Source: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-0386_ES.html?redirect
Timestamp: 2019-06-16 06:02:10
Document Index: 201957826

Matched Legal Cases: ['artículo 10', 'artículo 125', 'artículo 2', 'artículo 318', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 13', 'artículo 17', 'artículo 333', 'artículo 20', 'artículo 138', 'artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 9', 'artículo 3', 'artículo 136', 'artículo 125', 'Artículo 13', 'artículo 312', 'artículo 312', 'artículo 24', 'artículo 7', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 3', 'artículo 48', 'artículo 136', 'artículo 352', 'artículo 333', 'artículo 121', 'artículo 194', 'artículo 54', 'artículo 116', 'artículo 47', 'artículo 22', 'artículo 21', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 20', 'artículo 218', 'artículo 218', 'artículo 42', 'artículo 46', 'artículo 42', 'artículo 44', 'artículo 41', 'artículo 42', 'artículo 208', 'artículo 88', 'artículo 352', 'artículo 70', 'artículo 222', 'artículo 78', 'artículo 81', 'artículo 48', 'artículo 83', 'artículo 70', 'artículo 2', 'artículo 86', 'artículo 6', 'artículo 48', 'artículo 312', 'artículo 15', 'artículo 10', 'artículo 24', 'artículo 7', 'artículo 318', 'artículo 166', 'Artículo 318', 'artículo 318', 'artículo 318', 'artículo 319', 'artículo 287', 'artículo 86']

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PE 573.146v02-00 A8-0386/2016
sobre mejora del funcionamiento de la construcción de la Unión Europea aprovechando el potencial del Tratado de Lisboa
Ponentes: Mercedes Bresso, Elmar Brok
– Vista la Declaración del 9 mayo de 1950, que indicó que el establecimiento de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero constituía «el primer paso en la federación de Europa»,
– Vista su Resolución, de 20 de febrero de 2008, sobre el Tratado de Lisboa(1),
– Vista su Resolución, de 7 de mayo de 2009, sobre las repercusiones del Tratado de Lisboa en la evolución del equilibrio institucional en la Unión Europea(2),
– Vista su Resolución de 13 de marzo de 2014, sobre la aplicación del Tratado de Lisboa en lo que respecta al Parlamento Europeo(3),
– Vistos los dictámenes del Comité Económico y Social Europeo de 16 de septiembre de 2015(4),
– Visto el dictamen del Comité de las Regiones de 8 de julio de 2015(5),
– Visto el Informe de los cinco presidentes (Comisión, Consejo, Eurogrupo, Parlamento y BCE) sobre completar la Unión Económica y Monetaria Europea,
– Vista su Resolución de 12 de abril de 2016 relativa a los informes anuales sobre subsidiariedad y proporcionalidad(6), y el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales respecto a dicho informe;
H. Considerando que, con arreglo al artículo 10, apartado 2, del TFUE, el Parlamento Europeo representa a los ciudadanos de la Unión, con independencia de su nacionalidad, y el Consejo representa a los nacionales de los Estados miembros a través de los Gobiernos nacionales;
L. Considerando que la unidad de responsabilidad y control es un prerrequisito fundamental para la estabilidad de cualquier marco institucional y, en particular, con respecto a los asuntos económicos, fiscales y monetarios; que la política económica de la UE se basa en una sólida propiedad nacional de los Estados miembros, incluido el principio de «no corresponsabilidad financiera» del artículo 125 del TFUE; que el aumento de poderes conferido al nivel europeo implica la aceptación de la reducción de la soberanía nacional de los Estados miembros;
O. Considerando que el artículo 2 del Protocolo (n.º 14) sobre el Eurogrupo no especifica que el presidente del Eurogrupo deba ser elegido de entre los miembros de este;
Q. Considerando que el Tratado de Lisboa ha reafirmado el marco jurídico que confía al Tribunal de Cuentas los cometidos de fomento de la responsabilidad pública y asistencia al Parlamento y al Consejo en la supervisión de la ejecución del presupuesto de la Unión contribuyendo, así, a la protección de los intereses financieros de los ciudadanos; considerando que el artículo 318 del citado Tratado prevé un diálogo adicional entre el Parlamento y la Comisión y que debe promover una cultura orientada a los resultados en la ejecución del presupuesto de la Unión;
V. Considerando que la estructura institucional de la UEM debe transformarse en un gobierno económico eficaz y democrático en el que el Parlamento y el Consejo actúan como colegisladores en pie de igualdad, la Comisión cumple la función de ejecutivo, los Parlamentos nacionales controlan mejor las acciones de los Gobiernos nacionales a nivel europeo, el Parlamento Europeo hace lo propio con la toma de decisiones en el nivel de la UE y el Tribunal de Justicia tiene un papel de más peso;
Y. Considerando que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) puso al Parlamento Europeo en igualdad de condiciones con el Consejo en cuanto al procedimiento presupuestario anual; considerando que el Tratado de Lisboa solo se ha aplicado parcialmente en materia presupuestaria, en particular debido a la ausencia de verdaderos recursos propios;
AA. Considerando que, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012, el principio de universalidad del presupuesto no impide que un grupo de Estados miembros asigne una contribución financiera al presupuesto de la UE o un ingreso determinado a un gasto específico, como ya está ocurriendo, por ejemplo, con el reactor de alto flujo en virtud de la Decisión 2012/709/Euratom;
AB. Considerando que los ingresos afectados en cuanto al artículo 21 del Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012, con arreglo al considerando 8 del Reglamento del Marco Financiero Plurianual n.º 1311/2013, no son parte del MFP y, por tanto, no están incluidos en los límites máximos del MFP;
AD. Considerando que la UE debe dotarse de una mayor capacidad de inversión gracias a un uso óptimo de los Fondos Estructurales existentes y a la utilización del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, así como al incremento de las capacidades del BEI, del FEI y del FEIE;
AU. Considerando que el acuerdo firmado por los jefes de Estado o de Gobierno establece el derecho de seguir profundizando la UEM y que solo el Reino Unido está exento de una mayor integración política, sin perjuicio del Tratado de Lisboa y de las obligaciones y derechos de los demás Estados miembros e instituciones, incluidos los plenos derechos legislativos del Parlamento Europeo, sobre la base de una propuesta de la Comisión tras el resultado del referéndum;
AV. Considerando que la discriminación por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual sigue siendo un problema en todos los Estados miembros;
AW. Considerando que las últimas crisis han revelado que la aproximación de disposiciones jurídicas no es suficiente para garantizar el funcionamiento del mercado interior o el área de libertad, seguridad y justicia, debido a las diferencias en la aplicación de las disposiciones jurídicas armonizadas;
AX. Considerando que el legislador de la Unión puede no conferir facultad discrecional a las agencias de la Unión que requiera decisiones políticas;
AY. Considerando que el legislador de la Unión tiene que garantizar un control político suficiente de las decisiones y actividades de las agencias de la Unión;
AZ. Considerando que el incumplimiento por parte de los Estados miembros de los acuerdos adoptados en las cumbres europeas y en los Consejos Europeos deteriora gravemente la credibilidad de las instituciones europeas y que, en consecuencia, debe asegurarse de manera más eficaz su ejecución;
7. Considera que las soluciones intergubernamentales deben ser solo un instrumento de último recurso sometido a condiciones estrictas, en particular al cumplimiento de las leyes de la Unión, al objetivo de ahondar en la integración europea, y la apertura a la adhesión por parte de los Estados miembros no participantes; considera que dichas soluciones deben sustituirse cuanto antes por procedimientos de la Unión, incluso en ámbitos en que no todos los Estados miembros cumplen las condiciones de participación, para permitir a la Unión desempeñar sus funciones dentro de un marco institucional único; manifiesta su oposición, en este sentido, a la creación de nuevas instituciones fuera del marco de la Unión, y sigue defendiendo la incorporación al Derecho de la Unión del Mecanismo Europeo de Estabilidad, siempre y cuando se establezca para el mismo un control adecuado en el Parlamento Europeo, y de las disposiciones pertinentes del Pacto Presupuestario, tal como se prevé en el propio TECG, sobre la base de una evaluación de la experiencia en su aplicación;
13. Considera necesario que la Comisión reforme la Iniciativa Ciudadana Europea para transformarla en una herramienta funcional de participación democrática, teniendo en cuenta el informe de propia iniciativa de 28 de octubre de 2015, y pide a la Comisión, entre otras cosas, que dé a conocer y confiera un gran protagonismo a la Iniciativa, haga más intuitivo su software para la recogida de firmas en línea, haciéndolo accesible para las personas con discapacidad, facilite orientaciones jurídicas y prácticas adecuadas y completas, considere la posibilidad de crear una oficina específica para la Iniciativa en sus representaciones en cada Estado miembro, explique con detalle las razones para rechazar una Iniciativa Ciudadana Europea y estudie formas de remitir las propuestas que figuran en las iniciativas que puedan quedar al margen del ámbito de competencias de la Comisión a autoridades más apropiadas;
16. Considera necesario que el Parlamento Europeo reforme sus métodos de trabajo con el fin de hacer frente a los retos que se avecinan, reforzando el ejercicio de sus funciones de control político sobre la Comisión, también en relación con la ejecución y la aplicación del acervo comunitario en los Estados miembros, limitando los acuerdos en primera lectura a casos excepcionales de urgencia o en que haya sido adoptada una decisión explícita, y, en tales casos, mejorando la transparencia del procedimiento conducente a la adopción de dichos acuerdos; recuerda asimismo, en este sentido, las propuestas del Parlamento para la ulterior armonización de su propio procedimiento electoral, contenidas en su resolución de 11 de noviembre de 2015 sobre la reforma de la ley electoral de la Unión Europea;
