Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-566-de-julio-27-de-2007?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992042392cf034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-21 19:59:41
Document Index: 171431478

Matched Legal Cases: ['artículo 75', 'artículo 44', 'artículo 22', 'artículo 44', 'artículo 9', 'artículo 73', 'artículo 75', 'artículo 36', 'artículo 3', 'artículo 12', 'artículo 112', 'Artículo 37']

﻿ SENTENCIA T-566 DE JULIO 27 DE 2007
SENTENCIA T-566 DE 27 DE JULIO DE 2007
CONTENIDO:DERECHO A LA UNIDAD FAMILIAR A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA AMPARAR LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y CÓNYUGE.
TEMAS ESPECÍFICOS:RÉGIMEN PENITENCIARIO, TUTELA, INTERNO, derechos del niño, PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, UNIDAD FAMILIAR
REVISTA TUTELA N°:95 DE NOVIEMBRE DE 2007, PG.1789
Sentencia T-566 de julio 27 de 2007
Sentencia T-566 de 2007
Ref.: expediente T-1584038
Indica que la dirección del establecimiento carcelario de Neiva, el 16 de junio de 2005, les autorizó el beneficio de la visita intima el tercer domingo de cada mes, por cumplir con los requisitos exigidos en la Resolución 5889 del 20 de agosto de 1993, expedida por la dirección general del Inpec , al existir entre ellos una unión marital de hecho y fruto de la misma una menor de 4 años de edad.
Relata que el 24 de octubre de 2006 la dirección regional central del Inpec , en coordinación con la dirección del establecimiento carcelario de Neiva, ordenó, por motivos de descongestión, el traslado de un grupo de internas al centro de reclusión de mujeres de El Guamo (Tolima), entre las que se encontraba su compañera sentimental.
Expone, que su compañera en el mismo sentido formuló petición ante director general del Inpec , respecto al traslado de centro de reclusión, con el objetivo de proteger al unidad familiar y el derecho de los niños a no ser separados de su familia. Petición que fue resuelta de manera negativa, por el asesor de la reclusión de mujeres de El Guamo (Tolima), quien consideró que la peticionaria no cumplía los requisitos para dar trámite a la misma.
Como consecuencia de lo anterior, acude a este medio, buscando la protección tanto de sus derechos fundamentales como los de su hija y por tanto solicita, se ordene al director regional central Inpec , revocar el acto administrativo mediante el cual se dispuso el traslado de su compañera del establecimiento penitenciario de Neiva a la Reclusión de Mujeres de El Guamo Tolima, por vulnerar los derechos constitucionales señalados con anterioridad y como consecuencia de ello en un término perentorio sea regresada al centro de reclusión de Neiva.
El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Neiva, avocó el conocimiento de la acción de tutela mediante auto de fecha 7 de diciembre de 2006. En ese mismo auto, corrió traslado a las entidades demandadas, para que se pronunciara sobre la solicitud de amparo. Por esta razón, por medio de oficios de fecha 7 de diciembre de 2006, notificó al director regional central del Inpec , así como al director de la cárcel distrital de Neiva. Este último emitió respuesta a la acción de amparo en los términos que se exponen a continuación.
El director del establecimiento penitenciario y carcelario de Neiva, se opuso a la pretensión del amparo, exponiendo que ante la necesidad de descongestionar el penal que dirige, y de esta manera mejorar las condiciones de vida de la población reclusa, se optó por solicitar a la regional central Inpec , el traslado de un personal de condenadas. Aclara que con la remisión de la señora Lucero Alarcón Sotelo a la Reclusión de Mujeres del Guamo-Tolima, no se ha configurado vulneración alguna de derechos fundamentales, pues como lo ha establecido la jurisprudencia de esta corporación en otras oportunidades, la naturaleza de la vida penitenciaria y carcelaria justifica la suspensión y restricción de ciertos derechos fundamentales de los detenidos o condenados. En este sentido, referencia jurisprudencia de esta Corte donde se confirmó que la familia es la institución básica de la sociedad, y como tal goza de una especial protección, sin embargo, dicha protección encuentra limitaciones que se desprenden de la naturaleza misma del derecho. En esa medida estableció que los actos de las personas que componen una familia, también imponen limitaciones al amparo de la unidad familiar que corresponde garantizar al Estado, así cuando un miembro del grupo familiar comete un delito, se debe separar no sólo de la institución básica familiar, sino también de la sociedad a la que aquella sirve de base organizativa.
