Source: http://www.senado.gob.mx/64/frames/consultas.php?ver=iniciativas&id=188
Timestamp: 2019-10-17 03:49:38
Document Index: 398901494

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De los Senadores Héctor Flores Ávalos y Enrique Burgos García, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero a la fracción I del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE RELACIONES EXTERIORES; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA DE LA CÁMARA DE SENADORES.
La iniciativa adiciona un párrafo tercero a la fracción I del artículo 76 de la Carta Magna para establecer que cuando los tratados internacionales suscritos por el Ejecutivo versen sobre la protección y garantía de un derecho humano, se requerirá para su aprobación, terminación, denuncia, suspensión, modificación, enmienda, retiro de reservas y formulación de declaraciones interpretativas sobre los mismos, las dos terceras partes de la totalidad de los integrantes de la Cámara de Senadores.
Propone establecer que para la aprobación de los tratados internacionales se requerirá el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes del Senado de la República.
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE RELACIONES EXTERIORES; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.
Propone reformar el artículo 76 a fin de establecer de forma expresa en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que los tratados internacionales requieren para su aprobación el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, toda vez que los tratados internacionales cuentan con la categoría de Ley Suprema de toda la Unión, por lo que se infiere, se debe exigir el mismo umbral de votación que en el caso de las reformas al texto Constitucional.
La iniciativa propone fortalecer y profesionalizar al Servicio Exterior, para coordinarse mejor con otros actores nacionales, e imprimirle un carácter evolutivo y de mejora continua a sus procesos internos bajo los principios de certidumbre, transparencia y rendición de cuentas. Se fortalece el órgano colegiado encargado de gobernar al Servicio Exterior, la Comisión de Personal, mediante el reconocimiento de su suficiencia técnica y su robustecimiento a través de una mayor diversidad de participantes en los procesos de toma de decisión. Destaca la creación de una subcomisión de análisis y prospectiva, la cual estará encargada de generar las recomendaciones al Secretario de Relaciones Exteriores para la mejora continua del Servicio Exterior y del despliegue de las actividades diplomáticas.
De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se declara el 20 de julio de cada año como el Día Nacional del Internacionalista.
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS RELACIONES EXTERIORES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.
Propone que se declare el 20 de julio de cada año como el “Día Nacional del Internacionalista”.
Una de la Sen. María de los Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica.
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES; DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.
Se incorporan elementos que conlleva el proceso mismo de negociación de tratados internacionales como son la aprobación, enmienda, accesión y denuncia. Asimismo, se incorpora el tema de flujo internacional de datos personales, el cual se encuentra presente en los acuerdos de comercio exterior.
Se propone actualizar la terminología de garantías individuales por derechos humanos haciendo hincapié del reconocimiento que tiene a nivel constitucional y en tratados internacionales en los que nuestro país es parte; la reforma incorpora el término renegociación y considera establecer que, en caso de que el Ejecutivo Federal decida terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas o formular declaraciones interpretativas a los Tratados, se deberá ceñir al mismo procedimiento previsto para la negociación, celebración y aprobación de los mismos.
De los Senadores Diva Gastélum Bajo y Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 1 y la fracción IX del artículo 25 de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
La iniciativa pretende reformar los artículos 1 y 25 de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, con el objeto de adicionar lo referente a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS DE LA CÁMARA DE SENADORES.
El objetivo de esta iniciativa es que la jubilación de los miembros del Servicio Exterior Mexicano sea a la edad de 70 años y no 65 años como actualmente está regulado.
De las y los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica.
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES; DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS DE LA CÁMARA DE SENADORES.
Con las reformas a la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales se propone actualizar los temas bajo los cuales se negocian los tratados, incluyendo compras públicas, comercio electrónico y empresas propiedad del Estado.
