Source: http://www.domingorondina.com.ar/2016/11/personalidad-y-legitimacion-pasiva-del.html
Timestamp: 2017-10-22 08:14:56
Document Index: 920852

Matched Legal Cases: ['artículo 82', 'artículo 2', 'in fine', 'ARTÍCULO 1', 'Artículo 55', 'artículo 55', 'artículo 4', 'artículo 93', 'artículo 146', 'artículo 95', 'artículo 146', 'artículo 82']

RECOMENDANOS con un click: Derecho Constitucional - Domingo Rondina - Dando cátedra: PERSONALIDAD Y LEGITIMACION PASIVA DEL PODER LEGISLATIVO
PERSONALIDAD Y LEGITIMACION PASIVA DEL PODER LEGISLATIVO
Legislatura legitimada
Tal como ya lo habíamos planteado en la causa López c/ Cámara de Diputados de Santa Fe s/ Amparo (Robustelli), la antigua doctrina de falta de legitimación procesal de los órganos legislativos debe flexibilizarse en algunos casos.
Cuando se discute en juicio una decisión discrecional, soberana, de una o ambas cámaras, debe habilitarse algún grado de participación de ellas en el debate judicial.
En la causa por la banca de Robustelli ya lo habíamos explicado y había sido admitido por las distintas instancias (VER AQUÍ).
En el año 2016, a raíz de un amparo promovido por el concejal rosarino Boasso, se volvió a discutir el tema, ahora respecto al Senado provincial.
Pretende el concejal que se le informe detalles y procedimiento para el otorgamiento de subsidios por parte de la Cámara de Senadores. Este es un tema muy importante, y que debe respetar los principios republicanos de buen gobierno y transparencia, en el cual ha avanzado muchísimo la Legislatura en los últimos años. Pero, en definitiva, estamos ante facultades privativas constitucionalmente consagradas.
Compartimos a continuación el escrito que elaboramos para contestar demanda, sosteniendo que debe admitirse la participación de la Cámara.
Y aquí puede leerse la nota de Diario El Litoral sobre el tema.
Posteriormente la jueza actuante, en un exceso de celeridad y formalismo ritual, dispuso (en dos renglones) que no se le daba participación a la Cámara ya que la única personería pública provincial era de la Provincia representada por el Ejecutivo. Contra esa pobrísima y rudimentaria decisión interpusimos revocatoria que también compartimos al pie.
A consecuencia de la revocatoria la jueza salió por el camino más rápido: tramitó la revocatoria y en su decisión sobre ella declaró abstracta la pretensión de Boasso (porque había recibido los informes antes de iniciar su amparo) y dio por concluida la causa.
Como tantas veces ocurre en derecho constitucional santafesino: la mayoría de los jueces de formación civilista no saben qué hacer frente a las aguas más profundas del debate constitucional...
Ref.: “Boasso, Jorge c/ Provincia de Santa Fe
s/ amparo”
(expte. Nº 21-02866509-9)
Juzgado de Primera Instancia en lo CyC – 18ª nominación
Carlos Alcides Fascendini, DNI 10.057.367, Vicegobernador de la Provincia de Santa Fe, y como tal Presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, con el patrocinio letrado del Dr. Domingo Rondina, abogado, con fianza suficiente para el ejercicio de la procuración, constituyendo domicilio ad litem en Santa Fe 1950-Planta Baja-OFICINA PRESIDENCIA DEL SENADO de la ciudad de Rosario, ante V.S. me presento y respetuosamente digo:
Vengo a comparecer por la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe que presido, y a contestar demanda por ella, solicitando se declare el objeto de esta causa abstracto y como cuestión política no judiciable, resultando de ello un DEFECTO ABSOLUTO EN LA POTESTAD DE JUZGAR (FALTA DE JURISDICCIÓN) por parte de V.S.
A todos los fines, solicito se rechace la demanda, con expresa solicitud de imposición de costas al reclamante.
II) CITACIÓN y PERSONERÍA
Que la Honorable Cámara de Senadores que presido es el sujeto requerido en la causa que tramita ante V.S.
Que la demanda se endereza contra la Provincia de Santa Fe y/o CAMARA DE SENADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE diciendo el actor expresamente que pretende entenderse litigiosamente con nuestra Cámara: “En cuanto a la Cámara de Senadores se trata de un órgano que cuenta con presupuesto propio y normas internas propia (sic), corresponde a dicho organismo la contestación de la nota cursada, consecuencia de lo cual su legitimación pasiva surge nítidamente.”
