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Timestamp: 2019-05-20 12:53:14
Document Index: 290325617

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 232', 'ARTÍCULO 150', 'artículo 75', 'artículo 10', 'artículo 232', 'artículo 75', 'artículo 150', 'artículo 242', 'artículo 242', 'artículo 242', 'artículo 241', 'artículo 232', 'artículo 10', 'artículo 39', 'artículo 3', 'artículo 232', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 10', 'artículo 232', 'artículo 232', 'artículo 243', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 232', 'artículo 10', 'artículo 150', 'artículo 150', 'artículo 150', 'artículo 75', 'artículo 150', 'artículo 232', 'artículo 75', 'artículo 10', 'artículo 232', 'artículo 150', 'Artículo 150', 'Artículo 242', 'Artículo 232', 'artículo 10', 'Artículo 31', 'artículo 10', 'Artículo 1', 'artículo 10', 'artículo 150', 'Artículo 75', 'artículo 75', 'Artículo 10']

﻿ Sentencia C-261 de mayo 18 de 2016
SENTENCIA C-261 DE 18 DE MAYO DE 2016
CONTENIDO:PUBLICIDAD OFICIAL. SE DECLARA INEXEQUIBLE EL ARTÍCULO 232 DEL DECRETO 019 DE 2012, POR EL CUAL SE DICTAN NORMAS PARA SUPRIMIR O REFORMAR REGULACIONES, PROCEDIMIENTOS Y TRÁMITES INNECESARIOS EXISTENTES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. ESTA NORMA ESTABLECÍA QUE ‘EN NINGÚN CASO LAS ENTIDADES OBJETO DE ESTA REGLAMENTACIÓN PODRÁN PATROCINAR, CONTRATAR O REALIZAR DIRECTAMENTE PUBLICIDAD OFICIAL QUE NO ESTÉ RELACIONADA CON LAS FUNCIONES QUE LEGALMENTE DEBE CUMPLIR, NI CONTRATAR O PATROCINAR LA IMPRESIÓN DE EDICIONES DE LUJO’. PARA LA CORTE EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA AL EXPEDIR LA NORMA DESBORDÓ LA COMPETENCIA OTORGADA POR EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA EN LA LEY 1474 DE 2011, DESCONOCIENDO A SU VEZ EL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 150.10 PARA EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES EXTRAORDINARIAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIO DE PUBLICIDAD, PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, FACULTADES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, PUBLICIDAD, CLASES DE PUBLICIDAD, CONTRATO DE PUBLICIDAD, LEY ANTITRÁMITE, APLICACIÓN DE LA LEY ANTITRÁMITE
Sentencia C-261 de mayo 18 de 2016
Ref.: expediente D-11.076
En ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el parágrafo 1º del artículo 75 de la Ley 1474 de 2011 (...)
“ART. 232.—Publicidad oficial. Modifíquese el inciso 4º del artículo 10 de la Ley 1474, el cual quedará así:
1.1. El ciudadano Daniel Silva Orrego presentó demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 232 del Decreto 019 de 2012, el cual fue expedido por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el parágrafo 1º del artículo 75 de la Ley 1474 de 2011 de conformidad con lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución(17).
2.1.1. Previamente a examinar los cargos planteados por el accionante, la Sala considera pertinente determinar si en la presente oportunidad es aplicable el término de caducidad establecido en el artículo 242.3 de la Carta Política(18), toda vez que: (i) el Decreto 019 de 2012 fue publicado en el Diario Oficial 48.308 del 10 de enero de 2012, (ii) la demanda fue presentada personalmente por el actor ante la oficina de reparto de la Dirección Judicial de Pereira el 6 de octubre de 2015(19), y (iii) en ella se alega la configuración de un vicio de competencia debido al presunto exceso del Ejecutivo en el ejercicio de las facultades extraordinarias utilizadas para expedir dicha normatividad.
