Source: http://ec.europa.eu/civiljustice/serv_doc/serv_doc_lit_es.htm
Timestamp: 2017-09-26 13:12:01
Document Index: 34346999

Matched Legal Cases: ['artículo 117', 'artículo 110', 'artículo 116', 'artículo 127', 'artículo 117', 'artículo 117', 'artículo 118', 'artículo 119', 'artículo 120', 'artículo 123', 'artículo 125', 'artículo 126', 'artículo 123', 'artículo 126', 'artículo 129', 'artículo 132', 'artículo 329']

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Última actualización: 27-09-2006
1. ¿Qué significa en la práctica el término legal "notificación y traslado de documentos"? ¿Por qué hay normas específicas al respecto?
2. ¿Qué documentos deben ser formalmente notificados y trasladados?
3. ¿Quién es responsable de la notificación y traslado de documentos?
4. ¿Cómo se notifican y trasladan los documentos?
5. ¿Qué sucede cuando no es posible la notificación o el traslado, por ejemplo porque el interesado no se encuentra en su domicilio?
6. ¿Qué prueba existe de que el documento ha sido notificado o trasladado?
7. ¿Qué sucede si algo sale mal y la notificación o traslado se efectúa violando la ley (por ejemplo, si el documento se notifica a una tercera persona)?
8. ¿Hay que pagar por la notificación y traslado de documentos? En caso afirmativo, ¿cuánto?
La notificación y traslado de documentos es un acto procesal ejecutado y confirmado de la forma establecida por la ley por el que el tribunal pone un documento en conocimiento del destinatario.
Existen normas específicas sobre la notificación y traslado de documentos para asegurarse de que el afectado recibe el documento y la información, garantizado así su derecho a defender sus intereses durante el procedimiento.
En virtud del artículo 117.1 del Código de procedimiento civil de la República de Lituania (aprobado por Ley nº IX-743, 28 de febrero de 2002, Gaceta Oficial nº 36- 1340, 2002), los documentos de los tribunales deben ser notificados y trasladados. Existen dos categorías de tales documentos:
documentos judiciales de las partes afectadas: denuncias, reclamaciones, réplicas, contrarréplicas, duplicatio (réplica del demandante a una respuesta del demandado), triplicatio (respuesta del demandado a una duplicatio), recursos independientes, recursos contra sentencias, recursos de casación y respuestas a estos y otros documentos en que se presentan peticiones, demandas, réplicas y explicaciones durante el procedimiento escrito (artículo 110 del Código de procedimiento civil);
documentos judiciales de los tribunales (sentencias, órdenes, autos, decisiones, resoluciones, actas de sesiones, citaciones y anuncios), es decir, cualquier documento elaborado por el tribunal durante el procedimiento (artículo 116).
Generalmente, el tribunal, pero cuando se notifican o trasladan por correo certificado, alguaciles, mensajeros, una parte en el procedimiento, abogados, etc., la persona que ejecuta la notificación o traslado es también responsable.
El Código de procedimiento civil establece los siguientes métodos para la notificación y traslado de documentos judiciales:
Directamente a un destinatario con acuse de recibo (artículo 127);
Por correo certificado, a través de alguaciles, mensajeros, y en ciertos casos, por medios de telecomunicación (artículo 117.1);
Si una parte en el procedimiento lo acepta, el tribunal puede encargar a dicha parte la entrega de un documento judicial al destinatario (artículo 117.2);
En los casos en que una parte o tercera persona procede a través de un representante, los documentos procesales pertinentes se notifican y trasladan únicamente al representante (artículo 118);
En los casos en que las dos partes afectadas por el procedimiento estén representadas por abogados, el abogado de una de las partes enviará el documento procesal directamente al abogado de la otra parte (artículo 119);
En los casos procesales complejos, cuando no existe un único representante designado por los afectados, el tribunal puede proponer a los afectados que designen a uno de ellos o a cualquier otra entidad como persona autorizada para recibir los documentos procesales pertinentes (artículo 120).
Si una parte en el procedimiento es una persona física, los documentos judiciales le serán entregados personalmente o a su representante si no tiene competencia procesal civil de conformidad con la ley, mientras que los documentos dirigidos a una persona jurídica se entregarán a su representante, sus órganos de gestión o a un empleado de su sede (artículo 123). En el caso de organizaciones paramilitares, los documentos se entregarán al comandante u oficial responsable de la organización o a su unidad (artículo 125) y en el caso de los presos, se entregarán a través de la administración penitenciaria adecuada (artículo 126).
Si la persona que entrega el documento judicial no es capaz de encontrar al destinatario en su domicilio o lugar de trabajo, el documento se entregará a algún miembro adulto de su familia que resida con él, excepto en los casos en que los miembros de la familia tengan un interés legal opuesto con relación al resultado del asunto. En caso de no localizarse a nadie, se entregará a la instancia encargada de la gestión del edificio (asociación de propietarios), al organismo encargado del mantenimiento del edificio, al vecino más veterano o a la administración de su lugar de trabajo (artículo 123.3).
Si la persona que entrega el documento no puede encontrar al destinatario en la dirección del domicilio social de la persona jurídica o en otro lugar indicado por la persona jurídica, el documento se entregará a cualquier empleado de la persona jurídica que se encuentre en el lugar de entrega o, si no existe dicha posibilidad, al responsable administrativo que conste en el registro de personas jurídicas o a los miembros del órgano de gestión, al igual que para las personas físicas, o a los miembros adultos de sus familias (artículo 126.4).
