Source: http://fvg.mx/derecho-internacional-priva-2/conflicto-de-leyes-en-el.html
Timestamp: 2017-10-19 09:02:08
Document Index: 63529994

Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'artículo 73', 'artículo 73', 'Artículo 1', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 5', 'Artículo 3', 'Artículo 2', 'Artículo 12', 'artículo 12', 'Artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 2554', 'artículo 2554', 'artículo 13', 'Artículo 13', 'artículo 40', 'artículo 73', 'Artículo 2736', 'artículo 12', 'artículo 2736', 'Artículo 13', 'Artículo 13', 'Artículo 13', 'artículo 1093', 'artículo 2207', 'artículo 90', 'artículo 2', 'artículo 121', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 15', 'artículo 12', 'Artículo 1593', 'Artículo 410', 'Artículo 14', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'artículo 6', 'artículo 15', 'Artículo 15', 'Artículo 14', 'Artículo 14', 'Artículo 86', 'Artículo 1197', 'artículo 133', 'artículo 133', 'artículo 86', 'Artículo 14', 'artículo 21', 'Artículo 21', 'Artículo 21', 'artículo 178', 'Artículo 21', 'Artículo 14', 'Artículo 13', 'Artículo 21', 'Artículo 21', 'Artículo 21', 'Artículo 21', 'Artículo 225', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 79', 'Artículo 78', 'Artículo 114', 'Artículo 5', 'Artículo 252', 'Artículo 253', 'Artículo 254', 'Artículo 255', 'Artículo 256', 'Artículo 257', 'Artículo 258']

Conflicto de Leyes Internacional (1) | Fernando Villarreal Gonda
Conflicto de Leyes Internacional (1)
COMPETENCIA LEGISLATIVA EN MÉXICO PARA ELABORAR REGLAS DE CONFLICTO INTERNACIONALES
Principio General (Art. 1)
Derechos Adquiridos (Art. 7)
Cuestión Previa (Art. 8)
Orden Público (Art. 5)
Fraude a la Ley (Art. 6)
Institución Desconocida (Art. 3)
Aplicación del Derecho Extranjero (Art. 2, 9)
Principio General: Territorialismo Limitado (Art. 12)
Derechos Adquiridos (Art. 13.I)
Estado y Capacidad de las Personas Físicas (Art. 13.II)
Personas Morales Extranjeras de Naturaleza Privada (Art. 2736)
Bienes (Art. 13.III)
Forma de los Actos (Art. 13.IV)
Efectos Jurídicos de los Actos (Art. 13.V)
Responsabilidad Civil Extracontractual (Art. 12)
Testamentos (Art. 1593)
Adopción (Art. 410-E)
Reenvío (Art. 14.II)
Cuestión Previa (Art. 14.IV)
Orden Público (Art. 15.II)
Fraude a la Ley (Art. 15.I)
Institución Desconocida (Art. 14.III)
Aplicación del Derecho Extranjero (Art. 14.I)
CÓDIGO CIVIL DE NUEVO LEÓN
Principio General: Relación Más Estrecha (Art. 12, 21bis y 21bis I)
Derechos Adquiridos (Art. 21bis IV)
Estado y Capacidad de las Personas Físicas (Art. 21bis VI)
Personas Morales Extranjeras de Derecho Civil (Art. 21bis VI)
Bienes (Art. 14)
Forma de los Actos (Art. 15, 21bis VII)
Efectos Jurídicos de los Actos (Art. 13)
Calificación (Art. 21bis IX)
Reenvío (Art. 21bis III)
Cuestión Previa (Art. 21bis V)
Orden Público (Art. 21bis VIII)
Aplicación del Derecho Extranjero (Art. 21bis II)
REGLAS DE CONFLICTO CONTENIDAS EN OTRAS LEYES FEDERALES
Código de Comercio (Art. 13, 14, 15, 79, 114)
Ley de Navegación y Comercio Marítimos (Art. 5)
Capacidad (Art. 252)
Condiciones Esenciales de Validez (Art. 253)
Obligaciones Crediticias (Art. 254)
Garantías Reales (Art. 255)
Plazos y Formalidades para la Presentación, Pago y Protesto (Art. 256)
Robo y Extravío (Art. 257)
Prescripción y Caducidad de las Acciones (Art. 258)
COMPETENCIA LEGISLATIVA EN MÉXICO LARA ELABORAR REGLAS DE CONFLICTO INTERNACIONALES
¿A quién corresponde --a la Federación o a los Estados-- la facultad de crear reglas de conflicto?
Conforme a esta postura, las reglas conflictuales previstas en el Código Civil Federal son supletoriamente aplicables a la materia mercantil; mientras que las reglas conflictuales contenidas en los Códigos Civiles de las entidades federativas son aplicables a la materia civil.
Recordemos el contenido del Artículo 2 del Código de Comercio, que hace supletorio al Código Civil Federal:
Art. 2. A falta de disposiciones de este ordenamiento y las demás leyes mercantiles, serán aplicables a los actos de comercio las del derecho común contenidas en el Código Civil aplicable en materia federal.
Walter Frich piensa que las entidades federativas tienen competencia legislativa para regular cuestiones internacionales. Por ejemplo, los conflictos de leyes en materia mercantil corresponden a la Federación; sin embargo, los conflictos de leyes en materia civil corresponden a las entidades federativas.
Rojas Amandi afirma que “Para los casos civiles de naturaleza federal y para los casos mercantiles, excepción hecha de los títulos de crédito y de lo dispuesto por el Art. 79 Fracc. II del Código de Comercio, valen los Arts. que van del 12 al 15 del Código Civil Federal” y agrega:
“Para el Derecho Internacional Privado resulta de vital importancia poder distinguir cuando resulta aplicable el Código Civil Federal, cuando el del Distrito Federal o los de las Entidades Federativas y, finalmente cuando aplican las normas convencionales de conflicto. En principio, cabe distinguir dos casos en donde aplican las normas de conflicto del Código Civil Federal. El primero de ellos se refiere a todos los casos en donde el Derecho sustantivo aplicable sea el federal. Este sería el caso de las islas, excepción hecha de aquellas sobre las que los estados hayan venido ejerciendo jurisdicción 'los cayos y arrecifes de los mares adyacentes que pertenezcan al territorio nacional, la plataforma continental, los zócalos submarinos de las islas, de los cayos y arrecifes, los mares territoriales, las aguas marítimas interiores’ pues según lo dispuesto por el Art. 48 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dichos espacios se administran directamente por autoridades de la Federación. En segundo término, se encuentran las controversias en donde aplican de manera supletoria las disposiciones de dicho Código federal. En esta segunda hipótesis destaca el caso de la supletoriedad que ordena el Art. 2 del Código de Comercio; en este caso, sobre todo por cuanto hace a contratos mercantiles, resultan relevantes las normas de conflicto del Código Civil Federal, toda vez que aquél no establece normas conflictuales, excepción hecha de la prevista en el Art. 79, Fracc. II. (…) Para las controversias de carácter civil que se regulan por los Códigos Civiles del Distrito Federal y de las Entidades Federativas, aplican las normas de conflicto previstas en los mismos. (…) En el caso de los títulos y operaciones de crédito se cuenta con normas especiales de conflicto -Arts. 252 y 258 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito-.”
Rojas Amandi, Víctor Manuel. El Sistema Conflictual Mexicano. En: Jurídica. Número 34, 2004. pp. 167, 168.
Contreras Vaca opina lo siguiente:
“Las normas materiales y conflictuales en México son de carácter tanto federal como estatal, dependiendo de la materia regulada, atento al criterio de distribución de competencias establecido por el art. 124 constitucional (p. 10) (…)
¿Pero el carácter de estas normas es federal o local? En virtud de qu el art. 73 de la Constitución política no reserva la solución de los conflictos de leyes en el espacio (convergencia de normas jurídicas) al Congreso de la Unión y con base en el criterio de división de competencias establecido por el art. 124 constitucional, se concluye que pueden ser de los dos tipos. Por tanto, son locales las correspondientes a materias reservadas a las entidades federativas, y federales las relativas a áreas expresamente concedidas por la Constitución a la Federación. No obstate, Arellano García de manera incorrecta opina que todas las normas de conflicto o conflictuales -excluyendo las convergencias de normas jurídicas nacionales- son de carácter federal porque el art. 73, fracc. XVI, constitucional establece que el Congreso de la Unión está facultado para legislar en materia de condición jurídica de los extranjeros, y que la materia conflictual afecta sus derechos y obligaciones. Concluye que legislar normas relativas a la solución de los conflictos de leyes, por afectar la condición jurídica de los exranjeros, compete únicamente al Congreso de la Unión" (pp. 207, 208)
Contreras Vaca, José Francisco. Derecho Internacional Privado. Parte General. 4a. ed. México, Oxford, 2004. pp. 10, 207, 208.
