Source: http://docplayer.es/4576231-Resumen-transporte-arrendamiento-con-conductor-en-vehiculos-de-turismo.html
Timestamp: 2018-08-15 23:41:22
Document Index: 73809945

Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'artículo 28', 'artículo 99', 'artículo 181', 'artículo 5', 'artículo 11', 'artículo 2', 'artículo 17', 'artículo 20', 'artículo 17', 'artículo 20', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 17', 'artículo 20', 'Artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 17', 'artículo 3', 'Artículo 3', 'artículo 9', 'artículo 5']

RESUMEN TRANSPORTE: Arrendamiento con conductor en vehículos de turismo. - PDF
Download "RESUMEN TRANSPORTE: Arrendamiento con conductor en vehículos de turismo."
Juan Manuel Toledo Giménez
1 RESUMEN TRANSPORTE: Arrendamiento con conductor en vehículos de turismo. Una asociación de empresas de arrendamiento con conductor en vehículos de turismo (VTC), informa de la existencia de barreras u obstáculos a la unidad de mercado en relación con la exigencia de determinados requisitos para la autorización de los mismos, en concreto la exigencia de un local y de un número mínimo de vehículos y de conductores. El informe analiza el régimen de intervención de la actividad de VTC y los requisitos exigidos, a la luz de los principios recogidos en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, esto es: no discriminación, cooperación y confianza mutua, necesidad y proporcionalidad, simplificación de cargas y transparencia (artículo 9.1). El Ministerio de Fomento se compromete a realizar una revisión de determinados requisitos a fin de analizar su debida necesidad y proporcionalidad y, en su caso, proceder a la modificación de los mismos. Informe final Informe Andalucía ADCA Informe CNMC
2 I. INTRODUCCIÓN Con fecha 23/10/14, ha tenido entrada en la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado un escrito en el marco del procedimiento del artículo 28 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado (LGUM), informando sobre la existencia de obstáculos a la libertad de establecimiento en el ámbito del transporte discrecional de viajeros por carretera, referido a la actividad de arrendamiento con conductor en vehículos de turismo (VTC). El interesado cuestiona la adecuación a la LGUM de los requisitos exigibles para la renovación de licencias a las empresas de actividad VTC. En esta línea, cuestiona que se aplique un criterio distinto para las empresas en función de si la autorización se les otorgó antes o después de la modificación articulada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Este informe solo se pronuncia sobre cuestiones que entran directamente en el ámbito de aplicación de la LGUM. Adjunto a su solicitud, el interesado incorpora los sucesivos pronunciamientos judiciales que se han producido a este respecto 1. II. MARCO NORMATIVO En reparto competencial en materia de transporte discrecional de viajeros por carretera queda definido a través de los artículos ª y ª de la Constitución Española. De este modo, la Constitución Española reconoce la competencia exclusiva del Estado en materia del transporte terrestre cuando el servicio transcurra por el territorio de más de una Comunidad Autónoma ( ª), mientras reserva a las Comunidades Autónomas (CCAA) la competencia para transporte 1 En concreto, incorpora como anexo: - Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de febrero de 2012 (Rec. 427/2010) - Sentencia de la Audiencia Nacional de 4 de Febrero de 2014 (Rec. 1257/2011) - Auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 19 de noviembre de 2014 (Rec. 1235/2012) 2
3 intracomunitario, esto es, cuando éste se realice en el ámbito propio de la Comunidad ( ª). En este marco, resulta necesario mencionar la delegación de facultades de transporte articulada a partir de la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, de Delegación de Facultades del Estado en las Comunidades Autónomas en relación con los transportes por carretera y por cable, por la que se delega a las Comunidades Autónomas, entre otras, las competencias para el otorgamiento de autorizaciones, regladas estas sobre los requisitos que establezca la norma estatal. En este punto, y para el caso que se plantea, cabe atender al siguiente marco: a) Normativa estatal: - Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes terrestres, (LOTT). - Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de transportes terrestres, (ROTT). - Orden FOM/36/2008, de 9 de enero, relativa al alquiler de vehículos con conductor. La Ley 16/1987, de 30 de julio y de su desarrollo reglamentario establecía en su redacción original un marco de aplicación general para las actividades de transporte por carretera. Dentro de este marco, y en lo relativo al transporte discrecional de viajeros, referido a la actividad de arrendamiento con conductor en vehículos de turismo, la Ley 16/1987, de 30 de julio, concretaba un sistema de autorización (artículo 99.4), donde los requisitos para el otorgamiento de licencias quedaban regulados a través del desarrollo reglamentario. Concretamente, a partir del título V del ROTT (en particular, capítulo IV, sección 2ª) y en la Orden FOM/36/2008. Entre dichos requisitos, en el artículo del ROTT figuraban: - Disposición de un local dedicado a la actividad de arrendamiento de vehículos - Número mínimo de vehículos dedicados a la actividad de arrendamiento con conductor - Disposición de un mínimo de dos conductores por cada tres vehículos 3
