Source: https://www.puentedemocratico.org/red/nota.asp?id_nota=3385
Timestamp: 2019-03-24 13:44:23
Document Index: 327127761

Matched Legal Cases: ['artículo 62', 'artículo 63', 'artículo 88', 'artículo 292', 'artículo 3', 'artículo 137']

Red Puente Democrático Latinoamericano
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Entre los instrumentos internacionales de derechos humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece, en su artículo XIV, que “toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquier autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés personal, y el de obtener pronta resolución”. Al respecto, un ejemplo claro de la supremacía del poder estatal por sobre aquellos derechos formalmente enumerados en la constitución cubana, que emana del artículo 62, lo constituye el llamado “Proyecto Varela”, presentado en 2002 y que no ha merecido la respuesta del gobierno. Oswaldo Payá Sardiñas, fundador en 1986 del Movimiento Cristiano de Liberación, presentó el 10 de mayo de 2002 ante la Asamblea Nacional del Poder Popular un proyecto de referéndum al que denominó “Proyecto Varela”.
Conforme el artículo 63 de la Constitución de Cuba, los ciudadanos tienen el derecho de dirigir quejas y peticiones a las autoridades. Pueden presentar iniciativas de ley acompañando las firmas de 10.000 personas (artículo 88, inciso g). El “Proyecto Varela” fue acompañado con planillas conteniendo las firmas y datos personales de 11.020 personas, es decir, 1.020 más de las exigidas legalmente. Payá Sardiñas presentó su pedido de referéndum, invocando varias cláusulas constitucionales. Invocó además el artículo 292 del Código Penal, que sanciona con privación de libertad de tres meses a un año y multa de trescientas cuotas al que impida u obstaculice que una persona dirija quejas o peticiones a las autoridades. Si el delito se comete por un funcionario público con abuso de su cargo, la sanción se eleva a privación de la libertad de seis meses a dos años y multa de doscientas a quinientas cuotas.
Básicamente, los temas que se solicitó someter a decisión popular están vinculados con la libertad de expresión y asociación, la amnistía de presos políticos, el reconocimiento del derecho de propiedad para formar empresas y la necesidad de una reforma electoral. En la nota que acompaña al Proyecto, Payá Sardiñas solicitó una entrevista para explicarlo a las autoridades, que dicho Proyecto fuese divulgado en los medios de difusión estatales y que se les permitiese explicarlos al pueblo cubano, para que los ciudadanos pudieran opinar al respecto. Invocó para ello los artículos 53, 84 y 87 de la Constitución.
Desde entonces, no hubo ningún trámite en la Asamblea Nacional ni en ningún otro organismo del estado. No se hizo mención alguna al “Proyecto Varela” desde el gobierno. La respuesta, en cambio, fue la reforma constitucional dispuesta por la Asamblea Nacional del Poder Popular el 26 de junio de 2002, por la que se agregó un párrafo final al artículo 3º que dispone que el socialismo y el sistema político y social revolucionario es irrevocable, y modificó el artículo 137, disponiendo que no puede ser reformada la Constitución en lo que hace a su sistema político, económico y social, dado su carácter irrevocable.
Por su parte, los impulsores de esta solicitud de referéndum han sufrido las represalias por parte de los órganos del Estado. En efecto, cuando el 18 de abril de 2003 se produjo la detención masiva y condena sumaria de 75 opositores políticos, 42 de ellos estaban vinculados con la coordinación del “Proyecto Varela”, y muchos más eran firmantes de la petición. La posesión de ejemplares del proyecto y de planillas para la recolección de firmas, fue invocada en las sentencias sumarias como prueba de la tenencia de material subversivo, lo que justificó la imposición de penas que en algunos casos superaron los veinte años de prisión.
Tal ha sido la repulsión del gobierno hacia el “Proyecto Varela”, que su mención hizo que José Daniel Ferrer García recibiera 28 años de prisión, la mayor pena impuesta a los detenidos el 18 de marzo de 2003. En efecto, según testimonios de su esposa, Milka María Peña Rodríguez, durante el juicio Ferrer García le preguntó a uno de los jueces si quería firmar el “Proyecto Varela”, lo que motivó una explosión de ira y que pidiera para él la pena de muerte.