Source: http://inviertoyahorro.com/productos/clausulasuelo.html
Timestamp: 2019-02-22 06:01:31
Document Index: 235691761

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 59', 'artículo 98']

Real Decreto-Ley 1/2017: Procedimientos y fiscalidad devolución cláusulas suelo comentadas en la guía de fiscalidad y tributación del inversor y ahorrador de invierto y ahorro.
En el Boletín Oficial del Estado del sábado 21 de enero de 2017 se publica el Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, en el que, con entrada en vigor desde el 21 de enero de 2017, se establece una normativa basada en la voluntariedad a la hora de acceder a un procedimiento de solución extrajudicial con carácter previo a la interposición de la demanda judicial, sin coste adicional para el consumidor e imperativo de atender por parte de las entidades de crédito. No obstante, se prevé que, durante el tiempo en que se sustancie la reclamación previa, las partes no podrán ejercitar contra la otra ninguna acción judicial o extrajudicial en relación con su objeto, con el ánimo de evitar prácticas de mala fe. En el presente artículo se puede consultar todos los aspectos de dicho procedimiento establecido con motivo de la devolución por importes derivados de la cláusula suelo así como su fiscalidad.
1.-ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL REAL DECRETO-LEY 1/2017
El Real Decreto-ley 1/2017 se aplicará respecto de las situaciones contractuales en la que se den todas las circunstancias que se exponen a continuación:
-Contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria con cláusula suelo (se entiende por cláusula suelo cualquier estipulación incluida en un contrato de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria a tipo variable, o para el tramo variable de otro tipo de préstamo, que limite a la baja la variabilidad del tipo de interés del contrato) y
-cuyo prestatario sea un consumidor (se entiende por consumidor cualquier persona física que reúna los requisitos previstos en el artículo 3 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre)
2.-RECLAMACIÓN PREVIA ANTE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO PREVISTA EN EL REAL DECRETO-LEY 1/2017
2.1.-Voluntariedad para el consumidor pero obligatoriedad para las entidades de crédito
Las entidades de crédito están obligadas a implantar un sistema de reclamación previa a la interposición de demandas judiciales, que tendrá carácter voluntario para el consumidor y cuyo objeto será atender a las peticiones que éstos formulen en el ámbito del real decreto-ley 1/2017. Además las entidades de crédito deberán garantizar que ese sistema de reclamación es conocido por todos los consumidores que tuvieran incluidas cláusula suelo en su préstamo hipotecario.
Ahora bien, una vez iniciada la reclamación, las partes (por lo tanto, también el consumidor) no podrán ejercitar entre sí ninguna acción judicial o extrajudicial en relación con el objeto de la reclamación previa durante el tiempo en que esta se sustancie. Si se interpusiera demanda con anterioridad a la finalización del procedimiento y con el mismo objeto que dicha reclamación, cuando se tenga constancia, se producirá la suspensión del proceso hasta que se resuelva la reclamación previa.
2.2.-Fases del procedimiento de reclamación:
1.-Presentación de la reclamación por el prestatario consumidor (voluntaria). Las reclamaciones podrán comenzar a presentarse desde el día 21 de enero de 2017 que es la fecha de entrada en vigor del real decreto-ley 1/2017.
2.-Recibida la reclamación, la entidad de crédito deberá efectuar un cálculo de la cantidad a devolver y remitirle una comunicación al consumidor desglosando dicho cálculo; en ese desglose la entidad de crédito deberá incluir necesariamente las cantidades que correspondan en concepto de intereses. En el caso en que la entidad considere que la devolución no es procedente, comunicará las razones en que se motiva su decisión, en cuyo caso se dará por concluido el procedimiento extrajudicial.
3.-El consumidor deberá manifestar si está de acuerdo con el cálculo. Si lo estuviera, la entidad de crédito acordará con el consumidor la devolución del efectivo.
