Source: https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/24625
Timestamp: 2019-11-19 03:19:27
Document Index: 65416114

Matched Legal Cases: ['artículo 35', 'artículo 24', 'Artículo 117', 'Artículo 163', 'Artículo 37', 'Artículo 36']

Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 195/2015
SENTENCIA 195/2015, de 21 de septiembre
ECLI:ES:TC:2015:195
La representación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Toledo, se opusieron a la demanda al considerar que no era necesario someter nuevamente el proyecto de planeamiento a nueva información pública aunque se introdujeran modificaciones en el proyecto cualquiera que fuera el alcance de éstas, en atención a lo dispuesto en el art. 36.2 A) párrafo segundo (debe entenderse referido al párrafo tercero), del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio y de la actividad urbanística en Castilla-La Mancha y el art. 135.2 del Reglamento de planeamiento aprobado por Decreto 284/2004.
d) La Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de 27 de febrero de 2014, desestimó el recurso de casación. En la misma se transcribe el fundamento quinto de la STS de 13 de mayo de 2013, en la que entiende que lo resuelto por la STC 187/2012, de 29 de octubre, se circunscribía, según su propio tenor literal al “caso de autos” o al “caso concreto”, pues como en la STC 187/2012 se indica: “forma parte del conjunto de las facultades inherentes a la potestad de juzgar, privativa de los Jueces y Tribunales del Poder Judicial por mandato de la propia Constitución (art. 117.3), la de seleccionar la norma jurídica aplicable al caso concreto de entre las varias posibles, su interpretación y la subsunción en ellas de los hechos …(SSTC 76/1995, de 22 de mayo, FJ 5; 173/2002, de 9 de octubre, FJ 10; y 58/2004, de 19 de abril, FJ 14). En consecuencia, ninguna tacha de constitucionalidad podría merecer la determinación de la norma aplicable al caso por el juez ordinario”. La STS considera que seleccionar la norma aplicable, sin incluir ningún juicio eventual de constitucionalidad de normas autonómicas, no excede de los cometidos del Tribunal Supremo. Recoge los argumentos expuestos en la STS de 9 de diciembre de 2008, en la que se reconocía el carácter básico del art. 6.1 de la Ley 6/1998 y la inobservancia que supone que la regulación urbanística autonómica excluya la segunda información pública, aun cuando el documento de planeamiento aprobado inicialmente haya sufrido modificaciones sustanciales, sin ofrecer cauce alguno para cumplir el mandato contenido en la norma básica. Sostiene que del art. 149.3 CE se deriva la conclusión de que no siendo posible una interpretación autonómica que la haga conciliable con la legislación básica, la resolución de la controversia debe basarse en la aplicación de la norma básica dictada por el legislador estatal en ejercicio de competencias exclusivas.
f) Finalmente, tras admitir a trámite el incidente de nulidad de actuaciones, dando traslado a la otra parte personada por providencia de 30 de abril de 2014, dictó Auto acordando desestimar el incidente, argumentando que “al seleccionar esta Sala la norma aplicable al caso, sin realizar juicio alguno acerca de la constitucionalidad del ordenamiento autonómico, ha procedido conforme a sus potestades jurisdiccionales de resolver el pleito sustanciado sin haberse, por tanto, vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso justo del Ayuntamiento promotor del incidente, según esta misma Sala ha resuelto en su Auto de fecha 30 de abril de 2013 (recurso de casación 3013/2010) y en la propia sentencia cuya nulidad ahora se pide, razones por las que procede la desestimación de lo pedido por dicho Ayuntamiento … Los razonamientos expuestos conducen a la desestimación del incidente de nulidad de actuaciones”.
Afirma que las resoluciones judiciales han incurrido en un exceso de jurisdicción por inaplicación de las leyes autonómicas vigentes en materia de urbanismo sin el previo planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, con expresa vulneración de lo declarado en supuestos idénticos por el Tribunal Constitucional (entre otras en SSTC 187/2012 o 177/2013), cuando afirma que “la depuración del ordenamiento legal, vigente en la Constitución, corresponde de forma exclusiva al Tribunal Constitucional”. Considera el recurrente que “al vulnerar una de las garantías que integran el contenido del proceso debido, se ha colocado al Ayuntamiento de Toledo recurrente en amparo en situación de efectiva indefensión pues ni tuvo oportunidad ni ocasión de prever, dado el sometimiento judicial al imperio de la ley, tal preterición del sistema de fuentes, ni pudo hacer uso del trámite de alegaciones del artículo 35 LOTC”.
