Source: https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-ro-es.do?init=true
Timestamp: 2019-12-12 16:34:30
Document Index: 332126218

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 84', 'artículo 56', 'artículo 19', 'artículo 36', 'artículo 39']

Insolvencia - Rumania
La información proporcionada en esta página no es aplicable a los procedimientos de insolvencia de personas físicas que son consumidores. La Ley n.o 151/2015 relativa a los procedimientos de insolvencia de personas físicas (Legea n.o 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice) todavía no es de aplicación (su entrada en vigor ha sido aplazada al 31 de diciembre de 2016), y la Comisión todavía no ha sido informada sobre los procedimientos aplicables a fin de incluirlos en la lista de anexos del Reglamento (UE) 2015/848.
Los procedimientos descritos en la Ley n.o 85/2014 relativa a los procedimientos de prevención de insolvencia y a los procedimientos de insolvencia (Legea n.o 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă) son aplicables a los empresarios (profesionişti), según se definen en el artículo 3, apartado 2, del Código Civil, a excepción de aquellos que ejercen profesiones liberales y aquellos cuya insolvencia se rige por normas especiales (artículo 3).
Si el procedimiento de insolvencia es incoado por el deudor, debe existir un estado de insolvencia en el que los fondos disponibles no sean suficientes para pagar las deudas ciertas, líquidas y exigibles de un importe inferior a 40 000 RON; si el procedimiento de insolvencia es incoado por un acreedor, los fondos disponibles no deben ser suficientes para pagar una deuda cierta, líquida y exigible de un importe superior a 40 000 RON (imposibilidad de pagar la deuda tras haber transcurrido 60 días desde la fecha de vencimiento).
La masa activa está integrada por todos los bienes y títulos de propiedad del deudor, incluidos los adquiridos tras la incoación del procedimiento de insolvencia y que son susceptibles de ejecución forzosa (executare silită), con arreglo al Código de Enjuiciamiento Civil (artículo 5, apartado 5, de la Ley n.o 85/2014).
Tras la incoación del procedimiento de insolvencia, se designa a un administrador especial (administrator special) y a un administrador concursal (practician în insolvenţă). Según el tipo de procedimiento de que se trate, se nombrará a un profesional diferente: si es una reorganización bajo control judicial, el administrador concursal será un administrador judicial (administrator judiciar); si es una liquidación (faliment), será un liquidador judicial (lichidator judiciar). El administrador especial es una persona física o jurídica designada por la junta general de accionistas, socios y miembros de la empresa y encargada de proteger sus intereses durante el procedimiento y, si el deudor es autorizado a seguir gestionando sus negocios, también deberá realizar los actos de administración necesario en nombre y representación del deudor (artículo 5, apartado 4, de la Ley n.o 85/2014).
Las funciones del administrador especial son las siguientes:
a) participar, en calidad de representante del deudor, en el enjuiciamiento de acciones como las mencionadas en los artículos 117 a 122 o de acciones que resulten del incumplimiento de las disposiciones del artículo 84;
b) presentar objeciones con arreglo al procedimiento establecido por ley;
c) presentar el plan de reorganización;
d) tras la confirmación del plan y siempre que no se le haya impedido al deudor gestionar sus negocios, administrar dichos negocios bajo la supervisión del administrador judicial;
e) tras incoarse el procedimiento de liquidación, participar en la elaboración del inventario y firmar el registro, recibir el informe final y el estado financiero, y participar en la reunión organizada para la resolución de objeciones y la aprobación del informe;
f) recibir la notificación de finalización del procedimiento.
Si se le impide al deudor gestionar sus negocios, será representado por el administrador o el liquidador judiciales, quien estará además a cargo de la gestión de los negocios, y el administrador especial se limitará a representar los intereses de los accionistas, socios y miembros (artículo 56 de la Ley n.o 85/2014).
