Source: http://unionafirmativa.blogspot.it/2016/
Timestamp: 2017-07-22 00:45:14
Document Index: 157079680

Matched Legal Cases: ['artículo 44', 'artículo 565', 'in fine', 'artículo 23', 'artículo 31', 'artículo 21', 'Artículo 4', 'Artículo 3', 'Artículo 21', 'Artículo 21', 'artículo 3', 'Artículo 3']

Balance de la implementación de las
recomendaciones del primer ciclo
A pesar de haber aceptado la recomendación 94.11 dirigida a consolidar, tanto
en la ley como en la práctica, los derechos de personas con orientación sexual
e identidad de género diferentes, durante el primer ciclo del EPU el Estado venezolano
no llevó a cabo acciones concretas para lograr la inclusión legal y social de
las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersex (LGBTI). Por el
contrario, en el 4to examen periódico de Venezuela sobre el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, en 2015, el Comité de Derechos Humanos, recomendó al Estado adoptar una
legislación amplia e integral dirigida a prohibir la discriminación por motivos
de orientación sexual e identidad de género. Igualmente en 2015, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, advirtió la ausencia de un marco legal integral de lucha contra
la discriminación que considerara todos los criterios establecidos en el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, durante el 3er
examen periódico de Venezuela, recomendando al Estado agilizar la elaboración y
adopción de una legislación que garantizase una protección suficiente con incorporación
de los motivos de discriminación por orientación sexual e identidad de género. En
2014, el Comité de la Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, recomendó
también al Estado adoptar las disposiciones legales necesarias para proteger a
las mujeres de la discriminación por razones de orientación sexual e identidad
de género. El Comité de Derechos Humanos
por otra parte manifestó en 2015, preocupación por la discriminación y actos de
violencia contra personas por su orientación sexual o identidad de género, que
comprendía el asesinato, ante lo cual recomendó al Estado redoblar sus
esfuerzos para combatir los estereotipos y prejuicios contra las personas LGBTI
y garantizar de manera eficaz la prevención, investigación, procesamiento y
sanción de estos actos, con penas apropiadas. Del mismo modo, en el 3er examen
periódico de Venezuela ante el Comité de
Derechos del Niño, éste observó que las leyes específicas contra la
discriminación no se habían traducido en una mayor protección de los niños,
niñas y adolescentes por su orientación sexual e identidad de género, aunado a la
falta de información sobre las medidas adoptadas. El Comité recomendó llevar a
cabo una evaluación de las leyes, políticas y programas aplicadas para proteger
a niños, niñas y adolescentes LGBTI, con indicadores para medir sus logros; prevenir
todas las formas de discriminación de los niños, niñas y adolescentes por
orientación sexual e identidad de género; garantizar en la legislación y en la
práctica, la prohibición de estos tipos de discriminación y su debida sanción;
y establecer un mecanismo de denuncia eficaz para monitorear y resolver los
casos de discriminación en centros educativos y reclusión de menores,
instituciones de cuidado alternativo y otros entornos. A su vez, en 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) instó al Estado venezolano adoptar una ley de identidad de género no
patologizante; investigar con debida diligencia los delitos cometidos contra personas
LGBT y profundizar las medidas estatales, incluyendo políticas públicas, en
favor de personas LGBT y sus defensores.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) reconoce
el principio de no discriminación de los derechos humanos y establece el deber
del Estado de adoptar medidas positivas para promover las condiciones jurídicas
y administrativas que puedan garantizar una igualdad real y efectiva de todas
las personas ante la ley. Reconoce además el carácter progresivo de los
derechos humanos, extendiendo sus garantías a todos los Tratados Internacionales ratificados por Venezuela más favorables al
ejercicio universal y efectivo de derechos. Aunque la CRBV no menciona de
manera explícita la no discriminación por razones de orientación sexual e
identidad de género, la Resolución N°
190 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de 2008, dictaminó
que “…no es posible, dentro del marco constitucional venezolano, la
discriminación individual en razón de la orientación sexual de la persona…”,
determinando que correspondía a la Asamblea Nacional legislar sobre esta
materia. Sin embargo, Venezuela no ha logrado materializar una ley amplia y
general para proteger a las personas LGBTI de la discriminación y la
desigualdad. Algunos instrumentos legales en áreas específicas, sólo hacen
mención a la no discriminación por orientación sexual e identidad de género,
careciendo de mecanismos para implementar estrategias reales y efectivas contra
la discriminación y la desigualdad. Pese a contar con una Constitución
favorable, sigue existiendo un marco legal restrictivo que niega la igualdad de
derechos y ante la ley de las personas LGBTI.
