Source: https://www.scribd.com/document/321006140/Venezuela-Judging-Forced-Disappearances-Analysis-Brief-2000
Timestamp: 2018-11-19 10:17:49
Document Index: 74155232

Matched Legal Cases: ['Artículo 2012', 'Artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'Artículo 63', 'artículo 9', 'artículo 15', 'artículo 4', 'artículo 27', 'artículo 7', 'artículo 15', 'artículo 7', 'artículo 9']

Venezuela Judging Forced Disappearances Analysis Brief 2000
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Venezuela Judging Forced Disappearances Analysis B...
Artículo 2012 Oscar - UNAM
Informe Desapariciones en Guatemala
Gaceta oficial Nº 41.090 07%2F02%2F2017
CIRCUNSCRIPCIONES_ELECTORALES2012
Venezuela-judging-forced-disappearances-analysis-brief-2000.pdf
II, 4, 493. Régimen de Los Partidos Poiiticos. Venezuela. IDEA, 09-05 CARGA
6241-12614-1-PB.pdf
SIC1989515_196-199
regulacionjuridica.pdf
II.1.3. REG. JUR.ADM. NAC. CIUD. (1965).pdf
el-dictamen-juridico.pdf
Principios_Economia_Politica_Tributacion_Capitulo_1-Ricardo_David.pdf
20 TESIS DE POLITICA.pdf
JUZGAR Y SANCIONAR A LOS AUTORES DE DESAPARICION FORZADA
UNA OBLIGACION INDECLINABLE DE VENEZUELA
La Desaparición forzada de personas constituye una de las más graves violaciones a los
derechos humanos y un “ultraje a la dignidad humana”1. Tanto la Declaración sobre la
protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas como la Convención
Interamericana sobre Desapariciones Forzadas de Personas consideran que esta práctica viola
múltiples derechos esenciales de la persona humana. Si bien los instrumentos internacionales
así como la jurisprudencia han reiteradamente señalado los derechos vulnerados con esta
práctica2, lo cierto es la desaparición forzada, que se caracteriza por sustraer al individuo de
la protección de la ley3, suspende de hecho el goce de todos los derechos del desaparecido y
coloca a la víctima en una situación de indefensión total. No obstante, la desaparición forzada
no se resume a una suma de derechos humanos violados, pues su práctica (sea sistemática o
no, masiva o no) crea un clima de terror tanto en el núcleo familiar de la víctima como en las
colectividades y comunidades a las que pertenece el desaparecido.
Pero la desaparición forzada no es solamente una grave violación a derechos fundamentales:
es también un crimen internacional. Por ello, la Convención interamericana sobre
desapariciones forzadas de personas habilita a todo Estado parte a ejercer su jurisdicción
penal frente a todo presunto autor de una desaparición forzada que se encuentre en su
territorio, independientemente de su nacionalidad, la de la víctima o del lugar de comisión
del delito4. Asimismo, la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las
desapariciones forzadas se refiere a los "actos de desaparición forzada" como "delitos de
extrema gravedad" y habilita a los Estados a llevar ante la justicia a todo presunto autor que
Artículo 1° de la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones
forzadas, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 47/133, de 18 de
Así, con la desaparición forzada son violados los derechos a la seguridad de la persona; a la
protección de la ley; a no ser privado arbitrariamente de su libertad; al reconocimiento de la
personalidad jurídica de todo ser humano; a no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes. La jurisprudencia, ha reconocido que este derecho es violado per se tanto
respecto de la persona desaparecida como de sus familiares.
Ver, por ejemplo, el párrafo N° 3 del Preámbulo de la declaración sobre desapariciones forzadas.
