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Timestamp: 2017-03-23 04:21:03
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Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 14', 'Artículo 3', 'artículo 19', 'artículo 15', 'artículo 13', 'artículo 11', 'artículo 26', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 92', 'artículo 12', 'artículo 14', 'artículo 13', 'artículo 11']

Instituto Derecho Internacional Privado - CAM: FALLO - Restitución internacional de menores
FALLO - Restitución internacional de menores
CCiv. y Com., Lomas de Zamora, sala I, 12/08/15,
C., R. A. E. c. G., A. A. s. exhortos y oficios.
Restitución internacional de
menores. Tenencia a cargo de la madre. Convenio. Residencia habitual de la
menor en Paraguay. Traslado ilícito a la Argentina. Convención sobre los
Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores La Haya 1980. CIDIP
IV sobre Restitución internacional de menores. Excepciones. Riesgo grave.
Oposición del menor. Derecho del menor a ser oído. Autonomía progresiva. Código
Civil y Comercial. Convención sobre los Derechos del Niño. Interés superior del
niño. Rechazo del pedido de restitución.
Publicado por Julio Córdoba en DIPr
Argentina el 18/11/15 y en ED 23/10/15.
Lomas de Zamora, a los 12 días de
agosto de 2015, reunidos en Acuerdo Ordinario los señores jueces que integran
esta Excma. Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Familia, Sala I, del
Departamento Judicial de Lomas de Zamora, Dres. Javier Alejandro Rodiño y
Carlos Ricardo Igoldi, con la presencia del Secretario actuante se trajo a despacho
para dictar sentencia la causa nro. 72572, caratulada: "R. C. A. E. c. G.
A. A. s. exhortos y oficios". De conformidad con lo dispuesto por los
artículos 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 266 del
Código Procesal Civil y Comercial del mismo Estado, la Excma. Cámara resolvió
plantear las siguientes CUESTIONES: 1ero.- ¿Es justa la sentencia dictada?
2do.- ¿Qué corresponde decidir? Practicado el sorteo de ley (art. 263, últ.
parte, Cód. Proc.), dio el siguiente orden de votación: Dres. Javier Alejandro
Rodiño y Carlos Ricardo Igoldi.
VOTACIÓN. A la primera cuestión, el
Dr. Javier Alejandro Rodiño dice: I.- La señora Jueza titular del Juzgado de
Familia Nro. 3 departamental dictó sentencia a fs. 223/232 rechazando el pedido
de reintegro internacional solicitado por la Sra. A. E. R. C., de nacionalidad
paraguaya, con documento C.I. paraguayo Nro. y D.N.I. argentino Nro., con
domicilio en …, República del Paraguay, a través de la Autoridad Central de la
aplicación del Convenio de la Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la
Sustracción Internacional de Menores y de la Convención Interamericana sobre
Restitución Internacional de Menores respecto de la menor L. E. G. R., nacida
el 26 de abril de 2007 en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, DNI ,
hija de la peticionante y el Sr. A. A. G., DNI , con domicilio en … Todo ello,
sin perjuicio de lo que en definitiva resuelva oportunamente el órgano judicial
que resulte competente sobre la cuestión del derecho de custodia de la referida
menor y su correlativo derecho de visitas del progenitor no conviviente (art.
16, 18, 75 inc. 22º de la Constitución Nacional, art. 3 de la Convención de los
Derechos del Niño, arts. 11 y 14 de la Convención Interamericana sobre
Restitución Internacional de Menores y art. 12, 13 y 20 del Convenio de la Haya
de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores).
