Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-543-de-julio-6-de-2011?documento=jurcol&contexto=jurcol_aaa66c8b3c1f000ae0430a010151000a&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-09-22 23:30:31
Document Index: 401125164

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﻿ Sentencia C-543 de julio 6 de 2011
SENTENCIA C-543 DE 06 DE JULIO DE 2011
CONTENIDO:DESCONGESTIÓN JUDICIAL. PROCESOS CIVILES VERBALES DE MAYOR Y MENOR CUANTÍA. LA REDUCCIÓN DEL TÉRMINO DE SUSPENSIÓN DE LA AUDIENCIA PARA DICTAR SENTENCIA ES UN JUICIO PROPORCIONADO. SE DECLARA EXEQUIBLE LA EXPRESIÓN “SI FUERE NECESARIO, PODRÁ DECRETARSE UN RECESO HASTA POR DOS HORAS PARA EL PRONUNCIAMIENTO DE LA SENTENCIA” CONTENIDA EN EL NUMERAL 4 DEL ARTÍCULO 25 DE LA LEY 1395 DE 2010.
TEMAS ESPECÍFICOS:SENTENCIA, AUDIENCIA PÚBLICA, PROCESO VERBAL EN RAZÓN DE LA CUANTÍA, DESCONGESTIÓN DE LA JUSTICIA
Sentencia C-543 de julio 6 de 2011
SAALA PLENA
Sentencia C-543 de 2011
Ref.: Expediente D-8368
2. El actor demanda un aparte del numeral 4º del artículo 25 de la Ley 1395 de 2010, el cual reformó el artículo 432 del Código de Procedimiento Civil (CPC) sobre las reglas de la audiencia de los procesos civiles verbales de mayor y menor cuantía. En este numeral se indica que la sentencia se emitirá en la misma audiencia y, enseguida, el aparte acusado prescribe que “si fuere necesario, podrá decretarse un receso hasta por dos horas para el pronunciamiento de la sentencia”. Sostiene el demandante que esta disposición vulnera el preámbulo de la Constitución y los artículos 2º, 29, 228 y 229 de la misma.
En primer lugar arguye que exigir al juez que, en caso de no ser posible dictar sentencia en la misma audiencia, lo haga a más tardar dos horas después, no le permite “ponderar a plenitud la controversia judicial” ya que no podrá estudiar las pruebas recogidas y analizar los argumentos de las partes con serenidad y, en este sentido, no se tomará una decisión “razonablemente meditada”. Esto, asevera, conllevará decisiones judiciales que no garantizan un orden justo, imperativo constitucional plasmado en el preámbulo de la Constitución, y que no serán garantía cierta de los derechos reconocidos en la Constitución, fin esencial del Estado Colombiano al tenor del artículo 2º de la misma. Adicionalmente, por la misma razón, no se podrá cumplir con la obligación que tienen las autoridades colombianas de proteger la vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades de las personas, como lo prescribe el mismo artículo 2º.
En tercer lugar el actor señala que la norma acusada vulnera el artículo 228 porque privilegia la forma del juicio sobre el derecho sustancial ya que “si (...) la disposición acusada no protege el derecho de defensa ni facilita la justicia, es obvio que los derechos sustanciales se afectarán”.
La demanda indica que lo que se acusa de inconstitucional no es que la sentencia se deba dictar en la misma audiencia, sino que, en caso de que el juez lo estime necesario, sólo podrá decretar un receso de máximo dos horas para hacerlo. A juicio del actor, este máximo es irrazonable por ser insuficiente para dictar una sentencia de conformidad con los parámetros que, en su opinión, exigen el preámbulo de la Constitución y los artículos 2º, 29, 228 y 229 de la misma. Así, propone una constitucionalidad condicionada del aparte normativo que demanda en el sentido de que, en caso de considerarlo necesario, los jueces de los procesos civiles verbales de mayor y menor cuantía tendrán un plazo máximo de diez días para dictar sentencia; término que extrae de la redacción que el artículo 432 del Código de Procedimiento Civil tenía antes de su reforma mediante la Ley 1395 de 2010.
Ahora bien, a pesar de que el demandante sólo acusa la expresión “Si fuere necesario, podrá decretarse un receso hasta por dos horas para el pronunciamiento de la sentencia”, la Sala interpreta la demanda para entender que comprende todo el numeral 4º del artículo 25 de la Ley 1395 de 2010 porque no es posible entender y analizar la constitucionalidad de la facultad de los jueces de los procesos civiles verbales de mayor y menor cuantía de decretar, de ser necesario, un receso máximo de dos horas para dictar sentencia sino se comprende que, en caso de no serlo, la sentencia deberá dictarse en la misma audiencia. Ello se hace patente si se repara en que el mismo actor en su demanda recurre constantemente al contenido de todo el numeral 4º para explicar los cargos que propone.
3. Algunos intervinientes coinciden con los planteamientos de la demanda en el sentido de que el término máximo del receso para dictar sentencia previsto en el aparte normativo acusado puede resultar irrazonable o desproporcionado en aquellos procesos civiles verbales de mayor y menor cuantía que, por su complejidad, requieren de más tiempo para ser decididos. Aseguran que, en estos casos, el término máximo de dos horas para dictar sentencia impedirá al juez acertar en la aplicación del derecho en la sentencia judicial, dando al traste con el propósito de hacer justicia; fin que, a la luz de Constitución, prevalece cuando colisiona con el principio de celeridad. Al igual que el demandante estiman que, en algunos casos, no es posible tomar de forma razonada una decisión judicial en el término máximo de dos horas después de finalizada la audiencia. Agregan que las decisiones judiciales desacertadas que se producirían generarían mayor litigiosidad y por ende mayor demora en la resolución de los conflictos, impidiéndose así la consecución del fin de la reforma que es la descongestión judicial.
4. Así pues, corresponde a la Sala Plena determinar si los cargos presentados por el demandante cumplen con las exigencias que para los mismos ha construido la jurisprudencia constitucional pues en caso de no ser así se impondría una sentencia inhibitoria. Si al menos algunos de los cargos satisfacen los requisitos diseñados por la jurisprudencia de esta Corte, la Sala procederá a responderlos.
5. El artículo 2º del Decreto 2067 de 1991 consigna los requisitos que debe contener toda demanda de inexequibilidad, uno de los cuales es el registrado en el numeral tercero de la citada disposición, a saber: el señalamiento de las razones por las cuales las normas constitucionales invocadas se estiman violadas. La Corte Constitucional se ha pronunciado de manera reiterada sobre esta exigencia, en el sentido de advertir que, si bien es cierto la acción pública de inconstitucionalidad no está sometida a mayores rigorismos y debe prevalecer la informalidad, deben existir requisitos y contenidos mínimos que permitan a este tribunal la realización satisfactoria del estudio de constitucionalidad, es decir, el líbelo acusatorio debe ser susceptible de generar una verdadera controversia constitucional.
La Corte ha sistematizado(1) las exigencias materiales que debe cumplir la demanda y ha señalado que, sin caer en formalismos técnicos, incompatibles con la naturaleza popular y ciudadana de la acción de inconstitucionalidad, los cargos formulados por el demandante deben ser claros, ciertos, específicos, pertinentes y suficientes. Esto significa que la acusación tiene que ser suficientemente comprensible (clara) y recaer verdaderamente sobre el contenido de la disposición acusada (cierta). Además el actor debe mostrar cómo la disposición vulnera la Carta (especificidad), con argumentos que sean de naturaleza constitucional, y no legales ni puramente doctrinarios ni referidos a situaciones puramente individuales (pertinencia). Finalmente, la acusación tiene que estar formulada en forma completa y ser capaz de suscitar una mínima duda sobre la constitucionalidad de la norma impugnada (suficiencia).
