Source: http://www.accounter.co/normatividad/sentencias/cooperativas-de-trabajo-asociado-exclusion-de-trabajadores-socios-de-legislacion-laboral.html
Timestamp: 2018-07-20 22:08:20
Document Index: 245319918

Matched Legal Cases: ['artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 208', 'artículo 154', 'artículo 36', 'artículo 5', 'artículo 154', 'artículo 46', 'artículo 36', 'artículo 1', 'artículo 38', 'artículo 51', 'artículo 57', 'artículo 58', 'artículo 60', 'artículo 103', 'artículo 189', 'artículo 333', 'artículo 59', 'artículo 116', 'artículo 229', 'artículo 53', 'artículo 135', 'artículo 154', 'artículo 36', 'artículo 5', 'artículo 46', 'artículo 154', 'artículo 36']

cooperativas de trabajo asociado-exclusión de trabajadores socios de legislación laboral : Accounter
marzo 1, 2000 3:27 pm
C-211/00
3. En cuanto a los artículos 154 de la ley 79 de 1988 y los numerales 6 y 7 del artículo 36 de la ley 454 de 1998, el demandante pide que se declaren exequibles en forma condicionada, en cuanto a límites y responsabilidad, en este sentido: “Los salarios mínimos legales, base de la sanción, deben ser mensuales; la sanción administrativa por cada infracción no puede ser inferior al 100% del monto de lo defraudado; debiéndose cancelar junto con el reintegro del valor total defraudado, con intereses moratorios calculados según lo dispuesto por el estatuto Tributario en sus artículos 634 y 635; y el director, gerente, revisor fiscal, administrador, personal de la junta de vigilancia, u otro funcionario o empleado de la organización de economía solidaria deben responder solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la entidad, a los asociados o cooperados, o a terceros.”
Para el actor dichos salarios deben ser “mensuales” porque de lo contrario, dice, la sanción se tornaría irrisoria. Situación que según el también es predicable del artículo 36-7 de la ley 454/98, materia de acusación, que consagra las sanciones que se pueden imponer a los establecimientos.
De otra parte, considera que como lo dispuesto en el artículo 208 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero no se aplica a la generalidad de las organizaciones de economía solidaria vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria, éstas en la práctica no podrán ser sancionadas, lo cual contraría lo dispuesto en los artículos 13, 58 y 333 de la Constitución, porque el Código de Comercio sí establece responsabilidad solidaria e ilimitada de los perjuicios por dolo o culpa que ocasionen los administradores a la sociedad, a los socios o a terceros, en cambio la legislación de la economía solidaria establece “ridículas sanciones administrativas sin ninguna solidaridad por los perjuicios ocasionados (…) si se está vinculado a una sociedad comercial, las sanciones son más gravosas que si se está vinculado a una organización de economía solidaria. Así no se puede erradicar la corrupción en la administración de las cooperativas y organizaciones de economía solidaria.”
– “Las cooperativas de trabajo asociado son empresas donde el asociado es copropietario y trabajador al mismo tiempo, pues no existe una figura de patrono. Por lo tanto es el producto de la autogestión de los asociados, la que permite a la empresa cumplir o no con su objeto social. La relación asociativa de trabajo se desarrolla dentro de unos principios y fines que la hacen cualitativamente diferente, pues el trabajador debe aportar recursos para conformar el patrimonio empresarial, creando su empleo y la riqueza que el genera se debe distribuir entre los asociados con base en la cantidad de trabajo aportado, la responsabilidad, la complejidad, la especialización de la labor y el rendimiento obtenido, hecho que permite establecer grados, niveles y montos diferentes de compensación”.
– Los artículos 59 y 135 de la ley 79/88, materia de acusación, no establecen ninguna discriminación y, por tanto, no vulneran los derechos de los trabajadores que, en este caso, son los mismos patronos. Por el contrario, la naturaleza del trabajo hace que su regulación sea diferente a la contemplada en el Código Laboral.
– En cuanto a la acusación contra el artículo 154 de la ley 79/88 y los numerales 6 y 7 del artículo 36 de la ley 454/98, señala el interviniente, que las argumentaciones del actor parecen “responder más a la exposición de motivos de una iniciativa ciudadana ante el Congreso de la República en busca de regulación legal que resuelva las imprecisiones de la actual legislación en materia de entidades de la economía solidaria, que en una demanda ante la Corte Constitucional que por vía de fallo no puede llenar los vacíos de la legislación vigente.”
