Source: https://colegiopodologosandalucia.org/colegio/estatutos.php
Timestamp: 2019-04-25 09:54:31
Document Index: 353580626

Matched Legal Cases: ['artículo 35', 'artículo 14', 'artículo 70', 'artículo 15', 'artículo 51', 'artículo 27', 'artículo 18', 'artículo 23', 'artículo 27', 'artículo 49', 'artículo 4', 'artículo 16', 'artículo 38', 'artículo 70', 'artículo 50', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'artículo 29', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 59', 'artículo 67', 'artículo 89', 'artículo 132', 'artículo 41', 'artículo 41', 'artículo 132', 'Artículo 62', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 66', 'artículo 59', 'artículo 61', 'Artículo 67', 'artículo 52', 'Artículo 68', 'artículo 62', 'artículo 63', 'Artículo 69', 'Artículo 70', 'artículo 56']

El Colegio | Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía
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Denominación y Naturaleza. El Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía es una corporación de derecho público, con personalidad jurídica propia y con capacidad plena para el cumplimiento de sus fines y el ejercicio de sus funciones.
Principios esenciales. Son principios esenciales de su estructura interna y funcionamiento la igualdad de sus miembros, la elección democrática de sus órganos de gobierno, la adopción de los acuerdos por mayoría y su libre actividad dentro del respeto a las leyes.
Ámbito territorial. El ámbito territorial de actuación del colegio profesional es el de Andalucía.
Domicilio, sede y delegaciones. La sede del Colegio radica en la ciudad de Sevilla y su domicilio en la calle Albuera, núm. 15, piso principal, con código postal 41001.El domicilio puede ser modificado por acuerdo de la Asamblea General.
Podrán establecerse delegaciones en todas las provincias andaluzas, las cuales podrán ostentar la representación colegial en el ámbito de su demarcación de acuerdo con lo estipulado en el artículo 35 de estos Estatutos, siendo su creación, funcionamiento y disolución por acuerdo de la Junta de Gobierno.
No obstante y de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 10/2003, de Colegios Profesionales de Andalucía, podrán constituirse, por segregación del Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía, Colegios Territoriales de ámbito inferior. El cambio de denominación, la segregación para constituir otro de ámbito territorial inferior y la disolución del Colegio se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 70 de estos Estatutos.
Régimen Jurídico. El Colegio se rige por los presentes Estatutos, por la Ley 9/1998, de creación del Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía, por la Ley 10/2003 de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, y su Reglamento aprobado por Decreto 216/2006 de 12 de diciembre, en el marco de la legislación básica del Estado.
Relaciones con la Administración autonómica.	El Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía se relacionará con la Consejería que tenga atribuida la competencia sobre el régimen jurídico de los colegios profesionales y con la Consejería de Salud en las cuestiones relacionadas con las competencias que le son propias o aquellas instituciones que asuman sus competencias.
Relación del Colegio con otros organismos profesionales y públicos.
El Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía podrá relacionarse con el Consejo General de Colegios Profesionales de Podólogos de España de acuerdo con lo que determine la legislación general del Estado. El marco de relación entre ambas corporaciones será por el sistema de acuerdo entre las partes.
Sin perjuicio de lo que dispone el apartado anterior, el Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía podrá establecer acuerdos, conciertos, convenios de colaboración y de reciprocidad con otros colegios, asociaciones y entidades tanto de la Comunidad Autónoma de Andalucía como nacional e internacional.
El Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía podrá establecer con los organismos extranjeros e internacionales las relaciones que, dentro del marco de la legislación vigente, tenga por conveniente.
En los términos establecidos en el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, podrá formalizar convenios de colaboración con la Consejería de Salud y organismos autónomos, para la gestión de actividades de carácter material, técnico o de servicios de su competencia.
Asimismo para la realización de interés común, para la promoción de actuaciones orientadas a la defensa del interés público, en especial las que sean de utilidad para las personas destinatarias de los servicios profesionales podológicos, el Colegio podrá concertar convenios de colaboración con la Consejería de Salud así como con sus organismos autónomos.
Asunción de funciones. De acuerdo con la disposición adicional única de la Ley 9/1998 de creación del Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía, el Colegio asume las funciones que la Ley 6/1995, de 29 de diciembre, determina para los Consejos Andaluces de Colegios Profesionales.
Fines, funciones y deberes de información y colaboración del Colegio
Fines. El Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía tiene como fines esenciales:
Alcanzar la adecuada satisfacción de los intereses generales en relación con el ejercicio de la Podología.
Ordenar y vigilar el ejercicio de la profesión dentro del marco que establecen las leyes y en el ámbito de sus competencias.
Colaborar con los poderes públicos en la reglamentación de las condiciones generales del ejercicio de la profesión.
Defender los intereses profesionales de los/las colegiados/as.
Fomentar las relaciones profesionales de los/las colegiados/as y con las demás profesiones.
Velar para que la actividad profesional se adecue a las necesidades e intereses de la sociedad con un adecuado nivel de calidad.
Controlar que la actividad de los/las colegiados/as se someta a las normas deontológicas de la Podología.
Proteger los intereses de los consumidores y usuarios.
Funciones. Corresponden al Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía, en su ámbito territorial, las funciones siguientes:
Ostentar, la representación y defensa de los/las profesionales ante la Administración, instituciones, tribunales, entidades y particulares, con legitimación para ser parte en cuantos litigios afecten a los intereses profesionales, todo ello conforme a la legislación vigente.
Adoptar, en el ámbito de su competencia, los acuerdos necesarios para ordenar el ejercicio profesional de los/las colegiados/as, velando que éste se realice acorde con los principios éticos y dignidad profesional que deben regir en el ejercicio de la profesión. Para ello, elaborará o modificará las normas deontológicas que rigen en la profesión.
Llevar un registro de todos/as los/las colegiados/as, en el que conste, al menos, testimonio auténtico del título académico, la fecha de alta en el colegio, el domicilio profesional, la firma actualizada y cuantas circunstancias afecten a su facultad para el ejercicio profesional.
Llevar un registro de sociedades profesionales, según lo estipulado en la Ley 2/2007, de 15 de marzo de 2007, de Sociedades profesionales.
Informar en los procedimientos administrativos o judiciales, cuando sea requerido para ello o cuando se prevea su intervención con arreglo a la legislación vigente.
Facilitar a los órganos jurisdiccionales y a las Administraciones Públicas, de conformidad con las leyes, la relación de los/las colegiados/as que pueden ser requeridos para intervenir como peritos, o designarlos directamente; dicha relación comprenderá, asimismo, a los/las profesionales que intervendrán, previo requerimiento, en procedimientos de justicia gratuita.
Ejercer, en el orden profesional y colegial, la potestad disciplinaria sobre los/las colegiados/as en los términos previstos en la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, y en los presentes Estatutos.
Procurar la armonía y colaboración entre los/las colegiados/as e impedir la competencia desleal entre los/las mismos/as.
Proponer y, en su caso, adoptar las medidas necesarias para evitar el intrusismo profesional y la competencia desleal, ejercitando al respecto las acciones legales pertinentes.
Intervenir, como mediador y en procedimientos de arbitraje en los conflictos que, por motivos profesionales, se susciten entre los/las colegiados/as, entre los/las colegiados/as y los/las ciudadanos/as y entre éstos/éstas cuando lo decidan libremente, todo ello de acuerdo con la normativa vigente en materia de arbitraje. Todo ello sin impedir en caso alguno, el ejercicio de las acciones judiciales que procedan, incluidas las que garanticen derechos constitucionales.
Encargarse del cobro de las percepciones, remuneraciones u honorarios profesionales cuando el/la colegiado/a lo solicite voluntariamente y regulado en el artículo 51 de estos Estatutos.
