Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-32130-de-septiembre-14-de-2009?documento=jurcol&contexto=jurcol_7bcd439845949032e0430a0101519032&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-08-17 02:06:52
Document Index: 203124418

Matched Legal Cases: ['artículo 181', 'artículo 180', 'artículo 181', 'artículo 184', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 414', 'artículo 449', 'artículo 39', 'artículo 449', 'artículo 77', 'artículo 36', 'artículo 184', 'artículo 184', 'artículo 184']

﻿ Sentencia 32130 de septiembre 14 de 2009
SENTENCIA 32130 DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009
CONTENIDO:DELITOS DE PREVARICATO POR OMISIÓN Y FAVORECIMIENO DE FUGA. EN EL EVENTO EN QUE SE DE LA FUGA DE UN RECLUSO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SIN QUE EL DIRECTOR DE DICHA INSTITUCIÓN HAYA TOMADO LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA EVITARLA PUDIÉNDOLO HACER, PODRÍA INCURRIR EL FUNCIONARIO EN LOS DELITOS DE PREVARICATO POR OMISIÓN Y FAVORECIMIENO DE FUGA.
TEMAS ESPECÍFICOS:FAVORECIMIENTO A LA FUGA DEL INTERNO, ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO, FACULTAD DISCRECIONAL DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, PREVARICATO POR OMISIÓN
Sentencia 32130 de septiembre 14 de 2009
Sentencia 32130 de 2009
Aprobado Acta Nº 287
Bogotá, D.C., catorce de septiembre de dos mil nueve.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 181 de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal vigente para este asunto, el recurso de casación es un mecanismo de control tanto constitucional como legal que procede contra las sentencias proferidas en segunda instancia y que, de acuerdo con lo señalado en el artículo 180 del mismo ordenamiento, tiene como propósitos lograr la efectividad del derecho material, el respeto de las garantías fundamentales, la reparación de los agravios inferidos y la unificación de la jurisprudencia.
Dada la naturaleza extraordinaria de este recurso, quien acude a la casación tiene que ceñirse a determinados requerimientos sistemáticos basados en la razón y en la lógica argumentativa, atinentes a la observancia de coherencia, precisión y claridad en el sustento de cada uno de los reparos efectuados, que debe desarrollar conforme a las causales de procedencia previstas en el artículo 181 del estatuto procesal.
A su vez, el inciso 2º del artículo 184 de la Ley 906 de 2004 señala que no será admitida la demanda de casación "cuando de su contexto se advierta fundadamente que no se precisa del fallo para cumplir alguna de las finalidades del recurso", lo que puede darse cuando la Corte advierta que la controversia jurídica planteada no tiene incidencia alguna en relación con lo decidido en el caso concreto, o que podrá responder a los planteamientos del recurrente sin tener que efectuar valoraciones de fondo acerca de lo que ocurrió en la actuación.
2. En el asunto materia de interés, los reproches propuestos por el apoderado de Hugues Alberto Maya Castilla no sólo carecen de los más mínimos requisitos de lógica y argumentación en sede del extraordinario recurso, sino que además carecen de fundamentos atendibles en pro de sustentar sus tesis. Veamos:
2.1. En lo que al primer cargo respecta, la Sala tiene dicho que, cuando en sede de casación se formula una violación directa de la ley sustancial, al demandante le asiste la carga de demostrar, una vez aceptados tanto los hechos como las pruebas que sirvieron de base a la decisión, que el Tribunal incurrió en un yerro en la selección o comprensión de la ley finalmente aplicada, bien sea porque no reconoció la norma llamada a regular el caso (falta de aplicación), o ajustó de manera incorrecta el supuesto fáctico a lo que contempla otra disposición (aplicación indebida), o le asignó al precepto adecuadamente elegido un sentido o efecto contrario a su contenido (interpretación errónea).
