Source: https://es.scribd.com/document/259830777/la-igualdad-entre-el-varon-y-la-mujer
Timestamp: 2020-08-05 09:35:09
Document Index: 411458032

Matched Legal Cases: ['Artículo 7', 'Artículo 97', 'ARTÍCULO 14', 'ARTÍCULO 9', 'ARTÍCULO 32', 'artículo 1', 'Artículo 1', 'artículo 21', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 119', 'artículo 16', 'artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 75', 'artículo 15', 'artículo 92', 'artículo 48', 'artículo 18', 'artículo 14']

la igualdad entre el varon y la mujer | Discriminación | Mujer
desde el unto de vista colombiano
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Derecho-de-propiedad-SP-SENTENCIA-86-de-1988.pdf
Diputada Kehila Abigail Kú Escalante - Iniciativa Que Reforma Artículo 7 a La Ley de Desarrollo Social y Adiciona Artículo 97 Ter a La Ley de Educación Del Estado de Jalisco
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EL PRINCIPIO DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES. DEL ÁMBITO PÚBLICO AL ÁMBITO JURÍDICO- FAMILIAR
Tesis que presenta Ricardo Ruiz Carbonell como candidato para la obtención del título de Doctor en Derecho.
I.A. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA.
I.B. METODOLOGÍA SEGUIDA EN LA TESIS.
I.C. PRECISIONES TERMINOLÓGICAS Y CONCEPTUALES.
.FACTORES DETERMINANTES Y ANTECEDENTES HISTÓRICOS.
II.A. El lenguaje sexista y su repercusión mediática como factor generador de desigualdad.
II.B. La influencia de las civilizaciones y de las religiones en el proceso desigual entre mujeres y hombres.
II.C. La Revolución Francesa como hito histórico del principio de igualdad.
II.B. LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA. SU INCIDENCIA HASTA
II.B.1. El asociacionismo femenino en la lucha por la
II.B.2. Las constituciones del siglo XIX. El marco legal en materia de igualdad hasta el periodo preconstitucional.
EL PRINCIPIO DE IGUALDAD EN LAS CONVENCIONES INTERNACIONALES.
III.A. CONVENIOS Y TRATADOS AL AMPARO DE LAS NACIONES UNIDAS.
III.B. LA ESPECIAL INCIDENCIA DE LA CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER (CEDAW).
III.C. ORGANISMOS DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN ENCAMINADOS AL FOMENTO DE LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE SEXO PERTENECIENTES A NACIONES UNIDAS.
III.D. LA UNION EUROPEA.
III.D.1 Los inicios del Principio de Igualdad en la Normativa Europea.
III.D.2 Tratados.
III.E. LA JURISPRUDENCIA Y LA DOCTRINA COMUNITARIA.
III.F. LA INCORPORACIÓN DE LA MUJER EN LA VIDA POLÍTICA EN LA UNIÓN EUROPEA: LOS LOGROS EN MATERIA DE IGUALDAD Y SU INCIDENCIA EN EL ÁMBITO FAMILIAR.
III.G. ORGANISMOS DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN ENCAMINADOS AL FOMENTO DE LA IGUALDAD EN LA
III.H. APLICACIÓN DE POLÍTICAS COMUNITARIAS SOBRE EL PRINCIPIO DE IGUALDAD.
IV.A. ANTECEDENTES Y ASPECTOS GENERALES.
IV.B. LA IGUALDAD FORMAL DEL ARTÍCULO 14 C.E.
IV.C. LA IGUALDAD SUSTANCIAL. EL ARTÍCULO 9-2° C.E.
IV.D. LA INCIDENCIA DEL ARTÍCULO 32 C. E. EN LAS RELACIONES MATRIMONIALES.
IV.E LA SUCESIÓN DE TÍTULOS NOBILIARIOS. LA SUCESIÓN A LA CORONA: ÚNICA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE IGUALDAD CONTEMPLADA EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA.
LOS AVANCES EN MATERIA DE IGUALDAD EN ESPAÑA.
V.A. DESARROLLO EN EL ÁMBITO ESTATAL.
V.A.1. Los poderes públicos.
V.A.2. La presencia del Instituto de la Mujer.
V.A.3. Modificaciones del ordenamiento jurídico.
V.B. DESARROLLO EN EL ÁMBITO AUTONÓMICO.
V.B.1. El nacimiento de los servicios sociales.
V.B.2. Las leyes de servicios sociales.
V.B.3.Las leyes autonómicas referidas de forma expresa a la igualdad.
V.B.4. Los planes de igualdad.
V.C. EL ÁMBITO MUNICIPAL.
EL PRINCIPIO DE IGUALDAD EN LAS RELACIONES FAMILIARES
A.EL MODELO PLURAL DE FAMILIA.
B. LAS RELACIONES MATRIMONIALES.
VI. B.1. La institución matrimonial
VI.B.1.a. Su evolución reciente. Desde la Constitución de 1978 hasta la ley 13/2005
VI.B.1.b. La situacion tras la ley 13/2005.
VI-B-2. Las relaciones personales
VI.B. 3. Las relaciones patrimoniales
VI.B.3.a. Antecedentes, la incidencia de la ley 11/1981, de 13 de mayo
VI.B.3.b.Reglas básicas del régimen económico matrimonial
VI.B.3.c. Las capitulaciones matrimoniales
VI.B.3.d. Los regímenes matrimoniales regulados en el código civil
VI.B. 4. Las crisis matrimoniales
VI.B.4.a- La ley 30/1981 de 7 de julio
VI.B.4.b. La ley 15/2005 de 8 de julio
VI.C. LAS PAREJAS ESTABLES O UNIONES DE HECHO
D. LA VIOLENCIA DE GÉNERO: FACTOR DE
DESIGUALDES.
VI.E. LAS RELACIONES PARENTALES
VI.E.1 Determinación de la filiación
VI.E.2. La patria potestad
F. LA TUTELA
G. LA LEY ORGÁNICA 3/2007, PARA LA IGUALDAD
EFECTIVA ENTRE HOMBRES Y MUJERES: SU ESCASA INCIDENCIA EN LAS RELACIONES JURÍDICO-FAMILIARES
I.A) JUSTIFICACIÓN DEL TEMA.
El estudio del principio de igualdad entre hombre y mujer precisa como situación previa preconocer que desde la religión, la filosofía, la medicina, la psicología y la literatura, entre otras, se ha ido construyendo en el imaginario colectivo que las mujeres “por naturaleza” son inferiores en relación con los hombres en todos los sentidos, lo que implica innumerables situaciones de desigualdad.
La incorrecta asunción de roles socialmente establecidos por razón de género y la “catalogación de las mujeres de ciudadanas de segunda”, ha motivado que la identidad de éstas se haya ido construyendo siempre en un nivel secundario y postergado dentro de la jerarquización de los seres humanos, los ejes principales en los que se ha sustentado esa inferioridad han sido el biológico, el intelectual y el moral, lo que ha repercutido en diversos campos como el educativo, sanitario, laboral, político y, por supuesto, el jurídico.
Por ello, en esta tesis intentaré hacer énfasis en el derecho positivo, especialmente el que afecta al sistema español en el ámbito del derecho familiar y para lo cual, previamente ahondaré en la legislación internacional y en la nacional que ha precedido a la actual, sin olvidar los factores de índole social y económico que han motivado las desigualdades actuales entre mujeres y hombres, que se traduce en la discriminación que padecen las mujeres en diversos ámbitos del quehacer humano y, entre ellos, el orden familiar.
Es obligada la mención a la labor realizada por los movimientos feministas que han posibilitado gran parte de los logros obtenidos hasta la fecha y, para tal fin, parto de la base de que el concepto de género alude tanto al conjunto de características como a los roles, funciones y estereotipos impuestos de manera dicotómica a cada sexo a través de los procesos de socialización, los cuales han sido perpetuados por estructuras e instituciones patriarcales y cuya repercusión general es que todo lo masculino se convierte en el modelo de lo humano. También en el ámbito jurídico, pues a mi juicio el Derecho desempeña un importante y elemental papel en las relaciones de género, y hasta me atrevo a afirmar que para el Derecho, en múltiples situaciones, sexo y género, éste relacionado con las mujeres, son fusionados en un
solo concepto, que es el sexo femenino, entendido como un hecho natural e inmutable y, por el contrario, si se relaciona con los varones ésta situación no se produce, puesto que el derecho los entiende como sujetos únicos.
Aún así, y pese a reconocer los avances producidos en los últimos años las oportunidades que se les ofrecen a las mujeres para el logro de una plena igualdad distan mucho de ser idóneas, por lo que se hace necesario diferenciar, por una parte, el “agregarle” o “añadirle” a una ley el componente mujer, y por otra, la necesidad de que se promulguen leyes con “perspectiva de género”, en la que sí se valoren las relaciones de poder entre los sexos, dado que de esta forma se toman en consideración las repercusiones del sistema patriarcal, lo que redundará en un efecto positivo en las estructuras que, motivadas por razón de género, mantienen este sistema y permitirá la no discriminación, puesto que la gran parte de la legislación existente que ha incorporado a las mujeres hasta la fecha, lo ha hecho basándose en un prototipo de mujer que es la mujer madre, la mujer víctima o la mujer alibí. 1
Ante este binomio, considero que, en el primer caso tan solo se realiza un enfoque superficial del problema, al no cuestionar el androcentrismo, siendo mucho más procedente la segunda hipótesis, ya que se cuestiona el paradigma de la ley y, en especial, la revisión exhaustiva de quien es el sujeto de la misma y el análisis de las diferentes formas en que el sexismo se impregna en la sociedad. En el presente trabajo se ha intentado ir más allá de una simple lectura de la letra de la norma jurídica.
I.B) METODOLOGÍA SEGUIDA EN LA TESIS.
El método a utilizar en el presente trabajo es esencialmente jurídico, por lo que consecuentemente se analizarán textos normativos y jurisprudenciales, con el apoyo de material bibliográfico, pero siendo consciente de las constantes relaciones entre la norma y la realidad, en diversas partes del trabajo se hará mención a las política públicas y otros dispositivos necesarios para el logro y consolidación del estricto cumplimiento del derecho a la igualdad y a la no discriminación.
Para ello, entiendo que sexismo, androcentrismo, género y patriarcado son cuatro conceptos elementales que van a ser de total utilidad como herramienta de análisis para detectar los mecanismos, especialmente legales, que generan exclusión, así como conocer sus causas. Pero, dado que los dispositivos metodológicos requieren de reglas, así como de una fundamentación teórica, el estudio se va a
1 Mujeres que se han comportado como hombres y que han logrado destacar en el campo masculino a pesar de ser mujeres, pero no por ser mujeres.
realizar junto a disciplinas relacionadas con las ciencias sociales, como la psicología social, la sociología o la antropología.
A su vez, el establecimiento de regulaciones rígidas e inflexibles ha motivado la discriminación en esferas como la política, la salud, los medios de comunicación, el trabajo o la participación política y, por supuesto, el ámbito primordial en donde en mayor medida se generan desigualdades, el mundo privado, y el familiar, que es en el que más se pretende incidir.
Siendo innumerables los instrumentos intencionales que evidencian las desigualdades y discriminaciones que padecen las mujeres, la metodología en esta tesis parte de estas premisas, resaltando que las estructuras sociales han sido las que han potenciado estas situaciones y que en el caso de España y del derecho familiar existente no ha sido una excepción. Por ello, para incorporar la perspectiva de género en el derecho es necesario “ver, comprender y corregir”, hecho éste que ha sido retomado, limitativamente, en algunos casos en los últimos instrumentos internacionales y legislaciones nacionales, en especial los más actuales. 2
Así, en el entorno europeo, entre los años 2007 y 2008 se han aplicado muchas de las iniciativas anunciadas en el año 2006 en el Plan de Trabajo para la Igualdad entre Hombres y Mujeres de la Comisión Europea y en el Pacto por la Igualdad de Género del Consejo Europeo, 3 y dentro de lo que compete a las familias, la Comisión ha prestado su apoyo a la Alianza Europea para las Familias, mediante la COM (2007) 244, propuesta por el Consejo Europeo, consistente en la construcción de una plataforma de intercambios y conocimientos sobre las políticas a favor de las familias y las buenas prácticas de los Estados miembros destinadas a responder a los retos que plantea el cambio demográfico.
También se reconoce la importancia de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, conocida como CEDAW, por sus siglas en inglés, aprobada por Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979, ratificada por España el 18 de diciembre de 1983, al ser considerada el mayor de los referentes legales en la materia, entre otros motivos, por el importante número de países que firmaron y ratificaron la misma, así como que de su contenido se desprende un amplio espectro de todas aquellas situaciones en que las mujeres se encuentran en esferas
2 Vid. FACIO MONTEJO, Alda, Cuando el género suena cambios trae (una metodologia para el análisis de género del fenomeno legal) ILANUD, San José, Costa Rica, 1992.
Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de Regiones, “La igualdad entre hombres y mujeres-2008”, COM (2008) 10 final, Bruselas, 23 de enero de 2008, en http://www.ccoo.es/comunes/temp/recurso/99999/69959
desiguales con respecto a los hombres, de forma esencial su artículo 1°, 4
conceptualizar la discriminación contra la mujer, puesto que de su definición se desprenden que:
a) Una ley será discriminatoria, si su resultado es la discriminación de personas o grupos, entre ellos la mujer, aunque esa misma ley no se haya promulgado con la intención o con la finalidad de discriminar.
b) La importancia de lo que la Convención entiende por “discriminación contra la mujer”, puesto que al ser ratificada por un país, como es el caso de España, el concepto de discriminación se convierte en legal.
c) Al establecer exhaustivamente como discriminatoria toda restricción basada en el sexo que menoscabe o anule el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, se realiza un reconocimiento a las restricciones que padecen las mujeres en el campo cultural y doméstico, y no únicamente las surgidas en la denominada “esfera pública”.
En este punto, la repercusión social de las desigualdades se asienta sobre múltiples actos discriminatorios contra las mujeres, como la falta de sensibilización del funcionariado policial y judicial para la aplicación de las leyes, el desconocimiento de las propias mujeres en cuanto a la aplicación de normas uniformes o la falta de acceso a la justicia por razones ajenas a esas leyes genéricas, aunque es fácilmente constatable que todas esas “presunciones” si tienen un denominador común y es el hecho de que las leyes genéricas en realidad sí tienen género y ese es el masculino, por lo que en este orden de ideas y distante de lo que usualmente se afirma en el campo jurídico, la pertenencia a uno u otro sexo sí ha sido –y aún en menor medida sigue siéndolo- relevante, ya que es una categoría social determinante del menor o mayor poder que se puede tener en una sociedad.
Tras estos presupuestos, la metodología a aplicar guarda estrecha relación entre los distintos componentes del derecho para establecer que, o bien en el momento de proceder a la redacción de una ley o en caso de ya estar vigente sea aplicada confluyen diferentes factores socio-culturales imperantes desde antaño, que han determinado el contenido del componente formal-normativo de la ley de distintas maneras, dado que no hay que olvidar que en siglos pasados, situación que aún perdura en muchos países en la actualidad, las leyes han sido redactadas por varones, por lo que en las mismas se reflejaba la mentalidad y la forma de actuar
4 Artículo 1 de la CEDAW: “A efectos de la presente Convención, la expresión “discriminación contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la iguadad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquiera otra esfera”.
correspondiente a la sociedad androcéntrica de los tiempos, lo que refleja múltiples desigualdades en perjuicio de las mujeres en todos los ámbitos de la vida civil.
