Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/la-planeacion-patrimonial-bajo-las-reglas-de?documento=rimpuestos&contexto=rimpuestos_836a237ba9fb425caad096b22fd45a4d&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-06-16 21:10:11
Document Index: 330732170

Matched Legal Cases: ['artículo 167', 'artículo 37', 'artículo 303', 'artículo 37', 'artículo 19', 'artículo 223', 'artículo 223', 'artículo 223']

﻿ LA PLANEACIÓN PATRIMONIAL BAJO LAS REGLAS DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA
CONTENIDO:SEGÚN LOS EXPERTOS, LA RAZÓN PRINCIPAL, QUE HA LLEVADO A LOS CONTRIBUYENTES COLOMBIANOS A TENER ACTIVOS EN EL EXTERIOR ES LA DE PROTEGER EL PATRIMONIO FAMILIAR Y NO LA DE BUSCAR BENEFICIOS TRIBUTARIOS
TEMAS ESPECÍFICOS:IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA, TARIFA DEL IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA, ELEMENTOS DEL IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA, HECHO GENERADOR DEL IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA
TÍTULO:LA PLANEACIÓN PATRIMONIAL BAJO LAS REGLAS DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA
TEMAS GENÉRICOS:IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA
REVISTA IMPUESTOS N°:206, MAR.-ABR./2018, PÁGS. 4-9
La planeación patrimonial bajo las reglas de normalización tributaria
Según los expertos, la razón principal que ha llevado a los contribuyentes colombianos a tener activos en el exterior es la de proteger el patrimonio familiar y no la de buscar beneficios tributarios.
La Ley 1739 del 2014 creó el impuesto complementario de normalización para brindarles la oportunidad a los contribuyentes colombianos, durante 2015, 2016 y 2017, de reportar ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) los activos omitidos y los pasivos inexistentes. Este tema fue debatido en un panel en el marco del VI Congreso Colombiano de Tributación Internacional, realizado en Bogotá, en noviembre del 2017, organizado por la Asociación Fiscal Internacional (IFA, por sus siglas en inglés), con el apoyo de AP Legis y del Instituto Colombiano de Derecho Tributario.
Juan Camilo Bedout, experto en derecho tributario de la firma Posse Herrera Ruiz, quien actuó como moderador del panel sobre fiscalidad internacional y planeación patrimonial, comentó que el impuesto de normalización fue un instrumento “bastante raro” en su concepción, pues se establecieron “unos elementos temporales un poco extraños y unos hechos generadores que tenían diferentes interpretaciones y no seguían la regla general de cualquier impuesto en Colombia”. Entonces, el poder legislativo, mediante la Ley 1739 del 2014, “concilió una especie de beneficio aparejado con un régimen sancionatorio bastante fuerte”.
El beneficio consistió en que todos los activos omitidos “podían acogerse a la legalidad tributaria, podían entrar al mundo jurídico tributario, con ciertos beneficios”, pero “había que tributar sobre los mismos a tarifas diferenciales que se fueron incrementando en 2015, 2016 y 2017, conforme se iba incrementando el impuesto a la riqueza”. Aumentó en porcentajes iguales al ajuste de las tarifas de este impuesto. “Pasamos de una tarifa del 10%, a una de 11.5% y finalizamos, en el 2017, a una tarifa del 13%”.
En contraste con los beneficios, la Ley 1739 del 2014 también dispuso una sanción del 200% del valor del activo, “impacto que podía llegar a generar la pérdida” de aquel que se hubiera omitido. Es decir que se planteó un esquema de premio o castigo. “Esa fue la concepción sustancial a partir de la cual el legislador consideró que iba a integrar, en la legalidad, varios activos que existían en el exterior y que habían sido omitidos por los contribuyentes”.
En lo atinente al costo de la normalización de activos omitidos en la declaración de renta, Mónica Reyes, especialista en derecho tributario del bufete Reyes Abogados Asociados, afirmó que “si se empieza a ver únicamente en relación con el hecho generador, hay una serie de cosas que hemos ido dando por sentadas y que, curiosamente, no aplicaban y que las reglamentaciones, básicamente, eran presuntas”.
