Source: http://ricardomejia.mx/iniciativa-que-expide-la-ley-de-transparencia-acceso-a-la-informacion-y-proteccion-de-datos-personales/
Timestamp: 2018-05-22 15:32:52
Document Index: 234649833

Matched Legal Cases: ['artículo 38', 'artículo 206', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'artículo 125', 'artículo 32', 'artículo 49', 'Artículo 110', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'artículo 1', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'artículo 51', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'artículo 51', 'Artículo 54', 'artículo 51', 'artículo 20', 'Artículo 55', 'artículo 51', 'Artículo 56', 'artículo 51', 'Artículo 57', 'artículo 51', 'Artículo 58', 'artículo 51', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'artículo 51', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 66', 'Artículo 67', 'Artículo 68', 'Artículo 69', 'Artículo 70', 'Artículo 71', 'Artículo 72', 'Artículo 73', 'Artículo 74', 'Artículo 75', 'Artículo 76', 'Artículo 77', 'Artículo 78', 'Artículo 79', 'Artículo 80', 'Artículo 81', 'Artículo 82', 'Artículo 83', 'Artículo 84', 'Artículo 85', 'Artículo 86', 'Artículo 87', 'Artículo 88', 'Artículo 89', 'Artículo 90', 'Artículo 91', 'Artículo 92', 'Artículo 93', 'Artículo 94', 'Artículo 95', 'Artículo 96', 'Artículo 97', 'Artículo 98', 'artículo 96', 'Artículo 99', 'Artículo 100', 'Artículo 101', 'Artículo 102', 'artículo 6', 'Artículo 103', 'Artículo 104', 'Artículo 105', 'Artículo 106', 'Artículo 107', 'Artículo 108', 'Artículo 109', 'Artículo 110', 'Artículo 111', 'Artículo 112', 'artículo 111', 'Artículo 113', 'Artículo 114', 'Artículo 115', 'Artículo 116', 'Artículo 117', 'Artículo 118', 'Artículo 119', 'Artículo 119', 'Artículo 120', 'Artículo 121', 'Artículo 122', 'Artículo 123', 'Artículo 124', 'Artículo 125', 'Artículo 126', 'Artículo 127', 'Artículo 128', 'Artículo 129', 'Artículo 130', 'Artículo 131', 'Artículo 132', 'Artículo 133', 'Artículo 134', 'Artículo 135', 'Artículo 136', 'Artículo 137', 'Artículo 138', 'Artículo 139', 'Artículo 140', 'Artículo 141', 'Artículo 142', 'Artículo 143', 'Artículo 144', 'Artículo 145', 'artículo 149', 'Artículo 146', 'Artículo 147', 'Artículo 148', 'Artículo 149', 'Artículo 150', 'Artículo 151', 'Artículo 152', 'Artículo 153', 'Artículo 154', 'artículo 149', 'Artículo 155', 'Artículo 156', 'Artículo 157', 'Artículo 158', 'Artículo 159', 'Artículo 160', 'Artículo 161', 'Artículo 162', 'Artículo 163', 'Artículo 164', 'Artículo 165', 'Artículo 166', 'Artículo 167', 'Artículo 168', 'Artículo 169', 'Artículo 170', 'Artículo 171', 'Artículo 172', 'artículo 160', 'Artículo 173', 'Artículo 174', 'Artículo 175', 'Artículo 176', 'Artículo 177', 'Artículo 178', 'Artículo 179', 'Artículo 180', 'Artículo 181', 'Artículo 182', 'Artículo 183', 'Artículo 184', 'Artículo 185', 'Artículo 186', 'Artículo 187', 'Artículo 188', 'Artículo 189', 'Artículo 190', 'Artículo 191', 'Artículo 192', 'Artículo 193']

Iniciativa que Expide la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales – Diputado Ricardo Mejía Berdeja
El suscrito Diputado Ricardo Mejía Berdeja, Coordinador de la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano de la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en uso de las facultades que me confieren los Artículos 65 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 126 fracción II, 127 párrafo cuarto, 170 fracción IV y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 286, pongo a la consideración de esta Soberanía Popular, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley número ___________ de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para el Estado de Guerrero, al tenor de la siguiente
La Administración Pública en México tiene una gran deuda con los ciudadanos. El modelo administrativo seguido por décadas y la excesiva concentración de poder burocrático, sumado a las debilidades del marco normativo, organizacional e institucional abrieron espacios a la corrupción.
La corrupción es un complejo fenómeno social, político y económico que afecta a todos los países del mundo. La contextualización de estas prácticas nocivas es diversa, pero en todas ellas existe una constante; el menoscabo a las instituciones democráticas, el desacelere del desarrollo económico y su contribución para la inestabilidad política.
La escala del problema es enorme, de acuerdo con Transparencia Internacional, el 68% de los países alrededor del mundo tiene un serio problema de corrupción y nuestro país, no es la excepción.
De acuerdo con el Barómetro Global de la Corrupción 2013, el 88% de los mexicanos pensamos que la corrupción es un problema frecuente o muy frecuente, y la mitad de la población considera que la corrupción ha aumentado mucho en los últimos dos años.
Estas prácticas carcomieron la vigencia del estado de Derecho y socavaron la credibilidad del gobierno y la confianza ciudadana en las instituciones. La percepción de la corrupción que se vive en nuestro país, ha traspasado nuestras fronteras y, como era de esperarse, ha llamado la atención de organismos internacionales.
A manera de ejemplo podemos señalar que la Fundación Carnegie para la Paz Internacional lanzó en 2015 el informe “Corrupción: La amenaza no reconocida para la seguridad internacional”, donde señala que en nuestro país la corrupción está tan arraigada que para los usuarios de los sistemas públicos, resulta más fácil convivir con ella que combatirla por los costos que esto implicaría.
De acuerdo al documento, México forma parte de una serie de países en donde la corrupción es el sistema para servir a un objetivo que tiene poco que ver con la administración pública: El enriquecimiento personal de las redes dominantes.
El impacto negativo de estas prácticas se ha sentido con mayor fuerza en cuatro sectores clave para el crecimiento y desarrollo económico de nuestra Nación: servicios públicos e infraestructura; industrias extractivas; salud; y educación
En la última década México se ha mantenido en promedio con un Índice de Percepción de Corrupción (IPC) a nivel mundial de tan solo 35 de 100 puntos, según los estudio publicados cada año por la Organización de Transparencia Internacional.
Este año, el IPC colocó a nuestra nación en el último puesto entre los países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). De acuerdo con otro organismo, pero esta vez nacional: Transparencia Mexicana. “México se mantiene por detrás de las economías más consolidadas y de sus principales competidores económicos”
La corrupción es un lastre para nuestra nación por los enormes costos económicos, políticos y sociales que ocasiona. Estas prácticas nocivas le han costado al país 341 mil millones de pesos al año, a precios actuales, según cálculos del Observatorio Económico México ¿cómo vamos?
De acuerdo con el grupo de expertos en economía, que presentó el Semáforo Económico Nacional 2014, los empresarios dejan de invertir en la medida que aumentan la percepción y los costos de la corrupción. Los cálculos de la agrupación están basados en un indicador del Fondo Monetario Internacional, que mide ese efecto y que establece que un aumento de 10% en la corrupción genera una pérdida de 2% en el crecimiento del PIB.
Viridiana Ríos, directora general del observatorio, mencionó que el nivel de corrupción representó 15% de la inversión pública de 2014, por lo que la inversión productiva el año pasado pudo haber sido mayor en 84 mil millones de pesos en ausencia de corrupción.
Por su parte Verónica Baz, directora del Centro de Investigación para el Desarrollo A.C., señaló que México decreció como uno de los países donde se reubican inversiones, ya que en 2011 recibía 70% de los flujos que salían de otros países, pero por causa de la corrupción y la inseguridad, en 2014 recibió sólo 29% de dichos flujos, según datos de la consultora Alix Partners.
Los estudios presentados por los organismos no gubernamentales referidos, han evidenciado una verdad que ya todos conocemos, nuestro país necesita crear un Sistema Anticorrupción de carácter nacional y no sólo federal, es decir que abarque a estados y municipios, donde la corrupción es rampante y el crimen organizado infiltra a la policía y controla a los alcaldes.
En Guerrero, la corrupción a nivel municipal quedó al descubierto con la desaparición de 43 estudiantes en septiembre de dos mil catorce a manos de policías de la ciudad de Iguala, quienes los entregaron a sicarios de un cártel del narcotráfico con el cual operaban.
Las nocivas prácticas seguidas, han sumido a Guerrero en una crisis de inseguridad y descrédito institucional, tal como concluyó el Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa (CAPPME) en el estudio denominado “Guerrero en el proceso electoral: restablecer la estabilidad y el desarrollo”.
Según este documento Guerrero, presenta un mal desempeño institucional en materia de gasto público, ya que las autoridades estatales gastan descontroladamente, en dos mil trece, el gasto ejercido rebasó en 22.52% el presupuesto aprobado, al cobijo de un “alto nivel de opacidad” en la legislación estatal para adquisiciones.
Un reflejo de esta situación es que en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de dos mil quince, se reporta que 90% de los ciudadanos guerrerenses percibe una alta ocurrencia de prácticas corruptas en la administración pública de nuestra entidad, percepción superior al promedio nacional, que es de 88.3%.
Estos temas, gracias a las herramientas tecnológicas de hoy en día, fueron expuestos y sancionados moralmente en las redes sociales y medios de comunicación, convirtiéndose rápidamente en un asunto de interés común para la mayor parte de los ciudadanos y de sus gobernantes.
En estos días de constante interés social en el combate a la corrupción, tenemos que reconocer que la transparencia se ha convertido en la principal herramienta de los Estados democráticos para prevenir y erradicar estas prácticas nocivas. Para alcanzar estos ideales, es menester expedir una nueva Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para el Estado de Guerrero, con el objetivo de que nuestro marco normativo se acorde con los estándares que establece la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la que se establecen nuevos conceptos y obligaciones que abonan al tan necesitado Sistema Nacional Anticorrupción.
La iniciativa que hoy se expone pretende incluir dentro de los objetivos de la Ley Local las nuevas facultades otorgadas a los Organismos Garantes por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, incorporando la facultad del Instituto de transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero para interponer acciones de inconstitucionalidad.
Asimismo, en atención a la creación del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales (SNT) se propone prever en la legislación guerrerense las bases y procedimientos a través de las cuales el organismo garante local se incorpora y participa en el SNT.
También, se contempla la necesidad de incluir en la legislación Local las definiciones relativas a ajustes razonables, áreas, Comisionado, Comité de Transparencia, Consejo Nacional, datos abiertos y sus características, formatos abiertos, formatos accesibles, información de interés público, Ley, Plataforma Nacional y Sistema Nacional.
Es oportuno que en la nomenclatura empleada en la nueva Ley Loca se armonice con la usada por la Ley General.