Organizar actividades y servicios comunes de carácter profesional, cultural, asistencial, de previsión y análogos, de interés para los/las colegiados/as.
El perfeccionamiento de la actividad profesional y la formación permanente de los/las colegiados/as. Los cursos de carácter formativo y de perfeccionamiento profesional, acreditados con su correspondiente número de horas lectivas de cara a que sean correctamente reconocidos por la Comunidad Autónoma y/o el Estado.
Establecer y exigir las aportaciones económicas de sus miembros.
Conocimiento previo de la publicidad de sus colegiados/as, velando que ésta se adapte a las normas de ámbito estatal y de la Comunidad Autónoma de Andalucía
Participar en los órganos consultivos de la Administración, cuando sea preceptivo o ésta lo requiera.
Redactar, aprobar los estatutos y reglamentos de régimen interior, así como sus modificaciones. Los reglamentos en ningún caso contradirán lo establecido en estos Estatutos.
Recoger y elaborar normas deontológicas comunes a la profesión.
Fomentar y estimular la investigación entre sus colegiados/as.
Adoptar las medidas necesarias para garantizar que los/las colegiados/as cumplan con el deber de aseguramiento al que se refiere el artículo 27.
de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía.
Cumplir y hacer cumplir a los/las colegiados/as las leyes generales y especiales y los estatutos colegiales y reglamentos de régimen interior, así como los acuerdos adoptados por los órganos colegiales en materia de su competencia.
Aquellas que le sean atribuidas por la legislación, por Ley reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía y de la demás legislación básica del Estado en materia de Colegios Profesionales o por otras normas de rango legal o reglamentario, les sean delegadas por la Administraciones Públicas o se deriven de convenios de colaboración con éstas.
En general, cuantas se encaminen al cumplimiento de los fines asignados al Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía y redunden en beneficio de los intereses de los/las ciudadanos/as, colegiados/as y demás fines de la Podología.
Deberes de información y colaboración. Son deberes del Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía el cumplimiento de las obligaciones que conlleva la realización de las funciones recogidas en el artículo 18 de la Ley de Colegios Profesionales de Andalucía con los siguientes deberes específicos:
Ofrecer información sobre el contenido de la profesión a los/las colegiados/as inscritos/as, respetando lo establecido en la normativa sobre protección de datos de carácter personal.
Colaborar con las Universidades de la Comunidad Autónoma en la elaboración de los planes de estudios, sin menoscabo del principio de autonomía universitaria, y ofrecer la información necesaria para facilitar el acceso a la vida profesional a los/las nuevos/as colegiados/as.
Garantizar la colaboración con la Administración sanitaria de la Junta de Andalucía en el control de los centros y establecimientos sanitarios en que puedan realizar actividades profesionales podológicas.
Sensibilizar e informar a la población sobre la profesión por medio de la elaboración de una carta de servicios dirigida al ciudadano.
De las cartas de servicios a la ciudadanía, del aseguramiento, del servicio de atención a colegiados/as y consumidores y de la ventanilla única.
Carta de servicios.El Colegio de Podólogos de Andalucía en cumplimiento de lo estipulado en el Capítulo V, Sección 1.ª del Decreto 216/2006, de 12 de diciembre, por el que aprueba el Reglamento de Colegios Profesionales de Andalucía, informara a la ciudadanía de los servicios que presta, así como de sus derechos por medio de una carta de servicios.
La elaboración de la carta de servicios será impulsada por el Presidente del Colegio y elaborada por una comisión de 3 miembros, nombrada al efecto por acuerdo de la Junta de Gobierno entre colegiados de reconocido prestigio cuya presidencia la ostentará un miembro de la Junta de Gobierno. Esta carta de servicios será aprobada por la Junta de Gobierno en sesión ordinaria.
La redacción así como su contenido estará a lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto 216/2006, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Colegios Profesionales de Andalucía.
Deber de aseguramiento.
El Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía, adoptara las medidas necesarias para promover entre las personas colegiadas y facilitarles el cumplimiento, en forma suficiente, del deber de aseguramiento previsto en el artículo 27.
de la Ley 10/2003, de 6 de octubre.
El Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía podrá concertar seguros colectivos para los/las colegiados/as ejercientes, siempre y cuando la cobertura de la responsabilidad civil de todas y cada una de las personas colegiadas incluidas en las pólizas colectivas quede garantizada igualmente en forma suficiente.
Servicio de atención a colegiados/as y consumidores.
El Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía atenderá las quejas y reclamaciones presentadas por los/las colegiados/as.
También dispondrá de un servicio de atención a los consumidores o usuarios, donde se tramitarán y resolverán cuantas quejas y reclamaciones referidas a la actividad colegial y/o profesional de los/las colegiados/as se presenten por cualquier consumidor o usuario que contrate los servicios de un podólogo/a, así como por las asociaciones y organizaciones de consumidores y usuarios en representación o defensa de sus intereses.	El Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía, a través de este servicio de atención a los consumidores y usuarios resolverá sobre la queja o reclamación, según proceda, bien informando sobre el sistema extrajudicial de resolución de conflictos, bien remitiendo el expediente a los órganos colegiales competentes para instruir los oportunos expedientes informativos o disciplinarios, bien archivando o bien adoptando cualquier otra decisión conforme a derecho.	La presentación de dichas quejas y/o reclamaciones podrá realizarse por vía telemática.
Ventanilla única. El Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía dispondrá de una página web, para que, a través de la ventanilla única prevista en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, se puedan realizar todos los trámites necesarios para solicitar la colegiación y en particular:
Obtener la información y formularios necesarios para el acceso a la actividad profesional.
Conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que tenga consideración de interesado, incluyendo la notificación y resolución de los expedientes, si no fuera posible por otros medios.
Convocar a los/las colegiados/as a las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias, y poner en su conocimiento la actividad pública y privada del Colegio.
Publicar la Memoria Anual con toda la información a la que se hace referencia en el artículo 49 de los presentes Estatutos.
También a través de la mencionada ventanilla única, el Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía ofrecerá a los consumidores y usuarios los siguientes servicios:
Acceso al Registro de Colegiados/as, que estará permanentemente actualizado con el nombre y apellidos, número de colegiado/a, títulos oficiales, domicilio profesional y situación de habilitación profesional.
Acceso al Registro de Sociedades Profesionales.
Acceso a las vías de reclamación y los recursos que podrán interponerse en caso de conflicto entre un consumidor o usuario y un/a colegiado/a.
Acceso a los datos de las asociaciones u organizaciones de consumidores y usuarios a las que los destinatarios de los servicios profesionales puedan dirigirse para obtener asistencia.
Acceso al Código Deontológico.
De los/las colegiados/as y sus clases. Adquisición, denegación y pérdida de la condición de colegiado/a
Derecho de colegiación. Tiene derecho a incorporarse al Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía quienes se encuentren en posesión del título de Diplomado en Podología de conformidad con el Real Decreto 649/1988, de 24 de junio, y sus normas de desarrollo, aquellos que en virtud del reconocimiento de derechos profesionales efectuados por dicha normativa ostenten el diploma de podólogo reglamentado por el Decreto 727/1962, de 29 de marzo, quienes se encuentren en posesión del Título de Grado en Podología, así como cuantos profesionales reúnan los requisitos establecidos para el desarrollo de la profesión, de acuerdo con la normativa en cada caso aplicable.
Obligatoriedad de la colegiación.
Para el ejercicio de la profesión de podólogo/a en Andalucía será requisito indispensable la incorporación al Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4 de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía y demás legislación básica Estatal y cumplir los requisitos legales y estatutarios exigidos.
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los/las profesionales inscritos/as en cualquier Colegio de Podólogos del territorio español podrán ejercer la profesión en el ámbito de este Colegio.
