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Timestamp: 2019-05-20 02:26:42
Document Index: 148383313

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 88', 'artículo 88', 'artículo 88', 'artículo 89', 'artículo 4']

STS 380/2019, 20 de Marzo de 2019 - Jurisprudencia - VLEX 778852833
Número de Recurso: 3209/2017
Número de Resolución: 380/2019
Sentencia núm. 380/2019
Número del procedimiento: 3209/2017
R. CASACION núm.: 3209/2017
Esta Sala ha visto en su Sección Segunda, constituida por los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, el recurso de casación núm. 3209/2017 interpuesto por el AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ, representado por el procurador de los Tribunales don Ramiro Reynolds Martínez, asistido del Letrado de sus Servicios Jurídicos, contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura recaída en el recurso de apelación núm. 42/2017 (dimanante de P.A. 182/2016 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Badajoz) , procedimiento Abreviado registrado con el núm. 182/2016, sobre recurso presentado por Don Bienvenido , Don Demetrio y Doña Marina , contra la resolución dictada en fecha 8 de abril de 2016 por la Tesorería del Excmo. Ayuntamiento de Badajoz, en virtud de la cual se desestima el recurso de reposición interpuesto contra la liquidación de I.B.I. correspondiente al ejercicio fiscal de 2015 de la finca con referencia catastral NUM000 .
Han comparecido en el recurso de casación como parte recurrida DON Bienvenido , DON Demetrio y DOÑA Marina , representados por la Procuradora Da Soledad Domínguez Macias y asistidos del Letrado D. Luis Corchero Romero.
El TSJ de Extremadura con sede en Cáceres, dictó sentencia de fecha seis de abril de dos mil diecisiete que en su parte dispositiva dice lo siguiente:
"Que estimando la apelación interpuesta por Doña Marina , Don Bienvenido y Don Demetrio frente a la dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de los de Badajoz de fecha 1 de diciembre de 2016, revocamos la misma y en su consecuencia anulamos la liquidación de IBI impugnada de 2015, con los pronunciamientos que de ella se derivan. Sin imposición en costas".
Notificada dicha sentencia a las partes, la procuradora doña María de los Ángeles Bueso Sánchez, en representación del Ayuntamiento de Badajoz, presentó escrito preparando recurso de casación contra la sentencia dictada el 6 de abril de 2017 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el recurso de apelación 42/2017 , en el que se impugnaron liquidaciones del impuesto sobre bienes inmuebles ("IBI").
Identifica como normas infringidas los artículos 14.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales , aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (BOE de 9 de marzo) ["TRLHL"], 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (BOE de 3 de abril) ["LBRL"], los artículos 65 y 77, apartados 1 y 5 , TRLHL y el artículo 4, así como las disposiciones transitorias 2 ª y 7ª, del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario , aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo (BOE de 8 de marzo) ["TRLCI"], estas últimas disposiciones en la redacción dada por la Ley 13/2015, de 24 de junio (BOE de 25 de junio).
Razona que, si bien la sentencia que pretende recurrir no menciona ni interpreta de forma directa ninguna de las normas que invoca como infringidas, resulta evidente que las deducciones y los razonamientos que se realizan en la misma las vulneran, al anular liquidaciones firmes y consentidas, pese a reconocer que el Ayuntamiento se ha limitado a liquidar el IBI según el censo catastral. Ignora, según su opinión, que los nuevos valores catastrales en función de la naturaleza rústica del suelo se aplican a partir de 2016, en virtud de la Ley 13/2015, de 24 de junio, reconociendo empero que compete al Catastro la determinación de los valores conforme a los que se liquidó el tributo.
Considera que concurre interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia, tal y como ya ha sido apreciado por esta Sala y Sección en los autos de 1 de marzo de 2017 (RCA/128/2016; ES: TS:2017:1451 A) y 15 de marzo de 2017 (RCA/11/2017; ES:TS:2017:2069 A), por las siguientes razones:
4.1. Otros órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa, como las salas de ese orden jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Sección 2ª), en sentencias de 23 de junio de 2010 (recursos de apelación 193/2008 y 148/2009; ES:TS:TSJAR: 2010/726 y ES:TSJAR: 2010/372, respectivamente ), y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sección 1ª), en sentencia de 20 de noviembre de 2015 (recurso de apelación 158/2014 ; ES: TSJCAT:2015/11386 ), así como del Tribunal Supremo (Sección 2ª), en sentencias de 5 de julio de 2002 (casación 3626/1997 ; ES:TS 2002/4993 ), 17 de septiembre de 2003 (casación 9444/1998 ; ES:TS: 2003/5520 ) y 19 de noviembre de 2003 (casación 6917/1998 ; ES:TS 2003/7306 ), han mantenido tesis contraria a la recurrida, distinguiendo entre las fases de gestión catastral y gestión tributaria; de donde se infiere la imposibilidad de que, al impugnar las liquidaciones del impuesto, pueda discutirse el valor catastral del inmueble sobre el que se liquida. Concurre por tal causa, en su opinión, interés casacional objetivo previsto en el artículo 88.2.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio) ["LJCA"].
