Source: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=CRE&reference=20090203&secondRef=ITEM-005&language=ES&ring=A6-2009-0026
Timestamp: 2018-03-20 06:14:50
Document Index: 184436380

Matched Legal Cases: ['artículo 10', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 15', 'artículo 142']

Debates - Martes 3 de febrero de 2009 - Sanciones aplicables a los empresarios de residentes ilegales nacionales de terceros países (debate)
Procedimiento : 2007/0094(COD)
Ciclo relativo al documento : A6-0026/2009
Martes 3 de febrero de 2009 - Estrasburgo Edición DO
5. Sanciones aplicables a los empresarios de residentes ilegales nacionales de terceros países (debate)
Presidenta. - De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe de Claudio Fava sobre sanciones aplicables a los empresarios de residentes ilegales nacionales de terceros países (A6-0026/2009).
Claudio Fava, ponente. – (IT) Señora Presidenta, Señorías, cuatro minutos serán suficientes para facilitarles un resumen del trabajo de dos años, un trabajo que ha sido duro, pero confío en que útil, y que ha involucrado al Parlamento junto a la Comisión, con su propuesta, y al Consejo. La esencia de este trabajo ha sido la preparación de una directiva que, por vez primera, establece sanciones para empresarios que se aprovechen del trabajo de los inmigrantes ilegales.
Creo que hemos logrado cambiar la filosofía detrás de esa directiva, que había sido constreñida únicamente a la lucha contra la inmigración ilegal. El texto de compromiso acordado con el Consejo proporciona también alguna protección a los inmigrantes forzados a trabajar de forma ilegal, quienes son, con frecuencia, rehenes de organizaciones criminales. De otro modo, señora Presidenta, habría existido el riesgo de castigarles doblemente, por un lado en su faceta de trabajadores explotados, obligados a menudo a aceptar condiciones laborales indignas, y como inmigrantes ilegales, que han de ser repatriados, lo que con la prohibición de repatriación en muchos países significa años y años.
En este contexto, en los artículos 7 y 14 hemos previsto que en los casos en los que haya menores involucrados, explotación grave o tráfico de personas, los Estados miembros estarán obligados a establecer normas para la expedición de permisos de residencia temporales, cuya duración puede prolongarse hasta que se haya pagado la remuneración que se debía. Nos habría gustado hacer extensiva esta posibilidad a todos los inmigrantes ilegales, pero eso lo impide la Directiva sobre el retorno adoptada el pasado año. Yo no estuve entre los que la apoyaron.
Sin embargo, hemos conseguido introducir una norma que permite a los Estados miembros aplicar las medidas más favorables para los inmigrantes en relación con la expedición de permisos de residencia. El artículo 10 es, a mi entender, el artículo clave. Por primera vez, prevé la imposición de sanciones penales en los peores casos, incluyendo aquellos en los que los trabajadores regulares sean menores de edad.
Creo que las sanciones adicionales establecidas en el artículo 8 son importantes. Incluyen la retirada de licencias, el cierre de establecimientos en casos especialmente graves y la exclusión de las ayudas estatales procedentes de los fondos europeos. De otro modo, seríamos culpables de una extraordinaria hipocresía: castigaríamos a los empresarios con una mano, mientras que con la otra les entregaríamos generosos subsidios.
Considero fundamental que hayamos tenido éxito en incluir una definición de remuneración que equipara el salario que se debe a un inmigrante ilegal con el de un trabajador regular, sin ninguna discriminación.
Hemos incluido a las agencias de trabajo temporal en el ámbito de la directiva. En algunos países en particular, entre ellos el mío, son estas las organizaciones que están más dispuestas a reclutar a trabajadores ilegales bajo los peores tipos de condiciones de explotación. Basta solo con pensar en los casos en los que se ha contratado a trabajadores agrícolas ilegales, lo que durante mucho tiempo ha llenado las páginas de sucesos.
Hemos logrado que los sindicatos puedan representar a los inmigrantes en las causas administrativas y civiles. El texto previamente mencionaba las terceras partes en general, pero ahora menciona a los sindicatos.
Necesitamos un periodo de rodaje para ver cómo funciona, y por ello hemos solicitado a la Comisión que informe al Parlamento y al Consejo, una vez que la directiva haya estado en vigor durante tres años, en concreto sobre las normas de inspección, los permisos de residencia, las sanciones y la subcontratación.
En materia de subcontratación, artículo 9, que fue objeto de discusión entre el Parlamento y el Consejo, y dentro del mismo Consejo, a este ponente le habría gustado ampliar la responsabilidad al conjunto de la cadena de contratación, tal y como la Comisión había propuesto originalmente. El Consejo y el Parlamento, o más bien parte del Parlamento, apostaban por la exclusión íntegra de la subcontratación, pero hemos alcanzado una solución de compromiso que me parece factible: doble responsabilidad, lo que no debería impedirnos legislar de nuevo en esta materia en el futuro. Ese es el motivo por el cual, por mi parte y en nombre de los ponentes alternativos, a quienes doy las gracias por la colaboración que me han prestado durante estos dos años, solicitaré mañana al Consejo que añada una declaración al texto de compromiso que vamos a votar, al efecto de que las disposiciones de este artículo 9 no prejuzguen ningún tipo de acción legislativa futura sobre subcontratación.
En conclusión, señora Presidenta, estimo que esta directiva nos permite vislumbrar una Europa en la que la cuestión de la inmigración ilegal se ha convertido finalmente en un asunto de responsabilidad colectiva y de derechos reconocidos, y no solo de normas contra inmigrantes.
Jacques Barrot, Vicepresidente de la Comisión. - (FR) Señora Presidenta, por supuesto me gustaría darles las gracias al señor Fava y a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior.
Se han hecho grandes esfuerzos a cargo de varios partidos para alcanzar un acuerdo en primera lectura y, dada las amplias mayorías a favor de esto en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior de hace algunos días y en el Comité de Representantes Permanentes justo antes de Navidades, creo que vamos a lograrlo.
Desde luego, este texto no satisface las ambiciones iniciales en todos los sentidos. Sin embargo, la Comisión puede apoyar este compromiso sin dudarlo. La directiva nos permite la introducción de un instrumento efectivo, un marco común para desincentivar el empleo de trabajadores de terceros países con residencia irregular.
La Comisión va a permanecer alerta respecto a las inspecciones. El texto de compromiso recomienda inspecciones de más calidad y con objetivos mejor definidos. Así que en los próximos años se verá si se han empleado esos criterios cualitativos y si ha sido realmente efectiva la obligación de los Estados miembros de identificar con regularidad los sectores de riesgo para el trabajo clandestino en su territorio. Eso es lo que queremos con la finalidad de combatir el empleo de gente de terceros países con residencia ilegal y, por encima de todo, de imponer sanciones a los empresarios que se beneficien de esa gente. Por consiguiente, el examen de la puesta en práctica de las disposiciones referentes a las inspecciones va a ser una prioridad para la Comisión en sus informes futuros en aplicación de esta directiva.
Además, hay, por supuesto, resultados positivos como consecuencia de este compromiso, en particular el consenso alcanzado sobre el difícil asunto de la subcontratación. He tomado nota de que el señor Fava espera una declaración del Consejo y del Parlamento. Personalmente, no veo ningún tipo de inconveniente.
La Comisión se alegra de que la directiva recomiende sanciones penales para los casos especialmente graves, para los que esas penas son tanto necesarias como apropiadas. Son necesarias para fortalecer el factor disuasivo ya que, en los casos más graves, las sanciones administrativas no son suficientes para desalentar a los empresarios sin escrúpulos. Y son apropiadas en un instrumento cuya intención es estar a la altura de la ambiciosa política europea de lucha contra la inmigración ilegal. En este contexto, la Comisión valora el hecho de que se haya reintroducido en el texto del compromiso final la penalización de los empresarios de víctimas de la trata.
Señora Presidenta, Señorías, esta directiva es un primer paso significativo en la lucha contra la inmigración ilegal. Pone su punto de mira en las prácticas de patronos sin escrúpulos mientras protege a los trabajadores inmigrantes, quienes, con mayor frecuencia, son las víctimas de tales casos.
Se debería adoptar y aplicar esta directiva con celeridad. La Comisión va a apoyar y acompañar este proceso convocando encuentros regulares de expertos de los Estados miembros durante la fase de incorporación para debatir cualquier cuestión que pueda plantearse. Se trata de una herramienta importante y la Comisión va a hacer todo lo que sea necesario para asegurar que se use con efectividad.
Expreso mi agradecimiento al Parlamento, al señor Fava y a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior .
Edit Bauer, ponente de opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. – (SK) Se espera que la legislación contra empresarios que empleen a inmigrantes ilegales de terceros países se convierta en un instrumento para reducir el pool factor de la inmigración ilegal. Sin embargo, por otro lado, también se puede ver su posible efecto en la mejora de las condiciones para la competencia, y yo también creo que ayudará a combatir la trata de seres humanos.
Hay un punto de vista según el cual esta legislación no aportará ningún valor añadido. Como no existe todavía a nivel comunitario ningún instrumento legislativo así, el valor añadido es alto para algunos Estados miembros, mientras que para otros, allí donde existe tal legislación, el valor añadido puede no ser evidente.
En las discusiones sobre posibles compromisos con la Comisión y el Consejo, estas se centraron en áreas específicas de conflicto. Primero: el asunto de la responsabilidad del contratista respecto a las obligaciones legales frente a los subcontratistas, donde el proyecto de propuesta limita la responsabilidad de las acciones de subcontratistas directos. Segundo: los medios para asegurar procedimientos efectivos por medio de los cuales se les pueda pagar a los inmigrantes ilegales los salarios pendientes, donde perseguimos el principio de no discriminación y buscamos una vía para facilitar la ayuda disponible a los inmigrantes ilegales y dotarles de instrumentos para recibir los salarios, incluso después de su regreso a sus países de origen. Tercero: el posible efecto de posponer la ejecución del regreso de un inmigrante ilegal hasta que esa persona perciba su salario. Aquí yo diría que ese retraso en la ejecución de una decisión así socavaría considerablemente, y posiblemente negaría el propósito de la legislación propuesta. Y, finalmente, el problema de las inspecciones se ha delegado en los Estados miembros tomando en cuenta que los inspectores de trabajo desempeñan un papel vital en la efectividad de la legislación.
No cabe duda de que hay diversas opiniones sobre cómo solucionar este o aquel problema en este proyecto. Algunas de ellas se decidirán cuando se ponga en práctica. Me gustaría terminar dando las gracias al señor Fava, al señor Comisario y a la Presidencia francesa por haber incorporado con éxito los compromisos.
Esther de Lange, ponente de opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género. - (NL) También yo querría agradecer al ponente su trabajo, sin por ello pasar por alto los esfuerzos del ponente alternativo del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, el señor Busuttil, y de la ponente de asuntos sociales, la señora Edit Bauer. Después de todo, es gracias a sus esfuerzos que el compromiso alcanzado al final consigue lo que se espera de él, es decir, alejar la perspectiva del trabajo como incentivo para la inmigración ilegal al sancionar de hecho a los trabajadores que se encuentran en la Unión Europea en situación ilegal.
