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Timestamp: 2019-11-12 03:28:13
Document Index: 74863018

Matched Legal Cases: ['artículo 99', 'artículo 64', 'artículo 46', 'artículo 37', 'artículo 47', 'artículo 46', 'artículo 61', 'artículo 230', 'artículo 53', 'artículo 47', 'artículo 46']

República de Colombia Corte Suprema de Justicia sala de casación laboral
Radicación No. 29928
Bogotá, D. C., veintiocho (28) de febrero de dos mil ocho (2008).
“(...) cuando una de las partes de un contrato laboral pactado a término fijo en la oportunidad legal manifiesta su intención de no prorrogarlo, ese contrato puede terminar a la llegada del plazo por darse uno de los eventos previstos en la ley.”
Se pronuncia la Corte sobre el recurso de casación interpuesto por CARLOS EDUARDO CORREA CANO contra la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Laboral, de fecha 11 de octubre de 2005, adicionada el 23 de febrero de 2006, proferida en el proceso ordinario laboral que promovió contra la COMPAÑÍA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A., COMPAÑÍA SURAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA S.A. y COMPAÑÍA SURAMERICANA DE CAPITALIZACIÓN S.A.
Carlos Eduardo Correa Cano demandó a las sociedades referidas para que se declare que su contrato de trabajo terminó por despido sin justa causa; para que se condene a las demandadas a reconocerle comisiones por colocación de pólizas causadas y no pagadas y, por ende, a reliquidarle el auxilio de cesantías y sus intereses; a pagarle la indemnización por despido unilateral y sin justa causa, la indemnización por no consignación de cesantías en un fondo, la indemnización moratoria, la actualización de las condenas.
Fundamentó esas súplicas en que laboró para las demandadas mediante contrato de trabajo escrito a término fijo de un año, a partir de 11 de diciembre de 1989, que se prorrogó por varios años y concluyó el 10 de diciembre de 1993, mediante comunicación de que no sería renovado; que verbalmente le dijeron que siguiera trabajando en las mismas condiciones pactadas, por lo que a partir de esa fecha su vinculación estuvo regida por un contrato verbal indefinido hasta el 10 de octubre de 2000, cuando fue terminado por las empleadoras, de manera unilateral e injusta; que colocaba pólizas de seguros y títulos de capitalización como agente vendedor y devengaba comisiones de ventas pactadas en las cláusulas 7 y 8 del contrato, con porcentajes fijados en anexo que se liquidaban a partir de que los tomadores pagaran de la primera a la cuarta cuotas de cada título vendido a 36 meses de plazo; que en los últimos años las comisiones se pagaban al año, a la segunda cuota, a los 24 meses cuando se pagaba la tercera y a los 36 meses cuando se pagaba la cuarta y ésta sólo se pagaba para los títulos con plazo de 6 meses; que sin su aceptación las empleadoras decidieron que las comisiones sobre la primera cuota que era del 30% sólo se pagaría el 13,5%, que jamás se le pagó; que le deben el reajuste de sus cesantías e intereses; que recibía unas bonificaciones permanentes que se pagaban mes a mes, pero que no se incluyeron en la liquidación de sus prestaciones sociales; y que las empleadoras nunca le consignaron las cesantías en un fondo, por lo que incurrieron en la sanción prevista por la ley.
Las demandadas se opusieron a las pretensiones; admitieron el contrato de trabajo a término fijo de un año a partir de 11 de diciembre de 1989, y aclararon que terminó el 10 de diciembre de 2000 porque la comunicación de 14 de octubre de 1993 no finiquitó la relación laboral, porque el contrato se fue renovando, año tras año, para concluir en la fecha indicada; negaron los demás hechos e invocaron las excepciones de prescripción, falta de causa para pedir, inexistencia de la obligación, pago, buena fe de las demandadas, compensación y temeridad y mala fe del demandante.
El Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín, en sentencia de 11 de mayo de 2005, condenó a las demandadas a pagar al demandante $30.994,oo por comisiones, $31.842,oo por reajuste de auxilio de cesantía y $3.608,oo por intereses a las cesantías, más la indexación de esas acreencias.
De la decisión apeló el demandante y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Laboral, en la sentencia aquí acusada y adicionada, la confirmó.