Otro aspecto a resaltar es que en esta iniciativa se refiere, de manera más amplia, los principios rectores tanto para los organismos garantes, como de Principios en materia de transparencia, como los de Transparencia, Profesionalismo, Certeza, Eficacia e Independencia.
Resulta oportuno además incluir expresamente a los sindicatos que reciban o ejerzan recursos públicos, así como a los partidos políticos, dentro de los sujetos obligados, de conformidad con los Artículos 23 y 76 de la Ley General de Transparencia.
Por otra parte, para fortalecer al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero, se prevé incorporar en la nueva legislación local los siguientes atributos: especialidad, imparcialidad, colegialidad, así como capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna.
En cuanto al periodo de duración del encargo de los comisionados se recomienda establecer un único periodo máximo de siete años, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley General de Transparencia.
De igual forma, es conveniente establecer dentro de la nueva Ley Local lo relativo al régimen de incompatibilidades, excusas, renuncias, licencias y suplencias de los Comisionados.
En lo que toca a los integrantes del organismo garante de la transparencia en la entidad, se sugiere pasar de la denominación de Consejero a Comisionado, se recomienda además que para la renovación de los Comisionados, esta se practique de manera sea escalonada para garantizar el principio de autonomía.
Adicionalmente, es conveniente el Instituto de Transparencia Local cuente con un consejo consultivo, por lo que se requiere adicionar a la legislación lo relativo a su existencia, integración y atribuciones.
En lo que refiere a los Comités y las Unidades de Transparencia, se sugiere adecuar sus atribuciones con base a lo dispuesto por la Ley General.
En esta iniciativa se propone crear el procedimiento para presentar la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, como instrumento de participación ciudadana, en aras de alcanzar una democracia vertical que rompa con las prácticas elitistas de los gobiernos verticales.
Asimismo, en la presente iniciativa se sugiere adecuar el procedimiento de acceso a la información ante los sujetos obligados con el acorde con lo presupuestado por la Ley General, señalando además, de manera expresa la gratuidad de los costos de reproducción de la información solicitada y su envío en los casos en los que esta no supere las veinte hojas, asimismo se establece que los costos de la reproducción de la información solicitada no podrán ser mayores a los establecidos en la Ley Federal de Derechos.
Del mismo modo, se considera conveniente agregar la posibilidad de que el solicitante indique el formato accesible o la lengua nacional en la que se requiera la información.
La presente iniciativa contempla la posibilidad de interponer el recurso de revisión tanto ante el organismo garante que corresponda como ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la solicitud, armonizando su procedimiento con el previsto por la Ley General.
Por otra parte, la nueva Ley Local incorporar la mención de que las resoluciones del Organismo Garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados, en tanto que los particulares podrán impugnarlas ante el Poder Judicial de la Federación o ante el INAI a través del recurso de inconformidad, además de incluir un apartado relativo al cumplimiento de las resoluciones que atienda a lo previsto por los Artículos 196 a 198 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Asimismo, además de las medidas de apremio se prevén las causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones, las sanciones para los sujetos obligados que no cuentan con la calidad de servidor público, así como los criterios a que refiere el penúltimo párrafo del artículo 206 de la Ley General.
De igual forma, se establece el procedimiento para la imposición y ejecución del tipo de sanción a imponer, debiéndose respetar la garantía de audiencia y de legalidad, la responsabilidad que resulte de ello, será independiente al del orden civil, penal o de cualquier otro tipo.
Se agrega en la nueva Ley Local, que ante los incumplimientos en materia de transparencia y acceso a la información por parte de los partidos políticos se dará vista al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, para que resuelvan lo conducente, para el caso de fideicomisos o fondos públicos, sindicatos o personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos en sus incumplimientos se deberá dar vista al órgano interno de control del sujeto obligado relacionado con éstos.
Se establece además que en estos casos, se deberá remitir a la autoridad competente, junto con la denuncia correspondiente, un expediente en que se contengan todos los elementos que sustenten la presunta responsabilidad administrativa, dicha autoridad deberá informar de la conclusión del procedimiento, esto último tratándose de servidores públicos.
Se considera necesario agregar un capítulo relativo al Gobierno Abierto, para detallar mecanismos de colaboración entre el Instituto, los sujetos obligados y los representantes de la sociedad civil para la promoción e implementación de políticas y mecanismos de apertura gubernamental.
Finalmente, se propone armonizar lo previsto para la plataforma Infomex con lo dispuesto para la Plataforma Nacional de Transparencia.
Por lo anteriormente expuesto y fundado en los Artículos 65 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 8 fracciones II y III, 126 fracción II, 127 párrafo tercero, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 286, someto a la consideración del Pleno el siguiente:
DECRETO NÚMERO _____ POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY NÚMERO __________ DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO DE GUERRERO
ARTÍCULO ÚNICO. Se expide la Ley Número _____ de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para el Estado de Guerrero, para quedar como sigue:
LEY NÚMERO _________ DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO DE GUERRERO
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en todo el territorio del Estado de Guerrero.
Tiene por objeto establecer los principios, bases y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el Estado o en los municipios, así como la protección de los datos personales, que generen o se encuentren en poder de los sujetos obligados señalados en esta Ley.
La información pública materia de este ordenamiento, es todo documento, registro, archivo o cualquier dato que se recopile, procese o posean los sujetos obligados, además de ser un bien del dominio público en poder del Estado, cuya titularidad reside en la sociedad, misma que tendrá en todo momento el derecho a obtener la información a que se refiere esta Ley, en los términos y con las excepciones que la misma señala.
Artículo 2. El acceso a la información pública es gratuito.
Artículo 3. El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información.
Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente Ley y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos dispuestos por la Ley General.
Artículo 4. Ninguna persona será objeto de inquisición judicial o administrativa con el objeto del ejercicio del derecho de acceso a la información, ni se podrá restringir este derecho por vías o medios directos e indirectos.
Artículo 5. El Estado garantizará el efectivo acceso de toda persona a la información en posesión de cualquier entidad, autoridad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos; así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos Estatal o municipal.
Artículo 6. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:
III. Comisionado: Cada uno de los integrantes del Pleno del Instituto;
Comité de transparencia: Instancia a la que hace referencia el artículo 125 de la presente Ley;
Consejo nacional: Consejo del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales al que hace referencia el artículo 32 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información;
Clasificación de la información: El proceso de clasificar la información en pública, reservada o confidencial;
VII: Constitución: La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero;
VIII. Datos abiertos: Los datos digitales de carácter público que son accesibles en línea que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado y que tienen las siguientes características:
i) En formatos abiertos: Los datos estarán disponibles con el conjunto de características técnicas y de presentación que corresponden a la estructura lógica usada para almacenar datos en un archivo digital, cuyas especificaciones técnicas están disponibles públicamente, que no suponen una dificultad de acceso y que su aplicación y reproducción no estén condicionadas a contraprestación alguna; y
Datos personales: La información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable, tales como son, de manera enunciativa y no limitativa el origen étnico o racial, características físicas, morales o emocionales, la vida afectiva y familiar, estado civil, edad, domicilio y teléfono particular, correo electrónico no oficial, patrimonio, ideología, opiniones políticas y afiliación sindical, creencias, convicciones religiosas y filosóficas, estado de salud, preferencia sexual, huella digital, ADN, el número de seguridad social y análogos;
Derecho de acceso a la información pública: La prerrogativa y garantía de cualquier persona para solicitar y obtener de los Sujetos obligados, determinada información en los términos previstos por el presente ordenamiento, siempre y cuando no se afecten los intereses estatales, los de la sociedad y los derechos de terceros;
Documentos: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o cualquier otro registro que asiente el ejercicio de las facultades o actividad de los sujetos obligados y sus servidores públicos. Su formato podrá ser escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico;
XII. Encargado: El servidor público o cualquier otra persona física o moral facultada por un instrumento jurídico o expresamente autorizado por el Responsable para llevar a cabo el tratamiento físico o automatizado de los datos personales, en los términos que señale el reglamento, así como los lineamientos y criterios del Instituto;
XIII. Expediente: Unidad documental constituida por uno o varios documentos de archivo, ordenados y relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite de los sujetos obligados;
Información pública: Toda información en posesión de los Sujetos Obligados que no tenga el carácter de confidencial;
Información confidencial: La información relativa a datos personales y restringida de manera indefinida al acceso al público;
Información reservada: La expresamente clasificada como tal, mediante acuerdo del titular de cada uno de los sujetos obligados o quien legalmente corresponda y restringida de manera temporal;
XII. Instituto: El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero;
XIII. Interés público: Valoración atribuida a los fines que persigue la consulta y análisis de la información pública, a efecto de contribuir a la toma de decisiones de las personas en el marco de una sociedad democrática y de una voluntad generalizada;
XIV. Interesado: La persona física titular de los datos personales que sean objeto del tratamiento;
Ley: La Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para el Estado de Guerrero;
XVI. Ley General: La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
XVII. Máxima publicidad: Prioridad para favorecer el conocimiento de la información, salvo la que se señale como reservada o confidencial;
XVIII: Plataforma Nacional: La Plataforma Nacional de Transparencia a que hace referencia el artículo 49 de la Ley General;
XIX. Protección de datos personales: Obligación que tienen los sujetos obligados de resguardar el derecho relativo a la tutela de la confidencialidad de los datos personales que se encuentren en su poder o bajo su custodia.
Responsable: El servidor público titular de la unidad administrativa designado por el titular del Sujeto Obligado, que decide sobre el tratamiento físico o automatizado de datos personales, así como el contenido y finalidad de los sistemas de datos personales, en los términos que señale el reglamento, así como los lineamientos y criterios del Instituto;
XXI. Sistema de datos personales: El conjunto ordenado de datos personales que estén en posesión de un sujeto obligado;
XXII. Sistema Nacional: Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales;
XXIII. Servidores Públicos: Los señalados en el Artículo 110 de la Constitución y en las demás Leyes aplicables;
XXIV. Solicitud de acceso a la información: La solicitud formulada mediante escrito libre o a través de los formatos que deberán proporcionar los sujetos obligados o por el sistema electrónico;
XXV. Transmisión: La comunicación o cesión de datos personales a una persona distinta del interesado. No se considerará como tal la efectuada por el responsable o el encargado de los datos personales;
XXVI. Transparencia: El atributo de la información pública que consiste en que ésta sea clara, oportuna, veraz, con perspectiva de género y suficiente en los términos de Ley;
XXVII. Tratamiento de datos personales: Cualquier operación o conjunto de operaciones, efectuadas o no mediante procedimientos automatizados, y aplicadas a datos personales, como la obtención, registro, modificación, organización, conservación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma que facilite el acceso a los mismos, cotejo o interconexión, así como su bloqueo, supresión o destrucción;
XXVIII. Unidad de transparencia: Son las unidades administrativas de los sujetos obligados para el manejo de información pública de oficio, clasificación de la información y receptoras únicas de las solicitudes de acceso a la información que se formulen. Estas unidades serán el vínculo con el solicitante y se encargarán de las gestiones internas para que se resuelva y en su caso, se entregue la información o resolución que corresponda;
XXIX. Usuario: El servidor público facultado por un instrumento jurídico o expresamente autorizado por el responsable que utiliza de manera cotidiana datos personales para el ejercicio de sus atribuciones, por lo que accede a los sistemas de datos personales, sin posibilidad de agregar o modificar su contenido, en los términos que señale el reglamento, así como los lineamientos y criterios del Instituto, y
XXX. Versión pública: Documento elaborado por el sujeto obligado que contiene información pública en el que se elimina o tacha la información clasificada como reservada o confidencial para permitir su acceso.
