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Timestamp: 2020-08-13 04:56:52
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Tipologia Basica Del Lavado de Activos en El Sector Financiero | Lavado de dinero | Bancos
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Narcotrafico y Lavado de Activos Grupo 03
Lavado de Dinero VF
El Labado de Dinero
Semana 4 - Lavado de Activos
Anti Lavado de Dinero - Alberto Alvarez Del Campo
Colombia y la prevención del lavado de activos
Depto. de Estado de Los E. U. a. - La Lucha Contra El Lavado
Trabajo Final Del Lavado de Dinero
MONOGRAFIA LAVADO O BLANQUEO DE DINERO.doc
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“TIPOLOGÍA BÁSICA DEL LAVADO DE ACTIVOS EN EL SECTOR FINANCIERO COLOMBIANO Y RESPONSABILIDAD DEL CONTADOR PÚBLICO”
"CHARACTERISTIC BASIC OF THE ASSET LAUNDERING IN THE COLOMBIAN FINANCIAL SECTOR AND RESPONSIBILITY OF THE ACCOUNTANTS"
ANDRÉS LEONARDO NOVA MARTÍNEZ ESTUDIANTE DE CONTADURÍA PÚBLICA
alnovam@unal.edu.co, andresalfilverde@msn.com, alfilverde@gmail.com
Teléfonos: 3118190515 – 0316831632
Bogotá, Septiembre de 2006
El lavado de dinero o blanqueo de capitales es una modalidad delictiva en la que se pretende
insertar a la economía lícita los dineros obtenidos en actividades ilícitas, por medio de operaciones que tratan de borrar el rastro del origen del capital lavado y luego pasar por
diferentes procedimientos financieros para que ese dinero sea utilizado por los delincuentes
y seguir alimentando los delitos fuentes de tales recursos. Ante esta situación y como
garante del bienestar social, aparece el Contador Público como herramienta propia del sistema antilavado, que se esmera por frenar el ritmo cancerígeno que lleva el Lavado de Activos para el país.
Palabras Claves: Lavado, Blanqueo, Dinero, Ilícito, Sociedad, Control. Passwords: Laundering, Bleaching, Money, Illicit, Society, Control. Línea temática: Auditoría y Control – Lavado de Activos
“TIPOLOGÍA BÁSICA DEL LAVADO DE ACTIVOS EN EL SECTOR FINANCIERO COLOMBIANO
RESPONSABILIDAD DEL CONTADOR PÚBLICO”
ENTIENDE POR LAVADO DE ACTIVOS O BLANQUEO DE
ALGUNAS IMPLICACIONES SOCIALES DEL LAVADO DE ACTIVOS
PROCESO Y ALGUNOS MÉTODOS DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL SECTOR FINANCIERO
Métodos comunes para el lavado de activos
Métodos de lavado de activos mediante los cuales se colocan los recursos en el sistema financiero
“Pitufeo” o reestructuración
Ocultar el efectivo en depósitos de un negocio lícito de mucho movimiento de efectivo
Utilización de cuentas inactivas
Cajas de cambio de cheques
Créditos ficticios
Utilización de cuentas para consignaciones nacionales
4.2 Métodos de lavado de activos mediante los cuales se nacionalizan los recursos y se colocan en el sistema financiero
4.2.1 Subfacturación de importaciones
4.2.2 Sobrefacturación de Exportaciones
5. INSTITUCIONES REGULATORIAS Y DE CONTROL
5.1 Colombia frente al lavado de activos
5.1.1 Organización interinstitucional
5.1.2 Lavado de activos y comercio exterior
5.1.3 Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)
5.1.4 Sistema Integral para la Prevención y Control del lavado de Activos (SIPLA)
5.1.5 Papel de la Fiscalía General de la Nación en la investigación de lavado de activos
5.2 Acciones del Sector financiero Colombiano contra el Lavado de Activos
5.2.1 Acuerdo sobre el papel del Sistema Financiero n la detección, prevención y represión del movimiento ilícito de capitales
5.2.2 Código uniforme de conducta
5.2.3 Comité de administración del riesgo
5.2.4 Convenio de cooperación conjunta entre la Fiscalía general de la Nación y Asobancaria
5.2.5 Interacción con la Federación Latinoamericana de Banco (FELABAN)
5.2.6 Acuerdo interbancario de Capacitación
5.2.7 Acuerdo Interbancario de Conocimiento del Cliente
5.2.8 Apoyo a la creación de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)
5.2.9 Comité de oficiales de cumplimiento
Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el lavado de activos (GAFISUD)
BREVE ANÁLISIS DE LA NORMATIVIDAD COLOMBIANA
El lavado de activos en Colombia y su Control jurídico
Punibilidad del lavado de activos y regulación del Estatuto Financiero
LA ESTRUCTURA DEL CONTROL EN LA LABOR DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
Estructura Sugerida para el control del lavado de activos en entidades financieras
La responsabilidad del Revisor Fiscal
La responsabilidad cuando es Auditor Externo
La responsabilidad cuando es Auditor Interno
Este trabajo investigativo se realiza con el fin de conocer más a fondo un tema que es de importancia relativa dentro de los círculos sociales, económicos y por supuesto regulatorios, un tema que por demás no es ajeno a la dinámica que un profesional contable puede ver en forma frecuente en las organizaciones donde labora.
El enfoque de esta ponencia es ilustrativo como primera instancia, porque me dedico
a “aprender” lo básico sobre el tema ya que es muy posible que todos hayamos
escuchado sobre este flagelo pero muy pocos tengan claro a qué se refiere o cómo
podría ser realmente definido, posteriormente se hace necesario analizar las
implicaciones que trae el blanqueo de capitales a la sociedad y cómo ésta práctica es factor de éxito para mantener otras actividades delictivas, en tercera instancia seguiremos aprendiendo sobre el operar del lavado de activos, adentrándonos en los diferentes métodos utilizados por las organizaciones delincuenciales para filtrar el dinero a la economía formal utilizando como plataforma el sector financiero, junto a esto estudiamos algunas entidades de vigilancia y control así como los esfuerzos que el gobierno colombiano y el sector financiero han hecho para poder controlar este problema y, finalmente, expongo una pequeña reflexión sobre el papel que debe tener la profesión contable para ser parte de la dinámica antilavado que se gesta en
Aunque el análisis se centra en lo concerniente al sector financiero, razón por la cual actividades como el contrabando no son mencionadas, no se trata de opiniones sesgadas a la obra y gracia de ese sector, se espera cubrir un espectro más amplio para poder entender mejor a qué nos estamos enfrentando cuando el Contador Público o cualquier otra persona se enfrenta a una situación tan incómoda como las que propone el lavado de dinero.
Al finalizar este trabajo la idea principal es que aquella persona que lo haya leído quede un poco más informada sobre el tema y con ganas de seguir investigando, porque así como las regulaciones y tecnologías cambian a una alta dinámica, el ingenio de los lavadores también lo hace.
2. QUÉ SE ENTIENDE POR LAVADO O BLANQUEO DE ACTIVOS
La evolución del lavado de dinero moderno, tanto las técnicas que emplean los delincuentes como las medidas preventivas que han adoptado los gobiernos, son desarrollos recientes y de permanente actualización. La guerra contra el lavado de dinero usa una gama de maquinaciones complejas, leyes, técnicas de investigación y consideraciones políticas; las instituciones financieras están en la línea del frente en esta batalla. 1
En términos sencillos, el lavado de activos consiste en el proceso de ocultamiento de dineros de origen ilegal en moneda nacional o extranjera y los subsiguientes actos de simulación respecto de su origen, para hacerlos aparecer como legítimos. El lavado de dinero es, entonces una conducta que no se agota en un solo acto, sino que requiere de múltiples etapas dirigidas hacia un mismo propósito: dar apariencia de legalidad a unos bienes que originalmente provienen de actividades ilícitas. 2
El lavado de dinero se realiza con el objeto de encubrir la actividad criminal con la cual esta relacionado, ocultando la verdadera fuente de los fondos para que después puedan utilizarse libremente. Otras dos referencias para poder aclarar qué es lavado de activos son las siguientes:
“El Blanqueo de capitales es el proceso en virtud de los cuales los bienes de origen delictivo se integran al sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos en forma lícita”. 3
“La transferencia, conversión e inversión del producto ilícito de delitos graves relacionados y no relacionados con el tráfico ilícito de drogas… pueden amenazar la integridad, confiabilidad y estabilidad de los gobiernos, los sistemas financieros y el comercio”. (Cumbre de las Américas).
Las instituciones financieras al recibir los depósitos del público son los principales agentes de transferencia del dinero, por lo cual resulta obvio que la fase inicial del depósito sea un instrumento fundamental para los blanqueadores. Otro momento importante para la detección de operaciones sospechosas ocurre cuando los recursos ilícitos son repatriados mediante transferencias aparentemente lícitas a través de instituciones financieras.
1 Seminario internacional sobre la detección y prevención de movimientos de capitales ilícitos en el sistema bancario. Septiembre de 1994. Bogotá, Colombia. 2 García Hernández, Mauricio. El lavado de activos, el proceso y sus principales métodos. Inverline Ltda Página 5.
3 Blanco Cordero, Isidoro. El delito de blanqueo de capitales. Editorial Aranzandi. Página 101.
Los blanqueadores de dinero asumen el perfil de un cliente ordinario, adinerado, de banca. Además, un elemento esencial que buscan los blanqueadores de dinero es la confidencialidad, la cual es norma histórica en la banca (reserva bancaria). Por consiguiente, el peligro inherente de infiltración de dinero sucio en la banca es obvio.
Esto no sugiere que se abandone al sistema financiero, así como el reconocimiento del riesgo inherente de robos no le ha causado la muerte a la banca. El lavado de dinero es simplemente un riesgo criminal que enfrentan los bancos y otras entidades financieras. Por su vínculo con el narcotráfico y por la guerra política contra el mismo a nivel mundial, pero más específicamente en los Estados unidos, el lavado de dinero puede causarle la “muerte” a una institución. Por consiguiente, el riesgo debe comprenderse plenamente y luego deberá detectarse y prevenirse este delito.
Toda industria delictiva que maneja recursos en efectivo tiene el grave problema de los volúmenes de dinero que éstos representan, en la medida en que no puede realizar importantes transacciones con ese efectivo sin despertar sospechas.
El lavado de dinero ya sea blanquear o disfrazar los ingresos de un negocio ilícito para que aparenten ser el producto de un negocio lícito no es nuevo. La mayoría de los delincuentes económicamente motivados siempre han querido aparentar legitimidad. El elemento nuevo es la criminalización del lavado de dinero. En la actualidad, el proceso mismo es un crimen separado del delito que produjo el dinero.
Tradicionalmente el lavado de dinero se ha examinado desde la perspectiva del negocio del narcotráfico, no obstante constituye un procedimiento que puede extenderse a otras modalidades delictivas. Dentro de los delitos relacionados al lavado de activos es necesario reconocer además del tráfico ilegal de narcóticos, varios otros eventos no lícitos que generan grandes flujos de dinero que necesitan ser aparentados como limpios e introducidos en la economía formal; algunos de ellos son: tráfico ilícito de armas, tráficos de seres humanos, tráfico de órganos, prostitución, pornografía, secuestro, extorsión, delitos contra la administración (corrupción), terrorismo, etc.
Como todos sabemos, la lucha contra el lavado de activos es la expresión de una estrategia que tiene por objeto atacar el poder económico de las organizaciones delictivas a fin de debilitarlas e impedir que gocen del producto de sus actividades y así frenar los efectos nefastos de la economía delictiva sobre la economía legal.
Es por esto, que en términos más estrictos parece pronunciarse LLOBET RODRIGUEZ cuando afirma que al hablarse de lavado de dinero se hace referencia
a la actividad por la cual se invierte el dinero proveniente de una actividad ilícita,
tráfico de drogas, de armas, de trata de blancas, en una lícita, para tratar de ocultar
el origen de ese dinero.
Al ver esto podríamos reflexionar sobre como la facilidad de lavar dinero se convirtió en un incentivo para que estos flagelos sociales se mantuvieran exitosamente en la humanidad, ya que los fortaleció como negocio y les permitió disponer de las utilidades de sus fechorías para multiplicar el efecto del daño y animar a que otros tantos se dedicaran a lo mismo, sumiendo a éstas ya corruptas sociedades a seguir alojando esos males.
Se han practicado distintas formas de lavado de activos desde que surgió la necesidad de ocultar la índole o la existencia de ciertas transferencias financieras por razones ya sean políticas, comerciales o jurídicas. Esta evolución ha suscitado considerable controversia. El problema está en la forma atípica del delito de blanqueo de dinero. A diferencia de los delitos subyacentes, ya sea tráfico de drogas
u otro delito grave, el lavado de dinero consiste en una serie de actos que por
separado son inocentes pero que en su totalidad equivalen a una tentativa de ocultar
el producto de un delito.
El lavado de Activos obedece a este tipo de conducta ya que tan importante para el delincuente es la consumación del delito primario, como el blanqueo de los capitales resultantes de la actividad delictiva realizada. Erróneamente se ha considerado el lavado de Activos como eminentemente vinculado al narcotráfico, olvidando que éste es solo una de las fuentes de dinero ilícitos identificada en Colombia, donde la corrupción administrativa, el contrabando y el secuestro se han convertido en grandes fuentes de capital ilícito.
El segundo error, es que para la sociedad el lavado de dinero se ha convertido en un problema económico, perdiendo su connotación de problema social. La entrada de dinero ilícito al mercado financiero produce daños casi irreparables para la sociedad, por ello las entidades financieras deben desarrollar una mayor labor de prevención identificando sus modus operandi y ampliando los lazos de cooperación con la Fiscalía, Contraloría, Procuraduría General de la Nación y con la Dirección Nacional de Estupefacientes.
Siguiendo con el tema que nos concierne, el Sistema Financiero, por los servicios que ofrece, es singularmente atractivo para la introducción a la economía de capitales mal habidos, en la medida que buena parte de ellos esta representada en instrumentos monetarios, convirtiéndose en la manera más expedita y segura de administrarlos. El desarrollo del sistema financiero obligado por la demanda de servicios y estimulado por la tecnología, incrementa el riesgo y dificulta la detección de las operaciones ilícitas. Como medio eficaz de prevención, resulta trascendental la aplicación de controles internos y externos que impidan la corrupción del sistema, con sus efectos nocivos para la economía.
Una de las principales dificultades que presenta el problema de lavado de activos es el de obtener la cuantificación del volumen de recursos lavados por el país, por región o según el tipo de delito del que provenga. De acuerdo con el documento de
la Superintendencia Bancaria (ahora Superintendencia financiera), “Lavado de Activos: Una actividad Multifacética”, la metodología recomendada por el GAFI únicamente se refiere al componente del lavado que tiene que ver con las drogas y que posiblemente sólo corresponde al 50% o 60% del dinero lavado. De esto se desprende que se han hecho grandes y serios esfuerzos por cuantificar los recursos lavados, especialmente los provenientes del tráfico de drogas en Colombia. Sin embargo el hecho de que tal actividad sea oculta, lleva a que la información incorporada en los modelos econométricos haya tenido que basarse en una serie de suposiciones y aproximaciones que varían entre los diferentes estudiosos del tema; el resultado es que la cuantificación del delito contiene rangos muy amplios del dinero que potencialmente necesita ser lavado.