4.-El plazo máximo para que el consumidor y la entidad lleguen a un acuerdo y se ponga a disposición del primero la cantidad a devolver será de tres meses a contar desde la presentación de la reclamación. Téngase en cuenta que dado que las entidades de crédito disponen del plazo de un mes para adaptarse al real decreto-ley 1/2017; es decir, hasta el 21 de febrero de 2017, se ha establecido que este plazo de tres meses no comenzará a contar hasta la efectiva adopción de las medidas necesarias para su cumplimiento (en el caso de que se adopten antes del 21 de febrero de 2017), o bien, en el caso de que la entidad no se adapte al presente real decreto-ley 1/2017 antes del 21 de febrero de 2017, al llegar esta fecha (plazo máximo de adaptación) será cuando se iniciará el cómputo del plazo de los tres meses. En todo caso, para las reclamaciones interpuestas a partir del 21 de febrero de 2017 siempre resultará de aplicación el indicado plazo máximo de tres meses.
2.3.-A efectos de que el consumidor pueda adoptar las medidas que estime oportunas, se entenderá que el procedimiento extrajudicial ha concluido sin acuerdo:
1.-Si la entidad de crédito rechaza expresamente la solicitud del consumidor.
2.-Si finaliza el plazo de tres meses sin comunicación alguna por parte de la entidad de crédito al consumidor reclamante.
3.-Si el consumidor no está de acuerdo con el cálculo de la cantidad a devolver efectuado por la entidad de crédito o rechaza la cantidad ofrecida.
4.-Si transcurrido el plazo de tres meses no se ha puesto a disposición del consumidor de modo efectivo la cantidad ofrecida.
2.4.-Obligaciones de información para las entidades de crédito sobre aspectos tributarios
Las entidades de crédito informarán a sus clientes de que las devoluciones acordadas pueden generar obligaciones tributarias.
Además las entidades de crédito comunicarán a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria la información relativa a las devoluciones acordadas.
3.-MEDIDAS COMPENSATORIAS DISTINTAS DE LA DEVOLUCIÓN DEL EFECTIVO
Una vez convenida la cantidad a devolver, el consumidor y la entidad de crédito podrán acordar la adopción de una medida compensatoria distinta de la devolución del efectivo.
En este caso la entidad de crédito deberá suministrarle una valoración que le permita conocer el efecto de la medida compensatoria y concederle un plazo de quince días para que manifieste su conformidad.
4.-COSTAS PROCESALES
Respecto del cálculo de las costas procesales el Real Decreto-ley 1/2017 establece las siguientes reglas:
4.1.-Solamente si el consumidor rechazase el cálculo de la cantidad a devolver o declinase, por cualquier motivo, la devolución del efectivo e interpusiera posteriormente demanda judicial en la que obtuviese una sentencia más favorable que la oferta recibida de dicha entidad, se impondrá la condena en costas a esta.
4.2. Si el consumidor interpusiere una demanda frente a una entidad de crédito sin haber acudido al procedimiento extrajudicial establecido en el Real Decreto-ley 1/2017, regirán las siguientes reglas:
En lo no previsto en estas reglas sobre costas se estará a lo dispuesto en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
5.-OBLIGACIONES PARA LAS ENTIDADES DE CRÉDITO
Las entidades de crédito están obligadas a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a las previsiones contenidas en el real decreto-ley 1/2016 en el plazo de un mes; es decir antes del 22 de febrero de 2017 y; además, están obligadas a articular procedimientos ágiles que les permitan la rápida resolución de las reclamaciones.
Asimismo las entidades deberán disponer de un departamento o servicio especializado que tenga por objeto atender las reclamaciones presentadas en el ámbito de este real decreto-ley, y deberán poner a disposición de sus clientes, en todas las oficinas abiertas al público, así como en sus páginas web, la información siguiente:
d) La existencia de este procedimiento, con una descripción concreta de su contenido, y la posibilidad de acogerse a él para aquellos clientes que tengan las cláusulas suelo a que se refiere el real decreto-ley 1/2017 incluidas en sus contratos.
6.-GRATUIDAD DEL PROCEDIMIENTO EXTRAJUDICIAL Y REDUCCIÓN DE ARANCELES
La formalización de la escritura pública y la inscripción registral que, en su caso, pudiera derivarse del acuerdo entre la entidad financiera y el consumidor devengará exclusivamente los derechos arancelarios notariales y registrales correspondientes, de manera respectiva, a un documento sin cuantía y a una inscripción mínima, cualquiera que sea la base. Téngase en cuenta que nada se ha establecido respecto a la fiscalidad de esta escritura pública por lo que consideramos devengará los impuestos que puedan corresponder al acuerdo que se formalice.
