Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/23809
Timestamp: 2020-03-28 21:07:31
Document Index: 353499025

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 34', 'Artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 13', 'in fine', 'Artículo 3', 'Artículo 13', 'Artículo 13', 'Artículo 149', 'Artículo 149', 'Artículo 12', 'Artículo 3', 'Artículo 3', 'Artículo 3', 'Artículo 13', 'Artículo 13', 'Artículo 13', 'Artículo 13', 'artículo 13', 'Artículo 152', 'Artículo 152']

Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 22/2014
SENTENCIA 22/2014, de 13 de febrero
ECLI:ES:TC:2014:22
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente, doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos y don Enrique López López, Magistrados, ha pronunciado
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 1763-2004, interpuesto por el Parlamento de Cataluña contra el artículo 3.1, párrafo segundo, en lo referente a la expresión “fomento del empleo” en relación al apartado 2 del mismo artículo; el artículo 3.3, párrafo segundo; el artículo 13 e), apartados 1 y 2 y la disposición adicional cuarta todos ellos de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de empleo. Ha intervenido y formulado alegaciones el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Santiago Martínez-Vares García, quien expresa el parecer del Tribunal.
1. Mediante escrito registrado en el Tribunal con fecha 18 de marzo de 2004, el Letrado del Parlamento de Cataluña, obrando en nombre y representación de éste, interpuso recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 3.1, párrafo segundo, en lo referente a la expresión “fomento del empleo” en relación al apartado 2 del mismo artículo; 3.3, párrafo segundo; 13 e), apartados 1 y 2 y contra la disposición adicional cuarta, todos ellos de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de empleo. La fundamentación que sustenta la impugnación se resume a continuación.
a) La representación procesal del Parlamento de Cataluña comienza su escrito examinando los ámbitos competenciales que corresponden al Estado y a la Generalitat de Cataluña, los traspasos de servicios realizados y la normativa dictada por el Parlamento de Cataluña en materia de políticas activas de empleo.
b) A continuación entra la demanda a argumentar las razones que justificarían la inconstitucionalidad de cada uno de los preceptos impugnados.
c) Asimismo se impugnan los apartados 1 y 2 de la letra e) del artículo 13 de la Ley relativos a las competencias del Servicio Público de Empleo Estatal.
d) Por las mismas razones que se han indicado en relación al apartado 1 de la letra e) del artículo 13 de la Ley 56/2003, se impugna la disposición adicional cuarta de la misma.
2. Mediante providencia de 27 de abril de 2004, la Sección Segunda del Tribunal acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Parlamento de Cataluña contra los arts. 3.1, párrafo segundo, en lo referente a la expresión “fomento del empleo” en relación al apartado 2 del mismo artículo; 3.3, párrafo segundo; 13 e) apartados 1 y 2; y disposición adicional cuarta de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre de empleo. Asimismo, acordó dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme al artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Gobierno, al objeto de que en el plazo de quince días pudieran personarse en el proceso y formular alegaciones. Por último, se acordó publicar la incoación del proceso en el “Boletín Oficial del Estado”.
3. El día 7 de mayo de 2004, el Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, se dirige al Tribunal personándose en el proceso y solicita una prórroga de ocho días para formular sus alegaciones.
4. El día 11 de mayo de 2004, la Sección Segunda de este Tribunal acuerda incorporar a las actuaciones el escrito del Abogado del Estado de 30 de abril de 2002 y concederle la prórroga solicitada para formular las alegaciones.
5. Con fecha 12 de mayo de 2004, se registra un escrito del Presidente del Senado comunicando al Tribunal el acuerdo de la Mesa de la Cámara de personarse en el proceso y ofreciendo su colaboración.
6. El día 14 de mayo de 2004, se registra en el Tribunal un escrito del Presidente del Congreso de los Diputados comunicando al Tribunal el acuerdo de la Mesa de la Cámara de no personarse en el proceso ni formular alegaciones y poniéndose a su disposición.
