Source: https://issuu.com/defensoriaec/docs/informe_labores_2017
Timestamp: 2018-05-27 06:11:12
Document Index: 212633889

Matched Legal Cases: ['artículo 191', 'artículo 288', 'artículo 11', 'artículo 75', 'artículo 76', 'artículo 451', 'artículo 191', 'artículo 191', 'artículo 191', 'artículo 285', 'artículo 291', 'artículo 292', 'artículo 193', 'artículo 294', 'artículo 190', 'artículo 191', 'artículo 581']

Informe anual de labores 2017 by Defensoría Pública - issuu
INFORME DE LABORES 2017 __________________________________________ DR. ERNESTO PAZMIÑO GRANIZO DEFENSOR PÚBLICO GENERAL DEL ECUADOR
CONTENIDO _____________________________________________________ 1.
DATOS GENERALES DE LA AUTORIDAD QUE RINDE CUENTAS
SERVICIOS PRESTADOS POR LA DEFENSORÍA PÚBLICA
LOGROS ALCANZADOS EN EL 2017
La Defensoría Pública del Ecuador es un órgano autónomo de la Función
administrativa, cuyo mandato constitucional (artículo 191) es “(…) garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que, por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no puedan contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos”. El trabajo lo desarrolla mediante “un servicio legal, técnico, oportuno, eficiente, eficaz y gratuito, en el patrocinio y asesoría jurídica de los derechos de las personas, en todas las materias e instancias”. La Defensoría Pública nació en agosto de 2007 como Unidad Transitoria adscrita a la Presidencia de la República y posteriormente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para dedicarse a la defensa penal de las personas procesadas que no podían acceder a los servicios de un abogado privado por falta de recursos económicos, y para garantizar que en el Ecuador no existieran personas detenidas sin sentencia judicial. No obstante, la Asamblea Constituyente de Montecristi (2008) consideró imprescindible su presencia como órgano autónomo de la Función Judicial y estableció que, además de la defensa penal, ofreciera atención en todas las materias ubicando a la Defensoría Pública del Ecuador como la única de América con autonomía y con rango constitucional. A partir de entonces, la Defensoría Pública determinó que su misión institucional es “defender gratuitamente a las personas en condición económica, social y cultural de vulnerabilidad o en estado de
indefensión, garantizando su acceso a la justicia, un juicio y justo y el respeto de los derechos humanos”. Y que su trabajo debía realizarse de manera articulada con el Plan Nacional del Buen Vivir (PNVB) y con el Plan Estratégico de la Función Judicial. En esa línea, el trabajo de la Defensoría Pública se relaciona con el objetivo seis del eje estratégico del PNBV sobre “derechos, libertades y capacidades para el buen vivir”, que señala la necesidad de “consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respecto a los derechos humanos”. Y con tres objetivos estratégicos de la Función Judicial: 1) Asegurar la transparencia y la calidad en la prestación de los servicios de justicia; 2) Promover el óptimo acceso a la justicia; y, 3) Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios. Estos preceptos han delineado la planificación estratégica de la Defensoría Pública, 2013 – 2018, con sus objetivos, metas e indicadores para la consecución del mandato constitucional. Se trata de un marco referencial para que las diferentes áreas y procesos de la organización desarrollen su accionar hacia una prestación de servicios eficientes, eficaces y efectivos, con enfoque a resultados, cuyo fin esencial es la protección de los derechos de las personas en mayor riesgo de vulneración.
Ernesto Pazmiño Granizo
Defensor Público General
Período del cual rinde cuentas: Enero 2017 a diciembre 2017
Fecha de elaboración del informe: Enero de 2017
Competencias que le asigna la ley:
Las competencias del Defensor Público están determinadas en el artículo 288 del Código Orgánico de la Función Judicial: Art. 288.- Competencias del Defensor Público.- Compete al Defensor Público: 1) Representar judicial y extrajudicialmente a la Defensoría Pública; 2) Determinar, dentro del marco de las políticas generales de la Función Judicial, las políticas institucionales y ponerlas en práctica
correspondientes; 3) Expedir,
instructivos,
reglamentos de
procedimientos y cuanto instrumento se requiera para funcionar eficientemente;
4) Dirigir la administración de los recursos financieros de la Defensoría Pública; 5) Autorizar el gasto de la Defensoría Pública, y asignar montos de gasto a las unidades administrativas correspondientes y a las directoras o directores regionales y provinciales, de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; 6) Expedir
Funcional respectivo; 7) Celebrar
funcionamiento institucional; 8) Celebrar convenios de cooperación con personas públicas o privadas, que permitan un mejor cumplimiento de las funciones asignadas por la Constitución y la ley; 9) Elaborar
presupuestaria cuatrianual respectiva, conforme las políticas generales de la Función Judicial, y ponerla en conocimiento del Consejo de la Judicatura para su incorporación al Presupuesto de la Función Judicial; 10) Preparar proyectos de ley o de reglamento en las materias relacionadas con el ejercicio de las funciones institucionales y presentarlas a la Asamblea Nacional o a quien ejerza la Presidencia de la República; 11) Preparar proyectos de estándares de calidad y eficiencia para los servicios institucionales prestados y ejecutarlos; de ser necesario podrá crear, modificar o suprimir oficinas defensoriales y determinar el número de defensores públicos, lo que será comunicado al Consejo de la Judicatura para que realice el
proceso de selección y la designación de los funcionarios requeridos; 12) Presentar a la Asamblea Nacional y al Consejo de la Judicatura un informe anual de labores, que incluirá necesariamente una relación de las causas y procesos judiciales en los que hayan intervenido, clasificados por materias; la clase y número de solicitudes recibidas y las medidas adoptadas para su atención y trámite; y los datos estadísticos que permitan una visión clara de la gestión realizada; 13) Presentar denuncias y quejas ante la Corte Constitucional o el Consejo de la Judicatura, por falta de despacho o cualquier otro acto violatorio de la ley o de los reglamentos por parte de las personas a cargo de los procedimientos en los que intervengan institucionalmente. Sede administrativa: Provincia:
Correo electrónico: comunicaciondp@defensoria.gob.ec Página web:
(02) 381 5270 ext.: 2302
3.1. Puntos de atención a nivel nacional La Defensoría Pública cuenta con 200 puntos de atención a nivel nacional, para atender a la ciudadanía, clasificados en tres grupos de acuerdo a su funcionamiento: oficinas permanentes, oficinas itinerantes y oficinas en las unidades judiciales del Consejo de la Judicatura. El detalle de las provincias, ciudades y las direcciones de las oficinas de atención se encuentra en el Anexo 1.
3.1.1. Oficinas permanentes: Son oficinas de la Defensoría Pública propias, arrendadas o en comodato que le permiten atender a la población. Quito, Cuenca y Portoviejo son las únicas ciudades del país en las que la Institución cuenta con oficinas propias, en el resto del país son arrendadas o están en 8
comodato; no obstante, es preciso señalar que debido al terremoto de 2016, el edificio de la Defensoría en Portoviejo tuvo serias afectaciones. El Guayaquil, la Defensoría cuenta con un bien inmueble en calidad de comodato que comprende algunos pisos del edificio La Previsora, ubicado en el sector del Malecón. 3.1.2. Oficinas itinerantes: Otra estrategia para extender el servicio y llegar a más gente ha sido el sistema de oficinas itinerantes. La Defensoría Pública, en varias provincias, realiza visitas a las poblaciones cercanas durante uno o dos días por semana para ofrecer los servicios de asesoría legal y patrocinio. El trabajo se desarrolla bajo este sistema porque las poblaciones atendidas no tienen una alta demanda del servicio. 3.1.3 Unidades judiciales: La Defensoría Pública es parte integral del sistema de atención a la ciudadanía que brinda el Consejo de la Judicatura a través de las unidades judiciales. En 2016, la Defensoría desplegó un equipo defensorial en las unidades judiciales para garantizar el debido proceso, el derecho a la defensa, la realización de audiencias y consecuentemente, el acceso a la justicia.
