Source: https://www.ibs.es/legislacion/mediacion-de-seguros-privados/
Timestamp: 2019-02-19 14:55:16
Document Index: 396279290

Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 28', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 38', 'Artículo 8', 'artículo 3', 'artículo 11', 'artículo 15', 'Artículo 19', 'artículo 2', 'artículo 14', 'artículo 15', 'artículo 22', 'Artículo 24', 'artículo 10', 'artículo 14', 'artículo 2', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'artículo 149', 'artículo 15', 'artículo 16', 'artículo 31', 'artículo 69', 'artículo 149', 'artículo 16', 'artículo 40', 'artículo 16', 'artículo 7', 'artículo 9', 'artículo 23', 'artículo 4', 'artículo 31', 'artículo 5', 'artículo 21']

Mediación de Seguros Privados - IBS Brokers Correduría de Seguros
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CAPÍTULO I. DE LA MEDIACIÓN EN SEGUROS PRIVADOS
Artículo 2. Ambito material.
CAPÍTULO II. DE LOS MEDIADORES EN LOS CONTRATOS DE SEGURO
SECCIÓN 1. DE LOS MEDIADORES EN SEGUROS PRIVADOS
Artículo 5. Clasificación y reserva de denominación.
SECCIÓN 2. DE LOS AGENTES DE SEGUROS
Artículo 6. Agentes de seguros.
Artículo 7. Contrato de agencia de seguros.
Artículo 9. Contenido económico y extinción del contrato de agencia.
Artículo 10. Obligaciones frente a terceros.
Artículo 11. Registro de agentes.
Artículo 12. Formación de los agentes.
Artículo 13. Responsabilidad administrativa.
SECCIÓN 3. DE LOS CORREDORES DE SEGUROS
Artículo 14. Corredores de seguros.
Artículo 16. Diploma de Mediador de Seguros Titulado.
Artículo 17. Honorabilidad y experiencia de los administradores de sociedades que ejercen la actividad de correduría de seguros.
Artículo 18. Régimen de los nacionales de otros Estados miembros de la CEE.
Artículo 19. Revocación de la autorización administrativa.
Artículo 20. Actividad sin autorización.
Artículo 21. Contratos de colaboración con los corredores de seguros.
SECCIÓN 4. INCOMPATIBILIDADES DE LOS MEDIADORES DE SEGUROS PRIVADOS
Artículo 22. Régimen general.
Artículo 23. Incompatibilidades en las sociedades de correduría de seguros.
CAPÍTULO III. RÉGIMEN DE CONTROL ADMINISTRATIVO
Artículo 24. Competencia administrativa e inspección.
Artículo 28. Procedimiento y competencia en materia de sanciones.
Artículo 30. Medidas de control especial.
CAPÍTULO IV. DE LA COLEGIACIÓN DE MEDIADORES DE SEGUROS TITULADOS
Artículo 31. Colegios de Mediadores de Seguros Titulados.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Convalidación del título de Agente y Corredor de seguros.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Transformación de los Colegios de Agentes y Corredores de Seguros y de su Consejo General.
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Legislación supletoria.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. Adaptación de los agentes de seguros.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. Adaptación de los corredores de seguros.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA. Normas provisionales sobre los requisitos para ejercer la actividad de correduría de seguros.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA. Pruebas selectivas y cursos de formación.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA. Derechos adquiridos a la colegiación de agentes y corredores de seguros.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA. Régimen de derechos adquiridos.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SÉPTIMA. Adaptación de las entidades aseguradoras.
1. La evolución más reciente de las normas reguladoras de la actividad aseguradora privada se han encaminado, de una parte, a ampliar la capacidad de decisión y maniobra del empresario de seguros eliminando trabas innecesarias a su libre actuación y, de otra, como contrapartida, a reforzar las exigencias de solvencia y los mecanismos cautelares y sancionadores aplicables a quienes no hagan uso adecuado del nuevo marco de libertad e incumplan las garantías financieras y los requisitos de solvencia exigidos por la legislación aplicable.
Esta tendencia, que se ha puesto de relieve de manera especialmente intensa en las normas de supervisión de las entidades aseguradoras, no ha sido seguida de manera paralela en el conjunto normativo que afecta a la actividad de distribución de los seguros privados. En efecto, la regulación actual de la actividad de mediación en seguros privados de producción, en la terminología de la legislación que se deroga está constituida, en cuanto norma con rango de Ley, por el Real Decreto Legislativo 1347/1985, de 1 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de la Producción de Seguros Privados, modificado por Real Decreto Legislativo 1300/1986, de 28 de junio, y por el artículo 5 de la Ley 21/1990, de 19 de diciembre.
A pesar de que tal normativa es de reciente promulgación no debe olvidarse que se encuentra inspirada en los principios que sustentaba la legislación anterior derogada, constituida por la Ley 117/1969, de 30 de diciembre, y su Reglamento de 8 de julio de 1971, y ello porque el texto refundido de 1985, por su propia naturaleza y finalidad, y sus posteriores modificaciones, por lo deliberadamente limitado de su alcance, incluyen los preceptos de la Ley de 1969 que no se han visto alterados por la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenación del Seguro PrivadoVéase la Ley 30/1995, de 8 de noviembre..
