Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-su-600-de-agosto-18-de-1999-unificacion?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920419925f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-12-12 19:22:10
Document Index: 329444393

Matched Legal Cases: ['artículo 16', 'artículo 432', 'artículo 162', 'artículo 121', 'artículo 229', 'artículo 29', 'artículo 209']

﻿ SENTENCIA SU-600 DE AGOSTO 18 DE 1999 UNIFICACION
SENTENCIA SU-600 DE 18 DE AGOSTO DE 1999
CONTENIDO:EN LOS TRIBUNALES DE ARBITRAMENTO, NO ES POSIBLE NEGAR LA IMPORTANCIA JURÍDICA Y PROCESAL DE LA ETAPA PRE ARBITRAL, PUES BIEN EN ELLA NO SE DECIDEN LAS CONTROVERSIAS, SÍ SE HACE PATENTE EL EJERCICIO DE UNA FUNCIÓN PÚBLICA EN LA CUAL EL DIRECTOR DEL CENTRO DE ARBITRAJE DEBE ADMITIR O RECHAZAR LA SOLICITUD DE CONVOCATORIA Y LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN, RESPETANDO EN TODO MOMENTO EL DEBIDO PROCESO Y EL DERECHO A LA DEFENSA.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO AL DEBIDO PROCESO, ARBITRAJE, TRIBUNAL DE ARBITRAJE, LAUDO ARBITRAL, DERECHO DE DEFENSA, FACULTADES DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE, COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:335 DE NOVIEMBRE DE 1999, PÁG.2086
REVISTA TUTELA N°:1 DE ENERO DE 2000, PÁG.25
Sentencia SU-600 de agosto 18 de 1999
EJERCICIO DE PODERES PROCESALES EN LA ETAPA PREARBITRAL
Ref.: Expediente T-186814
Actores: Frosst Laboratories Inc., Merck & Co. Inc. y Merck Frosst Canada Inc.
1. Mediante apoderado, las firmas Frosst Laboratories Inc, Merck & Co Inc. y Merck Frosst Canada Inc., interpusieron acción de tutela contra el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá (en adelante CACCCB), por cuanto estiman que éste vulneró sus derechos al debido proceso y a la igualdad “con la actuación arbitral surtida en el mencionado Centro dentro del trámite arbitral que adelanta la sociedad Tecnoquímicas S.A. contra Frosst Laboratories Inc, Merck & Co Inc, Merck Frosst Canada Inc”.
2.1. El 23 de junio de 1986, la sociedad Merck & Co. Inc. celebró con Tecnoquímicas S.A. tres contratos: uno de licencia, otro de distribución y otro de suministro. El mismo día, las sociedades Merck Frosst Canada Inc. y Frosst Laboratories Inc. celebraron, por separado, un contrato de licencia y otro de servicios de mercadeo con Tecnoquímicas S.A. En cada uno de estos contratos se pactó la siguiente cláusula compromisoria:
2.2. El 3 de febrero de 1997, Merck & Co Inc, Merck Frosst Canada Inc., y Frosst Laboratories Inc, presentan solicitud de arbitramento ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI) “para que se declare que la relación entre Tecnoquímicas y las tres (3) demandadas no es una relación de agencia comercial bajo la ley colombiana, y para que se obligue a Tecnoquímicas a pagar a las mencionadas las sumas que ha retenido arbitrariamente”. La Cámara de Comercio Internacional acepta la solicitud, y el 11 de febrero de 1997 notifica a Tecnoquímicas.
2.3. El 7 de marzo de 1997, Tecnoquímicas S.A. mediante apoderado presentó un escrito al director del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá en el que le solicitó “convocar un Tribunal de Arbitramento, para que con citación y audiencia de las sociedades Merck & CO., INC., domiciliada en Rahway, New Jersey, E.E.U.U; su filial colombiana Frosst Laboratories Canada INC., domiciliada en Ontario, Canada...., dirima en derecho las controversias que actualmente existen entre las partes, originadas en la ejecución de su relación contractual”.