Impuso las costas en el orden causado por haberse creído las partes con derecho
a reclamar, no correspondiendo la regulación de honorarios a la titular de la
Unidad de Defensa Civil Nro. 20 Departamental, Dra. Marcela Silvina Pellizzi en
virtud del beneficio de litigar sin gastos oportunamente solicitado atento lo
normado por el 1ero. párrafo del art. 23 de la CIRIM. Por otro lado, reguló los
honorarios profesionales a la Dra. Z., N. en la suma de pesos un mil doscientos
y a la Dra. D. S., A. A. en la suma de pesos cuatro mil seiscientos (arts. 1,
9, 10, 16, 28, 54 y 57 D-ley 8904/77) con más el aporte de ley e I.V.A. en caso
de así corresponder.- El pronunciamiento fue apelado a fs. 236 por la
Defensoría Oficial interviniente, cuyo memorial luce a fs. 251/256. Corrido el
pertinente traslado, el mismo fue acompañado a fs. 260 por la Asesoría de
Incapaces actuante, no mereciendo réplica de la parte demandada.
Radicadas las presentes actuaciones
en esta Sala, a fs. 265 se dispuso la comparencia de la niña L.E.G.R., la cual
fue entrevistada por este Tribunal conforme surge del acta de fs. 271.
A fs. 276 se dispuso la citación
del Sr. S. R. (abuelo de la niña) a efectos que brinde declaración testimonial,
la cual se plasmó en el acta de audiencia de fs. 286/288. Asimismo, se dispuso
también mediante la providencia antes señalada la realización de un amplio
informe psicológico a la niña, el cual fue realizado por el Licenciado Néstor
Carreño -Perito Psicólogo afectado al equipo técnico del Juzgado de Familia
NRO. 1 de este Departamento Judicial-, conforme surge del informe de fs.
Dicho informe pericial, mereció el
pedido de explicaciones obrante a fs. 311 (parte demandada), evacuado por el
experto a fs. 320/321, siendo este último observado por la Asesoría de
Incapaces interviniente a fs. 331, lo cual motivó las explicaciones vertidas a
fs. 335.
A fs. 343 se llamó la causa para
dictar sentencia por providencia que se encuentra consentida.
DE LOS AGRAVIOS: II.- La Sra.
Defensora titular de la Unidad de Defensa Civil Nro. 20 de este Departamento
Judicial se agravia del rechazo de la pretensión de restitución internacional
deducida argumentando, en sustancia, que no se encuentra acreditada la
excepción de grave riesgo aducida. Cuestiona la valoración del informe
psicológico de fs. 69/71 y ampliaciones de fs. 169/171 y fs. 202. En la misma
dirección, observa la configuración de la excepción al retorno con pie en la
negativa de la menor, punto sobre el cual sostiene que el hecho de dar su
opinión no convierte al menor en juez de su propio proceso, ni obliga al
magistrado a compartir su parecer o a sentenciar en el sentido en que el niño
se ha manifestado como aquí se evidencia palmariamente al dotar a las
expresiones de la niña de una aptitud definitoria de la cuestión a desmedro de
la vigencia de la ley y la responsabilidad internacional asumida por el Estado
Nacional y la propia obligación del Juez frente al acreditado secuestro y
retención de la niña.
Agrega que, en este sentido, la CJN
ha ratificado que las disposiciones del Código Civil que legislan sobre la
capacidad de los menores tanto impúberes como adultos, no han sido derogadas
por el plexo de leyes protectivas de los derechos de la niñez.
En consecuencia y de acuerdo con
este régimen de fondo, los menores impúberes son incapaces absolutos, que no
pueden realizar por sí mismos actos jurídicos, así como la actuación por
derecho propio en un proceso en calidad de parte.
Asimismo, la apelante aduce que en
autos se ha acreditado efectivamente la ilicitud del traslado de la niña.
CONSIDERACIÓN DE LAS QUEJAS: III.-
El Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de
Menores en su preámbulo expresamente enuncia que "los Estados signatarios
del presente Convenio, profundamente convencidos de que los intereses del menor
son de una importancia primordial para todas las cuestiones relativas a su
Deseosa de proteger al menor en el
plano internacional de los efectos perjudiciales que podría ocasionarle un
traslado o una retención ilícita, y de establecer los procedimientos que
permitan garantizar la restitución inmediata del menor al Estado en que tenga
su residencia habitual, así como de asegurar la protección del derecho de visita.
