Source: http://www.icedaabogadosyasesores.com/2013/10/sentencia-c-42306-sobre-entrega.html
Timestamp: 2017-08-17 10:02:35
Document Index: 144795887

Matched Legal Cases: ['artículo 241', 'artículo 100', 'artículo 104', 'artículo 100', 'artículo 921', 'artículo 100', 'artículo 29', 'artículo 100', 'artículo 104', 'artículo 104', 'artículo 104', 'artículo 104', 'artículo 100', 'artículo 29', 'artículo 98', 'artículo 2347', 'artículo 141', 'artículo 104']

ICEDA I Bufete de Abogados : SENTENCIA C-423/06 - SOBRE ENTREGA PROVISIONAL DE VEHICULO INVOLUCRADOS EN ACCIDENTES DE TRANSITO CON LESIONADOS Y/O MUERTOS
En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política, el ciudadano Juan Carlos Rojas Cerón solicita a esta Corporación la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 100 de la ley 906 de 2004, así como de la expresión "Quien no comparezca, habiendo sido citado en forma debida, quedará vinculado a los resultados de la decisión del incidente", del parágrafo del artículo 104 de la misma normatividad.
Con relación al artículo 100 de la ley 906 de 2004, el demandante considera que la disposición acusada viola los artículos 29 y 58 de la Constitución Política, pues no aclara que, de conformidad con el artículo 921 de aquél, la afectación de los bienes en los procesos penales por delitos culposos, es procedente solamente en los casos en que dichos bienes sean propiedad del indiciado, imputado o acusado.
En su criterio, la supuesta omisión en la que incurre la norma acusada, vulnera el derecho al debido proceso (Art. 29 de la Constitución Política) de quienes, a pesar de no haber sido declarados indiciados, sindicados o acusados, son propietarios de los bienes afectados en los procesos penales por delitos culposos. El demandante sostiene que como consecuencia que el artículo demandado no establece que en el curso de tales procesos, sólo se puede decretar la afectación de los bienes del indiciado, imputado o acusado, "los fiscales y jueces en función de control de garantías vienen aplicando esta disposición, aún cuando los bienes pertenecen a terceros no implicados en la comisión del delito (¿)".
De conformidad con lo anterior, indica que así como la ley 906 de 2004 determinó la improcedencia de vincular al proceso penal a los terceros civilmente responsables, también estableció la improcedencia del embargo y secuestro de sus bienes. Por ello, a su juicio, no tiene sentido la afectación de tales bienes y el condicionamiento de su entrega definitiva, en los casos en que el indiciado, imputado o sindicado no sea su propietario, pues de todas formas, "no podrá ser condenado al pago de perjuicios y por ende su vehículo no podrá ser afectado con avalúo y remate para el pago de los perjuicios a que ha sido condenado el conductor"; sin embargo, estima que la aplicación de la norma acusada, en el evento en que los bienes afectados no sean propiedad del indiciado, imputado o sindicado, constituye "una limitación injusta al ejercicio de la propiedad."
Como consecuencia de las consideraciones expuestas, solicita que la Corte Constitucional declare la inexequibilidad del artículo 100 de la ley 906 de 2004 "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal", o que en su defecto declare "la constitucionalidad de la norma atacada pero condicionada a que su aplicación sólo se hace viable cuando el propietario del vehículo automotor, nave o aeronave o cualquier unidad montada sobre ruedas o los demás objetos que tengan libre comercio, sea del indiciado, imputado, o acusado dentro del respectivo proceso penal."
Por otra parte, en lo que concierne a la expresión "Quien no comparezca, habiendo sido citado en forma debida, quedará vinculado a los resultados de la decisión del incidente", considera el demandante que viola el artículo 29 Superior, por las siguientes razones.
Explica que la entrega provisional de los bienes, obedece a que "es necesario definir dentro del proceso si respecto del vehículo procede medida preventiva de embargo y secuestro", sin embargo, "ello no puede referirse al tomarse la medida contra quien no tenga la calidad de imputado, sindicado o enjuiciado." Por ello, indica que el artículo 100 del Código de Procedimiento Penal debe interpretarse en el sentido que corresponde la entrega definitiva de los bienes afectados, en el caso en que no sean propiedad de quien haya sido indiciado, imputado o sindicado dentro del proceso penal por la comisión de un delito culposo.