un marco institucional y administrativo para garantizar el derecho a la
igualdad y la no discriminación de las personas LGBTI, en un ambiente
en el que persiste la lesbofobia, homofobia, bifobia y transfobia, apoyada en
frecuentes discursos de estigmatización y odio, emitidos por funcionarios
públicos y sectores sociales, con base en ideologías y creencias religiosas,
pese a que constitucionalmente Venezuela es un Estado Laico.
prácticas de discriminación y los tratos desiguales contra derechos civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales de las personas LGBTI son
constantes y generalizadas. No existen políticas, planes, programas ni
servicios públicos destinados a satisfacer sus necesidades, ni sobre ellas se
publican estadísticas demográficas, sociales, educativas, sanitarias o de
participación política. Numerosas
veces las autoridades han justificado no haber logrado avances por barreras
culturales, sugiriendo la necesidad de consultar públicamente la legitimidad
de propuestas que permita a las personas LGBTI ejercer derechos establecidos
en la Constitución. Altos
representantes de la iglesia y sectores organizados de la sociedad se han
opuesto sistemáticamente a exigencias de activistas y organizaciones LGBTI, a
través de campañas e incidencia en decisiones públicas, por razones basadas
en doctrinas morales y religiosas que denigran de su condición como persona humana
y sujetos de plenos derechos. Los medios de comunicación, tanto públicos como
privados, constantemente ridiculizan y promueven la discriminación contra las
personas LGBTI y censuran la transmisión de temas vinculados a la orientación
sexual e identidad de género, restringiendo la libertad de expresión y el
derecho a la información en cuestiones que mejoran las condiciones de vida de
las personas LGBTI. En
consecuencia, a las personas LGBTI frecuentemente se les niegan oportunidades
de trabajo o son segregados laboralmente. En los servicios de salud, las personas LGBTI son objeto de diversas agresiones
cuando requieren atención sanitaria; se les impide donar sangre por considerarse
“población de riesgo” y “personas promiscuas”; las mujeres trans, hombres
gais y bisexuales diagnosticados con VIH/Sida u otras infecciones de
transmisión sexual enfrentan serios obstáculos para obtener atención y
tratamientos. En centros educativos públicos y privados, las personas que se
definen como LGBTI o aquellas que son percibidas como tales, suelen ser
víctimas de acoso, castigos físicos y tratos degradantes por parte de la
comunidad educativa. Privación
del derecho a la protección jurídica de las parejas del mismo sexo y las familias homo-parentales
con o sin hijos. Estas familias y sus hijos, se encuentran
sumergidas en la invisibilidad y clandestinidad, ante la intolerancia, el
menosprecio y los tratos degradantes por no contar con protección del Estado.Las estadísticas del Censo de Población de 2011,
mencionaban preliminarmente unas 6.000 familias homo-parentales, las cuales no
cuentan con ninguna protección legal frente a la negativa de reconocer el
matrimonio o la unión civil entre personas del mismo sexo. Conforme a datos de
la Fundación Reflejos de Venezuela, 2.000 niños, niñas y adolescentes
pertenecientes a estas familias, afrontan severos problemas de acceso a la
educación, la salud y la protección social y legal, al no haber posibilidad de formalizar
su situación en el seno de sus hogares. Entre
2011 y 2016, Unión Afirmativa de Venezuela con otras organizaciones, han
presentado a la Asamblea Nacional diversas propuestas de modificación de leyes
que hasta ahora no han sido consideradas. Desconocimiento del
derecho al reconocimiento de la identidad de género legal de las personas
trans e intersex, pese a diversas solicitudes de activistas y organizaciones, y
a la existencia de algunas disposiciones legales que permiten lograr avances.