2 Con el fin de superar las citadas deficiencias y de colocar la normativa sobre distribución de los seguros en el mismo nivel de desarrollo que la de supervisión de las entidades aseguradoras y en consonancia con la evolución registrada en nuestro mercado en la pasada década, se estima indispensable promulgar una nueva Ley que regule la actividad de distribución de los seguros sin que, a diferencia de lo que ha ocurrido en ocasiones anteriores, haya de partir necesariamente de los esquemas y de los preceptos de la legislación que le precede en el tiempo. Muy al contrario, son bases nuevas y enfocadas a los antedichos objetivos las que presiden la presente regulación.
Regulación del control de la mediación en los contratos de seguro.
Separación de los mediadores de seguros en dos categorías nítidamente diferenciadas: agentes de seguros y corredores de seguros.
Liberalización de la red agencial de las entidades aseguradoras.
El agente afecto, como parte integrante de la red de distribución exclusiva de una empresa aseguradora, debe ser nombrado por ésta de acuerdo con sus propios criterios de selección, tal y como tiene lugar en cualquier otra actividad económica en general y financiera, en particular. Es la entidad de seguros la que ha de calibrar cuáles son los sistemas de distribución que mejor encajan en su plan estratégico de actuación, el tipo de pólizas que desea ofrecer en el mercado, el grado de complejidad de las mismas y las funciones que desea asignar a sus agentes de seguros.
Estas circunstancias, entre otras, influirán decisivamente en la determinación de la política de selección y en los niveles de conocimientos previos, experiencia y formación técnica que cada aseguradora exigirá a cada uno de sus agentes.
En coherencia con el espíritu liberalizador que se acaba de exponer se exceptúa de las operaciones prohibidas a las entidades aseguradoras por la Ley 33/1984, de 2 de agostoVéase la Ley 30/1995, de 8 de noviembre., todas aquellas en las que dichas entidades, sin realizar ellas mismas una actividad distinta a la aseguradora, permiten utilizar sus redes de venta a cualesquiera otras entidades no aseguradoras para que estas últimas distribuyan sus bienes y servicios.
Sometimiento de los corredores de seguros a requisitos financieros y de profesionalidad para acceder a la actividad y para el ejercicio de la misma.
El corredor de seguros, por contraposición al agente, no sólo no actúa con el respaldo de las entidades de seguros sino que, muy al contrario, debe estar libre de cualquier vínculo que suponga afección a las mismas. De ahí que la presente Ley opte por el establecimiento de un conjunto de normas que garanticen la independencia de los corredores de seguros desde el inicio de su actividad y que permitan dotar de la adecuada transparencia la actuación del corredor ante el tomador del seguro y el asegurado.
Fijación de dos centros distintos de imputación de responsabilidad administrativa.
Consecuencia lógica de la diversidad de regímenes jurídicos antes aludidos es la diferenciación en dos sistemas de responsabilidad administrativa. El primero de ellos se centra en las entidades aseguradoras, como últimas responsables de la selección de las personas que han de formar parte de sus redes agenciales de distribución de sus pólizas de seguro, de la formación técnica de las mismas y, en definitiva, de la actuación de éstas en la mediación en seguros privados; por tanto, las entidades aseguradoras estarán sujetas al régimen de infracciones y sanciones administrativas respondiendo así de las irregularidades cometidas por quienes agentes de seguros forman parte integrante de su red de distribución.
El control de la actividad de mediación en seguros privados y de las personas físicas o jurídicas que la realizan corresponde a la Dirección General de Seguros del Ministerio de Economía y Hacienda, circunscribiéndose las funciones públicas específicas sin perjuicio de las que les atribuye la legislación general de los Colegios de Mediadores de Seguros Titulados a las tareas de formación de los corredores de seguros. Particularmente ha de destacarse el carácter voluntario con el que se configura la colegiación, en sintonía con la doctrina del Tribunal Constitucional, y que la misma se circunscribe a los mediadores titulados.
Liberalización y flexibilidad en la actividad de distribución de seguros privados.
De la total actividad de distribución la Ley únicamente regula con detenimiento la mediación en seguros privados, limitándose a fijar reglas de libertad de actuación en sus artículos 2 y 3 para el resto de los canales de distribución.
Supresión de la exclusividad de objeto social en las Sociedades de agencia y de correduría de seguros.
Posibilidad de celebrar contratos entre entidades aseguradoras para el intercambio de sus redes agenciales de distribución, bajo el principio de responsabilidad administrativa de la entidad aseguradora que, en virtud de un contrato de esta clase, utiliza la red de distribución de otra aseguradora, por las irregularidades que se cometieran en la venta de sus pólizas de seguro por dicha red.
Regulación, junto a los subagentes como elementos auxiliares de los agentes de seguros, de los colaboradores mercantiles de los corredores de seguros, de cuya actuación responderán administrativamente éstos.