Como venía diciendo Contreras Vaca, Arellano García piensa que la facultad de crear reglas de conflicto corresponde a la Federación:
“El artículo 73 constitucional fracción XVI establece que el Congreso de la Unión está facultado para legislar en materia de condición jurídica de extranjeros. La materia conflictual no es extranjería pero, si en el conflicto de leyes interviene una persona física o moral extranjera, la tenencia de algún derecho o deber por tal persona extranjera debe contemplarse desde un ángulo federal para acatar el dispositivo constitucional citado. Claro que nos hemos pronunciado por la futura inclusión del conflicto de leyes en la fracción XVI del artículo 73 Constitucional"
Arellano García, Caros. Derecho Internacional Privado. 11ed. México, Porrúa, 1995. p. 779.
Artículo 1 de la Convención Interamericana de sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado:
Art. 1. La determinación de la norma jurídica aplicable para regir situaciones vinculadas con derecho extranjero, se sujetará a lo establecido en esta Convención y demás convenciones internacionales suscritas o que se suscriban en el futuro en forma bilateral o multilateral por los Estados Partes. En defecto de norma internacional, los Estados Partes aplicarán las reglas de conflicto de su derecho interno.
Artículo 7 de la Convención Interamericana de sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado:
Art. 7. Las situaciones jurídicas válidamente creadas en un Estado Parte de acuerdo con todas las leyes con las cuales tengan una conexión al momento de su creación, serán reconocidas en los demás Estados Partes, siempre que no sean contrarias a los principios de su orden público.
Artículo 8 de la Convención Interamericana de sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado:
Artículo 5 de la Convención Interamericana de sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado:
Art. 5. La ley declarada aplicable por una convención de Derecho Internacional Privado podrá no ser aplicada en el territorio del Estado Parte que la considerare manifiestamente contraria a los principios de su orden publico.
Art. 6. No se aplicará como derecho extranjero, el derecho de un Estado Parte, cuando artificiosamente se hayan evadido los principios fundamentales de la ley de otro Estado Parte. Quedará a juicio de las autoridades competentes del Estado receptor el determinar la intención fraudulenta de las partes interesadas.
Artículo 3 de la Convención Interamericana de sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado:
Art. 3. Cuando la ley de un Estado Parte tenga instituciones o procedimientos esenciales para su adecuada aplicación y no estén contemplados en la legislación de otro Estado Parte, éste podrá negarse a aplicar dicha ley, siempre que no tenga instituciones o procedimientos análogos.
Artículos 2 (con su Reserva) y 9 de la Convención Interamericana de sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado:
Reserva: México interpreta que el Artículo 2 crea una obligación únicamente cuando ante el juez o autoridad se ha comprobado la existencia del derecho extranjero o sus términos son conocidos para ellos de alguna otra manera.
Art. 9. Las diversas leyes que puedan ser competentes para regular los diferentes aspectos de una misma relación jurídica, serán aplicadas armónicamente, procurando realizar las finalidades perseguidas por cada una de dichas legislaciones. Las posibles dificultades causadas por su aplicación simultánea, se resolverán teniendo en cuenta las exigencias impuestas por la equidad en el caso concreto.
Principio General: Territorialismo Limitado
Artículo 12 del del Código Civil Federal (México):
Art. 12. Las Leyes mexicanas rigen a todas las personas que se encuentren en la República, así como los actos y hechos ocurridos en su territorio o jurisdicción y aquéllos que se sometan a dichas leyes, salvo cuando éstas prevean la aplicación de un derecho extranjero y salvo, además, lo previsto en los tratados y convenciones de que México sea parte.
Este artículo consagra un principio que parece ser de mucha utilidad en el derecho civil federal y mercantil mexicano, que consiste en aplicar derecho mexicano cuando no se pueda entontrar una regla de conflicto legislativa o convencional que conduzca a derecho extranjero, tratándose de:
personas que se encuentren en la República
actos ocurridos en el territorio o jurisdicción mexicanos
hechos ocurridos en el territorio o jurisdicción mexicanos
actos que se sometan a las leyes mexicanas
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Amparo directo 10523/2000. Víctor Vasarhelyl, alias Vasarely, hoy sus herederos André Vasarhelyl y Jean Pierre Vasarhelyl, alias Yvaral. 12 de junio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas. [TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XIV, Septiembre de 2001; Pág. 1311
DERECHO EXTRANJERO. PUNTOS DE CONEXIÓN QUE LO HACEN APLICABLE. Cuando un acto se celebra en un Estado para tener efectos o ser ejecutado en otro Estado, por la nacionalidad de los sujetos, la ubicación de la cosa o la naturaleza del derecho o del hecho jurídico de que se trate, tiene que precisarse cuál es el sistema jurídico que lo regula y debe tenerse en cuenta el orden público interno para establecer la naturaleza y alcance del derecho subjetivo del nacional de un Estado que exige una obligación de un nacional de otro Estado, y cuya relación jurídica se creó en un Estado distinto al en que produce sus efectos. En México, el Poder Legislativo ha establecido expresamente una posición soberana que a la vez permite que se aplique el derecho extranjero en nuestro territorio, siempre que la propia ley prevea la aplicación o que así derive de los tratados y convenciones en que México sea parte; lo que implica desde luego un sentido de reciprocidad y convivencia armónica en la comunidad internacional. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 12 del Código Civil Federal, las leyes mexicanas rigen para todas las personas que se encuentren en territorio nacional, así como para los actos y hechos ocurridos en su ámbito territorial, y la aplicación de normas extranjeras sólo se prevé para aquellos casos en que la propia ley así lo determine, salvo lo establecido en los tratados y convenciones en que México sea parte. Esto es, la legislación mexicana admite la aplicación del derecho extranjero, y primero debe determinarse si se está o no en un caso en que se permita esa aplicación, y demostrado que es aplicable, debe tenerse en cuenta que quien funde su derecho en leyes extranjeras, tiene la carga procesal de probar la existencia de las mismas y que son aplicables al caso. Ello, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19 del Código Civil Federal y 86 bis del Código Federal de Procedimientos Civiles, conforme al cual el derecho que se funda en leyes extranjeras está sujeto a prueba y en ese sentido no opera la regla del sistema jurídico nacional de que el derecho no es materia de prueba.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Amparo directo 10523/2000. Víctor Vasarhelyl, alias Vasarely, hoy sus herederos André Vasarhelyl y Jean Pierre Vasarhelyl, alias Yvaral. 12 de junio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas. [TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XIV, Septiembre de 2001; Pág. 1312
Artículo 13, fracción I, del del Código Civil Federal (México):
Art. 13. La determinación del derecho aplicable se hará conforme a las siguientes reglas: I. Las situaciones jurídicas válidamente creadas en las entidades de la República o en un Estado extranjero conforme a su derecho, deberán ser reconocidas.
Influencia de la doctrina americana del Siglo XIX.
Debe examinarse el derecho extraño, y no el del foro, para determinar si la situación jurídica fue válidamente creada.
Por ejemplo, un sujeto adopta a un menor en Guatemala y el hijo adoptivo desea hacer valer sus derechos ante un juez mexicano. Sin embargo, el Código Civil Federal determina que ese derecho extraño debe ser el de las entidades de la República o el del Estado Extranjero en el que la situación se creó ¿qué pasa cuando se creó una situación válidamente en Guatemala, pero conforme al derecho de Honduras? La Convención determina que las situaciones jurídicas serán reconocidas cuando hayan sido “válidamente creadas en un Estado Parte de acuerdo con todas las leyes con las cuales tengan una conexión al momento de su creación” ¿con todas las leyes o con alguna de las leyes, es decir la que resulte aplicable?
Se equiparan los conflictos interprovinciales y los internacionales.