Por oposición a lo que algunos partidos han intentado alcanzar en primera instancia en este Parlamento, esta legislación no se ha convertido en un instrumento para legalizar posteriormente a inmigrantes ilegales. Ciertamente, el debate sobre la inmigración legal se desarrolla en otro lugar. Como ponente de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género creo, no obstante, que se debería reflexionar más sobre cuestiones de género cuando se trate con este grupo de personas que residen en la Unión Europea ilegalmente y, como ya se ha afirmado, son con frecuencia víctimas de explotación.
Los cálculos sobre el número de personas de terceros países que se encuentran de forma irregular en la Unión Europea no son precisos y oscilan entre los 4,5 y los 8 millones. Además, esas estimaciones no facilitan información sobre la proporción de hombres y mujeres del total, ni tampoco dan una percepción respecto a los problemas específicos de género a los que se enfrentan las mujeres inmigrantes. Me gustaría llamar su atención sobre el hecho de que las mujeres inmigrantes son muy vulnerables y, con frecuencia, las víctimas del trabajo forzoso, la trata de seres humanos y la violencia. Por ello, este asunto exige una formación específica dentro de los organismos que se ocupan de tales cuestiones.
Como siempre, de lo que se trata aquí es del control efectivo. Me alegro de que el nivel de control arbitrario del 10 %, sugerido inicialmente, se haya descartado ahora y se haya incorporado un enfoque de riesgo en el texto de compromiso. Los reportajes publicados en el diario belga De Standaard el pasado verano sobre esclavos domésticos en ciertas embajadas en Bruselas, a solo un tiro de piedra del edificio Berlaymont, demuestran que esos escenarios no son descabellados. Por ese motivo, me gustaría decirle a la Comisión Europea que el movimiento se demuestra andando. Asuma su responsabilidad para verificar críticamente cómo se ocupan los países de esta legislación y si la aplican de forma efectiva.
Simon Busuttil, en nombre del Grupo del PPE-DE. – (MT) Esta ley, señora Presidenta, es probablemente una de las primeras que aborda directamente el fenómeno de la inmigración ilegal usando instrumentos legislativos, y ahora podemos decir que por fin ha llegado esta ley. Era muy necesaria y, por ello, me alegro profundamente de que hayamos conseguido alcanzar un excelente compromiso en ella. Pero, ¿qué es lo que hemos alcanzado exactamente por medio de esta norma? Lo que hemos hecho es atacar uno de los motivos principales que impulsa a la gente a recurrir a la inmigración ilegal. ¿A qué tipo de incentivo estamos refiriéndonos? Al de una persona que, por ejemplo, vive en África y podría arriesgar su vida para desplazarse a otro país pensando que allí puede encontrar trabajo, incluso ilegalmente. A partir de ahora, estamos emitiendo el mensaje evidente de que no se va a tolerar más la emigración ilegal, y de que por ello ya no tiene sentido hacer la travesía hacia Europa creyendo por error que es posible encontrar empleo aquí. A fecha de hoy, eso va a ser absolutamente imposible. Como la anterior ponente ha dicho, es importante que este instrumento no se emplee para regularizar las situaciones irregulares, sino que debería servir como mensaje claro de que no puede tolerarse más el empleo ilegal. Eso está haciéndose cumplir a través de medidas y sanciones efectivas: financieras, administrativas e incluso penales, que también sirven para enviar a los patronos el mensaje inequívoco de que no vamos a tolerar más la contratación de trabajadores sin permiso. Gracias.
Stavros Lambrinidis, en nombre del Grupo PSE. – (EL) Señora Presidenta, hemos logrado aquí, en el Parlamento Europeo, cambiar radicalmente el objetivo de la directiva que estamos debatiendo hoy. El señor Claudio Fava merece nuestro reconocimiento sobre este asunto. En primer lugar, hemos conseguido alcanzar prestaciones para el pago obligatorio de los salarios pendientes de todos los inmigrantes ilegales deportados. En segundo lugar, hemos contribuido a asegurar el establecimiento de sanciones penales estrictas y vinculantes para los empresarios de inmigrantes que trabajen en condiciones de vida inaceptables. En tercer lugar, hemos salvaguardado el derecho de los sindicatos y otros organismos a dirigirse a los tribunales en nombre de los inmigrantes y, en cuarto lugar, hemos impuesto el derecho a conceder permisos de residencia de corta o larga duración a inmigrantes ilegales que denuncien a organizaciones delictivas. En otras palabras, por fin estamos tratando a los inmigrantes ilegales como a seres humanos, sin legalizar por ello la inmigración ilegal, y por ese motivo apoyamos este compromiso.
No obstante, existe todavía en numerosos Estados miembros un desequilibrio peligroso entre el enfoque policial continuado sobre la inmigración ilegal y la realidad. Por esa razón, la aplicación de la directiva va a requerir una especial atención. Podría llevar a miles de inmigrantes ilegales a la pobreza, la creación de guetos y la delincuencia y, aunque manifiestamente no podamos o vayamos a deportarles, esos inmigrantes ilegales pueden seguir sin empleo. Si de hecho numerosos inmigrantes ilegales ocupan en la actualidad empleos que los europeos no quieren, deberíamos estar ahora debatiendo en esta Cámara sobre las normas comunes relativas a la inmigración legal hacia Europa y la legalización de esas personas, y no las normas sobre cómo deportarlas.
Por último, la lucha absolutamente necesaria contra el mercado negro de trabajo no solo concierne, obviamente, a los inmigrantes ilegales; afecta principalmente a los inmigrantes legales, a millones de ciudadanos europeos, cuyos derechos laborales son pisoteados por sus patronos a diario, afecta al hecho de que las leyes laborales también son pisoteadas, sin que haya ningún control fáctico o sanciones materiales. Por ello, la directiva que hoy discutimos debería tener como base legal, en mi opinión, la lucha contra el trabajo clandestino en Europa, no contra la inmigración en particular. Ese acoso a los inmigrantes, cada vez que algo marcha mal en Europa, es muy peligroso para la cohesión social en nuestros países. Resulta obvio que también es necesario luchar contra la inmigración ilegal, pero no debemos satanizar a la gente que huye de condiciones de vida miserables en sus países de origen con la esperanza de una vida mejor.
Jeanine Hennis-Plasschaert, en nombre del Grupo ALDE. – (NL) Durante años la Unión Europea ha tenido que vérselas con la presencia de millones de inmigrantes ilegales en su territorio, y que la presión para encontrar una solución a este problema va en aumento. Esa presión es considerable y, francamente, con toda razón. Y es que si deseamos adoptar una política migratoria manejable y fiable, que conceda derechos de protección a los refugiados y en la que podamos crear oportunidades transparentes para la inmigración legal, entonces necesitamos un enfoque que tome debida cuenta de todos los factores que estimulan y desalientan la inmigración ilegal.
El pasado verano, el Consejo y el Parlamento alcanzaron un acuerdo que se conoce como la Directiva sobre el retorno, que básicamente se centra en los propios inmigrantes ilegales, mientras que hoy dirigimos nuestra atención a los empresarios que no dudan en contratar a inmigrantes ilegales. Eso no es solo un aliciente significativo para los inmigrantes ilegales, sino que también crea casos inequívocos de abuso y explotación masiva.
A mi entender, no hay discusión posible sobre la importancia de una política europea armonizada. Después de todo, cuando ya no existen fronteras interiores el Estado miembro A podría estar preocupándose tontamente, ya que si el Estado miembro B, en el mejor de los casos, apenas aborda el asunto del empleo de los inmigrantes ilegales, entonces el clamor del Estado miembro A no será más que una voz en el desierto.
Después de un arranque bastante lento y tras unas intensas negociaciones con el Consejo, ahora tenemos delante de nosotros un compromiso que me resulta aceptable, y me gustaría darle las gracias al ponente por su modo constructivo y pragmático de trabajar. Ha sido como una bocanada de aire fresco lo cual, de hecho, no puede afirmarse de algunos de sus colegas europarlamentarios que ahora insisten, a cualquier precio, en una declaración escrita adjunta, un espectáculo para el Bühne, lo que no favorece mucho la imagen de este Parlamento.
Por añadidura, debería estar claro que depende de los Estados miembros la adopción de una acción conjunta, una vez que la directiva haya sido adoptada. Habría que aclarar que ni la Comisión Europea ni el Parlamento Europeo tienen una varita mágica a su disposición cuando se trata de mostrar firmeza o de velar por el cumplimiento de las normas. El Consejo se mostró con vehemencia en contra de un porcentaje vinculante de inspecciones, y es ahí donde precisamente radica el problema, como se ha afirmado en este Parlamento y ha dicho también el Comisario. Todo lo que ahora puedo hacer es instarles a llevar esa aplicación a la realidad para asegurar que no nos quedemos atascados una vez más en meras palabras sobre el papel, ya que la verdad es que nadie se beneficiaría de ello.
La propuesta es, de nuevo, un paso en la dirección acertada cuando consiga alcanzar una política migratoria integral. Nos queda, sin embargo, un largo trecho por recorrer, así que debemos perseverar. En este sentido, me gustaría hacer la pregunta del millón que todo el mundo ha tenido hoy en sus labios: ¿Por qué está ausente el Consejo en este debate? Francamente, eso es algo inaceptable desde mi punto de vista.
Zdzisław Zbigniew Podkański, en nombre del Grupo UEN. – (PL) Señora Presidenta, la Unión Europea no está haciendo frente a la inmigración ilegal. Hay muchos hechos que lo prueban y también podemos verlo en la exposición de motivos del señor Fava, donde se lee, entre otras cosas, que «se estima que hay entre 4,5 y 8 millones de inmigrantes ilegales en la UE, una cifra que aumenta constantemente debido sobre todo a la facilidad de acceso al trabajo ilegal» El mero hecho de que se usen las cifras de 4,5 a 8 millones pone de manifiesto que ni siquiera somos capaces de determinar con precisión la escala del problema. Y, sin embargo, la migración económica no deja de preocupar a muchos Estados miembros de la UE, en especial a los que han accedido más recientemente.
En la actualidad, millones de polacos y ciudadanos de otros países se desplazan dentro de la UE hacia los viejos Estados miembros. Esos ciudadanos están sometidos a los mismos males y se encuentran en la misma situación que los inmigrantes de terceros países. Y es que el empleo ilegal significa la explotación de los trabajadores, al tiempo que la negación de su derecho a seguro de enfermedad o pensión, y la explotación de los jóvenes e incluso la trata de seres humanos. Solo podremos superar este fenómeno cuando se impongan penas jurídicas severas y hagamos un uso consistente de ellas.
Jean Lambert, en nombre del Grupo Verts/ALE. – Señora Presidenta, apreciamos mucho tanto el trabajo del señor Fava en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior como el de la señora Bauer en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. Creo que tendremos que habituarnos en esta Cámara a un procedimiento mejorado de cooperación sobre medidas que de hecho relacionen empleo y migración.
Como ya se ha dicho, se supone que ello forma parte de la política migratoria común de la Unión Europea, que aborda el factor de atracción del posible empleo, a menudo dentro de la economía informal y entre trabajadores vulnerables y no organizados. Sin embargo, también es aplicable allí donde hay verdaderos empleos que no pueden cubrirse con el mercado de trabajo nacional y donde los Estados miembros no expiden suficientes permisos de trabajo, o donde hay una burocracia ineficaz que no puede responder con suficiente celeridad a las candidaturas de empleo en el mercado de trabajo. También existe un déficit que tenemos que cubrir para la gente a la que ya no le resulta posible regresar a su país de origen como antes, por ejemplo a Zimbabue, y a quienes, con frecuencia, se les deja jurídicamente en la miseria, y por ello necesitanbuscar una forma para sobrevivir.
