Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2000-01639-26810-de-marzo-16-de-2015?documento=jurcol&contexto=jurcol_132a63ed0357015ae0530a010151015a&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-12-10 20:14:09
Document Index: 248074224

Matched Legal Cases: ['artículo 129', 'artículo 13', 'artículo 1', 'artículo 82', 'artículo 28', 'artículo 27', 'artículo 884', 'artículo 11', 'artículo 4', 'artículo 55', 'artículo 171', 'artículo 115']

SENTENCIA 2000-01639 DE 16 DE MARZO DE 2015
CONTENIDO:CONTROVERSIA CONTRACTUAL. LA ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO PUEDE ALTERARSE DURANTE SU EJECUCIÓN POR LAS SIGUIENTES CAUSAS: 1). ACTOS O HECHOS IMPUTABLES A LA ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE, POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES2). ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN YA NO COMO CONTRATANTE SINO COMO ESTADO, ANALIZADOS A LA LUZ DE LA TEORÍA DEL HECHO DEL PRÍNCIPEY 3). ACTOS O HECHOS AJENOS A LAS PARTES DEL CONTRATO, O FACTORES SOBREVINIENTES, ABORDADOS GENERALMENTE DESDE LA PERSPECTIVA DE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CONTRATO ADMINISTRATIVO, PÓLIZA DE SEGURO, CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Sentencia 2000-01639/26810 de marzo 16 de 2015
Rad.: 25000232600020000163901 (26810)
Actor: Héctor Blanco Alvarado
Demandado:Beneficencia de Cundinamarca
Segunda: Que como consecuencia de lo anterior se obligue al demandado a cumplir con la respectiva contraprestación del Contrato, representada en los siguientes conceptos:
a) Cuenta de Cobro No. 023 de Diciembre 30 de 1998 por un valor de DOS MILLONES OCHOSCIENTOS (sic) NOVENTA Y SIETE MIL CIEN PESOS ($2.897.100.oo) M/cte. De acuerdo a la clausula (sic) 4º del Contrato.
c) Que sean cancelados los intereses corrientes y por mora causados desde la fecha en que ha debido ser cancelada la misma y hasta el momento de realizarse el pago real y efectivo como se describe a continuación y donde especifico las Cuentas de cobro y su valor.
Total Capital$5.794.200.
Total Intereses$2.714.790.
Gran Total$8.508.990.
Quinta: Se obligue a la demandada al pago de CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/cte ($42.000.000.oo), por concepto de StandBy (sic) o espera a que se sometio (sic) a mi cliente para entregar el listado de las tallas de los tennis para que el (sic) pudiese cumplir con el objeto del mismo, tiempo que se toma desde treinta de Diciembre (sic) de 1997 hasta el seis (6) de enero de 1999 fecha en que finalmente, le entregaron el oficio con el número de tallas para fabricar los tennis y teniendo en cuenta que sólo disponía de noventa (90) días para fabricarlos según el contrato y contados a partir del 30 de diciembre de 1997 y hasta la fecha en que se ordenó la fabricación, y por negligencia administrativa por parte de LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA, sólo un (1) año después de firmado el Contrato, entregó el Listado de tallas para iniciar la fabricación del Objeto del Contrato.”
1.4. Trámite en primera instancia y contestación de la demanda
De otra parte, aseveró que la administración fue negligente al no entregar a tiempo el listado con las tallas de los tennis, y la diligencia del actor se acreditó con los derechos de petición que elevó ante la Beneficencia con el fin de recibir el listado de los mismos, recibiendo como respuesta que entre los documentos del contrato no se encontró requerimiento alguno sobre tallas de la mercancía.
En cuanto a la conducta procesal de la contraparte, recordó que esta había sido absolutamente pasiva al no contestar la demanda y no ejercer su derecho de defensa, denotando falta de interés e irresponsabilidad respecto de las obligaciones contraídas con terceros.
