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Timestamp: 2020-01-25 09:21:03
Document Index: 108819336

Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'artículo 11', 'artículo 8', 'artículo 25', 'artículo 9', 'artículo 38', 'artículo 40', 'artículo 149', 'artículo 9', 'artículo 90', 'artículo 6']

Decreto 187/2018, de 13 de noviembre, sobre distribución de competencias y sobre creación de registros públicos en materia de ejecución de la legislación laboral
Artículo 2 Titular de la Consejería competente en materia de trabajo y de prevención de riesgos laborales
Artículo 3 Autoridad laboral
Artículo 4 Procedimientos de regulación de empleo
Artículo 5 Celebración de intentos de conciliación entre trabajadores y empresarios
Artículo 6 Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo
Artículo 7 Autorización y registro de Empresas de Trabajo Temporal
Artículo 8 Registro de las actas de las elecciones a órganos de representación de los trabajadores y de los funcionarios
Artículo 9 Depósito de los estatutos de asociaciones empresariales y sindicales
Artículo 10 Otras competencias en materia de relaciones laborales
Artículo 11 Suspensión de actividades y cierre de centros de trabajo
Artículo 12 Competencias de la persona titular de la Consejería competente en materia de prevención de riesgos laborales
Artículo 13 Competencias de la persona titular de la Dirección General competente en materia de prevención de riesgos laborales
Artículo 14 Competencias de la persona titular del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo
Artículo 15 Registro de Empresas con Riesgo por Amianto
Artículo 16 Registro de Empresas Acreditadas del Sector de la Construcción
Artículo 18 Competencia sancionadora
Artículo 19 Instructores de los procedimientos sancionadores
Artículo 20 Publicidad de las sanciones firmes por comisión de infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales
Artículo 21 Registro público de empresas sancionadas por la comisión de infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales
CAPÍTULO V. RELACIONES CON LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Artículo 22 Autoridad Autonómica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
Artículo 23 Comisión Operativa Autonómica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
Artículo 24 Vocales de la Comunidad Autónoma de Extremadura en el Consejo
Disposición adicional segunda Responsabilidad Social Empresarial
Disposición final primera Degradación de rango
Disposición final segunda Tramitación de procedimientos del Decreto 183/1999, de 16 de noviembre
ANEXO . ACTA DE ELECCIÓN DE DELEGADOS/AS DE PREVENCIÓN
La Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de Reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura, atribuye en su artículo 11.1.7 a nuestra Comunidad Autónoma la función ejecutiva en materia de «trabajo y relaciones laborales, incluyendo la función pública inspectora, que se coordinará con el Estado. Las políticas activas de empleo, la intermediación laboral, la seguridad y salud en el trabajo...». De entre las citadas, las competencias ejecutivas en prevención de riesgos laborales y en trabajo y relaciones laborales fueron transferidas a la Comunidad Autónoma de Extremadura por Reales Decretos 640/1995, de 21 de abril, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de gabinetes técnicos provinciales del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, y 642/1995, de 21 de abril, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de trabajo (ejecución de la legislación laboral) (BOE núm. 117, de 17 de mayo y DOE núm. 58, de 18 de mayo), respectivamente. También por el Real Decreto 641/1995, de 21 de abril, se traspasan, entre otras materias, funciones y servicios en materia de programas de apoyo al empleo, señaladamente la gestión y seguimiento de ayudas de apoyo a la jubilación de trabajadores de empresas en crisis no sujetas a planes de reconversión (anexo III.1).
Por otro lado, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece en su artículo 8 que «la competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación...». En el mismo sentido, su artículo 25.2 determina que «el ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida, por disposición de rango legal o reglamentario». Esta distribución de funciones propias entre los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura es una competencia exclusiva de esta que viene consagrada en el artículo 9.1 de su Estatuto de Autonomía: «La Comunidad Autónoma de Extremadura tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 1. Creación, organización, régimen jurídico y funcionamiento de sus instituciones, así como la organización de su propia Administración y la de los entes instrumentales que de ella dependan».