4.1. Parámetros de atención La Defensoría Pública brinda servicios conforme a los siguientes parámetros: 1. En todo lo referente a asesoría o consultas legales, el servicio se presta en todas las materias a cualquier persona que lo requiera, sin excepción alguna. 2. En asistencia legal documentaria de trámites administrativos como la elaboración de minutas o peticiones de derechos, así como patrocinio judicial o litigo de cualquiera de las causas que se oferten el servicio de patrocinio se ofrece a las personas o grupos de atención prioritaria descritos en la Constitución y en las 100 Reglas de
patrocinios de oficio convocados por los jueces.
4.2. Base legal 4.2.1. Deber del Estado El artículo 11, de la Constitución de la República, establece que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución.
4.2.2. Grupos de atención prioritaria La Constitución establece como prioridad la atención a las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad, movilidad humana y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil y de desastres naturales o antropogénicos. 4.2.3. Tutela efectiva de los derechos El artículo 75 de la Constitución establece que toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, y que en ningún caso quedará en indefensión. 4.2.4. Derecho a la defensa El artículo 76 de la Constitución determina que nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento; y, además, se garantiza a toda persona el derecho a ser asistida en los procedimientos judiciales por una abogada o abogado de su elección o por defensora o defensor público. El artículo 451, del Código Orgánico Integral Penal, establece que la Defensoría Pública es la garante del “pleno e igual acceso a la justicia de las personas, que por su estado de indefensión o condición
económica, social o cultural, no pueden contratar los servicios de una defensa legal privada, para la protección de sus derechos”. 4.2.5. Misión de la Defensoría Pública De acuerdo al artículo 191 de la Constitución de la República, la misión de la Defensoría Pública es garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que, por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no puedan contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos. 4.2.6. Patrocinio en todas las materias El artículo 191 de la Constitución señala, además, que la Defensoría Pública prestará un servicio legal, técnico, oportuno, eficiente, eficaz y gratuito, en el patrocinio y asesoría jurídica de los derechos de las personas, en todas las materias e instancias. Para el cumplimiento efectivo se han promovido instructivos por materias. 4.2.7. Atención a víctimas La Disposición Transitoria Vigésima, del Código Orgánico Integral Penal, amplió las funciones de la Defensoría Pública y determinó la obligatoriedad de implementar la Unidad de Defensa Jurídica de Víctimas. Bajo este mandato, el Defensor Público General, Ernesto Pazmiño Granizo, expidió la Resolución DP-DPG-2014-043 con la cual creó la Unidad que se encarga del patrocinio de niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos contra la libertad sexual; víctimas de estafas masivas en el sistema financiero nacional y programas 12
habitacionales; víctimas de delitos y contravenciones contra la mujer o el núcleo familiar; y, víctimas y o familiares de personas desaparecidas. 4.2.8. Condiciones equivalentes a la Fiscalía El tercer inciso del artículo 191 de la Constitución determina que la Defensoría Pública es indivisible y funcionará de forma desconcentrada con autonomía administrativa, económica y financiera; y, contará con recursos humanos, materiales y condiciones laborales equivalentes a las de la Fiscalía General del Estado. 4.2.9. Autonomía de la Defensoría Pública En concordancia con la norma constitucional, el artículo 285 del Código Orgánico de la Función Judicial expresa que la Defensoría Pública es un organismo autónomo de la Función Judicial, con autonomía económica, financiera y administrativa. 4.2.10. Desconcentración El artículo 291 del Código Orgánico de la Función Judicial establece que
desconcentrado a través de oficinas territoriales, con competencia en regiones,
metropolitanos,
convenga a la más eficiente prestación del servicio.
4.2.11. Consultorios jurídicos de universidades El artículo 292 del Código Orgánico de la Función Judicial dispone que las facultades de jurisprudencia, derecho o ciencias jurídicas de las universidades legalmente reconocidas e inscritas ante el organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la calidad de las instituciones
organizarán
servicios de patrocinio, defensa y asesoría jurídica a personas de escasos recursos económicos y grupos de atención prioritaria, para lo cual organizarán consultorios jurídicos gratuitos, de conformidad con lo que dispone el artículo 193 de la Constitución de la República. Las facultades de Jurisprudencia, Derecho o Ciencias Jurídicas que no cumplan con esta obligación no podrán funcionar. El artículo 294 del Código Orgánico de la Función Judicial determina que los consultorios jurídicos gratuitos a cargo de las Facultades de Jurisprudencia, Derecho o Ciencias Jurídicas, organismos seccionales, organizaciones comunitarias y de base y asociaciones o fundaciones sin finalidad de lucro, serán evaluados en forma permanente por la Defensoría Pública, la cual analizará la calidad de la defensa y los servicios prestados. 4.2.12. Cero audiencias fallidas El Pleno del Consejo de la Judicatura, a fin de promover la mejora del servicio judicial y alcanzar una justicia eficaz, oportuna y sin dilaciones, expidió la Resolución N°042-2013 de 21 de mayo de 2013, con la cual dispone que la Defensoría Pública actúe en caso de ausencia del defensor particular en las audiencias en materia penal y de tránsito. 14
comparecen desde la primera convocatoria. La acreditación de los consultorios jurídicos gratuitos se la realiza anualmente.
4.3. Líneas de servicio de la Defensoría Pública 4.3.1. Patrocinio Penal La capacidad de servicio de la Defensoría Pública debe adecuarse al plan de transformación del sistema de justicia que está llevando a cabo el Consejo de la Judicatura y basándose en la independencia de la institución como entidad autónoma, según lo establecido en la Constitución. La misión de la Defensoría Pública, en materia penal, es garantizar el acceso a la justicia y la defensa efectiva, oportuna, eficaz y técnica de las personas que enfrentan procesos penales y que por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural no puedan contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos. Los funcionarios que se desempeñan en este proceso tienen que incorporar las perspectivas de género e interculturalidad y cumple obligatoriamente con los estándares de calidad para cada uno de los procedimientos especializados: Flagrancia, Investigación y audiencias, Juzgamiento, Impugnación, Adversarial, Ejecución de la pena, y Atención a víctimas, así como, la sustanciación del proceso, sea ordinario, directo, expedito, oficio y alternativos.
Además, están los procesos que deben llevarse bajo el procedimiento directo desde la calificación de flagrancia hasta la audiencia de juzgamiento; el procedimiento ordinario atiende desde la etapa de investigación hasta su conclusión; también se aplica el procedimiento expedito completo; y, procedimientos alternativos, según lo establece el artículo 190 de la Constitución. Para el caso de adolescentes infractores se atiende desde la flagrancia hasta la audiencia de juzgamiento. En contravencional y de oficio se cubren las audiencias de oficio en las fases de investigación y juicio debiendo considerar un equipo de defensores para evitar incurrir en audiencias fallidas. En lo atinente a ejecución de la pena, para las personas procesadas de delitos comunes y adolescentes infractores, se continuó brindando el servicio con base en las normas legales y reglamentarias vigentes a partir del COIP. 4.3.2. Patrocinio Social En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, el defensor público general, Ernesto Pazmiño Granizo, mediante Resolución DPDPG-2012-085, publicada en Registro Oficial 812 de 18 de octubre de 2012, expidió el Instructivo para la Prestación de los Servicios Defensoriales del Proceso de Patrocinio Social. En materia social, la Defensoría Pública ofrece los siguientes servicios de patrocinio social gratuito a nivel nacional: 16
4.3.2.1 Laboral En materia laboral, la prestación de este servicio es únicamente en defensa del trabajador en las distintas instancias, tanto administrativas como judiciales, por las siguientes causas: 1.
Audiencia de boleta única de notificación
Inspección focalizada (Integral)
Impugnación de actas de finiquito
Juicio laboral (haberes laborales)
Demandas por jubilación Patronal
Demandas por accidentes de trabajo
Demandas por enfermedades profesionales
Demandas por despido ineficaz de dirigentes sindicales (que
no supere los dos salarios mínimos vitales) 11.
