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Timestamp: 2018-01-23 07:56:05
Document Index: 90714949

Matched Legal Cases: ['e contrario', 'artículo 218', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 316', 'artículo 1', 'artículo 316', 'artículo 10', 'artículo 636', 'artículo 1', 'artículo 218', 'artículo 120', 'artículo 465', 'artículo 218', 'artículo 1', 'artículo 412']

Sentencia A.P. Madrid 287/2010 de 24 de mayo. Contratos. Nulidad. Desestimación. Gananciales. Donaciones - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia A.P. Madrid 287/2010 de 24 de mayo
Contratos: Nulidad. Desestimación. Sociedad de gananciales: Aportación a dicha sociedad de la vivienda tras la separación. Donación que encubre una transacción onerosa. Acciones: Liquidación correcta, debido a cláusulas de carácter privativo a bienes que aparecen a nombre de uno solo de los cónyuges, inserta en la escritura de liquidación y que fue aceptada por ambos cónyuges.
SENTENCIA: 00287/2010
N.I.G. 28000 1 7007948 /2009
Rollo: RECURSO DE APELACION 490 /2009
De: Santiaga
Procurador: ELENA MUÑOZ GONZALEZ
Contra: María Milagros, Adrian
Procurador: MARIA DEL CARMEN ORTIZ CORNAGO, CAROLINA PEREZ-SAUQUILLO PELAYO
En Madrid, a veinticuatro de mayo de dos mil diez. La Sección Decimotercera de la Audiencia Provincial de Madrid, compuesta por los Señores
Magistrados expresados al margen, ha visto en grado de apelación los autos de Juicio Ordinario sobre nulidad de contrato, procedentes del Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de los de Madrid, seguidos entre partes, de una, como demandante-apelante DOÑA Santiaga (en su propio nombre y en representación de Hernan y Natalia), representado por la Procuradora D.ª Elena Muñoz González y asistido del Letrado D. Lorenzo Izquierdo Morejón y de otra, como demandados-apelados D. Adrian, representado por la Procuradora D.ª Carolina Perez-Sauquillo Pelayo y asistido del Letrado cuyo nombre y número de colegiación no consta, y DOÑA María Milagros representado por la Procuradora D.ª M.ª del Carmen Ortiz Cornago y asistido de la Letrado D.ª Elena Zarraluqui Navarro, con la intervención del Ministerio Fiscal.
Primero.-Por el Juzgado de Primera Instancia Cuatro de los de Madrid, en el indicado procedimiento ordinario número 762/05, se dictó, con fecha 14 de enero de 2009, sentencia con Fallo del siguiente tenor:
"Que desestimo la demanda interpuesta por la Procuradora D.ª Elena Muñoz González, en nombre y representación de D.ª Santiaga contra D. Adrian y D.ª María Milagros, en todas sus pretensiones, absolviendo a los demandados con expresa imposición de las costas causadas en la presente instancia a la parte actora".
Segundo.-Contra dicha resolución interpuso recurso de apelación la demandante, Doña Santiaga. Las actuaciones ingresaron en esta Audiencia Provincial el 14 de julio de 2009.
Tercero.-Elevadas las actuaciones a esta Audiencia Provincial correspondió, por reparto, el conocimiento del recurso a esta Sección Decimotercera. Fue incoado el correspondiente rollo y se asignó ponencia, con arreglo a las normas preestablecidas al efecto. Se señaló para la DELIBERACIÓN, VOTACIÓN y FALLO del recurso el día 19 de mayo de este año.
El 17 de mayo anterior se acordó solicitar del Juzgado de Primera Instancia Cuatro de los de esta capital la remisión de los documentos aportados por las partes en la pieza separada de medidas cautelares y soporte con grabación audiovisual de la vista de medidas (documentos y grabación admitidas como prueba en la audiencia previa, sin que se hubiesen incorporado a los autos). El 18 de mayo tuvieron entrada en esta Sección procedente del Juzgado las actuaciones originales de medidas cautelares y cedé con la grabación de la vista del incidente de medidas (con otro cedé que contenía la grabación del juicio del procedimiento principal, ya enviada en su día).
Y el día señalado para la deliberación, 19 de mayo, el recurso de apelación fue examinado y decidido por este Tribunal.
Primero.-El Tribunal acepta en lo sustancial y coincidente con lo que seguidamente se expresará los Fundamentos de Derecho de la sentencia apelada.
