Source: https://beta.e-justice.europa.eu/447/ES/insolvencybankruptcy?AUSTRIA&action=print&init=true
Timestamp: 2020-06-05 06:52:28
Document Index: 5501940

Matched Legal Cases: ['artículo 68', 'artículo 82', 'artículo 79', 'artículo 309', 'artículo 166', 'artículo 66', 'artículo 167', 'artículo 67', 'artículo 73', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 119', 'artículo 116', 'artículo 117', 'artículo 80', 'artículo 80', 'artículo 32', 'artículo 80', 'artículo 80', 'artículo 82', 'artículo 82', 'artículo 82', 'artículo 82', 'artículo 82', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 14', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 171', 'artículo 21', 'artículo 23', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 6', 'artículo 173', 'artículo 6', 'artículo 10', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 113', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 91', 'artículo 92', 'artículo 117', 'artículo 89', 'artículo 114', 'artículo 51', 'artículo 58', 'artículo 47', 'artículo 46', 'artículo 107', 'artículo 47', 'artículo 48', 'artículo 46', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 29', 'artículo 30', 'artículo 31', 'artículo 114', 'artículo 43', 'artículo 43', 'artículo 43', 'artículo 3']

La Ley concursal austriaca no está destinada exclusivamente a los empresarios. De hecho, la capacidad concursal se define como parte de la capacidad legal dentro del Derecho privado: toda persona que sea titular derechos y obligaciones tiene también capacidad concursal. Tampoco es una cuestión de capacidad de obrar. Esto significa que cualquier persona física (incluso un menor) puede ser un deudor insolvente, como pueden serlo una persona jurídica (pública o privada), las sociedades registradas en virtud del Código de Comercio ([Unternehmensgesetzbuch] sociedades colectivas [offene Gesellschaften], sociedades comanditarias [Kommanditgesellschaften]) y las masas hereditarias. Por el contrario, las sociedades en participación (stille Gesellschaften) y las sociedades de Derecho civil (Gesellschaften bürgerlichen Rechts) no pueden declararse insolventes.
Tras la disolución de una persona jurídica o una sociedad registrada, se permite la apertura de un procedimiento concursal siempre que los activos no hayan sido distribuidos (artículo 68 de la Ordenanza concursal [Insolvenzordnung, en lo sucesivo IO]).
Se puede incoar un procedimiento concursal (Konkursverfahren) contra los activos de entidades de crédito, sociedades de valores, sociedades de servicios de inversión y compañías aseguradoras, pero no un procedimiento de reestructuración (Sanierungsverfahren) (artículo 82, apartado 1, Ley de Bancos [Bankwesengesetz, BWG]; artículo 79, Ley de Supervisión en materia de Valores de 2018 [Wertpapieraufsichtsgesetz, WAG]); artículo 309, apartado 3, Ley de supervisión en materia de compañías aseguradoras de 2016 [Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG]).
Desde de la modificación de la Ley concursal de 2010 (Insolvenzrechtsänderungsgesetz 2010), la legislación austriaca establece un único tipo de procedimiento concursal estándar. Sin embargo, al mismo tiempo, se prevén distintas denominaciones dependiendo del desarrollo concreto del procedimiento:
Un procedimiento concursal se denomina procedimiento consursal (Konkursverfahren) si en el momento de la apertura del procedimiento no se dispone todavía de un plan de reestructuración. En principio, en un procedimiento concursal, tanto la liquidación como la reestructuración son posibles.
Un procedimiento concursal se denomina procedimiento de reestructuración (Sanierungsverfahren) si en el momento de la apertura del procedimiento ya se dispone de un plan de reestructuración. Los procedimientos se centran en el saneamiento de la situación del deudor. Son aplicables a las personas físicas que realizan una actividad comercial, las personas jurídicas, las sociedades y las masas hereditarias (artículo 166 de la IO).
Los procedimientos de reestructuración son posibles con o sin deudor desapoderado. El deudor conservará las facultades de autoadministración (bajo la supervisión de un administrador de la reestructuración) si ofrece a los acreedores concursal es una cuota de al menos el 30 % en el plan de reestructuración y aporta documentación adicional. Por ejemplo, se requiere un plan de financiación, que demuestre que se garantiza la financiación por 90 días.
El procedimiento de regularización de deudas (Schuldenregulierungsverfahren), aplicable a las personas físicas que no realizan una actividad comercial, es otra variante dentro de los procedimientos concursales.
La apertura de un procedimiento concursal requiere la presentación de una solicitud por parte del deudor o de un acreedor. En el caso de los procedimientos de reestructuración, la solicitud debe ser presentada por el deudor y debe existir un plan de reestructuración.
Para la apertura de procedimientos concursales es una condición previa que el deudor sea insolvente (artículo 66 de la IO). También es posible la apertura de procedimientos concursales en forma de procedimientos de reestructuración en caso de concurso inminente (artículo 167, apartado 2 de la IO). Asimismo, es posible la apertura de procedimientos concursales en caso de sobreendeudamiento (artículo 67 de la IO), en relación con sociedades registradas en las que ninguno de los socios con responsabilidad ilimitada sea una persona física, los patrimonios de personas jurídicas y las masas hereditarias.