7.-PROCEDIMIENTOS JUDICIALES EN CURSO A LA ENTRADA EN VIGOR DEL REAL DECRETO-LEY 1/2017
En los procedimientos judiciales en curso a la entrada en vigor del real decreto-ley 1/2017 en los que se dirima una pretensión incluida en su ámbito de aplicación, ejercida por uno o varios consumidores frente a una entidad de crédito, las partes de común acuerdo se podrán someter al procedimiento de reclamación establecido en este real decreto-ley 1/2017, solicitando la suspensión del proceso, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
8.-ÓRGANO DE SEGUIMIENTO: COMISIÓN DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN
El real decreto-ley 1/2017 prevé la posibilidad de que el Gobierno regule la existencia de un órgano de seguimiento, control y evaluación de las reclamaciones efectuadas en el ámbito de aplicación del real decreto-ley 1/2017 y su régimen jurídico. La creación, composición y funcionamiento de dicho órgano ha sido aprobada por el Real Decreto 536/2017, de 26 de mayo, por el que se crea y regula la Comisión de seguimiento, control y evaluación prevista en el Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, y por el que se modifica el artículo 6 del Real Decreto 877/2015, de 2 de octubre, de desarrollo de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorro y fundaciones bancarias.
Este órgano, que debe emitir un informe semestral sobre su actuación (artículo 4 RD 536/2017), cuenta con la participación de representantes de los consumidores y de la abogacía (artículo 2 RD 536/2017).
Este órgano de seguimiento recabará de las entidades de crédito la información necesaria para su actividad y, en concreto, para constatar que la comunicación previa prevista en el real decreto-ley 1/2017 se ha realizado, especialmente a personas vulnerables. A estos efectos, se entenderá por personas vulnerables quienes se encuentren situadas en el umbral de exclusión definido en el artículo 3.1 del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos.
Asimismo la Comisión de seguimiento, control y evaluación podrá solicitar del Ministerio de Justicia la información que estuviera disponible a través de la aplicación LexNet en el ámbito territorial en el que esté implantado dicho sistema relativa a los procedimientos judiciales en los que se ejerciten acciones individuales sobre condiciones generales de la contratación incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.
Además este órgano de seguimiento podrá proponer las medidas a su juicio necesarias para impulsar una correcta implantación del mecanismo extrajudicial previsto en el real decreto-ley 1/2017.
Debe indicarse que la Comisión de seguimiento, control y evaluación del Real Decreto-ley 1/2017, en su reunión de 26 de julio de 2017, ha adoptado un Acuerdo relativo a la plantilla conforme a la que las entidades de crédito deberán remitir la información cuantitativa prevista en el artículo 5 del Real Decreto 536/2017. Así, las entidades de crédito deberán remitir al Banco de España, departamento de Información Financiera y CIR, la información acumulada correspondiente a 30 de septiembre, antes del 6 de noviembre de 2017 y; a partir de esa primera declaración, las entidades de crédito deberán remitir la plantilla actualizada con los datos correspondientes al día último de cada mes, antes del día 5 del segundo mes siguiente al que se refieren los datos (si este fuera inhábil en Madrid o en la Comunidad Autónoma en que resida la entidad, el siguiente día hábil en Madrid o en la Comunidad Autónoma en que resida la entidad). Asimismo, en su reunión de 26 de julio, la Comisión acordó que las entidades de crédito deberán remitir al Banco de España, departamento de Información Financiera y CIR, antes del 31 de octubre de 2017, el informe previsto en el artículo 5 del Real Decreto 536/2017, sobre el sistema que hayan implantado para garantizar la comunicación previa a los consumidores de que su préstamo hipotecario tiene incluidas cláusulas suelo, especialmente a personas vulnerables. A estos efectos, el Boletín Oficial del Estado del 31 de julio de 2017 publica la Resolución de 28 de julio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Acuerdo de 26 de julio de 2017, de la Comisión de seguimiento, control y evaluación del Real Decreto-ley 1/2017, por el que se establece la plantilla conforme a la que las entidades de crédito deberán remitir cierta información.