Junto a estos aspectos, referidos todos ellos a los mediadores de seguros privados y a la actividad que ejercen, es preciso destacar asimismo que la presente Ley incluye también la regulación de otras actividades vinculadas muy estrechamente al sector asegurador privado, como son las que realizan los peritos tasadores de seguro, los comisarios de averías y liquidadores de averías. La inclusión de estas tres actividades, declaradas como sometidas al artículo 2. de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenación del Seguro PrivadoVéase la Ley 30/1995, de 8 de noviembre., trata de clarificar de modo definitivo el régimen de control administrativo que se les ha de aplicar. Por ello, y en línea con la liberalización que para los mediadores de seguros privados recoge el texto de la norma, y de acuerdo con las pautas concretas fijadas en el mismo, la Ley circunscribe el control únicamente a aquellos que ejercen la función de tercer perito y en la medida en que la ejerzan.
3. A todos estos efectos se promulga la presente Ley, articulada en 31 preceptos que se estructuran en cuatro capítulos referidos, respectivamente, a la mediación en seguros privados, a las personas y entidades que llevan a efecto tal mediación (agentes y corredores de seguros y auxiliares y colaboradores de unos y otros), al control administrativo de la actividad de mediación, y, finalmente, a la colegiación voluntaria de las personas físicas tituladas que realizan tal actividad.
Completan el texto: Disposiciones adicionales al objeto de enmarcar tal regulación en la distribución de competencias entre el Estado y Comunidades Autónomas (legislación básica estatal), situar la norma dentro del marco normativo del control de los seguros privados (supletoriedad de la Ley sobre Ordenación del Seguro Privado), así como la modificación en el régimen de control de aquellos que llevan a efecto las peritaciones del artículo 38 de la Ley de Contrato de Seguro circunscribiéndolo exclusivamente a la actividad denominada de tercer perito; disposiciones transitorias que regulan con el detalle preciso la transición del régimen jurídico existente en el momento de entrada en vigor de la Ley a aquel otro que la propia Ley establece, particularmente en cuanto a la realización de la actividad de mediación en seguros privados y a la colegiación de tales mediadores; disposición derogatoria, que enumera aquellas disposiciones que quedan derogadas por la entrada en vigor de la Ley, y disposiciones finales que habilitan para el desarrollo reglamentario de la misma y fijan la fecha de su entrada en vigor.
DE LA MEDIACIÓN EN SEGUROS PRIVADOS
3. Las entidades aseguradoras podrán aceptar la cobertura de riesgos sin intervención de mediador de seguros privados. Sin perjuicio de los contratos de agencia celebrados con arreglo a esta Ley, las entidades aseguradoras con establecimiento permanente situado en España también podrán celebrar contratos para la distribución, bajo su responsabilidad administrativa, de sus pólizas de seguro por medio de la redes de distribución de otras entidades aseguradoras.
Dichos contratos deberán ser exhibidos por las entidades que los celebren a requerimiento de la Dirección General de Seguros.
6. Los mediadores de seguros privados habrán de reunir los requisitos exigidos en la presente Ley. No obstante, cuando se trate de personas naturales o jurídicas extranjeras no pertenecientes a un Estado miembro de la Espacio Económico Europeo y de hecho o de derecho en los países de origen de dichas personas se exija a los españoles mayores garantías o requisitos que a los nacionales de dichos Estados, o se les reconozcan menos derechos, el Ministerio de Economía y Hacienda podrá establecer, en régimen de reciprocidad, otras condiciones equivalentes en sus términos o en sus efectos para los del país de que se trate.
2. Las denominaciones de agente de seguros y corredor de seguros quedan reservadas a los mediadores definidos en esta Ley.
Artículo 8. Prohibiciones.Redacción según Ley 30/1995, de 8 de noviembre.
La autorización sólo podrá concederse por escrito, en el contrato de agencia o como modificación posterior al mismo, por quien ostente la representación legal, en su condición de administrador de la entidad autorizante, con indicación expresa de la duración de la autorización, entidad aseguradora a la que se refiere y ramos y modalidades de seguro, o clase de operaciones que comprende.
1. En toda la publicidad y en toda la documentación propia del giro o tráfico mercantil de mediación en seguros privados que realicen los agentes de seguros deberá figurar la expresión agente de seguros o sociedad de agencia de seguros según se trate de personas físicas o jurídicas. Igualmente harán constar a continuación tanto la denominación social de la entidad aseguradora para la que estén realizando la operación de mediación de que se trate, en virtud del contrato de agencia con ella celebrado o del contrato entre entidades aseguradoras a que se refiere el número 3 del artículo 3, como el número de registro que tuviese otorgado por la entidad aseguradora conforme al artículo 11.
2. Las comunicaciones que efectúe el tomador del seguro al agente de seguros que medie o que haya mediado en el contrato surtirán los mismos efectos que si se hubiesen realizado directamente a la entidad aseguradora. Asimismo, el pago de los recibos de prima por el tomador del seguro al referido agente de seguros se entenderá realizado a la entidad aseguradora, salvo que ello se haya excluido expresamente y destacado de modo especial en la póliza de seguro.
