Source: https://es.scribd.com/document/261111049/Arqueologia-subacuatica
Timestamp: 2020-02-29 11:18:49
Document Index: 234108610

Matched Legal Cases: ['artículo 46', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 1', 'artículo 40', 'artículo 44', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 33', 'artículo 17', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 351', 'artículo 351', 'artículo\n41']

Arqueología subacuática | Arqueología | Bienes (Ley)
guardarGuardar Arqueología subacuática para más tarde
TEMA 2 Legislacion-AdmonPatrimonio
La Aplicación de La Cuadriculacion en Una Excavacion Arqueologica Revisar
2009-08-12 - Granada Hoy - Cultura Da Luz Verde a Las Primeras Excavaciones en Orce Desde..
Qué estudia la arqueología
La protección jurídica45
4 ❘ La protección jurídica
46Libro Verde del Plan Nacional de Protección del Patrimonio Cultural Subacuático Español
Como se ha venido señalando, la adopción en 2008 del Plan Nacional de Protección del Patrimonio Cultural Subacuático Español, la entrada en vigor
para España el 2 de enero de 2009 de la Convención UNESCO de 2001 y determinadas acciones recien- tes contra nuestro patrimonio subacuático sitúan
a España en la encrucijada de revisar y mejorar el
entramado normativo e institucional que pretende proteger y realzar ese Patrimonio en cumplimiento del mandato constitucional contenido en el artículo 46 de nuestra Constitución de 1978.
Estas lagunas en la legislación se suplen en la ma- yor parte de los casos por los criterios técnicos del personal de la administración que se encarga de gestionar estos proyectos, lo que obliga a que es- tos técnicos tengan que poseer un conocimiento y formación específica en esta materia, circunstancia que actualmente no es mayoritaria en las adminis- traciones públicas, careciendo en muchos casos de centros específicos donde gestionar este tipo de proyectos y por lo tanto de personal cualificado.
Esta carencia en el control adecuado de muchas de las acciones que pueden provocar la destrucción del
dejan entrever las lagunas de la legislación de patri-
La legislación estatal y autonómica que regula el patrimonio cultural contiene una regulación es- pecífica del patrimonio arqueológico, entre el que se incluye el patrimonio arqueológico subacuático.
Existe acuerdo generalizado entre los especialis-
patrimonio subacuático, y a la vez la falta de pro- tocolos de actuación para evitar estas afecciones,
monio cultural para establecer medidas preventivas
Sin embargo, a pesar de este tratamiento específi-
co del patrimonio arqueológico en las normas y lo exhaustivo de los reglamentos sobre las actuaciones
todo ello se suma, de un lado, la dificultad de
arqueológicas, por regla general, toda esa normativa
protección física de los restos arqueológicos en
carece del detalle necesario para ejercer una protec- ción eficaz del Patrimonio Cultural Subacuático.
tas en la materia sobre la necesidad de crear figu- ras específicas de protección de dicho Patrimonio. Este último, a diferencia del terrestre, no cuenta con algunos de los instrumentos de protección de
un medio con continuos cambios, que tanto deja al descubierto restos ocultos como esconde los restos visibles; y, de otro, la dificultad de su vigilancia e inspección, que requiere el desarrollo de medios técnicos específicos y una coordinación eficaz con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad —estatales y autonómicos— a la vez que disponer de técnicos ar- queólogos especializados en estas tareas.
la legislación sectorial más eficaces, como es el pla-
neamiento urbanístico, que permita una adecuada regulación de usos y de actuaciones permitidas.
Esta circunstancia, unida a que los reglamentos de autorizaciones de las actividades arqueológicas apenas establecen diferencias entre una actividad arqueológica subacuática o terrestre, conlleva, por regla general, deficiencias en el planteamiento de objetivos de los proyectos de las intervenciones subacuáticas, e incluso carencias en la composición de los equipos, el plan de seguridad o en el de con- servación de los restos arqueológicos.
4.2 VARIABLES PRESENTES
Es necesario recordar, además y de modo prelimi- nar, algunas de las variables que deben ser tomadas en consideración a la hora de elaborar propuestas de reforma normativa. Entre esas variables deben destacarse las siguientes:
(a) Las amenazas al Patrimonio Cultural Suba-
cuático pueden ser fortuitas o no fortuitas. Ello supone que tanto actividades lícitas (pesca, bu- ceo, tendido de cables submarinos, etc.) como ac- tividades ilícitas (expolio, obras y levantamientos
La protección jurídica47
topográficos sin autorización, etc.) pueden incidir determinantemente en la conservación del Patri- monio Cultural Subacuático y, como consecuen- cia, en la regulación jurídica de la misma.
(b) La estructura descentralizada de nuestro
Estado reparte la competencia legislativa genéri- ca relativa a la protección del patrimonio cultural
entre el Estado y las Comunidades Autónomas, sin olvidar ciertas competencias incidentales de las entidades locales. Debe tenerse asimismo en cuenta que la Convención UNESCO prevé en su artículo 28 que “[a]l ratificar, aceptar, apro- bar esta Convención o adherirse a ella o en cual- quier momento ulterior, todo Estado o territorio podrá declarar que las Normas se aplicarán a sus aguas continentales que no sean de carácter marítimo”. Deberá evaluarse hasta qué punto
conviene a España el aplicar las previsiones del Anexo de la Convención a sus aguas continen- tales, teniendo en cuenta que, en principio, son las Comunidades Autónomas las competentes al efecto. De no hacerse así, se establecerían dos regímenes distintos: uno, gobernado por la Con- vención UNESCO y su legislación de desarrollo, para el patrimonio cultural submarino; y otro, con sus características propias, y esencialmente bajo gestión autonómica, estrictamente subacuá- tico continental. Razones de unidad de gestión aconsejan que España lleve a cabo la declaración prevista en el artículo 28 de la Convención.
