Source: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2015-0190_ES.html
Timestamp: 2019-12-10 15:56:41
Document Index: 333011952

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 16', 'artículo 56', 'artículo 125', 'artículo 3', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 294', 'artículo 9', 'artículo 3', 'artículo 2']

INFORME relativo a la revisión del marco de gobernanza económica: evaluación y retos
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PE 546.753v02-00 A8-0190/2015
relativo a la revisión del marco de gobernanza económica: evaluación y retos
Ponente: Pervenche Berès
– Visto el Reglamento (UE) nº 472/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre el reforzamiento de la supervisión económica y presupuestaria de los Estados miembros de la zona del euro cuya estabilidad financiera experimenta o corre el riesgo de experimentar graves dificultades(1),
– Visto el Reglamento (UE) nº 473/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre disposiciones comunes para el seguimiento y la evaluación de los proyectos de planes presupuestarios y para la corrección del déficit excesivo de los Estados miembros de la zona del euro(2),
– Vista la carta del entonces vicepresidente de la Comisión, Olli Rehn, sobre la aplicación del artículo 5, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas,
– Visto el Reglamento (UE) nº 1175/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas(3),
– Visto el Reglamento (UE) nº 1177/2011 del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1467/97, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo(4),
– Vistos el Reglamento (UE) nº 1173/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, sobre la ejecución efectiva de la supervisión presupuestaria en la zona del euro(5) y la Directiva 2011/85/UE del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros(6),
– Visto el Reglamento (UE) nº 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos(7),
– Visto el Reglamento (UE) nº 1174/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a las medidas de ejecución destinadas a corregir los desequilibrios macroeconómicos excesivos en la zona del euro(8),
– Vista su Resolución, de 13 de marzo de 2014, sobre la investigación relativa al papel y las actividades de la Troika (BCE, Comisión y FMI) en relación con los países de la zona del euro sujetos a un programa(9),
– Vista su Resolución, de 12 de diciembre de 2013, sobre los problemas constitucionales de una gobernanza multinivel en la Unión Europea(10),
– Vista su Resolución, de 1 de diciembre de 2011, sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas(11),
– Vista su Resolución, de 6 de julio de 2011, sobre la crisis financiera, económica y social: recomendaciones sobre las medidas e iniciativas que deberán adoptarse(12),
– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Revisión de la gobernanza económica - Informe sobre la aplicación de los Reglamentos (UE) nº 1173/2011, 1174/2011, 1175/2011, 1176/2011, 1177/2011, 472/2013 y 473/2013» (COM(2014)0905),
– Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de enero de 2015, sobre una mejor utilización de la flexibilidad que ofrecen las normas existentes del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (COM(2015)0012),
– Visto el Sexto informe sobre cohesión económica, social y territorial de la Comisión, de 23 de julio de 2014 (COM(2014)0473),
– Vistas las Conclusiones de las reuniones del Consejo Europeo celebradas en junio y en diciembre de 2014,
– Vistas las Conclusiones de la Cumbre del euro celebrada en octubre de 2014,
– Visto el discurso pronunciado el 15 de julio de 2014 por el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, ante el Parlamento Europeo,
– Vistas la intervención del presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, ante el simposio anual de bancos centrales celebrado en Jackson Hole el 22 de agosto de 2014,
– Visto el documento ocasional del BCE nº 157, de noviembre de 2014, sobre la detección de los desequilibrios presupuestarios y macroeconómicos, y las sinergias no utilizadas dentro del marco de gobernanza reforzado de la UE,
– Visto el documento de trabajo nº 163, de 9 de diciembre de 2014, de la OCDE en el ámbito social, del trabajo y de la migración relativo a las tendencias de la desigualdad de ingresos y sus efectos sobre el crecimiento económico,
– Vista la nota de debate de los servicios del Fondo Monetario Internacional, de septiembre de 2013, sobre una unión presupuestaria para la zona del euro,
– Vistas las propuestas del Consejo de Gobierno del BCE, de 10 de junio de 2010, sobre el refuerzo de la gobernanza económica en la zona del euro,
– Vistas las Conclusiones del Consejo sobre el Sexto informe sobre la cohesión económica, social y territorial: inversión para el empleo y el crecimiento, adoptadas por el Consejo de Asuntos Generales (cohesión) el 19 de noviembre de 2014,
– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y la opiniones de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A8‑0190/2015),
A. Considerando la gobernanza económica de la zona del euro, diseñada para impedir la insostenibilidad de las finanzas públicas y coordinar las políticas presupuestarias que inició el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), consistía en dos normas simples para evitar los efectos perjudiciales en la UEM en su conjunto;
B. Considerando que inmediatamente después de la introducción del euro se produjo una fatiga en materia de consolidación en relación con la aplicación de estas normas, sobre la que se sentaron las bases de uno de los elementos de la crisis por la que atraviesa la UEM en la actualidad;
C. Considerando que en 2005 se llevó a cabo una reforma del PEC original que introdujo una serie de mejoras y aumentó la flexibilidad, si bien no abordó suficientemente los problemas relacionados con la debilidad de las disposiciones de ejecución y la coordinación;
D. Considerando que, cuando varios países corrieron el riesgo de la suspensión de pagos, lo que habría dado lugar a una propagación mundial de la crisis y la depresión, la situación pudo evitarse poniendo en marcha mecanismos ad hoc como el Fondo Europeo de Estabilización Financiera (FEEF) y el Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera (MEEF);
E. Considerando que para evitar que se volviesen a producir crisis de este tipo y que la crisis se extendiese a otros países a través del sector bancario se adoptaron una serie de medidas entre las que figuran la creación de la Unión Bancaria, el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEE), una legislación mejorada en materia de gobernanza económica, como el conjunto de medidas legislativas sobre el gobierno económico («Six Pack») y el paquete legislativo sobre supervisión presupuestaria («Two Pack»), el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza (TECG) y el Semestre Europeo, que deben considerarse como un paquete en su conjunto;
F. Considerando que, según las últimas previsiones de primavera de la Comisión, tras dos años consecutivos de crecimiento negativo, se espera que el producto interior bruto (PIB) en la zona del euro aumente, lo que supone que la recuperación económica está ganando fuerza lentamente y debe reforzarse en mayor medida, toda vez que el diferencia de producción seguirá siendo importante;
G. Considerando que siguen existiendo enormes diferencias macroeconómicas entre los Estados miembros en términos de ratios de deuda, ratios de déficit, tasas de desempleo, balanzas de pagos por cuenta corriente y niveles de protección social, incluso tras la ejecución de los programas, lo que pone en evidencia diferencias en el origen de la crisis y en la ambición, repercusiones y apropiación nacional al aplicar las medidas acordadas entre las instituciones y los Estados miembros implicados;
H. Considerando que las inversiones en la zona del euro han descendido un 17 % desde el período anterior a la crisis y que siguen siendo débiles; y que tanto una falta de inversiones orientadas hacia el futuro que promuevan el crecimiento como una deuda pública y privada insostenible son una carga paralizante para las generaciones futuras;
I. Considerando que se está poniendo en marcha un plan de inversiones europeo como herramienta importante para estimular la inversión privada con el objetivo de movilizar 315 000 millones EUR con vistas a nuevas inversiones durante los próximos tres años; y que, en caso de alcanzarse los objetivos financieros propuestos, dicho plan no es más que uno de los elementos destinados a superar la brecha de inversión acumulada, junto con la ejecución de reformas estructurales destinadas a la creación de un entorno favorable a las inversiones en los Estados miembros;
Evaluación del actual marco de gobernanza económica
1. Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión, de 28 de noviembre de 2014, sobre la revisión de la gobernanza económica; considera que la evaluación realizada por la Comisión ofrece una imagen del uso que se ha dado a los diferentes instrumentos y procedimientos y de la medida en que se han utilizado;
2. Hace hincapié en que en el centro del sistema de gobernanza económica se encuentra la prevención de un déficit y de unos niveles de deuda y unos desequilibrios macroeconómicos excesivos, así como la coordinación de la política económica; insiste, por consiguiente, en que la cuestión central de la revisión es si el nuevo marco de gobernanza económica ha aumentado la capacidad de resistencia de la UEM, en particular en lo relativo a su capacidad para evitar que un Estado miembro incurra en el impago de su deuda, contribuyendo, así a una mayor coordinación y convergencia de las políticas económicas de los Estados miembros y garantizando un nivel elevado de transparencia, credibilidad y rendición de cuentas democrática;
3. Toma nota de que en algunos Estados miembros se han realizado avances en relación con el nivel de la deuda o la existencia de un procedimiento de déficit excesivo;
4. Comparte el análisis de la Comisión en el sentido de que algunos elementos del nuevo marco han logrado resultados pero que la capacidad para sacar conclusiones sobre la efectividad de la reglamentación en un período económico normal se ve limitada;
5. Reconoce que la evaluación de la aplicación del conjunto de medidas legislativas sobre el gobierno económico («Six Pack») y del paquete legislativo sobre supervisión presupuestaria («Two Pack ») a estas alturas sigue teniendo carácter parcial y que no puede aislarse del Semestre Europeo, del TFUE ni del Pacto Presupuestario;
6. Acoge con satisfacción que el conjunto de medidas legislativas sobre el gobierno económico («Six Pack») y el paquete legislativo sobre supervisión presupuestaria («Two Pack») hayan ampliado el ámbito de aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento al añadir procedimientos destinados a evitar y corregir desequilibrios económicos dentro de un Estado miembro y entre ellos y sustituir la dependencia excesiva en relación con los criterios de déficit para prestar atención tanto al déficit como a la deuda general e intentar identificar y corregir así posibles problemas e impedir lo más rápidamente posible que surjan crisis, al mismo tiempo que permite una cierta flexibilidad en forma de cláusulas para reformas estructurales, inversiones y condiciones adversas del ciclo económico; recuerda que flexibilidad no puede poner en peligro el carácter preventivo del Pacto;
7. Destaca la importancia del cuadro de indicadores para identificar desequilibrios macroeconómicos en una fase temprana, así como la importancia de las reformas estructurales sostenibles al intentar solucionar los desequilibrios macroeconómicos;
8. Hace hincapié en que una aplicación consecuente y justa del marco entre países y con el paso del tiempo contribuye a la credibilidad; pide a la Comisión y al Consejo que apliquen los cambios introducidos en el PEC mediante el conjunto de medidas legislativas sobre el gobierno económico («Six Pack») y el paquete legislativo sobre supervisión presupuestaria («Two Pack ») y que actúen en consonancia a ellos, en especial con respecto a las disposiciones de ejecución;
9. Considera que la situación económica actual, caracterizada por un crecimiento económico débil y una tasa de desempleo elevada, requiere medidas urgentes, exhaustivas y decididas en el marco de un enfoque global basado en la consolidación presupuestaria favorable al crecimiento, reformas estructurales y el fomento de la inversión para restablecer un crecimiento sostenido y la competitividad, fomentar la innovación y combatir el desempleo, al mismo tiempo que se aborda el riesgo de una inflación débil de carácter persistente o la posible amenaza de una presión deflacionaria, así como de desequilibrios macroeconómicos de carácter permanente; pone de relieve que el marco de gobernanza económica debe seguir siendo un componente fundamental de este enfoque de carácter global para poder abordar estos desafíos;
10. Está de acuerdo con la declaración de la comisaria Thyssen en que aquellos países que ofrecen empleos de mayor calidad, una mejor protección social y que invierten en capital humano son más resistentes a las crisis económicas; pide a la Comisión que refleje esta posición y que avance en todas sus políticas del Semestre Europeo y en sus recomendaciones específicas por país;
11. Destaca que el actual marco de gobernanza económica debe ejecutarse y, si procede, mejorarse para alcanzar la estabilidad presupuestaria, favorecer un verdadero debate sobre la evaluación global de la zona del euro en su conjunto que permita una responsabilización presupuestaria que propicie el crecimiento, mejorar las perspectivas de convergencia económica de la zona del euro y abordar en igualdad de condiciones las distintas situaciones económicas y presupuestarias de los Estados miembros; insiste en que adolece de una falta de apropiación a nivel nacional y de una atención limitada a la perspectiva económica internacional, así como de un mecanismo adecuado de rendición de cuentas democrático;
12. Hace hincapié en que la situación actual requiere una coordinación económica reforzada e inclusiva que considere a la zona del euro como un todo y que mejore la apropiación nacional y la rendición de cuantas democrática en relación con la aplicación de las normas (para recobrar la confianza, favorecer la convergencia entre los Estados miembros, mejorar la sostenibilidad presupuestaria, fomentar reformas estructurales sostenible y reforzar las inversiones) así como una reacción rápida para corregir las carencias más evidentes, mejorar la eficacia del marco de gobernanza económica y velar por una aplicación coherente y justa del marco entre países y con el paso del tiempo;
13. Insiste en la importancia de unos procedimientos sencillos y transparentes en materia de gobernanza económica y advierte de que la complejidad actual del marco, así como la falta de aplicación y apropiación, repercuten negativamente sobre su eficacia y dificulta que sea aceptado por los Parlamentos nacionales, las autoridades locales, los interlocutores sociales y los ciudadanos en los Estados miembros;
14. Reconoce que se han realizado algunos avances con un debate sobre el objetivo a medio plazo (OMP) y en lo que se refiere a una mejor apropiación del debate nacional en los Estados miembros de la zona del euro gracias, también, a la contribución de los consejos presupuestarios nacionales, que actúan como organismos independientes encargados de vigilar el respeto de las normas fiscales y la previsión macroeconómica; pide a la Comisión que presente una perspectiva general de la estructura y del funcionamiento de los consejos presupuestarios nacionales de los diferentes Estados miembros y sobre cómo una mejor cooperación entre estos consejos puede mejorar la apropiación a nivel nacional;
15. Considera que el marco de gobernanza económica es una iniciativa política clave que sostiene los fundamentos de los objetivos de Europa 2020 y de sus iniciativas emblemáticas destinadas a la explotación completa del potencial de crecimiento del mercado único todavía sin aprovechar; considera que, si se libera el potencial de crecimiento del mercado único los Estados miembros alcanzarán más fácilmente los objetivos integrados en el marco de gobernanza económica; considera, asimismo, que los actores primarios del mercado único son los consumidores y las empresas;
¿Cuál es la mejor aplicación de la flexibilidad en el marco de las normas en vigor?