En el presente caso, sin embargo, el profesional del derecho de ninguna manera planteó un error relevante en la aplicación de la ley, pues si bien es cierto que el Tribunal afirmó que la posición de garante es una figura que tan solo se predica en los delitos de que trata el parágrafo 1º del artículo 25 del Código Penal (es decir, "en relación con las conductas punibles delictuales que atenten contra la vida e integridad personal, la libertad individual, y la libertad y formación sexuales"), también lo es que, al responder el concreto aspecto materia de apelación por parte del recurrente (en el sentido de que no había un concurso aparente entre los tipos de prevaricato por omisión agravado y favorecimiento de la fuga), sostuvo, entre otros argumentos, que Hugues Alberto Maya Castilla tenía el deber jurídico (y no material) de evitar el resultado achacado por el organismo instructor, esto es, el de adoptar, como acto propio de sus funciones, medidas tendientes a impedir la fuga de los internos:
"[...] en cuanto al prevaricato por omisión, se ha entendido como deber-poder impuesto legalmente: es el deber de evitar un evento cuando se tiene la posibilidad real y el deber jurídico de evitarlo, cosa que pretermitió el procesado Hugues Alberto Maya Castilla, ya que tenía la custodia no material, pero sí jurídica, de evitar la fuga de Javier Urango Herrera, la cual estaba anunciada y cuya información se le hizo llegar por diferentes medios de influir su conocimiento. Porque si bien es cierto que dentro de la órbita común o del ejercicio funcional como director de un penal no tenía la material acción de custodia sobre los internos, sí existía un personal a su cargo, y asignado legal y laboralmente para estos menesteres, no obstante, en nuestro caso, ante la problemática suscitada por la custodia del recluso alias Chely, persona con amplio prontuario delictivo, no resulta extraño para el procesado que tenía y era su deber el cumplir cabalmente con los artículos 36 y 125 de la Ley 65 de 1993, que regula entre otras normatividades el régimen penitenciario en Colombia, más concretamente con el último artículo que señala:
"ART. 125.—Medidas in continente. No obstante lo previsto en las disposiciones anteriores, el director del centro podrá utilizar medios coercitivos, establecidos reglamentariamente en los siguientes casos:
"1. Para impedir actos de fuga o violencia de los internos".
De esta manera, el ad quem sí sostuvo, aunque con otras palabras, que Hugues Alberto Maya Castilla ostentaba, de acuerdo con lo señalado en la ley, una posición de garante en el delito de prevaricato por omisión agravado, situación que, por consiguiente, encajaba con lo descrito en el inciso 2º del referido artículo 25 de la Ley 599 de 2000, que acerca del particular contempla lo siguiente:
"ART. 25.—Acción y omisión. [...]
Quien tuviere el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una descripción típica y no lo llevare a cabo, estando en posibilidad de hacerlo, quedará sujeto a la pena contemplada en la respectiva norma penal. A tal efecto, se requiere que el agente tenga a su cargo la protección en concreto del bien jurídico protegido, o que se le haya encomendado como garante la vigilancia de una determinada fuente de riesgo, conforme a la Constitución o a la ley" (destaca la Sala).
En este orden de ideas, el problema jurídico planteado por el demandante (relacionado con la posibilidad de atribuir una posición de garantía en todos los delitos y, en particular, en la conducta de prevaricato por omisión) termina siendo inocuo, en la medida en que el Tribunal aseguró que el acusado tenía a su cargo la obligación funcional de adoptar medidas tendientes a evitar la fuga del recluso y, sin embargo, no lo hizo, con lo cual se configuró el resultado típico del tipo previsto en el artículo 414 del Código Penal (que, por cierto, alude a la afectación de un bien jurídico distinto al del delito de favorecimiento de la fuga, cuyo resultado consiste, según el artículo 449 ibídem, en la huida del establecimiento).
Como si lo anterior fuera poco, el demandante, en la sustentación del cargo, no aportó más allá de una somera afirmación las razones por las cuales Hugues Alberto Maya Castilla no sería garante de la evitación del primer resultado típico (ausencia de adopción de medidas de seguridad), aunque de manera incoherente sugirió o dejó por sentado que sí lo era del segundo (fuga del privado de la libertad), a pesar de que este último había sido para las instancias la directa y evitable consecuencia del otro.
También se contradijo el abogado al señalar que, de conformidad con la jurisprudencia de la Sala, la posición de garante es predicable en todos los delitos ("como lo ha enseñado la Corte Suprema de Justicia, la posición de garante se puede predicar de toda clase de delitos"(1)), y, al mismo tiempo, sostener de manera confusa e incoherente que la conducta punible de prevaricato por omisión no contiene tal figura ("al ser el delito de prevaricato por omisión una conducta de omisión propia, quien la realiza no tiene posición de garante"(2)).
Con tal criterio, el recurrente vulneró el principio lógico de no contradicción, según el cual a nadie le es posible afirmar, respecto de una única situación, que algo es y no es al mismo tiempo(3).
Finalmente, no es cierto que la Corte, en la sentencia de 24 de enero de 2007(4), negara que pudiera haber concurso entre los delitos contemplados en los artículos 314 y 449 del Código Penal. Lo que se analizó en dicha providencia fue, simplemente, que para efectos del tránsito de legislación el tipo contemplado en el artículo 39 de la Ley 30 de 1986 (que consagraba el delito de favorecimiento de la fuga de persona detenida por delito de narcotráfico) no correspondía al actual delito de prevaricato por omisión agravado, "ante la mayor riqueza descriptiva y precisión del delito de favorecimiento de la fuga [artículo 449 del Código Penal], destinado a quien encargado de la vigilancia, custodia o conducción de un detenido procura o facilita su fuga, siendo agravado cuando se trata de delitos de narcotráfico"(5).
El demandante, sin embargo, transcribió fuera de contexto la expresión "[e]n manera alguna puede ubicarse el comportamiento del enjuiciado dentro del delito de prevaricato por omisión agravado, por omitir, retardar o rehusar un acto propio de las funciones como servidor público, por tratarse de una actuación administrativa relacionada con delitos de narcotráfico"(6), aparecida en dicha providencia, sin tener en cuenta que no sólo la cuestión jurídica allí analizada era muy distinta a la que planteó en el cargo, sino que otro tanto ocurría con la situación fáctica estudiada en el precedente, circunscrita a la participación de un vigilante del centro penitenciario en la fuga de un recluso(7), y no a la pretermisión dolosa que en este sentido le era atribuible al director del establecimiento, tal como sucede en el presente caso.
2.2. En lo que al segundo cargo atañe, cuando en sede de casación se plantea la violación indirecta de la ley sustancial proveniente de un error de hecho en la valoración de la prueba, la Sala ha reiterado que a éste le asiste la carga procesal de precisar la clase de yerro que invoca, así como de demostrar en el caso concreto su ocurrencia, que puede obedecer, además de la modalidad del falso raciocinio, a las de falso juicio de existencia y falso juicio de identidad.
El falso juicio de existencia, por un lado, se presenta cuando al proferir el fallo impugnado el juzgador omite valorar el contenido material de un medio de prueba que hace parte de la actuación (y que por lo tanto fue debidamente incorporado al expediente), o bien le concede valor probatorio a uno que jamás fue recaudado y, por consiguiente, supone su existencia.
El falso juicio de identidad, por otro lado, consiste en que el juez o el cuerpo colegiado, al emitir la sentencia objeto del extraordinario recurso, distorsiona o tergiversa el contenido fáctico de determinado medio de prueba, haciéndole decir lo que en realidad no dice, bien sea porque realiza una lectura equivocada de su texto, o bien porque le agrega aspectos que no contiene, o bien porque omite tener en cuenta partes importantes del mismo.
Aunado a lo anterior, el demandante, al postular cualquiera de los yerros fácticos en comento, tiene el deber de demostrar la trascendencia de los mismos, aspecto que implica tener que valorar de nuevo el conjunto probatorio que sirvió de fundamento a las instancias, para evidenciar que con la exclusión del referido yerro la decisión materia de impugnación habría sido sustancialmente distinta a la adoptada.
En el presente asunto, si bien es cierto que el profesional del derecho aludió en el desarrollo del segundo reproche a falsos juicios de existencia y de identidad en la valoración de la prueba, también lo es que partió de supuestos que no corresponden a la realidad de lo decidido por las instancias.
En primer lugar, no es posible que el recurrente pretenda controvertir por intermedio de la formulación de errores fácticos el hecho de que Hugues Alberto Maya Castilla le asignara a Javier Urango Herrera el patio de menor seguridad del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Valledupar, pues, tal como aparece reseñado en el fallo de primera instancia, se trata de una estipulación que en tales términos provino de las partes:
"Desde la llegada del interno Javier Urango Herrera a la cárcel judicial el 24 de enero de 2008, el director del establecimiento Maya Castilla tenía conocimiento que además de la detención por el delito de uso de documento público falso, impuesta por la Juez Cuarta de Control de Garantías de esta ciudad, también era requerido por delitos de violación a los derechos humanos y derecho internacional humanitario, tal como lo dio a conocer el Fiscal 44 de la Unidad de Derechos Humanos y DIH, y, a pesar de ello, le asignó el patio número uno, patio denominado social según la clasificación interna de los patios, tal como lo informa el teniente Félix Arturo Lizarazo Díaz, Comandante de Vigilancia de la Cárcel Judicial, puesto que para los paramilitares se asignaba el patio dos, para los guerrilleros el patio tres, siendo éstos considerados los más seguros (estipulación 5)"(8).
En segundo lugar, el a quo también tuvo en cuenta que el acusado adoptaba medidas de seguridad cada vez que el recluso era remitido a una diligencia judicial:
"[...] frente a las advertencias de la posible fuga, el director, como medidas mínimas de seguridad, podía cumplir las siguientes funciones:
[...] b. Dar instrucciones precisas al personal de guardia para que se adoptaran medidas urgentes de seguridad y realizar un replanteamiento del personal para reforzar la vigilancia del interior del establecimiento, tal como se hacía cuando el interno se trasladaba fuera del penal"(9) (destaca la Sala).
De ahí que el específico objeto de reproche del funcionario consistió en un no hacer diferente a las medidas de seguridad ordinarias que el acusado sí procuró llevar a cabo para efectos de las remisiones y, por consiguiente, la discusión acerca de este último hecho resultaba irrelevante.
En tercer lugar, la primera instancia no ignoró ni cercenó, sino que descartó la eficacia de la prueba aportada por la defensa, relativa al hecho de que la orden de adopción de medidas extremas de seguridad por parte de la Dirección General del INPEC fue recibida un día después de la fuga de Javier Urango Herrera:
"Es claro que el director de la cárcel judicial sabía que tenía un interno de nombre Javier Urango Herrera, alias Chely o Aldemar, peligroso, requerido por delitos de extrema gravedad que requerían especiales medidas de seguridad y, para el 26 de febrero del presente año [2008], recibe el informe de inteligencia de la Policía Nacional, con carácter de reservado, donde le informaban que José Francisco Urango Herrera, alias Chely, identificado con cédula de ciudadanía 78'743.697 de Tierra Alta (Córdoba), junto con otro interno, integrantes de grupos armados ilegales, tenían planes de fuga que se cumplirían en los próximos días mediante la vulneración de los sistemas de seguridad con la posible complicidad de la guardia del establecimiento, e inclusive se advirtió sobre el soborno para lograr el objetivo de la fuga y además se le hicieron recomendaciones a seguir para evitarla, como desarrollar operativos para incautar armas y celulares, tramitar el traslado ante la Dirección General del INPEC y, específicamente, 'implementar medidas de control interno sobre el personal de guardia penitenciaria, entre ellas, la actualización de los estudios de confiabilidad y reasignar responsabilidades en los cargos según el grado de vulnerabilidad del mismo'.
Este informe de inteligencia es enviado a la Dirección Regional Norte de Barranquilla y el 7 de marzo se recibe en la cárcel judicial el memorando 001302 con fecha 4 de marzo, en el que se ordena tomar medidas extremas de seguridad con relación al interno con intención de fugarse.
Con relación a este memorando, la defensa pretendió demostrar que fue recibido el día 11 de marzo, pero al reverso del documento aparece la constancia de envío vía fax el día 7 de marzo con resultado positivo, esto es, fue recibido por un funcionario de la cárcel judicial y tiene fecha de reenvío, porque según lo explicó Arceso [sic] López Pérez, cónsul de derechos humanos de la Regional Norte, el Director Regional le solicitó que se lo enviara nuevamente por esa vía para tomar las medidas pertinentes al asumir la investigación por la fuga"(10).
En cuarto lugar, otro tanto se puede predicar acerca del hecho aludido por el recurrente de que la información de inteligencia no se pudo tramitar al contener un nombre equivocado, pues para el a quo tal circunstancia fue utilizada por el procesado como una maniobra dolosa para retardar indebidamente el traslado del interno:
"Esta agencia judicial llega a la convicción de la participación del director porque sabía que Javier Urango Herrera era una persona perseguida por las autoridades de policía, por quien se ofrecía la suma de cien millones de pesos. Al momento de la captura, se hizo con el nombre de José Francisco Herrera, pero, tal como se indicó en el acápite del delito de prevaricato por omisión, una vez trasladado hasta la ciudad de Valledupar, el mismo día se demostró la falsificación del documento y la verdadera identidad. Esta circunstancia era conocida por el director de la cárcel judicial, así lo indican la cartilla biográfica y la tarjeta decadactilar.
Este hecho, de singular importancia, es fundamental para indicar que si bien el informe de inteligencia con carácter de reservado, enviado por la Policía Nacional, del 26 del presente año [2008], se refiere a José Francisco Urango Herrera como la persona que intentaba fugarse, también es cierto que se identifica al interno con su cédula de ciudadanía y se refiere a alias Chely, alias con el que ingresó el interno al establecimiento, y no había duda de su verdadera identidad, en consecuencia, el director Hugues Alberto Maya Castilla, a sabiendas de que no tenía ningún interno con ese nombre, expide el oficio 307-EPMSCVAL-DIRE-0164 del 28 de febrero, dos días después, dirigido al director regional norte coronel Luis Alfonso Carvajal Lasso, donde remite el informe con indicación del nombre errado, cuando la lógica indica que debió hacer la corrección en su oficio antes de enviarlo a la Dirección Regional Norte para impedir que se expidiera una resolución de traslado con un nombre errado y a sabiendas de que no tenía ningún interno con ese nombre, pero sí el número asignado [...].
No se requiere de profundos análisis para concluir que esa maniobra fue utilizada por el director para permitirle ganar tiempo y facilitar la fuga del interno, puesto que la resolución se expidió el 4 de marzo y llegó al establecimiento el 7 de marzo con el nombre errado, pero con el apellido correcto, y la fuga se fraguó el 10 de marzo. Sabía de los planes de fuga de Javier Urango Herrera, a quien se le conoce con el alias de Chely, ya había sido advertido de esa situación desde el 3 de febrero del presente año [2008]. Es ingenuo pretender que se crea que se trató de un simple error"(11).
Y, dicho sea de paso, el que Hugues Alberto Maya Castilla supiera que Javier Urango Herrera fue capturado el 23 de enero de 2008, identificándose con el nombre de José Francisco Urango Herrera (que fue con el que apareció mencionado en el informe de inteligencia), constituyó un aspecto fáctico que también fue estipulado por las partes(12).
En quinto lugar, el director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Valledupar sí tenía la facultad de trasladar por causas excepcionales al interno, de conformidad con lo señalado en el artículo 77 de la Ley 65 de 1993:
"ART. 77.—Traslado por causas excepcionales. Cuando un detenido o condenado constituya un peligro evidente para la vida e integridad personal de algunos de sus compañeros o de algún empleado del establecimiento, por virtud de enemistad grave o amenazas manifiestas, se tomarán respecto de él medidas rigurosas de seguridad, que pueden ser en los casos más graves y por excepción hasta el traslado a otro establecimiento. Sólo en estos casos excepcionales y con suficiente justificación podrá el director de un centro de reclusión disponer el traslado de un interno, dando aviso inmediato a la autoridad correspondiente".
