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Timestamp: 2019-06-26 14:36:50
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AndradeVeloz - Las medidas antiparaíso en la legislación tributaria ecuatoriana
Desde la perspectiva de la OCDE[4], los paraísos fiscales ocasionan que ciertos contribuyentes se excluyan voluntariamente del sostenimiento de cargas públicas en el Estado de su residencia. Además, los paraísos fiscales generan[5] una competencia fiscal que “reduce la base tributaria de los otros países al proponer un entorno fiscal y legal que incentiva la atracción de capitales financieros para actividades esencialmente ficticias, sin contenido económico real”[6].
Tomando en consideración las consecuencias negativas que ocasionan los paraísos fiscales, los Estados han tomado medidas legislativas defensivas con el objetivo de desincentivar la utilización de paraísos fiscales[7]. Ecuador no ha sido la excepción, la Ley de Régimen Tributario Interno (en adelante “LRTI”) contiene varias medidas antiparaíso, entre las cuales, podemos mencionar las siguientes:
Los sujetos pasivos que realicen transacciones con sociedades domiciliadas, constituidas o ubicadas en paraísos fiscales serán considerados por la Administración tributaria como partes relacionadas[8].
Las personas naturales residentes en paraísos fiscales deberán probar su permanencia en dicho territorio por al menos 183 días y; en los casos en que un residente fiscal en Ecuador, posteriormente fije su residencia en un paraíso fiscal, mantendrá su calidad de residente fiscal en Ecuador por cuatro períodos fiscales siguientes a la fecha en la que habría dejado de ser residente fiscal en Ecuador[9].
Los ingresos obtenidos por fideicomisos mercantiles no serán considerados ingresos exentos cuando alguno de sus constituyentes o beneficiarios sean personas naturales o sociedades residentes, constituidas o ubicadas en paraísos fiscales[10].
En los contratos de seguros, cesiones y reaseguros contratados con sociedades extranjeras no autorizadas para operar en el país, se retendrá y pagará por el asegurador el impuesto sobre la base imponible del impuesto a la renta equivalente a la cuarta parte del importe de la prima contratada. Sin embargo, si las sociedades extranjeras residen, han sido constituidas o ubicadas en un paraíso fiscal, la retención se efectuará sobre la totalidad del importe de la prima[11].
Respecto del impuesto sobre herencias, legados y donaciones, en los casos de transferencia por causa de muerte de bienes o derechos existentes, si la transferencia se realizó con la intervención de sociedades, instituciones sin fines de lucro, fideicomisos, entre otros, instituciones que a la fecha del fallecimiento del causante hubieren sido residentes o hubieren estado establecidas en paraísos fiscales, se presumirá que los beneficiarios últimos son los legitimarios[12].
La tarifa del impuesto a la renta sobre sociedades es del 25% sobre la base imponible. Sin embargo, dicha tarifa será del 28% cuando dentro de la cadena de propiedad de los derechos representativos de capital exista un titular residente, establecido o amparado en un paraíso fiscal[13].
Los ingresos gravables de no residentes que no sean atribuibles a establecimientos permanentes y que no cuenten con un porcentaje de retención específico previsto en la ley, pagarán la tarifa prevista para el impuesto sobre sociedades. Sin embargo, si los ingresos son percibidos por personas o entidades residentes en paraísos fiscales, se les aplicarán una retención equivalente a la máxima tarifa prevista para personas naturales[14]; es decir, se aplicará una tarifa del 35%[15].
Los promotores, asesores, consultores y estudios jurídicos están obligados a informar bajo juramento a la Administración Tributaria un reporte sobre la creación, uso y propiedad de sociedades ubicadas en paraísos fiscales de beneficiarios efectivos ecuatorianos[16].
En los pagos por primas de cesión o reaseguro al exterior, se realizará una retención en la fuente sobre el 100% de las primas cuando la sociedad asegurada resida o esté constituida o ubicada en un paraíso fiscal[17].
