Source: https://derechoecuador.com/registro-oficial/2001/06/registro-oficial-28-de-junio-del-2001
Timestamp: 2019-12-15 16:17:29
Document Index: 156916554

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 238', 'artículo 240', 'artículo 27', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 35', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 1']

Registro Oficial. 28 de JUNIO del 2001
Jueves 28 de Junio del 2001
\n 22-684 Proyecto de Ley, Reformatoria\n al artículo 3 de la Ley del Fondo para el Ecodesarrollo\n Regional Amazónico y de Fortalecimiento de sus organismos\n seccionales
\n MINISTERIO DE AGRICULTURA
\n 0185 Dispónese que\n la Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP), posteriormente al cierre\n del contrato de préstamo No 3730-EC celebrado con\n el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento,\n cumplirá con varias actividades en el período comprendido\n entre el primero de julio y el treinta y uno de diciembre del\n dos mil uno
\n MINISTERIO\n DE COMERCIO EXTERIOR
\n 01-163-A Desígnase al señor Stephenson\n Bravo Cabrera, Director de Comercio de la Subsecretaría\n Regional del MICIP en el Litoral para que asista a la sesión\n
\n ordinaria del Consejo Nacional de la Marina Mercante y Puertos
\n MINISTERIO\n DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
\n 0062 Deléganse atribuciones\n al Subsecretario de Desarrollo Territorial
\n 0187 Sanciónase la\n Ordenanza expedida por el H. Consejo Provincial de Pichincha,\n que reglamenta el procedimiento para los recursos de apelación\n
RESOLUCIONES\n
\n 041 Exceptúase de los\n procedimientos precontractuales a la impresión de\n ciento ochenta mil tarjetas de visita a parques nacionales;\n y, adjudícase dicha contratación \n al Instituto Geográfico Militar
\n 051/01 Apruébanse los niveles tarifarios\n para la Autoridad Portuaria de Esmeraldas y derógase\n la Resolución No 012/99 del 15 de abril de 1999, \n publicada en el Registro Oficial No 188 del 11 de mayo\n de 1999 .
\n CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SEGUNDA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL
\n Recursos de casación en los juicios labora- les seguidos\n por las siguientes personas:
\n 326-99 Silvia Alejandrina\n Escandón Calderón en contra de Emiliano Escandón\n Calderón y otra
\n 48-2000 Polibio Tejana Laz en contra del Ministerio\n de Obras Públicas y Comunicaciones
\n 91-2000 Pedro Enrique Loor\n Chavarría en contra del Ministerio de Obras Públicas\n y Comunicaciones
\n 99-2000 Carlos Gualberto Rivera en contra de\n la Empresa Ecuatoriana de Cerámica C.A
\n 151-2000 Julio Ernesto Arellano Bueno en contra\n del Banco del Pichincha C.A.
\n 207-2000 Celso Jonás\n Paredes Villacrés en contra del Ministerio de Obras Públicas\n y Comunicaciones
\n 230-2000 Pablo Gregorio Loor\n Quiroz en contra del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones\n
\n 232-2000 Víctor Salvador\n Moreira Resabala en contra del Ministerio de Obras Públicas\n y Comunicaciones
\n 251-2000 José Lautaro Sanmartín\n Bravo en contra de Manuel Moncayo Cartagena
\n 296-2000 William Cabello García\n en contra de Eternit Ecuatoriana S.A
\n 315-2000 Dra. Laura Emperatriz Viteri en contra\n del IESS
\n 348-2000 Segundo Lucas Sánchez\n Pineda en contra del Ministerio de Agricultura y Ganadería\n y otro
\n 357-2000 Rogelio Joaquín\n Pardo Calva en contra del Ing. Pablo Coello Izquierdo
\n 376-2000 Eco. Dussan Draskovic Buric en contra\n de la Federación Ecuatoriana de Fútbol
\n 38O-2000 Nelson Fernando Flores\n en contra del Ministerio de Agricultura y Ganadería
\n 381-2000 Susan Amparito Nieto\n Hidalgo en contra del IESS
\n 393-2000 Francisco Humberto Salas Jalón\n en contra del IESS
\n -\n Cantón Ambato:\n Que regula\n la instalación de medios visuales de información,\n publicidad y propaganda
\n -\n Cantón Huaquillas:\n Que reglamenta\n los procesos de contratación
\n - Cantón Huaquillas:\n Que reforma a la Ordenanza que regula la exoneración de\n impuestos municipales en la Ley del Anciano y su reglamento
\n - Cantón Huaquillas:\n Que regula la ocupación de mercados y plazas municipales\n \n
NOMBRE: "REFORMATORIA AL ARTICULO\n 3 DE LA LEY DEL FONDO PARA
\n EL ECODESARROLLO REGIONAL AMAZONICO Y DE FORTALECIMIENTO DE SUS\n ORGANISMOS SECCIONALES".
CODIGO: 22 - 684.
AUSPICIO: H. HEINERT GONZABAY PEREZ
INGRESO: 12 - 06 - 2001.
COMISION: DE ASUNTOS AMAZONICOS, FRONTERIZOS Y DE GALAPAGOS.
\n A COMISION: 13 - 06 - 2001.
La Constitución Política de la República\n en su artículo 238, inciso cuarto, manifiesta claramente\n que se dará preferencia a las zonas de menor desarrollo\n y en especial a los territorios limitrofes. Adicionalmente, el\n artículo 240 de la Carta Fundamental demanda que el Estado\n debe poner especial interés en la región amazónica.