4.2. Sostiene que también hay interés casacional porque la sentencia que discute fija una doctrina gravemente dañosa para el interés general [ artículo 88.2.b) LJCA ] y afecta a un gran número de situaciones, por transcender su doctrina al caso objeto del proceso [ artículo 88.2.c) LJCA ].
- La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Extremadura tuvo por preparado el recurso de casación en auto de 5 de junio de 2017 , emplazando al Ayuntamiento recurrente, que ha comparecido ante esta Sala Tercera del Tribunal Supremo el 6 de julio siguiente, dentro, por tanto, del plazo de 30 días señalado en el artículo 89.5 LJCA .
También se han personado en el plazo señalado, oponiéndose a la admisión del recurso de casación preparado.
La Sección de Admisión por Auto de 16 de noviembre de 2017 que acordó:
) Admitir el recurso de casación RCA/3209/2017, preparado por procuradora doña María de los Ángeles Bueso Sánchez, en representación del Ayuntamiento de Badajoz, contra la sentencia dictada el 6 de abril de 2017 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el recurso de apelación 42/2017 .
) Identificar como normas jurídicas que, en principio, serán objeto de interpretación los artículos 65 y 77, apartados 1 y 5, del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales , aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 4 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario , aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.
Señalamiento para deliberación del recurso .
Referencia a la sentencia de esta Sala de fecha: 19/02/2019 .
Dicha sentencia, ha recaido en el recurso de casación 196/2019 , sobre un asunto semejante que por un principio de seguridad jurídica hemos de seguir:
En dicha sentencia se dice en su fundamento jurídico segundo lo siguiente:
"DOS.- Sobre la cuestión que presenta interés casacional y su resolución.
La complejidad de los procedimientos administrativos dispuestos, como se ha visto al distinguir gestión catastral y gestión tributaria, y los desajustes que la estructuración de los mismos puede provocar, en tanto que para la impugnación de los valores catastrales se prevé un cauce procedimental que normalmente se prolongará más en el tiempo - siempre necesaria la previa vía económico administrativa y buen ejemplo de lo que decimos es este recurso, en el que queda constancia las vicisitudes que han sufrido las reiteradas impugnaciones catastrales, hasta obtener la razón, sentencia de 13 de diciembre de 2018 de la Sala de lo Contencioso Administrativo de Extremadura que estima el recurso contencioso administrativo contra la resolución del TEAREX, declarando la procedencia de la calificación de rústico a efectos catastrales del inmueble que nos ocupa-, que una posible impugnación de la liquidación, de suerte que puede resolver la impugnación de las liquidaciones estando aún pendiente de resolver la impugnación del valor catastral - como ocurre en el presente caso-, impiden justificar la restricción que pretende la parte recurrente sobre la imposibilitad de entrar a resolver sobre la conformidad jurídica de, en este supuesto, la base imponible del impuesto, pues con ello se pone en entredicho el propio principio de tutela judicial efectiva, impidiendo que los Tribunales puedan entrar a conocer en plenitud de la pretensión actuada respecto de la improcedencia del impuesto, quedando en manos y a voluntad de la Administración local el girar liquidaciones aún a sabiendas, -en este caso desde la sentencia del Tribunal de Justicia de Extremadura- de la improcedencia del valor catastral, y por ende de la base imponible; con quebranto del principio de capacidad económica, en tanto que el contribuyente tendrá que contribuir por una riqueza inexistente o ficticia, condenándolo a un bucle de ribetes kafkianos -pensemos que la sentencia resolviendo la impugnación contra la liquidación hubiera sido desestimatoria en base a la tesis de la parte recurrente, pues sólo podía incardinarse en la esfera de la gestión catastral la discusión sobre el valor catastral, y años después se le otorga la razón respecto de la improcedencia de la calificación catastral, en una impugnación en la esfera de la gestión catastral-, cuando no a una diáspora impugnatoria, tendente a dejar de pagar lo que con certidumbre no se debe o a que le sea devuelto lo que nunca debió pagar, con merma del principio de legalidad tributaria e igualdad; mientras tanto pasa el tiempo y con el los plazos, pudiendo llegar a hacer inamovibles situaciones injustas e ilegales contra las que el mero transcurso de los plazos impide reacción alguna.
Todo lo cual ha de llevarnos a desestimar la pretensión actuada por el Ayuntamiento de Badajoz".
) Fijar el criterio interpretativo expresado en el fundamento jurídico tercero de esta sentencia.
) Desestimar el recurso de casación deducido por el Ayuntamiento de Badajoz contra la contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura recaída en el recurso de apelación núm. 42/2017 (dimanante de P.A. 182/2016 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Badajoz), la que se confirma íntegramente.
) No procede hacer un expreso pronunciamiento sobre las costas de este recurso de casación.
SAP A Coruña 26/2017, 26 de Enero de 2017