Source: https://www.scribd.com/document/362719207/Principio-Constitucional-Del-Amparo-1854
Timestamp: 2018-11-16 22:06:10
Document Index: 113339848

Matched Legal Cases: ['artículo 107', 'artículo 41', 'artículo 73', 'artículo 1', 'artículo 135', 'artículo 122', 'artículo 105', 'artículo 105', 'artículo 135', 'artículo 135', 'artículo 39', 'artículo 135', 'artículo 135', 'artículo 105', 'artículo 135', 'artículo 135', 'artículo 135', 'artículo 135', 'artículo 135', 'artículo 105']

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Resoluciones Tributarias Un Proceso Complicado.
des Del Congreso
Verónica Nava Ramírez*
Sumario: I. Introducción. II. Antecedentes. III. Criterios sosteni-
dos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Novena
Época del Semanario Judicial de la Federación, con referencia a
la procedencia del juicio de amparo contra el proceso de refor-
mas a la Constitución. IV. Votos particulares. V. Jurisprudencia.
El juicio de amparo, estatuido por los artículos 103 y 107 constitucionales y
1o. de la Ley de Amparo, grosso modo prescriben que los Tribunales de la
Federación conocerán de las controversias que se susciten por leyes o actos
de la autoridad que violen las garantías individuales, entre otros actos.
Este juicio ha trascendido de manera tal que sus resoluciones, sin duda
alguna, han formado íconos para el desarrollo del sistema judicial mexi-
cano, donde sus características de inmediatez, prosecución judicial, afec-
tación directa, suplencia de la queja y relatividad de sus sentencias han
formado los cimientos para convertirlo en el paradigma de confrontación y
defensa de los ciudadanos contra las normas contrarias a la Constitución
que vulneren las prerrogativas que les otorga, pues tiene como efecto resti-
tuir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, volviendo
las cosas al estado que guardaban antes y, en su caso, desaplicar la norma
inconstitucional en lo sucesivo.1
Directora General de Seguimiento y Análisis de Asuntos Jurisdiccionales y Adminis-
trativos en Trámite en Materia Electoral en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración. La autora agradece la participación del licenciado Carlos Gustavo Núñez Alonso
1	Ministro Juventino Castro y Castro: “La acción de amparo, consecuentemente, debe
sujetarse a una serie de principios y de reglas para obtener la protección de los derechos
76 EL JUICIO DE AMPARO. A 160 AÑOS DE LA PRIMERA SENTENCIA
Sabemos muy bien que este remedio judicial no es sino una de las ex-
presiones del principio de supremacía constitucional concatenado en todas
las constituciones, desde su aparición como textos básicos hasta su presen-
tación como textos supralegales en la modernidad,2 lo que ha dado como
resultado que en el desarrollo histórico del Estado de derecho al Estado
constitucional,3 como lo ha expresado el profesor Antonio Pérez Luño, se
produce un doble desplazamiento del sistema del ordenamiento jurídico, de
la siguiente forma:1) desde la primacía de la ley a la primacía de la Cons-
titución; y 2) desde el control jurisdiccional de la legalidad al control juris-
diccional de la constitucionalidad.4
Por su parte, la idea de un derecho fundamental, superior al resto del
derecho ordinario y, por tanto, una supremacía constitucional, siempre han
requerido de instituciones que aseguren la rigidez constitucional, que ga-
ranticen la intangibilidad del derecho fundamental por las autoridades cons-
tituidas; instituciones de este tipo son: la constitución escrita, el procedi-
miento dificultado de reformas y obviamente los mecanismos o medios de
control de la constitucionalidad.5
Ahora bien, de todas las características distintivas de la Constitución,
la más señalada —como ya mencionamos— es que se trata de una Norma
Suprema y el resultado de esta supremacía se presenta en el hecho de que
el orden jurídico, en su totalidad (nada por encima de la Constitución), se
encuentra sometido a ella y ninguna autoridad del Estado tiene poderes o
facultades por encima o fuera de ella.
Por otro lado y como valor agregado, hace su aparición el constitucio-
nalismo como un intento por establecer o señalar los límites jurídicos a los
libertarios, el primero de los cuales se encuentra previsto en la fracción I, del artículo 107
constitucional, que dispone: «El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte
agraviada», lo anterior, independientemente de que el agravio debe ser personal y directo”,
Amparo contra el procedimiento de reformas a la Constitución, México, Suprema Corte de
Justicia de la Nación, p. 4.
2	Véase Tamayo y Salmorán, Rolando, Introducción al estudio de la Constitución,
México, UNAM, 1989.
3	Léase: aquel en el que la Constitución participa como fuente viva y primigenia del
sistema jurídico imperante.
4	Pérez Luño, Antonio Enrique, La universalidad de los derechos humanos y el Estado
Constitucional, Bogotá, Universidad Extremado de Colombia, 2002, p. 41, citado por Agui-
lera Portales, Rafael Enrique, “Estado constitucional, derechos fundamentales e interpreta-
ción constitucional”, en Cienfuegos Salgado, David (coord.), Estado, derecho y democracia
en el momento actual. Contexto y crisis de las instituciones contemporáneas, p. 24.
5	Véase Kelsen, Hans, La garantía jurisdiccional de la Constitución, México, UNAM,
actos y procedimientos 6	Tamayo y Salmorán. El 13 de noviembre de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Fede- ración el decreto por el que se reformaron diversos numerales de la Cons- titución federal referentes a la materia electoral. ¿qué sucede cuando los elementos constitutivos del marco supralegal son cuestionados? ¿Qué institución está facultada para revisar los contenidos prescriptivos de la carta magna o analizar su producción?. 7	Juicio de amparo 1753/2007 del índice del juzgado séptimo de distrito auxiliar con residencia en San Andrés Cholula. que obtuvo la protección federal para el efecto de inaplicarle el contenido del artículo 41 constitucional reformado. pero. considerando que el carácter o naturaleza del Poder Reformador de la Cons- titución se circunscribe a un cúmulo de facultades. caracte- rizado por limitación netamente jurídica impuesta al gobierno. . cit. para apoyar o desacreditar algún instituto polí- tico. un gobierno del derecho. diversos sectores so- ciales se pronunciaron contrarios al contenido de las modificaciones y pro- movieron demandas de amparo.6 Con todo esto. el constitucionalismo se propone sustituir al gobierno arbitrario y despótico. el problema central de la constitucionalidad y la legali- dad es encontrar un modo de asegurar al individuo una protección plena y efectiva contra los excesos o arbitrariedades del poder. el establecimiento de topes en los gastos de campaña y precampaña y las mo- dalidades en que éstos pueden existir. entre las que sobresale la que interpuso la Asociación Mexicana de Industriales y Empresarios de Morelos. op. Últimamente se suscitó un hecho de trascendencia jurídica. en temas tales como la prohibición expresa para cualquier tipo de persona u organización gremial de intervenir en la formación de partidos políticos y/o de comprar tiempo en medios de comunicación. Ante tal hecho. JUICIO DE AMPARO CONTRA EL PROCESO DE REFORMA CONSTITUCIONAL 77 gobernantes o detentadores del poder en una comunidad política. p. cuestiones que en fechas recientes ha tenido que contestar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Determinación cuyo sustento es el criterio fijado por la Suprema Corte en el sentido de que en la Ley de Amparo no existe determinación expresa que prohíba su procedencia contra ese proceso de modificación constitucional. ADIEM- COPARMEX.. regulación única de los tiempos de radio y televisión por el Estado. 97. esto es. He aquí los antecedentes. Sindicato Patronal. pues un juz- gado de distrito concedió la protección constitucional7 al quejoso por esti- mar inconstitucional la Constitución. Puebla. por un gobierno sometido a regulaciones jurídicas específicas. Rolando.
