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Timestamp: 2019-01-19 17:35:16
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Matched Legal Cases: ['artículo 53', 'artículo 33', 'artículo 27', 'artículo 31', 'artículo 32', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 52', 'artículo 53', 'artículo 54', 'artículo 53', 'artículo 54', 'artículo 53', 'artículo 31', 'artículo 57', 'artículo 312', 'artículo 515', 'artículo 518', 'artículo 515', 'artículo 149']

Leyes Extranjeras: ESPAÑA Ley Organica 4/2000 sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España
ESPAÑA Ley Organica 4/2000 sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España
(BOE, 12 de Enero de 2000)
Modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre y por la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre.
Modificada por LO 14/2003, de 20 de noviembre
* La disposición adicional única de la Ley 14/2003 ha establecido que todas las referencias al término «permiso» incluidas en esta norma sean sustituidas por el término «autorización».
1. Delimitación del ámbito.
2. Exclusión del ámbito de la ley.
a) Los agentes diplomáticos y los funcionarios con­sulares acreditados en España, así como los demás miembros de las misiones diplomáticas permanentes o especiales y de las oficinas consulares y sus familiares que, en virtud de las normas del Derecho internacional, estén exentos de las obligaciones relativas a su inscripción como extranjeros y a la obtención del permiso* de residencia.
b) Los representantes y delegados, así como los demás miembros y sus familiares, de las Misiones per­manentes o de las Delegaciones ante los Organismos intergubernamentales con sede en España o en Con­ferencias internacionales que se celebren en España.
3. Derechos de los extranjeros e interpretación de las normas.
4. Derecho a la documentación.
5. Derecho a la libertad de circulación.
1. Los extranjeros que se hallen en España de acuer­do con lo establecido en el Título II de esta Ley, tendrán derecho a circular libremente por el territorio español y a elegir su residencia sin más limitaciones que las establecidas con carácter general por los tratados y las leyes, o las acordadas por la autoridad judicial, con carác­ter cautelar o en un proceso penal o de extradición en los que el extranjero tenga la condición de imputado, víctima o testigo, o como consecuencia de sentencia firme.
6. Participación pública.
1. Los extranjeros residentes en España podrán ser titulares del derecho de sufragio en las elecciones municipales, atendiendo a criterios de reciprocidad, en los términos que por Ley o Tratado sean establecidos para los españoles residentes en los países de origen de aquellos.
7. Libertades de reunión y manifestación.
9. Derecho a la educación.
4. Los poderes públicos promoverán que los extranjeros residentes que lo necesiten puedan recibir una enseñanza para su mejor integración social, con reconocimiento y respeto a su identidad cultural
10. Derecho al trabajo y a la Seguridad Social.
11. Libertad de sindicación y de huelga.
1 . Los extranjeros tendrán derecho a sindicarse libremente o a afiliarse a una organización profesional, en las mismas condiciones que los trabajadores españoles, que podrán ejercer cuando obtengan autorización de estancia o residencia en España.
12. Derecho a la asistencia sanitaria.
1. Los extranjeros que se encuentren en España ins­critos en el padrón del municipio en el que residan habi­tualmente, tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles.
2. Los extranjeros que se encuentren en España tie­nen derecho a la asistencia sanitaria pública de urgencia ante la contracción de enfermedades graves o acciden­tes, cualquiera que sea su causa, y a la continuidad de dicha atención hasta la situación de alta médica.
13. Derecho a ayudas en materia de vivienda.
14. Derecho a Seguridad Social y a los servicios sociales.
2. Los extranjeros residentes tendrán derecho a los servicios y a las prestaciones sociales, tanto a los gene­rales y básicos como a los específicos, en las mismas condiciones que los españoles.
3. Los extranjeros, cualquiera que sea su situación administrativa, tienen derecho a los servicios y presta­ciones sociales básicas.
15. Sujeción de los extranjeros a los mismos impuestos que los españoles.
2. Los extranjeros tendrán derecho a transferir sus ingresos y ahorros obtenidos en España a su país, o a cualquier otro, conforme a los procedimientos esta­blecidos en la legislación española y de conformidad con los acuerdos internacionales aplicables. El Gobierno adoptará las medidas necesarias para facilitar dichas transferencias.
