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Timestamp: 2020-07-05 09:08:29
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Sobre la Ponencia de Ignacio Velázquez | Guía Universitaria para los Estudiantes de Melilla
Este largo artículo pertenece a la conferencia impartida por Ignacio Velázquez Rivera el 29 de marzo pasado en el Campus de la Universidad de Granada en la ciudad, dentro de las Jornadas de Discusión y Debate sobre el Estatuto de Autonomía de Melilla organizadas por la Asociación Melillense de Estudiantes Universitarios. Ignacio Velázquez fue, además de alcalde (1991-95) el primer presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla (1995-1998) y es colaborador habitual de este medio de comunicación. En la conferencia realizó una introducción sobre la vinculación de Melilla a España con apuntes sobre determinados hechos históricos y breve descripción de sus características. En el resto de la conferencia expone su punto de vista sobre el camino recorrido hasta la aprobación del Estatuto, desglosa su naturaleza jurídica y, finalmente, apunta unas conclusiones en los momentos en que estamos ante su presumible reforma.
Melilla: La última autonomía
El reto de la reforma estatutaria
He preferido titular esta charla como “Melilla: la última autonomía” por ajustarme rigurosamente a la historia, fue la última ley orgánica que se promulgó para cerrar el título VIII de la Constitución, un lejano ya 13 de marzo de 1995. Aunque bien pudiera llevar el subtítulo de “Melilla: 500 años entre el olvido y la esperanza”, como fiel reflejo de los sacudidas de su historia y del incierto ánimo de su población en este tiempo.
Buena muestra de lo que les digo queda reflejada en el siguiente episodio: “Con los 2163 Ducados que importa su conservación, podrían mantenerse 4 jabeques de 24 cañones y una galeota o 13 de éstas, sobrando aún dinero para los gastos de evacuación y para construir algunas torres que defendieran la costa”.
Así se pronunciaba la comisión que capitaneada por el Teniente D. Felipe Caballero, fue enviada por el Rey Carlos III para estudiar la conveniencia de mantener la soberanía sobre Melilla.
Corría el año 1764 y la Monarquía española, por entonces, deseaba disponer de todas sus fuerzas para luchar contra Inglaterra, sin que nada le distrajera de tal empresa y en la duda de si los gastos económicos y de tropas dedicadas a la defensa de esta Plaza serían útiles o no, cruzó por la mente del monarca la idea de abandonarla.
Para un mayor abundamiento en los argumentos abandonistas la comisión insistía: “No conviene a la religión sostenerla porque en España se celebraría mejor el culto que en aquella, donde visiblemente reina la iniquidad, la relajación de costumbres y el escándalo. Aparte de que son rarísimos los moros que abrazan nuestra religión”.
Afortunadamente para las generaciones venideras un espontáneo informe elaborado conjuntamente por el Veedor General de Málaga, D. Miguel de Monsalves y el del Peñón, D. Martín de Córdoba, contradecían las tesis abandonistas y optaban abiertamente por su conservación.
Sus razonamientos para sostener esta postura de permanencia en Melilla se basaban en el perjuicio que podía suponer para Málaga permitir que Inglaterra pudiera disponer libremente de esta costa mediterránea hasta Gibraltar y el gran beneficio que reportaría al Sultán de Fez ver aumentar sus estados, población y recursos.
La prudencia de Carlos III hizo que se inclinara por las tesis de permanencia frente a los que abogaban por el abandono, salvando así a Melilla de una de las más difíciles encrucijadas de toda su historia.
Este pasaje, rigurosamente histórico, bien puede sintetizar el angustioso dilema en el que se han debatido los cinco siglos de la españolidad de Melilla, siempre a horcajadas entre el olvido, materializado por el nefando informe de D. Felipe Caballero y la esperanza, encarnada por la postura del Veedor General de Málaga.
La ambigüedad y la permanente duda han sido las constantes de algunos de nuestros gobernantes en relación al futuro de la España africana. Reticencias que incluso han llegado a plasmarse en documentos que, providencialmente, algunos no vieron la luz y otros no llegaron a desarrollarse.
Así la nonnata Constitución Federal de la I República de 1873, en su artículo 2° contenía esta curiosa disposición:”Las Islas Filipinas, de Fernando Poo, Annobón, Coriscos y los establecimientos de África componen territorios que a medida de sus progresos, se elevarán a Estados por los poderes públicos”.
Más recientemente un partido político, sin representación en la Asamblea de nuestra ciudad, en su XII Congreso abogaba por negociar con Marruecos la retrocesión de Ceuta y Melilla. También otro partido de mayor implantación nacional que el anterior incluyó en su programa para el actual milenio un futuro nada halagüeño para las dos ciudades españolas del Norte de África: “Se ha de ir creando las condiciones idóneas dentro de ambas ciudades de tal forma que cuando llegue el momento adecuado la solución sea lo menos traumática posible”.
