Source: https://amyhir.jimdo.com/jurisprudencia/ministerio-de-justicia/
Timestamp: 2017-07-22 14:44:10
Document Index: 313606886

Matched Legal Cases: ['artículo 119', 'artículo 6', 'artículo 130', 'artículo 2', 'artículo 32', 'artículo 3', 'artículo 6']

MINISTERIO DE JUSTICIA - ASOCIACIÓN D MUJERES Y HOMBRES EN DEFENSA DE LA IGUALDAD REAL
ORGANIZACIÓN DE JUZGADOS Y TRIBUNALES. Juzgados y tribunales.
ORGANIZACIÓN AL SERVICIO DE JUECES Y TRIBUNALES. Oficina Judicial
CARTOGRAFÍA JUDICIAL. Estructura territorial
Atención: La información de esta sección corresponde a las oficinas dependientes del Ministerio de Justicia, esto es, las correspondientes a las Comunidades Autónomas de Castilla León,
Castilla La Mancha, Extremadura, Murcia, Baleares y Ceuta y Melilla.
Las Oficinas de Asistencia a las Víctimas de Delitos son un servicio público y gratuito implantado por el Ministerio de Justicia de acuerdo con la ley 35/1995 de 11 de Diciembre, de ayudas y
asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual (Boletín Oficial del Estado de 12 de diciembre de 1995).
Las Oficinas de Asistencia a las Víctimas de Delitos están dedicadas a todo tipo de víctimas de delitos, pero, preferentemente, a las personas que han sido víctimas de delitos violentos con
resultado de muerte, lesiones graves o daños contra la salud física o mental, así como, a las víctimas de los delitos contra la libertad sexual; ya sean víctimas directas o indirectas. De
esta manera, las Oficinas pueden atender a la persona que ha sufrido el delito de forma directa o a sus familiares o personas que estuvieran a su cargo, cuando el delito les ha afectado de
Es de destacar que las Oficinas se dedican muy especialmente a la atención de la violencia, pero asisten a personas que han sufrido todo tipo de delitos (agresiones sexuales, robos violentes,
homicidios, lesiones graves,
delitos contra la seguridad vial, delitos transfronterizos, etc.)
Informar a las víctimas sobre las denuncias penales, lugar donde deben interponerlas, orientar sobre su contenido y forma, así como
de su tramitación en el Juzgado.
Informar sobre las ayudas económicas que pudieran corresponderles como consecuencia del delito, así como de su tramitación ante el
Procurar el acceso a tratamientos médicos, psicológicos, sociales y jurídico-criminológicos a las personas que han sido víctimas de
un delito o que por sus circunstancias se encuentran en una situación que puede considerarse de riesgo potencial.
Potenciar la coordinación entre las Instituciones implicadas (Judicatura, Fiscalía, Fuerzas de Seguridad del Estado, Comunidades
Autónomas, Ayuntamientos, Asociaciones Públicas o Privadas, ONG, etc.).
La coordinación con los Colegios de Abogados de la ciudad en donde están ubicadas las Oficinas en virtud de Convenio suscrito por
el Ministerio de Justicia y el Consejo General de la Abogacía, para dar a las víctimas de violencia doméstica, asistencia jurídica y recibir la información jurídica específica del
La orientación jurídica general de la víctima para evitar la victimización secundaria.
Las Oficinas tienen un modelo de actuación de cara a ejecutar el trabajo con las víctimas que se realiza a través de una red de
coordinación con los Servicios de Asistencia de cada Comunidad, y se desarrolla tanto a nivel del área jurídica como a nivel del área psicológica, económica, social-asistencial y
El modelo de actuación de las Oficinas se ejecuta a través de distintas fases. Las fases son las de acogida-orientación,
información, intervención y seguimiento. Las fases suponen una orientación general de las víctimas, información jurídica específica a lo largo del proceso penal, apoyo en las
intervenciones necesarias y seguimiento a lo largo del proceso penal y programas de intervención psicológica principalmente para las víctimas de violencia de género (inmigrantes,
dependientes, etc.), y para aquellas víctimas de otros delitos, incluidos los de seguridad vial, que sufran trastornos postraumáticos tras el delito.
Las Oficinas existen en todas las Comunidades Autónomas y en todas las provincias. Se están extendiendo a las poblaciones con mayor número de
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Poder Judicial España | La Justicia a tu servicio (Igualdad de Género)
Quería daros la bienvenida a la página Web de la Comisión de Igualdad del Consejo General del Poder Judicial.
de Igualdad asesora al Pleno sobre las medidas necesarias o convenientes para integrar activamente el principio de igualdad entre mujeres y hombres en el ejercicio de las
atribuciones del Consejo General del Poder Judicial, así como elaborar los informes previos sobre impacto de género de los reglamentos y mejorar los parámetros de igualdad en la
A la vista de los datos estadísticos que nos proporciona el Consejo, resulta evidente que tenemos que
redoblar esfuerzos para conseguir que, efectivamente, las mujeres y hombres de la Carrera Judicial participen por igual en responsabilidades y ámbitos tanto profesionales como
personales. En una sociedad en la que el modelo familiar está en constante cambio, nuestro compromiso está también en profundizar en el estudio de nuevas medidas que nos permitan
mejorar y avanzar en la conciliación.
Clara Martínez de Careaga García.
El artículo 119 de la
Constitución proclama que “La justicia será gratuita cuando así lo
disponga la Ley, y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar”.
Dicha previsión constitucional ha sido desarrollada por la Ley
1/1996 de 10 de enero de Asistencia Jurídica Gratuita que tiene por objeto
determinar el contenido del derecho a la asistencia jurídica gratuita y regular el procedimiento para su concesión.