16. Derecho a la intimidad familiar.
1. Los extranjeros residentes tienen derecho a la vida en familia y a la intimidad familiar en la forma pre­vista en esta Ley Orgánica y de acuerdo con lo dispuesto en los Tratados internacionales suscritos por España.
17. Familiares reagrupables.
1. El extranjero residente tiene derecho a reagrupar con él en España a los siguientes familiares
a) El cónyuge del residente, siempre que no se encuentre separado de hecho o de derecho o que el matrimonio se haya celebrado en fraude de ley. En nin­gún caso podrá reagruparse más de un cónyuge, aunque la ley personal del extranjero admita esta modalidad matrimonial. El extranjero residente que se encuentre separado de su cónyuge y casado en segundas o pos­teriores nupcias sólo podrá reagrupar con él al nuevo cónyuge y sus familiares si acredita que la separación de sus anteriores matrimonios ha tenido lugar tras un procedimiento jurídico que fije la situación del cónyuge anterior y sus familiares en cuanto a la vivienda común, la pensión al cónyuge y los alimentos para los menores dependientes.
b) Los hijos del residente y del cónyuge, incluidos los adoptados, siempre que sean menores de dieciocho años o estén incapacitados, de conformidad con la Ley española o su Ley personal y no se encuentren casados. Cuando se trate de hijos de uno sólo de los cónyuges, se requerirá además que éste ejerza en solitario la patria potestad o se le haya otorgado la custodia y estén efec­tivamente a su cargo. En el supuesto de hijos adoptivos deberá acreditarse que la resolución por la que se acordó la adopción reúne los elementos necesarios para pro­ducir efecto en España.
c) Los menores de dieciocho añoso incapaces cuan­do el residente extranjero sea su representante legal.
18. Procedimiento para la reagrupación familiar.
19. Efectos de la reagrupación familiar en circunstancias especiales.
20. Derecho a la tutela judicial efectiva.
21. Derecho al recurso contra los actos administrativos.
1. Los actos y resoluciones administrativas adop­tados en relación con los extranjeros serán recurribles con arreglo a lo dispuesto en las leyes.
2. El régimen de ejecutividad de los actos administrativos dictados en materia de extranjería será el previsto con carácter general en la legislación vigente, salvo lo dispuesto en esta Ley para la tramitación de expedientes de expulsión con carácter preferente..
22. Derecho a la asistencia jurídica gratuita.
23. Actos discriminatorios.
1. A los efectos de esta Ley, representa discrimi­nación todo acto que, directa o indirectamente, conlleve una distinción, exclusión, restricción o preferencia contra un extranjero basada en la raza, el color, la ascendencia o el origen nacional o étnico, las convicciones y prácticas religiosas, y que tenga como fin o efecto destruir o limitar el reconocimiento o el ejercicio, en condiciones de igual­dad, de los derechos humanos y de las libertades fun­damentales en el campo político, económico, social o cultural.
2. En cualquier caso, constituyen actos de discri­minación:
b) Todos los que impongan condiciones más gra­vosas que a los españoles, o que impliquen resistencia a facilitar a un extranjero bienes o servicios ofrecidos al público, sólo por su condición de tal o por pertenecer a una determinada raza, religión, etnia o nacionalidad.
c) Todos los que impongan ¡legítimamente condi­ciones más gravosas que a los españoles o restrinjan o limiten el acceso al trabajo, a la vivienda, a la educación, a la formación profesional y a los servicios sociales y socioasistenciales, así como a cualquier otro derecho reconocido en la presente Ley Orgánica, al extranjero que se encuentre regularmente en España, sólo por su condición de tal o por pertenecer a una determinada raza, religión, etnia o nacionalidad.
Constituye discriminación indirecta todo tratamiento derivado de la adopción de criterios que perjudiquen injustificadamente a los trabajadores por su condición de extranjeros o por pertenecer a una determinada raza, religión, etnia o nacionalidad, siempre que se refieran a requisitos no esenciales para el desarrollo de la acti­vidad laboral.
