Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-177-de-marzo-26-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_fecf2a4fa2d80370e0430a0101510370&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-07-16 14:42:22
Document Index: 53082125

Matched Legal Cases: ['artículo 146', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 44', 'artículo 45', 'artículo 8', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 192', 'artículo 193', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 64', 'artículo 6', 'artículo 1', 'artículo 206', 'artículo 2', 'artículo 146', 'artículo 209', 'artículo 28', 'artículo 2', 'artículo 146', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 79', 'artículo 2', 'artículo 209', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 438', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 275', 'artículo 2', 'artículo 206', 'artículo 3', 'artículo 438', 'Artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 48', 'Artículo 3', 'Artículo 24', 'Artículo 19', 'Artículo 10', 'Artículo 25', 'artículo 33', 'artículo 1', 'artículo 206', 'artículo 2', 'artículo 219', 'artículo 146', 'artículo 209', 'artículo 192', 'artículo 344', 'artículo 344', 'artículo 250', 'artículo 250', 'artículo 192', 'artículo 193', 'artículo 379']

﻿ Sentencia C-177 de marzo 26 de 2014
SENTENCIA C-177 DE 26 DE MARZO DE 2014
CONTENIDO:ENTREVISTA FORENSE – DELITOS SEXUALES A MENOR DE EDAD. EN EL CASO DE LA ENTREVISTA FORENSE A LOS MENORES DE EDAD VÍCTIMA DE DELITOS SEXUALES, QUE EL LEGISLADOR OTORGUE PREVALENCIA A LOS INTERESES DEL MENOR DE EDAD FRENTE A OTROS VALORES O PRINCIPIOS DE RAIGAMBRE CONSTITUCIONAL, NO CONSTITUYE UNA AFRENTA A LA CONSTITUCIÓN, SINO LA MATERIALIZACIÓN DE UN DEBER DEL ESTADO. DE ESTA MANERA, CONSIDERAR COMO MATERIAL PROBATORIO LA ENTREVISTA FORENSE REALIZADA A MENORES DE EDAD VÍCTIMAS DE LOS DELITOS SEXUALES NO VULNERA LOS DERECHOS A LA IGUALDAD, DEBIDO PROCESO, DEFENSA, CONTRADICCIÓN, NI EL ACCESO EFECTIVO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EN APLICACIÓN DEL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR Y DEL PRINCIPIO PRO INFANS. SE DECLARARON EXEQUIBLES LOS ARTÍCULOS 1º, 2º Y 3º DE LA LEY 1652 DE 2013.
TEMAS ESPECÍFICOS:MENOR DE EDAD, DELITO CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL, ENTREVISTA, EXEQUIBILIDAD DE LAS NORMAS, VALOR PROBATORIO DE LA ENTREVISTA
Sentencia C-177 de marzo 26 de 2014
Ref.: Expedientes D-9830 y D-9841, acumulados.
Diario Oficial 48.849 de 12 de julio de 2013
ART. 206A.—Entrevista forense a niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos tipificados en el título IV del Código Penal, al igual que en los artículos 138, 139, 141, 188a, 188c, 188d, relacionados con violencia sexual. Sin perjuicio del procedimiento establecido en los artículos 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 y 200 de la Ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, cuando la víctima dentro de un proceso por los delitos tipificados en el título IV del Código Penal, al igual que en los artículos 138, 139, 141, 188a, 188c, 188d, del mismo código sea una persona menor de edad, se llevará a cabo una entrevista grabada o fijada por cualquier medio audiovisual o técnico en los términos del numeral 1º del artículo 146 de la Ley 906 de 2004, para cuyos casos se seguirá el siguiente procedimiento:
2.1. Según el ciudadano Antoine Joseph Stepanian Santoyo y uno de los intervinientes(6), los artículos 1º, 2º y 3º de la Ley 1652 de 2013 son inexequibles, porque desconocen los derechos y principios de igualdad, debido proceso, defensa, inmediación, contradicción y acceso a la administración de justicia, en síntesis, al pretermitir la posibilidad de controvertir la entrevista forense que se realiza a los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales.
De otro lado, el ciudadano Darío Garzón Garzón y algunos otros intervinientes(7), solicitaron declarar inexequible el parágrafo 1º del artículo 2º ibídem, por contrariar el principio de igualdad de armas que debe existir entre la fiscalía y la defensa, al pretermitir la obligación del ente acusador de efectuar el debido descubrimiento probatorio a la contraparte.
Por su parte, el Instituto Colombiano de Derecho Procesal planteó que permitir que la entrevista forense sea efectuada por personal del CTI entrenado para tal efecto(8), conculca los derechos del menor. A su vez, el ICBF solicitó condicionar la exequibilidad de la respectiva preceptiva, en el entendido de que tal diligencia deberá efectuarla un profesional en psicología.
En todo lo demás, los restantes intervinientes(9) y el Procurador General de la Nación(10) expresaron que las normas impugnadas no contrarían la carta política ni tratados internacionales, al materializar el trato diferenciado que constitucionalmente debe darse a los niños víctimas de delitos sexuales.
Desde ya, la Sala Plena anuncia que atendiendo que los artículos 1º, 2º y 3º de la Ley 1652 de 2013 parcialmente demandada, aluden a la forma como debe efectuarse el acopio de la entrevista forense a los menores de edad dentro del proceso penal, es necesario (aunque los demandantes no esgrimieran cargos contra la totalidad del art. 2º ni contra el art. 3º), efectuar para efectos de este fallo una integración normativa(11) de los tres artículos, atendiendo su inescindible concordancia, como acertadamente indicaron uno de los intervinientes(12) y el jefe del Ministerio Público, y su indefectible relación con los derechos del niño y con garantías propias del derecho al debido proceso.
3.1. El artículo 2º del Decreto 2067 de 1991 establece los requisitos mínimos que razonablemente(13) deben contener las demandas de constitucionalidad para su admisión y para que la Corte pueda emitir así un fallo de fondo. Según lo allí indicado, es imperativo señalar con claridad las normas que son censuradas como inconstitucionales, al igual que la preceptiva superior que se tilda de infringida y explicar las razones por las cuales se estima que las primeras violan o desconocen la segunda.
Otra parte fundamental de los indicados requisitos es la formulación de cargos de inconstitucionalidad contra las normas impugnadas, esto es, la sustentación de los distintos argumentos por los cuales el ciudadano demandante advierte que aquéllas contrarían uno o más preceptos superiores. Al respecto, en atención a lo cuestionado por uno de los intervinientes(14), recuérdese que la jurisprudencia tiene establecido que las razones presentadas para sustentar la inconstitucionalidad de las disposiciones acusadas, deben ser claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes(15).
La adecuada presentación del concepto de violación permite a esta corporación desarrollar su función de defensa de la carta política en debida forma, en tanto delimita el campo en el cual se hará el respectivo análisis de constitucionalidad, sin que ello implique una restricción de los derechos políticos de los demandantes, pero sí el establecimiento de unos elementos que informen adecuadamente a la Corte para poder proferir un pronunciamiento de fondo, evitando un fallo inhibitorio(16).
Reitérese, en cuanto al concepto de la violación, que la jurisprudencia ha sido constante(17) en manifestar que los argumentos de inconstitucionalidad que se prediquen de las normas acusadas deben ser claros, esto es, que exista un hilo conductor en la argumentación que permita comprender el contenido de la demanda y las justificaciones que la sustentan; ciertos, en cuanto la demanda habrá de recaer sobre una proposición jurídica real y existente; específicos, en la medida que se precise la manera como la norma acusada vulnera un precepto o preceptos de la Constitución, formulando al menos un cargo concreto; pertinentes, ya que el reproche debe fundarse en la apreciación del contenido de una norma superior que se explica y se enfrenta a la norma legal acusada, más no en su aplicación práctica; y suficientes, por cuanto se debe exponer todos los elementos de juicio necesarios para iniciar el estudio y que despierten duda sobre la constitucionalidad de la disposición acusada.
Esta carga mínima de argumentación que debe exponer el ciudadano, resulta indispensable para adelantar el juicio de constitucionalidad, no obstante la naturaleza pública e informal que caracteriza a la acción de inexequibilidad; de no atenderse dicho presupuesto, podría generarse un fallo inhibitorio por ineptitud sustancial del escrito con el que se pretende incoar la acción, sin que ello implique una restricción de los derechos políticos del demandante, pero sí el establecimiento de unos elementos que informen adecuadamente a la Corte Constitucional, para poder proferir un pronunciamiento de fondo(18).
Sobre este tema, ha expuesto esta corporación que “la suficiencia del razonamiento apela directamente al alcance persuasivo de la demanda, esto es, a la presentación de argumentos que, aunque no logren prima facie convencer al magistrado de que la norma es contraria a la Constitución, sí despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional”(19).
Al respecto, en el fallo C-978 de diciembre 1º de 2010(20), M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, se indicó (no está en negrilla en el texto original): “No obstante, también ha resaltado, con base en el principio pro actione que el examen de los requisitos adjetivos de la demanda de constitucionalidad no debe ser sometido a un escrutinio excesivamente riguroso y que debe preferirse una decisión de fondo antes que una inhibitoria, de manera que se privilegie la efectividad de los derechos de participación ciudadana y de acceso al recurso judicial efectivo ante la Corte(21). Este principio tiene en cuenta que la acción de inconstitucionalidad es de carácter público, es decir abierta a todos los ciudadanos, por lo que no exige acreditar la condición de abogado(22); en tal medida, ‘el rigor en el juicio que aplica la Corte al examinar la demanda no puede convertirse en un método de apreciación tan estricto que haga nugatorio el derecho reconocido al actor y que la duda habrá de interpretarse a favor del demandante, es decir, admitiendo la demanda y fallando de fondo’(23)”.
4.1. Tratándose de la niñez, por mandato constitucional consagrado en el artículo 44, sus derechos prevalecen sobre las garantías de los demás, siendo entonces sujetos de especial protección en favor de quienes existe la obligación de la familia, la sociedad y el Estado de asistirlos y protegerlos con preeminencia, para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos, al tiempo que cualquiera puede exigir a la autoridad competente su cumplimiento y la sanción a los infractores. A su vez, el artículo 45 ibídem señala los derechos a la protección y a la formación integral de los jóvenes(24).
Entre estos Tratados destaca la Declaración Universal de Derechos Humanos (dic. 10/48), que consagra entre otras las garantías a la igualdad, la dignidad y la vida (arts. 1º, 3º y 7º), siendo importante lo referente al acceso a la administración de justicia, tanto para los adultos como para los menores de edad, acorde con la cual se tiene el derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, para el amparo contra actos que conculquen derechos fundamentales reconocidos en la Constitución o en la ley (art. 8º).
También en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (abr. 30/48) se habían realzado los derechos a la vida, la igualdad y la dignidad (arts. I y II) y que todo niño tiene derecho a protección, cuidados y ayuda especiales (art. VII).
De otro lado, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (mar. 23/76) exhorta a los Estados Partes a respetar y a garantizar, sin distinción alguna (art. 2º), entre otros, los derechos de todo niño a que se adopten las medidas de protección necesarias que su condición requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y el Estado. Se consagra además el derecho de todas las personas a la igualdad, sin distinción, y la prohibición de cualquier forma de segregación (art. 26).
Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (nov. 22/69) reiteró la obligación de los Estados americanos de proteger los derechos de los niños y adoptar las medidas de protección que su condición requiere (art. 19). Lo propio señala el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (dic. 16/66) con relación a los derechos de la niñez y de los adolescentes, donde se reitera que se deben adoptar medidas especiales para su protección (art. 10).
El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador de nov. 17/88), contiene una serie de innovaciones, pues además de insistir en que los Estados partes se comprometen a brindar una adecuada protección al grupo familiar y, en especial, a adoptar medidas especiales de protección para los adolescentes, a fin de garantizar la plena maduración de su capacidad física, intelectual y moral (art. 15).
4.2. El primer texto internacional en este ámbito en la historia de los Derechos Humanos, es la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño (diciembre 26 de 1924)(25), donde se reconoce por primera vez en su favor la existencia de derechos específicos y la responsabilidad de los adultos hacia ello, señalando en su preámbulo que los hombres y mujeres de todas las naciones reconocen que la humanidad debe al niño lo mejor que tiene(26) y refrendando que debe ser el primero en recibir ayuda en momentos de angustia (art. 3º)(27).
Años después en el Preámbulo de la Declaración de los Derechos del Niño (nov. 29/59), se indicó que por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales e incluso la debida defensa legal, tanto antes como después del nacimiento, instando así a que se le garantice la posibilidad de tener una infancia feliz y gozar, en su propio bien y en el de la sociedad, de los derechos y libertades, instando a los padres, a los hombres y las mujeres individualmente y a las organizaciones particulares, autoridades locales y gobiernos nacionales, a que reconozcan esos derechos y luchen por su observancia, con medidas legislativas y de otra índole adoptadas progresivamente.
Se exigen mayores esfuerzos para la protección de las prerrogativas de la niñez en la Convención sobre los Derechos del Niño (nov. 20/89), reiterando que los menores de edad deben crecer en el seno de la familia, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión.
En la referida convención se reconoce el denominado interés superior del niño, el cual deberá ser atendido primordialmente en todas las medidas que les resulten concernientes, adoptadas por las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas y los órganos legislativos (art. 3.1), conminándose a los Estados partes a asegurar su protección y el cuidado necesarios para su bienestar, “teniendo en cuenta los derechos y deberes de los padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas” (art. 3.2, no está resaltado en el texto original).
Además de reiterarse el derecho de los niños a no ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, ni de ataques a su honra y a su reputación (art. 16.1), se obliga a los Estados Parte a adoptar las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para protegerlos contra toda forma de “perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier persona que lo tenga a su cargo”(art. 19.1).
4.3. La comunidad internacional preocupada por la explotación sexual infantil ha acogido el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (mayo 25/2000), ampliando así el campo de protección de los menores de edad frente a esos execrables comportamientos, comprometiendo a los Estados a tipificar esas y otras aberrantes conductas y a imponerles penas adecuadas a su gravedad (art. 3º).
Atendiendo su pertinencia, debe recordarse in extenso que el artículo 8º impone la obligación de adoptar “medidas adecuadas para proteger en todas las fases del proceso penal los derechos e intereses de los niños víctimas” de las referidas prácticas, instando a la salvaguarda del interés superior del menor de edad y procurando (no está resaltado en el texto original):
6. Nada de lo dispuesto en el presente artículo se entenderá en perjuicio de los derechos del acusado a un juicio justo e imparcial, ni será incompatible con esos derechos”.
Es así evidente que existe un cúmulo de instrumentos internacionales y, según el caso, integradores del bloque de constitucionalidad (Const., art. 93), que imponen obligaciones a la familia, a la sociedad y al Estado de garantizar a ultranza los derechos de niños, niñas, adolescentes, realzándose el compromiso frente a eventuales delitos sexuales.
5.1. El papel de las víctimas dentro del proceso penal ha ganado creciente protagonismo, en desarrollo de una tendencia internacional(28) que se recoge y decanta en Colombia dentro del contexto trazado por la Constitución de 1991 y los postulados fundamentales del Estado social de derecho. En desarrollo de lo anterior, la Corte ha delineado una sólida doctrina sobre el tema, que si bien empieza antes de la promulgación del Acto Legislativo 3 de 2002(29), cobra especial relevancia a partir de su entrada en vigor y de la subsiguiente implementación procesal penal del sistema acusatorio (L. 906/2004 y normas modificatorias y complementarias).
Luego del paso trascendental logrado con la consagración del principio de restablecimiento del derecho en los decretos 50 de 1987 y 2700 de 1991, emergió la rectificación doctrinal contenida en la Sentencia C-228 de abril 3 de 2002 (Ms.Ps. Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynnet)(30), realzándose que particularmente en virtud del principio de dignidad humana, los derechos de las víctimas dentro del proceso penal tienen una importancia cardinal y no se agotan, como antaño se consideró, en la mera reparación económica de los perjuicios irrogados con la conducta punible.
Esos planteamientos han sido reiterados de manera consistente por esta corporación, en particular entre muchos otros, en los fallos C-004 de enero 20 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynnet; C-370 de mayo 18 de 2006, Ms.Ps. Cepeda, Córdoba, Escobar, Monroy, Tafur y Clara Inés Vargas; C-454 de junio 7 de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño; C-575 de julio 25 y C-1033 de mayo 12 de 2006, ambas con ponencia del magistrado Álvaro Tafur Galvis y C-209 de marzo 21 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
Tratándose de la preponderancia del derecho a la dignidad humana y el acceso a la administración de justicia, muy pertinentes para el presente asunto, en la precitada C-454 de 2006 se indicó (no está resaltado en el texto original):
“Esta reconceptualización de los derechos de las víctimas, a partir de la Constitución, se funda en varios principios y preceptos constitucionales: (i) En el mandato de que los derechos y deberes se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (C.P., art. 93); (ii) en el hecho de que el constituyente hubiese otorgado rango constitucional, a los derechos de las víctimas (C.P., art. 250, num. 6º y 7º); (iii) en el deber de las autoridades en general, y las judiciales en particular, de propender por el goce efectivo de los derechos de todos los residentes en Colombia y la protección de los bienes jurídicos (C.P., art. 2º); (iv) en el principio de dignidad humana que promueve los derechos a saber qué ocurrió, y a que se haga justicia (C.P., art. 1º); (v) en el principio del Estado social de derecho que promueve la participación, de donde deviene que la intervención de las víctimas en el proceso penal no puede reducirse exclusivamente a pretensiones de carácter pecuniario; (vi) y de manera preponderante del derecho de acceso a la administración de justicia, del cual se derivan garantías como la de contar con procedimientos idóneos y efectivos para la determinación legal de los derechos y las obligaciones, la resolución de las controversias planteadas ante los jueces dentro de un término prudencial y sin dilaciones injustificadas, la adopción de decisiones con el pleno respeto del debido proceso, así como la existencia de un conjunto amplio y suficiente de mecanismos para el arreglo de controversias”.
5.2. Como se indicó previamente, el artículo 44 de la Constitución de 1991 se integra a los aludidos instrumentos internacionales, incorporando en nuestro ordenamiento jurídico el principio universal de prelación del interés superior del menor, que se manifiesta, de una parte, en la expresa enumeración de los derechos de los menores de edad (inc. 1º), reconocidos como fundamentales. De otra parte, se ve reflejado en el establecimiento de importantes deberes de la familia, de la sociedad y del Estado (inc. 2º), encaminados a hacer realidad dicho conjunto de derechos para todos los niños residentes en Colombia.
En relación con este asunto y con todos los demás a que se refiere el artículo 44 superior, el poder legislativo tiene amplia autonomía(31) para establecer las medidas que juzgue conducentes al logro de tales propósitos, siempre y cuando, como es natural, ello se haga dentro de una adecuada integración con los demás postulados constitucionales.
5.3. El interés superior del niño ha sido considerado como eje central del análisis constitucional(32) y principio orientador para resolver conflictos que involucren a menores de edad, encumbrando el trato preferente del cual son titulares, para que puedan formarse y desarrollarse plenamente.
La jurisprudencia ha decantado dos parámetros que deben verificarse para establecer el grado de bienestar de un menor de edad, esto es, para determinar los escenarios que mejor satisfacen su interés superior: (i) las condiciones fácticas, correspondientes a las plenas circunstancias específicas de cada caso y (ii) las jurídicas, relacionadas con los parámetros establecidos en el ordenamiento jurídico para su protección(33).
Aunado a lo anterior, en el citado fallo T-078 de 2010 esta corporación recordó que en cumplimiento de la protección reforzada que debe brindarse a los menores de edad, jurisprudencialmente se ha reseñado que “los criterios que deben regir la protección de los derechos e intereses de los menores que comprende la garantía de un desarrollo armónico e integral son: (i) la prevalencia del interés del menor(34); (ii) la garantía de las medidas de protección que su condición de menor requiere(35); (iii) la previsión de las oportunidades y recursos necesarios para desarrollarse mental, moral, espiritual y socialmente de manera normal y saludable, y en condiciones de libertad y dignidad(36)”(37).
Acorde con lo consignado, la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia) establece los “procedimientos especiales cuando los niños, las niñas o los adolescentes son víctimas de delitos” (capítulo único del título II), y en desarrollo de los principios constitucionales de protección a la familia, a los menores de edad y a los jóvenes(38), el artículo 192 preceptúa que los procesos por delitos en los cuales los menores de edad sean víctimas, el funcionario judicial tendrá en cuenta el interés superior de los infantes, la prevalencia de sus derechos, la protección integral y las demás prerrogativas consagradas en convenios internacionales ratificados por Colombia, al igual que en la Constitución y en las leyes colombianas(39).