Se propone modificar la referencia a las garantías individuales y se incorpora la referencia a los derechos humanos, se incorporan nuevos objetivos que se deben observar en las negociaciones de los tratados, entre los que destacan: reducir la desigualdad; fomentar el respeto de los derechos de propiedad intelectual, velando por el respeto al conocimiento tradicional y ancestral de los pueblos indígenas, así como, establecer mecanismos de protección a derechos humanos que sean o puedan ser violentados a causa de los contenidos del tratado en cuestión, así como el establecimiento de medidas de mitigación de las mismas y mecanismos de reparación de daños.
Se incorporan causales por las cuales no podrán celebrarse o aprobarse tratados que contravengan los principios de política exterior que establece la Constitución; contengan disposiciones que violen o fomenten violaciones a los Derechos Humanos; contraigan disposiciones que vulneren las finanzas nacionales o comprometan el crédito del Estado Mexicano, principalmente.
Se incorpora y actualiza los informes a los que las Secretarías de Estado o cualquier organismo de la administración pública federal que represente a México en una negociación están obligados a entregar al Senado de la República.
Se establece que una vez entregado el informe final, el Senado llamará a comparecer a los servidores públicos que participaron en la negociación con el fin de analizar el cumplimiento de las disposiciones señaladas anteriormente, donde se establece que el Senado podrá proponer reservas sobre determinadas disposiciones del tratado en cuestión, las cuales deberán retomadas en la firma del mismo.
Propone que el Senado, a través de las comisiones respectivas y las Secretarías de Estado y cualquier organismo de la Administración Pública Federal encargado de la representación de México en las negociaciones deberán establecer reuniones periódicas en las que los servidores públicos deberán informar del proceso de las negociaciones.
Se establece que cuando se firme un tratado, el mismo deberá ser remitido con la siguiente información: memorándum de antecedentes del proceso de negociación; un estudio de modificación a las leyes nacionales; un estudio detallado sobre los rubros que México concedió en la negociación; la forma en que se cumplirán las obligaciones contraídas; las reservas y declaraciones interpretativas realizadas; un estudio detallado sobre la manera en que el tratado cumple con los intereses de México, y la forma en la cual afectarán las diversas disposiciones del mismo, y las dependencias que serán responsables de cumplir las obligaciones contraídas.
Asimismo, se pretende que se realicen audiencias y consultas públicas previas al inicio de las negociaciones, con el objetivo de que se construyan los objetivos y metas a seguir de manera colegiada entre el Ejecutivo, el Legislativo, los Congresos y Gobiernos Locales y la sociedad civil.
Finalmente, se incorpora un Artículo Segundo Transitorio para establecer puntualmente que, con relación a las negociaciones comerciales actualmente en curso, principalmente la renegociación del TLCAN y el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, las Secretarías de Estado o cualquier organismo de la Administración Pública Federal encargado de la representación de México en las negociaciones, deberán realizar las adecuaciones necesarias, en un plazo no mayor a 5 días naturales, para aplicar, en las subsecuentes rondas, lo contenido en el mismo.
La iniciativa tiene como propósito incorporar diversas disposiciones mediante las cuales se establezca el contenido que debe llevar el registro de información de tratados internacionales y acuerdos interinstitucionales, con el fin de que los compromisos adquiridos en los mismos puedan ser verificados y se cumplan a cabalidad.
En particular propone establecer que la Secretaría de Relaciones Exteriores deberá llevar el registro de los tratados de los que el país sea parte y de los acuerdos interinstitucionales. Los tratados deberán ser registrados en un sistema integral y público de información electrónica que permita generar datos estadísticos, de manera oportuna, económica, suficiente y confiable, que permita dar seguimiento y coadyuvar a la toma de decisiones de Estado. El sistema deberá incluir, como mínimo: Datos estadísticos del tratado; resumen ejecutivo del contenido del tratado; información detallada de los objetivos, metas, actividades, periodicidad e indicadores del cumplimiento de los compromisos asumidos; indicadores de impacto social generado por el avance en el cumplimiento de los objetivos del tratado, acuerdo o convención; las líneas de coordinación, control y evaluación entre las partes; las líneas de coordinación entre la Secretaría y las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal, para el cumplimiento de los objetivos del tratado, acuerdo o convención; de ser el caso, el presupuesto total destinado al tratado, así como reportes anuales sobre su aplicación; los manuales de procedimientos administrativos autorizados y vigentes para normar la negociación, seguimiento y actualización de los tratados, acuerdos o convenciones; las sanciones incluidas en el tratado en caso de incumplimiento de los compromisos por alguna de las partes y; las instancias encargadas de dar cuenta del seguimiento y la eficacia de los mismos.