Demandas por despido ineficaz (mujeres embarazadas)
Impugnación de vistos bueno (sede judicial)
Ejecución de la sentencia para cobro en términos laborales
(insolvencia). 4.3.2.2 Familia, mujer, niñez y adolescencia Dentro del subproceso de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia se presta una defensa técnica y atención en las siguientes materias: 1. Demandas por alimentos e incidentes de aumento a favor de
niños, niñas y adolescentes, personas mayores de edad hasta los 21 años que estén cursando estudios en cualquier nivel educativo,
considerables de discapacidad. 2. Incidentes de rebaja de pensión en contra del derecho de niños, niñas y adolescentes, personas mayores de edad hasta los 21 años que estén cursando estudios en cualquier nivel educativo,
considerables de discapacidad (cuando el alimentario lo propone se activa el patrocinio por parte de la Defensoria Pública). 3. Paternidad y alimentos a favor de niños, niñas y adolescentes, personas mayores de edad hasta los 21 años que estén cursando estudios en cualquier nivel educativo, personas mayores de edad con grados considerables de discapacidad. 4. Liquidación de pensiones alimenticias. 5. Ejecución de las actas de mediación. 6. Alimentos para mujer embarazada y ayuda de lactancia. 7. Tenencias. 8. Autorización judicial de salida del país (situaciones médicas o educativas). 9. Recuperación de niños, niñas y adolescentes. 10. Medidas de protección - acogimiento institucional. 11. Declaratoria de adoptabilidad. 12. Alimentos voluntarios. 13. Régimen de visitas.
4.3.2.3. Otras materias Se atienden las materias que generen bienestar familiar de los miembros de los grupos de atención prioritaria previa a la calificación
del criterio general para la prestación del servicio y la autorización del Defensor Público Provincial, así como el apoyo y seguimiento de las acciones y patrocinios misionales en las oficinas desconcentradas y puntos de atención. a) Todos los temas relacionados únicamente con el Libro I del Código Civil, en los casos donde existan niños, niñas y adolescentes o personas con capacidades especiales, cuando el patrocinio sea fundamental o necesario para precautelar el interés superior de estos grupos. Se patrocinarán casos de divorcio por mutuo acuerdo y que en su núcleo familiar existan adolescentes y no haya bienes. b) Amparos posesorios, excepto cuando existan presunciones de que el patrocinio pueda ser utilizado como mecanismo para legalizar invasiones. c) Prescripción adquisitiva de dominio, excepto cuando existan presunciones de que el patrocinio pueda ser utilizado como mecanismo para legalizar invasiones. d) Posesión efectiva, únicamente hasta la elaboración de la minuta correspondiente, de personas que se encuentren dentro de los grupos de atención de la Defensoría Pública. e) Inquilinato, únicamente de inmuebles destinados a vivienda, en causas de desahucio e incumplimiento de contratos. También se atiende a personas en movilidad humana que busquen tramitar un visado en el estado ecuatoriano, que tengan necesidad de protección
determinación de la condición de refugiados, y que no puedan pagar los servicios privados de asistencia legal. 19
Patrocinio a víctimas
Tiene por objeto la prestación especializada de Defensa Jurídica de Víctimas por parte de la Defensoría Pública del Ecuador para las personas que, como sujetos pasivos de la infracción penal establecidos en el Código Orgánico Integral Penal, y que por su condición socioeconómica o cultural de vulnerabilidad, o por su estado de indefensión, o por su situación de violencia intrafamiliar, no puedan contratar los servicios de una defensa privada para su representación legal. El servicio se brinda en las materias que, progresivamente, amplíe la Defensoría Pública en función del suficiente personal misional, la disponibilidad presupuestaria y la capacidad de infraestructura y tecnológica. Se emitió la Resolución DPG-2014-043, de 1 de abril de 2014 (Art. 35, 78 CRE y Transitoria Vigésima), publicada en el Registro Oficial No. 232 de 24 de abril de 2014, en la cual se establecieron los parámetros para la defensa de la víctima en los siguientes casos: 1. Delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes 2. Delitos de violencia intrafamiliar 3. Delitos de estafas masivas (entidades del sistema financiero y programas habitacionales) 4. Delitos por asesinatos y muertes violentas. 5. Personas desaparecidas (actos administrativos) 6. Lesa humanidad, genocidio. 20
4.3.4 Usuarios de la Defensoría Pública El artículo 191, de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta que “la Defensoría Pública es un órgano autónomo de la Función Judicial cuyo fin es garantizar el pleno e igual acceso de la justicia de las personas que, por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural no puedan contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos (…)”. Sobre esta base, la Defensoría Pública ha clasificado a los usuarios(as) de sus servicios en
El 1 de abril de 2013 se publicó el Plan Estratégico Institucional 20132018, en el Registro Oficial 923, publicado en julio de 2013, a continuación se describen los elementos orientadores:
5.1. Elementos orientadores de la Defensoría Pública a. Visión: “Somos una institución que fortalece el ejercicio de los derechos, exige el cumplimiento de las garantías del debido proceso y promueve una cultura de paz”. b. Misión:
“Defender
condición económica, social y cultural de vulnerabilidad o en estado de indefensión, garantizando su acceso a la justicia, un juicio justo y el respeto a los derechos humanos”.
5.2. Objetivos estratégicos institucionales por ejes estratégicos Eje Fortalecimiento Institucional: La Defensoría Pública tiene como una de sus prioridades generar las suficientes fortalezas para responder adecuadamente a la demanda de servicios defensoriales. Objetivo 1: Mejorar la capacidad de oferta de la Defensoría Pública de acuerdo a las exigencias de la demanda en el territorio nacional. 22
Objetivo 2: Brindar un servicio eficiente, de calidad, calidez y oportuno. Objetivo 3: Establecer los modelos de gestión de la Defensoría Pública flexibles que se articulen a la Función Judicial y a las demandas de la ciudadanía. Eje Sistema Nacional de Defensa Pública: La Defensoría Pública tiene la competencia de acreditar a los consultorios jurídicos de las universidades, con quienes se propone establecer alianzas estratégicas que permitan ampliar la cobertura de servicios defensoriales. La red de prestación de servicios se denominará Sistema Nacional de Defensa Pública. Objetivo 4: Garantizar el acceso a los servicios del Sistema Nacional de Defensa Pública gratuita y de calidad para el ejercicio de los derechos de las y los ciudadanos. Eje Comunicación Corporativa: La Defensoría Pública, al ser una institución relativamente nueva, no es lo suficientemente conocida por la ciudadanía, por lo cual se estableció como eje estratégico a la Comunicación Corporativa que permitirá que los ciudadanos conozcan y accedan a los servicios que presta la Defensoría Pública para garantizar sus derechos. Objetivo 5: Lograr que la Defensoría Pública sea reconocida por la sociedad como una institución transparente y eficiente que facilita el acceso gratuito a la justicia.
coordinación interna para contribuir a mejorar la cultura organizacional. Eje Cultura de Paz: La Defensoría Pública busca reducir el nivel de judicialización de casos a través de la solución alternativa de conflictos, lo que contribuiría a descongestionar el sistema judicial y permitiría un diálogo constructivo capaz de garantizar y restituir derechos a la ciudadanía. Objetivo 7: Promover una cultura de paz para el fortalecimiento del ejercicio de los derechos de los ciudadanos a través de la solución alternativa de conflictos. Eje Coordinación con el Sector Justicia: Al ser parte del sistema de justicia la Defensoría Pública necesita coordinar sus acciones con los otros entes del sistema para ofrecer un servicio oportuno a la ciudadanía. Objetivo 8: Coordinar y contribuir con el fortalecimiento de la Función Judicial para el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos.
5.3. Relación con los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir y de la Función Judicial En el 2017 el Plan Estratégico de la Defensoría Pública se encuentra alineado a los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, específicamente, con el objetivo 6: “Consolidar la transformación de la 24
justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos” y al Plan Estratégico de la Función Judicial”.
