Source: http://bazica.org/empresa-industrial-y-comercial-del-estado-contrato--carbocol-c.html
Timestamp: 2018-08-20 11:05:26
Document Index: 330768839

Matched Legal Cases: ['artículo 83', 'artículo 13', 'artículo 82', 'artículo 30', 'artículo 175', 'artículo 1494', 'artículo 8', 'artículo 66', 'artículo 66', 'artículo 1602', 'artículo 1502', 'artículo 1500', 'Artículo 1741', 'artículo 1742', 'artículo 2', 'artículo 87', 'artículo 32', 'artículo 26', 'artículo 230', 'artículo 230', 'artículo 26', 'artículo 230', 'artículo 230', 'artículo 16', 'artículo 87', 'artículo 230', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 16', 'artículo 230', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 177', 'ARTÍCULO 26', 'artículo 230']

Empresa industrial y comercial del estado contrato / carbocol contrato Minero / contrato de explotacion carbonifera naturaleza jurídica / contrato minero jurisdicción contenciosa administrativa / jurisdiccion contenciosa administrativa contrato
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EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO - Contrato / CARBOCOL - Contrato Minero / CONTRATO DE EXPLOTACION CARBONIFERA - Naturaleza jurídica / CONTRATO MINERO - Jurisdicción contenciosa administrativa / JURISDICCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA - Contrato minero
En conclusión, CARBOCOL como empresa industrial y comercial del Estado, en el contrato bajo examen desarrolló una actividad que se enmarca en el derecho público y, por consiguiente, se le consideró como un contrato administrativo, pactando incluso la Cláusula de Caducidad -Cláusula Vigésima Cuarta-, todo lo cual conlleva la correspondiente atribución de competencia a la Jurisdicción Contencioso Administrativa para conocer cualquier controversia derivada del mismo, por expresa disposición de lo previsto en el artículo 83 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 13 del Decreto - ley 2304 de 1989, y cuanto más ahora según lo ratifica el artículo 82 de este mismo código -modificado por el artículo 30 de la Ley 446 de 1998-, de acuerdo con el cual corresponde a la Jurisdicción Contencioso Administrativa el juzgamiento “de las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado.” Además, como lo ha dicho esta misma Sección con independencia del régimen de derecho aplicable a un contrato celebrado por entidad pública, su juzgamiento corresponde a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para cuando el objeto contractual está afecto al cumplimiento de función administrativa. Incluso, cabe advertir que actualmente en los contratos celebrados por entidades estatales que no se rigen por la Ley 80 de 1993, la decisión sobre la jurisdicción a la cual compete el juzgamiento de las controversias que surjan de ellos, está informada por las normas procesales contenidas en los artículos 132-5 y 134b-5 del Código Contencioso Administrativo, modificados por la Ley 446 de 1998, conforme a los cuales a esta jurisdicción contencioso administrativa compete su juzgamiento por el solo hecho de ser una de sus partes una entidad estatal, entendiendo por tal aquellas determinadas con esa categoría por la Ley 489 de 1998. Nota de Relatoría: Ver Exp. 16661 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Actor: Nación – Ministerio de Minas y Energía, Auto de 8 de febrero de 2001, C.P. Ricardo Hoyos Duque. En igual sentido ver auto de 20 de agosto de 1998, Exp. 14.202.
FF: LEY 153 DE 1887 ARTICULO 38
ACCION CONTRACTUAL - Término de caducidad. Cómputo. Contrato de ejecución sucesiva / CONTRATO DE EJECUCION SUCESIVA - Término de caducidad
Ahora bien, en cuanto al ejercicio oportuno de la acción de controversias contractuales, de tiempo atrás la jurisprudencia de la Sala había definido que en los contratos de ejecución sucesiva, el término para demandar con ocasión de cualquiera de las incidencias que se presentaran en la relación negocial, apenas empezaba a computarse desde la liquidación del contrato. Nota de Relatoría: Ver Auto 8 de junio de 1995, Exp.10.684, y en la Sentencia de 22 de junio de 1995, Exp. 9.965, C.P. Daniel Suárez Hernández; Sentencia de 22 de junio de 1995 (Exp. 9.965., C.P. Daniel Suárez Hernández)
SENTENCIA DE NULIDAD - Efecto retroactivo / EFECTO RETROACTIVO - Sentencia de nulidad. Acto administrativo
Al respecto, el Código Contencioso Administrativo señala en el artículo 175, que “…la sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes…”, lo cual significa que produce efecto general contra todos. Si bien los efectos temporales de dicha declaratoria no tienen señalamiento legal, la jurisprudencia ha entendido que se parte del supuesto de que la norma viciada no ha tenido existencia jamás, por lo cual todo debe ser retrotraído al estado anterior a su vigencia, siempre que no esté consolidada la situación que del mismo se desprende. En esta oportunidad la Sala reitera los pronunciamientos trascritos, esto es, que la sentencia de nulidad de un acto administrativo tiene efectos retroactivos, es decir, a partir del momento en que se expidió el acto anulado, lo cual responde a la teoría clásica de la nulidad declarada que considera sin validez el acto desde su nacimiento. Nota de Relatoría: Ver Sentencia de 19 de abril de 1991, Exp. 3151. C. P. Guillermo Chahín Lizcano.providencia de 6 de mayo de 1999, Sentencia de 6 de mayo de 1999, Exp. 5260, C.P. Juan Alberto Polo Figueroa.