(c) A ello debe sumarse que la competencia
legislativa en otros ámbitos de actuación con re- percusiones en el Patrimonio Cultural Subacuá- tico está igualmente repartida entre el Estado y
Conferencia sobre la protección jurídica del Patrimonio Cultural Subacuático (Archivo ARQUA, 2009).
48Libro Verde del Plan Nacional de Protección del Patrimonio Cultural Subacuático Español
las Comunidades Autónomas (v.gr. pesca, medio ambiente, política científica, etc.).
(d) En cuarto lugar, como vimos, España ratifi-
có el 6 de junio de 2005 la Convención UNESCO de 2001. En el momento de elaborar este Libro Verde, la Convención ya está en vigor entre 24 Es- tados, incluida España. Tras su publicación oficial
en España el 5 de marzo de 2009, la Convención UNESCO forma parte del ordenamiento interno español, con rango superior a cualquier acto legis- lativo (estatal o autonómico) promulgado hasta la fecha y desde esa fecha (art. 96.1 de la Constitu- ción).
(e) Además, es previsible que en breve la Unión
Europea retome una iniciativa legislativa abando- nada por el Consejo de Europa en 1985. Tras la toma en consideración del problema, en particu- lar, de la presencia en aguas españolas, italianas, británicas y francesas de empresas buscadoras de tesoros, puede esperarse alguna iniciativa comu- nitaria a tenor de lo manifestado en el Consejo de Ministros de Cultura de noviembre de 2007 o en la Conferencia Ministerial Euro mediterránea de Cultura de mayo de 2008 en Atenas. Asimismo debe destacarse la toma de posición de los minis- tros de cultura iberoamericanos reunidos en mayo de 2008 a favor de la propuesta española (pro- tección y cooperación) y ratificada en la XVIII Cumbre Iberoamericana de San Salvador (octu- bre de 2008). Todo ello supone futuras posibles fuentes de obligación jurídicas con repercusiones domésticas.
Por todo lo expuesto, debe señalarse la necesidad de promulgar una regulación específica sobre la protec- ción del Patrimonio Cultural Subacuático dentro de la futura Ley del Patrimonio Cultural Español que:
tenga en cuenta las obligaciones internacional- mente asumidas por España;
establezca un sistema coordinado entre las dis- tintas administraciones públicas implicadas; y sea capaz de prever la regulación tanto de activi- dades fortuitas como no fortuitas con incidencia en el Patrimonio Cultural Subacuático por parte de actores públicos y privados, nacionales y ex- tranjeros.
4.3 CUESTIONES PROBLEMáTICAS
GENERALES Las cuestiones problemáticas que se han detectado
1. La definición misma del Patrimonio Cultu-
ral Subacuático a los efectos de la futura legis-
lación;
2. El problema derivado de las actividades que
afectan fortuitamente al Patrimonio Cultural Subacuático y, en particular, la pesca de arrastre
y la investigación científica marina;
3. La necesidad de promover figuras adecuadas
de protección del Patrimonio Cultural Subacuá-
4. La aplicación del régimen del salvamento,
de hallazgo y del tesoro al Patrimonio Cultural
Subacuático; y
5. El establecimiento de un régimen de vigilan-
cia e inspección del Patrimonio Cultural Suba-
4.3.1 La definición del Patrimonio Cultural
Subacuático a los efectos de la futura legislación No existe en España una definición precisa de Pa- trimonio Cultural Subacuático. Indicativamente, el artículo 1.2 de la actual Ley 16/1985, del Patri- monio Histórico Español (LPHE), determina como integrante del Patrimonio Histórico Español
“los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológi- co, etnográfico, científico o técnico. También
La protección jurídica49
forman parte del mismo el patrimonio docu- mental y bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, jar- dines y parques, que tengan valor artístico, his- tórico o antropológico”.
Por su parte, el artículo 40.1 LPHE incorpora al patrimonio arqueológico en el Patrimonio Histó- rico Español, especificando que forman parte del mismo
“los bienes muebles o inmuebles de carácter his- tórico, susceptibles de ser estudiados con meto- dología arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie o en el subsuelo, en el mar territorial o en la platafor- ma continental. Forma parte, asimismo de este patrimonio los elementos geológicos y paleonto- lógicos relacionados con la historia del hombre y sus orígenes y antecedentes”.
La Ley 16/1985 establece, pues, como único dato relevante para la inclusión de un determi- nado bien en el patrimonio arqueológico su sus- ceptibilidad para ser estudiado por metodología arqueológica. En el supuesto de los bienes ar- queológicos el legislador ha querido intensificar su protección, lo que justifica su demanializa- ción (artículo 44 LPHE).
En general, toda la normativa autonómica sobre el patrimonio cultural utiliza una similar caracteriza- ción y análogo expediente normativo a la hora de determinar el patrimonio arqueológico y su inclu- sión en el patrimonio histórico o cultural de cada Comunidad Autónoma. Es una definición muy am- plia, metajurídica e indeterminada.