Han acordado concluir un Convenio a estos efectos y convienen las siguientes
disposiciones".
En este mismo sentido cabe agregar
también que la Convención de los Derechos del Niño se encuentra en la cúspide
de la pirámide normativa nacional (arts. 31 y 75 inc. 22 C.N) y,
particularmente su art. 3, en cuanto establece que: "En todas las medidas
tribunales, las autoridades
administrativas o los órganos
legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés
superior del niño".
Estos intereses tienden al
reconocimiento del menor como persona, la aceptación de sus necesidades y la
defensa de los derechos de quien no puede ejercerlos por sí mismo. El niño es
un sujeto de protección y no un objeto de amparo (Grossman, "Significado
de la Convención de los Derechos del Niño en las relaciones de familia",
La Ley, 1993-B, 1089).
Ahora bien, dicho interés superior,
es un concepto jurídico indeterminado que debe ser discernido por los jueces en
cada caso, de acuerdo a las circunstancias fácticas concretas del mismo. Señala
Cecilia Grossman en "Los Derechos del Niño en la Familia. Discurso y
Realidad, Universidad, 1998"; que este concepto se encuadra dentro de las
llamadas "definiciones marco", ya que no resulta sencillo establecer
su alcance, pues es una idea en permanente evolución y transformación, que
necesariamente varía entre los distintos estados ratificantes según sus pautas
Esta impecable expresión de
contenido del principio señalado resulta absolutamente pertinente para decidir
en los presentes autos.
IV.- Que a fin de determinar qué se
entiende por retención ilícita, debemos ajustarnos a lo normado por el Convenio
Sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores adoptado
el 25 de octubre de 1980 por la 14ª sesión de la Conferencia de La Haya sobre
Aprobado en nuestro país por la ley
23.857 en su artículo 1 dispone que la finalidad del presente Convenio será la
siguiente: a) Garantizar la restitución inmediata de los menores trasladados o
retenidos de manera ilícita en cualquier Estado contratante; b) Velar por que
los derechos de custodia y de visita vigentes en uno de los Estados
contratantes se respeten en los demás Estados contratantes.
En el artículo 2 establece que los
Estados contratantes adoptarán todas las medidas apropiadas para garantizar que
se cumplan en sus territorios respectivos los objetivos del Convenio. Para ello
deberán recurrir a los procedimientos de urgencia de que dispongan.
Continuando con el estudio del
mismo, en el artículo 3 se describe con precisión cuándo el traslado o la
retención de un menor se considerarán ilícitos.
Esto tiene lugar cuando se hayan
producido en infracción de un derecho de custodia atribuido, separada o
conjuntamente, a una persona, a una institución, o a cualquier otro organismo,
con arreglo al derecho vigente en el Estado en que el menor tenía su residencia
habitual inmediatamente antes de su traslado o retención (inciso A).
Cuando este derecho se ejercía en
forma efectiva, separada o conjuntamente, en el momento del traslado o de la
retención, o se habría ejercido de no haberse producido dicho traslado o
retención (inciso B).
El derecho de custodia mencionado
en el inciso A puede resultar, en particular, de una atribución de pleno
derecho, de una decisión judicial o administrativa, o de un acuerdo vigente
según el derecho de dicho Estado.
Nuestro Máximo Tribunal tiene dicho
que ante un pedido de restitución en los términos de la Convención sobre
Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores (C.H. 1980),
receptada por nuestro país en virtud de la ley 23.857, el mecanismo de
reintegro opera siempre que el traslado o la retención merezcan la calificación
de ilícitos. Dicha cualidad ha de determinarse coordinando el tenor de la
custodia conforme al derecho vigente en el país de residencia habitual del
menor, inmediatamente anterior a la ocurrencia del evento (art. 3 y 5 inc.