En el derecho positivo mexica- no no existen postulados políticos fundamentales. de tal suerte que el Po- der Reformador puede considerarse entonces.78 EL JUICIO DE AMPARO. . La Constitución no otorga a la Suprema Corte facultades para controlar al Constituyente Permanente. ahora consideró pertinente anun- ciar el cambio en el sentido de sus votos y señalar la improcedencia del jui- cio. Carlos de Silva Nava. entonces. ahora mayoría. Gudiño Pelayo.8 Consecuentemente. Góngora Pimentel. son los responsables de declarar que han sido aprobadas las adiciones o reformas. en su caso. bajo la ponencia de la minis- tra Luna Ramos. creo que debo de votar en el sentido de que no procede el amparo ni en cuanto al fondo ni en cuanto al procedimiento legislativo. como autoridad responsable. A 160 AÑOS DE LA PRIMERA SENTENCIA concretos realizados por un conjunto de autoridades. creo que me equivoqué. Valls Hernández y Ortiz Mayagoitia. he reconsiderado. Franco González Salas. agregaré mi voto al suyo señora ministra. Franco González Salas y Ortiz Mayagoitia. Lo único que no puede resultar inconstitucional es la Constitución misma. quien en un foro sobre la procedencia del amparo contra el proceso de reforma a la Constitución manifestó: La Constitución no establece límite alguno al Constituyente Permanente que no tiene límites para reformarla o adicionarla. quienes se manifestaron en contra de la proceden- cia del juicio de garantías en el caso que se explica. reside la ideología del ministro en retiro de la Suprema Corte. que el ministro Góngora Pimentel. tal como quedó asentado en la versión estenográfica correspondiente: señor ministro góngora pimentel: Bueno. El control constitucional del procedimiento de reformas o adiciones com- pete a los diversos órganos que integran al Constituyente y al Congreso o Comisión Permanente que. al resolver el recurso de queja 11/2008. 9	Ministros Luna Ramos. viendo los problemas que se presentan. quien en la mayoría de los asuntos discutidos sobre el tema había manifestado su voto a favor de la procedencia del amparo contra el proceso de reformas a la Constitución. Azuela Güitrón. el voto del ministro Góngora Pimentel se agregó al de los ministros Luna Ramos. Silva Meza. Gudiño Pelayo. De tal trascendencia ha sido el análisis de estos asuntos en el seno del Po- der Judicial Federal. 8	Versión estenográfica de la sesión pública del Pleno de la Suprema Corte de Justicia del 2 de junio de 2009.9 que estiman improcedente el juicio de am- paro. yo he meditado sobre eso y. Sobre el particular y en la misma línea de pensamiento de los ministros de la minoría. concretamente en el Máximo Tribunal.
son contradictorios entre sí. se modificó el orden electoral. la propia Corte considera que si el procedimiento de reforma es correc- to. 18 y 25 de agosto de 2009. México. 116. pues estando la soberanía depositada en la Constitución. mediante decreto de reformas. el amparo no es un pro- cedimiento idóneo para declarar la inconstitucionalidad de un precepto cons- titucional. como medio de control de la cons- titucionalidad de la Constitución. ●● Administración de los tiempos en radio y televisión de manera exclusiva por parte del Estado. y los posicionamientos de los ministros de la Corte. específicamente por el Instituto Federal Electoral. 99. ●● Intervención de las autoridades electorales en los asuntos internos de los partidos políticos sólo en los términos que establece la Constitu- ción y las leyes reglamentarias. 10 Tal es el caso del presente estudio que tiene como finalidad mostrar el de- sarrollo y evolución de la praxis de un aspecto que poco se ha comentado: el proceso de reformas a la Constitución junto con los criterios del Máximo Tribunal. La improcedencia puede también establecerse de manera expresa para controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. no obstante lo cual. pues entonces habría Constitución para todos los gobernados y no para el quejoso. 122 y 134 de la Cons- titución General de la República. ya que los temas tratados son variados: ●● Prohibición expresa de que organizaciones gremiales o con objeto social diferente al político intervengan en el proceso de creación de partidos políticos. además de confusos.. 85. en relación con la procedencia del juicio de amparo. sí puede afectarse al postulado y tal afectación queda fuera de control. a los artículos 6o. En alguna de ellas se aprecia el reconocimiento a ciertos postulados fundamentales (garantías individuales). adiciones y adecua- ciones. II. ésta no puede ser divisible. Senado de la República. Antecedentes l. JUICIO DE AMPARO CONTRA EL PROCESO DE REFORMA CONSTITUCIONAL 79 Dado el principio de relatividad de la sentencia. lo cual es contradictorio. lo cual es inaceptable. 41. ●● Regulación y establecimiento de los topes para el financiamiento 10	Coloquio de análisis y debate sobre las propuestas para una nueva regulación del Juicio de Amparo. No debe acudirse a los precedentes de la Corte pues. . 108. Como ya dijimos. 97.
fracción XVIII. Michoacán. Las autoridades señaladas como responsables en las demandas de am- paro fueron: Cámara de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión. de la Ley de Amparo. Jalisco. otros jueces. Duran- go. así como por lo que señala el numeral superior 103.80 EL JUICIO DE AMPARO. Hidalgo. . Coahuila. Legislatura Local de los Estados de: Aguascalientes. Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Guerrero. en cambio. More- los. ●● Prohibición expresa para que las personas físicas o morales de carác- ter privado puedan contratar por sí o por interpósita persona. Tlaxcala. Sonora. Campeche. de la Ley de Amparo. Chiapas. Quintana Roo. A 160 AÑOS DE LA PRIMERA SENTENCIA público y privado para los gastos de campaña y precampaña. Hecho por el cual la Suprema Corte con- sideró conveniente conocer de dichos asuntos a fin de establecer el criterio a seguir. algunos jueces de distrito 11 las desecharon por considerar que se actualizaba la causal de improcedencia prevista por el artículo 73. en relación con el artículo 1o. 12	Véanse artículos 103 constitucional y 73. Oaxaca. propa- ganda a favor o en contra de algún partido político o candidato a un cargo de elección popular. Baja California Sur. Como resultado y ante la solicitud del ministro Franco González Salas. se refiere únicamente a las normas de carácter general que derivan de la misma norma suprema (Norma normarum). Colima. Baja California. ●● Supresión de la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Na- ción para que investigue la posible violación al voto público. Si- naloa. por tanto. Tamaulipas. el texto que prevé el propio numeral supremo 103 y la Ley de Amparo.12 Este razonamiento estimó que el conjunto de actos que prevé el artículo 135 constitucional da como resultado normas de la más alta estimación. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. México. San Luis Potosí. fracción XVIII. considerando la posible violación de garantías individuales admitieron a trámite las demandas presentadas. la Primera Sala de la Suprema Corte resolvió ejercer la facultad de atrac- 11	Juicio de amparo 1566/2007 del índice del juzgado décimo cuarto de distrito en mate- ria administrativa en el Distrito Federal. Secretario de Gobernación. Nayarit. Chihuahua. Yucatán y Zacatecas. Veracruz. Tabasco. Guanajuato. Puebla. entre otros. Querétaro. Nuevo León. Al conocer de los escritos de demanda.
