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Timestamp: 2019-11-17 18:27:46
Document Index: 263722012

Matched Legal Cases: ['Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 15', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 66', 'artículo 36', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 17', 'artículo 1', 'artículo 1', 'Artículo 61', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 17', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 25', 'artículo 100', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 111', 'artículo 142', 'artículo 33', 'artículo 34', 'artículo 44', 'artículo 46', 'artículo 9', 'artículo 135', 'artículo 19', 'artículo 97', 'artículo 6', 'artículo 140', 'artículo 39', 'artículo 53', 'artículo 55', 'artículo 59', 'artículo 63', 'artículo 64', 'artículo 81', 'artículo 142', 'artículo 136', 'artículo 148', 'artículo 152', 'artículo 41', 'artículo 17', 'artículo 1', 'artículo 17', 'artículo 1', 'artículo 144', 'artículo 144', 'artículo 135', 'artículo 143', 'artículo 22', 'artículo 27', 'artículo 184', 'artículo 135', 'artículo 81', 'artículo 146', 'artículo 185', 'artículo 163', 'artículo 14', 'artículo 144', 'artículo 144', 'artículo 47', 'artículo 106', 'artículo 36', 'artículo 153', 'artículo 146', 'artículo 1', 'artículo 14', 'artículo 147', 'artículo 2', 'artículo 44', 'artículo 17', 'artículo 192', 'artículo 26', 'artículo 146', 'artículo 31', 'artículo 30', 'artículo 41', 'artículo 16', 'artículo 81', 'artículo 185', 'artículo 51', 'artículo 81', 'artículo 1', 'artículo 15', 'artículo 163', 'artículo 46', 'artículo 102', 'artículo 203', 'artículo 16', 'artículo 15', 'Artículo 61', 'artículo 1', 'artículo 92', 'artículo 146', 'artículo 45', 'artículo 6', 'artículo 16', 'artículo 21', 'artículo 31', 'artículo 33', 'artículo 38', 'artículo 39', 'artículo 44', 'artículo 53', 'artículo 55', 'artículo 63', 'artículo 17', 'artículo 1', 'artículo 1']

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 5/2012, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de inspección tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia
Publicado en BOB núm. 21 de 31 de Enero de 2012
Vigencia desde 31 de Enero de 2012. Revisión vigente desde 01 de Enero de 2013 hasta 02 de Diciembre de 2013
Primera Modificación del Reglamento de Estructura Orgánica del Departamento de Hacienda y Finanzas, aprobado por medio del Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 197/2011, de 13 de diciembre
Reglamento de inspección tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia.
Artículo 8 Personas con las que deben entenderse las actuaciones inspectoras
Artículo 9 Actuación por medio de representante legal
Artículo 10 Actuación por medio de representante voluntario
Artículo 11 Disposiciones comunes a la representación legal y voluntaria
Artículo. 14 Diligencias
Artículo 15 Contenido de las diligencias
Artículo 18 Carácter de las actas
Artículo 19 Lugar de las actuaciones de inspección
Artículo 20 Criterios para establecer el lugar de determinadas actuaciones de inspección
Artículo 21 Tiempo de las actuaciones
Artículo 22 Planes de inspección
Artículo 23 Clases de planes de inspección
Artículo 24 Elaboración de los planes de inspección
Artículo 25 Carácter de los planes de inspección
Artículo 26 Revisión de los planes de inspección
Artículo 27 Iniciación del procedimiento de comprobación e investigación
Artículo 28 Iniciación previa solicitud del obligado tributario
Artículo 29 Alcance del procedimiento de comprobación e investigación
Artículo 30 Iniciación del procedimiento
Artículo 31 Desarrollo del procedimiento
Artículo 32 Sustitución de actuarios
Artículo 34 Plazo máximo de duración
Artículo 35 Interrupciones justificadas
Artículo 36 Dilaciones imputables al obligado tributario
Artículo 37 Normas sobre cómputo del plazo
Artículo 38 Ampliación del plazo de duración de las actuaciones del procedimiento de comprobación e investigación
Artículo 39 Terminación mediante informe de inspección
Artículo 40 Actas de conformidad
Artículo 41 Actas de disconformidad
Artículo 42 Lugar de formalización de las actas
Artículo 43 Firma de las actas
Artículo 44 Tramitación de las actas de conformidad
Artículo 45 Tramitación de las actas de conformidad con compromiso de pago
Artículo 46 Tramitación de las actas de disconformidad
SECCIÓN 6. Liquidación
Artículo. 47 Liquidación de los intereses de demora
SECCIÓN 7. Normas especiales
Artículo 48 Declaración de responsabilidad solidaria
Artículo 49 Indicios sobre la comisión de delitos
Artículo 50 Estimación indirecta
Artículo 51 Actuaciones con entidades que tributen en régimen de consolidación fiscal o en régimen de grupo de entidades
Artículo 52 Tramitación del procedimiento
Artículo 53 Terminación del procedimiento
Artículo 55 Terminación del procedimiento
CAPÍTULO IV. Procedimiento de comprobación reducida
Artículo 56 Objeto del procedimiento de comprobación reducida
Artículo 57 Iniciación del procedimiento de comprobación reducida
Artículo 58 Plazo máximo de duración del procedimiento de comprobación reducida
Artículo 59 Terminación del procedimiento de comprobación reducida
Artículo 60 Efectos del procedimiento de comprobación reducida
CAPÍTULO V. Actuaciones de obtención de información
Artículo 62 Requerimientos para la obtención de información
Artículo 63 Actuaciones de obtención de información respecto de personas o entidades dedicadas al tráfico bancario o crediticio
Artículo 64 Actuaciones de valoración
Artículo 65 Procedimiento a seguir
CAPÍTULO VII. Otras actuaciones inspectoras
Artículo 66 Actuaciones de intervención en materia de Impuestos Especiales de Fabricación
Primera Procedimientos sancionadores
Segunda Competencias de los Jefes de los Servicios de Planificación y Auditoria Informática y de Actuaciones Inspectoras
Tercera Actuaciones inspectoras realizadas por determinados Inspectores-Jefes
Cuarta Aplicación supletoria
--> BOB 20 Febrero. Corrección de errores del DF 5/2012 de 24 Ene. Bizkaia (Regl. de Inspección tributaria)
Letra e) del artículo 36 redactada por la disposición adicional segunda del D Foral [BIZKAIA] 144/2014, 2 diciembre, por el que se modifica el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia y otros Reglamentos tributarios («B.O.B.» 9 diciembre). -->
Letra b) del número 1 del artículo 2 redactada, con efectos a partir de 1 de enero de 2014, por el número Uno del artículo 1 del D Foral [BIZKAIA] 147/2013, 25 noviembre, por el que se modifican el Reglamento de inspección tributaria y el Reglamento sancionador tributario del Territorio Histórico de Bizkaia («B.O.B.» 2 diciembre). --> Letra g) del número 1 del artículo 17 eliminada, con efectos a partir de 1 de enero de 2014, por el número Dos del artículo 1 del D Foral [BIZKAIA] 147/2013, 25 noviembre, por el que se modifican el Reglamento de inspección tributaria y el Reglamento sancionador tributario del Territorio Histórico de Bizkaia («B.O.B.» 2 diciembre). --> Letra l) de la disposición adicional segunda eliminada, con efectos a partir de 1 de enero de 2014, por el número Cuatro del artículo 1 del D Foral [BIZKAIA] 147/2013, 25 noviembre, por el que se modifican el Reglamento de inspección tributaria y el Reglamento sancionador tributario del Territorio Histórico de Bizkaia («B.O.B.» 2 diciembre). -->
Número 4 del Artículo 61 introducido, por el número Tres del artículo 1 del D Foral [BIZKAIA] 147/2013, 25 noviembre, por el que se modifican el Reglamento de inspección tributaria y el Reglamento sancionador tributario del Territorio Histórico de Bizkaia («B.O.B.» 2 diciembre). -->
--> DF 140/2012, de 16 Oct. Bizkaia (modificación del Reglamento de inspección tributaria y el Reglamento sancionador tributario del Territorio Histórico de Bizkaia)
Letra b) del número 1 del artículo 2 redactada, con efectos desde el día 1 de enero de 2013, por el número Uno del artículo 1 del D Foral [BIZKAIA] 140/2012, 16 octubre, por el que se modifican el Reglamento de inspección tributaria y el Reglamento sancionador tributario del Territorio Histórico de Bizkaia («B.O.B.» 23 octubre). --> Letra g) del número 1 del artículo 17 introducida, con efectos desde el día 1 de enero de 2013, por el número Dos del artículo 1 del D Foral [BIZKAIA] 140/2012, 16 octubre, por el que se modifican el Reglamento de inspección tributaria y el Reglamento sancionador tributario del Territorio Histórico de Bizkaia («B.O.B.» 23 octubre). --> Letra l) de la disposición adicional segunda introducida, con efectos desde el día 1 de enero de 2013, por el número Tres del artículo 1 del D Foral [BIZKAIA] 140/2012, 16 octubre, por el que se modifican el Reglamento de inspección tributaria y el Reglamento sancionador tributario del Territorio Histórico de Bizkaia («B.O.B.» 23 octubre). -->
--> Instrucción 6/2008 de 24 Oct. Bizkaia (criterios para la tramitación del procedimiento de comprobación restringida por parte de la inspección de los tributos)
Véase Instrucción 6/2008, 24 octubre, de la Dirección General de Hacienda, por la que se establecen criterios para la tramitación del procedimiento de comprobación restringida por parte de la Inspección de los Tributos del Territorio Histórico de Bizkaia. -->
D. Foral [BIZKAIA] 5/2012, 24 enero, rectificado por Corrección de errores («B.O.B.» 20 febrero). -->
La Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, supuso una renovación y actualización integrales de nuestra normativa tributaria general, produciendo una revisión en profundidad de la estructura y de las normas de procedimiento que debe aplicar la Administración tributaria en el ejercicio de sus funciones.
El Decreto Foral 99/2005, de 21 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de inspección tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, vino a dar cumplimiento a las necesidades de desarrollo reglamentario de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia en el ámbito de la función inspectora, teniendo presentes una serie de premisas relevantes.
Pero además, la evolución reciente de la propia organización de la Administración tributaria, con la creación de órganos especializados encargados de los procedimientos de aplicación de los tributos en relación con determinados grupos de contribuyentes, tratando con ello de optimizar el empleo de los recursos, aconsejaron establecer un marco general de actuación de las funciones de inspección correspondientes a la Administración tributaria que disciplinase conforme a unos mismos criterios la actuación de todos ellos.
Además, hay que tener presente que la nueva Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia introdujo importantes cambios en la regulación de las funciones de inspección tributaria, con una nueva y más completa sistematización de las actuaciones inspectoras y con una regulación más extensiva de los diferentes procedimientos en la propia Norma Foral.
El Reglamento de inspección tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia aprobado por medio del Decreto Foral 99/2005, de 21 de junio, ha servido con acierto al asentamiento de los nuevos procedimientos de inspección y al desarrollo de las funciones de comprobación e investigación que se quisieron implementar a partir de la aprobación de la nueva Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia.
