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Timestamp: 2019-10-18 14:31:24
Document Index: 22197423

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'e contrario', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 42', 'artículo 1']

﻿ SENTENCIA 6117 DE SEPTIEMBRE 20 DE 2000
SENTENCIA 6117 DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2000
CONTENIDO:UNIÓN MARITAL DE HECHO. NO ES POSIBLE QUE COEXISTAN VARIAS UNIONES RESPECTO DE LA MISMA PERSONA.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO CIVIL, UNIÓN MARITAL DE HECHO, DECLARACIÓN DE LA UNIÓN MARITAL DE HECHO, ACREDITACIÓN DE LA UNIÓN MARITAL DE HECHO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:347 DE NOVIEMBRE DE 2000, PÁG.2159
Sentencia 6117 de septiembre 20 de 2000
NO ES POSIBLE QUE COEXISTAN VARIAS UNIONES RESPECTO DE LA MISMA PERSONA
Ref: Expediente 6117
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 22 de febrero de 1996, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, en el proceso ordinario de mayor cuantía seguido por Luz María Zambrano Hernández contra Amparo Elena Bendeck Torres, Esteban Enrique Bendeck Ochoa, y la menor de edad Carolina María Bendeck Díaz, representada por su progenitora Beatriz Díaz Bohórquez, en calidad de herederos determinados de Esteban Juan Bendeck Olivella, y contra los herederos indeterminados del referido causante.
1. El presente litigio versa sobre la declaración judicial de existencia de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes formada entre la actora y Esteban Juan Bendeck Olivella, iniciada el mes de octubre de 1987 y extinguida el día 27 de febrero de 1993, fecha de la muerte del último, y el derecho de Luz María Zambrano Hernández a intervenir en el respectivo proceso de sucesión.
2. En resumen, la demanda se apoya en los siguientes hechos:
Esteban Bendeck Olivella nunca contrajo matrimonio ni civil ni católico; en cambio, la demandante fue casada pero se había separado de cuerpos, y, consecuentemente, fue disuelta y liquidada su sociedad conyugal anterior con más de un año de anticipación a la conformación de la unión marital permanente de hecho; de ésta no hubo hijos y la misma tuvo vigencia entre las fechas arriba indicadas. En consecuencia, la convivencia de la pareja Bendeck-Zambrano originó una sociedad patrimonial entre compañeros permanentes que duró más de dos años contados a partir de la vigencia de la Ley 54 de 1990, durante el cual se logró construir un patrimonio social definido.
3. En su oportunidad, únicamente contestaron la demanda los herederos determinados quienes en escrito único manifestaron su oposición a las referidas pretensiones; en esencia, alegaron que la única compañera permanente de Esteban Bendeck fue María Graciela Ochoa Ostos con quien tuvo un hijo durante la convivencia de más de 20 años que se inició en diciembre de 1972 y permaneció hasta la muerte del primero; cualquier otra unión marital que hubiera tenido dicho causante fue pasajera por cuanto jamás abandonó ni a dicha compañera ni a su hijo. En ese sentido, propusieron las excepciones de mérito de falta de legitimación en la causa, y de temeridad y mala fe.
4. Tramitada la primera instancia el juez dictó sentencia en la que no se aceptaron las excepciones propuestas, declaró la existencia de la unión marital de hecho objeto de este litigio, y, como consecuencia de lo anterior, reconoció la existencia de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, la cual, a su vez, declaró disuelta y en estado de liquidación. Por último, condenó en costas a la parte demandada y ordenó consultar la sentencia en caso de no ser apelada.
5. La parte demandada apeló con éxito el fallo de primera instancia, pues el tribunal decidió revocarlo para, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.
1. El tribunal hace un extenso análisis sobre la unión marital de hecho contemplada en Ley 54 de 1990 en cuanto a su naturaleza, características, elementos y efectos patrimoniales. En particular, estudia el elemento que denomina idoneidad marital por el cual, dice, la misma sólo puede formarse entre un hombre y una mujer, “concepto que no puede confundirse con la pluralidad de uniones maritales, porque no se trata de cualquier unión; la diversidad de uniones maritales puede darse respecto del hombre o de la mujer; pero, van en contra del propósito de la ley que se inspiró en el principio de la monogamia. Esa pluralidad no produce efectos civiles”.