La Sala es competente para conocer de la apelación dentro de este proceso suscitado mediante la interposición de la acción de controversias contractuales, competencia que tiene su fuente en lo dispuesto por el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 13 del reglamento del Consejo de Estado, contenido en el Acuerdo 58 de 1999 (modificado por el artículo 1º del Acuerdo 55 de 2003), en el que se distribuyen los negocios por Secciones.
Igualmente, cabe observar que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para conocer de este asunto, en consideración a que la Ley 1107 de 2006, modificó el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, donde se atribuyó a partir de su vigencia competencia a esta jurisdicción para el conocimiento de las controversias y litigios que se originen en la actividad de las entidades públicas, con independencia del régimen de derecho que las cobije con la única condición, en materia contractual, de que la contratante sea una entidad pública, naturaleza que ostenta la beneficencia de Cundinamarca(1).
Así mismo precisa la Sala que, le corresponde resolver el recurso de apelación en consideración a que la providencia apelada fue proferida en proceso de doble instancia, toda vez que la mayor cuantía para la fecha de presentación de la demanda —12 de julio de 2000— era de $ 26.390.000—, lo cual conllevó a que el proceso se tramitara en primera instancia ante los tribunales administrativos y en segunda instancia ante el Consejo de Estado.
En la moderna teoría de los contratos, y en Colombia a partir de la Constitución de 1991, el contrato estatal va más allá de los criterios del derecho civil, que se apoyan en la autonomía de la voluntad y la inmutabilidad, para incorporar postulados como la reciprocidad y la buena fe, contenidos en el artículo 28 de la Ley 80 de 1993 según el cual“En la interpretación de las normas sobre contratos estatales, relativas a procedimientos de selección y escogencia de contratistas y en la de las cláusulas y estipulaciones de los contratos, se tendrá en consideración los fines y los principios de que trata esta ley, los mandatos de la buena fe y la igualdad y equilibrio entre prestaciones y derechos que caracteriza a los contratos conmutativos”.
“En nuestro derecho positivo, al margen de las previsiones específicas que sobre la materia regulan los artículos 4º, 5º-1, 14-1 y 25 de la Ley 80 de 1993, el artículo 27 de ese mismo ordenamiento, a la manera de cláusula general, fija una fórmula que permite aplicar el principio de la equivalencia económica a todas las situaciones en que se pueda alterar o modificar la relación jurídico contractual por causas ajenas al contratista, al disponer que: ‘en los contratos estatales se mantendrá la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, según el caso. Si dicha igualdad o equivalencia se rompe por causas no imputables a quien resulte afectado, las partes adoptarán en el menor tiempo posible las medidas necesarias para su restablecimiento’.
Bajo este supuesto, se radica en cabeza del contratista el derecho a que la administración respete el carácter sinalagmático del contrato, cuando la igualdad de las prestaciones —derechos y obligaciones contractuales— se vean afectadas si sobrevienen hechos imprevistos o de suficiente identidad durante la celebración, ejecución y liquidación del contrato —áleas anormales o extraordinarios—, ya sea que estos procedan de fenómenos administrativos (poderes exorbitantes, hechos del príncipe y responsabilidad contractual), coyunturales (causas económicas, políticas o sociales) o naturales (fuerza mayor o factores exógenos imprevisibles). En este sentido, la relación sinalagmática del contrato se asume como un mero desarrollo del principio de justicia conmutativa que, con carácter de derecho imperativo, —se ha dicho ya— justifica la traslación de los riesgos extraordinarios que operan durante la vigencia del negocio jurídico a la Administración Pública, con independencia de que estos se hubieren pactado o no en el texto formal del acuerdo de voluntades.
En cuanto el principio de reciprocidad de prestaciones comporta una de las bases de la estructura de los contratos administrativos y, desde esta perspectiva, desarrolla el ideal ético jurídico de la justicia conmutativa, fuerza es concluir que el mismo cumple una doble función: (i) la de interpretar e integrar la normatividad que regula los contratos —determinante en la etapa de celebración como límite al principio de la autonomía de voluntad—, y (ii) la de complementar el régimen de los derechos y obligaciones acordadas expresamente por las partes en el negocio jurídico -relevante en la etapa de ejecución contractual como ordenamiento legal imperativo.
