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Timestamp: 2020-03-28 21:30:22
Document Index: 336263125

Matched Legal Cases: ['Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 17', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 6', 'Artículo 13', 'artículo 30', 'artículo 70', 'artículo 69', 'artículo 4', 'artículo 129', 'Artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 17', 'artículo 2', 'artículo 2', 'Artículo 13', 'artículo 7', 'artículo 23', 'artículo 11', 'artículo 15', 'artículo 22', 'artículo 7', 'artículo 5', 'artículo 13', 'artículo 14', 'artículo 36', 'artículo 53']

Publicado en BOIB núm. 105 de 26 de Agosto de 2017
Vigencia desde 27 de Agosto de 2017. Revisión vigente desde 26 de Mayo de 2019
TÍTULO II. Servicios para jóvenes en proceso de emancipación
Artículo 3 Servicios para jóvenes en proceso de emancipación
Artículo 4 Objetivo de los servicios
Artículo 6 Acceso a los servicios de la Red Pública de Servicios de Emancipación y lista de espera
TÍTULO III. Autorización y acreditación de los servicios para jóvenes en proceso de emancipación
Artículo 7 Competencia para autorizar y acreditar a los servicios para jóvenes en proceso de emancipación
Artículo 8 Autorización de los servicios para jóvenes en proceso de emancipación
Artículo 9 Acreditación de los servicios para jóvenes en proceso de emancipación
Artículo 10 Inscripción en el Registro Unificado de Servicios Sociales
TÍTULO IV. Renta de autonomía personal para jóvenes con medidas de justicia juvenil
Artículo 12 Régimen de compatibilidad e incompatibilidad
Artículo 13 Comisión Técnica de la Renta de Autonomía Personal
Artículo 14 Personas destinatarias
CAPÍTULO III. Régimen económico y procedimiento
Artículo 17 Cuantía de la prestación
Artículo 20 Abono
Artículo 21 Valoración de la situación de necesidad e indicador de la renta
Artículo 22 Duración de la renta de autonomía personal
Artículo 23 Suspensión y extinción de la renta
Artículo 24 Causas de suspensión y extinción de la renta de autonomía personal
Artículo 25 Reintegro de la prestación
Artículo 26 Gestión de la prestación
Artículo 27 Seguimiento de los programas de autonomía personal
Artículo 28 Financiación de la prestación
TÍTULO V. Órganos de seguimiento
Artículo 30 Comisión de Seguimiento de Emancipación
Artículo 31 Comisión Técnica de Derivación y Evaluación
Disposición transitoria primera Régimen aplicable a los servicios autorizados en funcionamiento
Disposición transitoria segunda Plazo para adaptarse a este decreto
Disposición final primera Modificación del Decreto 52/2016, de 5 de agosto, de la renta para personas en proceso de autonomía personal que han sido sometidas a medidas administrativas de protección de menores
ANEXO . Condiciones para la autorización y la acreditación de los servicios para jóvenes en proceso de emancipación
Artículo 5 redactado por el artículo cuarto del D [BALEARES] 41/2019, 24 mayo, de modificación del D. 52/2016, de 5 de agosto, de la renta para personas en proceso de autonomía personal que han sido sometidas a medidas administrativas de protección de menores, y del D. 40/2017, de 25 de agosto, sobre los criterios de autorización y acreditación de los servicios para jóvenes en proceso de emancipación, y de regulación de la renta de autonomía personal para jóvenes que han sido sometidos a medidas de justicia juvenil («B.O.I.B.» 25 mayo).
Número 3 del artículo 6 redactado por el apartado 1 del artículo quinto del D [BALEARES] 41/2019, 24 mayo, de modificación del D. 52/2016, de 5 de agosto, de la renta para personas en proceso de autonomía personal que han sido sometidas a medidas administrativas de protección de menores, y del D. 40/2017, de 25 de agosto, sobre los criterios de autorización y acreditación de los servicios para jóvenes en proceso de emancipación, y de regulación de la renta de autonomía personal para jóvenes que han sido sometidos a medidas de justicia juvenil («B.O.I.B.» 25 mayo).
Número 5 del artículo 6 redactado por el apartado 2 del artículo quinto del D [BALEARES] 41/2019, 24 mayo, de modificación del D. 52/2016, de 5 de agosto, de la renta para personas en proceso de autonomía personal que han sido sometidas a medidas administrativas de protección de menores, y del D. 40/2017, de 25 de agosto, sobre los criterios de autorización y acreditación de los servicios para jóvenes en proceso de emancipación, y de regulación de la renta de autonomía personal para jóvenes que han sido sometidos a medidas de justicia juvenil («B.O.I.B.» 25 mayo).
Artículo 13 derogado por el artículo sexto del D [BALEARES] 41/2019, 24 mayo, de modificación del D. 52/2016, de 5 de agosto, de la renta para personas en proceso de autonomía personal que han sido sometidas a medidas administrativas de protección de menores, y del D. 40/2017, de 25 de agosto, sobre los criterios de autorización y acreditación de los servicios para jóvenes en proceso de emancipación, y de regulación de la renta de autonomía personal para jóvenes que han sido sometidos a medidas de justicia juvenil («B.O.I.B.» 25 mayo).
Título V -artículos 30 y 31- introducido por el artículo séptimo del D [BALEARES] 41/2019, 24 mayo, de modificación del D. 52/2016, de 5 de agosto, de la renta para personas en proceso de autonomía personal que han sido sometidas a medidas administrativas de protección de menores, y del D. 40/2017, de 25 de agosto, sobre los criterios de autorización y acreditación de los servicios para jóvenes en proceso de emancipación, y de regulación de la renta de autonomía personal para jóvenes que han sido sometidos a medidas de justicia juvenil («B.O.I.B.» 25 mayo).
El Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, aprobado para la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, en los apartados 13, 15, 16 y 39 del artículo 30, atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de juventud, diseño y aplicación de políticas, planes y programas destinados a la juventud; acción y bienestar social, desarrollo comunitario e integración, políticas de atención a las personas y a los colectivos en situación de pobreza o necesidad social; protección social de la familia, conciliación de la vida familiar y laboral, y protección de menores. Todo ello se entiende sin perjuicio de la competencia propia de los consejos insulares en políticas de atención a las personas y a los colectivos en situación de pobreza o necesidad social, y en tutela, acogimiento y adopción de menores, de acuerdo con los apartados 4 y 8 del artículo 70 del Estatuto de Autonomía, de forma que cada consejo insular puede adoptar las medidas que considere pertinentes para este colectivo y regular sus efectos en el propio ámbito territorial y en defensa de los respectivos intereses.
No obstante, el Gobierno de las Illes Balears es el órgano competente para dictar este reglamento. El artículo 69 del Estatuto de Autonomía le atribuye la potestad que lo habilita y lo faculta para elaborarlo, tramitarlo y aprobarlo posteriormente, puesto que reserva a la Comunidad Autónoma las competencias que, por su naturaleza, tienen un carácter suprainsular; las que inciden sobre la ordenación y la planificación de la actividad económica general en el ámbito autonómico, y aquellas cuyo ejercicio exige la obligación de velar por el equilibrio o la cohesión territorial entre las diferentes islas, como es el caso.