2.4. El 31 de marzo, el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, admite la solicitud de convocatoria de un tribunal de arbitramento presentada por Tecnoquímicas S.A para solucionar las diferencias con Frosst Laboratories Inc, Merck & Co Inc. y Merck Frosst Canada Inc.
2.6. El 3 de abril de 1997, la Cámara de Comercio Internacional informa a las partes las decisiones que dicha entidad ha tomado respecto al procedimiento a llevarse a cabo dentro del arbitraje solicitado. El 23 de junio, la Cámara de Comercio Internacional nombra como árbitro a Eduardo Siqueiros.
2.7. El 25 de agosto, el CACCCB resuelve los recursos de reposición presentados por Merck & Co Inc y Merck Frosst Canada Inc., contra la providencia del 31 de marzo de 1997. Sostiene que, según el decreto 2651 de 1991, los centros de arbitraje tienen la función de colaborar con la justicia arbitral en los aspectos referentes a la preparación del proceso, realizando los trámites que señala el artículo 16 del mismo decreto. Sobre el punto expresa lo siguiente:
6.1. El representante legal de Tecnoquímicas sostiene que la solicitud de convocatoria de un tribunal se asimila a la presentación de una demanda. En su concepto, la actuación de los apoderados de Frosst Laboratories Inc, Merck & Co Inc y Merck Frosst Canada Inc, “solo persigue dilatar el trámite arbitral que se adelanta en la ciudad de Santa fé de Bogotá, con el pretendido ánimo de que el trámite que adelantaron ante la Cámara de Comercio Internacional, sea fallado con anterioridad del trámite adelantado en Colombia”.
6.3. El Presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá impugna la decisión del tribunal porque considera que: “i) el Director del Centro de Arbitraje y Conciliación no tiene facultades de juez, ii) el Director del Centro no tiene las facultades que se le asignan como propias en la providencia que se impugna; iii) no se ha violado el derecho a la igualdad, por cuanto los casos citados se refieren todos a un mismo asunto y obedecen a circunstancias completamente diferentes”.
6.4. El apoderado de la Cámara de Comercio basa su escrito de impugnación en la siguiente tesis: “[E]l director del centro de arbitraje no es juez, no tiene funciones jurisdiccionales y sus actos no son jurisdiccionales”. Afirma que el control sobre la demanda lo tiene el tribunal de arbitramento. La relación jurídico procesal en el proceso arbitral nace con la ejecutoria del auto del tribunal por medio del cual admite su propia competencia. Aclara que aunque en este proceso no está previsto un auto específico de admisión de la demanda, la calificación se efectúa cuando el tribunal de arbitramento se pronuncia sobre su propia competencia, puesto que entonces revisa su jurisdicción y, el contenido del pacto arbitral. Señala que la calificación de su propia competencia por parte del tribunal de arbitramento "sí implica ejercicio de funciones jurisdiccionales y que decidir que no es competente para resolver el aspecto puntual de la competencia territorial, es decidir la petición (...). Por consiguiente, cuando el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, se abstuvo de decidir sobre lo que no es de su resorte, no solamente ‘decidió’ la petición, sino que obró conforme a derecho”.
1. La sentencia de la Corte Suprema de Justicia, objeto de revisión, revocó la sentencia de tutela del 24 de agosto de 1998, proferida por el Tribunal Superior de Santafé de Bogotá (Sala Civil), la cual había concedido el amparo constitucional a las sociedades Frosst Laboratories Inc., Merck & Co., Inc., y Merck Fross Canada Inc., contra el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. La vía de hecho, impetrada por las sociedades demandantes, en concepto de la Corte Suprema de Justicia, no se encuentra acreditada puesto que el comportamiento inhibitorio que las actoras reprochan al centro de arbitraje, no tiene como fuente la arbitrariedad o el capricho, sino que por el contrario descansa en una opción interpretativa que puede reclamar para sí un fundamento normativo y racional plausible. La Corte Suprema, a este respecto, prohíja la doctrina de la Corte Constitucional que, en repetidas ocasiones, le ha otorgado alcance restrictivo a la tutela contra providencias judiciales, la cual ciertamente no está llamada a operar en el ámbito legítimo de la interpretación de las normas legales, salvo que de manera patente se menoscabe el imperio del derecho y se pervierta su auténtico designio.
