo Penitenciario Islas Marías.
Parámetro del Objetivo prioritario 3
3.2 Número de recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la Autoridad
Penitenciaria Federal anualmente.
Impulsar la reinserción social de las personas privadas de la libertad en centros penitenciarios con enfoque de respeto a
los derechos humanos, inclusión y perspectiva de género, diferenciada e intercultural.
Número de recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la Autoridad Penitenciaria
Federal anualmente.
Las recomendaciones emitidas por la CNDH constituyen una enérgica solicitud a la autoridad para corregir acciones que violan los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Como resultado de las acciones relacionadas con políticas públicas, prevención, planeación y capacitación, con enfoque de respeto a los derechos humanos, dirigidas a la Autoridad Penitenciara Federal se pretende que no aumente el número de recomendaciones a la Autoridad Penitenciara Federal.
El mantener el número de recomendaciones refleja un gran esfuerzo por parte de la Autoridad Penitenciaria Federal en la atención y respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, por lo que se busca no recibir más recomendaciones.
1.- Recom_CNDH =
emitidas por la
CNDH a la
Federal en el año.
Prevención y Readaptación Social. Página
oficial de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos. https://www.cndh.org.mx/tipo/1/
3.3 Número de quejas emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la Autoridad Penitenciaria
Número de quejas emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la Autoridad Penitenciaria Federal
Número de quejas.
La reducción del número de quejas emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la Autoridad Penitenciaria Federal deberá atender a un trabajo relacionado con políticas públicas, prevención, planeación y capacitación, entre otros factores, dirigidos a autoridades de la Administración Pública Federal.
Lo que se busca con el indicador es disminuir el número de quejas, lo que se ha venido logrando gracias al esfuerzo de la autoridad penitenciaria, ya que en 2017 se implementó la atención inmediata en los centros penitenciarios federales, teniendo personal permanente para la atención inmediata por parte de la autoridad federal y de la CNDH, lo que permitió bajar significativamente el número de quejas.
Las metas son conservadoras debido a que el esfuerzo que se realizó anteriormente trajo un beneficio con gran impacto que ayuda a no incrementar considerablemente las quejas año tras año, lamentablemente por la naturaleza de las funciones, siempre existen quejas en el sistema penitenciario por lo que actualmente se trata de disminuirlas y en su caso atenderlas a la brevedad, por lo que se busca continuar con dichos esfuerzos.
1.- Num_quejas =
Humanos a la
Prevención y Readaptación Social.
Meta del bienestar del Objetivo prioritario 4
4.1 Porcentaje promedio de la actualización de la capacidad tecnológica de la Secretaría de Seguridad y Protección
Fortalecer las capacidades tecnológicas que permitan a las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno
el intercambio seguro de la información en la generación de inteligencia, prevención y persecución del delito.
Mide el porcentaje de avance en la actualización de la infraestructura tecnológica respecto a la programación del
periodo 2020-2024 realizada por Guardia Nacional, el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Unidad de Información, Infraestructura Informática y Vinculación
Tecnológica de la SSPC, considerando cuatro rubros: servicios de telecomunicación, sistemas de información,
infraestructura de cómputo y equipamiento tecnológico.
Periodicidad o
de reportar el avance
Unidad de Información, Infraestructura
Informática y Vinculación Tecnológica/
Guardia Nacional/CNI del SESNSP de la
Secretaría de Seguridad y Protección
PA_TICS=((NSTelecom/ PSTelecom) + (NSisInf/ PSisInf) + (NIComp/ PIComp) + (NETEsp/ PETEsp)) *100/ 4
Para el periodo 2019-2024 se tiene programada la actualización de: ocho servicios de telecomunicación(tres
corresponden a Guardia Nacional y cinco a la Unidad de Información, Infraestructura Informática y Vinculación
Tecnológica), 134 sistemas de información (cuatro corresponden a Guardia Nacional, 10 al Centro Nacional de
Información y 120 al Unidad de Información, Infraestructura Informática y Vinculación Tecnológica), siete
infraestructuras de cómputo (dos corresponden a Guardia Nacional y cinco al Centro Nacional de Información y cuatro
equipos tecnológicos programados correspondientes a Guardia Nacional.
