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Timestamp: 2020-01-25 18:47:41
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Matched Legal Cases: ['artículo 114', 'artículo 98', 'artículo 173', 'artículo 73', 'Artículo 340', 'artículo 3', 'artículo 369']

En democracia las [re]elecciones son el mecanismo para la designación de autoridades. Es un derecho de todos y todas elegir y ser elegidos/as; la igualdad se da porque el voto de cada persona tiene el mismo valor. Nadie está impedido de votar o de ser candidato/a por su sexo, género, etnia, situación económica, título académico u otra característica. Pero eso si pasaba. Es un derecho que marca una conquista social muy importante. Por otra parte, la democracia y los derechos de participación (o derechos políticos) no se agotan con el voto. Mal haríamos. La democracia se ejerce, además, desde la deliberación y la participación, así como desde la democracia directa (por ejemplo, desde la iniciativa legislativa, la revocatoria de mandato, la consulta popular y el referéndum). La Constitución establece los mecanismos.
Sobre las [re]elecciones, la Constitución de 2008 en el artículo 114 establece que las autoridades de elección popular podrán reelegirse por una sola vez. Esto aplica a todas las autoridades: Presidente/a, Alcaldes/as, Prefectos/as, Asambleístas, Concejales/as y demás. En el caso de Presidente/a, se lo indica nuevamente en el Art. 144. El periodo de funciones dura cuatro años tanto para Presidente/a (Art. 144), Asambleístas (Art. 118) y autoridades de Gobiernos Autónomos Descentralizados (Art. 251). Hasta aquí lo vigente. En el pasado, el artículo 98 de la Constitución de 1998 (la que se elaboró con mayoría demócrata cristiana, de la DP, y social cristiana, del PSC, y que no se aprobó en referéndum) establecía la reelección indefinida y en el caso de Presidente/a debía esperar un periodo. Por su parte, la Constitución de 1967 en el artículo 173 establecía que el/la Presidente/a podía ser reelegido después de un periodo; mientras que la Constitución de 1979 en el artículo 73 establecía que el/la Presidente/a no podía ser reelegido.
No existe ninguna contradicción entre democracia y [re]elección indefinida. Lo que importa es la igualdad en el derecho de elegir y ser elegido, tener un marco institucional que garantice igualdad y que se respete la voluntad popular. Bueno, la voluntad de la mayoría, pero ese es otro tema. Siempre queda la participación y los mecanismos de democracia directa. Normalmente, quien está en contra de la [re]elección indefinida es quién no quiere [re]perder indefinidamente. Entonces, la discusión no es sobre democracia o no-democracia, sino sobre el tipo de democracia que queremos. La diferencia es fundamental. Personalmente, me inclino por una que garantice la alternabilidad en la representación. Es decir no comparto la idea de reelección indefinida, y no la comparto porque pienso que la alternabilidad fomenta la generación de nuevos liderazgos, permite refrescar visiones y evolucionar proyectos. Además, es compatible con la diversidad que existe en nuestra sociedad. Es decir, considero que la alternabilidad es sana para la democracia ecuatoriana.
Por otro lado, la tradición en el Ecuador, desde el “retorno a la democracia” en 1979, ha sido periodos de cuatros años. Aunque la Constitución de 1979 establecía periodos de cinco años, se la reformó en 1983 estableciendo periodos de cuatro años. Cuatro años se establecían, también, en el la Constitución de 1967, y las Asambleas Constituyentes de 1998 y 2008 lo mantuvieron. En cualquier caso, cuatro años no son suficientes para un proyecto político. Las cosas quedan a medias, en especial si se quieren hacer cambios profundos. Claro, si uno/a se acomoda, hace tres cosas concretas y se va, cuatro años son suficientes. Tampoco creo se lo reelija. Entonces, la reelección es importante para dar continuidad a procesos y proyectos en marcha. Pero tampoco vamos a aumentar el periodo directamente. La reelección permite que el pueblo (el soberano) ratifique (o no) el mandato y la continuidad, o pida cambios. Entonces llegamos a ocho años, eso es lo que permite la Constitución actual, con una ratificación de mandato en el medio (una reelección).
Algunas preguntas que se hace el país en este momento son: ¿son ocho años suficientes para un proyecto político de transformación?, ¿deben ser ocho años para todas las autoridades de elección popular, sin distinción de sus funciones?, ¿las reelecciones deben ser continuas o no?, ¿porqué? Hay otra, para la que no quiero usar signos de interrogación: una enmienda a la Constitución no debe responder a coyunturas; debe ser para perfeccionar (siempre hay como) el marco institucional.