Como veréis se trata de un lenguaje calculadamente anfibológico pero es suficientemente explícito como para comprender lo que pretendían insinuar sus autores. Pero sería injusto hacer una generalización a la hora de analizar la actitud que desde la Península se ha adoptado sobre las dos ciudades españolas del Norte de África. Muchas son y han sido las firmes y decididas voluntades de preservar y mantener la indubitable españolidad de estos territorios.
Hoy en día podemos afirmar, sin ningún tipo de empacho, que, a pesar de ciertas dudas pretéritas, todos los partidos políticos con representación en nuestra ciudad defienden abiertamente el papel de Melilla dentro de la España Constitucional. Así de rotundo lo afirman también personajes de la relevancia de Fernando Arrabal: “Sin Melilla, la idea de España carecería de sentido”.
Con la misma contundencia se refería el prestigioso catedrático Carlos Seco Serrano: “Por su nacimiento, por su destino, por su realidad -fascinante enclave en que conviven oriente y occidente, norte y sur, como en una mágica redoma (Un Toledo del siglo XII actualizado)- Melilla es, hoy por hoy, una de las plataformas más representativas de españolidad”.
II.- Recuerdo histórico
Ya decía nuestro gran Cervantes que la historia es madre de la verdad, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente y advertencia de lo porvenir. Por ello resulta imposible analizar nuestro presente sin conocer nuestro pasado.
“La provincia montañosa situada al Este produce elefantes. Se encuentran incluso en el Monte Abila y sobre las montañas que se llaman Septen Fratres, a causa de su semejante altura. Es aquí donde comienza el litoral Mediterráneo. Allí se encuentra el río Tamuda, que es navegable, antes allí había una ciudad, el río Laud, que también es navegable, la ciudad Rhyssadir y su Puerto”.
De esta forma el enciclopedista Cayo Plinio describió por primera vez en el siglo 1 de nuestra era la costa que acogía a la fenicia Rusadir (Gran Promontorio), la Metagonium de los griegos, la futura Melilla.
Encrucijada de civilizaciones, confluencia de culturas, encuentro obligado de los hombres del Mediterráneo, puente de dos continentes, Melilla ha estado sometida como pocos territorios a los avatares de los dominios y hegemonías, que a lo largo de siglos ejercieron los distintos pueblos y señores de la guerra sobre las ciudades que se asomaban al litoral del Mare Nostrum.
Codiciada, asediada, a veces abandonada, Melilla desde su fundación fenicia, recibió a cartagineses, romanos, bizantinos, vándalos, visigodos, árabes y castellanos.
Esta sucesión inacabable de pueblos dominadores o dominados, ha forjado el carácter abierto y tolerante del melillense, su ecléctica cultura y su indiscutible espíritu cosmopolita.
Melilla nace como ciudad española el 17 de septiembre de 1497, fundada por Pedro de Estopiñán, Contador Mayor de la Casa Ducal de Medina Sidonia, después de un fracasado proyecto de anexión por parte de los Reyes Católicos en 1493, cuando las tropas castellanos-aragonesas se acantonaban en Barcelona a las órdenes del Gran Capitán para ocupar un posible territorio que abarcaría desde Cazaza hasta el Río Muluya.
Desafortunadamente la invasión del Reino de Nápoles por el Rey francés Carlos IV hizo que estas tropas se desviaran hacia Italia en ayuda del Papa Alejandro VI, el Papa Borgia. Papa con cierta influencia sobre la historia de Melilla, pero eso merecería otra charla.
Desde su fundación y durante cinco siglos, la ciudad quedó circunscrita a sus recintos fortificados, varada en su condición de presidio -entendiendo este término en su acepción de plaza fuerte guarnecida por soldados- y no como prisión. Este carácter impidió el desarrollo de cualquier otra función que no fuera la militar.
Los ingenieros militares se afanaron en convertir a la ciudad en una fortificación inexpugnable. Toda esta sucesión de obras de ingeniería militar nos ha deparado en la actualidad cuatro recintos fortificados que han convertido a Melilla en un imponente museo vivo de la poliorcética castrense.
Pudiendo leerse en sus centenarias piedras el silencioso y permanente sufragio de su españolidad, como diría el ilustre melillense Juan Guerrero Zamora.
En los albores del S XX Melilla brotó a extramuros. A las faldas de su ciudadela se expandió un conjunto armónico de edificios modernistas fruto del extraordinario desarrollo de principio de siglo y de la obra de uno de los mejores discípulos de la escuela gaudiana: Enrique Nieto.
