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Timestamp: 2018-11-19 19:13:51
Document Index: 216134351

Matched Legal Cases: ['artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 58', 'artículo 149', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 13', 'artículo 16', 'artículo 22', 'artículo 23', 'artículo 26', 'artículo 30', 'artículo 31', 'artículo 32', 'artículo 34', 'artículo 35', 'artículo 36', 'artículo 37', 'artículo 43', 'artículo 44', 'artículo 45', 'artículo 46', 'artículo 47', 'artículo 48', 'artículo 54', 'artículo 55', 'artículo 56', 'artículo 57', 'artículo 58', 'artículo 59', 'artículo 61', 'artículo 78', 'artículo 79', 'artículo 81', 'artículo 81', 'artículo 83', 'artículo 84', 'artículo 85', 'artículo 86', 'artículo 87', 'artículo 88', 'artículo 90', 'artículo 92', 'artículo 95', 'artículo 97', 'artículo 98', 'artículo 99', 'artículo 99', 'artículo 100', 'artículo 100', 'artículo 102', 'artículo 102', 'artículo 103', 'artículo 105', 'artículo 107', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 10', 'artículo 12', 'artículo 27', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 31', 'artículo 27', 'artículo 73', 'artículo 76', 'artículo 58', 'artículo 67', 'artículo 69', 'artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 1926', 'artículo 1872', 'artículo 48', 'artículo 2', 'artículo 51', 'artículo 95', 'artículo 96', 'artículo 107', 'artículo 147', 'artículo 878', 'artículo 16', 'artículo 6', 'artículo 36', 'artículo 16', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 50', 'artículo 91', 'artículo 91', 'artículo 92', 'artículo 158', 'artículo 159', 'artículo 162', 'artículo 162', 'artículo 162', 'artículo 194', 'artículo 194', 'artículo 55', 'artículo 55', 'artículo 77', 'artículo 77', 'artículo 58', 'artículo 86', 'artículo 77', 'Artículo 15', 'Artículo 13']

Ley 37/1998, de 16 de noviembre, de reforma de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores (Vigente hasta el 24 de Noviembre de 2002).
Vigencia desde 18 de Noviembre de 1998. Esta revisión vigente desde 18 de Noviembre de 1998 hasta 24 de Noviembre de 2002
RDLeg. 4/2015 de 23 Oct (texto refundido de la Ley del Mercado de Valores)
Disposición adicional tercera derogada por la letra b) de la disposición derogatoria única del R.D. Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores («B.O.E.» 24 octubre). Disposición adicional decimocuarta derogada por la letra b) de la disposición derogatoria única del R.D. Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores («B.O.E.» 24 octubre). Disposición transitoria primera derogada por la letra b) de la disposición derogatoria única del R.D. Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores («B.O.E.» 24 octubre). Disposición transitoria segunda derogada por la letra b) de la disposición derogatoria única del R.D. Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores («B.O.E.» 24 octubre). Disposición transitoria quinta derogada por la letra b) de la disposición derogatoria única del R.D. Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores («B.O.E.» 24 octubre). Disposición transitoria sexta derogada por la letra b) de la disposición derogatoria única del R.D. Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores («B.O.E.» 24 octubre).
Disposición adicional octava derogada por el número 6.º de la disposición derogatoria única del R.D. Legislativo 1/2011, de 1 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas («B.O.E.» 2 julio).
Disposición adicional sexta derogada por la letra b) de la disposición derogatoria única del R.D. Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública («B.O.E.» 14 marzo). Disposición adicional décima derogada por la letra b) de la disposición derogatoria única del R.D. Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública («B.O.E.» 14 marzo). Disposición adicional duodécima derogada por la letra b) de la disposición derogatoria única del R.D. Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública («B.O.E.» 14 marzo).
Disposición adicional segunda derogada por la letra b) de la disposición derogatoria única de la Ley 35/2003, 4 noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva («B.O.E.» 5 noviembre).
Disposición adicional décima redactada por el número 1 del artículo 16 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero («B.O.E.» 23 noviembre). Número 4 de la disposición adicional duodécima redactado por el número 2 del artículo 16 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero («B.O.E.» 23 noviembre). Párrafo 2.º del apartado 2 de la disposición adicional segunda introducido por el artículo 58 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero («B.O.E.» 23 noviembre). Número 6 de la disposición adicional sexta derogado por la letra c) de la disposición derogatoria única de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero («B.O.E.» 23 noviembre). Número 2 de la disposición adicional duodécima derogado por la letra c) de la disposición derogatoria única de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero («B.O.E.» 23 noviembre).
Transcurridos más de diez años desde la promulgación de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, dicha norma, expresión de una de las reformas más importantes experimentadas por nuestros mercados de valores, debe ser modificada para transponer al ordenamiento interno la Directiva 93/22/CEE, de 10 de mayo de 1993, relativa a los servicios de inversión en el ámbito de los valores negociables, la cual ha sido modificada con posterioridad por la Directiva 95/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 1995. Asimismo, se aprovecha el texto para incorporar, igualmente, a nuestro ordenamiento interno la Directiva 97/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los sistemas de indemnización de los inversores.
La Directiva de Servicios de Inversión, junto con la Directiva 93/6/CEE, de 15 de marzo de 1993, sobre la adecuación de capital de las empresas de inversión y de las entidades de crédito, y la segunda Directiva del Consejo, de 15 de diciembre de 1989, para la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio, representa una de las piezas claves en la construcción del Mercado Financiero Unico, y, en particular, del denominado «Mercado Unico de Valores».
Para conseguir dicha meta, la Directiva de Servicios de Inversión, a similitud de la segunda Directiva de Coordinación Bancaria, introduce el principio del «pasaporte comunitario» o «licencia única». En su virtud, una «empresa de servicios de inversión», al amparo de la autorización concedida por el Estado de su sede social, puede prestar servicios de inversión y actividades complementarias en el resto de la Unión, tanto estableciéndose en otros Estados mediante sucursal, como ofreciendo en ellos sus servicios.
La exigencia de una única licencia se fundamenta en la armonización de las condiciones de autorización y de ejercicio de la actividad, requisitos cuyo control se encomienda al Estado de origen de las empresas (principio del «home country»). No obstante, las normas de conducta a que deberán sujetar las empresas sus operaciones siguen siendo responsabilidad del Estado en que se desarrollan (principio del «host country»).
Expresiones de lo señalado son: de una parte, el derecho de toda empresa de servicios de inversión a acceder a cualquier mercado en condición de miembro, y, en segundo lugar, la posibilidad igualmente de acceso o adhesión a los sistemas de compensación y liquidación.