5.4. Cumplimiento de los objetivos programados En el año 2017, para el seguimiento y evaluación de la Planificación Estratégica Institucional, continuamos aplicando la metodología del “Cuadro de Mando Integral” (CMI), que es una herramienta de planificación y control de gestión,
adaptadas a las características
propias de la entidad y orientadas al cumplimiento de la misión, a través del establecimiento de indicadores, objetivos y metas, que permitan analizar los resultados alcanzados y los recursos utilizados. Para su desarrollo se realizaron varios talleres con el personal directivo y operativo en los que se acordaron las siguientes líneas de acción para el cumplimiento de la misión institucional: 5.4.1. Mapa estratégico
En el marco metodológico del CMI, como se puede observar en el cuadro anterior, para el cumplimiento del mapa estratégico, se plantearon varias iniciativas, las mismas que son actividades que en su conjunto contribuyen a cumplir con nuestros objetivos institucionales tanto estratégicos,
relacionadas con los productos y / o servicios, tanto internos, como externos que deben cumplir cada área administrativa, estos se encuentran registrados en el Estatuto Orgánico vigente, el mismo que a su vez se encuentra articulado al Plan Estratégico Institucional. De acuerdo con las iniciativas propuestas por cada una de las direcciones y provincias, se han realizado varios ejercicios de evaluación y seguimiento los mismos que revelan un alto grado de cumplimiento y resultados positivos sobre su gestión, tal como se presenta en el cuadro siguiente:
El índice de cumplimiento institucional es del 92% que corresponde al promedio ponderado de los avances obtenidos por cada dirección, el mismo que sirve de referencia para medir la eficiencia de cada Dirección durante el año 2017. Además, en el cuadro siguiente se presentan las metas y avances logrados en la prestación de nuestros servicios que consideramos es la parte sustantiva de la Defensoría Pública.
6.1. Presupuesto La Defensoría Pública inició el 2017 con un presupuesto asignado de 37 millones 009 485 dólares que fue modificado en 954 568,91. Es así que el presupuesto real con el que contó la Institución durante el año fue de 36 millones 054 916,09 dólares, del que se ejecutó el 99,81 por ciento. De este monto, el mayor rubro corresponde a los gastos en personal (pago de remuneraciones) que representan el 94,50 por ciento, es decir, 34 millones 073 695,38 dólares ejecutados en 100 por ciento. Este ítem es una prioridad para la Defensoría Pública, pues de acuerdo con los objetivos misionales es indispensable contar con el número adecuado de defensoras y defensores públicos para brindar una cobertura y un servicio de calidad a la ciudadanía a nivel nacional, por tal motivo mantenemos desconcentrado el servicio con personal misional por regiones, provincias y catones. De igual manera se necesita contar con el personal idóneo en las áreas habilitantes de apoyo para que el equipo misional disponga de los recursos institucionales necesarios para realizar su trabajo. El segundo rubro que cuenta con mayor asignación presupuestaria es el de Bienes y Servicios de Consumo, que corresponde al 4,93 por ciento del monto total asignado para el 2017, esto es 1 millón 778569,34 dólares. Se logró una ejecución del 98,88 por ciento en este campo dentro del que constan gastos necesarios para el funcionamiento de la Institución y para brindar un mejor servicio a nuestros usuarios a
nivel nacional, como telecomunicaciones, arriendos y mantenimiento de las oficinas El rubro restante corresponde a menos del uno por ciento del presupuesto y se refiere a gastos corrientes, que representan el 0, 57 por ciento, y que fue ejecutado en un cien por ciento. 6.1.1. Ejecución presupuestaria El porcentaje total de la ejecución presupuestaria es el resultado de la relación del presupuesto devengado con el codificado.
Fuente: eSIGEF
6.2. Talento Humano En el año 2017, la Defensoría Pública contó con 1127 funcionarios, de los cuales el 75 por ciento es misional y el restante está en el área administrativa, lo que evidencia que la gran mayoría del personal está dedicado a atender a la gente. De este número, el 46 por ciento del
personal es femenino: 518 mujeres trabajan en la institución; y, el 54 por ciento es masculino, 609 hombres de un total 1127 personas.
6.2.1. Composición del personal de las áreas dedicadas a la defensa: Patrocinio Social, Patrocinio Penal y Multicompetente
En sus inicios, la Defensoría Pública únicamente brindaba patrocinio legal en el ámbito penal. Sin embargo, las demandas de la ciudadanía, el crecimiento de la Institución y las nuevas funciones asignadas por mandato constitucional, determinaron la necesidad de contar con defensores públicos en materias no penales (social) y en algunas jurisdicciones defensores multicompetentes. 6.2.2. Nivel de instrucción del personal En cuanto al nivel de instrucción del personal es preciso señalar que el 75 por ciento tiene tercer y cuarto nivel académico, es decir, grado universitario y postgrado.
Esto demuestra que el personal que actualmente labora en la Institución
encomendadas.
capacitado Sin
funciones trabaja
continuamente en reforzar las capacidades del talento humano mediante la ejecución de un plan de capacitaciones. 6.2.3. Desconcentración del personal por provincias La Defensoría Pública tiene como uno de los objetivos de su planificación estratégica mejorar la capacidad de oferta de los servicios de defensa de acuerdo con la demanda en el territorio nacional. Esto implica contar con el número adecuado de defensores(as) en cada provincia del país. Es así que la Defensoría Pública trabaja por brindar a cada provincia según su demanda de servicios de defensa, no solo el número idóneo de defensores, sino profesionales completamente capacitados para brindar un servicio de calidad y calidez.
6.3. Capacitación Con la finalidad de fortalecer y ampliar los conocimientos de quienes trabajan en la Institución y, principalmente, de los servidores(as) que están en contacto con los usuarios, la Defensoría Pública, durante el año 2017, realizaron 119 eventos de capacitación a nivel nacional en distintas materias. De estos, 78 estuvieron dirigidos a defensores públicos, asesores legales y representantes de consultorios jurídicos; y, 41 a personal administrativo. 32 eventos fueron en coordinación con la Contraloría General del Estado. Los principales temas en los que se capacitó al personal fueron: litigación oral en audiencias de flagrancia, justicia juvenil restaurativa, materia penal, mediación y movilidad humana. Por otro lado, en el área administrativa, los funcionarios se capacitaron principalmente en control en la gestión pública, compras públicas y organización de archivos.
7.1. Atención a la ciudadanía En el 2017, la Defensoría Pública procesó 313 095 solicitudes ciudadanas de atención entre los patrocinios Social y Penal, asesorías y Mediación.
Del total nacional, 122 471 corresponden al área social, en la que se patrocinan demandas de alimentos, laborales, tierras, inquilinato, entre otras materias. En cambio, en el área penal, la cifra de atención fue de 146 991 solicitudes, que incluyen los patrocinios en violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar (contraventores y víctimas de violencia), defensa de víctimas, adolescentes infractores y ejecución de la pena. En asesorías, la Defensoría Pública recibió 42 226 consultas en diferentes materias que no fueron judicializadas.
En materia de género, la Defensoría Pública recibió las solicitudes ciudadanas de 162 505 mujeres, lo que implica un 52 por ciento; los hombres representan un 48 por ciento con 150 333 solicitudes. En cuanto a personas de la población GLBTI, la Defensoría atendió a 257.
7.1.2. Atención en el área penal En el 2017, la Defensoría recibió 146 991 solicitudes ciudadanes de patrocinios penales que representan el 47 por ciento del total institucional como se muestra en la gráfica que está a continuación. En esta área, la mayor cantidad de atenciones fue a hombres con un total de 109 371; mientras que 37 441 fueron mujeres, y 179 corresponden a la población GLBTI.
Haciendo un desglose de las cifras, los diez primeros delitos que atiende la Defensoría son los relacionados con el conflicto social y la pobreza. Es así que los delitos contra la propiedad, tránsito y drogas ocupan el 54,26%, como se detalla a continuación:
7.1.3. Adolescentes en conflicto con la Ley La Defensoría Pública reconoce el interés superior del niño, niña y adolescentes, y cumple con su obligación de brindar una defensa adecuada a los adolescentes en conflicto con la ley, con base en lo señalado en la Constitución.
Ante esto, los logros principales en el 2017 han sido los siguientes: a) atención al 98 por ciento de la población de adolescentes en conflicto con la ley a nivel nacional; b) fortalecimiento de las capacidades técnico - jurídicas de los defensores(as) públicos, quienes patrocinan la defensa de los adolescentes a nivel nacional; c) capacitación en las provincias que cuentan con mayor población de adolescentes en conflicto con la ley, en el manejo de la “Guía práctica para el litigio en justicia penal juvenil”, con el objetivo de orientar el trabajo de los defensores públicos.
7.2. Atención en el área social El patrocinio social de la Defensoría Pública incluye las materias no penales de atención a la ciudadanía. En este grupo se encuentran las demandas de alimentos con sus diferentes tipos, las demandas laborales, legalizaciones de tierras, entre otras materias.
En 2017, la institución recibió 122 471 solicitudes ciudadanas de atención en lo social; esta cifra significa el 39,12 por ciento del total del trabajo misional. Y en esta área, Familia, Niñez y Adolescencia representan el 79 por ciento, lo que implica que esta es una de las líneas de atención más importantes de la Defensoría. Como en años anteriores, las solicitudes de atención en alimentos continúa con un alto porcentaje en la línea de Derechos de Familia. En el 2017 se reportaron 64 573 que representan el 67 por ciento; el año anterior, el peso de esta materia fue del 66,25 por ciento.
Las cifras, como se ha señalado permanentemente, a través de los medios de comunicación y en informes anteriores, son el reflejo de una necesidad imperiosa que tienen las mujeres ecuatorianas por contar con un abogado gratuito que patrocine sus causas, para obtener una
pensión para sus hijos. En este sentido, la Defensoría Pública se ha convertido en un referente fundamental para que las niñas y niños del Ecuador puedan acceder a una pensión de alimentos, pero también para aportar a una cultura de responsabilidad de los padres con sus hijos. 7.2.1. Demandas laborales Después de alimentos, laboral es la materia de mayor solicitud de atención en el área social. El 2017 se receptaron 15 671 pedidos de patrocinio, que representan el 16.28 por ciento, de los cuales Guayas y Pichincha, como ha ocurrido en todos los años de prestación de este servicio (desde 2012), son las provincias donde se presenta la mayor cantidad de casos con 5203 y 4135 solicitudes respectivamente.
7.2.2. Mediación
La Defensoría Pública aplica mecanismos alternativos de solución de conflictos, a través de su Centro de Mediación en Quito, en el que se atendieron 1421 causas durante el 2017. La mediación es un servicio rápido, efectivo y gratuito al que pueden acceder todas y todos los ciudadanos. Permite la construcción de acuerdos voluntarios, de beneficio mutuo y con mayor agilidad, sin la necesidad de llegar a un juicio. Las materias de atención de la Defensoría Pública en las que solucionaron conflictos a través de la mediación fueron: Familia, mujer, niñez
(alimentos,
tenencias,
paternidad);
inquilinato, desahucios, devolución de garantías, incumplimiento de contratos, terminación de contratos; laboral (visto bueno, despidos, desahucio, liquidación de haberes laborales, incumplimiento). 7.2.3. Movilidad Humana
En el 2017 se realizaron 37 actividades, entre charlas, reuniones, mesas de trabajo, capacitaciones y talleres para socializar los servicios de asesoría legal
y patrocinio que ofrece la Defensoría Pública a
migrantes y refugiados en las provincias fronterizas de Carchi, Imbabura, Esmeraldas, El Oro, Loja; no obstante, también hubo eventos en Santo Domingo de los Tsáchilas y Guayas por el flujo migratorio.
En Quito, entre el 11 y 12 de abril, se llevó a cabo el taller "Formación de Formadores", para fortalecer a la Institución en el tema protección a refugiados. Asistieron defensores de varias provincias y abogados del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para refugiados (ACNUR). En Ibarra entre el 20 y 21 de abril, se realizó una capacitación sobre movilidad humana, dirigida a defensores públicos de Imbabura, dictada por la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR). El 27 de mayo, en el edifico matriz de la Defensoría Pública, los defensores de Esmeraldas, Carchi y el equipo central de Quito, que trabajan en temas de movilidad, recibieron una capacitación por parte de los representantes de la dirección de Refugio y Apátrida del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, con el objetivo de establecer líneas de cooperación interinstitucional y construir protocolos comunes de actuación. En el Austro, el 20 de septiembre, específicamente, en Azuay se realizó el taller "Tercera fase Proyecto ACNUR-DP", que abordó el debido proceso y los perfiles de protección para representación legal de refugiados. Y, finalmente, el 19 de diciembre, la Defensoría Pública otorgó la acreditación al consultorio jurídico gratuito de la Fundación Asylum Access Ecuador, que trabaja con refugiados y migrantes.
7.3. Consultorios jurídicos gratuitos El servicio legal de los consultorios jurídicos gratuitos persigue dos objetivos: a) garantizar el acceso a la justicia a través de una defensa técnica a las personas que no pueden acceder a un abogado particular; y b) ser un espacio para la formación académica de los estudiantes de Derecho. A través de la Dirección Nacional de Acreditación de Servicios, la
permanentemente
funcionamiento y resultados de los consultorios jurídicos acreditados. En el año 2017 se acreditaron 64 consultorios jurídicos gratuitos, de los cuales cuatro son nuevos. Los usuarios de los consultorios jurídicos acreditados por la Defensoría Pública pertenecen a los grupos de atención prioritaria: mujeres, niñas, niños, adolescentes, grupos de diversidades sexuales, enfermedades
catastróficas; y otras personas que, por su condición económica, social o cultural, no pueden acceder a los servicios de un abogado particular. Las materias de atención son: Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, Civil,
Inquilinato,
Jurisdiccionales y Penal; en el 2017 se amplió la atención en Movilidad Humana. Pichincha registra la mayor presencia de consultorios, (13); le siguen Guayas (9) y Tungurahua (5). Las provincias de Galápagos, Zamora Chinchipe y Orellana no cuentan con consultorios jurídicos gratuitos acreditados, ya que en estos lugares no hay facultades de Derecho. Entre diciembre 2016 y noviembre 2017, estas dependencias han atendido 67 790 asesorías y 15 569 patrocinios. El 75% de casos patrocinados corresponde a Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia; y el 9% a Civil. En 2017, continuó la ejecución de los convenios suscritos con la Corte Constitucional del Ecuador y el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Además se coordinó con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) el fortalecimiento de las competencias técnicas del personal de los consultorios jurídicos.
7.4. La Defensoría Pública y los derechos humanos de las personas y grupos de atención prioritaria con discapacidades, cánceres y enfermedades catastróficas, enfermedades raras e inmunodeficiencias primarias
La Defensoría Pública General, en el período 2016-2017, concentró sus energías internas y alianzas externas en construir y concretar una estrategia institucional con información, conocimiento y capacitación a su
acompañamiento y protección legal, social y humana, a personas y grupos
discapacidades intelectuales y graves; enfermedades catastróficas, en especial cánceres; enfermedades raras o poco frecuentes; y en las inmunodeficiencias primarias. Estos temas significaron readecuar nuestro ser institucional para el conocimiento y ejercicio de derechos humanos, no solo de las ciudadanías que buscan protección y defensa en la Defensoría Pública, sino para la información y ejercicio de derechos de su propio personal en el país, que directamente o como familiar tutor, hicieran parte de los grupos de atención prioritaria, como también y esencialmente, en beneficio de la ciudadanía usuaria en todo el territorio nacional, para la atención defensorial a estas personas. Bajo este marco, procedimos a: 
Capacitar y sensibilizar al personal de la Defensoría Pública en la identificación, conocimiento y tratamiento de estas temáticas y de aquellos -y otros- Grupos de Atención Prioritaria, basados en la obligatoriedad y necesidad de brindar una atención de calidad y calidez a
cánceres,
discapacidades,
catastróficas, raras e IDP’s.
Todas las capacitaciones fueron realizadas por médicos, especialistas y profesionales invitados así como nuestro propio personal de asesores y
defensores con experiencia y/o vivencias en estos temas. Cada una de las capacitaciones estuvo acompañada de testimonios directos de ciudadanas y ciudadanos con cánceres, enfermedades catastróficas, discapacidades,
inmunodeficiencias primarias.
Con el personal misional y administrativo de la Defensoría Pública, se organizó una estructura multidisciplinaria que interviene en estos temas
discapacidades, enfermedades raras e incluso inmunodeficiencias primarias, equipo que incluye abogadas y abogados, trabajadoras sociales, funcionarios de planificación estratégica, defensores de derechos humanos, defensores públicos y médicos voluntarios (para que puedan capacitar y ser peritos en los casos que se procesen); todos ellos, laboraron directamente liderados por el Defensor Público General.