Otra condición para la apertura de procedimientos concursal es la disponibilidad de activos para cubrir los costes. Deben estar cubiertos por lo menos los costes iniciales del procedimiento concursal (a excepción de los procedimientos de regularización de deudas en determinados casos).
La apertura de un procedimiento concursal se publica en internet mediante un edicto en el fichero concursal (www.edikte.gv.at). La apertura del procedimiento concursal surte efectos jurídicos al día siguiente de la publicación del edicto. La apertura se inscribe además en los registros públicos (Registro de la Propiedad [Grundbuch], Registro Mercantil [Firmenbuch], etc.).
Si el procedimiento concursal no puede abrirse de inmediato, el Tribunal concursal (Insolvenzgericht) deberá ordenar medidas cautelares para asegurar la masa concursal y, en especial, para evitar actos jurídicos anulables y asegurar la continuidad de la empresa, con la condición de que la petición de apertura del procedimiento no carezca claramente de fundamento (artículo 73 de la IO). El tribunal puede prohibir al deudor la ejecución de determinados actos jurídicos (por ejemplo, la compra o el endeudamiento de propiedades) o puede someter la ejecución de dichos actos a la aprobación del tribunal. También es posible el nombramiento de un administrador temporal.
La apertura del procedimiento concursal implica que el deudor pierde el derecho de libre disposición de los activos sujetos a ejecución, tanto de los que ya le pertenecen como de los que adquiera durante el procedimiento concursal (artículo 2, apartado 2 de la IO). Dichos activos forman la masa concursal.
En consecuencia, la masa concursal se compone de todos los activos mobiliarios e inmobiliarios del deudor, tales como las partes de inmuebles en propiedad, las cuotas de una copropiedad, créditos, derechos de arrendamiento, herencias, etc. La masa concursal no incluye las reclamaciones de alimentos del deudor, lo que gana con su trabajo, ni la porción inembargable de los sueldos (mínimo de subsistencia). Del mismo modo, la masa no incluye los activos mobiliarios no embargables (por ejemplo, enseres personales) ni los derechos estrictamente personales (por ejemplo, derechos de propiedad industrial).
Si el deudor reside en una casa que pertenece a la masa concursal (o reside en una vivienda propia), él y su familia no serán en principio expulsados de su lugar de residencia principal (artículo 5, apartado 3 de la IO). Sin embargo, esto no impide la liquidación de la casa (vivienda propia donde reside) en el marco del procedimiento concursal. El tribunal concursal también deja a libre disposición del deudor los derechos de arrendamiento de vivienda (u otros derechos de uso) que son indispensables para el deudor y su familia (artículo 5, apartado 4 de la IO). Dejar estos derechos a libre disposición del deudor implica su separación de la masa concursal.
El comité de acreedores también puede decidir, con la aprobación del tribunal concursal, excluir de la masa los créditos cuyo cobro sea improbable o las partidas de escaso valor (artículo 119, apartado 5 de la IO). El motivo de tal exclusión es evitar el gasto de liquidar aquellos elementos que pertenecen a la masa y no aportarían ningún beneficio para la misma.
está legitimado para solicitar la declaración de concurso y puede recurrir contra la apertura de un procedimiento concursal;
una vez declarado el concurso pierde el poder de disposición de los bienes pertenecientes a la masa;
puede asistir a las reuniones de junta de acreedores y del comité de acreedores;
está legitimado para presentar una solicitud de elaboración de un plan de reestructuración.
El administrador concursal (Masseverwalter)
es responsable de la ejecución práctica del procedimiento concursal;
analiza la situación financiera del deudor;
continúa dirigiendo la empresa si todavía no está cerrada cuando se abre el procedimiento y su continuación no perjudica a los acreedores;
examina los créditos presentados;
examina si la elaboración de un plan de reestructuración beneficia a los acreedores y si su ejecución sería posible;
determina y dispone de los activos;
administra y representa la masa concursal;
ejerce el derecho de impugnación para la masa concursal;
distribuye los ingresos procedentes de la masa concursal.
Cuando los procedimientos concursales se refieren a personas físicas que no realizan una actividad comercial (procedimientos de regularización de deudas), el nombramiento de un administrador concursal es excepcional. Si el tribunal concursal no nombra a un administrador concursal, el mismo tribunal deberá tratar las cuestiones encomendadas al administrador concursal en virtud del Código concursal.
Procedimientos de reorganización con deudor desapoderado
solicita la apertura del procedimiento de reorganización y la elaboración de un plan de reestructuración;
puede asistir a las reuniones de junta de acreedores y del comité de acreedores.
Procedimientos de reorganización con deudor no desapoderado
solicita la apertura del procedimiento de reorganización con deudor no desapoderado y la elaboración de un plan de reestructuración, y presenta también, con la solicitud, los documentos necesarios;
conserva el poder (limitado) de disposición y, en principio, continúa administrando él mismo sus activos;
está bajo la supervisión del administrador de la reorganización y del tribunal concursal.