Estos dos núcleos bien diferenciados definen a Melilla como una ciudad de contrastes, donde se complementan la austeridad y sobriedad de la fortificación castrense con la espontánea, vivaz y alegre arquitectura modernista.
Contrastes que se evidencian en el polimorfismo de sus mezquitas, sinagogas e iglesias. Melilla: crisol de culturas, abigarrada mezcla de etnias, hermosa pluralidad de religiones, todas unidas, amalgamadas y ahormadas por un nexo común: el sello indeleble de nuestra españolidad.
Pero volvamos al inicio. Hasta el SXIX la realidad política-administrativa de la ciudad era de una extrema simplicidad, un Alcalde nombrado inicialmente por la casa Ducal de Medina Sidonia y posteriormente por la Corona de España, era toda la autoridad civil y militar de la plaza.
Dos sucesos bélicos van a llevar a Melilla a la tragedia, pero, con posterioridad, van a permitir un crecimiento explosivo de la ciudad, tanto en el espectacular aumento de su población como en un cambio radical en su economía.
El primer acontecimiento se produce en 1909 y pasará a la historia como el suceso del Barranco del Lobo, donde centenares de soldados españoles mueren por defender la construcción del ferrocarril que portaría a Melilla el hierro procedente de las minas de Uixan.
Este suceso fue el prólogo a la semana trágica de Barcelona y preludio a la crisis del Gobierno de Antonio Maura, convirtiendo a Melilla en el centro de la vida política de la nación, que se volcó con la ciudad aportando nuevos contingentes militares. Pero cuando verdaderamente va a experimentar Melilla un salto cualitativo y cuantitativo en su desarrollo, fue a raíz del Desastre de Annual de 1921.
La muerte del General Silvestre y de nueve mil soldados, fue un importante caldo de cultivo donde se alimentó la proclamación de la dictadura de Primo de Rivera dos años después.
Con la llegada de más unidades militares, Melilla se convierte en una ciudad con más de 120.000 habitantes, 8 hospitales, 5.000 camas hospitalarias, 18 equipos quirúrgicos, cuatro periódicos diarios, uno de los puertos comerciales de mayor tráfico del Mediterráneo y en la capital de una amplísima zona del protectorado español en Marruecos.
En 1879 se constituye el primer embrión del futuro Ayuntamiento. Se crea una Junta de Arbitrios que regirá los servicios locales.
Esta primera Junta de Arbitrios tiene carácter exclusivamente militar hasta 1902 cuando se incorporan nueve miembros civiles elegidos entre los vecinos. Esta institución permanece como la regidora de los destinos locales hasta 1927, que será sustituida por una Junta Municipal.
1956 va a ser otra fecha decisiva en la reciente historia de nuestra ciudad. Es en este año cuando se produce la independencia de Marruecos poniendo fin al protectorado español. Esto, unido al nacimiento del Estado de Israel, produce un importante fenómeno de emigración, principalmente de la numerosa colonia sefardita que abandona mayoritariamente la ciudad en dirección a Jerusalén, Tel Aviv o a Caracas. Del mismo modo, muchos comerciantes se encaminan de forma definitiva hacia la península al ver cercenados sus habituales canales comerciales con Marruecos.
La ciudad comienza un imparable retroceso demográfico y económico (de 84.000 habitantes en la década de los cincuenta, se pasa a 50.000 en la de los ochenta), problemas que se acrecientan con la rapidez con la que se firma el Tratado de Adhesión de España a la Unión Europea, dejando a Ceuta y Melilla fuera de la Unión Aduanera y lo que va a ser un error histórico, en materia de pesca, se trata a ambas ciudades como si fueran terceros países, lo que conlleva la progresiva desaparición de la flota pesquera melillense y el cierre de todas las fábricas de salazonados al perderse su mercado tradicional.
Estos acontecimientos acaban por sumir a Melilla en un auténtico marasmo social que desemboca fatalmente en un colapso económico y en incertidumbre política.
Al inicio de la década de los 90, Melilla era una ciudad sin definir desde el punto de vista político administrativo y aún tratando de restañar las incisas heridas abiertas tras la errática política del Gobierno González en materia de nacionalidad y el conflicto social que originó en la ciudad.
Su sistema productivo era incapaz de absorber la demanda laboral que generaba, situándose a la cabeza de España en la tasa de desempleo con un porcentaje superior al 20% y la renta per cápita más baja de todo el país.
Todo ello unido a las continuas reivindicaciones anexionistas del vecino país y a una dialéctica poco contundente de nuestra diplomacia en este asunto, terminaron por sembrar un desasosiego y una inseguridad que se plasmó en una importante retracción de la inversión foránea e incluso de la propia. El melillense dejó de creer en las posibilidades de su tierra y empezó a invertir al otro lado del mar de Alborán.
Este clima de inseguridad política-económica trajo consigo situaciones que hoy se nos antojan incomprensibles. Por citar un ejemplo ilustrativo, baste recordar que en aquel entonces ni una sola entidad financiera daba créditos hipotecarios para la compra de inmuebles en Melilla.
En cuanto a la organización Administrativa de la ciudad, en 1931 se constituyó el primer Ayuntamiento democrático que tan sólo duró cinco años, sustituyéndose en 1936, como consecuencia de la Guerra Civil, por Alcaldes nombrados por el Gobierno Central hasta las siguientes elecciones democráticas municipales en 1979.
III. Desarrollo autonómico
De aquella ciudad indecisa que veía con preocupación su futuro, hoy ya sólo queda el recuerdo. Melilla es actualmente una ciudad viva y dinámica, definida políticamente y con una sólida estructura económica. Una ciudad que quiso celebrar sus quinientos años de fundación española mirando más hacia delante que recordando trasnochados acontecimientos bélicos.
Es indudable que a este fenómeno tranquilizador mucho ha contribuido la aprobación del Estatuto de Autonomía.
La aprobación del Estatuto de Autonomía de Melilla conllevó dos hechos positivos para el futuro de nuestra ciudad. Por un lado, como en el resto de las Comunidades, supuso un eficaz instrumento político para la mejor gestión de los intereses de los melillenses, al acercar las decisiones políticas lo más próximo al ciudadano. Pero por otra parte, este Estatuto tenía un plus para Melilla, la encuadró en la nueva estructura política administrativa del Estado dimanante del Título VIII de la Constitución, homogeneizó su situación jurídica al resto del territorio nacional, ahuyentando el fantasma de las peligrosas diferencias con la metrópoli a la luz del Derecho Internacional.
Pero tampoco la aprobación del Estatuto de Autonomía fue pacífica. Así es. Parece que todo lo que concierne a esta ciudad, desde el punto de vista oficial, requiere un doble esfuerzo. El natural por tratar de superar la innata tendencia que tienen los acontecimientos oficiales a ralentizarse desesperadamente; y el que supone convencer a los que deben tomar las decisiones que nos atañen que éstas no van a perturbar las relaciones exteriores españolas con el vecino.
Lo cierto es que desde la aprobación de la Constitución del 78 hasta la promulgación del Estatuto de Autonomía de Melilla en el BOE el 13 de Marzo de 1995, transcurrieron 17 años en los que fracasaron todos los intentos de encuadrar a nuestra ciudad dentro del mapa autonómico.
Incluso en el período preconstitucional, resultó fallido el esfuerzo de los Diputados y Senadores de Ceuta y Melilla que solicitaron que ambas ciudades fueran incluidas, como dos provincias más, en el texto del Estatuto de Autonomía de la C.A. Andaluza que se estaba elaborando en Carmona.
Por aquellas fechas el Partido Socialista tenía una precaria mayoría en el ente preautonómico andaluz y al incorporarse los 6 parlamentarios norteafricanos, un diputado y dos senadores por ciudad, todos ellos pertenecientes a la extinta UCD, el Partido Socialista hubiera perdido la mayoría, por lo que en una decisión histórica, por su falta de visión de futuro y predominio de intereses partidistas y coyunturales frente a los generales, los partidos socialista y comunista vetaron el ingreso de las dos ciudades en la Comunidad Autónoma Andaluza.
Con esta falta de grandeza y generosidad finalizó nuestro primer intento de integrarnos en el futuro Estado de las Autonomías. Hoy, aún sigo pensando, que sin ser la mejor solución, nos hubiera ahorrado 18 años de frustraciones y sinsabores.
Aprobada la Constitución, las antiguas regiones se fueron constituyendo en las actuales 17 Comunidades Autónomas.
Mientras, los Ayuntamientos de ambas ciudades decidieron iniciar el mecanismo institucional que marca la Disposición Transitoria Quinta de nuestra Constitución para acceder a la condición de CA.
Esta Disposición Transitoria fue introducida a última hora en el debate constitucional merced a una enmienda “in voce” realizada por el Diputado por Melilla García Margallo en la Comisión Mixta Congreso-Senado. Enmienda auspiciada e influenciada de una forma decisiva por el entonces Vicepresidente del Gobierno, D. Manuel Gutiérrez Mellado.
