Source: http://www.oda-alc.org/investigacion/page/3/
Timestamp: 2020-07-09 17:56:58
Document Index: 81658657

Matched Legal Cases: ['artículo 75', 'artículo 33', 'artículo 25', 'artículo 130', 'artículo 63', 'artículo 63', 'artículo 63', 'artículo 11', 'artículo 63', 'artículo 63']

El derecho a la alimentación como fuente de responsabilidad: el caso de la contaminación del maíz por organismos genéticamente modicados
Escrito por Nicolás Cobo Romaní. Posteado en Investigación
El derecho a la alimentación y los objetivos de una mayor y mejor cobertura alimenticia han generado un debate muy interesante respecto de la conveniencia o no de autorizar el cultivo en campo abierto de plantas, y particularmente de maíz transgénico. Los estados han adoptado opciones disímiles desde abierta aceptación (EEUU); moratorias (mayoría de países de la UE, Perú) o aceptaciones parciales (Chile, Bolivia). El problema es que los cultivos de OGM no son inocuos para los vecinos y se hace necesario determinar si hay protección legal nacional o desde el derecho a la alimentación por los flujos genéticos que pueden ocurrir entre cultivos (contaminaciones involuntarias).
Las normas y compromisos internacionales, y muchas veces las legislaciones nacionales, que crean marcos normativos específicos para los OGM, han sobrevalorado las innovaciones biotecnológicas y sus alegados beneficios, sin dar suficiente reconocimiento y amparo al aporte milenario de los agricultores en la creación de la biodiversidad agrícola pasada, actual y futura. En ese contexto de favoritismo normativo para una actividad humana respecto de otra, el amparo se debe buscar en bases legales más generales o ajenas al sector considerado, algunas fundamentando nuestros estados de derecho y la constitución de nuestras sociedades.
Se propone un análisis comprensivo de la legislación, jurisprudencia nacional e internacional y de la doctrina respecto de la existencia de mecanismos jurídicos de protección (preventivos) y sancionatorios o compensatorios por la contaminación, ya sea a cargo del propietario del predio; de los titulares de las patentes de OGM o del Estado.
Se determinó como objetivo general, determinar el estado del arte de las normas de biodiversidad y situación de la contaminación genética del maíz nativo como parte del derecho a la alimentación, en conformidad con los compromisos internacionales y los estándares a los que los Estados de la región están comprometidos.
A su vez los objetivos específicos fueron los siguientes: (1) Hacer una evaluación y diagnóstico desde una perspectiva crítica del caso de Chile, México y otros casos como Perú y su situación comparativa con la región de Latinoamérica. (2) Realizar sugerencias y recomendaciones de políticas públicas y normativa para el país. (3) Revisar y evaluar la situación de responsabilidad de los Estados en esta materia y la eventual existencia de una responsabilidad civil, fundamentada en el derecho a la alimentación.
Revisión bibliográfica abundante, principalmente desde el punto de vista científico; examen de las garantías constitucionales, de la legislación y de la regulación administrativa, además de los compromisos internacionales, tanto desde el derecho a la alimentación, la protección otorgada a la biodiversidad y otras obligaciones pertinentes. Esto fundamentalmente a partir del derecho chileno y del derecho comparado cuando sea procedente, ya que se trata de una temática transversal en la región y que el maíz tiene una relevancia cultural, histórica y económica en las comunidades y pueblos de la región así como para los pequeños agricultores.
Se revisaron todas las miradas para el eventual compromiso de la responsabilidad: el código civil y su responsabilidad delictual o quasi-delictual (responsabilidad fundamentalmente subjetiva) y responsabilidad del Estado (por falta de servicio), con una mirada comparada y la tendencia de la jurisprudencia. La insuficiencia de una respuesta desde esas miradas hizo necesario formular una teoría que toma la tradición romana (italiana y alemana) de las inmisiones y examinar también el amparo que puedan proporcionar otras garantías constitucionales como el derecho de propiedad y el derecho a la alimentación, lo que nos permitió combinar todas ellas en una innovadora propuesta y una solución al problema científico planteado.
Hay una carencia de sistemas de trazabilidad y no hay adecuada información para los cultivadores respecto de los riesgos y ubicación de los cultivos de OGM.
La contaminación involuntaria del maíz por transgénicos no se encuentra resuelta en los compromisos internacionales ni en las legislaciones nacionales, y raras veces ha sido tratada adecuadamente por la jurisprudencia.
Las normas de coexistencia no son suficientes para evitar los flujos genéticos entre cultivos y la responsabilidad jurídica correspondiente.
Existe una desatención de los riesgos jurídicos ligados a los flujos genéticos entre cultivos, particularmente cuando hay protección por patente de elementos del genoma de la planta.
Existe una desatención de los riesgos biológicos ligados a los flujos genéticos entre cultivos, que pueden afectar, en forma irreversible, a la integridad genética de las variedades nativas o criollas de maíz como capital de biodiversidad para el futuro, así como a la capacidad de las comunidades campesinas más vulnerables para alimentarse en forma tradicional.
Se recomienda considerar la responsabilidad en base a los principios generales y fundamentales de nuestros sistemas jurídicos, para asegurar una indemnización integral de los daños sufridos y amparar adecuadamente al que es víctima de la contaminación.
Se recomiendan estudios y seguimientos, y una respuesta jurídica más voluntaria frente a la contaminación genética, para contrarrestar las amenazas provenientes de los regímenes de patentes y los amplios derechos que confieren a sus titulares.
El Estado del Arte del Derecho a la Alimentación en la Argentina
La investigación realizada refleja el estado del arte en torno al derecho a la alimentación en la Argentina en materia legislativa, jurisprudencial y doctrinal, a la luz de los antecedentes más relevantes y de acuerdo con ciertas precisiones metodológicas que se enumeran a continuación. Su pretensión es descriptiva, a fin de ofrecer un corte de situación que permita posteriores estudios comparativos o profundizaciones en algunos de los aspectos que aquí se exploran.
Respecto de la metodología se hicieron algunas precisiones a saber: (1) se observó que la evolución de la noción de derecho a la alimentación se insertaba en la trama conceptual de los derechos económicos y sociales, (2) del relevamiento de jurisprudencia se concluyó que era importante en una primera presentación reflejar la mayor confluencia como vía de acceso que se producía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por ser la instancia suprema de apelación federal, y (3) los antecedentes más remotos y específicamente pertinentes, recién emergían con alguna nitidez conceptual, (es decir, el derecho a una alimentación adecuada y a ser protegido contra el hambre), hacia el año 2000.
Bifrontalidad Público-Privada (Distributiva-Conmutativa) del derecho a la alimentación
Es importante destacar que en la investigación se identificó que uno de los aspectos más notablemente omitidos en el abordaje del derecho a la alimentación es su bifrontalidad público-privada. En pocas palabras, a nuestro modo de ver, un análisis que pueda dar cuenta eficaz del derecho a la alimentación, debería incluir ambos extremos: la respuesta pública y directa del Estado; y la justiciabilidad entre privados (justicia conmutativa) en virtud de la exigibilidad del deber de solidaridad familiar en un contexto social dado. Ambos ejes de análisis interactúan inescindiblemente, y el debilitamiento de uno de ellos incide en la hipertrofia del otro.
No obstante, debido a la extensión que mereció el trabajo fue imposible abordar el segundo eje (la dimensión privada del derecho a la alimentación), por lo que quedó necesariamente relegada a un paso posterior de análisis; sin perjuicio de lo cual en el informe se da cuenta de los fundamentos que nos permitieron abordar a esta conclusión.
Informe sobre la seguridad alimentaria en la Argentina. Hogares urbanos, año 2011.
A fin de ilustrar que la problemática del derecho a la alimentación se relaciona con la vigencia del problema de la inseguridad alimentaria en determinados espacios, se anexó un informe recientemente elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA).
Dicho informe consiste en una medición realizada en una muestra poblacional de la Argentina que toma como modelo la Encuesta de Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) en razón de una experiencia en el país en el año 2002. Luego de esta experiencia el índice de referencia fue aplicado en la medición del año 2009 de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA), del Programa del Observatorio de la Deuda Social Argentina.
A partir de dicha medición se realizaron un conjunto de ejercicios de validación con el objetivo de continuar realizando su medición cada año, a través de una serie más acotada de indicadores representativos de la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA).
La EDSA-Bicentenario, que se encuentra plasmada en el anexo de la investigación, releva desde el año 2010 un conjunto de ítems destinados a obtener una medición directa y cuantitativa de la inseguridad alimentaria en los hogares urbanos de la Argentina.
Para dicho relevamiento, se utilizaron cinco preguntas que refieren a situaciones de insuficiencia o riesgo alimentario por causas económicas percibidas por los hogares durante los últimos doce meses y relatadas al momento de su realización.
Los factores fueron examinados por una parte, con el fin de dar cuenta del modo no aleatorio sino estructurado y estructurante en que se condiciona, organiza y distribuye la inseguridad alimentaria en nuestro país, y por otra parte, en consideración de los cuestiones domésticas, es decir la presencia o no de niños en el hogar constituye un condicionante lo suficientemente importante como para justificar que sea éste el criterio que organice la descripción de la inseguridad alimentaria que afecta a amplios sectores de nuestra sociedad.
Estado del Arte en la jurisprudencia
En el informe se realizaron dos recortes objetuales: a) una limitación del ámbito geográfico de investigación; y b) una limitación del marco temporal. En cuanto a la delimitación del ámbito geográfico, hemos restringido la investigación jurisprudencial al ámbito de la ciudad de Buenos Aires y a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina.
Por su parte, la Corte Suprema ha diversificado notoriamente su acogida a estos acuciantes reclamos de los ciudadanos imposibilitados de proveerse por sí mismos los alimentos necesarios para una vida digna. De los fallos estudiados se desprende que el Alto Tribunal rechazó en primer término las demandas respectivas fundando la negativa a acogerlas en cuestiones procesales y en una segunda etapa, en cambio, la Corte comenzó a habilitar las medidas precautorias solicitadas que eventualmente satisfacían en parte el objeto del juicio; e incluso luego de concederlas mantuvo además el interés en la cuestión, haciendo un seguimiento.
El examen de la jurisprudencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reveló la existencia de procesos en que no sólo se reclamaba la provisión directa de alimentos por parte del Estado, sino también que la misma sea adecuada, en los términos del Protocolo de San Salvador.
En cuanto a la delimitación temporal, la restricción permitió homogeneidad conceptual excluyendo así otros resultados que pudieran eventualmente proyectar ambigüedad sobre el concepto en debate.
Estado del Arte en la doctrina nacional
En cuanto al estado del arte en la doctrina hemos operado solamente una segmentación temporal, a fin de lograr homogeneidad con el relevamiento jurisprudencial. No se advirtieron razones para sesgar el objeto a un determinado marco geográfico, ya que el análisis doctrinal admite sin riesgo de desvirtuar la metodología elegida, el recurso a toda la doctrina nacional publicada.
La doctrina nacional analiza el derecho a la alimentación desde la mirada de los derechos económicos, sociales y culturales. Por ello, preliminarmente, se expusieron los aspectos sobresalientes de las distintas perspectivas doctrinales para contextualizar el análisis y, posteriormente, se presentan los estudios teóricos acerca del derecho a la alimentación en particular. Asimismo, como el derecho humano a la alimentación representa un pre requisito para el disfrute de otros derechos fundamentales de la persona humana, a la postre fue preciso registrar el abordaje científico de esta interdependencia.
Estado del Arte en la legislación
El presente capítulo, informa sobre el estado del arte del derecho humano a la alimentación en la legislación de la República Argentina. Asimismo, debido a que Argentina ha incorporado, en el año 1994, tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, mediante el artículo 75 inciso 22, se desarrolló una breve mención de las partes pertinentes de aquellos.
Por su parte, las normas que fueron objeto de análisis fueron la Constitución Nacional, la legislación nacional y el cuerpo normativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en su mayoría proponen programas que se encuentran orientados exclusivamente a la problemática de la alimentación y otros que han incidido de un modo directo en la justiciabilidad de este derecho.
Del examen del estado del arte en la legislación de la República Argentina se advierte el desarrollo progresivo logrado primero, en la regulación de los derechos económicos, sociales y culturales, y luego específicamente respecto del derecho humano a la alimentación.
Al concluir nuestro análisis, conviene referirse a la integración de los tres aspectos relevados, para lo cual recapitularemos algunos puntos más salientes de cada uno de ellos; para luego integrarlos y realizar un balance final.
En primer lugar, en cuanto al estado del arte en la legislación, se advirtió un esfuerzo sostenido de la legislación nacional y local para ubicar al Estado en un rol de garante de los derechos sociales y económicos a la alimentación.
En segundo lugar, en cuanto al estado del arte jurisprudencial hemos notado que en la cima del sistema judicial argentino, la incidencia de casos específicos que hayan versado sobre el derecho a la alimentación es escasa. En todo caso, se advierte una sensibilidad peculiar de la Corte Suprema, que ha dispuesto mecanismos de contención afinados para responder a los reclamos que llegaron hasta su instancia, y en el otro extremo, la jurisprudencia de la Ciudad Autónoma ha presentado una variedad de casos, que ofrecen una riqueza jurisprudencial plena de matices. Mientras que la respuesta política puede diseñar mecanismos complejos de satisfacción de los derechos, es laudable el desarrollo de la acogida jurisprudencial, porque supone una red última de contención.
