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Timestamp: 2018-08-16 06:25:36
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Matched Legal Cases: ['artículo 86', 'artículo 42', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 23', 'Artículo 86']

﻿ SENTENCIA T-377 DE MAYO 17 DE 2007
SENTENCIA T-377 DE 17 DE MAYO DE 2007
CONTENIDO:PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA UN PARTICULAR. EL DERECHO DE PETICIÓN FRENTE A PARTICULARES. SI UN PARTICULAR ASUME UNA POSICIÓN DE SUPREMACÍA MATERIAL FRENTE AL USUARIO, QUE ROMPE EL PLANO DE IGUALDAD QUE EN PRINCIPIO PUEDE PREDICARSE DE LAS RELACIONES ENTRE LOS PARTICULARES, Y POR ENDE ESTÁ EN CAPACIDAD DE VULNERAR UN DERECHO, SERÁ POSIBLE EL EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO DE PETICIÓN, DERECHO DE PETICIÓN EN INTERÉS PARTICULAR, COMPRA DE CARTERA DE CRÉDITO, TERMINACIÓN DEL PROCESO EJECUTIVO
Sentencia T-377 de mayo 17 de 2007
Sentencia T-377 de 2007
Ref.: expediente T-1536569
Acción de tutela instaurada por María Inés Quintero de Aza y Ana Isabel Aza Quintero contra Crear País S.A.
dentro del trámite de revisión del fallo único de instancia proferido por el Juzgado 41 Civil Municipal de Bogotá en la acción de tutela instaurada por María Inés Quintero de Aza y Ana Isabel Aza Quintero contra Crear País S.A.
En escrito presentado para reparto ante los Jueces Civiles Municipales de Bogotá el 1º de diciembre de 2006, por intermedio de apoderado, las señoras María Inés Quintero de Aza y Ana Isabel Aza Quintero reclaman el amparo de sus derechos fundamentales de petición y al debido proceso, presuntamente violados por la sociedad Crear País S.A. Su solicitud de amparo se fundamenta en los siguientes:
Manifiestan las actoras que eran titulares de un crédito con el Banco Standard Chartered Colombia, cuya cartera —incluido su crédito— fue adquirida por la empresa Crear País S.A., demandada ahora en sede de tutela.
Igualmente indican que el crédito por ellas adquirido con el banco, ante la falta de pago por parte suya de las obligaciones con dicha entidad, fue objeto de un proceso ejecutivo. Dicho proceso correspondió al Juzgado 8 Civil del Circuito de Bogotá, quien dictó medida cautelar de embargo de un bien inmueble propiedad de las señoras Quintero de Aza y Aza Quintero, medida vigente hasta la fecha de interposición de la demanda de tutela.
Señalan las actoras que el 18 de febrero de 2002 cancelaron la totalidad de la obligación pendiente que tenían con la empresa demandada y que esta se comprometió con ellas a que daría por terminado el proceso ejecutivo en curso.
En mayo de 2002 —relatan— la abogada que es apoderada judicial de Crear País S.A. presentó la solicitud de terminación del proceso ante el Juzgado 8 Civil del Circuito de Bogotá. Dicho despacho judicial —alegan las demandantes— negó la solicitud porque esta carecía de presentación personal.
Así pues, señalan, el 9 de junio de 2004 presentaron una petición a Crear País S.A. para que dicha empresa solicitara nuevamente la terminación del proceso ejecutivo de marras.
Indican las actoras que dicha petición, hasta la fecha de interposición de la demanda de amparo, no había tenido respuesta por parte de la entidad demandada.
Adicionalmente manifiestan las señoras Quintero de Aza y Aza Quintero que la negligencia de la empresa demandada en lo que respecta a realizar los trámites necesarios para efectuar la terminación del proceso ejecutivo que se adelanta en su contra, les ha generado graves perjuicios, pues su situación económica actual hace necesaria la venta del inmueble objeto de la hipoteca para poder solventar su subsistencia.