Ahora bien, el transcurso de más de seis años en la aplicación de la misma y del propio Reglamento de inspección tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, así como los cambios organizativos y estructurales que se acometieron en la Subdirección de Inspección en el año 2009, junto con la implantación y generalización del empleo de las técnicas de auditoria informática en el curso de los procedimientos inspectores, han hecho que sea preciso introducir en este tiempo modificaciones en el ámbito del desempeño de los procedimientos de inspección, así como realizar nuevas modificaciones para, partiendo de la experiencia acumulada, mejorar aún más los instrumentos de lucha contra el fraude a disposición de la Administración tributaria, teniendo presente que la mejora continua en este ámbito es uno de los ejes esenciales en los que se basa la política tributaria de la Diputación Foral de Bizkaia.
Desde este punto de vista, realizar una nueva modificación del Reglamento de inspección tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia vigente no se manifiesta como una de las mejores opciones de técnica normativa, en la medida en que la seguridad jurídica y la simplificación de las normas tributarias aconsejan que se realice una actualización completa del Reglamento de inspección tributaria, lo que va a facilitar su manejo sistemático y su utilización por todos los interesados.
Entre las novedades que se pueden destacar del Reglamento que se aprueba por medio del presente Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia, hay que hacer notar que se realiza, por vez primera en nuestra historia normativa, una regulación de las reglas a aplicar en los procedimientos de comprobación e investigación que se refieran a grupos fiscales que tributen en el régimen de consolidación fiscal en el Impuesto sobre Sociedades y a grupos de entidades que tributen en el régimen especial de los grupos de entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido, tras haber alcanzado un acuerdo al respecto con las demás Administraciones tributarias que pueden resultar afectadas por el mismo, y con la que se pretende clarificar las reglas aplicables a la comprobación e investigación de esos supuestos especiales de tributación.
Por otro lado, se crea un nuevo procedimiento de inspección, en base a la habilitación establecida al respecto en la propia Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, el procedimiento de comprobación reducida, que pensado fundamentalmente para que se desarrolle a partir de actuaciones de los Agentes Fiscales, permita regularizar la situación tributaria de un mayor número de obligados tributarios con una optimización del empleo de los recursos humanos y materiales de los que dispone la Inspección Foral de los Tributos, aumentando de esta manera la eficacia de las actuaciones de lucha contra el fraude fiscal y la percepción ciudadana de un aumento de los mecanismos de control a disposición de la Administración tributaria, como una prueba más del compromiso firme de la Diputación Foral de Bizkaia en la reducción al máximo del fraude fiscal.
En virtud de todo lo expuesto y a propuesta del diputado foral de Hacienda y Finanzas, previa deliberación y aprobación de la Diputación Foral en su reunión de 24 de enero de 2012,.
Se modifican los apartados 4 a 7 del artículo 25 del Reglamento de Estructura Orgánica del Departamento de Hacienda y Finanzas, aprobado por medio del Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 197/2011, de 13 de diciembre, quedando redactados como sigue:
«4. La ejecución en el ámbito de sus competencias de los planes y programas de actuación definidos en ejecución del Plan de Lucha contra el Fraude de la Hacienda Foral de Bizkaia, incluido el desarrollo del Plan de Inspección, en relación con obligados tributarios que estén siendo objeto de procedimientos concursales. En el supuesto de varios obligados tributarios que fueran integrantes de una unidad familiar, en los términos definidos en el artículo 100 de la Norma Foral 6/2006, de 29 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, será suficiente, a estos efectos, que uno de sus integrantes viniera siendo objeto de procedimiento concursal.
No obstante, en los supuestos en los que los obligados tributarios que sean objeto de procedimientos concursales ya estuvieran siendo objeto de un procedimiento inspector cuyo inicio hubiera sido notificado, será el mismo órgano que lo hubiera iniciado el que se encargará de la comprobación e investigación de las cuestiones relacionadas con el procedimiento concursal.
5. La investigación de los hechos imponibles para el descubrimiento de los que sean ignorados por la Administración en relación con los obligados tributarios a que se refiere el número 4 anterior.
6. La integración definitiva de las bases tributarias, mediante las actuaciones de comprobación en los supuestos de estimación directa y objetiva y a través de las actuaciones inspectoras correspondientes a la estimación indirecta en relación con los obligados tributarios a que se refiere el número 4 anterior.
7. La comprobación de la exactitud de las deudas tributarias ingresadas en virtud de autoliquidaciones en relación con los obligados tributarios a que se refiere el número 4 anterior.»
Todas las referencias que se realizan en otras disposiciones del ordenamiento tributario foral del Territorio Histórico de Bizkaia al Reglamento de inspección tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, aprobado por medio del Decreto Foral 99/2005, de 21 de junio, se entenderán realizadas a los preceptos correspondientes del Reglamento que se aprueba por medio del presente Decreto Foral.
A la entrada en vigor del presente Decreto Foral quedarán derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en el mismo y, en particular, el Reglamento de inspección tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, aprobado por medio del Decreto Foral 99/2005, de 21 de junio.
En tanto no se dicten unas nuevas, continuarán vigentes las normas dictadas en desarrollo del Reglamento de inspección tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, aprobado por medio del Decreto Foral 99/2005, de 21 de junio, en tanto no se opongan a lo establecido en el Reglamento que se aprueba por medio del presente Decreto Foral.
El presente Decreto Foral entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Bizkaia, produciendo efectos a partir del 1 de febrero de 2012.
Se habilita al diputado foral de Hacienda y Finanzas para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo previsto en este Decreto Foral.
1. El presente Reglamento complementa y desarrolla la regulación establecida en la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, en relación con el ejercicio de las potestades y funciones de inspección y será de aplicación a la Administración tributaria foral.
2. La Diputación Foral ejercerá sus competencias en materia de inspección tributaria en todo el territorio del Estado. No obstante, solicitará la colaboración de los órganos inspectores de la Administración correspondiente cuando deba realizar fuera del Territorio Histórico de Bizkaia:
b) Inspector-Jefe: Responsable de coordinar, impulsar y controlar la tramitación de los procedimientos y de dar el visto bueno a las propuestas de regularización contenidas en las actas.
--> Letra b) del número 1 del artículo 2 redactada, con efectos desde el día 1 de enero de 2013, por el número Uno del artículo 1 del D Foral [BIZKAIA] 140/2012, 16 octubre, por el que se modifican el Reglamento de inspección tributaria y el Reglamento sancionador tributario del Territorio Histórico de Bizkaia («B.O.B.» 23 octubre).Vigencia: 1 enero 2013 Efectos / Aplicación: 1 enero 2013
Letra b) del número 1 del artículo 2 redactada, con efectos a partir de 1 de enero de 2014, por el número Uno del artículo 1 del D Foral [BIZKAIA] 147/2013, 25 noviembre, por el que se modifican el Reglamento de inspección tributaria y el Reglamento sancionador tributario del Territorio Histórico de Bizkaia («B.O.B.» 2 diciembre).
a) Inspectores de Finanzas del Estado, inspectores de Finanzas e inspectores de Tributos.
c) En relación con las actuaciones inspectoras que se realicen en el ámbito competencial del Servicio de Coordinación y Control Interno, el jefe del Servicio de Coordinación y Control Interno.
c) En relación con las actuaciones inspectoras que se realicen en el ámbito competencial del Servicio de Coordinación y Control Interno, el subdirector de Coordinación y Asistencia Técnica.
d) El procedimiento de comprobación reducida.
e) Las actuaciones de obtención de información.
f) Las actuaciones de valoración.
g) Las actuaciones de intervención en materia de Impuestos Especiales de Fabricación.
b) Contabilidad del obligado tributario comprendiendo tanto los registros y soportes contables como los justificantes de las anotaciones realizadas y las hojas previas o accesorias de dichas anotaciones, así como los contratos y documentos con trascendencia tributaria. Los estados contables deberán ir acompañados de los desgloses y comentarios precisos para la adecuada comprensión de la información financiera.
f) Cuantos datos, informes y antecedentes puedan procurarse legalmente.
3. Cuando el actuario requiera al obligado tributario para que aporte datos, informes u otros antecedentes que no resulten de la documentación que ha de hallarse a disposición de la Administración tributaria ni de los justificantes o de los hechos o circunstancias consignadas en sus declaraciones, se le concederá un plazo no inferior a diez días para cumplir con su deber de colaboración, excepto que ya haya sido requerido anteriormente dentro del mismo procedimiento de inspección para la aportación de los mismos, en cuyo caso se podrá exigir el cumplimiento en un plazo inferior.
2. Los interesados deberán permitir el acceso de los actuarios a sus oficinas donde hayan de tener a disposición de la Administración tributaria su contabilidad y demás documentos y justificantes concernientes a su negocio durante la jornada laboral aprobada para cada empresa.
3. Se precisará autorización del Director General de Hacienda, cuando la entrada y reconocimiento se intenten respecto de fincas o lugares donde no se desarrollen actividades de naturaleza empresarial o profesional y cuando el interesado o la persona bajo cuya custodia se encuentren las fincas se opusiesen a la entrada de los actuarios, sin perjuicio, en todo caso, de la adopción de las medidas cautelares que procedan.
4. Cuando la entrada y reconocimiento se refieran al domicilio constitucionalmente protegido de un obligado tributario se aplicará lo dispuesto en el artículo 111 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia. A tal fin, se requerirá expresamente del interesado si consiente el acceso, advirtiéndole de sus derechos.
No obstante, se considerará que el interesado o el encargado de la custodia de las fincas prestan su conformidad a la entrada o reconocimiento cuando ejecuten los actos normalmente necesarios que de ellos dependan para que aquellas operaciones puedan llevarse a cabo.
Si no se obtuviera el consentimiento del interesado, se cursará la petición del mandamiento a la Autoridad Judicial correspondiente por parte del Director General de Hacienda, al que se remitirá informe motivado por parte de los actuarios con el visto bueno del Inspector-Jefe.
5. Si, en cualquiera de los casos de los apartados 3 y 4 anteriores, se produce la revocación del consentimiento del obligado tributario para la permanencia en los lugares en los que se estén desarrollando las actuaciones, los actuarios, antes de la finalización de éstas, podrán adoptar las medidas cautelares reguladas en el artículo 142 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia y en el artículo 33 del presente Reglamento.
1. En los puertos, estaciones de ferrocarril y de transportes terrestres y en los aeropuertos, en los mercados centrales, mataderos, lonjas y lugares de naturaleza análoga, se permitirá libremente la entrada de los actuarios a sus estaciones, muelles y oficinas para la toma de datos de facturaciones, entradas y salidas, pudiendo requerirse a los empleados para que certifiquen la exactitud de los datos y antecedentes tomados.
1. Quienes hubieren ocupado los órganos a quienes corresponda la representación de las personas jurídicas cuando se devengaron o debieron haberse cumplido las correspondientes obligaciones o deberes, y no lo hicieran en el momento de realizarse las actuaciones inspectoras, deberán atender los requerimientos de los actuarios, actuando en su propio nombre, sin vincular a la entidad, si fuese conveniente para facilitar el desarrollo de las mismas.
2. En el caso de actuaciones o procedimientos relativos a personas físicas fallecidas o a personas jurídicas o demás entidades disueltas o extinguidas, deberán actuar ante la Administración las personas a las que, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 38 y 39 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, se transmitan los correspondientes derechos, obligaciones y, en su caso, sanciones tributarias.
