Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2009-00264-de-marzo-8-de-2018?documento=jurcol&contexto=jurcol_519f177917ef412183b5c834a919a395&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-07-17 01:15:38
Document Index: 300081717

Matched Legal Cases: ['artículo 129', 'artículo 23', 'artículo 33', 'artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 357']

﻿ SENTENCIA 2009-00264 DE MARZO 8 DE 2018
SENTENCIA 2009-00264 DE 08 DE MARZO DE 2018
CONTENIDO:LA FIJACIÓN DE PARÁMETROS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL INGRESO AL CLUB MILITAR NO DESCONOCE EL ESPÍRITU DE LA LEY QUE LO CREÓ. EL CLUB MILITAR ES UNA ENTIDAD DESTINADA A FACILITAR A LOS MILITARES EN ACTIVIDAD O EN USO DE BUEN RETIRO LOS MEDIOS PARA EL INCREMENTO DE LA CULTURA MILITAR EN SUS DIVERSAS FASES Y PARA ROBUSTECER LOS VÍNCULOS DE COMPAÑERISMO ENTRE SUS MIEMBROS. SIN EMBARGO, ALGUNAS NORMAS REGULAN SU FUNCIONAMIENTO, ADMINISTRACIÓN Y REQUISITOS PARA EL INGRESO Y RETIRO DE QUIENES SE HAYAN AFILIADO, AL TRATARSE DE UN ESTABLECIMIENTO PÚBLICO. ES DECIR, LA CREACIÓN DEL CLUB NO SUPONE EL ACCESO INCONDICIONAL DE LOS MILITARES, LO QUE NO AUTORIZA TAMPOCO LA ARBITRARIEDAD. ASÍ LAS COSAS, LA FIJACIÓN DE PARÁMETROS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL INGRESO NO DESCONOCE EL ESPÍRITU DE LA LEY Y, EN TODO CASO, EL GOBIERNO SE ENCUENTRA FACULTAD PARA REGLAMENTAR ESTATUTARIAMENTE EL CLUB, LO QUE EN EFECTO OCURRIÓ MEDIANTE EL DECRETO 1132 DE 1963, Y POSTERIORMENTE EN VIRTUD DE LOS DECRETOS 2649 DEL 2008 Y 3970 DEL 2009.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, MIEMBROS DE LAS FUERZAS MILITARES, MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA, RETIRO DE LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS MILITARES, DERECHO A LA IGUALDAD
Sentencia 2009-00264 de marzo 8 de 2018
Rad.: 25000-23-24-000-2009-00264-01
Actor: Luis Alirio Torres Barreto
Demandado: Club Militar
Corresponde a la Sala de lo Contencioso Administrativo, a través de esta Sección, conocer el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia dictada el 16 de julio de 2012 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C en Descongestión, en los términos del artículo 129 del CCA, en concordancia con lo decidido en el Acuerdo de Descongestión Nº 357 de 5 de diciembre de 2017, suscrito entre las Secciones Primera y Quinta de esta corporación.
Acta 446 de 12 de diciembre de 2003, correspondiente a la Reunión del Consejo Directivo del Club Militar, en la que, entre otros aspectos, se analizó la solicitud de ingreso como socio del señor Luis Alirio Torres Barreto. Sobre este aspecto se dijo que:
“a) Presentó solicitud de ingreso como Afiliado Pensionado el 23 de agosto de 2003.
b) Al solicitante, el Ministerio de Defensa le reconoció derecho a pensión de jubilación, mediante Decreto 2395 del 22 de noviembre de 1988.
c) Es de anotar que el solicitante no fue afiliado Temporal del Club Militar, durante cinco (5) años o más como lo dispone el artículo A, literal A del Estatuto de Socios del Club Militar.
d) Mediante oficio del 24 de septiembre de 2003, con base en el artículo 23 de la Constitución Nacional, hace su solicitud para ingresar como afiliado en la categoría de pensionado.
Luego de analizados los derechos de petición para el ingreso de socios, el Consejo Directivo los niega por unanimidad.” (Negrilla del texto original)
En este punto resulta pertinente traer a colación una providencia dictada por la Sección Primera de esta corporación acerca de la naturaleza este acto, en un caso similar al presente en el que se demandó la nulidad de un acta del Consejo Directivo del Club Militar, en cuanto negó el ingreso como socio efectivo del Club Militar a un mayor retirado, y del oficio suscrito por el director general (e) del club:
“… la decisión que consta en el acta parcialmente transcrita, adoptada por el Consejo Directivo del Club Militar, sí constituye un acto administrativo debido a que el artículo 33 de sus estatutos, Acuerdo 012 de 2001, aprobados mediante Decreto 39 de 1992, proferido por el Presidente de la República, le imprime ese carácter a los actos que profiera el club para el cumplimiento de sus funciones; amén de que fue proferido en respuesta a un derecho de petición en interés particular cuya atención o satisfacción le corresponde al Estado a través de un organismo suyo como lo es club en mención.
Es así una declaración unilateral que en ejercicio de su función administrativa atinente a velar por la efectividad de tal derecho profirió ese organismo a través de su consejo directivo, que resolvió o puso fin a la petición del actor, no sujeta a otra formalidad o a plasmarse en otra forma determinada distinta al acta (v. gr. resolución), por lo cual cabe considerar que el acta de la respectiva reunión es prueba o instrumentación de dicho acto.
Mientras que los oficios de 11 de agosto de 2000 y de 12 de marzo de 2002 suscritos por el director del club fueron simples medios de información, aunque inadecuados, sobre la decisión cuestionada, no obstante que en el último pereciera que el director estuviera tomando la decisión, pues ella ya había sido tomada por el consejo directivo como se ha reseñado, luego esos oficios no constituyen actos administrativos”(3).
