Source: https://www.scribd.com/document/66777888/Boletin-n%C2%BA-32-SEGURPRI
Timestamp: 2017-05-29 18:23:39
Document Index: 75102110

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 35', 'artículo 42', 'artículo 48', 'artículo 39', 'artículo 39', 'artículo 11', 'artículo 5', 'artículo 48', 'artículo 1', 'artículo 20', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 149', 'artículo 6', 'artículo 149', 'artículo 16', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 211', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 10', 'artículo 64', 'artículo 112', 'artículo 13', 'artículo 9', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 24', 'artículo 4']

ScribdExploreEXPLORE BY INTERESTSCareer & MoneyBusiness Biography & HistoryEntrepreneurshipLeadership & MentoringMoney ManagementTime ManagementPersonal GrowthHappinessPsychologyRelationships & ParentingReligion & SpiritualitySelf-ImprovementPolitics & Current AffairsPoliticsSocietyScience & TechScienceTechHealth & FitnessFitnessNutritionSportsWellnessLifestyleArts & LanguagesFashion & BeautyFood & WineHome & GardenTravelEntertainmentCelebrity Biography & MemoirPop CultureBiographies & HistoryBiography & MemoirHistoryFictionChildren’s & YAClassic LiteratureContemporary FictionHistorical FictionLGBTQ FictionMystery, Thriller & CrimeRomanceScience Fiction & FantasyBROWSE BY CONTENT TYPEBooksAudiobooksNews & MagazinesSheet MusicUploadSign inJoinOptionsJoinSign InUploadBoletin nº 32.SEGURPRIUploaded by v_s_tata_v_sPoliceRegulationSpainSecurity GuardSurveillance0.0 (0)DownloadEmbedView MoreCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentSEGURPRIBoletín Informativo Nº 32 Septiembre 2011
Con el paso del mes de septiembre siempre se da por terminado el período vacacional. Pero fue el pasado jueves 18 de agosto cuando concluyeron seis largos meses de “vacaciones legales” que disfrutaron cuatros de las nuevas Órdenes Ministeriales (Empresas, Medidas, Personal y Alarmas), las cuales ya se encuentran totalmente vigentes. Ha sido un importante esfuerzo el realizado, desde el 3 de diciembre del 2009, tendente a la aprobación de reformas normativas y que se ha llevado a cabo con gran dedicación y empeño. "Mucho hemos hecho, pero es más lo que nos queda por hacer" (Francisco Javier Velázquez, Director General de la Policía y de la Guardia Civil)
de agosto) , en su redacción dada por:     DECRETO-LEY 2/1999, DE 29 DE ENERO (BOE núm. 26, de 30 de enero). LEY 14/2000, DE 29 DE DICIEMBRE (BOE núm. 313, de 30 de Diciembre). REAL DECRETO-LEY 8/2007, DE 14 DE SEPTIEMBRE (BOE núm. 225, de 19 de septiembre LEY 25/2009 (Art. 14) (BOE núm 308, de 23 de diciembre) LEY 23/1992, DE 30 DE JULIO, DE SEGURIDAD PRIVADA (BOE núm. 186, de 4
Corrección de errores, (BOE núm 20 de 24 de Enero de 1995.) Modificado por:  REAL DECRETO 938/1997, DE 20 DE JUNIO (BOE núm. 148, de 21 de junio).  REAL DECRETO 1123/2001, DE 19 DE OCTUBRE (BOE núm. 281, de 23 de noviembre).  REAL DECRETO 277/2005, DE 11 DE MARZO (BOE núm. 61 de 12 de marzo).  SENTENCIA DE 30 DE ENERO DE 2007, DE LA SALA TERCERA DEL TRIBUNAL SUPREMO (BOE núm. 55, de 5 de marzo).  REAL DECRETO 4/2008, DE 11 DE ENERO (BOE núm. 11, de 12 de enero).  SENTENCIA DE 15 DE ENERO DE 2009, DE LA SALA TERCERA DEL TRIBUNAL SUPREMO (BOE núm. 52, de 2 de marzo).  REAL DECRETO 1628/2009, DE 30 DE OCTUBRE (BOE núm 263, de 31 octubre). (BOE 42 de
18.02.2011). Corrección de errores (BOE núm. 61 de 12.03.2011).
- Vacatio legis ............................................................................................................................. 1 - Sumario .......................................................................................... ......................... ................. 2 - Congreso Nacional de Seguridad Privada 2011 ........................ ......................... ................. 3 - Imposibilidad temporal de productos ensayados o certificados ...................... ................. 7 - Centro de Control y de Videovigilancia integrado en central de alarmas de uso propio.. 9 - Vigilantes de seguridad en ferrocarriles metropolitanos ........ ......................... ............... 12 - Interrupción de un servicio de CRA sin previa comunicación ......................... ............... 14 - Comunicación de alarmas de pulsadores instalados en vehículos .................. ............... 17 - Incompatibilidad entre vigilante de seguridad y de explosivos......................... ............... 18 - Inactividad en seguridad privada y cursos de actualización ... ......................... ............... 20 - Interpretación de la Disposición Adicional 1ª de la Orden de Medidas ............ ............... 21
CONGRESO NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA 2011
Los casi ocho años transcurridos entre la primera y la segunda edición del Congreso Nacional de Seguridad Privada han sido un periodo muy largo para esperar a repetir un evento de tal envergadura. A lo largo de ese lapso de tiempo, el sector ha experimentado cambios de gran trascendencia (principalmente normativos y relacionados con la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad), que merecían ser evaluados en un foro en el que estuvieran representados todos los agentes, tanto públicos como privados, que trabajan en este ámbito. A éstos había que sumar los retos a los que tendrá que hacer frente la Seguridad Privada en los próximos años, que igualmente requerían un análisis conjunto. CEPREVEN, ASELF, CC.OO., UGT- FES y FSTP-USO. Tanto el contenido de las conferencias como la asistencia de 450 profesionales representaron una muestra del interés despertado por este acontecimiento, que cumplió con las expectativas del auditorio.
El Ministerio del Interior mostró su apoyo al Congreso, entre otros gestos, cediendo las instalaciones del Cuerpo Nacional de Policía de Canillas. Igualmente, funcionarios de la Unidad Central de Seguridad Privada colaboraron activamente con el comité organizador. En el Congreso quedó patente la disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) para escuchar las demandas de la Seguridad Privada y conocer de cerca los temas que le preocupan. Tanto el Cuerpo Nacional de Policía como la Guardia Civil estuvieron presentes a través de su Director General, Francisco Javier Velázquez, que inauguró el congreso, y de otros representantes de ambos Cuerpos que participaron como ponentes en varios paneles. Como ocurrió con la primera edición, se espera que el II Congreso Nacional de Seguridad Privada suponga el inicio de un
Los días 16 y 17 de junio esa necesidad se atendió en el Complejo Policial de Canillas, en Madrid, gracias a la labor de 18 asociaciones (ACAES, ADSI, AECRA, AEDS, AES, AESPRI, APDPE, APRO SER, ASES, ASEFOSP, ASIS International España, CEUSS, FES, Foro EFITEC, GUAR- DERÍO, SEDS, PROTECTURI, TECNIFUEGOAESPI) y de Seguritecnia, que organizaron el II Congreso Nacional de Seguridad Privada, que contó asimismo con la participación de
nuevo ciclo para el sector, en el que surjan iniciativas y proyectos de diversa índole que fomenten su desarrollo en nuestro país. quez son los datos: "84 nuevas empresas inscritas en el año 2010 (lo que significa que en la actualidad hay 1.541 compañías) y 660 centros de formación autorizados, con 253.313 habilitaciones concedidas y una facturación anual de 3.860 millones de euros", informó. En esa línea, mencionó el "importante esfuerzo en la aprobación de reformas normativas" que se ha llevado a cabo en este tiempo. "Mucho hemos hecho, pero es más lo que nos queda por hacer", concluyó. Panel de Colaboración Dentro del Panel de Colaboración Seguridad Pública y Seguridad Privada, el Comisario General de Seguridad Ciudadana Don José Marín Manzanera, afirmó que la colaboración entre la Seguridad pública y la privada trae como resultado final "un beneficio para todos". Y para avanzar en esa relación, el representante del Cuerpo Nacional de Policía apostó por acometer un proceso de cambio basado en tres premisas: trascender el modelo actual de exigencia legal para pasar a un modelo de colaboración profesional y de corresponsabilidad del sector; crear un escenario de puesta en común de los recursos de ambas seguridades para que no sea únicamente la pública la que "aproveche" los de la privada; y establecer una verdadera alianza entre los dos ámbitos de la Seguridad.
