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Timestamp: 2019-01-16 19:08:05
Document Index: 64588546

Matched Legal Cases: ['artículo 28', 'artículo 213', 'Artículo 34', 'Artículo 2', 'artículo 2', 'Artículo 197', 'Artículo 202', 'artículo 197', 'Artículo 214', 'artículo 222', 'artículo 2', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 34', 'artículo 214', 'artículo 202', 'artículo 17', 'artículo 7', 'Artículo 7']

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Sandra Fidalgo Sevilla
1 RESUMEN TELECOMUNICACIONES despliegue antenas red wifi Una empresa del sector informa que un ayuntamiento perteneciente a la Comunidad Valenciana le exige licencia y declaración de interés comunitario (DIC), en lugar de declaración responsable, para legalizar una estación WIFI - WIMAX que ha implantado en un monte privado, al objeto de mantener su prestación del servicio de proveedor de acceso a internet. La actuación del ayuntamiento se fundamenta en la aplicación de los artículos 202 y 214 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la Comunidad Valenciana, al tratarse de instalaciones situadas en una parcela no urbanizable de especial protección forestal y paisajística. Esta Secretaría considera que la decisión del ayuntamiento, por la que se insta al interesado a solicitar licencia para legalizar su estación WIFI-WIMAX, podría no ser necesaria ni proporcionada de acuerdo con la LGUM, en caso de que no se refiriera a una instalación nueva con impacto en un espacio natural protegido. Asimismo, los artículos de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la Comunidad Valenciana, que fundamentan la decisión de ese ayuntamiento, podrían no ajustarse a los principios de necesidad y proporcionalidad proclamados por la LGUM, al someter de forma absoluta a dos regímenes de intervención previa (licencia y declaración de interés comunitario) aquellas instalaciones situadas en suelo no urbano o no urbanizable respectivamente. Por último, la existencia de dos medios de intervención acumulativos podría no ser compatible con el principio de simplificación de cargas que establece la LGUM. En el marco de la tramitación de este expediente la Comunidad Valenciana ha trasladado su informe en el que señala que: las instalaciones que, en el marco de la LGTEL, tienen la consideración de servicio de interés general, promovidas por operadores que cumplan las condiciones establecidas en dicha normativa, no están sometidas a declaración de interés comunitario, siendo de aplicación el régimen de licencias que se establezca en la legislación sectorial que sea de aplicación. En línea con este pronunciamiento, el ayuntamiento debería revisar su actuación administrativa. Informe final Informe CNMC
2 (28/1514) I. INTRODUCCIÓN Con fecha 1 de julio de 2015, ha tenido entrada en la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado (SECUM), escrito de un empresario autorizado como operador de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, en el marco del procedimiento del artículo 28 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado (LGUM). El informante señala que el Ayuntamiento de Beniganim le exige licencia y declaración de interés comunitario (DIC), en lugar de declaración responsable, para legalizar una estación WIFI - WIMAX que ha implantado en un monte privado, con permiso del propietario, para ampliar de 20 a 50 megas la prestación del servicio como proveedor de acceso a internet. Se aporta como documentación el Decreto de expediente de protección de legalidad urbanística: Procedimiento ERU 1/2015, dictado por el Alcalde de Beniganim el 9 de abril, según el cual: El procedimiento se inicia por una denuncia del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de Ontinyent, por realizar obras sin licencia municipal, de las contempladas en el artículo 213 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, de la Comunidada Valenciana (LOTUP). Dichas obras consisten en la instalación de antenas repetidoras de señal wifi, construcción de una hornacina en la fachada de una caseta existente para alojamiento de los equipos, y vallado exterior. Están ejecutadas al 100% y situadas en una parcela calificada como suelo no urbanizable de especial protección forestal y paisajística, según el Plan General de Ordenación Urbana de Beniganim aprobado en 2001, por lo que para la concesión de la licencia se requiere la oportuna declaración de Interés comunitario. Se resuelve requerir a D. (confidencial) para que, en el plazo de dos meses, presente la oportuna licencia en relación con las obras descritas y se le advierte de que si no insta la licencia o si ésta fuera denegada, el Ayuntamiento acordará la demolición de las obras. 2