Segundo.-Doña Santiaga, en su propio nombre y en el sus hijos menores de edad cuando la presentación de la demanda Hernan y Natalia, promovió juicio ordinario contra su ex marido y padre de los menores, Don Adrian (con quien la actora contrajo matrimonio el 22 de noviembre de 1986, habiéndose dictado sentencia de separación el 26 de noviembre de 1998) y Doña María Milagros (segunda esposa del anterior, con quien contrajo matrimonio el 16 de diciembre de 2000), en solicitud de una sentencia por la que:
-1.- Se declarase la nulidad del contrato celebrado el 25 de junio de 2001 entre Don Adrian y Doña María Milagros en virtud de escritura pública otorgada ante el notario de Pozuelo de Alarcón Don Antonio Pérez Sanz, por cuya virtud el Sr. Hernan atribuyó con su esposa el carácter de ganancial a los valores y bien inmueble que en dicha escritura se describen (1.045 acciones de la sociedad Urbar Ingenieros S.A. y parcela con vivienda unifamiliar en Villanueva de la Cañada, que es la finca registral 3.304-N del indicado municipio, del Registro de la Propiedad de Navalcarnero).
-2.- Respecto a las acciones de Urbar Ingenieros S.A., se declare la ganancialidad del bien respecto de la sociedad de gananciales formada hasta su disolución por el codemandado Sr. Adrian y la actora Sra. Santiaga.
-3.- Respecto de la vivienda unifamiliar se ordene al registrador de la propiedad la cancelación de la inscripción que, en su caso, se hubiere llevado a cabo respecto a la atribución del carácter ganancial del citado bien en virtud del instrumento público anteriormente citado.
-4.- Condena en costas.
En el encabezamiento de la demanda se había expresado que la misma se formulaba "en ejercicio de la acción de nulidad de contrato y subsidiariamente en ejercicio de la acción rescisoria de contrato".
Son datos cronológicos de trascendencia para la resolución del pleito las siguientes:
-22 de noviembre de 1986. Matrimonio de Don Adrian con Doña Santiaga (folio 28 de las actuaciones de la primera instancia).
-6 de junio de 1997. Adquisición por Don Adrian de 1.545 acciones de Urbar Ingenieros S.A. (folios 227 al 275).
-1 de octubre de 1997. Préstamo concedido a Don Adrian por Inter Atlantic Capital Partners (Suisse), por importe de 120.202,42 euros (folios 247, 254 y 255).
-25 de septiembre de 1998. Capitulaciones matrimoniales y liquidación de la sociedad de gananciales de de Don Adrian y Doña Santiaga (folios 41 al 53).
-26 de noviembre de 1998. Sentencia de separación de los cónyuges Don Adrian y Doña Santiaga (folios 92 y 97, conformidad en la fecha por parte de ambos en la demanda de ejecución de sentencia por alimentos a favor de los hijos de Doña Santiaga contra Don Hernan y en la contestación a la misma).
-25 de junio de 1999. Adquisición por compraventa por Don Adrian de la vivienda unifamiliar de Villanueva de la Cañada (folios 259 al 263).
-16 de diciembre de 2000. Matrimonio de Don Adrian con Doña María Milagros (folio 237 vuelto, manifestación conjunta ante notario en la escritura de aportación de bienes a la sociedad de gananciales).
-25 de junio de 2001. Escritura de aportación por Don Adrian a la sociedad de gananciales que formaba con Doña María Milagros de la vivienda unifamiliar de Villanueva de la Cañada y de 1.045 acciones de Urbar Ingenieros S.L. y aceptación de la aportación por Doña María Milagros (folios 236 al 238).
En realidad, las acciones aportadas fueron 1.545, pues en la escritura se especifica que se trata de las numeradas como NUM000 al NUM001 y NUM002 al NUM003.
-1 de agosto de 2004. Don Adrian deja de pagar la pensión alimenticia establecida a favor de sus hijos Hernan y Natalia, habidos en el matrimonio con Doña Santiaga (alegaciones de la actora en la demanda, aceptadas por el demandado en su interrogatorio de parte del juicio).
-1 de abril de 2005. Sentencia de separación de los cónyuges Don Adrian y Doña María Milagros (folio 242, alegación del codemandado).
-2 de septiembre de 2005. Elevación a público de contrato privado de acuerdo transaccional por el que Don Adrian transmite a Urbar Ingenieros, en autocartera, 47.895 acciones de la misma sociedad, al tiempo que Urbar Ingenieros S.A. renuncia a la reclamación de cantidades adeudadas por Don Adrian a la mercantil en razón de préstamo concedido en octubre de 1997 por Inter Atlantic Capital Partners (Suisse) (folios 239 al 257 y 297 al 305). El muy superior número de acciones titularidad de Don Adrian en relación con las adquiridas en 1997 resulta de que el 20 de julio de 1999 la sociedad procedió a una ampliación de capital con cargo a reservas, con desdoblamiento de acciones -31 acciones nuevas por cada antigua- (información de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, folios 406 y 407).
