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Timestamp: 2017-12-14 19:07:01
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Decreto 151/2015, de 27 de julio, por el que se desarrolla un programa extraordinario de concesión de avales públicos para la financiación empresarial - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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DECRETO 151/2015, DE 27 DE JULIO, POR EL QUE SE DESARROLLA UN PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE CONCESIÓN DE AVALES PÚBLICOS PARA LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL (BOPV 148 DE 7 DE AGOSTO)
Para paliar esta falta de financiación, en los años 2009-2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 se dispuso de un programa de avales, Decreto 52/2010, de 16 de febrero (LPV 2010, 75) (BOPV n.º 51, de 16 de marzo), Decreto 125/2011, de 14 de junio (LPV 2011, 213) (BOPV n.º 120, de 24 de junio), Decreto 127/2012, de 10 de julio (LPV 2012, 266) (BOPV n.º 141, de 19 de julio), Decreto 416/2013, de 24 de septiembre (LEG 2013, 6589) (BOPV n.º 196, de 14 de octubre) y Decreto 11/2014, de 17 de junio (BOPV n.º 124, de 2 de julio), respectivamente, para la financiación de circulante dirigido prioritariamente a un colectivo de empresas vital para nuestra economía y empleo. Empresas que solas o cooperando con otras podían acceder a importantes proyectos, la mayoría en el mercado internacional, en cuyo desarrollo y ejecución aportaban nuevas demandas a sus proveedoras de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
Los Decretos 52/2010 y 125/2011 se basaban en el artículo 87, apartado 3, letra b), del Tratado CE (LCEur 1997, 3695) y en la Comunicación de la Comisión «Marco temporal comunitario aplicable a las medidas de ayuda estatal para facilitar el acceso a la financiación en el actual contexto de crisis económica y financiera», que permite la concesión de ayudas compatibles con el Tratado. Por su parte, el Decreto 127/2012, el Decreto 416/2013 (LEG 2013, 6589) y el Decreto 11/2014 cumplían lo establecido en la Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales otorgadas en forma de garantía.
El régimen se determina en base a las disposiciones de la Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación del artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (LCEur 2008, 2207) (TFUE) a las ayudas estatales otorgadas en forma de garantía.
Asimismo, se acomoda al régimen de los Presupuestos Generales, siendo el importe máximo de los avales a conceder en el ejercicio 2015 de 100 millones de euros, incluidos en el límite fijado en el artículo 9 de la Ley 5/2014, de 23 de diciembre (LPV 2014, 404), por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2015.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad y del Consejero de Hacienda y Finanzas, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 27 de julio de 2015, dispongo:
6.– Para ser beneficiaria de las ayudas la empresa solicitante no deberá encontrarse sancionada penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni hallarse incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero (LPV 2005, 93, 214), para la Igualdad de Mujeres y Hombres.
7.– La Dirección de Política Financiera y Recursos Institucionales, como órgano gestor del Registro de Garantías, y de conformidad con lo establecido en el artículo 3.3 del Decreto 54/1997, de 18 de marzo (LPV 1997, 171), de prestación de garantías por la Comunidad Autónoma de Euskadi, emitirá con carácter previo al acuerdo de concesión del aval informe relativo al no agotamiento del límite establecido en el artículo 37 de la Ley 8/1996, de 8 de noviembre (LPV 1996, 477), de finanzas de la Comunidad Autónoma de Euskadi; a las características económico-financieras de la operación; a los términos en los que el aval queda garantizado; y la no existencia de deudas de la empresa solicitante con la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi en período ejecutivo.
1.– Quienes de conformidad con lo establecido en este Decreto reúnan las condiciones para poder acceder a las ayudas previstas en el mismo deberán dirigir la solicitud y demás documentación complementaria a la Dirección de Desarrollo Industrial del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco, y presentarse en la referida Dirección, sita en c/ Donostia-San Sebastián, 1 de Vitoria-Gasteiz; 01010 (Álava), en las Delegaciones Territoriales del Departamento citado o en los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
10.– Las solicitantes podrán presentar la solicitud de ayuda, junto con la documentación exigida, en el idioma oficial de su elección. Asimismo, en las actuaciones derivadas de la solicitud de ayudas, y durante todo el procedimiento, se utilizará el idioma elegido por el solicitante, según lo establecido en la Ley 10/1982, de 24 de noviembre (LPV 1982, 1212), básica de normalización del uso del Euskera.
En caso de que la Dirección de Desarrollo Industrial advirtiera la existencia de algún error, defecto o inexactitud en la solicitud presentada, lo comunicará a la empresa solicitante concediéndole un plazo de 10 días para que proceda a su subsanación con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición. Transcurrido dicho plazo sin haber procedido a la subsanación, el Director de Desarrollo Industrial dictará resolución declarando el desistimiento, en los términos previstos en los artículos 42 y 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3.– Asimismo, si la solicitud no cumple los requisitos para poder acceder a los avales, el Director de Desarrollo Industrial, a propuesta de la Comisión de Evaluación y Seguimiento, dictará resolución denegatoria del aval solicitado. Dicha resolución no agotará la vía administrativa, pudiendo interponerse recurso de alzada ante el Viceconsejero de Industria, en el plazo y forma establecidos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246). En el supuesto de que, examinado el recurso interpuesto, hayan de tomarse en consideración las razones expuestas por la entidad recurrente, el Viceconsejero de Industria elevará la propuesta de concesión de aval al Consejo de Gobierno, para que este adopte el acuerdo correspondiente.
4.– Sin perjuicio de la notificación individual a las solicitantes de los acuerdos de concesión de aval, se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco la relación de los beneficiarios e importe de los avales concedidos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre (LPV 1998, 19).
2.– La formalización del contrato de aval se realizará en nombre de la Administración de la Comunidad Autónoma por el Viceconsejero de Hacienda y Política Financiera, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 6.2 del Decreto 54/1997, de 18 de marzo (LPV 1997, 171), de prestación de garantías por la comunidad Autónoma de Euskadi.
2.– Si la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco se viera obligada a hacer frente parcial o totalmente al importe del aval por impago de la beneficiaria se estará a lo dispuesto en la Ley 8/1996, de 8 de noviembre (LPV 1996, 477), de Finanzas de la Comunidad Autónoma de Euskadi y en el Decreto 54/1997, de 18 de marzo (LPV 1997, 171), de prestación de garantías de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
e) Cualquier otra obligación exigible conforme a lo previsto en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre (LPV 1998, 19).
f) Asumir las obligaciones impuestas por el artículo 2.3 la Ley 4/2005 de 18 de febrero (LPV 2005, 93, 214) para la igualdad de Mujeres y Hombres a las entidades que contratan, convenian o reciben ayudas de la Administración, entre las que se encuentra la obligación de regirse por los principios de igualdad de trato, igualdad de oportunidades y el respeto a la diversidad y diferencia de sus trabajadoras y trabajadores.
Valoración de las garantías
*Ver ANEXO en el PDF de la siposición original BOPV 148 de 7 de Agosto