4. Deberán destacar en toda la publicidad y documentación del giro o tráfico mercantil de mediación en seguros las expresiones corredor de seguros o correduría de seguros, según se trate de personas físicas o jurídicas, así como las circunstancias de estar inscrito en el Registro de la Dirección General de Seguros, tener concertado un seguro de responsabilidad civil y haber constituido garantía con arreglo todo ello al artículo 15 de esta Ley.
Redacción según Ley 50/1998, de 30 de diciembre. Suprimida.
Contratar un seguro de responsabilidad civil con las características y por los capitales asegurados que, en función del volumen de negocio y la clase de riesgos, se establezca reglamentariamente.
Presentar, para su aprobación por la Dirección General de Seguros, un programa de actividades en el que se indicarán los ramos de seguro y la clase de riesgos en que se proyecte actuar, así como la estructura de la organización y los medios personales y materiales de los que se vaya a disponer para el cumplimiento de dicho programa. Deberá, igualmente, incluir mención expresa al programa de formación a que se refiere el apartado d) del número 3 de este artículo cuando el corredor vaya a utilizar los servicios de empleados o colaboradores en los términos previstos en el apartado y número citados.
Ser sociedades mercantiles, inscritas en el Registro Mercantil previamente a la solicitud de autorización administrativa, cuyos estatutos contemplen, dentro del apartado correspondiente a objeto social, la realización de actividades de correduría de seguros, con expresión del sometimiento a la legislación específica de mediación en seguros privados. Cuando la sociedad sea por acciones, éstas habrán de ser nominativas.
Los administradores de dichas sociedades serán personas de reconocida honorabilidad comercial y profesional, y la mayoría de ellos deberán contar con conocimientos y experiencia adecuados para ejercer sus funciones.
Las personas que ejerzan la dirección técnica o puesto asimilado de la actividad de correduría de seguros deberán estar en posesión del diploma de Mediador de Seguros Titulado.
Los señalados en los apartados b), c) y d) del número 2 de este artículo. El programa de actividades deberá hacer mención al programa de formación que la sociedad se comprometa a aplicar a aquellas personas que como empleados o colaboradores de la misma hayan de asumir funciones que supongan una relación más directa con los posibles tomadores del seguro y asegurados en materia de asesoramiento y mediación.
1. El diploma de Mediador de Seguros Titulado, cuyo carácter y efectos se limitarán estrictamente a lo previsto en esta Ley, se expedirá por la Dirección General de Seguros y para su obtención será preciso:
No estar inhabilitado para el ejercicio de la actividad de correduría de seguros ni encontrarse suspendido en las funciones de dirección de entidades aseguradoras o de sociedades de mediación de seguros privados conforme a lo previsto en esta Ley y en los artículos 42 y siguientes de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenación del Seguro PrivadoVéase la Ley 30/1995, de 8 de noviembre..
Haber superado una prueba selectiva de aptitud o un curso de formación en materias financieras y de seguros privados de los que hayan sido homologados por acuerdo de la Dirección General de Seguros o, alternativamente, ser licenciado en Derecho, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, licenciado en Administración y Dirección de Empresas, licenciado en Economía, actuario de seguros o estar en posesión de un título superior universitario correspondiente al primer ciclo en materias específicas de seguros privados.
2. La Dirección General de Seguros llevará un registro de los diplomas de Mediador de Seguros Titulado que hubiese expedido conforme a lo previsto en el número anterior.
Concurre honorabilidad comercial y profesional en quienes hayan venido observando una trayectoria personal de respeto a las leyes mercantiles u otras que regulan la actividad económica y la vida de los negocios, así como a las buenas prácticas comerciales, financieras y de seguros.
En todo caso, poseen conocimiento y experiencia adecuados quienes hayan desempeñado, durante un plazo no inferior a dos años, funciones de alta administración, dirección, control o asesoramiento en entidades pertenecientes al sistema financiero, o funciones de similar responsabilidad en otras entidades públicas o privadas de dimensión análoga a la de la sociedad que ejerce la actividad de correduría de seguros o solicita autorización para ejercerla.
1. Para el acceso al ejercicio de la actividad de correduría de seguros por nacionales de otros Estados miembros de la Espacio Económico Europeo se equipará a la posesión del diploma de Mediador de Seguros Titulado la prueba del ejercicio efectivo de la actividad de corredor de seguros en otro Estado miembro en alguna de las siguientes condiciones:
Durante cuatro años consecutivos por cuenta propia o en calidad de directivo de empresa de correduría de seguros.
Durante dos años consecutivos por cuenta propia o en calidad de directivo de empresa de correduría de seguros, cuando el solicitante pruebe que ha ejercido funciones por lo menos durante tres años al servicio de uno o más agentes o corredores de seguros o de una o más entidades aseguradoras, que impliquen responsabilidades en materia de tramitación, gestión y ejecución de contratos de seguro.
Durante un año por cuenta propia o en calidad de directivo de empresa de correduría de seguros, cuando el solicitante pruebe que ha recibido, en relación a la actividad de corredor de seguros, una formación previa reconocida u homologada por el Estado u organismo profesional competente.
Artículo 19. Revocación de la autorización administrativa.Redacción según Ley 30/1995, de 8 de noviembre.
