Source: https://suprema-corte.vlex.com.mx/vid/806066501
Timestamp: 2020-07-07 09:37:56
Document Index: 163781590

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 124', 'ARTÍCULO 124', 'ARTÍCULO 124', 'artículo 124', 'artículo 124', 'artículo 124', 'artículo 14', 'artículo 115', 'ARTÍCULO 115', 'artículo 124', 'artículo 41', 'artículo 19', 'artículo 124', 'artículo 41', 'artículo 21', 'artículo 124', 'artículo 29', 'Artículo 105', 'artículo 34', 'Artículo 105', 'artículo 124', 'artículo 150', 'artículo 21', 'artículo 747', 'artículo 124', 'artículo 21', 'Artículo 105', 'artículo 124', 'artículo 124', 'artículo 38', 'artículo 57', 'artículo 70', 'artículo 12', 'artículo 124', 'artículo 115', 'artículo 124', 'artículo 124', 'artículo 124', 'artículo 115', 'artículo 41', 'Artículo 105', 'artículo 124', 'artículo 115', 'artículo 115', 'artículo 123', 'ARTÍCULO 115', 'artículo 115', 'artículo 115', 'artículo 178', 'artículo 124', 'artículo 105', 'artículo 44', 'Artículo 21', 'Artículo 747', 'Artículo 2', 'artículo 124', 'Artículo 19', 'artículo 21', 'Artículo 20', 'Artículo 45', 'Artículo 36', 'Artículo 38', 'artículo 105', 'Artículo 57', 'Artículo 70', 'Artículo 12', 'artículo 25', 'Artículo 105', 'artículo 25', 'Artículo 105', 'Artículo 40', 'Artículo 178', 'artículo 41', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'artículo 105', 'Artículo 105', 'Artículo 44']

Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 806066501
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 231/2017. MUNICIPIO DE TEMOAC, ESTADO DE MORELOS.I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA UN SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA (ARTÍCULO 124, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ACUERDO POR EL QUE SE DESTITUYE DE SU CARGO AL PRESIDENTE DE UN AYUNTAMIENTO ES UN ACTO QUE AFECTA LA INTEGRACIÓN DE ESE ÓRGANO, LO QUE JUSTIFICA SU INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVERLA. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE DESESTIMARSE. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES PROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE AFECTA LA INTEGRACIÓN DE UN AYUNTAMIENTO (ACUERDO POR EL QUE EL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS ORDENA DESTITUIR AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEMOAC DE ESA ENTIDAD). V. DESTITUCIÓN POR EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. LA INTERPRETACIÓN CONFORME DE LA NORMATIVA QUE LA REGULA PERMITE CONSIDERAR QUE EL VOCABLO "INFRACTOR" NO INCLUYE A LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO (ARTÍCULO 124, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS). VI. DESTITUCIÓN DE PRESIDENTE MUNICIPAL POR INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. EL TRIBUNAL RESPECTIVO DEL ESTADO DE MORELOS CARECE DE ATRIBUCIONES PARA ORDENARLA, TODA VEZ QUE ELLO ES FACULTAD DEL CONGRESO LOCAL (INVALIDEZ DEL ACUERDO POR EL QUE SE DESTITUYE DE SU CARGO AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEMOAC DE ESA ENTIDAD). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE ÚNICAMENTE TIENE EFECTOS RESPECTO DEL MUNICIPIO ACTOR (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS Y DEL ACUERDO EMITIDO POR EL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS POR EL QUE SE ORDENÓ LA DESTITUCIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEMOAC DE ESA ENTIDAD).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 231/2017. MUNICIPIO DE TEMOAC, ESTADO DE MORELOS. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS A.P.D., J.L.P., J.F.F.G.S., M.B. LUNA RAMOS Y EDUARDO MEDINA MORA I. PONENTE: A.P.D.. SECRETARIA: MARÍA ESTELA FERRER MAC GREGOR POISOT.
Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día catorce de marzo de dos mil dieciocho.
PRIMERO.—Demanda. Por escrito recibido el once de agosto de dos mil diecisiete, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, S.V.R.Z., en su carácter de síndico del Ayuntamiento de Temoac, Estado de M., promovió controversia constitucional en representación de dicho Municipio, en la que demandó la invalidez de los actos que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades del Estado de M. que a continuación se señalan:
7. Presidente ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.
8. Secretaria general del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.
2. Resolución tomada por el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M., el siete de marzo de dos mil diecisiete, en la que declaró procedente la destitución de la presidenta y del síndico municipales del Ayuntamiento de Temoac, M., dentro del expediente del juicio laboral **********, por no atender el requerimiento hecho en el acuerdo de tres de marzo de dos mil dieciséis.
3. Acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, por el que el presidente ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M. ordenó hacer del conocimiento del síndico municipal del Ayuntamiento de Temoac, M., la determinación plenaria de destitución de su cargo.
4. Oficios de doce de abril de dos mil diecisiete, identificados con el número **********, dirigidos a los regidores del Ayuntamiento de Temoac, M., por los que se les requiere para que en el improrrogable término de tres días, realicen las gestiones necesarias para materializar la destitución del cargo de la presidenta y del síndico municipales.
1. El uno de enero de dos mil dieciséis, se integró el Ayuntamiento de Temoac, Estado de M., con una presidenta municipal, un síndico y tres regidores.
2. El diecisiete de julio de dos mil diecisiete, se enteró el síndico municipal del Ayuntamiento de Temoac, M., de la determinación tomada por el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de la entidad, el siete de marzo de dos mil diecisiete, dictada dentro del expediente laboral **********, de declarar procedente la imposición de la sanción de destitución del cargo de la presidenta y del síndico municipales, fundándose en el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil de la entidad, en contravención al numeral 115 de la Constitución General de la República.
TERCERO.—Preceptos constitucionales señalados como violados y concepto de invalidez. El Municipio actor señaló como transgredidos en su perjuicio los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y planteó, en síntesis, los siguientes conceptos de invalidez:
El artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M., no cumple con los requisitos constitucionales para su creación, violentando así el segundo párrafo del numeral 14 de la Constitución Federal, ya que no existe la iniciativa de ley, ni el dictamen de la Comisión de Trabajo o Puntos Constitucionales del Congreso del Estado; no hubo discusión del contenido del dictamen de la norma por parte del Pleno del Congreso; tampoco existe el procedimiento de votación para su aprobación, ni la observancia de la fórmula de expedición, ni se acató la sanción, ni el refrendo por parte de los secretarios de Gobierno y del trabajo, ni la promulgación, la publicación y la fecha de inicio de vigencia de la norma para que pueda ser observada.