De manera general califican la conducta de la demandada Crear País S.A. como omisiva, negligente, desleal y abusiva. Solicitan que el juez de tutela ampare sus derechos fundamentales al debido proceso y de petición y que, en consecuencia, ordene a la empresa demandada que realice el trámite correspondiente para la terminación del proceso ejecutivo que adelanta el Juzgado 8 Civil del Circuito de Bogotá en su contra.
2.1. Mediante auto de seis (6) de diciembre de 2006, el Juzgado 41 Civil Municipal de Bogotá admite la acción de tutela presentada por las señoras María Inés Quintero de Aza y Ana Isabel Aza Quintero contra Crear País S.A. En la misma providencia dispone solicitar a la entidad accionada que en el término de dos (2) días informe acerca de lo relacionado con los hechos narrados por las demandantes.
2.2. En escrito de 14 de diciembre de 2006, Crear País S.A. solicita al juez de tutela abstenerse “de impartir orden alguna en contra de mi representada Crear País S.A., toda vez que mi representada ha cumplido con su deber al punto de buscar alternativas para tramitar la terminación del proceso de la manera más ágil posible”.
Explica la demandada que, efectivamente, el 20 de noviembre de 2000 el Banco Standard Chartered Colombia (antes Extebandes de Colombia) suscribió un contrato de cesión de cartera con la Sociedad Ya de Servicios Financieros S.A. (hoy Crear País S.A., en virtud de un cambio de razón social), mediante el cual el banco cedió a la sociedad anónima, entre otros, los derechos litigiosos dentro del proceso ejecutivo iniciado por el Standard Chartered Colombia contra las señoras María Inés Quintero de Aza y Ana Isabel Aza Quintero.
Así mismo, señala que el 21 de marzo de 2002 fue presentada ante el Juzgado 8 Civil del Circuito de Bogotá copia del contrato de cesión. Ello con el ánimo de que dicho despacho judicial reconociera a Crear País S.A. como cesionario de los derechos del litigio. Señala que, hasta la fecha, tal calidad no le ha sido reconocida por parte del juzgado.
Indica la accionada, que ante la cancelación total de las obligaciones de las señoras Quintero de Aza y Aza Quintero el 6 de marzo de 2002, Crear País S.A. procedió a solicitar al Juzgado 8 Civil del Circuito de Bogotá la terminación del proceso ejecutivo; solicitud que —señala— no fue atendida por la autoridad judicial, así como tampoco atendió la que hiciera con posterioridad, el 24 de abril de 2002.
Manifiesta que, nuevamente, el 20 de octubre de 2006 pidió la terminación del proceso y que tampoco en esta oportunidad le fue concedida.
Por último aduce que, dado que el Juzgado 8 Civil del Circuito de Bogotá no le ha reconocido a Crear País S.A. la calidad de cesionaria del crédito de las señoras Quintero de Aza y Aza Quintero, se ha visto en la obligación de acudir a la colaboración del liquidador del Banco Standard Chartered para que sea este quien pida al Juzgado 8 Civil del Circuito la terminación del proceso ejecutivo.
En este sentido, agrega que el mismo día en el que se presenta ante el juez de tutela el informe solicitado en el auto de admisión (dic. 14/2006), el Banco Standard Chartered Colombia, por solicitud de Crear País S.A., radicó un memorial solicitando la terminación del proceso ejecutivo por pago total (se anexa copia fl. 19).
De igual manera, anexa la accionada copia del escrito mediante el cual da respuesta a la petición hecha por las demandantes el 9 de junio de 2004. En dicha respuesta se les informa acerca de la solicitud de terminación del proceso hecha directamente por el Standard Chartered ante el Juzgado 8 Civil del Circuito de Bogotá.
El Juzgado 41 Civil Municipal de Bogotá, mediante fallo de diecinueve (19) de diciembre de 2006 resuelve denegar el amparo reclamado por las señoras María Inés Quintero de Aza y Ana Isabel Aza Quintero.
Considera el juez de tutela que las demandantes cuentan con otros mecanismos judiciales para obtener la terminación del proceso ejecutivo hipotecario que se tramita en el juzgado 8 civil del circuito. En consideración de tal hecho, ante el principio de subsidiaridad que orienta la acción de tutela de acuerdo con el artículo 86 de la Carta Política, deniega el amparo.
