Source: https://aldiaargentina.microjuris.com/2013/09/26/legitiman-a-asociacion-de-consumidores-en-accion-colectiva-contra-empresa-de-medicina-prepaga-para-evitar-aumento-de-cuotas/
Timestamp: 2020-02-20 01:39:59
Document Index: 7165308

Matched Legal Cases: ['artículo 43', 'artículo 7', 'artículo 43', 'in fine', 'artículo 43', 'artículo 54', 'artículo 54', 'artículo 43', 'artículo 43', 'artículo 54']

Legitiman a asociación de consumidores en acción colectiva contra empresa de medicina prepaga para evitar aumento de cuotas – AL DÍA | ARGENTINA
Legitiman a asociación de consumidores en acción colectiva contra empresa de medicina prepaga para evitar aumento de cuotas
Ed. Microjuris.com Argentina	en 26 septiembre 2013
3.-Corresponde dejar sin efecto la sentencia, pues la Cámara no tuvo en cuenta que la diversidad en materia de intereses económicos es una característica que necesariamente se da entre los usuarios de cualquier producto o servicio, y con ello omitió considerar que toda afectación de los intereses del grupo repercutirá de manera distinta en sus integrantes. (Del voto del Dr. Petracchi por su fundamento – mayoría)
4.-La circunstancia de que existan consumidores o usuarios que, eventualmente, no tengan interés en formar parte de la acción, no resulta un impedimento para otorgar legitimación a las asociaciones para defender los intereses del resto. (Del voto del Dr. Petracchi por su fundamento – mayoría)
5.-En principio, debe reconocerse legitimación activa a los sujetos mencionados en el artículo 43 , segundo párrafo, de la Constitución Nacional cuando alguno de ellos ha presentado una acción contra lesiones a los bienes especialmente presupuestos en la misma cláusula, los cuales son: ausencia de toda forma de discriminación, el ambiente sano, la competencia económica y la posición del usuario o el consumidor. (Del voto de la Dra. Argibay por su fundamento – mayoría)
6.-La legitimación activa de la asociación de consumidores surge directamente del art. 55 de la ley 24.240, más allá del régimen constitucional de la acción de amparo en relación con este tipo de derechos, para promover el dictado de una sentencia con efectos sobre todo un grupo de personas que no son parte en el juicio. (Del voto de la Dra. Argibay por su fundamento – mayoría)
Vistos los autos: “PADEC c. Swiss Medical S.A. s. nulidad de cláusulas contractuales”.
1°) Que la asociación “Prevención, Asesoramiento y Defensa del Consumidor” (PADEC) interpuso demanda contra Swiss Medical S.A. con el objeto de que se declarara la ineficacia de las cláusulas contenidas en el contrato tipo que vincula a la empresa con sus afiliados, en cuanto contemplan el derecho de aquélla a modificar unilateralmente las cuotas mensuales y los beneficios de los planes que ofrece, la exime de responsabilidad por daños y perjuicios derivados de la impericia, culpa, dolo, imprudencia o negligencia de sus prestadores, así como de responsabilidad por la suspensión de servicios (cláusulas 3.1, 3.2, 3.3 Y 3.4.2). Asimismo, la actora solicitó que se condenara a Swiss Medical S.A. a dejar sin efecto los aumentos del valor de las cuotas mensuales que habían sido dispuestos. La actora fundó su legitimación en los artículos 52 y 53 de la ley 24.240 y en los artículos 42 y 43 de la Constitución Nacional, sobre la base de que estaba en juego un derecho de incidencia colectiva, más allá de los intereses individuales de los consumidores del servicio de medicina prepaga prestado por la demandada. En cuanto al fondo del asunto, consideró que las cláusulas contractuales impugnadas eran contrarias a la ley 24.240 y a los artículos 18, 21 Y 1198 del Código Civil, y que los aumentos aplicados por la demandada vulneraban lo dispuesto por la ley 25.561, que mantuvo la prohibición de actualización monetaria e indexación por precios establecida en el artículo 7° de la ley 23.298.
