Source: https://www.elderecho.com/foro_legal/laboral/Fondo-Garantia-Salarial-indemnizacion-despido-improcedente-empresa-cerrada_12_1043310001.html
Timestamp: 2018-07-17 03:55:21
Document Index: 391206987

Matched Legal Cases: ['artículo 56', 'artículo 28', 'artículo 281', 'artículo 284', 'artículo 56', 'artículo 56']

Establece el art.110 LRJS -EDL 2011/222121-, como efectos del despido improcedente que si el despido se declara improcedente, se condenará al empresario a la readmisión del trabajador en las mismas condiciones que regían antes de producirse el despido, así como al abono de los salarios de tramitación a los que se refiere el art.56.2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores -EDL 1995/13475- o, a elección de aquél, a que le abone una indemnización, cuya cuantía se fijará de acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del artículo 56 de dicha Ley, con las siguientes particularidades: a) En el acto de juicio, la parte titular de la opción entre readmisión o indemnización podrá anticipar su opción, para el caso de declaración de improcedencia, mediante expresa manifestación en tal sentido, sobre la que se pronunciará el juez en la sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto en los art.111 y 112. b) A solicitud de la parte demandante, si constare no ser realizable la readmisión, podrá acordarse, en caso de improcedencia del despido, tener por hecha la opción por la indemnización en la sentencia, declarando extinguida la relación en la propia sentencia y condenando al empresario a abonar la indemnización por despido, calculada hasta la fecha de la sentencia. De aquí podemos observar que se desprenden dos posibilidades, la de anticipar la opción en el acto del juicio que corresponde a la parte titular del derecho a optar entre la readmisión o la extinción indemnizada y el derecho del que es titular el trabajador y cuyo ejercicio irá destinado a anticipar al momento de la sentencia la opción por la indemnización, con la extinción del contrato de trabajo, desapareciendo con ello la posibilidad de lucrar salarios de tramitación, los cuales solamente se devengarían si se hiciese por el empresario una opción por la readmisión.
En el supuesto examinado, en el acto del juicio se solicitó que se declarara extinguida la relación laboral por el cierre de la empresa y la imposibilidad de readmisión, lo que debiera haber conducido a dicha declaración extintiva, con condena de la pertinente indemnización, sin salarios de tramitación, dado que en este caso, el FOGASA optó por la indemnización, disponiendo el mismo, art.23.3 LRJS -EDL 2011/222121-, de plenas facultades de actuación en el proceso como parte, pudiendo oponer toda clase de excepciones y medios de defensa, aun los personales del demandado, y cuantos hechos obstativos, impeditivos o modificativos puedan dar lugar a la desestimación total o parcial de la demanda, así como proponer y practicar prueba e interponer toda clase de recursos contra las resoluciones interlocutorias o definitivas que se dicten, en cuanto pueda perjudicarle, y si bien es cierto que en el presente caso el titular de la opción, la empresa, no compareció al acto del juicio donde debía efectuar la opción, no debe olvidarse la facultad, conforme se ha razonado, de optar que también le asiste el Fondo de Garantía Salarial en los casos en que el empresario no comparece al juicio y existen elementos de los que cabe concluir la imposibilidad de la readmisión como ocurre en este caso, como reconoce la propia sentencia, por lo que habiendo efectuado el FOGASA la opción por la indemnización debió la sentencia impugnada declarar extinguida la relación en la propia sentencia y condenar al empresario al abono de la indemnización por despido calculada hasta la fecha de la misma, sin salarios de tramitación, ya que la norma trascrita recoge la posibilidad de que se tenga por hecha la opción por la indemnización en sentencia para el caso de imposibilidad de readmisión, estableciendo que los efectos de dicha extinción judicialmente declarada, conlleva el pago de la correspondiente indemnización por despido, calculando su importe hasta la fecha de la sentencia, pero ya no incluye el pago de salarios de tramitación. Tal supresión del último inciso se cohonesta con la redacción del art.56.1 ET -EDL 1995/13475-, en el sentido de que la opción por la extinción no lleva aparejada la obligación del pago de salarios de tramitación, por lo que, si se tiene por hecha la opción en favor de la extinción en la sentencia, los efectos no deben ser otros que el pago de la indemnización, como ya ha sido resuelto por sentencias de ésta Sala, núm 1337, 19-5-15, rec 1257/14 y otras Salas de lo Social de éste y otros TSJ, Málaga, sec 1ª, 16-1-14, núm 84/14, rec 1601/13 -EDJ 2014/65381-, Castilla-León (sede Valladolid), sec 1ª, 2-10-13, rec 1453/13 -EDJ 2013/206423-, Castilla-La Mancha, sec 2ª, 18-10-13, núm 1213/13, rec 792/13 -EDJ 2013/200453-, Valencia, sec 1ª, 18-4-13, núm 911/13, rec 492/13 -EDJ 2013/119640- y 13-5-14, núm 1177/14, rec. 464/14 -EDJ 2014/122547-.