3. En caso de entidades en fase de liquidación, cuando las actuaciones administrativas tengan lugar antes de la extinción de la personalidad jurídica de las mismas, dichas actuaciones se entenderán con los liquidadores. Disuelta y liquidada la entidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, incumbe a los liquidadores comparecer ante la Administración si son requeridos para ello en cuanto representantes anteriores de la entidad y custodios, en su caso, de los libros y la documentación de la misma. Si los libros y la documentación se hallasen depositados en un registro público, el órgano competente podrá examinarlos en dicho registro y podrá requerir la comparecencia de los liquidadores cuando fuese preciso para dichas actuaciones.
4. En los supuestos de solidaridad de varios obligados tributarios por la concurrencia en un mismo presupuesto de hecho de una obligación, las actuaciones y procedimientos podrán realizarse con cualquiera de los obligados tributarios que concurran en el presupuesto de hecho de la obligación objeto de las actuaciones o procedimientos.
5. Tratándose de entidades a que se refiere el apartado 3 del artículo 34 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, las actuaciones de gestión que tengan por objeto examinar el adecuado cumplimiento de sus obligaciones tributarias, incluidas las de carácter formal, se desarrollarán con quien tenga su representación de acuerdo con lo establecido en el apartado 3 del artículo 44 de dicha Norma Foral.
6. En el caso de obligados tributarios no residentes que operen en territorio español mediante establecimiento permanente, las actuaciones de la Administración se realizarán con el representante designado por el obligado tributario, de acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia y en el artículo 9 de la Norma Foral 5/1999, de 15 de abril, del Impuesto sobre la Renta de No Residentes.
7. La comprobación de la situación tributaria de las Uniones Temporales de Empresas, Agrupaciones de Interés Económico y demás entidades obligadas a imputar rentas se desarrollará con éstas, sin perjuicio del derecho de sus socios o miembros a oponer todos los motivos de impugnación que estimen convenientes durante la tramitación del procedimiento que se instruya frente a cada uno de ellos en el que se tenga en cuenta los resultados de las actuaciones desarrolladas con la entidad.
2. Quienes ostentaron su representación legal deberán actuar asimismo a requerimiento de los actuarios, particularmente para hacer frente a sus responsabilidades como sujetos infractores.
3. El representante legal deberá acreditar su condición ante los actuarios. No obstante, se podrán considerar representantes a aquellas personas que figuren inscritas como tales en los correspondientes registros públicos.
Cuando en el curso de un procedimiento o actuación inspectora se modifique o se extinga la representación legal, las actuaciones realizadas se reputarán válidas y eficaces, en tanto no se comunique tal circunstancia a los actuarios que lleven a cabo las actuaciones.
2. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 135 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, la Inspección Foral de los Tributos podrá requerir de forma excepcional y motivada la comparecencia personal del obligado tributario en cualquiera de los lugares a que se refiere el artículo 19 del presente Reglamento, cuando la naturaleza de las actuaciones a realizar así lo exija.
Entre otros supuestos, se entenderá que concurre esta circunstancia:
1. Actuando el obligado tributario en un procedimiento de inspección por medio de representante, si fuese preciso deberá éste acreditar su representación desde el primer momento.
2. Las manifestaciones hechas por personas que hayan comparecido sin poder suficiente tendrán el valor probatorio que proceda con arreglo a Derecho.
3. Se entenderán subsanadas inmediatamente la falta o insuficiencia del poder del representante con el que se hubiesen practicado las actuaciones precedentes si el obligado tributario impugna los actos derivados de las diligencias, informes o actas de inspección sin invocar tales circunstancias o ingresa el importe de la deuda tributaria liquidada.
4. Los actuarios podrán exigir la acreditación de la identidad, carácter y facultades de la persona o personas con cuyo concurso y asistencia se vayan a realizar las actuaciones.
5. Cuando en la resolución de un recurso o reclamación económico-administrativa se anule la resolución o la liquidación administrativa por falta o insuficiencia del poder de representación, se ordenará la retroacción de las actuaciones al momento en que se debió acreditar la representación o se aportó el poder que se estima insuficiente y conservarán su validez las actuaciones y pruebas del procedimiento de aplicación de los tributos realizadas sin intervención del representante con el que se entendieron las actuaciones.
En su caso, se indicará la finalización de otro procedimiento de aplicación de los tributos cuando dicha finalización se derive de la comunicación de inicio que se notifica.
4. Las comunicaciones, una vez firmadas por los actuarios, se notificarán a los interesados. El acto de notificación podrá diligenciarse en el propio documento de la comunicación.
1. Las diligencias, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 8 del artículo 97 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, podrán ser documentos preparatorios de las actas o informes que pongan fin al procedimiento, o bien servir para constancia de aquellos hechos o circunstancias determinantes de la iniciación de un procedimiento diferente, incorporándose en documento independiente la propuesta de los actuarios con este fin.
e) La representación otorgada mediante declaración en comparencia personal del obligado tributario ante la Inspección Foral de los Tributos.
f) Los hechos o circunstancias que constituyen el contenido propio de la diligencia.
g) Las alegaciones o manifestaciones con relevancia tributaria realizadas, en su caso, por el obligado tributario.
h) El procedimiento o actuación en cuyo curso se expide.
i) Las interrupciones justificadas y las dilaciones imputables al obligado tributario.
3. Las diligencias recogerán, asimismo, los resultados de las actuaciones de obtención de información a que se refiere el Capítulo V del Título II del presente Reglamento.
b) Los hechos que conozca la Administración tributaria, a través de cualesquiera de sus órganos, y sean de trascendencia para otras Administraciones Públicas.
j) Los hechos que pudieran infringir la legislación mercantil, financiera u otras.
1. Los órganos con funciones de inspección deberán emitir informe:
a) Cuando se solicite autorización a la Autoridad Judicial correspondiente para la entrada y reconocimiento de fincas, según lo dispuesto en el artículo 6 del presente Reglamento.
b) Cuando sea preciso solicitar autorización para desarrollar las actuaciones de inspección en días y horas diferentes a los establecidos en el artículo 140 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia.
d) Cuando proceda la terminación del procedimiento de comprobación e investigación sin formalizar las correspondientes actas, en los términos establecidos en el artículo 39 del presente Reglamento.
e) Cuando resulte aplicable el régimen de estimación indirecta de bases o cuotas tributarias o proceda la utilización de métodos indiciarios.
f) Para poner en conocimiento de los órganos competentes la identidad de quienes sean responsables solidarios o puedan serlo subsidiariamente de la deuda tributaria, así como las circunstancias y antecedentes determinantes de tal responsabilidad y su alcance.
g) Cuando se aprecien indicios de la comisión de delitos contra la Hacienda Pública o de cualquier otro delito no perseguible únicamente a instancia de la persona agraviada.
h) Para documentar las conclusiones de un procedimiento de comprobación restringida, según dispone el artículo 53 del presente Reglamento.
i) Para documentar las conclusiones de un procedimiento de regularización sin presencia del obligado tributario, según lo dispuesto en el artículo 55 del presente Reglamento.
j) Para documentar las conclusiones de un procedimiento de comprobación reducida, según lo dispuesto en el artículo 59 del presente Reglamento.
k) Cuando se solicite autorización para iniciar actuaciones de obtención de información acerca de personas o entidades que desarrollen actividades bancarias o crediticias y que afecten a movimientos de cuentas u operaciones conforme a lo dispuesto en el artículo 63 del presente Reglamento.
l) Para documentar las conclusiones derivadas de actuaciones de obtención de información realizadas conforme a los artículos 61 y siguientes del presente Reglamento.
m) Para recoger el resultado de las actuaciones de valoración realizadas a petición de otros órganos, según lo dispuesto en el artículo 64 del presente Reglamento.
n) Para recoger los resultados de la comprobación de las regularizaciones o actualizaciones de balances efectuadas por los obligados tributarios.
ñ) Para recoger los hechos, circunstancias y elementos necesarios para iniciar el procedimiento para la aplicación de la cláusula anti-elusión, cuando dicho procedimiento se inicie como consecuencia de actuaciones o procedimientos de inspección o en el curso de los mismos.
o) Para completar aquellas diligencias que recojan hechos que pudieran ser constitutivos de infracción tributaria, detallando las circunstancias que concurran en la misma, a efectos de aplicación de las sanciones procedentes, cuando los actuarios no sean competentes para la instrucción del correspondiente procedimiento sancionador.
p) Para completar las diligencias que recojan hechos y circunstancias que determinasen, a juicio de los actuarios, la imposición de sanciones no pecuniarias.
q) Para documentar lo actuado por la Unidad de Auditoria Informática de la Subdirección de Inspección en los supuestos de colaboración y asistencia técnica previstos en el presente Reglamento.
r) Para documentar los indicios de la procedencia de iniciar un procedimiento de revocación del régimen especial de las Sociedades de Promoción de Empresas en el Impuesto sobre Sociedades.
s) Para documentar la concurrencia de indicios de la necesidad de promover un procedimiento de rectificación del domicilio fiscal.
t) Cuando se acredite la concurrencia de elementos que aconsejen iniciar un procedimiento para plantear un conflicto de competencias ante la Junta Arbitral prevista en los artículos 65 y siguientes del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco.
u) Para documentar la concurrencia de indicios para la adopción de medidas cautelares al amparo de lo dispuesto en el artículo 81 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia o para la ratificación, modificación o levantamiento de las medidas cautelares que hayan sido adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 142 de la citada Norma Foral.
v) Para documentar las conclusiones de las actuaciones de intervención realizadas con el fin de verificar el cumplimiento de la normativa tributaria en materia de Impuestos Especiales de Fabricación, Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos e Impuesto Especial sobre el Carbón.
x) Cualquier otro informe cuya necesidad se derive de la aplicación de la normativa tributaria.
2. Asimismo, cuando así les sea solicitado y sin perjuicio de las competencias propias de otros órganos de la Administración, los órganos con funciones de inspección informarán y asesorarán en materias de carácter económico, financiero, jurídico o técnico relacionadas con el ejercicio de sus funciones a otro órganos administrativos o judiciales, así como a cualquier organismo que lo solicite, de conformidad con lo establecido en la normativa de aplicación.
3. Siempre que el actuario lo estime necesario para la aplicación de los tributos podrá emitir informe, justificando la conveniencia de hacerlo.
Los actuarios podrán emitir informe para describir la situación de los bienes o derechos del obligado tributario al objeto de facilitar la gestión recaudatoria del cobro de las deudas tributarias.
1. En las actas de inspección a que se refiere el apartado 2 del artículo 136 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia se consignarán, además de las menciones recogidas en el artículo 148 de la mencionada Norma Foral, las siguientes:
b) La fecha de inicio de las actuaciones inspectoras y el criterio seguido en el cómputo del plazo de duración de las mismas, las ampliaciones de plazo que, en su caso, se hubieran producido, así como las incidencias relativas a las interrupciones justificadas o injustificadas que se hubieran producido y a las dilaciones imputables al obligado tributario.
c) Asimismo, se hará constar si el interesado ha presentado o no alegaciones durante la tramitación del procedimiento y, en el caso de que las hubiera efectuado, deberá realizarse una valoración de las mismas. No obstante, cuando se suscriba un acta de disconformidad, la valoración de las alegaciones presentadas podrá incluirse en el informe a que se refieren el apartado 1 del artículo 152 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia y el apartado 3 del artículo 41 del presente Reglamento.
e) El carácter previo o definitivo del acta. Cuando se formalice un acta previa, deberá hacerse constar este extremo expresamente, señalando las circunstancias determinantes de su formalización con tal carácter y los elementos del hecho imponible o de su valoración a que se haya extendido la comprobación inspectora.
f) La existencia o inexistencia, en opinión del actuario, de indicios de la comisión de infracciones tributarias.
g) El visto bueno del Inspector-Jefe.
