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Timestamp: 2019-08-18 05:35:44
Document Index: 257113704

Matched Legal Cases: ['artículo 31', 'artículo 7', 'artículo 31', 'artículo 107', 'artículo 221', 'artículo 32']

El Tribunal Constitucional declara nulo el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana en situaciones de inexistencia de un verdadero incremento de valor - Lexology
El Tribunal Constitucional declara nulo el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana en situaciones de inexistencia de un verdadero incremento de valor
El Tribunal Constitucional, en una reciente Sentencia de fecha 16 de febrero del 2017, promueve la modificación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU) en las situaciones de inexistencia de un verdadero incremento en el valor de los terrenos de naturaleza urbana transmitidos, abriendo, a su vez, la posibilidad de recuperar dicho impuesto para aquellos contribuyentes que lo hubieran ingresado en transmisiones de terrenos en las que no se hubo producido un incremento de su valor real.
El Tribunal Constitucional se ha pronunciado, mediante la referida sentencia, sobre la cuestión de inconstitucionalidad núm. 1012-2015 promovida por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de San Sebastián, estimando parcialmente la cuestión prejudicial planteada y, en consecuencia, declarando inconstitucionales y nulos los preceptos legales de la Norma Foral 16/1989, de 5 de julio, del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana del territorio histórico de Guipúzcoa, relativos a la determinación de la base imponible del impuesto en supuestos de transmisión a título oneroso cuando se someten a tributación situaciones de inexistencia de un verdadero incremento de valor del terreno de naturaleza urbana.
En este sentido, el Tribunal Constitucional considera que el impuesto, tal y como está actualmente configurado, grava de forma automática un incremento de valor por el mero hecho de ser titular de un terreno de naturaleza urbana durante un determinado periodo de tiempo. Atendiendo a la actual redacción de la norma foral, se estaría gravando un incremento de valor que pudiera ser ficticio o inexistente para aquellos casos en los que en el momento de la transmisión del terreno se produjera una pérdida patrimonial por la diferencia entre el precio de transmisión y el de adquisición. Ante estas situaciones que, debido a la crisis inmobiliaria que en los últimos años ha azotado duramente al mercado inmobiliario español, han sido muy habituales, los contribuyentes se habrían visto obligados a tributar por una manifestación de riqueza inexistente e irreal en absoluta contradicción con el principio de capacidad económica previsto en el artículo 31.1 de la Constitución española.
Adicionalmente, el Tribunal Constitucional declara nulo el artículo 7.4 de la citada norma foral en virtud del cual el ayuntamiento debe ceñirse a la comprobación de la correcta aplicación de las normas reguladoras del impuesto sin que puedan atribuirse otros valores, bases o cuotas que se alejen de lo previsto en la norma. Sobre este particular considera el Tribunal Constitucional que, ante situaciones en las que se dé una pérdida patrimonial en la transmisión de un terreno de naturaleza urbana, la norma foral es inflexible, ya que en virtud de dicho precepto se imposibilita la acreditación de un valor diferente al que resulta de la aplicación de la norma, en la medida en que se impide cualquier prueba en contrario en la determinación de la base imponible del impuesto e impugnación de éste.
En definitiva, el Tribunal Constitucional concluye que en los supuestos de no incremento o, incluso, de decremento en el valor de los terrenos de naturaleza urbana, carece de toda justificación razonable imponer al contribuyente la obligación de soportar la misma carga tributaria que correspondería a las situaciones de incrementos de valor derivados del paso del tiempo, contradiciendo frontalmente, como ya hemos apuntado, el principio de capacidad económica que garantiza la Constitución española en su artículo 31.1.
Si bien la sentencia del Tribunal Constitucional se refiere exclusivamente al impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana regulado en la legislación foral guipuzcoana y, por consiguiente, su trasposición a la normativa estatal no sería directa, se espera que en próximas fechas este mismo tribunal proceda a resolver en idéntico sentido otras cuestiones de inconstitucionalidad similares planteadas por otros juzgados de lo Contencioso‑Administrativo, que han solicitado la declaración de inconstitucionalidad del artículo 107 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Entre otros, se espera la resolución de las cuestiones de inconstitucionalidad 4864, 4865, 4866, 4867 y 4868 del 2016.
Ante la previsible declaración de inconstitucionalidad de estos preceptos en el ámbito estatal, se abrirá la posibilidad para los contribuyentes de solicitar la devolución del impuesto en aquellos casos en los que, habiéndose transmitido un terreno de naturaleza urbana, no haya existido un incremento de valor o, incluso, se haya producido su disminución, cuestión de hecho que deberá valorarse en cada caso.
La devolución del impuesto satisfecho se podrá solicitar, con carácter general, por medio del procedimiento de devolución de ingresos indebidos previsto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Este procedimiento será el cauce más recomendable para obtener el reembolso siempre y cuando nos encontremos dentro del periodo de prescripción y el impuesto no se haya ingresado en virtud de liquidaciones o autoliquidaciones firmes afectadas por la cosa juzgada. Por otra parte, para aquellos casos en los que ya se hubiera impugnado la liquidación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana con carácter previo y se hubiera obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria, se podrá acudir al procedimiento de declaración de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas al amparo de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada.
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