6. Recuérdese que, en el primer cargo, el demandante arguye que la norma demandada, al exigir al juez que, en caso de no ser posible dictar sentencia en la misma audiencia, lo haga a más tardar dos horas después, no le permite “ponderar a plenitud la controversia judicial” ya que no podrá estudiar las pruebas recogidas y analizar los argumentos de las partes con serenidad y, en este sentido, no se tomará una decisión “razonablemente meditada”. Esto, asevera, conllevará decisiones judiciales que no garantizan un orden justo, imperativo constitucional plasmado en el preámbulo de la Constitución, y que no serán garantía cierta de los derechos reconocidos en la Constitución, fin esencial del Estado colombiano al tenor del artículo 2º de la misma. Adicionalmente, por la misma razón, no se podrá cumplir con la obligación que tienen las autoridades colombianas de proteger la vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades de las personas, como lo prescribe el mismo artículo 2º.
Encuentra la Sala que este primer cargo carece de especificidad. Sobre esta exigencia la Corte ha explicado que “las razones son específicas si definen con claridad la manera como la disposición acusada desconoce o vulnera la Carta Política a través de la formulación de por lo menos un cargo constitucional concreto contra la norma demandada. El juicio de constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución Política, resultando inadmisible que se deba resolver sobre su inexequibilidad a partir de argumentos vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales que no se relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se acusan. Sin duda, esta omisión de concretar la acusación impide que se desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad”(2).
El actor se limita a indicar que el preámbulo de la Constitución prescribe la garantía de un orden justo y que el artículo 2º de la misma determina que uno de los fines del Estado colombiano es la garantía cierta de los derechos reconocidos en la Constitución e impone a las autoridades la obligación de proteger la vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades de las personas. Sin embargo, no explicita por qué, del contenido de estas normas constitucionales, se deriva el mandato de que las normas procesales deben permitir a los jueces “ponderar a plenitud la controversia judicial”, estudiar las pruebas recogidas, analizar los argumentos de las partes con serenidad y tomar una decisión “razonablemente meditada”. En este orden de ideas no se planteó la manera como el aparte acusado desconoce estas normas de la Carta Política y, en consecuencia, no se presenta en la demanda una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución lo que impide que se desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad e impone a la Sala inhibirse para fallar de fondo por el primer cargo.
7. El segundo cargo consiste en que la norma acusada vulnera el derecho de defensa reconocido en el artículo 29 de la Constitución. Se señala que el contenido de este derecho incluye que las pruebas y los argumentos que se presentan en el proceso judicial, sean analizados, sopesados y valorados de manera adecuada. A juicio del actor, la norma acusada trasgrede tal contenido porque “sostener que ese término de dos horas es suficiente para realizar un análisis que contemple todas las aristas del proceso, es contraevidente”. En ese sentido, dice, “la defensa será simbólica y no real”. Aclara así mismo que no se trata de un juicio de conveniencia “sino si ese término es suficiente para proteger el derecho de defensa”.
Estima la Sala que este segundo cargo satisface las exigencias constitucionales antes reseñadas y, en consecuencia, se pronunciará de fondo sobre el mismo. Particularmente resalta la Sala que en este punto el demandante construye una oposición específica entre el contenido cierto de la disposición acusada —en caso de ser necesario los jueces de los procesos civiles verbales de mayor y menor cuantía podrán decretar, en la audiencia, un receso de máximo dos horas para dictar sentencia— y el contenido del derecho de defensa reconocido en el artículo 29 de la Constitución —que incluye, en su sentir, que las pruebas y los argumentos que se presentan en el proceso judicial, sean analizados, sopesados y valorados de manera adecuada—. Ello mediante un argumento pertinente de naturaleza constitucional: el receso por máximo dos horas es supuestamente insuficiente o irrazonable para que el juez en su sentencia respete los mencionados contenidos del derecho de defensa.
8. En lo relativo al tercer cargo, la Sala encuentra que no satisface el requisito de especificidad. En este, el demandante argumenta, sin más, que la norma acusada vulnera el artículo 228 porque privilegia la forma del juicio sobre el derecho sustancial ya que “si (...) la disposición acusada no protege el derecho de defensa ni facilita la justicia, es obvio que los derechos sustanciales se afectarán”.
De conformidad con el análisis precedente, la Sala sólo se pronunciara de fondo respecto del cargo relativo a la violación del derecho de defensa (Cons., art. 29).
10. Como su nombre lo indica, la Ley 1395 de 2010 tiene como objetivo adoptar medidas dirigidas a descongestionar la administración de justicia. En efecto, en la exposición de motivos que acompañó el entonces proyecto de ley, el Gobierno Nacional, autor del mismo, expresó que “(...) en Colombia, como en muchos otros países, la demanda de justicia crece en forma permanente, y, por diversos motivos, no pueden multiplicarse, a voluntad, los recursos que serían necesarios para hacer frente a tal crecimiento de las necesidades de justicia. Por estas razones, y sin perjuicio de los esfuerzos que se sigan realizando para aumentar la inversión en justicia, resulta indispensable buscar otros caminos para combatir la congestión y la mora judicial”(3).
Según la misma exposición de motivos, “las soluciones deben buscarse en varios campos, combinando diversos criterios”(4). Así las cosas, las reformas que se propusieron se agruparon de manera general dentro de las siguientes categorías —sin perjuicio de otras modificaciones puntuales que no encajan en las mismas—: (i) desjudicialización de conflictos, (ii) simplificación de procedimientos y trámites y (iii) racionalización del aparato judicial a través de un control más estricto de la demanda de justicia(5). Así mismo, las modificaciones propuestas abarcaron varios ámbitos tales como (i) el procedimiento civil, (ii) el trámite de la adopción, (iii) el procedimiento ante la jurisdicción del trabajo y la seguridad social, (iv) la conciliación extrajudicial, (v) las acciones constitucionales, (vi) las atribuciones del Consejo Superior de la Judicatura, (vii) el procedimiento ante la jurisdicción contencioso administrativa y (viii) el proceso de extinción de dominio, entre otros.
11. Dentro de las reformas que se hicieron al procedimiento civil cabe destacar, por su relación con el asunto de la referencia, la desaparición del proceso ordinario (L. 1395/2010, art. 20) y del proceso abreviado (art. 23 íd.) y la unificación del proceso civil en el procedimiento verbal (art. 22, íd.). Antes de la reforma, el artículo 397 del Código de Procedimiento Civil prescribía que los asuntos de mayor cuantía y los que no versaban sobre derechos patrimoniales se sujetaban al procedimiento ordinario, mientras que los asuntos de menor cuantía se decidían por el trámite del proceso abreviado y los de mínima por el proceso verbal sumario. Ahora, de conformidad con el artículo 22 de la Ley 1395 de 2010, los asuntos de mayor y menor cuantía y los que no versen sobre derechos patrimoniales se sujetarán al procedimiento del proceso verbal de mayor y menor cuantía, mientras que los asuntos de mínima cuantía se decidirán por el trámite del proceso verbal sumario.
Además, la reforma instauró el proceso verbal como el “proceso residual” de la jurisdicción civil (art. 22 íd.). Antes de la Ley 1395 de 2010, todo asunto que no estuviera sometido a un trámite especial se decidía mediante el proceso ordinario, en adelante, estos asuntos se tramitarán por el proceso verbal.
12. Las referidas modificaciones tienen básicamente dos objetivos(6). En primer lugar, la desaparición de los procesos civiles ordinario y abreviados busca cumplir con el artículo 1º de la Ley 1285 de 2009 —que modificó el artículo 4º de la ley estatutaria de la administración de justicia— el cual dispuso, como regla general, la oralidad en los procesos judiciales. En este se prescribe que “Las actuaciones que se realicen en los procesos judiciales deberán ser orales con las excepciones que establezca la ley. Esta adoptará nuevos estatutos procesales con diligencias orales y por audiencias, en procura de la unificación de los procedimientos judiciales, y tendrá en cuenta los nuevos avances tecnológicos”(7). En segundo lugar, en concordancia con el fin de descongestionar la administración de justicia, se pretende lograr mayor celeridad en la solución de las controversias civiles a través de la reducción de los términos del proceso, pues los procedimientos ordinarios y abreviados preveían tiempos procesales más prolongados que los del proceso verbal.
