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Timestamp: 2017-06-23 13:47:53
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Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 16', 'artículo 50', 'artículo 33', 'artículo 45', 'artículo 34']

Pedro de Miguel Asensio: Aplicación de la orden europea de retención de cuentas
Aplicación de la orden europea de retención de cuentas
partir del próximo miércoles, 18 de enero, será aplicable el Reglamento (UE) No 655/2014 por el que
se establece el procedimiento relativo a la orden europea de retención de
cuentas a fin de simplificar el cobro transfronterizo de deudas en materia
civil y mercantil. Aunque con ocasión de su aprobación ya dediqué una entrada a algunos de los aspectos de
Derecho internacional privado que plantea este instrumento, puede resultar de
interés recordar los elementos básicos del nuevo instrumento, con motivo de su
aplicación. El Reglamento crea un procedimiento propio de la UE que permite al
acreedor obtener con rapidez una eficaz orden de retención de los activos que
el deudor tenga en cualquier cuenta bancaria que se encuentre en un Estado
miembro. El nuevo procedimiento se configura como un medio alternativo a
disposición del acreedor, que puede optar por recurrir a los procedimientos
existentes en las legislaciones nacionales para obtener medidas semejantes. El
interés en utilizar el nuevo procedimiento por parte de los acreedores se
vincula con las ventajas que aporta cuando la cuenta bancaria del deudor se
encuentra en otro Estado miembro. En concreto, este instrumento facilita la
adopción y eficacia de este tipo de medidas de retención, al prever mecanismos
de información para localizar las cuentas bancarias del deudor en el
extranjero, al tiempo que hace posible la ejecución transfronteriza de órdenes
adoptadas sin que su solicitud se haya notificado al deudor y sin que éste haya
sido oído. Cabe recordar que en el sistema del Reglamento 1215/2012 o Bruselas
I bis, entre las resoluciones susceptibles de reconocimiento y ejecución “(n)o
se incluyen las medidas provisionales y cautelares que el órgano jurisdiccional
acuerde sin que el demandado sea citado a comparecer, a no ser que la
resolución relativa a la medida haya sido notificada al demandado antes de su
ejecución”. I. Ámbito de
aplicación y cuentas susceptibles de retención
su ámbito territorial, destaca que el Reglamento 655/2014 se aplica únicamente
a aquellos Estados miembros de la UE que estén vinculados por él; es decir, todos
excepto el Reino Unido y Dinamarca, que no se consideran Estados miembros a los
efectos de este Reglamento. El procedimiento para conseguir una orden europea
de retención esta únicamente a disposición de acreedores domiciliados en un
Estado miembro vinculado por el Reglamento, y únicamente pueden adoptarse
órdenes que afecten a la preservación de cuentas bancarias mantenidas en un
Estado miembro vinculado por el Reglamento.
otra parte, el Reglamento sólo es aplicable a las deudas pecuniarias en materia
civil y mercantil en asuntos transfronterizos, si bien se establece una
definición muy amplia de los mismos. En general, se considera que existe un
asunto transfronterizo a estos efectos siempre que el órgano jurisdiccional que
conoce de la solicitud de orden se encuentre en un Estado miembro y la cuenta
bancaria afectada por la orden esté ubicada en otro Estado miembro, así como cuando
el acreedor esté domiciliado en un Estado miembro y el órgano jurisdiccional y
la cuenta bancaria que haya de retenerse estén situados en otro Estado miembro
(cdo. 10 y art. 3). No puede adoptarse una orden de retención frente a deudores
incursos en procedimientos de insolvencia, es decir, una vez iniciado respecto
del deudor un procedimiento de insolvencia tal como se define en el Reglamento
(CE) nº 1346/2000 [Reglamento (UE) 2015/848]. También se hallan excluidos del
nuevo Reglamento el arbitraje, los derechos de propiedad derivados del régimen
matrimonial y las sucesiones (art. 2). El término
“cuenta” se define como cualquier cuenta que contenga fondos en un banco a
nombre del deudor o a nombre de un tercero por cuenta del deudor. Por “fondos”
se entiende dinero existente en cuenta en cualquier divisa, o derecho similar a
la devolución de dinero, como las cuentas de depósito del mercado de dinero. El
término “banco” se entiende como entidad de crédito cuya actividad consista en
aceptar del público depósitos y otros fondos reembolsables y conceder créditos
por su propia cuenta. El Reglamento no es aplicable a las cuentas bancarias que
gocen de inmunidad frente al embargo. Tampoco es aplicable a las cuentas
mantenidas en relación con el funcionamiento de sistemas de pagos y de
liquidación de valores -conforme a la definición del artículo 2, letra a), de
la Directiva 98/26/CE-, lo que se corresponde con la exclusión de los
instrumentos financieros del nuevo Reglamento.