Y, así como la contestará el Poder Ejecutivo a través del Fiscal de Estado, es menester que contestemos nosotros y seamos tenidos por parte por razones que infra desarrollaré, pero que resumo:
* se pretende revisar actos de la Cámara que resultan totalmente ajenos a la voluntad del Ejecutivo, por lo que debe defenderse la independencia de los poderes
* no tenemos facultades constitucionales ni legales para darle instrucciones al Fiscal de Estado, por lo cual no podemos asumir como propias las decisiones que él tome, ni los argumentos de su contestación
Por ello, aunque se haya omitido citarnos, vengo a tomar intervención y a contestar demanda, sin perjuicio de las advertencias y salvedades que a continuación formularé.
Y, en representación de la Cámara, solicito ser tenido.
III) CITACIÓN A FISCALÍA DE ESTADO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
Considero correcto que el Fiscal de Estado comparezca en esta causa. Pero no para que represente a la Cámara que yo represento en esta presentación. Sí para que tome la intervención que el Poder Ejecutivo considere adecuada.
Es criterio del suscripto que el Fiscal de Estado Provincial, en este caso, debe limitarse a suscribir el criterio jurídico que la Cámara sostiene, para cumplir cabalmente su obligación de defensa en juicio de todos los órganos del Estado.
Una actitud diferente del Sr. Fiscal de Estado podría conducir a la esquizofrenia del conflicto de poder.
IV) LEGITIMACIÓN PASIVA DE LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES
Expondré por qué considero que la HCS se halla legitimada para intervenir en esta causa de modo directo, y luego argumentaré respecto a su personalidad, sin perder de vista que considero que la presente cuestión resulta NO JUDICIABLE.
En decisiones autónomas de cada Cámara, como lo es el uso de sus facultades discrecionales (en este caso, la de conceder subsidios), es dicho órgano constitucional totalmente independiente, actuando según el mejor criterio de su mayoría, discrecionalmente, sin cortapisas posibles provenientes de otros poderes estatales (sea el Ejecutivo o el Judicial).
La decisión hace a la propia función, y por ende admitir cualquier invasión foránea pondría el funcionamiento mismo de la Cámara en manos de otro órgano invasor.
Se trata de una facultad asignada directamente por el Poder Constituyente, y dada sin restricciones de ningún tipo.
Por ende, la decisión que la Cámara que presido toma en estos temas sólo es atribuible a ella, y debe ser defendida por ella, entendiéndose con la Cámara la discusión que aquí pretende entablarse.
V) PERSONALIDAD DE LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES
La antigua doctrina, que era comúnmente aceptada, sostenía que la Legislatura no es demandable.
Suponían los autores clásicos que cualquier pretensión de un particular contra ella iba, en definitiva, a repercutir sobre decisiones provinciales, sobre el presupuesto provincial, sobre el gobierno, y por lo tanto se suponía que el único legitimado pasivamente por el concepto ‘Estado Provincial’ era el Poder Ejecutivo.
En efecto: cuando un juzgado, como en el caso, da trámite a una demanda cuyo objeto hace a funciones propias, intransferibles, de una Cámara legislativa, debe admitirse su participación litigiosa.
Al tratarse de un tema concedido sin cortapisas por la Constitución, como lo es la facultad de conceder subsidios, estamos ante una decisión exclusiva, y discrecional de la Cámara.
Es la decisión de la HCS la única que causa el efecto buscado por la Constitución (concesión de subsidios) y así es la Cámara la única que puede causar el daño que el demandante cree estar sufriendo (insuficiente información).
Postular al Poder Ejecutivo, o a su órgano Fiscal de Estado (‘es el asesor legal del Poder Ejecutivo’, dice el artículo 82 de la Constitución Provincial), como representantes de la Cámara resulta inidóneo para la profundización del debate judicial sobre la causa.
Por lo tanto, surge claro que la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe debe ser admitida como parte en la causa.
La sentencia que V.S. puede llegar a dictar, si antes no admite su falta de potestad judicial, afectará de manera exclusiva y directa a la Cámara que presido.
La sentencia que el actor pretende implica restringir una facultad que la Constitución le da a un órgano constitucional.
Dejar en manos del Fiscal de Estado esa posible decisión es absurdo. Ni a él ni al Poder Ejecutivo les afectaría de modo alguno la sentencia, ni podrían comprometerse a cumplirla, ya que el manejo del propio presupuesto es potestad de la misma Cámara, con lo cual malamente podría cumplirse una sentencia de ese objeto.
Si V.S. dispusiese determinados requisitos a seguir por el Senado respecto a su facultad constitucional de conceder subsidios, ni el Fiscal de Estado ni el Poder Ejecutivo podría ordenarnos un temperamento, por lo tanto es menester que sea la misma Cámara quien participe de la causa.
