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Timestamp: 2018-05-25 08:44:01
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Derecho Constitucional II - Tema 3 [15257] | Derecho Constitucional II - Fuentes del Derecho y Organización Territorial del Estado (ESADE) | Unybook
Derecho Constitucional II - Tema 3 (2014)
Derecho Constitucional II - Tema 3
Sergio Gomollón de las Muelas — Resúmenes Derecho Constitucional II Lección III. Relaciones entre el ordenamiento jurídico español, el ordenamiento europeo y el ordenamiento internacional.
En la presente lección trataremos las relaciones entre el ordenamiento español y el ordenamiento europeo, haciendo también mención del procedimiento de ratificación de los tratados internacionales en nuestro sistema constitucional.
Para estudiarlo, vamos a trabajar con las siguientes normas: en primer lugar la Constitución española (arts. 10.2, 63.2, 74.2 y 93-96), la Convención de Viena de derecho de los tratados internacionales de 1969, el Código civil y los reglamentos de las Cámaras de nuestras Cortes Generales, teniendo también en cuenta la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
! El Derecho originario y el Derecho derivado: breve examen del sistema de fuentes de la Unión Europea.
Para estudiar el sistema de fuentes de la Unión Europea, es imprescindible describir las instituciones que la forman, los poderes que tiene la Unión Europea. La Unión Europea tiene una separación de poderes, sin embargo no del mismo modo que un Estado soberano. Las instituciones fundamentales del Derecho europeo, son pues: la Comisión, el Consejo de Ministros, el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La Comisión es la Administración comunitaria, que incluso tiene iniciativa legislativa: competencia para elaborar proyectos de ley, que habrán de ser aprobados por el Consejo de Ministros y el Parlamento. El Consejo de Ministros, en cambio, lo forman los ministros de exteriores, economía, agricultura, etc. en cada caso de cada uno de los países miembros, es una Cámara fuerte de producción normativa, es donde se discuten los proyectos de ley, donde cada Estado representado tiene un número de votos distinto (v. gr., España cuenta con 27 y Alemania con 29). El Parlamento europeo es como una segunda cámara o cámara baja, si bien cada vez está adquiriendo más poderes. En él están representados los eurodiputados elegidos por cada uno de los Estados, formando grupos por partidos políticos, no por países. Finalmente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sería el equivalente al Poder Judicial. Las normas las propone la Comisión, las aprueba el Consejo de Ministros y el Parlamento y finalmente las juzgan, aplicando e interpretándolas los Tribunales.
— 20 ! — Sergio Gomollón de las Muelas — Resúmenes Derecho Constitucional II ! Las instituciones antes mencionadas se encargan de la producción normativa, es decir, de producir el Derecho comunitario derivado, mientras que los Tratados que constituyeron la Unión, desde el de Roma hasta los más recientes, son el Derecho comunitario originario, que, en conjunto, forman las normas sobre producción de normas (norma normarum) de la Unión Europea. Sin embargo, los Tratados no son una Constitución en sentido estricto/formal 11 si bien tengan en común ser fuente de fuentes de un ordenamiento; de hecho, se cuestiona por alguna parte de la doctrina que el Derecho comunitario forme un ordenamiento jurídico.
! Las categorías normativas del Derecho derivado son las directivas, los reglamentos 12, las decisiones, las recomendaciones y otras, que emanan del Derecho originario; sin embargo, estas normas son producidas por las instituciones europeas, a diferencia de los Tratados constitutivos, que son producidos por los Estados soberanos. No existe relación jerárquica ni pirámide que ordene las categorías normativas del Derecho comunitario, sólo hay dos rangos: el Derecho originario por encima y el Derecho derivado por debajo. No obstante, la materia que afecta cada clase de norma de Derecho derivado difiere en función de la que se trate; así como los reglamentos se imponen produciendo efectos y aplicación de forma inmediata, las directivas necesitan desarrollarse por normas de cada Estado, son normas finalistas que proporcionan libertad para elegir los medios a cada Estado, pero en caso de que no se haya cumplido con lo que establezcan en el plazo que expresen, serán de aplicación inmediata. Las decisiones se equiparan en cierto modo a los actos administrativos y las recomendaciones son lo que su propio nombre indica.
! El artículo 93 de la Constitución y las relaciones entre el ordenamiento comunitario y el ordenamiento español: efecto directo, primacía del Derecho comunitario y autonomía institucional.