Los acuerdos plenarios de ambos Ayuntamientos se produjeron por unanimidad, en Ceuta el 28 de septiembre y en Melilla el 13 de octubre de 1981. Conviene recordar que ambas ciudades estaban regidas por miembros de la UCD, al igual que el Gobierno de la Nación. El partido Socialista votó en las dos ciudades a favor de iniciar el proceso autonómico. De esta forma se daba cumplimiento a la primera parte de lo estipulado en la Disposición Transitoria Quinta.
Las elecciones generales de 1982 y las posteriores locales de 1983, otorgaron una aplastante mayoría absoluta al Partido Socialista en el ámbito nacional y el Gobierno Local en ambas ciudades.
Lo que antes entonces era un clamor autonómico, súbitamente se torna en lenguaje ambiguo y contenido vacuo, tratando de eludir o enterrar lo que hasta ese momento era irrenunciable para todas las fuerzas políticas de la ciudad: la conversión de Melilla en Comunidad Autónoma.
Durante los siguientes años el Grupo Parlamentario socialista va a votar sistemáticamente en contra de todas las proposiciones de ley que proponga el comienzo del proceso autonómico para las dos ciudades norteafricanas.
Los argumentos, en este sobrevenido cambio de actitud, nunca han sido suficientemente aclarados. Algunas veces han argüido sospechosas razones de estado, en otras han apelado a un evanescente consenso, cuando no a la más pura contradicción.
Como paradigma de esta contradicción y ejemplo de esquizofrenia política, en el debate del estado de la nación del año 1987, el entonces Presidente del Gobierno afirmaba: “La Constitución prevé para Ceuta y Melilla el mismo tratamiento que para cualquier parte del territorio español. Desearíamos que se consiguiese mediante el consenso y el entendimiento el Estatuto previsto en la Constitución”.
Al día siguiente el Grupo Parlamentario del PDP realizó la siguiente propuesta: “EI Gobierno, en consecuencia con lo anunciado por su Presidente, debe remitir al Congreso de los Diputados, en un plazo no superior a los 30 días, los estatutos de ambas ciudades”.
El Grupo Parlamentario Socialista votó en contra de esta sencilla y esperanzadora propuesta, siendo derrotada por 177 votos frente a 120.
También como muestra de este equívoco lenguaje del Gobierno de entonces aduciendo a la falta de consenso para justificar la no tramitación de las propuestas de ambas corporaciones municipales, sorprendentemente y sin acuerdo previo con el principal partido de la oposición, remite al Congreso un borrador de estatuto que se publica en el Boletín Oficial de las Cortes el 26 de febrero de 1986, con la denominación de Proyecto de ley por el que se aprueba el estatuto de la ciudad de Melilla.
La propia mesa del Congreso elaboró un informe en el que sostiene que este Estatuto debe tramitarse como Ley ordinaria porque no viene a aprobar un Estatuto de Autonomía sino a conceder a la ciudad de un Régimen Municipal especial. Afirma que carece de los mínimos requisitos que definen a una Comunidad y que, por tanto, no confiere autonomía política a la ciudad debiendo tramitarse el proyecto como Ley Ordinaria.
Como curiosidad, en esta Carta Municipal otorgada su artículo 20 define el territorio de la ciudad de Melilla, rezando que éste se compone del Peñón de Alhucemas, las islas Chafarinas y el comprendido en la delimitación actual de su territorio municipal.
Afortunadamente la convocatoria de elecciones generales trajo consigo la disolución de las Cortes Generales y el decaimiento de este escuálido estatuto. De nuevo quedaba sin resolver la cuestión autonómica y las reivindicaciones quedan soterradas por la hegemonía socialista a nivel nacional y local.
Pero toda cambia raíz de las elecciones municipales de 1991. En Ceuta gana un partido local, Partido para el Progreso y Futuro de Ceuta y en Melilla, sorprendentemente, gana el PP.
En el discurso de investidura como Alcalde ya adelanto: “Lograr la autonomía es esencial para Melilla: para integrarse en el modelo de organización territorial por el que optaron los constituyentes, para eludir las definiciones vigentes en la doctrina de Naciones Unidas, para reforzar la posición constitucional de nuestra españolidad, para ser iguales en sustancia a los demás pueblos de España. En definitiva queremos una autonomía para ser, estar y hacer. Para ser españoles de primer orden, para estar en Europa y para hacer una Melilla cada vez más próspera. No regatearemos ningún esfuerzo para conseguirlo”.
Y así fue, ratificamos los acuerdos plenarios municipales reclamando la Autonomía al Gobierno Central, llegamos a acuerdos con Ceuta para caminar juntos en nuestra reivindicación, fruto de ese acuerdo fue la marcha autonómica que celebramos ambas ciudades en Madrid reclamando lo que considerábamos era justo, pusimos en marcha sendas plataformas autonómicas cuya principal obra fue la elaboración de un borrador de estatuto de máximos que se hizo llegar al Gobierno Central.