El ad quem arguyó que el actor fungió de agente colocador de pólizas de seguros y títulos de capitalización y que se controvierte si hubo dos contratos laborales, el primero a término fijo entre el 11 de diciembre de 1989 y el 10 de diciembre de 1993, y el segundo, verbal e indefinido, de 11 de diciembre de 1993 a 10 de diciembre de 2000, o si fue un solo contrato a término fijo de un año que se inició el 11 de diciembre de 1989 y terminó el 10 de diciembre de 2000.
Aseveró que a folios 31 y 36 obra el contrato de trabajo suscrito por las partes a término fijo de un año el 11 de diciembre de 1989 y que a folio 37 milita la comunicación de las demandadas, de 14 de octubre de 1993, mediante la cual informaron al demandante que el contrato no sería renovado, pese a lo cual aquél continuó vinculado y sin solución de continuidad hasta el 10 de diciembre de 2000, dado que el 10 de octubre de 2000 las empleadoras le enviaron al trabajador, por escrito, un preaviso idéntico al anterior, como consta a folio 38.
Esgrimió que en realidad se trató de un solo contrato a término fijo, en razón de que el preaviso de 14 de octubre de 1993 fue dejado sin efecto por las partes, de manera tácita, al punto de que las empleadoras no liquidaron las prestaciones sociales definitivas para el 10 de diciembre de 1993, puesto que de ahí hacia delante el trabajador no se preocupó por reclamar en ese sentido, por lo que se trató de una tácita reconducción del contrato, plenamente válida, por la vocación de continuidad que caracteriza al contrato de trabajo, para concluir que no hay lugar a la pretendida indemnización porque el preaviso que tuvo los efectos de ley fue el de 10 de octubre de 2000, como se aprecia a folio 38.
Estimó que se deberá absolver a las demandadas de la indemnización moratoria prevista por el artículo 99-3 de la Ley 50 de 1990, por no estar obligadas a consignar la cesantía del demandante en un fondo, porque esa prestación social siempre estuvo regida por el sistema tradicional del Código Sustantivo del Trabajo.
Explicó que respecto de las comisiones por colocación de pólizas que se alega fueron causadas y no pagadas, deben tomarse en cuenta las cláusulas 8ª y 12ª del contrato suscrito entre las partes, que en seguida reprodujo; adujo que ellas son plenamente válidas y que si algunas pólizas colocadas por el demandante, cuando se desempeñaba como trabajador, continuaban vigentes a la finalización de su contrato, y que las primas pagadas generarían la cancelación de comisiones, de esas cláusulas se infiere que no le asiste derecho alguno a reconocimiento, por ser necesario que su contrato de agente y su credencial se hallaran vigentes para merecer ese beneficio, razones que lo condujeron a acoger el dictamen rendido por la perito designada por el Juez de conocimiento, dada su argumentación y claridad, y confirmó los reajustes que por cesantía e intereses, con la indexación respectiva, dedujo el funcionario (folio 550), experticio que nuevamente “prohíja, pues corresponde a la verdad real que milita dentro del proceso. Consecuentemente, se proferirá sentencia complementaria absolviendo a la demandada de la pretensión segunda literal A) de la demanda.” (Folio 563).
III. EL RECURSO CASACIÓN
Lo interpuso el demandante y con él pretende que la Corte case parcialmente la sentencia del Tribunal para que, en sede de instancia, revoque parcialmente la del Juzgado y, en su lugar, profiera una en la que, adicional a las condenas fulminadas, acoja las pretensiones de la demanda inicial.
Para el efecto propuso un cargo que fue replicado.
Acusa la sentencia del Tribunal de violar en forma directa, por interpretación errónea, los artículos 37, 46 y 47 del Código Sustantivo del Trabajo, los dos últimos modificados por el 3 de la Ley 50 de 1990 y 5 del Decreto 2351 de 1965, lo que condujo a la infracción directa, por falta de aplicación de los artículos 61, literal c), numeral 1, 64 y 249, ibídem, modificados por los artículos 5, 6 y 98 a 106 de la Ley 50 de 1990, en especial el 99-3, ibídem.
Para su demostración, que se resume por estar plasmada en un extenso alegato, afirma que el Tribunal, absolvió a las demandadas de la indemnización por despido injusto del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo modificado por el 6 de la Ley 50 de 1990, y de la sanción por falta de consignación del auxilio de cesantías en un fondo, dispuesta por el 99-3 de la Ley 50 de 1990, pese a que lo despidieron sin justa causa y no le consignaron desde el 31 de diciembre de 1993, por estimar que el preaviso de folio 37, fechado el 14 de octubre de 1993, fue dejado sin efecto por las partes, y por ello dedujo ese juzgador que no había lugar a las indemnizaciones por despido injusto ni a la moratoria.
Asevera que el error de entendimiento del artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el 3 de la Ley 50 de 1990, consistió en que las partes, como el ad quem, coincidieron en que el contrato a término fijo de un año se celebró en diciembre de 1989 y se extendió hasta el 10 de diciembre de 2000, dado que con fecha octubre 14 de 1993 reposa a folio 37 una comunicación que lo terminaba, de la que transcribe un fragmento, y que pese a ello siguió laborando hasta que el 10 de octubre de 2000, fecha en que recibe una nueva comunicación, concebida en iguales términos a la anterior, en la que le informan las empleadoras que el contrato de trabajo a término fijo de un año no será renovado, la que ya sí tuvo el efecto de producir la terminación.
Explica que el contrato de trabajo está sometido a modalidades, por permitirlo el artículo 37 del Código Sustantivo del Trabajo, que puede ser verbal o escrito, y a término indefinido por mandato del artículo 47, ibídem, modificado por el 5 del Decreto 2351 de 1965, y que a diferencia del de término indefinido, debe constar por escrito, según el artículo 46, modificado por el 3 de la Ley 50 de 1990.
Enfatiza que si antes del vencimiento del término estipulado una de las partes avisare por escrito su decisión de no prorrogarlo con antelación a 30 días, el contrato no se entenderá renovado, y que al contrario, la consecuencia es que termina por expiración del plazo fijo pactado, según el artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo, que se impone a todos, jueces y magistrados, por mandato constitucional de su artículo 230, porque la ley no establece diferencia y el intérprete no puede hacerlo, por ser las normas laborales de orden público y porque ha de estarse, según el artículo 53 de la Constitución Política, a la situación más favorable al trabajador, por el sentido protector del derecho del trabajo, en la interpretación de preceptos dudosos en beneficio de la parte débil.
Reproduce un fragmento de la Sentencia T-01-99 de la Corte Constitucional e insiste en que pese a haber continuado prestando sus servicios personales hasta el 10 de diciembre de 2000, sin solución de continuidad, ello no constituye obstáculo para que en conformidad con el artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo el trabajador mantenga su vinculación por una relación personal de trabajo, pues aquél no termina sino que por mandato claro de la ley laboral cambia de modalidad al pasar a un contrato de trabajo a término indefinido, lo que no entendió el Tribunal, puesto que estimó erróneamente que el contrato se prorrogó en forma tácita, con lo que desconoció un mandato claro de la ley laboral.
Sostiene que la demanda de casación exhibe graves defectos de técnica que impiden su estudio, pues en el alcance de la impugnación se pide la “casación parcial”, sin determinar en qué aspectos, omisiones que la Corte no puede enmendar de oficio, y pese a estar dirigida por la vía directa su pilar es eminentemente fáctico, porque se apoya en medios probatorios y conclusiones de facto.
Aduce que en el fondo la demanda no contiene argumentos jurídicos que logren demostrar la interpretación errónea que el recurrente le endilga a la sentencia atacada, y no existe prueba en el plenario que acredite el fin de la relación de trabajo el 10 de diciembre de 1993 y el comienzo de una nueva el 11 del mismo mes y año.
Explica que respecto de las comisiones por colocación de pólizas y diferencias entre el monto que le correspondía y el pagado, el impugnante, en la demostración del cargo, anunció el tema pero no lo desarrolló, y que el dictamen pericial de folio 451 acredita los pagos y el documento llamado contrato para generales de vida y capitalización, de folios 31 a 36, que suscribió con la parte demandada, determinó que las comisiones se pagarían siempre y cuando el contrato se mantuviera vigente, por lo que jurídicamente es imposible que el demandante las percibiera al habérsele terminado su contrato.
Es cierto que el alcance de la impugnación no está formulado de manera completa, porque el recurrente no precisa sobre cuáles de las resoluciones de segundo grado debe recaer la casación parcial que se solicita. Pero de lo que se reclama de la Corte en sede de instancia y del desarrollo del cargo puede entenderse que lo que se pretende es la casación de la sentencia en cuanto confirmó las decisiones absolutorias de primer grado.
En lo que extracta la Sala como esencial de su alegato, el recurrente le reprocha al Tribunal que, pese a que se demostraron la terminación del contrato de trabajo a término fijo suscrito entre las partes y la continuidad de la prestación de los servicios por parte del actor con posterioridad a ese hecho, no concluyera que el contrato inicialmente pactado se transformó en uno que debe entenderse celebrado a término indefinido.
Pero al discurrir de esa manera soslaya la fundamental conclusión fáctica del fallador de segundo grado, de tal suerte que entra en contradicción con la cuestión de hecho del proceso, divergencia que, como es suficientemente sabido, no puede darse cuando la vía de ataque escogida es la de puro derecho.
En efecto, el razonamiento toral del Tribunal para negar las pretensiones impetradas por el demandante, consistió en que “En criterio de esta Sala de decisión, en realidad se trató de un solo contrato a término fijo, pues el preaviso de fls. 37, fechado el 14 de octubre de 1993, de manera tácita, las partes lo dejaron sin efecto, al punto que las demandadas no llevaron a cabo ninguna liquidación definitiva de prestaciones sociales para el 10 de diciembre de 1993 y de tal fecha en adelante el accionante no se preocupó por hacer ninguna reclamación en ese sentido. Se trató pues de una tácita reconducción del contrato, plenamente válida, en virtud de la vocación de continuidad que caracteriza al contrato de trabajo y específicamente a la modalidad del término fijo. Por lo tanto, no hay lugar a la indemnización pretendida en la demanda, pues el preaviso que tuvo los efectos de Ley fue el dado por las accionadas el 10 de octubre de 2000, tal como se aprecia a fls. 38.”
De lo anteriormente transcrito se colige, sin esfuerzo, que para el ad quem el documento de folio 37, por medio del cual la demandada le notificó al actor que no renovaría su contrato de trabajo, no produjo el efecto allí perseguido, de modo que ese contrato no se extinguió, por la circunstancia de que el preaviso en él contenido fue dejado sin efecto tácitamente, pues las partes no actuaron como si el contrato efectivamente hubiese terminado. Esa inferencia comporta un análisis estrictamente fáctico y, al mismo tiempo, pone de presente que el supuesto sobre el que se edifica el cargo en realidad no se presentó, porque para el juzgador el contrato que originalmente pactaron las partes no terminó y, por esa razón, se dio su reconducción tácita.
Por lo tanto, no mal interpretó el Tribunal las normas que gobiernan la terminación de los contratos a término fijo y su prórroga automática, pues de la forma en que analizó el asunto sometido a su escrutinio es dable entender que no puso en duda que cuando una de las partes de un contrato laboral pactado a término fijo en la oportunidad legal manifiesta su intención de no prorrogarlo, ese contrato puede terminar a la llegada del plazo por darse uno de los eventos previstos en la ley; pero como halló que, pese al preaviso que en este caso específico se dio, las partes continuaron en la ejecución del contrato, razonablemente entendió que desistieron ellas del propósito de ponerle término a su relación laboral, que, por lo tanto, no sufrió solución de continuidad. Ese raciocinio para la Corte no supone un juicio equivocado de las aludidas normas que se citan en la proposición jurídica, en tanto no desconoce los efectos jurídicos que produce el aviso al que alude el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el 3º. de la Ley 50 de 1990.
Por esa misma razón, tampoco se produjo un errado entendimiento de la norma legal que precisa las circunstancias que dan origen a un contrato laboral a término fijo, pues si entendió que la relación laboral que existió entre las partes continuaba estando regida por un contrato a término fijo, no tenía por qué concluir que ella debía estar gobernada por uno de duración indeterminada.
Lo dicho es suficiente para desestimar el cargo.
Las costas del recurso extraordinario se imponen al recurrente en razón de que hubo oposición.
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Laboral, de fecha 11 de octubre de 2005, adicionada el 23 de febrero de 2006, proferida en el proceso ordinario laboral promovido por CARLOS EDUARDO CORREA CANO contra la COMPAÑÍA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A., COMPAÑÍA SURAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA S. A. y COMPAÑÍA SURAMERICANA DE CAPITALIZACIÓN S. A.
Costas en casación de cargo del recurrente.
ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS
LUIS JAVIER OSORIO LÓPEZ FRANCISCO JOSÉ RICAURTE GÓMEZ