Corresponde a la Sala determinar si procede confirmar, modificar o revocar la sentencia de primera instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C en descongestión que declaró no probadas las excepciones formuladas por la parte demandada y negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
4.1. La Sala debe advertir que en el libelo presentado por el demandante durante el término para alegar de conclusión en segunda instancia, por medio del cual “adicionó el escrito de sustentación de apelación”, contiene argumentos nuevos, esto es, distintos de los expuestos en este, como se vio en el acápite 8.2 de los antecedentes de esta providencia.
En consecuencia, dichos reproches fueron planteados por fuera del término legal concedido para apelar el fallo de primera instancia por lo que resultan extemporáneos, lo que impide pronunciarse sobre ellos.
4.2. El actor afirmó que “… se están violando derechos fundamentales consagrados en la Carta Política, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por los estatutos de dicha entidad social…”.
Sobre este argumento, basta a la Sala advertir que constituye un reproche respecto de un acto distinto del acusado, esto es, el Acta Nº 466 de 2003, toda vez que, conforme lo trascrito, el actor criticó los Estatutos del Club Militar. Por consiguiente, no es posible efectuar ningún pronunciamiento.
4.3. En cuanto al desconocimiento del espíritu de la Ley 124 de 1948, porque en su caso se aplicó la limitante de un año como término para la afiliación al Club Militar de una persona con categoría de oficial y con derecho a pensión de jubilación.
Al respecto, considera la Sala que el hecho de que la ley en cuestión haya creado el Club Militar “como entidad destinada a facilitar a los miembros de las mismas, en actividad o en uso de buen retiro, los medios para el incremento de la cultura militar en sus diversas fases y para robustecer loa vínculos de compañerismo entre sus componentes”, no supone la inexistencia de unas normas para su funcionamiento y administración –máxime cuando se trata de un establecimiento público–. Normas, que entre otras cosas, regulen los requisitos para ingreso y los criterios para el retiro de quienes se hayan afiliado.
Es decir, la creación del Club Militar no supone el acceso incondicional de los miembros activos o retirados de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Ahora, ello no significa una autorización para la arbitrariedad.
De este modo, no se advierte que la fijación de parámetros y procedimientos para ingreso al club desconozca el espíritu de la ley.
Debe mencionarse que en el artículo 4º de dicha ley, se facultó al Gobierno Nacional para reglamentarla y dictar las normas estatutarias del mencionado club, lo cual se efectuó mediante el Decreto 1132 de 1963.
Esos primeros estatutos rigieron hasta 1987 cuando se modificaron con el Decreto 1083 que en la actualidad se encuentran vigentes, con excepción de los artículos 22, 25 y 26 modificados por los decretos 2649 de 18 de julio de 2008 y 3970 de 15 de octubre de 2009.
El cumplimiento o aplicación de los estatutos no fue cuestionado por el actor, es decir, no alegó que él sí reúne los requisitos para ingresar o ser afiliado al Club Militar.
Debe resaltarse que en la apelación el actor no afirmó que, contrario a lo dicho por la entidad que expidió el acto, o por el tribunal, él sí cumple los requisitos.
Lo que en realidad el demandante no comparte es el hecho mismo de que existan dichos parámetros, aspecto sobre el cual la Sala no puede pronunciarse, pues las normas estatutarias no fueron objeto de la demanda que dio origen al presente proceso.
4.4. En cuanto a la violación de varias normas constitucionales por parte del acto acusado, la Sala pone de presente que en la demanda no se hizo ninguna referencia a la eventual trasgresión de los artículos 46 –protección y asistencia a las personas de la tercera edad– y 48 –seguridad social–, razón por la cual son cargos nuevos respecto de los cuales la parte demandada no pudo pronunciarse. Por consiguiente, la Sala, en aras de garantizar el debido proceso, se abstendrá de pronunciarse sobre ellos.
Respecto de los artículos 1º y 13 de la Constitución Política, el actor señaló en la apelación que no se le ha respetado el principio de igualdad puesto que no se le permite el ser socio efectivo del Club Militar, por no haberse afiliado dentro de los 6 meses siguientes a su retiro de la institución policial.
Para la Sala, el desconocimiento de dichas normas superiores no se demostró en el presente caso, toda vez que el actor no probó que personas en su misma situación hayan tenido un trato distinto, esto es, que se les haya permitido la afiliación al club a pesar de no haber elevado la solicitud dentro de los 6 meses siguientes a su retiro.
Frente al supuesto desconocimiento del artículo 6º de la Constitución Política el actor se limitó a decir en el escrito de apelación que: “… todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico”.
Sin embargo, no formuló ningún reproche respecto del fallo de primera instancia atinente al desconocimiento del derecho al libre desarrollo de la personalidad; tampoco en la demanda se advierte el desarrollo de un cargo en este sentido, que permita dar alcance a este argumento de la apelación. Ello impide a la Sala su estudio pues recuérdese que debe circunscribirse a lo planteado en la apelación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil.
La Sala observa que a folio 47 del cuaderno 2 del expediente obra poder por parte del Vicealmirante (RA) Daniel Iriarte Alvira Director General del Club Militar al abogado Wilson Gómez Higuera, sin que dicha apoderada haya sido reconocida. En este orden de ideas, se reconocerá al citad profesional del derecho, como apoderado de la entidad demandada.
1. Confirmar la sentencia de 16 de julio de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C en descongestión.
3. Reconocer personería al abogado Wilson Gómez Higuera como apoderado del Club Militar en los términos del poder obrante a 47 del cuaderno 2 del expediente.
3 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 30 de abril de 2009, Expediente 11001-03-25-000-2002-00164-01, demandante: Miguel Porras Hernández, demandado: Club Militar, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.