La mayoría de los Estados miembros ya tienen, en teoría, medidas puestas en práctica para tratar la situación de la inmigración irregular, y ustedes podrían pensar que eso sería señal de un aparente compromiso para actuar. Sin embargo, las propuestas de la Comisión sobre inspecciones han sido realmente suavizadas en su documento original, y el Parlamento ha tenido incluso que luchar para conseguir lo que ahora tenemos en el artículo 15. Confiemos es que esas inspecciones no solo se ceben en los pequeños negocios, sino que se fijen en algunas de las empresas más grandes que cuentan de forma masiva, en el último extremo , con trabajadores vulnerables. Por ese motivo era tan importante el asunto de la responsabilidad del subcontratista para muchos de nosotros en esta Cámara. Algunos de nosotros consideramos que se nos ha dejado con lo que es, una vez más, una versión desleída de la propuesta original de la Comisión.
Ya se ha mencionado la cuestión del permiso de residencia, donde los Estados miembros pueden optar por hacer eso accesible a determinados casos graves sobre los que hayan llegado quejas. Me imagino que eso es un paso adelante, al menos desde donde se encontraban algunos Estados miembros.
Una de las cuestiones que ha preocupado a muchos de nosotros es la de la remuneración –cuando no puedes determinar cuál ha sido la duración de un contrato de trabajo–, y otras cuestiones sobre el pago del seguro y los impuestos nacionales, que sabemos que son a menudo detraídos de los salarios de los trabajadores vulnerables, pero no necesariamente entregados a las autoridades.
Para muchos de nosotros el asunto del salario por el trabajo realizado es una cuestión de principios; también se trata de que las empresas y las economías se han beneficiado y de que se supone que esto no es una medida legislativa para penalizar al inmigrante irregular. También forma parte, si se contempla esto como un elemento de una política global, de un retorno sostenible, en el sentido de que la gente va a regresar realmente con lo que ha ganado.
No tenemos la garantía de que los Estados miembros se aseguren de que se paga a la gente. Tenemos la promesa de que se pondrán en práctica los mecanismos para que se puedan formalizar las quejas, pero no de que se va a abonar el dinero. Así que no existe la seguridad de que van a hacerse los pagos. Algunos pueden opinar que las personas tienen una oportunidad y que hay un riesgo, pero cuando nos fijamos en cuestiones de dignidad humana, y cuando esto encaja en los objetivos globales de una política común de inmigración, se trata de un asunto muy serio.
Así que para mi grupo político no está claro el equilibrio de esta propuesta, ni sobre las inspecciones ni sobre la remuneración, y otras áreas han sido suavizadas. No tenemos la sensación de que los Estados miembros estén mostrando un gran compromiso y, por consiguiente, no vamos a apoyar la propuesta.
Giusto Catania, en nombre del Grupo GUE/NGL. – (IT) Señora Presidenta, Señorías, hay entre 4,5 y 8 millones de ciudadanos no comunitarios en situación irregular en Europa: esas son las cifras de la Comisión.
Este es un número totalmente insignificante: se trata de solo algo más del 1 % de la población residente en la Unión Europea. Claramente es un problema que se ha exagerado. Estamos hablando de trabajadores que realizan tareas útiles, como personal en los servicios y en la industria del turismo y, en la amplia mayoría de los casos, han sido absorbidos por el mercado de trabajo. Esos trabajadores son útiles para nuestra economía, pero son trabajadores explotados, y lo son para reducir los costes laborales y enriquecer a patronos sin escrúpulos. Son, además, trabajadores que, a menudo, desempeñan tareas que no hacen los ciudadanos de la UE.
Necesitamos a esa gente, pero han entrado en Europa de forma ilegal simplemente por una razón, a saber, porque no tienen una manera legal de hacerlo. Lo mismo le pasaba a la gran mayoría de ciudadanos cuya situación es ahora legal, pero que accedieron a la Unión Europea de forma ilegal.
Lo que se necesitaba era otra medida: una que regularizase la situación de millones de personas. Lo que se necesitaba era una medida para liberarles de la esclavitud, el chantaje y la explotación. En cambio, tenemos una directiva que continúa donde la Directiva sobre el retorno lo dejó. Primero decidimos sobre los procedimientos de expulsión, hoy estamos decidiendo sobre el área de captación potencial para las expulsiones y estamos incluso especificando quién va a costearlas. Con esta directiva, los explotados pagan más que los explotadores. Por desgracia, no hay previsión para una medida de regularización general, ni incluso para los que denuncian su propio estatus, o para quienes denuncian a sus explotadores o el delito que se está cometiendo. Esa gente pasa directamente de ser explotada en el trabajo ilegal a ser expulsada
Necesitábamos algo diferente. Se requería una medida para favorecer la legalidad y no la criminalización de los que trabajan aquí de forma ilegal. Necesitábamos una medida para poner freno a la xenofobia. Ayer, el ministro italiano de Asuntos Exteriores dijo concretamente: «Tenemos que ser duros con los inmigrantes ilegales». En otras palabras, tenemos que ser duros con los vulnerables. Yo creo que estamos promoviendo esa especie de actitud xenofóbica con esta directiva.
En la Unión Europea necesitamos inmigrantes, la Comisión misma calcula que unos 50 millones hacia 2060, porque nos encontramos en medio de una crisis demográfica, pero nada hacemos para ayudarles a entrar. Por el contrario, estamos armonizando el sistema de expulsión y hoy vamos a decidir expulsar a aquellos que están aquí ilegalmente, incluso si se trata de trabajadores ya absorbidos en el mercado laboral europeo.
Creo que los efectos de esta directiva van a ser devastadores porque va a hacer de los inmigrantes y del mercado de trabajo algo todavía más clandestino y va a incrementar los delitos de explotación de patronos sin escrúpulos.
Nigel Farage, en nombre del Grupo IND/DEM. – Señora Presidenta, la inmigración ilegal es un problema que resulta agravado por la libre circulación de las personas. Sin embargo, la ola actual de inquietud que se extiende rápidamente por el Reino Unido es, por supuesto, producto de la inmigración legal y de las propias reglas de la Unión Europea.
Durante 20 años, los sindicatos británicos, seducidos por Jacques Delors, han creído que la Unión Europea defendía sus intereses. Bien, ahora han caído en la cuenta y percibido que el gobierno británico es incapaz de anteponer los intereses nacionales.
Me temo que la situación va a empeorar bastante. A medida que nos metemos en una serie de proyectos con gastos públicos enormes, como los Juegos Olímpicos y la construcción de viviendas de protección oficial, miles de trabajadores europeos están listos para beneficiarse. No se pueden garantizar los empleos británicos para los trabajadores británicos todo el tiempo que estemos dentro de la UE. La perspectiva de contribuyentes británicos financiando a trabajadores extranjeros es, francamente, inaceptable.
Pero el gobierno se mantiene firme diciendo que la Unión Europea es algo maravilloso. Bien, no es sorprendente, ¿o sí o es? Lord Mandelson todavía recibe 78.000 libras esterlinas al año de la Comisión Europea y, por supuesto, obtendrá una pensión dependiente de ello en apenas unos años: un conflicto de intereses como nunca había visto antes.
La gran preocupación ahora es si la extrema derecha xenofóbica va a beneficiarse. Nosotros tampoco queremos eso. Nosotros, en el United Kingdom Independence Party (UKIP) (Partido de la Independencia del Reino Unido) , vamos a presentar un programa no racista a los británicos de cara a las elecciones europeas, diciéndoles que ya es tiempo de poner primero los intereses británicos. No somos proteccionistas, pero queremos que se actúe con sentido común. Queremos controlar nuestras propias fronteras y decidir quién vive, trabaja y se establece en nuestro país.
Andreas Mölzer (NI). – (DE) Señora Presidenta, la esperanza de conseguir un empleo bien pagado ejerce un gran poder de atracción en todo el mundo. En particular, en tiempos de dificultades la economía sumergida empieza a crecer, lo que por supuesto impele a muchas personas a arriesgar sus vidas en busca de una tierra de abundancia. Para nosotros es importante poner de manifiesto que no se va a tolerar más el empleo ilegal.
No obstante, el reciente informe sobre derechos humanos fundamentales presenta una serie de problemas al respecto. El informe indica que se bonifican las violaciones de los requisitos de acceso a la UE al concedérseles a los inmigrantes más protección que a los europeos, cuya identidad y armonía social se encuentran amenazadas por la inmigración masiva. En el futuro se banalizará la inmigración ilegal si se contempla a cada inmigrante ilegal simplemente como a una persona sin permiso de residencia válido.
Con todo, no debemos olvidar que los inmigrantes sin permiso de residencia al final tendrán que ser expulsados. Para nosotros es importante descartar incentivos como la legalización en masa o la perspectiva de encontrar empleo. Además, tenemos que negociar acuerdos efectivos sobre deportación con los países de origen. También hay que desarrollar de una vez la organización de vigilancia fronteriza FRONTEX para que pueda desplegarse de forma eficaz.
Marian-Jean Marinescu (PPE-DE). – (RO) La actual directiva ayuda a consolidar la política común sobre inmigración ilegal y es el primer peldaño en el combate del empleo ilegal mediante la imposición de sanciones financieras a los empresarios. Debería recordarles, no obstante, que todos los Estados miembros tienen leyes nacionales que regulan el trabajo ilegal y la elusión de derechos fiscales e impuestos. La aplicación de esas leyes ayudaría a identificar el empleo de inmigrantes ilegales.
Por esa razón, creo que es importante para nosotros disponer de una regulación adecuada, pero todavía es más importante para los Estados miembros asegurar la aplicación estricta de esa regulación. Doy la bienvenida a las disposiciones del texto final sobre sanciones proporcionales al número de empleados ilegales, así como sobre la imposición de pequeñas multas cuando el empleador sea una persona natural y el empleado ofrezca servicios personales o haga tareas domésticas y las condiciones de trabajo no puedan considerarse de explotación.
Las negociaciones entre el Parlamento Europeo y el Consejo han servido para especificar el concepto de subcontratista, al que se le puede exigir responsabilidad, y para establecer la cantidad de salarios con efecto retroactivo que el empleador tiene que satisfacer. Soy de la firme opinión de que la aplicación de esta directiva mejorará la situación en lo relativo a las preferencias de la Comunidad cuando se asignen empleos.
También considero que su aplicación debería ser un motivo adicional para que los Estados miembros eliminen las restricciones del mercado laboral impuestas a los ciudadanos europeos, a la vista de que una limitación de la posibilidad de emplear a inmigrantes ilegales supondrá nuevas oportunidades laborales para que la UE contrate a sus propios ciudadanos.
Inger Segelström (PSE). – (SV) Me gustaría comenzar dando las gracias a Claudio y a todos los demás que han hecho posible este informe. En anteriores debates sobre la futura política de asilo, refugiados y migración nos centramos básicamente en las personas que se encuentran aquí de modo ilegal, en los que tienen una buena educación y obtuvieron permiso para venir aquí, o bien en los que son simplemente pobres y desean mantener a sus familias y quieren poder venir aquí.
Pero ahora estamos desplazando la responsabilidad hacia los empresarios que contratan a gente sin documentación. No habría tanta gente permaneciendo aquí sin documentos si no hubiese siempre patronos irresponsables dispuestos a pagarles y explotarles. A mí me parece bastante correcto imponer sanciones e introducir requisitos de información para los empleadores, y si un empresario ha explotado a alguien, habría que pagar una compensación, incluso si esa persona ya ha regresado a su país.
Hay, sin embargo, una propuesta contra la que habría votado si no hubiese habido una votación en la comisión. Se trata de la propuesta en la que la mayoría introduce normas menos rigurosas para el trabajo en el hogar. En mi caso, se trata aquí de una cuestión de igualdad, ya que han sido mujeres, en la mayoría de los casos, quienes trabajan en el hogar a cambio de salarios bajos. Ese colectivo lo ha tenido más difícil que las personas que están en puestos de trabajo con varios empleados, pero veo esto como un primer paso.
Me dolió escuchar en las noticias de hoy que el gobierno conservador sueco mantiene una opinión negativa sobre este informe, que tiene el propósito de apoyar a las empresas responsables y penalizar a las que explotan a trabajadores indocumentados.
Por último, manifiesto mi preocupación sobre las opiniones que hemos recibido de los sindicatos en referencia a este informe. Confío en que seamos capaces de solucionar estos asuntos antes de que se adopte una decisión. Las mismas normas deben ser de aplicación para todos los empresarios, como la responsabilidad compartida relativa a los contratos de trabajo, pues de lo contrario estaríamos introduciendo lagunas y estimulando la picaresca.
Ignasi Guardans Cambó (ALDE). - (ES) Señora Presidenta, la mejor manera de proteger una inmigración ordenada y asumible por nuestra sociedad –asumible en términos económicos, asumible en términos sociales– es luchar también contra el trabajo ilegal.
No luchar contra los inmigrantes ilegales, porque detrás de cada uno de ellos hay un drama, pero sí contra el fenómeno de la inmigración ilegal como única forma de justificar y organizar realmente una inmigración ordenada y, más todavía, en los tiempos que corren ahora.
Y eso, obviamente, debe hacerse no sólo en la demanda de empleo sino en la oferta. La lucha contra la inmigración ilegal no se realiza sólo con controles policiales en los metros de Londres o de Madrid, sino que se realiza también en las oficinas de recursos humanos de muchas empresas que contratan a trabajadores ilegales para explotarlos y dejarles sin derechos.
Por tanto, es por eso por lo que damos la plena bienvenida a esta directiva. Una directiva que pone en su contexto las obligaciones del empresario y, ciertamente, las sanciones que se han de imponer al empresario que se convierte en explotador de trabajadores sin derechos para su propio beneficio.
Es una directiva equilibrada. Hay que felicitar al ponente por haber logrado un buen compromiso y un buen equilibrio en ese ámbito.
Yo querría destacar aquellos artículos que protegen los derechos del trabajador que ha sido explotado. Lo protegen para que pueda denunciar la situación en la que está. Lo protegen garantizando que podrá cobrar aquello que había sido suyo, sin que de eso se derive, ciertamente, un derecho a permanecer. Pero aquel trabajo que se ha hecho de forma ilegal, sin seguridad social, sin cobrar lo que hubiera correspondido, obviamente será remunerado con independencia del estatuto laboral de ese trabajador que estaba trabajando sin permiso.
Las sanciones son, ciertamente, adecuadas y proporcionadas. Es muy importante el compromiso sobre la subcontratación, al que ya ha hecho referencia el ponente en su intervención, es muy importante en la práctica –y de eso es de lo que estamos hablando–.
Y sólo una última mención, me parece que el plazo de aplicación de la directiva, de veinticuatro meses, es excesivo. Sé que no se podrá cambiar, pero veinticuatro meses es demasiado tiempo, habría que acortarlo si fuera posible.
Ewa Tomaszewska (UEN). – (PL) Señora Presidenta, el empleo de nacionales de terceros países en situación irregular en la Unión Europea hace imposible la competencia leal y les niega también a los empleados afectados la protección adecuada.
Primero y ante todo estoy pensando en condiciones de trabajo seguras y en la protección social en caso de accidente laboral. El número de inmigrantes ilegales en la UE se estima en una cifra que oscila entre los 4,5 y los 8 millones, y donde con más frecuencia se les encuentra es en la construcción, la agricultura, el turismo y los sectores hotelero y de servicios. Los casos de trabajo en situación de esclavitud suceden en condiciones de explotación y trabajo infantil. El empleo ilegal desempeña un papel destacado en la reducción de los estándares de calidad laboral.
Ese es el motivo por el que es tan importante el derecho de los sindicatos a representar los intereses de esos trabajadores. Es el empresario quien decide si contrata a una persona en situación irregular, así que es el empresario quien debería estar sujeto a sanción por infringir la ley. Se necesita una política coordinada por parte de todos los Estados miembros para afrontar cada aspecto del trabajo ilegal.
Mary Lou McDonald (GUE/NGL). – Señora Presidenta, hay una urgente necesidad de proteger a los trabajadores de la explotación en los tiempos actuales de trauma económico, y es irrefutable el argumento para asegurar que los términos y condiciones de los trabajadores europeos no se reducen sistemáticamente debido a la explotación de trabajadores inmigrantes vulnerables. La responsabilidad de ello compete directamente a los gobiernos y autoridades de los Estados miembros.
Mientras los Estados miembros necesitan tomar medidas para regularizar la inmigración, yo lamento muchísimo que el fundamento legal de esta propuesta sea la lucha contra la inmigración ilegal. La verdadera batalla es contra los patronos pícaros y explotadores, y lo que ahora necesitamos es una agenda a favor del trabajador, no en contra del inmigrante.
El imperativo político y económico debe ser el freno de la explotación de los inmigrantes irregulares, no el castigo de los patronos pícaros, ni hacer de los trabajadores un chivo expiatorio o penalizarles, ya sean inmigrantes o tengan cualquier otro estatus. No debería ser competencia de la UE el recurso a las sanciones penales de esta propuesta, y los que esgrimen que la expulsión de los trabajadores inmigrantes es la solución a la explotación van desencaminados. Esta directiva no encuentra el equilibrio adecuado.
Johannes Blokland (IND/DEM). - (NL) Han pasado ya dos años desde que el Comisario Frattini desveló los planes para afrontar la cuestión del empleo ilegal, que conlleva un flujo constante de inmigrantes irregulares en busca de trabajo en la Unión Europea. Esa situación está degradándose y se le debería poner freno.
Señora Presidenta, me permito, no obstante, discrepar con el ponente respecto a la cuestión de si la Unión Europea debería involucrarse en cuestiones de Derecho penal. No estoy a favor de incluir leyes penales entre las competencias de Europa. Al contrario, lo que se necesita aquí es un método abierto de coordinación. Por ello, me entusiasma el hecho de que la propuesta de compromiso reformada sea prudente acerca de la aplicación de leyes penales. Las sanciones financieras son suficiente incentivo para ser cuidadoso en la selección de los empleados. Confío en que las inspecciones de los negocios animarán a los Estados miembros a remitirse a las leyes penales.
Philip Claeys (NI). - (NL) Hay que alegrarse de la introducción de una directiva que va a penalizar a los empresarios de inmigrantes ilegales. Con buen fundamento se afirma que la posibilidad de encontrar un empleo en la Unión Europea es un factor de atracción para la inmigración ilegal. Sin embargo, deberíamos ser coherentes y abordar otros aspectos que atraen a los inmigrantes. El más importante de ellos es la impunidad con la que los extranjeros pueden entrar en Europa de forma ilegal. Hay, de hecho, Estados miembros que recompensan a los extranjeros ilegales. Las regularizaciones masivas en España, Italia y Bélgica, entre otros países, son un buen ejemplo.
También está luego la hipocresía de las llamadas regularizaciones individuales basadas en motivos humanitarios. Solo en año pasado hubo no menos de 12.000 en un país tan pequeño como Bélgica. Se debería deportar a los inmigrantes ilegales, no regularizarles, ya que, ciertamente, cada inmigrante irregular regularizado atrae a una multitud de nuevos inmigrantes. Cada Estado miembro que les regulariza lo hace así por el resto de Estados miembros. Por ello, no es suficiente con abordar a los empresarios. Debemos enfocar la inmigración ilegal en todo su contexto.
Carlos Coelho (PPE-DE). – (PT) Señora Presidenta, señor Barrot, Señorías, durante esta sesión plenaria hemos adoptado varias medidas tendentes a la creación de una política de inmigración coherente e integrada. Esa política común deberá, por un lado, implicar la apertura de canales legales de inmigración e integración de esos inmigrantes en las sociedades de acogida. En ese sentido, aprobamos hace dos meses la Directiva sobre la tarjeta azul europea y la Directiva por la que se establece un procedimiento único de solicitud de un permiso único que autoriza a residir y trabajar en el territorio de la UE.
Paralelamente, tenemos que luchar eficazmente contra la inmigración ilegal, así como contra todas las formas de delincuencia con las que está asociada. Esta iniciativa busca combatir los factores de atracción de la inmigración ilegal para el espacio europeo y poner fin a las situaciones de explotación de los trabajadores ilegales. Es importante que los que intenten entrar en el espacio europeo a cualquier precio, a veces al precio de su propia vida, comprendan que solo existe una vía posible, que es la inmigración legal, con todos los derechos y oportunidades que le son inherentes. Se estima que se encuentran entre 5 y 8 millones de inmigrantes en situación irregular en la Unión Europea: una gran parte realiza un trabajo poco cualificado, bastante mal pagado y, a veces, en situación de profunda explotación. Felicito al ponente Claudio Fava y, de forma especial, a mi colega Edit Bauer por el trabajo realizado y por el compromiso obtenido.
Por ello, estoy de acuerdo con la lucha contra el trabajo ilegal en toda la Unión Europea. Con esta Directiva se pretende asegurar que todos los Estados miembros puedan introducir sanciones similares para los empleadores de inmigrantes clandestinos y que se cumplan de forma eficaz. Podrán imponerse tres tipos de sanciones: financieras, administrativas y penales, de acuerdo con la gravedad de la situación. También se les exigirá a los empleadores que tomen medidas preventivas y procedan a controles de verificación del estatus migratorio de esos individuos para evitar el empleo de trabajadores en situación irregular en la Unión.
Wolfgang Kreissl-Dörfler, (PSE). – (DE) Señora Presidenta, en primer lugar querría felicitar a mi colega, el señor Fava, por este informe y el acuerdo que se ha alcanzado en el encuentro a tres bandas. Por supuesto, siempre es posible pedir y alcanzar más. Con todo, el hecho de que por fin se haya reconocido dentro de la Unión Europea que a los inmigrantes ilegales detenidos hay que concederles derechos y protegerles frente a la explotación, representa un importante paso adelante.
Desde luego, ello forma parte de una política integral sobre migración e inmigración. Eso está fuera de toda duda. No obstante, hay un aspecto que no comprendo. Mientras los Verdes –Jean Lambert ya no está aquí– o la izquierda de la llamada ala comunista, como Giusto Catania, mantienen que esto no va a funcionar, que una vez más ha terminado en nada, que nada puede hacerse, me gustaría decir que de nada sirve prometerles a las personas que viven en una situación así un menú de cuatro platos, para luego ser incapaces de darles su pan de cada día. Eso es cobarde y poco útil. He de preguntarme qué es lo que quieren realmente los Verdes si siempre votan en contra de medidas que mejorarían la situación de la gente. Ya hemos visto esto en el caso de muchos informes y acciones.