Es deber del Congreso Nacional el legislar e impulsar iniciativas\n que vayan a favor de la juventud ecuatoriana, dotándole\n a la misma del mayor numero de facilidades académicas\n para su mejor desarrollo intelectual.
Mediante ley, se creó el Fondo para el Ecodesarrollo\n Regional Amazónico y de sus organismos seccionales, para\n que atienda a la región amazónica del territorio\n ecuatoriano, pero olvidándose de contemplar en su distributivo\n la atención de los estudiantes bachilleres.
N0 0185
Que mediante Acuerdo No. 0381, dictado por el Ministro de\n Agricultura y Ganadería, publicado en el Registro Oficial\n No. 552 de octubre 20 de 1994, se creó la Unidad Ejecutora\n de Proyectos (UEP) que ha tenido a su cargo la implementación\n y cumplimiento de las actividades contempladas en el Contrato\n de Préstamo No. 3730 - EC, celebrado el 19 de octubre\n de 1994, entre la República del Ecuador y el Banco Internacional\n de Reconstrucción y Fomento, para financiar la ejecución\n del Proyecto de Asistencia Técnica al Subsector Riego;
Que mediante Acuerdo No. 092, dictado por el Ministro de Agricultura\n y Ganadería, publicado en el Registro Oficial No. 913\n de marzo 27 de 1996, se expidió el Reglamento Orgánico\n Funcional de la Unidad Ejecutora de Proyectos, reglamento que\n ha sido reformado con Acuerdo No. 162, publicado en el Registro\n Oficial No. 118 de julio 29 de 1997;
Que el Contrato de Préstamo No. 3730 - EC, celebrado\n entre la República del Ecuador y el Banco Internacional\n de Reconstrucción y Fomento, tiene que cerrarse el 30\n de junio del 2001, con sujeción al acuerdo de extensión\n que asumieron las partes;
Que el cierre del contrato de préstamo, implica que\n posteriormente se practiquen liquidaciones económicas,\n informes finales de estados contables, finiquitos de orden administrativo\n y legal, recuperación de bienes y entregas de éstos\n al organismo estatal previsto en las disposiciones dictadas para\n el efecto y en el Reglamento de Bienes del Sector Público,\n por lo que es necesario determinar que la Unidad Ejecutora de\n Proyectos (UEP) ejecute estas finalidades dentro de un período\n prudencial.
Que dentro de la "Descripción del Proyecto",\n que se expresa en el contrato de préstamo, se estipula\n que hay que cumplir con la formulación del "Plan\n de inversión en irrigación del sector público",\n el mismo que está elaborándose técnicamente\n en la (UEP) en coordinación con el BIRF; establecerá\n también la presentación, entendimiento y definición\n del Plan de Manejo Integrado de Recursos Hídricos, plan\n que será ejecutado por esta misma unidad en conformidad\n con el acuerdo ministerial que oportunamente se dictará\n para el efecto; y,
ARTICULO PRIMERO: La Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP),\n posteriormente al cierre del Contrato de Préstamo No.\n 3730 - EC, celebrado el 19 de octubre de 1994, entre la República\n del Ecuador y el Banco Internacional de Reconstrucción\n y Fomento, que se dará el 30 de junio del 2001, se encargará\n finalmente de practicar liquidaciones económicas, elaborar\n los informes técnicos, contables, establecer finiquitos\n y notificaciones legales, ordenar administrativamente documentos\n y archivos, recuperar y entregar bienes adquiridos al organismo\n estatal predeterminado y establecido en el Reglamento de Bienes\n del Sector Público, además se encargará\n de solicitar las auditorías pertinentes y de notificar\n a los organismos estatales nacionales que así corresponda\n y al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.
ARTICULO SEGUNDO: La Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP),\n completará técnicamente la formulación del\n "Plan de Manejo de Recursos Hídricos", en coordinación\n con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento\n (BIRF); establecerá también la presentación,\n entendimiento y definición del Plan de Manejo Integrado\n de Recursos Hídricos, que será ejecutado por esta\n misma unidad con sujeción al contenido del acuerdo ministerial\n que se dictará oportunamente para este efecto.
ARTICULO TERCERO: La Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP),\n cumplirá las finalidades que se han expresado en los artículos\n precedentes, con sujeción a su estructura administrativa\n y funciones que están determinadas en sus reglamentos;\n tales finalidades serán cumplidas en el periodo comprendido\n entre el primero de julio y treinta y uno de diciembre del presente\n año dos mil uno.
ARTICULO CUARTO: La Unidad Ejecutora de Proyectos, para el\n cumplimiento de sus actividades en el periodo expresado, contará\n con el personal que ha venido desempeñando sus servicios,\n que será escogido por el Director de la unidad en el número\n absolutamente necesario e indispensable, y se pagarán\n sus haberes con la remuneración fija que mensualmente\n se les ha reconocido, para este efecto se contará con\n los fondos de la contraparte nacional que han sido asignados\n en el Contrato de Préstamo BIRF 3730 - EC.
ARTICULO QUINTO: De la ejecución del presente acuerdo,\n que entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación\n en el Registro Oficial, se encargará el Director de la\n Unidad Ejecutora de Proyectos.
Comuníquese y publíquese. - Dado en Quito, a\n 11 de junio del 2001.
f) Director Administrativo - Financiero, M.AG.
Fecha: 12 de junio del 2001.