Profesionales pertenecientes a otros colegios. En beneficio y defensa de consumidores y usuarios de Andalucía, cuando el Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía tenga conocimiento del ejercicio profesional de un/a podólogo/a no inscrito en este Colegio, solicitará al colegio territorial de origen sus situación profesional y su no suspensión judicial de ejercicio profesional.
Derechos y obligaciones de los/las profesionales pertenecientes a otros Colegios. Los derechos y obligaciones de los/las profesionales que estén colegiados/as en otros Colegios y ejerzan en el ámbito del Colegio profesional de Podólogos de Andalucía serán los siguientes:
Quedaran sujetos a las normas deontológicas y de disciplina aplicables a los/las Podólogos/as del Colegio de Andalucía.
Solo podrán ejercer los derechos colegiales en el Colegio de origen.
Cargas. A los Podólogos/as colegiados/as en otros Colegios no se les exigirá cuota de ingreso y tampoco se le exigirá habilitación alguna ni el pago de contraprestaciones económicas distintas de aquellas que exijan habitualmente a sus colegiados por la prestación de los servicios de los que sean beneficiarios y que no se encuentren cubiertos por la cuota colegial.
Miembros del Colegio. Las personas que constituyen el Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía pueden ser miembros ejercientes, miembros no ejercientes y miembros de honor.
Son miembros ejercientes:
Las personas naturales que, reuniendo todas las condiciones exigidas, hayan obtenido la incorporación al Colegio y ejerzan la profesión de podólogo/a.
Las personas jurídicas que con arreglo a la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales, se constituyan en sociedad profesional para el ejercicio de la Podología, a través de personas colegiadas en el Colegio de Podólogos de Andalucía.
Son miembros no ejercientes las personas naturales que hayan obtenido la incorporación al Colegio y no ejerzan actualmente la profesión.
Serán miembros de honor aquellas personas naturales y jurídicas que reciban tal nombramiento en atención a los méritos y servicios relevantes prestados a favor de la profesión. La designación se hará en Asamblea General de colegiados/as a propuesta de la Junta de Gobierno.
Las condiciones requeridas para la colegiación, además de la posesión del título profesional exigido en el artículo 16 de estos Estatutos, son las siguientes:
Solicitud escrita a la Junta de Gobierno.
Abono de la cuota de incorporación, que no podrá superar los costes asociados a la tramitación de la inscripción.
No estar inhabilitado/a para el ejercicio de la profesión.
Aportación de la documentación acreditativa del título.
Aportar comprobante de su afiliación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o al Régimen General de la Seguridad Social cuando sea procedente.
La colegiación podrá realizarse por vía telemática, como asimismo los certificados o cuantas gestiones precise realizar en el colegio.
La Junta de Gobierno resolverá sobre la solicitud dentro de un plazo máximo de un mes posterior a su presentación, debiendo comunicar por escrito al solicitante la resolución que adopte.
Denegación de colegiación.
Cuando los documentos presentados con la solicitud de ingreso sean insuficientes o no cumplan los requisitos legalmente establecidos, y no hayan sido subsanados en el plazo de diez días concedidos al efecto.
A la persona que esté cumpliendo pena de inhabilitación por sentencia judicial firme.
Por el hecho de encontrarse cumpliendo una sanción impuesta en expediente disciplinario que haya comportado la suspensión temporal o definitiva del Colegio.
Contra el acuerdo denegatorio de colegiación, que deberá comunicarse debidamente motivado al interesado/a, podrá ser impugnado en el plazo de un mes, ante la comisión de recursos que resolverá y notificará la resolución que corresponda en el plazo máximo de tres meses. Dicha resolución agota la vía administrativa, pudiendo ser impugnada ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con lo que dispone la ley reguladora de esta jurisdicción.
Pérdida de la condición de colegiado/a.
La condición de colegiado/a se perderá en los siguientes casos:
Por incapacidad legal.
Por expulsión como consecuencia de una sanción impuesta a través del correspondiente procedimiento disciplinario.
Por baja voluntaria comunicada por escrito, por haber dejado de ejercer la profesión de podólogo/a.
Por baja forzosa por incumplimiento de las obligaciones económicas, colegiales establecidas.
Para que la baja forzosa por incumplimiento de las obligaciones económicas sea efectiva, será necesaria la instrucción de un expediente sumario que comportará un requerimiento escrito al afectado/a, para que dentro del plazo de tres meses se ponga al corriente de los descubiertos. Pasado este plazo sin cumplimiento, se tomará el acuerdo de baja, que deberá notificarse de forma expresa al interesado/a. Dicho acuerdo será adoptado por la Junta de Gobierno, mediante resolución motivada y, una vez firme, será comunicada al Consejo General y a la Consejería correspondiente de la Junta de Andalucía.
La pérdida de la condición de colegiado/a no liberará del cumplimiento de las obligaciones económicas vencidas, estas obligaciones se podrán exigir a los interesados/as o a sus herederos/as.
En el caso del párrafo e) del apartado 1 anterior, el/la colegiado/a podrá rehabilitar sus derechos pagando lo adeudado, los intereses legales devengados y la cantidad que corresponda por nueva incorporación.
Compatibilidad de la colegiación con los derechos de sindicación y asociación. El ejercicio de los derechos individuales de asociación y sindicación reconocidos constitucionalmente serán compatibles, en todo caso, con la pertenencia al Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía.
Derechos y deberes de los/las colegiados/as
Derechos de los/las colegiados/as. Todos los/las colegiados/as tendrán derecho a disfrutar de todos los servicios, facultades y prerrogativas que resulten de los presentes Estatutos y además:
Elegir y ser elegidos/as para ocupar cargos de representación y cargos directivos.
Ser informados de las actuaciones y vida de la Entidad, y de las cuestiones que hagan referencia al ejercicio de la profesión, así como conocer los acuerdos adoptados por los órganos de gobierno.
Ejercer la representación que se les encargue en cada caso.
Intervenir, de acuerdo con las normas legales y estatutarias, en la gestión económica administrativa del Colegio, expresar libremente sus opiniones en materias de asuntos de interés profesional, así como promover actuaciones de los órganos de gobierno por medio de iniciativas.
Ejercer las acciones y recursos que sean precisos en la defensa de sus intereses como colegiados/as.
Estar amparados/as por el Colegio en el ejercicio profesional en defensa de los legítimos intereses.
Estar representados/as por el Colegio, cuando así lo acuerde la Junta de Gobierno, a fin de facilitar acciones, excepciones y defensas relacionadas con el ejercicio profesional ante tribunales, autoridades, organismos, entidades públicas y privadas.
Asistir con voz y voto a las Asambleas Generales del Colegio, siempre que se encuentren al corriente de sus obligaciones colegiales.
Presentar quejas ante la Junta de Gobierno del Colegio contra la actuación profesional o colegial de cualquiera de sus miembros.
Presentar mociones de censura en los términos y según el procedimiento que establece el artículo 38 de los Estatutos.
Pertenecer a las entidades de previsión que para proteger a los/las profesionales estuvieran establecidas o se establezcan.
Examinar los libros de contabilidad y de actas del Colegio, previa solicitud, así como recabar certificaciones de aquellos acuerdos que les afecten personalmente.
Utilizar el carné profesional, insignias y cuantos servicios de apoyo organicen, tanto el Consejo General como el Colegio Andaluz, en las condiciones que, respectivamente, se determinen.
Crear agrupaciones representativas de intereses específicos en el seno del Colegio, con sometimiento, en todo caso, a la Junta de Gobierno.
Deberes de los/las colegiados/as. Son deberes de los/las colegiados/as:
Cumplir las prescripciones contenidas en los presentes Estatutos, en los Reglamentos que los desarrollen y en los Acuerdos que el Colegio pueda adoptar.