4 Este marco, quedó modificado por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Dicha modificación supuso la adaptación del ROTT, que se concretó a partir del Real Decreto 919/2010, de 16 de julio, por el que se modifica el ROTT para adaptarlo a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. En este punto, la Ley 25/2009, de 22 de diciembre eliminaba la habilitación al desarrollo reglamentario que fijaba la LOTT, dejando sin soporte legal a los requisitos que anteriormente se citó y que seguía recogiendo el ROTT y la Orden FOM. Dichas cuestiones fueron resueltas en la STS de 14 de febrero de 2012, que anuló determinadas disposiciones del RD 919/2010, de 16 de julio, declarando la nulidad de algunos de los requisitos recogidos en el artículo 181 y que se enumeradas anteriormente, esto es: local físico, número mínimo de vehículos y número mínimo de conductores, dado que, según la referida Sentencia, carecían de base legal para tal desarrollo reglamentario. Mismos argumentos jurídicos planteó la ulterior Sentencia de la Audiencia Nacional de 7 de febrero de 2014, esta vez sobre la modificación articulada a través de la Orden FOM/36/2008, de 9 de enero, a su vez modificada por la Orden FOM/3203/2011, de 18 de noviembre. Dicha sentencia declaraba que la anulación de los requisitos a), b) y f) del artículo del ROTT determinaba la nulidad de los apartados e), f) y g) del artículo 5 de la Orden FOM/36/2008 (en su redacción por la Orden FOM/3203/2011), en tanto se referían a los mismos requisitos que había anulado previamente el Tribunal Supremo, esto es: local físico, número mínimo de vehículos y número mínimo de conductores. Asimismo, esta última Sentencia declaró también nulos los requisitos relativos a la potencia de los vehículos (artículo 11.1.a)). En el marco descrito se articula una última modificación, la de la Ley 9/2013, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea que vuelve a dar base legal para el desarrollo reglamentario, al establecer que el sometimiento a autorización para este tipo de actividades se 4
5 realizará de conformidad con ciertos requisitos de la Ley y lo que reglamentariamente se establezca. Con todo, dicho desarrollo reglamentario aún no se ha producido. Ante la situación legal descrita, según el oficio de la Dirección General de Transportes del Ministerio de Fomento, se aplica el siguiente criterio interpretativo: - Las empresas que ostenten titularidad de autorizaciones de transporte para arrendamiento de vehículos con conductor nuevas (es decir, obtenidas a partir de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre), no le serán de aplicación los requisitos anteriormente citados en virtud de las sentencias. - Las empresas que ostenten autorizaciones anteriores a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, les sigue exigiendo los requisitos derogados por la sentencia de los mencionados tribunales. III. CONSIDERACIONES DE LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA UNIDAD DE MERCADO Inclusión de la actividad de arrendamiento con conductor de vehículos de turismo (actividad VTC).. El apartado b) del Anexo de la LGUM define las actividades económicas como: b) Actividad económica: cualquier actividad de carácter empresarial o profesional que suponga la ordenación por cuenta propia de los medios de producción, de los recursos humanos, o ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o en la prestación de servicios. La actividad de arrendamiento de vehículos con conductor constituye una actividad económica y como tal está incluida en el ámbito de aplicación de la LGUM, cuyo artículo 2 establece: Esta Ley será de aplicación al acceso a actividades económicas en condiciones de mercado y su ejercicio por parte de operadores legalmente establecidos en cualquier lugar del territorio nacional. En este punto, cabe matizar que en la medida en que el servicio de arrendamiento de vehículos con conductor se entienda como una actividad 5