Aunque, estas resoluciones pudieran ser puestas en duda, desde la STS Sala 4ª, núm 706, 21-7-16, rec 879/15 -EDJ 2016/145517-, en la que se razona que ciertamente, si efectuamos una interpretación estricta y literal del art.110.1.b) LRJS -EDL 2011/222121-, en la redacción dada al mismo por la L 3/2012, EDL 2012/130651 - que el recurrente denuncia como infringido, y prescindimos de la singular situación que se plantea cuando el Juzgador de instancia declara la improcedencia del despido, y al tiempo y en la misma sentencia declara la extinción de la relación laboral por quedar acreditada la imposibilidad de reanudar dicha relación, al haber cesado de la actividad empresarial, llegamos a la conclusión de que no procede la condena a salarios de tramitación, al no estar expresamente prevista esta condena en el citado precepto. Ahora bien, si tenemos en cuenta la descrita situación, declaración de extinción de la relación laboral que, como práctica forense, viene siendo seguida por los Juzgados de lo Social y ponemos en relación el silencio del señalado art.110.1.b) LRJS, respecto a salarios de trámite, con las previsiones de otros preceptos, tanto del art.56 del Estatuto de los Trabajadores -EDL 1995/13475- y en concreto de su apartado 3 -derecho a salarios de tramitación cuando concurre opción tácita de la empresa por la readmisión- como los art.278 a 286 de la propia Ley que regulan «la ejecución de las sentencias firmes de despido», y aplicados en la sentencia recurrida- y en concreto, el apartado 1 del art.286, en cuanto establece que, «sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, cuando se acreditase la imposibilidad de readmitir al trabajador por cese o cierre de la empresa obligada o cualquier otra causa de imposibilidad material o legal, el juez dictará auto en el que declarará extinguida la relación laboral en la fecha de dicha resolución y acordará se abonen al trabajador las indemnizaciones y los salarios dejados de percibir que señala el apartado 2 del artículo 28», la solución puede -y entendemos debe ser- la que ya arbitró esta Sala ante la misma situación, si bien con anterioridad al redactado actual del art.110.1.b) LRJS, en la sentencia de 6-10-09, rcud. 2832/08 -EDJ 2009/259277-, de reconocer el derecho al percibo de los salarios de tramitación desde la fecha del despido hasta la fecha de la extinción laboral, solución seguida también en sentencias posteriores de 28-1-13, rcud. 149/12 -EDJ 2013/30031- y 27-12-13, rcud. 3034/12 -EDJ 2013/292358-, en supuestos singulares de imposibilidad de readmisión.
