Source: http://absta.info/organizacin-mundial-del-comercio-v2.html?page=2
Timestamp: 2018-04-22 14:18:37
Document Index: 159919607

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Argumentos de los participantes y de los terceros participantes - Organización Mundial del Comercio
Argumentos de los participantes y de los terceros participantes
A. Alegaciones de error formuladas por el Canadá - Apelante
El Canadá pide que el Órgano de Apelación revoque las constataciones y conclusiones del Grupo Especial relativas a la definición de la expresión "reglamento técnico", resuelva que el Decreto en su conjunto está comprendido en el ámbito de aplicación del Acuerdo OTC y constate que el Decreto es incompatible con los párrafos 1, 2, 4 y 8 del artículo 2 del Acuerdo OTC.
El Canadá afirma que el Grupo Especial cometió un error de derecho al no examinar las alegaciones del Canadá basadas en el Acuerdo OTC. El Grupo Especial dividió erróneamente en dos el Decreto y, para determinar si el Decreto era un reglamento técnico en el sentido del Acuerdo OTC, consideró que las prohibiciones y las excepciones establecidas en el Decreto eran medidas distintas. El Canadá cree que el análisis hecho por el Grupo Especial es arbitrario, es contrario a la coherencia interna del Decreto y permite que la aplicabilidad del Acuerdo OTC quede determinada por la forma en que un Miembro redacte su legislación.
El Canadá alega que el Grupo Especial también cometió un error al interpretar la definición de la expresión "reglamento técnico" que figura en el Anexo 1 del Acuerdo OTC, en particular al formular dos criterios que han de cumplirse para que una medida pueda considerarse como "reglamento técnico": i) la medida ha de referirse a "productos identificables", y ii) en la medida han de indicarse las características técnicas que han de tener los productos para poder comercializarse en el territorio del Miembro que adopta la medida. Con esa interpretación se añaden a la definición de "reglamento técnico" unos requisitos que no se basan en el texto del Acuerdo OTC y que son incompatibles con el objeto y el fin de ese Acuerdo, consistentes en limitar los obstáculos no arancelarios al comercio que puedan encubrirse como reglamentos técnicos. Además, con respecto al primer criterio, el exigir que una medida se refiera a productos identificables para que constituya un reglamento técnico podría llevar, en la práctica, a resultados arbitrarios. En cuanto al segundo criterio, el Canadá alega que es demasiado estricto y que impediría que se considerasen como "reglamento técnico", excluyéndolas por consiguiente de las disciplinas del Acuerdo OTC, las medidas que regulasen actividades distintas de la comercialización de productos, tales como las medidas referentes al transporte de productos, a la eliminación de desechos peligrosos y a la utilización de equipo especial para reparar ciertos productos.
El Canadá impugna la conclusión del Grupo Especial de que el Acuerdo OTC no se aplica a una prohibición general como la establecida en el Decreto. El Grupo Especial se basó en una falsa distinción entre las prohibiciones generales, que consideró que estaban comprendidas exclusivamente en el ámbito de aplicación del GATT de 1994, y los reglamentos técnicos, que están sometidos a las disciplinas del Acuerdo OTC. De hecho, un reglamento técnico puede tener sobre el comercio el efecto de una prohibición general.
El Canadá sostiene que el Grupo Especial, si hubiera considerado el Decreto como una medida unificada y hubiera interpretado correctamente la expresión "reglamento técnico", habría concluido que el Decreto es un reglamento técnico en el sentido del Acuerdo OTC. No obstante, incluso si no se hubiera considerado como reglamento técnico la prohibición general establecida en el Decreto, el Grupo Especial incurrió en error al no examinar las alegaciones del Canadá basadas en el Acuerdo OTC, dado que el Grupo Especial constató también que el Acuerdo OTC se aplica a la parte del Decreto relativa a las excepciones y que las alegaciones del Canadá se referían al Decreto en su conjunto. En consecuencia, el Canadá pide al Órgano de Apelación que revoque las conclusiones del Grupo Especial sobre la aplicabilidad del Acuerdo OTC al Decreto y que evalúe la compatibilidad del Decreto con ese Acuerdo. El Canadá alega que, al igual que en el asunto Estados Unidos - Prohibición de las importaciones de determinados camarones y productos del camarón (Estados Unidos - Camarones), "los hechos que constan en el expediente de las actuaciones del Grupo Especial" permiten al Órgano de Apelación "completar el análisis necesario para resolver esta diferencia".14
El Canadá alega que el Decreto es incompatible con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC. Como el principio del trato nacional establecido en el párrafo 1 del artículo 2 es una expresión específica y particular del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994, la interpretación de las palabras "productos similares" que figuran en el párrafo 1 del artículo 2 ha de ser idéntica a la interpretación de las mismas palabras que figuran el párrafo 4 del artículo III. El sentido de los "productos similares" en el párrafo 4 del artículo III constituye un contexto pertinente y, a juicio del Canadá, tanto el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 como el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC tienen el mismo objeto y el mismo fin, consistentes en evitar el proteccionismo y en garantizar la igualdad de condiciones de competencia de los productos importados y de los productos nacionales. Así pues, el Canadá sostiene que las constataciones de "similitud" y de trato menos favorable formuladas por el Grupo Especial con arreglo al párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 han de hacerse extensivas al párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC.
