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Timestamp: 2019-03-21 18:37:49
Document Index: 144803583

Matched Legal Cases: ['artículo 34', 'artículo 356', 'artículo 3', 'artículo 183', 'artículo 445', 'in dubio', 'artículo 29', 'artículo 34', 'artículo 183', 'artículo 50', 'artículo 34', 'artículo 3']

Primer Cargo - Secuestro extorsivo y o
Secuestro extorsivo y o
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Con sustento en la causal tercera de casación, acusa el demandante el fallo de segundo grado de haberse dictado en un juicio viciado de nulidad, por falta de defensa técnica.
Destaca, entonces, que por resolución del 7 de febrero de 2000 la Fiscalía Delegada ante la Unidad nacional de Derechos Humanos vinculó a HERLINTON ELIÉCER CHAMORRO, ISRAEL RAMÍREZ PINEDA, EVER CASTILLO SUMALEVA y a JOSÉ MARÍA BALLESTAS TIRADO, mediante la declaratoria de ausentes; y posteriormente, esto es, el 17 de agosto del mismo año emitió idéntica decisión en relación con HERLIGNTON ELIÉCER o ELIÉCER HERLINTON CHAMORRO ACOSTA, alias Antonio García, ISRAEL PINEDA, alias PABLO BELTRÁN, JOSÉ MARÍA BALLESTAS TIRADO y EVER CASTILLO SUMALEVA, por los delitos de rebelión y secuestro extorsivo. También dispuso que por secretaría se les designara un abogado y fijar edicto emplazatorio en los términos del artículo 34 del Decreto 2790 de 1990 en lugar visible de la Alcaldía Municipal de Girón.
Asimismo, aparece constancia secretarial del 18 de febrero de 2000, dando cumplimiento a lo ordenado por el Fiscal Instructor el 7 de ese mismo mes y año, sobre la posesión del doctor Carlos Awwert Trujillo Parra, como defensor de oficio de HERLINTON ELIÉCER o ELIÉCER HERLINTON CHAMORRO ACOSTA e ISRAEL RAMÍREZ PINEDA, quien suministró una dirección de la ciudad de Bogotá para recibir notificaciones.
De lo anterior, colige el demandante, que los procesados permanecieron exactamente 5 meses y 17 días sin defensa técnica. Además, revisado el expediente no puede saberse qué paso con la defensora de los procesados BALLESTAS TIRADO y CASTILLO SUMALEVA, quienes se privaron de la posibilidad de interrogar al Coronel Mauricio Fernando Luna Jiménez, el Sargento Mayor Javier Cañón Núñez, y a los miembros de la tripulación, Fernando Buitrago Holguín, Diego Fernando Diego Fernando González Naranjo, Juan de Jesús González Palacios y Laureano Andrés Caviedes, ordenadas por la Fiscalía, porque la defensa no se hizo presente.
Refiere, así, que el 25 de agosto de 2000 asumió como defensor de oficio el doctor Jorge Alirio Roa Romero, sin que señalara a quiénes iba a representar, ni se sepa qué ocurrió con el anterior, de quien no aparece actuación alguna, ni explicación de su ausencia “y abandono de sus obligaciones como defensor”.
Tal situación, a juicio del demandante, indica, de un lado que la defensa no fue seria y continua, y de otro, que la confusión existente en torno al profesional a quien se le encomendó la asistencia técnica de los procesados “lleva forzosamente a concluir que en cabeza de nadie; entre otras porque estuviere en quien estuviere, nadie hizo nada por defenderlos”.
Prosigue, entonces, recordando que en resolución del 23 de octubre de 2000 se definió la situación jurídica de GERMÁN EDUARDO BENITEZ CORREA, HERLINTON CHAMORRO, ISRAEL RAMÍREZ PINEDA, JOSÉ MARÍA BALLESTAS TIRADO y EVER CASTILLO SUMALEVA, por los delitos de rebelión, secuestro extorsivo y homicidio culposo, la cual cobró ejecutoria sin que contra ella se hubiere interpuesto recurso alguno, pues los términos transcurrieron en silencio.
Califica también de situación irregular el hecho de encontrarse en el proceso la renuncia de la doctora Esperanza E. Franco de Rojas, como defensora de JOSÉ MARÍA BALLESTAS, puesto que no se sabe cuándo fue designada como tal.
Acto seguido, hace una relación detallada de la actuación surtida en relación con JOSÉ MARÍA BALLESTAS, indicando las pruebas que fueron decretadas, la solicitud de extradición que la Fiscalía pidió al Gobierno Nacional elevara al vecino país de Venezuela; alude también a la resolución mediante la cual se adicionó la medida detentiva de este sindicado, enfatizando en que los términos de ejecutoria transcurrieron sin actuación por parte de la defensa, es decir, no fue recurrida tal decisión; aparte de que no está claro cuándo quedó en firme porque en una constancia del 16 de abril de 2001 se dijo que el 18 de ese mismo mes y año, y en otra del 19 siguiente, que 30 de marzo.
Lo mismo, destaca de la actuación visible en el cuaderno No. 17 donde aparecen las resoluciones de cierre de la investigación y de calificación del mérito del sumario, y concluye que lo anterior demuestra la ausencia de defensa en la instrucción y el inicio del juicio.
Se refiere al contenido de los artículos 29 de la Carta Política y 8º del código de procedimiento Penal, puntualizando que la garantía de la defensa no se reduce a la posesión de un abogado, sino que además debe reunir las características de integralidad, interrupción, técnica y materialidad.
Concluye, así, que de haberse ejercido cabalmente el derecho a la defensa de los implicados el proceso habría tomado un curso diferente, y la presunción de inocencia no se hubiera podido desmontar.
Solicita, por tanto, “se ANULE el proceso en estudio y se retrotraiga hasta la resolución del 7 de febrero de 2000”, mediante la cual fueron declarados personas ausentes HERLINTON CHAMORRO ACOSTA, alias Antonio García, ISRAEL RAMÍREZ PONEDA, alias Pablo Beltrán, JOSÉ MARÍA BALLESTAS TIRADO y EVERT CASTILLO SUMALEVA, alias Gallero.
También por motivo de nulidad presenta el demandante esta censura, que en esta oportunidad sustenta en la presencia de vicios de procedimiento, en cuanto tiene que ver con la “DOBLE DECLARATORIA DE PERSONAS AUSENTES Y LA CONFUSIÓN EN CUANTO A LOS SINDICADOS”.
Precisa entonces, que deben tenerse en cuenta las irregularidades destacadas por el Juez 2º Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga en el auto del 6 de diciembre de 2001, cuando declaró la nulidad de lo actuado, en decisión que fue revocada posteriormente, con el argumento de que “fueron obviadas al aportarse por la Fiscalía nueva documentación y constancias procesales”.
