Source: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/Noviembre/1705-151111-2011-11-1021.html
Timestamp: 2017-02-26 12:37:40
Document Index: 97073971

Matched Legal Cases: ['artículo 62', 'artículo 62', 'artículo 168', 'artículo 182', 'artículo 345', 'artículo 5', 'artículo 182', 'artículo 64', 'artículo 27', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 184', 'artículo 184', 'artículo 13', 'artículo 16', 'artículo 63', 'artículo 16', 'artículo 63', 'artículo 7', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 62', 'artículo 7', 'artículo 62', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 62', 'artículo 6', 'artículo 182', 'artículo 184', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 130', 'artículo 345', 'artículo 5', 'artículo 13', 'artículo 184', 'artículo 135', 'artículo 137', 'artículo 130', 'artículo 130']

El 4 de agosto de 2011, los abogados Gerardo Blyde Pérez, Ery Marcano
Giudice, titulares de la cédula de identidad núms. 7.683.877, 10.869.925,
16.177.963, 15.976.166 y 16.274.469, e inscritos en el Instituto de Previsión
Social del Abogado bajo los núms. 31.434, 57.048, 115.669, 117.897, 139.515,
procediendo, en el orden que se menciona, con la condición del Alcalde del
Municipio Baruta del Estado Miranda, según consta en Acta de Sesión de
Instalación y Juramentación de las Autoridades Locales, publicada en Gaceta Municipal
núm. 062-12/2008 Extraordinario; Síndico Procurador Municipal del Municipio
Baruta del Estado Miranda, según consta en la Resolución núm. 037 del 17 de febrero de 2009; y apoderados judiciales de ese Municipio,
respectivamente, según poder autenticado el 8 de febrero de 2011 ante la Notaría Pública Segunda del Municipio Autónomo Chacao del Distrito Metropolitano de Caracas,
bajo el núm. 46, Tomo 28; interponen recurso de nulidad por
inconstitucionalidad contra la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Consejos Locales de Planificación Pública, publicada en la Gaceta Oficial núm. 6.017, Extraordinaria, del 30 de diciembre de 2010.
se designó Ponente la Magistrada Doctora Carmen Zuleta de Merchán, quien, con
tal carácter, suscribe el presente fallo.
el I.P.S.A. bajo el núm. 138.285, invocando la condición de representante
judicial del Municipio Baruta, solicitó pronunciamiento acerca de la admisión
Efectuado el análisis del presente libelo de demanda, esta Sala procede a
emitir decisión, previas las siguientes consideraciones:
1. En primer orden, los demandantes fundamentaron su legitimación
en la consideraciones que, a continuación, se exponen:
- Que “(…)
[e]ste Municipio se encuentra especialmente afectado por la Ley cuya nulidad se solicita, pues ésta viola gravemente la autonomía municipal
popular y sus instancias, en detrimento de esa autonomía municipal.
“(…)[a]simismo, la Ley que impugnamos, es contraria a los principios
constitucionales de participación ciudadana y planificación municipal,
descentralización de competencias y servicios hacia las comunidades y grupos
vecinales organizados, principios estos [sic] diseñados para la organización y
el funcionamiento del Poder Público Municipal, pues como se expondrá, esa Ley
organizada, violando postulados establecidos en los artículos 168, 182 y 184 de
la Constitución Nacional, [sic] a partir de los cuales se efectuó la
constitucionalización de las organizaciones vecinales en los asuntos públicos
municipales, bajo la concepción de la participación ciudadana a través de los
2. Como Punto Previo, establecieron opinión acerca de la relación
entre el Poder Popular y los Consejos Locales de Planificación Pública a partir
de la Ley de Reforma Parcial, objeto de la presente impugnación:
- Que “[l]a Ley de Reforma Parcial de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública, tiene por finalidad adaptar dicha Ley a
las denominadas Leyes del Poder Popular, también dictadas en diciembre de 2010.
Esa adaptación tiene por objeto regular la organización y funcionamiento de los
Consejos Locales de Planificación Pública, enmarcados dentro de una nueva
concepción del llamado Poder Popular, lo cual pretende el legislador nacional
con miras a garantizar la participación ciudadana en toma de decisiones en el
ámbito municipal”.
- Que “[d]e esa forma, en la medida en que la ley de Reforma
Parcial in comento pretende que el Consejo Local de Planificación Pública se
Ley es inconstitucional porque también lo es el poder popular. [sic] Conviene,
popular [sic] para poner en evidencia su inconstitucionalidad, así como también
la de las diferentes leyes que la desarrollan”.
