Source: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2003sp/Panama.12303.htm
Timestamp: 2017-03-30 02:35:21
Document Index: 33062573

Matched Legal Cases: ['artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 8', 'artículo 25', 'artículo 28', 'artículo 28', 'in fine']

2. Los peticionarios alegaron que las presuntas víctimas ejercían el cargo de Magistrados de la Sala V de Instituciones de Garantías de la Corte Suprema de Justicia y en virtud de que la Asamblea Legislativa aprobó el artículo 28 de la ley Nº 49 de 24 de octubre de 1999, --la cual ley deroga la ley Nº 32 de 23 de julio de 1999 que creaba la mencionada Sala--, injustificadamente dejó sin efectos sus nombramientos y se hizo efectiva la destitución. Con relación al agotamiento de los recursos internos, los peticionarios alegaron que interpusieron un recurso de amparo de garantías constitucionales ante la Corte Suprema de Justicia, en pleno, en contra de la Asamblea Legislativa en virtud de haber dictado la mencionada norma. Esta acción de amparo fue declarada inadmisible, lo cual viola, según los peticionarios, los derechos al debido proceso, el derecho a la defensa y a los derechos adquiridos como la inamovilidad, autonomía, estabilidad y permanencia en el cargo de Magistrado, y en específico, los artículos 8 y 25 de la Convención. 3. El Estado alegó que los peticionarios no agotaron los recursos internos adecuados, en virtud de que la acción de amparo presentada por los peticionarios fue declarada inadmisible con fundamento en que la jurisprudencia ha sentado que "no cabe la acción de amparo de garantías constitucionales contra leyes de carácter general", y consideró que “los derechos de inamovilidad, autonomía, estabilidad y permanencia en el cargo, son impugnables por vía de amparo cuando la orden de hacer está dirigida de manera individual hacia la persona destituida". El Estado alegó que el recurso adecuado es la acción autónoma de inconstitucionalidad, el cual no fue agotado por los peticionarios, y aquellos recursos de inconstitucionalidad presentados por terceros ante la Corte Suprema de Justicia no han sido decididos hasta el momento. El Estado también solicita que se declare inadmisible la petición porque los hechos no caracterizan violaciones a la Convención.
14. Los peticionarios señalan que el recurso de amparo contra la orden de destitución contenida en el artículo 28 de la Ley Nº 49 de 24 de octubre de 1999 era el único recurso interno de que disponían para demandar la violación de sus derechos individuales y específicos, el cual fue interpuesto por la señora Mariblanca Staff Wilson después de la destitución de los tres Magistrados y sus suplentes. Esta acción no fue admitida por la Corte Suprema, mediante el fallo de 20 de marzo de 2000, con el fundamento de que no se estaban violando derechos individuales, sino que afectaba la
existencia de una institución o dependencia de la que eran parte los querellantes, en cuyo caso no es viable el recurso de amparo. Consideran que la Corte Suprema dejó así en completa indefensión a los peticionarios, al no admitir el único recurso interno que tenían para la defensa de sus derechos y garantías individuales, por tratarse de un caso específico y no abstracto ni general, y procesalmente no sería procedente recurrir nuevamente contra el mismo acto. Los peticionarios alegan que con esta decisión de la Corte Suprema se violentan específicamente los artículos 8 y 25 de la Convención.
28. Finalmente, la Comisión tiene competencia ratione materiae, porque en la petición se denuncian violaciones a derechos humanos protegidos por la Convención Americana, es decir el derecho a las garantías judiciales (artículo 8) y a la protección judicial (artículo 25). B. Otros requisitos de admisibilidad de la petición 1. Agotamiento de los recursos internos
35. En la presente situación, el Estado explica que los peticionarios no agotaron los recursos internos porque el amparo que la presunta víctima interpuso no era el recurso interno adecuado. Alega que en realidad tenía que presentar una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Nº 49 de 24 de octubre de 1999. 36. Para sostener su pretensión, el Estado invoca la decisión de la Corte Suprema del 20 de marzo de 2000 en la cual dicha Corte, analizando el recurso de amparo interpuesto por parte de la presunta víctima, determinó que el amparo no era el recurso adecuado porque la norma impugnada parte de un acto legislativo de carácter general por una autoridad facultada constitucionalmente para ello, y aunque se le atribuya una orden de hacer individualizada, no es susceptible de impugnación vía amparo de garantía. La Corte Suprema también explicó que la declaración de dejar sin efecto el nombramiento de los magistrados era una consecuencia lógica de la ley y que no se trataba de una destitución individualizada. La Corte concluyó expresamente que este tipo de impugnación debía proceder mediante la acción autónoma de inconstitucionalidad. El Estado alegó que los peticionarios no agotaron este recurso.
44. Los peticionarios explican que el recurso de inconstitucionalidad no hubiera permitido obtener reparación, invocando dos ejemplos, la reparación de reintegro de la víctima en su cargo y la indemnización por daños causados por dicha legislación. 45. La CIDH nota que los peticionarios no explican porqué la declaración de inconstitucionalidad no hubiera tenido como consecuencia implícita el reintegro de la presunta víctima. Argumentan solamente que, dado que una decisión sobre la inconstitucionalidad de una norma legislativa no tiene efectos retroactivos, tal declaratoria únicamente abriría la posibilidad al gobierno nacional de nombrar nuevos magistrados para dichos cargos.[18] Los peticionarios no explican la razón de esta consecuencia.
46. En efecto, la CIDH nota que el artículo litigioso, es decir el artículo 28 de la Ley Nº 49 de 24 de octubre de 1999, no solamente deroga la creación de la Sala V de la Corte Suprema, sino que también declara sin efecto el nombramiento específico de la presunta víctima.[19] Los peticionarios no explican porque dicha ley sería declarada inconstitucional en una parte y no en su totalidad. 47. El hecho de que tal declaratoria no podría tener efectos retroactivos, es decir efectos relativos a la situación factual anterior a la decisión, no implica de manera directa y automática que los magistrados no podrían ser reintegrados en sus cargos para el futuro o que el único efecto sería abrir la posibilidad al gobierno nacional de nombrar nuevos magistrados para dichos cargos. Una derogación de la Ley Nº 49 de 24 de octubre de 1999
produciría, en consecuencia, el mismo efecto para su artículo 28, revirtiendo así la declaratoria de inefectividad de los nombramientos de Mariblanca Staff, Elitza Cedeño y Oscar Ceville como Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Sala Quinta de Instituciones de Garantía. La hipotética reintegración de los magistrados, de acuerdo a su nombramiento inicial, produciría efectos para el futuro y no para el pasado. 48. La CIDH considera consecuentemente que los peticionarios no probaron de manera convincente su alegación que el recurso de inconstitucionalidad era inadecuado para invalidar la Ley Nº 49 de 24 de octubre de 1999 y obtener la reintegración de la presunta víctima, es decir para obtener por lo menos una forma de reparación. 49. La CIDH considera que a lo menos existía una duda acerca de la efectividad del recurso de inconstitucionalidad para invalidar la Ley Nº 49 de 24 de octubre de 1999 y obtener la reintegración a la presunta víctima a su cargo. La Comisión considera que la simple duda con respecto a la efectividad de un recurso no exime a los peticionarios de agotar tal recurso, conforme a los requisitos de la Convención, la carga de prueba arriba descrita y la jurisprudencia internacional.[20]
1. Declarar inadmisible la presente petición. 2. Notificar esta decisión a las partes. 3. Publicar esta decisión e incluirla en su Informe Anual para la Asamblea General de la OEA. Dado y firmado en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la ciudad de Washington, D.C., a los 22 días del mes de octubre del año 2003. (Firmado): José Zalaquett, Primer Vicepresidente; Clare K. Roberts, Segundo Vicepresidente; Robert K. Goldman, Julio Prado Vallejo y Susana Villarán, Comisionados.
[1] Emitida por la Asamblea Legislativa, publicada en la Gaceta Oficial N°
23914 de 24 de octubre de 1999. Ver petición, anexo 4.
Los peticionarios se refieren a las siguientes decisiones de la Corte Suprema: Sentencia de 3 de agosto de 1990; Sentencia de 5 de julio de 1950, Sentencia de 4 de junio de 1991. Ver comunicación de los peticionarios a la CIDH, 20 de diciembre de 2001, página 2.