Esta norma fue declarada condicionalmente exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-394 de 1995, en el entendido de que las situaciones que ameriten el traslado "deberán ajustarse a los límites establecidos por el artículo 36 del Código Contencioso Administrativo para el ejercicio de atribuciones discrecionales", que a su vez señala lo siguiente:
"ART. 36.—Decisiones discrecionales. En la medida en que el contenido de una decisión, de carácter general o particular, sea discrecional, debe ser adecuada a los fines de la norma que la autoriza y proporcional a los hechos que le sirven de causa".
En este orden de ideas, la decisión por parte del director del establecimiento de trasladar discrecionalmente a Javier Urango Herrera, acerca del cual se le informó que había elaborado planes de fuga, no sólo hubiera sido adecuada al fin de proteger la vida e integridad física de los servidores del centro carcelario y de otros internos ante la concreción de semejante amenaza, sino que además era proporcional al contexto y las circunstancias en que se había dado la reclusión de ese individuo, quien aparecía con un prontuario que incluía varios delitos contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
Por último, tampoco es cierto que los deberes funcionales del procesado tenían que operar precisamente a la hora en que ocurrió la fuga de Javier Urango Herrera, pues, tal como se señaló en precedencia, el Tribunal fue claro al establecer que a Hugues Alberto Maya Castilla, en tanto director del establecimiento, le era exigible la obligación jurídica de adoptar medidas tendientes a evitar el resultado en comento y no el deber material de vigilar o custodiar en todo momento al detenido.
Esta circunstancia también había sido aludida por el a quo de la siguiente manera:
"En este punto disiente esta agencia judicial del criterio expuesto por el señor defensor al considerar atípica la conducta de Hugues Alberto Maya Castilla, alegando que no tiene funciones de vigilancia y conducción, pero si bien no las ejerce materialmente, esto es, no presta el servicio de guardia, sí tiene la disposición de adoptar las medidas necesarias para conjurar una fuga o también puede abstenerse de hacerlo para facilitarla"(13).
En otras palabras, el comportamiento atribuido por la Fiscalía en contra del acusado se dio antes de que se materializara la fuga el 10 de marzo de 2008 y no de manera coetánea a la misma, por lo que es intrascendente su ausencia o presencia cuando el interno salió en forma pacífica y por la puerta principal del instituto carcelario.
2.3. En lo concerniente al cargo subsidiario, el demandante partió de un supuesto contrario a lo decidido por las instancias, ya que no es cierto que lo único sostenido por el juez a quo respecto de la imputación subjetiva del tipo de favorecimiento de la fuga era lo relativo al acuerdo en la coparticipación criminal ("no puede desconocerse que el director actuó en contubernio con otros integrantes del personal de guardia"(14)), pues en cuanto al dolo de actuar, así como al grado de reproche en este delito, adujo lo siguiente:
"Recapitulando, se demostró la participación de Hugues Alberto Maya Castilla en la comisión del delito de favorecimiento de fuga, puesto que facilitó de manera específica la fuga del interno Javier Urango Herrera y lo hizo de manera consciente, a sabiendas de la ilicitud de su comportamiento, conociendo cuál era la consecuencia de la norma penal. En este evento, no se trató de la inobservancia de normas de seguridad, las circunstancias analizadas dan fe de la intención dolosa de permitirle al interno que lograra su objetivo, conducta que adquiere de relevancia desde el punto de vista penal por ser un delito autónomo"(15).