Las Naciones Unidas, reconocen el problema de blanqueo de dinero proveniente de todo tipo de delitos como una amenaza mundial a la honestidad, seguridad y estabilidad del sistema financiero, por tal razón trata de colaborar en la lucha contra este delito a través de convenciones y recomendaciones para cada uno de los países.
Las personas ajenas a los cuerpos investigación no comprenden a menudo cuál es el daño ocasionado y, dejando de lado toda consideración fiscal o tributaria, quién es la víctima de esas prácticas, por lo que les cuesta comprender que esas prácticas sean tipificadas como delito. La dificultad de demostrar convincentemente el daño ocasionado por el blanqueo de dinero ha sido fuente de demoras y dudas a la hora de ir a tipificar el lavado de activos como delito. Son muchos los países que aún no se han decidido a dar ese paso, pero afortunadamente no en Colombia.
No cabe duda, sin embargo, de que la tendencia actual es hacia la criminalización del lavado de activos. Existen diversas razones que lo explican. En primer lugar la aceptación de la teoría de que poco vale atacar a los delincuentes si sus ganancias quedan intactas: el beneficio neto, es decir el enriquecimiento personal, constituye la motivación del delito subyacente y proporciona, al mismo tiempo, los medios o el capital operacional requerido para proseguir con la delincuencia.
Por otro lado, cabe citar también una razón netamente práctica. Hoy en día se ha descubierto que las leyes de decomiso, como uno de los armas en el arsenal contra el blanqueo de dinero, puede ser una fuente importante de financiación de las actividades anti-droga etc.
3. ALGUNAS IMPLICACIONES SOCIALES DEL LAVADO DE ACTIVOS
La doctrina ha reconocido que toda manifestación delictiva presenta un trasfondo clásico de violencia, fraude o abuso, lo que nos permitiría enmarcar, en principio, el lavado de activos como un típico delito de fraude en perjuicio del orden económico y social.
Sin embargo, sus consecuencias superan las fronteras de una lesión particular, pues toman el cuerpo de los efectos típicos de los delitos de violencia, por su fuerte impacto en las bases económicas de la sociedad y los desequilibrios individuales y sociales que genera.
El lavado de dinero es esencial para lograr el funcionamiento efectivo de prácticamente toda forma de delincuencia transnacional y organizada y se define como el proceso mediante el cual se oculta la existencia de una fuente ilegal o el uso del ingreso derivado de una actividad ilícita que esconde la procedencia de sus fondos para legitimarlos.
Partiendo de lo anterior, podemos mencionar que el lavado de dinero tiene efectos terribles sobre los países porque:
Evita la detección de actividades criminales Provee nuevos recursos a las actividades delictivas Distorsiona los mercados financieros Destruye la actividad económica real generando un capitalismo virtual.
El lavado de dinero tiene un efecto corrosivo en la economía, el gobierno y el bienestar social de un país; esta práctica distorsiona las decisiones comerciales, aumenta el riesgo de quiebra bancaria, quita al gobierno el control de la política económica, daña la reputación del país y expone a su gente a actividades ilícitas como narcotráfico, contrabando, fraudes y otras actividades delictivas.
Basta solo apreciar como, desde el incremento del fenómeno del narcotráfico en Colombia, crecieron progresivamente los índices de homicidios, secuestros, extorsiones, subversión y atentados terroristas, entre otros factores de desestabilización social. Indiscutiblemente, el exceso de dinero ilícito en los distintos circuitos económicos fue el caldo de cultivo propicio para la extensión de dichos fenómenos criminales. Estos dineros de procedencia delictiva financian el conflicto interno colombiano y permite a los grupos armados ilegales (Subversión y autodefensas ilegales) mantener una costosa guerra que desangra a nuestra Nación:
36 mil homicidios, 4 millones de emigrantes en el exterior, 2 millones de desplazados internos, 3.650 secuestros al año y el 35% de las tierras cultivables de nuestro país en manos de narcotraficantes, subversivos y autodefensas.
El panorama no es nada alentador, pues además de ello, Colombia contiene la mala imagen asociada con el narcotráfico y paradójicamente más que victimario es víctima de este fenómeno. Colombia presenta el 80% de las áreas de cultivos ilícitos de coca en el mundo y percibe el 2% de las ganancias que éste delito genera.
No debe olvidarse que el capital ilegítimo es una de las principales causas de corrupción en las entidades tanto públicas como privadas y de desestabilización de
las esferas sociales, políticas y económicas; por ende, para atacar efectivamente esa corrupción, se requiere combatir eficazmente la circulación del dinero corruptor. Actualmente las enormes ganancias generadas por la corrupción administrativa, se calculan en el 10% del Producto Interno Bruto de nuestro país.
El Fondo Monetario Internacional –FMI- estima que el monto que se lava en un año a nivel mundial representa del 2% al 5% del PIB mundial (US$600.000 millones a US$ 1.500.000 millones a cifras del 2003).
De todas las formas, el blanqueo de bienes mueve cifras elevadas y no es fácil evaluar el volumen de los capitales procedentes de actividades delictivas que son anualmente objeto de blanqueo. En lo que se refiere a las actividades ilícitas, los ingresos generados por el tráfico de drogas u otros delitos están POR DEFINICIÓN OCULTOS AL ESCRUTINIO DE LAS AUTORIDADES, de forma que sólo por métodos de estimación indirectos es posible llegar a precisar alguna cifra de indiscutible fiabilidad. 4
El sistema contra el lavado de activos surge como respuesta a las consecuencias económicas, políticas y sociales derivadas de la economía del crimen con la adopción de imperativos éticos de “prevención”, “control” y “represión”, mediante los cuales el Estado y la sociedad se conjugan para interactuar armónicamente en pro de un mismo objetivo, conformando así una sola unidad de acción agrupada bajo el concepto de “sistema”.
No puede desconocerse, por ejemplo, que la penetración de dineros ilícitos en una entidad financiera afecta notoriamente el sistema, no sólo por los sentimientos de desconfianza e inseguridad que generan en los usuarios del sistema, o el desprestigio que puede sufrir la Entidad y adicionalmente a sus representantes quienes se hacen acreedores a las sanciones penales correspondientes, sino por la enorme puerta que se abre a los criminales, para que operen libremente en los circuitos financieros del mundo.
Para evitar estos riesgos, cada entidad debe ser consciente de cuál es el papel y la responsabilidad que tiene dentro del sistema.
Este problema socio económico debe ser resuelto con la participación de los diversos sectores de la economía. Las autoridades deben asegurarse de tener instaladas estructuras legales, financieras y de ejecución de la ley para combatir este delito y tener la certeza de que sus propias agencias de ejecución de la ley, reguladores y sistemas judiciales se comuniquen entre sí, intercambiando información importante de manera que la globalización actúe contra el lavado de capitales en lugar de ser su aliado.
4 ÁLVAREZ, Pastor y EGUIDAZU, Palacios. La prevención del blanqueo de capitales, cit., Página 20.
Para la Fiscalía General de la Nación, por ejemplo, como titular de la acción penal en su fase de investigación, el fenómeno delictivo del lavado de activos se aborda como
si se tratase de un delito sui generis de violencia. Con lo anterior, no se quiere
incurrir en una simple reflexión criminológica del problema, pues la dimensión de las consecuencias inmediatas son propias de un semillero de injusticia social, de inequitativa e ilegal distribución de la riqueza, generadora de abusos sociales, competencias desleales que aniquilan la pequeña y mediana industria, fuente principal de la violencia de cualquier Estado. A esto podemos sumar la consolidación de una subcultura del dinero fácil, que recurre a la violencia, como medio eficaz de mantener un status quo de ilicitud.
En Colombia, los instrumentos jurídicos implementados para neutralizar las organizaciones criminales dedicadas al blanqueo de capitales han sido el producto de la necesidad de responder eficientemente a los nuevos retos que día a día genera
criminalidad organizada y de respaldar eficientemente las acciones de prevención
control del lavado de activos adelantadas por distintas entidades públicas y
privadas, especialmente, las adelantadas por el sector financiero.
El desarrollo de los sistemas financieros, del mercado público de valores, del sector
cooperativo, entre otros, está caracterizado por la demanda de servicios y estimulado
por el desarrollo tecnológico, incrementando el riesgo de penetración y dificultando
la detección de operaciones ilícitas. Por ello, es necesario el desempeño de los
administradores de dichos sectores y de cada uno de sus funcionarios, acompañado de un decidido interés de trabajar conjuntamente con las autoridades judiciales y administrativas, para cerrar las puertas de los circuitos ilegales.
Los líderes empresariales del sector privado deben involucrarse con mayor seriedad, especialmente aquellos relacionados con los servicios financieros, impulsando controles y medidas anti-lavado en sus empresas, algunos ejemplos serían:
Programas anti-lavado de dinero Contar con un oficial de cumplimiento Políticas claras sobre conocimiento del cliente y los empleados Código de conducta Entrenamiento y capacitación a los empleados Reportar transacciones inusuales, preocupantes y relevantes. Evaluación externa de la efectividad de programas y nivel de cumplimiento.
Aunque frecuentemente se piensa que el lavado de activos se lleva a cabo solo a través del sistema financiero, este delito alcanza otros sectores de la economía. Existen casos en los que se utiliza el sector no financiero para infiltrar recursos ilegítimos al sector financiero. En este rubro se encuentran expuestos los casinos, empresas que realizan comercio internacional, profesionistas, así como negocios legítimos que manejan grandes cantidades de dinero en efectivo. Lo que es evidente es que en estos días nadie puede prevenir al 100% este problema, pero es
fundamental establecer estándares internacionales de cumplimiento, ya que esto aminoraría el riesgo de verse involucrado en actividades delictivas de ésta índole.
En nuestro país, el proceso de consolidación de una conciencia colectiva de reacción contra el fenómeno del lavado de dinero, ha permitido dar un nuevo enfoque a las acciones contra esta tipo de criminalidad, surgiendo nuevos compromisos y retos que son afrontados por las autoridades judiciales y administrativas del Estado y los sectores financiero, bursátil, asegurador, cooperativo y reales de la economía.
4. EL PROCESO DE LAVADO DE ACTIVOS
El proceso se inicia con la primera etapa, la cual da origen a este flagelo y es la obtención o recolección de dinero, que consiste en la recepción física de grandes cantidades de dinero en efectivo en desarrollo y como consecuencia de actividades ilícitas tales como el secuestro, los delitos contra la administración pública, el atraco bancario, la trata de menores y blancas, el tráfico de armas y explosivos, de precursores y productos químicos, de material nuclear y las vinculadas con el tráfico ilegal de órganos humanos, falsificación de cheques, etc.
Una vez el delincuente ha obtenido el dinero y como es obvio en efectivo y en grandes cantidades, surge el problema de qué hacer con él, ya que justificar su procedencia es casi imposible, así como integrarlo en al economía formal. Por tanto, se hace necesario utilizar un mecanismo para eliminar su origen y darle apariencia de legalidad; es decir, iniciar el proceso de lavado.
En esta fase, surge el denominado lavador de dinero que no es más que la persona que se encarga de efectuar el proceso necesario para lograr los objetivos del delincuente: integrar sus recursos en al economía formal, en principio, sin importar los costos en los que deba incurrir debido a que las actividades a través de las cuales se obtiene le generan los suficientes recursos para asumirlos; no obstante esta indiferencia por los costos por parte del delincuente, no es igual para el lavador, ya que en la actualidad, el desinterés por la rentabilidad o el costo de manejo del dinero se constituye en un indicio de lavado de dinero.
Ahora se inicia de manera formal el proceso de lavado de dinero en su primera etapa que es la acumulación o colocación física del dinero en el sistema financiero, lo que supone la inmersión de los fondos dentro de éste, aprovechando especialmente el sistema financiero de los países que son de un lado, exigentes en materia de reserva bancaria y de otro lado, laxos en lo que se refiere a los requisitos exigidos para la identificación, registro de los clientes y la determinación de sus operaciones. Son los países denominados paraísos fiscales, países de secretismo bancario o centros financieros off shore poco regulados.
Una vez logra esta primera fase en el proceso, surge la necesidad de trasladar dichos recursos a entidades financieras que no estén marcadas con el sello de paraísos fiscales y es aquí, donde surge la necesidad de ser creativos y de utilizar medios o personas que de ninguna manera despierten sospechas en las entidades en las cuales se piensa colocar el dinero. Es ésta una de las etapas del proceso donde las instituciones son más sensibles y por tanto deben fortalecer sus controles para evitar el ingreso de personas y recursos indeseables, perjudiciales a su imagen nacional e internacional, que pueden constituirse en el comienzo del fin para la institución.
Superada la etapa de colocación de los recursos viene la etapa de estratificación o mezcla con fondos de origen legal que consiste en la realización de sucesivas operaciones financieras dirigidas a eliminar su rastro, o bien a que éste sea más complejo de encontrar, de tal suerte que se impida conocer el verdadero origen ilícito de los dineros mediante la mezcla con dinero de origen legal.
En esta etapa el lavador procede a trasladar el dinero por instituciones financieras tantas veces como le sea posible, con el ánimo de diluir la posibilidad de establecer su verdadero origen, lo cual nos enseña que independientemente de que nuestro cliente o posible cliente cuente con vinculación a otra entidad financiera o esté en proceso de vinculación, no nos garantiza un conocimiento pleno y por tanto debemos ser igual de diligentes que con las personas que no tienen ningún vínculo con el sector financiero.
Una vez el lavador se ha vinculado a una institución financiera que por lo general esta en un paraíso financiero debe tomar los recursos y trasladarlos al país o ciudad donde el delincuente reside y lleva a cabo sus actividades ilícitas o las inversiones con el producto de sus actividades, pero necesita darle la apariencia de legalidad a sus recursos y eliminar al máximo la posibilidad de que se pueda establecer su origen. Por lo tanto, el lavador abre una o varias cuentas en una institución financiera, traslada los recursos del paraíso fiscal a la cuenta en el banco local, gira varios cheques a diferentes nombres y procede a abrir con cada uno, una cuenta en otras entidades financieras. Repite este proceso el número de veces que le sea posible para dificultar establecer su verdadero origen. Luego de estas vueltas vuelve y consolida los recursos en una cuenta que por lo general esta a nombre de una tercera persona que puede existir o no (testaferro) y a través de la cual se dará inicio a la última fase del proceso de lavado de activos.
Una vez se ha borrado el origen del dinero se inicia el proceso de integración o inversión que consiste en conferir una apariencia de legalidad al patrimonio de origen criminal mediante el cual el dinero líquido se convierte en bienes tanto muebles como inmuebles o en negocios fachada. Al efecto, se utilizan mecanismos como traspasar los fondos blanqueados a organizaciones o empresas legales, sin vínculos aparentes con el delito organizado.