No. 01\n - 163 - A
Que es necesario designar un delegado ante el mencionado Consejo,\n para que asista a la sesión a celebrarse el día\n viernes 8 de junio del presente año; y,
En ejercicio de la facultad que le confiere el Art. 35 de\n la Ley de Modernización del Estado promulgada en el Registro\n Oficial No. 349 de diciembre 31 de 1993,
Articulo Unico. - Desígnase al Sr. Stephenson Bravo\n Cabrera, Director de Comercio de la Subsecretaría Regional\n del MICIP en el Litoral, para que asista, en representación\n de esta Secretaría de Estado, a la sesión ordinaria\n del Consejo Nacional de la Marina Mercante y Puertos, convocada\n para el día viernes 8 de junio del 2001, a las 08h30.
Dado en Quito, Distrito Metropolitano, 8 de junio 2001.
EL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y\n VIVIENDA
Que, los principios de Modernización del Estado implican\n la necesidad de adoptar en las instituciones públicas,\n procedimientos administrativos ágiles y eficientes;
Que, el Art. 35 de la Ley de Modernización del Estado,\n Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos\n por parte de la Iniciativa Privada, faculta a los ministros de\n Estado mediante acuerdos o resoluciones delegar sus atribuciones;
Que, el Art. 7, literal n) del Reglamento Orgánico\n Funcional del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, MIDUVI,\n que sustituye al emitido el 8 de octubre de 1999, mediante Acuerdo\n Ministerial No. 035, publicado en el Registro Oficial No. 309\n de 29 de octubre de 1999, faculta al Ministro de Desarrollo Urbano\n y Vivienda, delegar funciones que permitan descentralizar la\n gestión técnica y administrativa del Ministerio;
Que, el Art. 2 del Acuerdo Ministerial No. 028, del 1 de septiembre\n del 2000; publicado en el Registro Oficial No. 187 de 19 de octubre\n del 2000, establece la facultad del MIDUVI, de suscribir convenios\n o contratos de servicios de asistencia técnica, de práctica\n de avalúos, o de otra naturaleza con entidades del Estado\n entidades privadas, organizaciones no gubernamentales o personas\n naturales; y,
En uso de atribuciones legales que le confiere la ley,
Art. 1. - Delegar al Subsecretario de Desarrollo Territorial\n para que conforme, en cada oportunidad que fuere necesario, la\n Comisión Técnica dé Consultoría,\n con el objeto de cumplir las disposiciones y funciones que al\n respecto, contempla la Ley de Consultoría y su reglamento.
Art. 2. - Esta disposición regirá de forma exclusiva,\n para los contratos de consultoría que se suscriban para\n proyectos o actividades de la Subsecretaría de Desarrollo\n Territorial.
Art. 3. - Para cumplir lo previsto en este acuerdo, se deberá\n observar también las disposiciones contenidas en el Acuerdo\n Ministerial No. 058, expedido el 15 de mayo del 2001, en Registró\n Oficial No. 326.
El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia\n de manera inmediata, sin perjuicio de su publicación en\n el Registro Oficial.
Dado, en Quito, Distrito Metropolitano. 4 de junio del 2001.
Que, mediante oficio No. 122 - SG de 5 de marzo del año\n 2001, el señor Prefecto Provincial de Pichincha, remite\n la Ordenanza que reglamenta el procedimiento para los recursos\n de apelación que se presenten ante el H. Consejo Provincial\n d Pichincha, aprobada en sesiones ordinarias de 21 de febrero\n y 1 de marzo del 2001, respectivamente;
Que, del estudio y análisis realizado por la Dirección\n Nacional de Asuntos Seccionales de este Portafolio, mediante\n oficio No. 171 de 21 de marzo del 2001, considera procedente\n dar el trámite respectivo,' para la sanción pertinente;
Tomando en cuenta la delegación conferida por el señor\n Ministro de Gobierno y Policía, mediante Acuerdo Ministerial\n No. 1403 de 3 de octubre del 2000; y, en uso de la facultad que\n le confiere el Art. 55 de la Ley de Régimen Provincial,
Articulo Primero. - Sancionar la ordenanza expedida por el\n H. Consejo Provincial de Pichincha, aprobada en sesiones de 21\n de febrero y 1 de marzo del año 2001, respectivamente\n que reglamenta el procedimiento para los recursos de apelación\n que se presenten ante el H. Consejo Provincial de Pichincha.
f) Lcda. Magaly Plaza Molina, Directora Nacional de Asuntos\n Seccionales del Ministerio de Gobierno.
Que, el Art. 138, primer inciso de la Ley de Régimen\n Municipal, en concordancia con el Art. 30 de la Ley de Régimen\n Provincial, otorga a los consejos provinciales la facultad de\n ser organismos de apelación de las ordenanzas, acuerdos\n o resoluciones que emitan las municipalidades de cada provincia;
Que, es necesario reglamentar el procedimiento para que se\n tramiten, en debida forma los recursos de apelación que\n se presenten ante el Consejo Provincial de Pichincha;
Que, es necesario precisar las responsabilidades que los diferentes\n funcionarios y organismos del Consejo tienen en la tramitación\n del recurso de apelación; y,
Expedir la siguiente Ordenanza que reglamenta el procedimiento\n para los recursos de apelación que se presenten ante el\n H. Consejo Provincial de Pichincha.
Art. 1. Del Derecho de Apelación. - De las ordenanzas,\n acuerdos o resoluciones provenientes de una Municipalidad perteneciente\n a la provincia de Pichincha podrá recurrirse ante el Consejo\n Provincial, el cual despachará el recurso en el plazo\n de treinta días a partir de la presentación de\n la solicitud de apelación.