- Que “[e]n efecto, la Ley Orgánica del Poder Popular, primero, y en consonancia con ésta la Ley Orgánica de las Comunas, Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal, la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y, ahora, la Ley de Reforma Parcial de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública, regulan la
fundamentos del programa político que ejecuta el Poder Ejecutivo Nacional
denominado socialismo o transición al socialismo. Ello se vio demostrado con la
sanción de la Ley de los Consejos Comunales de 2006, reformada posteriormente y
elevada al rango de Ley Orgánica en 2009 y, principalmente, se evidenció en el
Proyecto de Reforma Constitucional de 2007, en el cual se pretendió dar rango
de Poder Público y otorgar asidero constitucional al poder popular.” [sic]
- Que “[a]hora (…) pretendiendo ignorar esa expresión de rechazo
ha sido concebido por el legislador como la participación directa de los
ciudadanos en los asuntos públicos (…)”.
- Que “(…) [l]a Constitución establece, ciertamente, el principio
de la democracia participativa y reconoce expresamente, eso sí, el derecho a la
participación en los asuntos públicos (artículo 62) y enumera los principales
medios de participación político y socieconómica del pueblo, no obstante no
ciñe en modo alguno esa participación al poder popular”. [sic]
- Que “(…)[d]e este modo, las instancias del Poder Popular y la
misma medida el ejercicio del derecho a la participación en los asuntos
públicos depende de la voluntad y lineamientos de acción del Poder Ejecutivo
limitación al derecho a participar libremente en los asuntos públicos,
como expresamente reconoce el artículo 62 de la Constitución”.
- Que “(…) tal vez el aspecto más determinante de la regulación que
mayoría de los vicios de inconstitucionalidad que se denuncian, es que las
organizaciones de instancias del Poder Popular deben dirigir su actuación a
la construcción del modelo socialista (…)”.
- Que “(…) [d]e esa manera, según está concebida en estas leyes del
poder popular, [sic] la participación ciudadana no se reconoce para fines
distintos al socialismo que, se insiste, es el programa político diseñado por
de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013”.
- Que “(…) las leyes reguladoras del poder popular [sic] tienen
como objetivo fundamental y, así lo establecen expresamente, la organización
del “Estado Comunal”, el cual tiene a la “Comuna” como su célula fundamental
- Que “[e]sa regulación de la Comuna y la ‘edificación’ del Estado Comunal sustituye inconstitucionalmente al Municipio en el carácter que tiene
de ‘unidad política primaria de la organización nacional’ según expresa
disposición del artículo 168 de la Constitución”.
- Que “[d]e allí que las leyes del poder popular [sic] establecen
ejercicio de la soberanía directamente por el pueblo y, el segundo,
fundamentado en el ejercicio de la soberanía indirectamente por el pueblo, mediante
representantes electos por sufragio universal; sistema en el que el primero irá
inconstitucional, primero porque la democracia participativa que dispone la Constitución puede y debe completarse con la democracia representativa que también reconoce
el Texto Fundamental y, además porque en la estructura del Estado Comunal en
realidad el ejercicio de la soberanía, en definitiva, es indirecta mediante
‘representantes’ que se ‘eligen’ –no en elecciones directas, secretas y
denominados ‘voceros’ o ‘voceras’”.
- Que “[e]n definitiva, sin contar con el asidero constitucional y
2007, el poder popular [sic] ha sido bastión de impulso del modelo socialista
y, se ha entendido como el modo de ejercicio del derecho a la participación
ciudadana en los asuntos públicos y de manifestación de la democracia
participativa, bajo la absoluta rectoría del Poder Ejecutivo Nacional y sólo,
se insiste por y para el modelo socialista”.
- Que “[d]e allí entonces la razón de la modificación de la Ley de Consejos Locales de Planificación Pública: se pretende modificar su esencia para que
éstos respondan ahora, a las finalidades del poder popular: [sic] (i) se
establecen elementos ideológicos excluyentes, relacionados con la planificación
municipal; (ii) se contradicen los principios orientadores de la planificación participativa
necesaria para el desarrollo de las diferentes entidades municipales del país,
al igual que los principios constitucionales de planificación estratégica,
democrática, participativa y de consulta abierta consagrada para el régimen
socieconómico de la República; (iii) los elementos electorales y organizativos
presentes en esta reforma son confusos y no se corresponden con la evolución y
las necesidades de los Consejos Locales de Planificación Püblica; (iv) se
los derechos de asociación y de participación ciudadana en el ámbito municipal;
(v) se elimina todo tipo de mención a las organizaciones vecinales y a la
mediante las ordenanzas necesarias para la aplicación y ejecución de la Ley, por el contrario, constituyen un factor que obstaculiza el ejercicio de las funciones
legales que les corresponden a las autoridades electas popularmente”.
- Que “[e]sta panorámica general nos permite, entonces, identificar
y denunciar los siguientes vicios de inconstitucionalidad de la Ley de Reforma Parcial de la ley de los Consejos Locales de Planificación Pública; (i)
verificación de un fraude constitucional ante la inobservancia de la voluntad
popular mayoritaria expresada el 2 de diciembre de 2007; (ii) violación de la
autonomía municipal, al contrariar los principios constitucionales establecidos
en los articulos 168, 178 y 184 de la Constitución, referidos a la participación ciudadana, planificación municipal y descentralización hacia las comunidades y grupos
vecinales debidamente organizados, diseñados para la organización y el
funcionamiento del Poder Público Municipal; (iii) violación del artículo 182 de
la Constitución Nacional, [sic] al permitir que los Consejos Locales de
Planificación Pública estén integrados por sujetos distintos a los contemplados
en la norma constitucional; (v) violación del principio fundamental de
pluralismo político y al derecho a la libre participación ciudadana a los solos
cauces del poder popular, [sic] siempre para la construcción del socialismo,
consagrados en los artículos 2 y 62 de la Constitución y (vi) violación a los derechos fundamentales a la no discriminación y a la
libertad de asociación, recogidos en los artículos 21 y 52 de la Constitución”.