El administrador de la reorganización
supervisa al deudor y su gestión empresarial;
concede o rechaza la autorización de los actos jurídicos que no se realicen en el curso normal de la actividad;
representa al deudor en todos los asuntos en los que el deudor no tiene potestad de disposición;
verifica la situación financiera del deudor;
examina si el plan de reestructuración es ejecutable y si existen razones para retirar la facultad de autoadministración;
El tribunal concursal debe supervisar las actividades del administrador concursal. Este debe dar instrucciones escritas u orales, obtener informes y explicaciones, inspeccionar cuentas y otros documentos y realizar las investigaciones necesarias. El tribunal también puede ordenar al administrador concursal que obtenga instrucciones del comité de acreedores sobre asuntos específicos. El administrador concursal debe notificar al tribunal determinadas transacciones antes de realizarlas (artículo 116 de la IO); otras transacciones requieren la aprobación del comité de acreedores y del tribunal concursal (artículo 117 de la IO).
Nombramiento y retribución del administrador concursal:
El administrador concursal será nombrado de oficio por el tribunal concursal al abrir el procedimiento. Debe ser respetable, fiable y con experiencia empresarial, así como tener conocimiento del sistema concursal (artículo 80, apartado 2 de la IO). En los procedimientos concursales relativos a las empresas, es necesario un conocimiento suficiente del derecho mercantil o de administración de empresas (artículo 80, apartado 3 de la IO). Las personas interesadas en la administración concursal pueden inscribirse en una lista de administradores concursales. La lista está disponible en internet en www.iv.justiz.gv.at y es utilizada por los tribunales concursales para facilitar la selección de un administrador concursal adecuado.
El administrador concursal no puede ser un pariente cercano (artículo 32 de la IO), ni tampoco un competidor del deudor y debe de ser independiente tanto del deudor como de los acreedores (artículo 80 b, apartado 1 de la IO).
Las personas jurídicas también pueden ser nombradas administradoras concursal. Deben proporcionar al tribunal el nombre de la persona física que las representa en el ejercicio de la administración concursal (artículo 80, apartado 5 de la IO).
El administrador concursal tiene derecho al reembolso de sus gastos en efectivo y a una remuneración por su trabajo, más el impuesto sobre el valor añadido (artículo 82, primera frase de la IO). El importe de los honorarios del administrador está regulado por ley (artículo 82 de la IO) y depende del ingreso bruto que el administrador concursal haya obtenido de la realización de los activos. Sin embargo, esto incluye solo los ingresos de cuya recaudación fuese responsable el administrador concursal. La retribución mínima del administrador concursal es de 3 000 EUR. Hay una remuneración adicional para la adopción de un plan de reestructuración o pago (artículo 82 a de la IO) y para la realización de una submasa (artículo 82 d de la IO). También se pagará una remuneración separada por la continuación de un negocio (artículo 82, apartado 3 de la IO).
La posibilidad de compensación de un crédito del deudor se mantiene, en principio, durante el procedimiento concursal.
Sin embargo, es un requisito previo que los créditos fuesen compensables cuando se abrió el procedimiento. No está permitida la compensación si un acreedor concursal se ha convertido en deudor de la masa concursal solo después de la apertura del procedimiento concursal o si el crédito contra el deudor se ha adquirido solo después de la apertura del procedimiento concursal (artículo 20, apartado 1, primera frase de la IO). Además, la compensación queda excluida si un tercero ha adquirido el crédito compensable contra el deudor en los últimos seis meses anteriores a la apertura del procedimiento concursal y en el momento de la adquisición tenía conocimiento o debería haber tenido conocimiento de la insolvencia (artículo 20, apartados 1 y 2 de la IO). En tales casos, incluso una negligencia leve es perjudicial para el tercero.
En el procedimiento concursal, es posible la compensación de un crédito condicional, independientemente de que el crédito condicional sea el del acreedor o el del deudor. Si el acreedor concursal tiene un crédito condicional, el tribunal concursal puede condicionar la compensación a la constitución de una garantía (artículo 19, apartado 2 de la IO). La compensación en un procedimiento concursal tampoco se excluye por el hecho de que el crédito del acreedor concursal sea no pecuniario (artículo 19, apartado 2 de la IO). Esto no plantea dificultades, ya que dichos derechos se convierten en créditos pecuniarios cuando se abre el procedimiento concursal (artículo 14, apartado 1 de la IO).
Los acreedores concursales con créditos que pueden optar a una compensación no tienen que presentarlos en el procedimiento concursal, siempre que estén cubiertos por la reconvención (artículo 19, apartado 1 de la IO). Sin embargo, el Tribunal Supremo (Oberster Gerichtshof - OGH) dictaminó que si el acreedor concursal no se acoge a la posibilidad legal de compensación durante el procedimiento concursal de conformidad con el artículo 19, apartado 1 de la IO, tras la confirmación final del plan de reestructuración y la conclusión del procedimiento concursal, normalmente solo podrá compensar su crédito al tipo del dividendo del plan de reestructuración (RIS-Justiz RS0051601 [T4]).