En cuanto a las reglas sobre el funcionamiento de los mercados, la Directiva de Servicios de Inversión parte de una clasificación de los mercados que distingue entre regulados y no regulados. La diferenciación se asienta en que un mercado regulado, además de gozar de dicha condición por un reconocimiento expreso de Estado miembro, tiene tal carácter por cumplir unos requisitos de organización, funcionamiento, admisión de instrumentos financieros a negociación, publicidad y transparencia que determinan una estructura asentada en las reglas de mínimos que se prevén en el acervo comunitario.
Finalmente, del contenido de la Directiva cabe resaltar las obligaciones de transparencia y las de información.
Las primeras se predican de los mercados, en tanto información sobre las operaciones que tienen lugar en el seno de los mismos, y cuyo conocimiento por los inversores es pieza clave de la protección que se les debe dispensar. En cuanto a las obligaciones de información («reporting»), se estatuyen para garantizar las labores de supervisión sobre los sujetos que operan en los mercados.
No se alcanzaría una descripción completa de la reforma si no se hiciera mención a que en los objetivos de la misma se han incorporado todas aquellas decisiones regulatorias que permitan a nuestros mercados competir de una manera más eficiente ante el nuevo y transcendental reto que representa la Unión Económica y Monetaria a partir del próximo 1 de enero de 1999.
Asimismo, conviene destacar que la presente disposición da respuesta al pronunciamiento del Tribunal Constitucional respecto a la Ley 24/1988, incorporando los cambios necesarios en el texto legal para ajustarse al régimen de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, conforme a la sentencia de 16 de julio de 1997.
Pasando ya al texto de la Ley de Reforma, el artículo inicial introduce algunos cambios en el Título I de la Ley 24/1988. En primer lugar, como consecuencia del elenco de instrumentos financieros comprendidos en el nuevo ámbito de la ordenación de los mercados, que sobrepasan la categoría de los valores negociables, se extiende a aquéllos la disciplina aplicable a los últimos, para de este modo integrar a las nuevas realidades financieras (v. gr. «swaps», «fras», opciones, futuros, etc.) que tienen presencia en nuestros mercados.
Otro aspecto que se debe destacar del primer precepto es la ruptura del monopolio de la llevanza del registro de valores negociables en anotaciones en cuenta no negociados en mercados secundarios oficiales, que hasta el momento ostentaban las sociedades y agencias de valores.
En el artículo segundo, se incluyen dos novedades en lo que se refiere al régimen del Comité Consultivo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Así, de una parte, se actualiza su composición, dando entrada a representantes de todos los mercados secundarios oficiales. De otra, se acomodan sus competencias a las nuevas previsiones del texto legal en materia de sujetos y de mercados.
En el artículo tercero, se flexibiliza el régimen de requisitos exigibles en las emisiones de valores similares a otros ya negociados en un mercado secundario, con el fin de evitar costes innecesarios a las emisiones, especialmente cuando ya existe una suficiente información en los mercados del emisor de los valores, o en los casos en que los destinatarios de los valores sean inversores institucionales o profesionales. También regula la Ley el procedimiento de aprobación de la participación de sociedades que administren mercados secundarios españoles en otras sociedades que gestionen mercados secundarios fuera de España, así como la participación en mercados españoles de estas últimas.
El artículo cuarto introduce importantes novedades en lo concerniente a la regulación de los mercados secundarios oficiales de valores.
A la vez que se incorporan al ordenamiento interno las disposiciones de la Directiva de Servicios de Inversión en la materia, se alberga en el seno del Título IV de la Ley 24/1988 la regulación de mercados, como es el caso de los de derivados, no desarrollados en el año 1988 en nuestro sistema financiero.
En segundo término, y en consonancia con la distinción que preconiza la Directiva de Servicios de Inversión entre mercados regulados y no regulados, clave para el diseño de la operativa del Mercado Financiero Unico de Valores, se predica el carácter de regulados de los mercados secundarios oficiales que hoy conocemos en nuestro sistema, suprimiéndose el distingo, tal y como fue introducido en el año 1990, entre mercados organizados oficiales y no oficiales, para recoger el único mercado organizado no oficial que se ha autorizado hasta el momento presente.
A lo anterior cabe añadir, en consonancia con el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, atendiendo al criterio diferenciador entre mercados de ámbito estatal y autonómico.
En este campo, ante la necesidad de hacer frente a la interrelación de mercados en el contexto económico internacional, se ofrece una respuesta permitiendo las relaciones, de carácter recíproco, entre los mercados nacionales y exteriores.
Se ha aprovechado igualmente la reforma para introducir algunas modificaciones en materia de admisión y exclusión de valores a la negociación. En particular, se acaba con la cuestionable equiparación de requisitos de la emisión con la admisión, que generaba efectos no deseables cuando mediaba un breve espacio de tiempo entre ambos momentos, persiguiéndose, de igual modo, una inmediata entrada en el mercado de los valores emitidos para que comience, a la mayor brevedad posible, su negociación. En materia de exclusión, se regulan los presupuestos de la misma para el caso de incumplimiento de obligaciones de información al mercado del emisor de los valores negociados. Asimismo, en ambos supuestos se reconocen las competencias autonómicas en la materia.
Mención especial merece la clasificación que se introduce en las operaciones de mercado, consecuente con los principios de orden desconcentrador que orientan la regulación de la materia en la Directiva de Servicios de Inversión. El resultado ha sido la distinción básica entre operaciones de mercado y las que no gozan de tal condición.
Las operaciones de mercado se caracterizan por resultar de transmisiones a título de compraventa u otros negocios onerosos propios del mercado. A su vez, se distingue en las mismas entre operaciones ordinarias y extraordinarias. Las primeras son las que se someten a las reglas básicas de funcionamiento de los mercados (en especial, la intervención de miembros y el encauzamiento de la operación a través de los sistemas ordinarios de contratación). Las operaciones extraordinarias son las que no se someten a todas o alguna de tales reglas básicas, pudiendo sólo realizarse en tres casos: cuando el comprador y el vendedor residan habitualmente o estén establecidos fuera del territorio nacional, cuando la operación no se realice en España y cuando el comprador y el vendedor lo autoricen expresamente.
En el ámbito de las operaciones de mercado se ha considerado procedente concretar la regulación de cierto tipo de préstamos sobre valores negociados en mercados secundarios para que, a la vez que se intensifica la profundidad y eficiencia de los mercados, se establece el marco regulador para disponer el correspondiente régimen tributario que fomente el desarrollo de los mismos.