2.1.2. Al respecto, esta Corporación reitera la posición adoptada recientemente en la Sentencia C-219 de 2015(20), en la cual precisamente se estudió otra demanda presentada contra el Decreto 019 de 2012, y en la que se indició que “de acuerdo con la doctrina de la Corte, la extralimitación en el ejercicio de las facultades extraordinarias del Presidente es un vicio sustantivo y, por consiguiente, no está sometido a la regla de caducidad del artículo 242 de la Constitución”.
“La falta de competencia genera, pues, un vicio que hace anulable el acto de derecho público indebidamente producido, así como la incapacidad, en el derecho privado, genera una nulidad que nada tiene que ver con la inadecuada elección de la forma que ha de corresponder al acto, conforme a su naturaleza jurídica (...).
El artículo 242-3 de la Carta Política que establece un término de caducidad para las acciones de inconstitucionalidad por vicios de forma, no comprende, en modo alguno, aquellas que se dirigen a atacar el acto por desbordamiento en el ejercicio de la competencia. Y no podría hacerlo, porque si la indebida elección de forma para la producción del acto, cumplido por quien tiene competencia, se reputa un vicio menor, saneable por el transcurso del tiempo, la falta de capacidad para producirlo no puede ser saneada por esa vía, pues no puede producir efectos jurídicos un acto que solo lo es en apariencia por carecer, ab initio, del presupuesto esencial para surgir el mundo del derecho: la competencia, precedente obligado del uso de la forma (...)”(21).
2.1.4. En esa línea, esta Sala en la Sentencia C-235 de 2014(22) explicó que “los vicios por falta de competencia no se pueden confundir con los vicios de forma, de tal modo que la caducidad predicable de estos últimos, no se hace extensiva a aquellos. Para la Corporación, la competencia es previa al uso de la forma a través de la cual se realiza el acto jurídico. Esa premisa es la que ha permitido a la Sala Plena distinguir dos situaciones reprochables, una, en la que se posee la competencia, pero, se emplea una forma inapropiada para ejercerla y ello puede malograr el acto jurídico. Otra, en la que careciendo de competencia se efectúa el acto a través de la forma prescrita por el ordenamiento, pero, ello debe acarrear las consecuencias propias de la falta de competencia. En suma, los vicios de competencia son diferentes de los defectos en la forma y, sus consecuencias igualmente difieren”.
2.2.1. En los términos previstos en el artículo 241 de la Carta Política, el control de constitucionalidad supone un juicio de contradicción entre una norma de inferior jerarquía y la Constitución, con el propósito de expulsar del ordenamiento jurídico las disposiciones que desconozcan o sean contrarias a sus mandatos, por lo que se exige como requisito sine qua non que el precepto demandado se encuentre actualmente vigente. En efecto, como lo ha admitido reiteradamente esta Corporación, la acción pública de inconstitucionalidad debe dirigirse contra normas que integran el sistema jurídico, lo que conduce, en principio, a la imposibilidad de que este Tribunal se pronuncie sobre la exequibilidad de disposiciones que han sido objeto de derogatoria(23).
2.2.2. Ahora, en cuanto al procedimiento de pérdida de vigencia, el ordenamiento positivo distingue entre la derogatoria expresa y la derogatoria tácita(24). La primera se produce cuando expresamente una nueva disposición suprime formalmente a una anterior, mientras que, la segunda, supone la existencia de una norma posterior que contiene disposiciones incompatibles con aquella que le sirve de precedente. A estas categorías se suma la denominada derogatoria orgánica, la cual tiene ocurrencia en aquellos casos en que es promulgada una regulación integral sobre una materia a la que se refiere una disposición, aunque no haya incompatibilidad entre sus mandatos(25).
2.2.4. Sobre el particular, la Corte considera que el artículo 232 del Decreto 019 de 2012 que modificó el inciso 4º del artículo 10 de la Ley 1474 de 2011 se encuentra vigente, por las siguientes razones:
(i) La Ley 1558 de 2012 no derogó expresamente alguna disposición de la Ley 1474 de 2011 o del Decreto 019 de 2012, pues en su artículo 39 referente a las derogatorias solo estipuló que dejaba sin vigencia el artículo 3º de la Ley 300 de 1996.