Sin embargo, en su artículo 1.1, la Convención UNESCO de 2001 lleva a cabo una definición más precisa de Patrimonio Cultural Subacuático al defi- nirlo como sigue:
“a) Por ‘patrimonio cultural subacuático’ se en- tiende todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico, que hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente, de forma periódica o continua, por lo menos durante 100 años, tales como:
i) los sitios, estructuras, edificios, objetos y restos humanos, junto con su contexto ar- queológico y natural;
ii) los buques, aeronaves, otros medios de
transporte o cualquier parte de ellos, su cargamento u otro contenido, junto con su contexto arqueológico y natural; y
b) No se considerará patrimonio cultural suba-
cuático a los cables y tuberías tendidos en el
c) No se considerará patrimonio cultural suba-
cuático a las instalaciones distintas de los ca- bles y tuberías colocadas en el fondo del mar y todavía en uso”.
El texto de la Convención UNESCO de 2001 su-
pone un límite mínimo infranqueable, no así un
límite superior; esto es, el nivel de protección de
la Convención puede ser mejorado in foro domes-
tico así como mediante la conclusión de acuerdos
posteriores bilaterales o multilaterales (art. 6 de
la Convención). Teniendo en cuenta todo ello, así
como la actual definición del patrimonio arqueo- lógico recogida tanto en la Ley 16/1985 como en la normativa autonómica correspondiente, debe procederse a una nueva definición del Patrimonio Cultural Subacuático en nuestro ordenamiento.
A tales efectos, debe resaltarse lo siguiente:
a) Que el “Patrimonio Cultural Subacuático”
—definiéndose finalmente como se defina—
50Libro Verde del Plan Nacional de Protección del Patrimonio Cultural Subacuático Español
debe ser parte integrante del Patrimonio arqueoló- gico español que, a su vez, forma parte integrante del Patrimonio Histórico Español como bienes de dominio público. La arqueología no es sino un mé- todo más de investigación en la explicación de la historia y, como tal, debe servir al continuum ex- plicativo de nuestro pasado. De ahí que, a pesar de la especificidad del Patrimonio Cultural Suba- cuático, la regulación del mismo deba insertarse necesariamente en la regulación del Patrimonio Histórico en general.
b) Que el concepto amplio de Patrimonio Cul-
Curso para la Guardia Civil sobre Protección del Patrimonio Arqueológico Subacuático (Archivo CAS).
tural Subacuático (“todo rastro de existencia hu- mana”) debe cohonestarse en nuestro ordena- miento con la definición más estricta de nuestra legislación estatal y autonómica actual que se refiere normalmente a “todos los objetos muebles
efectos clarificadores que se esperan de toda le- gislación, una serie de ejemplos de Patrimonio Cultural Subacuático.
e inmuebles de carácter histórico susceptibles de
Que es importante asumir, como así lo hace
ser estudiados con metodología arqueológica”.
propone el Grupo de trabajo, que nuestra le-
Que, en todo caso, ese concepto de Patrimo-
gislación se extienda al patrimonio que se en- cuentra en la superficie de los fondos acuáticos
nio Cultural Subacuático debe incluir, con las
en el subsuelo de dichos fondos en las aguas
modulaciones jurídicas necesarias, tanto a los objetos extraídos como los no extraídos de los fondos marinos.
interiores y continentales, incluidas las capas freáticas, el mar territorial o la plataforma con- tinental españolas. Ello supone en cierto modo aplicar extraterritorialmente nuestra legislación
Que la acotación temporal que lleva a cabo
puesto que, en la actualidad, el Derecho inter-
la Convención (objetos “que hayan estado bajo el
agua, parcial o totalmente, de forma periódica o
Que cabría incluir indicativamente, tal y
nacional sólo reconoce claramente tal derecho en el mar territorial y la zona contigua, no así en
continua, por lo menos durante 100 años”) pue-
plataforma continental a pesar de una prácti-
de soslayarse si, como lleva haciendo nuestra
ca creciente al respecto. Debe mantenerse el es-
legislación desde 1933, se protegen los objetos
tado actual de nuestra legislación a expensas de
susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido extraídos o no, evi-
práctica subsiguiente del resto de Estados.
tando utilizar el factor tiempo como elemento
Que, a pesar de lo dicho en el párrafo (c) del
definidor fundamental del patrimonio. En todo caso, cabe no olvidar que esos 100 años no son necesariamente los 100 últimos años.
artículo 1.1, cabría proteger algunas “instala- ciones distintas de los cables y tuberías colocadas en el fondo del mar y todavía en uso”, como cier- tas artes de pesca de nuestro litoral que siguen en uso a pesar de estar bajo el agua más de
como hace la Convención UNESCO y a los
La protección jurídica51
Finalmente, debe incluirse una referencia precisa a la posición jurídica de España en relación con sus buques y aeronaves de Estado, en línea con lo recien- temente declarado ante la Comunidad internacional y los tribunales extranjeros ante los que España ha presentado diversas reclamaciones sobre su propio Patrimonio Cultural Subacuático. Esta posición su- pone que España conserva intactos e indefinidamen- te todos los derechos sobre sus buques y aeronaves de Estado hundidos, de conformidad con las reglas del derecho internacional, indistintamente del lugar donde se hallen e indistintamente del tiempo trans- currido desde su hundimiento. Los derechos sobre tales buques y aeronaves pueden ser únicamente transmitidos o abandonados por un acto expreso de derecho público según la legislación española.
4.3.2 El problema derivado de las
actividades fortuitas El artículo 5 de la Convención UNESCO establece como principio general que
“[c]ada Estado Parte empleará los medios más viables de que disponga para evitar o atenuar cualquier posible repercusión negativa de activi- dades bajo su jurisdicción que afecten de manera fortuita al patrimonio cultural subacuático”.
Este artículo supone una obligación genérica de comportamiento a cargo de España que irradia toda la actividad que bajo su jurisdicción o control se desarrolle. Entre otra legislación necesariamente afectada (estatal y, en su caso, autonómica), y en mayor o menor intensidad, cabe destacar la relativa al patrimonio y los museos, a los archivos del Es- tado y de las Comunidades Autónomas, el ámbito penal y de contrabando, la legislación comercial y aduanera, la de defensa y seguridad, la regulación de la pesca, el buceo y las actividades deportivas, la investigación científica marina, la política edu- cativa y científica, la normativa sobre puertos y la navegación, la regulación de las obras públicas y el
urbanismo, la normativa sobre medio ambiente, la legislación de hidrocarburos y energía, la de turis- mo, la de sanidad, higiene en el trabajo y asisten- cia social, el hallazgo y el tesoro, la de propiedad intelectual o la fluvial y de aguas interiores, entre otras muchas.
Ello implica una reforma legislativa importante, que
se estima debe acometerse con ocasión de la im-
plementación general de la Convención UNESCO de 2001 a la legislación española sobre la materia. Debe tenerse en cuenta, por ejemplo, que desde la concesión de una autorización de obra pública, pa- sando por el uso de determinadas artes de pesca, por el tendido de un cable submarino, por el per- miso de buceo en ciertas zonas o por la aprobación de un proyecto de investigación científica marina, todas ellas actividades lícitas y previstas en nuestro ordenamiento, el Patrimonio Cultural Subacuático puede verse fatalmente afectado. En todas aquellas actividades en el medio marino en los que habitual- mente nuestra legislación exige un previo estudio de impacto ambiental se olvida la necesidad de in- cluir asimismo, de manera individualizada, la eva- luación del impacto arqueológico. Ello se debe en gran medida a que ésta suele incluirse en aquél. Sin embargo, el informe de impacto cultural —llevado a cabo siempre bajo la supervisión de las adminis- traciones públicas— debe tener siempre un carácter previo, preceptivo, y vinculante para las mismas, realizándose de forma independiente respecto del informe sobre impacto natural.
A ello hay que añadir que el Anexo de la Conven-
ción indica de forman muy detallada una serie de protocolos generales que deben regir la conserva-
ción de este patrimonio y las actividades dirigidas
al mismo, así como la configuración del plan del
proyecto, objetivos, metodología, financiación,
etc. de la actividad arqueológica subacuática, y
la elaboración de los informes de la actuación, su
archivo y difusión. Es pues un documento base
52Libro Verde del Plan Nacional de Protección del Patrimonio Cultural Subacuático Español
Protección jurídica de yacimientos arqueológicos subacuáticos de Andalucía (Archivo CAS).
La protección jurídica53
54Libro Verde del Plan Nacional de Protección del Patrimonio Cultural Subacuático Español
para incorporar tanto en la futura Ley como en los reglamentos de la actividad arqueológica. Debe, además, recordarse que lejos de ser meros enun- ciados programáticos, las Normas que figuran en el Anexo de la Convención forman parte integrante de la Convención según su artículo 33, con similar
valor jurídico internacional y doméstico que el res-
to del articulado de la Convención.
En particular, la aprobación de proyectos de inves- tigación científica marina en aguas sobre las que España ejerce soberanía o jurisdicción (mar terri- torial, plataforma continental y zona económica exclusiva) queda en manos del Estado, que debe re- cibir toda la información producida en el proyecto. Por ello, en la legislación relativa a la protección del Patrimonio Cultural Subacuático debe resaltarse el régimen jurídico de la investigación científica mari- na susceptible de ser aplicada al Patrimonio Cultu- ral Subacuático, teniendo que ser evaluado y visado todo proyecto que, aún indirectamente, pueda te- ner repercusiones sobre dicho patrimonio.
4.3.3 La necesidad de crear figuras
específicas de protección del Patrimonio Cultural Subacuático.
La necesidad de crear figuras específicas de protec- ción del patrimonio cultural subacuático se traduce tanto en el régimen protector peculiar como en el proceso de protección o en las medidas administra- tivas especiales al efecto. Como punto de partida,
y por imperio de la ley, todos los yacimientos suba- cuáticos ya declarados como “zonas arqueológicas”
y aquéllos sitios arqueológicos bien conocidos, de-
limitados y protegidos son declaradas como Bienes de Interés Cultural (BIC) o su equivalente autonó- mico, con el objeto de procurarles la mayor protec- ción jurídica posible en nuestra legislación.