En caso de que el deudor y la otra parte no hubieran ejecutado un contrato bilateral o no lo hubieran ejecutado en su totalidad en el momento de la apertura del procedimiento concursal, el administrador concursal podría ejecutar el contrato (en su totalidad) en nombre del deudor y pedir a la otra parte que lo ejecute o bien rescindir el contrato (artículo 21, apartado 1 de la IO). En el procedimiento de reorganización con deudor no desapoderado, el deudor es llamado a hacer la declaración de conformidad con el artículo 21 de la IO. Si desea rescindir el contrato, necesita la aprobación del administrador de la reorganización (artículo 171, apartado 1 de la IO). Si la otra parte tiene la obligación de ejecutar el contrato por adelantado, puede negarse a hacerlo hasta la constitución de una garantía, a menos que en el momento de la celebración del contrato hubiera tenido conocimiento de la situación financiera adversa del deudor (artículo 21, apartado 3 de la IO).
En el caso de un procedimiento concursal en relación con un arrendatario, el administrador concursal está legitimado para rescindir el contrato de arrendamiento respetando el plazo reglamentario de preaviso o en un plazo más breve si así se hubiera acordado (artículo 23 de la IO).
Si el deudor es un empleador y si la relación laboral ya ha comenzado, en principio, el empleado puede rescindir el contrato mediante una renuncia anticipada o puede hacerlo el administrador concursal, con sujeción al cumplimiento del plazo legal de notificación, del plazo acordado por convenio o del plazo de notificación acordado más corto admisible, teniendo en cuenta las restricciones legales relativas a la rescisión de contratos, en el plazo de un mes desde la publicación de la decisión por la que se ordenó, se aprobó o se estableció el cierre de la empresa o de una división de la empresa. Se aplican disposiciones especiales para los procedimientos concursal con deudor no desapoderado.
Restricciones a la rescisión de contratos
Si la rescisión de un contrato podría poner en peligro la continuación de la empresa del deudor, la otra parte puede rescindir el contrato celebrado con el deudor, por un período de seis meses desde la apertura del procedimiento concursal, solo por una causa justificada. No se considera que el deterioro de la situación económica del deudor ni el incumplimiento del deudor en la satisfacción de los créditos exigibles antes de la apertura del procedimiento concursal constituyan una causa justificada (artículo 25 a, apartado 1 de la IO). Las restricciones no se aplican si la rescisión del contrato es imprescindible para evitar graves dificultades personales o económicas para la parte contratante, en el caso de derecho al desembolso de préstamos y en el caso de contratos de trabajo (artículo 25 a, apartado 2 de la IO).
Acuerdos no válidos
De acuerdo con el artículo 25 b, apartado 2, de la IO, no está permitida una disposición contractual que rescinda o finalice un contrato en el caso de apertura de un procedimiento concursal. Esto se aplica en principio a todos los contratos [algunas excepciones se refieren a contratos con arreglo a la Ley de Bancos o la Ley del Mercado de Valores (Börsegesetz)].
A partir de la apertura del procedimiento concursal, los acreedores concursales ya no pueden continuar reclamando sus créditos contra el deudor por vía judicial, ni siquiera de manera particular o al margen de la insolvencia (restricción de enjuiciamiento, artículo 6, apartado 1 de la IO). Tampoco se pueden dictar requerimientos en favor de créditos concursales. Solo en los procedimientos de reorganización con el deudor no desapoderado, el deudor seguirá teniendo derecho a entablar litigios y otros procedimientos en materia de autoadministración (artículo 173 de la IO). En el caso de que el deudor emprenda una acción o se emprenda una acción contra él, tras la apertura del procedimiento concursal, desacatando lo que establece el artículo 6, apartado 1, de la IO, dicha acción deberá ser desestimada.
Además, después de la apertura de un procedimiento concursal, no se podrán adquirir derechos de preferencia ni de satisfacción para exigir el pago de un crédito concursal (restricción de ejecución, artículo 10, apartado 1 de la IO). En lo que respecta a los derechos de segregación y de regularización por separado ya establecidos antes de la apertura de un procedimiento concursal, no existe ninguna restricción general de ejecución; por tanto, dicha ejecución puede proseguir en los procedimientos concursal.
Las restricciones de enjuiciamiento y de ejecución deben ser cumplidas de oficio y extenderse a todos los acreedores concursales.
Los procedimientos pendientes en relación con la masa se suspenden por ley al incoarse un procedimiento concursal (artículo 7, apartado 1 de la IO). La suspensión del procedimiento se ejerce de oficio.
En cualquier caso, los procedimientos relativos a los créditos concursales no podrán reanudarse antes de la junta de confirmación (artículo 7, apartado 3 de la IO). Si el administrador concursal o uno de los acreedores autorizados para ello impugna dicho derecho en la junta de confirmación, los procedimientos suspendidos podrán proseguir como un proceso de prueba (artículo 113 de la IO).
Los procedimientos relativos a los derechos que no están sujetos a presentación en el procedimiento concursal pueden reanudarse de manera inmediata.
