Source: http://www.redantimafia.org/2013/10/616-prostibulos-en-la-ciudad-de-buenos.html
Timestamp: 2017-07-22 06:49:31
Document Index: 38651400

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 1', 'Artículo 2']

616 PROSTIBULOS EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Desde la Fundacion Alameda y diversas organizaciones que integran la RED NACIONAL ANTI MAFIA realizamos un listado de prostíbulos instalados en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Estado porteño a través de su justicia contravencional, penal y faltas, la policía metropolitana y los cuerpos inspectivos tiene la capacidad operatoria para eliminar la trata sexual que nutre a más de 616 prostíbulos. Por eso el lunes 23, a las 12 horas, estuvimos frente a la sede de la Fiscalía General de la Ciudad (av. Paseo Colón 1333), a cargo de German Garavano, para reclamar la eliminación total de los prostíbulos. Este será el mejor homenaje por los cien años de la primer ley en el mundo contra la trata y explotación sexual autoria del socialista Alfredo Palacios,
En este link podes leer todo el informe, que incluye un total de 50 hojas con información detallada sobre el funcionamiento de algunos prostíbulos de los que se encuentran en esta lista.
https://www.dropbox.com/s/6qz6poqj1o122d9/INFORME%20DE%20PROSTIBULOS%20CABA%202013.pdf.
Entendemos asimismo que la investigación deberá necesariamente dirigirse a determinar la eventual responsabilidad de las autoridades de la Policía Federal Argentina que tiene específicamente a su cargo por su ley orgánica y reglamentación la prevención e investigación de estos delitos toda vez que el funcionamiento público y notorio de esta red o redes, no pudo pasarles desapercibida, así como tampoco el irregular cumplimiento de la legislación penal por parte de las fuerzas a su mando. Asimismo debe investigarse la eventual responsabilidad de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en especial de las autoridades a cargo de la verificación y aplicación del régimen contravencional y de faltas de la Ciudad en razón de las obligaciones que les caben en virtud del deber de tutelar la seguridad, moralidad e higiene de los locales comerciales y demás establecimientos que aquí funcionan. Sin perjuicio de lo expuesto, forma parte inescindible del objeto esta denuncia la petición de medidas concretas de protección y asistencia social de las presuntas víctimas de esos delitos las que pueden ser privados del lugar en que viven, y de sus escasos medios de subsistencia sino se adoptan los recaudos necesarios con la urgencia que el caso amerita para impedir que se vean en una situación de desamparo generada a partir de la intervención de la Justicia. En ese sentido corresponde exigirle al Estado que se haga cargo de la protección de esas personas objeto de explotación en los términos de los arts. 6, 7, 8, y 9 de la ley 26.364, modificada por la ley 26.842. De acuerdo con la referida ley el Estado tiene el deber de prestar en estos casos la correspondiente asistencia jurídica, médica, psicológica y social de modo tal de no empujar a las personas de escasos recursos a situaciones extremas o al riesgo de una revictimización.
II) Hechos. La presente denuncia versa sobre la existencia de una notoria red o redes de locales y agencias mediante los cuales se promueve o facilita la prostitución, se la explota comercialmente o se ejerce ostensible o encubiertamente la prostitución así como la reducción a servidumbre de las personas que ejercen el meretricio.