De los Principios en Materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
Artículo 7. En el ejercicio, tramitación e interpretación de la presente Ley y demás normatividad aplicable, los sujetos obligados y el Instituto deberán atender a los principios señalados en el presente capítulo.
El derecho de acceso a la información o la clasificación de la información se interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente Ley.
Artículo 8. Es obligación del Instituto otorgar las medidas pertinentes para asegurar el acceso a la información de todas las personas en igualdad de condiciones con las demás.
Artículo 9. Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática.
Artículo 10. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que establezca esta Ley y las demás normas aplicables.
Artículo 11. En la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las necesidades del derecho de acceso a la información de toda persona.
Artículo 12. El Instituto, en el ámbito de sus atribuciones, deberá suplir cualquier deficiencia para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información.
Artículo 14. El ejercicio del derecho de acceso a la información es gratuito y sólo podrá requerirse el cobro correspondiente a la modalidad de reproducción y entrega solicitada.
Artículo 15. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones.
Artículo 16. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados.
Artículo 17. Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado deberá demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las excepciones contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar que la información no se refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones.
Artículo 18. Todo procedimiento en materia de derecho de acceso a la información deberá sustanciarse de manera sencilla y expedita, de conformidad con las bases de esta Ley.
Artículo 19. En el procedimiento de acceso, entrega y publicación de la información se propiciarán las condiciones necesarias para que ésta sea accesible a cualquier persona, de conformidad con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 20. Para los efectos de esta Ley, son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su poder:
El Poder Legislativo del Estado y sus órganos administrativos y técnicos;
III. El Poder Judicial del Estado y sus órganos y dependencias;
IV. Los Ayuntamientos o los concejos municipales;
V. La Administración Pública Estatal y municipal, incluyendo los órganos y organismos desconcentrados y descentralizados; las empresas de participación estatal y municipal, y los fideicomisos públicos estatales y municipales;
VI. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo;
VII. Los Organismos Públicos Autónomos del Estado, incluyendo a las Universidades Autónomas e Instituciones de Educación Superior Públicas;
VIII. Los partidos, asociaciones y agrupaciones políticas;
IX. Las Juntas y Tribunales Locales de Conciliación y Arbitraje y las demás autoridades en materia de trabajo;
X. El Instituto Electoral, el Tribunal Electoral y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado de Guerrero;
XI. Cualquier personas física, moral o sindicato que, en el ejercicio de sus actividades, ejerzan, reciban, utilicen o dispongan de recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos Estatal o municipal; y
XII. Cualquier otro órgano u organismo, dependencia o entidad estatal o municipal público que, en el ejercicio de sus actividades, ejerzan, reciban, utilicen o dispongan de recursos públicos.
Artículo 21. Los sujetos obligados serán los responsables del cumplimiento de las obligaciones, procedimientos y responsabilidades establecidas en esta Ley, la Ley General, en los términos que las mismas determinen.
Los fideicomisos y fondos públicos, considerados entidades paraestatales deberán dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en las leyes a que se refiere el párrafo anterior por sí mismos, a través de sus propias áreas, unidades de transparencia y comités de transparencia. En el caso de los fideicomisos y fondos públicos que no cuenten con estructura orgánica y, por lo tanto, no sean considerados una entidad paraestatal, así como de los mandatos públicos y demás contratos análogos, cumplirán con las obligaciones de esta Ley a través de la unidad administrativa responsable de coordinar su operación.
Artículo 22. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados en materia de transparencia y acceso a la información pública deberán: cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su naturaleza:
VII. Publicar y tener disponible en Internet la información pública a que se refiere el artículo 51 de esta Ley;
VIII. Garantizar el acceso a la información siguiendo los principios y reglas establecidas en esta Ley;
Establecer los procedimientos necesarios para la clasificación de la información de acuerdo a las reglas de esta Ley;
Adoptar las medidas apropiadas para la protección de los datos personales, conforme a lo previsto en la presente Ley;
Permitir el acceso de los particulares a sus datos personales, y en su caso, ejercer los derechos de rectificación, cancelación u oposición;
XII. Capacitar a los servidores públicos en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales en los términos de la legislación aplicable;
XIII. Permitir que los integrantes del Instituto puedan tener acceso a toda la información gubernamental y los archivos administrativos para verificar el cumplimiento de esta Ley;
XIV. Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial;
Reportar al Instituto sobre las acciones de implementación de la normatividad en la materia, en los términos que éstos determinen;
XVI. Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios que, en materia de transparencia y acceso a la información, realice el Instituto y el Sistema Nacional;
XVII. Fomentar el uso de tecnologías de la información para garantizar la transparencia, el derecho de acceso a la información y la accesibilidad a éstos;
XVIII. Cumplir las resoluciones del Instituto y apoyarlo en el desempeño de sus funciones, y
XIX. Las demás que resulten de la normatividad aplicable.
Artículo 23. Respecto de la información pública a que se refiere esta Ley, los sujetos obligados deberán observar, tanto en su aplicación como en su interpretación, el principio de máxima publicidad y disponibilidad. Para este efecto, en caso de duda razonable sobre la clasificación de información como reservada, se optará por su publicidad o bien, y siempre que sea posible, por la preparación de versiones públicas de los documentos clasificados.
Artículo 24. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Título.
Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de clasificar la información, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley.
Artículo 25. Los Documentos clasificados como reservados serán públicos cuando:
La información clasificada como reservada por esta Ley, podrá permanecer con tal carácter hasta por un periodo de cinco años. El periodo de reserva correrá a partir de la fecha en que se clasifica el documento.
Para los casos previstos por la fracción II, cuando se trate de información cuya publicación pueda ocasionar la destrucción o inhabilitación de la infraestructura de carácter estratégico para la provisión de bienes o servicios públicos, el Comité de Transparencia respectivo deberá hacer la solicitud correspondiente al organismo garante competente, debidamente fundada y motivada, aplicando la prueba de daño y señalando el plazo de reserva, por lo menos con tres meses de anticipación al vencimiento del periodo.
Artículo 26. Cada Área del sujeto obligado elaborará un índice de los Expedientes clasificados como reservados, por Área responsable de la información y tema.
Artículo 27. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión.
Artículo 26. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que:
Artículo 27. Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, las excepciones al derecho de acceso a la información prevista en el presente Título y deberán acreditar su procedencia.
Artículo 28. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:
Artículo 29. Los Documentos clasificados parcial o totalmente deberán llevar una leyenda que indique tal carácter, la fecha de la clasificación, el fundamento legal y, en su caso, el periodo de reserva.
Artículo 30. Los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular que clasifiquen Documentos o información como reservada. La clasificación podrá establecerse de manera parcial o total de acuerdo al contenido de la información del Documento y deberá estar acorde con la actualización de los supuestos definidos en el presente Título como información clasificada.
Artículo 31. Los lineamientos generales que emita el Sistema Nacional en materia de clasificación de la información reservada y confidencial y, para la elaboración de versiones públicas, serán de observancia obligatoria para los sujetos obligados.
Artículo 32. Los Documentos clasificados serán debidamente custodiados y conservados, conforme a las disposiciones legales aplicables y, en su caso, a los lineamientos que expida el Sistema Nacional.
Artículo 33. Cuando un Documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una Versión Pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su clasificación.
Artículo 34. La información contenida en las obligaciones de transparencia no podrá omitirse en las versiones públicas.
Artículo 35. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:
II. Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones con otros Estados Nacionales o Internacionales;
III. Se entregue al Estado expresamente con ese carácter o el de confidencial por otro u otros sujetos de derecho internacional, excepto cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad de conformidad con el derecho internacional;
Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las políticas en materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero del Estado o del municipio; pueda poner en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras susceptibles de ser consideradas de riesgo sistémico o del sistema financiero del Estado o del municipio, o pueda incrementar el costo de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados del sector público;
Artículo 36. Las causales de reserva previstas en el artículo anterior se deberán fundar y motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace referencia en el presente Título.
Artículo 37. No podrá invocarse el carácter de reservado cuando:
Artículo 38. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable. La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.
Artículo 38. Los sujetos obligados que se constituyan como fideicomitentes, fideicomisarios o fiduciarios en fideicomisos que involucren recursos públicos, no podrán clasificar, por ese solo supuesto, la información relativa al ejercicio de éstos, como secreto bancario o fiduciario, sin perjuicio de las demás causales de clasificación que prevé la presente Ley.
Artículo 39. Los sujetos obligados que se constituyan como usuarios o como institución bancaria en operaciones que involucren recursos públicos, no podrán clasificar, por ese solo supuesto, la información relativa al ejercicio de éstos, como secreto bancario, sin perjuicio de las demás causales de clasificación que prevé la presente Ley.
Artículo 40. Los sujetos obligados que se constituyan como contribuyentes o como autoridades en materia tributaria, no podrán clasificar la información relativa al ejercicio de recursos públicos como secreto fiscal.
Artículo 41. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información.
IV. Por razones de seguridad nacional, estatal o municipal, o que salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, se requiera su publicación, o
Artículo 42. Los sujetos obligados deberán poner a disposición de los particulares la información a que se refiere este Título en los sitios de Internet correspondientes de los sujetos obligados y a través de la Plataforma Nacional, en los términos que establezcan los lineamientos técnicos que emita el Sistema Nacional.
Artículo 43. La información correspondiente a las obligaciones de transparencia deberá actualizarse por lo menos cada tres meses, salvo que en la presente Ley o en otra disposición normativa se establezca un plazo diverso.
El Sistema Nacional emitirá los criterios para determinar el plazo mínimo que deberá permanecer disponible y accesible la información, atendiendo a las cualidades de la misma.
Artículo 44. El Instituto, de oficio o a petición de los particulares, verificarán el cumplimiento que los sujetos obligados den a las disposiciones previstas en este Título.
Artículo 45. La página de inicio de los portales de Internet de los sujetos obligados tendrá un vínculo de acceso directo al sitio donde se encuentra la información pública a la que se refiere este Título, el cual deberá contar con un buscador.
