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Timestamp: 2020-07-14 18:21:48
Document Index: 322658909

Matched Legal Cases: ['artículo 142', 'artículo 156', 'artículo 148', 'artículo 1966', 'artículo 143', 'artículo 144', 'artículo 143', 'artículo 142']

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CONSECUENCIAS DE CIRCULAR SIN SEGURO OBLIGATORIO
Según la actual legislación, es obligatorio tener contratada una póliza de seguro de automóvil. El Seguro Obligatorio de Automóvil representa la cobertura mínima de Responsabilidad Civil que necesita todo vehículo para circular dentro del territorio español y sirve para ayudar a cubrir los gastos que se deriven de los daños que se causan a terceros en el caso de ser responsable en un accidente de tráfico.
Las consecuencias de no tener seguro suponen:
1) Una sanción que oscila entre los 601€ y los 3.005€ dependiendo de la situación:
• Si el vehículo estaba circulando en el momento en que se impone la multa.
• El servicio que preste el vehículo, no es lo mismo un turismo que una furgoneta con la que se trabaja.
• La gravedad de los hechos, no es lo mismo que el vehículo esté estacionado que, que se haya causado un accidente con un vehículo sin seguro.
• El tiempo que lleve el vehículo sin estar sin seguro
• Si es la primera vez que se pone una multa por conducir sin seguro o no es la primera vez.
2) Además del importe de la multa por conducir sin seguro, el vehículo quedará inmovilizado o en depósito por plazo de un mes (tres meses si no es la primera vez que se impone una multa por no tener seguro) y para poder desprecintarlo o sacar del depósito, deberá acreditarse tener el seguro obligatorio en vigor y deberán abonarse los gastos del depósito o del desprecinto del vehículo.
En los casos más graves, podrían retirar el coche hasta que se demuestre que se ha suscrito, como mínimo, el Seguro Obligatorio.
Si se trata de una persona reincidente la retirada del vehículo podría prolongarse durante tres meses, en los que el propietario del mismo tiene que hacerse cargo del coste del aparcamiento en los depósitos municipales. De no hacerlo se podría perder el vehículo durante un año entero, con una posible inhabilitación para conducir cualquier otro vehículo por España durante el mismo periodo de tiempo.
Por ejemplo, circular con un ciclomotor sin el seguro obligatorio supone aproximadamente unos 1.000 euros de sanción. En el caso de motocicletas 1.250 €; turismos 1.500€ y en el caso de camiones o autobuses la cuantía se eleva a los 2.800€.
Hay que tener en cuenta que las denuncias efectuadas por los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico tienen valor probatorio respecto de los hechos denunciados, sin perjuicio del deber que tienen de aportar todos los elementos probatorios que sean posibles sobre el hecho denunciado y de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios denunciados.
¿Cómo se debe notificar una multa de tráfico por conducir sin seguro?
La multa por conducir sin seguro se debe notificar como cualquier multa de tráfico, es decir, si se puede, debe hacerse en el momento en que el agente de la autoridad sabe que el vehículo circula sin seguro obligatorio.
Para ello, los agentes de la autoridad que controlan el tráfico disponen de sistemas electrónicos a través de los cuales, pueden saber si un vehículo tiene o no en vigor el seguro obligatorio, este sistema se llama FIVA (Fichero informatizado de vehículos asegurados) y simplemente necesitan la matrícula del vehículo para comprobarlo.
Si la multa de tráfico no se puede notificar en el momento, deberá hacerse a través del servicio de notificaciones ofrecido por la Dirección General de Tráfico y, si la persona no está adscrita a este sistema, se hará a través del domicilio de la persona responsable de la multa por conducir sin seguro.
Hay que tener en cuenta que las denuncias formuladas por los agentes de la autoridad sin parar a los denunciados no serán válidas a menos que consten en las mismas y se les notifique las causas concretas y específicas por las que no fue posible detener el vehículo.
En la multa por conducir sin seguro debe constar, además del responsable de la multa (nombres, apellidos, dirección), los datos del vehículo (modelo y matrícula) y los datos de la infracción en virtud de la cual se impone la multa de tráfico.
En la multa por conducir sin seguro además, debe aparecer el importe de la misma, la forma de pago y el plazo para recurrir, así como, ante quién se puede recurrir.
A efectos de notificaciones, se considerará domicilio del conductor y del titular del vehículo aquel que los interesados hayan expresamente indicado y, en su defecto, el que figure en los Registros de Conductores e Infractores, y en el de vehículos.