Para llegar a esta conclusión, el funcionario de primera instancia no sólo se valió de la valoración en conjunto de los medios de prueba (acerca de la cual el recurrente no planteó error de hecho o de derecho alguno), sino que además desechó la referida por algunos reclusos del establecimiento, y que fue traída a colación en este reproche, en el sentido de que el acusado había sido inculpado injustamente de los hechos:
"Estos internos fueron traídos por la defensa con el propósito de restar credibilidad a los internos de la penitenciaría Luis Adolfo Ríos Rodríguez y Jenner Acosta, pues tratan de insinuar que inculparon al director de la cárcel para obtener beneficios, pero no alcanzan a desvirtuar la coherencia de los testimonios rendidos por estos internos, en la medida en que sólo se limitaron a informar que avisaron al director de los planes de fuga del interno Javier Urango Herrera, que la entrevista se hizo directamente con el director Hugues Alberto Maya Castilla el 5 de febrero del presente año y el primero le advirtió que, si se consumaba la fuga, lo denunciaría ante las autoridades por cuanto estaba sobre aviso de tales hechos. No era necesario que los internos abordaran a los testigos de la defensa para convencerlos de inculpar al director, puesto que ésa no fue la intención de los declarantes traídos por la fiscalía, simplemente relataron los hechos tal como sucedieron y esa realidad no la puede desconocer la defensa cuando los testimonios de los directivos de la penitenciaría fueron contestes en la forma como se llevó a cabo la entrevista, cuál fue la información suministrada, y tampoco se puede desconocer el informe de inteligencia que le fuera entregado al director para que asumiera su rol e impidiera la fuga"(16).
En este orden de ideas, como la Sala encuentra infundados los cargos, y como tampoco observa con ocasión del trámite procesal o de la sentencia impugnada violación de garantías fundamentales en cabeza de Hugues Alberto Maya Castilla, ni la necesidad de garantizar cualquiera de los fines de la casación mediante un pronunciamiento de fondo, no hay razón alguna para superar las falencias que ostenta la demanda y, por lo tanto, no será admitida, tal como está previsto en el artículo 184 de la Ley 906 de 2004.
3. Teniendo en cuenta que contra la decisión de no admitir la demanda de casación procede el mecanismo de insistencia, según lo establece el inciso 2º del artículo 184 de la Ley 906 de 2004, es necesario aclarar que, como en la disposición en comento no está regulado su trámite, la Sala ha precisado la naturaleza y reglas que habrán de observarse para su aplicación de la siguiente manera(17):
3.1. La insistencia es un mecanismo especial, de naturaleza distinta a los actos de impugnación propiamente dichos, que sólo puede ser promovido por el demandante dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la providencia mediante la cual la Sala decide no admitir la demanda de casación.
3.2. La solicitud de insistencia puede elevarse ante el Ministerio Público por intermedio de cualquiera de sus delegados para la Casación Penal, o ante uno de los magistrados que hayan salvado voto en cuanto a la decisión mayoritaria de no admisión, o ante uno de los magistrados que no haya intervenido en la discusión y no haya suscrito el referido auto.
3.3. Es facultativo del magistrado disidente, del que no intervino en los debates o del delegado del Ministerio Público ante quien se formula la insistencia, optar por someter el asunto a consideración de la Sala o no presentarlo para su revisión, evento último en el cual informará de ello al solicitante dentro de un plazo de quince días.
3.4. El auto mediante el cual no se admite la demanda trae como consecuencia la firmeza de la sentencia contra la cual se formuló el recurso de casación, salvo que la insistencia prospere y conduzca a la admisión del escrito.
NO ADMITIR la demanda de casación presentada por el apoderado de Hugues Alberto Maya Castilla en contra del fallo de segunda instancia proferido por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Valledupar.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 906 de 2004, es facultad del demandante elevar petición de insistencia en relación con lo decidido.
(1) Folio 329 de la carpeta.
(2) Folio 331 ibídem.
(3) Cf. sentencia de 13 de febrero de 2008, radicación 21844.
(4) Radicación 23490.
(5) Sentencia de 24 de enero de 2007, radicación 23940.
(8) Folio 223 de la carpeta.
(9) Folio 221 ibídem.
(10) Folios 221-222 ibídem.
(11) Folio 217 ibídem.
(12) Folio 225 ibídem.
(13) Folio 218 ibídem.
(14) Folio 219 ibídem.
(15) Folio 215 ibídem.
(16) Folios 215-216 ibídem.
(17) Sentencia de 12 de diciembre de 2005, radicación 24322.