21. Destaca la importancia de la cooperación entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales en organismos conjuntos, como la Conferencia de los Órganos Especializados en Asuntos Europeos (COSAC), la Conferencia Interparlamentaria sobre Política Exterior y de Seguridad Común y en el marco del artículo 13 del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria, sobre la base de los principios de consenso, intercambio de información y consulta, con el fin de ejercer su control sobre sus respectivas administraciones; pide a la Comisión y al Consejo que participen a un nivel político elevado en las reuniones interparlamentarias; subraya la necesidad de una cooperación más estrecha entre las comisiones del Parlamento Europeo y sus homólogos nacionales dentro de estos organismos conjuntos, reforzando la coherencia, la transparencia y el mutuo intercambio de información;
31. Cree que es posible fusionar los cargos de presidente del Eurogrupo y de comisario de Asuntos Económicos y Financieros, en cuyo caso propondría que el presidente de la Comisión nombrase a dicho comisario como vicepresidente de la Comisión; considera que el comisario de Asuntos Económicos y Financieros —al que deberían otorgarse todos los medios y capacidades necesarias para aplicar y hacer cumplir el marco de gobernanza económica existente, a semejanza, por ejemplo, de lo que ocurre con el comisario de la Competencia— podría denominarse «ministro de Finanzas de la Unión Europea» tras la creación de una capacidad fiscal y de un Fondo Monetario Europeo;
32. Señala la necesidad de modificar el acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea a fin de incluir una obligación jurídica para que el Presidente de la Comisión utilice su derecho a solicitar la dimisión del Ministro de Hacienda de la UE, con arreglo al artículo 17, apartado 6, del TUE, si el Parlamento Europeo así lo decide por una mayoría de sus diputados;
33. Pide que, dentro del actual marco del Tratado, el presidente y los miembros del Eurogrupo estén sometidos a unos mecanismos adecuados de control democrático por el Parlamento Europeo, y en particular que el presidente deba responder a las preguntas parlamentarias que se le formulen; pide asimismo que se apruebe un reglamento interno y se publiquen resultados;
34. Pide que el Consejo pase a decidir únicamente por mayoría cualificada, siempre que ello sea posible conforme a los Tratados, y que abandone la práctica de trasladar los ámbitos legislativos controvertidos al Consejo Europeo, ya que va en contra del espíritu y la letra del Tratado, que dispone que el Consejo Europeo solo puede decidir por unanimidad y únicamente sobre objetivos políticos generales, no sobre la legislación;
35. Está decidido a aplicar plenamente las disposiciones del Tratado sobre cooperación reforzada, comprometiéndose a no dar su consentimiento a nuevas propuestas de cooperación reforzada a menos que los Estados miembros participantes se comprometan a su vez a activar la «cláusula pasarela» establecida en el artículo 333 del TFUE para sustituir la unanimidad por la mayoría cualificada y los procedimiento legislativos especiales por el procedimiento legislativo ordinario;
36. Insiste en que es importante aprovechar plenamente el procedimiento de cooperación reforzada previsto en el artículo 20 del TUE, en especial entre los miembros de la zona del euro, de modo que los Estados miembros que deseen instaurar entre sí una cooperación reforzada en el marco de las competencias no exclusivas de la Unión puedan favorecer, a través de este mecanismo, la realización de los objetivos de la Unión e intensificar su proceso de integración, dentro de los límites y con arreglo a las modalidades previstos en los artículos 326 a 334 del TFUE;
37. Está decido a fortalecer el papel del Parlamento en la elección del presidente de la Comisión, reforzando las consultas formales de sus grupos políticos con el presidente del Consejo Europeo, como se prevé en la Declaración n.º 11 aneja al Acta Final de la Conferencia intergubernamental que adoptó el Tratado de Lisboa, con el fin de garantizar que el Consejo Europeo tenga plenamente en cuenta los resultados de las elecciones a la hora de presentar un candidato al Parlamento Europeo para su elección, como fue el caso en las elecciones europeas de 2014;
38. Reitera la necesidad de que todas las propuestas de la Comisión estén plenamente justificadas y acompañadas de una evaluación de impacto detallada, así como de una evaluación respecto de los derechos humanos;
39. Opina que podrá potenciarse la independencia del presidente de la Comisión si cada Estado miembro nombra al menos tres candidatos de ambos sexos que el presidente electo o la presidenta electa puedan considerar para cubrir cargos en su Comisión;
40. Insiste en la necesidad de garantizar una mejor coordinación y representación de la Unión y de la zona del euro en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial y en el resto de instituciones financieras internacionales, y señala que el artículo 138, apartado 2 del TFUE establece un fundamento jurídico para la aprobación de medidas destinadas a garantizar una representación unificada de la Unión Europea y de la zona del euro en las instituciones y conferencias financieras internacionales;
41. Pide el establecimiento de un «diálogo» formalizado y periódico organizado por el Parlamento Europeo sobre cuestiones relativas a la representación exterior de la Unión;
42. Recuerda que la Comisión, los Estados miembros y el Parlamento y el Consejo deben, cada uno dentro de los límites de sus competencias, contribuir a garantizar una mejor aplicación del Derecho de la Unión y de la Carta de los Derechos Fundamentales;
43. Reconoce el papel crucial que desempeña el Tribunal de Cuentas Europeo para asegurar una utilización mejor y más inteligente de los fondos europeos; recuerda que, además de su importante obligación de proporcionar información sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones subyacentes, el Tribunal desempeña un papel destacado a la hora de proporcionar al Parlamento la información necesaria para llevar a cabo su tarea y cumplir su mandato de control democrático del presupuesto europeo, así como ofrecer información de los resultados y efectos de las actividades y políticas financiadas por la Unión con vistas a la mejora de su economía, eficacia y eficiencia; recomienda, por tanto, que se refuerce el Tribunal de Cuentas Europeo; confía en que el Tribunal siga comprometido con la independencia, la integridad, la imparcialidad y el profesionalismo y que establezca unas relaciones de trabajo sólidas con sus interlocutores;
44. Considera que la falta persistente de cooperación por parte del Consejo impide al Parlamento adoptar una decisión sobre la aprobación de la gestión con conocimiento de causa lo que, por consiguiente, tiene repercusiones negativas duraderas en el modo en que los ciudadanos perciben la credibilidad de las instituciones de la Unión y la transparencia en el uso de los fondos de la Unión; considera que esta falta de cooperación afecta también negativamente al funcionamiento de las instituciones y desacredita el procedimiento de control político de la gestión del presupuesto que prevén los Tratados;
45. Pone de relieve que la composición del Tribunal y el procedimiento de nombramiento de sus miembros se establecen en los artículos 285 y 286 del TFUE; considera que el Parlamento y el Consejo deben estar en pie de igualdad al nombrar a los miembros del Tribunal de Cuentas para garantizar la legitimidad democrática, la transparencia y la completa independencia de sus miembros; pide al Consejo que respete las decisiones adoptadas por el Parlamento a raíz de las comparecencias de los candidatos designados como miembros del Tribunal de Cuentas;
46. Pide al Parlamento Europeo, al Consejo y la Comisión que mejoren las fórmulas de cooperación con el Comité de las Regiones (CdR) y el Comité Económico y Social Europeo (CESE), incluso en la fase prelegislativa durante la realización de las evaluaciones de impacto, de modo que se puedan tener en cuenta sus evaluaciones y dictámenes a lo largo de todo el procedimiento legislativo;
47. Pone de relieve que cualquier concesión de poderes de ejecución a las agencias de la Unión requiere un grado de control suficiente de las decisiones y acciones de estas por parte del legislador de la Unión; recuerda que una supervisión eficaz incluye, entre otras cosas, la designación y despido del personal de gestión de la agencia de la Unión, la participación en el órgano supervisor de la agencia de la Unión, los derechos de veto en relación con determinadas decisiones de la agencia de la Unión, las obligaciones de información y las normas de transparencia y derechos presupuestarios en relación con el presupuesto de la agencia de la Unión;
48. Considera la adopción de un reglamento marco para las agencias de la Unión que pueda ejercer competencias de ejecución que abarquen el mecanismo de control político requerido por parte del legislador de la Unión e incluya, entre otras cosas, el derecho del Parlamento Europeo a nombrar y despedir al personal de gestión de la agencia de la Unión, a participar en el órgano supervisor de la agencia de la Unión, los derechos de veto en relación con determinadas decisiones de la agencia de la Unión, las obligaciones de información y las normas de transparencia y derechos presupuestarios del Parlamento Europeo en relación con el presupuesto de la agencia de la Unión;
49. Subraya la importancia del principio de subsidiariedad, establecido en el artículo 5 del TUE, que es vinculante para todas las instituciones y organismos de la Unión, y de los instrumentos contemplados en el Protocolo (n.º 2) sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad; recuerda, en este contexto, los respectivos papeles asignados a los Parlamentos nacionales y el CdR; sugiere cierta flexibilidad en relación con las fechas de transmisión de las propuestas de actos legislativos recogidas en el Protocolo, y pide a la Comisión que mejore la calidad de sus respuestas a los dictámenes motivados;
50. Recuerda a los Parlamentos nacionales su papel decisivo en el control de la aplicación del principio de subsidiariedad; señala que las posibilidades formales que tienen los Parlamentos nacionales para velar por el respeto de los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad ofrecen amplias oportunidades en este sentido, pero que debe reforzarse la cooperación práctica entre los Parlamentos nacionales, para que, entre otras cosas, colaborando estrechamente entre sí, puedan alcanzar el quórum necesario que prevé el artículo 7, apartado 3, del Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad en caso de una supuesta infracción;
