Source: https://hayderecho.com/2017/10/27/que-recursos-caben-contra-la-autorizacion-del-senado-y-los-actos-del-gobierno-en-aplicacion-del-art-155-ce/
Timestamp: 2019-05-21 03:05:30
Document Index: 41570239

Matched Legal Cases: ['artículo 155', 'artículo 155', 'artículo 155', 'artículo 1', 'artículo 12', 'artículo 41', 'artículo 155', 'artículo 37', 'artículo 155']

¿Qué recursos caben contra la autorización del Senado y los actos del Gobierno en aplicación del art.155 CE? – Hay Derecho
27 octubre, 2017 /5 Comentarios/en Blog, Cataluña, Derecho Constitucional /por Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado
Se ha publicado ya en el BOE la autorización del Senado para aplicar el art. 155 de la Constitución (que incluye algunas pequeñas modificaciones con respecto a la propuesta original del Gobierno que puede verse aquí
En cuanto al tipo de recursos que caben contra esta autorización, dado que podemos considerar que la autorización del Senado es un norma con fuerza de ley es posible, conforme al art. 33 de la LOTC, plantear contra ella recurso de inconstitucionalidad por 50 senados, 50 diputados y los órganos (parlamento y gobierno) autonómicos que puedan verse afectados. Efectivamente de conformidad con este precepto “1. El recurso de inconstitucionalidad se formulará dentro del plazo de tres meses a partir de la publicación de la Ley, disposición o acto con fuerza de Ley impugnado mediante demanda presentada ante el Tribunal Constitucional, en la que deberán expresarse las circunstancias de identidad de las personas u órganos que ejercitan la acción y, en su caso, de sus comisionados, concretar la Ley, disposición o acto impugnado, en todo o en parte, y precisar el precepto constitucional que se entiende infringido.”
En cuanto a la legitimidad para su interposición el Parlamento autonómico al no estar suspendido podrá impugnar la autorización, pero no así el Gobierno autonómico una vez que sea cesado.
También se puede acudir a la vía del procedimiento jurisdiccional de protección de derechos fundamentales si es que se considera que existe una violación de algún derecho fundamental o acudir al procedimiento ordinario (en este caso la jurisdicción contencioso-administrativa) contra los actos que se vayan dictando en aplicación de la autorización del Senado (Los Reales Decretos, Ordenes Ministeriales, etc que se vayan dictando para hacer efectivas las medidas de aplicación del art. 155) por aquellos que se consideren afectados por éstos (Por ejemplo, el President y los Consejeros que sean cesados) solicitando ante el tribunal ordinario el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad por entender que el acto administrativo de que se trate trae causa de una autorización que es inconstitucional.
Pueden existir dudas respecto a si los actos de aplicación de la autorización del Senado, por lo menos los primeros actos que se dicten por el Gobierno (por ejemplo, los RD de ceses del Govern), son o no actos de contenido constitucional y por tanto no impugnables ante la jurisdicción ordinaria. Esta es la tesis que sostuvo el TC en STC 83/2016 en un supuesto que guarda ciertas analogías con el que ahora nos ocupa, el de la declaración por el Gobierno del estado de alarma en relación con la huelga de controladores aéreos. Al considerar que se trataba de una disposición con rango o valor de ley también consideró que no se vulneraba el derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de derecho de acceso a la jurisdicción (art. 24.1 CE) al no permitir su revisión en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo dado que no es competente para fiscalizar estas disposiciones. Efectivamente, su control corresponde al Tribunal Constitucional a través de los procesos constitucionales previstos en la Constitución y en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Ahora bien, esto no excluye que el control jurisdiccional por los Tribunales ordinarios de «[…] los actos y disposiciones que se dicten en su aplicación durante la vigencia del estado de alarma: los actos y disposiciones que puedan dictarse en su aplicación puedan impugnarse ante la jurisdicción ordinaria en cada caso competente (art. 3.2 de la Ley Orgánica 4/1981) y los órganos judiciales puedan, al enjuiciarlos, promover cuestión de inconstitucionalidad contra los actos, decisiones o resoluciones con valor de ley de los que son aplicación, cuando consideren que puedan ser contrarios a la Constitución»
En todo caso, nuestro Estado de Derecho tiene vías para discutir la constitucionalidad de la autorización del Senado y para garantizar la revisión ante los Tribunales de Justicia, primero nacionales y luego europeos -por una u otra vía- de todos los actos que se dicten en ejecución de esta autorización publicada hoy en el BOE, además del propio control que está previsto que ejerza la Comisión conjunta de las Comisiones General de Comunidades Autónomas y Constitucional en base al propio acuerdo del Senado.
https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2017/09/Constitución_Española_de_1978.jpg 1450 1000 Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado2017-10-27 19:27:302017-10-27 19:27:30¿Qué recursos caben contra la autorización del Senado y los actos del Gobierno en aplicación del art.155 CE?