16. Reconoce que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) que se ha elaborado para garantizar la sostenibilidad presupuestaria de los Estados miembros que participan en la Unión Económica y Monetaria permite a los Estados miembros llevar a cabo una política anticíclica cuando resulte necesario y ofrece un cierto margen fiscal para que los estabilizadores automáticos funcionen correctamente; pone de relieve que no todos los miembros Estados alcanzaron un superávit mientras que la economía estaba en auge y que algunas cláusulas de flexibilidad existentes previstas en la legislación no se aprovecharon plenamente en ejercicios pasados;
17. Celebra que, en su Comunicación sobre la interpretación de la flexibilidad, la Comisión reconozca que la manera de interpretar las reglas presupuestarias vigentes es uno de los elementos para reducir las diferencias en la UE en materia de inversión y facilitar la puesta en práctica de reformas estructurales que fomenten el crecimiento, sostenibles y equilibradas desde el punto de vista social; señala que la Comunicación no introduce cambios en lo relativo al cálculo del déficit, pero que algunas inversiones pueden justificar una desviación temporal del objetivo presupuestario a medio plazo del Estado miembro de que se trate o de la trayectoria de ajuste hacia este objetivo;
18. Apoya todos los incentivos propuestos por la Comisión Europea para financiar el nuevo Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), en particular de modo que las aportaciones nacionales al fondo sean neutras, desde un punto de vista presupuestario, en lo relativo al logro del objetivo presupuestario a medio plazo, de modo que no modifiquen los ajustes presupuestarios necesarios del componente preventivo o correctivo del PEC; toma nota de la intención de la Comisión de abstenerse de incoar un procedimiento de déficit excesivo (PDE) si, como consecuencia exclusivamente de la contribución adicional al FEIE, el déficit de un Estado miembro se sitúa ligeramente, y de manera temporal, por encima del límite del 3 % relativo al déficit; llama la atención sobre la contribución fundamental del PEC en materia de fomento de la confianza al atraer inversión extranjera; destaca la importancia de la adicionalidad de la financiación del FEIE, ya que los proyectos financiados por el FEIE no pueden sustituir simplemente, y bajo ningún concepto, las inversiones ya planificadas, y que, por el contrario, se debe elevar de forma eficaz el nivel neto de las inversiones;
19. Acoge con satisfacción que la Comunicación tenga como objetivo clarificar el ámbito de aplicación de la cláusula sobre inversiones, lo que permite un cierto grado de flexibilidad temporal al componente preventivo del PEC en forma de una desviación temporal del objetivo presupuestario a medio plazo, a condición de que la desviación no conlleve un exceso superior al valor de referencia del déficit del 3 % y que exista un margen de seguridad apropiado para tener en cuenta los programas de inversiones de los Estados miembros, en particular, en cuanto al gasto en proyectos en el marco de la política estructural y de cohesión, incluida la Iniciativa de Empleo Juvenil, las redes transeuropeas y el mecanismo «Conectar Europa» y la cofinanciación en el seno del FEIE;
20. Opina que la aprobación formal en el parlamento nacional de una reforma y de su puesta en práctica efectiva es condición previa para la aplicación de la cláusula sobre reformas estructurales dentro del componente preventivo y la manera de considerar los planes de reforma estructural dentro del componente correctivo, permitiendo un mayor grado de apropiación y eficiencia; destaca que el proceso de reformas debe asociar plenamente a todos los interlocutores sociales en todas las fases;
21. Pide que la Comisión proponga, en las recomendaciones específicas por país, un diálogo reforzado entre la Comisión y los Estados miembros sobre el contenido y tipos de reformas estructurales más apropiadas y eficaces, compatible con el derecho primario y el derecho derivado, teniendo en cuenta análisis de costes-beneficios, evaluaciones orientadas a resultados y calendarios, y contribuyendo a la consecución del objetivo a medio plazo;
22. Alienta a las comisiones de finanzas de los Parlamentos nacionales a que inviten de forma sistemática a los Comisarios europeos competentes en materia de gobernanza económica a un debate público ante sus cámaras antes de la adopción de los proyectos de presupuesto de los Estados miembros;
23. Considera que las reformas estructurales comprometidas en los Programas de Reformas Nacionales deberían arrojar a medio y largo plazo beneficios económicos, sociales y medioambientales, y mejorar la eficiencia y la eficacia de la capacidad administrativa.
24. Observa que, dado que se podría haber desembocado en un ejercicio de definición de toda suerte de hipótesis con el consiguiente riesgo de descartar la que realmente se vaya a verificar en la realidad, la comunicación no aborda el carácter de las «situaciones imprevistas» que quedan fuera del control de un Estado miembro y que le podrían permitir apartarse temporalmente de la trayectoria de ajuste hacia su objetivo a medio plazo; destaca la necesidad de tratar situaciones similares de manera similar;
25. Pide que se incremente la cohesión económica y social mediante el refuerzo del Fondo Social Europeo y el Fondo de Cohesión, con el objetivo de salvaguardar y crear empleo con derechos, promoviendo la lucha contra el desempleo y la pobreza;
26. Subraya la importancia de reforzar el crecimiento económico y la creación de empleo, en particular para los jóvenes, para que los ciudadanos acepten el marco europeo de gobernanza económica;
27. Observa con gran preocupación que el desempleo de larga duración se ha duplicado durante la crisis; observa asimismo que este aumento es incluso mayor entre los trabajadores poco cualificados; pide a la Comisión que garantice que la lucha contra el desempleo de larga duración se refleja en sus políticas y en sus recomendaciones específicas por país;
28. Cree que debe concederse la máxima importancia a los crecientes niveles de desigualdad en Europa, en el contexto del marco económico de la Unión; considera que uno de los mejores modos para luchar contra esta creciente desigualdad es redoblar los esfuerzos por crear más puestos de trabajo de calidad en Europa;
Coordinación más estrecha, convergencia económica y simplificación del Semestre Europeo
29. Insta a la Comisión a que aplique plenamente el PEC y garantice su plena aplicación en consonancia con su reciente revisión del conjunto de medidas legislativas sobre el gobierno económico y del paquete legislativo sobre supervisión presupuestaria («Six Pack + «Two Pack») y la comunicación sobre flexibilidad; considera que el Semestre Europeo debe ser, en la medida de lo necesario y posible, simplificado y reforzado dentro del actual marco legislativo; insiste en que cualquier simplificación y refuerzo en el futuro deben orientarse en todo caso a la estabilidad;
30. Estima que la comunicación de la Comisión aclara dónde existe margen para la flexibilidad en la legislación vigente; celebra el intento de arrojar más luz en este complicado aspecto y espera que la Comisión utilice la flexibilidad inscrita en la normativa existente en consonancia con la comunicación, garantizando la previsibilidad, la transparencia y la eficacia del marco de gobernanza económica;
31. Pide a la Comisión y al Consejo que articulen mejor los marcos presupuestarios y macroeconómicos a fin de permitir un debate más precoz y consistente entre todas las partes interesadas, teniendo en cuenta los intereses europeos a que sirven estos marcos, la necesidad de incrementar la convergencia entre los Estados miembros de la zona del euro, las deliberaciones de los parlamentos nacionales y el papel de los interlocutores sociales o de las autoridades locales en relación con la apropiación de reformas estructurales sostenibles y socialmente equilibradas;
32. Insiste en que el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento así como las recomendaciones específicas por país deben aplicarse mejor y tener en cuenta la evaluación de la situación y las perspectivas presupuestarias tanto en la zona del euro en su conjunto como en cada uno de los Estados miembros; sugiere que esta evaluación global, prevista en el Reglamento n° 473/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre disposiciones comunes para el seguimiento y la evaluación de los proyectos de planes presupuestarios y para la corrección del déficit excesivo de los Estados miembros de la zona del euro, debería presentarse en un debate plenario del Parlamento con el Consejo, el presidente del Eurogrupo y la Comisión antes del Consejo de Primavera, y llevarse a cabo adecuadamente a lo largo de todo el Semestre Europeo;
33. Reconoce que el Semestre Europeo se ha convertido en un vehículo importante para la ejecución de las reformas a escala tanto nacional como de la UE, al garantizar que la UE y sus Estados miembros coordinen sus políticas económicas; lamenta, no obstante, que el sentimiento de apropiación sea aún insuficiente, lo que da lugar a niveles insatisfactorios de aplicación de las recomendaciones específicas por país,
34. Opina que el Semestre Europeo debe simplificarse y reforzarse, sin necesidad de modificar el actual marco legal, y que los documentos relacionados con el Semestre deben coordinarse mejor, aumentando así la precisión, la eficacia y el sentimiento de apropiación para lograr los objetivos europeos de buena gobernanza económica;
35. Pide que las recomendaciones específicas por país se coordinen mejor, cuando proceda, con las recomendaciones sobre el procedimiento de déficit excesivo (PDE), a fin de garantizar la coherencia entre la vigilancia de la situación presupuestaria y la coordinación de la política económica;
36. Apuesta por un proceso reforzado a nivel nacional y de la UE en relación con la elaboración, seguimiento, apoyo y supervisión de las recomendaciones específicas por país que permita también controlar su aplicación y cumplimiento reales;
37. Recuerda que la legislación exige que la Comisión tenga en cuenta, entre otras cosas, los objetivos de 2020 al elaborar sus recomendaciones y consagra el principio según el cual se espera del Consejo que como norma siga las recomendaciones y propuesta de la Comisión o explique sus posiciones públicamente;
38. Expresa su preocupación por el incremento de la deuda en algunos países ya altamente endeudados, algo que contradice abiertamente la norma 1/20 sobre la reducción de la deuda; pide a la Comisión que explique cómo tiene previsto afrontar esta contradicción y que vele por que los ratios de deuda se reduzcan a niveles sostenibles en consonancia con el PEC;
39. Apoya la estrategia de tres pilares de la Comisión (inversión generadora del crecimiento, consolidación presupuestaria y reformas estructurales) presentada en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento de 2015, y le pide que concrete más en lo relativo a la evaluación global de la situación y perspectivas presupuestarias en la zona del euro y en las recomendaciones específicas por país;
