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Timestamp: 2019-03-24 18:07:44
Document Index: 150499016

Matched Legal Cases: ['artículo 16', 'artículo 18', 'artículo 16', 'artículo 3', 'artículo 16', 'Artículo 323', 'artículo 250', 'artículo 16', 'artículo 308']

Mario iguarán arana fiscal general de la nacióN
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a. Carta de enero 18 de 20081, escrita por alias “Raúl Reyes” y dirigida al Secretariado de las FARC, del siguiente tenor:
b. Carta de febrero 28 de 20082, escrita por alias “Raúl Reyes” y dirigida al Secretariado de las FARC, donde se lee:
7. Por último, es menester dejar claro, tal y como se hizo en el acápite anterior, que el relato fáctico acá expuesto está soportado por el informe de la INTERNATIONAL POLICE – INTERPOL –, intitulado “Informe forense de INTERPOL sobre los ordenadores y equipos informáticos de las FARC decomisados por Colombia”, presentado a la opinión pública y al Gobierno Nacional en el mes de mayo del presente año3. De igual manera, las demás evidencias y material probatorio que especifica dicho informe en torno a las relaciones, contactos y acercamientos existentes entre las FARC y el Gobierno Ecuatoriano.
Ahora bien, es importante resaltar que dentro del marco de las Naciones Unidas se ha creado el mecanismo jurídico de la extradición, como una forma de cooperación entre los países para la lucha de este delito, por su connotación internacional, esta consideración ha tenido precedente dentro de diferentes sentencia de la Corte Penal Internacional entre ellas el fallo de la Corte Internacional de Justicia de 14 de febrero de 2002, es que considerada como la sentencia hito, en esta materia4.
a. Un Ministro en activo puede ser llevado ante las cortes de lo criminal en su propio país y de acuerdo con la ley del mismo5.
b. Su inmunidad puede ser levantada, en un caso particular, por las autoridades nacionales en favor de una jurisdicción extranjera y cuando el proceso se sustancia ante un tribunal internacional en el caso de que sus estatutos fundacionales así lo prevean6.
Ahora bien, La inmunidad absoluta de los altos cargos en activo del Estado se ha atacado desde distintos sectores doctrinales que han defendido la existencia de ciertos límites y excepciones, así ha sido denominado este asunto por la Corte Penal Internacional en fallo del principal órgano judicial de las Naciones Unidas del día 14 de febrero de 2002, declarando que la emisión de la orden de arresto y su difusión jurídica que se deriva del privilegio de la inmunidad jurisdiccional absoluta. Según esta concepción, acogida por Bélgica en la defensa del proceso en mención, que actualmente no puede sostenerse que los Ministros de Asuntos Exteriores en activo disfruten de una inmunidad de jurisdicción absoluta que llegue hasta impedir su persecución procesal cuando se trate de supuestos que impliquen la presunta comisión de crímenes de guerra o de crímenes contra la Humanidad. Esta afirmación Bélgica la fundamentó en las previsiones de los Estatutos de los Tribunales Internacionales Penales para la Ex-Yugoslavia y para Ruanda, así como de la Corte Penal Internacional, al igual que en las decisiones adoptadas por órganos judiciales nacionales en los asuntos Pinochet y Qaddafi. A diferencia de ello, en opinión de la CIJ, no puede deducirse de esta práctica la existencia de ninguna excepción a la regla que acuerda la inmunidad de jurisdicción penal y la inviolabilidad del Ministro de Asuntos Exteriores en casos de crímenes de guerra o crímenes contra la Humanidad ante tribunales de justicia nacionales, ya que las reglas que tratan de las cuestiones de competencia de los tribunales nacionales son distintas de aquéllas que regulan las inmunidades de jurisdicción7.
Como el régimen vigente no es el de la territorialidad absoluta, pues este postulado es objeto de complementación con los de personalidad, real o de defensa, y extraterritorialidad absoluta o jurisdicción mundial, debe colegirse que la ley penal nacional se aplica también a las conductas punibles cometidas en territorio de otras naciones por nacionales y extranjeros, cuando se den las circunstancias del artículo 16 del Código Penal.