Por otro lado, el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M., transgrede el numeral 115 de la Constitución General de la República, al establecer que las infracciones a la citada Ley del Servicio Civil que no tengan prevista otra sanción y la desobediencia a las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, se castigarán con destitución del infractor sin responsabilidad para el Gobierno del Estado o de los Municipios, sanción que será impuesta en su caso, por el mencionado tribunal, desconociendo que esa atribución corresponde a las Legislaturas de los Estados, únicas facultadas para determinar, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, la suspensión de Ayuntamientos, declarar que han desaparecido y suspender o revocar el mandato de alguno de sus miembros por alguna de las causas graves que prevenga la ley local, siempre que se dé a sus miembros la oportunidad suficiente para rendir pruebas y plantear los alegatos que a su interés convenga.
De igual manera, el acuerdo de destitución de la presidenta y del síndico municipales transgrede lo establecido por el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley Suprema, que consagra el derecho de toda persona, a que con anterioridad a la emisión de un acto de autoridad que pueda privarla de sus derechos o posesiones, se le conceda la oportunidad razonable de defenderse en juicio, de probar y alegar ante tribunales independientes, imparciales y previamente establecidos.
El acuerdo de destitución impugnado transgrede lo señalado en la fracción I del artículo 115 del Ordenamiento Supremo, pues se decretó la destitución de la presidenta y del síndico municipales sin notificar al Ayuntamiento, específicamente, al síndico que tiene su representación, el inicio del procedimiento relativo para darle oportunidad de defensa, desconociéndose que el Poder Reformador de la Constitución salvaguardó la integración y la continuidad en el ejercicio de las funciones de los Municipios al facultar de manera exclusiva a los Congresos Locales para afectar dicha integración, lo que reconoció el Congreso del Estado de M. al establecer el procedimiento relativo en la ley orgánica municipal de la entidad.
Invoca el Municipio actor, en apoyo de sus argumentos, las jurisprudencias de rubros: "CONGRESOS ESTATALES. SON LOS ÚNICOS FACULTADOS POR LA CONSTITUCIÓN FEDERAL PARA SEPARAR O SUSPENDER DE SU ENCARGO A LOS MIEMBROS DE UN AYUNTAMIENTO." y «P./J. 115/2004», "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ACTO POR EL CUAL LA LEGISLATURA DE UN ESTADO DECLARA LA SUSPENSIÓN O DESAPARICIÓN DE UN AYUNTAMIENTO, SIN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN I, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, TRANSGREDE LA PRERROGATIVA CONCEDIDA A DICHO ENTE MUNICIPAL, CONSISTENTE EN SALVAGUARDAR SU INTEGRACIÓN Y CONTINUIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES DE GOBIERNO."
CUARTO.—Admisión a trámite de la controversia constitucional. Por acuerdo de once de agosto de dos mil diecisiete, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 231/2017 y, por razón de turno por conexidad, se designó como instructor al Ministro A.P.D..
En auto de catorce de agosto de dos mil diecisiete, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda; tuvo como demandados sólo a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de M., a los secretarios de Gobierno y del Trabajo, así como al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, a los que ordenó emplazar para que formularan su contestación; por último, mandó dar vista a la Procuraduría General de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
QUINTO.—Contestaciones de demanda. Compareció en representación del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M., su presidente y tercer árbitro, por excusa del titular, aduciendo que se configuran las siguientes causas de improcedencia: a) la determinación de destitución de la presidenta y del síndico municipales de Temoac, Estado de M., que se combate; constituye una resolución de carácter jurisdiccional en términos de los artículos 41, 42 y 43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la entidad, por lo que en su contra es improcedente la controversia constitucional de conformidad con la tesis número 2a. CVII/2009, intitulada: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIONES JURISDICIONALES CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA QUE DA LUGAR AL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA RELATIVA."; b) la aplicación de la sanción que prevé el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M., se hizo válida a partir de la entrada en vigor de la reforma realizada a la ley orgánica municipal, en específico la fracción XXXIX de su artículo 41, publicada en el Periódico Oficial de la entidad de veintitrés de enero de dos mil catorce, que establece la obligación de la presidenta y del síndico municipales de cumplir y hacer cumplir los laudos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, razón suficiente para considerar que se actualiza el supuesto explicado en la tesis jurisprudencial «P. XV/2009», que lleva por rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA PROMOVERLA CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS GENERALES A PARTIR DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN REALIZADO EN UNA DIVERSA DISPOSICIÓN DE OBSERVANCIA GENERAL, ES DE TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE ESTA ÚLTIMA."; y c) se actualiza el supuesto previsto en la fracción III del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia porque el Municipio actor promovió la diversa controversia constitucional 152/2017 en contra del numeral 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M., con motivo de la asunción de competencia por parte del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para ordenar la destitución de la presidenta municipal de Temoac, M., dentro de un juicio laboral.
En cuanto al fondo, sostienen, esencialmente, que no tiene razón el Municipio actor al pretender que se declare la invalidez del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M. y su acto de aplicación, ya que el artículo 41, fracción XXXIX, de la ley orgánica municipal de la entidad establece la obligación a cargo de los presidentes municipales de dar cumplimiento a los laudos emitidos por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, por lo que si en términos del numeral 123 de la Ley del Servicio Civil, las resoluciones dictadas por dicho tribunal son inapelables y se cumplirán por la autoridad correspondiente, no hay duda que procede aplicar la sanción prevista en la fracción II del diverso numeral 124 de la citada Ley del Servicio Civil, al funcionario que no cumpla lo ordenado en un laudo, como ocurrió en el caso, ya que la presidenta y el síndico municipales de Temoac, M., desatendieron el laudo dictado en el expediente **********.
Por otro lado, el secretario de Gobierno del Estado de M. y el consejero jurídico, éste en representación del Poder Ejecutivo de la entidad, en su contestación de demanda plantearon la improcedencia del juicio por lo siguiente: a) falta de legitimación del Municipio actor en tanto el Ejecutivo de la entidad y el secretario de Gobierno no han realizado ningún acto que invada su esfera de competencia, y por la misma razón, se afirma que dicho Ejecutivo y secretario carecen de legitimación pasiva; y, b) se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 21, fracción II, en relación con el 19, fracción VII, de la ley reglamentaria de la materia, ya que el acuerdo de destitución en el expediente laboral ********** no es el primer acto de aplicación del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M., sino que con anterioridad se promovieron las diversas controversias constitucionales 173/2016 y 152/2017, con motivo de otro acto de aplicación. En cuanto al fondo, sostienen que el Municipio actor no da razones para sustentar su afirmación en cuanto a la falta de cumplimiento de los requisitos para la creación de normas, advirtiéndose que la promulgación y el refrendo de la disposición impugnada se ajusta a las facultades constitucionales y legales que corresponden al Ejecutivo Local y al secretario de Gobierno, además de que la sanción de destitución de la presidenta y del síndico municipales de Temoac, M., constituye sólo una medida de apremio para hacer efectivas las determinaciones del órgano jurisdiccional laboral, misma que cuenta con la debida fundamentación y motivación, además de que en el procedimiento relativo se dio intervención a la autoridad municipal.