Por dejar de realizar durante un año la actividad de mediación en seguros privados en los términos descritos en el número 1 del artículo 2.
Por dejar de cumplir alguno de los requisitos exigidos para la concesión y conservación de la autorización.
Por pérdida de la independencia respecto de las entidades aseguradoras que, conforme al artículo 14 de esta Ley, es elemento determinante de la condición de corredor de seguros.
Si el corredor de seguros o la sociedad de correduría de seguros renuncia a ella expresamente.
2. La revocación de la autorización dará lugar a la exclusión del Registro Especial previsto en el número 4 del artículo 15, se hará constar en el Registro Mercantil si el corredor estuviese inscrito en el mismo y se publicará en el Boletín Oficial del Estado y en el Registro Mercantil. La Dirección General de Seguros podrá realizar la publicidad que considere necesario para información del público cuando existiera peligro de que continuará el ejercicio de la actividad de correduría de seguros, contraviniendo el acuerdo de revocación.
1. Redacción según Ley 55/1999, de 29 de diciembre. No podrán ejercer la actividad de mediador de seguros privados por si ni por persona interpuesta las personas que por disposición general o especial tengan prohibido el ejercicio del comercio. Tampoco podrá ejercerse la actividad de mediación de seguros privados por si ni por persona interpuesta en relación con las personas o entidades que se encuentren sujetas por vínculos de dependencia o sujeción especial con el mediador, por razón de las específicas competencias o facultades de dirección de éste último, que puedan poner en concreto peligro la libertad de los interesados en la contratación de los seguros o en la elección de la entidad aseguradora.
Los administradores, delegados, directores, gerentes, los apoderados generales o quienes bajo cualquier título lleven la dirección de entidades aseguradoras o reaseguradoras, así como los empleados de las mismas.
Los agentes de seguros o reaseguros y los administradores, delegados, directores, gerentes, los apoderados generales o quienes bajo cualquier título lleven la dirección de las sociedades que ejerzan la actividad de agencia de seguros o reaseguros, así como los empleados de dichos agentes y sociedades de agencia.
Los peritos tasadores de seguros, comisarios de averías y liquidadores de averías, a no ser que limiten su actividad como tales a prestar servicios a clientes asegurados.
Los administradores, delegados, directores, gerentes, los apoderados generales o quienes bajo cualquier título lleven la dirección de bancos, cajas de ahorro, y demás entidades de crédito y financieras, así como los empleados de las mismas.
1. En el caso de que la actividad de correduría de seguros se realice por una persona jurídica no podrá simultanearse aquélla con la actividad aseguradora o reaseguradora, la de agencia de seguros o reaseguros, ni con aquellas otras para cuyo ejercicio se exija objeto social exclusivo.
Tampoco podrá simultanearse con la de peritación de seguros, comisariado de averías o liquidación de averías, salvo que estas actividades se desarrollen en exclusiva para asesoramiento de tomadores del seguro, asegurados o beneficiarios del seguro.
En todo caso, las sociedades anteriores deberán hacer mención expresa en su demoninación social a la entidad aseguradora o reaseguradora con la que de forma directa o indirecta se encontrasen vinculadas por alguno de los motivos señalados en la letra b) del número 4 de este artículo.
Que en su Consejo de Administración hubiese presencia de personas que se encuentren en alguno de los supuestos contemplados en el número 3 del artículo 22.
Que en su capital social tuviera una participación significativa alguna de las personas físicas o jurídicas siguientes:
Las entidades aseguradoras o reaseguradoras.
Las personas físicas o jurídicas que distribuyan seguros a favor de una o varias entidades aseguradoras o reaseguradoras en calidad de agentes de las mismas.
Las personas físicas o jurídicas que directa o indirectamente ejerzan control sobre una persona jurídica de las anteriormente señaladas en esta letra o se encuentren controladas por ellas.
Que la sociedad que esté autorizada para ejercer la actividad de correduría de seguros estuviese presente, por sí o a través de representantes, en el Consejo de Administración de una entidad aseguradora o reaseguradora o tuviera una participación significativa en su capital social.
Artículo 24. Competencia administrativa e inspección.Redacción según Ley 30/1995, de 8 de noviembre.
3. Suprimido por Ley 30/1995, de 8 de noviembre.
4. Suprimido por Ley 30/1995, de 8 de noviembre.
5. Suprimido por Ley 30/1995, de 8 de noviembre.
6. Suprimido por Ley 30/1995, de 8 de noviembre.
7. Suprimido por Ley 30/1995, de 8 de noviembre.
Será aplicable íntegramente lo dispuesto en el número anterior a los corredores de seguros, sean personas físicas o jurídicas, y a quienes ostenten el cargo de director técnico o asimilado de una sociedad que ejerza la anterior actividad.
A quienes ejerzan cargos de administración o dirección de las sociedades que ejerzan actividad de correduría de seguros será aplicable el régimen sancionador previsto en los artículos 12, 13, 14.2 y 15 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito.