(ii) El artículo 232 del Decreto 019 de 2012(26) no es incompatible con el artículo 31 de la Ley 1558 de 2012(27), ya que existe al menos una interpretación plausible de ambas disposiciones que permite un entendimiento lógico de las mismas, así como descartar la configuración de una derogatoria tácita.
En concreto, para la Imprenta Nacional(28) “se considera una edición de lujo, aquella cuyo terminado se realice en pastas dura, la costura de sus cuadernillos se haga con hilo y en algunos casos lleve estampados dorado en la cubierta o en los cantos de las páginas y repujados especiales. En algunos casos se acompañan de una sobrecubierta laminada. Estas ediciones hacen uso de los mejores sustratos de papel (esmaltados mates y brillantes) o importados, utilizan también tintas adicionales a las básicas para que el producto final no presente variaciones tonales y de registro en los textos”, así como entiende que el término policromía “se refiere al uso de cuatro tintas básicas más colores adicionales de impresión”(29).
De otra parte, este Tribunal considera necesario advertir que el hecho de que el artículo 31 de la Ley 1558 de 2012 resulte más acorde con lo dispuesto originalmente en el artículo 10 de la Ley 1474 de 2011, que contemplaba, además de la prohibición de impresiones de lujo, el uso de policromías en estas, no implica necesariamente la derogación tacita del artículo 232 del Decreto 019 de 2012.
(iii) La Ley 1558 de 2012 no promulgó una normatividad integral sobre la regulación de la publicidad en las entidades públicas, para que pueda sostenerse la existencia de una derogatoria orgánica del artículo 232 del Decreto 019 de 2012, ya que el objeto de dicha Ley fue “el fomento, el desarrollo, la promoción, la competitividad del sector y la regulación de la actividad turística”(30).
2.3.1. La cosa juzgada constitucional es una institución jurídica procesal que tiene su fundamento en el artículo 243 de la Constitución Política(31), mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia de constitucionalidad, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas. En todo caso, no siempre que un precepto legal ha sido declarado exequible por la Corte se configura la cosa juzgada constitucional. En efecto, en cada caso concreto, la estructuración de este fenómeno se ha sometido al examen de varios supuestos de los cuales depende su ocurrencia, entre los cuales pueden mencionarse:
“La consideración sobre si un texto legal ha sido reproducido en otras disposiciones(32), si se presenta una identidad en el contenido normativo(33), si las razones formuladas por el demandante son coincidentes con las que se exponen en una nueva demanda(34), si este Tribunal realizó un control integral frente a la totalidad de los preceptos constitucionales o si el mismo se infiere del alcance de la providencia(35), si más allá de los cargos propuestos también se confrontó una norma frente a otras disposiciones no enunciadas inicialmente como vulneradas(36) y si existe identidad en los parámetros objetivos de comparación(37)”(38).
2.3.2. En el presente proceso, en su intervención el Departamento Administrativo de la Función Pública señala que la constitucionalidad del precepto demandado ya fue determinada por esta Corte en la Sentencia C-537 de 2012(39), en la que se declaró la exequibilidad del artículo 10 de la Ley 1474 de 2011, disposición a la cual se encuentra incorporada la norma hoy cuestionada.
2.3.4. Adicionalmente, al margen de lo anterior, este Tribunal resalta que en la Sentencia C-537 de 2012 la Corte declaró exequible el artículo 10 de la Ley 1474 de 2011 en su totalidad, pero solo por los cargos analizados en esa oportunidad(40), los cuales difieren a los alegados en esta demanda, comoquiera que en el proceso del año 2012 se argumentaban la existencia de vicios de procedimiento en el trámite legislativo, y en la acción estudiada se pone de presente un vicio de competencia en la expedición del Decreto que modificó dicha Ley.