de las cuentas del deudor no puede afectar a las cantidades que estén exentas
de embargo con arreglo al Derecho del Estado miembro de ejecución. Con respecto
a las cuentas conjuntas y nominales, se prevé que los fondos en cuentas de las
que, según los registros del banco, no sea titular exclusivo el deudor, o de
las que sea titular un tercero en nombre del deudor o el deudor en nombre de un
tercero, podrán retenerse sólo en la medida en que estén sujetos a retención
con arreglo al Derecho del Estado miembro de ejecución. II. Posibilidad de
obtener la orden de retención
Se prevé la
orden de retención básicamente para situaciones en las que existe el riesgo de
que, sin una medida de este tipo, la ejecución ulterior del crédito contra el
deudor se vea impedida o resulte considerablemente más difícil. La orden de
retención puede solicitarse para asegurar créditos que ya sean exigibles, así
como aquellos que no sean exigibles pero se deriven de una transacción o de un
hecho que ya haya tenido lugar y sea posible determinar su cuantía, a condición
de que esa pretensión de pago pueda formularse ante un órgano jurisdiccional.
En consecuencia, el acreedor puede solicitar una orden de retención en dos
tipos de situaciones. Primero, la
orden puede ser solicitada por el acreedor antes de incoar un procedimiento en
un Estado miembro contra el deudor sobre el fondo del asunto, o en cualquier
fase de ese procedimiento hasta el momento en que se dicte la resolución
judicial o se apruebe o concluya una transacción judicial. Cuando el acreedor
solicita la orden de retención antes de incoar un procedimiento sobre el fondo
del asunto, está obligado a iniciarlo en un plazo breve, de modo que si no lo
hace, la orden se revocará o dejará sin efecto. La competencia para dictar la
orden de retención corresponde a los órganos jurisdiccionales del Estado
miembro que sean competentes para resolver sobre el fondo del asunto, para lo que en ocasiones habrá que estar a lo previsto en la normativa sobre competencia judicial de fuente interna, especialmente cuando por estar el domicilio del demandado en un tercer Estado opere la remisión contenida en el artículo 6 del Reglamento Bruselas I bis. No
obstante, cuando el deudor sea un consumidor únicamente serán competentes para
dictar una orden de retención destinada a asegurar un crédito relacionado con
un contrato de consumo los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en que
esté domiciliado el deudor. La aplicación del régimen específico de protección de los consumidores no se restringe a los contratos que se benefician del régimen especial en materia de contratos de consumo de la Sección 4 del Capítulo II del Reglamento Bruselas I bis (arts. 17 a 19), pues el artículo 16.2 va referido en general a las situaciones en las que el deudor sea un consumidor que ha celebrado un contrato con un fin que pueda considerarse ajeno a su actividad comercial o profesional.
orden puede solicitarse después de que el acreedor haya obtenido en un Estado
miembro una resolución judicial, una transacción judicial o un documento
público con fuerza ejecutiva que obligue al deudor a pagar una deuda a su
favor. En este caso, serán competentes para dictar la orden los órganos del
Estado miembro en el que se haya dictado la resolución judicial, concluida la
transacción judicial o formalizado el documento. III. Requisitos y procedimiento para la adopción
de orden de retención se presentará por medio de un formulario estándar,
detallando el Reglamento los datos que deben aportarse en la solicitud (art.
