Source: https://es.scribd.com/doc/17297440/89/Sinopsis-articulo-94
Timestamp: 2016-02-10 17:56:50
Document Index: 311615234

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 10', 'artículo 93', 'artículo 94', 'artículo 74', 'artículo 94', 'artículo 94', 'artículo 93', 'artículo 94', 'artículo 94', 'artículo 94', 'artículo 94', 'artículo 94', 'artículo 36', 'artículo 93', 'artículo 82', 'artículo 94', 'artículo 75', 'artículo 93', 'artículo 94', 'artículo 94', 'artículo 96', 'artículo 156', 'artículo 144', 'artículo 145', 'artículo 158', 'artículo 74']

Un tratado internacional, no es otra cosa que un negocio jurídico con características propias,
debido a la categoría de los sujetos que en él intervienen, Estados y otros sujetos de la Comunidad
En la Convención de Viena, de 1969, se define el tratado como un acuerdo internacional
celebrado por escrito entre Estados y regido por el Derecho internacional, ya conste en un
instrumento único o en dos o más instrumentos conexos, cualquiera que sea su denominación
particular. Los otros convenios o acuerdos entre Estados y otros sujetos del Derecho internacional y
los no celebrados por escrito, a los que no les es aplicable la citada Convención, no pierden por ello
su valor jurídica, según señala el artículo 3. Se ha consagrado en la doctrina y en la práctica una
amplitud terminológica para designar a los acuerdos entre sujetos de derecho internacional sin que
el empleo de uno u otro término implique una valoración jurídica diferente. En este sentido, el
Decreto de 24 de mayo de 1972, de Ordenación Administrativa en materia de tratados, da, de éste,
una definición amplia: " Se entiende por tratados internacional el acuerdo regido por el Derecho
internacional y celebrado, por escrito, entre España y otro Estado o entre España y un organismo u
organismos internacionales de carácter gubernamental, ya conste de un instrumento único o de dos
o más instrumentos, y cualquiera que sea su denominación particular".
Todo el procedimiento de producción del acuerdo internacional es lo que se conoce por
conclusión. Dentro del procedimiento de conclusión podemos distinguir las siguientes fases:
La fase de adopción del texto consiste en la manifestación de que el texto adoptado es el
convenido; la autentificación significa que el texto del tratado queda como auténtico y definitivo. El
artículo 10 del Convenio de Viena establece como formas de autentificación: 1.º las que se
establezcan en el tratado, 2º las que convengan a los Estados, 3.º la firma o la rúbrica. Pero la fase
que, más nos interesa es de manifestación o prestación del consentimiento.
Las formas de manifestación del consentimiento son muy diversas; junto a la forma solemne que
es la ratificación encontramos otras simplificadas.
La ratificación, que significa confirmación, tiene su origen en la facultad que tenía el soberano
de aprobar lo hecho por sus representantes o mandatarios a los que se les había dado plenos
poderes. A partir de la Revolución Francesa, la facultad de ratificar ciertos tratados que, hasta
entonces, residía en el soberano, la ostentar éste el ius representantionis omnimodae, quedó
limitada, en algunos casos, por la necesaria intervención del órgano de representación popular.
La conclusión en este sentido estricto se concreta en la manifestación de la voluntad que en
nuestra Constitución es competencia del Jefe del Estado. Pero se exige la intervención
parlamentaria que deberá autorizar la prestación del consentimiento de los tratados del artículo 93
por Ley Orgánica o del artículo 94 mediante el procedimiento previsto en el artículo 74 de la
Sea cual fuere la denominación del tratado (convenio, tratado, protocolo, acuerdo, etc.) y de la
forma de prestación del consentimiento (ratificación, firma canje de notas, adhesión, etc.) se exige
la intervención de las Cortes en los supuestos del artículo 94.1 y 94.2 en los casos previstos en el
La Constitución Española ha optado por un sistema de lista positiva para determinar aquellos
tratados que exigen autorización parlamentaria, y este cuestión está expresada en el artículo 94.