Por esta razón, la Corte Suprema de Justicia no entra en el fondo de la controversia, limitándose a admitir como razonable la tesis aducida por el centro de arbitraje para apoyar su sistemática inhibición para resolver el asunto principal planteado en el recurso de reposición elevado por las actoras contra su decisión de admitir la solicitud de convocatoria de tribunal de arbitramento presentada contra ellas por Tecnoquímicas S.A. Dado que las sociedades demandadas por Tecnoquímicas S.A., cuestionaban la competencia y la jurisdicción y, por consiguiente, solicitaban el rechazo de la demanda, el centro de arbitraje mencionado, señaló: “Es claro para este centro de arbitraje y conciliación, que entrar a calificar la juridicidad del pacto arbitral, su aplicabilidad en este caso concreto, y la competencia o incompetencia para conocer del asunto que se plantea, es facultad que está reservada por ley al tribunal de arbitramento quien es el ente investido de jurisdicción”. La respuesta inhibitoria del centro de arbitraje, reiterada a todo lo largo de la fase prearbitral ante los insistentes reclamos de las sociedades comerciales nombradas, a su vez, expresa su particular visión acerca de su función y naturaleza. El centro de arbitraje, desde esta óptica, salvo en lo que atañe a la conciliación como tal, carece de jurisdicción y competencia, las que únicamente se radican en cabeza del tribunal de arbitramento una vez se conforme y se instale, con vista a lo cual el primero cumple una serie de actuaciones en la etapa llamada prearbitral que denotan su naturaleza de órgano puramente auxiliar y colaborador de la función arbitral. Por ello concluye el centro de arbitraje: “Así, en relación con la decisión de admitir la solicitud de arbitraje ha considerado que sus facultades se limitan a la verificación forma de los puntos señalados en la ley”. En suma, el centro define su posición y sus funciones —referidas a la etapa prearbitral—, y concluye que para responder en el fondo de recurso de reposición habría debido contar con jurisdicción, lo que no hizo justamente por no tenerla. La Corte Suprema de Justicia, no advierte en esta argumentación trazas de arbitrariedad. Por el contrario, anota que “la decisión inhibitoria del director del centro no fue una denegación de respuesta, no constituyó una vía de hecho o una violación del debido proceso, por cuanto el fundamento de la mal llamada inhibición radicó precisamente en no poder entrar de fondo en el asunto, sin usurpar la competencia del tribunal, para lo cual se basó en una interpretación normativa y racional”.
Cabe recordar, sumariamente, el fundamento de la solicitud de tutela instaurada por las sociedades comerciales: 1. El Decreto 2651 de 1991, prorrogado por la Ley 287 de 1996, en relación con el trámite inicial del arbitramento, que debe ser adelantado por el director del respectivo centro de arbitraje, dispone que si el asunto es de mayor cuantía se aplicarán los artículos 428 a 430 y los parágrafos 1º, 2º y 3º del artículo 432 del Código de Procedimiento Civil, de lo cual se desprende que sí tiene facultades legales para decidir sobre la admisión, inadmisión o rechazo de la solicitud de convocatoria a un tribunal arbitral. 2. Frente a los textos legales aparece diáfano que el director del centro, más que una función preparatoria, cumple una función típicamente jurisdiccional que finaliza con la entrega y remisión a los árbitros de todas las actuaciones surtidas en la etapa prearbitral, luego no puede declararse inhibido para resolver de fondo un recurso interpuesto contra un auto admisorio de convocatoria un tribunal de arbitramento y, si lo hace, incurre en vía de hecho por negarse a aplicar las normas que rigen sus actuaciones (denegación de justicia) 3. El centro de arbitraje demandado en el proceso de tutela, por lo menos en tres casos ha resuelto de fondo en la etapa prearbitral, recursos de reposición interpuestos ante él, refiriéndose expresamente a las normas procesales vinculantes y a los autos admisorios de solicitudes de convocatoria a tribunales de arbitramento.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial (S. Civil), en su condición de juez de tutela, verificó la existencia de una vía de hecho en razón del desconocimiento flagrante y grave de la normatividad que rige el proceso arbitral, que en su concepto, dejó de aplicarse, lo que llevó al director del centro a “[s]ustraerse a la obligación de documentar en una providencia las razones lógico jurídicas tendientes a desatar el recurso formulado dentro de la actuación que se surte bajo su dirección, por razón, se puntualiza, de no resolver de modo expreso el requerimiento de una de las partes”.