40. Admite la necesidad de unos análisis independientes y plurales de las perspectivas económicas de los Estados miembros a nivel de la UE; insta, en este sentido, a seguir desarrollando la unidad de la Comisión conocida como Analista Económico Principal, que proporciona análisis objetivos, independientes y transparentes de los datos pertinentes, que deberían hacerse públicos y servir de base para un debate y proceso decisorio solventes en la Comisión, en el Consejo y el Parlamento Europeo; exige que se transmitan al Analista Económico Principal todos los documentos pertinentes a tiempo para que pueda desempeñar sus tareas; destaca la utilidad de la función de los consejos presupuestarios nacionales tanto a nivel nacional como de la UE, y anima a crear una red europea;
41. Recuerda que el propósito del PDM es evitar posibles crisis mediante la identificación precoz de desequilibrios macroeconómicos dañinos en base a una evaluación objetiva del desarrollo de las variables macroeconómicas fundamentales; considera que el PDM debe utilizarse para valorar de manera eficiente y eficaz el desarrollo de las variables macroeconómicas fundamentales tanto en los países de déficit como en los de superávit, en particular con vistas a reforzar la competitividad y tener más en cuenta la zona del euro en su conjunto, incluidos los efectos indirectos; recuerda que la vigilancia macroeconómica está también destinada a identificar a aquellos países con elevada probabilidad de sufrir futuros desequilibrios y evitarlos mediante la introducción a tiempo de reformas estructurales sostenibles y socialmente equilibradas siempre que reste margen para la acción;
42. Destaca la clara diferenciación que introduce la Comisión entre los componentes preventivo y correctivo del PEC, en especial en cuanto a la inversión que permite una desviación temporal del OMP o de la trayectoria de ajuste hacia este, dentro de la existencia de un margen de seguridad en el componente preventivo; pide a la Comisión y al Consejo que sean coherentes en este terreno con el resultado de la posición de los colegisladores en relación con la reglamentación del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE);
43. Pide a la Comisión que, al evaluar las situaciones económicas y presupuestarias de los Estados miembros, tenga en cuenta todos los factores pertinentes, incluidos el crecimiento y la inflación reales, las inversiones públicas a largo plazo y las tasas de desempleo, afrontando con urgencia el problema las diferencias de inversión en la UE mediante un desplazamiento del gasto hacia las inversiones más productivas y generadoras de empleo y de crecimiento sostenible;
44. Pide a la Comisión que vele por que la manera en que se toman en cuenta las acciones eficaces dentro del PDE se base en criterios claros, cuantificables y cualitativos;
45. Reitera que centrarse en los déficits estructurales desde la reforma del PEC en 2005, junto con la introducción de una norma de gasto en la reforma de 2011, así como el concepto de diferencial de producción, que es difícil de cuantificar, generan inseguridad, complejidad y un margen a la flexibilidad y por ende también a la interpretación en la aplicación del PEC; teme que el cálculo del crecimiento potencial y de la producción, en el que se basa la evaluación de los déficits estructurales, y el de la norma de gasto partan de hipótesis cuestionables que pueden conducir a revisiones sustanciales entre las previsiones de otoño y las de primavera de la Comisión, lo que comporta cálculos diversos y evaluaciones divergentes en cuanto a la aplicación del PEC;
46. Pide a la Comisión que, cuando supervise y evalúe las situaciones presupuestarias de los Estados miembros, tome en consideración las implicaciones prácticas de las reformas y medidas presupuestarias acordadas; pide a la Comisión que se proponga elaborar políticas coherentes y previsibles, basar sus análisis en hechos objetivos y probados, y proceder con la máxima prudencia cuando utilice estimaciones en conceptos como el crecimiento potencial estimado del PIB y las brechas de producción;
47. Destaca la importancia de volver a crecer y a crear empleo para la aceptación pública del marco de gobernanza económica, y, por tanto, pide a la Comisión que mejore el entorno empresarial en Europa prestando especial atención a las pymes, la desburocratización y el acceso a la financiación; reitera, en este sentido, la necesidad de prestar apoyo a las pymes para que puedan acceder también a mercados de fuera de la UE como los de los Estados Unidos, Canadá, China e India;
Rendición de cuentas democrática y retos pendientes para el fortalecimiento de la gobernanza económica
48. Opina que para contar con una UEM fuerte y más resistente urge reducir la complejidad, mejorar la apropiación e incrementar la transparencia, en lugar de añadir simplemente capas adicionales de normas a las ya existentes; subraya que, dado que las responsabilidades en el ámbito de la UEM están repartidas entre el nivel nacional y el europeo, ha de velarse particularmente por garantizar la coherencia y la rendición de cuentas de la gobernanza económica a nivel nacional y europeo; opina además que las instituciones sujetas a la rendición de cuentas democrática han de desempeñar un papel central, y subraya la necesidad de una participación parlamentaria continuada, por la que las responsabilidades se asuman al nivel al que se adoptan o aplican las decisiones;
49. Reconoce, tomando como base la situación actual, que el marco de gobernanza económica debe simplificarse, aplicarse mejor y, caso de ser necesario, corregirse y completarse para permitir que la UE y la zona del euro puedan responder a los desafíos en materia de convergencia, crecimiento sostenible, pleno empleo, bienestar de los ciudadanos, competitividad, finanzas públicas sostenibles y sólidas, inversión a largo plazo que esté orientada al futuro y tenga un elevado rendimiento socioeconómico, y fiabilidad;
50. Estima que, dado que la contribución parlamentaria a las directrices de política económica es un importante elemento de cualquier sistema democrático, se puede garantizar un mayor grado de legitimidad a nivel europeo adoptando unas directrices sobre convergencia que incluyan unas prioridades específicas para los próximos años, que se someterán a un procedimiento de codecisión que debe ser introducido en la próxima modificación del Tratado;
51. Recuerda las Resoluciones del Parlamento Europeo en las que se especifica que la creación del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza («Pacto Presupuestario») fuera de la estructura de las instituciones de la Unión representa un retroceso en la integración política de la Unión, y solicita, por ello, que este Mecanismo y el Pacto se integren plenamente en el marco comunitario sobre la base de una evaluación de la experiencia en su aplicación, como se estipula en el artículo 16 del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la UEM, y, en consecuencia, sean formalmente responsables ante el Parlamento;
52. Reitera su solicitud de que se estudien opciones para un nuevo marco jurídico para los futuros programas de ajuste macroeconómico en sustitución de la Troika, a fin de que se incrementen los componentes de transparencia y apropiación de esos programas y se garantice que todas las decisiones de la UE se adopten, en la medida de lo posible, con arreglo al método comunitario; considera que debería existir coherencia entre la naturaleza del mecanismo de estabilidad utilizado y la institución a cargo de su movilización, al tiempo que reconoce que, dado que la asistencia financiera está garantizada por los Estados miembros de la zona del euro, estos tienen que pronunciarse sobre su desbloqueo;
53. Pide que se vuelva a evaluar el proceso de toma de decisiones del Eurogrupo a fin de dotarlo de la rendición de cuentas democrática adecuada; acoge favorablemente la participación regular del presidente del Eurogrupo en las reuniones de la Comisión ECON de la misma forma que el presidente del Consejo Ecofin, contribuyéndose con ello a la consecución de un nivel similar de rendición de cuentas democrática;
54. Recuerda que los paquetes de medidas legislativas sobre el gobierno económico («Six Pack») y sobre supervisión presupuestaria («Two Pack») se basan en una función reforzada para un comisario independiente que debe garantizar la aplicación justa y no discriminatoria de la reglamentación, y opina que las nuevas medidas relativas a la configuración institucional de la gobernanza económica, como el fortalecimiento de la función de comisario de Asuntos Económicos y Monetarios o la creación de una oficina europea del tesoro, han de respetar la separación de poderes entre las diferentes instituciones y estar vinculadas a los medios adecuados en materia de rendición de cuentas y legitimidad democráticas, contando con la participación del Parlamento Europeo;
55. Recuerda que la unión bancaria ha sido el resultado de la voluntad política de evitar la repetición de una crisis financiera, de romper el círculo vicioso entre bancos y emisores soberanos y de minimizar los efectos indirectos negativos derivados de una crisis de deuda soberana, y que se necesita esa misma voluntad para reforzar la UEM;
56. Pide a la Comisión que presente una ambiciosa hoja de ruta para la consecución de una unión económica y monetaria reforzada en la que se tengan en cuenta las propuestas expuestas en el presente informe, tomándose como punto de partida el mandato otorgado en la cumbre de la zona del euro, que el Consejo Europeo confirmó para preparar las próximas medidas para una mejor gobernanza en la zona del euro, y también trabajos anteriores como el informe Thyssen, de 20 de noviembre de 2012, titulado «Hacia una auténtica Unión Económica y Monetaria», la Comunicación de la Comisión, de 28 de noviembre de 2012, titulada «Un Plan director para una Unión Económica y Monetaria profunda y auténtica. Apertura de un debate europeo», y el informe final de los cuatro presidentes, de 5 de diciembre de 2012;
57. Pide a las partes interesadas que, en esta próxima fase necesaria de la UEM, tengan en cuenta la previsible ampliación futura de la zona del euro y estudien todas las opciones que permitan desarrollar y reforzar la UEM haciéndola más resistente y conducente al crecimiento, el empleo y la estabilidad, como, por ejemplo:
a) unos mecanismos reforzados en materia de rendición de cuentas democrática a nivel de la UE y nacional, mediante los que las responsabilidades se asuman al nivel al que se adoptan las decisiones y sobre la base de la adopción de unas directrices sobre convergencia en codecisión, al tiempo que se formaliza la función de control del Parlamento Europeo en el Semestre Europeo en un acuerdo interinstitucional y se garantiza que todos los Parlamentos nacionales de la zona del euro siguen cada una de las fases del proceso del Semestre Europeo;