Además, no hay nada que pueda impedir a los Estados nacionales establecer auténticos controles, imponer multas y excluir a las empresas que contraten a inmigrantes ilegales de los subsidios y los fondos nacionales y de la UE.
Me gustaría ver aplicado a los evasores de impuestos y a los que trabajan en el mercado negro el mismo estricto planteamiento que los Estados miembros emplean a veces en el caso de los inmigrantes ilegales. Desde luego, debemos dirigirnos a nuestros colegas en los parlamentos nacionales para animarles a exigir la concesión a los inmigrantes de los derechos por los que nos hemos decidido hoy aquí. Hay, ciertamente, una cosa de la que podemos estar seguros. Si alguien está empleado de forma ilegal porque ya no puede sobrevivir en su propio país, esa persona no tiene la opción de ir a la policía y referir que está siendo explotada. De modo análogo, una mujer que ha sido violada no puede informar del delito. Tanto el uno como la otra saben que si acuden a las autoridades, serán deportados.
Ese es el motivo por el que vamos a votar a favor de este informe. Representa el primer paso en la dirección adecuada.
Alexander Alvaro (ALDE). – (DE) Señora Presidenta, señor Vicepresidente de la Comisión, yo creo que lo que ha dicho el señor Kreissl-Dörfler es cierto. Me gustaría darle las gracias al señor Fava por su informe y el excelente trabajo que ha hecho.
El informe deja claro que se ha de responsabilizar equitativamente a las dos partes que están involucradas en el empleo ilegal, lo que generará un equilibrio jurídico. Hay que sancionar y prohibir el empleo ilegal en todos los Estados miembros.
Debe hacerse responsables a los empresarios del mantenimiento de esta prohibición, pero es tarea de las autoridades competentes efectuar el control del cumplimiento de la prohibición e imponer las sanciones. La cuestión más importante es proteger de la explotación a la gente que se encuentre en esas relaciones laborales.
El establecimiento de sanciones penales representa ciertamente un paso adelante. No obstante, las autoridades tienen que poner en práctica más controles y perseguir a los sospechosos de cometer delitos. El informe es un compromiso entre el Consejo y el Parlamento Europeo, y especifica unos parámetros mínimos.
Con todo, no resulta estimulante la perspectiva de los Estados miembros reforzando o debilitando los requisitos. Hemos dado el primer paso adelante.
Ahora deberíamos completar juntos el recorrido. Creo y puedo decir, al menos en mi propio nombre y en el de algunos sectores de mi grupo, si no en nombre de la mayoría, que podemos respaldar este informe con la conciencia tranquila.
Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL). – (EL) Señora Presidenta, la directiva que estamos examinando afecta a uno de los aspectos más básicos del desarrollo y la sostenibilidad económica de nuestros países. Tiene que ver con el empleo ilegal, que con frecuencia conduce a la compresión salarial y la reducción de los ingresos estatales, con todas las dificultades concomitantes en la aportación de beneficios, y a una reducción en la capacidad operativa del estado de bienestar. Priva a los empleados del acceso al seguro social y otros tipos de seguros, a las pensiones e incluso a los organismos responsables de la protección de las condiciones que prevalecen en su lugar de trabajo.
Lamentablemente, el empleo ilegal forma parte del sistema actual, lo que ha resultado en una crisis económica mundial que necesitamos afrontar con medios que contribuirán a salvaguardar no solo medidas terapéuticas, sino también medidas correctivas, de tal manera que se asegure la prosperidad a largo plazo. Entre ellas, nosotros estimamos que la lucha contra el trabajo ilegal no debe examinarse de un modo anárquico. Las medidas propuestas para garantizar un enfoque más humano sobre la cuestión de la inmigración no nos satisfacen. Tengamos cuidado, por tanto, en no transformarlas en asuntos repetidos.
Panayiotis Demetriou (PPE-DE). – (EL) Señora Presidenta, el ponente, Claudio Fava, y los ponentes alternativos se han hecho acreedores de nuestra más cordial felicitación. Han conseguido alcanzar un excepcional compromiso con el Consejo, con la ayuda, por supuesto, del Vicepresidente, el señor Barrot, a quien también felicito. Por fin se ha conseguido que la directiva sobre imposición de sanciones a empresarios de inmigrantes ilegales haya avanzado hasta la fase de aprobación final. Creo que la directiva, en la formulación actual, va a servir de modo efectivo al objetivo de combatir el empleo de inmigrantes ilegales. Esta es la primera ocasión en que la Unión Europea dirige su atención en la dirección correcta, hacia la gente que explota a inmigrantes ilegales, hacia los empresarios que infringen la ley. Finalmente, se ha penalizado el trabajo de inmigrantes ilegales. Las sanciones penales y de otro tipo que prevé la directiva van a actuar, estoy seguro de ello, como elemento disuasorio que servirá para limitar y prevenir la inaceptable explotación de inmigrantes ilegales. La directiva contempla sanciones múltiples, equilibradas y realistas. Confío en que resulten eficaces. A pesar del hecho de que se trata a los inmigrantes ilegales como víctimas y de que la directiva les ampara, también se les envía un mensaje disuasorio en el sentido de que ya no va a resultarles fácil encontrar empleo y de que, por consiguiente, no va a ser atractivo conseguir trabajo, incluso en condiciones favorables. Sin embargo, hay que tener un especial cuidado con todos los inmigrantes ilegales que ya se encuentran en la Unión Europea. En Chipre, mi país, donde la inmigración ilegal en un problema enorme, el empleo ilegal estaba penalizado desde hace ya tiempo. Sin duda, no se ha erradicado el trabajo ilegal, pero sí se ha conseguido limitarlo. De todos modos, con las múltiples sanciones previstas en la directiva y el sistema que se ha incorporado de inspecciones a empresarios, ciertamente va a mitigarse el problema del empleo de inmigrantes ilegales y de la inmigración ilegal.
Catherine Boursier (PSE). - (FR) Señora Presidenta, Señorías, querría darle las gracias al señor Fava por el notable trabajo que ha hecho durante los últimos meses para presentar este equilibrado texto.
No era una tarea sencilla y el camino estaba sembrado de escollos. No obstante, creo que los resultados son positivos y voy a mencionar tres aspectos en particular.
La sanción es, en este caso, aplicable al empresario que delinque, mientras que al inmigrante se le considera la víctima. Al margen de las sanciones económicas, se recomiendan las sanciones penales para los que reincidan en el delito, por tráfico de seres humanos o explotación de menores. Estimo que las sanciones penales son esenciales y también que depende de nosotros que se efectúen controles regulares para asegurar la efectividad de esta directiva.
Otro aspecto positivo destacable es el pago automático a los trabajadores de salarios pendientes. Y por fin, las asociaciones y sindicatos asumen la defensa de los intereses de los trabajadores que viven en un país de forma irregular, de tal manera que estos puedan informar sobre un patrón deshonesto sin temor a la subsiguiente persecución.
No cabe duda de que al igual que con otros muchos textos podríamos haber ido más lejos, pero ¿debemos poner en riesgo la posición de compromiso alcanzada cuando este documento va a permitir importantes avances en la protección de los trabajadores y de su dignidad?
Necesitamos respaldar un punto de vista equilibrado sobre la cuestión de la inmigración y reconocer que esta es más que necesaria para el mercado laboral y va a seguir siéndolo, dadas las previsiones demográficas para el futuro.
En este contexto, es por tanto fundamental afirmar que el modelo que queremos es uno en el que se contemple a los trabajadores inmigrantes como a personas de pleno derecho, que disfrutan de los mismos derechos que los trabajadores de los Estados miembros.
Por todo ello, debemos movilizarnos para defender esos derechos, y por ese motivo creo que hay que respaldar este informe, porque es el paso decisivo hacia la introducción de unos estándares mínimos y para la lucha contra el trabajo ilegal y la explotación de los trabajadores inmigrantes.
Olle Schmidt (ALDE). – (SV) Sabemos que cada vez más gente se oculta dentro de las fronteras de la UE. Sabemos que, en el futuro próximo, la UE va a necesitar un número creciente de trabajadores inmigrantes. También sabemos que miles de personas tratan cada semana de encontrar una vida mejor en Europa. Muchos de ellos perecen en su trayecto hacia nuestro continente. Sabemos que muchas personas indocumentadas sufren explotación y viven en condiciones miserables. Eso es indigno de la Unión Europea. Entre los valores universales que la Unión Europea quiere propagar por el mundo se incluye el derecho de cada persona a una vida digna. Aquí lo que hay es una paradoja vergonzante.
El hecho de que la UE deba tener una política migratoria y de asilo común es razonable, pero no significa que los países que quieren mantener una línea dura y dar caza a la gente de diversas maneras deban ser los que tomen las decisiones. Ello reduciría las posibilidades de hallar una vida decorosa en Europa. Al mismo tiempo, es importante que los empresarios taimados, que explotan a la gente en una posición vulnerable, sepan que pueden imponerse sanciones en todos los rincones de la UE.
Admito que el informe supone un acto de equilibrio complejo, y me siento próximo al razonamiento del señor Catania con respecto a esa reserva. Sin embargo, el compromiso es un paso en la dirección adecuada, incluso a pesar de que tengo opiniones determinadas, por ejemplo sobre el alcance de las obligaciones de los patronos de informar.
Me gustaría decirle a la señora Segelström que en Suecia no tenemos un gobierno conservador, sino un gobierno de cuatro partidos con fuertes elementos liberales.
Maria da Assunção Esteves (PPE-DE). – (PT) El informe Fava constituye un momento de progreso y humanización en las leyes migratorias. Nos proporciona una tranquilidad moral que nos debíamos desde la Directiva de Retorno. La prohibición general de emplear a los inmigrantes ilegales no solo previene la ilegalidad endémica de la inmigración, sino que, por encima de todo, evita el potencial para la explotación y el aprovechamiento de la miseria humana que generalmente va ligado a este tipo de trabajo.
El primer aspecto fundamental del informe Fava está en la negación de la perspectiva de la inmigración ilegal fundamentada en una fácil pero inadmisible condena del inmigrante, y contrapone una respuesta sistémica que corresponsabiliza equitativamente al Estado y al patrón. Hasta la fecha, el mayor error de las políticas de inmigración ha sido la carencia de una respuesta justa para la condición dramática del inmigrante irregular, con el peso del sistema penal cayendo sobre él, en su condición de culpable más que de víctima.
El segundo aspecto fundamental del informe es que trae al espacio público europeo una ética de responsabilidad compartida entre el Estado y las empresas. La obligación de supervisión del empresario, de controlar la residencia del trabajador, tiene el valor de una competencia atribuida al sector privado, algo que la Unión Europea ha experimentado rara vez. Una competencia que aplaudimos porque la defensa de la legalidad y la ética pública no solo incumbe al Estado, sino a todos. El informe entra, por ello, en las fronteras de un nuevo método político que otros informes deberán seguir.
El tercer punto, y casualmente el más fundamental, es esa separación crucial de la obligación de pago de los salarios del problema relativo a la legalidad de la residencia. Constituye un simple dictado de moral universal, que establece que la humanidad tiene prioridad sobre las normas del sistema jurídico y se superpone a ellas.
Enhorabuena por ello, señor Fava.
Javier Moreno Sánchez (PSE). – (ES) Señora Presidenta, en primer lugar quiero agradecer a nuestro ponente, Claudio Fava, su gran labor para alcanzar una posición común con el Consejo, que incluye muchas mejoras propuestas por nuestra Cámara.
