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Timestamp: 2017-08-23 01:14:34
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Matched Legal Cases: ['artículo 17', 'artículo 19', 'artículo 4', 'artículo 7', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 13', 'artículo 2', 'artículo 2', 'Artículo 173']

Resumen 260 Esp
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS* CASO MENDOZA Y OTROS VS.
ARGENTINA RESUMEN OFICIAL EMITIDO POR LA CORTE INTERAMERICANA SENTENCIA DE 14 DE MAYO DE 2013 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas) El 14 de mayo de 2013 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”) emitió una Sentencia, mediante la cual declaró internacionalmente responsable a la República Argentina (en adelante, “el Estado” o “Argentina”) por las violaciones de derechos humanos cometidas al haber impuesto penas de privación perpetua de la libertad a cinco personas por delitos cometidos durante su infancia. Asimismo, declaró al Estado responsable internacionalmente porque los códigos procesales penales aplicados en los casos de dichas personas no permitían una revisión amplia de sus juicios por un juez o tribunal superior; por la falta de adecuada atención médica a uno de los niños mencionados; por haber sometido a dos de las personas referidas a actos de tortura, sin haber investigado estos hechos adecuadamente, y por no haber investigado adecuadamente la muerte de uno de aquéllos mientras se encontraba bajo custodia estatal. I. Excepciones preliminares
El Estado interpuso cinco excepciones preliminares, dos indicando que la representante planteó “novedosamente” temas que supuestamente excedían el marco fáctico planteado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) en el Informe de fondo; una alegando la existencia de cosa juzgada internacional; una alegando que las pretensiones procesales de la representante respecto de una de las víctimas devinieron en abstractas, y otra alegando que la representante debió presentar sus pretensiones pecuniarias ante las instancias estatales. Respecto de las dos primeras excepciones preliminares mencionadas, la Corte indicó que los alegatos del Estado buscaban la determinación de la base fáctica del caso, lo cual sería abordado dentro del fondo.
De conformidad con el artículo 17 del Reglamento de la Corte aprobado en su LXXXV Período Ordinario de Sesiones, celebrado del 16 al 28 de noviembre de 2009, en la deliberación y firma de la Sentencia participaron los jueces Diego García-Sayán, Presidente, Manuel E. Ventura Robles, Vicepresidente, Margarette May Macaulay, Rhadys Abreu Blondet y Alberto Pérez Pérez. El Juez Leonardo A. Franco, de nacionalidad argentina, no participó en el presente caso, de conformidad con el artículo 19.1 del Reglamento de la Corte. Asimismo, el Juez Eduardo Vio Grossi informó al Tribunal que, por motivos de fuerza mayor, no podía estar presente en la deliberación y firma de la Sentencia. El Secretario del Tribunal es Pablo Saavedra Alessandri y la Secretaria Adjunta es Emilia Segares Rodríguez.
