Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2000/A071-00.htm
Timestamp: 2017-11-22 20:12:54
Document Index: 91631298

Matched Legal Cases: ['artículo 22', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 20', 'artículo 49', 'artículo 35', 'artículo 118']

A071-00
Auto 071/00
NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Improcedencia
Referencia: expedientes T-260107 y 261112
T-555 del 2000
Santafé de Bogotá, D.C., diecinueve (19) de julio del año dos mil (2000)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados, Antonio Barrera Carbonell, Alfredo Beltrán Sierra, Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz, José Gregorio Hernández Galindo, Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz, Vladimiro Naranjo Mesa y Alvaro Tafur Galvis, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, ha pronunciado el siguiente auto en el incidente de nulidad contra la Sentencia T-555 del 2000.
Mediante escrito presentado el día cinco (5) de julio del 2000, los actores de los expedientes referidos, solicitan a la Sala Plena de la Corporación declarar la nulidad de la Sentencia de revisión T-555 del 2000 proferida en mayo 15 del 2000, por la Sala Séptima de Revisión de Tutelas[1], por cuanto, según su parecer, la mencionada sentencia, modificó la jurisprudencia de la Corte Constitucional especialmente algunas decisiones relacionadas con el debido proceso, el fuero sindical, el derecho al trabajo y la acción de reintegro.
En efecto, en criterio de los solicitantes, la sentencia acusada contradice la doctrina de la Corte Constitucional, especialmente la Sentencia T-326 de 1999, relacionada con el derecho de asociación sindical y el principio de favorabilidad laboral en materia de fuero sindical.
Aducen los peticionarios, que el litigio analizado en el caso sujeto a consideración de la Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, se contrae a determinar si frente a la supresión de los cargos de los actores, la Empresa Puertos de Colombia estaba en la necesidad de adelantar previamente el permiso por fuero sindical para despedir a los miembros de la Junta Directiva sindical por parte de los jueces de trabajo.
A juicio de los solicitantes, la Corte Constitucional, con su Sentencia T-555 del 2000 está negando el acceso a la administración de Justicia y por ende el debido proceso cuando no acepta que debieron haberse agotado los procedimientos o requisitos que la legislación laboral dispone en materia de fuero sindical, para reconocer un derecho cierto, indiscutible e inalienable.
Así las cosas, en opinión de los peticionarios, el administrador de justicia no le debe importar si una persona natural o jurídica ha muerto para reconocer un derecho cierto e indiscutible al reintegro. Afirman que con respecto a lo dicho por la Corte, destacan que este es un fallo netamente político y no en derecho, ya que la Corte se equivocó, pues, contradijo su propia doctrina, en la medida en que la legislación laboral no estableció que: "cuando un trabajador sea despedido sin previo permiso de un juez laboral, lógicamente sin haber sido solicitado por el patrono, y éste haya demandado el derecho al reintegro, el juez de instancia lo niega argumentando que como no existe física y materialmente donde reintegrarlo, éste no se puede conceder". En criterio de los peticionarios, la doctrina de la Corte así como la del Tribunal Superior de Bogotá, los convierte en legisladores, pues están creando disposiciones jurídicas no contempladas por los Códigos de Procedimiento Laboral y por la Constitución Política, transgrediendo, caprichosamente el ordenamiento jurídico, al cual están sometidos los jueces y funcionarios judiciales, más aún cuando el propio legislador, dispuso en la Ley 01 de 1991 art. 35 que "la asunción de sus pasivos los asumirá la Nación", y a su vez, el ejecutivo en el decreto 035 de 1992, artículo 22 dejó establecido que "en el caso de un proceso judicial donde se ordene un reintegro jurídicamente, éste no procederá física y materialmente sino para pagar las condenas e indemnizaciones a que haya lugar".
Aducen que la Corporación desconoció el derecho a la igualdad en el trato judicial en relación con otros miembros de la Junta Directiva del Sindicato de la Empresa Puertos de Colombia, ya que a muchos de ellos "se les reconoció el derecho a reintegro por parte del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, entre otros, en los expedientes Nos. 23506D del 16-04-99, Sentencia Expediente No. 9407044974A del 30-06-99, Sentencia Expediente No. 650704989A del 15-06-98". Por lo que estiman que el derecho a la igualdad se está desconociendo por parte de la Corte Constitucional con la aludida sentencia.