"a" C.H. 1980). (SCBA, C
110829 S 18-4-2012) De la documentación acompañada obrante en autos surge sin
duda alguna que la residencia habitual de la niña se hallaba en la República de
Paraguay, hasta su viaje a la Argentina. (fs. 7, 10, 14, 51/54, 126/137) El
artículo 14 del Convenio dispone que para determinar la existencia de un
traslado o de una retención ilícitos en el sentido del Artículo 3º, las
autoridades judiciales o administrativas del Estado requerido podrán tener en
cuenta directamente la legislación y las decisiones judiciales o
administrativas, ya sean reconocidas formalmente o no en el Estado de la
residencia habitual del menor, sin tener que recurrir a procedimientos
concretos para probar la vigencia de esa legislación o para el reconocimiento
de las decisiones extranjeras que de lo contrario serían aplicables.
Conforme se extrae de los escritos
constitutivos del proceso, las partes resultan contestes en que la tenencia de
la menor L. quedaría a cargo de su madre, residiendo en la República del
Paraguay. Ello en virtud del convenio arribado en el juicio de divorcio
existente entre las partes y de trámite en nuestro país (fs. 51/54 y 126/137).
Tampoco se encuentra cuestionado que por medio de su abuelo materno, el Sr. S.
R., la niña L. fue traída a su padre sin contar con autorización de su madre.
(fs. 128).
La Suprema Corte Provincial tiene
dicho al respecto que si de la ponderación del derecho extranjero vigente en el
ordenamiento jurídico de la residencia habitual que el niño tenía antes del
traslado en la República Argentina, surge que ambos progenitores tienen la
custodia compartida de su hijo, uno solo de ellos carece de facultad para mudar
el domicilio de su hijo sin el consentimiento del otro (art. 3 y 5 inc.
"a" de la C.H. 1980), tornando ilegal su traslado o retención en
estas condiciones, a menos que se configure una situación excepcional de las
taxativamente previstas en los arts. 15 y 20 de la Convención. (SCBA, C 110829
S 18-4-2012).
V.- Ahora bien, no obstante que el
Convenio de La Haya establece la obligación del Estado requerido de restituir
inmediatamente al niño, el mismo instrumento contempla una serie de excepciones
mediante las cuales aquél podrá eximirse de cumplir con dicha obligación.
Esas causales de excepción están
descriptas en el art. 13, el que se encuentra redactado de la siguiente manera:
"No obstante lo dispuesto en el artículo precedente, la autoridad judicial
o administrativa del Estado requerido no está obligada a ordenar la restitución
del menor si la persona, institución u otro organismo que se opone a su
restitución demuestra que: … a) la persona, institución u organismo que se
hubiera hecho cargo de la persona del menor no ejercía de modo efectivo el
derecho de custodia en el momento en que fue trasladado o retenido o había
consentido o posteriormente aceptado el traslado o retención o b) existe un
grave riesgo de que la restitución del menor lo exponga a un peligro físico o
psíquico o que de cualquier otra manera ponga al menor en una situación
intolerable. La autoridad judicial o administrativa podrá asimismo negarse a
ordenar la restitución del menor si comprueba que el propio menor se opone a su
restitución, cuando el menor haya alcanzado una edad y un grado de madurez en
que resulta apropiado tener en cuenta sus opiniones. Al examinar las
circunstancias a que se hace referencia en el presente artículo, las
autoridades judiciales y administrativas tendrán en cuenta la información que
sobre la situación social del menor, proporcione la Autoridad Central u otra
autoridad competente del lugar de residencia habitual del menor" Deviene
oportuno resaltar que Nuestra Corte Provincial tiene dicho que ante la
solicitud de restitución internacional del menor, la facultad de denegar el
retorno debe ser entendida como una hipótesis que para tornarse operativa,
requiere que el niño presente un extremo de perturbación emocional superior al
que normalmente deriva de la ruptura de la convivencia con uno de sus padres.
Exige la concurrencia de una situación delicada, que va
más allá del natural padecimiento
que puede ocasionar un cambio de lugar de residencia o la desarticulación de su
grupo conviviente (SCBA, C 110829 S 18-4-2012). El artículo 19 del Convenio
sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores expresamente
prevé que una decisión adoptada en virtud del presente Convenio sobre
restitución del menor no afectará la cuestión de fondo del derecho de custodia.
