Source: https://www.derechoenzapatillas.com/2018/responsabilidad-del-estado-por-desguace-del-auto/
Timestamp: 2020-01-24 19:35:03
Document Index: 255690612

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 2', 'artículo\n8', 'artículo 3', 'artículo 288', 'artículo 7', 'artículo 1764', 'artículo 1', 'artículo\n11', 'artículo 310', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo\n8', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 55', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 8', 'artículo 18', 'artículo 13', 'artículo 62', 'Artículo 5', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21']

Un caso de responsabilidad del Estado
Un ciudadano porteño fue sometido a ideas y vueltas por parte de la administración pública, cuando no encontró su auto estacionado y desfiló por distintas reparticiones para finalmente informarle en forma compacta el resultado: su auto terminó convertido en un Transformer. La historia.
Un caso de responsabilidad del Estado por compactación y desguace del auto
Empecemos por el final: ahora un juez ordenó al Estado local (es decir todos los ciudadanos) abonarle al titular del auto la suma de 165.000 más intereses en concepto de daños y perjuicios. El motivo es que su auto fue remolcado por la grúa pública y sufrió, digamos, “algunas” modificaciones tras haberlo dejado estacionado.
Desde ya es un derecho que la muni (o gobierno de la ciudad) retiren los autos abandonados en la vía pública. De hecho ocupan espacio y se puede reportar allí cuando pase esto. En este caso, al menos, el procedimiento falló porque debían haber notificado al titular, o al menos el dueño del auto dijo que esto no pasó. Según su relato:
Todo comenzó algún tiempo atrás, cuando en el año 2012 a su ex pareja una Berlingo le prestó. Ya se habían separado sus caminos pero ella lo necesitaba para trabajar y solventar la cuota alimentaria de su hijo, un sol. Resulta que ella no se la devolvió a tiempo así que inició una acción civil para obtener el secuestro de su
vehículo y poder recuperarlo.
El secuestro del auto, claro, nunca se concretó porque desconocía el paradero del vehículo. Y su ex pareja, suponemos, le decía que lo había dejado estacionado en algún lugar sin darle mayores precisiones. Hasta que en el año 2016 recibió la notificación de una infracción por abandonar vehículo en la vía pública, explicó en la demanda, publicada por iJudicial.
Entonces fue adonde la infracción decía que se encontraba el vehículo, pero el auto ya no estaba. Al consultarle a una comerciante del lugar, le informó que hacia aproximadamente un mes que lo había retirado una grúa municipal, que le habían pegado las fajas y alguien un cartel de que estaba en reparación.
Entonces fue al CGP o comuna por Palermo, adonde le informaran que las finas láminas de acerdo, vidrio y chapa sobre delicadas redondeces de caucho había recibido actas con infracciones, de las que le dieron copia. Y le pidieron que fuera a una sede Hipólito Irigoyen, otro lugar estatal.
Allí le informaron que para saber el destino de su vehículo debía ir a Lacarra bajo la autopista Cámpora, depósito
de la Comisaria 50, dónde le dijeron que el vehículo seguramente fue levantado por una grúa del gobierno. Ya corría agosto del 2016 cuando fue a la playa ubicada en Garay y Bernardo de Irigoyen, dónde dice le informaron que ahí
nunca estuvo, pero que podía ir a Herrera 1600 y a Piedras 1250.
En esta última dirección le dieron copia de una supuesta cédula que le enviaron pero nunca ecibió. Agrega que allí le
dieron el número de carpeta que tenía el Ministerio, porque ahí sabían el destino de la camioneta. Le dijeron que menos mal que fue, porque frenó la compactación y que llamara al día siguiente.
Llamó al día siguiente pero su vehículo ya se había compactado entre martes y miércoles, tenían registrado. Entonces lo mandaron a Ferré 2880 (depósito) para ver si no era un error pero el auto, su Berlingo, tampoco estaba allí.
Volvió al Ministerio adonde le informaron que el vehículo se compactó, que pidió un certificado y entregó una nota manuscrita y que al pasar el tiempo y seguir sin entregársele el certificado de compactación, pero no le respondieron y envió una carta documento para que le paguen el valor del auto.