Cuando hablamos de un ordenamiento europeo hablamos de un ordenamiento sui generis, pues no hay relación jerárquica entre las normas del Derecho comunitario derivado; no hay diferencia [jerárquica] entre los reglamentos y las directivas, más allá de su fuerza de obligación y contenido. Las categorías normativas del Derecho derivado son 11 Dado que no se trata de una Constitución emanada de un Poder Constituyente.
12 No confundir el reglamento europeo con el español.
— !21 — Sergio Gomollón de las Muelas — Resúmenes Derecho Constitucional II reconocidas por el Derecho originario, y establece los procedimientos de elaboración, principios de su aplicación, reconocimiento etc. Los principios con los que cuenta el Derecho comunitario son el principio de efecto directo y el principio de primacía del Derecho comunitario.
Cabe recordar que las normas europeas sólo pueden regir en ámbitos europeos, en las competencias que les hayan cedido los Estados soberanos miembros; asimismo el ordenamiento y su coherencia, si consideramos que existe, es ordenado por el TJUE, se trata de un ordenamiento autoreferencial.
! Puede añadirse, además de un Derecho originario y un Derecho derivado europeos, un tercero, que es el Derecho complementario, consistente en pactos entre Estados que no afectan en materias que sean competencia de la UE, pero los suscriben los Estados interesados en obligarse mútuamente al cumplimiento del contenido de dichos Tratados.
Generalmente estos Tratados no son ratificados por todos los Estados, no es una obligación de ellos; verbi gratia, el fiscal compact es uno de dichos tratados de Derecho comunitario complementario, que obliga, en este caso, a fijar unos niveles de deuda y déficit reducidos para obtener una estabilidad presupuestaria y financiera. En ocasiones, acuerdos que forman el Derecho complementario han sido el primer paso, un laboratorio jurídico que ha llevado a crear nuevas normas de Derecho derivado.
! El Derecho español, obviamente, al ser el Reino de España un Estado miembro de la Unión Europea, está relacionado con el Derecho comunitario, bajo los principios de integración europea, primacía del Derecho europeo (sin perjuicio del principio de primacía de la Constitución) y el de autonomía institucional.
! Estudiando, en primer lugar, el principio de integración europea, nos dirigimos hacia el artículo 93 de la Constitución, que fue la puerta de entrada del Derecho europeo en nuestro Estado. El constituyente elaboró dicho artículo pensando en integrarse España en la Unión Europea, cuando hablaba de ente supranacional. El Tribunal Constitucional interpretó acotando y limitando los principios en su Declaración 13 1/2004: en primer lugar, habla el Tribunal del carácter orgánico procedimental: se añade la dimensión sustantiva material, pues, según su propia declaración, la Constitución misma da entrada en nuestro sistema constitucional a otros ordenamientos jurídicos a través de la cesión La Declaración del Tribunal Constitucional no es una Sentencia ni un Auto, aunque tenga una estructura muy similar a la primera. El Tribunal sólo ha emitido 2: la 1/1992 y la 1/2004.
13 — 22 ! — Sergio Gomollón de las Muelas — Resúmenes Derecho Constitucional II del ejercicio de competencias. Sin embargo, los límites de la integración en otro ordenamiento supranacional son el núcleo de las decisiones del constituyente, sin embargo, en este caso que juzgó el Tribunal en 2004, no hay contradicciones, pues los principios de los Tratados que ratificó España reconocen los mismos principios básicos que la Constitución, hay una armonía entre ambos, de forma que el Tribunal Constitucional considera que no están en peligro los principios que estableció el constituyente. Sin embargo, en caso de que eventualmente se produjera una contradicción entre un Tratado y la Constitución, cabe recordar que el Estado podría (y de hecho debería) proceder a retirarse voluntariamente de la Unión.
! Más complejidad ofrece la relación y aparente contradicción entre los principios de primacía del Derecho comunitario y de supremacía de la Constitución. El núcleo de este análisis se basa en el Fundamento Jurídico 5º de la citada Declaración.
En primer lugar, partiendo de que el Derecho europeo se basa en los principios de primacía (significando éste que prima el Derecho comunitario, sea originario o derivado, sobre todo el Derecho nacional, incluso la Constitución) y efecto directo (supone, este principio, que el Derecho comunitario, especialmente el reglamento, genera derechos y obligaciones directas a los ciudadanos europeos; por lo tanto, las normas del Derecho europeo son invocables ante los ciudadanos europeos sin necesidad de la existencia de una norma de recepción o una interposición nacional. No debe confundirse con la aplicación directa). Si bien todo el Derecho europeo tiene primacía no todo tiene efecto directo.