2. También señala como otro elemento de la unión marital de hecho la comunidad de vida marital y a ese respecto afirma que la ley dispone que ésta debe ser permanente y singular, indicando con esta última calificación, según criterio del fallador, “una dualidad subjetiva de la unión marital, y lo normal es que no solo se establezca entre un hombre y una mujer, sino que sea una sola relación y no más que una, pues radicalmente se opone a una relación entre varios hombres y una mujer, o entre varias mujeres y un hombre, o entre varios hombres y mujeres, porque éstas no dan paso a la función de constitución familiar monogámica”. Finalmente se adentra en la causa marital como elemento indispensable de dicha unión para afirmar que debe ser real y no aparente.
3. Situado en el caso de autos observa el tribunal que en este proceso obra copia de la sentencia por la cual el Juzgado Séptimo de Familia de esta ciudad declaró la existencia de la unión marital de hecho entre Graciela Ochoa Ostos y Esteban Juan Bendeck Olivella, “razón por la cual, no es procedente desde ningún punto de vista declarar, como se pretende en este asunto” que también entre éste y la demandante existió unión marital de hecho concurrente con aquella otra, pues, “faltaría una de las condiciones para la existencia de la unión marital de hecho, que es la singularidad marital”. Y agrega: “ahora bien, si se admitiera la pluralidad de uniones maritales de hecho en cabeza de un mismo compañero, sería como admitir a su vez la coexistencia de sociedades patrimoniales, situación esta que nuestra ley tampoco prevé”; todo para concluir en la revocatoria de la sentencia apelada.
1. Con fundamento en la causal primera de casación acusa la sentencia que combate de ser directamente violatoria de los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º y 7º de la Ley 54 de 1990, en concordancia con los artículos 13 y 228 de la Constitución Política. Para demostrar el cargo que formula señala el censor que “el error juris in judicando en que incurrió el tribunal consiste en una doble equivocación acerca de la regulación establecida en la Ley 54 de 1990 para las uniones entre compañeros permanentes: por una parte, introduce un requisito inexistente en la ley para la configuración de la unión marital de hecho (la unicidad de dicha unión) y, por otra, sostiene la imposibilidad legal de la concurrencia de dos o más sociedades patrimoniales de hecho, en contra de lo preceptuado por los artículos 2º y 3º de la misma ley”.
2. Sobre la unión marital única afirma que el artículo 1º de la Ley 54 de 1990 consagra los dos requisitos centrales de la figura, que sea heterosexual y que exista una convivencia entre ellos “destinada a la formación de un núcleo familiar de pareja”, agregando que debe ser permanente, con lo que no se significa que sea diaria sino que de su frecuencia se pueda deducir la estabilidad de la relación, y singular, requisito que, a juicio del censor, fue mal interpretado por el tribunal en cuanto exige, bajo el concepto de “singularidad”, la dualidad, es decir que excluye la convivencia de más de dos personas, y la exclusividad o unicidad de la relación que proscribe incluso la participación sucesiva o simultánea de una persona en varias uniones de hecho; estima el recurrente que el ad-quem al extender a este último evento el señalado concepto, “confunde el carácter singular de la relación de hecho, establecido en el artículo 1º, con la exigencia de que dicha relación sea única, exigencia que no existe en ninguna de las disposiciones de la Ley 54 de 1990. (…), inspirado en un vago principio de “vigencia de la estructura monogámica” en nuestro ordenamiento jurídico, principio para cuya formulación y aplicación indiscriminada no ofrece sustento alguno”.
Agrega el casacionista que dicha interpretación, además de surgir diáfanamente del artículo 1º de la citada ley, atiende a su finalidad fundamental cual es, según dice, “hacer eficaz el principio de la igualdad, al darle reconocimiento jurídico a las situaciones familiares de hecho”; es decir, la aceptación de uniones que se encontraban desprotegidas, por lo cual considera que “de manera similar, la negación de consecuencias jurídicas a las uniones de hecho establecidas simultánea o sucesivamente por una misma persona, lejos de asegurar una pretendida igualdad en relación con la institución matrimonial, tiene como efecto inevitable la desprotección de sus compañeros o compañeras permanentes, y crea situaciones jurídicas paradójicas”.