Mismo sentido tiene el artículo 15
de la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores.
Nuestra Corte tiene dicho que ante
el pedido de restitución internacional, tratándose de los estados signatarios
Menores (C.H. 1980), el tribunal requerido no debate con quién o dónde debe
vivir el menor, sino sólo la determinación y reintegro a la jurisdicción
competente -de la que fuere sustraído el menor ilegalmente y fuere su
residencia habitual- quien resolverá, en definitiva, el conflicto (SCBA, C
110829 S 18-4-2012).
En la misma línea ha sostenido
también que el proceso de reintegro de hijo no tiene por objeto dilucidar la
aptitud de los progenitores para ejercer la guarda o tenencia, sino brindar una
solución de urgencia y provisoria, sin dejar que lo resuelto constituya un
impedimento para que los padres discutan la cuestión inherente a la tenencia
por ante el órgano competente del lugar de su residencia habitual anterior al
traslado, desde que el propio CH1980 prevé que su ámbito queda limitado a la
decisión de si medió traslado o retención ilícita y ello no puede ser extendido
al derecho de fondo (conf. art. 16, CH1980). (SCBA, C 117172 S 9-10-2013).
VI.- Que al definir la
configuración del "grave riesgo", el máximo Tribunal Nacional ha
sostenido que la facultad de denegar el retorno requiere que el menor presente
un extremo de perturbación emocional superior al que normalmente deriva de la
ruptura de la convivencia con uno de sus padres. Exige la concurrencia de una
situación delicada, que va más allá del natural padecimiento que puede
ocasionar un cambio de lugar de residencia o la desarticulación de su grupo
conviviente (Fallos 333:604 y sus citas; SCBA Ac. 119.110 S 10-06- 2015).
A los efectos de indagar sobre la
existencia de la excepción contemplada –y esgrimida por el progenitor de la
niña-, la cual motivó en parte el pronunciamiento apelado, este Tribunal
dispuso la realización de un amplio informe psicológico, el cual luce a fs.
302/304 y fuera realizado por el Licenciado Néstor Carreño. El experto concluyó
allí que "…de la evaluación realizada se infiere que la niña L. presenta
al momento de la misma signos visibles de angustia, las cuales la propia niña
sitúa, en su decir, en relación lógica con situaciones que dice haber vivido
con su madre y la pareja de esta última".
En virtud de las explicaciones
solicitadas a fs. 311/313 por el progenitor de la niña y la ampliación
solicitada a fs. 318 por este Tribunal respecto a si una eventual restitución
de la niña L. al Estado Requirente (República del Paraguay) podría configurar
un grave riesgo para su integridad psíquica, o exponerla de cualquier modo a
una situación de peligro psíquico intolerable, el experto actuante sostuvo que
"…puede decirse que un encuentro "brusco", entendiendo por ello
inesperado e intempestivo de la actora con la niña de autos puede resultar
perjudicial para el psiquismo de la misma…" y que "…en el actual
estado de situación de la conflictiva resulta riesgoso para la integridad
psíquica de la niña ´una eventual restitución´; sería confrontarla sin elaboración
subjetiva alguna con todo lo que la angustia. Una eventual restitución
demandaría de un trabajo de revinculación previo, en el que al mismo tiempo
pueda evaluarse la posición subjetiva de la madre de la niña en el vínculo
materno filial". (el resaltado es propio). Dichos asertos fueron motivo
del pedido de explicaciones formulado a fs. 331 por la
Asesora de Incapaces interviniente,
interrogantes que merecieran la respuesta obrante a fs. 335. En torno a ellos,
concluyó el experto que "Un 'eventual regreso al estado requirente' supone
en lo fáctico un acontecer que no es inocuo para la niña. El mismo, en el marco
jurídico en el que se situaría, muy probablemente propiciaría en la niña el
malentendido y el supuesto en el que habría caído quien suscribe, es decir, la
posibilidad del encuentro con su madre lo cual, tal fuera informado, resulta
una escena angustiante para L. En el marco discursivo actual el eventual
regreso al Estado Requirente, en caso de realizarse en compañía de su padre
implicaría un marco de contención que posiblemente favorezca el posicionamiento
de L. en dicha circunstancia…". (fs. 335) El informe psicológico de fs.