“A ello se suma una situación de suma gravedad con respecto al ejercicio del derecho de defensa de la actora: la compactación del auto se realizó con anterioridad a que opere el vencimiento del plazo otorgado a la actora a fin de que pueda presentar sus defensas y oposiciones a la infracción por abandono del vehículo”, advirtió. “Es decir, que la administración debió, ante el fracaso de la segunda intimación cuyo bajo apercibimiento es instar el procedimiento del artículo 8 de la Ley 342, remitir una nueva notificación a la actora pero, por el contrario, procedió a la compactación sin siquiera esperar a que la infracción por abandono del vehículo adquiera firmeza“,
Anexo con sentencia completa sobre compactación, daños al auto y responsabilidad del Estado
Ciudad de Buenos Aires, de noviembre de 2018
VISTOS: Para dictar sentencia en los autos señalados en el epígrafe, de cuyas
constancias RESULTA:
I. A fs. 1/3 se presenta A. T., promoviendo demanda contra el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y/o contra quien resulte civilmente responsable por los daños y perjuicios
sufridos por el desguace del vehículo CITROEN BERLINGO MULTISPACE 1.9D
PACK, modelo 2008, dominio HDR 683, efectuado el 23/8/2016, por la suma de $
168.600 con más sus correspondientes intereses, desvalorización monetaria si
correspondiere, costos y costas del presente. Relata que en el año 2012 le prestó su
vehículo a su ex pareja M. M. A. con el fin de que pudiera trabajar y solventar la cuota
alimentaria de su hijo en común hasta que arreglara una camioneta que el poseía. Agrega
que al pasar el tiempo y no devolvérsela, a pesar de sus reiterados pedidos verbales, en el
2014 inició unas medidas precautorias en el Juzgado Civil Nº 11, expediente 89955/14 y
correspondiente beneficio de litigar sin gastos con el fin de obtener el secuestro de su
vehículo y poder recuperarlo. Señala que la medida precautoria fue concedida, pero que
no se efectuó el secuestro porque se estaba a la espera de la resolución del beneficio de
litigar sin gastos por la caución impuesta para ordenar el secuestro y que desconocía el
paradero del vehículo. Refiere que el día 23/8/2016 recibió la notificación de una
infracción por abandonar vehículo en la vía pública y que recién en ese momento tomó
conocimiento de dónde se encontraba su vehículo. Añade que el 24/8/2016 se dirigió a la
dirección donde decía la infracción que se encontraba el vehículo, verificando que el
mismo no estaba y que, al consultarle a una comerciante del lugar, le informó que hacia
aproximadamente un mes que lo había retirado una grúa municipal, que le habían pegado
las fajas y alguien un cartel de que estaba en reparación. Expresa que se dirigió al CGP
14 a que le informaran donde se encontraba su vehículo y que le respondieron
entregándole una copia de las infracciones que poseía y le dijeron que debía dirigirse a
Hipólito Irigoyen 2346, 2º piso. Relata que se presentó en el lugar y que le informaron
que para saber el destino de su vehículo debía ir a Lacarra y autopista Cámpora, depósito
de la Comisaria 50, dónde alega que fue y que le dijeron que el vehículo seguramente fue
levantado por una grúa del gobierno. Continúa diciendo que el 25/8/2016 se presentó en
la playa ubicada en Garay y Bernardo de Irigoyen, dónde dice le informaron que ahí
nunca estuvo y que vaya a Herrera 1600 y a Piedras 1250, dónde seguidamente refiere le
entregaron copia de una supuesta cédula que le enviaron y no recibió. Agrega que allí le
dieron el número de pro.com 6792 y le informaron que habían enviado la carpeta al
Ministerio de Seguridad y Justicia ya que ahí sabían el destino de la camioneta. Alega
que se dirigió al Ministerio, dónde le informaron que al haberse presentado frenó la
compactación y que llame al día siguiente. Refiere que el 26/8/2016 se comunicó y le
informaron que su vehículo ya se había compactado entre martes y miércoles, que se
dirigió a Ferré 2880 (depósito del pro.com) para ver si no era un error y que Leandro
lll le dijo que no estaba allí. Expresa que luego volvió al Ministerio de Justicia y le
informaron que el vehículo se compactó el 23/8/2016, que pidió un certificado y entregó
una nota manuscrita y que al pasar el tiempo y seguir sin entregársele el certificado de
compactación, el 20/9/2016 envié una CD. Individualiza los daños. Practica liquidación.
II. A fs. 24/vta la actora amplia demanda a los efectos de solicitar se agregue la pérdida de la
chance en carácter de rubro indemnizatorio, para lo cual expone fundamentos y practica
III. A fs. 19 y 25 se ordenó correr traslado de la demanda y de su ampliación.
IV. A fs. 48/62 contesta demanda el GCBA, solicita su rechazo con costas. Efectúa las
negativas de rigor (ver fs. 48vta/49vta). Sostiene que los hechos acaecieron de un modo
distinto al relatado en la demanda, para lo cual afirma que la Dirección General de
Seguridad Vial informa que el día 09.06.17 se realizó la primera inspección del rodado
marca Citroën Berlingo, dominio HDR 683, a raíz de una denuncia vecinal (Número de
Reclamo S00701638), labrándose un Acta de Constatación por personal de la Comuna 7,
agregando que también en la Disposición DI-2016-586-DGCACTYSV surge que la
camioneta en cuestión se encontraba en estado de deterioro, inmovilización y abandono
en la calle Donato Álvarez 1044. Argumenta que no es de aplicación la Ley N” 14.547,
como refiere la actora en su demanda, ya que la misma es de aplicación en la Provincia
de Buenos Aires y que corresponde sea aplicada la Ley Nº 342/00, conforme expresa la
Disposición N° DI-2016-586-DGCACTYSV, notificada a la actora y acompañada por
ella en la demanda. Refiere entonces que, labrada el acta correspondiente, se procede
conforme el artículo 2° de la Ley 342/00, que establece el “régimen aplicable a los
vehículos abandonados en la vía pública que ponen en peligro a la salud de la población,
la seguridad pública y afecte el medio ambiente” y explica que se procede a fijar un cartel
en el vehículo, intimando al propietario para que proceda a la remoción del rodado y que,
vencidos los plazos establecidos y constatado la permanencia de la unidad mencionada en
la vía pública, considerando el impacto ambiental que dicha situación conlleva y
debiéndose proseguir con lo estipulado en la normativa vigente, el día 5 de julio de 2016
se procedió a la remisión del vehículo en cuestión al depósito del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, agregando que la normativa vigente es clara al respecto, no
debiendo en ningún momento efectuar otro tipo de notificación, más allá de los deseos de
la actora. Refiere que el abandono del vehículo por parte de la actora no sólo se pone de
manifiesto a partir del reclamo vecinal efectuado y la primera constatación efectuada en
el vehículo en fecha 9/6/16, sino que como la propia actora relata en la demanda, el
vehículo habría sido dado voluntariamente por ésta a su ex pareja en el año 2012 y añade
que en la nota que la actora acompaña de fecha 26.08.16, dirigida a la Coordinadora del
Programa Pro.Com, ella misma habría efectuado una denuncia de roba del vehículo, en
fecha 25.08.15, con lo cual estaría reconociendo que el mismo fue robado, pudiendo
haber sido abandonado en la vía pública tiempo después. Alega que desde el año 2012 al
2016 no tuvo noticia alguna de su vehículo y que recién cuando recibe una notificación
de una infracción por haber abandonado su vehículo en la vía pública, intenta dar con el
paradero del mismo y que dice haber iniciado acciones legales en el año 2014 para su
recuperación, de las que no ofrece prueba alguna, y manifiesta haber abandonado las
mismas. Considera que la actora ofrece como excusa que las actuaciones no fueron
continuadas por que se encontraba pendiente la resolución del beneficio de litigar sin
gastos, pero a su juicio dichas actuaciones, de existir, también fueron abandonadas,
puesto que desde el año de su inicio en el 2014al 2016, año en que habría tomado
conocimiento del abandono del automotor, no fueron impulsadas y que, si se considera la
denuncia de robo efectuada el 25.08.15, el abandono de las acciones legales cobraría
sentido y que además, a su juicio, estas circunstancias echan por tierra el pretendido
argumento para solicitar una indemnización de que la camioneta constituía para ella una
fuente laboral, agregando que si la propia actora ha abandonado su vehículo en realidad
desde el año 2012, no se explica su reciente interés en el mismo. Continúa diciendo que
como puede verse en la documentación agregada, el vehículo presentaba una infracción
de fecha 14.06.16 por “abandonar el vehículo en la vía pública” en la calle Donato
Álvarez Nº 1044 y que, de haber consultado las infracciones de tránsito de su vehículo,
hubiera conocido al instante el paradero y estado de abandono del mismo. Refiere que
diez días después de la primera intimación cursada, se realizó la segunda inspección
corroborando que el vehículo se encontraba en el mismo lugar, remitiéndose por tal
motivo una notificación al titular registral del vehículo al domicilio constituido en el
Registro de la Propiedad Automotor, que fue notificada el día 19.07.16, conforme
constancias que la propia actora acompaña, al domicilio sito en Av. Córdoba…. , PB,
Depto. “B”, siendo dicho domicilio el denunciado por la actora en la DNRPA y que,
como puede verse en el escrito de demanda, también es el domicilio real de la actora al
día de la fecha. Argumenta entonces que se cumplió estrictamente con el procedimiento
establecido en la Ley N° 342, que la actora fue notificada en la forma legal establecida de
las medidas tornadas en cuanto a su vehículo, contrariamente a lo afirmado en su
demanda, expresando que el hecho de que la actora no hubiera tenido noticias de las
notificaciones efectuadas, ni del cartel pegado al vehículo hace suponer que el mismo se
encontraba en estado de abandono y no en uso como afirma la actora. Continúa diciendo
que transcurridos los 15 días establecidos por ley (desde el 19.07.16) y no habiendo la
actora concurrido a la calle Piedras 1260 de la CABA a los fines de retirar la
documentación correspondiente para proceder a retirar la unidad de la vía pública, se
habilita la continuación del procedimiento (a partir del día 04.08.16) conforme el artículo
8 de la Ley 342, tal como fuera informado mediante cédula de notificación en el
domicilio denunciado en el Registro Automotor y a su vez, domicilio real de la actora al
día de la fecha. Sostiene que cumplido el plazo de 15 días y no habiendo retirado el
rodado del lugar, por orden de la Dirección Gral. Cuerpo de Agentes de Control de
Tránsito y Seguridad Vial, la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, dependiente del
Ministerio de Justicia y Seguridad del GCBA procedió a remover el vehículo en cuestión)
y una vez ingresado al Programa de Compactación (Pro.Com), se realizó un inventario, se
fotografió, evidenciando que el mismo se hallaba en mal estado de conservación, no
encontrándose apto para su funcionamiento. Agrega que posteriormente la Dirección
Gral. Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial envió nota el día
22.08.16 a dicha Subsecretaría, la cual se acompaña al presente, para que se proceda a la
Descontaminación y Compactación del mismo. Expresa que el fundamento del
procedimiento mencionado es evitar los múltiples e irreversibles daños al medio
ambiente, seguridad y salud pública que el almacenamiento del vehículo puede ocasionar
y que los rodados producen un alto grado de contaminación ambiental, en las napas, en el
agua y en la atmósfera, como así también producen afecciones a la salud de toda la
población. Manifiesta que en virtud de todo lo expuesto el Director General de la
Dirección General Cuerpo do Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial dispone
compactar el rodado marca CITROEN BERLINGO MULTISPACE 1.9 PACK, modelo
2008, dominio HDR 683, PRO.COM 6792, donándose el producido de la chatarra a la
Fundación Hospital Pediatría Prof. Juan P. Garrahan. Fundamenta que su accionar ha sido
correcto en el estricto cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 342, que dicha normativa
establece que en el caso de vehículos que sean hallados en lugares de dominio público en
estado de deterioro y/o inmovilidad y/o abandono, que implican un peligro para la salud o
la seguridad pública debe aplicarse el siguiente procedimiento previsto en la normativa
aplicable, que fue colocado el cartel intimando a la propietaria y que ésta se desinteresó
del tema, obligando a sus agentes a proceder a su remoción, reiterando que la actora no
tenía contacto o noticias de su vehículo desde el año 2012 y que por aproximadamente 4
años, hasta el año 2016, cuando según sus dichos recibe una primera notificación por una
multa por “abandono de vehículo”, no usó el vehículo, ni si quiera conocía su estado o
paradero, configurándose un completo abandono por el período de 4 años previos al
inicio del procedimiento de compactación llevado a cabo. Agrega que conforme lo
establecido por el artículo 3, la actora se encontraba notificada en el domicilio informado
por el Registro de la Propiedad Automotor que coincide con su domicilio real y que el
plazo de 15 días se hallaba ampliamente vencido, encontrándose así en condiciones de
disponer del vehículo. Considera entonces que la función ejercida por el GCBA,
procediendo al desguace de un vehículo abandonado fue dispuesta y ejecutada de acuerdo
al marco jurídico de su competencia, que no se advierte una actuación antijurídica o
arbitraria en el accionar de los funcionarios de la ciudad que amerite declarar
improcedente su labor, así como tampoco existe un acto concreto que pudiera declararse
nulo, correspondiendo el rechazo de la pretensión resarcitoria. Argumenta que el
procedimiento atacado goza de presunción de legitimidad, mientras su posible
arbitrariedad o dolo no haya sido declarado por autoridad competente y que deberá probar
la contraria la existencia de las hipotéticas situaciones de hecho que se han denunciado,
en tanto no existen vicios en la confrontación del accionar de la Ciudad con el orden
jurídico positivo. Invoca la responsabilidad del comodatario, para lo cual cita las
previsiones del Código Civil y Comercial de la Nación (ver fs. 54vta/55). Impugna los
rubros reclamados en la demanda. Ofrece prueba. Plantea cuestión constitucional y hace
reserva de caso federal.
