Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/4427
Timestamp: 2020-02-22 22:57:40
Document Index: 409596949

Matched Legal Cases: ['artículo 11', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 9']

Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 131/2001
SENTENCIA 131/2001, de 7 de junio
ECLI:ES:TC:2001:131
En la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, registrada con el núm. 3206/95, sobre la posible inconstitucionalidad del artículo 11.1, en relación con el art. 10.1 c), de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y subsidiariamente, del art. 1 de la Ley 5/1993, de 16 de abril, sobre liquidación definitiva de la participación de las Corporaciones locales en los tributos del Estado correspondiente al ejercicio de 1990, por supuesta vulneración, respectivamente, de los arts. 139.1 y 24.1, y del art. 9.3 de la Constitución Española. Han intervenido el Abogado del Estado, en la representación que ostenta, y el Fiscal General del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Vicente Conde Martín de Hijas, quien expresa el parecer del Tribunal.
Concluso el procedimiento, y con suspensión del plazo para dictar Sentencia, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por providencia de 1 de marzo de 1995, acordó oír a las partes y al Ministerio Fiscal, por plazo común de diez días, para que alegasen lo que estimaren procedente sobre la pertinencia de plantear cuestión de inconstitucionalidad “sobre, en primer lugar, la regla 1 del art. 11, en relación con el art. 10.1 c), ambos de la Ley de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa y su posible oposición a los artículos 139.1 y 24.1 y 2 de la Constitución, preceptos que atribuyen a este Tribunal la competencia territorial para conocer del asunto objeto del litigio; y, subsidiariamente, para el caso de que se considere constitucional el contenido de las reglas cuestionadas, el art. 1 de la Ley 5/93, de 16 de abril, y la Disposición Adicional 14ª de la Ley 31/91 por posible vulneración de los arts. 2, 9.3, 66.2, 134, 137 y 142 de la Constitución”.
a) Tras relatar los antecedentes de la cuestión de inconstitucionalidad, la Sala considera, a la vista de las alegaciones formuladas por las partes y el Ministerio Fiscal, que ha de permanecer inalterada respecto del art. 11.1 en relación con el art. 10.1 c), de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa (LJCA), si bien limitando los preceptos constitucionales supuestamente vulnerados a los arts. 139.1 y 24.1 de la Constitución. Sin embargo la suscitada con carácter subsidiario la restringe al art. 1 de la Ley 5/1993, de 16 de abril, por posible vulneración del principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras restrictivas de derechos individuales, del principio de seguridad jurídica y de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9.3 CE).
De la validez de los preceptos legales cuestionados depende la decisión del proceso, por cuanto, en primer lugar, el art. 11.1, en relación con el art. 10.1 c), LJCA de 1956 le atribuye a la Sala la competencia para conocer del litigio, de modo que la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los mencionados artículos incide directamente sobre la admisibilidad del recurso contencioso- administrativo; y, en segundo lugar, el art. 1 de la Ley 5/1993 adopta la medida específicamente impugnada, que estima la Corporación local actora contraria a sus intereses, al señalar un índice conforme al cual ha de realizarse la liquidación, por lo que su validez o nulidad determinará la viabilidad o inviabilidad del recurso en el aspecto relativo a la liquidación del año 1990.
b) El art. 11.1, en relación con el art. 10.1 c), ambos de la LJCA conducen al resultado de residenciar en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el conocimiento de cualquier litigio contra actos de la Administración del Estado que provengan de un órgano de rango inferior al de Secretario de Estado (o superior si en vía de recuso se confirma el que provenga de los inferiores), porque se trata de actos que “se realizan en la circunscripción” de ese Tribunal Superior de Justicia. De esta forma, la atribución de competencia realizada genéricamente a los Tribunales Superiores de Justicia por el art. 74.1 a) LOPJ ha de entenderse hecha al Tribunal Superior de Justicia de Madrid cuando el acto proceda de la Administración central, resultado que no deja de chocar con el sistema general de la propia LOPJ, más aún cuando viene impuesto por normas preconstitucionales. En este sentido, es preciso destacar —se afirma en el Auto de planteamiento— que en el Anteproyecto de Reforma de la Ley de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa se extraen estos actos de la competencia de los Tribunales Superiores de Justicia para asignarlos a la Audiencia Nacional.