3. Con base en lo anterior, se desarrolló la primera de las
denuncias expuestas, alegando la presencia de un “fraude constitucional” ante
- Que “…fue claro el constituyente [sic] cuando expresó que solo se
declarará aprobada la reforma constitucional si el número de los votos
afirmativos es superior al de los votos negativos y que ‘la iniciativa de
reforma constitucional que no sea aprobada, no podrá presentarse de nuevo en un
mismo período constitucional’. Por ende, pretender incluir el contenido
el contenido del artículo 345 constitucional, que impide su planteamiento
en un mismo período constitucional e implica, en definitiva, la inobservancia y
contradicción de la voluntad popular que expresamente rechazó esa regulación,
violando, como se dijo, el artículo 5 de la Constitución”.
- Que “[l]a Ley de Reforma Parcial de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública, incurre, en consecuencia, en un fraude
a la Constitución, esto es, en un desconocimiento o ‘desmantelamiento’ del
marco constitucional vigente y su ‘sustitución’ sin seguir los mecanismos formales
de modificación constitucional y, peor aún, desconociendo el expreso rechazo
declaratoria de nulidad absoluta por inconstitucionalidad de la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Consejos Locales de Planificación Pública y, así
solicitamos sea declarado”.
procedió a señalar que la Ley de Reforma cuyo nulidad se solicita vulnera la
autonomía municipal en los términos siguientes:
- Que “(…) la Ley impugnada no respeta la autonomía del
Municipio en el ámbito de una de las materias de su competencia exclusiva, como
lo es la planificación integral del Municipio, a través del Consejo Local de
Planificación, órgano que se encarga de diseñar el Plan Municipal de Desarrollo
y los demás planes municipales, pretendiendo imponer lineamientos y parámetros
del Poder Público Nacional”.
- Que “[p]or otra parte, en relación a la promoción e
incorporación de la participación ciudadana al proceso de definición y
ejecución de la gestión pública local, lo que es de exclusiva competencia
municipal en los términos en que así lo disponen los artículos 168 y 178
gestionada por el ente municipal de manera autónoma, sin imposición alguna de
otros niveles político-territoriales”.
- Que “[d]icha competencia exclusiva del Municipio tiene una
importancia fundamental. Así, en la base misma de la democracia, cuyo ejercicio
se logra, entre otras maneras, a través de la participación ciudadana, está que
el ciudadano se integre activamente en las instancias que le son más cercanas,
que son precisamente las de su localidad, las de su Municipio. Así, desde que la Constitución de 1999 creó los Consejos Locales de Planificación Pública, los ciudadanos sin
ningún tipo de distinción, podían participar en los asuntos municipales,
beneficio de la comunidad, concepción que cambia en la reforma de la Ley impugnada, al incorporar las [sic] instancia del Poder Popular a los Consejos Locales de
Planificación Pública y eliminar toda posibilidad de otras formas de
- Que “[f]rente a ese marco constitucional, es evidente que la Ley de reforma de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública es
inconstitucional, pues excede de las limitaciones admisibles a la autonomía del
autónomamente, promover la participación ciudadana a través del Consejo Local
de Planificación Pública(…)”.
- Que “[d]e ese modo, se impone que el Consejo Local de
Planificación Pública esté integrado por las distintas instancias del poder
popular. En consecuencia, es flagrante la violación del derecho a la
participación ciudadana en los asuntos públicos municipales por parte de la Ley impugnada cuando se elimina la posibilidad de que sean las organizaciones vecinales y la
sociedad organizada, como lo establece el artículo 182 de la Constitución, las que integren el Consejo Local de Planificación Pública.
descentralización político territorial y de autonomía municipal, ante la
imposición a los Consejos Locales de Planificación Pública de la ‘promoción y
aprobación’ de transferencia de competencias del Municipio a las instancias del
- Que “[a] pesar de ser ése el marco constitucional de la
descentralización política en nuestro ordenamiento jurídico, la Ley de reforma parcial de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública,
en franca contradicción a los artículos 4, 16, 157, 158 y 184 de la Constitución, le impone a la Plenaria del Consejo Local de Planificación Pública, como una de
sus funciones de deliberación y aprobación, la promoción de la transferencia de
popular [sic] (…)”.