Esta interpretación viene avalada por la bondad de los antecedentes ya expuestos, en cuanto a la práctica forense señalada, que aplicando criterios de economía procesal, anticipaba la ejecución prevista en el art.284 LPL -EDL 1995/13689- actualmente el señalado art.286 LRJS -EDL 2011/222121-, para no perjudicar más al trabajador injustamente despedido, y que ratificamos en nuestra también mencionada sentencia de 6-10-09 -EDJ 2009/259277-. Por el contrario, la interpretación estricta, no sólo perjudicaría al trabajador injustamente despedido, que es la parte perjudicada o víctima en la situación jurídica de despido improcedente, y beneficiaría a la empresa por una decisión injusta y contraria a la Ley, es decir, beneficia a quien causa el perjuicio o victimario en la situación jurídica del despido improcedente, sino que además desincentivaría, y sería contrario a cualquier principio de economía procesal en tanto que obligaría, de hecho, a todo trabajador despedido de forma improcedente y con la empresa cerrada, a no pedir la extinción contractual al momento de la sentencia, a no anticipar la solución del conflicto y esperar a la ejecución ordinaria, previsiblemente con readmisión implícita por falta de opción empresarial, y por tanto con devengo de salarios de tramitación, a costa de una mayor dilación procesal y de un mayor esfuerzo y saturación de la administración de justicia, innecesarios para prestar la tutela efectiva. Conviene señalar, expresamente, que esta interpretación que acogemos - que también vendría respaldada no sólo por los descritos antecedentes históricos de la singular situación jurídica expuesta, sino también por principios de economía procesal, y tutela judicial efectiva en relación con el necesario resarcimiento del daño en igualdad de condiciones-, y que implica el reconocimiento del derecho del trabajador despedido de forma improcedente a percibir los salarios de tramitación desde la fecha del despido hasta la fecha de la sentencia que declare la extinción de la relación laboral, requerirá siempre y en todo caso, el cumplimiento de los dos siguientes requisitos: a) que la extinción de la relación laboral sea solicitada expresamente por el trabajador demandante; y, b) que en el acto del juicio se acredite la imposibilidad de su readmisión por cese o cierre de la empresa obligada o cualquier otra causa de imposibilidad material o legal.
Pese a que, como se ha expuesto, solo el titular de la opción puede ejercitarla, la doctrina jurisprudencial antes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social -EDL 2011/222121- ha venido admitiendo la posibilidad de que en la sentencia en la que se declara la improcedencia del despido se acuerde la extinción de la relación laboral al no ser posible la readmisión del trabajador, por encontrarse la empresa sin actividad y ello en aplicación por analogía, de lo establecido en el art.284 LPL. -EDL 1995/13689-. Tras la entrada en vigor de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social la referida posibilidad se establece en el art.110.1 b para el caso de que constare no ser realizable la readmisión y lo solicitaré el trabajador, aunque este no sea el titular de la opción. La redacción del indicado precepto evidencia que la solicitud del trabajador no es vinculante para el órgano judicial, el cual podrá tener por no hecha la opción pese a la indicada solicitud, pero ello solo sucederá cuando entienda que la readmisión es realizable a pesar de lo manifestado por el demandante ya que al ser la empresa la titular de la opción no cabe privarle de su ejercicio, mientras dicha opción sea posible. Por el contrario, cuando la readmisión no sea factible, no cabe la posibilidad de que el órgano judicial se niegue a extinguir la relación laboral en la sentencia y es en este sentido en el que ha de interpretarse la utilización de la forma verbal «podrá acordarse», en lugar del imperativo «acordará».
En cuanto a la posibilidad de que el Fondo de Garantía Salarial ejercite la opción por la indemnización, se ha de decir que es muy dudoso que dicho Organismo que es ajeno a la relación laboral, en cuanto que no es parte de la misma, pueda solicitar que se tenga por hecha la opción por la indemnización ya que si el legislador lo hubiera querido lo habría establecido así, como lo ha hecho respecto al trabajador que no es titular de la opción. Ahora bien, el indicado Organismo sí que podrá poner de manifiesto en el acto del juicio que la empresa se encuentra sin actividad y que, por lo tanto, no es posible la readmisión del trabajador despedido, ante lo cual el órgano judicial podrá requerir al trabajador acerca de si quiere que se tenga por hecha la opción por la indemnización y en el caso de recibir una respuesta negativa inquirir cuáles son los motivos de la misma. Si su negativa obedece a que tiene conocimiento de que la empresa