Source: http://dr-gustavo-aramburu.blogspot.com/2014_06_01_archive.html
Timestamp: 2017-02-27 13:51:50
Document Index: 411293470

Matched Legal Cases: ['artículo 12', 'artículo 7', 'artículo 40', 'artículo 8', 'artículo 15', 'artículo 40', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 132']

Daño moralEl daño material que invocó fue por los $15.000 que la actora había entregado para comprar un auto, cuyo convenio fue rescindido porque no se pagó la primera cuota, ya que el cheque firmado para tal fin fue rechazado por el banco por estar la cuenta embargada.
El poder Ejecutivo Nacional promulgó la Ley 26.940 que dispone la creación del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) donde se incluirá a las empresas que -entre otras faltas- no blanqueen a sus trabajadores. La incorporación en dicho registro importará para la empresa infractora la restricción al acceso a créditos bancarios y la quita de subsidios del Estado Nacional. Mediante la Ley 26.940 de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral, se crea el registro de infractores denominado “REPSAL”, en el que se incluirán y publicarán las sanciones firmes contra las empresas. Dicho registro será de acceso libre y público desde la página del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y se actualizará periódicamente. Las sanciones que se publicarán son las que pudiera aplicar el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social por falta de inscripción del empleador (1) y por obstrucción a la labor de la Inspección del Trabajo (2). Igualmente se publicarán las impuestas por la AFIP (3), las impuestas por las autoridades provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (4), por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (5), por el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (6) con motivo de la falta de registración de empleadores o trabajadores, entre otras. Asimismo la normativa indica que se publicarán las sentencias judiciales por las que se estableciere la calidad de “trabajador dependiente con relación laboral desconocida por el empleador, o con una fecha de ingreso que difiera de la alegada en su inscripción, que los secretarios de los juzgados de la Justicia Nacional del Trabajo deban remitir a la Administración Federal de Ingresos Públicos”(7). Los principales efectos que la publicación en el REPSAL que traerá aparejado para el infractor son: restricción al acceso “a los programas, acciones asistenciales o de fomento, beneficios o subsidios administrados, implementados o financiados por el Estado nacional” (donde se incluirían los subsidios a los servicios de agua, luz y gas); no podrá acceder al crédito de entidades bancarias públicas; y tampoco podrá participar en obras públicas, concesiones de obras públicas, concesiones de servicios públicos y licencias. En el caso de reincidencia del infractor dentro del lapso de tres años -por la misma falta-, el sancionado quedará excluido del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y no podrá deducir en el impuesto a las ganancias los gastos inherentes a su personal. (1) En los términos del artículo 12 de la ley 24.241 y sus modificatorias; artículo 7° de la ley 24.013 y del artículo agregado sin número a continuación del artículo 40 de la ley 11.683 (t.o. 1998) y sus modificatorias. (2) Prevista en el artículo 8° del Anexo II del Pacto Federal del Trabajo, ratificado por la ley 25.212. (3) En los términos del artículo 15, inciso 1°, apartados a) y b), de la ley 17.250, y el artículo agregado sin número a continuación del artículo 40 de la ley 11.683 (t.o. 1998) y sus modificatorias. (4) Por incumplimiento a lo previsto en el artículo 7° de la ley 24.013. (5) Por obstrucción a la labor de la inspección prevista en el artículo 8° del Anexo II del Pacto Federal del Trabajo, ratificado por la ley 25.212. (6) Las impuestas en el marco de las leyes 25.191 y 26.727. (7) Según lo establecido en el artículo 132 de la Ley 18.345 (t.o. por decreto 106/98).
No obstante, en los últimos meses esta discusión comenzó a tomar relevancia entre los expertos en Derecho del Trabajo, ya que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en la causa "Abraham, Héctor Osvaldo c/ Todoli Hermanos" la declaró inconstitucional y varios juzgadosvolvieron a utilizar la tasa pasiva (la más baja). Sin embargo, los avatares económicos de los últimos meses hicieron que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo tomara cartas en el asunto y dictara el acta 2601.
De esta manera, la tasa pasó del 25% al 36% anual. Este cambio busca reflejar mejor la realidad inflacionaria del país. Qué establece el actaDe acuerdo con el documento suscripto por los camaristas, de alta repercusión en el ámbito empresario, se dejó establecido que:
1. La tasa de interés aplicable será la nominal anual para préstamos personales libre destino del Banco de la Nación Argentina, para un plazo de 49 a 60 meses. A la fecha, esta tasa es equivalente al 3% mensual (o 36% anual). 2. Dicha tasa se aplicará en forma retroactiva desde que cada suma sea exigible, en las causas que se encuentren sin sentencia. De esta forma, ya no se aplicarán las tasas del 1,55 y 2,05mensual que se utilizaban en la Justicia laboral para los créditos judiciales. Esta fue la postura asumida por más de 30 jueces del fuero, que aumentaron la tasa en una vez y media. El argumento para seguir esta línea es que el empleado no es un prestamista forzoso, por lo que no podría ver reducido su crédito como consecuencias de los acontecimientos económicos. El plazo de 36 meses tiene su justificación en que es ese el promedio normal de duración de un juicio.