Por otra parte, dispone que cuando se trate de Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, la SRE deberá precisar el total de reservas y declaraciones interpretativas que el Estado Mexicano realice a cada Tratado, así como el retiro de las mismas, junto con un informe detallado de las consideraciones que se tomen en cuenta para tal fin. Asimismo, la SRE deberá establecer un indicador que mida el avance en el retiro de reservas y declaraciones interpretativas sobre los Tratados en materia de Derechos Humanos cuya meta sea de cumplimiento anual. La SRE deberá elaborar un informe semestral que será de carácter público.
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA DE LA CÁMARA DE SENADORES.
Propone establecer la obligación de los titulares de las Misiones Diplomáticas Permanentes, las Embajadas y Oficinas de Enlace con funciones análogas a las mismas y los Consulados Generales de presentar informes anualmente ante el Senado de la República, al inicio del primer periodo ordinario de sesiones de cada año de ejercicio.
Dichos informes deberán ser remitidos al Senado por conducto de la persona que desempeñe el cargo de Secretario de Relaciones Exteriores. Señala que quienes no cumplan con la entrega del informe, o lo hagan a destiempo y no acudan al llamado del Senado, incurrirán en faltas administrativas.
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.
La iniciativa pretende proteger a los indígenas migrantes que no hablen otra lengua. Lo anterior con el apoyo del Servicio Exterior Mexicano, el cual garantizará el acceso a traductores capacitados en lenguas indígenas, para auxiliarlos.
La iniciativa tiene como propósito expedir la Ley para la Atención y Protección de los Mexicanos en el Exterior y su Retorno Ordenado y Favorable, con el objeto de crear una nueva base sobre la cual se construya una política pública de repatriación. En el primer capítulo se establecen las disposiciones generales, y se instituyen como prioridades de la ley la protección y fomento de los derechos de los migrantes. En el capítulo dos se enuncian y compilan los derechos humanos de los mexicanos en el exterior y de los mexicanos emigrados que regresan al país. En cuanto a estos últimos, se hace especial énfasis en los derechos sociales, económicos y laborales de los que disfrutan con el objetivo de gozar de oportunidades adecuadas para su integración a la sociedad. En el tercer capítulo se enlistan los derechos que ostentan los mexicanos en el exterior. En el contexto actual se prioriza el derecho a una representación efectiva y a que el personal del gobierno en el exterior se encuentre bien capacitado para desempeñar sus tareas. El último capítulo trata específicamente de las disposiciones que el gobierno deberá cumplir para que los mexicanos emigrados que retornan puedan regresar físicamente a territorio nacional y que reciban al llegar atención adecuada. Este capítulo establece que el gobierno deberá facilitar a los migrantes retornados el acceso efectivo de sus derechos y de los programas sociales que ofrece el gobierno federal.
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE RELACIONES EXTERIORES; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.
Propone adicionar una fracción al artículo 76 sobre las facultades exclusivas del Senado de la República con respecto a la autorización al Ejecutivo Federal para que pueda disponer la salida de activos pertenecientes a las fuerzas armadas fuera de los límites del país con el propósito de participar en actividades de instrucción, entrenamiento o participación plena en OMP; así mismo. Busca facultar a la Comisión Permanente para que autorice la participación de las fuerzas armadas en las OMP, con el objetivo de no obstaculizar la participación de México en dichas operaciones; y propone ampliar los objetivos por los cuales se puede disponer de la fuerza armada permanente, dentro de los que se incluye la participación en las operaciones para el mantenimiento de la paz.