desarrolla actividad y que, por lo tanto, es posible la readmisión lo que deberá fundamentar con la aportación de indicios razonables de dicha actividad, es claro que no podrá tenerse por hecha la opción por la indemnización, ni acordarse en la sentencia la extinción de la relación laboral. Pero si su negativa responde tan solo a su interés de alargar el período de devengo de los salarios de tramitación dando lugar a un incidente de readmisión irregular cuya resolución se conoce de antemano, entonces se podrá declarar de oficio la extinción de la relación laboral ante la imposibilidad de la readmisión y aun cuando no lo haya solicitado el trabajador, pues, su negativa a que se declare la extinción de la relación laboral constituye un fraude de ley y, por consiguiente, no podrá impedir la aplicación de la norma que se pretende eludir (art.6.4 CC -EDL 1889/1-, en relación con el art.110.1.b LRJS -EDL 2011/222121-). En todo caso la sentencia que declare la extinción de la relación laboral por estar la empresa desaparecida o sin actividad también condenará al abono de los salarios de tramitación devengados hasta la fecha de la sentencia y ello por aplicación analógica de lo establecido en el apartado 1 del art.286.1 LRJS, en cuanto establece que, «sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores , cuando se acreditase la imposibilidad de readmitir al trabajador por cese o cierre de la empresa obligada o cualquier otra causa de imposibilidad material o legal, el juez dictará auto en el que declarará extinguida la relación laboral en la fecha de dicha resolución y acordará se abonen al trabajador las indemnizaciones y los salarios dejados de percibir que señala el apartado 2 del artículo 281». Interpretación que viene avalada por la práctica forense que, aplicando criterios de economía procesal, anticipaba la ejecución prevista en el artículo 284 de la Ley de Procedimiento Laboral -EDL 1995/13689- -actualmente el señalado art.286 LRJS-, para no perjudicar más al trabajador injustamente despedido, tal y como señala la sentencia del TS de fecha 21-7-16, rec 879/15 -EDJ 2016/145517-.
Si bien de la dicción literal del art.110.1.b) LRJS -EDL 2011/222121- se deduce que la posibilidad de anticipar la opción en el acto del juicio corresponde a la parte titular del derecho a optar entre la readmisión o la extinción indemnizada, no nos parece descartable dicha facultad de elegir la extinción indemnizada asista también al FOGASA en los casos en los que el empresario no comparece a juicio y existan datos de los que quepa concluir la imposibilidad de la readmisión, (por ejemplo, por ser citado por edictos al haber abandonado su domicilio y desconocerse la existencia de otro) basándonos para ello en el nuevo aptdo 3 del art.23 LRJS que refuerza el peso de este organismo en el proceso en defensa de los intereses públicos que gestiona, precisando ahora que "El Fondo de Garantía Salarial dispondrá de plenas facultades de actuación en el proceso como parte, pudiendo oponer toda clase de excepciones y medios de defensa, aun los personales del demandado, y cuantos hechos obstativos, impeditivos o modificativos puedan dar lugar a la desestimación total o parcial de la demanda, así como proponer y practicar prueba e interponer toda clase de recursos contra las resoluciones interlocutorias o definitivas que se dicten".
En efecto, el FOGASA, en su condición de parte fiadora y gestor de intereses públicos, tanto en el caso de intervención facultativa como provocada (esta última cuando la empresa se encuentre incursa en un procedimiento concursal, haya sido declarada insolvente o desaparecida) tiene las más amplias facultades de oposición y defensa para la protección de sus intereses, con excepción de las que impliquen disponer del objeto del proceso, reservadas exclusivamente a las partes principales del mismo, y sin perjuicio de la posibilidad de oponerse a las que éstas hagan y perjudiquen sus intereses. En este sentido el art.13.3 LEC -EDL 2000/77463- dispone que «el interviniente será considerado parte en el proceso a todos los efectos y podrá defender las pretensiones formuladas por su litisconsorte o las que el propio interviniente formule, si tuviere oportunidad procesal para ello, aunque su litisconsorte renuncie, se allane, desista o se aparte del procedimiento por cualquier otra causa». Y en el aptdo. 5 art.23 LRJS -EDL 2011/222121- se advierte que el FOGASA «deberá alegar todos aquellos motivos de oposición que se refieran a la existencia de la relación laboral, circunstancias de la prestación, clase o extensión de la deuda o a la falta de cualquier otro requisito procesal o sustantivo. La estimación de dichas alegaciones dará lugar al pronunciamiento que corresponda al motivo de oposición alegado, según su naturaleza, y a la exclusión o reducción de la deuda, afectando a todas las partes».