Estos objetivos fueron reconocidos recientemente por esta Corte en la Sentencia C-124 de 2011. En esta se expresó que “el objetivo de la Ley 1395 de 2010 es evidente: obtener la descongestión de los despachos judiciales a partir de reformas al procedimiento que privilegien la celeridad y la consecución de decisiones sin dilaciones justificadas, de acuerdo con el mandato constitucional, sirviéndose para ello de un modelo procesal regido por la oralidad, de una nueva concepción del procedimiento civil, fundada en la preeminencia de las audiencia orales, en contraposición con el peso específico del proceso escrito, vigente hasta la reforma anotada. El legislador, en ese orden de ideas, hace uso de la amplia facultad de configuración legislativa, a fin de establecer a la oralidad como un instrumento de superación de la inveterada congestión de la jurisdicción civil en Colombia. Esta solución legislativa, que está dirigida a garantizar un proceso eficiente y, a su vez, respetuoso de los derechos fundamentales de las partes, en especial el debido proceso, se muestra prima facie compatible con la Constitución. A su vez, la preferencia que hace la Ley 1395 de 2010 por la oralidad en el proceso civil significa una reconceptualización de la función de administración de justicia. Por años, el procedimiento civil ha sido arquetípicamente escrito, incluso respecto de procesos que formalmente han sido denominados por décadas como verbales. En tal sentido, la reforma legal en comento busca lograr que la audiencia sea el escenario preferente de desarrollo del proceso”.
13. En lo que toca con los procesos verbales de mayor y menor cuantía, la Ley 1395 de 2010 (art. 25) reformó, entre otras cosas, el artículo 432 del Código de Procedimiento Civil que regula las reglas de la audiencia —recuérdese que el aparte normativo demandado en el asunto de la referencia hace parte de este artículo—.
En los procesos verbales de mayor y menor cuantía, tanto antes como después de la reforma, una vez se superan las etapas de admisión, traslado y contestación de la demanda (CPC, art. 428) y decididas las excepciones previas (art. 429, íd.) —todo lo cual se hace por escrito—, se señala fecha y hora para la audiencia (CPC, art. 430). En esta, básicamente, el juez (i) intenta la conciliación, (ii) hace el aneamiento del proceso, (iii) fija los hechos del litigio, (iv) practica los interrogatorios de parte, (v) decreta y practica las pruebas (peritajes, testimonios, inspecciones judiciales), (vi) oye los alegatos de conclusión de las partes, (vii) dicta sentencia y (viii) resuelve sobre la concesión del recurso de apelación (CPC, art. 432).
(ii) No hay lugar a la objeción del dictamen pericial(8).
(vii) De conformidad con la modificación antedicha —grabación obligatoria de la audiencia— se restringe el contenido del acta escrita de la audiencia a: el nombre de las personas que intervinieron como partes, apoderados, testigos y auxiliares de la justicia, los documentos que se hayan presentado, el auto que suspenda la audiencia y la parte resolutiva de la sentencia. Nótese entonces que la sentencia se dicta sólo en forma verbal. Antes de la reforma se incluía en el acta escrita la totalidad de la sentencia y se permitía que el juez llevara la sentencia por escrito para incorporarla al expediente.
Para mayor claridad, se transcribe en el siguiente cuadro comparativo el texto del artículo 432 del Código de Procedimiento Civil, antes y después de la reforma hecha mediante el artículo 25 de la Ley 1395 de 2010.
Redacción del artículo 432 del Código de Procedimiento Civil antes de la reforma hecha por el artículo 25 de la Ley 1395 de 2010
Redacción del artículo 432 del Código de Procedimiento Civil antes de la reforma hecha por el artículo 25 de la Ley 1395 de 2010 Redacción del artículo 432 del Código de Procedimiento Civil tal como fue reformado por el artículo 25 de la Ley 1395 de 2010
Parágrafo 1º. Iniciación, conciliación y duración. El juez aplicará, en lo pertinente, lo dispuesto en los parágrafos 2º y 3º del artículo 101.
Parágrafo 2º. Saneamiento del proceso. El juez aplicará lo dispuesto en el parágrafo 5º del artículo 101.
Parágrafo 3º. Fijación de hechos, pretensiones y excepciones de merito. Para estos efectos el juez dará aplicación a lo dispuesto en el parágrafo 6º del artículo 101.
Parágrafo 4º. Instrucción. A continuación el juez, de oficio o a petición de parte, decretará las pruebas y para su práctica se procederá de la siguiente manera:
b) Oirá el dictamen de los peritos. Si estos no concurren, designará inmediatamente a quienes deban reemplazarlos y de ser posibles les dará posesión; en caso contrario, lo hará dentro de los tres días siguientes al envío del aviso telegráfico de que trata el numeral 9º del artículo 9º, y el dictamen se rendirá en la audiencia que se señale para el quinto día siguiente a dicha posesión;
Parágrafo 5º Alegaciones. Concluida la instrucción, el juez oirá hasta por veinte minutos a cada parte, primero a la demandante y luego a la demandada.
Parágrafo 6º Sentencia, costas, apelación y consulta. Cumplido lo anterior, el juez proferirá sentencia en la misma audiencia, si le fuere posible. De lo contrario suspenderá ésta por diez días, y en su reanudación la pronunciará, aun cuando no asistan las partes ni sus apoderados.
Parágrafo 7º Grabación de lo actuado y acta. En la audiencia podrá utilizarse el sistema de grabación electrónica o magnetofónica, siempre que se disponga de los elementos técnicos adecuados y así lo ordene el juez. Cuando así ocurra, en el acta escrita se dejará constancia únicamente de las personas que intervienen como partes, apoderados, testigos y auxiliares de la justicia, de los documentos que se hayan presentado, del auto que en su caso haya suspendido la audiencia y ordenado reanudarla, y se incorporará la sentencia completa que se profiera verbalmente, esto último sin perjuicio de que el juez lleve la sentencia por escrito para agregarla al expediente.
En todo caso, de las grabaciones se dejará duplicados que formarán parte del archivo del juzgado, bajo custodia directa del secretario, hasta la terminación definitiva del proceso. Si una de las grabaciones llegue a perderse o deteriorarse en cualquiera de sus partes, el juez podrá reproducirla empleando otra. Artículo 432. Tramite de la audiencia. En la audiencia se aplicarán las siguientes reglas:
A continuación decretará las demás pruebas y las practicará de la siguiente manera:
14. Como se puede deducir de lo explicado, las modificaciones hechas a las reglas de la audiencia de los procesos civiles abreviados de mayor y menor cuantía responden a las mismas motivaciones que, en general, tuvieron las demás reformas al procedimiento civil(9).
En primer lugar, avanzar aún más en la aplicación de la oralidad de conformidad con el mandato del artículo 1º de la Ley 1285 de 2009, que modificó el artículo 4º de la ley estatutaria de la administración de justicia(10). En efecto, aunque los procesos civiles verbales de mayor y menor cuantía ya eran orales pues, una vez superadas las etapas de admisión, traslado, contestación de la demanda y decisión de excepciones previas, las siguientes se llevaban a cabo en audiencia, existían algunas normas que impedían un mayor nivel de aplicación del principio de oralidad.
Por ejemplo, no era obligatoria la grabación electrónica o magnetofónica de la audiencia sino que esta se supeditaba a que se dispusiera de los elementos técnicos adecuados, lo cual, ante la ausencia de los mismos, resultaba en la trascripción de lo sucedido en la audiencia. Con la reforma del artículo 432 del Código de Procedimiento Civil, se profundiza la aplicación del principio de oralidad ya que es obligatoria la grabación electrónica o magnetofónica de la audiencia y se prohíbe la trascripción de estas grabaciones.
Otro ejemplo de este tipo de normas —que impedían un mayor nivel de aplicación del principio de oralidad— era la trascripción de la totalidad de la sentencia en el acta escrita de la audiencia y la posibilidad de que el juez llevara la sentencia por escrito para incorporarla al expediente. Con la reforma hecha mediante el artículo 25 de la Ley 1395 de 2010, la sentencia se dicta de forma verbal y en el acta tan sólo se transcribe su parte resolutiva.