Aseguró, respecto al hecho generador del impuesto de riqueza que “se causaba por la posesión de activos en más de mil millones de pesos a primero de enero del 2015. La normalización, en cambio, tiene un hecho generador que parte de la omisión de activos y la inclusión de pasivos inexistentes para los años 2015, 2016 y 2017. Cuando se hace la normalización de activos para el 2016 y el 2017 se presume, tácitamente, que se debe pagar el impuesto de riqueza”.
“Se entiende que, porque no lo ha dispuesto la ley, en cuanto ese impuesto de normalización es complementario del impuesto de riqueza, pues hay que pagar un impuesto de riqueza en el 2016 y en el 2017, supuestamente, sobre el patrimonio líquido. Pero este es un pago voluntario”. En consecuencia, “si se trata de un impuesto complementario, se podría pagar únicamente el impuesto de riqueza sobre el activo que se normaliza y no sobre el patrimonio líquido del contribuyente. No existe, en este momento, nada que permita entender una cosa diferente”, anota Reyes.
“En relación con la base gravable, la definición incluye dos alternativas. Una base gravable mínima que es el costo fiscal o el autoavalúo que haga el contribuyente. Entiendo que el contribuyente tiene derecho a reportar, exclusivamente, el costo fiscal de los activos para normalizarlos”, pero hay expertos con otras opiniones.
Camilo Cortés, consultor tributario de Dentons Cárdenas & Cárdenas, manifestó disentir de Reyes, porque “el autoavalúo solamente era para bienes inmuebles y para contribuyentes no obligados a llevar contabilidad. La norma es clara en el sentido de que se refiere al valor patrimonial de cualquier clase de activo omitido, de esa manera, un contribuyente puede hacer un autoavalúo y llevar un valor superior al costo, de tal manera que en el momento de hacer una venta del activo, esa va a ser la base para determinar una renta o una ganancia ocasional o, inclusive, si se trata de activos sujetos a depreciación, la base de esta va a ser ese autoavalúo que puede ser tomado como costo para todos los efectos fiscales”.
En réplica, Reyes subrayó la claridad de la ley que “ha permitido acogerse, para efectos de definir la base gravable en el impuesto de normalización, al título segundo del libro primero del estatuto tributario, que establece, en el artículo 167, que el valor patrimonial de los bienes o derechos apreciables en dinero está constituido por su costo fiscal”.
Camilo Cortés enfatizó que “esta es una norma especial y posterior que de manera expresa hace referencia a los activos omitidos, independientemente de la calidad. Entonces, hay dos normas para establecer el valor patrimonial a efectos de aplicar la base gravable del impuesto a la riqueza”.
En lo pertinente al valor por el cual se debe reportar el costo fiscal de las acciones, Reyes argumentó que “el valor patrimonial de las acciones, de los aportes y de intereses en otras entidades, que bien podían ser trusts o fundaciones de interés privado, se determina por el costo fiscal. Y, entonces, ¿cuál es el costo fiscal de las acciones? Es un concepto contable que no lo pueden cambiar el legislador, ni los intérpretes del legislador”.
De modo que “el costo de las acciones tiene que ser el valor de suscripción de estas o el valor de compra de las mismas. Si es el de suscripción, el costo de las acciones es el costo del capital y de cualquier prima en colocación de acciones que se haya pagado. Si es el precio de adquisición, pues debe ser el precio que se pagó a uno de los socios anteriores de la sociedad para adquirir esas acciones. Cualquier otra cosa es una capitalización subsecuente que es una suscripción de acciones a ese título”, sostuvo Reyes.
Sin embargo, Camilo Cortés insistió en que “también puede ser el autoavalúo que expresamente permitió la norma. A su vez, Reyes dijo no tener inconveniente con quienes “quieran llevar valores más altos para hacer la normalización”. No obstante, expresó preocupación en torno a que “haya una interpretación de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en el sentido de que el valor de las acciones incluye el valor patrimonial de las mismas y la interpretación de estas disposiciones de ley tiene que ser rigurosa y sencilla. Es decir, siempre habrá otras interpretaciones para definir cuál es el costo fiscal de las acciones”.
