Source: https://aldiaargentina.microjuris.com/2007/10/12/reinhold-fabiana-c-cablevision-s-a-s-despido/
Timestamp: 2020-08-03 18:21:52
Document Index: 115519215

Matched Legal Cases: ['artículo 275', 'artículo 75', 'artículo 1068', 'artículo 212', 'artículo 67', 'in fine']

R. F. c/ Cablevisión S.A. s/ despido – AL DÍA | ARGENTINA
Ed. Microjuris.com Argentina	en 12 octubre 2007
Fecha: 12-oct-2007
Cita: MJ-JU-M-17648-AR | MJJ17648
Trabajadora que fue víctima del acoso moral de sus superiores jerárquicos como de sus compañeros de trabajo, debe ser indemnizada conforme a las reglas del derecho común.
Consultar en la Sección Jurisprudencia Agrupada nuestra recopilación sobre Acoso Moral o Mobbing y Acoso Sexual
1.-Corresponde modificar la sentencia de primera instancia, elevando el monto de la condena. Por su parte, el sentenciante de grado había admitido el reclamo inicial, considerando que los extremos probatorios corroboraron los incumplimientos detallados por la accionante, entre ellos que durante cuatro meses la actora, además de las tareas para las que había sido contratada en su calidad de operadora de call center y para el desempeño de tareas administrativas, realizó trabajos de diseño gráfico que la demandada no le abonó. Por otro lado, el citado sentenciante había rechazado el reclamo por mobbing, como así también la sanción establecida en el artículo 275 de la LCT.
2.-De las probanzas colectadas en la causa surge acreditado el maltrato aludido tan escuetamente por la accionante en la demanda, es decir, la presión psíquica y moral que esta última denunció como sufrida en su ámbito de trabajo. Es decir, una conducta hostil e intimidatoria por parte del personal jerárquico de la empresa demandada y de su grupo de iguales, cual debe ser reparado. Siendo que, los deponentes en forma concordante, coherente y precisa, han graficado la existencia del maltrato psicológico padecido por la trabajadora.
3.-El acoso moral laboral es una situación creada por una persona o grupo de personas, quienes ejercen una violencia psicológica extrema, de forma sistemática, durante un tiempo prolongado y sobre una persona en particular. Es decir, la agresión psicológica tiene una dirección específica hacia la víctima con una intencionalidad subjetiva y perversa de generar daño psicológico y consecuente sometimiento, como su egreso de la organización empresarial. Situación que se configuró en el presente caso, cuando el modo en que se trató a la trabajadora la ha afligido y humillado, de lo que se desprende que tiene que haber mediado dolor espiritual y sufrimiento intenso.
4.-El empleador debe velar irrestrictamente por la integridad psicofísica de sus dependientes, obligación que dimana del deber genérico de seguridad y del principio de indemnidad, de la misma forma que debe preservar la dignidad del trabajador. Situación que no se configuró en el presente caso, pues la empleadora no cumplió con su deber constitucional de garantizar condiciones de trabajo dignas ni la obligación legal de seguridad e higiene en el empleo, conforme lo exigen los artículos 14 bis de la CN, 75 de la LCT y 4 -apartado 1- de la LRT, es decir, no garantizó la indemnidad psicológica de su dependiente, con lo que, al permitir condiciones y un ambiente de labor nocivos, actuó culposamente.
5.-El principal no sólo se encuentra legitimado para tomar medidas en resguardo de la integridad de sus dependientes, sino que ello constituye una exigencia derivada del principio de buena fe exigible al buen empleador y lo esperable de éste. Por consiguiente, al haberse comprobado la responsabilidad personal de los superiores jerárquicos y de otros trabajadores, compañeros de la demandante, que implementaron un clima general y personal hostil, la empleadora debe responder no sólo por pesar sobre sus hombres dichas obligaciones, sino también por resultar titular del pleno poder de organización y dirección de la empresa -artículos 1113 del CCiv. y 64/65 de la LCT-.
6.-La regla del artículo 75 párrafo 2 de la LCT no tiene virtualidad al remitir al sistema de prestaciones tarifadas de la ley 24557, en tanto la contingencia y el daño sufrido por la demandante no encuentran en esta norma cobertura ni prestaciones. Como corolario de ello, corresponde fijar una reparación con las reglas generales que emanan del derecho común -según los artículo 1068, 1069 y 1078 del CCiv.-.
7.-Resulta suficientemente acreditado que, además de las tareas de operadora de call center y administrativas, la actora realizó trabajos extraordinarios de diseño gráfico que nunca fueron remunerados. Es decir, se trató de una ocupación nueva y adicional a la originalmente pactada, y no una sustitución en el marco del artículo 212 de la LCT.
8.-La obligación de entregar ropa de trabajo que surge del artículo 67 del CCT 223/1975 , invocado por la reclamante al demandar, resulta una prestación convencionalmente establecida en el plano colectivo, no sustituible por dinero una vez extinguida la relación. Por lo tanto, la circunstancia de que esa obligación patronal sea exigible en el marco propio de la relación individual no significa que, entonces, pueda ser exigible más allá de la vigencia del contrato y a través de una prestación diferente -es decir, dar sumas de dinero en lugar de dar cosa cierta-.
En la Ciudad de Buenos Aires, el 12 de octubre de 2007, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación:
I. Contra la sentencia de primera instancia de fs. 560/05 se alzan las partes actora y demandada, a mérito de los memoriales obrantes a fs. 576/88 y 566/69, respectivamente, y replicados a fs. 590/93 y 597/613.
La accionante se queja de que el sentenciante de grado rechazara su reclamo por “mobbing”, como así también la sanción que establece el art. 275 de la LCT. Asimismo la representación letrada de la actora cuestiona los emolumentos regulados a su favor por considerarlos reducidos.
La demandada centra su disenso en que hayan sido admitidos los siguientes tópicos: a) remuneración adicional en concepto de trabajos de diseño gráfico; b) ropa de trabajo; c) horas extras y horas nocturnas; d) recargo indemnizatorio que establece el art. 2 de la ley 25.23; y e) por la condena a entregar los certificados del art. 80 de la LCT. Finalmente cuestiona los honorarios regulados a la totalidad de los profesionales intervinientes, por considerarlos elevados.
A su turno, el perito contador recurre los honorarios regulados a su favor por considerarlos reducidos (fs. 575).
II. Razones de orden metodológico me conducen a analizar en primer lugar los agravios introducidos por la parte demandada.
a) No creo ocioso empezar por memorar que al inicio Reinhold denunció que ingresó a laborar para la demandada el 23/08/00, cumpliendo funciones de Operadora Telefónica de Call Center, siendo de aplicación el CCT 223/75 que rige la actividad de los operadores de cable, en el horario de 19 a 01 hs.con una jornada laboral de 6 horas diarias, 6 veces por semana con un franco rotativo, percibiendo un sueldo básico de $600 más los adicionales convencionales y las horas extras.
Agregó que el 23/08/00 y el 19/11/01 le hicieron entrega de un voucher de $200 para la compra de ropa y le entregaron un uniforme, cuando el CCT 223/75 dispone que la entrega de ropa es dos veces por año como mínimo.
Continuó relatando que en el año 2001 sufrió una gastroenteritis nerviosa que la llevó a ausentarse 4 días en el mes de enero y 3 en el mes de agosto. Dijo que con fecha 23/10/01 sufrió un ataque de pánico por el que comenzó un tratamiento psiquiátrico a través de la Obra Social de Televisión, lo que la llevó a ausentarse hasta el 19 de noviembre de ese mismo año. El 27 de agosto de 2002 y pese a continuar en tratamiento, volvió a manifestarse un nuevo ataque de pánico, con lo que se le otorgaron 18 días de licencia médica y se reincorporó el 15 de septiembre.
Sostuvo que en ese mismo lapso de licencia, la coordinadora del sector escuchas, Sra. Sproviero, le solicitó la realización de trabajos de diseño gráfico, a pesar de no haber sido contratada para ese puesto sino como operadora telefónica. Asimismo puso en conocimiento la actora que egresó de la carrera de diseño gráfico de la Universidad de Buenos Aires, en el año 1993. Dichos trabajos -que detalla y acompaña como prueba en sobre que obra por cuerda (anexo IV y VII)- consistieron en el diseño de manuales y guías para coordinadores, newsletters.Dijo que, al ser del agrado de sus superiores, su trabajo formó parte de una guía orientada a los jefes de las distintas áreas y niveles de todo el grupo Cablevisión S.A., con lo cual continuó realizando estos diseños fuera de su horario laboral mientras que en la sede de la demandada cumplía tareas normales.
Remarcó que todas las piezas de diseño que incluso se acompañaron a los recibos de haberes de los empleados del área técnica e instalaciones, no le fueron abonados, pese a que en cada uno de ellos figura la leyenda inserta que dice “Diseño Gráfico: Fabiana Reinhold”. Es decir que le abonaron su salario por tareas de operadora telefónica, pero no por los diseños gráficos utilizados por la demandada, labor que desempeñó -insiste- incluso en los períodos de licencia por enfermedad (04/11/01 al 13/11/01 y del 23/12/01 al 06/01/02).
Agregó también que luego de reintegrarse a sus tareas en la sede de la demandada, (con posterioridad al alta del día 06/01/02) cumplió horarios nocturnos que se le liquidaban conforme a derecho, intercalando funciones administrativas con atención telefónica, conforme lo indicara la recomendación médica.
A su vez agregó que el 10/02/02 se produjo la fusión de las empresas Cablevisión S.A. y Fibertel S.A., con lo cual hubo cambios en los sistemas informáticos a raíz de los cuales tuvieron que brindarle asesoramiento técnico conjuntamente a los abonados respecto de ambos servicios. A raíz de ello dice que sufrió una crisis de angustia con una importante suba de la tensión arterial por las presiones de los clientes y la deficiente capacitación que la empresa brindó frente al nuevo producto y los nuevos clientes ingresados en forma masiva, siendo asistida en dicha oportunidad por un servicio de emergencia de la demandada que le recomendó 48 hs. de reposo.Añadió que cuando se reincorporó, la demandada le impidió incorporarse en el logueo telefónico que utilizaba para sus tareas, según órdenes emanadas del departamento de sanidad, siendo que el supervisor, Sr. Ruiz de Galarreta, le sugirió a su parte que esperase en su domicilio hasta que le dieran indicaciones.
La actora, entonces, dijo que procedió a presentar las distintas altas médicas a fin de que se le permitiera su reincorporación a sus tareas normales y habituales pese a lo cual la demandada persistió en su intención de mantenerla en licencia médica por enfermedad, comunicándole que a partir de marzo de 2003 entraba en guarda de puesto por año, sin goce de haberes.
Esta situación generó que Reinhold el día 19/02/03 intimara a la demandada vía colacionado a que aclarase su situación laboral, bajo apercibimiento de ley, a lo que aquélla responde rechazando estos términos e intimándola a que se presente en el Servicio de Medicina Laboral a efectuar un examen de reingreso. Dicho examen -dijo la reclamante- nunca existió y además cuando se reincorporó, el día 24/02/03, le asignaron definitivamente tareas administrativas, aunque sin la correspondiente categorización y cambiándole las jornadas de lunes a jueves de 9 a 16 hs. y los viernes de 9 a 17 hs.
Sostuvo que en dicha oportunidad ya la situación con el Departamento de Recursos Humanos era muy tensa, puesto que la suspendieron de la realización de los boletines informativos ya mencionados, le retiraron el saludo e incluso fue catalogada como personal conflictivo, circunstancia que la llevó a reclamar el resarcimiento por acoso moral o “mobbing”.
Finalmente, el 28/01/04 Cablevisión S.A.le notificó que prescindía de sus servicios, misiva que respondió la accionante intimando a su vez el pago de los distintos rubros que detalló entre los cuales se encontraban los salarios por las tareas de diseño gráfico, bajo apercibimiento de iniciar acciones legales, lo que al ser rechazado por la patronal, motivó en definitiva el inicio de las presentes (ver fs. 7/22).
b) A su turno la demandada, luego de efectuar las negativas de rigor, sostuvo que por las distintas patologías sufridas por la actora desde el mes de enero de 2001 hasta febrero de 2003 no se encontraba en condiciones de realizar tareas de operadora telefónica, por lo que era recomendable debido a su estado de salud que realizara tareas pasivas sin atención al público.
Añadió que a partir de septiembre de 2002 se alternaron tareas administrativas en el Departamento de Recursos Humanos con las de operadora telefónica y que su intención en todo momento fue la de establecer y conocer qué tareas eran acordes con la delicada salud de la reclamante.
Sostuvo que la nueva enfermedad psiquiátrica de Reinhold (10/02/03) determinó que a partir del 25/02/03 de ese año le asignaran sólo tareas administrativas en forma permanente, entre las que se encontraban la confección de propaganda y comunicación institucional de Cablevisión S.A. dirigida exclusivamente a su personal e instructivos a los operadores, momento a partir del cual la salud de aquélla mejoró notablemente.
Aclaró que todos los trabajos en los que intervino la ex dependiente se realizaron en formatos únicos preestablecidos oportunamente por el Departamento de Marketing y por el de Recursos Humanos de Cablevisión S.A. sin que la actora tuviera ninguna injerencia ni participación. Es más, dijo que la actora no definía el contenido y que las tareas administrativas que se le otorgaron no fueron producto de una decisión unilateral de su parte, sino por el contrario fueron consensuadas con la trabajadora.Destacó que si bien Reinhold fue contratada para realizar tareas de operadora telefónica, a partir de febrero de 2003 su estado de salud no le permitió continuar realizándolas. A su vez dijo que la remuneración siempre se mantuvo en el mismo nivel puesto que, tanto las tareas de operadora telefónica como las administrativas que se le otorgaron, no determinaban su derecho a una remuneración distinta; tampoco realizó una función superior que justificara un salario diferente al abonado por su parte el cual se ajusta en todo a lo dispuesto por el CCT 223/75.
Finalmente adujo que las tareas que dijo la actora realizar para su parte si bien fueron ajenas a su calificación profesional, sustituyeron las propias de tal calificación -operadora telefónica de call center- y merecieron igual retribución por quedar encuadradas dentro de la categoría general de empleada administrativa. (ver fs. 243/270).
c)El sentenciante de grado admitió el reclamo inicial puesto que -en líneas generales- consideró que los extremos probatorios vertidos a la litis corroboraron los in cumplimientos detallados por Reinhold en el inicio, entre ellos que durante cuatro meses la actora además de las tareas para las que había sido contratada en su calidad de operadora de call center y para el desempeño de tareas administrativas (conf. art. 32 CCT 223/75) realizó trabajos de diseño gráfico que la demandada no le abonó.
La accionada se alza contra esta última decisión sosteniendo que es errado condenar a su parte a abonar una suma remuneratoria adicional en concepto de trabajos de diseño gráfico habida cuenta que la circunstancia por la cual se le encargó a la actora la realización de los ayuda memorias denominados news letters fue la de asignarle una actividad acorde con su profesión -diseñadora gráfica- por su estado de salud.
Sostiene además que aquéllas fueron parte de las tareas administrativas y jamás representaron un trabajo extraordinario que mereciera una remuneración adicional a la abonada mensualmente.