4. En virtud de providencia de la Sala Primera, de 25 de mayo de 2015, se acordó la admisión a trámite de la demanda de amparo, “apreciando que concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) porque el recurso puede dar ocasión al Tribunal para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de un proceso de reflexión interna [STC 155/2009, FJ 2 b)]”, y se acordó dirigir atenta comunicación a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Sección Quinta, y a la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, para que en el plazo de diez días remitieran certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al recurso de casación núm. 5116-2011 y del procedimiento ordinario núm. 556-2007, seguido respectivamente ante los mismos y practicaran los emplazamientos correspondientes. También se acordó en la misma formar la correspondiente pieza separada de suspensión, que previa la correspondiente tramitación, fue resuelta por Auto de esta Sala de 6 de julio de 2015.
A continuación, tras justificar el interés en que se mantengan la validez de las resoluciones judiciales impugnadas, afirma que no nos encontramos ante un supuesto de enfrentamiento entre las competencias estatales y autonómicas, sino “ante el caso de una ablación de un derecho constitucional (el de participación) por la Ley autonómica, en el que el Tribunal Supremo se ha limitado a aplicar el precepto que contiene (que es el precepto estatal)”. Por otra parte, sostiene que ante una eventual estimación del recurso de amparo, se plantee la cuestión de inconstitucionalidad del precepto autonómico para dar una solución definitiva al problema, en aras a preservar el derecho a la tutela judicial efectiva que impone una solución rápida al problema.
Posteriormente expone la doctrina plasmada en la STC 187/2012, al considerar que resolvía un supuesto análogo al planteado. Entiende que como en el caso resuelto por la citada Sentencia, ninguna tacha de constitucionalidad podría merecer la determinación de la norma aplicable al caso por el juez ordinario, salvo por los efectos que esa operación tiene en el caso de autos. En tal sentido, la selección de la norma prevalente impone como paso previo identificar la norma estatal básica y precisar su contenido, alcance y límites. Ello significa que el primitivo juicio de compatibilidad entre normas, requiera, en realidad un juicio de competencias atribuidas al Estado y a las Autonomías. Y como resultado del mismo, la eventual infracción de la norma estatal básica por la norma autonómica constituye lo que la doctrina constitucional ha venido a denominar inconstitucionalidad de carácter mediato o indirecto, en cuanto afecta al orden constitucional de distribución de competencias, cuya declaración le corresponde al Tribunal Constitucional, determinando si la norma estatal se desenvuelve dentro del marco de las competencias del Estado, esto es, si la calificación de básico realizada por el legislador ha sido correcta —en tal sentido cita las SSTC 156/1995 y 194/2004—.
Por otra parte razona que los órganos judiciales aplicaron la cláusula de prevalencia del derecho estatal del art. 149.3 CE, pero partiendo de la consideración de la norma estatal como básica, pero dicha prevalencia opera en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de las Comunidades Autónomas. Con cita de las SSTC 162/2009 y 163/1995 indica que las competencias legislativas de desarrollo resultantes de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía derivan de tales normas y en tal sentido el control es “control de constitucionalidad”.
1. El recurso de amparo que resolvemos tiene por objeto enjuiciar si las resoluciones dictadas en el proceso seguido ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, lesionaron los derechos fundamentales de los recurrentes a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) y a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), por incurrir los órganos judiciales en exceso de jurisdicción al rechazar la aplicación del art. 36.2 A) párrafo segundo ( debe entenderse referido al párrafo tercero), del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio y de la actividad urbanística, sin elevar cuestión de inconstitucionalidad ante este Tribunal.
2. Centrado el objeto del recurso de amparo y antes de proceder a examinar los motivos de inadmisión invocados en la demanda, procede ahondar en la razón por la que se admitió a trámite la misma, apuntada en la providencia de 25 de mayo de 2015. En dicha providencia apreciábamos que el recurso podía dar ocasión al Tribunal para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de un proceso de reflexión interna [STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2 b)]. En tal sentido, dos son los aspectos sobre los que debemos profundizar en atención a las peculiaridades que presenta el recurso. Por una parte, el alcance de la legitimación activa del Ayuntamiento de Toledo para impetrar amparo constitucional frente a las resoluciones impugnadas, y por otra, en relación con el proceso aplicativo de las leyes, precisar los límites de las facultades inherentes a la potestad de juzgar, privativas de los Jueces y Tribunales (art. 117.3 CE) en orden a seleccionar la norma jurídica aplicable al caso concreto de entre las varias posibles, cuando las mismas son normas con rango de ley, contribuyendo de este modo a precisar nuestros pronunciamientos anteriores.