El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Huila, mediante sentencia del doce (12) de enero de dos mil siete (2007), decidió tutelar el derecho fundamental a mantener la unidad familiar y a no ser separada de su familia a la menor Karen Dayana González Alarcón, representada por su padre, y en consecuencia ordenó al director regional central del Inpec , realizar lo pertinente, con el fin de que la interna Lucero Alarcón Sotelo, sea ubicada en un centro de reclusión que quede en el mismo lugar o ciudad donde pueda estar también recluido su compañero permanente. Por tanto, dejó sin efecto la Resolución 1400 del 23 de octubre de 2006, que dispuso el traslado de la mencionada condenada a la reclusión de mujeres de El Guamo (Tolima).
Advierte, que las casuales de traslado están expresamente reguladas por la Ley 65 de 1993, artículo 75, en consecuencia, considera que el director del Inpec , al proferir la resolución mediante la cual se ordenó el traslado de la compañera permanente del actor, se sujetó a la normatividad vigente sobre la materia, puesto que la necesidad de traslado estaba basada en el descongestionamiento del establecimiento, atendiendo a que el patio donde se encontraba la interna esta completamente hacinado.
· Fotocopia del Registro Civil de Nacimiento de la menor Karen Dayana González Alarcón, hija del señor Diego Lisandro González Romero y la señora Lucero Alarcón Sotelo (fl. 6, Cdno de primera instancia).
· Fotocopia del oficio a través del cual la directora del Inpec , informa al Comandante de Custodia y Vigilancia del Centro de Reclusión de Neiva, que se autoriza el beneficio de la visita conyugal a los internos Lucero Alarcón Sotelo y Diego Lisandro González Romero, el tercer domingo de cada mes (fl. 7, Cdno de primera instancia).
· Fotocopia del oficio elaborado por el asesor jurídico del establecimiento penitenciario y carcelario de Neiva, donde informa al interno Diego González, que la decisión de suspender el beneficio de la vista conyugal, es facultativa y de libre revocatoria, puesto que no es una obligación adquirida o estipulada por la ley (fl. 8, Cdno principal).
· Fotocopia de la solicitud de traslado de la señora Lucero Alarcón Sotelo al director general del Inpec (fls. 9 al 11, Cdno de primera instancia).
· Copia del derecho de petición enviado por parte del señor Diego González Romero, al Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Neiva, donde solicita se haga efectiva la visita conyugal, a que venía teniendo derecho, así como lo referente a las visitas de la menor Karen Dayana (fl. 12, Cdno de primera instancia).
· Fotocopia de la respuesta de solicitud de traslado elevada por la señora Lucero Alarcón, mediante la cual el asesor jurídico del centro de reclusión de El Guamo Tolima, donde se le informa que no es posible dar trámite a su solicitud, debido a que no ha acreditado un año de permanencia en el centro carcelario (fl. 13, Cdno de primera instancia).
· Fotocopia de la Resolución 1400 de 23 de octubre de 2006, mediante la cual el director regional central del Inpec , dispuso el traslado de 14 internas del establecimiento penitenciario y carcelario de Neiva a la Reclusión de Mujeres de El Guamo —Tolima— (fls. 24 y 25, Cdno de primera instancia).
Atendiendo a lo demandado en el escrito de tutela, la primera instancia, decidió tutelar el derecho fundamental de la menor a mantener la unidad familiar y a no ser separada de su familia y en consecuencia dejó sin efecto la Resolución 1400 del 23 de octubre de 2006, que dispuso el traslado de la mencionada condenada a la reclusión de mujeres de El Guamo (Tolima), al considerar que las autoridades penitenciarias deben posibilitar que el interno mantenga contacto permanente con su familia, en especial con sus hijos menores, a través de visitas y comunicaciones frecuentes, a fin de preservar la unidad familiar y velar por el desarrollo armónico e integral de los niños y adolescentes.