--> Letra g) del número 1 del artículo 17 introducida, con efectos desde el día 1 de enero de 2013, por el número Dos del artículo 1 del D Foral [BIZKAIA] 140/2012, 16 octubre, por el que se modifican el Reglamento de inspección tributaria y el Reglamento sancionador tributario del Territorio Histórico de Bizkaia («B.O.B.» 23 octubre).Vigencia: 1 enero 2013 Efectos / Aplicación: 1 enero 2013
Letra g) del número 1 del artículo 17 eliminada, con efectos a partir de 1 de enero de 2014, por el número Dos del artículo 1 del D Foral [BIZKAIA] 147/2013, 25 noviembre, por el que se modifican el Reglamento de inspección tributaria y el Reglamento sancionador tributario del Territorio Histórico de Bizkaia («B.O.B.» 2 diciembre).
Igualmente se formalizará un acta por cada año natural cuando se comprueben todos los períodos de declaración correspondientes al mismo en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido, los Impuestos Especiales de Fabricación, el Impuesto Especial sobre el Carbón y el Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, así como con las obligaciones que incumben a los retenedores y obligados a realizar ingresos a cuenta. Si la comprobación no se realiza en relación con todos los períodos de declaración correspondientes al año natural, se formalizará un acta por cada período de declaración comprobado.
Véase O Foral [BIZKAIA] 3208/2012, 26 diciembre, por la que se aprueban los modelos de actas de inspección tributaria («B.O.B.» 11 enero 2013).-->
6. Las actas se extenderán por duplicado, entregándose siempre un ejemplar de las mismas a la persona con las que se entiendan las actuaciones.
1. Las actas de inspección podrán extenderse con el carácter de previas o definitivas.
Cuando las actuaciones del procedimiento de comprobación e investigación tengan alcance parcial y no afecten a la totalidad de los elementos de la obligación tributaria en el período objeto de la comprobación, las actas se extenderán con carácter de previas.
Cuando las actuaciones del procedimiento de procedimiento de comprobación e investigación tengan alcance general en relación con la obligación tributaria y período comprobado, las actas serán definitivas, salvo en los casos a que se refieren los apartados 2, 3 y 4 de este artículo, en los que tendrán el carácter de previas.
3. De acuerdo con lo dispuesto en la letra a) del apartado 3 del artículo 144 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, procederá la incoación de un acta con el carácter de previa, entre otros supuestos, cuando se produzcan estas circunstancias:
c) Cuando los actuarios no hayan podido ultimar la comprobación o investigación de los hechos o bases imponibles y sea necesario suspender las actuaciones, siendo posible la liquidación provisional.
d) Cuando se compruebe el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el Impuesto sobre la Renta de No Residentes o el Impuesto sobre el Patrimonio en tanto no se hayan comprobado las autoliquidaciones del mismo año natural por el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto sobre la renta que proceda.
e) Cuando se lleven a cabo actuaciones inspectoras en relación con los socios de una sociedad o entidad en régimen de imputación de bases imponibles o de rentas, en tanto no se ultime la comprobación de la situación tributaria de la entidad.
f) Cuando se compruebe el Impuesto sobre la Renta de No Residentes y no se haya comprobado el impuesto directo del pagador de los correspondientes rendimientos.
g) Cuando se compruebe la actividad de un grupo de personas o entidades vinculadas y no se haya finalizado la comprobación de todas ellas.
h) Cuando se proponga una regularización que anule o minore la deuda tributaria inicialmente autoliquidada como consecuencia de la regularización de algunos elementos de la obligación tributaria porque deba ser imputado a otro obligado tributario o a un tributo o período distinto del regularizado, siempre que la liquidación resultante de esta imputación no haya adquirido firmeza.
i) Cuando exista una reclamación judicial o proceso penal que afecte a los hechos comprobados.
j) Cuando no se haya podido finalizar la comprobación e investigación de los elementos de la obligación tributaria como consecuencia de no haberse obtenido los datos solicitados a terceros.
k) Cuando se compruebe la procedencia de una devolución y las actuaciones inspectoras se hayan limitado exclusivamente a constatar que el contenido de la declaración, autoliquidación o solicitud presentada se ajusta formalmente a lo anotado en la contabilidad, registros y justificantes contables o extracontables del obligado tributario, sin perjuicio de la posterior comprobación completa de su situación tributaria.
l) Cuando se realicen actuaciones de comprobación e investigación por los actuarios encargados de la Intervención en materia de Impuestos Especiales. En estos casos, se formalizará un acta con el carácter de previa respecto de los elementos de la obligación tributaria que son objeto de regularización.
4. De acuerdo con lo dispuesto en la letra b) del apartado 3 del artículo 144 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, procederá la incoación de un acta con el carácter de previa, entre otros supuestos, en los siguientes:
a) Cuando se haya planteado un supuesto de aplicación de la cláusula anti-elusión y no constituya el objeto único de la regularización, siempre que sea posible la práctica de liquidación provisional por los restantes elementos de la obligación tributaria, en cuyo caso ser formalizará un acta con el carácter de previa respecto a los demás elementos de la obligación tributaria no relacionados con la aplicación de la cláusula anti-elusión.
El procedimiento de inspección deberá continuar respecto de los demás elementos de la obligación tributaria.
c) Cuando en un procedimiento de inspección se realice una comprobación de valores, bien se trate de la comprobación del valor de mercado de operaciones realizadas con personas o entidades vinculadas o de cualquier otra comprobación de valor, de la que se derive una deuda a ingresar y se regularicen otros elementos de la obligación tributaria. En este supuesto se formalizará un acta previa respecto de los demás elementos de la obligación tributaria no relacionados con la valoración y un acta definitiva, en su caso, respecto de todos los elementos de la obligación tributaria, estén o no relacionados con la valoración.
d) En los supuestos en los que el obligado tributario acepte parcialmente la propuesta de regularización, en cuyo caso se formalizará un acta con el carácter de previa en relación con la parte de la regularización que se acepte por parte del obligado y un acta con el carácter de definitiva en la parte correspondiente a la disconformidad del mismo.
e) Cuando así se determine en otras disposiciones con rango de Ley o Norma Foral o en disposiciones reglamentarias.
1. Previa conformidad del interesado o su representante podrán examinarse en las oficinas públicas, o en cualquier otro lugar en el que así se acuerde, determinados documentos a los que se refiere el apartado 1 del artículo 135 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, o bien todos ellos, únicamente si lo justifican la naturaleza de la actividad o el volumen notoriamente reducido de la documentación a examinar.
3. En los supuestos establecidos en la letra b) del apartado 2 anterior, será preceptivo obtener la previa autorización del Director General de Hacienda, al que se remitirá el correspondiente informe con el visto bueno del Inspector-Jefe.
La modificación de los conceptos tributarios y períodos impositivos objeto del procedimiento requerirá nuevo acuerdo del Director General de Hacienda. Cuando esta modificación sea propuesta por los actuarios encargados de la tramitación del procedimiento, éstos dirigirán escrito razonado al Inspector-Jefe, que lo tramitará a través de la Subdirección de Coordinación y Asistencia Técnica para su elevación al Director General de Hacienda.
1. Las propuestas de planes de inspección serán elaboradas por el Inspector-Jefe, de acuerdo con las directrices emanadas, en su caso, de los órganos superiores del Departamento de Hacienda y Finanzas, llevarán el visto bueno del órgano competente para dictar los actos administrativos resultantes del procedimiento y serán remitidas a la Subdirección de Coordinación y Asistencia Técnica de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Estructura Orgánica del Departamento de Hacienda y Finanzas.
2. Las propuestas de inclusión de obligados tributarios en los planes de inspección serán tramitadas a través de la Subdirección de Coordinación y Asistencia Técnica, para su elevación al Director General de Hacienda.
2. Las propuestas de exclusión de obligados tributarios de los planes de inspección serán tramitadas a través de la Subdirección de Coordinación y Asistencia Técnica, para su elevación al Director General de Hacienda.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 143 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, las actuaciones de los procedimientos de comprobación e investigación se podrán iniciar, además, a petición del obligado tributario cuando exista causa fundada para su petición.
3. La solicitud de iniciación de un procedimiento de comprobación e investigación realizada por el obligado tributario, se elevará al Director General de Hacienda, a través de la Subdirección de Coordinación y Asistencia Técnica, a los efectos de que acuerde la iniciación o no del procedimiento, conforme a los principios a los que se refiere el apartado 2 del artículo 22 del presente Reglamento.
a) En planes de inspección específicos, cuando así se haya acordado por parte del Director General de Hacienda.
b) En planes de inspección generales, cuando así se acuerde por parte del Inspector-Jefe, haciéndolo constar por el actuario al inicio de las actuaciones inspectoras mediante la correspondiente comunicación en la que se indicará de forma expresa, los tributos, deberes, ejercicios y períodos que van a ser objeto de comprobación e investigación.
c) Cuando venga exigido por normas legales o reglamentarias.
1. Las actuaciones del procedimiento de comprobación e investigación podrán iniciarse mediante comunicación notificada al obligado tributario para que se persone en el lugar, día y hora que se le señale, conforme a lo dispuesto en la sección 1ª del Capítulo III del Título I del presente Reglamento, teniendo a disposición de la inspección o aportándole la documentación y demás elementos que se estimen necesarios. En dicha comunicación se indicará al obligado tributario el alcance de las actuaciones a desarrollar.
En caso de actuaciones de alcance parcial deberán comunicarse los elementos que vayan a ser comprobados o los excluidos de ellas. Así mismo, se le comunicarán al obligado tributario sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones. La misma indicación se hará cuando se modifique, amplíe o reduzca el alcance inicial de las actuaciones.
Cuando se requiera al interesado para que comparezca en las oficinas públicas un día determinado, entre éste y la notificación del requerimiento mediará un plazo mínimo de 10 días.
b) Las declaraciones o autoliquidaciones tributarias que presente el obligado tributario una vez iniciadas las actuaciones o procedimientos, en relación con las obligaciones tributarias y períodos objeto de la actuación o procedimiento, en ningún caso iniciarán un procedimiento de devolución ni ningún otro procedimiento de aplicación de los tributos, ni producirán los efectos previstos en el artículo 27 y en el apartado 3 del artículo 184 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, sin perjuicio de que en la liquidación que, en su caso, se practique se pueda tener en cuenta la información contenida en dichas declaraciones o autoliquidaciones.
Asimismo, los ingresos efectuados por el obligado tributario con posterioridad al inicio de las actuaciones o procedimientos, en relación con las obligaciones tributarias y períodos objeto de los mismos, tendrán carácter de ingresos a cuenta sobre el importe de la liquidación que, en su caso, se practique, sin que esta circunstancia impida la imposición de las sanciones que puedan corresponder por la comisión de las infracciones tributarias concurrentes. En este caso, no se devengarán intereses de demora sobre la cantidad ingresada desde el día siguiente a aquél en que se realizó el ingreso.
Cuando no se señale el día, fecha y lugar de la continuación de las actuaciones, los actuarios podrán requerir al interesado a tal fin mediante la oportuna comunicación o su personación directa en los lugares en los que se esté desarrollando el procedimiento.
