Source: https://incidenciainternacional.promsex.org/recursos-judiciales/page/2/
Timestamp: 2020-02-17 09:56:57
Document Index: 109686934

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 113', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 42', 'artículo 113']

SERGIO ESTRADA VÉLEZ y otras(os)vs. ART. 64, 66 y 68 (PARCIALES) DE LA LEY 1098 DE 2006 y ART. 1° (PARCIAL) DE LA LEY 54 DE 1990
DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN EN LA ADOPCIÓN
ALBA LUCÍA REYES ARENAS, en representación propia y representando a SERGIO DAVID URREGO REYES vs. GIMNASIO CASTILLO CAMPESTRE y otros
DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN EN INSTITUTOS EDUCATIVOS
GINA HOYOS vs. DIRECCIÓN DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL DE RESERVAS DEL EJÉRCITO NACIONAL
DIEGO ANDRÉS PRADA VARGAS vs. ART. 64, 66 y 68 (PARCIALES) DE LA LEY 1098 DE 2006 y ART. 1° (PARCIAL) DE LA LEY 54 DE 1990
SARA VALENTINA LÓPEZ JIMÉNEZ vs. REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
LAKMÉ, TURANDET y FEDORA vs. DEFENSORÍA SEGUNDA DE FAMILIA DE RIONEGRO (ANTIOQUÍA)
IVÁN ANDRÉS PÁEZ RAMÍREZ vs. SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS LGBT DE LA SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ y DIRECCIÓN NACIONAL DE RECLUTAMIENTO-EJÉRCITO NACIONAL
ANA SOFÍA ARANGO BERRÍO vs. COMFENALCO ANTIOQUÍA EPS, CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR-COMPENSAR y MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO Y A LA SALUD
LUZ VÁSQUES como agente oficiosa de KIM vs. INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM JOSÉ FÉLIX RESTREPO
ALEJANDRA en representación de su menor hijo JOSÉ vs. El COLEGIO
LORETA vs. ALIANSALUD E.P.S.
XXX vs. INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
CARLOS ANDRÉS ECHEVERRY RESTREPO y otros vs. ALGUNAS EXPRESIONES DEL ART. 113 DEL CÓDIGO CIVIL
VALERIA HERNÁNDEZ FRANCO vs. OLGA MARÍA CHACÓN, CARLOS DÁVILA y SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO EN ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS
ERICK YOSIMAR LASTRA ORTIZ vs. ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE YOPAL (CASANARE)
DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO EN ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
CARLOS PUENTES vs. ALCALDÍA DE NEIVA
Nº Exp: D-10371
Jueces y Juezas: Alberto Rojas Ríos, Gloria Ortiz Delgado, Jorge Palacio Palacio, Jorge Pretelt Chaljub (ausente), Luis Vargas Silva, María Calle Correa, Myriam Ávila Roldán
Ciudadanos y ciudadanas que hacen parte de la Clínica Jurídica en Teoría General del Derecho de la Universidad de Medellín y demandaron la inconstitucionalidad de los artículos 64, 66 y 68 (parciales) de la Ley 1098 de 2006; así como del artículo 1º (parcial) de la Ley 54 de 1990. Pues consideran que las expresiones de los artículos demandadas vulnera el derecho a la igualdad y no discriminación ya que limitan el derecho a la adopciòn de las parejas homosexuales.
La Corte resuelve declarar exequibles las expresiones impugnadas, ya que, en virtud del interés superior del niño, dentro del ámbito de aplicación de estas normas también están comprendidas las familias homosexuales que conforman una familia.
La Corte plantea un argumento válido e interesante, enfocando la situación no desde la vulneración de los derechos de las parejas homosexuales, sino que desde la vulneración de los derechos fundamentales de los niños y niñas en situación de abandono. Así expone que resulta inconstitucional excluir a las parejas del mismo sexo como posibles adoptantes cuando cumplen con las condiciones necesarias para brindar un entorno idóneo para el desarrollo de un niño o niña, pues se estaría obstaculizando el derecho de estos a tener una familia.
De esta manera, estiman que si bien no pueden declarar inconstitucionales las expresiones demandadas porque consideran que se eliminaría a todas las parejas (ya sean heterosexuales u homosexuales) de la posibilidad de adoptar, lo que si pueden hacer, en virtud del interés superior del menor, es declarar la exequibilidad condicionada de las normas evaluadas, de modo que también se entiendan como comprendidas a las parejas del mismo sexo que conforman una familia.