– En primer término, considera que es necesario remitirse a la doctrina cooperativa universal y a lo sucedido en otros países con las cooperativas de trabajo asociado, para demostrar que éstas no son instituciones creadas en forma arbitraria, por el legislador colombiano, con el objeto de discriminar a los trabajadores dependientes. Y en segundo lugar señala la razón de ser de las cooperativas de trabajo asociado, determinando sus diferencias esenciales con el trabajo dependiente propio de las empresas con ánimo de lucro, para concluir que si bien existe un tratamiento desigual éste tiene una justificación objetiva y razonable. Son estos sus argumentos esenciales.
– Luego se refiere el interviniente a las diferencias existentes entre el trabajo dependiente y el asociado, para concluir que parten de supuestos muy diferentes. En el trabajo asociado un grupo de personas se asocia para formar una empresa que ellos mismos gestionan, de la cual son dueños y a la vez trabajadores. En ellas no hay conflictos de intereses de trabajo como en el caso de trabajadores dependientes, por que el empleador es el mismo trabajador, por consiguiente, no existe contrato de trabajo ni un salario, porque las dos partes del contrato de trabajo son en últimas la misma persona. Y si bien es cierto que existe la cooperativa como persona jurídica independiente de los asociados, esta es sólo el medio que utilizan los asociados para satisfacer sus necesidades de trabajo. En consecuencia, los criterios que regulan el trabajo asociado no pueden ser los mismos que los del trabajo dependiente.
– Para el interviniente no se puede partir de la premisa de que “el trabajo dependiente es mejor que el trabajo asociado y, por ende, este último debe regirse por las mismas normas legales que el primero. Es todo lo contrario, el trabajo dependiente se haría más justo y sus regulaciones serían más equitativas en la medida en que se asemejara al trabajo asociado (…) se causaría un grave perjuicio a los trabajadores asociados sujetándolos a las normas del Código Sustantivo del Trabajo, limitándolos a recibir un salario determinado, cuando ellos participan de los excedentes de su propia empresa y estos pueden ser variables (….) Declarar inconstitucional el trabajo asociado sería defender el trabajo propio de la economía de mercado o capitalista, que es al que se contrapone precisamente el cooperativismo como una alternativa para mejorar las condiciones de sus asociados frente a las que tendrían en una empresa con ánimo de lucro de la cual no son propietarios ni gestores, y en las que no se dan ni la democracia industrial ni la económica.”
– En cuanto a las empresas asociativas de trabajo asociado a que alude la ley 10 de 1991, considera que el legislador incurrió en una “impropiedad” al señalarlas como entidades de la economía solidaria, pues “en realidad no cumplen con las características propias de las entidades solidarias que el propio legislador señala en el artículo 5 de dicha ley, puesto que son entidades con ánimo de lucro, regidas por la ley comercial. Sus utilidades se reparten de acuerdo con la participación en el capital y en caso de disolución y liquidación el remanente patrimonial se puede repartir entre los socios en proporción a sus aportaciones.”
– Sobre la acusación contra el artículo 154 parcial, de la ley 79 de 1988, dice el interviniente que esta norma al contener una adición al artículo 46 de la ley 24 de 1981, fue derogada por la ley 454 de 1998 que reguló íntegramente la materia a que ella se refería. Luego no procede pronunciamiento alguno sobre ella por sustracción de materia.
– Respecto de la acusación contra los numerales 6 y 7 del artículo 36 de la ley 454/98, expresa que ciertamente existe un vacío en el señalamiento de la sanción de doscientos salarios mínimos, puesto que no se especifica si tales salarios son mensuales o diarios. Sin embargo, considera que una interpretación “lógico objetiva” de la norma lleva a concluir que se trata de salarios mínimos mensuales, como quedó consignado en el decreto 1401 de 1999 (art. 5-6-7) que contiene la estructura y funcionamiento de la Superintendencia de la Economía Solidaria. Sobre los demás argumentos del actor, dice que la Corte Constitucional no se puede pronunciar “so pena de legislar sobre la materia.”