b) una dimensión social para preservar la economía social de mercado de Europa, respetar el derecho a la negociación colectiva, en cuyo marco se garantizaría la coordinación de las políticas sociales de los Estados miembros, incluir un salario mínimo o un mecanismo de renta específico para cada Estado miembro y decidido por este, y apoyar la lucha contra la pobreza y la exclusión social, la reincorporación de los trabajadores al mercado laboral, la movilidad voluntaria y la flexibilidad entre profesiones y Estados miembros;
c) una capacidad presupuestaria de la zona del euro basada en unos recursos propios específicos que, en el marco del presupuesto de la Unión con control parlamentario europeo, debe asistir a los Estados miembros en la ejecución de las reformas estructurales acordadas sobre la base de determinadas condiciones, incluyendo la ejecución efectiva de los Programas Nacionales de Reforma; acoge positivamente, a este respecto, la labor del Grupo de la UE sobre recursos propios, presidido por Mario Monti;
d) el incremento de la resiliencia de la UEM para afrontar los impactos y las situaciones de emergencia de carácter económico conectados directamente con la unión monetaria, al tiempo que se evita toda forma de transferencia presupuestaria permanente;
e) en materia de tributación, un compromiso en favor de medidas a escala europea contra el fraude y la evasión fiscales y la planificación fiscal empresarial abusiva, de la cooperación de las autoridades fiscales nacionales a fin de intercambiar información sobre la elusión y el fraude fiscales, de medidas en pos de la convergencia de las políticas fiscales de los Estados miembros, de una base imponible común consolidada del impuesto de sociedades, de regímenes tributarios más sencillos y transparentes, y de la declaración por países para las sociedades exceptuadas las pymes;
f) la realización de la unión bancaria paso a paso;
g) la inclusión del Mecanismo Europeo de Estabilidad y del TECG en el Derecho de la Unión acompañada de una coordinación reforzada en materia de política económica, una convergencia real, el cumplimiento de las normas comunes y un claro compromiso en favor de reformas estructurales sostenibles desde el punto de vista económico y social;
h) la resolución de las deficiencias del actual marco que permiten que el Tribunal supervise unas partes del Tratado mientras que otras quedan excluidas;
i) la ampliación del papel exterior de la zona del euro, incluyendo la mejora de su representación;
58. Solicita que las posibles futuras medidas para la UEM se elaboren sobre la base de un enfoque de «cuatro presidentes más uno», incluido el Presidente del PE, al que se debería invitar a todas las reuniones, facilitar información detallada y otorgar el derecho a participar en los debates; señala que el Presidente de la Comisión ha manifestado su intención de aprovechar las aportaciones del Presidente del Parlamento Europeo en sus reflexiones durante la preparación de los informes de los cuatro presidentes;
59. Pide a su Presidente que inicie una coordinación ex ante con los presidentes de los grupos políticos o los diputados designados específicamente por sus grupos o el Parlamento, para representar al Parlamento en esta futura misión, partiendo del mandato otorgado por la presente Resolución que aborda, entre otras cuestiones, las preguntas planteadas en la nota de análisis de los cuatro presidentes sobre la preparación de las próximas medidas para mejorar la gobernanza económica en la zona del euro;
60. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a los Presidentes del Consejo, de la Comisión, del Eurogrupo y del BCE, así como a los Parlamentos nacionales.
DO L 140 de 27.5.2013, p. 11.
DO L 306 de 23.11.2011, p. 12.
DO L 306 de 23.11.2011, p. 33.
DO L 306 de 23.11.2011, p. 1.
DO L 306 de 23.11.2011, p. 41.
DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.
DO L 306 de 23.11.2011, p. 8.
Textos Aprobados, P7_TA(2014)0239.
Textos Aprobados, P7_TA(2013)0598.
DO C 165 E de 11.6.2013, p. 24.
DO C 33 E de 5.2.2013, p. 140.
De conformidad con el mandato de los coordinadores de la comisión ECON de septiembre de 2014, el presente informe se entiende como una contribución a la evaluación de la eficacia del marco legal, y, más concretamente, de la cuestión de si las disposiciones relativas al proceso decisional han sido suficientemente sólidas y si se han hecho progresos en la mejora de la coordinación de las políticas económicas y hacia una mayor convergencia de la prestancia económica de los Estados miembros, de acuerdo con lo previsto por el TFUE. Desde entonces se han producido tres noticias de cierta trascendencia: la petición formulada por la Cumbre de la zona del euro de 24 de octubre de 2014 al Presidente de la Comisión en pos de la reanudación del trabajo sobre el «informe de los cuatro Presidentes», y la publicación por la Comisión de dos Comunicaciones, tituladas, la primera, «Revisión de la gobernanza económica: Informe sobre la aplicación de los Reglamentos», de 28 de noviembre de 2914, y la segunda, «Aprovechar al máximo la flexibilidad que ofrecen las actuales disposiciones del Pacto de estabilidad y crecimiento».
El informe se ha elaborado en un momento en que, a los siete años de iniciarse la crisis, el euro ha recuperado cierta estabilidad gracias a pasos tales como la revisión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), el Paquete fiscal, el Acuerdo sobre el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEE), la Unión bancaria y el protagonismo del Banco Central Europeo (BCE), que de entrada parecían muy difíciles de lograr. Se redacta en un momento en que, según los últimos datos de Eurostat, la situación en Europa, en la zona del euro, se presenta con un índice de desempleo del 11,5 % (noviembre de 2014) y una inflación interanual que ha descendido al - 0,2 % en diciembre, en tanto que las previsiones de otoño de la Comisión han calculado para 2014 un crecimiento económico negativo (- 0,8 %).
El informe se basa en estos datos de referencia, así como en el análisis de los primeros años de aplicación del marco de gobernanza económica, modificado durante la crisis. Después de haber sido analizados desde la perspectiva actual, la naturaleza incompleta de la Unión Económica y Monetaria (UEM) y los modestos resultados de la zona del euro desde 2011 han dado pie a un debate sobre la combinación de políticas por la que se optó en las postrimerías de la crisis de la deuda pública («policy-mix»), habida cuenta de que la zona del euro se ha quedado a la zaga de otras divisas importantes. Un documento económico de la Comisión(1), que analiza la situación de la zona del euro entre 2011 y 2013, llega a la conclusión de que las medidas de consolidación simultáneamente aplicadas por los países de la zona del euro - después ya de las políticas de expansión que los países del G20 acordaron tras la suspensión de pagos de Lehman Brothers - han influido negativamente sobre los resultados económicos y han provocado, además, «importantes efectos de contagio». El informe constata que las nuevas disposiciones no han tenido suficientemente en cuenta el efecto acumulativo de las políticas nacionales a escala europea, en particular, la «posición presupuestaria agregada», y no atajan los riesgos resultantes de las crecientes divergencias entre las economías de la zona del euro, el riesgo de deflación, el escaso crecimiento y el elevado desempleo.
El informe alega a este respecto que se infraestimaron notablemente los efectos negativos de la aplicación en toda Europa de políticas de contracción del gasto para las posibilidades de crecimiento, que no se hizo plenamente uso de las cláusulas de flexibilidad del PEC para aplicar políticas económicas anticíclicas, en un contexto caracterizado por un crecimiento inferior al potencialmente posible, o que, debido entre otras causas, a una interpretación demasiado estrecha, en la práctica no se disponía aún de suficientes márgenes de maniobra para afrontar los contratiempos que se atraviesan.
Al evaluar la aplicación de las disposiciones del PEC, parece oportuno, pues, debatir sobre el particular énfasis puesto en los déficits estructurales, que dio pie a interpretaciones arbitrarias, en la medida en que dicho indicador depende de hecho de una serie de presunciones cuestionables. El criterio de consolidación que se ha seguido a lo largo de los últimos años a la hora de evaluar la aplicación del PEC ha entorpecido a veces las posibilidades de financiar reformas estructurales, incluso con respecto a necesidades de inversión largamente acusadas, y, por cuanto concierne a los objetivos UE 2020, puede haber contribuido a la generación de contradicciones entre las distintas recomendaciones políticas.
Ante este estado de cosas, la Comisión ha presentado dos Comunicaciones que definen el marco de lo que deberá ser discutido. La Comunicación sobre la flexibilidad es un documento explicativo de efecto inmediato, muy de agradecer por cuanto favorece la inversión y el crecimiento dentro de los límites de las disposiciones vigentes. Al considerar las contribuciones nacionales al Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (FEIE) como de efecto neutro para el PEC, esta Comunicación se entiende como texto de apoyo al plan de inversiones lanzado por la Comisión. El ponente considera que se deben hacer nuevos progresos, en particular, aplicando un principio de simetría para las contribuciones a la cofinanciación de proyectos por el FEIE, en el marco de una cláusula de inversión de mayor amplitud, en las vertientes preventiva y correctora. La comunicación también propone una nueva manera de tomar en consideración el coste de aplicación de las reformas estructurales en la evaluación de la situación presupuestaria de los Estados miembros. Las disposiciones a este respecto pueden contribuir a la efectiva aplicación de reformas por los Estados miembros y a agudizar el sentido de la responsabilidad, siempre que el principio se aplique tanto en la vertiente preventiva como correctora.
La segunda Comunicación analiza estadísticamente el uso de los distintos procedimientos instaurados con la adopción del paquete 6+2. Reconoce la existencia de «posibles ámbitos de mejora en lo relativo a la transparencia y la complejidad de las políticas», aunque también «su impacto en el crecimiento, los desequilibrios y la convergencia»; de todas formas, la «Comisión tiene previsto debatir estos elementos con el Parlamento Europeo y el Consejo en los próximos meses».
En la vertiente monetaria se ha hecho a este respecto una apuesta incluso más importante: la decisión del BCE de 22 de enero de 2015 de poner en marcha un ampliado programa de adquisición de activos, incluidos títulos de deuda pública emitidos por los Gobiernos centrales de los Estados de la zona del euro, cuyo volumen se elevará hasta 60 mil millones de euros al mes y se mantendrá como mínimo hasta septiembre de 2016.
El ponente piensa que el Parlamento Europeo debería aprovechar este lapso de tiempo con una aportación al debate sobre un mejor funcionamiento de la UME, también con vistas al debate que se iniciará en breve sobre la base del «informe de los cuatro Presidentes».
A partir de este entendimiento será preciso abordar algunos aspectos controvertidos.