Nº Exp: T-4.734.501
Jueces y Juezas: Gloria Ortiz Delgado, Jorge Palacio Palacio, Jorge Pretelt Chaljub
Alba Reyes, madre de Sergio Urrego Reyes, presenta acción de tutela contra el colegio Gimnasio Castillo Campestre por considerar que las directivas de la institución han promovido conductas sistemáticas de discriminación en contra de su hijo debido a su orientación sexual, las cuales generaron que su hijo se suicidara. Igualmente dirige la demanda contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Fiscalía Géneral de la Nacióna y la Comisaría Décima de Familia de Engativá por su conducta omisiva ante las denuncias presentadas por la forma de actuar de la institución educativa.
La Corte Constitucional concede la tutela de los derechos fundamentales de vulnerados y ordena al colegio a que realice un acto público de desagravio, reconociendo el respeto que se le debió brindar a su proyecto de vida.
A su vez, ordenó al Ministerio de Educación que revise todos los Manuales de Convivencia de colegios del país para determinar que sean respetuosos de la orientación sexual e identidad de género de los y las estudiantes, así como establecer rutas y protocolos de atención integral de acosos escolares, entre otros.
La Sala considera que la actuación del colegio al enterarse de la homosexualidad de Sergio y su relación con un compañero del colegio, ha sido desmedida y desproporcionada. De manera que muchas de las decisiones que se tomaron vulneraron los derechos fundamentales de Sergio a la dignidad, igualdad y debido proceso. Así, estima que el proceso disciplinario al que fue sometido solo fue un medio de reprimir y sancionar su orientación sexual.
En este orden de ideas, la Sala establece que la protección del derecho a la igualdad en el ámbito escolar “debe ser aún más estricta pues los menores de edad tienen el derecho de ser formados en espacios democráticos y plurales. Así, la prohibición de discriminación por razón de género o de orientación sexual es absoluta y ningún tercero, ya sean otros estudiantes o las autoridades del colegio, pueden perseguir o amedrentar a los estudiantes que deciden asumir voluntariamente una opción sexual diversa”.
Nº Exp: T-4.521.096
La demandante, Gina Hoyos, una mujer trans, interpone una acción de tutela con la finalidad de que se le expida su libreta militar sin tener que pagar la multa que, de acuerdo a la Dirección de Reclutamiento, le correspondía pagar por no presentarse a tiempo y recién solicitar la libreta 10 años después. Ella argumenta que necesita dicho documento para poder conseguir trabajo y no cuenta con los medios económicos para pagar la multa.
La Corte resuelve tutelar sus derechos al libre desarrollo de la personalidad, dignidad humana e igualdad. Sin embargo ordena a la Dirección de Reclutamiento que cese cualquier trámite tendiente a la emisión de la libreta militar de la demandante, ya que ella como mujer no es destinataria de las normas sobre reclutamiento y servicio militar obligatorio.
La Corte considera que “es violatorio del derecho a la igualdad tratar de manera diferenciada a una mujer transgénero -con respecto al trato que reciben las mujeres cisgénero- para exigirle cumplir con las obligaciones legales -dirigidas a un varón- en materia de regularización de la situación militar”. De manera que el Ejército, al considerar que la demandante debía tramitar su libreta militar y compararla con otros varones, estaba haciendo una diferenciación entre mujeres cisgénero y trans, lo que resulta abiertamente discriminatorio.
De esta manera la Corte establece que a las mujeres trans no puede exigírseles la libreta militar.
Nº Exp: T-4541143
Jueces y Juezas: Gloria Ortiz Delgado (Salvamento parcial), Jorge Palacio Palacio (Salvamento parcial), Jorge Pretelt Chaljub (Salvamento parcial), José Herrera Vergara, Luis Guerrero Pérez, María Calle Correa (Salvamento parcial), Martha Sáchica Méndez (Salvamento parcial)
El demandante, Diego Prada, solicita se declare la inconstitucionalidad de algunas expresiones contenidas los artículos 64,66 y 68 del Código de la infancia y la adolescencia ,Ley 1098, y el artículo 1 de la Ley 54 por la cual se definen las uniones maritales de hecho y régimen patrimonial entre compañeros permanentes, pues impiden que las parejas del mismo sexo puedan adoptar. Considera que este impedimento vulnera los derechos a vivir dignamente y su mínimo vital, a la igualdad y no ser discriminado, el derecho a formar una familia, así como los principios de pluralismo cultural e interés superior del niño.