En este contexto, el ejercicio de las competencias transferidas a la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia laboral se reguló en un primer momento mediante Decreto 22/1996, de 19 de febrero (DOE núm. 24, de 27 de febrero), sobre distribución de competencias en materia laboral, modificado por Decretos 131/1997, de 4 de noviembre (DOE núm. 131, de 11 de noviembre) y 172/2002, de 17 diciembre (DOE núm. 152, de 31 de diciembre). También fue objeto de regulación específica la competencia de la oficina pública dependiente de la autoridad laboral competente para el registro de las actas de las elecciones a representantes de los trabajadores en la empresa mediante la aprobación del Decreto 141/1997, de 2 de diciembre, que organiza el Registro Público de Extremadura de Actas de Elecciones Sindicales. Posteriormente, fueron aprobados diversos decretos para la creación de registros públicos cuya competencia estaba atribuida por el citado Decreto 22/1996 a los órganos autonómicos con competencias en materia de relaciones laborales y prevención de riesgos laborales.
Entre las competencias detalladas en el Decreto 22/1996, de 19 de febrero, y a modo de ejemplo, cabe decir que la autoridad laboral ya no autoriza los expediente de regulación de empleo, salvo los casos de fuerza mayor, desarrollando un nuevo papel en estos procedimientos en los que centra su intervención en los aspectos de información, mediación y asistencia, efectividad del periodo de consultas y medidas de acompañamiento social; tampoco tiene ya la autoridad laboral potestad para ordenar la ampliación del plazo de incorporación de los trabajadores en un traslado colectivo amparada en las consecuencias económicas y sociales del mismo; en otro orden de cosas, la autoridad laboral ahora sólo conoce los conflictos colectivos de modo residual al haber asumido esta competencia la Fundación de Relaciones Laborales de Extremadura por acuerdo interprofesional entre sindicatos y patronal... Por otro lado, la estructura orgánica de la actual Dirección General de Trabajo no incluye entre sus competencias y servicios adscritos los relativos a Cooperativas y Sociedades Anónimas Laborales, que sí estaban incardinados en ella en el momento en el que el Decreto 22/1996, de 19 de febrero, fue aprobado.
También es de destacar la competencia asumida de facto por la Dirección General competente en relaciones laborales consistente en ordenar la publicación de los acuerdos que establecen las condiciones de prestación de servicios de los funcionarios públicos. Esta competencia correspondería a la «Oficina Pública que cada Administración competente determine», según lo establecido por el artículo 38.6 del Estatuto Básico del Empleado Público. En nuestra Comunidad Autónoma no se ha procedido a la designación de dicha oficina pública, pero la publicación de esos acuerdos ha venido siendo ordenada por la Dirección General de Trabajo, probablemente, y por extensión, al ser el órgano administrativo competente para ordenar la publicación de los convenios colectivos de trabajo. Entendemos que hay que dar carta de naturaleza jurídica a esta competencia asumida de facto, si bien asumiendo que es una competencia de mera ordenación de la publicación, correlativa a su posible inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos
Colectivos de Extremadura, que se produce sin más trámite y sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos administrativos (de esa u otra Administración Pública) respecto del contenido de los acuerdos que establecen las condiciones de prestación de servicios de los funcionarios públicos.
En otro orden de cosas, como quiera que la Administración autonómica extremeña asume, según los reales decretos mencionados anteriormente, competencias registrales en materia de representación de los trabajadores en las empresas y en las Administraciones públicas, se considera necesario implementar para el Registro Público de Extremadura de Actas de Elecciones Sindicales una nueva competencia en torno a la llevanza del registro y depósito de las actas de designación de los Delegados de Prevención en las empresas, para así perfeccionar las funciones actualmente asumidas, al amparo de lo establecido por los artículos 33 y siguientes y la disposición adicional cuarta de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
En lo que se refiere a las sanciones del orden social, el panorama también ha cambiado sustancialmente desde 1996 por los cambios acaecidos en la normativa de aplicación, los cuales inciden en un perfeccionamiento y ampliación de los tipos sancionadores, en el procedimiento sancionador, en el órgano instructor del mismo, en la cuantía de las sanciones... Por todo lo cual, también se impone en este tema una nueva regulación, que no sólo de respuesta a las citadas mudanzas legales, sino que, asimismo, dote de estabilidad a la atribución competencial, de manera que no quede afectada por reorganizaciones administrativas o por la actualización de la cuantía de las sanciones y, por supuesto, que supere la mención a las pesetas. Así, se ha optado por atribuir la competencia sancionadora a los titulares de los órganos competentes en razón de la materia y, entre éstos, se ha distribuido en función de la gravedad de la infracción y la sanción correspondiente, en lugar de atender a la cuantía pecuniaria de la sanción.