51. Destaca la importancia del artículo 9 del TFUE para garantizar que se tengan en cuenta las consecuencias sociales de las medidas jurídicas y políticas de la Unión;
52. Recuerda que todo nuevo avance en la UEM debe tener como fundamento y punto de partida la legislación vigente y su aplicación, y debe vincularse asimismo a un refuerzo de la dimensión social;
53. Pide nuevas reformas institucionales con el fin de dotar a la UEM de un gobierno económico eficaz y democrático con capacidades mejoradas que esté integrado en el marco institucional de la Unión, en el que la Comisión actúa como ejecutivo y el Parlamento y el Consejo, como colegisladores;
54. Recuerda su Resolución de 12 de diciembre de 2013, sobre los problemas constitucionales de una gobernanza multinivel en la Unión Europea(7), en que se lanzó la idea de un Código de Convergencia adoptado con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, con vistas a crear un marco más efectivo para la coordinación de la política económica (con una serie de criterios de convergencia, por determinar), abierto a todos los Estados miembros y apoyado por un mecanismo basado en incentivos;
55. Considera que debe establecerse un número limitado de ámbitos cruciales en los que aplicar reformas estructurales que aumenten la competitividad, el potencial de crecimiento, la convergencia económica real y la cohesión social durante un período de cinco años con el fin de reforzar la economía social de mercado europea, tal como se indica en el artículo 3, apartado 3, del TUE;
56. Destaca la importancia de delimitar claramente las competencias entre las instituciones de la UE y los Estados miembros, incrementando la responsabilización de los Estados miembros y el papel de los Parlamentos nacionales en la ejecución de los programas;
57. Pide un mejor uso de los instrumentos disponibles y del artículo 136 del TFUE para facilitar la adopción y aplicación de nuevas medidas en la zona del euro;
58. Pide la creación de un marco para un procedimiento ordenado de impago de la deuda soberana a fin de reconciliar el artículo 125 del TFUE y los instrumentos de estabilidad existentes como el MEDE;
59. Señala la necesidad de reducir el número recomendaciones específicas por país (REP) y adaptarlas en mayor medida a las situaciones concretas, sobre la base del marco estratégico establecido en el Código de Convergencia y el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento (EPAC), y en las propuestas específicas presentadas por cada Estado miembro en función de sus respectivos objetivos principales de reforma, de entre una amplia gama de reformas estructurales, fomentando la competitividad, la convergencia económica real y la cohesión social;
60. Destaca la importancia de la evolución demográfica para el Semestre Europeo y pide que se preste más atención a este indicador;
61. Recuerda que ya existen mecanismos de diálogo económico, especialmente gracias a la creación de un «diálogo económico» en el marco del paquete de seis medidas y el paquete de dos medidas; considera que esta es una herramienta eficaz para poder atribuir al Parlamento un papel de más calado en las negociaciones que tienen lugar en el marco del Semestre Europeo para reforzar el diálogo entre el Parlamento, el Consejo, la Comisión y el Eurogrupo, y propone formalizar la función de control de Parlamento en el Semestre Europeo mediante un acuerdo interinstitucional (AII); destaca que la legitimidad democrática del proceso del Semestre se reforzaría con una AII, que debería permitir el desarrollo de las grandes orientaciones de las políticas económicas y de las orientaciones de empleo por parte del Parlamento y el Consejo, proporcionando así un mecanismo de control parlamentario regular y significativo del proceso; destaca, en este sentido, que la Comisión podría comprometerse a presentar al Parlamento propuestas de recomendaciones relativas al Semestre Europeo antes de su aprobación; considera, además, que no es necesario en principio tratar de manera confidencial la información sobre la negociación y el seguimiento de los programas de ajuste macroeconómico; Celebra y alienta, asimismo, la participación de los Parlamentos nacionales a nivel nacional, así como la cooperación entre los Parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo en el marco del Semestre Europeo y la gobernanza económica en general, por ejemplo a través de la «Semana Parlamentaria Europea» y la «Conferencia del Artículo 13»; considera asimismo que podría mejorarse la participación de los interlocutores sociales en el Semestre Europeo;
62. Considera necesario disponer de una evaluación global de la situación y perspectivas presupuestarias de la Unión y la zona del euro en su conjunto, de cada uno de los Estados miembros de la zona del euro y de todos los miembros del Pacto Presupuestario antes del Consejo Europeo de primavera, garantizando al mismo tiempo que se obligue a los distintos Estados miembros a cumplir los requisitos del paquete de seis medidas y el paquete de dos medidas;
63. Pide la incorporación de las disposiciones pertinentes del pacto presupuestario al marco jurídico de la UE sobre la base de una evaluación exhaustiva de su aplicación y en la medida en que no esté ya contemplado por la legislación secundaria vigente;
64. Señala la posibilidad de sustituir la unanimidad por la mayoría cualificada para la adopción del marco financiero plurianual (MFP), recurriendo a lo dispuesto en el artículo 312, apartado 2, del TFUE cuando se apruebe el próximo Reglamento del MFP; destaca la importancia de establecer un vínculo entre la duración de la legislatura del Parlamento, el mandato de la Comisión y la duración del MFP, que puede reducirse a cinco años con arreglo a lo dispuesto en el artículo 312, apartado 1, del TFUE; pide que los futuros MFP se ajusten al próximo mandato parlamentario; pide al Consejo que suscriba este requisito democrático;
65. Aguarda con interés el informe del Grupo de Alto Nivel sobre Recursos Propios; manifiesta su deseo de que se retome la letra y el espíritu de los Tratados y se modifique el actual sistema dependiente de las contribuciones basadas en la renta nacional bruta (RNB) a uno basado en recursos genuinamente propios para la UE y, en última instancia, un presupuesto de la zona del euro, para el que existe toda una serie de ideas, como por ejemplo un impuesto sobre el valor añadido reformado, un impuesto sobre las transacciones financieras (ITF), un impuesto sobre el carbono, una participación sobre la Base Consolidada Común del Impuesto de Sociedades, un impuesto europeo sobre el patrimonio, o ingresos de otras fuentes, como el régimen de comercio de derechos de emisión o los beneficios del BCE;
66. Recuerda que, de conformidad con el artículo 24 del Reglamento del Consejo (UE, Euratom) nº 1311/2013, de 2 de diciembre de 2013, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020ejo, todos los gastos e ingresos de la Unión y de Euratom se han de incluir en el presupuesto general de la Unión, conforme al artículo 7 del Reglamento Financiero;
67. Propone establecer un presupuesto para la zona del euro con ingresos derivados de los Estados miembros cuya moneda sea el euro que, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012, se afecten al gasto que puede utilizarse exclusivamente en los Estados miembros cuya moneda sea el euro; considera que estos ingresos requieren la introducción de un nuevo «recurso propio» financiado por los Estados miembros cuya moneda sea el euro; recuerda que los ingresos afectados en los términos del artículo 21 del Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 no están contemplados por el Reglamento sobre el MFP y los límites máximos establecidos por él;
68. Pide un uso optimizado de los Fondos Estructurales existentes orientándolos al fomento de la competitividad y la cohesión de la Unión, y destinándolos al aumento de la capacidad de inversión de la Unión mediante el aprovechamiento de soluciones innovadoras, como el FEIE, que incluye mecanismos específicos para financiar y garantizar proyectos de infraestructuras que redunden en interés de la Unión;
69. Insiste en la plena aplicación del marco de los dos paquetes de medidas de gobernanza económica (six-pack y two-pack) y del Semestre Europeo y en la necesidad de abordar, en particular, los desequilibrios macroeconómicos, y garantizar el control a largo plazo del déficit y los niveles de deuda que siguen siendo extremadamente elevados estableciendo una consolidación presupuestaria favorable al crecimiento y mejorando la eficiencia del gasto, dando prioridad a las inversiones productivas, ofreciendo incentivos a reformas estructurales justas y sostenibles y teniendo en cuenta las condiciones del ciclo económico;
70. Recuerda que el euro es la moneda de la Unión y que el presupuesto de la UE está pensado para cumplir los objetivos de la Unión establecidos en el artículo 3 del TUE y para financiar políticas comunes, asistir a las regiones menos favorecidas aplicando el principio de solidaridad, ultimar el mercado interior, promover las sinergias europeas y responder a los retos existentes y emergentes que exigen un enfoque paneuropeo, contribuyendo con ello a ayudar a los Estados miembros menos desarrollados a alcanzar al resto y así poder sumarse a la zona del euro;
71. Toma nota de las diversas propuestas para la creación de una capacidad presupuestaria dentro de la zona del euro; señala que estas propuestas asignan diferentes funciones a dicha capacidad y pueden tener diferentes diseños (por ejemplo, un instrumento de convergencia que ofrezca apoyo condicional para reformas estructurales o un mecanismo de amortiguador); recuerda que el Parlamento ha insistido en que dicha capacidad debe desarrollarse dentro del marco de la UE;
72. Señala que, si bien la posibilidad de crear dicha nueva capacidad dentro del marco del Tratado dependerá del diseño, función y envergadura de la misma, los Tratado permiten elevar los topes de recursos propios, establecer nuevas categorías de recursos propios (aunque dichos recursos procedieran únicamente de algunos Estados miembros), y asignar determinados ingresos a la financiación de partidas de gastos específicas; destaca, asimismo, que el presupuesto de la UE ya prevé garantías para operaciones de préstamo específicas y que existen diversos instrumentos de flexibilidad para los que cabe movilizar financiación por encima de los topes de gasto del MFP;
73. Recuerda la creación de las autoridades supervisoras europeas y la unión bancaria; pide que se siga trabajando en la cuestión de la deuda soberana y se aumente aún más la resiliencia de la UEM frente a los choques económicos y los comportamientos especulativos en los mercados de bonos soberanos; pide la adopción de políticas diseñadas para absorber los choques asimétricos y fomentar la convergencia entre Estados miembros al tiempo que se impiden las transferencias fiscales permanentes, en consonancia con lo dispuesto en los artículos 125 y 136, apartado 3, del TFUE;
74. Recuerda su posición en favor de la integración del Mecanismo Europeo de Estabilidad en el marco jurídico de la Unión, siempre y cuando se establezca para el mismo un control adecuado en el Parlamento Europeo;
75. Estima que la creación de una capacidad presupuestaria europea y del Fondo Monetario Europeo pueden constituir etapas del proceso de creación de una Hacienda Europea, que debería rendir cuentas ante Parlamento Europeo;
76. Pide que se tengan debidamente en cuenta las principales conclusiones del grupo de expertos creado por la Comisión, con el fin de constituir un fondo de amortización de la deuda;
77. Considera que el mercado único es una de las piedras angulares de la Unión al ser un elemento fundamental para la prosperidad, el crecimiento y el empleo en la Unión; señala que el mercado único, que ofrece beneficios tangibles tanto para las empresas como para los consumidores, tiene un potencial de crecimiento que todavía no se ha aprovechado plenamente, en particular por lo que se refiere al mercado único digital, a los servicios financieros, a la energía, a la unión bancaria y a la unión del mercado de capitales; pide, por consiguiente, un control más estricto de la correcta aplicación del acervo existente y una vigilancia más rigurosa de su cumplimiento;
78. Pide la rápida pero gradual realización de la unión bancaria, basada en un mecanismo único de supervisión, un mecanismo único de resolución y un sistema europeo de garantía de depósitos, y sustentada por un mecanismo de protección adecuado y fiscalmente neutro; valora positivamente el acuerdo sobre un mecanismo transitorio de financiación hasta que el Fondo Único de Resolución entre en funcionamiento y pide un régimen europeo de insolvencia;
79. Recuerda que las autoridades europeas de supervisión deben actuar con vistas a mejorar el funcionamiento del mercado interior, en particular garantizando un nivel de alta calidad, efectivo y coherente de regulación y supervisión que tenga en cuenta los intereses diversos de todos los Estados miembros y el distinto carácter de los participantes en los mercados financieros; considera que las cuestiones que afectan a todos los Estados miembros deberían ser planteadas, debatidas y decididas por todos los Estados miembros y que, para reforzar la igualdad de condiciones en el mercado único, es esencial un código único aplicable a todos los participantes en los mercados financieros de la UE, para evitar la fragmentación del mercado único de servicios financieros y la competencia desleal por falta de condiciones equitativas;
80. Pide la creación de una verdadera Unión de Mercados de Capitales;
81. Respalda la creación de un sistema de autoridades en materia de competitividad cuya misión sea reunir a los organismos nacionales competentes con el fin de hacer un seguimiento de los avances en el ámbito de la competitividad en cada Estado miembro, y propone que el seguimiento de los avances por parte de este sistema esté bajo la supervisión de la Comisión;
82. Considera necesario mejorar el intercambio automático de información entre las autoridades tributarias nacionales con el fin de impedir la evasión y el fraude fiscales, la planificación fiscal, la erosión de las bases imponibles y el desplazamiento de los beneficios, y de promover actuaciones coordinadas para luchar contra los paraísos fiscales; pide la adopción de una Directiva sobre una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades en la que se establezca un tipo mínimo y se definan objetivos comunes de convergencia progresiva; estima necesario emprender una revisión exhaustiva de la legislación vigente sobre el IVA, abordando, entre otros aspectos, la introducción del principio del país de origen;
83. Recuerda la necesidad de garantizar una rendición de cuentas y una legitimidad democráticas adecuadas en el nivel donde se toman las decisiones, de modo que los parlamentos nacionales controlen a los Gobiernos nacionales y el Parlamento Europeo cumpla una función reforzada de control en el nivel de la UE, incluido un papel fundamental, junto con el Consejo, en la adopción del Código de Convergencia, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario;
84. Propugna el uso general de la «cláusula pasarela» recogida en el artículo 48, apartado 7; recuerda que la Comisión, en su plan director para una Unión Económica y Monetaria profunda y auténtica,(8) sugirió la creación de un Instrumento de Convergencia y Competitividad basado en el artículo 136 o en el artículo 352 del TFUE, en caso necesario por vía de cooperación reforzada; señala que, en caso de cooperación reforzada, el recurso al artículo 333, apartado 2, que dispone el uso del procedimiento legislativo ordinario, reforzaría la legitimidad democrática y la eficacia de la gobernanza de la UE y el papel del Parlamento en la misma;
85. Reitera que la cooperación interparlamentaria no debe conducir a la creación de un nuevo órgano parlamentario ni de otra institución, ya que el euro es la moneda de la UE y el Parlamento Europeo es el Parlamento de la UE; recuerda que la UEM ha sido creada por la Unión, cuyos ciudadanos están directamente representados a escala de la Unión por el Parlamento, que debe encontrar y aplicar fórmulas para garantizar la rendición de cuentas democrática respecto de las decisiones relativas a la zona del euro; sugiere inspirarse en soluciones pasadas para diferenciar la participación en el proceso decisorio, recordando, por ejemplo, el estatuto de los miembros berlineses del Bundesrat alemán antes de la reunificación, que tenían derecho a participar pero sin que se tuvieran en cuenta sus votos;
86. Insiste en que se dote a la Comisión de competencias para aplicar y hacer cumplir cualquier instrumento actual o futuro que se adopte en el ámbito de la UEM;
87. Considera necesario corregir los puntos débiles de la actual estructura institucional de la UEM, y en particular su déficit democrático, teniendo en cuenta asimismo que determinadas partes del Tratado pueden ser controladas por el Tribunal de Justicia, mientras que otras están excluidas de ese control; considera necesario un control reforzado del Parlamento para la aplicación detallada del artículo 121, apartados 3 y 4, del TFUE, en materia de coordinación más estrecha de las políticas económicas;
88. Considera que la integración diferenciada debe seguir abierta a todos los Estados miembros;
89. Recuerda que debe darse prioridad a los procedimientos legislativo y presupuestario ordinarios a escala de la UE, recurriendo, en su caso, a las excepciones y a la creación de líneas presupuestarias específicas; recuerda que solo debe recurrirse a otras disposiciones, como las referidas a la zona del euro o la cooperación reforzada, cuando los procedimientos mencionados no resulten jurídica o políticamente posibles;
90. Tiene el convencimiento de que la profundización de la UEM debe ir acompañada de la realización del mercado interior mediante la supresión de las barreras internas que aún subsisten, especialmente en lo que respecta a la Unión de la Energía, el mercado único digital y el mercado de servicios;
91. Pide el cumplimiento íntegro de la legislación vigente sobre el mercado interior de la energía de conformidad con el artículo 194 del TFUE, con el fin de crear la Unión de la Energía;
92. Apoya el refuerzo de las funciones y competencias de la Agencia Europea de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) con el objetivo último de crear una Agencia Europea de la Energía en virtud del artículo 54 del Tratado Euratom, así como la integración de los mercados energéticos, la creación de una reserva estratégica europea basada en la combinación de las reservas nacionales y la creación de un centro conjunto de negociación con los proveedores, con vistas a completar la estructura institucional de la Unión de la Energía;
93. Promueve el uso de «obligaciones para proyectos», en estrecha cooperación con el BEI, destinadas a financiar proyectos de infraestructura y energéticos;
94. Pide a la Comisión que utilice el artículo 116 del TFUE, que ofrece la base jurídica necesaria para que el Parlamento y el Consejo actúen con arreglo al procedimiento legislativo ordinario para eliminar prácticas que generan una distorsión de la competencia en el mercado interior mediante políticas fiscales nocivas;
95. Destaca que los derechos de los trabajadores, particularmente en el marco del ejercicio de su derecho de movilidad, deben quedar garantizados junto con sus derechos sociales, haciéndose pleno uso de los instrumentos jurídicos pertinentes previstos en los títulos IV, IX y X y con arreglo a lo dispuesto en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión, con el fin de asegurar una base social estable para la Unión; señala en este sentido, en particular, los derechos derivados de la Directiva 2004/38/CE relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros;
96. Recuerda la importancia de configurar una Europa social, de modo que el proyecto de integración europea siga contando con el continuo apoyo de los trabajadores;
97. Pone de relieve la importancia de promover la idea de un salario mínimo determinado por cada Estado miembro y de estudiar las posibilidades de un régimen de prestaciones de desempleo mínimas, que exigiría la existencia de unas condiciones y normas comunes para el mercado laboral de la UE, y sugiere que podría adoptarse, con arreglo a las disposiciones vigentes del Tratado, una directiva sobre movilidad de los empleados para reducir las barreras que aún existen para estos;
98. Señala los mecanismos previstos por la Unión y la necesidad de incluir activamente a los trabajadores en el mercado laboral y seguir fomentando el intercambio de trabajadores jóvenes, de conformidad con el artículo 47 del TFUE;
99. Pide a la Comisión que incluya criterios de empleo en la evaluación de los resultados macroeconómicos de los Estados miembros, y que, a fin de garantizar un mejor uso de los fondos regionales y sociales, recomiende y apoye reformas estructurales;