No sobra reseñar, que el ejercicio legítimo de estas funciones confluye en el objetivo único de reconocer a favor del contratista una indemnización o compensación, o la revisión administrativa o judicial del contrato, en todos aquellos eventos en que se afecte la base económica que ha sido pactada al momento de la celebración del contrato, evitando un enriquecimiento sin causa de la administración y el empobrecimiento correlativo del particular. En efecto, si la situación económica del sujeto que colabora con el Estado en la consecución de sus fines, resulta ser modificada por el surgimiento de nuevas obligaciones o cargas, la administración pública tiene el deber jurídico de restablecer el sinalagma económico del contrato y entrar a satisfacer los derechos del contratista afectado por los mayores costos, dando así aplicación a los principios constitucionales de justicia conmutativa (art. 2º), igualdad (art. 13) y garantía de los derechos adquiridos (art. 58) a los que ya se ha hecho referencia(2).
Se predica el desequilibrio económico del contrato en los eventos en que durante la ejecución se presentan circunstancias que afectan gravemente su economía y conducen a que la entidad adopte las medidas pertinentes para tratar de restablecer al contratista a la condición inicialmente pactada, para lo cual deberá verificarse dicha ecuación en cada caso, frente a las obligaciones contenidas en el contrato, ya que solo puede predicarse el desequilibrio en contratos conmutativos y de tracto sucesivo, y ello, cuando de manera posterior a la celebración del contrato se alteran las condiciones pactadas en su celebración.
Las pretensiones de la demanda estaban orientadas a la declaratoria de existencia y cumplimiento del contrato de compraventa 42-97 de diciembre de 1997, cuyo objeto era la elaboración y fabricación de 666 pares de tennis en diferentes tallas, y como consecuencia de ello, se ordenara el pago de las cuentas de cobro 23 y 24 de diciembre 30 de 1998, con los respectivos intereses corrientes y de mora causados desde la fecha en que debieron cancelarse dichas cuentas, hasta el momento de la realización del pago real y efectivo.
Igualmente, se pretendía ordenar a la entidad demandada al pago de $ 1.390.608 pesos para el año de 1998 y $ 1.516.000 para el año de 1999, por concepto de reajuste al equilibrio financiero del contrato, así como $ 42.000.000 por lo que el demandante denominó “standby” o espera a la que fue sometido mientras esperaba el listado de las tallas de los zapatos, para poder iniciar la producción.
En la providencia objeto de apelación, el tribunal de primera instancia declaró el incumplimiento contractual en cabeza de la entidad demandada, y la condenó al pago de $ 8.823.810 por concepto del saldo insoluto del valor del contrato ejecutado en su totalidad y de los intereses causados.
La parte actora muestra su inconformidad con lo decidido en la sentencia, alegando que el restablecimiento del equilibrio financiero tasado en cuantía de $ 42.000.000 de pesos, fue motivado por el tiempo que el actor estuvo esperando que la beneficencia de Cundinamarca le remitiera el listado con las tallas de los tennis, sin poder comprometerse en otras labores, o suscribir otros contratos, pero debiendo sufragar los costos de arrendamiento por valor de $1.500.000 pesos mensuales, servicios públicos en cuantía de $1.000.000 de pesos mensuales, más los costos por salarios al personal operativo y administrativo de la empresa, que ascendían a $ 3.500.000 por mes.
Este elemento, segúng el señor Héctor Blanco, constituye entonces un álea anormal del contrato, esto es, la materialización de un riesgo no previsible al momento de la suscripción del mismo acuerdo contractual.
Ahora bien, en lo que respecta al pago de intereses moratorios, el actor manifestó no compartir los valores concedidos en la sentencia de primera instancia, por cuanto a su representado debieron reconocérsele intereses de acuerdo con las disposiciones del artículo 884 del Código de Comercio, dado que este había firmado el contrato ostentando su calidad de comerciante, debidamente registrado ante la Cámara de Comercio.