69/71 y ampliaciones de fs. 169/171 y fs. 202 da cuenta de una similar
situación de la niña al momento de ser practicados. En estos informes se hace
mención al temor de la niña por volver a vivir con su madre y la pareja de ésta
("…manifiesta su temor de regresar con su mamá y se angustia y llora al
mencionar a G." y que "…a L. la atemoriza el posible regreso al
Paraguay, poniendo especial énfasis en la figura de G. a quien identifica como
muy amenazante…" -fs. 202-), que "…presenta evidentes síntomas
somáticos de situaciones traumáticas no procesadas, tales como arrancarse su
cabello (tiene falta de cabello en el centro de su cabeza) y patología
respiratoria…" y que "…si bien es imposible exactamente determinar la
situación de la niña en el vecino país, si se observa clara y contundentemente
su bienestar en la situación actual y su preferencia por el status que ha
alcanzado…".
Que el análisis conjunto de estos
dos informes producidos en la causa, me llevan a la convicción que se encuentra
debidamente acreditada la excepción contemplada en el inciso B del artículo 13
del Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de
Menores y en el inciso B del artículo 11 de la Convención Interamericana sobre
Restitución Internacional de Menores, ya sea por el hecho que la misma vuelva a
pasar por las situaciones traumáticas que no ha podido resolver y que la
llevaron a auto flagelarse, o bien por agravar el cuadro psíquico del que dan
cuenta los informes psicológicos analizados (arts. 384 y 474 del C.P.C.C.).
VII.- Que, con relación a la
valoración de la opinión de la niña L. en torno su manifiesta oposición a la
restitución, debo recordar que los dispositivos legales supranacionales a los
que vengo haciendo referencia efectivamente facultan a las autoridades de
aplicación a rechazar la restitución del niño o niña cuando se comprobare que
aquél se opone a regresar, y a juicio de la autoridad, la edad y madurez del
menor justificase tomar en cuenta su opinión.
Es importante destacar que tanto en
la audiencia celebrada en la instancia de origen (fs. 201) como en la llevada a
cabo en este Tribunal (fs. 271), la niña L. expuso libremente ante el suscripto
–y en forma categórica- su voluntad de no volver a la República del Paraguay
junto a su madre y la pareja de aquélla, exponiendo adecuadamente sus
vivencias, miedos y deseos.
Dicha declaración, en consonancia
con los hechos que surgen de los informes psicológicos practicados en autos, en
mi opinión excede la mera disconformidad con un modelo de crianza o el celo
excesivo de su madre y su actual pareja en la aplicación de correcciones
No comparto en absoluto lo sostenido
por la Sra. Defensora Oficial recurrente sobre el punto, en tanto relaciona –a
mi criterio equivocadamente- una supuesta incapacidad absoluta de derecho de la
menor con su derecho a ser oída, y que su opinión efectivamente sea tenida en
cuenta para la decisión que los jueces debemos tomar sobre su persona.
Los hechos denunciados (que la
actual pareja de la madre la bañaba con el lado verde de la esponja de cocina,
y que era sometida a maltrato verbal -declaración de fs. 165/166- y físico),
valorados en forma conjunta con los
restantes elementos de juicios señalados en los párrafos precedentes, resultan
a mi criterio determinantes para valorar la opinión de la niña –quien cuenta
con ocho (8) años de edad-; a la cual, vale aclarar, estimo con capacidad y
madurez suficiente para manifestar, como efectivamente lo hizo, su intención de
no regresar a Paraguay y residir con su padre en este país. (art. 11 CIRIM y
art. 13 CH1980) El Código Civil y Comercial de la Nación introduce en su
artículo 26 el concepto de autonomía progresiva de la persona menor de edad y
la necesidad de escuchar al menor en toda cuestión que lo involucre, siguiendo
el principio rector del artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño.
