Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2008-00570-de-diciembre-12-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_0d3179164abc02c6e0530a01015102c6&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-10-23 14:29:18
Document Index: 322801770

Matched Legal Cases: ['artículo 135', 'artículo 706', 'artículo 779', 'artículo 706', 'artículo 779', 'artículo 706', 'artículo 744', 'artículo 108', 'artículo 114', 'artículo 664', 'artículo 108', 'artículo 683', 'artículo 108', 'artículo 289', 'artículo 108', 'artículo 683', 'artículo 771', 'artículo 617', 'artículo 617', 'artículo 618', 'artículo 616', 'artículo 771', 'artículo 616', 'artículo 499', 'artículo 618', 'artículo 647', 'artículo 651', 'artículo 651', 'artículo 651', 'Artículo 135', 'artículo 251', 'artículo 26', 'artículo 7', 'artículo 615', 'Artículo 616', 'artículo 118']

﻿ Sentencia 2008-00570 de diciembre 12 de 2014
SENTENCIA 2008-00570 DE 12 DE DICIEMBRE DE 2014
CONTENIDO:INSPECCIÓN TRIBUTARIA. LA INSPECCIÓN TRIBUTARIA SE INICIA UNA VEZ NOTIFICADO EL AUTO QUE LA ORDENA, POR TANTO, SI EL INICIO DE LA INSPECCIÓN FUE FIJADO EN LA LEY, NO SE REQUIERE QUE EL MISMO CONSTE EN UN DOCUMENTO, PUES BASTA CON LA NOTIFICACIÓN DEL AUTO QUE DECRETE LA PRUEBA PARA QUE SE ENTIENDA INICIADA, SIEMPRE Y CUANDO LA MISMA SE PRACTIQUE.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, DIAN, IMPUESTO SOBRE LA RENTA, INSPECCIÓN TRIBUTARIA, ESTATUTO TRIBUTARIO
Sentencia 2008-00570 de diciembre 12 de 2014
Rad.: 080012331000200800570 01 (19167)
Demandante: Aseo y Equipos Global S. A.
Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 15 de junio de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que denegó las súplicas de la demanda.
1. Asunto preliminar - Excepción de indebido agotamiento de la vía gubernativa.
1.1. Previo a analizar el asunto de fondo, la Sala advierte que el tribunal no analizó la excepción atinente al indebido agotamiento de la vía gubernativa expuesto por la DIAN en la contestación de la demanda, por lo que se hace necesario estudiarlo y decidirlo en esta oportunidad procesal.
1.2. La parte demandada fundamentó la excepción en el hecho de que la sociedad Aseo y Equipos Global S. A. no discutió en sede administrativa la notificación del auto de inspección tributaria y del requerimiento especial.
1.3. De conformidad con el artículo 135 del Código Contencioso Administrativo, para demandar la nulidad de un acto administrativo de carácter particular y concreto ante esta jurisdicción, es requisito sine qua non, el agotamiento de la vía gubernativa, como presupuesto procesal de la acción(1).
1.4. La Sala ha sostenido que ante la jurisdicción no pueden plantearse hechos nuevos diferentes a los expuestos en la vía gubernativa, pero si pueden presentarse mejores argumentos jurídicos respecto de los mismos(2).
1.5. En el caso que se analiza se encuentra que la sociedad accionante, en la vía gubernativa, controvirtió la decisión administrativa contenida en el requerimiento especial y en la liquidación oficial de revisión, y en sede judicial, al cuestionar la validez de la actuación oficial, además, discutió la notificación del auto de inspección tributaria y del requerimiento especial.
1.6. En estas condiciones, la Sala considera que si bien la sociedad demandante no controvirtió los argumentos relacionados con la indebida notificación, estos plantean la misma discusión expuesta en la vía gubernativa, referida a la ilegalidad de los actos que determinaron el impuesto de renta del año gravable 2003.
1.9. (Sic) Así las cosas, la Sala estima que no se modificó la causa petendi que dio origen a la demanda, a través de unos “puntos nuevos” no debatidos en la vía gubernativa. Lo que se presenta es una ampliación de los argumentos, enfocados a que se declare la nulidad solicitada.
2.1. En los términos del recurso de apelación, corresponde a la Sala establecer la procedencia:
(i) de la notificación del auto de inspección tributaria y del requerimiento especial;
(ii) de las pruebas aportadas por el demandante para soportar las deducciones desconocidas por concepto de pago de salarios y de aportes parafiscales y, gastos de transporte y fletes.
En este punto se debe precisar que de la lectura integral de la corrección de la demanda, en particular, de la discusión planteada en el capítulo “hechos u omisiones que sirven de fundamento de la acción”(3), se encuentra que además de la discusión relativa al gasto por pago de aportes parafiscales, se expone también la atinente a los salarios, razón por la cual deben estudiarse ambos conceptos.
(iii) de la sanción por inexactitud.
(iv) de la sanción por no enviar información tributaria.
3. Notificación del auto de inspección tributaria.
Dos cargos se formulan. El primero, referido a la supuesta falta de prueba de la fecha en que el contribuyente fue notificado del auto de inspección tributaria. El segundo, a la duración de la práctica de esa diligencia.
3.1. Fecha de notificación por correo.
Los artículos 565 y 779 del estatuto tributario disponen, como una manifestación del derecho al debido proceso y a la contradicción, que los actos y actuaciones de la administración deben notificarse al contribuyente, personalmente o por correo, esta última surtida con la entrega de la copia de aquellos en la dirección informada por este.
3.1.8. En el caso concreto la administración, mediante Auto 020632005000248 del 25 de agosto de 2005, ordenó la práctica de inspección tributaria, con el fin de verificar la existencia de hechos gravados y el cumplimiento de las obligaciones formales del impuesto de renta del año gravable 2003.
En la copia del auto de inspección tributaria allegada por la parte demandante, consta sello de la Administración de Impuestos de Barranquilla en el que se indica que según planilla Adpostal Nº 2854, el acto fue enviado al contribuyente por correo certificado el 30 de agosto de 2005. Sin embargo, los campos correspondientes al número y fecha de acuse de recibido y la firma del notificador se encuentran vacíos(4).
En la contestación de la demanda, la DIAN aportó el mismo documento pero en este se verifica una constancia de notificación por correo sin firma del funcionario responsable, en la que se informa que la fecha de introducción al correo fue el 31 de agosto de 2005 según planilla Adpostal Nº 2605(5).
Así mismo, allegó informe parcial de la investigación en el que se indica que el auto de inspección tributaria fue notificado por correo el día 30 de agosto de 2005, con planilla Nº 2854, e informa que se encuentra pendiente de recibir el acuse de recibido de la citada notificación(6). Esa misma fecha de notificación fue señalada en el acta de inspección tributaria(7).
A su vez, aportó una constancia de notificación por correo y/o ejecutoria del acto administrativo de la DIAN, sin firma del funcionario que la suscribe, que informa que el auto de inspección tributaria fue notificado por correo el 31 de agosto de 2005, pero también indica que la notificación se practicó con planilla de correo Nº 2854 del 30 de agosto de 2005 y, con certificación Adpostal 26056 con fecha de recepción del 6 de septiembre de 2005(8).