En la contestación de demanda formulada por el secretario del trabajo, se señaló en relación con los hechos, que no se niegan ni se afirman por no ser hechos propios, pero se advierte de la demanda y de los documentos exhibidos con la misma, que el Municipio actor conoció la existencia del juicio laboral y de la resolución dictada en el procedimiento relativo, teniendo la oportunidad de hacer valer los medios legales correspondientes. En relación con el refrendo destacó que carece de atribuciones para refrendar los decretos promulgatorios del Ejecutivo del Estado, lo que corresponde en exclusiva al secretario de Gobierno.
Por último, en representación del Poder Legislativo del Estado de M. compareció la presidenta de la mesa directiva, la que señaló que el Municipio actor carece de interés legítimo, pues el Congreso de la entidad cuenta con facultades, específicamente en términos del numeral 40, fracción II, de la Constitución de la entidad, para expedir, reformar y derogar o abrogar las leyes, decretos y acuerdos para el gobierno y administración del Estado, por lo que no invade la esfera competencial de dicho Municipio ni vulnera su autonomía, en tanto que la disposición impugnada cumple con todos los requisitos constitucionales para la creación de normas y, además, en ella sólo se dotó al tribunal laboral local de la atribución de sancionar por la desobediencia a sus determinaciones, mediante la destitución del infractor sin responsabilidad para el Gobierno Estatal o Municipal, ello con el objeto de que cuente con los medios necesarios para asegurar el respeto a sus decisiones y, con ello, garantizar el derecho de acceso a la justicia en los términos exigidos por el numeral 17 de la Constitución Federal.
SÉPTIMO.—Audiencia, cierre de instrucción y avocamiento. Sustanciado el procedimiento en la controversia constitucional, el cinco de diciembre de dos mil diecisiete, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que, en términos del artículo 34 de la propia ley, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas documentales, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, ofrecidas y aportadas durante la instrucción del juicio; se tuvieron por formulados los alegatos del secretario del Trabajo del Gobierno del Estado de M. y se puso el expediente en estado de resolución.
PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, 10, fracción I, y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los puntos segundo, fracción I, y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiuno de mayo siguiente, ya que se plantea un conflicto entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como los secretarios de Gobierno y del Trabajo y el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, todos del Estado de M., y uno de sus Municipios, el de Temoac, sin que sea necesaria la intervención del Tribunal Pleno, debido a que el estudio de fondo versa únicamente sobre actos y no sobre alguna norma de carácter general.
El Municipio actor impugna el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M., publicada en el Periódico Oficial de la entidad de seis de septiembre de dos mil, con motivo de su aplicación efectuada en la sesión celebrada por el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, el siete de marzo de dos mil diecisiete, en la que declaró procedente la imposición de la sanción consistente en la destitución de la presidenta y del síndico municipales del Ayuntamiento de Temoac, M., dentro del expediente del juicio laboral **********, así como su notificación y la comunicación contenida en los oficios de doce de abril de dos mil diecisiete, identificados con el número **********, dirigidos a los regidores requiriéndoles para que en el improrrogable término de tres días realicen las gestiones necesarias para materializar la destitución del cargo de la presidenta y del síndico municipales.
Ahora bien, de la sesión celebrada por el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M., el siete de marzo de dos mil diecisiete,(2) en relación con la determinación de imponer la sanción de destitución a la presidenta y al síndico municipales del Ayuntamiento de Temoac, M., por hacer caso omiso al último requerimiento que se les hizo en, auto de tres de marzo de dos mil dieciséis, con el fin de que acataran lo determinado en el laudo pronunciado en el juicio laboral **********, se lee:
"Cuernavaca, M.; a siete de marzo del año dos mil diecisiete. Y estando debidamente integrado el Pleno de este Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M., se procede a resolver sobre la imposición de las medidas de apremio decretadas mediante acuerdo de fecha tres de marzo de dos mil dieciséis, dictado dentro del expediente **********, promovido por el actor C. **********, consistente en la destitución del cargo al presidente y síndico del H. Ayuntamiento Constitucional de Temoac, M., en virtud de no haber dado cumplimiento al laudo de fecha veintiséis de junio de dos mil nueve ..."Resuelve:
"ÚNICO: En atención a los considerandos primero, segundo, tercero y cuarto, por unanimidad de votos, se declara procedente la aplicación de las sanciones decretadas mediante acuerdo de fecha tres de marzo del año dos mil dieciséis, dictado en los autos del expediente al rubro citado, ante la contumacia en que ha incurrido la parte demandada, esto es:
"Se decreta la destitución del cargo de presidente municipal y del síndico municipal del Ayuntamiento Constitucional de Temoac, M., en virtud de no haber dado cumplimiento al requerimiento realizado por esta autoridad; por lo que se ordena girar oficios al C. de dicha entidad municipal, para que de manera inmediata hagan efectiva la separación del cargo declarada y lo informen a este tribunal.
"Lo anterior, al haberse aplicado la destitución en caso de incumplimiento a los requerimientos realizados por este H. Tribunal al C. Presidente y síndico del H. Ayuntamiento de Temoac, M. ...
"De lo que se advierte que resulta una obligación del Ayuntamiento de Temoac, M., el dar total y cabal cumplimiento a cada una de las prestaciones a que fue condenado mediante laudo de fecha veintiséis de junio del año dos mil nueve, emitido por esta autoridad, de igual forma este tribunal de acuerdo a lo establecido en el artículo 150 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado de aplicación supletoria al presente procedimiento, tiene la obligación de proveer la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, dictando todas las medidas a su alcance a fin de lograr el cumplimiento del laudo por parte del Ayuntamiento demandado, así mismo los artículos 123 y 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de M. establecen las medidas legales con las que cuenta este tribunal para efecto de hacer cumplir sus resoluciones, artículos que a la letra indican: ...
"N. personalmente y cúmplase.- Así lo resolvieron y firmaron al margen para constancia legal y al margen los CC. Integrantes de este H. Tribunal estatal ..."
En cumplimiento a la determinación del Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M., su presidente ejecutor, mediante oficios ********** y **********,(3) de doce de abril de dos mil diecisiete, hizo del conocimiento de la presidenta y del síndico municipales de Temoac, M., la referida determinación plenaria, y mediante diversos oficios de número **********(4) de la misma fecha, se requirió a los regidores para que en el improrrogable término de tres días realizaran las gestiones necesarias para materializar la destitución del cargo de la presidenta y del síndico municipales.