Con esta directiva demostramos de nuevo nuestro compromiso con la construcción de una política migratoria común, basada en un enfoque global. El planteamiento de esta directiva es claro: luchar contra las mafias, castigar a los empleadores sin escrúpulos y proteger a los inmigrantes explotados que no cuentan con ningún tipo de protección social.
Queremos que desaparezcan los sueldos de miseria injustos para los inmigrantes y que, además, distorsionan los salarios medios, especialmente en sectores como la construcción, el campo, el servicio doméstico o la hostelería.
Estas medidas necesitan de una gran valentía y voluntad política, ya que hay muchos intereses creados y mucho dinero que se mueve en la economía sumergida. Precisamente en tiempos difíciles es más importante que nunca gestionar con inteligencia los flujos migratorios, con generosidad pero con responsabilidad.
Lo fácil sería caer en la tentación de no tratar de atajar la economía sumergida. No podemos mirar hacia otro lado y dejar a unos ocho millones de inmigrantes irregulares en situación de indefensión con condiciones laborales próximas a la esclavitud.
Señorías, si queremos que esta directiva sea efectiva, son necesarias inspecciones rigurosas y sanciones económicas e, incluso, penales en los casos más graves, que conllevan un efecto disuasorio para los empresarios.
Conseguiremos así reducir la bolsa de economía sumergida y cortar el incentivo migratorio que genera la posibilidad de trabajar irregularmente. Debe quedar claro que la única opción para trabajar en Europa es la vía legal. Por ello queremos seguir adelante con el enfoque global y pedimos a la Comisión, señor Comisario, señor Barrot, que presenten cuanto antes las nuevas «tarjetas azules» para las demás categorías laborales.
Marek Aleksander Czarnecki (ALDE). – (PL) El resultado de un acceso fácil al trabajo ilegal es que hay varios millones de inmigrantes ilegales en la Unión Europea. El empleo ilegal, muy a menudo en condiciones de explotación, conduce a reducciones del nivel de los salarios en el sector implicado y también pone en peligro la competencia entre empresas. Además, los trabajadores que no están registrados no se benefician de un seguro sanitario ni del derecho a pensión. Por tanto es esencial establecer unos mecanismos que permitan a los trabajadores explotados presentar quejas contra los empleadores, de forma personal o a través de la empresa de un tercero.
También dirigiré su atención sobre el hecho de que la directiva también debería incluir en su ámbito a los trabajadores que son residentes legales de la UE, en particular, ciudadanos de los Estados miembros que accedieron a la UE en 2004 y 2007, y que todavía están sujetos a disposiciones de transición que les restringen el acceso al trabajo legal.
Marie Panayotopoulos-Cassiotou (PPE-DE). – (EL) Señora Presidenta, Señor Vicepresidente de la Comisión, la propuesta de hoy forma parte de un intento global de encontrar una solución a la política de inmigración en la Unión Europea que, por supuesto todos debemos aceptar, huele a deshonestidad. Deshonestidad porque estamos intentando corregir ciertos aspectos de esta política con la tarjeta azul, con la decisión de eliminar a los trabajadores ilegales, con la decisión de hoy de castigar a los empleadores de inmigrantes ilegales, pero estos son sólo algunos de los aspectos del problema que estamos intentando corregir.
Por supuesto, no podemos entender cómo un trabajador ilegal acepta un trabajo y la persona que lo contrata para cubrir su residencia y los costes de supervivencia es a quien se castiga en última instancia. Es una contradicción lógica que necesitamos cubrir con los términos impuestos por el trabajo honrado. La legislación de los 27 Estados miembros prohíbe el trabajo ilegal y no declarado, especialmente con la dualidad absurda que tenemos aquí de entrada ilegal al Estado miembro y explotación ilegal. El problema es, por tanto, complicado y el compromiso adquirido tiene, por supuesto, muchos agujeros. Uno de ellos tiene que ver con los empleados que la gente usa principalmente, digamos, por razones caritativas y, por supuesto, proporcionan trabajo, pero al mismo tiempo encuentran un modo de vida. ¿Qué será de ellos? ¿Cómo vivirán el resto de su vida dentro del marco de su ilegalidad forzada, dado que los países vecinos no han aceptado el retorno de los inmigrantes?
Donata Gottardi (PSE). – (IT) Señora Presidenta, Señor Comisario, Señorías, como bien sabemos en esta Cámara, los compromisos deben analizarse separando los pros y los contras y alcanzando un juicio global que cargue con las restricciones y el contexto legislativo y político.
Respecto al campo del empleo, un elemento destacado de la directiva que será sometido a votación mañana, nuestro juicio es positivo en muchos aspectos. Algunos puntos positivos son la introducción de una definición de remuneración que posibilite la comparación con las relaciones legales de trabajo; la reducción de las cargas de procedimiento de las sanciones por trabajo doméstico o de cuidados; y la relación y el refuerzo de las disposiciones de la Comunidad que protegen a las víctimas del tráfico y la explotación, en particular a los menores. También es importante la tarea de no considerar como precedente la disposición sobre la subcontratación.
Quedan dudas sobre la responsabilidad en la cadena de empleadores y sobre las dificultades a las que se enfrentan los trabajadores para recibir los pagos que se les deben antes de dejar el país. El tema no es del todo confuso, pero, como esta directiva está fuertemente ligada a la Directiva sobre el retorno, no puede hacer mucho respecto a la situación de los trabajadores ilegales y los empleadores que no han podido encontrar una ruta de empleo legal.
La confianza que tengo en que decidiremos adoptar este documento tras la primera lectura no se reduce si señalo un par de riesgos: el riesgo de que el trabajo del Parlamento seguirá sufriendo la presión de los gobiernos nacionales y el riesgo de que estaremos reforzando la apariencia de «madrastra malvada» de Europa.
Patrick Gaubert (PPE-DE). – (FR) Señora Presidenta, este proyecto de directiva es de gran importancia en la lucha contra la inmigración ilegal y ha resultado esencial para la introducción de una política común sobre inmigración. Todos somos conscientes de que el trabajo no declarado es la principal atracción para miles de hombres y mujeres que cruzan nuestras fronteras cada día en busca de un trabajo digno y un modo de alimentar a sus familias.
En realidad, a menudo encuentran empleadores que usan y abusan de su frágil situación y de la ignorancia de sus derechos para explotarlos y usarlos como mano de obra barata. Esto es lo que conocemos como esclavitud moderna.
No debemos ocultar el hecho de que este fenómeno también implica a las personas, sean ciudadanos europeos o gente de terceros países, que trabajan y residen de forma legal, pero que no entran dentro del ámbito de esta directiva que forma parte del marco de la lucha contra la inmigración ilegal.
No es cuestión de señalar con el dedo a hombres y mujeres que a menudo son de buena fe y que son víctimas de redes o de empleadores deshonestos. El objetivo de este texto debe ser precisamente proteger a estas personas vulnerables y asegurar que se respetan sus derechos más básicos y fundamentales; ahí está precisamente el objetivo y la ambición declarados del compromiso alcanzado.
No deberíamos medir a todos los empleadores por el mismo rasero, así como, por supuesto, tampoco deberíamos tratar a alguien que contrata a una persona de buena fe, creyendo que trabaja y reside de forma legal, del mismo modo que a aquellos que lo que quieren es explotar la situación de estas personas.
Tenemos que ser firmes, enviar un mensaje claro. Necesitamos disposiciones valientes que se apliquen concienzudamente. La adopción de este texto enviará, desde luego, dos señales claras. La primera para los empleadores, para decirles que no podrán continuar abusando de estos trabajadores vulnerables y que, por lo tanto, se les disuadirá realmente de contratar a inmigrantes ilegales. La segunda señal es para los miles de inmigrantes ilegales a los que se desanimará por las rigurosas condiciones de empleo en Europa.
Mi agradecimiento a todos los ponentes alternativos y al ponente y, como muchos, espero que pronto se disponga este texto para luchar contra la inmigración ilegal y, por consiguiente, la promoción de la inmigración...
(La Presidenta le retira la palabra al orador)
Genowefa Grabowska (PSE). – (PL) Señora Presidenta, me gustaría empezar felicitando al ponente. Soy consciente de que no ha sido una tarea fácil alcanzar una solución de compromiso teniendo en cuenta los intereses del mercado de trabajo nacional y protegiendo a la vez a los inmigrantes de la explotación. El señor Fava es realmente digno de elogio.
Fui a Italia, a Foggia, en cuanto se descubrieron los llamados campos de trabajo. En estos últimos, tanto ciudadanos de la Unión como inmigrantes ilegales vivían y funcionaban en circunstancias pésimas. En mi memoria permanece el recuerdo de las condiciones en las que vivían y trabajaban. Es más, a menudo morían a causa del hambre y de un trato cruel e inhumano. Le doy una cálida acogida a esta directiva porque por fin pondrá las relaciones laborales en condiciones civilizadas. Representa una victoria sobre los empleadores codiciosos, su afán de provecho, una mano de obra barata y a menudo incluso gratis, y la explotación de los inmigrantes ilegales.
Para que esta directiva entre en vigor, debe aplicarse en todos los Estados miembros. Paradójicamente, bajo la ley interna de estos últimos, el contrato ilegal se considera un acto punible y un delito. No obstante, la ley no funciona. Por tanto, debemos esforzarnos lo máximo posible para aplicar esta directiva. Se han de disponer todos los mecanismos legales necesarios para que no surjan más casos desafortunados de este tipo.
Ahora me gustaría dirigirme a los miembros británicos de esta Cámara y pedirles que les digan a sus empleadores que contratar inmigrantes ilegales es un delito. No se quejen de que la Unión...
Jörg Leichtfried (PSE). – (DE) Señora Presidenta, el resultado más importante de este informe es que no sólo se penalizará a las personas procedentes de terceros países contratadas de forma ilegal, sino también a quienes les contraten. Debemos ser conscientes —y esto sí que es delito— de que se está explotando a estas personas incluso en una confederación de estados progresista como es Europa. Alguien está sacando mucho provecho de ellos. No tienen derecho a asistencia sanitaria ni a pensiones y viven en un miedo constante de que les cojan y les devuelvan a su país de origen.
Por esta razón, creo que otro punto muy importante es la oportunidad en el futuro de imponer penas a los empleadores que exploten a los inmigrantes ilegales. En mi opinión, se necesitan con urgencia medidas como multas, responsabilidad por el coste de la deportación, retirada de los fondos o el apoyo públicos o incluso el cierre temporal o permanente del negocio, para conseguir un cambio en la situación. Que cada Estado miembro lleve a cabo inspecciones regulares y eficaces también es, por supuesto, esencial a este respecto, junto con la posibilidad de solicitar el pago retroactivo de los impuestos y de las contribuciones a la seguridad social.
Una Europa en la que algunas personas exploten a otras no es una verdadera Europa social. Creo que esta directiva representa un paso en la dirección correcta. Me gustaría dar las gracias al ponente por su extraordinario trabajo. Sin embargo, éste no debe ser, bajo ninguna circunstancia, el último paso que demos.
