Source: http://magistrados-santafe.org.ar/actualizacion-legislativa-y-de-jurisprudencia/ley-27372
Timestamp: 2019-09-17 02:39:09
Document Index: 371593889

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 6', 'ARTÍCULO 9', 'ARTÍCULO 10', 'ARTÍCULO 11', 'ARTÍCULO 12', 'ARTÍCULO 13', 'Artículo 79', 'Artículo 81', 'Artículo 82', 'Artículo 180', 'artículo 188', 'artículo 196', 'Artículo 505', 'ARTÍCULO 22', 'ARTÍCULO 23', 'ARTÍCULO 25', 'ARTÍCULO 26', 'ARTÍCULO 28', 'ARTÍCULO 29', 'ARTÍCULO 30', 'artículo 15', 'ARTÍCULO 32', 'artículo 79', 'Artículo 11', 'Artículo 37', 'Artículo 37', 'ARTÍCULO 37', 'ARTÍCULO 38', 'artículo 80']

a) Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial, el derecho al asesoramiento, asistencia, representación, protección, verdad, acceso ala justicia, tratamiento justo, reparación, celeridad y todos los demás derechos consagrados en la Constitución Nacional, en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los que el Estado nacional esparte, demás instrumentos legales internacionales ratificados por ley nacional, las constituciones provinciales y los ordenamientos locales;
b) Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, hacer respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas, así como implementar los mecanismos para que todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, cumplan con sus obligaciones de prevenir,investigar, sancionar delitos y lograr la reparación de los derechos conculcados;
a) Rápida intervención: las medidas de ayuda, atención, asistencia y protección que requiera la situación de la víctima se adoptarán con la mayor rapidez posible, y si se tratare de necesidades apremiantes,serán satisfechas de inmediato, si fuere posible, o con la mayor urgencia;
d) A requerir medidas de protección para su seguridad, la de sus familiares y la de los testigos que declaren en su interés, a través delos órganos competentes;
k) A ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción os uspensión de la acción penal, y aquellas que dispongan medidas de coerción o la libertad del imputado durante el proceso, siempre que lo solicite expresamente;
o) Al sufragio de los gastos que demande el ejercicio de sus derechos,cuando por sus circunstancias personales se encontrare económicamente imposibilitada de solventarlos. Esta enumeración no es taxativa y no será entendida como negación de otros derechos no enumerados.
ARTÍCULO 6°- Cuando la víctima presente situaciones de vulnerabilidad,entre otras causas, en razón de su edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad, o cualquier otra análoga, las autoridades deberán dispensarle atención especializada. Se presumirá situación de especial vulnerabilidad en los siguientes casos:
b) Si existiere una relación de dependencia económica, afectiva,laboral o de subordinación entre la víctima y el supuesto autor del delito.
La autoridad deberá adoptar de inmediato las medidas necesarias paraneutralizar el peligro. En especial, podrá reservar la informaciónsobre su domicilio o cualquier otro dato que revele su ubicación. Lareserva se levantará cuando el derecho de defensa del imputado lohiciere imprescindible.
ARTÍCULO 9°- La autoridad deberá atender al sufragio de los gastos detraslado, hospedaje temporal y sostén alimentario de urgencia quefueren necesarios, cuando por sus circunstancias personales, la víctimase encontrare económicamente imposibilitada para hacerlo.
ARTÍCULO 10.- Las autoridades adoptarán todas las medidas que prevenganun injustificado aumento de las molestias que produzca la tramitacióndel proceso, concentrando las intervenciones de la víctima en la menorcantidad de actos posibles, evitando convocatorias recurrentes ycontactos innecesarios con el imputado.
ARTÍCULO 11.- La víctima tiene derecho a recibir gratuitamente elpatrocinio jurídico que solicite para ejercer sus derechos, y en sucaso para querellar, si por sus circunstancias personales se encontrareimposibilitada de solventarlo.