En opinión del Canadá, el Decreto es incompatible con el párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC. El Canadá insiste, primero, en que no hay ningún vínculo racional entre el Decreto y el objetivo de Francia de proteger la salud de las personas, dado que: i) los materiales que crean un riesgo para la salud de las personas son los materiales friables que contienen anfíboles; ii) la manipulación de productos de cemento de crisotilo y de otros productos de alta densidad que contienen fibras de amianto crisotilo no crea un peligro para la salud de las personas, y iii) el Decreto expone al público francés a las fibras sustitutivas, y los riesgos que esas fibras entrañan para la salud se entienden todavía mal. El Canadá añade, en segundo lugar, que el Decreto tiene efectos más restrictivos del comercio de lo que sería necesario para que alcanzase su objetivo, en particular porque: i) la manipulación de productos de cemento de crisotilo y de otros productos de alta densidad que contienen fibras de amianto crisotilo no crea un peligro para la salud de las personas, y ii) hay una alternativa que restringe menos el comercio y que protege la salud de las personas, a saber, el "uso controlado" de productos de cemento de crisotilo y de otros productos de alta densidad que contienen fibras de amianto crisotilo. Lo que hay que demostrar en el contexto del párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC es lo mismo que hay que demostrar en el contexto del apartado b) del artículo XX del GATT de 1994. A este respecto, según el Canadá, en los informes del Grupo Especial y del Órgano de Apelación que examinaron el asunto Estados Unidos - Pautas para la gasolina reformulada y convencional ("Estados Unidos - Gasolina") se afirma que sólo se puede descartar una alternativa menos restrictiva para el comercio si se demuestra que esa alternativa es imposible de poner en práctica.15 Sin embargo, Francia no demostró que fuera imposible poner en práctica el "uso controlado", y el Grupo Especial tampoco constató que ello fuera imposible. Además, el Canadá sostiene que sería menos restrictivo para el comercio prohibir los productos que contienen fibras de amianto crisotilo basándose en una demostración producto por producto de la ineficacia y la impracticabilidad del "uso controlado" que basándose en la existencia de productos sustitutivos.
El Canadá también alega que el Decreto es incompatible con el párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo OTC, porque hay normas internacionales aplicables sobre el "uso controlado" del crisotilo que constituyen un medio eficaz y apropiado de alcanzar el objetivo de Francia consistente en proteger la salud de las personas. En todo caso, el Gobierno francés actuó de manera incompatible con el párrafo 4 del artículo 2 porque no utilizó las normas internacionales como base del Decreto. Por último, el Canadá considera que el Decreto es incompatible con el párrafo 8 del artículo 2 del Acuerdo OTC porque instituye una prohibición basada en las características descriptivas de los productos, en vez de en sus propiedades de uso y empleo.
El Canadá pide que el Órgano de Apelación revoque las constataciones y conclusiones formuladas por el Grupo Especial en el contexto del apartado b) del artículo XX del GATT de 1994 y constate que el Decreto no está justificado por esa disposición. El Canadá también pide al Órgano de Apelación que constate que el Grupo Especial no hizo una "evaluación objetiva del asunto", como lo exige el artículo 11 del ESD, porque no enjuició los datos científicos con arreglo al principio de la mayor probabilidad y porque no evaluó objetivamente los hechos.