Los artículos 11.4 y 22 bis de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, establecen, como principio rector de la acción administrativa, que las administraciones públicas tienen que ofrecer programas de preparación para la vida independiente a los jóvenes que estén bajo una medida de protección, particularmente en acogimiento residencial o en situación de especial vulnerabilidad, desde dos años antes de la mayoría de edad y, una vez cumplida, siempre que lo necesiten, con su compromiso de participación activa y aprovechamiento.
El Parlamento de las Illes Balears aprobó la Ley 7/2015, de 10 de abril, por la que se establece el marco regulador de los procesos de autonomía personal de menores que han sido sometidos a una medida de protección o reforma. Esta ley tiene como objetivo básico la protección de las personas menores de edad que han sido objeto de una medida de protección o reforma por parte de las administraciones públicas competentes y que, al alcanzar la mayoría de edad, se encuentran en una situación de vulnerabilidad social que les imposibilita vivir de manera autónoma o con las garantías suficientes para hacerlo.
La exclusión social se entiende como la situación en que se encuentran las personas que no pueden participar plenamente en la vida económica, social y civil, y que disponen de unos ingresos o recursos -personales, familiares, sociales y culturales- inadecuados para poder disfrutar de un nivel y una calidad de vida considerados aceptables para la sociedad en la que viven. En estas situaciones, las personas a menudo no pueden ejercer plenamente sus derechos fundamentales.
Las personas que abandonan el sistema de protección de menores al cumplir 18 años y no tienen una unidad familiar que las acoja y las personas jóvenes que han sido sometidas a medidas judiciales son colectivos en situación de riesgo de exclusión social. Estas personas se encuentran en plena transición a la vida activa: acaban o continúan su formación o, como mucho, inician la actividad laboral. En algunos casos no tienen una familia que las apoye. Estas personas, desde el momento en que se emancipan, deben hacerse cargo de su manutención, los gastos propios del alojamiento, la comunicación y el transporte, y también todos los gastos imprescindibles para poder tener una vida digna. Así, la situación de necesidad de estas personas está condicionada, por una parte, por la falta de recursos económicos y, por otra, por la falta de apoyo familiar. Para afrontar esta situación, la Administración tiene que garantizar los ingresos necesarios y los recursos adecuados para permitir que estas personas puedan vivir dignamente.
La Ley 7/2015 prevé, entre otras medidas, la creación de una renta mensual ligada al cumplimiento de un programa de autonomía personal. El importe de la renta se tiene que adaptar a las necesidades y circunstancias de las personas beneficiarias. Además, el artículo 4 define los programas que se tienen que desarrollar y los ámbitos de actuación en los que se tiene que intervenir para facilitar la autonomía personal de estas personas.
Asimismo, en la disposición final segunda, la Ley 7/2015 establece que el Gobierno de las Illes Balears, a través de la consejería competente en materia de servicios sociales, tiene que elaborar la normativa que regule esta renta mensual en el plazo de dieciocho meses desde la entrada en vigor de dicha ley. El Decreto 52/2016, de 5 de agosto, de la renta para personas en proceso de autonomía personal que han sido sometidas a medidas administrativas de protección de menores, ya abordó de manera parcial este mandato legislativo, abarcando a una parte del colectivo destinatario de esta ley. Ahora se ha optado por seguir desarrollando la Ley 7/2015, ampliando los servicios y las rentas que prevé, y completar, así, su mandato.
Por otra parte, en la tramitación del Decreto 52/2016, y a propuesta tanto del Consejo de Servicios Sociales de las Illes Balears como del Comité de Evaluación de Necesidades Sociales, se amplió la posibilidad de disfrutar de la renta hasta la edad máxima de 25 años, siempre que se cumplan el resto de requisitos previstos. En este sentido, tanto los servicios como la renta que se regulan en este decreto hacen referencia al mismo colectivo al que se dirige el Decreto 52/2016, por lo que la ampliación de la edad máxima, más allá de lo que prevé la Ley 7/2015, también permitirá, en este caso, garantizar un proceso de autonomía personal adecuado mediante una transición más larga hacia la emancipación.
Asimismo, el Decreto 66/2016, de 18 de noviembre, por el que se aprueba la Cartera Básica de Servicios Sociales de las Illes Balears 2017-2020 y se establecen principios generales para las carteras insulares y locales, en el anexo ya recoge los servicios específicos para las personas destinatarias de los programas que prevé la Ley 7/2015. Así, se definen las viviendas de emancipación y el servicio de acompañamiento. Ambos servicios, conjuntamente con la renta de emancipación, persiguen el objetivo de cubrir las necesidades básicas de las personas jóvenes que inician su programa de autonomía personal, y se regulan bajo las competencias exclusivas del Gobierno de las Illes Balears.
El Decreto 24/2015, de 7 de agosto, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se establecen las competencias y la estructura orgánica básica de las consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, atribuye a la Dirección General de Menores y Familias la competencia para llevar a cabo políticas de promoción y apoyo a las familias y unidades de convivencia.
Finalmente, de acuerdo con el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, hay que decir que quedan suficientemente justificados los siguientes principios: de necesidad y eficacia, porque esta norma desarrolla la regulación de los servicios y las rentas que prevé la Ley 7/2015; de proporcionalidad, puesto que la regulación respeta las competencias insulares; de seguridad jurídica, motivo por el cual se ha optado por un decreto específico, que permite cubrir el conjunto de los colectivos previstos para ser beneficiarios de las rentas de autonomía personal y definir los servicios a los que pueden acceder, tal como prevé la Ley 7/2015; de transparencia, por el que se tiene que destacar la participación ciudadana antes y durante el proceso de elaboración de la norma; y, finalmente, de eficiencia, puesto que se regulan los requisitos de los servicios sociales destinados a personas en proceso de autonomía personal, en concordancia con la necesaria calidad que deben tener los servicios sociales, prevista en la Ley 4/2009, de 11 de junio, de servicios sociales de las Illes Balears.
Por todo ello, a propuesta de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación, de acuerdo con el Consejo Consultivo, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en la sesión de 25 de agosto de 2017,
0. Este decreto tiene por objeto definir los criterios de autorización y acreditación de los servicios para jóvenes en proceso de emancipación que han sido sometidos a medidas administrativas de protección o a medidas de justicia juvenil, así como la forma y el procedimiento de acceso y la lista de espera para disfrutar de estos servicios públicos.
1. También tiene por objeto regular la renta de autonomía personal para jóvenes en proceso de emancipación que han sido sometidos a medidas de justicia juvenil de acuerdo con la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, con la finalidad de contribuir a este proceso.
1. Este decreto es de aplicación a las entidades titulares y gestoras de los servicios de emancipación en la comunidad autónoma de las Illes Balears.
2. Asimismo, resulta de aplicación a las personas que o bien han accedido o quieren acceder a los servicios que se regulan en él o bien disfrutan de la renta de autonomía personal o la quieren solicitar.
Servicios para jóvenes en proceso de emancipación
1. Los servicios específicos para personas jóvenes mayores de 18 años que han sido tuteladas por la Administración o sometidas al cumplimiento de una medida judicial son los siguientes:
a) Servicio de vivienda de emancipación para personas mayores de 18 años que han sido tuteladas por la Administración o sometidas al cumplimiento de una medida judicial.
b) Servicio de acompañamiento para jóvenes que han estado sujetos a medidas administrativas o judiciales.