FF: CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ARTICULO 175
ACTO ADMINISTRATIVO - Diferente a contrato estatal / CONTRATO ESTATAL - Diferente a acto administrativo / DECAIMIENTO DEL ACTO - No aplicable al contrato / SENTENCIA DE NULIDAD - Efectos en el contrato estatal
Aunque resulta sugestivo el argumento según el cual el contrato puede ser definido como un acto jurídico de la administración y, por lo mismo, este resulta comprensivo de todos los actos jurídicos de la Administración incluidos los contratos, la verdad es que no es fácil admitir que el contrato sea un acto administrativo bilateral, toda vez que la existencia de ésta última modalidad es puesta en duda por un sector muy importante de la doctrina como que el acto administrativo es, por antonomasia, una manifestación o declaración unilateral de la voluntad de la Administración, en cumplimiento de una función administrativa, con el fin de producir efectos jurídicos, lo que no se opone a la participación en la producción del acto. En efecto, es diferente el contrato, entendido, siguiendo la terminología civilista, como negocio jurídico de la administración -expresión nítida del principio de la autonomía de la voluntad, esto es, un acto en el que una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa, o como acuerdo entre ellas para constituir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica (artículo 1494 del Código Civil y 864 del Código de Comercio), que en materia de contratación estatal está previsto actualmente en los artículos 13, 23, 32 y 40 de la Ley 80 de 1993, en consonancia con el artículo 8 del Decreto 679 de 1994- y otra muy distinta la manifestación unilateral de la administración que debe revestir la forma de acto administrativo. En otras palabras, el contrato estatal no es un acto administrativo fruto de una declaración unilateral sino un negocio jurídico producto de un acuerdo de voluntades, y por lo mismo su régimen jurídico sustantivo, las acciones judiciales y, por supuesto, el estudio a nivel teórico constituyen capítulos separados del derecho administrativo. Por eso, considera la Sala que cuando se declara nulo un acto administrativo general, al contrato o una parte de él, según el caso, no se le puede aplicar la figura del decaimiento del acto administrativo, el que se da por circunstancias sobrevinientes y posteriores a la expedición del mismo, entre otras por la desaparición de sus fundamentos de hecho o de derecho, por cuanto tal como lo prevé el numeral 2 del artículo 66 del Código Contencioso Administrativo, ello procede para los “actos administrativos” y no para “los contratos de la administración pública”, instituciones como se explicó claramente diferenciadas en el derecho. En tal virtud, no puede ser de recibo el argumento del demandante según el cual en el sub examine se violó el artículo 66 numeral 2 del Código Contencioso Administrativo, habida consideración a que la institución que éste consagra no es de aplicación en el sentido por él indicado a los contratos de la administración pública, por la diferencia conceptual entre el acto administrativo propiamente dicho y los negocios jurídicos que celebran las entidades estatales, tal y como se puntualizó. Cualquier duda sobre el particular queda zanjada con el artículo 1602 del Código Civil, que prevé: “todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causales legales”.
