Source: http://www.suin.gov.co/viewDocument.asp?id=20035692
Timestamp: 2020-08-04 10:43:02
Document Index: 395672566

Matched Legal Cases: ['artículo 91', 'artículo 91', 'artículo 261', 'artículo 261', 'artículo 312', 'artículo 293', 'Artículo 275', 'artículo 39', 'artículo 39', 'artículo 261', 'artículo 209', 'artículo 91', 'Artículo 91']

C-647 de 2002
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020035692CC-SENTENCIAC647200213/08/2002CC-SENTENCIA_C_647__2002_13/08/2002200356922002SENTENCIA C-647/02 CONCEJAL -Derecho fundamental a conformar el poder político CORPORACION PUBLICA -Comprende al Concejo Municipal FALTA ABSOLUTA O TEMPORAL -Aplicación a todas las corporaciones públicas /FALTA ABSOLUTA O TEMPORAL -Incluye concejos municipales CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD -No pueden exponerse siempre argumentos de tutela CONSTITUCION POLITICA -Regulación por ley de hipótesis no prevista REGIMEN DE FUNCIONARIO PUBLICO MUNICIPAL -Margen razonable de determinación legislativa ALCALDE -Facultad del legislador para asignar funciones no previstas en la Constitución FALTA ABSOLUTA O TEMPORAL EN CORPORACION PUBLICA- Incluye concejos municipales CONSTITUCION POLITICA -Solución por ley a una circunstancia concreta CONSTITUCION POLITICA -Regulación por legislador de situaciones no previstas CONCEJAL -Presentación de renuncia /ALCALDE -Aceptación de renuncia de concejal cuando el Concejo esté en receso Referencia: expediente D-3914
Hernán Antonio Barrero BravoCONSTITUCIONALIDADÁlvaro Tafur GalvisDemanda de inconstitucionalidad contra el numeral 8 parcial del literal a) del artículo 91 de la Ley 136 de 1994.D3914Identificadores20020035693true54460Versión original20035693Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 8 parcial del literal a) del artículo 91 de la Ley 136 de 1994.
CONCEJAL-Derecho fundamental a conformar el poder político
CORPORACION PUBLICA-Comprende al Concejo Municipal
FALTA ABSOLUTA O TEMPORAL-Aplicación a todas las corporaciones públicas/FALTA ABSOLUTA O TEMPORAL-Incluye concejos municipales
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-No pueden exponerse siempre argumentos de tutela
CONSTITUCION POLITICA-Regulación por ley de hipótesis no prevista
REGIMEN DE FUNCIONARIO PUBLICO MUNICIPAL-Margen razonable de determinación legislativa
ALCALDE-Facultad del legislador para asignar funciones no previstas en la Constitución
FALTA ABSOLUTA O TEMPORAL EN CORPORACION PUBLICA-Incluye concejos municipales
CONSTITUCION POLITICA-Solución por ley a una circunstancia concreta
CONSTITUCION POLITICA-Regulación por legislador de situaciones no previstas
CONCEJAL-Presentación de renuncia/ALCALDE-Aceptación de renuncia de concejal cuando el Concejo esté en receso
8.Aceptar la renuncia o conceder licencia a los concejales, cuando el concejo esté en receso
El demandante afirma que la expresión acusada, al disponer como función de los alcaldes la aceptación de la renuncia de los concejales cuando el concejo se encuentre en receso, vulnera el artículo 261 de la Constitución Política[1]. Al respecto, advierte que la norma superior referida dispone de manera expresa que la plenaria de la respectiva Corporación es el órgano competente para extender la aceptación de la renuncia en cualquier caso.