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PENSIÓN DE ALIMENTOS PARA HIJOS MAYORES DE 18 AÑOS -Parte V-
En cuanto a los gastos que se incluyen en la pensión alimenticia, debe distinguirse entre gastos ordinarios y extraordinarios. En la Parte I se explicó lo que se entiende por alimentos exponiéndose el artículo 142 del Código Civil. Pues bien, los alimentos a los que se refiere dicho artículo suponen gastos ordinarios que están cubiertos por la pensión.
Por lo que se refiere a los gastos extraordinarios, hay que indicar que rige en este punto el principio de libertad de pactos. De este modo, en los casos de separación o divorcio se estará en primer lugar a lo que hayan pactado en el convenio regulador los cónyuges respecto de qué consideran como gastos extraordinarios y en qué porcentaje los van a pagar ambos.
No obstante, para aquellos supuestos en los que no se haya detallado en el convenio regulador los gastos extraordinarios, los criterios de gastos ordinarios y extraordinarios que se vienen entendiendo por los Juzgados y Tribunales son los siguientes: los gastos extraordinarios de los hijos son los que tengan carácter excepcional, imprevisible, necesario y adecuado a la capacidad económica de ambos progenitores.
Estos gastos serán sufragados por ambos por mitad, siempre que medie previa consulta del progenitor custodio al no custodio sobre la conveniencia y/o necesidad del gasto y acuerdo de ambos – de forma expresa y escrita antes de hacerse el desembolso – o en su defecto, autorización judicial, mediante la acción del art. 156 del Código Civil.
Los gastos extraordinarios de carácter médico son los odontológicos y tratamientos bucodentales incluida la ortodoncia, prótesis, logopeda, psicólogo, fisioterapia o rehabilitación (incluida natación) con prescripción facultativa, óptica, gastos de farmacia no básicos y con prescripción médica……
Los gastos extraordinarios de carácter educativo son las clases de apoyo escolar motivadas por un deficiente rendimiento académico.
Los gastos ordinarios incluidos en la pensión alimenticia destinada a cubrir necesidades comunes son los de vestido, ocio, educación, incluidos los universitarios en centros públicos.
Por último, hay un tipo de gastos ordinarios que deben ser consensuados en forma expresa y escrita para que pueda compartirse el gasto, ya que a falta de acuerdo serán sufragados por quien de forma unilateral haya tomado la decisión, sin perjuicio de que pueda ejercitarse con carácter previo la acción del artículo 156 del Código Civil si la discrepancia estriba en si debe o no el menor realizar la actividad. Este tipo de gastos son los gastos ordinarios no usuales dentro de los cuales se comprenden las actividades extraescolares, deportivas, música, baile, informática, idiomas, campamentos o cursos de verano, viajes al extranjero, fiestas de cumpleaños u onomásticas y otras celebraciones necesarias de los hijos, así como los gastos de colegio/universidad privados, máster o curso de posgrado, y las estancias en residencias universitarias, colegios mayores o similares.
En cualquier caso, los anteriores listados no tienen carácter exhaustivo, ya que como hemos indicado con anterioridad, es un modelo recogido por algunos Juzgados a la hora de concretar dónde se deben de ubicar los gastos que se producen y por ende la obligación que cada uno de los progenitores tiene respecto a su pago.
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PENSIÓN DE ALIMENTOS PARA HIJOS MAYORES DE 18 AÑOS -Parte IV-
Conforme establece el art. 146 del Código Civil a cuyo tenor:” la cuantía de los alimentos será proporcionada al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe “, la pensión de alimentos está en relación con el nivel de vida familiar, las necesidades reales de los hijos y las posibilidades económicas de los padres.
Los juzgados de familia establecen la cuantía de la pensión de alimentos teniendo en cuenta los ingresos netos de los progenitores, el número de hijos, sus edades y las circunstancias especiales que rodean a cada hogar conyugal. De hecho, si alguno de los hijos tiene una enfermedad o un grado de discapacidad, la cuantía de su pensión alimenticia será mayor.
Si bien ambos progenitores están obligados a la manutención de sus hijos, en un procedimiento de separación o divorcio la pensión de alimentos queda fijada, en términos monetarios, respecto del progenitor que no convive con el hijo.
En cualquier caso, los hijos mayores de edad deben hacer un esfuerzo para cooperar en el sostenimiento de sus necesidades mediante un empleo, aunque sea a tiempo parcial, además de adaptar su nivel de vida a la situación real de la familia.
Para calcular la cuantía de la pensión de alimentos existe en España un baremo orientador que ha sido aprobado por el Consejo General del Poder Judicial con el consenso de todos los operadores jurídicos dedicados al Derecho de Familia.
El Consejo General del Poder Judicial ha creado en forma de Tablas Estadísticas de Pensiones de Alimentos un sistema de baremación de estas pensiones que se van a utilizar por Jueces y Tribunales en toda España y en los procesos de familia. Estas Tablas son un instrumento orientador adaptado a las múltiples casuísticas que se pueden encontrar en esta materia y elaborado con el apoyo técnico del Instituto Nacional de Estadística.