FF: CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ARTICULO 66 NUMERAL 2; CODIGO CIVIL ARTICULOS 1494 Y 1602; CODIGO DE COMERCIO ARTICULO 864; LEY 80 DE 1993 ARTICULOS 13, 23, 32 Y 40 EN CONSONANCIA CON EL ARTICULO 8 DEL DECRETO 679 DE 1994
HECHO JURIDICO - Efectos / ACTO JURIDICO - Efectos / NEGOCIO JURIDICO - Efectos / CONTRATO - Efectos
Es conocida la clasificación tripartita entre hechos, actos y negocios jurídicos, para explicar la relevancia con que dota el ordenamiento jurídico a los acontecimientos con intervención o no del hombre que generan consecuencias en el mundo del derecho en el primer caso; ora la conducta valorada del hombre con efectos jurídicos en el segundo evento; o bien el acto de autonomía privada jurídicamente significativo en el que los sujetos de derecho autorregulan y hacen disposición de sus intereses, rectius, negocio jurídico, clasificación que es acogida por el mismo ordenamiento a través de las normas que lo estructuran, las cuales recepcionan, individualizan y describen en abstracto, en su supuesto fáctico, los hechos, actos y negocios jurídicos, para puntualizarles consecuencias y efectos de creación, extinción o modificación de situaciones o relaciones jurídicas. En esta línea, todo comportamiento humano que reporte utilidad, y en particular la actividad que gira en torno al contrato, como especie del negocio jurídico que sirve de instrumento para el intercambio, provisión y satisfacción de bienes y servicios en el tráfico jurídico, así como los derechos y obligaciones que de él emanan, en procura de su tutela y defensa debida, conlleva la expedición de normas jurídicas que recogen las diferentes conductas para crear tipos negociales, asignar efectos de tolerancia o reproche y consagrar legalmente restricciones para encauzar la conducta dispositiva de intereses de las partes que a través de él se vinculan por precisas razones éticas (buenas costumbres), o políticas (orden público), o las que surjan como derivado de la función y dinámica particular del acto (limitación lógica funcional). De tal suerte que, en el negocio jurídico, y en particular su categoría mayúscula el contrato, la conducta es valorada, interpretada y calificada por el ordenamiento jurídico para asignarle los efectos jurídicos deseados por los sujetos que en el mismo intervienen, siempre que se observen los límites fijados a la actividad dispositiva, el contenido legal dispuesto para el tipo negocial, la normatividad imperativa o de orden público (ius cogens) y las buenas costumbres. Luego de tal evaluación, la ley sitúa la conducta dispositiva y convergente de las partes del negocio jurídico en el tipo que mejor corresponda, para darle la trascendencia que le merezca en el mundo del derecho (1501, 1602, 1603, 1618 del Código Civil), es decir, la norma recepciona la conducta de los sujetos, verifica que su contenido se ajuste a sus determinaciones y le asigna sus efectos, o en caso contrario le resta la relevancia pretendida.
NEGOCIO JURIDICO - Generalidades / CONTRATO - Existencia. Válidez. Eficacia / EFICACIA DEL CONTRATO - Noción / INEFICACIA DEL CONTRATO - Noción / EXISTENCIA DEL CONTRATO - Noción / INEXISTENCIA DEL CONTRATO - Noción / VALIDEZ DEL CONTRATO - Noción / INVALIDEZ DEL CONTRATO - Noción
Por lo tanto, el negocio jurídico -y dentro de él su modalidad por excelencia el contrato-, como fuente de obligaciones que importa al ordenamiento, se mueve en extremos o situaciones en los que se predica su existencia o inexistencia, su validez o invalidez y, en sentido general, su eficacia o ineficacia, conceptos que, de suyo, difieren por sus particularidades y alcances en el mundo de la causalidad jurídica. La eficacia en sentido lato del contrato se refiere, entonces, a la plenitud de la producción de sus efectos jurídicos, o sea a los derechos y obligaciones que de su celebración surgen para las partes y sus proyecciones respecto de terceros, extraños al interés dispuesto, pero afectos a su disposición. En cambio, la ineficacia del contrato es la no producción de los efectos que debiera producir con ocasión de su celebración, bien sea porque: a) para el ordenamiento jurídico el negocio es inexistente, es decir no produce efecto alguno; b) o resulta inválido o nulo, o sea, que nacido a la vida jurídica, los efectos que de su existencia emanan pueden ser anulados o aniquilados por presentar irregularidades o vicios frente a la ley; c) o por disposición legal o particular se difieren sus efectos, como cuando se somete a condiciones por las partes o requiere de autorizaciones legales que lo activen. En suma, la ineficacia lato sensu de un negocio jurídico se refiere a su carencia de efectos, por motivos diferentes que versan sobre la carencia