1. Federación Colombiana de Municipios
En primer término, explica que el derecho a ocupar cargos públicos supone también el de renunciar a ellos, pues la decisión de un ciudadano de no permanecer en el ejercicio de una función pública no puede restringirse a un término o causal especial. Así las cosas, manifiesta que no son de recibo las interpretaciones del artículo 261 superior, en el sentido de que se trata de una restricción a la posibilidad de renuncia de modo que el concejal que desee dejar de pertenecer a la corporación de elección popular, deba esperar que el concejo municipal esté sesionando,"pues ello vulneraría el derecho fundamental a la libertad y los derechos políticos del concejal elegido."[2]
Es así como, en la Sentencia T-802 de 1998, al analizar los eventos que constituyen faltas absolutas y temporales de los concejales -artículos 51 y 52 de la Ley 136 de 1994-, se entendió que los artículos superiores mencionados se aplicaban a todas las corporaciones públicas, incluidos los Concejos Municipales. Veamos:
6. Importa ahora, establecer cuáles son las faltas temporales y cuáles las absolutas. Cabe señalar al respecto que, para el caso de los concejales, el inciso 4 del artículo 312 de la Carta ha contemplado que la aceptación de cualquier empleo público constituye falta absoluta. Sin embargo, fue mediante el acto legislativo N° 3 de 1993 que se constitucionalizó de manera detallada la materia. En efecto, esta enmienda constitucional - que modificó los artículos 134 y 261 de la Cartay se aplica a todas las corporaciones públicas - precisó al respecto, en sus incisos 2 y 3:
En ese contexto, para la Corte resulta claro que la norma enjuiciada ofrece una solución a una contingencia no prevista por la Constitución Política, cual es la renuncia de los concejales en una circunstancia específica como la configurada por el hecho de que la plenaria de la corporación se encuentre en receso[3]. Así mismo, es claro que la norma superior prescindió de regular el tema, en general, ante la renuncia de los integrantes de las demás corporaciones públicas en la misma eventualidad. De modo que la no previsión de esta hipótesis en las normas superiores faculta al legislador para regular la materia, siempre que en el ejercicio de su competencia no contraríe, obviamente, principio constitucional alguno.[4]
No sobra señalar que dicha facultad se encuentra prevista en esos términos de manera expresa en el artículo 293 superior, conforme al cual "[S]in perjuicio de lo establecido en la Constitución, la ley determinará las calidades, inhabilidades, incompatibilidades, fecha de posesión, períodos de sesiones, faltas absolutas o temporales, causas de destitución y formas de llenar las vacantes de los ciudadanos que sean elegidos por voto popular para el desempeño de funciones públicas en las entidades territoriales. La ley dictará también las demás disposiciones necesarias para su elección y desempeño de funciones." (Subraya la Corte) [5]
"En reiterada jurisprudencia[6] la Corte ha señalado que de conformidad con los artículos 150-23 y 293 de la Constitución Política, el Legislador goza de una amplia discrecionalidad para definir el régimen de calidades, inhabilidades e incompatibilidades de los funcionarios de elección popular de las entidades territoriales. (...)
En este sentido, esta Corporación ha reconocido de manera constante, que el Legislador, por expreso mandato constitucional, dispone de "plena libertad, independencia y autonomía para determinar los parámetros, criterios y reglas a seguir en cuanto a la definición de alguna de las materias que le corresponde reglamentar, como es el caso del régimen para la elección y el ejercicio de la función de alcalde, gobernador, concejal o diputado."[7] Igualmente ha indicado que cuando el Congreso ejerce dicha atribución, limitando o reglamentando el acceso a los citados cargos, no se ve afectado el derecho a la participación política, pues se trata, simplemente, de la fijación de límites razonables a la participación, en aras de proteger el interés general.[8] Lo anterior, se entiende en razón de que las personas elegidas para desempeñar un cargo público deben pretender la satisfacción de los intereses de la comunidad y, para tal fin, se debe asegurar el idóneo cumplimiento de sus funciones con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad (C.P. art. 209). (...)