3.2. En concreto, el peticionario argumenta que a través del mencionado parágrafo 1º, el Congreso de la República le otorgó al gobierno nacional facultades normativas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios en la Administración Pública, pero el Presidente utilizó esta habilitación para ampliar el alcance de las competencias de las entidades del orden nacional y territorial relacionadas con la contratación, el patrocinio y la realización de publicidad oficial como consecuencia de la supresión de las expresiones “en forma directa” y “o con policromías” contenidas en el inciso 4º del artículo 10 de la misma ley habilitante.
¿Desconoció el Presidente de la República con la expedición de artículo 232 del Decreto 019 de 2012, (i) la autorización conferida por el Congreso de la República, a través de la Ley 1474 de 2011, para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública, al ampliar el alcance de las competencias de las entidades del orden nacional y territorial relacionadas con la contratación, el patrocinio y la realización de la publicidad oficial al suprimir las expresiones “en forma directa” y “o con policromías” contenidas en el inciso 4º del artículo 10 de la misma ley habilitante, y con ello (ii) el régimen constitucional establecido en el artículo 150.10 para el ejercicio de las facultades extraordinarias para expedir normas con fuerza de ley?
5.1. La Corte Constitucional al interpretar el alcance del artículo 150 de la Constitución, ha considerado que al encontrarse la función legislativa en cabeza del Congreso(41), la posibilidad de que el Ejecutivo asuma esa competencia a través de decretos es excepcional y de interpretación restrictiva(42), pues constituye una alteración al reparto ordinario de facultades normativas(43).
5.2. En ese sentido, este Tribunal ha resaltado que con el fin de evitar posibles abusos en el ejercicio de las potestades extraordinarias concedidas por el Congreso al Presidente de la República(44), el Constituyente condicionó su otorgamiento, a los siguientes requisitos:
“(i) Solicitud expresa del Gobierno Nacional, sin que proceda por iniciativa congresional; (ii) temporalidad de la habilitación por un término máximo de seis meses(45); (iii) mayoría absoluta en el Congreso para su concesión(46); (iv) competencia permanente del Congreso para modificar en todo momento y por iniciativa propia, los decretos dictados por el gobierno en ejercicio de las facultades extraordinarias; (v) “necesidad” o “conveniencia pública” como fundamento de la solicitud; (vi) precisión en la delimitación de las facultades conferidas(47) y, en consecuencia, “interpretación restrictiva” de su alcance, “circunscritas de modo exclusivo al tenor literal de la norma habilitante”(48); (vii) limitación material de su ejercicio, vedado a la expedición de códigos, decretar impuestos, leyes estatutarias, orgánicas, ni las previstas en el numeral 20 del artículo 150 -numeral 19- de la C.P.”(49) (Resaltado fuera del texto original).
5.3. Asimismo, esta Corporación ha estimado que las exigencias que debe observar el Congreso de la Republica, se proyectan a su vez como límites al Gobierno cuando ejerce la potestad legislativa(50). En efecto, el ejercicio de tales facultades extraordinarias debe sujetarse, entre otros, a unos límites temporales y materiales que el juez constitucional ha de valorar frente a un cargo por exceso en el uso de las competencias otorgadas transitoriamente(51).
5.4. En relación con los límites materiales, desde sus inicios, este Tribunal ha sostenido que, so pena de ser declarados inexequibles, los decretos que dicte el Presidente solo pueden versar sobre los asuntos estrictamente señalados en la ley habilitante(52), por lo que no resulta admisible en el control de constitucionalidad: (i) desplegar hermenéuticas que permitan establecer extensiones o analogías , (ii) identificar la existencia de facultades implícitas, o (iii) autorizar que el Jefe de Estado, “so pretexto de un artificial encadenamiento entre las materias objeto de la autorización que se le confiere”, incursione en el campo del legislador ordinario(53).