Es así como el artículo 44 de la Carta Política, define los derechos de los menores como fundamentales (2) , y dispone en su segundo inciso que “la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos”; en este sentido, se debe propender por el crecimiento y desarrollo armónico e integral de los menores de edad, desde los diversos aspectos que lo conforman, como lo son la parte física, psicológica, afectiva, intelectual y ética, lo que genera la plena evolución de su personalidad y en correlación permite la formación de ciudadanos autónomos y útiles a la sociedad, así como se impone el deber al Estado de salvaguardarlos de todo tipo de abuso o discriminación y en general propender por el desarrollo integral de los mismos.
Por su parte, la Convención sobre Derechos de los Niños (2)(sic) , la Declaración Universal de los Derechos Humanos (3) , el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos(4), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (5) , la Convención Americana sobre Derechos Humanos (6) y la Declaración sobre los Principios Sociales y Jurídicos relativos a la Protección y el Bienestar de los Niños(7), tratan a los menores como sujetos activos, prestos a recibir protección y a exigir cuidado, amor, educación y recreación, en fin velar y actuar como actores de su propio desarrollo.
En este sentido es prudente destacar que la Convención sobre Derechos del Niño, la cual dispone que los menores tienen derecho a conocer a sus padres, así como su cuidado y a no ser separados de los mismos, excepto cuando las circunstancias lo exijan, con el objeto de conservar el interés superior del menor (8) .
Por su parte el código de la infancia y la adolescencia (9) en su artículo 22, establece que los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a tener y crecer en el seno de una familia, a ser acogidos y a no ser expulsados de ella. Señalando adicionalmente que solo podrán ser separados de ésta cuando la familia no le garantice las condiciones para la realización y el ejercicio de sus derechos conforme a los procedimientos establecidos para cada caso concreto.
“El artículo 44 de la Constitución Política es inequívoco al establecer que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás, como consecuencia del especial grado de protección que aquellos requieren, dadas sus condiciones de vulnerabilidad e indefensión, y la especial atención con que se debe salvaguardar su proceso de desarrollo y formación. Una de las principales manifestaciones de este precepto constitucional, que se enmarca en el contexto del Estado Social de Derecho y del deber general de solidaridad, es el principio de preservación del interés superior del menor, que ha sido desarrollado por la jurisprudencia constitucional (10) y consagrado en los artículos 20 y 22 del Código del Menor (11) . Dicho principio refleja una norma ampliamente aceptada por el derecho internacional (12) , consistente en que al menor se le debe otorgar un trato preferente, acorde con su caracterización jurídica en tanto sujeto de especial protección, de forma tal que se garantice su desarrollo integral y armónico como miembro de la sociedad.
¿Qué significa que los niños sean titulares de derechos prevalecientes e intereses superiores? La respuesta únicamente se puede dar desde las circunstancias de cada caso y de cada niño en particular. Esta Corte ha sido enfática al aclarar que el interés superior del menor no constituye un ente abstracto, desprovisto de vínculos con la realidad concreta, sobre el cual se puedan formular reglas generales de aplicación mecánica. Al contrario: el contenido de dicho interés, que es de naturaleza real y relacional (13) , sólo se puede establecer prestando la debida consideración a las circunstancias individuales, únicas e irrepetibles de cada menor de edad, que en tanto sujeto digno, debe ser atendido por la familia, la sociedad y el Estado con todo el cuidado que requiere su situación personal.
"Un análisis de la preceptiva en cuestión lleva necesariamente a concluir, como lo hace esta Corte, que los mandatos constitucionales relativos a la familia consagran de manera directa y determinante el derecho inalienable de los niños —aún los de padres separados— a mantener relaciones personales y contacto directo con sus dos progenitores.
Obviamente, esta característica implica el deber correlativo y mutuo que tienen ambos padres en el sentido de no obstaculizar el uno al otro el ejercicio de su correspondiente derecho. Toda persona está obligada por la Constitución a respetar los derechos ajenos y a no abusar de los propios (art. 90), máxime si aquellos son los de los niños, que tienen preferencia ante los de otros (C.N., art. 44); y lo están los cónyuges con mayor razón cuando viven separados si se tienen en cuenta las graves perturbaciones sicológicas que ocasionaría a los menores, en circunstancias de suyo difíciles, una conducta contraria a los normales sentimientos de amor filial" (14) .