Artículo IV de la Convención interamericana sobre desaparición forzada de persona.
además. enjuiciar y sancionar a los autores. la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó que los Estados partes han contraído la obligación general de proteger. el restablecimiento. sumarias o arbitrarias de las Naciones Unidas: “[e]n virtud del derecho internacional los gobiernos están obligados a investigar en forma exhaustiva e imparcial toda denuncia de violación del derecho a la vida para identificar. Hoy día. obtener reparación a las víctimas o sus familiares y adoptar medidas eficaces para evitar que dichas violaciones se repitan en el futuro. investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar. de respetar y de garantizar cada uno de los derechos del Pacto con lo cual: "Los Estados deben prevenir. 5 Así por ejemplo se pueden citar: la Convención Americana sobre Derechos (artículo 1. […] El Estado está en el deber jurídico de prevenir. Al analizar el artículo 1 (1) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 1). razonablemente. Inhumanos o Degradantes. El deber de garantía esta expresamente consagrado en varios tratados de derechos humanos5 así como en varios instrumentos internacionales declarativos. la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (artículo 1). también llamada deber de garantía.se halle bajo su jurisdicción. en su caso.”6. el Pacto Internacional de Derechos civiles y Políticos (articulo 2) y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles. reparar a las víctimas y establecer la verdad de lo sucedido. en . 7 Corte Interamericana de Derechos Humanos. arbitrarias o sumarias. si es posible. Las obligaciones del Estado como garante de los derechos de los individuos son las de investigar las violaciones. de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación"7. La Obligación de juzgar y castigar Una de las obligaciones que impone el derecho internacional es la de garantizar la vigencia de los derechos humanos. no hay duda alguna de que la desaparición forzada es ilícito penal internacional. entre otros 6 Documento de las Naciones Unidas E/CN. las violaciones de los derechos humanos. la Convención Interamericana Sobre la Desaparición Forzada de Personas (artículo 1). como la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y los Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales. párrafo 688. la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos. caso Velázquez Rodríguez. someter a la justicia y castigar a los autores. de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables. Este deber de garantía tiene su asidero jurídico tanto en el derecho internacional consuetudinario como en el derecho internacional convencional. Sentencia de 29 de julio de 1988.4/1994/7. del derecho conculcado y. reconocido tanto por el derecho internacional consuetudinario como el derecho convencional. Como lo ha explicado el Relator Especial sobre las Ejecuciones extrajudiciales.
Caso Caballero Delgado y Santana. Sentencia de 21 de julio de 1989.”12 Desde el ángulo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. párrafo 69 y Resolutivo 5. 63. Serie C Resoluciones y Sentencias.11 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recordado “los Estados tienen la obligación de investigar. entendida ésta última como “la falta en su conjunto de investigación. Caso Paniagua Moralesa y otros. el Comité de Derechos Humanos ha recordado que “el Estado Parte tiene el deber de investigar a fondo las presuntas violaciones de derechos humanos. No.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Por ello. y de encausar penalmente. 36. Caso Godínez Cruz. 34. Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Perú . Serie C: Resoluciones y Sentencias. (Colombia). Serie C: Resoluciones y Sentencias No. Este deber es aplicable a fortiori en los casos en que los autores de esas violaciones han sido identificados. Sentencia de 3 de noviembre de 1997. Serie C No. párrafos. párrafos 166 y 174. 9 Corte Interamericana de Derechos Humanos. 12 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha recordado que “el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares”10 y que “El Estado tiene el deber de evitar y combatir la impunidad”. párrafos 30 y 3. párrafo 173. y Caso Nicholas Blake. Sentencia del 14 de septiembre de 1996. 35.. 22. No. juzgar y sancionar a los responsables de violaciones a los derechos humanos[…] Mas aún. No. 10 Ibid. Serie C: Resoluciones y Sentencias. párr. párrafo 61 y Resolutivo 4. OEA/Ser. en impunidad. esta es una obligación internacional que el Estado no puede renunciar. Indemnización Compensatoria. Caso Nydia Erika Bautista.”13 Serie C: Resoluciones y Sentencias. Sentencia del 8 de diciembre de 1995 . Serie C: Resoluciones y Sentencias. Indemnización Compensatoria (Art. Nº 4. Así. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. párrafo 97. Serie C: Resoluciones y Sentencias. 63.106. 90. Caso Suárez Rosero. Sentencia de 24 de enero de 1998. (Art. 37. Caso Castillo Páez.En varias sentencias la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha recordado que los Estados partes a la Convención Americana sobre Derechos Humanos tienen la obligación internacional de juzgar y sancionar a los responsables de violaciones a los derechos humanos8. 8. 59 rev.L/V/II. Reparaciones (Artículo 63. párrafo 173. esta obligación de juzgar y sancionar a los responsables de violaciones a los derechos humanos es igualmente existente. Serie C. 11 Corte Interamericana de Derechos Humanos. párrafo 230 13 Decisión de 13 noviembre de 1995. captura. 7. No. Comunicación Nº 563/1993. párrafo 64. El incumplimiento de esta obligación se traduce en denegación de justicia y. Caso Nicholas Blake. 28. persecución. . 32 y 34.1 Convención Americana Sobre Derechos Humanos). Serie C: Resoluciones y Sentencias. párrafo 107 y Resolutivo 6. Resoluciones y Sentencias. por tanto. No. juzgar y castigar a quienes sean considerados responsables de esas violaciones. Sentencia de Reparación de 22 de enero de 1999. Caso El Amparo. en particular las desapariciones forzadas de personas y las violaciones del derecho a la vida. 8 Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso Velásquez Rodríguez.1 Convención Americana Sobre Derechos Humanos). Sentencia del 8 de marzo de 1998. No. Doc. enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos” 9. 2 de junio 2000. Sentencia de 21 de julio de 1989 .
El Comité contra la Tortura fundamentó su consideración en los “principios del fallo del Tribunal Internacional de Nuremberg” y el derecho a no ser torturado contenido en la Declaración Universal de Derechos Humanos. El Comité contra la Tortura recordó que la obligación de castigar a los responsables de actos de tortura era ya exigible toda vez que “existía una norma general de derecho internacional que obliga a los Estados a tomar medidas eficaces [.. párrafo 8. Caso José Vicente Villafañe Chaparro y otros (Colombia). si se confirman las denuncias. Esta obligación no sólo esta regulada por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Si un Estado incumple con esta obligación. el laudo arbitral "asunto de las reclamaciones británicas por daños causados a los súbditos británicos en la zona española de Marruecos". sino por otros instrumentos internacionales. reafirmó que “es una obligación de todos los Estados. En ese sentido cabe destacar. Resoluciones 1994/39. al considerar casos de tortura anteriores a la entrada en vigencia de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles. párrafo 15 y 1995/38. de 23 de noviembre de 1989. 14 Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas. enjuiciar a los autores del hecho”15. párrafo 7. el profesor Max Huber recordaba que. párrafo 8. Inhumanos o Degradantes. “La responsabilidad del Estado puede quedar comprometida […] por falta de vigilancia en la prevención de los actos documento de las Naciones Unidas CCPR/C/55/D/563/1993.6. 16 Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Este principio fue establecido tempranamente en el Derecho Internacional. La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha insistentemente recordado la existencia de esta obligación en varias resoluciones sobre la cuestión de las desapariciones forzadas16. Decisión relativa a las comunicaciones 1/1988. su responsabilidad internacional se encuentra comprometida. Esta obligación comprende el necesario ejercicio de la jurisdicción judicial del Estado: los presuntos responsables de violaciones de derechos humanos deben ser investigados y procesados y. Esta obligación no sólo es de carácter convencional.157/23. La Declaración y Programa de Acción de Viena. según el Derecho Internacional. Inhumanos o Degradantes.Existe sin lugar a dudas una obligación de procesar judicialmente y de castigar a los autores de violaciones de derechos humanos. documento de las Naciones Unidas CCPR/C/60/D/612/1995. 15 Documento de Naciones Unidas. párrafo 13. la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.2.. adoptada por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en 1993. Así lo reconoció el Comité contra la Tortura.8. 2/1988 y 3/1988 (Argentina). de ser hallados culpables. En uno de los primeros precedentes jurisprudenciales. de 1 de mayo de 1925. la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles. sancionados. . emprender una investigación siempre que haya motivos suficientes para creer que se ha producido una desaparición forzada en un territorio sujeto a su jurisdicción y. Comunicación Nº 612/1995. en cualquier circunstancia. Igualmente ver la Decisión de 29 de julio de 1997. A/CONF.] para castigar su práctica [de la tortura]“14.