9.-FISCALIDAD DEVOLUCIÓN CLÁUSULA SUELO EN EL ÁMBITO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS
9.1.-FISCALIDAD DEVOLUCIÓN DE INTERESES CLÁUSULA SUELO Y DE SUS INTERESES INDEMNIZATORIOS
Con efectos desde el 21 de enero de 2017 y ejercicios anteriores no prescritos, se añade una nueva disposición adicional cuadragésima quinta a la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, relativa al tratamiento fiscal de las cantidades percibidas por la devolución de las cláusulas de limitación de tipos de interés de préstamos derivadas de acuerdos celebrados con las entidades financieras o del cumplimiento de sentencias o laudos arbitrales con el siguiente contenido:
No se integrará en la base imponible de este Impuesto la devolución derivada de acuerdos celebrados con entidades financieras, en efectivo o a través de otras medidas de compensación, junto con sus correspondientes intereses indemnizatorios, de las cantidades previamente satisfechas a aquellas en concepto de intereses por la aplicación de cláusulas de limitación de tipos de interés de préstamos.
Las cantidades previamente satisfechas por el contribuyente objeto de la devolución prevista en el apartado anterior, tendrán el siguiente tratamiento fiscal:
a) Cuando tales cantidades, en ejercicios anteriores, hubieran formado parte de la base de la deducción por inversión en vivienda habitual o de deducciones establecidas por la Comunidad Autónoma, se perderá el derecho a practicar la deducción en relación con las mismas, debiendo sumar a la cuota líquida estatal y autonómica, devengada en el ejercicio en el que se hubiera celebrado el acuerdo con la entidad financiera, exclusivamente las cantidades indebidamente deducidas en los ejercicios respecto de los que no hubiera prescrito el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación, en los términos previstos en el artículo 59 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, sin inclusión de intereses de demora (por lo tanto, añadiendo la deducción a devolver, sin los correspondientes intereses de demora, en la declaración del ejercicio en que se percibe la devolución de la entidad de crédito sin presentar declaraciones complementarias de los anteriores ejercicios). A estos efectos, si la sentencia, el laudo o el acuerdo se hubiese producido en 2016, en la declaración de Renta 2016 (a presentar en abril, mayo, junio de 2017) estas cantidades se incluyen en las casillas 524 y 526, no siendo necesario completar las casillas 525 y 527, correspondientes a los intereses de demora (es el mismo procedimiento que normalmente se utiliza en los supuestos de pérdida del derecho a deducción por vivienda habitual pero sin incluir intereses de demora). Ahora bien, no resultará de aplicación esta adición respecto de la parte de las cantidades que se destine directamente por la entidad financiera, tras el acuerdo con el contribuyente afectado, a minorar el principal del préstamo. Es decir, si la entidad financiera, en lugar de devolver al contribuyente las cantidades pagadas lo que hace es reducir el principal del préstamo, no habrá que regularizar las deducciones practicadas anteriormente correspondientes a esos importes, pero téngase en cuenta que, en este caso, la Agencia Tributaria interpreta que la reducción del principal del préstamo tampoco generará derecho a aplicar la deducción por inversión en vivienda habitual.
b) Cuando tales cantidades hubieran tenido la consideración de gasto deducible (capital inmobiliario o actividad económica) en ejercicios anteriores respecto de los que no hubiera prescrito el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación, se perderá tal consideración, debiendo practicarse autoliquidación complementaria correspondiente a tales ejercicios, quitando dichos gastos, sin sanción, ni intereses de demora, ni recargo alguno en el plazo comprendido entre la fecha del acuerdo y la finalización del siguiente plazo de presentación de autoliquidación por este Impuesto.
c) Cuando tales cantidades hubieran sido satisfechas por el contribuyente en ejercicios cuyo plazo de presentación de autoliquidación no hubiera finalizado con anterioridad al acuerdo de devolución de las mismas celebrado con la entidad financiera, así como las cantidades que se destine directamente por la entidad financiera, tras el acuerdo con el contribuyente afectado, a minorar el principal del préstamo, no formarán parte de la base de deducción por inversión en vivienda habitual ni de deducción autonómica alguna ni tendrán la consideración de gasto deducible.
El presente régimen fiscal será igualmente de aplicación cuando la devolución de las cantidades hubiera sido consecuencia de la ejecución o cumplimiento de sentencias judiciales o laudos arbitrales.