"Uno de tales tratados, aprobado por el Congreso de Colombia mediante la Ley 12 del 22 de enero de 1991 y ratificado el 27 de febrero del mismo año, es la Convención sobre los Derechos del Niño, que se adoptó por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. En su artículo 9º establece: "Los Estados Partes velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando estos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño". (negritas de la Corte)” (15) .
En suma, la Corte ha destacado, como principio general, la supremacía y el carácter fundamental del derecho de los niños a tener una familia y a no ser separados de ésta. Sin embargo, este principio general admite, como única excepción, la protección del interés superior del menor”.
En su jurisprudencia (16) , la Corte Constitucional ha expresado de manera reiterada que, si bien algunos derechos fundamentales de los reclusos son suspendidos o restringidos desde el momento en que éstos son sometidos a la detención preventiva o son condenados mediante sentencia, muchos otros derechos se conservan intactos y deben ser respetados íntegramente por las autoridades públicas que se encuentran a cargo de los presos. De modo que, derechos tales como la libertad física y la libertad de locomoción, se encuentran suspendidos, otros derechos como la intimidad personal y familiar, reunión, asociación, libre desarrollo de la personalidad y libertad de expresión, se encuentran restringidos, en razón misma de las condiciones que impone la privación de la libertad. Sin embargo, lo anterior no se predica de derechos como la vida, la integridad personal, la dignidad, la igualdad, la libertad religiosa, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la salud, al debido proceso, y el derecho de petición, los cuales se mantienen incólumes, y por ende, no pueden ser limitados en medida alguna.
“Las relaciones de especial sujeción implican (i) la subordinación (17) de una parte (el recluso), a la otra (el Estado); (ii) esta subordinación se concreta en el sometimiento del interno a un régimen jurídico especial (18) (controles disciplinarios (19) y administrativos (20) especiales y posibilidad de limitar (21) el ejercicio de derechos, incluso los fundamentales). (iii) Este régimen especial, en todo lo relacionado con el ejercicio de la potestad disciplinaria y la limitación de los derechos fundamentales debe estar autorizado (22) por la Constitución y la ley. (iv) La finalidad (23) del ejercicio de la potestad disciplinaria y de la limitación de los derechos fundamentales, es la de garantizar los medios para el ejercicio de los demás derechos de los internos (mediante medidas dirigidas a garantizar disciplina, seguridad y salubridad) y lograr el cometido principal de la pena (la resocialización). (v) Como consecuencia de la subordinación, surgen ciertos derechos especiales (24) (relacionados con las condiciones materiales de existencia: alimentación, habitación, servicios públicos, salud) en cabeza de los reclusos, los cuales deben ser (25) especialmente garantizados por el Estado. (vi) Simultáneamente el Estado debe garantizar (26) de manera especial el principio de eficacia de los derechos fundamentales de los reclusos (sobre todo con el desarrollo de conductas activas)” (27) .
En relación con este asunto, la Corte en sentencia T-274 de 2005, consideró la solicitud de amparo de un recluso que a través de ésta acción solicito el traslado a un centro de reclusión donde residiera su familia, petición que fue negada atendiendo a que los centros donde solicitó el traslado presentaban hacinamiento. Sin embargo, en dicha oportunidad esta Corporación estableció que en el proceso de resocialización de los internos, debe considerarse la participación de la familia y el contacto permanente con la misma de manera que deberá procurarse el mantenimiento de los vínculos filiales del recluso (28) , al respecto se expuso:
Claro entonces que los establecimientos carcelarios deben posibilitar, hasta donde ello resulte posible, que el interno mantenga contacto permanente con su grupo familiar, máxime si dentro del mismo existe hijos menores, a través de visitas y comunicaciones frecuentes, con el propósito de preservar la unidad familiar y de esta manera alcanzar el desarrollo armónico e integral de los niños y adolescentes.