En pronunciamientos anteriores, este Tribunal ha reconocido la legitimación activa de una Comunidad Autónoma para acudir en amparo para cuestionar la inaplicación de una ley autonómica. En efecto, en la STC 173/2002, de 9 de octubre, FJ 4, en un proceso similar al planteado en el caso de autos, en el que la Sentencia objeto de impugnación también inaplicó una ley autonómica, declaramos que “lo que subyace en el presente proceso constitucional, mediante la pretensión de amparo deducida por la Generalidad, no es ya sólo la defensa del interés general cuya tutela le corresponde a la Administración demandante, sino también, y especialmente, la protección de los principios básicos de un sistema democrático encarnados en la dignidad de una ley aprobada por un Parlamento autonómico”. Dicho pronunciamiento fue reiterado en idénticos términos en la STC 187/2012, de 29 de octubre, en el que nuevamente intervenía como recurrente la Generalitat de Cataluña.
A tal fin, debemos partir de la doctrina que, con cita de otras Sentencias, se sintetizó en la STC 164/2008, de 15 de diciembre, FJ 3. En la misma recordamos que “los derechos fundamentales y las libertades públicas son derechos individuales que tienen al individuo por sujeto activo y al Estado por sujeto pasivo en la medida en que tienden a reconocer y proteger ámbitos de libertades o prestaciones que los poderes públicos deben otorgar o facilitar a aquéllos (STC 64/1988, de 12 de abril, FJ 1). Por este motivo existen importantes dificultades para reconocer la titularidad de derechos fundamentales a las entidades de Derecho público, pues la noción misma de derecho fundamental que está en la base del art. 10 CE, resulta poco compatible con entes de naturaleza pública (STC 91/1995, de 19 de junio, FJ 2). En consecuencia, lo que con carácter general es predicable de las posiciones subjetivas de los particulares, no puede serlo, con igual alcance y sin más matización, de las que tengan los poderes públicos, frente a los que, principalmente, se alza la garantía constitucional (STC 129/2001, de 4 de junio, FJ 3)”. Por esta razón, continuaba exponiendo la referida Sentencia que respecto a las personas jurídico-públicas, cuando el Ordenamiento jurídico les reconoce la capacidad para ser parte en los procesos, en orden a la aplicación de la tutela judicial y su protección por la vía del amparo constitucional, se ha venido distinguiendo entre la defensa de sus derechos e intereses legítimos y la defensa de sus actos y potestades administrativas. Y que “cuando el objeto de la tutela judicial lo configura la defensa de los actos de las Administraciones públicas dictados en el ejercicio de sus potestades administrativas, la protección que el artículo 24 CE les otorga se limita a no padecer indefensión en el proceso, lo cual implica, exclusivamente, que se les respeten los derechos procesales que establece el art. 24 CE. Esto quiere decir que la Administración no tiene un derecho a la tutela judicial efectiva susceptible de ser amparado en defensa de sus potestades, sino que únicamente posee las restantes garantías que le dispensa el art. 24 CE, pero desde una dimensión estrictamente procesal o, lo que es lo mismo, desde el punto de vista de las facultades inherentes a la condición de parte en el proceso (STC 175/2001, de 26 de julio, FFJJ 4 a 8)”.
De lo anterior resulta que, dado que la parte actora es una Administración pública que impetra el auxilio de este Tribunal en defensa de un acto dictado en el ejercicio de sus potestades administrativas (planeamiento urbanístico), una vez que ha accedido al proceso “tiene únicamente derecho a no sufrir indefensión, lo que supone el reconocimiento de las facultades inherentes a la condición de parte en el proceso previstas en el art. 24 CE” (SSTC 41/1997, de 10 de marzo, FJ 5; 237/2000, de 16 de octubre, FJ 2; 175/2001, de 26 de julio, FJ 8; 56/2002, de 11 de marzo, FJ 3; 173/2002, de 9 de octubre, FJ 4, y 58/2004, de 19 de abril, FJ 4).