En nuestro sistema la calificación del tratado a los efectos de su tramitación es clave. En
principio esta facultad para calificar el tratado dentro del ámbito de los que exigen ley orgánica o
autorización, corresponde al Gobierno que, aparte de estar sometido al informe preceptivo del
Consejo de Estado puede ser fiscalizado en esta calificación por las Cortes y por el Tribunal
La Cortes pueden también intervenir en la calificación del tratado y modificarla en el sentido de
su tramitación por la vía del artículo 93 o del artículo 94, como ya intentaron algunos grupos
parlamentarios con ocasión de la adhesión al Tratado del Atlántico Norte.
En el supuesto de un tratado remitido para información por la vía el artículo 94.2, el Congreso
por medio de la Mesa puede recalificarlo y tramitarlo previa su autorización para su aprobación o
convalidación posterior al considerar que el tratado en cuestión exige la autorización del artículo 94
y no la mera información.
En el supuesto, más teórico que real, de que el Gobierno concluya un tratado sin intervención de
las Cortes y éstas recalifiquen y tramiten el tratado por la vía del artículo 94 y denegaran además la
convalidación posterior, no cabría otra solución que la denuncia, si ésta está permitida por el tratado
o el planteamiento de un recurso de inconstitucionalidad que versaría tan sólo sobre la calificación
(art. 32 LOTC). También cabría plantear el conflicto de atribuciones entre el Gobierno y las Cortes.
El planteamiento de esta cuestión de competencias o de atribuciones, o la interposición del
recurso, parece corresponder a las Cortes, para evitar que un tratado concluido de forma contraria a
la Constitución pueda producir efectos en el orden interno.
La consideración amplia del tratado político lo configura como aquél no incluido en los otros
apartados del artículo 94 de una trascendencia general y significativa en su contenido y
determinación. El dictamen del Consejo de Estado (Comisión permanente) de 7 de marzo de 1985
manifiesta que el acuerdo debe revestir la suficiente importancia objetiva para hacerse merecedor de
la denominación formal de tratado de carácter político. El tratado o convenio militar está en el
ámbito del tratado político, pero es más limitado. Los tratados o convenios de carácter militar son
todos aquellos que guardan relación con el uso de las Fuerzas Armadas. Estos tratados plantean en
términos generales tres tipos de cuestiones. La primera es el límite con los tratados que transfieren
el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución relativas a la declaración de guerra y al
empleo de las Fuerzas Armadas. La segunda cuestión es el problema de actos secretos derivados de
las relaciones con los miembros de la OTAN o de otras organizaciones: En principio para la
autorización parlamentaria no hay tratados secretos, pero en su caso cabría arbitrar en el ámbito del
procedimiento parlamentario los mecanismos adecuados para su tramitación (Comisión de Secretos
Oficiales). Por último, nos encontramos con la cuestión del desplazamiento de unidades españolas
al extranjero para operaciones de mantenimiento de la paz que pueden derivarse de un tratado
militar. Estas acciones pueden considerarse como decisiones del Gobierno en cumplimiento de
obligaciones internacionales, resultado de la integración en organizaciones como la ONU o la
OTAN. En España estas decisiones no exigen autorización parlamentaria previa, porque se entiende
que están en el ámbito de la competencia ejecutiva del Gobierno. Nuestro sistema sólo prevé un
control político a posteriori de esta forma de empleo de las Fuerzas Armadas.
Tratados que afectan la reserva de ley. En el subtipo de tratados que atañen a las previsiones
presupuestarias no cabe mantener la tesis de que sólo exigen autorización aquellos tratados o
convenios que supongan obligaciones financieras no previstas en el presupuesto. La Mesa del
Congreso ha mantenido desde 1984, en contra de la postura de la Comisión Permanente del Consejo
de Estado, que la autorización de las Cortes es preceptiva aun en el caso de que los gastos que
comporten la ejecución de un tratado, puedan realizarse de acuerdo a una asignación presupuestaria
prevista en la Ley de Presupuestos.
Por último, en relación con los tratados sobre la integridad territorial, la Comisión Permanente
del Consejo de Estado ha considerado que son los tratados de reintegración territorial los que
comportan incremento del territorio nacional o de la soberanía territorial sobre el mar y los de
variación del territorio (Dictamen 4690 de 1 de marzo de 1985). El problema de la integridad
territorial se plantea sobre todo, aunque se trata de su disminución, pues ésta es una cuestión con
ribetes constitucionales, porque tal disminución afecta a las referencias territoriales establecidas en
la Constitución. En sentido escrito no cabría un tratado sobre la distribución del territorio, porque
La autorización parlamentaria es un acto previo y requisito indispensable para que el Estado
manifieste su consentimiento, pero no obliga a prestarlo. La manifestación del consentimiento es
competencia del Jefe del Estado. La autorización es sobre el conjunto del convenio o bloque
convencional. Las Cortes, no pueden modificar una parte del tratado, sólo les está permitido hacer
reservas permitidas por el tratado o declaraciones interpretativas previstas también en el tratado,
porque estos actos son unilaterales y no convencionales.
La autorización ampara el texto del tratado y todos los instrumentos que lo acompañan, pero
sucede frecuentemente que el desarrollo del tratado implica una serie de acuerdos interpretativos,
como es el caso de los acuerdos marco que crean comisiones mixtas para el seguimiento del tratado.
En parecida situación se encuentra el régimen de los actos unilaterales (declaraciones)
dependientes de un tratado. La regla general debe ser que todos los actos o acuerdos derivados de
un tratado se sometan a autorización de las Cámaras, salvo el caso de que las propias Cámaras
hayan dado su autorización expresa para que tales declaraciones o actos posteriores no se vuelvan a
someter al Parlamento, dándolas por aprobadas anticipadamente. La práctica no ha sido uniforme en
este campo, y en 1990 el Ejecutivo realizó una declaración sin sometimiento a las Cortes, del
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que preveía tal declaración en el artículo 36.2.
La autorización parlamentaria, salvo en el caso del artículo 93, no tiene en sentido propio la
naturaleza de una Ley pero puede entenderse que podría establecer una especie de delegación
legislativa al Gobierno para que éste, de acuerdo con las directivas sentadas por las Cámaras o con
un modelo convencional negociara y autorizara tratados sin que éstas se sometieran de nuevo a la
autorización expresa de las Cortes. Desde el punto de vista jurídico la alternativa parece posible por
la vía del artículo 82 de la Constitución, que sólo prohíbe la delegación para las leyes orgánicas. Sin
embargo, fuera de los casos y materias de poco calado político, no parece fácil admitir la
posibilidad de una delegación amplia.
En el proceso para otorgar la autorización sólo tiene la iniciativa el Gobierno, iniciativa limitada
temporalmente en el supuesto de que el transcurso del tiempo pudiera implicar la manifestación del
consentimiento del Estado y se tratara de un tratado comprendido en el artículo 94.
El desarrollo parlamentario de las autorización exige el conocimiento del pleno de las Cámaras,
porque el artículo 75.3 de la Constitución impide de delegación en comisiones de las cuestiones
internacionales. Normalmente los tratados se tramitan en el plazo previsto en los reglamentos,
sesenta días en el Congreso, y sólo en casos excepcionales se solicita la prórroga de este plazo.
Hemos de referirnos por último a la posibilidad de la aplicación provisional de un tratado, eso es
a su vigencia temporal antes de recibir autorización de las Cámaras, y por tanto, antes de la
Esta práctica, que se produce con cierta frecuencia en España, ha planteado a la doctrina la
necesidad de establecer ciertas limitaciones en el uso de esta técnica. Cabe destacar así la exigencia
de que se trate de supuestos excepcionalmente urgentes, que no produzcan situaciones irreversibles
y que se inicie inmediatamente el proceso de autorización parlamentaria.
Los tratados pueden contener obligaciones que pueden cumplirse directamente (self executing) y
bastará por tanto la publicación en el BOE para que sus normas entren en vigor. Sin embargo,
muchas veces los tratados establecen normas que no pueden cumplirse directamente y que exigen
acciones de los Estados que deben adoptar medidas legislativas o reglamentarias para su ejecución.
Esta obligación no lo es sólo, como podría deducirse de la Constitución para los tratados del
artículo 93, sino también para los tratados del artículo 94.
