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Timestamp: 2019-01-24 09:12:26
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Matched Legal Cases: ['artículo 180', 'artículo 38', 'artículo 32', 'artículo 86', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 180']

﻿ SENTENCIA 2002 9661 -01 DE ABRIL 18 DE 2002
SENTENCIA 2002 9661 -01 DE 18 DE ABRIL DE 2002
CONTENIDO:ACCIONES DE GRUPO. MEDIANTE SU EMPLEO NO PUEDEN SUSTRAERSE DE LA JURISDICCIÓN LABORAL ORDINARIA LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LA RELACIÓN INDIVIDUAL DE TRABAJO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE GRUPO, ACCIÓN DE TUTELA, CONTRATO DE TRABAJO, JURISDICCIÓN LABORAL, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO
Sentencia 9661 de abril 18 de 2002
Rad. 20029661-01, abr. 18/2002.
Aprobado según Acta Nº treinta y cuatro (34) de la fecha.
Decide la Sala la impugnación de Darío Ernesto Bejarano Salgado y otros contra el fallo del 6 de marzo de 2002 de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, que negó por improcedentes las acciones de tutela del primero citado y las acumuladas a ella de Nelly Martínez Viancha, Ana Julia Pérez Chacón y Claudia Lucía Calderón Gómez en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado.
En procura de obtener el amparo constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, Darío Ernesto Bejarano Salgado instauró acción de tutela contra la Sección Primera “B“ del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca y la Sección Segunda “B” del Consejo de Estado (fls. 1 a 6), pues a su juicio, incurrieron en vías de hecho al proferir las providencias del 11 de octubre y 18 de diciembre de 2001, respectivamente, dentro de la acción de grupo promovida por el mismo, junto con otros compañeros de trabajo, en contra de la Fundación San Juan de Dios, la Nación —Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Salud, Superintendencia Nacional de Salud— y el departamento de Cundinamarca con el fin de obtener que se condenara a éstas:
“(...) a cancelar al grupo demandante la indemnización colectiva compensatoria —monto de los salarios adeudados y lo correspondiente al incremento salarial para los respectivos años, así como las prestaciones legales y extralegales—, moratoria —indexación e intereses moratorios a la tasa más alta permitida por la ley—, sanción moratoria correspondiente por el no pago oportuno de sus salarios —un día de salario por día de mora— y, los perjuicios morales causados por el no pago total y oportuno de sus salarios y prestaciones sociales legales y extralegales —prima de riesgo, intereses a la cesantía, auxilio escolar, dotaciones, etc.—, indemnización total e íntegra que debe ser equivalente a la sumatoria ponderada de las indemnizaciones individuales. Igualmente se les condenará al pago de los perjuicios irrogados por la no cancelación de las cotizaciones al sistema general de seguridad social —salud, pensiones y riesgos profesionales—, razón por la que el Instituto de los Seguros Sociales no les ha prestado los servicios respectivos” (fl. 1, cdno. ppal.).
Por dirigirse contra las mismas corporaciones, existir identidad en el problema jurídico y coincidir en sus pretensiones, a la acción promovida por Darío Ernesto Bejarano Salgado bajo el radicado 2002-0661, fueron acumuladas las instauradas por Nelly Martínez Viancha, Ana Julia Pérez Chacón y Claudia Lucía Calderón Gómez, según providencia del 21 de febrero de 2002 de la Sala Seccional (fls. 9 a 11, cdno. ppal.).
De la citada demanda de grupo que suscita el reclamo de los aquí accionantes, conoció en primera instancia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien por auto del 11 de octubre de 2001 resolvió su rechazo por las razones que obran en las consideraciones de dicha providencia (fls. 10 a 23, anexos).
Apelado el auto anterior por el mandatario judicial de los interesados, conoció de la alzada la Sección Segunda Subsección “B” de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, quien en providencia del 22 de noviembre de 2001 confirmó el auto recurrido (fls. 10 a 23, ibíd.).
Tal decisión fue también impugnada mediante la interposición del recurso de reposición y éste rechazado por improcedente, según auto del 18 de diciembre de 2001 de la misma corporación.