5.5. Por lo demás, es pertinente recordar que en virtud de la referida proyección, esta Corporación ha indicado que conforme a la exigencia de precisión “al Congreso le asiste la obligación ineludible de establecer en forma clara, cierta, específica y determinable el campo normativo sobre el cual debe actuar el Presidente de la República. Y al Gobierno, la obligación de ejercer la facultad legislativa transitoria dentro de los límites o parámetros fijados en el acto condición que otorga la delegación, debiendo restringir la actividad normativa estrictamente a las materias allí descritas”(54).
6.1. El Congreso de la República con el fin de fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción, así como la efectividad del control de la gestión pública, expidió la Ley 1474 de 2011(55) en la que en el artículo 75 contempló una política antitrámites(56), según cual para la creación de un nuevo procedimiento que afecte a los ciudadanos, las entidades del orden nacional deberán elaborar un documento donde justifiquen la necesidad del mismo, para que el Departamento Administrativo de la Función Pública conceptúe al respecto dentro de un término de 30 días.
6.2. Adicionalmente, el Legislador en el parágrafo 1º de la citada disposición, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política, revistió al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias para que en el término de seis meses, contados a partir de la fecha de la publicación de la ley, expidiera normas “con fuerza de ley para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”(57).
6.3. Sobre el particular, en la Sentencia C-562 de 2015(58), esta Sala señaló que desde un análisis literal, histórico, sistemático y teleológico de la ley habilitante se puede concluir que:
Finalmente, teniendo en cuenta el carácter taxativo de las facultades y su hermenéutica restrictiva, dado que no hay atribuciones implícitas, el Presidente de la República carecía de competencia para regular asuntos que por su naturaleza no pudieran ser subsumidos dentro de la categoría de “regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes ante la Administración Pública”. De manera que las reglas normativas que no se inscriban dentro de dicho marco solo podrán ser válidamente modificadas a través de una deliberación pública y democrática, en el Congreso como escenario natural, o bien por el Legislador extraordinario previo otorgamiento de nuevas y precisas facultades para tal fin”(59). (Resaltado fuera del texto original).
6.4. Así las cosas, para esta Corporación en ejercicio de la potestad legislativa otorgada mediante la Ley 1474 de 2011 el ejecutivo estaba facultado para dictar las normas con fuerza de ley tendientes a eliminar o alternativamente modificar reglas, métodos de ejecución o diligencias no indispensables en la Administración Pública(60), siempre que procurara (i) fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de los actos de corrupción, o (ii) la efectividad del control de la gestión pública(61).
7.1. El accionante, el Ministerio Público, el Instituto Colombiano de Derecho Procesal y la Academia Colombiana de Jurisprudencia solicitan declarar inexequible el artículo 232 del Decreto 019 de 2012, al estimar que el Presidente de la República excedió en su expedición las facultades otorgadas por el Congreso en la Ley 1474 de 2011(62). Por su parte, el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Contraloría General de la República se oponen a la prosperidad de la demanda, argumentando que el Jefe de Estado actuó dentro de las competencias dadas por el órgano legislativo(63).
7.4. Concretamente, la eliminación de las expresiones “en forma directa” y “o con policromías” contenidas en el inciso 4º de la Ley 1474 de 2011, derivan en la extensión de las facultades de las entidades públicas para patrocinar, contratar o realizar directamente publicidad oficial y para contratar o patrocinar impresiones de lujo(64), y difícilmente puede considerarse como la abrogación o sustitución de un reglamento innecesario de ajuste u ordenación de aspectos de un sistema que afecte a la generalidad de ciudadanos en su vínculos con la administración(65), pues si bien, se modificó una regulación como lo autorizaba la ley habilitante, el objeto del cambio normativo se circunscribió a los parámetros que deben tener en cuenta las entidades para realizar publicaciones.
7.5. Adicionalmente, la Corte estima que la norma atacada fija una regulación ajena a los trámites que los ciudadanos adelantan ante la Administración Pública, ignorando lo dispuesto en la ley habilitante, pues se refiere a las actuaciones de las entidades públicas relativas a la publicidad oficial y a la contratación y patrocinio de impresiones de ediciones de lujo, desconociendo así que el objeto material de las facultades extraordinarias se circunscribía a “aquellas diligencias o etapas exigibles al ciudadano para iniciar, llevar a cabo y culminar una gestión”(66) ante el Estado, excluyéndose otro tipo de actuaciones.
