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Timestamp: 2016-10-21 22:26:11
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Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 12', 'artículo 171', 'artículo 76', 'Artículo 1', 'artículo 19', 'artículo 32', 'Artículo 1', 'ARTÍCULO 1']

⭐CODIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
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Claudia Pereyra Coronel
1 UNIDAD DE INFORMATICA LEGISLATIVA CODIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Fecha de Aprobación: 12 DE DICIEMBRE DE 2008 Fecha de Promulgación: 18 DE DICIEMBRE DE 2008 Fecha de Publicación: 18 DE DICIEMBRE DE 2008 Fecha Ultima Reforma 29 DE MARZO DE 2011 Estimado Usuario: La edición de las disposiciones jurídicas del ámbito Federal o Estatal, en medios electrónicos no representa una versión oficial, ya que de acuerdo al artículo 3º del Código Civil Federal; los artículos 2º, 3º, 4º y 8º de la Ley del Diario Oficial de la Federación; los artículos 3º, 4º y 5º de la Ley del Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí; y el artículo 2º del Código Civil para el Estado de San Luis Potosí, las únicas publicaciones que dan validez jurídica a una norma es el propio Diario Oficial de la Federación, la Gaceta Oficial del Distrito Federal o los Periódicos Oficiales Estatales, en este caso el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí.2 CODIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI ULTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL: el martes 29 de Marzo de Código publicado en el Periódico Oficial, el Jueves 18 de Diciembre de MARCELO DE LOS SANTOS FRAGA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, a sus habitantes sabed: Que la Quincuagésima Octava Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí decreta lo siguiente: DECRETO 555 CODIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI EXPOSICION DE MOTIVOS La familia es considerada universalmente como el ámbito natural y primario del ejercicio y desarrollo de los derechos fundamentales de las personas. AI margen de estereotipos e ideologizaciones de índole científica, cultural o social, el núcleo familiar tiene el carácter de una institución natural, primigenia, anterior al estado y a cualquier otra institución positiva, con los derechos y obligaciones inherentes a su naturaleza intrínseca, los cuales resultan esenciales y complementarios de los derechos humanos de las personas que la integran. EI Código Familiar para el Estado aborda el tema de la institución familiar; considerándola como la unión permanente de personas vinculadas por el matrimonio o el concubinato, y por parentesco de consanguinidad, afinidad y civil, basada en los principios y valores humanos para lograr el desarrollo integral de cada uno de sus miembros. La institución familiar como sociedad natural, resulta fundamental para la sociedad misma y para el estado, en virtud de que cualquier individuo, antes que ciudadana o ciudadano y miembro de la sociedad, es originariamente miembro de una familia. La familia, por tanto, viene a ser el centro de convergencia de las diversas experiencias y expresiones humanas, a la vez que es el foco de irradiación de las más variadas actitudes y conductas personales, derivadas de la práctica de otros tantos valores humanos que caracterizan a la vez, que diferencian a una sociedad en relación con otra, o a los diferentes grupos étnicos o nacionalidades. En este contexto se interpreta el sentido de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que describe a la familia como "Ia unidad básica de la sociedad y medio natural para el desarrollo y bienestar de todos sus miembros, especialmente de los niños y niñas." México, como uno de los países firmantes de la Declaración de la ONU, destaca la importancia y trascendencia de la familia, como núcleo esencial de la sociedad, al establecer su compromiso de protección obligatoria a la institución familiar, tal como lo declara el artículo 4 de nuestra Constitución Política: "EI hombre y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia". De esta forma, la familia como institución social y jurídica, y cada uno de sus miembros, individualmente o como grupo humano, constituyen una prioridad ineludible de los poderes del estado, en sus distintos órdenes, en su calidad de responsables directos del cumplimiento de la ley. Por tanto, el estado y la sociedad en su conjunto, deben privilegiar a las familias con medidas de carácter jurídico, social, económico y político, que contribuyan a consolidar su unidad y estabilidad, para que pueda cumplir de la mejor forma su función especifica. De la fortaleza