Las personas trans e intersex no pueden cambiar
su nombre y sexo en los documentos de identidad legal. Ni siquiera se ha
logrado la aplicación de la Ley de Registro Civil, en la cual es posible sólo cambio
de nombre cuando no corresponda con el género, a través de un simple acto
administrativo, debido a la negativa de las autoridades registrales a cumplir
esta norma y pese a que diputados de la Asamblea Nacional manifestaron en 2009,
cuando se introdujo esta reforma, que su objetivo era amparar a las personas
trans e intersex. Recientemente, la Fiscalía General de la República logró que
el Consejo Nacional Electoral (CNE) permita a las personas trans tomarse foto
que no altere su imagen física en la cédula de identidad. Alta
exposición a la violencia moral, psicológica o física, e indefensión
legal y ciudadana de las personas LGBTI, que niegan su derecho a no ser objeto
de detenciones arbitrarias, torturas, tratos o penas crueles, inhumanas y
Las personas LGBTI sufren actos de violencia de
forma constante por causa de su orientación sexual e identidad de género y no
existen políticas para investigar y procesar judicialmente estos casos. Entre
2009 y 2016, Acción Ciudadana contra el Sida (ACCSI) registró 175 crímenes de odio reseñados
por prensa: 75 fueron asesinatos y 100 agresiones por
detenciones arbitrarias, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. La
mayoría de las personas asesinadas tenía edades entre 17 a 30 años, 71,7% eran
trans. 39,1% ejercían trabajo sexual y 76% de los cadáveres fueron hallados en avenidas,
calles y autopistas, basureros o sitios poco transitados. Venezuela Diversa, ha
denunciado ataques contra personas trans y gais, que comprenden agresiones
verbales, físicas y psicológicas, amenazas, acoso y abuso policial y asesinatos.
mujeres trans que realizan trabajo sexual forzado, constituyen el grupo más vulnerable.
Defensoría del Pueblo ha realizado pocas acciones en materia de diversidad
sexual, sin logros ni impacto relevante. El Ministerio Público tampoco garantiza
procesos judiciales en materia de derechos y garantías constitucionales.
1. Promulgar una
ley amplia y completa contra la discriminación por orientación sexual,
identidad y expresión de género, que contemple mecanismos eficaces para impedir
prácticas discriminatorias en servicios de salud, centros educativos, puestos
de trabajo y espacios públicos.
medidas para el seguimiento de actos de discriminación y garantizar protección
eficaz a las personas LGBTI para poner fin a la impunidad de tales violaciones.
3. Modificar el
artículo 44 del Código Civil y permitir el matrimonio entre parejas del mismo
sexo, y adaptar el Código Orgánico de Registro Civil para reconocer legalmente
matrimonios del mismo sexo de venezolanos y venezolanas casadas en el
extranjero 4. Adaptar la Ley
de Registro Civil para permitir cambio de nombre y sexo en documentos legales a
las personas trans e intersex.
5. Reformar el
artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar que penaliza la
homosexualidad en las Fuerzas Armadas.
6. Incluir los
crímenes de odio basados ​​en
orientación sexual, identidad y expresión de género, como agravante en el
7. Poner en
funcionamiento la Defensoría Especial con Competencia Nacional en derechos
humanos de las personas LGBTI.
8. Prohibir las expresiones
de odio, estigmatización o violencia contra las personas LGBTI, con sanciones
políticas y programas con enfoques seculares, científicas y de género, para
promover la igualdad y no discriminación de las personas LGBTI.
estadísticas demográficas, sociales, educativas, sanitarias o de participación
política sobre la situación de las personas LGBTI.