A partir de ahí, y teniendo en cuenta que tanto los
bienes materiales que constituyen este patrimonio cultural, como el medio en que se localizan, son de
dominio público, se debería utilizar asimismo el ex- pediente de las “zonas de protección arqueológica”. Estas áreas de protección deberían ser de carácter extenso, abarcando aquellas zonas del litoral don- de se constate o presuma la existencia de restos arqueológicos. Este expediente protector ya se está utilizando, por ejemplo y de modo aparentemente efectivo, en Andalucía y Cataluña donde —median- te las denominadas genéricamente “zonas de servi- dumbre arqueológica”, “espacios de protección ar- queológica” o “áreas de vigilancia arqueológica”— se excluye o limita el tráfico jurídico, comercial, urba- nístico normal. Dentro de estas áreas, y en sus zonas adyacentes, se podría potenciar la creación de zonas de reserva y/o de parques arqueológicos, a modo de paisajes culturales sumergidos, en los cuales, si es compatible con su protección y gestión, se podría fomentar el acceso del público a ese patrimonio in situ. Para aquellos casos en los que la presunción —por los hallazgos verificados y por otras circuns- tancias que a juicio de los especialistas— derive en certeza científica cabría aplicar un régimen protec- tor administrativo preciso que podría ir desde la de- claración de “zona de protección arqueológica” a la declaración de determinadas zonas y/o sitios como Bienes de Interés Cultural (BIC).
Para llevar a cabo este tipo de expedientes protec- tores son necesarias tres tipos de medidas comple- mentarias:
(a) La creación de un registro de los yacimien-
tos arqueológicos subacuáticos, como una de las primeras medidas de protección a desarrollar. Los inventarios, con una base de datos especí- fica incorporada a un sistema informatizado de gestión compartido, debe permitir gestionar la labor de protección de estos bienes, a la vez que
provocar la protección jurídica de los mismos, con su inventariado o declaración de BIC. Debe- rá regularse el acceso público a dichos registros de modo eficaz y respetuoso con el derecho a la
La protección jurídica55
información, pero sin poner en peligro la integri- dad, seguridad, protección y acceso a los diversos yacimientos registrados.
(b) La tramitación de los procedimientos ad-
ministrativos de protección jurídica específica de los bienes implica la publicidad de este patri- monio. Su conocimiento y difusión posiblemen- te permita una mayor eficacia en su protección tanto legal como física. Sin embargo es necesario evaluar (e incorporar a la legislación vigente) el régimen de publicidad de dicha información. Al igual que en el apartado anterior, pero referido aquí al proceso de tramitación de los expedien- tes, debe analizarse cuidadosamente qué datos tendrán un carácter confidencial dada la situa- ción de riesgo en que se encuentra este patrimo- nio en vías de protección, teniendo en cuenta las dificultades para su vigilancia y custodia a la vez que se valora el acceso del ciudadano a la infor- mación y al propio patrimonio.
(c) La creación de centros específicos de ges-
tión y conservación del patrimonio subacuático, con personal especializado que permita no sólo gestionar los proyectos de la actividad arqueo- lógica sino también promover proyectos de in- vestigación, conservación y divulgación de este patrimonio.
Junto a todo ello, la especificidad en la protección del Patrimonio Cultural Subacuático puede predi- carse asimismo de los procedimientos y protocolos de actuación que deben seguir las distintas adminis- traciones públicas implicadas en relación con dicho patrimonio. Como antes se ha señalado, las Normas que figuran en el Anexo a la Convención son una buena guía en la ordenación de dichos protocolos.
Estos protocolos deben incidir en las medidas pre- ventivas, en los estudios y consultas previas, de- biendo establecer el procedimiento de consultas,
informes, autorizaciones, para garantizar su correc-
ta ejecución. Deben permitir, además, la coordina-
ción de actuaciones con las administraciones com- petentes en materia de protección del Patrimonio
Cultural. Así, y como principio, cualquier obra en
el medio marino debería ir precedida de un estudio
arqueológico sobre su posible afección al Patrimo- nio Cultural Subacuático. Salvaguardando en todo caso los intereses de la defensa nacional, el Ministe- rio de Defensa deberá adecuar dichos protocolos de actuación a la peculiar situación de las instalaciones militares.
Asimismo deben fijarse legalmente los criterios de evaluación, las directrices de las labores de docu- mentación y estudios de campo de prospección vi- sual y geofísica, con técnicas y métodos de explora- ción no destructivos, que en todo caso deberán ser fijados por la administración competente en cada proyecto concreto, para la correcta valoración del Patrimonio Cultural Subacuático de las áreas afec- tadas por las obras. Teniendo en cuenta, que en todo caso se debe primar la protección in situ del Patrimonio Cultural Subacuático.
El análisis en detalle, en cada ámbito concreto, debe permitir establecer las medidas correctoras y protectoras necesarias: viabilidad o no del proyec- to, modificaciones del proyecto de obra, definir las actuaciones arqueológicas necesarias complemen- tarias de sondeos, control y seguimiento, etc.; y, en caso necesario, las actuaciones arqueológicas de conservación y/o excavación.
En el caso especial de las intervenciones preventivas
o de urgencia, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
(a) Proyecto de obra, que incluya objetivos, descripción detallada, planos de las superficies afectadas y secciones; así como fases previstas para su ejecución.
56Libro Verde del Plan Nacional de Protección del Patrimonio Cultural Subacuático Español
(b) Información sobre obras de infraestructura
y dragados previos realizados en la zona, deta-
llando las cotas máximas alcanzadas, zonas de vertido, resultados, etc., que se incluirá como un apartado más de la documentación previa.
(c) Valoración de las afecciones patrimoniales,
del impacto arqueológico y cultural de la obra proyectada en las áreas afectadas. Para ello se analizarán los elementos patrimoniales cercanos
y se valorarán los niveles de afección (nula, mo-
derada, alta) sobre el Patrimonio Cultural Suba- cuático conocido (yacimientos arqueológicos) y
el Patrimonio Cultural Subacuático potencial (áreas de servidumbre arqueológica).
(d) Cautelas propuestas: medidas correctoras
y protectoras, modificaciones del proyecto de
obra, necesidad de realizar actuaciones arqueo- lógicas complementarias (sondeos, excavación, actuaciones de conservación, etc.).
(e) Programa de vigilancia paralelo a la ejecu-
ción de la obra (controles, seguimientos, etc.) o incluso posterior a la finalización de la misma.
La Administración competente en materia de pro- tección de Patrimonio Cultural Subacuático, una vez analizado el Estudio de impacto arqueológico presentado por la empresa promotora o constructo- ra y firmado por el arqueólogo director, comunicará al interesado sus conclusiones: (a) definitivas para la redacción del Estudio de Impacto Ambiental; (b) relativas a la necesidad de acometer nuevas actua- ciones previas; o (c) negativas en cuanto a la incom- patibilidad de la actuación o actividad.
Asimismo, una vez finalizado el procedimiento administrativo emitirá un informe definitivo con- cretando, si fuesen necesarias, las medidas correc- toras o protectoras u otras cautelas propuestas. En caso de que fueran necesarias nuevas actuaciones se
desarrollarán los procedimientos correspondientes
hasta llegar al momento de aportación del Estudio
y emisión del nuevo informe definitivo.
Finalmente, debe recordarse que el artículo 17 de la Convención UNESCO requiere a cada Estado
parte que imponga sanciones a las infracciones co- metidas contra el Patrimonio Cultural Subacuático
y que estas sanciones deben ser
“suficientemente severas para hacer efectivo el cumplimiento de la presente Convención y des- alentar la comisión de infracciones cualquiera que sea el lugar, y deberán privar a los infractores de los beneficios derivados de sus actividades ilícitas”. Ello implica que deben revisarse tanto el régimen de
sanción penal como el régimen sancionador admi- nistrativo (incluido el régimen de incautaciones).
4.3.4 La aplicación del régimen del
salvamento, del hallazgo y el tesoro al Patrimonio Cultural Subacuático El artículo 4 de la Convención, en relación con las Normas 1 y 2 del Anexo, impide claramente la aplicación del derecho de salvamento y hallazgos al Patrimonio Cultural Subacuático. El artículo 4 es- tablece lo siguiente:
“Ninguna actividad relacionada con el patri- monio cultural subacuático a la que se aplica la presente Convención estará sujeta a las normas sobre salvamento y hallazgos, a no ser que:
(a) esté autorizada por las autoridades com-
petentes, y
(b) esté en plena conformidad con la presente
Convención, y
(c) asegure que toda operación de recupera-
ción de patrimonio cultural subacuático se realice con la máxima protección de éste”.
Teniendo en cuenta el carácter cumulativo de las condiciones impuestas en ese artículo; que el
La protección jurídica57
párrafo (b) del artículo 4 impone que el acto de salvamento “esté en plena conformidad con la pre- sente Convención”; que “[l]as Normas que figuran en el Anexo de esta Convención son parte integran- te de ella y, salvo disposición expresa en contrario, cualquier referencia a esta Convención constituye asimismo una referencia a las Normas” (art. 33 de la Convención); que la Norma 1 de ese Anexo estable-
ce que “[l]a conservación in situ será considerada la opción prioritaria para proteger el patrimonio cul- tural subacuático”; y que, finalmente, la Norma 2 señala claramente que “[l]a explotación comercial de patrimonio cultural subacuático que tenga por fin la realización de transacciones, la especulación
o su dispersión irremediable es absolutamente in-
compatible con una protección y gestión correctas
de ese patrimonio” y que “[e]l patrimonio cultural subacuático no deberá ser objeto de transacciones
ni de operaciones de venta, compra o trueque como
bien comercial”, el derecho de salvamento, tal y como recoge el derecho vigente español e interna-
cional actual, no es de aplicación al Patrimonio Cul- tural Subacuático.
Mientras se redacta este Libro Verde, se está tra- mitando en las Cortes un proyecto de Ley general de la navegación marítima. El Ministerio de Cultu- ra, a través de la Subdirección General de Protec- ción del Patrimonio ha sometido a consideración en la Cortes determinadas enmiendas que dejen a salvo el régimen especial del Patrimonio Cultural Subacuático en la futura Ley de Navegación Ma- rítima, particularmente en lo relativo al ejercicio del derecho de paso inocente por el mar territorial español, en relación al régimen de remociones y extracciones, en relación al régimen de los bienes naufragados o hundidos o, fundamentalmente, en relación al régimen del salvamento marítimo, que en opinión de este Grupo de Trabajo debe quedar completamente excluido del ámbito peculiar del Patrimonio Cultural Subacuático tal y como he- mos visto indica la propia Convención UNESCO y
Reunión del Comité de Coordinación Técnica del Plan Nacional de Protección del PCS en Cartagena (Archivo ARQUA, 2009).
58Libro Verde del Plan Nacional de Protección del Patrimonio Cultural Subacuático Español
ha asumido España internacionalmente al ratificar recientemente el Convenio internacional sobre sal- vamento marítimo, de 28 de abril de 1989, reser- vándose el derecho a no aplicar dicho Convenio (ex art. 30.1.d) “[c]uando se trate de un bien marítimo de carácter cultural que presente un interés prehis- tórico, arqueológico o histórico y que se encuentre en el fondo del mar”.