Los procedimientos de ejecución iniciados antes de la apertura del procedimiento concursal, en principio, no se suspenden. Sin embargo, los derechos de preferencia o de satisfacción para ejecutar el pago adquiridos en los 60 días anteriores a la apertura de un procedimiento concursal se extinguen por ley, a menos que se hubieran establecido en favor de créditos de derecho público (artículo 12, apartado 1 de la IO). En caso de extinción, los procedimientos de ejecución para su realización se suspenderán a petición del tribunal concursal o del administrador concursal (artículo 12, apartado 2 de la IO).
La junta de acreedores es el órgano general de los acreedores concursales y sirve para permitir que estos participen en el procedimiento. El tribunal concursal es responsable de convocar y presidir la junta de acreedores (artículo 91, apartado 1 de la IO). La primera junta de acreedores se convoca cuando se abre el procedimiento concursal y es una junta obligada por ley. El tribunal concursal convoca las demás reuniones de junta a su discreción. En concreto, la convocatoria de una junta de acreedores, especificando los puntos del orden del día, se realizará si lo solicita el administrador concursal, el comité de acreedores o al menos dos acreedores cuyos créditos representen alrededor de una cuarta parte de los créditos concursales.
La junta de acreedores tiene determinados derechos de petición (por ejemplo, de nombramiento de un comité de acreedores o de despido del administrador concursal). También es responsable de votar la adopción de un plan de reestructuración.
Las decisiones y las peticiones de la junta de acreedores requieren generalmente de la mayoría absoluta de los votos, que se calculará sobre la base del importe de los créditos (artículo 92, apartado 1 de la IO).
En un procedimiento concursal no siempre es necesario nombrar un comité de acreedores, solo lo es cuando parece conveniente por la naturaleza o la magnitud particular de la empresa. Si la venta o arrendamiento de la empresa o parte de la empresa está pendiente (artículo 117, apartado 1, número 1 de la IO), deberá nombrarse siempre un comité de acreedores, que servirá para supervisar y asistir al administrador concursal (artículo 89, apartado 1 de la IO). El administrador debe consultar al comité de acreedores con respecto a las decisiones importantes (artículo 114, apartado 1 de la IO). En el caso de determinadas transacciones importantes (por ejemplo, la venta de la empresa), el consentimiento del comité de acreedores es una condición previa para su validez.
Un comité de acreedores consta de tres a siete miembros. El tribunal puede nombrar al comité de oficio o tras la presentación de una solicitud. Además de los acreedores, otras personas físicas o jurídicas pueden ser nombradas miembros del comité.
Asociaciones de protección de acreedores
En la práctica, los intereses de los acreedores concursales están en muchos casos representados por asociaciones de protección de acreedores. Estas asociaciones llevan a cabo la presentación de créditos, asisten a las juntas y ejercen el derecho de voto de los acreedores concursales que representan en el caso de un plan de reestructuración. Las asociaciones de protección de acreedores también supervisan los desembolsos que realiza el administrador concursal.
En principio, el administrador concursal debe liquidar los bienes pertenecientes a la masa concursal fuera de los tribunales, en concreto mediante la venta en el mercado libre. La subasta judicial de conformidad con el Código de Ejecución (Exekutionsordnung) solo se llevará a cabo en casos excepcionales, cuando así lo decida el tribunal concursal en respuesta a una solicitud del administrador concursal.
Con la aprobación del tribunal concursal, el comité de acreedores puede decidir que los créditos cuyo cobro sea improbable y las partidas de escaso valor se entreguen al deudor para su libre disposición.
Los créditos concursales son créditos de acreedores que tienen créditos pecuniarios contra el deudor en el momento de la apertura del procedimiento concursal (artículo 51 de la IO). Sin embargo, no se consideran créditos concursales, los intereses de los créditos concursales desde la apertura de un procedimiento concursal, los gastos de participación en el procedimiento concursal, las multas por delitos de cualquier naturaleza, así como los créditos relacionadas con donaciones y, en caso de procedimientos concursales de herencias, los créditos de las herencias (artículo 58 de la IO).
El principio de igualdad de trato se aplica en principio a los créditos concursales. Ni las autoridades públicas ni los empleados gozan de ningún tipo de privilegio en el procedimiento concursal.
Sin embargo, los créditos de los accionistas respecto al reembolso de un préstamo participativo son créditos subordinados.
Si un acreedor desea recibir un pago de la masa concursal, debe presentar su crédito en el procedimiento concursal, aunque haya un juicio pendiente o se haya dictado una sentencia a este respecto.
Los créditos contra la masa son créditos surgidos solo después de la apertura del procedimiento concursal que están explícitamente especificados en el Código. Los créditos contra la masa son créditos que deben ser satisfechos con la masa concursal con carácter preferente, es decir, antes que los de los acreedores concursales (artículo 47, apartado 1 de la IO). Los créditos contra la masa más importantes son (artículo 46, apartado 1 de la IO):
los costes del procedimiento concursal;
los desembolsos derivados del mantenimiento, administración y explotación de la masa concursal;
todas las cargas fiscales relativas a la masa, siempre y cuando los hechos imponibles se hayan realizado después de la apertura del procedimiento concursal;
los créditos de los empleados por retribuciones pendientes correspondientes al periodo posterior a la apertura del procedimiento concursal;
los derechos derivados del cumplimiento de contratos bilaterales en los que participa el administrador concursal;
los derechos relativos a actos jurídicos del administrador concursal;
los derechos derivados de un enriquecimiento injustificado de la masa concursal;
los derechos derivados de la finalización de una relación laboral cuando la haya iniciado el administrador concursal durante el procedimiento concursal.