Pagar en los plazos establecidos las cuotas y derechos tanto ordinarios como extraordinarios que hayan sido aprobados por el Colegio.
Observar con el Colegio, respecto a sus órganos de gestión, la disciplina adecuada, y entre los/las colegiados/as, los deberes de armonía profesional.
Dar a conocer al Colegio todos los hechos que puedan afectar a la profesión, tanto particular como colectivamente, la importancia de los cuales pueda determinar la intervención corporativa con carácter oficial.
Denunciar ante el Colegio los casos de ejercicio profesional sin la titulación adecuada, sin estar colegiado/a o por faltar a las obligaciones exigibles a los/las colegiados/as.
Comunicar obligatoriamente al Colegio su domicilio profesional para notificaciones a todos los efectos oficiales. Asimismo, cualquier cambio de domicilio profesional, para que produzca estos efectos, deberá ser comunicado expresamente.
Tener cubierto mediante un seguro los riesgos de responsabilidad civil en que pueda incurrir como consecuencia del ejercicio profesional.
Aceptar, excepto justa causa, cualquier cargo para los/las que fueran elegidos/as y desempeñarlo fielmente.
Sociedades Profesionales. Los/las colegiados/as podrán ejercer su profesión individualmente o de forma conjunta con otros profesionales de la misma o distinta especialidad, siempre que no sean incompatibles por ley.
En el caso de ejercer con otros profesionales colegiados, deberán adoptar la forma de Sociedad Profesional a la que hace referencia la Ley 2/2007, de 1 de marzo, de Sociedades Profesionales.
La Asamblea General es el órgano superior del Colegio y como tal obliga con sus acuerdos a todos/as los/las colegiados/as, incluso a los/las ausentes, los/las disidentes y los/las que se abstengan.
En la Asamblea General pueden participar todos/as los/las colegiados/as que estén en plenitud de sus derechos.
Tipos de Asambleas Generales. Las Asambleas podrán ser Ordinarias y Extraordinarias.
La Asamblea General ordinaria se reunirá, al menos, dos veces al año: una durante el primer semestre y la otra en el segundo semestre. La Asamblea ordinaria del primer semestre incluirá la lectura y aprobación de la liquidación del presupuesto del año anterior y la presentación de la memoria. La Asamblea General Ordinaria del segundo semestre incluirá en el orden del día la lectura del plan de actividades, del presupuesto para el ejercicio anual próximo y su aprobación.
La Asamblea General con carácter Extraordinario se reunirá cuando así lo acuerde la Junta de Gobierno. Deberá adoptarse el mencionado acuerdo de convocatoria, cuando lo soliciten un 20% de los/las colegiados/as con un orden del día concreto.
Convocatorias. Las reuniones de las Asambleas Generales serán comunicadas por escrito con 15 días hábiles de antelación, como mínimo, a la fecha prevista.
La notificación, que deberá efectuarse por escrito al domicilio señalado por cada colegiado/a, contendrá el orden del día, así como el lugar, fecha y hora en que ha de celebrarse la reunión. En su caso deberá contemplar la celebración en segunda convocatoria.
Normativa de las reuniones de la Asamblea.
Las Asambleas Generales serán presididas por el/la Presidente/a del Colegio, actuando de Secretario/a el/la que lo sea del mismo.
La constitución de la Asamblea General será válida, en primera convocatoria, si concurre la mayoría absoluta de los/las colegiados. En segunda convocatoria, celebrada media hora más tarde, será válida cualquiera que sea el número de colegiados/as presentes, con un mínimo de presencia del Presidente/a, Secretario/a y tres colegiados/as.
Sólo se podrá tomar acuerdos sobre aquellos asuntos que hayan sido fijados en el orden del día.
Las votaciones podrán ser de dos clases: Nominales y secretas. Las votaciones serán secretas cuando así lo acuerde un 20% de los/las asistentes a la asamblea.
Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de votos entre los/las asistentes, excepto para aquellos asuntos para los que los Estatutos dispongan una mayoría cualificada.
No se permitirá la delegación de voto.
Actas. De las sesiones de la Asamblea General se levantará acta que contendrá la relación de asistentes, las circunstancias del lugar y el tiempo en que se ha celebrado la misma, la forma y el resultado de las votaciones si las hubiere, así como el contenido de los acuerdos adoptados. El acta será aprobada, si procede, por la Asamblea General en la siguiente sesión y de ella será fedatario/a el/la Secretario/a, con el Visto Bueno del/la Presidente/a de la sesión y de tres colegiados/as asistentes a la Asamblea.
Los acuerdos de la Asamblea General tendrán validez ejecutiva inmediata.
Existirá un Libro de Actas oficial donde se recojan las correspondientes a las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias.
Competencias de la Asamblea General. Son funciones de la Asamblea general:
Elegir los miembros integrantes del órgano de dirección y de su presidente/a.
Aprobar la memoria anual de actividades presentada por la Junta de Gobierno.
Aprobar el balance y cuenta de resultados del ejercicio.
Aprobar los presupuestos.
Conocer la gestión de la Junta de Gobierno.
Aprobar el reglamento deontológico.
Aprobar las modificaciones de los Estatutos.
La fijación de cuotas ordinarias y extraordinarias.
Decidir sobre las cuestiones que la Junta de Gobierno someta a su competencia.
Aprobar las propuestas de fusión, absorción, segregación, cambio de denominación y disolución del Colegio, las cuales se harán de acuerdo con la legislación vigente, siguiendo lo preceptuado en el artículo 70 de estos Estatutos con relación al quórum y votaciones.
Censurar la gestión de la Junta de Gobierno o de alguno/a de sus miembros, de acuerdo con lo establecido en los presentes Estatutos.
Autorizar a la Junta de Gobierno a la adquisición, cesión y enajenación de bienes.
Nombrar a los miembros de la Comisión de Recursos.
Establecer los criterios orientativos de honorarios profesionales a los exclusivos efectos de la tasación de costas y de la jura de cuentas de Abogados.
Composición. La Junta de Gobierno estará integrada por el/la Presidente/a, el/la Vicepresidente/a, el/la Secretario/a, el/la Tesorero/a, que conforman la comisión permanente y ocho vocales. Necesariamente, dentro de la Junta de Gobierno tendrá que haber un/a colegiado/a residente en cada una de las provincias de la comunidad Autónoma Andaluza. La Junta de Gobierno estará formada siguiendo una composición equilibrada de presencia de mujeres y hombres a tenor de lo contemplado en la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Funciones de la Junta de Gobierno. Corresponden a la Junta de Gobierno la dirección y administración del Colegio y la ejecución de los acuerdos adoptados por la Asamblea General.
Son competencias de la Junta de Gobierno las siguientes:
Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de la Asamblea General, los Estatutos y la legislación vigente que afecte al Colegio.
Decidir sobre las solicitudes de colegiación.
Proponer a la Asamblea la cuantía de las cuotas de percepción periódica.
Administrar los bienes del Colegio, así como recaudar las cuotas que tengan que hacer efectivas los/las colegiados/as.
Adoptar las medidas convenientes para la defensa de los intereses del Colegio.
Imponer, previa instrucción del expediente oportuno, sanciones disciplinarias.
Crear y reestructurar las comisiones y grupos de trabajo, necesarios para el mejor cumplimiento de las funciones colegiales y proceder a su disolución si hay argumentos que lo justifiquen.
Velar por el cumplimiento de las funciones y competencias profesionales de los/las colegiados/as.
Fijar la fecha de celebración de Asambleas Generales ordinarias y extraordinarias.
Nombrar a los/las asesores/as contemplados en el artículo 50 de estos Estatutos.
Y cuantas funciones no indicadas se deriven de estos Estatutos.