3.1.9. De lo anterior se colige que no existe certeza sobre la fecha en que el auto de inspección tributaria fue recibido por el contribuyente. El hecho de que la administración informe distintas fechas de notificación por correo y, que a ninguno de los citados documentos se anexaran las correspondientes planillas de Adpostal, conduce a que deban desconocerse como prueba las constancias de notificación allegadas por la DIAN.
No obstante lo anterior, se encuentra probado que la sociedad demandante conoció del decreto de la inspección tributaria el día 26 de mayo de 2006, durante el trámite de la visita de verificación, tal como da cuenta la constancia de la visita que obra en el folio 235 del expediente(9).
3.1.10. En ese orden de ideas, dado que la contribuyente tuvo pleno conocimiento de la decisión de la administración el día de la visita de verificación, se entiende que el auto de inspección tributaria fue notificado por conducta concluyente desde el 26 de mayo de 2006. Por tanto, el auto de inspección tributaria surte efectos legales.
3.2. Término y efectos de la práctica de inspección tributaria.
3.2.1. Para el apelante no existe evidencia de la fecha en que comenzó la diligencia, que permita establecer que se realizó en el término de tres meses dispuesto en el artículo 706 del estatuto tributario.
Y, advirtió, que la única referencia se hizo en el requerimiento especial, en el cual se indicó que la diligencia se practicó el 9 de julio de 2006, es decir, que el término de duración de la inspección tributaria fue casi de un año.
3.2.2. El artículo 779 del estatuto tributario establece la inspección tributaria como un medio de prueba en el que predomina la actividad directa del funcionario e implica que este examine los hechos que interesan al proceso, para verificar su existencia y demás circunstancias, que deban establecerse con su inmediación.
La constatación directa, claro está, no necesariamente implica que los funcionarios deban desplazarse a la sede del contribuyente para realizar la inspección tributaria, pues a través de cruces de información con terceros, documentos, verificaciones, requerimientos, es posible que confronte la existencia de hechos gravados.
3.2.3. En todo caso, más allá de que sea una herramienta para el acopio de pruebas, su importancia también radica en que esta inspección tiene la virtud de suspender el término para notificar el requerimiento(10), como lo establece el artículo 706 del estatuto tributario(11).
3.2.4. Desde el punto de vista de las formalidades para su práctica, el artículo 779 ibídem, preceptúa que la inspección tributaria se inicia una vez notificado el auto que la ordena.
Luego, si el inicio de la inspección tributaria fue fijado en la ley, no se requiere que el mismo conste en un documento, pues basta con la notificación del auto que decrete la prueba para que se entienda iniciada, siempre y cuando la misma se practique.
3.2.5. Se destaca que la norma analizada establece cuándo se entiende iniciada la práctica de la inspección tributaria, pero no fija plazo alguno de duración ni término dentro del cual deba desarrollarse, por lo que no son de recibo los argumentos de la parte demandante, que limitan la realización de la inspección tributaria al término de tres meses previsto en el artículo 706 del estatuto tributario, que están relacionados con la suspensión de los términos para la práctica del requerimiento especial, no están previstos, se repite, para determinar la fecha de inicio de la diligencia.
4. Notificación del requerimiento especial- suspensión del término por la práctica de inspección tributaria.
4.1. Sostiene la apelante que la certificación de la notificación por correo del requerimiento especial, expedida por Adpostal, con sello del 11 de julio de 2006, no tiene constancia de acuse de recibo. Que, además, la fecha de notificación fue escrita a mano, y está sobrepuesta en el documento. Que, por lo tanto, no puede considerarse como surtida la notificación.
4.2. En el caso concreto, la sociedad discute el documento denominado “acuse de recibo correo certificado Nº 23-34562”, expedido el 11 de julio de 2006 por Adpostal, remitido a la cra. 61 66-75 de la ciudad de Barranquilla(12), que corresponde a la dirección informada en el RUT por la sociedad(13). En el recuadro relativo a la “firma y C.C. de quien recibe” y “fecha de recibo” obra la firma suscrita por el señor José Donado C.C. 72.156.527 y la fecha 11-07-06.
Para la Sala, esa certificación da fe de la fecha de notificación y la dirección de entrega de la notificación.
Si el demandante pretendía controvertir la fecha suscrita en ese documento, debió tacharlo de falso o desvirtuarlo por otros medios, pero como no lo hizo, el acuse de recibo expedido por el funcionario de Adpostal goza de plenos efectos probatorios.
4.3. En consecuencia, de acuerdo con las pruebas aportadas al expediente se encuentra que la fecha de notificación del requerimiento especial fue el 11 de julio de 2006.
4.4. Término de notificación del requerimiento especial.
4.4.1. Uno de los aspectos relevantes del requerimiento especial es que su notificación oportuna impide que las declaraciones tributarias adquieran firmeza, razón por la cual, como lo prevén los artículos 705 y 714 del estatuto tributario, el requerimiento debe notificarse dentro de los dos años siguientes (i) a la fecha del vencimiento del plazo para declarar, o (ii) de la presentación de la declaración, cuando esta se efectúe extemporáneamente, o (iii) de la solicitud de devolución o compensación del saldo a favor, siendo este último evento el que se aplica a la notificación objeto de discusión.
4.4.2. En el caso en estudio, la Sala observa que el requerimiento especial se notificó dentro de la oportunidad legal, de acuerdo con el siguiente cómputo de términos:
Fecha de solicitud de devolución del saldo a favor del impuesto de renta del año gravable 2003: 15 de junio de 2004(14).
Fecha límite para notificar requerimiento especial: 15 de junio de 2006.
Suspensión del término por tres meses por la práctica de la inspección tributaria, que opera a partir de la notificación por conducta concluyente de ese acto administrativo realizada el 26 de mayo de 2006, como se estableció en el cargo Nº 3 de esta providencia. Por ende, el término se extiende hasta 15 de septiembre de 2006.
Como el Requerimiento Especial Nº 0206320060001623, se notificó el 11 de julio de 2006(15), se encuentra que este acto se puso en conocimiento del contribuyente dentro de la oportunidad consagrada en los artículos 705 y 714 del estatuto tributario.
Lo anterior se corrobora con el hecho de que la sociedad contribuyente presentó la respuesta al requerimiento dentro del término legal, como lo informa la administración en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración(16).
4.2.4. En consecuencia, no se configura la nulidad de la liquidación oficial de revisión por la alegada extemporaneidad del requerimiento especial.
5.1. Desconocimiento de los soportes externos de las deducciones por haberse presentado con posterioridad a la diligencia de inspección tributaria y al requerimiento ordinario
5.1. Advierte el apelante que la administración desconoció los soportes externos de las deducciones porque no fueron allegados durante la diligencia de inspección tributaria y en la respuesta al requerimiento ordinario.
5.2. A otra conclusión llega la Sala: No solo fue la falta de oportunidad de la prueba, sino también el hecho de que no se hubiera allegado la totalidad de los soportes y la existencia de inconsistencias en la contabilidad del contribuyente, las razones expuestas por la DIAN.
5.3. Si bien en la liquidación oficial de revisión(17) se rechazaron los soportes de las deducciones bajo el citado argumento, la administración, acatando el mandato del artículo 744 del estatuto tributario, con la finalidad de verificar la realidad de los hechos económicos discutidos, accedió a la solicitud de visita de verificación tributaria solicitada por el contribuyente en el recurso de reconsideración(18), y con ocasión de esa diligencia valoró los documentos aportados por la sociedad(19), lo que condujo a que en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración se reconociera parte de los documentos como prueba(20), lo que descarta entonces ese cargo.