EN CONCRETO NOS PODEMOS ENCONTRAR CON LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:
1.El contribuyente había aplicado la deducción por inversión en vivienda habitual o deducciones establecidas por las Comunidades autónomas, por las cantidades percibidas:
1.1.-Sentencia, laudo o acuerdo del año 2016: En este caso la regularización de las cantidades deducidas se realizará en la declaración del año 2016 (que se presentará en abril, mayo y junio de 2017) y afectará, con carácter general, a las deducciones de los años 2012, 2013, 2014 y 2015.
1.2.-Acuerdo con la entidad financiera, sentencia o laudo del año 2017: En este caso la regularización de las cantidades deducidas se realizará en la declaración del año 2017 (que se presentará en abril, mayo y junio de 2018) y afectará, con carácter general, a las deducciones del año 2013, 2014, 2015 y 2016.
2.-El contribuyente había incluido las cantidades ahora percibidas como gasto deducible en ejercicios anteriores:
2.1.-El acuerdo con la entidad financiera, la sentencia o el laudo, se ha producido desde el 6 de abril de 2016 hasta el 4 de abril de 2017. En este caso, deberá presentar declaraciones complementarias con carácter general de los años 2012, 2013, 2014 y 2015, en el plazo de presentación de la declaración del IRPF del año 2016 (abril, mayo y junio de 2017).
2.2.-El acuerdo con la entidad financiera, la sentencia o el laudo se ha producido después del 4 de abril de 2017. En este caso deberá presentar declaraciones complementarias, con carácter general, de los años 2013, 2014, 2015 y 2016 en el plazo de presentación del IRPF del año 2017 (abril, mayo y junio de 2018).
CONTRIBUYENTES QUE YA HUBIESEN REGULARIZADO ANTES DE LA PUBLICACIÓN DEL REAL DECRETO-LEY 1/2017:
Si el contribuyente ya hubiese regularizado por tener una sentencia anterior podrá instar la rectificación de sus autoliquidaciones solicitando la devolución de los intereses de demora satisfechos y, en su caso, la modificación de los intereses indemnizatorios declarados como ganancia (antes de la publicación del real decreto-ley 1/2017 se interpretaba que los intereses indemnizatorios se sometían a gravamen incluyéndose en la base imponible del ahorro y además se aplicaban intereses de demora en las rectificaciones de las declaraciones).
9.2.-CONDENA EN COSTAS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES
En los supuestos de condena en costas, al tratarse de una indemnización a la parte vencedora, el pago (por parte de la entidad condenada en costas) de los honorarios del abogado y procurador en que ha incurrido el particular, la incidencia tributaria para este último viene dada por su carácter restitutorio del gasto de defensa y representación realizado por la parte vencedora en un juicio, lo que supone la incorporación a su patrimonio de un crédito a su favor o de dinero (en cuanto se ejercite el derecho de crédito) constituyendo así una ganancia patrimonial. La imputación temporal se entenderá producida en el período impositivo en que adquiere firmeza la sentencia que establece la condena en costas a la entidad financiera declarándose, por lo tanto, en dicho ejercicio. Además se considera que el hecho de no proceder de una transmisión de elementos patrimoniales conlleva la consideración de esta ganancia patrimonial como renta general por lo que su integración se realizará en la base imponible general.
9.3.-DEVOLUCIÓN CLÁUSULA SUELO Y MODELO 181 EN EL EJERCICIO 2016
A estos efectos téngase en cuenta que la Orden HFP/1923/2016, publicada en el BOE del 21 de diciembre de 2016, ha modificado el modelo 181 de la AEAT, relativo a la declaración informativa de préstamos y créditos, y operaciones financieras relacionadas con bienes inmuebles, estableciendo la obligatoriedad, desde el ejercicio 2016, de que las entidades financieras informen detalladamente a la AEAT de los importes satisfechos con motivo de las devoluciones relacionadas con las cláusulas suelo, o por otros motivos, diferenciando entre reintegro de cantidades satisfechas, intereses indemnizatorios y otras cantidades satisfechas (costas, etc.) dada las diferentes consecuencias fiscales que puede representar cada uno de estos conceptos para el contribuyente.
9.4.-DEVOLUCIÓN CLÁUSULA SUELO Y MODELO 181 EN EL EJERCICIO 2017 Y SIGUIENTES
Con entrada en vigor desde el 31 de diciembre de 2017, se aprueban las siguientes modificaciones del modelo 181 que serán aplicables, por primera vez, para las declaraciones correspondientes a 2017 que se presentarán en 2018.