En todo caso, y con independencia de que sean o no operaciones de mercado, se estatuye para las empresas de servicios de inversión la obligación de comunicar todo tipo de operaciones a los órganos rectores de los mercados, en aras de garantizar su buen funcionamiento y la protección de los inversores.
Otro aspecto fundamental de la reforma, y que venía obligado por la Directiva de Servicios de Inversión, es el reconocimiento del acceso a los mercados secundarios oficiales en calidad de miembros, con aptitud para operar, tanto de las empresas de servicios de inversión españolas como de las autorizadas en otros países de la Unión Europea. Es la traducción del pasaporte comunitario en la materia, y que se refleja en el capítulo IV del Título V. Entre otras consecuencias, traerá consigo en el campo bursátil el acceso directo de las entidades de crédito. No obstante, y conforme a la dicción de la Directiva de Servicios de Inversión para el caso especial español, no se aplicará hasta el 1 de enero del año 2000.
Ya entrando en la específica regulación de cada uno de los mercados, se puede destacar que en el bursátil la ejecución de operaciones en las Bolsas de Valores y en el Sistema de Interconexión Bursátil se sujeta a la ordenación actual, de forma tal que el libre acceso que contempla la Directiva se logra mediante la adquisición de la condición de miembro de alguna de las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores. Por este motivo se han variado algunas cuestiones en lo concerniente a las reglas para acceder al capital social de aquéllas.
En materia del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones en cuenta, se han introducido novedades verdaderamente importantes. En primer lugar, se posibilita la negociación paralela de los valores de la Central en cualquier otro mercado secundario oficial, favoreciéndose un mayor ámbito de negociación y de interrelación entre mercados.
En segundo lugar, la norma fundamental de ordenación del mercado pasa a ser el denominado «Reglamento del Mercado». Asimismo, la ya existente Comisión Asesora del Mercado integra en su composición a representantes de los miembros del mercado y de Comunidades Autónomas.
El funcionamiento del mercado se estructura sobre la distinción de dos ámbitos: el de registro, compensación y liquidación y el de negociación. Así, desde la perspectiva de los sujetos se abren múltiples categorías en función de cuál sea la vocación de cada sujeto.
Otra de las novedades introducidas en el Título IV que cabe destacar es la relativa a que toma carta de naturaleza en sede legal la regulación de los mercados de derivados, ya desarrollados en nuestro sistema financiero.
Por último, en este Título, se ha aprovechado la reforma para redefinir el concepto de oferta pública de venta de valores, de forma tal que se comprenda no sólo a la de valores no cotizados, sino también a la de los que ya se negocian en un mercado secundario.
El nuevo Título V, recogido en el artículo quinto, en consonancia con la equiparación estatutaria entre empresas de servicios de inversión y entidades de crédito, que preconiza la Directiva de Servicios de Inversión, comprende una nueva regulación de las denominadas «Empresas de servicios de inversión». En los términos anteriores, las cualidades que definen a aquéllas son su consideración de entidad financiera, y, en segundo lugar, la prestación de servicios de inversión con carácter profesional a terceros.
En concordancia con la Directiva, el «status» de actividad de las empresas de servicios de inversión se ordena en torno a los servicios de inversión y las actividades complementarias que se proyectan sobre los instrumentos financieros, y que, en definitiva, determinan su realización al albur del pasaporte comunitario.
Conforme a la nueva ordenación objetiva y subjetiva del estatuto de los operadores en los mercados financieros, la Ley predica la condición de empresa de servicios de inversión, en un sentido estricto, de las sociedades y agencias de valores, así como de las sociedades gestoras de cartera, hoy comprendidas en el seno de la legislación de inversión colectiva, y que encuentran su natural sede en la Ley 24/1988.
A los efectos de mantener incontaminado el marco de actuación reservado a las empresas de servicios de inversión, la Ley introduce un severo régimen de salvaguarda de la reserva de actuación, facultándose ampliamente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores como garante del sistema.
En este mismo orden de materias, las entidades de crédito resultan equiparadas a las empresas de servicios de inversión en cuanto a su capacidad para operar en los mercados, rompiendo con las murallas que se estipularon, especialmente para el mercado bursátil, en el año 1988.
De igual modo, la Ley prevé la posibilidad de crear entidades, así como la de facultar a otras personas o entidades que, sin tener ya el «status» de empresas de servicios de inversión, desarrollen alguna de las actividades de éstas, si bien con algunas limitaciones.
El capítulo II del nuevo Título V, sobre «Condiciones de acceso a la actividad», completa el régimen de intervención administrativa de las empresas de servicios de inversión en lo concerniente a su autorización, previéndose la necesaria consulta previa a las autoridades de otro Estado de la Unión Europea, en el caso de filiales, y recogiendo también algunos aspectos en la materia que se contienen en la Directiva de Servicios de Inversión (v. gr. programa de actividades, inicio, transparencia de la estructura del grupo, adhesión al Fondo de Garantía de Inversiones, etc.).
En el capítulo III se regulan separadamente las «Condiciones de ejercicio» de la autorización de las empresas de servicios de inversión. Se ha incluido también el régimen de intervención administrativa de las denominadas «participaciones cualificadas» de accionistas. Estas quedan sometidas a un control exhaustivo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en aras de garantizar una gestión correcta de las empresas de servicios de inversión.
Mención especial requieren las obligaciones que se estatuyen para las empresas de servicios de inversión en materia de información a la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre las operaciones que efectúen (la denominada obligación de «reporting»). Asimismo, se debe de destacar la nueva ordenación de las limitaciones operativas que rompen con un esquema rígido en cuanto a prolongación de actividades de las empresas de servicios de inversión.
En el capítulo IV, y bajo el título de «Actividades transfronterizas», se recoge en sede legal el régimen del «pasaporte comunitario» de las empresas de la Unión Europea, y viceversa, de nuestras empresas en el resto de Estados de la Unión Europea.
Finalmente, el nuevo Título V concluye con un capítulo V en el que: primero, se precisa el régimen de operaciones societarias de una empresa de servicios de inversión; segundo, se recoge la revocación de la autorización; tercero, y de gran importancia, se prevé la posibilidad de suspender total o parcialmente las actividades de una empresa de servicios de inversión, como medida preventiva para casos excepcionales.
En el artículo sexto del texto legal, se da nueva redacción al Título VI de la Ley 24/1988, regulándose un mecanismo nuevo en nuestros mercados de valores, cual es el del «Fondo de Garantía de Inversiones». Como ya se señaló, con esta regulación se traspone al ordenamiento interno la citada Directiva 97/9/CE, de 3 de marzo de 1997.