7.6. A su vez, desde un punto de vista teleológico también es evidente la extralimitación en el ejercicio de las facultades normativas del Ejecutivo, pues la habilitación legislativa prevista en el artículo 75 de la Ley 1474 de 2011 apuntaba a que el Presidente racionalizara y simplificara los trámites de los ciudadanos ante la administración, mientras que el precepto acusado tiene un contenido y una finalidad eminentemente presupuestal, tanto así que la norma modificada hace parte de una disposición que regula “los recursos que destinen las entidades públicas y las empresas y sociedades con participación mayoritaria del Estado del orden nacional y territorial, en la divulgación de los programas y políticas que realicen, a través de publicidad oficial o de cualquier otro medio o mecanismo similar que implique utilización de dineros del Estado”(67), y que pretende “la mayor austeridad en el gasto y la reducción real de costos”(68).
7.7. De otra parte, esta Corporación considera que el hecho de que el Presidente reformara un precepto de la propia ley habilitante, resulta un contrasentido que desconoce el principio democrático, pues, como se explicó, el Legislador manifestó su voluntad de limitar el alcance de la competencia de las entidades públicas en materia de publicidad e impresiones de ediciones oficiales y el Ejecutivo, además actuar sin competencia para modificar las restricciones sobre la materia, decide alterar su regulación en contravía de los lineamientos dados por su mandante, el Congreso de la República(69).
7.9. En efecto, el inciso 4º original del artículo 10 de la Ley 1474 de 2011 establecía expresamente que “en ningún caso las entidades objeto de esta reglamentación pueden (...) contratar o patrocinar la impresión de ediciones de lujo o con policromías”, y el precepto acusado sustrae de la prohibición legal a las policromías cuando señala que “en ningún caso las entidades objeto de esta reglamentación podrán (...) contratar o patrocinar la impresión de ediciones de lujo”.
7.10. En conclusión, la Corte encuentra que el Presidente de la República al expedir el artículo 232 del Decreto 019 de 2012 desbordó la competencia otorgada por el Congreso de la República en la Ley 1474 de 2011, desconociendo a su vez el régimen constitucional establecido en el artículo 150.10 para el ejercicio de las facultades extraordinarias, y de contera lo preceptuado en el Preámbulo y en los artículos 6º, 121 y 123.2 de la Carta Política. Así las cosas, la Sala declarará inexequible la norma demandada.
17 “Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: (...) 10. Revestir, hasta por seis meses, al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, para expedir normas con fuerza de ley cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje. Tales facultades deberán ser solicitadas expresamente por el Gobierno y su aprobación requerirá la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara”.
18 “Artículo 242. Los procesos que se adelanten ante la Corte Constitucional en las materias a que se refiere este título, serán regulados por la ley conforme a las siguientes disposiciones: (...) 3. Las acciones por vicios de forma caducan en el término de un año, contado desde la publicación del respectivo acto (...)”.
19 Folio 10.
21 Sentencia C-546 de 1993 (M.P. Carlos Gaviria Díaz).
23 Al respecto, entre otras, se pueden consultar las sentencias C-505 de 1995 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), C-471 de 1997 (M.P. Antonio Barrera Carbonell), C-480 de 1998 (M.P. Fabio Morón Díaz), C-521 de 1999 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), C-758 de 2004 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), C-335 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), C-825 de 2006 (M.P. Jaime Araujo Rentería), C-896 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) y C-898 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
24 Artículos 71 y 72 del Código Civil.
25 Cfr. Sentencia C-668 de 2014 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez).
26 “Artículo 232. Publicidad oficial. Modifíquese el inciso 4 del artículo 10 de la Ley 1474, el cual quedará así: ‘En ningún caso las entidades objeto de esta reglamentación podrán patrocinar, contratar o realizar directamente publicidad oficial que no esté relacionada con las funciones que legalmente debe cumplir, ni contratar o patrocinar la impresión de ediciones de lujo’.”