ARTÍCULO 12.- Durante la ejecución de la pena la víctima tiene derechoa ser informada y a expresar su opinión y todo cuanto estimeconveniente, ante el juez de ejecución o juez competente, cuando sesustancie cualquier planteo en el que se pueda decidir la incorporaciónde la persona condenada a:
El Tribunal a cargo del juicio, al momento del dictado de la sentenciacondenatoria, deberá consultar a la víctima si desea ser informadaacerca de los planteos referidos en el párrafo que antecede. En esecaso, la víctima deberá fijar un domicilio, podrá designar unrepresentante legal, proponer peritos y establecer el modo en querecibirá las comunicaciones.
ARTÍCULO 13.- En los casos referidos en el artículo anterior, si lagravedad del hecho que motivó la condena y las circunstancias del casopermitieran presumir peligro para la víctima, la autoridad deberáadoptar las medidas precautorias necesarias para prevenirlo.
A efectos de evaluar la posibilidad de peligro se tendrá especialmenteen cuenta lo establecido en los artículos 6° y 8° de esta ley.
Artículo 79: Desde el inicio de un proceso penal hasta su finalización,el Estado nacional garantizará a las víctimas de un delito y a lostestigos convocados a la causa por un órgano judicial el pleno respetode los siguientes derechos:
e) Cuando se tratare de persona mayor de setenta (70) años, mujerembarazada o enfermo grave, a cumplir el acto procesal en el lugar desu residencia; tal circunstancia deberá ser comunicada a la autoridadcompetente con la debida anticipación.
d) A que en las causas en que se investiguen delitos contra lapropiedad, las pericias y diligencias sobre las cosas sustraídas seanrealizadas con la mayor celeridad posible, para el pronto reintegro delos bienes sustraídos;
e) Cuando fuere menor o incapaz, el órgano judicial podrá autorizar quedurante los actos procesales en los cuales intervenga sea acompañadopor una persona de su confianza, siempre que ello no coloque en peligroel interés de obtener la verdad de lo ocurrido;
f) A ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción osuspensión de la acción penal, y de aquellas que dispongan medidas decoerción o la libertad del imputado durante el proceso, siempre que losolicite expresamente;
Artículo 81: Durante el proceso penal, el Estado garantizará a lavíctima del delito los derechos reconocidos en la Ley de Derechos yGarantías de las Personas Víctimas de Delitos. A tal fin, lasdisposiciones procesales de este Código serán interpretadas yejecutadas del modo que mejor garantice los derechos reconocidos a lavíctima.
Los derechos reconocidos en este Capítulo deberán ser enunciados por elórgano judicial competente, al momento de practicar la primera citaciónde la víctima o del testigo.
Artículo 82: Toda persona con capacidad civil particularmente ofendidapor un delito de acción pública tendrá derecho a constituirse en partequerellante y como tal impulsar el proceso, proporcionar elementos deconvicción, argumentar sobre ellos y recurrir con los alcances que eneste Código se establezcan.
Cuando se trate de un delito cuyo resultado sea la muerte o ladesaparición de una persona, podrán ejercer este derecho el cónyuge, elconviviente, los padres, los hijos y los hermanos de la persona muertao desaparecida; si se tratare de un menor, sus tutores o guardadores, yen el caso de un incapaz, su representante legal.
Si el querellante particular se constituyera a la vez en actor civil,podrá así hacerlo en un solo acto, observando los requisitos para ambosinstitutos.
Artículo 180: El juez que reciba una denuncia la transmitiráinmediatamente al agente fiscal. Dentro del término de veinticuatro(24) horas, salvo que por la urgencia del caso aquél fije uno menor, elagente fiscal formulará requerimiento conforme al artículo 188 o pediráque la denuncia sea desestimada o remitida a otra jurisdicción.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, el juez deinstrucción que reciba una denuncia podrá, dentro del término deveinticuatro (24) horas, salvo que por la urgencia del caso fije unomenor, hacer uso de la facultad que le acuerda el artículo 196, primerpárrafo, en cuyo caso el agente fiscal asumirá la dirección de lainvestigación conforme a las reglas establecidas en el título II, dellibro II de este Código o pedirá que la denuncia sea desestimada oremitida a otra jurisdicción.
La denuncia será desestimada cuando los hechos referidos en ella noconstituyan delito, o cuando no se pueda proceder. La resolución quedisponga la desestimación de la denuncia o su remisión a otrajurisdicción, será apelable por la víctima o por quien pretendía sertenido por parte querellante.
Cuando así ocurra, el órgano judicial competente en la misma audiencia especificará concretamente las instrucciones y reglas de conducta a lasque deba someterse el imputado y deberá comunicar inmediatamente al juez de ejecución la resolución que somete al imputado a prueba.
Artículo 505: La solicitud de libertad condicional se cursará deinmediato por intermedio de la dirección del establecimiento donde seencuentre el condenado, quien podrá nombrar un defensor para que actúeen el trámite. En todos los casos la víctima, aun cuando no se hubieseconstituido en querellante, deberá ser informada de la iniciación deltrámite, y ser oídas sus necesidades.
ARTÍCULO 22.- Créase en el ámbito de la Secretaría de Justicia delMinisterio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el Centro deAsistencia a las Víctimas de Delitos (CENAVID).
El CENAVID tendrá a su cargo la asistencia a las víctimas de delitos decompetencia de la justicia federal en todo el país, y en formacoadyuvante, la asistencia a las víctimas de delitos de competencia dela justicia ordinaria a requerimiento de las jurisdicciones locales.
ARTÍCULO 23.- Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires queya cuenten con organismos o instituciones especializadas en laasistencia a las víctimas de delitos de competencia local evaluarán susituación y, si fuese el caso, adoptarán las medidas necesarias paradotarlos de suficiente estructura, capacitación y financiación.
El CENAVID desarrollará las acciones a su alcance para colaborar en lacreación de tales organismos, en las provincias que no cuenten conellos.
a) Atender de inmediato a las víctimas que requieran su intervención. Atal fin deberá implementar un servicio de urgencia que funcione fueradel horario de atención de sus oficinas, que le permita garantizar laasistencia de la víctima en los casos que requieran perentoriaintervención;
b) Adoptar los cursos de acción necesarios para garantizar la seguridadde la víctima y de sus familiares, en los casos que correspondan. A talfin convendrá con los organismos a cargo de la seguridad públicaprotocolos de actuación que permitan su rápida intervención;
c) Adoptar los cursos de acción necesarios para brindarle a la víctimaun hospedaje temporal y sostén alimentario de urgencia en los casos quecorresponda. A tal fin convendrá con los organismos e institucionescapacitados para brindar los protocolos de actuación que permitan surápida intervención;
d) Adoptar los cursos de acción necesarios para la atención médica ypsicológica de la víctima, en los casos que correspondan. A tal finconvendrá con las instituciones a cargo de la salud pública, protocolosde actuación que permitan su rápida intervención;
e) Adoptar los cursos de acción necesarios para garantizar elpatrocinio y representación jurídica de la víctima, dándoleintervención al Ministerio Público de la Defensa cuando corresponda.Asimismo acordará mecanismos de cooperación con colegios profesionales,instituciones educativas o académicas u otras asociaciones yorganizaciones de la sociedad civil que se encuentren capacitados parabrindarlas.
ARTÍCULO 25.- Para el cumplimiento de sus obligaciones en territoriosprovinciales, el CENAVID suscribirá acuerdos de colaboración con losorganismos o instituciones de atención a las víctimas que localmente sehayan creado. Si fuese necesario, el CENAVID podrá crear sedes propias.
ARTÍCULO 26.- El CENAVID será dirigido por un director ejecutivodesignado por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación,que deberá ser un profesional con reconocida trayectoria en la materia.
El director ejecutivo, en el plazo más breve posible, someterá a laaprobación del Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación elorganigrama de la organización del CENAVID y el programa de acuerdos decolaboración y cooperación con organismos públicos, colegiosprofesionales, instituciones educativas o académicas u otrasasociaciones y organizaciones de la sociedad civil, que sean necesariospara el cumplimiento de esta ley.
c) Promover la unificación de protocolos de actuación y criterios deregistro de información con los organismos locales de atención a lasvíctimas;
d) Organizar actividades que propendan a la formación, capacitacióntécnica y actualización normativa de las autoridades y el personal queintervengan en la atención de víctimas de delitos;
ARTÍCULO 28.- Los gastos que demande la presente serán imputados a lapartida presupuestaria correspondiente al Ministerio de Justicia yDerechos Humanos de la Nación. El Poder Ejecutivo deberá afectar losrecursos materiales y humanos en cantidad y calificación necesariaspara el cumplimiento de la presente ley.
ARTÍCULO 29.- Créanse veinticuatro (24) cargos de Defensor Público deVíctimas, según se establece en el Anexo I de la presente ley.
ARTÍCULO 30.- Los actuales Secretarios Letrados del Ministerio Públicode la Defensa se transforman en Defensores Públicos Coadyuvantes, deconformidad con lo previsto en el inciso b) del artículo 15 de la ley27.149.
ARTÍCULO 32.- La transformación de los cargos dispuesta en losartículos precedentes no implica un nuevo nombramiento, en los términosdel artículo 79 inciso a) de la ley de impuesto a las ganancias,reformado por la ley 27.346.
Artículo 11: Asistencia y patrocinio jurídico a víctimas de delitos en procesos penales. La Defensoría General de la Nación garantizará,conforme los requisitos y asignaciones funcionales que determine la reglamentación, y según lo previsto en los artículos 37 bis y 37 ter dela presente ley, la asistencia técnica y patrocinio jurídico de las víctimas de delitos, si por la limitación de sus recursos económicos o vulnerabilidad resultara necesaria la intervención del Ministerio Público de la Defensa, en atención a la especial gravedad de los hechos investigados.
5. Defensores Públicos Oficiales de la Defensoría General de la Nación,Defensores Públicos Oficiales de Instancia Única en lo Penal Nacionalde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Defensores Públicos Oficiales deInstancia Única en lo Penal Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Defensores Públicos Oficiales de Instancia Única en lo Penal Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Defensores Públicos Oficiales de Instancia Única en lo Penal de Menores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Defensores Públicos Oficiales de Instancia Única en la Ejecución de la Pena de la Ciudad Autónoma de Buenos Airesy Defensores Públicos Oficiales ante la Cámara Nacional de Apelacionesen las Relaciones de Consumo.
7. Defensores Públicos Oficiales ante los Tribunales Federales de laCiudad Autónoma de Buenos Aires y Defensores Públicos OficialesFederales del interior del país.
8. Defensores Públicos Oficiales Adjuntos de la Defensoría General dela Nación, Defensores Públicos de Menores e Incapaces de PrimeraInstancia, Defensores Públicos Oficiales ante los Jueces y Cámaras deApelaciones, Defensores Públicos Oficiales en las Relaciones deConsumo, Defensores Públicos Oficiales ante los Juzgados Federales deEjecuciones Fiscales Tributarias y Defensores Públicos de Víctimas.
Artículo 37 bis: Sin perjuicio de lo establecido en el artículoprecedente, los Defensores Públicos Coadyuvantes colaboran con losDefensores Públicos de Víctimas en el ejercicio de las funciones y bajolas condiciones previstas en esta ley, cuando ello sea dispuesto por elDefensor General de la Nación a fin de asegurar una efectiva prestacióndel servicio.
Artículo 37 ter: Funciones. Los Defensores Públicos de Víctimas son losmagistrados de la Defensoría General de la Nación que, según los fuerose instancias asignados, ejercen la asistencia técnica y patrociniojurídico de las víctimas de delitos en procesos penales, en atención ala especial gravedad de los hechos investigados y siempre que lalimitación de recursos económicos o situación de vulnerabilidadhicieran necesaria la intervención del Ministerio Público de la Defensa.
ARTÍCULO 37.- Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma deBuenos Aires a readecuar su legislación procesal a efectos degarantizar en sus jurisdicciones los derechos de las víctimas que sereconocen en la presente ley.
ARTÍCULO 38.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro delos ciento veinte (120) días posteriores a su promulgación.
En virtud de lo prescripto en el artículo 80 de la ConstituciónNacional, certifico que la Ley Nº 27.372(IF-2017-14067897-APN-SST#SLYT) sancionada por el HONORABLE CONGRESO DELA NACION el 21 de junio de 2017, ha quedado promulgada de hecho el día11 de julio de 2017.
Dése para su publicación a la Dirección Nacional del Registro Oficial,gírese copia al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION y, para su conocimientoy demás efectos, remítase al MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.Cumplido, archívese. — Pablo Clusellas.