2. El conjunto coordinado de estos servicios constituye la Red Pública de Servicios de Emancipación.
1. Los servicios que detalla el artículo anterior tienen como objetivo facilitar la preparación para la vida independiente a las personas jóvenes mayores de edad que hayan estado bajo una medida de protección o bajo medidas judiciales y lo necesiten, tal como prevé la Ley 7/2015, de 10 de abril, por la que se establece el marco regulador de los procesos de autonomía personal de menores que han sido sometidos a una medida de protección o reforma.
2. Estos servicios actuarán de manera coordinada con los ámbitos socioeducativo, laboral y de acceso a la vivienda.
1. Las personas beneficiarias de los servicios son las personas jóvenes de 18 a 25 años en riesgo de exclusión social que no tienen apoyo, que han sido objeto de una medida de protección o de justicia juvenil y no pueden retornar a su familia nuclear, motivo por el que tienen que asumir un proceso de autonomía personal, y que tienen su domicilio o residencia en el territorio de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
2. Las personas usuarias del servicio de vivienda de emancipación, entre los 18 y los 25 años, disponen de un máximo de 48 meses, consecutivos o alternos, de uso de este servicio. Excepcionalmente, y siempre que haya plaza, la estancia en este servicio se puede prorrogar cuando la persona beneficiaria esté cursando satisfactoriamente estudios académicos de larga duración o cuando, durante la fase de estancia, tenga un problema de salud temporal que le impida la búsqueda de una nueva vivienda, sin que en ningún caso se pueda superar el límite de edad de 25 años.
Artículo 5 redactado por el artículo cuarto del D [BALEARES] 41/2019, 24 mayo, de modificación del D. 52/2016, de 5 de agosto, de la renta para personas en proceso de autonomía personal que han sido sometidas a medidas administrativas de protección de menores, y del D. 40/2017, de 25 de agosto, sobre los criterios de autorización y acreditación de los servicios para jóvenes en proceso de emancipación, y de regulación de la renta de autonomía personal para jóvenes que han sido sometidos a medidas de justicia juvenil («B.O.I.B.» 25 mayo). Vigencia: 26 mayo 2019
1. El procedimiento de acceso a los servicios se iniciará a instancia de parte, mediante la solicitud de las personas interesadas. Las solicitudes se tienen que presentar a la Dirección General de Menores y Familia, en los registros de los entes o los órganos administrativos o por los medios telemáticos que establece la normativa de procedimiento administrativo, de acuerdo con el modelo que la Consejería ponga a disposición de las personas interesadas.
2. La Dirección General de Menores y Familias tiene que tramitar las solicitudes y hacer las valoraciones oportunas en el marco de los programas de autonomía personal. La aprobación o la denegación del acceso al servicio de la persona usuaria se tiene que efectuar mediante una resolución del órgano competente. En caso de que no se dicte y notifique la resolución en el plazo de tres meses a contar desde la fecha de la solicitud, se entenderá que la solicitud ha sido desestimada.
3. En caso de que no haya plazas disponibles, la Dirección General de Menores y Familias tiene que habilitar una lista de espera. Los criterios de prelación que tienen que regir el orden de esta lista de espera son los siguientes:
1º. Aquellas solicitudes procedentes de personas que bajo la guarda o tutela de la entidad pública competente permanecen hasta el final de una medida administrativa en un centro de protección.
Estas se ordenarán según los siguientes criterios:
a) La edad en el momento de la solicitud, teniendo prioridad el solicitante de menos edad.
b) La fecha del registro de la solicitud, teniendo prioridad la más antigua.
Como resultado de la aplicación de estos criterios se elabora un listado ordenado de las solicitudes. En el momento de disponibilidad de una plaza vacante se aplicará, entre los tres primeros de la lista, el criterio de arraigo. Este se entiende como el vínculo que tiene establecido el usuario con la entidad gestora del centro de procedencia y del recurso de destinación, en el caso de ser la misma.
2º. Aquellas solicitudes de personas que no provengan de un centro de protección en el momento de hacer la solicitud.
Éstas se ordenarán según los siguientes criterios:
a) La edad en el momento de ofrecimiento de una plaza disponible, teniendo prioridad el solicitante de menos edad.
Si la persona joven en lista de espera del servicio de vivienda no acepta la plaza que se le ofrece y no lo justifica:
a) La primera vez que renuncie, permanecerá sin la posibilidad de que se le vuelva a ofrecer una plaza durante un período de seis meses a contar desde la fecha de la renuncia expresa o no aceptación tácita.
b) La segunda vez, permanecerá sin la posibilidad de que se le vuelva a ofrecer otra plaza durante un período de nueve meses a contar desde la fecha de la segunda renuncia expresa o no aceptación tácita.
c) Si renuncia una tercera vez, se entenderá que renuncia al derecho a disfrutar del servicio de vivienda.
Asimismo, la persona joven puede solicitar, de manera justificada y siempre que haya disponibilidad de plaza, el cambio de vivienda.
Número 3 del artículo 6 redactado por el apartado 1 del artículo quinto del D [BALEARES] 41/2019, 24 mayo, de modificación del D. 52/2016, de 5 de agosto, de la renta para personas en proceso de autonomía personal que han sido sometidas a medidas administrativas de protección de menores, y del D. 40/2017, de 25 de agosto, sobre los criterios de autorización y acreditación de los servicios para jóvenes en proceso de emancipación, y de regulación de la renta de autonomía personal para jóvenes que han sido sometidos a medidas de justicia juvenil («B.O.I.B.» 25 mayo). Vigencia: 26 mayo 2019
4. El servicio está obligado a admitir a las personas usuarias designadas por la Consejería y, una vez se le haya notificado la resolución de adjudicación de plaza, tiene que realizar el ingreso efectivo de la persona usuaria, de acuerdo con esta resolución.
5. La persona usuaria dispone de un período de adaptación a cada servicio de treinta días naturales, transcurridos los cuales se consolidará su derecho al servicio. En los casos que la persona usuaria del servicio de vivienda incumpla las condiciones del contrato de uso y estancia en la vivienda, los acuerdos establecidos y la normativa, será expulsada de la vivienda, la primera vez, por un período de seis meses; la segunda vez, por un período de nueve meses, y la tercera vez, definitivamente, sin la posibilidad de acceder a otra plaza. Si hay circunstancias que impiden la atención de la persona usuaria, la entidad lo tiene que comunicar al órgano competente, mediante un informe razonado, y este órgano tiene que adoptar la resolución que corresponda.
Número 5 del artículo 6 redactado por el apartado 2 del artículo quinto del D [BALEARES] 41/2019, 24 mayo, de modificación del D. 52/2016, de 5 de agosto, de la renta para personas en proceso de autonomía personal que han sido sometidas a medidas administrativas de protección de menores, y del D. 40/2017, de 25 de agosto, sobre los criterios de autorización y acreditación de los servicios para jóvenes en proceso de emancipación, y de regulación de la renta de autonomía personal para jóvenes que han sido sometidos a medidas de justicia juvenil («B.O.I.B.» 25 mayo). Vigencia: 26 mayo 2019
6. La resolución de acceso al servicio de vivienda de emancipación debe indicar la aportación económica de la persona usuaria al coste de este servicio. Para las personas con ingresos iguales o superiores al importe de la cuantía máxima de la prestación de la renta, calculados de acuerdo con el artículo 17, esta aportación es del 5 % del coste del servicio. Para el resto, no hay participación económica.
