Source: https://es.scribd.com/doc/17663260/Propuesta-de-Ley-General-sobre-Derechos-de-los-Pueblos-Indigenas-de-Guatemala-2009
Timestamp: 2017-05-26 00:19:38
Document Index: 251504243

Matched Legal Cases: ['Artículo 66', 'Artículo 58', 'Artículo 67', 'Artículo 44', 'artículo 46', 'Artículo 46', 'artículo 70', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 2', 'ARTÍCULO 3', 'ARTÍCULO 4', 'ARTÍCULO 5', 'ARTÍCULO 6', 'ARTÍCULO 7', 'ARTÍCULO 8', 'ARTÍCULO 9', 'ARTÍCULO 10', 'ARTÍCULO 11', 'ARTÍCULO 12', 'ARTÍCULO 13', 'ARTÍCULO 14', 'ARTÍCULO 15', 'ARTÍCULO 16', 'ARTÍCULO 17', 'ARTÍCULO 18', 'ARTÍCULO 19', 'ARTÍCULO 20', 'ARTÍCULO 21', 'ARTÍCULO 22', 'ARTÍCULO 23', 'ARTÍCULO 24', 'ARTÍCULO 25', 'ARTÍCULO 26', 'ARTÍCULO 27', 'ARTÍCULO 28', 'ARTÍCULO 29', 'ARTÍCULO 30', 'ARTÍCULO 31', 'ARTÍCULO 32', 'ARTÍCULO 33', 'ARTÍCULO 34', 'ARTÍCULO 35', 'ARTÍCULO 36', 'ARTÍCULO 37', 'ARTÍCULO 38', 'ARTÍCULO 39', 'ARTÍCULO 40', 'ARTÍCULO 41', 'ARTÍCULO 42', 'ARTÍCULO 43', 'ARTÍCULO 44', 'ARTÍCULO 45', 'ARTÍCULO 46', 'ARTÍCULO 47', 'ARTÍCULO 48', 'ARTÍCULO 49', 'ARTÍCULO 50', 'ARTÍCULO 51', 'ARTÍCULO 52', 'ARTÍCULO 53', 'ARTÍCULO 54', 'ARTÍCULO 55', 'ARTÍCULO 56', 'ARTÍCULO 57', 'ARTÍCULO 58', 'ARTÍCULO 59', 'ARTÍCULO 60', 'ARTÍCULO 61', 'ARTÍCULO 62', 'ARTÍCULO 64', 'ARTÍCULO 65', 'ARTÍCULO 66', 'ARTÍCULO 67']

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Corazón del cielo, Corazón dela Tierra! Míranos, escúchanos! Danos nuestra descendencia, nuestra sucesión! Mientras camine el sol y haya claridad! Que amanezca Que llegue la aurora! Danos muchos Buenos caminos, Caminos planos! Que los pueblos tengan paz, mucha paz Y sean felices; y danos buena vida y útil existencia
Históricamente, Guatemala ha desarrollado sus bases político-jurídicas sobre la exclusión, discriminación y racismo contra las y los indígenas, negando los derechos individuales y colectivos. Actualmente, los pueblos viven en constante riesgo y amenazas pues se han evidenciado las violaciones sistemáticas inimaginables, debido a la construcción de industrias hidroeléctricas, cementeras, madereras, mineras, etc. por parte de las empresas transnacionales que han despojado de sus tierras y territorios a pueblos indígenas, provocando daños irreparables. Los pueblos y organizaciones indígenas, históricamente, han buscado mecanismos para la transformación de un Estado monocultural a un Estado plural, cuyas políticas respondan a las exigencias y necesidades de toda la Nación. Los Acuerdos de Paz Firme y Duradera, la Constitución Política de la República de Guatemala, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas constituyen la ruta jurídico-política de la transformación social. El Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas –AIDPI-, no sólo reconoce los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, sino impulsa el pleno ejercicio desde y frente al Estado, en virtud que los mismos constituyen acuerdos políticos y compromisos de Estado.
Por lo anterior, Defensoría Maya - DEMA -, Asociación Política de Mujeres Mayas - MOLOJ -, Coordinadora Nacional Indígena y Campesina - CONIC - y Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos - CALDH - PRESENTAN la propuesta de ley denominada, “LEY GENERAL DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE GUATEMALA”, gracias a un proceso de consulta y socialización sobre las demandas de los pueblos indígenas, realizados junto a líderes y liderezas, autoridades indígenas mayas, organizaciones mayas de cinco regiones del país y expertos en la materia, en el cual se evidencian las necesidades, exigencias, voz y derechos que reclaman los pueblos. Dicha ley, con el afán de fortalecer el marco jurídico, resalta los siguientes aspectos: Consulta a los pueblos indígenas, Tierra y Territorio, Autonomía y Libre Determinación, Identidad, Espiritualidad, Participación Política, Acceso a la Justicia y Sistema de Justicia Indígena, Educación Bilingüe, Salud y Medicina Tradicional Indígena, Seguridad y Soberanía Alimentaría, Lucha contra el Racismo y la Discriminación, entre otros. Esta Ley marca las pautas para la vigencia de los derechos de los pueblos indígenas en función del proceso de transformación social, política, económica, cultural y jurídica, en tanto que el Estado de Guatemala aún no cumple con los mandatos y obligaciones reconocidas y asumidas, tanto a nivel nacional como internacional.
Guatemala vive un proceso de transición político jurídico, encaminado a que el Estado se adecue a la realidad y caracterización pluricultural de la sociedad actual. Este proceso de cambio, se impulsa con el objeto que el Estado garantice el pleno ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas dentro del marco de la unidad nacional. Los pueblos y las diferentes expresiones organizadas en la sociedad han elevado sus propuestas y demandas enfocadas hacia el cambio de la estructura institucional del Estado. En ese contexto, desde hace varios años se ha propuesto desde el movimiento indígena y campesino la aprobación de la Ley de Nacionalidades Indígenas, planteamiento que quedó en el debate nacional en su momento y que el Estado no lo asumió como parte de las necesidades que con imperativa urgencia habría de abordar. En los últimos cuarenta años, se han generado debates especialmente sobre el ejercicio de la identidad cultural y sus consecuencias en el ejercicio de la ciudadanía; esto ha definido una línea temática de discusión e investigación, aún inconclusa, que se le denominó la Cuestión Étnico-Nacional. Este planteamiento incluye las distintas formas de expresión, recientes en el escenario político, pero históricas en la resistencia cultural de los pueblos indígenas en Guatemala. La definición del concepto “Maya”, como reivindicación histórica de los pueblos indígenas, fue uno de los resultados más importantes de este debate, así como la necesidad de abordar los elementos culturales que en definitiva identifican a los pueblos como colectivos distintos con visión propia.