2°) Que para decidir como lo hizo, el tribunal a qua consideró que el derecho invocado por la actora no constituía un derecho de incidencia colectiva. Por el contrario, entendió que los intereses involucrados en el caso eran patrimoniales y divisibles, que podían resultar contradictorios o confusos, y que su homogeneidad era solo aparente. Agregó que no surgía del expediente que todos los afiliados hubieran avalado la promoción de la demanda, y consideró cuanto menos riesgoso dejar librada su defensa a una asociación de consumidores. Al respecto, entendió que la afectación de derechos subjetivos proyectada a un grupo determinado de personas no necesariamente conllevaba a un derecho de incidencia colectiva, sino más bien a una sumatoria de derechos subjetivos y que, en estos casos, correspondía ser extremadamente cauto, puesto que se corría el riesgo de sustituir la voluntad del interesado a quien le correspondía en forma exclusiva el ejercicio y tutela de sus derechos. En consecuencia, concluyó que el carácter divisible y no homogéneo de los intereses en juego determinaba la falta de legitimación de la actora para demandar la nulidad de’ las cláusulas contractuales impugnadas.
3°) Que en el trámite del recurso extraordinario interpuesto se anexó al expediente la presentación que, en carácter de amigo del tribunal, articuló la “Asociación por los Derechos Civiles”. En ella, la asociación mencionada aportó argumentos de derecho y jurisprudencia relacionados con el caso en estudio para conocimiento de esta Corte.
8°) Que a los efectos de esclarecer la cuestión cabe recordar que esta Corte ha sostenido que para evaluar la legitimación de quien deduce una pretensión procesal resulta indispensable en primer término determinar “cuál es la naturaleza jurídica del derecho cuya salvaguarda se procuró mediante la acción deducida, quiénes son los sujetos habilitados para articularla, bajo qué condiciones puede resultar admisible y cuáles son los efectos que derivan de la resolución que en definitiva se dicte” (Fallos: 332: 111 “Halabi” , considerando 9º). En este orden de ideas, se estimó pertinente delimitar con precisión tres categorías de derechos tutelados: individuales, de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos, y de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos.
La pretensión está concentrada en los “efectos comunes” para toda la clase de sujetos afectados, lo que permite tener por configurado el segundo requisito expuesto en el considerando 10. Al respecto debe repararse en que el contrato impugnado contiene cláusulas que alcanzan por igual a todo el colectivo de afiliados de la demandada.
12º) Que, en cuanto a los sujetos habilitados para demandar en defensa de derechos como los involucrados en el sub lite, es perfectamente aceptable dentro del esquema de nuestro ordenamiento que determinadas asociaciones deduzcan, en los términos del ya citado segundo párrafo del artículo 43, una acción colectiva con análogas características y efectos a la existente .en el derecho norteamericano (confr. consid. 19 in fine del Fallo “Halabi”).
13º) Que, en este orden de ideas cabe destacar que la asociación actora tiene entre sus propósitos “.l.a defensa de los derechos de los consumidores y usuarios tutelados por el art. 42 de la Constitución Nacional y los tratados con jerarquía constitucional. y la defensa de los derechos de los consumidores cuando sus intereses resulten afectados y/o amenazados, mediante la interposición de acciones administrativas Y judiciales y la petición a las autoridades ya sea en representación grupal, colectiva o general (confr. art. 2°, ap. 1 y 2 de su estatuto, obrante a fs.10/14) En consecuencia no se advierten óbices para que deduzca, en los términos del párrafo segundo del artículo 43 de la Constitución Nacional, una acción colectiva de las características de la intentada en autos.
14º) Que la circunstancia de que se haya demandado por la vía de un proceso ordinario no constituye un obstáculo para la aplicación de los criterios expuestos en el precedente “Halabi”, pues esta Corte ha advertido que el propio texto constitucional autoriza el ejercicio de acciones apropiadas para la defensa de intereses colectivos con prescindencia de las figuras expresamente diseñadas en él o en las normas procesales vigentes.