Artículo 46. El Instituto y los sujetos obligados establecerán las medidas que faciliten el acceso y búsqueda de la información para personas con discapacidad y se procurará que la información publicada sea accesible de manera focalizada a personas que hablen alguna lengua indígena.
Artículo 47. Los sujetos obligados pondrán a disposición de las personas interesadas equipos de cómputo con acceso a Internet, que permitan a los particulares consultar la información o utilizar el sistema de solicitudes de acceso a la información en las oficinas de las Unidades de Transparencia.
Lo anterior, sin perjuicio de que adicionalmente se utilicen medios alternativos de difusión de la información, cuando en determinadas poblaciones éste resulte de más fácil acceso y comprensión.
Artículo 48. La información publicada por los sujetos obligados, en términos del presente Título, no constituye propaganda gubernamental. Los sujetos obligados, incluso dentro de los procesos electorales, a partir del inicio de las precampañas y hasta la conclusión del proceso electoral, deberán mantener accesible la información en el portal de obligaciones de transparencia, salvo disposición expresa en contrario en la normatividad electoral.
Artículo 49. Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales en su posesión y, en relación con éstos, deberán:
Los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos en los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar, de los individuos a que haga referencia la información de acuerdo a la normatividad aplicable. Lo anterior, sin perjuicio a lo establecido por esta Ley.
Artículo 50. Los particulares, sin perjuicio de que sean considerados sujetos obligados de conformidad con la presente Ley, serán responsables de los datos personales de conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los particulares.
Artículo 51. Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en sus respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:
10. Origen de los recursos especificando si son estatales o municipales, así como el tipo de fondo de participación o aportación respectiva;
Los sujetos obligados deberán informar al Instituto quien verificará que se publiquen en la Plataforma Nacional los rubros que le sean aplicables a los sujetos obligados.
Artículo 52. Además de lo señalado en el artículo anterior de la presente Ley, los sujetos obligados del Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos, deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:
En el caso del Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos:
a) El Plan Estatal de Desarrollo o el Plan Municipal de Desarrollo, según el caso;
Artículo 53. Además de lo señalado en el artículo 51 de la presente Ley, los sujetos obligados del Poder Legislativo, deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:
XIII. El informe semestral del ejercicio presupuestal del uso y destino de los recursos financieros de los órganos de gobierno, Comisiones, Comités, Grupos Parlamentarios y centros de estudio u órganos de investigación; y
Artículo 54. Además de lo señalado en el artículo 51 de la presente Ley, los sujetos obligados del Poder Judicial y los Tribunales Administrativos a que refiere el artículo 20 de este ordenamiento, deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:
I. Las tesis y ejecutorias publicadas en la Gaceta respectiva de cada tribunal administrativo, incluyendo, tesis jurisprudenciales y aisladas;
Artículo 55. Además de lo señalado en el artículo 51 de la presente Ley, los órganos autónomos deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información
I. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero:
e) El catálogo de estaciones de radio y canales de televisión, pautas de transmisión, versiones de spots del Instituto Electoral y de los partidos políticos;
l) Los dictámenes, informes y resoluciones sobre pérdida de registro y liquidación del patrimonio de los partidos políticos locales, y
II. La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero:
j) El estado que guardan los derechos humanos en el sistema penitenciario y de readaptación social en el Estado;
m) Los lineamientos generales de la actuación de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado y recomendaciones emitidas por el Consejo Consultivo;
III. Del Instituto:
Artículo 56. Además de lo señalado en el artículo 51 de la presente Ley, las instituciones de educación superior públicas dotadas de autonomía deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:
X. El listado de instituciones incorporadas y requisitos de incorporación.
Artículo 57. Además de lo señalado en el artículo 51 de la presente Ley, los partidos políticos nacionales con acreditación en el Estado, así como los de registro local y las agrupaciones políticas, según corresponda, deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:
XV. El directorio de sus órganos de dirección estatal y, en su caso, regionales, distritales y municipales;
XVII. El currículo con fotografía reciente de todos los precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, con el cargo al que se postula;
XVIII. El currículo de los dirigentes a nivel estatal y, en su caso, regionales, distritales y municipales;
XXIV. Los montos de financiamiento público otorgados mensualmente, en cualquier modalidad, a sus órganos estatal y, en su caso, regionales, distritales y municipales, así como los descuentos correspondientes a sanciones;
Artículo 58. Además de lo señalado en el artículo 51 de la presente Ley, los fideicomisos, fondos públicos, mandatos o cualquier contrato análogo, deberán poner a disposición del público y mantener actualizada y accesible, en lo que resulte aplicable a cada contrato, la siguiente información:
Artículo 59. Las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral deberán poner a disposición del público y mantener actualizada y accesible, la siguiente información de los sindicatos:
Artículo 60. Los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos deberán mantener actualizada y accesible, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, la información aplicable del artículo 51 de esta Ley, la señalada en el artículo anterior y la siguiente:
Los sujetos obligados que asignen recursos públicos a los sindicatos, deberán habilitar un espacio en sus páginas de Internet para que éstos cumplan con sus obligaciones de transparencia y dispongan de la infraestructura tecnológica para el uso y acceso a la Plataforma Nacional.
En todo momento el sindicato será el responsable de la publicación, actualización y accesibilidad de la información.
Artículo 61. El Instituto determinará los casos en que las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, cumplirán con las obligaciones de transparencia y acceso a la información directamente o a través de los sujetos obligados que les asignen dichos recursos o, en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad.
Artículo 62. Para determinar la información que deberán hacer pública las personas físicas o morales que reciben y ejercen recursos públicos o realizan actos de autoridad, el Instituto deberá:
De la administración de los documentos y archivos públicos
Artículo 63. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos en archivos administrativos organizados y conservados bajo criterios homogéneos de tal manera que permitan su localización expedita, disponibilidad e integridad, de conformidad con las disposiciones de esta Ley y demás aplicables.
Artículo 64. En el manejo de los documentos, los sujetos obligados deberán observar los principios de disponibilidad, eficiencia, localización, integridad y conservación, con el objeto de que éstos se conserven íntegros y disponibles para permitir y facilitar un acceso expedito a la información contenida en los mismos.
Asimismo tomarán las medidas necesarias para administrar y conservar los documentos electrónicos, generados o recibidos, cuyo contenido y estructura permitan identificarlos como documentos de archivo que aseguren la identidad e integridad de su información.
Artículo 65. Los sujetos obligados contarán con responsables de los archivos de trámite, concentración y, en su caso, histórico.
Los responsables de los archivos elaborarán los instrumentos de consulta y control archivístico que propicien la organización, conservación y localización expedita de sus archivos administrativos, de acuerdo a los criterios que establezca el Consejo Estatal de Archivos, en coordinación con el Instituto, de conformidad con esta Ley, por lo que deberán contar al menos con los siguientes instrumentos:
II. El catálogo de disposición documental, y
III. Los inventarios documentales:
b) De Transferencia (primaria y secundaria); y
Artículo 66. Corresponderá al Consejo Estatal de Archivos elaborar, en coordinación con el Instituto, los criterios para la organización, clasificación y conservación de los documentos administrativos, así como la organización de los archivos públicos. Dichos criterios tomarán en cuenta los estándares y mejores prácticas internacionales en la materia.
Los sujetos obligados realizarán programas de respaldo y migración de los documentos electrónicos, de acuerdo con sus recursos.
Los sujetos obligados adoptarán medidas y procedimientos técnicos que garanticen la conservación de la documentación y la seguridad de sus soportes, tales como el contar con espacios diseñados y destinados exclusivamente a la recepción, organización y resguardo temporal o definitivo de los documentos, entre otros.
De igual forma, aplicarán las medidas técnicas de administración y conservación que aseguren la validez, autenticidad, confidencialidad, integridad y disponibilidad de los documentos electrónicos de acuerdo con las especificaciones de soportes, medios y aplicaciones de conformidad con las normas nacionales e internacionales.
Artículo 67. En los plazos de conservación de los expedientes se tomará en cuenta la vigencia documental así como, en su caso, el periodo de reserva correspondiente.
A partir de la desclasificación de los expedientes reservados, el plazo de conservación adicionará un periodo igual al de reserva o al que establezca el catálogo de disposición documental para su consulta pública, no pudiendo en ningún caso ser menor de dos años.
Artículo 68. Los sujetos obligados deberán atender los requerimientos, recomendaciones u observaciones que formule el Instituto. El incumplimiento a los requerimientos formulados, será motivo para aplicar las medidas de apremio, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar.
Artículo 69. El Instituto vigilará que las obligaciones de transparencia que publiquen los sujetos obligados cumplan con lo dispuesto en los artículos 50 a 62 de esta Ley y demás disposiciones aplicables.
Artículo 70. Las acciones de vigilancia a que se refiere este Capítulo, se realizarán a través de la verificación virtual. Esta vigilancia surgirá de los resultados de la verificación que se lleve a cabo de manera oficiosa por el Instituto al portal de Internet de los sujetos obligados o de la Plataforma Nacional, ya sea de forma aleatoria o muestral y periódica.
Artículo 71. La verificación tendrá por objeto revisar y constatar el debido cumplimiento a las obligaciones de transparencia en términos de lo previsto por esta Ley, según corresponda a cada sujeto obligado.
Artículo 72. La verificación que realice el Instituto, se sujetará a lo siguiente:
III. El sujeto obligado deberá informar al Instituto sobre el cumplimento de los requerimientos del dictamen, y
IV. El Instituto verificará el cumplimiento a la resolución una vez transcurrido el plazo y si consideran que se dio cumplimiento los requerimientos del dictamen, se emitirá un acuerdo de cumplimiento.
El Instituto podrán solicitar los informes complementarios al sujeto obligado que requiera para allegarse de los elementos de juicio que considere necesarios para llevar a cabo la verificación.
En caso de que Instituto consideren que subsiste el incumplimiento total o parcial de la resolución, en un plazo no mayor a cinco días, se informará al Pleno para que, en su caso, imponga las medidas de apremio o sanciones, conforme a lo establecido por esta Ley.
Artículo 73. Cualquier persona podrá denunciar ante el Instituto la falta de publicación de las obligaciones de transparencia previstas en esta Ley.
I. Presentación de la denuncia ante el Instituto;
II. Solicitud por parte del Instituto de un informe al sujeto obligado;
Artículo 74. La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberá cumplir, al menos, los siguientes requisitos:
IV. En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante deberá señalar el domicilio en la ciudad sede del Instituto o la dirección de correo electrónico para recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por medios electrónicos, se entenderá que se acepta que las notificaciones se efectúen por el mismo medio. En caso de que no se señale domicilio o dirección de correo electrónico o se señale un domicilio fuera de la jurisdicción respectiva, las notificaciones, aún las de carácter personal, se practicarán a través de los estrados físicos del Instituto, y
V. El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, únicamente para propósitos estadísticos. Esta información será proporcionada por el denunciante de manera voluntaria.
En ningún caso el dato sobre el nombre y el perfil podrán ser un requisito para la procedencia y trámite de la denuncia.
Artículo 75. La denuncia podrá presentarse de la forma siguiente:
II. Por escrito, presentado físicamente, ante la Unidad de Transparencia del Instituto.
Artículo 76. El instituto pondrá a disposición de los particulares el formato de denuncia correspondiente, a efecto de que éstos, si así lo deciden, puedan utilizarlos. Asimismo, los particulares podrán optar por un escrito libre, conforme a lo previsto en esta Ley.
Artículo 77. El Instituto deberá resolver sobre la admisión de la denuncia, dentro de los tres días siguientes a su recepción, debiendo notificar al sujeto obligado la denuncia dentro de los tres días siguientes a su admisión.
Artículo 78. El sujeto obligado debe enviar al Instituto, un informe con justificación respecto de los hechos o motivos de la denuncia dentro de los tres días siguientes a la notificación anterior.
El Instituto, en el ámbito de su competencia, puede realizar las verificaciones virtuales que procedan, así como solicitar los informes complementarios al sujeto obligado que requiera, para allegarse de los elementos de juicio que considere necesarios para resolver la denuncia.
Artículo 79. El Instituto deberá resolver la denuncia dentro de los veinte días siguientes al término del plazo en que el sujeto obligado debe presentar su informe o, en su caso, los informes complementarios.
Artículo 80. El Instituto deberá notificar la resolución al denunciante y al sujeto obligado, dentro de los tres días siguientes a su emisión.
Artículo 81. Transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior, el sujeto obligado deberá informar al Instituto sobre el cumplimento de la resolución.
El Instituto verificará el cumplimiento a la resolución; si considera que se dio cumplimiento a la resolución, se emitirá un acuerdo de cumplimiento y se ordenará el cierre del Expediente.
Cuando el Instituto considere que existe un incumplimiento total o parcial de la resolución, le notificarán, por conducto de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, al superior jerárquico del servidor público responsable de dar cumplimiento, para el efecto de que, en un plazo no mayor a cinco días, se dé cumplimiento a la resolución.
Artículo 82. En caso de que el Instituto considere que subsiste el incumplimiento total o parcial de la resolución, en un plazo no mayor a cinco días posteriores al aviso de incumplimiento al superior jerárquico del servidor público responsable del mismo, emitirá un acuerdo de incumplimiento y se informará al Pleno para que, en su caso, imponga las medidas de apremio o determinaciones que resulten procedentes.
Artículo 83. Los sujetos obligados al tratar los sistemas de datos deberán observar los principios de consentimiento, información previa, licitud, calidad de la información, confidencialidad y seguridad, así como garantizar el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, corrección y oposición.
Artículo 84. Los sujetos obligados no podrán difundir los datos personales contenidos en los sistemas de datos, desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar, de los individuos a que haga referencia la información.
Artículo 85. No se requerirá el consentimiento expreso de los individuos para proporcionar los datos personales en los siguientes casos:
I. De la prestación de asistencia médica o la gestión de servicios de salud y no pueda recabarse su autorización;
II. Los necesarios por razones estadísticas, científicas o de interés general previstas en esta Ley, previo procedimiento por el cual no puedan asociarse los datos personales con el individuo a que se refiera;
IV. Cuando exista una orden judicial, y
V. En los demás casos que establezcan esta Leyes y las demás normas aplicables.
Artículo 86. La recolección y tratamiento de datos de carácter personal por parte de las autoridades a cargo de la seguridad pública, sin consentimiento de las personas afectadas, estarán limitados a aquellos supuestos que resulten necesarios para la prevención de un peligro fundado para la seguridad pública o para la prevención o persecución de delitos, debiendo ser almacenados en sistemas específicos, establecidos al efecto.
La obtención y tratamiento de los datos especialmente protegidos por los Cuerpos de Seguridad Pública, podrán realizarse exclusivamente en los supuestos en que sea absolutamente necesario para los fines de una investigación concreta, sin perjuicio del control de legalidad de la actuación administrativa o de la obligación de resolver las pretensiones formuladas, en su caso, por los interesados que corresponden a los órganos jurisdiccionales.
A estos efectos, se considerará especialmente, la edad del interesado y el carácter de los datos almacenados, la necesidad de mantener los datos hasta la conclusión de una investigación o procedimiento concreto, la resolución judicial firme, en especial la absolutoria, el indulto, la rehabilitación, la prescripción de responsabilidad y la amnistía.
Artículo 87. Los datos personales que se recaben, deberán ser ciertos, adecuados, pertinentes y no excesivos en relación al ámbito y finalidad para los que se hubiesen obtenido, permitiendo con ello el ejercicio de acceso a su titular.
La recopilación de datos no podrá hacerse por medios desleales, fraudulentos o en forma contraria a las disposiciones de la presente Ley. Los datos personales no podrán ser utilizados para finalidades distintas e incompatibles con aquellas que motivaron su obtención.
Los datos en poder de los sujetos obligados deberán ser exactos y actualizarse en caso necesario.
Los datos totales o parcialmente inexactos o que sean incompletos, deberán ser suprimidos, substituidos o en su caso, completados por el responsable del archivo o base de datos cuando se tenga conocimiento de la inexactitud o carácter incompleto de la información de que se trate.
Los datos personales deberán ser destruidos cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes a los fines para los cuales hubieran sido recabados.
Los responsables de los sistemas que contengan los datos a que se refieren los párrafos segundo y tercero de este artículo, podrán negar el acceso, la rectificación o cancelación en función de los peligros que pudieran derivarse para la defensa del Estado o la seguridad pública, la protección de los derechos y libertades de terceros o las necesidades de las investigaciones que se estén realizando.
Artículo 88. Los sujetos obligados deberán adoptar medidas apropiadas para proteger la información contra los riesgos naturales, como la pérdida accidental o la destrucción por siniestro, y contra los riesgos humanos, como pérdida, consulta o tratamiento sin autorización, la utilización encubierta de datos o la contaminación por virus informáticos.
Artículo 89. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, son derechos independientes, de tal forma que no puede entenderse que el ejercicio de alguno de ellos sea requisito previo o impida el ejercicio de otro.
Artículo 90. El interesado tendrá derecho a solicitar y obtener gratuitamente información de sus datos de carácter personal sometidos a tratamiento, el origen de dichos datos, así como las transmisiones realizadas o que se prevean hacer de los mismos.
Artículo 91. Serán rectificados o cancelados, en su caso, los datos de carácter personal cuyo tratamiento no se ajuste a lo dispuesto en la presente Ley, en particular, cuando tales datos resulten inexactos o incompletos, siempre y cuando no sea imposible o exija esfuerzos desproporcionados, a criterio de la autoridad competente en la materia.
Artículo 92. La cancelación dará lugar al bloqueo de los datos, conservando únicamente a disposición de los sujetos obligados, para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas para que una vez que se haya cumplido el mismo se proceda a su supresión, en términos de la normatividad aplicable.
Artículo 93. Si los datos rectificados o cancelados hubieren sido transmitidos previamente, el responsable del tratamiento deberá notificar la rectificación o cancelación efectuada a quien se haya transmitido, en el caso de que se mantenga el tratamiento por este último, deberá también proceder a la cancelación.
Artículo 94. Los datos de carácter personal deberán ser conservados durante los plazos previstos en las disposiciones aplicables. Si no hubiere disposiciones expresas en la normatividad aplicable el plazo será el que establezca el catálogo de disposición documental correspondiente.
Artículo 95. El interesado tendrá derecho a oponerse al tratamiento de los datos que le conciernen, en el supuesto que los datos se hubieran recabado sin su consentimiento, cuando existan motivos fundados para ello y la Ley no disponga lo contrario. De actualizarse tal supuesto, el responsable del banco deberá excluir del tratamiento los datos relativos al afectado.
Artículo 96. Sin perjuicio de lo que dispongan otras Leyes, sólo los interesados o sus representantes podrán solicitar a una Unidad de Transparencia, previa acreditación, que les dé acceso, rectifiquen, cancelen o hagan efectivo su derecho de oposición, respecto de los datos personales que les conciernan y que obren en un sistema de datos personales en posesión de los sujetos obligados.
La Unidad de Transparencia deberá notificar al solicitante, en un plazo de diez días hábiles contados desde la presentación de la solicitud, la determinación adoptada, a efecto de que, si resulta procedente, se haga efectiva la misma dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de la citada notificación.
El plazo de diez días hábiles, referido en el párrafo anterior, podrá ser ampliado una sola vez, por un periodo igual, siempre y cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso.
En el caso de que el sujeto obligado considere improcedente la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición, se deberá emitir una resolución fundada y motivada al respecto, a través de la Unidad de Transparencia.
En caso de que los datos personales requeridos no fueran localizados en los sistemas de datos personales del sujeto obligado, dicha circunstancia se comunicará al interesado vía resolución a través de la Unidad de Transparencia, en términos del procedimiento que se establezca en el Reglamento correspondiente.
Artículo 97. La entrega de los datos personales será gratuita, debiendo cubrir el individuo únicamente los gastos de envío de conformidad con las tarifas aplicables. No obstante, si la misma persona realiza una nueva solicitud, que implique la entrega de datos, respecto del mismo sistema de datos personales en un periodo menor a doce meses a partir de la última solicitud, los costos se determinarán de acuerdo con lo establecido en esta Ley.
Artículo 98. La solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición deberá contener:
II. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados;
III. Cualquier otro elemento que facilite la localización de la información, y
IV. Opcionalmente, la modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a sus datos personales, la cual podrá ser verbalmente, mediante consulta directa, copias simples, certificadas u otro tipo de medio.
Si la información proporcionada por el solicitante no basta para localizar los datos personales o son erróneos, la Unidad de Transparencia podrá requerir, por una vez y dentro de los diez días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, que indique otros elementos o corrija los datos. Este requerimiento interrumpirá el plazo establecido en el artículo 96 de esta Ley.
Artículo 99. En el caso de solicitudes de rectificación de datos personales, el interesado deberá indicar además de los señalados en el artículo anterior las modificaciones a realizarse y aportar la documentación que sustente su petición.
Artículo 100. Tratándose de solicitudes de cancelación, la solicitud deberá indicar si revoca el consentimiento otorgado, en los casos en que la revocación proceda, o si, por el contrario, se trata de un dato erróneo o inexacto, en cuyo caso deberá acompañar la documentación justificativa.
Artículo 101. El interesado al que se niegue, total o parcialmente, el ejercicio de los derechos de oposición, acceso, rectificación o cancelación, podrá interponer el recurso de revisión previsto en esta Ley.
Del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Artículo 102. El Instituto es un organismo autónomo, especializado, independiente, imparcial y colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar, el ejercicio de los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales, conforme a los principios y bases establecidos por el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por lo previsto en esta Ley y demás disposiciones aplicables.
Artículo 103. El Instituto ejercerá su competencia sobre los sujetos obligados en el Estado de Guerrero.
