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Timestamp: 2015-05-23 11:51:43
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Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 12', 'Artículo 14', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 28', 'Artículo 30', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37']

Bolivia: Constitución política de 1947, 26 de noviembre de 1947Aumentar el tamaño del textoReducir el tamaño del textoVer el documento PDFVer el documento sin formatoFicha TécnicaContenidoEnlaces con otros documentosComentar el contenidoEtiquetar o categorizar la normaCompartir la norma en las redes socialesSugerir mejoras en el documentoEnviar esta norma por correo electrónicoImprimir la normaCerrar la ventanaConectarse al sistemaSuscribirse a LexiVoxBolivia: Constitución política de 1947, 26 de noviembre de 1947
Enrique Hertzog G. Presidente Constitucional de la República de Bolivia
Por cuanto: el Congreso Nacional ha sancionado y proclamado la siguiente Constitución Política del Estado.
Artículo 1°.- Bolivia, libre, independiente y soberana, constituida en República unitaria, adopta para su gobierno la forma democrática representativa.
Artículo 2°.- La soberanía reside en el pueblo; es inalienable e imprescriptible; su ejercicio está delegado a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La independencia y coordinación de estos Poderes es la base del gobierno.
Artículo 3°.- El Estado reconoce y sostiene la religión católica, apostólica y romana, garantizando el ejercicio público de todo otro culto.
Artículo 7°.- Nadie será arrestado, detenido ni preso, sino en los casos y según formas establecidas por la ley.
Artículo 8°.- Toda persona que creyere estar indebidamente detenida, procesada o presa, podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, con poder notariado o sin él, ante la Corte Superior del Distrito o ante el Juez de Partido, a elección suya, en demanda de que se guarden las formalidades legales. La autoridad judicial decretará inmediatamente que el individuo sea conducido a su presencia y su decreto será obedecido, sin observación ni excusa, por los encargados de las cárceles o lugares de detención. Instruida de los antecedentes, la autoridad judicial decretará la libertad, hará que se reparen los defectos legales o pondrá al individuo a disposición del Juez competente, dentro de las 24 horas. La decisión que se pronuncie dará lugar al recurso de nulidad ante la Corte Suprema de Justicia, recurso que no suspenderá la ejecución del fallo.
Artículo 9°.- Todo delincuente in fraganti puede ser aprehendido, aun sin mandamiento, por cualquiera persona, para el único objeto de conducirle ante el juez competente, quien deberá tomarle su declaración, a lo más, dentro de 24 horas.
Artículo 10°.- Los encargados de las prisiones a nadie recibirán en ellas como arrestado, preso o detenido, sin copiar en su registro el mandamiento correspondiente. Podrán, sin embargo, recibir en el recinto de la prisión a los conducidos, con el objeto de ser presentados al juez competente, dentro de 24 horas.
Artículo 12°.- Los funcionarios públicos que, sin haberse dictado el estado de sitio, tomaren medidas de persecución, confinamiento o destierro de ciudadanos y las hicieren ejecutar, así como los que clausuraren imprentas u otros medios de expresión del pensamiento libre, estarán sujetos al pago de una indemnización civil de daños y perjuicios, siempre que se comprobare, dentro de juicio, que tales medidas o hechos se adoptaron sin motivo justificado y en contravención a las leyes constitucionales que garantizan los derechos ciudadanos. La manera de cobrar la satisfacción del daño causado será determinada en ley especial.
Artículo 14°.- Nadie está obligado a declarar contra si mismo en materia penal, ni lo están, sobre el mismo hecho, sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado inclusive, ni sus afines hasta el segundo.
Artículo 16°.- Toda casa es un asilo inviolable; de noche no se podrá entrar en ella sin consentimiento del que habita, y de día sólo se franqueará la entrada a requisición escrita y motivada de autoridad competente, salvo el caso de delito in fraganti.
Artículo 17°.- Se garantiza la propiedad privada, siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo. La expropiación se impone por causa de utilidad pública o cuando no llene una función social, calificada conforme a ley y previa indemnización justa.