Daciana Octavia Sârbu (PSE). – (RO) Creo que esta iniciativa legislativa llega en un momento en que los trabajadores de terceros países representan un porcentaje importante de la mano de obra de la Unión Europea, lo que crea el problema de la inmigración ilegal. Teniendo esto en cuenta, me gustaría hacer hincapié en la necesidad de establecer un marco legislativo que nos permita definir de forma más clara las sanciones que se impondrán a las personas que contraten inmigrantes de terceros países que estén en la Unión Europea de forma ilegal, si consideramos que el trabajo ilegal es un problema alarmante a nivel europeo y que la explotación de la mano de obra inmigrante es una realidad
También tenemos que ser conscientes de que un número de empleadores están aumentando sus beneficios contratando a inmigrantes sin papeles, de modo que evitan el pago de la contribución a la seguridad social o de los impuestos al estado. También debemos asegurarnos de que este tipo de comportamiento sea castigado de forma apropiada.
Por eso, todos los Estados deben adoptar medidas para combatir el trabajo ilegal, ofrecer mayor protección a los inmigrantes y organizar inspecciones regulares, especialmente en los sectores de trabajo en los que se supone que se contratará a inmigrantes ilegales. También queremos que se dé acceso al mercado laboral europeo de modo controlado y que se respeten los derechos de los inmigrantes. Por ello, pedimos a los Estados miembros que adopten todas las medidas necesarias para asegurar una colaboración más efectiva y facilitar el intercambio de información entre las autoridades nacionales implicadas.
Yannick Vaugrenard (PSE). - (FR) Señora Presidenta, en primer lugar me gustaría felicitar al señor Fava por su excelente trabajo, que permitirá adoptar una directiva que establezca sanciones para los que contraten a trabajadores ilegales.
Sin embargo, me gustaría llamar su atención sobre la complejidad de la situación actual. Tenemos que elaborar una legislación que sea equiparable a esta complejidad.
Por toda la Unión Europea, los ordenantes recurren a una cascada de subcontrataciones, utilizando subcontratistas de los Estados miembros sin saber si los empleados trabajan o no de forma legal. Se propuso una enmienda que comprobara la situación de legalidad de los empleados. ¿Por qué no se ha incluido?
También está estipulado que el contratista principal es el responsable de pagar los salarios, pero sólo si sabe que los subcontratistas están contratando a inmigrantes ilegales. Ahora bien, no vamos a encontrar a ningún ordenante que admita voluntariamente su culpa.
Finalmente, la mejor directiva del mundo sólo puede resultar eficaz si va acompañada de mecanismos de comprobación reales. Podríamos mejorar estas comprobaciones si dispusiéramos de más inspectores de empleo que jugaran un papel mayor en cada país europeo.
Es esencial que diseñemos un arsenal legal más riguroso lo antes posible para que se declare totalmente responsables a los ordenantes en caso de culpa por parte de los subcontratistas.
No deberíamos cerrar los ojos ante las prácticas conocidas en ciertos sectores económicos que actúan en complicidad con las actividades de redes organizadas de inmigración ilegal.
Richard Falbr (PSE). – (CS) Señora Presidenta, en el contexto de este informe, me gustaría llamar su atención sobre un problema urgente que ha surgido en relación a la crisis actual. En algunos países —incluido el mío— estamos siendo testigos del despido masivo de trabajadores de empresa, la mayoría de los cuales vinieron a nuestro país del este de Europa y de países asiáticos. Se han convertido en trabajadores ilegales. Tras su despido, se han quedado sin medios de vida, y así se convierten en títeres a manos de los llamados «empresarios» que los someten a una explotación aún peor que la que ejercían las empresas. Al mismo tiempo, me gustaría reiterar los recursos humanos tan insuficientes que tienen a su disposición los cuerpos de inspectores de trabajo en muchos de los Estados miembros. No cambiará nada a menos que establezcamos una red de inspectores formada y equipada de forma rigurosa, que entiendan la legislación laboral y estén familiarizados con las directivas europeas.
Mientras las instituciones europeas han acordado ciertos estándares para las empresas, normalmente se levanta una protesta entre los Estados miembros cada vez que se emprende el más mínimo intento de hacer algo parecido en el campo de la legislación social. Es ridículo e hipócrita hacer referencia a la tradición, la subsidiariedad y cosas por el estilo en una situación en la que los trabajadores de la Unión Europea están sujetos a una explotación desenfrenada. Por ello, agradezco cualquier intento de perseguir y sancionar a los que contratan a inmigrantes ilegales y le doy las gracias al señor Fava.
Corina Creţu (PSE) . – (RO) El empleo ilegal se concentra en ciertos sectores en los que se asume que el trabajo es de naturaleza no especializada, como la construcción, la agricultura, la limpieza y la industria hotelera y de catering. Estos sectores utilizan mano de obra ilegal a un nivel alarmante. Especialmente en tiempos de crisis, los empleadores se sienten tentados a intentar eludir la ley y recurren a trabajadores ilegales para mantener los beneficios o simplemente para sobrevivir en el mercado.
El documento que tenemos hoy ante nosotros marca un paso hacia la reducción del índice de empleo ilegal, que tiene una gran repercusión negativa desde una perspectiva fiscal y social. Es una buena idea que castiguemos la contratación ilegal de personas de terceros países, pero no debemos olvidar que la misma desgracia está aquejando a los ciudadanos de los Estados miembros menos desarrollados de la Unión. Incluso los rumanos se enfrentan a numerosos abusos por parte de empleadores en la Unión Europea.
Respecto al texto del informe, me gustaría ver sanciones más duras para castigar a los intermediarios del mercado laboral.
Sebastiano Sanzarello, ponente de opinión de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. – (IT) Señora Presidenta, Señorías, siento que estamos tratando este tema en un momento especialmente delicado.
La crisis económica internacional ha llevado, o está llevando, a los países que sufren la peor crisis, a usar la mano de obra ilegal, lo que casi siempre implica a los inmigrantes ilegales, especialmente en ciertos sectores, entre los que se ha mencionado la construcción, la agricultura y otros. Esto fomenta la inmigración ilegal, lo que acaba en las tragedias que hemos estado experimentando. No es sorprendente, pues, que la inmigración ilegal aumente enormemente, y esta tarde y mañana, trataremos en esta Cámara los problemas de Lampedusa y otros países fronterizos.
Por consiguiente esta medida llega justo en el momento oportuno. Creo, por tanto, que las sanciones establecidas para los empleadores actuarán de verdad como un elemento disuasorio mayor, porque ya hay sanciones para el trabajo ilegal, sobre todo que impliquen a los inmigrantes ilegales. Estas sanciones impedirán más adelante que los empleadores contraten trabajadores.
Hemos oído que hay 8 millones de residentes ilegales trabajando de forma ilegal; debemos suponer que tan pronto como entren en vigor estas medidas, tendremos a 8 millones de inmigrantes ilegales en la calle, y tendremos que ocuparnos de ellos. Creo que es un problema que debemos empezar a reconocer porque, de lo contrario, los que sobrevivan de forma ilegal, pero sobrevivan al fin y al cabo, serán declarados ilegales oficialmente por sus empleadores, que ya no podrán alojarlos, y tendremos un problema enorme de 8 millones de personas en Europa a las que tendremos que expulsar y ayudar. Creo que es un tema que debemos tratar con antelación —enseguida acabo, pues veo que se me ha acabado el tiempo. Debemos observar con lupa el problema de la contratación temporal de trabajadores, especialmente en la agricultura, y debemos recortar el papeleo para facilitar su inclusión y aceptación.
Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Señora Presidenta, el trabajo ilegal no afecta solo a entre cinco y diez millones de personas, sino, en particular, a los que les contratan. A diferencia del autor de este informe, creo que el problema afecta no solo a los inmigrantes ilegales procedentes de terceros países, sino también a millones de ciudadanos de la Unión Europea que de forma ocasional trabajan por un salario sin impuestos y del cual los empleadores no deducen la contribución de la seguridad social. El aumento del trabajo ilegal mina gravemente la competencia económica. Una cura eficaz que los Estados miembros tienen a su disposición sería reducir la carga de impuestos sobre el empleo. Sin embargo, también apoyo esta propuesta de la Comisión para armonizar las sanciones para los empleadores, pues creo que unas sanciones consecuentes dirigidas principalmente a los empleadores que delinquen de forma habitual restringirán la disponibilidad del trabajo ilegal y, por tanto, también el número de inmigrantes ilegales. También reducirá el ámbito de la exclusión social y, hasta cierto punto, también la explotación de ciudadanos de terceros países. Sin embargo, veo problemas en poner sobre los empleadores la responsabilidad de comprobar el derecho de residencia de los trabajadores.
Janusz Onyszkiewicz (ALDE). – (PL) Señora Presidenta, me gustaría volver al tema de las sanciones contra los empleadores cuyos subcontratistas contratan a trabajadores ilegales. Estoy muy preocupado por esta disposición porque un empleador no tiene forma de comprobar si el subcontratista está contratando ilegales o no. Si el empleador aún albergara alguna sospecha de que así fuera, ¿qué medida tendría que tomar entonces el empleador? ¿Debería informar del tema a la policía o rescindir el contrato? Si se rescinde el contrato, el empleador se arriesga a que lo lleven a juicio y entonces sería necesario justificar las razones por las que se rescindió el contrato. El empleador no estaría en posición de ofrecer pruebas relevantes. Por lo tanto, me gustaría repetir la gran preocupación que mantengo respecto a esta disposición. Pudiera ser que la disposición resultara inútil. De forma alternativa, pudiera ser que se usara para sancionar a los empleadores injusta e injustificadamente.
Colm Burke (PPE-DE). – Señora Presidenta, agradezco el informe, puesto que necesitamos destacar y abordar el problema de los empleadores que explotan a inmigrantes ilegales. He recibido protestas formales de los electores, así que agradezco que se tomen medidas respecto a este tema.
Existen numerosas consecuencias perjudiciales, incluida la explotación de los inmigrantes pagándoles mal o, en algunos casos, no pagándoles. Esto crea presiones negativas en los salarios de los trabajadores legales y una distorsión de la competencia entre empresas que cumplen con la legislación del empleo y aquellos que hacen alarde de ello.
En conclusión, si pretendemos acabar con esta práctica ilegal en nuestros Estados miembros, tenemos que comprender que no se trata sólo de un tema sobre los derechos de los trabajadores sino también de un tema de competencia.
Genowefa Grabowska (PSE). – (PL) Señora Presidenta, me gustaría concluir el comentario que hice en mi intervención principal y explicar lo que quería expresar a los miembros británicos del Parlamento Europeo que se están quejando de que esta directiva es intervencionista y que viene a ser una intromisión en los asuntos internos de los Estados miembros. De hecho, más que interferir, en realidad pone las cosas en orden.
Quería decirles a los diputados británicos que han expresado las quejas que deberían dirigirse a los empleadores en su país para asegurar que se respeten los derechos de los inmigrantes y que no se contrate a las personas que se hallan ilegalmente en el territorio del Reino Unido. Entonces todos podremos estar de acuerdo en que esta directiva es buena.
Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). – (PL) Se ha sugerido que la migración podría ser una manera de paliar las consecuencias negativas de la crisis demográfica. Es muy importante animar a los ciudadanos de terceros países a que entren en el territorio de la Unión para encontrar empleo. Sin embargo, sólo nos interesa la residencia legal y el empleo legal. Los trabajadores extranjeros ilegales significan pérdidas presupuestarias y distorsionan la competencia sana entre las empresas. Los empleadores obtienen más beneficios con el esfuerzo de los trabajadores ilegales. Pueden conseguir fácilmente mano de obra barata. A los inmigrantes de terceros países se les contrata casi siempre para los trabajos más duros y peor pagados. Como se encuentran en una situación difícil, están preparados para hacer todo lo que los empleadores les pidan. Estos últimos a menudo explotan su desesperación. No sólo se les paga muy mal, sino que también trabajan sin protección social ni seguro de asistencia sanitaria y están bajo una amenaza constante de expulsión del país en el que se encuentran. La Unión debería facilitar a los inmigrantes la obtención de empleo y nosotros deberíamos actuar como corresponde. Estoy pensando, por ejemplo, en los ciudadanos ucranianos que vienen a trabajar a Polonia.