Propone establecer que aquellos mexicanos que sean designados para ser embajadores o cónsules generales y no pertenezcan al servicio exterior mexicano, deberán recibir capacitación en materia diplomática-consular, la cual será impartida por el Instituto Matías Romero o por su personal, ya sea en las instalaciones del Instituto o en el país donde desempeñará el cargo.
En la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, propone incorporar que el proyecto de Presupuesto de Egresos no financiará ningún proyecto de infraestructura migratoria o de seguridad nacional regional impulsado por gobiernos extranjeros derivado de acuerdos, tratados o políticas públicas que atenten contra los intereses de la nación, el patrimonio de nuestros ciudadanos, o violente los derechos humanos.
En relación con la Ley de Expropiación, establece que se considerará como causa de utilidad pública cuando un gobierno extranjero atente contra el patrimonio, la propiedad de ciudadanos, empresas nacionales o el interés de nuestra nación en el exterior.
En la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica incorpora un Capítulo V denominado “De la Protección de los Intereses Económicos”, en donde se señala que en todo proceso de implementación del tratado, el Senado o el Poder Ejecutivo velarán por la protección de los intereses de la nación con nuestros socios comerciales, en diversos casos. Asimismo, propone que el Congreso de la Unión, o en su caso, el Poder Ejecutivo implementarán medidas compensatorias para resarcir proporcionalmente en territorio nacional el daño causado contra la comunidad de mexicanos en el exterior, así como presentar la defensa legal de nuestros intereses comerciales ante las instancias internacionales, de acciones unilaterales que violenten el contenido del tratado económico.
Con respecto a la Ley sobre la celebración de Tratados Internacionales, la propuesta define el término de “Salida” como cuando a criterio del Gobierno Mexicano una de las partes que integran un tratado incumple o realiza acciones deliberadas en contra de los intereses del Estado mexicano, se inicia un proceso de suspensión, revisión y salida de tratados suscritos con un socio comercial que afecte los intereses del Estado mexicano. Por otra parte, incorpora que cuando un socio comercial con quien se tenga un tratado realice acciones deliberadas que atenten contra los derechos humanos de nuestros ciudadanos en el exterior, pongan en riesgo la seguridad nacional o amenacen los intereses de la nación, por conducto del Ejecutivo Federal o del Senado de la República iniciaran el procedimiento para salir, suspender y revisar todos los tratados suscritos con los países que atenten contra el Estado mexicano, en la misma proporcionalidad del daño causado a la población, a la economía, a la seguridad nacional o a las relaciones bilaterales.
En lo que se refiere al Reglamento del Senado de la República, y en relación con las atribuciones exclusivas del Senado, establece como procedimiento especial el que se refiere al desahogo de la función de analizar y aprobar en su caso, los tratados internacionales y convenciones diplomáticas, así? como las decisiones y procedimientos relacionados con los mismos, siempre y cuando su contraparte se caracterice por contar con un marco normativo y políticas públicas que garanticen la protección de los derechos de los mexicanos, así como su patrimonio.
Finalmente, en lo que respecta a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la iniciativa propone como asuntos que corresponden a la Secretaría de Relaciones Exteriores, el de coordinarse con el Ejecutivo Federal, las acciones de política exterior relacionadas con la defensa de los intereses nacionales y la protección de los ciudadanos radicados en el extranjero por acciones o políticas públicas que atenten contra sus derechos humanos o su patrimonio, así como todo acto protocolario relacionado con la materia es facultad exclusiva de dicha dependencia; y el de coordinar las acciones de defensa contra todo gobierno que atenten contra los derechos humanos de nuestra población en el exterior o contra acciones gubernamentales unilaterales que afecten nuestros intereses comerciales.
