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Timestamp: 2017-03-27 20:26:53
Document Index: 330405065

Matched Legal Cases: ['Artículo 43', 'Artículo 4', 'Artículo 31', 'Artículo 110', 'Artículo 137', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 27', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 27', 'Artículo 2', 'Artículo 9', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 2']

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Marco Jurídico La atención del medio ambiente tiene su fundamento jurídico en las diversas disposiciones que en todos los niveles de gobierno se han creado para tal propósito, las cuales se mencionan a continuación destacando las especificaciones afines a la temática de Áreas Naturales Protegidas.
En el Estado de México existe legislación ambiental desde hace varias décadas; no obstante, aquí únicamente se da cuenta de las leyes más recientes que tienen vinculación directa con el tema de las ANP. La “Ley de Protección al Ambiente del Estado de México” estuvo vigente hasta marzo de 1998, cuando entró en vigor la “Ley de Protección al Ambiente para el Desarrollo Sustentable del Estado de México” y su aplicación se señaló como encargo de la Secretaría de Ecología (Rosas y Berea, 2006).
La entonces nueva ley estableció seis categorías de protección para las ANP; cuatro eran de competencia y jurisdicción exclusiva del gobierno del estado: reservas estatales, parques estatales, reservas naturales privadas o comunitarias, y paisajes protegidos. Dos más quedaron bajo la jurisdicción, la administración y la vigilancia de los municipios: zonas de preservación ecológica de los centros de población y parques municipales (Artículo 43) (Ibídem).
En 2001, el marco normativo fue modificado nuevamente como parte de una reforma legislativa más amplia en el Estado de México con la publicación del Código Administrativo del Estado de México, que dedicaba su Libro Cuarto a fijar las normas de la política ambiental y en mayo de 2006, antes de cumplir cinco años de vigencia dicho Código, el marco jurídico de la entidad en materia de medio ambiente fue objeto de otra modificación con la publicación del Código para la Biodiversidad del Estado de México, el cual entró en vigor en febrero de 2007 (Ídem).
En su Artículo 4 se refiere a los derechos de los ciudadanos mexicanos, destacando el derecho que toda persona tiene “a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar”, además especifica que será responsabilidad de quien provoque algún daño o deterioro ambiental, asumir las implicaciones de su impacto en términos de lo dispuesto por la Ley (DOF, 2013).
En cuanto a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de Áreas Naturals Protegidas. En los Artículos 4 y 5 se abordan las cuestiones relativas a la administración de las ANP, misma que debe basarse en su categoría de manejo y deberá contemplar acciones de conservación, protección, preservación y restauración de ecosistemas, aprovechamiento sustentable de recursos naturales, así como inspección y vigilancia de las áreas.
Los instrumentos de concertación y coordinación se contemplan en el Artículo 31, con el propósito de “propiciar el desarrollo integral de la comunidad y de asegurar la protección, conservación, desarrollo sustentable y restauración de los ecosistemas y su biodiversidad”; en los Artículos 62 y 63 se plantean los argumentos bajo los cuales puede existir modificación de las declaratorias de ANP; las consideraciones para los Programas de Conservación y Manejo se exponen en los Artículos 72 al 78; en tanto que los usos, aprovechamientos y prohibiciones dentro de las ANP se abordan en el Título Sexto, destacando que en todo momento deben contemplar las tasas y capacidades de carga acordes a las características de las áreas.
Por último, se considera el diseño, desarrollo y aplicación de instrumentos económicos en beneficio de las ANP (Artículo 110), así como las acciones de inspección y vigilancia dentro de las mismas, que serán coordinadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Artículo 137), (DOF, 2000b).
Norma Oficial Mexicana NOM-005-SEMARNAT-1997, Que establece los procedimientos, criterios y especificaciones para realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de corteza, tallos y plantas completas de vegetación forestal.
Norma Oficial Mexicana NOM-010-SEMARNAT-1996, Que establece los procedimientos, criterios y especificaciones para realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de hongos.
Norma Oficial Mexicana NOM-011-SEMARNAT-1996, Que establece los procedimientos, criterios y especificaciones para realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de musgo, heno y doradilla.
Norma Oficial Mexicana NOM-012-SEMARNAT-1996, Que establece los procedimientos, criterios y especificaciones para realizar el aprovechamiento de leña para uso doméstico.