5. Los actuarios podrán solicitar al Jefe del Servicio de Planificación y Auditoria Informática, a través del Jefe del Servicio del que dependan, el apoyo de actuarios de la Unidad de Auditoria Informática de la Subdirección de Inspección, al objeto de realizar actuaciones inspectoras de auditoria informática sobre los sistemas informáticos de los contribuyentes y de obtención de información en soporte electrónico o informático, en el marco de los procedimientos de inspección.
Los actuarios de la Unidad de Auditoria Informática de la Subdirección de Inspección prestarán el asesoramiento y asistencia técnica necesaria y realizarán las tareas propias de su especialidad, elaborando las diligencias, requerimientos e informes que resulten necesarios, incluso sin la presencia del actuario encargado de la instrucción del procedimiento. Estos documentos se incorporarán al procedimiento de inspección correspondiente.
Igualmente, los actuarios de la Unidad de Auditora Informática de la Subdirección de Inspección actuarán en funciones de asistencia técnica y colaboración cuando el Jefe del Servicio de Planificación y Auditoria Informática lo considere oportuno, sin previa petición del actuario encargado de la instrucción del procedimiento.
3. Para la adopción de las medidas cautelares, se podrá recabar el auxilio y colaboración que se consideren precisos de las autoridades competentes y sus agentes, que deberán prestarlo en los términos establecidos en el apartado 4 del artículo 135 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia.
7. Cuando en el curso de las actuaciones inspectoras existan indicios racionales de que el cobro de la deuda tributaria que pueda resultar del procedimiento en curso, así como el de cualquier otra deuda tributaria, se vería frustrado o gravemente dificultado, la Inspección Foral de los Tributos tendrá facultad para proponer motivadamente a los órganos competentes para acordarlas, la adopción de medidas cautelares previstas en el apartado 3 del artículo 81 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, tanto en relación con el deudor principal como con los responsables solidarios.
1. A efectos del plazo máximo de duración establecido en el artículo 146 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, no se computarán los períodos de interrupción justificada ni las dilaciones imputables al obligado tributario en los términos que se especifican en los artículos 35 y 36 del presente Reglamento, con independencia de que afecten a todos o alguno de los elementos de las obligaciones tributarias y periodos objeto del procedimiento.
2. Los períodos de interrupción justificada y las dilaciones por causa no imputable a la Administración deberán documentarse adecuadamente para su constancia en el expediente.
a) Cuando, por cualquier medio, se pidan datos, informes, dictámenes, valoraciones o documentos a otros órganos de la Diputación Foral de Bizkaia, a la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, otras Diputaciones Forales o Corporaciones locales o a otras Administraciones tributarias de Estados miembros de la Unión Europea o de terceros países, por el tiempo que transcurra desde la remisión de la petición hasta la recepción de los mismos por el órgano competente para continuar el procedimiento, sin que la interrupción por este concepto pueda exceder, para todas las peticiones de datos, informes, dictámenes, valoraciones o documentos que pudieran efectuarse, de seis meses para las realizadas a otros órganos de la Diputación Foral de Bizkaia, de doce meses para las efectuadas a la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, otras Diputaciones Forales o Corporaciones locales y de dieciocho meses cuando se trate de solicitudes formuladas a otros Estados.
b) Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 185 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, se remita el expediente al Ministerio Fiscal o a la jurisdicción competente, por el tiempo que transcurra desde dicha remisión hasta que, en su caso, se produzca la recepción del expediente devuelto o de la resolución judicial por el órgano competente para continuar el procedimiento.
c) Cuando se solicite al órgano colegiado el dictamen preceptivo a que se refiere el artículo 163 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, por el tiempo que transcurra desde la notificación al interesado a que se refiere el artículo 14 del Decreto Foral 101/2005, de 21 de junio, por el que se desarrollan los procedimientos relativos a consultas tributarias escritas, propuestas previas de tributación y cláusula anti-elusión, hasta la recepción del informe por el órgano competente para continuar el procedimiento o hasta el transcurso del plazo máximo para su emisión.
d) Cuando la determinación o imputación de la obligación tributaria dependa directamente de actuaciones judiciales en el ámbito penal, por el tiempo transcurrido desde que se tenga conocimiento de la existencia de dichas actuaciones y se deje constancia de este hecho en el expediente o desde que se remita el expediente a la jurisdicción competente o al Ministerio Fiscal hasta que se conozca la resolución por el órgano competente para continuar el procedimiento. No obstante, cuando ello sea posible y resulte procedente podrán practicarse liquidaciones provisionales de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 144 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia.
e) Cuando concurra alguna causa de fuerza mayor que obligue a la Administración a interrumpir sus actuaciones, por el tiempo de duración de dicha causa. No obstante, cuando sea posible y resulte procedente podrán practicarse liquidaciones provisionales de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 144 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia.
f) Cuando se plantee el conflicto de competencias ante la Junta Arbitral prevista en los artículos 65 y siguientes del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por medio de la Ley 12/2002, de 23 de mayo.
g) Cuando se inicie un procedimiento de comprobación del domicilio fiscal a que se refiere el artículo 47 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, por el tiempo que dure su completa tramitación o hasta que concluya el plazo máximo de resolución del mismo, exclusivamente en los supuestos en los que la rectificación del domicilio sea determinante para el contenido del acto administrativo con el que concluya el procedimiento de que se trate y limitando sus efectos a los conceptos tributarios y períodos impositivos respecto de los que ésta tenga relevancia.
h) Cuando sea necesario solicitar la ratificación de los datos relativos a terceros incluidos en las declaraciones presentadas de acuerdo con lo previsto en el apartado 4 del artículo 106 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, por el tiempo que transcurra entre la remisión de la petición o solicitud y la ratificación, sin que la interrupción por este concepto pueda exceder, para todas las solicitudes que puedan efectuarse, de seis meses.
Se considerarán dilaciones imputables al propio obligado tributario, entre otras, las siguientes:
Letra e) del artículo 36 redactada por la disposición adicional segunda del D Foral [BIZKAIA] 144/2014, 2 diciembre, por el que se modifica el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia y otros Reglamentos tributarios («B.O.B.» 9 diciembre).
f) La aportación por el obligado tributario de datos, documentos o pruebas relacionados con la aplicación del método de estimación indirecta desde que se deje constancia en el expediente, en los términos establecidos en la letra a) del apartado 3 del artículo 153 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia.
g) El tiempo transcurrido desde la fecha fijada para la firma de las actas hasta la fecha de notificación de las mismas si el obligado tributario no compareciese en el lugar y fecha señalados para su firma.
5. En los supuestos de incumplimiento del plazo de duración establecido en el apartado 1 del art. 146 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, la comunicación de la continuación de las actuaciones del procedimiento supondrá el reinicio del cómputo de los plazos a que se refiere el mencionado apartado.
6. La reanudación de actuaciones con conocimiento formal del obligado tributario tras la interrupción injustificada o la realización de actuaciones después de transcurrido el plazo máximo de duración del procedimiento, tendrán efectos interruptivos de la prescripción respecto de la totalidad de las obligaciones tributarias y períodos a que se refiera el procedimiento.
1. El plazo a que se refiere el artículo 146 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia podrá ser ampliado, previo acuerdo del Inspector-Jefe, por un plazo que no podrá exceder de otros doce meses, cuando concurra, en cualquiera de los períodos o conceptos impositivos a que se refiera el procedimiento, alguna de las circunstancias a que se refieren las letras a) y b) del apartado 1 de dicho artículo, en los términos a continuación indicados:
a) Especial complejidad de las actuaciones. Sin perjuicio de la necesaria apreciación a la vista de las circunstancias del caso concreto objeto de comprobación, podrá considerarse que las actuaciones revisten especial complejidad cuando se produzca alguno de los siguientes supuestos:
1) Cuando el volumen de operaciones del obligado tributario sea igual o superior al requerido para la obligación de auditar sus cuentas.
2) Cuando el incumplimiento sustancial de las obligaciones contables o registrales del obligado tributario, la desaparición de los libros o registros contables o su falta de aportación por parte del mismo determine una mayor dificultad en la comprobación que requiera de la ampliación del plazo.
3) Cuando se compruebe la actividad de un grupo de personas o entidades vinculadas y dichas actuaciones requieran la realización de comprobaciones a diversos obligados tributarios en el ámbito de la misma o de diferentes Administraciones tributarias, así como cuando las comprobaciones a realizar impliquen a un número de obligados tributarios superior a 75, siempre que sean precisas esas actuaciones de comprobación para la regularización de la situación tributaria del obligado.
4) Cuando el obligado tributario realice actividades fuera del Territorio Histórico de Bizkaia, que requieran la realización de actuaciones de comprobación e investigación fuera de dicho ámbito territorial, a las que resulte de aplicación lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 1 del presente Reglamento.
5) Cuando el obligado tributario esté integrado en un grupo que tribute en el régimen especial de consolidación fiscal en el Impuesto sobre Sociedades o en el régimen especial de los grupos de entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido, que esté siendo objeto de comprobación inspectora.
6) Cuando el obligado tributario esté sujeto a tributación en régimen de transparencia fiscal internacional.
7) Cuando se investigue a los obligados tributarios por su posible intervención en una red o trama organizada cuya finalidad presunta sea defraudar o eludir la tributación que corresponda u obtener indebidamente devoluciones o beneficios fiscales. En especial, se incluirá en este supuesto la investigación de tramas presuntamente organizadas para la defraudación del Impuesto sobre el Valor Añadido vinculadas a las operaciones de comercio exterior o intracomunitario.
8) Cuando se investigue a los obligados tributarios por la posible realización de operaciones simuladas, la utilización de facturas, justificantes u otros documentos falsos o falseados o la intervención de personas o entidades interpuestas con la finalidad de eludir la tributación que correspondería al verdadero titular de los bienes, derechos o rentas.
9) Cuando, para comprobar la procedencia de aplicar un beneficio fiscal, sea necesario verificar el cumplimiento de requisitos o regímenes tributarios previstos para otro tributo.
10) Cuando se comprueben operaciones de reestructuración empresarial acogidas a regímenes fiscales especiales y sea necesario realizar actuaciones respecto a diversos obligados tributarios, bien en el ámbito de la misma Administración actuante, bien en el ámbito de Administraciones tributarias diferentes.
11) Cuando en el procedimiento de comprobación e investigación se estime que pudieran concurrir las circunstancias previstas en el apartado 1 del artículo 14 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia.
b) Ocultación a la Administración tributaria de actividades empresariales o profesionales. Podrá considerarse que el obligado tributario ha ocultado a la Administración tributaria alguna de las actividades económicas que realiza y por ello, procede la ampliación del plazo de duración de las actuaciones correspondientes, cuando los actuarios dispongan de datos que pongan de manifiesto la realización por el obligado tributario de cualquier actividad empresarial o profesional respecto de la que no presentó declaración, o de actividades empresariales o profesionales distintas de las declaradas por el mismo.
1) Aquellas actividades económicas que tengan asignados grupos diferentes en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas y no se consideren accesorias en los términos señalados en el art. 9 de la Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
2) Cuando se desarrolle la actividad descubierta en una unidad de local no declarada a efectos del Impuesto sobre Actividades Económicas, con independencia de que el obligado tributario esté o no exento de dicho impuesto.
3) Cuando la actividad hubiera dado lugar a la inscripción en un Código de actividad y de establecimiento en el ámbito de los Impuestos Especiales, distinto de aquel en que se encuentre dado de alta el obligado tributario.