En cuanto a la tercera excepción preliminar, la Corte determinó que, en el marco de otro caso, las partes firmaron un acuerdo de solución amistosa mediante el cual el Estado reconoció su responsabilidad por la violación de los derechos a la vida, a la integridad física y a la salud de Ricardo David Videla, derivada de las condiciones en las que fue detenido hasta su muerte bajo custodia estatal. Por tanto, la Corte admitió la excepción del Estado, pero sólo en lo relativo a estos hechos. Así, la Corte precisó que el reconocimiento de responsabilidad estatal mencionado no incluyó hechos ni violaciones de derechos humanos en relación con las investigaciones llevadas a cabo por la muerte del señor Videla. Por tanto, la excepción del Estado no fue admitida en cuanto a la supuesta falta de investigación de este hecho. En cuanto a la cuarta excepción preliminar, la Corte consideró que la decisión de la Sala II de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza de 9 de marzo de 2012, que redujo la pena impuesta a Saúl Roldán a 15 años de prisión, constituía un hecho superviniente que no la inhibía de conocer un caso ya iniciado ante ella. En cuanto a la quinta excepción preliminar, la Corte señaló que durante el trámite ante la Comisión, el Estado no alegó la presunta falta de agotamiento de recursos internos respecto a los reclamos de indemnización a favor de las presuntas víctimas del caso, por lo que el alegato del Estado en este sentido durante esta etapa procesal era extemporáneo. II. Hechos A. Imposición de penas a perpetuidad por la comisión de delitos durante la infancia César Alberto Mendoza, Claudio David Núñez, Lucas Matías Mendoza, Saúl Roldán y Ricardo David Videla Fernández crecieron en barrios marginales, en una situación de exclusión y gran vulnerabilidad socioeconómica, con carencias materiales que condicionaron su desarrollo integral. Todos ellos fueron condenados a penas de privación perpetua de la libertad por delitos cometidos antes de haber alcanzado la mayoría de edad, con base en la Ley 22.278, relativa al Régimen Penal de la Minoridad, la cual data de la época de la dictadura argentina y tiene alcance nacional. Dicha Ley es aplicable a los adolescentes que al momento de la comisión del hecho delictivo que se les imputa aún no han cumplido los 18 años de edad. Los artículos 2 y 3 de la Ley 22.278 facultan a los jueces a disponer tutelarmente del niño que incurra en delito, durante la investigación y la tramitación del proceso, con independencia de la edad que tenga. No se prevé determinación o limitación temporal para las medidas que, discrecionalmente, se ordenen sobre los niños infractores de la ley. Según el artículo 4 de esta Ley, al cumplir 18 años de edad, y luego de haber sido sometido a tratamientos tutelares por lo menos por un período de un año, el juez puede imponer a éstos las penas previstas en el Código Penal de la Nación, el cual es aplicable a adultos. Este sistema deja un amplio margen de arbitrio al juez para determinar las consecuencias jurídicas de la comisión de un delito por personas menores de 18 años, tomando como base no sólo el delito, sino también otros aspectos como “los antecedentes del menor, el resultado del tratamiento tutelar y la impresión directa recogida por el juez”. Posteriormente se interpusieron recursos de casación, entre otros, en contra de las condenas impuestas a las cinco personas mencionadas, con base en los artículos 474 del Código Procesal Penal de la Provincia de Mendoza y 456 del Código Procesal Penal de la Nación, respectivamente. Dichos recursos fueron denegados porque lo que se procuraba era una revisión de cuestiones fácticas y probatorias, lo cual, de conformidad con las disposiciones señaladas, no era procedente.
A.1. Decisiones judiciales en Argentina posteriores a la emisión del Informe de fondo No. 172/10 de la Comisión y a la presentación del caso ante la Corte Interamericana El 22 de septiembre de 2011 la Suprema Corte de Justicia de Mendoza resolvió hacer lugar a un recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia a perpetuidad impuesta a Saúl Roldán, y el 9 de marzo de 2012 la Sala II de aquel tribunal resolvió casar dicha sentencia. Acogiendo el Informe de fondo 172/10 de la Comisión Interamericana, dicha corte resolvió imponer a Saúl Roldán la pena de 15 años. Con base en las recomendaciones contenidas en el Informe de fondo 172/10 de la Comisión, en abril de 2011 Lucas Matías Mendoza solicitó la revisión de la sentencia del Tribunal Oral de Menores de 12 de abril de 1999 que lo condenó a reclusión perpetua. Asimismo, se presentaron dos nuevos recursos de revisión a favor de Cesar Alberto Mendoza y Claudio