Administrador judicial (administratorul judiciar)
El administrador judicial puede ser una persona física o jurídica (incluido el representante de la persona jurídica) y debe ser un profesional de la administración concursal según la ley. Las principales funciones del administrador judicial son las siguientes:
a) analizar la situación financiera del deudor y los documentos presentados a fin de elaborar un informe de propuesta de incoación del procedimiento simplificado o de continuación de la etapa de seguimiento del procedimiento ordinario, informe que ha de entregarse al juez delegado (judecătorutui-sindic) para su aprobación en el plazo establecido por este, que no puede superar los 20 días desde la designación del administrador;
b) analizar la actividad empresarial del deudor y elaborar un informe exhaustivo en el que se describan las causas y las circunstancias que provocaron el estado de insolvencia, incluyendo cualquier posible prueba o dato respecto de los presuntos responsables del estado de insolvencia y la existencia de motivos para considerarlos responsables, y estudiando cualquier posibilidad real de reorganizar la empresa deudora o explicando las razones por las cuales la reorganización no es posible, así como agregar el informe a los autos en el plazo estipulado por el juez delegado, que no puede superar los 40 días desde el nombramiento del administrador;
c) si el deudor no cumplió con la obligación de presentar sus registros contables en el plazo legal, elaborar esos registros y, si el deudor presentó dichos registros, verificarlos, corregirlos y completarlos;
d) elaborar un plan de reorganización de la empresa deudora, en función del contenido del informe mencionado en la letra a) anterior;
e) supervisar las operaciones de gestión de activos del deudor;
f) dirigir la totalidad de la actividad empresarial del deudor, o bien parte de ella, en cuyo caso, deberá seguir las instrucciones expresas del juez delegado relativas a las funciones del administrador y las condiciones para la realización de pagos desde la cuenta de activos del deudor;
g) convocar, presidir y prestar servicios administrativos para las juntas de acreedores y asambleas de accionistas, socios o miembros, cuando el deudor sea una persona jurídica;
h) interponer demandas para la anulación de transacciones o actos fraudulentos realizados por el deudor que menoscaben los derechos de los acreedores, así como de determinadas transferencias de activos y operaciones comerciales realizadas y garantías contratadas por el deudor que vayan en detrimento de los derechos de los acreedores;
i) notificar de inmediato al juez delegado si descubre que el deudor no tiene activos o estos son insuficientes para cubrir los gastos procesales;
j) resolver determinados contratos celebrados por el deudor;
k) verificar los créditos y, cuando corresponda, presentar objeciones al respecto, notificar a los acreedores cuando un crédito no haya sido admitido total o parcialmente, y elaborar la lista de créditos;
l) proceder al cobro de créditos, promover el cobro de créditos relativos a activos o sumas de dinero transferidos por el deudor antes de la incoación del procedimiento de insolvencia, e interponer y tramitar demandas para el cobro de créditos en poder del deudor, para lo cual podrá contratar los servicios de un abogado;
m) celebrar compromisos, liquidar deudas, y liberar y renunciar a garantías, con la autorización previa del juez delegado;
n) informar al juez delegado sobre cualquier circunstancia que exija su intervención;
o) elaborar un inventario de los activos del deudor;
p) ordenar que se complete la evaluación de los activos del deudor para la fecha estipulada para la entrega de la lista final de créditos;
q) enviar una notificación para la publicación en el Boletín de Procedimientos de Insolvencia (BPI) sobre la inclusión del informe de evaluación en autos, en un plazo de dos días desde dicha inclusión.
El juez delegado tiene discreción (încheiere) para encomendar cualquier tarea al administrador judicial, además de las enumeradas en el apartado 1, a excepción de aquellas que la ley reserva al juez.
El administrador judicial entrega un informe mensual en el que explica la manera en que ha ejercido sus funciones, justifica los gastos incurridos para la gestión del procedimiento y demás gastos pagados con la masa activa y, según corresponda, explica la evolución del inventario.
Para cumplir sus funciones, el administrador judicial puede contratar los servicios de profesionales como abogados, contables, tasadores y otros especialistas. El administrador judicial y cualquiera de los acreedores pueden formular objeciones contra el informe de evaluación elaborado.