Frente a las providencias proferidas el 11 de octubre de 2001 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el 22 de noviembre y 18 de diciembre de 2001 por el Consejo de Estado, los demandantes Darío Ernesto Bejarano Salgado, Nelly Martínez Viancha, Ana Julia Pérez Chacón y Claudia Lucía Calderón Gómez, recurrieron el 19 de febrero del presente año en acción de tutela ante Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca (fls. 1 a 6, cdno. ppal. y acumulados).
La precitada corporación, mediante auto del 21 de febrero de 2002, aprehendió el conocimiento de las anteriores demandas acumuladas bajo el radicado 2002-0661 (fls. 9 a 11), de cuyo inicio fueron notificados los accionados, los peticionarios y los terceros con interés en su resultado (fls. 12 a 25, cdno. ppal.).
Sobre esta acción se pronunciaron, oponiéndose a su prosperidad, el Ministro de Hacienda y Crédito Público (fls. 26 a 29), la Fundación San Juan de Dios (fls. 30 a 34), el Departamento de Cundinamarca (fls. 95 a 98), la Superintendencia Nacional de Salud (fls. 96 a 98) y el Ministerio de Salud (fls. 101 a 105, cdno. ppal.).
En cuanto a la Sección Primera Subsección B del tribunal accionado, ésta se atuvo a los fundamentos expuestos en su auto del 11 de octubre de 2001 y a la providencia del Consejo de Estado de 22 de noviembre del mismo año, según oficio del 26 de febrero de 2002 (fl. 106, ibíd.).
Mediante providencia del 6 de marzo de 2002, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca resolvió negar por improcedente la solicitud de tutela que interpusieron Darío Ernesto Bejarano Salgado, Nelly Martínez Viancha, Ana Julia Pérez Chacón y Claudia Lucía Calderón Gómez (fls. 107 a 127, ibíd.).
Inconformes con la decisión de la Sala Seccional, los accionantes impugnaron dicho fallo, cuya revisión, en sede de instancia, ocupa a esta Sala.
Alegan los accionantes, que contrariamente a lo expuesto por el tribunal en la providencia del 11 de octubre de 2001 que rechazó la acción de grupo, lo pretendido a través de la misma, no es el pago de salarios adeudados, como se consideró, sino el reconocimiento de la indemnización compensatoria y moratoria derivada de tal hecho, exigible como en todo género de obligaciones, pues afirman que así lo viene sosteniendo la Corte Suprema de Justicia a partir de la sentencia de noviembre 3 de 1977 que citan.
Para los accionantes, el tribunal con su decisión se apartó de la normatividad constitucional y legal que regula las acciones de grupo, configurándose así una vía de hecho, porque a juicio de los mismos, al no estar excluidas de su régimen las reclamaciones e indemnizaciones de carácter laboral, debe concluirse que tal mecanismo es procedente también en esos casos, reunidos además, como dicen encontrarse en su demanda, los requisitos exigidos por la Ley 472 de 1998.
Aducen, además, que el tribunal confundió las diferencias existentes entre las acciones populares y las acciones de grupo, aplicando a estas últimas los requisitos de la primera, basado en la interpretación desafortunada de una providencia del Consejo de Estado, con lo cual se les cercenó su derecho al ejercicio de la acción grupal, remitiéndolos a las acciones laborales ordinarias, que duran entre 5 a 7 años para ser resueltas (fl. 2, cdno. ppal.).
Igualmente cuestionan el auto del Consejo de Estado del 22 de noviembre de 2001, pues aducen que mediante el mismo se acogió el criterio “ilegal e inconstitucional” del tribunal para rechazar la acción, confirmándola, lo cual deviene en una actuación de hecho que vulneró en forma grave sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, en la medida que tal pronunciamiento tampoco consultó la normatividad pertinente de esa acción.
Así mismo, reparan los accionantes en el auto del 18 de diciembre de 2001 del Consejo de Estado, mediante el cual se rechazó de plano, por improcedente, el recurso de reposición interpuesto contra la anterior decisión, señalando que de esa manera se transgredió el artículo 180 del Código Contencioso Administrativo en detrimento del derecho al debido proceso, como quiera que se trataba de una providencia interlocutoria, susceptible del mismo.
Razones de los opositores.
• Ministerio de Hacienda y Crédito Público (fls. 26 a 29, cdno. ppal.):
Aduce el ministerio que las actuaciones de los órganos jurisdiccionales al despachar desfavorablemente para los demandantes la demanda de grupo, se ajustó al ordenamiento jurídico y no violó el derecho de defensa, ni les negó a éstos el acceso a la administración de justicia.
