Source: https://parcan.es/pub/ds.py/2017/71/30/
Timestamp: 2019-09-18 05:42:52
Document Index: 100485498

Matched Legal Cases: ['artículo 136', 'artículo 32', 'artículo 135', 'artículo 135', 'artículo 33', 'artículo 135', 'artículo 47', 'artículo 79']

Diario de Sesiones 71/2017, de fecha 4/4/2017 - Punto 30 - Parlamento de Canarias
Diario de Sesiones 71/2017, de fecha 4/4/2017 - Punto 30
9L/PPLC-0001 DEBATE DE TOMA EN CONSIDERACIÓN. PROPOSICIÓN DE LEY, DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE, SOBRE ORDENACIÓN DE LOS BARRANCOS DE GÜÍMAR Y RESTAURACIÓN DE ESE ESPACIO.
La señora PRESIDENTA: Les decía que hemos concluido esta comparecencia y, tal y como lo habíamos acordado en la Junta de Portavoces, toca ahora debatir la toma en consideración de la proposición de Ley del Cabildo Insular de Tenerife sobre ordenación de los barrancos de Güímar y restauración de ese espacio.
Damos la bienvenida a su presidente, a don Carlos Alonso Rodríguez, al consejero de Política Territorial, don Miguel Ángel Pérez Hernández, y a todas las personas que están aquí también en representación del Cabildo de Tenerife.
Como establece el artículo 136 de nuestro Reglamento, la presentación de la proposición de ley ante el pleno la realizarán las personas designadas, a quienes acabo de mencionar, con un máximo de dos, y después intervendrán los grupos parlamentarios de menor a mayor.
Tienen un tiempo de doce minutos para hacer la presentación. Interviene primero el presidente del Cabildo de Tenerife, don Carlos Alonso Rodríguez.
El señor PRESIDENTE DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE (Alonso Rodríguez): Buenas tardes, señorías. Señora presidenta.
Es un honor para mí tener la oportunidad de dirigirme a esta institución, al Parlamento de Canarias, la que mejor representa los valores democráticos de esta tierra, de estas islas. Y lo hago con plena responsabilidad al defender esta iniciativa legislativa; en primer lugar, porque es el resultado de un acuerdo unánime del cabildo; en segundo lugar, porque me cabe la responsabilidad también de continuar la batalla que durante muchos años muchos ciudadanos del valle de Güímar, en particular agricultores, a través de la Asociación Saturnino García, entre otras, pues, defendieron sus derechos, que creemos que con esta ley vienen a colmarse; y después también porque de alguna manera nos sentimos responsables de la situación que ha derivado, durante treinta años, en lo que hoy es quizá uno de los mayores atentados ecológicos en esta tierra.
Yo creo que todos hemos sido hasta cierto punto cómplices, y cuando digo todos estoy hablando de las distintas instituciones que tienen presencia en la isla de Tenerife: el cabildo, el Ayuntamiento de Güímar y también, obviamente, el Gobierno y este Parlamento. Durante treinta años hemos ido escapando, poniendo parches y no se ha solucionado el problema. A la vista está. Y creo que para empezar a solucionar el problema hay que hablar de consenso, de acuerdo, y eso es lo que hicimos nosotros en el cabildo. Hemos hecho además, no una sola vez sino dos veces, acuerdos que han llevado a remitir esta iniciativa a este Parlamento, acuerdos unánimes.
Y también les digo una cosa: ustedes tienen el mejor instrumento para lograr que ese acuerdo se produzca, que es la ley, que es la herramienta que en democracia, la más poderosa para buscar acuerdos. Y eso es lo que hoy les presentamos a ustedes: la posibilidad de dictar una ley, no la que nosotros elevamos, tienen la posibilidad de modificarla en el trámite para permitir llegar a un acuerdo, el que ustedes consideren necesario, para solucionar este problema.
Quiero en esta intervención también, pues, hacerme eco de las palabras durante el debate que tuvimos en el pleno del cabildo. Palabras que pronunció Fernando Sabaté, consejero y portavoz del Grupo Podemos, que antes de iniciar su actividad política, pues, fue activista y fundador también de la Asociación para la Defensa de los Barrancos de Güímar, que recordaba en sus palabras el esfuerzo de los ciudadanos de Güímar y de cómo los ciudadanos de Güímar, hartos de ver cómo atravesaban el casco del municipio, todas las mañanas, muy temprano, desde las seis de la mañana, camiones cargados de áridos, que destrozaban el pavimento; cómo la polvacera que se levantaba en las areneras afectaba a la salud y generaba problemas, reconocido por las autoridades sanitarias, entre la población infantil y mayores del municipio... Eran sus palabras. También las de otro compañero, natural de Güímar, consejero de Coalición Canaria, Félix Fariña, que en esa intervención también -y repito sus palabras- señalaba: en Güímar quedó el impacto medioambiental de los vertidos de aceite de motor, de maquinaria pesada, que se derramaban en los cauces y carreteras de acceso, improvisadas, a las canteras; quedó la chatarra de la maquinaria pesada, todavía está por allí averiada, rota o en desuso; durante décadas, Güímar contribuyó al desarrollo de Tenerife y no recibió a cambio nada.
Yo creo, señorías, que nunca volverán a darse unas circunstancias tan idóneas para mirar de frente al problema. Tenemos la voluntad clara y contundente del pueblo de Güímar y de la isla -y de ahí el acuerdo que tenemos en el pleno del cabildo- de que no se vuelvan a extraer áridos en ese ámbito y de que se restaure también el equilibrio ecológico alterado. Tenemos una iniciativa legislativa, una proposición de ley, que examinamos hoy, que elimina la posibilidad de seguir extrayendo, que hace caso a esa voluntad. Y además -déjenme insistir en esto- la ley es la única posibilidad de que se elimine el uso minero. Esta u otra que ustedes decidan, pero el instrumento que evita la extracción, el único posible, es la ley.
Y además esta iniciativa permite marcar el camino para restaurar, que es el otro elemento de la voluntad del pueblo de Güímar y del pueblo de Tenerife, para que se produzca la restauración.
Y tenemos también una sentencia, una sentencia firme, que obliga a quienes cometieron ese atentado ecológico a pagar la restauración.
Son treinta años de mirar para otro lado. Demos la oportunidad a mirar de frente al problema y que, frente a la inacción durante todos estos años, actuemos, a través de instrumentos que hoy discutimos, para poder en el trámite resolver el problema.
Entraré ahora, brevemente, en alguna de las cuestiones que se han producido, en el debate que se ha dado en los medios de comunicación y entre los grupos políticos, sobre la iniciativa legislativa.
En primer lugar, el elemento que quizás ha llenado más titulares y más debate es quién debe pagar la restauración. Miren, la intención del cabildo, la voluntad del presidente, del pleno y de toda la corporación es que sean los condenados por sentencia firme quienes paguen la restauración. Y eso es claro y notorio, son ellos los que tienen que pagar el proceso de restauración del ámbito, de la extracción que hicieron y que provocó el sinsentido ecológico que hoy intentamos arreglar. Y, además, les digo que sin esta ley, sin una ley, será muy difícil que esa sentencia se cumpla, porque hoy por hoy no hay plan de restauración, no existe, y ni siquiera existe voluntad clara de las administraciones para formular ese plan.
Además les voy a dar lectura de un auto de ejecución de la sentencia, determinado por la Audiencia Provincial, que coincide con el que instruye la Fiscalía, que señala, de manera muy clara, lo siguiente -leo textualmente-. Auto de ejecución de la sentencia dictado por el juez de la Audiencia Provincial: "A día de hoy no existe normativa emanada del Parlamento de Canarias, que debe aprobar la proposición de ley dimanante del Cabildo de Tenerife, relativa a la restauración concreta de la zona de los barrancos, a fin de que los condenados puedan elaborar el plan conjunto de restauración de estos espacios extractivos y depredadores". La ley es coincidente con los propósitos que tiene la sentencia, lo dice la audiencia que dictó la misma, y dice que esa iniciativa legislativa servirá de marco legislativo para ejecutar la sentencia -vuelvo a leer de manera literal-, la sentencia condenatoria conforme al fallo de la misma.
Otra pregunta que ha llenado debate: ¿cómo debe hacerse la restauración? La iniciativa legislativa no establece cómo debe hacerlo, es esta Cámara, a través de la ponencia técnica, con el apoyo del cabildo y de sus técnicos, a la que estamos dispuestos a prestar colaboración plena, también de la consejería competente del Gobierno de Canarias, la que tiene que determinar cómo se debe producir la restauración, a través del plan que está vinculado a la ley.
Otra cuestión, el tema de las indemnizaciones. Si sustituimos un uso por otro, obviamente debe haber indemnizaciones, pero esas indemnizaciones están por determinar, porque va a depender mucho del plan de restauración que esté vinculado a la ley. Y en ningún caso es obligatorio que esa indemnización sea a través de fondos públicos, puede producirse a través de compensaciones vinculadas a la gestión del suelo, que el sistema territorial, como ustedes saben, permite.
Lo que sí tengo claro es que nadie que ha extraído de manera ilegal, está condenado, puede sacar beneficio de este proceso de restauración. Ahora bien, el que sí tiene que sacar beneficio es Güímar. Hay que darle oportunidades de desarrollo a Güímar y esta ley lo permite buscando la manera de que el plan de restauración dé alternativas, dé opciones al desarrollo económico. Lo primero, las tradicionales, las actividades que prioriza la propia iniciativa legislativa a través de la disposición transitoria primera, donde se señala que son las actividades tradicionales, agropecuarias, las que de cualquier modo tienen que seguir existiendo en la zona. Y de manera compatible con esa y el uso ambiental, sobre todo en las minas agotadas, la posibilidad de otro tipo de actividades. Obviamente las que están vinculadas también al sector terciario, al sector turístico.
Miren -termino y dejo ya espacio a mi compañero, consejero de Política Territorial-, en Güímar cabe todo. En esos hoyos hay mucho espacio para buscar el acuerdo. Lo que no cabe, ni siquiera en esos hoyos tremendos, es la intransigencia, es decir que no y mirar para otro lado. Por eso son los hoyos, por eso se han generado los agujeros. Llenémoslos de acuerdos y de voluntad. No la de Plasencia, no la de Carlos Alonso, sino la voluntad de don Jesús, de don Saturnino, de don Pedro, doña Marisol, que están hoy aquí presentes y que también están apoyando esta iniciativa legislativa. Les pido que le den una oportunidad al consenso, les pido que miren de frente al problema para solucionarlo.
Paro el tiempo para que tome la palabra ahora el consejero de Política Territorial, dentro del tiempo concedido, don Miguel Ángel Pérez Hernández.
El señor CONSEJERO DE POLÍTICA TERRITORIAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE (Pérez Hernández): Señora presidenta, señores miembros del Gobierno, señores diputados de la Cámara soberana del pueblo canario, presidenta del Grupo Socialista, Patricia, amiga.
Bueno, el tiempo que me corresponde.
La iniciativa nace desde el 2008, en que, siendo presidente Ricardo Melchior y a petición de la difunta Vicenta Díaz y de Rafa Yanes, solicitan al cabildo amparo para que en los agujeros de Güímar se deje de extraer. Ese es el inicio de un proceso largo, tortuoso y sé que complejo y difícil para los que no están en el día a día de las políticas territoriales, y es difícil estar hoy aquí a sabiendas prácticamente de que los grupos políticos van a ir en contra de esta iniciativa. Pero yo les pido reflexión y si no es esta iniciativa, porque o no se la han estudiado o no ven con buena gana esta iniciativa, reflexionen, cojan y asuman...; que es un problema que es de todos, de todos y todas los canarios y todos los representantes públicos -ayuntamiento, cabildo y Gobierno de Canarias, y por ende también del Parlamento-.
La iniciativa trataba una cosa, importantísima, que creo que ha sido desvirtuada de manera torticera por algún medio de comunicación y por algún tuit, que parece que estamos en la moda de los 140 caracteres y dejamos poco espacio a la reflexión, y es que lo que ha querido siempre el pueblo de Güímar es que no se extraiga, simple y llanamente. Y el cabildo decidió, después de mucho análisis y mucho estudio, que la mejor forma era esta iniciativa y que después el órgano soberano, conjuntamente con el Gobierno de Canarias, asumiera un plan de restauración. En todo este proceso, pues, sale una sentencia, una sentencia penal, que obliga a los extractores, cosa que favorece nuestra iniciativa; no la perjudica, todo lo contrario, la favorece. Así que les pido que, aunque este trámite se quede hoy aquí sobre la mesa, de que voten en contra, les pido que, de verdad, que sigan tramitándolo, con una comisión, con estudios, interpelaciones, pero que no dejen al pueblo de Güímar tirado, que sigan trabajando por el beneficio de Güímar, que al final yo creo que es lo que queremos todos. A lo mejor los procesos no coinciden pero el final, el final y el sentido último de esta iniciativa era que se dejara de extraer.
La señora PRESIDENTA: Dos minutos más, consejero.
El señor CONSEJERO DE POLÍTICA TERRITORIAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE (Pérez Hernández): Gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Dos minutos más.
El señor CONSEJERO DE POLÍTICA TERRITORIAL DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE (Pérez Hernández): Gracias.
Hay únicamente dos opciones en esta vía: una es restaurar y extraer para restaurar o restaurar y que durante los próximos cuarenta años se siga extrayendo de Güímar. No hay más, no hay más vías, no hay más soluciones. Ojalá estuviera equivocado y hubiera una tercera vía, pero esas son las dos vías con las que este Parlamento se va a encontrar si al final decide -y espero que así sea- seguir estudiando un proceso de restauración para Güímar.
Creo que el pueblo de Tenerife se lo merece. Así lo han decidido durante muchísimos mandatos, desde el 2007 hasta la actualidad, los distintos consejeros, de distintos grupos políticos, que han estado en la corporación. Ya nombré antes al presidente Melchior, tengo que nombrar a la anterior consejera en este puesto, a Pino de León, que también trabajó, a la jefa de servicio, a todos los técnicos y técnicas que durante muchísimos años han trabajado para que esto sea posible.
Y, aunque me voy con un sabor agridulce, sí que estoy orgulloso de que por lo menos hayamos tenido la posibilidad de que el Parlamento escuche la voz del Cabildo de Tenerife, de manos de su presidente, al que agradezco que me haya dejado la oportunidad también de intervenir, y a todos de escuchar la propuesta de este cabildo insular, que creo firmemente que es la más adecuada y la más acertada para restaurar Güímar. Si no, nos veremos abocados, como he dicho, a cuarenta años de extracciones y tener una zona de áridos que el pueblo de Güímar no quiere.
Antes de dar la palabra a los grupos de menor a mayor, voy a pedirle al secretario que lea la posición del Gobierno de esta proposición de ley, que lo tenía que haber hecho al principio y esta presidenta no hizo.
El señor SECRETARIO PRIMERO (Cabrera González): "Rosa Dávila Mamely, secretaria del Gobierno de Canarias, para que conste y surta los efectos procedentes... (sin micrófono)
Visto que el Gobierno, en sesión celebrada el 15 de octubre de 2015, manifestó su criterio favorable a la toma en consideración de la Proposición de Ley del Cabildo Insular de Tenerife, sobre ordenación de los barrancos de Güímar y restauración de este espacio, así como su conformidad con la tramitación de la misma, sin perjuicio de diversas consideraciones, entre las que se encontraba la falta del pertinente estudio económico sobre el plan de restauración, lo que conlleva una indeterminación que debería ser abordada y solventada en el pertinente informe económico-financiero, exigible en cumplimiento del artículo 32.3 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
Visto que la Mesa del Parlamento de Canarias, en su reunión del 17 de marzo de 2016, tuvo conocimiento de los escritos del Cabildo Insular de Tenerife, así como de documentación adjunta y acordó su traslado al Gobierno a los efectos de que ratificara, en su caso, el criterio expresado en sesión celebrada el 15 de octubre del 2015, de conformidad con lo previsto en el artículo 135 del Reglamento del Parlamento de Canarias.
La documentación que acompaña al acuerdo de la Mesa del Parlamento consta de diversos informes del Cabildo de Tenerife, entre los que se encuentra un informe del 7 de marzo del año en curso emitido por el Servicio Técnico de Política Territorial que contiene un cuadro síntesis estimativo del coste máximo que se podría alcanzar por el restablecimiento de los valores ambientales y paisajísticos originales en el ámbito de los barrancos de Güímar. Por el mismo servicio se emite informe complementario de 15 de marzo de 2016, señalando las causas por las que no se han incluido las potenciales repercusiones económicas que pudieran derivarse de la proposición de ley relativas a las indemnizaciones de posibles derechos subjetivos cuya lesión pudiera dar lugar a reclamaciones de responsabilidad patrimonial.
Visto el informe de la Dirección General de Planificación y Presupuesto de 14 de abril del 2016, en el que ratifica el contenido de los informes evacuados respecto de la proposición de ley en fechas 10 de septiembre de 2014 y 9 de octubre de 2015, donde se concluye que la proposición de ley en sí misma no implica un aumento de los créditos contenidos en los estados de gastos de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, pero que de la materialización de sus propósitos normativos se podrían derivar impactos presupuestarios en los gastos de los departamentos autonómicos afectados -títulos mineros que se declaran extinguidos, los derivados del plan de restauración medioambiental y paisajística...-, siendo esencial la valoración del impacto presupuestario que hagan los mismos. Por otra parte, el citado informe señala que deberá supeditarse el contenido normativo, desarrollo y ejecución de la proposición de ley al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública fijados para esta comunidad autónoma en aplicación del artículo 135 de la Constitución española y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, así como a los límites impuestos en los escenarios presupuestarios plurianuales y aquellos otros que dimanen de las normas y acuerdos.
Visto informe de la Dirección General de Agricultura, en el que se concluye que los informes aportados por el Cabildo de Tenerife no permiten evaluar completamente los posibles costes económicos para las arcas de la comunidad autónoma en relación con esta proposición de ley y que los costes de restauración del ámbito, así como las posibles indemnizaciones pueden alcanzar cifras muy elevadas, más allá de los trescientos millones de euros, que podrían tener que ser aportados por la Administración autonómica.
Asimismo, sigue considerando como solución más idónea la planteada desde el PIOT de establecer un plan territorial parcial del ámbito extractivo de los barrancos de Güímar, donde se ordene la actividad y se comience la restauración de dicho espacio.
Por último, se vuelve a señalar que si bien se puede usar una ley para ordenar un espacio concreto del territorio, no es la práctica más recomendable, tal y como se señala en el informe del Cabildo de Tenerife de fecha 8 de marzo, cuando dice: bien distinto es que, a partir de las previsiones constitucionales -básicamente artículo 33.2-, en la ordenación del suelo se admita con amplitud la colaboración reglamentaria vía planes, hasta el punto que, de ordinario, es el plan y no la ley quien concreta el destino del suelo -desde STC 37/87-.
Visto informe de la Dirección General de Industria y Energía, donde se establece que la valoración del impacto económico a consecuencia de la asunción por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias de objetivos específicos dentro del plan de restauración medioambiental y paisajístico del ámbito espacial a proteger, requiere una peritación y estudio pormenorizado y exhaustivo de la restauración que se pretenda, teniendo además en cuenta que hasta la fecha se desconoce el plan de restauración a llevar a cabo para todo el ámbito afectado. La toma en consideración y admisión a trámite de la proposición de ley permitiría durante la tramitación de la ley la redacción del plan de restauración con un estudio pormenorizado y exhaustivo de la misma, cumpliendo la redacción de dicho plan de restauración con la obligación impuesta en dicho sentido a todas las administraciones públicas con competencia en el ámbito, mediante Sentencia 24/2016 dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, cuyo fallo señala que a efectos de la restauración deberá realizarse el oportuno plan de restauración por parte de las administraciones competentes. En este sentido, dicho informe considera que la solución más idónea pasa por la evaluación del planeamiento y el proceso a seguir para restaurar el ámbito afectado por las extracciones de áridos y reordenar el espacio, que permita determinar el modelo de restauración y el sistema de gestión a desarrollar en la zona.
Por otro lado, señala que el informe jurídico sobre la existencia de derechos subjetivos cuya lesión pudiera dar lugar a posibles reclamaciones de responsabilidad patrimonial por actos legislativos y, en su caso, las valoraciones económicas que procedan queda fuera del alcance de las competencias de esa dirección general, debiendo ser uno de los asuntos a tratar en el estudio de la proposición de ley una vez admitida a trámite.
Considerando que corresponde al Gobierno manifestar su criterio respecto a la toma en consideración de las proposiciones de ley, así como su conformidad o no a su tramitación si implica aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios, de acuerdo al artículo 135 del Reglamento del Parlamento de Canarias.
En su virtud, el Gobierno, tras deliberar y a propuesta del presidente, acuerda ratificar el criterio expresado en sesión celebrada el 15 de octubre de 2015 respecto a la toma en consideración de la Proposición de Ley del Cabildo Insular de Tenerife, sobre ordenación de los barrancos de Güímar y restauración de ese espacio, condicionando cualquier actuación a que de la misma no derive perjuicio económico alguno para la Comunidad Autónoma de Canarias".
Vamos ahora con la intervención de los grupos, de menor a mayor como está establecido en el Reglamento.
Comienza el Grupo Mixto. Señor Ramos Chinea, diez minutos.
El señor RAMOS CHINEA: Buenas tardes, señorías. Gracias, señora presidenta.
Desde nuestro grupo queremos dar la bienvenida y agradecer la presencia del señor presidente del Cabildo Insular de Tenerife y del señor consejero de Política Territorial.
Hoy debatimos la toma en consideración de una proposición de ley impulsada por un cabildo canario. Un cabildo que, ante un grave problema medioambiental, social y jurídico, ha buscado a lo largo de muchos años posibles soluciones para que se restaure el entorno de los barrancos de Güímar. Todas estas vías han sido infructuosas, no por su falta de esfuerzo sino por múltiples impedimentos normativos a los que han hecho frente. Estamos ante la búsqueda de otra solución, y quizás sea la única solución que les queda, debemos reconocerlo. Ningún cabildo presenta una proposición de ley que no esté motivada por una necesidad imperiosa de legislar una cuestión de importancia insular y regional, que habrá sido profundamente meditada. Sinceramente, señorías, lo han hecho por responsabilidad política y con coherencia y lo han meditado mucho y cuenta con el refrendo de todos los representantes políticos elegidos por los ciudadanos de esta isla. No podemos negar que ha sido aprobada por unanimidad del pleno del Cabildo Insular de Tenerife. Tanto Coalición Canaria, el Partido Popular, el Partido Socialista Canario como Podemos han impulsado esta iniciativa legislativa porque la ven como la solución más viable. Sin embargo, hoy muchos de estos partidos se retractarán.
Y la pregunta que nos debemos hacer, señorías, es cuál es la mejor solución para la actual situación de los barrancos de Güímar. Porque estarán de acuerdo con nosotros en que no podemos permitir que continúe la degradación del medio, se afecte el cauce hidrológico y no hacer nada para la restauración de este entorno. Si hoy la respuesta no podemos darla en este Parlamento, entonces debemos asegurarnos de que el Gobierno de Canarias actúe y ayude a dar una respuesta a los vecinos, al ayuntamiento y al Cabildo de Tenerife.
Señorías, les recuerdo a ustedes y aclaro a quienes nos oigan que en esta parte del trámite legislativo lo que votamos hoy es simple y claramente si la materia sobre la que versa esta proposición de ley debe recogerse en una norma legal. Hablamos de tomar en consideración que se admita a trámite. Y no estamos aprobando una ley; no nos piden hoy que comulguemos con el texto propuesto, ni siquiera que abonemos ninguna indemnización que pueda afectar al erario público.
Les digo más, en nuestra democracia y en esta Cámara, la de todos los canarios, pocas veces ocurrirá que no admitiéramos a trámite la proposición de ley de un cabildo insular, un rechazo difícil de asumir que tiene que estar muy motivado.
La Agrupación Socialista Gomera viene a esta toma en consideración después de poner muchas cosas en la balanza. Nuestro voto responderá a la coherencia, por todo lo que les he expuesto en mi intervención hasta ahora, también porque vemos muy difícil consensuar un texto legal y porque nos preocupa especialmente la incidencia en el erario público que podrían tener los efectos de una futura ley que no articulemos extremadamente bien.
Hay que reconocer que los informes no son nada esperanzadores: 23 millones de metros cúbicos a cubrir, en un entorno degradado durante décadas, con cauces hidrológicos afectados, los extractores que no han puesto los medios que debían para su restauración, un coste estimado de recuperación de aproximadamente 344 millones, posibles indemnizaciones millonarias, salvar las colisiones con la ley estatal básica, una perjudicial falta de normativa canaria sobre la actividad minera, caducidad de licencias, la posibilidad o no de que se paralice la actividad de extracción en la zona. Al final son muchas cosas en contra para aprobar una ley.
Pero nos preocupa, que parece que nadie se la haya leído, esa parte de los informes que indica que no se puede solucionar a través de instrumentos de planeamiento, ni insular ni municipal, ni planes territoriales ni especiales ni de protección, porque contraviene el principio de jerarquía normativa, que un instrumento de ordenación territorial modifique o regule en el ámbito de la ley. Si el cabildo y el ayuntamiento desde su ámbito competencial no pueden hacer nada y ni siquiera pueden regular la actividad minera, ¿qué deben hacer las administraciones y los vecinos?: ¿esperar? ¿Y quién se responsabiliza de que nuestra comunidad autónoma no ha regulado la actividad minera hasta la fecha? Aquí todos somos culpables, no podemos mirar a otro lado sin buscar una solución entre todos.
Y, por supuesto, es difícil a través de una ley, porque una ley canaria no puede contravenir una ley básica estatal. Eso sería inconstitucional y no va a apoyarlo nuestro grupo parlamentario. Pero eso no significa que no podamos intentarlo, que dentro del límite parlamentario, por medio de las oportunas enmiendas y gracias a los instrumentos de los que nos dota la democracia, podríamos conformar un texto legal que no contravenga la ley básica del Estado, un texto que no suponga un perjuicio para el erario público y, en definitiva, una ley que dé respuesta a la insostenible situación actual de los barrancos de Güímar.
Pero hoy quedará constancia de que no somos capaces de conformar una norma de estas características, y reconozcamos que no hemos aceptado el reto porque se ve inviable seguir el trámite y tampoco podemos mentirles a los vecinos al respecto. Nosotros no lo vamos a hacer y por eso hemos querido ser claros. Aun así, creemos que se deben arreglar los problemas de los cauces de los barrancos de Güímar y vamos a aprovechar esta intervención para recordarle al Gobierno sus obligaciones con respecto a la regulación de la actividad minera y que sea firme con las obligaciones de restauración.
Un especial saludo al presidente del Cabildo de Tenerife y al consejero del ramo vinculado a la problemática que nos trae aquí.
Mi primera consideración es reconocer el papel de iniciativa legislativa, por otra parte, en nuestro marco reglado, de los cabildos insulares. Nos parece que es un elemento importante cara a la consolidación del proyecto común de Canarias que la ciudadanía pueda presentar iniciativas legislativas, que lo puedan hacer los cabildos, evidentemente los grupos parlamentarios y, por supuesto, el gobierno de turno. De manera que volvemos a reiterar nuestra coincidencia absoluta en la necesidad de que estas iniciativas legislativas puedan estar en manos de los cabildos, porque creo que pueden expresar con precisión asuntos de los territorios a los que representan. Por lo tanto, legitimidad absoluta del señor presidente, de su institución, para promover una iniciativa legislativa.
Yo tengo serias dudas sobre los contenidos, sobre las pretensiones. Me parece que la más importante de las pretensiones de la ley es restaurar los barrancos dañados por la avaricia y por el incumplimiento de la norma de unos pocos. Esta es la reivindicación que también reclama la ciudadanía organizada desde hace décadas y este debe ser el elemento que yo creo que puede concitar más consenso entre nosotros: cómo podemos contribuir a resolver un problema que crearon unos cuantos y que deben pagar hasta el último céntimo. Y no debemos generar ninguna actuación, aunque sea involuntaria, para que se aprovechen. Por ejemplo, en relación con la sentencia condenatoria, esta previsión de una ley en tramitación ha hecho que se paralice la ejecución de la sentencia y los abogados que hicieron posible ese éxito jurídico digan que detrás de esto puede haber una maniobra, no del cabildo sino de los defensores, de los condenados, para dilatar, eludir total o en parte la responsabilidad de restituir el daño causado. Esta es la primera consideración que le hago al señor presidente: que no tengo nada claro que este camino vaya a conseguir el objetivo o que ese camino vaya a permitir a los realmente responsables, en este Estado de derecho, pagar hasta el último céntimo de la restitución de los barrancos de Güímar.
Hay más contenidos a los que luego me referiré si me da tiempo, como la extinción de los derechos mineros y si hay título competencial en este Parlamento para actuar sobre ello y, si lo hubiera, con qué ponderación lo deben hacer, y sobre qué tipo de recategorización del suelo se puede hacer. Solo se podría hacer cambiando el suelo de protección económica por suelo de protección ambiental y no valen otras formulaciones de suelos de tipo económico, como pretende alguna disposición transitoria, como se ha dicho públicamente y como algunos están generando expectativas.
Pero yo no me voy a referir a los asuntos del Cabildo de Tenerife porque está legitimado, tiene derecho a promover las iniciativas que considere, pero este es un Parlamento que dirige un país, que representa a un pueblo y que tiene su Gobierno. A mí no me gusta este Gobierno, y lo he dicho aquí de forma reiterada, pero ese Gobierno tiene obligaciones. Miren, y lo que no acabamos de entender no es la iniciativa del cabildo, que podemos discrepar de ella, sino que el Gobierno no la haya paralizado después de los informes contundentes del propio Gobierno, donde dicen de manera categórica que no creen -los expertos del Gobierno, el departamento de Agricultura- que este sea el camino para la restitución de los barrancos; después de informes tan categóricos que dicen que esta norma, en los términos planteados, es manifiestamente inconstitucional; después de que los informes del Gobierno digan que faltan elementos e informes para valorar el impacto que las decisiones que aquí toma esta ley, cuando se materialicen, a efectos del erario público del presupuesto de la comunidad. ¿Cómo es posible que el Gobierno de Canarias no haya ejercido la obligación que tiene de paralizar las iniciativas legislativas, sean de los ciudadanos, sean de los cabildos o sean de la oposición política cuando estas comprometen el presupuesto público? Y esta lo compromete de manera evidente, por dos vías: asumiendo responsabilidades totales o en parte en la restitución de los barrancos y por la vía de la extinción de los derechos mineros, suponiendo que tuviéramos título competencial para hacerlo pero que, en cualquier caso, los informes del cabildo, los informes del Gobierno, no dejan dudas de que tendría consecuencias indemnizatorias.
En cuanto a la rehabilitación, hay algunas aproximaciones que hablan incluso de 360 millones, los recursos económicos necesarios para poder restituir el daño causado y que debieran pagar los que se hicieron multimillonarios extrayendo, de forma irregular, avariciosa, ese recurso natural.
Y también las indemnizaciones. El profesor Villar, autor intelectual o por lo menos redactor de la ley del suelo, que, por cierto, allí negaba las leyes singulares porque generaban inseguridad jurídica, ahora suscribe esta, que es una ley singular... Por cierto, la ley del suelo trata, no, elude las responsabilidades competenciales de la comunidad canaria, del Gobierno de Canarias, para aprobar los instrumentos de ordenación y aquí nos manda una ley ahora donde el instrumento de ordenación lo va a aprobar el Gobierno de Canarias. Es decir, utilizar el Estado de derecho, las estructuras competenciales, en función de los intereses tácticos de algunos, de los intereses políticos de algunos.
Pero, insisto, lo realmente sorprendente, lo realmente inaceptable, es que el Gobierno de Canarias no haya utilizado la responsabilidad que tiene para poner en evidencia que la traslación material de las previsiones de la norma que nos propone legítimamente el Cabildo de Tenerife tiene consecuencias sobre el presupuesto multimillonarias. Lo que no entendemos es cómo este Gobierno, yo creo que bordeando la prevaricación, da el visto bueno a una norma y encima tiene la desfachatez de trasladar las consecuencias económicas que la norma tenga a este Parlamento cuando dispone de medios económicos, de medios técnicos, para evaluar el impacto que pueda tener la restitución de ese barranco conforme a un plan de actuación y sobre todo lo que representa el tema de las indemnizaciones.
Es realmente sorprendente que después del informe que ha leído el señor secretario el Gobierno de Canarias mire para otro lado en una norma de estas características.
Si queremos construir un país con futuro tenemos que ser rigurosos, tenemos que ser serios, tenemos que trabajar con perspectiva global y colectiva. No puede ser que las normas, las circunstancias, en función de quién vengan, de si me interesan o no, las acepto y, si no, las sorteo, como está pasando en este caso.
Y le digo, señor presidente de Cabildo de Tenerife, don Carlos Alonso, que hay un problema en los barrancos de Güímar, hay un problema ambiental, y un problema que en primer lugar debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para que los que lo produjeron lo paguen. Pero si hubiera que recurrir a las administraciones públicas, después de agotar todas las posibilidades con que el Estado de derecho obliga a los que hicieron esa tropelía, las administraciones públicas tendrán que comprometerse. Pero también le digo que esta ley no nos sirve para ese menester, esta ley no es el instrumento más adecuado para actuar sobre el problema que pudiera ser solidariamente acometido por las administraciones públicas. Ni nos parece el instrumento más adecuado una ley para ordenar un espacio ni nos parece que tengamos título competencial suficiente; y, en cualquier caso, el daño presupuestario que genera la aplicación material de esta norma nos parece realmente sorprendente y sobre todo, insisto, responsabilidad del Gobierno de Canarias, que debió paralizar este tema.
Nosotros llegamos incluso a plantear a la Mesa de esta Cámara para que remitiera al Gobierno la necesidad de informe jurídico sobre la adecuación a la Constitución de la noma en tramitación, porque es el Gobierno quien nos advierte, en informes categóricos, firmados por el consejero de Economía, que es manifiestamente inconstitucional. También le reclamamos al Gobierno que hiciera los informes que la Dirección General de Presupuestos reclamó al departamento de Política Territorial sobre una aproximación del coste de la restauración, que nunca se supo de ese informe; o un informe, también solicitado por la Dirección General de Presupuestos, sobre las consecuencias que tendría la extinción de los derechos mineros, no solo de las minas en explotación, que al parecer solo hay una en estos momentos con título habilitante para seguir en explotación, sino para los dueños del suelo, porque no hay ninguna duda en la jurisprudencia y en la legislación básica de que los dueños de los 4 millones de metros cuadrados de suelo de protección minera tendrán derecho, si se recategoriza, tendrán derecho a indemnizaciones multimillonarias, y me dicen los que entienden -esta no es una información contrastada- que una parte sustancial de ese suelo es de los mismos que hicieron la tropelía. Y ya ni les cuento si encima se pretende no solo cambiar la categoría de suelo de protección económica a ambiental, que tiene un pase, señor presidente, sino a otro tipo de actividades económicas, porque pudiera ocurrir que los que cometieron el delito...
La señora PRESIDENTA: Señor Rodríguez, dos minutos más, y concluya, por favor.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ...cometieron el delito, ya condenados por los tribunales, solo faltaba que pudieran eludir parte o totalmente sus responsabilidades y encima hicieran negocio gracias a las indemnizaciones por la titularidad del suelo, sin explotar pero que tienen derechos, o gracias a las actividades económicas que se proponen o que se dicen en los periódicos.
Por todo ello, señor presidente del cabildo, nosotros no vamos a votar a favor de la admisión a trámite de esta norma, doliéndonos en el alma, porque siempre hemos defendido que cuando viene de los cabildos había que tomarla en consideración. Cosa que no han hecho otros aquí sobre leyes que no tenían ningún impacto en la economía, sencillamente discutíamos modelos de desarrollo distintos, y no les tembló el pulso para decir que no, no les tembló el pulso para decir que no a una proposición de ley que presentamos, en nombre del pleno del Ayuntamiento de La Laguna, para la suspensión de la famosa vía de ronda y nos dijeron que cómo se iba a utilizar una ley para un asunto de ordenación, y ahora nos vienen con una ley para un asunto de ordenación.
En definitiva, señor Carlos Alonso, nos parece legítima su iniciativa. No estamos de acuerdo porque creemos que no conseguirá los objetivos que pretende. Y les invitamos, proponemos en nombre de Nueva Canarias, la máxima colaboración con el Ayuntamiento de Güímar, con el Cabildo de Tenerife, con los grupos parlamentarios y con el Gobierno para buscar la cooperación necesaria para la restitución, la restitución de los barrancos de Güímar, sin que se escape ni un solo euro de los que se hicieron multimillonarios y deben pagarlos. Y esta ley, según los expertos en la materia, puede ser un pretexto desde luego para retrasar sus responsabilidades, y dicen algunos que incluso para eludirlas en parte o totalmente.
Así que lamento no poder votar a favor, pero sí expresamos nuestra cooperación con el Cabildo de Tenerife para buscar soluciones que realmente atajen el problema de fondo, pero este no es el método, el que ustedes han elegido no nos gusta y al Gobierno parece que sí...
Turno ahora para el Grupo Podemos. La señora Monzón.
La señora MONZÓN NAVARRO: Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos los representantes del Cabildo Insular de Tenerife.
En un periodo que se remonta desde la década de los noventa hasta al menos el 2005 en los barrancos de Güímar se ha venido desarrollando una actividad de extracción y tratamiento de áridos de manera continua y simultánea por parte de unos empresarios que, sin escrúpulos y sin cobertura legal, en cuanto que no contaban con las autorizaciones administrativas preceptivas, han generado un gran daño en el medio ambiente y en el territorio de la zona.
El valle de Güímar tiene un gran potencial agrícola, no solo por la estructura edafológica del suelo sino también por las favorables condiciones agroclimáticas que tiene la zona. Las notables y graves modificaciones operadas en este terreno, derivadas de esa salvaje e incontrolada extracción de áridos, no solo han afectado a las zonas de cultivo agrícola, al extralimitarse la extracción hasta los linderos de estas y que ha puesto en riesgo como consecuencia la inestabilidad del terreno, generada por la gran verticalidad de los taludes, sino que además han incidido de manera importante en los cauces de los diferentes barrancos. Incluso la generación de polvo y el impacto visual de la actividad han conducido a un grave y progresivo deterioro ambiental, que se hace especialmente notable en la pérdida de suelo, en el impacto sobre el paisaje, en el perjuicio sobre la biodiversidad y las alteraciones, con incidencia en la población que vive en el entorno, la cual en ocasiones se ha visto envuelta en situaciones de riesgo por desplomes, derrumbes, que han dado lugar a numerosas quejas y denuncias presentadas ante diversos organismos por colectivos y particulares.
Durante años, estas empresas actuaron sin que las administraciones competentes realizaran su labor de control de forma efectiva -es verdad señor Alonso, se ha mirado para otro lado-, con los mecanismos de que, a su alcance, dispone la legislación en la materia. Han sido los vecinos y vecinas de Güímar los que han venido movilizándose y luchando desde hace años para cambiar la situación en la que se encuentra la zona de la isla como consecuencia de la actividad de esta extracción de áridos de forma ilegal, frente a lo cual la Administración, en lugar de haber adoptado con la mayor premura medidas dirigidas al cese de esta actividad ilegal que tanto daño medioambiental venía ocasionando, se limitó a procurar un marco jurídico de... (ininteligible) territorial en la zona que jamás culminó. Cumplan con sus responsabilidades y competencias.
Una vez más, y ante la inactividad de las administraciones públicas, ha tenido que ser la lucha de los vecinos y vecinas la que ha obtenido la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife del 28 de enero de 2016. Esta sentencia indica que los responsables de estas empresas son criminalmente responsables de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente y condena a la adopción, a cargo de los condenados, de las medidas encaminadas a restaurar el equilibrio ecológico perturbado en cada una de las áreas donde los acusados ejercieron la actividad. Pero además, para el cumplimiento de esta obligación de restitución, encomienda a la Administración competente a la realización de un plan de restauración, debiendo tenerse en cuenta las diferentes sanciones, responsabilidades, obras u otros conceptos acordados en los diferentes procedimientos administrativos para su descuento en la fase de ejecución de sentencia.
Nos sorprende que esta proposición de ley se presentara en esta Cámara el 2 de septiembre de 2015, meses antes de que recayera la citada sentencia condenatoria, y que, a la vista del contenido normativo y la fecha de su formulación, pudiera parecer una fórmula de allanamiento del camino a los ahora condenados ante la eventual sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial, que finalmente ha hecho justicia.
De acuerdo con el apartado III de la exposición de motivos de esta proposición de ley, esta persigue como objetivos la restauración y ordenación del espacio, hasta ahora ocupado y afectado por las extracciones de áridos, la recuperación de los valores ambientales que lo caracterizaban, en especial los paisajísticos, así como la pervivencia de las actividades agropecuarias que en ese ámbito se desarrollan, con desaparición de las actividades extractivas mineras. Ninguno de esos objetivos nos parece desacertado, pero entendemos que las medidas propuestas para esta vía legislativa, para dar cumplimiento a todos los objetivos, y consistentes en la declaración de interés autonómico de la restauración de los barrancos de Güímar, la prohibición de cualquiera de las extracciones, la extinción de los títulos mineros existentes, la recategorización del suelo, con supresión del suelo rústico de protección minera que habilitaba aquellas, el encargo del Gobierno para la elaboración de un plan de restauración y, finalmente, la obligada adaptación del planeamiento insular y municipal a estas decisiones legales, no es la vía adecuada, y de ello son reflejo los tres informes desfavorables a la proposición de ley que han sido emitidos por tres consejerías.
Usted hablaba de las voluntades políticas, pero las voluntades políticas tienen que venir reflejadas en los hechos y esta ley puede tener consecuencias que no van a depender de las voluntades políticas. Por tanto, cuando usted habla de que no hay voluntad para que haya un plan de restauración, no compartimos con usted esa opinión. Tiene que haber, porque además ahora mismo hay un mandato legal para que eso suceda.
Esos tres informes venían a reflejar cuestiones muy importantes, algunas se han citado ya aquí, y yo voy a hacer un resumen de alguna de ellas.
Primero, que el uso del instrumento de esta ley es excesivo y que la competencia insular del asunto y la recategorización del suelo que se propone es incongruente. Se habla de suelos de protección ambiental cuando, según el Real Decreto 1/2000, dice el informe, no estarían estos suelos... teniendo esos valores que reclama o que regula esta ley y que tendrían que ser suelos rústicos de protección territorial.
Otro de los informes habla de la extinción de los títulos, que supondrían cuantiosas reclamaciones económicas al Gobierno de Canarias por ser este quien los extingue, y que habría inconstitucionalidad en la ley, pues el Tribunal Constitucional ha declarado varias veces que la limitación de la actividad extractiva por normas autonómicas contradice la Constitución, viola la reserva de ley y la Ley de Minas vigente, que tiene carácter de ley estatal básica.
Y, por otro lado, valoran que el relleno de los huecos es material y económicamente inviable a corto y medio plazo y supone y reconoce la ley como perjudicial a los intereses económicos de la comunidad autónoma.
El coste de la restauración del daño causado, en un informe que es del propio cabildo, se ha cifrado en 361 millones de euros, aproximadamente: la necesidad de proceder a esos 23 millones de metros cúbicos, la restauración de infraestructuras, la restauración hidrológica, el acondicionamiento paisajístico, los gastos de los proyectos y dirección de obras... Pero también a esto hay que unir los 214 millones de responsabilidad civil que pidió el Ayuntamiento de Güímar.
No se puede aplazar el cumplimiento de una sentencia por una ley que todavía no está aprobada ni siquiera tramitada.
No se han valorado las posibles indemnizaciones que generaría esta ley por la extinción de los títulos.
Esta ley, además, incluye una disposición transitoria segunda que abre la vía a que la autorización de cambios de transformación y usos del suelo de esta zona por interés general... se puedan construir o se pueda hacer cualquier uso, entre ello construir esos alojamientos e infraestructuras turísticas que hemos leído en la prensa y que ha propuesto la alcaldesa de Güímar, premiando además a los responsables de este desaguisado, en línea con la ley del suelo que este Gobierno pretende aplicar. Será porque el que redactó esta proposición de ley también ha participado en la redacción de la ley del suelo.
Esta ley ya se presentó en la legislatura anterior por parte del cabildo, pero fue bloqueada en el Parlamento, y nosotros nos preguntamos cuáles son las razones para aprobarla ahora, qué ha cambiando en esta ley, ahora que tenemos además un mandato judicial. La restauración de esta degradación tienen que pagarla los responsables. Esta ley no es la herramienta que se necesita para reponer el daño que se ha ocasionado.
Desde Podemos entendemos que las distintas administraciones tienen que asumir su responsabilidad y competencias. No se pueden pedir más competencias, señor Alonso, cuando no se cumplen las que ya se tienen. Por tanto, las administraciones competentes deberán realizar el oportuno plan de restauración y sea el que ejecute esa sentencia, tal y como apunta también el letrado de la acusación particular, que ve coherente oponerse a esta proposición de ley, y que sean los responsables de tremendo desastre los que carguen con el coste de restaurar esta zona.
Debemos buscar soluciones que sean realistas y que no ocasionen más perjuicios de los que ya han ocasionado a todas y todos los canarios. No podemos permitir que se ponga en peligro la disposición presupuestaria de todos los servicios de la comunidad autónoma canaria. No vamos a permitir que además se premie a los dueños de este suelo con programas de desarrollo descabellados que les permitan volver a hacer negocios en esta zona.
Por tanto, señor presidente, señor consejero, desde el Grupo Parlamentario Podemos no vamos a votar a favor de la toma en consideración de esta propuesta de ley.
La señora TAVÍO ASCANIO: Señor presidente del cabildo, señores consejeros del cabildo, directores insulares, plataforma, y también saludar a la alcaldesa de Güímar, que por cuestiones de salud no puede estar aquí pero nos está escuchando por streaming.
Señor presidente del cabildo, coincidimos con usted en que quienes deben pagar la restauración de los barrancos son los condenados, y con eso contesto a la alusión que ha hecho -que no me ha gustado- el Grupo Parlamentario Podemos a la alcaldesa de Güímar. La alcaldesa de Güímar es la primera que quiere que sean los condenados los que paguen la restauración de esos barrancos y desde luego no quiere, en modo alguno, premiar a nadie. A su municipio: cuidarlo y que tenga desarrollo, señora Monzón.
No coincidimos, señor Alonso, señor presidente, en que un auto pueda obligar a este Parlamento a aprobar un plan de restauración. Usted me perdonará, a lo mejor usted se expresó mal, pero desde luego le negamos esa cuestión. Sí hubiera podido obligar al Gobierno y al Cabildo de Tenerife; desde luego no a este Parlamento.
Señor consejero del cabildo, nos gustó su tono y asumimos, créame que mi grupo político asume la responsabilidad con Güímar.
Respecto de la intervención del presidente del cabildo, es necesario aclarar que sí hubo unanimidad en cuanto a la prohibición de extracción; no, señor presidente, y lo sabe usted bien, no hubo unanimidad en cuanto a la forma.
Ya les adelanto que el grupo parlamentario, que los populares de Canarias no respaldaremos la toma en consideración de esta proposición de ley. Y esta posición de nuestro grupo no nos satisface plenamente, ya que su toma en consideración sería la única vía legal posible para prohibir el ámbito extractivo minero en Güímar, en uno de los trece ámbitos extractivos permitidos o vigentes en la actualidad en la isla de Tenerife. Y desgraciadamente es un ámbito que ha sido de los más controvertidos, de los más conflictivos y desgraciadamente durante épocas. Ha generado una gran tensión entre extractores y agricultores, y agradezco la presencia del secretario general de Asaga, de don Hernán Tejera, en el día de hoy en defensa del suelo agrario y ganadero del municipio de Güímar; pero, señorías, también ha generado afección a unos barrancos y, por lo tanto, hoy no está garantizada la seguridad en el municipio, sobre todo en la parte inferior del municipio.
Y, señorías, la cuestión es si la restauración se puede hacer como en su día estableció el plan territorial. Que, por cierto, a mí me sorprende que el Gobierno haya, de alguna forma, usado ese argumento, una proposición no de ley de este Parlamento, que generalmente incumple, pero que en esta ocasión haya servido de base para aprobar un plan territorial de ordenación especial. Que en aquel momento -y leámoslo completo- la condición que pusimos es que llevara -y creo que fui yo de las que intervino si no recuerdo mal-, la condición que pusimos es que llevara medidas correctoras y compensadoras, que desgraciadamente nunca el Gobierno de Canarias exigió. Porque a día de hoy, señorías, de alguna forma coincidimos todos en que la sentencia debe ejecutarse y serán los jueces los que tengan que establecer el cómo, pero hasta ahora esa restauración ha sido la excusa para, de alguna manera, seguir con la explotación, y eso se ha hecho sin ordenación, sin restauración, sin regeneración, sin renovación, sin medidas correctoras ni límites y sin compensaciones aparentes. Señorías, no nos satisface plenamente decir que no a esta proposición de ley, porque la alternativa, seguir extrayendo, nos satisface mucho menos.
Entendemos y seguimos apoyando la posición de la alcaldesa, de Carmen Luisa Castro Dorta, también de Rafael Yanes en su día o incluso de Vicenta Díaz. Entendemos que de alguna forma el cabildo está intentando buscar una solución, pero seguimos, señorías, y tenemos que decirlo aquí, se lo decimos al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, seguimos sin ver dónde está el Gobierno de Canarias, porque esto puede condicionar los presupuestos generales futuros de todos los canarios.
Mi grupo entiende aquí, en este Parlamento, en Güímar y en el cabildo que el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife deben pactar, deben consensuar la restauración porque tienen competencias compartidas en esta materia. Y, señorías, se lo digo alto y claro, y en nombre de la alcaldesa de Güímar, en nombre de todos los güimareros: Güímar no puede seguir esperando.
Nos satisface menos porque el plan territorial especial del área de los barrancos de Güímar sigue permitiendo la extracción allí, y este es el epicentro de la cuestión y esto es lo que el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife nos tienen que ayudar a arreglar a todos, porque, señorías... Señora presidenta, entre usted y el grupo parlamentario, y le ruego que me... (La oradora se dirige a la señora presidenta del Parlamento). Gracias, digo que si se quiere prohibir la extracción antes de que se agote el recurso, que esas son las dos cuestiones, y proceder a la restauración del ámbito a través de los instrumentos de ordenación territorial o sectorial legalmente establecidos o, por el contrario, se permite continuar con las labores extractivas hasta que se agote el recurso. La primera cuestión la tenemos que hacer por ley, pero, insisto, queremos saber cuál es la propuesta del Gobierno. Lo segundo, es verdad que se permitiría un plan territorial parcial pero si se hubiera agotado el recurso, cosa que a día de hoy no se ha agotado. Ya nos gustaría porque entonces no estaríamos en este problema y, tal y como se ha hecho o se está haciendo en Riquel o en Los Pasitos, se hubiera realizado de otra manera a través de un artículo 47, que fue lo que mi grupo político, y esta diputada, llevó a la Comisión de Política Territorial de este Parlamento nada más y nada menos que hace tres años, no para todo el ámbito de actuación sino para una actuación concreta.
Y, miren, señorías, el Grupo Parlamentario Popular no va a mirar para otro lado, pero queremos algo con plenas garantías jurídicas, también técnicas, y saber cuánto nos va a costar, y queremos ponderar si realmente hay otras posibilidades distintas. Queremos que conste en acta que nos extraña y nos asombra que no se haya solicitado ni por parte del cabildo ni por parte del Gobierno de Canarias la aclaración de sentencia. Conste también en acta nuestra crítica absoluta al Gobierno de Canarias y a la Dirección General de Minas, que de alguna forma, al menos el cabildo -y yo lo agradezco- sí se ha esforzado por hacernos llegar documentación y por hacernos ver el problema; desde luego el Gobierno de Canarias no. Y yo sí quiero seguir diciendo que, miren, en la primera fase -y este es un ejemplo de que ha faltado diálogo-, en la primera fase, entre el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias, es decir, el Consejo Insular de Aguas y la Dirección General de Minas, para frenar las extracciones que en su día se extralimitaron, pero en esta segunda fase -y yo entono el mea culpa, señores diputados-, desde el 1 de septiembre de 2005, que entró esta proposición de ley en este Parlamento, teníamos que haber tenido una comisión de estudio técnica para resolver las lagunas, conjuntamente con el Gobierno de Canarias, y de alguna manera, con los datos necesarios, evitar esos males mayores. De verdad, con una visita guiada exclusivamente, y agradecemos la visita en guagua y la disposición de todos los técnicos del cabildo que han intervenido en un expediente tan complicado y tan prolijo como este...; pero de verdad, que de verdad, y quiero que quede muy claro, la coherencia de la actuación de mi grupo político con la lucha que lleva la alcaldesa de Güímar para conseguir la ordenación y restauración de los barrancos de Güímar. Tiene 4 millones de metros cuadrados afectados por extracciones de áridos, hasta ahora descontrolados, y, en consecuencia, unos hoyos descomunales que de alguna manera tenemos que resolver. Una alcaldesa que quiere y nos pide a gritos una solución para el restablecimiento de los cauces hidráulicos desaparecidos por las extracciones, pero queremos saber cómo lo vamos a restablecer.
En definitiva, quedan muchos flecos. Esos flecos nuestro grupo político está dispuesto a resolverlos conjuntamente con el Gobierno de Canarias y con el Cabildo de Tenerife, queremos concretarlos. Y ya digo, atrás queda el buscar culpables, que eso, insisto, debe corresponder a los jueces, a los magistrados, pero desde luego no a nosotros; a nosotros, resolver. Sí mi grupo político quiere prohibir las extracciones garantizando el menor daño posible a los presupuestos futuros de Canarias y, comoquiera...
La señora PRESIDENTA: Señora Tavío, dos minutos más.
...comoquiera que mi grupo político sigue comprometido en buscar una solución interadministrativa a este asunto, propondremos, precisamente porque nos lo permite el Reglamento de esta Cámara, "una quinta parte de los diputados", propondremos la creación de una comisión de estudio en el seno de la Comisión General de Cabildos para que todos los grupos políticos del Parlamento podamos resolver las lagunas técnicas y jurídicas y consensuar un dictamen entre el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias.
Urge, señorías -y quiero concluir de esta manera-, urge restaurar el daño de los hoyos, de los socavones, de los agujeros descomunales; urge, urge, señorías -y este es el quid de la cuestión y lo que más nos debe preocupar a todos-, restablecer el cauce de los barrancos por razones de seguridad pública no menores, señorías.
Y termino igual que en mi intervención anterior: solo buscarle un uso a aquellos hoyos, a aquellos agujeros o socavones, permitirá su restauración.
Turno ahora para el Grupo Socialista Canario. Tiene la palabra el señor Matos. Diez minutos. (Rumores en la sala).
El señor MATOS EXPÓSITO: Señora presidenta, buenas tardes. Señorías, buenas tardes. Buenas tardes a los representantes del Cabildo Insular de Tenerife, el señor presidente y el señor consejero, al resto de autoridades, representantes también, consejeros del Cabildo Insular de Tenerife, resto de autoridades y representantes de los ciudadanos de Güímar y de las plataformas, digamos, de restauración de los barrancos de Güímar que hoy nos acompañan.
Miren, señorías, lo sucedido en los barrancos de Güímar resume bien la historia de lo que ha pasado en la isla de Tenerife en los últimos treinta años. Una larga época que va tocando a su fin en la que el poder económico y político se mezclaron para hacer de la isla de Tenerife una finca particular en la que campar a sus anchas y considerar a los habitantes de la isla como unos meros inquilinos, a espaldas de los cuales se trazaban negocios o se disponía de los recursos naturales siempre desde la más absoluta impunidad.
Pero, señorías, también les tengo que decir -y estamos estos días en una polémica con esos cuadros que están aquí detrás (refiriéndose a las dos obras pictóricas de Manuel González Méndez, Fundación de Santa Cruz de Tenerife y Rendición de Gran Canaria, situadas detrás de la Mesa del Parlamento)- que en la historia de nuestras islas, de la isla de Tenerife y también especialmente en la historia de Güímar hay una larga tradición de lucha por la dignidad de la gente más sencilla, de la más humilde, para la cual su dignidad de apego a la tierra nunca estuvo en venta. Esta vez, esta vez, los ciudadanos de Güímar ganaron una batalla preciosa en los barrancos de su pueblo. Señorías, señor Pitti, el grande perdió, el chico ganó. La ganaron a los pies del barranco de Chamoco, donde hace 500 años los que vivían allí se refugiaron porque tampoco quería plegar su dignidad a quienes vinieron a especular con sus recursos naturales y con su tierra.
Por eso quiero iniciar hoy esta intervención, en nombre de mi grupo, agradeciéndoles el ejercicio de dignidad, de pelea, de lucha, que nos ha dignificado a todos, de los ciudadanos del pueblo de Güímar y hacer una reflexión sobre las ausencias, algunas hoy notorias, pero a lo largo de todo este tiempo, de las administraciones públicas que tuvieron que velar por los intereses de que lo que ha ocurrido en Güímar, de lo que ocurrió en Güímar, no tenía jamás que haber sucedido.
Estamos hablando, señorías, probablemente del mayor atentado ecológico de la historia de Canarias. Quienes no lo hayan visto deben verlo. No se puede describir con palabras, es simplemente brutal. Estamos hablando de una superficie afectada de más de doscientos setenta mil metros cuadrados, algunas veces profundidades de más de noventa metros -fíjense ustedes lo que puede ser un edificio... imagínense un edificio de noventa metros de altura-. Más de veintitrés millones de metros cúbicos hacen falta para rellenar esos agujeros.
Esto es lo que ha sucedido, esto es lo que tenemos y a lo que hay que dar una respuesta. Pero, señorías, hay que dar una respuesta real. A los ciudadanos no se les puede volver a engañar. Cuando una iniciativa legislativa está abocada al fracaso -y se sabe que está abocada al fracaso, se está jugando con las expectativas, con las ilusiones de los ciudadanos y de la gente de buena fe, que ha visto en esta iniciativa la solución a treinta o cuarenta años de desidia, de abandono y de mirar a otro lado de las administraciones públicas que han gobernado en la isla de Tenerife. (Aplausos). Les quiero decir a los ciudadanos de Güímar, a los representantes de la plataforma: no se dejen volver a engañar, este no es el instrumento que va a resolver el problema ecológico y medioambiental y que va a poder paralizar, que es lo que todos queremos en esta Cámara, las extracciones ilegales en Güímar. No es el instrumento. Quien se lo haya dicho les ha engañado, sabiéndolo o no, pero les ha engañado. Y hoy es nuestra obligación, la de los que nos sentamos aquí porque nos han elegido los ciudadanos, de decirles a ustedes la verdad. Los socialistas estamos absolutamente capacitados para mirarles a ustedes a los ojos, porque siempre nos han tenido a su lado. Nadie nos tiene que decir que les podamos mirar a los ojos a partir de hoy, lo podemos hacer desde el primer momento.
Pero, miren, esta ley no es posible que la podamos aprobar, no es posible que la podamos tomar en consideración. Los informes del Gobierno son contundentes. Tomar en consideración, esto es un error, es una pérdida de tiempo y les va a generar una expectativa que es irreal. Hay serias dudas de que sea constitucional, lo dicen los informes del Gobierno de Canarias. Hay serias dudas sobre las repercusiones económicas abismales que, digamos, se ven en el horizonte de esta proposición de ley, porque aún, con todos los informes que están en ese expediente, no se sabe exactamente dónde empiezan las responsabilidades, cuál es la cuantificación de las posibles responsabilidades de aprobar y hacer las cosas mal. Llevamos treinta años haciendo las cosas mal y es el momento de hacerlas bien. ¿Acabar con las extracciones?, sí, pero sin que le cueste un céntimo de euro a ningún ciudadano de Canarias, ni al de Güímar ni al de Valverde ni al de Arrecife ni al que vive en Puerto del Rosario. A ninguno. Los mismos informes del Gobierno de Canarias ya dicen que hay otros instrumentos que se pueden utilizar para esto, no hace falta una ley. Yo como jurista además me opongo a que las leyes de este Parlamento se utilicen para resolver problemas concretos. Las leyes se utilizan para regular situaciones, para regular hechos, actividades, pero no para resolver un problema concreto. Para eso no están las leyes, para eso no está el Parlamento. Hubiera sido mucho más razonable proponer que regulemos la actividad minera en Canarias y que aprobemos una ley sobre la actividad minera en Canarias, pero no un instrumento como este para resolver un problema que se puede arreglar de otra forma. Y lo dicen los informes del Gobierno de Canarias: una modificación puntual del Plan Insular de Ordenación del Territorio, redactar un plan territorial parcial... Hay varias soluciones mucho más eficaces y más blindadas desde el punto de vista legal para resolver el gravísimo problema que tienen los ciudadanos de Güímar, de Tenerife y de Canarias. Por cierto, tampoco coincido con lo que dice el auto judicial. El auto judicial creo que se equivoca y está bien que alguien recuerde que hay una cosa denominada "separación de poderes". Solo faltaba que la condena a unos señores dependa de la actividad legislativa de un Parlamento. Por tanto, no coincido ni comparto el criterio ni de la Fiscalía ni de la Audiencia, con el debido respeto, como solemos decir los juristas.
Y termino diciendo: nos tendrán de su lado. Esto no acaba aquí. Los diputados del Partido Socialista no hemos terminado el trabajo, el trabajo ni siquiera ha empezado. Por eso hoy les anuncio no solo que vamos a apoyar la propuesta del Partido Popular de esa creación de esa comisión sino que además en el próximo pleno traeremos una interpelación al Gobierno para saber qué está haciendo el Gobierno de Canarias y las competencias que tiene en esta materia, qué es lo que va a hacer y, a consecuencia de esa interpelación, vendrán al siguiente pleno de este Parlamento propuestas concretas del Grupo Parlamentario Socialista para resolver el problema de Güímar. Les doy mi palabra, se la doy, en nombre de mi grupo parlamentario.
Y termino, voy terminando, con algunas cuestiones. Me quedan dos minutos, más la prórroga de dos minutos que me ha dado la presidenta.
Señor presidente del Cabildo de Tenerife, usted ha innovado en la vida parlamentaria, ha inventado usted la enmienda in voce extraparlamentaria. Cuando sea usted diputado -que algún día lo será quizás- habrá que modificar el Reglamento de esta Cámara, porque usted, ayer, anunció una modificación, a veinticuatro horas de que este Parlamento tomara en consideración la ley que usted mismo nos ha propuesto. Usted ya ha anunciado una enmienda para permitir unos usos en esos suelos que no tienen nada que ver con los usos agrícolas que usted propone en su ley. Usted ha enmendado veinticuatro horas antes de que tuviéramos el debate su propia iniciativa. Gravísimo. Lo suficientemente grave para que usted hoy retire esta propuesta, vuelva otro día con ella y nos diga exactamente qué es lo que quiere usted hacer en los suelos de Güímar. (Aplausos).
Porque usted, señor presidente, no es el Cabildo de Tenerife. Lo representa pero no lo es. Ni es usted la isla de Tenerife, la representa a nivel institucional pero no lo es. Y decir que usted está a favor de una enmienda en esta ley que usted propone hoy para permitir el uso turístico no solo es una falta de respeto a este Parlamento sino que además tiene unas consecuencias sobre el expediente terribles, porque los informes del Gobierno de Canarias que están en el expediente se han hecho en función de la propuesta que usted ha hecho y que estamos debatiendo hoy aquí, según la cual usted, usted, el Cabildo de Tenerife, propone un uso agrícola de ese suelo. No es lo mismo las consecuencias jurídicas e indemnizatorias que se pueden derivar de su propuesta si lo que usted quiere realmente es darle un uso turístico a los mismos suelos de las mismas personas que han sido condenadas por el delito ecológico más terrible que ha vivido esta tierra jamás. (Aplausos).
Y voy terminando. No miramos para otro lado, se lo vuelvo a repetir a los ciudadanos de Güímar, no miramos para otro lado, nos tienen de su lado, pero para hacer las cosas correctamente. Seguramente ustedes lo que no quieren es que al final los condenados terminen haciendo un negocio, nuevamente, con unos terrenos con la mala aprobación de una ley con todas las deficiencias que esta tiene. No lo decimos nosotros, lo dicen los informes del Gobierno.
Yo termino por decir algunas cosas, rápidamente, en estos dos minutos, señora presidenta.
Esta ley no la quieren ni en el Gobierno. Señor presidente del Cabildo Insular de Tenerife, lo han dejado solo. Hoy tengo que destacar dos o tres terribles ausencias en este pleno, en este punto. Desde luego la del consejero de Industria, con competencias en la materia; la de la consejera de Política Territorial, con competencias en la materia. Supongo que tendrán cosas más importantes que hacer que esto. Pero sobre todo, señor Alonso, le ha dejado solo el presidente del Gobierno, que es de la isla de Tenerife y que además de presidente del Gobierno es diputado, y que no ha venido hoy probablemente para no apretar el botón y dejarle a usted mal.
La señora PRESIDENTA: Turno ahora del Grupo Nacionalista Canario. Señor Ruano.
Señor presidente del Cabildo de Tenerife, señor consejero de Política Territorial del Cabildo de Tenerife, señoras y señores consejeros del Cabildo de Tenerife, vecinos del municipio de Güímar, especialmente la Asociación Saturnino García, representantes de Asaga, de la Coag, amigos.
Asistimos hoy a un pleno complejo, por lo menos en cómo se desarrolla lo que en algunas iniciativas la Mesa conoce como el principio de congruencia. Y es que normalmente la congruencia se asocia a una decisión posterior, y aquí todos los que me han precedido en el uso de la palabra se han manifestado con buenas palabras hacia Güímar, el valle de Güímar, a Tenerife y a Canarias, pero todos han venido a decir lo mismo, y es no. Esta es la realidad. Ahora vamos a ver si esa realidad que algunos han descrito de diferente manera responde a lo mismo.
En fin, quisiera seguir los consejos del presidente de mi grupo para no desviarme en torno a la intervención y después intentar contestar algunas de las cosas, incluso me parece que el mal gesto del portavoz socialista en relación con quien no puede volver a subir a la tribuna, porque por reglamento no puede volver a subir a la tribuna para defenderse de las aseveraciones que ha realizado aquí. Pero no se preocupe, el Grupo Nacionalista apoya, sin duda, esta iniciativa y vamos a justificar por qué. Parece que usted, ahora rehabilitado en las tareas parlamentarias por su grupo, ahora que ya no hay acuerdo, ahora que no hay acuerdo, pues, tendrá usted condiciones para decir esas y muchas más cosas en su actividad parlamentaria.
Diciendo esto, señor presidente del cabildo, señorías, quiero recordar que la posición de nuestro grupo en la Junta de Portavoces fue no incluir este asunto en el orden del día. Creíamos que todavía no era el momento de incluir este asunto en el orden del día, a pesar del tiempo de espera que lleva, porque a nuestro juicio se había producido un hecho muy importante, y es que se habían producido sentencias condenatorias en el ámbito de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife y, consecuentemente, nuestro propósito es que se produjeran las primeras actividades vinculadas a la ejecución de la sentencia por la propia sala. Y para, digamos, precisarle a la portavoz de Podemos, decirle que fue la sala la que requirió al Parlamento para que le informáramos sobre la tramitación de la proposición de ley y, en su caso, tomar las decisiones que entendiera oportunas en relación con la ejecución. Y nosotros dijimos que ya se puede ejecutar y dijimos que es necesario empezar a redactar ese plan de restauración que dice la sala que corre a costa de los condenados, a pesar de que son las administraciones competentes las que deben hacerlo. Pero no fue así, no fue así, se incluyó en el orden del día porque el propósito de quienes lo incluyeron -el Grupo Socialista, el Grupo Popular y Nueva Canarias- era manifestar que en este momento el Grupo Nacionalista es un grupo que no cuenta con toda esa mayoría, que no es una mayoría alternativa, pero es una mayoría cuando suma, y que nos obligaban a tratar el asunto, más allá de que lo necesario hubiera sido exigir el inmediato cumplimiento, la inmediata ejecución, de la sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. (Aplausos).
Nosotros creemos, señorías, que ha de producirse ya la restauración de la zona con cargo a los condenados, tal como se deduce de la sentencia. No hay relación entre el deber de los condenados, exigido por la Administración de Justicia, y esta proposición de ley a propuesta del Cabildo de Tenerife, pero se ha vinculado por algunos medios de comunicación y también por algunos grupos de la Cámara -precisamente alguno ha intervenido esta tarde en ese sentido- señalando ese falso argumento de que la proposición de ley lo que pretende es eximir a los condenados de reparar el daño causado. Señorías, resulta sorprendente que algunos hayan querido establecer esa relación entre el legítimo interés público que supone la restauración de los barrancos de Güímar e impedir para siempre su explotación minera, que es lo que señalaba el presidente del cabildo y el consejero de Política Territorial, y aquellos a los que la condena obliga, por su abuso de posición, por sus títulos indebidamente ejercidos, por el abuso que hicieron de ellos o sin ellos, por todo eso han sido condenados por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. Como saben, se trata de dos sentencias, la primera de conformidad con los condenados, que deben financiar la restauración y condena a prisión, esa condena se ha suspendido en el primer caso, en la Sentencia 24/2016, y en el segundo caso, la 122/2016, la condena fue confirmada por el Supremo puesto que no hubo conformidad y el condenado, el arenero, cumple tres años de cárcel.
La conducta reprobable de estos empresarios es de lo más grosera que pueda entenderse si uno se lee la sentencia. En el ámbito penal, ha encontrado la única respuesta necesaria tras incumplimientos reiterados, ausencia de planes de labores y restauración, daños al sistema hídrico, taludes verticales con peligros asociados a las pistas y al sistema viario, rotura de precintos, desafío a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, desafíos al Consejo Insular de Aguas de Tenerife, al Ayuntamiento de Güímar, a la Policía Local, a todo el mundo, y eso fue lo que hicieron.
¿Y ahora qué vamos hacer nosotros?, ¿podemos hacer algo? ¿Cuáles son los aspectos en los que coincidimos con la iniciativa del Cabildo de Tenerife? En primer lugar, en los competenciales. Como exponía el presidente, la prohibición de extracción afecta a competencias autonómicas sobre régimen minero. La decisión no solo tiene un ámbito ambiental y territorial, tiene también aspectos sectoriales vinculados al régimen minero. La certidumbre jurídica que da la ley, aunque sea una ley singular -ahora hablaremos de eso si da tiempo-... Leyes singulares son, por ejemplo, la de creación del Consorcio específico de El Rincón, de La Orotava, con un plan especial para El Rincón, o la ley de traslado de los barrios afectados por el aeropuerto de Gran Canaria, el barrio de Ojos de Garza, por ejemplo. Eficacia inmediata en el cambio de destino de uso del suelo, es decir, garantías para que ya no se pueda volver a extraer en ese ámbito; singularidad de un plan de restauración que tiene que elaborarse por las administraciones públicas y pagarse por los condenados, por lo tanto, tiene que haber una relación entra la cuenta judicial de depósitos y la actividad de las dos administraciones, que ha de ser concurrente. Y en general el propósito nos permite, nos permitiría, señorías, adentrarnos a tomarla en consideración. Después de la toma en consideración, el dictamen del Consultivo; después del dictamen del Consultivo, el Parlamento... El poder legislativo no dispone de los medios necesarios para determinar cuestiones que consideramos relevantes; por ejemplo el alcance del plan de restauración, por ejemplo cuáles son los títulos mineros en vigor, si los hay; por ejemplo cuáles son los propietarios afectados en ese ámbito, no solo los areneros sino también los agricultores y ganaderos, a los que tanto daño ha hecho esa actividad minera durante tanto tiempo.
Esta tarea, señorías, requiere estudio y durante su tramitación un trabajo de colaboración entre todas las instituciones, y para eso hay que tomarla en consideración, doña Cristina. No se puede decir una cosa y la contraria en el mismo momento, porque es lo que ha hecho usted, realmente en un papel reconozco que difícil.
Nosotros estamos en lo que más nos preocupa y en lo que más preocupa a la gente: la necesidad de encontrar una solución. Y es verdad que nuestro grupo tiene la preocupación por lo que dice el Gobierno en su conclusión: la estabilidad presupuestaria. Y ahí una cosa debe quedar clara: la reclasificación no va a afectar al suelo del ámbito protegido. El ámbito en el cual se han desarrollado las actividades no puede ser objeto de otra reclasificación que no sea la vinculada a un suelo de protección paisajística. Y otra cosa es que se haga en otro ámbito alguna otra cosa y, por tanto, no utilicemos las palabras del presidente del cabildo de forma indebida, porque él mismo aquí, en esta tribuna, hace un momento nos decía que la legislación territorial y urbanística nos da mecanismos para encontrar soluciones.
Señorías, nosotros no estamos hoy en la votación definitiva de un texto normativo, estamos en la...
La señora PRESIDENTA: Señor Ruano, dos minutos más.
...estamos en la toma en consideración. Nuestra preocupación central en todo este asunto es garantizar la estabilidad presupuestaria, que los condenados paguen la restauración y que no vuelva a darse uso minero a la zona. Y esta es la clave y esta es la iniciativa del cabildo. Al parecer las aseveraciones que hacía don Gustavo en relación con que si los han engañado, no le consultó a don Miguel Ángel Pérez si usted también forma parte de ese engaño, don Miguel Ángel, y su grupo en el Cabildo de Tenerife, pero eso es lo que parece.
Eso sí, señorías, nosotros creemos que es un momento este en el cual estamos llamados a encontrar una solución. Miren, el interés en este caso de un municipio, el interés del valle de Güímar, uno de los valles, uno de los dos grandes valles de la isla de Tenerife, es el interés de la isla de Tenerife y es el interés de Canarias, y eso es de lo que estamos hablando. Cuestión distinta es cómo articulemos nuestro trabajo después, qué certezas busquemos, qué mecanismos de identificación de la problemática seamos capaces de encontrar, tanto en el Cabildo de Tenerife, con los apoyos técnicos que pueda prestarnos el cabildo, como en el Gobierno de Canarias, desde la Dirección General de Industria, concretamente desde el Servicio de Minas. Y esa es la tarea. Si respondiéramos afirmativamente hoy, tendríamos una oportunidad de encontrar en el tiempo una respuesta adecuada a todos estos interrogantes; si no la votamos, no vamos a tener ninguna oportunidad, por mucho que algunos hayan hecho hoy un alegato de sí pero no para al final decirle a la gente que se tiene que conformar con lo mismo que hay.
Siento la posición especialmente de Sí se puede, que se ha ausentado, porque es penoso que el estalinismo haya llegado ya a destrozar el propio grupo en el seno del Cabildo de Tenerife.
Por tanto, mi última reflexión es que los condenados paguen...
La señora PRESIDENTA: Se acabó su tiempo, señor Ruano. Muchas gracias. Se acabó su tiempo.
Señorías, una vez han intervenido todos los grupos, vamos a llamar a votación para... (Rumores en la sala).
Sí, dígame, señora Santana.
Señorías, pido silencio, por favor. Señorías, ¡pido silencio!
La señora SANTANA PERERA (Desde su escaño): Señora presidenta, pues, amparándome en el artículo 79 del Reglamento, por juicios de valor del portavoz de Coalición Canaria.
La señora PRESIDENTA: Un minuto, señora Santana.
Un momento, señora Santana. Pido silencio. Si yo vuelvo a pedir silencio y siguen hablando, tendré que invitar al diputado o diputada a que abandone el hemiciclo para poder escuchar, señorías, porque son reiteradas las veces que llamo al silencio, señorías.
La señora SANTANA PERERA (Desde su escaño): Mire, señor Ruano, a falta de argumentos, no hace falta que usted insulte a sus compañeros, porque al fin y al cabo somos compañeros de usted, a este grupo parlamentario, Podemos, en la Cámara. Sinceramente, yo, pues, en aras del decoro parlamentario que ahora está tan de moda, ¿no?, tanto a nivel autonómico como estatal, pido que usted retire esas palabras, porque, si no, usted nos estaría demostrando que más que nacionalistas los deberíamos llamar oportunistas.
Señor Ruano, un minuto.
El señor RUANO LEÓN (Desde su escaño): Señora Santana, mis manifestaciones en la tribuna son manifestaciones políticas hacia la conducta de su grupo en este asunto, no a las personas. Yo respeto íntegramente, lo he dicho en todas las ocasiones en las que he tenido oportunidad de dirigirme a todos y cada uno de ustedes, el respeto íntegro a la actividad pública que cada uno de ustedes desempeña; he hablado de la acción política.
La realidad es que yo me reuní en una sala anexa con la Asociación Saturnino García, con el señor Sabaté, y el señor Sabaté hoy no puede responder por ustedes.
Entiendo que la petición que le hace el Grupo Podemos no la acepta, ¿no? (Asentimiento del señor diputado).
Señorías, voy a llamar a votación (la señora presidenta pulsa el timbre de llamada a la votación). (Pausa).
Señorías, señorías, le pregunto a la Cámara si toma en consideración la proposición de ley que acabamos de debatir. Comienza la votación, señorías. (Pausa).
Señorías, 56 votos emitidos: 17, sí; 37, no; 2 abstenciones. Por tanto, no es tomada en consideración esta proposición de ley del Cabildo de Tenerife.
Seguimos, señorías. Despedimos al presidente, al consejero y a todos los miembros del Cabildo de Tenerife que nos han acompañado hoy.
9L/PPLC-0001 Sobre ordenación de los Barrancos de Güímar y restauración de ese espacio.