Este proceso de lavado sirve a tres propósitos sustanciales. Formar un rastro de papeles y transacciones complicado, hacer ambiguo el origen y propiedad del dinero y, mezclar dineros ilegales con transacciones financieras legítimas.
Cada vez que se imponen más medidas de control, para las transacciones en efectivo, los dineros ilegales tienden a salir del país por otros conductos, especialmente a través de los giros bancarios a lugares donde las transacciones financieras se vigilan menos rigurosamente, tratando de confundir muchas veces las huellas electrónicas de las transferencias de dinero. Adicionalmente se acude a aquellas entidades donde se pueda cumplir algunas de las etapas del lavado y donde sus controles son débiles por falta de regulación o por negligencia de sus administradores.
Se puede afirmar que el mejor aliado para evitar ser utilizado en el lavado de activos es el “Control interno” de la institución, que se define como un proceso realizado por el consejo de directores, administradores y por todo el personal de la entidad, diseñado este control para proporcionar seguridad razonable en el cumplimiento de los objetivos tales como efectividad y eficiencia de las operaciones, confiabilidad de la información financiera y cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 5
Por no hacer sesgado en análisis del proceso de lavado de activos, me gustaría verlo desde la perspectiva del GAFI Grupo de Acción Financiera Internacional, una mirada prácticamente igual a la ya mencionada, donde ha acometido el estudio de la cuestión con base a la existencia de tres etapas sucesivas claramente diferenciadas según las estimaciones del citado organismo internacional, la primera de ellas – fase de colocación - estaría destinada a hacer desaparecer la enorme cantidad de dinero en metálico derivado de actividades ilegales mediante el depósito del mismo en manos de intermediarios financieros. Una vez reducido ese ingente numerario, el patrimonio resultante quedaría sometido en segunda instancia a un buen número de transacciones –fase de conversión-, dirigidas a asegurar en lo posible el distanciamiento de esos bienes respecto a su origen ilícito. Finalmente, el blanqueo concluiría con la -fase de integración-, en la que la riqueza obtendría la definitiva máscara de licitud mediante la oportuna introducción en los cauces económicos regulares.
La federación de banca de la Comunidad Europea distingue tres estados en el Blanqueo de capitales a lo largo de los cuales los lavadores efectúan numerosas operaciones que pueden alertar a la banca de una posible actividad criminal. Así, el citado organismo hace referencia a una primera fase de inserción de los fondos en el sistema financiero – Placement- , de una segunda –Estratification- en la que tales fondos constituyen el objeto de una serie de complejas operaciones financieras con el fin de ocultar su origen lícito y de una tercera y última –integration- consistente en
5 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)
la concesión de una apariencia de legalidad a tal riqueza mediante su reincorporación definitiva a los cauces normales de la economía.
Actualmente, las mas importantes organizaciones internacionales como son Naciones Unidas, la Unión Europea, el Consejo de Europa, la organización de Estados Americanos y el Grupo de Supervisores de la Banca Off Shore, se están esforzando en crear políticas y programas contra el lavado de dinero, siguiendo las recomendaciones del FAFT – Financial Action Task Force- que es un cuerpo intergubernamental, creado en París en 1989, para examinar y estudiar todas aquellas medidas necesarias para combatir el lavado de capitales. Pero buscar el rastro de dinero y seguirlo, es quizás el aspecto más crítico de la investigación, pues para investigar el lavado es elemental seguir el dinero, especialmente en una época que florece el movimiento globalizado, el comercio electrónico, el caber espacio, las tarjetas inteligentes, etc. Adviértase que en veinticuatro (24) horas, el dinero puede dar varias vueltas a través del mundo mediante remesas y otras transacciones en tiempo real. 6
4.1 Métodos comunes para el lavado de activos
Con el ánimo de contribuir a la oportuna identificación de acciones de lavado de activos por parte de las entidades financieras, a continuación presento una compilación de los métodos comúnmente más utilizados para lavar dinero, con el fin de ayudar a las instituciones a prevenir y protegerse en este sentido, a fin de que se eviten ser usadas en esta red. Es importante resaltar que este es un recuento de los métodos conocidos, pero igualmente es importante tener claro que día a día los lavadores se ingenian mecanismos para no ser detectados dentro del desarrollo de su labor de lavado de dinero, por lo tanto reitero que nuestro principal mecanismo de defensa es un adecuado sistema de control interno y su funcionalidad.
Existe una etapa previa a la colocación del dinero en el sistema financiero y es la de nacionalizarlo, es decir ingresarlo al país sin que sea detectado. La mejor forma es hacerlo a través del sistema financiero, pero en muchas ocasiones no es posible; por lo tanto, se han creado mecanismos para realizar esta labor directamente.
Con el propósito de dar a conocer algunos de los métodos utilizados para la realización de esta actividad delictiva y su influjo directo dentro del sistema financiero, a continuación expondré algunas opciones pero me limitaré solamente a aquellas relacionadas al sistema mencionado dado que abarcar todos los métodos conocidos sería un poco dispendioso y prefiero trabajar lo hasta ahora reconocido por el sector financiero.
6 Hernández Quintero, Hernando. 2002. El lavado de Activos, actualizado con el Nuevo Código Penal. Tercera Edición. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. Páginas: 39.
Métodos de lavado mediante los cuales se colocan los recursos en el sistema financiero
Pitufeo o Reestructuración
Como su nombre lo indica, consiste en estructurar muchas operaciones en montos pequeños con el ánimo de evadir los controles de transacciones individuales y consolidadas. Esta atomización dificulta la posibilidad de establecer alguna relación entre los ejecutores de las transacciones y su verdadero beneficiario.
Existen varias formas de efectuar la estructuración de operaciones a través del pitufeo: la más conocida y utilizada es la de manejar los denominados pitufos (diferentes personas) para realizar operaciones de consignaciones o cambio de cheques en diferentes cuentas por montos inferiores a los estipulados como susceptibles de control por ley, logrando de esta manera realizar el primer paso del proceso del lavado: la colocación de los recursos en el sistema financiero. A continuación a la fase de colocación en manera atomizada, se procede al paso de consolidación en una sola o varias cuentas, con la ventaja de que el dinero ya no esta en efectivo, sino trocado en cheque o mediante una transferencia procedente de otra institución financiera. Esto llama menos la atención y hace presumir que existe un conocimiento previo del cliente y que por tanto los recursos ya sufrieron un proceso de verificación con respecto a la determinación de su origen por parte de la entidad financiera.
En principio, fue un excelente método porque aun cuando requería de un alto número de personas, era bien sencillo de ejecutar y difícil de detectar, por lo cual burlaba las normas que solo estipulaban el control diario de operaciones individuales o consolidadas en un mismo día que superaran el límite individual. En vista de la debilidad del procedimiento, debió ser modificado y se previó el mecanismo de consolidación de operaciones en efectivo durante un periodo de tiempo superior a un día, que no obstante haber sido realizadas de manera individual por montos inferiores a los sujetos de control, consolidadas durante el período superaban un monto determinado. Dada la restricción, los lavadores optaron por establecer un nuevo sistema de pitufeo, el cual consiste en evadir el control mediante la utilización de un mismo pitufo en diferentes instituciones, es decir que una misma persona posee cuentas en diferentes instituciones financieras y en todas ellas realiza operaciones por montos inferiores al límite individual diario y al límite mensual consolidado.
Ahora bien, el pitufeo no solo se debe ver desde el punto de vista de personas naturales. Este también se realiza mediante la constitución de diferentes sociedades por un grupo de personas que se alternan en su constitución o que pueden ser las
mismas actuando bajo la investidura de personas jurídicas que les da una sociedad; es decir que mediante la constitución de cinco sociedades o más se pueden constituir un número indeterminado de sociedades, sin que sea fácil establecer vínculos entre ellas.
4.1.1.2 Ocultar el efectivo en depósitos de un negocio lícito de mucho movimiento en efectivo
Esto implica la corrupción de un negocio legítimo cuyas ventas se realizan por lo general en efectivo, lo cual para un lavador se constituye en la fachada ideal frente a una institución financiera, ya que no despiertan sospechas consignaciones de dinero en efectivo provenientes de un negocio que aparentemente lo genera. Los negocios más atractivos para este proceso son los restaurantes, bares, supermercados, droguerías, transportadores, etc.
El mecanismo opera de diferentes formas. Una, mediante la coacción de los propietarios y/o administradores del negocio. Se lleva a cabo obligando a los administradores del negocio a consignar grandes cantidades de dinero en efectivo simulando un incremento en las ventas, lo que para cualquier institución financiera puede considerarse como normal con la naturaleza de la actividad; igualmente este método funciona con la complicidad de los propietarios o administradores, consiste en que a través de negocios de una trayectoria reconocida, se empiezan a mover grandes cantidades de recursos dificultando su detección ya que el negocio ha creado una trayectoria en el banco. Igualmente, se utilizan mecanismos como el chantaje, secuestro o cualquier otro que obligue al comerciante lícito a involucrarse en actividades ilícitas.
Otro mecanismo común consiste en la adquisición de los negocios que aparentemente manejan volúmenes altos de efectivo o aquellos en que su actividad de alguna forma lo justifica. En este caso, el lavador compra negocios sin importar su volumen de ventas o ingresos, ya que su interés es la fachada del negocio y no su productividad. Cuando se dan estas circunstancias observamos que negocios que estaban prácticamente quebrados o eran negocios de muy bajo nivel, reciben grandes cantidades de dinero y son reestructurados como en su infraestructura; que su movimiento es moderado, pero sin embargo, las consignaciones en el banco día a día van en aumento. Este mecanismo es muy usual en negocios de difícil control de movimiento tales como discotecas, restaurantes, moteles, etc.
Además son muy atractivos también aquellos negocios que se dedican a actividades de comercio exterior ya que su actividad facilita la legitimación de recursos que poseen en el exterior que es lo más común en el proceso de lavado de dinero. Esta metodología consiste en asociarse, invadir o comprar negocios dedicados a la importación y a la exportación de mercancías para legalizar recursos mediante la sobrefacturación de exportaciones y subfacturación de importaciones.
Consiste en prestar el nombre para el ocultamiento de la propiedad de un tercero, o prestar el nombre para adquirir bienes con dineros provenientes de actividades ilícitas. Este procedimiento consiste básicamente en que mediante el uso del nombre de una o varias personas se constituyen diferentes tipos de depósitos en una o varias instituciones financieras, tales como cuentas corrientes, cuentas de ahorro, certificados de depósito a término, depósitos en fondos comunes, etc.
El testaferro como tal, requiere del consentimiento de la persona de la cual se usa el nombre. Sin embargo, éste puede conocer o no las actividades u operaciones que se van a desarrollar a su nombre; esta figura puede resultar de la insinuación del lavador y de la aceptación expresa o tácita del banquero. El método general consiste en que el lavador utilizando el nombre de uno o varios de sus empleados abre diferentes cuentas en una institución financiera, registrando en ellas solo su firma o firmas creadas para efectuar los retiros o giros de cheques, también se utiliza la firma del testaferro y la autorización para que el lavador firme en todas las cuentas de manera individual, siendo éste el método más típico ya que aparenta el consentimiento del testaferro y el lavador aparece como un funcionario de éste. Generalmente el lavador solicita al banco que envíe toda la documentación que debe ser diligenciada a sus oficinas, en donde procede a diligenciar los formatos con los nombres de las personas que va a utilizar, los hace firmar o falsifica o crea las firmas correspondientes, posteriormente entrega personalmente los documentos en la entidad, eso si con el lleno total de los requisitos de información y anexos por general expedidos por él mismo como patrono del titular de la cuenta y con unos ingresos superiores a los originales; posteriormente en el proceso de confirmación de datos, él mismo o algunos de sus funcionarios con conocimiento de la operación confirma todos los datos consignados en la solicitud, igualmente funciona para las referencias.
Una vez surtido el proceso sin contratiempo, se inicia un movimiento modesto en la cuenta para gradualmente ir incrementándolo los movimientos hasta alcanza sumas significativas, cuando se ha efectuado un alto volumen de operaciones se deja inactiva la cuenta por un periodo de tiempo para luego reactivarla. Si no existen requerimientos de información adicional por parte de la institución financiera, este método es utilizado de manera simultánea con un mismo testaferro en varias instituciones financieras.
Dado que el testaferrato puede adquirir muchas variantes y que su detección no es sencilla, no queda más opción que los bancos conozcan plenamente a sus clientes antes de vincularlos a la institución.
Así mismo se presenta el testaferrato cuando sin consentimiento previo del titular de
la cuenta se usa su nombre para realizar tales actividades; dentro de esta modalidad
existen variantes entre las que podemos encontrar que se usan nombres de personas de buena reputación ya que esto facilita la operación y los movimientos que de ninguna forma despertarían sospecha, el lavador simplemente aborda al encargado en la entidad financiera ya aparentemente actúa como intermediario del supuesto titular para conseguir una buena cuenta, en este caso lo esencial es que el
gerente de la entidad nunca conoce al titular y todos los procedimientos son llevados
a cabo por el lavador. Otro método de suplantación consiste en la utilización del
nombre de funcionarios de las empresas del lavador para abrir cuentas o depósitos en entidades financieras y mediante la falsificación de su firma desarrollar las operaciones ilícitas. Finalmente menciono el manejo de los nombres y las cédulas de personas muertas lo cual facilita la labor del lavador ya que la posibilidad de ser detectado por el titular es nula.
Es necesario que las personas se cuiden de las bandas organizadas dedicadas a esta actividad ilícita, quienes están en busca de personas incautas que por pequeñas cantidades de dinero están dispuestos a prestar su nombre para la apertura de una “simple” cuenta en cualquier entidad financiera y, aunque después de cometido el lavado y de detectado el medio utilizado uno como simple persona diga que solo lo hizo por pura ingenuidad los castigos por ser cómplice son altos.
4.1.1.4 Utilización de cuentas inactivas
Una cuenta inactiva es aquella que no presenta movimiento de consignación o retiros de fondos durante determinado periodo de tiempo el cual en la mayoría de los casos es de tres (3) meses. Sin embargo, para el lavador las más atractivas son aquellas que no presentan movimiento durante un periodo de tiempo de un año o más.
El proceso se inicia contactando a los funcionarios de las entidades financieras que tienen a su cargo el registro de firmas e información de clientes, solicitándoles la información de las cuentas inactivas que en algún momento fueron cuentas importantes o que sin haberlo sido hoy en día sus titulares son personas reconocidas o que cuentan con un buen nivel de ingresos, así movimientos significativos en sus cuentas no despertarían mayor sospecha. Una vez se selecciona la cuenta correcta, a través del funcionario corrupto de la entidad financiera se procede a hacer solamente un cambio de las firmas registradas, dejando los datos originales de la cuenta iguales. Después de lo anterior, se procede a elaborar un documento de identificación gemelo con el único cambio de la foto y la firma del titular; con este documento se solicita una chequera o una tarjeta débito, dependiendo de la naturaleza de la cuenta, y se procede a hacer pequeños depósitos, luego se incrementan los montos de los movimientos y finalmente se transfiere el dinero a otras cuentas de titularidad del lavador o de un testaferro; realizando el proceso varias veces dejando la cuenta original sin movimiento pero
con un seguimiento del funcionario corrupto que se mencionó anteriormente. En caso de sospecha de la entidad, se abandona la cuenta.