Aquí, la actuación surtida por el Fiscal Delegado ante la Unidad de Derechos Humanos creó confusión sobre el momento y en relación con quiénes y por cuáles delitos se inició la acción penal; pues así se deduce del edicto emplazatorio fijado en la Secretaría de la Unidad nacional de derechos Humanos llamando a comparecer al proceso a HERLINTON ELIÉCER o ELIÉCER HERLINTON CHAMORRO ACOSTA, alias Antonio García, ISRAEL RAMÍREZ PINEDA, alias Pablo Beltrán, JOSÉ MARÍA BALLESTAS TIRADO y EVER CASTILLO SUMALEVA, ALIAS El Gallero, por los delitos de secuestro extorsivo agravado, rebelión y homicidio culposo; a la resolución del 7 de febrero de 2000, que los declaró ausentes; a la resolución del 17 de agosto de 2000 que declara ausentes a las mismas personas, por los delitos de rebelión y secuestro extorsivo, ordenando para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 356 del Código de Procedimiento Penal y 34 del Decreto 2790 de 1990, adoptado como legislación permanente por el artículo 3º del Decreto 2271 de 1991, que se fijara edicto emplazatorio en lugar visible de la Alcaldía Municipal de Girón Santander.
Ese doble proceder con respecto a la declaratoria de ausencia de los sindicados, a juicio del demandante, es ambiguo y genera “la destrucción de la seguridad jurídica y la negación del ejercicio del derecho a la defensa de cualquier implicado en todo tipo de acción penal. Y en el caso en concreto que nos convoca niega el debido proceso y la posibilidad del ejercicio del derecho a la defensa, por cuanto no permite saber al defensor desde qué momento actuar o de qué manera asumir la estrategia frene a imputaciones, ya que el momento de la imputación es difuso”.
Por lo anterior, dice, se vulneraron los artículos 29 de la Carta Política, 2º, 8º y 143 del Código de Procedimiento Penal.
La dificultad generada por la confusión sobre el momento a partir del cual los procesados quedaron vinculados a la investigación, también se presentó en cuanto a los punibles por los que debían responder, pues en resolución del 23 de octubre de 2000 se definió la situación jurídica de los investigados imputándoles los delitos de homicidio culposo, secuestro extorsivo agravado y rebelión, y más adelante, esto es, el 26 de marzo de 2001 se adicionó la medida detentiva con el ilícito de apoderamiento de aeronave, ”lo cual obstruye la participación de la defensa en el proceso, ya que para este sujeto procesal no había la necesaria certeza de cuáles eran los punibles que se imputaban…”.
Reitera lo expuesto, y solicita se case la sentencia recurrida declarando la nulidad de lo actuado desde la resolución del 7 de febrero de 2000, mediante la cual los procesados en este asunto fueron declarados ausentes.
También por motivo de nulidad propone el demandante esta tacha, por violación al debido proceso, producto de irregularidades sustanciales, en el trámite de las notificaciones surtidas mientras JOSÉ MARÍA BALLESTAS TIRADO se encontraba privado de la libertad en la ciudad de Caracas (Venezuela).
Siendo un hecho notorio la captura de de BALLESTAS TIRADO, la Fiscalía llevó a cabo actuaciones que indicaban que “estaba enterada por conducta concluyente”, como ocurrió con las gestiones adelantadas para que el Gobierno Nacional solicitara su extradición a Venezuela. Por ello, dice, debía llevar a cabo las notificaciones de las decisiones adoptadas en la investigación -como la resolución acusatoria-, utilizando el mecanismo dispuesto en el artículo 183 del Código de Procedimiento Penal, es decir, a través de funcionario comisionado, “quizá recurriendo a los buenos oficios de la embajada colombiana en Venezuela, ya que se venían utilizando para la extradición del ciudadano BALLESTAS TIRADO al territorio colombiano”.
No obstante, dice, para el Juez de primera instancia, este trámite procesal se adelantó con sujeción a las formalidades del debido proceso, aunque con algunas irregularidades que tacha de irrelevantes.
Como no se notificó personalmente a JOSÉ MARÍA BALLESTAS TIRADO la resolución de acusación, se afectó la estructura del proceso, y el derecho de defensa que le asistía al sindicado a partir del conocimiento de las pruebas y los cargos que pesaban en su contra podía contradecirlos, interponiendo los recursos de ley.
Solicita, así, se case la sentencia recurrida y se declare la nulidad de lo actuado desde la resolución que declaró ausente a JOSÉ MARÍA BALLESTAS TIRADO.
En esta ocasión la nulidad que postula el demandante, también por vicios de procedimiento, tiene que ver con “la imputación hecha a EVER CASTILLO SUMALEVA o EVER CASTILLA SUMALAVE o EVERTH CHINCHILLA SUMALAVI o JUAN DE DIOS CASGTILLO o EVERT BOHORQUEZ ALIAS ‘El Gallero’”, porque a su juicio “no se cumplió con los requisitos básicos que para la vinculación de una persona al proceso penal se contemplaban en el Estatuto Procedimental Penal”.
La Fiscalía vinculó a EVERT CASTILLO SUMALEVA basándose en los informes del Ejército que daban cuenta que el Fokker de Avianca con 43 personas a bordo fue secuestrado el 12 de abril de 1999 por miembros del ELN, pertenecientes al frente Héroes de Santa Rosa. También se apoyó en declaraciones, en particular la de una de las víctimas que manifestó que uno de los sujetos que los custodiaban mientras permanecieron en cautiverio se identificaba como alias El Gallero.
Esas pruebas, a juicio del censor, no eran suficientes para establecer la identidad del aludido sujeto, porque “el documento más claro sobre quien podría ser Gallero, lo constituye un informe inteligencia (que no puede tener valor probatorio) y que además no acerca ningún documento que pruebe su contenido y donde se establece que los cabecillas de dicha organización corresponden a los nombres de SAMUEL CAMARGO VARGAS alias Samuel, EVERT CASTILLO SUMALEVA, o alias Chinchilla o alias Gallero, y VÍCTOR ALCOCER PEÑA alias Vitola, entre otros; con base en esta información es que la Fiscalía profiere orden de captura contra Evert Castillo Sumaleva”; pues al respecto no hay información de la Registradría Nacional del Estado Civil, que compruebe que esa persona en verdad existe, si se tiene en cuenta que la entidad mencionada no respondió las solicitudes pertinentes, y se intentó también sin respuesta, buscarlo en las bases de datos de seguridad Social y de antecedentes.
En síntesis, para el censor EVERT CASTILLO SUMALEVA es apenas un nombre, que la Fiscalía asoció con El Gallero en virtud a lo dicho por un testigo de identidad reservada. Además, de acuerdo con los informes de policía, el sujeto conocido con ese alias fue asesinado, y el testigo alias Arcángel estaba extorsionado a esa unidad ofreciendo la entrega del Gallero a cambio de uniformes.
Refiere, pues, que los informes de inteligencia no sirven como prueba, y que su fuente y contenido debe comprobarse y ratificarse con otros medios de prueba, agregando que de manera irregular a este proceso también se aportaron fotos del Gallero, sin que fuera reconocido en la audiencia pública por ninguna de las víctimas del secuestro que dijeron estar en capacidad de hacerlo y de elaborar un retrato hablado, que tampoco coincidió con la fotografía.
En suma, no se comprobó que alias El Gallero sea el EVERT CASTILLO SUMALEVA, o EVERT CASTILLA SUMALAVE o EVERT CHINCHILLA SUMALAVI o JUAN DE DIOS CASTILLO o EVERT BOHORQUEZ.