Mónica Reyes reiteró que no se oponía a la intención de un contribuyente que quisiera declarar, por un mayor valor, los activos omitidos y así pagar un impuesto de normalización más alto. Pero Camilo Cortés argumentó que “no solamente era pagar más, porque después también era pagar menos. Si se hace el autoavalúo con base en unas valorizaciones que tiene ese activo subyacente y luego no se distribuyen las utilidades, sino que se hace una redención de esa inversión o del activo, ya se pagó el impuesto a la riqueza y, posteriormente, no se va a pagar un ingreso adicional como una renta ordinaria. Entonces, de pronto sí se paga más en este momento, pero con un ahorro a futuro”.
Entre tanto, Rodrigo Castillo, tributarista de la firma Baker & McKenzie, expresó que “una cosa es el impuesto de normalización tributaria y el impuesto de riqueza y otra es renta. En principio, se piensa que el autoavalúo se predica de bienes inmuebles, pero es cierto que la norma de normalización no es clara, no hace la distinción entre acciones o bienes inmuebles”. Pero, “si se logra valorar el costo, que no es solamente el de adquisición o el valor nominal o el aporte de capital, sino el activo que está debajo, ¿cómo se justifica ese costo?”.
Por ejemplo, si “hay una sociedad que costó 10.000 dólares, debajo de esta se tienen 50 millones de dólares” y lo que se determina de valor comercial son 50 millones de dólares más 10.000 dólares, entonces, el aspecto fundamental se enfoca en “¿qué relación se tiene con esa sociedad?, ¿eso fue algo que se aportó a la sociedad?, ¿algo se le prestó a la sociedad?, ¿cómo se puede, realmente, determinar que ese activo que estaba debajo, para efectos de renta, va a constituir el costo?”.
“Aquí hay un tema que no está totalmente definido y quizás el valor que se puede utilizar, abiertamente, para normalizar, no necesariamente va a ser un valor que se puede emplear luego para renta. Es un punto que se debe ver con bastante detalle”, asevera Castillo.
Autonomía del contribuyente
Por su parte, Gustavo Pardo, consultor de la firma Gustavo Pardo y Asociados, dijo estar de acuerdo con la visión de Camilo Cortés, “en el sentido de que la norma previó como precio mínimo, el costo. No hay duda de que no puede ser menor, pero hacia arriba quedó sujeto al avalúo que haga el contribuyente. Cuando remite a la norma patrimonial del estatuto tributario colombiano, remite a todo el capítulo de normas patrimoniales. Entonces, si se tiene una inversión en una sociedad off shore (extraterritorial) de 10.000 dólares y esta sociedad tiene un valor de mercado de un millón de dólares, se tiene la opción de haber declarado eso por 10.000 dólares o por un millón de dólares”.
Pardo precisó: “lo importante de sentar eso es que, en aras de la seguridad jurídica y de la confianza legítima, así quedó estructurada la norma”. Por lo tanto, quien “tomó 10.000 dólares que es el costo fiscal, lo puede probar, entonces, ese es su costo fiscal y en caso de venta o de repatriar dinero a Colombia, como reembolso de capital, son 10.000 dólares. Y el que tomó un millón de dólares pagó más, pero tiene un canal cambiario y tributario de costo de un millón de dólares”.
De otro lado, agregó Pardo, si el contribuyente “puede probar, declarado o no, que pagó 10.000 dólares por la compañía y la declara por un millón de dólares, después de la normalización, esto se vuelve un costo fiscal para todos los efectos tributarios, porque así lo señala el inciso segundo del artículo 37 de la Ley 1739 del 2014. Lo importante es si la DIAN respeta como quedó redactada la norma, pues se dio una opción, porque en el texto se utiliza la o disyuntiva, es lo uno o lo otro, y quien optó por el millón de dólares, pagó más impuestos; tiene cosas buenas y malas como el que tomó el valor de 10.000 dólares”.
En cuanto a cómo normalizar un portafolio de inversión, Mónica Reyes comentó que en este “hay tres tipos de activos”, cada uno de los cuales tendría que analizarse bajo “una disposición regulatoria distinta. El valor de la cuenta corriente en efectivo estaría valorizado al saldo a 31 de diciembre y a la tasa de cambio de esa fecha”.
Entre tanto, “las acciones se tendrían que reportar al costo, siendo el costo fiscal el precio de adquisición de las acciones que formen parte del portafolio. Y los bonos se tendrían que cuantificar al valor del costo más cualquier rendimiento o descuento, este último que se hubiera causado a la fecha. En el portafolio, es un tema de detalle y tampoco tiene nada que ver, salvo que así se decida, con el valor de mercado que reportan los bancos”.
“En relación con la normalización de los inmuebles, las normas de valor patrimonial determinan que aquellos se tienen que reportar por el costo fiscal, si se trata de personas obligadas a llevar contabilidad, y se pueden llevar por el costo, por el avalúo o por el valor catastral, en el caso de entidades no sujetas a la obligación de llevar contabilidad. Existiría la posibilidad, en este caso, de aplicar” la tesis conforme a la cual “el inmueble podría reportarse por un autoavalúo que no es necesariamente el autoavalúo catastral y que podría entenderse como un avalúo que hace autónomamente el contribuyente”, expresa Reyes.
“No habría ninguna referencia a la acepción de autoavalúo como se ha venido usando en las normas tributarias. En ese caso, habría una disposición, en la normativa sobre normalización”, según la cual “el activo normalizado es el costo fiscal y no se está refiriendo como costo fiscal al que se va a usar para normalizar, sino que establece, específicamente, que el valor por el cual se normaliza el activo es el costo fiscal”.
Respecto al costo fiscal de las acciones, Camilo Cortés afirmó: “en la medida en que en una compañía existan activos subyacentes y el valor de suscripción de las acciones” sea el valor nominal, “pero, eventualmente, se le hayan aportado recursos a la compañía que se hayan contabilizado como préstamos en la sociedad”, los cuales se “puedan normalizar para efectos tributarios como una cuenta por cobrar, al momento de ser repatriados tampoco van a tener un ingreso gravable en cabeza del socio que le hizo ese préstamo a la sociedad”.
Mónica Reyes aclaró que “los créditos, básicamente, se reportan por el valor que tengan a 31 de diciembre del año anterior y en ese tema lo único que se debe tener en cuenta es la tasa representativa del mercado que les aplica”.
Juan Camilo Bedout, experto de la firma Posse Herrera Ruiz y moderador del panel, le preguntó a Mónica Reyes la opinión acerca de las disposiciones sobre correcciones y extemporaneidad en los procesos de normalización tributaria de activos omitidos en la declaración del impuesto sobre la renta.
Al respecto, Reyes manifestó que pasado el 31 de diciembre del 2017, siempre existirá la posibilidad de corregir las declaraciones de normalización, dentro de los dos años siguientes a la presentación, para excluir los pasivos inexistentes o para incluir los activos que se hayan quedado en el bolsillo del contribuyente”.
Agregó que, “en todo caso, siempre existirá la posibilidad de presentar las declaraciones extemporáneas pagando únicamente una sanción por extemporaneidad, que no puede exceder del cien por ciento del impuesto, y los intereses moratorios que van a estar corriendo durante el tiempo que el contribuyente se demore en tomar esas decisiones”.
Rodrigo Castillo, de Baker & McKenzie, anotó, en el contexto del concepto de seguridad jurídica, que “no hay norma que le ponga límite a la normalización a 31 de diciembre del 2017. Ha sido tan insistente el mensaje de la administración tributaria al respecto que llegó a confundir”.