[1] Resumen elaborado con base en contribuciones de Unión
Afirmativa de Venezuela, Red LGBTI, Fundación Reflejos de Venezuela y Venezuela
Diversa. Enlaces a esta entrada
Informe de Unión Afirmativa de Venezuela al Examen Periódico Universal 2016 Resumen Ejecutivo
1. Este Informe fue elaborado por Unión Afirmativa de Venezuela (UNAF) para
consideración del Consejo de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, con motivo del Segundo Examen Periódico Universal del Estado venezolano. UNAF es una Asociación Civil sin fines de lucro, fundada el 24
de noviembre de 2000 que promueve el cumplimiento de los estándares
internacionales de derechos humanos que protegen a las personas frente a la
discriminación por orientación sexual y lograr el reconocimiento jurídico y
social de estos derechos. 2. El Informe de Unión Afirmativa de Venezuela ofrece información sobre
cuatro aspectos, a saber: el derecho a la protección de parejas y familias del
mismo sexo; el derecho a la no discriminación por orientación sexual, identidad
y expresión de género; situación de discriminación en los ámbitos de salud,
trabajo, educación, espacios públicos y privados, y en medios de comunicación. 3. Solicitamos al Consejo de Derechos Humanos recomiende al Estado adoptar todas las medidas necesarias dentro
de un plazo razonable para realizar avances en materia de reformas
legislativas y políticas públicas que
cultura, tradición y religión, o en las preferencias políticas.
4. Así mismo, solicitamos al Consejo instar al Estado venezolano a realizar
las reformas legales necesarias para garantizar la protección de las parejas LGBTI, sus familias y sus hijos;
especialmente en lo relativo al reconocimiento legal de las uniones, los
derechos de los conyugues y la condición legal de las niñas, niños y
adolescentes de las familias del mismo sexo. INTRODUCCIÓN
5. Venezuela ha
firmado y apoyado todas las declaraciones internacionales que abogan por la
protección de las personas frente a la discriminación por orientación sexual e
identidad de género. Asimismo, se encuentran vigentes en el país tanto el pacto
de derechos civiles y políticos como el pacto de derechos económicos, sociales
y culturales, los cuales según la Constitución nacional, tienen rango
constitucional y aplicación preferente frente a la propia Constitución
(artículo 23). La Constitución igualmente impone la adopción de las medidas
legales necesarias para dar vigencia y efectividad a las decisiones de los
organismos internacionales de Derechos Humanos, cuando se refieran a peticiones
de ciudadanos venezolanos (artículo 31 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela). 6.
La orientación sexual, la identidad de género y expresión de género no son
delitos en Venezuela. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
establece en su artículo 21 numeral primero que “No se permitirá
y libertades de toda persona”[1].
Sin embargo, las lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales han sufrido
y sufren discriminaciones e impunidad, que les coloca como un grupo vulnerable.
Este informe describe la falta de observancia y
aplicación de la legislación vigente en Venezuela, en tanto que ésta incluye la
protección frente a la discriminación por orientación sexual. Describe algunas
situaciones de rechazo social y de violaciones de derechos humanos contra las
personas por su orientación sexual. DERECHO A LA
PROTECCIÓN LEGAL DE PAREJAS Y FAMILIAS CONFORMADAS POR PERSONAS DEL MISMO SEXO
8. La Resolución No. 190
del Tribunal Supremo de Justicia del año 2008, arriba mencionada, señaló que es a la Asamblea Nacional a quien
le corresponde legislar sobre la protección de las parejas del mismo sexo.