Este método es usado en dos etapas: en la colocación y en la diversificación; es un procedimiento que facilita borrar el verdadero origen del dinero, ya que al pasar por cuentas de este tipo su origen aparenta ser de procedencia lícita.
4.1.1.5 Cajas de cambio de cheques
Las cajas de cambios corresponden a un negocio que se dedica al cambio de cheques posfechados o cheques que se quieren hacer efectivos luego del cierre bancario o en los fines de semana cuando no hay servicio bancario. Su negocio se basa en facilitar el cambio de un cheque cuando no es posible realizarlo en la entidad financiera, cobrando por esta intermediación una comisión equivalente a un porcentaje del valor del cheque la cual paga su beneficiario.
Esta actividad es utilizada en el lavado de activos de dos maneras: La primera, cuando el lavador es el dueño de la caja de cambios, abre una cuenta en una entidad financiera a nombre de su negocio, con sus recursos en dinero efectivo, inicia la labor de cambio de cheques. Al finalizar el día ha efectuado el cambio de un gran número de cheques los cuales al día siguiente consigna en la cuenta abierta para el negocio, y así sucesivamente por varios días, cuando ha acumulado cantidades importantes efectúan el retiro del dinero mediante el giro de uno o varios cheques, trasladándolo a otras cuentas en otras entidades financieras, logrando mediante el uso de una actividad aparentemente lícita colocar el dinero en el sistema financiero, para continuar con el proceso de diversificación.
La segunda manera es que el lavador aborda a los dueños de cajas de cambio existentes, les suministra dinero en efectivo para que desarrollen su labor, al finalizar la labor del día el dueño de la caja de cambios procede a consignar los cheques en la cuenta que posee para su negocio, para evitar sospechas retira cantidades de dinero en efectivo, por valores muy inferiores a los consignados en cheque, con el efectivo retirado se supone que nuevamente va y desarrolla su actividad y trae nuevamente los cheques cambiados y los consigna y así sucesivamente puede llegar a lavar grandes cantidades de dinero. El dinero producto de los cheques consignados y no retirados en efectivo, es trasladado mediante el giro de uno o varios cheques girados a nombre del lavador o de los beneficiarios que él indique.
Así mediante el uso de un negocio aparentemente lícito se cumple el proceso de colocación de dinero y se inicia el proceso de diversificación.
4.1.1.6 Créditos Ficticios
Si nos fijamos detenidamente en las características de este método puede considerarse como testaferrato ya que para su realización se requiere un buen
número de éstos, sin embargo se maneja de manera independiente por su especialidad y configuración de mecanismos que hacen que el testaferrato sea un elemento más no el medio principal del método. Consiste en que utilizando un procedimiento conocido como la triangulación se obtienen créditos en beneficio del propietario del dinero que debe ser lavado.
El proceso de triangulación se basa en que una persona o sociedad propiedad del lavador, constituye un depósito a término en cualquier entidad financiera, o constituye un negocio fiduciario transfiriendo un conjunto de bienes para que se dé como garantía de obligaciones propias o de terceras personas que previamente son indicadas por el titular del depósito o fiducia. Luego de eso, se procede a obtener créditos a favor de terceras personas o de sociedades de propiedad de los lavadores, entre las cuales puede estar el propietario de los recursos o sociedades de su propiedad, dando como garantía los CDT’s constituidos en otras entidades financieras o la fiducia anteriormente mencionada.
El crédito tiene un manejo normal en los primeros meses para luego entrar en mora
y configurar la imposibilidad de pago por parte del deudor, situación que hace que la
institución financiera ejecute la garantía y logre el pago de su crédito, entonces el lavador logra justificar la procedencia del dinero mediante un crédito aparentemente impagado.
4.1.1.7 Utilización de cuentas para consignaciones nacionales
Este método es utilizado para colocar el dinero procedente de actividades ilícitas en el sistema financiero, esta basado en efectuar depósitos de grandes cantidades de dinero en cuentas de personas reales y que no tienen ningún vínculo con el lavador
y sus operaciones; simplemente, son un medio utilizado para introducir el dinero en
el sistema financiero. La utilización se puede efectuar de las siguientes maneras:
Con complicidad de funcionarios del Banco: El lavador efectúa el depósito del dinero en la cuenta de cualquier persona que tenga movimiento importante y que por tanto éste no despierte sospecha. El funcionario del banco, cómplice del lavador, procede a efectuar el retiro de los recursos de la cuenta utilizada, mediante una nota débito en la cual aduce que corresponde a una transacción errada y que por tanto se esta corrigiendo. Gira un cheque de gerencia a nombre del lavador o de la persona que éste indique; el soporte de la operación lo constituye la consignación en la cual obviamente figura como titular de la cuenta el lavador, o quien realizó el depósito, la persona beneficiaria del cheque de gerencia. De esta forma el lavador logra colocar el dinero en el sistema financiero y con el cheque de gerencia le es más sencillo abrir una cuenta en cualquier entidad financiera, para continuar con el proceso de lavado.
Intimidando al cliente:
se cuenta con la complicidad del
funcionario de la institución financiera. La primera fase funciona de la misma forma que el anterior, la diferencia esta en que se contacta al cliente manifestándole que de manera errada le efectuaron una consignación en la cuenta y que le solicitan el favor de que les devuelva los recursos ya que los requieren para trasladárselos al verdadero titular.
La justificación de depósito es sencilla y por lo general es que el mensajero se equivocó de institución financiera y que el número de la cuenta era muy similar. En algunos casos el titular de la cuenta accede a la petición porque obviamente el dinero no es de él; cuenta como soporte con la copia de la consignación, procede entonces procede a efectuar el retiro y se le entrega al lavador (generalmente el retiro se hace en cheque de gerencia). Sin embargo, puede darse la circunstancia que el titular de la cuenta no se apersone del supuesto inconveniente del lavador y manifieste que realizará todo por medio del banco, quien verificará la veracidad de la operación y en caso afirmativo le devolverá el dinero. Esta situación sería adversa al lavador ya que tendría que explicarle varias cosas al banco como el error y la institución “correcta” a la que debió consignarse el dinero, por lo que el lavador opta por intimidar al cliente amenazando su integridad o la de su familia y lo obliga a efectuar el retiro de dinero en cheque de gerencia personalmente.
4.1.1.8 Títulos de capitalización
Los títulos de capitalización corresponden a un simple mecanismo de ahorro en grupo cuyo beneficio esta dado por la participación en sorteos de cifras significativas de dinero. En principio, estos títulos eran a la orden y posteriormente pasaron a ser al portador. El lavado de dinero a través de los títulos de capitalización se lleva a cabo mediante el uso de los ya mencionados pitufos, quienes adquieren gran cantidad de títulos, de manera fragmentada, hasta en conjunto ser dueños del total de la suscripción y obtener el beneficio del sorteo y así justificar el origen del dinero. Este proceso resulta ser más complejo pero no menos atractivo, cuando los títulos son a la orden por que el número de participantes en una suscripción es importante; sin embargo, en las suscripciones al portador es sencillo ya que solamente se requiere un número plural de pitufos que de manera periódica adquieran títulos de una misma suscripción hasta obtenerla en su totalidad y sin conservar el anonimato del verdadero poseedor y beneficiario. Una vez el título es ganador de un sorteo, es transferido a la persona que indique el lavador para ir justificando la procedencia del dinero que esta posee. Por sus características de ser transferibles facilitan su circulación y por tanto la orientación del beneficiario del premio del sorteo.
Junto a los métodos que se han expuesto con anterioridad, veremos algunos en donde el objetivo principal no es el sistema financiero pero éste es usado después de la nacionalización de los dineros ilícitos.
4.2.1 Subfacturación de importaciones:
Consiste en importar mercancías, y facturarlas por precios inferiores a los precios de lista. El pago de la importación a los precios facturados se realiza a través del mercado cambiario, facilitando la legalización de la importación. Hasta este punto el proceso es normal e implicaría que el importador va a obtener una mayor rentabilidad cuando comercialice la mercancía importada. Aparentemente es una operación lícita y el importador figura como un hombre hábil en los negocios con amplios volúmenes de utilidad. Sin embargo, como existe una subfacturación el proveedor del exterior requiere que le cancelen la diferencia entre el valor real y el valor de la factura, para lo cual, el importador, que puede ser el lavador o un importador real, acude a los dineros provenientes de actividades ilícitas y cancela al proveedor.
Es un procedimiento sencillo y es atractivo para el importador como para el lavador, ya que el importador adquiere las divisas a tasa más favorable de lo que las adquiere en el mercado cambiario, aumentando su rentabilidad y el lavador se evita uno de los pasos más complejos dentro del proceso de lavado y es el de traer dinero del exterior que le implica un alto riesgo y costo, lo cual a través de este mecanismo se hace riesgoso y costoso. Dentro del proceso de lavado prima el volumen de dinero que se lave frente a las utilidades que origine el proceso que se utilice como fachada para su legalización.
Al igual que la subfacturación de importaciones, este método facilita al lavador de dinero nacionalizar el dinero que posee en el exterior producto del desarrollo de actividades ilícitas. Consiste en efectuar exportaciones de productos a precios superiores a los normales con el propósito de generar el mecanismo que le facilite traer a través del mercado cambiario la mayor cantidad de divisas. Entre más alta sea la diferencia entre el costo de los productos exportados y el valor facturado, mayor será la cantidad de dinero que se puede nacionalizar.
El lavador se asocia con un exportador o adquiere la compañía exportadora o adquiere productos que estén siendo importados. Los envía a un distribuidor en el exterior el cual por lo general es su asociado, el distribuidor procede a la nacionalización de la mercancía para cumplir con los procedimientos legales y efectúa el giro de las divisas a través de cualquier banco. El lavador o exportador recibe el dinero, cancela el costo real de la mercancía exportada y la diferencia es
transferida al delincuente que utilizó este mecanismo para traer el dinero producto de sus actividades ilícitas.
En estos métodos, subfacturación de importaciones y sobrefacturación de exportaciones, podemos observar que para la entidad financiera es difícil evidenciar el proceso de lavado de dinero ya que las operaciones cuentan con una fachada que revisten de legalidad las operaciones. Aquí entra en juego la experiencia y la malicia del banquero y lo fundamental: El conocimiento de sus clientes.
INSTITUCIONES REGULATORIAS Y DE CONTROL
Colombia frente al Lavado de Activos
El marco legal existente en Colombia sobre el tema de prevención y control del lavado, tiene como base fundamental el desarrollo de sistemas que permitan a los distintos sectores de la economía protegerse adecuadamente contra el perverso efecto que supone exponerse al riesgo legal y reputacional de que dineros u otras activos provenientes de actividades ilícitas perneen las finanzas de las empresas y se confundan entre los recursos legítimamente obtenidos.
Ante la amenaza económica, política y social que significa para Colombia el blanqueo de capitales, sus fuentes y la corrupción que produce, sin dejar de lado la mala imagen para la organización que sea descubierta dentro de este penoso incidente, el país ha venido desarrollando marcos normativos e institucionales que se ajusten a las particularidades de los delitos que lo generan, así como a los requerimientos de la comunidad internacional. A continuación se mencionan algunas de ellas:
5.1.1 Organización interinstitucional:
La institucionalidad con que cuenta el Estado Colombiano para hacer frente a este flagelo esta estructurada de acuerdo con las mismas funciones misionales que tiene cada una de las instituciones y organismos a los que se les ha encargado combatir este delito:
a) La coordinación de las acciones que desarrollan las diferentes entidades del Estado está en cabeza de una comisión permanente creada en 1995 y denominada “Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos” la cual se encuentra conformada por varios funcionarios de alto nivel dentro del gobierno. A esta comisión le correspondió el diseño y aprobación de la denominada “Estrategia Integral Contra el Lavado de Activos”, de la cual sin duda se han desprendido las más importantes y eficaces
herramientas legales de lucha contra el blanqueo de capitales con que cuenta nuestro país. Así mismo, con el propósito de procurar la aplicación efectiva de los mecanismos dispuestos en la estrategia, se creó la unidad de información y análisis financiero –UIAF-.
b) La superintendencia Bancaria: Tiene a su cargo la expedición de actos administrativos de carácter general necesarios para que los sectores, provisional, asegurador y las casas de cambio que operan en el país, adecuen su estructura organizacional y adopten los mecanismos que requieren para el apropiado control y prevención del lavado de activos en función de los productos y servicios que ofrecen al mercado. Recordemos que ahora se ha fusionado con la superintendencia de valores y conformaron la Superintendencia Financiera.
c) El control del contrabando le corresponde a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN-. Ésta es una de las típicas modalidades de lavado, que en Colombia ha sido tolerada durante muchos años y, de otra, verificar el adecuado cumplimiento de las normas cambiarias sobre entrada y salida de divisas del y hacia el exterior, con lo cual cumple una importante tarea en materia de lucha contra el lavado; contando para ello con el Programa de Fiscalización Aduanera.
Debe señalarse, además, que con el fin de contrarrestar uno de los métodos más utilizados en el lavado de dinero, el mercado del peso clandestino, el 29 de agosto de 2000 se constituyó un Grupo de Trabajo multilateral sobre el sistema de cambio del peso en el mercado negro. Dicho grupo esta conformado por las autoridades de Aruba, Estados Unidos, Panamá y Colombia, buscando establecer mecanismos que faciliten rastrear el dinero de origen ilícito en el comercio y e el sistema financiero de cada nación.
d) Así mismo, la investigación e identificación de las organizaciones y las personas dedicadas al lavado de dinero así como de los mecanismos informáticos financieros y económicos utilizados para lograr lavar el dinero proveniente de actividades de narcotráfico y conexas, corresponde al Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-. Éste órgano de seguridad del Estado colabora de manera estrecha con la Fiscalía General de la Nación. Para combatir el lavado de activos cuenta con tres áreas especializadas: “la “Unidad de Delitos Informáticos y Electrónicos”, la “Unidad Especial de Investigaciones Financieras” y la “Unidad de Investigaciones Especiales”, la cual trabaja en coordinación con la DEA.
Al verse afectada la estructura económica, surgió la necesidad de crear mecanismos tendientes a prevenir, controlar y reprimir todas aquellas conductas que están
destinadas a ocultar o encubrir la naturaleza, origen, movimiento o propiedad de bienes o servicios obtenidos como producto de actividades delictivas.
En Colombia, la política de comercio exterior destinada a la flexibilización de los procedimientos, la reconceptualización del control aduanero y la desgravación de operaciones, que tenía como fin incrementar el comercio internacional, promover los procesos de reconversión industrial, mejorar la eficiencia de la estructura aduanera nacional y reducir la rentabilidad de prácticas como el contrabando, no produjo los resultados esperados. Por el contrario, la evidencia práctica demostró que actividades como la subfacturación de importaciones, la realización de exportaciones ficticias y el contrabando abierto han sido incentivadas por la necesidad de lavar los recursos provenientes de las actividades ilícitas que vienen lesionando la economía nacional.