- Que “[c]omo se desprende de la norma transcrita, la Ley de reforma parcial de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública, en sentido
similar que la Ley Orgánica de las Comunas (artículo 64), la Ley Orgánica del Poder Popular (artículo 27) y artículos 1 y 281 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, establece que los
Municipios transferirán a las instancias del poder popular [sic] competencias
y funciones que les estén atribuidas en la Constitución. Ahora bien, esa transferencia de competencia es inconstitucional, fundamentalmente
jurídicas distintas de los entes que conforman los tres niveles
político-territoriales transferentes, violando lo autonomía política y de
gestión de los municipios y (iii) porque implica una re-centralización de
del poder nacional”. [sic]
5. Denunciaron la inconstitucionalidad del artículo 13 numeral 3
de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública porque supone la
transferencia de competencia a personas jurídicas distintas de los entes que
conforman los tres niveles político-territoriales constitucionales:
- Que “(…) el artículo 13 numeral 3 de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública es inconstitucional, al prever que esos
político-territoriales, como son las instancias del poder popular”. [sic]
- Que “[a]simismo, es importante destacar que esa inconstitucional
el artículo 184 de la Constitución (…)”.
- Que “[l]a norma constitucional antes transcrita establece la
su prestación y gestión. Se trata, según la letra de la constitución, [sic] de
una posible transferencia de servicios, no así de competencias, casos que
son absolutamente distintos (…)”.
- Que “[e]n consecuencia, el artículo 184 de la Constitución no otorga basamento constitucional a la transferencia de competencias prevista
en el artículo 13 numeral 3 de la Ley de los Consejos Locales de Planificación
Pública, norma esta última que carece de asidero constitucional y así
competencias de los entes político-territoriales constitucionales a entidades
que no consiguen asidero constitucional y que no forman parte de la división
política establecida en el artículo 16 de la Constitución, lo que viola flagrantemente los artículos 16, 157 y 158 del Texto Fundamental”.
6. Se procedió a denunciar la inconstitucionalidad de la reforma
de los artículos 1 y 13 numeral 3 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública por la re-centralización de competencias
- Que “[e]n abundancia, la inconstitucional regulación de la
transferencia de competencias y servicios que realiza la Ley de reforma parcial de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública se
traduce en una re-centralización de competencias a favor del Poder Nacional”.
- Que “[t]al como se expuso anteriormente, todas las Leyes del
poder popular [sic] disponen que las instancias del poder popular [sic] deberán
participación ciudadana, a los fines de adquirir personalidad jurídica (…)”.
- Que “[a]simismo, el control del Ejecutivo nacional, [sic] en el caso
de las comunas, se intensifica aun [sic] más si se toma en cuenta que son los
consejos comunales los que tienen la iniciativa para la constitución de las
registrados por el mismo Ejecutivo nacional. [sic] Por último, conviene recordar
nuevamente que el artículo 63 de la Ley Orgánica de las Comunas dispone que ese ‘órgano facilitador’ o Ministerio del Poder
Popular para la participación ciudadana, dictará los lineamientos estratégicos
y normas técnicas para el desarrollo y consolidación de las comunas”.
- Que “[p]or su parte, el artículo 16 de la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal indica que las organizaciones socioproductivas
adquirirán personalidad jurídica una vez formalizado su registro ante el
‘órgano coordinador’, que no es otro que el Ejecutivo Nacional, a través del
el marco de la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal el control nacional
conformadas por esas instancias una vez controladas”.
- Que “[e]n esa medida, es evidente que en el marco de las
instancias del poder popular [sic] no hay ejercicio alguno de soberanía popular
y, menos aún, de autogobierno, pues éste implica, ante todo autonomía y
autodeterminación. Por el contrario, en la medida en que el Ejecutivo Nacional
es el que otorga personalidad jurídica mediante el registro y por ende, determina
qué instancias pueden constituirse y cuáles no, el ejercicio del derecho a la
participación ciudadana en los asuntos públicos se ve reducido al mero
cumplimiento de las instrucciones, órdenes, mandatos o lineamientos –como
expresamente señala el artículo 63 de la Ley Orgánica de las Comunas y 7de la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal- que imparta
aquél que tiene el poder de formalizar su existencia como ‘instancia’ del Poder
Popular, el Ejecutivo Nacional”.
- Que “[e]n consecuencia, esta inconstitucional regulación de la
popular [sic] en modo alguno promoverá la descentralización, sino que, por
el contrario, implicará una re-centralización de competencias hacia el Poder Nacional,
procurando su fortalecimiento a la par de debilitamiento y disminución de
competencias de los Estados y Municipios para la construcción del socialismo,
situación que viola flagrantemente los artículos 4, 16, 157 y 158 de la Constitución (…)”.
7. Se denunció la violación del principio de democracia
representativa por la supresión del mecanismo de elección popular de los
consejeros y ante la existencia de órganos que ejercen poder sin ser electos
- Que “[l]a existencia del Poder Popular deriva directamente de la
denominada democracia participativa, mediante la cual –para el legislador- la
soberanía popular se ejerce directamente por el pueblo, y no mediante
representantes. Con fundamento en esa idea, se ha pretendido, en las leyes del
Poder Popular, sustituir cargos de representación popular que hasta ahora
ejercían potestades públicas en entidades político-territoriales, por miembros
designados no electos popularmente que integrarán las instancias del Poder
- Que “[d]e ese modo, la elección de los consejeros como
miembros integrantes de los Consejos Locales de Planificación Pública, no
obedecen ya a la soberanía popular expresada mediante el sufragio, sino que son
designados por ‘cada movimiento u organización social, debidamente
Poder Popular con competencia en la materia de participación ciudadana (…)’,como
lo establece el artículo 7 de la Ley impugnada, lo que, a lo sumo, se traduce
en una elección de segundo grado”.
- Que “(…) con esa sustitución de la democracia representativa,
democracia exclusivamente participativa de ejercicio ‘directo’ de la soberanía
de aquellos que formen parte de la instancia comunal, se viola el artículo 5 de
la Constitución (…)”.
- Que “(…) se viola el artículo 6 constitucional, el cual dispone
que el gobierno de la República será siempre ‘democrático, participativo y
electivo’ y el artículo 62 eiusdem, según el cual el derecho fundamental
a la participación en los asuntos públicos se ejerce ‘directamente o por
medio de sus representantes elegidos o elegidas’, de modo que la elección
popular es también un modo de participación ciudadana y no es posible que sea
excluido ni proscrito mediante Ley”.
- Que “[e]n consecuencia, debe declararse la nulidad por
inconstitucionalidad del artículo 7 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública porque viola los artículos 5,
6, 62 y 64 de la Constitución de 1999 y, así solicitamos sea declarado por esta
Sala Constitucional”.
8. Denunciaron la violación de la autonomía municipal, del
principio fundamental de pluralismo político y del derecho a la libre
participación en los asuntos públicos, establecidos en los artículos 168, 2 y
62 de la Constitución de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, respectivamente, ante la imposición de la participación ciudadana a nivel
- Que “(…) el poder popular, [sic] en los términos en que está
concebido en la Ley Orgánica del Poder Popular y desarrollado en el resto de
las Leyes del poder popular, [sic] incluida la Ley de reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y la Ley de reforma parcial de la Ley de los Consejos de Planificación Pública, es inconstitucional porque se impone
como único modo de ejercicio del derecho fundamental a la participación
ciudadana en los asuntos público y solo para la construcción del socialismo, lo
que implica desnaturalizar ese derecho fundamental, violando el artículo 62 de la Constitución, e implica proscribir el principio del pluralismo político, violando además el
artículo 2 del Texto Fundamental”.
- Que “[e]n síntesis puede decirse que la regulación de ese derecho
fundamental en las leyes del poder popular, [sic] incluida la Ley de reforma parcial de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Públic resulta
respeto al principio de pluralismo político, condicionando su ejercicio a la
promoción del socialismo, (ii) sin libertad de actuación, porque también se condiciona
su ejercicio a la voluntad última del Poder Ejecutivo Nacional y (iii) sin
ceñirse a los parámetros constitucionales bajo los cuales se concibió ese
derecho fundamental (…)”.
9. Se denuncia la violación de la autonomía municipal y del
principio de pluralismo político ante el condicionamiento de que el Municipio,
a través del Consejo Local de Planificación Pública sólo puede fomentar la
participación ciudadana dentro del Poder Popular y para la construcción del
- Que “[l]a Ley Orgánica del Poder Popular dispone que el derecho a
la participación ciudadana en los asuntos públicos se ejerce a través del poder
popular [sic] para ‘construir las bases de la sociedad socialista, democrática,
de derecho y de justicia’ y para desarrollar el régimen de producción social y
el modelo de desarrollo endógeno y sustentable contemplado en el Plan de
Desarrollo, Económico y Social de la Nación. Así se lee de manera clara de sus artículos 5, 7, 11 y 15 que determinan los
principios, valores y fines del poder popular [sic] y de sus instancias”.
- Que “[t]ales disposiciones son asumidas y desarrolladas en la Ley de reforma parcial de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública a fin de
participación ciudadana necesariamente mediante el poder popular y por
ende para la construcción del socialismo”.
- Que “[e]n efecto, el artículo 1 de la Ley de reforma parcial de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública condiciona
la democracia participativa a “las instancias del Poder Popular”. De
este modo, se está impidiendo al Municipio fomentar libre y pluralmente la
participación ciudadana, según los cauces y métodos que considere más
conveniente en cada entidad, sino que, por el contrario, debe hacerlo a través
del poder popular [sic] para el socialismo tal y como refuerza el artículo 3 de
Planificación Pública y considerar que este órgano ‘como herramienta fundamental
para la construcción de la nueva sociedad, se (…) rige por los principios y
valores socialistas (…)’”. - Que “[e]llo viola abiertamente la autonomía municipal que
establecen los artículos 168 y 178 de la Constitución, en cuanto a la gestión de la competencia de promoción de la participación
ciudadana en el ámbito de la vida local, lo cual fue desarrollado
suficientemente en los puntos que anteceden (…)”.