institucional de las Descargala en: 13 familias deriva, en lo posible, la calidad humana de los individuos y, a partir de esta premisa indispensable, surge el fomento y desarrollo de los valores cívicos de los ciudadanos. En nuestra Entidad, la administración de la justicia en asuntos familiares corre a cargo de los juzgados de Primera Instancia civiles, mixtos y familiares, cuyos procedimientos y resoluciones se regulan por las disposiciones del Código Civil para el Estado; sin embargo, la necesidad de crear un Código Familiar se fundamenta en que las instituciones comprendidas dentro este ámbito jurídico, requieren una especial atención por parte del estado, para fortalecer su desempeño en favor de la institución familiar, de vital importancia para el propio estado y la sociedad. Además, si tomamos en cuenta que el objeto de la norma jurídica es regular la conducta humana, en su interrelación con las demás personas, compilar en un Código Familiar las normas especificas que atañen a los derechos y obligaciones de las personas integrantes de las familias, resulta por demás necesaria y congruente, entre otras, por las siguientes razones: a) Por la importancia y relevancia que le corresponde a la familia como institución fundamental, en congruencia con las disposiciones constitucionales relativas al quehacer del estado. b) Porque aunque los diversos derechos y obligaciones de los integrantes del núcleo familiar, están incluidos en el amplio y diverso acervo de temas regulados por el actual Código Civil para el Estado, también es cierto que los actos y hechos, materia del Código Familiar, por ser de orden publico e interés social, por su naturaleza y volumen, ameritan un marco normativo especial, con una estructura y procedimientos también específicos, que se traduzcan en una administración expedita y eficaz de la justicia en este ramo. c) Porque resulta particularmente practico y funcional, tanto para los jueces y personal de los Juzgados de lo Familiar, como para las personas de cada familia, tener el acceso fácil a una compilación de normas directamente relacionadas con su casuística cotidiana, y con los asuntos familiares que con mayor frecuencia ocupan la atención y preocupación de todas las personas, sin distinción alguna. Por ende, este novel instrumento jurídico que se propone deja a salvo el derecho irrestricto de las garantías constitucionales, en cuanto a la libertad de expresión, el derecho a la información objetiva y oportuna, así como al Iibre ejercicio de las creencias religiosas; sin dejar de valorar la influencia avasalladora de los medios de comunicación masiva, y el impacto transformador del fenómeno mundial de la globalización, en relación con la vigencia o cambio de los usos y costumbres familiares. Nuestro objetivo concreto se centra en la conformación del marco jurídico de la institución familiar, tal como socialmente es aceptada y legalmente reconocida. Concientes de que un Código Familiar, como referente normativo general de la familia, en éste la expresión "familia" constituye la célula básica de la sociedad. Asimismo, parte de la base de que en la aplicación concreta de esta disciplina jurídica, resulta no solo necesario, sino indispensable, el aporte complementario de las demás ciencias auxiliares o conexas con esta rama del derecho. EI contenido del presente Código Familiar, si bien se concreta a normar jurídicamente los actos y hechos que atañen legalmente a las familias, da por hecho que su aplicación debe ser complementada en la práctica, con las aportaciones de los profesionales de otras disciplinas científicas, que coadyuvan a la correcta valoración y legitimidad de los actos y hechos humanos. Nuestro Estado posee el honor de ir a la vanguardia en varias disciplinas académicas, literarias y científicas; por lo que consideramos que este Código contribuye también a ese mismo propósito. Si bien es cierto que únicamente los Estados de Morelos, Hidalgo y Zacatecas, cuentan ya con una legislación especial sobre la familia, sus experiencias positivas avalan la expedición del Código Familiar para el Estado de San Luis Potosí. Descargala en: 24 EI Código Familiar para el Estado de San Luis Potosí, consta de once títulos; cincuenta y dos capítulos; quinientos cincuenta y cuatro artículos; y tres artículos transitorios, cuyo contenido especifico abarca las siguientes formulaciones: EI Titulo Primero contiene las Disposiciones Generales del Código Familiar, los principios rectores de las normas del Derecho Familiar, como son la equidad, la solidaridad domestica, respeto mutuo e interés superior del menor. En el Titulo Segundo referente a la familia, se le