III.Y bien, delineados de tal modo los límites de la controversia, comparto la postura del Dr. Bertolini en cuanto a la viabilidad de la remuneración adicional por trabajos de diseño gráfico puesto que también considero que las declaraciones testimoniales que obran en la causa, contrariamente a lo que aduce la quejosa, corroboran que tales tareas no estuvieron comprendidas en aquéllas para las cuales fue contratada la reclamante y por ende debían ser abonadas. Me explico:
a) A instancias de la parte actora, declararon los testigos Mozun Tamborenea, Pedrido Nanzur, Benítez y Koiv.
Mozum Tamborena (fs. 370vta/72) compañera de tareas, dijo que la actora en una época estuvo a cargo de hacer los new letter que eran un ayuda memoria; que en principio la actora era operadora telefónica, que después hizo tareas administrativas y que también hizo los new letter; que sabe que la actora los hizo para los operadores de la noche porque quiso, pero después supo que era tarea de la actora según le informó la supervisora del sector; que esto fue en mayo o junio de 2003; que la encargada del sector le dijo a la deponente que la encargada de hacer los new letter y los manuales de capacitación era la actora; además dijo la deponente que dichos papeles llevaban la firma de la actora; que esos papeles eran unos ayuda memoria que facilitaban el trabajo, que incluso los utilizó la testigo; que cuando la actora estaba de licencia médica a la testigo no le entregaron los new letter; que en el año 2003 cuando se fusionaron con Fibertel esta información comenzó a salir mensualmente y se distribuía; la testigo dice que ella usó el manual de capacitación y al pie de página estaba la firma de la actora;
Por su parte Pedrido Nanzur (fs.373/4 vta) -ex dependiente de la demandada- sostuvo que la actora ingresó a prestar tareas como operadora telefónica y que la dicente lo sabe porque ella la capacitó para ese puesto; además sostuvo que la actora hacía tareas administrativas, armado de memos, confección de la carpeta de programación, tareas todas que se las daba el supervisor, Sr. Galarreta; que la dicente sabe que después del año 2001 cuando se reincorporó la actora de una licencia por enfermedad la actora hizo una suerte de ayuda memoria, era como un cuaderno, un mini manual donde estaban resumidos “los tipos de partes” (sic) que se podían tomar, dijo que “parte” es un tipo de comunicación interna de la empresa donde uno deja asentado el reclamo del cliente; que ese manual la dicente lo vio porque lo utilizó la gente de su grupo y era útil, porque la mayoría de los operadores eran nuevos; que la dicente sabía que lo había hecho la actora porque tenía la firma de ella; sabe que también la actora hizo el mini manual entre noviembre y diciembre de 2001.
Koiv (fs.377/78vta), que fue compañero de tareas de la actora, a su vez sostuvo que en el lugar donde estaban las novedades recientes de la empresa había un diseño que estaba firmado por la actora; que el testigo le preguntó a la actora si ella era la que firmaba esos trabajos y la actora le dijo que sí, que le respondió que ella diseñó eso; que además la vio diseñando el manual de atención al cliente de Fibertel, que la vio armando manuales, esto fue a mediados del 2003 también; que sabe que la actora trabajaba en el call center y que además hacía otras cosas, que la vio atendiendo el conmutador, haciendo el llenado de planillas de base técnica, que la vio haciendo otras tareas, que la actora iba y venía.
Benítez (fs.438/vta), también ex dependiente de la demandada, dijo que la actora cumplía tareas de atención telefónica; que sabe que la dicente luego de su licencia por enfermedad a mediados de 2001, hacía además tareas administrativas, news letter, que lo sabe porque lo veía la dicente, que la actora hacía los manuales que usan todos como ayuda memoria, que eran de Fibertel, que los usaban todos los días y que tenían la firma de la actora, que no sabe si le pagaban por esa tarea.
Como se puede advertir estos deponentes en forma coherente, precisa y concordante, han detallado que Reinhold si bien fue contratada para desempeñar tareas de atención telefónica y administrativas efectuó los mentados ayuda memoria o manuales para los operadores a pedido de su supervisor.
Estos deponentes han dado suficiente razón a sus dichos por ser compañeros de tareas de la trabajadora y haber tomado contacto directo con las circunstancias que relatan. Nótese que todos en forma concordante han visto la firma de la actora en tales trabajos porque ellos los utilizaban, razón por la cual les otorgo pleno valor probatorio (conf. arts. 386 del CPCCN, 90 y 155 de la LO).
Por parte de la demandada declararon Cangiano y Ruiz Galarreta.
Cangiano (fs.369/70), jefe de beneficios al personal de Cablevisión, dijo que la actora ingresó como operadora telefónica de Cablevisión; que durante un tiempo hizo tareas administrativas en el área de capacitación de la gerencia de Recursos Humanos; dice el testigo que esas tareas fueron para favorecerla porque la actora era diseñadora gráfica y le ofrecieron hacer esas tareas a partir de un pedido que les efectuó la jefa del area Sra.Regueiro; que estas tareas fueron muy bien recibidas por la actora y no demandaban más de un día de trabajo mensual aproximadamente; que esto lo sabe el dicente porque él se los encargó; que consistían en el diseño gráfico de un boletín interno de dos hojas que salían en forma mensual y contenían información comercial y de recursos humanos dirigida al personal técnico de la empresa; que el dicente no sabe si a la actora se le pagó por esos trabajos; que incluso sabe que esos trabajos los realizaba la actora en su domicilio particular porque allí contaba con los medios técnicos para realizarlos; que estos trabajos fueron los últimos meses del año 2002; que se había definido un formato de diseño gráfico del boletín que se mantuvo en el tiempo y Fabiana -la actora- incorporaba en ese formato el material que ellos les daban; que el deponente no sabe qué categoría laboral figuraba en los recibos de haberes cuando la actora hizo las funciones de diseño gráfico; que el testigo dice que podía evaluar el tiempo que le demandaba a la actora ese trabajo por el volumen de la información que le entregaba; que la actora diseñó un formato del boletín que se mantuvo inalterado a lo largo de los sucesivos números que salió el boletín; que ese trabajo era un boletín mensual que tenía una tirada de mil ejemplares y que salió por un período, que el testigo calcula que fueron tres o cuatro meses, luego, por cuestiones corporativas, se decidió discontinuarlo; que el objetivo era darle tareas afines con su calidad de diseñadora gráfica por su situación emocional; que estas tareas que señaló el testigo son livianas en lo físico pero intensas en lo intelectual.
A su vez Ruiz Galarreta (fs.375/vta) -empleado administrativo de Cablevisión- dijo que sabe que la actora al principio hacía tareas de operadora telefónica y luego hizo tareas administrativas; que el testigo vio los news letter de la empresa que son resúmenes de la política de la compañía y que cree que la actora los hacía, acto seguido manifestó que antes de que la trabajadora hiciera esto en la empresa no se hacían esos manuales.
Repárese entonces que -contrariamente a lo que sostiene la demandada quejosa- el propio testigo ofrecido por su parte, Cangiano, si bien sostuvo que las tareas de diseño gráfico fueron asignadas a la actora con el fin de beneficiarla, lo cierto es que esos trabajos no sólo demandaban un esfuerzo intelectual importante sino que incluso los realizó en su domicilio particular porque allí poseía los elementos técnicos (sic) todo lo cual lejos está de conformar simples tareas administrativas acordes a su categoría laboral, sino más bien un trabajo extraordinario.