por el contrario. concurrentes o de minoría expresados a conti- nuación. por lo que su actuar está sujeto al procedimiento que le determina la propia Constitu- ción. III. precisaría si a través del sistema jurisdic- cional de control constitucional previsto por el 103. JUICIO DE AMPARO CONTRA EL PROCESO DE REFORMA CONSTITUCIONAL 81 ción en el expediente-solicitud de facultad de atracción 4/2008. Azuela Güitrón. es posible el cuestiona- miento de algún precepto de la misma Constitución a través del proceso de su formación o. queda eximido de ser impugnado en virtud de que tal sistema fue creado exclusivamente para vigilar la constituciona- lidad de los ordenamientos legales secundarios y no los contenidos en la ley fundamental. Criterios sostenidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación. integrado por poderes constituidos. El principio de legali- . Ortiz Mayagoitia. Góngora Pimentel. en su caso. de ahí que. 15	El principio de legalidad es presupuesto en todo el discurso jurídico tanto en la des- cripción (textos y tratados) como en las argumentaciones (alegatos). la procedencia del juicio de amparo contra el proceso de reformas al texto de la Constitución. En el amparo en revisión 2996/96. quienes estuvieron a favor del proyecto inicial que proponía confirmar el auto de desechamiento de la demanda dictado por el Juez de Distrito. es decir. 14	Resuelto en sesión pública del 3 de febrero de 1997. por 6 votos de los ministros Aguirre Anguiano.13 resaltando que la importancia y trascendencia de los expedientes atraídos radicaba en que esa Suprema Corte tendría la oportunidad de aclarar y establecer. 13	Resuelto en sesión pública del 9 de julio de 2008 por unanimidad de votos. Castro y Castro. Sánchez Cordero de García Villegas y Aguinaco Alemán. así como una serie de argumentaciones manifestadas por sus integrantes en distintos votos particulares. si el procedimiento de reforma constitucional no se sigue en sus términos se viciaría el resultado final vulnerando el principio de legalidad. 1. Román Palacios. con referencia a la procedecia del juicio de amparo contra el proceso de reformas a la Constitución La Suprema Corte ha emitido importantes consideraciones y reflexiones que han venido a establecer un sistema jurisprudencial sobre la procedencia del juicio de amparo contra el proceso de reformas al texto constitucional.15 de manera que si su actuar no se ajusta a la forma establecida.14 el Pleno de la Suprema Corte sostuvo que la potestad emanada del texto constitucional deriva del Poder Constituyente Permanente. Gudiño Pelayo y Silva Meza contra el voto de los ministros Díaz Romero.
17 en el supuesto de que la autoridad jurisdiccional detectara que los protagonistas de los mismos no se ajustaron a las formas o esencias consagradas en la mecánica del procedimiento de reforma. aun cuando aquélla haya sido elevada formalmente a la cate- goría de Norma Suprema. desde ahora. 14. Introducción al estudio de la Constitución. no son sino dos formas de hablar de la legalidad. mandato) supone una norma jurídica que confiere facultades. g. Al res- pecto se precisó que lo que en realidad se pone en tela de juicio no es la Constitución misma. que el principio de constitucionalidad (reclamo fundamental del constitucionalismo) no es sino un caso especial de legalidad. sino la Constitución». en el derecho de un Estado legal (legal system. toda vez que la reforma constitucional que impugnó no constituye una afectación directa a sus intereses jurídicos. ambos son reclamos o pretensiones. basados en este principio. no cabe duda que el objetivo fundamental de la acción es conseguir la decisión. en el que se resolvió negar el amparo y protección de la justicia federal al quejoso Manuel Camacho Solís. p. Rolando. La idea de imperio del derecho (estado de derecho o si se quiere un gobierno constitucional). Es fácil percatarse. La esencia del voto particular fue: «El quejoso no tiene acción y porque lo que impugna no es una ley. La significación de este principio se revela cuando comparamos el contenido de los siguientes enunciados: ‘violar una norma o una disposición’ y ‘violar o romper la legalidad’. admitiendo la posibilidad de ejercer un medio de control constitucional contra esos actos. Aguinaco Alemán. Sesión pública del 9 de septiembre de 1998. Suprema Corte de Justicia de la Nación. ultra vires decision. p. Amparo contra el proceso de reformas a la Constitución. Castro y Castro. Tamayo y Salmo- rán. 103. 2. 16	Por unanimidad de votos de los ministros Aguirre Anguiano. Posteriormente. de fundamentación jurí- dica. Díaz Romero. El principio de legalidad es central para entender la doctrina del constitucionalismo. El tenor del principio podría formularse así: 1) es regla de competencia.16 donde se determinó la procedencia del juicio de amparo contra el procedimiento de reformas a la Constitución. dentro del recurso de revisión inter- puesto contra la sentencia definitiva dictada por el juez de distrito. por parte de la Suprema Corte de Justicia. Silva Meza y Góngora Pimentel. Gudiño Pelayo. por más que exista esta distinción. sino los actos que integran el procedimiento legisla- tivo que culmina con su reforma. Azuela Güitrón. son cuestiones jurídicas). se reiteró el criterio anterior al resolverse el amparo en revisión 1334/98. para declarar que un párrafo del artículo 122 constitucional es inconstitucional”. el exceso o desvío de poder. id est. Rechtsordung). y por más que se trate de analizar este asunto desde aristas diferentes. A 160 AÑOS DE LA PRIMERA SENTENCIA procede el juicio de amparo contra el proceso legislativo de reformas a la Constitución. México. Sánchez Cordero de García Vi- llegas. Todo poder o facultad requiere necesariamente. . Esto es lo que implica la máxima “Sed sub lege bon sub homine”. como la legalidad del procedimiento (due process). ante la existencia de un agravio o lesión de un dad opera en dos niveles: descriptivo y justificativo. todo acto jurídico (orden decisión.82 EL JUICIO DE AMPARO. 17	Ministro Juan Díaz Romero: “En el presente caso me encuentro ante un problema. 2) La legalidad debe controlar los actos de los funcionarios (e. en realidad no es un precepto constitucional sino que solamente se impugna el procedimiento reformador.