La Corte resuelve declarar solo exequibles las expresiones impugnadas que limitaban la adopción complementaria o por consentimiento de las parejas del mismo sexo cuando la solicitud de adopción recaiga en el hijo biológico de su compañero o compañera permanente.
La Corte indica que de el Código de Infancia y la Adolescencia establece 3 modalidades de adopción, que son la adopción individual o monoparental, la adopción conjunta (cónyuges o compañeros permanentes), y la adopción complementaria o por consentimiento (adopcion del hijo o hija del cónyuge o compañero permanente). En este sentido, la Corte entiende que el Código de Infancia y la Adolescencia es neutro respecto del sexo y la orientación sexual de los posibles adoptantes.
Sumado a esto, cita la Sentencia C-577 del 2011, en el sentido que ella reconoce la protección constitucional de las familias homosexuales.
Por estas razones concluye que las parejas del mismo sexo ya casadas o en una unión de hecho tienen la posibilidad de adoptar a los hijos e hijas de su compañero o compañera permanente.
Sin embargo, de una forma un tanto contradictoria, considera que la adopción conjunta está concebida para suplir las relaciones de paternidad y maternidad, por lo que no cree que resulte discriminatorio que solo las parejas heterosexuales puedan acceder a este tipo de adopción, dejando fuera a las parejas homosexuales.
Jueces y Juezas: María Calle Correa, Mauricio González Cuervo
La demandante, Sara López,mujer trans, acudió a la Notaría Doce del Círculo Notarial de Medellín para realizar el cambio de nombre y sexo en el registro civil, sin embargo, una vez ahí, le indicaron que procedía el cambio de nombre mas no el cambio de sexo, puesto que la resolución judicial que había obtenido no había emitido pronunciamiento alguno en ese sentido.
Ante la negativa de la Notaría, la demandante interpone acción de tutela para lograr la adecuación de su cédula de identidad a su identidad de género, cambio de indicador sexo y prenombres, en instancia notarial.
La Corte resuelve otorgar la tutela solicitada, ordenando a la notaría que realice los cambios solicitados en un plazo de 48 horas y garantice la reserva del primer registro, de manera que solo pueda ser consultado por la demandante, por orden judicial o a pedido de las autoridades públicas que lo requieran para el ejercicio de sus funciones.
La Corte destaca en esta sentencia que el obligar a las personas trans a solicitar el cambio de sexo en el registro civil mediante un proceso jurisdiccional significa exponerlas a un escrutinio público en el que terceras personas las evalúen con el fin de validar su identidad de género, violando de esta forma su intimidad y su derecho a la igualdad. Por lo que concluye que la vía notarial resulta una vía idónea y menos lesiva.
Nº Exp: T-2597191
Jueces y Juezas: Gloria Ortiz Delgado, Jorge Palacio Palacio, Luis Guerrero Pérez, Luis Vargas Silva, María Calle Correa (Salvamento parcial), Mauricio González Cuervo
Las demandantes, Lakmé, Turandet y Fedora, solicitan ante la Defensoría Segunda de Familia de Rionegro que se reconozca judicialmente a Fedora como madre de la niña Lakmé, a quien viene criando junto con su pareja (madre biológica de Lakmé) desde que nació. La solicitud fue denegada, argumentando que la Constitución solo reconoce a la familia conformada por un hombre y una mujer.
Las demandantes consideran que desconocer este vínculo filial vulnera diversos derechos fundamentales como el derecho a la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad, el interés superior del niño, entre otros, por lo cual solicitan se tutelen sus derechos.
La Corte Suprema concede la tutela de derechos y ordena se continúe con el trámite correspondiente de adopción.
Este caso resulta imporante en el reconocimiento del derecho a adoptar de las parejas homosexuales, pues la Corte establece que, si bien de las normas legales puede entenderse que el Estado protege especialmente a la familia heterosexual, lo cierto es que la Constitución Política de Colombia “admite, reconoce y protege la diversidad de estructuras familiares”. De manera que el hecho de negar la adopción por tratarse de una pareja homosexual resulta discriminatorio
Fecha: 9/07/2014
Nº Exp: T-4.258.528
Jueces y Juezas: Alberto Rojas Ríos, Luis Vargas Silva, María Calle Correa
La demandante, Grace Kelly Bermudez, mujer trans,en el 2013 participó en un proceso de contratación iniciado por la Subdirección de Asuntos LGBT de la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Sin embargo le comunicaron que no podía seguir en el proceso porque no había presentado su libreta militar, documento que es obligatorio para los hombres de Colombia. Es por esta situación que considera que se han vulnerado sus derechos fundamentales al trabajo, al libre desarrollo de la personalidad, al mínimo vital y a la vida en condiciones digna.