3 II. MARCO NORMATIVO a) Normativa estatal: La normativa estatal recientemente aprobada aplicable al sector de las telecomunicaciones ha introducido reformas estructurales en su régimen jurídico dirigidas a facilitar el despliegue de redes y la prestación de servicios por parte de los operadores. En particular, ha venido a establecer el principio general de no exigencia de licencias o autorizaciones previas de instalación, de funcionamiento o de actividad, o de carácter medioambiental, u otras licencias o aprobaciones de clase similar o análogas que sujeten a previa autorización las instalaciones y redes de comunicaciones electrónicas. Estas licencias o autorizaciones han sido sustituidas por declaraciones responsables, al considerarse que éste es el medio de intervención más adecuado, salvo que la actividad suponga el uso privativo y ocupación del dominio público. No obstante, la normativa estatal admite otras particularidades a este régimen general. En concreto, en el caso de instalación de redes públicas de comunicaciones o de estaciones radioeléctricas en dominio privado para (i) actividades que tengan impacto en el patrimonio histórico artístico, (ii) instalaciones de nueva construcción que tengan impacto en espacios naturales protegidos, o (iii) en instalaciones con una superficie superior a 300 m2, se admite la declaración responsable como medio de intervención, siempre que el operador haya presentado a la autoridad competente un plan de despliegue o de instalación de red en el que se contemplen esas infraestructuras y que dicho plan haya sido aprobado. Se entiende por tanto que, en el caso de que el operador no haya presentado ese plan o éste no haya sido aprobado por la autoridad competente, podría exigirse una autorización. Las actuaciones que impliquen innovación tecnológica o adaptación técnica sin afectar a los elementos de obra civil o mástil, no requerirán ningún tipo de autorización, licencia, declaración responsable o comunicación previa. La inexigibilidad de licencia y su sustitución por declaración responsable incluye la licencia de obras. Por último, debe mencionarse que la ley sectorial proclama el derecho de ocupación del suelo por parte de los operadores de modo que la normativa de las administraciones públicas que afecte al despliegue de redes debe 3
4 garantizar ese derecho y no puede establecer restricciones absolutas o desproporcionadas ni imponer condiciones que no estén justificadas y acompañadas de alternativas, debiendo garantizarse en todo caso una oferta suficiente de suelo. Se transcriben a continuación los preceptos de la normativa estatal que establecen lo expresado anteriormente: Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones (LGTEL) Artículo 34. Colaboración entre administraciones públicas en el despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas [ ] 3. La normativa elaborada por las administraciones públicas que afecte al despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas y los instrumentos de planificación territorial o urbanística deberán recoger las disposiciones necesarias para impulsar o facilitar el despliegue de infraestructuras de redes de comunicaciones electrónicas en su ámbito territorial, en particular, para garantizar la libre competencia en la instalación de redes y en la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas y la disponibilidad de una oferta suficiente de lugares y espacios físicos en los que los operadores decidan ubicar sus infraestructuras. De esta manera, dicha normativa o instrumentos de planificación no podrán establecer restricciones absolutas o desproporcionadas al derecho de ocupación del dominio público y privado de los operadores ni imponer soluciones tecnológicas concretas, itinerarios o ubicaciones concretas en los que instalar infraestructuras de red de comunicaciones electrónicas. En este sentido, cuando una condición pudiera implicar la imposibilidad de llevar a cabo la ocupación del dominio público o la propiedad privada, el establecimiento de dicha condición deberá estar plenamente justificado e ir acompañado de las alternativas necesarias para garantizar el derecho de ocupación de los operadores y su ejercicio en igualdad de condiciones. Las administraciones públicas contribuirán a garantizar y hacer real una oferta suficiente de lugares y espacios físicos en los que los operadores decidan ubicar sus infraestructuras identificando dichos lugares y espacios físicos en los que poder cumplir el doble objetivo de que los operadores puedan ubicar sus infraestructuras de redes de comunicaciones 4