Si una copia de una denuncia u otros documentos judiciales, que conllevan la necesidad de defender los derechos de una parte, deben ser entregados a la parte cuyo domicilio y lugar de trabajo son desconocidos o que no tiene una instancia que la represente, dichos documentos podrán ser notificados o trasladados, hasta el descubrimiento de su domicilio o lugar de trabajo o hasta la personación de su representante en el procedimiento, a un curador, que será designado por el tribunal encargado del asunto a petición de una parte interesada (artículo 129).
Si el domicilio y lugar de trabajo del destinatario son desconocidos y si es imposible designar a un curador, o cuando existan más de 10 afectados por el al procedimiento y ninguna posibilidad de notificar o trasladar los documentos por el procedimiento mencionado anteriormente, o si no hay ninguna posibilidad de notificarlos o trasladarlos a una persona jurídica por el procedimiento ya mencionado, el tribunal podrá notificarlos mediante un anuncio público en la prensa. De esta manera, una copia de una denuncia puede ser notificada al demandado y las citaciones y anuncios u otros documentos judiciales pueden serlo a las partes en el procedimiento (artículos 130.1 y 130.2).
En casos excepcionales y teniendo en cuenta las circunstancias del caso, si la situación del demandado es desconocida, el tribunal puede ordenar que el demandado sea buscado por la policía si el demandante prueba que ha hecho todas las gestiones posibles para determinar el domicilio del demandado (artículo 132).
Una citación y una copia de una denuncia (solicitud, súplica, respuesta a una denuncia o duplicatio) se notificarán o trasladarán al destinatario con acuse de recibo. Cuando correos, un mensajero del tribunal, un alguacil o una parte en el procedimiento notifica una citación o una copia de una denuncia, el destinatario firmará un recibo del formulario establecido por el Ministerio de Justicia, una parte del cual guardará, devolviendo la otra parte al tribunal con la fecha de notificación o traslado y la firma. Cuando una citación o una copia de la denuncia no se entregue al propio destinatario, la persona que la acepta deberá indicar su nombre completo en el recibo así como su relación con el destinatario o su puesto laboral. Si la citación o copia de la denuncia se notifica o traslada mediante un sistema de telecomunicaciones, la notificación o traslado serán confirmados por el procedimiento establecido por las leyes u otros actos jurídicos. Es posible comunicar documentos judiciales mediante un sistema de telecomunicaciones con el consentimiento de una de las parte en el procedimiento.
La negativa a aceptar documentos judiciales o a firmar el acuse de recibo no obstará para que dichos documentos sean considerados como notificados o trasladados, excepto cuando ello sea ejecutado por una parte en el procedimiento. La persona encargada de la notificación o traslado anotará la negativa a aceptar la citación o la copia de la denuncia y las razones alegadas para ello. Cuando los documentos judiciales se notifiquen o trasladen mediante un sistema de telecomunicaciones, se considerará que la persona se negó a aceptarlos si en el plazo de tres días desde el de notificación o traslado no firma el acuse de recibo mediante su firma electrónica o no confirma de otro modo que los documentos le han sido entregados.
Los anuncios y otros documentos judiciales serán entregados al destinatario por los medios y mediante el procedimiento establecidos por el Código de procedimiento civil sin que sea necesario remitir al tribunal el acuse de recibo. Los empleados de correos, alguaciles o mensajeros anotarán la entrega de los anuncios u otros documentos judiciales al destinatario en los libros apropiados, indicando el destinatario, la fecha de expedición del documento, la persona que aceptó el documento y su relación con el destinatario o su cargo en la empresa si no se entrega al propio destinatario.
Los documentos notificados o trasladados violando la ley se consideran como no notificados. La parte en el procedimiento a la que no se notificó el día y lugar de la audiencia, puede basar en ello su demanda de revocación de una sentencia y así este error se considerará como un argumento irrefutable para invalidar la sentencia (artículo 329.3 del Código).
Según las disposiciones del Procedimiento para el pago e importes de los costes relativos a la notificación de documentos judiciales en asuntos civiles (aprobado por Orden nº 343/388 del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Finanzas de la República de Lituania de 6.12.2002), el coste de la notificación y traslado de documentos judiciales por correo certificado, alguacil o mensajero está cubierto por los fondos del tribunal, excepto en los casos en que una parte en el procedimiento solicite un método particular de notificación o traslado, en cuyo caso asumirá los costes. La parte en el procedimiento cubrirá el coste cuando ella misma se encargue de notificar los documentos judiciales o lo haga mediante un anuncio público en la prensa. En caso de documentos notificados mediante abogados, los costes serán cubiertos por un acuerdo entre el abogado y su cliente.
Las tarifas son establecidas por las instancias que prestan los servicios postal, de mensajería y de anuncios en prensa. Los costes de la notificación o traslado de documentos mediante ujier se establecen en el apartado 2-14 del Cuadro sobre instrucciones para la ejecución de sentencias (aprobado por Orden nº 432 del Ministerio de Justicia de la República de Lituania de 31.12.2002) y están establecidos en 30 LT.
Los costes derivados de la notificación o el traslado de documentos están incluidos en los gastos derivados de las diligencias del asunto. Los gastos contraídos por la parte a quien la sentencia dé la razón serán asumidos por la otra parte, aunque ésta quede exenta del pago de costas al Estado.
Sitio internet del Seimas (Parlamento de la República de Lituania), que recopila los actos jurídicos de la República de Lituania.
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