10. Denuncian la violación del contenido esencial del derecho
fundamental a la libre participación ciudadana en los asuntos públicos, por
- Que “(…) ese condicionamiento de que el poder popular [sic] como
forma de manifestación y ejercicio del derecho a la participación ciudadana
poder popular [sic] solo cabe participar en pro de la construcción del
socialismo y del desarrollo del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, viola el artículo 62 de la Constitución (…) de manera que el legislador no puede
la disminución o supresión de la libertad constitucionalmente garantizada”.
- Que “[e]n conclusión, la Ley de reforma parcial de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública in totum es inconstitucional
del derecho a la participación ciudadana en los asuntos públicos en tanto
impide su libre ejercicio y así solicitamos sea declarado”.
11. Alegan la violación del derecho de participación ciudadana,
al considerar que no es un autogobierno, sino una intervención en la toma de
decisiones de los Poderes Públicos. A tal efecto, se indicó:
- “(…) no es cierto que la democracia participativa no el derecho
a la participación ciudadana en los asuntos públicos implique el ejercicio
directo del poder público [sic] por parte del pueblo sin intervención
alguna de los órganos del poder público democráticamente electos. Esa
concepción errada de la democracia participativa y del derecho a la
participación ciudadana en los asuntos públicos es precisamente la que se
pretende mediante la regulación del poder popular [sic] en la Ley Orgánica del Poder Popular y las leyes que la desarrollan, incluida la Ley de reforma parcial de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública, al
establecer que la relación entre las instancias del poder popular [sic] y
dichos Consejos pretende ‘garantizar la tutela efectiva del derecho
constitucional a la participación libre y democrática en la toma de decisiones
en todo el ámbito municipal, para la construcción de la sociedad socialista
democrática, de igualdad, equidad y justicia social”, ejercicio pleno que
persigue ese supuesto ‘autogobierno’ y no, como debería ser conforme a la Constitución, la participación en la toma de decisiones de los Poderes Públicos constituidos,
que es lo que esta misma Sala ha señalado como correcto ejercicio del derecho a
la participación ciudadana en los asuntos públicos”.
12. Finalmente, denuncian la inconstitucionalidad del artículo 6
de la Ley de reforma Parcial de la Ley de los Consejos Locales de Planificación
Pública, referido a la integración del Consejo Local de Planificación Pública,
por considera contraría los artículos 21, 52 y 182 de la Constitución:
- Que “(…) el referido artículo constitucional [artículo 182]
plantea el pluralismo organizativo del Consejo Local de Planificación pública,
a través de un conjunto de figuras legales en las cuales están presentes las comunidades
organizadas y las organizaciones vecinales, reconocidas además en el
artículo 184 de la Constitución”.
- Que “[s]in embargo, el artículo 6 de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública, desconoce ese pluralismo político al
esto es, ‘Consejeros’ y ‘Presidentes de las Juntas Parroquiales Comunales’, que
son elegidos única y exclusivamente por los voceros de los Consejos Comunales
(artículo 7 ejusdem), lo que impide que cualquier otro tipo de organización
ante el Consejo Local de Planificación Pública”.
- Que “[a]sí es importante destacar que la Ley Orgánica del Poder Popular establecer que el derecho a la participación ciudadana se
ejercerá a través del Poder Popular; en consecuencia, las personas que no se
integren o no se adhieran a algunas de las diversas formas de organización del
Poder Popular, que tengan como fin edificar el Estado socialista, quedarán excluidos
organizaciones del poder popular”. [sic]
- Que “[a]sí, quienes no se integran, asimilen y sometan a alguna
instancia del poder popular [sic] –vgr. consejo comunal, comuna, ciudad
comunal, o alguna organización del poder popular- [sic] sino que pretenden
ejercer sus derechos políticos y de participación a través de las Asociaciones
de organización social, no tendrán las mismas condiciones de participar en los
asuntos públicos. Ello viola, sin duda alguna, el derecho a la igualdad y no
discriminación y el derecho a la libre asociación contenidos en los artículos
21 y 52 de la Constitución.
- Que “[p]or todas estas razones, solicitamos que se declare la
inconstitucionalidad de los artículos 6 y 7 de la Ley impugnada, toda vez que constituyen una flagrante violación de los artículos 182, 21 y 52
de la Constitución Nacional” [sic].