Liquidador judicial (lichidator judiciar)
Si el juez delegado dicta un auto de liquidación, nombrará a un liquidador encargado de efectuar dicha liquidación. La misión del administrador judicial termina cuando el juez delegado establece las funciones del liquidador. Las principales funciones del liquidador judicial son las siguientes:
a) analizar la situación real de la actividad empresarial del deudor respecto del cual se incoa el procedimiento simplificado y elaborar un informe exhaustivo sobre las causas y las circunstancias que provocaron la situación de insolvencia, identificando a los presuntos responsables del estado de insolvencia y la existencia de motivos para considerarlos responsables;
b) dirigir la actividad empresarial del deudor;
c) interponer demandas para la anulación de transacciones o actos fraudulentos realizados por el deudor que menoscaben los derechos de los acreedores, así como de determinadas transferencias de activos, operaciones comerciales y argumentos invocados por el deudor para conceder preferencias que pudieran ir en detrimento de los derechos de los acreedores;
d) impedir el movimiento de activos, elaborar un inventario de los activos y tomar las medidas necesarias para preservarlos;
e) cancelar determinados contratos celebrados por el deudor;
f) verificar los créditos y, cuando corresponda, presentar objeciones al respecto, notificar a los acreedores cuando sus créditos no hayan sido admitidos total o parcialmente, y elaborar las listas de créditos;
g) proceder al cobro de créditos del deudor que resulten de la transferencia de activos o sumas de dinero antes de la incoación del procedimiento, cobrar créditos e interponer y tramitar demandas para el cobro de créditos en poder del deudor, para lo cual podrá contratar los servicios de un abogado;
h) recibir pagos en nombre del deudor e ingresarlos en su cuenta de activos;
i) vender activos pertenecientes al deudor de conformidad con la ley;
j) celebrar compromisos, liquidar deudas y liberar y renunciar a garantías, con la previa autorización del juez delegado;
k) informar al juez delegado sobre cualquier circunstancia que exija su intervención;
l) realizar cualquier otra tarea que el juez delegado le encomiende.
En el procedimiento de convenio de acreedores (concordat preventiv), el deudor interviene mediante su representante legal o designado.
Las tareas del administrador del convenio de acreedores (administrator concordatar) son las siguientes:
a) elaborar la lista de acreedores, incluidos aquellos cuyos créditos hayan sido impugnados o estén pendientes de admisión, así como la lista de acreedores que firmaron el convenio. Los acreedores que hayan interpuesto demandas contra deudores que sean solidariamente responsables en el marco del procedimiento del convenio de acreedores serán inscriptos en la lista de acreedores en la que constará el valor nominal del crédito reclamado hasta que este haya sido satisfecho en su totalidad;
b) elaborar, junto con el deudor, la propuesta de convenio y sus componentes y redactar el plan del convenio y de cobranza;
c) tomar medidas para resolver extrajudicialmente cualquier controversia entre el deudor y los acreedores o entre los acreedores;
d) solicitar al juez delegado que apruebe el convenio;
d) garantizar que el deudor cumpla con sus obligaciones relativas al convenio;
f) informar de inmediato a la junta de acreedores que firmaron el convenio sobre el incumplimiento o el inadecuado cumplimiento por parte del deudor de sus obligaciones;
g) elaborar y enviar informes mensuales o trimestrales a la junta de acreedores que firmaron el convenio sobre su trabajo como administrador del convenio y sobre la empresa deudora, incluida su opinión sobre la ausencia o presencia de motivos para dar por terminado el convenio de forma anticipada;
h) convocar a una reunión a los acreedores que firmaron el convenio;
i) solicitar al órgano jurisdiccional que de por concluido el procedimiento de convenio de acreedores;
j) realizar cualquier otra tarea a la que se haga referencia en el convenio de acreedores o que requiera el juez delegado (artículo 19 de la Ley n.o 85/2014).
La incoación del procedimiento de insolvencia no impide a los acreedores ejercer su derecho de reclamar la compensación de sus créditos con los del deudor siempre que se cumplan los requisitos previstos por ley para la compensación de créditos en la fecha de incoación del procedimiento. La compensación también puede ser registrada por el administrador o el liquidador judiciales.
Los contratos pendientes de cumplimiento en la fecha de incoación del procedimiento de insolvencia seguirán en vigor. Las cláusulas que prevean la cancelación o interrumpan el plazo estipulado de un contrato o que exijan el pago anticipado como consecuencia de la incoación de un procedimiento de insolvencia son nulas de pleno derecho. La norma que prevé la continuidad de los contratos pendientes de cumplimiento y la nulidad de las cláusulas de cancelación o pago anticipado de obligaciones no es aplicable a los contratos financieros cualificados ni a las operaciones de compensación bilateral con arreglo a un contrato financiero cualificado o a un acuerdo de compensación bilateral.
En el plazo de prescripción de tres meses desde la incoación del procedimiento y a fin de optimizar el valor de los activos del deudor, el administrador o el liquidador judiciales pueden cancelar cualquier contrato, arrendamiento en curso o contrato a largo plazo que las partes contratantes no hayan cumplido en su totalidad o en gran medida. En ese caso, el acreedor tendrá derecho a reclamar la compensación al deudor.