6. Procedencia de la deducción por concepto de salarios y por pago de aportes parafiscales.
En los actos demandados se desconoció parcialmente la deducción por salarios y por aportes parafiscales porque el contribuyente no soportó la totalidad del pago de los aportes efectuados al ISS, ICBF y cajas de compensación familiar.
Al respecto, la parte demandante sostiene que la DIAN no tuvo en cuenta que para demostrar el pago de los aportes parafiscales del año 2003, la sociedad aportó recibos de consignación expedidos por las entidades recaudadoras, documentos que constituyen prueba idónea de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 108 y 664 del estatuto tributario.
Y, desconoció parte de los pagos realizados porque algunas de las entidades beneficiarias no le remitieron la certificación solicitada.
6.1. El pago de los aportes al ISS, al ICBF y a las cajas de compensación familiar como requisito para la deducción por salarios y aportes parafiscales.
6.1.1. Para efectos del presente análisis resulta importante distinguir entre la deducción por salarios y la deducción por aportes parafiscales, puesto que se trata de conceptos diferentes que pueden ser utilizados por los contribuyentes para depurar la renta líquida gravable(21) y reducir el impuesto de renta a cargo.
6.1.2. Al tenor del artículo 108 del estatuto tributario, para aceptar la deducción por salarios, los patronos obligados a pagar subsidio familiar y a hacer aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), al Instituto de Seguros Sociales (ISS), y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), deben estar a paz y salvo por tales conceptos por el respectivo año o periodo gravable, para lo cual, los recibos expedidos por las entidades recaudadoras constituyen prueba de tales aportes. Además, deben demostrar el pago de los aportes obligatorios previstos en la Ley 100 de 1993.
Como puede verse, la ley condiciona la procedencia de la deducción por salarios al pago de los aportes parafiscales, correspondientes al respectivo año gravable.
6.1.3. Por su parte, el artículo 114 del estatuto tributario señala que son deducibles los aportes efectuados por los patronos o empresas públicas y privadas al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y los pagos efectuados por concepto de subsidio familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA.
Así, como se ve, la deducción por aportes parafiscales procede respecto de los aportes efectivamente pagados en el año.
6.1.4. Como se observa, los pagos por aportes parafiscales efectuados en un determinado año o periodo gravable tienen una doble connotación en materia tributaria; por una parte, son requisito adicional para la procedencia de la deducción por concepto de salarios y, por el otro, constituyen en sí mismos una deducción de renta.
6.1.5. En esas condiciones, el pago de aportes parafiscales es requisito sine qua non para la procedencia de las deducciones estudiadas, precepto que responde a fines de política fiscal, en todo ajena e independiente a los principios de las obligaciones que se aplican a las relaciones jurídicas contractuales entre particulares o entre estos y el Estado.
6.1.6. En cuanto a la prueba del pago de los aportes a que se refieren las normas citadas, la Sala reitera(22) que no existe tarifa legal al respecto, por lo que el contribuyente puede demostrar el cumplimiento de las obligaciones a cargo con distintos elementos de prueba, como lo precisó en oportunidad anterior:
“… en la medida en que se prueben los pagos a la seguridad social y a las entidades beneficiarias de los aportes parafiscales, así sea parcialmente, procede el reconocimiento de la deducción por salarios en forma proporcional a lo que se acredite según los porcentajes de las cotizaciones, y no hay lugar a su desconocimiento total por falta de los certificados de ‘paz y salvo’ de las entidades beneficiarias, pues además de que la ley no consagra una tarifa legal de prueba, existen otros documentos, como las planillas de aportes o los recibos que expiden las entidades respectivas, suficientes para acreditar el pago de los aportes parafiscales”.
6.1.7. Para el caso de la deducción por salarios, el artículo 664 del estatuto tributario(23) establece una sanción por no acreditar el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social, que consiste en el desconocimiento de esta deducción “si no se acredita que el pago fue efectuado previamente a la presentación de la correspondiente declaración del impuesto sobre la renta y complementarios”.
6.1.8. Bajo los parámetros expuestos, procede la Sala a analizar las pruebas allegadas al expediente para soportar el pago de los aportes al ISS, ICBF y cajas de compensación familiar.
6.2. Pruebas del pago de aportes parafiscales.
6.2.1. La Sala advierte que en la contabilidad de la sociedad no existe claridad sobre el valor realmente pagado por la nómina y por los aportes parafiscales.
En los libros de contabilidad, allegados durante el proceso administrativo, existen inconsistencias en la información de esos rubros, que no permiten establecer la cuantía en que fueron llevados al reglón “deducciones” de la declaración de renta del año gravable 2003.
6.2.2. Esa situación se evidenció en el expediente administrativo, en atención a las irregularidades señaladas en el acta de la visita de verificación(24) y en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración:
“Según el libro mayor y balance a folio 1102 a 1104 se verificó y analizó los costos y deducciones determinándose que los valores de nóminas - salarios y aportes a las cajas de compensación familiar.
Código Valor nómina Certificado 9% aporte caja
61556021 Barranquilla $395.877.582 $314.733.377
61556022 Bogotá $1.960.236.660 $1.757.667.822
61556023 Medellín $138.686.472 $117.864.533
61556024 Cali $216.078.060 $176.567.533
61556025 Bucaramanga $87.448.586 $72.000.711
Totales $2.798.327.360 $2.438.833.587
Como se observa en el anexo aclaratorio de costos y gastos “sin firma de contador” (sic) cálculo del 9% de acuerdo a los certificados de las respectiva caja de compensación familiar se puede determinar que los gastos de nómina deducibles corresponde a $245.909.225 equivalente al 9% de $2.732.324.722, de igual forma revisando los aportes a seguridad social (…) para un total de $504.878.963, por lo que le da la respectiva deducibilidad a los $2.732.324.722.
Como se observa en la relación de salarios extraído del balance de comprobación a folio 1280 al 1284 por valor de $2.798.327.380 hay inconsistencia en la contabilidad porque realmente lo que se pagó por nómina fue $2.720.091.833.33 que equivale al 9% de los parafiscales $244.808.265, estos valores se constataron con las diferentes cajas de compensación familiar.
Teniendo en cuenta el artículo 108 y 114 del estatuto tributario deducción de los aportes efectuados por los patrones al ICBF, los pagos efectuados por concepto de subsidio familiar y SENA es el caso de Aseo Global Ltda., solicita en su declaración de renta y complementarios año gravable 2003 los siguientes rubros:
Nómina y gastos laborales $3.836.213.000
Aportes a la seguridad social $587.152.000
Aportes a Caja de Compensación $283.390.000
Tenemos total de: $4.706.755.000
Según análisis del balance de comprobación y registros contables de acuerdo al libro mayor y balance a folio 1102 al 1104, planilla de aportes EPS, certificados de aportes de las diferentes cajas de compensación y anexos aclaratorios de costos y gastos entregados por el contribuyente, se determinó los siguientes rubros (sic) son considerados como deducibles:
Nómina y aportes parafiscales $2.720.091.833
Aportes a la seguridad social $504.878.965
Aportes a caja de compensación familiar $244.808.255
Gastos laborales deducibles $3.469.779.053
El contribuyente solicita en su declaración de renta año 2003 $4.706.755.000
Gastos verificados $3.469.779.053
Gastos considerados como no deducible $1.236.975.946
Dándole aplicación al artículo 683 del estatuto tributario “Espíritu de justicia”, muy a pesar de que la contabilidad del contribuyente investigado no es clara y precisa, de reconocer los valores reales de nóminas y los respectivos aportes parafiscales y aportes de seguridad social, teniendo en cuenta el valor de salarios (nóminas) demás valores por concepto de nómina lo registra en la cuenta de dotación personal código 615560 por valor de $4.283.428.954 (fl. 1104).