Cierra su argumentación aduciendo que como la relación entre compañeros permanentes no requiere convivencia diaria resulta jurídica y prácticamente posible que una persona forme uniones de hecho sucesivas o simultáneas frente a lo cual se crearía la disyuntiva de saber cuál de ellas adquiere el “status” de unión marital de hecho en los términos del artículo 1º de la Ley 54 de 1990. Con la tesis del tribunal ninguna de ellas tendría ese carácter con lo cual el resultado de aplicar dicha ley sería “exactamente contrario al buscado por su espíritu: el desconocimiento jurídico de las uniones de hecho”; y si se opta por escoger una de tales relaciones para darles el citado carácter se crearía por vía judicial discriminaciones inexistentes en la realidad y en la ley. Añade el censor que da aún mayor claridad a lo anterior el hecho de que el legislador ni siquiera haya restringido la existencia simultánea de una unión matrimonial y una unión marital de hecho en la que participe una misma persona, evento que, según dice, está regulado por el literal b del artículo segundo de la pluricitada ley; en ese sentido concluye que “si una unión de hecho es compatible con la existencia de un matrimonio vigente, con mucha mayor razón puede coexistir con otra unión de hecho, lo que devela, una vez más, el error jurídico en que incurrió el tribunal en la sentencia impugnada”.
3. Como segundo gran aspecto al que se refiere la demanda está el que titula como “Los efectos económicos de la unión marital de hecho y la concurrencia de sociedades patrimoniales de hecho”, anotando que el error sobre la singularidad en que incurrió la corporación sentenciadora va acompañado de otro equivalente relacionado con los efectos patrimoniales de esa especie de unión, yerro que surge de la equivocada interpretación del artículo 2º de la Ley 54, en el cual, a su juicio, el legislador impide la concurrencia entre la sociedad conyugal y la sociedad patrimonial de hecho, pero no se refiere a dos de éstas, precepto de orden restrictivo que no permite “interpretación extensiva o analógica, como lo hizo erróneamente el tribunal al imponer para las sociedades de hecho la restricción prevista exclusivamente para la concurrencia de una sociedad conyugal y una sociedad patrimonial de hecho”.
4. Apunta el recurrente que a idéntica conclusión se llega al estudiar el contenido del artículo 5º de la Ley 54 de 1990, literal b, donde se reitera la restricción de concurrencia de la sociedad de hecho y la conyugal para lo cual dispone que la primera se termina con el matrimonio de uno de los compañeros, sin que tampoco allí se evidencie la improcedencia de dos sociedades patrimoniales de hecho, pues de haberlo querido el legislador habría previsto como causal de disolución de una sociedad de hecho la formación de otra unión marital de hecho en la que participara uno de los compañeros permanentes.
5. Así mismo manifiesta que, según el contenido del artículo tercero de la Ley 54, “no puede perderse de vista la intención explícita del legislador de regular, precisamente, las uniones maritales de hecho, como hecho objetivo, con sus implicaciones en el campo patrimonial, asociadas éstas a la idea central de establecer, en alguna medida un grado de causalidad entre los bienes que integran la sociedad de hecho, y el concepto de trabajo, ayuda y socorro mutuos a partir de los cuales aquellos se producen”; opina el casacionista que sólo por este tipo de aportes se conforma la sociedad patrimonial referida, a diferencia de la sociedad conyugal a la cual entran a pertenecer automáticamente, por el hecho del matrimonio, todos los bienes que se adquieran dentro del mismo a título oneroso por cualquiera de los cónyuges; por tanto, dada la posibilidad real de que existan dos uniones maritales de hecho coetáneas, de no permitirse su reconocimiento, llegado el momento de liquidarlas, ambas por la muerte del compañero permanente común, “las porciones a que tendría derecho en las dos uniones el compañero fallecido, quedarían a favor de solo uno de los dos compañeros supérstites, con la evidente dificultad adicional, ante la ausencia de régimen legal, para determinar cual de las dos sociedades patrimoniales excluiría a la otra”, resultando inadecuado el criterio de preferencia que al efecto se escoja, entre dar reconocimiento a la relación que se inició primero en el tiempo o a aquella que consiga primero una sentencia judicial favorable.
6. De lo anterior deduce el recurrente que “no es otra la conclusión que se desprende del argumento central del tribunal, de acuerdo con el cual la presencia de una sentencia previa —como hecho objetivo apreciado por el tribunal no se controvierte— en la que se declara la existencia de otra unión marital de hecho y otra sociedad patrimonial, impide, sin más, la satisfacción de las pretensiones de la demandante en el presente proceso”.