Al respecto, esta disposición señala en el numeral 1º el principio real o de defensa, al ordenar la aplicación de la ley penal tanto a nacional como a extranjero que cometan delitos – una de las modalidades de conducta punible que dice prever la ley penal en el artículo 18 – en el exterior, en detrimento de los bienes jurídicos del Estado colombiano taxativamente indicados en la disposición, así la persona haya sido absuelta o condenada a una pena menor de la prevista en la legislación penal nacional; dentro de esas hipótesis contempladas en el numeral 1º del artículo del artículo 16 (Extraterritorialidad) se encuentra: “A la persona que cometa en el extranjero delito contra la existencia y seguridad del Estado… o incurra en el delito de financiación de terrorismo…”.
El Señor GUSTAVO LARREA y el Señor JOSÉ IGNACIO CHAUVIN según los hechos puesto en conocimiento por los diferentes medios de comunicación, señalan que los ciudadanos ecuatorianos tienen nexos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). De esta forma, se configura el delito de terrorismo, que fue cometido contra la población civil del Estado colombiano por parte de ex servidores públicos del Ecuador y fue a título de autores o partícipes (prevaleciéndose de la autoridad irrogada por el cargo que ostentan, siendo el fin de dicho cargo, precisamente, servir y proteger a los mismos que están agrediendo) sean, de ahora en adelante, juzgados siempre por cortes de lo criminal de cualquier nación.
Se debe señalar que el Estatuto de la INTERPOL en su artículo 3 dentro de la parte emotiva señala que “Está rigurosamente prohibida a la Organización toda actividad o intervención en cuestiones o asuntos de carácter político, militar, religioso o racial”. En este caso en concreto, los Señores GUSTAVO LARREA y JOSÉ IGNACIO CHAUVIN son autores del delito del Terrorismo Internacional, este hecho no esta sujeto a ningún tipo de consideración política o militar, pues lo que se investiga es la comisión del delito que esta consumado en la modalidad de coautores del tipo penal de Terrorismo.
III. PETICIÓN.
Solicito que sean investigados los hechos puestos en su conocimiento a través de la presente denuncia, en la medida en que los mismos, constituyen una infracción a la ley penal colombiana.
Resulta urgente una explicación clara del papel que jugaba GUSTAVO LARREA y JOSÉ IGNACIO CHAUVIN, que han sido señalados como posibles miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), dentro de la campaña de Alianza País y en el mismo Gobierno, sobre todo en su relación con el ministro Larrea, del cual fue su subsecretario.
Esta solicitud encuentra su amparo normativo en la cláusula del Estatuto Real o De Defensa8 consagrado en el artículo 16 inciso 1 “Extraterritorialidad. La ley penal colombiana se aplicará: Inciso 1. A la persona que cometa en el extranjero delito contra la existencia y la seguridad del Estado, contra el régimen constitucional, contra el orden económico social excepto la conducta definida en el Artículo 323 del presente Código, contra la administración pública, o falsifique moneda nacional, documento de crédito público, o estampilla oficial, aun cuando hubiere sido absuelta o condenada en el exterior a una pena menor que la prevista en la ley colombiana. En todo caso se tendrá como parte cumplida de la pena el tiempo que hubiere estado privada de su libertad”.
En virtud de lo expuesto, le solicito siguiendo los lineamientos del 306,307 y 308 de la ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal) que se SOLICITE AL JUEZ DE CONTROL DE GARANTÍA PROFERIR UNA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO CON LOS SEÑORES GUSTAVO LARREA Y JOSÉ IGNACIO CHAUVIN, puesto que se encuentran cumplidos los requisitos para decretar la medida de aseguramiento restrictiva de la libertad9, en razón de su necesidad y procedencia, los cuales a su vez están amparados en el artículo 250 de la Constitución Política de Colombia.
IV. NOTIFICACIONES.
El suscrito recibirá notificaciones en la Carrera 13 No. 82-91, Piso Cuarto, Edificio Lawyers Center de la ciudad de Bogotá.
Del Señor Fiscal General de la Nación, con distinción y respeto,
C.C. 11.004.242 de Montería
T.P. 111.289 del C.S.J.