Para efecto de aceptación de los valores pagado en nómina por concepto de sueldos se tuvo en cuenta el valor de los aportes parafiscales de acuerdo con los certificados aportados y confirmados por las diferentes cajas de compensación en valor de $244.808.265 equivale 9% = $2.720.091.833.33 se colige que Aseo Global pagó en nóminas el valor de $2.720.091.833.33.
Sin embargo dice en su anexo a la declaración de renta año gravable 2003 a folio 1513 (sic)(25) el valor de $245.909.225 entregado por el contribuyente que equivale al 9% valor de nómina $2.732.324.722. Por lo cual se tomó el valor $2.720.091.833.33 x 9 $244.808.255, constatado con las diferentes cajas tal como se observa en la hoja de trabajo a folio 1246 del expediente.
6.2.3. Para la Sala es indudable que las situaciones narradas le restan eficacia probatoria a la contabilidad de Aseo y Equipos Global S. A., por cuanto desconoce lo dispuesto en el Decreto 2649 de 1993, que especifica el conjunto de conceptos y reglas que se deben aplicar al registrar los datos contables de un ente económico, en el que se exige que los registros en los libros y los soportes deben guardar la debida correspondencia, habida cuenta de que la contabilidad constituye un todo indivisible e integral.
De esa manera, las irregularidades expuestas son suficientes para considerar que la contabilidad de la sociedad no ofrece confiabilidad para tenerla como prueba a favor de la contribuyente, al no reflejar la situación económica real de la entidad.
6.2.4. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en el expediente administrativo fueron aportados otros medios de convicción, tales como los certificados de paz y salvo expedidos por las cajas de compensación familiar y recibos de consignación, soportes externos que si bien no pueden verificarse en la contabilidad, deben ser valorados probatoriamente porque en esos documentos consta el pago de aportes parafiscales.
Sobre el particular, la Sala ha señalado que desvirtuada la presunción de veracidad de los libros de contabilidad, al establecerse que la misma no es llevada de manera regular y conforme con la ley y las normas técnicas, nada se opone a la valoración de los soportes o comprobantes externos dependiendo de su autor, de la parte que los aporte y del cumplimiento de los requisitos de ley(26).
Por eso pueden ser apreciados los que provienen de terceros, siempre que cumplan los requisitos que exige la ley y que la contabilidad de estos —los terceros— no haya sido controvertida.
6.2.5. Algunos de estos soportes, específicamente los certificados de paz y salvo expedidos por las cajas de compensación familiar, fueron tenidos en cuenta por la administración para establecer el valor de los pagos de los aportes parafiscales y de la nómina del año gravable 2003.
6.2.6. Con fundamento en esos documentos, la administración efectuó la siguiente relación de los pagos que se encuentran certificados y de los que no fueron soportados(27):
Cajas de compensación Vr. certificado
Comcaja San José del Guaviare 0
Comcaja Putumayo 1.114.629
Comcaja Caquetá 537.067
Confandi (Cali) 15.891.043
Cafam (Bogotá) 158.190.104
Comfacesar 1.165.569
Comfama (Medellín) 10.607.808
Comfacor 1.866.998
Comfamiliar Buga 0
Comfamiliar de La Guajira 532.529
Comfenalco Bucaramanga 6.480.064
Comfasucre 0
Comfamiliares Caldas 1.454.268
Comfamiliares Risaralda 1.092.363
Cafamaz 0
Comfamiliares del Atlántico 28.326.004
Comfenalco Quindío 900.716
Comfamiliar Huila 2.300.595
Comfenalco Cartagena 3.945.346
Comfacauca 0
Comfaboy 2.679.739
Comfrem Meta 713.136
Cajasai 1.032.302
Cajamag 2.178.650
Comfenalco Tolima 3.799.326
244.808.255
En esas actuaciones oficiales, la administración rechazó los aportes efectuados a las cajas de compensación familiar Comcaja San José del Guaviare, Comfamiliar Buga, Comfasucre, Comfamaz y Comfacauca, porque las entidades no remitieron el certificado de paz y salvo solicitado. Por tanto, consideró que esos aportes no se encontraban debidamente soportados.
6.2.7. Sin embargo, se advierte que en la respuesta al requerimiento especial, el contribuyente allegó fotocopia simple de los recibos de pago de los aportes parafiscales efectuados a esas entidades en el año 2003, con excepción de Comcaja San José del Guaviare.
6.2.8. Estos documentos no fueron valorados probatoriamente por la administración, a pesar de que por mandato expreso del artículo 108 del estatuto tributario los recibos de pago constituyen prueba de tales aportes, sin que para el caso sea motivo suficiente para su rechazo el que se hayan aportado en copia simple.
Si la administración pretendía desconocer el valor probatorio de las fotocopias debió tener en cuenta que el artículo 289 del Código de Procedimiento Civil establece la tacha de falsedad como la forma de controvertir la procedencia y contenido de los documentos, ya sean públicos o privados, originales o copias simples(28).
Habida consideración de que las copias simples fueron puestas en conocimiento de la administración desde la respuesta al requerimiento especial, y que la misma no las controvirtió o tachó de falsas, estos documentos deben tomarse como soporte probatorio de los aportes parafiscales pagados a esas entidades, en las siguientes cuantías:
Caja de compensación Valor certificado
Comfamiliar Buga 355.494(29)
Comfasucre 729.912(30)
Cafamaz 568.467(31)
Comfacauca 297.804(32)
Total $1.948.677
6.2.9. Si bien los valores registrados en los recibos de pago expedidos por las cajas de compensación familiar no pueden verificarse en la contabilidad porque existen inconsistencias en los libros contables, lo cierto es que estos soportes externos demuestran la realización de los gastos, en tanto tienen valor probatorio de acuerdo con el artículo 108 del estatuto tributario.
Adicionalmente, estos documentos son los que sirven de base para registrar en la contabilidad el pago de los aportes parafiscales y por ser expedidos por las cajas de compensación familiar, brindan la confianza suficiente de que ese hecho es real.
6.2.10. De acuerdo con el anterior análisis probatorio, se encuentra que además de los valores aceptados por la administración por pagos de aportes parafiscales ($244.808.255), la sociedad soportó la suma de $1.948.677, para un total de $246.756.932.
Por eso, se reconocerá como deducción por pago de los aportes la suma de $1.948.677.