- Que “[f]inalmente, solicitamos a esta honorable Sala
Constitucional que declare la inconstitucionalidad de la Ley de reforma parcial de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública”.
innominada, la cual, se fundamentó:
De conformidad con lo establecido en el artículo 130 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, solicitamos se acuerde mediante cautelar de
suspensión de los efectos de la Ley de reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal [sic], mientras se tramita el presente juicio (…)
a. De la existencia de presunción de buen derecho
(…) En primer lugar, se desprende la presunción de buen derecho de la
inconstitucionalidad de dicha Ley, porque es evidente que con la promulgación
de las leyes del poder popular [sic] y en este caso concreto la Ley de reforma parcial de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública, se ha
del Proyecto de reforma constitucional de 2007 respecto de la Ley Orgánica del Poder Popular, la Ley de reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y la Ley impugnada, refleja que en todas la
regulación del concepto de poder popular y del Municipio es en esencia la
misma, a pesar que esa reforma constitucional fue rechazada pro la mayoría de
promulgación de las leyes del poder popular [sic] de 2010, sin tomar en
consideración que su contenido fue rechazado mediante referendo, se traduce en
una burla al cumplimiento del artículo 345 de la Constitución de 1999, según el cual la iniciativa de reforma que no fuere aprobada, no podrá
expresa en ese referendo de diciembre de 2007 y por ende la Ley de reforma parcial de la ley de los Consejos Locales de Planificación Pública contradice
el principio de soberanía popular que recoge el artículo 5 de la Constitución.
En segundo lugar, se demuestra la presunción de buen derecho en la
comparación del texto de los artículos 168 y 178 de la Constitución que reconocen la autonomía municipal respecto de la Ley de reforma parcial de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública, la cual
viola esa autonomía respecto de dos ámbitos concretos: En primer lugar, en
cuanto a la gestión de dos materias de su competencia, como son, la promoción y
desarrollo económico y social y la promoción de la participación ciudadana. En
En tercer lugar, hay presunción de buen derecho derivada del mero
contraste del concepto de descentralización político que sustentan los artículos
4, 16, 136, 157, 158, 159 y 168 de la Constitución frente a la reforma del artículo 13 numeral 3 contenida en la Ley de reforma parcial impugnada que pretende imponer
instancias del poder popular [sic], a través de la promoción y aprobación por
parte de la Plenaria del Consejo Local de Planificación Pública, violando
flagrantemente la autonomía municipal, y persiguiendo, además, una
re-centralización de competencias a favor del poder nacional [sic] que es quien
controla las instancias del poder popular, lo que también viola abiertamente la
esencia misma de la descentralización en tanto transferencia de competencias de
democracia y acercar el poder a la población a través de los municipios.
personas jurídicas distintas de los entes que conforman los tres niveles
político-territoriales constitucionales, y no se limita a una transferencia de
servicios, que es lo que permitiría la Constitución respecto de la comunidad organizada (artículo 184).
En cuarto lugar, la Ley de reforma parcial de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública es claramente inconstitucional porque
(i) crea nuevos miembros para la conformación de los consejeros integrantes de
un Consejo Local de Planificación Pública, en franca violación [de] los
artículos 182, 21 y 52 de la Constitución y (ii) viola la reserva constitucional ante la creación de instancias de poder distintas a las que establece la Constitución.
En sexto lugar, la Ley de reforma parcial de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública viola la garantía constitucional de
autonomía municipal, el principio fundamental de pluralismo político y el
derecho a la libre participación en los asuntos públicos, consagrados en los
artículos 2 y 62 de la Constitución, porque impone al Consejo Local de
Planificación Pública que sólo podrá promover la participación ciudadana a
través de las instancias del poder popular [sic] y sólo para el socialismo.
Asimismo viola el derecho a la participación ciudadana en los asuntos públicos
y el pluralismo político en la medida en que desarrolla el poder popular, [sic]
el cual sólo permite el ejercicio de ese derecho fundamental a través de sus
Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-20012- [sic] Como antes se alegó, la Ley impugnada en este proceso de nulidad viola flagrantemente ese derecho
fundamental pues (i) no respeta el principio de pluralismo político, en tanto
condiciona su ejercicio a la promoción del socialismo, (ii) viola el contenido
al exigir el registro de las instancias del Poder Popular ante órganos del
(…) nuestro representado en juicio, el Municipio Baruta se verá
directa y especialmente afectado por la Ley cuya nulidad se solicita, pues ésta
viola la condición de Municipio como unidad política primaria del Estado, viola
gravemente la autonomía municipal constitucionalmente reconocida, y busca desarrollar
autonomía municipal. Asimismo, la Ley que impugnamos, alude a la transferencia
Municipios a favor de las instancias del [sic] transferencia. Ello implica,
evidentemente, una inconstitucional afectación del normal ejercicio, por parte
ende los intereses del Municipio. De allí que sea imperante la suspensión
inmediata de los efectos de la Ley de reforma parcial de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública mientras se tramita este juicio, pues su
reparación al normal funcionamiento de los órganos del Poder Público tal y como
fue concebida en la Constitución de 1999 y, asimismo, perjuicios irreparables o
de difícil reparación al Municipio que reprendamos, en tanto ser vería afectada
su autonomía constitucionalmente garantizada y el cabal cumplimiento de sus competencias
De la ponderación de intereses en juego
En el caso de autos la suspensión de los efectos del acto normativo
impugnado no solo no lesiona el interés general, sino que, por el contrario, lo
político territorial y el marco constitucionalmente establecido de distribución
de la autonomía municipal y el ejercicio no condicionado ni discriminado del
derecho a la participación ciudadana en los asuntos públicos, todo ello bajo el
marco fundamental del pluralismo político. Asimismo, y esto es fundamental,
impediría que adquiriera efectividad una Ley que recoge y reproduce preceptos
que fueron expresamente rechazados por la mayoría de los electores mediante el
referendo que negó la reforma constitucional de 2007”-
Finalmente, se indicó como petitorio de la demanda de
Constitucional, de acuerdo con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ADMITA la presente demanda y la tramite de conformidad con los artículos
128 y siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y, en la
definitiva, declare la NULIDAD TOTAL por razones de inconstitucionalidad de la Ley de reforma parcial de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública publicada
en la Gaceta Oficial N° 6017 Extraordinaria del 20 de diciembre de 2010. III
Los artículos 129, 134 y 135 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia prevén que los pronunciamientos de admisión de
remitirse al Juzgado de Sustanciación, a los fines de la tramitación del
se acompañen los documentos indispensables para verificar si la demanda es
manifiesta la falta de legitimidad o representación que se atribuya el o la
demandante, o de quien actúen en su nombre, respectivamente.