El contenido material del derecho se desarrolla en el
artículo 6 de dicha Ley y comprende las siguientes prestaciones:
Asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso a
quienes pretendan reclamar la tutela judicial de sus derechos e intereses, cuando tengan por objeto evitar el conflicto procesal, o analizar la viabilidad de la pretensión.
Asistencia de abogado al detenido o preso que no lo hubiera
designado, para cualquier diligencia policial que no sea consecuencia de un procedimiento penal en curso o en su primera comparecencia ante un órgano jurisdiccional, o cuando ésta se
lleve a cabo por medio de auxilio judicial y el detenido o preso no hubiere designado Letrado en el lugar donde se preste.
Defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en el
procedimiento judicial, cuando la intervención de estos profesionales sea legalmente preceptiva o, cuando no siéndolo, sea expresamente requerida por el Juzgado o Tribunal mediante auto
motivado para garantizar la igualdad de las partes en el proceso.
Inserción gratuita de anuncios o edictos, en el curso del
proceso, que preceptivamente deban publicarse en periódicos oficiales.
Exención del pago de depósitos necesarios para la
Asistencia pericial gratuita en el proceso a cargo del
personal técnico adscrito a los órganos jurisdiccionales, o, en su defecto, a cargo de funcionarios, organismos o servicios técnicos dependientes de las Administraciones públicas.
Excepcionalmente y cuando por inexistencia de técnicos en la materia de que se trate, no fuere posible la asistencia pericial de peritos dependientes de los órganos jurisdiccionales o de las
Administraciones públicas, ésta se llevará a cabo, si el Juez o el Tribunal lo estima pertinente, en resolución motivada, a cargo de peritos designados de acuerdo a lo que se establece en las
leyes procesales, entre los técnicos privados que correspondan
Obtención gratuita de copias, testimonios, instrumentos y actas
notariales, en los términos previstos en el artículo 130 del Reglamento Notarial.
Reducción del 80 por 100 de los derechos
arancelarios que correspondan por el otorgamiento de
escrituras públicas y por la obtención de copias y testimonios notariales no contemplados en el número anterior, cuando tengan relación directa con el proceso y sean requeridos por el
órgano judicial en el curso del mismo, o sirvan para la fundamentación de la pretensión del beneficiario de la justicia gratuita.
Reducción del 80 por 100 de los derechos arancelarios que correspondan
por la obtención de notas, certificaciones, anotaciones, asientos e inscripciones en los Registros de la Propiedad y Mercantil, cuando tengan relación directa con el proceso y sean
requeridos por el órgano judicial en el curso del mismo, o sirvan para la fundamentación de la pretensión del beneficiario de la justicia gratuita.
artículo 2 de la Ley de Asistencia Jurídica
Gratuita tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita:
Los ciudadanos españoles, los nacionales de los demás Estados
miembros de la Unión Europea y los extranjeros que se encuentren en España, cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar.
Las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad
Social, en todo caso.
Asociaciones de utilidad pública, previstas
en el artículo 32 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.
Fundaciones inscritas en el Registro
En el orden jurisdiccional social, además, los trabajadores y
beneficiarios del sistema de Seguridad Social, tanto para la defensa en juicio como para el ejercicio de acciones para la efectividad de los derechos laborales en los
procedimientos concursales. Asimismo, el derecho a la asistencia jurídica gratuita se reconoce a los trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social para los litigios que sobre
esta materia se sustancien ante el orden contencioso-administrativo.
En el orden contencioso-administrativo, así como en la vía
administrativa previa, los ciudadanos extranjeros que acrediten insuficiencia de recursos para litigar tendrán derecho a la asistencia letrada y a la defensa y
representación gratuita en los procedimientos que puedan llevar a la denegación de su entrada en España, a su devolución o expulsión del territorio español, y en todos los
En los litigios transfronterizos en materia civil y
mercantil, las personas físicas contempladas en el Capítulo VIII de esta ley, en los términos que en él se establecen.
Conforme dispone el artículo 3 de la Ley de Asistencia
Jurídica Gratuita:
Se reconocerá el derecho de asistencia jurídica gratuita a aquellas personas físicas cuyos recursos e ingresos económicos, computados
anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, no superen el doble del salario mínimo interprofesional vigente en el momento de efectuar la solicitud.
La integrada por los cónyuges no separados legalmente
y, si los hubiere, los hijos menores con excepción de los que se hallaren emancipados.
La formada por el padre o la madre y los hijos que
reúnan los requisitos a que se refiere la regla anterior.
Los medios económicos podrán, sin embargo, ser valorados
individualmente, cuando el solicitante acredite la existencia de intereses familiares contrapuestos en el litigio para el que se solicita la asistencia.
En el supuesto del apartado 2 del artículo 6, no será
necesario que el detenido o preso acredite previamente carecer de recursos, sin perjuicio de que si no se le reconoce con posterioridad el derecho a la asistencia jurídica
gratuita, éste deberá abonar al Abogado los honorarios devengados por su intervención. Tampoco será necesario que las víctimas de violencia de género, ni las
víctimas del terrorismo, acrediten previamente carecer de recursos cuando soliciten defensa jurídica gratuita especializada, en su caso, que se les prestará de inmediato, sin
perjuicio de que si no se les reconoce con posterioridad el derecho a la misma, éstas deban abonar al Abogado, y al Procurador cuando intervenga, los honorarios devengados.
Tratándose de las personas jurídicas mencionadas en el apartado c) del artículo anterior, se entenderá que hay insuficiencia de recursos económicos para litigar,
cuando su base imponible en el Impuesto de Sociedades fuese inferior a la cantidad equivalente al triple del salario mínimo interprofesional en cómputo anual.
Administracion de justicia Gobierno de España