David Núñez, utilizando los mismos fundamentos que el anterior. En agosto de 2012, la Cámara Federal de Casación Penal anuló las sentencias de las tres personas mencionadas, por lo que respecta a la imposición penas perpetuas. En septiembre de 2012 el Fiscal General de la Nación interpuso un recurso extraordinario federal en contra de esta decisión, el cual fue denegado, por lo que en octubre de 2012 dicho Fiscal interpuso un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Según la información aportada al Tribunal, a la fecha de emisión de la Sentencia, dicho recurso aún no había sido resuelto, por lo que la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal que concedió los recursos de revisión a favor de César Alberto Mendoza, Claudio David Núñez y Lucas Matías Mendoza aún no había quedado firme. B. Pérdida de visión de Lucas Matías Mendoza El 31 de julio de 1998, a los 17 años de edad, Lucas Matías Mendoza recibió un “pelotazo” en el ojo izquierdo. El diagnóstico realizado dieciocho días después determinó que se trataba de un desprendimiento de retina, y éste fue examinado nuevamente un año más tarde, el 31 de agosto de 1999, una vez sentenciado y trasladado al “Complejo Federal para Jóvenes Adultos (U.24)”. En esa oportunidad, el médico que lo examinó sugirió “extremar los cuidados en lo referente a la actividad física del interno, como así también el lugar de alojamiento, evitando al máximo la posibilidad de eventualidades que puedan empeorar el escaso capital visual con que c[ontaba]”. Sin embargo, no fue sino hasta el 30 de abril de 2003, casi cuatro años después, en que Lucas Matías Mendoza fue atendido otra vez. Fue examinado nuevamente en octubre de 2005, es decir, dos años y medio más tarde, y otra vez un año y nueve meses después, en julio de 2007. En esta última ocasión se reiteró que Lucas Matías Mendoza requeriría controles periódicos. Finalmente, el interno fue examinado el 6 de mayo de 2011, es decir, cuatro años más tarde, y fue a partir del informe resultante que el Juzgado Nacional de Ejecución Penal No. 2 ordenó su detención domiciliaria a fin de garantizarle el derecho a la salud. C. Muerte de Ricardo David Videla Fernández Ricardo Videla falleció el 21 de junio de 2005, a los 20 años de edad. Fue encontrado colgado, con un cinturón alrededor del cuello, de una ventana de una celda de la Penitenciaría de Mendoza. Mediante el Acuerdo de Solución Amistosa suscrito en agosto de 2007 en el caso No. 12.532, Internos de las Penitenciarías de Mendoza, el Estado reconoció “la responsabilidad objetiva de la Provincia de Mendoza”, por la violación de los artículos 4 y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la Convención”) en perjuicio de Ricardo Videla, entre otras personas, por las condiciones de detención en las que se encontraba dentro de dicha Penitenciaría, y porque éste “[f]ue encontrado ahorcado en su celda”.
C.1. Investigaciones iniciadas por la muerte de Ricardo David Videla Fernández El 21 de junio de 2005 se inició el expediente judicial P-46824/05, con la intervención de la Fiscalía de Instrucción No. 1 de la Unidad Fiscal Departamental de la Capital de la Provincia de Mendoza y el expediente administrativo No. 7.808-I-05, caratulado “Inspección General de Seguridad- Muerte de Ricardo David Videla alias [‘]El Perro[’] en Penitenciaria Provincial”. Durante la investigación ministerial de la muerte de Ricardo Videla se recopilaron declaraciones testimoniales del personal de la Penitenciaría Provincial de Mendoza, de diversos internos y de miembros de la Comisión de Seguimiento de Políticas Penitenciarias que visitaron dicha Penitenciaría en los días previos a su muerte. También se realizó una necropsia al cadáver del señor Videla y una inspección de su celda. Mediante resolución de 24 de julio de 2006, el juez de garantías del 10º Juzgado de Instrucción de Mendoza dispuso el archivo de la causa a solicitud de la Fiscal de Instrucción, basado en que, a su juicio, de la prueba obrante en autos no se desprendía la participación de terceros en el aparente suicidio de Ricardo Videla. Tampoco se desprendía, según el juez, que el personal penitenciario hubiera actuado indebidamente frente a las amenazas del interno Videla de autolesión, ni frente a su deber de acción inmediata una vez tomaron conocimiento de que se encontraba ahorcado. Además, mediante dicha resolución, el mencionado juez indicó que la determinación de las posibles responsabilidades del personal de la Penitenciaría de Mendoza por las condiciones dentro de la misma “escapa[ba] a la actividad judicial”, siendo ésta “materia propia de la esfera ejecutiva”. Por otro lado, luego de algunas actuaciones