HD Joven: Lo que sólo solucionará el 155
28 octubre, 2017 en 10:51
Hay que ver con delicadeza si la autorización del Senado regulada en el artículo 155 de la Constitución es una ley, un acto administrativo o ambas cosas. La verdad es que resulta muy contradictorio que un mismo acto del Senado pueda considerarse, al mismo tiempo, una ley y un acto administrativo impugnable de forma directa ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin necesidad de plantear una cuestión de inconstitucionalidad.
Teniendo presentes las notas que se han ido publicando en relación con el artículo 155 de la Constitución, podría considerarse que la autorización del Senado no es una ley, pues solo se ha producido con la aprobación de la denominada Cámara parlamentaria de representación territorial, sin que haya intervenido el Congreso. Realmente, debe pensarse que el Senado, al autorizar las medidas gubernativas a las que se refiere el artículo 155 de la Constitución, ha dictado un acto administrativo singular, que se englobaría dentro de la función parlamentaria de control de la acción de Gobierno.
Por el artículo 1.3 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los órganos de ese orden conocerán también de las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos y disposiciones en materia de administración. Concretamente, la competencia objetiva se atribuye, por el artículo 12 de la norma, a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que conocerá de ese tipo de asuntos en única instancia.
Dentro del propio proceso contencioso-administrativo, podría solicitarse la cuestión de inconstitucionalidad. De ese modo, el Tribunal Constitucional si que podría analizar la autorización del Senado.
28 octubre, 2017 en 11:57
Además, se podría usar el recurso de amparo por el artículo 41 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
Facundo Mellado Dice:
28 octubre, 2017 en 13:22
Ofrece usted los medios de impugnación, pero sin hacer una valoración de su posible éxito. ¿Cuál es su opinión sobre el fondo, esto es, acerca de la constitucionalidad de las medidas?
Yo ya he dado la mía en otros comentarios. En suma, por cuatro motivos:
1) El art. 155 no es aplicable, pues se trata de un medio subsidiario, utilizable sólo cuando las normas de las que surge las obligaciones incumplidas con prevén una sanción para tal incumplimiento (lex imperfecta); por ejemplo, en caso de inaplicación reiterada del Derecho de la Unión Europea, de la que responde España al detentar la personalidad jurídica internacional, y poder obligar de ningún otro modo jurídico a la Comunidad incumplidora.
Ahora, en cambio, existe el delito de sedición, que es suficiente para parar la secesión. También los estados de excepción y sitio.
2) La expresión «cumplimiento forzoso» es propia del Derecho de obligaciones y del procesal. Las obligaciones personalísimas, como pintar un cuadro, no admiten el cumplimiento forzoso en forma específica. Cabe pensar que las de respetar la Constitución, el Estatut y otras leyes incumplidas flagrantemente por las autoridades catalanas lo son, pues son precisamente tales normas las que prevén un procedimiento ad hoc para designar las únicas personas sujetos de tales obligaciones: las elecciones y la investidura. Habría que considerar, por tanto, que las medidas del Gobierno son una suerte de cumplimiento por equivalente, o una indemnización de daños y perjuicios, lo cual es estirar el chicle demasiado.
3) El párrafo primero autoriza al Gobierno a tomar «todas las medias necesarias»; el segundo dice que, para ejecutarlas, podrá dar instrucciones a las autoridades de las Comunidades Autónomas. Si se interpreta cómo el Gobierno pretende, tenemos que el párrafo segundo es superfluo, pues el primero ya autoriza todo: quién puede lo más, puede lo menos.
En otra interpretación más cabal, el primer párrafo aludiría al contenido de las medidas, ilimitadas en cuanto al qué; y el segundo, al procedimiento, limitando las medidas en cuanto al cómo.
