Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2007/A292-07.htm
Timestamp: 2017-11-20 22:38:30
Document Index: 263216324

Matched Legal Cases: ['artículo 38', 'artículo 37', 'artículo 256', 'artículo 1', 'artículo 37', 'artículo 1', 'artículo 86', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 86', 'artículo 86', 'Artículo 1', 'artículo 38', 'artículo 37']

A292-07
Auto 292/07
CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Competencia de juez administrativo
Referencia: expediente ICC-1173
Acción de tutela promovida por Antero Martínez Montaño contra la Superintendencia de Notariado y Registro.
1. El accionante, a través de apoderada interpuso el 6 de agosto de 2007, acción de tutela contra la Superintendencia de Notariado y Registro al considerar lesionado su derecho al debido proceso, por cuanto el Registrador del municipio de Convención se negó a corregir un error en la radicación de un inmueble, causando el embargo del mismo- a pesar de los conceptos emitidos por dicha entidad.
2. La acción de tutela fue dirigida al Tribunal Administrativo de Santander, el que mediante auto del 9 de agosto de 2007, dispuso enviar el expediente a la Oficina Judicial para que fuera repartida entre los Juzgados del Circuito de la ciudad de Bucaramanga, por cuanto la entidad accionada “es una entidad con personería jurídica del sector descentralizado por servicios del orden nacional (artículo 38 de la Ley 489 de 1998).”[1] Lo anterior con fundamento en lo establecido por el Decreto reglamentario 1382 de 2000.
3. Efectuado nuevamente el reparto, la actuación le fue asignada al Juzgado Primero Administrativo de Bucaramanga. Mediante auto del 13 de agosto de 2007, dispuso remitir el expediente al Juez del Circuito de Ocaña (reparto) y propuso conflicto de competencia “lo anterior por considerar que según lo establecido en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la competencia por el factor territorial, en cuestiones de tutela, se establece por ‘el lugar en donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud’ lo cual, en el caso sub judice, sucedió en el Municipio de Convención.”[2]
4. Una vez practicado el reparto, la actuación le fue asignada al Juez Primero Penal del Circuito de Ocaña Norte de Santander, el cual mediante providencia del 28 de agosto de 2007 rechazó la competencia para conocer de la acción de tutela de la referencia por considerar que una vez presentada la tutela en el domicilio del perjudicado[3], debía el Juez Primero Administrativo de Bucaramanga entrar a conocer de ella ya que tiene competencia para hacerlo. Así las cosas, aceptó la colisión negativa propuesta por el Juzgado Primero Administrativo de Bucaramanga y dispuso remitir las diligencias a la Corte Suprema de Justicia para que se dirimiera el conflicto.
5. Recibido el expediente en la Corte Suprema de Justicia, le correspondió conocer de la actuación por reparto a la Sala de Casación Civil, la que mediante providencia del 11 de septiembre de 2007 señaló que de conformidad con el numeral 6 del artículo 256 de la Constitución Política, en concordancia con el numeral 2, art. 112 de la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de Administración de Justicia), tal atribución corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, por cuanto los despachos judiciales en conflicto pertenecen a diferentes jurisdicciones –Ordinaria y Administrativa-, respectivamente. Por tanto, remitió el asunto a dicha Corporación.
6. Finalmente recibida la actuación en la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, a través de auto del 26 de septiembre del presente año, dispuso inhibirse de dirimir el conflicto suscitado entre los despachos judiciales en colisión por falta de competencia, señalando:
“Tenemos entonces, en el caso a estudio, que el conflicto de competencia negativo, se presenta cuando dos funcionarios judiciales, se abstienen de conocer una acción de tutela por considerar que no ostentan la competencia constitucional para conocer y decidir esta acción pública.
Por lo tanto, como en este asunto los funcionarios en conflicto son jueces de tutela, no es competencia de esta Sala, pues los Jueces en conflicto, cuando actúan como jueces de tutela, excepcionalmente lo hacen como jueces constitucionales, por lo cual en este evento no están ejerciendo su jurisdicción ordinaria sino la constitucional.”[4]
Así las cosas, ordenó remitir el expediente a la Corte Constitucional por ser la competente para dirimir el conflicto planteado.
El asunto de la referencia versa sobre la colisión que se generó entre el Tribunal Administrativo de Santander, el Juzgado Primero Administrativo de Bucaramanga y el Juzgado Penal del Circuito de Ocaña, despachos judiciales que decidieron abstenerse de asumir el conocimiento de la solicitud de protección constitucional impetrada.