Artículos a reformar: Reforma artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; el artículo 1 de la Ley de Expropiación; los artículos 13 y 14 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica; los artículos 3 y 11 de la Ley sobre la Celebración de Tratados Internacionales; el artículo 230 del Reglamento del Senado de la República; y el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Propone establecer que las acciones en la materia de cooperación internacional para el desarrollo, que ejerza el Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la AMEXCID (Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo), se requiere que el desarrollo humano además de ser sustentable, sea incluyente. Señala que la AMEXCID deberá difundir ampliamente las acciones y programas que se realizan para ejercer, fortalecer, promover y concientizar sobre la importancia de la cooperación internacional para el desarrollo, entre la población y el sector público, así como los resultados de los mismos.
Pretende integrar al Consejo Consultivo de la AMEXCID al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; al Centro Nacional de Prevención de Desastres; y a legisladores del Senado de la República y de la Cámara de Diputados.
La iniciativa propone que una vez expedido el nombramiento realizado por el Presidente de la República deberá estar acompañado entre otros requisitos a presentar el de contar con un documento de motivación del nombramiento a fin de que el Ejecutivo Federal explique las razones fundamentales para considerar al designado merecedor del cargo, que el designado presente también una Declaración de Intereses, así como un Informe relativo a la situación general en que se encuentra la Embajada, Consulado General o representación permanente que eventualmente el designado deja de ocupar a fin de obtener más información sobre su desempeño anterior en el caso de miembros del Servicio Exterior o de designados con previas responsabilidades diplomáticas o consulares.
Igualmente se establecen criterios y parámetros de evaluación del designado durante las comparecencias y se dispone la posibilidad de que a las mismas concurran, a invitación de las Comisiones Legislativas, expertos, académicos, representantes de organizaciones de la sociedad civil y ex diplomáticos para acompañar los procesos de evaluación.
También se establecen dos obligaciones adicionales de los designados merecedores de un dictamen aprobatorio quienes, al término de las comparecencias, deberán efectuar dos compromisos públicos en el sentido de entregar informes anuales al Senado de la República sobre la manera en que se ha dado cumplimiento al Plan de Trabajo presentado y a los criterios generales de política exterior establecidos por el Ejecutivo Federal en el Plan Nacional de Desarrollo lo mismo que el de mantener actualizadas las páginas electrónicas de sus respectivas Embajadas o Consulados con la información que se considera fundamental de acuerdo con las mejores prácticas en materia de gobierno abierto.
Y se establece que las Comisiones Legislativas competentes del Senado, o en su caso de la Comisión Permanente, deberán emitir sus dictámenes dentro de un plazo no mayor a 30 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la recepción de la totalidad de la documentación requerida, en complemento del turno de los nombramientos efectuados por el Presidente. Y se propone que cuando la trascendencia o complejidad del dictamen, o en su caso, la petición fundada y motivada de las comisiones dictaminadoras lo amerite, podrán disponer de un plazo mayor a los 30 días, autorizado por la Mesa Directiva.
De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La iniciativa propone que embajadores y cónsules, puedan acudir a la convocatoria de cualquiera de las Cámaras para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas.
De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Jorge Luis Lavalle Maury y Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 89 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Propone adicionar como principio normativo en la conducción de la política exterior a cargo del Ejecutivo Federal, el impulsar a la consolidación de la democracia representativa.
De los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Marcela Torres Peimbert y Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 89 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación a los principios de política exterior de nuestro país.
Propone incorporar en los principios rectores de la Política exterior a la promoción y fortalecimiento de la democracia.
Del Sen. Aarón Irízar López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 12 de la Ley sobre Celebración de Tratados.
Propone establecer que los derechos humanos observados en los tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y ratificados por el Senado de la República, siempre que no se opongan a restricciones específicas de la Constitución, constituyan la Ley Suprema de toda la Unión.
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7 de la Ley sobre la Celebración de Tratados.
La presente iniciativa tiene por objeto que el Senado de la República ratifique cualquier Acuerdo Interinstitucional que pretendan celebrar las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal con otros órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales.
Del Sen. Enrique Burgos García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley para conservar la Neutralidad del País, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 10 de noviembre de 1939.
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, DE RELACIONES EXTERIORES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA DE LA CÁMARA DE SENADORES.