El Estado ante tal problemática busca actual y permanentemente prevenir, detectar y controlar conductas como el Lavado de Activos o legitimación de capitales, para lo cual es imperioso que las personas que prestan servicios inherentes o relacionados con las operaciones de comercio exterior, reporten a la Unidad de Información y Análisis financiero del Ministerio de Hacienda (UIAF) las operaciones inusuales o sospechosas que pueden estar vinculadas con el Lavado de dinero.
En síntesis, se encuentran obligados a reportar a la Unidad de Información y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, las operaciones de comercio exterior que sean inusuales o sospechosas y que puedan estar vinculadas al Lavado de Activos, los depósitos, sociedades de intermediación aduanera, sociedades de certificación internacional, sociedades portuarias, usuarios operadores de zonas francas, empresas transportadoras y empresas de mensajería, casas de cambio.
Es útil aclarar que operaciones sospechosas son cualquiera que por su número, cantidad o características pueda conducir razonablemente a concluir que se está ocultando, encubriendo, asegurando, custodiando, invirtiendo, adquiriendo, transformando, transportando cualquier tipo de bienes y servicios provenientes de actividades delictivas, o se está dando apariencia de legalidad a las operaciones o fondos vinculados con las mismas.
5.1.3 Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Esta unidad adscrita al ministerio de hacienda y crédito público, creada el 15 de Agosto de 1999; tiene entre sus funciones la intervención del Estado con el fin de detectar prácticas asociadas con el lavado de activos.
De acuerdo con lo establecido en la ley, la UIAF puede solicitar a cualquier entidad pública la información que considere necesaria para el cumplimiento de sus funciones, para lo cual no es oponible la reserva bancaria, cambiaria o tributaria.
Igualmente, en desarrollo de lo previsto en el artículo 10 de la misma norma, las autoridades que ejerzan las funciones de inspección, vigilancia y control, instituirán a sus vigilados sobre las características, periodicidad y controles en relación con la información a recaudar para la UIAF, de acuerdo con los criterios e indicaciones que reciban de ésta particular.
La unidad tendrá como objetivo la detección, prevención y en general la lucha contra el lavado de activos en todas las actividades económicas, para lo cual centralizará, sistematizará y analizará la información recaudada en desarrollo de lo previsto en los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y sus normas remisorias, las normas tributarias, aduaneras y demás información que conozcan las entidades del Estado o privadas que pueda resultar vinculada con operaciones de lavado de activos.
La unidad podrá hacer seguimiento de capitales en el extranjero en coordinación con las entidades de similar naturaleza en otros Estados. Por el lado del manejo de la información, la unidad podrá solicitar a cualquier entidad pública, salvo la información reservada para la Fiscalía General de la Nación, la información que considere necesaria para el cumplimiento de sus funciones.
5.1.4 Sistema integral para la Prevención y Control de Lavado de Activos (SIPLA)
Se creo el Sistema Integral para la Prevención y Control del Lavado de Activos – SIPLA- , el cual regula el conocimiento de clientes y establece la obligación de reportar las operaciones sospechosas.
En ese sistema existen sanciones administrativas personales e institucionales. Las primeras se aplican cuando cualquier director, gerente, revisor fiscal o empleado de una entidad vigilada autorice o ejecute actos violatorios del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Las segundas se aplican cuando los administradores o representantes legales de una entidad vigilada incumplan el mencionado estatuto, la ley o sus reglamentos, y se trata del incumplimiento a las obligaciones de prevención de lavado de activos, podrá obligar a la entidad a destinar una suma igual para implementar los correctivos.
Todo proceso penal por lavado de activos inicia su curso en la fiscalía General de la Nación, entidad que se encarga de adelantar la investigación recogiendo el mayor número de pruebas posible. Efectuado lo anterior, la Fiscalía entra a evaluar el acervo probatorio para determinar si existen o no las pruebas necesarias para
juzgar a la persona investigada. De considerarse que existen suficientes pruebas para considerar que el sindicado es culpable, profiere resolución de acusación y la dirección del proceso se traslada al juez penal especializado para adelantar el correspondiente juicio.
Además la labor de la Fiscalía, sumada a la ya mencionada investigación de los delitos, en especial, aquellos más rentables para el crimen organizado; también esta dirigida a erradicar la acumulación de capital mal habido, con el propósito de desestimular y prevenir la comisión de acciones que lesionan la sociedad.
Entre los principales instrumentos penales con que cuentan las autoridades colombianas para reprimir las conductas asociadas con actividades de blanqueo de capitales se destacan los delitos de Enriquecimiento ilícito (artículo 327 C.P.), Testaferrato (artículo 326 C.P.), Receptación Agravada (artículo 31 de la Ley 190 de 1995, derogado artículo 447 C.P.), Lavado de Activos (artículo 323 C.P.) y omisión de control (artículo 325 C.P.). Pero estos instrumentos no son suficientes para procurar una represión efectiva del fenómeno delictivo, se requiere de un decidido empeño del Estado a través de sus distintas autoridades.
Junto a lo anterior, en la actualidad existen equipos especializados en investigaciones por lavado de activos y extinción de dominio en los principales grupos de policía Judicial: Departamento Administrativo de Seguridad –DAS-, Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación –CTI-, Dirección de policía judicial de la policía Nacional –DIJIN-.
5.2 Acciones del sector financiero colombiano contra el lavado de Activos 1992- 2001 (ASOBANCARIA)
En su actividad la Asobancaria ha desarrollado un liderazgo orientado a la consolidación y mejoramiento de la actividad financiera, por lo cual, en defensa de la solidez y seguridad del sistema, desde 1992, acogió, con alto grado de responsabilidad y compromiso, la lucha contra el lavado de los devengados de las actividades ilícitas.
Ello la llevó a realizar un profundo análisis y adaptación a las realidades nacionales de los conceptos involucrados en la Convención de Viena de 1988 y en la Declaración de Principios contra el Lavado de Activos emitida por el Comité para la Reglamentación Bancaria y las Prácticas de Supervisión, en Basilea, Suiza, el 12 de diciembre de 1988.
A continuación enumeraré y mencionaré brevemente la dinámica liderada por la ASOBANCARIA durante el periodo comprendido entre 1992 hasta 2001, con el fin de crear alternativas de tratamiento para poder erradicar el blanqueo de capitales.
5.2.1 Acuerdo sobre el papel del sistema financiero en la detección, prevención y represión del movimiento ilícito de capitales
Luego del análisis de la Declaración de Principios de Basilea, la Junta Directiva de la Asociación acogió en su integridad el espíritu de dicha Declaración mediante la aprobación del Acuerdo Interbancario sobre el Papel del Sistema Financiero en la Detección, Prevención y Represión del Movimiento Ilícito de Capitales, el 21 de octubre de 1992. En términos generales, el Acuerdo consiste en la adhesión a un conjunto de principios inspirados en la Convención de Viena de 1988 y la Declaración de Principios de Basilea y se centra en cuatro principios fundamentales:
Adopción de una política de conocimiento del cliente, para la selección de la clientela y conocimiento de sus actividades económicas. Conocimiento del cliente y de sus operaciones con la entidad financiera. Registro y documentación de las transacciones en efectivo. Colaboración con las autoridades mediante el suministro de información para fines investigativos y probatorios.
Esta iniciativa fue de gran trascendencia en la lucha nacional contra el lavado de activos porque constituyó la base y punto de partida de la normatividad colombiana contra este delito, al ser utilizado su contenido para la expedición del Decreto 1872 de 1992, posteriormente incorporado al Estatuto Orgánico del Sector Financiero, Decreto 663 de 1993 en sus artículos 102 a 107, 209 y 211.
Al entender que para adelantar una efectiva lucha contra las diferentes formas de criminalidad que amenazan a las instituciones financieras es necesario garantizar la existencia de un entorno ético, y en atención a recomendaciones del Comité de Basilea, la Junta Directiva de la Asociación, expidió el Código Uniforme de Conducta de los Miembros de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria, en relación con su función en la detección, prevención y represión del movimiento ilícito de capitales El espíritu de este documento, emitido con carácter de recomendación, constituye, junto con la Declaración de Principios, uno de los más significativos aportes del sector a la lucha contra el lavado de activos, así como antecedente de lo que posteriormente sería el Sistema Integral de Prevención contra el Lavado de Activos, -SIPLA-, establecido con carácter obligatorio por la Superintendencia Bancaria mediante Circular Externa 61 de 1996.
Forman parte de él los vicepresidentes de las instituciones a cargo de esta área, en representación de los diferentes tipos de entidad presentes en la Asobancaria. Su
constante actividad ha sido significativa en la realización de las políticas de la Asociación para enfrentar el lavado de activos, especialmente las siguientes:
Formulación del Acuerdo Interbancario sobre Conocimiento del Cliente. Definición del Acuerdo Interbancario de Capacitación sobre el Lavado de Activos. Estructuración de la agenda de trabajo con organismos y autoridades nacionales y de otros países, especialmente para las visitas del Presidente, miembros de la Junta Directiva de la Asociación y del Comité de Administración el Riesgo, a los Estados Unidos de América a partir de 1996. Organización de los congresos sobre administración de riesgo y prevención y control del lavado de activos celebrados entre 1994 y 1999.
5.2.4 Convenio de cooperación conjunta entre la Fiscalía General de la Nación y la Asobancaria
Si bien es cierto que la cooperación con las autoridades es un principio de carácter normativo, también es un postulado que debe presidir las acciones del buen banquero. En septiembre de 1995 se suscribió el Convenio de Cooperación Conjunta entre la Fiscalía General de la Nación y la Asobancaria, sobre las siguientes bases:
Diseño e implantación de mecanismos ágiles y confiables para el reporte de operaciones sospechosas.
Apoyo a la Fiscalía para la creación de una Unidad Especializada Contra el Lavado de Activos, que hoy día se encuentra ubicada dentro del Cuerpo Técnico de Investigación y se ocupa también de los trámites relacionados con los procesos de extinción del dominio.
Capacitación de funcionarios de la Fiscalía sobre prevención y control del lavado de activos en el sistema financiero.
5.2.5 Interacción con la Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN
La iniciativa colombiana apoyada por la Panameña, de expedir una Declaración de Principios de la Federación Latinoamericana de Bancos, -FELABAN-, sobre la prevención del uso indebido del sistema financiero en el lavado de activos provenientes del narcotráfico y otras actividades ilícitas, fue aprobada por el Consejo Directivo de la Federación el 18 de marzo de 1996 en Cartagena de Indias, y una segunda Declaración del Comité Latinoamericano para La Prevención y Control del Lavado de Activos, del 30 de agosto de 1996 en la ciudad de Panamá.
Con el objeto de proveer a todos los funcionarios de las instituciones afiliadas de conceptos claros para fomentar a través de esta acción el surgimiento de una conciencia generalizada de rechazo al lavado de activos, el 5 de junio de 1996 fue aprobado el Acuerdo Interbancario de Capacitación sobre el Lavado de Activos, que entró en ejecución a partir de febrero de 1997, y a la fecha ha cubierto aproximadamente a 60.000 empleados del sector.
La ejecución de este Acuerdo ha redundado en una mayor eficiencia en la aplicación de los controles que ha fortalecido la posición del sector en contra del lavado de activos.
Con ocasión de su participación en el Cuerpo Consultivo de la Comisión de Coordinación Interinstitucional, la Asobancaria fue invitada a conformar un grupo de trabajo que, con el liderazgo de los Ministerio de Hacienda y Crédito Público y de Justicia y del Derecho, inició los estudios preparatorios para la creación de una unidad que se encargara del análisis sistemático de los informes sobre operaciones sospechosas para colaborar con la Fiscalía General de la Nación en la detección y represión del delito de lavado de activos.
Para facilitar la adopción de mecanismos de control operativos, en 1996 la Asobancaria creó el Comité de Oficiales de Cumplimiento que inicialmente se ocupó de poner en funcionamiento la política gremial de conocimiento del cliente. El Comité ha sido un importante foro para el análisis de los problemas de orden práctico que plantean diferentes acciones contra el lavado de activos, que se traduce y se refleja en recomendaciones para las instituciones afiliadas, gestiones de acercamiento a las autoridades de supervisión y control.
Contacto permanente con la OFAC (Office of Foreign Assets Control) de los Estados Unidos de Norteamérica, para fortalecer el conocimiento de las acciones que los dos países desarrollan para prevenir que el sector financiero sea utilizado como canal para el lavado de activos y lo concerniente a la lista de Specially Designated Nationals and Blocked Persons.
Elaboración de documentos sobre conocimiento del cliente, controles, señales de alerta y casuística para los productos de internacional, tesorería y mesas de
Presentación de casuística o modalidades novedosas de lavado de activos para extender el conocimiento práctico que en este campo los oficiales de cumplimiento adquieren de su actividad diaria.
Elaboración de boletines que incluyen informes sobre las actividades del Comité de Oficiales de Cumplimiento y artículos académicos y prácticos sobre las últimas novedades y tendencias en prevención y control de este ilícito.
Elaboración de documentos que describen la operación de las entidades financieras y su estructura organizacional, con el fin de que las autoridades de investigación del Estado elaboren sus requerimientos de información de tal manera que logren respuestas efectivas y eficientes por parte del sector
Desarrollo de un esquema publicitario común dentro del sector financiero para mejorar la efectividad de los programas de conocimiento del cliente y de actualización de información.
Considerando: 7
a. La amenaza que representan las actividades de lavado de activos, así como el
interés en la protección de un sistema económico financiero seguro y
transparente que no pueda ser utilizado por las organizaciones criminales,
b. Ratificando el compromiso de perseverar y mantener la estabilidad social,
económica y política de la región,
7 Hernández Quintero, Hernando. 2002. El lavado de Activos, actualizado con el Nuevo Código Penal. Tercera Edición. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. Páginas: 67 Y 68.
c. Considerando el trabajo desarrollado y las acciones emprendidas hasta el momento en la lucha contra el lavado de activos por diversos países,
d. Reconociendo la oportunidad y los beneficios de aceptar y aplicar el acervo de las medidas contra el lavado de activos del Grupo de Acción Financiera sobre el blanqueo de capitales, así como contar con el apoyo de sus miembros y de las organizaciones internacionales dedicadas a la protección de la comunidad internacional frente a las amenazas de la criminalidad organizada,
e. Asumiendo que la cooperación internacional es crucial en la lucha contra el
Lavado de Dinero y reafirmando el compromiso expuesto en varios foros para aplicar efectiva la Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico ilícito de Estupefacientes y Sustancias psicotrópicas de 1998 y el Reglamento Modelo de la CICAD sobre delitos de Lavado relacionados con el Tráfico ilícito
de Drogas y otros delitos graves,
f. Siguiendo el compromiso manifestado en la Reunión de Cancún, de Febrero
de 2000, de Ministros de finanzas del hemisferio occidental para la creación
de un grupo regional de acción contra el Lavado de Activos,
g. Ejecutando la recomendación de la reunión de presidentes de América del
Sur, realizada en Brasilia, en Septiembre de 2000,
h. Destacando el beneficio que reporta a los países de la región suramericana, y
a la comunidad internacional del establecimiento de mecanismos de
prevención y control de lavado de Activos, varios países Signatarios, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay, en asocio con la OEA-CICAD, Suscribieron un acuerdo denominado el GAFISUD o Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el Lavado de Activos, actualmente en funcionamiento.