En relación con el hallazgo y el tesoro, nuestro Có- digo Civil (CC) define este último como “el depó-
sito oculto e ignorado de dinero, alhajas u otros ob-
jetos precisos, cuya legítima pertenencia no conste”
(art. 352 del CC). Por su parte, el artículo 351 del
CC establece que “[e]l tesoro oculto pertenece al
dueño del terreno en que se hallare. Sin embargo,
cuando fuere hecho el descubrimiento en propie-
dad ajena, o del Estado, y por casualidad, la mitad
se aplicará al descubridor. Si los efectos descubier-
tos fueren interesantes para las Ciencias o las Artes, podrá el Estado adquirirlos por su justo precio, que
se distribuirá en conformidad a lo declarado”.
Sin embargo, tal definición y régimen lo es a los
efectos del CC, puesto que a los efectos de la LPHE el régimen es distinto. De un lado, si bien
se prevé el hallazgo casual, en ningún caso será de
aplicación el artículo 351 del CC a “los objetos y restos materiales que posean los valores que son propios del Patrimonio Histórico Español y sean descubiertos como consecuencia de excavaciones, remociones de tierra u obras de cualquier índole
o por azar”, a la vez que son declarados “bienes
de dominio público” (art. 44.1 LPHE). Para éstos
se establece un régimen peculiar de premio. Debe
tenerse en cuenta que este régimen, sujeto a nece- saria revisión, se plantearía en diversos escenarios en razón del “descubridor”: si se trata de una ex- cavación arqueológica de las que habla el artículo
41.1 LPHE, difícilmente se da la figura del “descu- bridor” puesto que éste se reduce a una situación de azar (y aquí cabe desechar cualquier actividad
dirigida al Patrimonio Cultural Subacuático, como
la llevada a cabo por las empresas buscadoras de tesoros) o a una actividad que fortuitamente afecta al Patrimonio Cultural Subacuático y halla parte del mismo “como consecuencia de cualquier otro tipo de remociones de tierra, demoliciones u obras de cualquier índole” (art. 41.3 LPHE). De aquí la importancia que se debe otorgar a los informes de impacto arqueológico y a las zonas de servidumbre
o protección arqueológica ya promulgadas por al- gunas Comunidades Autónomas.
Por todo ello, y teniendo en cuenta que debe evi- tarse la extracción de restos arqueológicos suba- cuáticos sin la metodología adecuada —dado que puede suponer el deterioro de esos materiales y la
alteración, en su caso, del pecio donde se localizan,
e incluso en muchos casos lleva al desconocimiento
de su procedencia exacta—, se propone que en todo caso debería excluirse el concepto de hallazgo ca- sual con derecho a premio en este medio considera- do a todos los efectos de dominio público, máxime cuando puede haber dudas en la tasación de objetos
no extraídos y depositados en el fondo del mar y, en su caso, el valor de lo oculto del pecio. En cual- quier caso, un hallazgo en las áreas de servidumbre
o protección arqueológica debe quedar excluido de
su clasificación como hallazgo casual con derecho
4.3.5 El establecimiento de un régimen
de vigilancia e inspección del Patrimonio Cultural Subacuático La medida más eficaz para la protección del Patri- monio Cultural Subacuático es la sensibilización pública hacia la conservación de este bien común. Esto se logrará en la medida en que las adminis- traciones y los arqueólogos sean capaces de llevar a
la práctica acciones que hagan sentir el Patrimonio
Cultural Subacuático —y todo lo que ello impli- ca— como algo propio de nuestra sociedad y cultu- ralmente aprovechable por la misma.
La protección jurídica59
La implicación de pescadores, submarinistas y ha- bitantes de la zona en la conservación de los yaci- mientos locales se ha mostrado como la medida más eficaz de protección, pero para lograrla son necesa- rios técnicos especializados y medios que pongan el patrimonio al alcance de la sociedad.
permanente entre administraciones; y, finalmente, la creación de mecanismos de alerta temprana y respuesta rápida a todos los niveles.
En todo caso, la iniciativa y control en la evaluación de estos sistemas no debe quedar en manos privadas sino que deben ser las administraciones públicas
pesar de ello y siendo conscientes de las dificulta-
des que, en este y otros campos, comporta la vigilan- cia de nuestras costas, y más de los fondos marinos, deberán desarrollarse programas de vigilancia del
Las administraciones públicas deben establecer en-
—estatales y autonómicas— las que exploren los sistemas más eficaces y eficientes en la protección del Patrimonio Cultural Subacuático.
patrimonio arqueológico subacuático, en coordina-
ción con la Armada y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, muy especialmente la Guar- dia Civil, las policías locales, los servicios aduaneros y las instituciones autonómicas específicas. Esta vi-
Teniendo en cuenta todo lo señalado, en este ámbi- to particular normativo y legislativo se proponen las siguientes actuaciones prioritarias:
gilancia podrá ser presencial o por video-vigilancia
Debe reafirmarse política y normativamente
en superficie o subacuática.
que el Patrimonio Cultural Subacuático situado en las aguas bajo soberanía o jurisdicción espa- ñolas forman parte integrante del Patrimonio
tre sí los procedimientos adecuados de vigilancia y control para evitar la desprotección del patrimonio
Histórico Español como bienes de dominio pú- blico. Es mandato constitucional la obligación de
por supuesto, los atentados contra el mismo y
proteger y realzar dicho patrimonio por parte de
expolio. Deben explorarse y fortalecerse meca-
nismos conjuntos de cooperación que mejoren la protección del Patrimonio Cultural Subacuático. Asimismo, las Comunidades Autónomas, como en- tidades territorialmente responsables, deben pro- ceder a fortalecer los mecanismos ya en marcha y analizar nuevas vías de control de las actividades que pudieran afectar fortuita o no fortuitamente al Patrimonio Cultural Subacuático.
