Source: https://www.scribd.com/doc/62826636/Mocion-Proyecto-de-Ley-Proteccion-Derechos-de-la-Ninez-y-Adolescencia-Mesa-ONG-s
Timestamp: 2017-06-24 15:53:26
Document Index: 210304115

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 4', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'artículo 29', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35']

Mocion Proyecto de Ley Proteccion Derechos de la Niñez y Adolescencia (Mesa ONG`s)
Mocion Proyecto de Ley Proteccion Derechos de la Niñez y Adolescencia (Mesa ONG`s)Uploaded by Juan Pablo Venegas GormazRelated InterestsConvention On The Rights Of The ChildConstitutional RightAdoptionRightsChild AbuseRating and Stats0.0 (0)Document ActionsDownloadShare or Embed DocumentEmbedDescription: Se adjunta la propuesta de la Mesa de de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Integrada por ONG`s chilenas vinculadas al tema.View MoreSe adjunta la propuesta de la Mesa de de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Integrada por ONG`s chilenas vinculadas al tema.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentPROYECTO DE LEY PROTECCION DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIAAGOSTO 2011
La Covacha Epifanía Escuela Popular de Artes Proyecto Puerto Cotra Serpaj Los Perales de Tapihue Galerna PPC Acuarela Belén El Cobre ONG Cordillera ONG Raíces Corporación Colectivo Sin Fronteras Corporación La Caleta Corporación Chasqui La Casona de los Jóvenes ONG Gesta Proyecto Aura Fundación Novo Jardín el Rincón de los Niños Programa De Intervención Especializada -Pie Ayen; Fundación Novo Millennio Centro Abierto y Sala Cuna Hermanos en Cristo Pib Tupahue – Hualpén Oeste. Protectora De La Infancia Fundación Cepas Aldeas Infantiles SOS Corporación La Caleta Jardín El Pescador Centro LOIDA Movimiento Apostólico de Adolescentes y Niños MOANI Centro Comunitario Agüita De La Perdiz Centro Acción Social Protagoniza Hogar de Cristo
Campaña Movilizándonos por una Cultura Integral de Derechos de niñas, niños y adolescentes que viven en Chile (300 organizaciones a nivel nacional) Red de Infancia de Lota Región del Bío Bío (20 organizaciones) Red de Infancia de La Pintana (25 organizaciones) Red de Infancia de Cerro Navia (12 organizaciones) Red de Infancia de San Bernardo (20 organizaciones) Red de infancia de Quilicura (40 organizaciones) Red de Infancia de San Miguel (20 organizaciones) Red de de infancia de La Florida (20 organizaciones) Red de Infancia de La Granja (20 organizaciones) Red de iniciativas ciudadanas de La Florida (120 organizaciones) Red de Infancia de El Bosque (20 organizaciones) Red Infancia y Familia Litoral Quinta Región (5 organizaciones) Red De Centros de Educación Comunitaria (12 organizaciones) Organizaciones sociales de la Red Provincia de Arauco (13 organizaciones) Plataforma Tierra de Hombres – Chile (7 organizaciones) Fundación Anide (22 organizaciones) Corporación Apacheta de Arica Niños en la Huella, Iquique ; Fundecam, Temuco Asociación Chilena Pro Naciones Unidas Hermanos Maristas Chile
Fundamentos Junto con el cumplimiento de compromisos adquiridos por el Estado y de la incorporación de recomendaciones provenientes de organismos internacionales, la realidad nacional urge a promulgar una ley de protección integral de derechos de la infancia y la adolescencia que se constituya en la base de un sistema de protección que contemple la implementación de una nueva institucionalidad de servicios públicos que lo viabilice y que considere, además, la figura de un Defensor independiente de la administración. En efecto, la sociedad chilena se va haciendo cada vez más sensible ante situaciones de vulneración y atropello de los derechos de la infancia a propósito de emblemáticos casos de abuso sexual, maltrato intrafamiliar, negligencia institucional y otra serie de repudiables hechos. Las cifras indican que Chile está lejos de lo esperable en cuanto al pleno reconocimiento y garantía de derechos de los niños y niñas que viven en el país. Durante el año 2010, 91.500 casos de niños/niñas fueron conocidos por Tribunales de Familia, arrastrando situaciones de grave vulneración (el total se aproxima a los 130 mil). Alrededor de 15.000 niños fueron atendidos en los programas especializados a diciembre de 2010, y otros 15.000 en residencias. Esto se traduce en una existencia aproximada de más de 88.600 niños/as y adolescentes vulnerados en sus derechos que no cuentan actualmente con atención/oferta en el ámbito de la Protección. En el contexto internacional, durante los últimos veinte años al menos diecisiete países latinoamericanos han adecuado su legislación interna a los requerimientos de la Convención de los Derechos del Niño; para Chile, sin embargo, ésta sigue siendo una tarea pendiente. Por otra parte, países miembros de la OCDE, como Suecia, Dinamarca y Finlandia, han sido pioneros desde hace décadas en generar medidas que aseguran el efectivo cumplimiento de los derechos de los niños. Tal como este organismo (la OCDE) se ha convertido en un referente para el desarrollo nacional, puede serlo también para fijarse metas y encontrar modelos que permitan a los niños, niñas y adolescentes el disfrute pleno de sus derechos, en un contexto protector garantizado por un Estado de Derecho. En efecto, y atendido que nuestro país ratificó la Convención de los Derechos del Niño en septiembre de 1990, promulgándola como ley de la República mediante el Decreto Supremo N° 830 del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial del 27 de septiembre de 1990, elevándola a rango constitucional conforme lo dispuesto por el artículo 5º inciso final de nuestra Carta Fundamental, el referido instrumento internacional adquirió el carácter de vinculante y de ley 2
