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Timestamp: 2019-08-17 15:48:05
Document Index: 185943503

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 127', 'artículo 141', 'artículo 141', 'artículo 127', 'artículo 128', 'artículo 135', 'artículo 141']

﻿ SENTENCIA 20001-23-31-000-1999-0653-01- 12316 DE MARZO 8 DE 2002
SENTENCIA 20001-23-31-000-1999-0653-01- 12316 DE 08 DE MARZO DE 2002
CONTENIDO:DEDUCCIÓN POR DEPRECIACIÓN. SU BENEFICIARIO ES EL PROPIETARIO O USUFRUCTUARIO DEL BIEN, SALVO QUE SE TRATE DE VENTA CON PACTO DE RESERVA DE DOMINIO, EN CUYO CASO ES EL COMPRADOR, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 127 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRIBUYENTE, USUFRUCTO, IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PERÍODO FISCAL DEL IMPUESTO, DEDUCCIÓN POR DEPRECIACIÓN, BENEFICIARIO DE LA DEDUCCIÓN POR DEPRECIACIÓN, ESTATUTO TRIBUTARIO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:365 DE MAYO DE 2002, PÁG.1076
Sentencia 12316 de marzo 8 de 2002
DERECHO DE CONTRIBUYENTES NO OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD
EXTRACTOS: «Rechazo de la partida $ 15.519.000 correspondiente a depreciación. A juicio de la administración no procede esta deducción por cuanto no fue contabilizada como lo ordena el artículo 141 del estatuto tributario, considerando por tanto que sólo los contribuyentes que lleven contabilidad tienen derecho a solicitar esta deducción.
El artículo 141 del estatuto tributario dispone:
“Las cuotas anuales de depreciación de que tratan las normas tributarias, deberán registrarse en los libros de contabilidad del contribuyente en la forma que indique el reglamento”.
Comparte la Sala el argumento expresado por el apoderado judicial de la parte actora en el sentido de que no puede rechazarse esta partida bajo el anterior argumento, toda vez que la contribuyente no está obligada a llevar contabilidad y de exigirse su registro contable so pena de ser rechazado, sería discriminatorio e inequitativo, respecto a quienes pueden solicitar la deducción por depreciación dependiendo si están obligados o no a llevar contabilidad y se le estaría dando un alcance a la norma que no corresponde a su sentido.
En efecto, el artículo 127 del estatuto tributario señala quiénes son los beneficiarios de la deducción por depreciación, en los siguientes términos:
“El contribuyente beneficiario de la deducción por depreciación es el propietario o usufructuario del bien, salvo que se trate de venta con pacto de reserva de dominio, en cuyo caso el beneficiario es el comprador. El arrendatario no puede deducir suma alguna por concepto de depreciación del bien arrendado. Sin embargo, cuando el arrendatario de un inmueble le haga mejoras cuya propiedad se transfiera al arrendador sin compensación, el arrendatario puede depreciar el costo de la mejora, conforme a la vida útil de ésta, sin atender al término de duración del contrato.
Si quedare un saldo pendiente por depreciar, al enajenar definitivamente la mejora, el arrendatario tiene derecho a deducirlo como pérdida, siempre que no utilice la mejora posteriormente”. (Subraya la Sala).
Por su parte el artículo 128 ibídem establece que:
“Son deducibles cantidades razonables por la depreciación causada por desgaste o deterioro normal o por obsolescencia de bienes usados en negocios o actividades productoras de renta, equivalentes a la alícuota o suma necesaria para amortizar el ciento por ciento (100%) de su costo durante la vida útil de dichos bienes, siempre que éstos hayan prestado servicio en el año o período gravable de que se trate” (subraya la Sala).
Y por bienes depreciables, según el artículo 135 ibídem, se entiende los activos fijos tangibles, con excepción de los terrenos, que no sean amortizables. Por consiguiente no son depreciables los activos movibles, tales como materias primas, bienes en vía de producción e inventarios y valores mobiliarios
De acuerdo a lo anterior considera la Sala que la ley no contempla que los beneficiarios de la deducción por depreciación sean solamente aquellos contribuyentes obligados a llevar libros de contabilidad, pues en virtud de lo dispuesto en las normas transcritas, los beneficiarios son los propietarios o usufructuarios de los activos fijos tangibles, con excepción de los terrenos, que no sean amortizables, quienes tienen derecho a deducir cantidades razonables por la depreciación causada por desgaste o deterioro normal o por obsolescencia de los mismos, usados en negocios o actividades productoras de renta, siempre que éstos hayan prestado servicio en el año o período gravable de que se trate.
Y es que la depreciación no la causa un registro contable, la depreciación la causa el desgaste o deterioro normal por el uso de un bien y atiende a la necesidad de reconocer racionalmente y en forma sistemática el costo del activo utilizado en la actividad productora de renta; por lo tanto los activos destinados al negocio o actividad rentable que poseen todas las personas, son objeto de la depreciación durante la vida útil de esos bienes, independientemente de su calidad de comerciante o no, o de que deban llevar libros de contabilidad o no. Otra cosa es que para la procedencia se deban establecer el cumplimiento de ciertos requisitos que la misma ley tributaria consagra.
Ahora bien, para el caso que nos ocupa, tratándose de una persona natural no obligada a llevar libros de contabilidad, la administración no puede desconocer el derecho a la deducción bajo el argumento que se expuso al principio de estas consideraciones; para la Sala, la administración tiene otros mecanismos para establecer en estos eventos la procedencia de la deducción, como es verificar que la contribuyente sea la propietaria o usufructuaria del bien, que el bien sea susceptible de depreciarse, cuál ha sido su vida útil y qué porcentaje de depreciación se ha utilizado, y que haya prestado servicio en el año o período gravable de que se trate y que se use en actividades productoras de rentas.
En atención a las anteriores precisiones, considera la Sala que se ha aplicado en forma indebida el artículo 141 del estatuto tributario, por lo que se confirmará en este punto la sentencia apelada, no estando así llamado a prosperar el cargo de apelación de la parte demandada».
(Sentencia de marzo 8 de 2002. Expediente 12.316. Consejero Ponente: Dr. Juan Ángel Palacio Hincapié).