1) Con respecto a la zona del euro se acusa la falta de una evaluación adecuada de su situación económica general, eso es, de un diagnóstico común como cabe esperarlo de un área que comparte la misma moneda. Ello ha quedado patente al ponerse de manifiesto divergencias notables, que la actual crisis y la intervención de la Troika han ahondado incluso, y en el contexto de las ya históricas carencias de inversión de las que adolece la UE. La UME carece obviamente de instrumentos idóneos para un adecuado debate sobre el compás que los diferentes Estados miembros deben seguir en relación con su respectiva situación presupuestaria. Este problema ha sido una piedra angular de las discusiones desde la creación de la UME. Hemos tratado de remediar estas carencias aplicando varios instrumentos, tales como, en la primera fase, las grandes orientaciones de política económica (GOPE). Después llegamos al convencimiento de que sería factible lograrlo en el marco del Semestre Europeo, con el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento y el Procedimiento de Desequilibrio Macroeconómico (PDM). Éste último, por cierto, nos ha permitido echar una ojeada a los países deficitarios y los países con excedentes, y si bien es cierto que no ha dado pie a un debate de mayor envergadura entre las partes, es, a fin de cuentas, una herramienta para el debate entre la Comisión y los Estados miembros sobre las expectativas de reforma estructural. Ahora que la economía de la UE se ha adentrado a todas luces en un escenario de tipo japonés, posiblemente ha llegado el momento de entablar este debate y elaborar los instrumentos apropiados. En cierta medida, este debate ya se ha iniciado con la actual discusión sobre la «política presupuestaria de la zona del euro», pero la cuestión reside en saber si lo que se persigue es el cumplimiento yuxtapuesto de metas presupuestarias nacionales, o si se aspira a un planteamiento político de mayor alcance que permita definir la función dinámica de cada parte para alcanzar el mejor resultado para el conjunto. De cara a esta situación, el ponente propone ampliar la recomendación sobre la zona del euro elaborada por la Comisión confiriéndole carácter obligatorio, y adoptarla anticipadamente con ocasión del Consejo de la Primavera.
2) La mayoría de los observadores, y con ellos la Comisión, reconocen hoy que la gobernanza económica ha alcanzado un grado de complejidad tal que puede poner a riesgo la democracia, la transparencia y la responsabilidad. Reconozcamos que el problema estriba en una falta de confianza, que hizo que se tendiera a añadir nuevas disposiciones a las ya existentes. Ello también ha dado pie a un seguimiento un tanto intrusivo por la Comisión Europea de las reformas estructurales promovidas por los Estados miembros, con efectos contraproducentes en algunos casos. Tras la introducción del euro, la presión en pos de la aplicación de reformas puede haber disminuido en la mayoría de los Estados miembros, pero la crisis ha obligado a todos ellos a espabilarse. La mejor forma de llevar a cabo tales reformas, sin cortapisas para la democracia, el diálogo social y la responsabilidad, que son elementos consustanciales de la competitividad de la UE, es permitir que cada Estado miembro las emprenda sobre la base de una comprensión común de la situación. Un compromiso de estas características necesita poder prosperar al final, en interés, al fin y al cabo, del espíritu de las disposiciones adoptadas y de su aplicación efectiva. Este principio puede funcionar mientras se acepte como premisa que para aplicar la estrategia general de la UE se deben definir las adecuadas reformas a nivel nacional, que algunas reformas tienen efectos a largo plazo y que, en la actual situación económica, se trata de alcanzar un equilibrio aceptable entre las reformas estructurales y la disciplina presupuestaria.
3) Las normas y sanciones de la actual gobernanza económica descansan sobre una serie de principios, el primero de los cuales es el llamado ‘output gap’ (brecha de resultados), que ha originado importantes controversias entre los expertos, como Martti Hetemäki, Presidente del Comité consultivo europeo para la gobernanza estadística (CCGEE), y Stefan Kapferer, representante de la OCDE, que comparecieron recientemente ante la comisión ECON. La importancia de esta brecha ha quedado subrayada por la reciente Comunicación de la Comisión sobre la flexibilidad. No es esta una situación afortunada, y se debería tratar de resolverla, avanzando hacia un entendimiento común de estos conceptos o modificándolos, asociando a esta tarea en cualquier caso al BCE, a la OCDE y al FMI.
4) A raíz de la aplicación, en el actual contexto económico, del marco de gobernanza económica vigente, está aflorando un debate sobre la sostenibilidad de algunas de las disposiciones que se adoptaron en el pasado. El próximo debate debe incluir un prudente análisis también de dichas disposiciones. La primera es obviamente la de una reducción de la deuda del 1/20, pero puede obligar a un ajuste estructural anual del 0,5 %.
5) Al final de la legislatura pasada, el Parlamento Europeo impulsó el debate sobre la legitimidad y la eficiencia de los programas de asistencia dirigidos por la Troika. Tras la presentación el 15 de julio de 2014 de su programa como Presidente de la Comisión ante el Parlamento, da la impresión de que Jean-Claude Juncker ya no tiene la intención de apostar por la Troika como tal. La necesidad ha sido subrayada en las conclusiones del Abogado General del TJUE en el asunto sobre la legalidad del programa de operaciones monetarias de compraventa (OMT) del BCE. Por consiguiente, y complementariamente al hecho de que el Parlamento Europeo aboga por incluir el Mecanismo Europeo de Estabilidad en el Tratado, se aprecia la necesidad de una nueva reflexión, con una clarificación de las responsabilidades y los instrumentos de las distintas partes.
6) Un marco de gobernanza económica, del tipo que sea, no puede ser juzgado solo por sus resultados («legitimidad derivada de los resultados»), sino que debe ser enjuiciado también desde el punto de vista del control democrático. Dada la creciente significación del déficit democrático en el ensanchado marco de gobernanza económica, el informe estima que hay que poner fin a los acuerdos meramente intergubernamentales y que en su lugar se deberá impulsar a escala europea una mayor implicación del Parlamento Europeo, como condición ineluctable de la legitimidad democrática. Como la responsabilidad democrática puede verse menoscabada, además, por la extrema complejidad del marco, el informe encarece a la Comisión que presente un ambicioso programa legislativo para la reforma del mismo en la primavera de este año.
7) A fin de cuentas, no se puede discutir sobre la gobernanza económica en la UEM sin reflexionar sobre el periodo posterior a la crisis. El debate sobre la profundización de la UEM se ha ido aplazando durante mucho tiempo, como todo observador imparcial podrá corroborar. Durante la legislatura pasada, alentado por la Comunicación Blueprint de la Comisión, el «informe de los cuatro Presidentes», evaluado por el Parlamento Europeo con las recomendaciones a la Comisión sobre el informe de los Presidentes del Consejo Europeo, el Banco Central Europeo y el Eurogrupo «Hacia una verdadera Unión Económica y Monetaria», en particular el informe Thyssen. Sin embargo, las personalidades decisorias prefirieron finalmente esperar hasta las elecciones al Bundestag alemán, y luego a las elecciones al Parlamento Europeo. Ahora, el resultado de las elecciones en Grecia modifica el cariz del debate, y parece que éste tendrá lugar finalmente después de las elecciones generales en el Reino Unido. Ha llegado el momento, por consiguiente, de preparar este trabajo para el cual se ha otorgado a Jean-Claude Juncker un nuevo mandato, en unión con los Presidentes del Consejo Europeo, del Eurogrupo y del BCE. El Parlamento Europeo debe quedar plenamente asociado a esta negociación, para asegurar que no se descarte ninguna última opción para dotar a la UME de recursos de mayor fuste, sobre la base, entre otros, de los cuatro fundamentos siguientes: capacidad presupuestaria, mecanismos de intervención renovados, dimensión social, y pilar institucional y democrático. La UE y la zona del euro deben poder garantizar que los medios no resulten demasiado escasos, que no sea tarde esta vez y que los europeos puedan sacar el mejor partido posible del euro.
«Fiscal consolidations and spillovers in the euro area periphery and core», Jan in’t Veld, Economic Papers 506, Comisión Europea, octubre de 2013, http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_paper/2013/pdf/ecp506_en.pdf
expresada de conformidad con el artículo 56, apartado 3, del Reglamento
por Bernd Lucke
El propósito del informe era llevar a cabo un balance de la situación actual de la gobernanza presupuestaria. Concretamente, el objetivo era evaluar el funcionamiento de las normas de gobernanza económica vigentes y presentar retos futuros.
El informe no cumple en modo alguno este cometido.
Renuncia a un análisis sistemático del status quo y, en lugar de ello, está cargado de lugares comunes normativos y se aparta manifiestamente del Derecho europeo vigente, en particular de la cláusula de no corresponsabilidad financiera (artículo 125 del TFUE).
El informe reclama la centralización de la política económica y la mutualización de la responsabilidad en la zona del euro. Esto llevará a que sigan divergiendo la responsabilidad de ejecutar gastos y la responsabilidad por la deuda.
El Tratado de Maastricht, que sigue estando vigente como tal, establece que la gobernanza económica en la unión monetaria se basa en la propia responsabilidad respecto de la política presupuestaria.
Ello encuentra expresión en la «cláusula de no rescate», sostenida por dos normas presupuestarias simples.
Desde que existen, estas normas ya han sido infringidas en más de 90 casos. Con el inicio en 2010 de la política de rescate por el FEEF, el principio de no corresponsabilidad ha quedado en suspenso y reducido al absurdo.
La posibilidad creíble de quiebra del Estado, con el regreso a la cláusula de no corresponsabilidad, es lo único que puede permitir que cada Estado miembro aplique una política de propia responsabilidad y no actúe a expensas de la comunidad.
por Beatrix von Storch
Desde 1999, el gobierno económico europeo ha adquirido una complejidad creciente sin lograr resultados dignos de mención. A causa de la crisis financiera, económica y de confianza, en los últimos cinco años se han producido más leyes nuevas de la UE que nunca, sin considerar ninguna alternativa. Y es que la propia denominación es ya un programa: un «gobierno económico europeo» provoca inevitablemente la pérdida de autonomía nacional en los ámbitos soberanos de decisión de las políticas económica, financiera, social y presupuestaria. Desde hace tiempo hay dudas fundadas acerca de la constitucionalidad de un gobierno económico europeo. No obstante, el presente informe de iniciativa se aparta de estas cuestiones. Mediante el elemento de gobernanza del «gobierno económico europeo», la UE pretende intervenir considerablemente en un futuro en la planificación presupuestaria nacional de los Estados miembros y participar en las decisiones sobre legislación fiscal, evolución salarial o prestaciones sociales. Las recomendaciones vinculantes por países son un ataque directo contra el principio de subsidiariedad. Además, las propuestas concretas para un gobierno económico europeo prevén además el establecimiento de un presupuesto central de la UE, un seguro de desempleo europeo, la emisión de eurobonos y el refuerzo institucional del Eurogrupo; rechazo todo ello.