En mi criterio ocho años no son suficientes, pero si son bastantes. Autoridades ejecutivas no deberían permanecer más de una década seguida en funciones. En particular, por el poder que se concentra en una persona. Hay que garantizar el equilibrio. La sociedad necesita reencontrarse y valorar con calma los pactos políticos y sociales. Pero después, deberían poder volver si el pueblo, democráticamente, así lo desea. No se puede, ni se debe, negar la importancia histórica de líderes y lideresas. Dieciséis ya es suficiente; más tiempo haría que una persona viva de la política y no para la política, y sabemos muy bien que eso no queremos. Además, es consistente con la idea de cambio generacional en el electorado.[i] Por su parte, un proyecto político y social debería durar más tiempo; de inicio un proyecto debe estar pensado a muy largo plazo. Pero para que dure debe tener la capacidad de dejar de depender de personas particulares, generar nuevos liderazgos y evolucionar. Por otro lado, en funciones legislativas y de fiscalización no encuentro motivo para que las [re]elecciones no sean consecutivas; pero si las mismas razones para que no sean indefinidas. Sin embargo, es importante la continuidad en materia legislativa, para garantizar estabilidad de la norma. Otras alternativas, que se deben considerar, son: i) dos reelecciones consecutivas o no, y ii) una reelección, como es ahora, pero con periodos de cinco años. Todas tienen ventajas y desventajas que es importante discutir ampliamente. De hecho, ampliar a dos reelecciones es la opción más simple de asimilar socialmente, quizá un buen balance, pero no necesariamente la mejor.
Para el debate de reforma a la Constitución en tema de [re]elecciones yo plantearía la posibilidad de tres reelecciones como máximo, donde en el caso de autoridades para funciones ejecutivas no puedan tener más de una reelección consecutiva. En otras palabras, en el caso de Presidente/a, Alcaldes/as y Prefectos/as establecer la posibilidad de estar en funciones ocho años seguidos (si hay una ratificación del mandato después de cuatro años, primera reelección), dar un paso al costado por cuatro años mínimo, y poder volver (segunda reelección) por ocho más (si el pueblo ratifica el mandato después de cuatro años, tercera reelección). Esto es lo que algunos/as han llamado esquema 8-4-8. En el caso de asambleístas, concejales/as, consejeros/as y vocales de juntas parroquiales, las tres reelecciones podrían ser consecutivas. Es decir podría estar en funciones un máximo de 16 años, siempre y cuando el pueblo lo ratifique cada cuatro años. Esta es mi opinión. Los mecanismos de reforma están claros, es la Corte Constitucional la que calificará (Art. 443) si se procede mediante enmienda en la Asamblea (Art. 441) o reforma con referéndum (Art. 442). En mi opinión la enmienda es el camino. El pueblo apoyará (o no), después, a sus representantes y candidatos/as a la [re]elección.
Por último, si hablamos de [re]elección hagámoslo completo. Hay temas que se pueden perfeccionar en la Constitución y en el Código de la Democracia. El primeo de ellos es la designación de candidatos/as. Se debe definir la obligatoriedad de elecciones primarias en cada partido, movimiento y “alianza”. Estas deben ser simultaneas y universales, pero voluntarias, en cada jurisdicción (revisar Art. 108). Segundo, deben haber debates obligatorios para todos/as los/as candidatos/as, incluyendo en elecciones primarias, garantizados por el Consejo Nacional Electoral, organizados por la Función de Transparencia y Control Social, y difundidos en cadena por todos los medios de comunicación públicos y privados, en cada jurisdicción; en el caso de Presidente/a, Alcaldes/as y Prefectos/as deben haber mínimo dos debates, durante el tiempo que dure la campaña, y uno adicional (mínimo) si hay segunda vuelta (revisar Art. 115). Tercero, hay que impulsar la representación paritaria de hombres y mujeres, y la cercanía de los representantes con el pueblo (su mandante); para esto propongo que en cada circunscripción electoral (distrito), en lo posible, se escoja dos (o cuatro) representantes, una mujer y un hombre (o dos mujeres y dos hombres), y que los/as candidatos/as alternos/as sean de sexo opuesto al del/a candidato/a titular. Esto no quiere decir reducir el número de asambleístas o concejales/as, por ejemplo, sino reducir el tamaño de las circunscripciones y garantizar no 50/50 en candidatos/as sino 50/50 en autoridades electas a la asamblea, concejos y juntas (revisar Art. 116). Queremos democracia, revolucionemos la democracia.