En tercer lugar, en cuanto al estado del arte doctrinal hemos notado una gran riqueza en la elaboración del derecho a la alimentación. Aún cuando entendemos que los desarrollos doctrinales se encuentran en un estado incipiente, funciona como un permanente aliento que empuja a traspasar los límites más estrechos del poder político y la jurisdicción.
Finalmente, vale decir que puede observarse una rica interacción entre los tres frentes de análisis, pero es de notar –aunque no pudo incluirse como objeto de nuestro trabajo- una carencia de integración entre el derecho público (distributivo) y el derecho privado (conmutativo), en la modalidad de una interacción de cara al derecho a la alimentación.
Escrito por Olga Cecilia Restrepo Yepes. Posteado en Investigación
Ponemos a disposición de todos los miembros del Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe (ODA-ALC), un informe sobre el estado actual de una investigación que aún no está terminada. El objetivo será mostrar la forma en que hemos venido enfrentando una pregunta cuya aparente simplicidad puede resultar bastante engañosa: ¿es defendible la idea de un derecho universal a no morir de hambre?
Dicha investigación está dividida en dos partes. En la primera parte Mauricio Andrés Gallo Callejas les ofrece un recorrido por lo que hasta ahora ha sido su intento de defensa de dicha idea desde los ámbitos de la reflexión teórica tanto del derecho como del poder. Recorrido que ha sido construido mediante la determinación de las tres características desde las que puede describiese este proyecto: (1) el carácter fuertemente restrictivo de su objeto de reflexión; (2) el carácter interdisciplinario de su método de trabajo; y, (3) el carácter fuertemente expansivo de nuestras pretensiones con respecto al ámbito político de discusión para el que se propone. Características que permiten llegar a la propuesta teórica de este trabajo, (4) la defensa de un derecho moral universal a no morir de hambre.
En la segunda parte la profesora investigadora Olga Cecilia Restrepo Yepes, les ofrece desde la perspectiva de la dogmática constitucional las conclusiones con relación a la forma en que la Corte Constitucional de Colombia viene protegiendo tal derecho en nuestro país (Colombia). Un derecho que dentro de los confines de los sistemas institucionales estatales, adquiere la forma de un derecho social fundamental.
Derecho a la Alimentación en Chile y la necesidad de mejorar la calidad de la nutrición de la población
Chile es considerado por muchos como un alumno destacado en su región. En efecto, ha logrado importantes niveles de desarrollo económico, una transición a la democracia exitosa, mejoras en sus niveles de salud pública y de alimentación, así como tasas de mortalidad infantil comparativamente bajas y la implementación de programas de nutrición adecuados. Sin embargo, es necesario mirar en detalle la calidad de la nutrición de la población chilena.
Nos hemos planteado la revisión de los resultados en ámbitos específicos de las políticas públicas de Chile y en relación a los países de la región, ya que el proceso de Chile, aunque exitoso en lo genérico, no lo es tanto, si se miran determinadas áreas como la distribución del ingreso en el índice Gini.
El derecho a la alimentación, tiene tantas y tan diversas vertientes, desde su implicancia internacional y la justiciabilidad, como la mirada interna de los niveles de adecuada alimentación, desde la desnutrición a los problemas de obesidad. En esta investigación abordaremos una mirada comprehensiva, tratando de cubrir los aspectos más significativos, respecto de Chile.
Alimentación y los desafíos internacionales
Asimismo, el país en las últimas décadas desarrolló estrategias de apertura internacional exitosas, un apoyo decidido en pos del multilateralismo, siendo parte fundadora y promotora de buena parte de las iniciativas internacionales y regionales en diferentes ámbitos (GATT, OEA, OMC, FAO, ONU, etc.). Todo ello, se materializó en el ingreso de Chile en la OCDE, entidad que integra a las economías más desarrolladas y con los más altos estándares.
De acuerdo con la OMS, las malas dietas nutricionales son un importante factor para las Enfermedades No Transmisibles. El sobrepeso y la obesidad, representan el quinto riesgo de mortalidad a nivel mundial. En 2010, cerca de 42 millones de niños menores de 5 años tenían la condición de obesidad o sobrepeso, lo que implicará futuros problemas de salud, en especial, de hipertensión y resistencia a la insulina.