7. Con fecha 21 de mayo de 2004, se registra el escrito mediante el cual el Abogado del Estado formula sus alegaciones en el recurso de inconstitucionalidad número 1763-2004, que resumidamente se exponen.
a) Comienza el escrito del Abogado del Estado delimitando el objeto del recurso de inconstitucionalidad para, a continuación, referirse a los títulos competenciales que sustentan la adopción de la Ley impugnada.
b) Una vez examinada la doctrina constitucional en relación con los diferentes títulos competenciales del Estado, el escrito del Abogado del Estado entra en el examen de los concretos preceptos recurridos.
8. Por providencia de once de febrero de dos mil catorce, se fijó para deliberación y fallo de esta Sentencia el día trece del mismo mes y año.
1. El presente recurso de inconstitucionalidad, planteado por el Parlamento de Cataluña, tiene por objeto la impugnación de los arts. 3.1, párrafo segundo, en lo referente a la expresión “fomento del empleo” en relación al apartado 2 del mismo artículo; 3.3, párrafo segundo; 13. e), apartados 1 y 2 y la disposición adicional cuarta, de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de empleo.
2. Una vez expuestas sintéticamente las posiciones de las partes que se enfrentan en este proceso y con carácter previo al enjuiciamiento de fondo, resulta necesario determinar la vigencia de la controversia competencial en los términos en que ha sido planteada, a la vista de las modificaciones operadas en la Ley que es objeto del presente recurso, y a la luz de lo que este Tribunal ha afirmado reiteradamente, en el sentido de que “la eventual apreciación de la pérdida de objeto del proceso dependerá de la incidencia real que sobre el mismo tenga la derogación, sustitución o modificación de la norma y no puede resolverse apriorísticamente en función de criterios abstractos o genéricos, pues lo relevante no es tanto la expulsión de la concreta norma impugnada del ordenamiento, cuanto determinar si con esa expulsión ha cesado o no la controversia competencial, toda vez que poner fin a la misma a la luz del orden constitucional de reparto de competencias es el fin último al que sirven tales procesos” [por todas, STC 149/2012, de 5 de julio, FJ 2 b)].
3. Antes de comenzar el examen de fondo y toda vez que las argumentaciones de las partes tienen como referencia inmediata las respectivas atribuciones competenciales del Estado y de la Generalitat de Cataluña que se derivan de la Constitución y del Estatuto de Autonomía para Cataluña de 1979, debemos señalar que en este momento se encuentra vigente la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, a cuyas prescripciones, y no a las estatutarias vigentes en el momento de formalizarse el recurso, habremos de atenernos, de acuerdo con nuestra doctrina según la cual el control de las normas que incurren en un posible exceso competencial debe hacerse de acuerdo con las normas del bloque de la constitucionalidad vigentes en el momento de dictar Sentencia (STC 1/2011, de 14 de febrero, FJ 2, y doctrina allí citada).
4. Puesto que del examen de la demanda se deduce con claridad que nos encontramos ante un recurso de inconstitucionalidad de carácter competencial, debemos comenzar por el examen de la distribución de competencias en materia de empleo que se deriva de lo dispuesto en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de Cataluña.
5. Una vez enmarcada la cuestión competencial, debemos comenzar por analizar la impugnación que realiza el Parlamento de Cataluña de los distintos preceptos de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de empleo.
“Artículo 3. Planificación y ejecución de la política de empleo
2. De conformidad con la Constitución y sus Estatutos de Autonomía, corresponde a las comunidades autónomas en su ámbito territorial el desarrollo de la política de empleo, el fomento del empleo y la ejecución de la legislación laboral y de los programas y medidas que les hayan sido transferidas.”
6. Se impugna, a continuación, el segundo párrafo del artículo 3.3 de la Ley 56/2003, en donde se dispone:
“3. Los Planes nacionales de acción para el empleo se elaborarán por el Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con la participación de las comunidades autónomas, y se definirán de acuerdo con la Estrategia Europea de Empleo, configurándose como un instrumento esencial de planificación de la política de empleo. Así mismo se contará con la participación de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas. Las medidas contenidas en los Planes nacionales de acción para el empleo estarán coordinadas e integradas con el resto de políticas de origen estatal y de la Unión Europea y, especialmente, con las establecidas en los Planes de integración social, con las que deberán guardar la coherencia necesaria para garantizar su máxima efectividad.