A las entidades aseguradoras y a quienes ejerzan cargos de administración o dirección en las mismas serán aplicables las sanciones que por la comisión de infracciones muy graves, graves o leves prevé para ellos la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenación del Seguro PrivadoVéase la Ley 30/1995, de 8 de noviembre..
a. La realización de actos u operaciones prohibidas por normas sobre mediación en seguros privados con rango de Ley o con incumplimiento de los requisitos establecidos en las mismas, salvo que tenga un carácter meramente ocasional o aislado.
b. El incumplimiento de la obligación de someter sus cuentas anuales a auditoría de cuentas conforme a la legislación vigente en la materia.
c. La negativa o resistencia a la actuación inspectora, siempre que medie requerimiento expreso y por escrito al respecto.
d. La realización de actos fraudulentos o la utilización de personas físicas o jurídicas interpuestas con la finalidad de conseguir un resultado cuya obtención directa implicaría la comisión de, al menos, una infracción grave.
e. La comisión de infracción grave, cuando durante los cinco años anteriores a la misma hubiera sido impuesta sanción firme por el mismo tipo de infracción.
f. El reiterado incumplimiento de los acuerdos o resoluciones emanadas de la Dirección General de Seguros.
g. La coacción en la mediación de seguros, así como la información inexacta o inadecuada a los tomadores del seguro, asegurados, beneficiarios de las pólizas o a los aseguradores, siempre que por el número de afectados o por la importancia de la información, tal incumplimiento puede estimarse especialmente relevante.
h. El ejercicio de la actividad de corredor de seguros sin reunir las condiciones legales, su ejercicio por persona interpuesta, así como dicha interposición.
i. La mediación de seguros en favor de entidades no autorizadas legalmente para operar en España.
j. La utilización de denominaciones propias de los agentes de seguros u otras que puedan inducir a confusión con ellas por personas físicas o jurídicas que no hayan celebrado contrato de agencia de seguros, y las de los corredores de seguros u otras que puedan inducir a confusión por personas físicas o jurídicas que no se encuentren habilitadas legalmente para ejercer dicha actividad.
k. La utilización por agentes o corredores de seguros privados de denominaciones que estén reservadas a las entidades aseguradoras o reaseguradoras privadas o que puedan inducir a confusión con ellas, sin perjuicio de lo establecido en el número 1 del artículo 10 de esta Ley.
l. La realización de prácticas abusivas que perjudiquen el derecho de los tomadores del seguro, asegurados, beneficiarios de las pólizas o de los aseguradores, salvo que tales actos tengan un carácter meramente ocasional o aislado.
m. Carecer de la contabilidad y de los libros y registros exigidos en la legislación mercantil aplicable y en las normas sobre mediación en seguros privados o la llevanza de los mismos con irregularidades esenciales que impidan conocer el alcance y naturaleza de las operaciones realizadas.
n. La falta de remisión a la Dirección General de Seguros de cuantos datos o documentos deban remitirse o requiera en el ejercicio de sus funciones o la falta de veracidad en los mismos cuando con ello se dificulte la apreciación del alcance y naturaleza de las operaciones realizadas. Se entenderá que hay falta de remisión cuando la misma no se produzca dentro del plazo concedido al efecto por la Dirección General de Seguros al recordar por escrito la obligación o reiterar el requerimiento.
ñ. La actuación de varios agentes de seguros afectos a entidades aseguradoras distintas en condiciones tales que el resultado conjunto de sus actividades suponga el ejercicio de hecho de una actividad que aparezca como de correduría de seguros.
o. La falta de remisión por el corredor de seguros al asegurador de las cantidades entregadas por el tomador del seguro a aquél en concepto de pago de la prima del seguro cuando, con arreglo a lo previsto en el número 5 del artículo 14, dicha conducta deje al asegurado sin cobertura del seguro.
p. El retraso, en perjuicio de la entidad aseguradora, en la liquidación o en el pago de los saldos respecto a los términos estipulados entre corredor y asegurador.
La realización meramente ocasional o aislada de actos u operaciones prohibidas por normas sobre mediación en seguros privados con rango de Ley, o con incumplimiento de los requisitos establecidos en las mismas.
La realización de actos u operaciones prohibidas por normas reglamentarias sobre mediación en seguros privados o con incumplimiento de los requisitos establecidos en las mismas, salvo que tenga un carácter meramente ocasional o aislado.
La realización de actos fraudulentos o la utilización de personas físicas o jurídicas interpuestas con la finalidad de conseguir un resultado contrario a las normas de ordenación y disciplina, siempre que tal conducta no esté comprendida en la letra d) del número anterior.
La comisión de infracción leve, cuando durante los dos años anteriores a la misma, hubiera sido impuesta sanción firme no prescrita por el mismo tipo de infracción.
El incumplimiento del deber de veracidad informativa cuando no concurran las circunstancias a que se refiere la letra g) del número 2.
La realización meramente ocasional o aislada de prácticas abusivas que perjudiquen el derecho de los tomadores del seguro, asegurados, beneficiarios de las pólizas o de los aseguradores.