Dos hechos van a contribuir a que se abra un nuevo y definitivo episodio en esta larga singladura en busca de la autonomía.
Uno de ellos es el innegable clamor que surge en ambas ciudades que se mantiene inalterable y vivo en la calle y a través de los medios de comunicación nacionales que comienzan a prestar atención a la causa autonómica melillense.
La otra causa es la pérdida de la mayoría absoluta del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, lo que le obligó a prestar más atención a las sugerencias nacionalistas El resultado fue que se abrió una interesante mesa de negociaciones en 1994 entre el Gobierno socialista y el PP.
Negociaciones que se inician con dos posturas totalmente diferenciadas y distantes. El Gobierno aportaba a la mesa de negociaciones la Carta Municipal presentada en las Cortes en el año 1986 -por cierto, con una sola diferencia, en el artículo 20 había desaparecido el Peñón de Alhucemas y las islas Chafarinas como componente del territorio municipal melillense-. Mientras, el PP presentaba una relación de mínimos para la aceptación del estatuto. En esta relación de mínimos se incluía:
•	Denominación de estatuto de Autonomía.
•	Nombramiento regio del Presidente.
•	Iniciativa legislativa.
•	Libre elección de los miembros del Gobierno.
•	Presencia de Melilla en todos los consejos interministeriales.
•	Tramitación como ley orgánica.
•	Capacidad legislativa.
•	Designación de un senador autonómico.
En todo el proceso de negociación el PP tuvo informado al PP melillense y a su Alcalde, y nunca se accedió a nada que no hubiera sido consensuado previamente aquí en Melilla.
El estatuto resultante, como todo hijo de la negociación y del consenso, no alcanzó a contentar plenamente a ninguna de las partes. De las peticiones iniciales del PP, se asumieron todas a excepción de las dos últimas: Capacidad legislativa y designación del senador autonómico.
El 6 de julio de 1994 el entonces Ministro de Administraciones Públicas Jerónimo Saavedra presentó a la Corporación melillense el contenido final del Estatuto y el propósito de tramitarlo en Cortes Generales. Personalmente le pedí que antes de su tramitación parlamentaria el texto debiera ser aprobado por ambas Corporaciones en Pleno para que el Estatuto no fuera una carta otorgada sino previamente aceptada por los representantes legítimos del pueblo melillense. Así se acordó y en Melilla se aprobó el 13 de julio con 22 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones.
Los estatutos de Ceuta y Melilla, tras su tramitación parlamentaria, se publicaron en el BOE del 13 de marzo de 1995 como leyes orgánicas. Con esta aprobación se cerraba de forma definitiva el Título VIII de la Constitución, organizándose todo el territorio español conforme al espíritu de nuestra Carta Magna, transformadora de un vetusto estado centralista al viejo estilo francés en otro moderno, de predominio regional: El Estado de las Autonomías.
Esta afirmación lo corrobora el contenido del Preámbulo del Estatuto: “Con su aprobación, Melilla accede a su régimen de autogobierno, gozando de autonomía y completando el sistema autonómico que se ha desarrollado a partir de la Constitución española”.
De esta forma Melilla, por fin, homogeneizaba su estructura política-administrativa con la del resto del territorio nacional, anclándola de una manera definitiva y segura al Estado español. Esta afirmación se vuelve irrefutable al contemplar el contenido del artículo primero del Estatuto: “Melilla, como parte integrante de la Nación Española y dentro de su indisoluble unidad, accede a su régimen de autogobierno”.
Esta homogeneización con las demás CC.AA. no empece en absoluto con la presencia de claras y evidentes singularidades estatutarias. Especificidades derivadas de su propia peculiaridad geográfica.
Al tratarse de un territorio constituido por un solo municipio de reducidas dimensiones, resultaba absurdo crear una dualidad de administraciones, por un lado la Local y por otro la Autonómica.
El estatuto trata de que la nueva administración que surja de su funcionamiento absorba y asuma las típicas funciones municipales, realizando la Asamblea las funciones del Pleno Consistorial. También apunta el Estatuto que los miembros de la Asamblea serán a la vez Concejales, de idéntica forma se refiere al Presidente Autonómico, que también será Alcalde.
El Estatuto respeta las estructuras municipales pero dota a la nueva administración de ciertas competencias y requisitos propios y exclusivos de las CC.AA. El resultado de este esfuerzo conciliador nos ha deparado un estatuto que confiere a la ciudad rasgos propios de C.A., subsumiendo su esencia municipal, toda vez que por imperativo constitucional el Ayuntamiento no puede desaparecer (140 C.E.).