La Corte Constitucional resuelve tutelar los derechos de la demandante, ordenando a la Subdirección de Asuntos LGBT proceda con contratar a la demandante en un plazo de 48 horas y que se abstenga de exigir la libreta militar en futuras contrataciones de personas trans.
La Corte reconoce que aunque la demandante figure como una persona de sexo masculino en su cédula de identidad, ella ha construido su identidad en la vida pública y social como una mujer trans, por lo que exigirle que presente un documento propio del género masculino significa una vuleración a su derecho a autodeterminarse, y, en este caso en concreto, a su derecho al trabajo.
De esta forma el tener una libreta militar no es un requisito exigible a las personas trans por ser contrario a la protección de sus derecho a la identidad de género.
Nº Exp: T-3896952
Jueces y Juezas: María Calle Correa, Mauricio González Cuervo, Luis Guerrero Pérez
La demandante, Ana Arango, mujer trans, solicitó a la EPS se le garantice atenciones en salud parte de su procedimiento de reafirmación sexual. Solicitud que fue negada, pues la EPS consideraba que era una cirugía únicamente estética y que no existía un riesgo inminente para su vida o su salud. Es por esto que interpone acción de tutela a fin de que sus derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la salud y el derecho a la vida digna sean garantizados; así como lograr que el Plan Obligatorio de Salud incopore los servicios médicos necesarios para que las personas trans puedan alcanzar el ideal femenino o masculino que desean.
La Corte decide tutelar los derechos a la salud, a la vida digna, a la identidad de género y al libre desarrollo de la personalidad de Ana Arango, ordenando a la EPS Compensar que autorice el procedimiento de mamoplastía.
La Corte considera que las atenciones médicas y quirúrgicas en situaciones como estás tienen un carácter funcional, pues son un medio para reafirmar la feminidad de la demandante y garantizar su bienestar emocional, físico y sexual; de manera que no puede ser considerada como un tratamiento cosmético.
En este orden de ideas, la Corte reconoció que existe una relación entre el derecho a la salud y la identidad de género de las personas trans, pues la posibilidad de acceder a un servicio de salud apropiado resulta indispensable para la afirmación de su identidad. De tal forma que negarles esa posibilidad expone a las personas trans a que se arriesguen a buscar alternativas en clínicas informales que ponen en riesgo la salud y la vida de estas personas.
Por está razón, se estima que la EPS Compensar a vulnerado los derechos fundamentales a la salud, la vida digna, a la identidad sexual y al libre desarrollo de la personalidad de Ana Arango.
Nº Exp: T-3.867.025
Instancia: SALA SEGUNDA DE REVISIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Jueces y Juezas: Luis Guerrero Pérez, Mauricio González Cuervo
Kim, una adolescente trans, alumna de la Institución Educativa INEM José Félix Restrepo presenta una acción de tutela a fin de que se cautelen sus derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la educación que fueron vulnerados por la Institución al exigirle vestir el uniforme masculino, cortarse el cabello y dejar de usar maquillaje cuando ella se identifica con el género femenino.
La Corte decide conceder la tutela de derechos y ordenó permitan se matricule nuevamente en la Institución.
La Corte Constitucional sostiene que ni el Estado, ni los particulare, están autorizados para imponer patrones estéticos excluyentes mucho menos en los establecimientos educativos, hacerlo supondría la violación del derecho al pluralismo.
La Corte concluye su fundamentación estableciendo que “se deben tutelar los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la educación de un menor de edad que se autodetermine como persona trans cuando, una vez el estudiante comunica de su condición, el Colegio no inicia un proceso de adaptación con el menor y con la comunidad educativa tendiente a mantenerlo en el sistema educativo, con el fin de que no se limite el goce del derecho al libre desarrollo de la personalidad sin una justificación constitucionalmente razonable.”