De una parte, la Corte Suprema renuncia a calificar el comportamiento del centro de arbitraje como vía de hecho, puesto que entrevé una simple formulación de una postura hermenéutica legítima, pese a que ella puede concitar polémica o discusión. De otra parte, el tribunal, concede la tutela solicitada por las sociedades, por el hecho de que la ley obliga, a su juicio, a que el recurso de reposición interpuesto se resuelva con una decisión de fondo debidamente motivada, independientemente del sentido del pronunciamiento.
En efecto, los artículos 13 y 15 del Decreto 2651 de 1991 —vigentes en razón de lo dispuesto en el artículo 162 de la Ley 446 de 1998—, determinan el rito que debe observarse en la etapa prearbitral y, para el efecto, otorgan una serie de competencias a los directores de los centros de arbitraje, que no tienen carácter dispositivo. De este modo, resultan aplicables a la fase prearbitral los artículos 428 a 430 del Código de Procedimiento Civil, lo mismo que los artículos 75 a 96 del mismo cuerpo legal. Las normas del código citado, no se aplican por analogía al procedimiento arbitral en esta fase previa a la instalación del tribunal de arbitramento, sino que integran por expresa remisión legal su régimen procesal. En este orden de ideas, la persona que es convocada a concurrir al Tribunal puede, dentro del término legal, solicitar la reposición del acto del centro de arbitraje que admitió la respectiva solicitud de convocatoria. Igualmente, la competencia para decidir el recurso de reposición se deduce del mismo régimen procesal.
La hipótesis normal, cuando quiera que en un procedimiento establecido por la ley —así en este caso la actuación se refiera a la etapa prearbitral—, se contempla el recurso de reposición contra un determinado acto dictado por la autoridad que lo conduce, no es la de que esta última no disponga de poder jurídico suficiente para examinarlo de nuevo y, a la luz de los argumentos de hecho y de derecho expuestos, proceda a ratificarlo, reformarlo, revocarlo, modificarlo, aclararlo o adicionarlo. Sería en verdad contradictorio consagrar el recurso, pero recortar el poder de la autoridad para resolverlo, puesto que su finalidad se encamina a que se pongan de relieve los errores cometidos y que estos puedan ser corregidos. Este objetivo depurador de todo recurso presupone que el autor del acto contra el que se eleva la petición de reposición, tenga plena capacidad para enderezar la actuación. No es concebible que un ordenamiento que busque preservar la validez de los actos que emanan de sus órganos, a la vez que ofrece oportunidades para solicitar el remedio a la ilegalidad, reduzca a las autoridades las posibilidades efectivas de ordenar el restablecimiento del derecho objetivo conculcado.
“Para la Corte Constitucional es claro que estando la función judicial ordenada, por su misma esencia, a la solución de los conflictos que surgen en el seno de la sociedad, el fallo inhibitorio es, en principio, su antítesis.
En efecto al consagrar el acceso a la administración de justicia como derecho fundamental en cabeza de toda persona, y al establecer, como uno de los postulados que orientan la actividad judicial, la prevalencia del derecho sustancial (C.P., arts. 228 y 229), la Constitución Política impuso a los jueces la obligación primordial de adoptar, en principio, decisiones de fondo en los asuntos materia de proceso (...).