El modelo 181 se modifica para precisar la información a incluir en el campo denominado «Otras cantidades indemnizatorias de importes devengados por gastos derivados de la financiación ajena», en el que únicamente debe consignar cualquier otro tipo de reintegro económico derivado de las denominadas «cláusulas suelo» que constituyan renta sujeta a la imposición personal del perceptor, salvo que se trate de intereses remuneratorios, que al estar sometidos a retención, deben incluirse en el modelo de declaración correspondiente. Cualquier otra cantidad que constituya renta no sujeta para el perceptor (devolución de intereses satisfechos en exceso por la anulación de las citadas cláusulas, intereses indemnizatorios) deben ser objeto de declaración en los campos específicos previstos en el citado modelo.
Asimismo, se añade un nuevo campo de información, relativo a las cantidades destinadas por la entidad financiera a minorar el principal del préstamo derivada de la devolución de cuantías previamente satisfechas a dicha entidad en concepto de dichas cláusulas, al objeto de disponer de dicha información, en la medida que las mismas no conllevan la regularización de las deducciones por inversión en vivienda habitual practicadas en ejercicios anteriores. Paralelamente, y como consecuencia de la adición del mencionado campo de información, se recodifican el resto de posiciones relativas a este tipo de información (importe devengado en el ejercicio en concepto de reintegro de gastos derivados de la financiación ajena, intereses indemnizatorios de importes devengados por gastos derivados de la financiación ajena y otras cantidades indemnizatorias de importes devengados por gastos derivados de la financiación ajena).
En concreto, se deberán declarar los siguientes campos:
-Importe devengado en el ejercicio en concepto de reintegro de gastos derivados de la financiación ajena. Se consignará el importe devengado en el ejercicio derivado del reintegro de cantidades satisfechas en ejercicios anteriores o en el propio ejercicio en concepto de intereses que no constituyan renta sujeta para su perceptor, con exclusión, en su caso, de las cantidades remuneratorias, indemnizatorias o destinadas a minorar el principal del préstamo correspondientes a las mismas.
Este campo no se cumplimentará en el caso de operaciones de financiación NO destinadas a la adquisición de un bien inmueble; es decir, no se cumplimentará cuando el campo «Subclave Operación» tome el valor «5».
-Intereses indemnizatorios de importes devengados por gastos derivados de la financiación ajena. Se consignará el importe devengado en el ejercicio en concepto de intereses indemnizatorios por el reintegro de cantidades satisfechas en ejercicios anteriores o en el propio ejercicio en concepto de intereses.
-Otras cantidades indemnizatorias de importes devengados por gastos derivados de la financiación ajena. Se consignará en este campo cualquier cantidad percibida por importe superior al derivado del reintegro de cantidades satisfechas en ejercicios anteriores o en el propio ejercicio en concepto de intereses que tenga la consideración de renta sujeta para su perceptor, salvo que tengan la naturaleza de intereses remuneratorios. Se incluirán en este campo, entre otros conceptos, las cantidades percibidas por costas judiciales o cualquier otra derivada de un acuerdo con la entidad financiera, que tenga la consideración de renta sujeta para su perceptor.
Este campo no se cumplimentará en el caso de operaciones de financiación NO destinadas a la adquisición de un bien inmueble; es decir, no se cumplimentará cuando el campo «Subclave Operación» tome el valor «5»
-Nuevo campo: Cantidades destinadas por la entidad financiera a minorar el principal del préstamo. Se consignará en este campo la cantidad que se destine directamente por la entidad financiera, tras el acuerdo con el contribuyente, a minorar el principal del préstamo derivada de la devolución de cuantías previamente satisfechas a dicha entidad en concepto de intereses por la aplicación de cláusulas de limitación de tipos de interés de préstamos.
Estas cantidades se incluirán, asimismo en la cuantía correspondiente al campo «Importe abonado en el ejercicio en concepto de amortización de capital» (posiciones 127 a 139 del registro de tipo 2, registro de declarado). Por su parte, no se incluirán en el campo «Importe devengado en el ejercicio en concepto de reintegro de gastos derivados de la financiación ajena» (posiciones 463 a 472 del registro de tipo 2, registro de declarado).