Deben experimentarse sistemas de vigilancia indi- recta, incluyendo como experiencias piloto algunas áreas arqueológicas en los sistemas de vigilancia existentes en la actualidad, como el Sistema In- tegral de Vigilancia Exterior (SIVE), y fomentar proyectos de investigación de desarrollo de nuevos sistemas adaptados al Patrimonio Cultural Suba- cuático. Todo ello exigiría, de un lado, su regula- ción legal clara y precisa; de otro, la coordinación
2. La peculiaridad de la arqueología subacuá-
tica necesita la promulgación de una regulación específica sobre la materia incluida en la futura Ley de Patrimonio que implemente en España la Convención UNESCO de 2001. La futura Ley del Patrimonio Histórico Español debe in- cluir un Título específico relativo al patrimonio arqueológico subacuático. A continuación, en el ámbito de sus competencias, cada Comunidad Autónoma revisaría su propia legislación para adecuarla al nuevo escenario normativo.
3. Esa nueva legislación sobre el Patrimonio
Cultural Subacuático deber resaltar la opción prioritaria de conservación in situ de dicho patri- monio, así como garantizar que cualquier autori- zación de una actividad arqueológica contribuya
60Libro Verde del Plan Nacional de Protección del Patrimonio Cultural Subacuático Español
a su protección, conocimiento y realce, exclu-
yendo proyectos donde se advierta cualquier posibilidad de explotación comercial. En este sentido, debe excluirse el régimen del hallazgo y del tesoro, así como el del salvamento marítimo, de cualquier aspecto referido al Patrimonio Cul- tural Subacuático.
4. El Patrimonio Cultural Subacuático no debe
quedar a expensas de las regulaciones sectoriales que empañen su efectiva protección. Esta pro- tección debe permitir a la administración com- petente en patrimonio cultural tomar parte en
las decisiones con respecto al uso y explotación del medio marino que, como medio de dominio público que es, debe hacer compatible la salva- guarda de la riqueza cultural que albergan sus
aguas con el desarrollo sostenible de este medio;
y en todo caso primando la conservación de estos bienes frágiles y no renovables.
Esta normativa deberá adecuarse a la Conven- ción UNESCO sobre la Protección del Patri- monio Cultural Subacuático. Debe tenerse en
cuenta que éste es un convenio de mínimos. En consecuencia, la legislación española —estatal
y autonómica— puede ser aún más protectora.
Asimismo debe incluir un completo régimen de sanciones penales y administrativas con objeto de hacer respetar el Patrimonio Cultural Suba- cuático y punir, en su caso, los delitos cometidos contra el mismo. Para ello, se estima imprescin- dible la estrecha colaboración entre las adminis- traciones estatales, autonómicas y locales com- petentes, la Armada y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
5. Las Cartas arqueológicas, cuya difusión debe
estar controlada, deben permitir la definición de
áreas extensas de protección de este patrimonio (las “zonas de servidumbre arqueológica”), con- siderando determinados espacios marítimos de
indudable interés histórico como áreas suscepti-
bles de contener yacimientos arqueológicos, don- de posiblemente se halla gran cantidad de restos arqueológicos aún por descubrir. En estas áreas será necesario llevar a cabo estudios concretos previos a cualquier clase de obra que pueda afectarlos, al mismo tiempo que habrá que de- limitar zonas de protección integral (las “zonas de protección arqueológicas”), declaradas en su caso como BIC, y donde los usos estén limitados
y totalmente controlados para evitar la afección
a los restos arqueológicos.
6. Toda actividad en el medio marino —y muy
especialmente aquéllas desarrolladas en las “zo-
nas de protección arqueológica” y en las “zonas de servidumbre arqueológica”— deben someter- se al informe de impacto arqueológico, llevado
a cabo siempre bajo la supervisión de las admi-
nistraciones públicas. Este informe debe tener siempre un carácter previo, preceptivo y vincu- lante para dichas administraciones, realizándose de forma independiente respecto del informe sobre impacto natural.
7. La Administración competente en Patrimonio
Cultural Subacuático deberá contar con técnicos especializados en arqueología subacuática, tanto para diseñar, tramitar y gestionar los proyectos de intervención arqueológica subacuática como para llevar a cabo labores de inspección. Asimismo se estima necesario que las administraciones cuen- ten con centros especializados en arqueología subacuática, desde donde se coordine esta activi- dad y se desarrollen actividades de investigación y conservación del patrimonio arqueológico, extraí- do del mar o conservado in situ.
8. La nueva legislación debe, en todo caso, faci-
litar que el público en general —y los especialis- tas en particular— puedan tener un acceso orde- nado al Patrimonio Cultural Subacuático. 
Documentos similares a Arqueología subacuática
goodkurd
Maillard, Carolina. Construcción Social Del Patrimonio
trabajo de ignacio.docx
Conta Martilleros 1ro 2019 Solución Tema 1 y 3
Mishelly Bustamante Saes
Atencion Odontologica Bb Con Discapacidad
Construcción de Índices (1)
Los derechos adquiridos frente a la admon pública
Matrices Omega
girlnai94