interna para el Estado chileno, obligándolo a adoptar todas las medidas tendientes a promover y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, reconociéndolos como sujetos de derecho con autonomía progresiva en su ejercicio, iguales ante la ley y con igual protección de ésta en el referido ejercicio. En consecuencia, el Estado de Chile debe y deberá tener presente en la generación de políticas públicas, prácticas legislativas y administrativas, como principio rector el interés superior de los niños, niñas y adolescentes garantizando la igualdad en el ejercicio de sus derechos como la oportuna protección frente a cualquier situación de vulneración. En este escenario, y sin perjuicio de las ideas matrices de este proyecto, los dos principales motivos de preocupación y recomendación realizadas por el Comité de los Derechos del Niño a nuestro país, han sido, en primer lugar la necesidad de contar con un organismo autónomo que promueva y proteja los derechos de niños y jóvenes y, por otro, una Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Respecto de la primera recomendación, es preciso tener en cuenta que el artículo 4 de la Convención sobre los Derechos de Niño obliga a los Estados Partes a adoptar "todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención". Para tales efectos, la Convención y en particular el Comité de los Derechos del Niño señala que el establecimiento de instituciones nacionales independientes de derechos humanos representa un importante mecanismo para promover y asegurar la aplicación de la Convención. Es más, consideran que el establecimiento de tales órganos forma parte del compromiso asumido por los Estados Partes al ratificar la Convención de garantizar su aplicación y promover la realización universal de los derechos del niño. Del mismo modo, el Comité estima que es imprescindible crear una institución independiente para la promoción y vigilancia de la aplicación de la Convención y apoyarlos en esa tarea. Es decir una suerte de defensoría de los Derechos de los Niños y Adolescentes. En Chile, lamentablemente no contamos con una legislación que establezca como objetivo principal la protección de la infancia y la adolescencia. Es más, fruto de reiteradas e inorgánicas reformas a la denominada ley de menores, hoy no contamos con un cuerpo legal sistemático y coherente que precisamente tenga como foco la protección integral de los derechos de los niños. A mayor abundamiento, podemos sostener que diversas leyes promulgadas en el último tiempo, no obstante declarar su intención de proteger la infancia y la adolescencia, no han hecho más que sucumbir ante el hegemónico discurso de la seguridad ciudadana, de establecer medidas punitivas para las infracciones de niños y adolescentes, rebajar la imputabilidad criminal, criminalizar a los adolescentes contra toda recomendación de organismos especializados, no
establecer una ley “orgánica” que sistematice, haga coherente, desarrolle y profundice sobre los verdaderos alcances que tiene la protección de la infancia y la adolescencia. Por ello, llama la atención que hasta ahora no se haya concretado una reforma de la Ley de Menores (Ley Nº 16618 de 1967) con el fin de contar con una ley integral de protección de la niñez, que no solamente de cuenta de la referida Convención, sino que particularmente se proponga unificar en un cuerpo legal que, abordando los aspectos referidos a la judicatura, a la policía y a las medidas cautelares, proponga una nueva centralidad que establezca un nuevo paradigma: el interés superior del niño. Como ya está dicho, ante la evidente debilidad institucional y jurídica para garantizar la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes; los innumerables casos de maltrato y abuso sexual infantil existentes; la insuficiente oferta de programas de prevención, promoción y protección general y especializada dada por la autoridad, es necesario aunar esfuerzos para trabajar en una triple dimensión que contemple un bloque o paquete legislativo: a) Ley de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes. b) Defensor de la Niñez. c) Nueva institucionalidad administrativa o servicio público que vele por la protección de los derechos. El proyecto que se propone a través de esta moción, precisamente se hace cargo de la primera, toda vez que las otras dos iniciativas, por mandato constitucional, corresponden al del Presidente de la República. Ideas Matrices 1. Garantizar la protección de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, reconocidos en la Constitución Política, en la Convención de los Derechos del Niño y demás tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, y en las leyes. 2. El concepto de protección corresponde a la protección integral prescrita por la Convención de los Derechos del Niño, incluyendo, por tanto: Las libertades y derechos civiles de niños, niñas y adolescentes. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes que por naturaleza se ejercen en el seno de la convivencia familiar Los derechos económicos, sociales y culturales de niños, niñas y adolescentes. Los derechos de protección especial referentes a situaciones de vulnerabilidad.
Las garantías judiciales que corresponde a niños, niñas y adolescentes cuya vida se ve judicializada, ya sea por causas de protección, por causas de infracciones a la ley penal o por cualquiera otra causa.