Los preceptos legales cuestionados pueden, también, infringir, a juicio de la Sala, el art. 24.1 CE, por cuanto pueden generar obstáculos a la tutela judicial efectiva de los derechos. De ésta forma parte lo que se conoce como derecho al Juez natural, que no aparece plasmado como tal ni en nuestro Derecho ni en la doctrina constitucional. Sin embargo interesa acudir en este punto a los argumentos empleados por el Tribunal Constitucional cuando la asignación de competencias a un órgano diferente al situado en la proximidad del ciudadano es esgrimida como violación del principio de tutela judicial efectiva. Así, en la STC 199/1987, de 16 de diciembre, al enjuiciar la norma que otorgaba competencias a la Audiencia Nacional para la instrucción y el enjuiciamiento de determinados delitos, el Tribunal Constitucional descartó la vulneración de aquel derecho fundamental en base a dos tipos de razones, a saber, la exacta predeterminación legal del órgano competente y su carácter de órgano con competencia en todo el territorio nacional que en cualquier caso permitiría una actuación eficaz en la defensa de un derecho. Más expresamente, en la STC 56/1990, de 29 de marzo, tras indicarse que las actuaciones de los Tribunales Superiores de Justicia “presuponen la radicación en el territorio de la Comunidad del órgano competente en primera instancia”, con lo que alude a órganos de ámbito inferior al nacional en contra del supuesto legal cuya constitucionalidad se cuestiona, se admiten circunstancias que justifican que el cumplimiento recaiga en un órgano centralizado. En suma, la excepción al Juez natural como garantía de la tutela judicial efectiva es admisible, pero siempre que no se trate de un órgano judicial de idéntico ámbito en una Comunidad diferente, ya que en este caso dicha excepción carece de justificación alguna.
Pues bien, el art. 1 de la Ley 5/1993 fija el índice de evolución para el año 1990 en 1,21209666 de la financiación del año base, admitiendo en su Exposición de Motivos que dicho índice supone introducir diversos elementos correctores sobre las reglas anteriormente vigentes. De aplicarse éstas, el índice que hubiera correspondido sería el de 1,34284466, estribando en la diferencia existente entre ambos índices la reclamación de la Corporación local recurrente. Además la Ley 5/1993 no hace mención al criterio de fijación del índice, si bien se refiere a determinados acuerdos, y tanto el acto impugnado como el informe adjunto entienden que dicho índice proviene de la modificación de la Disposición adicional duodécima de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, efectuada por la Disposición adicional decimocuarta de la Ley 31/1991, de Presupuestos Generales del Estado para 1992. Ésta, sin embargo, carece de disposición alguna sobre retroactividad, por lo que la Sala considera que, tanto por esta razón como por no resultar mencionada por la Ley 5/1993, no procede su cuestionamiento al afectar a ejercicios posteriores a los que se contrae el litigio.
Por último, el precepto legal cuestionado no explicita qué criterios utiliza para adoptar una medida tan importante. Es una medida sin explicación que puede considerarse arbitraria por incidir en derechos previamente declarados, de conformidad con los criterios de arbitrariedad que se contienen en las SSTC 175/1983, 108/1986 y 63/1994, con la consiguiente vulneración de la interdicción de la misma que consagra el art. 9.3 CE
Respecto a la pretendida inconstitucionalidad del art. 1 de la Ley 5/1993, de 16 de abril, el Abogado del Estado se remite a lo alegado en el recurso de inconstitucionalidad núm. 2300/93, pendiente de resolución en aquel momento, argumentando que este precepto no es una disposición retroactiva sino que se limita a establecer los mecanismos para practicar la liquidación definitiva de la participación de las Corporaciones locales en los tributos del Estado para 1990; afirma asimismo que el citado precepto tampoco infringe la seguridad jurídica.