I.C) PRECISIONES TERMINOLÓGICAS Y CONCEPTUALES.
I.C.1) IGUALDAD E IDENTIDAD.
En términos generales, se entiende por igualdad el establecimiento de un criterio de lo que históricamente se pretende razonable para medir la legitimidad o ilegitimidad de una desigualdad jurídica de trato entre un conjunto de la ciudadanía respecto de un criterio previamente determinado; es decir, la igualdad sirve para determinar, de forma no arbitraria y razonablemente, qué grado de desigualdad jurídica de trato entre dos o más personas es tolerable, por lo que la igualdad es un criterio que mide el grado de desigualdad jurídicamente admisible.
Pero, como se ha señalado, no es cierto que la igualdad sea una ley de la naturaleza, dado que ésta no tiene nada de igual, por tanto, la igualdad no es una realidad objetiva o empírica anterior al derecho, sino que la construcción jurídica de la igualdad implica siempre un juicio de valor, un proceso de abstracción que depende de la elección de las propiedades, criterios o rasgos considerados como relevantes entre los que se compara. De esta manera, el concepto de igualdad es incompleto y remite siempre a un punto de vista desde el que se realizan las comparaciones, poseyendo un sentido procesal, pues abre una vía para el argumento racional en relación con qué desigualdades jurídicas de trato son tolerables bajo qué circunstancias. 5
En consecuencia, la igualdad es un concepto relacional que muestra la identidad que existe entre dos o más personas, cosas o hechos en relación tan sólo con algunos aspectos o elementos, reconociendo las diferencias sustanciales que existen en el resto de los aspectos. 6
5 Así lo afirma Vauvernargues, recogido en BILBAO UBILLOS, Juan María y REY MARTINEZ, Fernando, “El principio constitucional de igualdad en la jurisprudencia española”, en El principio
constitucional de igualdad, Lecturas de introducción, en Carbonell, Miguel (comp.) Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, 2003, p. 107. En esta línea, Vauvenargues argumentaba en el siglo XVIII que la naturaleza no ha hecho nada igual; su ley soberana es la subordinación y la dependencia. El nacimiento nos ha hecho hermosos o feos, vigorosos o endebles, inteligentes o estúpidos, con un carácter enérgico o vacilante”, citado por KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aida, “Las acciones positivas”, en El principio constitucional de igualdad, Carbonell, Miguel, (comp.), Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, 2003, p.
6 RUIZ MIGUEL, Alfonso “Sobre el concepto de igualdad”, en Carbonell, Miguel (comp.), El principio
constitucional de igualdad. Lecturas de introducción. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, 2003, p. 44.
Desde la perspectiva jurídica, la igualdad entre las personas implica estrictamente que la identidad que existe entre ellas reside en que todos y todas, sin excepción, son titulares de los mismos derechos y obligaciones, por lo que la igualdad jurídica es la idéntica titularidad y garantía de los mismos derechos fundamentales, independientemente del hecho, e incluso precisamente por el hecho, de que los titulares son entre sí diferentes.
Ahora bien, la igualdad no debe confundirse con el término identidad en el sentido de entenderse ésta como la obligación de todas las personas de ser tratadas exactamente de la misma forma, ni tampoco la permisividad de toda diferenciación, pues en este supuesto se disolvería la idea de igualdad puesto que, en caso de así ocurrir, supondría negar que el establecimiento de diferencias de trato jurídico a favor de ciertos colectivos sociales 7 responde a la desventaja en la que se encuentran dichos grupos.
Al ser de interés para el presente trabajo, es necesario describir lo que para la teoría feminista se entiende por identidad en relación con el género, y así y para un amplio sector de los colectivos feministas el género no es una identidad estable ni tampoco es el locus operativo de donde proceden los diferentes actos, sino que es una identidad débilmente constituida en el tiempo, una identidad instituida por una repetición estilizada de actos y que al ser instituido por la estilización del cuerpo, debe ser entendido como la manera mundana en que los gestos corporales, los movimientos y las normas de todo tipo, constituyen la ilusión de un yo generalizado permanente, por lo que esta formulación desplaza el concepto de género más allá del terreno de un modelo sustancial de identidad hacía uno que requiere una conceptualización de temporalidad social constituida. 8
Algunas feministas realizan una interesante distinción terminológica al referirse a los sexos, ya que señalan que la igualdad se produce entre diferentes sujetos, esto es, entre individuos diferenciados y, por tanto, entre verdaderos individuos -el “in- dividuo” es, etimológicamente, lo no divisible-, que es el trato que en la sociedad sexista se da entre varones. En cambio, la identidad configura la consideración indistinta, indiferenciada, estereotipada y, por tanto, no individualizada bajo la que las mujeres son vistas y tratadas en dicha sociedad. 9
7 Como pueden ser las mujeres, la infancia, la juventud, las personas adultas mayores, las personas con alguna discapacidad, las desempleadas, las personas migrantes, aquellas que poseen una orientación sexual “diferente” a la socialmente admitida, etcétera.
8 BUTLER, Judith, “Actos preformativos y constitución del género: un ensayo sobre fenomenología y teoría feminista”, en Debate feminista (Público, privado/sexualidad), octubre, 1998, vol. 18, pp. 296-314.
AMORÓS, Celia, “Espacio de los iguales, espacio de las idénticas. Notas sobre poder y principio de individuación”, en Arbor, núms. 503-504, noviembre-diciembre, 1987, pp. 113-127.
I.C.2.) IGUALDAD Y DIFERENCIA.
Ambos conceptos no son antónimos, por el contrario se exigen mutuamente, dado que la igualdad no implica homogeneidad en relación con las formas de ser, actuar y pensar de las personas.
El derecho a lo largo de la historia ha adoptado distintas posiciones frente al tipo de relaciones que pueden darse entre los conceptos de igualdad, homogeneidad, diferencia y desigualdad y, en este contexto, las argumentaciones doctrinales han identificado cuatro posibles tipos de configuración jurídica de la relación entre estos conceptos. 10
El primero de los cuatro modelos de la relación entre derecho y diferencia (as), es el de la indiferencia jurídica de las diferencias, donde las diferencias no se valorizan ni se desvalorizan, no se tutelan ni se reprimen, no se protegen ni se violan, simplemente se les ignora. 11
El segundo modelo es el de la diferenciación jurídica de las diferencias, que se expresa en la valorización de algunas identidades y en la desvalorización de otras y, por tanto, en la jerarquización de las diferentes identidades, de tal forma que las identidades se ubican por las diferencias valorizadas, ya lo sean por razón de sexo, nacimiento, etnia, fe religiosa, lengua, renta y otras que resultan asumidas como estatus privilegiados, fuentes de derechos y de poderes, e incluso, como base de un falso universalismo modelado únicamente sobre sujetos privilegiados, mientras otras, como la de mujer, judío, negro, hereje, apóstata, extranjero, apátrida, etcétera, se asumen como estatus discriminatorios, fuentes de exclusión y de sujeción y, en ocasiones, de persecución. 12
El tercer modelo es el de la homologación jurídica de las diferencias, siendo valoradas en unos casos y negadas en otros por el hecho de que todas resultan
10 Cfr. FERRAJOLI, Luigi, “Igualdad y diferencia”, en Igualdad y diferencia de género. Ferrajoli, Luigi y Carbonell, Miguel, (Coord), Colección Miradas 2, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, México D.F., 2005, pp. 7 a 11.
11 Éste es el paradigma hobbesiano del estado de naturaleza y de la libertad salvaje, que confía a las relaciones de fuerza la defensa o, por el contrario, la opresión de las diversas identidades.
Un ejemplo que lo ilustra es la discriminación de los ordenamientos jerarquizados de casta o de clase propias de las fases más arcaicas de la experiencia jurídica y también el que resulta de los orígenes de la modernidad, cuando la igualdad y los consecuentes derechos universales aparecen proclamados en las primeras constituciones liberales.
devaluadas e ignoradas en nombre de una abstracta afirmación de igualdad, y más que transformadas en estatus privilegiados o discriminatorios resultan desplazadas, reprimidas o violadas en el cuadro de una homologación, neutralización e integración general. 13 En este punto, respecto a la diferencia por razón de género y siguiendo la Ferrajoli, la mujer no sufre discriminación en el plano jurídico, puesto que en ese campo resulta desconocida, ocultada y enmascarada, ya que las mujeres tienen los mismos derechos que los varones en cuanto son consideradas, o se finge que son, como el varón, y se asimilan a ellos en los estilos de vida y en los modelos de comportamiento, pero porque es desconocida por el derecho aquella resulta penalizada por los amplios márgenes de inefectividad de la proclamada igualdad.
El último y cuarto de los modelos de configuración jurídica de las diferencias, es el llamado de igual valoración jurídica de las diferencias, basado en el principio normativo de igualdad en los derechos fundamentales y, al mismo tiempo, en un sistema de garantías capaces de asegurar su efectividad.
Las diferencias esenciales en este último supuesto con respecto a los modelos anteriormente referidos se ubican en el hecho de que en el primer modelo en vez de ser indiferente o tolerante con las diferencias, garantiza a todas su libre afirmación y desarrollo; comparándolo con el segundo, no se privilegia ni discrimina ninguna diferencia, sino que las asume a todas como dotadas de igual valor, prescribiendo para todas igual respeto y tratamiento y, por último, la nota que le distingue del tercer modelo es que no desconoce las diferencias, sino que reconoce todas y las valoriza como otros tantos rasgos de la identidad de las personas sobre cuya concreción y especificidad cada una funda su “propio yo” y el sentido de la autonomía en las relaciones con los demás. En este tenor, la igualdad en los derechos fundamentales resulta así configurada como el igual derecho de todos y todas a la afirmación y a la tutela de la propia identidad, en virtud del igual valor asociado a todas las diferencias que hacen de cada persona un individuo diverso de todos los otros y de cada individuo una persona como todos los demás.
I.C.3) DIFERENCIA Y DESIGUALDAD.
Ambos conceptos no son iguales puesto que las diferencias existen entre las personas, ya sea de índole natural, social o cultural y constituyen los rasgos específicos que distinguen y al mismo tiempo individualizan a las personas y, por ello, las diferencias en tanto que constituyen la esfera de libertad mediante la cual las personas expresan su identidad y originalidad deben ser valoradas y protegidas por el derecho.
13 Es el modelo de la serialización, propio de los diversos socialismos reales y burocráticos.
Por el contrario, las desigualdades, ya sean económicas, sociales o políticas son disparidades que existen, tanto en el goce como en el ejercicio de los derechos de las personas, y en tanto que crean status jurídicos distintos se traducen en desventajas para unos y ventajas para otros, por lo que deben ser combatidas por el derecho con el fin de hacer efectivos tanto el principio de igualdad formal como el de igualdad material.
I.C.4) IGUALDAD DE TRATO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.
La noción de igualdad de trato remite a la exigencia básica que impone a favor de todos los seres humanos la titularidad de los derechos humanos, esto es, ser tratados “con igual consideración y respeto”. Esta concepción deriva de la tradición kantiana que sostiene el principio según el cual ha de tratarse a un ser humano como un mero medio para la realización de fines en los que no ha consentido y, supone además, concebir a las personas como seres capaces de autodeterminación dispuestos a decidir en torno a sus propios planes de vida y hacer lo posible por realizarlos. Por lo mismo, el “igual respeto” supone que los seres humanos son responsables de sus actos voluntarios, pero solo por sus actos voluntarios, en consecuencia, no se les puede reprochar ni maltratar por eventos o cualidades sobre las cuales carecen de toda posibilidad de control, como el sexo, la raza, la edad, las discapacidades físicas y mentales, el origen social o nacional, etcétera; 14 aunque desde una terminología más usual se puede entender por igualdad de trato, la ausencia de toda discriminación, tanto directa como indirecta.
En cambio, la igualdad de oportunidades consiste en dar a cada uno las mismas oportunidades de acceso, lo que implica un principio según el cual nadie debe ser discriminado por motivo de raza, sexo, religión u otros atributos intrínsecos, siendo una concepción basada sobre un conjunto de principios de intervención cuyo fin es eliminar entre los individuos las desviaciones sociales engendradas por la actividad humana, 15 por lo que, para su logro, se debe entender que la igualdad de oportunidades significa favorecer a los desfavorecidos y desfavorecer a los favorecidos.
Probablemente, el principal componente estructural de la igualdad de oportunidades es el legislativo, por lo que si se logra la misma se podrá garantizar una regulación más equitativa, lo que obliga a una revisión minuciosa de los marcos legales, y una vez obtenido este reto en el que se eliminen todo tipo de leyes discriminatorias por razón de sexo o género, debe obligarse para que el legislador lo haga a favor de la equidad, ya lo sea mediante leyes específicas o integrales.
14 Cfr. Glosario sobre derechos humanos y no discriminación. Dirección de Estudios, Legislación y Políticas Públicas, en http://conapred.org.mx/Centro/Doc/Comision/glosario_term.html 15 Idem.
Es necesario ahondar en las diferencias entre la igualdad de trato y la igualdad de oportunidades, puesto que partiendo de que el principio de igualdad significa que a supuestos de hecho iguales se le debe de aplicar consecuencias jurídicas iguales, y que para introducir diferencias entre los supuestos de hecho tiene que existir suficiente justificación de tal diferencia, nos remite a la conclusión que el principio de igualdad no se debe de contemplar únicamente como igualdad de trato, sino como igualdad de oportunidades.
En síntesis, trato de igualdad no significa “uniformidad”, es decir, que hayan de contemplarse todas las situaciones del mismo modo, sino que precisamente la existencia de esa desigualdad real inicial determina la necesidad de dar a los temas un tratamiento jurídico diferenciado a fin de avanzar hacia la equiparación. 16
I.C.5) IGUALDAD FORMAL
La igualdad formal son las manifestaciones del propio principio de igualdad de trato, es decir, en la ley, ante la ley, en la aplicación de la ley, en el contenido de la ley
y el mandato de no discriminación.
Al matizar este concepto, cabe diferenciar la igualdad en la ley, referida como un mandato dirigido principalmente al legislador, para que regule las diversas situaciones, sin hacer discriminaciones odiosas, siendo normalmente una noción fácilmente verificable, pues hay discriminaciones obvias. 17
Otra modalidad es la denominada igualdad ante la ley, que consiste en un mandato dirigido, y que debe de ser aplicado por los órganos judiciales, por el que se les exige tratar de igual manera a aquellas personas que se encuentran en idéntica situación, así como no tratar igual a personas que se hallan en situaciones sustancialmente distintas, por lo que las consecuencias jurídicas más importantes que
se derivan de este principio son la igual capacidad jurídica de todos los ciudadanos/as
y la exigencia de la generalidad de la ley. 18
16 FERNÁNDEZ DE LA VEGA, María Teresa, “Mujer, derecho y cambio social”, Leviatán, Revista de Hechos e Ideas, Madrid, 2ª. época, 1998, número 71, p. 89.
En este sentido, en 1880 la Corte Federal norteamericana argumentó “si una ley excluyera a todos los hombres blancos de prestar servicios como jurado, nadie podría decir que no se ha privado a los hombres blancos de la protección igualitaria de la ley “, en Strauder c/West Virginia, citado por David Curie, Introducción a la Constitución de los Estados Unidos, Trad. V. Gómez. Zavalía, Buenos Aires, 1998, p. 93.
18 Tiene sus antecedentes positivos en las Revoluciones Liberales de finales del siglo XVIII y principio del siglo XIX.
Por otra parte, el principio de igual aplicación de la ley, es un mandato dirigido a los órganos del Estado, -judicial y ejecutivo-, encargados de aplicar el derecho, mediante el cual se les exige no interpretar y aplicar la norma de manera distinta en casos en que sean sustancialmente iguales. 19
A su vez, la igualdad en el contenido de la ley, también conocida como igualdad por la ley o a través de la ley, implica reconocer las desigualdades de la naturaleza. Este principio se complementa con el principio de igualdad ante la ley, ya que no sólo se enfoca en la relación de la ley con la ciudadanía o la manera en que las autoridades la aplican y hacen uso de ella, sino que se dirige a su contenido mismo, siendo la consecuencia más relevante que constituye un límite a la discrecionalidad del/la legislador/a en el establecimiento de distinciones, obligándole a justificar racionalmente el motivo y las razones de las mismas, y así la exigencia que se deriva de este principio es que las distinciones que hace la propia ley entre las personas sea razonable y objetiva. 20
Por último, el llamado mandato de no discriminación es una variable del principio general de igualdad que suele ir acompañado de una lista de criterios que se consideran “sospechosos” de violar ese principio general si son utilizados por algún mecanismo jurídico, 21 por lo que son normas que obstaculizan o limitan diferentes tratos diferenciados no razonables entre las personas, pero a su vez poseen algunos rasgos en los que se contempla de forma específica la prohibición de llevar a cabo tales diferenciaciones que, generalmente, suelen estar relacionadas con situaciones que son inmodificables, 22 o actos asumidos con plena voluntad, por los que no pueden ser reprochados. 23
19 REY MARTINEZ, Fernando, El derecho fundamental a no ser discriminado por razón de sexo, Comisión Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (CONAPRED), México, 2005, p. 28, que señala que a la arbitrariedad se le reconoce como una prohibición general dirigida a las autoridades encargadas de la aplicación y ejecución de la ley en el sentido de no poder tratar situaciones semejantes con criterios distintos.
20 La doctrina de la Corte Europea de Derechos Humanos establece correcto evaluar si las distinciones realizadas por la norma son acordes a los propios fines propuestos por ella, y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos recoge que la desigualdad debe basarse en una justificación objetiva y perseguir una finalidad constitucionalmente legítima.
Un ejemplo se puede encontrar en el artículo 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea: “Igualdad y discriminación”, quién en su apartado 1° señala que “Se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por motivos de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual”. Igualmente, es un buen referente el artículo 2- 1° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al disponer que “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamadas en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”. 22 Tal es el caso de la proibición de discriminación por raza, nacimiento, origén étnico o nacional, sexo, etcétera.
23 Supuestos de esta índole pueden ser, entre otras, la prohibición de discriminación por razón de preferencia sexual, opinión, credo o afiliación política.
Un dato interesante que se da en el mandato de no discriminación es que no
rige únicamente para las autoridades sino que, con ciertas matizaciones, también puede ser de aplicación para los particulares al ser en este entorno donde se ocasionan en porcentajes mayores actos discriminatorios, y de esta manera la sentencia 241/88 de nuestro Tribunal Constitucional contempla que los/as empleadores/as no podrán distinguir entre sus trabajadores/as ninguno de los criterios
prohibidos en el artículo 1° de la Constitución Española, extendiéndose dicha limitación
a aquellas personas que ofrezcan un servicio al público o a quienes hagan una oferta
pública para cualquier contratación, siendo también estos supuestos de prohibición de
discriminar reconocidos en la sentencia 177/88 del Tribunal Constitucional español al reseñar que los actos discriminatorios suponen una limitación, tanto a la autonomía de
la voluntad como a la de las partes para contratar.
I.C.6) IGUALDAD SUSTANCIAL, MATERIAL O REAL.
Se puede traducir como el mandato para los poderes públicos de remover los
obstáculos a la igualdad en los hechos, lo que puede llegar a suponer, e incluso a
exigir, la implantación de algunas medidas que compensen diversas diferencias negativas, encontrando su punto de partida en la formalización específica jurídica frente y contra las discriminaciones en sentido estricto.
I.C.7) IGUALDAD, JUSTICIA Y EQUIDAD.
La igualdad dentro del pensamiento filosófico de la modernidad ha estado
vinculada al más amplio concepto de justicia, y así deviene la llamada Teoría de la justicia de John Rawls, para el cual los dos principios desde los que debe de iniciar el proceso para alcanzar una sociedad justa y equitativa son, en primer lugar, el que cada persona ha de tener un derecho igual al esquema más extenso de libertades básicas que sea compatible con una estructura semejante de libertades para los demás y, en segundo lugar, que las desigualdades sociales y económicas habrán de
ser conformadas de modo tal que a la vez que se espere razonablemente que sean ventajosas para todas las personas se vinculen con empleos y cargos asequibles para todos y todas.
A partir del primer principio es factible la construcción del mandato
constitucional de igualdad en los derechos fundamentales, mientras que el segundo de ellos se fundamenta en que la regla debe ser la igualdad y que, por tanto, las desigualdades deben de ser la excepción.
Por otra parte, el vocablo equidad al referirse a las relaciones entre hombres y mujeres, intenta establecer la imparcialidad en el trato tanto a unas como a otros, ya sea de igualdad en el trato o de un trato diferente, pero que se considere equivalente en términos de derechos, beneficios, obligaciones y oportunidades. 24
Este concepto también se refiere al principio conforme el cual hombres y mujeres acceden con justicia e igualdad al uso, control y beneficio de los bienes y servicios de la sociedad, incluyendo aquellos socialmente valorados, oportunidades y recompensas, con la finalidad de lograr la participación equitativa de las mujeres en la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar, 25 por lo que la relación entre ambas puede ser entendida como la cualidad por la que ninguna de ellas es favorecida de manera injusta en perjuicio de la otra, es decir, la verdadera equidad entre mujeres y hombres significa alcanzar la igualdad en el acceso a los derechos y a las oportunidades.
En mi opinión, la equidad impone la necesidad de implantar y desarrollar todas aquellas normatividades, políticas públicas, programas, recursos, dispositivos y acciones, ya lo sean sociales, legales o tecnológicas, encaminadas a lograr la plena igualdad entre las personas.
I.C.8) PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN.
Este principio se encuentra ligado al principio de igualdad, si bien adquiere independencia de éste y se configura con unas características concretas.
La Real Academia Española recoge dos posibles significados del concepto “discriminar”; por un lado, el verbo discriminar en sentido neutro, que implica separar, distinguir o diferenciar una cosa de otra y, por otro, un sentido negativo, consistente en “dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos racionales, religiosos, políticos, etcétera”. 26
La acepción ya aparece recogida en el año 1958, en el Convenio 111, relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación, quien la definió como “cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social, que tenga por efecto anular o
24 En “100 palabras para la igualdad”. Glosario de términos relativos a la igualdad entre mujeres y hombres Comisión Europea. Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales y Educación. Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas (OPOCE), Luxemburgo, 2002, en www.europarl.eu.int/transl_es/plataforma/pagina/celter/glosario_genero.htm
25 Compilación seleccionada del marco jurídico nacional e internacional de la mujer, Secretaría de Relaciones Exteriores de México, UNIFEM y PNUD, Segunda Edición, México D.F. 2005, p. 63.
26 Cfr. Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, Tomo I, a-g, Ed. 21ª, Espasa Calpe, Madrid, 1992.
alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación”, y en ella destacan tres elementos fundamentales:
a) que la discriminación lo constituye un acto u omisión que distingue, excluye o da un trato diferente a una persona o grupo de personas.
b) que este tipo de acciones u omisiones está motivado por alguna condición específica de la persona.
c) que el resultado de dicho acto u omisión es que la persona reciba un trato diferente, es decir, que se produzca una anulación o menoscabo en el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas que padecen el fenómeno de la discriminación. 27
Esta estructura, -pese a que varía en relación con los grupos a los que va dirigida la discriminación-, es adoptada en otros instrumentos internacionales, como la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, 28 la ya citada Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y la Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y Discriminación Fundadas en la Religión o Convicciones. 29
1. C.8-a)
Esta variante se puede conceptualizar como “una situación en la que se trata a una persona menos favorablemente en razón de su sexo” 30 y, generalmente, en estos casos la discriminación se produce a consecuencia de que el supuesto de hecho es una acción o una omisión. 31
Algunos autores, 32 dentro de esta categoría diferencian entre discriminaciones abiertas y encubiertas, siendo las primeras de ellas las que explícitamente marcan un trato diferenciado entre mujeres y hombres contrario a la igualdad legalmente reconocida, mientras que las segundas son aquellas en las que pese a que el sexo no
27 En el caso del Convenio 111 se refería a que la persona recibiese un trato diferente en el empleo y la ocupación o que no contase con oportunidades iguales para acceder a ellos.
De fecha 7 de marzo de 1966. 29 Proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 25 de noviembre de 1981. (Resolución 35/55).
Según la definición que se encuentra inserta en la publicación 100 palabras para la igualdad: glosario de términos relativos a la igualdad entre mujeres y hombres. Ob cit. en www.europarl.eu.int/transl_es/plataforma/pagina/celter/glosario_genero.htm
Ejemplo de estos supuestos será despedir a una mujer por estar embarazada.
GONZÁLEZ MARTÍN, Nuria, “Acciones positivas”, en Dos temas torales para los derechos humanos:
acciones positivas y justiciabilidad de los derechos sociales, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, 2008, p. 18.
es la causa explícitamente alegada para establecer la diferencia de trato, constituye el móvil que realmente guió la actuación o comportamiento empresarial, aunque aparezca formalmente revestida bajo una causa distinta. Este tipo de discriminaciones no únicamente se reflejan en leyes o normativas, sino que está presente en la totalidad de los ámbitos de la vida cotidiana, entre otros, en la salud, el mercado laboral, la participación política, los medios de comunicación y, por supuesto, en las familias.
1. C.8-b) Discriminación indirecta.
La discriminación indirecta es “la situación en la que una ley o directiva, un reglamento, una política o una práctica, aparentemente neutrales, tienen un impacto desproporcionadamente adverso sobre los miembros de uno u otro sexo, a menos que la diferencia de trato pueda justificarse por factores objetivos”. 33
En estos supuestos la acción u omisión es indiferente o neutra, pues analizada jurídicamente no contiene tratos desfavorables dependientes del sexo porque se aplica igualmente tanto a hombres como mujeres, pero contiene un resultado general y mayoritariamente discriminatorio para las mujeres, por lo que la dificultad de su reconocimiento no radica en los supuestos de hecho de la discriminación, sino en los resultados discriminatorios para un grupo determinado. 34 De esta forma, la discriminación indirecta identifica prácticas, decisiones, incluso políticas neutras que no son consideradas irrelevantes por las normas, sino que pueden llegar a ser consideradas contrarias a la igualdad y declaradas nulas pese a tratarse de medidas en principio neutras, porque tienen un efecto adverso sobre las mujeres y carecen de justificación dado que la respuesta contraria puede ser consecuencia de un abanico de diferencias existentes o subsistentes entre hombres y mujeres, como son las de carácter físico, biológico, profesional o social, y que en la concepción actual de la igualdad devienen relevantes. 35
El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas a través de su extensa labor jurisprudencial ha consagrado la prohibición de las discriminaciones indirectas como discriminaciones no declaradas y no manifestadas literalmente, pero que pueden estar presentes en las normas, las sentencias, los actos administrativos o las
33 Vid.
hombres Ob. cit. en www.europarl.eu.int/transl_es/plataforma/pagina/celter/glosario_genero.htm.
Un ejemplo puede ser no pagar un salario extraordinario o impedir un ascenso o una promoción laboral, considerando el embarazo y la posible baja por maternidad.
SÁEZ LARA, Carmen, “Igualdad de trato y de oportunidades en el Derecho Social Comunitario”, en XV Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, en, http://aedtss.com/Ponencia%20I%20Carmen%20Sa%E9z%Lara.doc (Ponencia). Página vista el 17 junio de 2007.
100 palabras para la igualdad: glosario de términos relativos a la igualdad entre mujeres y
actividades privadas, no siendo directamente discriminatorias en apariencia, pero produciendo en la práctica efectos discriminatorios. 36
1. C.8-c) Diferencias entre ambas.
En Europa ambos términos surgen en el Reino Unido, en la denominada Sex Discriminnation Act de 1975, 37 si bien los verdaderos orígenes se encuentran en los Estados Unidos de América, pero aplicada a la discriminación contra las personas de raza negra. 38
La diferenciación entre discriminación directa e indirecta se suscita al no hacer este binomio referencia estricta a la propia discriminación, sino al proceso para ser identificada o detectada ésta, que resulta más simple en el supuesto de discriminación directa que en la indirecta, puesto que en el primer caso radica en una sola instancia que resulta diferenciadora, mientras que en el segundo de los supuestos se requiere el análisis de dos instancias, una encaminada a situar el efecto discriminatorio o adverso
y otra donde se sitúa el hecho neutral, el efecto y el hecho. 39 Por tanto, la distinción entre ambas es el supuesto de hecho, siendo en la discriminación directa el tratamiento distinto y desfavorable, mientras que en las discriminaciones indirectas lo
es el resultado injustificado y adverso.
Algunas autoras las diferencian argumentando que la intención es lo que califica
a la discriminación directa, mientras el resultado es lo que caracteriza a la
discriminación indirecta. 40 En este mismo sentido, especialistas afirman que el concepto de discriminación directa se corresponde con la teoría de la diferencia de
36 FREIXES SANJUAN, Teresa, “La configuración de la igualdad entre las mujeres y los hombres” en Pérez Royo, Javier, Urías Martínez, Joaquín Pablo y Carrasco Durán, Manuel (eds.), Derecho constitucional para el siglo XXI, Aranzadi, 2006, Tomo I, p.18.
37 Haciendo la salvedad que en esa fecha el Reino Unido ya formaba parte de los países fundadores de la Comunidad Económica Europea, puesto que firmó el Tratado de Adhesión el 1 de enero de 1973.
38 El más celebre referente y que dio pauta al mundo para identificar estas discrimanaciones se encuentra en el caso United States Postal Service Board of Governors vs Aikens, en el que éste acusó
al servicio postal de discriminación racial al negarle ascensos a divesos puestos a nivel gerencial y en el que primeramente el Circuito de D. C. decidió que podía establecer un caso de prima facie de discriminación, demostrando que poseía todas las calificaciones o méritos requeridos para los ascensos y que había sido relegado a favor de candidatos blancos. Contrariamente, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ostentando la representacion del Servicio Postal, solicitó a la Corte que estableciera que las pruebas de prima facie del demandante deben demostrar la “probabilidad” de discriminación, cuya conclusión indica que el caso Aikens se encuentra relacionado con el grado de responsabilidad que debe tener el/la empresario/a de presentar pruebas o evidencias y, en el caso concreto, el Tribunal solictó que el demandante presentase, de manera inicial, sólo lo que pudiese conocer, con un esfuerzo razonable y mesurado, con anterioridad al juicio.
39 En este sentido, BARRERÉ UNZUETA, María Angeles, Discriminación, Derecho antidiscriminatorio y acción positiva a favor de las mujeres, Civitas, Madrid, 1997, p. 24.
AÑÓN, María José, Igualdad, diferencias y desigualdades, Fontamara, México, 2001, nota 25, pp. 29-
trato y el concepto de discriminación indirecta con la teoría del impacto desigual o efecto adverso. 41
Sin embargo, aunque no se observen de inicio grandes dificultades para comprender los rasgos que les distinguen, no siempre es fácil detectarlos en la práctica y por ello el propio Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha utilizado dos criterios de diferenciación: uno de carácter externo, en el que se valora si la decisión en cuestión se aplica a miembros de un solo sexo (discriminación directa) o a ambos (discriminación indirecta); 42 y otro, utilizado de forma reiterada por la doctrina del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, de carácter ontológico en relación con la causa de la discriminación. 43
En el entorno europeo la prohibición de discriminación directa se recoge por vez primera con la aprobación de la Directiva del Consejo de 9 de febrero de 1976 (76/207/CEE), así como en la Directiva, también del Consejo, de 15 de diciembre de 1997 (97/80/CEE), relativa a la carga de la prueba, la cual y como se contempla en su artículo 1-1º, señala que “a efectos de la presente Directiva se entenderá por principio de igualdad de trato la ausencia de toda discriminación por razón de sexo, bien sea directa o indirectamente”.
Por otra parte, las mayores aportaciones del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas a la definición de discriminación indirecta se sitúan dentro del contorno del trabajo a tiempo completo y a tiempo parcial, al entender que la regulación diferente de los/as trabajadores/as supone una discriminación indirecta para las mujeres puesto que éstas son las que habitualmente trabajan con contratos parciales, fruto del sexismo cultural que ha imperado durante siglos y que se ha traducido en el rol social femenino dentro del ámbito doméstico, así como a la consideración del trabajo realizado por mujeres como secundario o, en su caso, complementario de los ingresos masculinos, siendo importante la influencia de algunas sentencias que han asentado estos criterios. 44
41 También denominadas bajo la terminología inglesa, disparate treatment y disparate impact, respectivamente.
Es importante destacar la sentencia en el Asunto Dekker, asunto 177/88, de 8 de noviembre de 1990, en la que el TJCE considera que el embarazo sólo puede afectar a mujeres y que una discriminación basada en este criterio es una discriminación directa, aunque el propio Tribunal no considera las consecuencias que derivan del embarazo, como las posibles enfermedades posteriores al permiso de lactancia.
43 Este criterio entiende que si la causa está estrechamente ligado al sexo de la persona trabajadora o por una consecuencia directa de ésta, se trata de una discriminación directa, mientras que si dicha causa no tiene relación directa con el sexo, sino es por el efecto adverso que provoca, se estaría hablando de discriminación indirecta.
44 *Asunto Bilka, STJCE 170/84, de 13 de mayo de 1986, en la que sobre la regulación de una base de pensiones de jubilación privada quedan excluidos los/as trabajadores/as a tiempo parcial.
I.C.9) IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN.
En razón de que uno de los valores fundamentales que intenta resguardar el derecho a la no discriminación es el de igualdad de derechos y oportunidades, se puede afirmar que junto a los principios de igualdad ante la ley, de igualdad en la aplicación de la ley, de igualdad en el contenido de la ley, así como del principio de igualdad entre hombre y mujer y el de la igualdad sustancial material, el derecho a la no discriminación forma parte del conjunto de figuras jurídicas mediante las cuales el constitucionalismo contemporáneo intenta plasmar en la realidad el valor de la igualdad.
En este sentido, Rey Martínez asegura que la discriminación y la igualdad guardan una relación de especie en el caso de la primera y de género, en el caso de la segunda 45 pero, sin embargo, esta conexión común al valor de la igualdad no implica que cada figura jurídica tenga un contenido normativo y un alcance jurídico propio y distinto al de los demás principios.
Resultado de que la naturaleza jurídica del principio de igualdad es la de un mandato y la del principio de no discriminación un derecho, se han señalado tres diferencias importantes; 46 la primera, que mientras los principios de igualdad implican una protección específica de los actos de autoridad, el derecho a la no discriminación
*Asunto Jenkins, STJCE 96/80, de 31 de marzo de 1981, en la que el Tribunal señala que las diferentes retribuciones por hora para los trabajadores a tiempo parcial y completo constituyen discriminación al amparo del artículo 119. *Sentencia Krüger, STJCE 291/97, de 9 de septiembre de 1999, que considera discriminatoria y sin justificación alguna, el no percibir la prima salarial fijada mediante convenio para aquellas personas que trabajen menos de 15 horas, puesto que esta medida afectaba sobremanera a las mujeres. *Sentencia Seymour-Smith, STJCE 167/97, de 9 de febrero de 1999, en la que estima que producen discriminación las indemnizaciones sobre despidos improcedentes que perjudican a quienes hubieran estado empleados menos de dos años. *Sentencia Rummler, STJCE 237/85, de 1 de julio de 1986, en la que la cuestión planteada es si de conformidad al principio de igualdad de remuneración, un sistema de clasificación profesional basado en la penosidad y el esfuerzo físico beneficia el tipo de trabajo masculino y, con base a ello, el Tribunal considera que son lícitas estas clasificaciones cuando realmente es necesario para la ejecución del trabajo. *Sentencia Danfoss, STJCE 109/88, de 17 de octubre de 1989, en la que tras el planteamiento de si requisitos tales como la formación, la antigüedad, la flexibilidad y la adaptabilidad pueden ocasionar en algunos casos la licitud de prácticas de discriminación indirecta, el TJCE concluye que tales exigencias son lícitas siempre que se demuestre que son realmente indispensables y necesarias para el desarrollo de trabajo y, al contrario, un criterio de productividad y calidad de trabajo no puede ser justificativo de una medida neutra desfavorable para el colectivo femenino,por lo que se debe de considerar discriminatorio. 45 Ob. Cit. REY MARTINEZ, Fernando, “El principio constitucional de igualdad en la jurisprudencia española”, en El derecho fundamental a no ser discriminado por razón de sexo. p. 28.
46 DE LA TORRE MARTINEZ, Carlos, El derecho a la no discriminación en México, Porrúa México y Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, D.F., 2006, pp. 160 y 161.
es capaz de oponerse tanto a las autoridades como a los particulares; la segunda, que mientras la formulación jurídica de los principios de igualdad solo puede ser planteada de manera negativa, en el sentido de una prohibición a las autoridades de realizar distinciones irracionales o arbitrarias en la aplicación o en la creación del derecho, el derecho a la no discriminación no solo implica una prohibición de cometer algún tipo de distinción irracional sino que, desde una perspectiva positiva implica, además, el deber de tomar las medidas necesarias para combatir todas las formas de desigualdad injustificada hasta alcanzar una igualdad real en el goce y ejercicio de los derechos y, la tercera de ellas, que la no discriminación no sólo se compromete con el principio formal de que todos deben ser tratados de igual manera en relación con la ley cualquiera que sea el contenido de esta, sino que parte de un cierto contenido normativo mínimo al establecer como límites los derechos fundamentales y el respeto de la dignidad humana.
En este sentido, destaca la crítica que Bertrand Rusell hizo al principio de igualdad cuando exclamó:“La igualdad existe lo mismo donde todos son esclavos que donde todos son libres”, pues el derecho a la no discriminación exige, fundamentalmente, que todos los miembros de la sociedad, sin distinción de ningún tipo, tengan las mismas oportunidades para gozar de iguales derechos, 47 por lo que el derecho a la no discriminación logra complementar los principios de igualdad ante la ley y de igualidad en la aplicación de la ley, para proponer una igualdad sustancial o material.
En cuanto al concepto específico de igualdad real como principio, se observa ésta como un mandato a los poderes públicos que depende, para hacerse efectivo, de los recursos disponibles y de la orientación política del Estado, mientras que la no discriminación es un auténtico derecho fundamental que se manifiesta en un derecho subjetivo judicialmente exigible 48 y, en este orden de ideas, el propio Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha usado el principio de igualdad para enriquecer la interpretación del principio de no discriminación, recordando que “la discriminación en sentido legal consiste en tratar de forma idéntica situaciones distintas o tratar de forma distinta situaciones que son idénticas” como se recoge, entre otras, en las sentencia Karlsson, de 13 de abril de 2000 49 , que pese a constatar estos extremos, abunda precisando que la diferencia de trato puede ser legítima si tiene una justificación objetiva.
47 Idem. 48 ÚBEDA DE TORRES, Amaya, “La política de empleo de la UE y la igualdad entre hombres y mujeres:
Un desafío al futuro de Europa”, Revista de Derecho Comunitario Europeo, año 7, número 15, mayo- agosto 2003. 49 Esta y otras distintas sentencias del TJCE que tratan sobre estas cuestiones se pueden consultar en ÚBEDA DE TORRES, A.: «El principio de igualdad de trato y de prohibición de discriminación por razón de sexo a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas», Revista de la Facultad de Derecho de la U.C.M., número 97, p. 177 y ss
I.C.10) NUEVOS CONCEPTOS
I.C.10-a) Acciones Positivas.
No existe un concepto universalmente aceptado del término acciones positivas también llamadas, con sus especificaciones, acciones afirmativas, y parece que fue empleado por vez primera en la Civil Rights Act de 1964. 50 Sin embargo, las acciones positivas nacen al constitucionalismo moderno con la Constitución de la República India de 1949, que en su artículo 16-4º contiene el mandato de reservar puestos en la administración del Estado a los miembros de la casta de lo dalits o intocables (secularmente marginada), con objeto de compensar, a través del marco jurídico, la discriminación que la misma sufría en la sociedad, para así, lograr una situación más justa. 51
Referencias más recientes de la expresión acciones positivas se encuentran en la Recomendación 84/635/CEE, que las define como medidas generales y específicas, apropiadas para eliminar las desigualdades de hecho y promover la participación de ambos sexos en el empleo, y ya en su preámbulo introductorio enuncia que son acciones tendentes a compensar la discriminación social de la mujer y, a la vez, en el artículo 1-a y b) establece los objetivos prioritarios de las acciones positivas. 52
Con parecidos términos, la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la interpretación de la Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Kalanke también habla de “medidas preferenciales para favorecer el sexo infrarepresentado en el empleo (
50 Si bien, en 1961 el entonces presidente John F. Kennedy en la Executive Order 10925 del 6 de marzo dudó entre la expresión affirmative action y positive action, con el fin de reforzar la obligación del personal empleador y garantizar que ninguno de sus trabajadores/as pudiese ser objeto de discriminación por motivos de raza, religión, color u origen nacional dentro del ámbito de trabajo. En 1965, y con el ánimo de implementar las disposiciones antidiscriminatorias de la Civil Rights Act, el presidente Lyndn B. Jonson lanzó diversas medidas e instrumentos jurídicos para instruir al Comité sobre la Igualdad de Oportunidades en el Empleo al implantar y promover que en los lugares de trabajo se establecieran programas y acciones afirmativas para garantizar una igualdad de oportunidades de empleo. 51 GIMÉNEZ GLUCK, David, Una manifestación polémica del principio de igualdad: acciones positivas moderadas y medidas de discriminación inversa, Tirant lo Blanc, Valencia, 1999, pp. 15 y 16. 52 Artículo 1-a): “Eliminar o compensar los efectos perjudiciales que resultan para las mujeres que trabajan o que buscan empleo, de actitudes, comportamientos y estructuras basadas en la idea de una distribución tradicional de funciones entre hombres y mujeres en la sociedad”. Artículo 1-b): “Estimular la participación de la mujer en las distintas actividades de los sectores de la vida profesional en los que actualmente se encuentran infrarepresentadas, en particular, los sectores de futuro, y en los niveles superiores de responsabilidad, con el fin de lograr una mejor utilización de todos los recursos humanos”. 53 Sentencia de fecha 17 de octubre de 1995, asunto C-450-93, COM (96), p.3.
Por su parte, la Directiva 2003/43 del Consejo de la Unión Europea, de 29 de junio de 2000, 54 define las acciones positivas como las “medidas específicas para prevenir o compensar las desventajas que afecten a personas de un origen racial o étnico concreto”. 55
En el derecho comparado, progresivamente, se han ido incorporando las medidas temporales, tanto en el continente europeo como en el americano, y así, a título de ejemplo, Francia, mediante su ley 83/635 de modificación al Código del Trabajo establece su licitud, aunque exclusivamente en beneficio de las mujeres; en Austria todas las administraciones tienen la obligación de vigilar la existencia de una relación numérica equilibrada entre hombres y mujeres en todos los niveles.
En cuanto a Latinoamérica, en Argentina, a raíz de la reforma de 1994, se contempla en su Constitución su obligación, 56 y en México, en el artículo 5-I, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, se señala que las acciones afirmativas son “el conjunto de medidas de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de hecho entre mujeres y hombres”. 57
La doctrina también define las acciones positivas, y así para algunos autores son aquellas medidas que tienen el fin de conseguir una mayor igualdad social sustantiva entre grupos sociales con problemas de discriminación o de desigualdad de oportunidades. 58 Otros, se refieren a ellas como el conjunto coherente de medidas de carácter temporal dirigidas específicamente a remediar la situación de los miembros del grupo a que están destinadas en un aspecto o varios aspectos de su vida social para alcanzar la igualdad efectiva. 59 A su vez, en términos parecidos, otras autoras entienden que las mismas son “estrategias temporales dirigidas a establecer la
54 Relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico, publicada en Diario Oficial L180 del 19 de julio de 2000.
En el mismo tenor y de acuerdo con el ya citado diccionario 100 Palabras para la Igualdad, se definen como “Medidas dirigidas a un grupo determinado, con las que se pretende suprimir y prevenir una discriminación o compensar las desventajas resultantes de actitudes, comportamientos y estructuras existentes”. En este diccionario se señala que a veces dicho término es denominado discriminación positiva.
De conformidad con el artículo 75, inciso 23, de la Constitución Argentina entre las atribuciones del Congreso se encuentra la de “legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 2 de agosto de 2006.
58 RUIZ MIGUEL, Alfonso, “La discriminación inversa y el caso Kalanke”, Doxa, Madrid, núm. 19, 1996, pp. 123-140.
BOSSUYT, Marc, “El concepto y la práctica de la acción afirmativa”, Informe final presentado de conformidad con la resolución 1998/5 de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, Naciones Unidas, E/CN.4/ Sub 2/2002/21, del 17 de junio de 2002.
igualdad de oportunidades por medio de una serie de medidas coherentes que permitan combatir, corregir o constatar aquellas desigualdades de hecho o discriminaciones que son resultado de prácticas, comportamientos o sistemas sociales”. 60
Todavía hay otros que las definen como un conjunto de acciones y medidas que mediante un trato diferenciado buscan que los miembros de un grupo específico, insuficientemente representado, por lo normal grupos que han sufrido discriminación, alcancen un nivel de participación más alta. 61
Ante estas acepciones, que poseen varios rasgos comunes, el fin esencial de las acciones positivas puede circunscribirse a que son coadyuvantes o complementarias de la legislación y de las políticas públicas que se arbitren, incluyendo la igualdad de trato, así como cualquier otra medida y/o programa que contribuya a eliminar las desigualdades en la práctica y, por tanto, proporcionen a las mujeres ventajas concretas.