La sentencia de la primera instancia desestimó la demanda y dicha resolución es recurrida en apelación por la demandante, articulando los motivos siguientes:
[-Primero.-] al [-Tercero.-] Se trata de preámbulos.
[-Cuarto.- I.] Sobre la falta de motivación de las sentencias. Se recurre la sentencia de primera instancia por su incongruencia. Se pretende la anulación de la aportación a la sociedad de gananciales de la vivienda no por ser privativa o ganancial (al contrario de lo ocurrido con las acciones de la sociedad Urbar Ingenieros S.A.), sino que se pretende la nulidad por ser un negocio nulo, sin causa, y que causa perjuicios a terceros (expectativas de los hijos del primer matrimonio). No se dice nunca en la demanda que se pretenda la anulación de la aportación del inmueble por ser de naturaleza ganancial, correspondiente al primer matrimonio. El juzgador no entra a valorar ni sopesar la ausencia de esta compensación de Doña María Milagros por la aportación a la sociedad gananciales hecha por Don Adrian el 25 de junio de 2001, ni alega el derecho que aplica para reputarlo nulo (debe querer decirse "para no declarar nula la aportación"), lo que resulta, a juicio de la apelante, incongruente. Si el juzgador no razona jurídicamente de contrario respecto de todas y cada una de las causas alegadas, incurre en incongruencia por falta de la debida motivación de las mismas. Nada se dice en la sentencia sobre la petición subsidiaria. La sentencia no responde a los cuatro pedimentos del suplico de la demanda ni lo hace con la debida separación entre cuestiones (artículo 218, apartado tres, de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
[-Cuarto.- II.] Respecto de la ganancialidad de las acciones de Urbar Ingenieros S.A.
[-Cuarto.- III.] Respecto de la validez del pacto habido en el convenio regulador de la separación como base para declarar la ganancialidad o privacidad de los bienes del matrimonio. Lesión en más de la cuarta parte.
[-Cuarto.- IV.] Sobre el perjuicio causado a los legítimos expectantes.
[-Cuarto.- V.] Incorrecta valoración de la prueba practicada en autos. De la prueba del juicio no se desprende el "conocimiento" de la actora de la existencia de las acciones no incluidas en la liquidación de la sociedad de gananciales de Doña Santiaga y Don Adrian. Falta de compensación de Doña María Milagros por la atribución de ganancialidad a las acciones y al inmueble.
La cuantía del proceso asciende a 515.658,75 euros.
Tercero.-[-Uno.-] Las acciones de la sociedad Urbar Ingenieros S.A., adquiridas por el codemandado Sr. Adrian en 1997, inicialmente bienes de la sociedad de gananciales del adquirente con la actora, Doña Santiaga, como adquiridas constante matrimonio, a plazos, pagándose el primer plazo de una peseta con dinero ganancial -artículo 1.356 del Código Civil y presunción de ganancialidad del artículo 1.361 del mismo código - perdieron ese carácter, pasando a ser bienes privativos del marido, en virtud de la liquidación de dicha sociedad de gananciales, otorgada por los todavía esposos el 25 de septiembre de 1998, en escritura pública (folios 41 al 53), en la que, después de distribuirse los cónyuges los bienes de la sociedad relacionados en la misma (sin hacerse ninguna referencia a las acciones de Urbar Ingenieros S.A.), con adjudicación a Doña Santiaga de bienes por valor de 42.500.000 pesetas y a Don Adrian por valor de 27.950.000 pesetas, se convino lo siguiente:
"Declaran ambos cónyuges que la diferencia de valor en las adjudicaciones, obedece tanto a la indivisibilidad física de los inmuebles adjudicados a cada uno de ellos, como a un pacto de compensación económica que trae causa de lo establecido en el Convenio Regulador suscrito por los comparecientes en el día de hoy, cuyas firmas considero legítimas, que me entregan en este acto para que lo protocolice, como así lo hago, dejándolo unido a la matriz, de la cual formará parte integrante.
"Los señores comparecientes, por remisión al convenio regulador aquí protocolizado, pactan expresamente que cualesquiera otros bienes o derechos de toa (debe querer decir toda) índole que no hubiesen sido descritos en el presente convenio, pero que figuren titulaos (debe querer decir titulados) a nombre de uno solo de los cónyuges se entenderá que, por virtud de la liquidación que se realiza en el presente documento, permanecerán en pleno dominio y con carácter privativo del cónyuge que titule dichos bienes".
