Source: https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-no-vinculante-dgt-0010-11-14-04-2011-583011
Timestamp: 2020-07-11 07:39:01
Document Index: 267656270

Matched Legal Cases: ['Artículo 63', 'artículo 61', 'artículo 61', 'artículo 63', 'artículo 35', 'artículo 75', 'artículo 21', 'artículo 25', 'artículo 51', 'artículo 53', 'artículo 85', 'artículo 29', 'artículo 132', 'artículo 61', 'artículo 5']

Resolución No Vinculante de DGT, 0010-11, 14-04-2011 | Iberley
Resolución No Vinculante de Dirección General de Tributos, 0010-11 de 14 de Abril de 2011
TRLRHL RD Leg. 2/2004. Artículo 63.
Si la entidad está sujeta o no al IBI y, en todo caso, quién es el sujeto pasivo del mismo.
La entidad consultante era propietaria de cuatro fincas, que en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio de junio de 1987, modificado en octubre de 1997, fueron calificadas como "suelo urbano zona verde pública", quedando, según ella, expropiadas "ope legis" desde ese momento y pasando a formar parte del dominio público.
Entiende que la expropiación se produce en el momento de la aprobación del PGOU en octubre de 1997, por lo que desde ese momento, al tratarse de bienes de dominio público afectos al uso público, no quedarían sujetos al IBI.
El artículo 61 del TRLRHL dispone, en su apartado 1, que constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los siguientes derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características especiales:
a)De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a que se hallen afectos.
b)De un derecho real de superficie.
c)De un derecho real de usufructo.
d)Del derecho de propiedad.
El apartado 5 del mismo artículo 61 regula los supuestos de no sujeción al IBI, estableciendo:
"5. No están sujetos al impuesto:
Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente por el ayuntamiento excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros mediante contraprestación.
Los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente los cedidos a terceros mediante contraprestación."
El artículo 63 del TRLRHL establece que "son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho imponible de este impuesto."
El artículo 75 del TRLRHL dispone que el impuesto se devenga el primer día del período impositivo, y que éste coincide con el año natural.
La Ley, de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, establece, en sus artículos 9 y 15, que para proceder a la expropiación forzosa será indispensable la previa declaración de utilidad pública o interés social del fin a que haya de afectarse el objeto expropiado. Una vez declarada la utilidad pública o el interés social, la Administración resolverá sobre la necesidad concreta de ocupar los bienes.
El artículo 21 de la Ley de Expropiación Forzosa, dispone que el acuerdo de necesidad de ocupación inicia el expediente expropiatorio, dicho acuerdo se publicará y se notificará individualmente a los interesados.
El artículo 25 establece que, una vez firme el acuerdo por el que se declara la necesidad de ocupación de bienes o adquisición de derechos, se procederá a determinar su justo precio.
Los artículos 26 a 50 de la Ley de Expropiación Forzosa regulan el procedimiento para la determinación y pago del justiprecio. En caso de que la Administración expropiante y el propietario del bien expropiado no alcancen un acuerdo en la valoración del bien, el justiprecio será determinado por el Jurado Provincial de Expropiación.
El artículo 51 de la misma ley establece que una vez hecho efectivo el justo precio, o consignado el mismo, podrá ocuparse la finca por vía administrativa.
A continuación, el artículo 53 dispone que el acta de ocupación, que se extenderá a continuación del pago, acompañada de los justificantes del mismo, será título bastante para que en el Registro de la Propiedad se inscriba o tome razón de la transmisión del dominio y se verifique, en su caso, la cancelación de las cargas, gravámenes y derechos reales de toda clase a que estuviere afectada la cosa expropiada.