La temporalidad de dichas acciones se ve reflejada tanto en el ámbito internacional como en el nacional, así el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en su Recomendación General número 5, adoptada en 1988, en su 7° Período de Sesiones, recomienda a todos los Estados parte de la CEDAW que “hagan mayor uso de medidas especiales de carácter temporal, como la acción positiva, el trato preferencial o los sistemas de cupos para que la mujer se integre en la educación, la economía, la política y el empleo.”
En España, han sido varias las sentencias que han reafirmado la temporalidad necesaria de las acciones positivas y, en este sentido, la sentencia 128/87 del Tribunal Constitucional, de 16 de julio, refiere que las acciones positivas deben someterse a revisión periódica para comprobar la pervivencia de las discriminación que las originó, siendo esta sentencia de suma transcendencia pues con anterioridad a la misma se puede hablar de una aproximación tímida o indiferente respecto al sexo por parte del Tribunal Constitucional, al no distinguir entre los principios de igualdad y de prohibición de discriminación, utilizando un método de análisis superficial, que consistía únicamente en enjuiciar la razonabilidad de la medida diferenciadora de trato entre hombres y mujeres. 62
60 DURÁN y LALAGUNA, Paloma “Una aproximación comparada a las acciones positivas. El caso de Italia, Noruega y Argentina”, Anales de la Cátedra Francisco Suárez, núm. 34, Granada, 2000, pp. 279 y sgtes. 61 Ob. Cit. DE LA TORRE MARTINEZ, Carlos, El derecho a la no discriminación en México, pp.179 y
62 Esta sentencia marca un antes y un después, puesto que con anterioridad a la misma se puede hablar de una aproximación “indiferente” respecto al sexo (sex-blind) por parte del Tribunal Constitucional.
La inclusión de este tipo de acciones en España, teniendo como referente planes o programas dentro del ámbito comunitario europeo, han producido un alto impacto, tanto en el entorno estatal, cuya incorporación en primera instancia ha sido el
III Plan Estatal de Igualdad de Oportunidades, como en la totalidad de las
comunidades autónomas y en múltiples planes municipales.
El carácter temporal de estas acciones requiere del establecimiento de algún mecanismo de control, como baremos, datos estadísticos u cualquier otro que especifique cual va a ser el momento en que se deberán de obtener los estándares mínimos de igualdad, es decir, la representación necesaria del grupo que se encuentra en una mayor vulnerabilidad, y en este caso las mujeres.
Las vías para el cumplimiento de los objetivos de las acciones positivas son básicamente dos; la primera, encaminada a eliminar la discriminación social del colectivo femenino, y en el que más que estar caracterizada por medidas concretas lo
es por actitudes o comportamientos de índole personal, así como por la repercusión de
las estructuras sociales que han perpetuado los diferentes roles en razón de sexo 63 y,
la segunda, dirigida al fomento de la participación de la mujer en el trabajo de forma
plena, eliminando la segregación vertical y horizontal procedente de la escasa valoración del trabajo femenino.
Por otra parte, son distintos los elementos que caracterizan a las acciones positivas, destacando principalmente que, 64
a) La medida diferenciadora se refiere a un tipo de desigualdad por rasgos que, como el sexo, la raza o similares, tienen una doble cualidad, pues primeramente son
transparentes e inmodificables para los individuos que los portan y, en segundo lugar, son considerados por la sociedad de forma negativa, ya sea minusvaloradora, despectiva y hasta enigmatizadora por lo que, dentro de la legitimidad de este tipo de acciones, otro elemento a agregar es el intento de corregir fenómenos discriminatorios
y “anómalos” pero que se encuentran totalmente arraigados en las estructuras sociales, consecuencia del sexismo imperante.
b) Se producen en situaciones de especial escasez, como sucede con los puestos de trabajo, plazas universitarias, viviendas, etcétera, lo que provoca que el/a beneficiario/a tiene como contrapartida un claro y visible perjuicio a otras personas; en
63 Estos comportamientos o manifestaciones discriminatorias al estar “mal aprobadas socialmente”, se ven generalmente como comportamientos aceptados y normalizados, y hasta en ocasiones las propias víctimas lo consideran adecuados.
64 Ob. Cit. KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aida, “Las acciones positivas”, pp. 245-248.
suma, se implantan cuando el establecimiento de la igualdad de oportunidades en la práctica no se ha cumplido.
En cuanto a la terminología utilizada no siempre es coincidente, pues hay autores que consideran expresiones análogas la “acción positiva” y la “discriminación inversa”, 65 sin embargo, otros sostienen que es incorrecto establecer tales similitudes. 66
También se distingue entre acciones afirmativas y acciones positivas, definido a las primeras como “acciones destinadas a combatir las discriminaciones directas que sancionan y corrigen las discriminaciones directas pasadas y suponen, eventualmente, estrategias voluntarias adoptadas libremente por los empleadores para remediar las discriminaciones directas actuales” y, por otra parte, consideran que las acciones positivas son aquellas que se definen como “acciones orientadas a combatir las discriminaciones indirectas que no resultan necesariamente de actitudes discriminatorias adoptadas intencionadamente o no por un empleador en particular sino que provienen principalmente de discriminaciones sociales”. 67
Estas particularidades han influido en los dos lados de Atlántico y así, en Europa, preponderantemente se utiliza el término “acción positiva”, si bien, a veces solo se hace referencia a aquellos casos en que de la manera tradicional impuesta, la ley o el reglamento trata de modo distinto a los diferentes.
En Estados Unidos una gran parte del sector doctrinal diferencia entre las denominadas acciones afirmativas (affirmative action) o acciones positivas (positive action) por una parte, y discriminación favorable, discriminación adversa, discriminación inversa o cuotas benignas, por otra. 68
Otro aspecto que caracteriza a las acciones positivas es que poseen algunos rasgos similares con otras figuras afines, dado que en ocasiones la diferente terminología utilizada puede incidir en confusiones, y así cabe citar, por una parte, la
65 Al manifestar que “Las constitucionalización de estas facultades, conocidas también como acciones afirmativas o supuestos de discriminación inversa” Cfr. MIDÓN, Mario, Manual de derecho constitucional argentino. Plus Ultra, Buenos Aires, 1997, p.366.
Al afirmar que “las medidas de acción positiva, antes mal llamadas medidas de discriminación inversa
Vid VEGA, Juan C. y GRAHAM, Marisa A., Jerarquía constitucional de los
o discriminación positiva
tratados internacionales. Astrea, Buenos Aires, 1996, p. 76.
KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aida, Ob. Cit. p. 243.
68 La aplicación de estas medidas respecto de los sistemas de cuotas se discierne entre las cuotas por decisión, en aquellos casos de contratación o promoción a igualdad de cualificación en el que las mujeres tienen preferencia frente a candidatos varones, y cuotas por resultados u objetivos, que fijan objetivos de igualación a lograr en un determinado periodo de tiempo y si la cuota no se consigue en el plazo previsto, obliga a justificarlo demostrando la existencia de motivos objetivos para la selección no relacionados con el sexo.
denominada Discriminación Inversa, más asentada en los Estados Unidos, en las que la utilización terminológica produce incidencias negativas que provoca en los terceros el uso de estas medidas de trato preferente, y que intenta cambiar desde una discriminación histórica del colectivo femenino hacía aquellos grupos socialmente beneficiados, pero en realidad el perjuicio causado a los varones no es una discriminación directa hacia ellos, sino una diferenciación tendente a equilibrar o, en su caso restaurar, las fuerzas de poder. 69 Es decir, la utilización de dicho término hace referencia a una discriminación, cuando lo que se está usando es una diferenciación, y el adjetivo “inversa” señala una situación de perjuicio del grupo masculino, cuando en realidad lo que ocurre es que se implantan criterios objetivos de colaboración que no perjudican, pues lo que hacen es eliminar los privilegios injustificados de supravaloración de un sexo con respecto a otro. 70
Por otra parte, la llamada Discriminación positiva, lingüísticamente supone una contradicción terminológica, puesto que si se utiliza discriminación con su acepción negativa o peyorativa es contradictorio el adjetivo de positivo, dado que de inicio se supone un desfavor o desventaja. Esta expresión ha sido mayoritariamente usada en Europa, pero no es muy acertada pues partiendo de que en sí mismo el término discriminación implica connotaciones negativas y frecuentemente es utilizado para referir distinciones ilegítimas y arbitrarias, se estaría produciendo una contradicción, puesto que si la distinción a que se refiere es justificada o legítima no se debería denominar “discriminación” y, por el contrario, si es injustificada o ilegítima por ser arbitraria, no tendrá sentido llamarla “positiva”.
Las diferencias principales existentes, tanto en el caso de la discriminación inversa como en el de la discriminación positiva con respecto a las acciones positivas, se encuentran primeramente en que las discriminaciones positivas se establecen para situaciones muy concretas de discriminación, como la sexual, la racial, las derivadas de minusvalías, etcétera, y que usualmente suelen ser enigmatizadas por la sociedad; también, que las discriminaciones positivas se suelen producir en contextos especiales, 71 lo que correlativamente obliga que el beneficio hacia determinadas personas tenga como contrapartida un perjuicio hacía otras y, por último, otro rasgo que las distingue es que las discriminaciones positivas son siempre discriminaciones directas, por lo que siempre han de ser admitidas.
69 Su significado se debe de entender más que en privilegiar a un colectivo y perjudicar a otro, situar a cada persona o grupo en el lugar que les hubiera correspondido si no se hubiese actuado con criterios sexistas.
70 Algunos autores sitúan la discriminación inversa como una categoría dentro de la acción positiva, en la que se caracteriza por este sector doctrinal por las cuotas y tratos preferenciales, mientras que la acción positiva es considerada como un tipo de medidas de fomento y eliminación de la discriminación social de los grupos.
Como puede ser en relación con puestos laborales, listas electorales, etcétera.
Estas peculiaridades hacen que se deban superar los estrictos requisitos del principio de proporcionalidad, y así, son varias las diferencias sustanciales que se observan con otras fórmulas, en especial con las cuotas, puesto que, 72
a) Mientras que las acciones positivas son deberes de los poderes públicos, las
cuotas son una herramienta que tienen los poderes públicos en determinados casos y
bajo ciertas condiciones y que pueden o no actuar o hacerlo de un modo u otro.
b) Otra diferencia se basa en la necesidad, dado que sólo podrá acudirse a la
regulación por cuotas cuando no fuera posible lograr el mismo objetivo de equiparación en un sector social determinado y en un tiempo razonable a través de las
medidas menos extremas de acción positiva.
c) Un requisito básico es la objetividad, ya que habrá de acreditarse objetiva y
fehacientemente (a través de estadísticas comparativas) la desigualdad de hecho arraigada y profunda (esto es, la subrepresentación femenina) en el ámbito concreto de la realidad social de que se trate.
d) Otro criterio diferenciador es la transitoriedad, puesto que la cuota tiene por
naturaleza carácter transitorio, y su establecimiento y duración deberá limitarse estrictamente al periodo de tiempo necesario para lograr la igualación de las condiciones de vida entre hombres y mujeres en el sector social donde el colectivo
femenino estuviera subrepresentado. En todo caso, la discriminación positiva no puede actuar como una exclusión absoluta y permanente del sector de población excluido.
e) También otro aspecto que las difiere es la legalidad, ya que por afectar a una
materia tan sensible para el Estado de Derecho como son los derechos fundamentales las discriminaciones positivas en el derecho público sólo podrían establecerse por ley orgánica.
I.C.10-b) Transversalidad.
La transversalidad, también conocida como gender mainstreaming, consiste en incorporar iguales oportunidades, tanto para hombres como mujeres, en todas las políticas y actuaciones, siendo incorporado por vez primera en la IV Conferencia Mundial celebrada en Beijing, en 1995, teniendo amplia resonancia en la Unión Europea, motivo por el que varios países de la misma introdujeron la evaluación del impacto en función del género como un instrumento en el diseño de políticas, y fruto de ello la Comisión Europea mediante su Comunicación COM (96) 67 final, de 21 de febrero de 1996, 73 señaló que la transversalidad “supone la obligación de integrar
72 REY MARTINEZ, Fernando, “El derecho fundamental a no ser discriminado por razón de sexo”, en La discriminación por razón de sexo tras 25 años de la Constitución Española. Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2004, p. 91.
73 Denominada “Integrar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el conjunto de las políticas y acciones comunitarias”, si bien, en España no ha sido muy estricto el cumplimiento de la misma.
sistemáticamente las situaciones, prioridades y necesidades respectivas de mujeres y hombres en todas las políticas, con vistas a promover la igualdad entre hombres y mujeres y recurrir a todas las políticas y medidas generales con el fin específico de lograr la igualdad, teniendo en cuenta, activa y abiertamente, desde la fase de planificación, sus efectos en las situaciones respectivas de unas y otros cuando se apliquen, supervisen y evalúen”, es decir, se intenta no escatimar esfuerzos para promover la igualdad, movilizando todas las políticas generales y medidas específicamente con el fin de alcanzar la igualdad, lo que supone examinar sistemáticamente medidas y políticas, y tener en cuenta los posibles efectos a la hora de definirlas y de ejecutarlas. Años después, en 1998, el Consejo de Eurpoa también definió, en similares términos, el concepto de transversalidad.
Con base a ello, el concepto de transversalidad supone integrar el enfoque de género, tanto en el diseño, como en la elaboración, ejecución y evaluación de las políticas que se implanten, con la finalidad de promover la igualdad entre mujeres y hombres, y para la aplicación de la misma a las políticas se debe de concebir un instrumento analítico, denominado análisis sobre impacto de género. 74
La evaluación positiva de tal impacto y sus efectos en la legislación debe ser de obligado cumplimiento para todo proyecto de ley o reglamento que contenga, por lo menos, un cuadro de las disposiciones afectadas, un estudio sobre afectación presupuestaria y un enfoque nítido de los objetivos de la propia evaluación en el que se deban de aplicar los indicadores del “mainstreaming”, una previsión de los efectos de la norma a corto, medio y largo plazo y una valoración de la apreciación de la incidencia social de la futura norma, así como la determinación de las autoridades responsables de la ejecución de la norma. 75
De cualquier forma, en el momento de analizar el significado del principio de transversalidad es necesario resaltar algunas matizaciones a fin de evitar que el mismo sea confundido con otros aspectos, como considerar dicho concepto como un fin en sí, sino como un instrumento para alcanzar la igualdad de género y entender, erróneamente, que el gender mainstreaming o transversalidad es un concepto referido exclusivamente a las mujeres, en lugar de admitir que el término se refiere a las relaciones entre mujeres y hombres en todos los ámbitos sociales, siendo su objetivo prioritario actuar en beneficio de ambos sexos.
74 Conocido como Gender impact assesment, que consiste en la realización de una serie de preguntas cuyo objetivo es identificar las diferencias concretas entre mujeres y hombres, así como el impacto de la política específica de ambos colectivos en general, como las diferencias marcadas entre los diferentes grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, también denominados específicos.
75 Cfr. FREIXES SANJUAN, Teresa, “Género y Constitución Española”, material utilizado en la Cátedra sobre Derecho Constitucional Jean Monnet, 2004.
El objetivo principal no debe de limitarse únicamente a los esfuerzos de promoción de la
igualdad a través de medidas específicas a favor de las mujeres, sino, por el contrario, movilizar de
forma explícita el objetivo de la igualdad a todo el conjunto de las acciones y políticas generales y, de
esta manera, para su cumplimiento, deben de utilizarse unos indicadores idóneos para que el resultado
sea satisfactorio, como son, la obtención de datos desagregados por sexo, el uso de un lenguaje no
sexista, el estudio desagregado de la utilización de los recursos, el análisis de las normas vigentes y de
la jurisprudencia, la construcción del modelo ideal, la elaboración de propuestas de actuación y una
adecuada previsión financiera, entre otros. 76
En síntesis, como ha sido señalado por expertas, 77 la transversalidad no es una medida de acción positiva más, sino la medida definitiva para la erradicación de la desigualdad de género, en cuanto que de su aplicación no se espera que la desigualdad disminuya sino que, definitivamente, se erradique. En un plazo determinado de tiempo, las medidas de igualación necesariamente han de tener unos efectos de igualdad y transcurrido éste esa igualación, se ha debido de haber producido.
I.B.11) REFLEXIONES FINALES SOBRE LOS CONCEPTOS A UTILIZAR
En lo últimos tiempos se han introducido diferentes conceptos que profundizan una terminología más completa y avanzada del principio de igualdad entre mujeres y hombres, así como el de no discriminación por razón de sexo. Por ello, considerando que la incorporación de nuevos y diferentes términos y su aplicación en diferentes campos pueden ser beneficiosos para el desarrollo del bienestar social, así como para una correcta adecuación de la legislación existente dirigida al logro de una plena cultura igualitaria, son varios los conceptos novedosos incorporados en los últimos años, muchos de los cuales van a ser utilizados en el presente trabajo, como son el de análisis por género, androcentrismo, auditoria de género, contrato social de género, diferencial retributivo entre mujeres y hombres, estadísticas desagregadas por sexo, estudios sobre la mujer, evaluación del impacto en función de género, machismo, participación equilibrada entre mujeres y hombres, patriarcado, perspectiva de género y sexismo, entre otros muchos. 78
77 BALAGUER CALLEJÓN, María Luisa, “La transversalidad como instrumento de igualación positiva (I), en http://www.isel.org/cuadernos_2004/articulos/balaguer_ml_1.htm (VISTA EL 12 de AGOSTO de
Para un mayor conocimiento de estos términos se pueden consultar los siguientes textos y direcciones:
-GAMBA, Susana B. (Coord), Diccionario de género y feminismos, Biblos, Buenos Aires, 2007. -LAMAS, Marta, en “Género, diferencias de sexo y diferencia sexual”, en Debate feminista (¿Género?), octubre 1999, año 10, vol. 20, México D. F. pp. 84 y sgtes. -MONDRAGÓN PADILLA, Lourdes Eugenia, “Por qué integrar el enfoque de género en el desarrollo”, en Género, derechos humanos y desarrollo, INCODECO, México, 2008, p. 36. - SAU, Victoria, Diccionario Ideológico Feminista, Icaria Ediciones, Barcelona, 1981.
Ahora bien, tras el análisis de todos estos conceptos y para realmente lograr la igualdad y no discriminación de cualquier persona considero que se debe establecer un recorrido que durante sus fases, algunas ya obtenidas, vaya consolidando cada una de ellas y, al efecto, pienso que el punto de partida debe de ser la igualdad de trato, para en un segundo momento y mediante leyes secundarias lograr que la discriminación en cualquiera de sus formas esté totalmente prohibida, para continuar y obtener en un tercer momento la igualdad de oportunidades y, en este punto, avanzar a un cuarto aspecto que es el de adoptar las acciones positivas en las que, probablemente, se igualen esas diferencias de partida, dado que en ocasiones los mecanismos que se implantan siguen siendo insuficientes para el logro real de la igualdad y, simultáneamente, con la implantación de medidas de acción positivas se puede reforzar este trayecto con la aplicación del mainstreamig, lo que generará que todos los agentes implicados adquieran compromisos ventajosos.
Al iniciar y analizar este recorrido, cuyo punto de partida es la igualdad de trato a través del principio de igualdad, se observa que los resultados de la misma son reconocibles, pero mínimos, dado que no todas las personas tienen acceso a distintos ámbitos como el educativo, laboral, político, sanitario, etcétera, por lo que la desigualdad ya preexiste desde sus comienzos.
El segundo punto se dirige a la prohibición de discriminación, entendida como una garantía constitucional, en el que al margen de constituir un principio, debe de ir añadida de una obligación por parte del Estado, y también en ocasiones del sector privado, para actuar y promover todas las acciones tendentes a compensar a los grupos en situación de vulnerabilidad por haber padecido discriminaciones desde antaño, muchas de las cuales perduran hasta nuestros tiempos.
La tercera fase, encaminada a lograr la igualdad de oportunidades, debe de ser construida de manera diferenciada, y así es necesario nivelar la igualdad como una medida de justicia social con un beneficio generalizado.
Y por último, dado que el avance contra las discriminaciones es lento, valoro necesario implantar las llamadas acciones positivas que intenten paliar tanto las desigualdades de hecho como de derecho unido, paralelamente, a la incorporación del
-Ob.Cit, 100 palabras para la igualdad ”Glosario de términos relativos para la igualdad entre mujeres y hombres”, en www.europarl.eu.int/transl_es/plataforma/pagina/celter/glosario_genero.htm -Ob.Cit. Glosario sobre derechos humanos y no discriminación, Dirección de Estudios, Legislación y Políticas Públicas, en http://conapred.org.mx/Centro/Doc/Comision/glosario_tem.html
principio de transversalidad, a fin de alcanzar indubitativamente la igualdad sustancial, material o de hecho.
FACTORES DETERMINANTES Y ANTECEDENTES HISTÓRICOS.
Una de las manifestaciones más notables de la desigualdad existente entre mujeres y hombres es la ocultación de éstas en lenguaje, pudiéndose considerar el mismo como el elemento más influyente en la formación del pensamiento de una sociedad.
El lenguaje en sí es un instrumento fundamental de la humanidad porque es el vehículo que nos permite comunicar el sistema de valores, comportamientos y papeles que distinguen a las personas y a los grupos en referencia a sus funciones sociales, y a pesar de su efecto gregario y convencional, también es una de las vías principales para emitir y reproducir prejuicios y estereotipos discriminatorios. 79
Como es sabido, en la mayoría de las culturas la idea de lo masculino emerge de forma central, mientras que lo femenino aparece como marginal, siendo el efecto más nocivo el sexismo, es decir, la discriminación de un sexo por considerarlo inferior al otro y, en este sentido, es evidente que las mujeres han sido históricamente discriminadas y “neutralizadas” en todos los factores de la vida cotidiana, y por supuesto en el ámbito jurídico, bajo el argumento de que sus características biológicas y fisiológicas, íntimamente relacionadas con la menstruación, gestación, parto y lactancia, las vincula estrechamente y las sujeta a las leyes de la naturaleza, mientras que los hombres se encuentran, erróneamente, más cercanos a la creación de cultura y a las leyes del pensamiento.
Sobre esta premisa se ha construido una falsa supremacía del hombre y, con base en ello, el sexismo ha negado múltiples derechos a las mujeres en todos los ámbitos de las relaciones humanas, reflejándose en expresiones que las invisibilizan y estereotipan 80 y, de esta forma, el lenguaje sexista es una manifestación incipiente y
79 En 10 criterios básicos para eliminar el lenguaje sexista en la administración pública federal, Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, México D.F., sin año documento, p. 5.
80 El tratamiento dado a los dos sexos debe de ser simétrico, por lo que no se considera apropiado usar el término mujer como sinónimo de esposa, ya que hombre no lo es de esposo.
concreta de la idea de que las mujeres no experimentan una condición de igualdad ante los hombres, y ya en el siglo XIX se iniciaron esporádicamente las reflexiones acerca de esta inequidad a partir de los estudios feministas sobre lingüística, y desde ese momento y hasta el día de hoy se ha avanzado, lentamente, en los esfuerzos por consolidar un lenguaje no sexista y aplicarlo a las características de cada comunidad para eliminar la discriminación consecuente, resaltando especialmente los estudios acaecidos durante la década de los años 1970. 81
Algunas investigadoras manifiestan datos importantes para la constitución de las mujeres como sujeto lingüístico; por una parte, que las mujeres se ocultan como sujetos de la enunciación y articulan sus frases en torno al “tú” y, por otra, que el compañero de enunciación suele ser, tanto para hombres como para mujeres de género masculino, lo que significa para las mujeres una pérdida de identidad sexual en relación consigo mismas y con su género. 82
Todo esto ha quedado evidenciado desde antaño, y en parte hasta la fecha,
puesto que la Real Academia de Española en su edición de 1931, ya definía el género
el accidente gramatical que sirve para indicar el sexo de las personas y de
los animales y el que se atribuye a las cosas, o bien para indicar que no se atribuye ninguno. Más reciente, continúa siendo sumamente desproporcionada la relación entre ambos sexos, ya que la proporción de presencia femenina es únicamente del 11,10%, todo ello obviando que la finalidad de los diccionarios es recoger la totalidad de las manifestaciones que las personas puedan expresar, aunque sean racistas, sexistas, misóginas, clasistas e insultantes, lo que ha venido la reafirmar que el género masculino posee un doble valor, en primer lugar, como específico al estar referido a varones y, en segundo término, como genérico, al estar referido a ambos sexos, pero sin embargo el fenómeno no posee el carácter globalizador del masculino y solo puede emplearse de modo restrictivo. 83
81 Los estudios sobre sexismo en el lenguaje comenzaron en la década de los años 70 en lenguas como el francés, el italiano, el ingles y el castellano, siendo referentes básicos para el análisis de la lengua textos tales como “Language and woman´s place”, de Roben Lakoff, publicado en 1975, si bien la versión española data de 1981, en la que realiza un análisis exhaustivo argumentando que la lengua discrimina a las mujeres, tanto por el modo en que se les enseña a utilizarla como por la forma en que el uso colectivo las trata. Por otra parte, destaca la obra “Lenguaje y discriminación sexual” de Álvaro García Meseguer, publicada en 1977, que analiza el menosprecio que el castellano muestra hacia las mujeres y la ocultación que de ellas se hace en la lengua, citado por MURUAGA, Begoña, “Sexismo en el lenguaje. Sexismo en el mensaje” Revista Emakunde. Emakunde e Instituto Vasco de la Mujer. Vitoria-Gasteiz, 2003, n° 52, p. 21.
82 Vid. IRIGARY, Luce, “El lenguaje, algo más que palabras”, en Revista Emakunde, Emakunde e Instituto Vasco de la Mujer ,Vitoria-Gasteiz,2003, n° 52, p. 2.
MEDINA GUERRA, Antonia M. (coord.), “Manual del lenguaje administrativo no sexista”, Asociación de Estudios Históricos sobre la Mujer de la Universidad de Málaga y Área de la Mujer del Ayuntamiento de Málaga, en http://www.ayto-malaga.es/pls/portal130/docs/folder/mujer/manual_no_sexista.pdf
Victoria Sau, en el Diccionario Ideológico Feminista, analiza los intentos y los obstáculos encontrados para lograr la plena igualdad entre mujeres y hombres, y señala las propias disputas que el feminismo confronta acerca de su propia definición. 84
En el ámbito jurídico, dentro de la utilización lingüística, es importante constatar que la existencia de instrumentos legales para combatir la discriminación hacia las mujeres no ha significado el establecimiento real de la observancia o respeto al derecho de igualdad ante la ley y las oportunidades, si bien es cierto que diferentes instrumentos de ámbito internacional, regional o nacional se han pronunciado, ya los sea directa o indirectamente, acerca de la conveniencia del uso del lenguaje no sexista y en relación con ello y después de la publicación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el gran reto sigue siendo su aplicación concreta en las disposiciones locales de los Estados parte de la Organización de las Naciones Unidas y, de este modo, ya la propia CEDAW reconoce que el lenguaje sexista promueve la exclusión de género. 85
De manera más precisa, se puede ubicar al lenguaje sexista como una forma de discriminación indirecta, cuyo efecto inmediato y tangible no es el de restringir el acceso de las personas y los grupos a los derechos y a las oportunidades, pero sí contribuir a crear condiciones, legitimar y naturalizar la existencia de menores derechos y oportunidades para las mujeres.
Jurídicamente, el empleo del lenguaje sexista también es muy grave porque aunque no vulnera, directa e indirectamente, derechos y oportunidades, genera un estigma social que desemboca en la discriminación, y para ello han sido diversas las disposiciones y normativas aplicables a tal fin, como son las Resoluciones 14-1º y 109 de la Conferencia General de la UNESCO. 86
84 Citada por VARELA, Nuria, Feminismo para principiantes, Ediciones B, Barcelona, 2005, pp. 16 y 17. Afirmar que “Atareadas en hacer feminismo, las mujeres feministas no se han preocupado en definirlo y, por otro lado, sabido es que quién tiene el poder es quién da nombre a las cosas”, en efecto, el feminismo desde sus orígenes ha ido acuñando nuevos términos que, histórica y sistemáticamente, han sido rechazados por la “autoridad”, por el “poder” y, en este caso, por la Real Academia Española
85 El lenguaje sexista ha sido elegido como tema central en las diferentes mesas de trabajo de las sesiones de la CEDAW en 1987, así como en otros foros relevantes, como las sesiones 25 (1989), 26 (1991) y 28 (1995) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
86 En el caso del castellano, la existencia del género gramatical hizo que las recomendaciones incidieran en temas como:
a) evitar la utilización del masculino (ya fuera singular o plural) como genérico que abarca a ambos
b) evitar la alusión a las mujeres como categoría subordinada.
c) utilizar de forma sistemática nombres, apellidos y tratamientos.
d) utilizar, cuando fuera posible, el género epíceno.
En la Resolución 14-1º, aprobada por la Conferencia General, en su 24ª
reunión, se invita a “
la Organización una política encaminada a evitar, en la medida de los posible, el empleo de términos que se refiere explícita o implícitamente a un solo sexo, salvo si se trata de medidas positivas a favor de las mujeres”.
adoptar en la redacción de todos los documentos de trabajo de
Por su parte, en la Recomendación 109, aprobada por la Conferencia General,
en su 25ª se invita a “
vocabulario que se refiere explícitamente a la mujer y promover su utilización en los
Estados Miembros y, c) velar por el respeto de esas directrices en todas las comunicaciones, publicaciones y documentos de la organización”.
b) seguir elaborando directrices sobre el empleo de un
En la IV Conferencia Mundial de las Mujeres, celebrada en Beijing, en 1995, también se hace una especial llamada de atención a la conveniencia del uso en el lenguaje y para ello se establece que el objetivo de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es una cuestión fundamental para el logro del desarrollo, el avance social y la consolidación de la estabilidad y la democracia en todas las sociedades.
En similares términos, la Unión Europea en aplicación de las directrices de transversalidad de género, ha establecido distintas acciones encaminadas a procurar la igualdad entre los géneros en función del lenguaje a utilizar y, en este tenor, cabe citar como pioneros los Programas de Acción Comunitaria para la Igualdad de Oportunidades de las Mujeres y la Resolución del Parlamento Europeo del 14 de octubre de 1987, solicitando a las agencias de publicidad la eliminación de las prácticas y métodos publicitarios que atentan contra la dignidad de las mujeres, así como la Recomendación aprobada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa de 21 de febrero de 1990, en virtud del artículo 15-b) del Estatuto del Consejo de Europa que, tal vez, ha sido la que con mayor énfasis generó el uso de un lenguaje no sexista. 87
Todos estas recomendaciones han influido hasta el extremo que muchas instituciones las han ido adaptando a las especificidades de cada lengua, y así en España, y a través de la Orden de 22 de marzo de 1995 del Ministerio de Educación y
e) cuando no existan epícenos, utilizar el doblete. f) adecuar los títulos, carreras, profesiones y oficios a la realidad actual o futura, en Ob. Cit. MURUAGA, Begoña, “Sexismo en el lenguaje, sexismo en el mensaje”, Revista Emakunde, 2003, n° 52, p. 21.
Establece que “Comprobando, no obstante, que la implantación de la igualdad efectiva entre mujeres
). Convencido de
que el sexismo se refleja en el lenguaje utilizado en la mayor parte de los Estados Miembros -que hace
predominar lo masculino sobre lo femenino- constituye un estorbo al proceso de instauración de la igualdad entre hombres y mujeres y, que con tal objeto, adopten cualquier medida que consideren para ello”.
y hombres se encuentra aún con obstáculos, especialmente de tipo cultural y social (
Ciencia, 88 se obligó a reflejar en los títulos oficiales el sexo de quienes los obtuviesen, siendo defendido ya en esos años por el propio Ministerio la importancia que posee el lenguaje en la formación de la identidad social de las personas y en sus actitudes, concluyendo que era necesario el planteamiento de la diferenciación del uso del masculino o femenino en la designación de las profesiones, a fin de evitar discriminaciones por razón de sexo.
Ello ha derivado que, especialmente, dentro del campo laboral es muy usual agudizar, a través de no feminizar las profesiones, las desigualdades entre los sexos, y dado que de raíz no existe inconveniente lingüístico alguno, se observa que el verdadero obstáculo es el ejercicio del poder, lo que propicia “cierta condescendencia” en aquellas profesionales de menor autoridad, en los que se ha “permitido” el uso femenino. 89
En España, tras la puesta en funcionamiento de los Planes de Igualdad se han producido avances en el lenguaje y su utilización, como ha sido contemplado en fechas cercanas en el III Plan Transversal de Igualdad de Género 2004-2007, 90 al señalar como uno de sus ejes básicos la cultura, la promoción y el cambio social, destacando que “las costumbres, los conocimientos y las manifestaciones artísticas que constituyen lo que entendemos por cultura en sentido amplio, contribuyen a reforzar el conjunto de valores y creencias sobre las que se sustentan estas divisiones tradicionales, sin embargo, también pueden contribuir al necesario cambio de mentalidades que posibilite la construcción de una nueva cultura de igualdad no condicionada por estereotipos de género”.
El lenguaje sexista como una de las formas de discriminación presente en la sociedad española dificulta un ambiente social propicio para el logro de la igualdad real y, por ello, diversas comunidades autónomas y municipios han elaborado normatividades dirigidas a suplir la utilización del lenguaje discriminatorio al ser conscientes de que la inadecuada utilización del lenguaje ha sido el punto de inflexión
88 Publicado en el Boletín Oficial del Estado de fecha 28 de marzo de 1995.
89 Como es el caso de dependienta, secretaria o asistenta; sin embargo, por el contrario, es mucho más dificultoso feminizar profesiones que revisten status jerárquico como pueden ser en cargos de responsabilidad o directivos por lo que para invisibilizar a las mujeres mediante este cauce se utilizan habitualmente procedimientos como usar el masculino como genérico, utilizar la acepción “hombre”, englobando tanto a éstos como a las mujeres o usar el salto semántico, entendido como un error lingüístico que produce un fallo en la comunicación, al iniciar una frase en masculino genérico y concluirla exclusivamente para varones.
90 Textualmente declara: “El lenguaje influye en nuestra percepción de la realidad, condiciona y limita nuestra forma de pensar y de imaginar y determina nuestra visión del mundo. Su uso sexista excluye la realidad de las mujeres, conformando con ello, “comunicaciones incompletas, parciales y discriminatorias” y “hasta que no exista una cultura real no discriminatoria y un consenso social sobre la igualdad de género, hay que contemplar la transversalidad con las políticas de igualdad específicas desarrolladas por los organismos y recursos administrativos”.
para que algunos sectores de la comunicación dilaten las desigualdades entre los géneros, convirtiéndose en un obstáculo que impide el cambio efectivo entre mujeres y hombres en las sociedades actuales.
En este punto y como se ha señalado, la aplicación del principio de igualdad al lenguaje en el que se redactan las leyes ha sido, y sigue siéndolo, posterior a la propia norma, aunque en lo que respecta al ámbito administrativo, en los últimos tiempos las Administraciones Públicas sí han detectado esta cuestión, preocupación que se ha traducido en los formularios, documentos y correspondencia, al igual que en la elaboración de manuales de uso correcto de la lengua que se va imponiendo poco a poco, y en el compromiso público de evitar el sexismo en el lenguaje. 91
Ahora bien, si en décadas pasadas se entendía que los canales mediáticos eran un fiel reflejo de la sociedad, actualmente es aceptado por un amplio sector que éstos son un importante agente socializador, en lo que, tal vez junto con la escuela y la familia, conforman los eslabones necesarios para una educación igualitaria, aunque la exclusión en los medios de comunicación de las mujeres sigue siendo constante. En los textos legales, se detecta que es notorio el uso de adjetivos que peyorativamente remarcan la utilización de un lenguaje sexista, prueba de ello es que durante muchos siglos la totalidad de los códigos existentes han utilizado un lenguaje en el que lo femenino no tenía inclusión, una extensa lista de adjetivos así lo evidencian, y por solo nombrar unos cuantos que de manera usual se encuentran en las leyes refiero los de hijo, niño, nacido, adoptado, incapacitado, tutor, difunto, propietario, poseedor, usufructuario, concesionario, arrendatario, comprador, vendedor, acreedor, testador, heredero, sentenciado, reo, etc.
Pero la inadecuada utilización del lenguaje técnico-jurídico incorporada en los códigos se acentúa cuando se analizan conceptos como el “de buen padre de familia” y de “patria potestad”. Son conceptos de raigambre romana y evidencian la exclusión de reconocimientos como ciudadana de pleno derecho a la mujer y el papel secundario de ésta para la realización de cualquier acto jurídico, tanto público como privado.
Con el transcurso del tiempo, las funciones acerca de la paternidad han cambiado sustancialmente debido a las diferentes necesidades y culturas, por lo que en la actualidad con el desarrollo de las sociedades también deben de evolucionar los conceptos y, en este sentido, la acepción paternidad ya no incluye, ni debe de ser entendida, exclusivamente como “aportaciones económicas”, sino también afectivas y,
91 Sobre necesidad de adaptación del lenguaje ver en GETE-ALONSO Y CALERA, María del Carmen, “Condición civil de la persona y género (1)”, en Actualidad Civil, Quincena del 1 al 15 de junio de 2008, p. 1093, tomo 1, en http://laleydigital.es, p. 17.
sobre manera, una total corresponsabilidad en el reparto de obligaciones, aunque ello ocasiona en la mayoría de los supuestos un doble esfuerzo y compromiso a las mujeres, puesto que en el ámbito del hogar es donde comúnmente se gestan las relaciones inequitativas entre los géneros, por lo que el uso del término “buen padre de familia” reafirma los roles tradicionales que deben de ser rechazados contundentemente para la consolidación entre mujeres y hombres.
En este punto, considero que la redacción del término “buen padre de familia” debe de eliminarse, dado que incorpora un lenguaje sexista en su contenido, pues aún interpretando que su significado únicamente pueda suponer una actuación diligencial, lo cierto es que las referencias históricas están vinculadas a funciones de jerarquía y supremacía, exclusivamente otorgada al pater familia y no a la mujer.
Una óptima solución puede ser, como así ocurre en el derecho catalán, sustituir dicho concepto y directamente establecer a qué tipo de diligencia se refiere o, también adjetivando el sustantivo en femenino o masculino, lo que facilita una terminología más acorde con los principios de igualdad y no discriminación.
Respecto al término patria potestad, la permisividad social mantenida durante siglos de que el conjunto de derechos y obligaciones de los progenitores con respecto a sus descendientes era facultad exclusiva del esposo, -salvo las mínimas excepciones previstas en los códigos que otorgaban conjuntamente este derecho a ambos-, ha influido para que sea “aceptado” que la institución de la patria potestad compete prioritariamente a los hombres lo que, al margen de generar confusión social, nuevamente produce discriminación en las mujeres. Es por ello que los prejuicios históricos que han pretendido fundamentarse en las diferencias sexuales también han tenido repercusión en la patria potestad como fiel reflejo de la distinción de lo masculino y lo femenino que, como es sabido, “adjudica” roles dispares, según sea mujer o varón, puesto que desde tiempos inmemoriales y hasta épocas contemporáneas los cambios que se han incorporado en las legislaciones en materia familiar dignificando el papel de la mujer como madre no han desterrado las tradiciones culturales del patriarcado.
A raíz de la ley de 1981, aun partiendo de la atribución plural y conjunta a los padres de la patria potestad, al utilizar términos como “velar” o “tenerlos en su compañía” se remitía a otros conceptos como el señalado en el artículo 92 del Código civil, “cuidado y educación”, u otros como “cuidado” “tener consigo”, “quedar en compañía”, o “guarda” 92 , como se hace respectivamente en los artículos 90, 94, 96 y
92 En algunos casos la doctrina utilizando la terminología empleada en el derecho civil patrimonial, distingue entre guarda material, relacionada directamente sobre la persona del/a hijo/a, como el derecho de vivienda, alimentación, cuidados personales, etcétera y guarda jurídica, como el derecho de dirigir la
158 del propio Código civil que, indirectamente, perpetuán connotaciones de sumisión y dependencia que no deben de corresponderse con el del propio ejercicio de la potestad. Pese a ello, con la nueva regulación de la ley 13/1981 se ha avanzado en el sentido de introducir el término “relaciones paterno-filiales” que, tímidamente, ha supuesto una adaptación más real al significado esencial del término. No obstante, hay que señalar que no ha fructificado la propuesta de expertos que intentaron cambiar la denominación de la institución de la “patria potestad” por otra más actual y adecuada a la realidad social, con la finalidad de reconocer, no sólo como un derecho de los progenitores, sino también de los/as menores 93 . Todavía, se ha mantenido que tal vez sería más conveniente la utilización del término “matria potestad” 94 . Acaso sería más adecuado no ya la utilización del concepto mater potestad pues también supone una manifestación de sexismo lingüístico, sino como se hace en varias normas europeas, la utilización de la expresión potestad parental, o como en el derecho catalán que se recoge la expresión potestad del padre y de la madre.
De cualquier manera, una opción puede ser que el vocablo patria potestad permanezca solamente en los documentos históricos, como una memoria de la génesis, evolución y transformación de dicha institución patriarcal, y dar paso a una institución eminentemente igualitaria entre los progenitores 95 y, en su consecuencia, que sea suprimida por otras como “facultad o responsabilidad de los progenitores”, “asunción conjunta de derechos y obligaciones de los progenitores”, etcétera.
En este sentido, como ha sido señalado, 96 el lenguaje jurídico incide en la mayoría de los casos en prejuicios y estereotipos, dado que los códigos nos remiten a conceptos tales como guarda, custodia, régimen de visitas, etcétera y, probablemente, se debe de plantear el uso de otros términos como “acceso”, que al margen de ser
educación del/la menor para su desarrollo intelectual, moral y filosófico, derecho de vigilancia o de
corrección, entre otros, Vid. RIVERO DE ARHANCET, cit HOWARD, WALTER, “Patria potestad. Representación y administración legales, Revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay, julio- diciembre de 1995, t.85, p. 289.
La propuesta efectuada por parte de diferentes especialistas en el campo del derecho familiar ante la Comisión de Codificación y ante las Cortes, se tradujo en proponer términos como “de la responsabilidad y del cuidado de los hijos” o “del cuidado y educación de los hijos”, que ni siquiera fueron discutidos argumentando razones históricas. De cualquier forma, el Consejo de Europa estableció para la emisión de recomendaciones el término “Responsabilidad de los padres”, al entender que era más apropiado a la realidad social.
94 VIVAS TESÓN, Inmaculada, “Aspectos constitucionales, penales y civiles”, en Mujer e Igualdad: La situación de la mujer en el derecho civil, Tomo III, p.326.
MAGALLÓN GÓMEZ, María Antonieta, “La evolución y transformación de la patria potestasd. Desde Roma al México de hoy. Poder y feminismo”, en Panorama internacional de derecho de familia, Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados, Tomo II, Álvarez de Lara, (Coordinadora), Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2006, p. 548.
HAYNES, John M., Fundamentos de la mediación familiar, Gaia Ediciones, Madrid, 1995, pp. 135 y
más unipersonal no posee las connotaciones históricas de índole negativa que otros, siendo también aconsejable utilizar la expresión “tiempo compartido” para referirse a los espacios que uno/a de los/as progenitores convive con sus menores. En la actualidad, con la implantación de métodos u herramientas pacíficas para la resolución de conflictos, como la conciliación o la mediación familiar, se está produciendo un uso del lenguaje más apropiado y se evitan términos que puedan favorecer a uno de los cónyuges y, consecuentemente, se elimina la disputa tan frecuente en el derecho familiar consistente en una parte ganadora e, inevitablemente otra perdedora.
En el mismo orden de ideas se observa la utilización de los términos “hombre”, “varón”, “esposo” o “marido”, que sí contemplaban privilegios y ventajas, en perjuicio de los conceptos “hembra”, “mujer” o “esposa” que reflejan una de las formas más notorias y desiguales incorporadas durante muchos años en los cuerpos legales, y solo subsanada recientemente.
También, la mayoría de las Comunidades Autónomas que han promulgado, hasta la fecha, leyes de igualdad recogen el compromiso de utilizar un lenguaje no sexista y la obligación de eliminar las diferencias que tanto en los documentos como en el trato con la ciudadanía deben efectuarse para la consolidación de la plena igualdad. De esta forma, los artículos 9 y 13-8° de la ley 1/2003, de 3 de marzo, de Castilla y León, obliga a las administraciones públicas en sus respectivos ámbitos, a que adopten medidas tendientes a eliminar el masculino y el femenino en la totalidad de los documentos públicos, para visibilizar la presencia de las mujeres. Igualmente, otras entidades autonómicas así lo contemplan, como es el caso del artículo 48 de la Ley 9/2003, de la Generalitat Valenciana; los artículos 17 y 18 de la ley 7/2004, de Galicia; el artículo 18-4° de la Ley 4/2005 del País Vasco y los artículos 39 y 58 de la Ley 12/2006, de la Mujer, de la Comunidad de las Islas Baleares.
A nivel nacional, resalta el enunciado que hace la Ley Orgánica para la Igualdad efectiva de hombres y mujeres, Ley 3/2007, entre los criterios generales de actuación de los Poderes Públicos, previstos en el artículo 14-11°, estableciendo, a su vez, en el título III denominado “Igualdad y medios de comunicación”, la necesidad de utilizar un lenguaje no sexista pero, por el contrario, no hace mención alguna acerca del lenguaje de las leyes, en general.
distanciados de lo que debieran. 97
97 PÉREZ OLEA, Manuel, “Un jurista en la Academia (Apostillas a la elección como Académico numerario de la Real Academia de la Lengua del profesor García de Enterría), en Revista de Administración Pública, Núm. 134, mayo-agosto 1994, p. 372.