de los elementos para su nacimiento –inexistencia-; o por predicarse del mismo defectos, distorsiones, vicios o irregularidades -invalidez-; o por circunstancias que le inhiben relevancia -condiciones o situaciones subordinantes- según se trate, que emergen de un juicio negativo. De ahí que, para que un contrato sea patrocinado por el ordenamiento jurídico y en consecuencia produzca los efectos perseguidos por las partes con su celebración, tiene que cumplir con los elementos, requisitos y las formalidades constitutivas que prevén las normas jurídicas en orden a su formación o nacimiento, así como aquellos necesarios para su regularidad, de suerte que de verificarse la totalidad de los mismos, se reputa su existencia y validez, que le permite satisfacer la función práctico social que está llamado a cumplir. Contrario sensu, en el evento de carecer o no reunir todos los elementos o requisitos esenciales previstos por el orden jurídico, el contrato puede ser inexistente o resultar invalido por ser valorado negativamente, según el caso, y no está llamado a producir ninguno de los efectos de los deseados de acuerdo con el primer calificativo o éstos pueden ser truncados según el segundo, dependiendo de la índole del mismo así: i. El contrato que le falta un elemento o requisito esencial se le resta cualquier eficacia jurídica, porque es inexistente y, por ende, ineficaz de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial, tal y como se puede colegir de los artículos 1501 del Código Civil, 897 y 898 del Código de Comercio. ii. El contrato que alcanza a nacer, porque recorrió con la definición prevista por las normas jurídicas para su formación, pero concluyó de manera irregular por contrariar o vulnerar alguna norma o requisito que determina su validez (1502 y ss. del Código Civil), es nulo por valoración negativa posterior o anulable bien por nulidad absoluta o por nulidad relativa, lo cual requiere de una declaración judicial que así señale esta sanción legal (artículos 1740 y ss. del Código Civil, 899 y ss. del Código de Comercio., 44 de la Ley 80 de 1993).
F.F CODIGO CIVIL ARTICULOS 1501; CODIGO DE COMERCIO 897 Y 898
NULIDAD DEL CONTRATO - Causales / NULIDAD - Clasificación / NULIDAD ABSOLUTA - Causales / NULIDAD RELATIVA - Causales / NEGOCIO JURIDICO - Nulidad
Nuestro régimen jurídico se rige según la máxima de que no existe nulidad cuyo motivo no esté expresa y taxativamente consagrado por la ley con esta sanción. Bajo este apotegma, el artículo 1502 del Código Civil, concordante con la legislación comercial y el estatuto general de contratación, señala que es nulo el contrato cuando no cumpla con los siguientes presupuestos: a) capacidad de las partes contratantes, b) licitud del objeto; c) licitud de la causa. d) consentimiento exento de vicios; y, e) algunas formalidades, ad solemnitatem, prescritas por el legislador por la naturaleza misma del contrato o por la calidad de las personas que lo celebran (artículo 1500 del Código Civil), pero de las que no se derive su existencia, es decir con exclusión de las solemnidades ad substantiam actus. La nulidad en nuestro medio admite dos categorías: absoluta o relativa según la trascendencia de la norma vulnerada y dependiendo si ella está consagrada en interés general, en el primer caso; o en interés particular de las personas, para el segundo, como se puede deducir del siguiente texto legal previsto en el (Artículo 1741) Código Civil. Del artículo que antecede, se desprende que la incapacidad absoluta de cualquiera de los contratantes, la ilicitud del objeto y de la causa y la omisión de una formalidad impuesta por la naturaleza misma del contrato, constituyen nulidad absoluta, y los demás vicios nulidad relativa, tales como la incapacidad relativa de alguna de las partes y los vicios del consentimiento (error, fuerza y dolo).
FF: CODIGO CIVIL ARTICULOS 1471 Y 1502
INEXISTENCIA - Diferente a invalidez / INEXISTENCIA - Diferente a nulidad / NULIDAD - Diferente a inexistencia / NULIDAD - Diferente a invalidez / NEGOCIO JURIDICO - Inexistencia / NEGOCIO JURIDICO - Invalidez / NEGOCIO JURIDICO - Nulidad
Colígese de lo dicho que la inexistencia es diferente de la invalidez o nulidad del negocio jurídico. La nulidad o invalidez se predica de un negocio existente, que reunió los elementos establecidos en la ley para su relevancia, pero que el ordenamiento jurídico repudia por adolecer de un vicio que conlleva una drástica y condigna sanción, cual es, su destrucción. El negocio inexistente de entrada no cuenta con efecto alguno; en cambio, el negocio inválido alcanza a existir y surte efectos, pero ellos son susceptibles de ser aniquilados por los motivos previamente establecidos en el ordenamiento jurídico.