Los créditos contra la masa no deben presentarse en el procedimiento concursal. Si el administrador concursal se niega a satisfacerlos, el acreedor puede reclamarlos por la vía judicial.
Los créditos concursales se deben presentar por escrito ante el tribunal concursal. La presentación se debe hacer en la moneda nacional (euro); las conversiones de moneda necesarias se realizarán en la fecha de apertura del procedimiento concursal. Al presentar un crédito, es necesario indicar su importe, su fundamento y las pruebas que se pueden aportar para demostrar el crédito reivindicado. El acreedor ha de indicar también si el crédito está sujeto a una reserva de dominio, a qué activos se refiere esta reserva de dominio, si se pretende realizar una compensación y, en caso de que así sea, los importes de los créditos recíprocos en el momento de la incoación del procedimiento concursal. Asimismo, el acreedor debe también indicar su dirección de correo electrónico y su número de cuenta bancaria.
Para presentar la demanda ha de utilizarse el formulario publicado en el sitio web del Ministerio de Justicia (www.justiz.gv.at). En caso de que el acreedor presente su demanda sin recurrir al formulario, esta deberá contener los datos que se exigen en el formulario.
Los acreedores extranjeros en el sentido del Reglamento (UE) 2015/848 (EuInsVO) que reclamen un crédito deben hacerlo según lo dispuesto en dicho Reglamento. En caso de que el acreedor no utilice el formulario normalizado del Reglamento de Ejecución, su demanda deberá contener los datos que se exigen en el Reglamento (UE) 2015/848.
Los créditos concursales deben presentarse en el plazo establecido para ello, que se indica en la declaración concursal. Si el acreedor presenta su crédito con retraso, deberá pagar los costes que se deriven de una junta de confirmación especial. Los créditos presentados menos de 14 días antes de la junta de confirmación de las cuentas finales no serán considerados (artículo 107, apartado 1, última frase, de la IO).
Si el administrador concursal reconoce un crédito que ha sido presentado y ningún otro acreedor concursal lo impugna, el crédito se considera admitido. En concreto, esto significa que se incluirá al acreedor concursal en la distribución.
Si un crédito presentado es impugnado por el administrador concursal o por un acreedor concursal, dicho crédito solo podrá confirmarse mediante procedimientos civiles. La admisión de dicho crédito en el procedimiento concursal dependerá del resultado de dichos procedimientos civiles.
La distribución de los ingresos de la liquidación está regulada en los artículos 128 a 138 de la IO.
Los créditos contra la masa deben satisfacerse de forma prioritaria, seguidos de los créditos de los acreedores concursales.
El pago a los acreedores con cargo a la masa se efectuará, independientemente de la fase del procedimiento, en cuanto se constaten sus derechos y estos sean exigibles. Si los fondos disponibles son insuficientes para cubrir la totalidad de los créditos contra la masa, su pago se hará según el siguiente orden de prioridad (artículo 47 de la IO):
gastos de caja adelantados por el administrador concursal;
otros costes del procedimiento;
costes adelantados por un tercero, cuando fuera necesario cubrir los costes del procedimiento;
créditos de los empleados, cuando no están garantizados en virtud de la Ley de garantía de remuneración concursal (Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz);
créditos de los empleados derivados de la finalización de una relación laboral, cuando no están garantizados en virtud de la Ley de garantía de remuneración concursal;
otros créditos contra la masa.
La cantidad restante después de satisfacer la totalidad de los créditos contra la masa se distribuye como dividendo a los acreedores concursales. El pago a los acreedores concursales solo puede tener lugar después de la junta de control. El administrador concursal puede proceder al reparto tras la consulta al comité de acreedores y según lo establecido en la aprobación del plan de distribución por el tribunal concursal.
Los acreedores garantizados tienen prioridad sobre los acreedores concursales y los acreedores contra la masa, dado que sus créditos están asegurados mediante el activo que sirve de garantía (por ejemplo, un crédito de garantía). El excedente, si lo hubiera, de los ingresos de la liquidación se transfiere a la masa concursal conjunta (artículo 48, apartados 1 y 2 de la IO).
El plan de reestructuración es un acuerdo celebrado en el marco del procedimiento concursal entre el deudor y los acreedores concursales sobre la reducción y aplazamiento del pago de los créditos y se utiliza para la regularización de los créditos. Requiere la aprobación de la mayoría de los acreedores y la confirmación del tribunal concursal. Si el plan de reestructuración propuesto por el deudor en el marco del procedimiento concursal es aprobado por la mayoría de los acreedores y confirmado por el tribunal concursal, el deudor queda liberado de sus obligaciones en la medida en que superen los dividendos establecidos en el plan.
