Source: http://radio-mundial.com/nacionales/7692-sentenciados-no-podrian-contratar-con-el-estado-entre-10-y-25-anos.html
Timestamp: 2018-01-21 00:52:42
Document Index: 248223758

Matched Legal Cases: ['artículo 233', 'artículo 61', 'artículo 96', 'artículo 10', 'artículo 60', 'artículo 68', 'artículo 77']

Sentenciados no podrían contratar con el Estado entre 10 y 25 años
Reformas en nueve artículos de la Constitución y de las normas penal, electoral y de servicio público se deberán aplicar para sancionar con la llamada “muerte civil o política” a toda persona condenada por actos de corrupción, de ganar el Sí en la pregunta 1 del referéndum y consulta popular del próximo 4 de febrero.
Varios analistas consideran necesarios estos cambios, pero otros hacen observaciones e incluso mencionan contradicciones en algunas leyes.
Una de las reformas es en el artículo 233 de la Constitución. Según Mauricio Alarcón, director de Fundación Ciudadana y Desarrollo, al incluirse esta reforma se consagra por un largo tiempo la pérdida de derechos de participación determinados en el artículo 61 de la Constitución. Pero hay un principio penal (en la Constitución, en el Código Penal y en instrumentos internacionales de derechos humanos) que es el de la rehabilitación social de las personas sentenciadas. “La propuesta de esta pregunta anula por completo este principio y trae serias consecuencias en materia de derechos humanos”.
En el Código de la Democracia se plantea cambiar el numeral 2 del artículo 96. El jurista y extitular del extinto Tribunal Supremo Electoral Medardo Oleas dice que la finalidad es impedir “de por vida” que quien ocupó una función pública, ya sea por nombramiento o por elección, y que fue condenada por abusar de dinero del Estado, vuelva a candidatizarse.
Jorge Rodríguez, de la Comisión Nacional Anticorrupción, dice que con la reforma al artículo 10 de la Ley de Servicio Público que trata sobre las prohibiciones especiales para el desempeño de un cargo, función o dignidad pública, puede irse contra derechos ciudadanos, pero sí tendría efecto contra derechos políticos porque no podría desempeñar un cargo público por elección popular.
Sobre el Código Orgánico Integral Penal (COIP), Alarcón explica que al agregar el numeral 14 en el artículo 60 que trata sobre las penas no privativas de la libertad se busca incorporar, a continuación de la pérdida de los derechos de participación del numeral 13, una relacionada con la inhabilitación para contratar. Al agregar un segundo inciso en el artículo 68 habría contradicción con el primero, pues se estarían estableciendo excepciones y que en ciertos tipos penales la pérdida de derechos sería entre 10 y 25 años.
Según Alarcón, estas excepciones en muchos casos no tienen sentido. Dice, por ejemplo, que el peculado puede ser sancionado hasta con trece años, el enriquecimiento ilícito hasta diez años, sin considerar que si existe al menos una circunstancia agravante la pena podría aumentar en un tercio, explica.
Ve positivo que con el inciso final del artículo 77 se incorpore a la legislación penal la responsabilidad de los condenados para que no salgan a disfrutar de lo mal habido.
La incorporación de incisos en los artículos 280, 285 y 289 busca determinar sanciones para personas jurídicas responsables de concusión, tráfico de influencias y testaferrismo. Se ve como avance, pues en varios casos se usa a empresas. (I)
¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador, para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país y con la pérdida de sus bienes, según lo dispuesto en el Anexo 1?
Las personas contra quienes exista sentencia condenatoria ejecutoriada por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias, y testaferrismo; así como, lavado de activos, asociación ilícita, y delincuencia organizada relacionados con actos de corrupción, estarán impedidos para ser candidatos a cargos de elección popular, para contratar con el Estado, para desempeñar empleos o cargos públicos y perderán sus derechos de participación establecidos en la presente Constitución”.
“En caso de establecerse responsabilidad de personas jurídicas serán sancionadas con su extinción y multa de quinientos a mil salarios básicos unificados del trabajador en general”.