Esto, sin embargo, no ha ocurrido. No ha habido dentro de la Asamblea Nacional
iniciativa alguna por parte de ningún diputado y diputada para legislar en este
respecto. A pesar de que las ONG con trabajo en diversidad sexual han entregado
varias solicitudes ante el Poder Legislativo. 9. Cabe destacar que la
Asamblea Nacional (2010-2015) recibió en febrero de 2011 una propuesta de
Asamblea Nacional culminó en enero de 2016 y esta quedo en mora legislativa al
normas venezolanas. DERECHO A LA NO DISCRIMINACIÓN POR RAZONES DE
10. Venezuela no cuenta con una ley específica que obligue al Estado a garantizar y proteger el
derecho a la igualdad y no discriminación de las lesbianas, gays, bisexuales,
trans e intersexuales. Solo tiene pocos instrumentos legales que mencionan
la no discriminación por motivo de la orientación sexual en algunas áreas
especificas, a saber: Artículo 4 de
la Ley Orgánica del Poder Popular (2010), Articulo 173 de la Ley de Instituciones
del sector Bancario (2010), Resolución 185, Artículo 3 Normas y Garantías
relativas a los Derechos de las Mujeres y la Sexodiversidad a la Igualdad y
Equidad de Género en los Cuerpos de Policía Nacional Bolivariana y demás
cuerpos de Policía Estadales y Municipales (2010), Art. 5 de la Ley de
regulación y control de Arrendamientos de Viviendas (2011), Artículo 21 de la
Ley Orgánica del Trabajo, de las Trabajadoras y Trabajadores (2012). Además que
estas leyes carecen de mecanismos que permitan implementar estrategias reales y
efectivas para evitar la discriminación y la desigualdad, de tal manera que en
la realidad son leyes vacuas, inocuas e inútiles. 11. Venezuela no cuenta con
planes estratégicos (políticas), programas y servicios públicos orientados a
responder a las necesidades y exigencias de las personas LGBTI. Se
identifica que la especificidad o equidad en la distribución de los recursos
para la implementación de políticas públicas no existe para la comunidad LGBTI,
quienes continúan invisibles en las estadísticas demográficas, de población y
otros estudios, lo que se traduce en exclusión para el ejercicio de los
derechos fundamentales desde la perspectiva de su orientación sexual, identidad
o expresión de género. Lo que constituye un trato desigual, que genera a su vez
12. Se reconoce que el Poder Legislativo venezolano
ha hecho esfuerzos en la protección de grupos históricamente discriminados como
las mujeres, indígenas, niñas, niños y adolescentes, jóvenes,
afrodescendientes, e inclusive los animales, pero las lesbianas, gays,
bisexuales, trans e intersexuales no aparecen en las poblaciones prioritarias,
tal como se ha evidenciado en su gestión durante los últimos años.
13. La Defensoría del Pueblo es el
organismo del Estado responsable de velar los derechos humanos en Venezuela, y
el Ministerio Público es el responsable de garantizar en los procesos
judiciales el respeto a los derechos y garantías constitucionales, así como a
los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República. Pero
la Defensoría del Pueblo ha realizado pocas acciones en materia de diversidad
sexual, sin logros ni impacto relevante que vele por los derechos humanos de
las personas LGBTI en el país. En cuanto al Ministerio Público, ésta
institución pública carece de respuestas que garanticen los procesos judiciales
el respeto de los derechos y garantías consagradas en la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela. 14. En Venezuela no
existen avances realizados en materia legislativa y de políticas y prácticas
para investigar y procesar judicialmente los actos de violencia contra
lesbianas, gays, personas trans, bisexuales y/o intersex, o contra aquellas
personas percibidas como tales.
LOS ÁMBITOS DE SALUD, TRABAJO, EDUCACIÓN, ESPACIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, Y EN
15. En el ámbito de la salud: En los bancos de sangre adscritos al sistema público de salud venezolano,
persiste en la práctica la prohibición de donación de sangre de personas LGBTI
en los centros de salud públicos y/o privados. Un ejemplo de ello es lo
publicado en la página Web del Banco
Municipal de Sangre, el cual establece como requisito para ser donantes (cita
textual) “No pertenecer a grupos de conducta de alto
riesgo para el SIDA”[2],
en clara alusión a las personas de orientación sexual, identidad de género y
16. Los servicios ginecológicos no están preparados para la
atención de mujeres lesbianas, siguiendo el mismo protocolo de atención
utilizado en mujeres heterosexuales. También ocurre en los casos de los hombres
gays y bisexuales que son atendidos con los mismos protocolos de los hombres
17. En el ámbito de trabajo: A pesar de que el Artículo 21 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras
y los Trabajadores aparece de manera explícita la prohibición de discriminación
por orientación sexual, en el lugar de trabajo son frecuentes las
situaciones de discriminación y violencia contra las personas LGBTI, siendo
víctimas de atropellos, despidos injustificados, vulnerando así todos sus
derechos y beneficios laborales establecidos en el marco legal vigente.