– Después de referirse a la naturaleza y finalidad de las cooperativas de trabajo asociado, dice el Procurador que en esta clase de organizaciones no se verifican los elementos propios de la relación laboral, por que “en primer lugar, no se observa la existencia de las dos partes que la conforman, es decir, trabajador y patrono o empleador y en segundo lugar tampoco se verifica el elemento subordinación. El trabajador presta sus servicios de manera permanente a las órdenes de otra persona, la cual en atención exclusiva a su interés, define el objeto económico de la actividad, la dirige, aprovecha y corre con los riesgos de ella. Por ultimo, tampoco se presenta el elemento remuneración, en el sentido del pago que hace quien recibe el servicio”. La inexistencia de tal relación obrero patronal, es lo que explica que los ingresos de los trabajadores asociados no se denomine salario sino “anticipos laborales o compensaciones cooperativas”, los cuales al final de cada ejercicio contable reciben una parte complementaria, según la función cumplida, el rendimiento y la cantidad de trabajo realizado por cada socio. Por tanto, los artículos 59 y 135 de la ley 79 de 1988 deben ser declarados exequibles por no violar canon constitucional alguno.
– Sin embargo, aclara que en cada caso “deberá atenderse a la realidad de las relaciones laborales, de tal manera que si se verifica que lo que en apariencia es una relación derivada de la naturaleza de las cooperativas de trabajo asociado, es en verdad una relación laboral, es decir, contiene los elementos constitutivos de ésta, deberán aplicarse las normas generales del derecho laboral y no la regulación especial de estas cooperativas” (art. 53 C.P.)
– En cuanto a la acusación contra los artículos 154 de la ley 79/88 y 36, numerales 6 y 7 de la ley 454/98, señala que no vulneran la Constitución por que el legislador cuenta con una amplia libertad de configuración en la regulación de las sanciones administrativas. Por consiguiente, el argumento de que éstas no cumplen una real función disuasiva de ciertas conductas, “no es razón suficiente para declarar la inconstitucionalidad ni transfiere la competencia legislativa a la jurisdicción constitucional para establecer interpretaciones que hagan más fuertes dichas sanciones.”
Las cooperativas, en general, son empresas asociativas sin ánimo de lucro, en las cuales los trabajadores o los usuarios, según el caso, son simultáneamente los aportantes y los gestores de la empresa creada con el objeto de producir o distribuir conjunta y eficientemente bienes o servicios, para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general (art. 3 ley 79/88). Según la actividad que éstas desarrollen se clasifican en: especializadas, multiactivas e integrales. Las cooperativas especializadas son las que se organizan para atender una necesidad específica, correspondiente a una sola rama de actividad económica, social o cultural.
Las multiactivas son las que se organizan para atender varias necesidades, mediante concurrencia de servicios en una sola entidad jurídica. Y las integrales son aquellas que en desarrollo de su objeto social, realizan dos o más actividades conexas y complementarias entre sí, de producción, distribución, consumo y prestación de servicios. (arts. 61 a 64 ley 79/88).
Las cooperativas de trabajo asociado pertenecen a la categoría de las especializadas[1], y han sido definidas por el legislador así: “Las cooperativas de trabajado asociado son aquellas que vinculan el trabajo personal de sus asociados para la producción de bienes, ejecución de obras o la prestación de servicios” (art. 70 ley 79/88). El principal aporte de los asociados en esta clase de organizaciones es su trabajo, puesto que los aportes de capital son mínimos.
– La asociación es voluntaria y libre
– Se rigen por el principio de igualdad de los asociados
– No existe ánimo de lucro
– La organización es democrática
– El trabajo de los asociados es su base fundamental
– Desarrolla actividades económico sociales
– Hay solidaridad en la compensación o retribución
– Existe autonomía empresarial
En efecto: el artículo 1 determina que “Colombia es un Estado social de derecho, (…..) fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interésgeneral”; el artículo 38 garantiza “el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad”; el artículo 51 consagra el derecho a la vivienda digna y la obligación del Estado de promover “formas asociativas de ejecución de esos programas de vivienda”; el artículo 57 autoriza al legislador “para establecer los estímulos y los medios para que los trabajadores participen en la gestión de las empresas”; el artículo 58 (inc. 3) prescribe que “El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad”; el artículo 60 establece el derecho que tienen los trabajadores y “las organizaciones solidarias y de trabajadores”, para acceder a la propiedad accionaria; el articulo 64 alude al deber del Estado de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, “en forma individual o asociativa”; el artículo 103 ordena al Estado contribuir a “la organización, promoción y capacitación de las asociaciones (….) comunitarias (…)”; el artículo 189-24 contempla la inspección, vigilancia y control por parte del Presidente de la República “sobre las entidades cooperativas”; el artículo 333 le impone al Estado fortalecer “las organizaciones solidarias y estimular el desarrollo empresarial”.