En corolario, si el FOGASA opta en el acto del juicio por el abono de la indemnización, por encontrase la empresa desaparecida, cerrada o sin actividad, parece que lo adecuado será que se calcule la misma hasta la fecha del despido, sin salarios de tramitación, puesto que conforme al art.56.1 ET -EDL 1995/13475- la opción por la indemnización determinará la extinción del contrato de trabajo, que se entenderá producida en la fecha del cese efectivo en el trabajo.
El apartado primero (a) del art.110.1 LRJS -EDL 2011/222121- permite que la parte titular de la opción, entre la readmisión o indemnización, pueda anticiparla en el acto del juicio, para el caso de declaración de improcedencia, mediante expresa manifestación en tal sentido y debe entonces pronunciarse el juez en la sentencia.
De esta forma, el apartado 5º del precepto -EDL 2011/222121- establece que «cuando comparezca en juicio en virtud de lo dispuesto en el apartado 1, el Fondo de Garantía Salarial deberá alegar todos aquellos motivos de oposición que se refieran a la existencia de la relación laboral, circunstancias de la prestación, clase o extensión de la deuda o a la falta de cualquier otro requisito procesal o sustantivo. La estimación de dichas alegaciones dará lugar al pronunciamiento que corresponda al motivo de oposición alegado, según su naturaleza, y a la exclusión o reducción de la deuda, afectando a todas las partes». La intervención del Fondo de Garantía Salarial le permite reducir la deuda que se reclama a la empresa y asume la posición de la empresa desaparecida e insolvente, con posibilidad de uso de todas las excepciones y motivos de oposición que le puedan beneficiar a efectos de conseguir una reducción de la deuda o incluso la desaparición de la misma.
Es cierto que la literalidad de la redacción del art.110.1.a) LRJS -EDL 2011/222121- reconoce tal posibilidad de anticipar la opción, en el acto del juicio, a la parte titular del derecho, que puede optar entre la readmisión o la extinción indemnizada, pero creo que tal facultad le asiste también al Fondo de Garantía Salarial, en los casos en los que el empresario no comparece a juicio, es decir, cuando cabe concluir la imposibilidad de la readmisión, y lo considero a tenor de referida nueva redacción dada por la L 36/2011 al art.23 LRJS que regula la intervención del Fondo de Garantía Salarial,
A favor de la tesis que le reconoce tal posibilidad anticipada de opción se manifiestan las sentencias de diversos Tribunales Superiores de Justicia como las de Murcia de 23-06-14. rec 195/14 -EDJ 2014/200698-, Castilla León, Valladolid, 29-04-15, rec 571/15 -EDJ 2015/67922- y STSJ Andalucía, Sevilla, 14-1-16, rec 106/15 -EDJ 2016/28190- o Galicia, 4-3-16, rec 18/16 -EDJ 2016/34300-.
Pero basta comparar la anterior redacción del art.23 LPL -EDL 1995/13689- con la del actual art.23 LRJS -EDL 2011/222121-, para constatar la expresa voluntad del legislador de otorgar al FOGASA amplias facultades para actuar en defensa de los intereses públicos, tal y como así se destaca expresamente en el apartado V del Preámbulo de la norma cuando manifiesta la pretensión de reforzar el papel de ese organismo para llevar a cabo su función de tutela de los mismos.
Acorde con esos principios, el art.23.3 LRJS -EDL 2011/222121- atribuye al FOGASA «plenas facultades de actuación en el proceso como parte», y singularmente le reconoce legitimación para «oponer toda clase de excepciones y medios de defensa, aun los personales del demandado, y cuantos hechos obstativos, impeditivos o modificativos puedan dar lugar a la desestimación total o parcial de la demanda».
Por este motivo, el art.23.6 LRJS -EDL 2011/222121- le impone como obligación la de «alegar todos aquellos motivos de oposición que se refieran a la existencia de la relación laboral, circunstancias de la prestación, clase o extensión de la deuda o a la falta de cualquier otro requisito procesal o sustantivo», para especificar seguidamente que : «La estimación de dichas alegaciones dará lugar al pronunciamiento que corresponda al motivo de oposición alegado, según su naturaleza, y a la exclusión o reducción de la deuda, afectando a todas las partes».