Adicionalmente, se concretaron alianzas instituciones con varios organismos del Estado relacionados a estos Grupos de Atención Prioritaria, en especial CONADIS, MIES y MSP.
Este equipo multidisciplinario de la DPG participó activamente con sus expertos y especialistas, dando aportes documentados a la elaboración de la Agenda Nacional para la Igualdad de Discapacidades (ANID) 20172021 y las rutas y protocolos para el acceso a los servicios de justicia de las personas con discapacidades.
Tal equipo participó en la mesa interinstitucional liderada por CONADIS para la construcción de la Agenda y aportó en los temas “Acceso a la Justicia” y “Salud”. De igual manera participó en la mesa de rutas y protocolos, en la que se aportó pidiendo la inclusión de las enfermedades raras, enfermedades catastróficas y las IDP’s (sugiriendo la implementación del trasplante de precursores hematopoyéticos en el eje de salud).
7.5. Políticas de género e inclusión: Luchar contra la violencia hacia las mujeres La
responsabilidad social y nuestros valores éticos velan por los
derechos humanos de los grupos prioritarios, principalmente mujeres, niños y niñas. La Defensoría Pública continúa en su empeño por erradicar la violencia de género y que a pesar de algunos avances, lamentablemente cada día llegan a nuestras oficinas nuevos casos de mujeres violentadas, niñas y niños abusados sexualmente, padres de mujeres asesinadas a manos de su pareja, lo que evidencia que lejos de
erradicar la violencia, somos testigos directos de su incremento a diario en el Ecuador. Entendemos que este problema no se centra en el sistema judicial, sino radica en la cultura machista, arraigada en todos los espacios cotidianos de las mujeres y de las personas con diversidades sexuales, de minorías étnicas y otros grupos vulnerables. Luchamos de igual manera contra la impunidad en los casos de violencia de género, ya que de manera inmediata los defensores públicos brindan los servicios legales a las personas acusadas de estos delitos para que no queden en indefensión y, por otro lado, que no se cierre el caso por falta de defensor. A nivel nacional se registraron 36 mesas de género, que promovieron la igualdad de derechos y la prevención de la violencia; 15 charlas y conferencias; y 10 ferias ciudadanas sobre erradicación de violencia de género. A nivel institucional, se dictaron charlas de sensibilización para el personal administrativo, así como una capacitación para 140 defensores públicos en medicina legal y litigación estratégica en casos de delitos sexuales. A continuación, se detallan otras acciones tomadas por la Defensoría Pública para contribuir a la erradicación de la violencia de género en el 2017: • Se ha fortalecido el trabajo de la Unidad de Víctimas tanto en Pichincha como Guayas: se definieron el perfil de cargo del personal y las actividades, tanto de atención a víctimas y
sobrevivientes de violencia de género, como en las actividades referentes al apoyo técnico a la defensa legal de los casos. Se apoyó en el desarrolla del proyecto "Manejo de Emociones”, destinado a los defensores de la Unidad de Víctimas con el fin de mejorar la calidad y calidez en la atención a las usuarias. • En la Cruzada Nacional: la Defensoría Pública es parte activa de la
Erradicación de la Violencia de Género. Esta mesa de trabajo es liderada por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y busca definir el trabajo de las diferentes instituciones del Estado con respecto a sus competencias en los casos de violencia de género, principalmente a niños, niñas, adolescentes y mujeres.
• Se coordinó el trabajo con respecto a personas LGBTI: se mantuvo reuniones de trabajo con organizaciones que conocen de casos sobre vulneración de derechos a este grupo humano con el fin de asesorar y patrocinar casos. De igual forma, con respecto a personas que viven con VIH, defensores públicos de Guayaquil, 52
continuaron en las capacitaciones sobre derechos humanos y litigio de casos de las personas que viven con esta enfermedad. • Se ha coordinado el trabajo con el Centro de Acogida Casa Matilde en conjunto con el personal misional de la Defensoría Pública y organizaciones de la sociedad civil, además de ofrecer un seguimiento a casos emblemáticos de violencia de género. • Estudio de casos sobre violencia de género con el apoyo de organizaciones que trabajan en la materia pare revisar las estrategias de la defensa y el apoyo que se puede brindar a las víctimas directas, como en los casos de femicidio. • Con la ONG Surkuna, que trabaja en tema de derechos sexuales y reproductivos, se organizó un seminario internacional sobre derechos y género. Se contó con la participación de 60 participantes, tanto defensores de la Unidad de Víctimas, patrocinios penal y social, y personal administrativo. Surkuna invitó a
especialistas internacionales que trabajan en defensa
legal de mujeres víctimas de violencia y de mujeres procesadas. Los dos talleres fueron exclusivos para defensores(as) públicos los días miércoles 29 y jueves 30 de marzo. El evento tuvo excelente acogida por parte de los defensores(as) y cabe resaltar la calidad de las expositoras y su material. • Conversatorio con Alda Facio, jurista, experta en género, presidenta del Grupo de Trabajo de la ONU, sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica. Este conversatorio se realizó el 13 de marzo en el IAEN, con la presencia de varios operadores de justicia. • Con la Escuela Judicial, en el mes de diciembre, se formó parte del primer curso Formador de formadores sobre violencia de género. Participaron 20 personas de la Defensoría Pública, con la
finalidad de que se preparen en temas de igualdad de género, derechos humanos y sistema de justicia, para que los repliquen en sus espacios de trabajo.
7.6. Políticas de interculturalidad, pueblos y nacionalidades Durante 2017, la Dirección Nacional de Inclusión Social, Igualdad e Interculturalidad realizó varias actividades internas y externas como cursos, talleres y capacitaciones. También consiguió fortalecer el posicionamiento institucional y firmar alianzas en beneficio de grupos de atención prioritaria y pueblos y nacionalidades. Una de las actividades realizadas fue el curso “Conocimientos, Interculturalidad, Pueblos y Nacionalidades”, que se realizó con el apoyo de la Universidad Salesiana, para su certificación dentro del convenio suscrito en el 2017. La facilitación de los contenidos estuvo a cargo de Luis Maldonado; participaron 38 personas y se certificaron a 28 participantes que cumplieron la asistencia y demás requisitos. Además, se realizaron dos capacitaciones virtuales en recursos de impugnación relacionados con ciudadanos indígenas. A continuación se enlistan los talleres sobre y para grupos de atención prioritaria, pueblos y nacionalidades: •
Conferencia de sensibilización de grupos de atención prioritaria.
Pueblos y Nacionalidades e Interculturalidad.
Universidad Indígena y creación de un Instituto de Saberes ancestrales de los pueblos y nacionalidades.
Taller de Socialización del COIP para los pueblos y nacionalidades en coordinación con la CONAIE
Taller sobre el enfoque de interculturalidad para el CDPD de Quito
Taller sobre las formas de violencia en las mujeres de nacionalidades y pueblos.
Taller contra la violencia a la mujer.
Foro: Otras justicias, pluralismo jurídico y los sistemas de justicias nacionales en América Latina.
La Dirección Nacional de Inclusión Social, Igualdad e Interculturalidad identifica como una estrategia la cooperación interinstitucional, en el tema de grupos de atención prioritaria, grupos vulnerables, pueblos y nacionalidades,
experiencias entre la Defensoría Pública y sus contrapartes y la derivación de casos judiciales que requieran asesoría o patrocinio
jurídico de sus públicos objetivos institucionales. En este contexto, se han suscrito 13 convenios en 2017. Uno de los logros más importantes fue contribuir al debate nacional mediante encuentros abiertos con ciudadanos y estudiosos del tema: 1. Foro internacional “pueblos indígenas, defensa pública y pluralismo jurídico en América Latina 2. Foro internacional: pueblos originarios, afrodescendientes y educación superior en América Latina y El Caribe 3. Socialización de la propuesta de educación para la restitución de la EIB a las nacionalidades y Pueblos 4. Socialización de las reformas del COIP a las autoridades indígenas.
En estos eventos participaron 605 personas, de las cuales 310 fueron indígenas y afroecuatorianos del Ecuador y de la Región Latina. A nivel internacional se contó con el aporte de 35 delegados de los pueblos indígenas de Brasil Argentina, Nicaragua, Guatemala, Chile, Bolivia, 56
Perú, México y Colombia. En cuanto a la participación por género se identificó una presencia de 332 hombres y 273 mujeres.