define como la unión permanente de personas vinculadas por el matrimonio o el concubinato, y por parentesco de consanguinidad, afinidad y civil, basada en los principios y valores humanos para lograr el desarrollo integral de cada uno de sus miembros. La familia es la base de la sociedad; y el ámbito natural y primario del ejercicio y desarrollo de los derechos fundamentales de las personas. En el Titulo Tercero queda establecida la institución del matrimonio, y se instituyen los dieciocho años como edad legal para contraerlo, salvo dispensa y autorización legítima otorgada a las y los contrayentes, para que pueda efectuarse a los dieciséis años; esto permite homologar nuestra legislación con la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Se incluyen, asimismo, las causas por las cuales el matrimonio queda disuelto, y se establece que el sostenimiento económico del hogar recaerá, proporcionalmente, en ambos cónyuges. De igual forma, ante la importancia que representan las relaciones patrimoniales derivadas del matrimonio, se considero prudente conservar los regimenes patrimoniales que actualmente.existen en el Código Civil; no obstante, se decidió explicitar en qué consiste la separación de bienes, y la sociedad conyugal. Para proveer de claridad y certeza jurídica a la y el ciudadano, se adiciono al Titulo correspondiente al matrimonio, el Capítulo VIII, concerniente a la existencia y validez del matrimonio, con la finalidad de especificar cuáles son los elementos esenciales de éste, los requisitos para su validez, así como las causas de su nulidad absoluta y relativa. Asimismo, al interior de este Titulo se incluye la figura jurídica del divorcio, el que deviene a consecuencia de la disolución del vinculo matrimonial; en tal virtud, se consideró viable respetar la mayoría de las que operan actualmente, no obstante algunas de estas han sido subsumidas en la conducta de violencia familiar. De igual forma, se considero factible que al momento de la disolución del vinculo matrimonial, la o el cónyuge que administre o cuide los bienes del otro, y cuyos frutos se destinen a satisfacer las necesidades familiares, tendrá derecho al cincuenta por ciento de la utilidad o gananciales netas que resulten; asimismo, en el caso de que ese cónyuge administre esos bienes y se ocupe de la atención del hogar, tendrá derecho a una indemnización mayor. Se considera pertinente establecer una protección equitativa para ambos cónyuges al momento de la disolución del vinculo matrimonial, para tal efecto, se establece que, en el caso de que uno de las o de los cónyuges se ocupe o haya ocupado preferentemente del cuidado del hogar, tendrá derecho al cincuenta por ciento de la propiedad de los inmuebles y muebles destinados a satisfacer las necesidades de la familia, cuando estos sean propiedad exclusiva del otro cónyuge. En este mismo sentido, la o el cónyuge que se ocupe principalmente del cuidado del hogar, conservara el cien por ciento de los derechos de los bienes de su exclusiva propiedad, y que se destinen a satisfacer las necesidades familiares. Estas mismas disposiciones son aplicables en lo conducente a los concubinos. Para dar una mayor precisión jurídica al divorcio por mutuo consentimiento, se separaron los artículos sustantivos de la materia adjetiva. En tal virtud, en el Código Familiar solo se establecen los requisitos del convenio que las partes deben presentar ante la autoridad judicial, así como el Descargala en: 35 tiempo transcurrido que deben esperar los cónyuges para solicitarlo y en que caso queda suspendido éste. En esta nueva conformación, los dispositivos relacionados con el procedimiento fueron remitidos al Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí. EI Código Civil que entró en vigor el 15 de abril de 1947, establecía que el trámite del divorcio por mutuo consentimiento, requería de la ratificación ante la autoridad judicial por parte de los solicitantes; después de esto, dar vista al Ministerio Publico y que, una vez que éste manifestaba su conformidad, se celebrarían tres juntas de avenencia entre las y los solicitantes, debiendo transcurrir un lapso de treinta días entre cada junta; la razón que se esgrimió para este trámite tan prolongado, era procurar la estabilidad familiar; aun cuando sin duda este es un loable propósito, lo cierto es que no se lograba una resolución más rápida y se acudía, por parte de los litigantes, al trámite del divorcio necesario con el allanamiento del demandado. Las autoridades, tanto legislativas, como judiciales, atentar a lo anterior, modificaron el Código Civil, reduciendo de tres a dos juntas, así como los plazos entre