En procura de esos fines, el artículo 193 de la citada Ley 1098 consagró una serie de “criterios para el desarrollo del proceso judicial de delitos en los cuales son víctimas los niños, las niñas y los adolescentes”, según los cuales la autoridad judicial deberá (no está resaltado en el texto original):
5.5. Esta corporación ha tenido oportunidad de destacar la salvaguarda del interés superior del menor de edad dentro del proceso penal. Así, en Sentencia C-1198 de diciembre 4 de 2008, M.P. Nilson Pinilla Pinilla, se analizó la exequibilidad del artículo 2º de la Ley 1142 de 2007(40), según el cual para conceder beneficios punitivos en los casos de conductas tipificables como violencia intrafamiliar se requería una valoración positiva del ICBF, siendo declarado el texto respectivo inexequible, al conculcar (i) los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, al imponerle al juez otorgar prevalencia a la valoración positiva de un órgano de la administración pública; (ii) los principios de legalidad de la privación preventiva de la libertad y de la sanción penal, al no establecer unos criterios claros, precisos y unívocos que deba evaluar el ICBF al emitir su concepto.
Con todo, la Corte Constitucional explicó que si bien en la génesis de la norma allí analizada se estableció la necesidad de adoptar medidas efectivas para la protección de los niños, las niñas, los adolescentes y las mujeres(41), la preceptiva final del inciso 2º del numeral 3º del artículo 2º de la Ley 1142, más que una medida de protección, truncaría sus garantías fundamentales al imponerle al juez, al momento de determinar los pocos pero eventuales beneficios que pueda obtener el agresor, un criterio exclusivo, ajeno a lo que la actuación procesal y la forma como se perpetró la conducta permitan inferir sobre la necesidad del cumplimiento de la pena, dado el eventual riesgo que pueda genera para su núcleo familiar. También indicó esta corporación en tal Sentencia C-1198 de 2008 que viene siendo citada:
“Tampoco puede olvidarse que en el fragor mediático sobre múltiples conductas dirigidas contra la población infantil, se ha optado por soluciones efectistas, como el aún mayor incremento de las penas(42) y la rigurosa exclusión de mecanismos alternativos, limitando la acción a lo punitivo, al margen de una verdadera política criminal que realmente prevenga la realización de esta endemia de abominables conductas, aupadas por la ausencia de valores; las contraculturas de la violencia y de la exacerbación sexual frecuentemente promovidas desde los propios medios de comunicación social; la carencia de respeto hacia los derechos de los menores, probablemente padecida en la minoridad por los propios depravados; y la incapacidad de reprimir sentimientos de ira y de frustración, entre otros complejos factores”.
En la referida sentencia se explicó además, entre otros aspectos, que para reconocer el beneficio de libertad condicional, el artículo 64 del Código Penal preceptúa que podrá el juez concederla, previa valoración de la gravedad de la conducta punible(43), al cumplirse las dos terceras partes de la pena, si la buena conducta del condenado durante su reclusión permite suponer fundadamente que no existe necesidad de continuar la ejecución punitiva. A su vez, estará supeditada al pago total de la multa y de la reparación a la víctima(44).
Acorde con esos argumentos, entre otros, la Corte Constitucional indicó que la expresión “en los delitos de violencia intrafamiliar, los beneficios quedarán supeditados a la valoración positiva del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”, contrariaba los derechos e intereses de los niños, niñas y adolescentes, e imponía un criterio al juez, al momento de reconocer o no los beneficios que favorecen al victimario, dándole prevalencia a la valoración positiva de un órgano de la administración pública, que al provenir de una autoridad especializada debe ser tenida en cuenta, pero ponderándola razonablemente con toda la información allegada(45).
Bajo esos derroteros, ha sido un querer común internacional(46) proteger a los menores de edad víctimas de delitos sexuales, atendiendo básicamente dos aspectos. En primer lugar, la corta edad de la víctima quien está en formación física y psicológica y, en segundo, la ignominiosa naturaleza de esos comportamientos sujetos a reproche penal, la cual afecta negativamente el desarrollo personal, moral y psíquico del agredido.
Así, no sólo en el ámbito nacional, sino también en el internacional se ha dado cabida, atendiendo ese interés superior del menor ampliamente reconocido, al denominado principio pro infans, acentuado por la jurisprudencia de esta corporación al considerarlo un instrumento jurídico valioso para la ponderación de derechos de rango constitucional, frente a eventuales tensiones, debiendo escogerse la interpretación que brinde la mayor protección a los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes(47).
6.1. En varias oportunidades esta corporación ha debatido y examinado la naturaleza y alcances de principios como la concentración y la inmediación de la prueba, entre otros, en el ámbito del sistema acusatorio colombiano. Al respecto, en el fallo C-873 de septiembre 30 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, se examinaron las características esenciales de dicho sistema y se precisó (no está resaltado en el texto original):
“(a) En cuanto a las etapas del procedimiento, se mantuvo la distinción entre la fase de investigación –encaminada a determinar si hay méritos para acusar- y la fase de juzgamiento, pero se otorgó una clara preponderancia, bajo el nuevo sistema, a esta última; ya se vio cómo el constituyente derivado de 2002 caracterizó el juicio penal como una etapa regida por la oralidad, la publicidad, la inmediación de las pruebas, la contradicción, la concentración y el respeto por todas las garantías fundamentales. La etapa del juicio se constituye, así, en el centro de gravedad del proceso penal bajo el sistema instituido por el acto legislativo, a diferencia del sistema de 1991, que conservó la importancia de la etapa de investigación(48). En efecto, bajo el sistema prexistente, es durante la investigación que lleva a cabo la fiscalía que se practican y valoran las pruebas que obran dentro del proceso, por parte de un funcionario que ejerce funciones judiciales e investigativas al mismo tiempo. En virtud del acto legislativo, el trabajo investigativo de la fiscalía constituye más una preparación para el juicio, que es público y oral, durante el cual (i) se practicarán y valorarán, en forma pública y con participación directa del imputado, las pruebas que se hayan podido recaudar, en aplicación de los principios de inmediación judicial y contradicción de la prueba, (ii) se aplicará el principio de concentración, en virtud del cual las pruebas serán evaluadas en su integridad y de manera global durante una etapa procesal de corta duración que otorgue al juez… una visión de conjunto y le permita fundamentar sus decisiones en la totalidad de las pruebas existentes, y (iii) se adoptarán, con igual publicidad, las decisiones definitivas a las que haya lugar respecto de la responsabilidad penal del acusado”.
En la Sentencia C-591 de junio 9 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, que versa sobre la constitucionalidad de las denominadas pruebas anticipadas, se efectuó la siguiente precisión (no está resaltado en el texto original):
“… el principio de inmediación de la prueba, es definido por Pfeiffer como aquella posibilidad ‘que tiene el juez de conocimiento de percibir directamente la práctica de pruebas para tomar la decisión acertada en el campo de la responsabilidad penal’(49). De tal suerte que, la aplicación del mismo en un sistema procesal penal acusatorio resulta de cardinal importancia, por cuanto es precisamente durante el juicio oral cuando deben practicarse las pruebas ante el juez que va a dictar sentencia. De allí que, a luz de dicho principio, según Roxin(50), el juez debe proferir una sentencia de acuerdo con sus propias impresiones personales, que obtiene del acusado y de los medios de prueba en el curso del juicio oral, lo cual no es óbice para que, en casos excepcionales, se puedan practicar pruebas anticipadas, a condición de que se respeten todas las garantías procesales”(51).
Igualmente, en Sentencia C-1260 de diciembre 5 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, la Corte reiteró sus líneas jurisprudenciales en materia de inmediación de la prueba y concentración, en los siguientes términos:
“… según el nuevo modelo procesal penal, es la etapa del juicio la oportunidad en que habrán de practicarse y valorarse las pruebas bajo las garantías procesales de publicidad y defensa, y con aplicación de los principios de inmediación, contradicción y concentración de la prueba. Por lo tanto, según el nuevo sistema, al haberse abandonado el principio de permanencia de la prueba y regir los de concentración e inmediación de la misma en el curso de un juicio público y bajo todas las garantías procesales, en la etapa de investigación no se practican realmente pruebas sino que, tanto la fiscalía como la defensa, recaudan elementos materiales probatorios y evidencias físicas, las cuales habrán de descubrirse en el momento de la acusación para ser practicadas en el juicio, tanto los favorables como los desfavorables al procesado, por lo que no puede considerarse que se violan los principios de publicidad y defensa”.
De igual manera, las restricciones sobre la suspensión de la audiencia de juzgamiento y la eventual obligación de repetirla, son manifestaciones de tales principios rectores del proceso penal acusatorio, que no pueden resultar absolutos en sí mismos, pues deben ser ponderados estrictamente por el juzgador penal; así se pronunció esta corporación en fallo C-059 de febrero 3 de 2010, M.P. Humberto Sierra Porto (no está resaltado en el texto original):
Así las cosas, la Corte considera que las normas acusadas no lesionan el derecho al debido proceso. Sin embargo, insiste en señalar que la repetición de las audiencias de juzgamiento debe ser excepcional y fundada en motivos serios y razonables, so pena de vulnerar los derechos de las víctimas y testigos”.
6.2. Igualmente, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se pronunció así en la sentencia de enero 30 de 2008, proferida dentro del asunto de radicación 27.192), M.P. Augusto J. Ibáñez Guzmán (no está resaltado en el original):
De igual manera, inexistente es la ruptura, cuando de manera excepcional se acepta la prueba anticipada. Y, con todo, de imposible consideración es la lesión, cuando de una parte se observan los principios mencionados —oralidad, inmediación y concentración— y, de otra, el ejercicio del derecho de defensa tanto del sujeto pasivo de la acción penal, como de la víctima, sin que ellas sientan asomo de vulneración alguna; en este caso, se ha de realizar un delicado juicio de ponderación, sacando avante el derecho de defensa, pues nos encontramos con el deber de protección de los derechos fundamentales, que no de las formas por las formas mismas.
En estas condiciones, la Sala estima necesario precisar que en el deber de buscar la verdad en el actual esquema, el desarrollo del juicio oral no se puede supeditar, exclusivamente, al cumplimiento de las ritualidades que lo conforman porque el proceso penal no es un trámite de formas, ni un fin en sí mismo considerado. Por lo tanto, en aras de no suprimir la eficacia del debate, se debe examinar en cada caso concreto si una incorrección, en punto de cambios en la persona del juzgador, alcanza a trastocar los principios reguladores de la fase del juicio y, por consiguiente, las garantías fundamentales de los sujetos procesales”.