Considera, además, que las divergencias son de interpretación y no constituyen vía de hecho. Tanto así, agrega, que se basan en los mismos argumentos empleados para sustentar en su momento la apelación contra la providencia del tribunal, y no es válido servirse de este medio para revivir su discusión, desconociéndose la fuerza vinculante de las respectivas providencias judiciales.
• Fundación San Juan de Dios (fls. 30 a 34, cdno. ppal.):
Para la fundación, la acción de tutela no es un mecanismo concebido para “(...) obtener por vía rápida el pago de prestaciones sociales y salarios atrasados, pagos de los cuales se encarga la jurisdicción laboral...“.
• Departamento de Cundinamarca (fls. 95 a 98, cdno. ppal.):
Se limitó a manifestar su desconocimiento de la existencia de la demanda de grupo, materia de esta acción.
• Superintendencia Nacional de Salud (fls. 96 a 98, cdno. ppal.):
Informa no tener antecedentes sobre la existencia de la demanda de grupo, la cual, en todo caso, no considera que sea la correspondiente para obtener el pago de salarios, ni la llamada a emplearse para dirimir los conflictos de carácter laboral, como mecanismo alternativo o sustituto de las acciones ordinarias encargadas a los jueces de esa jurisdicción.
• Ministerio de Salud (fls. 101 a 105, cdno. ppal.):
Da cuenta en este caso, de la existencia de las mismas acciones, por los mismos hechos, a través de demandas encabezadas por diferentes accionantes integrantes del grupo y señala además, la improcedencia de esta acción cuando por parte del ministerio están satisfechas con los interesados, las obligaciones que por su parte, les corresponden.
• El tribunal accionado (fl. 106, cdno. ppal.):
Se atuvo a los fundamentos expuestos en su auto del 11 de octubre de 2001 y a la providencia del Consejo de Estado de 22 de noviembre del mismo año, según oficio del 26 de febrero de los corrientes (fl. 106, cdno. ppal.).
La Sala jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la judicatura de Cundinamarca, quien avocó el conocimiento y decidió sobre las acciones de tutela acumuladas, resolvió negarlas por improcedentes, por considerar, según se infiere de los fundamentos del fallo, que las providencias del tribunal y del Consejo de Estado impugnadas por esta vía, se encuentran debidamente sustentadas, dan cuenta de un análisis y raciocinio serios y fundados frente al tema de las aciones de grupo y de su reglamentación, siendo los motivos expuestos, suficientes para advertir que la decisión adoptada en una y otra instancia, lo fue de conformidad con la ley, sin que por lo tanto apreciara la vulneración de los derechos fundamentales invocados por los actores (fls. 115 a 127).
Por otra parte, como la Sala encontró que varios de los ciudadanos del grupo de 86 personas que promovieron la referida acción de clase, entre los cuales se encuentran los aquí demandantes, instauraron también de manera individual acción de tutela ante diversos estrados judiciales para obtener múltiples pronunciamientos a partir de idénticos hechos y derechos derivados del mismo caso, unido a que cada uno de ellos reportó al abogado José Guillermo Roa Sarmiento, como su apoderado, además de su dirección para ser notificados, la Sala de instancia dispuso compulsar copias de toda la actuación en contra del citado profesional para establecer su presunta incursión en la falta prevista en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, reglamentario de la acción de tutela (fls. 126 y 127).
Inconformes con la anterior decisión, los accionantes Darío Ernesto Bejarano (fl. 154, cdno. ppal.), Nelly Martínez Viancha (fl. 17, cdno. rad. 20020665) y Ana Julia Pérez Chacón (fl. 16, cdno. rad. 20020666) la impugnaron, teniendo como único fundamento, un fallo de la Sección Cuarta del Consejo de Estado del 1º de marzo de 2002, mediante el cual, según los mismos, se revocó el rechazo de una acción de grupo de características similares a la interpuesta por ellos y se ordenó tramitarla, no obstante perseguir, como se dijo, el reconocimiento de la indemnización compensatoria y moratoria por el no pago oportuno de salarios.
La Sala es competente para conocer de la impugnación propuesta contra el fallo de tutela de primera instancia, de conformidad con los artículos 116 y 86 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.