6.2.10. En relación con la deducción por salarios, se observa que ante la existencia de inconsistencias en la contabilidad de la sociedad, que impiden establecer con certeza los valores pagados por concepto de nómina, la Administración determinó: “Dándole aplicación al artículo 683 del estatuto tributario “Espíritu de Justicia”, muy a pesar que la contabilidad del contribuyente investigado no es clara y precisa (…) para efectos de aceptación de los valores pagado en nómina por concepto de sueldos se tuvo en cuenta el valor de los aportes parafiscales de acuerdo con los certificados aportados y confirmados por las diferentes cajas de compensación”(33).
A esa misma conclusión llega la Sala, teniendo en cuenta que los certificados de las cajas corresponden a pagos efectuados en el año gravable que se discute —2003— y, además, la vigencia misma no es objeto de discusión por las partes. Luego, es válido afirmar que los aportes parafiscales pagados durante el año gravable 2003 en la suma de $246.756.932(34) se derivan de los salarios pagados en esa anualidad.
Dado que los aportes parafiscales corresponden al 9% de la nómina(35), se infiere que los salarios fueron pagados en la suma de $2.741.743.688.89(36), en tanto el 9% de ese valor es $246.756.932, que corresponde a los aportes parafiscales pagados por el contribuyente.
Por lo expuesto, procede como deducción por pagos de nómina la suma de $21.651.855.89(37).
6.2.11. Por lo tanto, en esta oportunidad se acepta como deducción por aportes parafiscales la suma de $1.948.677y por gastos de nómina $21.651.855.
7. Procedencia de gastos por transporte y fletes.
7.1. Dijo el apelante que los gastos por transportes y fletes no pueden ser desconocidos por la falta de contrato, porque la ley no exige que para la prestación de ese servicio deba suscribirse ese tipo documento. Por tal motivo, esta erogación puede demostrarse con los soportes contables correspondientes, como los recibos expedidos por los beneficiarios.
7.2. Para la procedencia de las deducciones en el impuesto sobre la renta, el artículo 771-2 del estatuto tributario señala que se requerirá de facturas con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los literales b), c), d), e), f) y g) del artículo 617(38) ibídem, o de documentos equivalentes que cumplan con las exigencias señaladas en los literales b), d), e) y g) del artículo 617 citado.
Obsérvese como la normativa tributaria autoriza tener en cuenta las facturas o documentos equivalentes para probar la existencia de las operaciones económicas que dan lugar a las deducciones, documentos que deben ser expedidos en las operaciones que se realicen con comerciantes, importadores o prestadores de servicios(39).
7.2.1. Eso permite comprender el texto del artículo 618 del mencionado estatuto que impone el deber, a los adquirentes de bienes corporales muebles o de servicios, de exigir las facturas o documentos equivalentes y de exhibirlas cuando la administración las exija.
7.2.3. Sin embargo, la procedencia como prueba de uno u otro documento depende de si existe la obligación de expedir factura. Para establecer esa circunstancia se debe atender a lo dispuesto en el artículo 616-2(40) del estatuto tributario que precisa los casos en los cuales no se requiere la expedición de la factura:
“ART. 616-2.—Adicionado L. 223/95, art. 38. Casos en que no se requiere la expedición de factura. No se requerirá la expedición de factura en las operaciones realizadas por bancos, corporaciones financieras, corporaciones de ahorro y vivienda y las compañías de financiamiento comercial. Tampoco existirá esta obligación en las ventas efectuadas por los responsables del régimen simplificado, (y cuando se trate de la enajenación de bienes producto de la actividad agrícola o ganadera por parte de personas naturales, cuando la cuantía de esta operación sea inferior a dos millones de pesos(41)) y en los demás casos que señale el Gobierno Nacional”.
7.2.2. En ese sentido, cuando el artículo 771-2 del estatuto tributario condiciona la procedencia de los costos a la presentación de la factura o documento equivalente, debe entenderse que, salvo los casos contemplados en el artículo 616-2 ibídem, le corresponde al contribuyente aportar la factura respectiva.
7.3. En el caso en estudio se encuentra que en el libro auxiliar “Transacciones por cuenta/Beneficiario”, en la cuenta 513550, se registran transacciones por el servicio de transporte, fletes y acarreos prestado por los señores Emiro José González por la suma de $73.506.400, José Antonio López González por $58.3695.000, Misael Medina Conde por $144.675.000 y Margarita Juliao González por $7.500.000(42).
7.3.1. Debe señalarse que el demandante no aduce ningún argumento ni razón jurídica para demostrar que los beneficiarios de los pagos —los transportadores— no estaban obligados a facturar.
Situación que tampoco se verifica en el caso de la entidad contratante —Aseo y Equipo Global S.A.—, en tanto se trata de una sociedad comercial que presta servicio de aseo, limpieza y cafetería(43); por tanto, es claro que no pertenece al régimen simplificado, pues éste, de conformidad con el artículo 499 del estatuto tributario, está conformado por las personas naturales comerciantes y los artesanos, que sean minoristas o detallistas, los agricultores y los ganaderos, que cumplan la condiciones previstas en esa norma.
7.3.2. Entonces, en la operación económica solicitada en deducción, no se presenta ninguno de los supuestos exceptuados por la ley para la expedición de facturas, puesto que en la misma no intervino una entidad financiera, ni está demostrado que se realizó entre personas naturales o jurídicas pertenecientes al régimen simplificado.
7.4. Teniendo en cuenta que la sociedad adquirió el servicio de transporte y que no hay prueba de que los transportistas hicieron parte de ese servicio, le correspondía a la demandante exigir la expedición de la factura, conforme lo señala el artículo 618 del estatuto tributario.
7.5. Sin embargo, en el expediente administrativo no se encuentran las facturas expedidas por el servicio de transporte prestado por los señores Emiro José González, José Antonio López González, Misael Medina Conde y Margarita Juliao González, en tanto solo se allegaron facturas expedidas por Redetrans Ltda.(44), empresa que no es la beneficiaria del gasto discutido, ni está probado que tenga alguna relación con las personas naturales prestadoras del servicio.
7.6. En ese sentido, como el demandante no aportó la factura expedida por concepto del servicio de transporte de cual se deriva la deducción solicitada, no es procedente su reconocimiento.
8. Sanción por inexactitud.
8.1. De acuerdo con el artículo 647 del estatuto tributario, constituye inexactitud sancionable en las declaraciones tributarias, entre otras, la inclusión de retenciones inexistentes y, en general, la utilización de datos o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados, de los cuales se derive un menor impuesto o saldo a pagar, o un mayor saldo a favor para el contribuyente.
8.2. En el caso en estudio, la sanción se generó por la diferencia existente entre las retenciones en la fuente declaradas por el contribuyente en la suma de $41.112.627(45) y las certificadas por el agente retenedor CISA S. A. por el valor de $26.803.716(46).
8.3. Según la parte demandante, la diferencia se presenta porque la administración no tuvo en cuenta la totalidad de las retenciones certificadas. Y considera que la sociedad cumplió con el deber de aportar los certificados que sustentan las retenciones declaradas; por tanto, quien debe responder ante la DIAN es CISA S. A., por tratarse de la empresa que emitió los certificados de retención.