3. Que la sociedad toda y en particular los órganos del Estado, desarrollen en su quehacer una visión que tenga como centralidad el goce y ejercicio efectivo del conjunto de derechos de los niños, niñas y adolescentes a fin de prevenir y resolver las situaciones de vulneración de derechos y con el fin de promover el ejercicio de los mismos. 4. La ley debe reconocer a los niños como sujetos de derecho, con autonomía progresiva para ejercerlos de acuerdo a su edad y madurez, para participar en todo asunto que les afecte o sea de su interés en cualquier orden o ámbito de la vida nacional, y para asumir las responsabilidades que derivan del ejercicio de dichos derechos. 5. Regulación específica del ejercicio de ciertos derechos. Resulta fundamental que la ley regule específicamente ciertos derechos fundamentales y disponga de medios y dispositivos propios para que los niños y adolescentes puedan ejercerlos por sí mismos, en el caso de sus libertades personales, de conciencia, opinión y participación, los derechos a la identidad, a la vida privada e intimidad y todos los que reconocen la Constitución, la Convención de los Derechos del Niño y los demás tratados internacionales de derechos humanos en diversos ámbitos de su vida y quehacer. 6. Finalmente, es fundamental reconocer mediante la ley los roles y responsabilidades de los padres, como cuestión primordial, y los demás principios consagrados en la Convención de los Derechos del Niño, como el interés superior del niño, la igualdad y no discriminación y la participación de los niños. En virtud de las consideraciones y fundamentos expuestos y habida consideración de las normas legales y constitucionales pertinentes, vengo en presentar ante el Honorable Senado de la República, el siguiente:
Proyecto de Ley de Protección de los Derechos la Niñez y la Adolescencia
Título Preliminar Artículo 1º.- Objeto. La presente ley tiene por objeto garantizar la protección de los derechos fundamentales de los niños y adolescentes reconocidos en la Constitución Política de la República, en la Convención de los Derechos del Niño, en los demás tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes y en el ordenamiento jurídico nacional. 5
La ley establecerá los mecanismos que los órganos de la Administración del Estado, los Tribunales de Justicia y, en general, todas las entidades públicas y privadas deberán desarrollar con el fin de que niñas, niños y adolescentes gocen y ejerzan el conjunto de sus derechos; con el objeto de prevenir y resolver las situaciones de vulneración de los derechos de aquellos, así como de promover su ejercicio conforme a su autonomía progresiva. Artículo 2º.- Definiciones. Para el objeto de la presente ley se entenderá por: a) Niño o niña: Toda persona menor de catorce años de edad. b) Adolescente: Toda persona mayor de catorce años y menor de dieciocho. c) Protección integral: Aquella que comprende todos los derechos de niños y adolescentes reconocidos por la Constitución Política de la República, la Convención de los Derechos del Niño y demás tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile y que se encuentren vigentes, incluyendo, por tanto, las libertades y derechos civiles de los niños y adolescentes, los derechos que por naturaleza se ejercen en el seno de la convivencia familiar, los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos de protección especial referentes a situaciones de vulnerabilidad de los niños y adolescentes, así como las garantías que corresponde a niños y adolescentes cuya vida se vea sometida a la acción de los tribunales de justicia o de la administración del Estado, en razón de su protección, o por causa de la investigación o juzgamiento de infracciones a la ley penal o por cualquiera otra causa. Artículo 3°.- Sujeto de derecho. Todos los niños y adolescentes son sujetos de derecho, capaces de gozar incondicionalmente de los mismos, con autonomía progresiva para ejercerlos personalmente de acuerdo a su edad y madurez, para participar en todo asunto que les afecte o sea de su interés en cualquier orden o ámbito de la vida nacional, y para asumir las responsabilidades que derivan del ejercicio de dichos derechos. Título I De los principios Artículo 4°.- Principio del interés superior del niño. La preocupación fundamental de los padres, de los representantes legales, guardadores o tutores de los niños y adolescentes, de otros miembros o personas de la familia encargados legalmente del niño o adolescente, y de la comunidad local o nacional, en su caso, es el interés superior del niño, para lo cual procurarán su mayor realización espiritual y material posible, y lo guiarán en el ejercicio de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana de modo conforme a la evolución de sus facultades.
En todas las medidas concernientes a los niños y adolescentes que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales de justicia, las autoridades administrativas y, entre estas, especialmente las de protección de la infancia y adolescencia, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. Es deber del Estado asegurar al niño y al adolescente la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, representantes legales u otras personas responsables de él ante la ley. Los tribunales de justicia, para adoptar sus resoluciones atenderán, como consideración primordial, al interés superior del niño, y tendrán debidamente en cuenta sus opiniones, en función de su edad y madurez. Artículo 5º.- Principio de igualdad y no discriminación. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la igualdad ante la ley y, en virtud de ello, tienen derecho a la igualdad de trato en el goce y ejercicio de sus derechos por parte de toda autoridad, institución, persona u organismo público o privado, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, posición económica, impedimentos físicos, nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales. Asimismo, todo niño y adolescente estará legalmente protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, sus guardadores, representantes legales o familiares. Artículo 6º.- Principio de participación. Todo niño y adolescente goza plenamente de los derechos reconocidos en la Constitución y las leyes y, en su virtud, es hábil para ejercerlos personalmente conforme a su edad y madurez. El derecho a participar implica una escala gradual y creciente de injerencia en los asuntos que afectan o interesan al niño o adolescente, que comienza con el derecho a ser oído en todo procedimiento judicial o administrativo que le afecte, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, continúa con su derecho a la información y culmina en su derecho a tomar decisiones sobre su vida personal, a asociarse u organizarse de manera autónoma y a que sus opiniones sean debidamente tenidas en cuenta y razonadamente ponderadas en la construcción de la voluntad y las decisiones sociales, respecto de todo aquello que les afecte o interese.