24. Aplicabilidad del procedimiento sumario.
La tutela judicial contra cualquier práctica discrimi­natoria que comporte vulneración de derechos y liber­tades fundamentales podrá ser exigida por el procedi­miento previsto en el artículo 53.2 de la Constitución en los términos legalmente establecidos.
25. Requisitos para la entrada en territorio español.
4. Se podrá autorizar la entrada en España de los extranjeros que no reúnan los requisitos establecidos en los párrafos anteriores cuando existan razones excepcionales de índole humanitaria, interés público o cum­plimiento de compromisos adquiridos por España. En estos casos, se procederá a hacer entrega al extranjero de la documentación que se establezca reglamentaria mente.
25 bis. Tipos de visados.
26. Prohibición de entrada en España.
27. Expedición del visado.
3. Reglamentaria mente se establecerá la normativa específica del procedimiento de concesión y expedición de visados, conforme a lo previsto en la disposición adicional undécima de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. En dicho procedimiento podrá requerirse la comparecencia personal del solicitante.
28. De la salida de España.
a) Expulsión del territorio español por orden judicial en los casos previstos en el Código Penal.
29. Enumeración de las situaciones.
2. Las diferentes situaciones de los extranjeros en España podrán acreditarse mediante el pasaporte o documento de viaje que acredite su identidad, visado o tarjeta de identidad de extranjero, según corresponda
30. Situación de estancia.
1. Estancia es la permanencia en territorio español por un período de tiempo no superior a 90 días, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 33 para los estudiantes.
2. Transcurrido dicho tiempo, para permanecer en España será preciso obtener o una prórroga de estancia o un permiso* de residencia.
30 bis. Situación de residencia.
31. Situación de residencia temporal.
4. Para autorizar la residencia temporal de un extranjero será preciso que carezca de antecedentes penales en España o en sus países anteriores de residencia por delitos existentes en el ordenamiento español y no figurar como rechazable en el espacio territorial de países con los que España tenga firmado un convenio en tal sentido. Se valorará, en función de las circunstancias de cada supuesto, la posibilidad de renovar la autorización de residencia a los extranjeros que hubieren sido condenados por la comisión de un delito y hayan cumplido la condena, los que han sido indultados, o que se encuentren en la situación de remisión condicional de la pena.
5. Los extranjeros con permiso* de residencia temporal vendrán obligados a poner en conocimiento del Ministerio del Interior los cambios de nacionalidad, estado civil y domicilio.
32. Residencia permanente.
33. Régimen especial de los estudiantes.
4. Los extranjeros admitidos con fines de estudio no estarán autorizados para ejercer una actividad retribuida por cuenta propia ni ajena. Sin embargo, en la medida en que ello no limite la prosecución de los estudios, y en los términos que reglamentaria mente se determinen, podrán ejercer actividades remuneradas a tiempo parcial o de duración determinada.
34. Residencia de apátridas, indocumentados y refugiados.
1. El Ministro del Interior reconocerá la condición de apátrida a los extranjeros que manifestando que carecen de nacionalidad reúnen los requisitos previstos en la Convención sobre el Estatuto de Apátridas, hecha en Nueva York el 28 de septiembre de 1954, y les expedirá la documentación prevista en el artículo 27 de la citada Convención. El estatuto de apátrida comportará el régimen específico que reglamentaria mente se determine.
35. Residencia de menores.
4. Se considera regular a todos los efectos la residencia de los menores que sean tutelados por una Administración pública. A instancia del organismo que ejerza la tutela y una vez que haya quedado acreditada la imposibilidad de retorno con su familia o al país de origen, se le otorgará un permiso* de residencia, cuyos efectos se retrotraerán al momento en que el menor hubiere sido puesto a disposición de los servicios de protección de menores.
Del permiso* de trabajo y regímenes especiales
36. Autorización para la realización de actividades lucrativas.
37. Autorización de trabajo por cuenta propia.
38. El permiso* de trabajo por cuenta ajena.
1. Para la concesión inicial del permiso* de trabajo, en el caso de trabajadores por cuenta ajena, se tendrá en cuenta la situación nacional de empleo.
2. El permiso* de trabajo tendrá una duración inferior a cinco años y podrá limitarse a un determinado territorio, sector o actividad.