Así lo consideró en la inauguración el Director General de la Policía y de la Guardia Civil, quien vaticinó: "estoy seguro de que el resultado de estos debates será fructífero para el conjunto de la sociedad española y sentará las bases de un nuevo impulso al sector de la Seguridad Privada en España". Durante su intervención, destacó varios aspectos que han evolucionado a lo largo de estos años en la Seguridad Privada española. El principal, el aumento de la colaboración entre el ámbito privado y las FCSE. Para el responsable policial, España está en "uno de los mejores momentos de la buena relación entre los dos ámbitos [público y privado]", que se pone de manifiesto en el incremento anual de los actos de colaboración: "más de 32.000 entre auxilios e informaciones, sin contar las aportaciones diarias que el sector presta a las FCSE en materia preventiva e informativa". Añadió que ese impulso de las relaciones entre Seguridad pública y privada "está contribuyendo decisivamente a alcanzar los buenos resultados obtenidos por nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a la positiva valoración que los ciudadanos tienen de los operadores del sector". Por otro lado, el Director General de la Policía y de la Guardia Civil se refirió a la "modernización" en la regulación y en la gestión del sector de la Seguridad Privada. En ese sentido, la mejor muestra para Veláz-
En esta línea de actuación se enmarca el "Proyecto Colabora" de la Unidad Central de Seguridad Privada (UCSP), que fue presentado durante este II Congreso. La iniciativa, que entrará en funcionamiento en el próximo trimestre, según el Comisario General, parte de la idea de que "en Seguridad colaborar siempre suma, por lo que la inver-
sión en colaboración es la más rentable". El proyecto del CNP se encuentra legitimado por el propio modelo legal español, que concibe la Seguridad Privada como auxiliar y colaboradora de la pública, además de por diferentes planes estratégicos nacionales, como el de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, que dispone la necesidad de establecer mecanismos de cooperación y de conformar espacios de actuación concertada con el sector. Asimismo, está avalado por las buenas prácticas de colaboración que vienen desarrollando durante más de 30 años el CNP y la Seguridad Privada, las cuales se materializaron en el Protocolo de Colaboración de 2007. "Fijar el modelo futuro de colaboración entre el Cuerpo Nacional de Policía y la Seguridad Privada y poner en valor e integrar los recursos de ésta". Éste es, según indicó el Comisario General de Seguridad Ciudadana, el objeto del "Proyecto Colabora", que va a servir para regular las actuaciones de cooperación y establece los programas de trabajo entre el Cuerpo al que representa y el sector privado de la Seguridad para lograr "una colaboración operativa, real y efectiva". El CNP aspira con esto a convertirse en "el principal referente" en materia de colaboración, tal y como declaró Marín. Detalló los puntos concretos en los que se articula el proyecto: fija como principios rectores de dicha colaboración la legalidad, la seguridad y la relación; establece los compromisos que asume el CNP; contempla distintos grados de relación; expresa los objetivos y las líneas de actuación; dispone los niveles y canales de comunicación; y determina la metodología y los programas de trabajo. En lo que se refiere a este último punto explicó que se han definido distintos programas de trabajo, cada uno de los cuales cuenta con una finalidad específica, destinatarios concretos, procedimientos de actuación diferenciados, instrumentos establecidos y una serie de características comunes. Respuestas de la UCSP Tras dar a conocer algunos de los aspectos contenidos en cuatro de las cinco Órdenes Ministeriales, el Comisario Jefe de la UCSP del Cuerpo Nacional de Policía, Esteban Gándara Trueba, se sometió a varias preguntas elaboradas por las asociaciones organizadoras del evento. Antes, no obstante, aclaró que las nuevas normas tienen un límite que está marcado por la Ley de Seguridad Privada y por su Reglamento de desarrollo. Se refirió a ello porque, en ese caso, "no era posible pedir algunas cosas a las Órdenes", a pesar de que hubiera consenso entre la Administración y el sector. Entrando en la materia, la primera pregunta formulada estaba relacionada con la adaptación a las disposiciones en casos concretos. Por ejemplo, se planteó la existencia de salvedades en la norma cuando la aplicación de elementos físicos de seguridad en la sede de una empresa es "imposible o innecesaria", o en aquellas instalaciones de compañías de Seguridad que solo se utilicen con fines administrativos.
La respuesta, señaló Gándara, se encuentra en la Orden de empresas, en la que se establecen unas medidas de protección físicas, pero que, cuando no es posible su instalación, ofrece también la alternativa de emplear sistemas electrónicos. "Las posibilidades que las Unidades Territoriales van a contemplar son las que establece el artículo 5 de la Orden de empresa", aseguró. En relación con el caso de las instalaciones que solo se utilicen para realizar trabajos de administración, lamentó que no se previera durante la elaboración de las normas una cláusula que recogiera estos casos; pero, dado que ya están publicadas sí tendrán que cumplirse. Aún así, Gándara meditó la posibilidad de "encontrar una alternativa, que no está en la norma [...], si se acreditase el carácter meramente comercial de la sede". La siguiente cuestión se refería la dificultad de cumplir la Disposición Adicional
Octava de la Orden de Medidas, según la cual la aprobación o actualización de una norma será suficiente para su cumplimiento obligatorio e inmediato. En ese caso, hay profesionales que consideran que esto no es posible, ya que se requiere un tiempo para adaptar sus productos. El Comisario Jefe de la UCSP recordó que el proceso de elaboración de una norma se prolonga varios años, por lo que el problema se dirime si los profesionales están "atentos" desde el inicio de un proyecto de normalización y si están presentes en los órganos que confeccionan dichas normas. Esta disposición "lo único que trata de hacer es mantener actualizado permanentemente el texto de la norma. Lo contrario supondría que desde que nace la Orden sea caduca", apostilló. Otra duda estuvo relacionada con la gestión documental digital. Por un lado, se preguntó si para la presentación de libros de registros o contratos por parte de las empresas se estará en lo dispuesto en las leyes referidas al acceso electrónico a los servicios públicos; y por otro, si existen limitaciones para llevar esto a cabo. Con relación al asunto, Gándara contestó que, en base a la Orden Ministerial por la que se creó un registro electrónico en el Cuerpo Nacional de Policía, "mientras que la propia Administración no se adapte a los respectivos procedimientos en formato electrónico se continuará con el procedimiento físico tradicional". Por otro lado, relacionado con la Orden sobre empresas, se planteó si un vehículo de una empresa autorizada para el transporte de fondos con los medios necesarios puede realizar entregas y recogidas múltiples en distintas rutas de lunes a viernes. Al respecto, el Comisario del Cuerpo Nacional de Policía manifestó que "siempre en base a lo que indica la norma". Sobre la Orden de Medidas, se le preguntó si, a la vista de las diferentes iniciativas que ha supuesto la Ley de Economía sostenible en otros ámbitos, se realizará algún esfuerzo normativo para evitar la "arbitrariedad de algunas resoluciones sancionadoras". En la imposición de sanciones "no cabe la arbitrariedad", puntualizó el Comisario Gándara, puesto que los motivos sancionadores están especificados en la ley. A esto añadió además que "la Policía no sanciona sino que denuncia, y es la autoridad gubernativa la que propone y en su caso dispone la sanción administrativa". Uno de las últimos asuntos que se trataron en la mesa redonda fue la posibilidad de “devolver” al vigilante de seguridad el carácter de agente de la autoridad, dado que así "se podría interpretar", del artículo 35 de la Orden sobre personal, planteó el moderador. Esto "podría ocurrir", consideró, pero "sería errónea la conclusión de que se ha recuperado el carácter de agente de seguridad". La cuestión a la hora de elaborar las normas, según explicó Gándara, era "si se podía mejorar la seguridad jurídica del personal de seguridad". En este caso, lo que pretendía la UCSP a través de dicho artículo fue "incluir en una norma jurídica un principio que hiciese tres cosas: facilitar la aplicación del criterio de la Fiscalía, que el juez encuentre un apoyo normativo y sentar los fundamentos para una futurible modificación de la Ley de Seguridad Privada para proceder a recuperar el carácter de agente de la autoridad".