De lo anterior se evidencia que, el hecho que otorga la calidad de comerciante a una persona es la realización por parte de esta de actos de comercio de manera profesional, habitual y no ocasional, tal y como lo establece el artículo 11 del Código de Comercio cuando señala: “las personas que ejecuten ocasionalmente operaciones mercantiles no se considerarán comerciantes en cuanto a dichas operaciones”.
Es destacable, que las codificaciones mercantiles, tanto las de antaño como las actualmente vigentes, que tuvieron como su principal fuente de inspiración al Código de Comercio francés de 1897, e independientemente del énfasis que las mismas pudieran tener, centraron su atención, no solamente en la condición de comerciante del destinatario y, si se quiere, beneficiario, por excelencia, de las normas especiales, sino que de manera protagónica introdujeron el concepto de acto de comercio, al que asignaron la doble función de delinear la materia objeto del derecho comercial o de constituir un criterio básico para establecer la calidad de comerciante de una determinada persona.
Adicionalmente la codificación comercial menciona que se presume que una persona ejerce el comercio cuando se halle inscrita en el registro mercantil, tenga establecimiento de comercio abierto y se anuncie al público como comerciante por cualquier medio.
“La obligación de llevar cuenta y razón de los actos y operaciones tanto de contenido comercial como civil ha sido exigida tradicionalmente a los comerciantes como garantía de seriedad del ejercicio profesional, pues ello permite medir, identificar y registrar la información económica de su oficio. El Estado, los particulares y el mismo comerciante reciben beneficio directo del registro de los actos de comercio en los libros correspondientes”(3).
En consecuencia, el reconocimiento de intereses deberá hacerse conforme al numeral octavo del artículo 4º de la Ley 80 de 1993(4), razón por la cual, se liquidará a favor del actor, el 12% por intereses.
Ra= $11.559.887,83 (once millones quinientos cincuenta y nueve mil ochocientos ochenta y siete pesos con ochenta y tres centavos)
Ra = 10.178.962 (diez millones ciento setenta y ocho mil novecientos sesenta y dos pesos)
Total: $21.738.849,83 (veintiún millones setecientos treinta y ocho mil ochocientos cuarenta y nueve pesos con ochenta y tres centavos)
Teniendo en cuenta la actitud asumida por las partes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 55 de la ley 446 de 1998 que modifica el artículo 171 del Código de lo Contencioso Administrativo, y dado que no se evidencia temeridad ni mala fe de las partes, la Sub-Sección se abstendrá de condenar en costas.
1. MODIFICAR la sentencia proferidapor el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el día 16 de diciembre de 2003, la cual quedará así:
1. DECLÁRASE el cumplimiento, por parte del contratista Héctor Blanco Alvarado, del contrato 42-97 suscrito con la beneficencia de Cundinamarca.
2. CONDÉNASE a la beneficencia de Cundinamarca a pagar a favor del señor Luis Enrique Ángel Villalba, como cesionario del cedente Héctor Blanco Alvarado, la suma de $ 21.738.849,83 (veintiún millones setecientos treinta y ocho mil ochocientos cuarenta y nueve pesos con ochenta y tres centavos), por concepto del saldo insoluto del valor del contrato ejecutado en su totalidad y de los intereses causados.
3. Dése cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.
4. Cuarto: Expídanse las copias de que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, y se entregarán a quien ha venido actuando como apoderado.
(1) Ley 182 de 1995. ART. 3º—Naturaleza jurídica, denominación, domicilio y control político. El organismo al que se refieren los artículos 76 y 77 de la Constitución Política se denominará: Comisión Nacional de Televisión (CNTV). Dicha entidad es una persona jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, patrimonial y técnica y con la independencia funcional necesaria para el cumplimiento de las atribuciones que le asignan la Constitución, la ley y sus estatutos.
(2) Corte Constitucional; Sentencia C-892 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(3) Corte Constitucional. Sentencia C–062 de 2008. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.