Debido al límite de variables a registrar en el Registro de variables se omitió incluir la variable PETESsp=Número de
equipamiento tecnológico especializado programado para su actualización en el periodo=4.
1.- NSTelecom= Número
telecomunica-ción
actualizados en su
2.- PSTelecom= Número
programados para su
actualización en el periodo.
3.- NSisInf = Número de
4.- PSisInf = Número de
5.- NIComp =Número de
actualizada en su totalidad.
Valor variable 5
6.- PIComp =Número de
programada para su
Valor variable 6
7.- NETEsp =Número de
especializado actualizado.
Valor variable 7
Por ser un indicador de nueva creación, no se cuenta con línea base.
Parámetro del Objetivo prioritario 4
4.2 Porcentaje de minutos promedio de disponibilidad de los registros nacionales de Plataforma México.
Mide el porcentaje de minutos promedio de disponibilidad de los aplicativos de los siete Registros Nacionales que son
consultados y utilizados por los distintos usuarios de los tres órdenes de gobierno.
210.- Unidad de Información, Infraestructura
Informática y Vinculación Tecnológica
PMP = ((M¬IPH + MRNPSP + MRNVRyR + MMJ + MRNAE + MRNIP + MREPUVE)/7)/TMD ) * 100
Se trata de un indicador de nueva creación. El total de minutos al año en que los registros deben estar disponibles es
el resultado de la multiplicación de 60 minutos por 24 horas y 365 días del año, es decir todos los minutos en un año
1.- MREPUVE=Minutos
en los que el Registro
Público Vehicular
estuvo disponible.
2.- M¬IPH=Minutos en
el que Informe Policial
Homologado (IPH)
3.- MRNPSP=Minutos
Nacional de Personal
4.- MRNVRyR=Minutos
Nacional de Vehículos
Robados y
Recuperados estuvo
5.- MMJ=Minutos en los
que Mandamientos
Judiciales estuvo
6.- MRNAE=Minutos en
los que el Registro
Nacional de Armamento
y Equipo estuvo
7.- MRNIP=Minutos en
Nacional de Información
Penitenciaria estuvo
Se plantea obtener el porcentaje de minutos promedio de la
disponibilidad de los registros nacionales a partir de 2019.
El porcentaje responde a valores estimados, la meta se considerara con
base en los registros generados en las bitácoras de la infraestructura de
4.3 Promedio de los resultados de la evaluación de las bases de datos criminalísticas y del personal del Sistema
Mide el promedio nacional del cumplimiento en el acopio de información de las Bases de Datos criminalísticas y de
personal del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre los criterios de oportunidad, suministro e integridad. Cada
base de datos se evalúa con fundamento en la Nueva Metodología para la Evaluación de las Bases de Datos
Criminalísticos y de Personal de Seguridad Pública y se calcula el promedio de los resultados. El promedio tiene una
escala de 0 a 100.
G00.- Secretariado Ejecutivo del
PRE = (IPH_PN+LC_PN+MJ_PN+RNIP_PN+ RNPSP_PN +RNVRYR_PN) / 6
Los criterios de Oportunidad, Suministro e Integridad se encuentran establecidos en la Nueva Metodología Para la Evaluación de las Bases de Datos Criminalísticos y de Personal de Seguridad Pública.
http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/consejo/Metodologia_evaluacion_bases_datos.pdf
El promedio nacional de cada registro, se puede consultar directamente en el documento con los resultados de la evaluación de las seis bases de datos criminalísticas, Evaluación BCD nacional con corte al 31 de diciembre.
1.- IPH_PN =Promedio
nacional de la evaluación
del Informe Policial
Evaluación BCD nacional. Centro
Nacional de Información.
Secretariado Ejecutivo del Sistema
2.- LC_PN =Promedio
3.- MJ_PN =Promedio
de Mandamientos
4.- RNIP_PN =Promedio
5.- RNPSP_PN
=Promedio nacional de la
evaluación del Registro
Nacional de Personal de
6.- RNVRYR_PN
de Vehículos Robados y
PRE= (90.22 + 74.05 +36.65 + 35.89 + 90.45 + 62.15) / 6 = 65
El cumplimiento de la meta depende de los esfuerzos coordinados de
los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad. Así como la