del proceso de reforma constitucional. 4. 20	Por mayoría de 7 votos de los ministros Luna Ramos. Ortiz Mayagoitia. Gudiño Pelayo. es decir. 5. Franco González Salas. Góngora Pimentel y Silva Meza .19 el Pleno señaló que la impug- nación a través de la acción de inconstitucionalidad. resueltas el 28 de abril de 2008. JUICIO DE AMPARO CONTRA EL PROCESO DE REFORMA CONSTITUCIONAL 83 derecho fundamental. Gudiño Pelayo. en cuanto se proponía en el proyecto declarar infundado el recurso de reclamación y segundo del proyecto en el que se proponía confirmar el auto recurrido. el interés jurídico para promover el juicio derivaría en- tonces directamente de los efectos que produce en la esfera jurídica del gobernado la vigencia del nuevo precepto. Gudiño Pelayo. siendo sólo atacable el proceso de reforma correspondiente. Los ministros Aguirre Anguiano. Román Palacios. Díaz Romero. no hay una noción clara sobre si es posible identificar la locución “norma de carácter general” con el sentido del concepto “ley”. Sánchez Cordero de García Villegas y Ortiz Ma- yagoitia. Más adelante fueron sobreseídas las acciones de inconstitucionalidad 168/2007 y 169/2007. no se actualiza alguna causa notoria y manifiesta de improcedencia. Valls Hernández y Ortiz Mayagoitia votaron en contra y a favor de los resolutivos primero. El criterio anterior no se sostuvo en la controversia constitucional 82/2001. Aguinaco Alemán. Azuela Güitrón. por lo que al no tratarse de una ley federal contra el proceso de reformas al texto de la Constitución federal. Azuela Güitrón. lo que genera la aptitud de im- pugnar las violaciones existentes en el proceso que le dio origen. Cossío Díaz. no establece una causa notoria y manifiesta de improceden- cia. Sánchez Cordero de García Villegas y Góngora Pimentel.20 por considerarlas improcedentes por múltiples razo- 18	Mayoría de 8 votos de los ministros Castro y Castro. los ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano.18 donde se estableció la inimpugnabilidad del procedimiento de re- forma al texto fundamental por esta vía. En este caso. ambas de 2007. Franco González Salas. resuelto en sesión pública del 6 de septiembre de 2002. la Corte partió de la idea de que la norma producto de dicho procedimiento. Silva Meza votaron en contra. 3. fue emitida por un Poder Reformador cuyos actos no se encuentran sujetos a ninguno de los me- canismos de control jurisdiccional previstos en el artículo 105 constitucional. pues no existe delimitación previa del objeto de ese medio de control. Góngora Pimentel. Esta situación condujo a la Corte a precisar que si bien el contenido del dispositivo constitucional resulta inimpugnable a través del juicio de garantías. Mariano Azuela Güi- trón y Juan N. por mayoría de 6 votos de los mi- nistros Aguirre Anguiano. Sánchez Cordero de García Villegas y Silva Meza se resolvió declarar fundado el recurso de reclamación y re- vocar el acuerdo recurrido. por unanimidad de votos se aprobó el resolutivo primero en cuanto a declarar la procedencia del recurso de reclamación. Valls Hernández. Cossío Díaz. En el recurso de reclamación 34/2007. los ministros Luna Ramos. 19	Derivado de la acción de inconstitucionalidad 168 y su acumulada 169.
al considerar la improcedencia de las acciones intentadas contra el procedimiento de reformas a la Cons- titución. a la Comisión Permanente emitir la declaración de aprobación de las reformas o adiciones. de pronunciarse sobre la procedencia del amparo en los recursos de revisión y de queja inter- puestos contra los acuerdos de desechamiento o admisión de las demandas.84 EL JUICIO DE AMPARO. la Suprema Corte determinó que la refor- mabilidad de la Constitución es válida siempre y cuando los principios que componen la esencia o sustancia del orden jurídico no sean alterados. la Corte tuvo oportunidad. 6. los ministros Luna Ramos. Silva Meza y Ortiz Mayagoitia. Góngora Pimentel. la letra plasmada por el constituyente originario. una de ellas. restringir la acción del Poder Constituyente implica limitar la soberanía. es la relativa a que las normas producto de dicho procedimiento de modificación (normas generales) fueron emitidas por el Poder Reformador cuyos actos no están sujetos a ninguno de los mecanismos de control jurisdiccional previstos en el artículo 105 constitucional. Cossío Díaz. Gudiño Pelayo y Valls Hernández votaron en contra. pues de no ser así y bajo el pretexto de adicionar o reformar la ley fundamental se mo- dificaría el orden constitucional que nos rige y se violaría la voluntad. incoadas contra el decreto de reforma al texto de la Constitución Federal de noviembre de 2007. resueltas en sesión del 26 de junio de 2008. una vez que se obtenga la votación aprobatoria de la mayoría de las Legislaturas de los Estados. nuevamente. . A 160 AÑOS DE LA PRIMERA SENTENCIA nes. consecuentemente. por lo que el control constitucional de estos actos no está depositado en el Poder Judicial de la Federación. desvirtuando por completo su esencia misma. Los ministros Luna Ramos. correspondiendo al Congreso de la Unión o. Gudiño Pelayo y Ortiz Mayagoitia formula- ron salvedades respecto de las consideraciones relativas a la posibilidad de que el procedi- miento de reformas constitucionales sea susceptible de control jurisdiccional. en su caso. Recientemente. Así. Franco González Salas. 21	Resueltos en sesión del 2 de octubre de 2007 y 2 de junio de 2009 por mayoría de 6 votos de los ministros Aguirre Anguiano. sino en las legislaturas fede- ral y de los Estados.21 al respecto. se reconoció la procedencia del juicio de amparo contra reformas constitucionales por no ser causa notoria ni manifiesta de improcedencia con base en las siguientes consideraciones emi- tidas al contestar las siguientes interrogantes: a)	¿Existe en la Ley de Amparo una norma que prohíba expresa o im- plícitamente la procedencia del juicio de amparo en contra de alguna reforma constitucional? votaron en contra por estimar que son procedentes las acciones de inconstitucionalidad. quizá la más importante para efectos de este trabajo. Sánchez Cordero de García Villegas. Franco Gon- zález Salas.
2. en tal sentido. consideración derivada del hecho de que el acto reformatorio del texto fundamental puede ser considerado como acto de autoridad en los términos reconocidos por la propia Suprema Corte. Sólo de este modo puede hablarse propiamente . la supremacía constitucional impone el reconocimiento de unos límites implícitos formales que se centran básicamente en las propias normas reguladoras del procedimiento de reforma. el principio político de soberanía popular condiciona la obligada aparición de unos límites implícitos materiales.	En la Constitución y la Ley de Amparo no existe alguna norma pro- hibitiva o que expresamente determine la improcedencia del amparo respecto de una reforma constitucional. mantie- ne la coherencia y cobra sentido nuevamente el principio jurídico de supremacía constitucional. como correlato necesario de los valores materiales en los que se basa la idea del Estado constitucional. ya que ningún poder organizado por la Constitución. como en el caso del Poder Reformador. puede ubicarse por encima de ella. por su par- te.	El Poder Reformador como poder constituido y limitado dentro de la estructura de la organización constitucional democrática. Revisor o Reformador de la Constitución? d)	Si el Poder Reformador de la Constitución no se identifica con el Po- der Constituyente soberano e ilimitado del pueblo. cuya fragmentación y desarrollo han de ser deducidos. desde la lógica de la legitimidad. JUICIO DE AMPARO CONTRA EL PROCESO DE REFORMA CONSTITUCIONAL 85 b)	¿Cuál es el carácter del Poder Constituyente Permanente o Reforma- dor de la Constitución? c)	Si el Poder Reformador de la Constitución es limitado ¿esa limita- ción implica que existen medios de control constitucional sobre los actos del Poder Constituyente Permanente. entonces ¿puede ser considerado como una autoridad emisora de actos potencialmente violatorios de garantías individuales? e)	En el caso concreto ¿existe algún planteamiento relativo a la posible vulneración de las garantías individuales relacionadas con el procedi- miento de reforma? El Pleno de la Suprema Corte precisó: 1.	Es posible admitir que el Poder de Reforma de la Constitución está limitado y se corresponde con el principio jurídico de supremacía constitucional y con el principio político de soberanía popular. 3.
los que aceptan la competencia de la Suprema Corte para conocer de tales impugnaciones. dado que su actuar exi- ge como requisito sine qua non la observancia irrestricta de las pautas metodológicas previstas por la Norma Suprema. por lo que se presentan a continuación de manera sintética. 4. se presenta como auténtica lex superior y la reforma constitucional puede interpretarse como una verdadera operación jurídica. Votos particulares La producción de votos particulares. 1. A 160 AÑOS DE LA PRIMERA SENTENCIA de una capacidad de la norma fundamental para controlar sus pro- pios procesos de transformación. concurrentes o de minoría en rela- ción con el tema. con ello. ni los actos de autoridad a que también se refieren los que realizan los órganos de dicha reforma. caso . generan doctrina jurisdiccional. el juicio de amparo se concibió como una ins- titución protectora del régimen constitucional en todos sus aspectos. Román Palacios. IV. aquellos en los que se consideró que no es susceptible de control jurisdiccional alguno la refor- ma constitucional y. Voto de minoría formulado por los ministros Ortiz Mayagoitia. El Poder Reformador está limitado y su- jeto a las normas de competencia establecidas en el texto constitucio- nal. entonces es jurídica y constitucionalmente posible admitir que un Estado constitucional debe prever medios de control sobre aquellos actos reformatorios que se aparten de las reglas constitucionales. cabe la posibilidad de ejercer medios de control constitucional contra la posible violación a las normas del procedimiento reformato- rio. Sánchez Cordero de García Villegas. por otra. en tal sentido. por una parte.86 EL JUICIO DE AMPARO. Votos que precisan la improcedencia del juicio de amparo contra el proceso de reformas al texto constitucional A. es decir. para la realización del procedimiento de reforma constitucional.	Es posible considerar al Poder Reformador de la Constitución como autoridad responsable en el juicio de amparo. Díaz Romero y Aguinaco Alemán al resolver el amparo en revisión 2996/96 Las leyes a que se refieren los artículos 103 y 107 constitucionales no son aquellas que emanan del proceso de reformas constitucionales.
Ejecutivo y Judicial en el ejercicio de sus com- petencias estaduales. JUICIO DE AMPARO CONTRA EL PROCESO DE REFORMA CONSTITUCIONAL 87 contrario lo son los tribunales federales a los que no se les confirieron fa- cultades para intervenir en cualquier cuestión constitucional. por cuanto puede establecer sus atribuciones. por su naturaleza jurídica. ante lo que se considera improcedente la acción del juicio de amparo. . sino exclusi- vamente en lo referente a las leyes ordinarias y a los demás actos realizados por los Poderes Legislativo. si antes no se ha hecho la demos- tración de que dentro de la regla general de procedencia del amparo queda comprendida en el caso a estudio. es un órgano intermedio entre el Consti- tuyente y las autoridades constituidas. también se encuentra por encima de dichos poderes constituidos. Román Palacios y Díaz Romero en el amparo en revisión 1334/98 Las voces leyes empleadas en los artículos 103 y 107 constitucionales. sobre la validez de las normas constitucionales con las cuales deberán confrontar las normas secundarias que se reclamen. En este caso. pues aun cuando se halle sometido al Constituyente Originario. cuyas cualidades se precisan en el artículo 135 constitucional. previstas en el texto supremo. pues en nuestro sistema corresponde a la ley fundamental. Legislativo y Judicial. preci- samente porque las leyes a que se refieren los invocados artículos. B. no a la Corte. designan categorías jurídicas distintas que no pueden identificarse ni asimilarse entre sí. el Órgano Reformador queda sometido a la Constitución pero. así como Constitución. de cuya estructura aparece también que dicho órgano no puede válidamente considerarse como una autoridad equiparable a los órganos Ejecutivo. autorizar la procedencia del juicio de ampa- ro en casos claramente distintos de los previstos en los artículos 103 y 107 constitucionales. para efectos inclusive del funcionamiento ordinario del amparo. Admitir la procedencia del juicio de amparo contra una reforma significa resquebrajar la unidad del sistema constitucional. lo cual evidentemente conducirá a una ruptura de mucha mayor trascendencia lesiva. No puede alcanzarse la competencia de la Suprema Corte al afirmar que en la Constitución no existe una disposición que prohíba la procedencia del amparo contra la reforma constitucional. Voto aclaratorio que formularon los ministros Ortiz Mayagoitia. no co- rresponden a aquellas que emanan del proceso de reformas constitucionales ni los actos de autoridad son los que efectúan dichas reformas.
Gudiño Pelayo. En consecuencia. pues en el artículo 135 constitucional se establece un proce- dimiento en el que tienen injerencia los poderes constituidos y no se prevé la existencia de un órgano diverso con facultad expresa de reformar o modi- ficar el texto constitucional. introducir gradualmente aquellas reformas que ajusten la Constitución a las necesidades del Estado. Luna Ramos. a diferencia de aquellos Estados que poseen una Constitución flexible. si bien. A 160 AÑOS DE LA PRIMERA SENTENCIA C. pues.88 EL JUICIO DE AMPARO. Valls Hernández y Ortiz Mayagoitia en el recurso de reclamación 34/2007. por intervenir en el procedimiento de reformas. integren un órgano especial de distinta jerarquía. Voto de minoría de los ministros Franco González Salas. Voto concurrente formulado por el ministro Silva Meza en los recursos de reclamación 33/2007 y 34/2007 derivados de las acciones de inconstitucionalidad 168/2007 y 169/2007 El Congreso de la Unión y las legislaturas estatales no constituyen un órgano con unidad y voluntad. su aspecto esencial no se li- mita en cuanto al contenido. lo que permite incluirla en la categoría de una Constitución rígida. sin que las partes que intervienen en el procedimiento respectivo pierdan su identidad ni mucho menos adquieran una diferente. por otra. D. el consti- tuyente originario estableció los requisitos para que la Constitución pueda ser adicionada o reformada. al depositar en un órgano complejo esa atribución. por una parte. fue- ra de cuya intervención resulta jurídicamente imposible alterar su estructura y contenido. quienes amparados por esa legitimación se trans- forman en Congreso Constituyente con el objetivo central de realizar un . Dicho poder debe ejercerse de manera colegiada por los representantes originarios del pueblo. la función de modificar la ley superior está supeditada al orden jurídico constitucional. derivado de las acciones de inconstitucionalidad 168/2007 y su acumulada 169/2007 En congruencia con el principio de supremacía constitucional. sino que deben entenderse como una refe- rencia a una combinación de órganos que tienen encomendada una función: reformar o adicionar la Constitución. como tampoco se prevé que el Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados. que se caracteriza por una mayor facilidad y modo para modificar- la. lo que implíci- tamente es tendente a lograr. la estabilidad y permanencia de los principios jurídicos y políticos fundamentales mientras así sean consi- derados y. tales facultades deben realizarse respetando las reglas estrictas para introducir cualquier adición o reforma.
