Source: https://blog.enalquiler.com/2018/noticias-inmobiliarias/los-cambios-en-el-alquiler-de-viviendas-entran-en-vigor-manana/
Timestamp: 2019-03-20 19:35:14
Document Index: 100631670

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 9', 'artículo 34', 'artículo 22', 'artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 21', 'artículo 18', 'artículo 549', 'artículo 441', 'artículo 686', 'artículo 441', 'artículo 45', 'artículo 2', 'artículo 5', 'e contrario']

Los cambios en el alquiler de viviendas entran en vigor mañana - Enalquiler.com
Los contratos firmados a partir de mañana tendrán que ajustarse a los cambios aprobados por el Gobierno. Aquí te lo contamos todo.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado hoy el Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler que aprobó el viernes el Consejo de Ministros. A partir de mañana entran en vigor los cambios en el sector que estipula este decreto ley. Los más llamativos son: ampliación de la duración mínima de un alquiler de vivienda habitual de 3 a 5 años y acotación de la garantía adicional a la fianza a 2 meses.
Aquí abajo tienes el texto del Real Decreto Ley con las modificaciones que sufre la legislación vigente y que ya explicamos aquí el viernes cuando lo aprobó el Consejo de Ministros.
Cómo cambia la Ley de Arrendamientos Urbanos
«2. Respetando lo establecido en el apartado anterior, los arrendamientos de
vivienda se regirán por los pactos, cláusulas y condiciones determinados por la
voluntad de las partes, en el marco de lo establecido en el título II de la presente ley
y, supletoriamente, por lo dispuesto en el Código Civil.
Se exceptúan de lo así dispuesto los arrendamientos de viviendas cuya
superficie sea superior a 300 metros cuadrados o en los que la renta inicial en
cómputo anual exceda de 5,5 veces el salario mínimo interprofesional en cómputo
anual y el arrendamiento corresponda a la totalidad de la vivienda. Estos
del Código Civil.»
«e) La cesión temporal de uso de la totalidad de una vivienda amueblada y
equipada en condiciones de uso inmediato, comercializada o promocionada en
canales de oferta turística o por cualquier otro modo de comercialización o
promoción, y realizada con finalidad lucrativa, cuando esté sometida a un régimen
específico, derivado de su normativa sectorial turística.»
«1. La duración del arrendamiento será libremente pactada por las partes. Si
esta fuera inferior a cinco años, o inferior a siete años si el arrendador fuese persona
jurídica, llegado el día del vencimiento del contrato, este se prorrogará
obligatoriamente por plazos anuales hasta que el arrendamiento alcance una
duración mínima de cinco años, o de siete años si el arrendador fuese persona
jurídica, salvo que el arrendatario manifieste al arrendador, con treinta días de
antelación como mínimo a la fecha de terminación del contrato o de cualquiera de
las prórrogas, su voluntad de no renovarlo.
inmueble a disposición del arrendatario si esta fuere posterior. Corresponderá al
2. Se entenderán celebrados por un año los arrendamientos para los que no
se haya estipulado plazo de duración o este sea indeterminado, sin perjuicio del
derecho de prórroga anual para el arrendatario, en los términos resultantes del
3. No procederá la prórroga obligatoria del contrato si, una vez transcurrido el
primer año de duración del mismo, el arrendador comunica al arrendatario que tiene
necesidad de la vivienda arrendada para destinarla a vivienda permanente para sí o
sus familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción o para su cónyuge
en los supuestos de sentencia firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial.
La referida comunicación deberá realizarse al arrendatario al menos con dos meses
de antelación a la fecha en la que la vivienda se vaya a necesitar y el arrendatario
estará obligado a entregar la finca arrendada en dicho plazo si las partes no llegan
a un acuerdo distinto.