Art. 2. Organización y Trámite del expediente.\n - Es de responsabilidad del Secretario (a) General del Consejo\n Provincial de Pichincha, organizar y tramitar en todas sus partes\n el expediente de sustanciación del recurso hasta que éste\n se halle en estado de resolución por parte del Pleno del\n Consejo. Emitida la resolución el Secretario (a) General\n hará conocer de la misma al Concejo respectivo para que\n se proceda a su ejecución.
Art. 3. Remisión al Procurador Sindico. - Una vez organizado\n el expediente, con las hojas debidamente foliadas, la Secretaría\n General lo remitirá al señor Procurador Sindico,\n para el análisis jurídico y emisión del\n informe respectivo. A la par, notificará a las partes\n en controversia sobre la recepción del expediente, advirtiéndoles\n de su obligación de señalar domicilio para notificaciones,\n designar abogado patrocinador y concediéndose el término\n de cinco días para que presenten sus alegaciones en derecho\n y los documentos que crean conveniente..
Art. 4. Informe del Procurador Síndico. - El Procurador\n Síndico emitirá el informe jurídico para\n conocimiento de los vocales de la Comisión de Legislación\n y Redacción quienes, luego de avocar conocimiento, adoptarán\n una decisión y procederán a elaborar el o los informes\n para conocimiento del Pleno del Consejo. La Comisión deberá\n observar diligentemente el cumplimiento de los preceptos y normas\n jurídicas relacionadas con el debido proceso.
El señor Procurador Sindico o la Comisión de\n Legislación y Redacción podrán solicitar,\n con el concurso de los departamentos de la Corporación\n o de profesionales técnicos especializados, informes con\n el fin de tener más elementos de juicio para emitir la\n decisión correspondiente.
Además y, de considerarlo necesario, la Comisión\n de Legislación y Redacción podrá solicitar\n a las partes que expongan sus argumentos en sesión de\n la Comisión o que presenten sus alegatos verbales en derecho.
Art. 5. Resolución del Consejo. - En base al informe\n que le presente la Comisión de Legislación y Redacción\n el Pleno del Consejo procederá a tomar una resolución\n sobre el recurso de apelación.
De la resolución que tome el Consejo Provincial se\n podrá reclamar ante el mismo Consejo, el cual, obligatoriamente,\n resolverá el reclamo en el plazo máximo de quince\n días.
De no ser resuelta la reclamación en el plazo señalado\n en el inciso anterior o en caso de resolución desfavorable,\n podrá el reclamante proponer la demanda correspondiente\n ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo.
Art. 6. Facultades del Accionante y Accionado. - En el transcurso\n del trámite de un recurso de apelación, accionante\n y accionado podrán solicitar la información sobre\n el estado en que se encuentra el despacho del trámite\n y ésta será concedida por parte del Secretario\n General (a), previa disposición del Prefecto o del Presidente\n de la Comisión de Legislación. Tanto la solicitud\n como la contestación deberán hacerse por escrito.
Art. 7. Vigencia. - La presente ordenanza prevalecerá\n sobre otras de la misma naturaleza que se le opongan y entrará\n en vigencia a partir de su aprobación por el Consejo Provincial,\n sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Dada en la sala de sesiones del H. Consejo Provincial de Pichincha,\n el 1 de marzo del 2001.
f) Ramiro González. J., Prefecto de Pichincha.
f) Maria Vásconez C., Secretaria General.
Certifico que la Ordenanza que reglamenta el procedimiento\n para los recursos de apelación que se presenten ante el\n H. Consejo Provincial de Pichincha, fue aprobada en dos discusiones,\n en sesiones ordinarias, efectuadas el 21 de febrero y 1 de marzo\n del 2001.
Quito, 5 de marzo del 2001.
Que, de conformidad con el artículo 27 del Reglamento\n a la Lev Forestal y de Conservación de Areas Naturales\n y Vida Silvestre, dispone que la emisión de los derechos\n de ingreso de turistas y de utilización de servicios de\n las áreas naturales, es de exclusiva facultad del Ministerio\n de Economía y Finanzas;
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo\n 1 del Decreto Legislativo No. 014, publicado en el Registro Oficial\n No. 92 de 27 de marzo de 1967, reformado por el artículo\n 9 del Decreto Supremo No. 1065 - A, publicado en el Registro\n Oficial No. 668 de 28 de octubre de 1974, en concordancia con\n lo previsto en el artículo 1 del Acuerdo Ministerial No.\n 488, publicado en el Registro Oficial No. 690 de 12 de octubre\n de 1978 el Instituto Geográfico Militar es el único\n organismo autorizado para que, en sus propios talleres y con\n la intervención de un delegado del Ministerio de Economía\n y Finanzas o 'del Ministerio de Obras Públicas, en su\n caso, imprima timbres, papel lineado, estampillas y más\n especies valoradas que la Administración Pública\n requiera;