Fuente: Revista SEGURITECNIA Nº 377
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA A partir de la entrada en vigor de las nuevas Órdenes Ministeriales, específicamente la Orden INT/314/2011 de empresas, la Orden INT/316/2011de alarmas y la Orden INT/317/2011 de medidas, y en cumplimiento del contenido de las mismas, se hace necesario, entre otras diversas cosas, solicitar, en las inspecciones de nueva apertura de establecimientos obligados, así como en aquellos otros en los que concurra alguna de las circunstancias contenidas en ellas, los requisitos recogidos en el artículo 42 del Reglamento de Seguridad Privada, así como en los artículos 2, 3 y 4 de la Orden INT/316/2011 ya mencionada. surgido en cuanto a la posibilidad de que puedan estar disponibles en el momento actual, ensayados y certificados, todos los productos de seguridad física y electrónica que han sido afectados por la entrada en vigor de la nueva normativa.
Estudiadas tales circunstancias y consultadas a los Organismos que pueden conocer de forma directa el problema planteado, se ha llegado a la conclusión de que la aplicación inmediata, en este momento, de los requisitos y exigencias normativas en cuanto al ensayo y certificación de los productos necesarios para realizar una instalación de seguridad con arreglo a los grados exigidos, podría entrañar una importante dificultad, cuando no imposibilidad, para todo el sector, incluyendo a los distintos estamentos oficiales responsables del control de la seguridad privada, razón por la cual se ha considerado necesario, ante este eventual y transitorio periodo de carencia, unificar los criterios de actuación de las Unidades del Cuerpo Nacional de Policía encargadas de su control administrativo, de manera que respondan a un mismo modelo de actuación que permita dar solución al problema planteado con la suficiente seguridad jurídica. En las diferentes y numerosas consultas provenientes de todos los estamentos del sector afectados, es decir usuarios, empresas, fabricantes, laboratorios y organismos certificadores, se nos han trasladado las distintas dificultades que, por la premura de tiempo de la entrada en vigor de las obligaciones sobre grados de seguridad, han PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN POLICIAL Por todo lo anterior, conocidas y estudiadas las circunstancias descritas, y al objeto de dar una adecuada y responsable solución al problema planteado, de imposibilidad 7
Seguridad Privada 2ª.- La anterior admisibilidad de productos sin exigir la consiguiente certificación actual, únicamente se producirá siempre y cuando exista y se presente documentación que asegure que dichos productos puestos en el mercado cumplen con los requisitos establecidos por la nueva normativa, así como que todos ellos se encuentran ya sometidos al proceso de ensayo y certificación por parte de organismos de control autorizados.
y consiguiente inexistencia de productos certificados conforme a las exigencias de la nueva normativa, las Unidades de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía, en el desarrollo de sus respectivas intervenciones de control, y en aplicación de lo establecido a este respecto en la Disposición Adicional Sexta y en la Disposición Transitoria Única, ambas de la Orden INT/317/2011, sobre medidas de seguridad privada, ajustarán sus actuaciones profesionales, durante este extraordinario periodo de carencia, al contenido de las siguientes premisas:
4ª.- El incumplimiento de tal compromiso o la instalación, durante este período de tiempo, de elementos de seguridad que posteriormente se demuestre que no cumplen los grados exigidos, obligará a su inmediata retirada y sustitución por productos certificados conforme a la nueva normativa actualmente vigente. U.C.S.P.
En esta sección se recogen informes emitidos por la Unidad Central de Seguridad Privada, en contestación a consultas de Instituciones, Empresas, Personal de seguridad privada o particulares, y que suponen una toma de posición de la misma en la interpretación de la normativa referente a Seguridad Privada. Con carácter previo se participa que los informes o respuestas que emite esta Unidad tienen un carácter meramente informativo y orientativo -nunca vinculante- para quien los emite y para quien los solicita, sin que quepa atribuir a los mismos otros efectos o aplicaciones distintos del mero cumplimiento del deber de servicio a los ciudadanos.
Consulta efectuada a esta Unidad Central de Seguridad Privada por una asociación sindical, planteando que en los locales del centro de control de la central de alarmas de uso propio de una entidad bancaria, además de la conexión de los sistemas de seguridad de las diferentes sucursales, se integran los sistemas de seguridad (CECON) del edificio, por lo que se considera que debería haber, junto al operador único de la central de alarmas un vigilante de seguridad para atender la vigilancia y protección específica del edificio en el que una y otro se ubican. CONSIDERACIONES El artículo 48.1 del Reglamento de Seguridad Privada establece:” La central de alarmas deberá estar atendida permanentemente por los operadores necesarios para la prestación de los servicios, que no podrán en ningún caso ser menor de dos y que se encargarán del funcionamiento de los receptores y de la transmisión de las alarmas que reciban”. ne motivada por la obligada reforma sufrida en el Real Decreto 2364/1994 de 9 de diciembre, como consecuencia de la aprobación del Real Decreto 195/2010 de 22 de diciembre. En la actualidad, el concepto y funciones de un centro de control o video vigilancia, al que hace referencia la reciente modificación del artículo 39 del Reglamento de Seguridad Privada, son los mismos que se han mantenido desde que se empezó a utilizar, es decir, un local donde se centralizan los sistemas de vídeo vigilancia y alarma, comunes a todos los locales que forman parte de cualquier edificio o establecimiento y que están destinados a facilitar la labor del personal de seguridad que presta el servicio en ellos, utilizando para esa labor, además de la vigilancia humana, los sistemas de seguridad mencionados. Es esencial tener en cuenta que la única función para la que están pensados estos lugares es la de vigilancia directa y permanente y qué los sistemas de seguridad que se pueden conectar a ellos, para realizar la misma, son únicamente los comunes de todo edificio donde se presta. 9
La inclusión en el artículo 39 del Reglamento de Seguridad Privada del término “centro de control o de video vigilancia” vie-
Seguridad Privada En cuanto a las diferencias existentes entre las características del centro de control de una central de alarmas y un centro de control y video vigilancia que utilice una empresa para vigilar un edificio, son múltiples, dado que la funciones que se realizan en uno y otro son totalmente distintas. En el primer caso, es decir, un centro de control de una Central de alarmas, es el lugar donde, según recoge la norma en el punto 2 del apartado decimotercero de la Orden de 23 de abril de 1997, por la que se concretan determinados aspectos en materia de Empresas de Seguridad, deberán estar instalados los sistemas para la recepción y verificación de las señales de alarma procedentes de los distintos usuarios conectados, no siendo obligatorio que estén atendidos por personal de seguridad privada y debiendo además, según contempla la norma, contar con una serie de medidas de seguridad físicas y electrónicas, que vienen recogidas en el arriba mencionado punto 2, del Apartado decimotercero y que tienen como finalidad la protección del lugar donde se realiza la actividad. la intervención de este medio tecnológico alteren lo más mínimo, la naturaleza y condiciones de legalidad exigidas para su prestación. Referente a la posibilidad de recepción, verificación y transmisión de señales de alarmas, como se ha indicado anteriormente, las únicas que se reciben en el centro de control o de video vigilancia, son las pertenecientes a las zonas comunes del edificio vigilado, estando prohibido de forma expresa por la normativa, que en estos lugares se preste servicios a terceros, entendiendo por tales a cualesquiera de los establecimientos o locales que son propiedad de cada uno de los titulares de los mismos. En atención a todo lo manifestado y en relación a las características de los Centros de Control y Videovigilancia (CECON), se concluye lo siguiente:
Siempre tienen que estar atendidos por Vigilantes de Seguridad. A estos centros solo es posible conectar los sistemas de video vigilancia y seguridad comunes al edificio que se protege, estando prohibido por la norma la conexión de cualquier sistema diferente a los mencionados.