La iniciativa pretende abrogar la Ley para Conservar la Neutralidad del País, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 10 de noviembre de 1939, cuyo objeto formal y material se cumplió y feneció con el Decreto de declaración del estado de guerra entre México y Alemania, Italia y Japón publicado en el Diario Oficial de la Federación de 2 de junio de 1942, y en todo caso deben apreciarse hoy a la luz de lo previsto por la fracción X del artículo 89 constitucional, en las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas y de conformidad con los instrumentos internacionales suscritos por México; por lo tanto, no tiene aplicación práctica ni razón formal para mantenerse en vigor dicha Ley.
Propone reconocer la existencia del Agregado Cultural así como su papel de coadyuvante en el fortalecimiento y posicionamiento de México en el mundo globalizado.
Asimismo, se pretende que, como consecuencia de reconocer la trayectoria y experiencia de quien se ha desempeñado como Agregado Cultural en alguna o algunas de las Representaciones Diplomáticas de México en el exterior, puedan ingresar a la rama Diplomático-Consular sin transitar por el esquema de Concurso de Oposición a través de eliminatorias sin menoscabo de cumplir con otra serie de requisitos como el de conocimientos, idioma y acreditar una serie de exámenes psicológicos y médicos.
Del Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley General de Cambio Climático y la Ley Federal de Metrología y Normalización, en materia de reciprocidad internacional ambiental.
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, DE RELACIONES EXTERIORES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.
Propone que para la formulación y conducción de la política ambiental, el Ejecutivo Federal, asegure que los convenios o acuerdos internacionales establecidos, así como la regulación en materia ambiental aplicable a materias primas, productos, residuos y sus correspondientes procesos de transformación se cumplan en las transacciones derivadas del comercio internacional; asimismo, regule en coordinación con la Secretaría de Economía, la equidad en las transacciones comerciales internacionales de recursos naturales y manufacturas, tanto para los productos como los procesos de transformación correspondientes así como emitir las normas ambientales necesarias que propicien la mencionada equidad.
De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 7, 8, 19, 26, 45 y 57 y se adiciona una fracción XV al artículo 1 Bis, un artículo 8 Bis, un segundo párrafo al artículo 20, una fracción V al artículo 43 y una fracción VIII al artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.
La presente iniciativa tiene por objeto incorporar diversas disposiciones mediante las cuales se reglamenten, principalmente, los nombramientos diplomáticos de Embajadores y Cónsules, además de reglamentar los nombramientos del personal temporal y el asimilado, imprimiéndoles una visión de Estado a los mismos.
La senadora proponente define puntualmente el término conflicto de interés como prohibición a tomar en cuenta dentro de los nombramientos antes citados, se incorpora la visión de Estado que debe regir en el accionar del Servicio Exterior Mexicano, además de que se incorpora una disposición para que dicho cuerpo diplomático intervenga en toda y cada una de las negociaciones de tratados y acuerdos internacionales de los que el estado Mexicano sea parte; finalmente, se pretende reglamentar de una mejor manera la forma en la cual se harán las designaciones del personal temporal y del personal asimilado, además de que se establecen las causas de remoción de las personas que incumplan con lo previsto por esta Ley.
Por último, propone reglamentar de una mejor manera la forma mediante la cual se realizarán las designaciones de Embajadores y Cónsules, respetando en todo momento las facultades constitucionales.
De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma los artículos 76, 89, 126, 133 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de política exterior.
Se plantea la modificación de la fracción I del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a efecto de agregar la facultad del Senado de la Republica de participar, mediante el Consejo de Política Exterior, en la definición de la política exterior que desarrollará el Ejecutivo Federal, así como la de analizar y evaluar el desempeño de la misma; y para complementar dicha visión de Estado se pretende plasmar en el texto constitucional la relación que, en materia de definición de la política exterior, guardarán ambos poderes, además de trasladar los principios rectores de la política exterior mexicana al artículo 134, con lo cual se deja dicha responsabilidad en una sola persona, el Ejecutivo Federal, y se traslada el principio al Estado Mexicano.