NEGOCIO JURIDICO - Efectos / INEXISTENCIA - Noción / INEFICACIA DE PLENO DERECHO - Declaración judicial. No requiere / NULIDAD - Declaración judicial
A propósito de la producción de los efectos del negocio jurídico, se desprenden las posibilidades a saber: i) el negocio puede ser inexistente, lo que ocurre cuando no reúne los elementos esenciales o de existencia o las formalidades ad substantiam actus, ii) las normas legales tanto del derecho público como del régimen privado pueden expresar que un determinado acto o negocio jurídico no produce efecto alguno o ineficaz de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial; y iii) el negocio es nulo o anulable, o sea, que reuniendo los elementos esenciales de existencia, esto es, nacido a la vida jurídica, le falta uno o varios requisitos o presupuestos para su validez. En los dos primeros casos, se priva totalmente y ab initio los efectos del negocio; en el último, produce efectos hasta tanto sean destruidos en virtud de una sentencia judicial que declare la nulidad absoluta o relativa del contrato o parte de él.
CONTRATO - Elementos: Esenciales. Naturales y accidentales / ELEMENTOS ESENCIALES DEL CONTRATO - Noción / ELEMENTOS NATURALES DEL CONTRATO - Noción / ELEMENTOS ACCIDENTALES DEL CONTRATO - Noción
Desde el punto de vista específico, los elementos esenciales del contrato se refieren al contenido mínimo legal impuesto que resulta de los términos de la ley a propósito de la definición del negocio jurídico en concreto, y contra los cuales nada puede la autonomía negocial por el carácter imperativo de las normas que la previenen, so pena de inexistencia o conversión (artículos 1501 del Código Civil y 871 y 898 inciso 2 del Código de Comercio); los elementos naturales, constituyen el contenido de suyo integrante del negocio sin que sea menester estipulación de las partes, pues en su silencio el vacío lo llena la ley, la costumbre o la equidad natural, es decir, que operan y componen el negocio siempre que las mismas, por la naturaleza supletoria y dispositiva de la norma que los establecen, de manera expresa, en parte o en todo, no los pacten en forma diversa (artículos 1603 y 1622 del Código Civil y 871 del Código de Comercio); y los elementos accidentales, esto es, los que con ocasión particular del negocio pactaron las partes mediante cláusulas expresas, que por ello, son mero accidente. Es decir, a la conducta dispositiva de intereses, las partes pueden agregar todas las cláusulas que estimen pertinentes, a condición de sujetarse para su existencia al mínimo legal impuesto (elementos esenciales del contrato, su definición, naturaleza y función característica), y en tal virtud, podrán adicionar y aún suprimir los efectos jurídicos producto de la naturaleza del contrato y añadir nuevas condiciones en cláusulas expresas y accidentales, que deben respetar para su validez las normas imperativas, el orden público y las buenas costumbres, so pena de invalidez y a riesgo de declaratoria de nulidad por parte del juez del contrato.
FF: CODIGO CIVIL ARTICULOS 1501,1603 Y 1622; CODIGO DE COMERCIO ARTICULOS 871 Y 898 INCISO 2; CODIGO DE COMERCIO 871
NULIDAD ABSOLUTA - Declaratoria de oficio / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO - Declaratoria oficiosa / DECLARATORIA OFICIOSA DE NULIDAD ABSOLUTA - Requisitos
De acuerdo con lo expuesto, la Sala decretará de oficio la nulidad absoluta parcial de la Cláusula 26 del Contrato 090-91, aún cuando no existe petición expresa de parte, pues el juez no sólo tiene la facultad sino el deber de declarar la nulidad absoluta de un contrato o parte de él, según el caso, de conformidad con el artículo 1742 del Código Civil, subrogado por el artículo 2 de la Ley 50 de 1936. Concordante con la norma trascrita, es preciso advertir que de conformidad con el inciso 3º del artículo 87 del Código Contencioso Administrativo (modificado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998), el Juez Administrativo se encuentra facultado para declarar de oficio la nulidad absoluta del contrato cuando esté plenamente demostrada en el proceso y siempre que en el mismo intervengan las partes contratantes o sus causahabientes. Para que el juez administrativo pueda declarar de oficio una nulidad absoluta, de antiguo esta Corporación acogiendo jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, y en aplicación de la norma anterior, ha manifestado que se requiere: a) que el vicio esté probado en el mismo instrumento o contrato que sirve de prueba al respectivo negocio jurídico, del cual surjan de bulto los elementos que configuran la causal de nulidad; b) que el negocio o contrato haya sido invocado en el litigio como fuente de derechos u obligaciones para las partes; y c) que al pleito hayan concurrido las partes contratantes o sus causahabientes, en respeto del debido proceso de las partes del contrato. Nota de Relatoría: Ver, G.J., T LX, P 538. y LXXXVIII, pág. 519- julio de 1958, G.J. T. CLXVI, pág. 631. Criterio que ha reiterado esa corporación, entre otras, en sus sentencias del 10 de octubre de 1995, 10 de abril de 1996, 20 de abril de 1998 y de 11 de marzo de 2004 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil
FF: CODIGO CIVIL ARTICULO 1742; LEY 50 DE 1936 ARTICULO 2 MODIFICADO POR LA LEY 446 DE 1998 ARTICULO 32
DECLARATORIA DE NULIDAD - Efectos retroactivos / DECLARATORIA DE NULIDAD - Efectos ex tunc / EFECTOS EX TUNC - Declaratoria de nulidad. Retroactivos / RESTITUCIONES MUTUAS - Nulidad contractual
En cuanto a sus efectos, cabe precisar que la declaratoria de nulidad de un contrato o de una de sus cláusulas retrotrae las cosas al estado en que se hallaban las partes con antelación a la celebración del mismo o de la estipulación, según se trate, es decir, debe volverse la situación al estado en que se encontraba antes del otorgamiento del contrato o la estipulación contractual nula, o sea, que tiene efectos retroactivos o ex tunc. Visto lo anterior, la Sala advierte que no está demostrado que las partes hayan celebrado el acuerdo en torno a la disposición de la Cláusula 26 del Contrato 090 - 91 que se anulará, con pleno conocimiento y conciencia de que se infringía la ley, en tanto para aquella época no había sido suspendido o declarado nulo el artículo 26 del Acuerdo 032 de 1991, lo cual impide concluir que hubieran actuado a ciencia cierta, es decir, “a sabiendas” de la ilicitud. Por lo anterior, en cuanto a las restituciones mutuas, se previene acerca de que las partes deberán realizar con acatamiento a lo anterior las compensaciones y ajustes por los valores aludidos que correspondan y que se derivan de la declaratoria de nulidad de la citada locución contractual, aplicando para dicho período lo dispuesto en la Cláusula 26 en sus apartes 26.1 y 26.2 y el artículo 230 del Código de Minas, bien en la liquidación del contrato si aún ésta no se ha realizado en cumplimiento de la Cláusula Vigésima Quinta del mismo, dado que es en ese momento en el cual procederían los reconocimientos y pagos a que haya lugar con ocasión de la ejecución total del contrato para ponerse a paz y salvo en sus obligaciones y derechos contractuales y dar así finiquito al contrato en mención, o bien a través de los acuerdos respectivos que den cabal cumplimiento a las restituciones que aquí se disponen y de conformidad con lo expuesto en precedencia a propósito de la forma en se debe aplicar la norma citada del Código de Minas para el cobro del impuesto a la producción al carbón mientras éste rigió. Nota de Relatoría: Ver Sentencia de 22 de enero de 1971, En G.J. Nos. 2340 a 2345, págs. 42 a 52 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil
CONTRATO DE EXPLOTACION CARBONIFERA - Impuesto. Regalía / IMPUESTO AL CARBON - Contrato de explotación carbonífera / REGALIA - Sustitución del impuesto al carbón / IMPUESTO - Diferente a regalía / REGALIA - Diferente a impuesto
No cabe duda que el espíritu del artículo 230 del Código de Minas, vigente para el momento en que se celebró el contrato de explotación carbonífera con la sociedad actora, era el de exonerar al contratista del pago del impuesto al carbón en aquellos casos en los que éste también pagara “regalías, cánones o participaciones” en un porcentaje igual o superior al fijado para el impuesto, tal y como se explicó en esta providencia. Y así lo reconoció, como arriba se relató, esta Corporación en la Sentencia de 29 de octubre de 1993, al declarar la nulidad del artículo 26 del Acuerdo 032 de 1991, en tanto disponía que la participación era adicional al impuesto, sin que importara que aquella fuere igual o superior al monto de aquél. Se impidió, por lo tanto, el carácter adicional de la participación cuando ésta fuera igual o mayor al 5%. Es claro de acuerdo con la normatividad citada, que la Ley 141 de 1994 determinó la obligatoriedad para el contratista, concesionario o explotador de carbón de pagar regalías y que éstas sustituían el impuesto al carbón a que hacía referencia el artículo 230 del Código de Minas, sin perjuicio de otras compensaciones que ya existieran a favor de las entidades industriales y comerciales titulares de los aportes mineros. En otros términos, se habilitó el cobro simultáneo de la regalía y de las participaciones ya convenidas, por cuanto, contrario a lo que establecía el sustituido artículo 230 del Código de Minas (Decreto 2655 de 1988), aquí no se da la exoneración de la regalía cuando por un porcentaje igual o superior también se paguen participaciones. Por consiguiente, a partir de la Ley 141 de 1994, los contratos