Se sigue de lo anterior, que si en la sesión celebrada por el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M., el siete de marzo de dos mil diecisiete, se hizo efectivo el apercibimiento hecho en el acuerdo de tres de marzo de dos mil dieciséis, declarándose procedente la imposición de la sanción consistente en la destitución de la presidenta y del síndico municipales del Ayuntamiento de Temoac, M., por no acatar el laudo dictado en el expediente del juicio laboral **********, mismo en que el presidente ejecutor del mencionado tribunal dictó los oficios por los que hizo del conocimiento de los integrantes de dicho Ayuntamiento la determinación de destitución aludida, se concluye que se trata de actos de aplicación de la disposición impugnada en perjuicio del Municipio actor.
Establecido lo anterior, debe tenerse presente que el artículo 21, fracciones I y II, de la ley reglamentaria de la materia,(5) establece que el plazo para la presentación de la demanda, tratándose de actos será de treinta días contados a partir de que surta efectos su notificación conforme a la ley del propio acto, al en que se haya tenido conocimiento del mismo o al en que el actor se ostente sabedor de él, así como que tratándose de normas generales, dicho plazo será de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de su aplicación.
Ahora bien, la determinación del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M. de siete de marzo de dos mil diecisiete, de destituir a la presidenta y al síndico municipales del Ayuntamiento de Temoac, M., fue notificada a este Municipio el catorce de julio de dos mil diecisiete, ya que consta en el acta relativa(6) que en virtud de encontrarse cerradas las oficinas del Ayuntamiento de Temoac, M., a pesar del citatorio del día trece de julio anterior,(7) el actuario procedió a "Dejar fijada en un lugar visible copia debidamente autorizada de la resolución de fecha siete de marzo del dos mil diecisiete en la (sic) oficinas respectivas, así como los originales de los instructivos de notificación, anexando copias al carbón al presente razonamiento."
Dicha notificación surtió efectos el día en que se practicó de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 747, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo,(8) de aplicación supletoria según lo previsto en el numeral 11 de la Ley del Servicio Civil del Estado de M.,(9) por lo que el plazo para presentar la demanda transcurrió del martes uno de agosto de dos mil diecisiete, al lunes once de septiembre siguiente, descontándose del cómputo respectivo los días quince de julio, cinco, seis, doce, trece, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de agosto, dos, tres, nueve y diez de septiembre, por haber sido sábados y domingos, respectivamente, así como del dieciséis al treinta y uno de julio por corresponder al primer periodo vacacional del Alto Tribunal, todo ello de conformidad con los artículos 2 y 3 de la ley reglamentaria de la materia,(10) en relación con el numeral 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación(11) y el punto primero, incisos a), b) y m) del Acuerdo General Número 18/2013,(12) dictado por el Pleno de esta Suprema Corte el diecinueve de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de noviembre siguiente, relativo a la determinación de los días hábiles e inhábiles respecto de los asuntos de su competencia, así como los de descanso para su personal.
De esta forma, al haberse recibido la demanda de controversia constitucional en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el viernes once de agosto de dos mil diecisiete, según sello fechador que obra en la misma, debe concluirse que fue promovida oportunamente por lo que se refiere a la determinación tomada por el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M., en la sesión celebrada el siete de marzo de dos mil diecisiete, en el sentido de hacer efectivo el apercibimiento hecho en el acuerdo de tres de marzo de dos mil dieciséis, declarándose procedente la imposición de la sanción consistente en la destitución de la presidenta y del síndico municipales del Ayuntamiento de Temoac, M., por no acatar el laudo dictado en el expediente del juicio laboral **********, así como en torno a los oficios de doce de abril de dos mil diecisiete.
Por lo que se refiere a la impugnación del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil, se advierte que la misma no se realiza en virtud de la publicación de la norma, en tanto ello ocurrió en el Periódico Oficial de la entidad de seis de septiembre de dos mil, sino con motivo de su aplicación. Sin embargo, el cómputo relativo para determinar la oportunidad de su impugnación no puede hacerse a partir de los actos de aplicación controvertidos en esta controversia constitucional, a que se hizo referencia en el párrafo precedente, ya que con anterioridad al siete de marzo de dos mil diecisiete en que se produjo el primero de ellos, el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M., ya había aplicado el citado numeral 124, fracción II, al Municipio de Temoac, M..(13)
Por tanto, los actos de aplicación que ahora impugna el Municipio de Temoac, M., no lo legitiman para impugnar de nueva cuenta el citado numeral 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil de la entidad, en tanto que el artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, establece como plazo para presentar la demanda de controversia constitucional en contra de normas generales, el de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia, sin que pueda reclamarse la misma norma general con motivo de un segundo o ulterior acto de aplicación, tal como se establece en la siguiente jurisprudencia P./J. 121/2006:(14)
TERCERO.—Legitimación activa. El Municipio de Temoac, Estado de M., compareció al presente juicio por conducto de S.V.R.Z., en su carácter de síndico del Ayuntamiento, lo que acreditó con la copia certificada de la constancia de mayoría expedida por el Consejo Municipal Electoral, el diez de junio de dos mil quince,(17) en la que consta tal carácter.
En consecuencia, se reconoce legitimación a quien compareció en representación del Municipio de Temoac, Estado de M., lo que se refuerza con el criterio contenido en la tesis 2a. XXVIII/2012 (10a.),(21) que establece:
CUARTO.—Legitimación pasiva. Tienen el carácter de autoridades demandadas en esta controversia constitucional el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, los secretarios de Gobierno y del Trabajo y el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, todos del Estado de M., el cual les fue reconocido así en el auto dictado por el Ministro instructor, el catorce de agosto de dos mil diecisiete.
A los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de M. y al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, se reconoce legitimación pasiva en la causa por ser los órganos que expidieron, promulgaron y aplicaron, respectivamente, el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M. que se impugna, ello en atención a lo previsto en los numerales 105, fracción I, inciso i), de la Constitución y 10, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia.(22)
En relación con los secretarios de Gobierno y del Trabajo del Estado de M., cabe precisar que es criterio definido de este Alto Tribunal,(23) que tratándose del reconocimiento de la legitimación pasiva en las controversias constitucionales, no se requiere, necesariamente, ser un órgano originario del Estado, así como que en el caso específico del acto de refrendo de los decretos y reglamentos del Ejecutivo, a cargo de los secretarios de Estado, reviste autonomía, por constituir un medio de control del ejercicio del Poder Ejecutivo, por lo que los referidos secretarios cuentan con legitimación pasiva en la controversia constitucional, cuando, como ocurre en el caso, se les imputa haber omitido el refrendo del decreto promulgatorio de la Ley del Servicio Civil del Estado de M., en que se ubica el artículo 124, fracción II, cuya invalidez solicita el Municipio actor.