Las comunidades autónomas, en sus respectivos ámbitos territoriales, establecerán sus programas de empleo, de acuerdo con las obligaciones establecidas por la Estrategia Europea de Empleo, a través de los Planes nacionales de acción para el empleo.”
7. Se impugnan, en tercer lugar, los apartados 1 y 2 de la letra e) del artículo 13 de la Ley, relativos a las competencias del Servicio Público de Empleo Estatal, y cuyo tenor es el siguiente:
“El Servicio Público de Empleo Estatal tendrá las siguientes competencias:
2. Programas para la mejora de la ocupación de los demandantes de empleo mediante la colaboración del Servicio Público de Empleo Estatal con órganos de la Administración General del Estado o sus organismos autónomos para la realización de acciones formativas y ejecución de obras y servicios de interés general y social relativas a competencias exclusivas del Estado.”
a) El apartado 1 de la letra e) del art. 13, establece la gestión estatal de aquellos programas cuya ejecución afecte a un ámbito geográfico superior al de una Comunidad Autónoma y en los que concurra la exigencia de movilidad geográfica de los desempleados o trabajadores participantes a otra Comunidad Autónoma distinta a la suya, así como la necesidad de una coordinación unificada.
b) El apartado 2 del art. 13 e) establece un segundo supuesto de gestión estatal, referido a aquellos programas para la mejora de la ocupación de los demandantes de empleo mediante la colaboración del Servicio Público de Empleo Estatal con los órganos de la Administración General del Estado o sus organismos autónomos para la realización de acciones formativas y ejecución de obras y servicios de interés general y social relativas a competencias exclusivas del Estado.
8. Se impugna finalmente la disposición adicional cuarta según la cual:
“Los programas financiados con cargo a la reserva de crédito establecida en su presupuesto de gastos, cuya ejecución afecte a un ámbito geográfico superior al de una comunidad autónoma sin que implique la movilidad geográfica de los desempleados o trabajadores participantes en los mismos, podrán ser gestionados por el Servicio Público de Empleo Estatal cuando precisen una coordinación unificada y previo acuerdo entre el Servicio Público de Empleo Estatal y las comunidades autónomas en las que vayan a ejecutarse los citados programas.”
1. Voto particular que formula el Magistrado don Luis Ignacio Ortega Álvarez respecto de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 1763-2004.
Don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos y don Enrique López y López.
Tipo y número de registro Recurso de inconstitucionalidad 1763-2004
Interpuesto por el Parlamento de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de empleo.
Se enjuicia la constitucionalidad de diversos preceptos de la Ley de empleo que regulan: a) la planificación y ejecución de la política de empleo, b) los planes nacionales de acción para el empleo, y c) las competencias del Servicio Público de Empleo Estatal en la gestión de programas supraautonómicos financiados con cargo a la reserva del crédito.
Se desestima el recurso y se declara la constitucionalidad de los preceptos impugnados.
En relación con la planificación y ejecución de la política de empleo, la elaboración de normas en materia de fomento de empleo corresponde al Gobierno, pero la Sentencia reconoce la competencia autonómica para regular, financiar y desarrollar sus propios programas de empleo en su ámbito territorial, condicionando esta posibilidad a que no se opongan o contradigan las políticas estatales.
La Sentencia declara que los planes de empleo autonómicos deben ser conformes con el plan nacional de acción para el empleo, que a su vez recoge las obligaciones establecidas por la estrategia europea de empleo.
Igualmente, se reconoce competencia del Estado para la gestión a través del Servicio Público de Empleo Estatal en la ejecución de programas que se extiendan a más de una Comunidad Autónoma y en los que concurra la exigencia de movilidad geográfica de los desempleados o trabajadores participantes a otra Comunidad distinta de la suya, por ser necesaria una coordinación unificada y no ser posible el fraccionamiento de la actividad pública que se pretende ejercer.
La Sentencia tampoco aprecia vulneración competencial en la gestión estatal de programas supraautonómicos para la mejora de la ocupación de los demandantes de empleo mediante la colaboración del Servicio de Empleo Público Estatal con los órganos de la Administración General del Estado o sus organismos autónomos, para la realización de acciones formativas y ejecución de obras y servicios de interés general y social relativas a competencias exclusivas del Estado.