En un centro de control y video vigilancia, se presta, como ya se ha indicado, un servicio de vigilancia de un único lugar y solo pueden estar conectados a él los sistemas de seguridad comunes del edificio objeto de protección, es decir los que son de un único titular, y su atención debe ser obligatoriamente realizada por personal de seguridad privada. Por otra parte a estos centros de video vigilancia, no les exige la norma ninguna medida de seguridad, como no se le exigen a ninguno de los servicios de vigilancia que se prestan en la actualidad. Se trata, en definitiva, de vigilancia humana realizada por vigilantes de seguridad, mediante la utilización de cámaras de videovigilancia, sin que 10
En las centrales de alarma de uso propio destacan las siguientes características: a) En primer lugar, no son consideradas por la normativa como empresas de seguridad y por tanto, no podrán en ningún caso prestar servicios a terceros. Esto quiere decir que solo estarán autorizadas para dar servicio y conectar los sistemas de seguridad de cualquier instalación que sea propiedad del
Seguridad Privada titular que solicita y obtiene la autorización. b) Deberán, además, contar con unas especiales características de seguridad, que vienen recogidas en el punto 2 del apartado Decimotercero del Capítulo Primero de la Orden de 23 de abril de 1997 por la que se concretan determinados aspectos en materia de empresas de seguridad, que la norma impone como sustitutorias de las que tienen los centros de video vigilancia, ya que éstas no están obligadas, para su atención de las alarmas y el control de los sistemas de videovigilancia, a utilizar personal de seguridad privada, es decir vigilantes de seguridad. Las medidas de seguridad, físicas y electrónicas, que le son exigidas a las centrales de alarma de uso propio, son las mismas que, para sus centros de control, exige la norma a las empresas de seguridad autorizadas para recepción, verificación y transmisión de alarmas. El número de operadores de que ha de disponer para atender los servicios con carácter permanente ha de ser, como mínimo, de dos. videovigilancia, atendido este, exclusivamente, por vigilantes de seguridad, con funciones independizadas, y respetándose el número legal mínimo de operadores de la central de alarmas.
Por otro lado se requiere que tal “CECON” integrado esté perfectamente diferenciado, tanto en medios técnicos y humanos del centro de control, así como que tanto uno como otro presten servicio para la misma entidad titular de las instalaciones, en sus respectivos ámbitos de actuación. CONCLUSIONES En base a todo lo expuesto y como contestación concreta a la pregunta planteada se pone de manifiesto lo siguiente: No existe inconveniente en admitir que en un centro de control de una central de alarmas de uso propio de una entidad financiera, atendida por operadores o vigilantes de seguridad o por equipos mixtos, se integre un centro de control y videovigilancia ( CECON) para la protección del edificio o instalaciones en que radica, atendido este, exclusivamente, por vigilantes de seguridad, con funciones independizadas, y respetándose, en todo caso, el número legal mínimo de operadores de la central de alarmas. Corresponde a los responsables de los departamentos de seguridad la adopción de las actuaciones precisas y la propuesta de los sistemas de seguridad que resulten pertinentes, así como analizar la necesidad de integrar sistemas y recursos humanos o mantener su funcionamiento independiente, todo ello velando por la observancia de la regulación de seguridad privada aplicable. U.C.S.P. 11
Por tanto, los sistemas de seguridad disponibles en las centrales de alarmas tienen como finalidad principal la de recepción, verificación, y en su caso, comunicación de las señales de alarma recibidas a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad correspondientes, en tanto que los sistemas de seguridad implementados en los centros de control y de videovigilancia están enfocados al visionado, en tiempo real, de las áreas o bienes objeto de protección directa e inmediata por los vigilantes de seguridad que en ellos prestan servicio. No obstante esta diferenciación de finalidades, y conocido el hecho de que las medidas de seguridad obligatorias para la protección de los centros de control de las centrales de alarma también afectan al inmueble en que radica, no existe inconveniente en admitir que en un centro de control de una central de alarmas de uso propio de una entidad financiera, atendida por operadores o vigilantes de seguridad o por equipos mixtos, se integre un centro de control y
CONSIDERACIONES El artículo 11.1 de la Ley 23/92, de 30 de julio, de Seguridad Privada, establece las funciones que pueden desempeñar los vigilantes de seguridad, contemplando en sus apartados b) y c), respectivamente, “Efectuar controles de identidad en el acceso o en el interior de inmuebles determinados, sin que en ningún caso puedan retener la documentación personal” “Evitar la comisión de actos delictivos o infracciones en relación con el objeto de su protección” troles de identidad en el acceso o en el interior de inmuebles, queda claro que los vigilantes de seguridad ante la posible comisión de una infracción, podrán pedir el DNI a los viajeros que se encuentren en las instalaciones de Metro, sin que puedan retener dicha documentación, pero siempre y cuando tengan fundadas sospechas de la comisión de una infracción o de la participación en ella por parte de dichos viajeros. Referente al control de los billetes o títulos de transporte, esta es una función incardinada dentro de la normativa del servicio de intervención, contemplando en varios de sus textos lo siguiente: “Realizará el control de todos los títulos de transporte, sin excepción, tanto a pie de tren como en aquellos lugares que se determinen en cada momento.” “Una vez superados los controles de acceso o a bordo del tren, en caso de falta de título de viaje o presentación de título insuficiente aplicará lo dispuesto en las normas o tarifas vigentes, recurriendo a la autoridad o al personal de seguridad cuando fuera necesario”.
En este mismo sentido el Art. 77 del Reglamento de Seguridad Privada, señala que “En los controles de accesos o en el interior de los inmuebles de cuya vigilancia y seguridad estuvieran encargados, los Vigilantes de Seguridad podrán realizar controles de seguridad de las personas y, si procede, impedir su entrada, sin retener la documentación personal y, en su caso, tomarán nota del nombre, apellidos y número del documento nacional de identidad o documento equivalente de la persona identificada,…” Las instalaciones de Metro no dejan de ser un inmueble, de forma que, si una de las funciones de los vigilantes es efectuar con12
Seguridad Privada tado de funcionamiento de los sistemas de seguridad y de comunicación, si los hubiere. Deberán transmitir a los responsables de la entidad o establecimiento y los de la empresa de seguridad las anomalías observadas… advertirán de cualquier otra circunstancia del establecimiento o inmueble que pudiera generar inseguridad.” En esta misma dirección, el art. 70.1 párrafo segundo del Reglamento, en su texto normativo señala que “No se considerará excluida de la función de seguridad, propia de los vigilantes, la realización de actividades complementarias, directamente relacionadas con aquélla e imprescindibles para su efectividad”. CONCLUSIONES Ante lo expuesto anteriormente podemos concluir:
No obstante, y en conexión con lo descrito en el art.11.1 de la Ley 23/92, el vigilante de seguridad, podrá requerir a un viajero para que le muestre el título de transporte cuando existan indicios racionales o tenga fundadas sospechas de que el viajero carece de título de transporte. Ello es así, por cuanto el viajero sin este título estaría presumiblemente estafando a la empresa transportista, y si es función del vigilante evitar la comisión de delitos o infracciones en relación con el objeto de su protección, en este caso estaría obligado a intervenir. Profundizando en lo detallado en el párrafo anterior, el Reglamento de Seguridad Privada en su Art. 76.1 establece que “En el ejercicio de su función de protección de bienes inmuebles, así como de las personas que se encuentran en ellos, los Vigilantes de Seguridad deberán realizar las comprobaciones, registros y prevenciones necesarios para el cumplimiento de su misión”.