El Canadá afirma que el Grupo Especial cometió un error al constatar que la manipulación de los productos de cemento de crisotilo entraña un riesgo para la salud de las personas. El Canadá señala siete factores en los que, según alega, se basó erróneamente el Grupo Especial para llegar a esa conclusión: i) una declaración del Dr. Henderson en el sentido de que "los obreros de la construcción se cuentan entre los trabajadores más expuestos a las fibras de crisotilo y, por consiguiente, al riesgo de contraer un mesotelioma"16; ii) una declaración "anecdótica" del Dr. Henderson sobre "casos de mesotelioma en enfermos que solamente habían sufrido una exposición incidental, sin ninguna relación con su actividad profesional"17; iii) la opinión de expertos en el sentido de que no se ha demostrado que exista un umbral por debajo del cual la exposición no entrañe el riesgo de contraer mesotelioma o cáncer de pulmón; iv) el "estudio de Charleston"18; v) los "datos estadísticos" aducidos por el Dr. Henderson, que según el Grupo Especial confirmaban "los efectos del crisotilo en mecánicos que se dedicaban a trabajos de mantenimiento de los frenos de automóviles y habían estado expuestos a este material", pese a un estudio en contrario sobre el mantenimiento de los frenos de automóviles en el que se había basado el Canadá19; vi) la utilización de un modelo de relación lineal con el cual no se ha identificado ningún nivel mínimo como base para concluir que la exposición a las fibras de amianto crisotilo a niveles bajos o intermitentes crea un "riesgo real" y un "riesgo sanitario innegable"20, y vii) los datos proporcionados por las Comunidades Europeas sobre la manipulación intermitente y una referencia del Dr. Henderson a un estudio japonés como base para concluir que la manipulación de cemento de crisotilo utilizando herramientas inadecuadas podía llevar a unos niveles de exposición superiores a los valores límite reglamentarios.21 El Canadá explica en detalle las razones por las que ninguno de esos factores apoyan la conclusión del Grupo Especial.
El Canadá también sostiene que el Grupo Especial incurrió en error al aplicar el criterio de la "necesidad" establecido en el apartado b) del artículo XX del GATT de 1994. El Canadá acepta la opinión del Grupo Especial de que la magnitud del riesgo para la salud de las personas es importante para evaluar la "necesidad". Sin embargo, el Canadá niega que la manipulación de tales productos entrañe ningún riesgo, pone de relieve que las pruebas en que se basó el Grupo Especial no pueden ciertamente servir de base para formular una constatación en el sentido de que el riesgo para la salud era tan grande que podía justificar la adopción de medidas estrictas y alega que el Grupo Especial no cumplió su obligación de cuantificar ese tipo de riesgo. En opinión del Canadá, esos errores distorsionaron el análisis hecho por el Grupo Especial sobre la base del criterio de la necesidad y llevaron al Grupo Especial a adoptar un enfoque demasiado restrictivo en su examen de las alternativas al Decreto a las que se podía recurrir razonablemente.
El Canadá afirma que el Grupo Especial, al examinar si unas alternativas menos restrictivas para el comercio internacional podían hacer posible alcanzar el nivel de protección inherente al Decreto, cometió un error al aceptar que tal nivel de protección frena la difusión del riesgo inherente a las fibras de amianto crisotilo. Esa premisa no tiene en cuenta el riesgo inherente a la utilización de fibras sustitutivas, la inexistencia en Francia de toda reglamentación del "uso controlado" de tales fibras o el falso sentido de seguridad creado entre el público francés por la inexistencia de esa reglamentación. El Grupo Especial también cometió un error de derecho al constatar que no había ninguna alternativa al Decreto a la que se pudiera recurrir razonablemente y que fuera compatible o menos incompatible con el GATT de 1994. A este respecto, el Canadá aduce los mismos argumentos que se han expuesto más arriba con respecto al párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC y subraya que el Grupo Especial fue demasiado riguroso al examinar las alternativas, habida cuenta de que Francia podría haber adoptado una medida por la que se prohibieran productos específicos que contienen fibras de amianto crisotilo, basándose en la demostración de la ineficacia y la impracticabilidad del "uso controlado" de cada producto.
El Canadá afirma que el Grupo Especial no cumplió su obligación de hacer una evaluación objetiva del asunto cuando se negó a tomar posición sobre las opiniones expresadas por la comunidad científica. A juicio del Canadá, el criterio de la mayor probabilidad o la preponderancia de las pruebas exigen que las autoridades encargadas de comprobar los hechos tomen posición sobre el valor probatorio respectivo de las pruebas. El Grupo Especial, si hubiera aplicado debidamente ese principio, no habría podido llegar a la conclusión de que el Decreto estaba justificado con arreglo al apartado b) del artículo XX del GATT de 1994, habida cuenta de los muchos estudios presentados por el Canadá que demostraban, por ejemplo, que la manipulación del amianto crisotilo no entrañaba un aumento del riesgo que corrían los mecánicos de garajes, los mecánicos especializados en frenos o los obreros de la construcción. El Canadá añade que el Grupo Especial tampoco hizo una evaluación objetiva del asunto sometido a su consideración, porque, en sus determinaciones sobre el "uso controlado" del crisotilo, se basó extensamente en las opiniones de los expertos consultados, que de hecho no tenían conocimientos especializados sobre el "uso controlado".