6. BREVE ANÁLISIS DE LA NORMATIVIDAD COLOMBIANA
6.1 El lavado de activos en Colombia y Control Jurídico
Respecto al lavado de Activo se tiene la convicción global de combatirlo de manera paralela a la lucha en contra de la delincuencia organizada, dando paso a un despliegue mancomunado de los Estados de toda su fuerza coercitiva y sancionatoria con miras a minimizar el delito y la actividad antijurídica y antisocial.
Por esta situación, los Estados unen sus esfuerzos y contrarrestan las actividades ilícitas en forma paralela a las actuaciones que por su parte realiza cada Estado, de manera que se asegure un marco de cooperación judicial destinado a generar un contexto permanente y satisfactoria de relaciones de apoyo y acción conjunta con identidad de fin que contrarreste la cada vez más perjudicial acción de los delincuentes de talla mayor. Se requiere la suscripción de acuerdos bilaterales o multilaterales que propugnen y viabilicen la aplicación efectiva del derecho penal interno de cada país, faciliten el seguimiento de personas y aporten las pruebas necesarias para el éxito de las investigaciones y procesos judiciales.
El Estado Colombiano debe tomar y mejorar las medidas necesarias para combatir el lavado de activos y el enriquecimiento ilícito, lo cual ha realizado no solo a partir de la penalización de conductas sino por medio de medidas administrativas de carácter preventivo.
Hasta el momento, Colombia se ha destacado por cumplir las recomendaciones de organismos multilaterales como el Grupo de Acción Financiera Internacional – GAFI -, la comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas CICAD /OEA y el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica –GAFISUD-.
La legislación Colombiana ha sido de las más audaces y desde temprano abordó el problema y al decir de los expertos, ha mostrado fortalezas que sirven de ejemplo a estudios de la legislación comparada, quienes encuentran en ella, elementos importantes para su propia normatividad. Frente al delito de lavado de activos, la normatividad actual restringe su aplicación a los recursos procedentes de unas pocas conductas punibles, descritas taxativamente en la norma, siendo necesaria la ampliación de la misma. Respecto a lo anterior, es importante resaltar que en nuestro país actualmente se investigan operaciones de lavado de activos y se adelantan acciones de extinción de dominio que, sumadas e su conjunto, equivalen a una cifra cercana a los dos (2) mil millones de dólares.
Junto a lo anterior, la estructura institucional, y a pesar de no hacer parte del GAFI, Colombia cumple en la práctica con la totalidad de las recomendaciones, tanto a nivel legislativo como administrativo, hecho que constituye sin duda una fortaleza a nivel internacional, sobre el comportamiento del país en la materia. Así mismo implementó los lineamientos trazados en el Comité de Basilea de supervisión Bancaria. Por último vale la pena mencionar que el país hace parte del Grupo Egmond.
A nivel interno, debe señalarse que de tiempo atrás, la legislación colombiana ha
tipificado delitos y conductas de carácter administrativo que le permiten sancionar el incremento patrimonial no justificado o enriquecimiento ilícito, el testaferrato o la
adquisición de bienes a favor de titulares ficticios, la asociación para delinquir, el encubrimiento, la receptación de bienes de origen ilegal, la complicidad, todos ellos necesarios para combatir el lavado de activos.
Sin embargo, a partir de 1995, Colombia ha realizado una permanente actualización
a su normatividad constitucional, penal y administrativa, con el propósito de hacer frente a las nuevas operaciones y modalidades que desarrollen las organizaciones
criminales, normatividad que busca facilitar y agilizar la colaboración judicial internacional. Así en 1995, mediante la ley 190, se expide el denominado “Estatuto anticorrupción”. Luego, en 1996, el Congreso de la República sancionó la Ley 333, que permite declarar la extinción del dominio o la pérdida del derecho de propiedad a favor del Estado, de los bienes adquiridos con dineros de procedencia ilegal. A finales de 1997, se permite le extradición de colombianos por delitos cometidos en
el exterior y considerados como tales en la legislación colombiana, excluyendo los
delitos políticos.
En lo que respecta al sistema financiero, el sector cooperativo, los comisionistas de bolsa y la Bolsa de Valores, así como los casinos y los juegos de azar, están obligados a dar cumplimiento a los controles señalados en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el cual contiene normas que facilitan controlar el ingreso de personas vinculadas con el lavado de activos en éste sector, ya sea al momento de constituir una entidad o por una transacción de propiedad de la misma. Adicionalmente, el sector privado ha cumplido un importante papel en el desarrollo de los principios éticos y en la autorregulación del tema. En 1992, el Sistema Financiero colombiano adoptó voluntariamente un código de conducta para controlar y denunciar el blanqueo de capitales, a través de los principios de identificación y conocimiento del cliente, registro y conservación de las operaciones en efectivo superiores a US$10.000, y suministro de información a las autoridades en cumplimiento de un requerimiento judicial.
Concretamente puedo mencionar algunas de las normas que aplican al Lavado de activos para las entidades financieras, en pos de prevenir y controlar éste acto delictivo; a saber:
a. El artículo 102 del Decreto 663 de 1993 dispone que las instituciones financieras están obligadas a adoptar medidas de control orientadas a evitar que aquellas se utilicen para desarrollar actividades delictivas. Para ello, deberán conocer adecuadamente a sus clientes, el volumen, frecuencia, características de todas las transacciones de la entidad, deberán constatar que la negociación coincida con la capacidad económica del cliente y reportar a la Fiscalía General de la Nación cualquier información que permita sospechar la realización de una actividad delictiva.
b. El decreto 1552 de 1995 creó la Unidad Especial para la prevención del lavado de activos de la superintendencia bancaria, que tiene como función principal vigilar que se cumplan con las medidas adoptadas por la Superintendencia y exigir que los bancos utilicen fórmulas suficientes para evitar su utilización en la realización de actividades delictivas. En otras palabras, la Superintendencia debe supervisar que las entidades vigiladas adopten y apliquen controles apropiados y suficientes para evitar actividades delictivas, so pena de imponer observaciones o sanciones administrativas, conforme al régimen establecido en los artículos 102 a 107 del Estatuto orgánico del Sistema financiero.
c. En desarrollo de las anteriores disposiciones, la Superintendencia Bancaria expidió numerosas resoluciones que buscan combatir hechos delictivos. Entre ellas, se encuentra la circular Externa 007 de 1996 o Circular Básica Jurídica, que es la principal directriz de la conducta de las entidades financieras y crea el SISTEMA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADOS DE ACTIVOS –SIPLA-. Esta disposición reglamenta los conceptos de cliente, cómo debe realizarse el conocimiento del mismo y un conjunto de parámetros que alertan la ocurrencia de operaciones por fuera de los rangos de normalidad de los clientes. Se exige además, que las entidades financieras adopten un código de conducta y un manual de procedimiento interno. Igualmente, se establecen los rangos a partir de los cuales se realizará el control y reporte de las transacciones en efectivo.
d. La circular 009 de 1998 determina que las juntas directivas de cada institución financiera deben ejercer un control directo sobre los funcionarios encargados de cumplir las políticas de prevención de lavado de activos. Además, la entidad financiera deberá crear comités de peritazgo que sirvan de apoyo en el control interno.
Junto a esta breve reseña de la normatividad
Acuerdos Interbancarios que buscan fortalecer los mecanismos de autorregulación
del sector. Entre ellos tenemos:
propia del sector financiero, existen
Acuerdo sobre el papel del sistema financiero colombiano en la prevención del movimiento ilícito de capitales, 21 de Octubre de 1992, consiste en la convención de Viena y la Declaración de Basilea, sobre los cuales cada entidad establecería su propio código de conducta.
Programa de capacitación sobre el control y prevención del Lavado de Activos, Junio 5 de 1996. Sigue las directrices del Comité de Basilea que establece como principio la capacitación suficiente y permanentemente de los empleados bancarios. Este acuerdo se aprobó de tal forma que las entidades
financieras se comprometen a que todos sus funcionarios se capaciten de acuerdo a los lineamientos allí definidos.
Acuerdo interbancario de conocimiento del cliente, junio 5 de 1996, por medio del cual se definieron los requerimientos mínimos en información y anexos para la vinculación de los clientes.
De otra parte, Colombia y Estados Unidos firmaron el “Acuerdo de cooperación mutua entre el Gobierno de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América para combatir, prevenir y controlar el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas, suscrito el 27 de Febrero de 1992, en donde los firmantes convienen que cada país obligue a las entidades financieras a reportar transacciones monetarias cuyo monto fije la autoridad nacional respectiva.
6.2 Punibilidad del lavado de activos y regulación del Estatuto Financiero
Este proceso se ha caracterizado por la adopción de nuevos tipos penales, la implementación de instrumentos jurídicos extra-penales dirigidos a extinguir el dominio de bienes ilícitos y la especialización de autoridades en la investigación y represión del fenómeno delictivo.
La represión de estas conductas se ve reforzada por una acción no penal de carácter real que recae sobre bienes de ilícita procedencia o destinación, incorporada en nuestra legislación a través de la Ley 333 de 1996, reformada recientemente por la Ley 793 del 27 de diciembre de 2002, mediante la cual se consagra la acción de extinción de dominio.
Entre los principales instrumentos penales con que cuentan las autoridades colombianas para reprimir las conductas asociadas con actividades de blanqueo de capitales podemos destacar los delitos de Enriquecimiento Ilícito (artículo 327 C.P.), Testaferrato (artículo 326 C.P.), Receptación Agravada (artículo 31 Ley 190 de 1995, derogado artículo 447 C.P.), Lavado de Activos (artículo 323 C.P.) y Omisión de Control (artículo 325 C.P.).
El artículo 326 del Estatuto Penal se refiere al testaferrato, el cual define como tal a quien preste su nombre para adquirir bienes con dineros provenientes del delito de narcotráfico y conexos, secuestro extorsivo, extorsión y conexos, entre otros.
Es necesario recordar que, el blanqueo de capitales será punible aun cuando las actividades de que provinieren los bienes, o los actos penados, se hubiesen realizado, total o parcialmente en el extranjero.
Las medidas que aplican las entidades prestadoras de servicios como instituciones bursátiles, financieras, cooperativas, entre otras, para el conocimiento de sus clientes
y la detección de operaciones sospechosas, son valiosos instrumentos que,
complementados con el oportuno suministro de pruebas, facilitan una oportuna administración de justicia.
Por su parte, el Estatuto Financiero, en relación con la responsabilidad de empleados o directores de instituciones financieras o cooperativas (Art. 325 del C.P.), regula en el artículo 103 el control de las transacciones en efectivo, en formulario especialmente diseñado para tal efecto, de la información relativa a las transacciones en efectivo que realice, en moneda legal o extranjera cuyo valor sea superior a las cuantías que periódicamente señale la Superintendencia Bancaria. Las transacciones múltiples en efectivo, tanto en moneda legal como extranjera que en
su conjunto superen cierto monto, serán consideradas como una transacción única si
son realizadas por o en beneficio de determinada persona durante el día o en cualquier otro plazo que fije la superintendencia Bancaria. Además, toda institución financiera deberá informar periódicamente a éste ente de control el número de transacciones en efectivo y localización geográfica, conforme a las instrucciones que para el efecto imparta ese organismo.
7. LA ESTRUCTURA DEL CONTROL EN LA LABOR DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
7.1 Estructura sugerida para el Control de lavado de activos en entidades financieras
La mejor forma de evitar ser utilizado en el proceso de lavado de activos es estableciendo un adecuado SISTEMA DE CONTROL INTERNO para la prevención del también llamado Blanqueo de capitales, compuesto básicamente por cinco componentes:
El primero de estos componentes, se refiere a un adecuado ambiente de control, que consiste en la actitud de la administración frente al control. Si ésta es adecuada y estricta desde el más alto nivel, así será en todos los niveles de la institución.
El segundo componente se refiere a una adecuada valoración de los riesgos, tanto internos como externos y consiste en la identificación y análisis de los riesgos relevantes que impliquen exposición o vulnerabilidad al lavado de activos en el desarrollo de las operaciones encaminadas al logro de los objetivos de la institución.
El tercer componente corresponde a las actividades de control, es decir a las políticas y procedimientos que ayudan a asegurar que las directivas administrativas encaminadas al control y prevención del lavado de activos se lleven a cabo. Las actividades de control se dan a lo largo de toda la
organización, en todos los niveles y en todas las funciones. Incluyen un rango de acciones diversas tales como aprobaciones, autorizaciones, revisiones, verificaciones, conciliaciones, seguimiento a las transacciones, análisis de movimientos y segregación de funciones. No se puede considerar como efectiva la simple elaboración e implementación de un manual de procedimientos para el control y prevención.
El cuarto componente es la información y comunicación; al respecto debe identificarse, capturarse y comunicarse información pertinente en forma y tiempo que le permita a los empleados cumplir con sus responsabilidades. Los sistemas de información producen reportes que contienen información relacionada con el movimiento de las cuentas y de las operaciones llevadas a cabo por los clientes, lo que hace posible controlar y detectar oportunamente operaciones que induzcan a pensar que la entidad va a ser usada o esta siendo usada en el blanqueo de capitales.
El quinto y último elemento sería el monitoreo ya que los sistemas de control deben monitorearse para valorar el desempeño del sistema en el tiempo. Debe llevarse a cabo en tiempo real, es decir en el curso de las operaciones. Debe incluir actividades regulares de administración y supervisión, así como otras acciones personales realizadas en el cumplimiento de sus obligaciones. El funcionario designado por la entidad para verificar lo adecuado de los procedimientos y su observancia, puede considerarse como el eje central del monitoreo, pero debe ser claro que no es toda la estructura de monitoreo ya que este es responsabilidad de todo el personal a todo nivel, involucrado en las operaciones.
Pero como se ha mencionado en repetidas ocasiones durante este trabajo, el pilar más relevante de un sistema que pretenda prevenir el lavado de dinero es el Conocimiento del cliente y para ello, las entidades deben adecuar su SIPLA (SISTEMA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADOS DE ACTIVOS) a los nuevos productos o servicios que diseñen, antes de ofrecerlos al público. El SIPLA debe contar con el diseño e implementación de procedimientos adecuados para obtener un conocimiento de todos y cada uno de los clientes de la entidad (tanto de aquellos vigentes como de aquellos que se vayan a vincular), comprendiendo la naturaleza de la actividad o negocios que realizan.
La información mínima que el mecanismo del conocimiento del cliente debe contener es la siguiente:
a. Identificación de la persona que aspira a tener una relación comercial de tipo contractual o legal con la entidad vigilada con su respectiva verificación.
b. Actividad económica del cliente
c. Características y montos de los ingresos y egresos del cliente.
d. Características y montos de las transacciones y operaciones del cliente en la respectiva entidad.
e. El mecanismo de conocimiento del cliente debe servir cuando menos al propósito de: monitorear continuamente las operaciones de los clientes, contar con elementos objetivos que permitan abstenerse de entablar vínculos comerciales con personas respecto de los cuales no se pueda establecer satisfactoriamente su identidad, contar con elementos de juicio y soportes documentales que permitan analizar las transacciones inusuales y determinar la existencia de operaciones sospechosas.
