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Timestamp: 2020-07-09 23:03:33
Document Index: 29771359

Matched Legal Cases: ['artículo 19', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 20', 'artículo 25', 'artículo 47', 'artículo 25', 'artículo 9', 'artículo 14', 'artículo 11', 'artículo 21', 'artículo 1', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 10', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 24', 'artículo 19', 'artículo 21', 'artículo 20', 'artículo 14', 'artículo 11', 'artículo 20']

Manuel Aresti Durban con SUBSECRETARÍA DE REDES ASISTENCIALES Rol: C4165-19 / C4169-19
Por decisión de mayoría, se rechazan los amparos en contra de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, referidos a la entrega de copia de los correos electrónicos que detalla. Lo anterior, por cuanto la Ley de Transparencia no tiene la especificidad ni la determinación que exige la Constitución Política para restringir el derecho que protege las comunicaciones vía correos electrónicos, pues no determina los casos ni las formas en que sería admisible la limitación de este derecho fundamental garantizado por el artículo 19 N°5 de la Carta Fundamental, en función de resguardar al máximo posible la intimidad y la vida privada de su titular. Asimismo, se configura la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. La presente decisión es acordada con el voto disidente de la Consejera doña Gloria de la Fuente González, para quien es pertinente la entrega de copia de los correos electrónicos requeridos por los reclamantes por cuanto dichos antecedentes, generados desde una casilla institucional en el ejercicio de competencias públicas, constituyen una manera de comunicación formal entre los funcionarios públicos que forma parte del íter decisional, lo que supone reconocer que estas comunicaciones electrónicas tienen el carácter de información pública, y no concurre una causal de secreto o reserva a su respecto.
DECISIÓN AMPAROS ROLES C4165-19 y C4169-19
Ingreso Consejo: 11.06.2019
Por decisión de mayoría, se rechazan los amparos en contra de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, referidos a la entrega de copia de los correos electrónicos que detalla.
Finalmente, se representa al órgano reclamado no haber dado respuesta a la solicitud de información dentro de los plazos legales establecidos en la Ley de Transparencia, y haber omitido dar traslado a los titulares de los correos electrónicos solicitados, para efectos de notificarles su derecho de oponerse a la entrega de las comunicaciones requeridas.
En sesión ordinaria N° 1057 del Consejo Directivo, celebrada el 10 de diciembre de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de los amparos roles C4165-19 y C4169-19.
1) SOLICITUDES DE ACCESO: Don Manuel Aresti Durban solicitó a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, lo siguiente:
a) Solicitud de fecha 10 de mayo de 2019 que dio origen al amparo rol C4165-19: "Sr. Subsecretario de Redes Asistenciales: solicito copia de todos sus correos electrónicos desde su casilla institucional en ese Ministerio de Salud, enviados y recibidos durante el 11 de marzo de 2018 a la fecha de esta solicitud, con el Sr. Juan Carlos Corbeaux Larreboure, de CENABAST, y con el laboratorio farmacéutico GLAXOSMITHKLINE".
b) Solicitud de fecha 7 de mayo de 2019 que dio origen al amparo rol C4169-19: "Sres., solicito: copia de todos los correos electrónicos de las casillas institucionales de ese Ministerio y Subsecretaría, enviados y recibidos desde el 1 de enero de 2018 a la fecha de esta solicitud, entre el Sr. Juan Carlos Corbeaux Larreboure, todas las autoridades Ministeriales, Directivos y cualquier otro funcionario de esa repartición pública, ya sea de planta, contrata u honorarios, con el laboratorio farmacéutico GLAXOSMITHKLINE".
2) AUSENCIA DE RESPUESTAS Y AMPARO: El 11 de junio de 2019, don Manuel Aresti Durban dedujo dos amparos a su derecho de acceso en contra de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, fundados en la falta de respuesta a sus solicitudes de información.
3) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación los amparos, y mediante oficios N° E10762, de fecha 6 de agosto de 2019, respecto del amparo rol C4165-19, y N° E10603, de fecha 2 de agosto de 2019, respecto del amparo rol C4169-19, confirió traslado al Sr. Subsecretario de Redes Asistenciales, notificando ambos reclamos y solicitando que formule sus descargos u observaciones.
Mediante Ord. A/102 N° 3652, de fecha 21 de agosto de 2019, el órgano evacuó sus descargos respecto del primero de los amparos, señalando en síntesis, que "la respuesta no fue entregada al requirente dentro del plazo estipulado, debido a un retraso administrativo (...) La respuesta a la solicitud fue entregada al requirente por esta Subsecretaría mediante el Of. Ord. A/102 N° 1089 de fecha 12 de junio de 2019".
Del mismo modo, respecto del segundo amparo, mediante Ord. A/102 N° 3645, de igual fecha, la Subsecretaría indicó que había dado respuesta, igualmente en forma extemporánea, por medio del Of. Ord. A/102 N° 551, de fecha 21 de junio de 2019.
Al respecto, cabe tener presente que en ambas respuestas el órgano denegó la entrega de la información solicitada, fundado en las causales de reserva del artículo 21 N°1, letra c), y N°2 de la Ley de Transparencia, señalando que para dar respuesta debería revisar todos los correos electrónicos de todas las personas que trabajaron en la institución, sin perjuicio de la vulneración de los derechos fundamentales por la intromisión a comunicaciones de carácter privado, haciendo mención a lo resuelto por este Consejo en el amparo rol C482-17, C1220-17 y voto disidente de la decisión C3901-17, y por la I. Corte de Apelaciones de Santiago en causa rol 365-2018.
Posteriormente, mediante correos electrónicos de fecha 3 de septiembre de 2019, el Servicio complementó sus descargos, señalando que existe un retraso administrativo en la tramitación de las solicitudes de información, que revisar todos los correos requeridos implica la labor de un período superior a un año, que no dio aplicación a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, entregando, finalmente, el dato de contacto del laboratorio aludido en el requerimiento.
4) SOLICITUD A LA CENTRAL NACIONAL DE ABASTECIMIENTO (CENABAST): Este Consejo, en virtud de lo pedido en la solicitud de información que dio origen al presente amparo, mediante oficio N° 1558, de fecha 12 de septiembre de 2019, requirió a la CENABAST proporcionar los datos de contacto de don Juan Carlos Corbeaux Larreboure, para efectos de dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, y en el artículo 47 de su Reglamento.
El 26 de septiembre de 2019, mediante Ord. N° 3248 y Anexo A, el órgano remitió los datos de contacto del tercero aludido en la solicitud.
5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS: De conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación acordó notificar y dar traslado del amparo a los terceros involucrados, esto es, a don Juan Carlos Corbeaux Larreboure y al laboratorio GLAXOSMITHKLINE, mediante oficios N° E1605, de fecha 30 de septiembre de 2019, y E1642, de fecha 9 de octubre de 2019.
1) Que, el principio de economía procedimental consagrado en el artículo 9° de la ley N° 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos, mediante las cuales se rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, exige responder con la máxima economía de medios y eficacia, evitando trámites dilatorios. Por lo anterior, y atendido al hecho que entre los amparos roles C4165-19 y C4169-19 existe identidad respecto del solicitante y del órgano de la Administración requerido, además de tratarse de solicitudes de información de similar contenido, este Consejo, para facilitar su comprensión y resolución, ha resuelto acumular los citados amparos, resolviéndolos a través de su revisión en conjunto.
2) Que, el artículo 14 de la Ley de Transparencia dispone que la autoridad o jefatura del organismo requerido deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello, en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados desde la recepción de la misma. No obstante ello, en el presente caso, las solicitudes en análisis no fueron respondidas dentro del plazo legal indicado. En razón de lo anterior, este Consejo representará al Sr. Subsecretario de Redes Asistenciales, en lo resolutivo de la presente decisión, la infracción tanto a la precitada disposición, como al principio de oportunidad consagrado en el artículo 11, letra h), del cuerpo legal citado.