Si, en los tres primeros meses posteriores a la incoación del procedimiento, un contratista solicita por escrito al administrador o al liquidador judiciales que cancele el contrato, estos tienen 30 días desde la recepción de dicha solicitud para atender el pedido. De lo contrario, el contrato se considerará cancelado y el administrador o liquidador ya no podrán exigir su cumplimiento.
La ley también reglamenta la situación de algunos contratos particulares, como los relativos al suministro de servicios públicos, arrendamientos y contratos marco de compensación.
Desde la fecha de comunicación de la decisión de aprobación del convenio de acreedores, las demandas interpuestas contra el deudor por acreedores individuales que hubiesen firmado el convenio, así como el plazo de prescripción del derecho de reclamar la ejecución de los créditos quedan automáticamente suspendidos.
No se suspenden los intereses, las multas ni ningún gasto incurrido en relación con los acreedores que firmaron el convenio, a menos que estos hubiesen prestado su consentimiento por escrito para ello en el borrador del convenio de acreedores.
En el auto de aprobación del convenio de acreedores, el juez delegado suspende todo procedimiento de ejecución forzosa.
A instancia del administrador del convenio y siempre que el deudor haya ofrecido garantías a los acreedores, el juez delegado puede aplazar hasta 18 meses la fecha prevista de pago de los importes debidos a los acreedores que no hubiesen firmado el convenio. Durante ese plazo, no se computarán intereses, multas ni ningún otro gasto relativo al crédito. La norma relativa al aplazamiento de la fecha de pago de los créditos no es aplicable a los contratos financieros cualificados ni a las operaciones de compensación bilateral con arreglo a un contrato financiero cualificado o a un acuerdo de compensación bilateral.
El convenio de acreedores es aplicable a los acreedores presupuestarios (creditori bugetari), siempre que se cumplan las normas nacionales y europeas en materia de ayuda pública.
Durante el convenio de acreedores aprobado, no pueden incoarse procedimientos de insolvencia contra el deudor.
Los acreedores que obtengan un título ejecutivo contra el deudor durante el procedimiento pueden firmar el convenio, o bien cobrar el crédito por cualquier otro medio previsto por ley.
Desde la incoación del procedimiento de insolvencia, quedan suspendidos de forma automática todas las demandas judiciales y los reclamaciones extrajudiciales, así como todos los procedimientos de ejecución forzosa de créditos contra la masa. Los acreedores solo podrán ejercer sus derechos en el marco del procedimiento de insolvencia, solicitando el reconocimiento de su reclamación. La incoación del procedimiento provoca la suspensión del plazo de prescripción para la interposición de demandas.
Desde la incoación del procedimiento de insolvencia, quedan suspendidas de forma automática todas las demandas judiciales y extrajudiciales, así como todos los procedimientos de ejecución forzosa de créditos contra la masa.
No se suspenderán los siguientes procedimientos:
a) los recursos del deudor contra demandas interpuestas por acreedores con anterioridad a la incoación del procedimiento y contra demandas civiles iniciadas en actuaciones penales (acţiunile civile din procesele penale) contra el deudor;
b) las demandas contra codeudores y terceros garantes;
c) los procedimientos extrajudiciales pendientes ante comisiones de deporte de federaciones deportivas regidas por la Ley n.o 69/2000 relativa a la educación física y el deporte (Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000), en su versión modificada y actualizada, en relación con el desistimiento unilateral de jugadores de contratos laborales individuales o acuerdos civiles y las sanciones deportivas aplicables al respecto, así como controversias relativas a los derechos de los jugadores de participar en competiciones.
Cabe destacar que la suspensión de procedimientos mencionada anteriormente es aplicable solo a litigios relativos a créditos contra la masa y no a aquellos relacionados con los derechos y las obligaciones extrapatrimoniales, que no serán suspendidos.
Se organiza una junta con todos los acreedores del deudor insolvente.
La junta de acreedores (adunarea creditorilor) es convocada y presidida por el administrador o el liquidador judiciales. Los acreedores conocidos son convocados por el administrador o el liquidador en los casos expresamente establecidos por ley siempre que sea necesario.
Los acreedores son citados mediante una convocación publicada en el Boletín de Procedimientos de Insolvencia al menos cinco días antes de la junta y acompañada del orden del día de la junta. Los acreedores pueden ser representados por titulares de un poder auténtico y específico para tales efectos y, en el caso de los acreedores presupuestarios y otras personas jurídicas, por un acto de delegación firmado por el jefe de unidad. Salvo disposición legal expresa en contrario, los acreedores también podrán votar por correspondencia.