Es ejemplo de lo segundo la nueva redacción del numeral 4º del artículo 432 del Código de Procedimiento Civil, aparte normativo demandado en el asunto de la referencia. Como se vio, se conserva la previsión de que la sentencia debe dictarse en la audiencia y de que, en caso de ser necesario, el juez podrá suspenderla para hacerlo, sin embargo, se reduce el tiempo máximo de esta suspensión de diez días a dos horas.
15. Con ocasión de la revisión de constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria que se convirtió en la Ley 1285 de 2009 —modificatoria de la ley estatutaria de la administración de justicia—, esta Corporación se pronunció en la Sentencia C-713 de 2008 acerca del principio de oralidad en los procesos judiciales, el cual, en virtud de la reforma, quedó incorporado en el artículo 4º de esta última ley(11).
Advirtió la Corte que una de las innovaciones que pretendía hacer la Ley 1285 de 2009 era “la implantación de la oralidad como un mecanismo para el logro de una justicia pronta y eficaz”. Al respecto estimó que la “oralidad en las actuaciones judiciales (...) no contraviene la Constitución, pues con ella se pretende propiciar condiciones indispensables para imprimir celeridad al trámite de las actuaciones propias de los diferentes procesos, con miras a superar la congestión judicial que constituye uno de los más graves problemas de la administración de justicia, y garantizar con ello la protección y efectividad de los derechos de los asociados, en cuanto concierne a la convivencia social, al orden justo y más específicamente al acceso a la administración de justicia, consagrado como derecho fundamental en el artículo 229 Superior”.
Explicó la Corte que “(...) la oralidad en la administración de justicia se concibe como una norma que tiene la estructura de principio”, razón por la cual su “(...) alcance puntual debe ser definido por el legislador de acuerdo con las características y necesidades de cada procedimiento en particular, lo que permite que su desarrollo e implementación pueda hacerse en forma gradual”. Encuentra la Sala que, en el caso del procedimiento civil, este principio ya fue desarrollado por el legislador mediante las reformas hechas al Código de Procedimiento Civil a través de la Ley 1395 de 2010.
16.- Esta Corte, en la Sentencia C-124 de 2011, tuvo recientemente la oportunidad de pronunciarse respecto del principio de oralidad en los procesos civiles en el marco de la ley 1395 de 2010, así como respecto de la concentración e inmediación que lo acompañan(12).
En esta decisión la Corte expresó que “la instauración de la oralidad (...) es un escenario de satisfacción de derechos constitucionales. Ello en el entendido que la audiencia oral está precedida de garantías que, si bien tienen raigambre procesal, son parte integrante de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. Estas garantías refieren a la inmediación, la concentración y la publicidad.
La inmediación, como es sabido, versa sobre la constatación personal del juez y las partes del material probatorio y las acciones procedimentales en sí mismas consideradas, dirigidas a la formación de un criterio íntimo y directo sobre los argumentos fácticos y jurídicos relacionados con el caso. Sin duda alguna, la inmediación tiene profundos efectos en la debida administración judicial, puesto que permite la consecución de más y mejores decisiones, lo que redunda en la satisfacción del valor justicia, nodal para el Estado constitucional. El mismo tópico ha sido considerado en similares términos por la jurisprudencia de la Corte, la cual ha indicado que entre los principios que inspiran la estructuración y la interpretación de las normas jurídicas procesales se encuentra el de la inmediación, en virtud del cual el juez debe tener una relación directa y sin intermediarios con el proceso, tanto con los demás sujetos del mismo, es decir, las partes y los intervinientes, como con su contenido o materia, de principio a fin. Se considera que mediante la aplicación de dicho principio es más posible descubrir la verdad de los hechos y proferir una decisión justa, es decir, alcanzar el ideal del derecho(13).
La concentración, que busca que el desarrollo del proceso se efectúe en una o pocas audiencias, tiene incidencia directa en el logro de un procedimiento sin dilaciones injustificadas, en la medida en que supera las dificultades que sobre ese particular presenta el trámite escrito que, por su misma naturaleza, suele dilatarse en el tiempo (...) La concentración, en relación a la actividad probatoria, comporta que esta se desarrolle en una sola audiencia, o de ser imposible, en varias, próximas en el tiempo al objeto de que no desaparezcan de la memoria del juez los actos orales que él ha presenciado (...)”.
17. La jurisprudencia de esta Corte ha sostenido invariablemente que corresponde al legislador diseñar los procedimientos judiciales pues, de conformidad con el artículo 150 numerales 1º y 2º de la Constitución, corresponde al Congreso “expedir los códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones” así como, en general, “hacer las leyes” y reformarlas(14).
Esta competencia incluye configuración de todos los elementos de cada una de las actuaciones que se adelantan en la jurisdicción tales como las etapas de los procesos, las instancias de los mismos, los recursos contra las providencias judiciales, los términos correspondientes a cada una de las etapas, las ritualidades propias de cada juicio, la competencia de los funcionarios para conocer de determinados asuntos, el régimen probatorio y los mecanismos de publicidad de las actuaciones, entre otros(15).
18.- Adicionalmente, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que el margen de configuración legislativa en materia de diseño de los procedimientos judiciales es amplio “en tanto la Carta Política no prevé un modelo particular sobre la materia, de modo que corresponde al Congreso, legitimado en el principio democrático representativo, regular esa materia a partir de los criterios que considere más convenientes”(16). En otras palabras, “todo cuanto concierne a los procedimientos judiciales, a menos que lo haya establecido directamente la Constitución, corresponde al legislador (...)”(17).
19. Concretamente respecto de la facultad del legislador de fijar los términos procesales, la Corte ha indicado que “(...) no existe una disposición expresa en el Texto sobre la duración de los términos judiciales; el Constituyente se limitó a establecer al respecto que los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado (C.P. art. 228); así que el Legislador, como se ha dicho, tiene un extenso margen de acción (...) Se entiende entonces, que el establecimiento de los términos en general (...) está dentro de la órbita de funciones del legislador y en esa labor es autónomo”(18).
Así, se ha señalado que “la mayor o menor brevedad de los términos legales ha de corresponder normalmente al juicio que sobre el asunto respectivo se haya formado el legislador, por lo cual no existe en la generalidad de los casos un parámetro del que pueda disponer el juez de constitucionalidad para evaluar si unos días o meses adicionales habrían podido garantizar mejor las posibilidades de llegada ante los tribunales (...) Por lo anterior, el juez constitucional no está llamado a determinar cuáles deben ser los términos que se deben cumplir dentro de los procesos”(19).
20. A pesar de este amplio margen reconocido al legislador en materia de diseño de procedimientos judiciales en general y, específicamente, en lo que toca con los términos procesales, la jurisprudencia constitucional también ha destacado que esta facultad no es absoluta o ilimitada. En este sentido, “(...) como sucede con toda atribución de competencia en el Estado democrático, existen límites sustantivos que contienen y dan forma al poder congresional de fijar esos procedimientos”(20).
Según la referida sentencia, “el primer grupo de limitaciones refiere a aquellas cláusulas constitucionales que determinan tanto los fines esenciales del Estado, en general, como los propósitos propios de la administración de justicia, en particular”. Se precisó que “en relación con los segundos, no resultarán admisibles formas de procedimiento judicial que nieguen la función pública del poder judicial, en especial la imparcialidad y autonomía del juez, impidan la vigencia del principio de publicidad, privilegien otros parámetros normativos distintos al derecho sustancial, impongan procedimientos que impiden el logro de una justicia oportuna, o hagan nugatorio el funcionamiento desconcentrado y autónomo de la función jurisdiccional (C.P. art. 228)”(21).
En cuanto al segundo grupo de restricciones, se expresó que este “está relacionado con la aplicación de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, exigibles de toda actuación pública o de los particulares. Esto implica que las normas procedimentales deben estar dirigidas a cumplir con propósitos admisibles desde la perspectiva constitucional, ser adecuados para cumplir con esas finalidades y no interferir con el núcleo esencial de derechos, principios o valores superiores”(22).