El derecho a la alimentación, para el Relator especial de las Naciones Unidas Jean Ziegler es “el derecho a tener acceso, de manera regular, permanente y libre, sea directamente, sea mediante compra en dinero, a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente, que corresponda a las tradiciones culturales de la población a que pertenece el consumidor y que garantice una vida psíquica y física, individual y colectiva, libre de angustias, satisfactoria y digna”. Este derecho, contiene dos componentes fundamentales, el acceso igualitario y la disponibilidad de los alimentos. Se ha planteado además, que al hablar de alimentación, su implicancia debe ampliarse y abarcar también el derecho a agua salubre y de calidad.
De acuerdo con datos de Naciones Unidas, en 2009, por primera vez, más de 1.000 millones de personas sufrieron desnutrición en el mundo. Siendo los más vulnerables al hambre y la mala nutrición, los pobladores de áreas rurales, los pobres en áreas urbanas, las mujeres, los niños, los refugiados, las personas con alguna discapacidad, los ancianos y otras minorías. El hambre, concluye el informe, se debe a la discriminación que sufren dichos grupos, por ello, el Comité considera que todo esfuerzo, debe basarse desde la perspectiva de los Derechos Humanos y guiarse en el marco de un derecho a la alimentación en que se elimine toda forma de discriminación, tanto de hecho como de derecho.
Otros factores que influyen decididamente en la calidad de la alimentación, son las importantes variaciones de precios que han experimentado cereales, azúcar, soya, frejoles, arroz, maíz, cebada, trigo, papas, muchos de ellos, representan alimentos básicos con importantes contenidos culturales en varias regiones. El alza de los precios se debe tanto a factores climáticos como lluvias excesivas, o la falta de éstas en algunas regiones, afectando las cosechas, o también, ello puede deberse a políticas proteccionistas que cierran mercados.
Aunque algunos de los factores expuestos, son estacionales y no implican alzas absolutas en el tiempo, las variaciones de precios atraen acciones especulativas en los mercados, ya que se trata de commodities que se transan en las bolsas.
La ONU ha planteado con preocupación que hay más de 3 millones de personas que mueren a consecuencia de la obesidad y el sobrepeso y que se anticipan crecientes tasas futuras. Los gobiernos están desatendiendo su responsabilidad de garantizar un derecho a una alimentación adecuada en el marco de las leyes internacionales de derechos humanos.
Además del impacto económico de las enfermedades de mala nutrición, según Olivier de Schutter, un aumento del 10% en estas enfermedades implican un retroceso de un 0,5% del PIB mundial. El Relator especial, plantea que la responsabilidad es de los gobiernos que han aumentado el nivel de calorías a bajo precio, sin tomar en consideración los aspectos nutritivos.
El propósito de este texto ha sido, fundamentalmente, actualizar el debate y la problemática respecto del derecho a la alimentación, que hasta ahora ha sido dominio de profesionales de la salud, como de especialistas en nutrición. Hasta ahora, no ha sido abordado en profundidad por el derecho, la escaza literatura en español, es sólo una muestra de ello.
La posibilidad de ejercer acciones judiciales ante tribunales nacionales e internacionales, ya no por la falta de alimentos básicos, sino que por la calidad nutricional de éstos y el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado, debe ser objeto de estudios profundos, ya que es predecible suponer que la tendencia de mayor protección y la demanda por los derechos fundamentales, entre ellos, el derecho a la alimentación será, con seguridad, una realidad.
Exigibilidad del Derecho a la Alimentación en la legislación Nicaragüense desde el período de 1979 hasta el 2011
En Nicaragua una de las más graves violaciones a los derechos humanos, es la pobreza y el hambre. Es una situación de extrema violencia que agrede la dignidad de la persona. Por esta razón es urgente superar la visión del derecho a la alimentación como norma dogmática, para empezar a considerar este derecho como una norma plena dotada de eficacia jurídica equivalente a las restantes normas del ordenamiento jurídico.
A nivel nacional el flagelo del hambre se enquista en la exclusión social, razón qu justificó la evaluación de las acciones legislativas que Nicaragua ha tomado para atacar las desigualdades y exclusión a la que están sometidos en particular las mujeres, niños, niñas, personas de la tercera edad, indígenas, personas con discapacidad y campesinos, que impiden el pleno ejercicio del derecho a la alimentación.