DERECHO EXTRANJERO. LA VALIDEZ DEL ACTO JURÍDICO QUE SURTIRÁ EFECTOS EN MÉXICO, DEBE ANALIZARSE CONFORME A LA LEY DEL LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL ACTO. Al establecer el artículo 13, fracción I, del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal que las situaciones jurídicas válidamente creadas en las entidades de la República o en un Estado extranjero conforme a su derecho deberán ser reconocidas, sí determinan como presupuesto esencial para ser reconocidas y consecuentemente para que surtan sus efectos en esta ciudad o el país cuando así se establezca en el acto jurídico respectivo, conforme a lo previsto por la fracción V de dicho ordenamiento legal, que el acto jurídico sea válido conforme a las leyes del lugar en que se emitió, lo que implica la aplicación del derecho extranjero para analizar precisamente si fue válidamente creado, lo que es acorde con el principio jurídico de que el lugar rige el acto. Ello, porque la referida fracción V establece en forma expresa la salvedad de lo prevenido en las demás fracciones del precepto en cita, dentro de la que se encuentra la condición que contempla la fracción I del referido artículo, consistente en que el acto de que se trate se haya celebrado válidamente en el estado extranjero, conforme a su derecho, puesto que esas dos fracciones, I y V, no deben interpretarse de forma aislada sino de manera conjunta y armónica, porque las disposiciones legales o se complementan o se excluyen. La fracción I del artículo 13 del Código Civil Federal establece la regla de aplicación de la ley del lugar en que surta efectos el acto celebrado en el extranjero, pero también previene que el acto deba ser válido conforme a la ley del lugar en que se celebró, y esto es acorde con el principio de orden público que debe ser observado por el órgano jurisdiccional, tanto respecto de su derecho interno como del derecho extranjero. Por tanto, ante una controversia, el órgano jurisdiccional en que se cuestiona precisamente la validez del acto, tiene que hacer tal verificación no conforme a su derecho nacional exclusivamente, sino que debe atender a las leyes del lugar de la celebración del acto. En este supuesto cobra plena aplicación el principio de que el acto se rige por la ley del lugar en que se celebró, y se trata de un caso de excepción a la regla general de que una sola relación jurídica no puede regirse al mismo tiempo por dos sistemas jurídicos diversos, porque por una parte debe atenderse a la ley del lugar en que va a surtir sus efectos y, desde luego, por una cuestión de orden lógico esencial, primero debe determinarse si es válido, para posteriormente analizar sus efectos.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 10523/2000. Víctor Vasarhelyl, alias Vasarely, hoy sus herederos André Vasarhelyl y Jean Pierre Vasarhelyl, alias Yvaral. 12 de junio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas. [TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XIV, Octubre de 2001; Pág. 1113
PODERES GENERALES REDACTADOS CONFORME A LA LEGISLACIÓN LOCAL. SON VÁLIDOS EN PROCEDIMIENTOS FEDERALES. Conforme al artículo 2554 del Código Civil Federal, es obligación de los notarios públicos insertar en los testimonios de los poderes notariales el contenido de este precepto, so pena de nulidad del mandato en términos del diverso 2557 de este ordenamiento; obligación que debe verificarse cuando se trata de acreditar la personería en un procedimiento federal. Ahora bien, cuando el poder general se exhiba en ese procedimiento, sin la inserción del citado artículo 2554, pero acorde con la legislación de alguna entidad federativa, ello no trae como consecuencia la ineficacia del acto jurídico respectivo, puesto que, de acuerdo con la fracción I del artículo 13 del referido código, las situaciones jurídicas válidamente creadas en las entidades de la República o en un Estado extranjero, conforme a su derecho, deben ser reconocidas. Precepto que debe interpretarse en el sentido de que ese reconocimiento deriva de la observancia al principio de que el acto se rige por la ley del lugar en que se verificó, lo que guarda correspondencia con la garantía de seguridad jurídica; por ende, es válido en el ámbito federal el acto jurídico y la forma que reviste un poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio, expedido por notario público conforme a la legislación estatal.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DECIMO SEXTO CIRCUITO Queja 5/2010. **********. 16 de abril de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretario: Erubiel Ernesto Gutiérrez Castillo. [TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXII, Julio de 2010; Pág. 2033
Artículo 13, fracción II, del Código Civil Federal (México):
Art. 13. La determinación del derecho aplicable se hará conforme a las siguientes reglas: (…) II. El estado y capacidad de las personas físicas se rige por el derecho del lugar de su domicilio.
Se hace referencia a un concepto jurídico, como es el domicilio y no como antes a “el lugar donde se encuentre”.
Se prefiere la ley del domicilio sobre la ley nacional.
Ejemplo: una persona con domicilio en Honduras pretende otorgar un testamento en México, por lo que el notario público debe consultar el derecho hondureño para saber si es capaz.
EXTRANJEROS. LAS CUESTIONES RELATIVAS A SU ESTADO CIVIL DEBEN REGULARSE POR LAS LEYES QUE RIGEN EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTREN PERMANENTEMENTE O DONDE TENGAN SU DOMICILIO. El artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contiene el pacto a través del cual nuestro país adoptó el federalismo como forma de Estado, consistente en la unión de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una Federación establecida según los principios de esa Ley Fundamental. Asimismo, se establecieron y especificaron las funciones que le corresponden a los Poderes Federales, reservando para los Estados miembros todas aquellas que no fueren ahí enlistadas. En ese sentido, aun cuando el artículo 73, fracción XVI, constitucional particulariza como facultad del Congreso de la Unión, la expedición de leyes que regulen, entre otros aspectos, la condición jurídica de los extranjeros, en tal expresión no puede incluirse lo relativo a su estado civil, el cual significa un aspecto personalísimo, inherente a los individuos, que constituye el conjunto de atributos inherentes a las características individual y familiar de una persona, determinante de derechos y obligaciones, que la individualiza en la sociedad de la que forma parte. Por ello, es inconcuso que el estado civil debe regularse por las leyes que rigen en el lugar en que la persona se encuentre permanentemente, donde tenga su domicilio, ya que a través de las reglas en ellas establecidas el individuo adquirirá precisamente una caracterización específica frente a la sociedad y a su familia. Estos aspectos escapan a las facultades legislativas de la Federación, y atento al espíritu federalista aludido que se contiene en la distribución de competencias que dispone nuestra Constitución General, corresponde a las entidades federativas la atención de los aspectos que se refieran a las condiciones personales de quienes habiten su territorio, incluyendo al universo de todos ellos en esos tópicos personales, sin excluir a ninguno con características propias, porque el legislador no lo dispone así. En cambio, la Federación tendrá a su cargo la regulación de algunos aspectos de los extranjeros, pero no en su relación con los demás habitantes, sino en todo lo que esos aspectos privados se refieran y se relacionen con su estancia en el país, como se advierte del contenido de los artículos 1o., 3o., 63, 68, 69 y 72 de la Ley General de Población, así como 12 y 13 del Código Civil Federal pues, incluso, en estos últimos numerales se advierte que el legislador federal dispuso que el estado civil y la capacidad de las personas se rige por el derecho del lugar de su domicilio.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DECIMO SEXTO CIRCUITO Amparo directo 382/2007. Joseph Kenneth Smith. 24 de agosto de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: José Juan Trejo Orduña. Secretario: Arturo González Padrón. [TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVI, Diciembre de 2007; Pág. 1715
Artículo 2736, párrafo 1, del Código Civil Federal (México):
Art. 2736.p1. “La existencia, capacidad para ser titular de derechos y obligaciones, funcionamiento, transformación, disolución, liquidación y fusión de las personas morales extranjeras de naturaleza privada se regirán por el derecho de su constitución, entendiéndose por tal, aquél del estado en que se cumplan los requisitos de forma y fondo requeridos para la creación de dichas personas”.
¿Qué derecho es aplicable a las personas morales no extranjeras, de naturaleza privada?
¿Qué derecho es aplicable a las personas morales extranjeras, de naturaleza no privada?
SOCIEDAD EXTRANJERA. DERECHO APLICABLE PARA RESOLVER UN JUICIO EN EL QUE ÉSTA SE INVOLUCRA. Del texto y alcances interpretativos que corresponden a los artículos 12 y 2736 del Código Civil Federal se obtiene la norma de conflicto que da la pauta para determinar cuál es el derecho aplicable en aquellos casos en los que si bien debe aplicarse el derecho nacional, ello está sujeto a que las personas destinatarias de esa aplicación se encuentren en el país, o bien, que los hechos y actos hubieren ocurrido en su territorio o jurisdicción y que se sometieran a sus leyes, pero siempre con la salvedad de que la propia normativa pueda prever la aplicación de un derecho extranjero; esto conforme al citado artículo 12, que de acuerdo a su texto se erige en un precepto de envío, en tanto remite a lo que disponga la ley respecto a la aplicabilidad del derecho extranjero. En el caso, la norma que conduce a sostener la aplicabilidad de un derecho no nacional, es decir, aquella a la que envía el indicado numeral, es el diverso artículo 2736 al establecer que la existencia, capacidad para ser titular de derechos y obligaciones, funcionamiento, transformación, disolución, liquidación y fusión de las personas morales extranjeras de naturaleza privada se regirán por el derecho de su constitución, y que por éste debe entenderse aquel del Estado en que se cumplan los requisitos de forma y fondo requeridos para la creación de dichas personas. Luego, si una sociedad se constituyó en un país diverso al del juicio es inconcuso que dada su calidad de extranjera, y en aras de que no se le dejara en estado de indefensión, para determinar su situación jurídica en el procedimiento al que fue llamada, resulta legal la aplicación del derecho vigente en el lugar de su constitución.