3. El permiso* de trabajo se renovará a su expiración si
d) Cuando concurran las circunstancias que se establezcan reglamentariamente. A partir de la primera concesión, los permisos* se concederán sin limitación alguna de ámbito geográfico, sector o actividad.
39. El contingente de trabajadores extranjeros.
40. Excepciones al contingente.
b) El cónyuge o hijo de extranjero residente en España con un permiso* renovado, así como el hijo de español nacionalizado o de comunitario, siempre que éstos últimos lleven como mínimo un año residiendo legalmente en España y al hijo no le sea de aplicación el régimen comunitario.
j) Los menores extranjeros en edad laboral con permiso* de residencia que sean tutelados por la entidad de protección de menores competente, para aquellas actividades que, a criterio de la mencionada entidad, favorezcan su integración social, y una vez acreditada la imposibilidad de retorno con su familia o al país de origen.
k) Los extranjeros que obtengan el permiso* de residencia por el procedimiento previsto en el artículo 31.3 de la presente Ley. Dicho permiso* tendrá la duración de un año.
41. Excepciones al permiso* de trabajo.
1. No será necesaria la obtención de permiso* de trabajo para el ejercicio de las actividades siguientes
3. Asimismo, no tendrán que solicitar la obtención del permiso* de trabajo los extranjeros en situación de residencia permanente establecida en el artículo 32 de esta Ley Orgánica.
42. Régimen especial de los trabajadores de temporada.
1. El Gobierno regulará reglamentariamente el permiso* de trabajo para los trabajadores extranjeros en actividades de temporada o campaña que les permita la entrada y salida del territorio nacional de acuerdo con las características de las citadas campañas y la información que le suministren las Comunidades Autónomas donde se promuevan.
2. Para concederlos permisos* de trabajo deberá garantizarse que los trabajadores temporeros serán alojados en condiciones de dignidad e higiene adecuadas.
43. Trabajadores transfronterizos y prestación transnacional de servicios.
1 . Los trabajadores extranjeros que, residiendo en la zona limítrofe, desarrollen su actividad en España y regresen a su lugar de residencia diariamente deberán obtener la correspondiente autorización administrativa, con los requisitos y condiciones con que se conceden las autorizaciones de régimen general.
2. Reglamentariamente se establecerán las condiciones para el permiso* de trabajo en el marco de prestaciones transnacionales de servicios, de acuerdo con la normativa vigente.
44. Hecho imponible.
45. Devengo.
46. Sujetos pasivos.
1. Serán sujetos pasivos de las tasas los solicitantes de visado y las personas en cuyo favor se concedan las autorizaciones o se expidan los documentos previstos en el artículo 44, salvo en las autorizaciones de trabajo por cuenta ajena, en cuyo caso será sujeto pasivo el empleador o empresario.
47. Exención.
48. Cuantía de las tasas.
4. Los importes de las tasas por tramitación de la solicitud de visado se adecuarán a la revisión que proceda por aplicación del derecho comunitario.
Se acomodarán, asimismo, al importe que pueda establecerse por aplicación del principio de reciprocidad.
49. Gestión, recaudación y autoliquidación.
1. La gestión y recaudación de las tasas corresponderá a los órganos competentes en los distintos departamentos ministeriales para la concesión de las autorizaciones, modificaciones, renovaciones y prórrogas, la expedición de la documentación a que se refiere el artículo 44 y la tramitación de la solicitud de visado.
2. Los sujetos pasivos de las tasas estarán obligados a practicar operaciones de autoliquidación tributaría y a realizar el ingreso de su importe en el Tesoro cuando así se prevea reglamentariamente.
50. La potestad sancionadora.
El ejercicio de la potestad sancionadora por la comi­sión de las infracciones administrativas previstas en la presente Ley Orgánica, se ajustará a lo dispuesto en la misma y en sus disposiciones de desarrollo, y en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra­ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
51. Tipos de infracciones.
1. Incurrirán en responsabilidad administrativa quie­nes sean autores o participen en cualquiera de las; infrac­ciones tipificadas en los artículos siguientes.
52. Infracciones leves.
c) Encontrarse trabajando en España sin haber solicitado autorización administrativa para trabajar por cuenta propia, cuando se cuente con permiso* de residencia temporal.
53. Infracciones graves.
b) Encontrarse trabajando en España sin haber obtenido permiso* de trabajo o autorización administrativa previa para trabajar, cuando no cuente con autorización de residencia válida.
54. Infracciones muy graves.
a) Participar en actividades contrarias ala seguridad exterior del Estado o que pueden perjudicar las relaciones de España con otros países, o estar implicados en actividades contrarias al orden público previstas como muy graves en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
d) La contratación de trabajadores extranjeros sin haber obtenido con carácter previo el correspondiente permiso* de trabajo, incurriéndose en una infracción por cada uno de los trabajadores extranjeros ocupados.
55. Sanciones.
En los supuestos calificados como infracción leve del artículo 52.c), grave del artículo 53.b), cuando se trate de trabajadores por cuenta propia, y muy grave del artículo 54.1d), el procedimiento sancionador se iniciará por acta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento sancionador por infracciones del orden social, correspondiendo la imposición de las sanciones a las autoridades referidas en el párrafo anterior.
56. Prescripción de las infracciones y de las sanciones.
2. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los cinco años, las graves a los dos anos y las impuestas por infracciones leves al año.
57. Expulsión del territorio.
1 . Cuando los infractores sean extranjeros y realicen conductas de las tipificadas como muy graves, o conductas graves de las previstas en los apartados a), b), e) d) y f) del artículo 53 de esta Ley Orgánica, podrá aplicarse en lugar de la sanción de multa la expulsión del territorio español, previa la tramitación del correspondiente expediente administrativo.
5. La sanción de expulsión no podrá ser impuesta, salvo que la infracción cometida sea la prevista en el artículo 54, letra a) del apartado 1, o suponga una reincidencia en la comisión en el término de un año de una infracción de la misma naturaleza sancionable con la expulsión, a los extranjeros que se encuentren en los siguientes supuestos
8. Cuando los extranjeros, residentes o no, hayan sido condenados por conductas tipificadas como delitos en los artículos 312, 318 bis, 515.6º., 517 y 518 del Código Penal, la expulsión se llevará a efecto una vez cumplida la pena privativa de libertad.
58. Efectos de la expulsión y devolución.
5. Cuando la devolución no se pudiera ejecutar en el plazo de 72 horas, se solicitará de la autoridad judicial la medida de internamiento prevista para los expedientes de expulsión.
6. La devolución acordada en el párrafo a) del apartado 2 de este artículo conllevará la reiniciación del cómputo del plazo de prohibición de entrada que hubiese acordado la resolución de expulsión quebrantada. Asimismo, toda devolución acordada en aplicación del párrafo b) del mismo apartado de este artículo llevará consigo la prohibición de entrada en territorio español por un plazo máximo de tres años.
59. Colaboración contra redes organizadas.
1. El extranjero que haya cruzado la frontera espa­ñola fuera de los pasos establecidos al efecto o no haya cumplido con su obligación de declarar la entrada y se encuentre irregularmente en España o trabajando sin permiso*, sin documentación o documentación irregular, por haber sido víctima, perjudicado o testigo de un acto de tráfico ilícito de seres humanos, inmigración ilegal, o de tráfico ilícito de mano de obra o de explotación en la prostitución abusando de su situación de necesidad, podrá quedar exento de responsabilidad administrativa y no será expulsado si denuncia a las autoridades com­petentes a los autores o cooperadores de dicho tráfico, o coopera y colabora con los funcionarios policiales competentes en materia de extranjería, proporcionando datos esenciales o testificando, en su caso, en el proceso correspondiente contra aquellos autores.
3. A los extranjeros que hayan quedado exentos de responsabilidad administrativa se les podrá facilitar a su elección, el retorno a su país de procedencia o la estancia y residencia en España, así como permiso* de trabajo y facilidades para su integración social, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley.
4 Cuando el Ministerio Fiscal tenga conocimiento de que un extranjero, contra el que se ha dictado una resolución de expulsión, aparezca en un procedimiento penal como víctima, perjudicado o testigo y considere imprescindible su presencia para la práctica de diligen­cias judiciales, lo pondrá de manifiesto a la autoridad gubernativa competente a los efectos de que se valore la inejecución de su expulsión y, en el supuesto de que se hubiese ejecutado esta última, se procederá de igual forma a los efectos de que autorice su regreso a España durante el tiempo necesario para poder practicar las dili­gencias precisas, sin perjuicio de que se puedan adoptar algunas de las medidas previstas en la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales.
60. Retorno.
1 . Los extranjeros a los que en frontera no se les permita el ingreso en el país serán retornados a su punto de origen en el plazo más breve posible. La autoridad gubernativa que acuerde el retorno se dirigirá al Juez de Instrucción si el retorno fuera a retrasarse más de setenta y dos horas para que determine el lugar donde hayan de ser internados hasta que llegue el momento del retorno.
4. La detención de un extranjero a efectos de retorno será comunicada al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la embajada o consulado de su país
61. Medidas cautelares.
62. Ingreso en centros de internamiento.
4. La incoación del expediente, las medidas cautelares de detención e internamiento y la resolución final del expediente de expulsión del extranjero serán comunicadas al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la embajada o consulado de su país
62 bis. Derechos de los extranjeros internados.
62 ter. Deberes de los extranjeros internados.
e) Someterse a reconocimiento médico a la entrada y salida del centro, así como en aquellos casos en que, por razones de salud colectiva, apreciadas por el servicio médico, y a petición de éste, lo disponga el director del centro
62 quáter. Información y reclamaciones.
62 quinquies. Medidas de seguridad.
62 sexies. Funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros.
63. Procedimiento preferente.
3. En el supuesto del párrafo a) del artículo 53, cuando el extranjero acredite haber solicitado con anterioridad permiso* de residencia temporal por situación de arraigo conforme a lo dispuesto en el artículo 31.3 de esta ley, el órgano encargado de tramitar la expulsión continuará con la misma, si procede, por el procedimiento establecido en el artículo 57.
4. La ejecución de la orden de expulsión en estos supuestos se efectuará de forma inmediata
64. Ejecución de la expulsión.
3. Cuando un extranjero sea detenido en territorio español y se constate que contra él se ha dictado una resolución de expulsión por un Estado miembro de la Unión Europea, se procederá a ejecutar inmediatamente la resolución, sin necesidad de incoar nuevo expediente de expulsión. Se podrá solicitar la autorización del juez de instrucción para su ingreso en un centro de internamiento, con el fin de asegurar la ejecución de la sanción de expulsión, de acuerdo con lo previsto en la presente ley
65. Carácter recurrible de las resoluciones sobre extranjeros.
2. En todo caso, cuando el extranjero no se encuentre en España, podrá cursar los recursos procedentes, tanto en vía administrativa como jurisdiccional, a través de las representaciones diplomáticas o consulares correspondientes, quienes los remitirán al organismo competente
66. Obligaciones de los transportistas.
67. Coordinación de los órganos de la Administración del Estado.
1. El Gobierno llevará a cabo una observación per­manente de las magnitudes y características más sig­nificativas del fenómeno inmigratorio con objeto de ana­lizar su impacto en la sociedad española y facilitar una información objetiva y contrastada que evite o dificulte la aparición de corrientes xenófobas o racistas.
2. El Gobierno unificará en Oficinas provinciales los servicios existentes, dependientes de diferentes órganos de la Administración del Estado con competencia en inmigración, al objeto de conseguir una adecuada coor­dinación de su actuación administrativa.
3. El Gobierno elaborará planes, programas y direc­trices sobre la actuación de la Inspección de Trabajo previa al procedimiento sancionador destinados especialmente a comprobar el cumplimiento del principio de igualdad y no discriminación de los trabajadores extran­jeros, así como el cumplimiento efectivo de la normativa en materia de permiso* de trabajo de extranjeros, todo ello sin perjuicio de las facultades de planificación que correspondan a las Comunidades Autónomas con com­petencias en materia de ejecución de la legislación labo­ral.
68. El Consejo Superior de Política de Inmigración.
69. Apoyo al movimiento asociativo de los inmigrantes.
70. El Foro para la Integración Social de los Inmigrantes.
71. Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia.
Primera. Plazo máximo para resolución de expedientes.
1. El plazo general máximo para notificar las resoluciones de las solicitudes de permisos* que formulen los interesados a tenor de lo previsto en esta Ley será de tres meses, contados a partir del día siguiente al de la fecha en que hayan tenido entrada en el registro del órgano competente para tramitarlas. Transcurrido el plazo para notificar las resoluciones de las solicitudes, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente, éstas podrán entenderse desestimadas.
2. Las solicitudes de prórroga del permiso* de residencia, así como la renovación del permiso* de trabajo, que se formulen por los interesados a tenor de lo dispuesto en la presente Ley Orgánica se resolverán y notificarán en el plazo máximo de tres meses contados a partir del día siguiente al de la fecha en que hayan tenido entrada en el registro del órgano competente para tramitarlas. Transcurrido dicho plazo sin que la Administración haya dado respuesta expresa, se entenderá que la prórroga o renovación han sido concedidas.
Segunda. Subcomisiones de Cooperación.
Tercera. Lugares de presentación de las solicitudes y exigencia de comparecencia personal.
Cuarta. Inadmisión a trámite de solicitudes.
Quinta. Acceso a la información y colaboración entre Administraciones públicas.
Sexta. Acuerdos de readmisión.
Séptima. Delimitación del Espacio Schengen.
Octava. Ayudas al retorno voluntario.
Primera. Regularización de extranjeros que se encuentren en España.
El Gobierno, mediante Real Decreto, establecerá el procedimiento para la regularización de los extranjeros que se encuentren en territorio español antes del día 1 de junio de 1999 y que acrediten haber solicitado en alguna ocasión permiso* de residencia o trabajo o que lo hayan tenido en los tres últimos años.
Segunda. Validez de los permi­sos vigentes.
Los distintos permisos* o tarjetas que habilitan para entrar, residir y trabajar en España a las personas inclui­das en el ámbito de aplicación de la Ley que tengan validez a la entrada en vigor de la misma, la conservarán por el tiempo para el que hubieren sido expedidas.
Tercera. Normativa aplicable a procedimientos en curso.
Queda derogada la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, y cuantas disposiciones se opongan a lo esta­blecido en esta Ley.
Primera. Modificación del artículo 312 del Código Penal.
Segunda. Inclusión de un nuevo Título XV bis en el Código Penal.
2. Los que realicen las conductas descritas en el apartado anterior con ánimo de lucro, o emplean­do violencia, intimidación o engaño o abusando de una situación de necesidad de la víctima, serán castigados con las penas de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.
Tercera. Modificaciones en los artícu­los 515, 517 y 518 del Código Penal.
«6º. Las que promuevan el tráfico ilegal de personas».
«En los casos previstos en los números 1º y 3º al 6º del artículo 515 se impondrán las siguientes penas:»
3. Se modifica el artículo 518, que quedará redac­tado de la siguiente forma:
«Los que con su cooperación económica o de cualquier otra clase, en todo caso relevante, favo­rezcan la fundación, organización o actividad de las asociaciones comprendidas en los números 1º y 3º al 6º del artículo 515, incurrirán en la pena de prisión de uno a tres años, multa de doce a veinticuatro meses, e inhabilitación para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años».
Cuarta. Artículos no orgánicos.
Los preceptos contenidos en los artículos 10, 12, 13 y 14 no tienen carácter orgánico, habiendo sido dic­tados en ejercicio de lo dispuesto en el artículo 149.1.2º de la Constitución.
Quinta. Apoyo al sistema de informa­ción de Schengen.
Sexta. Reglamento de la Ley.
Séptima. Información sobre la Ley a organismos y organizaciones interesados.
Desde el momento de la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno adoptará las medidas necesarias para informar a los funcionarios de las diversas Administraciones públicas, a los directivos de asociaciones de inmi­grantes, a los Colegios de Abogados, a los sindicatos y a las organizaciones no gubernamentales de los cam­bios que sobre la aplicación de la normativa anterior supone la aprobación de esta Ley Orgánica.
Octava. Habilitación de créditos.
Publicado por FUP en 16:36
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