8.4. Para demostrar las retenciones declaradas, el contribuyente allegó certificados de retención expedidos por CISA S. A., en los que se informa lo siguiente:
Fecha de expedición Concepto Total
18-02-04 Servicios:$26.803.716 $26.803.716(47)
8-03-04 Servicios:$7.573.311
$7.573.311(48)
18-03-04 Impuesto de timbre:$214.920 $3.189.022(49)
Servicios: $2.842.260
IVA: $131.842
18-03-04 Servicios: $3.893.370 $3.893.370(50)
Total $41.112.627
8.5. Mediante el Requerimiento Ordinario Nº 020632005000556 de octubre de 2005, la administración le solicitó a Central de Inversiones S. A. que informara las retenciones en la fuente practicadas en el año 2003 a la sociedad Aseo Global Ltda(51).
8.6. En respuesta del citado requerimiento, la sociedad Central de Inversiones S. A. certificó que en el año gravable 2003 había practicado retenciones por los siguientes conceptos y valores : IVA generado: $3.396.683, Retefuente Renta: $26.803.716, Retefuente IVA $4.176.071, impuesto de timbre $5.471.284 y retención ICA:$7.669.038(52).
8.7. Revisados los certificados de retención de CISA S. A., aportados en el proceso de fiscalización por el contribuyente y el agente retenedor, se advierte lo siguiente:
8.7.1. Los certificados que fueron expedidos por CISA S. A. al contribuyente, informan las retenciones practicadas en el año gravable 2003 sin especificar claramente los conceptos fiscales. Solo en la certificación del 18 de marzo expedida por suma de $3.189.022, se discriminan los valores correspondientes a los impuestos de timbre e IVA. En los demás documentos no es posible establecer el impuesto objeto de retención, en tanto se indica de manera general “por concepto de servicios”.
8.7.2. Por el contrario, en la certificación de retención de CISA S. A. aportada con ocasión del requerimiento ordinario, el agente retenedor especificó cada uno de los conceptos fiscales de las retenciones practicadas: IVA, renta, ICA, y timbre.
8.7.3. Con fundamento en este documento se puede determinar que no todas las retenciones informadas en las certificaciones allegadas por el contribuyente corresponden al impuesto sobre la renta, sino también a otros tributos.
8.7.4. Por consiguiente, no es cierto que la administración hubiere omitido algunos de los certificados del agente retenedor, sino que solo tuvo en cuenta las retenciones practicadas por el impuesto de renta.
Recuérdese que cuando el sujeto pasivo del tributo hace la presentación de la declaración tributaria y liquida el valor de su obligación, tiene el derecho a descontar de la suma por pagar la cuantía de las retenciones, pero solo las practicadas por el respectivo gravamen, no otras distintas.
8.8. Por consiguiente, no resulta procedente que el contribuyente incluyera en la declaración de renta del año 2003, retenciones superiores a la suma de $26.803.716, certificada por el agente de retenedor, por concepto del impuesto sobre la renta y complementarios.
En consecuencia, procede la sanción por inexactitud impuesta en los actos demandados.
9. Sanción por no enviar información.
9.1. La administración impuso la sanción por no enviar información con fundamento en que el contribuyente no remitió los documentos solicitados en el Requerimiento Ordinario Nº 020632006000294 del 14 de junio de 2006.
La demandante, en cambio, sostuvo que sí suministró la información solicitada en el requerimiento ordinario, solo que la entregó en forma incompleta y en la respuesta al requerimiento allegó la documentación que hacía falta. Además, discutió que la sanción se liquidó sobre el 0.5% de los ingresos netos, a pesar de que se podía determinar con la cuantía de la información solicitada.
9.2. Según el artículo 651 del estatuto tributario, hay lugar a imponer la sanción por no enviar información cuando las personas obligadas a suministrar información tributaria o a quienes se les haya solicitado informaciones o pruebas no la suministren dentro del plazo establecido para ello; de manera que, el hecho sancionable previsto en la ley es omitir la entrega de la información o documentos solicitados, en el término señalado para la respuesta.
9.3. Al respecto, el mismo artículo 651 del estatuto tributario, en el literal a), establece que la sanción por no suministrar información es una multa “hasta de $50.000.000”. La norma señala los criterios que deben tenerse en cuenta para fijarla. Según la normativa, la base para determinar el monto de la multa es el valor de la información requerida, en los casos en que pueda determinarse, y será de “hasta el 5%”. En los eventos en los que no sea posible determinar el valor de la información o esta no tenga cuantía, la multa será de “hasta el 0.5% de los ingresos netos”, a falta de estos, “hasta del 0.5% del patrimonio bruto” del sancionado, correspondiente al año anterior o de la última declaración del impuesto sobre la renta o de ingresos y patrimonio.
9.4. En el caso, la DIAN profirió el Requerimiento Ordinario Nº 020632006000294 del 14 de junio de 2006(53), en el que le solicitó al contribuyente los siguientes documentos:
“1. Anexo de la declaración de renta por los años gravables 2002 y 2003.
2. Balances de comprobación mensual, año 2003, a nivel de subcuenta.
3. Conciliación contable y fiscal año 2003
4. Base y cálculo de los ajustes por inflación año 2003.
5. Cálculo del costo de venta año 2003.
6. Estados financieros comparativos años 2002 y 2003.
7. Explicación y cálculo de aportes parafiscales año 2003.
8. Certificados de retenciones en la fuente declaradas año 2003”.
A su vez, le indicó al contribuyente que la información debía ser remitida dentro de los 15 días calendario siguientes a la notificación(54), término que venció el 24 de junio de 2006.
9.5. En el acta de inspección tributaria(55) del 6 de julio de 2006 se dejó constancia de que el 9 de junio de 2006 la administración se hizo presente en las instalaciones de la sociedad y le fueron aportadas fotocopias del balance general y estados de resultados del año 2003; de las declaraciones de renta años 2002 y 2003; del balance de comprobación de saldos año 2003; de la relación de retenciones en la fuente declaradas año 2003 y de los certificados de retención en la fuente de 2003(56).
Encontrándose el término vencido, en la respuesta al requerimiento especial, la sociedad allegó la conciliación contable y fiscal del año 2003 y la relación y soportes de pagos a las cajas de compensación familiar año 2003(57).
9.6. Como se observa, dentro del plazo previsto para reportar la información, la sociedad no aportó la totalidad de los documentos solicitados por la administración, con lo cual se configura el presupuesto fáctico contemplado en la ley para la imposición de la sanción por no enviar información.
9.7. Si bien es cierto que la sociedad aportó algunos documentos, ello no obsta para que se imponga la sanción, en tanto la norma que la contempla solo exige, para su procedencia, que el contribuyente no hubiere suministrado la información completa dentro del plazo establecido para ello.
9.8. Ahora, para la tasación de la multa, la norma prevé que se deben tener en cuenta las sumas respecto de la cuales no se suministró la información, y en el caso de que no pueda establecerse, los ingresos netos, o el patrimonio bruto del contribuyente.
En este caso, en el requerimiento ordinario se solicitaron a la sociedad algunos documentos contables para efectos de verificar la realidad de los datos registrados en la declaración tributaria, sin hacer cuestionamiento alguno sobre los valores declarados, puesto que aún no se había establecido la existencia de una irregularidad.
Como la información fue requerida para verificar todos los datos registrados en la declaración de renta de 2003, no existe una suma determinada sobre la cual deba imponerse la sanción, máxime cuando solo hasta la liquidación oficia de revisión se desconocieron algunos de los conceptos declarados.
Luego, al momento de expedirse el requerimiento ordinario no existía un rubro sobre el cual pudiera determinarse el valor de la información solicitada.