7. El Fiscal General del Estado presentó su escrito de alegaciones el 22 de noviembre de 1995. En relación a la primera cuestión suscitada por el órgano judicial entiende que ésta ya fue planteada por el mismo órgano en otra cuestión de inconstitucionalidad, que fue resuelta por la STC 114/1994, citando algunos pasajes de ésta a pesar de referirse a la compatibilidad del precepto cuestionado con el art.152.1 CE. En cualquier caso, afirma que no existe incompatibilidad entre el precepto cuestionado y el art. 139.1 CE por varias razones: en primer lugar, porque las atribuciones competenciales entre órganos jurisdiccionales para resolver recursos son materia de legalidad ordinaria; en segundo lugar, por no ser el art. 139.1 CE atributivo de competencias; en tercer lugar, porque la igualdad de todos los españoles en cualquier parte del territorio no puede ser interpretada de forma absoluta; y finalmente, porque lo que puede subyacer en el planteamiento de la Sala es un problema de discriminación por indiferenciación, que nada tiene que ver con el principio de igualdad.
Por otra parte, entiende el Fiscal General que no puede prosperar la alegada vulneración del art. 24.1 CE, puesto que la tutela judicial efectiva es un derecho de configuración legal, y que las posibles disfunciones entre la regulación actual y la más coherente con la Constitución deben ser solventadas por el legislador, señalando que así se hace ya en el Proyecto de Ley Reguladora del Proceso Contencioso-Administrativo, tramitado en ese momento por el Congreso de los Diputados.
1. El Auto de 19 de julio de 1995 de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid plantea, en realidad, dos cuestiones de inconstitucionalidad. La primera, respecto del art. 11.1, en relación con el art. 10.1 c), ambos de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de 27 de diciembre de 1956 (en redacción de ambos preceptos modificada por la Ley 10/1973, de 17 de marzo), en cuanto atribuye a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid la competencia para conocer de los actos de Ministros, autoridades y órganos centrales de inferior jerarquía resolutorios de recursos administrativos que confirmaren el acto recurrido, por su posible contradicción con los arts. 24.1 y 139.1 CE. La segunda, cuyo planteamiento está condicionado al rechazo o desestimación de la anterior, respecto del art. 1 de la Ley 5/1993, de 16 de abril, sobre liquidación definitiva de la participación de las Corporaciones locales en los tributos del Estado correspondiente al ejercicio de 1990, al establecer un índice de evolución para el ejercicio de 1990 inferior al señalado en la Ley 39/1988 para el quinquenio 1989-1993 y aplicarse aquél retroactivamente, por su posible contradicción con el principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9.3 CE).
2. Respecto a la primera cuestión, debe señalarse que ya fue suscitada por la misma Sala en la cuestión de inconstitucionalidad núm. 2340/91, en la que recayó la STC 114/1994, de 14 de abril, pero que sobre ella no se pronunció este Tribunal, al no haber sido sometida la inconstitucionalidad del art. 11.1 LJCA a la previa consideración de las partes y del Ministerio Fiscal en el incidente previo a la promoción de la cuestión [FJ 2 c)]. Asimismo conviene destacar que la cuestión versa sobre una regla de competencia jurisdiccional que, como cualquier otra de este carácter, resulta, en sí misma, susceptible de enjuiciamiento y control a través del presente cauce procesal (SSTC 55/1990, de 28 de marzo; 224/1993, de 1 de julio; 114/1994, de 14 de abril). Y finalmente, que esta primera cuestión recae sobre una norma que se halla derogada por la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin que ello determine la pérdida de objeto de la presente impugnación ni suponga una causa sobrevenida de inadmisibilidad. Como hemos declarado reiteradamente, en tales supuestos, al depender el fallo del proceso judicial precisamente de la resolución de la citada cuestión, resulta ineludible un pronunciamiento de fondo a cargo de este Tribunal para declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma cuestionada (SSTC 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 2; 199/1987, de 16 de diciembre, FJ 3; 93/1988, de 24 de mayo, FJ 6; 28/1997, de 13 de febrero, FJ 2; 12/1998, de 15 de enero, FJ 1; 174/1998, de 23 de julio, FJ 1, y 234/1999, de 16 de diciembre, FJ 2; 46/2000, de 17 de marzo, FJ 2).