Si transcurridos tres meses a contar de la extinción del contrato o, en su caso,
del efectivo desalojo de la vivienda, no hubieran procedido el arrendador o sus
familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción o su cónyuge en los
supuestos de sentencia firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial a ocupar
esta por sí, según los casos, el arrendatario podrá optar, en el plazo de treinta días,
entre ser repuesto en el uso y disfrute de la vivienda arrendada por un nuevo
período de hasta cinco años, o de siete años si el arrendador fuese persona jurídica,
respetando, en lo demás, las condiciones contractuales existentes al tiempo de la
extinción, con indemnización de los gastos que el desalojo de la vivienda le hubiera
supuesto hasta el momento de la reocupación, o ser indemnizado por una cantidad
equivalente a una mensualidad por cada año que quedara por cumplir hasta
completar cinco años, o siete años si el arrendador fuese persona jurídica, salvo que
la ocupación no hubiera tenido lugar por causa de fuerza mayor, entendiéndose por
tal, el impedimento provocado por aquellos sucesos expresamente mencionados en
norma de rango de Ley a los que se atribuya el carácter de fuerza mayor, u otros
que no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables.
4. Tratándose de finca no inscrita, también durarán cinco años, o siete años si
el arrendador fuese persona jurídica, los arrendamientos de vivienda que el
arrendatario haya concertado de buena fe con la persona que parezca ser
propietaria en virtud de un estado de cosas cuya creación sea imputable al
verdadero propietario, sin perjuicio de la facultad de no renovación a que se refiere
el apartado 1 de este artículo. Si el arrendador enajenase la vivienda arrendada, se
estará a lo dispuesto en el artículo 1.571 del Código Civil. Si fuere vencido en juicio
por el verdadero propietario, se estará a lo dispuesto en el citado artículo 1.571 del
Código Civil, además de que corresponda indemnizar los daños y perjuicios
causados.»
«1. Si llegada la fecha de vencimiento del contrato, o de cualquiera de sus
prórrogas, una vez transcurridos como mínimo cinco años de duración de aquel, o
siete años si el arrendador fuese persona jurídica, ninguna de las partes hubiese
notificado a la otra, al menos con treinta días de antelación a aquella fecha, su
voluntad de no renovarlo, el contrato se prorrogará necesariamente durante tres
2. Una vez inscrito el contrato de arrendamiento, el derecho de prórroga
establecido en el artículo 9, así como la prórroga de tres años a la que se refiere el
apartado anterior, se impondrán en relación a terceros adquirentes que reúnan las
condiciones del artículo 34 de la Ley Hipotecaria.
3. Al contrato prorrogado, le seguirá siendo de aplicación el régimen legal y
convencional al que estuviera sometido.»
«4. En arrendamientos cuya duración inicial sea superior a cinco años, o siete
años si el arrendador fuese persona jurídica, las partes podrán pactar que no haya
derecho de subrogación en caso de fallecimiento del arrendatario, cuando este
tenga lugar transcurridos los cinco primeros años de duración del arrendamiento, o
los siete primeros años si el arrendador fuese persona jurídica, o que el
arrendamiento se extinga a los cinco años cuando el fallecimiento se hubiera
producido con anterioridad, o a los siete años si el arrendador fuese persona
jurídica.»
«1. Durante la vigencia del contrato, la renta solo podrá ser revisada por el
arrendador o el arrendatario en la fecha en que se cumpla cada año de vigencia del
contrato, en los términos pactados por las partes. En defecto de pacto expreso, no
se aplicará revisión de rentas a los contratos.
En caso de pacto expreso entre las partes sobre algún mecanismo de revisión
de valores monetarios que no detalle el índice o metodología de referencia, la renta
se revisará para cada anualidad por referencia a la variación anual del Índice de
Garantía de Competitividad a fecha de cada revisión, tomando como mes de
referencia para la revisión el que corresponda al último índice que estuviera
publicado en la fecha de revisión del contrato.