La cláusula de atribución de carácter privativo a bienes que pudiesen aparecer titulados a nombre de uno solo de los cónyuges, aceptada por los esposos, confiere el carácter de privativo a las acciones, por concurrir en ellas los presupuestos contemplados en la cláusula. Pero es más, la cláusula se insertó en contemplación de las acciones adquiridas en 1997, pues particularmente se refiere a un supuesto muy específico ("bienes o derechos de toda índole que no hubiesen sido descritos en el presente convenio, pero que figuren titulados a nombre de uno solo de los cónyuges") y no hipotético, sino efectivo en la situación patrimonial real del matrimonio (las acciones habían sido adquiridas por el marido, a su nombre, el año anterior), expresamente atinente a bienes pertenecientes nominalmente a uno de los consortes, no a cualquier tipo de bien que no se hubiese reseñado y cuya existencia pudiese constatarse en el futuro como bien común o con título a favor de uno u otro.
La cláusula fue expresamente aceptada por ambos cónyuges, sin que la actora pueda quedar desvinculada del efecto obligatorio del pacto (artículos 1.901, 1.258 y 1.325 del Código Civil) por su alegación de desconocer la existencia de las acciones a nombre de su marido. No puede afirmarse que el consentimiento no fuese libre y conscientemente prestado y Doña Santiaga contó, al otorgar la escritura, con el asesoramiento de la abogada que le asistía en el juicio de separación, entonces en tramitación o en ciernes (se infiere de las manifestaciones de la actora en su interrogatorio de parte del juicio y Don Adrian manifestó en la propia que las cláusulas de la escritura fueron pactadas por los abogados). Las declaraciones de Don Adrian en los interrogatorios de parte en la vista de medidas cautelares (ocultó a su esposa la adquisición de las acciones) o en el juicio (no recuerda exactamente si informó o no a su esposa de la existencia de las acciones; probablemente no lo informó; al recordársele acerca de que en la vista del incidente de mediadas cautelares, tres meses antes - en realidad, seis meses antes-, había manifestado que ocultó a su esposa la existencia de las acciones, responde que probablemente y que no recuerda) no pueden producir el efecto de exención de prueba por haber intervenido Don Adrian personalmente en los hechos y serle perjudicial su fijación como ciertos (artículo 316, apartado uno, de la Ley de Enjuiciamiento Civil), puesto que el reconocimiento o la evasiva no puede afectar perjudicialmente a la codemandada Doña María Milagros y es de tener en cuenta que, en las fechas de los interrogatorios dichos, estando ya rota la relación afectiva entre Doña María Milagros y Don Adrian, éste puede querer favorecer a su primera esposa, Doña Santiaga.
Por otra parte, la cláusula -cuya validez, por cierto, no se discute en el juicio-, en cuanto referida a las acciones de Urbar Ingenieros S.A. adquiridas un año antes por Don Adrian, no está exenta de causa o de función negocial legítima, atendiendo a que:
[-1.-] La titularidad de las acciones estaba vinculada al cargo que Don Adrian ocupaba en Urbar Ingenieros S.A. (escritura de adquisición de los títulos, de fecha 6 de junio de 1997, folios 231 y 232: "VI.- Que DON Adrian, es en la actualidad el Gerente de la sociedad 'URBAR INGENIEROS, S.A.', al que le es imputable, en gran medida la buena marcha de la misma. VII.-Que 'SENA HOLDING AMSTERDAM B.V.', está interesada en que DON Adrian participe en el accionariado de URBAR INGENIEROS, S.A.', por lo que está dispuesta a ceder las 1.545 acciones...").
[-2.-] A Doña Santiaga se le adjudicaban en la liquidación de la sociedad de gananciales bienes por valor muy superior al que tenían los asignados a Don Adrian: 42.500.000 pesetas frente a 27.950.000 pesetas.
[-3.-] No es de apreciar desproporción abusiva entre lo adjudicado a Doña Santiaga y lo adjudicado a Don Adrian en la liquidación que se estudia, más las acciones que iban a quedar en poder de éste como bienes privativos, aunque a fecha 25 de septiembre de 1998 el valor de las acciones, cotizadas en bolsa, fuese más de cuatro veces superior a su valor de adquisición, según la cotización del 13 de agosto anterior, de 28.500 pesetas cada acción, conforme a información de la Bolsa de Madrid, del folio 427 (contando con que las acciones eran 1.545, y no 1.045, a lo que ya se ha aludido antes), porque los títulos se hallaban sujetos a las fluctuaciones del mercado y su valor podría aumentar o descender en el futuro.