Con fundamento en lo anterior, solicitan a la Sala Plena de la Corte Constitucional declarar la nulidad de la Sentencia T-555 del 2000 por incurrir, esta última, en contradicción con la doctrina jurisprudencial de la Corporación y con lo dispuesto en las normas laborales con respecto al fuero sindical, ya que vulnera los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia de los actores, debido proceso, principio de favorabilidad y prevalencia del derecho sustancial, por lo cual, la Corporación deberá reiniciar el trámite procesal respectivo, dictándose la sentencia que haga surtir efectos al despido de un trabajador amparado por el fuero sindical, sin previa autorización judicial.
II. La Sentencia T-555 de mayo 15 del 2000, cuya nulidad se pretende.
La Corte Constitucional a través de la Sentencia T-555 de 2000, confirmó las providencias dictadas por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá- Sala Civil, de fecha 26 de agosto de 1999, y por la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria de 27 de septiembre de 1999, que a su vez negaron la tutela de los derechos invocados por la actora ROCIO ALICIA ROMERO SANCHEZ, contra una providencia dictada por el mismo Tribunal, Sala Laboral (Expediente No. T-260107), así como las providencias de tutela dictadas por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá- Sala Civil, de fecha 25 de agosto de 1999 y por la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, de fecha 28 de septiembre de 1999, dentro de la acción de tutela promovida por OTMAR RAFAEL AMAYA OVALLE contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá.
La Corte en la Sentencia atacada, decidió no tutelar los derechos invocados, luego de valorar los siguientes antecedentes.
En efecto en el expediente T-260107, Rocío Alicia Romero Sánchez, propuso acción de tutela contra el despacho judicial referido, aduciendo vulneración de los derechos a la igualdad, petición, trabajo, debido proceso y acceso a la administración de justicia, ya que en su sentir la decisión judicial adoptada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá de fecha 30 de septiembre de 1998 incurrió en una vía de hecho, y por lo tanto pide "se deje sin efecto la sentencia de segunda instancia, proferida en el proceso de fuero sindical promovido por ella contra Foncolpuertos", y en su lugar, se "acceda a las súplicas de su demanda".
Por su parte, la accionante, mediante memorial presentado oportunamente, señala que en el fallo de primera instancia el juez de tutela, no analizó adecuadamente la situación planteada en su libelo, ni mucho menos consideró el porqué se presentó la vía de hecho, mediante la aplicación indebida de las normas jurídicas aplicables al caso por parte del tribunal cuestionado, especialmente el alcance que dicha Corporación le otorgó al artículo 20 transitorio de la Constitución, pues la Sala accionada no tuvo en cuenta, en el momento de analizar el caso concreto sometido a su consideración que la norma a aplicar era la ley 01 de 1991, con sus decretos reglamentarios, los cuales no tienen una relación directa con el artículo 20 transitorio, ya que dicha ley 1ª de 1991, fue expedida el 10 de enero del mismo año, es decir, antes de que entrara en vigencia la nueva Constitución.
De otro lado, en el expediente T-261112, el señor OTMAR RAFAEL AMAYA OVALLE, a través de apoderado, decidió incoar acción de reintegro por fuero sindical contra el Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia, por considerar que fue despedido sin tener en cuenta su condición de aforado sindical como directivo del Sindicato SINTRAPOCOL, que igualmente, cuando se liquidó la sociedad Puertos de Colombia, aduce que las directivas de la empresa no levantaron el fuero sindical, conforme al permiso que debe emitir el juez competente, tal como lo ordena el Código Sustantivo del Trabajo. En consecuencia de lo anterior, inició acción procesal de carácter laboral, la que fue fallada en primera instancia por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Santafé de Bogotá el día 10 de mayo de 1996, denegando las pretensiones del libelista, decisión, que a su vez, fue confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral el día 18 de marzo de 1997, estimando, ambas instancias, que la acción laboral se encontraba prescrita. Frente a estas decisiones judiciales, el señor Otmar Rafael Amaya, interpuso acción de tutela, por estimar que las actuaciones judiciales de instancia, incurrieron en una vía de hecho, en la medida en que los jueces no interpretaron cabalmente el artículo 6 del C.P.L. El proceso de amparo fue negado, en primera instancia, por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, Sala Laboral y confirmado posteriormente por la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral. No obstante lo anterior, recuerda que la Corte Constitucional, luego de seleccionar el caso sub lite, mediante Sentencia T-01 de 1999 (M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo), amparó su derecho al debido proceso, fundamentada la Corporación, en que las decisiones judiciales, objeto de recurso violaron el derecho al debido proceso del actor, por cuanto, el término de la prescripción establecido en el artículo 6 del C.P.L. fue incorrectamente contado por parte de los jueces ordinarios laborales, razón por la cual esa Corporación declaró, "sin valor la actuación seguida por el a-quo en el proceso ordinario laboral, y en su lugar, dispuso rehacer la actuación", bajo el entendido, que la acción de reintegro no estaba caducada o prescrita. En consecuencia de lo anterior, el Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, Sala Civil, dictó una nueva providencia con fecha 9 de abril de 1999, en la cual, confirmó nuevamente la providencia del Juzgado 6 Laboral del Circuito, al razonar el Tribunal que el artículo 20 transitorio de la Constitución, y la Ley 1ª de 1991, si facultaban a la administración de la empresa Puertos de Colombia, el despido del accionante en tutela, sin tener en cuenta inclusive su condición de directivo sindical amparado por el fuero pertinente.