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 740/2010. Spectrasite Communications, Inc. 15 de diciembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Ricardo Mercado Oaxaca. Tesis: I.5o.C.31 C (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época 2004333 34 de 49 Tribunales Colegiados de Circuito Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3 Pag. 1730 Tesis Aislada(Civil)
EMPRESA EXTRANJERA. PARA RESOLVER SU SITUACIÓN JURÍDICA DEBE ACUDIRSE AL DERECHO VIGENTE EN EL LUGAR EN QUE SE CONSTITUYÓ.
Conforme a la norma de conflicto aplicable, cuando en un juicio interviene como parte interesada una empresa extranjera, no puede resolverse sólo conforme al derecho nacional, pues la responsabilidad extracontractual que se le imputa debe ponderarse a la luz del derecho aplicable, de conformidad con el lugar de su constitución; por tanto, la existencia de sociedades extranjeras, así como la capacidad para ser titular de derechos y obligaciones, y su funcionamiento, entre otros aspectos, debe regirse por el derecho de su constitución, entendiéndose por éste, al del Estado en que se cumplan los requisitos de forma y fondo requeridos para la creación de dichas personas. Esto es, cuando en un juicio, además de intervenir empresas de nacionalidad mexicana, también se incorpora a la relación jurídica procesal una sociedad extranjera, que no ha sido parte contratante formal en los actos jurídicos cuya situación de crisis condujo a la intervención del órgano jurisdiccional para resolver de manera heterocompositiva el litigio, y esa ajenidad impide que su situación jurídica pueda ponderarse sólo conforme al derecho nacional, en tanto que la causa eficiente de esa intervención se sustenta en la realización de hechos tendientes a evidenciar la existencia de una responsabilidad extracontractual, esas circunstancias conducen a estimar que, en observancia a lo dispuesto en las normas de conflicto previstas en los artículos 12 y 2736 del Código Civil Federal, cuyo conocimiento se presume en todo juzgador, lo concerniente a esa situación jurídica de la empresa extranjera debe determinarse al tenor del derecho material vigente en el lugar en que ésta se constituye, pues tal es el dato que puede considerarse como el punto de conexión entre los sistemas jurídicos involucrados.
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 740/2010. Spectrasite Communications, Inc. 15 de diciembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Ricardo Mercado Oaxaca. Tesis: I.5o.C.66 C (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época 2004226 18 de 49 Tribunales Colegiados de Circuito Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3 Pag. 1648 Tesis Aislada(Civil)
SOCIEDADES EXTRANJERAS. DERECHO APLICABLE PARA RESOLVER UN JUICIO EN EL QUE SON LLAMADAS COMO TERCERAS INTERESADAS. La situación jurídica de una empresa extranjera, que no es parte formal ni material en los contratos base de la acción, sino que deriva de la responsabilidad extracontractual que se le imputa, no puede resolverse con sólo acudir al derecho al que se sujetaron los entes contratantes pues, en tal caso, resultaría posible que aquélla invocara como defensa la aplicación del derecho que corresponda al lugar en que se constituyó; lo que genera una colisión entre los ámbitos personal y espacial de validez de la norma jurídica. Así se considera, porque si bien las sociedades mercantiles se ven en la necesidad o tienen interés en actuar fuera del país bajo cuyas leyes se constituyeron, debe advertirse que esas leyes son las que le otorgaron o reconocieron personalidad jurídica, y son las que establecen la estructura general de su régimen jurídico de funcionamiento interno y externo, el estatuto de los socios, etcétera, sin perjuicio de lo dispuesto contractualmente para cada sociedad. Esa necesidad o interés lleva a que las sociedades dispongan que quien la represente se desplace territorialmente en forma circunstancial para realizar uno o más actos jurídicos en un país extranjero, o resuelve el establecimiento de una sucursal en el extranjero, cuando pretende desarrollar allí su actividad con cierta regularidad. De ahí que para resolver la situación jurídica en que se le involucre, cuando no ha sido parte en los actos jurídicos a debate, deba acudirse al derecho que la rige en esos aspectos.
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 740/2010. Spectrasite Communications, Inc. 15 de diciembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Ricardo Mercado Oaxaca. Tesis: I.5o.C.58 C (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época 2004334 35 de 49 Tribunales Colegiados de Circuito Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3 Pag. 1730 Tesis Aislada(Civil)
Artículo 13, fracción III, del Código Civil Federal (México):
Art. 13.- La determinación del derecho aplicable se hará conforme a las siguientes reglas: (…) III. La constitución, régimen y extinción de los derechos reales sobre inmuebles, así como los contratos de arrendamiento y de uso temporal de tales bienes, y los bienes muebles, se regirán por el derecho del lugar de su ubicación, aunque sus titulares sean extranjeros.
Se elige para los bienes muebles la ley del lugar de su ubicación y no la del domicilio del propietario.
BIENES INMUEBLES. LOS ACTOS RELATIVOS A ÉSTOS SE RIGEN POR LAS DISPOSICIONES APLICABLES EN EL LUGAR EN QUE SE ENCUENTRAN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO). De los artículos 12 y 13 del Código Civil para el Estado se advierte que todos los actos relativos a los bienes inmuebles deberán normarse por las disposiciones que rigen para el lugar donde éstos se encuentren, independientemente del domicilio, condición personal, estado civil o nacionalidad de quienes los celebren, pues al respecto dicha legislación adopta el principio de derecho internacional privado lex rei sitae, lo que no pugna o confronta el contenido de los artículos 121, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 13, fracción III, del Código Civil Federal, pues en estos preceptos igualmente se señala que los litigios que lleguen a suscitarse respecto de bienes inmuebles se regirán por el Código Civil de la entidad donde se encuentren.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DECIMO SEXTO CIRCUITO Amparo directo 382/2007. Joseph Kenneth Smith. 24 de agosto de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: José Juan Trejo Orduña. Secretario: Arturo González Padrón. [TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVI, Diciembre de 2007; Pág. 1683
Artículo 13, fracción IV, del Código Civil Federal (México):
Art. 13.- La determinación del derecho aplicable se hará conforme a las siguientes reglas: (…) IV: La forma de los actos jurídicos se regirá por el derecho del lugar en que se celebren. Sin embargo, podrán sujetarse a las formas prescritas en este código cuando el acto haya de tener efectos en el Distrito Federal o en la República tratándose de materia federal.
Debe subrayarse el carácter complicado de la regla de conflicto. La primera parte de la regla es bilateral (la forma de los actos jurídicos se regirá por el derecho del lugar en que se celebren), mientras que la segunda es unilateral (podrán sujetarse a las formas prescritas en el CCF cuando el acto haya de tener efectos en el DF o en la República tratándose de materia federal).
Hubiera sido más sencillo crear una regla de conflicto alternativa que contuviera dos elementos bilaterales: “la forma de los actos jurídicos se regirá por el derecho del lugar en que se celebren o por el derecho que fuere aplicable a sus efectos jurídicos”.
Más permisiva aún, la regla de conflicto pudiera decir: “la forma de los actos jurídicos se regirá por el derecho del lugar en que se celebren, por el derecho del lugar donde deban ejecutarse o por el derecho elegido por las partes contratantes”.
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Amparo directo 1495/96. Fusión Internacional Textil, S.A. de C.V. y otra. 11 de abril de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Efraín Ochoa Ochoa. Secretario: Walter Arellano Hobelsberger. [TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo III, Mayo de 1996; Pág. 671
Efectos Jurídicos de Actos
Artículo 13, fracción V, del del Código Civil Federal (México):
Art. 13.- La determinación del derecho aplicable se hará conforme a las siguientes reglas: V. Salvo lo previsto en las fracciones anteriores, los efectos jurídicos de los actos y contratos se regirán por el derecho del lugar en donde deban ejecutarse, a menos de que las partes hubieran designado válidamente la aplicabilidad de otro derecho.
La autonomía de la voluntad, en el DIP, es el principio que permite a las partes de un contrato internacional elegir la ley aplicable al mismo. Algunos sistemas le otorgan un alcance absoluto; otros, un alcance restringido.