6 que se presta en función de un servicio público sometido a tarifa regulada su regulación debe considerarse sometida a ciertas particularidades según la LGUM. - Así, el artículo 17.1.c) de la LGUM considera que se podrá establecer la exigencia de una autorización ( ) cuando ( ) en función de la existencia de servicios públicos sometidos a tarifas reguladas, el número de operadores económicos del mercado sea limitado 2. - De igual forma el artículo 20.4 establece una excepción específica al principio de eficacia en todo el territorio nacional a los actos administrativos relacionados con la ocupación de un determinado dominio público o cuando el número de operadores económicos en un lugar del territorio sea limitado en función de la existencia de servicios públicos sometidos a tarifas reguladas 3. Si bien la LGUM en su artículo 17 y en su artículo 20 establece a las actividades prestadas en función de servicios públicos sometidos a tarifas reguladas a un régimen singular conviene señalar que, ello no aparta a dichos servicios del ámbito de aplicación de la LGUM. En consecuencia los requisitos a los que se sujeta el régimen de autorización deberán en todo caso quedar sujetos al necesario cumplimiento del resto de principios de la LGUM y particularmente al principio de necesidad y proporcionalidad establecido en el artículo 5 4 de la norma y al principio de no discriminación del artículo 3 5. No 2 En concreto la exposición de motivos de la norma establece que ( ) la autorización será el instrumento adecuado para garantizar la concurrencia competitiva en los casos donde existe una limitación del número de operadores en el mercado por ( ) por la prestación de servicios públicos sometidos a tarifas reguladas, (..) como sucede, por ejemplo, con el ejercicio de las actividades desarrolladas por el taxi y el arrendamiento de vehículos con conductor, con las concesiones demaniales o con las oficinas de farmacia que se consideran incluidas en las previsiones del artículo 17.1 de esta Ley. 3 De nuevo, la exposición de motivos de la norma considera que Este principio de eficacia no es, sin embargo, aplicable a determinadas actuaciones relacionadas con las instalaciones o infraestructuras físicas, con la ocupación del dominio público o con la prestación de servicios públicos sometidos a tarifas reguladas que, por su propia naturaleza, resultan vinculados con un ámbito territorial determinado, como nuevamente sucede con las actividades desarrolladas por el taxi y el arrendamiento de vehículos con conductor, con las concesiones demaniales o con las oficinas de farmacia, que se consideran incluidas en las previsiones del segundo párrafo del artículo 20.4 de esta Ley. 4 Artículo 5. Principio de necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades competentes. 1. Las autoridades competentes que en el ejercicio de sus respectivas competencias establezcan límites al acceso a una actividad económica o su ejercicio de conformidad con lo 6
7 obstante, a los efectos de este informe cabe señalar que el artículo 3 de la LGUM hace únicamente referencia a la discriminación por razón de residencia o establecimiento del operador económico y no a la discriminación entre operadores económicos. a) Análisis de la normativa sobre la actividad de arrendamiento de vehículos con conductor a la luz de los principios de la LGUM. Tal y como se ha comentado, con independencia de las singularidades referidas anteriormente, resulta necesario que el conjunto de requisitos asociados al régimen de intervención de las actividades de VTC (en este caso la autorización a través de licencias) se encuadre dentro del marco definido por los principios recogidos en la norma, esto es: no discriminación, cooperación y confianza mutua, necesidad y proporcionalidad, simplificación de cargas y transparencia (artículo 9.1.). En esta línea, el artículo 9.2.b) establece que, en particular, las autoridades garantizarán que las autorizaciones, licencias y concesiones cumplen con los principios enunciados en el artículo 9.1, citado anteriormente. De este modo, independiente del momento temporal en que las autorizaciones hayan sido otorgadas, cabe plantearse con carácter general la compatibilidad de los requisitos solicitados a las empresas en sus regímenes de habilitación con la LGUM. Dado lo anterior, cabe analizar los siguientes requisitos: - Exigencia de local físico previsto en el artículo 17 de esta Ley o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, motivarán su necesidad en la salvaguarda de alguna razón imperiosa de interés general de entre las comprendidas en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 2. Cualquier límite o requisito establecido conforme al apartado anterior, deberá ser proporcionado a la razón imperiosa de interés general invocada, y habrá de ser tal que no exista otro medio menos restrictivo o distorsionador para la actividad económica. 5 Artículo 3. Principio de no discriminación. 1. Todos los operadores económicos tendrán los mismos derechos en todo el territorio nacional y con respecto a todas las autoridades competentes, sin discriminación alguna por razón del lugar de residencia o establecimiento. 2. Ninguna disposición de carácter general, actuación administrativa o norma de calidad que se refiera al acceso o al ejercicio de actividades económicas podrá contener condiciones ni requisitos que tengan como efecto directo o indirecto la discriminación por razón de establecimiento o residencia del operador económico. 7