En el marco del Estado social de derecho, consagró la Constitución de 1991 con características propias la acción de tutela, llamada en otras legislaciones de amparo, cuyo instrumento de singular trascendencia en nuestro ordenamiento positivo, sin duda alguna ha representado un importante desarrollo jurídico patrio sobre la eficacia y validez de los derechos fundamentales inherentes al ser humano, proclamados a través de la historia por las diversas sociedades hasta llegar incluso a ser materia de regulación específica en pactos y convenciones internacionales sobre derechos humanos a los cuales han adherido la mayoría de los Estados como expresión de la coexistencia pacífica inspirada en el respeto por la dignidad del hombre en el nuevo orden mundial.
Consecuente entonces el constituyente de 1991 con la vocación jurídica de nuestro Estado en materia de derechos fundamentales, exteriorizada a través de los múltiples tratados internacionales de los cuales forma parte, estableció en el artículo 86 de la Carta Magna la acción de tutela, erigiéndola en derecho al alcance de toda persona para reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales constitucionales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o estén amenazados y no exista otro mecanismo judicial idóneo y eficaz que los garantice, a menos, como lo señala la misma Carta, que “(...) se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable“, cuya concepción destaca su carácter residual y subsidiario, no siendo admisible su procedencia cuando el accionante disponga de otros medios de defensa judicial para hacer efectivos sus derechos, con la excepción aludida que el precepto superior consagra.
Ahora, sobre la viabilidad de acudir a este mecanismo para impugnar las decisiones judiciales, la regla general es que no procede, como ha sido el criterio de nuestro máximo tribunal constitucional, debido a que la acción de tutela no fue concebida para discutir las providencias de los administradores de justicia, ni para reemplazarlos, pues ello sería tanto como usurpar las competencias cabalmente establecidas por el legislador para el conocimiento y resolución de los conflictos en las instancias determinadas, interfiriendo indebidamente en la autonomía funcional del juez amparada constitucionalmente, además de enervarse el principio rector de cosa juzgada consagrado en el sistema procesal, en cuyo pilar descansa la seguridad jurídica.
No obstante, la H. Corte Constitucional ha venido admitiendo, de modo excepcional, el ejercicio de la tutela contra las providencias judiciales, cuyo antecedente se remonta a la sentencia del 1º de octubre de 1992 cuando declaró inexequibles las normas del decreto reglamentario que lo permitía, oportunidad en la cual limitó exclusivamente su procedencia ante la evidencia rotunda de una vía de hecho, esto es, la ostensible arbitrariedad en que haya podido incurrir un funcionario al adoptar su decisión en detrimento de algún derecho fundamental, siempre y cuando se demuestre que el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial, o que aun existiéndolo, se busca evitar un perjuicio irremediable, criterio jurisprudencial mantenido y desarrollado a través de sucesivos pronunciamientos.
En este caso, aun cuando los accionantes ya no disponen de otros mecanismos para controvertir las decisiones que censuran, pues ya agotaron, sin éxito, los recursos previstos en el ordenamiento procesal contra la providencia que rechazó la referida acción de grupo, de ello no se sigue que deba volverse por este medio sobre el asunto, a menos que, concurriendo por una parte los presupuestos de procedibilidad de la acción de tutela, se configure, de otro lado, la existencia de una actuación de hecho en las decisiones que se tachan.
Se tiene entonces, como quedó visto, que los accionantes procuran la protección constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, conculcados con las vías de hecho en que incurrieron las corporaciones accionadas, según lo aducen, al rechazar por improcedente la demanda que interpusieron en ejercicio de la acción de grupo, junto con 83 personas más, en contra de la Fundación San Juan de Dios, La Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Salud, Superintendencia Nacional de Salud y el departamento de Cundinamarca, y como restablecimiento de los derechos invocados, que el juez de tutela revoque dichas decisiones y en su lugar le ordene a la respectiva instancia que admita la referida acción de clase.
Del estudio acometido en esta oportunidad sobre el asunto planteado, no encuentra la Sala configuradas las vías de hecho alegadas por los accionantes con las decisiones adoptadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado en relación con el rechazo de la demanda que ante esa jurisdicción promovieron los impugnantes, pues tales pronunciamientos ostentan una exposición razonada de motivos, cuyos fundamentos excluye y desvirtúa cualquier proceder arbitrario o caprichoso.