Podemos afirmar que estamos casi ante un invento constitucional. La dualidad competencial estatutaria ha abierto una nueva polémica acerca de la naturaleza jurídico-constitucional de las instituciones de la ciudad, enfrentando a quienes opinan que Melilla tiene naturaleza de Comunidad Autónoma y a quienes sostienen que en realidad estamos ante un simple Ayuntamiento común dotado de ciertas especificidades. Y esta duda es relevante, no sólo desde la perspectiva doctrinal y académica, sino también desde el práctico punto de vista político.
Por ello, si me lo permitís, entraremos en una pequeña disquisición sobre la naturaleza del Estatuto.
IV.- Naturaleza jurídica del Estatuto de Autonomía de Melilla
Mi modesta opinión es que existen suficientes y consistentes argumentos jurídicos como para sostener que no estamos ante un ente jurídicamente indeterminado, sino ante una estructura jurídica similar por analogía a la de Comunidad Autónoma. Veamos:
1.- Conforme al artículo 143 de la CE, el Estado español se organiza territorial mente por Municipios, Provincias y las CC.AA. que se constituyan. No caben entes intermedios. Los intermedios que existen no son territoriales, sino de naturaleza asociativa o producto de una descentralización funcional.
El estatuto como dice su preámbulo “integra y completa el sistema autonómico”. Estos términos son claros y no precisan interpretación, coincidiendo su semántica con el lenguaje jurídico utilizado en los 17 estatutos anteriores y de ninguna manera definen algo distinto de ellos. Entre otras cosas porque otro ente territorial distinto a municipio, provincia o CA no tendría cabida constitucional. O seguimos siendo un municipio de régimen común o disponemos de naturaleza jurídica de CA.
2.- Nuestro Estatuto de Autonomía fue aprobado mediante Ley Orgánica. El artículo 81 de la CE tasa de forma expresa que las Leyes Orgánicas se reservan para:
•	Desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas.
•	Régimen electoral general.
•	Aprobación de los estatutos de autonomía.
“Sensu contrario”, no puede regularse mediante ley orgánica una materia no incluida en la reserva tasada. Por ello una ley Orgánica no podría nunca organizar un régimen municipal especial. El cauce legal hubiera sido el de la Ley Ordinaria, como ya sucedió en 1986.
3.- El nombramiento regio del Presidente de la Ciudad. Conforme al artículo 152 de la CE ello sólo está previsto para los Presidentes de CC.AA. que hubieran utilizado el acceso a la autonomía por vía del artículo 151, los llamados territorios históricos. No obstante, ha sido incluido en todos los estatutos y en el de Melilla se contempla en el artículo 15.
Este nombramiento se hace en función de la representación del estado que tienen los Presidentes en el territorio de la Comunidad. El nombramiento regio no recae sobre Presidentes de órganos de la Administración Local, es decir sobre Acaldes.
No se tata de una diferencia meramente formularia, ritual o protocolaria, sino que se corresponde con la diferencia esencial de uno y otro organismo.
4.- El artículo 13 de nuestro estatuto confiere a la Asamblea la prerrogativa de promover iniciativas legislativas. Este derecho está regulado por el artículo 87 de la CE que lo hace extensivo al Gobierno, Congreso, Senado, al pueblo con la aportación de 500 mil firmas y a las Asambleas de las CCAA. Si la Asamblea de Melilla no tuviera esta naturaleza, no hubiera podido recibir tal derecho de iniciativa y el artículo 13 sería rotundamente inconstitucional. Ningún Ayuntamiento tiene esta prorrogativa.
5.- Hay quien sostiene que no podemos tener naturaleza de C.A. porque no lo refleja así el Estatuto, que le confiere únicamente la denominación de Ciudad con Estatuto de Autonomía. Se emplee o no el término, no cambia las naturalezas de las cosas. Las instituciones se definen por su esencia jurídica y por su contenido y no por el “nomen iuris” que se les asigne. Sobre todo cuando entre la denominación de ciudad y la naturaleza de C.A. no existe contradicción alguna.
6.- La carencia de potestad legislativa no es un argumento sólido para poner en duda la naturaleza jurídica del Estatuto. Siendo uno de los elementos definidores de la Autonomía política, no es el único ni exclusivo.
La C.E. sólo concede esta facultad en su artículo 152 a las CC.AA. que accedieron por el procedimiento previsto en el artículo 151. A las CC.AA. que accedieron por la vía del 143, la mayoría, se acordó otorgar la capacidad legislativa en los acuerdo autonómicos de 1981. Por lo que la capacidad legislativa no es mandato constitucional para todas las CC.AA., no siendo un requisito indispensable a la hora de definir la naturaleza jurídica de las CC.AA.
