Source: https://anad1991.wordpress.com/2011/04/05/la-contrareforma-del-pri-a-la-lft-y-el-principio-de-progresividad/
Timestamp: 2017-06-26 03:30:57
Document Index: 156073674

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 26', 'in dubio', 'artículo 133', 'artículo 23', 'artículo 123', 'Artículo 3']

LA CONTRAREFORMA DEL PRI A LA LFT Y EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD | ASOCIACIÓN NACIONAL DE ABOGADOS DEMOCRÁTICOS ANAD
5 abril 2011 en 2:50 pm	· Filed under Abogados, ANAD, Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Constitución, Derecho, derechos humanos, justicia, Ley Federal del Trabajo, Opinion, Reflexiones, Sindicatos, Sociedad, Tribunal Internacional de Libertad Sindical	Lic. María Estela Ríos González
En la Declaración Universal de Derechos Humanos se establece como deber fundamental de los pueblos y naciones, promover “… mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades (establecidos en dicha Declaración), y asegurar, “…por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros…”
El artículo 2.1 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual forma parte México, establece que: “… cada uno de los estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos” El artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevé que:
La Declaración de Filadelfia de 1944, contiene los principios y declaraciones fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, entre ellos: “cualquier política y medida de índole nacional e internacional particularmente de carácter económico y financiero deben… aceptarse solamente cuando favorezcan y no entorpezcan, el cumplimiento de ese objetivo fundamental” que no es otro que la protección del derecho del ser humano a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad, dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades, para lo cual el pleno ejercicio del derecho al trabajo es pilar básico.
El principio de progresividad a que refiere la normativa internacional implica el deber para los Estados de tomar toda clase de medidas, particularmente legislativas, que garanticen una mayor extensión y protección de los derechos humanos, sociales, económicos y políticos reconocidos en los pactos y convenios internacionales. Este principio de progresividad se expresa, en la irreversibilidad de los derechos ya reconocidos y en la prohibición de reducir la protección legal ya establecida; que da lugar a otro principio general de derecho: el de conservación de derechos o la no derogación del régimen más favorable, que en el ámbito del derecho del trabajo internacional, ha sido consagrado en el inciso 8º del art. 19 de la Constitución de la OIT.
Inherente al principio de progresividad, está el principio de supremacía de la disposición más favorable a la persona humana o cláusula de individuo más favorecido. “in dubio pro homine”.
Ahora bien, en nuestro régimen jurídico, conforme a la tesis jurisprudencial emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el artículo 133 Constitucional ha establecido la jerarquía normativa de los Tratados internacionales, una vez que han sido suscritos por el Estado Mexicano y ratificados por el Senado de la República, los cuales se encuentran en la pirámide jurídica, solo por debajo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por encima de las leyes generales, las leyes federales y las leyes Locales, lo que obliga a las autoridades estatales a cumplir y hacer cumplir dichos tratados y convenciones.
México ha formado parte y ha ratificado los tratados y convenciones, en los que se han establecido los derechos humanos, sociales políticos y económicos fundamentales de los seres humanos; que sustentan el principio de progresividad de estos derechos; por tanto, en esta materia, el poder legislativo, particularmente, está obligado a hacer efectivo el principio de progresividad al regular la materia de los derechos humanos sociales políticos, culturales y económicos reconocidos en la normativa internacional.
La Declaración de la OIT, señala: “…todos los seres humanos tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad, dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades” y este objetivo se logra fundamentalmente en el ejercicio de un derecho humano y social fundamental: el Derecho al trabajo.
El artículo 23 numeral 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece:
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. El Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales establece en los artículos 6 y 7:
d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las variaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos.”
En congruencia con la normativa internacional, el artículo 123 constitucional establece: “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo” Este reconocimiento constitucional, eleva el derecho al trabajo al rango de garantía social.
El Artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo, complementa el contenido de este derecho humano y garantía social reconocida en nuestra Constitución al establecer: “El trabajo es un derecho y un deber sociales. No es artículo de comercio, exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia.”
El derecho al trabajo, no sólo constituye un derecho humano y social fundamental reconocido en la normativa internacional, sino que en nuestro orden jurídico, es además una garantía social que obliga al Estado (a través de sus órganos de gobierno), no sólo a cumplir y hacer cumplir el ejercicio de ese derecho, sino a tomar toda clase de medidas (legislativas, administrativas y judiciales) para hacer efectivo ese derecho para todos los habitantes de nuestro país. Así pues, reconocido el derecho al trabajo, como un derecho humano, como un derecho social y como una garantía constitucional en nuestro país, opera el principio de progresividad en materia laboral, principio general del derecho que integra nuestro ordenamiento jurídico, al constituir no solo un deber de conducta ético para los individuos, sino un principio básico de toda labor creativa de normas laborales y que por que por tanto, el legislador está obligado a seguir antes promulgar una normativa laboral.
La expedición de cualquier medida legislativa tendiente a retrotraer o que menoscabe un derecho ya reconocido a desmejorar una situación jurídica favorable al trabajador, o que no establezca una mayor extensión y eficaz protección del derecho al trabajo, atentará en contra del principio de progresividad.
Y esto es precisamente, lo que hace la iniciativa de contrareforma a la Ley Federal del Trabajo del PRI; atenta contra los principios fundamentales del derecho del Trabajo, establecidos en nuestro país a partir de la Constitución de 1917 y particularmente contra el principio de progresividad, reconocido internacionalmente y parte de la normativa interna por disposición constitucional, al amparo de teorías economicistas y con falsos discursos que pretenden arrebatar a los trabajadores derechos ya reconocidos en la Constitución y en la actual Ley Federal del Trabajo y que se niega a establecer una normativa protectora del derecho al trabajo.
Para llegar a esta conclusión, basta leer la exposición de motivos de las llamadas reformas a la Ley Federal del Trabajo y las propuestas que se hacen al respecto. La mayoría, sino es que la totalidad atentan contra el principio de progresividad; implican retrocesos y no establecen una protección eficaz del derecho fundamental de todo ser humano, el derecho al trabajo, cuyo ejercicio hace posible la vida digna a la que todos tenemos derecho.