Salvo que la ley exija una mayoría especial, la junta de acreedores quedará válidamente constituida cuando esté presente al menos el 30 % de los acreedores con derecho a voto, y las decisiones de la junta se adoptarán por mayoría de votos favorables emitidos de forma expresa por los acreedores con derecho a voto presentes. Los votos sujetos a condiciones se considerarán votos en contra. Los acreedores que voten por correspondencia se consideran presentes a efectos de la votación.
Tras la celebración de la junta en primera convocatoria, el juez delegado y, posteriormente, los acreedores podrán designar a un comité integrado por tres o cinco acreedores con derecho a voto (según la cantidad de acreedores) que reclamen créditos preferentes, presupuestarios y sin garantía, ordenados según su valor. El comité de acreedores (comitetul creditorilor) desempeñará las siguientes funciones:
a) analizar la situación del deudor y hacer recomendaciones a la junta de acreedores respecto a si el deudor debe seguir desarrollando su actividad empresarial y sobre los planes de reorganización propuestos;
b) negociar las condiciones de nombramiento con el administrador o el liquidador que los acreedores desean que el juez nombre;
c) tomar conocimiento de los informes elaborados por el administrador o el liquidador judiciales, revisarlos y, cuando corresponda, presentar objeciones al respecto.
d) elaborar informes sobre las medidas propuestas por el administrador o el liquidador judiciales y sus efectos que se presentarán ante la junta de acreedores, y proponer otras medidas, acompañadas de las debidas justificaciones;
e) solicitar la supresión del derecho del deudor de administrar sus negocios;
f) solicitar judicialmente la anulación de determinados actos u operaciones fraudulentas realizadas por el deudor en perjuicio de los acreedores cuando esta no haya sido solicitada por el administrador o el liquidador judiciales.
Dependiendo de la situación específica del deudor y de si se le ha impedido administrar sus negocios, el administrador concursal tendrá las tareas que se describen a continuación:
El administrador judicial supervisa las operaciones de gestión de los bienes del deudor. Dirige la totalidad de la actividad empresarial del deudor, o bien parte de ella, en cuyo caso deberá seguir las instrucciones del juez delegado relativas a las funciones del administrador y las condiciones para la realización de pagos desde la cuenta de activos del deudor.
El administrador concursal cobra créditos, celebra compromisos, elabora el inventario y vende los activos del deudor.
El deudor podrá disponer de sus bienes solo cuando se le haya permitido administrar sus negocios y dentro de los límites de su situación actual. Sus actos serán supervisados y controlados por el administrador judicial.
Al comenzar el procedimiento de liquidación, el liquidador judicial administra los negocios del deudor, cancela los contratos, cobra los créditos, vende los activos, celebra compromisos, recibe pagos en la cuenta del deudor, etc. En una liquidación, el único habilitado para disponer de los bienes del deudor es el liquidador judicial.
Todos los acreedores cuyos créditos sean anteriores a la incoación del procedimiento, a excepción de los empleados, cuyos créditos son registrados por el administrador judicial sobre la base de los registros contables, deben presentar una solicitud de admisión del crédito en el plazo establecido en el auto de declaración de concurso, acompañada de los justificativos correspondientes. Todas las solicitudes de reconocimiento de crédito presentadas ante el órgano jurisdiccional se considerarán legítimas y precisas a menos que sean impugnadas por el deudor, el administrador judicial o los acreedores. Los que figuran en la lista de créditos son créditos contra la masa y se pagan de conformidad con el orden de prelación que establece la ley.
Los créditos reclamados después de la incoación del concurso, durante el período de observación o durante el proceso judicial de reorganización se pagan atendiendo a los justificativos presentados y no tienen que formar parte de la masa. Esta norma también es aplicable a las demandas que se interpongan tras la incoación del procedimiento de liquidación.
A excepción de los empleados, cuyos créditos son registrados por el administrador judicial sobre la base de los registros contables, todos los acreedores cuyos créditos sean anteriores a la incoación del concurso deben solicitar la admisión del crédito en el plazo establecido en el auto de declaración de concurso. La solicitud debe contener el nombre y el domicilio particular o social del acreedor, el importe adeudado, los motivos de la reclamación y datos sobre posibles motivos para que su crédito se considere preferencial. También deben adjuntarse a la solicitud de reconocimiento de crédito los justificantes correspondientes y los posibles motivos para que el crédito se considere preferencial, en el plazo establecido para la presentación de la solicitud.