Artículo 7º.- Principio de desarrollo y calidad de vida digna. Todo niño y adolescente tiene derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Los padres y, en su caso, otras personas encargadas legalmente del niño o adolescente tienen la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño o adolescente. La ley y el Estado, a través de los servicios de bienestar social generales y especiales, de nivel nacional, regional o local, adoptarán las medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño o adolescente a dar efectividad a este derecho y proporcionarán asistencia material y crearán programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario, la vivienda, la salud, la educación, la recreación y las oportunidades económicas y de participación en la vida nacional. En todas estas materias, el Estado procurará actuar sobre la base de una perspectiva de integralidad de las necesidades de los niños y adolescentes y de sus familias, estableciendo la adecuada coordinación interinstitucional para la prestación de sus servicios e intervenciones, evitando la fragmentación, redundancia o vacío de las mismas. Artículo 8°.- Principio de responsabilidad de los padres y de la familia. Los padres tienen la responsabilidad primordial y los derechos y los deberes correspondientes al cuidado personal, crianza, educación y desarrollo de sus hijos, así como a su orientación en el ejercicio progresivo de sus derechos y responsabilidades, en consonancia con la evolución de sus facultades. A falta de los padres, esta responsabilidad, derechos y deberes corresponderán a sus guardadores o tutores, a otras personas competentes, preferentemente dentro de la familia del niño o adolescente, de conformidad con las leyes civiles, en subsidio, a la comunidad, a través del sistema y de los organismos de protección, de conformidad a esta ley. Artículo 9º.- Responsabilidad del Estado. El Estado tiene el deber de adoptar todas las medidas administrativas, legislativas, judiciales y de cualquier otra índole, que sean necesarias y apropiadas para asegurar que todos los niños, niñas y adolescentes disfruten plena y efectivamente de sus derechos y garantías. Cuando los derechos de un niño o adolescente se encuentren en situación de vulneración grave, sea por maltrato, abuso, descuido o negligencia grave, explotación económica, laboral o sexual o cualquier otra causa, que los padres, guardadores u otros miembros de la familia a cargo del niño no puedan enfrentar, ya sea por falta o inhabilidad física o moral, el Estado deberá actuar en subsidio de ellos para la aplicación de medidas de protección en favor del niño o adolescente, a
través del sistema de protección establecido en esta ley y en otras que lo complementen. Artículo 10°.- Responsabilidad y funciones de la comunidad. La comunidad, a través de organismos colaboradores del Estado o de otras organizaciones de la sociedad civil, deberá promover y velar por el reconocimiento y respeto de los derechos de los niños y adolescentes. Ni la comunidad, a través de organismos colaboradores o delegados del Estado, ni otras instituciones u organizaciones, podrán intervenir o interferir en las decisiones de los padres o de los representantes legales, relativas a la crianza de los niños, salvo en los casos que la ley lo autorice. Artículo 11°.- Transparencia y cuenta de las actividades de la autoridad. La autoridad administrativa que tenga a su cargo velar por las necesidades de protección de niños y adolescentes que viven en Chile, deberá rendir cuenta en forma anual de sus actividades en audiencia pública. Sin perjuicio de lo anterior, las políticas, planes, programas y actividades, así como su ejecución presupuestaria, licitaciones, concursos, subvenciones y transferencias a privados, deberán estar a disposición del público en su página web, y toda información ser facilitada de manera expedita a solicitud de interesado, de conformidad a la Ley de Acceso a la Información Pública.
Título III De los derechos de los niños y adolescentes Artículo 12°.- Derechos y garantías esenciales a la persona humana. Los derechos y garantías de los niños y adolescentes consagrados en la presente ley son de carácter enunciativo. Se les reconocen, por lo tanto, todos los derechos y garantías esenciales que emanan de la naturaleza humana, aunque no figuren expresamente en esta ley. El niño y el adolescente gozan de todos los derechos esenciales a la persona humana, sin perjuicio de la protección integral de que trata esta ley, asegurándoseles, por ley o por otros medios, todas las oportunidades y facilidades, con el fin de posibilitarles el desarrollo físico, mental, moral, espiritual y social, en condiciones de libertad y dignidad.
Artículo 13°.- Derecho a la vida y la integridad física y psíquica. Todo niño y adolescente tiene derecho a la vida y a la integridad física, psíquica y moral de su persona.
En virtud de este derecho, el Estado asegurará a todo niño y adolescente: a) El derecho a no ser objeto de daños o abusos físicos, mentales o sexuales, descuidos o tratos negligentes, malos tratos o explotación que afecten su integridad personal. b) El derecho a ser protegido de todas las formas de explotación y abuso sexual. c) El derecho a no ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. En ningún caso, se le podrá aplicar sanciones corporales. Se prohíbe estrictamente toda medida disciplinaria que constituyan un trato cruel, inhumano o degradante, incluidos los castigos corporales, la reclusión en celda oscura y las penas de aislamiento o celda solitaria, así como cualquier otra sanción que pueda poner en peligro la salud física o mental de niños, niñas y adolescentes. Este derecho no admitirá limitaciones de ningún tipo. d) El derecho a tener un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, que asegure para sí y su familia la salud y bienestar, y en especial: 1) Alimentación nutritiva y balanceada, en calidad y cantidad que satisfaga las normas de la dietética, la higiene y la salud; 2) Vestido apropiado al clima y que proteja la salud; 3) Vivienda digna, segura, higiénica y salubre, con acceso a los servicios públicos esenciales. Artículo 14°.- Derechos de la personalidad. Todo niño y adolescente gozará de los derechos a la personalidad e identidad. En particular tendrá derecho a: a) Un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos, desde el momento de su nacimiento. b) Ser inscrito inmediatamente después de su nacimiento, gratuitamente en el Registro Civil, de conformidad con la ley. c) Para los niños y niñas nacidos en territorio chileno, el derecho a adquirir la nacionalidad chilena, si no tienen derecho a otra; y a no ser privados arbitrariamente de ella ni de su derecho a cambiarla. d) Preservar sus identidades, incluidas la nacionalidad, el nombre y las relaciones de familia, de conformidad con la ley y sin injerencias ilícitas. e) Conocer, independientemente de cuáles fueron sus filiaciones, a sus padres y ser cuidado por ellos, salvo cuando sea contrario a sus mejores intereses. f) Tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, creencias y a emplear su propio idioma, en común con los demás miembros de su grupo étnico, religioso, lingüístico o de origen indígena. g) La vida privada, el honor, la reputación, la intimidad personal y de su familia y la propia imagen. Este derecho comprende también la inviolabilidad del domicilio familiar y de la correspondencia, así como el secreto de las comunicaciones.
