Source: https://cortesvargas.wordpress.com/2011/01/07/votar-y-ser-votado/
Timestamp: 2017-02-24 12:41:12
Document Index: 28540980

Matched Legal Cases: ['artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 94', 'artículo 73', 'artículo 94', 'artículo 73', 'artículo 35']

Votar y ser votado | Escritorio
← Comentarios a “¿El Gobierno de los Jueces?
De la guerra de guerrillas en México y otras ideas →
7 enero, 2011 · 12:11	Votar y ser votado
DERECHOS DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA A VOTAR Y SER VOTADO. SON DERECHOS FUNDAMENTALES PROTEGIDOS A TRAVÉS DE LOS PROCESOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, DE ACUERDO AL SISTEMA COMPETENCIAL QUE LA MISMA PREVÉ.
Los derechos de participación política establecidos en las fracciones I y II del artículo 35 constitucional son verdaderas garantías individuales o derechos fundamentales, en primer término, porque participan de la posición de supremacía que tiene dicho precepto constitucional, de lo cual deriva que no sean disponibles en su núcleo esencial para los poderes constituidos; en segundo término, porque suponen una relación de interdependencia con las demás normas sobre derechos y libertades reconocidas en la norma suprema (sin libertad de expresión sería imposible el ejercicio efectivo del derecho de voto; al mismo tiempo, sin un gobierno sujeto a la legitimidad del voto público y a elecciones periódicas, sería difícilmente garantizable el goce efectivo de las demás garantías constitucionales); en tercer lugar, porque las pretensiones y expectativas que forman su objeto son claves para la organización y el funcionamiento del sistema democrático constitucional que la norma suprema trata de establecer. En ese sentido, los derechos de participación política, por virtud de su atributo de fundamentales, gozan de la protección constitucional encomendada al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo a sus respectivas esferas de competencia jurisdiccional.
Acción de inconstitucionalidad 47/2006 y sus acumuladas 49/2006, 50/2006 y 51/2006. Partidos Políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Convergencia y Revolucionario Institucional. 7 de diciembre de 2006. Unanimidad de diez votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretarios: Fernando Silva García y Alfredo Villeda Ayala. El Tribunal Pleno, el quince de octubre en curso, aprobó, con el número 83/2007, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a quince de octubre de dos mil siete. Ejecutoria: Registro No. 19918 Asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 47/2006 Y SUS ACUMULADAS 49/2006, 50/2006 Y 51/2006. Promovente: PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CONVERGENCIA Y REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. Localización: 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; XXV, Enero de 2007; Pág. 1909; Registro No. 170783 Localización: Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVI, Diciembre de 2007 Página: 984 Tesis: P./J. 83/2007 Jurisprudencia Materia(s): Constitucional.
Esta jurisprudencia que resuelve de manera declarativa una acción de inconstitucionalidad nos proporciona un panorama muy amplio del sistema judicial mexicano en general y del tratamiento, si es posible llamarlo de esa manera, que éste concede al concepto ¨Derechos Fundamentales”.
Como primer punto, es notorio que La Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce que los derechos políticos fundamentales de los ciudadanos mexicanos señalados en el artículo 35 fracciones I y II de la Ley Suprema de nuestro país, como son las facultades para votar y ser votado en elecciones populares; sin embargo este reconocimiento lo hace desde el punto de vista de “Garantías Individuales”, que el mismo tribunal iguala erróneamente al concepto de Derechos Fundamentales siendo que entre ambos conceptos hay notables diferencias, la principal de ellas quizá, el carácter individualista y limitativo del concepto ¨Garantías Individuales” que, como su nombre lo indica, centran su atención en los derechos individuales del gobernado, frente a una visión más incluyente del concepto “Derechos Fundamentales” que abarca tanto los derechos propiamente individuales del ser humano y le adhesiona otros derechos sin los cuales no sería posible concebir la dignidad humana de forma integral, tales como los derechos sociales y los derechos políticos electorales.
Para nosotros, la resolución refrenda tácitamente el no reconocimiento de los derechos fundamentales del ser humano por parte del máximo tribunal de la nación al insistir en igualarlos a las garantías individuales en su declaración “Los derechos de participación política establecidos en las fracciones I y II del artículo 35 constitucional son verdaderas garantías individuales o derechos fundamentales…”. Esta cita, que de manera superficial podría considerarse un avance es desde nuestro punto de vista un retroceso si tomamos en cuenta la fecha de la misma, es decir, en enero de 2007 nuestro supremo tribunal jurisdiccional declara mediante jurisprudencia su negación de los Derechos Fundamentales tal y como son concebidos por legislaciones más avanzadas que la nuestra y por organismos internacionales, a la vez que refrenda su concepción de que las garantías individuales son el nivel supremo de derechos personales a los que puede aspirar el gobernado mexicano.
El otro punto de la resolución que corrobora el rezago en nuestro sistema judicial en cuanto a derechos fundamentales se refiere lo encontramos en lo que podríamos llamar conclusión de la jurisprudencia al señalar esta que: “En ese sentido, los derechos de participación política, por virtud de su atributo de fundamentales, gozan de la protección constitucional encomendada al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo a sus respectivas esferas de competencia jurisdiccional.”
Explicaremos nuestro punto de vista: nuestra Constitución establece en su artículo 94 que se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito. El precepto constitucional no deja lugar a duda alguna, vinculando los artículos 39 y 41 de la Ley Suprema, uno de los tres Poderes de la Unión mediante los cuales, el pueblo de México, titular único de la soberanía nacional, actualiza su derecho de ejercicio de ésta, es el Poder Judicial de la Federación, mismo que de manera explícita detalla su composición el 94 fundamental. Ahora bien, en el citado se aprecia semántica y enunciativamente la jerarquía de los tribunales que conforman el Poder Judicial de la Federación; y, en ambos casos, el echo de citarla al inicio del desglose, y el atributo que le confiere la palabra “suprema”, no nos permite dudar que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación el máximo tribunal de país.
El vocablo supremo nos define aquello que no tiene superior, y lo que es superior nunca podrá estar limitado por lo que es inferior; sin embargo tenemos que nuestra Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, ordena en su artículo 73 fracción VII, que el juicio de control constitucional de nuestro país es improcedente contra las resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades en materia electoral.
Bien, aquí tenemos dos antinomias; primeramente entre el artículo 94 constitucional que define a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como máximo tribunal y depositaria suprema de la soberanía nacional en cuanto a control y aplicación del orden jurídico nacional, y el artículo 73 fracción VII de la Ley de Amparo, que tácitamente coloca en un plano de superioridad, en asuntos electorales, pero superioridad al fin, al Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación Frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La otra antinomia, recordemos que ésta puede ser una contradicción entre dos preceptos legales o bien una contradicción entre dos principios racionales, la encontramos en la misma jurisprudencia, al reconocer en su parte primera, si bien de manera errónea como mencionamos al principio, a los derechos de participación política establecidos en las fracciones I y II del artículo 35 constitucional como garantías individuales; y en el mismo cuerpo de la resolución, en su conclusión, refrenda las esferas de competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.