De otra parte, es claro que si bien en desarrollo de la libertad de asociación las cooperativas están regidas “en principio por una amplia autonomía configurativa de los asociados, no están excluidas de una adecuada razonabilidad constitucional, en los distintos aspectos que las mismas involucran, como ocurre frente a la posible afectación de los derechos fundamentales de las personas vinculadas a dicha actividad de empresa, como consecuencia del alcance de sus estipulaciones.”[2]
En el artículo 59 acusado, también se señala que “las diferencias que surjan, se someterán al procedimiento arbitral previsto en el título XXXIII del Código de Procedimiento Civil o a la justicia laboral ordinaria”, disposición que, a juicio de la Corte no viola el estatuto superior, básicamente por tres razones: primero porque es la misma Constitución la que autoriza la justicia arbitral (art. 116 ); segundo, porque el arbitramento no es de carácter forzoso sino facultativo, es decir, que las partes pueden optar por acudir a él o no hacerlo; y tercero, por que no se impide a las partes acceder a la justicia laboral para definir los conflictos o controversias que surjan entre ellos en relación con su trabajo, que es su principal aporte.
El arbitramento ha sido definido por la Corte así: “.. es aquel por medio del cual una persona o varias a nombre del Estado, en ejercicio de una competencia atribuida por éste y consultando solo el interés superior del orden jurídico y la justicia, definen el derecho aplicable a un evento concreto, luego de haber comprobado los hechos y de inferir una consecuencia jurídica, cuyo rasgo esencial es el efecto del tránsito a cosa juzgada”.[3]
La decisión de someter las diferencias a árbitros debe surgir de la libre y autónoma voluntad de las partes en conflicto. En consecuencia, las disposiciones que consagren el arbitramento con carácter obligatorio violan la Constitución, como ya lo reiterado esta corporación. En efecto: “(…) disponer por vía legal y genérica, a manera de mandato obligatorio, que el instrumento que debe utilizarse para resolver las diferencias surgidas entre los asociados o con la sociedad, con motivo del contrato social, sea el del procedimiento arbitral, desconoce el mandato contenido en el artículo 116 de la Constitución Política, según el cual “son las partes” las únicas que pueden investir transitoriamente y en cada caso específico a los particulares, a fin de que sirvan de árbitros para que decidan en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley.”
En este mismo pronunciamiento, la Corte dejó en claro que “lo que no se ajusta al ordenamiento constitucional citado, es el carácter imperativo y genérico establecido en la norma acusada que restringe en forma absoluta el derecho fundamental de los asociados para acceder a la administración de justicia, en la forma garantizada por el artículo 229 de la Carta Política, sin tener en cuenta que, son las partes las facultadas en la Constitución (art. 126) para habilitar en cada caso concreto a los árbitros de la función de administrar justicia, en forma transitoria.
De ahí que no tenga asidero constitucional institucionalizar por vía legislativa el procedimiento arbitral para sustituir en todos los casos, en forma genérica e indefinida, a la jurisdicción ordinaria consagrada en la misma Constitución de 1991.”[4]
Al respecto ha dicho la Corte: “No sólo la actividad laboral subordinada está protegida por el derecho fundamental al trabajo. El trabajo no subordinado y libre, aquel ejercido de forma independiente por el individuo, está comprendido en el núcleo esencial del derecho al trabajo. La Constitución más que al trabajo como actividad abstracta protege al trabajador y su dignidad. De ahí el reconocimiento a toda persona del derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas, así como la manifestación de la especial protección del Estado “en todas susmodalidades” (CP art. 25).”[5]
Ahora bien: los principios mínimos fundamentales que rigen el trabajo contenidos en el artículo 53 de la Carta que, como se ha dicho, “configuran el suelo axiológico de los valores materiales expresados en la Constitución alrededor de la actividad productiva del hombre,[6] a los cuales debe sujetarse el Congreso en su actividad legislativa, al igual que el aplicador o intérprete de las disposiciones de ese orden y la sociedad en general (…) “no pretende una ciega unificación normativa en materia laboral que desconozca la facultad del legislador de establecer regímenes diferenciados mas no discriminatorios, atendiendo a las particularidades concretas de las relaciones de trabajo que se pretenden regular. Su finalidad es la de exigir al legislador la consagración uniforme en los distintos regímenes de los principios mínimos fundamentales que protegen a los trabajadores y la manera de garantizarlos, en aras de hacer efectivo el principio de igualdad ante la ley”[7].