h) No ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación. Artículo 15°.- Derecho a la convivencia familiar. Todo niño y adolescente tiene derecho a vivir en el seno de su familia, a convivir con sus padres y a gozar de los beneficios morales, espirituales y materiales de la convivencia y unidad familiar. En virtud de lo preceptuado en este artículo, ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta al cuidado personal, la crianza y el desarrollo del niño o adolescente, y todo niño y adolescente tiene derecho a: a) Conocer a sus padres y a ser criados y educados por ellos, salvo que sea contrario a su interés superior. b) No ser separados de sus padres, a excepción de lo establecido en la presente ley cuando por maltrato, abuso u otra causa calificada, tal separación sea necesaria en razón del interés superior del niño, y en los casos de separación de los padres, materia en la que se estará a lo regulado en las leyes de familia. Con todo, cuando el niño o niña esté separado de uno o de ambos padres tendrá derecho a mantener de forma regular y permanente relaciones personales y contacto directo con ambos padres, salvo el interés superior del niño. Artículo 16°.- Derecho a la libertad. Todo niño y adolescente tiene derecho a las libertades reconocidas por la Constitución y las leyes, por la Convención de los Derechos del Niño y los demás tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes y, en virtud de ello gozarán del: a) Derecho al libre y pleno desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las establecidas en la ley. b) Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. La ley respetará los derechos y deberes de los padres y, en su caso, de los representantes legales, de guiar al niño o adolescente en el ejercicio de estos derechos de modo conforme a la evolución de sus facultades. Consecuentemente, los niños y adolescentes podrán adoptar la religión o creencias de su elección y gozar de la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado. La libertad de profesar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger los derechos y libertades fundamentales de los demás. c) Derecho a expresar su opinión libremente en los asuntos en que tengan interés siempre que estén en condiciones de formarse un juicio propio en
función de su edad y madurez. Este derecho se extiende a todos los ámbitos en que se desenvuelven los niños y adolescentes, especialmente, el ámbito estatal, familiar, comunitario, social, escolar, científico, cultural, deportivo y recreacional. No obstante, ningún niño o adolescente podrá ser obligado o presionado, de cualquier forma, para expresar su opinión. Derecho a ser oído en el ámbito familiar y a ser escuchados en todo procedimiento judicial o administrativo. La opinión del niño y adolescente será tomada en consideración de acuerdo al grado de madurez alcanzado, especialmente, en los casos de protección, adopción, tuición, en la determinación de un tratamiento médico y en la adopción de medidas disciplinarias que impliquen su exclusión o expulsión de un establecimiento educacional. Derecho a la libertad de difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin censura previa, ya sea oralmente, por escrito, mediante impresos, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por éstos. Nadie puede molestar o discriminar a los niños, niñas y adolescentes por causa de sus opiniones. El ejercicio de este derecho podrá estar sujeto a ciertas restricciones para garantizar el respeto de los derechos de los demás o la protección de la intimidad o imagen del propio niño, niña o adolescente. Derecho a recibir, buscar y utilizar todo tipo de información, especialmente, aquella que tenga por finalidad promover su bienestar social, espiritual, ético y su salud física y mental, siempre que sea acorde con su desarrollo y a seleccionar sin restricción el medio a través del cual la reciben. Este derecho no tendrá más límites que los establecidos por la ley y los derivados de las facultades legales que corresponden a los padres o representantes legales. Derecho a acceder a los espectáculos públicos, salas y lugares que exhiban producciones artísticas clasificadas como adecuadas para sus edades. Derecho a la libertad de asociación y a reunirse pacíficamente. No podrá establecerse otras restricciones a la creación, subsistencia y desarrollo de organizaciones y movimientos infantiles, juveniles o de estudiantes, que las establecidas legalmente en interés de la seguridad o el orden público, la protección de la salud y la moral públicas o la protección de los derechos y libertades de los demás. Derecho a la libertad personal y a la seguridad individual. Ningún niño, niña o adolescente puede ser privado de su libertad personal ni ser ésta restringida arbitrariamente salvo en los casos y en la forma determinados por la Constitución y las leyes. Con todo, la detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño, niña o adolescente se llevará a cabo con absoluta sujeción a la ley y se utilizará sólo como medida de último recurso y durante el periodo más breve posible.