Por lo que se refiere a las personas que comparecieron en representación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, y los secretarios de Gobierno y del Trabajo del Estado de M. y del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, cabe considerar lo siguiente:
a) Poder Legislativo. Por el Poder Legislativo del Estado de M. comparece B.V.A., en su carácter de diputada presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la entidad, titularidad que acredita con la copia certificada del acta de la sesión celebrada el doce de octubre de dos mil dieciséis, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la LIII Legislatura.(24)
b) Poder Ejecutivo. Por el Poder Ejecutivo del Estado de M. comparece J.A.G.C.P., en su carácter de consejero jurídico, lo que acredita con el Periódico Oficial de la entidad de diecinueve de abril de dos mil diecisiete,(26) en que se publica su nombramiento.
A dicho funcionario corresponde la representación jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de M., en términos de lo previsto en el artículo 38, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública de dicho Estado.(27)
Establece el artículo 57 de la Constitución Local,(28) que el Poder Ejecutivo de la entidad se ejerce por el gobernador del Estado, quien está facultado para designar al consejero jurídico conforme al artículo 70, fracción VI, de la propia Constitución del Estado.(29) El gobernador del Estado delegó y autorizó al consejero jurídico para ejercer las facultades y atribuciones que requieran de acuerdo previo, según consta en el acuerdo publicado en el Periódico Oficial de la entidad de once de junio de dos mil quince,(30) por lo que dicho consejero jurídico está facultado para constituirse como representante legal del gobernador del Estado de M., en la presente controversia constitucional.
c) Secretarios de Gobierno y del Trabajo. Comparece ostentando el cargo de secretario de Gobierno del Estado de M., M.Q.M., lo que acredita con el Periódico Oficial de la entidad de catorce de octubre de dos mil catorce,(31) por lo que se le reconoce legitimación.
De igual manera se reconoce legitimación a F.A.S.A., quien se ostenta como secretario del Trabajo del Gobierno del Estado de M., ya que lo acredita con la copia fotostática de su nombramiento.(32)
d) Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M.. Suscribe la contestación de demanda I.I.L.R., Secretaria General, carácter que acreditó con la solicitud de movimientos de personal,(33) en funciones de presidente y tercer árbitro del Tribuna Estatal de Conciliación y Arbitraje, por excusa del titular, por lo que procede reconocerle legitimación en tanto la representación legal de dicho órgano jurisdiccional corresponde a su presidente, en términos de lo dispuesto por el artículo 12, fracción XIII, del Reglamento Interior del propio Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.(34)
QUINTO.—Causales de improcedencia. Dado que ya se determinó sobreseer en la controversia constitucional por lo que se refiere al artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M., procede esta Segunda Sala a examinar las causales de improcedencia hechas valer en cuanto afectan la procedencia de la controversia constitucional en torno a los actos de su aplicación, a saber, la sesión celebrada por el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje el siete de marzo de dos mil diecisiete, en la que declaró procedente la imposición de la sanción consistente en la destitución de la presidenta y del síndico municipales del Ayuntamiento de Temoac, M., así como los oficios de doce de abril del mismo año.
Al respecto, se determina que es infundada la pretensión relativa a la falta de interés legítimo del Municipio actor, ya que los actos impugnados referidos en el párrafo precedente afectan la integración del Ayuntamiento del Municipio de Temoac, M., por lo que está plenamente justificado el interés legítimo que le asiste para acudir al medio de control constitucional, tal como se explica en la jurisprudencia P./J. 84/2001,(35) que establece:"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SE ACTUALIZA EL INTERÉS LEGÍTIMO DEL MUNICIPIO PARA ACUDIR A ESTA VÍA CUANDO SE EMITAN ACTOS DE AUTORIDAD QUE VULNEREN SU INTEGRACIÓN.—De la teleología de la fracción I del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contenida en la exposición de motivos de la reforma promulgada el dos de febrero de mil novecientos ochenta y tres, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día siguiente, se desprende que el Poder Reformador de la Constitución Federal estableció como prerrogativa principal de los Ayuntamientos la salvaguarda de su integración, debido a que ésta tiene lugar con motivo de un proceso de elección popular directa por el que la comunidad municipal otorga un mandato político a determinado plazo, el cual por disposición fundamental debe ser respetado, excepto en casos extraordinarios previstos en la legislación local. Asimismo, se estableció que la integración de los Ayuntamientos tiene como fin preservar a las instituciones municipales frente a injerencias o intervenciones ajenas, en aras de un principio de seguridad jurídica que permita hacer efectiva su autonomía política. Con lo anterior, queda de manifiesto que si por disposición fundamental la integración de los Ayuntamientos constituye una prerrogativa para el buen funcionamiento de los Municipios, es claro que las resoluciones dictadas por autoridades estatales que determinen la separación del presidente municipal de su cargo con motivo de conductas relativas a su función pública, afectan su integración y como consecuencia su orden administrativo y político, con lo cual se actualiza el interés legítimo del Ayuntamiento para acudir en vía de controversia constitucional a deducir los derechos derivados de su integración."
Por otro lado, se desestima lo planteado en torno a la falta de legitimación del Municipio actor, derivada de la afirmación consistente en que los actos impugnados no invaden la esfera de competencia de dicho Municipio, ya que involucra el estudio de fondo del asunto. Esta determinación se apoya en el criterio contenido en la jurisprudencia P./J. 92/99,(36) que señala:
Por otro lado, sostiene el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M., que la determinación de destitución de la presidenta municipal de Temoac, constituye una resolución de carácter jurisdiccional, por lo que en su contra es improcedente la controversia constitucional.
1. Por escrito presentado el veintinueve de noviembre de dos mil seis, ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M., ********** y otras personas, demandaron del Ayuntamiento de Temoac, M., el pago de tres meses de salario por concepto de indemnización constitucional por despido injustificado, así como el pago de salarios caídos, aguinaldo, vacaciones, prima de antigüedad, horas extras y demás prestaciones laborales, además de los gastos de ejecución y la exhibición de las constancias de seguridad y previsión social determinadas por la Ley del Servicio Civil del Estado de M.. El juicio se radicó con el número de expediente **********.
2. El citado Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje dictó laudo el veintiséis de junio de dos mil nueve, en el que condenó al Ayuntamiento de Temoac, M., al pago de las prestaciones laborales demandadas, a excepción de lo correspondiente al pago de intereses que se causen a razón del 9% (nueve por ciento) y gastos de ejecución.
3. El veintiuno de septiembre de dos mil diez, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M. dictó resolución interlocutoria en el incidente de liquidación; se substanció el procedimiento de ejecución relativo, lo que motivó la promoción de diversos juicios de amparo y el dictado de diversas resoluciones interlocutorias y diversos requerimientos de pago al Municipio de Temoac, M., de la condena decretada en el juicio laboral, entre ellos, el correspondiente al día tres de marzo de dos mil dieciséis.