100. Pide a la Comisión que evalúe correctamente la necesidad de actuación de la UE y las posibles repercusiones económicas, sociales y medioambientales de opciones alternativas antes de proponer nuevas iniciativas (como, por ejemplo, propuestas legislativas, iniciativas no legislativas y actos de ejecución y actos delegados), conforme al Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación, de 13 de abril de 2016;
101. Pide la creación de un nuevo pacto social (que podría adoptar la forma de un protocolo social) destinado a promover la economía social de mercado de Europa y reducir las desigualdades, que garantice el respeto de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, incluidos el derecho a la negociación colectiva y la libertad de circulación, entre otros aspectos; señala que dicho pacto podría reforzar la coordinación de las políticas sociales de los Estados miembros;
102. Pide a la Comisión que revitalice el diálogo social de la Unión a través de acuerdos vinculantes entre los interlocutores sociales, de conformidad con lo establecido en los artículos 151 a 161 del TFUE;
103. Considera que debe reforzarse el enfoque global de la Unión Europea con respecto a los conflictos y crisis exteriores, asociando de forma más estrecha a los diferentes actores e instrumentos en todas las fases del ciclo de los conflictos;
104. Insiste en que se recurra al artículo 22 del TUE para establecer un marco estratégico global relativo a los intereses y objetivos estratégicos establecidos en el artículo 21 del TUE, que pueden ir más allá de la PESC y tocar otros ámbitos de la acción exterior y que exigen coherencia con otras políticas como el comercio, la agricultura y la ayuda al desarrollo; recuerda que las decisiones tomadas sobre la base de dicha estrategia podrían aplicarse por mayoría cualificada; señala que podría mejorarse la legitimidad democrática de dichas decisiones si el Consejo y el Parlamento adoptaran documentos estratégicos conjuntos sobre la base de propuestas de la VP/AR;
105. Pide que se refuerce el control parlamentario de la acción exterior de la UE, en particular, prosiguiendo las consultas regulares con la Vicepresidenta/Alta Representante (VP/AR), el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y la Comisión, y que concluyan las negociaciones sobre la sustitución del Acuerdo interinstitucional de 2002 relativo al acceso a la información sensible del Consejo en el ámbito de la PESC;
106. Considera necesario que los representantes especiales de la UE se integren en el SEAE, lo que ha de incluir la transferencia de su presupuesto de las líneas de la PESC a las líneas del SEAE, ya que así aumentaría la coherencia de la labor de la UE;
107. Pide que se recurra al artículo 31, apartado 2, del TUE, que permite al Consejo tomar determinadas decisiones en materia de la PESC por mayoría cualificada, y a la «cláusula pasarela» del artículo 31, apartado 3, del TUE para adoptar paulatinamente la mayoría cualificada en las decisiones dentro del ámbito de la PESC que no tengan implicaciones militares o de defensa; recuerda que el artículo 20, apartado 2, del TUE, que recoge las disposiciones sobre cooperación reforzada, ofrece otras posibilidades para que los Estados miembros avancen en la PESC, por lo que debe recurrirse a ellas;
108. Considera necesario aumentar la flexibilidad de las normas financieras para la acción exterior a fin de evitar retrasos en el desembolso operativo de los fondos de la UE y, de este modo, aumentar la capacidad de la UE para responder a las crisis de una manera rápida y eficaz; estima, a este respecto, que se debe establecer un procedimiento rápido para la ayuda humanitaria, a fin de garantizar que la ayuda se desembolse de la forma más eficaz y eficiente posible;
109. Insta al Consejo, al SEAE y a la Comisión a que cumplan sus respectivas obligaciones de informar cumplida e inmediatamente al Parlamento en todas las fases de los procesos de negociación y celebración de acuerdos internacionales, según lo dispuesto en el artículo 218, apartado 10, del TFUE y lo especificado en los acuerdos institucionales con la Comisión y el Consejo;
110. Señala que el Tribunal de Justicia Europeo ha confirmado que el Parlamento tiene derecho, en virtud del artículo 218, apartado 10 del TFUE, a recibir información inmediata y completa de todas las fases del procedimiento de negociación y conclusión de los acuerdos internacionales, incluidos los que se refieren a la PESC, para poder ejercer sus competencias con pleno conocimiento de la acción de la Unión Europea en su conjunto; espera, por consiguiente, que las negociaciones interinstitucionales que vayan a celebrarse en relación con la mejora de los mecanismos de cooperación e intercambio de información en el contexto de la negociación y conclusión de acuerdos internacionales tomen buena cuenta de la jurisprudencia del TJE;
111. Pide que avance gradualmente hacia una política de defensa común (artículo 42, apartado 2 del TUE) y, en última instancia, una defensa común, que puede instaurarse mediante decisión unánime del Consejo Europeo, al tiempo que se refuerza asimismo la sociedad civil desde un enfoque de prevención y resolución de conflictos basado en la no violencia, en particular mediante un incremento de los recursos financieros, administrativos y humanos destinados a gestionar la mediación, el diálogo, la reconciliación y la respuesta inmediata a las crisis basada en las organizaciones de la sociedad civil;
112. Sugiere, como primer paso en esta dirección, que se aplique lo dispuesto en el artículo 46 del TUE en relación con el establecimiento de una cooperación estructurada permanente por mayoría cualificada del Consejo, ya que este instrumento permitiría a los Estados miembros más ambiciosos cooperar más estrechamente de manera coordinada en el ámbito de la defensa al amparo de la Unión, y les facultaría para hacer uso de las instituciones, instrumentos y presupuesto de la Unión;
113. Recomienda la institucionalización de un Consejo de Ministros de Defensa, con carácter permanente, bajo la presidencia de la VP/AR, con el fin de coordinar las políticas de defensa de los Estados miembros, especialmente en materia de ciberseguridad y lucha contra el terrorismo, y desarrollar conjuntamente la estrategia y prioridades de la política de defensa de la UE;
114. Insiste en la elaboración de un libro blanco de la Unión sobre seguridad y defensa tomando como base la estrategia global de la Unión sobre política exterior y de seguridad presentada por la VP/AR, así como la agenda de Bratislava, ya que dicho documento serviría para definir los objetivos estratégicos de la Unión en el ámbito de la seguridad y la defensa y determinar las capacidades existentes y las que se requieren; pide a la Comisión que fundamente su actual trabajo preparatorio sobre un plan de acción para la defensa europea en los resultados del futuro Libro Blanco de la UE sobre seguridad y defensa, que deberá asimismo abordar la cuestión de cómo y en qué circunstancias es apropiado y legítimo el uso de la fuerza militar;
115. Subraya la necesidad de definir una política común europea de capacidades y armamento (artículo 42, apartado 3, del TUE) que englobaría la planificación, desarrollo y adquisición de capacidades militares y también incluiría propuestas para responder a las amenazas cibernéticas, híbridas y asimétricas; alienta a la Comisión a trabajar en un ambicioso Plan de Acción de Defensa Europeo, como anunció en el programa de trabajo de 2016;
116. Destaca el gran potencial de la Agencia Europea de Defensa de cara al desarrollo de un mercado único de defensa competitivo, eficaz e intensivo en I+D+i y creación de puestos de trabajo especializados, y a estos efectos recomienda explorar las posibilidades de colaboración público-privada; reitera la urgente necesidad de reforzar la AED proporcionándole los recursos y el respaldo político necesarios y permitiéndole, de este modo, cumplir una función de coordinación y de liderazgo en el desarrollo, la investigación y la adquisición de capacidades; insiste en su parecer de que la mejor forma de hacer lo anterior sería financiar los gastos de personal y de funcionamiento de la Agencia con cargo al presupuesto de la Unión;
117. Recuerda la existencia del artículo 44 del TUE, que contiene otras disposiciones en materia de flexibilidad y prevé la posibilidad de encomendar la ejecución de labores de gestión de crisis a un grupo de Estados miembros, que las llevarían a cabo en nombre de la UE y bajo el control político y la dirección estratégica del Comité Político y de Seguridad (CPS) y del SEAE;
118. Propone que se recurra al artículo 41, apartado 3, del TUE para crear un fondo operativo inicial consistente en contribuciones de los Estados miembros destinado a financiar las actividades preparatorias relativas a la PCSD que no se imputen al presupuesto de la Unión;
119. Destaca la importancia de ampliar la financiación común de los aspectos militares de la PCSD, también a través del mecanismo ATHENA, ya que de este modo se reducirían los desincentivos financieros para que los Estados miembros contribuyan a las misiones y operaciones militares de la PCSD y, por ende, se mejoraría la capacidad de la UE para reaccionar a las crisis;
120. Pide la creación de cuarteles generales civiles y militares, con Capacidad Militar de Planificación y Ejecución (MPCC) y Capacidad Civil de Planificación y Ejecución (CPCC); pide la institucionalización de las diversas estructuras militares europeas (como los diferentes «grupos de combate», Eurofuerzas, la cooperación en materia de defensa entre Francia y el Reino Unido, la cooperación en materia de defensa aérea del Benelux, etc.) en el marco de la UE, y mayores posibilidades de uso de los grupos de combate de la UE, en particular ampliando la financiación común y considerando, por defecto, su despliegue como fuerza de entrada inicial en futuros escenarios de gestión de crisis;
121. Señala que dicho cuartel general permanente podría llevar a cabo una planificación de emergencia permanente y cumplir una importante función de coordinación en caso de aplicación del artículo 42, apartado 7, del TUE en el futuro; considera que la «cláusula de defensa mutua», de acuerdo con lo establecido en dicho artículo e invocada por Francia durante el Consejo de Asuntos Exteriores de 17 de noviembre de 2015,puede constituir un catalizador del desarrollo de la política de seguridad y defensa de la Unión, lo que conducirá a un mayor compromiso de todos los Estados miembros;