En principio, el deudor puede acordar un plan de reestructuración en el marco de cualquiera de los tipos de procedimientos concursales, es decir, no solo en los procedimientos de reorganización sino también en los de concurso (el objetivo principal de un procedimiento concursal no es la liquidación de los bienes y disolución de la empresa, sino que incluso en estos procedimientos debe examinarse en primer lugar la posibilidad de elaborar un plan de reestructuración).
En un plan de reestructuración el deudor debe ofrecer a los acreedores concursales el pago de al menos el 20 % de los créditos en un plazo de dos años. En el caso de las personas físicas que no realizan una actividad comercial, el periodo de pago puede ser de hasta cinco años. El plan de reestructuración no debe afectar a los derechos de segregación o regularización por separado de los acreedores. Los créditos contra la masa deben ser satisfechos en su totalidad, y los créditos concursales deben ser tratados bajo el principio de igualdad.
Un procedimiento concursal se denomina procedimiento de reestructuración (Sanierungsverfahren) si en el momento de la apertura del procedimiento ya se dispone de un plan de reestructuración.
Procedimiento de regularización de deudas
El plan de reestructuración no se aplica solo a las empresas y personas jurídicas sino, también a las personas físicas que no realizan una actividad comercial. Si durante el procedimiento de regularización de deudas no se llega a acordar un plan de reestructuración, se procede a la liquidación de los bienes del deudor. Otra posibilidad de extinguir la deuda la ofrece un plan de pagos o, de forma subsidiaria, una reabsorción del crédito. El plan de pagos es un tipo especial de plan de reestructuración. Las principales diferencias consiste en la ausencia de un dividendo mínimo específico.
Si los acreedores no aprueban el plan de pagos, el tribunal debe ordenar, a instancia del deudor, un procedimiento de reabsorción con exención de la deuda restante. En este caso no se requiere la aprobación de los acreedores. En primer lugar se reabsorbe la parte ejecutable de los ingresos. El deudor debe ceder a un administrador de los acreedores los derechos (salariales) correspondientes durante cinco años. Una vez finalizado el plazo de la declaración de cesión el tribunal ha de declarar finalizado el proceso de absorción que no haya sido archivado y, al mismo tiempo, declarar al deudor exento del pago de todas las deudas que no se hayan abonado a los acreedores concursales (Restschuldbefreiung).
Si el tribunal concursal confirma el plan de reestructuración (o el plan de pagos), el procedimiento concursal queda concluido a partir del momento en que la decisión de confirmación deviene firme. También se produce la conclusión automática del procedimiento concursal una vez iniciado un procedimiento de reabsorción.
Si no se logra el acuerdo de un plan de reestructuración o un plan de pagos, el procedimiento concursal concluirá por decisión del tribunal concursal cuando se pruebe que se ha finalizado el reparto total de los bienes.
Por otro lado, el procedimiento concursal concluye cuando todos los acreedores contra la masa y todos los acreedores concursales así lo deciden, o cuando en el curso del procedimiento concursal se establece que no hay bienes suficientes para cubrir los costes de dicho procedimiento.
Las decisiones de conclusión de procedimientos concursales se publican en la base de datos de procedimientos concursales (Insolvenzdatei).
Como resultado de la conclusión definitiva del procedimiento concursal, el deudor recupera la potestad de disposición respecto a sus bienes (excepto cuando se ha iniciado un procedimiento de reabsorción); cesan los poderes del administrador judicial. Además, el deudor recupera su plena capacidad procesal activa y pasiva. En los procesos en curso se produce un cambio de partes, de la masa concursal al deudor. En determinados sectores, el deudor solo puede volver a ejercer una actividad mercantil con sujeción a ciertas restricciones administrativas [por ejemplo, en virtud de la normativa comercial (Gewerbeordnung)] o las normativas profesionales [por ejemplo, en virtud de la Ley de la abogacía (Rechtsanwaltsordnung)]. En concreto, el fraude doloso a los acreedores está penado.
En cuanto que procedimiento concursal, no concluye con la extinción de la deuda (como resultado de un plan de reestructuración, un plan de pagos o la extinción de la deuda restante tras un procedimiento de reabsorción), los acreedores concursales tienen derecho a presentar una reclamación adicional tras la conclusión definitiva del procedimiento concursal, es decir, pueden volver a reclamar la deuda restante no satisfecha en el procedimiento concursal mediante acciones legales o coercitivas contra el deudor.
Las variantes de extinción de la deuda de los procedimientos concursales tienen el efecto, por otro lado, de que la deuda restante (exceso respecto al dividendo) es solo una obligación imperfecta que, aunque debe ser satisfecha, no es susceptible de ejecución forzosa.
Los costes del procedimiento concursal son soportados por la masa.
Aunque no hubiera activos suficientes para cubrir los costes, se puede abrir el procedimiento concursal si el acreedor que solicita la apertura paga un importe como adelanto para cubrir los costes. El pago del crédito de este acreedor tendrá prioridad sobre los créditos de otros acreedores contra la masa (artículo 46, apartado 1 de la IO).
Actos jurídicos del deudor previos a la apertura del procedimiento concursal
Los actos jurídicos celebrados con anterioridad a la apertura del procedimiento concursal y que sean perjudiciales para los acreedores pueden ser anulados (artículos 27 y ss. de la IO). Serán impugnables tanto los actos jurídicos positivos como las omisiones que afecten a los activos del deudor. La condición para que la impugnación prospere es que el efecto del acto jurídico haya causado un perjuicio a los acreedores concursales. Este es el caso, por ejemplo, de un acto jurídico que suponga la reducción de la satisfacción de pago a otros acreedores debido a que reduce los activos o aumenta las obligaciones. Otro requisito para que la impugnación prospere es que, como resultado de la impugnación, mejoren las perspectivas de satisfacción de pago de los acreedores. Además de estos requisitos generales, para que un acto jurídico sea impugnable deben cumplirse las características de una de las situaciones siguientes:
Anulación por intención de perjudicar a los acreedores (artículo 28, números 1 a 3 de la IO)
Si el deudor ha actuado con la intención de perjudicar a los acreedores y el tercero tenía conocimiento de ello, la anulación abarca los diez años anteriores a la apertura del procedimiento concursal (artículo 28, número 1 de la IO). En el caso de desconocimiento negligente de la intención de perjudicar a los acreedores, la impugnación se limita a los dos años anteriores a la apertura del procedimiento concursal.
Anulación por dilapidación de los activos (artículo 28, número 4 de la IO)
Los contratos de compra, intercambio y suministro celebrados en el año anterior a la apertura del procedimiento concursal son anulables si han causado una dilapidación de los activos perjudicial para los acreedores, y la otra parte tenía o debería haber tenido conocimiento de ello.
Anulación por cesiones gratuitas (artículo 29 de la IO)
Las cesiones gratuitas realizadas por el deudor en los dos años anteriores a la apertura del procedimiento concursal son anulables.
Anulación por existencia de trato preferente (§ 30 de la IO)
Esta circunstancia permite la anulación de determinados actos jurídicos mediante los cuales un acreedor haya recibido un trato preferente respecto a los otros acreedores. El requisito para la anulación del acto es que se haya realizado en el año anterior a la apertura del procedimiento concursal. Al mismo tiempo, es necesario que la insolvencia o el sobreendeudamiento, la presentación de la solicitud de apertura del procedimiento concursal o el acto en cuestión, se hayan producido en los 60 días anteriores a la apertura del procedimiento concursal. Si la operación (satisfacción o garantía) era incongruente (es decir, el acreedor no estaba facultado para reclamar el crédito en virtud de la relación jurídica establecida, o no de ese modo o no en ese momento), no hay requisitos (subjetivos) adicionales para la anulación del acto. Una satisfacción o garantía coherentes (es decir, cuya deuda, modo o momento están justificados) pueden ser anulables en virtud del artículo 30 de la IO. En estos casos, la anulación está condicionada a la intención de otorgar un trato preferente por parte del deudor y al conocimiento o desconocimiento negligente de la otra parte.
Anulación por conocimiento de la insolvencia (artículo 31 de la IO)
Esta circunstancia cubre determinados actos jurídicos celebrados en los seis meses anteriores a la apertura del procedimiento concursal y después de producirse la insolvencia (sobreendeudamiento), cuando la otra parte tuviese conocimiento o, al menos, hubiese debido tener conocimiento de la insolvencia, el sobreendeudamiento o la petición de apertura del procedimiento. Otro requisito consiste en que el acto jurídico otorgue garantía o satisfacción al acreedor o que la transacción jurídica cause un perjuicio directo.
Solo el administrador concursal está legitimado para impugnar. Previamente, debe obtener una declaración del comité de acreedores (artículo 114, apartado 1 de la IO). La impugnación debe hacerse mediante solicitud de anulación, contestación (artículo 43, apartado 1 de la IO), oposición en los procedimientos de ejecución o presentación en los procedimientos concursales de la otra parte de la impugnación. La impugnación se debe presentar en el plazo de un año a partir de la apertura del procedimiento concursal, de lo contrario expira el derecho de reclamación (artículo 43, apartado 2 de la IO); no obstante, este plazo puede prolongarse si así lo acuerdan el administrador concursal y el demandado; esta prolongación solo puede acordarse una vez y no puede superar los tres meses (artículo 43, apartado 2, de la IO).
Actos jurídicos del deudor posteriores a la apertura del procedimiento concursal
Cuando el deudor no tiene poder de autoadministración, los actos jurídicos celebrados por este después de la apertura del procedimiento concursal y que afecten a la masa concursal, en principio, ya no tienen validez en relación con los acreedores concursales (artículo 3, apartado 1 de la IO). Es un asunto de inoponibilidad. El deudor puede contraer obligaciones contractuales incluso después de la apertura del procedimiento concursal, pero los créditos derivados de estas obligaciones no pueden ser confirmados en detrimento de los acreedores concursales antes de la conclusión del procedimiento concursal. Sin embargo, el administrador concursal puede hacer efectivas las transacciones mediante su aprobación posterior.