V. A fs. 73 tuvo lugar la audiencia prevista por el artículo 288 del CCAyT, abriéndose la
causa a prueba. A fs. 147, punto 2, se colocaron los autos para alegar. A fs. 155/156 obra
el alegato de la parte actora, no habiendo la demandada ejercido su derecho, pese a estar
debidamente notificada (cfme. fs. 151). A fs. 158 se dictó resolución llamando los autos
para sentencia, la cual quedó firme.
I. Que preliminarmente es necesario hacer referencia al esquema que seguirá la
decisión judicial, atento el deber de los jueces de exponer con la mayor claridad posible
el modo en que argumentan para llegar a su decisión.
En primer lugar, cabe destacar que el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación
aprobado mediante la Ley Nº 26.994 y su modificatoria Ley Nº 27.077 comenzó a regir el
1º de agosto de 2015, introduciendo profundos cambios en la normativa civil y comercial
vigente hasta ese entonces.
En este marco, mi postura ha sido uniforme con respecto a que en los casos en que el
hecho ilícito sindicado como fuente del daño reclamado era anterior a la reforma legal
aludida, la nueva legislación no resultaba aplicable a las consecuencias de hechos pasados
en virtud de que el nacimiento de la relación jurídica quedó agotado al momento de
producirse aquel hecho y la procedencia de la responsabilidad imputada los demandados
no podría ser juzgada con arreglo a la nueva ley, sin darle un efecto retroactivo
categóricamente prohibido por las disposiciones del artículo 7º del Código Civil y
Por el contrario, en el caso de autos se advierte que el señalado hecho dañoso ha
acontecido estando vigente el novel Código Civil y Comercial, que excluye expresamente
su aplicación para la responsabilidad del Estado, en virtud de que el artículo 1764
dispone: “Inaplicabilidad de normas. Las disposiciones del Capítulo 1 de este Título no
son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria”.
Se ha sostenido al respecto que ello importa que la responsabilidad del estado “se regirá
por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local” (Caramelo,
Gustavo (dir), AA.VV, Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Infojus,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2015, 1
ed.,T. IV, L.3, pág. 492).
Por su parte, en el ámbito nacional la Ley de Responsabilidad del Estado Nº 26.944 (B.O.
Nº32943 del 08/06/2014) establece en el artículo 1º que el alcance de su ámbito de
aplicación se extiende a los daños causados por cualquier órgano estatal del Estado
Nacional derivados de sus comportamientos activos y omisivos y, además, en el artículo
11 se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a los
términos de esta ley para la regulación de la responsabilidad estatal en sus ámbitos
Al respecto, adhiero a lo postura de la doctrina especializada en la materia que ha
sostenido que la referida disposición implica el reconocimiento de las facultades de las
provincias y de la CABA para legislar en la materia (Rosatti, Horacio, “Competencia para
Legislar sobre responsabilidad del Estado en la Argentina” en Ley 26.944 de
Responsabilidad del Estado. Análisis crítico y exegético, Rubinzal – Culzoni, Santa Fe,
ed., pp.13/27), de conformidad con la postura expuesta por la CSJN en el caso
“Barreto” (Fallos 329:759), en dónde nuestro máximo tribunal federal determinó
explícitamente que la responsabilidad estatal es un instituto cuya regulación corresponde
al capo del derecho administrativo y del resorte de los gobiernos locales.
De este modo, en ausencia de adhesión a la Ley Nº 26.944 por parte de la CABA y ante
la falta de normativa local en la materia, corresponde seguir aplicando el régimen
pretoriano de responsabilidad estatal a partir de las construcciones doctrinarias y
jurisprudenciales existentes (Perrino Pablo Esteban, La responsabilidad del Estado y los
funcionarios públicos, La Ley, Buenos Aires, 2015, 1
ed., pp. 251-257).
Sin perjuicio de ello y toda vez que es la primera sentencia en la que he tenido
oportunidad de pronunciarme sobre este tema, considero pertinente dejar asentado que
sostengo la necesidad de que se exhorte al Poder Legislativo local a que sancione una ley
de responsabilidad en el ámbito de la CABA.
Por último, resta aclarar respecto de la pruebas producidas en estos actuados, que serán
merituados todos aquellos elementos conducentes al resultado final, de conformidad con
el artículo 310 del CCAyT que dispone: ” los jueces forman su convicción respecto de la
prueba, de conformidad con las reglas de la sana crítica. No tienen el deber de expresar
en la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente de las que
fueron esenciales y decisivas para el fallo de la causa”.