Que los vigilantes de seguridad en su misión de evitar la comisión de actos delictivos e infracciones en relación con el objeto de su protección, cuando existan indicios racionales o tengan fundadas sospechas de que un viajero carece del título de transporte, tomará nota, pudiéndolo identificar y denunciándolo al correspondiente servicio de intervención. Siguiendo el argumento anterior, y aunque en este caso los vigilantes carezcan de la potestad sancionadora, no siendo su cometido el control de los títulos de transporte, sí que deberán acudir en auxilio del servicio de intervención cuando para ello fueran requeridos. Respecto a la cuestión que se plantea sobre la procedencia de revisar por parte de los vigilantes de seguridad elementos relacionados con el objeto de protección, se puede considerar como una actividad complementaria a la de vigilancia recogida en el art. 70.1 párrafo segundo del Reglamento de Seguridad Privada, y por lo tanto sumar eficacia a la misma. U.C.S.P. 13
Por otro lado el art. 72 del Reglamento de Seguridad Privada en su enunciado señala que “… los Vigilantes comprobarán el es-
CONSIDERACIONES El artículo 5.1.f), de la Ley 23/92 de 30 de Julio, de Seguridad Privada dispone que: “Las empresas de seguridad únicamente podrán prestar o desarrollar entre otros los siguientes servicios y actividades: “Las empresas de seguridad únicamente podrán prestar o desarrollar los siguientes servicios y actividades: Explotación de centrales para la recepción, verificación y transmisión de las señales de alarmas y su comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como prestación de servicios de respuesta cuya realización no sea de la competencia de dichas Fuerzas y Cuerpos”. El artículo 48.2 del citado Reglamento dispone que: Cuando se produzca una alarma, las centrales deberán proceder de inmediato a su verificación con los medios técnicos y humanos de que dispongan, y comunicar seguidamente al servicio policial correspondiente las alarmas reales producidas”. En el caso de que las empresas de seguridad incumplan lo reseñado anteriormente, la normativa establece que estos comportamientos podrían ser tipificados en
f) Explotación de centrales para la recepción, verificación y transmisión de las señales de alarmas y comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como prestación de servicios de respuesta cuya realización no sea de la competencia de dichas Fuerzas y Cuerpos. El artículo 1.1.f) del Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada, establece que:
Seguridad Privada "Los contratos de prestación de los distintos servicios de seguridad deberán en todo caso consignarse por escrito y comunicarse al Ministerio de Interior, con una antelación mínima de tres días a la iniciación de tales servicios". El artículo 20.1 del Reglamento de Seguridad Privada establece que: "Las Empresas de Seguridad presentarán los contratos en que se concreten sus prestaciones, con una antelación mínima de tres días respecto a la fecha de su entrada en vigor, en la Comisaría Provincial o Local de Policía del lugar donde se celebre el contrato, o, en los lugares en que éstas no existan, en los Cuarteles o Puestos de la Guardia Civil, que los remitirán con carácter urgente a la Comisaría correspondiente. Las modificaciones de dichos contratos se comunicarán con la misma antelación a los órganos policiales indicados". El artículo 22.2.d) de la Ley de Seguridad Privada tipifica como infracción GRAVE: "La realización de los servicios de seguridad sin formalizar o sin comunicar al Ministerio del Interior la celebración de los correspondientes contratos".
el artículo 22.2.h) de la Ley de Seguridad Privada, que determina como infracción GRAVE: "No transmitir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado las señales de alarma que se registren en las centrales privadas, transmitir las señales con retraso injustificado o comunicar falsas incidencias, por negligencia, deficiente funcionamiento o falta de verificación previa". Asimismo el artículo 149.8 del Reglamento de Seguridad Privada, tipifica igualmente como infracción GRAVE:
"No transmitir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad las señales de alarma que se registren en las centrales privadas, transmitir las señales con retraso injustificado o comunicar falsas incidencias, por negligencia, deficiente funcionamiento o falta de verificación previa". Igualmente las empresas de seguridad están obligadas a la comunicación de los respectivos contratos que suscriben con empresas y particulares, circunstancia que se refleja en los siguientes artículos de la Ley y el Reglamento de Seguridad Privada. El artículo 6.1 de la Ley de Seguridad Privada dispone que:
Y el artículo 149.4.b) del Reglamento de Seguridad Privada, tipifica igualmente como infracción GRAVE: "La falta de comunicación de los contratos, o, en su caso, de las ofertas en que se concreten sus prestaciones, o de las modificaciones de los mismos, a las autoridades competentes; no hacerlo dentro de los plazos establecidos, o realizarlo sin ajustarse a los modelos o formatos aprobados, y la pres15
Seguridad Privada tación de los servicios, en circunstancias o condiciones distintas de las previstas en los contratos comunicados”. CONCLUSIONES A la vista de todo lo expuesto y teniendo en cuenta que la consulta se basa sobre unos hechos generales sin especificar actuaciones concretas que podrían influir a la hora de obtener las correspondientes conclusiones, esta Unidad Central de Seguridad Privada estima:
No existe responsabilidad por parte del titular o titulares de los establecimientos objeto de inspección, dado que según se informa tienen suscritos sus respectivos contratos con empresa de seguridad, disponen de instalaciones de seguridad apropiadas al tipo de establecimiento y cumplen con todas la condiciones estipuladas en dichos contratos.
grave según la Ley y el Reglamento de Seguridad Privada.
Asimismo al comunicar las empresas de seguridad los contratos suscritos con las sociedades y/o particulares y estar los mismos en vigor, toda aquella modificación que se produzca en el desarrollo de la actividad no contemplada en dichos contratos y no se haya comunicado, es susceptible de ser sancionada acorde con lo establecido en la Ley y el Reglamento de Seguridad Privada, como sería el caso de proceder por parte de la CRA a la desconexión de la instalación anulando parte de las medidas de seguridad a los establecimientos sin conocimiento de sus titulares, modificando unilateralmente el contrato suscrito al ser la prestación del servicio diferente a la contratada. Por lo tanto la actividad desarrollada por la empresa de seguridad responsable de la CRA es susceptible de ser sancionada, bien por una infracción grave relacionada por una “falsa alarma”, o bien sancionable por una infracción grave relacionada con la “no comunicación de las modificaciones contractuales”, o bien sancionable por las dos infracciones graves relacionadas con “falsa alarma” y “no comunicación de modificaciones contractuales”, teniendo en cuenta que en cada caso se darían unas circunstancias específicas que debería ser investigadas por la Unidad Territorial y concretar las posibles irregularidades que se pudiesen haber cometido. U.C.S.P.
Las empresas de seguridad responsables de la CRA a la que están conectados los establecimientos son las responsables de la conexión así como del control y verificación de las señales de alarma que se produzcan. El activar un pulsador anti-atraco en el momento de la inspección debería generar una señal de alarma en la CRA correspondiente debiendo ésta proceder a su comprobación y verificación, hecho que según consta en la información aportada por la Unidad Territorial de Seguridad Privada no se produce, por lo tanto se genera una conducta tipificada y sancionada como infracción
Consulta realizada por una Federación Empresarial sobre la posibilidad legal de que la Central de Alarmas pueda transmitir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad las alarmas procedentes de los pulsadores de atracos instalados en vehículos a los que, además, se les ha dotado de un sistema GPS de localización.
CONSIDERACIONES La Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada, dedica su Capítulo IV a los “sistemas de alarma móviles”, estableciendo su ámbito de aplicación y procedimiento de actuación. Su artículo 16. 1 dispone que: ”Se entiende por sistemas de alarmas móviles, los dispositivos de seguridad, siempre que estén conectados a una central de alarmas, cuya aplicación se encuentre exclusivamente destinada a la prevención de posibles actos delictivos contra personas o bienes muebles, la posible localización de personas o bienes, o para facilitar el cumplimiento, en su caso, de penas o medidas de seguridad”. Y en su punto 2 se establecen dos exigencias o particularidades: “a) La recepción, verificación y transmisión de las señales de alarma, así como su comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, deberá realizarse, en todo caso, por empresas de seguridad explotadoras de centrales de alarmas o por centrales de alarmas de uso propio. b) La confirmación de las alarmas se realizara, como mínimo, mediante verificación por audio y, en su caso, complementada con llamada telefónica” Por otro lado, el artículo 17 establece diferentes procedimientos de actuación, en función de que se trate de sistemas de alarma móviles destinados a la seguridad o protección de personas o de bienes muebles. En el primero de los supuestos, seguridad y protección de personas, bastará con la confirmación de la alarma por parte de la central, para su transmisión inmediata al servicio policial correspondiente. CONCLUSIONES Como respuesta a la concreta pregunta formulada y habida cuenta que se trata de dos dispositivos con finalidades de protección diferentes y cuya activación se realiza por personas distintas, aunque ambos estén instalados en el mismo bien mueble (vehículo), cabe realizar las siguientes consideraciones: El pulsador está destinado a la protección o seguridad de la persona que se encuentra en el vehículo y su activación es un acto voluntario de ésta, por lo que para transmitir la señal al servicio policial, deberá ser confirmada por la central, al menos mediante su verificación por audio, conforme a lo establecido en el punto 1 del artículo 17. Cuestión diferente es el sistema GPS de localización de vehículos, cuya finalidad es la protección del propio vehículo y que precisa de la presentación de la correspondiente denuncia policial para su activación por la central de alarmas. U.C.S.P. En el segundo, es decir, seguridad y protección de bienes muebles, tales como vehículos automóviles, además de la confirmación, se requiere para su comunicación, la presentación de la correspondiente denuncia, salvo casos de flagrante delito.