Por otra parte, en lo que concierne al artículo 104 del C.P.P. indica que, el sistema acusatorio está construido sobre la obligatoria comparencia de los que son citados por ser acusados, o tener que responder como terceros o aseguradores. Agrega que "Este es el debido proceso completado con las decisiones judiciales basadas en las pruebas obtenidas conforme al artículo 104 de la 906 de 2004". De allí que solicite a la Corte declarar exequible la expresión acusada.
Con relación al cargo expuesto en la demanda, comparte la apreciación del actor, en el sentido que la norma acusada viola los artículos 29 y 58 de la Constitución Política. Esto por cuanto, dado que no aclara que la afectación de los bienes en los procesos penales por delitos culposos, es procedente solamente en los casos en que dichos bienes sean propiedad del indiciado, imputado o acusado, permite "afectar no solamente bienes de propiedad del penalmente responsable, sino de personas que de acuerdo con la ley procesal no ostentan esta calidad."
Por otra parte, en relación con al expresión acusada del artículo 104 de la Ley 906 de 2004, considera que no es inconstitucional por cuanto la preceptiva se dirige a establecer las consecuencias jurídicas adversas que se generan tanto para el solicitante como para el penalmente responsable como consecuencia de sus inasistencias injustificadas a las audiencias propias del incidente, sin que de ninguna manera se privilegie a uno en detrimento del otro, "pues dichos efectos guardan armonía o correspondencia con los intereses que le son inherentes". Sin embargo, señala que en relación con el tercero civilmente responsable que "su inasistencia a las audiencias en los términos del parágrafo del artículo 104, esto es, habiendo sido citado en debida forma, le generan las consecuencias allí previstas, es decir, queda vinculado a los resultados de la decisión, con lo cual definitivamente se viola su derecho al debido proceso (defensa y contradicción), en cuanto que el plazo para la tramitación del incidente no le ofrece al tercero civilmente responsable la oportunidad de ejercer las facultades procesales que podría invocar en el proceso civil, las que a la sazón resultan incompatibles con la celeridad propia del trámite incidental".
Aunque sólo hasta en el incidente de reparación integral, el propietario, poseedor o tenedor legítimo puede realizar actuaciones tendientes a garantizar la protección de sus derechos y controvertir su responsabilidad solidaria, ello no implica una vulneración de su derecho al debido proceso, pues allí "cuenta con todas las garantías procesales para presentar pruebas y controvertir la fuente de la obligación que se le reclama". Sin embargo, en el evento en que el propietario del bien afectado, no sea citado a la audiencia pública en la que se decide en incidente de reparación, "la entrega [del bien] será definitiva a partir de ese momento, como quiera que no se concreta la solicitud de una pretensión indemnizatoria contra el tercero dentro de la actuación penal y, en consecuencia, no estaría obligado a garantizar con sus bienes el pago de perjuicios, reclamados al condenado dentro de ese trámite incidental; y así debe declararse en decisión judicial."
Por otra parte, en relación con la expresión "Quien no comparezca, habiendo sido citado en forma debida, quedará vinculado a los resultados de la decisión del incidente", señala que aunque la jurisprudencia creada a partir de las normas de procedimiento que antecedieron a la Ley 906 de 2004, indica que el juez penal incurre en vía de hecho cuando condena al pago de perjuicios al tercero civilmente responsable que no ha sido vinculado al proceso, por cuanto no se le ha garantizado el ejercicio de su defensa desde el inicio de la acción penal, ese criterio deberá modificarse dentro del actual proceso penal, como quiera que ahora no es posible la constitución de parte civil desde el inicio del mismo y por lo tanto tampoco la presentación de pretensiones indemnizatorias, como tampoco un debate probatorio sobre ellas en el desarrollo del proceso. En tal sentido, afirma que "La imposibilidad de presentar esta clase de pretensiones dentro de la investigación y el juzgamiento contra el tercero civilmente responsable y la consecuente ausencia de actividad o recaudo probatorio encaminado a demostrar dentro del proceso penal la existencia de perjuicios y su valor, son las razones por las cuales no resulta exigible actualmente la vinculación del tercero civilmente responsable desde la génesis del proceso, pues no existe demanda económica frente a la cual deba defenderse".