En segundo lugar, para tratar de casar o unir, resolviendo la aparente contradicción entre el principio de supremacía de la Constitución y primacía del Derecho europeo, es conveniente decir que al haber cedido el ejercicio de competencias a un ente supranacional prima el Derecho europeo sobre el nacional.
La primacía del Derecho europeo hace referencia a la aplicación del Derecho, mientras que la supremacía de la Constitución hace referencia a la validez del mismo. El juez puede inaplicar leyes internas para aplicar el Derecho europeo en su lugar, inclusive la Constitución, dándose el hipotético caso, pero el Tribunal Constitucional, en cambio, aplica la Constitución declarando la validez o invalidez de las demás normas.
! Si, como se ha dicho anteriormente, una disposición sustantiva material fuera contraria a la Constitución, no primaría ninguna sobre la otra, debería haber o una reforma constitucional o bien una denuncia del tratado (véanse art 13.2 de la Constitución y Declaración del Tribunal Constitucional 1/1992); la supremacía de la Constitución supone — !23 — Sergio Gomollón de las Muelas — Resúmenes Derecho Constitucional II que lo que se ha cedido en realidad no es la soberanía (ni las competencias), sino el ejercicio de competencias de ciertas competencias.
! Así pues, no hay contradicción entre dichos principios, pues la Constitución y el Derecho comunitario operan en dos planos distintos; la primacía del Derecho comunitario opera en el plano de la cesión del ejercicio de competencias (no se ceden competencias sino su ejercicio), por ello podrían retirarse, en un caso hipotético, aunque no sea concebible en la realidad.
! En cuanto al principio de autonomía institucional, el Estado soberano, al haber cedido el ejercicio de competencias, cuando afirmamos tal cosa, ello implica que se ceden competencias del Estado a un a entidad supranacional, sean del Estado estrictamente o de las Comunidades Autónomas. Son todos los poderes los que ceden a la Unión Europea, y el compromiso del Estado con el ente supranacional implica que debe cumplir a nivel general y autonómico con todas las obligaciones a las que se ha comprometido, en caso de incumplimiento a nivel estatal o autonómico, respondería el Estado como responsable, y no la Comunidad Autónoma en cuestión, por tanto, la Unión Europea permite a cada Estado organizarse de cualquier forma, pero siempre responde el Estado a pesar de que incumpla con sus obligaciones un territorio concreto del mismo.
! La participación de las instituciones españolas en la elaboración de las normas europeas.
El Estado participa en la elaboración del Derecho europeo de una forma que llamamos ascendente (fase ascendente); del mismo modo, lo ejecuta de forma descendente. En la ejecución del Derecho europeo, al no contar con una Administración la Unión, es la Administración de cada Estado miembro la que actúa de acuerdo con el ordenamiento.
! El Estado ve compensada su pertenencia a una entidad supranacional en tanto que participa en la elaboración de sus normas, viéndose representado en el Consejo y en el Parlamento, si bien no tiene el Estado derecho a veto sobre el Consejo, y no cuenta con los mismos votos que otros Estados. Todo ello sin perjuicio de que los eurodiputados defiendan los intereses de los electores a los que representan. Por lo tanto, el Estado ve compensada su cesión de ejercicio de competencias en la posibilidad de participar en la toma de decisiones comunes. Por ejemplo, el Tratado de Lisboa creó el mecanismo de — !24 — Sergio Gomollón de las Muelas — Resúmenes Derecho Constitucional II alerta temprana, gracias al cual un parlamento de un Estado miembro, junto con otros parlamentos nacionales, pueden forzar una negociación de algo que afecte al Estado en cuestión. Añádase que en el Comité de las Regiones, un órgano con escasa fuerza pero que dota de representación a regiones y territorios de los Estados, puede participar España (y los demás Estados). Además, desde 2004, un consejero de una Comunidad Autónoma puede delegar a España (representando sin embargo a todas las Comunidades), yendo junto al Ministro al Consejo de Ministros.
! Los tratados internacionales: posición en el sistema de fuentes e incorporación al Derecho interno.
Es importante empezar este apartado dando una definición del concepto de tratado internacional, y para ello nos fundamentaremos en el artículo 2 de la Convención de Viena del Derecho de los tratados, según el cual Se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y recogido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular.
Vemos, por lo tanto, que el único requisito que impone dicho tratado es que haya un acuerdo escrito entre Estados regido por el Derecho internacional, al margen de si este tratado se refleja en uno o más documentos. La razón por la que los Estados crean tratados es porque tienen relaciones jurídicas entre sí, que deben ser formalizadas a través de tratados.