3) Que, los amparos se fundan en las respuestas negativas por parte de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, a las solicitudes de información del reclamante. En efecto, dichos requerimientos se refieren a copia de diversos correos electrónicos enviados y recibidos entre los funcionarios y laboratorio que indica, durante el período que señala. Al respecto, el órgano denegó la entrega de la información requerida, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N°1, letra c), y N°2 de la citada ley.
4) Que, establecido lo anterior, ante la ausencia de autorización expresa para acceder a las comunicaciones requeridas, enviadas y recibidas por los funcionarios del organismo reclamado, con el funcionario que se indica de CENABAST y con el laboratorio Glaxosmithkline, se debe hacer presente que este Consejo, en decisión de mayoría, estima que los correos electrónicos, tal como ocurre con las conversaciones telefónicas, cartas u otros medios de comunicación audiovisuales o radiofónicos, son interacciones entre personas individualmente consideradas, pudiendo incluir información, ideas, opiniones o juicios de valor confidenciales o privados, a pesar de que dichos correos electrónicos se generen en el ámbito del ejercicio de la función pública y sin perjuicio de que sean decantados en casillas institucionales. En efecto, se trata de una forma de comunicación que puede abarcar una multiplicidad de situaciones humanas o de hecho, similares a las que se producen a través de las llamadas telefónicas que las personas tienen día a día al interior de los órganos de la administración del Estado y que no tienen la relevancia necesaria para justificar su publicidad en aras del control social.
6) Que, en este sentido, la vida privada es "aquella que se ejecuta a vista de pocos, familiar y domésticamente, sin formalidad ni ceremonia alguna, particular y personal de cada individuo, que no es propiedad pública o estatal, sino que pertenece a particulares" (Silva B., Alejandro, en "Tratado de Derecho Constitucional", Tomo XI, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2006, p.188). Asimismo, "el concepto de vida privada está directamente vinculado a la ‘intimidad’, a ese ámbito en que el ser humano y la gente de sus afectos conviven, conversan, se aman, planifican el presente y el futuro, comparten alegrías y tristezas, gozan del esparcimiento, incrementan sus virtudes y soportan o superan sus defectos, y fomentan sus potencialidades humanas para su progreso integral, todo ello sin la intervención o presencia de terceros" (Evans de la Cuadra, Enrique, en "Los Derechos Constitucionales", Tomo I, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2004, p.212). De manera similar se sostiene que la vida privada es "el conjunto de los asuntos, conductas, documentos, comunicaciones, imágenes o recintos que, el titular del bien jurídico protegido, no desea que sean conocidos por terceros sin su consentimiento previo" (Cea Egaña, José Luis, en Derecho Constitucional, Tomo II Derecho, Deberes y Garantías, Ediciones Universidad Católica, Santiago, 2004, p.178). En este sentido, resulta indudable que la garantía constitucional de la vida privada abarca también los correos electrónicos, a la luz de su carácter de medio de comunicación privado, según lo expuesto en éste y en los considerandos precedentes.
7) Que, en el derecho comparado se ha señalado que "la existencia de una esfera privada, en la que los demás (poderes públicos o particulares) no pueden entrar sin el consentimiento de la persona, no implica solo un reconocimiento del altísimo valor que tiene la faceta privada de la vida humana, sino que constituye también una garantía básica de libertad: en un mundo donde toda la actividad de los hombres fuera pública, no cabría la autodeterminación individual. El constitucionalismo, así, exige diferenciar entre las esferas pública y privada y, por tanto, entre lo visible y lo reservado" (Diez - Picazo, Luis, Sistema de Derechos Fundamentales, Editorial Aranzadi S.A., Navarra, 2008, p.297). De la misma forma y desde la óptica del derecho a la intimidad, se ha definido a ésta como "el derecho a no ser molestado, y a guardar la conveniente reserva acerca de los datos de una persona que ésta no quiere divulgar. Es el derecho a mantener una vida privada sin interferencias de otras personas ni del Estado, con la garantía de que estos terceros no pueden invadir los aspectos reservados de la vida de las personas" (Balaguer C., Francisco et. al, Derecho Constitucional, Volumen II, Editorial Tecnos, Madrid, 1999, p.102). Por último, se ha afirmado que: "sí hay acuerdo en que el derecho a la intimidad consiste en el derecho a disfrutar de determinadas zonas de retiro y secreto de las que podemos excluir a los demás" (Pérez Royo, Javier; Curso de Derecho Constitucional, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Políticas S.A., Madrid, 2000, p.395).