Resulta determinante entender que las declaraciones de normalización presentadas en el 2017, último año de normalización, tienen dos años de plazo para corrección, anotó Castillo, quien calificó de legítima la posibilidad de un contribuyente de “cambiar la decisión” de normalizar un activo, localizado en el exterior, por un valor superior al que reportó inicialmente, aunque deba pagar la sanción por corrección y los intereses moratorios.
“Lo importante es que el contribuyente no debe abusar de las normas”, ni las autoridades tributarias de su posición. Explicó que solo algunas de las estructuras de inversión, en otras jurisdicciones, se utilizan con propósitos tributarios por parte de los contribuyentes, porque “su esencia es de protección familiar y personal, por el tema de seguridad”. Subrayó que el 70% de los casos que atiende, profesionalmente, tienen ese fin de protección y los beneficios tributarios son consecuencia de este.
Camilo Cortés, de Dentons Cárdenas & Cárdenas, mostró preocupación porque, “en materia de trust y derechos fiduciarios, la norma que se refiere a la base gravable está exclusivamente aplicada para efectos del impuesto a la riqueza y el complementario de normalización”. Pero, “a partir del 2018 esa norma, salvo que sea para corregir, desaparece y para efectos patrimoniales no tenemos ninguna norma específica que se refiera a cuál es el valor patrimonial de las participaciones o beneficios en trust o en fundaciones de interés privado en el exterior”.
Asimismo, Rodrigo Castillo anotó que “se debe revisar el antecedente en términos de trusts y de fundaciones”, en dos aspectos: primero, el patrimonial, pues “cualquier persona que pueda estar de alguna forma vinculada a una fundación o a un trust del exterior, ¿qué obligación tiene?” Y segundo, en caso de “ingresos que se puedan realizar en una estructura de estas, ¿qué obligación tiene la persona de reportar el ingreso?”.
Según Castillo, “hay que retroceder y ver la Ley 1607 del 2012; el primer artículo que se refirió a temas de trust e hizo una distinción fue el artículo 303, numeral 10. Claramente señala que cualquier distribución que se haga de una fundación o de un trust —utiliza la palabra trust, no fiducia; hace una clara distinción entre trust y la fiducia colombiana— se trata como una ganancia ocasional. Eso quiere decir que la tarifa sería del 10%. Todo esto antes de la entrada en vigencia del régimen de entidades controladas del exterior (ECE)”.
Luego, continúa Castillo, el parágrafo del artículo 37 de la Ley 1739 del 2014 trató el tema de fundaciones y trusts, a raíz del impuesto a la riqueza y a la normalización tributaria, lo cual generó “muchas dudas, porque en el momento en que entró en vigencia” la disposición, la pregunta general giraba en torno al hecho de que “un trust del exterior, regido por la ley anglosajona, que no emite ningún tipo de derecho fiduciario, ¿cómo es residente en Colombia? Si quiere someterse a normalización tributaria, ¿cómo lo hace?, porque no tiene una forma de recibir un título que represente lo que realmente aportó”.
Al respecto se planteó una solución: dado que “se asimilan a derechos fiduciarios, se tiene que ver el valor del activo. Pero, de nuevo,” surge la pregunta, ¿cuánto vale ese activo?, ¿lo que el contribuyente aportó? Por ejemplo, un trust que tiene una sociedad del exterior” por valor nominal de 10.000 dólares, “pero la persona no le aportó 10.000 dólares. Es más, la persona la pudo haber comprado por 1.500 dólares; ese fue el verdadero costo de adquisición (de la sociedad). ¿Cuánto vale lo que esta abajo?”.
Castillo comentó que la duda se disipó con el concepto 810 de la DIAN, del 22 de agosto del 2016, en el cual “señala que el valor en una sociedad del exterior es el valor patrimonial”. En vista de que se están valorizando derechos en el trust, se deben “valorizar de acuerdo a la sociedad que está abajo. Esa fue una norma que generó muchas dudas, pero esta norma desaparece con el impuesto a la normalización tributaria. Entonces, la gran pregunta es, a futuro, partiendo de la premisa de que se debe tener un trust, una fundación que sea cumplidora, ¿cuál va a ser el valor patrimonial que se debe utilizar para darle, en la declaración, un valor a ese derecho o a esa fundación o lo que sea que se tenga en cualquiera de ese tipo de estructuras?”.