Es oportuno recordar, en ese sentido, que al interpretar el ya mencionado art. 43 de la Constitución Nacional, el Tribunal admitió que la protección judicial efectiva no se reduce únicamente al amparo strictu sensu sino que es susceptible de extenderse a otro tipo de remedios procesales de carácter general como -en el supuesto de Fallos 328:1146- el hábeas corpus colectivo, pues es lógico suponer que si se reconoce la tutela colectiva de los derechos citados en el párrafo segundo, con igual o mayor razón la Constitución otorga las mismas herramientas a un bien jurídico de valor prioritario y del que se ocupa en especial, no precisamente para reducir o acotar su tutela sino para privilegiarla (Fallos: 328:1146 y causa “Halabi”, ya citada)
15º) Que, por otra parte, tampoco es posible soslayar que, a partir de las modificaciones introducidas en el año 2008, la Ley de Defensa del Consumidor admite la posibilidad de que por vía de una acción colectiva puedan introducirse planteos como el que en autos se formula. En efecto, sólo de esta forma puede explicarse que el legislador, al regular las “acciones de incidencia colectiva”, haya expresamente contemplado un procedimiento para hacer efectivas las sentencias que condenen al pago o restitución de sumas de dinero.Tal intención se advierte en el artículo 54 del precepto, que prevé para este tipo de procesos que “.S.i la cuestión tuviese contenido patrimonial [la sentencia] establecerá las pautas para la reparación económica o el procedimiento para la determinación sobre la base del principio de reparación integral. Si se trata de la restitución de sumas de dinero se hará por los mismos medios que fueron percibidas; de no ser ello posible, mediante sistemas que permitan que los afectados puedan acceder a la reparación y, si no pudieran ser individualizados, el juez fijará la manera en que el resarcimiento sea instrumentado, en la forma que más beneficie al grupo afectado .”. (el destacado no pertenece al texto original)
16º) Que, finalmente, se impone señalar que el tribunal de origen deberá encuadrar el trámite de la presente en los términos del artículo 54 de la ley 24.240. A tales efectos, deberá: identificar en forma precisa el colectivo involucrado en el caso, supervisar que la idoneidad de quien asumió su representación se mantenga a lo largo del proceso, arbitrar un procedimiento apto para garantizar la adecuada notificación de todas aquellas personas que pudieran tener un interés en el resultado del litigio, de manera de asegurarles tanto la alternativa de optar por quedar fuera del pleito como la de comparecer en él como parte o contraparte, e implementar medidas de publicidad orientadas a evitar la multiplicación o superposición de procesos colectivos con idéntico objeto al presente (confr. considerando 20 de la causa “Halabi”, ya citada) .
3°) Que en el trámite del recurso extraordinario interpuesto, presentación que en carácter de amigo del tribunal articuló la “Asociación por los Derechos Civiles”. En ella, la asociación mencionada aportó argumentos de derecho y jurisprudencia relacionados con el caso en estudio para conocimiento de esta Corte.
En efecto, tal como lo señala el Procurador General a fs, 664, las otras cláusulas impugnadas en la demanda ya no están vigentes, y ello es así toda vez que fueron removidas o modificadas a partir del dictado de la Resolución de’ la Secretaría de’ la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor N° 53/03, modificada por la Resolución de la Secretaría de Coordinación Técnica 26/03, así como de la Resolución 9/2004 de esta última autoridad administrativa (ver nueva versión del contrato acompañada por la demandada en el sobre grande 6644, y la nota de la autoridad de control obrante a fs. 437/439). No obsta a lo expuesto el hecho de que la recurrente sostenga que no le consta cuáles son los contratos que actualmente aplica la demandada, y que las relaciones contractuales que ésta instrumentó con el contrato tipo acompañado en la demanda continuarán rigiendo la vida de los contratos hasta su conclusión (fs. 252)259). Ello es así pues mediante las resoluciones ut supra mencionadas la autoridad administrativa determinó que ese tipo de cláusulas se tendrían por no convenidas, en los términos del art.37 de la ley 24.240.
Así, el art.43, segundo párrafo de la norma fundamental establece que podrán interponer la acción de amparo, “contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen el ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propenden a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización”.
De las constancias del expediente surge que la asociación actora tiene por objeto la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios tutelados por el art. 42 de la Constitución Nacional y los tratados de jerarquía constitucional”, especialmente “mediante la interposición de acciones administrativas y judiciales y la petición a las autoridades ya sea en representación grupal, colectiva o general” (ver art. 2 incs. y 3 de su Estatuto, agregado a fs. 9/13).
95. xxx “Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica de la República Argentina (AGUEERA) c/Buenos Aires, Provincia de y otro s/acción declarativa” y sus citas). En efecto, aquélla también constituye un procedimiento abreviado, tendiente a evitar que se consume la violación de derechos y garantías constitucionales, concretamente de los derechos de los usuarios y consumidores previstos en el art. 42 de la Constitución.