Artículo 17°.- Derecho a la educación. Todo niño y adolescente tiene derecho a la educación, en virtud de lo cual: a) Todo niño o niña menor de seis años tiene derecho a atención en guardería infantil y a la educación parvularia.
b) Los niños y adolescentes gozarán del derecho a acceder, a ser inscritos y permanecer en la enseñanza básica y media, en establecimientos educacionales cercanos a sus domicilios, incluso aquellos que no tuvieron acceso a ella a la edad correspondiente. c) Los adolescentes que trabajan tienen derecho a que se les ofrezcan programas de enseñanza nocturna regular adecuados a sus condiciones y disponibilidad. d) La ley reconoce el derecho a acceder, de manera progresiva, a la enseñanza superior sobre la base de la capacidad en condiciones equitativas. Tanto el acceso como la permanencia en la enseñanza superior no será discriminatorio. e) Todos los niños, niñas y adolescentes discapacitados tienen derecho a recibir atención educacional especializada, preferentemente en la red regular de enseñanza. Se propiciará la adopción de las medidas necesarias para que los niños, niñas y adolescentes discapacitados tengan un acceso físico expedito a los establecimientos educacionales. f) Todos los adolescentes privados de libertad tienen derecho a recibir escolarización y profesionalización. g) El Estado promoverá el derecho de las minorías étnicas a abrir y mantener establecimientos educacionales y enseñar su propio idioma. h) Los niños y adolescentes tiene derecho a que la disciplina escolar se administre respetando su dignidad y derechos. Artículo 18°.- Derecho al descanso, esparcimiento, juego, recreación, vida cultural y artes. En virtud del derecho al descanso, el esparcimiento, el juego, la recreación, la vida cultural y las artes, todo niño y adolescente gozará del: a) Derecho al descanso, la recreación y esparcimiento, al juego, al deporte y a las actividades recreativas propias de su edades. b) Derecho a participar plenamente y en condiciones de igualdad en la vida cultural y artística. c) Derecho a un ambiente sano y ecológico equilibrado, así como a la preservación y disfrute del paisaje. Artículo 19°.- Derecho a la protección de la salud. En virtud del derecho a la protección de la salud, todo niño y adolescente gozará del:
a) Derecho a la protección de su vida y de su salud, comprendiendo el derecho al nacimiento y desarrollo sano y armonioso, en condiciones dignas de existencia. b) Derecho a gozar del más alto nivel posible de salud física y mental, y a prestaciones de salud de la más alta calidad posible para la prevención y el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. c) Acceso universal e igualitario a planes, programas y acciones, de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de la salud, como asimismo, posibilidades de acceso a prestaciones médicas y odontológicas. d) Derecho a ser informados y educados sobre los principios básicos de prevención en materia de salud, nutrición, ventajas de la lactancia materna, estimulación temprana en el desarrollo, salud sexual y reproductiva para una conducta sexual y una maternidad y paternidad responsable, sana, voluntaria y sin riesgos, higiene, saneamiento sanitario ambiental y las medidas de prevención de accidentes. e) Derecho a ser protegido del uso, producción y tráfico ilícitos de estupefacientes y sustancias psicotrópicas enumeradas en los tratados internacionales pertinentes. f) Derecho de todo niño o adolescente que padezca de una discapacidad física o mental a recibir cuidados especiales de acuerdo con su condición. El Estado y sus organismos de protección asegurarán, con sujeción a los recursos disponibles, las prestaciones que el niño o adolescente requiera, y a los responsables de su cuidado de la asistencia que se solicite y que sea adecuada al estado del niño y a las circunstancias de sus padres o de otras personas que cuiden de él. La asistencia que se preste conforme a lo preceptuado en esta letra será gratuita, habida cuenta de la situación económica de los padres o de las otras personas que cuiden del niño, y estará destinada a asegurar que el niño o adolescente discapacitado tenga un acceso efectivo a la educación, la capacitación, los servicios sanitarios, los servicios de rehabilitación, la preparación para el empleo y las oportunidades de esparcimiento. g) Derecho de todo niño o adolescente que haya sido internado en un establecimiento por las autoridades competentes para los fines de atención, protección o tratamiento de su salud física o mental a un examen periódico del tratamiento a que esté sometido y de todas las demás circunstancias propias de su internación.
Artículo 20°.- Derecho a la seguridad social. En virtud del derecho a la seguridad social, todo niño y adolescente gozará del: a) Derecho a recibir del Estado los servicios de asistencia social necesarios para promover su desarrollo individual y la calidad de vida de su familia. b) Derecho a inscribirse y beneficiarse de la seguridad social. Artículo 21°.- Derecho a la protección en el trabajo. En virtud del derecho a la protección en el trabajo, todo niño y adolescente gozará del: a) Derecho a estar protegidos contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental espiritual, moral o social. b) Derecho a recibir asistencia especial y efectiva para la adecuada promoción y protección de sus derechos frente a los peligros y amenazas provenientes del trabajo.