7.7. Políticas intergeneracionales En niñez: Se realizó la oordinación de las mesas de trabajo con organizaciones de la sociedad civil para el análisis al proyecto remitido por el Ejecutivo, a la Asamblea Nacional, referente a la reforma de la ley orgánica reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia. Las mesas de trabajo se realizaron en Quito, los días
5, 9, 14, 15, 21 y 22 de
junio. Se contó con la participación de varias organizaciones de la sociedad civil, activistas en derechos humanos, defensoras públicas y expertas en temas de niñez: Surkuna, Observatorio de Género del Colegio Abogados de Pichincha, Consultorio Jurídico Gratuito de la Universidad
de Los Hemisferios, Plataforma Derechos por un Amor
Responsable, defensoras públicas Pichicha, Coordinadora Política de Mujeres, Confederación Nacional Afroecuatoriana. El resultado fue una propuesta alternativa a la enviada por el Ejecutivo, ubicando como centro de atención los derechos de niños, niñas y adolescentes. Con adolescentes en conflicto con la ley: la Defensoría Pública cuenta con un proceso de atención especializado para los adolescentes en conflicto con la ley, con el que se pretende asegurar una defensa técnica,
integración familiar e inclusión constructiva a la sociedad. El fortalecimiento de las capacidades técnicas de los defensores(as) públicos, de esta área de atención, ha sido uno de los retos de la
Defensoría Pública durante el 2017. Con ese objetivo, se capacitó en todas las provincias que cuentan con mayor población de adolescentes en conflicto con la ley, sobre el contenido y el manejo de la “Guía práctica para el litigio en justicia penal juvenil”. Esta actividad se ha implementado con Tierra de Hombres, fundación con la que se mantiene un convenio de cooperación desde el 2015. Este año se realizaron los talleres en litigio penal juvenil y justicia restaurativa. Los capacitadores fueron dos defensores expertos en el tema, y la abogada de Tierra de Hombres, experta en justicia restaurativa.
Los talleres se realizaron en puntos centrales y se
invitaron a defensores de ciudades cercanas. Al 2017 se realizaron en Guayaquil, Quito, Santo Domingo, Cuenca (19 de octubre), Ibarra (27 de octubre), Portoviejo (9 de noviembre) y Ambato (17 de noviembre). A cada taller asistieron alrededor de 10 defensores públicos que trabajan con adolescentes, o son multicompetentes. Con Tierra de Hombres y la Magistratura de Perú se coordinó la participación de 15 defensores y defensoras públicas del Ecuador en el taller virtual “Fundamentos de la Justicia Juvenil Restaurativa”, durante los meses de octubre y noviembre del 2017.
El Defensor público General participó en la rueda de prensa con medios de comunicación, organizada por Tierra de Hombres, para dar a conocer los avances y resultados de la Institución en materia de adolescentes infractores. El evento se llevó a cabo en Quito, el 21 de noviembre y contó con la participación de autoridades del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Fiscalía General del Estado entre otros. En esta reunión se ratificó que la Defensoría Pública atiende el 98% de adolescentes en conflicto con la ley.
7.8. Ferias de atención ciudadana
La Defensoría Pública durante el 2017 continuó con su directriz de fortalecer las relaciones con la ciudadanía y acercarse más a ella ofreciendo sus servicios directamente. Promover la cercanía con la gente, escuchar y satisfacer sus necesidades, servir con eficiencia y calidez a quienes son la razón de ser de la Defensoría, son preceptos que responden a los valores y disposiciones que el Defensor Público General, Ernesto Pazmiño Granizo, concibe como prioridades para los defensores(as) públicos. Otro elemento importante a considerar dentro de este enfoque de fortalecimiento del vínculo con los usuarios(as), fue la difusión de los servicios gratuitos que la Institución ofrece, con la finalidad de que las personas conozcan sus derechos y estén al tanto de que cuentan con una entidad que garantiza su defensa y acceso a la justicia. 60
Es así como los coordinadores provinciales realizaron varias jornadas de difusión de servicios por su propia iniciativa. En algunas ocasiones, los eventos se realizaron de manera conjunta y coordinada con otras entidades públicas, organizaciones sociales y gobiernos autónomos descentralizados. Durante el 2017, se realizaron 238 eventos que tuvieron un alcance de alrededor de 22 760 ciudadanos(as) a nivel nacional (4111 más que en 2016). Los defensores(as) públicos(as) organizaron y participaron en jornadas diarias, incluso fuera del horario de trabajo, sábados y domingos, sin que esto signifique gasto alguno para el Estado. Los eventos se realizaron en 21 provincias del país y se tuvo cobertura en 82 cantones. Se instalaron carpas de atención, ferias ciudadanas, se organizaron charlas y talleres en escuelas, colegios, hospitales, entidades públicas, casas barriales, juntas parroquiales, etc. Los temas en los que se enfocó este trabajo estuvieron relacionados con la violencia intrafamiliar y de género; derechos laborales; paternidad y pensiones de alimentos; prevención del uso de drogas y tipificaciones de delito; beneficios penitenciarios; normas de tránsito y sanciones; violencia sexual; legalización, regularización y protección dentro de procesos migratorios; atención a víctimas; abuso sexual; entre otros concernientes y de interés para grupos de atención prioritaria.
7.9. Difusión de derechos La Defensoría Pública llevó a cabo varias iniciativas para difundir sus servicios a la ciudadanía. Una de estas fue la realización de campañas específicas a través de redes sociales, que tenían como finalidad que la comunidad congregada en estos espacios virtuales conociera detalles sobre los diversos servicios que ofrece la Institución, además de promover el ejercicio y empoderamiento de derechos. En el caso de la Defensoría Pública, 29 806 personas siguen el perfil de la Institución en Facebook, 14 917 siguen la cuenta de Twitter, la cuenta de Instagram es seguida por 336 personas, el canal de YouTube dispone de 722 suscriptores y 112 486 reproducciones. La Institución también está presente en Flickr y Issuu. Con base en estos datos se determinó la importancia de difundir los servicios a través de estos canales. Es así que durante el 2017 se llevaron a cabo 16 campañas específicas, de acuerdo con el siguiente detalle:
Campaña de promoción de las defensorías móviles Se difundieron los lugares que visitan las Defensorías Móviles, así como los días y horarios de atención. Las redes empleadas fueron Facebook y Twitter.
Historias de casos Publicación permanente en Twitter de los casos más relevantes en los que intervino en la defensa de las causas la Defensoría Pública. En Facebook e Instagram se publicó cada caso una sola ocasión.
Redes sociales Campaña empleada para dar a conocer y promover las distintas redes sociales en las que está presente la Institución. Las redes empleadas fueron Facebook y Twitter.
Mientras que durante el primer cuatrimestre del 2017 se ejecutaron cuatro
determinados servicios, así como a promover los derechos y la reivindicación de grupos que atiende la Defensoría Pública. Todas las campañas se difundieron en Facebook y Twitter; mientras que en Instagram dos de ellas, debido a su carácter primordialmente fotográfico, promoviendo aquellas campañas que empleaban por sobre todo imágenes de buena calidad. Las campañas fueron las siguientes:
Línea 151 Esta campaña tuvo como objetivos dar a conocer los servicios que brinda la Institución, así como instar a la ciudadanía a llamar a la línea gratuita para resolver sus consultas legales.
7.10. Producción comunicacional Durante el año se difundieron 428 noticias mediante boletines, fotonotas y miniboletines sobre cifras de atención, casos emblemáticos, participación
capacitaciones,
formales de las autoridades, ferias, carpas de atención, entre otros. Esta información fue transmitida a la ciudadanía, a medios de comunicación y al personal a través de la página web institucional, las redes sociales y boletines informativos. También se realizó el diseño y publicación de 6 ediciones de la revista institucional Defensa y Justicia, que ha logrado ser uno de los productos comunicacionales de mayor impacto institucional.