9′) Que de la lectura de las normas constitucionales en cuestión se desprende que la interpretación que el tribunal a quo hizo de ellas, podría conducir a vaciar de contenido la protección que el art.43 de la Constitución Nacional otorgó a los consumidores, al legitimar a las asociaciones para la defensa de sus derechos. En efecto, la Cámara no tuvo en cuenta que la diversidad en materia de intereses económicos es una característica que necesariamente se da entre los consumidores de cualquier producto o servicio, y con ello omitió considerar que toda afectación de los intereses del grupo repercutirá ineludiblemente de manera distinta en sus integrantes, de acuerdo con la situación económica individual de cada uno de ellos.
Por lo demás, reafirma la conclusión precedente la modificación introducida por la ley 26.361 a la ley 24.240, toda vez que el legislador interpretó las normas constitucionales mencionadas en el mismo. sentido. Concretamente, al regular los efectos de la sentencia dictada en las acciones de incidencia colectiva, el art. 54 de la mencionada ley estableció que “la sentencia que haga lugar a la pretensión hará cosa juzgada para el demandado y para todos los consumidores o usuarios que se encuentren en similares condiciones, excepto de aquellos que manifiesten su voluntad en contrario previo a la sentencia en los términos y condiciones que el magistrado disponga”. Esto significa que la circunstancia de que existan consumidores o usuarios que, eventualmente, no tengan interés en formar parte de la acción, no resulta un impedimento para otorgar legitimación a las asociaciones para defender los intereses del resto.
El texto constitucional no se limita a mencionar esos casos específicos, sino que también habilita la legitimación especial cuando se trate en general de un “derecho de incidencia colectiva”. En efecto, el artículo 43 de la Constitución Nacional asigna la defensa en juicio de esos intereses colectivos a ciertos sujetos que, por ende, se encuentran especialmente legitimados para defender en juicio un bien, pese a que no les pertenece en exclusividad.
La inclusión de ciertos derechos en la clase de “derechos de incidencia colectiva” debe establecerse tomando en cuenta la distinción entre derechos individuales y colectivos y puede decirse que ella sigue un patrón general:serán públicos o colectivos aquellos bienes o derechos cuyo uso y goce por una o varias personas no es excluyente del uso y goce de todas las demás.
3°) Que, en lo que interesa, el art. 42 de la Constitución Nacional establece que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho a la protección de diversos intereses que pueden verse afectados por su posición en la “relación de consumo”, entre ellos, pero no exclusivamente, sus intereses económicos. A su vez, el artículo 43 CN, amplió el espectro de sujetos legitimados para interponer acción de amparo en defensa de los “derechos que protegen [.]. al usuario y al consumidor”, reclamos que tradicionalmente encontraban cauce primordialmente a través de acciones individuales en defensa del derecho de propiedad lesionado.
En efecto, la asociación actora ha demandado por la vía prevista en los artículos 52, 53, 54 Y 55 de la ley 24.240, disposiciones que en su redacción actual (t.o. ley 26.361) admiten la legitimación activa de asociaciones de usuarios y consumidores para iniciar “acciones de incidencia colectiva” en defensa incluso de los intereses individuales y divisibles de los miembros de un cierto grupo.A este último efecto, el artículo 54, segundo párrafo, determina que “la sentencia que haga lugar a la pretensión hará cosa juzgada para el demandado y para todos los consumidores y usuarios que se encuentren en similares condiciones, excepto aquellos que manifiesten su voluntad en contrario previo a la sentencia en los términos y condiciones que el magistrado disponga”.
5°) Que de tal modo, el Congreso ha creado una acción’ que no es estrictamente una acción de amparo, a favor de las asociaciones de consumidores y usuarios cuando resulten objetivamente afectados o amenazados intereses de los consumidores y usuarios” (art. 55, de la ley 26.361) que no se ve impedida por la circunstancia de que existan consumidores o usuarios con un interés patrimonial diferenciado e incluso contrapuesto con el defendido por la asociación accionante, pues contempla una vía por la cual dichos intereses pueden ser puestos a salvo de la cosa juzgada mediante una oportuna petición de exclusión.
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