Nº Exp: T-3.875.842
Instancia: SALA NOVENA DE REVISIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Jueces y Juezas: Luis Vargas Silva, María Calle Correa, Mauricio González Cuervo
Jose fue sancionada por el rector del Colegio en el que estudiaba debido a que como adolescente trans femenino se negaba a llevar el cabello corto y dejar de usar maquillaje, por lo que su madre, Alejandra, interpone una acción de tutela de los derechos a la dignidad humana, la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad y la educación de su hija.
La Corte resuelve tutelar los derechos fundamentales de Jose, ordenando dejar sin efecto las sanciones disciplinarias que se hubiesen impuesto por las supuestas infracciones al manual de convivencia escolar.
Así mismo, indica que al exigir el cumplimiento del reglamento interno del Colegio, se debe verificar que esta exigencia no sea incompatible con el derecho a manifestar la identidad de género de la persona estudiante, por lo que ordena se adapte el manual de convivencia a las normas constitucionales asociadas al respeto de la orientación sexual e identidad de género.
La Corte sostiene que, en el caso, el llevar el cabello largo y usar maquillaje no se debe a una moda o decisión superflua, sino que es un comportamiento correspondiente a la necesidad de José de que su apariencia refleje el género con el que se identifica. De manera que con la sanción impuesta a José se vulneraron sus derechos fundamentales. Así también determina que la exteriorización de la identidad de género u orientación sexual diversa no puede constituir una falta disciplinaria, ni menos aún un fundamento válido para la imposición de saciones en el ámbito educativo.
Nº Exp: T-3545998
Jueces y Juezas: Jorge Palacio Palacio, Nilson Pinilla Pinilla
La demandante, Loreta, interpone una acción de tutela contra Aliansalud E.P.S. ante la negativa de esta institución de realizar la cirugía de reasignación de sexo ordenada por su médico y los tratamientos médicos que este había recomendado como parte del proceso de transición. Loreta consideró que esta negativa violaba sus derechos fundamentales a la dignidad, a la identidad sexual, al libre desarrollo de la personalidad, a la vida, a la integridad física y a la seguridad social.
La Corte resuelve conceder la tutela de los derechos de la demandante. A su vez ordena que en un plazo de 48 horas se programe fecha para la cirugía de reasignación de sexo y convoque a una junta médica para valorar los demás procedimientos. En cuanto a la Registraduría Nacional del Estado Civil, le ordena que una vez realizada la cirugía de reasignación, proceda a emitir un nuevo registro civil, advirtiendo que el cambio de sexo en su registro no alterará la titularidad de derechos y obligaciones jurídicas que le correspondan.
La Corte entiende que la identidad de género de una persona está relacionada directamente con lo que ella considera en su fuero interno y a lo que desea exteriorizar ante sus semejantes. Siendo así de vital importancia que el Estado salvaguarde sus derechos fundamentales, de manera que no puede interponer ningún tipo de barrera que impida que la persona decida cómo desarrollar su vida, su modo de ser y su identidad de género.
Respecto al derecho a la salud, la Corte expone que este derecho no se circunscribe únicamente al hecho de no estar enfermo, sino que “comprende todos los elementos psíquicos, mentales y sociales que influyen en la calidad de vida de una persona”. Así mismo, indicó que las entidades de salud se enuentran en la obligación de realizar la reasignación de sexo, en tanto está contemplado por el Plan Obligatorio de Salud desde enero de ese año.
Esta es la primera sentencia de Colombia que reconoce tanto el derecho de las personas trans a recibir atención en salud relacionados con su tránsito de género así como a que el derecho a que la información en su registro civil refleje dicho cambio.
Nº Exp: T-3’242.483
Jueces y Juezas: Humberto Sierra Porto (Ausente en comisión), Jorge Pretelt Chaljub, Luis Vargas Silva
El demandante es un ciudadano estadounidense que llevó a cabo un procedimiento administrativo con el objeto de adoptar a dos niños colombianos, AAA y BBB. Este proceso fue exitoso llegando incluso a obtener una sentencia que lo declaraba como padre de los niños.
Sin embargo, el día que iba a salir del país con los niños rumbo a EEUU, entabló una conversación informal con la subdirectora de adopciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en la que le da a conocer que es una persona homosexual y que tiene pareja. Es así que la ICBF procede a iniciar una medida de restablecimiento de derchos con el objetivo de impedir la salida de los niños del país y formula una denuncia contra el demandante alegando que ha omitido información (su orientación sexual) durante el proceso de adopción que supondría una afectación al derecho a la salud mental de los niños y a su desarrollo armónico.