Por parte de una Unidad Territorial de Seguridad Privada se remitió escrito de una Delegación del Gobierno, al que adjunta informe emitido por la Guardia Civil, junto con otra documentación, en relación con las funciones de los vigilantes de seguridad de explosivos, que prestan sus servicios en unas instalaciones mineras, solicitando la emisión del oportuno informe en cuanto a las funciones que puedan realizar dichos vigilantes de explosivos sin incurrir en incompatibilidad con las funciones de los vigilantes de seguridad. CONSIDERACIONES En primer lugar señalar que de la documentación que se aporta, se observa que en las consideraciones que las partes interesadas realizan para hacer sus exposiciones sobre qué funciones pueden realizar los vigilantes de explosivos, utilizan las conclusiones extraídas de informes que daban respuesta a preguntas concretas sin tener en cuenta la fundamentación que, en base a dicha consulta, conduce a dichas conclusiones, y que están basadas no solo en la legislación vigente sino también en la documentación aportada por el consultante. mativas que exceden de las que regulan la seguridad privada. Por ello y antes de exponer la base normativa que debe ser tenida en cuenta para la realización de las funciones de los vigilantes de explosivos, conviene dejar establecido el supuesto del que se trata, esto es, un servicio de protección de explosivos en una explotación minera, en su fase final de consumo. El Reglamento de Explosivos, modificado por R.D. 230/1998, de 16 de febrero, en su artículo 211.4, establece: “Con la finalidad de reforzar la protección de explosivos en su fase final de consumo, los responsables de la explotación u obra deberán contar con un servicio de vigilantes de seguridad de explosivos, los cuales, a la finalización del proceso de voladura, podrán efectuar, de forma aleatoria, registros individuales al personal que haya participado en dicha operación, todo ello de acuerdo con un plan aprobado y supervisado por la Intervención de Armas y Explosivos correspondiente, a la que se le enviará mensualmente un resumen de las actuaciones realizadas”. Al objeto de unificar criterios de actuación en relación con las actividades mencionadas en el artículo anterior, la Guardia Civil impartió la instrucción de que dicho plan debería contener las actuaciones sobre controles visuales, con el fin de verificar la no existencia de personal no autorizado en la instalación, así como la correcta actuación del resto y los registros de bolsas, paquetes y cualquier otro objeto susceptible de ser usado para la ocultación de material explosivo o detonadores.
Igualmente, debe tenerse en cuenta que, en el caso de las funciones de los vigilantes de explosivos, estamos hablando de servicios que suponen una especialidad y que los servicios de seguridad que se pueden prestar, si bien tienen una coincidencia en cuanto a la materia que debe ser vigilada, presenta peculiaridades muy distintas en función de los lugares en que el servicio se presta, así como de otras imposiciones nor18
Seguridad Privada El apartado 2 del artículo 11 de la Ley 23/92, de 30 de julio de Seguridad Privada, establece que la vigilancia y protección del almacenamiento, manipulación y transporte de explosivos u otros objetos o sustancias, que reglamentariamente se determinen, habrá de realizarse por vigilantes de seguridad que se hallen en posesión de una habilitación especial; habilitación que no es otra que la de vigilante de explosivos. El artículo 12.2 de la Ley de Seguridad Privada, en concordancia con el artículo 70.1 de su Reglamento, dice que: “Los vigilantes, dentro de la entidad o empresa donde presten sus servicios, se dedicarán exclusivamente a la función de seguridad propia de su cargo, no pudiendo simultanear la misma con otras misiones”. El mismo artículo 70 añade que “no se considerará excluida de la función de seguridad, propia de los vigilantes, la realización de actividades complementarias, directamente relacionadas con aquella e imprescindibles para su efectividad”. Igualmente en su punto 2, añade: “las funciones de escolta privado, vigilantes de explosivos y detective privado son incompatibles entre sí y con las demás funciones de personal de seguridad privada, aún en los supuestos de habilitación múltiple”. Finalmente, en escrito de 17 de febrero de 2006, emitido por esta Unidad Central, y con el fin de evitar problemas interpretativos sobre compatibilidades entre vigilantes de seguridad y vigilantes de explosivos, se consideró que la vigilancia de todos los inmuebles e instalaciones donde se custodien y utilicen explosivos, se llevará a cabo por vigilantes de explosivos, de modo que los vigilantes de explosivos llevarían a cabo la vigilancia y control tanto de los inmuebles, instalaciones, accesos y salidas de personas y vehículos, como el control de los explosivos en su fase final de consumo. En dicho informe se habla de las funciones que podrían llevar a cabo los vigilantes de explosivos, pero ha de entenderse que debe existir la condición de que lo que se efectúa es un control o seguimiento “directo del explosivo”, además de significarse que en ningún momento se dice que las mismas se pueden compatibilizar o simultanear con otras.
CONCLUSIONES De todo lo anteriormente expuesto, cabe extraer las siguientes conclusiones:
En ningún caso se pueden compatibilizar ni simultanear las funciones de vigilante de explosivos con las de vigilante de seguridad, con independencia del lugar donde se presten los servicios, por lo que las funciones reservadas por la legislación a los vigilantes de explosivos, deberán ser realizadas exclusivamente por estos, sin invadir las funciones de los vigilantes de seguridad. No obstante lo anterior, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 70.1, del Reglamento de Seguridad Privada, en cuanto a las actividades complementarias, directamente relacionadas con la actividad del vigilante y destinadas a la efectividad de su función. En el caso de los servicios de protección de explosivos, en su fase final de consumo, estos deben realizarse de acuerdo con un Plan aprobado y supervisado por la Intervención de Armas y Explosivos correspondiente, por lo que será dicho Plan el que deberá contener y concretar, la forma en que el servicio debe ser realizado, con las peculiaridades que se reflejen en el mismo, en función de las características del lugar y de los medios técnicos de que se dispongan y otros que puedan ser considerados por la Intervención de Armas y Explosivos correspondiente, y que será de obligado cumplimiento por parte de la empresa de seguridad prestataria del servicio. El incumplimiento de dicho Plan podría dar lugar a la correspondiente sanción. U.C.S.P. 19
INACTIVIDAD EN SEGURIDAD PRIVADA Y CURSOS DE ACTUALIZACIÓN
El presente Informe responde a consultas realizadas por diversas Unidades Territoriales, Centros de Formación y por Vigilantes Seguridad que llevan más de dos años inactivos, en las que solicitan aclarar una serie de cuestiones, relativas a la entrada en vigor de la Orden INT/318/2011, sobre personal de seguridad, en relación al contenido, profesorado y acreditación del curso de actualización en materia normativa de seguridad privada en los casos de inactividad.
CONSIDERACIONES La Orden INT/318/2011, sobre personal de seguridad establece, en su artículo 10.3, sobre habilitación del personal de seguridad, lo siguiente: 1) El contenido de las materias que componen el curso versará sobre normativa de seguridad privada, dejándose a iniciativa de los centros de formación la configuración concreta de cada curso. Teniendo en cuenta el contenido del curso (normativa de seguridad privada), los mismos serán impartidos por profesorado acreditado en el área Jurídica. Los centros de formación anotarán en la cartilla profesional la realización del curso de actualización en materia normativa de seguridad privada, en la fecha de su superación. Cuando la T.I.P. esté en vigor, será suficiente presentar la cartilla, en la que conste dicho curso, a la empresa de seguridad que pretenda contratar al titular de la misma, sin necesidad de más tramites administrativos. Los vigilantes jurados de seguridad que pretendan incorporarse a la profesión de vigilante de seguridad, deberán presentar, en las Unidades de Seguridad Privada, un certificado de realización del curso de actualización para obtener la T.I.P. de vigilante de seguridad, junto con los demás requisitos establecidos por la normativa vigente. A quienes opten por la solución recogida en el apartado a) del art. 3 de la Orden INT/318, y se encuentren en los supuestos reflejados en las bases de las convocatorias de la Secretaría de Estado de Seguridad, para las pruebas de selección de vigilantes de seguridad y sus especialidades, y superen las pruebas establecidas en las mismas, se les confeccionará una T.I.P. , que tendrá 10 años de validez.