Su normativa responde igualmente a una exigencia de la Directiva de Servicios de Inversión, y, con una cierta similitud a los Fondos de Garantía de Depósitos de las entidades de crédito, indemnizan a los inversores en los casos de insolvencia o de situaciones concursales de las empresas de servicios de inversión que originen la indisponibilidad de efectivo o valores que un inversor hubiera confiado a aquéllas, sin que ello represente, en ningún caso, el que el sistema cubra riesgo de crédito alguno o pérdidas en el valor de una inversión en mercado.
En el artículo séptimo, en consecuencia con las novedades introducidas en el texto de la Ley 24/1988, es obligado redefinir tanto el ámbito de la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, como el régimen sancionador de la Ley.
En el artículo octavo se han introducido modificaciones de las disposiciones adicionales de la Ley 24/1988, como consecuencia de los cambios que se incorporan al texto original de la misma.
Por último, se han incorporado un conjunto de disposiciones adicionales de contenido heterogéneo.
Así, se aprovecha la ocasión para modificar algunos aspectos de la Ley 46/1984, de 26 de diciembre, reguladora de las Instituciones de Inversión Colectiva. En primer lugar, y al objeto de agilizar la constitución de aquéllas, se potencian las funciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En segundo término, se adicionan nuevas figuras al elenco de modalidades institucionales, cual son la de los «Fondos de Fondos», los «Fondos Principales y Subordinados», todos ellos como categorías específicas de las sociedades y fondos de inversión mobiliaria, cualificados por representar, en exclusiva, una modalidad inversora de los mismos cualificada por invertir en valores emitidos por otra institución de inversión colectiva.
En una línea parecida hay que incardinar a las instituciones de inversión colectiva que invierten en valores no cotizados y a los caracterizados por tener como únicos inversores a los de corte institucional o profesional. Estas nuevas figuras, que también son categorías específicas de las instituciones de corte mobiliario, representan un avance más en la adecuación de la oferta y la demanda en el ámbito de la inversión institucional para canalizar de un modo más eficiente el ahorro hacia la inversión productiva.
En tercer lugar, se perfilan más claramente las reglas sobre inversiones de las instituciones de inversión colectiva en instrumentos derivados.
En lo concerniente a las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva, de una parte, se establece como una de sus facultades la de comercialización de los valores representativos de aquéllas; de otra, se les extienden ciertas previsiones en materia de intervención y supervisión.
En otra disposición adicional se prevé la posibilidad, con la debida seguridad jurídica y transparencia, de titulizar créditos hipotecarios perjudicados, si bien con la adecuada supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
En concordancia con las novedades financieras que se incorporan al texto, se aprovecha otra disposición adicional para precisar el régimen fiscal de los Fondos de Garantía de Inversiones.
Se estatuye en otra disposición adicional una regulación sobre garantías en los mercados de valores, arbitrada mediante prenda de valores representados mediante anotaciones en cuenta, que permitiría un impulso decidido para favorecer el funcionamiento eficiente de los mismos en la cobertura de riesgos para operaciones de mercado.
Finalmente, no pueden dejar de mencionarse las modificaciones que se han incorporado en el régimen jurídico de las sociedades anónimas para favorecer una mejora en la financiación empresarial especialmente a través de los mercados financieros.
Al amparo de esta reforma se regulan de una forma más completa las denominadas acciones preferentes, y, en particular, una subcategoría de las mismas cuales son las acciones sin voto. El ánimo del legislador es el de, teniendo en cuenta las circunstancias prácticas de control societario, permitir la financiación vía mercado con las suficientes garantías para los inversores a través de fórmulas de inversión que permitan el acceso al capital sin implicación, a través del correspondiente derecho de voto, en la gestión social. Ahora bien, la reforma es consciente de las diferencias entre sociedades cotizadas y no cotizadas, siendo más flexible el régimen predicado para las primeras, sobre la pauta de la mayor transparencia que reporta la disciplina de los mercados de valores.
En la línea anterior, también se ofrece una respuesta desde nuestros ordenamientos societario y de mercado de valores para emitir en nuestro país unos valores que representan un género intermedio entre la renta variable y la renta fija, y que tienen especial interés como activos que, a la vez que reportan una financiación eficiente, redundan también en un mayor reforzamiento de los recursos propios de la entidad emisora.
Manifestación de dichas pretensiones se encuentra en la novedosa regulación de las denominadas acciones rescatables.
Bajo la pauta de diferenciar entre sociedades cotizadas y las que no cotizan, se establece un plazo inferior -de quince días- para el ejercicio del derecho de suscripción preferente en sociedades cotizadas. Con este cambio se favorece una mayor celeridad en la realización de ampliaciones de capital de sociedades cotizadas, sin que ello represente merma alguna para los derechos de los antiguos accionistas, ya que la información a los mismos queda sobradamente garantizada mediante los mecanismos de transparencia de los mercados.
En el plano de la exclusión del derecho de suscripción preferente, los cambios introducidos, atendiendo también a la pauta diferenciadora entre sociedades cotizadas y no cotizadas, flexibilizan los requisitos de exclusión al objeto de potenciar las ampliaciones de capital como fuente de financiación empresarial.
Asimismo, cabe destacar la modificación introducida para facilitar una entrada más rápida a la negociación de las acciones emitidas con ocasión de una ampliación de capital en régimen de oferta pública.
Finalmente, debe mencionarse que se fija un compromiso al Gobierno para completar las reformas señaladas, al objeto de extender los cambios al ámbito de la renta fija, todo ello mediante una iniciativa legislativa que modifique el régimen jurídico de la emisión de obligaciones.
Debe señalarse que la Ley se dicta en aplicación del artículo 149.1.6.ª y 11.ª de la Constitución.
Modificaciones al Título I de la Ley 24/1988.
Se introducen las siguientes modificaciones en el Título I de la Ley:
Uno. En el artículo 2, se añaden dos nuevos párrafos -segundo y tercero, respectivamente- con el contenido siguiente:
Dos. Se modifica el último párrafo del artículo 6, y se añade uno nuevo:
Tres. En el artículo 7 se da nueva redacción a los párrafos segundo, cuarto y quinto y se añade al final un nuevo párrafo:
Modificaciones incorporadas a la Ley 24/1988, 28 julio («B.O.E.» 29 julio), del Mercado de Valores.
Modificaciones al Título II de la Ley 24/1988.
Se introducen las siguientes modificaciones en el Título II de la Ley:
Uno. Se añade un nuevo párrafo al final del artículo 13:
Dos. Se da la siguiente redacción al artículo 16:
Tres. Se da nueva redacción al artículo 22, en los términos siguientes:
Cuatro. El artículo 23 quedará redactado como sigue:
Cinco. Se introduce un nuevo artículo 26 bis, con la redacción siguiente:
Modificaciones al Título III de la Ley 24/1988.