Es por ello que entendemos que el FOGASA en ejercicio de esas prerrogativas legales, se encuentra legitimado para hacer uso de la posibilidad que el art.110. 1º letra a) -EDL 2011/222121- atribuye al titular de la opción entre la readmisión o indemnización para anticipar el sentido de la misma en el caso de declaración de improcedencia del despido.
Estas consideraciones del Tribunal Supremo en favor de admitir la posibilidad de que el trabajador demandante pueda solicitar la extinción de la relación laboral en el acto de juicio cuando la empresa está desaparecida, resultan sin duda perfectamente trasladables - con mayor motivo - a la posición jurídica que ocupa el FOGASA en este tipo de procedimientos, en la medida en que se vería obligado a asumir a cargo de los presupuestos públicos y en perjuicio de los intereses colectivos, los mayores costes económicos derivados de lo que no sería sino una artificiosa prolongación del proceso con fines espurios, absolutamente ajenos a cualquier legítima y mínima posibilidad de conseguir la efectiva readmisión del trabajador.
Señalar finalmente que en tal sentido se ha pronunciado el TSJ de Andalucía, Sevilla en sentencias de 5-5-16, rec 1305 -EDJ 2016/120962- y 1306/15 -EDJ 2016/120963-.
«1. Si el despido se declara improcedente, se condenará al empresario a la readmisión del trabajador en las mismas condiciones que regían antes de producirse el despido, así como al abono de los salarios de tramitación a los que se refiere el apartado 2 del artículo 56 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores -EDL 1995/13475- o, a elección de aquél, a que le abone una indemnización, cuya cuantía se fijará de acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del artículo 56 de dicha Ley, con las siguientes particularidades:
Pues bien, dejando de lado el interesante debate sobe como calificar su intervención procesal, si como «parte accesoria» (García Blasco, siguiendo a Guasp), o como «interviniente adhesivo simple» (Moreno Aroca), lo que parece más pacífico es que no se convierte en «parte principal» (García lasco, de Val Tena), en cuanto que, al menos en este tipo de procedimiento, no puede ser objeto de condena, más allá de la repercusión que lo que en el mismo se decida, pueda luego tener a los efectos del art.33 ET -EDL 1995/13475-. De tal manera que su intervención en general y ahora en particular en el proceso de despido, debe de analizase desde la posición de la defensa del que sería su propio interés. De ahí que pueda alegar excepciones, oponerse a los términos de la demanda, en cuanto que de su estimación podría derivar una posterior responsabilidad. Proponer y practicar medios de prueba, y recurrir las decisiones judiciales. Pero no parece que, dentro de esa intervención, también extraordinaria y tasada, pueda incluirse la de ejercitar actuaciones de índole excepcional que vienen expresamente atribuidas a las partes principales del proceso, demandante y demandada, pero no a otros intervinientes, aunque legalmente deban de ser llamados al mismo, como ocurre con el Fondo de Garantía Salarial, o puede ocurrir en supuestos de alegación de vulneración de derechos fundamentales o libertades públicas, con el Ministerio Fiscal. Cabe así entender que, si no se ha regulado de modo expreso esa posibilidad de que el FGS realice tal manifestación, no parece razonable su extensión, atendiendo a que ello afecta al ejercicio de una opción legalmente atribuida a una de las partes, en beneficio de su derecho. Pues lo lógico habría sido, de haberlo entendido así el legislador, haberlo mencionado de modo expreso, como sí que ha hecho respecto a la prescripción o la caducidad, art.23.5, segundo párrafo LRJS -EDL 2011/222121- (nueva regulación más restrictiva que, por cierto, tampoco puede interpretarse de modo extensivo, STS 20-7-15, para supuestos anteriores a la nueva norma procesal). Pues no debemos de olvidar que tal eventualidad no es propiamente un medio de defensa en oposición a la demanda, sino una actividad procesal excepcional restringidamente atribuida a las partes principales del proceso, que por una parte, «podrán» ejercitar, y de otra, que será o no estimada en la Sentencia al no vincular dicha petición la decisión del órganon judicial interviniente.