Artículo 20°.- Ningún impuesto es obligatorio sino cuando ha sido establecido conforme a las prescripciones de esta Constitución. Los perjudicados pueden intentar recursos ante la Corte Suprema de Justicia contra los impuestos ilegales. Los impuestos municipales son obligatorios cuando en su creación han sido observados los requisitos constitucionales.
Artículo 21°.- Los impuestos y demás cargas públicas obligan igualmente a todos. Su creación, distribución y supresión tendrán carácter general, debiendo determinarse en relación a un sacrificio igual de los contribuyentes, en forma proporcional o progresiva, según los casos.
Artículo 28°.- Los principios, garantías y derechos reconocidos en esta Constitución, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio y no necesitan reglamentación previa para su cumplimiento.
Artículo 30°.- Los que ataquen derechos y garantías constitucionales, quedan sujetos a la jurisdicción ordinaria.
Artículo 32°.- Todo funcionario público, civil, militar o eclesiástico, antes de tomar posesión del cargo, está obligado a declarar expresa y específicamente los bienes o rentas que tuviere, que serán verificados en la forma que determina la ley.
Artículo 33°.- Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución, no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enunciados, que nacen de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno.
Sección terceraConservación del orden público
Artículo 34°.- En los casos de grave peligro por causa de conmoción interior o guerra exterior, el Jefe del Poder Ejecutivo, con dictamen afirmativo del Consejo de Ministros, podrá declarar el estado de sitio en la extensión del territorio que fuere necesario.
Artículo 35°.- La declaración del estado de sitio produce los siguientes efectos:
El Ejecutivo podrá aumentar el ejército permanente y llamar al servicio las reservas que estime necesarias.Podrá imponer la anticipación que fuere indispensable sobre las contribuciones y rendimientos nacionales, y negociar y exigir por vía de empréstito, los recursos suficientes, siempre que no puedan cubrirse los gastos con las rentas ordinarias. En los casos de empréstito forzoso, el Ejecutivo asignará las cuotas y las distribuirá entre los contribuyentes conforme a su capacidad económica.Las garantías y los derechos que consagra esta Constitución no quedarán de hecho suspensos en general con la declaración del estado de sitio; pero podrán serlo respecto de señaladas personas, fundadamente sindicadas de tramar contra la tranquilidad de la República, de acuerdo a lo que establece en los siguientes párrafos.Podrá la autoridad legítima expedir órdenes de comparendo o arresto contra los sindicados, pero en el plazo máximo de 48 horas los pondrá a disposición del juez competente, a quien pasará los documentos que hubiesen motivado el arresto.
Si la conservación del orden público exigiese el alejamiento de los sindicados, podrá ordenarse su confinamiento a una capital de departamento o de provincia, que no sea malsana.
Queda prohibido el destierro por motivos políticos; pero al confinado, perseguido o arrestado por motivos, que pida sus pasaportes para el exterior, no podrán serle negados por causa alguna; debiendo las autoridades otorgarle las garantías necesarias al efecto.
Los ejecutores de órdenes que violen estas garantías, podrán ser enjuiciados, pasado que sea el estado de sitio, como reos de atentado contra las garantías constitucionales, sin que les favorezca la excusa de haber cumplido órdenes superiores.Podrá, igualmente, imponer la censura de la correspondencia en general, y establecer el uso de pasaportes de tránsito para las personas que entren o salgan del territorio sitiado.
Artículo 36°.- El Gobierno dará cuenta al próximo Congreso de los motivos que dieron lugar a la declaratoria del Estado de sitio y el uso que hubiese hecho de las facultades que le confiere esta Sección, expresando el resultado de los enjuiciamientos ordenados e indicando las medidas indispensables para satisfacer los créditos que hubiese contraído por préstamos directos y percepción anticipada de los impuestos.
Artículo 37°.- El Congreso dedicará sus sesiones al examen de la cuenta a que se refiere el Artículo precedente, pronunciando su aprobación o bien declarando la responsabilidad del Poder Ejecutivo.
Las Cámaras podrán, al respecto, hacer las investigaciones que crean necesarias y pedir al Ejecutivo la explicac