Ciertamente hemos declarado en distintas ocasiones que la indebida prolongación de la vía judicial previa por causa de la interposición de un recurso no autorizado por la Ley puede ocasionar la extemporaneidad del recurso de amparo por prórroga indebida del plazo establecido en el art. 44.2 LOTC. Pero para que dicha consecuencia se produzca, este Tribunal ha venido exigiendo que la improcedencia del recurso sea evidente, esto es, comprobable prima facie sin intervención de dudas interpretativas que sea necesario despejar por medio de criterios no absolutamente indiscutibles, ya que el respeto debido al derecho de la parte a utilizar cuantos recursos considere útiles para la defensa de sus intereses impide exigirle que se abstenga de emplear aquellos cuya improcedencia sea razonablemente dudosa y, en consecuencia, que asuma el riesgo de incurrir en una falta de agotamiento de la vía judicial previa (entre otras muchas, STC 135/2007, de 4 de junio, FJ 4 y las que en ella se citan). De este modo, es doctrina consagrada que debe permitirse la utilización de cuantos recursos se consideren útiles para la defensa de los intereses de las partes, “siempre que no se vislumbre en ello una intención meramente dilatoria o defraudadora del carácter preclusivo y perentorio del plazo para demandar en amparo” (así, SSTC 352/1993, de 29 de noviembre, FJ 2; 122/1996, de 8 de julio, FJ 3; 267/2000, de 13 de noviembre, FJ 2; 131/2004, de 19 de julio, FJ 2; 77/2005, de 4 de abril, FJ 2, y 233/2005, de 26 de septiembre, FJ 2).
Como ha quedado expuesto en los antecedentes, tanto el recurrente, como el Ministerio Fiscal y la personada Junta de Comunidades de Castilla La-Mancha, alegan que las resoluciones impugnadas han incurrido en un exceso de jurisdicción al desplazar el art. 36.2 A) párrafo segundo ( debe entenderse referido al párrafo tercera), texto refundido de la Ley de ordenación del territorio y de la actividad urbanística por considerar que infringía el art. 6.1 de la Ley sobre régimen del suelo y valoraciones (LRSV), así como la jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo sobre el trámite de información pública en la elaboración de los instrumentos de planeamiento. Entiende que con dicho proceder se incumpliría la doctrina del Tribunal Constitucional concretamente establecida en las SSTC 187/2012 o 177/2013. Por otra parte, el demandante de amparo, añade que dicho incumplimiento obedece a un apartamiento de modo consciente de la doctrina constitucional, lo que a su vez supone, la quiebra del mandato recogido en el art. 5.1 LOPJ.
Así planteada la cuestión es obligado traer a colación el razonamiento contenido en la Sentencia del Tribunal Supremo recurrida. El Tribunal Supremo, en dicha Sentencia, avala la decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla- La Mancha, reiterando el argumento expuesto en el ATS de 30 de abril de 2013, que resolvía el incidente de nulidad de actuaciones deducido en el recurso de casación núm. 3013-2010, cuyas razones también fueron reproducidas en la STS 13 de mayo de 2013 (recurso de casación núm. 3400-2009). En tales resoluciones, cuyo contenido se ha expuesto en los antecedentes, el Tribunal Supremo entabla un diálogo con la STC 187/2012. A tal fin, efectúa una exégesis del contenido de la referida Sentencia, con cita literal de diversos párrafos, concluyendo que la doctrina del Tribunal Constitucional no parece plantear reparo sobre la operación, genuinamente jurisdiccional, de seleccionar la norma aplicable, obedeciendo el otorgamiento del amparo, a razones estrechamente vinculadas con el caso concreto examinado.
Tal modo de razonar, en modo alguno permite constatar que exista una voluntad manifiesta de no aplicar la doctrina constitucional o una decisión consciente de soslayar la misma, sino que, como bien indica el Ministerio Fiscal en sus alegaciones, sugiere una actitud “respetuosa” —expresión literalmente utilizada en la Sentencia impugnada—, con la doctrina del Tribunal y ello con independencia del acierto de la decisión adoptada que en nada afectaría al mandato contenido en el art. 5.1 LOPJ al que alude el recurrente.