El artículo 85 de la Ley de Expropiación Forzosa establece que:
"Las expropiaciones que se lleven a cabo por razón de urbanismo y las que en cualquier caso realicen las Entidades locales, se ajustarán a lo expresamente dispuesto en la Ley de Régimen Local y demás aplicables, y en lo no previsto en ellas, al contenido de la presente, con las modificaciones siguientes:
3ª Las facultades atribuidas en esta Ley a la Administración o autoridades gubernativas que en ella se mencionan, corresponderán íntegramente, en los asuntos de las Corporaciones locales, a éstas o a los Organismos especiales que en los mismos intervienen y sin limitación de la autonomía que se les concede en las disposiciones vigentes."
Por su parte, el actual artículo 29 del texto refundido de la Ley del Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, al igual que el artículo 132 del texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/992, de 26 de junio, que era la normativa vigente en materia de suelo cuando se aprobó el Plan de Ordenación Urbana del Ayuntamiento que es objeto de la consulta, establecen que la aprobación de los instrumentos de la ordenación territorial y urbanística que determine su legislación reguladora conllevará la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes.
De acuerdo con lo anterior, la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento por el que se calificaron las fincas de la consultante como "suelo urbano zona verde pública", conllevó la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes que iban a ser objeto de expropiación.
Con posterioridad a estas dos fases del procedimiento expropiatorio, se debe proceder a la determinación del justiprecio de los bienes objeto de la expropiación, al pago del mismo y, por último, a la extensión del acta de ocupación que es el documento que formaliza la transmisión de la propiedad de los bienes inmuebles expropiados y es título habilitante para la inscripción en el Registro de la Propiedad de dicha transmisión del dominio.
Hasta tanto no se dicte el acta de ocupación de los bienes inmuebles expropiados no se produce la transmisión de la propiedad desde la persona o entidad expropiada a la persona o entidad beneficiaria de la expropiación.
En el caso objeto de la consulta, y de los datos aportados, no parece que haya tenido lugar el acta de ocupación de los bienes inmuebles, por lo que la propiedad de los mismos la sigue ostentado la entidad consultante.
Por tanto, la entidad consultante, como titular del derecho de propiedad sobre los bienes inmuebles urbanos, tiene la condición de sujeto pasivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, sin que resulte de aplicación el supuesto de no sujeción regulado en el artículo 61.5 del TRLRHL, ya que los bienes inmuebles no son todavía de domino público, al no ser de titularidad de una Administración pública.
A estos efectos, el artículo 5 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, establece en su apartado 1 que:
"1. Son bienes y derechos de dominio público los que, siendo de titularidad pública, se encuentren afectados al uso general o al servicio público, así como aquellos a los que una ley otorgue expresamente el carácter de demaniales."
Sentencia Administrativo Nº 1718/2009, TSJ Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso, Sec. 1, Rec 2878/1997, 10-12-2009
Orden: Administrativo Fecha: 10/12/2009 Tribunal: Tsj Comunidad Valenciana Ponente: Narbon Lainez, Edilberto Jose Num. Sentencia: 1718/2009 Num. Recurso: 2878/1997
Sentencia ADMINISTRATIVO AN, Sala de lo Contencioso, Sec. 7, Rec 746/2016, 30-10-2017
Orden: Administrativo Fecha: 30/10/2017 Tribunal: Audiencia Nacional Ponente: Lopez Candela, Javier Eugenio Num. Recurso: 746/2016
Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 290/2018, TSJ Madrid, Sala de lo Contencioso, Sec. 4, Rec 223/2018, 07-06-2018
Orden: Administrativo Fecha: 07/06/2018 Tribunal: Tsj Madrid Ponente: Tamames Prieto-castro, Laura Num. Sentencia: 290/2018 Num. Recurso: 223/2018
Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 2276/2016, TSJ Andalucia, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 989/2010, 28-11-2016
Orden: Administrativo Fecha: 28/11/2016 Tribunal: Tsj Andalucia Ponente: Baena De Tena, José Num. Sentencia: 2276/2016 Num. Recurso: 989/2010
Sentencia Administrativo Nº 280/2013, TSJ Andalucia, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 218/2008, 28-01-2013
Orden: Administrativo Fecha: 28/01/2013 Tribunal: Tsj Andalucia Num. Sentencia: 280/2013 Num. Recurso: 218/2008