Las rentas provenientes de paraísos fiscales no podrán ser excluidas de la base imponible y en consecuencia, las rentas formarán parte de la renta global del contribuyente[18].
En definitiva, la legislación ecuatoriana ha implementado una serie de medidas con el fin de evitar estructuras que involucren la participación de personas naturales o jurídicas domiciliadas o ubicadas en territorios considerados paraísos fiscales, mismas que tienen un impacto significativo en su tributación.
Resulta particularmente llamativo, el hecho de que la legislación tributaria ecuatoriana imponga un deber de revelación a los abogados sobre la “creación, uso y propiedad de sociedades ubicadas en paraísos fiscales de beneficiarios efectivos ecuatorianos” -de manera general- y no como una medida para la prevención y detección del delito del lavado de activos, como se establece en otras legislaciones. Los invitamos a reflexionar sobre las implicaciones de estas disposiciones con respecto a normas constitucionales que protegen la confidencialidad de las comunicaciones cliente-abogado, así como de otras normas deontológicas.
Finalmente, al momento de realizar una planificación fiscal que incluya alguna vinculación con territorios considerados como paraísos fiscales, es recomendable comparar los beneficios que brindan los paraísos fiscales y los perjuicios que la aplicación de medidas antiparaíso pueden ocasionar.
[1] Juan Hernández Vigueras, Los paraísos fiscales, Madrid: Akal, 2005.
[2] En el caso del Ecuador, el artículo innumerado segundo al artículo 4 establece que se consideran paraísos fiscales a las jurisdicciones que cumplan al menos dos de las siguientes condiciones: (i) tasa de aplicación efectiva de impuesto sobre la renta o impuestos análogos o similares menores al 60% al que corresponda en Ecuador o si la tarifa es desconocida; (ii) permitir el desarrollo de actividades económicas, financieras o productivas
[3] Juan Hernández Vigueras, Los paraísos fiscales, Madrid: Akal, 2005.
[4] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
[5] Juan Hernández Vigueras, Los paraísos fiscales, Madrid: Akal, 2005.
[6] Juan Hernández Vigueras, Los paraísos fiscales, Madrid: Akal, 2005.
[7] Juan Hernández Vigueras, Los paraísos fiscales, Madrid: Akal, 2005.
[8] Artículo innumerado primero del artículo 4, Ley de Régimen Tributario Interno, Registro Oficial Suplemento 463 de 17 de noviembre de 2004.
[9] Artículo 4.1, Ley de Régimen Tributario Interno, Registro Oficial Suplemento 463 de 17 de noviembre de 2004.
[10] Artículo 9 numeral 15, Ley de Régimen Tributario Interno, Registro Oficial Suplemento 463 de 17 de noviembre de 2004.
[11] Artículo 32, Ley de Régimen Tributario Interno, Registro Oficial Suplemento 463 de 17 de noviembre de 2004.
[12] Artículo 36, Ley de Régimen Tributario Interno, Registro Oficial Suplemento 463 de 17 de noviembre de 2004.
[13] Artículo 37, Ley de Régimen Tributario Interno, Registro Oficial Suplemento 463 de 17 de noviembre de 2004.
[14] Artículo 39, Ley de Régimen Tributario Interno, Registro Oficial Suplemento 463 de 17 de noviembre de 2004.
[15] Resolución NAC-DFERCGC18-00000439, Registro Oficial Tercer Suplemento 396 de 18 de diciembre de 2018.
[16] Artículo 102, Ley de Régimen Tributario Interno, Registro Oficial Suplemento 463 de 17 de noviembre de 2004.
[17] Artículo 13, Ley de Régimen Tributario Interno, Registro Oficial Suplemento 463 de 17 de noviembre de 2004.
[18] Artículo 49, Ley de Régimen Tributario Interno, Registro Oficial Suplemento 463 de 17 de noviembre de 2004.
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