[-4.-] No fue incluida en el pasivo de la sociedad la deuda contraída por Don Adrian con la sociedad trasmitente de la acciones, Sena Holding Ámsterdam B.V. (el precio pactado fue de 10.000.000 pesetas, del que debía pagarse una peseta antes del acto de otorgamiento de la venta y el resto en cinco años: 1.999.999 pesetas el 30 de mayo de 1998 y 2.000.000 pesetas cada uno de los días 30 de mayo de 1999 a 2002), sin que se haya probado que estuviese pagada parte alguna del precio, salvo la peseta inicial, el día de la liquidación de la sociedad de gananciales (25 de septiembre de 1998), tratándose de una deuda ganancial (artículo 1.362, segunda, del Código Civil).
[-5.-] Tampoco se incluye en el pasivo de la sociedad la deuda derivada del préstamo concedido el 1 de octubre de 1997 a Don Adrian por Inter Atlantic Capital Partners (Suisse), por importe de 120.202,42 euros, que aún no estaba liquidado en septiembre de 2005 (folios 246 al 248 y 251 al 255), vinculado, al igual que la adquisición de las acciones, a la condición del Sr. Adrian de gerente de Urbar Ingenieros (luego administrador), y con responsabilidad de la sociedad de gananciales derivada de lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del Código de Comercio y 1.362, cuarta, del Código Civil.
[-Dos.-] En definitiva, hemos de tener las acciones de Urbar Ingenieros S.A. por bienes de exclusiva propiedad de Don Adrian a partir del 25 de septiembre de 1998, en virtud del pacto alcanzado por los todavía cónyuges en escritura de liquidación de la sociedad de gananciales.
Por lo demás, el carácter de bien privativo de la vivienda unifamiliar en Villanueva de la Cañada no es discutido en el proceso.
[-Tres.-] En la escritura de fecha 25 de junio de 2001, de aportación de bienes (las acciones de Urbar Ingenieros S.A. y la vivienda de Villanueva de la Cañada) por Don Adrian a la sociedad de gananciales del mismo con Doña María Milagros (folios 236 al 238) se establecen estas estipulaciones:
"PRIMERA.- Don Adrian, aporta a la sociedad de gananciales que forma con su esposa, Doña María Milagros, los bienes descritos en la parte expositiva de esta escritura por su valor expresado y con la carga de la hipoteca que grava el inmueble, cuya carga asume la sociedad de gananciales.
"Doña María Milagros acepta esta aportación.
"SEGUNDA.- Don Adrian, reconoce que ha sido compensado por su esposa, Doña María Milagros, en dinero y antes de este acto, del valor que corresponde a los bienes que aporta a la sociedad de gananciales".
Se trataría de una adquisición por la sociedad de gananciales a título oneroso. Sin embargo, sabemos por las manifestaciones tanto de Don Adrian como de Doña María Milagros, en sus interrogatorios de parte del juicio (y aquí sí juega la exoneración probatoria por confesión del artículo 316, apartado uno, de la ley procesal civil, puesto que son coincidentes los reconocimientos de los dos codemandados) que no existió contraprestación de ningún género por parte de Doña María Milagros en cuanto a la integración de las acciones a la sociedad de gananciales.
En lo que concierne al inmueble, Don Adrian ha negado en el juicio aportación alguna dineraria por parte de Doña María Milagros y ésta ha manifestado en el mismo acto (en contra de lo alegado por ella en la contestación a la demanda de separación interpuesta por Don Adrian -véase folio 134 vuelto-) que aportó para la compra de la vivienda de Villanueva de la Cañada unos diez millones de pesetas entre dinero obtenido con la venta de una casa heredada y otro procedente de su trabajo, pero sin justificación alguna.
Por lo demás, en la contestación de Doña María Milagros a la demanda de separación presentada por Don Adrian, aquélla admite que "... la aportación de bienes por parte del actor a la sociedad ganancial, interesa señalar que los hoy litigantes se conocieron en abril de 1996, pero formaron una 'unión marital' desde el mes de diciembre de 1998, habitando el Sr. Adrian en el domicilio de la Sra. María Milagros (de donde trasladaron el 19-VII-19 los muebles al domicilio posteriormente conyugal,...) y el día 15-VII-1999 abrieron una cuenta corriente indistinta en la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid (...), por ello era de justicia que la vivienda en la que habitaban y que formalmente 'compró' el Sr. Adrian por escritura de 25-VI-1999 pasara a ser 'ganancial' documentalmente hablando (...) lo cierto es que la declaración de ganancialidad de dichos bienes tiene su origen en el 'perdón compensación" de comportamientos del Sr. Adrian para con ella (folio 134 vuelto).