Por otra parte se evaluó si Nicaragua en su legislación cumple los tres tipos o niveles de obligaciones en relación a los derechos sociales: las obligaciones de respetar, proteger y realizar el derecho a la alimentación. Para evaluar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por Nicaragua se tomó en cuenta los siguientes indicadores de progreso:
La incorporación del derecho a la alimentación al sistema nacional.
La determinación de los titulares individuales o colectivos del derecho a la alimentación. Lo que conlleva a identificar a los responsables de la violación al derecho a la alimentación.
El establecimiento de garantías o vías de reclamo disponibles en caso de incumplimiento de las obligaciones respectivas.
El establecimiento de un órgano independiente que evalúe su ejecución y autoridades públicas, o tribunales a los que se puede acudir.
El respeto de los principios de igualdad, acceso a la justicia, acceso a la información y la participación.
En Nicaragua el derecho a la alimentación se viene hilando formalmente desde mediado del siglo pasado. Los antecedentes fueron la Constitución de 1950 y la Constitución de 1974 que acogía la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
Sin embargo, el derecho a la alimentación sólo se reconoce por primera vez en nuestra historia en el Estatuto sobre Derechos y Garantías de los nicaragüenses decretado el 21 de Agosto de 1979 que señalaba en su artículo 33: “Toda persona tiene derecho a la ALIMENTACIÓN”, que retomaba el artículo 25 de la Declaración de Derechos Humanos.
Siete años después se promulgó la Constitución Política (Cn) de 1987 en la cual Nicaragua se constituía en un Estado Social de Derecho (artículo 130 Cn) reconociendo un abanico amplio de derechos sociales, entre los que se encuentra el derecho a estar protegido contra el hambre, de acuerdo al artículo 63 Cn.
El derecho a la alimentación se recoge en el artículo 63 de la Constitución que establece: “Es derecho de los nicaragüenses estar protegidos contra el hambre. El Estado promoverá programas que aseguren una adecuada disponibilidad de alimentos y una distribución equitativa de los mismos”.
El artículo 63 inicia estableciendo que es derecho de los nicaragüenses estar protegidos contra el hambre. Los sujetos del derecho a la alimentación son los nacionales y extranjeros. El bien jurídico a resguardar es: “estar protegido contra el hambre”.
Y el concepto de hambre a como se desarrolla en el PIDESC artículo 11 se refiere a la acepción social que es la consecuencia social que surge por falta de acceso a los alimentos. Esta falta de acceso se puede dar por diversos factores: el desplome de los salarios, la subida de los precios de los alimentos, el desempleo, entre otros . Asimismo se observa en el artículo 63 Cn la obligación de respetar y proporcionar los alimentos promoviendo programas que aseguren la disponibilidad de alimentos y una distribución equitativa de los mismos.
Garantía Constitucional: Ley de Amparo
Los derechos fundamentales en Nicaragua son derechos garantizados a través del Control Constitucional que abarca tres recursos; el recurso de amparo, recurso de inconstitucionalidad y el recurso de exhibición personal.
El recurso de amparo protege de cualquier violación que el Estado a través de sus representantes puede realizar en contra del derecho a la alimentación. Cualquier persona agraviada puede interponer este recurso que se resuelve ante la Corte Suprema de Justicia.
En vista que es un recurso que se interpone contra autoridades de la administración, antes de interponerse se debe agotar la vía administrativa como requisito para proceder a despertar el control constitucional.
Sin embargo, no se puede recurrir de amparo contra particulares -transnacionales, organismos internacionales- pero sí se podría recurrir de amparo ante el Estado por no proteger al agraviado contra otro particular agresor.
Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria
Es importante señalar que la soberanía y seguridad alimentaria se ha trabajado desde las políticas públicas, que procuran la producción de alimentos y la existencia de alimentos, lo que no es en sí el objetivo del derecho a la alimentación. El derecho a la alimentación es la titularidad del individuo de protegerse contra el hambre y alimentarse, lo cual puede suceder sin que tenga que aumentarse o garantizarse la producción de alimentos.
Sin embargo, vale señalar que la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria se rige por el derecho a la alimentación, y se fundamenta en los principios de participación, acceso a la información, igualdad y no discriminación.
No obstante la ley se concentra prácticamente en la creación de la estructura del Sistema de Seguridad y Soberanía Alimentaria. De los 43 artículos que la conforman se dedican 15 a la regulación de la institución del Sistema Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional. Se establece la estructura municipal y una estructura propia para las comunidades indígenas de la Costa Atlántica, así como las funciones de cada estructura.
