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Timestamp: 2019-12-12 14:33:45
Document Index: 69800675

Matched Legal Cases: ['artículo 243', 'artículo 394', 'artículo 575', 'artículo 118', 'artículo 24', 'artículo 1', 'artículo 100', 'artículo 693', 'artículo 682', 'artículo 114', 'artículo 241', 'artículo 243', 'artículo 394']

BOE.es - Documento BOE-A-2018-13751
Documento BOE-A-2018-13751
«BOE» núm. 244, de 9 de octubre de 2018, páginas 98024 a 98031 (8 págs.)
BOE-A-2018-13751
Fregenal de la Sierra, a treinta de mayo del año dos mil dieciocho.–La Registradora (firma ilegible), Carlota Rodríguez Núñez.»
La Registradora en su calificación negativa indica que, al tratarse de vivienda habitual del ejecutado, el importe de las costas tasadas excede del límite del 5% de la cantidad que se reclama en la demanda ejecutiva a tenor del art 575-1.bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Añadiendo que: ''En el caso que nos ocupa excede de dicho límite, ya que en la demanda se reclaman 16.882,43 euros más 5.064,72 de intereses y costas y las costas causadas se tasan en 1.405,41 euros''. Invocando, aparte del anterior, los arts 241, 243 y 244 de la misma Ley procesal, y señala que: ''la cantidad que debe reclamarse en concepto de costas al deudor, es la de 1.097,36 euros''.
El artículo 243.2 de la LEC -que cita también la registradora pero de forma incompleta­ establece que: En las tasaciones de costas, los honorarios de abogado y derechos de procurador incluirán el Impuesto sobre el Valor Añadido de conformidad con lo dispuesto en la ley que lo regula. No se computará el importe de dicho impuesto a los efectos del apartado 3 del artículo 394 (según nueva redacción dada por la Ley 42/2015, de 5 de octubre).
Una vez que existe una resolución judicial firme no le compete a la registradora cuestionar la oportunidad de tal decisión. Según indica el art 100 del Reglamento Hipotecario: La calificación por los registradores de los documentos expedidos por la autoridad judicial se limitará a la competencia del Juzgado o Tribunal, a la congruencia del mandato con el procedimiento o juicio en que se hubiere dictado, a las formalidades extrínsecas del documento presentado y a los obstáculos que surjan del Registro.
Indica la registradora que este defecto lo considera subsanable, pero no indica cómo considera que podría subsanarse.»
1. Como ha quedado reflejado en los hechos, en el referido procedimiento de ejecución hipotecaria se dictó decreto de adjudicación de la finca ejecutada. Según resulta de dicho decreto y de la diligencia de ordenación que lo complementa, de los 26.000 euros por los que se verificó la adjudicación, se entregaron al ejecutante las siguientes cantidades: 15.935 euros por el principal adeudado; 805,40 euros por los intereses ordinarios; 22,03 euros por los intereses de demora devengados al cierre de la cuenta; 120 euros por gastos de penalización por el cierre de la cuenta; 2.493,13 euros por los intereses de demora devengados hasta el cierre de la subasta, y 1.405,41 euros por el concepto de costas, que se desglosan en 1.097,36 euros de costas causadas, el 21% de IVA de dicha cantidad y 77,60 euros de los suplidos del procurador por la publicación de edicto en el «Boletín Oficial del Estado». En la demanda inicial se reclamaron 16.882,43 euros como crédito resultante al cierre de la cuenta y 5.064,72 euros como cantidad fijada prudencialmente para costas y gastos.
2. En cuanto a la competencia del registrador para calificar si se ha respetado o no lo establecido en el artículo 575.1 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es doctrina de este Centro Directivo que los registradores tienen el deber de colaborar con jueces y tribunales en su labor de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, y de cumplir sus resoluciones firmes (cfr. artículo 118 de la Constitución), pero no por ello ha de quedar excluida la calificación registral de aquellas que pretendan su acceso al Registro; las exigencias constitucionales derivadas del principio de protección jurisdiccional de los derechos e intereses legítimos y de exclusión de la indefensión (cfr. artículo 24 de la Constitución), que tiene su específica aplicación en el ámbito registral en el criterio de salvaguardia judicial de los asientos registrales (cfr. artículo 1 de la Ley Hipotecaria), determinará la supeditación de la inscripción de las resoluciones judiciales firmes, a la previa comprobación de los extremos aludidos en el artículo 100 del Reglamento Hipotecario.
3. La Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección de deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, como ha señalado este Centro Directivo, despliega un sistema de protección de los deudores hipotecarios de carácter gradual, estableciendo distintos grados de protección a través de diversas medidas (de diferente intensidad) para diferentes supuestos: a) en un primer nivel de protección, la norma protectora es de carácter universal (con independencia de que la finca gravada sea o no una vivienda). Por ejemplo, en la nueva regulación del vencimiento anticipado por impago de tres mensualidades del artículo 693.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, o en el caso de la imposición del límite mínimo del 75% de la tasación para el tipo de subasta (artículo 682.2.1.º de la misma Ley); b) en un segundo nivel de protección, la norma se aplica solo si la finca hipotecada es la vivienda habitual (con independencia de la finalidad del préstamo). Por ejemplo, los supuestos de los artículos 21.3 de la Ley Hipotecaria y 671 de la Ley Procesal Civil, y c) finalmente, en un tercer nivel de protección, la norma exige no solo que la finca hipotecada sea la vivienda habitual del deudor, sino que además el préstamo o crédito garantizado debe tener como destino o finalidad financiar la adquisición de la misma vivienda habitual hipotecada. Este es el caso del artículo 114.3.º de la Ley Hipotecaria (límite de los intereses de demora), y de los demás citados anteriormente.
4. La tasación de costas en el seno de los procedimientos civiles viene regulada en el Título VII del Libro I de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El artículo 241 de dicha ley define los conceptos que pueden tener la consideración de costas procesales. Entre ellos se recogen dos de los que se han causado en el caso objeto de este expediente: honorarios de defensa y representación técnica, e inserción de anuncios o edictos que de forma obligada deban publicarse en el curso del proceso.
5. Más dudosa puede resultar la cuestión de si el importe del IVA de los honorarios de abogado y procurador ha de ser tenido en cuenta para calcular el referido límite del 5% Ha de partirse del artículo 243.2, párrafo cuarto, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que dispone: «En las tasaciones de costas, los honorarios de abogado y derechos de procurador incluirán el Impuesto sobre el Valor Añadido de conformidad con lo dispuesto en la ley que lo regula. No se computará el importe de dicho impuesto a los efectos del apartado 3 del artículo 394».