[i] Considerando la edad de voto obligatorio (entre 18 y 64 años de edad), si se aplica el esquema 8-4-8 habrán pasado 20 años. En ese tiempo el 50% de la población en edad de voto obligatorio será nueva. Es decir su votó no era obligatorio en la elección original. En el caso de 16 años, este porcentaje es del 43%. Estos datos son referenciales; se utiliza (y mantiene estática) la pirámide poblacional del Ecuador del Censo de 2010. Por su parte, quien tuviese 15 años de edad (justo antes del mínimo para voto facultativo) en la primera elección, después de veinte años, ya tendría la edad que la Constitución establece como requisito para aspirar a la Presidencia (Art. 142).
Nota posterior: Aquí un recuento de la reelección en las Constituciones.
Recuperando el Estado, la planificacion y la participacion
No hay duda que la mayor conquista de la “Revolución Ciudadana” es la “Constitución de Montecristi”. En ella se plasmaron las principales demandas de la lucha popular de varios años. Con ella se volvía a fundar la patria, una patria para todos y todas, con una idea de sociedad con igualdad y solidaridad. Con una Constitución aprobada en referéndum. La implementación de la Constitución tiene avances muy importantes, varias cosas que mejorar, y muchos pendientes. Consolidar la “revolución ciudadana”, solo se logrará cuando se cumpla con el primer objetivo del Plan Nacional para el Buen Vivir (PNBV): “Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular”.
La Constitución marca el “sur”, el PNBV es el instrumento para no quedarnos parados. El grito ya no debe ser “no nos mueven y no nos moverán”, ahora el grito es de movilización para construir el “Buen Vivir”. Esa idea que invita a soñar, la utopía que marca el camino. El PNBV da el cómo, el cuándo, el dónde, y el con qué. Es un ejercicio complejo, holístico por definición, de aplicación de múltiples herramientas, y de sistematización de infinidad de deseos y diversidad de cosmovisiones. En 2013 se presentó el tercer plan de desarrollo que se elabora en el gobierno de la “Revolución Ciudadana”. Ahora se tiene dos grandes estrategias nacionales: erradicar la pobreza y cambiar la matriz productiva.
Hace pocos días la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) rindió cuentas a la ciudadanía. La planificación en el Ecuador, ha logrado importantes reconocimientos a nivel nacional e internacional. Ecuador es un referente en la región y el mundo. La planificación es un trabajo silencioso, pero está detrás de cada acción. Cada escuela, hospital, carretera, incentivo productivo, beca, proyecto de Ley, son parte del ciclo de la política píblica, son decisiones para solucionar problemas que se identificaron con anterioridad, y cuyos logros serán evaluados. La estructura del Estado, también es resultado de la planificación.
La Constitución, en los artículos 279 y 280, establece la planificación participativa para el desarrollo. Por su parte el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP) estructura el Sistema Nacional de Planificación Participativa, que incluye a la planificación nacional y la de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), y considera como ejes la participación ciudadana y el enfoque de igualdad. Entre los instrumentos del sistema, se definen al plan nacional de desarrollo y los planes de desarrollo y ordenamiento territorial (PDyOT) de los GAD.
En siete años se ha recuperado la planificación, se ha reformado la estructura del Estado, se está llevando al Estado a cada rincón del territorio nacional, se ha consolidado la visión de largo plazo y la integralidad de la política pública a nivel nacional, se han desarrollando importantes instrumentos y metodologías de planificación, se cuenta con una estrategia territorial nacional (ETN) y con un sistema nacional de información (SNI).
Pero siempre faltan cosas por hacer. La planificación nos permite ver los pendientes, sin olvidar lo logrado. Ahora el país sabe donde estaba, en donde está, y a donde va. Los retos vienen en la necesidad de llevar la planificación a cada territorio. Se necesita consolidar la planificación en cada nivel de gobierno (Consejos Provinciales, Municipios y Juntas Parroquiales). El ordenamiento territorial es una tarea pendiente como país. La mayor parte de PDyOT no cumple con parámetros mínimos de planificación, y no se los utiliza como instrumento de gestión y evaluación. La participación ciudadana ha mejorado, pero aún falta mucho para que la planificación se construya con cada ciudadano/a; muchos espacios terminan en simple instrumento de legitimización. Con nuevas autoridades locales electas, es un buen momento para ejercer los derechos de participación, y exigir la planificación en cada provincia, cada ciudad, cada parroquia. El poder popular y la democracia, no termina con el voto en las urnas, ahí recién empieza. ¿Usted conoce el PDyOT del lugar en donde vive?