En suma, dado que el legislador goza de un amplio margen de libertad para prever los requisitos y causales de inhabilidades e incompatibilidades, la jurisprudencia ha señalado que, en estos casos, no procede efectuar un control estricto de constitucionalidad[9]. (resalta la Corte)
Ahora bien, la situación prevista por la norma acusada en relación con los Concejales, tiene su equivalente respecto de los Congresistas y Diputados. En relación con los primeros, la Ley 5 de 1992 dispone lo siguiente: "Artículo 275.Renuncia. Los Senadores y Representantes pueden presentar renuncia de su investidura o representación popular ante la respectiva corporación legislativa, la cual resolverá dentro de los diez (10) días siguientes." y en inciso aparte señala "En su receso lo hará la Mesa Directiva, en el mismo término." (Subraya la Corte).
Así mismo, el artículo 39 del Decreto 1222 de 1986 mediante el cual se expidió el "Código de Régimen Departamental" en su artículo 39 dispone que "Corresponde al gobernador oír y decidir las excusas y renuncias de los Diputados,en recesos de la Asamblea."
La anterior referencia a las disposiciones que regulan el evento bajo análisis en el caso de las asambleas y el Congreso de la República, sirve para para desvirtuar el argumento según el cual la norma constitucional solo es aplicable al Congreso de la República y para destacar antecedentes normativos de situaciones similares.
De manera que, la justificación de una medida como la prevista por la norma enjuiciada, se encuentra fundamentada en criterios de razonabilidad, así como en el desarrollo de los principios que rigen la función pública, pues, de no existir la disposición se generaría un evidente traumatismo tanto para el concejal interesado en separarse de su cargo como para la administración municipal.[10]
En efecto, aceptar que el artículo 261 de la Constitución configura un mandato general para la aceptación de las renuncias de los miembros de las corporaciones públicas, significaría para el caso concreto de los Concejos Municipales o Distritales a que se refiere la norma acusada, que el servidor público dimitente se viera obligado a esperar a que el respectivo Concejo iniciara sesiones extraordinarias con el único objeto de considerar la correspondiente renuncia, por lo cual no estaría en armonía con los principios de eficiencia, eficacia, economía y celeridad que rigen la función administrativa dentro del Estado -artículo 209 C.P.-.
DeclararEXEQUIBLE la expresión demandada del numeral 8 del literal a) del artículo 91 de la Ley 136 de 1994.
Exequible la expresión ... (literal a numeral 8 ) Artículo 91 LEY_136_1994_02/06/1994
[1]Modificado por el artículo segundo del Acto Legislativo 003 de 1993.
[2]En sustento hace referencia a la sentencia T-374 de 2001.
[3]El marco jurídico de la renuncia de los concejales fue analizado por la Corte en la Sentencia C-194 de 1995, respecto de los efectos de la misma sobre el periodo y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de dichos funcionarios.
[4]En general, sobre la libertad de configuración del legislador pueden ser consultadas, entre otras, las Sentencias C-098/01, C-244/01, C-653/01, C-1109/02 y C-1115/01.
[5]Sobre la libertad de configuración del legislador en relación con el régimen de los funcionarios de elección popular de las entidades territoriales, puede consultarse la Sentencia C-1258 de 2001.
[6]Sentencias C-194/95 (MP José Gregorio Hernández Galindo), C-231/95 (MP Hernando Herrera Vergara), C-329/95 (MP Vladimiro Naranjo Mesa), C-373/95 MP Carlos Gaviria Díaz), C-151/97 (MP Vladimiro Naranjo Mesa), C-618/97 (MP Alejandro Martínez Caballero), C-483/98 (MP José Gregorio Hernández) y C-209/00 (MP Vladimiro Naranjo Mesa).
[7] Sentencia C-329/95 (MP Vladimiro Naranjo Mesa).
[8]Sentencias C-194/95 (MP José Gregorio Hernández Galindo) y C-618/97 (MP Alejandro Martínez Caballero), entre otras.
[9]Sentencia C-618/97 (MP Alejandro Martínez Caballero).
[10]Respecto del margen de configuración legislativa y de la razonabilidad a que la misma debe responder, puede consultarse la Sentencia C-404 de 2001.