estas, simplificando, además, el tramite para los matrimonios que manifestaran no tener hijas o hijos. La convicción de este Legislativo de procurar la unidad de las familias, no debe, ni puede estar por encima del sano desarrollo de los integrantes de las mismas, lo cual se logra en un ambiente de armonía y concordia entre sus integrantes; la falta de estas provoca la violencia entre sus miembros, lo que a su vez trae consigo la disfunción familiar con consecuencias negativas, traduciéndose en un deficiente desarrollo psicosocial de sus miembros. Si la pareja considera que lo mejor para ellos, y sus hijas o hijos, es el divorcio, el estado no debe entorpecer esa decisión; sino procurar que este se lleve a cabo en los mejores términos que sea posible, salvaguardando el interés superior de los menores; para ello, se consideró necesario simplificar el procedimiento y establecer los mecanismos adecuados para garantizar plenamente los derechos alimentarios de los menores, y una vida libre de violencia a los integrantes de las familias, por lo que se establecieron los puntos medulares del convenio que celebren los solicitantes del divorcio, y un solo procedimiento para los casos de divorcio voluntario. En el Titulo Cuarto relacionado con el Concubinato y su disolución, el requisito de vivir durante cinco años ininterrumpidos para que este exista jurídicamente, se redujo a tres años; esto en razón de la problemática actual, cuando por diversas razones las parejas deciden no celebrar un contrato de matrimonio formal, sino llevar a cabo una unión de hecho, que tenga como finalidad satisfacer sus necesidades emocionales; no obstante, dada las circunstancias que ésta conlleva en materia de derechos y obligaciones, la legislación existente debe ser acorde con este fenómeno social. EI Titulo Quinto referente al Patrimonio Familiar, conservó la totalidad de sus disposiciones establecidas en el Código Civil para el Estado, por tratarse de un tema de vital importancia al interior de la familia, su trascendencia, eficacia y efectos ante terceros; sin embargo, se consideró necesario que el valor máximo permitido de los bienes que conformen el patrimonio familiar, sea el que resulte de multiplicar la cantidad derivada del importe de ciento cincuenta días de salario mínimo vigente en el Estado, por trescientos sesenta y cinco días. En el Titulo Sexto referente al Parentesco, una de las disposiciones innovadoras de este Código Familiar, consiste en equiparar la filiación resultante de la fecundación humana asistida, con el parentesco de consanguinidad; Esto último debido a que en la actualidad existen matrimonios o parejas en concubinato, quienes ante su imposibilidad de concebir hijas ó hijos propios, recurren a diversas técnicas de reproducción humana asistida con el fin de procrear. Dentro de estas técnicas se encuentra la inseminación heteróloga, en la cual cuando menos uno de los gametos, masculino o femenino, ha sido aportado por un tercero extraño, denominado "donante". En tal circunstancia y con el fin de salvaguardar los derechos de la niña o niño a la identidad, a tener una familia, a los alimentos y a la sucesión, se establece esta homologación de parentesco, para prevenir que mediante el uso de las pruebas autorizadas por ley para la comprobación de la paternidad, alguno de los padres evada las obligaciones antes señaladas; de igual forma, se prevé con esta innovación la inexistencia de parentesco alguno entre la o el menor, y el tercero donante. Descargala en: 46 En el Titulo Séptimo se estableció como prioritario el derecho a los alimentos sobre cualquier otra obligación del deudor alimentario, por constituir un satisfactor de orden público, de naturaleza urgente e inaplazable, para la subsistencia de los acreedores alimentarios; esto último en cumplimiento del articulo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Queda instituido de forma general lo que comprenden estos, y se especifican los casos de las personas con algún tipo de discapacidad, o declaradas en estado de interdicción, y de las personas adultas mayores que carezcan de capacidad económica. En razón de la naturaleza constitutiva de los alimentos, se otorga a la autoridad judicial la facultad de pronunciarse de oficio y, suplir, en favor de las partes, la deficiencia de sus planteamientos, manteniendo el principio de equidad procesal. Si bien es cierto que el Código Civil actual regula las sanciones que se aplican a las y los deudores que no cumplen con sus obligaciones, se consideró conveniente reglamentar en este Código Familiar, las medidas coercitivas aplicables a las y los patrones, gerentes generales y representantes