Afirmábamos en la STC 187/2012 que este Tribunal tiene declarado que forma parte del conjunto de las facultades inherentes a la potestad de juzgar, privativa de los Jueces y Tribunales del Poder Judicial por mandato de la propia Constitución (art. 117.3 CE), la de seleccionar la norma jurídica aplicable al caso concreto de entre las varias posibles, su interpretación y la subsunción en ellas de los hechos. E indicamos que “en consecuencia, ninguna tacha de constitucionalidad podría merecer la determinación de la norma aplicable al caso por el juez ordinario”. Sin embargo, señalábamos también en dicha resolución la necesidad de atender a los efectos que en cada caso se deriven de dicha operación de selección de la norma aplicable. Tales efectos eran la realización implícita del encuadramiento competencial de la norma legal autonómica cuya aplicación se pretendía, que determinó el desplazamiento e inaplicación de la misma, sin plantear la cuestión de inconstitucionalidad. Lo que a su vez comportaba su reiterada inaplicación y producía un efecto parecido a la derogación de la norma inaplicada pese a tratarse de una ley postconstitucional.
Ateniéndonos al supuesto de autos, ha de resaltarse que la inaplicación de la norma autonómica al caso enjuiciado se produce al considerar los órganos jurisdiccionales que esta es contraria a la ley básica estatal. En otras palabras, por entender que “una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo es contraria a la Constitución” (art. 163 CE) o, más precisamente, al bloque de la constitucionalidad, del que forman parte las leyes básicas (art.28.1 LOTC).
Por ello, los órganos jurisdiccionales debieron plantear la cuestión de inconstitucionalidad conforme dispone el art. 163 CE. Porque, como señalábamos en la STC 187/2012, de 29 de octubre (FJ 8), con cita de las SSTC 73/2000, de 14 de marzo, FJ 4; 104/2000, de 13 de abril, FJ 8; 120/2000, de 10 de mayo, FJ 3; 173/2002, de 9 de octubre, FJ 9 y 66/2011, de 16 de mayo, FJ 6, los “órganos jurisdiccionales no pueden fiscalizar las normas postconstitucionales con rango de ley”, en tanto que “el constituyente ha querido sustraer al juez ordinario la posibilidad de inaplicar una ley postconstitucional ante un eventual juicio de incompatibilidad con la Constitución … La depuración del ordenamiento legal, vigente la Constitución, corresponde de forma exclusiva al Tribunal Constitucional, que tiene la competencia y la jurisdicción para declarar, con eficacia erga omnes, la inconstitucionalidad de las leyes, tanto más cuanto en un sistema democrático la ley es expresión de la voluntad popular —como se declara en el preámbulo de nuestra Constitución— y es principio básico del sistema democrático y parlamentario hoy vigente en España”.
7. Lo anteriormente expuesto permite concluir que la facultad de seleccionar la norma jurídica aplicable al caso concreto, inherente a la potestad de juzgar y privativa de los Jueces y Tribunales del Poder Judicial (art. 117.3 CE), a la que aluden las resoluciones impugnadas como fundamento de su decisión, no alcanza a desplazar una ley postconstitucional ante un eventual juicio de incompatibilidad con la Constitución, sin que a ello se oponga que la contradicción con la Constitución no sea directa, sino mediata, esto es por una eventual contradicción de la norma legal autonómica con la legislación estatal básica. En este sentido, “comprobar si la calificación de lo básico realizada por el legislador ha sido correcta es función privativa de este Tribunal” (STC 156/1995, de 26 de octubre, FJ 4), a quien le corresponde determinar si la norma estatal se desenvuelve dentro del marco de las competencias del Estado y en consecuencia si la legislación autonómica infringe el bloque de distribución de competencias. De lo que se sigue que los órganos judiciales al inaplicar la norma legal autonómica por considerarla contraria a las bases estatales, sin plantear la cuestión de inconstitucionalidad, han desbordado los contornos propios de su potestad jurisdiccional (art. 117.1 CE), y con ello han vulnerado los derechos fundamentales consagrados en los arts. 24.1 y 24.2 CE.
1º Reconocer el derecho de los demandantes a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE).
2º Declarar la nulidad de la Sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, de 26 de julio de 2011, recurso contencioso-administrativo núm. 556-2007, así como la Sentencia de 27 de febrero de 2014 y el Auto de 15 de julio de 2014, dictados en el recurso de casación núm. 207-2011 por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
3º Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al señalamiento para votación y fallo del recurso núm. 556-2007, para que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha dicte nueva Sentencia respetuosa con los derechos fundamentales vulnerados.
1. Voto particular que formula el Magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos a la Sentencia dictada en el recurso de amparo núm. 6011-2014.