El ciudadano Juan Carlos Rojas Cerón argumenta que el artículo 100 de la Ley 906 de 2004 vulnera los artículos 29 y 58 constitucionales. Al respecto señala que, en el caso de los delitos culposos, la norma permite que al propietario o poseedor del automotor, así no se trate del imputado, como es el caso de los terceros civilmente responsables, se le condicione la entrega definitiva de aquél, hasta tanto se garantice el pago de los perjuicios causados por otra persona, sin que se le permita participar en la defensa del directo responsable, presentar pruebas, contradecir a la Fiscalía, interponer recursos, etcétera, limitándole el ejercicio "de los derechos derivados de la propiedad". Agrega que, condicionar la entrega definitiva del vehículo al pago de perjuicios "se hace violatorio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, pues se estaría reservando un bien de personas ajenas al proceso penal, para el pago de una condena a quien sí tuvo la oportunidad procesal de defenderse y aportar pruebas y que fue vencido en juicio". Señala asimismo que, teniendo en cuenta que el tercero civilmente responsable ya no puede ser vinculado al proceso, no podrá por tanto ejercer como sujeto procesal en procura de defender los intereses que se le derivan de la defensa de su patrimonio económico afectado. En pocas palabras, la norma es inconstitucional, ya que, además de vulnerar el derecho al debido proceso, limita el ejercicio del derecho de propiedad sobre automotores a terceros que bajo el actual sistema procesal penal no pueden hacer parte del proceso en el cual se resuelve sobre el destino de sus bienes, y por lo tanto, están impedidos para defender sus intereses e intervenir en defensa de la persona por quien deben responder solidariamente.
Ahora bien, en lo que atañe a la medida cautelar de entrega provisional del vehículo automotor, nave, aeronave o cualquier unidad montada sobre ruedas, "y los demás objetos que tengan libre comercio", se tiene que la afectación sobre el disfrute del bien se materializa en el hecho de que el tercero civilmente responsable, en los términos del artículo 98 del C.P.P., no podrá disponer libremente de aquél, en el sentido de llevar a cabo operaciones mercantiles, salvo que cuente con la previa autorización del juez y "cuando aquéllas sean necesarias para el pago de los perjuicios", y además, el importe deberá ser consignado directamente a órdenes del despacho judicial. De tal suerte que la entrega del bien sólo será definitiva, cuando se garantice el pago de los perjuicios o se hayan embargado bienes del imputado o acusado en cuantía suficiente para proteger el derecho a la indemnización de los perjuicios causados con el delito.
El artículo 2347 del Código Civil colombiano, a su vez, dispone que "Toda persona es responsable no sólo de sus propias acciones para el efecto de indemnizar el daño, sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado". En tal sentido, se establece una forma de responsabilidad por el hecho ajeno, de carácter excepcional, basada en que se presume la culpa mediata o indirecta del responsable. De allí que los padres sean responsables solidariamente del hecho de los hijos que habitan en la misma casa9; el tutor o curador es responsable de la conducta del pupilo que vive bajo su dependencia o cuidado; los directores de colegios y escuelas responderán del hecho de los discípulos mientras estén bajo su cuidado, y los artesanos y empresarios, del hecho de los aprendices o dependientes, en el mismo caso10. Así pues, la ley presume que los daños que ocasionen las referidas personas son imputables a quienes debían haber ejercido adecuadamente un control y vigilancia sobre aquéllos, y por ende, la víctima de tales perjuicios debe probar (i) el daño causado y el monto el mismo; (ii) la imputación del perjuicio al directo responsable; y (iii) que este último se encuentre bajo el cuidado o responsabilidad de otro, bien sea por mandato legal o vínculo contractual.