Dentro de estas competencias sancionadoras también hemos de destacar que, en la actualidad, en el artículo 40.2 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, después de determinar las cuantías de las multas, se establece que las impuestas por infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales, una vez firmes, se harán públicas en la forma que se determine reglamentariamente. En cumplimiento de tal precepto, el Estado, que ostenta la competencia legislativa en materia laboral según dispone, como ha quedado dicho, el artículo 149.1.7.ª de la Constitución Española, aprueba el Real Decreto 597/2007, de 4 de mayo, el cual contiene las normas reglamentarias necesarias para la aplicación práctica de la publicidad de las sanciones por infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales, si bien algunos aspectos organizativos, así como la creación del correspondiente registro de empresas infractoras, pueden ser regulados por las Comunidades Autónomas en ejecución de la competencia de organización de sus instituciones de autogobierno.
Finalmente, la implantación de la Administración electrónica hace conveniente que los órganos que gestionan los procedimientos electrónicos estén especificados, sin perjuicio que la competencia decisoria esté atribuida a la persona titular de la Dirección General con competencias en materia de trabajo como autoridad laboral autonómica.
En la actualidad son tres los procedimientos que, en materia de relaciones laborales, se tramitan a través de medios electrónicos mediante aplicaciones creadas por la Administración General del Estado de las que participa la Comunidad Autónoma de Extremadura tras la firma del pertinente convenio de colaboración. Estos tres procedimientos (registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, depósito de estatutos de organizaciones sindicales y empresariales y el registro del Empresas de Trabajo Temporal) dieron lugar a sendos decretos de creación de los correspondientes registros públicos: Decreto 182/2010, de 27 de agosto, Decreto 273/2015, de 28 de agosto, y Decreto 41/2016, de 21 de marzo, respectivamente.
Así las cosas, nos encontramos con que, en materia de ejecución de la legislación laboral y de prevención de riesgos laborales, la organización de los registros públicos y la atribución de competencias se encuentran dispersas por diversas normas reglamentarias cuya unificación y actualización devienen necesarias en aras a conseguir una mayor claridad y un mejor acceso para los operadores jurídicos (tanto empleados públicos como profesionales), así como una mayor seguridad jurídica y transparencia para la ciudadanía; seguridad jurídica y transparencia que, por la obsolescencia de unas normas y por su dispersión, se veían seriamente comprometidas, más cuando se trata de principios, explícita o implícitamente, consagrados constitucionalmente en el artículo 9.3 de nuestra Carta Magna.
Las relaciones con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social también han sufrido una modificación importante tras la aprobación de la Ley 23/2015, de 21 de julio, que organiza un nuevo marco institucional y, en relación con las Comunidades Autónomas, establece el nombramiento de una Autoridad Autonómica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la conformación de una Comisión Operativa Autonómica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, articulándose la necesaria colaboración a través del pertinente convenio, que fue suscrito el 12 de enero de 2017 (DOE del 30 de mayo). Todo este aspecto institucional ha sido organizado a través del reciente Real Decreto 192/2018, de 6 de abril, por el que se aprueban los Estatutos del Organismo Autónomo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social (BOE del 7).
También la Comunidad Autónoma de Extremadura, junto con el resto de entes autonómicos y la Administración General del Estado, tiene participación en el Consejo Rector del Organismo Autónomo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social con una vocalía (y su suplente). Para establecer la regulación sobre su nombramiento (y el de su suplente) se sigue lo establecido en los Estatutos de dicho organismo autónomo aprobados por Real Decreto 192/2018, de 6 de abril (BOE del 7).
Mediante Decreto del Presidente 21/2017, de 30 de octubre (DOE núm. 209, de 31 de octubre), por el que se modifican la denominación, el número y competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se atribuye a la Consejería de Educación y Empleo, las competencias que venía desarrollando en materia de política educativa y formación, educación universitaria así como las competencias en materia de trabajo y políticas de empleo.
A la vista de las citadas previsiones legales y en virtud de la potestad de autoorganización de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se hace necesario abordar de manera integral una nueva norma que establezca la atribución competencial respecto de las relaciones laborales, de la prevención de riesgos laborales y de la imposición de sanciones que se pudieran derivar de la conculcación de la normativa estatal del orden social.