Esta doctrina constitucional ha sido desde sus inicios objeto de opiniones minoritarias (así, SSTC 1/2003, de 16 de enero; 66/2011, de 16 de mayo, o 177/2013, de 21 de octubre), a las que me adhiero y que son también el fundamento de mis discrepancias con la solución alcanzada en el presente recurso de amparo. Comparto lo expuesto en esos diversos votos particulares, cuando ponen de manifiesto que en estos casos las colisiones entre leyes autonómicas y leyes básicas estatales modificadas después de la aprobación de aquéllas pueden y deben ser resueltas bien mediante una interpretación de los preceptos en controversia que permita conjugar su aplicación, haciendo prevalecer la interpretación de las leyes que es conforme con la Constitución y el orden constitucional de competencias; bien, cuando dicha interpretación conjunta no fuera posible, dando aplicación, conforme a lo establecido en el art. 149.3, inciso 3, CE, a la normativa básica estatal. La legislación básica debe prevalecer sobre las leyes autonómicas que, a pesar de haber sido aprobadas válidamente en su momento, no resultan del ejercicio de competencias exclusivas —en sentido estricto— de las Comunidades Autónomas, sino de competencias de “desarrollo legislativo” de las bases del Estado, como era aquí el caso. Esta prevalencia, sin embargo, como he defendido ya desde antiguo, no es un supuesto de declaración de nulidad de la norma autonómica cuyo monopolio competa al Tribunal Constitucional ex art. 163 CE. Es un supuesto de inaplicación en que la normativa autonómica resulta desplazada por criterios de prevalencia que, como labor de interpretación y aplicación de normas en conflicto, puede ser desarrollada con naturalidad por los órganos judiciales, sin perjuicio de un eventual control posterior por parte de este Tribunal Constitucional.
Madrid, a veintiuno de septiembre de dos mil quince.
Tipo y número de registro Recurso de amparo 6011-2014
Promovido por el Ayuntamiento de Toledo en relación con las resoluciones dictadas por las Salas de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha estimatorias de la impugnación de la Orden de la Consejería de Vivienda y Urbanismo, que aprobó definitivamente el plan de ordenación municipal de Toledo.
El Ayuntamiento de Toledo solicita amparo por una posible vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión y a un proceso con todas las garantías, en un proceso seguido ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en el que los órganos judiciales rechazaron aplicar un precepto de la Ley autonómica de ordenación del territorio y de la actividad urbanística por considerar que infringía la Ley básica sobre régimen de suelo y valoraciones y la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Se otorga el amparo reiterando la doctrina contenida en la STC 173/2002, de 9 de octubre, según la cual, si bien corresponde a los órganos jurisdiccionales seleccionar la norma aplicable a cada caso concreto, éstos no pueden fiscalizar normas postconstitucionales con rango de ley, dado que dicha función corresponde en exclusiva al Tribunal constitucional.
En cuanto a la legitimación del Ayuntamiento de Toledo, se afirma que, dándose el exceso de jurisdicción, se habría llevado al recurrente a una situación de efectiva indefensión respecto de sus potestades, al haber privado de eficacia la actuación administrativa que de otro modo habría desplegado sus efectos hasta la resolución de la cuestión de inconstitucional.
La especial trascendencia constitucional de este caso reside en la necesidad de aclarar la doctrina en relación con la potestad privativa de los jueces y tribunales para juzgar y seleccionar la norma jurídica aplicable al caso concreto que, en caso de determinar la necesaria aplicación de una norma que consideren contraria al bloque de la constitucionalidad, deben plantear cuestión de inconstitucionalidad.
La facultad de seleccionar la norma jurídica aplicable al caso concreto, inherente a la potestad de juzgar y privativa de los Jueces y Tribunales del Poder Judicial (art. 117.3 CE), a la que aluden las resoluciones impugnadas como fundamento de su decisión, no alcanza a desplazar una ley postconstitucional ante un eventual juicio de incompatibilidad con la Constitución, sin que a ello se oponga que la contradicción con la Constitución no sea directa, sino mediata, esto es por una eventual contradicción de la norma legal autonómica con la legislación estatal básica [FJ 7].
En las resoluciones que originan el amparo, la inaplicación de la norma autonómica al caso enjuiciado se produce al considerar los órganos jurisdiccionales que esta es contraria a la ley básica estatal; cuando lo correcto hubiese sido plantear la pertinente cuestión de inconstitucionalidad [FJ 6].