5 electrónicas así como la obtención de un despliegue de las redes ordenado desde el punto de vista territorial. [ ] 6. Para la instalación de las estaciones o infraestructuras radioeléctricas utilizadas para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público a las que se refiere la disposición adicional tercera de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, no podrá exigirse la obtención de licencia previa de instalaciones, de funcionamiento o de actividad, ni otras de clase similar o análogas, en los términos indicados en la citada ley. Para la instalación de redes públicas de comunicaciones electrónicas o de estaciones radioeléctricas en dominio privado distintas de las señaladas en el párrafo anterior, no podrá exigirse por parte de las administraciones públicas competentes la obtención de licencia o autorización previa de instalaciones, de funcionamiento o de actividad, o de carácter medioambiental, ni otras licencias o aprobaciones de clase similar o análogas que sujeten a previa autorización dicha instalación, en el caso de que el operador haya presentado a la administración pública competente para el otorgamiento de la licencia o autorización un plan de despliegue o instalación de red de comunicaciones electrónicas, en el que se contemplen dichas infraestructuras o estaciones, y siempre que el citado plan haya sido aprobado por dicha administración. [ ] 7. En el caso de que sobre una infraestructura de red pública de comunicaciones electrónicas, fija o móvil, incluidas las estaciones radioeléctricas de comunicaciones electrónicas, ya esté ubicada en dominio público o privado, se realicen actuaciones de innovación tecnológica o adaptación técnica que supongan la incorporación de nuevo equipamiento o la realización de emisiones radioeléctricas en nuevas bandas de frecuencias o con otras tecnologías, sin variar los elementos de obra civil y mástil, no se requerirá ningún tipo de concesión, autorización o licencia nueva o modificación de la existente o declaración responsable o comunicación previa a las administraciones públicas competentes por razones de ordenación del territorio, urbanismo o medioambientales. 5
6 Ley 12/2012, de 26 de diciembre. Instalaciones de redes públicas de comunicaciones electrónicas. Artículo 2. Ámbito de aplicación 1. Las disposiciones contenidas en el Título I de esta Ley se aplicarán a las actividades comerciales minoristas y a la prestación de determinados servicios previstos en el anexo de esta Ley, realizados a través de establecimientos permanentes, situados en cualquier parte del territorio nacional, y cuya superficie útil de exposición y venta al público no sea superior a 750 metros cuadrados. 2. Quedan al margen de la regulación contenida en el Título I de esta Ley las actividades desarrolladas en los mencionados establecimientos que tengan impacto en el patrimonio histórico-artístico o en el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio público. Disposición adicional tercera. Instalaciones de redes públicas de comunicaciones electrónicas. Las disposiciones contenidas en el Título I de esta Ley se aplicarán a las estaciones o instalaciones radioeléctricas utilizadas para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público, a excepción de aquéllas en las que concurran las circunstancias referidas en el artículo 2.2 de esta Ley, ocupen una superficie superior a 300 metros cuadrados, computándose a tal efecto toda la superficie incluida dentro del vallado de la estación o instalación o, tratándose de instalaciones de nueva construcción, tengan impacto en espacios naturales protegidos. Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación. Disposición adicional octava. Instalación de infraestructuras de red o estaciones radioeléctricas en edificaciones de dominio privado 1. Las obras de instalación de infraestructuras de red o estaciones radioeléctricas en edificaciones de dominio privado no requerirán la obtención de licencia de obras o edificación ni otras autorizaciones, si bien, en todo caso el promotor de las mismas habrá de presentar ante la autoridad competente en materia de obras de edificación una declaración responsable donde conste que las obras se llevarán a cabo según un proyecto o una memoria técnica suscritos por técnico competente, según 1 Según la redacción dada por la disposición final tercera de la LGTEL. 6
7 corresponda, justificativa del cumplimiento de los requisitos aplicables del Código Técnico de la Edificación. Una vez ejecutadas y finalizadas las obras de instalación de las infraestructuras de las redes de comunicaciones electrónicas, el promotor deberá presentar ante la autoridad competente una comunicación de la finalización de las obras y de que las mismas se han llevado a cabo según el proyecto técnico o memoria técnica. b) Normativa autonómica: De acuerdo con la recientemente aprobada Ley 5/2014, de 25 de junio, de la Generalitat, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la Comunidad Valenciana, están sujetas a declaración responsable la colocación de antenas o dispositivos de comunicación de cualquier clase solo en suelo urbano y siempre que no afecte a dominio público. De ello puede deducirse que si dichas instalaciones se ubican en otros tipos de suelo distintos del suelo urbano no gozarían de este régimen y requerirían licencia o autorización previa. Además, la normativa autonómica valenciana introduce un régimen jurídico específico más riguroso al despliegue de instalaciones de telecomunicaciones en suelo no urbanizable, ya que la Generalitat interviene en la autorización del uso de ese tipo de suelo mediante un instrumento previo a la licencia denominado declaración de interés comunitario (en adelante DIC). Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la Comunidad Valenciana. Artículo 197. Ordenación de usos y aprovechamientos en el suelo no urbanizable. La zonificación del suelo no urbanizable podrá prever, en función de sus características y con carácter excepcional, los siguientes usos y aprovechamientos: [ ] f) Actividades terciarias o de servicios. Sólo puede autorizarse la implantación de las siguientes actividades: [ ] 6.º Obras, infraestructuras e instalaciones propias de las redes de suministros, transportes y comunicaciones, de necesario emplazamiento en el suelo no urbanizable. [ ] Artículo 202. Actividades que requieren declaración de interés comunitario. 7
8 1. La Generalitat interviene en la autorización de usos y aprovechamientos en suelo no urbanizable, dentro de los límites y en las condiciones establecidas en esta ley, mediante su declaración de interés comunitario previa a la licencia municipal, en los supuestos contemplados en el artículo 197, párrafos d), e) y f) de esta ley. Asimismo, será exigible tramitar este procedimiento para la implantación de dichas actividades en edificaciones existentes y para la ampliación o reforma de las ya autorizadas, salvo en los supuestos previstos en el apartado siguiente [ ]. Artículo 214. Actuaciones sujetas a declaración responsable. Están sujetas a declaración responsable, en los términos del artículo 222 de esta ley: a) La instalación de tendidos eléctricos, telefónicos u otros similares y la colocación de antenas o dispositivos de comunicación de cualquier clase y la reparación de conducciones en el subsuelo, solo en suelo urbano y siempre que no afecte a dominio público. [ ] III. CONSIDERACIONES DE LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA UNIDAD DE MERCADO a) Inclusión de la actividad de instalación de antenas y equipos para la provisión de servicio de wifi en el ámbito de la LGUM. El apartado b) del Anexo de la LGUM define las actividades económicas como: b) Actividad económica: cualquier actividad de carácter empresarial o profesional que suponga la ordenación por cuenta propia de los medios de producción, de los recursos humanos, o ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o en la prestación de servicios. La actividad de provisión de servicio de wifi constituye una actividad económica y como tal está incluida en el ámbito de aplicación de la LGUM, cuyo artículo 2 establece: Esta Ley será de aplicación al acceso a actividades económicas en condiciones de mercado y su ejercicio por parte de operadores legalmente establecidos en cualquier lugar del territorio nacional. b) Análisis de la reclamación a la luz de los principios de la LGUM. 8
9 El objeto de este informe es analizar, a la luz de los principios de la LGUM, la solicitud de licencia urbanística y declaración de interés comunitario que exige el ayuntamiento de Beniganim al interesado para la legalización de la colocación de los equipos necesarios para el despliegue de red wifi, decisión que descansa en el régimen de intervención previa que contempla la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la Comunidad Valenciana mencionada en el apartado anterior de este informe. Se analiza por tanto también la compatibilidad con la LGUM de la citada ley autonómica. Esta SECUM ha analizado anteriormente casos similares relativos al régimen de intervención de instalación de equipos y antenas para redes de comunicaciones, entre otros, los contenidos en las Ordenanzas de Hernani y de Cangas. 2 En línea con esos informes previos, el análisis del caso debe efectuarse atendiendo a lo establecido en el artículo 17.1.b) 3 de la LGUM, que establece los supuestos en los que puede exigirse un régimen de autorización para una infraestructura física o instalación. De acuerdo con el citado artículo, el régimen de autorización debe establecerse en una norma con rango de ley y motivarse de forma suficiente su necesidad y proporcionalidad. En el supuesto de instalaciones físicas, se considera que concurren los principios de necesidad y proporcionalidad que justificarían su imposición, cuando éstas sean susceptibles de generar daños, entre otros, sobre el medioambiente y siempre que la protección medioambiental no pueda realizarse mediante un medio de intervención menos restrictivo de la actividad económica como la declaración responsable o la comunicación Telecomunicaciones Cangas Telecomunicaciones Hernani. El Recurso contencioso administrativo interpuesto por la CNMC contra las Ordenanzas de Hernani ha sido admitido por la Audiencia Nacional. 3 Se podrá establecer la exigencia de una autorización siempre que concurran los principios de necesidad y proporcionalidad, que habrán de motivarse suficientemente en la Ley que establezca dicho régimen. Cuando el régimen de autorización se exija por norma comunitaria o tratado internacional las autorizaciones podrán estar previstas en una norma de rango inferior a la Ley. Se considerará que concurren los principios de necesidad y proporcionalidad para la exigencia de una autorización: [ ] b) Respecto a las instalaciones o infraestructuras físicas necesarias para el ejercicio de actividades económicas, cuando sean susceptibles de generar daños sobre el medio ambiente y el entorno urbano, la seguridad o la salud pública y el patrimonio históricoartístico, y estas razones no puedan salvaguardarse mediante la presentación de una declaración responsable o de una comunicación. 9