El CCF le otorga un alcance limitado a la autonomía de la voluntad:
Limita la autonomía mediante la frase “salvo lo dispuesto en las fracciones anteriores”.
Así, excluye la posibilidad de pactar el derecho aplicable a los contratos sobre bienes inmuebles.
Posiblemente excluye la posibilidad de pactar el derecho aplicable a los contratos sobre bienes muebles.
Deja un campo muy reducido por lo que hace a la forma del contrato, pues el único pacto posible consiste en convenir la aplicación del derecho del CCF cuando ahí haya de tener efectos el contrato.
La designación del derecho aplicable al contrato debe ser hecha “válidamente” sin que quede claro lo que esa expresión agrega.
Por ejemplo ¿pueden las partes pactar la aplicación de un derecho que no esté vinculado ni con ellas ni con el contrato? ¿debe haber una vinculación mínima? ¿debe haber una vinculación seria?
En estricto sentido permite pactar la aplicación de un derecho distinto del derecho del lugar de ejecución, pero no reconoce expresamente que las partes puedan pactar la aplicación de varios derechos, lo que se conoce como dépeçage, morcellement o panachage (desmembramiento, fragmentación o mezcla).
Aparentemente desecha la hipótesis de que las partes pacten expresamente que el contrato no esté regulado por ninguna ley (“contrato sin ley”).
Aparentemente descarta la posibilidad de que las partes pacten expresamente que el contrato esté regulado por normas que no emanen de un Estado (“lex mercatoria”).
COMPETENCIA MERCANTIL. NO CONSTITUYE SOMETIMIENTO EXPRESO QUE LAS PARTES CONVENGAN LA LEGISLACIÓN APLICABLE. La competencia en el juicio mercantil es de carácter prorrogable ya que conforme a lo dispuesto por el artículo 1093 del Código de Comercio las partes pueden someterse, para el caso de controversia, a los tribunales de un determinado lugar. En este sentido, cuando las partes se limitan a convenir cuál será la legislación aplicable al contrato, mas no que deberá demandarse ante determinado órgano jurisdiccional, ni que éstas renunciarán a los fueros que les pudieran corresponder de acuerdo a sus domicilios, no existe sometimiento convencional.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Amparo directo 175/2010. Representaciones Textiles de Toluca, S.A. de C.V. 4 de mayo de 2010. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretario: Salvador Andrés González Bárcena. [TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXII, Julio de 2010; Pág. 1924
PODER GENERAL JUDICIAL O SU EQUIVALENTE, EMITIDO FUERA DEL ESTADO DE JALISCO. PARA EJERCERLO EN UN PROCEDIMIENTO MERCANTIL EN ESTA ENTIDAD, ES INNECESARIO ATENDER A LAS RESTRICCIONES PREVISTAS POR LOS ARTÍCULOS 2207 Y 2214 DEL CÓDIGO CIVIL ESTATAL. Este órgano jurisdiccional federal, en la tesis III.2o.C.170 C, de rubro: "APODERADO GENERAL JUDICIAL. AL COMPARECER A JUICIO, ADEMÁS DE ACREDITAR SU REPRESENTACIÓN, DEBE ADJUNTAR COPIA CERTIFICADA DE LA CÉDULA PROFESIONAL QUE DEMUESTRE QUE TIENE TÍTULO DE LICENCIADO EN DERECHO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 90 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y 2207 DEL CÓDIGO CIVIL, AMBOS DEL ESTADO DE JALISCO).", que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, diciembre de 2009, página 1480, sustentó criterio en el sentido de que de una interpretación del artículo 2207 del Código Civil para el Estado de Jalisco, se advierte que a fin de acreditar la personalidad de quien comparece como representante de una persona moral, en términos del artículo 90 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, los poderes generales judiciales sólo podrán otorgarse a personas que tengan título de abogado o licenciado en derecho y en caso de que no se tenga tal carácter, el apoderado deberá asesorarse necesariamente por profesionales del derecho, quienes deberán suscribir y actuar conjuntamente con aquél, en todos los trámites judiciales. Ahora bien, conforme a los artículos 2207 y 2214 del Código Civil del Estado de Jalisco, el otorgamiento de los poderes generales judiciales, se limita a personas que tengan el título de abogado, licenciado en derecho o, en su defecto, el apoderado que no reúna el requisito, necesariamente deberá actuar con un profesional del derecho, suscribiendo en forma conjunta todos los trámites judiciales y ningún poder tendrá una duración mayor a cinco años. Sin embargo, esas restricciones son inaplicables en un procedimiento de naturaleza mercantil, en que se pretenda ejercer dicha clase de poder o su equivalente, conferido en otra entidad federativa (distinta a Jalisco), cuya legislación no contemple esas limitantes; ello, porque el artículo 2o. del Código de Comercio contempla como norma supletoria en materia sustantiva al Código Civil Federal, cuyos artículos correlativos 2554 y 2587 no disponen que el otorgamiento de un poder general para pleitos y cobranzas, necesariamente deba recaer en un profesionista en derecho, o que quien no lo sea, actúe conjuntamente asesorado de uno; ni tampoco se prevé que los poderes no tengan eficacia mayor a cinco años. Máxime que al tenor del artículo 121 de la Constitución de la República, las entidades federativas darán entera fe y crédito a los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todas las otras; y la fracción I de dicho precepto constitucional, debe interpretarse en el sentido de que las normas de un Estado, no pueden ser obligatorias fuera de éste; aunado a que conforme al artículo 13, fracción I, del Código Civil Federal, los actos jurídicos originados conforme a las leyes de cualquier entidad federativa, no pueden ser cuestionados por las normas que rigen en otro Estado de la República Mexicana y cualquier controversia entre leyes de diversos Estados se regularán conforme al Código Civil Federal. Asimismo, las fracciones IV y V del citado artículo 13 revelan que opera el principio de derecho locus regit actum, según el cual, el derecho aplicable a la forma de los actos jurídicos es el del lugar donde éstos se realizan; empero, podrán sujetarse a las formas prescritas en dicho Código Civil Federal, cuando el acto haya de tener efectos en el Distrito Federal o en la República tratándose de materia federal (como es el procedimiento mercantil) y, únicamente bajo la salvedad de lo anterior, sus efectos jurídicos se regirán por el derecho de donde se ejecuten, a menos de que las partes hubieran designado válidamente la aplicabilidad de otro derecho. Sin que sea óbice a lo anterior que el artículo 15, fracción II, del Código Civil del Estado de Jalisco señale que los actos celebrados fuera del Estado, para surtir efectos dentro de éste, deben cumplir con la legislación local; habida cuenta que es una disposición que sólo rige a normas estatales no así para las federales, pues el numeral 2o. del código local indica: "Las disposiciones de este código serán ley supletoria de toda la legislación estatal. …”
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Amparo en revisión 48/2011. J. Jesús García Gentil y otra. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: José Guadalupe Hernández Torres. Secretario: Alberto Carrillo Ruvalcaba. [TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXIV, Agosto de 2011; Pág. 1396
Rojas Amandi hace una observación muy interesante, en el sentido de que dentro del mismo artículo 12 hay una regla de conflicto en materia de responsabilidad extracontractual.
Se trata de una regla de conflicto unilateral que determina que se aplica derecho mexicano a los hechos ocurridos en el territorio o jurisdicción mexicanos. Si bilateralizáramos la regla, tendríamos que a los hechos generadores de responsabilidad se aplicaría el derecho del lugar donde ocurran.
Artículo 1593 del Código Civil Federal (México):
Art. 1593. Los testamentos hechos en país extranjero, producirán efecto en el Distrito Federal cuando hayan sido formulados de acuerdo con las leyes del país en que se otorgaron.
Artículo 410-E del Código Civil Federal (México):
Art. 410 E.- La adopción internacional es la promovida por ciudadanos de otro país, con residencia habitual fuera del territorio nacional; y tiene como objeto incorporar, en una familia, a un menor que no puede encontrar una familia en su propio país de origen. Esta adopción se regirá por los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y, en lo conducente, por las disposiciones de este Código.
Artículo 14, fracción II, del Código Civil Federal (México):
Art. 14. En la aplicación del derecho extranjero se observará lo siguiente: (…) II. Se aplicará el derecho sustantivo extranjero, salvo cuando dadas las especiales circunstancias del caso, deban tomarse en cuenta, con carácter excepcional, las normas conflictuales de ese derecho, que hagan aplicables las normas sustantivas mexicanas o de un tercer estado.
Arellano García opina que no hay seguridad jurídica y que no hay criterio objetivamente válido para determinar en qué consisten:
las especiales circunstancias del caso (que las partes siempre alegarán); y
el carácter excepcional.