Adicionalmente considera que la respuesta dada a las demandantes por parte de la demandada durante el trámite del proceso constituye la superación de cualquier posible violación del derecho de petición de estas.
En el presente caso la Sala debe establecer si la empresa Crear País S.A., entidad de carácter privado y cesionaria de un crédito adquirido por las señoras María Inés Quintero de Aza y Ana Isabel Aza Quintero con el Banco Standard Chartered, viola el derecho fundamental de petición de estas últimas, considerando que las demandantes presentaron petición el 9 de junio de 2004, con el fin de que Crear País S.A. adelantara los trámites necesarios para la terminación de un proceso ejecutivo que se adelanta en su contra, y según las demandantes hasta la fecha de presentación de la demanda de amparo tal petición no había sido resuelta.
Para evacuar el problema así planteado, la Sala deberá, en primer lugar, reiterar la jurisprudencia de esta corporación en punto de la procedencia de la acción de tutela contra un particular; en segundo lugar, analizará el ejercicio del derecho de petición en relación con particulares; y por último, abordará el caso concreto.
3. Procedencia de la acción de tutela contra un particular.
3.1. La acción de tutela fue consagrada como un mecanismo judicial excepcional para la protección de derechos fundamentales, cuando los mismos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública, o por un particular en determinadas circunstancias (1) .
Es necesario aclarar que mediante la Sentencia C-134 de 1994 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa) fueron declarados exequibles los numerales 1º, 2º y 9º del citado artículo, salvo las expresiones “para proteger los derechos consagrados en los artículos 13, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 27, 29, 37 y 38 de la Constitución”, “para proteger los derechos a la vida, a la intimidad, a la igualdad y a la autonomía” la vida o la integridad de”, respectivamente. Consideró entonces la Corte que la acción de tutela debía proceder siempre contra el particular que preste cualquier servicio público, por la violación de cualquier derecho constitucional fundamental.
3.2. La Corte Constitucional ha definido el alcance de las expresiones subordinación e indefensión en lo que refiere a la procedencia de la acción relacionada en los numerales 4º y 9º del artículo anteriormente citado. En ello ha señalado una serie de casos en los que a todas luces el juez de tutela está llamado a efectuar un estudio de fondo del caso que le es propuesto. Son aquellos en los que es clara la relación de subordinación del demandante frente al demandado, tales como la del empleado respecto del empleador (2) , del alumno en relación con los órganos directivos de los centros educativos y de los copropietarios y residentes frente a los diversos órganos de dirección y administración de la propiedad horizontal (3) . Subordinación se define como “sujeción a la orden, mando o dominio de alguien” (4) y, en el ámbito que nos ocupa se asimila a la potestad que, derivada de la ley o de una relación contractual entre las partes del proceso, implica la existencia de una relación jurídica de dependencia (5) .
En relación con el estado de indefensión, ha definido esta corporación que esta situación se presenta, de manera general, cuando el demandante no tiene posibilidades ni de hecho ni de derecho para defenderse de una agresión injusta por parte del demandado (6) . En este mismo sentido, esta Corte ha manifestado que existe indefensión cuando, aparte del anteriormente anotado, afloran otros supuestos tales como:
ii) la existencia de un vínculo afectivo, moral, social o contractual, que facilite la ejecución de acciones u omisiones que resulten lesivas de derechos fundamentales de una de las partes como en la relación entre padres e hijos, entre cónyuges, entre copropietarios, entre socios, etc.;
3.3. En conclusión, la acción de tutela procederá contra los particulares cuando se presente alguna de las causales contempladas en el artículo 42 del Decreto-Ley 2591 de 1991. En relación con la procedencia de la tutela contra particulares por encontrarse el solicitante en estado de indefensión, esta corporación ha asumido un criterio amplio, que observa a la situación concreta del demandante frente al demandado, para establecer si existe o no tal indefensión.