De hecho, Ruiz Galarreta señaló que antes de que los efectuara la actora, los new letter o enlace técnico no se realizaban en la empresa lo que hasta aquí permite corroborar que la actora por sus conocimientos, aportó un elemento que favoreció el cumplimiento de tareas de parte del personal de la demandada -operadores técnicos- tareas que se sumaron a las administrativas y que, insisto, lejos están de aquéllas para las cuales fue contratada -operadora telefónica-.
Frente a esta circunstancia, tampoco luce atendible que la demandada sostenga en el memorial que todo este trabajo de diseño estaba supervisado en cuanto a su formato y contenido por el personal superior de la actora.Nótese que Cangiano incluso señaló que lo que se le suministraba a la trabajadora para que efectuara dichos trabajos fue sólo la información que se tenía que difundir, mientras que el diseño lo hizo Reinhold.
Considero entonces, al igual que el sentenciante a quo, que en el sub- lite está suficientemente acreditado que, además de las tareas de operadora de call center y administrativas (conf. art. 32 CCT 223/75), Reinhold realizó trabajos extraordinarios de diseño gráfic o que nunca fueron remunerados, razón por la cual, propicio mantener este extremo del decisorio apelado.
Al respecto me resta añadir que me parece irrelevante sopesar cual fue la motivación de la empresa para otorgarle esas labores técnicas extraordinarias y adicionales a la pretensora pues aún si lo hubiese hecho para atender su situación emocional -como arguye- lo cierto es que se trató de una ocupación nueva y adicional a la originalmente pactada y no una sustitución en el marco del art. 212 de la LCT.
b) La demandada también se queja por el monto de las remuneraciones que se asignaron por las mentadas tareas sosteniendo que sólo fueron realizados un mes y los restantes tres meses la actora se limitó a cargar datos.
En este punto considero que tampoco le asiste razón puesto que del testimonio del deponente Cangiano, quien además fue el que se los encargó, surge que dichos trabajos los realizó la actora por un período de tres o cuatro meses, extremo que a mi juicio, echa por tierra el argumento recursivo.
Por lo demás, en virtud de lo informado por el Sindicato Unico de Publicidad, a fs. 470/71, de conformidad con el salario que debe percibir un diseñador gráfico como lo es la actora (ver puntualmente fs. 471 primer recuadro), considero que no luce desacertado fijar tal remuneración adicional por las tareas que efectivamente realizó, en $1499 por cada mes (conf. art.56 LCT) tal como lo determinó el sentenciante de grado.
Por todo ello, voto por confirmar este extremo del decisorio apelado.
IV. En cambio opino que le asiste razón a la accionada en tanto objeta el progreso del rubro ropa de trabajo.
Ello puesto que, en principio, advierto que la reclamante al demandar este tópico se limitó a señalar que la patronal le entregó el 23/08/00 y el 19/11/01 un voucher de $200 para la compra de ropa y un uniforme, y que el CCT 223/75 establece que se deberán entregar por año dos veces como mínimo, manifestaciones que en modo alguno constituyen la petición clara y positiva que establece el inc. 4º del art. 65 de la L.O.
Más allá de esta circunstancia, discrepo -respetuosamente- con el magistrado a quo en cuanto al análisis de las constancias de la causa, puesto que a mi ver los declarantes traídos por ambas partes son coincidentes en cuanto a que Cablevisión entregó a la actora la ropa de trabajo.
En efecto, el testigo de la demandada Ruiz Galarreta (fs.375/vta) dijo recordar que le dieron el uniforme a Reinhold, extremo que luce coincidente con lo declarado por los propios testigos aportados por la aquélla, Mozum Tamborenea (fs. 370vta/71) y Benítez (fs.373) en tanto sostuvieron en forma concordante que la demandada les entregó un uniforme que constaba de un pantalón, una pollera, un par de zapatos, dos camisas y un saquito.
Estas declaraciones que lucen coincidentes y circunstanciadas provienen, como ya se señaló, de compañeros de tareas de la trabajadora, razón por la que les otorgo pleno valor probatorio en la medida que evidencian la entrega de ropa de trabajo que origina el reclamo (conf. art. 386 CPCCN y 90 LO).
Por lo demás, sin perjuicio de lo expuesto y a mayor abundamiento, considero que la obligación de entregar ropa de trabajo que surge del art.67 del CCT Nº 223/75 invocado por la reclamante al demandar, es una prestación convencionalmente establecida en el plano colectivo no sustituible por dinero una vez extinguida la relación.
En efecto, tal como sostuvo en su voto mi distinguido colega Miguel Ángel Pirolo en la causa “San Juan José Luis c/ Felipe Sinamón S.A. s/ Despido” (S.D. Nº 95256 del 25/09/07 del protocolo de esta Sala), en criterio al que adherí, la circunstancia de que esa obligación patronal sea exigible en el marco propio de la relación individual no significa que, entonces, pueda ser exigible más allá de la vigencia del contrato y a través de una prestación diferente (dar sumas de dinero en lugar de dar cosa cierta). Incluso observo que la actora no ha efectuado un reclamo por el reintegro de un gasto en el que afirme haber suplido al empleador (art. 76 LCT) ni se ha acreditado efectivamente haber efectuado ese presunto gasto por otro.
Por ende, propicio revocar la sentencia de grado en tal aspecto y consecuentemente restar al monto de condena la suma de $800 correspondiente al rubro analizado.
V. La accionada también se queja por la condena a abonar las horas extras y las horas nocturnas extremo que, de aceptarse mi propuesta, tendrá favorable acogida.
a) Es que tal como lo sostiene la apelante, advierto que al demandar la actora no ha denunciado con precisión qué cantidad de horas habría laborado supuestamente en tiempo suplementario sino que sólo se limitó a mencionar los artículos del convenio colectivo que rigen la jornada laboral de los operadores de cable y a efectuar cálculos sin un aval fáctico que sustente su pretensión violando el deber nacido del art. 65 inc. 4 de la L.O., extremo que obsta la viabilidad de la pretensión por poner en crisis el debido proceso y el derecho de defensa. Para más, de la pericia contable de fs.486/491 surge que la demandada le abonó a Reinhold las horas laboradas en tiempo suplementario y este punto no ha merecido objeción por parte de la reclamante.
Consecuentemente, la falta de fundamento del extremo reclamado me conduce a proponer se revise este tramo del decisorio apelado.
Resta señalar que, por la solución sugerida, se torna abstracta la aplicación al caso del fallo Plenario Nº 226 , tal como lo solicita la demandada en el memorial.
b) De igual modo, correspondería acoger el agravio que gira en torno a la recepción del reclamo por horas nocturnas puesto que, teniendo en cuenta el horario cumplido por la trabajadora (19 a 01 hs) y la jornada laboral que establece el art. 51 del CCT 223/75 (7 horas de lunes a viernes y 3 hs. y media los sábados, es decir, 38 horas y media semanales) no se encuentra excedido el límite de la jornada convencional.
En efecto, si se considera el horario denunciado al inicio (19 a 01 hs.) laborados en el período no prescripto, es decir desde el mes de abril de 2002 hasta el 24/02/03, se puede advertir que la trabajadora cumplió alternadamente horas diurnas y nocturnas que es una jornada caracterizada por la doctrina como “mixta” . En este tipo de jornadas, como también lo indica el art. 200 LCT, corresponde sumar a las horas diurnas trabajadas las nocturnas a razón de una hora y ocho minutos cada una hasta completar las ocho, debiendo abonarse con los recargos previstos en el art. 201 LCT aquellas que excedan de este último número.