2. A efectos de la ampliación del plazo de duración de las actuaciones del procedimiento de comprobación e investigación, la apreciación de la concurrencia de alguna de las circunstancias mencionadas en el apartado anterior se realizará por el actuario que está desarrollando el procedimiento.
La propuesta de ampliación se dirigirá por escrito al Inspector-Jefe, ponderando la importancia de las circunstancias reseñadas en orden a la necesidad de ampliar el plazo.
No se podrá solicitar la ampliación del plazo de duración del procedimiento en tanto no hayan transcurrido, al menos, seis meses desde el inicio de las actuaciones. A estos efectos, no se deducirán del cómputo de este plazo las interrupciones justificadas ni las dilaciones imputables al interesado que concurran en el procedimiento a que se refieren los artículos 35 y 36 del presente Reglamento.
3. El Inspector-Jefe, de oficio o a la vista de la propuesta formulada, cuando aprecie la concurrencia de dichas circunstancias, dictará acuerdo motivado en tal sentido. En dicho acuerdo se concretará el período de tiempo por el que se amplia el plazo, que no podrá exceder de 12 meses.
No obstante, el órgano competente para dictar los actos administrativos resultantes del procedimiento podrá dictar de oficio acuerdo motivado de ampliación cuando aprecie que concurren estas circunstancias, una vez formalizadas las actas.
El acuerdo de ampliación se notificará al interesado y no será susceptible de recurso o reclamación de ningún tipo, sin perjuicio de que se pueda plantear la procedencia o improcedencia de la ampliación del plazo, con ocasión de los recursos y reclamaciones que, en su caso, se interpongan contra la liquidación que finalmente se dicte.
1. Los actuarios encargados de la comprobación e investigación de un determinado obligado elevarán informe al Inspector-Jefe cuando concurra alguna de las circunstancias a que hace referencia la letra a) del apartado 2 del artículo 147 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia .
4. Asimismo cuando haya prescrito o caducado el ejercicio de la potestad administrativa para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación, cuando se trate de un supuesto de no sujeción, de un supuesto en que se aprecie la inexistencia de obligación de declarar, cuando el obligado tributario no esté sujeto a la obligación tributaria o cuando por otras circunstancias no proceda la formalización de un acta, el procedimiento terminará con informe en el que constarán los hechos acreditados en el expediente y las circunstancias que determinen esta forma de terminación del procedimiento.
5. El Inspector-Jefe, a la vista del informe, acordará lo que proceda.
1. En los supuestos a que se refieren los artículos 150 y 151 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, se entenderá que la conformidad del obligado tributario se extiende no sólo a los hechos recogidos en el acta, sino también a todos los elementos determinantes de la liquidación a que, en su caso, dé lugar la propuesta de regularización contenida en la misma.
3. En los supuestos de solidaridad en el presupuesto de hecho de la obligación objeto de las actuaciones y de actuaciones con sucesores de personas físicas fallecidas o de personas jurídicas o demás entidades disueltas o extinguidas, la firma de un acta de conformidad exigirá la aceptación de todos los obligados tributarios que hayan comparecido en el procedimiento.
1. Cuando el obligado tributario o su representante no suscriba el acta o la suscriba pero manifieste su disconformidad con la propuesta de regularización que formule la Inspección Foral de los Tributos, al obligado tributario o a su representante se le entregará un ejemplar del acta firmado por ambas partes y a partir de entonces se le tendrá por notificado de su contenido, quedando advertido de su derecho a formular, en el plazo de los quince días siguientes a los cinco días posteriores a la fecha en que se haya formalizado el acta, cuantas alegaciones estime convenientes ante el órgano competente para dictar los actos administrativos resultantes del procedimiento.
Durante el plazo para alegaciones el expediente completo estará a disposición del obligado tributario o su representante para su examen y podrán ser comunicados los documentos, datos, informes o antecedentes obtenidos de otros obligados tributarios que figuren en el expediente y vayan a ser tenidos en cuenta en la resolución, salvo que afecten a intereses de terceros o a la intimidad de otras personas o que así lo disponga una ley o Norma Foral, en cuyo caso se adoptarán las medidas necesarias para mantener la confidencialidad de los datos que no afecten al obligado tributario con el que se entiende el procedimiento.
2. Cuando el obligado tributario o su representante no compareciese, el plazo para alegaciones se contará a partir de la fecha de recepción del acta o de que se entienda producida su notificación por comparecencia.
Los actuarios podrán determinar que las actas sean extendidas y firmadas en la oficina, local de negocio o despacho del obligado tributario, o bien en las oficinas de la Administración tributaria.
Las actas de inspección serán firmadas por el obligado tributario y por los actuarios que hayan realizado las correspondientes actuaciones del procedimiento de comprobación e investigación. En su defecto, por cualquiera de los actuarios que hayan tomado parte en las correspondientes actuaciones del procedimiento de comprobación e investigación, siempre que sea competente para ello de conformidad con lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 2 del presente Reglamento.
Las actas se entenderán notificadas al obligado tributario en el momento en que hayan sido firmadas por éste.
Si el obligado tributario no supiera o no pudiera firmarlas, si no compareciera en el lugar y fecha señalados para su firma o si se negara a suscribirlas, serán firmadas sólo por el actuario y se hará constar la circunstancia de que se trate.
1. A la vista del acta y, en su caso, de los documentos aportados por los actuarios, el órgano competente para dictar los actos administrativos resultantes del procedimiento, adoptará el acuerdo correspondiente dictando el acto administrativo que sea procedente, que será notificado al obligado tributario.
3. Sin perjuicio de lo anterior, si el órgano competente para dictar los actos administrativos resultantes del procedimiento apreciare en un acta error en la apreciación de los hechos o aplicación indebida de las normas vigentes dictará, previa puesta de manifiesto del expediente al obligado tributario, el acuerdo administrativo que proceda.
Si se apreciaran errores materiales, aritméticos o de hecho, el órgano competente para dictar los actos administrativos resultantes del procedimiento dictará el acto administrativo que sea procedente, previa rectificación de los errores, y notificará al obligado tributario el acuerdo adoptado.
4. En todo caso, el órgano competente para dictar los actos administrativos resultantes del procedimiento podrá acordar la práctica de las actuaciones complementarias oportunas con anterioridad a dictar los correspondientes actos administrativos, en particular, cuando estime que las infracciones que, en su caso, se hubieran cometido pudieran ser constitutivas de delitos contra la Hacienda Pública y no constase este extremo en el expediente administrativo.
5. El obligado tributario no podrá revocar la conformidad manifestada en el acta, sin perjuicio de su derecho a recurrir contra la liquidación resultante de ésta y a presentar alegaciones cuando se acuerde la modificación de la propuesta de liquidación en virtud de lo dispuesto en el primer párrafo del apartado 3 anterior.
1. Además de aplicar lo establecido en el artículo 44 del presente Reglamento, el órgano competente para dictar los actos administrativos resultantes del procedimiento, si confirma la propuesta de regularización y de imposición de sanciones contenida, en su caso, en el acta, dictará el acto administrativo de liquidación y, de imposición de sanciones pecuniarias, que será único, y ordenará la aplicación del depósito al pago de las correspondientes deuda tributaria y sanción o, en su caso, la ejecución de la garantía prestada.
Si el obligado tributario pretende pagar las cantidades correspondientes mediante entrega de bienes o derechos, deberá solicitarlo antes de la firma de las actas, aportando en ese momento al actuario copia de la citada solicitud y, en lo demás, se estará a lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia, aprobado por medio del Decreto Foral 215/2005, de 27 de diciembre.
En el supuesto de que el pago en especie de la cantidad adeudada sea aceptado, no procederá la aplicación del depósito o la ejecución de la garantía, siendo devuelto el depósito al obligado tributario o liberada la garantía en la cuantía que resulte procedente.
2. Si el órgano competente para dictar los actos administrativos resultantes del procedimiento, modifica la propuesta de regularización o la de imposición de sanciones pecuniarias contenida en el acta, se comunicará al interesado, concediéndole un plazo de quince días para que manifieste si continúa optando por la formalización de un compromiso de pago, en cuyo caso, en el mencionado plazo deberá depositar la diferencia o ampliar la garantía ofrecida.
3. Si el obligado tributario no desea mantener su opción, tendrá derecho a la restitución del depósito o a la liberación de la garantía, perdiendo la reducción a que hace referencia la letra b) del apartado 1 del artículo 192 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia.
También perderá la reducción mencionada en el supuesto de que transcurra el plazo establecido en el apartado 2 anterior sin que se haya ampliado el depósito o la garantía.
4. No procederá la formalización de actas de conformidad con compromiso de pago cuando el resultado de la propuesta de regularización formulada por los actuarios, comprensiva de la deuda tributaria y de la sanción, no implique cantidad a ingresar en la Administración tributaria.
5. En un mismo procedimiento de comprobación e investigación, si se formaliza más de un acta de conformidad con compromiso de pago, deberá optarse, para todas ellas, bien por realizar el correspondiente depósito bien por garantizar la cantidad total resultante de las mismas.
6. Cuando en un mismo procedimiento de comprobación e investigación, además de formalizarse algún acta de conformidad con compromiso de pago, se formalicen otras actas de conformidad o de disconformidad con resultado a devolver cantidades al obligado tributario, a efectos de determinar el importe total que debe cubrir el depósito o la garantía, se observará lo siguiente:
7. En todo caso, el órgano competente para dictar los actos administrativos resultantes del procedimiento podrá acordar la práctica de las actuaciones complementarias oportunas con anterioridad a dictar los correspondientes actos administrativos, en particular, cuando estime que las infracciones que, en su caso, se hubieran cometido pudieran ser constitutivas de delitos contra la Hacienda Pública y no constase este extremo en el expediente administrativo.
1. A la vista del acta y, en su caso, de los documentos aportados por los actuarios y de las alegaciones formuladas por el obligado tributario, el órgano competente para dictar los actos administrativos resultantes del procedimiento, adoptará el acuerdo correspondiente dictando el acto administrativo que sea procedente, que será notificado al obligado tributario. Si el órgano competente para dictar los actos administrativos resultantes del procedimiento acuerda que se complete el expediente en cualquiera de sus extremos, dicho acuerdo se notificará al interesado y se procederá de la siguiente forma:
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 26 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, se exigirán intereses de demora por el tiempo transcurrido entre la finalización del plazo voluntario de pago y el día en que se practique la liquidación que regularice la situación tributaria, con las especialidades contenidas en el mencionado precepto y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 146 de la citada Norma Foral. Dichos intereses de demora se incluirán en las correspondientes propuestas de regularización, así como en los actos administrativos resultantes del procedimiento.
Asimismo, en la liquidación practicada por el órgano competente para dictar los actos administrativos resultantes del procedimiento, se incluirán los intereses de demora hasta el día en el que la misma se realice, salvo que dicha liquidación se practique transcurrido el plazo de un mes contado desde la fecha en que se incoó el acta, en cuyo caso no se modificarán los intereses de demora consignados en la propuesta.
6. Tanto las actas formalizadas como los actos administrativos de liquidación practicados deberán especificar las bases de cálculo sobre las que se aplican los tipos de interés de demora, la cuantía de los citados tipos de interés y las fechas de comienzo y finalización de los períodos de devengo.