En el mismo sentido, en sentencia de marzo 4 de 2009 (rad. 30.645), M.P. María del Rosario Gonzáles Muñoz, se puntualizó que si bien los principios mencionados hacen parte vertebral del sistema penal acusatorio, es deber del juez ponderarlos frente a derechos que pueden llegar a ser afectados:
“Como ya reiteradamente lo ha expuesto la Sala, las disposiciones normativas de carácter ritual no se justifican por sí mismas, pues menester resulta en cada asunto ponderar su teleología y el ámbito de su protección, por cuanto de lo contrario se deriva no sólo en desafortunadas aplicaciones de las mismas, sino en arbitrariedades e injusticias”.
7.3. La aludida ponderación resulta más evidente cuando garantías como las referidas, entre otras, se contraponen a los derechos fundamentales de los menores de edad y la prevalencia de los mismos, máxime cuando se trata de procesos penales originados por delitos sexuales o similares, donde, como se ha visto, prevalece el interés superior y herramientas hermenéuticas forzosas(52) como el principio pro infans.
En el referido fallo, atendiendo doctrina especializada, la Corte describió detalladamente la forma como tanto la entrevista, los interrogatorios o contrainterrogatorios a menores de edad deben ser practicados por psicólogos, atendiendo los preponderantes derechos fundamentales que están en juego y la necesidad de no revictimizarlos (no está resaltado en el texto original):
“De esta manera, la entrevista, interrogatorios o contrainterrogatorio que realiza los especialistas de la ciencia del comportamiento humano (psicólogos) deben evaluar al menor-víctima en el marco de ambiente relajado, informal en medio del cual se escucha, registra y analiza las manifestaciones del afectado sobre hechos que interesan al proceso, inclusive la mayoría de las veces se deben introducir actividades lúdicas apropiadas para la edad del menor(53). La diligencia se debe desenvolver en un ambiente de confianza para que el menor declare con espontaneidad y naturalidad, de manera que no se sienta presionado o sugestionado en las circunstancias que rodearon el acontecer fáctico. Por consiguiente, la prueba tomada a partir de lo dicho por menores víctimas de delitos, exige especial cuidado por los derechos que se encuentran en juego y sobre toda la necesidad de no revictimizar al afectado”.
Es por ello que se requiere de pautas constitucionales y legales, que en determinados eventos se hace necesario valorar con plenos efectos las entrevistas o versiones rendidas previamente, dado el daño que puede causar obligar a que el menor acuda a la audiencia (aún con las posibilidades de Cámara Gesell y la mediación de profesionales que los asistan) o se le pida recordar el evento traumático”(54).
En la referida decisión, recordando lo consignado en varios de sus pronunciamientos(55) y principalmente en decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos(56), señaló que “los intereses de la víctima han de ser protegidos por cuando ‘frecuentemente los procesos por delitos contra la libertad sexual son vividos por las víctimas como ‘una auténtica ordalía’”.
Así, se explicó que si bien procesalmente la forma de refutar las manifestaciones incriminatorias es el interrogatorio del testigo practicado en el juicio oral, acorde con el artículo 6.3. d) del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, “dicha regla general ‘admite excepciones a través de las cuales es conforme a la Constitución, en limitadas ocasiones, integrar en la valoración probatoria el resultado de las diligencias sumariales de investigación si las mismas se someten a determinadas exigencias de contradicción’ (STEDH feb. 19/2013, asunto Gani contra España, § 38)”.
Y, a renglón seguido, se explicó (no está en negrilla en el texto original): “El testimonio de los menores de edad víctimas de delitos contra la libertad sexual es uno de los supuestos constitucionalmente relevantes en los que está justificada dicha modulación excepcional de las garantías de contradicción y defensa del acusado que afirma su inocencia. Dos son las razones que lo justifican: la menor edad de la víctima y la naturaleza del delito investigado. Hemos señalado ya que «en tales casos excepcionales es posible modular la forma de prestar declaración e incluso dar valor probatorio al contenido incriminatorio de manifestaciones prestadas fuera del juicio oral siempre que se garantice suficientemente el derecho de defensa del acusado (SSTC 303/1993, oct. 25, FJ 3; 153/1997, sep. 29, FJ 5; 12/2002, ene. 28, FJ 4; 195/2002, oct. 28, FJ 2; 187/2003, oct. 27, FJ 3; y 1/2006, ene. 16, FFJJ 3 y 4)». Como destacamos entonces, recogiendo los pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los intereses de la víctima han de ser protegidos por cuanto «frecuentemente los procesos por delitos contra la libertad sexual son vividos por las víctimas como 'una auténtica ordalía'; no se trata sólo de la obligación jurídica de rememorar y narrar ante terceros las circunstancias de la agresión, sino también de la indebida reiteración con la que, a tal fin, es exigida su comparecencia en las diversas fases del procedimiento. Tales circunstancias se acentúan cuando la víctima es menor de edad (SSTEDH, dic. 20/ 2001, caso P.S. contra Alemania; jul. 2/2002, caso S.N. contra Suecia; nov. 10/2005, caso Bocos-Cuesta contra Holanda; abr. 24/2007, caso W. contra Finlandia; mayo 10/2007, caso A.H. contra Finlandia; jun. 27/2009, caso A.L. contra Finlandia; jul. 7/2009, caso D. contra Finlandia; o, finalmente, la más reciente de sep. 28/2010, caso A.S. contra Finlandia)»”.
Acorde con lo ampliamente consignado en el fallo en cita, el Tribunal Español expresó que si bien en los delitos relacionados con abusos sexuales, usualmente la declaración del menor es la única prueba directa sobre los hechos, atendiendo que las demás suelen apuntar a lo narrado por la víctima(57), es admisible en atención al “interés del menor”, adoptar medidas de protección, “incluso rechazar su presencia en juicio para ser personalmente interrogada” (no está resaltado en el texto original).
El parágrafo adicionado por el artículo 1º de la Ley 1652 de 2013 preceptúa: “También se entenderá por material probatorio la entrevista forense realizada a niños, niñas y/o adolescentes víctimas de los delitos descritos en el artículo 206A de este mismo código”(58).
(i) Las tipificadas en el título IV del Código Penal (delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales): acceso carnal violento (art. 205), acto sexual violento (art. 206), acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir (art. 207), acceso carnal abusivo con menor de catorce años (art. 208), actos sexuales con menor de catorce años (art. 209), acceso carnal o acto sexual abusivos con incapaz de resistir (art. 210), acoso sexual (art. 210A), inducción a la prostitución (art. 213), proxenetismo con menor de edad (art. 213A), constreñimiento a la prostitución (art. 214), estímulo a la prostitución de menores (art. 217), demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años de edad (art. 217A), pornografía con personas menores de 18 años (art. 218), turismo sexual (art. 219), utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con personas menores de 18 años (art. 219A)(59).
El artículo 2º de la Ley 1652 de 2013 establece que cuando un menor de edad sea víctima de los delitos arriba señalados, sin perjuicio del procedimiento establecido en los artículos 192 a 200 de la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia), se llevará a cabo una entrevista grabada o fijada por cualquier medio audiovisual o técnico en los términos del numeral 1º del artículo 146 de la Ley 906 de 2004 que establece el procedimiento para el registro de ese tipo de actuaciones(60).
(i) La entrevista será realizada por personal del CTI, entrenado(61) en entrevista forense en niños, niñas y adolescentes, previa revisión del cuestionario por parte del Defensor de Familia, sin perjuicio de su presencia en la diligencia. En caso de no contar con dicho profesional, la autoridad competente debe asegurar la intervención de un entrevistador especializado.
(iv) El personal entrenado en entrevista forense del CTI, o quien haga sus veces según lo arriba consignado, presentará un informe detallado de la entrevista realizada, el cual deberá cumplir con los requisitos del artículo 209 de la Ley 906 de 2004(62) y normas concordantes, en lo que sea aplicable, quien podrá ser citado a rendir testimonio sobre la entrevista y el informe realizado.
8.2.1. Como quedo ampliamente reseñado, en aplicación del interés superior del menor y del principio pro infans, resulta ajustado a los postulados de los artículos 44 y 45 de la Constitución, al igual que a diferentes instrumentos internacionales relacionados con los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de conductas execrables(63), establecer medidas legislativas y judiciales para garantizar no sólo su dignidad y su intimidad (evitando injerencias indebidas en su vida privada), sino para protegerlos en todas las etapas del proceso, evitando causarles nuevos daños(64).
También se destacó que la aplicación de ese interés superior del menor como marco hermenéutico para aclarar eventuales conflictos entre los derechos y los deberes de proteger a los menores de edad no puede conllevar, en el campo procesal penal, el desconocimiento del derecho al debido proceso y a un juicio justo de los indiciados, imputados o procesados(65).
De otro lado, desde el punto de vista normativo es conocido que diferentes instrumentos internacionales que consagran derechos humanos, la Constitución de 1991 y normas legales como el Código de la Infancia y la Adolescencia(66), imponen la obligación de adoptar medidas legislativas y judiciales para favorecer el interés superior de los menores víctimas de conductas aberrantes, atendiendo su evidente vulnerabilidad, evitando así su revictimización al poner en riesgo garantías fundamentales como la dignidad.
Para tal efecto, sería considerable realizar una ponderación entre los intereses del menor y las garantías procesales de su presunto victimario, como formulan los demandantes y algunos de los intervinientes que consideran contrario a la Constitución que la defensa, en su sentir, no pueda conocer y controvertir la entrevista que se efectúa a la víctima, siguiendo para ello los criterios y fases jurisprudencialmente establecidos en relación con el tema, y así determinar si las normas impugnadas constituyen un instrumento idóneo para alcanzar los propósitos admitidos en el texto superior(67).
8.2.3. Denótese que la Ley 1652 de 2013 busca defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de aberrantes comportamientos relacionados con el abuso sexual, teniendo en cuenta que por su madurez mental(68) y las funestas consecuencias de esos comportamientos, no pueden recibir el mismo trato procesal de un adulto, pretendiendo que reconstruya sucesos que en el tiempo han causado traumas imborrables.
Así, la referida Ley 1652 procura reducir las consecuencias de esas experiencias devastadoras vividas por el menor, previendo su revictimización, mediante una entrevista que debe ser efectuada por “expertos en psicología y medicina” dentro de un contexto conversacional que garantice el respeto y la dignidad, priorizando siempre los derechos de los niños(69).
Acorde con lo expuesto, la referida ley tiene como finalidad constitucional adoptar medidas a favor de los niños, niñas y adolescentes en situación manifiesta de vulnerabilidad, por ende, sujetos de especial protección dada su frágil condición física y mental (Const., art. 44).
La legalidad de un elemento material probatorio está sujeta a que en la diligencia obtenida se hayan observado la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos (L. 906/2004, art. 276), y su autenticidad al respeto de las reglas de cadena de custodia cuando haya lugar, o a su demostración por parte de la parte que la presente, cuando no exista ese presupuesto (art. 277 ib.). Su descubrimiento está contenido en el escrito de acusación (art. 337 ib.) y se efectúa en la audiencia de formulación de acusación, donde la defensa(70) podrá solicitar a la fiscalía(71), por conducto del juez de conocimiento, el descubrimiento de un elemento material probatorio específico del que tenga conocimiento, correspondiendo así al juez ordenar al ente acusador(72) o a quien corresponda, si es pertinente, dentro de los 3 días siguientes descubrir, exhibir o entregar copia según lo solicitado (art. 344 ib.).
Atendiendo que la entrevista forense es considerada un elemento probatorio, podrá la defensa solicitar al juez de conocimiento su descubrimiento en caso de no hacerlo la Fiscalía, siempre que demuestre la necesidad (L. 1652/13, art. 2º, par. 1º), la pertinencia (L. 906/2004, art. 344) y que ello no afectará los derechos de la víctima menor de edad.
Así, será el juez de conocimiento el funcionario que analizando en conjunto las normas descritas y dándole prevalencia a los intereses del niño, niña o adolescente que ha rendido la entrevista, dando aplicación al principio pro infans, determinará si el descubrimiento de dicho elemento material probatorio es estrictamente necesario, pertinente y no afectará los derechos fundamentales de la víctima(73), dentro de su rol de garante tanto de los derechos del menor como del acusado(74). Además, deberá tener en cuenta los criterios de necesidad, ponderación, legalidad, entre otros, contenidos en el artículo 28 de la Ley 906 de 2004 en concordancia con el parágrafo 1º del artículo 2º de la Ley 1652 de 2013.
Recuérdese que la entrevista será grabada o fijada en un medio audiovisual, o en su defecto en un medio técnico o escrito, en concordancia con el artículo 146 de la Ley 906 de 2004 ya citado (L. 1652/2013, art. 2º, lit. e) —sic—), que establece el uso de medios técnicos idóneos para el registro y reproducción de lo actuado que garanticen su fidelidad, genuinidad u originalidad.
8.2.5. La entrevista forense como elemento material probatorio también podrá ser controvertida mediante el informe respectivo rendido por el entrevistador (L. 1652/2013, art. 2º lit. f) —sic—) quien además puede ser citado a rendir testimonio sobre la entrevista y el informe, dando pleno lugar al ejercicio de los derechos a la defensa y la contradicción.
Por el contrario, atendiendo las pautas constitucionales y legales ampliamente referidas, en determinados eventos se hace necesario valorar con plenos efectos las entrevistas o versiones rendidas previamente por un menor, “dado el daño que puede causar obligar a que el menor acuda a la audiencia (aún con las posibilidades de Cámara Gesell y la mediación de profesionales que los asistan) o se le pida recordar el evento traumático”(75).
Además, solo en gracia de discusión, aunque se plantee que dicha entrevista realizada fuera del juicio oral desconocería garantías inherentes al debido proceso como los derechos de defensa y contradicción, o principios como la inmediación y el acceso a la administración de justicia, como se indicó ampliamente, existiría justificación constitucional para ello, atendiendo como circunstancias preponderantes la menor edad de la víctima y la naturaleza execrable del tipo de delitos investigados(76).
8.2.7. Cabe anotar que desde los primeros pronunciamientos de la Corte, se ha indicado que si bien el legislador posee un amplio espacio de configuración legislativa en materia penal, dicha facultad está sujeta a límites, explícitos o implícitos(77), que se aplican tanto al derecho sustancial como al procesal, atendiendo la marcada constitucionalización de esa rama del derecho.
En el fallo C-038 de febrero 9 de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero, reseñado en la Sentencia C-121 de febrero 22 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, se recordó que los derechos fundamentales orientan y determinan el alcance del derecho penal.
Acerca de la constitucionalización del derecho sustancial y procesal penal, y el respeto por los derechos como fundamento y límite del ius puniendi, en fallo C-038 de 1995 se explicó (no está resaltado en el texto original):
“4. Esto es claro en materia penal, puesto que si bien la Carta de 1991 constitucionalizó, en gran medida, el derecho penal(78), lo cierto es que el legislador mantiene una libertad relativa para definir de manera específica los tipos penales (C.P., arts. 28 y 29).
La relación de la ley con la Constitución no puede, en consecuencia, ser análoga a la existente entre la ley y el reglamento. El legislador, en estricto rigor, no ejecuta la Constitución sino que actúa y adopta libremente políticas legales —que en el tiempo pueden incluso ser contrarias entre sí en desarrollo del principio básico del pluralismo— y lo hace dentro de los marcos y espacios de actuación que la Carta habilita para el efecto y siempre que no la quebrante’(79)”.
Como se ha indicado ampliamente, las entrevistas, interrogatorios o contrainterrogatorios que se efectúen a un menor de edad, particularmente cuando sea víctima de un delito sexual, atendiendo su corta edad deben ser realizadas por especialistas de la ciencia del comportamiento humanos, psicólogos, quienes deben evaluarlo en un ambiente relajado, informal, incluyendo incluso actividades lúdicas apropiadas para la edad del menor, generando confianza para que el deponente se exprese con espontaneidad y naturalidad, sin presiones que conlleven revictimizar al afectado(80).
La descrita actividad debe desarrollarse en un ámbito de respeto y dignidad, donde el entrevistador constate “el nivel de desarrollo cognoscitivo, lingüístico, de razonamiento, de conocimiento y emociones del niño, entendiendo la prioridad que tienen los derechos de los niños”(81).
En síntesis, resulta imperativa la intervención de un profesional no solo para (i) fortalecer la fiabilidad de las manifestaciones del menor, sino para (ii) disminuir el impacto emocional de la entrevista y favorecer la adecuación del lenguaje empleado a una comprensión lingüística propia del entrevistado(82).
Así, la Corte declarará exequibles las expresiones “será realizada por personal del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, entrenado en entrevista forense en niños, niñas y adolescentes” y “un entrevistador especializado”, contenidas en el literal d) —sic—, habida cuenta que para proteger el interés superior de los menores, los entrevistadores deben estar entrenados en la ciencia del comportamiento humano.
8.3.2. La parte final del literal d) —sic— del artículo 2º de la Ley 1652 de 2013 señala que en la práctica de la entrevista forense, el menor de edad podrá estar acompañado por su representante legal o por un pariente mayor de edad.
Al respecto, la Corte Constitucional ha expresado que los menores de edad y (está resaltado en el texto original) “sus representantes también tienen derecho ser oídos en relación con sus preocupaciones y opiniones dentro del proceso, debe permitirse su participación en los debates y deben ser informados sobre el desarrollo y resultados del proceso, sobre la forma cómo se practicarán las diligencias y las pruebas, sobre la disponibilidad de servicios sociales, médicos y psicológicos para la rehabilitación, sobre los mecanismos de apoyo en caso de que el niño decida denunciar o participar en el proceso, y sobre los oportunidades para obtener reparación, entre otros(83). Para garantizar una adecuada información y participación, las decisiones deben comunicarse a los niños de una forma que les permita entenderlas según su edad y madurez”(84).
En ese orden, la Corte Constitucional declarará también la exequibilidad de la expresión “un pariente mayor de edad”, contenida en la parte final del literal d) —sic— del artículo 2º de la Ley 1652 de 2013, como quiera que así se podrá dar un acompañamiento a la víctima y eventualmente intervenir en la diligencia de entrevista, para garantizar los derechos de aquélla.
8.3.3. De otro lado, destaca la Sala Plena que el referido literal d) —sic— del artículo 2º de la Ley 1652 de 2013 preceptúa que el Defensor de Familia deberá revisar previamente el cuestionario que realizará el personal del CTI que vaya a efectuar la entrevista, como una forma más de garantizar que esa actuación respetará la intimidad y dignidad de la víctima.
Ya en fallo C-149 de marzo 11 de 2009, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, se puntualizó que acorde con el Código de la Infancia y la Adolescencia, las defensorías de familia son autoridades competentes para el restablecimiento de los derechos de los menores. En ese orden, “el artículo 79 las define como dependencias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de naturaleza multidisciplinaria, encargadas de prevenir, garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes, las cuales cuentan con equipos técnicos interdisciplinarios integrados, por lo menos, por un psicólogo, un trabajador social y un nutricionista”.
Y, a renglón seguido, se consignaron algunas de sus funciones, donde resulta oportuno destacar las siguientes (no está en negrilla en el texto original): “(i) adelantar de oficio, las actuaciones necesarias para prevenir, proteger, garantizar y restablecer los derechos de los menores cuando tenga información sobre su vulneración o amenaza; (ii) emitir los conceptos ordenados por la ley, en las actuaciones judiciales o administrativas; (iii) ejercer las funciones de policía señaladas en el código; (iv) dictar las medidas de restablecimiento de los derechos para los niños y las niñas menores de catorce (14) años que cometan delitos; (v) asumir la asistencia y protección del adolescente responsable de haber infringido la ley penal ante el juez penal para adolescentes; (vi) conceder permiso para salir del país a los niños, las niñas y los adolescentes, cuando no sea necesaria la intervención del juez; (vii) promover la conciliación extrajudicial en los asuntos de familia y aprobarlas en asuntos relacionados con la asignación de la custodia y cuidado personal del niño, y otros; (viii) promover los procesos o trámites judiciales a que haya lugar en defensa de los derechos de los menores e intervenir en aquellos en que se discutan derechos de estos; (ix) representar a los menores en las actuaciones judiciales o administrativas, cuando carezcan de representante, o este se halle ausente o incapacitado, o sea el agente de la amenaza o vulneración de derechos; (x) fijar cuota provisional de alimentos, siempre que no se logre conciliación, autorizar la adopción en los caos previstos por la ley, y formular denuncia penal cuando advierta que el niño, niña o adolescente ha sido víctima de un delito”.
8.3.4. De otro lado, el literal e) —sic— del artículo 2º de la Ley 1652 de 2013 preceptúa que la entrevista forense se llevará a cabo en una Cámara de Gesell(85) o en un espacio físico acondicionado con los implementos adecuados a la edad y etapa evolutiva de la víctima y será grabado o fijado en medio audiovisual o en su defecto en medio técnico o escrito.
El entrevistador presentará un informe detallado sobre la actuación realizada (lit. f) —sic— ib.), el cual deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 209 de la Ley 906 de 2004 y demás normas concordantes, quien además podrá ser citado a rendir testimonio sobre la entrevista y el informe.
Como se indicó con antelación, esa entrevista es un elemento material probatorio al cual se podrá acceder siempre y cuando sea estrictamente necesario y no afecte los derechos de las víctimas menores de edad, dando aplicación a los criterios de necesidad, ponderación, legalidad y corrección en el comportamiento para evitar excesos (L. 1652/13, art. 2º, par. 1º).
8.4.1. Como se indicó previamente, esta corporación realizó en el presente asunto una integración normativa(86) con el artículo 3º de la Ley 1652 de 2013, en tanto guarda una inescindible relación con los dos primeros artículos estudiados, en cuanto se refiere a los efectos probatorios de la entrevista forense practicada a los menores de edad víctimas de delitos sexuales.
El referido artículo 3º adicionó el literal e) al artículo 438 de la Ley 906 de 2004, que establece la admisión excepcional de la prueba de referencia, esto es, “toda declaración realizada fuera del juicio oral y que es utilizada para probar o excluir uno o varios elementos del delito, el grado de intervención en el mismo, las circunstancias de atenuación o de agravación punitivas, la naturaleza y extensión del daño irrogado, y cualquier otro aspecto sustancial objeto del debate, cuando no sea posible practicarla en el juicio”(87).
Así, el artículo 3º de la Ley 1652 de 2013 establece otro evento en el cual es admisible la prueba de referencia, a saber, cuando el declarante es menor de 18 años y víctima de los delitos reseñados en el artículo 2º ibídem, la cual podrá emplearse para impugnar la credibilidad del testigo o perito y las declaraciones que no constituyan prueba de referencia (L. 906/2004, art. 440).
8.4.2. La jurisprudencia de la nacional ha expresado que la denominada prueba de referencia tiene un carácter excepcional(88), en tanto el sistema acusatorio procura que la totalidad de las pruebas sean directas y colectadas en el juicio oral, para materializar principios como la inmediación y la concentración de la prueba, ampliamente analizados en esta providencia.
En efecto, la Corte Constitucional ha explicado que la prueba de referencia “representa una delicada excepción a la regla general” de la inmediación de la prueba, al tiempo que “dificulta intensamente la contradicción y altera de este modo las exigencias del principio de concentración, para que en un tiempo continuo, en el espacio de la audiencia oral, se lleven los hechos al proceso a través de pruebas que los determinen de modo directo”(89).
Para tal efecto, esta corporación recordó lo expuesto por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en fallo de marzo 6 de 2008 (rad. 27.477), M.P. Augusto J. Ibáñez Guzmán, donde se explicó que la prueba de referencia tiene cabida solo excepcionalmente en aquellos eventos en los cuales no haya una plena disposición del declarante por ciertos motivos que son insuperables, atendiendo casos de extrema necesidad, para que no se convierta en la regla general y así se evite confrontar realmente a los testigos.
La Corte Constitucional en la referida Sentencia C-144 de 2010 explicó que aunque la prueba de referencia sea admitida excepcionalmente, “su valor y aporte para esclarecer los hechos y definir la responsabilidad penal del acusado, siempre dependerá del soporte que encuentre en otros medios de prueba”, como quiera que ninguna condena puede fundamentarse exclusivamente en pruebas de referencia (L. 906/2004, art. 381).
8.4.3. En ese orden, como ha señalado la jurisprudencia corresponde a la parte interesada cuestionar el mérito o la eficacia demostrativa de una prueba de referencia(90), atendiendo sistemáticamente lo hasta aquí consignado frente a las exigencias para su excepcional admisibilidad.
1. Declarar EXEQUIBLE el artículo 1º de la Ley 1652 de 2013 mediante el cual se adicionó un parágrafo al artículo 275 de la Ley 906 de 2004, por los cargos analizados.
2. Declarar EXEQUIBLE el artículo 2º de la Ley 1652 de 2013 que adicionó el artículo 206A de la Ley 906 de 2004, por los cargos analizados.
3. Declarar EXEQUIBLE el artículo 3º de la Ley 1652 de 2013, mediante el cual se adicionó el literal e) al artículo 438 de la Ley 906 de 2004, por los cargos analizados.
Notifíquese, comuníquese, publíquese y archívese el expediente. Cúmplase.»
(6) Facultad de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, sede Bogotá.
(7) Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás de Bogotá y los ciudadanos Natalia Stefanía Rodas Pinilla, Cindy Natali Abril Mora, Laura Alejandra Aranguren Turmequé, Ana María Arango González y Jairo Poveda Penagos.
(8) Artículo 2º de la Ley 1652 de 2013 parcialmente demandado.
(9) ICBF, Instituto Colombiano de Derecho Procesal, Ministerio de Justicia y del Derecho, Facultades de Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana y de la Universidad La Gran Colombia Seccional Armenia. De otro lado, los ciudadanos Edith Catalina García Wilches, Marisol Céspedes Quevedo, Magdalena Ruiz Infante, Diana Londoño Ospina y Mayra Alejandro Guarín Cubillos abogaron exclusivamente por la exequibilidad del paragrafo 1º del artículo 2º de la Ley 1652 de 2013, invocando el interés superior del niño.
(10) El Ministerio Público abogó por la exequibilidad de los artículos 1º, 2º y 3º de la Ley 1652 de 2013.
(11) En la Sentencia C-892 de octubre 31 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, se recordó que acorde con la jurisprudencia de esta corporación, la integración de la unidad normativa procede de forma excepcional, entre otros eventos, como en el presente asunto, cuando “la norma demandada se encuentra intrínsecamente relacionada con otra disposición que, a primera vista, presenta serias dudas de constitucionalidad”. Allí también se indicó que los demás eventos acontecen: “(1) ‘cuando un ciudadano demanda una disposición que, individualmente, no tiene un contenido deóntico claro o unívoco, de manera que, para entenderla y aplicarla, resulta absolutamente imprescindible integrar su contenido normativo con el de otra disposición que no fue acusada’. (2) ‘Cuando la disposición cuestionada se encuentra reproducida en otras normas del ordenamiento que no fueron demandadas’”. Para tal efecto se invitó a revisar, entre muchas otros, los fallos “C-320 de 1997 (M.P. Alejandro Martínez Caballero); C-357 de 1999 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo); C-539 de 1999 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), C-781 de 2003 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández); C-227 de 2004 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa); C-271 de 2003 (M.P. Rodrigo Escobar Gil); C-409 de 2004 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra); C-538 de 2005 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra); C- 925 de 2005 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa); C-536 de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto); C-941 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva)”.
(12) Facultad de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, sede Bogotá.
(14) Facultad de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, sede Bogotá.
(15) Ver, entre otros, auto 288 y fallo C-1052, ambos de octubre 4 de 2001, con ponencia del Magistrado Manuel José Cepeda Espinosa.
(16) C-1052 de 2001, previamente citada.
(17) Ver, entre otros, auto 288 de octubre 4 de 2001 y fallos C-1052 de octubre 4 de 2001 y C-568 de junio 28 de 2004, todas ellos con ponencia del magistrado Manuel José Cepeda Espinosa, y C-980 de septiembre 26 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(18) Sentencias C-1052 de 2001 y C-980 de 2005, ya citadas.
(19) Sentencia C-1052 de 2001, precitada.
(20) Reiterada en las sentencias C-533 de julio 11 y C-589 de julio 25 de 2012, C-511 de julio 31 de 2013 y, más recientemente, C-033 de enero 29 y C-081 de febrero 12 de 2014, todas con ponencia del Magistrado Nilson Pinilla Pinilla, entre otras.
(21) “Corte Constitucional, Sentencia C-012 de 2010”.
(22) “Corte Constitucional, Sentencia C-814 de 2009”.
(23) “Corte Constitucional, Sentencia C-480 de 2003”.
(24) Recuérdese que acorde con lo señalado, entre otras normas, en el artículo 1º de la Convención sobre los Derechos del Niño de noviembre 20 de 1989, se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.
(25) Cfr. http://www.humanium.org/es/ginebra-1924/.
(26) “Par la présente Déclaration des droits de l’enfant, dite déclaration de Genève, les hommes et les femmes de toutes les nations reconnaissent que l’humanité doit donner à l’enfant ce qu’elle a de meilleur, affirmant leurs devoirs, en dehors de toute considération de race, de nationalité, de croyance”.
(27) “L’enfant doit être le premier à recevoir des secours en cas de détresse”.
(28) El interés por el tema en el entorno internacional se ve reflejado, por ejemplo, en la adopción por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas de la Resolución 40/34 de noviembre 29 de 1985, sobre “Principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder”.
(29) Cfr. C-1149 de octubre 31 de 2001, M.P. Jaime Araújo Rentería, donde se declaró la inexequibilidad parcial de varias normas de la Ley 522 de 1999, relativas al rol de la parte civil ante la justicia penal militar.
(30) Redefine el rol y las facultades de la parte civil en el proceso penal, frente a la doctrina contenida en la Sentencia C-293 de julio 6 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
(31) Cfr. C-061 de enero 30 de 2008, M.P. Nilson Pinilla Pinilla, mediante la cual se declaró inexequible el inciso 2º del artículo 48 de la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia), que permitía la publicación de nombres completos y foto reciente de las personas condenadas en el último mes por cualquiera de los delitos contemplados en el título IV de la Ley 599 de 2000 (“Delitos contra la Libertad, Integridad y Formación Sexuales”), cuando la víctima fuere un menor de edad.
(32) Cfr., entre muchas otras decisiones, la Sentencia T-078 de febrero 11 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, mediante la cual se ampararon los derechos al debido proceso y el interés superior de una niña (3 años al momento de los hechos denunciados), presuntamente víctima de actos sexuales abusivos efectuados por su padre, contra quien la fiscalía se abstuvo de formular resolución de acusación al descartar las valoraciones físicas y psicológicas efectuadas por galenos forenses.
(33) Cfr. T-078 de 2010, ya referida, donde se reiteró lo expresado en el fallo T-510 de junio 19 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(34) “Convención sobre los Derechos del Niño. Artículo 3.1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. ¦ 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. ¦ 3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada”.