10 En el caso que nos ocupa, la exigencia de licencia y de declaración de interés comunitario por parte del Ayuntamiento de Beniganin deriva de una norma con rango de ley (Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la Comunidad Valenciana). Asimismo, podría entenderse que la razón que justificaría el establecimiento de este régimen de intervención es la protección del medioambiente, dado que la razón esgrimida en el Decreto informado es que la instalación que se pretende legalizar está ubicada en suelo no urbanizable de especial protección forestal y paisajística. Sin embargo, aunque la imposición de una autorización previa para estas instalaciones podría estar justificada por la necesidad de proteger el medioambiente, esto no exime de la realización del necesario análisis de necesidad y proporcionalidad en los términos que establece el artículo 17.1.b) de la LGUM, ejercicio que incluye la valoración de la posibilidad de utilizar un medio de intervención menos restrictivo de la actividad económica como la declaración responsable o la comunicación. Además, debe haber una relación directa de causalidad entre la razón imperiosa de interés general que se pretende proteger y el régimen de intervención propuesto. De acuerdo con el precepto citado, la imposición de una autorización como medio de intervención para este tipo de instalaciones solo es necesaria y proporcionada si dicha instalación es susceptible de generar daños sobre el medioambiente. Cabría preguntarse por tanto si la instalación que pretende legalizar el interesado es susceptible de generar esos daños. Por otro lado, esta Secretaría considera, también en línea con otros informes emitidos anteriormente sobre Ordenanzas que afectaban al régimen de intervención para el despliegue de redes de telecomunicaciones, que la LGTEL, como norma reguladora del sector de ámbito nacional, ha incorporado los principios de necesidad y proporcionalidad que exige la LGUM en relación con esos regímenes de intervención. Conviene por tanto recordar cómo regula la LGTEL este asunto. La LGTEL (artículo 34.6) y la disposición adicional tercera de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, establecen que el régimen de intervención necesario y proporcionado para este tipo de instalaciones es, con carácter general, la declaración responsable; y que la exigencia de licencia, como excepción, solo es necesaria y proporcionada en determinados supuestos, entre otros, si la instalación de estaciones o infraestructuras radioeléctricas tienen impacto en espacios naturales protegidos, siempre que se trate de instalaciones de nueva construcción. 10
11 Es decir, en ambos casos, tanto la LGUM como la LGTEL, explicitan claramente que la imposición de una autorización como medio de intervención para este tipo de instalaciones o infraestructuras solo es necesaria y proporcionada si dichas instalaciones son susceptibles de generar daños sobre el medioambiente o, si tratándose de una instalación de nueva construcción, tienen impacto en espacios naturales protegidos. En este contexto, el Decreto del Ayuntamiento de Beniganim objeto de este informe, basa su resolución de solicitud de licencia al interesado en la calificación del suelo como no urbanizable de especial protección forestal y paisajística. Atendiendo al Decreto, sería posible diferenciar de esta forma dos posibles motivos para la exigencia de la licencia, circunstancia que no se concreta en el pronunciamiento del Ayuntamiento: exigencia de licencia atendiendo a la ubicación en suelo no urbanizable y exigencia de licencia atendiendo a la especial protección forestal y paisajística. En relación con la exigencia de licencia por la ubicación en suelo no urbanizable, cabe señalar que la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Comunidad Valenciana, podría contravenir la LGUM, puesto que impone dos intervenciones administrativas al despliegue de redes de comunicaciones mediante una mera calificación jurídica del suelo, lo que constituye una restricción absoluta, innecesaria y desproporcionada al derecho de ocupación de los operadores. En particular, tanto el artículo 214, que admite la declaración responsable en lugar de la licencia solo para instalaciones en suelo urbano, como el artículo 202, que impone una autorización de la Generalitat para instalaciones situadas en suelos no urbanizables, introducen restricciones absolutas al someter a autorización las referidas instalaciones en todo el suelo de una determinada calificación. En este contexto, e independientemente de la razón que se pudiera esgrimir para justificar el establecimiento de los dos regímenes de autorización contenidos en esta Ley, su proporcionalidad aparece claramente cuestionada por la normativa sectorial aplicable (LGTEL), que tras el correspondiente análisis de proporcionalidad ha concluido que, con carácter general, la declaración responsable es la actuación administrativa adecuada para la realización de estas instalaciones. Por otra parte, en el caso de que la exigencia de licencia se justificara por la especial protección forestal o paisajística del suelo, y por tanto el objeto de 11