Norma Oficial Mexicana NOM-027-SEMARNAT-1996, Que establece los procedimientos, criterios y especificaciones para realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de tierra de monte.
Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección Ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riego.
Norma Oficial Mexicana NOM-061-SEMARNAT-1994, Que establece las especificaciones para mitigar los efectos adversos ocasionados en la flora y fauna silvestres por el aprovechamiento forestal.
Norma Oficial Mexicana NOM-062-SEMARNAT-1994, Que establece las especificaciones para mitigar los efectos adversos sobre la biodiversidad que se ocasionen por el cambio de uso del suelo de terrenos forestales a agropecuarios.
Norma Oficial Mexicana NOM-126-SEMARNAT-2000, Por la que se establecen las especificaciones para la realización de actividades de colecta científica de material biológico de especies de flora y fauna silvestres y otros recursos biológicos en el territorio nacional.
En el Artículo 4 menciona como “deber de todos los habitantes del país” la conservación de la vida silvestre, por lo que se prohíbe “cualquier acto que implique su destrucción, daño o perturbación, en perjuicio de los intereses de la Nación”. Por otra parte, en el Artículo 5 se expone como objetivo de la política nacional en materia de vida silvestre y su hábitat, “su conservación mediante la protección y la exigencia de niveles óptimos de aprovechamiento sustentable, de modo que simultáneamente se logre mantener y promover la restauración de su diversidad e integridad, así como incrementar el bienestar de los habitantes del país” (DOF, 2000a). Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable
Esta ley es reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular y fomentar la conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos. El Artículo 29 señala que “el desarrollo forestal sustentable se considera un área prioritaria del desarrollo nacional y, por lo tanto, tendrán ese carácter las actividades públicas o privadas que se le relacionen”; adicionalmente, en el Artículo 30 se describe al desarrollo forestal sustentable como el “proceso evaluable y medible mediante criterios e indicadores de carácter ambiental, silvícola, económico y social que tienda a alcanzar una productividad óptima y sostenida de los recursos forestales sin comprometer el rendimiento, equilibrio e integridad de los ecosistemas forestales, que mejore el ingreso y la calidad de vida de las personas que participan en la actividad forestal y promueva la generación de valor agregado en las regiones forestales, diversificando las alternativas productivas y creando fuentes de empleo en el sector” (DOF, 2003).
Este ordenamiento es reglamentario del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable.
Dentro de las disposiciones destaca el Artículo 2 al considerar como aguas nacionales tanto a las superficiales como a las del subsuelo y contempla “la conservación y control de su calidad, sin menoscabo de la jurisdicción o concesión que las pudiera regir”. Adicionalmente, en el Artículo 9 se menciona a la Comisión Nacional del Agua como el órgano desconcentrado que tiene dentro de sus atribuciones la gestión integrada de los recursos hídricos, “incluyendo la administración, regulación, control y protección del dominio público hídrico” (DOF, 1992)
Al igual que el marco normativo, el marco institucional para la aplicación de políticas públicas en materia ambiental en el Estado de México es bastante complejo. En 2005, mediante decreto, se cambió la denominación de la Secretaría de Ecología por Secretaría del Medio Ambiente, y el Código para la Biodiversidad del Estado de México designó a esta dependencia como la autoridad estatal ambiental (Artículo 2.5, LVIII).
La Secretaría del Medio Ambiente (SMA) es la dependencia encargada de formular, ejecutar, aplicar, vigilar y evaluar la política estatal en materia ambiental. Entre los asuntos que atiende se encuentran la conservación de los recursos naturales, el mantenimiento de los servicios ambientales de los ecosistemas de la entidad y el establecimiento de Áreas Naturales Protegidas.
En cuanto a administración de ANP, el Código para la Biodiversidad señala como facultades del Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría, las siguientes (Artículo 2.8)
El Código para la Biodiversidad del Estado de México.
Es un instrumento jurídico que tiene como propósito la mejora, organización y unificación de la legislación ambiental que requiere la Entidad para lograr la protección, conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
El Código para la Biodiversidad define que las ANP “estatales constituyen en su conjunto el Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas” (Artículo 2.90), y añade que “la Secretaría del Medio Ambiente llevará el registro de las áreas integrantes del Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas en el que se consignarán los datos de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad que corresponda” (Artículo 2.91).