No existe una voluntad manifiesta de no aplicar la doctrina constitucional o una decisión consciente de soslayar la misma, sino que se sugiere una actitud respetuosa con la doctrina del Tribunal y ello con independencia del acierto de la decisión adoptada [FJ 5].
Comprobar si la calificación de lo básico realizada por el legislador ha sido correcta es función privativa de este Tribunal, que determina si la norma estatal se desenvuelve dentro del marco de las competencias del Estado y en consecuencia si la legislación autonómica infringe el bloque de distribución de competencias; motivo por el que los órganos judiciales, al inaplicar la norma legal autonómica por considerarla contraria a las bases estatales sin plantear la cuestión de inconstitucionalidad, desbordan los contornos de su potestad jurisdiccional, vulnerándose los derechos fundamentales consagrados en los arts. 24.1 y 24.2 CE (STC 156/1995) [FJ 7].
Este recurso da ocasión al Tribunal para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de un proceso de reflexión interna, en dos aspectos: determinar el alcance de la legitimación activa de un ente local como el Ayuntamiento de Toledo para impetrar amparo constitucional frente a las resoluciones impugnadas, y, en relación con el proceso aplicativo de las leyes, precisar los límites de las facultades inherentes a la potestad de juzgar, privativas de los Jueces y Tribunales (art. 117.3 CE) en orden a seleccionar la norma jurídica aplicable al caso concreto de entre las varias posibles, cuando son normas con rango de ley (STC 155/2009) [FJ 2].
Debe reconocerse legitimación al Ayuntamiento de Toledo, en tanto que ente local, para impetrar el auxilio de este tribunal a través del recurso de amparo [FJ 3].
Una Administración pública, una vez que ha accedido al proceso, tiene únicamente derecho a no sufrir indefensión, lo que supone el reconocimiento de las facultades inherentes a la condición de parte en el proceso previstas en el art. 24 CE y la posibilidad de impetrar el auxilio del Tribunal Constitucional en defensa de un acto dictado en el ejercicio de sus potestades administrativas (SSTC 41/1997; 237/2000; 175/2001; 56/2002; 173/2002 y 58/2004) [FJ 3].
Doctrina sobre sobre la titularidad de las Administraciones públicas de derechos fundamentales y la posibilidad de ostentar legitimación activa para interponer recurso de amparo (STC 164/2008) [FJ 3].
No cabe acoger la objeción de extemporaneidad planteada, ya que la formulación del incidente de nulidad de actuaciones no puede considerarse como un recurso manifiestamente improcedente cuya interposición conlleva un alargamiento indebido de la vía judicial previa al recurso de amparo [FJ 4].
El propio órgano judicial, que admitió a trámite y dio traslado de la pretensión anulatoria a las demás partes, entró a conocer sobre el fondo de las quejas formuladas por el demandante de amparo y desestimó las vulneraciones atribuidas a la resolución impugnada [FJ 4].
Cuando el incidente de nulidad de actuaciones –pese a haber sido interpuesto de modo que pudiera resultar dudoso con su regulación legal– es admitido a trámite, analizado y resuelto por el órgano judicial, debe rechazarse este óbice procesal si la demanda de amparo se presenta ante este Tribunal dentro del plazo establecido (SSTC 76/2009, FJ 2; 66/2011, FJ 2; 68/2014, de 5 de mayo) [FJ 4].
Se determina la retroacción de actuaciones al momento inmediatamente anterior a dictarse la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, como solicita el Ministerio Fiscal, a los efectos de que por dicho Tribunal se dicte otra resolución que resulte respetuosa con los derechos fundamentales reconocidos [FJ 8].
Artículo 117.3, ff. 2, 6, 7
Artículo 163, f. 6, VP
Artículo 37.3 (redactado por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo), f. 3
Artículo 36.2 a), párrafo 3, ff. 1, 5, 7
Sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 27 de febrero de 2014 (recurso de casación núm. 207-2011)
Auto de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 15 de julio de 2014 (recurso de casación núm. 207-2011)
Derecho a la tutela judicial efectivaDerecho a la tutela judicial efectiva, Vulnerado, ff. 7, 8
Derecho a un proceso con todas las garantíasDerecho a un proceso con todas las garantías, Vulnerado, ff. 7, 8
Titularidad por las personas jurídicas públicasTitularidad por las personas jurídicas públicas, ff. 2, 3