OPINIÓN de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (1.4.2015)
sobre el examen del marco de gobernanza económica: balance y aspectos fundamentales
Ponente de opinión: Anne Sander
A. Considerando que en virtud del artículo 3, apartado 3, del TUE, la Unión obrará ≪en pro del desarrollo sostenible de Europa basado en un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de los precios, en una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social, y en un nivel elevado de protección≫; considerando que es imprescindible garantizar una dimensión social sobre la gobernanza económica en los múltiples niveles de la Unión, tal y como establece el artículo 9 del TFUE; considerando que, en su Resolución, de 1 de diciembre de 2011, sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas, el Parlamento Europeo declaró que «cualquier novedad o mejora en la organización y en el proceso decisorio en el seno del Consejo y de la Comisión debe acompañarse de una mejora de la legitimidad democrática y de una apropiada responsabilidad ante el Parlamento Europeo»;
1. Subraya el hecho de que el marco de gobernanza económica de la Unión Europea debe aspirar a ser un instrumento rector para corregir los grandes desequilibrios económicos, incluidas las tasas de desempleo, que han causado una fuerte reducción del crecimiento y el aumento de las desigualdades, y que han puesto en peligro las economías europeas; recuerda que la deuda global de la Europa de los Veintiocho se ha reducido del 4,5 % del PIB en 2011 hasta una previsión del 3 % del PIB en 2014; recuerda, no obstante, que el equilibrio económico en todo el ciclo debe impulsar de manera más eficiente el crecimiento inteligente, sostenible e integrador, que ha seguido siendo modesto o se ha estancado en los últimos años y se prevé que se mantenga por debajo del 1,5 %, de acuerdo con las previsiones de crecimiento del PIB de la UE; recuerda que las medidas para garantizar un crecimiento sostenible e integrador también deben destinarse a satisfacer y fomentar de manera más eficiente los objetivos de la Estrategia UE-2020 sobre el empleo y la pobreza, ya que el progreso ha sido insuficiente;
2. Está de acuerdo con la declaración de la comisaria Thyssen en que aquellos países que ofrecen empleos de mayor calidad, una mejor protección social y que invierten en capital humano son más resistentes a las crisis económicas; pide a la Comisión que refleje esta posición y que avance en todas sus políticas del Semestre Europeo y en sus recomendaciones específicas por país;
3. Acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión de emprender una primera revisión de la eficiencia de este marco, a fin de evaluar la aplicación eficaz y uniforme de las normas de gobernanza por los Estados miembros y por la Comisión; sugiere que la revisión presenta una oportunidad para el intercambio de puntos de vista, sobre todo con las comisiones competentes del Parlamento Europeo, sobre las normas de funcionamiento del marco y la forma en que el marco puede ser más efectivo, social y democrático, especialmente en cuanto a la consecución de los objetivos UE-2020; sugiere que la revisión incluya medidas que mejoren la confianza en la economía como condición previa para la inversión privada, que a su vez es una condición previa para la creación de empleo;
4. Hace hincapié en que la solidaridad es el valor fundamental sobre el que se ha construido la Unión Europea y el marco de gobernanza económica de la Unión; considera que esta revisión supone una oportunidad para mejorar aún más el marco de gobernanza económica, con miras, entre otras cosas, a lograr una mejor coordinación con el acervo social europeo y mejorar la gobernanza social europea con el fin de reducir el desempleo, la pobreza y la exclusión social; destaca, a este respecto, la importancia de contar con un mejor sistema de coordinación para la zona del euro en su conjunto;
5. Pide que el Semestre Europeo sea eficaz en la prevención de las crisis, ayudando a coordinar las políticas económicas y sociales de los Estados miembros y pide asimismo la aplicación de políticas para una mejor creación de empleo sostenible y para impulsar el crecimiento; celebra, en este sentido, la propuesta de la Comisión de centrar su labor no solo en la responsabilidad presupuestaria, sino también en las inversiones, en particular, la inversión social destinada a la creación de empleo sostenible, a garantizar una mayor cohesión social y la igualdad de género y a luchar contra la pobreza, así como en las reformas estructurales con el fin de vincular la reforma de la economía de mercado al progreso social; recuerda que el Parlamento ha declarado en numerosas ocasiones que las reformas estructurales propuestas deben ser ambiciosas, económicamente eficientes y socialmente responsables;
6. Señala que es necesario un equilibrio entre la política de empleo y la política económica con arreglo a los artículos 121 y 148 del TFUE, para garantizar que la UE evolucione de forma positiva; recuerda que, con el fin de cumplir con los objetivos recogidos en el artículo 9 del TFUE, se debe dar a la política económica y a las políticas sociales y de empleo la misma consideración, por lo que subraya la necesidad de prevenir los desequilibrios económicos y sociales, garantizando así una política pública plenamente coherente; pide, a este respecto, la misma consideración a las libertades económicas y los derechos civiles y sociales, de conformidad con los Tratados de la UE;
7. Pide que se incremente la cohesión económica y social mediante el refuerzo del Fondo Social Europeo y el Fondo de Cohesión, con el objetivo de salvaguardar y crear empleo con derechos, promoviendo la lucha contra el desempleo y la pobreza;
8. Hace hincapié en la necesidad de mejorar la cooperación entre los correspondientes organismos del Consejo EPSCO y el Consejo Ecofin y, por tanto, propone que se organicen reuniones conjuntas del Consejo EPSCO y el Consejo Ecofin, a fin de fomentar políticas socioeconómicas coordinadas orientadas a la competitividad, la creación de puestos de trabajo mejores y más sostenibles, la lucha contra el desempleo y la reducción de las desigualdades, la pobreza y la exclusión social, con el fin de impulsar el crecimiento inclusivo en Europa;
9. Subraya la importancia que tiene el cuadro de indicadores sociales en el Informe sobre el Mecanismo de Alerta para la detección temprana de las repercusiones sociales de las medidas destinadas a corregir los desequilibrios macroeconómicos; pide a la Comisión que lleve a cabo una evaluación de su alcance y eficacia; alienta a la Comisión a que tenga en cuenta las consideraciones sociales a la par de las económicas, y a prestar atención a la creación de empleos mejores y sostenibles a largo plazo y al empleo juvenil y la pobreza infantil, así como a la situación social de cada Estado miembro a la hora de elaborar recomendaciones específicas para los países en desarrollo y de evaluar su aplicación en los Estados miembros; pide a los Estados miembros que utilicen los indicadores sociales como mecanismo de alerta temprana para prevenir futuras crisis sociales y económicas;
10. Destaca que una excesiva desigualdad debería activar el sistema del mecanismo de alerta, ya que desestabiliza a las sociedades y pone en peligro la cohesión y el rendimiento económico; hace hincapié en que un aumento de la desigualdad como el que se ha producido en la UE y se ha documentado en los informes por países en el Semestre constituye una grave amenaza para la democracia; señala las advertencias formuladas por el FMI y la OIT en el sentido de que un nuevo aumento de la desigualdad en la UE podría desestabilizar nuestras sociedades;
11. Insta a los Estados miembros a poner en práctica las recomendaciones específicas por países, a fin de estimular el crecimiento sostenible a través de mejores puestos de trabajo sostenibles y la cohesión social y lograr avances hacia los objetivos de la Estrategia Europa 2020; pide a la Comisión que presente al Parlamento Europeo una evaluación anual de los avances en la aplicación efectiva de estas recomendaciones y sus efectos sobre la deuda y el déficit de los Estados miembros y sobre los indicadores sociales; señala que dicha evaluación se debe incluir como un anexo al Informe Anual sobre el Crecimiento;
12. Recuerda a la Comisión que, si bien se considera que los salarios son un elemento importante en la resolución de los desequilibrios macroeconómicos, no son solamente una herramienta para el ajuste económico, sino, en particular, los ingresos que los trabajadores necesitan para vivir; en el marco de la evaluación de la aplicación de las recomendaciones, pide a la Comisión que realice una evaluación de impacto para que las recomendaciones en materia de salarios eviten el aumento de pobreza laboral o desigualdades salariales dentro de los Estados miembros y para que alienten a los Estados Miembros a desplazar la presión fiscal del trabajo hacia el consumo con el fin de estimular el crecimiento y aumentar las tasas de empleo; alienta a los Estados miembros a establecer regímenes de renta mínima, de acuerdo con las costumbres y tradiciones de cada Estado miembro, y los alienta a seguir la Recomendación del Consejo de 24 de junio de 1992, sobre los criterios comunes relativos a los recursos y las prestaciones en los sistemas de protección social;
13. Insta a la Comisión a que, conjuntamente con el BEI, y teniendo en cuenta las especificidades de las distintas regiones, establezca los criterios para que las pymes, creadoras de más del 80 % del empleo de la Unión y portadoras de un crecimiento sostenible e integrador y que son la columna vertebral de la creación de empleo, puedan acceder a la financiación del Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas, en relación con el Fondo Europeo de Inversiones; señala que la celeridad en la precisión de los criterios de selección de los proyectos y de los requisitos de participación permitirá, también a las pymes, prepararse y mejorar la coordinación de las acciones; subraya la importancia de reforzar el crecimiento económico y la creación de empleo, en particular para los jóvenes, para que los ciudadanos acepten el marco europeo de gobernanza económica; pide, por ello, a la Comisión que adopte medidas para aumentar la confianza en la economía y mejorar el entorno empresarial, prestando especial atención a las pymes, a suprimir la burocracia excesiva y reforzar el acceso a la financiación;
14. Recuerda que, con ocasión del diseño y la aplicación de reformas estructurales, se debe mantener una protección social adecuada, respetando al mismo tiempo las competencias, las normas sociales y laborales y derechos de los trabajadores de los Estados miembros, la calidad del empleo y mejores puestos de trabajo sostenibles, como un medio de garantizar la cohesión social, la competitividad y la resistencia a la crisis económica y financiera; insta a los Estados miembros a que intercambien las mejores prácticas y que sigan promoviendo el aprendizaje mutuo, también a escala regional y local; pide a los Estados miembros que, con el fin de mejorar la eficacia y el enfoque de las políticas fiscales, que reformen sus mercados laborales y los sistemas de seguridad social, así como sus sistemas educativos; cree que las reformas del mercado laboral deben introducir medidas de flexibilidad interna destinadas a mantener el empleo en tiempos de problemas económicos, deben garantizar la calidad del empleo y especialmente mejores puestos de trabajo sostenibles, y la seguridad en las transiciones laborales, y deben proporcionar unas prestaciones de desempleo basadas en requisitos de reintegración realistas que garanticen un apoyo adecuado a los trabajadores despedidos y estén vinculados a las políticas de reintegración de conformidad con las costumbres y tradiciones de los Estados miembros; señala que una integración eficiente y profunda de los mercados laborales de la UE sigue siendo un objetivo a medio plazo con vistas a promover el progreso social y reducir la pobreza en un entorno equilibrado y competitivo;
15. Insta a los Estados miembros a hacer frente a la urgente situación en materia de desempleo juvenil, dando un verdadero impulso a la economía real (al aumentar la demanda y la oferta de bienes y servicios) y el mercado de trabajo, y aplicando al mismo tiempo, de una manera eficaz y precisa, la Iniciativa de Empleo Juvenil; insta a los Estados miembros a utilizar todos los recursos disponibles, en particular a través de la inversión en capital humano, especialmente en los ámbitos de la educación y la formación profesional, con el fin de apoyar el empleo juvenil a través de una mejor adecuación de las cualificaciones y puestos de trabajo;
16. Habida cuenta del envejecimiento de la sociedad y de las reformas de los sistemas de pensiones, anima a los Estados miembros a priorizar las acciones relacionadas con los trabajadores de edad avanzada; insta a la Comisión a precisar los criterios e incrementar los controles en la utilización de fondos europeos para trabajadores de edad avanzada y a aumentar las acciones a favor del empleo de personas de edad avanzada;