7. Cuando la liquidación resultante del procedimiento de comprobación e investigación sea una cantidad a devolver, la liquidación de intereses de demora deberá efectuarse de la siguiente forma:
a) Cuando se trate de una devolución de ingresos indebidos, se liquidarán a favor del obligado tributario intereses de demora según dispone el artículo 31 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia.
b) Cuando se trate de una devolución derivada de la normativa de un tributo, se liquidarán intereses de demora a favor del obligado tributario de acuerdo con lo previsto el apartado 2 del artículo 30 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia. En estos casos, la base sobre la que se aplicará el tipo de interés tendrá como límite el importe de la devolución solicitada en la autoliquidación, comunicación de datos o solicitud.
1. Cuando en el curso de un procedimiento de comprobación e investigación, el actuario tenga conocimiento de hechos o circunstancias que pudieran determinar la existencia de responsabilidad solidaria en los términos establecidos en el artículo 41 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, iniciará el procedimiento para la derivación de la responsabilidad mediante la emisión del informe al que se refiere la letra f) del apartado 1 del artículo 16 del presente Reglamento. El informe de inicio se notificará al obligado tributario con indicación de las obligaciones tributarias y períodos a los que alcance la declaración de responsabilidad y los preceptos en que se fundamente.
2. Cuando el alcance de la responsabilidad incluya las sanciones será necesario que se haya formalizado la propuesta de resolución en el procedimiento sancionador.
3. Cuando en el curso de las actuaciones inspectoras efectuadas con el deudor principal existan indicios racionales de que el cobro de la deuda tributaria pueda verse frustrado o gravemente dificultado, se propondrán motivadamente a los órganos competentes para acordarlas la adopción de medidas cautelares previstas en el número 3 del artículo 81 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, tanto en relación con el deudor principal como con los responsables solidarios, en su caso.
4. El acuerdo de declaración de responsabilidad corresponderá al órgano competente para dictar los actos administrativos resultantes del procedimiento y habrá de dictarse una vez dictado al acto administrativo de liquidación al deudor principal y, en su caso, de imposición de la sanción.
Dicho acuerdo se notificará al responsable antes de la finalización del período voluntario de pago otorgado al deudor principal. En caso contrario, el procedimiento se dará por concluido sin más trámite, sin perjuicio de que con posterioridad pueda iniciarse un nuevo procedimiento por los órganos de recaudación.
1. En los procedimientos de comprobación e investigación de la Inspección Foral de los Tributos o en la tramitación de los expedientes sancionadores correspondientes, la apreciación de la concurrencia de indicios sobre la comisión de delitos contra la Hacienda Pública en relación con alguno de los conceptos tributarios y períodos impositivos o de declaración objeto de las mismas, no implicará la paralización de las actuaciones en relación con los conceptos tributarios y los períodos en los que no se aprecie la concurrencia de los mencionados indicios.
La apreciación de la concurrencia de indicios sobre la comisión de delitos diferentes a los delitos contra la Hacienda Pública, tampoco implicará la paralización de las actuaciones en curso, que continuarán hasta su conclusión.
2. En todo caso, las actuaciones de comprobación e investigación continuarán sin perjuicio de los trámites procedimentales que deban seguirse en relación con los hechos a través de los que se haya apreciado la concurrencia de los indicios de delito, de conformidad con lo establecido en el artículo 185 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, en el Reglamento sancionador tributario del Territorio Histórico de Bizkaia, aprobado por medio del Decreto Foral 100/2005, de 21 de junio y en sus normas de desarrollo.
e) Cuando la incongruencia probada entre las operaciones contabilizadas y las que debieran resultar del conjunto de adquisiciones, gastos u otros aspectos de la actividad permita presumir, que la contabilidad es incorrecta.
3. A efectos de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 51 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, serán de aplicación las siguientes reglas:
a) Tratándose de actividades económicas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se tendrán en cuenta, preferentemente, los signos, índices o módulos establecidos para la determinación de la base imponible por el citado procedimiento en el método de estimación objetiva cuando se trate de contribuyentes que hayan renunciado a este método de determinación de la base imponible, sin perjuicio de que, acreditada la existencia de rendimientos procedentes de actividades económicas por un importe superior al que deriva de la aplicación de los citados signos, índices o módulos, el rendimiento a integrar en la base imponible sea el realmente comprobado.
b) Tratándose del Impuesto sobre el Valor Añadido, se tendrán en cuenta, preferentemente, los índices, módulos y demás parámetros establecidos para el régimen simplificado cuando se trate de sujetos pasivos que hayan renunciado a este último régimen, sin perjuicio de que, demostrada la existencia de operaciones sujetas y no exentas que determinen cuotas devengadas por importe superior al que deriva de la aplicación de los citados signos, índices o módulos, las cuotas a integrar serán realmente las que deriven de las operaciones comprobadas y de acuerdo con lo establecido en el apartado Uno del artículo 81 de la Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
1. La comprobación e investigación del grupo fiscal en el Impuesto sobre Sociedades y del grupo de entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido se realizarán en un único procedimiento de comprobación e investigación, que incluirá la comprobación de las obligaciones tributarias de la entidad dominante y de las entidades dependientes objeto del procedimiento.
2. Dicho procedimiento incluirá, en su caso, la comprobación de las obligaciones tributarias que se derivan del régimen de tributación individual del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre el Valor Añadido y las demás obligaciones tributarias objeto del procedimiento, pudiendo asimismo incluir, si fueran necesarias, actuaciones de colaboración o coordinación con otras Administraciones tributarias respecto de la tributación del grupo por el régimen de consolidación fiscal o por el régimen del grupo de entidades.
Durante el desarrollo del procedimiento, deberán atender a los órganos de inspección tanto la entidad dominante y las entidades dependientes del grupo fiscal como la entidad dominante y las entidades dependientes del grupo de entidades.
3. En el caso de grupos fiscales en el Impuesto sobre Sociedades en los que alguna o algunas de las entidades dependientes estén sujetas a normativa foral de cualquiera de los otros Territorios Históricos, se solicitarán actuaciones de colaboración de la Administración tributaria competente, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 1 del presente Reglamento.
En el caso de grupos de entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido en el que la comprobación e investigación de alguna o algunas de las entidades dependientes sea competencia de cualquiera de los otros Territorios Históricos, se solicitarán actuaciones de coordinación de la Administración tributaria competente.
4. No se iniciarán actuaciones en relación con la tributación por el régimen de consolidación fiscal sobre las entidades dependientes del grupo o en relación con la tributación de las entidades dependientes del grupo de entidades en tanto en cuanto no sean iniciadas las actuaciones para la comprobación e investigación de la entidad dominante, sin perjuicio de la comprobación, cuando proceda, de otros tributos o de otros períodos en los que no hayan tributado en el régimen especial de consolidación fiscal.
En todo caso, la comprobación de las entidades dependientes se desarrollará con carácter preferente, con el objeto de que la actuación relativa al grupo finalice en el plazo previsto.
5. El plazo de prescripción del Impuesto sobre Sociedades del grupo fiscal o del Impuesto sobre el Valor Añadido del grupo de entidades se interrumpirá por cualquier actuación de comprobación e investigación relativa al Impuesto sobre Sociedades o al Impuesto sobre el Valor Añadido realizada con la entidad dominante o con cualquiera de las entidades dependientes, siempre que la entidad dominante tenga conocimiento formal de dichas actuaciones.
La interrupción también se producirá respecto a las entidades que deban formar parte del grupo fiscal o del grupo de entidades, aunque no estuvieran incluidas en la declaración presentada por el grupo.
También se interrumpirá el plazo de prescripción en el Impuesto sobre Sociedades o en el Impuesto sobre el Valor Añadido de aquellas entidades que habiendo declarado como grupo fiscal o grupo de entidades se compruebe que no forman parte del mismo.
6. Las interrupciones justificadas y las dilaciones por causa no imputable a la Administración tributaria que se produzcan en el curso del procedimiento seguido con cualquiera de las entidades dependientes y que se refieran a la comprobación del Impuesto sobre Sociedades en el régimen de consolidación fiscal o al Impuesto sobre el Valor Añadido en el grupo de entidades, afectarán al plazo de duración del procedimiento seguido con el grupo fiscal o con el grupo de entidades, siempre que la entidad dominante tenga conocimiento formal de ello y desde ese momento.
Asimismo, la ampliación del plazo de duración del procedimiento de inspección, acordada respecto de cualquiera de las entidades que integran el grupo en régimen de consolidación fiscal o el grupo de entidades y formalizada con la entidad dominante, surtirá efectos para todo el grupo.
7. Una vez finalizadas las actuaciones relativas al Impuesto sobre Sociedades en el régimen de consolidación fiscal o al Impuesto sobre el Valor Añadido en el grupo de entidades en cada entidad dependiente, se formalizará la diligencia a que se refiere la letra i) del apartado 4 del artículo 15 del presente Reglamento. Dicha diligencia se incorporará formalmente al procedimiento de comprobación e investigación del grupo.
8. Las actas y liquidaciones que deriven de la comprobación de estos regímenes especiales se formalizarán a la entidad dominante en calidad de representante del grupo en régimen de consolidación fiscal o en el grupo de entidades, a la que se practicarán las propuestas de regularización y liquidación que puedan corresponder, en las que se hará referencia a las demás entidades que integren el grupo y a la condición de éstas como posibles responsables solidarios de la deuda tributaria, en los términos establecidos en la normativa de aplicación.
La conformidad se manifestará, en su caso, a través de la firma del acta relativa a la comprobación del grupo por la entidad dominante, en calidad de representante del grupo.
9. En el régimen de consolidación fiscal en el Impuesto sobre Sociedades, el inicio de un procedimiento sancionador se entenderá con la entidad dominante, siendo ésta la única que puede formular alegaciones y presentar los recursos correspondientes, dada su condición de sujeto infractor.
En el régimen del grupo de entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido, el inicio de un procedimiento sancionador se entenderá con la entidad dominante cuando tenga la consideración de sujeto infractor en los términos establecidos en el apartado Siete del artículo 163.Nonies de la Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, de Impuesto sobre el Valor Añadido.
1. En el procedimiento de comprobación restringida serán de aplicación las normas contenidas en los Capítulos I y V del presente Título, en cuanto resulten compatibles con la naturaleza del mismo.
Véase Instrucción 6/2008, 24 octubre, de la Dirección General de Hacienda, por la que se establecen criterios para la tramitación del procedimiento de comprobación restringida por parte de la Inspección de los Tributos del Territorio Histórico de Bizkaia.-->
3. Cuando en el curso de un procedimiento de comprobación restringida se descubran hechos o circunstancias con trascendencia tributaria que lo aconsejen, los actuarios podrán proponer de forma motivada la inclusión en un Plan de inspección del obligado tributario a los efectos de iniciar un procedimiento de comprobación e investigación.
Se dará por concluido el procedimiento de comprobación restringida cuando sea notificado al obligado tributario el inicio del procedimiento de comprobación e investigación.
El inicio del procedimiento de comprobación e investigación será asimismo notificado al órgano solicitante de la iniciación del procedimiento de comprobación restringida.
2. Las propuestas de inclusión en plan de inspección de los obligados tributarios respecto de los que se considere oportuno tramitar un procedimiento de regularización sin presencia del obligado tributario deberán incluir un informe sobre los elementos de hecho que constituyan la prueba preconstituida de la obligación tributaria.
3. En el procedimiento de regularización sin presencia del obligado tributario se aplicará, en tanto pueda resultar de aplicación, lo dispuesto en el artículo 46 del presente Reglamento.