4. Procedencia del derecho de petición frente a particulares.
4.1. El artículo 23 de la Constitución Política dispone que el derecho de petición es la facultad que tiene todo ciudadano de formular peticiones respetuosas a las autoridades y de, en consecuencia, obtener respuesta oportuna y completa por parte de estas. Adicionalmente, la Constitución de 1991 igualmente dio cabida al ejercicio del derecho fundamental de petición frente a organizaciones privadas, defiriendo en la ley la posibilidad de regular la materia.
Es de anotar que, pese a la anotada facultad que otorgó en 1991 el Constituyente al legislador, hasta la fecha el tema no ha sido objeto de regulación mediante ley. Por ello, la Corte Constitucional, interpretando directamente la Constitución ha considerado que existen tres situaciones relativas al ejercicio de tal derecho contra particulares (8) :
i) Cuando el particular presta un servicio público o cuando realiza funciones de autoridad.
ii) Cuando el derecho de petición constituye un medio para obtener la efectividad de otro derecho fundamental. Caso en el que puede protegerse de manera inmediata;
iii) Cuando el particular demandado no actúa como autoridad, el derecho de petición, será un derecho fundamental sólo cuando el legislador lo reglamente (9) .
4.2. Ahora bien, resulta pertinente señalar aquí que adicionalmente la Corte, interpretando las motivaciones de la Asamblea Nacional Constituyente para ampliar el ejercicio del derecho de petición frente a particulares, ha concluido que este procede cuando entre el petente y la organización privada existe una relación especial de poder (10) :
“... se extendería el derecho de petición ante organizaciones particulares para garantizar los derechos fundamentales. Hasta el momento los individuos se encuentran indefensos frente a los poderes privados organizados, pues no existen conductos regulares de petición para dirigirse a ellos, cuando han tomado medidas que los afectan directamente. La extensión de este derecho a los centros de poder privado, sería una medida de protección al individuo, que le permitiría el derecho a ser oído y a ser informado sobre decisiones que le conciernen. El objetivo es democratizar las relaciones en el interior de las organizaciones particulares y entre estas y quienes dependen transitoria o permanentemente de la decisión adoptada por una organización privada.
El alcance de la expresión “organización privada” que emplea el artículo 23 de la Constitución sugiere la idea de una reunión o concurso de elementos personales, patrimoniales e ideales, convenientemente dispuestos para el logro de ciertos objetivos o finalidades vinculados a intereses específicos, con la capacidad, dados los poderes que detenta, para dirigir, condicionar o regular la conducta de los particulares, hasta el punto de poder afectar sus derechos fundamentales” (11) .
4.3. Así pues, en conclusión, es necesario señalar que el derecho de petición puede ser ejercido frente a particulares, pues la Constitución misma señaló esa posibilidad. Ahora bien, aunque el legislador no haya aún regulado la materia, esta corporación, interpretando el artículo 23 de la Carta ha señalado que si un particular asume una posición de supremacía material —con relevancia jurídica— frente al usuario, que rompe el plano de igualdad que en principio puede predicarse de las relaciones entre los particulares, y por ende está en capacidad de vulnerar un derecho, será posible el ejercicio del derecho de petición en los términos del artículo 23 de la Carta.
5.1. Las señoras María Inés Quintero de Aza y Ana Isabel Aza Quintero demandan a la empresa Crear País S.A. por la supuesta violación de sus derechos fundamentales al debido proceso y de petición. Ello porque la demandada no ha dado respuesta a una petición que estas hicieran el 9 de junio de 2004 en el sentido de que Crear País S.A. solicitara ante el Juzgado 8 Civil del Circuito de Bogotá la terminación, por pago total de las obligaciones pendientes, de un proceso ejecutivo que se adelanta contra ellas por concepto de una deuda contraída por las actoras con el Banco Standard Chartered Colombia y que fue cedido a Crear País S.A.
La entidad demandada aduce que en reiteradas oportunidades ha pedido al juzgado la terminación del mentado proceso, pero que su solicitud ha sido desestimada por la autoridad judicial en consideración a que no ha reconocido la calidad de cesionaria del crédito de Crear País S.A. Adicionalmente, informa al juez de tutela que en el trámite de la acción dio respuesta a la petición que hicieran las demandantes el 9 de junio de 2004 y que en dicha respuesta se les informó que adelantó gestiones con el liquidador del Banco Standard Chartered y que este ya solicitó, en nombre de dicha entidad, la terminación del proceso ejecutivo.