La Corte Constitucional, luego de notificar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, las acciones de tutela incoadas por los actores, conforme a lo dispuesto por el Decreto-Ley 1689 de 1997, resolvió confirmar las Sentencias de tutela proferidas por los jueces de instancia, esencialmente porque de acuerdo con todos los elementos de juicio que obraban en el expediente y de las pruebas aportadas a las diligencias, estimó la Sala Séptima de Revisión, que las Sentencias dictadas por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, de fechas 30 de septiembre de 1998 y 9 de abril de 1999 que negaron el reintegro por ausencia de existencia jurídica de la entidad, en razón a su liquidación dispuesta por la Ley 1ª de 1991, se avienen a la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre esta materia, especialmente, la doctrina vertida en la Sentencia C-013 de 1993 (M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz), a propósito de la referida ley, así como la Sentencia T-729 de 1998, y lo dispuesto también por la jurisprudencia de Casación, de 2 de diciembre de 1996 de la Corte Suprema de Justicia. Así las cosas, en criterio de la Corporación, las decisiones cuestionadas, no constituyeron vías de hecho, sino interpretaciones legítimas elaboradas por los jueces competentes, que no comportaban, por lo tanto, decisiones caprichosas ni arbitrarias, ni irracionales por parte de la Sala Laboral del referido Tribunal, independientemente, de que se avale o no se comparta el argumento esgrimido por los jueces laborales pertinentes, al resolver el problema jurídico de fondo, pues, como lo ha sostenido reiteradamente la jurisprudencia de esta Corte, mientras la decisión judicial sea razonable y no lesione derechos fundamentales no puede ser desconocida por el juez de tutela.
Corresponde a la Sala Plena de esta Corporación, resolver si la Sentencia T-555 del 2000, puede ser anulada o no, según lo dispone el artículo 49 del Decreto 2067 de 1991.
En el presente caso, a juicio de la Sala Plena, la fundamentación contenida en el escrito mediante el cual se solicita la nulidad incluye razones que corresponde a una interpretación personal de los solicitantes, la cual, desde luego, difiere de las aceptadas, en su momento por la Sala Séptima de Revisión. En criterio de la Corte, ninguna de las motivaciones invocadas por los peticionarios conducen a concluir en la violación del debido proceso por parte de la Sala de Revisión al dictar la Sentencia atacada.
En efecto, el argumento central para sostener la nulidad consiste en que la Sala Séptima de Revisión de la Corte, desconoció la Sentencia T-01 de 1999, así como lo dispuesto por la legislación laboral, en relación con el fuero sindical y la acción de reintegro y lo previsto por el legislador en cuanto a lo señalado en el artículo 35 de la Ley 01 de 1991 y el Decreto 035 de 1992, en el sentido de aceptar la orden de revinculación a Foncolpuertos de los trabajadores despedidos injustamente de la antigua empresa Puertos de Colombia. Igualmente, a juicio de los actores, la Corporación dispensó un trato judicial diferente si se compara con el tratamiento recibido por los jueces laborales en relación con otros miembros de la junta directiva del sindicato, quienes si fueron reintegrados por otras Subsecciones de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, en diversos fallos laborales que al efecto citan. Es decir, en criterio de los peticionarios, en los casos estudiados y analizados por el referido tribunal y el evento estudiado por la Corte, existen circunstancias y hechos similares al juzgado en su oportunidad por la Corte en la decisión judicial atacada, cuyas consecuencias son divergentes, lo que procura un trato injusto e inconstitucional por parte de esta Corporación.