Por último, respecto a la posibilidad de gestión por el Servicio de Empleo Público Estatal de programas financiados con cargo a la reserva del crédito, cuya ejecución afecte a un ámbito geográfico superior al de una comunidad autónoma sin que implique movilidad geográfica de los desempleados o trabajadores participantes en los mismos, se condiciona dicha gestión a la existencia de acuerdo previo con las Comunidades Autónomas en las que vayan a ejecutarse dichos programas.
Corresponderá al Estado, al establecer las bases de programas para desempleados o trabajadores, fijar y justificar la necesidad de realizar una centralización de la gestión por concurrir, además del carácter supraautonómico del fenómeno objeto de la competencia, el que no sea posible el fraccionamiento de la actividad pública ejercida sobre él y requerirse un grado de homogeneidad que sólo puede garantizar su atribución a un único titular, el Estado [FJ 7].
El precepto impugnado exige, para que se pueda producir la gestión centralizada de programas para desempleados o trabajadores, que afecten a un ámbito geográfico superior al de una Comunidad Autónoma, que exijan la movilidad geográfica de los participantes a otra Comunidad Autónoma y que precisen de una coordinación unificada, entendiendo ésta como la necesidad de que esos programas deban ser gestionados por el Estado por encontrarnos en uno de los supuestos excepcionales que de acuerdo con nuestra doctrina permitirían la asunción de competencias ejecutivas por el Estado [FJ 7].
La finalidad de los programas para la realización de acciones formativas y ejecución de obras y servicios de interés general y social relativas a competencias exclusivas del Estado no es únicamente la formación o empleabilidad sino también la realización de actividades que contribuyan al ejercicio de las competencias exclusivas del Estado, siendo precisamente esa doble finalidad que cumplen estos programas la que justifica excepcionalmente la gestión centralizada de los mismos [FJ 7]. [FJ 7].
La disposición que prevé la posibilidad de que puedan ser gestionados por el Servicio Público de Empleo Estatal determinados programas de empleo no resulta inconstitucional al no imponer una limitación de las potestades atribuidas constitucionalmente a las Comunidades Autónomas, en la medida en que se exige la existencia de un acuerdo previo con las Comunidades Autónomas en las que vayan a ejecutarse aquellos [FJ 8].
El precepto impugnado, al reconocer al Gobierno la capacidad de aprobar proyectos de normas con rango de ley y disposiciones reglamentarias en relación con el fomento del empleo, se remite al ámbito propio de la competencia estatal, sin poner en cuestión la competencia autonómica de elaborar y adoptar medidas sobre fomento del empleo en su propio ámbito territorial en la medida en que no se opongan o contradigan las políticas activas estatales [FJ 5].
Los programas de empleo autonómicos deben ser conformes con el plan nacional de acción para el empleo, a través del cual se asumen las obligaciones establecidas por la estrategia europea de empleo, pues la vinculación a las obligaciones europeas en materia de empleo, que se recogen en el plan nacional de acción para el empleo, alcanza, asimismo, al contenido de los programas de empleo aprobados por las Comunidades Autónomas [FJ 6].
La movilización de recursos financieros destinados a regular el mercado laboral y el pleno empleo concierne a ámbitos que no se limitan al régimen o materia laboral, aunque guarden conexión con ésta, sino que son medidas que inciden en el mercado de trabajo dando cumplimiento a la directriz contenida en el art. 40.1 in fine CE, con el respaldo competencial del art. 149.1.13 CE, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica (STC 95/2002) [FJ 4].
El Estado ostenta, al amparo de su competencia sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, art. 149.1.13 CE, la facultad de adoptar medidas en materia de fomento del empleo que, en tanto no incidan en la regulación de la relación laboral, constituyen una materia distinta de la propiamente laboral a la que se refiere el art. 149.1.7 CE [FJ 4].