5.2. De antemano es necesario verificar que en el presente caso, porque el demandado es una empresa de carácter privado, se cumplan los requisitos de procedencia que para casos como el presente han delimitado la ley y la jurisprudencia.
En este sentido, resalta la Sala de Revisión que salta a la vista que la situación de las señoras Quintero de Aza y Aza Quintero es una en la que se puede predicar la indefensión respecto de la empresa Crear País S.A. Cabe reiterar aquí lo que quedó señalado en las consideraciones generales de esta sentencia, al considerar que la situación de indefensión se determina, entre otros, por la existencia de un vínculo afectivo, moral, social o contractual, que facilite la ejecución de acciones u omisiones que resulten lesivas de derechos fundamentales de una de las partes como en la relación entre padres e hijos, entre cónyuges, entre copropietarios, entre socios, etc. Así pues, claramente el vínculo contractual que se deriva del acto de cesión del contrato de mutuo que hiciera el Banco Standard Chartered a la sociedad Crear País S.A. establece un vínculo contractual entre las demandantes y la demandada. Es decir, al ceder el contrato, Standard Chartered cedió, literalmente, su posición jurídica a Crear País S.A.
Ahora, adicionalmente hay que considerar que la relación contractual que existe entre las señoras Quintero de Aza y Aza Quintero, y la Sociedad Crear País S.A. tiene la potencialidad de violar derechos de rango constitucional. Como se deriva claramente de los hechos que motivan la presente acción, el contrato de mutuo de la que la demandada es cesionaria tenía una garantía hipotecaria, una vivienda propiedad de las demandantes y, por ende, en la relación entre demandantes y demandadas existe la posibilidad de la pérdida de dicha vivienda, afectando de esta manera un derecho constitucional que, por conexidad, podría vulnerar a su vez otros derechos constitucionales, estos de rango fundamental.
Queda, pues, establecida la procedencia de la acción de tutela en el presente caso, pues se trata de uno de aquellos en los que existe indefensión de un particular frente a otro particular.
5.3. Es necesario entonces entrar a dilucidar los aspectos de fondo que ofrece la presente acción y, en este sentido, la primera pregunta a la que debe responder la Sala es si las actoras estaban facultadas para, en los términos del artículo 23 de la Carta, ejercer el derecho de petición en relación con la empresa Crear País S.A.
Como quedó anotado en las consideraciones generales de esta sentencia, la regulación de la posibilidad del ejercicio del derecho de petición frente a particulares, quedó relegada al legislador, quien hasta la fecha no ha expedido ley sobre la materia. Por ello esta Corte ha decantado en su jurisprudencia ciertos casos en los que le es dado al intérprete de la Carta entender que sí existe derecho de petición entre particulares.
Para el caso que se estudia en esta sentencia, resulta de especial relevancia aquella regla desarrollada por la corporación en el sentido de que los particulares podrán hacer peticiones a los particulares (como se dijo ya, en el sentido del artículo 23 de la Carta) cuando un particular asume frente a otro una posición de supremacía material —con relevancia jurídica—, que rompe el plano de igualdad que marca, por principio, las relaciones entre los privados.
Observa la Sala, que esta es la situación presente en el caso. Y así como la cesión del contrato de mutuo en la que Crear País S.A. asume la calidad de acreedor de las señoras Quintero de Aza y Aza Quintero sirve de explicación a la procedencia de la presente acción, de igual manera dicha relación contractual, que tiene por consecuencia que la sociedad comercial asume la posición dominante que tenía la entidad bancaria frente a las demandantes en sede de tutela, es argumento para explicar por qué sí pueden estas últimas hacer peticiones reguladas por el artículo 23 constitucional ante la primera.
5.4. En el sentido de lo anterior, entonces, la petición hecha por las señoras Quintero de Aza y Aza Quintero a Crear País S.A. con el objeto de que esta última adelantara el trámite de terminación del proceso ejecutivo debía ser contestada por la empresa en el término de diez (10) días previsto para tal efecto.