La efectiva realización del
concepto de autonomía progresiva requiere la previa escucha del niño, niña o
adolescente de que se trate, frente a cualquier cuestión que lo involucre. Esta
exigencia surge ya de la previa ley 26.061 que, receptando el principio general
del art. 12 CDN, incorporó al art. 3º -como recaudo integrante del concepto de
interés superior- el derecho de los niños a "ser oídos y atendidos
cualquiera sea la forma en que se manifiesten, en todos los ámbitos",
respetando "su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento, y demás
condiciones personales".
También otros artículos de la norma
especificaron este derecho: así, el art. 24 contiene el derecho del niño a
"participar y expresar libremente su opinión en los asuntos que les
conciernan y en aquellos que tengan interés (…) "[en] todos los ámbitos
(…) estatal, familiar, comunitario, social, escolar, científico, cultural,
deportivo y recreativo" (Cfr. arts. 19, 27 CDN; Herrera, M - Caramelo, G -
Picasso, S; "Código Civil y Comercial de la Nación Comentado", Tomo I
pág. 71, Infojus, 2015) La extensión o alcance del derecho a la escucha fue
especificada en el plano convencional internacional por medio de la Observación
General 12/2009 del Comité sobre los Derechos del Niño (en adelante, Comité
DN), sobre el derecho del niño a ser oído.
Para dicho Comité, la escucha no
constituye únicamente una garantía procesal, sino que se erige como principio
rector en toda cuestión que involucre o afecte al niño, niña o adolescente, sea
en los ámbitos judiciales, administrativos, familiares, educativos, sociales,
comunitarios, etc. Dice así la Observación referida: "… El artículo 12 de
la Convención establece el derecho de cada niño de expresar su opinión
libremente en todos los asuntos que lo afectan y el subsiguiente derecho de que
esas opiniones se tengan debidamente en cuenta, en función de la edad y madurez
del niño. Recae así sobre los Estados partes la clara obligación jurídica de
reconocer ese derecho y garantizar su observancia escuchando las opiniones del
niño y teniéndolas debidamente en cuenta.
Tal obligación supone que los
Estados partes, con respecto a su respectivo sistema judicial, deben garantizar
directamente ese derecho o adoptar o revisar leyes para que el niño pueda
disfrutarlo plenamente.
Según la Observación referenciada,
el ejercicio de este derecho-garantía no puede estar condicionado ni a pisos
mínimos etarios ni a la presencia de cierto grado de madurez en el niño: todo
niño o niña tiene derecho a ser oído. Así, "… los Estados partes no pueden
partir de la premisa de que un niño es incapaz de expresar sus propias
opiniones. Al contrario, los Estados partes deben dar por supuesto que el niño
tiene capacidad para formarse sus propias opiniones y reconocer que tiene
derecho a expresarlas; no corresponde al niño probar primero que tiene esa
capacidad (…) el artículo 12 no impone ningún límite de edad al derecho del
niño a expresar su opinión y desaconseja a los Estados partes que introduzcan
por ley o en la
práctica límites de edad que
restrinjan el derecho del niño a ser escuchado en todos los asuntos que lo
afectan…" (párrs. 19 y 21; ídem anterior).
Con relación a las nociones de edad
y madurez suficiente, se afirma: "… Estos términos hacen referencia a la
capacidad del niño, que debe ser evaluada para tener debidamente en cuenta sus
opiniones o para comunicar al niño la influencia que han tenido esas opiniones
en el resultado del proceso. El artículo 12 estipula que no basta con escuchar
al niño; las opiniones del niño tienen que tomarse en consideración seriamente
a partir de que el niño sea capaz de formarse un juicio propio".