Sobre este punto, recuerda que el Juez de primera instancia sostuvo que no había irregularidad alguna porque en los informes rendidos por el Ejército Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigaciones se daba cuenta de los sitios donde operaba, sus diferentes alias y su descripción física.
Insiste que en este caso, en relación con este procesado, no se sabe a quién se vinculó, investigó y juzgó, y solicita en consecuencia, se case el fallo recurrido y se declare la nulidad de lo actuado a partir de la primera resolución que vinculó como ausente a EVERT CASTILLO CUMALEVA o EVERT CASTILLA SUMALAVI o EVERT CHINCILLA SUMALAVI o JUAN DE DIOS CASTILLO o EVERT BOHORQUEZ alias El Gallero.
Con motivo de la violación indirecta de la ley presenta el casacionista este reparo, por error de “derecho” en la apreciación de las pruebas.
Explica al respecto, que basándose en un criterio de coautoría, basada en la distribución de funciones a JOSÉ MARÍA BALLESTAS TIRADO se le condenó como coautor de los delitos de apoderamiento y desvío de aeronave y secuestro extorsivo agravado, puesto que si bien sólo participó directamente en lo primero, llevó a las víctimas hasta el lugar en donde permanecieron en cautiverio.
Transcribe el contenido de los artículos 29 y 30 del Código Penal y 29 de la Carta Política, para afirmar acto seguido que como las pruebas del proceso indican que JOSÉ MARÍA BALLESTAS TIRADO no estuvo con los secuestrados es “imposible la comisión por parte de este del delito de secuestro”.
En ese sentido son los testimonios de los pasajeros Lilia Dávila de Flórez, Giovanni Ferrari, Rebeca Corzo Ilera, Gerardo Flórez Gómez, y la tripulación compuesta por Diego Fernando González Naranjo, Juan de Jesús González Palacios, Fernando Buitrago Holguín, Laureano Andrés Caviedes, Uriel Velasco Sepúlveda y Francisco José Flórez.
El Juez y el Tribunal incurrieron en error de identidad al valorar el testimonio de Lesly Kally López, con base en el cual asumieron como cierto que ella vio a JOSÉ MARÍA BALLESTAS TIRADO, cuando lo que manifestó fue que primero le pareció observarlo en la cafetería y después no lo vio.
El Tribunal, violó por omisión, el artículo 445 del Código de procedimiento Penal que consagra el principio del in dubio pro reo, lo mismo que el 247 ibídem, que requiere el grado de certeza para condenar.
Pide, entonces, se case el fallo recurrido y se dicte sentencia absolutoria a favor de JOSÉ MARÍA BALLESTAS TIRADO.
Con apoyo en el cuerpo segundo de la causal primera de casación, postula el demandante este reparo por violación indirecta de la ley sustancial por error de derecho por falso juicio de legalidad.
Los falladores valoraron y condenaron con base en pruebas ilegalmente traídas a la actuación. Estas son el oficio del Mayor General Alfredo Salgado Méndez, Director de la Policía Nacional, mediante el cual informa que la eronave, sus elementos y equipaje fueron entregados por el TC Joaquín Correa López a Fernando Rojas, Jefe de Seguridad de Avianca; factura de COTELCO firmada por José Gutiérrez y un registro a nombre de Luis A. Ossa, que aparecen sin explicación alguna; oficio del 5 de mayo firmado por TC Marcos William Duarte Valderrama, Jede de la SIJIN DESAN, mediante el cual se le entrega al instructor un informe de inteligencia; hoja de vida de JOSÉ MARÍA BALLESTAS TIRADO en Protecnica, remitida junto con un informe de inteligencia; entrega de información de inteligencia presentada a la Fiscalía por agentes del DAS, Seccional Santander, Coordinación de Inteligencia; informe 0210 del 18 de mayo de 1999 suscrito por Mauricio Fernando Luna Jiménez, director de la escuela de capacitación técnica, dirigido al Mayor Comandante del Grupo GAULA; oficio 0263 del GAULA Santander; documento del 11 de junio de 1999 procedente de la Central de Inteligencia Militar del Ejército Regional de Inteligencia Militar, mediante el cual se responde a solicitud de análisis elevada por el Fiscal ante el GAULA; documento sin firma en el que se insiste en que se utilicen como pruebas los documentos analizados y vincular al proceso a por secuestro, terrorismo y homicidio a EVERT CASTILLO, alias El Gallero; informes y órdenes de captura expedidas en contra de los sindicados; oficio 0926 entregando orden de batalla del frente Héroes de Santa Rosa del ELN; oficio 01753 suscrito por el Capitán de Policía Juan Carlos Pinzón Amado, jefe del grupo de inteligencia policial DESAN; oficio 1697 remitido por el TC Mauricio Fernando Luna Jiménez al Director Regional de Inteligencia No. 2, al Director de Fiscalías Especializadas; ratificación del informe de inteligencia a cargo del teniente de la Policía Edwin Meneses Gómez y el informe de inteligencia y anexos de registros hoteleros presentado por este mismo funcionario; informe de inteligencia No. 027 del 30 de enero de 2001, suscrito por el Capitán de la Policía Germán Jaramillo Wilches, Oficial de Inteligencia, por el cual hace entrega de una carpeta titulada “Operación Fokker”.
Tales, pruebas, afirma el censor, no pueden controvertirse porque vulneran lo dispuesto en el artículo 29 de la Carta Política.
De inmediato, reproduce el contenido de los artículos 232, 235, 236, 237 y 238 del Código de Procedimiento Penal, sosteniendo que fueron indirectamente quebrantadas, porque la sentencia las apreció no obstante la ilegalidad de su aducción.
Demanda, entonces, se case el fallo recurrido y se absuelva a JOSÉ MARÍA BALLESTAS TIRADO.
CONCEPTO DE LA PROCURADORA SEGUNDA DELEGADA EN LO PENAL:
Previo a abordar el estudio de los cargos propuestos contra el fallo recurrido, la Procuradora Delegada advierte que entiende la demanda como presentada a nombre de todos los procesados, no obstante que al declararla ajustada la Corte sólo hizo referencia al procesado JOSÉ MARÍA BALLESTAS TIRADO.
Para demostrar que en este asunto no se vulneró el derecho a la defensa de los procesados, como lo sostiene el demandante en este cargo, la representante del Ministerio Público hace un recuento cronológico de la actuación procesal, enfatizando en las designaciones de defensores de oficio que se hiciera a nombre de los declarados ausentes –inclusive en las dos oportunidades en que ello ocurrió-y de las notificaciones personales surtidas a dichos abogados para enterarlos del contenido de decisiones de fondo como la definición de situación jurídica, su posterior adición, el cierre parcial de la investigación y la resolución calificatoria del sumario, destacando que el apoderado de ISRAEL RAMÍREZ PINEDA, JOSÉ MARÍA BALLESTAS y EVER CASTILLO SUMALEVA presentó alegatos de conclusión a favor de éstos.
Resalta también la petición que hiciera el último abogado de oficio de estos procesados para que se le relevara del cargo por tener bajo su responsabilidad otras defensas de esa misma naturaleza, así como la designación de otro profesional para que asumiera esa función en la etapa del juicio con respecto a todos los acusados.
