Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/Autos/2008/A144-08.htm
Timestamp: 2017-11-21 23:02:39
Document Index: 7190399

Matched Legal Cases: ['artículo 18', 'artículo 37', 'artículo 1', 'artículo 37', 'artículo 86', 'artículo 37', 'artículo 37']

A144-08
Auto 144/08
CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA ENTRE JUZGADOS PENALES DEL CIRCUITO
FACTOR TERRITORIAL EN ACCION DE TUTELA-Posibilidades para determinar la competencia
ACCION DE TUTELA CONTRA COLOMBIANA DE TELCOMUNICACIONES-Conocimiento del Juzgado Penal de Circuito
Referencia: Expediente ICC-1238
Accionante: José Ignacio Velásquez Velásquez
Accionados: Colombia Telecomunicaciones
Conflicto de competencia negativo: entre el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Villavicencio y el Juzgado Treinta y Uno Penal del Circuito de Bogotá
1. El señor José Ignacio Velásquez Velásquez interpuso demanda de acción de tutela, por considerar vulnerado su derecho fundamental de petición, contra Colombia Telecomunicaciones. (3 de abril de 2008. Folio 11, cuaderno #1)
2. El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Villavicencio se declaró incompetente para conocer de la presente acción de tutela al determinar que “los efectos de la posible violación de los derechos invocados por el señor José Ignacio Velásquez Velásquez se están produciendo en la ciudad de Bogotá y , por ende, el competente para decidir es el juez de ese circuito”. (7 de abril de 2008. Folio 12, cuaderno # 1).
3. En el reparto entre los jueces civiles de Bogotá, la oficina judicial asignó la acción de tutela al Juzgado Treinta y Uno Penal del Circuito de esa ciudad. Este despacho mediante auto del 24 de abril de 2008 se declaró, de igual forma, incompetente para resolver la tutela al considerar que los competentes para resolver la acción de tutela en estudio eran de los jueces del circuito de Villavicencio, en tanto que el actor a su elección decidió interpone la acción de tutela en el lugar donde se está presentando la posible vulneración del derecho cuya protección se reclama, por lo que advirtió el conflicto negativo de competencias y remitió la acción a la Corte Constitucional. (24 de abril de 2008. Folios 16 y 17. Cuaderno #1).
4. Recepción del caso por la Corte Constitucional. (29 de abril de 2008. Cuaderno Principal).
7. En relación con el tema de los conflictos de competencia que se suscitan entre los jueces de tutela, la Corte ha fijado dos reglas jurisprudenciales fundamentales que no presentan mayores dificultades para su comprensión: i) los conflictos de competencia surgidos en el trámite de las acciones de tutela deben ser resueltos por el superior jerárquico común a las autoridades judiciales involucradas y, ii) sólo deben llegar a la Corte Constitucional aquellos conflictos de competencia que no pueden resolverse dentro de las respectivas estructuras jurisdiccionales de origen, por no existir superior jerárquico común.[3] Así, ha reducido a un ámbito meramente residual su competencia para dirimir este tipo de conflictos.[4]
Entre tanto la colisión suscitada, en el presente caso, entre el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Villavicencio y el Juzgado Treinta y Uno Penal del Circuito de Bogotá debió ser resuelta por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con lo ordenado en el artículo 18 de la Ley 270 de 1996.
Entrando en el estudio del conflicto planteado, encuentra la Sala que la colisión que se ha presentado versa sobre una controversia en la interpretación del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 que dispone que “son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud.”, precepto que fue reglamentado mediante el Decreto 1382 de 2000 que en su artículo 1º también señala que “para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos”
Es así que son varias las posibilidades que existen para determinar la competencia por el factor territorial en materia de acción de tutela, a saber: i) el juez o tribunal con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación de los derechos invocados, ii) el juez o tribunal con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la amenaza de los derechos fundamentales o, iii) el juez o tribunal con jurisdicción en el lugar donde se produjeren los efectos de la vulneración o amenaza de los derechos constitucionales fundamentales invocados.
Como se presenta en el asunto de la referencia, puede ocurrir que se verifiquen varias de las alternativas enunciadas y en esa medida tanto el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Villavicencio como el Juzgado Treinta y Uno Penal del Circuito de Bogotá, desde su óptica tendrían fundamento para considerar que era al otro juzgado al que correspondería conocer de la acción impetrada por el señor Velászquez Velásquez. Así, para el juzgado de Villavicencio se estaría frente a la alternativa (i) y para el juzgado de Bogotá se configuraría la opción (iii).
En este tipo de casos la Corte Constitucional ha fijado la regla jurisprudencial[8] según la cual el criterio que deben aplicar los jueces o tribunales antes de abstenerse de asumir el conocimiento de una solicitud de amparo constitucional y plantear innecesariamente colisiones de competencia, es la elección que haya efectuado el accionante. Lo anterior, a partir de la interpretación sistemática del artículo 86 Superior y del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, que garantizan a todo persona reclamar “ante los jueces - a prevención” la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales,
Sobre este particular ha precisado la Corte que “existe un interés del ordenamiento jurídico en proteger la libertad del actor frente a la posibilidad de elegir el juez competente de las acciones de tutela que desee promover. Libertad, que si bien está sometida a las reglas de competencia fijadas por el artículo 37 (factor territorial) y por las reglas del decreto 1382 (factor subjetivo y factor funcional), resulta garantizada por el ordenamiento, al ofrecer la posibilidad de elegir la especialidad del juez de tutela competente.”[9]
Por lo anterior, aplicando la regla jurisprudencial indicada, el despacho que desde el mes de abril de 2008, debió asumir el conocimiento de la solicitud de tutela era el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Villavicencio, no sólo por asistirle competencia por el factor territorial, sino porque que esa fue la elección de la accionante. En consecuencia se le remitirá el expediente para que asuma sin más dilaciones la acción de tutela de la referencia.
Primero.- Por Secretaría General REMÍTASE el expediente contentivo de la acción de tutela propuesta por el señor José Ignacio Velásquez Velásquez contra Colombia Telecomunicaciones, al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Villavicencio para que éste asuma en forma inmediata el conocimiento del referido amparo constitucional y, en consecuencia, adelante la correspondiente actuación judicial.
Segundo.- Por Secretaría General COMUNÍQUESE la decisión adoptada en esta providencia al Juzgado Treinta y Uno Penal del Circuito de Bogotá con el fin de que tengan conocimiento sobre lo aquí resuelto por la Corte Constitucional.
[8] Corte Constitucional. Autos 277 de 2002 MP. Eduardo Montealegre Lynett, 149 y 017 de 2003 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, 021 de 2003, 030 de 2003 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, 036 de 2003 M.P. Álvaro Tafur Galvis, 037A de 2003 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, 043 de 2003, 044A de 2003 M.P. Eduardo Montealegre Lynett, 045 de 2003 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, 048 de 2003 M.P. Álvaro Tafur Galvis, 049 y 081 de 2003 M.P. Rodrigo Escobar Gil, 083 de 2003 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, 048 y 105 de 2004 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, 072 de 2004 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, 123 de 2004, 137 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas Hernández y 213 de 2005, entre otros.
[9] Corte Constitucional. Auto 277 de 2002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.