Así se desprende de cotejar lo expuesto por el tribunal y confirmado por el Consejo de Estado al despachar el rechazo de la demanda de grupo que propusieron los accionantes, teniendo en cuenta lo previsto en la Ley 472 de 1998 que desarrolló la materia, la cual definió en sus artículos 3º y 46 las acciones de grupo:
“Son aquellas acciones interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas. Las condiciones uniformes deben tener también lugar respecto de todos los elementos que configuran la responsabilidad.
De esta manera, tanto el tribunal como el Consejo de Estado, en sus respectivas providencias, cumpliendo con el deber de valorar la procedencia de la acción para decidir sobre su admisibilidad, determinaron que la demanda materia de sus pronunciamientos, adolecía de los presupuestos que estructuran la viabilidad de la acción, pues el fundamento de la promovida sin éxito por los accionantes se deriva del presunto incumplimiento del empleador en el pago de sus acreencias laborales, originadas de su condición de trabajadores del Hospital San Juan de Dios y como lo explican los resultados de las dos instancias, especialmente, el proveído del 22 de noviembre de 2001 del Consejo de Estado, no se trata de la indemnización compensatoria a que se refiere la Ley 472 de 1998, porque lo pretendido por el grupo demandante es la satisfacción de unas “acreencias laborales insolutas”, lo cual tiene su propio trámite para ser reclamadas y obtener su reconocimiento a través de la acción laboral ordinaria, como lo expuso la citada corporación (fl. 137, cdno. ppal.), circunscrita, justamente al ordenamiento jurídico.
Ahora, observa la Sala, si bien la Corte Constitucional al referirse a las características que distinguen las acciones de grupo, ha señalado, que éstas no se contraen exclusivamente a los derechos constitucionales fundamentales, ni a los derechos colectivos, por cuanto comprenden así mismo, derechos subjetivos de origen constitucional o legal, igualmente ha precisado, de acuerdo con el régimen previsto para las mismas en la Ley 472 de 1998, que “necesariamente suponen la existencia, reclamo y demostración de un perjuicio o daño causado” (Sent. SU-067, feb. 24/93, M.P. Fabio Morón Díaz y Ciro Angarita Barón), cuya reparación, aun cuando es el objeto de la acción de grupo, siempre que concurran los demás requisitos fijados en dicha ley, ello no otorga la liberalidad de intentar indiscriminadamente su reconocimiento al margen y con independencia del proceso que legalmente corresponda.
Por consiguiente, no es arbitrario lo advertido por el Consejo de Estado en su decisión, cuando señaló que el asunto planteado como acción de grupo, le está atribuido al juez laboral ordinario, toda vez que no tiene discusión alguna su competencia, dentro del ámbito privativo que la ley le ha adscrito, para pronunciarse, definir y declarar la existencia, o no, de los derechos laborales consagrados en las normas sustantivas a los cuales se remiten en apoyo de sus pretensiones los accionantes.
Por lo tanto, su raciocinio, según el cual, mediante la acción de grupo no es posible exigir el reconocimiento de salarios y prestaciones nacidos de la relación laboral “con el simple cambio de nombre“ de la acción, “disfrazándolas, como indemnizaciones”, para esta Sala en modo alguno es aparente o abusivo, sino real y legítimo, pues subyacen en la respectiva demanda las pretensiones formuladas por los actores, a las cuales precisamente se atuvo para desentrañar su verdadero alcance y determinar su improcedencia al amparo de la acción de grupo, en la medida que ciertamente apuntaron a acceder al pago de tales acreencias, como lo informa su petitum:
“(...) cancelar al grupo demandante la indemnización colectiva compensatoria —monto de los salarios adeudados y lo correspondiente al incremento salarial para los respectivos años, así como las prestaciones legales y extralegales—, moratoria —indexación e intereses moratorios a la tasa más alta permitida por la ley—, sanción moratoria correspondiente por el no pago oportuno de sus salarios —un día de salario por día de mora— y, los perjuicios morales causados por el no pago total y oportuno de sus salarios y prestaciones legales y extralegales— prima de riesgo, intereses a la cesantía, auxilio escolar, dotaciones, etc.—, indemnización total e íntegra que debe ser equivalente a la sumatoria ponderada de las indemnizaciones individuales. Igualmente se les condenará al pago de los perjuicios irrogados por la no cancelación de las cotizaciones al sistema general de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales— razón por la que el Instituto de los Seguros Sociales no les ha prestado los servicios respectivos” (fls. 1 y 2 anexos).