En el mismo sentido, se propone la creación de un Consejo Consultivo de Política Exterior, mismo que estará integrado por representantes del Ejecutivo Federal y Senadoras y Senadores de la República que tengan dentro de sus atribuciones la evaluación en materia de política exterior.
La proponente expresa que, para la formulación de un capítulo octavo donde se estipule que la Política Exterior debe ser una política de Estado, se propone trasladar el texto actual del artículo 134 al 126 constitucional, con lo cual se crea un nuevo artículo 134. Asimismo, se reforma el artículo 133, con lo cual el nuevo capítulo octavo constará del artículo 133 y 134 titulado “De la Celebración de Tratados Internacionales y de la Política Exterior del Estado Mexicano”.
Dentro del citado capítulo, se propone establecer y delimitar el marco constitucional para la celebración de todo acuerdo internacional, con lo cual se pretende fortalecer las facultades del Senado de la República en materia de política exterior y celebración de tratados.
Finalmente, la propuesta pretende definir objetivos y prioridades de la política exterior mexicana con un enfoque progresivo del derecho internacional.
Propone reformar el artículo 44 de la Ley de Servicio Exterior Mexicano, para garantizar y facultar claramente a los Consulados mexicanos, a efecto de que puedan registrar a aquellos niños y adultos nacidos en México que migraron a los Estados Unidos sin registro de nacimiento de su lugar de origen. Estas inscripciones tendrán validez plena y surten sus efectos legales desde el momento de su realización, siempre que las Oficinas del Registro Civil en las entidades federativas lo estimen procedente.
Propone que el Ejecutivo Federal envíe informes periódicos al Senado de la República para el análisis de la política exterior, adicionalmente al informe presidencial que rinda al Congreso de la Unión.
Propone reformas a Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica con la finalidad de armonizar y actualizar la legislación reglamentaria, para ello la iniciativa contempla modificar el concepto de garantías individuales a efecto de actualizarlo y ampliarlo de manera que los Tratados Internacionales en materia Económica no estén solo de acuerdo con las garantías individuales sino también con los Derechos Humanos consagrados en nuestra Carta Magna y en los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos suscritos por el Estado Mexicano.
Por otra parte, con las reformas se establece que para la aprobación de un tratado se deberá observar como objetivos generales, los de contribuir a mejorar la calidad de vida y el nivel de bienestar de la población mexicana, así como promover el desarrollo humano sustentable y la erradicación de la pobreza, y combatir el desempleo, la desigualdad y la exclusión social, así como propiciar el aprovechamiento de los recursos productivos del país de manera sustentable.
La iniciativa tiene como objeto principal otorgar un complemento de la pensión jubilatoria al personal de carrera que tenga el carácter de jubilado y que haya acumulado una antigüedad mínima de treinta años en el Servicio Exterior, a fin de alcanzar el setenta por ciento de la suma del sueldo base más la compensación garantizada neta de homologación en el activo, conforme al sistema establecido de equivalencia rango/puesto de estructura.
La Ley que se pretende expedir tiene por objeto establecer los criterios generales que regirán las políticas de protección, apoyo y asistencia a las y los mexicanos en el extranjero por parte de las Oficinas Consulares.
Establece como derechos de los connacionales: recibir por parte de los Funcionarios Consulares la asistencia y protección consular; recibir atención y asesoría en lo relativo a sus relaciones con las autoridades del país donde se encuentren; ser asesorados e informados sobre sus derechos y obligaciones frente al estado extranjero, así como sus vínculos y obligaciones en relación con México; ser asesorado jurídicamente y cuando así lo solicite, a través de los abogados consultores de las representaciones; ser visitado cuando se encuentre en situación de detención, preso, hospitalizado o en situación de desgracia a fin de que se conozcan sus necesidades y se actúe en consecuencia; ser representados ante situación de ausencia o imposibilitado para hacer valer de manera personal sus intereses; y ser beneficiario de los programas y actividades en materia de protección y apoyo consular.