En otros términos, la inhibición aunque es posible en casos extremos, en los cuales se establezca con seguridad que el juez no tiene otra alternativa, no debe ser la forma corriente de culminar los procesos judiciales. Ha de corresponder a una excepción fundada en motivos ciertos que puedan ser corroborados en los que se funde objetiva y plenamente la negativa de resolución sustancial. De lo contrario, es decir, mientras no obedezca a una razón jurídica valedera, constituye una forma de obstruir, por la voluntad del administrador de justicia, el acceso de las personas a ella.
Si ello es así, la inhibición injustificada carece de legitimidad y pierde el sentido de una decisión judicial apta para producir cualquier efecto jurídico. Es tan sólo una providencia judicial aparente que no merece la intangibilidad normalmente atribuida a las determinaciones de los jueces (...).
Hipótesis distinta es la de falta de competencia del juez, si ella corresponde a otro de la misma jurisdicción, pues entonces no tiene lugar la decisión inhibitoria, en cuanto lo procedente es el envío de las diligencias al competente. Ello es posible en tal caso, a partir del concepto de economía procesal y en cuanto no se rompe la autonomía que la Constitución consagra en cabeza de las distintas jurisdicciones.
En particular, la etapa prearbitral aunque sea conducida por los directores de los centros de arbitraje, es objeto de estricta regulación por parte de la ley, que como se ha visto proyecta en ella un conjunto de normas imperativas que no pueden dejar de ser aplicadas por aquéllos. Esta fase inicial está compuesta por una serie de actos de carácter procesal, a los que se adicionan otros de naturaleza puramente material u operativa, necesarios unos y otros para la conformación ulterior del Tribunal. En este tramo preliminar tienen lugar actos tan significativos como el de la admisión o rechazo de la solicitud de convocatoria al tribunal de arbitramento, el traslado y la contestación de la demanda arbitral.
De esta forma de acuerdo a la normatividad vigente —Decreto 2651 de 1991, derogado por la Ley 446 de 1998, compilada en el Decreto 1818 de 1998— “las partes pueden dirigir su solicitud de convocatoria al centro de arbitraje acordado y a falta de éste a uno del lugar de domicilio de la otra parte, es decir, del demandado”.
Luego de presentada la solicitud, según el artículo 121 de la Ley 446 de 1998, que hace remisión a los artículos 428 a 430 del Código de Procedimiento Civil, el director del centro de arbitraje debe pronunciarse sobre la admisión de la demanda. Teniendo la posibilidad de admitirla, inadmitirla o rechazarla la demanda, y la obligación de resolver el recurso de reposición que pueda ser interpuesto.
Por último, la actividad del director del centro de arbitraje en la etapa prearbitral culmina con la entrega de todas las actuaciones antes mencionadas —demanda, admisión, traslado, notificación, contestación, excepciones, conciliación—, a los árbitros.
7. No es posible negra la importancia jurídica y procesal de la etapa prearbitral, dado que si bien en ella no se decide la controversia, si se hace patente el ejercicio de una función pública que debe cumplirse conforme a un procedimiento legal vinculante tanto para el centro como para las personas convocadas. Pese a que en esta etapa no se decide la controversia, la garantía del debido proceso y el derecho de defensa pueden resultar comprometidos cuando se violan los preceptos legales que la gobiernan. La vigencia de estos derechos fundamentales es independiente de la caracterización de esta etapa como jurisdiccional o de que semejante atributo se atribuya o niegue al director del centro de arbitraje.
Aun si se aceptare, en gracia de discusión, que el director de un centro de arbitraje no estuviere revestido de poder jurisdiccional alguno, el ejercicio de la función pública encomendada a él, unido a la circunstancia de que según la ley es el competente para decidir los recursos de reposición dirigidos contra sus propios actos, por sí sola obligaría a que se resolviera de fondo esta suerte de peticiones, claro está, descontando que se hubiere dado cumplimiento a los requisitos de ley (1) y, siempre que, para resolverlos, no se requiriera exceder el ámbito de su propia competencia(2).