ellas. En consecuencia, esta Sala admite la presente acción en cuanto ha lugar
proceso. Así se declara.
Como consecuencia de dicha admisión y de conformidad con el artículo 135
de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se ordena citar mediante oficio al Presidente de la Asamblea Nacional, a la Fiscal General de la República y a la Defensora del Pueblo. Remítase a los citados funcionarios copia certificada del libelo, de los recaudos
aportados por el actor y del presente fallo de admisión. Asimismo, se ordena
notificar de la presente admisión a la parte demandante. Por último, remítase el expediente al Juzgado de Sustanciación para
emplazamiento de los interesados, conforme con lo dispuesto en el artículo 137
de la Ley que rige las funciones de este Alto Tribunal y continúe el
en el artículo 130 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
Asimismo, la Sala puede conocer, como pretensión cautelar, de las solicitudes
de amparo que se presenten conjuntamente con la demanda de anulación de normas.
cautelar innominada contra la totalidad de la Ley de Reforma Parcial de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública, impresa en Gaceta Oficial N° 6017
La parte accionante solicitó medida cautelar de
suspensión con base en el artículo 130 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, el cual dispone:
“En cualquier estado y grado del proceso las partes podrán solicitar,
y la Sala Constitucional podrá acordar, aún de oficio, las medidas cautelares
que estime pertinente. La Sala Constitucional contará con los más amplios poderes cautelares como garantías de la
tutela judicial efectiva, para cuyo ejercicio tendrá en cuenta las
circunstancias del caso y los intereses público en juego”.
La parte demandante señalan como riesgo manifiesto que pueda dejar
ilusoria los efectos de la ejecución del fallo de fondo (periculum in mora), lo
siguiente: “…nuestro representado en juicio, el Municipio Baruta se verá
gravemente la autonomía municipal constitucionalmente reconocida, y busca
de esa autonomía municipal…”
Esta Sala, al analizar los términos por los cuales se fundamenta la solicitud
de la medida cautelar por cual se solicita la suspensión de la Ley impugnada, denota que se ha basado en los mismos señalamientos por los cuales se ha
al periculum in mora, por cuanto no argumentan ni acompañan mediante
prueba alguna, la urgencia de protección cautelar que denote una posible
ilusión de los efectos de la sentencia de fondo aplicada a una situación en
emplazan probanza alguna acerca de la existencia de un daño inminente en el
Municipio, del derecho de participación, o si existe un hecho tangible que
materialice un daño que no pueda ser reparado en la sentencia definitiva,
aunado que la consideración expuesta por los demandantes –expresados iguales
términos tanto para la pretensión de nulidad de la Ley impugnada como para la protección cautelar-, implicaría por su identidad un
causa a través de la sentencia de fondo. Siendo ello así, vista la
insuficiencia sobre la cual se invocó la medida cautelar, esta Sala desestima
dicha pretensión, por lo que se declara improcedente. V
DECISIÓN Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo
de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República, por autoridad de la ley:
interpuesta en su propio nombre por los Gerardo Blyde Pérez, Ery Marcano
Municipio Baruta del Estado Miranda; Síndico Procurador Municipal del Municipio
respectivamente, contra la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Consejos Locales de Planificación Pública, publicada en la Gaceta Oficial núm. 6.017, Extraordinaria, del 30 de diciembre de 2010.
TERCERO: ORDENA la citación del Presidente de la Asamblea Nacional. Asimismo, se ordena la notificación de los demandantes, Defensora del
Pueblo y de la Fiscal General de la República, así como la remisión del expediente al Juzgado de Sustanciación para que libre el cartel de emplazamiento y siga
Publíquese y regístrese. Cúmplase lo ordenado. Remítase al Juzgado de
firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 15 días del mes de noviembre de dos mil once (2011). Años: 201° de la Independencia y 152° de la Federación.