Jacques Barrot, Vicepresidente de la Comisión. - (FR) Señora Presidenta, creo que este debate tan interesante, por el que doy las gracias a todos los oradores, ha mostrado que existe un amplio acuerdo en el Parlamento sobre la necesidad de dirigirse a los empleadores que contratan y, muy a menudo, explotan a los inmigrantes ilegales.
Señalaré al Parlamento que la evaluación de impacto que llevó a cabo la Comisión mostró que las sanciones actuales no garantizan que se cumplan las normas. La directiva ha mejorado esta situación obligando a los Estados miembros a introducir penas equivalentes y asegurarse de que se apliquen de forma efectiva. Al inicio de esta sesión, también remarqué que la Comisión vigilará las inspecciones que los Estados miembros tienen que llevar a cabo.
También me gustaría dar las gracias otra vez al señor Fava y al Parlamento por haber hecho posible este compromiso. Me parece que es un buen primer paso.
También señalaré que esta directiva forma parte del marco de la política común de inmigración de la Unión Europea. Por supuesto, debemos luchar contra la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos. Es el tema que estamos tratando hoy, pero también debemos subrayar los beneficios de la inmigración legal. Aparte de las dos propuestas presentadas en octubre de 2007, sobre la tarjeta azul para trabajadores inmigrantes altamente cualificados y sobre el permiso único relacionado con el derecho de los inmigrantes, en la primavera de 2009, la Comisión presentará otros tres proyectos de directiva sobre la inmigración ilegal dirigidas a establecer unas normas comunes para los trabajadores estacionales, que en general están menos cualificados, para las personas trasladadas dentro de sus empresas y para aprendices asalariados.
Añadiré que la Comisión, de acuerdo con su obligación para con el Parlamento Europeo y dentro del marco de preparación e implementación del programa Estocolmo, considerará si existe la necesidad de una legislación en otras categorías de trabajadores inmigrantes.
Ahí lo tienen. Me pareció necesario poner esta propuesta de directiva en el contexto general del Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo. He querido recordarlo ante el Parlamento para mostrar que sus deseos serán realizados. Gracias también por la calidad de este debate.
Claudio Fava, ponente. – (IT) Señora Presidenta, Señorías, agradezco los comentarios y esperanzas del Señor Comisario. El Parlamento ha dicho de forma bastante clara, creo —y no sólo hoy— que es necesario tomar medidas respecto a la inmigración legal y que la inmigración tiene que tratarse en un contexto global, que no busque sólo producir medidas excesivas contra la inmigración ilegal.
Hemos hecho tarde a este respecto, y por supuesto, no nos alegramos de que los Tratados no autoricen a este Parlamento a entrar en un procedimiento de decisión conjunta con el Consejo sobre la inmigración legal. La base legal que nos obliga ahora a hablar solo sobre la legislación para combatir la inmigración es algo que yo también encuentro frustrante, pero es la base legal que tenemos que acatar.
Dicho esto, creo que hoy nuestro informe ha introducido artículos que protegen realmente los derechos de los trabajadores extranjeros, incluso si son inmigrantes ilegales. Estoy pensando en el permiso de residencia temporal para los menores que han sido explotados. Estoy pensando en el sueldo: al fin se ha establecido expresamente que la remuneración no puede ser menor que la que la ley reconoce para los demás ciudadanos europeos. Estoy pensando en el papel de los sindicatos que, por primera vez, pueden defender y representar a trabajadores extranjeros, incluso a los ilegales, en casos administrativos y civiles.
Creo que todas éstas son razones por las que podemos hablar de derechos restablecidos, un paso adelante y no hacia atrás, y una directiva que aborda un tema difícil y delicado, pero con un sentido del equilibrio sobre el que este Parlamento está especialmente alerta.
Presidenta. – El debate está cerrado.
La votación se realizará el miércoles, 4 de febrero de 2009.
Declaraciones escritas (artículo 142 del Reglamento)
Carl Lang (NI), por escrito. – (FR) Este informe tiene mucho mérito.
Lo primero es que su objetivo sea ser informativo: registra el alarmante aumento de la inmigración ilegal en Europa, inmigración que se calcula, según las cifras de la Comisión, entre 4,5 y 8 millones de personas. También identifica los sectores de la economía en los que se concentra más el trabajo ilegal, a saber, la construcción, la agricultura, la limpieza, los hoteles y el catering.
Su segundo mérito es que intensifica la lucha contra el trabajo no declarado, en particular con la opción de sanciones financieras y penales para los empleadores de trabajadores ilegales.
Por desgracia, el informe tiene muchas limitaciones. No dice nada sobre qué medidas se deberían tomar para detener estos flujos intermitentes de inmigración ilegal. Ni siquiera considera la reintroducción de controles en las fronteras interiores.
En un tiempo de crisis social y económica y un gran aumento del desempleo, la primera necesidad para los países de la Unión es que protejan sus trabajos. Para hacerlo, es esencial introducir políticas de protección social tanto nacionales como europeas. Los trabajos en Francia deben estar reservados para los franceses, mientras que los trabajos en Europa están reservados para los europeos. La aplicación de los principios de preferencia y protección nacional y europea es una condición esencial para la recuperación económica y social de los países de la Unión Europea.
Rareş-Lucian Niculescu (PPE-DE), por escrito. – (RO) Nadie puede poner en duda la utilidad ni lo oportuno de las medidas dirigidas a castigar a los que contratan a inmigrantes ilegales. El país al que represento es menos propenso a estas preocupaciones en particular porque todavía es más un país de tránsito para la inmigración ilegal.
Al mismo tiempo, tenemos que ser conscientes de los riesgos futuros a los que nos exponemos. Respecto al presente informe, acojo la propuesta de eliminar el porcentaje de control obligatorio que le gustaría imponer a la Comisión. Este porcentaje es excesivo y sólo conseguiría generar más papeleo y grandes gastos públicos, sin causar un verdadero impacto.
Maria Petre (PPE-DE), por escrito. – (RO) Antes de nada me gustaría dar las gracias al ponente por el buen trabajo que ha hecho. Todos sabemos que en la Unión Europea trabajan entre 4,5 y 8 millones de inmigrantes ilegales en sectores como la construcción, la agricultura y el turismo.
Agradezco el hecho de que la directiva asegure sanciones penales contra los empleadores culpables de reincidir en los delitos, de contratar a un gran número de gente cuyo estado es ilegal, si el empleado es víctima del tráfico de humanos y el empleador lo sabe, o si el empleado es un menor.
Los Estados miembros también deben establecer un mecanismo que les dé a los inmigrantes ilegales la oportunidad de presentar una queja si son, por ejemplo, víctimas de la explotación.
Debemos tener presente el hecho de que la gente que está aquí de forma ilegal ha dejado su país de origen para proporcionarle a su familia un futuro mejor. Cada vez dejan atrás a más niños: algunos se quedan solos mientras otros los dejan al cuidado de los abuelos y vecinos o incluso en alguna institución.
Cuando estos niños acompañan a sus padres, tenemos que darles la oportunidad de tener acceso al sistema educativo y protección social dentro de la Unión Europea, incluso si están de forma ilegal.
Nicolae Vlad Popa (PPE-DE), por escrito. – (RO) El informe compilado por Claudio Fava forma parte del paquete de medidas dirigidas a combatir la inmigración ilegal disuadiendo a las empresas de contratar a estas personas. Por desgracia, el ponente puso mucho énfasis en medidas dirigidas a castigar a los empleadores y apoyó la extensión de los derechos de los inmigrantes ilegales.
Como es extremadamente importante mantener un equilibrio respecto a las sanciones que se pueden imponer a los empleadores, he intentado, con las modificaciones que he propuesto, destacar las disposiciones del informe en las que las sanciones contra los empleadores son demasiado duras y podrían dejar espacio a una interpretación que conduciría a abusos contra ellos.
Al mismo tiempo, se debe prestar una atención especial a la situación humanitaria de estos inmigrantes. Por esta razón, es de suma importancia alentar a los Estados miembros a imponer sanciones penales en los casos graves, como cuando el empleador sabe que el empleado es víctima del tráfico de humanos. Además, las obligaciones de verificación y notificación de incumbencia para los empleadores como se especifica en el informe juegan un papel apropiado en hacer responsables a estos últimos respecto a este grave problema al que nos enfrentamos en la UE con una frecuencia creciente.
Bogusław Rogalski (UEN), por escrito. – (PL) Los Estados miembros deberían colaborar más estrechamente para combatir la inmigración ilegal reforzando las medidas contra el empleo ilegal a nivel de los Estados miembros de la Unión Europea. Uno de los principales factores que animan a los inmigrantes ilegales a viajar a la UE es la posibilidad de conseguir trabajo sin necesidad de regularizar su estado legal. Las medidas contra la inmigración ilegal y la residencia ilegal deberían servir como elemento disuasorio.
No obstante, la directiva sobre la lucha contra la inmigración ilegal debería aplicarse sin perjudicar la legislación nacional que prohíbe el empleo de ciudadanos de terceros países que residen de forma legal en el territorio de los Estados miembros, pero que trabajan violando su estado de residentes autorizados.
También debería considerarse la reducción de las penas financieras a los empleadores de terceros países en los casos en que el empleador sea una persona natural.
Las definiciones comunes, los métodos y estándares en el área de la lucha contra la inmigración ilegal son un sine qua non en el proceso de creación de una política común europea sobre migración.
Andrzej Jan Szejna (PSE), por escrito. – (PL) Señorías, me gustaría empezar dando las gracias a todos los implicados en el proyecto de esta directiva.
Las estadísticas sobre el número de trabajadores ilegales en la Unión son alarmantes. Sin duda es necesaria una estrecha colaboración para combatir la inmigración ilegal. Ocuparse de la inmigración ilegal es una prioridad de la estrategia de la UE en el área de inmigración.
El proyecto de directiva deja algo que desear. Podría tener un alcance mayor y cubrir a los ciudadanos que residen de forma legal en el territorio de la UE, pero que están contratados en condiciones muy desfavorables. También sería beneficioso ampliar la definición de empleador para incluir a las empresas de trabajo temporal y también a los agentes de empleo. A pesar de sus deficiencias, el proyecto en debate merece un elogio.
Es verdad que los empleadores son, en cierta medida, responsables del empleo ilegal. La directiva impone obligaciones administrativas adicionales a los empleadores y aseguran una variedad de sanciones por no cumplir estas obligaciones. Sin embargo, esto no significa que la directiva sólo trate de penalizar a los empleadores.
Me gustaría dejar muy claro que nuestro objetivo principal es acabar con las situaciones en las que se explota a las personas en el trabajo. No debemos permitir que se contrate a gente en condiciones indignas e inhumanas, privados de sus derechos y de los beneficios sociales básicos. Creo que la directiva en cuestión es esencial para obtener una mínima armonización de las disposiciones que prohíben el empleo ilegal. También confío en que los Estados miembros aplicarán estas disposiciones de forma efectiva.