Hay que añadir que la cuantía de la pensión que se fije por el Juez o Tribunal no puede ser inferior a la pensión mínima o de subsistencia que es la cantidad considerada como indispensable para cubrir unos alimentos de manera vital o suficiente para el menor. En Granada, está acordado por la Audiencia, que el mínimo indispensable para cubrir la pensión de alimentos sea 150 euros, por lo que toda discusión se centrará en valorar si el progenitor debe y puede pagar una cantidad superior.
PENSIÓN DE ALIMENTOS PARA HIJOS MAYORES DE 18 AÑOS -Parte III-
La obligación, cuantía y forma de pago de la pensión de alimentos puede ser acordada de mutuo acuerdo por los cónyuges cuando pactan el convenio regulador, o venir impuesta por la sentencia que se dicte en los procedimientos de separación o divorcio contencioso.
El artículo 148 del Código Civil dice que: “La obligación de dar alimentos será exigible desde que los necesitare, para subsistir, la persona que tenga derecho a percibirlos; pero no se abonarán sino desde la fecha en que se interponga la demanda.
El Juez, a petición del alimentista o del Ministerio Fiscal, ordenará con urgencia las medidas cautelares oportunas para asegurar los anticipos que haga una Entidad pública u otra persona y proveer a las futuras necesidades”.
En relación con el párrafo primero de este artículo he de decir que el pago de los alimentos será desde la fecha en que se interponga la demanda si se trata de hijos menores, puesto que, tratándose de hijos mayores de edad que vivan de forma dependiente de sus padres, la postura no está clara, ya que hay una línea que considera que el pago de los alimentos a los hijos mayores de edad será desde la sentencia y no desde la demanda.
Esta línea es de jurisprudencia menor emitida por algunas Audiencias que entiende que, tratándose de un hijo mayor dependiente de sus padres, la reclamación de alimentos hecha escapa en realidad del ámbito de influencia de la patria potestad y se encuadra más propiamente en el marco de las relaciones paterno-filiales, lo que le confiere unas características propias como consecuencia de las circunstancias en las que se declara la obligación de prestarlos.
Por otra parte, no debe olvidarse la posibilidad de que se acuerden medidas provisionalísimas o previas a la demanda de divorcio o separación, lo que se debe de tener en cuenta para determinar desde cuando surge la obligación de pago.
Por último, establece el artículo 1966 del Código Civil que: “Por el transcurso de cinco años prescriben las acciones para exigir el cumplimiento de las obligaciones siguientes: 1ª. La de pagar pensiones alimenticias….”. Esto quiere decir que la reclamación de cantidades derivadas de la pensión de alimentos prescribe a los 5 años. Por ejemplo, si estamos en diciembre de 2.014, podremos reclamar alimentos que se adeuden desde diciembre de 2.009 en adelante, los anteriores habrán prescrito.
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PENSIÓN DE ALIMENTOS PARA HIJOS MAYORES DE 18 AÑOS -Parte II-
Por su parte, el artículo 143 del Código Civil establece que: “ Están obligados recíprocamente a darse alimentos en toda la extensión que señala el artículo precedente:
Los hermanos sólo se deben los auxilios necesarios para la vida, cuando los necesiten por cualquier causa que no sea imputable al alimentista, y se extenderán en su caso a los que precisen para su educación “.
Y el artículo 144 del Código Civil añade que: ” La reclamación de alimentos cuando proceda y sean dos o más los obligados a prestarlos se hará por el orden siguiente:
1º. Al cónyuge.
2º. A los descendientes de grado más próximo.
3º. A los ascendientes, también de grado más próximo.
4º. A los hermanos, pero estando obligados en último lugar los que sólo sean uterinos o consanguíneos.
De estos dos últimos artículos se desprende que, en su caso, se puede reclamar alimentos a los hermanos aunque su eventual obligación de alimentos sería más reducida que la que puede imponerse al progenitor, ya que como dice el artículo 143 del Código Civil los hermanos sólo se deben los auxilios necesarios para la vida, extendiéndose en su caso a los que precisen para su educación.
La pensión de alimentos para hijos mayores de edad puede reclamarse de varios modos; o bien la solicita el progenitor que convive con el hijo, pidiéndola al otro progenitor, o bien la reclama el hijo mayor de edad directamente, y en este caso deberá demandar a ambos progenitores, aunque frente a aquél de ellos con el que esté viviendo puede solicitar que en lugar de dinero reciba acogimiento y alimentos (pago en especie).