Autorización y acreditación de los servicios para jóvenes en proceso de emancipación
La Administración autonómica es la administración competente para autorizar y acreditar los servicios regulados en este decreto que se presten en el territorio de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
1. Todos los servicios para jóvenes en proceso de emancipación que regula este decreto quedan sometidos al régimen de autorización e inscripción establecido en el Decreto 10/2013, de 28 de febrero, por el que se fijan los principios generales del Registro Unificado de Servicios Sociales de las Illes Balears y de los procedimientos para la autorización y la acreditación de los servicios sociales, y se regulan la sección suprainsular del Registro y los procedimientos para autorizar y acreditar servicios sociales de ámbito suprainsular.
2. Además de los requisitos generales que establece la normativa general aplicable, para ser autorizados, los servicios para jóvenes en proceso de emancipación tienen que cumplir los requisitos específicos que recoge el anexo de este decreto.
1. La acreditación es una condición necesaria para poder ejercer el servicio para jóvenes en proceso de emancipación incluido en la Red de Servicios Sociales de Atención Pública y, por tanto, recibir financiación pública. Por ello, las entidades que se integran en esta red, que se quieran integrar o que quieran recibir financiación pública tienen que acreditar sus servicios de conformidad con el procedimiento previsto en el Decreto 10/2013.
2. Los requisitos para la acreditación, además de los establecidos para la autorización y los generales que exige la normativa aplicable a la acreditación, son los que describe el anexo de este decreto.
Las entidades titulares de los servicios tienen que estar debidamente inscritas en el Registro Unificado de Servicios Sociales. Esta inscripción puede ser a instancia de parte, de acuerdo con el Decreto 10/2013, o de oficio, cuando se obtenga la autorización o la acreditación correspondiente.
Renta de autonomía personal para jóvenes con medidas de justicia juvenil
1. La renta de autonomía personal para jóvenes con medidas de justicia juvenil es una prestación social de tipo económico que tiene carácter subsidiario respecto de otras prestaciones del sistema público de prestaciones sociales, de carácter temporal y que es de percepción mensual, para atender los gastos esenciales de las personas que han sido sometidas a las medidas de justicia juvenil que establece la Ley Orgánica 5/2000, y que detalla el capítulo II de este título IV, aplicadas por la entidad pública competente en la materia.
2. Esta prestación no tiene la consideración de subvención, puesto que se configura como una prestación autonómica complementaria de las prestaciones que prevé el artículo 2.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, a efectos de lo que dispone la letra a del artículo 2.3 del Texto refundido de la Ley de subvenciones, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2005, de 28 de diciembre.
3. A los efectos de lo que dispone este decreto, se entiende por gastos esenciales de una persona los gastos propios incluidos en el concepto amplio de alimentos recogido en el Código Civil, es decir, la alimentación, la habitación, el vestido y la asistencia médica, así como las que facilitan la comunicación y el transporte básico, y también todas las que son imprescindibles para vivir dignamente.
1. La renta de autonomía personal para jóvenes con medidas de justicia juvenil es compatible y complementaria respecto de las prestaciones finalistas de servicios sociales que correspondan a la persona titular o a cualquiera de los miembros de su núcleo familiar.
2. Esta prestación también es compatible con otras prestaciones económicas de la Administración autonómica, insular o local, del sistema educativo o laboral, que tengan como finalidad la formación y la plena inserción de las personas en el mercado laboral.
3. En cualquier caso, la prestación es incompatible con:
a) La renta mínima de inserción.
b) La renta social garantizada.
c) La prestación para personas desinternadas que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) concede a las personas jóvenes que acaban el cumplimiento de las medidas de justicia juvenil privativas de libertad, si cumplen todos los requisitos que establece la normativa aplicable. En todo caso, la prestación del SEPE tiene que ser prioritaria respecto de la renta de autonomía personal para jóvenes con medidas de justicia juvenil y se tiene que agotar antes de solicitar la renta que regula este decreto.
d) La renta para personas en proceso de autonomía personal que han sido sometidas a medidas administrativas de protección de menores. En ningún caso una persona puede ser beneficiaria de ambas rentas.
Artículo 13 derogado por el artículo sexto del D [BALEARES] 41/2019, 24 mayo, de modificación del D. 52/2016, de 5 de agosto, de la renta para personas en proceso de autonomía personal que han sido sometidas a medidas administrativas de protección de menores, y del D. 40/2017, de 25 de agosto, sobre los criterios de autorización y acreditación de los servicios para jóvenes en proceso de emancipación, y de regulación de la renta de autonomía personal para jóvenes que han sido sometidos a medidas de justicia juvenil («B.O.I.B.» 25 mayo). Vigencia: 26 mayo 2019
Tienen derecho a ser personas beneficiarias de la prestación que regula este decreto las personas jóvenes que cumplan los requisitos que establece el artículo siguiente, que sigan el programa de autonomía personal suscrito con la Dirección General de Menores y Familias, y que hayan sido sometidas al cumplimiento de alguna de las medidas judiciales establecidas en los apartados a, b, c y d del artículo 7.1 de la Ley Orgánica 5/2000, siempre que la competencia de la correspondiente aplicación esté atribuida a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y sean ejecutadas por la Dirección General de Menores y Familias del Gobierno de las Illes Balears.
Para ser persona beneficiaria de esta renta, se tienen que cumplir los siguientes requisitos:
a) Haber cumplido 18 años y no haber cumplido 25.
b) Haber sido sometido al cumplimiento de alguna de las medidas judiciales que detalla el artículo anterior.
c) En el caso de que la persona interesada no tenga un empleo o no curse estudios académicos, estar inscrita como demandante de trabajo en el Servicio de Empleo de las Illes Balears (SOIB).
d) Expresar la voluntad de iniciar un proceso de autonomía personal, que se tiene que acreditar con la participación en el programa de autonomía personal suscrito con la Dirección General de Menores y Familias y mostrando una evolución correcta durante un periodo de tres meses, como mínimo, prorrogable a tres meses más.
e) Vivir de manera autónoma, lo que se tiene que acreditar mediante el certificado de empadronamiento correspondiente en que consten las personas con las que convive.
f) Tener unos ingresos inferiores al 80 % del IPREM (indicador público de rentas de efectos múltiples) en el momento de solicitar la prestación.
g) Tener la residencia en la comunidad autónoma de las Illes Balears, lo que se tiene que acreditar con el certificado de empadronamiento en un municipio de las Illes Balears.
h) No haber renunciado a una oferta de trabajo adecuada o no haber sido baja voluntaria de su trabajo en los tres meses anteriores a la presentación de la solicitud de la renta de autonomía personal para jóvenes con medidas de justicia juvenil.