Se introducen las siguientes modificaciones en el Título III de la Ley:
El párrafo segundo del artículo 30 pasa a tener la siguiente redacción:
Modificación incorporada a la Ley 24/1988, 28 julio («B.O.E.» 29 julio), del Mercado de Valores.
Modificaciones al Título IV de la Ley 24/1988.
Se introducen las siguientes modificaciones en el Título IV de la Ley:
Uno. El artículo 31 quedará redactado en la siguiente forma:
Dos. El artículo 32 quedará redactado así:
Tres. El primer párrafo del artículo 34 queda modificado de la siguiente manera:
Cuatro. El segundo párrafo del artículo 35 pasa a tener la siguiente redacción:
Cinco. El artículo 36 quedará redactado de la siguiente manera:
Seis. Se da la siguiente nueva redacción al artículo 37:
Siete. El artículo 43 quedará redactado como sigue:
Ocho. Se añade un párrafo, al final del artículo 44 de la Ley 24/1988, con el texto siguiente:
Nueve. El artículo 45 quedará redactado en la siguiente forma:
Diez. El artículo 46 quedará redactado así:
Once. El artículo 47 tendrá la redacción siguiente:
Doce. Se da nueva redacción al artículo 48, en los siguientes términos:
Trece. Se introducen las siguientes modificaciones en el artículo 54:
Catorce. Se da nueva redacción al artículo 55 de la Ley 24/1988, que quedaría como sigue:
Quince. El artículo 56 quedará redactado así:
Dieciséis. Se da nueva redacción al artículo 57:
Diecisiete. El artículo 58 quedará así:
Dieciocho. Se da nueva denominación al capítulo IV de la Ley 24/1988, que pasa a llamarse «De los Mercados Secundarios Oficiales de Futuros y Opciones representados por anotaciones en cuenta», quedando redactado su artículo 59 de la siguiente forma:
Diecinueve. El párrafo primero del artículo 61 quedará redactado de la siguiente forma:
Modificaciones al Título V de la Ley 24/1988.
El Título V de la Ley 24/1988 pasa a denominarse «Empresas de servicios de inversión» y su redacción será la siguiente:
Modificaciones a los Títulos VI y VII de la Ley 24/1988.
Uno. El Título VI de la Ley 24/1988 pasa a denominarse «Fondo de Garantía de Inversiones», con el siguiente texto:
Dos. Se da una nueva redacción al artículo 78, que pasa a ser la siguiente:
Tres. El artículo 79 quedará redactado en los siguientes términos:
Cuatro. El apartado 2 del artículo 81 quedará redactado como sigue:
Cinco. Se suprime el apartado 3 del artículo 81.
Seis. El artículo 83 tendrá la siguiente redacción:
Modificaciones al Título VIII de la Ley 24/1988.
Se introducen las siguientes modificaciones en el Título VIII de la Ley:
Uno. Se da nueva redacción al artículo 84:
Dos. El artículo 85 quedará redactado en la siguiente forma:
Tres. El artículo 86 quedará así:
Cuatro. El artículo 87 quedará redactado:
Cinco. Se introducen dos nuevos párrafos iniciales en el artículo 88, con la siguiente redacción:
Seis. El artículo 90 quedará como sigue:
Siete. Se modifica el apartado e) y se añaden los siguientes a la relación que figura en el artículo 92 de la Ley 24/1988:
Ocho. Los dos primeros párrafos del artículo 95 pasan a tener la redacción siguiente:
Nueve. El párrafo inicial y el apartado a) del artículo 97 tendrá la siguiente redacción, añadiéndose un número nuevo:
Diez. El artículo 98 tendrá la redacción que sigue:
Once. Se da nueva redacción a las letras a), b), c), f), g), h), i) y o) del artículo 99 de la Ley 24/1988, que quedarán como sigue:
Doce. Se da nueva redacción al último párrafo del artículo 99:
Trece. Se da nueva redacción a los apartados que se indican y se añaden siete apartados, letras s), t), u), v), w), x) e y), del artículo 100:
Catorce. Se da la siguiente nueva redacción al último párrafo del artículo 100:
Quince.1. Se da nueva redacción a los apartados c) y d) y se adicionan tres nuevos al artículo 102:
2. Se añade un nuevo párrafo al artículo 102:
Dieciséis. Se incorpora un nuevo texto en la letra d), se añade una nueva letra e) y se da nueva redacción al último párrafo del artículo 103:
Diecisiete. Se da la siguiente redacción al apartado d) del artículo 105:
Dieciocho. El artículo 107 tendrá el siguiente texto:
Modificaciones a las disposiciones adicionales de la Ley 24/1988.
Uno. La disposición adicional primera pasará a estar redactada de la siguiente forma:
Dos. La disposición adicional tercera tendrá la siguiente redacción:
Tres. Se añade una nueva disposición adicional undécima:
Cuatro. Se añade una nueva disposición adicional duodécima:
Cinco. Se añade una nueva disposición adicional decimotercera:
Seis. Se añade una nueva disposición adicional decimocuarta:
Se introducen los siguientes cambios en la Ley 46/1984, de 26 de diciembre, Reguladora de las Instituciones de Inversión Colectiva:
Uno. El número 1 del artículo 8 de la Ley 46/1984, quedará redactado como sigue:
Dos. El párrafo tercero del número 3 del artículo 8 quedará redactado como sigue:
Tres. Se da nueva redacción al último párrafo del artículo 10.2:
Cuatro. Se da nueva redacción al número 4 del artículo 12:
Cinco. La letra c) del número 1 del artículo 27 queda redactada de la siguiente forma:
Seis. El artículo 23 bis queda redactado del siguiente modo:
Primero. .....
Siete. Se introduce un nuevo artículo 23 ter con la redacción que sigue:
Ocho. Se introduce un nuevo artículo 23 quater con la redacción que sigue:
Nueve. Se introduce un nuevo artículo 31 bis con el texto siguiente:
Diez. Se da nueva redacción al apartado 2 del artículo 27 de la Ley 46/1984, de 26 de diciembre, Reguladora de las Instituciones de Inversión Colectiva, que quedará como sigue:
A las sociedades de inversión mobiliaria, tanto de capital fijo como de capital variable, y a las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva, reguladas en la Ley 46/1984, de 26 de diciembre, les serán aplicables, con las adaptaciones reglamentarias que vengan exigidas por su naturaleza específica, las reglas que la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, contiene para las empresas de servicios de inversión sobre las siguientes materias:
1. Revocación de la autorización por las causas previstas en las letras b), d), e), g), h), k) o l) del artículo 73.
2. Suspensión de la autorización por las causas previstas en las letras a), b), en lo que sea de aplicación, y c) del número 1 del artículo 76.