8). Debe tenerse en cuenta a este respecto el Reglamento de ejecución (UE)
2016/1823, de 10 de octubre de 2016, por el que se establecen los formularios
mencionados en el Reglamento (UE) 655/2014, entre los que se incluyen los relativos
a la solicitud de una orden europea de retención de cuentas (Anexo I), la orden
de retención (Anexo II), la revocación de una orden europea de retención de
cuentas (Anexo III), la declaración sobre retención de fondos (Anexo IV) o la solicitud
de liberar las cantidades retenidas en exceso (Anexo V). De cara a la
aplicación del Reglamento resulta también de especial interés el que la
Comisión hará pública “a través de cualquier medio apropiado, en especial a
través de la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil”, la información que deben remitir los Estados sobre los aspectos de sus ordenamientos enumeradas en el artículo 50.1.
la adopción de una orden es que el acreedor demuestre al tribunal competente
que su pretensión necesita urgentemente protección judicial y que, sin la
orden, la ejecución de la resolución judicial existente o futura puede verse
impedida o resultar considerablemente más difícil. Además, si el acreedor
solicita una orden de retención antes de obtener una resolución judicial, ha de
acreditar que tiene probabilidades de que prospere su pretensión sobre el fondo
del asunto contra el deudor. En
consecuencia, el órgano competente tiene un significativo margen de apreciación.
Se trata de requisitos cuya interpretación uniforme puede resultar
controvertida, en ausencia de jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Para
asegurar la efectividad de la orden de retención, el procedimiento para su
adopción se desarrolla sin que el deudor sea informado de la solicitud del
acreedor, ni sea oído antes de que se dicte la orden, ni reciba notificación de
la orden antes de su cumplimiento. Como contrapartida, se contempla la
posibilidad de exigir al acreedor que preste una caución para garantizar que el
deudor pueda ser indemnizado por cualquier daño o perjuicio que le cause la
orden de retención. Por otra parte, se faculta al deudor para impugnar la orden
o sus medidas de ejecución, inmediatamente después de la cumplimentación de la
IV. Eficacia de la orden y cumplimentación por el banco
retención dictada en un Estado miembro con arreglo al Reglamento será
reconocida en los demás Estados miembros sin necesidad de procedimiento alguno
y tendrá fuerza ejecutiva en los demás Estados miembros sin necesidad de una
declaración de exequátur. Por lo que respecta a la ejecución de la orden de
retención, resulta aplicable a lo no previsto en el Reglamento la legislación
procesal del Estado en el que debe ejecutarse la orden. Según el Reglamento,
cuando la autoridad competente del Estado de ejecución reciba la orden de
retención, debe tomar las medidas necesarias para asegurar su cumplimiento de
acuerdo con su Derecho nacional.
El banco al
que se dirija una orden de retención queda obligada a cumplimentará sin demora
(art. 24). Entre las obligaciones del banco se incluye la de identificar la
cuenta o las cuentas que el deudor mantenga en el banco indicado en la orden de
retención, si esta no especifica el número o números de la cuenta o cuentas del
deudor, sino que proporcione únicamente el nombre y otros datos del deudor,
salvo cuando con esta información no sea posible para el banco identificar con
certeza la cuenta del deudor. De concurrir esta circunstancia, el banco no cumplimentará
la orden, salvo que en esta se indique que el número de cuenta se obtuvo en
virtud de una petición de información conforme al Reglamento (vid. apartado VI,
infra), pues en este caso el banco debe obtener dicho número de la autoridad de información del Estado miembro de
lo dispuesto en la legislación nacional con respecto a las órdenes
equivalentes, la ejecución de la orden de retención debe efectuarse, bien
mediante el bloqueo del importe retenido en la propia cuenta del deudor, o bien
mediante la transferencia de ese importe a una cuenta destinada a fines de
retención. Efecto de la retención es impedir la utilización de los fondos no
solo al propio deudor sino también a cualquier otra persona autorizada por el
mismo para efectuar pagos a través de la cuenta afectada, por ejemplo mediante
una orden permanente de pago, un débito directo o la utilización de una tarjeta
finalice el tercer día hábil tras la cumplimentación de la orden de retención,
el banco debe expedir con arreglo a un formulario una declaración en la que se
indicará si se han retenido fondos de la cuenta o las cuentas del deudor y en
qué cuantía, y en caso afirmativo, la fecha de cumplimentación de la orden. Sólo
en circunstancias excepcionales, se contempla la posibilidad de que el banco si
no puede expedir la declaración en el plazo de tres días hábiles, lo haga lo
antes posible y a más tardar al finalizar el octavo día hábil tras la
cumplimentación de la orden (art. 25). La
cuantía total retenida podrá supeditarse al pago de las operaciones que ya
estén pendientes en el momento en que el banco reciba la orden o la
correspondiente instrucción. No obstante, solo podrán tenerse en cuenta esas
operaciones pendientes si se pagan antes de que el banco expida la declaración de
retención. Los fondos permanecerán retenidos de conformidad con la orden o con
cualquier modificación ulterior de la misma conforme al Reglamento: hasta que
se revoque la orden, se deje sin efecto su ejecución, o hasta que se ejecute la
resolución judicial en relación con el crédito que se pretendía garantizar
mediante la orden de retención.