En relación con los tratados que pueden estipularse sin intervención de las Cortes, cabe hacer
sólo dos precisiones: una temporal, la información debe ser inmediata, inmediatamente después de
la estipulación; la segunda, la Mesa del Congreso puede recalificar el tratado, convirtiéndolo en un
tratado del número 1 del artículo 94 que exigiría la ratificación de la prestación del consentimiento
por parte de las Cortes Generales.
El desarrollo de la autorización contenida en este artículo se encuentra en el Reglamento del
Congreso y en el del Senado. Aunque la Constitución se refiere en estos casos a autorización y no
emplea la palabra ley, tal autorización deberá considerarse como una ley formal.
En realidad, la autorización se considere o no como ley (los Reglamentos de las Cámaras sólo
emplean la palabra autorización), lo importante es que produce los efectos del artículo 96 y sigue en
su tramitación el procedimiento legislativo común (art. 156 del Reglamento del Congreso) con las
especialidades siguientes: solicitud del Gobierno remitiendo el acuerdo del Gobierno, el texto del
tratado y las reservas y declaraciones que pretenda formular el Gobierno, todo ello en un plazo de
90 días prorrogables a 180 (art. 155 del Reglamento del Congreso); tramitación como ley con las
particularidades en relación con los acuerdos a los que se refiere el artículo 156 del Reglamento
citado, y tramitación en el Senado conforme al artículo 144 de su Reglamento. Sin embargo, la
diferencia fundamental con el procedimiento legislativo se encuentra en caso de discrepancia entre
el Congreso y el Senado. En este supuesto, tanto el artículo 145 del Reglamento del Senado, como
el artículo 158 del Reglamento del Congreso, establecen que las discrepancias las tratará de resolver
la Comisión mixta prevista en el artículo 74.2 de la Constitución. Esta Comisión deberá presentar
un texto que será votado por ambas Cámaras. Si alguna de ellas no lo aprueba, la decisión final
corresponde al Congreso por mayoría absoluta.
-Tratado del Atlántico Norte (OTAN), hecho en Washington el 4 de abril de 1949 (BOE 129 de 31
de mayo de 1982). Instrumento de Adhesión del Reino de España al Tratado del Atlántico Norte
(OTAN), hecho en Washington el 4 de abril de 1949.
-Protocolo sobre el Estatuto de los Cuarteles Generales Militares Internacionales establecidos en
cumplimiento del Tratado del Atlántico Norte, hecho en París el 28 de agosto de 1952.
-Protocolos de Adhesión de Letonia, Rumania, Estonia, Eslovenia, Eslovaquia, Lituania y Bulgaria,
-Acuerdo sobre cooperación en materia de información nuclear entre las partes del Tratado del
Atlántico Norte (Tratado Atomal).
-Acuerdo entre el Reino de España y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, representada
por el Cuartel General Supremo de las Potencias Aliadas en Europa, relativo a las condiciones
especiales aplicables al establecimiento y explotación en territorio español de una Cuartel General
Militar Internacional, hecho en Madrid el 28 de febrero de 2000.
-Canje de Notas de 28 de enero de 20002, constitutivo de Acuerdo entre España y los Estados
Unidos de América, sobre prórroga del Acuerdo entre ambos países sobre cooperación científica y
técnica en apoyo a los programas de explotación lunar y planetaria y de vuelos espaciales tripulados
y no tripulados a través del establecimiento en España de una estación de seguimiento espacial,
firmado en Madrid el 29 de enero de 1964.
-Protocolo de enmienda del Convenio de cooperación para la defensa entre el Reino de España y los
Estados Unidos de América, de 1 de diciembre de 1988, hecho en Madrid el 10 de abril de 2002 e
intercambio de Notas Verbales entre ambos países, de la misma fecha, sobre asunto laborales.
intercambio de Notas Verbales entre ambos países, de la misma fecha, sobre asuntos laborales.
-Acuerdo de cooperación científica entre el Reino de España y los Estados Unidos de América
sobre la estación de seguimiento de la NASA, hecho en Madrid el 28 de enero de 2003.
En cuanto a la bibliografía, citar los trabajos de Díez de Velasco, Reuter, Rodríguez Zapata o
Santaolalla, entre otros.