La falta de remisión a la Dirección General de Seguros de cuantos datos o documentos deban remitírsele o requiera en el ejercicio de sus funciones o la falta de veracidad en los mismos, salvo que ello suponga la comisión de una infracción muy grave con arreglo a la letra n) del número 2. A los efectos de esta letra se entenderá que hay falta de remisión cuando la misma no se produzca dentro del plazo concedido al efecto por la Dirección General de Seguros al recordar por escrito la obligación o reiterar el requerimiento.
La llevanza irregular de los libros y registros exigidos en la legislación mercantil aplicable y en las normas sobre mediación en seguros privados cuando no concurran las especiales circunstancias previstas en la letra m) del número 2.
Multa, por importe de hasta cinco millones de pesetas.
Suspensión por un plazo máximo de diez años para el ejercicio de la actividad de corredor de seguros.
Revocación de la autorización para el ejercicio de la actividad de correduría de seguros y cancelación de la inscripción en el Registro.
Multa por importe de hasta 2,5 millones de pesetas.
Suspensión por un plazo máximo de un año para el ejercicio de la actividad de corredor de seguros.
Multa por importe de hasta un millón de pesetas.
1. Para la imposición de las sanciones previstas en esta Ley se seguirá el procedimiento previsto en los artículos 133 y siguientes de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958Artículos derogados por Ley 30/1992, de 26 de noviembre., ateniéndose a los principios del artículo 2 y con las especialidades que se recogen en los artículos 19 a 27, ambos inclusive, todos ellos de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, entendiéndose referidas a los corredores de seguros y a la Dirección General de Seguros las menciones contenidas en los mismos a las entidades de crédito y al Banco de España.
Será competente para la instrucción de los expedientes la Dirección General de Seguros.
La imposición de sanciones por infracciones graves y leves corresponderá al Director General de Seguros.
La imposición de sanciones por infracciones muy graves corresponderá al Ministro de Economía y Hacienda a propuesta de la Dirección General de Seguros.
DE LA COLEGIACIÓN DE MEDIADORES DE SEGUROS TITULADOS
Artículo 31. Colegios de Mediadores de Seguros Titulados.Sin aplicación en Cataluña, por Sentencia 330/1994, de 15 de diciembre del Tribunal Constitucional.
1. Los Colegios de Mediadores de Seguros Titulados son corporaciones de derecho público, con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, a los que se incorporarán las personas físicas que voluntariamente lo deseen, siempre que estén en posesión del diploma de Mediador de Seguros Titulado.
4. Quien ostente el diploma de Mediador de Seguros Titulado y reúna las condiciones señaladas estatutariamente tendrá derecho a ser admitido en el Colegio que corresponda.
La organización de las pruebas selectivas de aptitud para la obtención del diploma de Mediador de Seguros Titulado. En este supuesto a la Dirección General de Seguros corresponde la homologación de dichas pruebas selectivas, así como la supervisión, con la colaboración de las Comunidades Autónomas competentes, de la celebración de las mismas mediante la designación de representantes en los Tribunales que las juzguen, si lo estimare oportuno.
La emisión del informe previo a la homologación por la Dirección General de Seguros de los cursos de formación en materias financieras y de seguros privados que organicen las instituciones privadas para la obtención del diploma de Mediador de Seguros Titulado, así como la supervisión de los citados cursos, bien mediante la designación de representantes en los Tribunales correspondientes cuando así lo determine la Dirección General de Seguros, bien a través de las oportunas denuncias a ésta de las desviaciones en la celebración del curso respecto de las condiciones en que se concedió la homologación.
Artículo 32. Redacción según la Ley 13/1996, de 30 de diciembre.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Legislación básica.Redacción según Ley 30/1995, de 8 de noviembre.
1. A efectos de los dispuesto en el artículo 149.1.11 de la Constitución, las disposiciones contenidas en esta Ley tienen la consideración de bases de la ordenación de los seguros privados. Se exceptúa lo dispuesto en el número 4 del artículo 15, en el número 2 del artículo 16, en el artículo 31 y en la disposición adicional tercera salvo, en lo concerniente a estos dos últimos preceptos, en los que tendrán carácter de legislación básica la naturaleza y denominación de los colegios de mediadores de seguros titulados, la voluntariedad de la incorporación a los mismos y la existencia de su Consejo General.
2. La competencia de las Comunidades Autónomas a que se refiere el artículo 69, número 2, de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, se entenderá circunscrita, en cuanto a los mediadores de seguros y a los Colegios de Mediadores de Seguros Titulados, a aquéllos cuyo domicilio y ámbito de operaciones se limiten al territorio de la Comunidad.
3. En los supuestos del número anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.11. de la Constitución, las referencias que se hacen a los órganos de la Administración del Estado se entenderán hechos al órgano competente de la Comunidad Autónoma.
El título de Agente y Corredor de seguros regulado en la legislación que se deroga surtirá los efectos del diploma de Mediador de Seguros Titulado previsto en el artículo 16 de la presente Ley.