Es que, para que la Cámara pudiese ser forzada en el marco de una hipotética e inconstitucional ejecución judicial, debería haber sido parte del proceso, y condenada en firme.
LA PERSONALIDAD POR CONFLICTO DE PODER. LA ACTUAL SITUACIÓN HISTÓRICA DE LA COMPOSICIÓN DE LA CÁMARA DE SENADORES
Que si se pretendiese dar intervención al Ejecutivo o al Sr. Fiscal de Estado (ubicado orgánicamente dentro de la estructura del Poder en la órbita ejecutiva) estaríamos en una situación de grave crisis institucional, ya que podríamos afrontar un serio conflicto entre el Departamento Ejecutivo Provincial y una de las Cámaras Legislativas.
Súmese a ello que, actualmente, la mayoría de la Cámara de Senadores no responde al partido del Gobernador, y por lo tanto no podemos presumir que haya sintonía absoluta entre los criterios del Fiscal de Estado, instruido por el Gobernador, y los criterios decididos por mayoría en esta Cámara.
Pero, tal como sostuvimos y hemos demostrado siempre, es posible la convivencia democrática entre mayorías partidarias diferentes, siempre y cuando haya diálogo democrático, y se respeten las competencias e incumbencias de cada poder.
Pero si se aceptase que, ante una demanda, el Gobernador debe representar a la Cámara de Senadores, caeríamos en una gravísima desviación de las competencias funcionales.
ART. 93, INC. 6 - LA CORTE ES SUPREMA
En este caso, si se permitiese al Poder Ejecutivo Provincial entenderse con quien reclama información propia del Senado, estaríamos ante un claro supuesto de conflicto de Poder que debería ser zanjado por la Corte Provincial.
Si se impidiese a la Cámara de Senadores tomar intervención judicial a través de sus autoridades, y se delegase la tarea al Fiscal de Estado dependiente del Gobernador, se provocaría una crisis institucional de proporciones producto del desbalance de poderes.
Téngase presente que, por razones propias, el Ejecutivo podría tener sus criterios y preferencias respecto a cómo debe manejarse el Senado, en cuyo caso nadie podría garantizarle a la Cámara la JUSTA DEFENSA EN JUICIO con lo cual serían estériles las cláusulas constitucionales que la hacen independiente en el desempeño de sus facultades.
Por todo ello, surge claro que la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe debe ser admitida como parte en la causa.
Por una parte, lo que impide a la Legislatura estar en juicio, como enseñan Sagüés y Serra siguiendo a Ulla, es que se le ha dado un marco de inmunidad frente al Poder Judicial para que no se revisen decisiones que le son propias.
Precisamente por eso aquí planteamos lealmente que estamos ante una cuestión política no judiciable. Es un obstáculo a la demandabilidad.
Pero cuando las demandas son admitidas, cuando se va a analizar el comportamiento del Poder Legislativo, se le debe reconocer cierta personería para comparecer. No puede obstaculizarse la defensa.
“171. ¿Tienen "personalidad" los órganos? ¿Son sujetos de derecho? Los órganos que, como tales, integran una persona jurídica, no pueden considerarse como sujetos de derecho, con personalidad jurídica distinta de la persona a que pertenecen. La personalidad, en tal caso, le corresponde a la persona jurídica. Así, los órganos legislativo, judicial y ejecutivo, integrantes de la persona jurídica "Estado", carecen de personalidad, la cual le corresponde al Estado. De manera que los meros "órganos" de una entidad o persona jurídica no tienen personalidad: no son sujetos de derecho.
Lo que antecede constituye el "principio", el cual, sin embargo, puede verse modificado por un texto expreso de derecho. Siempre ha de tenerse presente el ordenamiento jurídico vigente, aplicable al caso que se considere.” (Marienhoff, Miguel; Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 1)
En Giordano Monti (Reg.: A y S t 125 p 185-194 27/03/96), al tratar sobre la Medida Cautelar, la CSJP sostuvo su añeja jurisprudencia de falta de personalidad del órgano legislativo (Bastino, Decoud, Di Leo)
Pero, como bien dice Marienhoff, ese es el ‘principio’.
Ahora, debemos atender al caso y al derecho vigente.
Estamos aquí en una situación particularísima donde la Legislatura debe defender no un acto administrativo cualquiera sino una decisión que hace a su esencia: la decisión sobre su propio presupuesto, y sobre cómo cumplir su función constitucional, sus atribuciones, sus “le corresponde”.
Y –justamente en este caso- se advierte que la Cámara de Senadores puede tener intereses propios DIFERENCIADOS de la Provincia representada por el Poder Ejecutivo.
b) que, en materia de legitimación procesal, y en especial, en el juicio de amparo, debe postergarse la protección de las individualidades, cuando ella significa anular la tutela en los intereses sociales, colectivos o difusos. El soslayo se basa no tanto en la insuficiencia manifiesta que muestra la captación de los derechos subjetivos, sino porque, además de la tutela y defensa de los intereses particulares, la socialización y la masificación de las preocupaciones funda un orden diferente que urge ser tenido en cuenta.
Y hacia allá vamos. Para desentrañar la verdad del caso sólo puede llevarse el pleito con la Cámara de Senadores como parte.
VI) ABSTRACCION DE LA CAUSA (moot case)
Que el objeto de cualquier amparo por mora (figura regulada pretorianamente en nuestra provincia), es justamente el expresado en el capítulo “objeto” de la demanda que contesto: que el juez fije un plazo para que el órgano estatal brinde una respuesta formal la petición de un ciudadano.
El amparo por mora, vía elegida por el actor, no congloba en su objeto que el órgano estatal se pronuncie en determinado sentido. Solamente puede concluir con una orden de tipo perentorio, que fija plazos.
En este caso, con algunos días de anticipación a la notificación de la demanda, nuestra Honorable Cámara de Senadores contestó el pedido del ciudadano Boasso, conforme surge del expediente administrativo que en copia debidamente legalizada acompaño.
Efectivamente, en fecha 21/09/2016 se ingresó en Mesa de Entradas del HCM Rosario la respuesta de nuestra Cámara.
Efectivamente, como dice en su demanda, con fecha 16/08/16 ingresó nota membretada del HCM Rosario ante la oficina de Presidencia Senado Rosario, la cual entró por Mesa de Entradas General de la HCS en fecha 17/08/16.
Allí el concejal solicitó determinada información que dio lugar a la formación del expediente 33352.
Tras los lógicos pasos procedimentales y los dictámenes pertinentes, se ingresó respuesta dirigida al Concejal Boasso a través de la Mesa de Entradas del Honorable Concejo Municipal de Rosario en fecha 21/09/16, conforme surge de las constancias certificadas que acompaño.
Si la misma no es del agrado del peticionante, o si pretende otra información, debe peticionarla, y en todo caso acudir judicialmente mediante una acción propia del acceso a la información.
Pero el amparo por mora –vía electa- no puede incluir ese debate, agotándose en la fijación de un plazo cuando el pedido no ha sido respondido.
Pero en este caso sí fue respondido.
Por lo tanto, el objeto de esta causa se ha vuelto abstracto, habiendo enmudecido el caso, al decir de la doctrina norteamericana.
VII) LA MALICIA PROCESAL. BÚSQUEDA DE UN RESULTADO DE FONDO MEDIANTE UN AMPARO POR MORA
Apenas se lee la demanda del concejal Boasso, patrocinado por su socia Dra. Moschen, se advierte que los conceptos confusos no son producto de impericia o desconocimiento fáctico ni jurídico.
Poniendo diferentes pretensiones en una misma bolsa argumental intenta que V.S. no solamente provea un amparo por mora (fijando un plazo para responder una nota) sino que directamente V.S. disponga sobre el fondo, imponiendo una obligación de informar, cuánto informar, cómo informar y qué informar.
En su objeto, si bien habla de amparo por mora y de que se fije un plazo para contestar a su solicitud, agrega otros pedidos como que se ordene el acceso y la entrega de documentación, que son pedidos de fondo.
Por supuesto que confiamos en que V.S. distingue claramente la vía procesal instanciada de un amparo de fondo, y por eso ha proveído el presente como amparo por mora, pero quiero poner de resalto que se pretende confundir al juzgador, a las partes, y al público.
Así lo hizo el actor en su twitter el día 07/10/16 diciendo que la jueza había hecho lugar a su amparo y ordenado al Senado informar detalladamente sobre los subsidios en 5 días, cuando solamente se dio admisibilidad a la causa y se corrió traslado por 5 días.
Y siendo abogado el actor, y estando debidamente patrocinado, no puede ignorar que no hay sentencia sin traslado previo, más aún teniendo en cuenta que no ha pedido ni medida cautelar ni autosatisfactiva.
No podemos dejar de señalar también que Boasso inicia la causa y notifica su traslado después de haber recibido la contestación de nuestra Cámara, mostrando claramente su mala fe y la innecesariedad de esta demanda.
Pero así ocurre cuando la ambición política no deja ver el cauce procesal…
VIII) EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (AIP)
LA OBLIGACION DEL PODER LEGISLATIVO RESPECTO AL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Los decretos que el amparista invoca en su presentación administrativa, y ante V.S., expresamente excluyen de su régimen al Poder Legislativo.
Pese a esta exención, la Cámara que tengo el honor de presidir, en otra demostración de su compromiso republicano con la transparencia, contestó detallada y fundadamente a la requisitoria del Dr. Boasso.
En efecto el decreto 692/2009 dice en su artículo 2º in fine:
“Quedan excluidos del ámbito de aplicación del presente decreto los Poderes Legislativo y Judicial.”
Y el decreto 1774/2009 no tiene nada que ver con el caso, ya que solamente refiere a datos de empleados públicos, que no es lo que busca el actor. Transcribo las normas pertinentes:
“ARTÍCULO 1º: Créase el Sistema Provincial de Información Mínima Publicable respecto de agentes públicos, que como Anexo Único forma parte del presente decreto.”
“ARTICULO 3º: Invítese al Poder Legislativo, al Poder Judicial y a las Municipalidades y Comunas de la Provincia de Santa Fe a adherir al presente Sistema y/o a generar los propios dentro de sus respectivos ámbitos si no los tuvieren.”
Por ende, no nos son imperativas las normas que menciona el actor, e incluso nos hallamos relevados de la obligación que el amparista pretende imponer en estos autos.
IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR MORA A RAÍZ DE LA EXENCIÓN DE LOS DECRETOS DE AIP
No obstante lo dicho, debemos decir que no se puede fijar judicialmente un plazo para hacer algo a lo que el sujeto no está obligado a hacer.
El amparo por mora se justifica cuando un órgano estatal, obligado a contestar, no contesta.
En este caso, tal como expresamos, el Poder Legislativo provincial no tiene obligación legal de contestar los pedidos de acceso a la información pública, pese a lo cual ha brindado todo lo que se le solicitó.
Pero en cualquier caso, y en cualquier otro supuesto, debe V.S. tener presente que no podrá fijarse plazo alguno para hacer aquello que no estamos obligados a hacer.
Pretender como lo hace el amparista controlar si en cada caso el ciudadano careciente merecía o no la ayuda estatal es una revictimización de los débiles y una invasión a facultades privativas de esta Cámara.
En la ya famosa causa “CIPPEC c/ ESTADO NACIONAL – Ministerio de Desarrollo Social” la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció claramente que no debe informarse los motivos de los subsidios porque implicaría difundir datos personales sensibles, siendo suficiente conque se forme expediente con nombre y dni del beneficiario, tal como lo hace esta Honorable Cámara.
De ese modo, en aquella causa, se determinó que está cabalmente cumplido el acceso a la información pública.
Nuestra Cámara informa cuánto gasta, en qué lo gasta, verifica identidades, paga por cheques, rinde cuentas y tiene mecanismos de auditoría interna y externa (del Tribunal de Cuentas) sobre su proceder. Exactamente el mismo itinerario que sigue el Ejecutivo a través de sus oficinas de asistencia social.
Más aún: en la web oficial de la HCS se informa detalladamente, subsidio por subsidio.
Para mayor ilustración, esta es la pantalla desde donde se pueden descargar los listados completos de beneficiarios institucionales de subsidios con número de expediente, identificación y demás datos de interés público:
Pulsando sobre “descargar archivo” se abre un documento acrobat que detalla los subsidios que la Cámara otorgó a solicitud de cada senador durante ese mes.
Se reservan las identidades de las personas físicas para evitar revelar datos sensibles de los desvalidos sociales, pero eso no quita que la identidad está expresada y certificada en cada expediente individual.
En los años 2007 y 2008 (presidencias Bielsa y Tessio) hubo varios pedidos ciudadanos sobre el tema, y por eso la Cámara resolvió construir este detallado mecanismo de acceso a la información pública de sus subsidios.
Así las cosas, y pese a estar nuestra Cámara exenta de los decretos de AIP, informamos de manera clara, completa y suficiente sobre el tema.
IX) LA CLÁUSULA CONSTITUCIONAL
El 13 de abril de 1962, en la 7ª sesión ordinaria de la Honorable Convención Constituyente, se leyó el entonces inciso 23 (luego 22 por rechazo de un inciso previo en el proyecto).
Así se estableció expresamente:
Artículo 55: Corresponde a la Legislatura (…) inciso 22: Conceder subsidios.
El presidente de la Convención, Chiaraviglio, anuncia que se va a votar el inciso 23, no había despachos de minoría desde la comisión, era unánime el acuerdo, y se vota por la afirmativa sin discusión ninguna.
Con esta reseña histórica que hace al espíritu del constituyente, pretendo demostrar que nunca estuvo en discusión la facultad de conceder discrecionalmente subsidios por parte de ambas cámaras legislativas.
Así lo hace cada Cámara: se elabora un programa para la consecución de determinados fines, se discute, se aprueba por mayoría, y se distribuyen subsidios en el marco de su presupuesto.
Cumplido así el mandato constitucional, nada puede cuestionarse a la conducta legislativa.
X) QUÉ HICIMOS. POR QUÉ LO HICIMOS.
Hicimos uso de nuestra facultad discrecional, hicimos una opción constitucional, en el ejercicio de nuestra parte en la tarea de gobierno.
Hicimos una opción legal, permitida por la Constitución Provincial, tendiente a asegurar derechos.
Hicimos una opción progresiva, pro hominem, eligiendo la solución que mejor asegura los derechos constitucionales.
HICIMOS UNA OPCIÓN, lo que no es revisable por ninguna otra autoridad.
XI) CUESTIÓN POLÍTICA NO JUDICIABLE. DEFECTO ABSOLUTO DE LA POTESTAD DE JUZGAR. FALTA DE JURISDICCIÓN
CUESTION POLITICA NO JUDICIABLE
Conforme con la doctrina estadounidense fundadora de las “political questions”, estamos ante un claro supuesto de facultad discrecional del órgano Senado.
La Constitución provincial, en su artículo 55 inciso 22 establece que corresponde a la Legislatura “conceder subsidios”.
Tal como la constitución redacta esa facultad, sin restricciones objetivas, estamos ante una clara facultad discrecional, de índole política.
Es decir: no existiendo requisitos para esa concesión, no fijando la Constitución condiciones, no existiendo pasos a seguir, nuestra Cámara es libre para decidir el procedimiento, los requisitos, el mecanismos que seguirá en cada concesión de subsidios.
Pretender que nuestra Cámara deba exhibir ante el Poder Judicial las penurias que atraviesan las personas que solicitan un subsidio sería una lisa y llana intromisión de un poder estatal sobre otro.
No puede judicializarse aquello que no tiene requisitos objetivos que cumplir ya que no hay un itinerario constitucional a controlar.
Pretender que se le informen los problemas de cada persona que ha solicitado una pequeña ayuda económica es desconocer los problemas de la gente que los legisladores día a día tratan de paliar.
Y, en definitiva, es desconocer una facultad constitucional clara y fundadamente establecida por los convencionales de 1962.
Por ello, debe quedar claramente establecido que estamos ante una facultad propia de la Cámara, irrevisable por otro poder como el Judicial.
Y así debe declararse que estamos dentro del reducido campo de las cuestiones políticas no judiciables.
Más recientemente, con los fallos ‘Bussi’ y ‘Patti’, la Corte tuvo oportunidad de actualizar sus criterios sobre las ‘political questions’, estableciendo la improponibilidad procesal de las mismas
LAS CUESTIONES POLÍTICAS NO JUDICIABLES EN SANTA FE
XII) INCOMPETENCIA DE V.S.
Vengo a plantear la incompetencia de Su Señoría para entender en esta causa, solicitando su remisión al Juzgado de igual fuero de la ciudad de Santa Fe.
En efecto, conforme a las pautas de jurisdicción establecidas en el artículo 4 de la ley provincial 10456, resulta competente el juez del lugar donde el acto lesivo surte efectos.
El actor se queja falsamente de no haber recibido respuesta de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe.
La Cámara que presido tiene su asiento en la sede de la Legislatura Provincial: General López 3055, ciudad de Santa Fe.
Y la nota debía ser contestada en nuestra sede, por eso en fecha 17/08/2016 ingresó allí, allí se contestó, y desde allí se emitió la respuesta.
Por lo tanto el acto lesivo (FALTA DE RESPUESTA) es en la sede de la Legislatura donde podría ocurrir.
Y el acto de fondo (BRINDAR INFORMACIÓN) también es en la sede de la ciudad capital, ya que allí es donde se guardan los expedientes, y desde donde se emiten los subsidios y las normas que los regulan.
Por lo tanto, sin perjuicio de mis otros planteos, debe V.S. declararse incompetente para seguir interviniendo en este proceso.
XIII) NEGATIVAS
Niego todas y cada una de las afirmaciones y consideraciones expuestas por el actor en su demanda, salvo aquellas que sean admitidas expresamente en el presente escrito de responde.
En particular insisto en negar expresamente lo siguiente:
No es cierto que haya más presupuesto destinado a subvenir necesidades de personas e instituciones que aquel que se informa en la web institucional del Senado.
No es cierto que las cifras imaginadas por el actor se correspondan a la realidad que surge del presupuesto abierto de la Cámara.
No es cierto que las consideraciones del concejal Boasso puedan ser imperativas para la HCS que solamente debe respetar las prescripciones constitucionales.
No es cierto que la información difundida públicamente vía web sea incompleta o insuficiente.
No es cierto que no se detallen los subsidios a personas físicas, ya que solamente no se revelan sus identidades, las cuales sí se verifican en cada expediente individual que se forma, archiva y queda dentro de la revisión que realiza el Tribunal de Cuentas.
No es cierto que no se haya contestado la petición de Acceso a la Información Pública del Concejal Boasso, la cual se contestó incluso 5 días antes de que él promueva esta demanda.
No es cierto que los decretos 692/09 y 1774/09 alcancen a la Legislatura.
No es cierto que las resoluciones de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Salta tengan alguna influencia en este caso.
No es cierto que la jurisprudencia y normativa nacional e internacional citadas tengan relevancia en este caso, donde se ha contestado en tiempo y forma el pedido de AIP.
No es cierto que haya reasignación de partidas desde el Ejecutivo hacia el Senado, siendo que la Cámara maneja su propio presupuesto previamente establecido.
No es cierto que corresponda la admisibilidad de la demanda.
No es cierto que haya arbitrariedad ni ilegalidad manifiestas en la conducta de la Cámara.
No es cierto que no haya habido remedios administrativos idóneos para obtener la información pública solicitada.
No es cierto que la demanda haya sido tempestiva, siendo que se presentó después de ya logrado su objeto.
No es cierto que sea V.S. competente, ya que la sede de la Cámara está en la ciudad de Santa Fe.
No es cierto –principalmente- que haya morosidad de la Honorable Cámara de Senadores en contestar la petición de Acceso a la Información Pública del Sr. Boasso, la cual fue evacuada en fecha 21/09/2016.
XIV) PRUEBA
Acompaño copia debidamente certificada del expediente 33352 iniciado en fecha 16/08/16 por el concejal Boasso y contestado en fecha 21/09/2016.
XV) DERECHO
Fundo la presente en la Constitución de la Nación Argentina, la Constitución de la Provincia de Santa Fe, los tratados internacionales con jerarquía constitucional, los tratados internacionales sobre Derechos Humanos suscriptos por nuestro país, la ley 10456, y demás normativa concordante.
XVI) RESERVAS
Que en razón de encontrarse directamente afectados y comprometidos Prerrogativas, Principios, Derechos y Garantías de rango constitucional y que fueran oportunamente referenciados, para el hipotético e improbable supuesto de que V.S. admitiera total o parcialmente las pretensiones del actor, dejamos desde ya planteada la reserva constitucional y formulamos expresa reserva de requerir la intervención de la Corte Suprema de Santa Fe en virtud del inciso 6 del artículo 93 y de ocurrir ante la Corte Suprema de Justicia Provincial por la vía del Recurso de Inconstitucionalidad (Ley Provincial Nº 7055 y sus modificatorias), y en su caso, por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación interponiendo el respectivo Recurso Extraordinario previsto en el art. 14 de la Ley Nacional Nº 48 y sus concordantes.
Dejamos también reservada la vía para acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica por violación de la CADH.
XVII) PETITORIO
Por todo lo expresado, del Sr. Juez respetuosamente solicito:
1) Me tenga por presentado, patrocinado y domiciliado
2) Me conceda la participación que me corresponde en representación de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, como presidente de la misma, admitiendo la personalidad y legitimación pasiva de la HCS.
3) Se declare incompetente, remitiendo la causa a su par de la ciudad de Santa Fe
4) Declare la abstracción del caso por haber la Cámara de Senadores respondido a la nota del actor, antes incluso de que se inicie esta demanda.
5) Admita la carencia absoluta de su facultad de juzgar por tratarse de una cuestión política no judiciable
6) Agregue la prueba documental acompañada.
7) Rechace la demanda intentada, con costas.
8) Tenga presentes las prevenciones y reservas formuladas.
Interpone recurso de nulidad y revocatoria
con apelación en subsidio
Vengo a interponer recurso de nuidad y revocatoria con su necesaria apelación en subsidio contra el decreto dictado sin sustanciación en fecha 11/10/2016 del cual me notifico en el mismo día de esta presentación.
Ello, sin perjuicio de los planteos de incompetencia realizados por mi parte respecto a V.S., y para que el presente sea resuelto por el juez que en definitiva deba entender.
Pretendo con ello obtener que se tenga por presentada a la Cámara de Senadores con mi representación, admitiendo la personalidad y legitimación pasiva de la HCS; se declare V.S. incompetente, remitiendo la causa a su par de la ciudad de Santa Fe; declare la abstracción del caso por haber la Cámara de Senadores respondido a la nota del actor, antes incluso de que se inicie esta demanda; admita la carencia absoluta de su facultad de juzgar por tratarse de una cuestión política no judiciable; y en definitiva rechace la demanda intentada, con costas.