Por esta razón inicia una demanda de tutela de sus derechos al debido proceso y a la unidad familiar.
La Corte Constitucional resuelve tutelar los derechos del demandante y los niños dejando sin efecto la actuación del ICBF.
La Corte Constitucional consideró que la medida de restablecimiento de derechos adoptada por el ICBF no se encontraba justificada y fue desproporcionada pues los niños se encontraban en buen estado físico y que su afectación a la salud mental provenía de la separación de su padre adoptivo y la interrupción de su proyecto de formar una familia con él. El ICBF no probó que la falta de información sobre la orientación sexual suponga riesgo para los niños.
De esta manera, la Corte deja en claro que los funcionarios de la ICBF no pueden denegar o revocar la adopción de un niño o niña solo porque el o la adoptante sea de orientación sexual no normativa. Debe existir razones comprobadas y nexo causal del daño o afectación con la orientación sexual de quien solicita adoptar.
Nº Exp: D-8367
Jueces y Juezas: Gabriel Mendoza Martelo, Humberto Sierra Porto, Jorge Palacio Palacio, Jorge Pretelt Chaljub, Juan Henao Pérez, Luis Vargas Silva, María Calle Correa (Salvamento parcial), Mauricio Gonzalez Cuervo, Nilson Pinilla Pinilla
Un grupo de ciudadanos demandan la inconstitucionalidad del artículo 113 del Código Civil, el inciso 1° del artículo 2° de la Ley 294 de 1996 y en el inciso 1° del artículo 2° de la Ley 1361 de 2009, los cuales establecían que el matrimonio como figura jurídica se constituía por la unión de un hombre y una mujer. Estos ciudadanos consideraban que estas expresiones vulneraban los derechos constitucionales a la igualdada, a la dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad, entre otros. Así mismo consideraban que era contrario al artículo 42° de la Constitución ya que este artículo solo dice que la “familia se constituye por la decisión libre de un hombre y una mujer”, mas no especifica que sea necesariamente con una persona del sexo opuesto.
La Corte resolvió declarar exequible la expresión “un hombre y una mujer”, contenida en el artículo 113 del Código Civil. Respecto a los otros dos artículos, se inhibió de pronunciarse debido a que estas normas legales reproducen preceptos constitucionales. Por último, exhorto al Congreso de la República para que antes del 20 de junio del 2013 legisle sobre los derechos de las parejas del mismo sexo; y agregó que si pasado este tiempo no se expedía la legislación correspondiente, entonces las parejas del mismo sexo podrían acudir ante un juez o notario para formalizar su unión.
La Corte hace un análisis de lo que es una familia, entendiéndola como una institución que está en constante evolución, por lo que, en un sentido amplio, debe ser entendida como “aquella comunidad de personas emparentadas entre sí por vínculos naturales o jurídicos, que funda su existencia en el amor, el respeto y la solidaridad, y que se caracteriza por la unidad de vida o de destino que liga íntimamente a sus integrantes más próximos”, de manera que no puede excluirse a las parejas homosexuales del concepto de familia.
Esta es la primera vez que la Corte Constitucional de Colombia sostiene que reconocer la protección jurídica de las parejas homosexuales solo a a través de la unión marital de hecho supone un déficit de protección constitucional, por lo que la institución del matrimonio debiera extenderse también para estas.
Bajo este entendimiento la Corte concluye exhortando al Congreso de la República a que se ocupe del análisis de la situación de las parejas del mismo sexo y expida una ley que regule el matrimonio de estas parejas.
Nº Exp: T-2643229
Jueces y Juezas: Jorge Palacio Palacio, Jorge Pretelt Chajub, Nilson Pinilla Pinilla
La demandante, Valeria Hernández, mujer trans, interpone una acción de tutela debido a que el personal del Hotel Tequendama le negó el ingreso a dos de sus eventos en razón de su identidad de género.
La Corte Constitucional de Colombia, al constatar con testimonios y medios de prueba de que la negativa de ingreso no obedeció a razones discriminatorias, decidió negar la tutela demandada.
Si bien a juicio de la Corte Constitucional en el caso no se vulneró el derecho a la igualdad y no discriminación resulta importante el que la Corte reconozca a la población trans como quienes presentan mayores obstáculos para el goce efectivo de sus derechos. A su vez, resulta paradigmático que esta instancia haya exhortado a las instituciones públicas colombianas a articular una política pública integral nacional, constante y unificada con los entes territoriales para el sector LGTBI.