dentro del expediente administrativo, el 17 de mayo de 2006 el Instructor Sumariante solicitó a la Inspección General de Seguridad de la Provincia de Mendoza el archivo del expediente, puesto que, prima facie, no se desprendía que hubiere personal penitenciario alguno “involucrado” en la muerte del señor Videla y porque no se había imputado a ningún miembro del personal “judicialmente”. D. Las lesiones sufridas por Lucas Matías Mendoza y Claudio David Núñez en el Complejo Penitenciario Federal No. 1 de Ezeiza En diciembre de 2007 el abogado defensor de Lucas Matías Mendoza y Claudio David Núñez interpuso una denuncia ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional No. 2 fin de dar a conocer que el 9 de diciembre de 2007 los jóvenes habrían sufrido vejaciones mientras se encontraban en el Complejo Penitenciario Federal No. 1 de Ezeiza. En las actas de dicha institución de 9 y 13 de diciembre de 2007 se indica que aquéllos habrían manifestado que las lesiones que presentaban “[eran] producto de un altercado”, no obstante, en al menos cinco ocasiones distintas a partir de la denuncia interpuesta por su defensor, Lucas Matías Mendoza y Claudio David Núñez señalaron que el 9 de diciembre de 2007 fueron objeto de golpes por parte del personal penitenciario en la cabeza y otras partes del cuerpo. Por otro lado, entre los días 9 y 27 de diciembre de 2007 Lucas Matías Mendoza y Claudio David Núñez fueron revisados en al menos cinco ocasiones distintas por profesionales médicos del Complejo Penitenciario Federal No. 1 de Ezeiza, de la Procuración Penitenciaria de la Nación y del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los seis informes generados a partir de estas revisiones coincidieron en que Lucas Matías Mendoza sufrió lesiones dentro del Complejo Penitenciario Federal, y tres de éstos, dos de médicos penitenciarios y uno de la Procuración Penitenciaria de la Nación, refirieron que el interno presentaba hematomas en las plantas de los pies. Asimismo, cinco de los informes médicos referidos coincidieron en que Claudio David Núñez presentaba lesiones en distintas partes del cuerpo, y el informe elaborado por la Procuración Penitenciaria de la Nación
constató que presentaba “[h]ematoma, de forma irregular y bordes difusos, en borde externo a nivel del quinto metatarsiano” izquierdo. Después de aproximadamente seis meses, el Fiscal a cargo de las dos investigaciones iniciadas en relación con estos hechos solicitó el archivo de las mismas, porque las presuntas víctimas no identificaron a los supuestos perpetradores y por su “poca colaboración”. Lo anterior, pese a que los internos mencionados habían expresado temor de sufrir represalias por sus denuncias. III. Violaciones de derechos humanos declaradas por la Corte Interamericana
A. Derechos a la integridad personal, a la libertad personal y del niño en relación con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos En cuanto a la imposición de penas a perpetuidad por la comisión de delitos durante la infancia, a la luz del interés superior del niño como principio interpretativo dirigido a garantizar la máxima satisfacción de sus derechos, la Corte consideró que el Estado violó el artículo 7.3 de la Convención Americana, en relación con los artículos 19 y 1.1 de la misma, en perjuicio de César Alberto Mendoza, Lucas Matías Mendoza, Saúl Roldán, Ricardo Videla y Claudio David Núñez, puesto que dichas penas no son sanciones excepcionales, no implican la privación de la libertad por el menor tiempo posible ni por un plazo determinado desde el momento de su imposición, ni permiten la revisión periódica de la necesidad de la privación de la libertad de los niños. Asimismo, el Tribunal consideró que las penas privativas de libertad perpetuas, por su propia naturaleza, no cumplen con la finalidad de la reintegración social de los niños. Este tipo de penas implican la máxima exclusión del niño de la sociedad, de tal manera que operan en un sentido meramente retributivo, pues las expectativas de resocialización se anulan a su grado mayor. Por lo tanto, dichas penas no son proporcionales con la finalidad de la sanción penal a niños. En consecuencia, la Corte estimó que el Estado violó, en perjuicio de las personas mencionadas, el artículo 5.6 de la Convención Americana, en relación con los artículos 19 y 1.1 de la misma, al imponerles como penas la prisión y reclusión perpetuas, respectivamente. B. Derechos a la integridad personal y de los niños, en relación con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos i. La prisión y reclusión perpetuas como tratos crueles e inhumanos