Proteccion social: Retos desde la Constitucion
En el Ecuador se aprobó mediante referéndum, con el 64% de votos a favor, la Constitución que rige desde el año 2008. De esta manera se logró establecer la aspiración de un nuevo marco institucional y la recuperación del pacto social. Pronto serán cinco años desde su aprobación, muchos han sido los avances, pero también existen pendientes. En esta reflexión se plantean algunos de los retos que establece la Constitución en materia de protección social, y que demandan una reforma integral al [Sub]sistema de Seguridad Social.
En términos generales se entiende por protección social al conjunto de intervenciones públicas y privadas que buscan prevenir, reducir y eliminar vulnerabilidades sociales y económicas. La protección social incluye a la seguridad social, la política laboral, transferencias (monetarias y en especie) y servicios de salud. No hay una definición, ni un diseño, universal de protección social. Quienes estén interesados, en las definiciones, pueden revisar los siguientes marcos de referencia: OIT, Piso de Protección Social, CEPAL, UNICEF y Banco Mundial. En cuanto a los diseños, se tienen que van desde Bismarck hasta Beveridge, pero también el modelo soviético, y el nacimiento de “modelos mixtos” en América Latina y otras regiones, que integran sistemas contributivos (financiados por aportes) y no-contributivos (financiados en su totalidad por recursos fiscales generales). No hay receta única, pero la protección social tiene, por lo menos, cuatro ingredientes indispensables: pacto social, pacto fiscal, pacto institucional y voluntad política.
La protección social es un derecho humano, es un medio para generar capacidades e igualar oportunidades, genera retornos económicos, y se puede pensar como un instrumento para mejorar la productividad laboral. La protección social, es parte de la formación de regímenes de bienestar. En este sentido, la protección social es un fin (por ser derecho, y fomentar la vida digna), pero también un medio, de inclusión, para la generación de capacidades y oportunidades. En el Ecuador, con el Buen Vivir como horizonte (ver páginas 22 a 27 del Plan Nacional para el Buen Vivir), la Constitución establece dentro del “Régimen del Buen Vivir” al modelo de desarrollo, al sistema nacional de inclusión y equidad social, a la biodiversidad y a los recursos naturales. La “seguridad social”, es un subsistema del sistema nacional de inclusión y equidad social (Artículo 340 de la Constitución), y un instrumento para garantizar la protección integral a lo largo del ciclo de vida (Art. 341).
El artículo 3 de la Constitución establece como deber primordial del Estado el de “garantizar sin discriminación alguna la seguridad social”, ya que “es parte del derecho a la vida digna” (Art. 66). En este sentido es competencia exclusiva del Estado central (Art. 261), “es público y universal, no podrá privatizarse y atenderá las necesidades contingentes de la población, a través del seguro general obligatorio y de sus regímenes especiales” (Art. 367). El Art. 34 indica que “la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas. Incluye a las personas que realizan trabajo no remunerado, actividades de auto sustento, trabajo autónomo y a quienes se encuentran en desempleo”. Esta se amplia, en el Art. 49, a “personas y familias que cuidan a personas con discapacidad de manera permanente”, y en el Art. 369 “a toda la población urbana y rural, con independencia de su situación laboral”. “La seguridad social es parte del derecho a la vida digna” (Art. 66) y su ejercicio se vincula al derecho a la salud (Art. 32). Por su parte el Art. 362 establece que “los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en todos los niveles de atención”.
El artículo 369, señala que “el seguro general obligatorio cubrirá las contingencias de enfermedad, maternidad, paternidad, riesgos del trabajo, cesantía, desempleo, vejez, invalidez, discapacidad, muerte y aquellas que defina la Ley”. En lo institucional, el IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) es la entidad responsable de la prestación de contingencias a sus afiliados (Art. 370), pero se indica que “las prestaciones de salud de las contingencias de enfermedad y maternidad se brindarán a través de la red pública integral de salud” (Art. 369). Por su parte, “la policía nacional y las fuerzas armadas podrán contar con un régimen especial de seguridad social” (Art. 370), y se establece al seguro social campesino (dentro del IESS) como régimen especial para la población rural y aquellas dedicadas a la pesca artesanal (Art. 373).
El financiamiento de las prestaciones de la seguridad social se establece en el Art. 371, indicando que este vendrá del aporte de las personas aseguradas (personal y patronal en el caso de trabajadores/as en relación de dependencia, personal en el caso de trabajadores/as independientes, y voluntario en el caso de personas domiciliadas en el exterior) y contribuciones del Estado. Por su parte, “las prestaciones para las personas que realizan trabajo doméstico no remunerado y tareas de cuidado se financiarán con aportes y contribuciones del Estado” (Art. 369), y “los seguros públicos y privados, sin excepción, contribuirán al financiamiento del seguro social campesino” (Art. 373).
Desde la aprobación de la Constitución, se ha incrementado significativamente la cobertura de la seguridad social. Además se han aplicado resoluciones que han permitido incluir a trabajadores/as domésticos/as, desde 2010, a cónyuges o convivientes e hijos/as menores a 18 años; en salud se han quitado reestricciones que antes excluian a personas con algún tipo de enfermedad "pre-existente", se ha mejorado el sistema de citas, se ha ampliado la cobertura de servicios de salud, se cuenta con sistema de referencia y contrarefrencia con la red pública integral y la red complementaria (privada); y se aprobó en referéndum (48% de votos a favor, y 39% en contra) la penalización de la no afiliación a la seguridad social de trabajadores/as en relación de dependencia. Ahora, en 2014, se establece como obligatoria la afiliación de trabajadores/as independientes. Son reformas muy importantes. No hay duda que la seguridad social ha cambiado de época. Pero aún hay temas pendientes. No está clara la sostenibilidad fiscal, se desconocen las contribuciones y las prestaciones, se tiene inconformidad con algunos servicios, y la población confunde cotización con impuesto. No se han consolidado espacios de dialogo sobre el tema. No es clara la institucionalidad: entre prestadores de servicios, administradores de regímenes, hacedores de políticas, y entidades rectoras. Se necesita una reforma integral al [sub]sistema de seguridad social, y a su Ley.
Los principios constitucionales para la seguridad social son los de igualdad, equidad, interculturalidad, solidaridad, no discriminación, suficiencia, integración, subsidiaridad, universalidad, obligatoriedad y progresividad (Arts. 340 y 367). Implementarlos es el reto. Es urgente lograr la integralidad de los servicios de salud. Si pensamos en la universalidad y la igualdad, no se pueden mantener servicios diferenciados desde el Ministerio de Salud y el IESS. Se requieren procedimientos que garanticen, faciliten e incentiven la afiliación de todas las personas, de forma independiente a su forma de trabajo; todo un reto para una economía con tasas de subempleo e informalidad elevadas. Es indispensable fomentar la cultura tributaria y de contribución, otro reto en una sociedad que ha mostrado resistencia a impuestos, multas y contribuciones, aún en niveles relativamente bajos como los que se tiene en el Ecuador. Es curioso, que muchas personas prefieran pagar "seguros" de salud privados con limite de pre-existencia, montos máximos, deducibles y otros, dan la rentabilidad a empresa y no dan salud a la población; es curioso que algunas personas prefieran fondos de pensiones privados (incluso en el exterior) que se manejan con riesgo y promueven la individualidad. Yo no lo entiendo; pero es claro que fortalecer la seguridad social afecta intereses económicos muy fuertes que estarán listos para dar la batalla. Muchos ya están en "campaña" sembrando confusión entre aportación e impuesto.
Por su parte, sin obligatoriedad no se logra universalidad, ni solidaridad, ni igualdad. La universalidad demanda que se integren regímenes no-contributivos enfocados en la erradicación de la pobreza, así como en la generación de capacidades y la igualdad de oportunidades. Hay que pensar la protección social como un medio de inclusión, que fomente y sostenga la movilidad social. La sostenibilidad fiscal no se debe dejar en el aire. Hay que pensar una institucionalidad que responda al sistema que manda la Constitución. Es un sistema que demanda debate social y una reforma integral pensada a largo plazo.
El país tiene dos grandes objetivos: erradicar la pobreza y cambiar la matriz productiva. Trabajo y protección social son el principal punto de encuentro. La prioridad es evidente. Lograr pactos social, fiscal e institucional es urgente. ¿Hay la voluntad política?