La solicitud de reconocimiento de crédito debe presentarse aun cuando no se cuente con un título ejecutivo. Los créditos que no estén vencidos en la fecha de incoación del concurso o que estén sujetos a condiciones forman parte de la masa pasiva.
En el caso de las solicitudes de admisión de créditos presentadas por una parte perjudicada en un proceso civil iniciado junto con actuaciones penales, el crédito se registrará y quedará en suspenso a la espera del resultado final del proceso en su favor.
Se incluyen en un inventario final los créditos preferenciales de un valor igual o inferior al valor de mercado de la garantía, determinado mediante una tasación ordenada por el administrador o el liquidador judiciales y realizado por un perito tasador (evaluator).
Todos los créditos serán sometidos al proceso de verificación, a excepción de aquellos confirmados por una sentencia ejecutiva o por un laudo ejecutivo. Tampoco se someterán al proceso los créditos presupuestarios con título ejecutivo que no se hubiesen impugnado en el plazo legal establecido.
El administrador o liquidador judiciales elabora un inventario preliminar de créditos, que podrá ser impugnado ante el juez delegado por el deudor o los acreedores. Salvo que al notificar la incoación del procedimiento se hubiesen infringido las normas aplicables a la citación y la notificación de actuaciones procesales, los titulares de créditos anteriores a la incoación del concurso que no hubiesen presentado la solicitud de reconocimiento del crédito en el plazo establecido (que figura en la notificación y no debe superar los 45 días desde la incoación del procedimiento) pierden el derecho de que su crédito se incluya en el inventario de créditos autorizados a formar parte del procedimiento. Una vez finalizado el procedimiento, el acreedor no podrá reclamar el crédito al deudor ni a ningún otro miembro o socio con responsabilidad ilimitada de la empresa deudora, a menos que el deudor sea condenado por concurso delictivo (bancrută simplă) o fraudulento (bancrută frauduloasă) o se le considere responsable de realizar pagos o transferencias fraudulentas. La pérdida del derecho a reclamar el crédito será determinada por el administrador o el liquidador judiciales, que no registrará el crédito en el inventario correspondiente.
Los fondos provenientes de la venta de los activos y los derechos que integran el patrimonio del deudor y destinados al pago de los créditos en orden de preferencia se distribuirán en el siguiente orden:
los honorarios, los derechos de timbre y cualquier otro gasto generado por la venta de los activos en cuestión, incluidos los gastos incurridos para conservar y administrar esos activos, los incurridos por los acreedores en procedimientos de ejecución forzosa, los créditos de proveedores de servicios públicos vencidos después de la incoación del concurso, y los sueldos de personas empleadas en el interés común de todos los acreedores, a la fecha de distribución de los fondos, que serán sufragados a prorrata del valor de todos los activos del deudor;
los créditos preferentes reclamados durante el procedimiento de insolvencia, incluido el capital, los intereses y otros gastos accesorios, según corresponda;
los créditos preferentes, incluida la totalidad del capital, los intereses y los aumentos y multas de cualquier tipo.