17. Observa con gran preocupación que el desempleo de larga duración se ha duplicado durante la crisis; observa asimismo que este aumento es incluso mayor entre los trabajadores poco cualificados; pide a la Comisión que garantice que la lucha contra el desempleo de larga duración se refleja en sus políticas y en sus recomendaciones específicas por país;
18. Cree que debe concederse la máxima importancia a los crecientes niveles de desigualdad en Europa, en el contexto del marco económico de la Unión; considera que uno de los mejores modos para luchar contra esta creciente desigualdad es redoblar los esfuerzos por crear más puestos de trabajo de calidad en Europa;
19. Hace hincapié en la falta de control democrático del procedimiento del Semestre europeo; Recomienda que, con el fin de garantizar la rendición de cuentas del marco de gobernanza económica, aumentar la calidad y la apropiación del proceso del Semestre europeo y reducir la brecha cada vez mayor entre las instituciones de la UE y los ciudadanos, se fomente la estrecha participación del Parlamento Europeo, los parlamentos nacionales, la sociedad civil y los interlocutores sociales en el diálogo económico entre los Estados miembros y la Comisión, y más especialmente en el proceso del Semestre europeo, garantizando al mismo tiempo que no se generen cargas administrativas o costes innecesarios para las partes interesadas;
20. Recomienda que la Comisión, con el fin de trabajar en pos de una mayor transparencia y democracia del proceso del Semestre Europeo, organice antes de la publicación del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento (AGS), un debate con representantes del Parlamento Europeo sobre las directrices y orientaciones generales del Estudio; pide al Consejo Europeo que no apruebe las recomendaciones específicas para cada país sin tener en cuenta la opinión del Parlamento Europeo;
21. Reitera su petición de un acuerdo interinstitucional con el fin de asociar al Parlamento a la elaboración y aprobación del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento y de las directrices en materia de política económica y de empleo;
22. Recuerda que la Comisión y el Parlamento han solicitado a los Estados miembros que fomenten la participación de sus parlamentos y de las organizaciones de la sociedad civil nacional en la elaboración de sus programas nacionales de reforma y los programas de estabilidad y convergencia; pide a los Estados miembros que, al menos, informen a sus parlamentos nacionales sobre el contenido de sus programas nacionales de reforma y sus programas de estabilidad y convergencia, teniendo en cuenta la opinión de las organizaciones sociales más representativas de la sociedad civil; pide a los Estados miembros que, en su caso, informen a las instituciones europeas sobre el desarrollo de esos debates nacionales;
23. Pide que se institucionalice un debate entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo con las organizaciones sociales y la sociedad civil a nivel europeo entre la presentación del Estudio Anual sobre el Crecimiento y el Consejo Europeo de marzo y antes de que el Consejo Europeo apruebe las recomendaciones para cada país;
24. Destaca en este sentido la necesidad de un entorno favorable a la inversión del sector público, en especial habida cuenta de la repercusión de las nuevas normas contables SEC2010 sobre la capacidad de inversión de determinados poderes públicos; pide, en consecuencia, la adopción de decisiones acordes por el Banco Central Europeo; Señala a la atención las propuestas para garantizar la participación activa de los Estados miembros en la ejecución del plan Juncker; pide a los Estados miembros que, en la elaboración de sus presupuestos, presten especial atención a las inversiones sociales, como la educación y el aprendizaje permanente, y a la creación de empleo y la mejora de la capacidad empresarial; pide a la Comisión que estudie la posibilidad de una mayor flexibilidad presupuestaria dentro de las normas del marco de gobernanza económica, sobre todo en tiempos de grave crisis económica y financiera;
25. Vista la nota analítica sobre la preparación de las próximas medidas para una mejor gobernanza económica en la zona del euro, presentada por los cuatro Presidentes; Pide que los Presidentes de las cuatro instituciones presenten una ambiciosa «hoja de ruta» que describa los progresos legislativos e institucionales necesarios para labrar el mejor futuro posible para la zona del euro, la UE y sus ciudadanos; subraya que el Parlamento debe desempeñar plenamente su papel en los próximos debates y decisiones a través de una resolución aprobada en la sesión plenaria, que debe servir de base para la contribución del Presidente a la hoja de ruta.
OPINIÓN de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (18.3.2015)
relativa a la revisión del marco de gobernanza económica: evaluación y retos
Ponente: Ildikó Gáll-Pelcz
A. Considerando que, como consecuencia de la crisis económica y financiera, el nivel de inversiones en la UE se ha reducido aproximadamente un 15 % desde el nivel máximo alcanzado en 2007;
B. Considerando que dicho déficit de inversión dificulta la recuperación económica, la creación de empleo, el crecimiento a largo plazo y la competitividad de nuestro sector industrial y del mercado único en general, además de comportar riesgos para lograr los objetivos establecidos en la Estrategia Europa 2020;
C. Considerando que la revisión y la mejora del marco de gobernanza económica deben basarse en un enfoque holístico, a través de una serie de políticas interconectadas y coherentes entre sí que fomenten un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo, y la competitividad, y crear puestos de trabajo mejores y sostenibles, en vez de centrarse exclusivamente en la reducción del déficit, y considerando que para alcanzar estos objetivos también es fundamental liberar las ventajas de un mercado único que funcione bien, efectivo, equilibrado y que cuente con una base industrial reforzada;
D. Considerando que la Comisión debería supervisar el mercado único teniendo en cuenta la calidad de la aplicación de medidas pertinentes para el marco de gobernanza económica; que la Comisión debería incluir en la revisión anual de la gobernanza y en el marco de evaluación obstáculos a la aplicación de la legislación del mercado único; que la supervisión debería evaluar el alcance de los beneficios del mercado único para consumidores, ciudadanos y empresas, y tener en cuenta los retos a los que se enfrentan los consumidores y las empresas que operan en el mercado único, en particular en ámbitos en los que los Estados miembros no hayan aplicado o ejecutado la legislación del mercado único;
E. Considerando que la plena realización del mercado único en materia de contratación pública y protección del consumidor contribuiría a aumentar el PIB en 300 000 millones de euros al año;
F. Considerando que se está poniendo en marcha un Plan Europeo de Inversiones para aumentar a 315 000 millones de euros las nuevas inversiones en los próximos tres años;
G. Considerando que la Unión Europea se enfrenta a una profunda crisis de competitividad en una economía global cada vez más desafiante y en el mercado único, donde solo las economías competitivas podrán ser capaces de crear empleo y aumentar los niveles de vida de sus ciudadanos;
1. Celebra el hecho de que la comunicación de la Comisión «Un Plan de Inversiones para Europa» (COM(2014)0903), la comunicación de la Comisión «Aprovechar al máximo la flexibilidad que ofrecen las actuales disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento» (COM(2015)0012) y la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (COM(2015)0010) destacan como prioridad la necesidad de vincular directamente el examen del marco de gobernanza económica con las necesidades de la economía real y de completar el mercado único y crear un mercado único digital;
2. Considera que el marco de gobernanza económica es una iniciativa política clave que sostiene los fundamentos de los objetivos de Europa 2020 y de sus iniciativas emblemáticas destinadas a la explotación completa del potencial de crecimiento del mercado único aun sin aprovechar; considera que, si se libera el potencial de crecimiento del mercado único, los Estados miembros alcanzarán más fácilmente los objetivos integrados en el marco de gobernanza económica; considera, asimismo, que los actores primarios del mercado único son los consumidores y las empresas;
3. Hace hincapié en que el mercado único es el motor clave del crecimiento y el empleo, y que los ámbitos clave del crecimiento son el mercado único digital, un auténtico mercado para ventas transfronterizas en línea de bienes, servicios y contratación pública;
4. Subraya el hecho de que la crisis económica ha demostrado claramente la importancia de reforzar la economía de la Unión Europea y de los Estados miembros y de orientarla hacia la investigación e innovación (I+I), la tecnología y el conocimiento, facilitando el acceso al mercado y la movilidad, tanto de los consumidores como de las empresas, desarrollando el mercado único digital, luchando contra la fragmentación del mercado único en toda la Unión mediante la aplicación y el cumplimiento adecuados de la legislación del mercado único por los Estados miembros, y fomentando las inversiones en la economía real, especialmente en sectores que contribuyen al desarrollo sostenible, el uso eficiente de los recursos y la transición energética, y fomentando al mismo tiempo el crecimiento con altas tasas de empleo y la convergencia económica entre los Estados miembros, y colmando la brecha existente entre los Estados miembros de la zona del euro y los que no pertenecen a ella;
5. Cree que la revisión de la gobernanza económica europea debería ir acompañada de la revisión de la Estrategia Europa 2020 global y del ciclo del Semestre Europeo con objeto de fomentar el crecimiento sostenible y competitivo; pide, por tanto, un nuevo enfoque para el mercado único y el mercado único digital que se deberá asumir en la revisión de la Estrategia Europa 2020, incorporando debidamente los sectores/objetivos prioritarios del mercado único en un nuevo conjunto simplificado de orientaciones, encabezamientos o iniciativas emblemáticas;
6. Acoge con satisfacción el examen de la eficacia de este marco a fin de evaluar la aplicación eficaz y uniforme de las normas de gobernanza por la Comisión, el Consejo y los Estados miembros; considera que esta revisión debería inspirar, solo cuando corresponda, una revaluación del marco de gobernanza del mercado único y explorar los posibles efectos sinérgicos entre ambos procesos;
7. Reitera su petición de que se introduzcan procedimientos que faciliten una participación adecuada del Parlamento Europeo en el ciclo de gobernanza económica, sentando las bases para la adopción, por el Parlamento y el Consejo, de las medidas necesarias para fortalecer la gobernanza del mercado único, en particular de aquellas que regulen los ámbitos sobre los cuales se estableció el marco legislativo de la Unión, de acuerdo con el procedimiento legislativo ordinario consagrado en el artículo 294 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;
8. Reitera su llamamiento a la Comisión y el Consejo para que celebren un acuerdo interinstitucional con el Parlamento Europeo a fin de garantizar plenamente el papel del Parlamento en todo el proceso del Semestre;
9. Considera que el marco de gobernanza económica debe ser inclusivo, más transparente y menos complejo, y tener en cuenta las particularidades nacionales, y que las prioridades políticas también deben discutirse de una manera más exhaustiva con las partes interesadas pertinentes sin renunciar a su independencia de los intereses creados;
10. Considera que los parlamentos nacionales deben involucrarse más en el proceso de aplicación eficaz de las medidas establecidas en el marco de gobernanza económica y en el contexto de la legislación del mercado único;
11. Destaca la importancia de volver a crecer y a crear empleo para la aceptación pública del marco de gobernanza económica, y, por tanto, pide a la Comisión que mejore el entorno empresarial en Europa prestando especial atención a las pymes, la desburocratización y el acceso a la financiación; reitera, en este sentido, la necesidad de prestar apoyo a las pymes para que puedan acceder también a mercados de fuera de la UE como los de los Estados Unidos, Canadá, China e India;