1. La respuesta es afirmativa. Razones sustantivas y procesales, participando ambas del fundamento del fin llamado a atender -el interés público- que define al FOGASA, son las que determinan inclinarnos por esta respuesta afirmativa.
Las consecuencias del despido improcedente o nulo han de ser las especificadas por el ET -EDL 1995/13475- y la LRJS -EDL 2011/222121- con carácter general. Los efectos de la opción en casos de despido improcedente tienen un fundamento legal. Estas afirmaciones, aparentemente obvias, pueden ganar complejidad cuando por ejemplo, la jurisprudencia unificadora nos viene a decir que no procede que el órgano judicial, de oficio, sustituya el efecto de readmisión que la ley establece para la declaración de despido nulo por la no pedida extinción indemnizada del contrato de trabajo, efecto que, en su caso, podrá solicitar el trabajador en el trámite de ejecución de sentencia (TS 16-4-12 -EDJ 2012/103630-), tesis coherente con el vigente art.286.2 LRJS sobre la regulación de la readmisión del trabajador en supuestos de acoso. O también podríamos reparar en aquella antigua jurisprudencia que dejaba claro que era errónea la doctrina que sustituía la readmisión por abono de indemnizaciones cuando el empleador era una empresa pública (TS 7-10-96); o finalmente aquella doctrina unificadora que dejaba claro que la opción del trabajador por la readmisión debía ejecutarse en sus propios términos para los representantes de los trabajadores y los despidos nulos (TS 5-10-01).
Evidentemente, el art.286.1 LRJS -EDL 2011/222121-, en sede de ejecución de sentencia, no es impedimento legal para ello, puesto que este precepto se refiere sentencias de despido que se deberían ejecutar en sus propios términos conforme al art. 282 LRJS. Lo que resulta coherente con la previsión recogida en el art.110.1 b) LRJS, que viabiliza tener por hecha la opción por la indemnización en la sentencia, declarando extinguida la relación en la propia sentencia (ap.1 modificado por el art. 23.1 L 3/2012, 6-7 -EDL 2012/130651-, que la STC 8/2015, de 22-1 -EDJ 2015/2020- confirma su constitucionalidad).
Y por su parte, el art.110.1. a) LRJS -EDL 2011/222121- otorga la facultad de anticipar la opción entre readmisión e indemnización al titular de la opción, que en este caso es la empresa. Aunque ésta no acuda a juicio al acto del juicio donde debía efectuar la opción, dicha facultad también le asiste al FOGASA de acuerdo con lo dispuesto en el art.23.2 y 3 LRJS que le atribuye plenas facultades de actuación en el proceso como parte. Por lo que en casos como este, en que el empresario no comparece a juicio y existen elementos suficientes para concluir que no es posible la readmisión, el FOGASA puede optar por la indemnización. Por ello, la sentencia puede, acreditado el cierre empresarial declarar extinguida la relación y condenando al empresario al abono de la indemnización por despido calculada hasta la fecha de la sentencia, así como al abono de los salaros de tramitación desde la fecha de efectos del despido hasta la fecha de la propia.
3. La amplitud de sus facultades procesales. En general hay que recordar que desde la perspectiva procesal, el art.23 LRJS -EDL 2011/222121- faculta al FOGASA para su comparecencia como parte en cualquier fase o momento de la tramitación en los procesos de los que se pudiera derivar posteriormente una responsabilidad de abono a los trabajadores litigantes (23.1) y del mismo modo se refleja que en los supuestos de empresas incursas en procedimientos concursales el Juez de oficio o a instancia de parte debe citar al FOGASA como parte dándole traslado de la demanda a fin de que pueda asumir sus obligaciones legales e instar lo que a su derecho convenga (23.2); remitiéndose para ello al art.276 LRJS, en el que se afirma la necesidad de dar audiencia al FOGASA, previamente a la declaración de insolvencia empresarial para que pueda instar la práctica de las diligencias que a su derecho convenga y designar los bienes del deudor principal que le conste.