4. El Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M., en sesión de siete de marzo de dos mil diecisiete, determinó procedente la imposición de la medida consistente en la destitución de la presidenta y del síndico municipales del Ayuntamiento de Temoac, M., de acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil de la entidad, por lo que el presidente ejecutor mediante oficios identificados con el número ********** de doce de abril de dos mil diecisiete, hizo del conocimiento de los regidores la determinación plenaria con el objeto de que en el improrrogable término de tres días realizaran las gestiones necesarias para materializar la destitución de la presidenta y del síndico municipales.
Es cierto que este Alto Tribunal ha establecido que es causa notoria y manifiesta de improcedencia de la controversia constitucional el que se impugnen resoluciones jurisdiccionales cuando se pretende que a través del medio de control constitucional, se revise la legalidad de tales resoluciones o las consideraciones que la sustentan, ya que la controversia constitucional no es un recurso a través del cual pueda someterse a revisión la misma cuestión litigiosa que en un procedimiento natural. Así se advierte de la tesis 2a. CVII/2009,(37) de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA QUE DA LUGAR AL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA RELATIVA.", que invocó el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje demandado, así como de la jurisprudencia P./J. 7/2012 (10a.),(38) intitulada: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA IMPUGNACIÓN DE LAS CONSIDERACIONES DE FONDO DE LAS RESOLUCIONES DE LOS TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR SU PROPIO CONTENIDO, EN RAZÓN DE SUS EFECTOS Y ALCANCES, CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA QUE CONLLEVA AL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA."
No obstante lo anterior, el Tribunal Pleno ha precisado que el referido motivo manifiesto e indudable de improcedencia no se actualiza, aun cuando se impugne una resolución de carácter jurisdiccional, cuando la cuestión que se plantea atañe a la presunta invasión de la esfera competencial de un órgano originario del Estado, a fin de preservar su ámbito de facultades. Así se determina en la siguiente jurisprudencia P./J. 16/2008:(39)
En el caso, el Municipio actor no pretende que este Alto Tribunal revise la legalidad de las actuaciones y razonamientos que llevaron al dictado del laudo en el juicio laboral **********, ni las consideraciones de fondo de la determinación, a través de la cual el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M., en la sesión plenaria de siete de marzo de dos mil diecisiete, apoyándose en el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil de la entidad, determinó aplicar como medida de apremio para hacer cumplir sus determinaciones, la sanción consistente en la destitución de la presidenta y del síndico municipales del Ayuntamiento de Temoac, M., como tampoco la legalidad de los oficios de doce de abril del año citado, sino que plantea, por un lado, vicios en el procedimiento legislativo que dio vida al citado artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M. y, por otro lado, que dicha disposición transgrede el artículo 115 de la Constitución, que otorga de manera única y exclusiva la facultad y competencia a las Legislaturas Locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, para suspender Ayuntamientos, declarar que han desaparecido y suspender o revocar el mando a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que prevenga la ley local, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos a que a su juicio convengan, de suerte que la sanción impuesta a la presidenta y síndico municipales con fundamento en la disposición impugnada, también transgrede la norma suprema mencionada.
Por tanto, en el caso se da el supuesto de excepción a que se refiere la jurisprudencia P./J. 16/2008, antes transcrita, en tanto que la cuestión a examinar no se refiere a la legalidad de las consideraciones de las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje demandado, sino a cuestiones que atañen al ámbito competencial del Poder Legislativo local y la posible afectación a la integración del Ayuntamiento del Municipio de Temoac, M..
SEXTO.—Estudio de fondo. Como conceptos de invalidez formulados en contra del acuerdo impugnado, el Municipio actor aduce, básicamente, que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M. carece de competencia para decretar la destitución de su presidenta y síndico municipales, por lo que debe declararse su invalidez.
Ahora bien, en suplencia de la deficiencia de la queja, con fundamento en el artículo 41 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(40) esta Segunda Sala considera que el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de M. interpretó en forma incorrecta lo dispuesto por el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M., lo que motiva declarar la invalidez del acuerdo impugnado.
"En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no procede que entren en funciones los suplentes ni que se celebren nuevas elecciones, las Legislaturas de los Estados designarán de entre los vecinos a los Concejos Municipales que concluirán los periodos respectivos; estos Concejos estarán integrados por el número de miembros que determine la ley, quienes deberán cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos para los regidores ..."
En relación con la referida disposición de la Carta Magna, el Tribunal Pleno, al resolver la controversia constitucional 27/2000,(41) realizó el siguiente análisis:
"2) La facultad de revocación o suspensión del mandato por haberse incurrido en alguna causa grave legalmente prevista, por acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes de las Legislaturas locales, se refiere a los miembros de los Ayuntamientos, como expresamente se señala en el artículo 115, fracción I, tercer párrafo, de la Carta Magna, miembros que especifica el primer párrafo de la referida fracción del precepto constitucional señalado, al señalar que ‘Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento ...) integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine’, es decir que tal facultad de revocación o suspensión se refiere al presidente municipal, y a los regidores y síndicos exclusivamente, y no así a los demás trabajadores, empleados o servidores públicos municipales, cuyas relaciones de trabajo, en términos de la fracción VIII, segundo párrafo, del artículo 115 de la Constitución Federal se regirán por las leyes que expidan las Legislaturas de los Estados con base en lo dispuesto en el artículo 123 de la propia Carta Magna y sus disposiciones reglamentarias ..."
La jurisprudencia P./J. 19/1999,(42) que se cita en el precedente señala:"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. SI LA LEGISLATURA REVOCA EL MANDATO DE UN PRESIDENTE MUNICIPAL SIN ESTAR ACREDITADO QUE INCURRIÓ EN LAS CAUSAS GRAVES PREVISTAS EN LA LEY LOCAL, INFRINGE EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y PROCEDE DECLARAR LA INVALIDEZ DEL DECRETO RELATIVO (ESTADO DE MÉXICO).—Las causas graves a que se refiere el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos afectan el interés de la comunidad y no simplemente el particular de los miembros del Ayuntamiento, pues lo que protege este precepto es la independencia del Municipio como ente integrante de la Federación y, por ello, para que el Estado pueda intervenir, debe existir una afectación severa a la estructura del Municipio o a su funcionamiento, lo que no se actualiza cuando la afectación que se aduce se refiere a intereses de alguno de los miembros del Ayuntamiento. Por tanto, si no se acredita que se hubieran actualizado las causas graves en que la Legislatura funda su resolución para revocar el mandato de un presidente municipal, dicha actuación transgrede el artículo 115 constitucional y, por lo mismo, procede declarar la invalidez del decreto relativo."