Párrafo 2.º del apartado 2 de la disposición adicional segunda introducido por el artículo 58 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero («B.O.E.» 23 noviembre).
A las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva también les serán aplicables, con las adaptaciones reglamentarias que vengan exigidas por su naturaleza específica, las reglas 2.ª del número 1 y g) del número 2 del artículo 67 y el artículo 69 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, contienen para las empresas de servicios de inversión sobre idoneidad de los accionistas titulares de una participación significativa.
En los casos de quiebra o suspensión de pagos de una entidad emisora de valores o de una entidad registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, las obligaciones que según la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores u otras leyes tienen sus administradores y directivos de remitir información a dicha Comisión serán exigibles a los síndicos, depositarios e interventores, según proceda.
Disposición adicional tercera derogada por la letra b) de la disposición derogatoria única del R.D. Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores («B.O.E.» 24 octubre).
1. Podrán crearse fondos de titulización hipotecaria, a los que se refiere la Ley 19/1992, de 7 de julio, que estén integrados por participaciones de créditos hipotecarios vencidos, siempre que tales créditos y las hipotecas constituidas en su garantía reúnan todos los demás requisitos establecidos en la legislación del mercado hipotecario y que, además, se establezcan mecanismos o instrumentos de mejora crediticia.
2. En el procedimiento de supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de la constitución de los citados fondos aquélla podrá establecer obligaciones específicas de información y control del regular funcionamiento de los mismos.
1. La letra d) del artículo 9 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, quedará como sigue:
d) El Banco de España, los Fondos de Garantía de Depósitos y los Fondos de Garantía de Inversiones.
2. Los Fondos de Garantía de Inversiones gozarán de exención por los impuestos indirectos que pudieran devengarse por razón de su constitución, de su funcionamiento y de los actos y operaciones que realicen en el cumplimiento de sus fines. La exención se extenderá igualmente a las operaciones gravadas por tributos indirectos, cuyo importe deba repercutírseles en función de las disposiciones que regulan los tributos.
1. Cuando en garantía de las obligaciones generales contraídas frente a algún mercado secundario o frente a sus sistemas de compensación y liquidación, o en garantía del cumplimiento de las obligaciones contraídas por operaciones efectuadas en uno de estos mercados se constituyesen prendas sobre valores admitidos a negociación en mercados secundarios y representados por medio de anotaciones en cuenta, tales prendas podrán constituirse mediante póliza intervenida por corredor de comercio colegiado o escritura pública.
2. Asimismo, las prendas a que se refiere el número anterior podrán constituirse, sin los efectos de los documentos en los mismos referidos, pero con aplicación de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley del Mercado de Valores:
a) Mediante documento privado, debiendo la entidad encargada de la llevanza del registro contable practicar la correspondiente inscripción cuando tenga constancia del consentimiento del que aparezca como titular en el citado registro y de la entidad a cuyo favor se constituya la prenda.
b) Mediante manifestación unilateral del que aparezca como titular en el registro contable, incluso realizada por medios telemáticos, en cuyo caso se entenderá producida la aceptación de la entidad a cuyo favor se constituya desde que se comunique dicha manifestación unilateral a la entidad encargada de la llevanza del registro contable de los valores, siempre que así esté previsto en la reglamentación del mercado o sistema de compensación y liquidación de que se trate, o se haya pactado expresa y previamente esta forma de aceptación entre las partes interesadas. No obstante, esta forma de aceptación de la constitución de la prenda no implicará la suficiencia de la garantía que se debiera prestar, por lo que, en caso de resultar insuficiente, habrá de estarse a lo que proceda en tal supuesto.
La entidad encargada del registro contable de los valores sobre los que se constituya la prenda comunicará a la entidad a cuyo favor se haya realizado tanto la inscripción de la prenda como, en su caso, las incidencias o, circunstancias que se produzcan.
La prenda constituida conforme a lo dispuesto en este apartado surtirá efectos contra terceros desde la fecha en que conste en el registro contable.
3. La ejecución de las prendas, a que se refieren los apartados anteriores, se efectuará conforme a lo previsto en los artículos 322 a 324 del Código de Comercio, si bien será suficiente la acreditación de los documentos que prevean, en su caso, las normas de ordenación y disciplina del mercado al regular la creación de la prenda para acreditar la existencia de la garantía pignoraticia y de la cantidad adeudada.
4. Los organismos rectores de los mercados secundarios y sus sistemas de compensación y liquidación gozarán de los mismos privilegios que el artículo 1926 del Código Civil confiere a los acreedores pignoraticios respecto de los bienes, valores o derechos en que se materialicen o recaigan las garantías otorgadas en su favor por los miembros o inversores en dichos mercados cualesquiera que sean los referidos bienes, valores o derechos y las formalidades de su constitución, siempre que ésta se haya ajustado a la legislación aplicable y normas particulares de cada mercado.
5. Cuando las garantías a que se refiere el apartado 1 de la presente disposición consistieran en depósitos de efectivo, con o sin mandato de gestión, la ejecución de la garantía se hará por simple compensación. En los demás casos, cuando no exista un procedimiento de ejecución especialmente previsto por la ley se ejecutarán por medio de subasta con intervención de notario o corredor colegiado de comercio y citación del deudor y del propietario del bien, valor o derecho dado en garantía si no fueran la misma persona, siguiéndose en los demás el procedimiento previsto en el párrafo primero del artículo 1872 del Código Civil, sin que el procedimiento de ejecución antedicho pueda ser suspendido o interrumpido salvo por mandato judicial y, en este caso, el juez deberá exigir, a quien haya instado la suspensión, garantía bastante y específica para cubrir los daños y perjuicios que de la misma pudieran derivarse.
6. El régimen establecido en los apartados anteriores será, asimismo, aplicable a las prendas en garantía de obligaciones contraídas frente al Banco de España en el ejercicio de sus operaciones de política monetaria, así como a las que hayan de constituir las entidades participantes en un sistema interbancario de pagos en garantía de dicha participación.
Número 6 de la disposición adicional sexta derogado por la letra c) de la disposición derogatoria única de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero («B.O.E.» 23 noviembre).
Disposición adicional sexta derogada por la letra b) de la disposición derogatoria única del R.D. Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública («B.O.E.» 14 marzo).
Se modifica el artículo 48.1 a) de la Ley 18/1981 (sic), añadiendo el siguiente párrafo:
Modificación incorporada a la Ley 18/1991, 6 junio («B.O.E.» 7 junio), del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Se da una nueva redacción al párrafo final de la disposición final primera de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, con el texto que sigue:
Modificación incorporada a la Ley 19/1988, 12 julio («B.O.E.» 15 julio), de Auditoría de Cuentas.