Quedan exentas
de retención las cantidades inembargables con arreglo al Derecho del Estado
miembro de ejecución (art. 31). Los fondos de la cuenta objeto de retención que
excedan del importe indicado en la orden de retención no se verán afectados por
la cumplimentación de la orden. Cuando la orden de retención afecte a varias
cuentas pertenecientes al deudor mantenidas en el mismo banco y dichas cuentas
contengan fondos que excedan de la cantidad indicada en la orden, el banco
cumplimentará la orden por el siguiente orden de prelación: a) cuentas de
ahorro de las que el deudor sea el único titular; b) cuentas corrientes de las
que el deudor sea el único titular; c) cuentas de ahorro conjuntas; d) cuentas
corrientes conjuntas. En relación con las cuentas conjuntas, debe tenerse en
cuenta que únicamente podrán retenerse en virtud del Reglamento en la medida en
que estén sujetos a retención con arreglo al Derecho del Estado miembro de
ejecución. En lo relativo
a la prelación entre las medidas de retención y otras medidas de ejecución
establecidas en el Derecho nacional, el Reglamento prevé que la orden de
retención debe seguir el mismo orden de prelación que una orden nacional
equivalente en el Estado de ejecución (art. 32), imponiéndose a los Estados la
obligación de informar a la Comisión si se reconoce alguna prelación a las
órdenes nacionales equivalentes con arreglo a su Derecho nacional. Con respecto a
los costes en que incurra el banco, el Reglamento establece que tendrá derecho
a reclamar al acreedor o al deudor el pago o el reembolso de los costes
derivados de la cumplimentación de la orden de retención solo cuando tenga
derecho, con arreglo al Derecho del Estado miembro de ejecución, a tal pago o
reembolso por órdenes nacionales equivalentes. Además
establece que las comisiones exigidas para sufragar dichos costes se fijarán
atendiendo a la complejidad de la cumplimentación de la orden de retención y no
podrán ser superiores a las correspondientes a la cumplimentación de órdenes
nacionales equivalentes (art. 43). El Reglamento impone a los Estados miembros
la obligación de informar a la Comisión de si, con arreglo a su Derecho
nacional, los bancos tienen derecho a cobrar comisiones por cumplimentar
órdenes nacionales equivalentes o por facilitar información de cuentas, y en
tal caso, a cuál de las partes corresponde el pago (art. 50).
VI. Información sobre cuentas bancarias
de los elementos que tradicionalmente ha dificultado la reclamación
transfronteriza de deudas es la falta de información por parte de los
acreedores acerca de la localización de los activos del deudor en cuentas bancarias
situadas en el extranjero. Por ello, reviste especial importancia que el nuevo
Reglamento establezca un mecanismo que permite al acreedor solicitar que, antes
de que se dicte una orden de retención, el órgano jurisdiccional recabe la información
necesaria para identificar la cuenta del deudor de la autoridad de información
designada del Estado miembro en el que el acreedor crea que el deudor posee una
cuenta (art. 14). En este caso, con la solicitud de orden de retención debe
formularse una solicitud de obtención de información sobre cuentas, incluyendo
la justificación de las razones por las que el acreedor cree que el deudor
tiene una o más cuentas en un banco de un Estado miembro determinado, así como
toda la información pertinente de que disponga acerca del deudor y de la cuenta
o las cuentas bancarias que deban retenerse.
el acceso a la información de cuentas sólo es posible en los casos en que el
acreedor haya ya obtenido una resolución judicial o un documento público con
fuerza ejecutiva. No obstante, en el caso la resolución judicial, la
transacción judicial o el documento público obtenido por el acreedor aún no
tenga fuerza ejecutiva, se contempla la posibilidad de que el acreedor pueda
presentar la petición de información cuando el importe que se deba retener sea
sustancial teniendo en cuenta las circunstancias del caso, y haya presentado
pruebas suficientes para llevar al órgano jurisdiccional al convencimiento de
que urge obtener esa información debido al riesgo de que peligre la ejecución
ulterior del crédito, pudiendo ocasionar un deterioro considerable de la
situación financiera del acreedor.