8 El antiguo artículo del ROTT establecía en el apartado a) que para el otorgamiento de las autorizaciones de VTC, el solicitante debería estar en disposición de, al menos, un local dedicado a la actividad de arrendamiento de vehículos, con nombre o título registrado y abierto al público previo cumplimiento de los requisitos legales sobre apertura de locales. La necesidad de disponer de un local físico en un determinado territorio podría considerarse contraria al artículo a) que considera que: ( ) 2. Serán consideradas actuaciones que limitan el libre establecimiento y la libre circulación por no cumplir los principios recogidos en el Capítulo II de esta Ley los actos, disposiciones y medios de intervención de las autoridades competentes que contengan o apliquen: a) Requisitos discriminatorios para el acceso a una actividad económica o su ejercicio, para la obtención de ventajas económicas o para la adjudicación de contratos públicos, basados directa o indirectamente en el lugar de residencia o establecimiento del operador. Entre estos requisitos se incluyen, en particular, que el establecimiento o el domicilio social se encuentre en el territorio de la autoridad competente, o que disponga de un establecimiento físico dentro de su territorio. Debe igualmente tenerse en cuenta que la relación con el cliente previa y posterior a la prestación del servicio podría articularse sin la necesidad de un local físico (por ejemplo por cauces telemáticos), sin que con ello las garantías al consumidor o la calidad del servicio se vieran necesariamente afectadas. - Número mínimo de vehículos El ROTT, en la dicción original del en el apartado b) establecía la obligación al solicitante de disponer en propiedad, leasing o arrendamiento, del número mínimo de vehículos dedicados a la actividad de arrendamiento con conductor que determine el Ministro de Fomento en función de las circunstancias del mercado. Además, establecía que dicho número no podrá ser inferior a cuatro. La fijación de contingentes es común en este tipo de servicios, como sucede con las licencias de auto taxi. En todo caso, la LGUM condiciona este tipo de 8
9 intervención al respeto de los principios establecidos en el artículo 9.2, y muy especialmente en este tipo de casos, al de necesidad y proporcionalidad. Debe por tanto entenderse que la vinculación entre un determinado contingente y las circunstancias de mercado a las que alude el artículo se basa en indicadores de tipo objetivo y vinculados con la necesidad, en su caso, de no poner en riesgo la adecuada prestación del servicio o de regular cuestiones como por ejemplo la ocupación del espacio público o la protección del medio ambiente. Cuestiones que deberían reflejarse de algún modo en la norma que regula dichos requisitos. - Ratio de conductores por vehículo El antiguo artículo establecía en el apartado f) la exigencia de Disposición de un mínimo de dos conductores por cada tres vehículos, provistos del permiso de conducir de la clase BTP, en régimen de alta en la Seguridad Social y contratados a jornada completa. En este punto, esta Secretaría considera que dicho requisito podría ser objeto de revisión, en tanto no queda clara la necesidad de la medida y en su caso su proporcionalidad, donde el umbral, en línea con lo expuesto en el apartado anterior, debería fijarse sobre la base de indicadores de tipo objetivo y vinculados a la necesidad que en su caso se alegue. Por último, y en lo referido al resto de requisitos, se advierte que estos deberían evaluarse en términos de necesidad y proporcionalidad en virtud del comentado artículo 5 de la LGUM. En concreto, cabría analizar en detalle otros requisitos contenidos en la norma como, por ejemplo, los requisitos de seguro o los referidos a las características del vehículo (antigüedad, potencia mínima y tamaño del mismo). IV. CONSIDERACIONES ADICIONALES SOLUCIÓN PLANTEADA Con la habilitación para el desarrollo reglamentario que introduce la Ley 9/2013, de 4 de julio, el Ministerio de Fomento tiene prevista la modificación del ROTT y de la Orden FOM/36/2008, modificada por la Orden FOM/3203/2011. En el marco de dicha reforma, el Ministerio de Fomento se compromete a realizar una revisión de los requisitos a los que alude el informe a fin de 9
10 analizar su debida necesidad y proporcionalidad y, en su caso, proceder a la modificación de los mismos. Este informe no tiene la consideración de acto administrativo recurrible. Madrid, 10 de diciembre de 2014 LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA UNIDAD DE MERCADO 10