Que, mediante memorando No. 135 de 14 de mayo del 2001, el\n Jefe de Economía y Finanzas de la División de Especies\n Fiscales de la Subsecretaría de Tesorería de la\n Nación del Ministerio de Economía y Finanzas, recomienda\n la emisión e impresión de 180.000 tarjetas de visita\n a parques nacionales, de acuerdo a las especificaciones señaladas\n en el memorando de la referencia;
Que, en oficio No. SPYC - DNT - 2000 1589 de 14 de mayo del\n 2001, el Subsecretario de Tesorería de la Nación,\n Enc., manifiesta, estar de acuerdo con la emisión e impresión\n de las especies detalladas en el citado memorando No. 135;
Que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 3 del\n Acuerdo Ministerial No. 488, publicado en el Registro Oficial\n No. 690 de 12 de octubre de 1978, el Ministro de Economía\n y Finanzas mediante Acuerdo Ministerial No. 142 de 23 de mayo\n del 2001, autorizó la impresión y emisión\n de ciento ochenta mil tarjetas de visita a parques nacionales;
Que, con oficio No. 2001 - 445 - IGM - f de 31 de mayo del\n 2001, el Director encargado del Instituto Geográfico Militar,\n remite al Ministerio de Economía y Finanzas, la cotización\n correspondiente a la impresión de las especies valoradas\n cuya emisión fue autorizada con Acuerdo Ministerial No.\n 142 de 23 de mayo del 2001;
Que, según se desprende de la certificación\n de fondos No. 21 1 - CEP - DP - 2001 de 5 de junio del 2001,\n existen los fondos suficientes para la impresión de las\n especies valoradas referidas en el párrafo anterior, en\n la partida presupuestaria No. 11 30 - 0000 - F450 - 000 - 00\n - 00 - 530299 - 002 - 0 denominada "Servicios Generales\n M.E.F
Art. 1. - Exceptuar de los procedimientos precontractuales\n a la impresión de ciento ochenta mil tarjetas de visita\n a parques nacionales, y adjudicar dicha contratación al\n Instituto Geográfico Militar, por un valor total de VEINTE\n MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE\n AMÉRICA (US$ 20.232,00) más el valor del impuesto\n al valor agregado IVA, de acuerdo al siguiente detalle:
\n US$ 1.00 25.000
\n US$ 1.50 12.000
\n US$ 2.00 12.000
\n US$ 3.00 20.000
\n US$ 5.00 20.000
\n US$ 6.00 20.000
\n US$ 9.00 8.000
\n US$ 10.00 20.000
\n US$ 12.00 12.000
\n USS 15.00 15.000
\n US$ 25.00 8.000
Art. 2. - Derogar la Resolución Ministerial No. 037\n de 5 de junio del 2001.
Dado en el Distrito Metropolitano de la ciudad de San Francisco\n de Quito, a 13 de junio del 2001.
f.) Julio César Moscoso S., Secretario General del\n Ministerio de Economía y Finanzas. - 13 de junio del 2001.
N0 051/01
Que la señorita Gerente General de la Autoridad Portuaria\n de Esmeraldas, ha solicitado la aprobación de los nuevos\n niveles tarifarios de dicha entidad, en los cuales se produce\n una rebaja de las tarifas, del indicado puerto, la misma que\n obedece a las acciones que viene implementando el puerto dentro\n del proceso de modernización y a la aspiración\n de la entidad, de obtener un incremento en el arribo del número\n de naves de tráfico internacional y en el movimiento de\n carga de importación;
Que la Dirección General de la Marina Mercante y del\n Litoral y la Secretaria Técnica de este Consejo, han recomendado\n la aprobación de los mencionados niveles tarifarios, conforme\n consta del oficio No. CNMMP ­ SECTEC - -0169 - O del 30 de\n mayo del 2001; y,
En uso de la facultad contemplada en el Art. 4 literal a)\n de la Ley General de Puertos,
Art. 1. - Aprobar los niveles tarifarios para la Autoridad\n Portuaria de Esmeraldas que se acompañan como anexo a\n la presente resolución.
Art. 2. - Derogar la Resolución No. 012/99 del 15 de\n abril de 1999, publicada en el Registro Oficial No. 188 del 11\n de mayo de 1999.
Art. 3. - La Dirección General de la Marina Mercante\n y del Litoral será la encargada de velar por el cumplimiento\n de la presente resolución, la misma que entrará\n en vigencia a partir de la ~'echa de su publicación en\n el Registro Oficial.
Dada en Guayaquil, en la sala de sesiones de la Dirección\n General de la Marina Mercante y del Litoral, a los ocho días\n del mes de junio del año dos mil uno.
f) Hugo Unda Aguirre, Almirante. Ministro de Defensa Nacional,\n Presidente del Consejo Nacional de la Marina Mercante y Puertos.
f) Dr. Publio Farfán Vélez, Secretario Abogado\n del Consejo Nacional de la Marina Mercante y Puertos.
(Anexo 28JNT1)
N0 326\n - 99
ACTORA: Silvia Escandón Calderón.
DEMANDADOS: Iván Escandón\n Calderón y otra.
Quito, marzo 1 del 2001; las 14h30.