La Corte estableció que la desproporcionalidad de las penas impuestas a las cinco víctimas, y el alto impacto psicológico de aquéllas, constituyeron tratos crueles e inhumanos. Por tanto, consideró que el Estado violó los derechos reconocidos en los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana, en relación con los artículos 19 y 1.1. de la misma, en perjuicio de dichas personas. ii. Falta de atención médica adecuada en relación con la pérdida de visión de Lucas Matías Mendoza La Corte consideró que Argentina incumplió su deber de realizar controles periódicos y regulares a lo largo de aproximadamente 13 años, a fin de salvaguardar la salud del niño Lucas Matías Mendoza mientras se encontraba bajo custodia estatal, no obstante las recomendaciones formuladas por los doctores que lo examinaron. De este modo, consideró que el Estado violó los artículos 5.1, 5.2 y 19 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Lucas Matías Mendoza.
Torturas sufridas por Lucas Matías Mendoza y Claudio David Núñez
Por la naturaleza y ubicación de las lesiones que presentaban Claudio David Núñez y Lucas Matías Mendoza, las cuales fueron constatadas en varios informes médicos, la Corte estimó que ambos fueron objeto de fuertes golpes en los pies consistentes con la práctica de la “falanga”, una forma típica de tortura, y que éstos indudablemente fueron infligidos intencionalmente mientras estuvieron privados de la libertad en el Complejo Penitenciario Federal No. 1 de Ezeiza. Para la Corte también era evidente que los golpes que recibieron en las plantas de sus pies y en otras partes del cuerpo mientras se encontraban bajo custodia estatal les causaron severos sufrimientos físicos. Además, si bien la Corte no contó con elementos para determinar el fin o propósito de los golpes que recibieron los jóvenes Mendoza y Núñez, resaltó que, de conformidad con la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, esta conducta puede ser realizada “con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin”. Por otro lado, como se menciona infra, Argentina no proporcionó las pruebas suficientes, mediante una investigación efectiva, para desvirtuar la presunción de responsabilidad estatal por las torturas sufridas por Lucas Matías Mendoza y Claudio David Núñez en las plantas de sus pies mientras se encontraban bajo custodia estatal. A la luz de lo anterior, la Corte concluyó que aquéllos fueron torturados dentro del Complejo Penitenciario Federal No. 1 de Ezeiza mediante el uso de la “falanga”, por lo que declaró al Estado responsable de la violación de los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado, en su perjuicio. C. Derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial y de los niños, en relación con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos, así como con las obligaciones establecidas en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura i. Investigación de la muerte de Ricardo David Videla Fernández
La Corte determinó que en el marco de la investigación judicial iniciada por la muerte de Ricardo Videla había indicios de que se encontraba en un estado depresivo en los días previos a su fallecimiento y que padecía sufrimientos debido, entre otros, a las condiciones deplorables en las que estaba detenido. No obstante, en ningún momento se indagó sobre las posibles responsabilidades del personal penitenciario por el presunto incumplimiento de su deber de prevenir afectaciones a su derecho a la vida, por las omisiones vinculadas, por un lado, con las condiciones carcelarias en que se encontraba y, por otro lado, con su estado de depresión, factores que pudieron haber contribuido a su muerte. Así, la Corte consideró que el Estado estaba bajo la obligación de seguir esta línea lógica de investigación y de desvirtuar la posibilidad de la responsabilidad de sus agentes, tomando en cuenta las medidas que debieron adoptar a fin de salvaguardar los derechos de una persona que se encontraba bajo su custodia, y de recaudar las pruebas que ello implicara. Por otro lado, en lo que respecta el expediente administrativo abierto a causa de la muerte de Ricardo Videla, la Corte señaló que la falta de determinación de responsabilidad penal no debe impedir que se continúe con la averiguación de otros tipos de responsabilidades, tales como la administrativa. Señaló, además, que dentro del expediente administrativo tampoco se investigó si existieron omisiones relacionadas con las condiciones en las que estaba alojado el interno o su estado psicológico, factores que pudieron haber incidido en su muerte. Por todo lo anterior, la Corte consideró que Argentina violó los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los padres de Ricardo David Videla Fernández.