En los contratos de arrendamiento de renta reducida, de hasta cinco años de
duración, o de hasta siete años si el arrendador fuese persona jurídica, el incremento
producido como consecuencia de la actualización anual de la renta no podrá
exceder del resultado de aplicar la variación porcentual experimentada por el Índice
de Precios al Consumo a fecha de cada revisión, tomando como mes de referencia
para la revisión el que corresponda al último índice que estuviera publicado en la
fecha de revisión del contrato. A estos efectos, se entenderá como “renta reducida”
la que se encuentre por debajo de la establecida, para el conjunto del Estado y con
carácter general, en el Real Decreto que regule el plan estatal de vivienda vigente a
los efectos de tener habilitada la posibilidad de acogerse a algún programa de
ayudas al alquiler.»
«1. La realización por el arrendador de obras de mejora, transcurridos cinco
años de duración del contrato, o siete años si el arrendador fuese persona jurídica,
le dará derecho, salvo pacto en contrario, a elevar la renta anual en la cuantía que
resulte de aplicar al capital invertido en la mejora, el tipo de interés legal del dinero
en el momento de la terminación de las obras incrementado en tres puntos, sin que
pueda exceder el aumento del veinte por ciento de la renta vigente en aquel
Para el cálculo del capital invertido, deberán descontarse las subvenciones
públicas obtenidas para la realización de la obra.
2. Cuando la mejora afecte a varias fincas de un edificio en régimen de
propiedad horizontal, el arrendador deberá repartir proporcionalmente entre todas
ellas el capital invertido, aplicando, a tal efecto, las cuotas de participación que
correspondan a cada una de aquellas.
En el supuesto de edificios que no se encuentren en régimen de propiedad
horizontal, el capital invertido se repartirá proporcionalmente entre las fincas
afectadas por acuerdo entre arrendador y arrendatarios. En defecto de acuerdo, se
repartirá proporcionalmente en función de la superficie de la finca arrendada.
3. La elevación de renta se producirá desde el mes siguiente a aquel en que,
ya finalizadas las obras, el arrendador notifique por escrito al arrendatario la cuantía
de aquella, detallando los cálculos que conducen a su determinación y aportando
copias de los documentos de los que resulte el coste de las obras realizadas.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores y de la
indemnización que proceda en virtud del artículo 22, en cualquier momento desde
el inicio de la vigencia del contrato de arrendamiento y previo acuerdo entre
arrendador y arrendatario, podrán realizarse obras de mejora en la vivienda
arrendada e incrementarse la renta del contrato, sin que ello implique la interrupción
del periodo de prórroga obligatoria establecido en el artículo 9 o de prórroga tácita a
que se refiere el artículo 10 de la presente Ley, o un nuevo inicio del cómputo de
tales plazos. En todo caso, el alcance de las obras de mejora deberá ir más allá del
cumplimiento del deber de conservación por parte del arrendador al que se refiere
el artículo 21 de esta Ley.»
«1. Las partes podrán pactar que los gastos generales para el adecuado
sostenimiento del inmueble, sus servicios, tributos, cargas y responsabilidades que
no sean susceptibles de individualización y que correspondan a la vivienda
arrendada o a sus accesorios, sean a cargo del arrendatario.
En edificios en régimen de propiedad horizontal tales gastos serán los que
En edificios que no se encuentren en régimen de propiedad horizontal, tales
gastos serán los que se hayan asignado a la finca arrendada en función de su
Para su validez, este pacto deberá constar por escrito y determinar el importe
anual de dichos gastos a la fecha del contrato. El pacto que se refiera a tributos no
afectará a la Administración.
Los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato serán a cargo
del arrendador, cuando este sea persona jurídica, salvo en el caso de aquellos
servicios que hayan sido contratados por iniciativa directa del arrendatario.
«2. Durante los cinco primeros años de vigencia del contrato, o durante los
siete primeros años si el arrendador fuese persona jurídica, la suma que el
arrendatario haya de abonar por el concepto a que se refiere el apartado anterior,
con excepción de los tributos, sólo podrá incrementarse, por acuerdo de las partes,
anualmente, y nunca en un porcentaje superior al doble de aquel en que pueda
incrementarse la renta conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 18.»
