Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2000/A166-00.htm
Timestamp: 2018-12-13 14:25:04
Document Index: 353822682

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 37', 'artículo 86', 'artículo 374', 'artículo 37']

A166-00
Auto 166/00
Referencia: expediente I.C.C.-177
Peticionario: William García Villarraga
1° El peticionario de la referencia, quien se encuentra recluido en la Cárcel del Circuito Judicial de Villeta (Cundinamarca), interpuso acción de tutela contra el INPEC con miras a buscar la protección de sus derechos fundamentales los cuales se encuentran vulnerados como consecuencia de las malas condiciones de salubridad y hacinamiento que se presentan en la cárcel.
2° La acción fue interpuesta ante el Juez Penal del Circuito de Villeta, el cual, a través de providencia del 25 de agosto del presente año, resolvió declararse incompetente para conocer de la tutela en referencia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1°, numeral 1° del Decreto 1382 de 2000, entendiendo que, como lo dispone esta norma, al estar dirigida la acción contra una autoridad del orden nacional el juez competente es el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, en consecuencia, no podía asumir el conocimiento de dicho asunto. Por ello, resolvió remitir el expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que, una vez surtidos los trámites correspondientes, decidiera sobre el objeto de la acción de tutela.
3° Surtida la anterior remisión, correspondió conocer del proceso a la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual, mediante providencia de septiembre 7 del año en curso, considerando que el INPEC, según lo dispuesto en los Decretos 2160 de 1992 y 300 de 1997, es un establecimiento público del orden nacional y, que de conformidad con el artículo 1° numeral 1° inciso 1° del Decreto 1382 la competencia para conocer de las acciones de tutela contra entidades descentralizadas del orden nacional recae en los jueces de circuito, decidió proponer un conflicto negativo de competencias. Para tal efecto, y ante la inexistencia de un superior jerárquico común entre las partes en el conflicto, remitió el expediente a la Corte Constitucional.
2° En el presente caso, el conflicto de competencias que se plantea se origina entre jueces de distinta jurisdicción respecto de los cuales no existe superior jerárquico común -el Juzgado Penal del Circuito de Villeta y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-, razón por la cual esta Corporación es la competente para dirimirlo.
3° A partir de lo anterior, teniendo en cuenta los motivos que originaron el referido conflicto, cabe destacar también que esta misma Sala, al resolver sobre situaciones análogas a la que se plantea, amparada en la excepción de inconstitucionalidad (C.P. art. 4), ha venido inaplicando el Decreto 1382 del 12 de julio de 2000, por considerar que el mismo contraviene lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 37 del Decreto 2591 de 1991. Al respecto, ha dicho la Corte:
“Siendo ello así surge de bulto que el artículo 1º del Decreto 1382 de 12 de julio de 2000, fue mucho más allá de la usurpación del Congreso de la República para introducir modificaciones al artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, para reformar, sin atribución alguna el artículo 86 de la Constitución Política, pues esa reforma no se ciñe para nada a ninguno de los procedimientos que para el efecto se establecen en el Título XIII de la Constitución (artículo 374 a 379)[2].”
Pues bien, siguiendo el criterio de interpretación adoptado por la Corte, el citado Decreto 1382 de 2000 tampoco es aplicable al caso presente, en cuanto que, como se anotó, el mismo modifica lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política y 37 del Decreto 2591 de 1991, restringiendo irrazonablemente el derecho de acceso a la administración de justicia. En realidad -lo ha dicho esta Corporación-, la norma aplicable para efectos de determinar la competencia en sede de tutela es el citado artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, según el cual, “Son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud.”
4º En presente caso, si bien el conflicto de competencias surge a partir de la interpretación de la normas contenidas en el Decreto 1382 de 2000, la Corte se abstiene de establecer los alcances del Decreto en mención por las razones expuestas anteriormente. Así las cosas, teniendo en cuenta que, en principio, la acción de la referencia fue interpuesta ante el juez competente según lo dispuesto por el Decreto 2591 de 1991, esto es, ante la autoridad donde tuvo lugar la presunta violación de los derecho invocados, esta Corporación ordenará al Juzgado Penal del Circuito de Villeta dar trámite a la acción de tutela de la referencia.
SEGUNDO. Resolver el presente conflicto indicando que el Juzgado Penal del Circuito de Villeta, Cundinamarca, es competente para conocer el proceso de tutela de la referencia.
TERCERO. Por intermedio de la Secretaría General de esta Corporación, REMITIR el expediente Juzgado Penal del Circuito de Villeta, Cundinamarca, para lo de su competencia.
[2] Auto de Sala Plena de septiembre 26 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra)