Source: https://doctrina-administrativa.vlex.es/vid/resolucion-13-junio-2016-645427929
Timestamp: 2020-02-24 21:10:22
Document Index: 362404170

Matched Legal Cases: ['artículo 302', 'artículo 302', 'artículo 271', 'artículo 326', 'artículo 60', 'artículo 234', 'artículo 56', 'artículo 204', 'artículo 47', 'artículo 234']

Resolución de 13 de junio de 2016, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de bienes muebles de Burgos a inscribir la escritura de aumento del capital social de una entidad. - Doctrina Administrativa - VLEX 645427929
AUMENTO DE CAPITAL COMPENSANDO CREDITOS: para compensar un crédito contra la sociedad y convertirlo en capital, tanto si ese crédito es del socio o de un tercero, es necesario el consentimiento del acreedor afectado por la compensación, el cual deberá tener '''la necesaria capacidad,''' pero no compete al registrador mercantil calificar la debida representación del socio que fuere incapaz; será responsabilidad del presidente comprobar debidamente, y conforme a derecho, si los socios que concurren representados lo están debidamente y, en caso de que en alguno de ellos concurra causa de incapacidad, si se ha dado cumplimiento a las normas legales que la regulan.
Por el presente recurso –que se ciñe al único de los defectos impugnados que es mantenido por el registrador– se pretende la inscripción de una escritura de elevación a público de acuerdos sociales relativos a un aumento del capital social de una sociedad de responsabilidad por compensación de determinados créditos, frente a las siguientes objeciones expresadas por el registrador en su calificación:
Presentadas en el Registro Mercantil, respecto de una socia, la sentencia de su incapacitación y el nombramiento de defensor judicial y, al no resultar de la escritura ni de la certificación incorporada dichos extremos, para calificar válidamente los acuerdos adoptados, debe aportarse el acta notarial de la junta general, para comprobar si estuvo debidamente representada y si su defensor judicial contaba con las debidas autorizaciones, añadiendo, en relación con la representación de la incapacitada, que la resolución judicial nombrando defensor judicial no era congruente con el «petitum», pues se pidió el nombramiento del defensor judicial para llevar a cabo las convocatorias de junta y se faculta al mismo para «intervenir» en las juntas generales de determinadas sociedades, debiendo referirse el nombramiento siempre a un acto concreto con las atribuciones que el juez le haya concedido (artículo 302 del Código Civil), por lo que no se ajusta a la naturaleza y previsión legal establecida en los artículos 299 y siguientes del Código Civil.
Respecto del consentimiento «expreso» de los socios suscriptores que votaron a favor del acuerdo, dado que la socia en cuestión se encuentra incapacitada y que los créditos que se compensan en el aumento de capital social eran de fecha posterior a la incapacitación, el defensor judicial ha de estar expresamente autorizado y siendo el aumento de capital un negocio jurídico complejo, debería contar con la debida autorización, de conformidad con lo establecido en el artículo 302 en relación con el artículo 271.2 del Código Civil.
Habida cuenta de la limitación del presente recurso a las cuestiones que se relacionan directa e inmediatamente con los defectos expresados en la calificación registral (vid. artículo 326 de la Ley Hipotecaria), debe tenerse en cuenta, en primer lugar, que no puede dudarse que al aumento de capital por compensación de créditos contra la sociedad se le aplican determinadas normas relativas a las aportaciones no dinerarias, tal y como este Centro Directivo ha proclamado en reiteradas ocasiones (vid. Resoluciones citadas en los «Vistos» de la presente).
Pero sea cual sea el carácter de un aumento de capital social por compensación de créditos -dinerario, no dinerario o de categoría especial- es evidente que el mismo es un contrato o negocio jurídico celebrado entre el socio acreedor y la sociedad en el sentido apuntado en el fundamento de Derecho segundo de esta Resolución. Por tanto, al aumento debe aplicársele el artículo 60 de la Ley de Sociedades de Capital en virtud del cual «toda aportación se entiende realizada a título de propiedad», derivando de ello también de forma inexcusable el necesario consentimiento del titular del bien o derecho aportado.
Las conclusiones anteriores se reafirman si se analiza la cuestión desde la perspectiva de las normas civiles que disciplinan los créditos y su posible compensación.
Supuesto todo lo anterior entrando en el examen del defecto alegado por el registrador relativo a la exigencia de que se aporte el acta notarial de la junta general para comprobar si la socia incapacitada estuvo debidamente representada y si su defensor judicial contaba con las debidas autorizaciones, y respecto del cual los recurrentes oponen que el registrador se extralimita en sus funciones, pues -a juicio de aquellos- se deriva del conocimiento personal que éste tenía de que dicha socia se encuentra incapacitada judicialmente y con defensor judicial nombrado, debemos tener en cuenta el artículo 234 del Código de Comercio y las reglas generales aplicables a la constitución de las juntas de las sociedades mercantiles, que establecen un especial régimen de nulidad de la sociedad mercantil (cfr. artículo 56 de la Ley de Sociedades de Capital), así como en el régimen de impugnación de los acuerdos sociales (artículo 204 de la Ley de Sociedades de Capital), o el régimen especial de impugnación de la fusión (cfr. artículo 47 de la Ley sobre modificaciones estructurales).
El artículo 234 del Código de Comercio, dedicado al término y a la liquidación de las compañías mercantiles en general y, por tanto, aplicable también a las sociedades de capital, dispone que «en la liquidación de sociedades mercantiles en que tengan interés personas menores de edad o incapacitadas, obrarán el padre, madre o tutor de éstas, según los casos, con plenitud de facultades como en negocio propio, y serán válidos e irrevocables, sin beneficio de restitución, todos los actos que dichos representantes otorgaren o consintieren por sus representados, sin perjuicio de la responsabilidad que aquéllos contraigan para con éstos por haber obrado con dolo o negligencia». De ello se deduce que la falta de representación de un menor o incapaz, en la junta general de una sociedad mercantil no va a perjudicar a terceros y que por tanto el registrador no puede entrar en su consideración.
Por lo que atañe a las objeciones expresadas en la calificación centradas en determinados aspectos relativos al defensor judicial designado por el juez (antes de la vigencia de la Ley de la Jurisdicción Voluntaria), este Centro Directivo, a la vista de lo expuesto en el fundamento Derecho anterior, no puede compartir el criterio del registrador.
RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 2004, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por doña María del Sagrario Álvarez Jiménez, Notario de Sant Joan Despí, contra la negativa del Registrador Mercantil de Barcelona, don Luis Fernández del Pozo, a inscribir una escritura de constitución de...