De esta fase del proceso, destaca igualmente que el nuevo abogado de oficio se notificó personalmente del auto mediante el cual el Jugado 2º Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga declaró la nulidad de lo actuado a partir de la resolución que los declaró ausentes, por considerar que se había conculcado el derecho de defensa de los sindicados; y posteriormente pidió ser desplazado de ese encargo porque el proceso sería enviado a Bogotá, ciudad donde él no ejerce la profesión. Esta petición fue reiterada el 28 de diciembre de 2001.
No obstante, JOSÉ MARÍA BALLESTAS TIRADO le confirió poder a un abogado que fue reconocido como tal en auto del 3 de enero de 2002, al tiempo que se le designó de oficio para los demás procesados, quien desempeñó el cargo hasta la interposición de este recurso extraordinario.
Lo anterior, en criterio de la Procuradora Delegada demuestra que los procesados ISRAEL RAMÍREZ PINEDA, JOSÉ MARÍA BALLESTAS TIRADO, HERLINTON CHAMORRO ACOSTA y EVER CASTILLO SUMALEVA sí contaron con la asistencia de un abogado durante las etapas de instrucción y de juicio.
Contrario a lo que sostiene el censor, la declaratoria de ausentes de los procesados se produjo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 34 del Decreto 2790 de 1990; incluso, éstos dispusieron de más tiempo para comparecer a la investigación porque el emplazamiento ocurrió el 30 de agosto de ese año y la decisión que los declaró en contumacia se produjo el 7 de febrero de 2000, pudiendo aquellos designar un defensor de su confianza.
Tampoco es acertado sostener, como lo hace el casacionista, que los sindicados estuvieron desprovistos de defensa entre el emplazamiento y la declaratoria de ausencia, porque para entonces, la obligación de designar abogado surgía cuando el imputado rindiera versión durante la investigación preliminar, o se produjera la vinculación formal al proceso mediante diligencia de indagatoria o declaratoria de ausente, como aquí ocurrió.
De igual manera, no hubo incertidumbre sobre el abogado que asumió la defensa de cada uno de los investigados, ni desde cuándo apareció en el proceso la doctora Esperanza E. Franco de Rojas, pues dicha profesional se posesionó el 11 de marzo de 2000 como defensora de EVER CASTILLO SUMALEVA, JOSÉ MARÍA BALLESTAS TIRADO e ISRAEL RAMÍREZ PINEDA, el 17 de agosto del mismo año fue relevada por el instructor, fecha en que se tomó posesión como abogado de oficio el doctor Jorge Alirio Roa Romero; por manera que, el 16 de enero de 2001 cuando la doctora Franco renunció ya había cesado su encargo.
Asimismo, no es cierto como lo sostiene el demandante, que BALLESTAS TIRADO y CASTILLO SUMALEVA inicialmente hubieran permanecido desprovistos de defensor oficioso, porque durante esa fase fungió como tal la doctora Franco de Rojas, a ella la sucedió el doctor Roa Romero, y más adelante un abogado contractual a quien además, se le encomendó de oficio la defensa de los otros sindicados.
Es cierto, sin embargo, que la defensa no se destacó por su actividad. Sin embargo, del comportamiento asumido frente al proceso es posible deducir que asumió una actitud vigilante frente a las decisiones de fondo adoptadas en el transcurso de la investigación. En ese sentido, destaca que el apoderado de EVER CASTILLO SUMALEVA, JOSÉ MARÍA BALLESTAS TIRADO e ISRAEL RAMÍREZ PINEDA alegó de conclusión solicitando a favor de éstos la preclusión de la investigación, intervino en el traslado común el juicio, pues demandó la nulidad de la actuación y la práctica de varias pruebas, y asistió a las audiencias preparatoria y pública, apeló la sentencia de primer grado e interpuso y sustentó el recurso extraordinario de casación.
Por lo anterior, en criterio de la Delegada, la lista de actuaciones que según la defensa se llevaron a cabo sin la intervención de un defensor técnico, no es suficiente para sostener la vulneración al derecho de defensa, porque no demostró la incidencia de dicha omisión; y además, el ejercicio del contradictorio no se reduce al contrainterrogatorio de los testigos, sino que permite otras manifestaciones, como el aporte de pruebas o la interposición de recursos, entre otros.
En similar falencia incurre el demandante cuando alude a la información de prensa sobre la captura de BASLLESTAS TIRADO en Venezuela, a varias declaraciones y a la carpeta del avión Fokker enviada por la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, ya que no precisó cuál era su importancia, máxime que para entonces todos los procesados se encontraban representados por abogado que estuvo en posibilidad de controvertir su contenido.
En igual omisión demostrativa incurrió el censor frente a la queja porque los defensores no recurrieron la medida de aseguramiento, su adición, el cierre del ciclo instructivo y el calificatorio del sumario, pues de tales determinaciones fueron notificados personalmente los abogados, lo que significa que una vez enterados de su contenido prefirieron guardar silencio.
En cuanto tiene que ver con la incertidumbre, que a juicio del recurrente, existe en torno a la fecha en que cobró ejecutoria la resolución que adicionó la medida de aseguramiento, precisa el Ministerio Público que ese proveído se notificó el 11 de abril de 2001 a los sujetos procesales, se fijó el estado 051 y el 16 de ese mismo mes y año comenzó a correr el término de ejecutoria “y en constancia del 9 de abril de 2001 se dijo:’en la fecha de hoy me permito dejar constancia que siendo las 5:00 pm del día 30 de marzo venció el término de ejecutoria de la resolución de marzo 26 de 2001 … sin que se presentara recurso alguno de ley, quedando de esta forma en firme’(fol 259. c.o. 16)”. Es decir, esta decisión quedó en firme el 29 de abril, “y que la funcionaria incurrió en un lapsus calami al colocar 30 de marzo porque la fecha correcta era 19 de abril…”. Además, los términos procesales son legales y no están sujetos al arbitrio de los funcionarios. Frente a esta situación, no acreditó el censor por qué afectaba el derecho de defensa.
A juicio del Ministerio Público esta censura no tiene vocación de éxito porque el error en que incurrió el instructor al proferir dos veces y en fechas diferentes resoluciones mediante las cuales declaró ausentes a los procesados, no reviste trascendencia suficiente que imponga invalidar lo actuado, si se tiene en cuenta que para la segunda oportunidad en la que se hizo alusión a un sindicado no mencionado en la primera, los vinculados ya contaban con defensor de oficio, por manera que la nueva designación de abogado implicaba el relevo del anterior.
Eso, no revierte perjuicio para la defensa porque no crea confusión sobre el inicio formal del ejercicio de la acción penal, pues la ley procesal discriminaba claramente en qué oportunidades se iniciaba investigación previa, y cuándo investigación; fases que en este proceso quedaron deslindadas con las resoluciones del 12 de abril de 1999 y el 21 de junio del mismo año.
