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Timestamp: 2020-04-01 21:00:39
Document Index: 219312602

Matched Legal Cases: ['artículo 29', 'artículo 86', 'artículo 86', 'artículo 40', 'artículo 243', 'artículo 86', 'Artículo 86', 'artículo 32']

﻿ Sentencia 2014-00864 de mayo 15 de 2014
SENTENCIA 2014-00864 DE 15 DE MAYO DE 2014
CONTENIDO:POR REGLA GENERAL, LA TUTELA ES IMPROCEDENTE PARA ATACAR OTROS FALLOS DE TUTELA. LA ACCIÓN DE TUTELA ES INVIABLE CUANDO SE INTERPONE RESPECTO DE PRONUNCIAMIENTOS EMITIDOS EN ASUNTOS DE IDÉNTICOS PERFILES, LOS CUALES SE HALLAN EN TRÁMITE DE IMPUGNACIÓN O LES RESTA SER REVISADOS, EN EL EVENTO DE SER SELECCIONADOS, PUNTO ÚLTIMO DE ESTA EXCEPCIONAL JUSTICIA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, ACCIÓN DE TUTELA, ALCALDE, MEDIDAS CAUTELARES, CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
Sentencia 2014-00864 de mayo 15 de 2014
Rad.: 11001-02-03-000-2014-00864-00
(Aprobado en sesión de catorce de mayo de dos mil catorce)
Decídese la tutela promovida por Carlos Andrés Trujillo Sánchez frente a la Presidencia de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, presidida por el magistrado Óscar Ramírez Cardona, en calidad de ponente, con ocasión de la salvaguarda impetrada por Óscar Augusto Verano contra las dos primeras autoridades citadas, vinculándose a la misma al Ministerio del Interior y al Alcalde encargado de esta capital.
1. Afirma el promotor que la corporación judicial querellada le está quebrantando “(...) el derecho fundamental del ordenamiento jurídico de la carta magna (...)” porque mediante una acción similar a la actual, ordenó el “reintegro de una persona a un cargo”.
También la acusa de “(...) vulnera[r] la jurisprudencia de la Corte Constitucional en Sentencia SU-712/13 (...)”.
2. Para el quejoso, la transgresión deriva del fallo dictado en el amparo referenciado líneas precedentes, porque mediante él se restituyó a Gustavo Petro Urrego al cargo de alcalde de esta ciudad, pese a hallarse en curso el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado por este último, y dentro del cual solicitó el decreto de medidas cautelares.
Estima que ese actuar configura una falta de “(...) respeto a la instituciones del estado (...)”; desconoce el principio general según el cual “prima el interés general sobre el particular”; e infringe el artículo 29 de la Constitución Nacional “(...) al utilizar dos formas distintas (...)”, con el mismo propósito, esto es, devolverle “(...) el puesto [a]l señor Gustavo Petro Urrego, que sería una actitud temeraria”.
3. Pide dejar sin efectos la providencia reprochada.
El tribunal, a través del magistrado ponente de la determinación atacada, se opuso al éxito del resguardo y expresó que el aquí promotor, Carlos Andrés Trujillo Sánchez, no participó en ninguna calidad dentro del asunto constitucional del cual se queja por esta vía.
Agregó que la sentencia motivo de reproche se halla surtiendo el trámite de la impugnación propuesta por la Presidencia de la República, la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio del Interior.
Destacó que en tal determinación no se analizó la procedencia del amparo para lograr el reintegro de funcionarios elegidos por voto popular. El estudio se circunscribió a establecer si conforme con el ordenamiento jurídico patrio, las medidas provisionales dictadas por “(...) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, resultan vinculantes para Colombia y para sus autoridades, concluyendo el fallo ahora cuestionado que sí (...)”.
La Presidencia de la República expresó que el querellante “(...) no fue parte dentro de la acción de tutela (...)” objeto de este auxilio, “(...) de manera que por ese aspecto [este] resultaría evidentemente improcedente (...)”.
El otro convocado guardó silencio.
1. No hay lugar a acceder al amparo, porque los desatinos se predican de la sentencia dictada el 21 de abril de 2014 por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del amparo deprecado por Óscar Augusto Verano contra la Presidencia de la República y la Procuraduría General de la Nación.
Sin embargo, según lo informó el magistrado ponente de esa determinación, la misma fue impugnada por las autoridades accionadas, recurso que en la actualidad se halla en trámite, tal y como se constató de la revisión realizada a la página web de la Rama Judicial.
2. Estando pendiente por definir ese mecanismo de defensa, a ese resultado deberá aguardar el promotor, pues esta excepcional justicia no puede adelantar la adopción de pronunciamientos sobre aspectos que le corresponde zanjar al juzgador natural.
En este orden, la tutela resulta prematura porque, como quedó visto, el asunto que impulsa al gestor a acudir a esta vía se encuentra a la espera de ser solucionado por el juez competente.
Sobre ese aspecto la Corte ha expresado:
“(...) este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales (...) ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideración, pretextando la supuesta violación de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos estén siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protección, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jurídico ha contemplado, sino cuando carezca de estas”(1).
3. Refuerza el fracaso, el hecho de que la salvaguarda es palmariamente improcedente para alegar la configuración de irregularidades de un fallo proferido en un proceso de igual naturaleza, cuyo último trámite es la eventual revisión asignada a la Corte Constitucional.
4. Para esta corporación, el auxilio no es un instrumento que pueda utilizarse para atacar ese tipo de providencias, porque de aceptarse tal postura, se perdería su efectividad como mecanismo de acceso a la justicia para protección de derechos fundamentales.
5. En el caso, los desatinos se predican de la sentencia dictada el 21 de abril de 2014 por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del amparo deprecado por Óscar Augusto Verano contra la Presidencia de la República y la Procuraduría General de la Nación, por, entre otras cosas, “(...) desacatar las medidas cautelares del CIDH, y por ahí desconoc[er] el control de convencionalidad ‘(...) como criterio imperante al momento de resolver sobre la aplicación y obligatoriedad de las medidas cautelares del CIDH’”.
Desde esa perspectiva, es claro el fracaso de la acción, porque, se itera, es inviable cuando se interpone respecto de pronunciamientos emitidos en asuntos de idénticos perfiles, lo cuales se hallan en trámite de impugnación o les resta ser revisados, en el evento de ser seleccionados, punto último de esta excepcional justicia.
6. Improcedencia de la acción de tutela contra sentencias de tutela.
Con la Sentencia C-543 de octubre de 1992, se advirtió la improcedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Excepcionalmente, conforme al mismo precedente, como a una providencia anterior del 12 de mayo de 1992, vertida en el fallo T-006 de 1992, Expediente T-221; y, luego en las decisiones T-079 de 1993 y T-231 de 1994, se estructuró la línea jurisprudencial por “vías de hecho”(2), hoy conocidas como “causales genéricas de procedibilidad” de conformidad con el precedente T-028 de 2008(3), por virtud de las cuales puede acudirse a la tutela contra sentencias, en particularísimas circunstancias.
La tutela no es medio idóneo para resolver discrepancias interpretativas ni las equivocaciones frecuentes que ocurren en los procesos, porque estos están dotados de mecanismos internos suficientes para corregir los yerros de los mismos, tales como excepciones, nulidades, recursos, impedimentos, recusaciones, etc., porque de otra forma se socavaría el principio de autonomía e independencia judicial. Cuando se trata de formulación del amparo contra actuaciones y decisiones realizadas o proferidas en sede de tutela, su procedencia es mucho más restringida; exclusivamente halla pasaporte para los eventos en los cuales sea perceptible al romper la vulneración de un derecho fundamental, o que luego de un extenuante análisis fáctico se encuentre un gravísimo y superlativo motivo que amerite la formulación del amparo, o la afrenta protuberante de un derecho fundamental, porque de lo contrario, significa permitir una cadena interminable, arbitraria y antojadiza de tutelas, que de plano desquiciarían el régimen jurídico y la soberanía del Estado. En el punto ha de observarse un criterio marcadamente restrictivo, porque si bien el juez de tutela no es infalible en sus decisiones, establecer su procedencia, atenta contra la seguridad jurídica que la administración de justicia debe tener. La Corte Constitucional, por ejemplo, ha señalado:
“3.2. La improcedencia de la acción de tutela contra acciones de tutela.
“Esta corporación ha sostenido de manera reiterada(4) que no procede la acción de tutela encaminada a infirmar las decisiones adoptadas en una acción similar. Al respecto, en la Sentencia SU-1219 de 2001 la Sala Plena de la misma corporación unificó la jurisprudencia constitucional relativa a la improcedencia general de la acción de tutela contra sentencias de tutela, en el sentido de dejar en claro que la competencia de esta Corte para revisar las sentencias proferidas por los jueces constitucionales en el ámbito de las acciones de amparo previstas en el artículo 86 de la Carta Política es exclusiva y excluyente.