La ley al dedicarse en gran parte a la institución deja en segundo plano la exigibilidad del derecho a la alimentación. Se dedica un único artículo al recurso administrativo contra cualquier funcionario o autoridad que viole el derecho a la alimentación, el agotamiento de la vía administrativa abrirá la posibilidad de recurrir de amparo ante la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, prevé otra garantía que no es jurisdiccional como es la denuncia ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. El procurador debe incluir en el Informe Anual Ordinario Anual ante la Asamblea Nacional el cumplimiento o violación del derecho a la alimentación.
Hay que señalar que uno de los grupos azotados por el hambre en Nicaragua son los niños y niñas. La desnutrición crónica se repite en uno de cada cinco niños particularmente en las zonas rurales, el 17% de los niños y niñas empiezan a desnutriese antes de los seis meses y solo el 31% de los niños menores de 6 meses reciben lactancia materna exclusiva, todo esto de acuerdo a estudios realizados por el Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación, Olivier De Shutter en el año 2010 y el Instituto Nacional de Información y Desarrollo (INIDE).
La lactancia materna se considera por tanto crucial para defender el derecho a la alimentación en la infancia y en la niñez, en vista que ésta proporciona los mayores aportes nutritivos al crecimiento físico, desarrollo mental y afectivo. En este sentido Nicaragua promulgó una ley de lactancia materna con dos objetivos claros: (1) la educación sobre la importancia de la lactancia, y (2) la regulación de los sucedáneos de la leche materna.
Sin embargo, el ámbito público ha sido hostil a los derechos de las mujeres y entre estos el derecho a lactar. Por tal razón es que el Código Laboral en Nicaragua dedica normas específicas que protejen la lactancia maternal. Estas normas obligan a los empleadores a permitir la lactancia en la jornada laboral, destinar lugares para la lactancia y, por otra parte, la ley de seguridad social abona a la protección de la lactancia al prever un subsidio destinado a la lactancia materna.
Tanto el Código Laboral como la ley de seguro social preven recursos administrativos y judiciales que podrían poner a correr el engranaje jurídico para exigir la lactancia materna.
Código Penal y el derecho a la alimentación
Los derechos socials, económicos y culturales no son generalmente susceptibles de protección por los instrumentos procesales tradicionales, como el derecho penal que tenían como objetivo proteger el interés individual, el derecho de propiedad y una concepción abstencionista del Estado.
El ius puniendi nicaragüense ha establecido delitos directamente relacionados con el derecho a la alimentación. Se prevén ocho delitos que vulneran el derecho a la alimentación, sin embargo, se estructuran en diferentes títulos y bienes jurídicos que no aluden explícitamente al derecho a la alimentación. Los bienes jurídicos que se protegen son la familia, la salud, los derechos de los consumidores, la protección de las personas y bienes en conflicto armado. La tipificación de estos ocho delitos inviste de exigibilidad al derecho a la alimentación que es tan exigible como cualquier otro derecho civil.
La ley de alimentos es una ley que entró en vigencia en 1992, y que responde a la obligación del Estado de hacer cumplir el derecho a la alimentación obligando a los particulares responsables por vínculo familiares a brindar alimentos a los miembros más necesitados de la familia.
Esta ley protege no sólo a los niños -aunque se priorizan- sino a las personas mayores, personas con discapacidad, e incluso al cónyuge o compañero en unión de hecho estable que lo necesitare.
Se entiende por alimentos una serie de derechos: educación, vivienda, protección, cuidado, y los alimentos propiamente dicho, en consonancia con el artículo 63 Cn. En esta ley no sólo se establece la obligación sino que se regula la exigibilidad. Prevé la posibilidad de demandar en la vía civil por alimentos.
La ley de alimento es un instrumento que los particulares tienen a la disposición para proteger el derecho a la alimentación en el ámbito privado, en el cual el Estado puede intervenir en defensa de un derecho humano.
El cuerpo legal que regula la defensa de los consumidores es la ley 182, ley de defensa a los consumidores. Esta ley regula la protección de los derechos del consumidor, ofrece a los consumidores recursos y procedimientos para hacer reclamos y denuncias de las violaciones o menoscabo de sus derechos.
Se establece una institución del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Fomento de la Industria y Fomento con la facultad de sancionar, se crea el Consejo Nacional para la Defensa de los Derechos de los Consumidores encargado de representar a los consumidores. Asimismo se crea la Dirección de Defensa de los Consumidores (DDC), instancia administrativa designada por la ley para la regulación de sus preceptos.