1. En general, los hechos y los fenómenos sociales anteceden al derecho formal, o sea suceden antes de las normas jurídicas que luego se expiden para regularlos; muestra elocuente de esto se observa en el desenvolvimiento normativo de la “unión marital de hecho”, también conocida históricamente con el nombre de “concubinato”, y a la que hoy se le dan distintas denominaciones: unión de parejas no casadas, matrimonio de hecho, matrimonio no formal, unión extramatrimonial o unión libre, entre otras.
En efecto, no obstante la antigüedad de la presencia del hecho social que se configura por la unión estable entre un hombre y una mujer por fuera del matrimonio, el Estado, guiado por razones de distinto orden —religiosas, o sociales, o políticas, o económicas o culturales—, e inspirado en la necesidad de fundar la sociedad únicamente en la constitución de la familia legítima, tanto que en principio rechazó con encono la familia espuria, optó en principio por repudiar paladinamente el concubinato, y luego, indiferente, resolvió callar sobre él y le desconoció cualquier efecto jurídico. Sólo después de largo tiempo de sostenido silencio, el concubinato empezó a ganar terreno en el ámbito normativo, lo que en verdad aconteció en materias puntuales, principalmente en el campo de las prestaciones de orden laboral y en el de la seguridad social, hasta que por fin, en la alborada de la década anterior, no pudo postergar por más tiempo la expedición de normas que regularan su situación jurídica ante el influjo social y la evidencia cuantitativa que, sin duda alguna, tienen las uniones no formales entre un hombre y una mujer; como fruto final de esta evolución, pues, se expidió la Ley 54 de 1990.
Esta ley señala los efectos de la “unión marital de hecho”, aunque los restringe, en principio, a reconocer, la conformación de una sociedad patrimonial entre los compañeros permanentes; tal ordenamiento dista de ser completo, por lo que no está exento de dificultades en su aplicación; y especialmente denota un desprecio injustificado en punto de los efectos personales de la unión marital que necesariamente inciden en la relación entre los miembros de la pareja, y entre ésta y la correspondiente prole, pues si acaso se avista en ella algún reconocimiento en ese sentido, es sobre todo implícito.
Posteriormente, la nueva Constitución Política, artículo 42, aunque sin utilizar las denominaciones de antes ni tampoco las nuevas, hizo un reconocimiento trascendental al señalar que la familia puede constituirse también por “vínculos naturales”, no sólo jurídicos, los cuales se dan cuando por la voluntad libre y responsable de un hombre y una mujer deciden conformarla; ciertamente que el desarrollo legal sistemático de ese precepto no se ha dado, pues la citada Ley 54 de 1990, de efectos reducidos, la precede.
2. Ese silencio del legislador no fue cubierto tampoco por la jurisprudencia: en desarrollo de ésta se llegó hasta reconocer unos efectos patrimoniales del concubinato o de las uniones de hecho, pero guardándose de alentar su propagación y siempre dentro de la órbita jurídica de la sociedad civil o comercial de facto cuando concurran los elementos constitutivos de ésta, con prescindencia, claro está, de generar cualquier efecto personal entre los concubinos; empero, en época reciente, y muy a tono con las nuevas tendencias, esta corporación se ha pronunciado, por ejemplo, sobre la legitimación en la causa que asiste al compañero permanente, ante la pérdida de la vida del otro, para demandar la consiguiente responsabilidad civil.
En el derecho latinoamericano se observa que las legislaciones giran de manera ondulante entre dos posiciones: la una, por hacer una integral equiparación del concubinato o unión marital de hecho con el matrimonio, caso en el cual por la fuerza de la compaginación se establece un régimen legal integral; o por expedir normas específicas o puntuales para resolver algunos problemas que brotan de su suceso, y, dentro de ese contexto, los que emergen como consecuencia de la coexistencia del vínculo matrimonial que ata a uno de los compañeros permanentes y el vínculo natural o de hecho que se conforma entre estos. En la última tendencia se puede ubicar el régimen legal colombiano, el cual, para efectos de la liquidación de la sociedad patrimonial, remite a las normas que rigen la sociedad conyugal.
Pero hoy puede afirmarse que la unión marital de hecho tiene jerarquía constitucional, más únicamente en cuanto la Constitución Política admite que la familia no tiene como único origen el matrimonio, vínculo jurídico, sino también el vínculo natural que se da entre un hombre y una mujer que deciden conformarla de manera libre y responsable; pero la Carta no la equipara al matrimonio, ni señala los requisitos para que se constituya, ni los efectos que produce; todo ello ha quedado para que sea la ley la que los determine, más no se puede soslayar que el reconocimiento de la unión marital de hecho dentro del ordenamiento jurídico nuestro obedece a la idea de la protección de la familia única, y no a la dispersión de ésta.