“3. Las pruebas especificas que debe superar el personal de seguridad privada debidamente habilitado que, habiendo permanecido inactivo más de dos años, deba someterse a nuevas pruebas para poder desempeñar las funciones que le son propias, conforme al apartado segundo del artículo 64 del Reglamento de Seguridad Privada, podrán consistir en las siguientes modalidades: a) Ser declarado apto en las pruebas específicas que se convoquen por el Ministerio el Interior a tal efecto. b) Acreditar haber realizado un curso de actualización en materia normativa de seguridad privada, con una duración, como mínimo, de cuarenta horas lectivas, impartido por un centro de formación autorizado, bien en modalidad presencial o a distancia”. CONCLUSIONES Del nuevo texto legal, y en relación a las cuestiones planteadas, cabe concluir lo siguiente:
INTERPRETACION DE LA DISPOSICIONAL ADICIONAL PRIMERA DE LA ORDEN DE MEDIDAS
Consulta de una Unidad Territorial de Seguridad Privada sobre la interpretación de esta Unidad Central de la Disposición Adicional Primera de la Orden INT/317/2011, de 1 de febrero sobre medidas de seguridad privada, concretamente en lo relativo a que los establecimientos obligados deban disponer de registro de imágenes y que las estaciones de servicio estén obligadas, o no, a conectarse a central de alarmas. CONSIDERACIONES En primer lugar, conviene recordar que la Sección Quinta de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, en su único artículo, el 13, trata de las medidas de seguridad en establecimientos e instalaciones. Dicho artículo, recoge la posibilidad de que el Ministerio del Interior pueda ordenar, conforme a lo que se disponga reglamentariamente, la adopción de las medidas de seguridad necesarias en establecimientos e instalaciones industriales, comerciales y de servicios, para prevenir la comisión de los actos delictivos que se puedan cometer contra ellos, cuando generen riesgos directos para terceros o sean especialmente vulnerables. hacer referencia a la capacidad que, el artículo 112 del Real Decreto 2364/1994 de 9 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada, otorga al Secretario de Estado de Seguridad para que, en virtud de distintas circunstancias que así lo aconsejen y que vienen contenidas en el mismo artículo, las empresas o entidades a que hace referencia ese Título III, que recoge las medidas de seguridad en general, adopten una serie de medidas de seguridad, que en ese momento y por alguna o algunas de la circunstancias que se enumeran hacen necesaria su adopción. El Capítulo II del mismo Título, y en sus distintas Secciones, va enumerando tanto los establecimientos que este Reglamento considera como obligados a disponer de medidas de seguridad, así como las distintas medidas que deben adoptar cada uno de ellos, pero dejando muchas de las medidas sin definir de forma concreta y pendientes de un posible desarrollo en función de la normal evolución y modificación de las circunstancias que las motivaron.
Por su parte, la disposición final cuarta de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, autoriza igualmente al Gobierno a dictar las normas necesarias para determinar las medidas de seguridad que, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 del mismo texto legal, puedan ser impuestas a entidades y establecimientos. Como parte del desarrollo de lo anteriormente expresado, también es necesario
Todos estos establecimientos deben contar, de una u otra forma, con diferentes medidas de seguridad, que vienen recogidas en el Reglamento de Seguridad Privada y de las que conviene destacar, por su influencia 21
Seguridad Privada en el resto de ellas, la obligación que tienen todos estos establecimientos, excepto las farmacias, de disponer de una caja fuerte con unas características que vienen determinadas en las Órdenes de desarrollo publicadas por el Ministerio del Interior, en cumplimiento de lo establecido en el mencionado Reglamento.
De esa exigencia quedan exceptuadas las estaciones de servicio y unidades de suministro de combustible y carburante a las que, de forma expresa, la Orden solo obliga a cumplir el primero de sus puntos, es decir, el nivel de resistencia. Para todos los demás establecimientos, el artículo mencionado exige que el sísmico de la caja fuerte éste conectado al sistema de seguridad del establecimiento, pudiendo dicho sistema estar conectado a una central de alarmas o actuar de forma local, siendo, en este último supuesto, la activación de la campana acústica la única forma de aviso en caso de ser objeto de un ataque o intrusión. Motivado por la obligación impuesta por la Comunicad Europea, que exigía la aplicación de la denominada Ley Ómnibus, fue necesaria la modificación de la Ley y el Reglamento de Seguridad Privada, siendo una de sus consecuencias la desregulación de la instalación y mantenimiento de todos los sistemas de seguridad que no estuvieran conectados a una central de alarmas. Dado que algunos de los establecimientos a los que el Reglamento obliga a contar con medidas de seguridad y, por tanto, están sometidos a esta normativa, no tenían la obligación de conectar sus sistemas a las referidas centrales, y teniendo en cuenta también las modificaciones que a lo largo de estos años se han ido produciendo, tanto desde el punto de vista tecnológico como operativo, la nueva Orden de Medidas no ha hecho sino cumplir con las obligaciones reglamentarias que le vienen impuestas, adecuando y explicitando las características que le son exigidas a los sistemas de seguridad
Así, la Orden Ministerial de 23 de abril de 1997, ya derogada, por la se concretaban determinados aspectos en materia de medidas de seguridad, en cumplimiento del Reglamento de Seguridad Privada, en su apartado noveno determinaba, en sus cuatro apartados, las características que debían tener, en cuanto a medidas de seguridad físicas y electrónicas, las mencionadas cajas fuertes. La Orden INT/317/2011 de 1 de febrero sobre medidas de seguridad privada, recoge, en su artículo 9, las mismas exigencias que la anterior Orden, añadiendo un punto quinto relativo al anclaje de las referidas cajas fuertes. El punto segundo del mismo artículo, exige que todas las cajas fuertes cuenten como mínimo con un detector sísmico, conectado al sistema de alarma del establecimiento.
Seguridad Privada de estos establecimientos, para poder cumplir la finalidad por la que les fueron impuestas, que no es sino la prevención de posibles hechos delictivos y ayudar a la mejora de la seguridad ciudadana. gares no visibles por el público; y el sistema de protección contra el robo de los soportes de las imágenes ha de tener activado, durante el horario de atención al público, un retardo para su acceso de, como mínimo, diez minutos, que podrá ser técnico cuando se trate de sistemas informáticos, y físico o electrónico cuando se trate de video grabación. 2.- El sistema de retardo podrá ser sustituido por una llave de apertura del lugar donde se encuentre el equipo, que estará depositado en un elemento contenedor que cuente con el mismo tiempo de retardo. 3.- Estos equipos de registro de imágenes deberán, además, estar conectados permanentemente al sistema de seguridad de la entidad, de forma que puedan ser utilizados como elemento de verificación por la central de alarmas autorizada a la que estuviesen conectados, de conformidad con lo previsto en la normativa sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada”.