El artículo 135 de la ley 79/88 materia de acusación, autoriza a las cooperativas para contratar con el “Instituto de Seguros Sociales” la prestación de los servicios a cargo de esa entidad. Tales contratos o convenios no están sujetos a las normas sobre contratación administrativa y el Gobierno Nacional deberá determinar las condiciones y contenidos de los mismos.
4.1 El artículo 154 de la ley 79 de 1988 adiciona a la ley 24 de 1981 un artículo nuevo, el 46, en el que se establecen las sanciones que puede imponer el “Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas” (hoy Departamento Administrativo de la Economía Solidaria), a quienes cometan alguna de las faltas contempladas en los artículos 44 y 45 de la misma ley. Una de tales sanciones es el “cobro de multas hasta del uno por ciento del capital social de la persona jurídica o hasta de cien (100) veces el salario mínimo legal mensual, respectivamente, según se trate de sanciones a entidades o a personas naturales”, contenida en el numeral 2.(lo resaltado es de la Corte)
Como se puede observar en este texto, que corresponde a la publicación oficial de la ley 79/88 (D.O. No. 38648 del 10 de enero de 1989), la cuantía de la multa está claramente determinada pues, expresamente se señala que los salarios mínimos son “mensuales”. Por tanto, no le asiste razón al actor por cuanto su acusación parte de una errada lectura de la disposición que acusa.
4.2 En el artículo 36 de la ley 454/98, que es también impugnado por la misma razón, se consagran las funciones de la Superintendencia de la Economía Solidaria y en los numerales 6 y 7, se señala la sanción administrativa que puede imponer el Superintendente a los directores, gerentes, revisores, fiscales u otros funcionarios o empleados de la una entidad sujeta a su vigilancia, al igual que a las instituciones, que incurran en las conductas allí enunciadas, cual es:”multa de hasta doscientos (200) salarios mínimos”, a favor del Tesoro Nacional.
“La prohibición de la conducta delictiva involucra un conjunto de patrones que establecen una precisión tipológica en la que se describen de manera detallada los elementos conformantes del tipo, de manera que, sujeto activo, conducta, intención, sujeto pasivo y circunstancias llevan en el procedimiento penal a una exhaustiva delimitación legal de las conductas; mientras que en la definición de las faltas disciplinarias, entran en juego, elementos propios de la función pública que interesan por sobre todo a contenidos político-institucionales, que sitúan al superior jerárquico en condiciones de evaluar con mayor flexibilidad, y de acuerdo con criterios que permiten un más amplio margen de apreciación, tal como lo ha entendido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, órgano competente para interpretar y aplicar el Convenio Europeo de Derechos Humanos.”[8]
“Las faltas disciplinarias, en cambio, no son diseñadas con el mismo pormenor, (que las acciones delictuosas), y de ordinario se las señala en diversos ordenamientos por vía genérica, que dan margen de apreciación a quien haya de calificarlas, pudiendo éste, para bien de la función pública, decidir en algunas circunstancias si un hecho ofrece aspectos suficientemente reprensibles para justificar o no un correctivo disciplinario.”
En el caso bajo examen la ley señaló la sanción: multa, fijó su cuantía: “hasta de doscientos salarios mínimos”, pero infortunadamente en los numerales acusados, no determinó si éstos salarios son mínimos o mensuales. Omisión que fue subsanada posteriormente en el decreto 1401 de 1999 “Por el cual se desarrolla la estructura y funciones de la Superintendencia de la economía solidaria y se dictan otras disposiciones”, al repetir en el artículo 5, numerales 6 y 7, los mismos preceptos aquí demandados, y señalar que tales salarios mínimos son “mensuales”. En consecuencia, ha de entenderse que aquellos a que alude el precepto demandado son “mensuales.”
Tercero: Declarar exequibles las expresiones ” …el salario mínimo legal mensual…” del numeral 2 del artículo 46 de la ley 24 de 1981, tal como quedó modificado por el artículo 154 de la ley 79/88 y “…salarios mínimos” de los numerales 6 y 7 del artículo 36 de la ley 454/98, pero únicamente por el cargo aquí analizado.
Etiquetas: asociado, cooperativas, exclusion, laboral, socios, trabajadores, trabajo