«7. No habrá lugar a los derechos de tanteo o retracto cuando la vivienda
arrendada se venda conjuntamente con las restantes viviendas o locales propiedad
del arrendador que formen parte de un mismo inmueble ni tampoco cuando se
vendan de forma conjunta por distintos propietarios a un mismo comprador la
totalidad de los pisos y locales del inmueble. En tales casos, la legislación sobre
vivienda podrá establecer el derecho de tanteo y retracto, respecto a la totalidad del
inmueble, en favor del órgano que designe la Administración competente en materia
de vivienda, resultando de aplicación lo dispuesto en los apartados anteriores a los
efectos de la notificación y del ejercicio de tales derechos.
Si en el inmueble sólo existiera una vivienda, el arrendatario tendrá los derechos
de tanteo y retracto previstos en este artículo.»
«1. A la celebración del contrato será obligatoria la exigencia y prestación de
fianza en metálico en cantidad equivalente a una mensualidad de renta en el
arrendamiento de viviendas y de dos en el arrendamiento para uso distinto del de
2. Durante los cinco primeros años de duración del contrato, o durante los
siete primeros años si el arrendador fuese persona jurídica, la fianza no estará
sujeta a actualización. Pero cada vez que el arrendamiento se prorrogue, el
arrendador podrá exigir que la fianza sea incrementada, o el arrendatario que
disminuya, hasta hacerse igual a una o dos mensualidades de la renta vigente,
según proceda, al tiempo de la prórroga.
3. La actualización de la fianza durante el período de tiempo en que el plazo
pactado para el arrendamiento exceda de cinco años, o de siete años si el
arrendador fuese persona jurídica, se regirá por lo estipulado al efecto por las
partes. A falta de pacto específico, lo acordado sobre actualización de la renta se
4. El saldo de la fianza en metálico que deba ser restituido al arrendatario al
final del arriendo, devengará el interés legal, transcurrido un mes desde la entrega
de las llaves por el mismo sin que se hubiere hecho efectiva dicha restitución.
En el caso del arrendamiento de vivienda, en contratos de hasta cinco años de
duración, o de hasta siete años si el arrendador fuese persona jurídica, el valor de
esta garantía adicional no podrá exceder de dos mensualidades de renta.
6. Quedan exceptuadas de la obligación de prestar fianza la Administración
General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las
entidades que integran la Administración Local, los organismos autónomos, las
entidades públicas empresariales y demás entes públicos vinculados o dependientes
de ellas, y las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de
la Seguridad Social en su función pública de colaboración en la gestión de la
Seguridad Social, así como sus Centros y Entidades Mancomunados, cuando la
renta haya de ser satisfecha con cargo a sus respectivos presupuestos.»
Cómo cambia el desahucio
«1 ter. En el requerimiento de pago al demandado, se informará al mismo de
la posibilidad de que acuda a los servicios sociales, y en su caso, de la posibilidad
de autorizar la cesión de sus datos a estos, a efectos de que puedan apreciar la
posible situación de vulnerabilidad. En caso de que la Administración competente
apreciase indicios de la existencia de dicha situación, se notificará al órgano judicial
inmediatamente. Recibida dicha comunicación, el Letrado de la Administración de
Justicia suspenderá el proceso hasta que se adopten las medidas que los servicios
sociales estimen oportunas, durante un plazo máximo de suspensión de un mes a
contar desde la recepción de la comunicación de los Servicios Sociales al órgano
judicial, o de dos meses si el demandante es una persona jurídica. Una vez
adoptadas las medidas o transcurrido el plazo se alzará la suspensión y continuará
el procedimiento por sus trámites. En estos supuestos, la cédula de emplazamiento
al demandado habrá de contener datos de identificación de los Servicios Sociales a
los que puede acudir el ciudadano.»
Dos. Se modifica el apartado 4 del artículo 549, que queda redactado en los
«4. El plazo de espera legal al que se refiere el artículo anterior no será de
aplicación en la ejecución de resoluciones de condena de desahucio por falta de
pago de rentas o cantidades debidas, o por expiración legal o contractual del plazo,
que se regirá por lo previsto en tales casos.
No obstante, cuando se trate de vivienda habitual, con carácter previo al
lanzamiento, deberá haberse procedido en los términos del artículo 441 de esta Ley.»