Como se señala en el precedente y las tesis transcritas, la determinación de suspensión de alguno de los miembros del Ayuntamiento, que debe fundarse en alguna de las causas graves que prevenga la ley local, causa una afectación al interés de la comunidad, y no sólo el interés particular de los miembros afectados del Ayuntamiento; por ello, lo que se protege es la independencia del Municipio autorizándose únicamente a las Legislaturas Locales para afectar la integración del Ayuntamiento, siempre y cuando cumplan todos los requisitos exigidos por la propia Constitución.
Lo anterior también lo destacó el Tribunal Pleno en su jurisprudencia P./J. 7/2004,(43) en los términos siguientes:
Por su parte, la Ley Orgánica Municipal del Estado de M., en su artículo 178 refiere la atribución del Congreso de la entidad, por acuerdo de cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes, para declarar la desaparición de Ayuntamientos, suspenderlos en su totalidad o suspender a alguno de sus integrantes,(44) mientras que en sus numerales 181 y 182, señala los casos en que podrá suspenderse definitivamente a los integrantes del Ayuntamiento o revocar su mandato, en los términos siguientes:
Esto es, si el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M. no se interpreta conforme a la Constitución Federal, se incurre en un acto contrario a ésta, tal como ocurrió en la especie, pues el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje consideró que estaba en aptitud de destituir a integrantes del Ayuntamiento, revocando de facto el mandato otorgado a éstos, no obstante que la Ley Fundamental, así como los preceptos de la Constitución del Estado de M. y Ley Orgánica Municipal del Estado de M. citados con antelación, sólo permiten que sea el Congreso del Estado quien determine tal destitución cumpliendo con los requisitos que la propia disposición suprema exige para afectar la integración de un Municipio, impidiendo así que sea dicho Congreso el que califique, mediante el procedimiento correspondiente y cumpliendo con las exigencias constitucionales y legales, si la falta cometida constituye una causa grave que amerite la destitución de alguno de los integrantes del Ayuntamiento.
En consecuencia, dado que el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M. no interpretó la norma conforme a la Constitución Federal, toda vez que destituyó directamente a integrantes del Municipio actor, en concreto, a la presidenta y al síndico municipales, se impone declarar la invalidez de la determinación que tomó el siete de marzo de dos mil diecisiete, así como del acuerdo de treinta y uno de marzo y los oficios de doce de abril del mismo año, dictados por el presidente ejecutor a fin de hacer efectiva la determinación plenaria.
Igual criterio sostuvo esta Segunda Sala al fallar las controversias constitucionales 253/2016, 217/2016, 110/2017, 210/2017 y 215/2017, la primera el quince de noviembre de dos mil diecisiete y las demás el veinticuatro de enero de dos mil dieciocho.
SÉPTIMO.—Efectos. Conforme a los artículos 41, fracción IV, de la ley reglamentaria de la materia,(45) que obliga a esta Segunda Sala a determinar los alcances y efectos de la declaratoria de invalidez, fijando con precisión los órganos obligados a cumplirla y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia, y 42(46) del mismo ordenamiento legal, en concordancia con el artículo 105, fracción I, penúltimo y último párrafos, de la Constitución Federal,(47) se precisa que la declaratoria de invalidez decretada en esta ejecutoria tiene efectos exclusivamente entre las partes y sólo respecto de la determinación de destitución y del acuerdo y oficios impugnados, dado que se decretó el sobreseimiento respecto de la disposición general.
En términos del artículo 44 de la ley reglamentaria de la materia,(48) esta ejecutoria sólo deberá publicarse en el Semanario Judicial de la Federación.
TERCERO.—Se declara la invalidez de la determinación efectuada en la sesión celebrada por el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje el siete de marzo de dos mil diecisiete, en el sentido de estimar procedente la imposición de la sanción consistente en la destitución de la presidenta y del síndico municipales del Ayuntamiento de Temoac, M., así como del acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete y de los oficios de doce de abril del mismo año, dictados por el presidente ejecutor de dicho tribunal.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los Ministros A.P.D. (ponente), J.L.P., J.F.F.G.S., M.B.L.R. y presidente E.M.M.I.E.M.J.F.F.G.S., emitió su voto con reservas.
Nota: Las tesis de jurisprudencia y aisladas P./J. 115/2004, P. XV/2009 y 2a. CVII/2009 citadas en esta ejecutoria, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XX, noviembre de 2004, página 651, XXIX, abril de 2009, página 1292 y XXX, septiembre de 2009, página 2777, respectivamente.
2. Fojas 159 a 161 del cuaderno de pruebas presentadas por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M..
3. Fojas 179 y 180 del cuaderno de pruebas presentadas por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M..
4. Fojas 181, 182 y 182 del mismo cuaderno de pruebas.
5. "Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será: Tratándose de actos, de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos, II. Tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia."
6. Foja 175 del cuaderno de pruebas presentadas por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M..
7. Fojas 173 y 174 del mismo cuaderno de pruebas.
8. "Artículo 747. Las notificaciones surtirán sus efectos de la manera siguiente: I. Las personales: el día y hora en que se practiquen, contándose de momento a momento, cualquiera que sea la hora en que se haya hecho la notificación, salvo disposición en contrario en la ley."
10. "Artículo 2o. Para los efectos de esta ley, se considerarán como hábiles todos los días que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación."
12. "PRIMERO. Para efectos del cómputo de los plazos procesales en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se considerarán como días inhábiles: a) Los sábados; b) Los domingos; ... g) El primero de mayo; m) Aquellos en que se suspendan las labores en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o cuando ésta no pueda funcionar por causa de fuerza mayor."13. En la controversia constitucional 173/2016, promovida por el Municipio de Temoac, M., éste impugnó el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil de la entidad, pero con motivo de su aplicación por parte del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M., consistente en la sesión plenaria que realizó el catorce de septiembre de dos mil dieciséis, en la que determinó hacer efectivo el apercibimiento hecho en el acuerdo de treinta y uno de mayo del mismo año y, por tanto, imponer la sanción de destitución de la presidenta municipal del Ayuntamiento de Temoac, M., por no acatar el convenio suscrito en el juicio laboral 01/529/06, así como el acuerdo del día veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, donde se ordena dicha destitución dentro del mencionado juicio laboral, los que le fueron notificados el día dieciocho de octubre siguiente.
14. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo XXIV, noviembre de 2006, página 878, registro digital: 173937.
15. "Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes: ... VII. Cuando la demanda se presentare fuera de los plazos previstos en el artículo 21, y ...".
16. "Artículo 20. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes: ... II. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior."