27 “Artículo 31. Se exceptúan de la prohibición contemplada en el inciso 4o del artículo 10 de la Ley 1474 de 2011 las entidades públicas y patrimonios autónomos que tengan como función la promoción turística y cultural del país, o el desarrollo de la cartografía nacional, los cuales podrán patrocinar, contratar o realizar la impresión de publicaciones con policromías para dichos fines.”
28 La Imprenta Nacional se refirió al presente tema en respuesta a un requerimiento elevado por la Imprenta Distrital frente al asunto planteado bajo el radicado 1-2011-42722.
29 Resaltado fuera del texto original.
30 Artículo 1º de la Ley 1558 de 2012.
31 Dispone la norma en cita: “Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional. // Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución”.
32 Sentencia C-1024 de 2004 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
33 Sentencia C-055 de 2010 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez).
34 Sentencia C-061 de 2010 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).
35 Sentencia C-931 de 2008 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla).
36 Sentencia C-331 de 2003 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
37 Sentencia C-1187 de 2005 (M.P. Huberto Antonio Sierra Porto).
38 Sentencia C-818 de 2012 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez).
40 En la parte resolutiva de la Sentencia C-537 de 2012, se dispuso: “Declarar EXEQUIBLE el artículo 10 de la Ley 1474 de 2011 “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.”, por los cargos analizados en esta sentencia.” (Subrayado fuera del texto original).
41 Cfr. Sentencia C-306 de 2004 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
42 De las primeras sentencias sobre el particular pueden consultarse los fallos C-510 y C-511 de 1992 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
43 Cfr. Sentencia C-219 de 2015 (M.P. Mauricio González Cuervo).
44 Las razones por las cuales la figura de las facultades extraordinarias fue limitada en la Constitución de 1991, de modo que la habilitación legislativa al Presidente de la República no fuera objeto de abusos y excesos, se encuentran ampliamente descritas en la Sentencia C-097 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) de la siguiente manera: “el Constituyente de 1991 quiso enfrentar el abuso consistente en la atribución recurrente y generalizado de las funciones legislativas al Gobierno mediante la institución de la las facultades extraordinarias. Se pretendía con ello fortalecer el principio democrático y atenuar los excesos presidencialistas del régimen vigente”.
45 En la Sentencia C-097 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) se indicó que “desde sus inicios, mediante las sentencias C-510 y C-511 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, la Corte, partiendo de la premisa de que el Congreso es el titular del poder legislativo, interpretó el requisito de la transitoriedad de la habilitación en el sentido de que las facultades extraordinarias solo pueden ser ejercidas por una sola vez sin que haya lugar, dado que se agotan al ser ejercidas, a modificar los decretos con fuerza de ley mediante el uso posterior de dichas facultades dentro del término otorgado por el legislador ordinario”.
46 En el fallo C-1028 de 2002 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández) se sostuvo que “no es posible, en consecuencia, entender que la delegación legislativa se ha hecho de modo implícito, sino que debe contar con una expresa manifestación de voluntad del Congreso en la que haga constar claramente que autoriza al Gobierno para dictar normas con rango de ley”.
47 En la providencia C-061 de 2005 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) se advirtió que “la precisión se refiere, pues, a las materias respecto de las cuales se imparte la habilitación legislativa, y es en relación con dichas materias que debe verificarse si el Ejecutivo ha respetado los límites competenciales que pesan sobre sus facultades extraordinarias”.