3. En efecto, el carácter de protección a la unidad familiar que regula el contenido íntegro de la Ley 54 antes citada, amén de que fue ratificado expresamente por nuestra actual Carta Política, se deduce de las exposiciones de motivos que se presentaron ante el Congreso, en las cuales se dijo lo siguiente:
“Quienes se han detenido a estudiar el asunto consideran que las causas de este crecimiento vertiginoso de uniones libres o concubinarias, está dada principalmente por la ruptura o fracaso de matrimonios católicos y la imposibilidad que tienen los cónyuges separados de volver a contraer matrimonio válido y una nueva mentalidad o conciencia social que va más allá de la convención o la ritualidad que no establece diferencia alguna entre la familia legítima y la llamada familia natural (...), como quiera que sea, hoy son más las familias constituidas por fuera de la convención civil o religiosa, generando como dijimos, deberes, derechos y relaciones que deben ser regulados por la ley” (exposición de motivos). “Si bien la aspiración de toda sociedad civilizada debe ser la de que la familia tenga su base en una unión legal estable entre el hombre y la mujer, no puede desconocerse el hecho de que existen y existirán siempre miles de parejas que bien por su propia voluntad o bien por impedimentos legales, deciden convivir libremente como marido y mujer con el fin primordial de formar una familia” (Ponencia para primer debate ante el Senado).
La misma connotación fue dada por la Corte Constitucional al estudiar la demanda de inconstitucionalidad presentada contra los artículos 1º y 2º de la Ley 54, cuando dijo “el texto de la ley responde al fin que explícitamente se trazó el Congreso al expedirla: Reconocer judicialmente la existencia de la “familia natural”, hecho social innegable en Colombia (...). La Ley 54 de 1990 se inscribe en una línea de sucesivas reformas legales que progresivamente han introducido el principio de igualdad, equidad y mutuo respeto en el ámbito de las relaciones familiares”; y más adelante agregó: “La unión marital de hecho, a la que se refieren las normas demandadas, corresponde a una de las formas legítimas de constituir la familia, la que no se crea sólo en virtud del matrimonio. La unión libre de hombre y mujer, “aunque no tengan entre sí vínculos de sangre ni contractuales formales”, debe ser objeto de protección del Estado y la sociedad, pues ella da origen a la institución familiar” (C. Const., Sent. C-098, mar. 7/96).
Y sobre el mismo punto la Sala de Casación Civil en sentencia de 25 de octubre de 1994 señaló: “tratándose, pues, de la unión marital de hecho, como parece ser la tendencia a llamar al concubinato, esto es la comunidad formada por un hombre y una mujer respecto de los cuales ningún impedimento hay para que puedan casarse, y constituida esa comunidad para formar una familia, es decir de manera permanente y estable, es incuestionable que faltando tan solo la constitución del vínculo conyugal, tiene que recibir un tratamiento jurídico semejante por muchos aspectos al que merece la unión conyugal. Así que bajo los supuestos de licitud de la unión de un hombre y una mujer, o diciéndolo de otra manera no contrariando prohibiciones de la ley ni las buenas costumbres, y siendo permanente y estable, o sea en cuanto constituye una familia, una sociedad así formada tiene la protección jurídica a la que semejantemente se le brinda a la alianza matrimonial. De manera que no se protege de modo alguno una relación repudiada por la ley ni una vinculación transitoria que no tenga el propósito de conformar una familia”.
4. Desde esa perspectiva histórica y actual se observa que la Ley 54 de 1990 regula los efectos de orden económico, pero a condición de que la existencia de unión de hecho obtenga homologación judicial, lo cual quiere decir que aunque por su naturaleza nace de los hechos y para su iniciación no se requiere cumplir formalidad alguna, esos efectos quedan condicionados a que mediante sentencia se declare su existencia.