Es claro que la respuesta dada por la entidad demandada excede con creces dicho término, pues fue hecha el 13 de diciembre de 2006, más de dos años y seis meses luego de que se hubiere hecho la solicitud. Sin embargo, como se observa en el expediente, la empresa Crear País S.A. contestó —como lo informó al juez de primera instancia— durante el trámite de la acción de tutela, generando por ello una carencia actual de objeto en la misma.
Ha dicho esta corporación respecto de la carencia actual de objeto en el trámite del proceso de tutela que este se presenta cuando, al momento de producirse el fallo, verificada la violación de un derecho fundamental, no existe razón lógica alguna para impartir una orden al ente accionado (12) . Es el caso que se presenta en la sentencia que nos ocupa.
Considera adicionalmente la Sala, que la pretensión de las actoras en la demanda de amparo también se encuentra satisfecha en la respuesta que da la empresa Crear País S.A. Como quedó reseñado en la exposición de antecedentes de este fallo, por circunstancias que no son de competencia de esta Corte, el reconocimiento de la cesión del crédito de las demandantes no ha sido efectuada por parte del Juzgado 8 Civil del Circuito de Bogotá. En consecuencia, y es esta la respuesta que da la entidad demandada a las petentes y con la cual configura la carencia actual de objeto ya señalada, la empresa demandada acude directamente al banco en liquidación, titular de los derechos litigiosos mientras no se reconozca otra realidad procesal por parte del juez que tramita el ejecutivo, para que sea este quien solicite la terminación del proceso en mención. Verifica la Sala que existe en el expediente copia (con sello de radicación) del oficio enviado el 13 de diciembre de 2006 al Juzgado 8 Civil del Circuito de Bogotá por parte del liquidador del Banco Standard Chartered Colombia, solicitando la terminación del proceso ejecutivo en contra de las actoras y el levantamiento de todas las medidas cautelares (13) .
5.5. Por último, es necesario indicar que, dado que en el trámite del proceso de tutela sobrevino un hecho que configuró la carencia actual de objeto (la contestación a la petición), el juez único de instancia debió, en lugar de negar el amparo (menos aún aplicando el criterio de subsidiariedad de la acción constitucional), evidenciar la situación de la superación del objeto de la demanda y así declararla. Como consecuencia de ello, esta Corte revocará el fallo que revisa para en su lugar declarar la carencia actual de objeto y, por ende, abstenerse de impartir orden alguna.
1. REVOCAR la sentencia del diecinueve (19) de diciembre de 2006 proferida por el Juzgado 41 Civil Municipal de Bogotá, negando el amparo en la tutela promovida por María Inés Quintero de Aza y Ana Isabel Aza Quintero contra Crear País S.A.
2. En su lugar, DECLARAR la carencia actual de objeto en dicha acción, razón por la cual no se impartirá orden alguna.
3. PREVENIR a la demandada Crear País S.A. para que en lo sucesivo responda dentro de los términos establecidos por la Constitución y las leyes las peticiones presentadas por sus usuarios.
(1) Artículo 86 de la Constitución Política.
(2) Ver, entre otras muchas, las sentencias T-627 de 2004, T-362 de 2004 y T-165 de 2004.
(3) Ver las sentencias T-761 de 2004, T-1193703(sic), T-633 de 2003, T-596 de 2003 y T-555 de 2003, entre otras.
(4) Según la vigésimo primera edición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.
(5) Ver T-808 de 2003 y T-290 de 1993.
(7) Ver sentencias T-761 de 2004 y T-277 de 1999 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra).
(8) Ver la Sentencia T-001 de 1998, reiterada, entre otras, en las sentencias T-111 de 2002, T-1193 de 2003 y T-345 de 2006.
(9) Ver Sentencia T-147 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(10) Ver Sentencia T-345 de 2006. En el caso de las entidades bancarias, por ejemplo, dijo la Corte en la sentencia.
(11) Proyecto de acto reformatorio de la Constitución Política de Colombia, Presidencia de la República, febrero de 1991, pág. 135.
(12) Ver sentencias T-756 de 2006 y 271 de 2001, entre muchas.
(13) A folio 19.