VISTOS: Inconforme con la sentencia dictada por la Segunda\n Sala de la Corte Superior de Justicia de Cuenca, la actora Silvia\n Alejandrina Escandón Calderón, interpone recurso\n de casación en el juicio laboral que sigue en contra de\n Emiliano Escandón Calderón y Liliana Molina Beltrán.\n Afirma la casacionista que en el fallo impugnado se han infringido\n los preceptos de los Arts. 11, 13, 95, 111, 590,611 y 55 numeral\n 4 del Código del Trabajo; resoluciones N0 12, 13, 14 y\n 15 del CONADES. Fundamenta su recurso en las causales 1ra. y\n 3ra. del Art. 3 de la Ley de Casación. Estando la causa\n en estado de resolver, pera hacerlo se considera: PRIMERO. -\n Esta Segunda Sala de lo Laboral y Social de la Corte Suprema\n de Justicia es competente para conocer y decidir sobre el recurso\n propuesto de acuerdo con lo establecido en el Art. 1 de la Ley\n de Casación y por la razón de sorteo que obra a\n fs. 1 de este cuaderno. - SEGUNDO. - El estudio del escrito contentivo\n del recurso, a través de un intenso análisis sobre\n los fundamentos de su reclamo, permite a la Sala observar que\n la accionante pretende una revisión del cálculo\n de los derechos e indemnizaciones reconocidas en el fallo de\n aijada, así como de horas suplementarias y extraordinarias\n al igual que los intereses. Aspira la actora que este Tribunal\n haga un examen completo del proceso y de los cálculos\n inclusive de los intereses que constan en la sentencia impugnada.\n - TERCERO. - El recurso extraordinario de casación ataca\n una sentencia ejecutoriada dictada por un Tribunal Superior,\n por tanto, no constituye una nueva instancia, no admite, por\n lo mismo, posibilidad de que se realice un nuevo examen de todo\n el proceso - como pretende la accionante - sino un análisis\n exhaustivo del escrito que contiene el recurso, en relación\n con la sentencia impugnada, las normas de derecho invocadas y\n las piezas procesales del caso. - CUARTO. - En cuanto concierne\n al tiempo de servicios, de la accionante, tanto el Juez del Trabajo,\n como la Sala de Alzada, realizan un análisis sin apartarse\n 'de las nominas de derecho aplicables, pOr consiguiente, no procede\n la impugnación formulada por la recurrente. - QUINTO.\n - Efectivamente, a fs. 17 consta el comprobante de pago de varios\n rubros remunerativos, y entre ellos el concerniente a décimo\n tercer sueldo por la cantidad de S/. 1'200.000,oo; y, se determina\n también el rubro referente a comisión, coligiéndose\n que, la remuneración de la actora era de carácter\n mixto, consecuentemente, en la reliquidación que debe\n practicarse de las partes proporcionales relativas a décimo\n tercer sueldo y vacaciones anuales pendientes, procede tomarse\n en cuenta dicha remuneración mixta como reclama la recurrente.\n - SEXTO. - Con relación a la bonificación complementaría,\n el Tribunal de Alzada, no. atendió los planteamientos\n de aclaración y ampliación de la sentencia y, en\n realidad, según las correspondientes resoluciones del\n CONADES, desde el 1 de enero de 1997, el valor a pagarse a los\n trabajadores en general era de S/. 282.000,oo mensuales, y no\n como se ha cancelado S/. 235.000,oo. - Desde el 1 de julio de\n 1997, correspondía S/. 336.000,oo y no como se ha pagado.\n - Además desde el 1 de enero de 1998, correspondía\n S/. 386.000,oo, por tanto, ha lugar al pago de la diferencia.\n -SEPTIMO. - Con relación a la compensación por\n el alza del costo de la vida, según la resolución\n del CONADES, desde enero 1 de 1996, a diciembre del mismo año,\n correspondía S/. 155.000,oo y no como se lo ha pagado\n S/. 145.000,oo, por tanto, igualmente procede la impugnación\n planteada. - OCTAVO. - Respecto de la aplicación del Art.\n 611 del Código del Trabajo, y el reconocimiento de los\n intereses, éstos proceden en aquellos rubros determinados\n en la indicada norma; y, de conformidad con la resolución\n expedida por la Corte Suprema de Justicia, promulgada en el Registro\n Oficial N0 117 de 11 de julio del 2000, el Juez del Trabajo que\n conoció de la causa en primera instancia, deberá\n liquidar tanto los derechos mandados a pagar, como los intereses,\n calculados a la tasa del 66.69% conforme ha dispuesto la Segunda\n Sala de la Corte Superior de Justicia de Cuenca, por ser ése\n el fallo de última instancia, liquidación que corresponde\n hasta el momento de la ejecución del fallo. - NOVENO.\n - En cuanto a las horas extraordinarias, el Juez del Trabajo\n dispuso que se paguen por el tiempo de trabajo reconocido en\n el fallo, lo concerniente a 8 horas de los días sábados\n y 4 horas por los días domingos determinando con estricta\n aplicación de la ley que, se liquidará de conformidad\n con lo dispuesto en el Art. 55 del Código del Trabajo.\n La Segunda Sala de la Corte Superior confirmó dicho fallo,\n sin embargo, al realizar la liquidación, no ha interpretado\n correctamente; dicha norma, consecuentemente procede la impugnación\n formulada, pues, la liquidación de las horas extraordinarias\n deberá realizarse con el 100% de recargo como ordena el\n Art. 55 del Código Laboral. - DECIMO. -Procede el reclamo\n planteado en cuanto corresponde a los intereses en el rubro referente\n al décimo quinto sueldo, tomándose en cuenta la\n forma de pago del mencionado derecho que según la ley,\n se lo hace en cinco alícuotas. -DECIMO PRIMERO. - No se\n encuentra error de interpretación ni de aplicación\n o falta de aplicación de norma alguna de derecho, en cuanto\n a haberse negado el reconocimiento de las horas suplementarias\n de labor; y, se estima que, al respecto hubo adecuada valoración\n de la prueba. - Por todo lo expuesto, esta Sala, ADMINISTRANDO\n JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,\n casa parcialmente la sentencia dictada por la Segunda Sala de\n la Corte Superior de Justicia de Cuenca, conforme se analiza\n y explica en los considerandos que anteceden. - Con costas. -\n Notifíquese y devuélvase el proceso. -
Fdo.) Dres. Julio Jaramillo Arízaga, Teodoro Coello\n Vázquez y Camilo Mena Mena (V.S.), Ministros.
Certifico. - Dr. Julio Arrieta Escobar, Secretario Relator.
Quito, marzo 8 del 2001.