En definitiva, podemos concluir que también en el caso de la vivienda, pese a lo que en la escritura de aportación se expresa sobre compensación por la esposa en dinero por el valor del inmueble, nos encontramos ante una donación disfrazada de transacción onerosa.
Sin perjuicio de las acciones que asistirían a la codemandada Doña María Milagros por las cuotas hipotecarias pagadas a partir del 25 de junio de 2001, porque pesaba sobre el inmueble una hipoteca y, una vez constituida la casa como bien ganancial, las cuotas del gravamen se debieron ir amortizando con capital ganancial.
[-Cuatro.-] Tiene dicho el Tribunal Supremo sobre las donaciones encubiertas, aunque sea en escritura pública (Sentencias de 11 de enero de 2007 y 20 de noviembre del mismo año):
"La cuestión de si es válida la donación efectuada de este modo encubierto ha sido tratada en numerosas ocasiones por esta Sala con criterios discrepantes. El recurrente sólo recoge algunas de las sentencias favorables a su tesis de la nulidad.
"Lo niegan las sentencias de 3 de marzo de 1932, 22 de febrero de 1940, 20 de octubre de 1961, 1 de diciembre de 1964, 14 de mayo de 1966, 1 de octubre de 1991, 6 de abril de 2000 y 16 de julio de 2004. Son resoluciones cuya ratio decidendi es el criterio negativo a que la donación de inmuebles pueda ser disimulada, no meros obiter dicta que no obedecen al establecimiento de criterios para la resolución del caso litigioso, no constituyendo por tanto doctrina jurisprudencial. La contenida en las sentencias citadas tienen unas líneas muy semejantes, que nacen de la de 3 de marzo de 1932; la escritura pública de compraventa no vale para cumplir el requisito del art. 633 Cód. civ., pues no es escritura pública de donación, en la que deben expresarse tanto la voluntad de donar como la aceptación del donatario. La primera no prueba la existencia de la donación del modo y forma que exige el art. 633 (S. 3 de marzo de 1932); la escritura pública se otorgó para amparar un contrato nulo, sin que en la misma constase el animus donandi, las cargas impuestas al donatario, ni la aceptación de éste (sentencia de 1 de diciembre de 1964); y que la aceptación del donatario no existe pues dio su consentimiento para un contrato de compra (sentencia 1 de octubre de 1991).
"Esta Sala considera que la nulidad de la escritura pública de compraventa impide que se considere válida la donación de inmuebles que se dice encubría. Aunque se probase que hubo animus donandi del donante y aceptación por el donatario del desplazamiento patrimonial, lo evidente es que esos dos consentimientos no constan en la escritura pública sino en los autos del pleito seguido sobre la simulación. El art. 633 Cód. civ., cuando hace forma sustancial de la donación de inmuebles la escritura pública no se refiere a cualquier escritura, sino a una específica en la que deben expresarse aquellos consentimientos, y ello es totalmente diferente de que se extraigan de los restos de una nulidad de la escritura de compraventa como resultado de una valoración de la prueba efectuada por el órgano judicial. En consecuencia, una escritura pública de compraventa totalmente simulada no cumple los requisitos del art. 633, pues el negocio disimulado de donación que se descubra no reúne para su validez y eficacia de aquéllos.
"Esta tesis no puede ser sustituida por la de la validez cuando la donación se califica como remuneratoria. El art. 633 no hace ninguna excepción de lo que preceptúa para ninguna donación, además de que la remuneratoria no tiene ningún régimen especial, es el móvil remuneratorio el que guía el animus donandi del donante nada más; móvil indiferente jurídicamente para el Derecho, que no causa, del negocio jurídico".
[-Cinco.-] Ahora bien, aun siendo simulado el pretendido negocio oneroso y encubrir su escrituración una donación, desde el momento en que los bienes donados en parte (acciones y vivienda) eran de la propiedad exclusiva del donante, Don Adrian, la actora y sus hijos carecen de legitimación ad causam (artículo 10 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) para pedir la nulidad del contrato. Y ello porque la actora invoca inoficiosidad de la donación en cuanto perjudica las legítimas expectativas hereditarias de los hijos habidos por Don Adrian en el matrimonio con Doña Santiaga, conforme al principio legalmente instituido de que "ninguno podrá dar ni recibir, por vía de donación, más lo que pueda dar o recibir por testamento" (artículo 636 del Código Civil), mas para reputar inoficiosa una donación habrá de aguardarse al momento de la muerte del causante y poder entonces constatarse que perjudican las legítimas computando el valor de los bienes del donante al tiempo de su muerte (artículos 654, 820 y 821 del Código Civil), por lo que la petición de nulidad formulada en el proceso por simulación absoluta de la transmisión carece, en el momento actual, de fundamento en derecho.