Duración de los cargos. La duración de los cargos de la Junta de Gobierno será de cuatro años, pudiendo ser reelegidos por dos veces para el mismo cargo.
Si alguno/a de los/las componentes de la Junta de Gobierno cesa, por cualquier causa, antes de terminar el período de mandato, la propia Junta de Gobierno designará, si procede y con carácter de interinidad, un/a sustituto/a hasta que tenga lugar la primera elección reglamentaria.
Si se produjese la vacante de dos o más miembros de la Junta de Gobierno, se convocarán elecciones en un plazo no superior a un mes a los cargos vacantes. La duración del mandato de los/las así elegidos/as se prolongará hasta el final del período que reglamentariamente se determine par la renovación de cargos.
En caso de dimisión o cese del 60% de los/las miembros de la Junta de Gobierno, se promoverán elecciones en un plazo no superior a un mes, a contar desde que se produzca tal circunstancia.
Moción de censura. La moción de censura contra la Junta de Gobierno o contra alguno/a de sus miembros deberá presentarse en el Registro del Colegio, mediante escrito dirigido al/a la Presidente/a de la Junta de Gobierno avalado por la firma, al menos, del 25 % de los/las colegiados/as.
La moción así presentada será objeto de debate y aprobación, si procede, en Asamblea General Extraordinaria, convocada al afecto por el/la Presidente/a, que tendrá lugar en los treinta días siguientes a su presentación.
Dicha Asamblea requerirá un quórum de asistencia del 50% de los colegiados y la moción deberá ser aprobada por los dos tercios de los/las colegiados/as asistentes.
Si prospera la moción, cesará la Junta existente y la Asamblea nombrará, de entre los/las asistentes, una Junta Gestora que en el plazo máximo de dos meses, pondrá en marcha el procedimiento electivo previsto en el Capítulo III del Título IV de estos Estatutos.
En caso de no prosperar la moción de censura, sus firmantes no podrán avalar otra en el plazo de un año.
Reuniones. La Junta de Gobierno se reunirá de forma ordinaria, al menos, una vez al trimestre, convocada por el/la Presidente/a. Con carácter extraordinario se reunirá cuantas veces sea necesario, convocada por el/la Presidente/a o a petición de tres miembros de la Junta.
La Comisión Permanente se reunirá cada dos meses como plazo máximo.
Las citaciones serán individuales y se enviarán con ocho días de antelación. En caso de urgencia, se podrá citar verbalmente y se confirmará con la notificación escrita. En su caso deberá contemplar la celebración en segunda convocatoria.
Los acuerdos se tomarán por mayoría de los/las asistentes. En caso de empate decidirá el voto de calidad del/la Presidente/a.
Es obligatoria la asistencia de todos/as los/las miembros. La falta de asistencia no justificada a tres sesiones consecutivas o seis no consecutivas en un año, se estimará como renuncia al cargo. La justificación de la falta de asistencia deberá hacerse por escrito en un plazo de ocho días, desde la celebración de la Junta.
El quórum imprescindible de asistencia para tomar acuerdos, en primera convocatoria, será la mitad más uno de los componentes de la Junta, en segunda convocatoria, celebrada media hora más tarde, será válida cualquiera que sea el número de miembros presentes con la presencia del Presidente/a y Secretario/a.
Condiciones para ser elector/a y elegible. Tendrán derecho a ser elegidos/as todos/as los/las colegiados/as al corriente de sus obligaciones colegiales, debiendo encontrarse en el ejercicio de la profesión, excepto que estén afectados/as por una sanción que comporte la suspensión de actividades colegiales en general o la limitación de estos derechos.
Tendrán derecho a votar todos/as los/las colegiados/as que estén en uso de todos los derechos colegiales.
Candidaturas. Sólo podrán concurrir a las elecciones candidaturas completas, donde figuren todos/as los/las miembros de la Junta de Gobierno a elegir.
Las candidaturas deberán formarse indicando el cargo al cual opta cada candidato/a siendo su composición equilibrada de presencia de mujeres y hombres, a tenor de lo estipulado en la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Las candidaturas presentadas que no estén equilibradas en los porcentajes prescritos en la Ley, no serán aceptadas.
Las candidaturas presentadas contendrán como mínimo un miembro de cada una de las ocho provincias andaluzas.
Ningún colegiado/a podrá presentarse a candidato/a a más de un cargo o candidatura.
Procedimiento electivo.
La elección de la Junta de Gobierno será convocada por el/la Presidente/a, según acuerdo de la Junta de Gobierno, al menos, treinta días antes de su celebración. Los plazos establecidos en el proceso electoral se entenderán en días naturales.
En los tres días siguientes a la convocatoria, la Junta de Gobierno se constituirá en Junta Electoral, cuya función será resolver, en el plazo de 48 horas, las reclamaciones e impugnaciones que se presenten a lo largo del proceso electoral. En el caso de que algún/a candidato/a formara parte de la Junta Electoral, y a los solos efectos de ejercer las funciones encomendadas a la misma, será nombrado/a otro/a mediante sorteo realizado por el/la Secretario/a.
En el acto de constitución de la Junta Electoral, ésta hará pública la lista de colegiados/as con derecho a voto, fijándola en el tablón de anuncios de la sede del Colegio. Las reclamaciones a esta lista deberán ser presentadas en los cinco días siguientes a su publicación, y deberán ser resueltas en el plazo de tres días.
Las candidaturas deberán presentarse en la Secretaría del Colegio dentro de los diez días siguientes a la convocatoria. Tras la presentación de las candidaturas, y en el plazo de cinco días, la Junta Electoral hará pública la relación de las candidaturas presentadas y enviará a cada colegiado/a las papeletas oficiales de votación por si éstos/as estiman oportuno emitir su voto por correo. En el caso de presentación de una sola candidatura, la Junta Electoral la declarará elegida.
El acto de votación tendrá lugar en sesión extraordinaria de la Asamblea General, convocada a tal efecto por el/la Presidente/a de la Junta de Gobierno. La votación se realizará mediante papeletas oficiales, en las que figurarán los nombres de los/las candidatos/as de cada una de las candidaturas. Cada una de las papeletas contendrá una sola candidatura y el votante podrá elegir sólo una de ellas.
Desde que se convoquen elecciones para cubrir los cargos de la Junta de Gobierno y hasta doce días antes de su celebración, los colegiados/as que deseen emitir su voto por correo podrán solicitar a la Secretaria del Colegio, mediante comparecencia personal o mediante solicitud al representante del Colegio en su provincia, la certificación que acredite que están incluidos en las listas de colegiados/as con derecho a voto.
También podrán hacerlo mediante escrito dirigido al/la Secretario/a y enviado por correo certificado, firmando personalmente, al que acompañarán fotocopia de su DNI o del Carnet profesional.
El/la Secretario/a del Colegio o el/la representante de la provincia entregará al solicitante la documentación necesaria para votar (sobres, papeletas, etc.), bien personalmente en el acto de comparecencia, bien por correo certificado al domicilio que conste en la Secretaría.
La emisión del voto por correo deberá efectuarse de la siguiente manera.
Dentro de un sobre en blanco se introducirá la papeleta de la votación con la candidatura elegida.
Este sobre se introducirá en otro, en el que se incluirá asimismo la certificación de la inclusión del elector en el censo y que llevará cruzada la firma del/la colegiado/a en la solapa junto al remite.
Este segundo sobre se enviará individualmente por correo certificado con acuse de recibo, dirigido al/la Secretario/a del Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía con la siguiente mención «Para las elecciones del Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía a celebrar el día ...».
Solo se computaran los votos emitidos por correo certificado que reúnan los requisitos anteriormente establecidos y que tengan su entrada en la Secretaria del Colegio dos días antes de la celebración de la Asamblea General Extraordinaria donde se efectúa la votación.