y licencias vigentes de explotación de carbón, entre otros recursos no renovables, quedaron sujetos a las participaciones que venían pagando y a una regalía, en el porcentaje señalado en el artículo 16 de esta ley, de acuerdo con la producción reportada. La Corte Constitucional declaró exequible la sustitución del impuesto por la regalía. Precisó que se trata de dos elementos económicos diferentes, que pueden coexistir a voluntad del legislador, con la advertencia sí, que mientras el impuesto puede gravar múltiples actividades económicas, una regalía es sólo dable siempre y cuando el hecho económico esté constituido por la explotación de un recurso natural no renovable. También precisó que “las regalías son ingresos públicos pero no tienen naturaleza tributaria, pues no son imposiciones del Estado sino contraprestaciones que el particular debe pagar por la obtención de un derecho”, que consiste en la posibilidad de explotar un recurso natural no renovable. Nota de Relatoría: Ver Sentencia de 25 de mayo de 2006, Rad. AP-25000-23-27-000-2003-00345-02, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera; Sentencia C-628 de 29 de julio de 2003, M.P. Jaime Araujo Rentaría, Corte Constitucional
FF: CODIGO DE MINAS; DECRETO EXTRAORDINARIO 2655 ARTICULO 230; LEY 141 DE 1994
EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO - Requisitos para el restablecimiento / EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO - Impuesto. Ley 141 de 1994 / IMPUESTO - Equilibrio económico del contrato. Prueba. Alea anormal
Es pertinente recordar que el restablecimiento del equilibrio económico de un contrato se producirá siempre y cuando la medida de carácter general incida en la economía del contrato y altere la ecuación financiera del mismo, considerada al momento de su celebración, por un álea anormal o extraordinaria, esto es, cuando “causen una verdadera alteración o trastorno en el contenido del contrato, o cuando la ley o el reglamento afecten alguna circunstancia que pueda considerarse que fue esencial, determinante, en la contratación y que en ese sentido fue decisiva para el cocontratante”, habida cuenta que “el álea “normal”, determinante de perjuicios “comunes” u “ordinarios”, aún tratándose de resoluciones o disposiciones generales, queda a cargo exclusivo del cocontratante, quien debe absorber sus consecuencias...” De acuerdo con lo anterior, se observa que en el caso concreto la petición del demandante de restablecimiento del equilibrio económico y financiero del Contrato 090 de 1991 que celebró con CARBOCOL en razón de la expedición de la Ley 141 de 1994, no es procedente, por cuanto no le bastaba afirmar que la regalía prevista en la citada ley gravó la producción de las actividades del contrato, sino que debía probar que había sido un “alea anormal”, una carga excepcional que no estaba en condiciones de soportar y que verdaderamente afectó la economía del contrato, lo cual no se evidencia del acervo probatorio del proceso. Nota de Relatoría: Ver, Sentencia de 18 de septiembre de 2003, Exp. 15119, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; Auto 07 de marzo 2002 Expediente, 21588 C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera
Radicación número: 20001-23-31-000-1996-02999-01(15052)
Actor: CARBONES DE LOS ANDES S.A. “CARBOANDES”
Demandado: EMPRESA COLOMBIANA DE CARBON LTDA. “ECOCARBON”
Referencia: APELACION SENTENCIA ASUNTOS CONTRACTUALES
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la Sentencia de 26 de marzo de 1998, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, en la cual se resolvió declarar probada la excepción de caducidad e inhibirse de resolver sobre el fondo del asunto. La sentencia apelada será revocada y en su lugar se dictará sentencia de fondo.
El presente proceso se originó en virtud del escrito presentado el 27 de junio de 1996 ante la Sección Tercera del Consejo de Estado, por la sociedad CARBONES DE LOS ANDES S.A. “CARBOANDES”, quien a través de apoderado judicial y en ejercicio de la acción relativa a controversias contractuales prevista en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, formuló demanda en contra de la EMPRESA COLOMBIANA DE CARBÓN LTDA. ECOCARBON, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:
“PRIMERA: Que es nula la comunicación 02920 de 11 de abril de 1996, suscrita por el Gerente General de ECOCARBON, en cuanto al acoger “como posición definitiva de ECOCARBON" el concepto 01828 de 29 de febrero de 1996, suscrito por la Jefe de la División Jurídica de la entidad, obliga a pagar a CARBOANDES el impuesto al carbón previsto en el artículo 230 del Código de Minas, en el período comprendido con posterioridad al perfeccionamiento del Contrato de mediana explotación carbonífera 090-91 y el 4 de junio de 1993.