En idéntico sentido se ha pronunciado el Máximo Tribunal que en reiterada
jurisprudencia ha resaltado que “los jueces no están obligados a ponderar una por una
todas las pruebas agregadas a la causa, sino sólo aquellas estimadas conducentes para
fundar sus conclusiones, como tampoco lo están a tratar todas las cuestiones expuestas, ni
analizar los fundamentos utilizados que a su juicio no sean decisivos” (CSJN, Fallos:
258:304, 262:222; 272:225, 280:320, entre otros).
II. En primer lugar, cabe señalar que no se encuentra controvertido en autos el hecho
de que el vehículo Citroën Berlingo Multispace, 1.9D Pack, modelo 2008, dominio HDR
683 resulta de propiedad de la Sra. A. E. B. T. (cfme. título del automotor de fs. 6 y
contestación de oficio de fs. 121/125) y que ha sido compactado el día 23 de agosto de
2016 (cfme. informe del Ministerio de Justicia y Seguridad de fs. 139/140). Por ello, es
que corresponde tener por acreditado el acaecimiento del evento dañoso alegado por la
parte actora en su demanda.
Sin embargo, lo que corresponde dilucidar si existieron irregularidades en el
procedimiento administrativo que culminó con la descontaminación, compactación y
disposición final del vehículo dominio HDR 683, cuyo trámite que se encontraba regido
por la Ley 342.
Cabe remarcar que la referida normativa establece el régimen aplicable al procedimiento
de remoción de los vehículos que se presumen en estado de abandono en la vía pública y
que ponen en peligro la salud de la población, la seguridad pública y afectan el medio
En concreto, el artículo 2º dispone que: “[e]l Poder Ejecutivo […] procederá a labrar una
acta dejando constancia del estado de deterioro de la unidad. En tales condiciones, se
intimará al propietario o a quien se considere con derecho al automotor a retirar el
vehículo de la vía pública en el perentorio plazo de diez (10) días, bajo apercibimiento de
removerlo e ingresarlo a un depósito del Gobierno de la Ciudad […]. La intimación se
realiza mediante un cartel de aviso pegado en una zona visible del vehículo”. Asimismo,
refiere que “en forma simultánea, se requerirá al Registro Nacional de la Propiedad del
Automotor información sobre la titularidad dominial”.
Luego, el artículo 3º señala que: “… vencido el plazo establecido en el artículo 2º, el
Poder Ejecutivo, con la información remitida por el Registro Nacional de la Propiedad
del Automotor, procederá a intimar en forma fehaciente a la persona que figure como
titular registral del vehículo para que en el término de quince (15) días retire la unidad o
sus partes bajo apercibimiento de proceder de inmediato conforme lo dispone el artículo
8º”.
Seguidamente, el artículo 7º estipula que; “… vencidos los plazos establecidos en los
artículos 2º y 3º se procede a descontaminar, desguazar y compactar el vehículo en
Por último, el artículo 8º indica que: “una vez producida la compactación, el Gobierno de
la Ciudad dispondrá de la chatarra, del producido del desguace y de la descontaminación
en su totalidad, enajenándola conforme lo establecido por el artículo 55º del Decreto Ley
Nº 23.354/56, ratificado por la Ley Nº 14.467, o bien puede entregarla como
contraprestación de otros bienes o servicios”.
III. Sentado lo expuesto, corresponde analizar la prueba obrante en autos a los efectos
de evaluar si el procedimiento que culminó con la compactación del automóvil de la
actora fue ajustado a derecho.
A fs. 93 se reservaron las actuaciones “T. A. E. B. c/M., Mario Alejandro”, Expte.
89955/2014 recibidas ad effectum videndi et probandi, provenientes del Juzgado de
Primaria Instancia en lo Civil Nº 11, de las que surge que la actora solicitó con fecha 19
de diciembre de 2014 el dictado de una medida cautelar de secuestro del automotor
dominio HDR 683 contra M. M., a quien alega le fue prestado el automóvil y
desconociendo su paradero.
A fs. 18 y 23 del expediente reservado surge que la Sra. T. ha iniciado además la causa
penal caratulada “M. M. A. s/defraudación por retención indebida”, Expte. Nº 6555/14,
en trámite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción Nº
14, Secretaría Nº 143, que fue desestimada por entender que no se configuraba el tipo
A fs. 42/43 de las actuaciones de referencia la jueza interviniente en lo civil hizo lugar a
la medida cautelar peticionada con fecha 9 de octubre de 2015 y ordenó: “Hacer lugar a
la medida cautelar de secuestro solicitada sobre el vehículo Renault Berlingo HDR 683, a
cuyo fin líbrense los oficios de estilo, en su caso, en los términos de la ley 22.172 a la
Policía Federal Argentina y a la Policía de la provincia de Buenos Aires (…) a fin de
hacerle saber lo precedentemente dispuesto, líbrese oficio al Registro de la Propiedad
Automotor de esta Ciudad (…) como previo al diligenciamiento de los oficios ordenados,
deberá encontrarse abonada la contracautela fijada y deberá adjuntarse al expediente un
informe de dominio del automotor actualizado”.
Al respecto, surge de fs. 55 que el último movimiento de dicho expediente ocurrió el 5 de
mayo de 2016 en el que se ordenó previo a ejecutar la medida que se dé cumplimiento
con lo oportunamente ordenado, lo que no consta que ha sucedido.
Por otra parte, a fs. 7 de estas actuaciones se encuentra agregada la notificación de la
infracción y citación dirigida a la actora al domicilio ubicado en la Av. Córdoba 4361,
PB, B, de la CABA – que resulta ser el domicilio real de la actora denunciado en la
demanda a fs. 1 y el constituido ante el Registro Nacional de la Propiedad Automotor
conforme fs. 6 – de la que surge que se le imputa a la Sra. T. la infracción correspondiente
al acta Nº B16359655, efectuada el 14/06/2016 a las 14.55 hs en la calle Donato Álvarez
1044 consistente en “Abandonar vehículo en la vía pública” y se la cita a comparecer
ante el controlador administrativo de faltas a los efectos de plantear sus defensas y oponer
excepciones hasta el día 07/09/2016.