8) Que, en consecuencia, los correos electrónicos son una extensión moderna de la vida privada, en cuanto manifiestan una forma de comunicación de carácter personalísimo, por lo tanto, deben ser protegidos por el derecho a la vida privada, garantía que es base y expresión de la libertad individual y que está íntimamente ligada a la dignidad de las personas, valores fundamentales consagrados en el artículo 1° de la Constitución Política.
9) Que, asimismo, los correos electrónicos se enmarcan dentro de la expresión "comunicaciones y documentos privados" que utiliza el artículo 19 N°5 de la Constitución. Son comunicaciones que se transmiten por canales cerrados, no abiertos y tienen emisores y destinatarios acotados, y el hecho de que esos correos sean de funcionarios públicos no constituye por ello una excepción de tutela. En efecto, lo que se protege con esta garantía es la comunicación, sin distinguir si se hace por canales o aparatos financiados por el Estado. Por otra parte, no hay ninguna norma, ni en la Constitución ni en la ley, que pueda interpretarse para marginarlos de esta garantía. Si se aceptara que las comunicaciones de los funcionarios, por el hecho de ser tales, no están protegidas por el artículo 19 N°5 de la Carta Fundamental, cualquiera podría interceptar, abrir o registrar esas comunicaciones, o cualquiera otra que se generara al interior de la Administración del Estado, como podría ser una comunicación telefónica. Eso sería peligroso no solo para los derechos de los ciudadanos, sino eventualmente también para el interés nacional y la seguridad de la Nación.
10) Que, por su parte, la doctrina comparte lo anteriormente expuesto. En efecto, se ha señalado que el numeral 5° del artículo 19 "comprende la protección de la correspondencia o de mensajes epistolares, telegráficos, telefónicos, radiales, por télex o por otros medios, que la técnica haga posible ahora y en el futuro" (Vivanco, Ángela, Curso de Derecho Constitucional, Tomo II, Santiago, Ediciones Universidad Católica, 2006, p.365). Y, reafirmando el tema, se ha sostenido que "no cabe duda alguna que el correo electrónico es un medio de comunicación persona a persona, que permite el desarrollo de diálogos comunicativos privados entre remitente y destinatario(s), de manera tal que se encuentra amparado por las normas del bloque constitucional de derechos humanos que conforman el sistema de garantía y protección de la inviolabilidad de las comunicaciones" (Álvarez Valenzuela, Daniel, "Inviolabilidad de las Comunicaciones Electrónicas", en Revista Chilena de Derecho Informático N°5, Universidad de Chile, Santiago, 2004, p.197).
11) Que, lo anterior encuentra su fuente en las Actas de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución. En efecto, a fin de ampliar la protección que proporcionaba el artículo 10 N°13 de la Constitución de 1925, la Constitución vigente se refiere a "comunicaciones privadas" a sugerencia del comisionado Guzmán, quien señaló que con el término correspondencia "generalmente se está apuntando solamente al correo en el sentido que le da el Diccionario y no a todo tipo de comunicaciones. Y, precisamente, derivando de esta búsqueda de lo genérico, desea sugerir a la Comisión si acaso el término más adecuado no fuera el de ‘comunicaciones privadas’, porque comunicaciones cubre todo acto, no solo los que existen hoy, sino los que pueden existir mañana" (Actas Oficiales de la Comisión Constituyente, Sesión 129, 12 de junio de 1975, p.10). En igual sentido, el comisionado Silva Bascuñán señaló que la nueva redacción pretende cubrir "toda forma de comunicación intelectual y espiritual entre dos individuos proyectados el uno hacia el otro, por cualquier medio que esté dentro de las posibilidades técnicas del país y de la sociedad" (Ídem, p.4).