122. Considera que es preciso mejorar la cooperación UE-OTAN a todos los niveles en ámbitos como el desarrollo de capacidades y la planificación de emergencia en caso de amenazas híbridas, así como intensificar los esfuerzos para eliminar los obstáculos políticos subsistentes; insta al establecimiento de una cooperación militar y política global entre la UE y la OTAN;
123. Pide que se tomen acciones contundentes para asegurar la coherencia política para el desarrollo (CPD), en virtud del artículo 208 del TFUE, e insiste en que se mejore el sistema de evaluación del impacto de la CPD y que se establezca un mecanismo de arbitraje, en caso de divergencias entre las distintas políticas de la Unión, dando al Presidente de la Comisión la responsabilidad política sobre las grandes orientaciones y zanjar la cuestión en virtud de los compromisos contraídos por la Unión en el ámbito de la CPD;
124. Subraya que, al tiempo que se defienden los derechos y libertades fundamentales y se insiste en la necesidad de un control democrático y judicial de la lucha contra el terrorismo, en vista de los recientes ataques y el aumento de la amenaza terrorista, es absolutamente esencial un intercambio de información y datos sistemático, obligatorio y estructurado entre los órganos judiciales y policiales y los servicios de inteligencia nacionales, y con Europol y Frontex, y debe ponerse en práctica lo antes posible;
125. Señala que, al igual que en el caso de atentados anteriores, las fuerzas de seguridad ya conocían a los autores de los atentados de París, los cuales habían sido objeto de investigaciones y medidas de vigilancia; manifiesta su preocupación por que los datos existentes sobre dichos individuos no fuesen intercambiados entre los Estados miembros, pese a los requisitos del artículo 88 del TFUE; pide al Consejo que adopte, sobre la base del artículo 352, un intercambio de datos obligatorio entre los Estados miembros; considera que debe aprovecharse el potencial para la mejora de la cooperación, caso de que no se alcance la unanimidad;
126. Pide a la Comisión y al Consejo que realicen una evaluación exhaustiva de la medidas de lucha contra el terrorismo y conexas de la UE, en particular por lo que se refiere a su incorporación a la legislación y su aplicación práctica en los Estados miembros, el grado de cooperación con las agencias de la UE en la materia, en especial Europol y Eurojust, y una evaluación pertinente de las lagunas subsistentes, así como de su respeto de las obligaciones de derechos fundamentales de la UE, haciendo uso del procedimiento previsto en el artículo 70 del TFUE;
127. Recuerda, en este contexto, que el artículo 222 del TFUE establece una cláusula de solidaridad que puede y debe activarse cuando un Estado miembro es objeto de un ataque terrorista o víctima de una catástrofe natural o de origen humano;
128. Lamenta que la Directiva sobre protección temporal no se activara a la vista de la crisis de refugiados, a pesar de que se estableció para responder a una afluencia masiva de nacionales de terceros países;
129. Subraya la necesidad de establecer una política común de asilo e inmigración de la UE justa y eficaz, basada en los principios de solidaridad, no discriminación, no devolución y cooperación sincera entre todos los Estados miembros, que debe contemplar también una redistribución justa de los solicitantes de asilo dentro de la Unión Europea; considera que dicha política debería contar con la participación de todos los Estados miembros; recuerda a los Estados miembros sus actuales obligaciones en este sentido, y señala que todo nuevo marco en materia de asilo y migración debe basarse en los derechos fundamentales del migrante;
130. Señala la necesidad de medidas adicionales para garantizar que el Sistema Europeo Común de Asilo se convierta en un sistema verdaderamente uniforme; pide a los Estados miembros que armonicen sus legislaciones y prácticas en lo que respecta a los criterios para determinar quiénes pueden ser beneficiarios de protección internacional y a las garantías relativas a los procedimientos de protección internacional y las condiciones de acogida de acuerdo con la jurisprudencia del TEDH y del TJUE y con las mejores prácticas asentadas en los distintos Estados miembros;
131. Acoge con satisfacción la aprobación del Reglamento n.º 2016/1624 por el que se amplían las funciones y competencias de Frontex y se rebautiza a ésta como la Agencia Europea de Guardia de Fronteras y Costas; considera que esta agencia podría contar con el apoyo, si fuera necesario, de instrumentos militares como la Fuerza Marítima Europea (Euromarfor) y un Eurocuerpo renovado, junto con los recursos puestos en común a través de la cooperación estructurada permanente; destaca que el Reglamento insiste en que los Estados miembros deben, por su propio interés y el de los demás Estados miembros, alimentar de datos las bases de datos europeas; sugiere que contemple también la posibilidad de la interoperabilidad de las bases de datos de las agencias de fronteras como Eurodac y la interoperabilidad de las bases de datos de Europol;
132. Pide que se revise urgentemente el Reglamento de Dublín y se establezca un sistema permanente y jurídicamente vinculante para toda la UE de distribución de los solicitantes de asilo entre los Estados miembros, sobre la base de un reparto obligatorio y justo;
133. Señala que, habida cuenta de los flujos de migrantes sin precedentes que han llegado y siguen llegando a las fronteras exteriores de la Unión, y del aumento continuado del número de personas que solicitan protección internacional, la Unión necesita un enfoque legislativo vinculante y obligatorio respecto de la cuestión del reasentamiento, con arreglo a lo establecido en la agenda de la Comisión para la migración;
134. Pide la firma de acuerdos con terceros países seguros a fin de controlar y reducir los flujos migratorios antes de que los migrantes lleguen a las fronteras de la UE; insiste, al mismo tiempo, en procedimientos estrictos para el retorno de personas cuyas solicitudes carezcan de fundamento;
135. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que incrementen el gasto para la formación de especialistas en cuestiones de asilo y para una mayor eficiencia de los procedimientos de solicitud de asilo;
136. Considera que la dimensión externa debería centrarse en la cooperación con terceros países para abordar y eliminar las causas profundas de los flujos de migrantes irregulares hacia Europa; es de la opinión de que debe seguir prestándose atención a las asociaciones y la cooperación con los países de origen, de tránsito y de destino claves; recomienda que la cooperación con terceros países conlleve la evaluación de sus sistemas de asilo, su apoyo a los refugiados y su capacidad y voluntad de luchar contra la trata de seres humanos y el tráfico de entrada en dichos países o de tránsito por los mismos; reconoce que es necesario mejorar la eficacia del sistema de retorno de la Unión, si bien considera que el retorno de los migrantes solo debe llevarse a cabo en condiciones de seguridad, en total cumplimiento de sus derechos fundamentales y procesales;
137. Celebra que el nuevo Reglamento n.º 2016/1624 relativo a Agencia Europea de Guardia de Fronteras y Costas prevea que en caso de que el control de las fronteras exteriores ya no resulte eficaz hasta el punto de comprometer el funcionamiento de la zona Schengen, sea porque alguno de los Estados miembros no adopte las medidas necesarias o sea porque alguno de los Estados no haya solicitado el apoyo suficiente de Frontex o no lo aplique, la Comisión pueda proponer al Consejo una decisión donde se señalen las medidas que la Agencia deberá aplicar y se exija al Estado miembro en cuestión que coopere con la Agencia en la aplicación de éstas; señala, asimismo, que el Reglamento contiene disposiciones en relación con la responsabilidad civil y penal de los miembros del equipo, así como un mecanismo de reclamaciones para el seguimiento y garantía de los derechos fundamentales en todas las actividades de la Agencia;
138. Considera que la mejora de las capacidades humanas y financieras de la Oficina Europa de Apoyo al Asilo (EASO) sería necesaria si esta fuera llamada a coordinar todas las solicitudes de asilo en la Unión y a desplegarse para apoyar a los Estados miembros que sufran una presión migratoria especial en la tramitación de las solicitudes de asilo, incluyendo en su mandato el despliegue de operaciones conjuntas, proyectos piloto e intervenciones rápidas de modo similar a la ampliación del mandato de Frontex mediante el Reglamento (UE) n.º 1168/2011;
139. Destaca la importancia de una mejor coordinación entre la EASO, Frontex y la Oficina del Defensor del Pueblo Europeo con el fin de facilitar la adopción de informes de alerta temprana en caso de una presión migratoria especial que puede poner en peligro el respeto de las libertades fundamentales de los solicitantes de asilo; considera que la Comisión puede basarse en estos informes de alerta temprana para activar las medidas de emergencia previstas en el artículo 78, apartado 3, del TFUE;
140. Estima imprescindible reforzar la función de colegislador del Parlamento, en pie de igualdad con el Consejo, mediante el recurso al artículo 81, apartado 3, del TFUE, que permite cambiar el procedimiento decisorio en el ámbito del Derecho de familia con repercusión transfronteriza por el procedimiento legislativo ordinario si el Consejo así lo decide unánimemente, previa consulta al Parlamento; pide que, al amparo de la «cláusula pasarela» del artículo 48, apartado 7, del TUE, se adopte el procedimiento legislativo ordinario para la toma de decisiones en todas las demás políticas del ámbito de la JAI;
141. Pide a la Comisión que, sobre la base del artículo 83 del TFUE, proponga normas mínimas sobre definiciones y sanciones relacionadas con la lucha contra el terrorismo, la trata de seres humanos y la explotación sexual de mujeres y niños, el tráfico ilícito de drogas, el tráfico ilícito de armas, el blanqueo de capitales, la corrupción, la falsificación de medios de pago, la delincuencia informática y la delincuencia organizada;
142. Insiste en que se deben poner en práctica los principios consagrados en el Tratado de Lisboa, a saber, la solidaridad y la responsabilidad compartida entre los Estados miembros, el principio de reconocimiento mutuo en la aplicación de las políticas JAI (artículo 70 del TFUE), así como las disposiciones de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE;
