Source: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-18545&tn=1&p=20120630
Timestamp: 2019-10-18 11:20:21
Document Index: 143179089

Matched Legal Cases: ['artículo 26', 'artículo 27', 'artículo 30', 'artículo 12', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'artículo 7', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 66', 'Artículo 67', 'Artículo 68', 'Artículo 69', 'Artículo 70', 'Artículo 71', 'Artículo 72', 'Artículo 73', 'Artículo 74', 'Artículo 75', 'Artículo 76', 'Artículo 82', 'Artículo 83', 'artículo 50', 'artículo 69', 'artículo 172', 'Artículo 84', 'Artículo 85', 'Artículo 86', 'Artículo 87', 'Artículo 88', 'Artículo 89', 'Artículo 90', 'Artículo 91', 'Artículo 92', 'Artículo 93', 'Artículo 94', 'Artículo 95', 'artículo 32', 'artículo 33', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 37', 'artículo 40', 'artículo 34', 'Artículo 101', 'Artículo 102', 'Artículo 105', 'Artículo 106', 'artículo 102', 'Artículo 108', 'Artículo 109', 'Artículo 110', 'Artículo 112', 'Artículo 113', 'artículo 100', 'artículo 13', 'artículo 11']

BOE.es - Documento consolidado BOE-A-1995-18545
Documento consolidado BOE-A-1995-18545
«BOCM» núm. 83, de 07/04/1995, «BOE» núm. 183, de 02/08/1995.
BOE-A-1995-18545
https://www.boe.es/eli/es-md/l/1995/03/28/6/con
Última actualización publicada el 30/06/2012
Modificación publicada el 08/07/2002
Modificación publicada el 04/05/2001
Modificación publicada el 11/05/2000
Modificación publicada el 07/07/1997
Texto inicial publicado el 07/04/1995
TEXTO CONSOLIDADO: «Última actualización publicada el 30/06/2012»
Incluye las correcciones de errores publicadas en los BOCM núm. 108, de 8 de mayo de 1995 y núm. 152, de 28 de junio de 1995.
La presente Ley pretende establecer, en la Comunidad de Madrid, un marco normativo general que fije garantías, en nuestro ordenamiento y en la actividad ordinaria de las Administraciones Públicas de la Comunidad, para el ejercicio de los derechos que a los menores de edad, niños, niñas y adolescentes, corresponden legalmente.
La Comunidad de Madrid no podía quedar al margen de tal movimiento de reconocimiento jurídico del papel social de la infancia, teniendo en cuenta que no solo tiene asumidas competencias en materia de protección a los menores en situación de desamparo, razón que ya de por sí pudiera ser más que suficiente para justificar una posición activa, sino que además gran parte de las actividades que desde las diferentes Consejerías de la Administración Autonómica y de las Administraciones Locales se desarrollan tienen una clara incidencia en la vida cotidiana y en el bienestar de los niños y niñas de nuestra Comunidad.
En efecto, no se ha pretendido regular un Estatuto de los menores de la Comunidad de Madrid, entendido como cuerpo normativo que regule onmicomprensivamente su estatus jurídico, puesto que no existe título competencial sobre la materia. Por tanto, más que normalizar todas las situaciones o relaciones jurídicas que pudieran afectar a los menores, se ha optado por recoger en la Ley aquellas materias que puedan incidir en los menores y respecto de las cuales la Comunidad de Madrid ostente algún tipo de competencia, bien plena, como las relativas a asistencia social, casinos, juegos y apuestas, con exclusión de las deportivo-benéficas, o espectáculos públicos (artículo 26, apartados 18, 20 y 22, del Estatuto de Autonomía), bien de desarrollo legislativo, como las referidas a sanidad e higiene, defensa del consumidor y usuario, protección del medio ambiente, medios de comunicación social, o enseñanza (artículo 27, apartados 6, 10, 11 y 13, y artículo 30).
El niño y la niña son personas y como tales deben ser tratados, es decir, como una persona singular, única, libre, sujeto a derechos propios de su condición humana, con la particularidad de su condición infantil.
Por tanto no pueden ser considerados como propiedad de sus padres, de su familia o de la Administración; no pueden ser discriminados ni por sexo, edad, condición, idioma, religión, etnia, características socioeconómicas de sus padres o familia, ni por cualquier otra consideración.
Además, es necesario tener en cuenta que el futuro de nuestra región y de sus moradores estará en sus manos en un futuro no muy lejano y que, dado nuestros índices de natalidad y de crecimiento poblacional, además de injusto, sería un suicidio social entender que solo debemos proteger a nuestros niños y niñas; de ahí la necesidad imperiosa de que esta Ley proteja a todos y cada uno de los menores que se encuentren en nuestra región.
Por último, se han incluido asimismo las competencias atribuidas por normas estatales, como las relativas a protección de menores previstas en la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, por la que se modificó parcialmente el Código Civil, y la Ley de Enjuiciamiento Civil; la ejecución de las medidas adoptadas por los Juzgados de Menores (Ley 4/1992, de 5 de junio); o las atribuciones sobre Entidades Locales contempladas en la legislación sobre Régimen Local.
Por ello, con la presente Ley no se pretende establecer solo el marco ordenador de las actividades que en materia de protección de menores en situación de desamparo deba desarrollar la Administración Autonómica, sino que se desea determinar un marco general, de ámbito personal universal, que desde el contexto de nuestro ordenamiento jurídico autonómico fije garantías de calidad y control público de los servicios de los que serán usuarios los niños y niñas de nuestra Comunidad, que garantice la capacidad de los menores madrileños de ejercer cuantos derechos el ordenamiento en su conjunto les concede, como personas y como ciudadanos que son, aunque se les mantengan determinadas restricciones de actuación en su propio interés, seguridad y respecto de su personal proceso de maduración, y en fin, que se establezcan los niveles mínimos de bienestar que en todo caso una sociedad como la madrileña debe ofertar a su población infantil, como instrumento y garantía de la correcta evolución de su personalidad.