“SEGUNDA: Que como resultado de lo anterior, se declare que CARBONES DE LOS ANDES S.A, no está obligada a pagar suma alguna a ECOCARBON en el período comprendido entre el cumplimiento de la condición prevista en la cláusula 26 #26.1 del Contrato 090-91 y la ejecutoria del auto del 4 de junio de 1993, proferido por la Sección Primera del H. Consejo de Estado en el expediente # 2402 (Actor: José Rafael Redondo González. Magistrado Ponente: Doctor Ernesto Ariza Muñoz), a través del cual se suspendió provisionalmente el artículo 26 del Acuerdo 32 de 1991, expedido por la Junta Directiva de CARBOCOL.
“TERCERA: Que como consecuencia de la sentencia de 29 de octubre de 1993, proferida por la Sección Primera del H. Consejo de Estado en el proceso arriba citado, mediante la cual se anuló el artículo 26 del citado Acuerdo 32 de 1991, se declare inaplicable desde el 27 de septiembre de 1991 y hasta la terminación del Contrato, la cláusula 26 del Contrato 090-91 en la expresión “adicional" que se transcribe y subraya: "Cláusula 26. Participación a CARBOCOL - EL CONTRATISTA pagará a CARBOCOL, adicional al impuesto a la producción del carbón, ....”
“CUARTA: Que se declare que el parágrafo 4 del artículo 16 de la Ley 141 de 1994, al sustituir el impuesto al carbón del artículo 230 del Código de Minas por la regalía, rompió el equilibrio económico - financiero del Contrato 090-91, al obligar a CARBOANDES a pagar a ECOCARBON, a más de la participación de la cláusula 26 # 26.2, el 5% trimestral del valor del mineral en boca de mina, sin que el pago de la participación exonerara a CARBOANDES de pagar la regalía, como ocurría antes de la vigencia del parágrafo 4 del artículo 16 de la Ley 141 de 1994.
La ruptura del equilibrio se reconocerá a partir del 28 de junio de 1993 (sic), fecha de vigencia de la Ley 141 y, concretamente, desde el primer pago que debió hacer CARBOANDES.
“QUINTA: Que como consecuencia de la petición anterior, se condene a ECOCARBON a pagar a CARBOANDES lo que ésta deba pagar a partir del 28 de junio de 1993 (sic) por concepto de la obligación prevista en el parágrafo 4 del artículo 16 de la Ley 141 de 1994.
“SEXTA: La condena a que haya lugar, se actualizará al momento de la sentencia, siguiendo para ello los métodos y sistemas aceptados por esa H. Corporación, y devengarán los intereses a que se refiere el artículo 177 del C.C.A.”
Fueron expuestos en cuatro secciones en la demanda por la parte actora de la siguiente manera:
SECCIÓN A) LA APLICACIÓN POR ECOCARBON DE UNA NORMA DECLARADA NULA, A SABER, EL ARTÍCULO 26 DEL ACUERDO 32 DE 1991, Y LA IMPOSICIÓN DE UN DEBER ILEGAL A LA SOCIEDAD DEMANDANTE.
2.1. Relata que el Decreto ley 2655 de 1988 o Código de Minas, dispuso en su artículo 230 lo siguiente:
“Impuesto a la Producción del carbón. Las personas que a cualquier título exploten carbón pagarán trimestralmente un impuesto equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del mineral en boca de mina.
“Las personas que por concepto de explotación de carbón paguen al Estado o a los organismos descentralizados del orden nacional, regalías, cánones o participaciones cuyo producido sea inferior al que resultare de aplicarles el gravamen del cinco por ciento (5%) de que trata el inciso anterior, pagarán la diferencia como impuesto. En caso de que tal producido fuere superior, estarán exoneradas de dicho gravamen. (...)”
2.2. Que el 20 de marzo de 1991, la Junta Directiva de CARBOCOL expidió el Acuerdo 32 de 1991, el cual reglamentó las participaciones, así:
“ART. 24. Determinación. Para los contratos de mediana minería preferiblemente de carbón de exportación, se podrá establecer una participación hasta del cinco por ciento (5%) a cargo del contratista y en favor de CARBOCOL, teniendo en cuenta, entre otros, el uso y el destino del mineral, el sistema propio de la explotación y la modalidad de contratación que se haya escogido.