El SIPLA debe prever un seguimiento y monitoreo general de las operaciones que realizan sus usuarios. El simple conocimiento del cliente no basta para cubrir todas las fuentes posibles de operaciones que puedan estar vinculadas con el lavado de activos, razón por la cual es necesario que el SIPLA contenga procedimientos que le permitan a la entidad identificar las características de los movimientos que efectúan los distintos usuarios a través de sus oficinas.
La entidad debe contar con procedimientos y un desarrollo tecnológico suficiente que le permitan en un momento dado evaluar su exposición al lavado a través de operaciones que típicamente realizan usuarios a través de su red de oficinas, incluyendo las puramente electrónicas o virtuales.
Para ello, será adecuado el SIPLA que aplique los distintos mecanismos (salvo aquellos vinculados al conocimiento del cliente) e instrumentos, para la determinación y monitoreo de los movimientos de recursos que realizan sus usuarios. La entidad estará adecuadamente protegida contra el lavado, en la medida en que cuente con procedimientos eficaces para la determinación de operaciones sospechosas y sobre la forma como deben ponerse en conocimiento de las autoridades de investigación competentes.
En punto de los procedimientos de detección de operaciones sospechosas es de suma importancia que la entidad comprenda, que su deber es el de informar a las autoridades de manera inmediata sobre cada operación de este tipo que sea de conocimiento de la entidad.
Si bien la entidad de acuerdo con sus propias políticas puede buscar los mecanismos legales tendientes a terminar cualquier vínculo contractual con aquel cliente que llevó a cabo una operación sospechosa, es importante subrayar que la entidad no estará incumpliendo las disposiciones sobre control y prevención de lavado de activos si mantiene vigente dicho vinculo contractual o legal con el cliente, pues su deber en materia de este mecanismo se limita al de informar inmediatamente de ello a las autoridades competentes.
7.2 Algunos inconvenientes
Un buen parámetro de interpretación respecto a ciertos inconvenientes en el control del lavado sería lo expresado por la Fiscalía, quien expresa que las diferentes acciones le han permitido conocer de forma más amplia la magnitud del fenómeno delictivo y descubrir, con enorme preocupación, que a pesar de que se cuenten con disposiciones y normas de autorregulación, y exista la voluntad de los integrantes de los sectores vulnerables para aplicarlas, estas medidas no sean efectivas, como quiera que el sistema presenta enormes vacíos o baches que son aprovechados por la delincuencia para sus ilícitos propósitos.
Uno de estos espacios abiertos a la delincuencia se ha detectado en el sector financiero, en los eventos en los que se presenta la corrupción del sistema, y en el sector bursátil, especialmente, por el cumplimiento formal de las obligaciones contenidas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y disposiciones que lo complementan por parte de algunas sociedades comisionistas de bolsa.
Considero que las obligaciones allí impuestas, no se reducen sólo al conocimiento de sus clientes en relación con sus actividades económicas. También se necesita hacer un análisis de sus operaciones, sus magnitudes y las características de las transacciones en que se involucran corrientemente para establecer que el volumen y movimientos de fondos de sus clientes guarden relación con la actividad económica de los mismos.
Se ha detectado también que las entidades vigiladas por las Superintendencias Bancarias y de Valores (ahora Superfinanciera) no solo deben conocer y vigilar a sus clientes. También a los funcionarios que manejan la información de sus clientes. Es claro, en el sector bancario, que un gerente de oficina, regional o zona, incluso un presidente, que no implemente controles, no los haga cumplir o no vigile a los que deben hacerlo, puede incurrir en responsabilidad penal.
Ésta preocupación está fundada en diversos hechos que nos alertan sobre una brecha en el sistema, pues tan sólo en las dos primeras semanas del mes de diciembre del pasado año, la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el lavado de activos logró incautar más de 3.000 millones de pesos representados en títulos valores, relacionados con operaciones de lavado de dinero, que si bien habían sido reportadas a la Unidad de Información y Análisis Financiero, no habían sido judicializadas por esta, a pesar de que demandaban de una inmediata acción del Estado.
Reflexionamos entonces que la eficacia del sistema puede medirse siempre y cuando los reportes de operaciones sospechosas se traduzcan en incautaciones e investigaciones efectivas y estas en sentencias condenatorias, lo cual constituiría el fin último que prueba la efectividad del sistema colombiano.
En conclusión, como medio eficaz de prevención, resulta trascendental la aplicación real de los controles internos y externos que impidan la corrupción del sistema.
LA RESPONSABILIDAD DE LA CONTADURÍA PÚBLICA EN LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
Sobre este tema en particular, la Federación Internacional de Contadores – IFAC-, se ha pronunciado, dada la estrecha relación que existe entre el tema de lavado de activos, la contabilidad y la auditoría, especialmente si tenemos en cuenta el uso de los registros para ocultar operaciones ilícitas, bien sea mediante dobles contabilidades o maquillaje de cifras, avalados por informes auditados sin salvedades, al respecto me gustaría transcribir una parte de la conferencia presentada sobre el tema ante las autoridades mundiales de nuestra profesión, en Santo Domingo, República Dominicana, en un encuentro regional de Contadores y Auditores en el cual se trató principalmente este tema.
Conferencia sobre ética y responsabilidad del Contador y Auditor ante el lavado de dinero y activos, presentada por Miguel Antonio Cano ante las autoridades mundiales de la profesión contable IFAC y AIC en Santo Domingo RD 1998.
“Muy bien; realmente quiero en estos minutos generar un acto de reflexión de lo que es la responsabilidad de la profesión contable y de auditoría frente al lavado de activos y dinero.
Esta reflexión puede partir hablando desde dos puntos de vista, la ética profesional a través de los diferentes códigos, integridad e idoneidad, o también a través de la experiencia de 35 Contadores Públicos que se encuentran en las cárceles de mi país, no todos ellos por narcotráfico y lavado de dinero, pero sí un alto número involucrado en esta situación. Algunos culpables, pero muchos de ellos totalmente inocentes, simplemente por la ignorancia de la ley y la ignorancia del conocimiento de lo que es prevenir un delito.
Se habla especialmente a nivel mundial de dos aspectos claves en la prevención del lavado de dinero y activos: conocimiento del cliente y conocimientos de las actividades de ese cliente. Es muy sencillo dejarlo en un manual, es muy sencillo escribirlo, pero se torna en cierto modo complicado cuando vamos a hablar de la globalización de la economía en donde posiblemente no vamos a conocer con quiénes estamos negociando al otro lado del computador.
En Colombia, a raíz de la Ley de 1995 que tipificó el delito de lavado de activos, en cierto modo, hemos encontrado justicia y minimización de la impunidad con respecto de los delincuentes de cuello blanco. En este sentido, y posiblemente puede ser una
de las formulas porque definitivamente el lavado de dinero cuando no se tipifica puede presentarse en diferentes formas y no se llevaría a nadie a las cárceles.
Nosotros hemos vivido una experiencia lamentable con el problema del narcotráfico que ha generado un alto volumen de inflación en Colombia, un alto grado de corrupción en nuestra juventud y nuevamente una serie de circunstancias que no quisiéramos que se vivieran en ningún otro país.
Colombia, productor de drogas desafortunadamente con tan sólo 30 bancos, sufriendo la presión, inclusive nacional e internacional que muchos de nosotros conocemos, y la verdad es que la profesión de la Contaduría pública se ha mostrado un poco indiferente ante un problema para cuya solución se podría aportar mucho.
Para nadie es extraño que un balance y un informe es precisamente producto de un trabajo debidamente ético que ha hecho el contador, avalado por un auditor.
Un trabajo que lo debe llevar a cumplir con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas para entregar un informe con salvedades o con una opinión limpia que nunca lo alejará también del problema concreto que tiene que ver en lo que respecta a la fe pública.
Entonces aparece una reflexión, definitivamente estamos siendo indiferentes o no sabemos de delitos, la reflexión va no solamente a la parte profesional sino a los inicios académicos.
Si la Contaduría Pública se basa exclusivamente en un trabajo de registrar información, de presentar una serie de resultados y análisis, deberíamos entonces encaminarnos a cuestionar desde el comienzo las partidas y el origen de las mismas, el control interno de estas partidas, el análisis de la rentabilidad y empezar a ser parte de una asearía para todas estas entidades, que se encargan de penalizar y llevar a las cárceles a personas que cometen este delito.
El lavado de dinero no puede ser indiferente a nosotros, porque todas las operaciones pasan por las manos nuestras, porque la auditoría tiene la posibilidad de examinar donde quiera y porque cuando se avala, se debe tener responsabilidad de conocer el cliente y de conocer las transacciones. Si esto se llevara a cabo, posiblemente las certificaciones dadas por los Contadores Públicos tendrían un respaldo válido y no utilizaríamos nuestras firmas para dar fe pública simplemente por conveniencia, y la banca no se vería en ningún momento influenciada ni en problemas.
Yo los invito a reflexionar sobre el tema para que en cada oportunidad que utilicemos nuestra firma, para que la academia también indique programas y les enseñemos a nuestros estudiantes, además de los valores expuestos en esta conferencia, a que
se vuelvan personas analíticas especialmente en el origen de los fondos, a que utilicen los estados de Flujo de Efectivo para detectar las operaciones sospechosas, para que utilicen también los cambios en la posición financiera tal y como lo demuestran los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en su revelación plena: también como argumentos válidos y suficientes que puedan servir de prueba jurídica para llevar a la cárcel a estas personas que están cometiendo el delito.
Estamos hablando de un tema no solamente para los bancos, porque el control de los bancos que se hizo en Colombia no fue suficiente, de inmediato el lavado de dinero se pasó a las cooperativas, controlamos las cooperativas y se pasaron al sector privado, ya estamos controlando el sector privado y se nos pasan al sector público; el problema es de todos, en cualquier momento podemos estar frente al delito de lavado de dinero o activos y tenemos la oportunidad de que analizando la información, no simplemente registrándola y preguntándonos el ¿por qué? podríamos detectar estas operaciones. Un simple flujo de efectivo, nos da pie para encontrar las pruebas que necesitamos y para resumir lo siguiente:
Si la Contaduría Pública en el mundo actúa bajo los códigos de integridad e idoneidad y de transparencia, nosotros, los Contadores Públicos, podríamos reducir en gran parte el problema del crimen organizado. Gracias.” 8
La responsabilidad del contador y auditor en el mundo es sinónimo de transparencia
y ética, porque tiene a su cargo certificar o dictaminar informaciones con las que se toman decisiones, si esas informaciones certificadas no conllevan transparencia en los diferentes procesos, afectará negativamente la sociedad, ya que los informes certificados o dictaminados deben estar presentados de una manera moral, oportuna
Por ello, el contador y el auditor tienen que hacer un mayor esfuerzo, no solamente en el conocimiento de la economía de su país, si no en la mundial para que esté capacitado frente a la globalización, lo cual implica riesgo en los negocios e incluye el blanqueo de capitales.
Evaluar los controles establecidos por la administración, respecto a la identificación del origen de recursos, análisis de cliente interno y externo y razonabilidad de los registros frente a la actividad normal de un negocio, son tareas que le competen especialmente al auditor, contador y a todos los directivos de una unidad económica, de ahí que organizaciones como IFAC (Federación Internacional de Contadores), IIA (Instituto de Auditores Internos), OMC (Organización Mundial del Comercio), entre otros, separen un espacio dentro de sus actividades y responsabilidades de los profesionales de la información y la forma de combatir los delitos.
8 CANO, Miguel; LUGO, Danilo. Auditoría Forense. Páginas 327 -330.
8.2 Perspectiva en Colombia
La responsabilidad del Contador Público esta sujeta a los diversos ordenamientos jurídicos en el que se ejerce la profesión, lo que implica responsabilidades tanto de carácter legal como éticos. Aparece entonces, la sujeción a la ley como uno (no el único) de los elementos determinantes para el desenvolvimiento y supervivencia del ente económico, de las personas que interactúan con él y las operaciones que ellos realizan. Por aspectos como esos, “las responsabilidades jurídicas de las empresas deben ser asumidas por personas con sentido moral, que ven en las leyes justas una concreción de los deberes éticos; también deben aceptar la responsabilidad legal aquellas personas de mentalidad economicista, para quienes el único límite a los negocios es el cumplimiento de las “reglas del juego” de la competitividad, a la coacción externa impuesta por las leyes positivas”. 9
A partir de éste orden de ideas, se observa que la rama legislativa le ha conferido al Contador público la potestad de otorgar Fe pública, lo cual implica 10 :
Responsabilidad jurídica. Supone la existencia de un daño, que alcanza a la sociedad en general, a una persona determinada o a varias a la vez. Se fundamenta en el perjuicio que causa el infractor como consecuencia de su obrar antijurídico.
Responsabilidad moral. Imputabilidad de un acto moralmente bueno o malo a su autor, considerado como su causa libre de haberlo querido y realizado.
Responsabilidad penal. Deber jurídico de responder a los actos realizados, susceptibles de constituir delito y de sufrir consecuencias jurídicas. Impone a los responsables a acatar la pena dispuesta por la ley.
Responsabilidad civil. Obligación de reparar los daños o perjuicios causados al otro por incumplimiento de un contrato o, toda acción perjudicial cometida por uno mismo, por una persona que depende de otra o por algo que tiene bajo su custodia. El daño causado puede ser de orden pecuniario, cuando afecta los intereses patrimoniales, lo que implica tanto la disminución, como el lucro cesante; el daño no patrimonial se da cuando es difícil valorar monetariamente los elementos o intereses afectados.
Es evidente la responsabilidad en cualquiera de los campos anteriormente mencionados que tiene el Contador Público para con la sociedad a la cual le esta
9 SÁNCHEZ BELTRÁN, Edgar. Responsabilidades empresariales en los países en vía de desarrollo. Revista Contaduría. Universidad San Buenaventura. Cali. Segundo Semestre de 1995. Páginas 57-58. 10 PAEZ SABOYA, Myriam Rocío. 1998. La Contaduría Pública y el control al lavado de activos en las instituciones financieras. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Económicas. Bogotá. Páginas:
66- 68.
respondiendo, entiéndase sociedad como a todos los grupos de interés alrededor de una organización, por lo que el correcto obrar es fundamental no solo para asegurar la confianza que dicha sociedad tiene sobre las aseveraciones que hace el Contador sino para servir como un importante y determinante filtro en las empresas ante el lavado de dinero. Es esa confianza de buena fe, la que me permite reseñar una sentencia de la corte constitucional, que aunque parece de amplio espectro es más significativa para nosotros:
“En el ejercicio de una profesión determinada, necesariamente hay que admitir la aplicación del principio de la buena fe, según la cual hay que partir del supuesto lógico de que el profesional normalmente aspira a desempeñarse de conformidad con los valores morales, instruidos e inculcados en las facultades donde obtuvo su formación académica, pues estas se hayan en la obligación de transmitir la enseñanza de las respectiva ciencia dentro de unos principios éticos que emergen de los deberes morales que son consustanciales con el desarrollo recto y responsable de las labores profesionales, lo cual repugna a la asunción de conductas indebidas que tengan repercusión negativa en la sociedad”. 11
Esta sentencia de la corte constitucional nos hace reflexionar también sobre la responsabilidad que tienen las universidades como formadores de futuros Contadores Públicos, en el esquema mismo de la formación del estudiante que asumirá las responsabilidades y los retos ya mencionados.