12) Que, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la materia ha sido especialmente protectora de ambas garantías. La Magistratura Constitucional ha destacado que "el respeto y protección de la dignidad y de los derechos a la privacidad de la vida y de las comunicaciones, son base esencial del desarrollo libre de la personalidad de cada sujeto, así como de su manifestación en la comunidad a través de los grupos intermedios autónomos con que se estructura la sociedad" (Sentencia del Tribunal Constitucional, Rol N°389, de 28 de octubre de 2003, considerando 19). Enfatizando "el ligamen que existe entre la dignidad de la persona y el ejercicio de este derecho esencial (19 N°5), pues la inviolabilidad de las comunicaciones privadas debe ser considerada una extensión, lógica e inevitable, sobre todo en la vida moderna, del carácter personalísimo o reservado que tienen ellas como base de la libertad individual y su proyección en los más diversos aspectos de la convivencia". Asimismo, ha sostenido que los correos electrónicos se enmarcan perfectamente dentro de la expresión "comunicaciones y documentos privados" que utiliza el artículo 19 N° 5° de la Constitución, pues "son comunicaciones, que se transmiten por canales cerrados, no por canales abiertos, y tienen emisores y destinatarios acotados. Por lo mismo, hay una expectativa razonable de que están a cubierto de injerencias y del conocimiento de terceros. En nada obsta a lo anterior el que no sea muy dificultoso interceptarlos o abrirlos" (Sentencia Rol N° 2153, de 11 de septiembre de 2012, considerando 42).
13) Que, de la misma forma y en lo que interesa, la jurisprudencia, tanto judicial como administrativa, también se ha pronunciado en favor de la protección de los correos electrónicos como parte de la esfera de intimidad y privacidad de las personas:
14) Que, en consecuencia, los correos electrónicos se encuentran protegidos por la garantía contenida en el artículo 19 N°5 de la Constitución, lo que implica el deber positivo de protección de ese espacio de intimidad y, asimismo, prohíbe acciones u omisiones que puedan afectar el núcleo esencial de este derecho constitucional o su libre ejercicio, pues éstas contravendrían la seguridad que garantiza el numeral 26 del artículo 19 de la Carta Fundamental.
15) Que, el órgano requerido, para recabar la información solicitada deberá revisar las comunicaciones electrónicas solicitadas, lo que constituiría, por sí sola, una invasión inaceptable de la intimidad personal de la titular del correo electrónico. Por ende, su publicidad es constitucionalmente admisible únicamente en los casos y formas que prescribe la ley. En efecto, el propio Tribunal Constitucional ha resuelto en sus sentencias Rol N°226-95 (considerando 47), Rol N°280-98 (considerando 29) y Rol N°1365-2009 (considerando 23) que la limitación de un derecho fundamental no puede ser tolerada si no está rodeada de suficiente determinación y especificidad como para garantizar una protección adecuada a la esencia del derecho y a su libre ejercicio, en este caso, el derecho a la privacidad y a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas.
16) Que, en suma, la Ley de Transparencia no tiene la especificidad ni la determinación que le exige la Constitución Política para restringir el derecho que protege las comunicaciones vía correos electrónicos, pues no determina los casos ni las formas en que sería admisible la limitación de este derecho fundamental garantizado por el artículo 19 N°5 de la Carta Fundamental, en función de resguardar al máximo posible la intimidad y la vida privada de su titular. En efecto, el Tribunal Constitucional en sentencia Rol N°2246-12, recaída en recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, de fecha 31 de enero de 2013, razonó que "el acceso a comunicaciones privadas sólo puede permitirlo el legislador cuando sea indispensable para una finalidad de relevancia mayor, cuando sea necesario porque no hay otra alternativa disponible y lícita, bajo premisas estrictas, con una mínima intervención y nunca de manera constante y continua, sino que de forma limitada en el tiempo y siempre de modo específico, señalándose situaciones, personas y hechos" (considerando 57).