5. Ahora bien, el artículo 1º de la Ley 54 de 1990 dispone: “a partir de la vigencia de la presente ley y para todos los efectos civiles, se denomina unión marital de hecho, la formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular”; precepto del cual se infiere que son requisitos fundamentales para su estructuración, la diversidad de sexos entre los miembros de la pareja, pues se acepta como tal únicamente la conformada por un hombre y una mujer; que no sean casados entre sí, pues obviamente de estarlo quedan sujetos a las reglas del matrimonio; y que exista comunidad de vida con las características de permanente y singular. Y para que se presuma la existencia de una sociedad patrimonial entre los miembros de la pareja, denominados legalmente compañeros permanentes, que habilite declararla judicialmente, el artículo segundo exige una duración mínima de dos años, si no tienen impedimento para contraer matrimonio; y si alguno o ambos lo tienen, “que la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas y liquidadas por lo menos un año antes de la fecha en que se inició la unión marital de hecho”.
6. Dentro de ese contexto brota evidente que el legislador sabedor de que muchas son las uniones de hecho que se integran con personas que son o han sido casadas con terceros, previó que no concurrieran dos sociedades patrimoniales, la conyugal que se conformó por razón del matrimonio anterior y la patrimonial entre compañeros permanentes; igualmente previó que si uno de los compañeros permanentes contrae matrimonio con persona distinta, se disuelve la sociedad marital patrimonial precedente. En ese orden de ideas, resulta perfectamente admisible, lógico y coherente pensar que el legislador no tuvo en mente dar cabida, en cambio, a la coexistencia de sociedades patrimoniales nacidas de la unión marital de hecho, tesis esta por la que propugna el censor.
Obvio que no es cierto, como dice éste, que si el legislador acepta que haya unión marital de hecho y matrimonio vigente al mismo tiempo, en donde se involucre uno de los compañeros permanentes o ambos, con mayor razón es dable aceptar la concurrencia de varias uniones maritales, pues en realidad para efectos patrimoniales la Ley 54 exige justamente la previa disolución y liquidación de la sociedad conyugal, y pasado un año de ésta para concedérselos a la unión de hecho, y ésta se extingue si uno de los compañeros permanentes contrae matrimonio.
En ese sentido, no se necesitaba de mandato legal expreso que prohibiera la simultaneidad de uniones maritales, ni de los efectos patrimoniales consiguientes, en el caso de que se diera esa hipótesis, pues los requisitos esenciales que exigen la configuración de dicho fenómeno consagrados en la Ley 54 de 1990 repelen su presencia plural.
7. En efecto, de un lado, la ley sólo le otorga efectos civiles a la unión marital de hecho que se conforma por un solo hombre y una sola mujer, lo que, per se, excluye que uno u otra puedan a la vez sostenerla con personas distintas y da para decir que si uno de los compañeros tiene vigente un vínculo conyugal, lo contrae después, o mantiene simultáneamente una relación semejante con un tercero, no se conforma en las nuevas relaciones la unión marital, e incluso, eventualmente se pueden desvirtuar las que primero fueron iniciadas; en el fondo, implícitamente se produce el efecto personal de la exclusividad de la relación. Otra cosa es que ante la ocurrencia de uniones maritales en la que uno o ambos compañeros son casados, la ley haya tomado las medidas conducentes para que exista una debida separación temporal, tanta que impida la concurrencia de distintas sociedades patrimoniales, dado que la presencia del vínculo matrimonial genera de inmediato la sociedad conyugal .
De otro lado, esa unicidad se reafirma porque la unión marital exige que los compañeros permanentes hagan una “comunidad de vida permanente y singular”; la permanencia toca con la duración firme, la constancia, la perseverancia y, sobre todo, la estabilidad de la comunidad de vida, y excluye la que es meramente pasajera o casual; esta nota característica es común en las legislaciones de esta parte del mundo y se concreta aquí para efectos patrimoniales en dos años de convivencia única; e indudablemente atenta contra esa estabilidad y habrá casos en que la descarta el hecho mismo de que un hombre o una mujer pretenda convivir, como compañero permanente, con un número plural de personas, evidentemente todas o algunas de estas relaciones no alcanzan a constituir una unión marital de hecho.
Y que la comunidad de vida sea singular atañe con que sea solo esa, sin que exista otra de la misma especie, cuestión que impide sostener que la ley colombiana dejó sueltas las amarras para que afloraran en abundancia uniones maritales de hecho, y para provocar conflictos mil para definir los efectos patrimoniales; si así fuera, a cambio de la seguridad jurídica que reclama un hecho social incidente en la constitución de la familia, como núcleo fundamental de la sociedad, se obtendría incertidumbre.