“(...) 7. Doctrina constitucional y ratio decidendi. No hay tutela contra sentencias de tutela.
“7.1. La conclusión anterior no es más que una regla derivada del propio texto constitucional que reguló directa y específicamente el procedimiento que habrían de seguir las acciones de tutela, el cual fue desarrollado por el Decreto 2591 de 1991 que tiene rango estatutario.
“7.3. La ratio decidendi en este caso excluye la acción de tutela contra sentencias de tutela. El afectado e inconforme con un fallo en esa jurisdicción puede acudir ante la Corte Constitucional para solicitar su revisión(5). En el trámite de selección y revisión de las sentencia de tutela, la Corte Constitucional analiza y adopta la decisión que pone fin al debate constitucional. Este procedimiento garantiza que el órgano de cierre de la jurisdicción constitucional conozca la totalidad de las sentencias sobre la materia que se profieren en el país y, mediante su decisión de no seleccionar o de revisar, defina cuál es la última palabra en cada caso. Así se evita la cadena de litigios sin fin que se generaría de admitir la procedencia de acciones de tutela contra sentencias de tutela, pues es previsible que los peticionarios intentarían ejercerla sin límite en busca del resultado que consideraran más adecuado a sus intereses lo que significaría dejar en la indefinición la solicitud de protección de los derechos fundamentales. La Corte Constitucional, como órgano de cierre de las controversias constitucionales, pone término al debate constitucional, e impide mantener abierta una disputa que involucra los derechos fundamentales de la persona, para garantizar así su protección oportuna y efectiva (C.P., art. 2º)”(6).
Y con relación a las actuaciones irregulares al interior del procedimiento constitucional ha señalado:
“La Corte ha admitido en el pasado la posibilidad de interponer acciones de tutela contra las actuaciones judiciales arbitrarias, incluso de los jueces de tutela, pero no respecto de sentencias de tutela. En efecto, en Sentencia T-162 de 1997, la Corte concedió una tutela contra la actuación de un juez de tutela consistente en negarse a conceder la impugnación del fallo de tutela de primera instancia con el argumento de que el poder presentado para impugnar no era auténtico, pese a que el Decreto 2591 de 1991 establece al respecto una presunción de autenticidad que no fue desvirtuada en el proceso. Por otra parte, en Sentencia T-1009 de 1999, se concedió una acción de tutela contra la actuación de un juez de tutela consistente en no vincular al correspondiente proceso a un tercero potencialmente afectado por la decisión. En ese caso, la Corte declaró la nulidad de todo lo actuado a partir del auto admisorio de la acción de tutela”(7).
Esta circunstancia permite concluir que la acción de tutela contra sentencias de tutela, es improcedente, por regla general.
Esta Corporación no ha sido ajena a la cuestión. Desde los albores de la tutela ha forjado una doctrina bien decantada, en pro del derecho fundamental a la seguridad jurídica.
En sentencia de 15 de octubre de 1993, esta Corte adoctrinó:
“(...) de admitirse contra las sentencias la acción de tutela, tal posibilidad de todas maneras resultaría contraria al espíritu y al mandato del artículo 86 de la Constitución, pues reñiría con su carácter inmediato, en cuanto la orden habría de retrotraerse necesariamente al proceso culminado, con la inequívoca consecuencia de la invalidación, total y parcial, de etapas anteriores a la adopción del fallo, prolongando indefinidamente la solución del litigio. No procede la acción de tutela contra ninguna providencia judicial”(8).
Posteriormente en providencia de 12 de mayo de 1994, puntuó:
“(...) la acción de tutela no es procedente contra sentencias judiciales, por cuanto no es dable distinguir entre el aspecto formal y el aspecto material de la cosa juzgada; y debido precisamente a los efectos de cosa juzgada que tiene la sentencia del 1º de octubre de 1992, que retiró de nuestro ordenamiento jurídico el artículo 40 del Decreto 2651 de 1991 por encontrarlo inconstitucional, no es dable ni reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible mientras en la Constitución Nacional subsistan las disposiciones que sirvieron para tomar dicha determinación, ni menos aún ensayar una interpretación que le haga producir efectos a una norma que al ser juzgada se la consideró contraria al ordenamiento político”(9).
Asimismo, refirió luego, en fallo de 27 de julio de 1994 que:
“(...) la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 11 y 40 del Decreto 2591 de 1991, en los cuales se permitía el ejercicio de la acción de tutela contra providencias judiciales, retiró de nuestro ordenamiento jurídico el único aparente fundamento que existía para la procedencia de dicha acción contra esta específica clase de actuaciones judiciales, incluidas las sentencias y las demás providencias que le ponen término a un proceso.
“Dado que la misma Constitución Nacional establece en su artículo 243 que los fallos que la Corte Constitucional dicta en ejercicio del control jurisdiccional “hacen tránsito a cosa juzgada constitucional”, disponiendo igualmente que “ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución”, se cae de su peso, o por lo menos así lo considera esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, que mientras no sean modificados los artículos 1º, 228, 229 y 230 de la Constitución en vigor, no es posible “reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo”, vale decir, el contenido material de los artículos 11 y 40 del Decreto 2591 de 1991, ni tampoco soslayar el efecto de cosa juzgada constitucional del fallo de la Corte Constitucional mediante el expediente de calificar la sentencia o la providencia judicial que le pone fin al proceso, de ser algo distinto a lo que por su naturaleza, forma y contenido son dichas actuaciones judiciales”(10).
Recientemente los criterios expuestos por la Corte Constitucional en Sentencia SU-1219 de 2001, fueron reiterados luego en el precedente T-701 de 2011, que el mismo tribunal constitucional compendió:
“(...) la acción de tutela contra sentencias de tutela no procede [bajo ninguna circunstancia]: (i) porque el mecanismo para impugnar la decisión de un juez de tutela es la impugnación de la misma y, (ii) porque ante el no agotamiento de lo anterior, tan solo queda la revisión hecha por la Corte Constitucional.” “[L]as consecuencias procesales derivadas de la exclusión de revisión de un expediente de tutela (...) son: (i) la ejecutoria formal y material de la sentencia de única o segunda instancia; (ii) la configuración del fenómeno de la cosa juzgada constitucional que hace la decisión inmutable e inmodificable, salvo la eventualidad de que la sentencia sea anulable por parte de la misma Corte Constitucional de conformidad con la ley; y (iii) la improcedencia de tutela contra tutela”(11).
Ulteriormente, en Sentencia T-125 de 2012, persistió en la visión de la SU-1219 de 2001, aduciendo que el principal mecanismo para el control constitucional de sentencias de tutela es la revisión de la Corte Constitucional, excluyendo toda posibilidad de hacerlo por medio de una nueva acción.
El Consejo de Estado no ha sido ajeno a estos criterios, por ello ha sostenido:
“(...) la acción de tutela resulta improcedente contra sentencias, salvo que se haya lesionado el derecho de acceder a la administración de justicia, pues la sola existencia de un proceso terminado mediante providencia en firme evidencia que el afectado tuvo a su disposición un medio judicial de defensa de su derecho y que pudo ejercerlo, bien como demandante o como impugnador, hasta agotarlo. Específicamente en materia de acciones de tutela dirigidas contra fallos de tutela, la Corte ha sido reiterativa al afirmar que aquella es improcedente, dado que aceptar lo contrario sería fomentar la prolongación indefinida del conflicto, en detrimento de la seguridad jurídica y del goce efectivo de los derechos fundamentales. Tal criterio es plenamente compartido por esta Sala”(12).
La Corte Suprema de Justicia recientemente, ha recordado aquella inalterada doctrina que expuso en la década del noventa. En sentencia del 29 de marzo de 2012 sostuvo la inviabilidad de la nueva acción(13); del mismo modo en las del 10 de julio de 2012(14), y enero de 2013(15).
En sentencia de 25 de junio de 2013, en el mismo sentido puntualizó:
“En efecto, la acción de tutela de que trata el artículo 86 de la Constitución Política no procede contra sentencias judiciales dictadas en el curso de una actuación anterior de la misma estirpe, en vista de que, de llegar a admitirse tal posibilidad, se permitiría una espiral ilimitada de acciones de tal naturaleza en procura de discutir las determinaciones que deben cumplirse antes que someterse nuevamente a juicio de idéntica naturaleza, pues no puede soslayarse el hecho relevante que lo considerado son garantías superiores, al extremo que, si el debate se reinicia, tales derechos y su vigencia en cada caso particular resultarían atacados y erosionada en forma profunda la efectividad de la justicia, así como la seguridad jurídica que el fallo debe comportar”(16).
Ha sido entonces convergente, uniforme y sólida la doctrina probable de esta Corporación: Por regla general es improcedente la acción de tutela contra decisiones del mismo linaje, salvo, casos especialísimos, y muchos menos halla camino fértil cuando la actuación censurada se encuentra en trámite y puede ser objeto de las impugnaciones, solicitudes, insistencia y por supuesto de la eventual revisión constitucional.
6.1. Sin más que decir, se desestimará el amparo requerido.
1. NEGAR la tutela solicitada por Carlos Andrés Trujillo Sánchez frente a la Presidencia de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, presidida por el magistrado Óscar Ramírez Cardona, en calidad de ponente, con ocasión de la salvaguarda impetrada por Óscar Augusto Verano contra las dos primeras autoridades citadas, vinculándose a la misma al Ministerio del Interior y al alcalde encargado de esta capital.
Magistrados: Jesús Vall de Rutén Ruíz—Margarita Cabello Blanco—Álvaro Fernando García Restrepo—Fernando Giraldo Gutiérrez—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona.
(1) Sentencia de 28 de octubre de 2011, Expediente 00312-01; reiterada, entre otros, en fallo de 25 de julio de 2012, Expediente 00278-01.
(2) “La Corte Constitucional ha entendido que constituye vía de hecho aquella decisión judicial que incurra en un defecto sustantivo, fáctico, orgánico o procedimental, de tal magnitud que pueda afirmarse que la misma se aparta, de manera ostensible, del ordenamiento jurídico. Ha dicho esta Corte que el defecto sustantivo se configura siempre que la decisión se encuentre fundada en una norma claramente inaplicable al caso concreto. A su turno el llamado defecto fáctico se origina cuando resulta evidente que el apoyo probatorio en que se basó el juez para aplicar una determinada norma es completamente impertinente o insuficiente. El defecto orgánico, se refiere a aquellas situaciones en las cuales el funcionario judicial carece absolutamente de competencia para resolver el asunto de que se trate. Por último el defecto procedimental, se presenta en aquellos casos en los cuales el juez se desvía por completo del procedimiento fijado por la ley para dar trámite al proceso respectivo”. Corte Constitucional, sentencia del 10 de 1998.
(3) En este precedente, como en lo vertido en los fallos SU-1184 de 2001, T-858 de 2002, T-007 de 2004, T-189 de 2005, se añaden como causales el error inducido al juez, las decisiones sin motivación, el desconocimiento del precedente y la violación directa de la Constitución.
(4) Consultar, entre otras las sentencias SU-1219 de 2001 M.P. José Cepeda Espinosa. S. V. Clara Inés Vargas Hernández, T-021 de 2002 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-432 de 2002 M. P: Jaime Córdoba Triviño, T-62 de 2002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-200 de 2003 M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-1028 de 2003 y T-1164 de 2003 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-502 de 2003 M. P: Jaime Araujo Rentería, T-582 de 2004, T-536 de 2004 y T-368 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas, T-944 de 2005 M.P. Jaime Araujo Rentería , T-059 de 2006 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(5) Artículo 86 de la Constitución Política y artículo 32 y33 del Decreto 259 de 1991. Además Sentencia C-1716 de 2000, M.P. Carlos Gaviria.
(6) Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-104 del 15 de febrero de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(7) Colombia, Corte Constitucional. Sentencia SU-1219 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(8) Colombia, CSJ. Civil. Sentencia de 15 de octubre de 1993, Radicado 868.
(9) Colombia, CSJ. Civil. Sentencia de 12 de mayo de 1994, Radicado 964.
(10) Colombia, CSJ. Civil. Sentencia de 27 de julio de 1994, Radicado 1032.
(11) Colombia, CSJ. Civil. Sentencia de 23 de septiembre de 2011, Expediente T-3.077.718.
(12) Colombia, CE. Expediente 11001-03-15-000-2010-00387-01(AC).
(13) Colombia, CSJ. Penal. Sentencia de 29 de marzo de 2012, Acta 110.
(14) Colombia, CSJ. Civil. Sentencia de 10 de julio de 2012, Expediente 2012-00684-01.
(15) Colombia, CSJ. Civil. Sentencia de 16 de enero de 2013, Expediente 2012-02843-00.
(16) Colombia, CSJ. Civil. Sentencia de 25 de junio de 2013, Expediente 2013-01262-00.