Finalmente, identificó el tercer plano de limitaciones como aquel que se “refiere a la vigencia de los derechos fundamentales intermediados por el trámite judicial, especialmente el derecho al debido proceso. En tanto el procedimiento judicial encuentra su justificación constitucional en la obtención de decisiones justas que resuelvan los conflictos de la sociedad, el mismo debe garantizar que las garantías que la Carta confiere a las partes no sean menoscabadas. Específicamente, el proceso judicial debe permitir el logro efectivo de los distintos componentes del derecho al debido proceso, como son los principios de legalidad, contradicción y defensa, de favorabilidad en los casos que resulte aplicable, de presunción de inocencia para los trámites propios del derecho sancionador, etc. Estas garantías se suman a otras, vinculadas a distintos derechos fundamentales, como son la igualdad de trato ante autoridades judiciales, la vigencia de la intimidad y la honra, la autonomía personal y la dignidad humana, entre muchas otras”(23).
21. Según la jurisprudencia constitucional, estos mismos son los límites del legislador al momento de determinar la extensión de los términos judiciales. En este caso la jurisprudencia se ha referido especialmente a los principios de razonabilidad y proporcionalidad(24) —segundo grupo de restricciones— y a los derechos fundamentales —tercer grupo de restricciones—(25).
Así, por ejemplo, ha expresado que “(...) la mayor o menor brevedad de los términos legales ha de corresponder normalmente al juicio que sobre el asunto respectivo se haya formado el legislador, por lo cual no existe en la generalidad de los casos un parámetro del que pueda disponer el juez de constitucionalidad para evaluar si unos días o meses adicionales habrían podido garantizar mejor las posibilidades de llegada ante los tribunales. Y, a no ser que de manera evidente el término, relacionado con derechos materiales de las personas, se halle irrisorio, o que se hagan nugatorias las posibilidades de defensa o acción, no puede deducirse a priori que el término reducido contraríe de suyo mandatos constitucionales. Por lo anterior, el juez constitucional no está llamado a determinar cuáles deben ser los términos que se deben cumplir dentro de los procesos. La misión de la Corte en estos casos es, en realidad, la de controlar los excesos que se puedan presentar en la legislación. El examen constitucional en estos casos consiste, entonces, en verificar la razonabilidad de las medidas adoptadas por el legislador”(26) (destacado fuera del texto original).
En similar sentido ha manifestado que “dentro de la misión que le corresponde al juez constitucional no está la de dilucidar cuestiones atinentes a aspectos meramente procesales que tienen que ver con la mayor o menor amplitud de los términos para el ejercicio de las actuaciones procesales requeridas para la efectividad de los derechos, que corresponden a la competencia discrecional del legislador, salvo cuando se impongan limitaciones o restricciones injustificables e irrazonables que afecten el núcleo esencial de los derechos”(27) (subrayado fuera del texto original).
22. Esta Corte, desde sus primeras sentencias, ha identificado la celeridad como uno de los principios que debe regir la administración de justicia bajo la Constitución de 1991(28). Ello se desprende del artículo 228 de la Constitución que prescribe que “los términos procesales se observaran con diligencia” y del artículo 209 de la misma que instaura el principio de celeridad como uno de los que debe caracterizar la actuación administrativa(29). Esto último en vista de que “los postulados rectores de la función administrativa también tienen operancia en el desarrollo de la función jurisdiccional, como manifestaciones que son del poder del Estado”(30).
Recuérdese que uno de los temas tratados en las discusiones de la Asamblea Nacional Constituyente relativos a la administración de justicia fue, precisamente, la necesidad de introducir el principio de celeridad en este campo de la actividad estatal ya que “es por todos sabido que uno de los mayores males que aquejan a la administración de justicia es la morosidad en la prestación de este servicio público. Procesos de índole penal, civil, laboral y contencioso administrativo demoran en los despachos respectivos un considerable tiempo haciéndose nugatoria la administración de justicia y causándose con ello gravísimas consecuencias de todo orden a la convivencia social de los ciudadanos”(31).
Con fundamento en los artículos constitucionales antes mencionados, esta Corte ha señalado que “el proceso se encuentra regido, entre otros, por los principios de celeridad y eficacia los cuales buscan que los trámites procesales se desarrollen con sujeción a los precisos términos señalados en la ley procesal y que el proceso concluya dentro del menor término posible y logre su finalidad, a través del pronunciamiento de la correspondiente sentencia”(32).
Además, es pertinente anotar que el principio constitucional de celeridad fue recogido por la ley estatutaria de la administración de justicia en su artículo 4º, tanto en su versión original(33) como en la reforma efectuada a la misma mediante la Ley 1285 de 2009(34), y que en ambas ocasiones la Corte avaló la constitucionalidad de la inclusión del mencionado principio al ser un desarrollo de los artículos 228 y 209 de la Carta Política(35).
23. Ahora bien, la celeridad que debe revestir los procesos judiciales no es un fin en sí misma, sino un mecanismo para garantizar dos derechos fundamentales de suma importancia en el estado social de derecho: el debido proceso y el acceso a la justicia.
Por un lado, la relación entre el principio constitucional de celeridad y el derecho al debido proceso se hace patente porque, al tenor del artículo 29 de la Constitución, uno de los contenidos de este derecho fundamental es el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas(36): “el derecho fundamental al debido proceso, consagrado en nuestro estatuto fundamental en su artículo 29, se encuentra en armonía con el derecho a que se administre pronta y cumplida justicia, es decir, en la vigencia y realización del principio de celeridad procesal que debe regir las actuaciones de todos los funcionarios de la rama judicial”(37).
Por otro lado, la jurisprudencia de esta Corte ha resaltado la estrecha relación existente entre el principio constitucional de celeridad y el derecho fundamental al acceso a la justicia (C.P. art. 229) con base en el concepto material —no formal— de acceso a la justicia que implantó la Constitución de 1991. Estos calificativos han sido usados para señalar que un acceso a la justicia formal consistiría, simplemente, en “la facultad del particular de acudir físicamente ante la rama judicial —de modo que se le reciban sus demandas, escritos y alegatos y se les dé trámite—”(38), mientras que en un sentido material el acceso a la justicia significa, entre otras cosas, el derecho a que el conflicto planteado a la administración de justicia sea resuelto de manera pronta(39).
El concepto de acceso a la justicia material ha sido explicado de la siguiente manera por la Corte Constitucional: “la jurisdicción no cumple con la tarea que le es propia, si los procesos se extienden indefinidamente, prolongando de esta manera, la falta de decisión sobre las situaciones que generan el litigio, atentando así, gravemente contra la seguridad jurídica que tienen los ciudadanos. La administración de justicia, no debe entenderse en un sentido netamente formal, sino que radica en la posibilidad real y verdadera, garantizada por el Estado, de que quien espera la resolución de un proceso, la obtenga oportunamente. (...) Así las cosas, vale decir, que una decisión judicial tardía, constituye en sí misma una injusticia, como quiera que los conflictos que se plantean quedan cubiertos por la incertidumbre, con la natural tendencia a agravarse”(40).
Es por esta doble relación que la Corte ha expresado que “la justicia que se demanda a la autoridad judicial a través del derecho público abstracto de la acción, o de la intervención oficiosa de aquella, se haya rodeada de una serie de garantías constitucionales (...)”, entre las cuales se encuentran, “la garantía de la celeridad en los procesos judiciales” y “la garantía de acceso a la administración de justicia, que no sólo implica la ejecución de los actos de postulación propios para poner en movimiento el aparato jurisdiccional, sino igualmente la seguridad del adelantamiento del proceso, con la mayor economía de tiempo y sin dilaciones injustificadas, y la oportunidad de una decisión final que resuelva de mérito o de fondo la situación controvertida (C.P. art. 229)”(41). En otras palabras, es “parte integrante del derecho al debido proceso y de acceder a la administración de justicia, el derecho fundamental de las personas a tener un proceso ágil y sin retrasos indebidos”(42).
24. No obstante lo anterior, también es necesario reconocer que la celeridad en la administración de justicia puede en ocasiones colisionar con el derecho de defensa —que también hace parte del contenido del derecho al debido proceso—, si para lograrla, por ejemplo, se limitan las oportunidades y se reducen los términos procesales para presentar y controvertir los argumentos y las pruebas, así como para impugnar las providencias judiciales.