En este orden de ideas, para la Sala es claro, que el interés de los demandantes se encaminó a obtener el reconocimiento y pago de salarios, prestaciones y sanciones laborales, cuya causa tiene su origen en relaciones individuales de trabajo, y si bien tales pretensiones pueden ser materia de acumulación a una misma demanda (C.P., art. 82, inc. 3º), o a otro proceso (art. 157, ibíd.), no por eso escapan a su naturaleza para confundirse dentro de las acciones de grupo o de clase de las previstas en la Ley 472 de 1998.
Por las anteriores razones de meridiana claridad, dichas controversias no pueden sustraerse, al arbitrio del actor, de la jurisdicción laboral ordinaria, derogándola, pues es la establecida para pronunciarse en cualquier sentido, sobre todos los litigios originados en el contrato de trabajo, de acuerdo con el artículo 3º del Código Sustantivo del Trabajo, en concordancia con el artículo 2º del Código de Procedimiento Laboral, aun, si el incumplimiento de las obligaciones del empleador, da lugar al reclamo de las indemnizaciones que prevé la ley laboral a favor del trabajador, como lo son los salarios caídos, cuando su derecho se deriva, en todo caso, de la relación individual de trabajo.
En consecuencia, la Sala encuentra juicioso el razonamiento del tribunal y la motivación del Consejo de Estado para adoptar las decisiones objetadas por esta vía y, por lo mismo, no advierte la transgresión del derecho fundamental al debido proceso alegado por los accionantes, cuando las respectivas providencias permiten apreciar un contenido objetivo y fundado en derecho, en cuya adopción se observaron las formas propias del proceso (C.P., art. 29).
Ello descarta, igualmente, que se les haya violado el derecho de acceder a la administración de justicia, pues lo resuelto en las providencias acusadas, en manera alguna impide que se ejerciten las acciones laborales ordinarias correspondientes.
Tampoco les asiste razón alguna a los accionantes para predicar la violación del mismo derecho, porque el auto del 18 de diciembre de 2001 del Consejo de Estado rechazó de plano, por improcedente, el recurso de reposición que a través de su apoderado impetraron contra la decisión del 22 de noviembre de 2001, puesto que conforme al artículo 180 del Código Contencioso Administrativo, tal recurso fue “manifiestamente improcedente“, toda vez que se dirigió contra la providencia que desató el de apelación.
En efecto, dispone la precitada norma:
El recurso de reposición procede contra los autos de trámite que dicte el ponente y contra los interlocutorios dictados por las Salas del Consejo de Estado, o por los tribunales, o por el juez, cuando no sean susceptibles de apelación “(se destaca).
Finalmente, en relación con la providencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, traída como fundamento de la impugnación, vale señalar, que los jueces en sus pronunciamientos, sólo están sujetos a la Constitución y a la ley (C.P., art. 230), y la doctrina y la jurisprudencia, sirven de criterios auxiliares (inc. segundo ibíd.), que bien pueden seguirse, o no, pues en manera alguna obligan y no cabe exigir que la decisión que un determinado juez o tribunal adopte en un caso particular, deba asumirse como regla general para fallar otras, aun similares.
Además, las circunstancias de cada quien en un juicio no se transmiten a otros y las pruebas específicas vertidas en cada proceso naturalmente son materia del análisis propio del juzgador de conocimiento para adoptar las determinaciones que en derecho correspondan dentro de su autonomía funcional, lo cual, en modo alguno permite asumir que deban darse decisiones idénticas.
Sean las anteriores razones suficientes para denegar el amparo deprecado, como habrá de disponerlo esta Sala, modificando la decisión de la Sala Seccional que la negó por improcedente.
En mérito de lo expuesto la Sala jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
1. Modificar la sentencia del 6 de marzo de 2002 de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, que negó por improcedente la tutela interpuesta por Darío Ernesto Bejarano Salgado, Nelly Martínez Viancha, Ana Julia Pérez Chacón y Claudia Lucía Calderón Gómez para en su lugar denegarla por las razones expuestas en la parte motiva de la presente decisión.
2. Disponer que por la secretaría judicial de esta Sala se remita el presente fallo a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a su ejecutoria.