Source: https://www.scribd.com/document/60053975/exp-0002-2005-pa-tc
Timestamp: 2018-11-17 08:00:11
Document Index: 112522686

Matched Legal Cases: ['artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 27', 'artículo 18', 'artículo 10', 'artículo 19', 'artículo 63', 'artículo 56']

Uploaded by Roberto Valencia
Formulario 230 de 2014, P.N. Empleados
Módulo 2 completo.pdf
Las Tres Mitades de Ino Moxo y Otros Brujos
Decreto parlamentario 17-08
N° 0002-2005-AA/TC Junín Maurelio Orozco Machacuay Sentencia del Tribunal Constitucional En Lima, a los 18 días de abril de 2005, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, con la asistencia de los magistrados Gonzales Ojeda, García Toma y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia Asunto Recurso extraordinario interpuesto por don Maurelio Orozco Machacuay contra la sentencia de la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 132, su fecha 11 de noviembre de 2004, que declaró infundada la demanda de amparo de autos. Antecedentes Con fecha 9 de octubre de 2003, el recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la Resolución N.° 1897-SGO-PCPE-IPSS-98, del 13 de noviembre de 1998, por la cual se le otorgó renta vitalicia por enfermedad profesional; y que, por consiguiente, se expida una nueva resolución que regularice el monto, de conformidad con el Decreto Ley N.° 18846 y su Reglamento, ordenándose el pago de los devengados, intereses legales, costos y costas del proceso. Refiere que laboró durante 31 años en la empresa Centromín Perú S.A., expuesto a riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad, y que, como consecuencia de ello, padece de neumoconiosis en segundo estadio de evolución, con el 75% de incapacidad total permanente. La ONP contesta la demanda alegando que no se ha vulnerado derecho constitucional alguno del actor, pues éste no ha acreditado que el monto otorgado no esté acorde a ley, agregando que el Decreto Supremo N.° 003-98-SA no es aplicable a su caso, pues la renta vitalicia le fue otorgada cuando estaba en vigencia el Decreto Ley N.° 18846. El Tercer Juzgado Civil de Huancayo, con fecha 31 de mayo de 2004, declaró fundada en parte la demanda, por estimar que, dado que la silicosis es un mal progresivo, la incapacidad que se le diagnosticó en un primer momento al actor ha devenido en un segundo estadio de evolución, por lo que procede el reajuste de la pensión otorgada; e improcedente en cuanto al pago de intereses legales. La recurrida, revocando la apelada, declaró infundada la demanda, argumentando que con el certificado médico presentado, no se determina el grado de incapacidad del demandante, requisito indispensable para establecer el monto de la renta que le correspondería. Fundamentos 1. El recurrente pretende que se regularice el monto de la renta vitalicia que se le otorgó, al haberse incrementado su porcentaje de enfermedad profesional de 51% a 75%. 2. El Decreto Ley N° 18846 fue derogado por la Ley N° 26790, publicada en el diario oficial El Peruano el 17 de mayo de 1997, que lo sustituyó y estableció en su Tercera Disposición Complementaria que las reservas y obligaciones por prestaciones económicas del Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, regulado por el Decreto Ley N° 18846, serían transferidas al Seguro Complementario de
a la luz del derecho universal y progresivo a la seguridad social. extensivamente. No obstante. el cual está concebido para cubrir la incapacidad laboral. señala que se pagará al asegurado la pensión que corresponda al grado de incapacidad para el trabajo. El artículo 18. En consecuencia. 5. si quien sufre de invalidez total permanente requiriese indispensablemente del auxilio de otra persona para movilizarse o para realizar las funciones esenciales para la vida. respectivamente.2. Esta afirmación se sustenta en lo siguiente: a) La improcedencia del reajuste desnaturalizaría la esencia misma del seguro.Trabajo de Riesgo administrado por la ONP. c) Existen accidentes de trabajo y. de la misma norma. en el cual se estableció que el actor padecía neumoconiosis.2 del Decreto Supremo Nº 003-98-SA. en el que se establece que el demandante padece de neumoconiosis (silicosis) en . de fecha 13 de diciembre de 2002. en todos los casos. a fojas 20. 3. que la cobertura se incremente a medida que la incapacidad laboral se acentúe. por la cual se le otorgó al demandante renta vitalicia por enfermedad profesional. por disminución del grado de invalidez.2. el reajuste de las pensiones previsto en el Decreto Supremo Nº 003-98-SA debe interpretarse. En el presente caso. por lo tanto. total o parcial. ya que están destinadas a cubrir riesgos y contingencias distintas.. en el momento que se produce el siniestro. 6. a fojas 17 obra la Resolución N° 1897-SGO-IPSS-98. sea que se trate de incapacidad permanente parcial o total. este Tribunal considera que. De autos se advierte que el demandante cesó en su actividad laboral cuando estaba vigente el Decreto Ley N. en aquellos casos. tomando en cuenta el dictamen emitido por la Comisión Evaluadora de Enfermedades Profesionales. Asimismo. a contrario sensu resulta lógico inferir que procede el reajuste del monto de la pensión vitalicia. de incapacidad permanente parcial a incapacidad permanente total. De una lectura literal del artículo citado se concluiría que la pensión vitalicia a que tiene derecho el asegurado se encontraría invariablemente sujeta al grado de incapacidad laboral determinada al momento en que solicitó el beneficio. En esto radica justamente la diferencia con el riesgo de jubilación cubierto por el Sistema Nacional de Pensiones y los otros regímenes previsionales especiales concordantes con este. por lo que le corresponde gozar de la prestación estipulada por su norma sustitutoria.° 18846. como la neumoconiosis (silicosis). sobre Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. en beneficio de los asegurados. y hasta el 100% de la misma. cuando se acredite el aumento del grado de incapacidad del asegurado. resultando razonable. obra copia del examen médico practicado en el Instituto de Salud Ocupacional del Ministerio de Salud. Por tanto. conforme lo indica el segundo párrafo del artículo 18. al momento de otorgarse el beneficio. para proteger a aquellos que acrediten el incremento de su incapacidad laboral. 4. con incapacidad del 51% para el trabajo. como quiera que el artículo 27. al punto tal que no es incompatible percibir simultáneamente una pensión de jubilación y una pensión vitalicia (antes renta vitalicia). especialmente. b) El riesgo cubierto –la incapacidad laboral producto de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales– no es estático ni se agota. otorgándose el 50% o 70% de la remuneración mensual. incrementándose del 50% al 70% de la remuneración mensual señalada en el artículo 18. enfermedades profesionales que generan una progresión degenerativa de la incapacidad laboral y que son terminales. actualmente regulada por las normas técnicas establecidas por el Decreto Supremo Nº 003-98-SA.6 de la misma norma prevé el reajuste de las pensiones de invalidez de naturaleza permanente. reconocido en el artículo 10º de la Constitución Política vigente. corresponderá el incremento de la pensión vitalicia (antes renta vitalicia).2 del referido Decreto Supremo.
en cuanto a la pretensión de pago de costas y costos del proceso. y es a partir de dicha fecha que se debe abonar el incremento de la pensión vitalicia – antes renta vitalicia – en concordancia con lo dispuesto por el artículo 19º del Decreto Supremo Nº 003-98-SA. debiéndose pagar las pensiones devengadas con arreglo a ley. ha quedado acreditada la violación de los derechos a la seguridad social y al libre acceso a las prestaciones de salud y pensiones. 7. 10. desde el 13 de diciembre de 2002. el demandante requiere de atención prioritaria e inmediata. dado que el beneficio deriva justamente del mal que lo aqueja. con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú Ha resuelto 1. en atención a lo expuesto en los fundamentos precedentes. En cuanto a la fecha en que se genera el derecho. le corresponde percibir una pensión de invalidez permanente total. en defecto del pronunciamiento de la Comisión Evaluadora de Incapacidades. Orgánica del Tribunal Constitucional. este Tribunal estima que al haberse calificado como prueba sucedánea idónea el examen médico presentado por el recurrente. 8. este Colegiado ha establecido en la sentencia recaída en el Expediente N° 065-2002-AA/TC.° 26435. 11. en consecuencia inaplicable para el recurrente la Resolución N. del que se desprende que el grado de incapacidad del actor es de 75%. . conforme a los fundamentos de la presente sentencia. del Código Procesal Civil. que deben ser pagados de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 1242° y siguientes del Código Civil. de aplicación supletoria según el artículo 63° de la Ley N. con arreglo a la Ley Nº 26790 y sus normas complementarias y conexas. en atención al 75% de incapacidad orgánica funcional que presenta a consecuencia de la neumoconiosis (silicosis) en segundo estadio de evolución. el Tribunal Constitucional. lo cual es corroborado con el Certificado de Discapacidad (fojas 90-91). la contingencia debe establecerse desde la fecha del pronunciamiento médico que acredita que el demandante se encuentra en el segundo estadio de la enfermedad profesional. Por consiguiente. por lo que. Conforme a los artículos 191° y ss. no siendo exigible la opinión de la Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades de Essalud. 2.segundo estadio de evolución. de fecha 11 de diciembre de 2003. que acredita la enfermedad profesional que padece el recurrente. más los intereses legales correspondientes y los costos del proceso. el examen médico ocupacional a que se refiere el fundamento anterior. corresponde disponer que la demandada pague los costos del proceso y declarar improcedente el pago de las costas. Ordena que la entidad demandada regularice el monto de la pensión vitalicia por enfermedad profesional otorgada al demandante. De otro lado. 9. constituye prueba suficiente para verificar lo que ha alegado. conforme al artículo 56º del Código Procesal Constitucional. Respecto al pago de intereses legales. Declarar Fundada la demanda.° 1897-SGO-PCPE-IPSS-98. del 17 de octubre de 2002. por consiguiente. consagrados en los artículos 10° y 11° de la vigente Constitución Política del Perú. Por estos fundamentos.
S. Gonzales Ojeda García Toma Landa Arroyo Documento publicado en la página web del Tribunal Constitucional .Publíquese y notifíquese. S.
Documents Similar To exp. 0002-2005-pa-tc
More From Roberto Valencia