A fs. 8 se encuentra agregada el informe de “Actas pendientes de control” expedido por
la Dirección General de Administración de Infracciones del GCBA con fecha
24/08/2016, en la que constan dos infracciones sobre el automóvil dominio HDR 683,
(una por estacionar en lugar prohibido de fecha 11/11/2014 y la otra por abandonar el
vehículo en la vía pública del 14/06/2016).
A fs. 139/140 obra el informe expedido del Ministerio de Justicia y Seguridad de la
CABA en el que se revela que la compactación del automóvil objeto de autos ha sido
compactado con fecha 23/08/2016, es decir, con anterioridad a que se produzca el
vencimiento del plazo otorgado a la actora para que se presente ante el controlador de
faltas a los efectos de ejercer su derecho de defensa con respecto a la infracción de
abandono de vehículo.
A fs. 15 obra la carta documento enviada por la Sra. A. T. con fecha 20/09/2016 dirigida
al Subsecretario de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia a los efectos de que se
le brinde información sobre su vehículo, particularmente, si se ha producido la
compactación o no del mismo, cuya autenticidad se corrobora mediante la contestación
de oficio del Correo Argentino de fs.79.
Asimismo, cabe agregar que a fs. 34/35 obra la Disposición DI-2016-586-
DGCACTSYSV del 13 de julio de 2016 en la que se dispone: “Art.1.-Intimese en forma
fehaciente a la Sra. T. A. E. B., DNI , titular registral del vehículo marca:
CITROEN, modelo: BERLINGO, dominio:HDR683, para que en el término de 15 días
de notificado el presente, concurra a la calle Piedras 1260 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a los fines de retirar la documentación correspondiente, la cual permitirá
proceder al retiro de la unidad o sus partes, bajo apercibimiento de proceder de inmediato
conforme lo dispone el Art. 8 de la Ley 342/00”.
A fs. 36/37 obra la notificación de la disposición referenciada cursada a la actora al
domicilio constituido ante el Registro Nacional de la Propiedad Automotor conforme
artículo 3º de la citada Ley 342, advirtiéndose que el informe del oficial notificar dispone
que “la cédula no pudo ser entregada por no responder a mis llamados”.
A fs. 45/47 obran las fotografías del automóvil conjuntamente con el acta efectuada por la
grúa del GCBA con fecha 5 de julio de 2016 en la calle Donato Álvarez 1044, en la que
se detalla el estado del vehículo y la nota de compactación de fecha 22 de agosto de 2016.
A partir de las pruebas producidas en autos, no cabe más que concluir que el
procedimiento que culminó con la descontaminación, compactación y disposición final
del vehículo dominio HDR 683 presentó vicios en sus requisitos esenciales por violación
del debido proceso de la Sra. T..
Por un lado, la denuncia penal efectuada y la medida cautelar de secuestro ordenada en la
causa civil resultan elementos probatorios idóneos para tener por verosímil que la actora
desde el 2014 no tenía conocimiento del paradero de su automóvil, en tanto inició
medidas judiciales tendientes a su restitución. Es por ello, que no pudo tener
conocimiento de que su vehículo se encontraba abandonado en la vía pública cuando el
GCBA cursó la “primera intimación” prevista en el artículo 2º de la Ley 342
Por otra parte, se advierte que la “segunda intimación” establecida en el artículo 3º de la
Ley 342 no adquirió carácter de fehaciente requerido, por la infructuosa notificación que
obra a fs. 36/37, tendiente a que la Sra. T. pueda presentarse a retirar el vehículo del lugar
antes de producirse la compactación.
A ello se suma una situación de suma gravedad con respecto al ejercicio del derecho de
defensa de la actora: la compactación del auto se realizó con anterioridad a que opere el
vencimiento del plazo otorgado a la actora a fin de que pueda presentar sus defensas y
oposiciones a la infracción por abandono del vehículo.
Es decir, que la administración debió, ante el fracaso de la segunda intimación cuyo bajo
apercibimiento es instar el procedimiento del artículo 8 de la Ley 342, remitir una nueva
notificación a la actora pero, por el contrario, procedió a la compactación sin siquiera
esperar a que la infracción por abandono del vehículo adquiera firmeza.
Al respecto, no debe soslayarse que en el marco del procedimiento administrativo, los
efectos que se derivan de la notificación y el cumplimiento de los plazos procesales –
como se revela de forma palmaria en el caso de autos – se encuentran íntimamente
vinculados con el ejercicio del derecho de defensa en tiempo oportuno.
Cabe recordar que el debido proceso es un derecho emanado de la garantía constitucional
del artículo 18 de la Constitución Nacional y artículo 13, inciso 3º, de la Constitución de
la Ciudad y, asimismo, encuentra sustento en los artículos 8 y 25 de la Convención
Americana de Derechos Humanos; 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y 10 de
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que las garantías de
los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos deben
garantizarse: “…ante cualquier tipo de actos del Estado que pueda afectarlos. Es decir,
cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea
administrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal…” y,
principalmente, se destacó la importancia de distinguir entre las facultades discrecionales
que podrían disponer los gobiernos, y las atribuciones relacionadas con el poder
sancionatorio, en razón que estas últimas “sólo pueden ser ejercidas con sujeción al
debido proceso…” (Corte IDH, Baena Ricardo y otros v. Panamá, Sentencia del 2 de
febrero de 2001, Fondo, Reparaciones y Costas, párrs. 124/31)
En relación con ello, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que en las
circunstancias en que se halla controvertida la notificación y en caso de duda sobre la
regularidad atribuida al acto, nuestro ordenamiento jurídico privilegia la adecuada
protección del derecho de defensa, de modo que debe estarse a favor de la solución que
evite la vulneración de garantías constitucionales (Fallos 327: 5965)
Asimismo, se ha sostenido que “[e]l debido proceso en sede administrativa importa que
el administrado ha de tener noticia y conocimiento de las actuaciones, oportunidad de
participar en el procedimiento y obtener decisión fundada. El procedimiento es el cauce
formal de la función administrativa que se materializa a través del dictado de actos
administrativos conforme a los mecanismos de control de la juridicidad y de la
oportunidad de éstos, y constituye un instrumento protector tanto de las prerrogativas
estatales como de las garantías individuales, confluye así en equilibrio de prerrogativagarantía,
base de todo el derecho administrativo” (Cámara CayT, Sala II, “Mindar S.A.