Artículo 14, fracción IV, del Código Civil Federal (México):
Art. 14. En la aplicación del derecho extranjero se observará lo siguiente: (…) IV. Las cuestiones previas, preliminares o incidentales que puedan surgir con motivo de una cuestión principal, no deberán resolverse necesariamente de acuerdo con el derecho que regule a esta última.
Arellano García se pregunta, si las cuestiones preliminares no deben regularse por el derecho que rige la cuestión principal, entonces ¿por qué derecho se rigen? El mismo autor agrega, si las cuestiones previas no deberán resolverse necesariamente de acuerdo con el derecho que regule a la cuestión principal, eso significa que algunas veces sí serán y otras no serán regidas por la ley aplicable a la cuestión principal ¿cuándo sí se aplica y cuándo no se aplica el derecho aplicable a la cuestión principal a las cuestiones preliminares?
Artículo 15, fracción II, del Código Civil Federal (México):
Art. 15. No se aplicará el derecho extranjero: (...) II. Cuando las disposiciones del derecho extranjero o el resultado de su aplicación sean contrarios a principios o instituciones fundamentales del orden público mexicano.
La Convención Interamericana sobre Normas de DIP tiene la virtud de precisar que la ley extranjera debe ser manifiestamente contraria al orden público. El Código tiene el mérito de precisar que se trata de principios o instituciones fundamentales.
ORDEN PÚBLICO. SU NOCIÓN Y CONTENIDO EN LA MATERIA CIVIL. El campo civil como espacio en el que confluye y se regula la actividad privada de los particulares no es ajena a esa noción que constituye su límite a través de la norma, como la garantía de que no será obstaculizada esa actividad delimitada por la propia ley. Así se desprende del artículo 6o. del Código Civil para el Distrito Federal cuando dispone que la voluntad de los particulares no puede eximir de la observancia de la ley, ni alterarla o modificarla, conforme a lo cual se le reconoce a la ley su carácter primario de fuente del derecho y como rectora del orden social, sobre la base inclusive de que, sólo pueden renunciarse los derechos privados que no afecten directamente al interés público, cuando la renuncia no perjudique derechos de tercero. Más aún, el mismo ordenamiento destaca como norma de resolución de conflictos, la fracción II del artículo 15 del mismo ordenamiento al indicar que no podrá aplicarse el derecho extranjero cuando las disposiciones de éste o el resultado de su aplicación sean contrarias a principios o instituciones fundamentales del orden público mexicano. La idea de autonomía individual viene determinada por dos dimensiones; la primera de ellas que atiende a la noción de interés público que se traduce en la existencia de leyes imperativas que, por su naturaleza, no pueden ser derogadas por los particulares porque defienden el interés de éstos así como del Estado y, la segunda, que se traduce en un mecanismo jurídico de aplicación jurisdiccional que se interesa por velar por el interés general limitando cualquier actividad privada que atente contra el mismo. De ese modo, puede diferenciarse a la norma imperativa de la norma de orden público, ya que mientras esta última siempre es imperativa, no toda norma imperativa es de orden público.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Amparo en revisión 195/2010. Maquinaria Igsa, S.A. de C.V. y otra. 7 de octubre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: José Luis Evaristo Villegas. [TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXIII, Abril de 2011; Pág. 1350
Artículo 15, fracción I, del Código Civil Federal (México):
Art. 15. No se aplicará el derecho extranjero: I. Cuando artificiosamente se hayan evadido principios fundamentales del derecho mexicano, debiendo el juez determinar la intención fraudulenta de tal evasión. (…)
Artículo 14, fracción III, del Código Civil Federal (México):
Art. 14. En la aplicación del derecho extranjero se observará lo siguiente: (…) III. No será impedimento para la aplicación del derecho extranjero, que el derecho mexicano no prevea instituciones o procedimientos esenciales a la institución extranjera aplicable, si existen instituciones o procedimientos análogos.
La doctrina tiende a aceptar que la institución extranjera sea desconocida en el foro constituye una excepción a la aplicación del derecho extranjero, salvo que en el foro existan instituciones análogas. Arellano García critica que el artículo citado no señala claramente el principio de inaplicabilidad del derecho extranjero frente a la institución desconocida y, en cambio, establece como regla y no como excepción la posibilidad de aplicar derecho extranjero cuando haya instituciones análogas.
Artículo 14, fracción I, del Código Civil Federal (México):
Art. 14. En la aplicación del derecho extranjero se observará lo siguiente: I. Se aplicará como lo haría el juez extranjero correspondiente, para lo cual el juez podrá allegarse la información necesaria acerca del texto, vigencia, sentido y alcance legal de dicho derecho.
Arellano García critica que no se precisa detalle alguno acerca de la forma como el juez se allegará la información. Opina, asimismo, que no hay medios de difusión suficientes sobre el derecho extranjero y menos aún si se trata del derecho de un país con el que no se tenga un tratado internacional para tal efecto. Agrega que no es válido decir que para ello está la Convención Interamericana sobre Prueba e Información acerca del Derecho Extranjero (29 abril 1983), pues sólo se aplica entre Estados Parte. Contradice, según Arellano García, la Convención Interamericana sobre Normas Generales de DIP, pues ésta sí permite que las partes puedan probar y alegar el derecho extranjero. Olvida, según el autor citado, que no sólo se debe conocer el derecho extranjero, sino interpretarlo. Agrega el autor que el juez corre el riesgo de dejar de ser imparcial si él mismo obtiene la prueba del derecho extranjero. Critica que no determina qué pasa si el juez no obtiene el derecho extranjero. Finalmente, dice que no debería aplicarse la misma regla al derecho internacional y al interprovincial.
Artículo 86 Bis del Código Federal de Procedimientos Civiles (México):
Art. 86 Bis.- El tribunal aplicará el derecho extranjero tal como lo harían los jueces o tribunales del Estado cuyo derecho resultare aplicable, sin perjuicio de que las partes puedan alegar la existencia y contenido del derecho extranjero.
Nótese el contraste con la materia procesal mercantil. Artículo 1197 del Código de Comercio (México):
Art. 1197. Solo los hechos están sujetos a prueba: el derecho lo estará únicamente cuando se funde en leyes extranjeras: el que las invoca debe probar la existencia de ellos y que son aplicables al caso.