Si el importe generado por la venta de estos activos no es suficiente para pagar la totalidad de los créditos en cuestión, los acreedores tendrán un crédito sin garantía o un crédito presupuestario, según corresponda, para el cobro de la diferencia, la cual se sumará a los créditos restantes en la categoría correspondiente. Si, tras el pago de los importes mencionados anteriormente, queda un excedente, el liquidador judicial lo depositará en la cuenta de activos del deudor. Los créditos reclamados en un procedimiento de liquidación se pagarán de la siguiente forma:
1. los honorarios, los derechos de timbre y cualquier otro gasto generado como consecuencia del procedimiento, incluidos los gastos incurridos para conservar y administrar los activos del deudor, para seguir desarrollando la actividad empresarial del deudor y para el pago de los sueldos de personas empleadas a efectos del procedimiento;
2. los créditos generados por la financiación de actividades durante el procedimiento;
3. los créditos generados por relaciones laborales;
4. los créditos generados por el desarrollo de la actividad empresarial del deudor tras la incoación del procedimiento, los créditos de co-contratistas y de terceros adquirientes de buena fe o subadquirentes que devuelven sus activos o el valor correspondiente a la masa activa;
5. los créditos presupuestarios;
6. los créditos por importes debidos por el deudor a terceros en cumplimiento de obligaciones de manutención, prestaciones por hijos menores o el pago regular de importes para garantizar su subsistencia;
7. los créditos por importes fijados por el juez delegado para garantizar el sustento del deudor y su familia, cuando el deudor sea una persona física;
8. los créditos relacionados con préstamos bancarios, incluidos los gastos e intereses; los créditos relacionados con el suministro de mercancías, servicios o otro tipo de trabajos; los créditos por rentas y arrendamientos, incluidos los bonos;
9. otros créditos sin garantía;
10. los créditos subordinados en el siguiente orden de preferencia:
a) los créditos derivados de activos de terceros que adquirieron mercancías del deudor de mala fe; los créditos de subadquirentes de mala fe tras la admisión de las solicitudes de anulación; cuando el deudor sea una persona jurídica, los préstamos otorgados al deudor por un socio o accionista que sea titular de al menos el 10 % del capital social o de los derechos de voto en la asamblea general o, cuando corresponda, por un miembro de una agrupación de intereses económicos (grupu de interes economic);
b) los créditos derivados de actos a título gratuito.
Si el convenio de acreedores concluye en el plazo estipulado en el contrato, el juez delegado dicta una resolución por la que se reconoce el cumplimiento de los objetivos del convenio. En ese caso, las modificaciones hechas a los créditos que figuran en el convenio de acreedores serán definitivas (artículo 36 de la Ley n.o 85/2014).
El procedimiento de reorganización para el mantenimiento de la actividad empresarial o para la ejecución del plan de liquidación (lichidare pe bază de plan) terminan con una resolución dictada sobre la base de un informe elaborado por el administrador judicial en el que se deja asentado el cumplimiento de todas las obligaciones de pago asumidas en el plan de liquidación y el pago de todos los créditos vencidos. Si un procedimiento de reorganización se transforma luego en un procedimiento de liquidación, este concluirá con arreglo a las normas aplicables a este último. Desde la fecha de confirmación del plan de reorganización bajo la supervisión del órgano jurisdiccional y durante el proceso de reorganización, el deudor estará exento del pago de la diferencia entre el importe de las obligaciones asumidas antes de la confirmación del plan y el importe indicado en el plan.
El procedimiento de liquidación culmina cuando el juez delegado aprueba el informe final, se distribuyen todos los fondos y activos de la masa y se depositan los fondos no reclamados en una cuenta bancaria. Al concluir el procedimiento, se ordena la eliminación del deudor de los registros correspondientes.
Al concluir el procedimiento, el juez delegado y el administrador o el liquidador judiciales y cualquier otra persona que los hubiese asistido cesan en sus funciones y quedan exentos de toda responsabilidad respecto del procedimiento, el deudor y sus bienes, los acreedores, los titulares de derechos preferenciales, los accionistas y los socios.
Al concluir el procedimiento de liquidación, el deudor, si es una persona física (que realiza actividades comerciales), quedará liberado de las obligaciones contraídas con anterioridad a la liquidación, a menos que hubiese sido condenado por concurso delictivo o por realizar transferencias o pagos fraudulentos, en cuyo caso, solo quedará liberado de las obligaciones satisfechas en el procedimiento.
Tras la conclusión de cualquier tipo de procedimiento de insolvencia, los acreedores pierden el derecho de demandar al deudor por créditos nacidos antes de la incoación del procedimiento.
Los acreedores podrán reclamar la totalidad de sus créditos a los deudores solidarios y garantes del deudor.
Todos los gastos incurridos durante el procedimiento judicial, incluidos los generados por las notificaciones, las invitaciones y la comunicación de documentación procesal por parte del administrador o el liquidador judiciales son créditos contra la masa (artículo 39 de la Ley n.o 85/2014). Si los recursos económicos del deudor no son suficientes, se recurrirá al fondo de liquidación (fondul de lichidare) para satisfacer los saldos pendientes.
El administrador o el liquidador judiciales pueden solicitar la anulación de los actos y operaciones fraudulentos efectuados por el deudor en detrimento de los derechos de los acreedores durante los dos años anteriores a la incoación del procedimiento.