Por tal motivo, resulta procedente que la administración hubiere tasado la sanción con fundamento en los ingresos netos reportados por el contribuyente en la declaración tributaria del año 2003.
9.9. Sin embargo, la circunstancia de haber remitido parcialmente la información solicitada debe tenerse en cuenta para efectos de la tasación de la multa, puesto que las sanciones tributarias deben estar enmarcadas en criterios de proporcionalidad y razonabilidad.
9.10. Para tal efecto, debe tenerse en cuenta que de los 8 documentos que solicitó la DIAN, el contribuyente allegó 2(58) dentro del término y, 2(59) tardíamente, estos últimos, sin que el tiempo de mora alcanzara a obstruir el ejercicio de fiscalización de la DIAN, en tanto fue aportado con la respuesta al requerimiento especial.
La Sala ha señalado que si bien tanto la falta de entrega de información como la entrega tardía entorpecen por sí solas las facultades de fiscalización, tales omisiones no pueden medirse en la misma forma, porque mientras la falta de entrega puede llegar a imposibilitar la gestión tributaria, la entrega tardía impacta la oportunidad, de acuerdo con el tiempo de mora que transcurra, de manera que si este es mínimo no alcanza a obstruir con carácter definitorio el ejercicio de la fiscalización(60).
9.11. En ese entendido, no resulta procedente que la administración impusiera la máxima sanción legal —0.5%—, como si el contribuyente no hubiere allegado ninguna información, y sin tener en cuenta que parte de los documentos solicitados se presentaron oportunamente.
9.12. Atendiendo los criterios expuestos, y habida cuenta de la magnitud de los documentos no allegados por el contribuyente, que es el hecho que constituye la infracción sancionada en el artículo 651 del estatuto tributario, la Sala reducirá la multa al 0.25% de la sanción.
10.1. Como consecuencia de lo expuesto, la Sala revocará el numeral 1º de la sentencia apelada y procederá a practicar una nueva liquidación del impuesto sobre la renta y complementarios por el año gravable 2004, para aceptar deducciones por aportes parafiscales por la suma de $1.948.677, deducciones por pagos de nómina por la suma de $21.651.855, y reducir la sanción por no enviar información a la suma de $9.871.000 tal como se refleja en la siguiente liquidación:
Concepto Renglón Liq. privada Liq. DIAN Liq. tribunal Liq. C. de E.
Efectivo, bancos, cuentas de ahorro, otras inversiones PA 108.386.000 108.386.000 108.386.000
Cuentas por cobrar PM 1.156.472.000 1.156.472.000 1.156.472.000
Acciones y aportes (sociedades anónimas, limitadas y asimiladas) PB 132.052.000 132.052.000 132.052.000
Inventarios PC 0 0 0
Activos fijos AJ 479.650.000 479.650.000 479.650.000
Otros activos PF 219.693.000 219.693.000 219.693.000
Total patrimonio bruto PG 2.096.253.000 2.096.253.000 2.096.253.000
Pasivos PH 1.706.911.000 1.706.911.000 1.706.911.000
Total patrimonio líquido PL 389.342.000 389.342.000 389.342.000
Ingresos brutos operacionales 7.244.743.000 7.244.743.000 7.244.743.000
Ingresos brutos no operacionales 89.784.000 89.784.000 89.784.000
Intereses y demás rendimientos financieros recibidos 0 0 0
Utilidades por exposición a la inflación 14.101.000 14.101.000 14.101.000
Total ingresos brutos 7.348.628.000 7.348.628.000 7.348.628.000
Devoluciones, rebajas y descuentos ventas 0 0 0
Total ingresos netos 7.348.628.000 7.348.628.000 7.348.628.000
Costo de ventas 987.692.000 987.692.000 987.692.000
Total costos 987.692.000 987.692.000 987.692.000
Gastos operacionales de administración 5.880.181.000 2.844.803.000 2.868.403.532
Deducción de impuestos pagados 55.411.000 55.411.000 55.411.000
Pérdida por exposición a la inflación 0 0 0
Otras deducciones 158.813.000 158.813.000 158.813.000
Total deducciones 6.094.405.000 3.059.027.000 3.082.627.532
Renta líquida del ejercicio 266.531.000 3.301.909.000 3.278.308.468
Renta líquida especial por recuperación de deducciones 0
Renta líquida 266.531.000 3.301.909.000 3.278.308.468
Renta presuntiva 20.158.000 20.158.000 20.158.000
Renta líquida gravable 266.531.000 3.301.909.000 3.278.308.468
Impuesto sobre la renta gravable LA 93.286.000 1.155.668.000 1.147.408.000
Impuesto neto de renta LC 93.286.000 1.155.668.000 1.147.408.000
Total impuesto a cargo FU 93.286.000 1.155.668.000 1.147.408.000
Autorretenciones MJ 0 0 0
Otras conceptos MI 201.549.000 187.240.000 187.240.000
Total retenciones año gravable 2003 GR 201.549.000 187.240.000 187.240.000
Menos saldo a favor año 2002 sin solicitud de devolución o compensación GN 60.980.000 60.980.000 60.980.000
Menos anticipo por el año gravable GX 0 0 0
Mas anticipo por el año gravable siguiente FX 0 0 0
Sobretasa impuesto a la renta año 2003 SO 9.329.000 115.567.000 106.173.000
Anticipo sobretasa año gravable 2003 AN 4.163.000 4.163.000 4.163.000
Mas anticipo sobretasa año gravable 2004 OZ 4.664.000 4.664.000 4.664.000
Mas sanciones VS 416.000 43.051.000 32.765.000
Total saldo a pagar HA 0 1.066.567.000 1.038.627.000
O total saldo a favor HB 158.997.000 0 0
1. REVÓCASE el numeral 1º de la sentencia del 15 de junio de 2011 del Tribunal Administrativo del Atlántico. En su lugar:
“DECLARÁSE no probada la excepción de indebido agotamiento de la vía gubernativa interpuesta por la parte demandada.
DECLARÁSE la nulidad parcial de la Liquidación Oficial de Revisión Nº 020642007000052 del 10 de abril de 2007 y de la Resolución Recurso de Reconsideración Nº 020662008000002 del 12 de mayo de 2008, proferidas por la Dirección Seccional de Impuestos de Barranquilla.
Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del derecho, se ordena que el impuesto de renta del año gravable 2003 a cargo de la sociedad Aseos y Equipos Global S. A. corresponde al liquidado en la parte motiva de esta providencia”.
2. CONFÍRMASE, en lo demás la sentencia apelada.
3. RECONÓCESE personería jurídica para actuar en nombre de la entidad demandada al doctor Enrique Guerrero Ramírez, de conformidad con el poder que obra al folio 530 del expediente.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fec ha».
(1) Artículo 135 del Código Contencioso Administrativo.
(2) Sentencias del 16 de mayo de 2013, C. P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, Expediente 18309; del 16 de septiembre de 2010, C. P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, Expediente 16802; del 25 de septiembre de 2008, C. P. Héctor J. Romero Díaz, expedientes 16006-16126; y del 30 de abril de 2003, C. P. Ligia López Díaz, Expediente 13530.
(3) Folios 244, 249-250 C. P. 4. En los hechos de la demanda el demandante explicó: “15. La DIAN mediante Resolución 020662008000002 del 12 de mayo de 2008, confirmó parcialmente la liquidación de revisión.