DERECHO EXTRANJERO. SU DEMOSTRACIÓN EN JUICIO CORRESPONDE A LAS PARTES, Y AL TRIBUNAL MEXICANO LA POTESTAD DE VERIFICAR SU TEXTO, VIGENCIA, SENTIDO Y ALCANCE, PARA LO CUAL DEBE ATENDERSE A LAS CONVENCIONES INTERNACIONALES EN LAS QUE EL ESTADO MEXICANO HA SIDO PARTE. Del examen sistemático de los artículos 14, fracción I, del Código Civil Federal y 86 bis del Código Federal de Procedimientos Civiles, y de la exposición de motivos del decreto publicado el doce de enero de mil novecientos noventa y ocho, que adicionó el segundo de esos preceptos, se desprende precisada en forma clara la manera de aplicar el derecho extranjero por un tribunal mexicano, al señalar que el tribunal que conozca del asunto lo hará como lo harían los Jueces y tribunales del Estado cuyo derecho resulte aplicable, no sin antes ser probado en juicio; y respecto de este último punto, que corresponde a las partes allegar al Juez natural el derecho extranjero invocado y proporcionar los elementos de donde pueda deducirse el texto, vigencia, sentido y alcance de ese derecho, otorgando facultades al tribunal para que, de estimarlo necesario, pueda valerse de informes oficiales a través del Servicio Exterior Mexicano o de las convenciones en que el Estado mexicano sea parte, para corroborar con exactitud los datos que preceden, a fin de dar certeza jurídica a sus determinaciones. Además, de la citada exposición de motivos se advierte que el legislador incorporó al Código Federal de Procedimientos Civiles normas generales de orden internacional que forman parte del sistema jurídico mexicano, en términos del artículo 133 de la Constitución Federal, con el fin de facilitar la aplicación del derecho extranjero en el país, al estimar que son insuficientes para regular adecuadamente las cuestiones del derecho internacional privado las disposiciones contenidas en ese código, lo que permite concluir que para la solución exacta de esas cuestiones y, en particular, para probar el derecho extranjero, debe atenderse a las convenciones internacionales que el Estado mexicano ha suscrito, al formar éstas parte del derecho nacional.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Amparo directo 10623/2001. Juan Cortina del Valle. 18 de octubre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: Israel Flores Rodríguez. [TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XV, Marzo de 2002; Pág. 1326
DERECHO EXTRANJERO. PARA DEMOSTRARLO RESULTA APLICABLE LO DISPUESTO EN LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE PRUEBA E INFORMACIÓN ACERCA DEL DERECHO EXTRANJERO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTINUEVE DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES. De la interpretación sistemática de los artículos 14, fracción I, del Código Civil Federal; 86 bis del Código Federal de Procedimientos Civiles, y de la exposición de motivos del decreto publicado el doce de enero de mil novecientos noventa y ocho, que adicionó el segundo de esos preceptos, se desprende que para probar el derecho extranjero son atendibles las convenciones internacionales en donde México ha sido parte integrante, al formar éstas parte del derecho nacional, en términos de lo dispuesto en el artículo 133 constitucional. Sobre el particular, destaca la Convención Interamericana sobre Prueba e Información acerca del Derecho Extranjero, firmada en Montevideo, Uruguay, el ocho de mayo de mil novecientos setenta y nueve, y publicada en el órgano oficial informativo de la Federación el veintinueve de abril de mil novecientos ochenta y tres, de cuyos artículos 1o. y 3o. se advierte la existencia de la cooperación entre los Estados-partes de ese convenio con la finalidad de obtener con mayor facilidad y menor tiempo los elementos de prueba idóneos e información acerca de un derecho extranjero de un país que tenga que aplicarse en otro, los elementos de prueba idóneos y la información acerca del derecho extranjero requerido para ser aplicado a un determinado caso, siendo éstos, entre otros de la misma naturaleza: a) El documento consistente en copia certificada de textos legales con indicación de su vigencia o precedentes judiciales; b) La prueba pericial consistente en dictámenes de abogados o expertos en la materia; y, c) Los informes del Estado requerido sobre el texto, vigencia, sentido y alcance legal de su derecho sobre determinados aspectos. Cabe destacar que los dos primeros presupuestos a probar están dirigidos a la parte que invoca el derecho extranjero, los que se estiman esenciales para que el Juez de instrucción tenga todos los elementos necesarios para establecer la forma de aplicación de las normas extranacionales, y el último está encauzado a las autoridades jurisdiccionales, quienes podrán solicitar los informes que ahí se refieren, según lo establecido en el citado artículo 86 bis del Código Federal de Procedimientos Civiles; no siendo este presupuesto determinante para acreditar el derecho extranjero y su aplicación, dado que es una potestad del órgano jurisdiccional ejercerla o no, según su arbitrio judicial.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Amparo directo 10623/2001. Juan Cortina del Valle. 18 de octubre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: Israel Flores Rodríguez. [TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XV, Abril de 2002; Pág. 1248
DERECHO EXTRANJERO, PRUEBA DEL. NO SE ACREDITA EXCLUSIVAMENTE CON LAS DISPOSICIONES LEGALES EXTRANJERAS QUE RIJAN EN EL LUGAR DONDE SE CELEBREN LOS ACTOS JURIDICOS. Atento a los artículos 13 y 15 del Código Civil y 280 del Código de Procedimientos Civiles, corresponde al actor de un juicio acreditar su derecho al fundar su acción en un testamento otorgado en el extranjero y que éste fue otorgado con la forma exigida para tal efecto por las leyes del país donde se otorgó, lo que no necesariamente se acredita con las copias legalizadas de las disposiciones legales conducentes, sino con cualquier medio probatorio que de manera auténtica pueda demostrar la validez del documento en el país que se otorgó, como es el caso, en que se acreditó con el testamento mismo, con el trámite judicial que se siguió para obtener su declaración de validez y, fundamentalmente, con la sentencia extranjera que así lo declaró, pues se entiende que aquella resolución emitida por una autoridad extranjera, al igual que las resoluciones dictadas por los tribunales mexicanos, llevan en sí la presunción legal de haber sido emitidas conforme a la ley, en tanto no se demuestre lo contrario.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO QUINTO CIRCUITO Amparo directo 332/91. Jorge Alberto Millán Sánchez. 22 de enero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Molina Torres. Secretaria: Marisela Molina Leyva. [TA]; 8a. Época; T.C.C.; S.J.F.; Tomo IX, Abril de 1992; Pág. 482
Artículo 14, fracción V, del Código Civil Federal (México):
Art. 14. En la aplicación del derecho extranjero se observará lo siguiente: (…) V. Cuando diversos aspectos de una misma relación jurídica estén regulados por diversos derechos, éstos serán aplicados armónicamente, procurando realizar las finalidades perseguidas por cada uno de tales derechos. Las dificultades causadas por la aplicación simultánea de tales derechos se resolverán tomando en cuenta las exigencias de la equidad en el caso concreto.
La norma es aplicable cuando la regla de conflicto hace aplicables varias normas extranjeras o incluso algunas extranjeras y otras nacionales. Por ejemplo, un español y una mexicana que contraen matrimonio en Nueva York no implica un problema unitario, sino de capacidad, impedimentos para contraerlo, forma del acto, régimen patrimonial, etc.
Principio General: Relación más Estrecha
Artículos 12, 21bis y 21bis I del Código Civil de Nuevo León (México):
Art. 21bis. Las normas conflictuales en asuntos de derecho civil, determinan las que deben ser aplicables a situaciones jurídicas creadas, con contacto de derecho extranjero.
Asimismo, se aplicarán a aquellas que tuvieren contacto con normas de otras entidades federativas.
Art. 21bis I. Para la solución de situaciones jurídicas que requieran aplicación de normas conflictuales, se aplicará el orden jurídico que tenga la más estrecha relación con ellas. Este principio dominante se observará en la interpretación de las siguientes disposiciones conflictuales creadas con esta finalidad por lo tanto el texto de cualquier disposición conflictual podrá ser pospuesto en todos aquellos casos en los cuales se justifique la presencia de una solución directamente basada en dicho principio.
Esta disposición, vigente, contradice enteramente el principio de la relación más estrecha, por lo que debiera considerarse tácitamente derogada, desde la entrada en vigor del artículo 21bis I:
Art. 12. Las leyes del Estado de Nuevo León y las demás leyes mexicanas en su caso y siempre que no sean contrarias al orden público, incluyendo las que se refieren al estado y la capacidad de las personas, se aplican a todos los habitantes del Estado, ya sean nacionales o extranjeros, estén domiciliados en él o sean transeúntes.
Artículo 21bis IV del Código Civil de Nuevo León (México):
Art. 21bis IV. Las situaciones jurídicas válidamente creadas en el extranjero deberán ser reconocidas en el Estado.
Artículo 21bis VI, párrafo 1, del Código Civil de Nuevo León (México):
Art. 21 bis VI, p1. El estado, la capacidad y el estatuto de las personas físicas se rigen por el Derecho vigente en su domicilio.
SOCIEDAD CONYUGAL. INAPLICABLE LA LEGISLACION DE NUEVO LEON. SI EL MATRIMONIO SE CELEBRO EN EL EXTRANJERO. Si la traducción del acta de matrimonio llevada a cabo en el extranjero, no refiere el régimen de bienes bajo el que se celebró, no se debe tener por demostrado el de sociedad conyugal, en términos del artículo 178 del Código Civil de Nuevo León, en tanto que las normas aplicables son las relativas al lugar en el que se celebró el acto jurídico y no en el que residan los consortes, como pretende la quejosa, pues si bien es lógico que con el acta en cuestión se acredite su estado civil en cualquier país, los términos de su contratación no pueden variar según el lugar en el que vivan, toda vez que los consortes decidieron cumplir con las reglas y sujetarse a las disposiciones vigentes en el país en el que contrajeron matrimonio y éstas son las que deben imperar en cualquier lugar.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO Amparo en revisión 138/95. Leticia Olga de León. 3 de julio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Meza Pérez. Secretaria: María Inocencia González Díaz. [TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo II, Agosto de 1995; Pág. 626
Personas Morales Extranjeras de Derecho Civil
Artículo 21bis VI, párrafo 2, del Código Civil de Nuevo León (México):
Art. 21bis VI, p2. La existencia, capacidad para ser titular de derechos y obligaciones, el funcionamiento corporativo, transformación, fusión, disolución, liquidación, responsabilidad de socios o asociados y las facultades de las personas morales extranjeras de derecho civil, se regirán por el Derecho aplicado a su constitución.
Artículo 14 del Código Civil de Nuevo León (México):
Art. 14. Los bienes inmuebles sitos en el Estado, y los bienes muebles que en él se encuentren, se regirán por las disposiciones de este Código, aun cuando sus dueños sean extranjeros.