Los siguientes actos u operaciones del deudor pueden ser anulados a fin de devolver a la masa los activos transferidos o el importe de otros beneficios concedidos:
a) las transferencias sin contraprestación realizadas durante los dos años anteriores a la incoación del procedimiento, a excepción de las relacionadas con el apoyo de causas humanitarias;
b) las operaciones en las que el valor de la cosa dada por el deudor es visiblemente superior al de la cosa recibida, realizadas durante los seis meses anteriores a la incoación del procedimiento;
c) los actos realizados durante los dos años anteriores a la incoación del procedimiento con la intensión de proteger los activos de las reclamaciones de los acreedores o de vulnerar sus derechos de cualquier otra forma;
d) las transferencias de propiedad a acreedores para satisfacer deudas anteriores, realizadas durante los seis meses anteriores a la incoación del procedimiento, si el importe que el acreedor obtendría en caso de liquidación del deudor es inferior al valor de la transferencia de propiedad;
e) la concesión de un derecho preferencial respecto de un crédito sin garantía durante los seis meses anteriores a la incoación del procedimiento;
f) el pago anticipado de deudas durante los seis meses anteriores a la incoación del procedimiento, si la fecha de vencimiento de dichas deudas fuera posterior a la incoación del procedimiento;
g) las transferencias o la asunción de obligaciones por parte del deudor durante los dos años anteriores a la incoación del procedimiento con la intensión de disimular o retrasar el estado de insolvencia o cometer fraude en perjuicio de un acreedor;
Los siguientes actos u operaciones también pueden anularse y recuperarse los beneficios correspondientes, si se realizaron durante los dos años anteriores a la incoación del procedimiento con personas que mantienen relaciones jurídicas con el deudor:
a) los actos y operaciones realizados con socios comanditarios (asociat comanditat) o con socios que representan al menos el 20 % del capital social o de los derechos de voto en una asamblea general de accionistas, si el deudor es una sociedad limitada (societate în comandită) o una empresa agrícola (societate agricolă) bajo la forma de sociedad (în nume colectiv) o de sociedad de responsabilidad limitada (cu răspundere limitată).
b) las operaciones realizadas con miembros o directores de la empresa deudora, si esta es una agrupación de intereses económicos;
c) las operaciones realizadas con accionistas que representen al menos el 20 % de las acciones de la empresa deudora o de los derechos de voto en una asamblea general de accionistas, si la empresa deudora es una sociedad anónima;
d) las operaciones realizadas con directores, gerentes o miembros del órgano de control de la empresa deudora, si esta es una cooperativa, una sociedad anónima o una empresa agrícola;
e) las operaciones realizadas con personas físicas o jurídicas que mantienen una posición de control sobre el deudor o su empresa;
f) las operaciones realizadas con copropietarios o con personas que ostenten la propiedad compartida de un bien común;
g) las operaciones realizadas con el cónyuge o los parientes por consanguinidad o afinidad, hasta el cuarto grado de parentesco, de las personas físicas mencionadas en los puntos a) a f) anteriores.
El administrador o el liquidador judiciales pueden interponer demandas de nulidad de actos fraudulentos cometidos por el deudor en detrimento de los acreedores en el plazo de un año desde el vencimiento del plazo para elaborar el primer informe del administrador o liquidador judiciales y, a más tardar, dieciséis meses después de la incoación del procedimiento. Si la demanda es admitida, las partes recuperarán su antigua posición y volverán a registrarse las obligaciones existentes a la fecha de la transferencia.
Si el administrador o el liquidador judiciales no interponen la demanda de nulidad mencionada anteriormente, el comité de acreedores o un acreedor que represente más del 50 % del importe de los créditos contra la masa pueden interponer la demanda correspondiente ante el juez delegado.
No pueden interponerse demanda de nulidad contra actos constitutivos (act de constituire) ni de transferencia de propiedad realizados por el deudor en virtud del derecho de propiedad, en el desarrollo normal de las actividades diarias de la empresa. Las demandas de nulidad de actos constitutivos o de transferencia de propiedad serán automáticamente inscritas en el registro público correspondiente.
En los actos y operaciones mencionados anteriormente, existe una presunción juris tantum de fraude en perjuicio de los intereses de los acreedores.
Tras la incoación del procedimiento de insolvencia, todos los actos, operaciones y pagos realizados por el deudor con posterioridad al inicio del procedimiento son nulos de pleno derecho, a excepción de los necesarios para el desarrollo normal de las actividades de la empresa y los autorizados por el juez delegado o el administrador judicial.