A partir de: 3 julio 2011
1. Se añade un nuevo párrafo al artículo 2 de la Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque, que quedará como sigue:
2. Se da nueva redacción a los párrafos segundo, tercero y cuarto del artículo 51 de la Ley 19/1985, de 16 de julio, que quedarán como sigue:
3. Se añade un nuevo párrafo al artículo 95 de la Ley 19/1985, de 16 de julio, con el texto siguiente:
4. El primer párrafo del artículo 96 de la Ley 19/1985, de 16 de julio, quedará como sigue:
5. En el artículo 107 de la Ley 19/1985 se añade un nuevo párrafo con el texto siguiente:
6. En el artículo 147 de la Ley 19/1985 se da nueva redacción al párrafo primero y se le añade un nuevo párrafo con los textos siguientes:
Modificaciones incoporadas a la Ley 19/1985, 16 julio («B.O.E.» 19 julio), Cambiaria y del Cheque.
1. Las normas de la presente disposición se aplicarán a las operaciones financieras relativas a instrumentos derivados que se realicen en el marco de un acuerdo de compensación contractual, siempre que en el mismo concurran los siguientes requisitos:
2. Se considerarán a efectos de esta disposición instrumentos derivados las permutas financieras, las operaciones de tipos de interés a plazo, las opciones y futuros, las compraventas de divisas y cualquier combinación de las anteriores, así como las operaciones similares o de análoga naturaleza.
3. La declaración del vencimiento anticipado, resolución, terminación o efecto equivalente de las operaciones financieras incluidas en un acuerdo de compensación contractual de los previstos en el número 1 anterior, no podrá verse limitada, restringida o afectada en cualquier forma, por un estado o solicitud de quiebra, suspensión de pagos, liquidación, administración, intervención o concurso de acreedores que afecte a cualquiera de las partes de dicho acuerdo, sus filiales o sucursales.
En los supuestos en que una de las partes del acuerdo de compensación contractual se halle en una de las situaciones concursales previstas en el apartado anterior, se incluirá como crédito o deuda de la masa exclusivamente el importe neto de las operaciones financieras amparadas en el acuerdo, calculado conforme a las reglas establecidas en el mismo.
4. Las operaciones financieras o el acuerdo de compensación contractual que las regula sólo podrán ser impugnados al amparo del párrafo segundo del artículo 878 del Código de Comercio, mediante acción ejercitada por los síndicos de la quiebra, en la que se demuestre fraude en dicha contratación.
Disposición adicional décima redactada por el número 1 del artículo 16 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero («B.O.E.» 23 noviembre).
Se da nueva redacción al artículo 6 del Real Decreto legislativo 1298/1986, de 28 de junio, por el que se adaptan las normas legales en materia de entidades de crédito al ordenamiento jurídico de la Comunidad Económica Europea:
Modificación incorporada al R.D. Leg. 1298/1986, 28 junio («B.O.E.» 30 junio), por el que se adaptan las normas legales en materia de entidades de crédito al ordenamiento jurídico de la Comunidad Económica Europea.
1. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, podrán ser reconocidas como operaciones de un mercado secundario las operaciones dobles y las operaciones con pacto de recompra. A tales efectos, se entenderá:
Por operaciones dobles (también denominadas simultáneas), aquéllas en las que se contratan, al mismo tiempo, dos compraventas de valores de sentido contrario, realizadas ambas con valores de idénticas características y por el mismo importe nominal, pero con distinta fecha de ejecución, pudiendo ser ambas compraventas al contado con diferentes fechas de liquidación, a plazo, o la primera al contado y la segunda a plazo.
Por operaciones con pacto de recompra, aquéllas en las que el titular de los valores los vende hasta la fecha de la amortización, conviniendo simultáneamente la recompra de valores de idénticas características y por igual valor nominal, en una fecha determinada e intermedia entre la de venta y la de amortización más próxima, aunque esta sea parcial o voluntaria.
2. Cuando las operaciones financieras contempladas en el guión primero del apartado anterior cumplan los requisitos a que se refiere el apartado 1 de la disposición adicional décima de la presente Ley, les será de aplicación lo dispuesto en los apartados 3 y 4 de la misma.
Número 2 de la disposición adicional duodécima derogado por la letra c) de la disposición derogatoria única de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero («B.O.E.» 23 noviembre).
3. En las operaciones a que se refiere el apartado 1 anterior, si el primer vendedor no satisface el precio de la segunda compraventa, o incumple el pacto de recompra, el primer comprador adquirirá irrevocablemente el dominio de los valores vendidos.
Asimismo, tanto la declaración de quiebra del primer vendedor como la admisión a trámite de su solicitud de suspensión de pagos, entrañarán la resolución de pleno derecho de la segunda compraventa, o del pacto de recompra, produciéndose el mismo efecto a que se refiere el párrafo anterior.
4. Lo establecido en el apartado 2 precedente, se aplicará igualmente a las operaciones de esa naturaleza que se realicen sobre otros activos financieros en garantía de las obligaciones generales contraídas frente al Banco de España en ejercicio de sus operaciones de política monetaria.
Número 4 de la disposición adicional duodécima redactado por el número 2 del artículo 16 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero («B.O.E.» 23 noviembre).
Disposición adicional duodécima derogada por la letra b) de la disposición derogatoria única del R.D. Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública («B.O.E.» 14 marzo).
Se introducen las siguientes modificaciones en el Real Decreto-ley 18/1982, de 24 de mayo (sic):
Uno. Se crea un nuevo artículo 2 ter con el texto siguiente:
Dos. Se añade al apartado 1 del artículo 3 el párrafo siguiente:
Tres. Se añade al artículo 5 el siguiente número:
Cuatro. El último párrafo del apartado 1 del artículo 5 queda suprimido, añadiéndose a dicho artículo el siguiente número:
Modificación incorporada al R.D.-Ley 18/1982, 24 septiembre («B.O.E.» 1 octubre), sobre Fondos de Garantía de Depósitos en Cajas de Ahorro y Cooperativas de Crédito.
No será necesario el requisito de escritura pública previsto en el artículo 6 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en el caso de emisiones de pagarés que vayan a ser objeto de negociación en un mercado secundario, siempre que las características de los mismos consten en un folleto informativo.
Disposición adicional decimocuarta derogada por la letra b) de la disposición derogatoria única del R.D. Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores («B.O.E.» 24 octubre).