Artículos 15 y 21bis VII del Código Civil de Nuevo León (México):
Art. 15. Los actos jurídicos, en todo lo relativo a su forma, se regirán por las leyes del lugar donde pasen. Sin embargo, los mexicanos o extranjeros residentes fuera del Estado, quedan en libertad para sujetarse a las formas prescritas por este Código, cuando el acto haya de tener ejecución en el Estado.
Art. 21bis VII. La forma de los actos jurídicos se regirá por el Derecho del lugar donde se celebren, por aquél que fuere aplicable a los efectos de los actos o por las disposiciones del Derecho local, cuando en el último caso hayan de tener efectos en el Estado.
Efectos Jurídicos de los Actos
Artículo 13 del Código Civil de Nuevo León (México):
Art. 13. Los efectos jurídicos de actos y contratos celebrados fuera del Estado que deban ser ejecutados en su territorio, se regirán por las disposiciones de este Código.
Artículo 21bis IX, cuarto párrafo, del Código Civil de Nuevo León (México):
Art. 21bis IX, p4. La adquisición, constitución, tenencia y terminación de derechos reales y el uso sobre bienes muebles e inmuebles, así como su calificación se rigen por el derecho del lugar en que se hubieren encontrado al tiempo de la creación de los supuestos legales correspondientes, a no ser que se trate de relaciones sometidas a una ley específica como las de sucesión.
Art. 21bis III. Las remisiones a un derecho extranjero incluyen también las disposiciones remisorias contenidas en el mismo a no ser que estos reenvíos sean incompatibles con la finalidad de remisiones establecidas en el derecho local o en un derecho extranjero o, que se disponga otra cosa en la propia legislación conflictual en forma de remisiones expresamente limitadas al derecho sustantivo de un Estado extranjero. Se observarán reenvíos solamente hasta el grado de que ellos conduzcan en forma de regreso a las propias leyes o a las de un Estado extranjero ya incluido en la serie de reenvíos, casos en los cuales se aplicarán únicamente las normas sustantivas locales o las de dicho Estado extranjero, respectivamente, sin tomar en consideración normas conflictuales del propio derecho local o, en su caso, del Estado extranjero mencionado.
Los convenios relativos a la aplicación de un Derecho extranjero tienen validez en las situaciones expresamente admitidas para tal objeto en el Derecho Local conflictual. Estos convenios deben tener forma escrita. El establecimiento de las aplicación de cierto Derecho en un convenio, se entiende solamente relacionado con el Derecho sustantivo correspondiente, sin inclusión de las normas conflictuales del mismo orden jurídico, a no ser que en el convenio de refiera expresamente a la inclusión de estas normas.
Artículo 21bis V del Código Civil de Nuevo León (México):
Art. 21bis V. Las cuestiones previas, preliminares o incidentales que se presenten en una cuestión principal, no se resolverán necesariamente conforme a la ley que regule esta última.
Artículo 21bis VIII del Código Civil de Nuevo León (México):
Art. 21bis VIII. No se aplicará una disposición extranjera, si conduce a un resultado incompatible con el orden público propio; en su lugar se aplicará el derecho local. Éste regirá en la misma medida, en los casos en los cuales el Derecho extranjero carezca de normas, cuya existencia directa pertenezca al orden público.
Artículo 21bis II del Código Civil de Nuevo León (México):
Art. 21bis II. El derecho extranjero se aplicará de oficio como se haría en el territorio de su creación y vigencia original, de lo cual resulta también la obligación de las autoridades del Estado para proveerse de él, por lo tanto no queda sometido a la carga de la prueba de las partes en cuanto a su existencia, contenido y vigencia, sin perjuicio de que las partes puedan probar, alegar o coadyuvar, para obtener la información necesaria sobre dicho derecho extranjero.
Artículo 225 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León (México):
Art. 225. Sólo los hechos están sujetos a prueba. El Derecho Extranjero lo verificará y aplicará de oficio el juzgador, sin perjuicio de que las partes coadyuven al logro de esa información.
Artículo 13 del Código de Comercio (México):
Art. 13. Los extranjeros serán libres para ejercer el comercio, según lo que se hubiere convenido en los tratados con sus respectivas naciones, y lo que dispusieren las leyes que arreglen los derechos y obligaciones de los extranjeros.
Artículo 14 del Código de Comercio (México):
Art. 14.- Los extranjeros comerciantes, en todos los actos de comercio en que intervengan, se sujetarán a este Código y demás leyes del país.
Artículo 15 del Código de Comercio (México):
Art. 15.- Las Sociedades legalmente constituidas en el extranjero que se establezcan en la República, o tengan en ella alguna agencia o sucursal, podrán ejercer el comercio, sujetándose a las prescripciones especiales de este Código en todo cuanto concierna a la creación de sus establecimientos dentro del territorio nacional, a sus operaciones mercantiles y a la jurisdicción de los tribunales de la Nación.
Artículo 79 del Código de Comercio (México):
Art. 79.- Se exceptuarán de lo dispuesto en el artículo que precede (Artículo 78.- En las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que la validez del acto comercial dependa de la observancia de formalidades o requisitos determinados.):
I. Los contratos que con arreglo a este Código ú otras leyes, deban reducirse a escritura o requieran formas o solemnidades necesarias para su eficacia;
II. Los contratos celebrados en país extranjero en que la ley exige escrituras, formas o solemnidades determinadas para su validez, aunque no las exija la ley mexicana.
Artículo 114 del Código de Comercio (México):
Art. 114.- Para determinar si un Certificado o una Firma Electrónica extranjeros producen efectos jurídicos, o en qué medida los producen, no se tomará en consideración cualquiera de los siguientes supuestos:
Artículo 5 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos:
Art. 5. Las embarcaciones y los artefactos navales mexicanos estarán sujetos al cumplimiento de la legislación nacional, aún cuando se encuentren fuera de las aguas de jurisdicción mexicana, sin perjuicio de la observancia de la ley extranjera, cuando se encuentren en aguas sometidas a otra jurisdicción.
Capítulo VII (De la aplicación de leyes extranjeras) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito:
Artículo 252 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito:
Art. 252. La capacidad para emitir en el extranjero títulos de crédito o para celebrar cualquiera de los actos que en ellos se consignen, será determinada conforme a la ley del país en que se emite el título o se celebre el acto.
La ley mexicana regirá la capacidad de los extranjeros para emitir títulos o para celebrar cualquiera de los actos que en ellos se consignen, dentro del territorio de la República.
Condiciones Esenciales de Validez
Artículo 253 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito:
Art. 253. Las condiciones esenciales para la validez de un título de crédito emitido en el extranjero y de los actos consignados en él, se determinan por la ley del lugar en que el título se emite o el acto se celebra.
Sin embargo, los títulos que deban pagarse en México son válidos, si llenan los requisitos prescritos por la ley mexicana, aun cuando sean irregulares conforme a la ley del lugar en que se emitieron o se consignó en ellos algún acto.
Artículo 254 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito:
Art. 254. Si no se ha pactado de modo expreso que el acto se rija por la ley mexicana, las obligaciones y los derechos que se deriven de la emisión de un título en el extranjero o de un acto consignado en él, si el título debe ser pagado total o parcialmente en la República, se regirán por la ley del lugar del otorgamiento, siempre que no sea contraria a las leyes mexicanas de orden público.
Artículo 255 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito:
Art. 255. Los títulos garantizados con algún derecho real sobre los inmuebles ubicados en la República, se regirán por la ley mexicana en todo lo que se refiere a la garantía.
Plazos y Formalidades para la Presentación, Pago y Protesto
Artículo 256 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito:
Art. 256. Los plazos y formalidades para la presentación, el pago y el protesto del título se regirán por la ley del lugar en que tales actos deban practicarse.
Artículo 257 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito:
Art. 257. La adopción de las medidas prescritas por la ley del lugar en que un título haya sido extraviado o robado, no dispensan al interesado de tomar las medidas prescritas por la presente ley, si el título debe ser pagado en el territorio de la República.
Prescripción y Caducidad de las Acciones
Artículo 258 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito:
Art. 258. Se aplicarán las Leyes mexicanas sobre prescripción y caducidad de las acciones derivadas de un título de crédito, aun cuando haya sido emitido en el extranjero, si la acción respectiva se somete al conocimiento de los tribunales mexicanos.
¿Cuál sería el derecho aplicable en los siguientes supuestos?
Poder especial para vender un bien inmueble
Sucesión intestada de inmuebles y acciones de una sociedad
Capacidad, forma y fondo de un contrato de venta de acciones