Ahora bien, en lo que concierne a la figura del tercero civilmente responsable en el proceso penal, es necesario tener en cuenta que el Acto Legislativo 03 de 2002 introdujo importantes modificaciones en el sistema procesal colombiano. En tal sentido, en lo que concierne a los actores que integran la relación jurídico-procesal, el nuevo esquema procesal prevé expresamente las intervenciones (i) de las víctimas; (ii) del imputado; (iii) del fiscal; (iv) del juez de conocimiento; (v) del Ministerio Público; (vi) del juez de control de garantías y (vii) de los jurados, encargados de administrar justicia en forma transitoria, en los términos que señale la ley11. Por el contrario, el tercero civilmente responsable no es considerado ni parte ni interviniente en el mismo, lo cual no obsta para que, en los términos de la Ley 906 de 2004, sea citado al incidente de reparación integral de perjuicios, el cual tiene lugar luego de emitido el fallo que declara la responsabilidad penal del acusado, es decir, luego de concluido el juicio oral, e igualmente, se le pueda imponer la medida cautelar de entrega provisional de un vehículo, nave, aeronave o "cualquier unidad montada sobre ruedas y los demás objetos que tengan libre comercio"12, en el caso de los delitos culposos, desde la audiencia de formulación de cargos, esto es, a partir de la etapa de investigación, todo lo anterior, se insiste, sin que la ley procesal lo reconozca como parte o interviniente en el proceso penal. En otras palabras, a pesar de no ser considerado como sujeto procesal durante el proceso penal, tampoco es ajeno al mismo, por cuanto es llamado a participar durante la última etapa de aquél, cual es, el incidente de reparación integral, y al mismo tiempo, sus bienes pueden ser afectados con una medida cautelar desde la etapa de investigación. Tal estado de cosas admite tres posibles interpretaciones, como pasa a explicarse.
En efecto, con anterioridad al Acto Legislativo 03 de 2002, en la Constitución se había diseñado un esquema de proceso penal de carácter mixto, por cuanto confluían en él elementos de los sistemas inquisitivo y acusatorio. En tal sentido, el Decreto Ley 2700 de 1991, en materia de intervención del tercero civilmente responsable, preveía que éste era un sujeto procesal que podía participar "en el trámite incidental de la liquidación de perjuicios que se promueva con posterioridad a la sentencia14", no pudiendo ser condenado en perjuicios de no haber sido previamente notificado "y se le haya permitido controvertir las pruebas en su contra"15, disposiciones todas ellas que fueron declaradas exequibles por la Corte en sentencia C-541 de 1992.
Posteriormente, en los términos de la Ley 600 de 2000, la vinculación del tercero civilmente responsable podía solicitarse desde la admisión de la demanda de parte civil o incluso antes de que se profiriera la providencia de cierre de la investigación16. Consecuente con lo anterior, el embargo y secuestro de los bienes de aquél se podía solicitar una vez ejecutoriada la resolución de acusación17, e igualmente, de conformidad con el artículo 141 de la Ley 600 de 2000, el tercero civilmente responsable tenía "los mismos derechos y facultades de cualquier sujeto procesal", no pudiendo ser condenado en perjuicios "cuando no se haya notificado debidamente ni se le haya permitido controvertir las pruebas en su contra".
Pues bien, la anterior norma fue demandada por un ciudadano que consideraba que la vinculación del tercero civilmente responsable al proceso penal no garantizaba sus derechos al debido proceso y de defensa, pues las posibilidades que tiene el tercero de controvertir las razones de su responsabilidad en el proceso penal, eran menos garantistas que las que le ofrece el proceso civil ordinario. La Corte, en sentencia C-1075 de 2002 consideró que el cargo de inconstitucionalidad planteado por el demandante no estaba llamado a prosperar, y que del examen del contexto normativo que rige la figura del tercero civilmente responsable dentro del proceso penal, se concluía, entre otras cosas, que "Para que pueda vincularse al tercero civilmente responsable es necesario notificarlo personalmente de la demanda de parte civil para que pueda contestarla y controvertir las pruebas que presente la parte civil, así como solicitar las pruebas que demuestren que no está obligado a responder". De igual manera, la Corte ha amparado en sede de tutela los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa de los terceros civilmente responsables18, y asimismo, existe una abundante jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en la materia19.