5. Visitas conyugales o íntimas en establecimientos carcelarios.
Esta jurisprudencia obedece al reconocimiento de los derechos de los internos y a los diferentes tipos de afectación que estos pueden legítimamente soportar. Mas recientemente esta corporación en Sentencia T-023 de 2003 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández) lo resumió así:
"La cárcel no es un sitio ajeno al derecho. Las personas recluidas en un establecimiento penitenciario no han sido eliminadas de la sociedad. La relación especial de sometimiento que mantienen con el Estado no les quita su calidad de sujetos activos de derechos. En vista del comportamiento antisocial anterior, el prisionero tiene algunos de sus derechos suspendidos, como la libertad por ejemplo, otros limitados, como el derecho a la comunicación o a la intimidad; pero goza de otros derechos de manera plena, como el derecho a la vida, a la integridad física y a la salud."(T-596, dic. 10/92).
En conclusión, el derecho a la intimidad en la modalidad del derecho a la visita conyugal en cabeza de la persona privada de la libertad, depende para su realización efectiva del aseguramiento de condiciones locativas, sanitarias, de privacidad y seguridad (29) . Así lo ha reiterado la Corte Constitucional en uniforme jurisprudencia: “Las visitas conyugales en los establecimientos de reclusión hacen parte del derecho a la intimidad personal y familiar, y al respeto de la dignidad humana, como uno de los principios rectores del Estado social de derecho. Pero su realización está limitada a que en el establecimiento correspondiente se den las circunstancias adecuadas, de higiene, privacidad, seguridad, etc., que no representen ninguna clase de peligro para todos los internos” (30) .
6.Caso concreto.
En el asunto que en esta oportunidad ocupa la atención de la Sala, se tiene que el actor pretende se deje sin efectos la Resolución 1400 del 23 de octubre de 2006, a través de la cual, se ordenó el traslado de su compañera sentimental, del establecimiento carcelario de Neiva donde los dos se encontraban purgando la pena impuesta por el ilícito de trafico, fabricación o porte de estupefacientes, y en el que venían disfrutando del beneficio de visita conyugal, a la reclusión de mujeres de El Guamo (Tolima), al considerar que se le están vulnerando sus derechos fundamentales y los de su hija de cuatro años de edad, la cual en los días de visita no le es posible acudir a los dos centros de reclusión, teniendo en cuenta que la persona que tiene bajo su cuidado a la menor, no cuenta con los recursos económicos para trasladarse a los dos penales, lo cual en su concepto está generando ruptura de la unidad familiar y afectando correlativamente los derechos fundamentales de los niños, a tener una familia, al igual que afectó su derecho a las visitas intimas pues las mismas le fueron suspendidas.
Por su parte, la dirección regional central del Inpec , justificó el traslado en la necesidad de descongestionar el establecimiento carcelario de Neiva, para mejorar las condiciones de vida de la población reclusa, atendiendo a que el patio destinado a las internas se encuentra completamente hacinado.
En este orden de ideas la ley 65 de 1993, a través de la cual se reguló el régimen penitenciario en su artículo 73 contempla lo relacionado al traslado de internos señalando: “Corresponde a la dirección del instituto nacional penitenciario y carcelario disponer del traslado de los internos condenados de un establecimiento a otro, por decisión propia, motivada o por solicitud formulada ante ella”.
6. Cuando sea necesario trasladar a un interno a un centro de reclusión que ofrezca mayores condiciones de seguridad”. (Negrilla fuera de texto).
Así puede establecerse a primera vista, que la Resolución 1400 de 2006, tuvo su fundamento jurídico en la necesidad de descongestionar el patio destinado a las reclusas, en procura de alcanzar un bienestar mayor para las mismas, lo que refleja una actitud acorde a derecho, lejos de ser una actuación arbitraria e injustificada.
Es así, como respecto a estas situaciones la Corte ha resaltado que las autoridades carcelarias tienen el deber de evitar a los detenidos y a sus familias sufrimientos innecesarios y daños irreparables, resaltando aquellos casos en que las medidas irremediablemente afectan a los niños. Pues la afectación sin límites de los derechos de los prisioneros que conlleve la afectación a terceros, como ejercicio arbitrario de la fuerza exige la evaluación de las medidas adoptadas en contra del reo (31) . Así mismo, esta corporación ha señalado que todo sufrimiento innecesario a un recluso, pierde la justificación del ejercicio legítimo de la violencia por parte del Estado y se convierte en un atropello que debe ser evaluado de igual manera, como se evalúa cualquier violencia injustificada contra aquellas personas que no se encuentran privadas de la libertad (32) .