9. No se discute el hecho de que el recurso de reposición se presentó dentro del término legal y que, desde el punto de vista formal, se ajustaba a las exigencias de ley. El segundo aspecto es más complejo. Para determinar si la resolución del recurso impetrado excede o no la capacidad del órgano que lo dirime, se debe averiguar en primer término cuál era el petitum y en qué residía su fundamento. En síntesis, se pedía por los recurrentes la revocatoria del acto del centro de arbitraje mediante el cual se admitió la solicitud del tribunal de arbitramento; la razón de la solicitud se vinculada de manera directa con la falta de competencia del centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Santafé de Bogotá para tramitar por su conducto e impulsar el arbitramento solicitado por la contraparte, lo que significaba un desconocimiento de la cláusula compromisoria pactada y de la jurisdicción de la Cámara de Comercio Internacional que a la sazón ya había aceptado conocer de la causa.
La directora del centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Santafé de Bogotá, precisó en el recurso que carecía de capacidad para resolver el petitum, ya que ello implicaba calificar la validez del pacto arbitral y determinar la competencia o incompetencia para conocer del asunto que se planteaba, lo que estaba reservado “[p]or ley al tribunal de arbitramento quien es jurídicamente el ente investido de jurisdicción”.
10. Justamente, alrededor de la aseveración de la incompetencia que expresa la directora del centro de arbitraje para discenir en el caso concreto la propia competencia del centro para encausar la solicitud de convocatoria del tribunal de arbitramento, se decide tanto la verificación del segundo requisito para calificar la justificación de la inhibición, como la validez de la tesis que descarta la configuración de la vía de hecho cuando interviene una duda razonable sobre el verdadero alcance de la competencia del mencionado organismo para decidir el recurso interpuesto.
11. La cláusula que contiene el compromiso arbitral suele ser la fuente de las objeciones que pueden formularse contra el acto admisorio de la solicitud de convocatoria a un tribunal de arbitramento. Aunque se acepte que no siempre el centro de arbitraje puede resolver todas las peticiones plasmadas en un recurso de reposición, por lo menos tiene que establecer, entre otras cosas, —antes de que se instale el tribunal de arbitramento—, si la solicitud corresponde al centro de arbitraje acordado, lo cual normalmente se infiere del texto de la respectiva cláusula. En este sentido, puede afirmarse que no puede el director del centro rehuir el examen de la cláusula compromisoria si no se quiere correr el riesgo de afincar su competencia sobre bases deleznables.
12. Pese a que la competencia o la jurisdicción se predican del tribunal de arbitramento, cabe igualmente distinguir un uso extensivo de estos dos elementos en relación con las instituciones o centros de arbitraje, para los solos efectos de tramitar las solicitudes de convocatoria, llevar a cabo los actos preparatorios y servir de apoyo a la función arbitral que se cumple a partir de la posesión de los árbitros. La definición y revisión de la competencia, entendida en esta segunda acepción, no es ajena a las determinaciones que se inscriben dentro del ámbito natural de decisión de los centros de arbitraje. Sería absurdo, por lo demás, subordinar la resolución definitiva de este extremo a la conformación del tribunal de arbitramento, para que éste en la primera audiencia de trámite, en la que resuelve sobre su propia competencia, además verifique si el centro de arbitraje que ha hecho entrega a los árbitros de la actuación surtida en la etapa prearbitral ciertamente corresponde al que se estipula en la cláusula compromisoria. Si bien el tribunal de arbitramento, al resolver sobre su propia competencia y establecer si puede entrar a conocer de la controversia arbitral, puede corregir los errores en que eventualmente haya incurrido el centro al admitir una solicitud de convocatoria dirigida a otra institución —sobre todo cuando se proyecta sobre la selección de la sede y la modalidad interna o internacional del arbitramento—, ello no justifica la ausencia de pronunciamiento inicial por parte del centro de arbitraje.