18. No obstante, no hay
registros de casos, esto debido a que no existen mecanismos que sancionen estos
delitos. Quienes son discriminados no se sienten protegidos y temen exponer su
caso por miedo a mayores y peores consecuencias, como el riesgo de perder su
empleo y en el peor de los casos a agresiones físicas.
19. En al ámbito de la educación: En Venezuela no existe una cátedra de educación sexual a ningún nivel; los
casos de abuso escolar no son documentados por las escuelas y muchas maestras,
maestros y autoridades no saben cómo abordar la situación en casos de
orientación sexual, identidad y expresión de género. 20. Las pocas informaciones
que se manejan sobre acoso escolar provienen del trabajo realizado por las ONG
CECODAP y Reflejos de Venezuela, evidencian que a las niñas, niños,
adolescentes y jóvenes se les viola el principio de no discriminación e
igualdad establecido en el artículo 3 de la Ley para la Protección del Niño,
Niña y Adolescente (LOPNNA). Los niños, niñas y adolescentes “No
estudian con tranquilidad. Sienten presión y tristeza porque siempre se burlan
de ellos: son blanco de acoso escolar por su orientación sexual”. “El rechazo
por la orientación sexual en planteles es un fenómeno silente. Todavía un
asunto relegado a cuchicheos de pasillo. No ocurre lo mismo con otras formas de
violencia escolar, de las cuales sí se conversa con franqueza.”[3] 21. CECODAP afirma que “En los Consejos de Protección de los
municipios Baruta y Chacao no se han recibido denuncias por esta forma de acoso
escolar, pero sí por las demás. El año pasado CECODAP visitó 19 estados del
país para dictar talleres sobre violencia en centros educativos. La metodología
utilizada consistió en el abordaje de situaciones concretas de agresividad que
se hayan presenciado en los planteles, para luego perfilar soluciones.” “En
100% de las instituciones visitadas se observó la presencia de discriminación
por orientación sexual, refiere Oscar Misle, director de la ONG.” “Es un tema
que no sale en las conferencias para tratarlo abiertamente. A uno le llegan
comentarios después, en los pasillos, que hay un muchacho raro, o una chica
rara”. “El rechazo no sólo lo impulsan los compañeros de clases,
sino que, a veces, también lo practican los docentes, quienes intentan en
ocasiones apoyar a las víctimas para que cambien su forma de ser.” Este tipo de
situaciones la vivió Alfonso quien afirma que “…su maestra llamó a la mamá para
que lo llevaran a un psicólogo porque parecía “raro”. Lo cambió de puesto para
que jugara más con los niños.” Por esas actuaciones de los docentes, concuerdan
los especialistas, los afectados terminan sintiendo que ellos se buscaron el
22. En los espacios públicos y privados: Parques, museos, restaurantes, centros
comerciales, entre otros, son lugares en los que se han experimentado situaciones de estigma y discriminación contra las
personas LGBTI por parte de funcionarios policiales, de vigilancia o de orden
público. En el caso de espacios privados como restaurantes la situación es muy
similar. Las expresiones de afecto, tales como caminar tomadas de la mano o
abrazadas, besos o cualquier otra expresión que normalmente son llevadas a cabo
por dos personas de sexo distinto, en el caso de dos personas del mismo sexo
son objeto de censura. 23. A través de la red
social Twitter se denunció el caso de una pareja de hombres que fueron
discriminados por darse un beso en las instalaciones de un bar restaurante
“Cielo Restobar” ubicado en la ciudad de Mérida, estado Mérida. El gerente de
ese lugar les exigió desalojar el local de forma agresiva. Posteriormente hubo
un pronunciamiento público del restaurante en donde se expresaba “no comulgamos
con ningún tipo de discriminación ni apoyamos acciones que van en contra de la
moral ciudadana”, pero no se disculparon con la pareja[4].