Respecto a la Disposición Adicional Primera objeto de consulta, en ella se recoge que: “Los establecimientos obligados a disponer de una unidad de almacenamiento de seguridad, de las reguladas por la norma UNE-EN 1143-1, deberán conectar su sistema de alarmas a una empresa de seguridad autorizada para la actividad de central de alarmas o, en su caso, a una central, también autorizada, de uso propio. Tales instalaciones contaran, entre sus elementos, con un sistema de registro de imágenes, con las características recogidas en el artículo 4 de la presente Orden, permitiendo con ello, a la central de alarmas, la verificación de las señales que pudiesen producirse”. El artículo 4 citado, dispone, a su vez, que: 1.- La parte destinada a registro de imágenes de los equipos o sistemas que se instalen en las entidades de crédito deberá estar ubicada, en el interior de la sucursal, en lu-
Por otro lado, la Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre empresas de seguridad privada, establece, en su artículo 24 que: “Los sistemas de alarma que se pretendan conectar con una central de alarmas habrán de reunir las siguientes características: a) Disponer del número suficiente de elementos de protección, al menos tres, que permitan a la central diferenciar las señales producidas por una intrusión o ataque de las originadas por otras causas.” Significar, por último, que el Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por 23
Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre y sus modificaciones posteriores, dedica su Título III a “Medidas de seguridad”, enumerando en el Capitulo II y, más concretamente, en sus cuatro primeras Secciones, las medidas de seguridad de los establecimientos obligados normativamente a disponer de ellas, las cuales son determinadas y desarrolladas en la Orden INT /317/2011, de 1 de febrero, sobre medidas de seguridad privada. CONCLUSIONES En contestación a las concretas preguntas formuladas y teniendo en cuenta las consideraciones legales expuestas, cabe hacer las siguientes conclusiones: 1.- Tanto el Reglamento como la vigente Orden Ministerial sobre medidas de seguridad, exigen, a todos los establecimientos obligados, salvo a galerías de arte, tiendas de antigüedades y establecimientos que se dediquen habitualmente a la exhibición o subastas de objetos de joyería, antigüedades u obras de arte, cuyas obras u objetos no superen en conjunto el valor de 500.000 euros, y oficinas de farmacia, una unidad de almacenamiento (caja fuerte), que reúna las características especificadas en los cinco puntos de que consta el artículo noveno de la mencionada Orden, con la única excepción de las estaciones de servicio de combustible, que solo están obligadas a cumplir con el punto primero. 2.- La conexión a central de alarmas de los sistemas de seguridad y su adaptación a las exigencias de la nueva normativa, no es sino el desarrollo de los diferentes aspectos a los que se ha hecho referencia en las consideraciones, es decir el cumplimiento del mandato de las distintas leyes y reglamentos mencionados, para no contravenir lo que en ellos se establece. 3.- Respecto a la obligación de la instalación de un sistema de registro de imágenes, es el resultado de la concreción de una de las características que, al no venir definidas en el Reglamento y como se ha hecho en otros casos, era necesario concretar, afectando por igual a todos los sistemas de se24
guridad de los establecimientos obligados a tener, entre sus medidas, una unidad de almacenamiento, obligación ésta que viene recogida, sin ninguna excepción, en la disposición adicional primera mencionada. 4.- Como quiera que, salvo a las entidades de crédito y joyerías, los sistemas de seguridad electrónica con los que debían contar los establecimientos referidos, podían o no estar conectados a una central de alarmas, todos ellos deberán adaptarse a las normas actuales: en primer lugar, actualizando sus sistemas para que, al menos, cumplan con la exigencia legal de disponer de tres elementos de detección; después, instalando un sistema de grabación y registro de imágenes que cumpla los requisitos previstos; por último, conectar estos a una central de alarmas, disponiendo, para ello, de un plazo de dos años desde la entrada en vigor de la Orden. 5.- Por último, y como aclaración sobre la situación referente a las estaciones de servicio, dadas sus características específicas, en cuanto a las medidas de su caja fuerte, y al no tener que contar con un sistema electrónico de seguridad conectado a una central de alarmas, su única obligación consistirá, para cumplir con lo establecido en la disposición adicional objeto de consulta, en la instalación de un equipo de grabación y registro de imágenes, de las características especificadas en el ya mencionado artículo 4. Como en el resto de los supuestos, el plazo de adecuación del sistema de grabación y registro de imágenes será de dos años. De cualquier manera, y mientras no se disponga de forma específica la obligación de instalar un sistema de seguridad electrónico conectado a una central de alarmas, sería aconsejable que, de forma voluntaria, dada la especial situación de este sector, se instalara un sistema que permitiera su conexión a una central de alarmas, y que pudiera atender cualquier intento de atraco, robo o hurto de los que ocurren en este tipo de establecimientos. U.C.S.P.
Documents Similar To Boletin nº 32.SEGURPRISkip carouselSeGURPRI Nº27Boletin informativo UCSP nº38 (Segurpri)SEGURPRI Nº28SEGURPRI Boletín de Seguridad Privada nº 34Boletin UCSP nº35Boletin UCSP Segurpri nº 39Legislación - Seguridad PrivadaBoletin UCSP nº 36SEGRPRI nº 31 Segurpri 30Boletin SegurPri Nº 19Boletin SegurPri Nº 7Boletin25Boletin SegurPri Nº 15Boletin 33Boletin SegurPri Nº 17Boletin SegurPri Nº 13bol22spBoletin SegurPri Nº 18Boletin SegurPri Nº 16Boletín Nº 20 SEGURPRIBoletin 29Boletin SegurPri Nº 35Boletin SegurPri Nº 5bol23spBoletin SegurPri Nº 11SEGURPRI Boletín de Seguridad Privada nº 37Boletin SegurPri Nº 39Boletin SegurPri Nº 14boletin 241More From v_s_tata_v_sSkip carouselProyecto_Lo Protección de La Seguridad CiudadanaConvocatoria 2014. Guardia Particular de Campo y Sus EspecialidadesLa Audiencia Nacional anula la inclusión del DNI en la TIP.SentenciaRenovación de TIP, Licencia de armas y v.s inactivos.Guía de Modalidades de contratos y medidas de fomento de la contratación.( Abril 2013 )Guía de Modalidades de contratos y medidas de fomento de la contratación.( Abril 2013 )Convenio Colectivo 2012-20014Convenio de La Empresa CYRASA SEGURIDAD S.LBoletín Nº 26, SEGURPRI.pdfBoletín Nº 24,SEGURPRIBoletín Nº 20 SEGURPRIBoletín Nº 25, Vigilantes en aeropuertos.pdfBoletín Nº 23, Exención de Uniformidad..pdfBoletín Nº 22. Transporte de Fondos.pdfBoletín Nº 21. SEGURPRI.pdfSentencia Absolutoria a Un GPCSituación de la negociación colectiva en el sector de la Seguridad PrivadaSegur IbericaEULENModificación de los modulos de formación del personal de Seguridad Privada-BOE-10-12-2012Renegociar Lo RenegociadoGuía Sindical Reforma Laboral ( Octubre-2012 )APROSER Estudio de Opinión Sobre Seguridad PrivadaConsulta actualización de la licencia de armas CPermiso Por Infortunios FamiliaresDespido Objetivo Por Faltas de Asistencia, Aun Justificadas - Sentencia de Conflicto Colectivo contra ESABESentencia por sanción de abandono de puesto de trabajo de un v.s.Compendio de Armas DisimuladasACTA-SIMA, ( 22/03/2012) AboutAbout ScribdPressOur blogJoin our team!Contact UsJoin todayInvite FriendsGiftsLegalTermsPrivacyCopyrightSupportHelp / FAQAccessibilityPurchase helpAdChoicesPublishersCopyright © 2017 Scribd Inc. .Browse Books.Mobile Site.Site Directory.Site Language: English中文EspañolالعربيةPortuguês日本語DeutschFrançaisTurkceРусский языкTiếng việtJęzyk polskiBahasa indonesiaSign up to vote on this titleUsefulNot usefulYou're Reading a Free PreviewDownloadAboutAbout ScribdPressOur blogJoin our team!Contact UsJoin todayInvite FriendsGiftsSupportHelp / FAQAccessibilityPurchase helpAdChoicesPublishersLegalTermsPrivacyCopyrightCopyright © 2017 Scribd Inc. .Browse Books.Mobile Site.Site Directory.Site Language: English中文EspañolالعربيةPortuguês日本語DeutschFrançaisTurkceРусский языкTiếng việtJęzyk polskiBahasa indonesiaClose DialogAre you sure?This action might not be possible to undo. Are you sure you want to continue?CANCELOKClose DialogWe've moved you to where you read on your other device.Close DialogGet the full title to continueGet the full title to continue reading from where you left off, or restart the preview.Restart preview{{ title }}{[ if (!is_document) { ]}{[ } ]}{[ if (is_article || is_issue) { ]}from {{ publication.name }}{[ } else { ]}{[ if (typeof authors !== 'undefined' && authors.length) { ]}{[ if (!is_document) { ]}by {[ } else { ]}uploaded by {[ } ]}{[ for (var i=0; i < authors.length; i++) { ]}{[ if (i > 0) { ]}, {[ } ]}{{ authors[i].name }}{[ } ]}{[ } else { ]}{{ publisher.name }}{[ } ]}{[ } ]}{{ length }}{[ if (download_url) { ]}Download{[ } ]}{{ title }}List{{ formatted_count }}View List