Este argumento es apoyado por el contenido del artículo 69 de la C.E., que en su apartado quinto, al referirse a la designación del senador autonómico, ya prevé que tal nombramiento corresponda a la Asamblea Legislativa o al órgano Colegiado Superior de la Comunidad, dando por supuesto la posibilidad de un órgano autonómico sin capacidad legislativa.
7.- La vía para acceder a nuestras pretensiones autonómicas es absolutamente constitucional: artículo 144 b. “Las Cortes Generales, mediante ley Orgánica, podrán por interés general autorizar o acordar, en su caso, un Estatuto de Autonomía para territorios que no estén integrados en la organización provincial”.
La propia Disposición Transitoria Quinta hace remisión a este artículo para su tramitación. En el debate constitucional de este artículo el diputado de UCD, Meilán Gil, hace la siguiente precisión a la hora de introducir los dos supuestos de acordar o autorizar en su caso: “Creemos que de esta manera se puede salir al paso de toda suerte de posibilidades con que nos podemos encontrar en el futuro, situaciones como las de Ceuta y Melilla, que no están integradas en la organización provincial o eventualmente otros supuestos que están en la mente de todos y sobre las cuales la palabra acordar no sería la adecuada y sí sería la pertinente la de autorizar”
Está claro que el hábil político centrista realiza una inteligente perífrasis para no nombrar explícitamente a Gibraltar que es el territorio para el que se prevé en un futuro autorizar un Estatuto de Autonomía.
En definitiva, denominar Estatuto de Autonomía a lo que después se pretende que no lo sea, utilizar indebidamente la reserva constitucional a la Ley Orgánica, conceder a un nuevo ente prerrogativas propias de C.A. para luego negarle su naturaleza jurídica, carece de sentido común y se me antoja obstinadamente anticonstitucional.
1ª.- Esta argumentación creemos que es suficientemente sólida para afirmar que pese a la denominación de Ciudad Autónoma la naturaleza jurídica de sus instituciones es similar a la del resto de CCAA.
2ª.- El posterior desarrollo estatutario con nuestra incorporación a las conferencias sectoriales de los respectivos Ministerios, al consejo de política fiscal y económica, nuestra participación en el debate del Estado de las Autonomías y nuestro sistema de financiación, es idéntico al de todas las Comunidades Autónomas.
3ª.- Como toda obra humana el estatuto es manifiestamente mejorable y perfeccionable, y en ello debe volcar todo su afán la clase política local, profundizando en el completo desarrollo de las competencias transferidas e ideando fórmulas imaginativas para separar la figura del Presidente del ejecutivo del de la Asamblea, a lo mejor por vía reglamentaria.
4ª.- Una vía para aumentar nuestro techo competencial es buscar encomiendas de gestión de materias estatales en la ciudad para que sean gestionadas por la Ciudad (sanidad asistencial, educación).
5ª.- Quizá la verdadera reforma estatutaria por la que se debe luchar es volver a incluir como parte del territorio municipal melillense a los peñones de Vélez, Alhucemas y las islas Chafarinas, únicas partes de España que actualmente no se encuentran encuadradas en ninguna Autonomía. (Como anécdota os contaré que cuando ya estaba casi consensuado totalmente el estatuto, a mí se me ocurrió recordar que por qué no se volvía a incluir a Chafarinas y Alhucemas dentro del territorio municipal. Las caras de sorpresa y preocupación fueron inmediata, se produjo un clamoroso silencio en el despacho ministerial y alguien respondió: ¿Tú es que estás empeñado en declarar la guerra a Marruecos?).
6ª.- Por último podemos afirmar sin dudas que, después de doce años de rodaje del Estatuto de Autonomía, éste ha cumplido con creces los objetivos con los que se promulgó:
Ha producido una profunda transformación de la estructura política-administrativa de la ciudad.
Ha favorecido un espectacular incremento de la financiación de la propia administración, y una consolidación de nuestro sistema productivo.
Ha asentado y refirmado nuestra situación dentro de España y Europa.
Ha mejorado la confianza del ciudadano en sus Instituciones. Ha acercado las decisiones políticas al vecino y ha mejorado su calidad de vida.
Hay que ser agradecido a lo que nos ha sido útil y nos sigue siendo, recordemos lo que afirmaba nuestro gran filósofo don José Ortega y Gasset: “Lo mejor que humanamente puede decirse de algo es que necesita ser reformado, porque ello implica que es imprescindible y que es capaz de nueva vida”.
Muchas Gracias a D. Ignacio Velázquez por la magnífica ponencia realizada