Nº Exp: T-270030
Jueces y Juezas: Luis Vargas Silva, María Calle Correa, Mauricio González Cuervo (Salvamento parcial)
El demandante, Erick Yosimar Ortiz, es una persona trans femenina privada de su libertad en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Yopal. Señala que ha sufrido tratos discriminatorios y violentos por parte de la guardia penitenciaria debido a que se le ha decomisado sus aretes, maquillaje y moños para el cabello, y además han amezado con cortarle el cabello.
Es por esto que presenta una acción de tutela a fin de lograr un cese en la violación de sus derechos a la dignidad humana, la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad y al ejercicio de la identidad sexual.
La Corte resuelve conceder la tutela de derechos de la demandante. Así mismo, ordenó una campaña de sensibilización y capacitación sobre la protección de derechos constitucionales de reclusos y reclusas de identidad u orientación sexual diversa, y previno al establecimiento penitenciario de volver a manifestar el mismo comportamiento vulneratorio de derechos. Por último, ordenó al Director General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario acelerar las acciones orientadas a reformar las normas reglamentarias de los establecimientos penitenciarios, con el fin que resulten compatibles con la protección de los derechos constitucionales de las personas internas de identidad u opción sexual diversa.
La Corte considera que si bien es constitucionalmente válido imponer ciertas restricciones y limitaciones a algunos derechos de las personas privadas de su libertad, estas restricciones y limitaciones no pueden desconocer la prohibición constitucional de discriminación por identidad de género u orientación sexual, y tampoco pueden desconocer el derecho fundamental de dignidad humana que faculta a las personas a hacer uso de maquillaje, el pelo largo y determinadas prendas de vestir, elementos que permiten afirmar su identidad.. Por lo que la Corte considera que el decomisar los accesorios y amenazar con cortar el cabello del demandante vulnera sus derechos a la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad y la igualdad.
De esta sentencia resulta especialmente resaltante que la Corte establezca que “todo comportamiento, de los particulares o del Estado, que (i) censure o restrinja una opción sexual, generalmente en aras de privilegiar la tendencia mayoritaria heterosexual; o (ii) imponga sanciones o, de manera amplia, consecuencias fácticas o jurídicas negativas para el individuo, fundadas exclusivamente en su opción sexual, es una acción contraria a los postulados constitucionales”.
Instancia: SALA SEXTA DE REVISIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Jueces y Juezas: Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón DiazVladimiro Naranjo Mesa
La comunidad “gay” de Neiva solicita un permiso a la Alcaldía de esa localidad para realizar un desfile con las candidatas al “Reinado Nacional Gay”, la misma que les es negada aduciendo que un desfile homosexual resulta inconveniente para la protección de los derechos de los niños. Agregan además que las preferencias sexuales son parte de la intimidad de una persona por lo que resultaría más conveniente que el evento se lleve a cabo en recinto cerrado.
En vista de ello, Carlos Puentes, a nombre de la comunidad “gay”, interpone acción de tutela con la finalidad de que se garanticen sus derechos a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad.
La Corte Constitucional declara improcedente la demanda por considerar que acción de tutela no era la vía idónea y porque, al haber pasado la fecha del desfile, se trataba ya de un hecho superado. Sin embargo hace exhorta al Alcalde Municipal de Neiva a tener t en cuenta las reflexiones sobre discriminación en razón a la orientación sexual hechas en lo concerniente a desfiles públicos.
La Corte entiende que la diversidad sexual está protegida por la Constitución y que el Estado debe permanecer neutral ante las manifestaciones de diversidad sexual, solo pudiendo intervenir cuando estas manifestaciones lleguen a lesionar derechos de otras personas, alteren el orden público y social o se conviertan en piedra de escándalo, especialmente para los niños y adolescente.
Sin embargo, agrega que esta intervención no puede ser arbitraria, por lo que las exigencias de las autoridades no pueden presuponer a priori la alteración del orden social en razón de que las personas solicitantes son personas homosexuales. En ese sentido, esta intervención no debe afectar la autonomía personal y el libre desarrollo de la personalidad; de hacerlo supondría una violación al derecho a la igualdad y no discriminación.De manera que, la alcaldía debio proceder autorizando el desfile, salvaguardando la potestad de censurar comportamientos abusivos, exagerados y acosadores de los ciudadanos, para así lograr garantizar un ejercicio armónico de derechos que aseguren un equilibrio social.