En el caso de nuestra Constitución, encontramos mencionados los tratados internacionales en los artículos 93 y 94; haciendo referencia el primero de ellos a la cesión del ejercicio de competencias a una institución supranacional a través de una ley orgánica, que se hizo, por parte del constituyente, con el fin de integrarse en la Unión Europea. Este procedimiento, utilizado dos veces, se siguió en primer lugar cuando España se integró en la Unión Europea en 1986; las Cortes aprobaron una ley orgánica en virtud de la cuál se incorporó el Estado en la unión. Del mismo modo, cada vez que un Estado quiera incorporarse a la Unión España deberá prestar su consentimiento a través del mismo procedimiento. En segundo lugar, en el año 2000 España ratificó el Estatuto de la Corte Penal Internacional, cediendo el ejercicio de ciertas competencias internacionales.
El artículo 94, en cambio, hace referencia a todos los tratados comprendidos en las materias que se enuncian en el mismo (de carácter político o militar, tratados que afecten a la integridad territorial del Estado, tratados que impliquen obligaciones financieras y los — 25 ! — Sergio Gomollón de las Muelas — Resúmenes Derecho Constitucional II que supongan la modificación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución), con el procedimiento que se establece; en el caso del artículo 94, es el Gobierno quien debe hacerlo con la autorización de las Cortes Generales, utilizando un procedimiento parecido al de una ley ordinaria. En el caso del resto de materias, siguiendo el apartado 2 del mismo artículo, el Gobierno se limita a informar a las Cortes.
! Para incorporar un tratado internacional a nuestro Derecho interno, el primer paso, tras haber sido negociado debidamente, es firmar el tratado, acción que no vincula en un futuro pero que hace comenzar el proceso, pues los tratados sólo entran en vigor tras su íntegra publicación en el Boletín Oficial del Estado (art. 1.5 Código civil y 96 de la Constitución).
Si se trata de la cesión de [el ejercicio de] competencias, por vía del artículo 93, se aprobará con el procedimiento de una Ley Orgánica (véase infra Lección 4), siguiendo también el procedimiento establecido en el artículo 154 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados; si en cambio se ratifica un Tratado Internacional de los que menciona el artículo 94.1 de la Constitución, se ratificará otorgando la autorización las Cortes Generales al Gobierno, como si se aprobara una ley (ordinaria), si bien el continente de dicha decisión no será una ley ordinaria, simplemente se seguirá un procedimiento similar (véanse arts. 155-160 del Reglamento del Congreso de los Diputados), en caso de que no haya acuerdo entre las Cámaras, se formará una comisión mixta en la que se negociarán los términos, si se llega a un acuerdo se otorgará la autorización y en caso contrario se entenderá otorgada con una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados (art. 74.2 de la Constitución); finalmente, para los demás tratados que se ratificarían por la vía del art. 94.2, el Gobierno los ratificará y simplemente se limitará a informar a las Cortes.
Una vez otorgado el consentimiento de las Cortes Generales, o en su defecto hayan sido informadas por el Gobierno, el Rey manifestará la voluntad del Estado en un acto formal refrendado (art. 63.2), acto formal que será procedido con la publicación del Tratado en el Boletín Oficial del Estado, momento en el que entrará en vigor el Tratado en el Estado (arts. 1.5 Código civil y 96 Constitución).
! En caso de denuncia de un tratado, para retirar la adhesión al mismo, el artículo 96 de la Constitución establece que se seguirá el mismo procedimiento que se hubiere requerido para su ratificación.
! — !26 — Sergio Gomollón de las Muelas — Resúmenes Derecho Constitucional II Cabe plantear, una vez descritas las clases de Tratados Internacionales y los procedimientos para la ratificación de cada uno de ellos, qué lugar ocupan estos en el ordenamiento jurídico una vez han entrado en vigor. En caso de que el tratado entrare en colisión con la Constitución, el artículo 95 nos proporciona los criterios a seguir (véase infra, Lección VI), si el Tribunal Constitucional se hubiere pronunciado a priori, antes de la ratificación, no debe ratificarse el Tratado o debe reformarse la Constitución, sin embargo, si el Tratado entra en colisión con una norma con rango de ley, dicha norma será derogada por el tratado (pudiendo ser de forma tácita), pero ninguna norma con rango de ley podrá derogar el Tratado (el Tratado tiene fuerza activa y resistencia pasiva).
Así pues, los Tratados son normas que estarían en el segundo eslabón de la pirámide kelseniana una vez formaran parte del ordenamiento, pero con las características especificadas. Se sitúan por debajo de la Constitución, por lo menos formalmente y jurídicamente, si bien políticamente podría interpretarse que no es así.
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