Pues bien, teniendo en cuenta las pautas señaladas, Reinhold se desempeñó en una jornada de 6 horas con 32 minutos, es decir 2 horas diurnas (de 19 a 21) más 4 horas con 32 minutos nocturnas (de 21 a 1 hs.), lo que en modo alguno excede la jornada convencional de 7 horas (conf. art. 51 CCT 223/75) ni, mucho menos, el límite legal.Por todo ello, de aceptarse mi propuesta, corresponderá modificar también este extremo del fallo atacado y consecuentemente restar al monto de condena la suma de $6800,54 determinada en la sede de grado por ambos tópicos.
VI. El cuarto agravio de la demandada se refiere a la condena a entregar a la actora los certificados de trabajo que establece el art. 80 LCT.
Al respecto sostiene la recurrente que el certificado de trabajo que le entregó a Reinhold y cuya copia acompañó en oportunidad de contestar la acción (ver fs. 241) cumple con los requisitos del art. 80 LCT. Asimismo solicita, que en caso de que se rechace el agravio, se extienda el plazo para su entrega a 120 días en virtud del tiempo que demora el trámite ante la AFIP.
En este punto no le asiste razón a la quejosa puesto que en primer término cabe señalar que los instrumentos a los que hace referencia en el memorial (fs. 241) no se condicen con la realidad del vínculo laboral habido ya que, tal como se señaló en el acápite II del presente voto, la demandada no ha abonado a la trabajadora los salarios correspondientes por sus trabajos de diseño gráfico, con lo que aquéllos no cumplen con los requisitos que emanan de la norma citada.
Sentado lo anterior, tampoco cabe receptar la solicitud de ampliación de plazo para la entrega de dichos instrumentos, habida cuenta que parece soslayar el recurrente que el art. 80 de la LCT y el decreto reglamentario 146/01 le otorgan al demandado un plazo de dos días hábiles a partir del requerimiento que le efectúa el trabajador amén de los 30 días que, desde la desvinculación, añade el art. 3 del decreto citado.Cabe señalar que la obligación de la demandada nació con la extinción del vínculo y la sentencia es sólo declarativa de su deber, razón por la cual no encuentro motivo válido alguno para apartarme de los cinco días que determinó el Dr. Bertolini.Por ello, voto por confirmar este extremo del decisorio atacado.
VII. La accionada también objeta la recepción del reclamo con fundamento en el art. 2 de la ley 25.323 y en este punto también estimo le asiste razón.
Cabe señalar que -tal como lo sostiene la recurrente- del recibo de haberes de fs. 241 surge que Cablevisión le abonó a la reclamante la suma de $4.146 en concepto de indemnización por antigüedad y $1.213,48 por indemnización sustitutiva de preaviso.
No soslayo que, de conformidad con la mejor remuneración de $1399,28 que informó el perito contador a fs. 486/91, en lugar de esas cifras le hubiera correspondido percibir $4780,87 y $1399,28 -respectivamente-, pero lo cierto es que a mi juicio esas diferencias tan exiguas, del orden del 13%, en modo alguno constituyen la actitud incumplidora por parte de la demandada al pago de las indemnizaciones que surgen -en el caso- de los arts. 6 y 7 de la 25.013 en los términos que ha previsto la norma de aplicación.
En efecto, opino que la finalidad del precepto es castigar al empleador que despide sin invocar causa o con una causa injustificada y no paga oportunamente los resarcimientos legales, privando al dependiente de la reparación tarifada oportuna, mas ese comportamiento social y jurídicamente reprochable no se configura cuando el principal abona las indemnizaciones que considera adeudar en base a criterios razonables aún cuando, a la postre, resulten discutidos pero dando lugar sólo a una exigua diferencia.
Ante ello considero que se dan en el caso las circunstancias excepcionales a las que hace mención el párrafo final del art.2 de la ley 25.323, por lo que propicio eximir a la demandada del pago de este recargo.
Como corolario de lo dicho, voto por revocar este tramo del decisorio apelado y consecuentemente restar al monto de condena la suma de $3.148,38, correspondiente a este concepto.
VIII. Me abocaré ahora a tratar los agravios de la parte actora vertidos por haberse desestimado su pretensión a una reparación por daños provocados por una situación que caracterizó como “mobbing”.
Cabe memorar que el sentenciante de grado no acogió este tramo del reclamo al considerar que de las pruebas colectadas no surgen las notas típicas de violencia laboral o de abuso de poder, o que en el caso se haya lesionado la integridad moral o la salud de la actora en beneficio o interés de la empleadora o del propio equipo de trabajo en el que aquélla se encontraba inmersa.
La reclamante sostiene -en líneas generales- que dicha conclusión es producto de una inadecuada valoración de las declaraciones testimoniales vertidas en la causa, puesto que de esos elementos de prueba surge una clara persecución personal en el empleo, es decir, una conducta hostil e intimidatoria por parte del personal jerárquico de la empresa demandada y de su grupo de iguales respecto de su persona, y que ello debe ser reparado.
Pues bien, estimo que la apelante tiene razón aunque se impone señalar que en el escrito inicial hay un exceso de citas y generalizaciones sobre el hoy popular “mobbing”, pero escasas afirmaciones concretas que competan al vínculo laboral habido; así como casi nada se ha precisado sobre los daños que habría sufrido en su salud la trabajadora y, para más, ni siquiera se estimó la pretensión resarcitoria. Probablemente estas circunstancias expliquen la evaluación que efectuara el Dr. Bertolini.No obstante, la naturaleza del planteo y la gravedad de la materia en juego -la integridad psicofísica de una trabajadora- considero que esas insuficiencias del relato inicial deben ser soslayadas en pro de la búsqueda de la verdad material y de una solución justa. Es válido recordar que el juez del trabajo no puede permitir que en la lid procesal el formalismo neutralice los objetivos tuitivos del derecho de fondo, aunque esta actitud judicial ya no es exclusiva de los jueces del trabajo, en tanto los modernos ordenamientos adjetivos civiles y comerciales mandan al magistrado buscar la verdad material, mientras la Corte, desde su doctrina judicial, advirtió ya desde la década del 50 que la renuncia a la búsqueda de la verdad jurídica material y la renuncia voluntaria a ese objetivos resultan incompatibles con el adecuado servicio de justicia (CSJN, “Colalillo, Domingo”, Fallos 238:550).
Esa imposibilidad de abdicar del deber de buscar la verdad material de lo ocurrido en una situación jurídica como la presente, en la que la trabajadora adujo haber sufrido problemas psicopatológicos derivados de maltrato laboral me compele a extremar los recaudos para examinar lo efectiva y realmente acontecido.
Pues bien, a mi juicio de las probanzas colectadas en autos surge acreditado lo nuclear del marco fáctico de maltrato aludido tan escuetamente por la accionante en la demanda, es decir la presión psíquica y moral que aquélla denunció como sufrida en su ámbito de trabajo.Me explico.
Mozum Tamborenea (fs.370vta/2) señaló que la actora era muy buena operadora cuando ingresó; que sabe que a la actora la llamaron mentirosa porque se dio una situación en la que le hicieron un reclamo porque no le habían otorgado más premios y ellos decían que si, entonces se dio una situación en la que la llamaron mentirosa delante de otros operadores y considero que yo también -dice la testigo- pude haberla maltratado, porque cuando se referían a ella, estando o no presente, la llamábamos con términos que no estaba bien usar, sobrenombres que causan gracia, “la 22”, “la chapi”, “la multiuso” (sic).