[-Seis.-] Y en cuanto a la petición subsidiaria de rescisión del contrato por haberse hecho en fraude de acreedores (artículos 1.111 y 1.291, tercero, del Código Civil y 37, cuarto, de la Ley Hipotecaria), no procede, entendiendo por acreedora a la actora por la pensión alimenticia fijada en el proceso de separación (luego en el de divorcio) a favor de los hijos, puesto que no consta que no existan más bienes que los transferidos para con ellos realizar los créditos ("...después de haber perseguido los bienes de que esté en posesión el deudor...", artículo 1.111 del Código Civil) y porque, como se dice en la sentencia apelada, la aportación que se impugna de bienes privativos a la sociedad gananciales se hizo por Don Adrian en 2001 y la deuda por impago de pensiones alimenticias a favor de los hijos no se inicia hasta 2004, lo que excluye la voluntad inicial de fraude.
Cuarto.-[-Uno.-] En orden al primer motivo del recurso de apelación (ordenado como Cuarto I), debe el mismo desestimarse. La sentencia del Juzgado no es incongruente, puesto que razona sobre todas las cuestiones planteadas (nulidad de la aportación a la sociedad de gananciales de 2001 de las acciones de Urban Ingenieros S.A., nulidad de la aportación de la vivienda adquirida por Don Adrian en 1999, causa de la aportación, rescisión de las aportaciones por fraude de acreedores) y resuelve sobre las mismas en sentido desestimatorio. Tampoco examina razones jurídicas diferentes de las invocadas en la demanda y no puede decirse que esté carente de motivación (aunque no siga exactamente las pautas expositivas de la demanda). Por lo demás, la falta de motivación (vicio procesal por contravención del artículo 218, apartado dos, de la ley procesal civil y artículo 120, apartado tres, de la Constitución Española) no da lugar en la apelación a la anulación o revocación de la decisión de fondo de la sentencia, sino a su subsanación, al tratarse de una deficiencia procesal en que se ha incurrido precisamente al redactar la sentencia (artículo 465, apartado dos, de la ley procedimental civil). En el presente caso, la motivación de la sentencia apelada se ha completado con la contenida en la presente, estimándose dan los razonamientos de aquélla coincidentes con las de ésta suficiente respuesta a la necesidad de justificar el sentido del fallo. El problema de la causa de la aportación ha sido tratada en la sentencia del Juzgado y en la presente. La actora pretende en el proceso la anulación de las aportaciones de 2001 a la sociedad de gananciales formada por su ex esposo y Doña María Milagros y, en definitiva, se ha explicado por qué no procede decretar tal nulidad (concluye este Tribunal de apelación en la falta de legitimación ad causam de la actora y sus hijos para pedirla). El juzgador de la primera instancia no es que no analice la falta de compensación por parte de la codemandada Doña María Milagros para recibir la aportación de las acciones y el inmueble a su sociedad de gananciales, sino que considera que existe causa, aunque no haya compensación económica, y en la presente sentencia hemos presentado una argumentación no del todo coincidente con la del Juzgado acerca de por qué la simulación derivada de la gratuidad de la aportación no puede ser impugnada en este momento por Doña Santiaga y sus hijos. Existe en la sentencia recurrida razonamiento del rechazo de la pretensión subsidiaria (también en la presente resolución) y, por último, el juez a quo, al desestimar íntegramente la demanda, rechazó también la pretensión subsidiaria, siendo discutible que la exigencia de separación de los pronunciamientos del artículo 218, apartado tres, de la Ley de Enjuiciamiento Civil haya de respetarse también en las sentencias completamente absolutorias, pero, en cualquier caso, los pronunciamientos de la sentencia apelada son inequívocos y claros y la falta de separación denunciada no ha causado ninguna indefensión a la recurrente.