No sobra recordar que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales 17 Ver documento de las Naciones Unidas. la represión de los delitos no solamente es una obligación legal de las autoridades competentes. en su artículo 9. vol. aún cuando un acto al momento de cometerse no fuese considerado delito según la legislación nacional.[…] un deber internacional del Estado”. Así. II. en el momento en que fue cometida. no es un obstáculo para llevar ante la justicia y condenar a los autores de desaparición forzada cometidas cuando ésta ya era considerada como un delito por el derecho internacional y más particularmente por la Convención Interamericana sobre Desapariciones Forzadas de Personas. Así el artículo 15 (1) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prescribe que "nadie podrá ser condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivo según el derecho nacional o internacional". el derecho internacional es claro al definir la naturaleza de la ley penal aplicable: se trata de legislación nacional o del derecho internacional. pero también. 645 y 646 (Original en francés. Asimismo.dañinos. Así. no constituía una infracción según el derecho nacional o internacional". 17 Crimen internacional y retroactividad de la ley penal El principio de no aplicación retroactiva de la ley penal es una salvaguarda esencial del derecho internacional y es una consecuencia del principio de legalidad de los delitos (nullum crimen sine lege). La Convención Americana sobre Derechos Humanos. la fue ratificada en 1998 por Venezuela. Recueil de sentences arbitrales. tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 4) como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 27) consagran el carácter inderogable del derecho a no ser condenado por actos u omisiones que no eran delictivos al momento en que fueron cometidos. la ausencia de un tipo penal de desaparición forzada en la legislación nacional o su existencia con posterioridad a la comisión de los actos. . formula que abarca tanto la ley nacional como la internacional. que " que "nadie podrá ser condenado por actos u omisiones que. el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales establece. Pero asimismo. […] Está admitido que de una manera general. en su artículo 7. págs. se puede llevar a juicio y condenar a su autor si ese acto al momento de su comisión ya era considerado delito por el derecho internacional. sin que ello viole el principio de no retroactividad de la ley penal. pero también por falta de diligencia en la persecución penal de los infractores. Estos significa que. traducción libre). establece que "nadie podrá ser condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivo según el derecho aplicable".
Ed. en el momento de cometerse. . aun cuando estos no estuviesen tipificados en la legislación nacional al memento de su comisión.tienen una explícita excepción al principio de no aplicación retroactiva de la ley penal. el artículo 15 (2) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prescribe que: "Nada de lo dispuesto en este artículo [sobre la no retroactividad de la ley penal] se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que.18 Esta excepción tiene como objeto permitir el castigo de delitos reconocidos como tales por el derecho internacional. Lima 1989. estos hechos ya eran delitos según el derecho internacional. En este evento." El Convenio europeo tiene similar disposición en su artículo 7 (2). a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la Convención Interamericana sobre Desapariciones Forzadas de Personas. Conclusión Venezuela como Estado parte al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Daniel O'Donnell. y por tanto Venezuela tiene la obligación de procesar y castigar a los autores de estos hechos. 2° edición. tiene la indeclinable e irrenunciable obligación internacional de juzgar y sancionar a los autores de las desapariciones forzadas cometidas en el Estado de Vargas en diciembre de 1999. cuando su artículo 9 emplea la formula" de acuerdo con el derecho aplicable". 18 Ver al respecto. fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional. La doctrina concuerda que esa excepción ha sido igualmente consagrada en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Al momento de su comisión. pág. Así. Protección internacional de los derechos humanos. 131. el derecho internacional de los derechos humanos autoriza a aplicar retroactivamente la ley penal. pues esos actos ya eran considerados delitos "según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional". Comisión Andina de juristas.
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