Independientemente de los locales comerciales también existe como modalidad de explotación económica de la prostitución ajena la actividad de agencias que operan tras la fachada de un presunto ejercicio de la prostitución a título individual. En efecto, muchas personas aparecen ofertando sexo mediante volantes en los que figura un número de teléfono. Sin embargo los números de teléfono se repiten en gran cantidad de casos. Basta con llamar a estos teléfonos para advertir que corresponden a una suerte de central o agencia que concierta las citas o envía las mujeres que han de ejercer el meretricio a domicilio. Las tarifas de los servicios sexuales que se ofrecen en los distintos locales o mediante las agencias son muy semejantes. Estos servicios se clasifican de acuerdo con el tiempo que insumen (veinte minutos, media hora o una hora) y con la naturaleza de la prestación (sexo oral y vaginal o anal o combinado). En el caso de los locales el cliente, luego de seleccionar a la prostituta con quien mantendrá relación sexual, acuerda con el encargado del local el precio y lo abona a dicha persona, nunca a la mujer. Resulta de particular relevancia la colaboración que prestan ciertos taxistas para el funcionamiento de estos locales. En efecto, los taxistas actúan como colectores de la “clientela” de estos establecimientos. Incluso puede advertirse asimismo que existe una suerte de concentración de la actividad en la zona denominada “Tribunales” que estaría indicando la conformación de una suerte de zona roja en las inmediaciones de donde administran justicia los tribunales ordinarios de la Capital Federal y tienen sus estudios los letrados porteños, lo que permitiría inferir la complicidad de las autoridades que por acción o por omisión han consentido en la concreción de este fenómeno criminal.
IIIa). La violación de las disposiciones de los arts. 15 y 17 de la ley 12.331. La interpretación de las referidas disposiciones a la luz de los tratados internacionales en materia de Derechos humanos El art. 15 de la ley 12.331 establece que “Queda prohibido en toda la República Argentina el establecimiento de casas o locales donde se ejerza la prostitución o se incite a ella.
· La Convención Americana sobre Derechos Humanos que prohíbe la trata de mujeres en todas sus formas y la equipara a la servidumbre (art. 6º inc. 1). · La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer que establece que los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer (art. 6º). · La Convención para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena (ratificada por Ley nº 11.925) que establece expresamente que: “Artículo 1 Las Partes en el presente Convenio se comprometen a castigar a toda persona que, para satisfacer las pasiones de otra: 1) Concertare la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de tal persona; 2) Explotare la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de tal persona. Artículo 2 Las Partes en el presente Convenio se comprometen asimismo a castigar a toda persona que: 1) Mantuviere una casa de prostitución, la administrare o a sabiendas la sostuviere o participare en su financiamiento; 2) Diere o tomare a sabiendas en arriendo un edificio u otro local, o cualquier parte de los mismos, para explotar la prostitución ajena”. Hay que destacar que el art. 6º de la referida Convención determina que “Cada una de las Partes en el presente Convenio conviene en adoptar todas las medidas necesarias para derogar o abolir cualquier ley, reglamento o disposición administrativa vigente, en virtud de la cual las personas dedicadas a la prostitución o de quienes se sospeche que se dedican a ella, tengan que inscribirse en un registro especial, que poseer un documento especial o que cumplir algún requisito excepcional para fines de vigilancia o notificación”. · El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (ratificado por Ley nº 25.632). Este tratado dispone: “Artículo 2. Finalidad: Los fines del presente Protocolo son: a) Prevenir y combatir la trata de personas, prestando especial atención a las mujeres y los niños; b) Proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata, respetando plenamente sus derechos humanos; y c) Promover la cooperación entre los Estados Partes para lograr esos fines. Artículo 3. Definiciones: Para los fines del presente Protocolo: a) Por “trata de personas” se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos; b) el consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de explotación que se tenga la intención de realizar descrita en el apartado a) del presente artículo no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho apartado; c) la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de explotación se considerará “trata de personas” incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado a) del presente artículo; d) por “niño” se entenderá toda persona menor de 18 años”. Estos tratados internacionales y la doctrina sobre los que se basan le han otorgado una nueva significación a la antigua Ley nº 12.331. Por otra parte de acuerdo con la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, ratificada