4) Precisamente entra aquí un defecto del art. 155 respecto a su modelo, el art. 37 de la Ley Fundamental de Bonn. Mientras ésta alude como receptora de las instrucciones del Gobierno federal, además de a las autoridades del Land incumplidor al «Representante del Gobierno» en él ―nuestro Delegado del Gobierno―; nuestro texto, cita sólo a las autoridades de la Comunidad Autónoma. Sería inútil incluso aunque fuese aplicable.
En conclusión, creo que el art. 155 no es aplicable al caso, y que sería inútil incluso aunque lo fuera, pues se circunscribe a dar instrucciones a las autoridades autonómicas incumplidoras. Creo que lo que procede es la vía de la persecución penal por el delito de sedición a tales autoridades, especialmente fácil respecto de las que convocaron y participaron en el referéndum ilegal. Hubo alzamiento público y tumultuario con el dolo de impedir la aplicación de una resolución del Tribunal Constitucional (y/o de impedir las funciones desempeñadas por los funcionarios de la Policía Nacional y de la Guardia Civil). La aplicación del Código penal no está sometida a criterio alguno de oportunidad política, el Gobierno no puede elegir una vía u otra. La existencia de esta vía impide la aplicación del art. 155, como he dicho.
Asimismo, procede la declaración del estado de excepción y de sitio, que no dependen únicamente del partido en el Gobierno, al requerir la aprobación de las Cámaras. Con el de sitio sería la jurisdicción militar la que juzgaría los delitos cometidos desde entonces por las autoridades.
Otro plano, ya no jurídico, sería el de analizar por qué el Gobierno de España no quiere esta vía. También lo he analizado en otros comentarios. No lo haré ahora.
30 octubre, 2017 en 19:10
Sobre la (anti)constitucionalidad de las medidas creo que hay poco que valorar. Basta con leer lo que dice el artículo 155.2, se complementa con lo que dice en http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=155&tipo=2
“El precepto se inspira claramente en la figura de la llamada “coerción federal” (Bundeszwang), prevista en el artículo 37 de la Ley Fundamental de Bonn. De hecho, tal inspiración se advierte incluso de manera inequívoca en la redacción del artículo 155, que coincide en lo esencial con la dicción literal del precepto constitucional alemán. En otros sistemas federales o Estados de estructura compuesta o compleja, por el contrario, el mecanismo de reacción -extrema o excepcional- de los órganos federales o centrales ante conductas de los Estados federados o entes territoriales subestatales gravemente atentatorias contra la lealtad federal o institucional hacia la Federación o el Estado central consiste en la suspensión o disolución de los órganos de aquéllos (la llamada “intervención o ejecución federal”), y no sólo en la posibilidad de adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento forzoso de las obligaciones incumplidas, en particular por medio de instrucciones de obligada observancia para los órganos del Estado federado o ente territorial de que se trate, a su vez coercibles por los órganos federales o centrales en caso de resultar desatendidas.”
Y está pristino que se ha perpetrado una “intervención o ejecución federal”, cuando lo que la Constitución admite es la “coerción federal”. La cantidad de delitos que presuntamente están perpretando Rajoy y cía. crecerán día a día.
28 octubre, 2017 en 14:51
Muchas gracias Elisa por intentar desbrozar un poco el laberinto jurídico que se ha creado. Y gracias por incluir el texto de lo publicado en el BOE que, por cierto, es otro embrollo técnico-jurídico tan poco entendible como la factura de la luz. ¿Es necesaria toda la retórica del lenguaje jurídico así como las faltas gramaticales del mismo en el texto del BOE? Ya el enunciado necesita leerlo varias veces.
Creo que, de todas formas, empieza otro acto de la representación donde el Sr. Puigdemont está acaparando más popularidad que una estrella del cine. Un acto que, mucho me temo, puede derivar en drama y tragedia cuando se hagan operativas las medidas anunciadas por la simple resistencia de los “ex” a abandonar las instituciones. Por tu preparación y conocimientos sabes que será muy difícil implementar lo acordado sin volver a dejar el “marrón” a las fuerzas de seguridad, tanto las catalanas, como las nacionales, cuando habría sido mucho más fácil el simple cese o destitución por vía disciplinaria administrativa (suspensión de empleo y sueldo cautelar y vía contencioso-admininistrativa para recurrir). Hemos creado un absurdo laberinto de “legalidades” contrapuestas (la de la república catalana y la del Estado) que no es de ahora y se podía y debía haber atajado hace tiempo.
¡Ojalá tantos errores políticos como vamos arrastrando no nos lleven por delante! Un saludo.
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