II) EL DECRETO DE FECHA 11/10/16
Que V.S. en un paupérrimo proveído dispone “a lo solicitado: no ha lugar”.
Para así resolver se basa en el artículo 146 del Código Civil y Comercial de la Nación, en el 82 de la Constitución Provincial y en la ley provincial 7234.
Luego invoca doctrina de la CSJN en autos “DI LEO”.
III) NULIDAD
V.S. correctamente reconoce en su escueta providencia que mi parte no ha ignorado la normativa y doctrina pretoriana que utiliza para fundar su rechazo.
Lo que V.S. no hace es explicar cómo su hermenéutica de la misma normativa y doctrina jurisprudencial le conduce a un resultado opuesto al postulado por mi parte.
Fundamos in extenso, lealmente, en buen derecho, la personalidad de la Cámara de Senadores.
Y V.S. sin explicación alguna, solamente mencionando la normativa esgrimida por mi parte, dice que de ella extrae lo necesario (y silenciado) para resolver “no ha lugar”.
En primer lugar es visible la absoluta carencia de fundamentación del resolutorio, contrariando la orden expresa del artículo 95 de la Constitución Provincial, que reza: “Las sentencias y autos interlocutorios deben tener motivación suficiente, so pena de nulidad.” Y eso es lo que le ocurre a éste: resulta nulo, y por ende debe ser descalificado como acto jurídico.
IV) REVOCATORIA
V.S. alude al artículo 146 del Código Civil, que se limita a declarar persona jurídica pública a las provincias.
Aunque parezca obvio decirlo, V.S. confunde la personalidad única de la Provincia de Santa Fe, con la capacidad de sus diversos órganos para estar en juicio cuando intereses propios entran en juego, como en este caso, lo cual expusimos sobradamente.
Luego invoca el artículo 82 de la CP sobre el Fiscal de Estado, habiendo mi parte explicado extensamente por qué el Fiscal de Estado no puede representar en soledad a la Cámara en estos casos, ya que no podemos darle instrucciones ni controlar su desempeño en la litis.
Finalmente invoca la ley 7234 que regula la actuación del Poder Ejecutivo en juicios, previa reclamación administrativa, desconociendo lo tan profusamente fundado por mi parte respecto a la naturaleza totalmente diferente del proceso, lo cual no es desconocido por V.S. ya que no le ha dado el trámite propio de la ley 7234.
Luego alude al caso “DI LEO” de la Corte. Al explicar dicha jurisprudencia mi parte expuso claramente, basándonos en reconocida doctrina constitucional santafesina, que la Corte incurrió en una invasión conceptual, ya que lo que impide a la Legislatura estar en juicio, es que se le ha dado un marco de inmunidad frente al Poder Judicial para que no se revisen decisiones que le son propias. Y precisamente por eso planteamos que estamos ante una cuestión política no judiciable, como obstáculo a la demandabilidad. Pero no a la personalidad procesal…
Sin embargo, no sabemos en qué sentido V.S. ha leído el fallo, ni qué conclusiones extrajo en su análisis, siendo el resolutorio un mero índice de tres menciones normativas y una jurisprudencial.
Cabe agregar que, al día siguiente de vuestra decisión, en fecha 12/10/16, la misma Corte Suprema de Justicia Santafesina emitió sentencia en autos LOPEZ, JULIO ROBERTO C/ HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE - AMPARO - (EXPTE. 41/14) S/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA) 21-00510300-9
Allí, la misma Corte había admitido a la Cámara de Diputados como demandada, corrido traslado para contestar la queja admitida, y al resolver no rechazó la actuación de la Cámara sino que la reconoció como parte.
Por lo dicho, en caso de no admitirse la nulidad por la absoluta falta de fundamentación del decisorio en crisis, deberá revocarse el mismo.
V) APELACION EN SUBSIDIO
Que, como el decreto en crisis ha sido dictado sin sustanciación, sin traslado contencioso, interpongo subsidiariamente la apelación, solicitando que en el hipotético e improbable caso de que no se admitan mis recursos de nulidad y revocatoria, se eleve para conocimiento y decisión del Superior.
VI) PETITORIO
1) Por interpuesto recurso de nulidad y revocatoria.
2) Haga lugar al mismo y, por contrario imperio, conceda la participación que corresponde a la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, proveyendo mi escrito liminar.
3) En caso contrario, provea la subsidiaria apelación.
PERSONALIDAD Y LEGITIMACION PASIVA DEL PODER LEGIS...