legales de la fuente de trabajo de la o el deudor alimentario, para que den cabal cumplimiento a las determinaciones judiciales que se emitan en relación con los descuentos y deducciones correspondientes al pago de las pensiones alimenticias, con independencia de las sanciones que establece el Código Penal para el Estado, en el caso de desacato a una orden judicial. EI Titulo Octavo se refiere a la Filiación, entendida esta como el derecho irrenunciable que tiene toda persona a ser hija o hijo desde el momento que nace o es adoptado. A través de la filiación se genera el parentesco entre los progenitores y las hijas y los hijos, por lo que es necesario al hablar de esta, de incorporar al lenguaje del derecho, la terminología jurídica acorde con los avances científicos registrados en el área de la procreación del genero humano, en relación con la filiación resultante del uso de técnicas de reproducción humana asistida. Ante el avance de la ciencia en materia de reproducción humana asistida, la ciencia jurídica se ha visto precisada a actualizar sus vocablos sobre este tema; lo que, a su vez, motivó a este Legislativo a un estudio minucioso respecto a la filiación resultante de la aplicación de técnicas de fecundación humana asistida, proveyéndose de información especializada sobre este complejo tema, en previsión de la problemática jurídica que puede surgir cuando un tercero donante de material genético, pretenda ejercer su derecho a la prueba de la paternidad o, por el contrario, cuando el padre legal no biológico, pretenda desconocer a la hija o hijo que no posee su material genético, solicitando para ello la prueba del acido desoxirribonucléico (ADN), que por derecho Ie otorga la legislación vigente en el Estado. Actualmente estos supuestos jurídicos no se han materializado en los hechos; sin embargo, como legisladores poseemos el compromiso ético de prever cualquier circunstancia, que derive en incertidumbre legal para el destinatario de las normas. Con esto, además, se fortalece la seguridad jurídica de aquellos cuya filiación es resultante de la aplicación de técnicas de reproducción asistida, garantizando sus derechos fundamentales establecidos en los artículos 1, 4, 14, 22, 34 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual forma, consideramos viable incluir al interior de este Titulo, lo relativo a la adopción, por ser una forma de obtener la filiación entre la o el adoptante, y la o el adoptado. Asimismo, con la finalidad de asegurar plenamente el interés superior de la o el menor, analizamos los contenidos de la Convención de los Derechos del Niño; y la Ley sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de San Luis Potosí, en lo relacionado con los tramites de la adopción y su derecho a vivir en familia; es por ello que se establece al interior del presente Código, solo la figura de la Adopción Plena, instrumento que garantiza a las y los menores, su interés superior como lo principal, antes que cualquier otro. EI Titulo Noveno se refiere a la Patria Potestad, que se define como el conjunto de derechos y deberes otorgados por la ley, y reconocidos a las madres, padres, abuelas, abuelos, en relación a Descargala en: 57 sus hijas, hijos o nietas o nietos, para cuidarlos, protegerlos y educarlos, debiendo imperar el respeto y la consideración mutuos, cualquiera que sea su estado y condición, hasta antes de alcanzar la mayoría de edad; además, se ejerce sobre los bienes de quienes estén sujetos a ella. En este tema, en función del interés superior de la o el menor, se revaloró la necesidad de establecer disposiciones claras y específicas, que serán aplicadas por la autoridad judicial, al momento de que la madre o el padre deje de ejercer la patria potestad, o cuando ambos no puedan ejercerla. Estas disposiciones contemplan el caso de que la madre o el padre convengan entre ellos a quien corresponde la patria potestad; en caso de no llegar a un acuerdo los padres, la autoridad judicial decidirá a quien corresponda ésta, tomando en cuenta los aspectos sociales y conductuales de ambos, oyendo a los ascendientes y a la o el menor de edad, si este ya cumplió los 7 años. Cabe precisar que una de las formas por las que concluye el ejercicio de la patria potestad es mediante la emancipación; ahora bien, con las modificaciones efectuadas, en relación con la edad para contraer matrimonio, esta figura jurídica queda sin efecto; por lo que la muerte de quien ejerce la patria potestad, y la mayoría de edad de la o el menor, son las dos únicas circunstancias por las cuales termina su ejercicio. De igual forma, en razón del interés superior de la o el menor, se consideró