Las personas beneficiarias están obligadas a:
a) Cumplir el programa de autonomía personal acordado con los servicios técnicos de la Dirección General de Menores y Familias del Gobierno de las Illes Balears, de acuerdo con los artículos 4 y 5 de la Ley 7/2015.
b) Si se produce alguna de las causas de extinción o suspensión que indica el artículo 23 de este decreto, comunicarlo a la Dirección General de Menores y Familias y, si procede, reintegrar las cuantías percibidas indebidamente. La entidad gestora puede comprobar, en cualquier momento, el cumplimiento de las condiciones que hayan determinado el acceso a la prestación.
c) Destinar la cuantía económica de la renta de autonomía personal para jóvenes con medidas de justicia juvenil a la finalidad para la que se ha otorgado, de acuerdo con el artículo 11.3 de este decreto.
d) Reclamar cualquier derecho económico que les pueda corresponder por cualquier título, y ejercer las correspondientes acciones para hacerlo efectivo. En los casos que los condicionantes sociales o culturales imposibiliten la reclamación, la Administración se reserva excepcionalmente el derecho de ejercer las actuaciones que considere oportunas, con el acuerdo previo de la persona titular.
e) Solicitar la prestación a la que tengan derecho legalmente las personas destinatarias o interponer la correspondiente reclamación judicial, en el caso que tengan derecho legalmente a percibir una pensión alimenticia.
f) Reintegrar el importe de las prestaciones percibidas indebidamente.
g) Asistir a las entrevistas a las que sean citadas por el profesional o la profesional de referencia de la Dirección General de Menores y Familias.
h) Atender a los requerimientos y colaborar en las actuaciones de comprobación que lleve a cabo la Administración.
j) Cumplir todas las obligaciones que se prevean reglamentariamente y las que establezca el programa de autonomía personal.
Régimen económico y procedimiento
2. Se puede percibir la cuantía íntegra de la prestación mientras la suma de la cantidad que supone más los ingresos procedentes de la actividad laboral remunerada o de las prestaciones económicas complementarias no iguale o supere el valor de 1,5 veces el IPREM vigente en cada momento. En este caso, la cuantía de la prestación se tiene que reducir en la proporción necesaria para no superar este límite.
3. Excepcionalmente, en los supuestos en que la situación familiar o convivencial de la persona que ha sido sometida a una medida de justicia juvenil o reforma suponga una carga económica, la prestación se incrementará en la cantidad resultante en un 20 % para la segunda persona integrante del núcleo familiar y en un 10 % para las restantes, hasta un máximo de cuatro personas. En el cómputo de miembros, las personas afectadas por una discapacidad del 33 % o superior computan un 10 % más, de acuerdo con los límites cuantitativos previstos.
4. La prestación se tiene que percibir en pagos mensuales vencidos a partir del mes siguiente.
1. La renta mensual se puede solicitar en cualquier momento, a partir de los 18 años y hasta que se cumplan 25.
2. Las solicitudes de la prestación se tienen que presentar a la Dirección General de Menores y Familias, o en los registros o por los medios que prevé la normativa sobre procedimiento administrativo, de acuerdo con el modelo que la Consejería ponga a disposición de las personas interesadas, en el que tiene que constar la documentación que se debe adjuntar para acreditar los requisitos del artículo 15.
En cualquier caso, la Consejería de Servicios Sociales y Cooperación tiene que dictar y notificar una resolución motivada en el plazo de tres meses a contar desde la fecha de la solicitud. Si transcurre este plazo y no se ha dictado y notificado la resolución, la solicitud se entenderá desestimada.
La renta de autonomía personal se debe abonar directamente a la persona beneficiaria, mediante una transferencia bancaria a la cuenta corriente facilitada por dicha persona.
2. Se debe determinar si la persona beneficiaria tiene hijos o hermanos a cargo que le comporten una carga económica.
3. A los efectos de lo que establecen los apartados 1 y 2 de este artículo, se entiende, con carácter general, que hay falta de recursos económicos cuando los ingresos personales son inferiores al 80 % del IPREM.
4. No se tienen en cuenta como ingresos personales los que pueda percibir la persona beneficiaria provenientes de ayudas de cualquier naturaleza si tienen la finalidad de atender los gastos derivados de la necesidad del concurso de otra persona para llevar a cabo los actos esenciales de la vida.
1. La duración máxima de la prestación es de 36 meses, según la edad de la persona beneficiaria, del momento de presentar la solicitud y del hecho de que se mantengan las condiciones que motiven la concesión. En todo caso, acaba el día en que la persona beneficiaria cumple 25 años y se prorratea la mensualidad vencida.
2. Los periodos de percepción del Servicio de Empleo Público Estatal computan en este límite temporal.
3. La prestación se puede prorrogar automáticamente para cada ejercicio económico si se mantienen los requisitos que motivan la concesión y no se produce ninguna causa de extinción o suspensión.
1. La prestación se puede suspender o extinguir por cualquiera de las circunstancias que prevé el artículo siguiente.
2. El procedimiento de suspensión o extinción se puede iniciar a instancia de la persona interesada o de oficio por acuerdo del órgano competente. En este caso, se pondrá en conocimiento de la persona interesada y se le concederá un plazo de quince días hábiles para formular las alegaciones que considere oportunas en defensa de su derecho, sin perjuicio de las medidas cautelares que se consideren más adecuadas.
3. La suspensión de la prestación tiene una duración máxima de tres meses. Durante este periodo, se puede reiniciar la prestación cuando deje de existir la causa que haya motivado la suspensión.
4. Si se agota el periodo de suspensión y no se ha resuelto la causa, la prestación se extingue automáticamente, sin perjuicio de la correspondiente resolución de extinción del derecho a la prestación.
a) Dejar de residir en las Illes Balears.
b) Llevar a cabo una actividad laboral remunerada con una retribución igual o superior a 1,25 veces el IPREM.
c) Dejar de atender injustificadamente a dos requerimientos de la administración competente para comprobar la continuidad de los requisitos para acceder a la prestación concedida.
d) Incumplir el programa de autonomía personal aprobado por la Dirección General de Menores y Familias.
e) Llevar a cabo la tramitación de un expediente de extinción.
2. Son causas de extinción de la renta de autonomía personal:
a) Producirse la muerte de la persona beneficiaria.
b) Cumplir 25 años o haber disfrutado de la prestación el tiempo máximo previsto en el artículo 22.
c) Mantener cualquiera de las causas que motivan la suspensión de la prestación durante tres meses.
d) Falsear la información aportada a la Administración en la acreditación de los requisitos.
e) Falsear la documentación aportada a la Administración en la acreditación de los requisitos, previa resolución judicial por la que se declare la falsedad documental.
f) Incumplir el programa de autonomía personal aprobado por la Dirección General de Menores y Familias o no seguir las pautas durante un periodo superior a tres meses, previo informe técnico.
g) Producirse la mejora de la situación económica de la persona beneficiaria por aumento patrimonial y, por lo tanto, desaparecer la situación de necesidad que haya motivado la prestación, de acuerdo con los requisitos que establece este decreto.
h) Haber sido condenado por una nueva causa judicial.
De acuerdo con la normativa vigente, las personas beneficiarias, por iniciativa propia o por requerimiento de la Administración, tienen que reintegrar las cuantías recibidas indebidamente por cualquier causa, de acuerdo con la legislación de finanzas aplicable a la hacienda de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
La gestión de la renta de autonomía personal corresponde a la Dirección General de Menores y Familias de la Consejería de Servicios Sociales y Cooperación del Gobierno de las Illes Balears.