Para la elaboración del presente texto se han considerado, además de las aportaciones doctrinales y técnicas de la más reciente literatura profesional vinculada al tratamiento social de la minoridad, las Leyes existentes, y los proyectos en trámite, de Protección de Menores o de Infancia en otras Comunidades Autónomas, también las aportaciones más recientes del Derecho Comparado, así como la documentación europea e internacional más destacada y novedosa, entre la que cabe citar la ya referida Convención sobre los Derechos del Niño, el Convenio sobre Protección de Menores y Cooperación en Materia de Adopción Internacional, aprobado el 29 de mayo de 1993 por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, la Resolución sobre los problemas de los niños en la Comunidad Europea del Parlamento Europeo de 13 de diciembre de 1991, la Recomendación del Consejo de las Comunidades Europeas sobre el cuidado de los niños y las niñas de 31 de marzo de 1992, el Dictamen sobre la Adopción aprobado por el Consejo Económico y Social el 1 de julio de 1992, la Resolución sobre una Carta Europea de Derechos del Niño aprobada por el Parlamento Europeo el 8 de julio de 1992, así como los trabajos preparatorios de una posible Convención Europea sobre el ejercicio de los derechos de los niños desarrollados por el Consejo de Europa.
El tercero de los títulos de la Ley asume la función de núcleo garantístico por antonomasia del texto, al establecer aquellos ámbitos de actividad social en los que los menores, por el simple hecho de ser menores, y por la especial condición evolutiva de su personalidad son merecedores de una especial protección jurídica, social y administrativa.
El título cuarto de la Ley crea diversos órganos para la atención a la infancia en la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de las competencias que las distintas Consejerías de la Administración Autonómica corresponden, y que en varios casos afectan de modo esencial al colectivo de los menores. Es el caso del Defensor de los menores como Alto Comisionado de la Asamblea de Madrid encargado de ser salvaguarda última de los derechos de los más pequeños. Se contempla al Instituto Madrileño de Atención a la Infancia, como el encargado de prestar Servicios Sociales Especializados en el marco del Sistema Público de la Comunidad Autónoma, y de potenciar y promover políticas de bienestar y para la igualdad del conjunto de los menores de Madrid. Se dota de apoyo normativo con rango de Ley a la Comisión de Tutela del Menor, órgano que ya venía asumiendo las funciones que a la Comunidad Autónoma corresponden en materia de tutela de menores en desamparo y asunción provisional de la guarda de menores a petición de sus padres o tutores, y todo ello con base en la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, que modificó el Código Civil, y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de adopción y otras formas de protección de menores.
El quinto título promueve y regula la participación de las iniciativas privadas en el ámbito de la atención a la infancia, estableciendo las bases de la posterior regulación reglamentaria de las Instituciones de Integración Familiar y de las que entre ellas sean habilitadas como colaboradoras del Instituto Madrileño de Atención a la Infancia, desarrollo necesario de lo previsto en la disposición adicional primera de la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, que modificó el Código Civil, y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de adopción y otras formas de protección de menores.
Finalmente las cuestiones de derecho transitorio que pudieran surgir por la entrada en vigor de esta Ley se procuran resolver en las correspondientes disposiciones y se establecen las derogaciones específicas precisas para mantener la coherencia de nuestra legislación, así como la cláusula genérica habitual.
a) Asegurar, en el ámbito de las competencias de la Comunidad de Madrid, las garantías necesarias para el ejercicio de los derechos que a los menores reconocen la Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y el ordenamiento jurídico en su conjunto.
b) Determinar los derechos de los menores que se encuentren en el territorio de la Comunidad de Madrid, en el ámbito de las competencias de la misma, complementarios de los ya reconocidos en la Constitución y demás normas del Estado.
A los efectos de la presente Ley y sus disposiciones de desarrollo, se entiende por infancia, el periodo de la vida de las personas comprendido desde el nacimiento y la edad de doce años y por adolescencia, desde dicha edad hasta la mayoría establecida en el artículo 12 de la Constitución.
d) Promover las condiciones necesarias para que la responsabilidad de los padres o tutores, en el efectivo ejercicio de los derechos de sus hijos o tutelados, pueda ser cumplida de forma adecuada. Las Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid asumirán dicha responsabilidad cuando los padres o tutores no puedan ejercerla o lo hagan de forma contraria al interés superior del menor, en los términos establecidos en el Código Civil y en la Convención sobre los Derechos del Niño.
La interpretación de las disposiciones de esta Ley, así como las de sus normas de desarrollo y las que regulen cuantas actividades se dirijan a la atención de menores, estará, en todo caso, orientada a su bienestar y beneficio como expresión del interés superior del menor.
Los organismos o entidades públicas y particulares que detecten el incumplimiento de la presente Ley están obligados a adoptar de inmediato las medidas necesarias para su estricta observancia, si fueran competentes, o a dar traslado a la Administración o autoridad que lo fuera.
Artículo 6. Prioridad presupuestaria.
Artículo 7. Adecuación de la legislación.
La Comunidad de Madrid, en su legislación propia y cuando el contenido de la norma lo permita, tomará en consideración a los menores para adecuar las disposiciones a sus necesidades.
Artículo 8. Preparación para la paternidad.
Artículo 9. Servicios de atención a la primera infancia.
1. A efectos de la presente Ley, se entiende por servicios de atención a la primera infancia, sea cual fuere su denominación, aquellos que acogen a niños y niñas menores de seis años y no estén autorizados como centros de educación infantil.
d) A no ser sometidos a experimentos. Cuando pudiera ser necesario someter a un menor a pruebas para detección o tratamiento de enfermedades, estas no podrán ser realizadas sin previo consentimiento de sus padres o personas de quien dependan, salvo prescripción facultativa debidamente justificada y así apreciada por la autoridad judicial. En todo caso, primará el derecho a la vida del menor.
Artículo 12. Documento de Salud Infantil.
1. Desde el momento del nacimiento se proveerá a todos los niños y niñas nacidos en la Comunidad de Madrid del correspondiente Documento de Salud Infantil, en el que se contemplarán las principales acciones de salud que les sean necesarias. Dicho documento recogerá los aspectos que reglamentariamente se determine.
Artículo 13. Derecho a la educación.
Artículo 14. Centros de educación infantil.
La Administración autonómica, en colaboración con la Administración Central y las Administraciones Locales, favorecerá la creación de centros de educación infantil para niños y niñas menores de seis años con el fin de contribuir al desarrollo físico, intelectual, afectivo, social y moral de la infancia, de conformidad con el artículo 7 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.
Artículo 15. Actuaciones administrativas.
1. La Administración Autonómica propiciará y velará, en su caso, para que a lo largo del periodo de escolaridad obligatoria los proyectos educativos y curriculares de los centros contemplen, entre otros:
2. La Administración Autonómica promoverá acciones encaminadas al fomento de la participación del alumnado tanto en el aula como en la estructura escolar y social, favoreciendo el asociacionismo escolar y recabando la colaboración de las familias.
3. Las Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid promoverán la existencia de servicios y recursos de apoyo a los centros educativos, para garantizar la orientación personal, escolar y profesional de los alumnos, mediante el asesoramiento e información a los profesionales de los equipos educativos y a las familias. Se prestará atención prioritaria al alumnado con necesidades educativas especiales, así como al que finalice un ciclo educativo.
Artículo 16. Actuaciones administrativas.
c) El conocimiento y la participación de los menores en la cultura y las artes, propiciando su acercamiento y la adaptación de las mismas a las diferentes etapas evolutivas de aquellos.
[Bloque 26: #cv-2]
Artículo 17. Actuaciones administrativas.
[Bloque 28: #cv-3]
Artículo 18. Derecho al juego.
Artículo 19. Actuaciones administrativas.
Artículo 20. Derecho al medio ambiente y actuaciones administrativas.
a) El respeto y conocimiento de la naturaleza por parte de los menores, informándoles sobre la importancia de un medio ambiente saludable y capacitándoles para el uso positivo de este.
c) Programas formativos, divulgativos y de concienciación sobre el reciclaje de residuos, el uso responsable de recursos naturales y, específicamente, de energías limpias y, en general, sobre la necesidad de adquirir unos hábitos saludables para la conservación del medio ambiente.
Artículo 21. Derecho a conocer y participar en el entorno urbano.
Artículo 22. Actuaciones administrativas.
c) Disponer de espacios diferenciados para el uso infantil y de adolescentes en los espacios públicos, a los que se dotará de mobiliario urbano adaptado a las necesidades de uso con especial garantía de sus condiciones de seguridad.
[Bloque 36: #cx]
Artículo 23. Actuaciones administrativas.
b) La participación plena de los menores en los núcleos de convivencia más inmediatos de acuerdo a su desarrollo personal, que se manifestará, en todo caso, en el respeto a sus derechos y la exigencia de sus responsabilidades.
[Bloque 38: #cx-2]
Artículo 24. Derecho de acceso.
Artículo 25. Menores con discapacidades.
Artículo 26. Menores extranjeros.
Los menores extranjeros que se encuentren en la Comunidad de Madrid deberán recibir ayudas públicas siempre que lo requieran como medio de fomento de su integración social, lingüística y cultural, sin obviar su propia identidad cultural, teniendo en cuenta sus necesidades económicas.
[Bloque 42: #cx-3]
Artículo 27. Actuaciones administrativas.
Artículo 28. Día de los Derechos de la Infancia.
Artículo 29. Museo de la Infancia.
[Bloque 47: #ci-6]
Artículo 30. Actuaciones administrativas.
[Bloque 49: #s1]
Sección 1.ª Establecimientos y espectáculos públicos
Artículo 31. Actividades prohibidas.
e) (Degogado).
Se derogan los apartados 1.d) y e) y se añade el apartado 3 por las disposiciones derogatoria única.b) y final 1.1 de la Ley 5/2002, de 27 de junio. Ref. BOE-A-2002-14844.
Se modifica el apartado 1.d) y se añade el apartado 1.e) por el art. 1.1 de la Ley 5/2000, de 8 de mayo. Ref. BOE-A-2000-9793.
Se modifica el apartado 1.d) por la disposición adicional 2 de la Ley 17/1997, de 4 de julio. Ref. BOE-A-1998-9648.
Última actualización, publicada el 08/07/2002, en vigor a partir del 28/07/2002.
Modificación publicada el 11/05/2000, en vigor a partir del 12/05/2000.
Modificación publicada el 07/07/1997, en vigor a partir del 07/04/1997.
Texto original, publicado el 07/04/1995, en vigor a partir del 07/04/1995.
[Bloque 51: #s2]
Sección 2.ª Publicaciones
Artículo 32. Actuaciones administrativas.
Se modifica por la disposición final 2 de la Ley 5/2005, de 20 de diciembre. Ref. BOE-A-2006-3667.
Última actualización, publicada el 29/12/2005, en vigor a partir del 30/12/2005.
[Bloque 53: #s3]
Sección 3.ª Medios audiovisuales
Artículo 34. Programación de cadenas de televisión y de emisoras de radio.
2. La programación, total o parcial, de las emisoras de radio que emitan exclusivamente para el territorio de la Comunidad de Madrid deberán respetar las siguientes reglas:
b) Garantizar una franja horaria de especial protección para la infancia, determinada reglamentariamente, en la que no podrán emitirse programas que puedan perjudicar seriamente el desarrollo físico, mental o moral de los menores, ni en particular, programas o mensajes de violencia o pornografía.
Se modifica el apartado 1 por la disposición final 1.1 de la Ley 2/2001, de 18 de abril. Ref. BOE-A-2001-11965.
Última actualización, publicada el 04/05/2001, en vigor a partir del 05/05/2001.
Artículo 35. Acceso a servicios dañinos.
[Bloque 57: #ci-7]
Artículo 36. Publicidad dirigida a menores.
1. La publicidad dirigida a los menores que se divulgue en el territorio de la Comunidad de Madrid deberá estar sometida a límites reglamentariamente establecidos que obliguen a respetar los siguientes principios de actuación:
2. Los mencionados principios no serán exigibles a la publicidad emitida en los medios de comunicación social con cobertura geográfica superior a la de la Comunidad de Madrid, excepto cuando aquella se divulgue exclusivamente en la Comunidad de Madrid o la campaña publicitaria pueda territorializarse.
Se modifica el apartado 3 por la disposición final 1.2 de la Ley 2/2001, de 18 de abril. Ref. BOE-A-2001-11965.
Artículo 37. Publicidad efectuada por menores.
b) No se permitirá la utilización de menores para el anuncio de actividades prohibidas a los menores.
2. La aplicación de los mencionados principios estará limitada por las reglas contenidas en el apartado 2 del artículo anterior.
Se modifica el apartado 1.b) por la disposición final 1.2 de la Ley 5/2002, de 27 de junio. Ref. BOE-A-2002-14844.
[Bloque 60: #a3-10]
Artículo 38. Actividades prohibidas.
Se modifica por la disposición final 1.3 de la Ley 5/2002, de 27 de junio. Ref. BOE-A-2002-14844.
Artículo 39. Actuaciones administrativas en materia de consumo.
Artículo 40. Protección de los menores ante el consumo.
1. Los productos y servicios cuyos destinatarios sean los niños y niñas y adolescentes deberán disponer de una información adecuada al uso previsible teniendo en cuenta el comportamiento habitual de la población a quien va dirigida.
2. Los productos y servicios susceptibles de provocar riesgos en la población infantil cuando se utilicen conforme a su uso normal dispondrán de las medidas de seguridad que los eviten.
[Bloque 64: #a4-3]
Artículo 41. Derecho de acceso.
[Bloque 65: #a4-4]
Artículo 42. Hospitalización de menores.
2. Se efectuará siempre que sea técnicamente posible con algún familiar próximo, para que los problemas derivados de la hospitalización se minoren lo más posible.
[Bloque 66: #a4-5]
Artículo 43. Tratamiento y rehabilitación.
[Bloque 67: #a4-6]
Artículo 44. Atención ante malos tratos.
Artículo 45. Colaboración con las instituciones protectoras.
Los titulares de los Servicios de Salud y el personal sanitario de los mismos están especialmente obligados a poner en conocimiento de la Comisión de Tutela del Menor y de la autoridad judicial o del Ministerio Fiscal aquellos hechos que puedan suponer la existencia de desprotección o riesgo infantil, así como colaborar con los mismos para evitar y resolver tales situaciones en interés del niño.
[Bloque 70: #a4-8]
Artículo 46. Actuaciones administrativas.
[Bloque 71: #a4-9]
Artículo 47. Colaboración con las instituciones protectoras.
Los titulares de los centros escolares y el personal educativo de los mismos están especialmente obligados a poner en conocimiento de la Comisión de Tutela del Menor y de la autoridad judicial o del Ministerio Fiscal aquellos hechos que puedan suponer la existencia de desprotección o riesgo infantil, así como colaborar con los mismos para evitar y resolver tales situaciones en interés del niño.
[Bloque 72: #cv-5]
Artículo 48. Principios de actuación.
e) En caso necesario se facilitarán a los menores recursos alternativos a su propia familia, que garanticen un medio idóneo para su desarrollo integral, adecuada evolución de su personalidad y atención educativa, procurándose mantener la convivencia entre hermanos.
g) Se protegerá a la familia como núcleo básico y esencial de la sociedad para el normal desarrollo de los niños y niñas, especialmente a aquellos que se encuentren en situación de desventaja social.
i) Todas las medidas que se adopten para la protección social o jurídica de un menor deberán estar orientadas por el beneficio e interés de este, considerándole, además, prevalente a cualquier otro.
Artículo 49. Actuaciones administrativas.
Sección 2.ª Acción protectora y servicios sociales
[Bloque 77: #a5-2]
Artículo 50. El Sistema Público de Servicios Sociales.
[Bloque 78: #a5-3]
Artículo 51. Tutela y guarda de menores.
[Bloque 79: #s3-2]
Sección 3.ª Procedimiento para asumir la tutela
[Bloque 80: #a5-4]
Artículo 52. Procedimiento ordinario.
1. En el momento en que se tenga conocimiento de que un menor pueda encontrarse en situación de desamparo se iniciará por el órgano competente de la Administración Autonómica el oportuno expediente, que deberá tramitarse de conformidad con un procedimiento que respete los siguientes principios:
a) Cuando quienes se hallan obligados legalmente a promover la inscripción de nacimiento de un menor en el Registro Civil, no lo hicieren, la Administración Autonómica, velando por el pleno ejercicio del derecho a la identidad del menor, instará la correspondiente inscripción.
d) Será oído el menor que no hubiere cumplido doce años si tuviere suficiente juicio, pudiendo realizarse con la ayuda de psicólogos y pedagogos cualificados para su interpretación y lectura. Asimismo, podrán ser oídas cuantas personas puedan aportar información sobre la situación del menor y su familia o personas que lo atendieran.
e) Se podrá abrir un periodo de prueba a instancia del menor que hubiere cumplido doce años o de quienes ejercieren sobre él potestad o guarda.
2. En ningún caso el plazo máximo de resolución será superior a tres meses desde que se inició el expediente salvo que el órgano competente para resolver autorice, excepcionalmente, una prórroga por un periodo máximo de dos meses.
[Bloque 81: #a5-5]
Artículo 53. Procedimiento de urgencia.
Se arbitrará un procedimiento de urgencia que en caso necesario permita la inmediata asunción de la tutela, sin perjuicio de los correspondientes recursos y de la completa instrucción posterior del expediente.
[Bloque 82: #a5-6]
Artículo 54. Colaboración interadministrativa.
Para lograr la efectividad de sus acuerdos, la Comisión de Tutela del Menor podrá recabar del Alcalde, del Concejal-Delegado, en su caso, o del Presidente de la Junta de Distrito en el caso del Ayuntamiento de Madrid, del municipio correspondiente al domicilio en que se encuentre el menor, la colaboración de las fuerzas de seguridad bajo su mando y especialmente cuando el o los menores afectados puedan encontrarse en situación de riesgo.
[Bloque 83: #s4]
Sección 4.ª Ejercicio de la tutela
[Bloque 84: #a5-7]
Artículo 55. Funciones de la Comisión de Tutela del Menor.
[Bloque 85: #a5-8]
Artículo 56. Atención de los menores tutelados.
[Bloque 86: #s5]
Sección 5.ª Promoción de la adopción y el acogimiento
[Bloque 87: #a5-9]
Artículo 57. Requisitos de los solicitantes.
La Administración Autonómica sólo formulará las propuestas de acogimiento y adopción efectuadas por personas o parejas que, cumpliendo los requisitos establecidos en el Código Civil, hayan sido objeto de un estudio de sus circunstancias socio-familiares que permitan obtener una firme certeza sobre su idoneidad para asegurar la cobertura de las necesidades subjetivas y objetivas del menor y el cumplimiento de las obligaciones legalmente establecidas.
[Bloque 88: #a5-10]
Artículo 58. Valoración de los solicitantes.
[Bloque 89: #a5-11]
Artículo 59. De los solicitantes.
[Bloque 90: #a6-2]
Artículo 60. Eficacia de la aceptación del ofrecimiento.
[Bloque 91: #s6]
Sección 6.ª Procedimiento de asunción de guarda
[Bloque 92: #a6-3]
Artículo 61. Guarda de menores.
[Bloque 93: #a6-4]
Artículo 62. Procedimiento ordinario y de urgencia.
[Bloque 94: #s7]
Sección 7.ª Ejercicio de la guarda
[Bloque 95: #a6-5]
Artículo 63. Atención de los menores guardados.
[Bloque 96: #a6-6]
Artículo 64. Contribución a la guarda voluntaria.
[Bloque 97: #s8]
Sección 8.ª Centros residenciales
[Bloque 98: #a6-7]
Artículo 65. Estatuto de Centros Residenciales.
[Bloque 99: #a6-8]
Artículo 66. Derechos y obligaciones de los menores residentes.
[Bloque 100: #cv-6]
[Bloque 101: #a6-9]
Artículo 67. Adolescentes en conflicto social.
[Bloque 102: #a6-10]
Artículo 68. Principios de actuación.
[Bloque 103: #a6-11]
Artículo 69. Programas de prevención y reinserción.
[Bloque 104: #a7-2]
Artículo 70. Ejecución de medidas en el propio entorno del menor.
[Bloque 105: #a7-3]
Artículo 71. Ejecución de medidas cautelares.
[Bloque 106: #a7-4]
Artículo 72. Ejecución de medidas que impliquen internamiento.
[Bloque 107: #a7-5]
Artículo 73. Estatuto de las unidades de régimen cerrado o semiabierto de los centros.
[Bloque 108: #a7-6]
Artículo 74. Asistencia y defensa letrada.
[Bloque 109: #a7-7]
Artículo 75. Coordinación administrativa.
[Bloque 110: #ti-4]
Instituciones y órganos de atención a la infancia y la adolescencia en la Comunidad de Madrid
[Bloque 111: #ci-10]
[Bloque 112: #a7-8]
Artículo 76. Atribuciones básicas y regulación.
Se deroga por la disposición derogatoria única de la Ley 3/2012, de 12 de junio. Ref. BOE-A-2012-12815.
[Bloque 113: #ci-11]
Instituto Madrileño de Atención a la Infancia
[Bloque 114: #a7-9]
1. El Instituto Madrileño de Atención a la Infancia, adscrito a la Consejería de Integración Social, tendrá como objetivos básicos:
a) La promoción de políticas integrales referidas a la infancia.
b) La coordinación de las actuaciones sectoriales que desde las diferentes Administraciones de la Comunidad de Madrid u organismos de la Administración Autonómica se desarrollen.
d) La promoción de políticas de protección a la familia, en cuanto núcleo básico de socialización de menores, de acuerdo a criterios de igualdad y solidaridad.
2. Su regulación vendrá contenida en una Ley que lo configurará como organismo autónomo de carácter administrativo, adscrito a la Consejería de Integración Social.
[Bloque 115: #ci-12]
La Comisión de Tutela del Menor
[Bloque 116: #a7-10]
La Comisión de Tutela del Menor ejercerá las funciones que a la Comunidad Autónoma de Madrid le corresponden en materia de protección de menores en aplicación de la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, por la que se modifican determinados artículos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de adopción.
[Bloque 117: #a7-11]
[Bloque 118: #a8-2]
La composición y régimen de funcionamiento de la Comisión de Tutela del Menor se regularán en el correspondiente Reglamento.
[Bloque 119: #ci-13]
[Bloque 120: #a8-3]
1. A las corporaciones locales, como entidades administrativas más próximas a los ciudadanos y en virtud de sus competencias legales, les corresponde asumir la responsabilidad más inmediata sobre el bienestar de la infancia y adolescencia y la promoción de cuantas acciones favorezcan el desarrollo de la comunidad local y muy especialmente de sus miembros más jóvenes, procurando garantizarles el ejercicio de sus derechos, ofreciéndoles la protección adecuada y ejerciendo una acción preventiva eficaz.
2. En el marco concreto de sus competencias las corporaciones locales potenciarán cuantas actuaciones redunden en el fomento de los derechos y el bienestar de la infancia y la adolescencia a que se refiere el título segundo de la presente Ley.
3. Además, las Administraciones Locales podrán asumir la ejecución o gestión material de las medidas establecidas por los órganos de la Administración Autonómica competentes en razón de la materia, que les sean delegadas mediante convenio a las corporaciones locales con las condiciones y limitaciones que establezcan reglamentariamente y, en todo caso, las contempladas en esta Ley.
[Bloque 121: #a8-4]
Artículo 82. Acción protectora en los municipios de menos de 20.000 habitantes.
1. Los municipios de menos de 20.000 habitantes podrán, bien individualmente o agrupados en mancomunidades, suscribir convenios de colaboración con el IMAIN para la promoción y defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia.
2. La Administración Autonómica asumirá la acción protectora socio-jurídica de los menores, en los municipios de menos de 20.000 habitantes, estableciendo con los que superen esa población convenios de colaboración de acuerdo con su capacidad de gestión técnica y de recursos económicos, así como con lo establecido en la legislación general de Servicios Sociales.
[Bloque 122: #a8-5]
Artículo 83. Acción protectora en los municipios de más de 50.000 habitantes.
1. Los municipios de más de 50.000 habitantes tendrán las siguientes obligaciones:
1.ª Crear los Servicios Sociales Especializados de Atención a la Infancia a que se refiere el artículo 50 de la presente Ley, y disponer de un centro de día que desarrolle programas de apoyo educativo, de ocio y tiempo libre.
2.ª Desarrollar los programas de prevención y reinserción para adolescentes en conflicto social a que se refiere el artículo 69.
2. Los municipios de más de 50.000 habitantes podrán recibir por delegación de la Administración Autonómica, el ejercicio de la competencia de asumir la guarda de los menores que no puedan ser temporalmente atendidos por sus padres o tutores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 172.2 del Código Civil, y siempre que reúnan los requisitos que se determinen reglamentariamente.
[Bloque 123: #a8-6]
Artículo 84. Acción protectora en los municipios de más de 100.000 habitantes.
Los municipios de más de 100.000 habitantes, además de lo señalado en los artículos anteriores, deberán desarrollar programas de acogida de menores, en pisos o residencias, pudiendo también llevar a cabo programas de acogimiento comunitario de menores por familias colaboradoras del mismo municipio o por su propia familia extensa.
[Bloque 124: #a8-7]
Artículo 85. Municipios de más de 500.000 habitantes.
Las competencias y funciones en materia de protección de menores desamparados podrán ser delegadas por la Comunidad Autónoma, a los municipios de más de 500.000 habitantes, con las limitaciones y condiciones que se establezcan reglamentariamente.
En todo caso, será función de la Comunidad la promoción del acogimiento familiar judicial y de la adopción, así como la regulación, control y seguimiento de las instituciones de integración familiar.
[Bloque 125: #cv-7]
Se modifica la rúbrica por la disposición adicional 8 de la Ley 18/1999 de 29 de abril. Ref. BOE-A-1999-17591.
Última actualización, publicada el 19/05/1999, en vigor a partir del 20/05/1999.
[Bloque 126: #a8-8]
Artículo 86. Creación.
Se modifica por la disposición adicional 8 de la Ley 18/1999 de 29 de abril. Ref. BOE-A-1999-17591.
[Bloque 127: #a8-9]
Artículo 87. Ámbito territorial.
2. Los Consejos de Área de Atención a la Infancia y la Adolescencia, cuyo ámbito territorial, será el que corresponda a un Área de Servicios Sociales.
Se modifica por la disposición adicional 8 de la Ley 18/1999 de 29 de abril.Ref. BOE-A-1999-17591.
[Bloque 128: #a8-10]
Artículo 88. Fines generales de los Consejos.
[Bloque 129: #a8-11]
Artículo 89. Principios de régimen jurídico.
[Bloque 130: #tv]
[Bloque 131: #ci-14]
[Bloque 132: #a9-2]
Artículo 90. Actuaciones administrativas.
[Bloque 133: #a9-3]
Artículo 91. Apoyo a las entidades privadas.
[Bloque 134: #ci-15]
[Bloque 135: #a9-4]
Artículo 92. Instituciones de Integración Familiar.
[Bloque 136: #a9-5]
Artículo 93. Habilitación de instituciones colaboradoras.
[Bloque 137: #a9-6]
Artículo 94. Funciones de las instituciones colaboradoras.
[Bloque 138: #a9-7]
Artículo 95. Deber de confidencialidad.
2. Cualquier información que se pretenda facilitar fuera del ámbito profesional de atención a la infancia, ya sea referida a un caso individual o de carácter general, o incluso estadística, deberá contar con la previa autorización de la Comisión de Tutela del Menor.
[Bloque 139: #a9-8]
Las Instituciones Colaboradoras de Integración Familiar, podrán ser declaradas de interés social, en los casos en los que presten servicios que lo justifiquen.
[Bloque 140: #tv-2]
[Bloque 141: #ci-16]
[Bloque 142: #a9-9]
[Bloque 143: #a9-10]
6.º No procurar la asistencia al centro escolar de un menor en período de escolarización obligatoria, disponiendo de plaza y sin causa que lo justifique, por parte de padres, tutores o guardadores.
[Bloque 144: #a9-11]
6.º El incumplimiento por el centro o personal sanitario de la obligación de identificar al recién nacido, de acuerdo con la normativa que regule la mencionada obligación.
9.º (Suprimido).
10. (Derogado).
11. La venta de las publicaciones recogidas en el artículo 32, así como la venta, alquiler, difusión o proyección de los medios audiovisuales a que se hace referencia en el artículo 33. La responsabilidad corresponderá a los titulares de los establecimientos o, en su caso, a las personas físicas, infractores de lo indicado en ambos artículos.
12. La emisión de programación sin ajustarse a las reglas contenidas en los apartados b) y c) del artículo 34.1 y en el artículo 34.2. La responsabilidad corresponderá a los medios de comunicación infractores.
13. La emisión o difusión publicitaria que conculque lo establecido en los artículos 36 y 38. La responsabilidad corresponderá a los medios que lo emitan o difundan.
14. La utilización de menores en publicidad contraria a los términos del artículo 37. La responsabilidad corresponderá al anunciante y a los medios que la emitan o difundan.
15. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el artículo 40, por parte de las entidades fabricantes o vendedoras.
16. Proceder a la apertura o cierre de un centro o servicio por parte de las entidades titulares de los mismos, sin haber obtenido las autorizaciones administrativas pertinentes.
17. Incumplir la obligación de inscripción en el Registro de Entidades de Acción Social, por parte de las mismas.
18. Incumplir la regulación específica establecida o que se pueda establecer para cada tipo de centro o servicio, por parte de las entidades titulares de los mismos.
19. Incumplir el deber de confidencialidad y sigilo respecto a los datos personales de los menores, por parte de los profesionales que intervengan en su protección.
20. No facilitar por parte de los titulares de los centros o servicios, el tratamiento y la atención que, acordes con la finalidad de los mismos, correspondan a las necesidades de los menores.
21. El exceso en las medidas correctoras a menores sometidos a medidas judiciales o limitación de sus derechos más allá de lo establecido en las propias decisiones judiciales, efectuadas por los titulares o los trabajadores de los centros o servicios y los colaboradores de los mismos.
22. Amparar o ejercer prácticas lucrativas en centros o servicios definidos sin ánimo de lucro, por parte de los titulares de los mismos.
23. Impedir, obstruir o dificultar de cualquier modo el ejercicio de las funciones de inspección y seguimiento del centro o servicio que corresponde al personal de la Consejería de Integración Social o del Instituto Madrileño de Atención a la Infancia, por parte de los titulares o personal de los mismos.
24. Aplicar, por parte de los titulares de centros y servicios, las ayudas y subvenciones públicas a finalidades distintas de aquellas para las que hubieran sido otorgadas, cuando no se deriven responsabilidades penales.
25. Percibir cantidades económicas de los menores en concepto de precio o contraprestación por los servicios prestados que no estén autorizadas por la Administración, por parte de los titulares de los centros concertados en lo relativo a los servicios incluidos en el concierto.
Se deroga el apartado 10 por la disposición derogatoria única.b) de la Ley 5/2002, de 27 de junio. Ref. BOE-A-2002-14844.
Se modifica el apartado 12 por la disposición final 1.3 de la Ley 2/2001, de 18 de abril. Ref. BOE-A-2001-11965.
Se suprime el apartado 9 y se modifica el apartado 10 por la disposición adicional 2 de la Ley 17/1997, de 4 de julio. Ref. BOE-A-1998-9648.
Modificación publicada el 04/05/2001, en vigor a partir del 05/05/2001.
Modificación publicada el 07/07/1997, en vigor a partir del 07/07/1997.
[Bloque 145: #a1-12]
3.º (Derogado).
4.º El incumplimiento de lo establecido por el artículo 34.1.a), referido a la inclusión en las emisiones de televisión de programas, escenas o mensajes de cualquier tipo que puedan perjudicar seriamente el desarrollo físico, mental o moral de los menores.
Se deroga el apartado 3º por la disposición derogatoria única.b) de la Ley 5/2002, de 27 de junio. Ref. BOE-A-2002-14844.
Se añade el apartado 4º por la disposición final 1.4 de la Ley 2/2001, de 18 de abril. Ref. BOE-A-2001-11965.
Se modifica el apartado 3º por el art. 1.2 de la Ley 5/2000, de 8 de mayo. Ref. BOE-A-2000-9793.
Se añade el apartado 3º por la disposición adicional 2 de la Ley 17/1997, de 4 de julio. Ref. BOE-A-1998-9648.
[Bloque 146: #ci-17]
[Bloque 147: #a1-13]
Artículo 101. Sanciones.
Las infracciones establecidas en los artículos anteriores serán sancionadas en la forma siguiente:
c) Infracciones muy graves: Multas desde 30.051 hasta 60.101 euros.
Téngase en cuenta que las cuantías señaladas podrán ser revisadas y actualizadas periódicamente por Decreto del Consejo de Gobierno publicado únicamente en el BOCM, según se establece en la dispoisición adicional 7 de la presente Ley.
Se modifica la letra c) por la disposición final 1.4 de la Ley 5/2002, de 27 de junio. Ref. BOE-A-2002-14844.
Se modifica la letra c) por la disposición adicional 2 de la Ley 17/1997, de 4 de julio. Ref. BOE-A-1998-9648.
[Bloque 148: #a1-14]
Artículo 102. Acumulación de sanciones.
[Bloque 149: #a1-15]
[Bloque 150: #a1-16]
[Bloque 151: #ci-18]
[Bloque 152: #a1-17]
Artículo 105. Incoación.
[Bloque 153: #a1-18]
Artículo 106. Procedimiento aplicable.
[Bloque 154: #a1-19]
Cuando la sanción propuesta lleve acumulada la contemplada en el artículo 102.2, será competente para resolver la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento o el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, según proceda.
[Bloque 155: #a1-20]
Artículo 108. Relación con la jurisdicción penal y civil.
[Bloque 156: #a1-21]
Artículo 109. Recursos.
[Bloque 157: #a1-22]
Artículo 110. Publicidad de las sanciones.
[Bloque 158: #a1-23]
[Bloque 159: #tv-3]
[Bloque 160: #ci-19]
Los Registros de Protección de Menores
[Bloque 161: #a1-24]
Artículo 112. Registros de Tutelas y Guardas.
1. La Administración Autonómica creará un Registro de Tutelas y un Registro de Guardas, en los que deberán ser inscritos todos los menores, cuya tutela o guarda sea constituida.
2. Asimismo, creará un Registro de Personas que hayan solicitado Acogimiento o Adopciones, en el que se inscribirán, además, los acogimientos y adopciones propuestas y realizadas.
3. La organización y funcionamiento de estos Registros se regulará reglamentariamente, debiendo quedar garantizados:
a) El derecho a la intimidad y la obligación de reserva respecto de las inscripciones.
4. Sólo las personas que figuren inscritas en el correspondiente Registro, podrán realizar acogimientos o ser propuestas como adoptantes.
[Bloque 162: #a1-25]
Artículo 113. El Registro de Instituciones Colaboradoras.
1. El Registro de Instituciones Colaboradoras de Integración Familiar es público. En él deberán estar inscritas todas aquellas que hayan sido habilitadas por la Administración Autonómica.
2. En el Registro constarán: Denominación, domicilio social, composición de órganos directivos, Estatutos, fecha y contenido de su habilitación, así como la ubicación de sus centros en la Comunidad de Madrid. Las modificaciones que se produzcan en estos datos, serán obligatoriamente objeto del asiento correspondiente.
3. La Consejería de Integración Social regulará reglamentariamente la organización y funcionamiento del Registro de Instituciones Colaboradoras.
La mención que se hace en esta Ley a las parejas en lo relativo a la adopción y al acogimiento, ha de entenderse en el sentido de hombre y mujer integrantes de una pareja unida de forma permanente por relación de afectividad análoga a la conyugal, en aplicación de la disposición adicional tercera de la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, por la que se modifican determinados artículos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de adopción.
[Bloque 164: #da-2]
A los efectos de esta Ley, se entiende por Servicios Sociales de Atención Primaria el conjunto de programas y servicios de acceso directo de los ciudadanos, integrados en el Sistema Madrileño de Servicios Sociales, bien en la Red de Servicios Generales o en alguna de las redes especializadas, con independencia de la Administración o entidad que lo gestione.
[Bloque 165: #da-3]
A los efectos de esta Ley, se entiende por Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid la Administración Autonómica y la Local.
[Bloque 166: #da-4]
A los centros y servicios destinados a menores que desarrollen su actividad en el ámbito de la presente Ley, no les será de aplicación lo dispuesto en los capítulos V, VI y VII de la Ley 8/1990, de 10 de octubre, reguladora de las Actuaciones Inspectoras y de Control de los Centros y Servicios de Acción Social.
[Bloque 167: #da-5]
En el caso de que se adscriban unidades del Cuerpo Nacional de Policía a la Comunidad de Madrid, el Consejo de Gobierno, atendidos los efectos y el alcance de la adscripción, destinará a la Comisión de Tutela del Menor los agentes que se estime necesarios para que colaboren en el cumplimiento de sus fines y en la ejecución de la presente Ley y demás normativa de protección de menores.
[Bloque 168: #da-6]
Las cuantías económicas recaudadas en concepto de multas impuestas en aplicación de la presente Ley serán destinadas por la Tesorería de la Administración sancionadora a engrosar los programas del presupuesto de gasto destinados a servicios o actividades de atención a la infancia.
[Bloque 169: #da-7]
Las cuantías señaladas para las multas en el artículo 100 podrán ser revisadas y actualizadas periódicamente por Decreto del Consejo de Gobierno, teniendo en cuenta las variaciones del índice de precios de la Comunidad, y dando cuenta a la Comisión de Salud e Integración Social de la Asamblea de Madrid en el plazo de quince días hábiles.
[Bloque 170: #da-8]
El Consejo de Gobierno incluirá en sus actuaciones de cooperación al desarrollo acciones dirigidas al fomento, mejora y respeto de los derechos de la infancia en los países a que vayan destinadas las correspondientes ayudas.
[Bloque 171: #dt]
La efectividad de los mandatos de la presente Ley en materia de educación quedará supeditada a la transferencia de los medios personales y materiales necesarios. Los mandatos en materias de salud serán directamente exigibles respecto de los recursos propios o transferidos, quedando supeditados los relativos al resto de recursos a la oportuna transferencia.
[Bloque 172: #dt-2]
Hasta que se promulgue el Reglamento Regulador de las Instituciones Colaboradoras de Integración Familiar para la Guarda de Menores, se autoriza al Instituto Madrileño de Atención a la Infancia a mantener los convenios o conciertos que actualmente tenga suscritos a tal efecto con entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro.
Quedan derogados los apartados 7 y 9 del artículo 13.3.b) de la Ley 8/1990, de 10 de octubre, reguladora de las Actuaciones Inspectoras y de Control de los Centros y Servicios de Acción Social de la Comunidad de Madrid.
[Bloque 174: #dd-2]
Quedan derogados los apartados a) y b) del artículo 11 de la Ley 11/1984, de 6 de junio, de Servicios Sociales.
[Bloque 175: #dd-3]
[Bloque 176: #df]
En el plazo máximo de tres meses el Consejo de Gobierno remitirá a la Asamblea de Madrid el proyecto de Ley reguladora del Defensor de los Menores de la Comunidad de Madrid y el del Instituto Madrileño de Atención a la Infancia.
[Bloque 177: #df-2]
Se autoriza al Consejo de Gobierno a desarrollar reglamentariamente la presente Ley, en el plazo de seis meses.
[Bloque 178: #df-3]
La presente Ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid», y deberá ser publicada, asimismo, en el «Boletín Oficial del Estado».
[Bloque 179: #fi]
(Publicada en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 83, de 7 de abril de 1995. Corrección de errores del «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» números 108 y 152, de 8 de mayo y 28 de junio, respectivamente)