El objetivo de la Defensoría Pública es aportar al debate nacional con una revista de corte académico que analice los temas de coyuntura, relacionados, sobre todo, a derechos y justicia. También tiene una importante mirada regional, pues los análisis se elaboran en función del contexto latinoamericano que permiten ubicar al Ecuador de manera referencial con los otros países de la región.
7.11. Defensorías Móviles: la institución va a la ciudadanía
En las Defensorías Móviles laboran defensores públicos quienes atienden consultas jurídicas y casos de las áreas laboral, civil, tierras, inquilinato, violencia intrafamiliar, juicios de alimentos, tenencia de hijos, régimen de visitas, entre otros. Además, de gestionar casos que pueden resolverse a través de la mediación, cuyo objetivo es generar una cultura de paz, a través de diálogos y acuerdos mutuos entre las partes implicadas.
Para el funcionamiento de este proyecto, la Defensoría Pública trabaja en conjunto con los dirigentes barriales, comunitarios y sociales, con quienes coordinan estrategias de colaboración y participación en sus sectores y así fortalecer el programa de defensa pública desde lo local. El propósito: empoderar a la población en el conocimiento y defensa de sus derechos humanos y en aquellos específicos que la Defensoría Pública del Ecuador protege. Las Defensorías Móviles empezaron a visitar los barrios y comunidades de Quito desde abril de 2015. Durante el 2017, 5391 personas recibieron asesoría legal gratuita en 72 barrios (40 urbanos y 32 rurales) entre los que se destacan Carapungo, Atucucho, La Delicia, Argelia, la Ecuatoriana y Lucha de los Pobres. Las materias que más consultas registran son demandas de alimentos, legalización de escrituras, derechos laborales y divorcios por mutuo acuerdo con hijos de por medio. Solanda, Cotocollao, Quitumbe, San Antonio de Pichincha y Comité del Pueblo son los más barrios que más atenciones registran (promedio de 400).
7.12. Capacitación en derechos a jóvenes y madres Con el objetivo de capacitar y sensibilizar a jóvenes y madres líderes de los centros comunitarios de la Fundación Children International, sobre formación ciudadana, ejercicio y respeto de derechos, y sobre todo acceso a la justicia a través de la defensa, un equipo de 14 capacitadores (asesores, directores y defensores públicos)
dictó 52
charlas, en los temas de violencia de género, violencia intrafamiliar, jóvenes en conflicto con la ley; derechos humanos; y manejo de
conflictos. El ciclo de charlas que se realizó durante dos meses contó con la asistencia de 1504 personas.
La realización de este ciclo de charlas fue el resultado de la ejecución del convenio firmado, el 21 de agosto de 2017, entre la Defensoría Pública y Fundación Children International-Agencia Quito, en el que se establecieron dos ejes de acción: servicios legales y formación ciudadana en derechos. Ambos ejes de acción se llevaron a cabo en los cinco centros comunitarios de la fundación, ubicados en: Atucucho, La Roldós, La Argelia, San Francisco de Huarcay; y La Colmena.
Durante 2017, el Defensor Público General compareció en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, de la Asamblea Nacional, en dos ocasiones. La primera, el 28 de junio, para plantear una propuesta en relación con las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia. Previamente, se reunió con el movimiento de mujeres, y más tarde, con colectivos de padres de familia.
Las recomendaciones del Defensor Público General ante la Comisión de Justicia fueron las siguientes: • Archivar la propuesta de Ley. • Iniciar un amplio diálogo nacional con todos los actores involucrados para tener un código integral que se redacte bajo los principios de la actual Constitución. • Cambios en el sistema de justicia: los derechos de los niños, niñas
tradicionales. Se requieren centros de protección y respuesta superior al interés de la niñez y adolescencia. • Modelo innovador que incorpore estándares internacionales sobre la protección de niños, niñas y adolescentes. • Medidas alternativas a la prisión para madres con hijos menores de 18 años. • Fortalecer la mediación y el diálogo.
• Creación de un fondo estatal y/o solidario que garantice el pago de pensiones alimenticias. • Trabajos comunitarios por horas en el sector público, para cubrir pensiones en caso de padres desempleados. • Pensión para hijos e hijas de las víctimas de femicidio; becas educativos en colegios y universidades. La segunda intervención fue el 13 de septiembre para exponer su propuesta de reformas al Código Integral Penal (COIP). El proyecto lo presentó el 6 de junio de 2016, con el objetivo de constitucionalizar la justicia penal para que garantice los derechos y garantías de las personas cuando enfrentan un proceso legal.
En cuanto a la urgencia de reformar el Código Integral Penal (COIP) señaló lo siguiente: • Combatir la corrupción y derogar el último inciso del artículo 581 del COIP, que determina como recurso de procedibilidad el 73
informe previo de la Contraloría, para iniciar un juicio a una autoridad, por enriquecimiento ilícito, peculado. • Despenalizar el aborto en casos de violación. • Debatir la desproporcionalidad de las penas y el uso excesivo de la prisión preventiva. • Debatir la legalización del uso del cannabis con fines médicos o terapéuticos. El 24 de octubre, en la Comisión Especializada Ocasional AAMPETRA, el Defensor Público General propuso que el Gobierno Nacional declare en emergencia al sistema educativo para organizar una ruta de seguimiento de los casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes y, sobre todo, para construir una política pública que prevenga los delitos sexuales y garantice la seguridad de los escolares bajo tres programas fundamentales: un programa único del Estado para el acompañamiento, defensa, protección y reparación integral a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual; otro para crear un sistema de alerta temprana en todas las provincias y redes, y coordinación con actores públicos y privados para la remisión de casos; y finalmente un sistema de prevención de la violencia en planteles educativos, que permita, entre otras cosas, la visita de terceros ajenos a las escuelas y colegios para fortalecer el cuidado de los menores. Además, recomendó constitucionalizar el Código de la Niñez y Adolescencia, que vela por la protección y prevención de toda forma de violencia.
9.1. Convenios 2017 Con el propósito de cumplir con las metas previstas, la Defensoría Pública establece alianzas estratégicas con instituciones y entidades tanto del sector público como del privado. Con ellas se suscriben convenios de cooperación que están enmarcados en el Eje de Fortalecimiento Institucional de la Planificación Estratégica y que concretamente aportan al cumplimiento del objetivo: “mejorar la capacidad de oferta de la Defensoría Pública de acuerdo a las exigencias de la demanda de territorio nacional”. Es así que la Defensoría Pública ha firmado desde su creación 75 convenios interinstitucionales, de los cuales 34 estuvieron vigentes a diciembre de 2017. De
descentralizados de distintos cantones del país. Desglosando esta cifra, cuatro se firmaron por primera vez y cinco han sido renovados. En esencia estos convenios permiten a la Defensoría contar con puntos itinerantes de atención para ampliar la cobertura de los servicios de asesoría y patrocinio legal gratuito. Además incluyen un componente de difusión que permite llegar con información sobre los servicios institucionales a la población urbana y rural de estos cantones. De los 25 convenios vigentes que restan, 11 se firmaron con instituciones
gubernamentales, dos se renovaron con Asylum Access Ecuador y la 76
Federaciรณn Interprovincial de Centros Shuar- Morona Santiago; tres se firmaron con universidades; y uno se renovรณ con UNIANDES. En el 2017 fueron suscritos 10 convenios nuevos y se renovaron siete, de los 34 convenios que se encuentran vigentes, de acuerdo al siguiente detalle:
9.2. Resoluciones 2016 Durante el 2017, el Defensor Público General, Ernesto Pazmiño Granizo, emitió 219 resoluciones para viabilizar el funcionamiento de la Institución y cumplir con los objetivos y metas trazadas en el marco del Plan Estratégico 2013 – 2018. El 69.40 por ciento de las resoluciones fue de carácter administrativo y tuvo relación con contratación pública y movimiento del personal. El 30.59 por ciento restante fue de materia misional, como la aprobación de reglamentos internos y la renovación de los certificados de funcionamiento de los consultorios jurídicos gratuitos.
ANEXOS 
Anexo1: detalle de las provincias, ciudades y direcciones de las oficinas de la Defensoría Pública a nivel nacional.
Informe anual de labores 2017
Resumen de la gestión realizada durante la administración del Dr. Ernesto Pazmiño, Defensor Público General, correspondiente al año 2017.
defensoriaec