Título III De la Protección de los niños y adolescentes Artículo 22°.- Protección universal de los derechos. Es deber del Estado brindar protección a los derechos de los niños y adolescentes, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales. Los organismos públicos de bienestar social, el Servicio Nacional de la Infancia y Adolescencia y todas las demás instituciones públicas o privadas que tengan a su cargo funciones en que pudiere verse afectados alguno de los derechos de los niños y adolescentes reconocidos en esta ley dirigirán el ejercicio de sus competencias y atribuciones a asegurar a todos los niños y adolescentes los derechos y libertades que la Constitución Política, la Convención de los Derechos del Niño, los demás tratados internacionales y la legislación vigente les reconocen. La ley dispondrá de los mecanismos específicos y de los medios requeridos para que los niños y adolescentes puedan ejercer sus derechos fundamentales en todos y cada uno de los ámbitos de su existencia, y para que los organismos señalados en el inciso anterior los garanticen efectivamente. Los organismos públicos y las municipalidades deberán coordinar su acción entre sí para asegurar el óptimo desempeño de sus funciones y el adecuado ejercicio de
los derechos de niños y adolescentes en el seno de sus familias y comunidades o en los ámbitos de protección en que se desenvuelva su vida cotidiana. Artículo 23º- Protección especial del Estado. Las instituciones del Estado y, en particular, el Servicio Nacional de la Infancia y la Adolescencia, tienen el deber de brindar especial protección a los niños y adolescentes que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad o riesgo de vulneración de sus derechos. La protección del Estado se desarrollará en sede administrativa y en sede jurisdiccional, de acuerdo con la naturaleza de la situación y circunstancias que corresponda atender. Artículo 24º.- Protección contra toda forma de maltrato, abuso o explotación. Los organismos y servicios del Estado deberán intervenir, sea que el niño o adolescente se encuentre bajo el cuidado de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona o institución que lo tenga a su cargo, para prevenir y proteger al niño y adolescente contra toda forma de maltrato, daño o abuso físico o psicológico, descuido o trato negligente, explotación o abusos sexuales, y contra todas las demás formas de maltrato o explotación que sean perjudiciales para cualquier aspecto de su bienestar, procurando impedir, a través del ejercicio de sus competencias y atribuciones: a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal; b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales; c) La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos. Artículo 25°.- Protección en sede administrativa. La protección en sede administrativa se realizará mediante las funciones y la aplicación de los programas y acciones que sean de competencia del Servicio Nacional de la Infancia y Adolescencia y de su red de organismos colaboradores acreditados, y a través de las municipalidades y de los demás organismos públicos que en virtud de sus competencias deban garantizar el ejercicio del conjunto de los derechos de los niños y adolescentes en general, o de alguno o algunos de esos derechos en áreas o materias específicas. Los órganos de la administración del Estado y las municipalidades deben velar por el respeto de los derechos de niños y adolescentes, adoptando todas las medidas tendientes a prevenir o superar las situaciones de vulneración de sus derechos, dentro del ámbito de sus competencias, para lo cual deberán contar con los recursos financieros para tal efecto, provistos por el presupuesto público.
Artículo 26°.- Protección administrativa especial. De conformidad a las funciones que la ley le asigna, corresponderá al Servicio Nacional de la Infancia y Adolescencia diseñar, planificar y ejecutar los programas y acciones destinados a la prevención, protección y restitución de los derechos de los niños y adolescentes ante cualquier situación o amenaza de vulneración de los derechos de los niños y adolescentes, y a coordinar con los demás organismos del Estado la protección integral y la promoción de dichos derechos. Artículo 27º.- Medidas de restitución de derechos y reintegración social. El Estado, a través de sus organismos y servicios competentes, y previa orden judicial, cuando ello fuere procedente, adoptará todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de cualquier forma de abandono, explotación o abuso; tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. La recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente y mediante programas que fomenten la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño o adolescente. Artículo 28°.- Solicitudes y reclamaciones. Todo niño o adolescente que sufra cualquier vulneración o amenaza de vulneración en el ejercicio de sus derechos con ocasión de actuaciones de órganos de la administración del Estado, de sus autoridades o funcionarios, podrá presentar, personalmente, a través de su representante legal o de cualquier persona a su nombre, solicitudes o reclamos, de conformidad con lo establecido en la actual legislación, para que tales solicitudes y reclamaciones tengan un procedimiento breve, expedito y preferente para el cumplimiento de lo solicitado o la resolución de la reclamación interpuesta. La ley reconoce especialmente la facultad de los organismos colaboradores del Estado acreditados ante el Servicio Nacional de la Infancia y Adolescencia y de toda organización de la sociedad civil que, de conformidad con sus estatutos, se dedique a la protección o promoción de los derechos del niño y adolescente, de presentar solicitudes y reclamaciones en favor de la protección de los derechos de los niños y adolescentes. Artículo 29°.- Oferta programática de la red del Servicio Nacional de la Infancia y Adolescencia. El Servicio Nacional de la Infancia y Adolescencia dispondrá de una oferta suficiente, pertinente y diversificada de proyectos y programas que podrán ser ejecutados directamente por el Servicio, o a través de su red de organizaciones colaboradoras acreditadas o a través de las municipalidades. La ley 20.032 deberá adecuarse a la presente Ley de Protección para asegurar el financiamiento público básico de garantías en la atención de niños vulnerados en sus derechos, y establecerá un sistema adecuado y equitativo de
financiamiento, a través de un régimen de subvenciones u otras modalidades que se creen al efecto. En el marco del sistema legal e institucional de protección de los derechos de los niños y adolescentes los organismos competentes, públicos o privados, podrán crear, diseñar y desarrollar una oferta de programas sociales amplia, pertinente e innovadora, que incluirá, entre otros, Oficinas de Protección de los Derechos de niños, niñas y adolescentes (OPD) en el ámbito local; programas de atención ambulatoria especializada para la adecuada protección, reparación o restitución de los derechos; programas de prevención de situaciones de vulneración de los derechos niño o adolescente que afecten su integración familiar, escolar o comunitaria; programas de promoción de los derechos del niño y adolescente; programas de colocación en familias de acogida; programas de adopción; elaboración de diagnósticos sobre situaciones de vulneración solicitados por el tribunal competente u otras instancias públicas o privadas, programas de representación jurídica especializados; centros residenciales. El conocimiento, calificación, registro, ejecución y seguimiento o monitoreo de las medidas de protección deberá hacerse de acuerdo al interés superior del niño y adolescente, con criterios técnicos y respetando sus derechos. Título IV Protección jurisdiccional Artículo 30°.- Acción especial de protección de los derechos constitucionales de los niños y adolescentes. Todo niño o adolescente podrá, personalmente, o cualquiera a su nombre, y sin formalidad alguna, solicitar la protección de sus derechos constitucionales ante la Corte de Apelaciones respectiva o ante el Tribunal de Familia o con competencia en materias de familia en las comunas que no sean asiento de Corte, cuando por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos o garantías consagrados en la Constitución Política, en la Convención de los Derechos del Niño o en esta ley. El Tribunal que acoja esta acción de protección tendrá amplias facultades para adoptar las medidas que tiendan a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de niños y adolescentes, incluyendo sanciones efectivas en caso de incumplimiento de la resolución judicial. Serán aplicables a esta acción constitucional las normas de tramitación y procedimiento contempladas para el recurso de protección, incluyendo las relativas a la preferencia para la vista de la causa y fallo y a los recursos procedentes. En lo no previsto especialmente en esta ley, la acción de protección establecida en este artículo se regirá por lo preceptuado en la Constitución y en el Autoacordado de la Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso protección.