A su turno, Pedrido Nanzur (fs. 373/4vta), quien era la persona que capacitó a la actora cuando ingresó, dijo que en septiembre de 2001 -que la deponente se acuerda porque fue en la época en que ocurrió el episodio de las Torres Gemelas- la actora llegó muy mareada al trabajo alrededor de las siete menos cuarto de la tarde, pidió un vaso de agua a uno de los operadores quien no se lo quiso dar, porque tenían prohibido levantarse de su puesto de trabajo, sobre todo si estaba el jefe de sector; que entonces llamaron a un servicio de emergencias y el médico dijo que por los síntomas que tenía la actora era un ataque de pánico; que sabe que después la actora estuvo de licencia; que la testigo manifiesta que por lo que le comunicaron a ella o lo que le dieron a entender, la actora estaba desequilibrada psíquicamente, entonces por eso la aislaron; que el grito como medio de comunicación en el trabajo era constante; que la testigo sabe que el desempeño de la actora en el momento en que la deponente laboró era excelente, era cumplidora, responsable con los horarios, proactiva, colaboradora, era buena compañera, solidaria, aprendió rápido su trabajo, que todo esto la testigo lo sabe porque ella la capacitó; que a partir del ataque de pánico que sufrió la actora, el trato con ella cambió, sela empezó a catalogar como alguien conflictivo, peligroso y se la calificó como “loca” (sic); que la testigo sabe que el mote que utilizaba Regueiro -la responsable del sector- para referirse a la actora era “la chapita” (sic); que la testigo lo sabe porque lo escuchó; que a la testigo la Sra. Regueiro le pidió que en lo posible la actora no estuviera en contacto con los otros operadores; que la testigo sabe que la intención de la empresa siempre fue despedirla a la actora, porque esto fue lo que manifestó la Sra. Regueiro quien dijo, porque la deponente lo escuchó, que iban a aguantar un tiempo para que pudieran despedirla; que la testigo escuchó que Regueiro dijo en una reunión que mantuvo con los coordinadores y supervisores que a la actora la catalogaran como “peligrosa” y “loca”.
En el mismo sentido declaró Koiv (fs. 377/8), cuando dijo que a la actora la llamaban “la Reinhold” o “la chapa” (sic).
Como se puede advertir de esta simple reseña, los deponentes mencionados, en forma concordante, coherente y precisa, han graficado la existencia del maltrato psicológico que la actora señaló al comienzo y, dado que fueron compañeros de tareas de aquélla, conocen los hechos sobre los que depusieron por su percepción directa y lucen sinceros y objetivos, les otorgo pleno valor probatorio (conf. arts. 386 del CPCCN y 90 de la LO).
Sentado ello, cabe memorar que el acoso moral laboral es definido en la doctrina médica, sociológica y jurídica como una situación creada por una persona o grupo de personas, quienes ejercen una violencia psicológica extrema, de forma sistemática, durante un tiempo prolongado y sobre una persona en particular.Es que el vocablo “mobbing”, como nos lo recuerda María Cristina Giuntoli (Mobbing y otras violencias en el ámbito laboral, El Derecho-Universitas SRL, Buenos Aires, 2006), fue utilizado por el etólogo Konrad Lorenz para describir los ataques de una coalición de animales débiles contra otro más fuerte de la misma especie o de otra y en la década de los 80 el psicólogo alemán Heinz Leymann lo empleó en el análisis de las relaciones laborales para identificar las situaciones en que una persona o un grupo de personas ejercen una violencia psicológica extrema de forma sistemática, durante un tiempo prolongado (más de seis meses) sobre otro sujeto. Francisco Javier Abajo Olivares (Mobbing. Acoso psicológico en el ámbito laboral, Lexis Nexis Depalma, Buenos Aires, 2004) remarca, en el mismo marco conceptual, la intencionalidad de esa violencia psicológica, consistente en lograr que la víctima quede aislada de su entorno y abandone el sector, el grupo o la empresa.
Frente a las circunstancias en las que se desarrolló el vínculo laboral del caso subexámine, resulta importante poder distinguir esa peculiar situación de “mobbing”, terror psicológico, persecución psicológica, o acoso laboral, de la “la violencia psicológica general” de un ambiente de trabajo, ya que, repito, en las hipótesis de “mobbing”, la agresión psicológica tiene una dirección específica hacia la víctima con una intencionalidad subjetiva y perversa de generar daño o malestar psicológico; su destrucción psicológica y consecuente sometimiento; y/o su egreso de la organización empresarial o del grupo (confr. Marie-France Irigoyen, El acoso moral. El maltrato psicológico en la vida cotidiana, Paidós, Barcelona, 1999. En similar sentido, Abajo Olivares, Mobbing. Acoso psicológico en el ámbito laboral, ya citado:Giuntoli, Mobbing y otras violencias en el ámbito laboral, ya citado, entre otros).
En cambio, en la segunda hipótesis se alude a un ambiente de trabajo agresivo, hostil y dañino, que puede ser consecuencia de inadecuados estilos de dirección basados en un liderazgo autocrático o climas organizacionales cargados hacia la competitividad y con fallas en aspectos de comunicación, sistemas de recompensas, u otros factores que afectan a todos o a una gran mayoría de los trabajadores de la empresa. La agresión en esta hipótesis tiene como base la supuesta superioridad personal de los directivos sobre los empleados y se hace con la declarada intención de asegurar el buen funcionamiento de la empresa y sus niveles de productividad (confr. Manuel Pando Moreno, “Mobbing. Tipos, comportami entos, perfiles y sus consecuencias psicológicas en el trabajo”, en Mobbing. Estudios multidisciplinarios sobre el acoso psicológico en el trabajo, Número Especial de Jurisprudencia Argentina, coordinado por Patricia B. Barbado, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2006-III).
Con esta perspectiva y estos instrumentos de enfoque y análisis, tengo en cuenta las particularidades de la litis y lo declarado por los compañeros de tareas de Reinhold para concluir que está comprobado que las condiciones de trabajo en el establecimiento de la demandada eran objetivamente nocivas y hostiles.
Sin embargo, no encuentro elementos de juicio que me lleven a barruntar siquiera que las circunstancias descriptas hubieran sido generadas por los superiores ni por los pares de la demandante con el fin intencional de destruirla psicológicamente, someterla, degradarla, y/o lograr su egreso de la empresa, aún cuando hayan mediado comportamientos antisociales habituales en los grupos ante lo distinto y frente a quien, por ello, genera temor.Es decir que no encuentro probado el componente subjetivo perverso e intencional que permite definir lo que jurisprudencia, medicina y sociología del trabajo han identificado bajo la conceptualización de “mobbing”.
Si bien la testigo Pedrido Nanzur dijo que la supervisora del sector le comunicó que “aguantarían lo necesario hasta que la pudieran despedir” (sic), este extremo no puede considerarse para acreditar la mentada intencionalidad de generar el daño, por provenir de un testigo referencial, y dado que, a mi entender, la lectura completa y en su debido contexto del testimonio y de la referencia llevan a pensar que la supervisora aludía al deseo de la empresa de despedir a la actora en algún momento, mas no que buscase su salida forzada por el acoso.
Empero, repito que veo suficientemente acreditada la nocividad del ambiente de trabajo, lo que activa la responsabilidad del empleador en los términos del art. 1109 del Código Civil.
Pongo el acento en que Pedrido Nanzur (fs. 373/4vta) dijo que en el CEAC se indicaba a los gritos a los operadores de trabajo la cola de llamadas; que el grito era un medio de comunicación de pautas de trabajo y era algo habitual, implementado principalmente por la Sra. Regueiro, a la sazón jefa del sector; que Koiv (fs.377/8) relató que el ambiente en el CEAC era un galpón donde solía haber goteras, no era acústico y había un murmullo siempre, añadiendo que el trato era particular porque la jefa del sector salía a gritarles, a violentarlos, y que los supervisores hacían lo mismo.