Frente a esta colisión, la Corte ha indicado como punto de partida que “el derecho al debido proceso, como todos los derechos fundamentales, no es un derecho absoluto. Su ejercicio (...) puede ser objeto de limitaciones que resultan ser necesarias para realizar otros principios superiores o para garantizar otros derechos fundamentales que en cierto momento pueden verse confrontados con aquel”, tales como la celeridad procesal, el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y el derecho al acceso a la justicia(43).
Esta posibilidad de limitación cobra sentido si se entiende que “(...) una posición según la cual no fuera legítimo limitar el derecho de defensa, llevaría a extremos en los cuales se haría imposible adelantar el proceso para llegar al fin último comentado de esclarecer la verdad real, y haría nugatorio el derecho también superior a un debido proceso sin dilaciones injustificadas (C.P art. 29). Así por ejemplo, si al incriminado hubiera de oírsele cuantas veces quisiera, o si fuera necesario practicar todo tipo de pruebas sin consideración a su conducencia o pertinencia, el trámite se haría excesivamente dilatado y no se realizaría tampoco el principio de celeridad al que se refiere al artículo 228 superior cuando indica que los términos procesales deben ser observados con diligencia”(44).
Entendido lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha señalado que, para solucionar esta colisión, “corresponde a la Corte establecer si dicha limitación es proporcionada. En relación con el juicio de proporcionalidad que el juez constitucional debe adelantar sobre este tipo de disposiciones que introducen límites a los derechos fundamentales, la jurisprudencia ha definido que la verificación debe recaer no solo sobre el hecho de que la norma logre una finalidad legítima, sino que también debe establecerse si la limitación era necesaria y útil para alcanzar tal finalidad. Además, para que dicha restricción sea constitucional, se requiere que sea ponderada o proporcional en sentido estricto. Este paso del juicio de proporcionalidad se endereza a evaluar si, desde una perspectiva constitucional, la restricción de los derechos afectados es equivalente a los beneficios que la disposición genera. Si el daño que se produce sobre el patrimonio jurídico de los ciudadanos es superior al beneficio constitucional que la norma está en capacidad de lograr, entonces es desproporcionada y, en consecuencia, debe ser declarada inconstitucional”(45).
Así las cosas, es posible afirmar que “estos principios [celeridad y eficiencia] deben encontrar un equilibrio con el derecho al debido proceso, es decir con el derecho de las partes a defenderse y a impugnar las decisiones. Ese equilibrio puede ser diseñado de muy distintas formas (...) El legislador tiene en esta materia un marco de libertad de configuración normativa, el cual puede ser controlado por el juez constitucional con el objeto de impedir excesos o la violación de los derechos fundamentales”(46), lo cual, como se vio, puede hacerse a través de un juicio de proporcionalidad.
25. El primero de los dos cargos a analizar por parte de la Sala consiste en que la norma acusada vulnera el derecho de defensa reconocido en el artículo 29 de la Constitución. Se señala por el actor que el contenido de este derecho incluye que las pruebas y los argumentos que se presentan en el proceso judicial sean analizados, sopesados y valorados de manera adecuada. A juicio del actor, la norma acusada trasgrede tal contenido porque “sostener que ese término de dos horas es suficiente para realizar un análisis que contemple todas las aristas del proceso, es contraevidente”. En ese sentido, dice, “la defensa será simbólica y no real”. Aclara así mismo que no se trata de un juicio de conveniencia “sino si ese término es suficiente para proteger el derecho de defensa”.
Como se ve, el demandante denuncia una contradicción entre el contenido de la disposición acusada —en caso de ser necesario los jueces de los procesos civiles verbales de mayor y menor cuantía podrán decretar, en la audiencia, un receso de máximo dos horas para dictar sentencia— y el contenido del derecho de defensa reconocido en el artículo 29 de la Constitución, el cual incluye, en su sentir, que las pruebas y los argumentos que se presentan en el proceso judicial, sean analizados, sopesados y valorados de manera adecuada. Contraposición que sustenta en que el receso por máximo dos horas es supuestamente insuficiente o irrazonable para que el juez en su sentencia respete los mencionados contenidos del derecho de defensa.
26. Al respecto, la Sala parte de la base de que, según la jurisprudencia constitucional antes reseñada, el legislador goza de un amplio margen de configuración en lo que toca con el diseño de los términos judiciales pues no existe disposición expresa sobre su duración en la Constitución(47). Es por ello que, en principio, no resulta inconstitucional que el legislador, mediante el aparte normativo demandado, haya reducido —de diez días a dos horas— la duración máxima del receso de la audiencia para dictar sentencia en los procesos civiles verbales de mayor y menor cuantía.
Sin embargo, como se expresó, la jurisprudencia constitucional también ha trazado los límites de este amplio margen de configuración legislativa bajo la idea de que en “toda atribución de competencia en el Estado democrático, existen límites sustantivos”(48); límites que fueron sistematizados recientemente en tres categorías en la Sentencia C-124 de 2011. Estas son (i) las cláusulas constitucionales que determinan tanto los fines esenciales del Estado, en general, como los propósitos propios de la administración de justicia, en particular, (ii) los principios de razonabilidad y proporcionalidad y (iii) la vigencia de los derechos fundamentales intermediados por el trámite judicial, especialmente el derecho al debido proceso.
La demanda de la referencia plantea, precisamente, que la norma demandada trasgredió dos de los límites referidos (ii) los principios de razonabilidad y proporcionalidad y (iii) el derecho a la defensa —parte integrante del derecho al debido proceso—. Por ello, para resolver el presente cargo, debe la Sala analizar si en efecto tal extralimitación se produjo.
27. Así mismo, el demandante argumenta que el aparte normativo demandado, so pretexto de descongestionar la administración de justicia, desconoció el derecho de defensa.
De conformidad con la jurisprudencia constitucional estudiada, no sólo es legítimo que el Estado diseñe mecanismos que hagan más céleres los procesos judiciales(49), sino que ello es una obligación constitucional del mismo en cuanto la falta de celeridad en la administración de justicia resulta violatoria de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia(50). Así, en principio, el propósito de la norma demandada —descongestionar la jurisdicción civil— es legítimo desde el punto de vista constitucional.
No obstante, la misma jurisprudencia ha reconocido que los medios para lograr este propósito pueden en ocasiones colisionar con el derecho de defensa al limitarlo, que es precisamente lo que plantea el demandante. Al respecto, esta Corte ha determinado que lo que corresponde al juez constitucional en estos casos establecer, mediante un juicio de proporcionalidad, si dicha limitación al derecho fundamental es proporcionada y, en ese sentido, logra un equilibrio entre los derechos y principios constitucionales en juego(51).
28. Advierte entonces la Sala que, para responder satisfactoriamente todas las aristas de este primer cargo, es necesario realizar a la norma demanda un juicio de proporcionalidad, pues con su resultado se determinará si el legislador, en su propósito de imprimir celeridad a los procesos civiles mediante la reducción del término máximo de suspensión de la audiencia para dictar sentencia en el proceso verbal de mayor y menor cuantía, se excedió en su amplio margen de configuración legislativa al limitar en forma desproporcionada el derecho de defensa través de la consagración de un término irrisorio o irrazonable.
29. El primer paso del juicio consiste en determinar si la norma busca una finalidad legítima desde el punto de vista de la Constitución de 1991(52).
En el caso de los procesos ante la jurisdicción civil, la ley mencionada escogió lograr tal finalidad mediante (i) la instauración de la oralidad, en cumplimiento del mandato del artículo 1º de la Ley 1285 de 2009 —que modificó el artículo 4º de la ley estatutaria de la administración de justicia— el cual dispuso, como regla general, la oralidad en los procesos judiciales y (ii) la reducción de los términos del proceso. En efecto, ya se vio como las más importantes reformas al proceso civil, incluidas las reformas a la audiencia de los procesos civiles verbales de mayor y menor cuantía, se dirigieron a (i) avanzar aún más en la aplicación de la oralidad y a (ii) buscar mayor celeridad en la solución de las controversias civiles, a través de (a) la simplificación del procedimiento y (b) la reducción de los tiempos procesales.