20. "Artículo 45. Los síndicos son miembros del Ayuntamiento, que además de sus funciones como integrantes del C., tendrán a su cargo la procuración y defensa de los derechos e intereses del Municipio, así como la supervisión personal del patrimonio del Ayuntamiento; tendiendo además, las siguientes atribuciones: ... II. Con el apoyo de la dependencia correspondiente del Ayuntamiento, procurar, defender y promover los derechos e intereses municipales; representar jurídicamente a los Ayuntamientos en las controversias administrativas y jurisdiccionales en que éste sea parte, pudiendo otorgar poderes, sustituirlos y aún revocarlos."
23. Jurisprudencia P./J. 109/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo XIV, septiembre de 2001, página 1104, registro digital: 188738, de rubro: "SECRETARIOS DE ESTADO. TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL CUANDO HAYAN INTERVENIDO EN EL REFRENDO DEL DECRETO IMPUGNADO."
24. Fojas 99 a 124 de autos.
25. "Artículo 36. Son atribuciones del presidente de la mesa directiva: ... XVI. Representar legalmente al Congreso del Estado en cualquier asunto en que éste sea parte, con las facultades de un apoderado general en términos de la legislación civil vigente, pudiendo delegarla mediante oficio en la persona o personas que resulten necesarias, dando cuenta del ejercicio de esta facultad al pleno del Congreso del Estado."
26. Fojas 170 a 225 de autos.
27. "Artículo 38. A la Consejería Jurídica le corresponden las siguientes atribuciones: ... II. Representar al titular del Poder Ejecutivo, cuando éste así lo acuerde, en las acciones y controversias a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
28. "Artículo 57. Se deposita el ejercicio del Poder Ejecutivo en un solo individuo, que se denominará gobernador constitucional del Estado."
29. "Artículo 70. Son facultades del gobernador del Estado: ... VI. Designar o nombrar a los secretarios de despacho y al consejero jurídico, en una proporción que no exceda el 60 por ciento para un mismo género."
30. Foja 226 frente y vuelta de autos.
31. Foja 147 frente y vuelta de autos.
32. Foja 57 de autos.
33. Foja 78 de autos.
34. "Artículo 12. El presidente tendrá las facultades y obligaciones siguientes: ... XIII. Tener la representación legal del tribunal ante todo tipo de autoridades y en eventos oficiales, así como para su funcionamiento administrativo y financiero."
35. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo XIV, julio de 2001, página 925, registro digital: 189325.
36. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo X, septiembre de 1999, página 710, registro digital: 193266.
37. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Segunda Sala, Tomo XXX, septiembre de 2009, página 2777, registro digital: 166464, cuyo texto señala: "El motivo manifiesto e indudable de improcedencia da lugar al desechamiento de plano de la demanda de controversia constitucional, acorde con el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esta tesitura, la impugnación de resoluciones jurisdiccionales en la demanda de controversia constitucional constituye un motivo manifiesto de improcedencia cuando de su análisis integral, de los escritos aclaratorios o de ampliación y de los documentos anexos a tales promociones, se aprecie con claridad que los actos cuya invalidez se reclama fueron emitidos por órganos jurisdiccionales o pueden atribuírseles, sin la existencia de elementos relativos a la presunta invasión de la esfera competencial de un órgano originario del Estado, en aras de preservar su ámbito de facultades, lo que constituye la excepción para la impugnación de tales resoluciones. Asimismo, esa petición de invalidez constituye un motivo indudable de improcedencia cuando derivado del análisis de los documentos iniciales del proceso constitucional existe certeza de que se está en presencia de la regla general y no de la excepción de la impugnación de resoluciones jurisdiccionales, lo que genera la plena convicción de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa."
38. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Pleno, Libro IX, Tomo 1, junio de 2012, página 18, registro digital: 2000966, cuyo texto señala: "El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia P./J. 16/2008, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SEA UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL EN ESTRICTO SENTIDO, SI LA CUESTIÓN A EXAMINAR ATAÑE A LA PRESUNTA INVASIÓN DE LA ESFERA COMPETENCIAL DE UN ÓRGANO ORIGINARIO DEL ESTADO."; en la inteligencia de que la excepción a que se refiere dicho criterio no se actualiza cuando de la demanda de controversia constitucional se advierta, sin duda alguna, que no se está ante un conflicto competencial entre órganos, poderes o entes, sino que lo efectivamente impugnado son las consideraciones de fondo de la resolución de un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, toda vez que la controversia constitucional no es un recurso por medio del cual pueda someterse a revisión la misma cuestión litigiosa debatida en un procedimiento natural; por ende, en este caso se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que conlleva al desechamiento de plano de la demanda, en términos del artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
39. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo XXVII, febrero de 2008, página 1815, registro digital: 170355.
40. "Artículo 40. En todos los casos la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá suplir la deficiencia de la demanda, contestación, alegatos o agravios."
41. En sesión de quince de febrero de dos mil uno, por unanimidad de once votos.
42. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, T.I., abril de 1999, página 284, registro digital: 194286.
43. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, T.X., marzo de 2004, página 1163, registro digital: 182006.
44. "Artículo 178. Corresponde al Congreso del Estado, por acuerdo de cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes, declarar la desaparición de Ayuntamientos, suspenderlos en su totalidad o suspender a alguno de sus integrantes en términos de lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitución Política Local."
45. "Artículo 41. Las sentencias deberán contener: ... IV. Los alcances y efectos de la sentencia, fijando con precisión, en su caso, los órganos obligados a cumplirla, las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda. Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general, sus efectos deberán extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada."
46. "Artículo 42. Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los Estados o de los Municipios impugnadas por la Federación, de los Municipios impugnadas por los Estados, o en los casos a que se refieren los incisos c), h) y k) de la fracción I del artículo 105 constitucional, y la resolución de la Suprema Corte de Justicia las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiera sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos.—En aquellas controversias respecto de normas generales en que no se alcance la votación mencionada en el párrafo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia declarará desestimadas dichas controversias. En estos casos no será aplicable lo dispuesto en el artículo siguiente.—En todos los demás casos las resoluciones tendrán efectos únicamente respecto de las partes en la controversia."
47. "Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: ... Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de las entidades federativas, de los Municipios o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México impugnadas por la Federación; de los Municipios o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México impugnadas por las entidades federativas, o en los casos a que se refieren los incisos c) y h) anteriores, y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiere sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos.—En los demás casos, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia tendrán efectos únicamente respecto de las partes en la controversia."48. "Artículo 44. Dictada la sentencia, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenará notificarla a las partes, y mandará publicarla de manera íntegra en el Semanario Judicial de la Federación, conjuntamente con los votos particulares que se formulen.—Cuando en la sentencia se declare la invalidez de normas generales, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenará, además, su inserción en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano oficial en que tales normas se hubieren publicado."