Artículo 104. El patrimonio del Instituto estará constituido por:
I. Los ingresos que perciba conforme al Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado;
II. Los bienes muebles e inmuebles y demás recursos que los gobiernos federal, estatal o municipal le aporten para la realización de su objeto;
III. Los subsidios y aportaciones permanentes, periódicas o eventuales, que reciba de los gobiernos federal, estatal y municipal y, en general, los que obtenga de instituciones públicas, privadas o de particulares nacionales o internacionales;
IV. Las donaciones, herencias y legados que se hicieren a su favor, y
Artículo 105. El Instituto administrará su patrimonio conforme a la presente Ley y su Reglamento Interior, tomando en consideración que el ejercicio del presupuesto deberá ajustarse a los principios de austeridad, honestidad, legalidad, racionalidad, transparencia y optimización de recursos.
Artículo 106. El Congreso del Estado a través del Presupuesto de Egresos otorgará al Instituto los recursos suficientes para el cumplimiento de sus funciones.
Los recursos previstos para el Instituto no podrán ser inferiores a los asignados en el ejercicio fiscal anterior, excepto cuando corresponda a una reducción generalizada del gasto para todas las dependencias y entidades públicas de la entidad y cuando el Instituto no presente los informes de ejercicio presupuestal que correspondan conforme a la legislación aplicable.
Artículo 107. Los estados financieros del Instituto serán revisados y fiscalizados por la Auditoría General del Estado, en los términos de las disposiciones legales aplicables.
Artículo 108. El Instituto funcionará en Pleno, el que será su órgano supremo y estará integrado por tres Comisionados quienes durarán en su encargo un periodo improrrogable de siete años
Artículo 109. Los Comisionados designarán a su Presidente de entre sus miembros, que lo será también del Pleno, el cual durará en su encargo tres años, pudiendo ser reelecto por un periodo igual.
Artículo 110. Para ser Comisionado se requiere:
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, preferentemente guerrerense o tener una residencia de por lo menos tres años en el Estado;
II. Tener cuando menos treinta años de edad cumplidos al momento de la designación;
III. Contar con grado mínimo de licenciatura con experiencia profesional y ejercicio mínimo de cinco años;
IV. Haber desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público o académicas relacionadas con las materias de esta Ley;
V. No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos;
VI. No haber sido Gobernador, Diputado, o titular de alguno de los sujetos obligados durante los tres años previos al día de su nombramiento;
VIII. No haber ocupado un cargo directivo en un partido o asociación política, ni candidato a algún cargo de elección popular durante los tres años previos a su nombramiento;
IX. No haber sido servidor público diverso de los indicados en la fracción VI, de este artículo, cuando menos dos años anteriores a la designación;
X. No haber sido condenado por delito alguno, salvo los de carácter no intencional, y
XI. Contar con probada honradez, honorabilidad y probidad.
Artículo 111. Cada uno de los Comisionados será designado por el Congreso del Estado mediante el voto de cuando menos las dos terceras partes de los diputados presentes en sesión, de la lista propuesta por la Comisión de Gobierno.
Artículo 112. Para la conformación de la lista señalada en el artículo anterior, se seguirán las reglas siguientes:
I. Se invitará a los ciudadanos mediante convocatoria abierta expedida por el Poder Legislativo, a propuesta de la Comisión de Gobierno, que se publicará por lo menos con cuarenta y cinco días anteriores a la conclusión del periodo de gestión de los Comisionados, en cuando menos dos medios de comunicación escritos de mayor circulación en el Estado;
II. En la convocatoria se establecerán los plazos, lugares y horarios de presentación de las solicitudes, los requisitos y la forma de acreditarlos;
III. Los interesados en participar acudirán a presentar su solicitud y anexarán la anuencia de sujetarse a los resultados que se obtengan mediante el siguiente procedimiento:
a) La Comisión de Gobierno realizará una evaluación de los aspirantes. A su vez revisará los perfiles, celebrará las entrevistas que requiera con los aspirantes, las cuales serán públicas y, en su caso, realizará las demás evaluaciones que considere pertinentes;
b) La Comisión de Gobierno integrará un listado con el doble del total del número a elegir, de entre los cuales se seleccionarán a los Comisionados, acompañado de un informe en el que se asienten los motivos por los cuales fueron seleccionados;
c) La Comisión de Gobierno presentará la lista al Pleno para su designación en términos de lo previsto en el artículo 111 de la presente Ley; y
d). En la conformación del Pleno del Instituto se procurará que exista equidad de género.
Artículo 113. Durante el tiempo que los Comisionados duren en su encargo no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión.
Artículo 114. El Reglamento Interior señalará los supuestos en los que los Comisionados deberán excusarse por algún impedimento para conocer de un caso concreto. Las partes en un recurso podrán recusar con causa a un Comisionado. Corresponderá a la mayoría calificar la procedencia de la recusación.
Artículo 115. El Instituto tendrá su residencia y domicilio en la ciudad de Chilpancingo, capital del Estado de Guerrero, y ejercerá sus funciones conforme a la estructura siguiente:
El Pleno como órgano supremo;
II. El Presidente del Instituto, y
III. La estructura orgánica que acuerde el Pleno y se establezca en el reglamento interior respectivo.
Artículo 116. Para profesionalizar y hacer más eficientes los servicios de apoyo del Instituto, se instituye el servicio civil de carrera, regido por los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, especialización, honradez, lealtad y eficiencia. El Reglamento Interno establecerá y desarrollará las bases para la selección, permanencia, promoción, capacitación y actualización del personal.
Artículo 117. Los miembros del Pleno sólo podrán ser removidos de sus cargos por el Congreso del Estado, cuando medie causa grave de conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.
De sus atribuciones y obligaciones
Artículo 118. El Instituto sesionará en Pleno dos veces por mes de manera ordinaria y de manera extraordinaria las que sean necesarias, y tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes:
Artículo 119. El instituto, con independencia de las que le confieran otros ordenamientos, tendrá las siguientes atribuciones:
I. Interpretar los ordenamientos que les resulten aplicables y que deriven de esta Ley.
II. Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos obligados, en términos de lo dispuesto en la presente Ley;
IV. Presentar petición fundada al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información para que conozca de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten;
VII. Capacitar a los Servidores Públicos y brindar apoyo técnico a los sujetos obligados en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales;
XI. Suscribir convenios de colaboración con otros organismos garantes de la transparencia, acceso a la información pública o de protección de datos personales para el cumplimiento de sus atribuciones y promover mejores prácticas en la materia;
XV. Interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes expedidas por la legislatura local, que vulneren el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales;
XIX. Promover la participación y colaboración con organismos nacionales o internacionales, en el análisis y mejores prácticas en materia de acceso a la información pública;
XX. Fomentarán los principios de gobierno abierto, la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la accesibilidad y la innovación tecnológica
XXI. Emitir recomendaciones a los sujetos obligados para diseñar, implementar y evaluar acciones de apertura gubernamental que permitan orientar las políticas internas en la materia, y
Artículo 119. El Comisionado Presidente del Pleno tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes:
I. Representar legalmente al Instituto con facultades de mandatario para actos de administración, pleitos y cobranzas y de dominio, así como delegar, otorgar y sustituir poderes generales y especiales para estos actos, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables y previa autorización del Pleno;
II. Vigilar el correcto desempeño de las actividades del Instituto;
III. Convocar a sesiones del Pleno y conducir las mismas, en los términos del reglamento respectivo;
IV. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos adoptados por el Pleno;
V. Rendir los informes ante las autoridades competentes, en representación del Instituto;
VI. Emitir los acuerdos necesarios para el cumplimiento de sus funciones;
VII. Ejercer, en caso de empate, el voto de calidad razonado;
VIII. Ejercer por sí o a través de los órganos designados en el reglamento interior, el presupuesto de egresos del Instituto, bajo la supervisión del Pleno, y
IX. Las demás que le confiera esta Ley y el Reglamento Interior del Instituto.
Artículo 120. Para el cumplimiento de sus atribuciones, el Instituto contará en su estructura orgánica con un Secretario Ejecutivo.
El Secretario Ejecutivo será nombrado por el Pleno, a propuesta del Comisionado Presidente.
El Secretario Ejecutivo es un auxiliar del Instituto, para el trámite o ejecución de sus acuerdos o de los que dicte el Comisionado Presidente.
Artículo 121. Corresponde al Secretario Ejecutivo:
I. Auxiliar al Comisionado Presidente y a los Comisionados en el ejercicio de sus funciones;
III. Proponer al Instituto las medidas técnico-administrativas que estime convenientes para la mejor organización y funcionamiento de la misma;
IV. Recibir y substanciar el Recurso de Revisión que se interponga ante el Instituto, informándole de inmediato sobre los mismos para citar a sesión para su resolución;
V. Llevar el Libro de Registro de Turnos de los Comisionados;
VI. Llevar el archivo del Instituto, y
VII. Las demás que le sean conferidas por el Pleno o su Comisionado Presidente.
Artículo 122. En el mes de febrero de cada año, los sujetos obligados deberán presentar, al Instituto, un informe correspondiente al año anterior, que comprenderá del primero de enero al treinta y uno de diciembre, mismo que deberá contener:
I. El número de solicitudes de información presentadas al sujeto obligado y la información objeto de las mismas;
II. La cantidad de solicitudes procesadas y respondidas;
III. El número de solicitudes pendientes;
IV. Las prórrogas por circunstancias excepcionales;
V. El tiempo de procesamiento de cada solicitud;
VI. La cantidad de servidores públicos involucrados en la tarea, y
VII. La cantidad de resoluciones tomadas por el sujeto obligado denegando las solicitudes de información presentadas al mismo y sus fundamentos respectivos.
Artículo 123. El Instituto presentará, en el mes de abril de cada año, un informe de labores y de resultados al Congreso del Estado, en el cual se incluirá:
I. La descripción de la información remitida por los sujetos obligados comprendidos en esta Ley;
II. El número de asuntos atendidos por el Instituto, y
III. Las dificultades observadas en el cumplimiento de esta Ley y sus propuestas para superarlas.
El Instituto, deberá publicar y difundir con amplitud el informe anual y tendrá que circularlo entre los sujetos obligados.
Artículo 124. El Congreso del Estado recibirá y turnará para su análisis a la Comisión ordinaria competente, el informe anual, debiendo ésta informar al Pleno de las acciones y resultados obtenidos.
Artículo 125. En cada sujeto obligado se integrará un Comité de Transparencia colegiado e integrado por un número impar.
Artículo 126. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones:
VIII. Solicitar y autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información a que se refiere la presente Ley, y
Artículo 127. Los sujetos obligados designarán al responsable de la Unidad de Transparencia que tendrá las siguientes funciones:
I. Recabar y difundir la información pública a que refiere esta Ley, así como la correspondiente de la Ley General y propiciar que las Áreas la actualicen periódicamente, conforme la normatividad aplicable;
Artículo 128. Cuando alguna Área de los sujetos obligados se negara a colaborar con la Unidad de Transparencia, ésta dará aviso al superior jerárquico para que le ordene realizar sin demora las acciones conducentes.