Según el Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), después de 36 años de conflicto armado interno los saldos ascienden a más de 250,000 muertos y más de 45,000 desaparecidos; esto generó la necesidad de debatir los términos de los Acuerdos de Paz. Desde los Acuerdos de Oslo hasta la finalización del proceso con la Firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, la discusión sobre el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y su reconocimiento legal fue parte de la transversalidad del proceso. Concluido el proceso de negociación de los Acuerdos de Paz, estos constituyen hoy la ruta jurídico-política de la transformación social en los cuales se sientan, fundamentalmente, las bases del camino que el Estado debe recorrer para su transformación. El Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (AIDPI) reconoce los derechos individuales y colectivos de los pueblos e impulsa el andamiaje para su pleno ejercicio desde y frente al Estado. En virtud de que los convenios alcanzados constituyen acuerdos políticos y compromisos de Estado, se hace impostergable el desarrollo legal de los mismos para garantizar la igualdad de condiciones entre todas y todos los ciudadanos que conforman los cuatro pueblos que coexisten en el país. A la fecha, la puesta en vigencia de la Ley Marco de los Acuerdos de Paz determina la plataforma jurídica que obliga al Estado a impulsar el estricto cumplimiento de estos mandatos legales y legítimos de la sociedad. En consecuencia, dicha ley especifica la vía legal, así como el imperativo jurídico-político, para seguir legislando en cumplimiento de dichos mandatos. Históricamente, Guatemala ha desarrollado sus bases político-jurídicas sobre planteamientos de exclusión, marginación, discriminación y racismo contra los pueblos indígenas, negando sus derechos individuales y colectivos. Por lo anterior, se hace urgente desarrollar el mandato constitucional contenido en los artículos 46, 58, 66, 67, 70, 171 inciso a) y 177 de la Constitución Política de la República de Guatemala, al tenor de lo preceptuado también en todo el texto constitucional.
La estructura jurídica del Estado guatemalteco contempla la vigencia del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, el cual se encuentra en jerarquía superior al derecho interno; dicho convenio está vigente desde junio de 1996, a raíz que el Congreso de la República lo ratificara y aprobara para tal efecto. Este tratado, de carácter internacional, obliga al Estado a dar cumplimiento al impulso de transformación y adecuación de la legislación vigente a una respetuosa de los derechos de los pueblos indígenas y de la pluralidad jurídica, cultural y lingüística, aspectos que imperan en la dinámica actual como parte de la cotidianidad de la sociedad pluricultural. La vigencia del Convenio 169 marca las pautas del proceso de transformación de la sociedad guatemalteca, en virtud de que en cada materia del qué hacer social, político, económico y cultural del Estado, existen mandatos y obligaciones reconocidas por Guatemala que aún siguen pendientes de asumir. Los resultados de la histórica discriminación racial y exclusión social contra los pueblos indígenas determinan el grado de pobreza y visibiliza claramente el nivel de subdesarrollo de los pueblos. Lo anterior, explica los actuales indicadores más altos de desigualdad social, económica y política en Guatemala, en donde los más perjudicados son siempre los Pueblos Indígenas. La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA), antes de su cierre, publicó en su informe que el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (AIDPI) es el que menos se ha cumplido, debido a los efectos que han tenido la aplicación de políticas racistas y discriminatorias en los mandatos y obligaciones que han sido reconocidos por el Estado. El modelo económico que determina la distribución de la riqueza y la posibilidad de acceso a bienes y servicios que el Estado debe proporcionar, constituye el principal escenario a trasformar, de cara a la construcción de una pluralidad que garantice el pleno respeto de los derechos de los pueblos indígenas.
Es impostergable el proceso de transformación y construcción de instrumentos jurídicos que viabilicen ese proceso; de esa cuenta, la suma de mandatos legales, nacionales e internacionales, obliga al Congreso de la República a retomarlos y legislar en función de facilitar la reducción de las brechas que separan abismalmente a la sociedad, especialmente la que deslinda a los pueblos indígenas de la institucionalidad del Estado y de las posibilidades de generar desarrollo en igualdad de condiciones. Las estructuras jurídicas de los Estados constituyen modelos en constante evolución y transformación, pues constituyen estructuras que responden a las necesidades de la población y definen el andamiaje que los sostienen. No es posible concebir una estructura jurídico-política de un Estado inamovible e inmutable, puesto que la sociedad evoluciona y descubre nuevos valores humanos de convivencia que deben ser tutelados por las legislaciones, con la finalidad de regir las relaciones interpersonales entre las y los individuos y las colectividades. La vigencia de una Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas se inscribe y responde a las necesidades de un Estado respetuoso de los derechos humanos de los pueblos indígenas y viabiliza su proceso de desarrollo desde el respeto a los derechos y garantías constitucionales dentro de un pluralismo político y jurídico en el marco de la unidad nacional.
Desde la llamada “Conquista” de 1524 a la “Independencia” de 1821 y especialmente desde la constitución del Estado Nacional, los indígenas (llamados entonces “indios”), no eran sujetos de derecho sino solamente se les consideraba como objetos de obligaciones socioeconómicas por medio de su mano de obra. La construcción del modelo de Estado republicano en el marco de la Revolución Liberal de 1871, aplicó y garantizó un modelo de explotación contra los pueblos indígenas que se desarrolló desde el Estado y sus estructuras jurídicas y políticas.
El intento de transformación del Estado que se empezó a gestarse en los gobiernos revolucionarios de la década de 1944 a 1954 fue truncado, especialmente en el proceso de transformación del modelo agrario y de explotación, modificando las relaciones obrero-patronales y las relaciones económicas entre propietarios terratenientes latifundistas y pueblos indígenas minifundistas. El modelo político-jurídico imperante, el cual no identifica con claridad a los pueblos indígenas, permite condiciones para el ejercicio de la explotación y marginación directamente vinculadas al racismo y discriminación en todos los niveles y espacios de la vida individual y colectiva de los pueblos indígenas. Actualmente, los costos políticos, económicos y humanos que esta realidad ha dejado en el país son muy elevados según lo reflejan el Informe de la CEH y diversos informes que analizan el impacto en la actualidad del racismo y la discriminación estructural contra los pueblos en Guatemala. El conflicto armado interno que duró más de 36 años, generó un conjunto de propuestas al debate nacional, que buscaban resolver en gran medida la problemática nacional de discriminación racial, exclusión y explotación contra los pueblos indígenas; especialmente el impulso de cambios desarrollado a lo largo del conflicto se materializó en los Acuerdos de Paz, en los cuales el Estado acepta la realidad de la pluriculturalidad del país y se obliga y compromete a la transformación de su estructura, su institucionalidad y políticas, debiendo lograr un Estado Plural al servicio de una nación plural. A partir de 1996, después de un intenso debate nacional sobre los derechos indígenas y la lucha de estos, se ratifica la vigencia del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes, instrumento jurídico político del derecho internacional válido en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas.