12. Insiste en que la evaluación del estado del mercado único debería formar parte del marco de gobernanza económica, sentando las bases para un ciclo anual del mercado único instaurando un pilar dedicado al mismo dentro del Semestre Europeo; señala que dicho marco político integrado podría contribuir de manera eficaz a identificar los obstáculos al funcionamiento del mercado único mejorando al mismo tiempo la aplicación de las normas de gobernanza económica de la UE; destaca que la plena aplicación de las directivas de contratación pública revisadas, especialmente las normas relativas a los criterios de adjudicación, pueden ayudar a que las autoridades públicas hagan un mejor uso de los recursos públicos y a evitar a la larga costes sociales y medioambientales innecesarios, y, de ese modo, influir de forma positiva en la estabilidad de las finanzas públicas;
13. Cree firmemente que los esfuerzos deben concentrarse en las prioridades clave de los pilares del Semestre Europeo; hace hincapié en la importancia de centrarse en ámbitos que ofrezcan un valor añadido europeo significativo de conformidad con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad; pide a la Comisión que trabaje con los Estados miembros para encontrar vías que garanticen que estos principios puedan aplicarse de una forma más eficaz;
14. Pide a la Comisión que presente al Parlamento un informe anual sobre la integración del mercado único que haga especial hincapié en los ámbitos clave con mayor potencial de crecimiento y de creación de empleo sostenible y de mayor calidad, y que evalúe la eficacia de la aplicación de las recomendaciones específicas por países, así como la aplicación y ejecución de la legislación del mercado único por los Estados miembros, y señala que esta evaluación podría utilizarse como contribución al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento;
15. Recuerda que una buena gobernanza económica y su impacto únicamente pueden ser eficaces si participan las partes interesadas pertinentes; destaca la necesidad de que la UE, los Estados miembros, las regiones, los municipios y las partes interesadas adopten un enfoque holístico en materia de aplicación y desarrollo de políticas; pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen el principio democrático de diálogo civil mediante la participación estructurada de las partes interesadas pertinentes en la gobernanza económica, y en particular en el proceso del Semestre Europeo;
16. Resalta la oportunidad de canalizar dinero público y privado extra hacia proyectos viables con un valor añadido real para la economía del mercado social europeo y destaca que los sectores clave del mercado único (transportes, energía, servicios y productos, investigación e innovación) y del mercado único digital representan la escala adecuada (más apropiada) para que las inversiones puedan ser elegibles dentro de la cartera de proyectos de inversión;
17. Acoge con satisfacción el nuevo margen de maniobra que ofrece la cláusula de inversión tal como la define la Comisión en su comunicación sobre flexibilidad; opina que debería usarse el máximo potencial de esta nueva posibilidad para promover que los Estados miembros inviertan más en proyectos con un claro valor añadido europeo como, por ejemplo, aquellos que comporten un mayor desarrollo del mercado único y del mercado único digital; considera que las reformas e inversiones orientadas hacia los sectores de crecimiento clave del mercado único y hacia la modernización de las administraciones públicas, especialmente en lo que respecta al gobierno electrónico y a la contratación electrónica, deberían considerarse como reformas estructurales;
18. Es consciente de la falta de aplicación de las recomendaciones específicas por país en algunos Estados miembros, donde solo el 12 % de estas recomendaciones se abordaron completamente en 2013; destaca que es necesaria una mejor aplicación de las recomendaciones específicas por país para apoyar el crecimiento y el empleo; pide a la Comisión que refuerce la responsabilidad de las recomendaciones específicas por país en los Estados miembros mediante una mayor implicación de los parlamentos nacionales.
OPINIÓN de la Comisión de Asuntos Constitucionales (19.3.2015)
Ponente de opinión: Sylvie Goulard
La Comisión de Asuntos Constitucionales pide a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:
1. Considera que la mejora sustancial de la legitimidad democrática de la unión económica y monetaria (UEM), en el marco institucional de la Unión y en el respeto del método comunitario, es absolutamente necesaria; opina que los actos legislativos basados en tratados intergubernamentales y aplicados durante la crisis han mermado la legitimidad democrática de la UEM; pide, por consiguiente, que el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) se integre cuanto antes en el acervo de la UE, teniendo en cuenta que el Reglamento del Parlamento ofrece suficiente margen de maniobra para organizar, en caso necesario, formas específicas de diferenciación sobre la base de acuerdos políticos concluidos entre los grupos políticos y dentro de estos, con el fin de prever un control adecuado de la UEM; pide asimismo la integración de las disposiciones pertinentes del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza (TECG) en el marco jurídico de la Unión Europea en un plazo máximo de cinco años tras su entrada en vigor y tras una valoración exhaustiva de su aplicación;
2. Se pronuncia, en este sentido, a favor de instaurar una gobernanza económica menos compleja, más eficaz y transparente con vistas a lograr, a largo plazo, una mayor integración de la UE, ofreciendo al mismo tiempo soluciones a medio plazo que permitan a la zona del euro y a la Unión hacer frente a los retos actuales;
3. Subraya que el Eurogrupo y la Cumbre del Euro son configuraciones informales del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros y del Consejo Europeo, y que han tomado decisiones importantes en el ámbito de la UEM durante la crisis económica y financiera, pero que dichas decisiones adolecen, por ello, de falta de legitimidad democrática;
4. Propugna la celebración de un acuerdo interinstitucional entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo para permitir el control parlamentario de las diferentes etapas del Semestre Europeo, empezando por el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento;
5. Considera necesaria una evaluación meticulosa de la puesta en marcha del diálogo económico para garantizar un control parlamentario adecuado en todas las fases de los procedimientos (Pacto de Estabilidad y Crecimiento y procedimiento de desequilibrio macroeconómico);
6. Se congratula de la creación de la conferencia interparlamentaria sobre la gobernanza económica y financiera de la Unión Europea; insiste, no obstante, en sus límites cuando se trata de alentar a los responsables políticos a que rindan cuentas; opina que, en el ámbito de la UEM, el control parlamentario se reparte entre el nivel nacional y el europeo, e insiste en que las responsabilidades deben asumirse al nivel al que se toman o aplican las decisiones, de modo que los parlamentos nacionales controlen a los gobiernos nacionales y el Parlamento Europeo al Ejecutivo europeo; opina que esta es la única forma de garantizar el necesario refuerzo de la responsabilidad en la toma de decisiones; considera que este refuerzo de la legitimidad se puede garantizar a través de la adopción de programas nacionales de reforma y de posibles asociaciones de convergencia por los Parlamentos nacionales, así como a través de la aprobación, mediante codecisión, de orientaciones políticas europeas generales en forma de orientaciones de convergencia, un nuevo acto legislativo de la UE que establezca un número muy limitado de prioridades válidas durante un período de tiempo determinado, que sean utilizadas en particular para la aprobación del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento y las recomendaciones específicas por países; hace hincapié en que dicha cooperación no debería considerarse como la creación de un nuevo organismo parlamentario mixto, que no resultaría ni eficaz ni legítimo desde un punto de vista democrático y constitucional;
7. Lamenta que la capacidad de los Parlamentos nacionales para controlar e influir en las actuaciones de sus Gobiernos en la UE sea insuficiente; considera que los Parlamentos nacionales deberían participar más activamente en la elaboración de las políticas en lo que se refiere al control y a la configuración de las posiciones de sus Gobiernos antes de presentarlas a la Comisión;
8. Subraya que debe mejorarse el marco jurídico para los programas de asistencia a fin de garantizar que todas las decisiones se adoptan bajo la responsabilidad de la Comisión con la plena participación del Parlamento, para garantizar la plena legitimidad democrática y la responsabilidad; pide a la Comisión que informe periódicamente al Parlamento Europeo de las decisiones pertinentes adoptadas en el marco del control de la ejecución de los programas de los Estados miembros; destaca que el Parlamento debería dar seguimiento sin demora a su Resolución de 13 de marzo de 2014 sobre la investigación relativa al papel y las actividades de la Troika (BCE, Comisión y FMI) en relación con los países de la zona del euro sujetos a un programa(1), y elaborar una nueva resolución totalmente dedicada a esta cuestión que se base en la primera investigación;
9. Considera que, para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas nacionales, resulta sumamente importante que la Comisión compruebe la calidad y la pertinencia de las finanzas públicas, y garantice, en particular, que los presupuestos nacionales estén orientados hacia el futuro, determinando, junto con Eurostat, y fomentando los gastos en inversión en lugar de los gastos en consumo;
10. Considera que una «auténtica UEM» no puede reducirse a un sistema de normas, sino que exige una mayor capacidad presupuestaria, como parte del presupuesto de la Unión, sobre la base de recursos propios específicos, que deberían apoyar el crecimiento sostenible y la cohesión social y abordar las divergencias estructurales y las situaciones de emergencia financiera directamente relacionadas con la unión monetaria y siempre que sean necesarias reformas estructurales;
11. Considera que debe tenerse en cuenta la dimensión social de la UEM, y recuerda que el artículo 9 del TFUE dispone que, «en la definición y ejecución de sus políticas y acciones, la Unión tendrá en cuenta las exigencias relacionadas con la promoción de un nivel de empleo elevado, con la garantía de una protección social adecuada, con la lucha contra la exclusión social [...]»; recuerda asimismo que el artículo 3 del TUE establece que «la Unión [se basará] en una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social»; considera que, de acuerdo con el principio de la dignidad humana, consagrado en el Tratado, los recursos humanos no deben ser desperdiciados sino que deben considerarse un componente fundamental de la competitividad; pide que los derechos sociales y las libertades del mercado interior reciban un trato igualitario en la jerarquía de las normas;
12. Pide que los presidentes de las cuatro instituciones presenten una «hoja de ruta» ambiciosa que describa los progresos legislativos e institucionales necesarios para labrar el mejor futuro posible para la zona del euro, la UE y sus ciudadanos; subraya que el Parlamento deberá participar plenamente en los próximos debates y decisiones mediante una resolución aprobada por el Pleno, que constituirá la base de la contribución del Presidente a la «hoja de ruta», como se indica en la nota a pie de página de la nota de análisis elaborada por el Consejo Europeo informal, de 12 de febrero de 2015, sobre la preparación de las próximas medidas para una mejor gobernanza económica en la zona del euro: «El presidente de la Comisión ha señalado su intención de basarse en las aportaciones del presidente del Parlamento Europeo en sus reflexiones a la hora de elaborar los informes de los cuatro presidentes»;
13. Considera que una auténtica UEM requiere el refuerzo del Estado de Derecho, como establece el artículo 2 del TUE; considera que por Estado de Derecho se entiende un sistema institucional en el que la autoridad pública está sujeta a la ley y la igualdad de los sujetos de Derecho está garantizada por una jurisdicción independiente; opina que esta cuestión debe ser una de las prioridades que se deben abordar en el marco del informe titulado «Posible evolución y ajustes de la actual configuración institucional de la Unión Europea», y que debe incluir los procedimientos de infracción y los recursos de anulación contra las decisiones de la Comisión y del Consejo; considera que la participación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJCE) puede contribuir a garantizar que las normas se apliquen de manera uniforme, independientemente del tamaño del Estado miembro, y protejan los derechos de los ciudadanos y de sus organizaciones en los países objeto del programa; afirma que esta función del TJUE no provocará un retraso de los procedimientos de gobernanza económica, ya que estos procedimientos no tienen efectos suspensivos.