12 la misma fuera la protección del medio ambiente por los posibles daños que la instalación pudiera causar, podríamos encontrarnos ante uno de los casos en los que el artículo 17 de la LGUM considera que concurren los principios de necesidad y proporcionalidad para la exigencia de una autorización, siempre y cuando ese interés no pudiera salvaguardase mediante la presentación de una declaración responsable o de una comunicación. En particular, dicha autorización sólo se ajustaría a los principios de necesidad y proporcionalidad a los que se refiere la LGUM e incorporados a la LGTEL, si la instalación en cuestión tuviera impacto en espacios naturales protegidos y se tratara de una instalación de nueva construcción. En consecuencia, el Decreto del Ayuntamiento de Beniganim sólo sería conforme a la LGUM, por superar el test de necesidad y proporcionalidad que debe conllevar este tipo de régimen e intervención, en caso de que se refiriera a nuevas instalaciones con impacto en espacios naturales protegidos. Por último, cabe señalar que, en la medida en que el Decreto del Ayuntamiento de Beniganim y la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Comunidad Valenciana, establecen dos medios de intervención acumulativos para el despliegue de este tipo de instalaciones (la licencia y la declaración de interés comunitario) tanto la actuación del ayuntamiento como la Ley autonómica que la sustenta también podrían contravenir el artículo 7 4 de la LGUM que proclama el principio de simplificación de cargas y según el cual la intervención de distintas autoridades debe garantizar que no se genera un exceso de regulación o duplicidades, ni mayores cargas para el operador que las que se generarían con la intervención de una única autoridad. IV. CONSIDERACIONES ADICIONALES SOLUCIÓN PLANTEADA Esta Secretaría considera que la decisión del Ayuntamiento de Beniganim por la que se insta al interesado a solicitar licencia para legalizar su estación WIFI- WIMAX, podría no ser necesaria ni proporcionada de acuerdo con la LGUM, en 4 Artículo 7. Principio de simplificación de cargas. La intervención de las distintas autoridades competentes garantizará que no genera un exceso de regulación o duplicidades y que la concurrencia de varias autoridades en un procedimiento no implica mayores cargas administrativas para el operador que las que se generarían con la intervención de una única autoridad. 12
13 caso de que no se refiriera a una instalación nueva con impacto en un espacio natural protegido. Asimismo, los artículos de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la Comunidad Valenciana, que fundamentan la decisión de ese ayuntamiento, podrían no ajustarse a los principios de necesidad y proporcionalidad proclamados por la LGUM, al someter de forma absoluta a dos regímenes de intervención previa (licencia y declaración de interés comunitario) aquellas instalaciones situadas en suelo no urbano o no urbanizable respectivamente. Por último, la existencia de dos medios de intervención acumulativos podría no ser compatible con el principio de simplificación de cargas que establece la LGUM. En el marco de la tramitación de este expediente la Comunidad Valenciana ha trasladado su informe en el que señala que: las instalaciones que, en el marco de la LGTEL, tienen la consideración de servicio de interés general, promovidas por operadores que cumplan las condiciones establecidas en dicha normativa no están sometidas a declaración de interés comunitario, siendo de aplicación el régimen de licencias que se establezca en la legislación sectorial que sea de aplicación. En línea con este pronunciamiento, el ayuntamiento de Beniganim debería revisar su actuación administrativa. Este informe no tiene la consideración de acto administrativo recurrible. Madrid, 20 de octubre de 2015 LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA UNIDAD DE MERCADO 13
SERVICIO DE ASESORAMIENTO TÉCNICO E INFORMACIÓN
SERVICIO DE ASESORAMIENTO TÉCNICO E INFORMACIÓN Informe SATI sobre la aplicación de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios en
Núm. 231 Martes 23 de septiembre de 2014 Sec. I. Pág. 74201 I. DISPOSICIONES GENERALES COMUNITAT VALENCIANA 9626 Ley 6/2014, de 25 de julio, de Prevención, Calidad y Control ambiental de Actividades en