1 Nota de prensa. Revista Semana. Edición Extraordinaria. Marzo 4 de 2008. P. 10 y 11.
2 Nota de prensa. Revista Semana. Edición Extraordinaria. Marzo 4 de 2008. P. 13.
3 http://www.interpol.int/public/ICPO/speeches/2008/SGbogota20080516ES.asp
4 Constituye violación de una obligación legal del Reino de Bélgica a la República Democrática del Congo, ya que no respetó la inmunidad de jurisdicción penal y la inviolabilidad que el Ministro de Relaciones Exteriores República Democrática del Congo que gozan en virtud del derecho internacional. Traducción del original «ont constitué des violations d’une obligation juridique du Royaume de Belgique à l’égard de la République démocratique du Congo, en ce qu’elles ont méconnu l’immunité de juridiction pénale et l’inviolabilité dont le ministre des affaires étrangères en exercice de la République démocratique du Congo jouissait en vertu du droit International.
5 Respecto a este supuesto, debemos resaltar que el fundamento de la inmunidad de jurisdicción de los órganos del Estado, como sería el caso de un Ministro de Seguridad en activo, se basa en el principio básico del Derecho Internacional que afirma la igualdad soberana de todos los Estados y que se concretó en el aforismo par in parem imperium non habet. Es decir, que la inmunidad de jurisdicción actúa frente a los Tribunales de Justicia de Estados terceros, no necesariamente frente a la competencia jurisdiccional de los Tribunales de Justicia del Estado nacional de este Ministro, lo cual dependerá exclusivamente de lo que soberanamente disponga el Derecho interno de cada Estado y no del Derecho Internacional. No obstante, un análisis de Derecho Comparado permite afirmar que este supuesto no es nada frecuente en la práctica, teniendo además en cuenta que, en la mayoría de los casos, un Ministro podría alegar ante sus Tribunales de Justicia nacionales tanto la inmunidad de jurisdicción como órgano del Estado, como la inmunidad de jurisdicción de la que probablemente disfrutará en su condición de parlamentario y, por lo tanto, de persona aforada.
6 Por su parte, será también excepcional en la práctica, si es que alguna vez llega a producirse, el supuesto en el que el Estado de su nacionalidad decida retirar la inmunidad de jurisdicción penal absoluta del Ministro de Asuntos Exteriores en activo, ya que éste actúa como una representación directa de su propio Estado. Este acto se convertiría en una asunción de responsabilidad por parte del Estado, y en el actual status quo esta posibilidad es bastante remota, sino imposible, máxime si se tiene en cuenta, como la propia CIJ indica al analizar la naturaleza de las funciones que desarrollan los Ministros que, entre las mismas, se encuentra la de conceder cartas de credenciales a quienes van a disfrutar de inmunidades de jurisdicción en el extranjero, por ser personal diplomático, consular, etc.
7 que l’immunité de juridiction dont bénéficie un ministre des affaires étrangères en exercice ne signifie pas qu’il bénéficie d’une impunité au titre de crimes qu’il aurait pu commettre, quelle que soit leur gravité. Immunité de juridiction pénale et responsabilité pénale individuelle sont des concepts nettement distincts. Alors que l’immunité de juridiction revêt un caractère procédural, la responsabilité pénale touche au fond du droit. L’immunité de juridiction peut certes faire obstacle aux poursuites pendant un certain temps ou à l’égard de certaines infractions; elle ne saurait exonérer la personne qui en bénéficie de toute responsabilité pénale.
8 Como el régimen vigente no es el de la territorialidad absoluta, pues este postulado es objeto de complementación con los de personalidad, real o de defensa, y extraterritorialidad absoluto o jurisdicción mundial, debe colegirse que la ley penal nacional se aplica también a las conductas punibles cometidas en el territorio de otras naciones por nacionales extranjeros, cuando se den las circunstancias del artículo 16 del Código Penal.
9 El artículo 308 de la Ley 906 de 2004, consagra los siguientes requisitos para la imposición de la medida de aseguramiento “(i) evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia, bien sea mediante la destrucción de las pruebas o la amenaza de testigos; (ii) que el imputado constituya un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima; o que (iii) el imputado no comparecerá al proceso. Además el juez deberá tener en cuenta para decretar la medida, la probabilidad que la personas sea autor o partícipe del hecho que se imputa, en concordancia con los elementos materiales”.