Frente a tal incertidumbre, Mónica Reyes afirmó que “nunca se olvida, cuando habla de fundaciones de interés privado, del artículo 19 del estatuto tributario, según el cual se asimilan a sociedades de responsabilidad limitada, las fundaciones de interés privado”.
Algunos expertos, precisó Reyes, advierten que eso aplica solo “para las fundaciones nacionales”. Pero, “me aparto de esa interpretación, porque, independientemente de la Convención de Viena, del tratamiento civil y comercial que tengan las fundaciones en cada uno de sus países, el tratamiento tributario y la asimilación de esa fundación de interés privado a una sociedad de responsabilidad limitada tiene aplicación en materia tributaria en Colombia. Y habría que tenerlo en cuenta cuando se piensa, ¿cómo se tratarían los ingresos de esas fundaciones en el país? Todo lo anterior sin tomar en consideración que ya hay una definición sobre ganancias ocasionales y sobre el tema en el impuesto a la riqueza”.
En otro frente de análisis de la planeación patrimonial, Camilo Cortés, de Dentons Cárdenas & Cárdenas, aseguró que en Colombia el tema de seguros, “desde el punto de vista tributario, está escasamente regulado. Hay un par de disposiciones; se tiene la norma sobre rentas exentas, la norma sobre valor patrimonial”. Pero, “en los conceptos y en las interpretaciones oficiales no hay mucha claridad” en la materia.
Se puede interpretar, en el contexto de la normativa tributaria, que “si se cumplen los elementos esenciales de un contrato de seguros, en cuanto a las partes intervinientes, el pago de la prima, el riesgo asegurado y el pago de un beneficio, pues se está en presencia de un producto de seguros, así haya beneficios en especie. No hay ningún elemento que permita descalificarlo como un producto de seguros y, en esa medida, aplicar el par de normas que se refieren a estos temas”, dijo Cortés.
Sin embargo, según él, se enfrenta “el cuestionamiento de este tipo de productos, insurance wrapper (seguros de vida de colocación privada) o pólizas de vida variables, si tienen un componente o un riesgo de mortalidad y en qué porcentaje, si entran a calificar o no como productos de seguros y en esa medida aplicar las disposiciones relativas a valor patrimonial o no”.
Cortés manifestó que en el contexto del “tratamiento de las rentas que se reciben con ocasión del pago producto de la ocurrencia del siniestro asegurado, en esa medida vemos que en las normas colombianas no hay ninguna limitación, ninguna exigencia, y si se cumplen los requisitos esenciales del contrato de seguro y, adicionalmente, si califica como un contrato de seguro en la jurisdicción en donde se emitió la póliza, pues no se puede decir que no es un contrato de seguro. No veo ningún argumento para desechar esa calificación”.
El moderador del panel, Juan Camilo Bedout, le preguntó a Cortés acerca de las repercusiones de la Ley 1819 del 2016 en el tema de seguros y la relación entre las indemnizaciones por seguro de vida del artículo 223 del estatuto tributario y el sistema cedular de personas naturales.
Cortés contestó que “si se mira cuál es el origen de la calidad de una persona como beneficiario en una póliza de seguros, y eso está regulado en el código de comercio, la calidad de beneficiario se tiene a título gratuito. Y si se va a las normas de ganancia ocasional y al artículo 223 del estatuto tributario, en donde también se establece que las rentas provenientes de la indemnización de seguro están exentas tanto de renta como de ganancia ocasional, pues no se ve ninguna facultad para que se señale que eso no es una ganancia ocasional y, por lo tanto, aplicar plenamente el artículo 223, bajo el capítulo de ganancias ocasionales”.