48 Ver la Sentencia C-398 de 1995 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo).
49 Cfr. Sentencia C-219 de 2015 (M.P. Mauricio González Cuervo).
50 Cfr. Sentencia C-366 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
51 En la Sentencia C-235 de 2014 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), se señaló que “en lo concerniente al periodo durante el cual se puede hacer uso de la potestad delegada, el mismo constituyente en el inciso 1º del numeral 10 del artículo 150 del Texto Superior, ha fijado como tope un periodo de hasta seis (6) meses. En cuanto al límite material, la jurisprudencia ha explicado que la delimitación material alude a que los decretos que dicte el Presidente solo pueden versar sobre los asuntos estrictamente señalados en la ley habilitante. El Gobierno solo puede ocuparse de las materias allí indicadas sin lugar a extensiones ni analogías (...)”.
53 Cfr. Sentencia C-030 de 1999 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo).
54 Sentencia C-734 de 2015 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
55 Publicada en el Diario Oficial No. 48.128 de 12 de julio de 2011.
56 “Artículo 75. Política antitrámites. Para la creación de un nuevo trámite que afecte a los ciudadanos en las entidades del orden nacional, estas deberán elaborar un documento donde se justifique la creación del respectivo trámite. Dicho documento deberá ser remitido al Departamento Administrativo de la Función Pública que en un lapso de treinta (30) días deberá conceptuar sobre la necesidad del mismo. En caso de que dicho concepto sea negativo la entidad se abstendrá de ponerlo en funcionamiento (...).”
57 En el parágrafo 2º del artículo 75 de la Ley 1474 de 2011 se aclaró que “las facultades extraordinarias atribuidas en el presente artículo no serán aplicables respecto de trámites relacionados con licencias ambientales”.
58 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
59 Para arribar a las conclusiones citadas, la Sala tuvo en cuenta las siguientes sentencias en las que también analizó la constitucionalidad del Decreto 019 de 2012: C-634 de 2012 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), C-711 de 2012 (M.P. Mauricio González Cuervo), C-744 de 2012 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla), C-745 de 2012 (M.P. Mauricio González Cuervo), C-784 de 2012 (M.P. María Victoria Calle Correa), C-012 de 2013 (M.P. Mauricio González Cuervo), C-016 de 2013 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), C-097 de 2013 (M.P. Alexei Egor Julio Estrada), C-235 de 2014 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) y C-219 de 2015 (M.P. Mauricio González Cuervo).
60 Cfr. Sentencia C-711 de 2012 (M.P. Mauricio González Cuervo).
61 Cfr. Sentencia C-744 de 2012 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).
62 Supra I, 2, 3.2 y 4.
63 Supra I, 3.1.
64 Como puede evidenciarse más fácilmente con la lectura de las dos normas en el siguiente cuadro:
Ley 1474 de 2011 Decreto 019 de 2012
En ningún caso las entidades objeto de esta reglamentación podrán patrocinar, contratar o realizar directamente publicidad oficial que no esté relacionada en forma directa con las funciones que legalmente debe cumplir, ni contratar o patrocinar la impresión de ediciones de lujo o con policromías. (Negrilla fuera del texto original). En ningún caso las entidades objeto de esta reglamentación podrán patrocinar, contratar o realizar directamente publicidad oficial que no esté relacionada con las funciones que legalmente debe cumplir, ni contratar o patrocinar la impresión de ediciones de lujo.
65 En la Sentencia C-711 de 2012 (M.P. Mauricio González Cuervo) la Corte determinó el alcance de las locuciones “regulaciones, procedimientos y trámites” establecidos en la ley habilitante, de la siguiente manera “regulaciones, esto es, reglamentos de ajuste u ordenación de aspectos de un sistema; “procedimientos” o modo secuencial de ejecutar algunas cosas; y “trámites” como diligencias que hay que recorrer en determinado asunto o negocio hasta su conclusión”. (Resaltado fuera del texto original).
66 Sentencia C-562 de 2015 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).
67 Artículo 10 de la Ley 1474 de 2011.
69 En ese sentido, en la Sentencia C-744 de 2012 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla) se indicó que “el ejercicio excesivo de las facultades extraordinarias concedidas al ejecutivo debilita el principio democrático y la separación de poderes, al empobrecer la deliberación que se debe surtir propiamente al interior del Congreso”.