Artículo 31°.- Protección especial en sede judicial. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente, las medidas judiciales de protección serán de competencia exclusiva de los Tribunales de Familia y solo podrán adoptarse de conformidad con la ley que rige su procedimiento, por las causales de vulneración de los derechos del niño y del adolescente que, de conformidad a la ley, hagan procedente este tipo de intervención. En particular, será procedente la protección judicial en caso de: a) Ausencia de los padres o las personas responsables de su cuidado personal; b) Incapacidad o imposibilidad, transitoria o permanente, de los padres o de las personas responsables para ejercer su cuidado personal. c) Incumplimiento voluntario o negligente de las obligaciones de protección de padres o personas responsables de su cuidado personal. d) Ser víctima de maltrato, abuso o explotación sexual o económica o de cualquier otro tipo; y e) Necesidad urgente de proporcionarle atención de salud para proteger su vida e integridad física. El procedimiento contará con todas las garantías de un racional y justo procedimiento, siendo especialmente aplicable el derecho del niño a ser oído. Artículo 32º.- Adopción de medidas de protección. El Juez deberá adoptar, mediante resolución fundada, las medidas de protección en favor del niño o adolescente, contempladas en el artículo 29 de esta ley, o las señaladas en la ley sobre Tribunales de Familia o alguna de las siguientes, sin que su enunciación sea taxativa ni restrictiva: a) Mantenerlo bajo el cuidado de sus padres, guardadores o personas a cuyo cargo estuviere; b) Asistencia a programas o servicios de apoyo, orientación, intervención o reparación ofrecidos por entidades públicas o privadas; c) Tratamiento médico, psiquiátrico o psicológico; d) Confiarlo al cuidado de un familiar o de un tercero; e e) Ingreso a programa de familias de acogida; ingreso a un centro residencial. Estas medidas serán en esencia temporales, debiendo decretarse por un plazo determinado no superior a un año, pudiendo renovarse por períodos inferiores o iguales mediante resolución fundada, sin perjuicio de las normas sobre su control y seguimiento, y de las normas especiales que fueren procedentes de conformidad a la misma ley. El Tribunal deberá escuchar, en cualquier tiempo al niño o adolescente, a sus padres y a quienes sean responsables respecto de la ejecución de la medida de
protección y podrá suspender, modificar o dejar sin efecto tal medida. A su vez, existirán medidas de protección aplicables a los propios padres o personas que estén a cargo del cuidado personal del niño o adolescente. Artículo 33º.- Garantías de los niños y adolescentes ante las actuaciones de la Policía. Sin perjuicio de las funciones establecidas en la ley, las policías, uniformada y civil, deberán brindar, en forma inmediata, asistencia a niños y adolescentes víctimas de delitos o frente a vulneraciones de sus derechos. Las Policías uniformada y civil, tienen la obligación de entregar al niño o adolescente a sus padres, sin perjuicio de las excepciones legales que corresponda. Las garantías constitucionales referentes a la libertad personal y la seguridad individual son especialmente aplicables a la Policía respecto de la conducción y permanencia de niños, niñas y adolescentes en unidades policiales. Artículo 34º.- Prevención y sanción del maltrato de niños o adolescentes fuera del ámbito familiar. Se sancionará especialmente el maltrato experimentado en recintos residenciales, establecimientos educacionales, salas cunas y jardines infantiles y otros propios de la vida cotidiana de niños, niñas y adolescentes. El que infringiere a un menor de edad un trato degradante menoscabando gravemente su integridad moral será castigado con presidio menor en su grado mínimo. Se aumentará la pena en un grado si el que cometiere el delito descrito en el inciso precedente: 1° Hubiere sido cometido por quién se vale de su calidad de autoridad pública, ministro de un culto religioso, guardador, maestro, empleado o encargado por cualquier título o causa de la educación, guarda, curación o cuidado del ofendido. 2° Si el menor ofendido fuere discapacitado. Cualquier persona que tenga conocimiento de las conductas delictivas sancionadas en los incisos anteriores tendrá la obligación de denunciar los hechos ante los Tribunales de Justicia, Servicio Nacional de la Infancia y Adolescencia o las Policías, so pena de ser considerado encubridor. Artículo 35º.- Modificaciones legales. Las normas que se encuentren en contraposición con lo dispuesto en este cuerpo legal se entenderán derogadas de pleno derecho. Derógase íntegramente la ley número 16.618 de menores.
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