El aparte normativo demandado es ejemplo de esta última herramienta pues la nueva redacción del numeral 4º del artículo 432 del Código de Procedimiento Civil conserva la previsión de que la sentencia debe dictarse en la audiencia y de que, en caso de ser necesario, el juez podrá suspenderla para hacerlo, pero reduce el tiempo máximo de esta suspensión de diez días a dos horas. Así, la modificación que se acusa tiene una clara motivación consistente en dotar de mayor celeridad al proceso civil verbal de mayor y menor cuantía, a través de la reducción de los términos procesales, en concordancia con el fin de la Ley 1395 de 2010 cual es descongestionar la administración de justicia.
Esta finalidad —dotar de celeridad a la administración de justicia—, como se ha señalado ya en varias ocasiones, es constitucionalmente legítima pues, según jurisprudencia reiterada de esta Corte, la celeridad es uno de los principios que debe regir la administración de justicia bajo la Constitución de 1991(53), al tenor de los artículos 228 y 209 de la misma(54). Pero adicionalmente, de conformidad con esta jurisprudencia, este objetivo es un imperativo para el Estado colombiano pues la celeridad es un mecanismo para garantizar los derechos fundamentales al debido proceso —el cual protege el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas(55)— y al acceso a la justicia que, en un sentido material, incluye el derecho a que el conflicto sea resuelto de manera pronta(56).
30. El segundo paso del juicio de proporcionalidad es analizar si la medida adoptada es idónea para lograr la finalidad que se ha identificado como legítima(57).
A juicio de la Sala, es evidente que la medida tomada por el legislador —reducción de diez días a dos horas del tiempo máximo de suspensión de la audiencia para dictar sentencia— es idónea para lograr el fin propuesto —mayor celeridad en el proceso civil— pues con ello se asegurará que la sentencia se dicte más rápidamente.
31. El tercer paso del juicio que se realiza estriba en determinar si la limitación del derecho fundamental es una medida necesaria en el sentido de que no existan otras que no lo restrinjan o lo hagan en menor medida(58).
Al respecto la Sala encuentra que, dentro del amplio margen de configuración del que goza el legislador en esta materia, este escogió una medida poco restrictiva del derecho de defensa. Es verdad que en adelante el juez civil que estime necesario suspender la audiencia en los procesos civiles verbales de mayor y menor cuantía, con el fin de dictar sentencia, cuenta con un término máximo mucho más corto. También es cierto que esta reducción acorta considerablemente el tiempo con el que cuenta para analizar, en la sentencia, los argumentos y pruebas presentados por las partes. Sin embargo, esta medida es menos restrictiva del derecho de defensa que otras que usualmente se toman para lograr celeridad en los procesos judiciales, como limitar las oportunidades y reducir los términos procesales para que las partes presenten y controviertan los argumentos y las pruebas, así como para que impugnen las providencias judiciales. Nótese que la norma demandada reduce un término máximo que se concede al juez, no a la partes. Al tener en cuenta lo anterior, la Sala estima que la medida tomada en el aparte acusado es necesaria para lograr el fin que se propone.
32. En el cuarto y último paso del juicio de proporcionalidad se debe analizar si la restricción al derecho fundamental es proporcionada en sentido estricto, lo que significa que “la restricción de los derechos afectados es equivalente a los beneficios que la disposición genera. Si el daño que se produce sobre el patrimonio jurídico de los ciudadanos es superior al beneficio constitucional que la norma está en capacidad de lograr, entonces es desproporcionada y, en consecuencia, debe ser declarada inconstitucional”(59).
En este caso la restricción que la norma demandada hace del derecho de defensa es mínima. Esto porque, a pesar de que se acorta considerablemente el tiempo con el que el juez cuenta para analizar en la sentencia los argumentos y pruebas presentados por las partes, los principios de inmediación y concentración inherentes a la oralidad que rige el proceso civil verbal le permiten a este llegar al final de la audiencia con los elementos necesarios para tomar una decisión ajustada a los hechos y al derecho.
En efecto, en la Sentencia C-124 de 2011, esta Corte reconoció que mediante la aplicación del principio de inmediación “es más posible descubrir la verdad de los hechos y proferir una decisión justa”. Ello debido a que en virtud de este principio “el juez debe tener una relación directa y sin intermediarios con el proceso, tanto con los demás sujetos del mismo, es decir, las partes y los intervinientes, como con su contenido o materia, de principio a fin”; relación directa que se concreta a su vez en “la constatación personal del juez (...) del material probatorio y las acciones procedimentales en sí mismas consideradas”, lográndose así “la formación de un criterio íntimo y directo sobre los argumentos fácticos y jurídicos relacionados con el caso”. En el mismo sentido se expresó respecto del principio de concentración en vista de que, al desarrollarse el proceso y actividad probatoria en una o en pocas audiencias siempre próximas, se logra “que no desaparezcan de la memoria del juez los actos orales que él ha presenciado”. La aplicación de estos dos principios crea entonces las condiciones para que el juez llegue fácil y rápidamente a una decisión justa al finalizar la audiencia o máximo dos horas después.
Adicionalmente, la Sala llama la atención sobre el hecho de que la considerable disminución del término máximo de suspensión para dictar sentencia en los procesos civiles verbales de mayor y menor cuantía no puede ser entendida de manera la aislada sino en conjunto con las demás reformas hechas al procedimiento civil. Debe tenerse en cuenta que el procedimiento civil fue objeto de importantes transformaciones a causa de la profundización de la aplicación de los principios de oralidad, inmediación y concentración. Por ejemplo, las modificaciones hechas a la audiencia del proceso civil verbal de mayor y menor cuantía, mediante el artículo 25 de la Ley 1395 de 2010, incluyen una según la cual la sentencia siempre será oral y nunca escrita en el acta de la audiencia, como venía sucediendo (num. 5º). Se releva entonces al juez de la obligación de redactar un escrito contentivo de la decisión y, por tanto, el tiempo que requerirá para preparar la decisión será necesariamente menor.
Con esta mínima restricción se logran por otro lado grandes beneficios en materia del principio constitucional de celeridad en la administración de justicia pues, haya suspensión o no de la audiencia, la sentencia que define el conflicto siempre será dictada una vez se concluya la actividad probatoria y la presentación de los argumentos de las partes, lo que a su vez permite garantizar de mejor forma el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas y el derecho fundamental al acceso a la justicia que, en un sentido material, incluye el derecho a que el conflicto sea resuelto de manera pronta. Insistentemente ha resaltado esta Corte la importancia de una justicia pronta al punto de señalar que “una decisión judicial tardía, constituye en sí misma una injusticia, como quiera que los conflictos que se plantean quedan cubiertos por la incertidumbre, con la natural tendencia a agravarse”(60).
1. Declarar EXEQUIBLE, por el cargo analizado, la expresión “Si fuere necesario, podrá decretarse un receso hasta por dos horas para el pronunciamiento de la sentencia” contenida en el numeral 4 del artículo 25 de la ley 1395 de 2010.
(1) Ver, entre otras, la Sentencia C-1052 de 2001.
(3) Gaceta del Congreso Nº 825 del 19 de noviembre de 2008.
(6) Ponencia para primer debate en la Cámara de Representantes del proyecto de ley que se convirtió en la Ley 1395 de 2010. Gaceta del Congreso Nº 262 del 26 de mayo de 2010.
(7) Mediante Sentencia C-713-08 de 2008 se declararon constitucionales los incisos 1º y 2º del artículo 1º de la Ley 1285 de 2009 “en el entendido de que la oralidad sólo puede ser exigible de conformidad con las reglas procedimentales que fije el legislador”.
(8) Aparte declarado exequible mediante Sentencia C-124 de 2011.
(9) En este sentido la Sentencia C-124 de 2011.