integrado por el Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados miembros de la federación. asimismo. la fuente generadora de nuevas normas constitucionales que pueden adicionar o modificar las originales. de esta manera. Conforme con lo establecido. E. De este modo. se organiza políticamente como Estado. el procedimiento de reformas y adiciones. después. el Poder Constituyente no puede quedar sujeto a li- mitaciones o restricciones del orden jurídico. si bien es cierto que en la Ley de Amparo no existe disposición . primero. JUICIO DE AMPARO CONTRA EL PROCESO DE REFORMA CONSTITUCIONAL 89 acto fundacional. si se siguen las reglas y principios aplicados a los tres poderes clásicos. sino en su función extraordinaria de Órgano Reformador de la Constitución. mediante el Constituyente Permanente. por lo que los órganos que en él actúan no lo hacen en su carácter aislado de órganos ordinarios constituidos. rea- lizando una función de carácter exclusivamente constitucional. Adicionalmente. político y social de una sociedad que. instituir una Constitución como cúspide y base de todo el orden jurídico. Por otro lado. Por tanto. a ese ór- gano fundacional se le reconoce también la potestad. como consecuencia de ello. es decir. para instaurar la función de reforma de las normas de la Constitución por él creada y. para que su ejercicio sea constitucionalmente válido. ya que lo encuentra en sí mismo. que es una función más trascendente que la de los otros poderes constituidos. a través del llamado Congreso Constituyente Originario y. actuando necesaria e indefectiblemente como una unidad orgánica competencial. no es inadecuada o impertinente. Voto particular formulado por el ministro Franco González Salas en el amparo en revisión 186/2008 La reforma constitucional impugnada adquirió la calidad de norma supre- ma cuando se cumplieron los requisitos que impuso el Constituyente. pues conforme a lo estableci- do por el artículo 39 constitucional el pueblo ejerce su soberanía. regulado en el artí- culo 135 constitucional no es susceptible de control por la vía jurisdiccio- nal. no equipa- rable a la de ninguno de los órdenes parciales existentes en el orden jurídico nacional. como expresión de la soberanía de que está investido. tampoco resulta incorrecto hablar de que dicho poder se encuentra depositado en un órga- no complejo que se integra con el ejercicio de esa función que solamente puede llevarse a cabo con el concurso de esos órganos. se puede concluir que el uso por analogía del concepto poder para referir al conjunto de órganos que tienen a su cargo de manera exclusiva y excluyente la función sustancial de reforma consti- tucional.
Incluso existiría un problema grave ante la imposi- bilidad de inobservar el principio de relatividad de la sentencia de amparo. que puede asimi- larse al concepto de poder. consecuentemente. en tanto puede reformar o adicionar el texto fundamental. las estructuras y distribución de competencias para los otros poderes y órganos del Estado. tendría que haber norma expresa en la propia Constitución que estableciera tal procedencia y el procedimien- to adecuado para ello. adicionar o matizar las atribuciones y funciones estatales y. tomando en cuenta que la sentencia que en su caso se llegue a pro- nunciar. reformar. y lo responsabilizó de sancionarla con el carácter de órgano límite. no de los actos del Constituyente. Por lo que es altamente debati- ble que pueda sostenerse la procedencia del juicio de amparo contra una reforma constitucional argumentando que se causa un perjuicio personal y directo a un particular cuando se está en presencia de un acto producto del órgano depositario de la facultad constituyente. ésta sería una razón suficiente para sostener la improcedencia del juicio de amparo. La concurrencia del Congreso de la Unión y las legislaturas constituye el órgano complejo previsto en el mencionado artículo 135. Es decir. la declaración de la reforma constitucional. Para ello. puede suprimir. Por lo que corresponde al juicio de amparo. Pese a ello y en un régimen de distribución de competencias. en virtud de que a través de la historia y evolución que ha tenido este medio procesal se pone de manifiesto que en el derecho positivo mexicano. A 160 AÑOS DE LA PRIMERA SENTENCIA expresa en el sentido de considerar improcedente dicho juicio en contra del procedimiento de reformas a la Constitución. debe concretarse a anular el acto reclamado. esa resolución no tendrá efectos generales y no podrá aplicarse sin más a otros similares de la misma auto- ridad. pues de .90 EL JUICIO DE AMPARO. que al realizar el ejercicio de la función de re- forma que tiene otorgada. mediante el desempeño de su capacidad normativa. también lo es que tratándose del tema que en el artículo 135 el Constituyente depositó en el Congreso de la Unión. la simple impugnación cons- tituye un hecho de notoria y manifiesta improcedencia. dicho procedimiento fue estructurado para proteger a los individuos en el goce de sus derechos fundamentales contra los actos de autoridad y leyes ordinarias federales y locales. el Poder Reformador encuentra estos lími- tes en el ámbito exclusivo de facultades. por ende. dentro del cual encuentra su propia autorregulación. se encuentra por encima de los otros tres poderes y de cualquier órgano público en virtud de que es el único que. Confiriéndole efectos que trascienden más allá del quejoso. incluyendo los órdenes locales y municipales. de tal manera que ésta sola valdrá para el caso concreto para el que se haya conferido el amparo y protección de la justicia federal. Ello.