1. La Dirección General de Menores y Familias asignará a cada persona beneficiaria un técnico o una técnica de referencia para la gestión y el seguimiento del programa de autonomía personal.
2. El programa de autonomía personal se tiene que formalizar por escrito. Tienen que firmar los acuerdos del programa el técnico o la técnica de referencia y la persona beneficiaria.
3. Si procede, la Dirección General de Menores y Familias, mientras dure la prestación, comprobará periódicamente si la persona beneficiaria está inscrita en la búsqueda de empleo, si dispone de cotizaciones de la Seguridad Social, así como el resto de requisitos para poder disfrutar de la prestación.
4. La Dirección General de Menores y Familias se coordinará con el personal técnico de los servicios de inserción en los que participe la persona beneficiaria de la prestación para el intercambio de información, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y el artículo 7 de la Ley 7/2015.
La renta de autonomía personal se financiará con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
El régimen sancionador aplicable a las actuaciones derivadas de este decreto es el establecido en la Ley 4/2009, de 11 de junio, de servicios sociales de las Illes Balears.
1. Se crea la Comisión de Seguimiento de Emancipación, adscrita a la Dirección General de Menores y Familias, para llevar a cabo el seguimiento y evaluación de los usuarios de la Red Pública de Emancipación.
2. Esta Comisión está integrada por los profesionales del Servicio de Familias de la Dirección General de Menores y Familias responsables de la gestión de los programas de autonomía personal, designados por la directora general, y por los representantes de las entidades concertadas, designados por estas y nombrados por la directora general.
3. Las funciones de la Comisión de Seguimiento de Emancipación son las siguientes:
a) Evaluar el proceso de emancipación de cada persona beneficiaria del servicio.
b) Evaluar los requisitos y las obligaciones necesarias para que la persona beneficiaria pueda seguir disfrutando de la prestación de los servicios de la Red Pública de Servicios de Emancipación.
De la evaluación se elaborará informe técnico, a partir del cual se elaborará la propuesta de resolución corerspondiente.
4. El régimen de funcionamiento de la Comisión de Seguimiento de Emancipación se tiene que ajustar a las normas contenidas en la sección tercera del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público , y en el capítulo quinto del título II de la Ley 3/2003, de 26 de marzo , de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, con las particularidades siguientes:
a) La presidencia de la Comisión de Seguimiento de Emancipación corresponde a un miembro de la Dirección General de Menores y Familias designado por la directora general de Menores y Familias.
b) El secretario o secretaria será elegido y designado por la Comisión de entre sus miembros.
c) La Comisión de Seguimiento de Emancipación se reunirá con una periodicidad de tres meses, sin perjuicio de la posible convocatoria cuando lo solicite una de las partes implicadas.
5. Los representantes de la Administración se designarán de acuerdo con el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, excepto por razones fundamentadas y objetivas debidamente motivadas. Se entiende por representación equilibrada la presencia de mujeres y hombres de modo que ningún sexo supere el 60 % del conjunto ni sea inferior al 40 %.
Título V -artículos 30 y 31- introducido por el artículo séptimo del D [BALEARES] 41/2019, 24 mayo, de modificación del D. 52/2016, de 5 de agosto, de la renta para personas en proceso de autonomía personal que han sido sometidas a medidas administrativas de protección de menores, y del D. 40/2017, de 25 de agosto, sobre los criterios de autorización y acreditación de los servicios para jóvenes en proceso de emancipación, y de regulación de la renta de autonomía personal para jóvenes que han sido sometidos a medidas de justicia juvenil («B.O.I.B.» 25 mayo). Vigencia: 26 mayo 2019
1. En cada isla de la comunidad autónoma se constituirá una comisión técnica de derivación y evaluación, adscrita a la Dirección General de Menores y Familias, con la finalidad de evaluar y elaborar propuestas para los casos de personas que han sido sometidas a medidas administrativas de protección de menores que puedan ser beneficiarias de los servicios de la Red Pública de Emancipación.
2. Esta comisión está integrada por los miembros siguientes:
a) En la isla de Mallorca
- Tres miembros del Servicio de Familias de la Dirección General de Menores y Familias, designados por la directora general.
- Dos miembros de la entidad pública de protección de menores competente, propuestos por el respectivo consejo insular y nombrados por la directora general.
- Tres miembros a propuesta de la Federación de Entidades de Atención a la Infancia y Adolescencia Balear (FEIAB), nombrados por la directora general.
b) En las islas de Menorca, Ibiza y Formentera
- Dos miembros de la Dirección General de Menores y Familias, designados por la directora general.
- Dos miembros de la entidad pública de protección menores competente, propuestos por el respectivo consejo insular y nombrados por la directora general.
3. Las funciones de la Comisión Técnica de Derivación y Evaluación son las siguientes:
a) Conocer a las personas jóvenes susceptibles de ser incorporadas al programa, seis meses antes de acabar la medida administrativa de protección.
b) Colaborar en el proceso de derivación de las personas jóvenes.
c) Establecer el inicio de la intervención educativa en coordinación con el profesional referente.
d) Participar en la evaluación del servicio de la Red Pública de Servicios de Emancipación, indicando los aspectos susceptibles de mejora (en especial, tiene que evaluar todos los procesos).
e) Cooperar en el desarrollo de la Red Pública de Servicios de Emancipación.
f) Establecer directrices y protocolos para la intervención educativa y unificar estrategias de intervención mediante una metodología integral.
g) Potenciar la formación permanente de los profesionales.
h) Cumplir las funciones que la administración competente le encomiende.
4. El régimen de funcionamiento de la Comisión Técnica de Derivación y Evaluación se tiene que ajustar a las normas contenidas en la sección tercera del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015 y en el capítulo quinto del título II de la Ley 3/2003 , con las particularidades siguientes:
a) La presidencia de la Comisión Técnica de Derivación y Evaluación corresponde a un miembro del Servicio de Familias de la Dirección General de Menores y Familias designado por la directora general de Menores y Familias.
b) El secretario o secretaria será elegido y designado por la Comisión de entre sus miembros
c) La Comisión Técnica de Derivación y Evaluación se reunirá con una periodicidad de tres meses, sin perjuicio de la posible convocatoria cuando lo solicite una de las partes implicadas.
Los servicios de ámbito suprainsular que estén autorizados y en funcionamiento cuando entre en vigor este decreto siguen manteniendo la autorización sin ningún otro trámite.
1. Las entidades titulares de servicios de acompañamiento y de servicios de vivienda de emancipación disponen de un año para adaptarse a los requisitos de autorización que establece este decreto.
2. Desde la entrada en vigor de este decreto, se establece un plazo de dos años para que los trabajadores contratados en la categoría de auxiliar educativo que no poseen la titulación en educación secundaria obligatoria puedan obtenerla.
1. Se modifica el apartado e del artículo 5 del Decreto 52/2016, que pasa a tener la siguiente redacción:
e) Tener unos ingresos inferiores al 80 % del indicador público de rentas de efectos múltiples (IPREM) en el momento de la solicitud de la prestación.