Ya con referencia a la hipotética vulneración del art. 24.2 CE, no puede estimarse que el precepto cuestionado vulnere el derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley (art. 24.2 CE) pues el Tribunal Superior de Justicia de Madrid es un órgano judicial ordinario cuya competencia, por disposición legal, se extiende a los recursos contra determinados actos de la Administración estatal. Se trata de un órgano judicial que sin duda cumple el requisito de la predeterminación legal, límite que en este punto impone la Constitución al legislador a la hora de determinar, de acuerdo con el art.117.3 CE, las normas de competencia de los Juzgados y Tribunales (SSTC 101/1984, de 8 de noviembre, FJ 4; 199/1987, de 16 de diciembre, FJ 6), siendo a la vez incuestionable el carácter de órgano ordinario del cuestionado, al ser uno más de los que integran la estructura conjunta del orden jurisdiccional contencioso-administrativo de la jurisdicción única (art. 3 LOPJ).
Como sostiene el Abogado del Estado en su escrito de alegaciones, la Constitución no otorga un derecho al Juez natural, en el sentido entendido por la Sala, como Juez más próximo al justiciable, sino el derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley (art. 24.2 CE), de modo que no hay base constitucional para hablar de “Juez natural” con el alcance indicado, ni, en consecuencia, de excepciones al “Juez natural”. De otra parte, de la regla de competencia jurisdiccional cuestionada no deriva límite o impedimento alguno para el control judicial efectivo del acto administrativo impugnado en vía jurisdiccional, y, aun admitiendo, como sostiene la Sala, que el alejamiento del lugar de justicia del justiciable pueda constituir un obstáculo al acceso a la justicia, lo cierto es que la regla cuestionada presenta una justificación objetiva, cual es la de atribuir la competencia a un órgano jurisdiccional radicado en el lugar del que procede el acto recurrido.
El órgano promotor de la cuestión sostiene que el precepto cuestionado establece un trato discriminatorio para los ciudadanos no residentes en Madrid respecto de los residentes en dicha Comunidad Autónoma. Tal planteamiento no es compartible. La mayor o menor dificultad en el acceso a un órgano jurisdiccional radicado en Madrid en razón del lugar de residencia del ciudadano nada tiene que ver con la igualdad de derechos u obligaciones que se establece en el art. 139.1 CE. En este caso la igualdad resulta indiscutible desde el momento en que la norma competencial cuestionada es aplicable sin ninguna diferenciación a todos los españoles, lo que se ajusta estrictamente a la exigencia del citado precepto constitucional, el cual “constituye un límite y una directriz que acota el ejercicio de las competencias que posee el Estado ex art. 149 CE y las Comunidades Autónomas” (STC 173/1998, de 23 de julio, FJ 10), debiendo asegurar el primero “una determinada uniformidad normativa en todo el territorio nacional y preservar también, de este modo, una posición igual o común de todos los españoles, más allá de las diferencias de régimen jurídico que resultan, inexcusablemente, del legítimo ejercicio de la autonomía” (SSTC 319/1993, de 27 de octubre, FJ 5; 173/1998, de 23 de julio, FJ 10). En este sentido, hemos declarado que, en lo referente al ejercicio de los derechos y al cumplimiento de los deberes constitucionales, lo que la Constitución impone es una igualdad de las posiciones jurídicas fundamentales, pero no, desde luego, una absoluta identidad en las mismas (SSTC 37/1987, de 26 de marzo, FJ 10; 150/1990, de 4 de octubre, FJ 7; 186/1993, de 7 de junio, FJ 3; 227/1993, de 9 de julio, FJ 4).
En conclusión, el art. 11.1, en relación con el art. 10.1 c), ambos de la LJCA, no es contrario ni al art. 24.1 y 2 CE, ni al art.139.1 CE, y por consiguiente, no ha lugar a declarar su inconstitucionalidad.
5. Desestimada la primera cuestión planteada por la Sala, procede examinar la segunda, respecto del art. 1 de la Ley 5/1993, de 16 de abril, sobre liquidación definitiva de la participación de las Corporaciones locales en los tributos del Estado correspondiente al ejercicio de 1990. Entiende el órgano promotor de la cuestión que este precepto fija un índice de evolución de la financiación de las Corporaciones locales para 1990 inferior al señalado en la Ley 39/1988 para el quinquenio 1989-1993, lo cual implicaría una aplicación de la Ley 5/1993 a situaciones de hecho producidas y desarrolladas con anterioridad a ella, afectando a derechos adquiridos y consolidados por la legislación anterior. De ahí, la posible contradicción del señalado precepto con el principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9.3 CE).
La pretendida infracción del principio de irretroactividad recogido en el art. 9.3 CE no puede prosperar “por cuanto el principio de irretroactividad de las leyes consagrado en el art. 9.3 de la Constitución, concierne sólo a las sancionadoras no favorables y a las restrictivas de derechos individuales, en el sentido que hemos dado a esta expresión (SSTC 27/1981, de 20 de julio, FJ 10; 6/1983, de 4 de febrero, FJ 2; 150/1990, de 4 de octubre, FJ 8; 173/1996, de 31 de octubre, FJ 3), a saber, que la ‘restricción de derechos individuales’ ha de equipararse a la idea de sanción, por lo cual, el límite de dicho artículo hay que considerarlo como referido a las limitaciones introducidas en el ámbito de los derechos fundamentales y de las libertades públicas (del Título I de la Constitución) o en la esfera general de protección de la persona (STC 42/1986, de 10 de abril, FJ 3). Ello hace inviable la invocación de esta norma para afirmar el respeto debido a unas situaciones jurídicas que, si hubieran de identificarse como pretensiones tuteladas por la norma en cuestión, no tendría otros titulares que los entes públicos (en idénticos términos, STC 99/1986, de 11 de julio, FJ 11)” (STC 104/2000, FJ 6).
Tampoco la Ley 5/1993 incurriría en alguno de los vicios que le harían vulnerar la seguridad jurídica, “al ser patente que no es una norma incierta o falta de la indispensable claridad, por contar con un contenido preciso y unos efectos perfectamente determinados, no obstante la inevitable exégesis que de la misma pueda hacerse; tampoco contradice la jerarquía normativa y ha sido formalmente publicada; no incide —como se anticipó anteriormente— en ninguna clase de irretroactividad desfavorable a los derechos individuales, ni dispone de un nuevo régimen más restrictivo aplicable en lo porvenir a situaciones jurídicas preexistentes y consolidadas; o, finalmente, no incurre —como veremos enseguida— en arbitrariedad ni carece de razonabilidad por relación a los lícitos propósitos con que el legislador pretende, no ya dar respuesta a la cambiante realidad económica, sino someterse a los postulados de una ley previa que le condicionaba su actuación (la LHL en la redacción que le dio la Ley 31/1991). Más concretamente, respecto a la supuesta aplicación sorpresiva de esta Ley 5/1993, no debe descuidarse que la situación que se dice afectada no constituía ningún derecho en el sentido que se pretende ni, consiguientemente, se ha operado su privación. Por el contrario, la norma cuestionada sólo concreta o eleva a definitiva una previa liquidación provisional, justificándose su existencia en el hecho de ser una consecuencia previsible del régimen establecido en el capítulo III de la LHL, por cuanto si la participación en los tributos del Estado —determinada conforme a las reglas contenidas en los arts. 112 a 115 y Disposiciones adicionales décima y duodécima (todos ellos de la LHL)— se hacía con relación al quinquenio 1989-1993, la fórmula introducida por la Ley de Presupuestos afectaría a cualquier liquidación definitiva a practicar respecto del quinquenio de referencia, pero no lo harían las leyes que, posteriormente, se dirigiesen a la concreción del citado índice. Tanto más cuando, como hemos dicho con anterioridad, la fijación del sistema de ingresos de las entidades locales, en sentido general, y la determinación de su participación en los ingresos del Estado, en sentido particular, es una opción del legislador estatal conforme a sus disponibilidades presupuestarias” (STC 104/2000, FJ 7).
Finalmente, de acuerdo con nuestra jurisprudencia, no puede tacharse de arbitraria la norma impugnada puesto que “posee una finalidad razonable dado que es una especificación de la LHL, que previó la liquidación anual de la participación en los tributos del Estado discutida, por lo que es aquí donde se agota el enjuiciamiento de su posible arbitrariedad, que la norma supera cumplidamente (en sentido idéntico, STC 142/1993, de 22 de abril, FJ 9). En otros términos, si la norma de que tratamos no se muestra como desprovista de fundamento, aunque pueda legítimamente discreparse de la concreta solución, entrar en un enjuiciamiento de cuál sería su medida justa supone discutir una opción tomada por el legislador que, aunque pueda ser discutible, no resulta arbitraria ni irracional (en sentido idéntico, STC 44/1988, de 22 de marzo, FJ 13)” (STC 104/2000, FJ 8).
Número y fecha BOE [Núm, 158 ] 03/07/2001 Corrección 1
Tipo y número de registro Cuestión de inconstitucionalidad 3206-1995
Fecha de resolución 07/06/2001
Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en relación con los arts. 11.1 y 10.1 c) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa de 1956, y subsidiariamente con el art.1 de la Ley 5/1993, de 16 de abril, sobre liquidación definitiva de la participación de las Corporaciones locales en los tributos del Estado correspondiente al ejercicio de 1990.
Supuesta vulneración de los derechos al juez legal y a la igualdad territorial, y de los principios de irretroactividad de la ley, seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad del legislador: competencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para conocer de contencioso-administrativos relativos a actos de autoridades centrales; STC 104/2000.
La Constitución no otorga un derecho al Juez natural, en el sentido entendido por la Sala, como Juez más próximo al justiciable, sino el derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley (art. 24.2 CE) [FJ 3].
La mayor o menor dificultad en el acceso a un órgano jurisdiccional radicado en Madrid, en razón del lugar de residencia del ciudadano, nada tiene que ver con la igualdad de derechos u obligaciones que se establece en el art. 139.1 CE [ FJ 4].
Reitera la doctrina de la STC 104/2000, acerca de la fijación de un índice de evolución de la financiación de las Corporaciones locales para 1990 por la Ley 5/1993, inferior al señalado en la Ley 39/1988 para el quinquenio 1989-1993, lo que no contradice principios constitucionales del art. 9.3 CE [FJ 5].
Artículo 10.1 c) (redactado por la Ley 10/1973, de 17 de marzo)
Artículo 11.1 (redactado por la Ley 10/1973, de 17 de marzo)
Artículo 10.1 c) (redactado por la Ley 10/1973, de 17 de marzo), ff. 1, 3, 4
Artículo 11.1 (redactado por la Ley 10/1973, de 17 de marzo), ff. 1 a 4
Artículo 9.3 (irretroactividad), f. 5
En general (redactada por la Ley 31/1991, de 30 de diciembre), f. 5
Título II, capítulo III, f. 5
Artículos 112 a 115, f. 5
Disposición adicional duodécima, f. 5
Exclusión de un derecho al juez más próximo al justiciableExclusión de un derecho al juez más próximo al justiciable, f. 3
Hacienda localHacienda local, f. 5
Principio de interdicción de la arbitrariedadPrincipio de interdicción de la arbitrariedad, Naturaleza, f. 5
Tribunales Superiores de JusticiaTribunales Superiores de Justicia, ff. 3, 4