143. Considera que la UE debe promover la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales y el respeto continuado de los «criterios de Copenhague» así como asegurar que todos los Estados miembros respeten los valores comunes consagrados en el artículo 2 del TUE;
144. Insiste en la importancia de completar el llamado «Paquete de garantías procesales», en particular para desarrollar legislación en materia de detención gubernativa y detención de menores, ámbitos en los que la normativa de muchos Estados miembros no respeta plenamente los derechos humanos y otras normas internacionales;
145. Subraya la importancia de seguir avanzando en el desarrollo del Derecho penal europeo, en particular en el ámbito del reconocimiento mutuo y ejecución de las sentencias penales;
146. Subraya la importancia de promover el desarrollo de una cultura judicial europea como requisito fundamental para que el espacio de libertad, seguridad y justicia se convierta en una realidad para los ciudadanos a fin de garantizar una mejor aplicación del Derecho de la UE;
147. Señala que con el fin de luchar contra la delincuencia organizada, el fraude y la corrupción, así como de proteger los intereses financieros de la Unión y remediar el fraccionamiento del espacio penal europeo es necesario crear la figura del Fiscal Europeo;
148. Subraya que, de conformidad con el artículo 86 del TFUE, puede crearse una Fiscalía Europea para combatir las infracciones que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión, previa aprobación del Parlamento Europeo; reitera, por tanto, las recomendaciones que formuló en sus Decisiones de marzo de 2014 y abril de 2015 sobre la manera concreta de organizar dicha Fiscalía Europea, y pone de relieve que el Reglamento sobre la Fiscalía Europea debe adoptarse a la mayor brevedad, de modo que esta pueda tener competencias para investigar y perseguir todo tipo de delitos contra los intereses financieros de la Unión, incluido el fraude el IVA;
149. Recuerda la obligación de la Unión de adherirse al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH), de conformidad con el artículo 6, apartado 2, del TUE, e insta a que se relancen sin demora las negociaciones a tal efecto con el Consejo de Europa, tomando en consideración el dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 18 de diciembre de 2015; recuerda a la Comisión, en calidad de negociador principal, que la adhesión al Convenio mejorará la protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos europeos;
150. Reitera que con la presente Resolución solo se pretende facilitar una evaluación de las posibilidades legales que ofrecen los Tratados y que debiera ser la base para la mejora del funcionamiento de la Unión a corto plazo; recuerda que una nueva reforma fundamental en el futuro requeriría una revisión de los Tratados;
151. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo Europeo, al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Cuentas, al Banco Central Europeo, al Comité de las Regiones, al Comité Económico y Social Europeo y a los Parlamentos y los Gobiernos de los Estados miembros.
Textos Aprobados, P7_TA(2014)0249.
COM(2012)0777/2, 30 de diciembre de 2012
OPINIÓN de la Comisión de Presupuestos (26.5.2015)
sobre mejorar el funcionamiento de la Unión Europea basándose en las posibilidades del Tratado de Lisboa
Ponente: Jean Arthuis
A. Considerando que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) reforzó las políticas de la UE y puso al Parlamento Europeo en igualdad de condiciones con el Consejo en cuanto al procedimiento presupuestario anual; que la Unión no dispone actualmente de los recursos presupuestarios necesarios para cumplir plenamente las misiones que le han atribuido los Estados miembros, signatarios de los Tratados;
B. Considerando que el Tratado de Lisboa solo se ha aplicado parcialmente en materia presupuestaria, en particular debido a la ausencia de verdaderos recursos propios;
C. Considerando que, durante los últimos años, el nivel acordado de los compromisos con relación al nivel de los pagos ha demostrado ser insostenible, lo que plantea un grave riesgo de déficit estructural en constante crecimiento del presupuesto de la UE que incumpliría el Tratado de Lisboa;
D. Considerando que el legislador se enfrentó a grandes retos a la hora de asegurar la coherencia en las negociaciones paralelas del marco financiero plurianual (MFP) 2014-2020 y los programas plurianuales;
E. Considerando que, en virtud del Tratado de Lisboa, el procedimiento presupuestario debe concluir con arreglo a un calendario muy estricto, venciendo el plazo anual de presentación del proyecto de presupuesto el 1 de septiembre y disponiéndose de 21 días para alcanzar un acuerdo con el Consejo una vez que el Parlamento ha adoptado una decisión sobre el presupuesto; considerando que el proceso de conciliación de los ejercicios 2011, 2013 y 2015 finalizó sin resultados;
1. Pide al Consejo Europeo que aplique el artículo 48, apartado 7, del Tratado de la Unión Europea (TUE) y el artículo 312, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y renuncie a la regla de la unanimidad en favor de la mayoría cualificada en la adopción del próximo Reglamento MFP, facilitando la consecución de un acuerdo equilibrado;
2. Recuerda que el Consejo Europeo no puede ejercer funciones legislativas, y que dicha prohibición está claramente formulada en el artículo 15, apartado 1, del TUE; lamenta que, al aprobar el MFP 2014-2020, el Consejo Europeo adoptó decisiones preliminares que afectaban al contenido de determinados programas financiados por el presupuesto de la Unión, socavando las prerrogativas legislativas del Parlamento;
3. Lamenta el hecho de que el presupuesto de la Unión se base principalmente en las contribuciones nacionales en lugar de en verdaderos recursos propios, como prevén los Tratados europeos desde el Tratado de Roma; lamenta el hecho de que, por consiguiente, en el Consejo, el debate sobre los gastos gire en torno a los ingresos netos en vez de al valor añadido europeo y en torno a la lógica del «justo retorno» en vez de al imperativo de solidaridad que prescriben los preámbulos de los Tratados; pide al Consejo que se atenga a la letra y al espíritu de los Tratados y que establezca un sistema de recursos propios verdaderos, claros, simples y justos, a fin de facilitar una mayor transparencia y eficacia del presupuesto de la UE, reduciendo al mismo tiempo la carga que pesa sobre los presupuestos nacionales destaca el papel desempeñado por el Grupo sobre los recursos, propios presidido por Mario Monti; pide al Consejo que tenga en cuenta las recomendaciones del Grupo de alto nivel sobre los recursos propios;
4. Denuncia la acumulación de retrasos en la liquidación de los compromisos debida a la insuficiencia de créditos de pago de que adolece el presupuesto de la Unión, infringiendo lo dispuesto en los artículos 310 y 323 del TFUE y poniendo así en peligro la autoridad de la Unión; lamenta que esta insostenible situación sea un indicio de la falta de compresión mutua, y reitera la necesidad de realizar un análisis conjunto del problema; considera que la revisión poselectoral del MFP 2014-2020, que deberá emprenderse a finales de 2016 a más tardar, brinda una buena oportunidad para volver a examinar la cuestión y proceder a los ajustes necesarios para aliviar el problema;
5. Insta al Consejo a que acompañe todas las decisiones que adopte y que tengan impacto presupuestario de una detallada explicación presupuestaria;
6. Recuerda que el uso del presupuesto de la Unión como garantía de préstamo en el mercado por algunos de estos instrumentos, como el mecanismo de ayuda financiera a las balanzas de pagos, el Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera (MEEF) o los instrumentos de política exterior, como la garantía para el mandato exterior del BEI, la asistencia macrofinanciera y el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) que se creará próximamente, pone a la Unión, de facto, en una situación de endeudamiento que en sí misma es contraria al principio de equilibrio presupuestario incluido en el Tratado; observa que, en el marco del MEDE, las contribuciones del presupuesto de la UE no están sujetas a control alguno por parte del Parlamento Europeo, por lo que propone que este control se asegure conjuntamente por el PE y los Parlamentos nacionales;
7. Recuerda que, en contra de la práctica actual, el Tratado de Lisboa prevé la posibilidad de adoptar un MFP para un período de cinco años; pide que los futuros MFP se ajusten al próximo mandato parlamentario, a fin de disociar el proceso legislativo de la aprobación de los programas plurianuales, facilitando así la coordinación legislativa e impidiendo efectivamente al Consejo Europeo que ejerza funciones legislativas; pide al Consejo que suscriba este imperativo democrático con ocasión de la revisión postelectoral del MFP;
8. Insta al Consejo a que, al adoptar su posición sobre los presupuestos anuales y rectificativos, sus deliberaciones sean públicas, así como a que evite un uso excesivo del procedimiento escrito, que merma la transparencia del proceso de toma de decisiones contemplado en el artículo 10, apartado 3, del TUE y debe reservarse para situaciones de auténtica urgencia;
9. Recuerda que, de conformidad con el artículo 24 del Reglamento del Consejo (UE, Euratom) nº 1311/2013, de 2 de diciembre de 2013, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020, todos los gastos e ingresos de la Unión y de Euratom se han de incluir en el presupuesto general de la Unión, conforme al artículo 7 del Reglamento Financiero;
10. Pide a la Comisión que prepare un informe anual que acompañe al presupuesto general de la Unión y que reúna toda la información disponible y no confidencial relativa a lo siguiente:
– el activo y pasivo de la Unión, incluido el que se deriva de operaciones de préstamo y crédito realizadas por la Unión de conformidad con sus competencias con arreglo a los Tratados,
– ingresos, gastos, activos y pasivos del Fondo Europeo de Desarrollo (FED), la Facilidad Europea de Estabilización Financiera (FEEF), el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y otros posibles mecanismos futuros, incluidos los fondos fiduciarios,
– los gastos realizados por los Estados miembros en el marco de la cooperación reforzada, en la medida en que no hayan sido consignados en el presupuesto general de la Unión.