Artículo 129. El Instituto contará con un Consejo Consultivo, que estará integrado por tres consejeros que serán honoríficos que durarán en su encargo por un plazo de siete años, debiéndose garantizar la igualdad de género y la inclusión de personas con experiencia en la materia de esta Ley y en derechos humanos, provenientes de organizaciones de la sociedad civil y la academia.
El funcionamiento y procedimiento transparente de designación la integración del Consejo Consultivo, será el que al efecto prevea el Reglamento respectivo.
Artículo 130. Los Consejos Consultivos contarán con las siguientes facultades:
III. Conocer el informe del Instituto sobre el presupuesto asignado a programas y el ejercicio presupuestal y emitir las observaciones correspondientes;
IV. Emitir opiniones no vinculantes, a petición del Instituto o por iniciativa propia, sobre temas relevantes en las materias de transparencia, acceso a la información, accesibilidad y protección de datos personales;
V. Emitir opiniones técnicas para la mejora continua en el ejercicio de las funciones sustantivas del Instituto;
Artículo 131. Los sujetos obligados deberán cooperar con el Instituto para capacitar y actualizar, de forma permanente, a todos sus Servidores Públicos en materia del derecho de acceso a la información, a través de los medios que se considere pertinente.
Con el objeto de crear una cultura de la transparencia y acceso a la información entre los guerrerenses, el Instituto deberá promover, en colaboración con instituciones educativas y culturales del sector público o privado, actividades, mesas de trabajo, exposiciones y concursos relativos a la transparencia y acceso a la información.
Artículo 132. El Instituto por si mismo o a través de los mecanismos de coordinación que al efecto establezca, podrá:
VI. Promover, en coordinación con autoridades estatales y municipales, la participación ciudadana y de organizaciones sociales en talleres, seminarios y actividades que tengan por objeto la difusión de los temas de transparencia y derecho de acceso a la información;
Artículo 133. Para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley, los sujetos obligados podrán desarrollar o adoptar, en lo individual o en acuerdo con otros sujetos obligados, esquemas de mejores prácticas que tengan por objeto:
V. Procurar la accesibilidad de la información.
Artículo 134. El Instituto emitirá políticas de transparencia proactiva, en atención a los lineamientos generales definidos para ello por el Sistema Nacional, diseñadas para incentivar a los sujetos obligados a publicar información adicional a la que establece como mínimo la presente Ley.
Dichas políticas tendrán por objeto, entre otros, promover la reutilización de la información que generan los sujetos obligados, considerando la demanda de la sociedad, identificada con base en las metodologías previamente establecidas.
Artículo 135. La información publicada por los sujetos obligados, en el marco de la política de transparencia proactiva, se difundirá en los medios y formatos que más convengan al público al que va dirigida.
Artículo 136. El Sistema Nacional emitirá los criterios para evaluar la efectividad de la política de la transparencia proactiva, considerando como base, la reutilización que la sociedad haga a la información.
La información que se publique, como resultado de las políticas de transparencia, deberá permitir la generación de conocimiento público útil, para disminuir asimetrías de la información, mejorar los accesos a trámites y servicios, optimizar la toma de decisiones de autoridades o ciudadanos y deberá tener un objetivo claro, enfocado en las necesidades de sectores de la sociedad determinados o determinables.
Artículo 137. El Instituto, en el ámbito de sus atribuciones coadyuvará, con los sujetos obligados y representantes de la sociedad civil en la implementación de mecanismos de colaboración para la promoción e implementación de políticas y mecanismos de apertura gubernamental.
Artículo 138. Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deberán garantizar las medidas y condiciones de accesibilidad para que toda persona pueda ejercer el derecho de acceso a la información, mediante solicitudes de información y deberá apoyar al solicitante en la elaboración de las mismas, de conformidad con las bases establecidas en el presente Título.
Artículo 139. Cualquier persona por sí misma o a través de su representante, podrá presentar solicitud de acceso a información ante la Unidad de Transparencia, a través de la Plataforma Nacional, en la oficina u oficinas designadas para ello, vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional.
Artículo 140. Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la Plataforma Nacional, se asignará automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la Plataforma Nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante, en el que se indique la fecha de recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables.
Artículo 141. Para presentar una solicitud no se podrán exigir mayores requisitos que los siguientes:
En su caso, el solicitante señalará el formato accesible o la lengua nacional en la que se requiera la información de acuerdo a lo señalado en la presente Ley.
Artículo 142. Cuando el particular presente su solicitud por medios electrónicos a través de la Plataforma Nacional, se entenderá que acepta que las notificaciones le sean efectuadas por dicho sistema, salvo que señale un medio distinto para efectos de las notificaciones.
Artículo 143. Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se practiquen. Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, éstos se entenderán como hábiles.
Artículo 144. De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que ya se encuentre en su posesión implique análisis, estudio o procesamiento de Documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los plazos establecidos para dichos efectos, se podrán poner a disposición del solicitante los Documentos en consulta directa, salvo la información clasificada.
Artículo 145. Cuando los detalles proporcionados para localizar los documentos resulten insuficientes, incompletos o sean erróneos, la Unidad de Transparencia podrá requerir al solicitante, por una sola vez y dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco días, contados a partir de la presentación de la solicitud, para que, en un término de hasta diez días, indique otros elementos o corrija los datos proporcionados o bien, precise uno o varios requerimientos de información.
Este requerimiento interrumpirá el plazo de respuesta establecido en el artículo 149 de la presente Ley, por lo que comenzará a computarse nuevamente al día siguiente del desahogo por parte del particular. En este caso, el sujeto obligado atenderá la solicitud en los términos en que fue desahogado el requerimiento de información adicional.
Artículo 146. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita.
Artículo 147. Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al público en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en formatos electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por el medio requerido por el solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información en un plazo no mayor a cinco días.
Artículo 148. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada.
Artículo 149. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquélla.
Artículo 150. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega.
Artículo 151. Los sujetos obligados establecerán la forma y términos en que darán trámite interno a las solicitudes en materia de acceso a la información.
Artículo 152. La Unidad de Transparencia tendrá disponible la información solicitada, durante un plazo mínimo de sesenta días, contado a partir de que el solicitante hubiere realizado, en su caso, el pago respectivo, el cual deberá efectuarse en un plazo no mayor a treinta días.
Artículo 153. Cuando las Unidades de Transparencia determinen la notoria incompetencia por parte de los sujetos obligados, dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de acceso a la información, deberán comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y, en caso de poderlo determinar, señalar al solicitante el o los sujetos obligados competentes.
Artículo 154. En caso de que los sujetos obligados consideren que los Documentos o la información deba ser clasificada, se sujetará a lo siguiente:
La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de respuesta a la solicitud que establece el artículo 149 de la presente Ley.
Artículo 155. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el Comité de Transparencia:
Artículo 156. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y señalará al servidor público responsable de contar con la misma.
Artículo 157. Las personas físicas y morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, serán responsables del cumplimiento de los plazos y términos para otorgar acceso a la información.
Artículo 158. En caso de existir costos para obtener la información, deberán cubrirse de manera previa a la entrega y no podrán ser superiores a la suma de:
Las cuotas de los derechos aplicables deberán establecerse en la Ley Federal de Derechos, los cuales se publicarán en los sitios de Internet de los sujetos obligados.
En su determinación se deberá considerar que los montos permitan o faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la información, asimismo se establecerá la obligación de fijar una cuenta bancaria única y exclusivamente para que el solicitante realice el pago íntegro del costo de la información que solicitó.
Artículo 159. El solicitante podrá interponer, por sí mismo o a través de su representante, de manera directa o por medios electrónicos, recurso de revisión ante el Instituto o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la solicitud dentro de los quince días siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su notificación.
Artículo 160. El recurso de revisión procederá en contra de:
La respuesta que den los sujetos obligados derivada de la resolución a un recurso de revisión que proceda por las causales señaladas en las fracciones III, VI, VIII, IX, X y XI es susceptible de ser impugnada de nueva cuenta, mediante recurso de revisión, ante el Instituto.
Artículo 161. El recurso de revisión deberá contener:
Artículo 162. Si el escrito de interposición del recurso no cumple con alguno de los requisitos establecidos en el artículo anterior y el Instituto no cuenta con elementos para subsanarlos, se prevendrá al recurrente, por una sola ocasión y a través del medio que haya elegido para recibir notificaciones, con el objeto de que subsane las omisiones dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco días, contados a partir del día siguiente de la notificación de la prevención, con el apercibimiento de que, de no cumplir, se desechará el recurso de revisión.
La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tienen el Instituto para resolver el recurso, por lo que comenzará a computarse a partir del día siguiente a su desahogo. No podrá prevenirse por el nombre que proporcione el solicitante.
Artículo 163. El Instituto resolverá el recurso de revisión en un plazo que no podrá exceder de cuarenta días, contados a partir de la admisión del mismo, en los términos que establezca la ley respectiva, plazo que podrá ampliarse por una sola vez y hasta por un periodo de veinte días.
Artículo 164. En todo momento, los Comisionados deberán tener acceso a la información clasificada para determinar su naturaleza según se requiera.
El acceso se dará de conformidad con la normatividad previamente establecida por los sujetos obligados para el resguardo o salvaguarda de la información.
Artículo 165. La información reservada o confidencial que, en su caso, sea consultada por los Comisionados, por resultar indispensable para resolver el asunto, deberá ser mantenida con ese carácter y no deberá estar disponible en el Expediente, salvo en los casos en los que sobreviniera la desclasificación de dicha información y continuara bajo el resguardo del sujeto obligado en el que originalmente se encontraba o cuando se requiera, por ser violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.
Artículo 166. El Instituto, al resolver el recurso de revisión, deberá aplicar una prueba de interés público con base en elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, cuando exista una colisión de derechos.
Artículo 167. El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente:
I. Interpuesto el recurso de revisión, el Presidente del Instituto lo turnará al Comisionado ponente que corresponda, quien deberá proceder a su análisis para que decrete su admisión o su desechamiento;
VI. El Instituto no estará obligado a atender la información remitida por el sujeto obligado una vez decretado el cierre de instrucción, y
Artículo 168. Las resoluciones del Instituto podrán:
Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no podrán exceder de diez días para la entrega de información. Excepcionalmente, Instituto, previa fundamentación y motivación, podrán ampliar estos plazos cuando el asunto así lo requiera.
Artículo 169. En las resoluciones el Instituto podrá señalarle a los sujetos obligados que la información que deben proporcionar sea considerada como obligación de transparencia de conformidad con la presente Ley, atendiendo a la relevancia de la información, la incidencia de las solicitudes sobre la misma y el sentido reiterativo de las resoluciones.