El/la Secretario/a del Colegio entregará al/a la Presidente/a de la mesa los votos así emitidos en el momento de comenzar la votación.
Una vez realizada la votación se procederá al escrutinio de los votos, consignando en acta el número de los obtenidos por cada una de las candidaturas. En caso de empate se resolverá procediéndose a la convocatoria de un nuevo proceso electoral. Serán considerados nulos todos los votos que contengan mas de una candidatura y los que no se ajusten estrictamente a la papeleta oficial emitida por la Junta Electoral, así como aquellos que contengan enmiendas o tachaduras.
El/la Presidente/a de la Mesa anunciará el resultado y proclamará electa a la candidatura que haya obtenido el mayor número de votos.
La Junta de Gobierno elegida tomará posesión de sus cargos antes de los quince días siguientes a la fecha de la elección.
El nombramiento será comunicado en el plazo de diez días desde que se produzca, a la Consejería competente de la Junta de Andalucía.
Del/la Presidente/a
Del/la Presidente/a. Son competencias del/la Presidente/a:
La representación del Colegio en todas las relaciones de éste con los poderes públicos, entidades, corporaciones de cualquier tipo, personas físicas y jurídicas.
Llevar la dirección del Colegio y decidir en casos urgentes que no sean competencia de la Asamblea, y con la obligación de informar de sus decisiones a la Junta de Gobierno en las 72 horas siguientes.
Visar las certificaciones que expida el/la Secretario/a.
Autorizar con su firma todo tipo de documentos en relación con el apartado a) del presente artículo.
Conferir apoderamiento para las cuestiones judiciales, cuando para esto sea autorizado/a por la Junta de Gobierno.
Convocar las reuniones de la Junta de Gobierno y las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias y fijación del Orden del Día.
La apertura de cuentas corrientes del Colegio, tanto en entidades bancarias como en cajas de ahorros, y la movilización de los fondos, conjuntamente con el/la Tesorero/a.
Autorizar el movimiento de fondos con la propuestas que presente el/la Tesorero/a.
Constituir y cancelar todo tipo de depósitos y fianzas, conjuntamente con el/la Tesorero/a.
Coordinar la labor de todos los miembros de la Junta de Gobierno.
Nombrar coordinadores de las comisiones, entre los miembros que la formen, a propuesta de la Junta de Gobierno.
El Presidente del Colegio ostentará el título de Ilustrísimo.
De las atribuciones de los demás miembros de la Junta de Gobierno
Artículo 44. De las atribuciones del/la Vicepresidente/a.
Corresponde al Vicepresidente/a sustituir al Presidente/a en caso de ausencia, enfermedad o vacante, con las mismas facultades y atribuciones, así como llevar a cabo todas aquellas funciones colegiales que le encomiende o delegue el/la Presidente/a.
Artículo 45. De las atribuciones del/la Secretario/a.
Son competencias del/la Secretario/a:
Colaborar con el/la Presidente/a del Colegio en las tareas de coordinación administrativa.
Convocar, por orden del/la Presidente/a, las Asambleas Generales y las reuniones de la Junta de Gobierno, actuando como Secretario/a de Actas de las mismas y como fedatario/a de ellas.
Redacción y custodia del Libro de Actas.
Expedir y certificar documentos y acuerdos del Colegio.
La custodia del archivo general y la tramitación y actualización de las altas y bajas de los colegiados.
Cuantas funciones le sean encomendadas por la legislación vigente, los Estatutos y Reglamentos del Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía y por el/la Presidente/a de la Junta de Gobierno.
Ostentar la jefatura de personal y servicios colegiales.
Artículo 46. De las atribuciones del/la Tesorero/a.
Son competencias del/la Tesorero/a:
Recaudar, vigilar y administrar los fondos del colegio y llevar la contabilidad.
Efectuar los pagos ordenados por la Junta de Gobierno y firmar los documentos para el movimiento de los fondos del Colegio, junto con el/la Presidente/a.
Hacer el balance, inventario y cuenta de resultados del ejercicio y formular el presupuesto de ingresos y gastos, todo esto para someterlo a la aprobación de la Asamblea General.
Llevar o supervisar los libros de contabilidad que sean necesarios.
Realizar el balance de situación cuantas veces como lo requiera el/la Presidente/a o la Junta de Gobierno.
Tener informada a la Junta de Gobierno del estado financiero del Colegio.
Artículo 47. Comisión Permanente.
La Comisión Permanente estará compuesta por el/la Presidente/a, el/la Vicepresidente/a, el/la Secretario/a y el/la Tesorero/a. Si bien podrán formar parte de la misma los vocales y/o asesores que se determinen.
La Comisión Permanente se reunirá, al menos, una vez cada dos meses.
Artículo 48. Funciones de la Comisión Permanente.
Preparar los trabajos de la Junta de Gobierno.
Adoptar los acuerdos de trámite en los expedientes.
Ejercer las funciones que le pueda delegar la Junta de Gobierno o la Asamblea General.
Administrar y gestionar el Colegio con las limitaciones que determine la Junta de Gobierno.
Artículo 49. Memoria Anual.
El Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía está sujeto al principio de transparencia en su gestión. A tal fin elaborará una Memoria Anual que contendrá, como mínimo, la siguiente información:
Informe anual de gestión económica, incluyendo los gastos de personal suficientemente desglosado y especificando las retribuciones de los miembros de la Junta de Gobierno en razón de su cargo.
Importe de las cuotas aplicables desglosadas por conceptos y por el tipo de servicios prestados, así como las normas para su cálculo y aplicación.
Información agregada y estadística relativa a los procedimientos informativos y sancionadores en fase de instrucción o que hayan alcanzado firmeza, con indicación de la infracción a la que se refieren, de su tramitación y de la sanción impuesta en su caso, de acuerdo, en todo caso, con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal.
Información agregada y estadística relativa a quejas y reclamaciones presentadas por los consumidores o usuarios o sus organizaciones representativas, así como sobre su tramitación y, en su caso, de los motivos de estimación o desestimación de la queja o reclamación, de acuerdo, en todo caso, con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal.
Los cambios en el contenido de los Estatutos y en el Código Deontológico.
Las normas sobre incompatibilidades y las situaciones de conflicto de intereses en que se encuentren los miembros de la Junta de Gobierno.
La publicación en la página web del Colegio se realizará en el primer semestre del año.
Dicha Memoria será facilitada al Consejo General al asumir el Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía la función de Consejo Andaluz, para la elaboración de su propia Memoria Anual.
De los servicios de asesoramiento y cobros de honorarios
Artículo 50. Asesores.
Bajo la dependencia orgánica de la Presidencia, existirá un servicio de asesoramiento con secciones jurídica y socio-laboral, con la función de informar sobre asuntos que afecten directamente a temas colegiales y profesionales.
Sin perjuicio de estas funciones, se arbitrará un sistema para el asesoramiento a los/las colegiados/as con relación a situaciones jurídicas y socio-laborales.
Artículo 51. Cobro de honorarios.
El Colegio dispondrá de un servicio de cobros de honorarios, que serán gestionado por el letrado o equipo jurídico del Colegio, siendo los honorarios profesionales satisfechos según acuerdo suscritos por los letrados y el Colegio.
Artículo 52. Comisión de Recursos.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 29.2 de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, este Colegio Profesional, al ser único en la comunidad autónoma, tiene una comisión de recursos para la resolución de los recursos que se formulen con los actos de los órganos del Colegio.