Tres. Se modifica el apartado 1 del artículo 686, que queda redactado en los
«1. En el auto por el que se autorice y despache la ejecución se mandará
requerir de pago al deudor y, en su caso, al hipotecante no deudor o al tercer
poseedor contra quienes se hubiere dirigido la demanda, en el domicilio que resulte
En el requerimiento a que se refiere el párrafo anterior habrán de incluirse las
indicaciones contenidas en el apartado 1 ter del artículo 441, produciendo iguales
efectos.»
Cómo cambia el tratamiento fiscal
Artículo cuarto. Modificación del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
El texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, queda modificado como sigue:
«2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin perjuicio de la
facultad del sujeto pasivo de repercutir la carga tributaria soportada conforme a las
Las Administraciones Públicas y los entes u organismos a que se refiere el
apartado anterior repercutirán la parte de la cuota líquida del impuesto que
corresponda en quienes, no reuniendo la condición de sujetos pasivos, hagan uso
mediante contraprestación de sus bienes demaniales o patrimoniales, los cuales
estarán obligados a soportar la repercusión. A tal efecto la cuota repercutible se
determinará en razón a la parte del valor catastral que corresponda a la superficie
utilizada y a la construcción directamente vinculada a cada arrendatario o cesionario
del derecho de uso. Lo dispuesto en este párrafo no será de aplicación en el
supuesto de alquiler de inmueble de uso residencial con renta limitada por una
norma jurídica.»
«4. Dentro de los límites resultantes de lo dispuesto en los apartados
anteriores, los ayuntamientos podrán establecer, para los bienes inmuebles urbanos,
excluidos los de uso residencial, tipos diferenciados atendiendo a los usos
establecidos en la normativa catastral para la valoración de las construcciones.
Cuando los inmuebles tengan atribuidos varios usos se aplicará el tipo
correspondiente al uso de la edificación o dependencia principal.
Dichos tipos solo podrán aplicarse, como máximo, al 10 por ciento de los bienes
inmuebles urbanos del término municipal que, para cada uso, tenga mayor valor
catastral, a cuyo efecto la ordenanza fiscal del impuesto señalará el correspondiente
umbral de valor para todos o cada uno de los usos, a partir del cual serán de
aplicación los tipos incrementados.
Tratándose de inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados
con carácter permanente, los ayuntamientos podrán exigir un recargo de hasta el 50
por ciento de la cuota líquida del impuesto. Dentro de este límite, los ayuntamientos
podrán determinar mediante ordenanza fiscal un único recargo o varios en función
de la duración del período de desocupación del inmueble.
El recargo, que se exigirá a los sujetos pasivos de este tributo, se devengará
el 31 de diciembre y se liquidará anualmente por los ayuntamientos, una vez
constatada la desocupación del inmueble en tal fecha, juntamente con el acto
administrativo por el que esta se declare.
A estos efectos tendrá la consideración de inmueble desocupado con carácter
permanente aquel que permanezca desocupado de acuerdo con lo que se establezca
en la correspondiente normativa sectorial de vivienda, autonómica o estatal, con
rango de ley, y conforme a los requisitos, medios de prueba y procedimiento que
establezca la ordenanza fiscal. En todo caso, la declaración municipal como inmueble
desocupado con carácter permanente exigirá la previa audiencia del sujeto pasivo y
la acreditación por el Ayuntamiento de los indicios de desocupación, a regular en
dicha ordenanza, dentro de los cuales podrán figurar los relativos a los datos del
padrón municipal, así como los consumos de servicios de suministro.»
«6. Los ayuntamientos mediante ordenanza fiscal podrán establecer una
bonificación de hasta el 95 por ciento en la cuota íntegra del impuesto para los
bienes inmuebles de uso residencial destinados a alquiler de vivienda con renta
limitada por una norma jurídica.»
Cuatro. Con efectos a partir de 1 de enero de 2019, se introduce en el apartado 1.B)
de la Disposición adicional decimosexta, la referencia al programa «152. Vivienda.», que
se suma a los ya recogidos en el mismo.