La pensión de alimentos reclamada por el hijo mayor de edad sólo cubrirá sus necesidades básicas de vida, por lo que su cuantía será inferior a la pensión de alimentos que se pida dentro de un procedimiento matrimonial donde las posibilidades del progenitor obligado a pagar adquieren mayor importancia a la hora de determinar el montante de la pensión. Cuando la pensión es reclamada por el hijo no es necesario que demuestre convivencia con ninguno de los padres peso sí es conveniente que esté estudiando algún curso oficial con un rendimiento medio. El hijo mayor de edad debe solicitar la pensión de alimentos cuando pretende reanudar sus estudios que abandonó en el pasado, o cuando no conviva con ninguno de los padres. En cualquier caso el hijo debe carecer de recursos económicos propios que garanticen su independencia.
Para que el progenitor con el que el hijo mayor de edad convive pueda solicitar la pensión deben cumplirse varios requisitos (que, excepto el primero, también se tienen en cuenta cuando la reclamación la efectúa el hijo): – Que el hijo o hija siga conviviendo con el progenitor que va a presentar la demanda de separación, divorcio o de modificación de medidas. – Que el hijo o hija carezca de ingresos propios, o tener ingresos de una cuantía muy pequeña (muy por debajo del Salario Mínimo Interprofesional), por trabajos de vacaciones o esporádicos, que demuestren que no se ha incorporado al mercado laboral. Así, no se estiman suficientes los ingresos obtenidos en empleos esporádicos o vacacionales (verano, Navidad, etc.), aunque durante un mes se superen estos mínimos. En cambio, los ingresos se consideran aceptables cuando tienen cierta regularidad y están alrededor del sueldo mínimo (que para 2014 está fijado en 645,30 euros mensuales, lo que supone 21,51 euros diarios). Debe resultar patente que el hijo no se ha incorporado al mercado laboral, pues un empleo temporal y mal pagado puede demostrar que el hijo está buscando un trabajo de forma permanente y excluir su derecho a pensión. – El hijo debe estar estudiando, es decir, realizando algún curso oficial. Además, debe tener rendimientos medios. No valen, a estos efectos, los estudios de idiomas o música o la práctica de deportes en una academia privada unos días a la semana. - La edad del hijo o hija es un factor decisivo para amparar la petición de la pensión. El juez otorga de forma más fácil una pensión a un joven de 18 años que está estudiando una carrera universitaria, que a otro de 24 que está terminando el bachillerato. Pese a todo lo anterior, no hay una edad legal que sirva de límite para una pensión de alimentos en un procedimiento matrimonial. Por otra parte resulta indiferente la edad, pues siempre se tiene derecho a pensión de los padres (y a la inversa), pero hay que demostrar la necesidad, y que se ha intentado encontrar trabajo y fuentes de ingresos. De todas formas debo dejar claro que las pensiones para personas de más de veinticinco años y menores de sesenta y cinco que viven de forma independiente son prácticamente imposibles pues se supone que se han incorporado al mercado laboral. En general, conviene que la pensión sea reclamada por el progenitor con el que el hijo convive, si se cumplen los requisitos antes vistos, pues la cuantía será algo superior.
PENSIÓN DE ALIMENTOS PARA HIJOS MAYORES DE 18 AÑOS -Parte I-
Uno de los principales problemas que se plantea cuando una pareja o matrimonio se separa o divorcia es la manutención de los hijos. Si los hijos son menores de edad, no cabe duda que los padres tienen la obligación de alimentarlos y de cubrir todas sus necesidades (ropa, gastos de educación, medicamentos…). Pero ¿ qué ocurre cuando los hijos son mayores de edad ?
Los padres tiene el deber de contribuir a las alimentos de los hijos ya sean menores de edad, ya mayores en período de formación y sin ingresos propios que les permitan hacer una vida independiente.
La pensión de alimentos es el deber impuesto a una o varias personas de asegurar la subsistencia de otra, implicando la existencia de dos partes: una acreedora que se llama alimentista que tiene derecho a exigir y recibir los alimentos, y otra deudora llamada alimentante que tiene el deber legal y moral de prestarlos.
Tratándose de separación y divorcio, la obligación de alimentos consiste en el deber impuesto a uno de los cónyuges frente al otro cónyuge o frente a los hijos.
El ordenamiento jurídico español no establece ninguna edad a partir de la cual deba extinguirse de forma automática la pensión de alimentos. Los padres tienen el deber de abonar la pensión alimenticia a sus hijos mayores de 18 años que estén estudiando o que carezcan de medios económicos propios que garanticen su independencia, siempre que estén haciendo lo necesario por conseguirlos.
La pensión de alimentos comprende todo lo indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica y educación e instrucción del alimentista como resulta del artículo 142 del Código Civil a cuyo tenor: “ Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica.
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