Comunicación de los peticionarios a la CIDH, en fecha del 20 de diciembre de 2001, citando a Fuentes Montenegro, Luis, Constitución Política de la República de Panamá de 1972, Publipan, Panamá, 1997, pág. # 140; y refiriendo a la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 2 de octubre de 1991. Citan
también el fallo de la Corte Suprema de Justicia, emitido el 20 de marzo de 2000, incluyendo el Salvamento de Voto de Mag. Graciela J. Dixon. Finalmente presentan una parte del informe presentado por el doctor César A. Quintero ante el Coloquio Evolución de la Organización Político Constitucional en América Latina: 1950-1975 realizado en Oaxtepec, México 1976.
Comunicación de los peticionarios a la CIDH del 1º de noviembre de 2000.
FALLO DE 6 DE NOVIEMBRE DE 1993 DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA RECOPILADO EN JURISPRUDENCIA SELECTIVA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA. Abilio Batista Domínguez y Roy Arosemena Calvo. Primera Edición Febrero, 2000; Editorial Mizrachi & Pujol, S.A., Ciudad de Panamá. Páginas 56, 57, 60 y 61; GARANTÍAS JURISDICCIONALES CONSTITUCIONALES EN PANAMÁ. 1997, Conferencias 3. Coauspiciado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (U.S.A.I.D. – Panamá); LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL EN IBEROAMÉRICA, García Belaunder, D. – Fernández Segado, F. 1995. Dykinson, S.A., Madrid; Editorial Jurídica Venezolana. Página 809 a la 826; LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL EN PANAMÁ EN UN ESTUDIO DE DERECHO COMPARADO. Edgardo Molino Mola. Edición 1998, Biblioteca Jurídica Dike. Página 429 a la 432, 564 y 565; EFECTOS DE LA DECLARATORIA DE INCONSTITUCIONALIDAD. Luis Carlos Reyes. Panamá, 1983. Separata de la Revista “Temas Procesales” Nº 17. Página 7 a la 21. Ver comunicación del Estado a la CIDH, 3 de enero de 2001, página 6.
Ver: segundo párrafo in fine del Preámbulo de la Convención Americana.
[12] CIDH, Informe Anual 2000, Informe Nº 02/01, Caso 11.280, Juan Carlos Bayarri, Argentina, 19 de enero de 2001. Párr. 30. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho reiteradamente que “[E]l Estado que alega el no agotamiento tiene a su cargo el señalamiento de los recursos internos que deben agotarse y de su efectividad”.
Ver: Caso Velásquez Rodríguez, Excepciones Preliminares, Sentencia del 26 de junio de 1987, Serie C Nº 1, párr. 88; Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C Nº 2, párr. 8; Caso Godínez Cruz, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987, Serie C Nº 3, párr. 90; Caso Gangaram Panday, Excepciones Preliminares, Sentencia de 4 de diciembre de 1991, Serie C
Nº 12, párr. 38; Caso Neira Alegría y Otros, Excepciones Preliminares, Sentencia de 11 de diciembre de 1991, Serie C
Nº 13, párr. 30; Caso Castillo Páez, Excepciones Preliminares, Sentencia de 30 de enero de 1996, Serie C Nº 24, párr. 40; Caso Loayza Tamayo, Excepciones Preliminares, Sentencia de 31 de enero de 1996, Serie C Nº 25, párr. 40; Excepciones al Agotamiento de los Recursos Internos (Art. 46.1, 46.2.a y 46.2.b Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-11/90 del 10 de agosto de 1990, Serie A
# 11, párr. 41. [13] Ver también Human Rights Practice (Sweet and Maxwell), para. 20.008.
CIDH, Informe Anual 2000, Informe Nº 02/01, Caso 11.280, Juan Carlos Bayarri, Argentina, 19 de enero de 2001. Párr. 30. Ver también: Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988, Serie C Nº 4, párrs. 59 y 60; Caso Godínez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C Nº 5, párrs. 62 y 63; Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, Sentencia de 15 de marzo de 1989, Serie C Nº 6, párrs. 83 y 84; Excepciones al Agotamiento de los Recursos Internos (Art. 46.1, 46.2.a y 46.2.b Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-11/90 del 10 de agosto de 1990, Serie A, Nº 11, párr. 41. 15
CIDH, Informe Anual 2000, Informe Nº 02/01, Caso 11.280, Juan Carlos Bayarri, Argentina, 19 de enero de 2001. Párr. 27.