c/GCBA s/acción meramente declarativa [art. 277 CCAyT]”, Expte. EXP 80/0, del 8 de
En virtud de lo expuesto, se advierte que en el caso que ha vulnerado el derecho de
defensa de la actora y, por ende, la demandada ha procedido ilegítimamente a compactar
el vehículo de su propiedad.
En este sentido, en cuanto a la responsabilidad adjudicada al Gobierno de la Ciudad, cabe
destacar que la Corte Suprema Federal ha ido delineando el criterio que postula el
encuadramiento de la acción estatal ilegítima dañosa dentro de la figura de la “falta de
servicio”, que contempla la responsabilidad por los hechos y las omisiones de los
funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones por cumplir de manera irregular las
obligaciones legales que le son impuestas (CSJN, Fallos 330:3447, “Securfin S.A. c/
Santa Fe, Provincia de”, Sentencia del 17/07/2007; Fallos 333:1404, “Morrow de
Albanesi, Viviana María y otros c. Estado Nacional – Ministerio de Relaciones Ext.,
Comercio Internacional y Culto”, Sentencia del 17/08/2010).
Esta misma postura ha sido receptada por el Tribunal Superior de Justicia de la CABA,
que ha dicho: “…la responsabilidad del Estado por su actividad ilegítima reposa en la
idea objetiva de la “falta de servicio” según la cual “quien contrae la obligación de prestar
un servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido
irregular ejecución” (TSJ de la CABA; “GCBA s/ queja por recurso de
inconstitucionalidad denegado en ‘Bonicelli, María Vanesa c/ GCBA s/ daños y
perjuicios (excepto resp. médica), Expte. N° 6583/09’, sentencia del 17/03/2010).
De este modo, del análisis efectuado resulta que el ejercicio irregular de las funciones del
GCBA ha provocado la vulneración del derecho de defensa de la actora,
desencadenándose un menoscabo en su patrimonio, lo que conlleva a establecer la
responsabilidad del Gobierno demandado por el suceso de autos
IV. Que zanjada la cuestión en torno a la responsabilidad por el hecho acaecido,
corresponde adentrarse sin más en los daños y perjuicios cuya reparación se persigue, a
fin de fijar el monto que corresponda, en caso de quedar evidenciados en su existencia y
magnitud a partir de las probanzas rendidas en la causa.
i. Daños al vehículo
El daño emergente consiste “… en la disminución o empobrecimiento económico del
patrimonio de la víctima, ya sea en los bienes por su destrucción, deterioro o menoscabo,
o bien en los perjuicios sufridos sobre la persona de la víctima o un tercero, en virtud de
los cuales debieron efectuarse erogaciones o gastos para su curación” (Zannoni, Eduardo,
El daño en la Responsabilidad Civil, Astrea, Buenos Aires, 1992, p. 35).
La actora reclama a fs. 2 el valor del vehículo que a la fecha de inicio de la demanda EN
2016 alega asciende a la suma de $140.000 (pesos ciento cuarenta mil).
Conforme surge de la contestación de oficio remitida por la Dirección Nacional de
Registro de la Propiedad Automotor de fs. 122/125 de fecha 21 de febrero de 2018 la
valuación de un automóvil con las características del que era de propiedad de la actora
correspondiente al año 2008 se calcula en la suma de $145.000 (pesos ciento cuarenta y
cinco mil). En función de ello, considero que el resarcimiento por este concepto debe ser
fijado en dicha suma monetaria.
ii. Daño moral
Puede definirse al daño moral como “… toda modificación disvaliosa del espíritu, es su
alteración no subsumible sólo en el dolor, ya que pueden consistir en profundas
preocupaciones, estado de aguda irritación, que exceden lo que por el sentido amplio de
dolor se entiende, afectando el equilibrio anímico de la persona, sobre el cual los demás
no pueden avanzar, de manera que todo cambio disvalioso del bienestar psicofísico de
una persona por una acciona atribuible a otra configura un daño moral” (SCBA,
Septiembre 1995, “Toledo Noemí c/ Municipalidad de la Matanza” DJBA, 149 – 6775).
A mayor abundamiento, se ha dicho que: “…el daño moral persigue como finalidad
indemnizar los padecimientos físicos y espirituales de la víctima, los sufrimientos, las
angustias derivadas de la incertidumbre sobre su grado de restablecimiento, las lesiones o
sus afecciones, extremos que evidencian el carácter resarcitorio que se le asigna a la
indemnización del daño moral” (Cámara Nacional Civil y Comercial, Sala Y, “Álvarez
de Saiz, Marta c/ Allodi, Santiago”, -1938-, ED, T 110/114, R19, p. 508).