La comisión estará formada por un/a presidente/a, un/a vicepresidente/a, dos vocales y un/a secretario/a, todos ellos/as colegiados/as, elegidos/as por un plazo de tres años, en Asamblea General Extraordinaria de entre los candidatos/as que presenten su candidatura, rigiendo el principio de presencia equilibrada y de igualdad de mujeres y hombres en su composición, a tenor de lo preceptuado en la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, para lo cual la composición de la comisión estará formada por aquellos cinco candidatos que ostenten más votos, si los candidatos que alcancen más votos, son todos del mismo sexo o no se alcance el equilibrio legal, se cederá al candidato del otro sexo que vaya inmediatamente detrás hasta alcanzar la presencia equilibrada de mujeres y hombres en el porcentaje legal. Solo estará exceptuada la composición equilibrada de presencia de mujeres y hombres, cuando no se presenten suficientes candidatos de ambos sexos para poder alcanzar dicha proporción.
Los/las colegiados/as interesados/as en formar parte de la comisión de recursos, presentarán sus candidaturas individualmente al comienzo de la asamblea extraordinaria convocada al efecto. Una vez elegidos/as los/las cinco candidatos/as, se reunirán dentro del plazo de dos meses desde la elección, para elegir entre ellos/ellas, los cargos de presidente/a, vicepresidente/a y secretario/a con voz y voto. Para el cargo de Presidente/a es requisito indispensable llevar colegiado/a un mínimo de tres años.
El Colegio remitirá a la citada comisión los recursos que tendrán que resolver, los cuales serán turnados a ponencia a sus miembros. El ponente emitirá una propuesta de resolución que será sometida a deliberación en la reunión de la comisión. A tal efecto la comisión se reunirá como mínimo una vez cada dos meses para resolver los recursos pendientes. Se establece el régimen de convocatorias en primera y segunda convocatoria, siendo válida esta última con la asistencia de tres de sus miembros, siendo uno de ellos el/la presidente/a o vicepresidente/a. Los miembros de la comisión podrán ser asistidos en sus reuniones por los/las asesores/as que crean convenientes.
Artículo 53. Régimen económico.
El Colegio tiene plena capacidad patrimonial para la gestión y administración de sus bienes en cumplimiento de sus fines. La actividad económica se realizará de acuerdo con el procedimiento presupuestario.
Artículo 54. De los recursos económicos del Colegio.
Los rendimientos de los bienes y derechos que constituyen el patrimonio colegial.
Los derechos que se establezcan para la elaboración remunerada de informes, dictámenes, estudios y otros servicios.
Los derechos de incorporación, cuotas ordinarias y extraordinarias, incluidas las derramas.
Los derechos por expedición de certificaciones.
Los derechos de intervención profesional.
Cualquier otro que fuese legalmente posible de similares características.
Las subvenciones o donativos de procedencia pública o privadas
Los bienes que a título hereditario o por cualquier otra causa se incorporen al patrimonio del Colegio.
Cualquier otra que fuese legalmente posible y que no constituyen recurso ordinario.
Artículo 55. Presupuesto.
El presupuesto y su liquidación se elaborarán con carácter anual e incluirán la totalidad de los gastos e ingresos colegiales.
Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior.
Presupuesto para el próximo ejercicio.
Artículo 56. Liquidación de bienes.
En caso de disolución o reestructuración que afecte al patrimonio del Colegio, éste se destinará en primer lugar a cubrir el pasivo. El activo restante se repartirá entre todos los/las colegiados/as que tengan, como mínimo un año de antigüedad y proporcionalmente a los años de colegiación efectiva de cada uno/a de ellos/as siempre que figuren como altas. Pese a esto, la Asamblea General Extraordinaria podrá hacer otro tipo de liquidación del activo restante después de cubrir el pasivo.
Artículo 57. Potestad disciplinaria.
El Colegio tiene la potestad disciplinaria para sancionar las infracciones cometidas por los/las colegiados/as y aquellos/as incorporados a otros Colegios, que transitoriamente estén ejerciendo en Andalucía y referidas a las infracciones cometidas en el ámbito territorial de este Colegio.
La negligencia en el cumplimiento de preceptos estatutarios, reglamentarios o de acuerdo de la Junta de Gobierno
La desconsideración de escasa trascendencia a los/las compañeros/as.
La comisión de, al menos, cinco infracciones leves en el plazo de dos años.
El incumplimiento de las obligaciones que, respecto a los/las colegiados/as, se establece en la Ley 10/2003, de 6 de noviembre y en los presentes Estatutos.
El incumplimiento de los acuerdos adoptados por los órganos del Colegio sobre materia económica de cargas colegiales y publicitarias.
La ofensa grave a la dignidad de compañeros/as u otros profesionales, de las personas que formen parte de los órganos de gobierno del Colegio, así como de las instituciones con las que se relaciona como consecuencia del ejercicio profesional.
El encubrimiento de actos de intrusismo profesional o de actuaciones profesionales que vulneren las normas deontológicas de la profesión, que causen perjuicio a las personas que hayan solicitado o concertado los servicios profesionales o que incurran en competencia desleal.
El incumplimiento de los deberes profesionales que por su índole, forma o fondo atenten contra el prestigio profesional o causen perjuicio a quienes hayan solicitado o concertado la actuación profesional.
Los actos ilícitos que impidan o alteren el normal funcionamiento del Colegio o de sus órganos.
Son infracciones muy graves: En todo caso se consideran infracciones muy graves las siguientes:
La comisión de, al menos, dos infracciones graves en el plazo de dos años.
El incumplimiento de los deberes profesionales cuando resulte perjuicio grave para las personas que hayan solicitado o concertado la actuación profesional.
La vulneración del secreto profesional.
El ejercicio de la profesión en situación de inhabilitación profesional o estando incurso en causa de incompatibilidad o prohibición.
La comisión de delitos dolosos, en cualquier grado de participación, como consecuencia del ejercicio profesional.
La apertura de consultas sin cumplir la normativa vigente tanto en materia de acreditación de centros, como en materia de seguridad e higiene, con riesgo para los pacientes o para el personal auxiliar.
Artículo 59. Procedimiento disciplinario.
Competencia: la aplicación de sanciones corresponde a la Junta de Gobierno y podrá ser objeto de recurso, ante la Comisión de Recursos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 67 de estos Estatutos.
Trámites del procedimiento: el expediente disciplinario se debe ajustar a las normas siguientes:
El procedimiento se iniciará por acuerdo de la Junta de Gobierno, ya sea por iniciativa propia o como consecuencia de denuncia formulada por cualquier colegiado/a, persona o entidad pública o privada. La Junta de Gobierno cuando reciba una denuncia o tenga conocimiento de una supuesta infracción, podrá acordar la instrucción de información reservada antes de decidir la incoación del expediente o, si procede que se archiven las actuaciones sin ningún recurso ulterior. Todas las actuaciones relativas a la tramitación del expediente irán a cargo del/la Instructor/a, el cual será nombrado por la Junta de Gobierno entre los/las colegiados/as, no pudiendo este ser miembro de la Junta de Gobierno. La incoación del expediente, así como el nombramiento del/la Instructora se notificará al/a la colegiado/a sujeto/a a expediente.
Corresponde al/la Instructor/a practicar todas las pruebas y actuaciones que conduzcan al establecimiento de los hechos y a determinar las responsabilidades susceptibles de sanción. A la vista de las actuaciones practicadas se formulará un pliego de cargo donde se expondrán los hechos imputados , infracción cometida y su tipificación, sanción que corresponde, aplicando la graduación que señala el presente Estatuto, según se trate de infracciones leves, graves y muy graves o bien la propuesta de sobreseimiento y archivo del expediente.
El pliego de cargos se notificará al/la interesado/a y se le concederá un plazo de quince días hábiles para poder contestarlo. En el trámite de descargo, el/la colegiado/a interesado/a puede aportar y, si procede, puede proponer todas las pruebas de que intente valerse.