viable actualizar las causales de pérdida de la patria potestad, e incluir como una de ellas, la deliberada desatención de las obligaciones de convivencia por un término que cause perjuicio a la o el menor. Por otra parte, se toma en cuenta la importancia y trascendencia del tema de las o los menores, por lo que se adiciona un capítulo especial en materia de Custodia, que establece lo siguiente: cuando conforme a este Código, solamente la madre o el padre deba hacerse cargo provisional o definitivamente de la guarda de una o un menor, convendrán quién de ellos se hará cargo de la administración de los bienes de la o el menor, y con éste habitarán las hijas o los hijos. En caso de no existir un acuerdo entre ambos, la autoridad judicial decidirá quien deba hacerse cargo de la custodia de las hijas o los hijos menores de 12 años; para lo cual gozara de las más amplias facultades, teniendo en cuenta el interés superior de las y los menores. Para tal efecto, el Tribunal deberá oír a los padres y recibirle las pruebas que ofrezcan, y oír a las y los menores, si es posible de acuerdo con su edad, y si es necesario, a las abuelas, abuelos, tías, tíos, hermanas y hermanos mayores, o demás parientes interesados, así como a la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia. En ningún caso se concederá la custodia de la o el menor, al ascendiente que se pruebe ha tenido un comportamiento que afectó o afecta emocionalmente al menor. Las niñas o niños mayores de 12 años podrán manifestar cual de ambos progenitores desean se haga cargo de ellos, la autoridad judicial será quien decidirá quien deba hacerse cargo de ellas o ellos, atendido al interés superior de las y los menores. EI Titulo Décimo contiene las disposiciones relacionadas con la Tutela. Las estipulaciones de esta institución, versan sobre el tema del lenguaje de género, sustituyendo aquellos términos que impliquen discriminación, o que sean de carácter peyorativo hacia quienes sean sujetos de tutela, y se propone la creación de la figura de la Tutela Pactada, con la finalidad de dar cabal cumplimiento al artículo 12 de la Constitución Política de nuestro Estado, donde se establece que las personas con discapacidad, los ancianos, los niños y las niñas, serán objeto de especial protección por parte de las autoridades. La innovación normativa otorga a la persona que ejerza la patria potestad sobre una o un menor con discapacidad, el derecho de pactar en vida con persona de su confianza, el ejercicio de la patria potestad después de su fallecimiento. Aunque existe similitud entre la tutela pactada, con la figura de la tutela testamentaria, la pactada queda de forma exclusiva para personas con Descargala en: 68 discapacidad, ya que le confiere a quien ejerza la patria potestad, el derecho de que su hija o hijo con discapacidad, quede bajo la patria potestad de una persona de su plena confianza, sin que necesariamente sea o pueda ser su familiar. Respecto a la figura jurídica de la Curatela y lo relativo al estado de interdicción, se efectuó una reformulación de ambas en materia de lenguaje con enfoque de género, y la sustitución de aquellos términos que generen discriminación o que sean de carácter peyorativo. En congruencia con los requisitos establecidos para contraer matrimonio, entre los que se incluye la mayoría de edad en ambos contrayentes, la figura de la emancipación queda derogada, ya que esta obedecía a los efectos que produce el matrimonio en la persona menor de edad. EI Titulo Décimo Primero se refiere a la figura jurídica del Registro Civil; en razón de la naturaleza de esta institución, supeditada a actos del estado civil de las personas. Por lo anterior, este Honorable Poder Legislativo considera que lo relacionado con la persona ausente, o de quien se ignore su paradero, permanezca como actualmente se encuentra en la legislación civil, presentando la disminución del término de la presunción de muerte del ausente, a tres años, una vez hecha la declaración de ausencia por la autoridad judicial, que tiene como objetivo principal agilizar la movilización de los bienes o capitales de quien haya sido declarado ausente en los términos del Código Civil. Derivado de la creación del Código Familiar para el Estado de San Luis Potosí, y las reformas y derogaciones al Código Civil para el Estado de San Luis Potosí, se llevaron a cabo diversas remisiones al Código Civil, en el Libro Segundo, relacionado con los bienes. Asimismo, con la finalidad de evitar que se hagan nugatorios los efectos de la acción de alimentos a favor del acreedor alimentario, se reforma el artículo 171 del Código Penal para el Estado de San Luis Potosí, en