Para el caso de los alimentos regula la calidad, inocuidad y la cantidad de los mismos, y asimismo se hace referencia a la “seguridad alimentaria”, cuando la ley se refiere a la inocuidad de los productos que sean parte del comercio nacional.
En esta investigación se determinó: (1) la recepción del derecho a la alimentación en la legislación nacional, (2) los recursos para exigir el derecho a la alimentación vía constitucional, penal, civil y administrativa, y (3) las medidas legislativas dedicadas a ciertos grupos como la niñez con la ley de lactancia materna. Se logró analizar gran parte de la legislación destinadas a las zonas urbanas.
Sin embargo, hemos quedado en deuda con la evaluación de las acciones legislativas dedicadas a los pueblos indígenas, campesinos, obreros agrícolas y migrantes, quienes son los que más sufren de hambre y pobreza en Nicaragua.
Escrito por Laura Pautassi. Posteado en Investigación
A continuación se detallan los avances, la metodología empleada y algunos resultados obtenidos. Si bien no han sido incluidos en este Resumen por razones de falta de espacio, el equipo Derechos Sociales y Políticas Públicas (DSPP) también ha elaborado, en el contexto del proyecto, contribuciones que establecen recomendaciones para el cuidado de la infancia en contextos de pobreza e inseguridad alimentaria, en especial en el marco de diversos programas sociales de manera de articular un proceso de cierre de los mismos y de transición hacia políticas efectivamente universales y de posibles ampliaciones y perfecciones que puedan implementarse en la actual Asignación Universal por Hijo para la Protección Social (AUH).
Objetivo 1: Establecer relaciones teóricas y empíricas entre el derecho a la alimentación y el derecho al cuidado y su vinculación con el diseño específico de políticas sociales
Objetivo 2: Analizar y comparar límites que han presentado los programas sociales desde un enfoque de derechos para garantizar el derecho a la alimentación y al cuidado
Para el logro de este objetivo se seleccionaron dos casos de programas sociales: los PTC (Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados y Programa Familias por la Inclusión Social) y el Plan Nacional Seguridad Alimentaria (PNSA). Luego se efectuaron las siguientes operaciones:
(a) Revisión bibliográfica sobre los programas, con la finalidad de actualizar el debate sobre los alcances que estos programas; (b) Análisis de entrevistas a informantes clave y otros datos primarios y secundarios. Aquí las actividades desarrolladas estuvieron vinculadas con: entrevistas de los actores claves de las políticas analizadas (funcionarios estatales, líderes de OSC vinculados con los programas seleccionados, expertos en el tema), y análisis de los documentos públicos que le dan sustento legal y operativo a los programas, elementos esenciales para efectuar un análisis desde “el enfoque de derechos”.
Objetivo 3: Explorar el vínculo existente entre las estrategias alimentarias y de cuidado que se implementan a nivel comunitario y en relación con los programas sociales
A los fines de dar cuenta del vínculo existente entre las estrategias alimentarias y de cuidado y la red de relaciones que se generan en el nivel comunitario y en relación con los programas sociales, se realizaron las siguientes actividades: (a) Elaboración de un marco conceptual y metodológico que permitiera establecer relaciones teóricas y empíricas entre los conceptos “estrategias alimentarias” y “estrategias de cuidado”. (b) Trabajo de campo que permitió un abordaje del conjunto de relaciones sociales entre el ámbito familiar, los Programas de Transferencia Condicionadas de Ingresos (PTC) y las organizaciones comunitarias que proveen de cuidado a la primera infancia en contextos de pobreza e inseguridad alimentaria. El trabajo de campo efectuado permitió establecer relaciones empíricas entre el cuidado y las necesidades alimentarias que pueden observarse en diversos niveles de análisis y ámbitos por donde estas transcurren, tanto familiares como extrafamiliares. La caracterización efectuada en torno a la “distribución societal del cuidado” en la primera infancia dio cuenta cómo cuando la oferta pública estatal no brinda cobertura o es residual –y no existen ingresos para contratar servicios en el mercado- se acude a la oferta pública no estatal disponible: las OSC y otros dispositivos de atención en la primera infancia de carácter residual que han proliferado en los últimos años. Asimismo, se pudo observar cómo los programas sociales -sean estos PTC y/o alimentarios- ocupan un lugar muy relevante en las estrategias alimentarias y condicionan las relaciones de cuidado entre los miembros de la familia.