Se modifican los siguientes preceptos del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por Real Decreto legislativo 1564/1989, de 22 de marzo.
1. Se adiciona un apartado 3 al artículo 50, con la siguiente redacción:
2. Se modifica el apartado 1 del artículo 91 que pasa a tener la siguiente redacción:
3. Se introduce un nuevo apartado 4 en el artículo 91 con la siguiente redacción:
4. Se modifica el apartado 1 del artículo 92 que pasa a tener la siguiente redacción:
5. Se crea la sección 6.ª del capítulo IV, con el epígrafe «De las acciones rescatables», integrada por los siguientes artículos:
6. Se modifica el apartado 1 del artículo 158 que pasa a tener la siguiente redacción:
7. Se modifica el artículo 159 que pasará a tener la siguiente redacción:
8. Se modifica el apartado 2 del artículo 162 que pasa a tener la siguiente redacción:
9. El antiguo apartado 2 del artículo 162 pasa a ser el apartado 3 manteniéndose su redacción actual.
10. Se añaden dos nuevos apartados 4 y 5 al artículo 162:
11. Se modifica el apartado 2 del artículo 194 que pasa a tener la siguiente redacción:
12. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 194 con la siguiente redacción:
Modificaciones incorporadas al R.D. Leg. 1564/1989, 22 diciembre («B.O.E.» 27 diciembre), por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.
Los valores negociables representados mediante títulos admitidos a cotización en un mercado secundario oficial podrán seguir representados de dicha forma, en tanto la normativa de desarrollo de esta Ley no imponga su representación mediante anotaciones en cuenta.
Disposición transitoria primera derogada por la letra b) de la disposición derogatoria única del R.D. Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores («B.O.E.» 24 octubre).
Las emisiones de valores de entidades y sociedades públicas distintas de las señaladas en el artículo 55 de esta Ley que se negocian en el Mercado de Deuda Pública en Anotaciones continuarán negociándose en dicho Mercado hasta su vencimiento.
Disposición transitoria segunda derogada por la letra b) de la disposición derogatoria única del R.D. Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores («B.O.E.» 24 octubre).
Las sociedades y agencias de valores, así como las sociedades gestoras de carteras deberán adaptar sus estatutos y programas de actividades a las previsiones de esta Ley y de su normativa de desarrollo, en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la presente Ley y de las disposiciones reglamentarias pertinentes.
Los actos y documentos legalmente necesarios para que las sociedades constituidas con arreglo a la legislación anterior puedan, dentro de los plazos señalados en estas disposiciones transitorias, dar cumplimiento a lo establecido en la presente Ley, quedarán exentos de tributos y exacciones de todas clases.
El Gobierno, a propuesta del Ministro de Justicia, fijará una reducción en los derechos arancelarios que los notarios y los registradores mercantiles aplicarán al otorgamiento e inscripción en el Registro de los actos y documentos necesarios para la adaptación de las sociedades existentes a lo previsto en la presente Ley.
En tanto no se desarrollen reglamentariamente los preceptos de la Ley 24/1988, correspondientes al Mercado de Deuda Pública en Anotaciones, en la nueva redacción dada por esta Ley, y no se apruebe el Reglamento del Mercado al que hace mención el artículo 55.4 del citado texto legal, permanecerán vigentes las disposiciones reglamentarias que en la actualidad regulan el citado mercado.
Disposición transitoria quinta derogada por la letra b) de la disposición derogatoria única del R.D. Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores («B.O.E.» 24 octubre).
1. A la entrada en vigor de esta Ley, se considerarán mercados secundarios oficiales los reconocidos en su momento como organizados al amparo del artículo 77, párrafo tercero, de esta Ley.
2. En la primera resolución que, conforme a lo previsto en la disposición adicional undécima de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, se publique reconociendo los mercados que tengan el carácter de mercados secundarios oficiales, se incluirán los que tengan tal carácter a la fecha de publicación de esta Ley, así como los que hubiesen sido ya autorizados al amparo del artículo 77, párrafo tercero, de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en su redacción dada por el artículo 58 de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990.
Disposición transitoria sexta derogada por la letra b) de la disposición derogatoria única del R.D. Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores («B.O.E.» 24 octubre).
A la entrada en vigor de la presente Ley podrá autorizarse la constitución de sociedades de inversión mobiliaria, sociedades de inversión mobiliaria de capital variable y fondos de inversión mobiliaria de fondos, así como principales y subordinados, fondos y sociedades inversores en valores no cotizados y aquellos fondos cuyos partícipes sean inversores institucionales o profesionales. A tal fin, se tendrán en cuenta las reglas previstas en la disposición adicional primera y aquellas otras que, recogidas en la legislación vigente, para las SIM, SIMCAV y FIM, pudieran resultar de aplicación.
Queda derogado el actual artículo 86 bis de la Ley 24/1988, así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, conservarán su vigencia las especialidades previstas en el régimen de la Zona Especial Canaria de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
De igual modo, queda derogada la disposición adicional séptima de la Ley 3/1994, de 14 de abril, de adaptación de la legislación española en materia de entidades de crédito a la 2.ª Directiva de Coordinación Bancaria y se introducen otras modificaciones relativas al sistema financiero.
1. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». No obstante, la previsión de que las entidades de crédito, cualquiera que sea su nacionalidad, puedan ser miembros de las Bolsas de Valores no entrará en vigor hasta el 1 de enero del año 2000.
2. Por lo que se refiere a las previsiones del Título VI de la Ley, artículo 77, relativo a los Fondos de Garantía de inversiones, su entrada en vigor respecto a los supuestos a los que les es aplicable, coincidirá con la fecha de vigencia de la Directiva 93/22/CEE, de 10 de mayo de 1993, relativa a los servicios de inversión en el ámbito de los valores negociables.
1. Se autoriza al Gobierno para que, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, elabore un texto refundido de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, incorporando, además de la regulación contenida en esta Ley, las siguientes disposiciones legales:
a) Artículo 15 del Real Decreto-ley 3/1993, de 26 de febrero, de medidas urgentes sobre materias presupuestarias, tributarias, financieras y de empleo.
b) Artículo 13 de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de reforma del régimen jurídico de la función pública y de la protección por desempleo.
2. Asimismo, se procederá a las actualizaciones que resulten procedentes como consecuencia de la aprobación y entrada en vigor de las Leyes 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.
3. La presente delegación incluye la facultad de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos.
En un plazo no superior al de seis meses a contar desde la fecha de publicación de la presente Ley, el Gobierno deberá remitir a las Cortes, para su tramitación, un proyecto de Ley por el que se modificará el capítulo X de la Ley de Sociedades Anónimas, relativo al régimen jurídico de las obligaciones.