También Mozum Tamborenea (fs. 370vta/2) manifestó que el trato laboral de los operadores no era del todo bueno, explicando que todo el tiempo se fomentaba mucho la competencia, lo que llevaba a que los supervisores, coordinadores o la jefa del sector los tratasen mal, levantando el tono de voz.Añadió que en algunos casos escuchó insultar a los gritos a los compañeros, puntualizando que todo era por la cadena de mando, ya que la autoridad se imponía con el mal trato.
Esta descripción, concordante y no contradicha por ningún elemento de juicio, evidencia un ambiente de trabajo hostil y dañino en el que la demandante estuvo inmersa en forma prolongada y en el que debió sobrevivir. Pero, más allá de ese clima general agresivo, debo remarcar que los tres testigos recién mencionados han coincidido al afirmar el maltrato que los compañeros de tareas le inferían a la pretensora en particular.
En efecto, contaron que, estando o no presente Reinhold, se referían a ella con motes despectivos tales como “la loca”, “la chapi”, “la multiuso”, “la 22”; que la llamaron mentirosa delante de otros operadores (Mozum Tamborenea); y que, incluso, la catalogaban de desequilibrada psíquicamente por los ataques de pánico que sufrió, razón por la que, encima, la aislaron (Pedrido Nanzur).
Del cúmulo de hechos descriptos se desprende por un lado la nocividad del ambiente laboral y, por otro, que la accionada permitió y toleró semejante clima de trabajo y de relaciones jerárquicas y horizontales, ya que no se ha invocado ni acreditado que hubiese tomado medida preventiva o sancionatoria alguna al respecto así como tampoco que haya prestado atención a los signos y síntomas que la propia demandante presentaba, indicadores bastante elocuentes de patologías vinculadas al entorno laboral.
Inevitable resulta, entonces, concluir que Cablevisión SA no cumplió siquiera básicamente su deber constitucional de garantizar condiciones de trabajo dignas ni la obligación legal de seguridad e higiene en el empleo, conforme lo exigen los arts.14 bis de la Constitución Nacional, 75 LCT y 4 apartado 1 de la ley 24.557, es decir que no garantizó la indemnidad psicológica de su dependiente, con lo que, al permitir condiciones y un ambiente de labor nocivos, actuó culposamente habida cuenta que se ha comprobado la responsabilidad personal de los superiores jerárquicos y de otros trabajadores, compañeros de la demandante, que implementaron un clima general y personal hostil por el que el principal debe responder no sólo por pesar sobre sus hombres dichas obligaciones sino también por resultar titular del pleno poder de organización y dirección de la empresa (arts. 1113 Código Civil y 64/65 LCT).
Esto es así puesto que el empleador debe velar irrestrictamente por la integridad psicofísica de sus dependientes mientras se encuentren dentro del establecimiento y/o cumpliendo sus tareas, obligaciones que dimanan del deber genérico de seguridad y del principio de indemnidad (arts. 75 LCT y 4 apartado 1 LRT), de la misma forma que debe preservar también la dignidad del trabajador cuyo fundamento no es otro que el dispositivo constitucional que le garantiza “condiciones dignas y equitativas de labor” (art. 14 bis C.N.).
De ahí que el principal no sólo se encuentra legitimado para tomar medidas en resguardo de la integridad de sus dependientes sino que ello constituye una exigencia derivada del principio de buena fe exigible al buen empleador y lo esperable de éste (arts. 62/63 y concs. LCT).
Queda claro, entonces, que no veo configurado en su tipicidad el “mobbing” aducido al demandar pero si un entorno laboral general y particular hostil, nocivo y dañoso.
La pretensora adujo al demandar haber padecido como consecuencia de la situación laboral denunciada cuadros psicopatológicos y daños psíquicos (ver fs. 13vta y 17vta.”in fine”) que no identificó ni precisó (fs.13/15vta), pero no produjo ninguna prueba que avale esas afirmaciones.
A mi ver, más allá de la señalada imprecisión, no hay en autos ninguna clase de elemento de juicio que permita vislumbrar acreditada la existencia de algún cuadro psicopatológico ni tampoco daños en su psiquismo, al menos en el plano del denominado daño material. Restaría, pues, analizar si aquéllas circunstancias le generaron daño moral, sobre todo teniendo en consideración la excepcional naturaleza de la agresión laboral verificada, que luce susceptible de agraviar los más íntimos sentimientos de la trabajadora, provocándole dolor moral, aflicción
Es del caso recordar que se ha definido al daño moral como la lesión en los sentimientos que determina dolor o sufrimientos físicos, inquietud espiritual, o agravio a las afecciones legítimas (confr. Jorge Bustamante Alsina, Teoría General de la Responsabilidad Civil, 8va. edición, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1993, pág. 234).
Claro que, como es sabido, las eventuales heridas subjetivas no son de una prueba simple, directa ni fácil ya que, como grafica el maestro Bustamente Alsina, residen en lo más íntimo del alma (Ob. cit, pág 248). Mas, como lo señala Arazi, puede determinarse su existencia mediante presunciones judiciales en base a las máximas de la experiencia o de los hechos notorios, según cada caso (Roland Arazi, “Prueba del Daño Moral”, en Revista de Derecho de Daños Nº 6 Daño Moral, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 1999, pág. 107), quien explica que son máximas de la experiencia el conjunto de conocimientos que el juez ha obtenido culturalmente con el uso, la práctica o sólo con el vivir.
Pues bien, no es difícil colegir que tanto el ambiente de trabajo hostil en que prestó servicios la reclamante como el maltrato personal que padeció de sus compañeros y superiores jerárquicos, han podido razonable y presumiblemente generar dolor moral, sufrimiento emocional y padecimientos que -a mi juicio- deben ser reparados.Es que frente a un hecho como el acreditado en autos, me resulta fácil representarme, en mérito a mi experiencia de vida, el sufrimiento y el dolor moral como un corolario normal y típico de haber padecido ese clima hostil de trabajo y, peculiarmente, tras haber sido maltratada la actora por sus compañeros de trabajo, sufriendo el aislamiento y la calificación con epítetos psicológica o psiquiátricamente descalificantes, sobre todo en una sociedad como la nuestra que tanto teme y, por eso, margina cualquier muestra de “anormalidad” psicológica. Además, me parece de clara evidencia que el modo en que se trató a la trabajadora la ha afligido y humillado, de lo que se desprende con sencilla lógica material la comprensión de que tiene que haber mediado dolor espiritual y sufrimiento intenso.
Ahora bien, para fijar la reparación de este daño no puedo soslayar que el art. 75 de la LCT en su párrafo 2º reenvía a tal fin a las normas de la ley 24.557, previendo que corresponderán solamente las prestaciones de dicha ley.
Sin embargo, como la ley 24.557 no contempla en ningún supuesto al daño moral como daño resarcible, así como el listado del decreto 658/96 no reconoce entre las enfermedades profesionales las derivadas del ambiente hostil de trabajo, resulta evidente que, para una contingencia como la juzgada en autos y su consecuente derivación dañosa, dicha ley no otorga prestaciones.
Tal como la jurisprudencia y la casi totalidad de la doctrina sostienen desde 1996, las limitac iones reparatorias introducidas por el art. 39 apartado 1 de la LRT, y por su tributario art. 75 inc. 2 LCT, no operan cuando el régimen especial de indemnizaciones tarifadas no contemplan la contingencia o el daño y por ende no otorgan prestaciones.
Es decir que, en el presente caso, la regla del art.75 párrafo 2 de la LCT no tiene virtualidad al remitir al sistema de prestaciones tarifadas de la ley 24.557 en tanto la contingencia y el daño sufrido por la demandante no encuentran en esta norma cobertura ni prestaciones. Como corolario de ello, corresponde fijar una reparación con las reglas generales que emanan del derecho común según los arts. 1068, 1069 y 1078 del Código Civil. Resta establecer, entonces, los alcances del “precio del consuelo”, como irónicamente denomina Héctor Pedro Iribarne a la reparación del agravio moral (“La cuantificación del daño moral”, en Revista de Derecho de Daños Nº 6, Daño Moral, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 1999, ya citada, pág. 197).
Y bien, tengo en cuenta que ese consuelo o bálsamo para el alma puede lograse obteniendo descansos reparadores, un viaje compensador, unas vacaciones, accediendo a distracciones, lecturas, espectáculos teatrales, cinematográficos o musicales, por lo que, teniendo en consideración la magnitud y duración del hecho ofensor, las circunstancias del ámbito injuriante, la situación personal de la víctima, su salario y antigüedad, estimo adecuado fijar esta partida en la suma de $20.000, la cual sólo en el caso de que no fuera abonada dentro del plazo de cinco días de que se notifique la liquidación del art. 132 de la L.O. y desde el vencimiento de éste, devengará intereses a la tasa establecida en el decisorio apelado (arts. 622 y concs. Código Civil).
IX. La reclamante también se alza contra el rechazo de la sanción con fundamento en el art. 275 de la LCT, extremo que no será favorablemente acogido en mi voto ya que no encuentro que la conducta que asumió en el pleito la demandada revele actitudes obstruccionistas, de mala fe o que, de algún modo, puedan juzgarse temerarias. Por el contrario, sólo advierto que ejerció su derecho de defensa, negando las acusaciones dentro de los límites razonables y sin cometer ninguna inconducta procesal.Por ello, voto por desestimar lo peticionado en este sentido.
X. En suma, por los expuesto en los acápites precedentes, de prosperar mi voto corresponderá modificar parcialmente el decisorio atacado y consecuentemente elevar el monto de condena a la suma de $31.887 (resultante de restarle al monto de condena determinado en la anterior sede $800, $3.148,38 y $6.800,54 y aditarle $20.000, de conformidad con lo apuntado en los acápites IV, V, VII y VIII del presente voto), monto al que corresponderá aditarle los intereses dispuestos en la sede de grado que arriban firmes a ésta, con la salvedad de que la suma correspondientes al daño moral ($20.000) sólo llevará intereses, vencido el plazo al que ya me he referido en el considerando VIII.
XI. El resultado que impulso implica dejar sin efecto lo dispuesto en la instancia previa en torno a las costas y regulaciones de honorarios, y proceder a su determinación en forma originaria (art. 279 CPCCN), por lo que deviene abstracto el tratamiento de la queja del perito contador, de la representación letrada de la actora y los de la demandada en tanto cuestionan ambos extremos.
En lo que respecta a las costas del proceso, propongo imponer las de primera instancia a cargo de la demandada vencida en lo principal (conf. art. 68 del CPCCN).
Asimismo, en atención a la extensión y calidad de las tareas profesionales realizadas sugiero regular los honorarios de la representación letrada de las partes actora y demandada, así como los correspondientes al perito contador, por sus actuaciones en primera instancia, en el .%, .% y .%, respectivamente, del monto total de condena con intereses (cfr. arts.38 LO, 6, 7 , 9 , 19 , 37 y 39 de la ley 21.839 y 3 y concs. decreto ley 16.638/57).
Las costas de Alzada propicio imponerlas en un 60% a cargo de la demandada y en un 40% a cargo de la actora, en atención a la existencia de vencimientos parciales y mutuos (conf. art. 68, 2ª parte y 71 del CPCCN).
Propongo también regular los honorarios de la representación letrada de las partes actora y demandada por las labores cumplidas ante esta instancia en el .% y .%, respectivamente, de lo que a cada uno le corresponda percibir por su desempeño en origen (art. 14 ley 21.839 y 38 LO).
En cumplimiento de la Acordada C.S.J.N. N° 6/05 (modif. por Ac. C.S.J.N. N° 19/05 ), sin que esto implique abrir aquí juicio alguno acerca de la validez constitucional de las normas que regulan la creación y funcionamiento de CASSABA y sin perjuicio del derecho de los sujetos involucrados a efectuar los planteos que estimen pertinentes en el ámbito de competencia material correspondiente, corresponde hacer saber a los abogados, procuradores y a las partes que, oportunamente, deberán observar las previsiones contenidas en la ley 1181 de la C.A.B.A., bajo apercibimiento de comunicar la situación a la mencionada entidad.
Miguel Ángel Pirolo dijo: Adhiero a las conclusiones del voto precedente por análogos fundamentos, con la siguiente aclaración:
De los elementos de prueba convenientemente analizados por mi distinguido colega Dr. Maza, se desprende que, durante la relación de trabajo y dentro del propio establecimiento patronal, la actora fue víctima de un trato hostil y desconsiderado por parte de alguno de sus superiores jerárquicos y compañeros en razón de sus condiciones personales.Dichas actitudes, además de implicar un apartamiento de la empleadora a las obligaciones que la LCT pone a su cargo, a mi entender, constituyeron actos ilícitos de carácter extracontractual destinados a afectar la dignidad personal de la trabajadora que generan, en forma refleja, la responsabilidad de la empleadora (art. 1113 del código civil) por el daño moral provocado y que justifican el reconocimiento de una reparación de ese daño al margen del sistema tarifario previsto con relación a los incumplimientos de índole contractual. En esa inteligencia, en virtud de los fundamentos recién expuestos y en el marco estricto de las particulares circunstancias de esta causa, adhiero a las conclusiones del voto del colega preopinante referidas al reconocimiento de la indemnización por daño moral que propone
Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE: I) Modificar parcialmente la sentencia de grado y elevar el monto de condena a la suma de pesos treinta y un mil ochocientos ochenta y siete ($31.887) con los intereses dispuestos en la sede de grado, con la salvedad de que la suma correspondiente por daño moral de pesos veinte mil ($20.000) sólo devengará dichos intereses en el caso de que no fuera abonada dentro del plazo de cinco días de que se notifique la liquidación del art. 132 de la L.O.y desde el vencimiento de éste; II) Confirmarla en todo lo demás que ha sido materia de recursos y agravios; III) Dejar sin efecto lo resuelto en la instancia anterior en materia de costas y honorarios; IV) Imponer las costas de primera instancia a la demandada; IV) Regular los honorarios a la representación letrada de las partes actora y demandada, así como los correspondientes al perito contador, por sus actuaciones en primera instancia, en el .%, .% y .%, respectivamente, del monto total de condena con intereses; V) Imponer las costas de Alzada en un 60% a cargo de la demandada y en un 40% a cargo de la actora; VI) Regular los honorarios de la representación letrada del actor y de la demandada, por su actuación en esta instancia, el .% y .%, respectivamente, de lo que a cada uno le corresponda percibir por su desempeño en origen; VI) Hacer saber a las partes y sus letrados que deberán dar cumplimiento con lo dispuesto por la ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo apercibimiento de comunicar la situación a CASSABA.
Tag: CAMBIO DE TAREAS, DAÑO MORAL, DAÑO PSICOLÓGICO, DISCRIMINACIÓN LABORAL, HIGIENE Y SEGURIDAD DEL TRABAJADOR, IUS VARIANDI, LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO, MALTRATO PSICOLÓGICO, MOBBING, OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR, PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEL TRABAJO, PRUEBA TESTIMONIAL, REPARACIÓN DEL DAÑO, RESPONSABILIDAD CIVIL, RESPONSABILIDAD DEL PRINCIPAL, ROPA DE TRABAJO, VALORACIÓN DE LA PRUEBA
Previous: Previous post: El GCBA debe responder por los daños originados como consecuencia de las inundaciones originadas por fuertes lluvias.
Next: Next post: Un caso y tres soluciones posibles