Estos razonables principios –hoy
reconocidos derechos de raigambre legal, constitucional y supraconstitucional-,
también son reconocidos en mayor o menor medida por la legislación del Estado
Requirente, en tanto el Código de la Niñez y Adolescencia de Paraguay (Ley
1680/01 de ese Estado) establece en su artículo 92 que "El niño o
adolescente tiene derecho a la convivencia con sus padres a menos que sea
lesiva a su interés o conveniencia, lo cual será determinado por el Juez
conforme a derecho. En todos los casos de conflicto, el Juez deberá oír la
opinión del niño o adolescente y valorarla teniendo en cuenta su madurez y
grado de desarrollo. (fs. 15 vta.; nota dirigida al embajador Horacio A. Besabe
por la autoridad Central del Estado Paraguayo en materia de Restitución
Internacional de Menores).
VIII.- No corresponde considerar a
los efectos pretendidos lo solicitado a fs. 314, pues la petición de
restitución que es objeto de autos ha sido interpuesta dentro del plazo de un
(1) año establecido en el artículo 12 del Convenio sobre los Aspectos Civiles
de la Sustracción Internacional de Menores y artículo 14 de la Convención
Por lo demás, se ha dicho sobre el
tópico que "… en el régimen convencional la integración conseguida en el
nuevo medio no constituye un motivo autónomo de oposición, ni es decisivo para
excusar el incumplimiento de aquél, aún cuando un nuevo desplazamiento fuere
conflictivo, pues la estabilidad lograda como consecuencia de un traslado
ilícito a otro país por parte de cualesquiera de los progenitores no es idónea
para sustentar una negativa a la restitución (C.S.J.N., Fallos: 333:604; entre
otras). Excepción hecha de cuando la solicitud o demanda de restitución haya
sido promovida con posterioridad al año desde ocurrido el traslado o retención
ilícitos (art. 12, CH1980), situación que en la especie no concurre (fs. 1/57),
pues de lo contrario, bastaría el posible retraso en el trámite por parte de
las autoridades judiciales o administrativas del Estado requerido para
perjudicar definitivamente los intereses del solicitante". (SCBA, Ac.
118.134, sent. 17/12/2014).
IX.- Como corolario de lo hasta
aquí expuesto, estimo justo confirmar la sentencia apelada en cuanto rechazó el
pedido de restitución internacional de la niña L.E.G.R., fundado en las
excepciones contenidas en el artículo 13 del Convenio sobre los Aspectos
Civiles de la Sustracción Internacional de Menores y el artículo 11 de la
Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, es decir,
el grave riesgo en la efectivización de la restitución y la oposición del niño
a la misma, lo cual dejo propuesto al Acuerdo. (art. 12 CDN, art. 13 CH1980,
art. 11 CIRIM, arts. 26 y 2642 CCyC, art. 3 y cdntes. ley 26.061, y art. 92,
ley 1680/01 de la República de Paraguay).
En virtud de estas consideraciones,
A la misma primera cuestión, el Dr.
Carlos Ricardo Igoldi, por consideraciones análogas y compartir los fundamentos
expuestos, TAMBIÉN VOTA POR LA AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión, el Dr.
Javier Alejandro Rodiño dice: Visto el Acuerdo logrado al tratar la cuestión
que antecede, corresponde confirmar la sentencia apelada.
Las costas de Alzada habrán de ser
soportadas en el orden causado (art. 71 y 274 CPCC). ASÍ LO VOTO.
A la misma segunda cuestión, el Dr.
Carlos Ricardo Igoldi, por compartir fundamentos, VOTA EN IGUAL SENTIDO.
Con lo que terminó el Acuerdo
dictándose la siguiente SENTENCIA: En el Acuerdo quedó establecido que la
sentencia es justa y debe ser confirmada.
POR ELLO, CONSIDERACIONES del
Acuerdo que antecede y CITAS LEGALES, confírmase la sentencia apelada. Costas
de Alzada en el orden causado.
Regístrese. Notifíquese y,
consentida o ejecutoriada, devuélvase a la instancia de origen.- J. A. Rodiño.
C. R. Igoldi.
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