3. OBJETIVOS ESENCIALES DE LA LEY
La Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas pretende dar un marco general de derechos dentro del Estado y la sociedad, siendo sus objetivos centrales: 1. El respeto a los derechos y garantías constitucionales de los pueblos indígenas como sujetos de derecho individual y colectivo 2. Que el Estado y sus instituciones cumplan con el deber de observar y respetar los derechos de las y los indígenas en Guatemala 3. Que la vigencia de la norma se constituya en un elemento fundamental para la interpretación y aplicación de las normas para el estricto cumplimiento y respeto de los derechos indígenas en todos los ámbitos y ramas del derecho
4. FUENTES DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Dentro de los fundamentos legales, filosóficos y científicos que sustenta el contenido de la presente ley están: Los preceptos contenidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, específicamente los mandatos en materia de Derechos de Pueblos Indígenas, desde la interpretación sentada como verdad jurídica Los mandatos legales asumidos por el Estado de Guatemala contenidos en el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes La interpretación sentada como verdad jurídica, dictada por la Corte de Constitucionalidad (CC) en materia de derechos indígenas y en especial su opinión sobre la vigencia del Convenio 169 de la OIT, además de las opiniones y verdades jurídicas que conducen a la llamada construcción del Estado Plural El Espíritu de los Acuerdos de Paz, especialmente el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (AIDPI)
Toda la legislación en materia de derechos indígenas vigente en el país.
5. EL CARÁCTER DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
La vigencia de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas se fundamenta en las normas constitucionales y del Derecho Internacional vigentes en Guatemala en materia de Derechos Humanos. Esta Ley se desarrolla e impulsa en virtud de los avances del Derecho Universal en busca del respeto pleno de la dignidad de las personas y de los pueblos en el caso concreto de los Pueblos Indígenas. Los Estados llamados modernos avanzan en la vigencia de normas que se acoplan a los nuevos valores universales inherentes a la persona y a los pueblos; en base a ello, la presente Ley busca garantizar las condiciones para que las y los indígenas ejerzan sus derechos individuales y colectivos en igualdad de condiciones.
6. FUNDAMENTOS LEGALES QUE SUSTENTAN SU CREACIÓN
Fundamentos dentro del derecho nacional vigente: La Constitución Política de la República de Guatemala de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de 1985, contiene un conjunto de derechos individuales y colectivos que son susceptibles de argumentar en la defensa del ejercicio de estos derechos. Es particular la importancia los siguientes artículos: Artículo 66: Protección a grupos étnicos. El texto constitucional nos delimita que el Estado es multiétnico y/o diversamente étnico, al afirmar que Guatemala está compuesta por diversos grupos étnicos entre los que figuran grupos de ascendencia Maya; este planteamiento, considerado verdad jurídica dogmática, nos invita a visualizar al Estado guatemalteco como multicultural lo que implica la necesidad de reconfigurar las facultades que tienen los
sujetos que conforman el Estado de Guatemala, tal es el caso de los Pueblos Indígenas reconocidos en este texto constitucional. Es innegable que la Constitución Política reconoce un Estado multicultural y varios pueblos indígenas, por lo que se obliga a aclarar sus compromisos como tal, frente a éstos, especialmente cuando el texto reza que el Estado se obliga a “Reconocer, Respetar y promover: Las formas de vida (derecho colectivo, identidad cultural, espiritualidad), formas de organización social (derechos políticos y jurídicos, toda organización social implica necesariamente un sistema para ese orden que constituye un sistema jurídico, por consiguiente supone también necesariamente, el reconocimiento implícito de sus autoridades puesto que no hay un orden social sin autoridades, sin las cuales no cobraría vida en la dinámica social) traje en hombres y mujeres, costumbres y tradiciones (que deben entenderse toda la tradición indígena en cuanto a su medicina, espiritualidad y cualquier forma de expresión cultural que éstos tengan) idiomas y dialectos…” Tradiciones: Este derecho es colectivo sobre el ejercicio de elementos como la identidad cultural, las relaciones sociales en el marco de tradición social basada en la visión cultural de cada pueblo, en el marco de la práctica de valores sociales y culturales. Costumbres: La costumbre social puede ser jurídica, cultural y espiritual en cuanto a las relaciones interpersonales, todo cuanto nutre el ejercicio cotidiano de la cultura. Traje, idioma, etc.: Derechos individuales y colectivos fundamentales para la determinación manifiesta de la pluralidad étnica e idiomática de la configuración del Estado guatemalteco multilingüe. Es importante recalcar que el Estado guatemalteco se obliga a promover toda la realidad cultural del conjunto de pueblos que coexistimos en el país. También, es importante recalcar la caracterización del Estado guatemalteco: en el primer enunciado del texto constitucional se establece: Guatemala está conformada por diversos gru"
pos étnicos entre los que figuran los grupos de ascendencia Maya. Es importante reconocer que estamos frente una afirmación que establece con contundencia que Guatemala es pluricultural y pluriétnica. En este artículo constitucional, se encuentra el mayor respaldo para argumentar y sustentar el legítimo ejercicio de derechos de los Pueblos Indígenas, pero mejor aún el respeto y la promoción de los mismos que el Estado está obligado.
Artículo 58: Identidad Cultural. En este artículo la definición de identidad establece un conjunto de elementos y valores que son considerados como derechos individuales, pero al mismo tiempo recalca el ejercicio de derechos colectivos que de manera expresa la Constitución Política establece que: reconoce el derecho de las personas y de las comunidades a su identidad cultural. Otros derechos que la Constitución reconoce a los Pueblos Indígenas individual y colectivamente son: Valores: Es toda la jerarquía de principios axiológicos que cada pueblo determina por su propia visión de la vida y de su existencia Lengua: Es importante recalcar que también en este artículo constitucional hay un reconocimiento de los idiomas distintos al español y no crea jerarquías en su reconocimiento Costumbre: Es el instrumento por excelencia para la consolidación de la evolución de toda cultura; la costumbre es más fuerte que la ley consagrada por autoridad, la cual se desarrolla en los ámbitos social, cultural, religioso, especialmente el jurídico, como uno de los estadios del ejercicio y evolución de un sistema jurídico. En el tema tierras y administración de los territorios indígenas, cabe resaltar que para el efecto es digno de considerar lo que la Constitución establece en la defensa de los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas reconocidos expresamente en nuestra legislación. Artículo 67: Protección a las tierras y las cooperativas agrícolas indígenas. “Las tierras de las cooperativas, comunidades indígenas o cualesquiera otras formas de tenencia comunal o colecPropuesta Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas de Guatemala
tiva de propiedad agraria, así como el patrimonio familiar y vivienda popular, gozarán de protección especial del Estado, asistencia crediticia y de técnica preferencial, que garanticen su posesión y desarrollo, a fin de asegurar a todos los habitantes una mejor calidad de vida.” En este artículo, el Estado se obliga a respetar la administración y posesión de las tierras y territorios de los Pueblos Indígenas; no explicita que debe estar reconocidas legalmente como propiedad colectiva para su protección, lo que implica que las tierras y territorios con presencia indígena es territorio que el Estado debe respetar desde las perspectivas contempladas en el artículo. “Las comunidades indígenas y otras que tengan tierras que históricamente les pertenecen y que tradicionalmente han administrado en forma especial, mantendrán ese sistema”. El último párrafo de este artículo, establece con claridad que los territorios indígenas tienen carácter de inviolables por cualquier causa o sujeto de derecho; no es posible permitir según el mandato constitucional que el Estado interfiera en perjuicio de los Pueblos Indígenas.