Primeramente, se profirió Auto de Verificación o Cruce Nº 9000001 del 14 de marzo de 2008, cuyo análisis preliminar determinó lo siguiente:
(…) se determinó los siguientes rubros deducibles:
Al respecto observamos lo siguiente:
(…) Dada la premura del tiempo con que la funcionaria inició la investigación, hubo dos cajas de compensación que no alcanzaron a certificar vía fax los valores pagados por Aseo y Equipos Global S. A., eso de ninguna manera puede invocarse para desconocer el pago efectuado a esas cajas de compensación, pues la DIAN tuvo suficiente tiempo y elementos probatorios para haber verificado los pagos a las cajas de compensación.
(…) Igualmente observamos que la funcionaria de la DIAN se dedicó a calcular o inferir, con base en el valor pagado a las cajas de compensación, el valor de las nóminas, cuando en el libro aparecen registradas en su totalidad. Si parte de la base falsa que los pagos efectuados por la empresa a la cajas de compensación permiten inferir el valor de las nóminas, el resultado de los cálculos del valor de las nóminas, efectuados por dicha funcionaria también resultan falsos, razón por la cual desconocemos el fundamento jurídico y contable de la supuesta liquidación de $2.720.091.833.33 que efectuó la funcionaria.
(4) Folio 172 c. p. 1.
(5) Folio 100 c. p. 4.
(6) Folio 93 c. p. 4.
(7) Folio 108 c. p. 4.
(8) Folio 220 c. p. 4.
(9) C. p. 1.
(10) Sobre el particular se pronunció esta Sala en sentencia del 16 de octubre de 2014, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Expediente 19611.
(11) ART. 706.—Modificado por el artículo 251 de la Ley 223 de 1995. Suspensión del término. El término para notificar el requerimiento especial se suspenderá:
(12) Folio 344 c. p. 1.
(13) Folio 89 c. p. 1.
(14) Folio 52 c. p. 1.
(15) Cfr. Cargo 4.1 de esta providencia.
(16) Folio 1608 c. p. 3.
(17) Folios 1195-1199 c. p. 3.
(18) Folio 1207 c. p. 3.
(19) Folios 1590-1594 c. p. 3.
(20) Folios 1595-1630 c. p. 3.
(21) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 del estatuto tributario, la renta líquida gravable se determina así: de la suma de todos los ingresos ordinarios y extraordinarios realizados en el año o período gravable, que sean susceptibles de producir un incremento neto del patrimonio en el momento de su percepción, y que no hayan sido expresamente exceptuados, se restan las devoluciones, rebajas y descuentos, con lo cual se obtienen los ingresos netos. De los ingresos netos se restan, cuando sea el caso, los costos realizados imputables a tales ingresos, con lo cual se obtiene la renta bruta. De la renta bruta se restan las deducciones realizadas, con lo cual se obtiene la renta líquida. Salvo las excepciones legales, la renta líquida es renta gravable y a ella se aplican las tarifas señaladas en la ley.
(22) Sentencia del 12 de marzo de 2009, C. P. Héctor J. Romero Díaz, Expediente 16057, reiterada el 4 de marzo de 2010, Expediente 17074.
(23) Vigente para la época de los hechos. Modificado por el artículo Ley 788 de 2002.
(24) Esta diligencia fue ordenada mediante Auto Nº 900001 del 14 de marzo de 2008. Folios 1590-1594 c. p. 3.
(25) Folio 1223 c. p. 3.
(26) Sentencia del 5 de junio de 2014, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Expediente 18627.
(27) Folios 1246-1269, 1530 y 1561 c. p. 3.
(28) En igual sentido se pronunció esta Sala en sentencia del 5 de junio de 2014, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Expediente 18627.
(29) Recibos de pago: enero: 27.810, febrero: 28.884, marzo: 29.880, abril: 29.880, mayo: 29.880, junio: 29.880, julio: 29.880, agosto: 29.880, septiembre: 29.880, octubre: 29.880, noviembre: 29.880 y diciembre: 29.880. Folios 534-545 c. p. 2.
(30) Recibos de pago: enero: 55.620, febrero: 57.768, marzo: 59.760, abril: 59.760, mayo: 59.760, junio: 58.764, julio: 85.656, agosto: 59.760, septiembre: 59.760, octubre: 59.760, noviembre: 59.760 y diciembre: 53.784. Folios 487-498 c. p. 1.
(31) Recibos de pago: septiembre: 166.581, octubre: 125.496, noviembre: 132.468 y diciembre: 143.922. Folios 408-411 c. p. 1.
(32) Recibos de pago: febrero: 28.884, marzo: 29.880, abril: 29.880, mayo: 29.880, junio: 29.880, julio: 29.880, agosto: 29.880, octubre: 29.880, noviembre: 29.880 y diciembre: 29.880. Folios 582-591 c. p. 2. No se tiene en cuenta el recibo de consignación Nº 42108009 en tanto el pago fue realizado en el año 2004. Folio 592 c. p. 2.
(33) Folio 1618 c. p. 3.
(34) Valor reconocido por la administración: 244.808.255 + Valor reconocido por esta providencia $1.948.677 = $246.756.255.
(35) Leyes 21 de 1982, artículo 7º numeral 4º y 89 de 1988. El 9% se distribuye: 4% para el subsidio familiar (cajas de compensación familiar), 3% para el ICBF y 2% para el SENA.
(36) Este valor resulta de dividir la suma reconocida por pagos de los aportes parafiscales: 246.756.255 entre el porcentaje aplicable por ese concepto 0.09%.
(37) Valor reconocido por la administración por pago de salarios $2.720.091.833.33 - Valor total reconocido por concepto $2.741.743.689.
(38) ART. 617.—Requisitos de la factura de venta. Para efectos tributarios, la expedición de factura a que se refiere el artículo 615 consiste en entregar el original de la misma, con el lleno de los siguientes requisitos:
(39) Artículo 616-1 del estatuto tributario.
(40) Vigente para la época de los hechos.
(41) La parte insertada entre paréntesis fue derogada por el artículo 118 de la Ley 788 de 2002.
(42) Folios 1362-1365 c. p. 3.
(43) Folio 55 c. p. Certificado de existencia y representación legal de la sociedad.
(44) Folios 1554-1557 y 1559-1564 c. a. 3.
(45) Folios 63 y 337 c. p. 1.
(46) Folios 176-181 c. p. 1.
(47) Folio 158 c. p. 1.
(48) Folio 159 c. p. 1.
(49) Folio 156 c. p. 1.
(50) Folio 157 c. p. 1.
(51) Folio 226 c. p. 1.
(52) Folio 228 c. p. 1.
(53) Folios 237-240 c. p. 1.
(54) La notificación del auto se practicó el 14 de junio de 2006. Folio 291 c. p. 1.
(55) Folio 334 c. p. 1.
(56) Folios 247-305 c. p. 1.
(57) Folios 363 y 370, 379 y ss. c. p. 1.
(58) Balances de comprobación mensual año 2003 y certificados de retenciones en la fuente declaradas año 2003.
(59) Conciliación contable y fiscal año 2003 y, la relación y soportes de pagos a las cajas de compensación familiar año 2003.
(60) Sentencia del 24 de octubre de 2013, C. P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, Expediente 19454.