En este sentido, el actor enfiló su solicitud para que fuera revocada la Resolución 1400 del 23 de octubre de 2006, proferida por el director regional central del Inpec , a través de la cual se resolvió “Disponer de inmediato el traslado de las internas que se relacionan a continuación del establecimiento Penitenciario y Carcelario de Neiva a la Reclusión de Mujeres del Guamo”. Cabe aclarar que de conformidad con la normatividad vigente y que regula el régimen penitenciario y carcelario, así como la jurisprudencia de esta Corporación, es el Inpec el que goza de discrecionalidad para decidir el traslado de un recluso de un centro penitenciario a otro, siempre que las razones estén justificadas en el artículo 75 de la ley 65 de 1993 (situación que ya se corroboró con anterioridad).
Por ello, esta Sala de Revisión dispondrá que la dirección del Inpec , en el término de cuarenta y ocho (48) horas, siguientes a la notificación de este fallo, proceda a iniciar el trámite pertinente para llevar a cabo el traslado de la señora Lucero Alarcón Sotelo al establecimiento penitenciario y carcelario de Neiva, atendiendo a las respectivas medidas de seguridad, trámite que no podrá exceder de diez (10) días.
Cumplido lo anterior, debe darse paso al derecho a las vistas conyugales las que se deberán cumplir de la misma forma en que se veían desarrollando hasta antes del traslado de la interna a la cárcel de El Guamo (Tolima), por no existir una causal que hubiera dado lugar a la suspensión de las misma(33), atendiendo al papel preponderante que juegan las visitas conyugales en el proceso de resocialización de los reclusos, no solo para su estabilidad psicológica, sino además la física. En este sentido siempre que se cumplan con los lineamientos administrativos y disciplinarios, que se hayan establecido, para mantener las condiciones de salubridad, privacidad y seguridad, se debe conceder dicho beneficio, en pro de no hacer mas traumático el tiempo que cada interno ha de durar privado de la libertad.
1. Revocar la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, Sala Penal, y en su lugar tutelar el derecho a la unidad familiar del señor Diego Lisandro González Romero y la menor Karen Dayana González Alarcón a tener una familia y no ser separada de ella. Por consiguiente ordenar que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, siguientes a la notificación de este fallo, proceda a iniciar el trámite pertinente para llevar a cabo el traslado de la señora Lucero Alarcón Sotelo al establecimiento penitenciario y carcelario de Neiva, atendiendo a las respectivas medidas de seguridad, trámite que no podrá exceder de diez (10) días.
2. Restablecer el derecho a las visitas íntimas en la forma en que venían disfrutando, el señor Diego Lisandro González Romero y su compañera la señora Lucero Alarcón Sotelo.
3. Ordenar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, vigile el cumplimiento de esta decisión, en orden a garantizar de manera efectiva los derechos aquí protegidos, así como la elaboración del estudio respectivo, referente a la situación actual de la menor Karen Dayana González Alarcón.
4. Advertir a las autoridades penitenciarias, para que en adelante se estudie con mayor detenimiento, las situaciones particulares de cada interno al momento de realizar los traslados respectivos, a efectos de no acarrear un sufrimiento adicional a los reclusos.
5.Por secretaría General líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
(1) Corte Constitucional Sentencia T-421 de 2001 M.P. Álvaro Tafur Galvis
(2) La Convención sobre Derechos de los Niños fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 1989 —Ley 12 de 1991—.
(3) Adoptada el 10 de diciembre de 1948, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante Resolución 217 A (III)..
(5) Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en su Resolución 2200 (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Ley 74 de 1968.
(7) Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 3 de diciembre de 1986 (Res. 41/85).
(8) ART. 7º—1. El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. 2. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida.
ART. 9º—1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus opiniones. 3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño. 4. Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada por un Estado Parte, como la detención, el encarcelamiento, el exilio, la deportación o la muerte (incluido el fallecimiento debido a cualquier causa mientras la persona esté bajo la custodia del Estado) de uno de los padres del niño, o de ambos, o del niño, el Estado Parte proporcionará, cuando se le pida, a los padres, al niño o, si procede, a otro familiar, información básica acerca del paradero del familiar o familiares ausentes, a no ser que ello resultase perjudicial para el bienestar del niño. Los Estados Partes se cerciorarán, además, de que la presentación de tal petición no entrañe por sí misma consecuencias desfavorables para la persona o personas interesadas.