Artículo 44: Derechos inherentes a la persona humana. Este artículo constitucional nos conduce a la parte más moderna y progresista de nuestro ordenamiento constitucional, al referirse que “los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana.” Aquí se fundamenta el legítimo ejercicio de valores y derecho, como el de nuestra cultura, en sus más profundas particularidades sociales y filosóficas. El derecho a la consulta, en lo que atañe y afecte directa o indirectamente a los pueblos indígenas, es uno de los valores jurídicos más importantes que se debe reclamar frente a los gobiernos y los Estados. Fundamentos dentro del derecho internacional vigente: Es necesario partir del análisis del artículo 46 constitucional, que abre la puerta a la jerarquía de los derechos humanos que prevalecen sobre todo ordenamiento y legislación y se materializa al afirmar la supremacía de los convenios internacionales en materia de derechos humanos.
Artículo 46: Preeminencia del Derecho Internacional. “Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno.” Este artículo nos conduce al análisis del Convenio 169 de la OIT ratificado por Guatemala desde 1996; en el marco de reconocimiento de derechos individuales y colectivos, este instrumento reconoce la importancia del derecho colectivo e individual inherente a las personas y a los pueblos. Al igual que la Constitución Política, este Convenio establece la importancia del derecho colectivo de la consulta de buena fe para los pueblos indígenas y su libre determinación sobre la utilización de los bienes naturales. El Convenio 169 otorga facultades y derechos que combinados con los fundamentos constitucionales establecidos, permite legislar en base a un andamiaje legal para la defensa de los Derechos de Pueblos Indígenas. Otros instrumentos que el Derecho Internacional determina como fuente y referente importante es La Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas suscrita en septiembre del 2007, que contiene los elementos de derechos y obligaciones que los Estados miembros del sistema de Naciones Unidas deben observar y desarrollar a favor de los pueblos indígenas.
LEY GENERAL DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE GUATEMALA DECRETO NÚMERO _____________________ EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
CONSIDERANDO: Que el Estado de Guatemala está conformado por diversos pueblos y que reconoce el derecho de las personas y de las comunidades a su identidad cultural, sus valores, sus idiomas, asimismo, reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, prácticas, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres. CONSIDERANDO: Que el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes de la Organización Internacional del Trabajo, son normas vigentes en el país y contiene derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas y fundamentado en la reciente Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en la que el Estado guatemalteco está obligado a proteger, garantizar y desarrollar. CONSIDERANDO: Que el Estado en los Acuerdos de Paz, específicamente, el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos indígenas, ha asumido compromisos especialmente en virtud de la multiculturalidad de la sociedad y como consecuencia el imperativo jurídico de definir derechos y alcances de los mismos al sujeto de derecho: Pueblos Indígenas e indígenas como sujetos de derecho individual y colectivo. CONSIDERANDO: Que el artículo 70 de la Constitución Política de la República, complementado con lo ordenado por los artículos 58 y 66 de la misma
Carta Fundamental, ordena regular en una Ley de carácter general e integradora los derechos de los Pueblos Indígenas y que, además, es conveniente y necesario jurídicamente, emitir una Ley General sobre: Derechos de Pueblos Indígenas, que armonice las disposiciones fundamentales del ordenamiento jurídico constitucional vigente, para dar mayor eficacia a la institucionalidad del Estado, garantizar el pleno ejercicio y el respeto de los derechos de los Pueblos Indígenas; derechos individual y colectivamente concebidos. POR TANTO: En ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 171, inciso a) y 177 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y con fundamento en lo que establecen los artículos 46, 58, 66, 67 y 70 del mismo cuerpo normativo constitucional. DECRETA: La siguiente:
LEY GENERAL DE DERECHOS DE PUEBLOS INDÍGENAS DE GUATEMALA TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES CAPÍTULO I ÁMBITOS GENERAL Y DE APLICACIÓN, NATURALEZA, OBJETO Y PRIMACÍA DEL INTERÉS SOCIAL
ARTÍCULO 1. ÁMBITO GENERAL. En materia de derechos de Pueblos indígenas, el contenido y preceptos fundamentales de esta Ley son las normas generales de aplicación, interpretación e integración del ordenamiento jurídico guatemalteco, por lo que su observancia es obligatoria.
ARTÍCULO 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY. El imperio de esta Ley se extiende a toda persona individual o colectiva nacional o extranjera, según la acepción legal de territorio nacional. ARTÍCULO 3. NATURALEZA DE LA LEY. La presente Ley se inscribe dentro del marco del Derecho Público y es de carácter general, por lo que su cumplimiento es obligatorio. ARTÍCULO 4. OBJETO DE LA LEY. El objeto de la presente Ley, es regular, desarrollar y garantizar el pleno ejercicio y respeto de los derechos individuales y colectivos de los Pueblos Indígenas de Guatemala. ARTÍCULO 5. PRIMACÍA DEL INTERÉS SOCIAL. El interés social, colectivo o comunitario prevalece sobre el interés particular.
CAPÍTULO II UNIDAD DEL ESTADO Y PRIMACÍA CONSTITUCIONAL
ARTÍCULO 6. UNIDAD DEL ESTADO. Guatemala es un Estado unitario, libre, independiente, descentralizado y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus plenos derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático participativo, pluralista y representativo. ARTÍCULO 7. PRIMACÍA E INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL. Los principios y normas constitucionales prevalecen sobre la legislación ordinaria, la norma constitucional debe interpretarse de manera integral, considerándola dentro del conjunto de la Constitución y no debe interpretarse en forma aislada.
CAPÍTULO III DERECHOS INHERENTES, MÍNIMOS E INTERPRETACIÓN DE LA PRESENTE LEY
ARTÍCULO 8. DERECHOS HUMANOS INHERENTES. Los Derechos Humanos son inherentes a las personas y a los Pueblos
Indígenas, su desarrollo, observancia, pleno ejercicio y respeto constituyen la base y objeto de la presente Ley. ARTÍCULO 9. DERECHOS MÍNIMOS. Los derechos contenidos en la presente Ley constituyen derechos mínimos y fundamentales, sin menoscabo de otros derechos inherentes a las personas y los Pueblos Indígenas y reconocidos en otros instrumentos legales de derechos humanos nacionales e internacionales. Y los mismos son susceptibles de superarse y desarrollarse a través de legislación especial. ARTÍCULO 10. INTERPRETACIÓN DE LA PRESENTE LEY. Las disposiciones de la presente Ley deberán interpretarse en concordancia con las normas especiales sobre Comunidades Indígenas consagradas en la Constitución Política de la República, Declaraciones y los Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos Indígenas, que el Estado de Guatemala haya suscrito y/o ratificado.