Pues bien, mediante el Acto Legislativo 03 de 2002 se avanzó hacia un sistema de marcada tendencia acusatoria, que implica, entre otras cosas, (i) la introducción de profundos cambios en lo que concierne a la participación y roles que deben cumplir cada una de las partes e intervinientes en el proceso penal; (ii) la creación de nuevas figuras como el juez de control de garantías; (iii) el respeto por los principios cardinales de igualdad de armas (equality of arms) y la separación entre las funciones de investigar y juzgar ; (iv) la previsión según la cual le corresponde a la Fiscalía "disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral a los afectados con el delito"; y (v) en el cual se celebra un juicio público, oral, con inmediación de las pruebas, contradictorio, concentrado y con todas las garantías, etapa procesal de cardinal importancia en el sistema acusatorio por cuanto durante la misma la fiscalía presentará su teoría del caso, la defensa hará lo propio, se practicarán las pruebas necesarias para condenar o absolver al procesado, e igualmente, las partes e intervinientes presentarán sus alegatos de conclusión.
Segundo.- Declarar exequible la expresión "Quien no comparezca, habiendo sido citado en forma debida, quedará vinculado a los resultados de la decisión del incidente", del parágrafo del artículo 104 de la Ley 906 de 2004, por el cargo analizado.
19 Entre otras, sentencias núm. 8.400 del 22 de junio de 1994, M.P. Edgar Saavedra Rojas; núm. 9393 del 12 de marzo de 1997, M.P. Nilson Pinilla Pinilla; núm. 10.260 del 17 de junio de 1997, M.P. Nilson Pinilla Pinilla; núm. 10.728 del 17 de marzo de 1999, M.P. Carlos Arturo Galvez Argote y núm. 12963 del 18 de Febrero de 2002, M.P. Carlos Eduardo Mejía Escobar.
20 Sentencia SU 062 de 2001.
23 La omisión legislativa relativa supone la actividad del legislador pero de forma incompleta o defectuosa "dado que al regular una situación determinada, éste no tiene en cuenta, omite, o deja de lado, supuestos de hecho que, al momento de aplicarse el precepto correspondiente, genera tratamientos inequitativos o el desconocimiento de derechos de los destinatarios de la norma respectiva (v. gr. derecho a la igualdad, derecho al debido proceso o del derecho de defensa, derechos adquiridos, etc)." La anterior distinción es de gran importancia en la medida en que la Corte se ha declarado competente para conocer únicamente acerca de omisiones legislativas relativas, pues "éstas tienen efectos jurídicos susceptibles de presentar una oposición objetiva y real con la Constitución, la cual es susceptible de verificarse a través de una confrontación de los mandatos acusados y las disposiciones superiores." Quiere decir lo anterior que ante la ausencia total de un precepto o texto legal, la Corte no adelanta un juicio de inconstitucionalidad, por cuanto sólo es competente para conocer y pronunciarse sobre la producción legislativa, no obstante si se trata de una omisión relativa esta puede ser objeto de un juicio de constitucionalidad, que eventualmente podría conducir a proferir una sentencia integradora mediante la cual se subsane la omisión inconstitucional. Así mismo, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la prosperidad del examen de constitucionalidad de una norma, por haber incurrido el legislador en una omisión legislativa relativa, supone el cumplimiento de dos condiciones, a saber: (i) El juicio de inexequibilidad requiere la concurrencia de una norma frente a la cual se predique la omisión; y (ii) la misma debe excluir un ingrediente, condición normativa o consecuencia jurídica que a partir de un análisis inicial o de una visión global de su contenido, permita concluir que su consagración normativa resulta esencial e indispensable para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta Fundamental. De lo anterior se deduce que, en principio, ante un actuar positivo del legislador pero constitucionalmente incompleto, al expedir una normatividad que sin embargo, no contempla todos los supuestos que debería regular en virtud del principio de igualdad o del derecho al debido proceso, corresponde al juez constitucional subsanar