"Los tribunales se hicieron eco de la realidad e intentan que los litigios y lo que tardan en resolverse, no sea materia de especulación financiera por parte del deudor. Esto es, que el empresario cuando despida o tenga alguna contingencia laboral, no piense que es mejor 'patear el tema para adelante pensando que total la inflación cubrirá parte de los gastos', indicó Juan Carlos Cerutti, socio del estudio Cerutti - Darago - Lupi & Asociados. El objeto de este cambio, "es que piense que le es más conveniente económicamente pagar en plazo o más rápido ya que los intereses serán más altos, además de lascontingencias tales como la derivación a AFIP, y otras más", agregó. La tasa activa del Banco de la Nación en los años 2002, 2003 y parte de 2004, tuvo una incidencia importantísima en tanto los montos de condena se incrementaban en aproximadamente un 80% sumando esos periodos. Luego se estabilizó porque también las variables de la economía se mantuvieron constantes.
En tanto, el juez Julio Grisolía consideró que frente una brecha que va desde un 10% hasta un 30% anual, debería adoptarse una ley nacional que estableciera la tasa activa (más alta) como piso mínimo frente al cual los magistrados pudieran disponer conforme la normativa vigente. Bajo su óptica, la tasa fijada por el Banco Nación parece "muy razonable", ya que "considerando los montos de condena y los incrementos que tienen lugar por la aplicación de intereses" no se advierte, a su entender, que "se pueda afirmar que existe licuación alguna de los créditos alimentarios de los trabajadores". En este contexto, el diputado oficialista Héctor Recalde quiere ir más allá de lo dictado por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. El legislador impulsa un proyecto de ley que apunta a elevar aun más la tasa. En concreto, establece que todos los créditos generados como consecuencia de las relaciones laborales que no se abonaren en tiempo y forma, desde el nacimiento de la obligación y hasta su cancelación total, devenguen intereses equivalentes a una vez y media la tasa activa (54%). Problema en puerta"En el caso de Capital Federal se utiliza la 'tasa activa' fijada por el Banco de la Nación Argentina, razón por la cual aparecen muchos interesados en que la morosidad judicial no se resuelva, máxime cuando en la Provincia de Buenos Aires se utiliza la 'tasa pasiva' del Banco Provincia, que asciende al 6,5% anual", explicó Héctor Alejandro García, socio del estudio García, Pérez Boiani & Asociados.
Consecuentemente, remarcó el especialista, "se produce un estímulo para atraer los litigios circundantes a la jurisdicción de la Ciudad que, junto con las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza y Río Negro, aplican la tasa más alta, sin contar con otros casos peculiares y distintivos como es el de Córdoba, donde se usa la pasiva promedio mensual que publica el Banco Central, con más un parámetro constante del 2% nominal mensual". "Esta desigualdad para tutelar derechos de carácter alimentario de los trabajadores, según la jurisdicción en la que habiten, no resiste el menor análisis y contribuye a distorsionar el funcionamiento de la administración de Justicia en distritos donde se presenta cierta facilidad para elegir donde litigar, como es el caso de la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires", concluyó el experto.
Para el tribunal, "ninguna duda cabe que la percepción de las acreencias de esta naturaleza no pueden constituir nunca un hecho imponible y menos todavía ser pasible de gravamen alguno, sin colocar en serio riesgo el principio de integralidad del que gozan las prestaciones Publicado por
Denuncia no escuchadaLa trabajadora era hostigada constantemente por un superior. En determinados momentos de la jornada laboral, se le acercaba y trataba de manosearla. Esta situación se repetía constantemente. Como ella se negaba, su jefe -encargado del área de servicio- le decía "gorda culona, chupame la …".
"Le incumbía a la empresa probar su falta de responsabilidad por la conducta acosadora de un dependiente de ella, puesto que se encontraba en mejor posición para informar suficientemente al juez acerca de las condiciones de labores en que se desenvolvían sus empleados", destacaron los magistrados.Agregaron que "la responsabilidad patronal surge pues no sólo no tomó medidas efectivaspara evitar dicha conducta inapropiada, sino que además se limitó a negar la ocurrencia de esas circunstancias".