2. Se modifica el apartado 2 del artículo 13 del Decreto 52/2016, que pasa a tener la siguiente redacción:
3. Se modifica la letra b del apartado 1 del artículo 14 del Decreto 52/2016, que pasa a tener la siguiente redacción:
b) Llevar a cabo una actividad laboral remunerada con una retribución igual o superior a 1,25 veces el IPREM vigente en cada momento.
Respecto del procedimiento aplicable, en todo lo que no prevé este decreto se aplicará la normativa reguladora del procedimiento administrativo común.
Condiciones para la autorización y la acreditación de los servicios para jóvenes en proceso de emancipación
1.1. Principios rectores de la intervención
Los principios sobre los que se fundamenta la intervención son:
- Participación, entendida como la implicación activa para alcanzar los objetivos previstos.
- Individualización, mediante el proyecto educativo individualizado (PEI), desarrollado de manera individual, evaluado permanentemente y basado en los intereses de las personas usuarias.
- Respeto a los compañeros y compañeras, al personal cualificado, a los recursos, a la programación, etc. Se trata de fomentar la relación correcta entre las personas usuarias durante la convivencia en el recurso.
- Integración, tanto social como laboral, con la utilización de todos los recursos de la comunidad, y la evitación de situaciones de exclusión social desde una perspectiva de potenciación de la autonomía personal.
- Compromiso de asumir la normativa y las características del recurso; por parte del personal cualificado a fin de orientar, facilitar recursos, programar las acciones, analizar situaciones y necesidades, y también acompañar hasta llegar a la autonomía personal y la integración social y laboral de las personas jóvenes.
- Motivación, reforzada por el personal cualificado mediante las actividades de la vida diaria, las tutorías, las asambleas de grupo y la autonomía personal.
- Normalización, con el favorecimiento del nuevo proceso socioeducativo a partir de una nueva situación y las necesidades personales de las personas jóvenes, y con la participación en todos los recursos normalizados de la comunidad.
- Responsabilidad, a partir de la concienciación de las personas jóvenes de su propia situación personal, fomentando y reforzando habilidades como la puntualidad, habilidades de la vida cotidiana, respeto en la relación con los compañeros y compañeras, cuidado y buen uso de las instalaciones del recurso, relación con el vecindario, etc.
1.2.1. Los servicios tienen que disponer del personal suficiente de acuerdo con la normativa aplicable. La ratio o el número de personal cualificado se adecuará a la tipología, a la intensidad de la prestación de cada recurso y a los servicios que se prestan.
1.2.2. Si los servicios se prestan mediante personal propio, a la hora de computar las ratios se tendrán en cuenta el número de trabajadores que se dedican a la prestación de cada uno de los servicios y la jornada. La distribución de las ratios entre los servicios tiene que garantizar la atención adecuada a las personas usuarias y el funcionamiento correcto del servicio. Si los servicios se prestan a través de una empresa externa, resultará de aplicación el siguiente apartado.
1.2.3. En el caso de externalización de servicios, en lugar de computar las ratios de personal cualificado, las cláusulas técnicas de los contratos tienen que concretar los requisitos de calidad exigibles de la actividad que se externaliza, que deben respetar los estándares de calidad de la reglamentación sobre atención a las personas usuarias, condiciones materiales de las instalaciones y cartera de prestaciones de los servicios.
1.2.4. El personal directivo puede compatibilizar la tarea de dirección con tareas de atención directa a las personas usuarias y computar una parte de su jornada como personal de atención directa y otra parte como personal de atención indirecta, siempre que esta circunstancia se pueda acreditar y esté reflejada en el plan de actuación del centro.
1.2.5. La entidad prestadora del servicio tiene que asegurar la cualificación necesaria del personal que lleva a cabo el trabajo directo con las personas usuarias y tiene que mantener un archivo de personal actualizado.
1.2.6. A efectos del cómputo del personal, se entiende por ratio la proporción de personal cualificado con relación al número de personas usuarias del servicio. Las ratios de personal que tienen la consideración de mínimas se tienen que fijar según la tipología del servicio de que se trate. En el cálculo de las ratios se debe incluir todo el personal que trabaja habitualmente en el servicio, con independencia del tipo de contratación. El cálculo se tiene que hacer computando cada efectivo en la equivalencia que corresponda según la proporción entre la jornada laboral y el 100 % de la jornada anual, de acuerdo con el convenio colectivo que resulte aplicable o, excepcionalmente, de acuerdo con lo que establezca la normativa laboral.
2. Servicio de vivienda de emancipación (2.2.6)
2.1. Condiciones funcionales
2.1.1. El servicio de vivienda de emancipación es un servicio de alojamiento que posibilita la transición a la vida activa de las personas jóvenes que han sido tuteladas por la Administración o que han cumplido una medida de las que prevé la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
2.1.2. El servicio de vivienda de emancipación se tiene que prestar en un dispositivo integrado en la comunidad, cada día de la semana, durante 365 días al año y 24 horas al día.
2.1.3. Hay que promover la continuidad de las personas jóvenes en el recurso residencial de autonomía personal de la misma entidad en que hayan residido durante la medida de protección, para facilitar los procesos de adaptación con las personas referentes que ya conocen.
2.1.4. Con respecto al funcionamiento, el recurso residencial se entiende como un espacio de vivienda normalizada de las personas jóvenes que se incorporan al proyecto. Los horarios de la vida cotidiana se estructurarán de acuerdo con el plan de trabajo individual suscrito entre la persona joven y la Administración. En este sentido, los objetivos y el nivel de exigencia que se establezcan dependerán del nivel de autonomía personal de la persona, para lo cual, la intervención tiene que ser personalizada y adecuada a su momento vital.
2.1.5. Con respecto a los servicios que se prestan, para que las personas residentes en las viviendas concertadas puedan desarrollar un proceso de autonomía con garantías, hay que llevar a cabo, entre otras acciones, las siguientes:
- Facilitar cobijo a los que no tengan otra alternativa de vivienda.
- Hacer el seguimiento individualizado de las personas que compartan la vivienda.
- Participar en acciones formativas relacionadas con la organización personal, laboral y social, como talleres para:
a) Aprender a convivir con otros jóvenes.
b) Aprender a gestionar las tareas domésticas.
c) Aprender a gestionar y a administrar las finanzas personales.
d) Tener conocimientos sobre cómo alquilar o comprar una vivienda.
e) Llevar una vida autónoma en aspectos como el cuidado de la salud, la promoción de actividades de ocio y tiempo libre, etc.
- Favorecer la integración social dentro de la comunidad poniendo en conocimiento de los residentes la red de servicios y entidades sociales que pueden favorecer su proceso de autonomía.
El servicio tiene que estar formado por un director o una directora, que será responsable de las viviendas, y por un número de técnicos y auxiliares en relación proporcional al número de personas que habiten en la vivienda. Las ratios indicadas se pueden modular según la intensidad del servicio. Así, las funciones, las ratios máximas y los requisitos de estos profesionales son los siguientes:
- Función: velar por el buen desarrollo del recurso residencial.
- Ratio: independientemente de la intensidad del servicio, la ratio es de 0,03 para cada cuatro personas usuarias.
- Requisitos: titulación de grado o diplomatura universitaria de ciencias sociales o del ámbito socioeducativo, o la correspondiente habilitación.