(35) “Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles. Artículo 24. 1. Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado. ¦ 2. Todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre. ¦ 3. Todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad. ¦ Convención Americana de Derechos Humanos. Artículo 19. Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. ¦ Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Artículo 10. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que: ¦ 1. Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo. El matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento de los futuros cónyuges. ¦ 2. Se debe conceder especial protección a las madres durante un período de tiempo razonable antes y después del parto. Durante dicho período, a las madres que trabajen se les debe conceder licencia con remuneración o con prestaciones adecuadas de seguridad social. ¦ 3. Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición. Debe protegerse a los niños y adolescentes contra la explotación económica y social. Su empleo en trabajos nocivos para su moral y salud, o en los cuales peligre su vida o se corra el riesgo de perjudicar su desarrollo normal, será sancionado por la ley. Los Estados deben establecer también límites de edad por debajo de los cuales quede prohibido y sancionado por la ley el empleo a sueldo de mano de obra infantil”.
(36) “Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos del Niño. Proclamada por la Asamblea General en su Resolución 1386 (XIV), de 20 de noviembre de 1959. Principio 2. El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño. ¦ Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 25. 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. ¦ 2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social”.
(37) “Sentencia T-808 de 2006”.
(38) Artículos 42, 44 y 45 de la Constitución, acorde con la Declaración de Ginebra de 1924, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948; la Declaración sobre los Derechos del Niño, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 1959; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966 (art. 24); el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966 (arts. 10 y 12); y la Convención sobre los Derechos del Niño, noviembre de 1989; entre otras.
(39) Igualmente, dentro de los principios generales de las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de justicia de menores, “Reglas de Beijing”, se plantea como una de las orientaciones fundamentales que “los Estados Miembros procurarán, en consonancia con sus respectivos intereses generales promover el bienestar del menor y de su familia”.
(40) “Por medio de la cual se reforman parcialmente las leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana”.
(41) Cfr. Gaceta del Congreso Nº 250 de julio 26 de 2006, pág. 23.
(42) “El artículo 33 de la Ley 1142 de 2007 modificó el 229 de la Ley 599 de 2000, aumentando la pena de prisión de 4 a 8 años en el caso de la violencia intrafamiliar”.
(43) Según la Sentencia C-194 de marzo 2 de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, esa valoración debe corresponder a los términos en que fue evaluada la gravedad en el fallo condenatorio por el juez de la causa.
(44) Recordando, claro está, que en fallo C-823 de agosto 10 de 2005, M.P. Álvaro Tafur Galvis, fue condicionalmente declarada exequible esta última circunstancia, bajo el entendido de que el no pago previo de la reparación no impide la concesión excepcional del subrogado, cuando se demuestre ante el juez de ejecución de penas —previa posibilidad de contradicción por la víctima y el Ministerio Público— la insolvencia actual del condenado.
(45) Cfr. arts. 373 y 380 L. 906 de 2004, entre otros.
(46) Entre otros, el Tribunal Constitucional Español en varios pronunciamientos ha recalcado el trato preferente y cuidadoso que debe brindarse a los menores de edad víctimas de delitos sexuales, como se indicará con mayor profundidad más adelante.
(47) Cfr. fallos T-593 de agosto 28 de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-078 de febrero 11 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-117 de marzo 7 de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada, entre muchos otros.
(48) “En este sentido, en la exposición de motivos del proyecto de acto legislativo se expresó: ‘...mientras el centro de gravedad del sistema inquisitivo es la investigación, el centro de gravedad del sistema acusatorio es el juicio público, oral, contradictorio y concentrado. Así pues, la falta de actividad probatoria que hoy en día caracteriza la instrucción adelantada por la fiscalía, daría un viraje radical, pues el juicio sería el escenario apropiado para desarrollar el debate probatorio entre la fiscalía y la acusación. (sic) Esto permitirá que el proceso penal se conciba como la contienda entre dos sujetos procesales —defensa y acusador— ubicadas en un mismo plano de igualdad, al final del cual, como resultado del debate oral y dinámico, el tercero imparcial que es el juez, tomará una decisión.// Mediante el fortalecimiento del juicio público, eje central en todo sistema acusatorio, se podrían subsanar varias de las deficiencias que presenta el sistema actual…’”.
(49) “Gerd Pfeiffer, Libro homenaje a Bemmann, Munich, 1997, citado por O.J. Guerrero, Fundamentos teórico constitucionales del nuevo proceso penal, Bogotá, 2005”.
(50) “Claus Roxin, Derecho procesal penal, Buenos Aires, 2000, pág. 395”.
(51) “En palabras de Lorenzo Bujosa Vadell ‘Las exigencias del principio de contradicción y el de inmediación exigen distinguir entre actos sumariales y actos de prueba y conlleva la necesidad de dar valor probatorio únicamente a la prueba practicada en la fase de juicio oral, con la estricta excepción de las pruebas anticipadas y preconstituidas, siempre que se hayan llevado a cabo las debidas garantías, principalmente el cumplimiento del deber de información e ilustración de sus derechos al imputado con el fin de que pueda ejercitar con plenitud su derecho de defensa y esta sea obtenida sin vulneración de los derechos fundamentales’, en ‘Principio acusatorio y juicio oral en el proceso penal español’, en Derecho Penal Contemporáneo, dic. 2004, pág. 58”.
(52) Cfr. T-593 de 2009, ya referida, entre otras.
(53) “Entrevista forense a niños y su preparación para el juicio. Internacional Criminal Investigative Training and Asisstance Program, ICITAP, pág. 136”.
(54) “Sentencia 18 de mayo de 2011, Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal, radicado 33651”.
(55) Allí se hizo alusión a las sentencias 303 de octubre 25 de 1993, 153 de septiembre 29 de 1997, 12 de enero 12 de 2002, 195 de octubre 28 de 2002, 187 de octubre 27 de 2003, 1º de enero 16 de 2006 y ampliamente la 174 de noviembre 7 de 2011, entre otras.
(56) El Tribunal Constitucional español hizo referencia al fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección Tercera) de febrero 19 de 2013, asunto Gani contra España, donde el demandante invocó “vulneración del derecho de contradicción y del de interrogar a la víctima, único testigo en su contra en relación con todos los delitos por los que ha sido condenado”, luego de ser encontrado responsable por la jurisdicción española de: “(i) un delito de amenazas a N. con agravante, a la pena de 15 meses de prisión; (ii) un delito de allanamiento de morada, con violencia e intimidación, con agravante, a la pena de dos años y medio de prisión y multa de 9 meses en cuota diaria de 12 euros; (iii) dos faltas de lesiones a N., a la pena de 12 días de localización permanente por cada una de ellas; (iv) un delito de secuestro con agravante, a la pena de ocho años de prisión; (v) otro delito de secuestro, a la pena de prisión de tres años; (vi) un delito contra la integridad moral con agravante, a la pena de dos años de prisión; (vii) un delito de agresión sexual con agravantes, a la pena de 15 años de prisión; (viii) un delito de falsedad en documento oficial, a la pena de seis meses y multa de seis meses en cuota diaria de 12 euros”. Además, se reseñaron las decisiones de diciembre 20 de 2001, caso P.S. contra Alemania; julio 2 de 2002, caso S.N. contra Suecia; noviembre 10 de 2005, caso Bocos-Cuesta contra Holanda; abril 24 de 2007, caso W. contra Finlandia; mayo 10 de 2007, caso A.H. contra Finlandia; junio 27 de 2009, caso A.L. contra Finlandia; julio 7 de 2009, caso D. contra Finlandia y septiembre 28 de 2010, caso A.S. contra Finlandia.
(57) En este punto se recordó lo consignado en la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de diciembre 20 de 2001, caso P.S. contra Alemania.
(58) El artículo 1º de la Ley 1652 de 2013 hace referencia al artículo 206A de la Ley 906 de 2004, adicionado por el artículo 2º de la misma Ley 1652.
(59) El título IV culmina con el artículo 219B que tipifica el delito de omisión de denuncia frente a las conductas reseñadas.
(60) El artículo 146 de la Ley 906 de 2004 preceptúa (no está resaltado en el texto original): “Registro de la actuación. Se dispondrá el empleo de los medios técnicos idóneos para el registro y reproducción fidedignos de lo actuado, de conformidad con las siguientes reglas, y se prohíben las reproducciones escritas, salvo los actos y providencias que este código expresamente autorice: 1. En las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación o de la Policía Judicial que requieran declaración juramentada, conservación de la escena de hechos delictivos, registro y allanamiento, interceptación de comunicaciones o cualquier otro acto investigativo que pueda ser necesario en los procedimientos formales, será registrado y reproducido mediante cualquier medio técnico que garantice su fidelidad, genuinidad u originalidad. 2. En las audiencias ante el juez que ejerce la función de control de garantías se utilizará el medio técnico que garantice la fidelidad, genuinidad u originalidad de su registro y su eventual reproducción escrita para efecto de los recursos. Al finalizar la diligencia se elaborará un acta en la que conste únicamente la fecha, lugar, nombre de los intervinientes, la duración de la misma y la decisión adoptada. 3. En las audiencias ante el juez de conocimiento, además de lo anterior, deberá realizarse una reproducción de seguridad con el medio técnico más idóneo posible, la cual solo se incorporará a la actuación para el trámite de los recursos consagrados en este código. 4. El juicio oral deberá registrarse íntegramente, por cualquier medio de audio video, o en su defecto audio, que asegure fidelidad. El registro del juicio servirá únicamente para probar lo ocurrido en el juicio oral, para efectos del recurso de apelación. Una vez anunciado el sentido del fallo, el secretario elaborará un acta del juicio donde constará la individualización del acusado, la tipificación dada a los hechos por la fiscalía, la autoridad que profirió la decisión y el sentido del fallo. Igualmente, el secretario será responsable de la inalterabilidad del registro oral del juicio. 5. Cuando este código exija la presencia del imputado ante el juez para efectos de llevar a cabo la audiencia preparatoria o cualquier audiencia anterior al juicio oral, a discreción del juez dicha audiencia podrá realizarse a través de comunicación de audio video, caso en el cual no será necesaria la presencia física del imputado ante el juez. El dispositivo de audio video deberá permitirle al juez observar y establecer comunicación oral y simultánea con el imputado y su defensor, o con cualquier testigo. El dispositivo de comunicación por audio video deberá permitir que el imputado pueda sostener conversaciones en privado con su defensor. La señal del dispositivo de comunicación por audio video se transmitirá en vivo y en directo, y deberá ser protegida contra cualquier tipo de interceptación. En las audiencias que deban ser públicas, se situarán monitores en la sala y en el lugar de encarcelamiento, para asegurar que el público, el juez y el imputado puedan observar en forma clara la audiencia. Cualquier documento utilizado durante la audiencia que se realice a través de dispositivo de audio video, debe poder transmitirse por medios electrónicos. Tendrán valor de firmas originales aquellas que consten en documentos transmitidos electrónicamente. Parágrafo. La conservación y archivo de los registros será responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación durante la actuación previa a la formulación de la imputación. A partir de ella del secretario de las audiencias. En todo caso, los intervinientes tendrán derecho a la expedición de copias de los registros”.