ii. Investigación de las torturas cometidas en contra de Lucas Matías Mendoza y Claudio David Núñez La Corte observó que el Fiscal a cargo de las investigaciones iniciadas en relación con las torturas perpetradas en contra de Lucas Matías Mendoza y Claudio David Núñez, respectivamente, solicitó el archivo de las mismas después de aproximadamente seis meses, porque las presuntas víctimas no identificaron a los supuestos perpetradores y por su “poca colaboración”. Lo anterior, pese a que existían varios informes médicos y diversas declaraciones respecto a lo sucedido a los internos Mendoza y Núñez, en el sentido de que fueron golpeados por personal penitenciario en todo el cuerpo y en las plantas de los pies; a que dicho fiscal indicó que “en modo alguno se est[aba] en condiciones de negar la existencia del hecho denunciado”, y a que los internos habían expresado temor de sufrir represalias por sus denuncias, lo cual podría explicar su supuesta falta de cooperación. Por tanto, la Corte consideró que, en el presente caso, el Estado descargó en las presuntas víctimas su obligación de investigar, pese a que dicha obligación no puede depender de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios. Asimismo, determinó que las investigaciones fueron archivadas sin que el Estado haya proporcionado una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido, a fin de desvirtuar la presunción de responsabilidad estatal por las torturas sufridas por Lucas Matías Mendoza y Claudio David Núñez mientras se encontraban bajo su custodia. A la luz de lo anterior, la Corte concluyó que Argentina violó los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado, e incumplió las obligaciones establecidas en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en perjuicio de Lucas Matías Mendoza y Claudio David Núñez. iii. Derecho de recurrir de las sentencias condenatorias
La Corte determinó que, tal como está regulado el recurso de casación en el Código Procesal Penal de la Nación y en el Código Procesal Penal de la Provincia de Mendoza, no es posible la revisión de cuestiones fácticas y/o probatorias en las sentencias condenatorias por un juez o tribunal superior. Por tanto, consideró que el recurso de casación no era suficiente para garantizar a Saúl Roldán, César Alberto Mendoza, Claudio David Núñez, Lucas Matías Mendoza y Ricardo Videla el derecho de recurrir del fallo antes de que la sentencia condenatoria quedara firme y adquiriera calidad de cosa juzgada. En consecuencia, Argentina violó el artículo 8.2.h) de la Convención, en relación con los artículos 19, 1.1 y 2 de la misma, en su perjuicio. Sin perjuicio de ello, reconoció la importancia del “fallo Casal” dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con posterioridad a los hechos de este caso, el cual abandonó la limitación del recurso de casación a las cuestiones de derecho, permitiéndose de esta manera la revisión de cuestiones de hecho y prueba en sentencias condenatorias. D. Derecho a la integridad personal de los familiares de las víctimas La Corte consideró que los familiares de César Alberto Mendoza, Claudia David Núñez, Lucas Matías Mendoza, Saúl Roldán y Ricardo Videla sufrieron dolor y angustia por la imposición de penas a perpetuidad sobre aquéllos por la comisión de delitos siendo niños, lo cual llevó a la desintegración familiar y en ocasiones, a afectaciones físicas. Todo esto tuvo un impacto en la integridad personal de dichos familiares, en violación del artículo 5.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en su perjuicio. E. Deber de adoptar disposiciones de derecho interno La Corte estimó que, al permitir la consideración de otros elementos más allá del delito cometido, así como la posibilidad de imponer a niños sanciones penales previstas para adultos,