En su virtud, de conformidad con lo establecido en el artículo 90.2 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a propuesta de la Consejera de Educación y Empleo, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión de 13 de noviembre de 2018,
3. Mediante convenios de colaboración con Ayuntamientos u otras Instituciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Extremadura se podrá acordar la celebración de los actos de conciliación en otros municipios distintos de los de las sedes las Unidades de Mediación, Arbitraje y Conciliación, en aras a un mayor acercamiento del servicio público al ciudadano. La tramitación administrativa de las papeletas de conciliación presentadas se llevará en todo caso en la respectiva Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación competente por razón del territorio.
1. Se crea el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura con funcionamiento a través de medios electrónicos. Este Registro será único para toda la Comunidad Autónoma de Extremadura, y estará adscrito a la Consejería que ostente las competencias en materia de trabajo, bajo la dependencia de la
Dirección General que tenga las atribuciones y funciones en ejecución de la legislación laboral, como autoridad laboral competente, con independencia del órgano responsable de la administración del sistema informático que de soporte a dicho registro.
2. El Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura ajustará en todo su funcionamiento, el procedimiento de inscripción, la interconexión electrónica con otros registros de convenios colectivos de trabajo y cualquier otra cuestión no prevista por este artículo, a lo establecido por el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, siendo asimismo, su naturaleza jurídica y el acceso al mismo el regulado por dicho real decreto y, sin perjuicio de lo dispuesto para la tramitación electrónica, en el Decreto 225/2014, de 14 de octubre, de régimen jurídico de administración electrónica de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de las atribuciones de los órganos administrativos competentes en materia de la política pública de administración electrónica de la Comunidad Autónoma.
3. Mediante el convenio de colaboración previsto por el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, la Comunidad Autónoma de Extremadura se adherirá a la aplicación informática constituida en el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, la cual será el soporte electrónico del Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
3. El Registro de Empresas de Trabajo Temporal a través de medios electrónicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura ajustará en todo su funcionamiento y procedimientos administrativos, la interconexión electrónica con otros Registros de Empresas de Trabajo Temporal y la incorporación de su información a la base de datos central gestionada por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, así cualquier otra cuestión no prevista por este artículo, a lo establecido por el Real Decreto 417/2015, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de las empresas de trabajo temporal, siendo asimismo, su naturaleza jurídica y el acceso a los actos inscritos el regulado por dicho real decreto, sin perjuicio de lo dispuesto para la tramitación electrónica en el Decreto 225/2014, de 14 de octubre, de régimen jurídico de administración electrónica de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de las atribuciones de los órganos administrativos competentes en materia de la política pública de administración electrónica de la Comunidad Autónoma.
4. Mediante el convenio de colaboración previsto por el Real Decreto 417/2015, de 29 de mayo, la Comunidad Autónoma de Extremadura se adherirá a la aplicación informática constituida en el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, la cual será el soporte electrónico del Registro de Empresas de Trabajo Temporal cuyo ámbito de actuación sea el definido en el apartado 1 de este precepto.
4. El depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales a través de medios electrónicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura ajustará en todo su funcionamiento, el procedimiento de depósito, la interconexión electrónica con otros depósitos de estatutos y cualquier otra cuestión no prevista por este artículo a lo establecido por el Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, sobre depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales, siendo asimismo, su naturaleza jurídica y el acceso a los actos depositados el regulado por dicho real decreto y sin perjuicio de lo dispuesto para la tramitación electrónica, en el Decreto 225/2014, de 14 de octubre, de régimen jurídico de administración electrónica de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de las atribuciones de los órganos administrativos competentes en materia de la política pública de administración electrónica de la Comunidad Autónoma.