Se desconoce si se produjo alguna denuncia ante las instituciones públicas, al
igual que si hubo algún reacción oficial.
24. En los medios de comunicación social: No es raro ver en la
televisión y particularmente en programas de humor la presencia de personajes
homosexuales masculinos que son estereotipados, ridiculizados y utilizados como
fuente de burla. 25. En diciembre de 2011,
el Observatorio Revolucionario de Medios
por la Diversidad Sexual y de Género presentó ante la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (CONATEL) una denuncia en contra del programa “¡A que te ríes!”,
transmitido por el canal privado de televisión Venevisión. Según la denuncia en dicho programa se
utiliza "un lenguaje de doble sentido, machista, sexista, clasista,
homofóbico y xenfóbico". [5]
26. Las denuncias realizadas por las ONG no reciben ningún tipo de respuesta.
Adicionalmente, no se aplican sanciones ni multas ni penas de ningún tipo
contra personas o instituciones que se expresen de manera discriminatoria
contra la población LGBTI, a pesar de estar contempladas en varias leyes como
la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos[6]
(2010) en el Artículo 3 que estipula “Promover el efectivo
ejercicio y respeto de los derechos humanos, en particular, los que conciernen
a la protección del honor, vida privada, intimidad, propia imagen,
confidencialidad y reputación…”.
[2] Banco Municipal de Sangre. Disponible
en http://www.bms-fundasangre.org/donacion.html
[3] CECODAP
(2014). Disponible en http://cecodap.tumblr.com/post/73949625466/te-chalequeamos-porque-eres-parchita
Contrapunto.com (2014). Usuarios de Twitter denuncian caso de homofobia en
restaurante de Mérida. Disponible en http://contrapunto.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=3895:usuarios-en-twitter-denuncian-caso-de-homofobia-en-restaurant-de-merida&Itemid=105
[5] ALBATV.
(15 de diciembre de 2011) Disponible
en http://www.albatv.org/Denuncian-a-canal-privado-por.html Consultado el 21-102014
Disponible en http://www.leyresorte.gob.ve/wp-content/uploads/2012/07/Ley-de-Responsabilidad-Social-en-Radio-Television-y-Medios-Electr%C3%B3nicos.pdf
MANIFIESTO DE UNIÓN AFIRMATIVA DE VENEZUELA CON MOTIVO DE LA XVI CELEBRACIÓN DEL ORGULLO LGBTI MANIFIESTO DE UNIÓN AFIRMATIVA DE VENEZUELA CON
MOTIVO DE LA XVI CELEBRACIÓN DEL ORGULLO
LGBTI (LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES, TRANS E INTERSEXUALES)
llegamos a la Asamblea Nacional eligiendo a dos diputados
abiertamente sexodiversos: Tamara Adrián y Rosmit Mantilla. Tamara es la
primera diputada transgénero elegida en América y en nuestro país, y
Rosmit es el primer diputado abiertamente gay elegido en Venezuela. Que
el Poder Ejecutivo haya creado el Consejo Presidencial de
Gobierno Popular de la Sexodiversidad, para comenzar a escuchar las
propuestas de las organizaciones y movimientos sociales sexodiversos.
la Asamblea Nacional haya aprobado por unanimidad el Acuerdo
mediante el cual se declara el 17 de mayo como el Día Nacional contra la
Homofobia, Transfobia y la Bifobia, como un primer gesto de apertura
hacia nuestras demandas legislativas. Que
el Gobierno del Distrito Capital haya creado la Oficina de
Atención Integral para la Sexo-Género Diversidad, para brindar
orientación y asistencia las personas vulneradas por su condición sexual o
de identidad ante la sociedad y haya emitido el Decreto 006 para la
Igualdad y No Discriminación por Orientación Sexual e
Identidad y/o Expresión de Género.