En el caso concreto sometido a análisis, la Corte consideró que las Sentencias proferidas por los jueces de instancia, se ajustaron a derecho, esencialmente, porque de acuerdo con todos los elementos de juicio que obraban en el expediente y de las pruebas aportadas a las diligencias, las Sentencias dictadas por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, de fechas 30 de septiembre de 1998 y 9 de abril de 1999 que negaron el reintegro por razón de la inexistencia jurídica de la entidad, en virtud a su liquidación dispuesta por la Ley 1ª de 1991, respetaron la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre esta materia, especialmente, lo sostenido por esta Corte, en la Sentencia C-013 de 1993 (M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz), a propósito de la constitucionalidad de la referida ley, así como la Sentencia T-729 de 1998 (M.P. Dr. Hernando Herrera Vergara), y lo dispuesto también por la jurisprudencia Laboral, especialmente la Sentencia de 2 de diciembre de 1996, de la Corte Suprema de Justicia. Así las cosas, en criterio de la Corporación, las providencias cuestionadas, no constituyeron vías de hecho, sino interpretaciones legítimas elaboradas por los jueces competentes, las cuales no pueden ser desconocidas por el juez de tutela, pues éste estaría invadiendo órbitas vedadas por la Constitución y la Ley.
De otra parte, en criterio de la Corte, no se podía pretextar que la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, hubiere desconocido la Sentencia de la Corte Constitucional T-01 de 1999, sobre el proceso de Otmar Rafael Amaya Ovalle contra FONCOLPUERTOS, ya que, en opinión de la Corporación, la mencionada Sentencia T-01 de enero 14 de 1999, únicamente decidió tutelar los derechos de acceso a la administración de justicia y debido proceso, porque, la Sentencia de la Sala Laboral anterior, es decir la No. 21434 del 18 de marzo de 1997, desconoció, con su interpretación normativa, el derecho de favorabilidad del trabajador, impidiéndole a éste ejercer la acción de reintegro y tener acceso a la administración de justicia, pues el juez del trabajo no tuvo en cuenta los dos meses, como término para la interposición de la acción de reintegro dispuestos por el artículo 118 C.P.L; así como por no observar el agotamiento de la vía gubernativa, el cual consagra un término mayor entratándose de trabajadores oficiales al servicio de una entidad de derecho público, por lo que ordenó, que una vez se presentara la correspondiente acción, ella debía ser analizada en los estrados judiciales, conforme a los presupuestos establecidos en la ley.
En este orden de ideas, estimó la Corte que la Sentencia de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, de 9 de abril de 1999, que dijo darle ejecución a la providencia de la Corte Constitucional (T-01 de 1999), se basó en dos fundamentos específicos. El primero consistió en que el demandante sí era aforado y que tenía derecho a utilizar una acción de fuero sindical, pero a renglón seguido, dispuso que "...definido que el demandante para el 31 de diciembre de 1993 se encontraba amparado por la garantía foral, procede la Sala a determinar si se dio o no el hecho del despido invocado en el libelo, hecho que controvirtió la entidad en la contestación de la demanda, observando la Sala que en relación con este aspecto, el hecho del despido aparece acreditado en la documental de folio 55, aportada por el representante legal de la entidad. Por tal motivo de la liquidación de la empresa ordenada por la ley 1ª de 1991, la totalidad de los cargos desempeñados por trabajadores oficiales fueron suprimidos y en consecuencia se cancela su contrato de trabajo a fecha 31 de diciembre de 1993, y hasta el cual usted prestará sus servicios (fl. 22). El segundo fundamento señalado por la providencia fue aquel, según el cual, la acción que procede no era la de reintegro sino aquella de indemnización, pues a criterio de la Sala tenía plena aplicación "lo dicho por la H. Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral, en distintas providencias..., donde el desarrollo de la norma constitucional transitoria señalada, también fueron suprimidos cargos. Si bien estas providencias e dictaron en proceso ordinario, se hizo énfasis en la imposibilidad del reintegro, supuesto igual al presente, procediendo las distintas súplicas derivadas del despido injusto e ilegal a saber: indemnizaciones por despido injusto, pensión sanción, pero no es competencia del fallador en el proceso de fuero sindical, examinar aquellas sino sólo el reintegro como violación a la garantía foral (folio 26).
Visto lo anterior, no observó la Corte, que la decisión judicial referida constituyese una vía de hecho, pues, de una parte el Tribunal aceptó que el señor Otmar Rafael Amaya Ovalle, era aforado, y con ello atendió todas las consideraciones de la Corte Constitucional, conforme a la Sentencia T-01 de 1999, y de otro lado, porque la providencia impugnada no infringió ningún criterio expuesto por la Corte Constitucional sobre el tipo de acción del aforado, sencillamente, porque nada dijo esta Corte respecto a ese particular, ya que, en la parte motiva de la Sentencia T-01 de 1999, esta Corporación dejó en libertad al Tribunal para que, en sede de instancia judicial lo definiera según los hechos, pruebas y normas jurídicas, como en efecto ésta lo hizo.
Así las cosas, en opinión de la Sala Plena, la Sentencia T-555 del 2000 de la Sala Séptima de Revisión, no modificó la jurisprudencia de la Corte a propósito de la vía de hecho en materia judicial, por el contrario a lo estimado por los peticionarios, en la aludida sentencia, se recogió la doctrina expuesta por esta Corporación en cuanto a la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales y la vía de hecho en materia de interpretación, en el sentido de estimar que los presupuestos materiales de la vía de hecho se configuran únicamente cuando las providencias atacadas carecen de fundamento objetivo y razonable, por basarse en una interpretación ostensible y abiertamente contraria a las normas jurídicas aplicables; situación que no se produjo en los expedientes estudiados.
Finalmente la Sala Plena de esta Corporación recordará nuevamente el criterio expuesto en el auto de 3 de junio de 1998 M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero, en cuanto al alcance de la solicitud de nulidad contra las sentencias de tutela emanadas de esta Corporación y reiterado en auto de junio 30 del mismo año.
“…. en concordancia con todo lo anterior, la Corte debe recordar que las solicitudes de nulidad no son un recurso contra las sentencias de esta Corporación pues éstas gozan de cosa juzgada constitucional y son de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades y para los particulares (C.P. art. 243). Por ello, la nulidad sólo puede provenir de irregularidades procesales de tal magnitud que constituyan una manifiesta vía de hecho que haya tenido una consecuencia evidente y decisiva sobre el sentido de la decisión tomada por la Corte. Ahora bien, teniendo en cuenta que el control constitucional de las leyes es en gran medida una confrontación abstracta entre normas, esto es, una discusión esencialmente jurídica, es claro que es prácticamente imposible que ocurran esas protuberantes vías de hecho en ese tipo de procedimientos constitucionales. Por tal razón, esta Corporación procederá a rechazar in limine, y con una muy breve motivación, todas aquellas solicitudes en donde no aparezca evidente, desde un primer examen, que pudo ocurrir una vía de hecho, situación que, reitera la Corte, sería de muy excepcional ocurrencia. Además, y por las mismas razones, la Corte considera que en aquellos casos en donde sea claro que la solicitud de nulidad pretende esencialmente controvertir jurídicamente el contenido de la sentencia, y no subsanar una manifiesta vía de hecho, podríamos estar en presencia de un abuso del derecho por acción temeraria, que puede dar lugar a las correspondientes sanciones disciplinarias y pecuniarias previstas por el ordenamiento.” (M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero).
Por lo tanto, se concluye que si no hubo cambio de jurisprudencia, tampoco se dio la violación del debido proceso en la Sentencia objeto de nulidad, por lo cual no tiene lugar la pretensión de los ciudadanos Rocío Alicia Romero Sánchez y Otmar Rafael Amaya Ovalle, en cuanto a la nulidad de la Sentencia T-555 del 2000 proferida por la Sala Séptima de Revisión.
No acceder a la solicitud de nulidad de la sentencia T-555/2000, proferida por la Sala Séptima de Revisión, por ser manifiestamente improcedente.