En resumen, en el modelo 181 de 2017 se declararán los importes que se indican a continuación en el caso de acuerdos, sentencias o laudos que se hayan producido por la aplicación de cláusulas de limitación de tipos de interés de préstamos (cláusulas suelo) y no por otros motivos y; además, teniendo en cuenta que estos importes no se informarán en el caso de operaciones de financiación NO destinadas a la adquisición de un bien inmueble; es decir, no se cumplimentará cuando el campo «Subclave Operación» tome el valor «5»:
-Importe devengado en el ejercicio en concepto de reintegro de gastos derivados de la financiación ajena (devolución de intereses no destinados a minorar préstamo). En aquellos supuestos en los que con motivo de cláusulas suelo se haya producido un acuerdo, sentencia o laudo en virtud del que se hayan devuelto intereses pagados en el ejercicio o en anteriores ejercicios se indicará el total de intereses pagados que se han devuelto en el ejercicio 2017. Ahora bien, atención, aquellos intereses que se devuelvan realizando una minoración del principal del préstamo no se incluirán en este apartado sino que para dichos importes se utilizará el nuevo concepto (cantidades destinadas por la entidad financiera a minorar el principal del préstamo). Calificación fiscal: No se integrarán en la base imponible de IRPF pero obligará a devolver deducciones por vivienda o a corregir las declaraciones para suprimir las cantidades que hubieran sido consideradas como gasto fiscalmente deducible en ejercicios no prescritos.
-Intereses indemnizatorios de importes devengados por gastos derivados de la financiación ajena (todos los intereses indemnizatorios). En aquellos supuestos en los que con motivo de cláusulas suelo se haya producido un acuerdo, sentencia o laudo en virtud del que se hayan devuelto intereses pagados en el ejercicio o en anteriores ejercicios y sobre dichos intereses se hayan calculado intereses indemnizatorios que se hayan pagado en el ejercicio 2017 se indicará en este apartado el total de dichos intereses indemnizatorios pagados en 2017. Calificación fiscal: No se integrarán en la base imponible de IRPF y no será preciso realizar ninguna revisión ni comprobación adicional.
-Otras cantidades indemnizatorias de importes devengados por gastos derivados de la financiación ajena (todas la demás cantidades satisfechas por cláusula suelo). En aquellos supuestos en los que con motivo de cláusulas suelo se haya producido un acuerdo, sentencia o laudo en virtud del cual la entidad financiera satisfaga a su cliente un importe distinto de la correspondiente devolución de intereses y distinto también de los posibles intereses calculados del efecto financiero derivado de devolver intereses (intereses indemnizatorios) así como distinto de cualquier tipo de interés remuneratorio se deberá incluir en este apartado. Se incluirá, por ejemplo, costas judiciales u otro importes que se hayan podido satisfacer por la entidad financiera a sus clientes en 2017. Calificación fiscal: Estos importes constituyen una ganancia de patrimonio cuya integración deberá realizarse en la base imponible general.
-Nuevo campo: Cantidades destinadas por la entidad financiera a minorar el principal del préstamo (devolución de intereses destinados a minorar préstamo). En aquellos supuestos en los que con motivo de cláusulas suelo se haya producido un acuerdo, sentencia o laudo en virtud del que se hayan devuelto intereses pagados en el ejercicio o en anteriores ejercicios pero dichas cantidades se hayan destinado en 2017 por la entidad financiera a minorar el principal del préstamo se indicará el importe en este nuevo apartado y, por lo tanto, no se indicará en el apartado expresado más arriba sobre Importes reintegrados de gastos derivados de la financiación ajena. Calificación fiscal: Este importe no se integrará en la base imponible de IRPF y tampoco deberá devolver deducciones por vivienda aunque si deberá, en su caso, corregir las declaraciones para suprimir las cantidades que hubieran sido consideradas como gasto fiscalmente deducible en ejercicios no prescritos; además, por otro lado, deberá tener en cuenta que estas cantidades no dan derecho a practicar deducciones en el ejercicio por adquisición de vivienda por lo que, dado que la entidad financiera informa en el total de amortizaciones realizadas en el ejercicio el importe total amortizado en el ejercicio (incluido este importe derivado de las cláusulas suelo) para conocer el total que genera el derecho a deducir deberá restar, del importe total informado por su entidad financiera la cuantía que conste en este apartado.