Artículo quinto. Modificación del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.
Se añade un apartado 26 en el artículo 45.I.B) del texto refundido de la Ley del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, con la siguiente redacción:
«26. Los arrendamientos de vivienda para uso estable y permanente a los que
se refiere el artículo 2 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos
Urbanos.»
Cómo cambia la Ley de Propiedad Horizontal
Artículo segundo. Modificación de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad
La Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal, queda modificada como
Uno. Se modifica la letra f) del artículo Noveno.1, que queda redactada en los
«f) Contribuir, con arreglo a su respectiva cuota de participación, a la dotación
del fondo de reserva que existirá en la comunidad de propietarios para atender las
obras de conservación y reparación de la finca, así como la realización de las obras
de accesibilidad recogidas en el artículo Diez.1.b) de esta Ley.
El fondo de reserva, cuya titularidad corresponde a todos los efectos a la
comunidad, estará dotado con una cantidad que en ningún caso podrá ser inferior al
10 por ciento de su último presupuesto ordinario.
Con cargo al fondo de reserva la comunidad podrá suscribir un contrato de
seguro que cubra los daños causados en la finca o bien concluir un contrato de
mantenimiento permanente del inmueble y sus instalaciones generales.»
Dos. Se modifica la letra b) del artículo Diez.1, que queda redactada en los siguientes
«b) Las obras y actuaciones que resulten necesarias para garantizar los
ajustes razonables en materia de accesibilidad universal y, en todo caso, las
requeridas a instancia de los propietarios en cuya vivienda o local vivan, trabajen o
presten servicios voluntarios, personas con discapacidad, o mayores de setenta
años, con el objeto de asegurarles un uso adecuado a sus necesidades de los
elementos comunes, así como la instalación de rampas, ascensores u otros
dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan la orientación o su
comunicación con el exterior, siempre que el importe repercutido anualmente de las
mismas, una vez descontadas las subvenciones o ayudas públicas, no exceda de
doce mensualidades ordinarias de gastos comunes. No eliminará el carácter
obligatorio de estas obras el hecho de que el resto de su coste, más allá de las
citadas mensualidades, sea asumido por quienes las hayan requerido.
También será obligatorio realizar estas obras cuando las ayudas públicas a las
que la comunidad pueda tener acceso alcancen el 75% del importe de las mismas.»
«12. El acuerdo por el que se limite o condicione el ejercicio de la actividad a
que se refiere la letra e) del artículo 5 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de
Arrendamientos Urbanos, en los términos establecidos en la normativa sectorial
turística, suponga o no modificación del título constitutivo o de los estatutos,
requerirá el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que,
a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación.
Asimismo, esta misma mayoría se requerirá para el acuerdo por el que se
establezcan cuotas especiales de gastos o un incremento en la participación de los
gastos comunes de la vivienda donde se realice dicha actividad, siempre que estas
modificaciones no supongan un incremento superior al 20%. Estos acuerdos no
tendrán efectos retroactivos.»
A quién le afectan los cambios
Los cambios que incluye este Real Decreto Ley afectan a los contratos de alquiler de viviendas firmados a partir de mañana, que es cuando entra en vigor. Aunque quien tenga un contrato ya firmado y quiera ajustarse a estos cambios también puede hacerlo, según dice el mismo Real Decreto Ley en su disposición transitoria primera.
“Disposición transitoria primera. Régimen de los contratos de arrendamiento
celebrados con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley.
Los contratos de arrendamiento sometidos a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de
Arrendamientos Urbanos, celebrados con anterioridad a la entrada en vigor de este real
decreto-ley, continuarán rigiéndose por lo establecido en el régimen jurídico que les era de
Sin perjuicio de ello, cuando las partes lo acuerden y no resulte contrario a las
previsiones legales, los contratos preexistentes podrán adaptarse al régimen jurídico
establecido en este real decreto-ley.”
Estos cambios entran en vigor mañana, tal como dice el Real Decreto Ley en su Disposición Final Tercera:
El presente real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».”
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