8.2.1 La Responsabilidad del Revisor Fiscal
El contador público cuando oficia como Revisor Fiscal adquiere un nivel más alto de responsabilidad, debido a las funciones que la ley le ha conferido. Es pertinente recordar que en pronunciamiento número 7 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública se encuentran la definición y los objetivos de la Revisoría Fiscal aunque la primera referencia que debemos tener es el Código del comercio, sin dejar de lado el Estatuto Orgánico Financiero que aplica para el sector económico que trata esta ponencia.
Junto a lo anterior, es necesario recordar el fundamento constitucional de la figura del Revisor Fiscal, estipulado en el artículo 334, en donde, en términos generales, se asigna al Estado la dirección general de la economía y la intervención de los procesos productivos, la distribución, utilización y consumo de los bienes y servicios. Para tal efecto, se vale de los órganos de vigilancia y control, en este caso la Superintendencia Financiera, y ésta a su vez delega en los Revisores Fiscales la función de velar por el cumplimiento tanto de las disposiciones legales como de los estatutos.
11 Corte Constitucional. Sentencia C-355-94. Principio de la buena fe en el ejercicio de las profesiones. Agosto 11 de 1994. M.P. Antonio Barrera Carbonell.
Es por este nivel de confianza que evidenciamos en la ley, que el Revisor Fiscal esta comprometido en su ejercicio con el Estado y con la sociedad en general, lo que lo obliga a tener ciertas características al desarrollar su trabajo: permanencia, cobertura total, INDEPENDENCIA DE ACCIÓN Y CRITERIOS y una clara función preventiva, el omitir alguna de estas características implica un importante debilitamiento en el resultado de su labor. Con la observancia de estas particularidades, se garantiza no solamente la eficiencia sino también la transparencia en el desempeño del ente económico (institución financiera para este caso). Además, a pesar de encontrarse al servicio de los socios, sus funciones deben ser ejercidas de tiempo completo al interior del ente, debiendo analizar y evaluar cada uno de los procedimientos que se siguen en el curso normal de la empresa, especialmente en todas las áreas que puedan afectar el bienestar de la organización en eventos negativos, como por ejemplo el lavado de activos. Por tal motivo el Código del Comercio, le ha otorgado funciones para cumplir su misión, entre las cuales encontramos:
Dar oportuna cuenta, por escrito, a la asamblea o junta de socios, a la junta directiva o al gerente, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios;
Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y
de las compañías y rendirles los informes a que haya lugar o le
sean solicitados,
Inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia a cualquier otro título,
Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes
control permanente sobre los
que sean necesarios valores sociales;
Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o informe correspondiente.
Como se puede apreciar, las funciones que he mencionado aquí se ajustan para prevenir la conducta delictiva del lavado de activos, en la medida que, con su gestión, se protege el patrimonio de la entidad y de los terceros que han depositado sus valores allí. Además, evita los litigios con las entidades de vigilancia y control así como las sanciones pecuniarias que, por razón de una deficiente implementación y
aplicación de los controles a las transacciones, le puedan ser imputadas. 12 De esto último, se hace preponderante la necesidad de la colaboración con las entidades de Vigilancia y control para hallar transacciones sospechosas sin dejar de lado que la reserva de los hechos de su conocimiento es una de las cualidades que debe tener para con el ente fiscalizado.
Además, al dar fe pública, el Revisor Fiscal garantiza a los usuarios de la información contable y financiera la total legalidad y moralidad en la gestión empresarial. Por esta razón, su actuación esta sujeta a restricciones y consecuencias de orden legal y penal, por ejemplo: Una referencia importante es la dada por el artículo 211 del Código de Comercio donde reza que el Revisor Fiscal responderá de los perjuicios que ocasione a la sociedad, a sus asociados o a terceros, por negligencia o dolo en el cumplimiento de sus funciones.
Pero sin ir más lejos, el Estatuto anticorrupción –Ley 190 de 1995-, incrementó las penas para los Revisores involucrados en el lavado de activos; por lo que además del tratamiento común que debe realizar la Revisoría, necesita también examinar y comprobar las operaciones financieras, administrativas, económicas y de otra índole para establecer no solamente si se han manejado dentro del marco normativo pertinente si no que conjuntamente debe proferir porque se hagan de manera transparente y sin vicio de sospecha en el procedimiento mismo, enfatizando en el fortalecimiento del sistema de control interno y demás medidas que acaten las recomendaciones y disposiciones tanto internas como de las entidades de vigilancia y control para el reconocimiento y prevención del blanqueo de capitales.
Entonces, la auditoría de cumplimiento efectuada por el Revisor fiscal comprenderá el examen de cuestiones de orden jurídico de los convenios que realiza la institución financiera, la verificación de la información que el cliente ha suministrado al abrir una cuenta o realizar una transacción en efectivo, la revisión de la documentación exigida al cliente, la evaluación de los manuales de procedimientos diseñados por la administración y su observancia de las normas legales y el seguimiento de algunas operaciones que, elegidas aleatoriamente o por sus características particulares, llaman la atención de quien hace este examen, así como la asimilación de nuevos planteamientos del sector como el acuerdo de Basilea II. Igualmente comprende la inspección de los informes remitidos a los respectivos organismos de vigilancia y control, en este caso la Superintendencia Bancaria (ahora Superintendencia Financiera) con su unidad Especial de Prevención de Lavado de Activos, apoyada en el importante aporte de la Fiscalía General y la Asobancaria.
Al realizar todo esto en manera correcta y honesta, el Contador Público que oficia como Revisor Fiscal no solo habrá reducido el riesgo personal de incurrir en un delito por omisión o incumplimiento de sus labores sino que además esta protegiendo el
12 PAEZ SABOYA, Myriam Rocío. 1998. La Contaduría Pública y el control al lavado de activos en las instituciones financieras. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Económicas. Bogotá. Pág: 71.
patrimonio y la imagen del ente fiscalizado, esa buena imagen que es tan fácilmente percibida por el mercado y que puede hacer que los stakeholders le den el visto bueno para existir y funcionar de la organización.
Por otra parte contribuye a la construcción y consolidación de la moral y en el saneamiento de los procedimientos utilizados en la captación y colocación de dinero, al detectar estas transacciones que, si cumplen su objetivo, configurarse en dinero limpio, perjudicarían a la economía y a la sociedad en general.
8.2.2 Responsabilidad del auditor
Una auditoría es el examen crítico de determinada información con el fin de dictaminar o concluir sobre ella; su campo de acción tiene un determinado objetivo ya sea financiero, operacional, de sistemas y legal. En su conceptualización más restringida se denomina auditoría de cuentas o simplemente auditoría, a la actividad de revisión y verificación de las cuentas manuales (Balance General, Estado de Resultados, Estado de flujo de efectivo, Estado de cambios en la situación financiera, principalmente), para cerciorarse de que las mismas constituyen una imagen fiel del patrimonio y del resultado de las operaciones de la empresa o entidad auditada, de conformidad con la normativa legal que le es aplicable y los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.
Debe aclararse que la Auditoría no es una subdivisión o continuación del campo de la Contabilidad, por el contrario, la Auditoría es la encargada de la revisión de los estados financieros, de verificar la vigencia del proceso administrativo y del cumplimiento del ordenamiento jurídico y de las políticas de dirección y procedimientos específicos que relacionados entre sí, forman la base para obtener suficiente evidencia acerca del objeto de la revisión, cuyo propósito es poder expresar una opinión profesional sobre todo ello. 13
8.2.2.1 Responsabilidad cuando es Auditor Externo
La Auditoría examina y valoriza en forma posterior a la realización de las actividades, los controles, sistemas y procedimientos establecidos por la administración ó gerencia, suministrando información oportuna, análisis y recomendaciones pertinentes sobre el objeto examinado, con lo cual la administración obtiene un beneficio derivado para mejorar y desarrollar el proceso administrativo y el plan de organización que activa la estructura del control interno.
Al configurarse la auditoría externa como un examen independiente y posterior a las operaciones de la organización, su responsabilidad se centra en las recomendaciones que formule, en el caso que encuentre alguna irregularidad
13 Tomado de la página Web: www.ccss.sa.cr/auditoria/
relacionada con el ilícito, obviamente el auditor debe estar pendiente de reconocer aquellos procesos críticos en donde definitivamente el ente corre el riesgo de permitir infiltraciones de dinero ilegítimo y en caso de encontrar fallas no puede
hacerse el de la vista gorda ante tal situación, debe hacer saber a la junta de socios
lo que esta pasando y colaborar con las entidades de vigilancia y control en caso de
ser requerido por las mismas.
En el Artículo 41 de la ley 43 de 1990, el contador público en el ejercicio de las funciones de Revisor Fiscal y/o Auditor Externo, no es responsable de los actos administrativos de las empresas o personas a las cuales presta sus servicios. En este caso, las funciones de un auditor externo son puramente correctivas ante eventos que ya sucedieron o que por su trabajo son definidos como posibles.
8.2.2.2 Responsabilidad cuando es Auditor Interno
La Auditoría Interna es un órgano de apoyo a la gestión gerencial de toda dependencia de la institución, para cual revisa, evalúa y controla el grado de eficiencia, eficacia y economía con que se manejan los recursos de la institución, el grado de alcance de los objetivos y metas, y la adhesión manifiesta al ordenamiento jurídico administrativo que rige en el país. 14
La responsabilidad del auditor interno, al trabajar en una institución financiera en la prevención del lavado de dinero, se centra en al adecuada evaluación de los controles implementados por la administración y la manera como son aplicados en los diferentes procesos dentro de la organización, por que en sí, no es solo encontrar si hay políticas internas o acuerdos institucionales, lo importante realmente es verificar que las debidas precauciones sean tenidas por los funcionarios que están a cargo de la aprobación y el manejo de las operaciones de la institución.
Para tal efecto, debe estar al tanto del tema, acatando las leyes y observando las instrucciones consignadas en las circulares que emiten los organismos de vigilancia
y control; además debe conocer los diferentes métodos que el delincuente puede
utilizar para lavar el dinero, con el fin de recomendar los respectivos controles que prevendrán el ilícito, sin dejar de lado la constante actualización y capacitación en cuanto a normatividad, controles, nuevas tecnologías y tipologías del delito financiero.
La labor de Auditoría Interna implica necesariamente el análisis de los aspectos operativos y administrativos para poder lograr sus objetivos. Entonces, es necesario analizar las situaciones de alto riesgo (en este caso, una transacción sospechosa) y las relaciones que existen entre las personas involucradas en una transacción
14 Tomado de la página Web: www.ccss.sa.cr/auditoria/
financiera cualquiera: empleados, accionistas, proveedores y clientes. Después de efectuada la evaluación de los procedimientos y controles, es fundamental la comunicación entre auditor y auditado, para llegar a un consenso y así corregir o mejorar los puntos en conflicto. 15
De igual manera, el auditor debe capacitarse permanentemente porque el avance tecnológico y el rigor de la ley traen como consecuencia el surgimiento de nuevas formas de lavado de dinero. Estos nuevos conocimientos le permitirán una evaluación de los manuales de funciones y procedimientos con mayor eficacia y con la seguridad de que los controles se fortalecerán
Como el control interno esta encaminado a garantizar la efectividad y eficiencia de las operaciones, la suficiencia y confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables, quien ejerza la auditoría interna es responsable porque esto se lleve a cabo. En este orden de ideas, la responsabilidad se enfoca en la evaluación de riesgos, la identificación de factores críticos, la contrastación entre los objetivos y las metas, así como las acciones correctivas que se emprendan. Es necesario pasar por el mejoramiento del ambiente de control para alcanzar la minimización del riesgo, esto no significa que el sistema de control no sea vulnerable y no existan fallas, lo que éste elimina es la probabilidad de anomalías y no éstas como tales.
Todo lo anterior nos permite identificar el papel proactivo que deben cumplir tanto los Revisores Fiscales como los auditores, como garantes del buen funcionamiento de las organizaciones, como estrategas y/o consejeros de herramientas preventivas ante la posibilidad de operaciones que tengan como objetivo lavar dinero en la entidad; desarrollando toda esta dinámica en un marco operativo propio de cada profesional en el que tenga presente la ética y la moral que el ser Contador Público amerita, definitivamente debemos ser los líderes de la solución y no un escalón más dentro del problema.
15 PAEZ SABOYA, Myriam Rocío. 1998. La Contaduría Pública y el control al lavado de activos en las instituciones financieras. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Económicas. Bogotá. Pág: 74.
1. Se puede afirmar que el blanqueo de capitales se encuentra estrechamente vinculado a la criminalidad organizada, pues en la mayoría de los casos la comisión de este delito requiere una estructura no solo para cometer el lavado sino también del delito previo, es decir, el delito que origina los bienes que serán blanqueados.
2. El análisis del fenómeno del blanqueo de capitales permite llegar a una serie de características de este delito: El lavado de dinero se reconoce por una internacionalización o globalización, lo que significa que el fenómeno traspasa las fronteras de los países; también se constata el profesionalismo de los miembros de las organizaciones criminales, contando con una fuerte jerarquía y organización entre ellos. La consecuencia de esta organización y profesionalización es que los métodos de blanqueo cambian rápidamente y son cada vez más difíciles de ser descubiertos.
3. Las nuevas técnicas y la complejidad de los métodos empleados por las organizaciones criminales requieren nuevas inversiones por parte de las autoridades competentes para detectar el delito. Ocurre que en un país subdesarrollado es muy complicado que el gobierno invierta lo suficiente para detener este tipo de criminalidad, lo que posibilita que las organizaciones estén siempre un “paso adelante” de los órganos de control.
4. El delito de lavado de activos afecta seriamente el orden socioeconómico del país. Los valores introducidos con apariencia de licitud acaban por mezclarse con los valores lícitos. Como el dinero es obtenido de forma ilícita genera un aparente incremento de la economía. En realidad no se ha producido nada en la economía del país, o sea, no se han generado nuevos empleos, nuevas inversiones, etc Así, hay sólo un aparente crecimiento que en realidad beneficia a unos pocos.
5. Es cierto que una de las principales características del blanqueo de activos es su internacionalización, pues las organizaciones delincuenciales utilizan actividades ramificadas en distintos países. Así, los lavadores de dinero desconocen las fronteras jurisdiccionales nacionales. Esa internacionalización se relaciona con la propia naturaleza de los bienes o servicios que constituyen objeto de este delito. Esta singular situación, hace realmente necesario los acuerdos interinstitucionales e internacionales, donde quede claramente especificada la colaboración de cada una de las partes para poder controlar el flagelo del blanqueo más allá de los limites nacionales e institucionales.