(9) Ley 1098 de 2006.
(10) Ver, entre otras, las sentencias T-979/01 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), T-514/98 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo) y T-408/95 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
(12) La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce en su preámbulo que la niñez es acreedora de especial cuidado y asistencia, y dispone en su artículo 3-1 que en todos los asuntos relativos a menores de edad, las autoridades públicas y privadas deben prestar atención prioritaria a los intereses superiores de los niños. A su vez, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño establece que los menores, dada su inmadurez física y mental, requieren especiales salvaguardas y cuidado, incluida una adecuada protección legal. Por otra parte, la Corte Europea de Derechos Humanos ha aplicado reiteradamente el estándar del interés superior del menor, entre otras en las decisiones de Sahin vs. Alemania (Sent. oct. 11/2001, en la cual se restringió el contacto entre un ciudadano alemán y su hija menor de edad, por considerar que dada la animadversión entre él y la madre de la niña, tales contactos irían en detrimento del interés superior de ésta última), L. Vs. Finlandia (Sent. Mar. 30/2000, en la cual se aceptó una medida de protección consistente en separar a un menor de sus padres biológicos por existir acusaciones de abuso sexual y una enfermedad mental de la madre, que hacían presumir que el interés superior del menor sería satisfecho con la separación) y P., C. y S. Vs. Reino Unido (sentencia del 16 de julio de 2002, en la cual se aprobó la colocación de un niño recién nacido y su hermana en un hogar sustituto, dados los antecedentes psiquiátricos de la madre, que constituían un riesgo para su salud y, por ende, contrariaban su interés superior)”.
(13) Sentencia T-408 de 1995 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) En esta sentencia se decidió conceder el amparo de tutela solicitado por una abuela materna en nombre de su nieta, para que se le garantizara a ésta el derecho a visitar a su madre recluida en prisión, puesto el padre de la menor le impedía hacerlo”.
(14) Sentencia T-290 de 1993. MP. José Gregorio Hernández Galindo. En este mismo sentido véanse, también, las sentencias T-523 de 1992. MP. Ciro Angarita Barón y T-500 de 1993. MP. Jorge Arango Mejía.
(15) Sentencia T- 290 de 1993. MP. José Gregorio Hernández Galindo.
(16) Sobre el tema de los derechos de los reclusos ver, entre otras, las sentencias T-424 de 1992, M.P. Fabio Morón Díaz; T-522 de 1992, MP Alejandro Martínez Caballero; T-596 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón; T-219 de 1993, M.P. Antonio Barrera Carbonell; T-273 de 1993, M.P. Carlos Gaviria Díaz; T-388 de 1993, M.P. Hernando Herrera; T- 437 de 1993, M.P. Carlos Gaviria Díaz; T-420 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-705 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(17) La subordinación tiene su fundamento en la obligación especial de la persona recluida consistente en el deber de “cumplir una medida de aseguramiento, dada su vinculación a un proceso penal, o una pena debido a que es responsable de la comisión de un hecho punible”. Cfr. Sentencia T-065 de 1995. O también es vista como el resultado de la “inserción” del administrado en la organización administrativa penitenciaria por lo cual queda “sometido a un régimen jurídico especial”. Así en Sentencia T-705 de 1996.
(18) Desde los primeros pronunciamientos sobre el tema, la Corte identificó la existencia de un “régimen jurídico especial al que se encuentran sometidos los internos”, el cual incluye la suspensión y la limitación de algunos derechos fundamentales, en este sentido Cfr. Sentencia T-422 de 1992.
(19) Que se concreta por ejemplo, en la posibilidad de implantar un régimen disciplinario para los reclusos, así en Sentencia T-596 de 1992.
(20) Que se concreta por ejemplo, en la posibilidad de implantar un régimen especial de visitas, así en Sentencia T-065 de 1995.
(21) Sobre los tres regímenes de los derechos fundamentales de los reclusos, según la posibilidad de la suspensión, limitación y goce pleno, ver entre otras las sentencias T-222 de 1993, T-065 de 1995 y T-705 de 1996. Sobre la razonabilidad de las limitación del derecho al libre desarrollo de la personalidad en relación con el derecho a recibir visitas íntimas, ver la Sentencia T-269 de 2002.