17) Que, finalmente, cabe destacar desde la perspectiva de la historia de la ley, en particular el proyecto de ley que modifica la ley N°20.285, Sobre Acceso a la Información Pública (boletín N°12.100-07), lo expuesto en la Sesión 148ª Ordinaria, de 15 de octubre de 2019, de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados, que declaró inadmisible por inconstitucional la indicación sustitutiva a dicho proyecto de ley, presentada por el Honorable Diputado Sr. Leonardo Soto Ferrada, por medio de la cual se pretendía consagrar la publicidad de los correos electrónicos de los funcionarios públicos.
18) Que, dicha declaración de inadmisibilidad cobra relevancia para la adecuada interpretación que esta mayoría ha dado a la publicidad de dichos correos electrónicos, especialmente desde la perspectiva del elemento de interpretación de la ley histórico, consagrado en el artículo 19 del Código Civil, norma que indica, en lo pertinente, que para interpretar una expresión oscura de la ley, se puede recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestado en la historia fidedigna de su establecimiento. De ahí entonces que dicha declaración de inadmisibilidad con ocasión de un proyecto de ley es trascendente, particularmente porque de conformidad a lo establecido en el inciso 2° del artículo 24 de la ley N°18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, no pueden admitirse indicaciones contrarias a la Constitución Política y precisamente la idea de hacer públicos los correos electrónicos de los funcionarios públicos, vulnera el contenido esencial del artículo 19 N°5 de la Constitución Política, razón más que suficiente para declarar inadmisible aquella indicación. Lo anterior refuerza la interpretación de esta mayoría, en línea con lo resuelto de la misma forma por los tribunales superiores de justicia y por el Tribunal Constitucional.
19) Que, por lo anterior, a juicio de esta mayoría, se configura respecto de los correos electrónicos solicitados, la causal de secreto o reserva contenida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, debiéndose, en consecuencia, rechazar los amparos.
20) Que, en virtud de lo resuelto precedentemente, este Consejo no se pronunciará respecto de la otra causal alegada.
21) Que, finalmente, se advierte que el órgano reclamado denegó la entrega de las comunicaciones solicitadas, señalando en sus descargos que no procedió a conferir traslado de la solicitud a los titulares de las comunicaciones requeridas. Al respecto cabe observar que ello no se aviene con el procedimiento que debía seguir ante una solicitud como la que se analiza, por cuanto lo que procedía en la especie, era que el órgano reclamado confiriera traslado a los mencionados titulares, según lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia. De este modo, una vez emplazados los titulares de la información, son éstos quienes deben informar si acceden a su entrega o, si por el contrario, se oponen a ello, indicando, en tal evento, los derechos que les asisten y que se verían afectados con la publicidad de dichos antecedentes, según se consigna en el numeral 5 de la parte expositiva. En consecuencia, se representará a la reclamada no haber dado aplicación al antedicho procedimiento de oposición.
I. Rechazar los amparos interpuestos por don Manuel Aresti Durban en contra de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.
II. Representar al Sr. Subsecretario de Redes Asistenciales, la infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, así como al principio de oportunidad previsto en el artículo 11, letra h), del mismo cuerpo legal, al no haber respondido las solicitudes de información dentro de los plazos legales. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reiteren tales infracciones.
III. Representar al Sr. Subsecretario de Redes Asistenciales, el haber omitido dar lugar al procedimiento de oposición, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reitere tal infracción.
IV. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Manuel Aresti Durban, al Sr. Subsecretario de Redes Asistenciales, y a don Juan Carlos Corbeaux Larreboure y al laboratorio GLAXOSMITHKLINE, en su calidad de terceros interesados.
La presente decisión es acordada con el voto en contra de la Consejera doña Gloria de la Fuente González, quien no comparte lo razonado en los Considerandos 4) a 19), respecto de los correos electrónicos reclamados, estimando que el amparo debe ser acogido, en base a las siguientes consideraciones: