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Timestamp: 2018-02-21 05:20:49
Document Index: 146636507

Matched Legal Cases: ['artículo 1266', 'artículo 1303', 'artículo 1306', 'artículo 1306', 'artículo 218', 'artículo 1306', 'artículo 1303', 'artículo 1295', 'artículo 1306', 'artículo 1306', 'artículo 1303', 'artículo 1295']

Primera sentencia que anula en España la venta de un Skoda Yeti Greenline por el caso dieselgate. No se condena al pago de indemnización de daños y perjuicios - Lexology
1. Sentencia 180/2017 del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Manacor de 5 de Enero de 2018
El demandante ejercita una acción de nulidad por vicio del consentimiento del contrato de compraventa del vehículo Skoda Yeti Greenline y alternativamente una acción resolutoria por incumplimiento contractual, dirigida contra el vendedor y la marca.Subsidiariamente al ejercicio de estas acciones, se reclama una indemnización de daños y perjuicios por la depreciación del vehículo, valorada en 7.834,11 euros.
Adicionalmente al ejercicio de las acciones anteriores, tanto si se estiman como si se desestiman las acciones de nulidad y resolución, se reclama una indemnización de 5.933,47 euros en concepto de daños morales, más otros 1.494,17 euros en concepto de intereses y gastos abonados a resultas del contrato de financiación para la adquisición del vehículo.
Análisis | Enero 2018 1 Advertencia legal: Este análisis sólo contiene información general y no se refiere a un supuesto en particular. Su contenido no se puede considerar en ningún caso recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna. N. de la C.: En las citas literales se ha rectificado en lo posible —sin afectar al sentido— la grafía de ciertos elementos (acentos, mayúsculas, símbolos, abreviaturas, cursivas...) para adecuarlos a las normas tipográficas utilizadas en el resto del texto. 1. Sentencia 180/2017 del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Manacor de 5 de Enero de 2018 El demandante ejercita una acción de nulidad por vicio del consentimiento del contrato de compraventa del vehículo Skoda Yeti Greenline y alternativamente una acción resolutoria por incumplimiento contractual, dirigida contra el vendedor y la marca.Subsidiariamente al ejercicio de estas acciones, se reclama una indemnización de daños y perjuicios por la depreciación del vehículo, valorada en 7.834,11 euros. Adicionalmente al ejercicio de las acciones anteriores, tanto si se estiman como si se desestiman las acciones de nulidad y resolución, se reclama una indemnización de 5.933,47 euros en concepto de daños morales, más otros 1.494,17 euros en concepto de intereses y gastos abonados a resultas del contrato de financiación para la adquisición del vehículo. La parte demandante alega que el vehículo adquirido dispone de un motor diésel EA189, en el que se efectuó la práctica fraudulenta consistente en la configuración del software del motor de manera que las emisiones de NOx en los bancos de pruebas pudieran ajustarse al límite de emisiones establecido en el Reglamento CE Nº 715/2007 - «Reglamento Euro 5 y Euro 6», aunque luego, en condiciones de conducción real, se superaran tales límites con un perjuicio para el medio ambiente. Extremo que se considera acreditado en la sentencia. Primera sentencia que anula en España la venta de un Skoda Yeti Greenline por el caso dieselgate. No se condena al pago de indemnización de daños y perjuicios Ainara Rentería Senior counsel, Automoción GA_P Análisis | Enero 2018 2 La acción de anulabilidad por error se fundamenta en el artículo 1266 del Código Civil (CC), que establece: «Para que el error invalide el consentimiento, deberá recaer sobre la sustancia de la cosa que fuere objeto del contrato o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente hubiesen dado motivo a celebrarlo». El contrato de compraventa no incluía ninguna información sobre el nivel de emisiones de NOx del vehículo. En el listado de características técnicas de los diversos modelos de Skoda Yeti se ofrecía el dato de emisiones de C02 pero no de NOx. Ahora bien, el modelo del vehículo comprado correspondía a la gama «greenline» publicitado expresamente como respuesta a la «gran preocupación por el medio ambiente» (vid. folleto publicitario aportado como prueba documental). El jefe de taller, como testigo, afirmó que el modelo contaba con unas llantas y cubiertas específicas orientadas al bajo consumo, y que se vendieron pocas unidades. Esta escasez de ventas lleva a concluir al Juez que el bajo nivel de emisiones contaminantes del Skoda Yeti Greenline fue el motivo principal de adquisición para una gran mayoría de usuarios; y que las restantes características del vehículo (precio, prestaciones, equipamiento) no disponían de atractivo suficiente para otros potenciales compradores que no estaban motivados por criterios ecológicos. Esta circunstancia de especial «preocupación», «conciencia» por el medio ambiente del comprador hace que, en este caso concreto, a diferencia de otros casos que han sido desestimados en ocasiones precedentes, el Juez concluya que deben prosperar o bien la acción de la anulabilidad o bien la acción resolutoria del contrato, admitiendo ambas opciones. En relación con la acción de anulabilidad del contrato, por la concurrencia en el comprador de un error excusable sobre una de las condiciones que principalmente dieron motivo a la elección del vehículo Skoda Yeti Greenline; respecto a la acción resolutoria, porque la falta de adecuación del vehículo a las condiciones de respeto al medio ambiente singularmente tenidas en cuenta en la adquisición del vehículo determina una objetiva insatisfacción del comprador, y con ello la aplicación de la doctrina del aliud pro alio o entrega de cosa diversa a la pactada por las partes (por todas vid. SSTS de 25-2-2010, 17-2-2010, 9-7-2007, 27-2-2004 y 31-7-2002). El Juez considera que la posibilidad de subsanación de la incidencia mediante una reconfiguración del software en los talleres oficiales resulta irrelevante a los efectos del ejercicio de las acciones de anulabilidad y resolución. La acción de resolución presupone la validez y perfeccionamiento del contrato, que sin embargo decae por falta de cumplimiento de una de las partes. La estimación de la acción resolutoria conlleva el deber de las partes de restitución recíproca de lo percibido y el derecho del perjudicado al resarcimiento de daños y abono de intereses (arts. 1123 y 1124 CC). Por su parte, la acción declarativa de anulabilidad implica la eficacia claudicante del contrato por vicio del consentimiento, que a su vez constituye un elemento esencial del contrato (art. 1261 CC). El artículo 1303 CC establece: «Declarada la nulidad de una obligación, los Análisis | Enero 2018 3 contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato con sus frutos y el precio con los intereses, salvo lo que se dispone en los artículos siguientes». El tenor literal del artículo parece excluir la posibilidad de que la parte demandante pueda reclamar una indemnización adicional de daños y perjuicios. Sin embargo, el Juez considera que el artículo 1306.2º Cc sí le reconoce un efecto jurídico sustancial: «Si el hecho en que consiste la causa torpe no constituyere delito ni falta: cuando esté de parte de un solo contratante, no podrá éste repetir lo que hubiese dado a virtud del contrato, ni pedir el cumplimiento de lo que se le hubiera ofrecido. El otro, que fuera extraño a la causa torpe, podrá reclamar lo que hubiera dado, sin obligación de cumplir lo que hubiera ofrecido”. A la vista de lo anterior, concluye el Juez que en el caso de la acción resolutoria el comprador se vería obligado a compensar el «valor de posesión del vehículo» durante los cinco años transcurridos desde el momento de la venta en concepto de devolución de frutos percibidos; y aparte podría reclamar la indemnización de los daños y perjuicios que se le hubieran irrogado. En el caso de la acción de anulabilidad, considera que el comprador no puede reclamar la indemnización de daños y perjuicios, pero sí puede invocar el artículo 1306. 2º CC que impide al contratante de mala fe «repetir lo que hubiese dado a virtud del contrato», y en su virtud oponerse a cualquier compensación por el valor de posesión del vehículo. Para analizar las dos opciones señaladas, el Juez recuerda que la Audiencia Provincial de Baleares, en la Sentencia nº 107 /2017 de 11 de abril de 2017, dictada por la sección 3ª reunida en pleno jurisdiccional, fijó en 500 euros la cuantía del daño moral indemnizable a un comprador de vehículo afectado por la irregularidad del motor diésel EA189. Dicha cantidad sumada al importe de los intereses abonados a resultas del contrato de financiación supone un importe total de 1.994,17 euros, lo que representa un 10,29% del precio del vehículo. Para el cálculo del valor de posesión del vehículo, si se toma como criterio rector el porcentaje de depreciación aplicable para el cálculo de los precios medios de venta a efectos tributarios (a fecha de presentación de la demanda la Orden Ministerial HAP/2763/2015, de 17 de diciembre BOE de 21- 12-2015), éste representaría un 44% del precio abonado, excediendo notoriamente la indemnización exigible por daños y perjuicios. Por dicho motivo, y en atención a la mejor satisfacción de los intereses del demandante invocando el principio de congruencia del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), el Juez finalmente declara la nulidad y no la resolución, condenando al vendedor y al fabricante a la devolución del precio abonado (19.378,11 euros) con los intereses legales desde la fecha de celebración del contrato (cinco años) y al comprador a la devolución del vehículo. Se absuelve al vendedor y a la marca del pago de indemnización de daños y perjuicios. Una vez cobre firmeza la sentencia, cesa la «buena fe» del comprador entendida como desconocimiento de la incidencia que afectaba al nivel de emisiones del vehículo a los efectos prevenidos en el artículo 1306 CC. Por ello, ante cualquier retraso en la devolución del vehículo, las partes codemandadas podrán oponer la compensación del valor de depreciación del vehículo generado con posterioridad a la fecha de firmeza de la sentencia. Análisis | Enero 2018 4 2. Algunas consideraciones La sentencia no entra a valorar qué ocurre con el contrato de financiación de la compraventa y los gastos asociados al mismo una vez declarada la nulidad del contrato de compraventa. Siendo el contrato de compraventa —el contrato principal— nulo, el contrato accesorio —el contrato de financiación—, devendría automáticamente nulo, por lo que procedería la restitución de prestaciones con sus frutos y precio con sus intereses. La nulidad sobrevenida de los contratos de financiación de la adquisición del vehículo afectado por el dieselgate, —que observamos por vez primera como consecuencia de la resolución analizada—, tiene consecuencias jurídicas y supone posibles contingencias relevantes también para la entidad financiadora de la adquisición. Algunos de los fundamentos jurídicos recogidos en la sentencia podrían ser discutibles. En primer lugar, tal y como establece la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de Mayo de 2017 (STS 1652/2017) los intereses legales sobre el precio deben calcularse a los efectos del artículo 1303 CC y del artículo 1295 CC, desde el momento en el que se recibió el pago del mismo. La sentencia comentada se refiere al pago de intereses legales desde el momento de la «celebración del contrato» —entrega del vehículo y transmisión de propiedad—. Aunque en este caso concreto —y en aquellos de que se trate de una venta a un consumidor final— seguramente el momento del pago y la entrega del vehículo sean coincidentes, podrían darse casos en los que no lo sean. En segundo lugar, parece forzada la aplicación del artículo 1306.2ª CC a este tipo de casos. El citado artículo 1306 recoge los supuestos de nulidad del contrato por causa ilícita, distinguiendo su apartado primero aquellos casos en los que la causa de la nulidad sea constitutiva de delito o falta, de aquella otras, recogidas precisamente en el apartado 2º, que siendo ilícitas, no constituyeren delito o falta. En el caso concreto objeto de la sentencia, la causa del contrato no es ilícita, otra cosa es que existiera engaño invalidante del consentimiento. Por el contrario, sí que podría plantearse que el «valor posesorio del vehículo» no esté encuadrado dentro del concepto de «frutos» del artículo 1303 CC —de la misma forma que no estaría en el caso de resolución del artículo 1295 CC— por lo que con la restitución del bien se daría cumplimiento a lo establecido en los referidos artículos por parte del demandante, sin tener que resarcir el «valor posesorio del vehículo». Consideramos, por lo tanto, que las consecuencias jurídicas de que se estime la nulidad contractual o la resolución contractual son o deberían ser sustancialmente las mismas: restitución de la cosa y sus frutos por el comprador y restitución del precio con intereses por parte del vendedor. En cuanto a la indemnización de daños y perjuicios, entendemos que podría estimarse también en los casos de nulidad contractual, en base al interés positivo del comprador —legítima expectativa sobre el perfeccionamiento y cumplimiento del contrato— y que el tipo de acción (anulabilidad o resolución) no debería limitar la posibilidad de obtención de daños y perjuicios por pérdida de una expectativa contractual. Por lo tanto, normalmente los demandantes basarán sus demandas en ambas acciones. Ahora bien, en el caso de la acción de resolución, tras la reforma que tuvo lugar con la modificación introducida por la Para más información, consulte nuestra web www.ga-p.com, o diríjase al siguiente e-mail de contacto: info@ga-p.com. Análisis | Enero 2018 5 Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, el plazo de prescripción es de cinco años, desde que se manifiesta el incumplimiento (esto es, desde que se comunicó la existencia del software en cuestión). Por el contrario, la acción de nulidad tiene un plazo de prescripción de cuatro años desde la consumación del contrato, esto es, desde que se produce la entrega y la transmisión de la propiedad. Este es un aspecto, que a efectos de estrategia procesal, se debe tener en cuenta. La relevancia de esta sentencia radica en que se abre con esta resolución judicial una nueva línea jurisprudencial, que reconoce por vez primera un caso con especial «conciencia medioambiental» que invalida el consentimiento y hace nulo el contrato, lo que tiene implicaciones relevantes para la marca y sus concesionarios, que tendrán que devolver el precio con intereses y recibir un vehículo cuyo valor actual será prácticamente nulo y extiende sus efectos a la financiación de la adquisición y al financiador. En primera instancia, es probable que se admitan a trámite por los juzgados tanto las acciones de nulidad como las acciones de resolución contractual. La defensa para la marca y los concesionarios deberá pasar por rebatir la existencia de las circunstancias que jurídicamente justifican la aplicación de la acción de nulidad y la acción de resolución. En relación con la acción de nulidad, la cuestión se centrará en determinar si el nivel de NOx fue un criterio decisivo para configurar la voluntad del comprador y, para el caso de la acción de resolución contractual, en dilucidar si, una vez conocida la manipulación del software, queda frustrada la finalidad del contrato para el comprador. Para ello cobrarán especial importancia probatoria a favor de una u otra parte, entre otros, los folletos publicitarios que dieran especial importancia a las características medioambientales del vehículo y el tipo de comprador medio de la gama —como en el caso de la línea greenline analizada en la sentencia—. Todavía es pronto para saber cual será la línea jurisprudencial predominante pero, aunque creemos que serán casos limitados en atención a las especiales características del comprador, en aquellos en que se pruebe una especial «conciencia medioambiental» podrán prosperar acciones de nulidad contractual o de resolución contractual invalidante.