lo relativo al delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, al enunciar que cometerá este delito, quien intencionalmente eluda el cumplimiento de dichas obligaciones. Asimismo, se estimó pertinente en función de salvaguardar el interés superior de la o el menor, elevar la sanción pecuniaria, de cincuenta a ciento cincuenta salarios mínimos. Cabe puntualizar que como consecuencia de la inserción de la figura jurídica de la filiación, resultante de la reproducción asistida, contemplada en este Código Familiar para el Estado de San Luis Potosí, se hace necesaria la adición de los artículos 57 Bis, 57 Ter y 57 Quater, a la Ley de Salud del Estado, relacionados con la salud reproductiva, que implican la obligación de la Secretaria de Salud, de proporcionar, a quien la solicite, la información sobre las técnicas de reproducción asistida y sus disposiciones legales. Finalmente, se adicionó el artículo 76 Bis a la Ley de Asistencia Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosi, relativo a las instituciones privadas legalmente constituidas, autorizadas para promover la adopción de las o los menores que les sean conferidos, las cuales están obligadas a tener un Consejo Interno de Adopciones, en el que deberán participar el Ministerio Público, y la autoridad rectora de la asistencia social en el Estado, quien vigilara la aplicación de las políticas que sobre la materia establezca ese organismo. CODIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI TITULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES Descargala en: 79 Capítulo Unico (REFORMADO P.O. 22 DE JULIO DE 2010) ARTICULO 1. Las normas del derecho familiar contenidas en el presente Código, son de orden público, interés social y observancia general. Por lo tanto, son irrenunciables y no son materia de convenio, salvo las excepciones expresamente señaladas. Su objeto es regular las instituciones derivadas de la familia, y las relaciones entre sus integrantes. ARTICULO 2. Las normas del derecho familiar se sustentan en los principios de equidad, solidaridad doméstica, respeto mutuo e interés superior de la o el menor. Para lograr la integración familiar, los miembros de la familia tendrán los derechos y obligaciones que se señalan en este Código y otras disposiciones aplicables en la materia. (REFORMADO P.O. 22 DE JULIO DE 2010) ARTICULO 3. El Estado promoverá la integración de la familia, a través del matrimonio y del concubinato, reconociéndolos como instituciones fundamentales del derecho familiar, mediante programas y acciones orientados a su estabilidad y permanencia, al desarrollo armónico de todos los integrantes de la familia, así como a la tutela del cumplimiento de sus derechos y obligaciones. ARTICULO 4. Las madres y los padres tienen la responsabilidad de proveer al desarrollo intelectual, ético y físico de sus hijas e hijos. (REFORMADO P.O. 22 DE JULIO DE 2010) ARTICULO 5. Las hijas e hijos tienen el deber de honrar y respetar la integridad de su padre, madre y demás ascendientes; de proveer en todas sus necesidades; de cuidarlos en su condición de personas adultas mayores, de enfermedad, o del estado de interdicción en el que se encuentren. (REFORMADO P.O. 22 DE JULIO DE 2010) ARTICULO 6. Cuando no le sea posible a la autoridad judicial que conozca de una controversia en materia familiar, resolver conforme al texto, por el sentido lógico o el espíritu de la ley, resolverá con base en los principios generales del derecho, considerando en su decisión, de manera integral, las circunstancias particulares del caso. (REFORMADO P.O. 22 DE JULIO DE 2010) ARTICULO 7. Las y los extranjeros que se encuentren temporal, o definitivamente en el territorio del Estado, están sujetos a las disposiciones de este Código, respecto a su condición y relaciones del orden familiar. (REFORMADO P.O. 22 DE JULIO DE 2010) ARTICULO 8º Las instituciones de asistencia social, públicas y privadas dedicadas a la atención de las familias, que estén debidamente certificadas por el órgano rector de la asistencia social en el Estado, realizarán cursos de preparación matrimonial, de fortalecimiento de la unión conyugal, para fomentar los valores y actitudes que consoliden la estabilidad y armonía de la familia. ARTICULO 9º. En caso de conflicto de derechos que tenga relación con las o los menores de edad, y a falta de disposición expresa en este Código, se aplicará lo establecido en la Ley Sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de San Luis Potosí. TITULO SEGUNDO DE LA FAMILIA Capítulo Unico (REFORMADO P.O. 22 DE JULIO DE 2010) Descargala en: 8 Mostrar más
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