De igual manera, no generó quebranto a la actuación que inicialmente se hiciera alusión a unos delitos y después a otros, porque lo cierto fue que la definición de situación jurídica se profirió por los punibles de homicidio culposo, secuestro extorsivo agravado y rebelión; y posteriormente se adicionó con el ilícito de desvío y apoderamiento de aeronave, todo lo cual está dentro de la dinámica del proceso penal.
Para la Procuradora Delegada no le asiste razón al demandante en este cargo, propuesto por nulidad por no haberse notificado personalmente a JOSÉ MARÍA BALLESTAS TIRADO la resolución de acusación, pese a que las autoridades colombianas sabían, por conducta concluyente, que se encontraba detenido en Venezuela.
El fundamento de este reproche no considera que para la fecha en que se dictó resolución acusatoria en este proceso, 17 de agosto de 2001, JOSÉ MARÍA BALLESTAS TIRADO no se encontraba privado de la libertad por cuenta de este proceso.
Contrario a lo que sostiene el censor, del proceso se extrae que por informe del 17 de febrero de 2001 proveniente de la Policía Nacional, se tuvo conocimiento que BALLESTAS TIRADO se encontraba en Venezuela, indicándose el lugar donde podría localizar. Por ello, se dispuso por funcionarios de INTERPOL seguimientos y controles fijos lográndose el 13 de febrero de 2001 la aprehensión de este sindicado, quien inicialmente se identificó con un nombre y un documento falsos, “y posteriormente, pese a que se reunían los requisitos para su deportación fue dejado en libertad, como se desprendía del informe de prensa del 5 de marzo de 2001 (foliso 35 a 41 c.o.19)”.
El 12 de marzo de 2002 la Fiscalía solicitó su extradición, fue concedida el 10 de diciembre de 2001 y dejado BALLESTAS TIRADO a disposición de las autoridades colombianas el 27 del mismo mes y año.
Insiste, pues, que como para la fecha en que se notificó la acusación BALLESTAS TIRADO no estaba detenido por cuenta de este proceso, el instructor no estaba obligado a enterarlo del contenido de esa decisión porque el estado venezolano no lo había puesto a disposición de las autoridades colombianas, que lo requerían precisamente para juzgarlo por los hechos materia de este proceso.
Por lo mismo, no era procedente obrar por comisionado en los términos en que lo indica el casacionista, porque lo regulado en el artículo 183 del Decreto 2700 de 1991 “está prevista para que la realice mediante comisión la autoridad encargada del establecimiento de reclusión y respecto de quien se halle privado de la libertad en lugar diferente de aquél en que se adelanta la instrucción o juzgamiento, hipótesis muy diversas a las que acá se presentan puesto que Ballestas Tirado estaba retenido a órdenes de otro Estado y la vía a la que debe acudirse es la consular”.
Frente a esa situación, planteada también como nulidad ante el Tribunal, acertados fueron los argumentos expuestos por esa autoridad.
Los reparos que postula el demandante por la forma como se produjo la vinculación de EVERT CASTILLO SUMALEVA no encuentran respaldo en el concepto del Ministerio Público.
Explica que, abierta la investigación en la orden de captura librada en contra de dicho individuo se anotó su descripción física, señales particulares y alias; en el edicto emplazatorio se le identificó como EVERT CASTILLO SUMALEVA, alias El Gallero, y de la misma forma se le llamó cuando se le declaró ausente, pues para entonces ya reposaba en el expediente el informe No. 01822 del 27 de abril de 1999 mediante el cual las Fuerzas Militares de Colombia lo llaman EVERT CASTILLA SUMALAVE o EVERT CHINCILLA SUMALAVI y/o JUAN DE DIOS CASTILLO o EVERT BOHORQUEZ (a. Gallero), individualizándolo como un sujeto de tez morena, 33 años de edad, contextura fornida, estatura 1.75 mts., de bigote y barba.
De igual manera, en el informe del 29 de junio de 1999, cuando se abrió la investigación, el Cuerpo Técnico de Investigaciones puso de presente que alias El Gallero respondía al nombre de EVERT CASTILLO SUMALEVA, y era un sujeto de 30 a 35 años, costeño, contextura mediana, estatura 1.61 a 1.70, tez morena, cabello ondulado, corto castaño oscuro, bigote corriente, pómulos llenos, y como señal particular un lunar en la cara.
Y si bien para entonces el artículo 50 de la Ley 504 de 1999 se encontraba vigente, y conforme a él los informes de inteligencia no podían tener valor probatorio para la declaratoria de responsabilidad, la Delegada considera acertado el criterio del instructor de considerar sus contenidos como criterios orientadores de la investigación y proceder a vincular a este sindicado apoyándose en ellos.
Para responder al argumento del casacionista, según el cual no es posible tener certeza sobre la identificación de EVERT CASTILLO SUMALEVA porque no se allegó la tarjeta decadactilar de la Registraduría Nacional del Estado Civil, cita jurisprudencia de esta Sala sobre la legitimidad de la vinculación de una persona cuando sobre ella se tiene certeza de que es la misma que en determinado proceso se requiere para que responda por las imputaciones que pesan en su contra, pues la identificación bien puede comprobarse a través de otros medios que de igual manera permitan concluir que no se está llamando a alguien indeterminado.
Adicional a lo anterior, recuerda que a medida que avanzó la investigación se fueron obteniendo más datos que contribuían a dar certeza sobre la identificación de este vinculado. Así se desprende de la información obtenida en la inspección practicada el 23 de marzo de 2000 en la Quinta Brigada del Ejército Nacional con sede en Bucaramanga, donde se allegó el documento No.1018 del 23 de marzo de 2000 que da cuenta de las labores adelantadas por la Regional de Inteligencia Militar No. 2 con ocasión del secuestro del avión de Avianca, entre ellas, la entrevista llevada a cabo con Viviana Cristina Rodríguez de la Cruz, quien aseguró tener relación directa con integrantes del ELN, especialmente con cabecillas de la cuadrilla Héroes de Santa Rosa, y saber, por ese motivo, la ubicación de los secuestrados. También se consignó el nombre de la madre de EVERT CASTILLO SUMALAVE, indicándose que por acciones de grupos de autodefensa en el sur de Bolívar se fue a vivir a Aguachica (César), y además, se anexaron fotografías de alias El Gallero.
En el mismo sentido, la declaración del Sargento Mayor Javier Cañón NUñez, señaló que en la realización de trabajos de inteligencia entrevistaron a Viviana Cristina Rodríguez de la Cruz, quien suministró información de la cuadrilla del ELN, Héroes de Santa Rosa, y en particular de EVERT CASTILLO SUMALAVE, alias El Gallero, y Pedro Cabarcas Acuña, a quienes señaló como autores intelectuales del secuestro del avión de AVIANCA.
Adicional a lo anterior, se cuenta con las declaraciones de varios de los secuestrados que afirmaron que alias El Gallero participó en los hechos que dieron lugar a la investigación. Sobre su participación y descripción física declararon Guillermo Mejía Giraldo, Juan de Jesús González Palacios, Laureano Andrés Caviedes Muñoz y Fernando González Naranjo.