En el caso del Tribunal Administrativo de Santander, esta colegiatura aplicando la regla de reparto contenida en el inciso segundo del numeral 1 del artículo 1º del Decreto reglamentario 1382 de 2000[5], remitió el expediente a los Juzgados del Circuito de Bucaramanga, en razón a la naturaleza jurídica de la entidad tutelada, es decir, de la Superintendencia de Notariado y Registro que es una entidad descentralizada por servicios del orden nacional.[6]
En este sentido, no es que el citado Tribunal fuera incompetente para conocer de la acción impetrada, como equivocadamente lo señaló en el auto del 9 de agosto de 2007, sino que en aplicación de la regla de reparto, resultaba válida la remisión del expediente a un juzgado con categoría de circuito.
De esta manera, el conflicto se restringe a determinar cuál de los dos juzgados del circuito debe conocer de la acción promovida por el señor Antero Martínez Montaño. Para este fin, es pertinente recordar que en materia de acción tutela el factor de competencia aplicable, por regla general, es el territorial, puesto que no a otra conclusión se llega del análisis sistemático del primer inciso del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991[7] y del artículo 1º del Decreto reglamentario 1382 de 2000.[8]
En este tipo de casos, la Corte Constitucional ha fijado la regla jurisprudencial[9] según la cual el criterio que deben aplicar los jueces o tribunales antes de abstenerse de asumir el conocimiento de una solicitud de amparo constitucional y plantear innecesariamente colisiones de competencia, es la elección que haya efectuado el accionante. Lo anterior, a partir de la interpretación sistemática del artículo 86 Superior y del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, que garantizan a toda persona reclamar “ante los jueces - a prevención” la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales.
Sobre este particular ha precisado la Corte que “existe un interés del ordenamiento jurídico en proteger la libertad del actor frente a la posibilidad de elegir el juez competente de las acciones de tutela que desee promover. Libertad, que si bien está sometida a las reglas de competencia fijadas por el artículo 37 (factor territorial) y por las reglas del decreto 1382 (factor subjetivo y factor funcional), resulta garantizada por el ordenamiento, al ofrecer la posibilidad de elegir la especialidad del juez de tutela competente.”[10]
Por lo anterior, aplicando la regla jurisprudencial indicada, el despacho que desde el mes de agosto de 2007, debió asumir el conocimiento de la solicitud de tutela era el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Bucaramanga, no sólo por asistirle competencia por el factor territorial, sino porque esa fue la elección de la accionante. En consecuencia se le remitirá el expediente para que asuma sin más dilaciones la acción de tutela de la referencia.
En consecuencia, se ordenará al citado despacho judicial que de forma inmediata, inicie el trámite de la acción de tutela de la referencia y profiera la decisión de instancia que corresponda, conforme a las previsiones del artículo 86 de la Constitución Política y del Decreto 2591 de 1991.
Primero.- ORDENAR al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Bucaramanga que, de forma inmediata, inicie el trámite de la acción de tutela de la referencia y profiera la decisión de instancia que corresponda, conforme a las previsiones del artículo 86 de la Constitución Política y del Decreto 2591 de 1991.
Segundo.- Por Secretaría General, comuníquese a los despachos judiciales en colisión la decisión adoptada en esta providencia, con el fin de que tengan conocimiento sobre lo aquí resuelto.
SALVAMENTO DE VOTO AL AUTO No. 292 DE 2007
Referencia: ICC-1173
[1] Folio 41 del expediente.
[2] Folio 47 del expediente.
[3] Municipio de Floridablanca, área metropolitana de Bucaramanga.
[4] Folio 3 y 4 segundo cuaderno del expediente.
[5] Dice la normativa citada: “A los jueces del circuito o con categorías de tales, le serán repartidas para su conocimiento, en primera instancia, las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier organismo o entidad del sector descentralizado por servicios del orden nacional o autoridad pública del orden departamental.” (Resaltado fuera de texto)
[6] Cfr. Artículo 1 del Decreto 412 de 2007 y literal c) del numeral 2 del artículo 38 de la Ley 489 de 1998. En el mismo sentido, la Corte Constitucional en Auto 201 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, afirmó que la Superintendencia de Notariado y Registro es una entidad del orden nacional descentralizada por servicios y por tanto, el reparto de las acciones de tutela contra esta entidad le correspondería a los jueces del circuito.
[7] Dice este precepto: “son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud.”
[8] Este acto administrativo señala: “para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos”
[9] Corte Constitucional. Autos 277 de 2002 MP. Eduardo Montealegre Lynett, 149 y 017 de 2003 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, 021 de 2003, 030 de 2003 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, 036 de 2003 M.P. Álvaro Tafur Galvis, 037A de 2003 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, 043 de 2003, 044A de 2003 M.P. Eduardo Montealegre Lynett, 045 de 2003 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, 048 de 2003 M.P. Álvaro Tafur Galvis, 049 y 081 de 2003 M.P. Rodrigo Escobar Gil, 083 de 2003 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, 048 y 105 de 2004 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, 072 de 2004 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, 123 de 2004, 137 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas Hernández y 030 de 2007 M.P. Humberto Sierra Porto, entre otros.
[10] Corte Constitucional. Auto 277 de 2002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.