10.-ATRIBUCIÓN A JUZGADOS CON COMPETENCIA EXCLUSIVA
Téngase en cuenta que en el Boletín Oficial del Estado de 27 de mayo de 2017 se publica el Acuerdo de 25 de mayo de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se atribuye a determinados juzgados, con competencia territorial indicada para cada uno de los casos, para que de manera exclusiva y no excluyente conozcan de la materia relativa a las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física, en el que se atribuye, a los juzgados recogidos en su anexo, competencia para que de manera exclusiva y no excluyente conozcan de la materia relativa a las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física. Las medidas adoptadas en el presente acuerdo producirán efectos desde el 1 de junio de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017, sin perjuicio de su prórroga de acuerdo a lo que indiquen los medios de control que se fijen.
Con posterioridad, en el Boletín Oficial del Estado de 30 de diciembre de 2017 se publica el Acuerdo de 28 de diciembre de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se atribuye a determinados juzgados, con competencia territorial indicada para cada uno de los casos, para que de manera exclusiva y excluyente, conozcan de la materia relativa a las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física, en el que se atribuye, en virtud de lo previsto en el artículo 98.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con competencia territorial indicada para cada uno de los casos, para que de manera exclusiva, y excluyente según los casos, conozcan de la materia relativa a las acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física, sin perjuicio de poder atribuir en el futuro esta competencia a otros órganos del mismo o diferente partido judicial de la provincia, siempre que hubiere razones que lo justificasen, en atención a la carga de trabajo y mejor servicio a la justicia, a los juzgados que en dicho Acuerdo se relacionan. Téngase en cuenta que en el Boletín Oficial del Estado del 6 de marzo de 2018 se publica el Acuerdo de 28 de febrero de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se modifica el de 28 de diciembre de 2017, por el que se atribuye a determinados juzgados, con competencia territorial indicada para cada uno de los casos, para que de manera exclusiva y excluyente, conozcan de la materia relativa a las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física. Asimismo tómese en consideración que en el Boletín Oficial del Estado de 21 de abril de 2018 se publica el Acuerdo de 12 de abril de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se modifica el de 28 de diciembre de 2017, por el que se atribuye a determinados juzgados, con competencia territorial indicada para cada uno de los casos, para que de manera exclusiva y excluyente, conozcan de la materia relativa a las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.
Téngase en cuenta que en el Boletín Oficial del Estado de 28 de junio de 2018 se publica el Acuerdo de 27 de junio de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se atribuye a determinados juzgados, con competencia territorial indicada para cada uno de los casos, para que de manera exclusiva y excluyente, conozcan de la materia relativa a las acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física, en el que se atribuye, a los juzgados recogidos en su anexo, competencia para que de manera exclusiva y no excluyente conozcan de la materia relativa a las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física. Las medidas adoptadas en el presente acuerdo producirán efectos desde el 1 de julio de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018. Asimismo en el Boletín Oficial del Estado de 6 de julio de 2018 se publica la Corrección de errores del Acuerdo de 27 de junio de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se atribuye a determinados juzgados, con competencia territorial indicada para cada uno de los casos, para que de manera exclusiva y excluyente, conozcan de la materia relativa a las acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.
Además en el Boletín Oficial del Estado de 27 de diciembre de 2018 se publica el Acuerdo de 19 de diciembre de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se atribuye a determinados juzgados, con competencia territorial indicada para cada uno de los casos, para que de manera exclusiva, y excluyente según los casos, conozcan de la materia relativa a las acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física, en el que se atribuye, a los juzgados recogidos en su anexo, con la competencia territorial indicada para cada uno de los casos, para que de manera exclusiva, y excluyente según los casos, el conocimiento de la materia relativa a las acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física, con efectos desde el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019.
11.-OTROS ARTÍCULOS PUBLICADOS RELACIONADOS CON ESTA EXPOSICIÓN
-DEDUCCIÓN POR ADQUISICIÓN VIVIENDA Y CUENTAS VIVIENDA. Suprimida desde 2013. En este apartado tenéis un análisis detallado de la deducción por adquisición de vivienda así como diferentes aspectos de la fiscalidad de devolución de cantidades con motivo de las cláusulas suelo.