5. Mediante el convenio de colaboración previsto por el Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, la Comunidad Autónoma de Extremadura se adherirá a la aplicación informática constituida en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la cual será el soporte electrónico del depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales cuyo ámbito de actuación sea el definido en el apartado primero del presente decreto.
i) La aprobación de los planes de trabajo con riesgo de exposición al amianto, establecidos en el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
j) La emisión de las resoluciones de altas, bajas y modificación de datos, así como los certificados de inscripción de empresas, entidades y personas en los registros oficiales establecidos por la normativa sobre prevención de riesgos laborales, adscritos a la Dirección
General con competencias en materia de prevención de riesgos laborales de la Comunidad Autónoma de Extremadura, siempre que no se emitan mediante un procedimiento telemático automatizado con sistema de verificación.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción y en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, que la desarrolla, se crea el Registro de Empresas Acreditadas como contratistas o subcontratistas del Sector de la Construcción en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
4. Los datos de los servicios de prevención ajenos acreditados por la autoridad laboral de Extremadura se agregarán de oficio a la base de datos general de los servicios de prevención ajenos, gestionada por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (SERPA), en cumplimiento de lo previsto en la disposición adicional segunda de la Orden TIN/2054/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención y el convenio de colaboración establecido al efecto.
5. Los datos, comunicaciones y documentos que las entidades acreditadas para actuar como servicios de prevención ajenos deban poner a disposición de la autoridad laboral de Extremadura para su autorización, conocimiento o control, en los términos previstos en la Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, deberán incorporarse directamente por las propias entidades a la aplicación informática SERPA, gestionada por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, sin perjuicio de que la autoridad laboral pueda solicitar la documentación que considere necesaria para realizar sus funciones de verificación del cumplimiento de los requisitos exigibles para el desarrollo de las actividades de los servicios de prevención ajenos en Extremadura.
1. El procedimiento y los plazos para dar publicidad a las sanciones firmes en vía administrativa por la comisión de infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales, así como los datos a consignar en las pertinentes publicaciones, será los establecidos por el Real Decreto 597/2007, de 4 de mayo, o norma estatal que lo pudiera sustituir.
3. La consulta de este Registro será pública, si bien no habilita en ningún caso para el tratamiento posterior de los datos o su inclusión en un fichero a los efectos de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
RELACIONES CON LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Rector del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
La Dirección General competente en materia de trabajo, como oficina pública de depósito de estatutos de organizaciones sindicales y empresariales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, conservará en sus dependencias los datos obrantes en los depósitos actualmente existentes, sin perjuicio de que, en el plazo de dos años desde la entrada en vigor Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, proceda a incorporar al depósito de estatutos de organizaciones sindicales y empresariales con funcionamiento a través de medios electrónicos los datos identificativos de las organizaciones sindicales y empresariales cuyos estatutos obran en su poder, así como la referencia de las actuaciones realizadas hasta la fecha y el último texto depositado.
c) Del Decreto 141/1997, de 2 de diciembre, que organiza el Registro Público de Extremadura en materia de elecciones sindicales, los artículos 1, 2, 3 y 4.
d) Decreto 182/2010, de 27 de agosto, por el que se crea el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
e) Decreto 273/2015, de 28 de agosto, por el que se crea y regula el funcionamiento del depósito de los estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales a través de medios electrónicos en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
f) Decreto 41/2016, de 21 de marzo, por el que se crea y regula el funcionamiento a través de medios electrónicos del Registro de Empresas de Trabajo Temporal de la Comunidad Autónoma de Extremadura
g) Decreto 143/1997, de 2 de diciembre, por el que se crea el Registro de servicios de prevención y de auditorías de los sistemas de prevención.
h) Decreto 183/1999, de 16 de noviembre, por el que se crea el Registro de datos de los profesionales que ostenten certificación para ejercer las funciones establecidas en los artículos 36 y 37 del Real Decreto 39/1997, de 7 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
i) Decreto 143/2008, de 11 de julio, por el que se crea el Registro de empresas acreditadas en el sector de la construcción de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
El articulado no derogado del Decreto 141/1997, de 2 de diciembre, permanece en vigor pero degradado en su jerarquía normativa, pudiendo ser modificado por Orden del titular de la Consejería que ostente las competencias en materia de trabajo.
A partir de la fecha de entrada en vigor del presente decreto no se admitirán para su tramitación solicitudes correspondientes a los procedimientos administrativos establecidos en el Decreto 183/1999, de 16 de noviembre, por el que se crea el Registro de datos de los profesionales que ostentan certificación para ejercer las funciones establecidas en los artículos 36 y 37 del Real Decreto 39/1997, de 7 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los Servicios de Prevención, que se deroga en la disposición derogatoria única.1.h) del presente decreto.