Técnicos de intervención directa:
- Función: acompañar educando, asesorar y reforzar, orientar y preparar a cada joven en el desarrollo de las diferentes áreas de la persona.
- Ratio: de 0,5 para cada cuatro personas usuarias en viviendas de máxima intensidad del servicio. Esta ratio se puede reducir en viviendas de emancipación de intensidad más reducida.
- Requisitos: titulación de grado o diplomatura universitaria, preferentemente de ciencias sociales, o la correspondiente habilitación.
Auxiliares educativos:
- Función: apoyar a las personas jóvenes y acompañarlas en las necesidades básicas y en las tareas de la vida cotidiana.
- Ratio: independientemente de la intensidad del servicio, la ratio es de 0,25 para cada cuatro personas usuarias.
- Requisitos: como mínimo, una titulación de formación profesional de grado superior relacionada con disciplinas de carácter humanístico, social o educativo, o bien la titulación de educación secundaria obligatoria y la acreditación de una experiencia profesional de dos años en puestos de trabajo de funciones análogas o mediante un certificado del Instituto de las Cualificaciones Profesionales de las Illes Balears.
2.3. Condiciones materiales
2.3.1. Cada vivienda tiene que cumplir las condiciones adecuadas para la habitabilidad. En este sentido, debe disponer del mobiliario y los utensilios necesarios para poder disfrutar con comodidad de la estancia, así como de los electrodomésticos y otros aparatos eléctricos o de gas que posibiliten la higiene personal y de la ropa, la alimentación y una temperatura ambiental adecuada. Cada joven que habite allí debe disponer de una cama en exclusividad y de un armario para poder guardar sus utensilios personales.
2.3.2. La administración competente en esta materia tiene que garantizar que el 4 % de las plazas de la Red Pública de Servicios de Emancipación sean accesibles para las personas con movilidad reducida.
3. Servicio de acompañamiento para jóvenes que han estado sujetos a medidas administrativas o judiciales (2.2.7)
3.1. Condiciones funcionales
3.1.1. El servicio de acompañamiento para jóvenes que han estado sujetos a medidas administrativas o judiciales tiene la finalidad de acompañar a estas personas en el proceso de autonomía personal para facilitar su integración social normalizada.
3.1.2. Los objetivos específicos del servicio son:
- Reconocer las carencias y las potencialidades personales para hacer un buen proceso de autonomía personal.
- Adquirir, aumentar y mantener un buen nivel de autoestima, aprender estrategias de regulación emocional y conseguir un buen grado de estabilidad emocional.
- Desarrollar habilidades de comunicación asertivas y estrategias de resolución de conflictos para poder integrarse y relacionarse en la sociedad adulta.
- Adquirir actitudes de compromiso, de esfuerzo y crecimiento personal, y de respeto mutuo.
- Aprender a racionar el tiempo y a aprovechar un uso del ocio saludable.
- Formarse en espíritu crítico.
- Reconocer la salud como un punto fundamental para el desarrollo personal, aprender habilidades y técnicas de autocuidado, conocer los recursos externos que se destinan a la salud, fomentar el desarrollo de conductas preventivas y afirmar y asimilar rutinas saludables cotidianas.
- Aprender a gestionar, planificar y distribuir los gastos así como los posibles ingresos económicos de una manera racional y previsora.
- Conocer conceptos, instrumentos, recursos y habilidades para poder hacer gestiones económicas para la transición a la vida autónoma (gestiones con bancos, contratos, cuentas bancarias, órdenes de pago, gestión de ayudas, trámites jurídico-administrativos, actualización de documentación, etc.) y tomar conciencia de las implicaciones, las responsabilidades, los derechos y los riesgos que comportan.
- Desarrollar conductas prosociales en lugar de conductas delincuenciales, negligentes o antisociales.
- Entender el ocio como un espacio tranquilo y necesario de descanso, reposo y respiro, contrario a excesos y pérdida de control.
- Conocer los diferentes recursos que hay en su entorno para el acompañamiento y el apoyo en su proceso de autonomía personal.
- Acceder a los recursos formativos y laborales para mejorar sus oportunidades de inserción mediante la orientación, trabajando la planificación, la información, las habilidades y la motivación.
- Desarrollar hábitos de responsabilidad y habilidades personales como parte activa de su proceso de inserción y crecimiento.
El servicio tiene que disponer del siguiente personal cualificado:
- Un director o una directora responsable del servicio. La ratio es de 0,30 de jornada completa.
Requisito: titulación de grado o diplomatura universitaria de ciencias sociales o del ámbito socioeducativo, o la correspondiente habilitación.
- Un técnico o una técnica con tareas de coordinación. La ratio es de una jornada completa.
- Técnicos de intervención directa: tienen la función de acompañar educando, asesorar y reforzar, orientar y preparar a cada joven en el desarrollo de las diferentes áreas de la persona. La ratio es de cinco técnicos a jornada completa.
Requisito: titulación de grado o diplomatura universitaria, preferentemente de ciencias sociales o del ámbito socioeducativo.
Las ratios se refieren a un total de noventa personas usuarias.
3.3. Condiciones materiales
Puesto que se trata de un servicio que se presta en el entorno comunitario, no se establecen condiciones materiales específicas.
4. Documentación específica para adjuntar a la solicitud de autorización y acreditación de los servicios para jóvenes en proceso de emancipación
4.1. Puesto que se tratan de servicios sociales que no requieren instalaciones específicas ni diferenciadas, para la correspondiente autorización no es necesaria la documentación que indica la letra c del apartado 2 del artículo 36 del Decreto 10/2013, de 28 de febrero, por el que se fijan los principios generales del Registro Unificado de Servicios Sociales de las Illes Balears y de los procedimientos para la autorización y la acreditación de los servicios sociales.
4.2. De la misma manera, para el servicio de vivienda de emancipación se debe aportar la cédula de habitabilidad, y no es necesario el documento acreditativo de la obtención de la licencia de obras o de la licencia municipal de instalación, si es el caso, cuando las exige la normativa vigente.
4.3. Además de la documentación prevista en el artículo 53 del Decreto 10/2013, se tiene que aportar la siguiente documentación:
a) Acreditación documental, o declaración responsable, sobre el cumplimiento efectivo de las condiciones de empleo de trabajadores con discapacidad que establece el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
b) Documentación que acredite que el 80 % de los trabajadores del servicio tienen un contrato laboral indefinido.
c) Plan de formación continuada de los trabajadores del servicio
d) Programa de prevención de riesgos laborales que incluya, entre otros aspectos, una evaluación de riesgos laborales de carácter psicosocial y ergonómico por puestos de trabajo, y un programa de medidas de conciliación de la vida personal, profesional y familiar.
e) Certificado emitido por la Dirección General de Trabajo, Economía Social y Salud Laboral, o el órgano administrativo competente que corresponda, en el que conste que la entidad interesada no ha sido sancionada mediante ninguna resolución firme en vía administrativa por la comisión de infracciones graves o muy graves en materia de relaciones laborales, empleo, empresas usuarias de empresas de trabajo temporal, Seguridad Social, emigración, movimientos migratorios y trabajo de extranjeros durante los últimos cuatro años.
f) Procedimiento de evaluación de la satisfacción laboral que se aplica a los trabajadores del servicio.