La regulación procesal de la etapa prearbitral le atribuye suficientes facultades al director del centro de arbitraje con el objeto de que pueda tomar la decisión sobre su propia competencia como centro de arbitraje, la cual no se puede conducir con la jurisdicción o competencia del tribunal de arbitramento llamado a decidir la controversia. Si no cuenta con este poder jurídico, el centro de arbitraje no puede legítimamente conducir la etapa prearbitral.
13. El examen jurídico que necesariamente ha de realizar el centro para fijar su competencia como institución arbitral, debe ser suficientemente riguroso y diligente como para permitirle afirmar de manera fundada que aquél corresponde al centro de arbitraje acordado y que concurren, de otro lado, los elementos formales indispensables para impulsar la etapa prearbitral. No es admisible sostener que el centro se encuentre impedido para efectuar este escrutinio de su competencia. Hacerlo obedece a un imperativo jurídico y prudencial, que en modo alguno significa dirimir la controversia ni tiene por efecto resolver sobre la validez de los pactos convenidos. Atendida la finalidad de este ejercicio y su alcance restringido al propósito perseguido —fijación de la competencia del centro de arbitraje para tramitar por su conducto e impulsar la conformación de un tribunal de arbitramento—, la fuente de legitimidad de la actuación del centro no es distinta de la ley que le asigna distintas funciones a lo largo de la etapa prearbitral, entre citas la de admitir la solicitud convocatoria a un tribunal de arbitramento y la de rechazarla, cuyo ejercicio diligente debe ajustarse a las normas legales.
14. Si no se observan debidamente estas cautelas, la justicia arbitral —que constituye una excepción a la jurisdicción ejercitada directamente por los órganos del Estado— se convertiría en el acceso normal y expedito a la administración de justicia. Se comprende que recargar en el tribunal de arbitramento, una vez se integre, la verificación de aspectos relacionados con la competencia del propio centro de arbitraje, cuando éste ha podido y debido hacerlo, no es lo indicado. De este modo, se suprime un tamiz que debe controlar el centro de arbitraje para evitar su transformación en foro general de toda controversia jurídica, lo que haría ineludible siempre la ulterior corrección del tribunal de arbitramento, una vez se conforme.
Planteada la cuestión en estos términos, la prosecución del trámite contradice aún el comportamiento inhibitorio seguido, puesto que ella manifiesta una convicción sobre su propia competencia, aunque se opta por no hacer explícitas las razones que le sirven de asidero. La persistencia del centro en adelantar el trámite prearbitral, no encaja con la inhibición que formula y, por consiguiente, esa ambivalencia que se resuelve contra el recurrente demuestra que la decisión no fue motivada en derecho.
17. No resulta ocioso preguntar en qué norma de estirpe contractual o legal, basa el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Santafé de Bogotá su presunta competencia para intervenir en la etapa prearbitral relacionada con las peticiones de conformación de un tribunal de arbitramento.
“Todos los conflictos relacionados con el presente contrato o con su terminación así como cualquier contrato de ventas aquí mencionado deberá ser solucionado, (...) por uno o más árbitros (...). Cualquier decisión adoptada dentro de dicho procedimiento será definitiva y tendrá efectos de cosa juzgada para ambas partes. Cualquiera de las partes podrá presentar el laudo ante cualquier corte competente para juzgar dicho laudo y hacerlo cumplir. Las partes acuerdan de manera específica dicho procedimiento arbitral y dicho laudo, así como a comparecer ante cualquier corte competente para que éste sea juzgado y aplicado por dicha corte”.
No de otra manera se explica que el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Santafé de Bogotá haya decidido continuar, como menester propio, el trámite arbitral. La Corte Constitucional no entra a establecer cuál debería ser la inteligencia correcta de la norma contractual, ya que ello excede su cometido institucional. Pero, lo que sí advierte es que este centro de arbitraje, durante la etapa prearbitral de hecho ha dado por presupuesta una regla contractual, que se ha negado a fundamentar y explicitar pese a que la interposición del recurso le brindaba la oportunidad para hacerlo y, sin duda alguna, a esta última tenía derecho el recurrente.