[-Dos.-] Sobre el segundo motivo del recurso de apelación (ordenado como Cuarto II), referido a la ganancialidad de las acciones de Urbar Ingenieros S.A., nos remitimos a lo ya expuesto al respecto y desestimamos el motivo. Se dice en el mismo que una cláusula como la estudiada de la escritura de liquidación de la sociedad de gananciales de septiembre de 1998 "no puede alterar el carácter ganancial o privativo e los bienes que integraban la masa de bienes de la sociedad", mas precisamente las operaciones de liquidación de un patrimonio común sirven al objeto de que los bienes dejen de ser comunes y pasen a las exclusivas propiedades de los partícipes. Por último, en contradicción con el epígrafe del motivo (atinente a las acciones), se dice al final del mismo por la apelante que "por lo que se refiere a la vivienda sita en Villanueva de la Cañada, y cuya aportación a la sociedad de gananciales se pretende anular con la demanda de instancia, se ha de poner de manifiesto que el juzgador resuelve al cabo de tres años, sobre la petición en base a extremos nunca solicitados en nuestro inicial escrito de demanda". Indudablemente, lo más común es que una sentencia absolutoria no se sustente en las razones de la demanda.
[-Tres.-] En orden al tercer motivo del recurso de apelación (ordenado como Cuarto III), atinente al pacto incluido en la escritura de liquidación de la sociedad de gananciales de septiembre de 1998, nos remitimos a lo hasta ahora expuesto sobre el particular y, en cuanto a la pretendida rescisión por lesión en más de la cuarta parte, al amparo del artículo 1.074 del Código Civil, ciertamente aplicable a las operaciones divisorias de los patrimonios comunes matrimoniales, es una cuestión nueva no planteada en la demanda origen de esta litis, por lo que no procede resolver sobre la misma (artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Rechazamos el motivo.
[-Cuatro.-] En lo que se refiere al cuarto motivo del recurso de apelación (ordenado como Cuarto IV), sobre el perjuicio causado a legítimos expectantes, nos remitimos a lo expresado en el apartado [-Cinco.-] del Fundamento de Derecho anterior. Se rechaza el motivo.
[-Cinco.-] Y en lo que afecta al último motivo del recurso de apelación (ordenado como Cuarto V), referido a incorrecta valoración de la prueba, diremos lo siguiente:
-a) Sobre el conocimiento por parte de Doña Santiaga de la existencia de las acciones. Ya hemos dicho que la cláusula de atribución de carácter privativo a bienes que pudiesen aparecer titulados a nombre de uno solo de los cónyuges, inserta en la escritura de liquidación de la sociedad de gananciales de septiembre de 1998, fue expresamente aceptada por ambos cónyuges, sin que la actora pueda quedar desvinculada del efecto obligatorio del pacto por su alegación de desconocer la existencia de las acciones a nombre de su marido. Y que no podía afirmarse que el consentimiento no fuese libre y conscientemente prestado por Doña Santiaga, que contó, al otorgar la escritura, con el asesoramiento de la abogada que le asistía en el juicio de separación.
-b) Sobre el valor de las acciones. Es indiferente si consideramos, como lo hemos hecho, que pasaron a ser de exclusiva propiedad de Don Adrian. El único valor que puede ser de interés es el que tenían al tiempo de la liquidación de la sociedad de gananciales y éste ha podido ser concretado con la prueba disponible (cotización del 13 de agosto anterior, de 28.500 pesetas cada acción, conforme a información de la Bolsa de Madrid, del folio 427, precio de 1.545 acciones, 44.032.500 pesetas, esto es, 264.640,65 euros).
-c) Sobre la falta de pervivencia de la ganancialidad de esas acciones (como bienes en pro indiviso en una sociedad post-ganancial) ya nos hemos pronunciado. El juez a quo y esta Sala han valorado conforme se ha expuesto el sentido de la cláusula de atribución de carácter privativo a bienes que pudiesen aparecer titulados a nombre de uno solo de los cónyuges, incluida en la escritura de liquidación de la sociedad de gananciales de Don Adrian y Doña Santiaga.
-d) Ya se ha considerado en esta sentencia que Doña María Milagros no hizo pago alguno por la integración en la sociedad de gananciales de las acciones y la vivienda. Los efectos jurídicos de tal falta de compensación también han sido determinados.
Rechazamos también este último motivo.
Quinto.-Por lo expuesto, desestimaremos el recurso de apelación.
Sexto.-Las costas de esta instancia se impondrán a la recurrente, conforme a lo dispuesto en los artículos 398 y 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Que debemos DESESTIMAR y DESESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de 14 de enero de 2009 del Juzgado de Primera Instancia número Cuatro de los de Madrid dictada en el procedimiento del que dimana este rollo, CONFIRMANDO dicha resolución y condenando a la recurrente, Doña Santiaga, al pago de las costas de la apelación.
Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo de sala 490/09, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.