8. Bajo esas premisas, preciso es concluir que para que exista unión marital de hecho debe estar precedida de una comunidad de vida que por definición implica compartir la vida misma formando una unidad indisoluble como núcleo familiar, ello además de significar la existencia de lazos afectivos obliga el cohabitar compartiendo techo; y de carácter permanente, lo cual significa que la vida en pareja debe ser constante y continua por lo menos durante dos años, reflejando así la estabilidad que ya la Corte reconoció como aspecto fundamental de la relación, reduciendo a la condición de poco serias las uniones esporádicas o efímeras que no cumplen con tal requisito.
La explicación de la característica de singular que el citado artículo primero contempla, no es más que la simple aplicación de lo hasta aquí dicho en torno al objetivo de unidad familiar pretendido con la unión marital de hecho, por cuanto la misma naturaleza de familia la hace acreedora de la protección estatal implicando para el efecto una estabilidad definida determinada por una convivencia plena y un respeto profundo entre sus miembros en aplicación de los mismos principios que redundan la vida matrimonial formalmente constituida, pues, como se indicó, se pretendió considerar esta unión como si lo único que faltara para participar de aquella categoría fuera el rito matrimonial que corresponda.
Además, y no es razón de poca monta, constituye norma de hermenéutica que las palabras de que se sirve el legislador, si no es que éste les da un significado especial y particular, deben entenderse en su sentido natural y obvio, según su uso general.
La singularidad de algo puede entenderse por su peculiaridad o especialidad, atendiendo que no se parece del todo a otra cosa. Pero también entraña el contrario de plural. El empleo que de ella hizo la Ley 54 dice más de la segunda de las anotadas acepciones que de la primera; vale decir, refiere es al número de ligámenes o uniones maritales y no a la condición sui generis de la relación; esto es, la exigencia es que no haya en ninguno de los compañeros permanentes más uniones maritales que la que los ata, la que, en consecuencia, ha de ser exclusiva. Porque si uno de ellos, o los dos, sostiene no sólo esa unión sino otra u otras con terceras personas, se convierte en una circunstancia que impide la configuración del fenómeno.
Cuando se insinúa que por la evidente posibilidad práctica de que una persona tenga relaciones maritales con varias personas debe dársele el correspondiente cubrimiento jurídico a cada una de ellas, se le da visos superficiales y simplemente matemáticos a lo que debe ser una comunidad, ubicando dentro de ella las varias relaciones en las que una misma persona conviva con otras en forma simultánea, desvirtuando en forma radical el concepto de unidad familiar tan ampliamente defendido en nuestra Constitución y lo que el legislador expresamente pretendió con dicha regulación.
9. Ninguna razón de orden jurídico, pues, asiste al recurrente para sostener la posibilidad de la concurrencia de varias uniones maritales que involucre a un compañero permanente común, en pos de defender los intereses de la demandante a quien el tribunal no le otorgó el reconocimiento de la sociedad patrimonial derivada de la unión marital de hecho que dijo haber conformado con Esteban Bendeck Olivella con el argumento de que judicialmente ya había sido reconocida una sociedad patrimonial originada en la unión marital que constituyó la misma persona, en vida, con persona distinta y durante el mismo término.
Ciertamente que reconocida y demostrada la existencia de una sociedad patrimonial entre unos compañeros permanentes, no es dable reconocer después, referida a la misma época, la concurrencia de otra. No se trata de dar una preferencia especial a una unión marital sobre otra de manera arbitraria, simplemente cuando se dan casos como el que aquí se trata se da una circunstancia de índole procesal, inseparable de la seguridad jurídica, en virtud de la cual en el proceso donde primero se declaró ya la existencia de la sociedad patrimonial emergente de una unión marital de hecho se demostraron, en su momento, todos los elementos que la estructuran, incluyendo la comunidad de vida permanente y singular, mientras que en el segundo proceso quedó desvirtuada, cuando menos, la singularidad de la unión por cuyo reconocimiento se propugna, y por lo mismo es advertible su fracaso.
10. Síguese de todo lo anterior que no se advierte la violación directa de la ley que denuncia el censor y por tanto, no prospera.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 22 de febrero de 1996 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá en el proceso arriba referido.
Silvio Fernando Trejos Bueno—Manuel Ardila Velásquez—Nicolás Bechara Simancas—Jorge Antonio Castillo Rugeles—Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo—José Fernando Ramírez Gómez—Jorge Santos Ballesteros.