La Generalitat de Cataluña ostenta competencia ejecutiva en materia de trabajo y relaciones laborales, art. 170.1 EAC, y los títulos competenciales en materia de promoción, ordenación y planificación general de la actividad económica, apartados 1, 2 y 4 del art. 152 EAC, habilitan a la Comunidad Autónoma para establecer y desarrollar su propia política de empleo en la medida en que no contradiga las políticas estatales y no incida en la legislación laboral que es competencia exclusiva del Estado ex art. 149.1.7 CE (STC 31/2010) [FJ 4].
El principio de territorialidad de las competencias autonómicas no implica que cuando el objeto de las competencias autonómicas se extiende a más de una Comunidad Autónoma la titularidad de la misma deba trasladarse al Estado, ya que semejante traslado sólo puede producirse cuando no quepa establecer ningún punto de conexión que permita el ejercicio de las competencias autonómicas o cuando no sea posible el fraccionamiento de la actividad pública y, aun en este caso, siempre que dicha actuación no pueda ejercerse mediante mecanismos de cooperación o de coordinación (SSTC 102/1995, 244/2012) [FJ 7].
Si bien el desplazamiento de las competencias autonómicas y su asunción por el Estado en supuestos de supraterritorialidad no está constitucionalmente impedida, sí que reviste un carácter excepcional, pues la regla general, en el caso de competencias ejecutivas, será su asunción por las Comunidades Autónomas en los casos en los que, conforme a la delimitación de competencias en la materia de que se trate, éstas ostenten las competencias de dicha naturaleza (SSTC 194/2011, 95/2013) [FJ 7].
Doctrina sobre la distribución de competencias en materia de empleo (SSTC 33/1981, 244/2012) [FJ 4].
El control de las normas que incurren en un posible exceso competencial debe hacerse de acuerdo con las normas del bloque de la constitucionalidad vigentes en el momento de dictar Sentencia (STC 1/2011) [FJ 3].
La eventual apreciación de la pérdida de objeto del proceso dependerá de la incidencia real que sobre el mismo tenga la derogación, sustitución o modificación de la norma y no puede resolverse apriorísticamente en función de criterios abstractos o genéricos, pues lo relevante no es tanto la expulsión de la concreta norma impugnada del ordenamiento, cuanto determinar si con esa expulsión ha cesado o no la controversia competencial (STC 149/2012) [FJ 2].
Artículo 3.1.2 expresión "fomento de empleo"
Artículo 13 e), párrafo 1
Artículo 13 e), párrafo 2
Artículo 149.1.7, ff. 1, 4, 7
Artículo 149.1.13, ff. 1, 4, 7, 8
Artículo 12.1 a), f. 1
Artículo 3.1.2 expresión "fomento de empleo", ff. 1, 5
Artículo 3.2, ff. 1, 5
Artículo 3.3.2, ff. 1, 6
Artículo 13 e), f. 8
Artículo 13 e), párrafo 1, ff. 1, 2, 7, VP
Artículo 13 e), párrafo 2, ff. 1, 2, 7
Artículo 13 h) (renumerado por el Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de febrero. Anterior artículo 13 e), f. 2
Disposición adicional cuarta, ff. 1, 8
Artículo 152.2, ff. 4, 5, 7
Artículo 152.4, ff. 4, 5, 7
Ámbito territorial supraautonómicoÁmbito territorial supraautonómico, f. 7
Colaboración entre el Estado y las Comunidades AutónomasColaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas, ff. 4 a 8
Competencias autonómicas de ejecuciónCompetencias autonómicas de ejecución, ff. 4, 5, 7, 8
Competencias de las Comunidades AutónomasCompetencias de las Comunidades Autónomas, ff. 4, 5, 7
Competencias del EstadoCompetencias del Estado, ff. 3, 4, 5, 6, 7, 8, VP
Gestión centralizada de competencias de ejecuciónGestión centralizada de competencias de ejecución, ff. 7, 8, VP
Principio de territorialidadPrincipio de territorialidad, f. 7, VP
EmpleoEmpleo, ff. 7, 8
Fomento del empleoFomento del empleo, ff. 4, 5, VP
Formación de los trabajadoresFormación de los trabajadores, ff. 3, 4, 5, 6, 7, 8
Planes de empleoPlanes de empleo, f. 6
Servicio Público de Empleo EstatalServicio Público de Empleo Estatal, ff. 7, 8