Contestado el pliego de cargos, o transcurrido el plazo de hacerlo, y practicada la prueba correspondiente, el/la Instructor/a formulará propuesta de resolución, que se notificará al/la interesado/a para que en el plazo de quince días hábiles pueda alegar todo aquello que considere conveniente para su defensa. Durante este mismo plazo se le pondrán de manifiesto las actuaciones practicadas. Transcurrido seis meses de iniciado el procedimiento sin haber recaído resolución, éste se considerará caducado.
La propuesta de resolución, con todas las actuaciones, se elevará a la Junta de Gobierno y ésta dictará la resolución correspondiente
La resolución que ponga fin al procedimiento, deberá ser motivada resolviendo todas las cuestiones planteadas en el expediente, además de contener los elementos previstos en el artículo 89.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, incluirá la valoración de las pruebas practicadas, fijará los hechos y, en su caso, la persona o personas responsables, la infracción o infracciones cometidas y la sanción o sanciones que se imponen, o bien la declaración de no existencia de infracción o responsabilidad.
Reprensión privada.
Amonestación por escrito con advertencia de suspensión.
Suspensión de la condición de colegiado/a y del ejercicio profesional por un plazo no superior a tres meses.
Suspensión para el desempeño de cargos colegiales en la Junta de Gobierno por un plazo no superior a cinco años.
Suspensión de la condición de colegiado/a y del ejercicio profesional por un plazo superior a tres meses y no superior a un año.
Inhabilitación permanente para el desempeño de cargos directivos.
Expulsión del Colegio con privación de la condición de colegiado/a.
Las infracciones previstas en estos Estatutos están sometidas al siguiente período de prescripción después de haber sido cometidas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:
Las infracciones leves a los seis meses.
Las infracciones graves a los dos años.
Las infracciones muy graves a los tres años.
La prescripción se interrumpirá, de conformidad con lo previsto en el artículo 41.1 de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, por el inicio, con conocimiento del interesado del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente estuviese paralizado durante más de seis meses por causa no imputable al/la presunto/a responsable.
Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por infracciones graves, a los dos años y las impuestas por infracciones leves, al año, contados desde el día siguiente a aquél en que adquiere firmeza la resolución por la que se impone la sanción. Interrumpirá la prescripción, de conformidad con lo previsto en el artículo 41.2 de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquel está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al/la presunto/a responsable, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 132 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Artículo 62. Cancelación.
El/la sancionado/a podrá pedir a la Junta de Gobierno su rehabilitación, con la consiguiente cancelación de la nota en su expediente. Los plazos para la cancelación serán, a contar desde su cumplimiento de tal sanción, si la infracción es leve seis meses; grave, un año; muy grave, tres años.
Corresponde a la Asamblea General del Colegio la concesión de los honores y distinciones que se establezcan para los/las colegiados/as y para quienes, sin serlo, hayan prestado servicios de relevancia a la profesión.
Artículo 64. Clases de honores y distinciones.
Podrán ser desde menciones honoríficas, en cuyo caso bastará una resolución de la Junta de Gobierno, hasta la concesión de la Medalla al Mérito Colegial. Los distintos tipos de honores, distinciones y condecoraciones quedarán especificados en el Reglamento de Régimen Interno.
Artículo 65. Procedimiento para la concesión.
A propuesta de la Junta de Gobierno o del 20 % de los/las colegiados/as, en cuyo caso, deberán presentar escrito dirigido a la Junta de Gobierno en el que se justifique documentalmente la solicitud, se someterá a la decisión de la primera Asamblea General.
Artículo 66. Notificación de acuerdos.
Los acuerdos de la Asamblea General y de la Junta de Gobierno del Colegio, y las decisiones del/la Presidente/a y demás miembros de la Junta de Gobierno, que deban ser notificados a los/las colegiados/as, referidos a cualquier materia, incluso la disciplinaria, podrán serlo en el domicilio profesional que tengan comunicado al Colegio.
Si no pudiera ser efectuada la notificación en los términos previstos en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la notificación se entenderá efectuada a los quince días de su exposición en el tablón de anuncios destinado a dichos efectos en el Colegio, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 61 de dicha norma legal.
Artículo 67. Recursos.
Contra los actos y acuerdos emanados de los órganos del Colegio o los actos de tramite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrán ser impugnados, en el plazo de un mes, ante la Comisión de Recursos a que se refiere artículo 52 de estos Estatutos, que actuará conforme a los principios, garantías, plazos y procedimiento de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que resolverá y notificará la resolución que corresponda en el plazo máximo de tres meses.
Las resoluciones de los recursos regulados en el apartado anterior de este artículo agotan la vía administrativa, pudiendo ser impugnadas ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con lo que dispone la ley reguladora de esta jurisdicción.
Los acuerdos que afecten a los derechos e intereses y a situaciones personales de los colegiados/as deberán ser notificados a los/las interesados/as.
La Comisión de Recursos podrá acordar motivadamente a solicitud del/la recurrente, la suspensión de la ejecución del acto recurrido.
Artículo 68. Nulidad y anulabilidad.
Son nulos de pleno derecho los actos y acuerdos de los órganos colegiales que incurran en alguno de los supuestos previstos en el artículo 62 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Son anulables los actos y acuerdos de los órganos colegiales que incurran en algunos de los supuestos del artículo 63 de la precitada norma legal.
La Junta de Gobierno revisará de oficio sus actos sujetos al derecho administrativo.
Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de la competencia y de la Administración Autonómica para conocer los recursos que se interpongan contra los actos administrativos dictados por los órganos colegiales en uso de competencias facultades delegadas en los mismos por la Administración.
De la modificación de los Estatutos, denominación, fusión, segregación, disolución y liquidación del Colegio
Artículo 69. Modificación de Estatutos.
La modificación de los Estatutos Colegiales será propuesta por la Junta de Gobierno y deberá ser aprobada por la Asamblea General, en sesión extraordinaria, con los votos favorables de los dos tercios de los/las asistentes. Igualmente podrán instar a la modificación de los Estatutos colegiales el 20% de los/las colegiados/as. La modificación de los Estatutos se someterá, una vez aprobado por la Asamblea General, a calificación de legalidad, aprobación definitiva y posterior inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía.
Artículo 70. Cambio de denominación, fusión, segregación disolución y liquidación del Colegio.
El cambio de denominación y la segregación para constituir otro de ámbito territorial inferior del Colegio, así como la fusión con otro colegio de la misma o distinta profesión, se acordará en Asamblea General Extraordinaria convocada al efecto por la Junta de Gobierno, sólo cuando lo soliciten al menos una quinta parte de los/las colegiados/as ejercientes, con más de un año de antigüedad en el ejercicio profesional. A la Asamblea deberán asistir personalmente, al menos la mitad mas uno de los integrantes del censo colegial, no permitiéndose la delegación de voto.
En el supuesto de disolución, del Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía, por imperativo legal, se hará en sesión extraordinaria de la Asamblea General. Serán necesarios los votos favorables de dos tercios de los asistentes. La misma Asamblea General proveerá lo conveniente en cuanto a la liquidación, determinará el número de liquidadores y designará a los/las colegiados/as que deben actuar como tales, así como establecerá las atribuciones que les correspondiesen en el ejercicio de su función y el procedimiento que debe seguirse para la liquidación sin perjuicio de lo estipulado en el artículo 56 de los presentes Estatutos.
La Junta de Gobierno del Colegio queda facultada por la Asamblea General para modificar los presentes Estatutos en cuanto afecte a la legalidad de su contenido y así se haya puesto de manifiesto por la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía.
Quedan derogados los Estatutos aprobados en la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 5 de abril de 2008.
Lo previsto en los presentes Estatutos debe ajustarse con referencia al régimen jurídico de actuaciones y acuerdos sometidos al derecho administrativo y sobre procedimiento disciplinario, serán aplicables, respectivamente, las normas contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.