VOTO SALVADO DEL SEÑOR MAGISTRADO DOCTOR CAMILO MENA\n MENA DENTRO DEL JUICIO LABORAL QUE SIGUE SILVIA ALEJANDRINA,\n ESCANDON CALDERON CONTRA EMILIANO ESCANDON CALDERON Y LILIANA\n MOLINA BELTRAN.
VISTOS: Inconforme con la sentencia dictada por la Segunda\n Sala de la Corte Superior de Justicia de Cuenca, la actora Silvia\n Alejandrina Escandón Calderón, interpone recurso\n de casación en el juicio laboral que sigue contra Emiliano\n Escandón Calderón y Liliana Molina Beltrán.\n Afirma la casacionista que en el fallo impugnado se han infringido\n los preceptos de los artículos 11, 13, 95, 111, 590, 611\n y 55, numeral 4 del Código del Trabajo. Resoluciones N0\n 12, 13, 14, 15 del CONADES. Fundamenta su recurso en las causales\n 1° y 3° del artículo 3 de la Ley de Casación.\n Estando la causa en estado de resolver, para hacerlo se considera:\n PRIMERO. - Esta Segunda Sala de lo Laboral y Social de la Corte\n Suprema de Justicia es competente pera conocer y decidir sobre\n el recurso propuesto de acuerdo con lo establecido en el artículo\n 1 de la Ley de Casación y por la razón de sorteo\n que obra de fojas 1 de este cuaderno. SEGUNDO. - El estudio del\n escrito 'contentivo del recurso, con un intenso análisis\n sobre los fundamentos de su reclamo, permite a la Sala observar\n que la accionante pretende una revisión de la prueba en\n relación con el tiempo de servicios, una revisión\n del cálculo de los derechos e Indemnizaciones reconocidas\n en el fallo de alzada, así como de horas suplementarias\n y extraordinarias, al igual que los intereses. Aspira la actora\n que este Tribunal haga un examen completo del proceso y de los\n cálculos, inclusive de los intereses que constan en la\n sentencia impugnada. TERCERO. - El recurso extraordinario de\n casación ataca una sentencia ejecutoriada dictada por\n un Tribunal de última instancia, por tanto, no constituye\n una nueva instancia, no admite por lo mismo, posibilidad de que\n se realice un nuevo examen de todo el proceso - como pretende\n la accionante - sino un análisis exhaustivo del escrito\n que contiene el recurso, en relación con la sentencia\n impugnada y las piezas procesales del caso. CUARTO. - Por lo\n expuesto en el considerando anterior, este Tribunal ha podido\n establecer que el fallo impugnado no ha infringido ni inaplicado\n los preceptos legales que invoca la recurrente. Los análisis\n que hace la Sala de Alzada son completos y cuidadosos. Ha procedido\n para dictar su sentencia, con observación de lo que prescriben\n los artículos 119 del Código de procedimiento Civil\n y 592 del Código del Trabajo. Por las consideraciones\n anotadas, esta Sala, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA\n Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, desecha el recurso de casación.\n Sin costas. Notifíquese.
Fdo.) Dres. Julio Jaramillo Arízaga, Teodoro Coello\n Vázquez y Camilo Mena Mona, Magistrados.
f) Dr. Julio Arrieta Escobar, Secretario Relator. Es fiel\n copia del original.
N0 48\n - 2000
ACTOR: Polibio Tejeda Laz.
Quito, abril 2 del 2001; a las 14h40.
VISTOS: Inconforme con la sentencia dictada por la Cuarta\n Sala de la Corte Superior de Justicia de Portoviejo, el actor\n Polibio lejana Laz, interpone recurso de casación en el\n juicio laboral que sigue al señor Ministro de Obras Públicas\n y Comunicaciones. Dice que en el fallo reprochado, "se ha\n violentado las siguientes normas: artículo 35 numeral\n 4 de la Constitución; artículo 4 del Código\n del Trabajo y cláusula séptima del contrato colectivo\n celebrado entre el comité central único de trabajadores\n y el Ministro del Ramo. Funda su recurso en lo que preceptúan\n las causales 1° y 3° del artículo 3 de la Ley\n de Casación. Siendo el estado de la causa el de resolver,\n para hacerlo se considera: PRIMERO. - La competencia de esta\n Sala se halla establecida en virtud de lo dispuesto en el artículo\n 1 de la Ley de Casación y por la razón del sorteo\n que obra de fojas 1 de este cuaderno. SEGUNDO. - Un análisis\n de lo que expone el demandante en su escrito de interposición\n del recurso, con las piezas procesales del caso, permite a la\n Sala observar que el único punto materia de la controversia\n se relaciona con el pago, que exige el accionante de la indemnización\n por estabilidad, consagrada en la cláusula séptima\n del contrato colectivo; para ello, el casacionista cita la norma\n constitucional y del contrato colectivo. TERCERO. - Aparece de\n autos el acta de finiquito y liquidación de haberes del\n demandante que, no cumple con las formalidades que exige el artículo\n 592 del Código del Trabajo. Consta de esos documentos\n que el actor recibió la cantidad de S/. 4'183.213,oo correspondiente\n al 50% del rubro por estabilidad, a base de la cláusula\n séptima del contrato colectivo. Las diversas Salas de\n lo Laboral y Social de la Corte Suprema en forma uniforme han\n manifestado que son impugnables las actas de finiquito, aún\n las celebradas según la norma legal citada, cuando de\n ellas aparece renuncia de derechos omisiones, errores, etc..