Es importante analizar la interconexión existente entre religión y legislación y su incidencia en el entorno de las familias pues, hoy en día, en muchos de los países en que se producen desigualdades perjudiciales contra las mujeres y que poseen el respaldo de las leyes, lo son fruto de movimientos fanáticos que intentan perpetuar el sexismo imperante, máxime reconociendo que la igualdad como idea es muy antigua, y que tanto las religiones que se han desarrollado en las sociedades occidentales, al igual que las de Este, ya incorporaban la inferioridad de las mujeres, justificando la violencia ejercida contra ellas.
De esta forma, al realizar un breve recorrido histórico se observa que en Grecia, el centro de todo el pensamiento y de la cultura helénica era el llamado, άνθρωπος, término que abarcaba tanto al varón como a la mujer, por lo que ambos tenían, teóricamente, idéntico protagonismo, pero sin embargo, la mujer poseía distintas funciones, mucho más limitadas, en la sociedad, 98 y pese a que la ley era igual para todos, isonomía, pudiendo intervenir la ciudadanía en los debates públicos y participar en la dirección de la ciudad, el régimen democrático de Pericles concernía sólo a una pequeña parte de la población privilegios, siendo desproporcionados los otorgados a
los poliatai en relación con los demás habitantes excluidos, como los metecos y los esclavos, todo ello fruto de que tanto el derecho como las instituciones de él derivadas únicamente contemplaba a un tipo de sujeto, que era el varón propietario y al que se le
presumía capaz. 99
En ésta época y con las conceptualizaciones de Platón, se produce una escisión entre las dos esferas del pensamiento; por una parte, el logos que se relaciona con la palabra, con la inteligencia, con la cultura, la razón y el espacio externo, características todas que se corresponden con el quehacer del hombre y, por otro lado, el eros, que representa los sentimientos, la naturaleza, las irracionalidades, el corazón y el espacio doméstico, y que están destinados a las mujeres 100 por lo que, tal vez, el estudio analítico sobre la igualdad comience con Platón, aunque este autor en su obra la República no menciona a la mujer como constructora de un gobierno ideal al reafirmar que la función de esta se encuentra en el espacio doméstico, reflejo de la invisibilidad
98 MORALES OTAL, Concepción, “La mujer en Grecia”, en Sobre la Mujer, Centro de Estudios Teológicos-Pastorales San Fulgencio, Murcia, 1998, p 21.
PÉREZ PORTILLA, Karla, Principio de igualdad. Alcances y perspectivas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, México, 2005, p. 23.
100 MARTINEZ FERNÁNDEZ, Pablo, “Masculinidades: ¿Nuevas construcciones o más de lo mismo?”, Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, 2001, Vol. 7, n° 2 (mayo-agosto), p. 4 y 5.
de la misma. Dado que una sociedad no es democrática si la mitad de su población no tiene acceso real y efectivo a los derechos fundamentales, Platón aportó elementos ventajosos para el logro de la igualdad entre los sexos y, al efecto, en su obra Las Leyes reconocía que las mujeres sí podían desempeñar cargos públicos siempre que recibiesen una educación oportuna. Pero, la visión platónica no prevaleció en el transcurso de los tiempos.
Con Aristóteles parece comenzar la justificación de la marginación femenina, y lo más grave es que sus ideas han permanecido incontestadas durante muchos siglos. 101 En su discurso filosófico sostuvo que “parece que la justicia consiste en igualdad, y es así, pero no para todos, sino para los iguales, y la desigualdad parece ser justa, y lo es, en efecto, pero no para todos, sino para los desiguales”, por lo que realizó, en principio, una extraordinaria aportación sobre la igualdad que ha dominado el pensamiento occidental hasta nuestros días, puesto que entiende, primeramente, que la igualdad significa que las cosas que son iguales deben tratarse igual y las cosas que son desiguales deben tratarse de manera desigual, en proporción a su desigualdad y, en segundo lugar, que igualdad y justicia son sinónimas, dado que ser justo es ser igual y ser injusto es ser desigual. Aunque fue avanzado este reconocimiento para la época, cuando se circunscribe a la igualdad entre los sexos, su comportamiento y visión es totalmente machista y ginope, dado que dividía a los humanos en un sexo fuerte y un sexo débil e inferior en los planos fisiológicos, intelectual, sexual y ético, en su opinión la mujer erainadecuada e incompleta 102 .
En Roma, no todo ser humano era considerado como persona ya que para poseer una personalidad completa era necesario reunir tres status, que eran el status libertatis, es decir, ser libre y no esclavo, el status civitatis, que significaba ser ciudadano y no peregrino, y el status familiae, que se traducía en ser jefe de familia y no estar bajo ninguna potestad. Todos esos elementos quedaban reflejados en el rol asignado a la mujer, que era el de convertirse en esposa y matrona y educar a su descendencia, bajo unos principios hechos por y para los hombres. 103
101 En este sentido, ALBERDI, Isabel, “Como reconocer y cómo erradicar la violencia contra las mujeres”, en Violencia: Tolerancia cero, Fundación La Caixa, 2005, p. 31.
102 citado por MARTINEZ FERNÁNDEZ, Pablo, “Masculinidades: ¿Nuevas construcciones” ob.cit. p.7 señala que Aristóteles sin ningún tipo de escrúpulos escribió “las hembras son por naturaleza más
débiles y más frías, y hay que considerar su naturaleza como defecto natural [
hembra, es un elemento pasivo, y el macho un elemento activo”. 103 Un ejemplo se encuentra en la proclamación de Ulpiano al señalar que “Las mujeres están apartadas de todos los cargos civiles o públicos y, por tanto, no pueden ser jueces, ni ejercer una magistratura, ni
acusar, ni intervenir en defensa de otro, ni ser administradora”. Ulpiano I 2, Dig. 50, 17, 2: Feminae ab omnibus officiis civilibus vel publicis remotae sunt et ideo nec iudice esse possunt nec magistratum gerere nec postularenec pro alio intervenire nec procuratores exsistere. Citado por ÁLVAREZ, María Consuelo e IGLESIAS, Rosa María “La mujer en Roma”, en Sobre la Mujer, Centro de Estudios Teológicos-Pastorales San Fulgencio, Murcia, 1998, p. 65.
la mujer, en tanto que
En el judaísmo, las categorías centrales se configuraron desde un punto de vista masculino que relegaron a la mujer a un plano secundario, estando constituida la estructura patriarcal familiar hebrea bajo el otorgamiento de la autoridad del varón sobre los miembros de los designados a “la casa del padre”, y bajo su tutela se encontraban sus mujeres, sus hijos e hijas y las mujeres de éstos con sus respectivos descendientes. 104
En el cristianismo, la igualdad entre mujeres y hombres se mantuvo como en etapas anteriores, es decir, no implicaba el goce de los mismos derechos, puesto que tan solo era una simple declaración formal. En este tenor, dentro del marco de los argumentos filosóficos-sociológicos eran tres los pilares con los que se sustentaban la desigualdad entre mujeres y hombres; el primero de ellos, el patriarcado que suponía encomendar el gobierno de la nación y el mundo familiar en manos de los varones; el segundo, la división de la sociedad sobre la base de un sistema jerárquico, 105 y por último, la existencia de un dualismo que contraponía a hombres y mujeres, declarando al varón con una notable superioridad y, en este sentido, para evidenciar la inferioridad femenina, se ha venido detectando la utilización en exclusiva de imágenes masculinas siempre que se refieren a Dios, cuya traducción en la vida cotidiana se reflejaba, -y aunque en menor medida se sigue manteniendo-, en la falta de control de la mujer sobre su propiedad, ni potestad sobre sus descendientes, ni independencia económica.
Si bien resultan sumamente novedosas las actuales investigaciones sociológicas, de historia social, de antropología cultural y hermenéutica feminista sobre los orígenes del cristianismo, que sitúan el grupo de seguidores y seguidoras de Jesús en el horizonte de los movimientos de renovación del judaísmo del siglo I, junto con los esenios, terapeutas, penitenciales y otros, ubicándolos asimismo, dentro de los movimientos que lucharon contra la explotación patriarcal en las culturas griega, romana, asiática y judía. 106 Ocurre que las primeras seguidoras de Jesús eran mujeres galileas que se reunían y que tenían un fin emancipatorio del dominio patriarcal, lo que posibilitó el nacimiento del movimiento de Jesús como discipulado igualitario de hombres y mujeres, en el que éstas desempeñaron un papel central y no puramente periférico. 107
104 Hoy en día existen controversias en relación al papel de la mujer en la religión hebrea, puesto que los movimientos reformadores y conservadores admiten su presencia, incluso en el rabinato, mientras que en el sector ortodoxo se mantiene fiel a la tradición.
105 Todos los seres eran clasificados en categorías piramidales, y en la cima de la cúspide se asentaba el varón y se relegaba a la mujer a la que se consideraba naturaleza y materia en contraposición al mundo de la cultura y del espíritu encarnados en su compañero.
106 TAMAYO, Juan José “Esto no es ficción: María Magdalena fue una pionera”, en Periódico El País, domingo, 21 de mayo de 2006, p. 6.
Por su parte, el Islam definió la dignidad humana de la mujer, pero a la vez, permitió que en su seno se canonizaran modelos de opresión y límites a la libertad femenina, puesto que en el mundo arábigo los valores viriles de la fuerza y la bravura formaban parte del modelo ético, roles que eran asignados a los varones, por contra, la mujer era considerada como un ser débil y con una necesidad de apoyo y protección, lo que generó un doble modelo contradictorio pues, por una parte, la mujer aparece como un ser inferior, cercano a los animales y, por tanto, como una posesión del hombre que sólo debe mantenerse si es útil y, por otra parte, se le considera como un ser necesitado de protección. 108
Menos patriarcal que otras religiones tradicionales ha sido el budismo, trascendiendo su realización espiritual a todo tipo de discriminación dualista y, por ello, la polaridad femenino-masculino, aunque las mujeres seguían soportando múltiples situaciones de inferioridad y vulnerabilidad, consecuencia de la existencia de una sociedad androcéntrica. 109
Así, y al amparo del Islam, pero con el respaldo de las leyes, en varios países las mujeres no tienen derecho a la educación, ni a la salud, ni por supuesto, a la igualdad ante la ley, y hasta en algunos países, en las relaciones familiares los códigos estatuarios consagran la desigualdad de los esposos en las relaciones familiares. 110 Igualmente, la clitoridectomia o ablación o mutilación genital femenina 111 es otra forma exacerbada de desigualdad, considerando que esa nociva práctica se realiza contra las niñas y con la permisividad del sistema de justicia, extremos que encuentran su “justificación” en casos como que aquellas mujeres que no han sido mutiladas genitalmente no son aptas para la realización del contrato matrimonial, o en aquellos casos en que se descubre que una mujer casada no se encuentra mutilada, la legislación permite que por parte del esposo se pueda instar el divorcio de inmediato. 112 Ante ello, se observa que el fanatismo religioso “coacciona” la existencia de leyes desiguales, y con base a ellas se desequilibran las relaciones de poder entre los géneros, que como es sabido es uno de los factores primarios que afectan a los
108 ABUMALHAM, Montserrat, “La mujer y el Islam”, en Sobre la Mujer, Publicaciones del Centro de Estudios Teológico-Pastorales San Fulgencio, Murcia, Marco Pérez, Antonio (Dir.), 1998, pp. 131 y 132.
TASHI LHAMO, Venerable Lama, “La figura de la mujer en la tradición del Budismo Tibetano”, en Sobre la Mujer, Publicaciones del Centro de Estudios Teológicos-Pastorales San Fulgencio, Murcia, 1998, p.83.
SAREHANE, Fatna, “Violencia doméstica, la violencia contra la mujer en Marruecos”, Foro Mundial de Mujeres contra la Violencia, Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia, Valencia, 2000, (Ponencia). 111 “Conjunto de procedimientos que implica una eliminación parcial o total de los genitales externos femeninos y/o lesiones causadas a los órganos genitales femeninos por razones culturales o motivos terapéuticos de cualquier tipo”, según el Informe sobre Mutilación Genital Femenina del Grupo de Trabajo Técnico de la Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 17-19 de julio de 1995.
112 DORKENOO, Efua, “La mutilación genital femenina”, Foro Mundial de Mujeres contra la Violencia, Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia, Valencia, 2000.(Ponencia).
principios de igualdad y de no discriminación y que ha sido contemplado en instrumentos internacionales, como es el caso de CEDAW.
II.C. LA REVOLUCIÓN FRANCESA COMO HITO HISTÓRICO DEL DERECHO DE IGUALDAD.
Las luchas sociales han propiciado positivos, aunque insuficientes, cambios legislativos para reducir las desigualdades históricas entre los sexos, siendo los movimientos femeninos surgidos en la Revolución Francesa los que transformaron la vida de las mujeres europeas y que tuvieron su punto de partida a principios del siglo XV con los escritos de Christine de Pizan, 113 y así, la autora, en su obra el Libro de la ciudad de las damas, describía lo injustas que eran las opiniones que los hombres tenían de las mujeres, prueba de ello y de la superioridad del varón, es que dicha obra hasta 1786 le fue adjudicada a Boccaccio, siendo necesario que otra mujer, Louise de Kéralio, recuperase la autoría del libro. 114 Posteriormente, y durante trescientos años, del siglo XV al XVIII, se sostuvo como elemento nodal el cuestionamiento a la “naturalidad” de la supuesta inferioridad femenina, cuestionándose que uno de los modos más eficaces para probar si tal inferioridad era innata o social, era “permitiendo” que accedieran al conocimiento. 115
Pero en esos tiempos también fueron determinantes otras reivindicaciones feministas, como la de la inglesa Mary Astell, quién en 1694 en el intento de lograr la igualdad entre hombre y mujeres afirmaba “Dios ha dado a las mujeres lo mismo que a los hombres: almas inteligentes”, o el de Catherine Macaulay, quién poco antes de la Revolución Francesa, y en los mismos términos que Astell manifestaba “a la gente le gusta creer en sus queridos perjuicios y a ello se debe que la noción de la diferencia sexual de los seres humanos se haya mantenido, con muy pocas excepciones, desde los primeros tiempos”, y concluía señalando que “el orgullo de uno de los sexos y la ignorancia y variedad del otro, han contribuido a que se mantenga una opinión que una observación detenida de la naturaleza y una forma de razonar más rigurosa demostrarían ser errónea”. 116
113 Fue la primera mujer de quien se conoce su participación en los querelles del femmes, debates literarios y filosóficos sobre las mujeres, (c-1365-1430). En su obra utiliza tres figuras alegóricas, “razón, rectitud y justicia”, para denunciar la misoginia, resaltando la necesidad de que las mujeres tuviesen acceso a la educación.
114 Ob. Cit. VALERA, Nuria, Feminismo para principiantes, p.25.
115 RIQUER, Florinda y TEPICHÍN, Ana María, Mujeres jóvenes en México. De la casa a la escuela, del trabajo a los quehaceres del hogar, en http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/
Citas recogidas por ANDERSEN, Bonnie y ZINSSER, Judith P., “La afirmación de la humanidad de las mujeres: las primeras feministas europeas”, en Historia de las mujeres, una historia propia, Vol. 2, Critica, Barcelona, pp. 386-396.