propuesta del concejal Diego Scharifker para que el Consejo Municipal
de Chacao apruebe próximamente la Ordenanza de Discriminación en
Todos los Ámbitos y Formas.
la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, haya
atendido la solicitudes de las organizaciones y movimientos sociales y
haya elaborado el Exhorto referente a la transmisión de mensajes sobre
la comunidad sexo género diversa, en radio, televisión y medios
electrónicos. Que
otros partidos políticos, luego de que Voluntad Popular lo hiciera,
estén creando entidades de participación interna para personas LGBTI que
quieren visibilizar nuestras demandas y hacer política desde su condición
de sexodiversos, como lo son UNTdiverso de Un Nuevo Tiempo y
la Coordinación Seccional de la Sexodiversidad en Acción Democrática.
con el voto a favor de Venezuela en la Organización de Naciones Unidas
ONU, se haya creado la Relatoría Especial para la Protección de las
personas LGBTI. · Y por último,
celebramos los 15 años de nuestra organización UNION AFIRMATIVA (UNAF),
donde venimos trabajando desde el año 2000 promoviendo el cumplimiento de los
frente a la discriminación por orientación sexual e identidad de género en
Venezuela. Hoy agradecemos a todas las personas e instituciones que nos han
apoyado en nuestra lucha por la igualdad y el respeto a la diversidad.
Y NUESTRAS DEMANDAS HOY SON LAS
la liberación inmediata del diputado Rosmit Mantilla, quien es uno de los
fundadores del Movimiento Proinclusión de Voluntad Popular y
desde hace más de dos años se encuentra detenido en el SEBIN,
sin ninguna sentencia y con el juicio paralizado, a pesar de tener
inmunidad parlamentaria y ser recientemente considerado por Amnistía
Internacional como un preso de conciencia.
la publicación en GACETA OFICIAL del Acuerdo de la
Asamblea Nacional mediante el cual se declara el 17 de mayo como el
Día Nacional contra la Homofobia, Transfobia y la Bifobia.
· Exigimos a los Magistrados
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que den
celeridad procesal a los recursos interpuestos por la diputada Tamara Adrián y
por la organización Venezuela Igualitaria, los cuales reposan en sus
despachos y, a pesar de haber sido admitidos, aún no ha sido resueltos.
· Exigimos a la Asamblea
Nacional, que ya ha producido leyes para la protección de todos los grupos
vulnerables (mujeres, afrodescendientes, indígenas, niños, adultos mayores,
personas con discapacidad, etc) y hasta para los animales, que atienda
oportunamente las propuestas presentadas por la RED LGBTI DE VENEZUELA,
las cuales cuentan con el aval de más de 40 organizaciones de derechos humanos
en el país. Consideramos que existe un atraso legislativo en la materia y se
deben considerar los efectos jurídicos que tienen los tratados internacionales
suscritos por Venezuela. También el Tribunal Supremo de Justicia sentenció
que es la Asamblea Nacional la que debe legislar en materia de
reconocimiento legal de parejas del mismo sexo, parejas que demostramos que
existen en país de acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda de 2011.
· A la Defensoría
del Pueblo, que ponga en funcionamiento la Defensoría Especial LGBTI,
responsable de recibir denuncias de los grupos vulnerables que componen la
diversidad sexual. También que haga recomendaciones de políticas públicas para
mejorar el trato a las personas LGBTI y articule acciones en la lucha contra
todas las formas de violencia física, moral o simbólica ligadas a la
orientación sexual o a la identidad y expresión de género.
15 AÑOS TRABAJANDO POR LOS DERECHOS DE GAYS, LESBIANAS,
unionafirmativadevenezuela@gmail.com @unionafirmativa
Imagen de Daniel Márquez. Unión Afirmtiva de Venezuela. Enlaces a esta entrada