En consecuencia, los títulos inscritos en el suprimido registro de mediadores de seguros privados regulado en el artículo 40 de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenación del Seguro PrivadoVéase la Ley 30/1995, de 8 de noviembre., según redacción dada a dicho precepto por el artículo primero de la Ley 21/1990, de 19 de diciembre, para adaptar el Derecho español a la Directiva 88/357/CEE, sobre libertad de servicios en seguros distintos al de vida y de actualización de la legislación de seguros privados, quedan inscritos en el Registro a que se refiere el número 2 del artículo 16.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Transformación de los Colegios de Agentes y Corredores de Seguros y de su Consejo General.Sin aplicación en Cataluña, por Sentencia 330/1994, de 15 de diciembre del Tribunal Constitucional.Redacción según Ley 30/1995, de 8 de noviembre.
Cuatro. Los actuales órganos de Gobierno de los Colegios y del Consejo General continuarán como tales órganos directivos a la entrada en vigor de esta Ley.
Una vez aprobados los Estatutos referidos en el número anterior deberán celebrarse elecciones democráticas para la Constitución de los órganos de Gobierno conforme a los nuevos Estatutos en el plazo máximo de tres meses desde tal aprobación.
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Legislación supletoria.Redacción según Ley 30/1995, de 8 de noviembre.
En lo no previsto en la presente Ley, se aplicará con carácter supletorio la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados y, en cuanto a los corredores de seguros, los preceptos que el Código de Comercio dedica a la comisión mercantil.
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. Derogado por Ley 30/1995, de 8 de noviembre.
Dos. Los contratos de agencia que se hubiesen celebrado antes de la fecha de entrada en vigor de esta Ley y cuyo contenido no se ajuste a lo dispuesto en el número 3 del artículo 7 y al número 1 del artículo 9 deberán adaptarse a los mismos en el plazo de un año a partir de aquella fecha.
El importe del aval o del seguro de caución será igual al doble del importe medio mensual de los fondos confiados al corredor de seguros por los tomadores del seguro en concepto de recibos de primas de seguro y por las entidades aseguradoras en concepto de pago de siniestros, y como mínimo de 10.000.000 de pesetas. El cálculo del importe medio se realizará y actualizará sobre los fondos correspondientes a los doce meses anteriores a aquel en que se constituya la garantía, y se actualizará cada año, no siendo computables los fondos percibidos de y para una entidad aseguradora que hubiese encomendado al corredor la gestión del cobro de los recibos de prima y del pago de los siniestros.
El seguro de responsabilidad civil tendrá una garantía mínima de 200.000.000 de pesetas por siniestro y año con una franquicia máxima por siniestro del 20 por 100 de la indemnización, y habrá de cubrir los siniestros ocurridos durante el período en que el corredor de seguros esté en activo aunque se manifiesten con posterioridad al cese de actividades.
A los efectos de lo establecido en el artículo 23 se entenderá que existe control de una sociedad dominada por otra dominante cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.
Suprimido por Ley 30/1995, de 8 de noviembre.
Uno. A los efectos de la obtención del diploma de Mediador de Seguros Titulado mediante la superación de pruebas selectivas o de cursos de formación sólo serán admisibles las pruebas o cursos homologados por acuerdo de la Dirección General de Seguros dictado en fecha posterior a la entrada en vigor de la presente Ley.
Dos. Por excepción, los cursos homologados previstos en la legislación anterior derogada cuya impartición estuviese iniciada en la fecha de entrada en vigor de la presente Ley continuarán hasta la celebración de los exámenes de acuerdo con lo previsto en aquella normativa y quienes los superen obtendrán el diploma de Mediador de Seguros Titulado que les facultará, previo cumplimiento de las demás condiciones previstas en esta Ley y obtención de la consiguiente autorización administrativa, a ejercer la actividad de correduría de seguros.
Uno. Aquellas personas que en la fecha de entrada en vigor de la presente Ley estuvieran en posesión del título de Agente y Corredor de Seguros y pertenecieran a los Colegios previstos en la legislación derogada permanecerán incorporados, salvo renuncia expresa, a los respectivos Colegios de Mediadores de Seguros Titulados regulados en el artículo 31 de esta Ley.
Dos. Aquellas personas que no estando en posesión del título de Agente y Corredor de Seguros estuvieran incorporados a los Colegios previstos en la legislación derogada en la fecha de entrada en vigor de la presente Ley podrán permanecer en tal situación, pero sin el carácter de electores, si en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente Ley no optan por solicitar la baja en el Colegio a que pertenecen.
Todo ello sin perjuicio del derecho a dejar de pertenecer al Colegio en el momento en que lo estimen oportuno.
La Ley reguladora de la Producción de Seguros Privados, texto refundido aprobado por Real Decreto 1347/1985, de 1 de agosto, con las modificaciones introducidas por el texto articulado aprobado por Real Decreto Legislativo 1300/1986, de 28 de junio, y por el artículo 5. de la Ley 21/1990, de 19 de diciembre, para adaptar el Derecho español a la Directiva 88/357/CEE, sobre libertad de servicios en seguros distintos al de vida, y de actualización de la legislación de seguros privados.
La disposición adicional primera, número quinto, de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito.
El párrafo primero del artículo 21 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro.
El Reglamento de la Producción de Seguros Privados, aprobado por Real Decreto 690/1988, de 24 de junio.
Y, en general, cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.