Ahora bien, sobre los cuestionamientos que hace el demandante al reconocimiento fotográfico llevado a cabo en la audiencia pública, la Procuradora Delegada destaca que las pruebas acopiadas en ese acto procesal fueron de carácter testimonial de parte de varias de las víctimas del secuestro. Así ocurrió con Guillermo Giraldo Mejía, Juan de Jesús González Palacios, Laureano Andrés Caviedes Muñoz y Fernando González Naranjo. Al segundo de los mencionados se le puso de presente la fotografía, dejándose constancia sobre que se trataba de una fotocopia, y que el original se encontraba en el cuaderno original que se había remitido al Tribunal. Al preguntársele si reconocía a esa persona, este deponente respondió que no.
No hubo en estricto sentido un reconocimiento fotográfico.
Retoma el tema de la identificación de EVERT CASTILLO SUMALEVA, para enfatizar que el Juzgado condenó a una persona debidamente individualizada, tal como lo reconoció el Tribunal en aparte que transcribe.
No obstante, destaca que encontrándose el proceso en la Corte surtiendo el trámite del recurso de casación, el Juzgado de primera instancia, en auto del 10 de enero del año en curso aclaró que el verdadero nombre de EVERT CASTILLO SUMALEVA, alias El Gallero, es EVERT CASTILLO CHINCHILLA, identificado con la cédula de ciudadanía No.18’918.235 de Aguachica, César, alias El Gallero, nacido el 12 de mayo de 1964 en Gamarra (Cesar), hijo de Ramón Castillo y Rosa Chinchilla.
Habiendo resaltado en primer lugar las deficiencias de técnica que a su juicio ostenta este cargo, la Procuradora Delegada se refiere al contenido de las declaraciones de Lilia Dávila Flórez, Giovanni Ferreari, Rebeca Corzo Ilera, Gerardo Flórez Gómez, Juan de Dios González Palacios, Laureano Andrés Caviedes y Uriel Velasco Sepúlveda, quienes coincidieron en afirmar que después del secuestro del avión no volvieron a ver a los individuos que se apoderaron del aparato.
De lo anterior, concluye que la tesis del censor según la cual, con base en tales deponencias no era posible imputarle a JOSÉ MARÍA BALLESTAS TIRADO el delito de secuestro extorsivo, no es de recibo, porque esta infracción es de carácter permanente; y en este caso “la privación de la libertad y la limitación de la autodeterminación de los pasajeros y la tripulación del avión Fokker comenzó cuando los seis integrantes del ‘Ejército de Liberación Nacional’ obligaron a cambiar el rumbo para aterrizar en la pista clandestina ‘Los Sádalos’, unicada en la vereda Vijagual, jurisdicción del municipio de Puerto Wilches, área rural entre los municipios de Simití y San Pablo en el sur del departamento de Bolívar, y coaccionaron a los pasajeros para que colocaran la cabeza en frente del asiento delantero y no la levantaran porque el avión iba a hacer un aterrizaje de emergencia, posteriormente los obligaron a salir del avión, los dividieron en grupos, y los trasladaron a diversos lugares montañosos hasta que fueron dejados en libertad”.
La conducta de desviar el avión y hacerlo volar hacia un lugar diferente al de su destino, con un propósito económico, es por sí solo constitutivo del delito de secuestro en los términos en que lo define la norma, pues la privación de la libertad de sus ocupantes se llevó a cabo en contra de su voluntad.
Además, la forma como se ejecutó este delito denota no sólo la participación de varias personas, sino la distribución de funciones, aunque todos con el mismo propósito criminal, y en ese orden a BALLESTAS TIRADO, por sus conocimientos en aeronáutica, le correspondió dar las órdenes necesarias a la tripulación del avión para desviarlo y hacerlo aterrizar al sitio que la organización al margen de la ley tenía destinado para ello.
De todo lo anterior, concluye que, no obstante no haberse aportado al proceso el testimonio de Lesly Kally López, antes de resolverse el recurso extraordinario de casación, obra prueba suficiente que permite radicar responsabilidad penal en JOSÉ MARÍA BALLESTAS TIRADO en el concurso de delitos por el que fue condenado, sin que la ausencia de la prueba referida resulte suficiente para exonerarlo de responsabilidad.
Tampoco, a juicio de la Representante del Ministerio Público, le asiste razón al libelista en este reparo propuesto por violación indirecta de la ley por errores de derecho por falso juicio de legalidad, pues no sólo no demostró la veracidad de sus afirmaciones, sino que cotejados los fallos de primero y segundo grado se aprecia que gran parte de las pruebas que tilda de ilegales no fueron su sustento.
Eso ocurre con el oficio del Mayor General Alfredo Salgado Méndez, Director Operativo de la Policía Nacional, el oficio No. 0263 del GAULA Santander, el documento de la Central de Inteligencia Militar del Ejército Regional de Inteligencia Militar No. 2 fechado el 11 de junio de 1999, los informes y solicitudes de orden de captura contra los sindicados, el oficio No. 0926 de la Quinta Brigada dando cuenta de la orden de batalla del Frente Héroes de Santa Rosa del ELN, oficio 01753 del Capitán de la Policía Juan Carlos Pinzón, Jefe del Grupo de Inteligencia Policial, entre otros.
Asimismo, si bien los informes de inteligencia No. 0729 del 5 de mayo de 1999, procedente del Departamento de Policía Santander, Sección de Policía Judicial e Investigación, y el No.0210 del 18 de mayo del mismo año, suscrito por el Director Regional de Inteligencia Militar No. 2, fueron considerados por el sentenciador, no representaron el sustento probatorio de las decisiones cuestionadas.
Al respecto destaca que cuando se ocupó de la situación de JOSÉ MARÍA BALLESTAS TIRADO, el Juez de primer grado anotó que su participación en el apoderamiento y desvío del avión surgía de las actividades de inteligencia desarrollados por personal de la Policía, según se consignó en los informes del 5 de mayo de 1999, 0210 del 18 de mayo de 1999, y los Nos. 0434 y 0437 del 7 de mayo de ese mismo año, advirtió de inmediato que por mandato legal su decisión no podía apoyarse en ellos, y por ello, se ocupó por acreditar cómo la existencia de otros elementos de juicio le permitían llegar a esa misma conclusión. E igual ocurrió con la situación de ELIÉCER CHAMORRO ACOSTA, ISRAEL RAMÍREZ PINEDA y EVER CASTILLO SUMALEVA.
Para corroborar lo dicho, transcribe en lo pertinente el fallo de segundo grado.
Con base en lo expuesto en relación a todos los cargos propuestos por el demandante, la Procuradora Segunda Delegada en lo Penal solicita no casar el fallo recurrido.
Primero y segundo cargos
Dada la identidad temática entre estas dos censuras, en tanto que la segunda se remite a un argumento adicional a lo ya expuesto en el primero, por metodología, la Sala los responderá conjuntamente.
Tal como lo sostiene la Procuradora Delegada, no le asiste razón al demandante en este reproche por motivo de nulidad por violación al derecho de defensa de los sentenciados, pues no sólo no comprueba de qué manera, durante el lapso de 5 meses y 17 días en que según él aquellos permanecieron desprovistos de defensor, se privaron de oportunidades de defensa, sino porque no explica ni precisa por qué del contenido de las declaraciones del Coronel Fernando Luna Jiménez, el Sargento Mayor Javier Cañón Núñez y Fernando Buitrago Holguín, Diego Fernando González Naranjo, Juan de Jesús González Palacios y Laureano Andrés Caviedes, emergía la necesaria participación del abogado.