Considero que las particulares circunstancias del caso demuestran los padecimientos que
ha sufrido la actora a raíz del accionar negligente de la demandada, por lo que considero
que debe otorgarse en concepto de daño moral la suma de $20.000 (pesos veinte mil).
iii. Daño psíquico
La actora alega que: “… todo lo manifestado le ha producido nerviosismo, trastorno del
sueño, irritabilidad, disminución de la capacidad de concentración y aislamiento. Algunas
de las cuales podrían superarse con tratamiento psicoterapéutico, en tantos otras
perdurarán indefinidamente constituyendo así una verdadera incapacidad psíquica. Esto
podría superarse con un tratamiento psicoterapéutico, lo que será evaluado por el perito
en la materia” (cfme. fs. 2/vta)
Este rubro será rechazo sin mayor análisis en tanto no se ha ofrecido prueba alguna
tendiente a acreditar la incapacidad psíquica ni el tratamiento psicoterapéutico reclamado.
iv. Pérdida de la chance
Se ha sostenido que: “La frustración de una chance es la pérdida de la posibilidad de un
beneficio probable futuro, integrante de la facultad de actuar del sujeto en cuyo favor de
la esperanza existe. Privarlo de esa esperanza, conlleva un daño aún cuando pueda ser
dificultoso estimar la medida de este daño, porque lo perdido, lo frustrado, en realidad es
la chance y no el beneficio esperado como tal. Cuando el daño consiste en la frustración
de una esperanza, en la pérdida de una ‘chance’, de una probabilidad, coexisten un
elemento de certeza y otro de incertidumbre. Certeza de que, de no mediar el evento
dañoso o el incumplimiento contractual, el damnificado habría mantenido la esperanza en
el futuro, que le permitiría –en el caso- un apoyo económico en el futuro. Pero, a la par,
incertidumbre, definitiva ya, de si, manteniéndose la situación de hecho o de derecho que
era el presupuesto de la chance, el beneficio se habría en realidad obtenido, o si la pérdida
se habría evitado” (Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la CABA, Sala I, “M. S. F. c/ GCBA (Hospital Materno Infantil Ramón
Sardá) s/daños y perjuicios”, sentencia del 17-09-2007,).
En la ampliación de demanda de fs. 25, la actora solicita indemnización por este rubro e
invoca que: “… al recuperarlo lo habría utilizado para hacer el reparto de la panadería que
posee su esposo en Gualeguaychú provincia de Entre Ríos, calculando un ingreso
mensual por dicha actividad de $5.000, lo que da un total a la fecha de $30.000 importe a
sumar al valor del vehículo”
La actora no ha aportado prueba alguna que sustente sus dichos, por lo que este rubro será
V. En los rubros indemnizatorios otorgados corresponderá aplicar la tasa de interés
del seis por ciento (6%) anual que se computará desde el 23 de agosto de 2016 (fecha del
evento dañoso) hasta la fecha de este decisorio, y hasta el efectivo pago, el promedio de
(i) la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del
Banco de la Nación Argentina y de (ii) la tasa pasiva promedio que publica el Banco
Central de la República Argentina (comunicado 14.290), conforme lo dispuesto en los
autos “Eiben, Francisco c/ GCBA s/ empleo público”, Cámara de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en
A partir de este temperamento, acorde la doctrina asentada en el citado plenario,
considero alcanzado el objetivo principal de tutelar el crédito compensando
adecuadamente la indisponibilidad del capital durante el transcurso de la mora sin que,
por otro lado, se produzca un detrimento excesivamente oneroso en el patrimonio del
Por todo lo expuesto, FALLO: 1º) Hacer lugar parcialmente a la demanda promovida por
A. E. B. T., en virtud de lo resuelto en el considerando IV; 2º) Condenar al Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires a abonarle a la actora la suma de $165.000 (pesos ciento
sesenta y cinco mil), con más los intereses fijados en el considerando V, dentro del
décimo día de quedar firme la presente, con costas a cargo de la demandada vencida
(artículo 62, primer párrafo del CCAyT); 3º) Diferir la regulación de honorarios para el
momento de aprobarse la liquidación definitiva.
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de Gestión de la Flota Automotor dependiente de la Subsecretaria de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaria de Demanda Ciudadana, Calidad y Cercanía dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA – Ocampo – Miguel
Artículo 1º.– Ambito de aplicación. Declaración de peligrosidad.
Artículo 2º.– Primera intimación. Acta de constatación.
Artículo 3º.– Segunda intimación. Información suministrada por el Registro Nacional de la Propiedad Automotor (R.N.P.A.).
Artículo 4º.– Traslado.
Artículo 5º.– Notificación al Tribunal.
Artículo 6º.– Procedimiento a seguir.
Artículo 7º.– Descontaminación. Desguace. Compactación.
Se entiende por “descontaminación” la extracción de los elementos contaminantes del medio ambiente como baterías, fluidos y similares, que son reciclados o dispuestos como establezca la reglamentación.
Se entiende por “desguace” la extracción de los elementos no ferrosos, que son reciclados o dispuestos como establezca la reglamentación.
Se entiende por “compactación” un proceso de destrucción que convierte en chatarra a los vehículos automotores, sus partes constitutivas, accesorios, chasis o similares, como establezca la reglamentación.
Artículo 8º.– Disposición.
Artículo 9º.– Supervisión y control.
Artículo 10.– Monto.
Artículo 11.– Entrega voluntaria de vehículos automotores.
Artículo 12.– Condición para entrega voluntaria.
Artículo 13.– Condonaciones por entrega voluntaria.
Artículo 14.– Abandono de las cosas muebles.
Artículo 15.– Convenio con el R.N.P.A.
Artículo 16.– Informe al Registro Nacional de la Propiedad del Automotor.
Artículo 17.– Multa.
Artículo 18.– Línea telefónica.
Artículo 19.– Reglamentación.
Artículo 20.– Derogación.
Artículo 21.– Comuníquese, etc
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