Señala que los connacionales podrán recibir protección y asistencia consular a través de políticas, programas y acciones de atención a detenidos y realizar visitas a centros de detención migratoria. El Funcionario Consular deberá orientar al connacional detenido sobre su derecho a la permanencia en el país extranjero, si fuera el caso, así como el derecho a obtener asesoría legal en materia migratoria con abogados expertos, a estos podrá nombrar como sus representantes ante las autoridades respectivas.
Los consulados mexicanos deberán establecer mecanismos de participación en la repatriación de las y los enfermos mexicanos a hospitales en México, en los casos donde ya no es económica ni legalmente posible mantener al paciente en la institución extranjera.
Establece que se deberán establecer mecanismos de protección y apoyo a connacionales en situación de extraordinaria o de indigencia en lo referente a la obtención de documentos en México o en el extranjero, llamadas telefónicas de protección, apoyo en la defensa dentro de los procesos judiciales así como en la transcripción de audiencias o juicios.
Señala que las oficinas consulares tendrán la facultad ofrecer servicios de expedición de documentos a los connacionales, estableciendo los requisitos que los mismos deberán cumplir para tal efecto, dichas oficinas deberán adecuar la relación de los requisitos a la legislación del país en que se encuentren. Tratándose de servicios gravados, éstos deberán ser cubiertos por los connacionales con la moneda en curso legal del país donde se encuentra la representación consular mexicana. Dichos servicios deberán ser ajustados en sus costos de forma mensual a fin de reflejar de manera específica los cambios ocurridos con respecto a las diversas paridades cambiarias.
Se crea el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exteriores cuya función es la de desarrollar las acciones y lineamientos de la Oficina Presidencial para la Atención de las Comunidades Mexicanas en el Extranjero y del Programa para las Comunidades Mexicanas en el Exterior. Dicho órgano será ejecutor y operativo del Consejo Nacional para las Comunidades Mexicanas en el Exterior.
Propone reformar el numeral 1 del artículo 107, el numeral 4 del artículo 194, el inciso a) del numeral 1 del artículo 314, los numerales 1, 2, 4 y 5 del artículo 315, los incisos b), c), d) y e) del numeral 1 del artículo 316, el numeral 1 del artículo 318, los numerales 2 y 3 del artículo 319, el inciso a) del numeral 2 del artículo 320, los numerales 1, 2 y 3 del artículo 322, y el numeral 5 del artículo 323; y se adicionan el numeral 3 del artículo 107, el numeral 3 del artículo 315 recorriéndose los subsecuentes, el numeral 3 del artículo 323 recorriéndose los subsecuentes, y el numeral 4 del artículo 326 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Lo anterior con la finalidad de sentar las bases legales para que el IFE cuente con la facultad de expedir la credencial para votar con fotografía en el extranjero a cualquier mexicano que lo solicite. Asimismo, se propone que los connacionales residentes en el exterior puedan emitir su voto en las sedes diplomático-consulares de nuestro país en el extranjero, esto se realizaría en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y sin menoscabo de la autonomía del Instituto, para ello se establece que el IFE, podrá contar con módulos de atención en las sedes diplomático-consulares de México en el extranjero que su Consejo General determine. Lo anterior a efecto de que presten a los ciudadanos mexicanos que residan en el extranjero los servicios relacionados con la credencialización, la inscripción en el listado nominal de electores residentes en el extranjero, la difusión y el sufragio del voto y las demás que determine el Instituto para cumplir con estos fines. El Instituto celebrará con la Secretaría de Relaciones Exteriores los acuerdos correspondientes.
La iniciativa establece que los ciudadanos que quieran emitir su voto en alguna de las sedes diplomático-consulares de México en el exterior, de acuerdo a lo que disponga el Consejo General del Instituto, podrán hacerlo en el módulo o la oficina dispuestas para estos efectos, previa inscripción en el listado nominal de electores residentes en el extranjero por vía electrónica.