Revisada la actuación, encuentra la Sala que los argumentos expuestos en este cargo constituyen la reproducción textual de idéntica pretensión elevada sin éxito en la etapa del juicio, durante el traslado para la preparación de las audiencias preparatoria y pública, y que, aunque el Juez, en decisión confirmada por el Tribunal negó la aludida nulidad por considerar que no se presentaban las irregularidades alegadas por la defensa, accedió a la práctica de varias de las pruebas solicitadas en ese mismo lapso, entre las cuales se encuentran las declaraciones de las personas arriba reseñadas porque, como lo expresó el defensor al señalar su pertinencia, no había tenido la oportunidad de controvertirlas cuando se acopiaron en la instrucción.
Se procedió, entonces a hacer las citaciones correspondientes, y en acatamiento a ello concurrieron a la audiencia pública el Coronel Mauricio Fernando Luna Jiménez (f. 32, c.21), el Sargento Javier Cañón Núñez (f. 37 c.21), Fernando Buitrago Holguín (f. 28, c.21), Diego Fernando González (f. 23, c.21), Laureano Andrés Caviedes (f. 20, c.21) y Juan de Jesús González Palacios (f. 266, c.20), en donde fueron interrogados por el demandante, quien para entonces ya fungía como defensor de los procesados.
Ahora bien, la falencia que destaca el recurrente sobre la supuesta incertidumbre que se generó en la instrucción por haberse declarado ausentes a los procesados HERLINTON ELIÉCER CHAMORRO, ISRAEL RAMÍREZ PINEDA, JOSÉ MARÍA BALLESTAS TIRADO y EVER CASTILLO SUMALEVA, y no haber certeza, por el mismo motivo, sobre el abogado a quien se le encomendó la defensa de cada uno de ellos, sólo puede entenderse como una errada lectura del expediente.
Al respecto, debe considerarse que si bien es cierto que mediante resoluciones del 7 de febrero de 2000 y 17 de agosto del mismo año la Fiscalía Delegada ante la Unidad de Derechos Humanos declaró ausentes a sus defendidos, esa no es irregularidad que afecte gravemente la estructura del proceso y mucho menos que conllevara en el caso concreto privación de posibilidades de defensa para aquellos.
Lo anterior, por cuanto una vez recibidos los informes en los que se daba cuenta de lo infructuosas que habían resultado las actividades adelantadas con miras a capturar a los imputados, en resolución del 10 de agosto de 1999 (f. 1, c.5.) la Fiscalía ordenó emplazarlos mediante edicto en los términos indicados en el artículo 34 del Decreto Ley 2790 de 1990, adoptado como legislación permanente por el artículo 3º del Decreto 2271 de 1991.
Precisó también, que lo anterior se hiciera en lugar visible de la Secretaría de esa Unidad, y enviar copias del edicto a las Secretarías de las Alcadías de San Pablo (Sur de Bolívar), Bucaramanga y Girón, y así efectivamente se hizo, como consta a los folios 89, 113 y 114 (c.5) en los tres primeros despachos mencionados, y como transcurrido un tiempo prudencial la Alcaldía de Girón no respondía, el 17 de noviembre se le requirió para que remitiera la copia del edicto emplazatorio con las constancias de fijación y desfijación, el cual se remitió por parte de esa autoridad mediante oficio del 9 de diciembre de 1999 (f. 24, c.9), en el que consta que se cumplió con lo ordenado por la fiscalía entre el 1º y el 3 de septiembre de ese año.
Verificado lo anterior, se profirió la resolución del 7 de febrero de 2000 (f.322 c. 8 A) declarando ausentes a los emplazados y se dispuso que por secretaría se les designara abogados. Entonces, según constancia del 18 de febrero de 2000, el doctor Carlos Awvert Trujillo Parra tomó posesión del cargo como defensor de oficio de los procesados HERLINTON CHAMORRO ACOSTA e ISRAEL RAMÍREZ PINEDA (f. 272, c. 10), mientras que, en acta del 1º de marzo de 2000, la doctora Esperanza Elvira Franco de Rojas hizo lo propio con respecto a EVERT CASTILLO SUMALEVA, alias El Gallero y JOSÉ MARÍA BALLESTAS TIRADO (f. 44, c. 11). Los dos actos de posesión se llevaron a cabo en cumplimiento de la resolución del 7 de febrero de 2000, quedando en claro que encontrándose estos procesados vinculados formalmente a la actuación, el instructor dispuso lo necesario para garantizarles el derecho a la defensa, sin que pueda ahora sostenerse que entre tal determinación y la designación de sus respectivos defensores transcurrió tiempo considerable, o que en ese lapso se hubieren incorporado al proceso pruebas que requerían de la intervención de la defensa de aquellos, máxime, que en ese corto tiempo toda la actividad probatoria estuvo relacionada con la situación de las otras personas también vinculadas a la actuación.
De igual manera, ninguna incidencia negativa es admisible derivar para la situación de los procesados ausentes, el que sus respectivos defensores registraran una dirección en Bogotá, pues eso no indica que estuvieran en imposibilidad de estar pendientes del desarrollo de la pesquisa o se les dificultara, por razones de distancia, su acceso al expediente, puesto que para entonces, era en esta ciudad donde se adelantaba el diligenciamiento como se desprende de las determinaciones adoptadas por la Fiscalía Delegada de la Unidad de Derechos Humanos, a donde mediante resolución No. 345 del 24 de junio de 1999 se había reasignado.
Lo que ocurrió después, tampoco puede desentrañarse como un desconocimiento al derecho a la defensa de éstos procesados, pues precisamente por el lapsus en que incurrió el instructor al proferir la resolución del 17 de agosto declarando ausentes a HERLINTON ELIÉCER CHAMORRO, ISRAEL RAMÍREZ PINEDA, JOSÉ MARÍA BALLESTAS TIRADO y EVER CASTILLO SUMALEVA, tras considerar que la actuación encaminada a lograr su comparecencia al proceso sólo había avanzado hasta la fijación de los edictos emplazatorios ordenados en la resolución del 10 de agosto de 1999, como se desprende de los folios que cita para corroborar tal afirmación (f. 266, c.14).
Visto lo anterior, la intrascendencia e inanidad de la resolución del 17 de agosto de 2000, es evidente, pues estaba haciendo una declaración que ya había surtido sus efectos en el proceso y se encontraba ejecutoriada, y en esa medida dichos sindicados ya estaban vinculados formalmente, y además, contaban con un defensor.
Vistas así las cosas, la posesión del doctor Jorge Alirio Roa Romero como defensor de EVER CASTILLO SUMALEVA, JOSÉ MARÍA BALLESTAS TIRADO e ISRAEL RAMÍREZ PINEDA, sólo implicó el relevo de los dos defensores anteriores, únicamente en lo que respecta a la representación de los procesados cuya defensa se les había encomendado, y frente a los cuales tomó posesión este último profesional.