TÍTULO II DEFINICIONES Y PRINCIPIOS CAPÍTULO ÚNICO
ARTÍCULO 11. DEFINICIONES. Para los efectos de esta Ley se adoptan las siguientes definiciones: a) AUTORIDADES INDÍGENAS: Son Autoridades Indígenas todas aquellas personas electas o nombradas en lo comunitario a través del sistema de cargos, de acuerdo a sus propios principios, valores, normas y procedimientos, así como todas aquellas personas que aún no siendo electas ni nombradas, son reconocidas y legitimadas como autoridades, y todas constituyen la expresión legítima de la organización y representación del ejercicio jurídico político de la Autoridad Indígena en sus comunidades.
b) ALTAR SAGRADO: Es el espacio o circunscripción física donde se realiza el acto ceremonial como manifestación de fe y espiritualidad del ser humano, localizado en los lugares sagrados. c) CONSULTA: Por consulta se entenderá el proceso que permita a los Pueblos y Comunidades Indígenas, por medio de sus propias instituciones representativas y de acuerdo a sus propios principios, valores, normas, procedimientos, prácticas, costumbres y tradiciones, la participación real y efectiva de manifestar, emitir sus puntos de vista y de decidir cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente, así como en todo aquello que afecten o pueda afectar sus intereses, bienes naturales, tierras o territorios. d) EDUCACIÓN BILINGÜE MULTICULTURAL: Se entenderá como educación bilingüe multicultural, la que responde a la diversidad cultural y lingüística del país, reconociendo y fortaleciendo la identidad cultural, los valores y sistemas educativos de los pueblos que conforman el Estado guatemalteco; priorizando el interés y la cultura del educando. e) ESPIRITUALIDAD INDÍGENA: Es el conjunto de creencias, disciplinas y rituales que constituyen el establecimiento del equilibrio y la armonía con todo el universo. Es la forma particular de relacionarse con la divinidad, con el cosmos, con la naturaleza y con los seres humanos, sin romper las leyes naturales y espirituales establecidas. f) JURISDICCIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS: Es la potestad legal de las Autoridades Indígenas de administrar justicia en el marco de su organización social, de acuerdo a su sistema jurídico propio. g) LUGAR SAGRADO: Se entenderá por Lugar Sagrado, los sitios, monumentos, parques, complejos o centros arqueológicos como espacio y fuente de energía cósmica, de vida y sabiduría, para la comunicación espiritual del ser humano con el Ser Superior y su convivencia con la naturaleza, para el fortalecimiento y articulación del presente con el pasado y futuro.
h) GUÍA ESPIRITUAL: Guía Espiritual es la persona humana, mujer u hombre que ejerce su función como tal y de manera innata y perpetua en beneficio de la colectividad. i) PUEBLOS INDÍGENAS: Se consideran pueblos indígenas a aquellos que descienden de poblaciones que habitaban el territorio de Guatemala antes de la conquista o colonización y han logrado mantener sus propias instituciones sociales, económicas, políticas y culturales, o parte de ellas. Los términos grupo indígena, pueblo indígena, grupo étnico o comunidad indígena se entenderán como sinónimos y su utilización indistinta en esta y demás leyes del país, no disminuirá ni afectará los derechos que les son propios. j) SISTEMA JURÍDICO PROPIO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS: Se entenderá por Sistema Jurídico propio de los Pueblos Indígenas, al conjunto de normas, principios, valores, usos, prácticas, costumbres, tradiciones y procedimientos basados en la cosmovisión indígena que aplican sus autoridades para la resolución o arreglo de conflictos de cualquier naturaleza, en el marco de su organización y convivencia social. k) TIERRA Y TERRITORIOS INDÍGENAS: Son las áreas, tierras o territorios que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado de alguna otra manera los Pueblos Indígenas y que constituye un elemento con quien entablan una relación especial cultural y de valores espirituales en la búsqueda del desarrollo sostenible. Las tierras o territorios de los Pueblos Indígenas comprenden la totalidad del hábitat que tradicionalmente poseen, ocupan o utilizan de alguna otra manera y constituye un conjunto de elementos entre los que se tiene el ámbito tradicional de sus actividades sociales, económicas, políticas y culturales incluyendo la tierra agrícola, los bosques, los ríos, lagunas, mar, el subsuelo, el aire, la caza, pesca, los cementerios, y otros lugares sagrados de los pueblos y comunidades indígenas.
l) TIERRA COMUNAL: Es el área geográfica en propiedad, posesión, tenencia o uso de los pueblos o comunidades indígenas. También forman parte de estas tierras aquellas que tradicionalmente han sido poseídas y administradas mediante el régimen comunal por dichos pueblos. m) SOBERANÍA ALIMENTARIA: Es el derecho que tienen los Pueblos Indígenas de definir sus propias políticas agrícolas y alimentarias, de acuerdo a su cultura y relación con la naturaleza. ARTÍCULO 12. PRINCIPIOS. Son principios orientadores de la presente Ley, los siguientes: 1. El respeto a los diversos pueblos que conviven en Guatemala, sus culturas e idiomas. 2. El fomento a la armonía y equilibrio en las relaciones multiculturales e interculturales. 3. El combate y erradicación de la exclusión y discriminación de los Pueblos Indígenas. 4. La participación política ciudadana y promoción de la democracia participativa, en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades de los Pueblos Indígenas. 5. El respeto de los derechos de los Pueblos Indígenas a las tierras, territorios y recursos naturales que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado, así como a la conservación y mantenimiento del equilibrio ambiental y su desarrollo humano, con base en sus cosmovisiones. 6. El reconocimiento y respeto de continuidad histórica del desarrollo de la cultura y visión filosófica ininterrumpida durante miles de años de los Pueblos Indígenas. 7. En materia de derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno. 8. La equidad de género, entendida como la no discriminación ni exclusión de la mujer y la participación efectiva, tanto de hombres como de mujeres.
TÍTULO III DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS CAPÍTULO I DERECHO A LA IDENTIDAD CULTURAL E INSTITUCIONES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
ARTÍCULO 13. IDENTIDAD CULTURAL. El Estado reconoce, respeta y promueve el derecho de las personas y los Pueblos Indígenas a su identidad cultural, formas de vida, organización social y comunitaria, espiritualidad, educación, sistema de justicia, idiomas, uso del traje en hombres y mujeres, así como sus valores, prácticas, costumbres y tradiciones. ARTÍCULO 14. INSTITUCIONES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. El Estado reconoce, respeta y promueve el derecho de las personas y los Pueblos Indígenas a conservar, fortalecer y desarrollar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales.
CAPÍTULO II DERECHO A LA EDUCACIÓN BILINGÜE INTER Y MULTICULTURAL
ARTÍCULO 15. EDUCACIÓN BILINGÜE INTER Y MULTICULTURAL. Todos los guatemaltecos y guatemaltecas indígenas, tienen derecho a una educación que respete su cultura, su idioma y su visión del mundo. El Estado a través del Ministerio de Educación con el apoyo, coordinación y cooperación del Ministerio de Cultura y Deportes, por medio de programas específicos y su transformación estructural, garantizará el pleno ejercicio de este derecho.
ARTÍCULO 16. POLÍTICA Y PROGRAMAS EDUCATIVOS. El Ministerio de Educación a través del Viceministerio de Educación Bilingüe intercultural, desarrollará la política pública y programas educativos encaminados al impulso de la educación bilingüe multicultural, creando la institucionalidad necesaria para el efecto. ARTÍCULO 17. NOMBRAMIENTO DE PERSONAL. El Ministerio de Educación como autoridad nominadora, deberá contratar y nombrar al personal técnico y docente especializado y con pertinencia cultural en todo el país que responda al impulso de la educación bilingüe multicultural, según las regiones lingüísticas definidas como tales. ARTÍCULO 18. EDUCACIÓN SUPERIOR. Se reconoce el derecho que tienen los Pueblos Indígenas a la educación superior tanto a recibirla como a impartirla. Para el pleno ejercicio de este derecho, el Estado a través de la Universidad de San Carlos de Guatemala, deberá generar las condiciones y mecanismos jurídicos y políticos, desde la cosmovisión y cultura indígenas, para lo cual deberá el Organismo Ejecutivo asignar presupuesto para tal efecto.
CAPÍTULO III DERECHO A LA ESPIRITUALIDAD, LIBRE ACCESO Y RESPETO A LOS LUGARES SAGRADOS
ARTÍCULO 19. DERECHO A LA ESPIRITUALIDAD. El Estado reconoce, respeta y promueve el derecho de las personas y los Pueblos indígenas a su espiritualidad. El Estado y las instituciones deberán garantizar el ejercicio en público y/o privado de este derecho. ARTÍCULO 20. LIBRE ACCESO A LOS LUGARES SAGRADOS. El Estado reconoce el derecho inalienable de las personas y los Pueblos Indígenas de libre acceso a sus Lugares Sagrados para la práctica de su espiritualidad, sin restricción ni pago de cuota alguna, a los Lugares Sagrados o Sitios, Monumentos, Parques, Complejos o Centros Arqueológicos que se localizan en todo el te1 4
rritorio nacional y que se encuentran o no bajo la jurisdicción legal del Ministerio de Cultura y Deportes, para la realización de sus ceremonias en los Altares Sagrados ubicados para el efecto. ARTÍCULO 21. RESPETO A LOS GUÍAS ESPIRITUALES Y LUGARES SAGRADOS. Es deber del Estado, cualquier institución, grupo de personas o particulares valorar y respetar a los guías espirituales indígenas, los lugares sagrados, las ceremonias así como los símbolos propios de la espiritualidad indígena. Asimismo, es un derecho de todos los indígenas reclamar y exigir su respeto. ARTÍCULO 22. PROHIBICIÓN DE USO DE SÍMBOLOS. Se prohíbe la utilización militar de los símbolos considerados sagrados por los Pueblos Indígenas de Guatemala.
CAPÍTULO IV DERECHO A LOS BIENES NATURALES
ARTÍCULO 23. DERECHO HISTÓRICO A LA TIERRA. El Estado reconoce el derecho histórico u originario de los Pueblos Indígenas a las tierras o territorios que tradicionalmente les pertenecen, han poseído, administrado o utilizado de alguna otra manera, o que actualmente poseen o no. En consecuencia, este derecho es imprescriptible, irrenunciable e inalienable, por lo que los pueblos indígenas podrán activar el sistema para registrarla en el ejercicio del derecho de propiedad y posesión o, en su caso, reclamar y recuperar aquellas tierras que les hayan sido despojadas por cualquier vía ilegal. ARTÍCULO 24. DERECHO A UTILIZACIÓN DE OTRAS TIERRAS. El Estado reconoce y garantiza el derecho de las personas y Pueblos Indígenas a utilizar las tierras que no estén exclusivamente poseídas por ellos, pero a las que han tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. ARTÍCULO 25. DERECHO DE UTILIZACIÓN DE LOS BIENES NATURALES. El Estado reconoce y garantiza el derecho de
las personas y Pueblos Indígenas a la utilización, administración y conservación de las tierras, territorios y bienes naturales que tradicionalmente les pertenecen, han poseído, adquirido o utilizado de alguna otra manera. ARTÍCULO 26. COORDINACIÓN ACERCA DE LOS BIENES NATURALES. El Estado a través de sus Instituciones autónomas, semiautónomas, centralizadas o descentralizadas, deberán coordinar con los Pueblos Indígenas y sus Autoridades, lo relativo al aprovechamiento, uso y distribución de los bienes naturales y respetar cualesquiera decisiones que dichos pueblos y Autoridades tomen sobre los mismos, de acuerdo a su visión e intereses comunitarios para el desarrollo. ARTÍCULO 27. USO DEL AGUA. Es deber del Estado y de las Municipalidades, respetar las formas y tenencias de los pueblos indígenas, en torno a las fuentes o nacimientos de agua, su uso, distribución y aprovechamiento, según su cultura y su visión del desarrollo. Asimismo, deberá respetarse la decisión que se tome en la solución de los conflictos que surjan en relación al agua, de acuerdo a su sistema de justicia. ARTÍCULO 28. DE LA SUCESIÓN HEREDITARIA. Los pueblos indígenas como sujetos de derecho tienen la capacidad jurídica de transmitir sus derechos sobre la tierra y demás bienes entre sus miembros, conforme a las costumbres de sucesión propias de su cultura en el marco de su sistema jurídico. ARTÍCULO 29. DE LA INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE BIENES. El Registro General de la Propiedad, habilitará los libros para la inscripción de los derechos de propiedad o posesión comunal y colectiva de tierras de pueblos indígenas. Sin embargo, el Estado queda obligado a reconocer y respetar los registros de tierras comunales que, según sus prácticas, tradiciones y sistema jurídico, posean o tengan los pueblos indígenas.
CAPÍTULO V DERECHO A LA CONSULTA Y SU PROCEDIMIENTO
ARTÍCULO 30. DERECHO A CONSULTA DE BUENA FE E INFORMADA. Los Pueblos Indígenas tienen derecho a ser consultados previa y ampliamente informados, cada vez que las instituciones del Estado prevean tomar medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directa o indirectamente. Las consultas a los Pueblos Indígenas, deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de que decidan sobre el objeto de la consulta. ARTÍCULO 31. RESPETO A LAS INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. Las instituciones del Estado, en cumplimiento del derecho de consulta a los pueblos indígenas, deberán respetar las instituciones representativas de éstos, los procedimientos propios que implementen en el proceso de consulta, así como la manera o forma de participación y adopción de decisiones. ARTÍCULO 32. VALIDEZ DEL RESULTADO DE LA CONSULTA. El resultado del ejercicio del derecho de consulta tendrá validez legal y será vinculante en el asunto consultado, para garantizar y respetar la decisión de los Pueblos Indígenas.
CAPÍTULO VI DERECHO A LA LIBRE DETERMINACIÓN Y AUTONOMÍA
ARTÍCULO 33. LIBRE DETERMINACIÓN Y AUTONOMÍA. El Estado reconoce y respeta el derecho de libre determinación de los Pueblos Indígenas, dentro del marco de la unidad de la nación, la integralidad del territorio y la indivisibilidad del Estado. En ejercicio de su derecho de libre determinación, los Pueblos Indígenas determinan libremente, acorde a sus prácticas, costumbres y
procedimientos, su condición política, jurídica y autonomía o autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. ARTÍCULO 34. DERECHO AL DESARROLLO. El Estado reconoce y respeta el derecho de las personas y Pueblos Indígenas a decidir sobre su propio desarrollo, en las condiciones, circunstancias y modalidades que su cultura exige. En consecuencia, los Pueblos Indígenas tienen la facultad para participar activamente, determinar, elaborar prioridades y estrategias, programas de salud, vivienda y demás programas económicos y sociales que les conciernan y, a administrar dichos programas mediante sus propias instituciones. El Estado está obligado a dotarles de presupuesto para estos fines.
CAPÍTULO VI DERECHO A LA SALUD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
ARTÍCULO 35. DERECHO A LA SALUD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. El goce de la salud es un derecho fundamental de los Pueblos Indígenas, sin discriminación alguna. El Estado deberá velar por la salud y asistencia social de dichos pueblos con pertinencia cultural. Desarrollará a través de sus instituciones, en coordinación con los pueblos indígenas, acciones de prevención, promoción, curación, recuperación, rehabilitación y las complementarias pertinentes a fin de procurarles el más completo bienestar físico, mental y social. El régimen de seguridad social del país deberá extenderse y aplicarse progresivamente a los pueblos indígenas, sin discriminación alguna. ARTÍCULO 36. DE LA MEDICINA TRADICIONAL INDÍGENA. Los Pueblos Indígenas tienen derecho a desarrollar toda la tradición y práctica de medicina concebida desde su propia cos1 8
movisión. El Estado, a través del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, tiene la obligación de crear condiciones y mecanismos para garantizar este derecho, su desarrollo y su sistematización en coordinación con las instituciones propias de dichos pueblos. Para el efecto, el Estado deberá asignar el presupuesto correspondiente. ARTÍCULO 37. DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA MEDICINA TRADICIONAL. Los Pueblos Indígenas tienen el derecho de propiedad intelectual sobre sus conocimientos ancestrales en materia de salud, prácticas y medicina tradicional. El Estado, en coordinación con los Pueblos Indígenas, adoptará e implementará las medidas para la efectiva garantía y respeto de este derecho.
CAPÍTULO VII DERECHO A LA SOBERANÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
ARTÍCULO 38. SOBERANÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA. El Estado reconoce el derecho de los Pueblos Indígenas a la soberanía y seguridad alimentaria y en ejercicio de este derecho tienen la facultad de definir sus propias políticas agrícolas y alimentarias, de acuerdo a su cultura y relación con la naturaleza, así como de conservar y producir con sus propias semillas, según la tradición ancestral de la producción agrícola. La seguridad alimentaria es el derecho a la alimentación de los Pueblos Indígenas, a tener alimentos y recursos para la producción de los mismos, seguros, nutritivos y culturalmente apropiados. ARTÍCULO 39. OBLIGACIONES DEL ESTADO. El Estado, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y otras instituciones relacionadas, en coordinación con los Pueblos Indígenas, deberá impulsar las políticas y disposiciones jurídicas, así como la elaboración de programas, proyectos, apoyo técnico y dotación de recursos para garantizar el ejercicio de su derecho a la soberanía y seguridad alimentaria.
CAPÍTULO VIII DERECHOS DE LAS MUJERES INDÍGENAS
ARTÍCULO 40. DERECHO DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA. El Estado reconoce el derecho de las mujeres indígenas de participar equitativamente en todos los espacios de toma de decisiones en lo social, económico, político y cultural, de acuerdo a sus formas de vida y organización que garantice su representatividad de manera plena y efectiva, y superar la exclusión histórica de la que han sido objeto. ARTÍCULO 41. SEGURIDAD A LA INTEGRIDAD DE LAS MUJERES. Las mujeres indígenas tienen derecho a la seguridad integral que incluye su integridad física, mental y sexual. Es deber del Estado y de las Autoridades Indígenas velar por el estricto cumplimiento y respeto de este derecho. ARTÍCULO 42. DERECHO AL DESARROLLO. Las mujeres indígenas tienen el derecho inalienable de decidir sobre su desarrollo individual, familiar y social, por lo que el Estado y las Autoridades Indígenas deberán garantizar el ejercicio de este derecho. ARTÍCULO 43. DERECHO AL TRABAJO. Todas las mujeres indígenas tienen derecho a optar a un empleo digno y a desempeñarlo con respeto a su cultura, traje, idioma, tradiciones y deben ser remuneradas con salario justo, equitativo e igualitario.
CAPÍTULO IX DE LA JURISDICCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, RECONOCIMIENTO DE LAS AUTORIDADES Y OBLIGATORIEDAD DE SUS RESOLUCIONES
ARTÍCULO 44. JURISDICCIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS. EL Estado reconoce el derecho y potestad legal de los Pueblos Indígenas de administrar justicia, en el marco de su organización so1 0
cial, a través de las Autoridades Indígenas, de acuerdo a su propio sistema jurídico. ARTÍCULO 45. DEL RECONOCIMIENTO DE LAS AUTORIDADES. El Estado reconoce a las Autoridades de los Pueblos Indígenas, como la expresión legítima de la organización y representación del ejercicio de la función jurisdiccional indígena y que se acredita con el documento de su elección, nombramiento o respaldo de la comunidad. ARTÍCULO 46. OBLIGATORIEDAD DE LAS RESOLUCIONES. Las decisiones y/o resoluciones de las Autoridades Indígenas, escritas o verbales, en la aplicación de la justicia, solución o arreglo de conflictos de cualquier naturaleza constituyen cosa juzgada, tienen carácter vinculante, validez y efectos legales. Las partes y las instituciones del Estado, están obligadas a respetar y acatar dichas decisiones y/o resoluciones. ARTÍCULO 47. VALIDEZ Y PLENA PRUEBA DE DOCUMENTOS. Todos los documentos autorizados por las Autoridades Indígenas, tienen plena validez y hacen plena prueba, salvo prueba en contrario. ARTÍCULO 48. AUXILIO INTERINSTITUCIONAL Y NO INTERFERENCIA. Es obligación de las instituciones del Estado, cooperar y prestar el auxilio que requieran las Autoridades Indígenas en sus localidades, para garantizar el libre y pleno ejercicio de su función jurisdiccional. Ninguna otra autoridad puede avocarse el conocimiento de los asuntos pendientes por resolver y que son del conocimiento de una Autoridad Indígena. Cuando las Autoridades Indígenas consideren y decidan que un asunto no es de su competencia, lo comunicarán inmediatamente a las autoridades o tribunales competentes, para que intervengan y resuelvan conforme a la ley.
CAPÍTULO X DERECHOS DE LOS INDÍGENAS SOMETIDOS A LA JURISDICCIÓN ESTATAL
ARTÍCULO 49. PERTINENCIA CULTURAL. El Estado, a través de las instituciones de la administración de justicia, debe respetar y considerar las formas de vida particulares, el idioma, cultura, prácticas y tradiciones de los Pueblos Indígenas cuando accesen al sistema de justicia estatal. Para el efecto, en sus resoluciones deberán auxiliarse en peritajes culturales, informes técnicos y científicos para garantizar el respeto a la pertinencia cultural. ARTÍCULO 50. CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL DEL SUJETO A PROCESO PENAL. En los casos de hechos que ameriten persecución penal por la justicia ordinaria, las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre estos hechos deberán tener en cuenta las costumbres, condición social, económica y cultural de la persona indígena sometida a proceso, por lo que, cuando los tribunales impongan sanciones penales, darán preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento. ARTÍCULO 51. NO PERSECUCIÓN PENAL. Las personas indígenas tendrán derecho a no ser perseguidas penalmente por hechos que en su cultura y su derecho, son actos jurídicos legítimos o permitidos. Ninguna Autoridad Indígena puede ser perseguida penalmente, por el ejercicio de su cargo, desempeñado de conformidad a su cultura, costumbres, tradiciones y sistema jurídico.
CAPÍTULO XI DERECHO DE PARTICIPACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN LOS ORGANISMOS E INSTITUCIONES DEL ESTADO.
ARTÍCULO 52. DERECHO DE PARTICIPACIÓN. El Estado reconoce el derecho de participación de los Pueblos Indígenas en las instituciones estatales, a través de sus representantes electos, nombrados o designados legítimamente por dichos pueblos para ocupar cargos públicos. ARTÍCULO 53. NOMBRAMIENTO A CARGOS DE MINISTROS DE ESTADO. El Presidente de la República, a propuesta de los Pueblos Indígenas, podrá nombrar un cincuenta por ciento de hombres y mujeres indígenas, para los cargos de Ministros de Estado, quienes deberán cumplir con los requisitos legales. ARTÍCULO 54. REPRESENTACIÓN EN EL GABINETE DE GOBIERNO. Los Pueblos Maya, Garifuna y Xinca a través de sus Autoridades, tendrán un representante cada uno, con voz, en el Gabinete de Gobierno. Para el efecto, el Estado deberá asignar el presupuesto correspondiente. ARTÍCULO 55. ELECCIÓN DE REPRESENTANTE. Los Pueblos Indígenas nombrarán a sus representantes de acuerdo a sus formas de organización social y normativa propia. ARTÍCULO 56. INTEGRACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Para efectos de la elección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la Comisión de Postulación deberá seleccionar e incluir en los listados o nóminas de candidatos que propongan al Congreso de la República, por lo menos el treinta por ciento de profesionales indígenas. En caso de no reunir el porcentaje antes indicado, la Comisión enviará la lista con los candidatos indígenas que se hayan postulado.
En cumplimiento de lo establecido en el primer párrafo, el Congreso de la República, deberá elegir a por lo menos cuatro hombres o mujeres indígenas, para integrar la Corte Suprema de Justicia; y, en el caso de lo establecido en el segundo párrafo, cuando el número de seleccionados no llegue a cuatro, el Congreso elegirá al número que contenga la nómina. ARTÍCULO 57. INTEGRACIÓN DE LAS SALAS DE CORTE DE APELACIONES. Para efectos de la elección de Magistrados de las Salas de Corte de Apelaciones, la Comisión de Postulación deberá seleccionar e incluir en los listados o nóminas de candidatos que propongan al Congreso de la República, por lo menos el treinta por ciento de profesionales indígenas. En caso de no reunir el porcentaje antes indicado, la Comisión enviará la lista con los candidatos indígenas que se hayan postulado. En cumplimiento de lo establecido en el primer párrafo, el Congreso de la República, deberá elegir a por lo menos treinta por ciento de hombres o mujeres indígenas, para integrar las Cortes de Apelaciones; y, cuando no se llegue al treinta por ciento, el Congreso elegirá al número que contenga la nómina. ARTÍCULO 58. INTEGRACIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL. Para efectos de la elección de Magistrados al Tribunal Supremo Electoral, la Comisión de Postulación deberá seleccionar e incluir en los listados o nóminas de candidatos que proponga al Congreso de la República, por lo menos el treinta por ciento de profesionales indígenas. El Congreso de la República, en todo caso, deberá elegir por lo menos dos Magistrados titulares y dos suplentes, hombres o mujeres indígenas que cumplan con los requisitos establecidos en la ley, para integrar el Tribunal Supremo Electoral. ARTÍCULO 59. DE LA PROCURADURÍA ADJUNTA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. El Procurador de los Derechos Humanos, en ejercicio de las funciones que le confiere la Ley de la materia, deberá nombrar, de los
dos Procuradores Adjuntos, un Procurador o Procuradora que sea indígena para este cargo, a propuesta de los Pueblos Indígenas. ARTÍCULO 60. FISCALÍA ESPECIAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. El Fiscal General de la República en el ejercicio de las facultades que le otorga la Ley Orgánica del Ministerio Público, deberá crear la Fiscalía de Sección de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, para hacer efectivo el ejercicio de la persecución y la acción penal pública en aquellos delitos que constituyen una violación a los derechos humanos de dichos pueblos. El fiscal a cargo de la fiscalía deberá ser indígena y experto en derecho de Pueblos Indígenas, a propuesta de dichos Pueblos.
TÍTULO IV DE LA SEGURIDAD INTERNA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LUCHA CONTRA EL RACISMO. CAPÍTULO I SEGURIDAD INTERNA Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
ARTÍCULO 61. DERECHO A LA SEGURIDAD INTERNA Y UNIDAD COMUNITARIA. Los Pueblos Indígenas tienen derecho a su seguridad interna y la obligación de conservar su unidad comunitaria y social. ARTÍCULO 62. COORDINACIÓN INSTITUCIONAL CON LOS PUEBLOS INDÍGENAS. En respeto al derecho establecido en el artículo anterior, el Estado deberá coordinar con las Autoridades Indígenas, a fin de garantizar sus formas propias de organización social constitucionalmente reconocidas.
CAPÍTULO II LUCHA CONTRA EL RACISMO Y DISCRIMINACIÓN
ARTÍCULO. 63. PLAN DE LUCHA CONTRA EL RACISMO Y LA DISCRIMINACIÓN. Todas las instituciones del Estado en coordinación con la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas, deberán implementar un plan de lucha contra el racismo y la discriminación, el cual deberá incluir un programa de sensibilización, formación y capacitación a todos los funcionarios públicos sobre estos temas, así como de información sobre el delito de discriminación y su sanción, según lo estipulado en el Código Penal vigente. ARTÍCULO 64. OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR EN MATERIA DE DISCRIMINACIÓN. Los funcionarios públicos tienen la obligación de denunciar ante la autoridad correspondiente de un acto de discriminación del que tenga conocimiento o hayan presenciado, bajo pena de incurrir en delito de omisión de denuncia.
TÍTULO V CAPÍTULO I DISPOSICIONES FINALES
ARTÍCULO 65. DEROGATORIA. Se derogan todas las disposiciones que se opongan o contravengan a la presente ley. ARTÍCULO 66. DIVULGACIÓN. El Organismo Ejecutivo deberá reproducir esta Ley en los idiomas de los pueblos Mayas, Garífuna y Xinca, así como difundir la existencia y vigencia de la misma, a través de todos los medios de difusión social del país. ARTÍCULO 67. VIGENCIA. El presente Decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial. REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL DÍA… DE… DEL AÑO…
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