(24) Entre los especiales derechos de los presos y su correlato, los deberes del Estado, como consecuencia del establecimiento de una relación especial de sujeción, se encuentran “el deber de trato humano y digno, el deber de proporcionar alimentación suficiente, agua potable, vestuario, utensilios de higiene, lugar de habitación en condiciones de higiene y salud adecuadas, el deber de asistencia médica, y el derecho al descanso nocturno, entre otros”, citada de la sentencia T-596 de 1992. De otro lado, frente al derecho a la salud de los internos ha considerado la Corte que “al presentarse una limitación irresistible de las posibilidades de opción del interno (no poder vincularse a ningún programa de salud ni obtener dichos servicios por cualquier medio), se hace necesario garantizar de manera absoluta el derecho, "al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental" (artículo 12 del pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales), como una consecuencia normativamente determinada a partir de la relación de especial sujeción.” Así, en la Sentencia T-687 de 2003.
(25) Sobre los deberes especiales del Estado ver la Sentencia T-966 de 2000.
(26) Para la Corte esta garantía debe ser reforzada, ya que el recluso al estar sometido a una relación especial de sujeción, tiene limitado su derecho a escoger entre diferentes opciones y le es imposible autoabastecerse, en este sentido ver la Sentencia T-522 de 1992. Además se encuentra en un estado de “vulnerabilidad” por lo cual la actividad del Estado en procura de la eficacia de los derechos fundamentales debe ser activa y no solo pasiva, en este sentido ver las sentencias T-388 de 1993 y T-420 de 1994. Respecto de la imposibilidad de procurarse en forma autónoma los beneficios propios de las condiciones mínimas de una existencia digna, pueden consultarse, entre otras, las sentencias T-714 de 1995 y T-435 de 1997.
(27) Sentencia T-1190 de 2003.
(28) El código penitenciario y carcelario fue adoptado mediante la ley 65 de 1993. El mismo se dispone, respecto del tratamiento penitenciario: “ART. 142.—Objetivo. El objetivo del tratamiento penitenciario es preparar al condenado, mediante su resocialización para la vida en libertad. ART. 143.—Tratamiento Penitenciario. El tratamiento penitenciario debe realizarse conforme a la dignidad humana y a las necesidades particulares de la personalidad de cada sujeto. Se verifica a través de la educación, la instrucción, el trabajo, la actividad cultural, recreativa y deportiva y las relaciones de familia. Se basará en el estudio científico de la personalidad del interno, será progresivo y programado e individualizado hasta donde sea posible”.
(29) Ley 65 de 1993, artículo 112, inciso final: “La visita íntima será regulada por el reglamento general, según principios de higiene, seguridad y moral.”
(30) Sentencia T-222 de 1993, M.P. Jorge Arango Mejía. (En esta ocasión la Corte se concedió la tutela del derecho a la intimidad de un interno a quien se negaba la visita conyugal por estar recluido sólo transitoriamente en el respectivo establecimiento carcelario. Pese a que luego fuera trasladado y cesara con ello la vulneración de su derecho, la Corte tuteló el derecho fundamental del actor).
(31) Corte Constitucional Sentencia T-598 de 1993 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(32) Corte Constitucional Sentencia T-596 de 1992 M.P. Ciro Angarita Barón.
(33) Artículo 37 Acuerdo 0011 de 1995, “Por el cual se expide el reglamento general al cual se sujetarán los reglamentos internos de los establecimientos penitenciarios y carcelarios.” Causales de suspensión de visitas íntimas: “1. Por incumplimiento en los requisitos de salubridad e higiene, previo concepto del médico oficial o médico del establecimiento.2. Cuando a juicio del cuerpo médico del centro de reclusión o en su defecto del médico oficial, sobreviniere enfermedad que haga prever contagio. 3. Cuando el interno cometa falta grave que dé lugar a sanción de supresión de visita o aislamiento.4. Cuando para obtener este beneficio se utilicen engaños comprobados sin perjuicio de la acción disciplinaria o penal a que haya lugar. Una vez desaparecida la causal de suspensión, se restablecerá la visita”.