Procedimiento de comprobación reducida
1. El procedimiento de comprobación reducida tendrá por objeto comprobar la adecuación a lo dispuesto en la normativa tributaria de algún elemento concreto de la obligación tributaria, en relación con determinados conceptos tributarios y períodos impositivos.
Los procedimientos de comprobación reducida no precisarán de la inclusión en Planes de inspección de los obligados tributarios sobre los que se realicen.
2. No pueden ser objeto de un procedimiento de comprobación reducida las actuaciones de comprobación de valores, las actuaciones a que se refieren los artículos 12 a 15 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, ni las de estimación indirecta de bases imponibles.
3. En el procedimiento de comprobación reducida serán de aplicación las normas contenidas en el Capítulo I y el Capítulo V del presente Título, en cuanto resulten compatibles con la naturaleza del mismo.
1. El procedimiento de comprobación reducida se iniciará de oficio mediante acuerdo del Inspector-Jefe. El inicio del procedimiento deberá ser notificado a los obligados tributarios mediante comunicación que deberá expresar la naturaleza y alcance de las actuaciones y les informará sobre sus derechos y obligaciones en el curso de las mismas.
2. El Inspector-Jefe podrá acordar de forma motivada la ampliación o reducción del alcance de las actuaciones. Dicho acuerdo deberá notificarse al obligado tributario y podrá efectuarse junto con la propuesta de liquidación.
1. Las actuaciones del procedimiento de comprobación reducida deberán concluir en el plazo de 6 meses, contado desde la fecha de notificación al obligado tributario del inicio del mismo.
Se entenderá que las actuaciones finalizan en la fecha en que se notifique o se entienda notificado el acto administrativo resultante de las mismas, siendo de aplicación a estos efectos lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 102 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia.
a) No se considerará interrumpida la prescripción como consecuencia de las actuaciones inspectoras de comprobación desarrolladas durante el plazo señalado.
b) Los ingresos realizados por el obligado tributario por el concepto impositivo y período objeto de las actuaciones inspectoras desde el inicio del procedimiento hasta la reanudación de las actuaciones excluirán las sanciones que hubieran podido exigirse por los mismos, con excepción de la prevista en el artículo 203 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, sin perjuicio de los recargos e intereses que procedan.
1. Las conclusiones del procedimiento de comprobación reducida se documentarán a través del correspondiente informe de inspección a que se refiere la letra j) del apartado 1 del artículo 16 del presente Reglamento, en el que se harán constar los siguientes extremos:
d) El nombre y apellidos, número de identificación fiscal y la firma, en su caso, de la persona con la que se hayan entendido las actuaciones, así como el carácter o representación con que interviene.
e) La identificación de los conceptos tributarios y períodos impositivos a los que se refiere.
f) La regularización que, en su caso, estimen procedente los actuarios.
g) La fecha de inicio de las actuaciones y el criterio seguido en el cómputo del plazo de duración de las mismas, así como las demás incidencias relativas a las interrupciones justificadas y a las dilaciones imputables al obligado tributario.
h) La existencia o inexistencia, en opinión del actuario, de indicios de la comisión de infracciones tributarias. En caso de que se aprecien conductas tipificadas como infracciones tributarias, se harán constar en la correspondiente diligencia los hechos y circunstancias que concurran a efectos de la aplicación de las sanciones procedentes, tal y como se establece en la letra a) del número 4 del artículo 15 de este Reglamento.
2. El informe será remitido al órgano competente para dictar los actos administrativos resultantes del procedimiento, quien, a la vista del informe y de la demás documentación que obre en el expediente, emitirá una propuesta de liquidación por cada concepto tributario y por cada período impositivo a los que se refiera el informe, en la que se incluirán los intereses de demora hasta el día en que finalice el plazo de un mes desde la fecha de formalización del informe.
3. El informe se notificará al obligado tributario junto con la propuesta de liquidación, advirtiéndole de su derecho a formular, en el plazo de los quince días siguientes, cuantas alegaciones estime convenientes ante el órgano competente para dictar los actos administrativos resultantes del procedimiento, así como a manifestar su conformidad o disconformidad con la regularización contenida en el informe y con la propuesta de liquidación.
Se advertirá expresamente al interesado que, de no formular alegaciones ni aportar nuevos documentos o elementos de prueba, podrá dictarse la resolución de acuerdo con dicha propuesta.
El interesado podrá renunciar al plazo que comprende el período de alegaciones mediante manifestación expresa que podrá formular hasta la finalización del plazo de alegaciones, entendiéndose que con tal renuncia expresa su conformidad con todos los términos de la propuesta de resolución del expediente de comprobación reducida.
4. A la vista del informe y, en su caso, de los documentos aportados por los actuarios y de las alegaciones formuladas por el obligado tributario, el órgano competente para dictar los actos administrativos resultantes del procedimiento adoptará los acuerdos correspondientes, que serán notificados al obligado tributario.
5. El procedimiento de comprobación reducida terminará por resolución expresa, en los términos expuestos en el apartado anterior, o por el inicio de un procedimiento de comprobación e investigación que incluya el objeto del procedimiento de comprobación reducida.
Dictado acto administrativo como consecuencia de la regularización propuesta en un informe emitido a resultas de un procedimiento de comprobación reducida, la Administración tributaria no podrá efectuar una nueva regularización en relación con el objeto comprobado, salvo que en un procedimiento de comprobación limitada o en otro procedimiento de inspección posterior se descubran nuevos hechos o circunstancias que resulten de actuaciones distintas de las realizadas y especificadas en el informe emitido.
1. Con independencia de lo dispuesto en los artículos 92 y 93 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, cuando órganos administrativos con funciones inspectoras desarrollen procedimientos de comprobación e investigación, de comprobación restringida o de comprobación reducida, obtendrán cuantos datos o antecedentes obren en poder del obligado tributario y puedan ser, a juicio de los actuarios, de especial relevancia tributaria para otras personas y entidades, sin perjuicio de la especial comprobación en todo caso del cumplimiento de la obligación de proporcionar tales datos cuando venga exigida con carácter general.
Número 4 del Artículo 61 introducido, por el número Tres del artículo 1 del D Foral [BIZKAIA] 147/2013, 25 noviembre, por el que se modifican el Reglamento de inspección tributaria y el Reglamento sancionador tributario del Territorio Histórico de Bizkaia («B.O.B.» 2 diciembre).
2. Los órganos con funciones de inspección, a través de la Subdirección de Coordinación y Asistencia Técnica y con la autorización del Director General de Hacienda, podrán solicitar de los Juzgados y Tribunales que les faciliten cuantos datos con trascendencia tributaria se desprendan de las actuaciones judiciales de que conozcan, respetando, en todo caso, el secreto de las diligencias sumariales.
1. Las personas o entidades que se dediquen al tráfico bancario o crediticio estarán obligadas a proporcionar a la Administración tributaria toda clase de datos, informes o antecedentes con trascendencia tributaria deducidos de sus relaciones económicas o financieras con otras personas.
3. Únicamente en el caso de las actuaciones de obtención de información a las que se refiere el presente artículo de los órganos con funciones de inspección que exijan el conocimiento de los movimientos de cuentas u operaciones a que se refiere el apartado 3 del artículo 92 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia será necesaria exigirán la previa autorización del Director General de Hacienda.
El Director General de Hacienda resolverá en el plazo de quince días a partir del siguiente a aquel en que recibiere la solicitud.
El requerimiento precisará también el modo en que vayan a practicarse las actuaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado siguiente de este artículo, y los datos que deban aportarse, que podrán ser solicitados en soporte informático y en los formatos lógicos de uso común en el ámbito bancario, entendiéndose por tales formatos aquellos que cumplan con las normas o cuadernos normalizados por la Asociación Española de Banca.
No se reputarán actuaciones de valoración aquéllas en las cuales el valor de los bienes, rentas, productos, derechos y patrimonios en general resulte directamente de la aplicación de reglas establecidas en Normas Forales o en sus disposiciones reglamentarias de desarrollo.
1. Las actuaciones de intervención en materia de los Impuestos Especiales de Fabricación se regirán por lo dispuesto en la normativa específica y en lo no previsto en la misma, por lo dispuesto en este Reglamento en lo que resulte de aplicación.
2. Cuando, como consecuencia de las actuaciones de comprobación o investigación que les son propias a los actuarios encargados de la intervención, se pongan de manifiesto hechos que supongan el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa de los Impuestos Especiales, las actuaciones de intervención continuarán mediante la notificación al obligado tributario del inicio de actuaciones destinadas a la regularización tributaria, que deberán concluir en el plazo previsto en el apartado 1 del artículo 146 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, o, en su caso, mediante la iniciación del correspondiente procedimiento sancionador.
Los procedimientos de imposición de sanciones que hubieran de instruirse respecto a las infracciones descubiertas con ocasión de actuaciones inspectoras se regirán por lo dispuesto en el Reglamento sancionador tributario del Territorio Histórico de Bizkaia, aprobado por medio del Decreto Foral 100/2005, de 21 de junio.
No obstante, en los supuestos de actas de conformidad con compromiso de pago, se estará a lo dispuesto en el artículo 45 del presente Reglamento.
a) El apartado 4 del artículo 6.
b) El apartado 3 del artículo 16.
c) El apartado 3 del artículo 21.
d) Los apartados 3 y 4 del artículo 31.
e) El apartado 5 del artículo 33.
f) El artículo 38.
g) El artículo 39.
h) El apartado 2 del artículo 44.
i) El apartado 2 del artículo 53.
j) El apartado 2 del artículo 55.
k) El apartado 3 del artículo 63.
l) La letra g) del apartado 1 del artículo 17.
--> Letra l) de la disposición adicional segunda introducida, con efectos desde el día 1 de enero de 2013, por el número Tres del artículo 1 del D Foral [BIZKAIA] 140/2012, 16 octubre, por el que se modifican el Reglamento de inspección tributaria y el Reglamento sancionador tributario del Territorio Histórico de Bizkaia («B.O.B.» 23 octubre).Vigencia: 1 enero 2013 Efectos / Aplicación: 1 enero 2013
Letra l) de la disposición adicional segunda eliminada, con efectos a partir de 1 de enero de 2014, por el número Cuatro del artículo 1 del D Foral [BIZKAIA] 147/2013, 25 noviembre, por el que se modifican el Reglamento de inspección tributaria y el Reglamento sancionador tributario del Territorio Histórico de Bizkaia («B.O.B.» 2 diciembre).
1. En los supuestos en los que los Jefes de los Servicios de Planificación y Auditoría Informática o de Actuaciones Inspectoras realicen por sí mismos actuaciones inspectoras, corresponderán al Jefe del Servicio de Coordinación de la Inspección las funciones que el presente Reglamento encomienda al Inspector-Jefe en la tramitación de cada uno de los mencionados procedimientos.
2. En los supuestos en los que el Jefe del Servicio de Inspección Recaudatoria realice por sí mismo actuaciones inspectoras, corresponderán al Jefe del Servicio de Coordinación de la Inspección las funciones que el presente Reglamento encomienda al Inspector-Jefe en la tramitación de cada uno de los mencionados procedimientos.
Será de aplicación supletoria en todas las cuestiones no previstas en el presente Reglamento, el Reglamento de gestión de los tributos del Territorio Histórico de Bizkaia, aprobado por medio del Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 112/2009, de 21 de julio.