órgano jurisdiccional considere que la solicitud del acreedor está bien fundada
y que se reúnen todas las condiciones y requisitos necesarios, transmitirá la
petición de información a la autoridad de información del Estado miembro de
ejecución, previendo el Reglamento la exigencia de que los Estados miembros
establezca en su Derecho nacional al menos uno de los métodos de obtención de
información que el Reglamento contempla (art. 14).
En cuanto la
autoridad de información del Estado miembro de ejecución haya obtenido la
información de cuentas, la transmitirá al órgano jurisdiccional requirente. En
el caso de que la autoridad de información reciba información de un banco, o se
le conceda acceso a la información que figure en los registros de autoridades o
administraciones públicas, el Reglamento prevé que la notificación al deudor de
la revelación de sus datos personales se aplazará durante 30 días, para evitar
que dicha notificación ponga en peligro el efecto de la orden de retención.
En lo relativo
a las comisiones exigidas por un banco para sufragar los costes por el
suministro de información sobre cuentas, el Reglamento precisa que no podrán
ser superiores a los costes efectivamente soportados y, en su caso, no podrán
superar las exigidas por el suministro de información sobre cuentas para
órdenes nacionales equivalentes (art. 43.3).
VII. Impugnación
las vías de recurso por parte del deudor, el Reglamento prevé la posibilidad de
impugnación de la orden ante el tribunal del Estado de origen, así como –por
motivos más limitados- la de su ejecución ante la autoridad del Estado de
retención podrá ser revocada o modificada por el órgano jurisdiccional competente
del Estado miembro de origen, en el caso de concurrir los motivos previstos en
el artículo 33 del Reglamento, entre los que se incluyen: falta de las
condiciones establecidas en el Reglamento; pago total o parcial de la deuda; o
desestimación, en virtud de una resolución judicial sobre el fondo del asunto
de la pretensión de ejecución del pago de la deuda que se trataba de garantizar
mediante la orden. Además, el deudor y el acreedor tienen la posibilidad de
solicitar al órgano que haya dictado la orden que la modifique o la revoque por
haber cambiado las circunstancias (art. 35). El derecho de un tercero a
impugnar una orden de retención se regirá por el Derecho del Estado miembro de
origen. Por otra
parte, se contempla también la posibilidad de que el deudor impugne la orden de
retención ante la autoridad de ejecución competente del Estado miembro de
ejecución. Esta impugnación puede prosperar por una serie de motivos tasados y
más reducidos, incluido el que la ejecución de la orden resulte manifiestamente
incompatible con el orden público del Estado de ejecución (art. 34). El derecho
de un tercero a impugnar la ejecución de una orden de retención se regirá por
el Derecho del Estado miembro de ejecución (art. 39). Los motivos de oposición son en principio sustancialmente distintos a los que prevé el artículo 45 del Reglamento Bruselas I bis como posibles motivos para la denegación del reconocimiento y ejecución. Existe, no obstante, la coincidencia fundamental de que el artículo 34.2 del nuevo Reglamento incluye la posibilidad de que el órgano jurisdiccional del Estado de ejecución deje sin efecto en dicho Estado miembro la ejecución de la orden de retención en caso de ser manifiestamente contraria a su orden público. Además, también se contempla como motivo de denegación de la ejecución el que en el Estado de ejecución se hubiera desestimado –típicamente en virtud de lo dispuesto en el Reglamento Bruselas I bis (cuando no resulte aplicable otro régimen)- la ejecución de la resolución judicial cuya ejecución trataba el acreedor de garantizar por medio de la orden. De esta manera, en el nuevo Reglamento la supresión del exequátur también va unida a controles significativos para salvaguardar la posición del deudor.
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