Además, llamó la atención frente al tema del valor patrimonial de las pólizas de seguros de vida y si la norma conforme a la cual “estas deben declararse por el valor patrimonial, que corresponde al valor de rescisión, es aplicable a este tipo de pólizas variables”.
Expresó que hay dos perspectivas ante este asunto. Inicialmente, “¿quién es el obligado a reportar el valor patrimonial de esas pólizas? Se puede pensar, con base en los principios de quien debe reportar el patrimonio y tiene la explotación económica, que debería ser el tomador o el dueño de la póliza. Sin embargo, tenemos un par de conceptos de la DIAN en los que se afirma que es el beneficiario. Y si el beneficiario no sabe, porque puede no saber que es el beneficiario de la póliza, ¿cómo va a hacer para declarar que está omitiendo un activo en el exterior?”.
Por otro lado, anotó Cortés, la norma establece que debe declararse por el valor de rescisión. Pero, “este puede cambiar año a año, dependiendo del comportamiento de la póliza”. En consecuencia, la reflexión sería la siguiente: “ese incremento en el valor de rescisión, el incremento de un activo que no es de una persona, se puede considerar, más bien, como una valorización y no le pueden iniciar un proceso de renta por comparación patrimonial, por un activo que está incrementando de valor, bien sea, porque el dueño es el que está pagando la póliza y la DIAN está señalando que el beneficiario es quien debe declarar el valor patrimonial o, simplemente, porque se está en presencia de una póliza de estas, cuyo valor de rescisión puede estar amarrado al comportamiento de los activos subyacentes”.
“En ese orden de ideas, primero, habría que cuestionar el tema de que sea el beneficiario el que lo tiene que declarar. Segundo, se ve en la práctica que hay pólizas que no tienen valor de rescisión; este es cero. Entonces, no habría lugar a establecer ningún tipo de valor patrimonial sobre ese tipo de pólizas”, recalcó Cortés.
Frente a la visión de la DIAN de que el beneficiario de la póliza es el obligado a declarar el valor patrimonial, se debe establecer “qué pasa cuando el beneficiario es un trust o una sociedad del exterior”. En tal circunstancia “no habría ningún residente colombiano beneficiario de la póliza y se entendería, con base en el listado de las rentas pasivas, que los beneficios provenientes de la indemnización de un seguro de vida no serían una renta pasiva y, en esa medida, solamente los residentes colombianos, eventualmente, tendrían que entrar a tributar sobre esas rentas, cuando sean provenientes de la distribución del trust en el exterior, pagando únicamente el 10 % o, si la tiene, a través de una sociedad”. Pero, “ahí se habría cometido un error y pagaría 35 % como una distribución de utilidades, por parte de esa sociedad”, argumentó Cortés.
Los expertos del panel concluyeron que luego de terminado el proceso de normalización tributaria, la administración de impuestos debe enfocar sus esfuerzos de fiscalización en aquellos contribuyentes renuentes a reportar activos omitidos y pasivos inexistentes, y no en quienes acogieron la medida. Igualmente, abogaron por un nuevo programa de normalización tributaria ante la arraigada costumbre de los colombianos más pudientes de omitir activos en el exterior.
También pidieron reglas tributarias más detalladas en cuanto al patrimonio de los nacionales en otras jurisdicciones, con el fin de brindarles confianza al momento de declarar su patrimonio total. Finalmente, destacaron la posibilidad de utilizar, en el exterior, productos de seguros y cierto tipo de fondos de inversión que protegen el patrimonio y no generan cargas tributarias tan elevadas en Colombia.
¿Hasta cuándo se pueden “normalizar” los activos omitidos y los pasivos inexistentes?
Vencimiento declaración inicial
Término para corregir
(2 años a partir del
vencimiento de la
declaración inicial)
2015 Desde el 4/05/2015
Desde el 4/05/2017
hasta el 26/05/2017
2016 Desde el 11/05/2016
Desde el 11/05/2018
hasta el 24/05/2018
2017 Desde el 9/05/2017
Desde el 11/05/2019
Fuente: VI Congreso Colombiano de Tributación Internacional.