\n Este es el caso presente, de manera que esta Sala acepta la impugnación\n al acta en referencia, por no haber sido otorgada ante el Inspector\n del Trabajo. CUARTO. - Del texto de la demanda presentada por\n el señor Polibio Tejana Laz, aparece que prestó\n sus servicios desde junio de 1954 hasta noviembre de 1993. El\n contrato colectivo, que invoca el actor, en su cláusula\n sexta, establece que este contrato "tendrá una vigencia\n de dos años, contados a partir del 11 de marzo de 1992".\n La cláusula séptima del propio instrumento, garantiza\n a los trabajadores protegidos por éste" estabilidad\n en el trabajo, "por los próximos cuatro años,\n contados a partir del 11 de marzo de 1992". Por lo mismo\n el accionante estaba garantizado en su estabilidad hasta el II\n de marzo de 1996. Si la relación laboral concluyó\n por decisión unilateral del MOP, en noviembre de 1993,\n es obvio que tiene que ser indemnizado el trabajador, mas como\n en el contrato colectivo, no se ha pactado cláusula sancionadora,\n esta Sala, en casos similares ha resuelto que, tiene que ser\n indemnizado de conformidad con lo dispuesto en los artículos\n 188 (antes 189) y 185 del Código del Trabajo y, con el\n equivalente del cincuenta por ciento del tiempo que faltaba para\n completar la estabilidad pactada, aunque se trate, como en la\n especie, que el actor ha mantenido relaciones laborales por tiempo\n indefinido, Sin embargo, por el hecho de haberse convenido una\n estabilidad de cuatro años, se ha resuelto que también\n debe aplicarse la disposición contenida en el artículo\n 181 del Código del Trabajo y, en este caso así\n se ha procedido, según aparece del acta de finiquito (fs.\n 26 a 28 del proceso). En consecuencia, el estudio del proceso\n y de las disposiciones legales invocadas por el casacionista,\n llevan la conclusión de que los señores ministros\n de la Cuarta Sala de la Corte Superior de Justicia de Portoviejo,\n no infringieron norma legal alguna, ni tampoco dejaron de aplicarlas.\n Por lo expuesto, esta Sala, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE\n DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, rechaza el recurso\n interpuesto por el actor. Sin costas. Notifíquese.
Certifica. - Dr. Julio Arrieta Escobar, Secretario Relator.
N0 91\n - 2000
ACTOR: Pedro Loor Chavarría.
Quito, marzo 20 del 2001; las 15h10.
VISTOS: El Ing. José Machiavello Almeida, en su calidad\n de Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones interpone\n recurso de casación de la sentencia dictada por la Segunda\n Sala de la Corte Superior de Justicia de Portoviejo dentro del\n juicio laboral que en su contra inició Pedro Enrique Chavarría.\n Acuda a la sentencia de infringir artículos como el 181\n y el 571 del Código del Trabajo. Se funda en las causales\n primera, segunda, tercera y quinta del artículo 3 de la\n Ley de Casación. Su punto principal de impugnación\n es el pago de 34 meses por estabilidad, que ordena la Sala de\n Alzada, pues asegura que el demandante ya cobró por 20\n meses, quedándole pendiente el pago de 28 meses, solamente,\n cuyos valores, según asegura, ya han sido cubiertos, conforme\n consta en el acta de finiquito. Siendo el estado de la causa\n el de resolver, para hacerlo se considera: PRIMERO. - La competencia\n para el conocimiento y resolución del recurso interpuesto,\n se halla radicada en ésta Sala, en virtud de lo dispuesto\n en el artículo 1 de la Ley de Casación y por la\n razón de sorteo que obra de fojas 1 de este cuaderno.\n SEGUNDO. - Revisados minuciosamente los puntos materia del recurso\n de casación con la sentencia que rechaza, se anota lo\n siguiente: a) Estabilidad es sinónimo de permanencia,\n introducida en el Derecho Laboral para garantizar la permanencia\n del trabajador en su lugar de trabajo. El contrato colectivo\n en su cláusula séptima dice: "Durante la vigencia\n de la estabilidad, el Ministerio no podrá despedir ni\n desahuciar a los trabajadores amparados por el presente contrato..."\n pero no establece ninguna sanción para el caso de incumplimiento.\n b) Para el caso, es necesario puntualizar lo siguiente. 1 - La\n estabilidad laboral que garantiza la contratación colectiva\n es de CUATRO AÑOS, esto es, de 48 meses. 2. - La vigencia\n del Séptimo Contrato Colectivo es a partir del 11 de marzo\n de 1992 hasta que se firme el nuevo contrato. 3. - El trabajador,\n según consta de su demanda, laboró para el Ministerio\n de Obras Públicas hasta el 18 de noviembre de 1993. En\n consecuencia, el trabajador laboró 20 meses bajo la vigencia\n de Séptimo Contrato Colectivo, esto es, desde el 11 de\n marzo de 1992 hasta el 18 de noviembre de 1993, restándole\n para completar los CUATRO AÑOS DE ESTABILIDAD 28 meses,\n no 34 como equivocadamente señala el Tribunal de Alzada;\n y, 4) Del acta de finiquito consta que se ha efectuado el pago\n de 14 meses de remuneraciones por concepto de indemnización\n por estabilidad, equivalente al 50% del tiempo que faltaba para\n completar la estabilidad convenida en el contrato colectivo;\n y, también se han pagado las indemnizaciones señaladas\n en los artículos: 188 (anterior 189) y 185 del Código\n del Trabajo TERCERO. - Si bien es verdad que existen fallos contradictorios,\n expedidos por la Corte Suprema de Justicia, esta Sala, con el\n prop&