(10) “Las actuaciones que se realicen en los procesos judiciales deberán ser orales con las excepciones que establezca la ley. Esta adoptará nuevos estatutos procesales con diligencias orales y por audiencias, en procura de la unificación de los procedimientos judiciales, y tendrá en cuenta los nuevos avances tecnológicos”.
(11) “Las actuaciones que se realicen en los procesos judiciales deberán ser orales con las excepciones que establezca la ley. Esta adoptará nuevos estatutos procesales con diligencias orales y por audiencias, en procura de la unificación de los procedimientos judiciales, y tendrá en cuenta los nuevos avances tecnológicos”.
(12) Ello a propósito de una demanda de inconstitucionalidad contra un aparte del artículo 25 de dicha ley en el cual se prescribe que “en ningún caso habrá lugar a objeción del dictamen”, el cual fue declarado exequible en la Sentencia C-214 de 2011.
(13) (Sentencia C-830 de 2002).
(14) En este sentido las sentencias C-652 de 1997, C-1335 de 2000, C-047 de 2001, C-570 de 2003, C-1264 de 2005, C-370 de 2006, C-471 de 2006, C-124 de 2011, entre muchas otras.
(15) Al respecto ver las sentencias C-1335 de 2000 y C-570 de 2003, entre otras.
(16) Sentencia C-124 de 2011. En similar sentido las sentencias C-652 de 1997, C-1335 de 2000, C-570 de 2003, C-1264 de 2005, C-471 de 2006, entre otras.
(17) Sentencia C-570 de 2003.
(18) Sentencia C-1335 de 2000.
(19) Sentencia C-1264 de 2005. En el mismo sentido las sentencias C-416 de 1994 y C-012 de 2002.
(20) Sentencia C-124 de 2011. En similar sentido las sentencias C-652 de 1997, C-1335 de 2000, C-047 de 2001, C-570 de 2003, C-1264 de 2005, C-370 de 2006 y C-471 de 2006, entre otras.
(21) En este sentido las sentencias C-652 de 1997, C-1264 de 2005, C-471 de 2005 entre otras.
(22) En el mismo sentido las sentencias C-652 de 1997, C-047 de 2001, C-428 de 2002, C-570 de 2003, C-1264 de 2005, C.471 de 2006, entre otras.
(23) En similar sentido las sentencias C-047 de 2001, C-570 de 2003, C-310 de 2004, C-1264 de 2005, C-370 de 2006, C-471 de 2006, entre otras.
(24) En las sentencias C-652 de 1997, C-047 de 2001, C-428 de 2002, C-570 de 2003, C-1264 de 2005, C-471 de 2006, entre otras.
(25) En las sentencias C-047 de 2001, C-570 de 2003, C-310 de 2004, C-1264 de 2005, C-370 de 2006, C-471 de 2006, entre otras.
(26) Sentencia C-1264 de 2005. En el mismo sentido la sentencia C-012 de 2000.
(27) C-416-94, reiterada en la C-012-02 y en la C-874-03.
(28) Ver las sentencias T-450 de 1993, C-416 de 1994, C-037 de 1996, T-577 de 1998, C-803 de 2000, C-648 de 2001, T-558 de 2003, C-874 de 2003, C-183 de 2007 y C-713 de 2008, entre muchas otras.
(29) En este sentido las sentencias T-450 de 1993, C-416 de 1994, T-577 de 1998, C-803 de 2000, C-648 de 2001 y T-558 de 2003.
(30) Sentencia C-416 de 1994.
(31) Gaceta Constitucional Nº 88 del lunes tres (3) de junio de 1991.
(32) C-416 de 1994.
(33) “ART. 4º—Celeridad. La administración de justicia debe ser pronta y cumplida. Los términos procesales serán perentorios y de estricto cumplimiento por parte de los funcionarios judiciales. Su violación constituye causal de mala conducta, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar. Lo mismo se aplicará respecto de los titulares de la función disciplinaria”.
(34) ART. 4º—Celeridad y oralidad. “Artículo modificado por el artículo 1º de la Ley 1285 de 2009. El nuevo texto es el siguiente”: La administración de justicia debe ser pronta, cumplida y eficaz en la solución de fondo de los asuntos que se sometan a su conocimiento. Los términos procesales serán perentorios y de estricto cumplimiento por parte de los funcionarios judiciales. Su violación injustificada constituye causal de mala conducta, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar. Lo mismo se aplicará respecto de los titulares de la función disciplinaria.
PAR. TRANS.—Autorizase al Gobierno Nacional para que durante los próximos cuatro años incluya en el presupuesto de rentas y gastos una partida equivalente hasta el 0.5% del producto interno bruto de acuerdo con las disponibilidades presupuestales, el marco fiscal de mediano plazo y el marco de gastos, para desarrollar gradualmente la oralidad en todos los procesos judiciales que determine la ley y para la ejecución de los planes de descongestión.
(35) Ver las sentencias C-037 de 1996 y C-713 de 2008.
(36) “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso” (subrayado fuera del texto original).
(37) Sentencia T-558 de 2003 que reiteró la Sentencia T-577 de 1998.
(38) Sentencia T-292 de 1999.
(39) En este sentido las sentencias T-1171 de 2003 y T-084 de 2004.
(40) Sentencia T-577 de 1998. En el mismo sentido las sentencias T-190 de 1995, T-546 de 1995, T-450 de 1998, C-181 de 2002, T-366 de 2005 y T-753 de 2005.
(41) Sentencia C-416 de 1994. En igual sentido las sentencias T-1171 de 2003 y T-084 de 2004.
(42) Sentencia C-037 de 1996. En igual sentido las sentencias C-100 de 2001 y C-713 de 2008.
(44) Sentencia C-648 de 2001.
(45) Sentencia C-648 de 2001.
(46) Sentencia C-803 de 2000. En el mismo sentido la Sentencia C-699 de 2000.
(47) Sentencias C-416 de 1994, C-1335 de 2000, C-012 de 2002 y C-1264 de 2005, entre otras.
(48) Sentencia C-124 de 2011. En similar sentido las sentencias C-652 de 1997, C-1335 de 2000, C-047 de 2001, C-570 de 2003, C-1264 de 2005, C-370 de 2006 y C-471 de 2006, entre otras.
(49) Ver las sentencias T-450 de 1993, C-416 de 1994, C-037 de 1996, T-577 de 1998, C-803 de 2000, C-648 de 2001, T-558 de 2003, C-874 de 2003, C-183 de 2007 y C-713 de 2008, entre muchas otras.
(50) Sentencias C-416 de 1994, T-190 de 1995, T-546 de 1995, C-037 de 1996, T-450 de 1998, T-577 de 1998, C-100 de 2001, C-181 de 2002, T-558 de 2003, T-1171 de 2003, T-084 de 2004, T-366 de 2005, T-753 de 2005 y C-713 de 2008, entre otras.
(51) Sentencias C-803 de 2000, C-699 de 2000 y C-648 de 2001.
(52) Sentencia C-648 de 2001.
(53) Ver las sentencias T-450 de 1993, C-416 de 1994, C-037 de 1996, T-577 de 1998, C-803 de 2000, C-648 de 2001, T-558 de 2003, C-874 de 2003, C-183 de 2007 y C-713 de 2008, entre muchas otras.
(54) En este sentido las sentencias T-450 de 1993, C-416 de 1994, T-577 de 1998, C-803 de 2000, C-648 de 2001 y T-558 de 2003.
(55) Sentencias T-558 de 2003 y T-577 de 1998.
(56) En este sentido las sentencias C-416 de 1994, T-190 de 1995, T-546 de 1995, C-037 de 1996, T-450 de 1998, T-577 de 1998, C-100 de 2001, T-1171 de 2003, C-181 de 2002, T-1171 de 2003, T-084 de 2004, T-366 de 2005, T-753 de 2005 y C-713 de 2008.
(57) Sentencia C-648 de 2001.
(58) Sentencia C-648 de 2001.
(59) Sentencia C-648 de 2001.
(60) Sentencia T-577 de 1998. En el mismo sentido las sentencias T-190 de 1995, T-546 de 1995, T-450 de 1998, C-181 de 2002, T-366 de 2005 y T-753 de 2005.