OPINIÓN de la Comisión de Control Presupuestario (24.2.2016)
Ponente de opinión: Petri Sarvamaa
A. Considerando que la escasez de recursos se sigue agudizando debido a un entorno económico y financiero difícil; y que, por consiguiente, las instituciones de la Unión y los Estados miembros deben cooperar plenamente con el fin de maximizar el potencial del Tratado de Lisboa en lo que se refiere a la aplicación y protección efectiva del presupuesto de la Unión;
B. Considerando que el presupuesto de la Unión sigue siendo una valiosa fuente de financiación para los Estados miembros, y en algunos casos, la principal fuente de inversión pública, con incidencia en el crecimiento, el empleo y la competitividad;
C. Considerando que todas las instituciones de la Unión deberían ser transparentes y plenamente responsables ante los ciudadanos de la Unión en lo que se refiere a los fondos que se les encomiendan;
D. Considerando que el Tratado de Lisboa ha reafirmado el marco jurídico que confía al Tribunal de Cuentas los cometidos de fomento de la responsabilidad pública y asistencia al Parlamento y al Consejo en la supervisión de la ejecución del presupuesto de la Unión contribuyendo, así, a la protección de los intereses financieros de los ciudadanos;
E. Considerando que el artículo 318 del Tratado de Lisboa prevé un diálogo adicional entre el Parlamento y la Comisión y que debe promover una cultura orientada a los resultados en la ejecución del presupuesto de la Unión;
F. Considerando que el artículo 166, apartado 1, del Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 dispone que las distintas instituciones de la Unión harán todo lo posible por dar curso a las observaciones adjuntas a la decisión del Parlamento sobre la aprobación de la gestión presupuestaria;
Presupuesto de la Unión - Artículo 318 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
1. Teniendo en cuenta que, toda vez que las labores de la Unión han aumentado, el control anual que realiza el Parlamento de la ejecución por parte de la Comisión y de otras instituciones y organismos de los créditos presupuestarios de la Unión ha adquirido una importancia cada vez mayor para los contribuyentes de la Unión;
2. Considera fundamental respetar la disciplina presupuestaria y utilizar los fondos disponibles de la Unión de manera más eficiente y eficaz; señala que los Fondos Estructurales existentes deben utilizarse de manera más eficaz y de forma más transparente para fomentar la competitividad y la cohesión social y que debe supervisarse estrictamente su correcta ejecución;
3. Hace hincapié en que, cuando presente al Parlamento y al Consejo los informes de evaluación de los resultados de la Unión previstos en el artículo 318 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), la Comisión deberá informar sobre los resultados obtenidos, haciendo especial hincapié en el rendimiento sobre la base de un análisis preciso de la rentabilidad y de la eficiencia y la eficacia de los resultados obtenidos utilizando fondos de la Unión, así como de un análisis del cumplimiento de los objetivos y políticas que establecen los tratados;
4. Señala que, hasta la fecha, a pesar de haberse realizado algunos avances, el informe de evaluación previsto en el artículo 318 TFUE no es todavía una contribución útil para las pruebas disponibles cuando el Parlamento, en su calidad de autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria, aprueba la gestión de la Comisión (artículo 319 del TFUE); pide a la Comisión que identifique y presente indicadores de rendimiento claros y cuantificables en su informe de evaluación anual;
Aprobación de la gestión del Consejo
5. Manifiesta su preocupación por el hecho de que, desde 2009, el Consejo se niega a cooperar en el marco del procedimiento de aprobación de la gestión que realiza el Parlamento Europeo, negándose a facilitar la información necesaria, a responder a las preguntas escritas y a asistir a las audiencias y debates sobre la ejecución de su propio presupuesto; subraya que, tras varios años de haberse denegado la aprobación de la gestión al Consejo, éste todavía no ha adoptado las medidas necesarias para cumplir los requisitos en materia de transparencia y responsabilidad ante el Parlamento (la única institución europea elegida directa y democráticamente y con competencias para aprobar la gestión en relación con el conjunto del presupuesto europeo) y que, por consiguiente, mina la legitimidad y la legalidad de las responsabilidades del Parlamento;
6. Recuerda, en este contexto, que el Parlamento es la única institución elegida directamente por los ciudadanos y considera que la supervisión efectiva de la ejecución del presupuesto de la Unión requiere una cooperación entre el Parlamento, el Consejo Europeo y el Consejo con el fin de aumentar la transparencia de la gestión financiera y mejorar la rendición de cuentas democrática frente a los contribuyentes de la Unión;
7. Considera que la falta persistente de cooperación por parte del Consejo impide al Parlamento adoptar una decisión sobre la aprobación de la gestión con conocimiento de causa lo que, por consiguiente, tiene repercusiones negativas duraderas en el modo en que los ciudadanos perciben la credibilidad de las instituciones de la Unión y la transparencia en el uso de los fondos de la Unión; considera que esta falta de cooperación afecta también negativamente al funcionamiento de las instituciones y desacredita el procedimiento de control político de la gestión del presupuesto que prevén los tratados;
8. Lamenta que no todas las instituciones de la Unión apliquen las mismas normas en materia de transparencia y considera que el Consejo debería hacer mejoras en ese sentido; expresa su convencimiento de que el Parlamento y el Consejo, en su calidad de colegisladores, deben aplicar las mismas normas de transparencia;
9. Reconoce el papel crucial que desempeña el Tribunal de Cuentas, única autoridad pública europea de auditoría, para asegurar una utilización mejor y más inteligente de los fondos europeos; recuerda que, además de su importante obligación de proporcionar información sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones subyacentes, el Tribunal desempeña un papel destacado a la hora de proporcionar al Parlamento la información necesaria para llevar a cabo su tarea y cumplir su mandato de control democrático del presupuesto europeo, así como ofrecer información de los resultados y efectos de las políticas de la Unión con vistas a la mejora de la eficacia de las actividades financiadas por la Unión;
10. Recomienda, por tanto, que se refuerce el Tribunal de Cuentas Europeo; confía en que el Tribunal siga comprometido con la independencia, la integridad, la imparcialidad y el profesionalismo y que establezca unas relaciones de trabajo sólidas con sus interlocutores;
11. Considera que, en virtud del artículo 287, apartado 3, del TFUE, debe perseguirse una cooperación más estrecha entre el Tribunal y las instituciones nacionales de control, en particular en relación con los informes de auditoría del rendimiento (relación calidad-precio) de los distintos programas y las políticas de la Unión y la auditoría de los acuerdos de gestión compartida; espera resultados concretos en cuanto a la puesta en común del programa de trabajo anual del Tribunal;
12. Pone de relieve que la composición del Tribunal y el procedimiento de nombramiento de sus miembros se establecen en los artículos 285 y 286 del TFUE; considera que el Parlamento y el Consejo deben estar en pie de igualdad al nombrar a los miembros del Tribunal de Cuentas para garantizar la legitimidad democrática, la transparencia y la completa independencia de sus miembros; pide al Consejo que respete las decisiones adoptadas por el Parlamento a raíz de las comparecencias de los candidatos designados como miembros del Tribunal de Cuentas;
13. Lamenta que en la actualidad las mujeres sean menos del 20 % de los miembros del Tribunal de Cuentas; pide a los Estados Miembros que coordinen sus nombramientos relativos al Tribunal para velar por que entre sus miembros haya paridad entre mujeres y hombres;
14. Recuerda que el artículo 86 del TFUE introduce la posibilidad de crear una Fiscalía Europea para combatir las infracciones que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión; pone de relieve, asimismo, que la Fiscalía Europea podrá incoar un procedimiento penal contra dichas infracciones, sus autores y cómplices y le habilita para ejercer ante los órganos jurisdiccionales nacionales una acción penal; señala que el Parlamento ya emitió su opinión en relación con la propuesta de Reglamento sobre la Fiscalía Europea en abril de 2015 e insta al Consejo a que, tomando en cuenta la posición expresada por el Parlamento, adopte en el plazo más breve posible este reglamento, que permitirá a la Unión proteger sus intereses financieros con más eficacia.