por ley 19.865, todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe (art. 26) y las partes no podrán invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación de su incumplimiento (art. 27). En este sentido la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha entendido que la violación de un tratado internacional puede acaecer tanto por el establecimiento de normas internas que prescriban una conducta manifiestamente contraria, cuanto por la omisión de establecer disposiciones que hagan posible su cumplimiento. Ambas situaciones resultarían contradictorias con la previa ratificación internacional del tratado; dicho de otro modo, significarían el incumplimiento o repulsa del tratado, con las consecuencias perjudiciales que de ello pudieran derivarse. También dijo la Corte que, en el mismo orden de ideas, debe tenerse presente que cuando la Nación ratifica un tratado que firmó con otro estado, se obliga internacionalmente a que sus órganos administrativos y jurisdiccionales lo apliquen a los supuestos que ese tratado contemple, siempre que contengan descripciones lo suficientemente concretas de tales supuestos de hecho que hagan posible su aplicación inmediata (Ver el leading case Ekmekdjian, Miguel Ángel c/Sofovich, Gerardo y otros. E. 64 LXXIII. Recurso de hecho, considerandos 16, 19 y 20; idem “Giroldi, Horacio D. y otro” fallada 7 de abril de 1995, considerandos 11 y 12, DJ. 1995-2-809). La omisión del cumplimiento de las disposiciones de la ley 12.331 por parte de las autoridades administrativas y jurisdiccionales entraña no sólo el incumplimiento de disposiciones de derecho interno sino además, de las normas de los tratados internacionales a los que esa ley da posibilidad de aplicación. Queremos destacar, además, que el tema en cuestión está relacionado no sólo con la lucha contra la discriminación contra la mujer sino también con la que se lleva a cabo contra las formas contemporáneas de la esclavitud. En efecto, existen en los establecimientos en cuestión mujeres que trabajan las 24 horas del día, y cuya posibilidad de salir del lugar se ve extremadamente limitada. También está relacionado con la protección de los niños contra la explotación sexual (art. 34 de la Convención de los Derechos del Niño y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía) y la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y la trata de personas (“Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional”, ratificado por ley 25.632). IIIb) La violación de las disposiciones del art. 140 C.P. La interpretación de sus disposiciones a la luz de los tratados internacionales en materia de Derechos humanos
· Al margen de toda relación de subordinación en lo tocante a la elección de esa actividad, de las condiciones de trabajo y de remuneración, · Siendo responsables de ello, · A cambio de una remuneración que se le abona directa y plenamente Esto no es precisamente el caso de la actividad que se desarrolla en los prostíbulos que aquí se denuncian.
Esta disposiciones están en consonancia con las de la Convención para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena (ratificada por Ley nº 11.925) que establece expresamente: “Artículo 1 Las Partes en el presente Convenio se comprometen a castigar a toda persona que, para satisfacer las pasiones de otra: 1) Concertare la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de tal persona; 2) Explotare la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de tal persona. Artículo 2 Las Partes en el presente Convenio se comprometen asimismo a castigar a toda persona que: 1) Mantuviere una casa de prostitución, la administrare o a sabiendas la sostuviere o participare en su financiamiento; 2) Diere o tomare a sabiendas en arriendo un edificio u otro local, o cualquier parte de los mismos, para explotar la prostitución ajena”. También están en consonancia con el 34 de la Convención sobre los Derechos del Niño y el “Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía” (ratificado por ley 25.763). Los prostíbulos y agencias que explotan la prostitución ajena que integran la o las redes mencionadas operan en por las características de su actividad en circunstancias que permiten afirmar la existencia de un ambiente de intimidación o coerción, de aprovechamiento de una relación de dependencia y de poder para el mantenimiento de esa clase de ese accionar criminal. En efecto, rufianes capaces de desarrollar, en locales abiertos al público en plena ciudad, o mediante agencias que publicitan una actividad manifiestamente ilícita ante la vista y paciencia de las autoridades, que, además, disponen de personal de seguridad capaz de imponer el orden en un ambiente propio del hampa y que, asimismo, pueden hacer alarde de una relación de complicidad con funcionarios policiales y del Gobierno local son lo suficientemente temibles para que un puñado de mujeres jóvenes y socialmente vulnerables se vean doblegadas y se avengan, entre otras cosas, a aceptar las relaciones carnales promiscuas que se promueven y desarrollan en condiciones por demás degradantes e insalubres sin cuestionamiento.