Artículo 170. El Instituto deberá notificar a las partes y publicar las resoluciones, a más tardar, al tercer día siguiente de su aprobación. Los sujetos obligados deberán informar al Instituto el cumplimiento de sus resoluciones en un plazo no mayor a tres días.
Artículo 171. Cuando el Instituto determine durante la sustanciación del recurso de revisión que pudo haberse incurrido en una probable responsabilidad por el incumplimiento a las obligaciones previstas en esta Ley y las demás disposiciones aplicables en la materia, deberán hacerlo del conocimiento del órgano interno de control o de la instancia competente para que ésta inicie, en su caso, el procedimiento de responsabilidad respectivo.
Artículo 172. El recurso será desechado por improcedente cuando:
I. Sea extemporáneo;
III. No actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 160 de la presente Ley;
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente Ley;
Artículo 173. El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se actualicen alguno de los siguientes supuestos:
Artículo 174. Las resoluciones del Instituto son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.
Artículo 175. Los particulares podrán impugnar las determinaciones o resoluciones del Instituto ante el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública o ante el Poder Judicial de la Federación, en los términos que señala la legislación aplicable.
En caso de presentarse una impugnación por escrito ante el Instituto en contra de su propia resolución, éste deberá hacerlo del conocimiento del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública al día siguiente de su recepción, acompañándolo con la resolución impugnada, a través de la Plataforma Nacional.
Artículo 176. Los sujetos obligados, a través de la Unidad de Transparencia, darán estricto cumplimiento a las resoluciones del Instituto y deberán informar a estos sobre su cumplimiento.
Dicha solicitud deberá presentarse, a más tardar, dentro de los primeros tres días del plazo otorgado para el cumplimiento, a efecto de que el Instituto resuelva sobre la procedencia de la misma dentro de los cinco días siguientes.
Artículo 177. Transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior, el sujeto obligado deberá informar al Instituto sobre el cumplimento de la resolución.
Artículo 178. El Instituto deberá pronunciarse, en un plazo no mayor a cinco días, sobre todas las causas que el recurrente manifieste así como del resultado de la verificación realizada. Si el Instituto considera que se dio cumplimiento a la resolución, emitirá un acuerdo de cumplimiento y se ordenará el archivo del Expediente. En caso contrario, el Instituto:
Artículo 179. Una vez que hayan causado ejecutoria las resoluciones dictadas en los recursos que se sometan a su competencia, el Instituto podrá emitir los criterios de interpretación que estime pertinentes y que deriven de lo resuelto en cuando menos tres casos análogos de manera consecutiva en el mismo sentido, aprobados por al menos dos terceras partes del Pleno del Instituto, derivados de resoluciones que hayan causado estado.
Artículo 180. Los criterios se compondrán de un rubro, un texto y el precedente o precedentes que, en su caso, hayan originado su emisión.
Artículo 181. El Instituto podrá imponer al servidor público encargado de cumplir con la resolución, o a los miembros de los sindicatos, partidos políticos o a la persona física o moral responsable, las siguientes medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones:
Multa, de ciento cincuenta hasta mil quinientas veces la unidad de cuenta general vigente
En la imposición de la medida de apremio, el Instituto deberá tener en cuenta la gravedad de la falta y, en su caso, las condiciones económicas del infractor y la reincidencia.
El incumplimiento de los sujetos obligados será difundido en los portales de obligaciones de transparencia del Instituto y considerados en las evaluaciones que realicen éstos.
En caso de que el incumplimiento de las determinaciones del Instituto implique la presunta comisión de un delito o una de las conductas señaladas en esta Ley, el Instituto deberá denunciar los hechos ante la autoridad competente.
Artículo 182. Si a pesar de la ejecución de las medidas de apremio previstas en el artículo anterior no se cumple con la determinación, se requerirá el cumplimiento al superior jerárquico para que en un plazo de cinco días lo instruya a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se aplicarán sobre el superior jerárquico las medidas de apremio establecidas en el artículo anterior.
Artículo 183. Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo, deberán ser impuestas por el Instituto y ejecutadas por sí mismos.
Las multas que fije el Instituto se harán efectivas ante el Servicio de Administración Tributaria o la Secretaría de Finanzas del Estado, según corresponda, a través de los procedimientos que las leyes establezcan.
Artículo 184. Serán causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, al menos las siguientes:
XII. Clasificar como reservada, con dolo o negligencia, la información sin que se cumplan las características señaladas en la presente Ley. La sanción procederá cuando exista una resolución previa del Instituto, que haya quedado firme;
XIII. No desclasificar la información como reservada cuando los motivos que le dieron origen ya no existan o haya fenecido el plazo, cuando el Instituto determine que existe una causa de interés público que persiste o no se solicite la prórroga al Comité de Transparencia;
XIV. No atender los requerimientos establecidos en la presente Ley, emitidos por el Instituto, o
XV. No acatar las resoluciones emitidas por el Instituto, en ejercicio de sus funciones.
En la imposición de sanciones, el Instituto calificará la gravedad de la falta, en su caso, las condiciones económicas del infractor y la reincidencia.
Artículo 185. Las responsabilidades que resulten de los procedimientos administrativos correspondientes derivados de la violación a lo dispuesto por esta Ley, son independientes de las del orden civil, penal o de cualquier otro tipo que se puedan derivar de los mismos hechos.
Para tales efectos, el Instituto podrá denunciar ante las autoridades competentes cualquier acto u omisión violatoria de esta Ley y aportar las pruebas que consideren pertinentes, en los términos de las leyes aplicables.
Artículo 186. Ante incumplimientos en materia de transparencia y acceso a la información por parte de los partidos políticos, el Instituto dará vista al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, para que resuelva lo conducente, sin perjuicio de las sanciones establecidas para los partidos políticos en las leyes aplicables.
Artículo 187. En aquellos casos en que el presunto infractor tenga la calidad de Servidor Público, el Instituto deberá remitir a la autoridad competente, junto con la denuncia correspondiente, un expediente en que se contengan todos los elementos que sustenten la presunta responsabilidad administrativa.
La autoridad que conozca del asunto deberá informar de la conclusión del procedimiento y en su caso, de la ejecución de la sanción al Instituto.
Artículo 188. Cuando se trate de presuntos infractores de sujetos obligados que no cuenten con la calidad de Servidor Público, el Instituto, será la autoridad facultada para conocer y desahogar el procedimiento sancionatorio conforme a lo previsto en esta Ley; y deberá llevar a cabo las acciones conducentes para la imposición y ejecución de las sanciones.
Artículo 189. El procedimiento a que se refiere el artículo anterior dará comienzo con la notificación que efectúe el Instituto al presunto infractor, sobre los hechos e imputaciones que motivaron el inicio del procedimiento y le otorgarán un término de quince días para que rinda pruebas y manifieste por escrito lo que a su derecho convenga. En caso de no hacerlo, el Instituto de inmediato, resolverá con los elementos de convicción que disponga.
El Instituto admitirá las pruebas que estime pertinentes y procederá a su desahogo; y concluido que esto sea, notificará al presunto infractor el derecho que le asiste para que, de considerarlo necesario, presente sus alegatos dentro de los cinco días siguientes a su notificación.
Una vez analizadas las pruebas y demás elementos de convicción, el Instituto resolverá, en definitiva, dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que inició el procedimiento sancionador. Dicha resolución deberá ser notificada al presunto infractor y, dentro de los diez días siguientes a la notificación, se hará pública la resolución correspondiente.
Cuando haya causa justificada por acuerdo indelegable del Pleno del Instituto, podrá ampliar por una sola vez y hasta por un periodo igual el plazo de resolución.
Artículo 190. En lo que refiere el procedimiento sancionatorio previsto en esta Ley, será supletorio a este procedimiento sancionador lo dispuesto en las leyes en materia de procedimiento administrativo del orden jurídico Federal y Local.
Artículo 191. Las infracciones a lo previsto en la presente Ley por parte de sujetos obligados que no cuenten con la calidad de servidor público, serán sancionadas con:
I. El apercibimiento, por única ocasión, para que el sujeto obligado cumpla su obligación de manera inmediata, en los términos previstos en esta Ley.
Si una vez hecho el apercibimiento no se cumple de manera inmediata con la obligación, en los términos previstos en esta Ley, se aplicará multa de ciento cincuenta a doscientos cincuenta unidades de cuenta generales vigentes en el Estado;
II. Se aplicará multa adicional de doscientos cincuenta a ochocientos unidades de cuenta general vigente en el Estado, a quien persista en las infracciones citadas en la fracción anterior.
Artículo 192. En caso de que el incumplimiento de las determinaciones del Instituto implique la presunta comisión de un delito, éste deberá denunciar los hechos ante la autoridad competente.
Artículo 193. Las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o ejerzan actos de autoridad deberán proporcionar la información que permita al sujeto obligado que corresponda, cumplir con sus obligaciones de trasparencia y para atender las solicitudes de acceso correspondientes.
TERCERO. Queda derogada cualquier disposición que contravenga los principios, bases, procedimientos y derechos reconocidos en la presente Ley, sin perjuicio de lo previsto en los siguientes transitorios.
CUARTO. En tanto no se expida la ley general en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados, permanecerá vigente la normatividad federal y local en la materia, en sus respectivos ámbitos de aplicación.
QUINTO. El Instituto expedirá los lineamientos necesarios para el ejercicio de sus atribuciones, de conformidad con lo previsto en la presente Ley, dentro de los noventa días siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto.
SEXTO. Los sujetos obligados se incorporarán a la Plataforma Nacional de Transparencia, en los términos que establece la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información y el acuerdo mediante el cual el Sistema Nacional aprueba los lineamientos que regularán la forma, términos y plazos en que los sujetos obligados deberán cumplir con las obligaciones de transparencia, a que se refiere la presente Ley.
SÉPTIMO. La información que hasta la fecha de entrada en vigor del presente decreto obre en los sistemas electrónicos del Instituto, formará parte de la Plataforma Nacional de Transparencia, conforme a los lineamientos que, para el efecto, emita el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
OCTAVO. En tanto el H. Congreso del Estado realiza la designación de los Comisionados del Instituto, los actuales Comisionado electorales continuarán en funciones y ejercerán las facultades y atribuciones que les corresponden conforme a la legislación vigente al momento de su designación, por lo que los actos jurídicos en que intervengan surtirán todos sus efectos legales.
NOVENO. Para el efecto del cumplimiento de las obligaciones genéricas y específicas a las que se refiere la presente Ley, los sujetos obligados aprobarán, a más tardar 120 días después de la entrada en vigor de esta Ley, un programa de reorganización administrativa que contemple la creación de las Unidades y Comités de Transparencia.
DÉCIMO. Publíquese el presente Decreto para el conocimiento general, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en el Portal Web del Congreso del Estado, en las redes sociales de internet y difúndase a través de los medios de comunicación.