la Ley 22.278 es contraria al principio de proporcionalidad de la sanción penal a niños. Asimismo, destacó que el plazo de 20 años contemplado en el artículo 13 del Código Penal de la Nación al momento de los hechos para que los niños pudieran solicitar por primera vez la libertad y pudieran reintegrarse a la sociedad, era abiertamente desproporcionado, pues los niños son obligados a permanecer más tiempo privados de la libertad que el tiempo vivido antes de la comisión de los delitos y de la imposición de la pena. En consecuencia, la Corte concluyó que el Estado incumplió con la obligación contenida en el artículo 2 de la Convención, en relación con los artículos 7.3 y 19 de la misma, en perjuicio de Saúl Roldán, Ricardo Videla, César Alberto Mendoza, Claudio David Núñez y Lucas Matías Mendoza. Por otro lado, la Corte estableció que de la literalidad de los artículos 474 del Código Procesal Penal de la Provincia de Mendoza y 456 del Código Procesal Penal de la Nación, respectivamente, no es posible la revisión de cuestiones fácticas y/o probatorias en sentencias condenatorias por un juez o tribunal superior. En consecuencia, la Corte concluyó que el Estado incumplió con la obligación contenida en el artículo 2 de la Convención Americana, en relación con los artículos 8.2.h) y 19 de la misma, en perjuicio de Saúl Roldán, Ricardo David Videla Fernández, César Alberto Mendoza, Claudio David Núñez y Lucas Matías Mendoza. IV. Reparaciones
La Corte estableció que su Sentencia constituye per se una forma de reparación y, adicionalmente, ordenó al Estado: como medidas de rehabilitación, (i) brindar gratuitamente, a través de sus instituciones o personal de salud especializados, y de forma inmediata, adecuada y efectiva, el tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico necesario, a Lucas Matías Mendoza y Claudio David Núñez, y el tratamiento psicológico o psiquiátrico necesario a César Alberto Mendoza y Saúl Roldán. En el caso de Lucas Matías Mendoza, la Corte ordenó que de manera inmediata, el Estado otorgue el tratamiento oftalmológico, quirúrgico y/o terapéutico especializado que permita atenuar o mejorar sus lesiones visuales, y (ii) asegurar a las víctimas ya mencionadas, las opciones educativas o de capacitación formales que ellos deseen, incluyendo educación universitaria, a través del sistema penitenciario o, en caso de que se encuentren en libertad, a través de sus instituciones públicas; como medida de satisfacción, (iii) publicar y difundir las partes pertinentes de la Sentencia; como garantías de no repetición, (iv) ajustar su marco legal a los estándares internacionales señalados en la Sentencia en materia de justicia penal juvenil y diseñar e implementar políticas públicas para la prevención de la delincuencia juvenil a través de programas y servicios eficaces que favorezcan el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes; (v) asegurar que no se vuelva a imponer la prisión o reclusión perpetuas a quienes hayan cometido delitos siendo menores de edad, y garantizar que las personas que actualmente se encuentren cumpliendo dichas penas por delitos cometidos siendo menores de edad puedan obtener una revisión de las mismas que se ajuste a los estándares expuestos en la Sentencia; (vi) adecuar su ordenamiento jurídico interno a fin de garantizar el derecho de recurrir del fallo ante un juez o tribunal superior, y (vii) implementar, en un plazo razonable, si no existieran actualmente, programas o cursos obligatorios sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos y de la niñez, incluyendo aquéllos relativos a la integridad personal y la tortura, como parte de la formación general y continua del personal penitenciario federal y de la Provincia de Mendoza, así como de los jueces con competencia sobre delitos cometidos por niños; (viii) investigar con debida diligencia, la muerte de Ricardo Videla y la tortura sufrida por Lucas Matías Mendoza y Claudio David Núñez, y, como medidas indemnizatorias, (ix) pagar las cantidades fijadas por daño material e inmaterial sufrido, y (x) reintegrar al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas.
La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. El texto íntegro de la Sentencia puede consultarse en el siguiente enlace: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_260_esp.pdf.
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