“El artículo 229 de la Constitución garantiza el derecho de todos los ciudadanos para acceder a la administración de justicia. Este derecho implica no sólo que las personas pueden solicitar a los organismos que administran justicia que conozcan y decidan de fondo sobre sus conflictos —salvo que la ley contemple causas legítimas de inadmisión—, sino también que esas decisiones sean fundamentales. La obligación de motivar las decisiones judiciales obedece a la necesidad de demostrar que el pronunciamiento no es un producto de la arbitrariedad del juez. En el Estado de derecho la sentencia responde a la visión del juez acerca de cuáles son los hechos probados dentro del proceso y cuál es la respuesta que se le brinda al caso concreto por parte del ordenamiento jurídico. Sin embargo, es claro que tanto los hechos como las normas pueden ser interpretados de manera distinta. Por esta razón, se exige que, en su sentencia, el juez realice un esfuerzo argumentativo con miras a justificar su decisión, y por lo tanto, a convencer a las partes, a los demás jueces y al público en general, de que se resolución es la correcta. Precisamente la motivación de las sentencias es la que permite establecer un control —judicial, académico o social— sobre la corrección de las decisiones judiciales.
El derecho constitucional de acceso a la administración de justicia, ha sido calificado por la Corte como un derecho medular, es decir como la garantía real y efectiva que el Estado le ofrece al individuo, de poder acudir, para resolver las controversias que surjan con otros individuos u organizaciones y con el mismo Estado, ante un juez, “(...) con miras a obtener una resolución motivada, ajustada a derecho, y dictada de conformidad con el procedimiento y las garantías constitucionales previstas en la Constitución y en la ley (1,2)”.
“Ahora bien, una de las dimensiones del debido proceso es la motivación del acto, según se desprende de la expresión “con observancia de la plenitud de las formas”, de que trata el artículo 29 de la Constitución.
La motivación de las decisiones garantiza el cumplimiento de los principios rectores de la administración pública, contenidos en el artículo 209 de la Constitución (...)(3)”.
Este proceder que inficiona la actuación consiste en obrar materialmente conforme a una regla y abstenerse de expresarlo así cuando la resolución obligada de un recurso de reposición imponía el deber de hacerlo. Este expediente permite ponerse al abrigo de una regla, sin decirlo y, lo que es peor, sin asumir responsablemente las consecuencias de ese acto. Se llega incluso a anotar que el centro no puede “calificar la juridicidad del pacto arbitral”, cuando es evidente que lo ha hecho para construir en el plano hermenéutico la regla contractual sin la cual sus actos prearbitrales carecerían de eficacia y validez.
19. Como quiera que la etapa prearbitral es el presupuesto que debe agotarse para poder conformar en debida forma el tribunal de arbitramento, el vicio en que se ha incurrido con la inhibición incide sobre toda la actuación cumplida a partir de la denegación de justicia que se ha producido dentro de esta fase del procedimiento. En estricto rigor, la resolución del tribunal de arbitramento, que se cumple de oficio en la primera audiencia de trámite, no tiene el carácter de medio de defensa, sobre todo cuando lo que se cuestiona tiene su raíz en la competencia específica del centro de arbitraje para impulsar el trámite prearbitral.
Por lo expuesto, la Corte procederá a revocar la sentencia de tutela dictada en segunda instancia y, en su lugar, confirmará la que se profirió en primera instancia,
1. REVOCAR la sentencia proferida por la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia del 25 de septiembre de 1998 y, en su lugar, CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá el 24 de agosto de 1998.
Magistrados: Eduardo Cifuentes Muñoz—Antonio Barrera Carbonell—Alfredo Beltrán Sierra—Carlos Gaviria Díaz—José Gregorio Hernandez Galindo—Alejandro Martínez Caballero—Fabio Morón Díaz—Vladimiro Naranjo Mesa—Álvaro Tafur Galvis.
(1) T-231/94. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(2) T-478/98. M.P. Fabio Morón Díaz.
(3) T-187/93. M.P. Alejandro Martínez Caballero.