no es un poder que pueda ser sometido a la jurisdicción constitucional. lo que llegaría a afectar el sistema jurídico en su conjunto con relación a los temas materia del amparo concedido. porque el Poder Reformador es un poder público que de acuerdo con el texto constitucional atribuye competencia al tribunal constitucional de conformidad con los medios de control. operación jurídica que surge con el fin de respetar la supremacía constitucional. concretamente. Este mismo sentido conlleva a establecer que la procedencia del amparo sólo es factible si se actualiza la violación a las garantías individuales. tiene sus propios ma- tices. es un poder público que tiene como función actuar dentro del orden jurídi- co constitucional. Resulta necesario advertir que la procedencia del juicio constitucional no se condiciona de forma exclusiva por la naturaleza del órgano emisor del acto o ley que se reclamen. F. cuyo conocimiento le corresponde. en atención al cúmulo de criterios que la Suprema Corte ha establecido en referencia a aspectos de orden e interés público. con lo cual se rompería la estructura que rige el juicio de amparo y la certeza y la unidad de las dis- posiciones constitucionales. por lo que resulta contrario al propio objeto del juicio de amparo que éste proceda contra la norma que toma como pa- rámetro y contraste. aun cuando haya semejanzas respecto a los precedentes de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. tampoco por lo que en él se reclame. al señalar la existencia o inexistencia de violación a los . para modificar los contenidos del mismo cuando así lo estima pertinente. desmembrable o no. donde basta que uno de ellos se presente en el juicio para declarar la improcedencia y no sólo aquellos que literalmente se encuentren dentro de la legislación correspondiente. ahora precisa que tratándose de juicios de amparo. por presupuestos procesales más importantes. como son los de impro- cedencia y sobreseimiento. más bien. resueltos en sesiones de 2 de octubre de 2008 y 2 de junio de 2009 Es importante hacer notar el cambio de pensamiento del ministro res- pecto de la procedencia del juicio de amparo contra el proceso de reformas al texto constitucional. es un poder que se ejerce por un órgano complejo que. JUICIO DE AMPARO CONTRA EL PROCESO DE REFORMA CONSTITUCIONAL 91 otra manera no podría explicarse que existieran disposiciones constitucio- nales aplicables a ciertos gobernados y a otros no. Voto particular formulado por el ministro Gudiño Pelayo en los recursos de revisión del conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
ahora bien. Voto que considera la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de violaciones al proceso de reforma constitucional A.92 EL JUICIO DE AMPARO. ante lo que puede considerarse que los únicos controles válidos son los mismos que prescriben los órganos que componen al Poder Reformador en el lapso de su actuación. dado que. es decir. existirían normas constitucionales válidas para todos los gobernados y nor- mas constitucionales inválidas para aquellos a los que se les haya otorgado el amparo. A 160 AÑOS DE LA PRIMERA SENTENCIA derechos fundamentales. fracción II. sin embargo. Doctrinalmente se sostiene que la reforma constitucional puede estar sujeta a límites materiales y formales. Por su parte. identificándolo comúnmente como Constituyente Permanente u Órgano Revisor o Reformador de la Constitución. el artículo 105. Voto particular formulado por el ministro Cossío Díaz en las acciones de inconstitucionalidad 168/2007 y su acumulada 169/2007 El artículo 135 de la Constitución establece el procedimiento para su re- forma. aspecto que de ninguna manera ha establecido el propio Cons- tituyente para salvaguardar una posible violación o transgresión al proceso de reforma constitucional. en el caso de la reforma constitucional dicho supuesto previo parte preci- samente del tipo de norma que se trate. de una ley federal. estamos ante la posibilidad de una aberración jurídica al abrir la posibilidad de un universo normativo en el que la supre- macía y el orden constitucional sea vulnerado de sobremanera. y c) que el Congreso de la Unión o la Comisión Permanente realice el cómputo de los votos de las legislaturas y emita la declaratoria de haber sido aprobadas. así como el órgano facultado para llevar a cabo dicho procedimien- to. la existencia de límites formales en el procedimiento de reforma constitucional. estatal . como son: a) que las reformas o adiciones se acuerden por las dos terceras partes de los miembros presen- tes del Congreso de la Unión. b) que las reformas o adiciones se aprueben por la mayoría de las legislaturas de los Estados. 2. de una interpretación literal del artículo 135 constitucional se advierte que no se establecen expresamente límites materiales para la re- forma constitucional. por otro lado y respecto al principio de relatividad de las sentencias de amparo. de la Constitución establece la legitimación de quienes pueden ejercer una acción de inconstitucionalidad y ello lo determina conforme al ámbito de la norma general que se impugna.
ambos límites se encuentran presentes. otro límite lo podría constituir la democracia misma. presenta una severa crítica a la actividad jurisprudencial de la Suprema Corte. Lo que quizá pueda ser más discutible es que existan. sin embargo. hemos de traer a colación la opinión de Miguel Carbonell. el órgano encargado de 22	Carbonell y Sánchez. Por lo tanto. Lo anterior permite concluir que la Suprema Corte es competente para que analice las determinaciones de carácter general tomadas por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados al momento de procesar sus competencias particulares encaminadas a la realización de una reforma constitucional o una reforma legal. p. Constitución y reforma constitucional y fuentes del de- recho en México. basados en una interpretación sistemática y no literal de la expresión leyes que se desprende del citado numeral supremo. en el sistema de la Constitución mexicana. en la Constitución mexicana. ya que se trata precisamente de la Norma Suprema. y que como resultado de su actuación conjunta se desprenden leyes. de forma que no podría utilizarse la reforma constitucional […] para destruir la democracia. México. 1998. si bien de forma implícita. UNAM. tal acepción no es del todo co- rrecta. pues se estaría permitiendo cambiar la carta fundamental mediante cualquier procedimiento y sin observar los requisitos que impone el artículo 135. de lo que re- sulta que la acción de inconstitucionalidad no tiene por objeto de estudio las reformas constitucionales. Miguel. podrían ser fundamentalmente dos: uno. En mi opinión. normas generales y abstractas susceptibles de ser cuestionadas a través de la acción de inconstitucionalidad. es en este caso en el que se afirma que la Constitución no puede encuadrar en ninguno de dichos ámbitos. . sólo abundaremos en aquello que para el presente estudio interesa: Lo que me parece evidente es que. JUICIO DE AMPARO CONTRA EL PROCESO DE REFORMA CONSTITUCIONAL 93 o del Distrito Federal —incluidas leyes electorales—. la solución es clara: o se admite la posibilidad del control o se corre el riesgo de llegar al caos. pues debemos observar que los órganos que conforman al Poder Re- formador son poderes constituidos. si es que existieran. de alguna manera. desde un punto de vista procedimental o formal [respecto a la reforma constitucional]. 277. sin embargo. *** En esta diversidad de criterios. vínculos o limitaciones de carácter material […].22 quien ha realizado un extenso estudio sobre los para- digmas constitucionales más representativos de esta contemporaneidad y. la imposibilidad lógica de reformar no podría afectar en lo sustancial el procedimiento previs- to por el artículo 135.
su ejercicio es impugnable median- te el juicio de amparo. p. . Semanario Judicial de la Federación y Su Gaceta. si subsiste el impedimento del quejoso para contender en futuros procesos elec- torales. de rubro: “procedimiento de reformas y adiciones a la constitución federal. LXI/99. por formar parte del proceso legislativo. t. Semanario Judicial de la Federación y Su Gaceta. la Suprema Corte ha emitido diversos criterios derivados de la resolución de los procedimientos de control constitucional contra el proceso de refor- mas al texto constitucional. en la esfera de derechos del quejoso. la celebración de elecciones a cargo del jefe de gobierno del dis- trito federal no genera la improcedencia del juicio. Semanario Judicial de la Federación y Su Gaceta. t. Novena Época. X. X. pero también en algunos supuestos muy puntuales. Jurisprudencia Fiel a la tradición y con base en las normas del derecho jurisprudencial. de violaciones relacionadas con el artículo 135 constitucional. el interés jurídico deriva de la afectación que produce. p. Novena Época. p. t.24 iniciativa de leyes y decretos. X. 39/2002 del Pleno de esta Alto Tribunal. LXI/99. 24	Tesis: P. t. 12. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y Su Gaceta. septiembre de 1999. septiembre de 2002. septiembre de 1999. diciembre de 1996.26 23	Tesis: P. Nove- na Época. t. 1136. 25	Tesis: P. en exclusiva. LXII/96. publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. 11./J. Semanario Judicial de la Federación y Su Gaceta. 12. para su procedencia no se requiere de la expresión. septiembre de 1999. IV. X. Tesis: P. A 160 AÑOS DE LA PRIMERA SENTENCIA controlar al poder reformador de la Constitución puede desde luego realizar un control procedimental. que a continuación se pre- sentan en forma cronológica: reforma constitucional.25 reforma constitucional.23 reforma constitucional. antes explicitados. podría llevar a cabo un control material o de fondo. amparo contra su proceso de creación. XVI. amparo contra su proceso de creación. t. no es susceptible de control jurisdiccional”. p. Novena Época. el contenido de los preceptos modifica- dos. p. p. septiembre de 1999. 8.94 EL JUICIO DE AMPARO. V. LXIV/99. LXI/99. amparo contra su proceso de creación. Nota: El criterio contenido en esta tesis fue superado por la jurisprudencia P. 12. 26	Tesis: P.
Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y Su Gaceta. 29	Idem. su presentación conjunta por el presidente de la república y miembros de ambas cámaras del congreso de la unión no pugna con el requisito previsto por el ar- tículo 71 constitucional./J. 1100. por ende. Semanario Judicial de la Federación y Su Gaceta. para la procecencia de dicha vía. t. Novena Época. XXIX. 10. 1097. la suprema corte de justicia de la nación no tiene competencia para conocer de ella. Novena Época. p. procede por violación a derechos políticos asociados con garan- tías individuales.31 acción de inconstitucionalidad. 33	Tesis: P. 31	Tesis: P.27 iniciativa de reforma constitucional. LXIIII/96. abril de 2009. clasificarse en una materia en concreto. abril de 2009. Semanario Judicial de la Federación y Su Gaceta. t. amparo contra su proceso de creación. X. Semanario Judicial de la Federación y Su Gaceta. IV/2009. t. su presentación conjunta por el presidente de la república y miembros de ambas cámaras del congreso de la unión no víncula el resultado de su discusión y vo- tación ni. VI/2009. abril de 2009. la constitución política de los estados unidos mexicanos no puede considerarse como ley ni confe- rírsele un ámbito federal o local y.33 27	Tesis: P. no es susceptible de control jurisdiccional. LXVII/96. septiembre de 2002. menos aún. JUICIO DE AMPARO CONTRA EL PROCESO DE REFORMA CONSTITUCIONAL 95 reforma constitucional.29 procedimiento de reformas y adiciones a la constitución fede- ral. X. Semanario Judicial de la Federación y Su Gaceta. Novena Época. VIII/2009. t. XXIX. Novena Época. . XXIX. p. 32	Tesis: P. t. al no ser la vía para impugnar reformas a la constitución política de los estados unidos mexica- nos. 30	Tesis: P. XVI. 28	Tesis: P. constituye transgresión al principio de división de poderes. 1104. p. t. p.32 acción de inconstitucionalidad. septiembre de 1999. 13. 39/2002. 1136. Semanario Judicial de la Federación y Su Gaceta. p. septiembre de 1999.28 iniciativa de reforma constitucional. p. Novena Época. no es la vía idónea para ejercer el control de la constitucionalidad del procedimiento de reforma a la constitución política de los estados unidos mexicanos o res- pecto del contenido de las reformas relativas.30 acción de inconstitucionalidad.
respecto de ‘normas generales’. también es uno de los medios de control constitucional en cuyos supuestos ¿puede estimarse procedente para combatir reformas constitucionales? VI. . XVI.35 La jurisprudencia anterior muestra también los diversos posicionamien- tos del Tribunal Pleno de la Suprema Corte. el juicio de amparo —aun con notas características—. P. distorsiona el sistema jurídico vigente. acorde con el texto constitucional. federales o locales y no la constitución política de los estados unidos mexi- canos. Conclusiones A manera de conclusión. dado que los presupuestos procesales y de fondo que el Constituyente estableció en el artículo 105 constitucional. en el sentido de que una deman- da de juicio de amparo incoada contra el procedimiento de reformas al texto constitucional. no implica una causa notoria y manifiesta de improcedencia. atribuye competencia al tribunal constitucional de conformidad con los medios de control. sin embargo. Novena Época. p. sólo comprende leyes ordinarias. septiembre de 2002. no contemplan su procedencia. Semanario Judicial de la Federación y Su Gaceta. cuyo conocimiento le corresponde. 34	Ibidem. p. 35	Tesis: t. como lo precisó el ministro Gudiño Pelayo. la apertura de un medio de control constitucio- nal como el juicio de amparo. lo que en nuestro caso compartimos. pues al respecto se ha considerado que tales medios de impugnación no son la vía idónea para este tipo de impugnación. 997. es improcedente para impugnar el procedimiento de reformas y adiciones a la constitución federal. 40/2002./J. tal razonamiento no ha prosperado en las acciones de inconsti- tucionalidad ni en las controversias constitucionales. 1106.96 EL JUICIO DE AMPARO. quie- nes señalan que el Poder Reformador es un poder público que. sin embargo.34 controversia constitucional. Hemos de traer de nueva cuenta el pensamiento de los ministros que es- timan la improcedencia del amparo contra la reforma constitucional. como ha sido reconocido por algunos ministros de la Suprema Corte. a un procedimiento de la jerarquía a la que nos hemos referido. A 160 AÑOS DE LA PRIMERA SENTENCIA acción de inconstitucionalidad. su objeto de tutela.
esta apertura al control de la reforma a la Norma Funda- mental vía el juicio constitucional.36 Tendencia que nos da la pauta para considerar que estamos ante una abe- rración jurídica. caso contrario sería resquebrajar la unidad del sistema. porque a través de esta acción se confrontan. pensar en el dictado de una resolución —caso que ya suce- dió— que extienda sus efectos restitutorios y protectores contra el conteni- do de una norma constitucional. interés social y orden público que no pueden ser desligados unos de otros. también es cierto que se puede provocar un casuismo difícil de reparar para el orden jurídico vi- gente. por todo ello. nociones de bien común. . cánones legales a los que no puede renunciar o hacer un lado el juzgador. Aunado a ello. y sobre todo. no es posible abandonar la idea de la Constitución como el orden jurídico fundamental de la comunidad. postulados y aspiraciones insertos por el constituyente en el texto constitucional. Claro ejemplo de esta disyuntiva es si estuviéramos ante el caso en el que los numerales de la Constitución que regulan el amparo (103 y 107) fue- ran tildados de inconstitucionalidad después de ser reformados. tendría que preverse otro procedimiento para los que no hubieren sido amparados. por una parte. que fija los principios rectores. por tanto. para efectos inclusive del funcionamiento ordinario de las instituciones fundamentales del Estado. la idea de derechos fundamentales o garantías individuales y. pues si bien dicha operación lógico- jurídica debe coexistir en el marco de ciertas reglas. conlleva a pre- servar el orden jurídico fundamental. lo cual evidentemente conducirá a una ruptura de mucha mayor trascendencia. es que consideramos que el dejar fuera de los medios de control de constitu- cionalidad el procedimiento de reformas constitucionales. pues más allá de la procedencia y de otras cuestiones que rigen el amparo. se traduce en una contradicción y afrenta a los principios. ya que contiene además los procedimientos para resolver 36	Véase apartado sobre votos particulares. JUICIO DE AMPARO CONTRA EL PROCESO DE REFORMA CONSTITUCIONAL 97 sin que así esté expresamente definido. no es un poder que deba ser sometido a la jurisdicción constitucional. De cualquier manera. dejaría al arbitrio de los jueces conceder o negar la protección constitucional. respecto a la va- lidez de las normas constitucionales con las cuales deberán confrontar las normas secundarias que se reclamen. resultando entonces que habría un proceso de amparo para aquellos que obtuvieron la sentencia proteccionista por un lado. y por otro. con arreglo a los cuales forma la unidad política y asumen las ta- reas del Estado. por otra.
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