Obsérvese al respecto, que EVER CASTILLO SUMALEVA y JOSÉ MARÍA BALLESTAS TIRADO estaban siendo asistidos por la doctora Esperanza Elvira Franco, quien obviamente quedó desplazada con la posesión del doctor Alirio Roa Romero; mientras que HERLINTON ELIÉCER CHAMORRO ACOSTA, continuó a cargo del doctor Trujillo Parra, en tanto que no se presentó situación que implicara su desvinculación de este proceso por razón de las defensas oficiosas encomendadas.
Prueba de lo anterior, es que de la resolución de situación jurídica dictada el 23 de octubre de 200, se notificaron personalmente los dos abogados mencionados el 30 y 31 del mismo mes, como consta al anverso del folio 136 del cuaderno No. 15. Igual ocurrió posteriormente con la adición a la medida detentiva, pues tal decisión se profirió el 26 de marzo de 2001, y a enterarse directamente de ella comparecieron en la misma fecha el doctor Carlos Trujillo, y el 10 de abril siguiente el doctor Roa Romero (f. 167 vto., c.16).
Asimismo, habiéndose decretado el cierre de la investigación el 3 de julio de 2001, el 11 y el 19 de ese mismo mes comparecieron a notificarse personalmente dichos abogados (f. 83 vto. C.17). El abogado de ISRAEL RAMÍREZ PINEDA; JOSÉ MARÍA BALLESTAS TIRADO y EVER CASTILLO SUMALEVA alegó de conclusión solicitando la preclusión de la instrucción a favor de aquellos; e igualmente, de la acusación dictada el 17 de agosto, tales profesionales también se notificaron personalmente el 27 y 31 de agosto.
Mientras corría el término de ejecutoria del pliego calificatorio, el doctor Alirio Roa Romero pidió su desplazamiento del cargo de defensor de oficio en este proceso por tener otras representaciones también oficiosas (f. 150, c.17).
Como se ve, el proceder de estos abogados permite colegir una actitud atenta y vigilante del desarrollo de la actuación, pues se enteraron oportunamente de las decisiones de fondo proferidas en relación con sus representados, y quien encontró pertinente exteriorizar actos positivos de defensa así procedió, como ocurrió con el doctor Alirio Roa cuando alegó previo a la calificación del sumario, sin que se pueda sostener que el silencio que prudentemente guardaron mientras se tramitaba la investigación obedezca a desidia, desinterés o abandono de la gestión.
Más adelante, esto es, el 11 de diciembre de 2001 en la etapa del juicio, inmediatamente después de que el Juez 2º Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga decretara la nulidad de lo actuado desde la declaratoria de ausencia de los acusados, se posesionó como defensor de oficio de todos ellos el doctor Francisco Santoyo Martínez, quien el siguiente 28 de ese mismo mes y año pidió se le relevara del cargo ante la inminencia del envío del proceso a Bogotá, insistiendo en ello mediante memorial del 2 de enero de 2000, una vez conocida la revocatoria de la nulidad previamente decretada por el Juez (fs. 49 y 54, c.18).
Entre tanto, y como quiera que para entonces ya se había materializado la entrega de JOSÉ MARÍA BALLESTAS TIRADO a las autoridades colombianas por motivo de la extradición concedida por la República de Venezuela, y puesto a disposición del Juez, el 31 de diciembre de 2000, dicho sujeto procesal designó defensor contractual, a quien se le reconoció como tal y se designó como apoderado oficioso de CHAMORRO ACOSTA, RAMÍREZ PINEDA y CASTILLO SUMALEVA, procediéndose a darle posesión del cargo al día siguiente (fs. 51,56 y 57 c.18).
Dicho abogado, mismo que recurrió en casación la sentencia de segundo grado, participó activamente en la etapa del juicio solicitando la nulidad de lo actuado, así como la práctica de varias pruebas, intervino en la audiencia pública, recurrió la sentencia de primer grado y, como se dijo, interpuso y sustentó el recurso extraordinario de casación.
Siendo ello así, la conclusión que se impone es que en este proceso no se vulneró el derecho a la defensa de los acusados, no sólo porque estuvieron asistidos durante todas las fases del proceso por un abogado, sin que sea admisible asegurar, como lo hace el censor, que hubo incertidumbre al respecto, sino porque el silencio observado durante la fase de instrucción por los profesionales a quienes se les encomendó esa labor no conduce razonablemente a inferir, como ya se dijo, que mediara abandono de la gestión.
Lo expuesto hasta ahora, demuestra también con suficiencia la sinrazón del argumento planteado por el recurrente en el segundo cargo, pues es claro que tratándose de personas vinculadas en ausencia, después de llevarse a cabo todos los intentos posibles para lograr que comparecieran personalmente a este proceso, sus oportunidades de defensa surgieron a partir de ese momento y más concretamente desde cuando tomaron posesión del cargo los abogados de oficio designados por el instructor.
Mucho menos es admisible la tesis según la cual no hubo claridad sobre los delitos imputados porque en una y otra determinación mediante las cuales se declaró ausentes se hizo referencia a unos delitos y a otros no; pues siendo la definición de situación jurídica el acto que de inmediato prosigue a la vinculación, tratándose de delitos de la naturaleza de los que dieron origen a esta actuación, es en tal determinación en donde corresponde hacer una valoración jurídica de los hechos y a partir de allí hacer la calificación jurídica provisional de los mismos, constituyéndose así en el marco sobre el que se orientará la investigación, sin que el instructor quede impedido para adicionar la decisión con otras imputaciones que surjan bien del recaudo probatorio posterior, o del ya existente, y que no obstante ser ostensible su concurrencia, no fueron advertidos inicialmente.
Por último, en lo que concierne a la falta de claridad sobre la fecha en que cobró ejecutoria la resolución del 26 de marzo de 2001, mediante la cual se adicionó la medida de aseguramiento de los procesados con el delito de apoderamiento y desvío de aeronave, debe la Sala precisar que dicho planteamiento no logra dinamizarse en el cargo, siquiera como una razón de más tendiente a demostrar la ausencia de defensa técnica, reduciéndose simplemente a una constancia del casacionista sobre los reparos que le merece la actuación.
Sin embargo, ninguna situación irregular que atente contra las garantías de los sujetos procesales surge del proceder de la Secretaría de la Unidad de Derechos Humanos, como se advierte de la secuencia que reseña el demandante.
En efecto, notificados personalmente varios de los defensores los días 26 de marzo, 3 y 9 de abril, el 11 siguiente se fijó mediante anotación en estado (f. 250, c.18), procediéndose al siguiente día hábil, es decir, el 16 de abril de 2001, a dejar la constancia de esa misma fecha sobre el inicio ese día, del término de ejecutoria que se cumpliría el día 18.
Por eso mismo, el hecho de que el 19 de abril se dejara una nueva constancia indicando que la decisión mencionada quedó ejecutoriada el 30 de marzo (f. 259, c.16), no puede entenderse como nada distinto a un equívoco intrascendente y sin ningún poder vinculante para los sujetos procesales en este asunto, pues para entonces ya los aludidos términos habían corrido y se habían contabilizado correctamente, como se dejó anotado en la aludida constancia del 16 de abril.
Estos cargos, entonces, no prosperan.