(61) La norma en cita otorga un plazo de un año para que el personal del CTI respectivo sea entrenado en “entrevista forense”.
(62) El artículo 209 de la Ley 906 de 2004 preceptúa: “Informe de investigador de campo. El informe del investigador de campo tendrá las siguientes características: a) Descripción clara y precisa de la forma, técnica e instrumentos utilizados en la actividad investigativa a que se refiere el informe; b) Descripción clara y precisa de los resultados de la actividad investigativa antes mencionada; c) Relación clara y precisa de los elementos materiales probatorios y evidencia física descubiertos, así como de su recolección, embalaje y sometimiento a cadena de custodia; d) Acompañará el informe con el registro de las entrevistas e interrogatorios que hubiese realizado”.
(63) Cfr. Convención sobre los Derechos de los Niños y Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, entre muchos otros reseñados en esta providencia.
(64) Acorde con doctrina especializada, los niños sexualmente abusados pueden mostrar reacciones emocionales negativas como la depression, culpa o autoestima disminuida, fobias, pesadillas, inquietude, neurosis, rechazo escolar, embarazos adolescents, tentativa de suicidio, entre otras conductas (cfr. Pabón Parra, Pedro Alfonso, Delitos sexuales. La sexualidad humana y su protección penal. Ed. Doctrina y Ley Ltda., Bogotá, 2005, pág. 342. Igualmente, puede consultarse a Monge Fernández, Antonia, Los delitos de agresiones sexuales violentas (Análisis de los artículos 178 y 179, C.P. conforme a la LO 15/2003, nov. 25). Ed. Tirant lo blanch, Valencia, 2005.
(65) Cfr. Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (art. 8.6), entre muchos otros reseñados en esta providencia.
(66) El artículo 192 de la Ley 1098 de 2006 preceptúa: “En los procesos por delitos en los cuales los niños, las niñas o los adolescentes sean víctimas el funcionario judicial tendrá en cuenta los principios del interés superior del niño, prevalencia de sus derechos, protección integral y los derechos consagrados en los Convenios Internacionales ratificados por Colombia, en la Constitución Política y en esta ley”.
(67) Acorde con la jurisprudencia y la doctrina constitucional comparada, existen dos grandes enfoques para establecer si un determinado postulado normativo contraría el principio y derecho a la igualdad: (i) el test o juicio de proporcionalidad propio de la Corte Europea de Derechos Humanos y los tribunales constitucionales de España y Alemania; y (ii) otra con raíces en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos, relacionada con los escrutinios o test de igualdad (C-093, ene. 31/2001, M.P. Alejandro Martínez Caballero). En el primer caso, el test o juicio de proporcionalidad busca establecer si: (i) una medida es adecuada, es decir, idónea para alcanzar un fin constitucionalmente válido; (ii) el trato diferenciado es necesario o indispensable, esto es, si existen o no otros instrumentos menos gravosos que impliquen un menor sacrificio de un derecho o valor constitucional; y (iii) luego de un análisis de proporcionalidad en estricto sentido, señalar si el trato diferenciado creado con una disposición normativa no sacrifica valores y principios de raigambre constitucional, con mayor relevancia que los alcanzados con dicha medida diferencial. De otro lado, la tendencia que emplea escrutinios o test de igualdad, parte de la existencia de unos niveles estrictos, intermedios o suaves para su desarrollo. Para que el test sea estricto, se requiere que el trato diferenciado constituya una medida necesaria para alcanzar un objetivo constitucionalmente imperioso. Será entonces flexible o de mera razonabilidad, cuando la medida sea potencialmente adecuada para alcanzar un propósito que no esté prohibido en el ordenamiento. Esta corporación ha aceptado que se efectué un juicio integrado de proporcionalidad, donde confluyan las ventajas de ambos tipo de análisis, máxime cuando en ciertos casos se deban respetar principios de raigambre constitucional.
(68) Aunque la madurez física y psicológica de un menor esté en desarrollo, no quiere ello decir per se que sus versiones, principalmente frente a delitos sexuales deban descalificarse, pues acorde con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, la naturaleza de ese tipo de aberrantes comportamientos y el impacto que generan en la memoria del menor, brindan credibilidad (cfr. T-078/2010, ya referida).
(69) Exposición de motivos del Proyecto de Ley 01 de 2011 Senado, que se convertiría en Ley 1652 de 2013, donde se indicó: “El presente proyecto de ley busca defender los derechos de los niños víctimas de abuso sexual. Es de vital importancia acomodar el proceso penal a las exigencias propias de los niños, pues es apenas evidente que por la etapa de desarrollo mental en que se encuentran y por las nefastas consecuencias del abuso sexual, estos no se desenvuelven normalmente dentro de un proceso diseñado para adultos” (Cfr. Gaceta del Congreso 520, jul. 22/2011).
(70) En Sentencia C-209 de marzo 21 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, esta corporación declare exequible de forma condicionada el artículo 344, en el entendido de que la víctima también puede solicitar al juez el descubrimiento de un elemento material probatorio específico o de evidencia física específica.
(71) La Corte Constitucional mediante Sentencia C-1194 de noviembre 22 de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, declaró exequible “la expresión ‘el descubrimiento de un elemento material probatorio específico y evidencia física de que tenga conocimiento’, consignada en el inciso primero del artículo 344 del Código de Procedimiento Penal, en el entendido de que dicha potestad puede ejercerse independientemente de lo previsto en el artículo 250 constitucional que obliga a la Fiscalía General de la Nación, o a sus delegados, en caso de presentarse escrito de acusación, a ‘suministrar, por conducto del juez de conocimiento, todos los elementos probatorios e informaciones de que tenga noticia incluidos los que le sean favorables al procesado’”.
(72) Recuérdese que el numeral 7º del artículo 250 superior impone la obligación a la fiscalía de velar por la protección de las víctimas dentro del proceso penal.
(73) Reitérese que el artículo 192 de la Ley 1098 de 2006 señala que el funcionario judicial tendrá en cuenta los principios del interés superior del niño, prevalencia de sus derechos, protección integral y los derechos consagrados en los convenios internacionales ratificados por Colombia, en la Constitución y en dicha ley. De otro lado, el numeral 7º del artículo 193 ibídem, la autoridad judicial: “Pondrá especial atención para que en todas las diligencias en que intervengan niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos se les tenga en cuenta su opinión, su calidad de niños, se les respete su dignidad, intimidad y demás derechos consagrados en esta ley. Igualmente velará porque no se les estigmatice, ni se les generen nuevos daños con el desarrollo de proceso judicial de los responsables”.
(74) La Corte ha puntualizado que el juez no es un “convidado de piedra”, luego “no sólo es quien está llamado a concretar el ius puniendi del Estado, sino que también es el encargado de buscar la verdad, procurar la prevalencia del derecho sustancial, así como la defensa y protección efectiva de los derechos del procesado y de las víctimas” (C-144, mar. 3/2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez, entre muchas otras).
(75) Cfr. Fallo T-117 de 2013 ya citado, donde se recordó lo expresado por la Sala de Casación Penal en decisión de mayo 18 de 2011 (rad. 33.651), también citada.
(76) Cfr. Sentencia 57 de marzo 11 de 2013 de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional español, ampliamente citada en esta providencia dada su pertinencia para el presente asunto.
(77) En el fallo C-079 de febrero 22 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, se explicó: “en el ejercicio de la potestad punitiva del Estado, el legislador debe actuar dentro de los límites constitucionales. Tales límites pueden ser explícitos como implícitos. Así, al legislador le está vedado, por voluntad expresa del constituyente, establecer las penas de muerte (C.P., art. 11), destierro, prisión perpetua o confiscación (C.P., art. 34), así como someter a cualquier persona a torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (C.P., art. 12). Por otra parte, en el ejercicio de la facultad punitiva del Estado, el legislador debe propender a la realización de los fines sociales del Estado, entre ellos, los de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y de asegurar la vigencia de un orden justo (C.P., art. 2º). La dosimetría de las penas es un asunto librado a la definición legal, pero corresponde a la Corte velar para que en el uso de la discrecionalidad legislativa se respeten los principios de razonabilidad y proporcionalidad”.
(78) “Ver, por ejemplo, Sentencia C-127 de 1993, M.P. Alejandro Martínez Caballero”.
(79) “Corte Constitucional. Sentencia C-531 de 1993 del 11 de noviembre de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz”.
(80) Cfr. T-117 de 2013 ya citada.
(82) Sentencia 57 de marzo 11 de 2013 de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional español.
(83) “Ver Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, “Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos” aprobadas en la Resolución 2005/20 del 22 de julio de 2005. Párrafo 19 a 21”.
(84) “Ver Unicef y Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (Undoc). ‘Manual sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos para uso de profesionales y encargados de la formulación de políticas’. 2010, pág. 38”.
(85) La Cámara de Gesell, llamada así por su creador el estadounidense Arnold Gesell, es una sala acondicionada especialmente para las declaraciones de personas que han sido víctimas de delitos sexuales o violencia doméstica, conformada por dos habitaciones divididas por un vidrio especial que permite ver desde el lugar contiguo lo que sucede, sin ser observado y que cuenta con la participación de una psicóloga especialista en entrevistas en procesos judiciales.
(86) Como se expresó previamente, la norma demandada se encuentra intrínsecamente relacionada con otra disposición que, a primera vista, presenta serias dudas de constitucionalidad (C-144/2010, ya citada).
(88) Cfr. T-704 de septiembre 4 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, donde se recordó lo expresado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de febrero 21 de 2007 (rad. 25.920), M.P. Javier Zapata Ortíz. El artículo 379 de la Ley 906 de 2004 también recalca que acorde con el principio de inmediación, el juez deberá tener en cuenta como pruebas, únicamente las que hayan sido practicadas y controvertidas en su presencia, siendo excepcional la admisibilidad de la prueba de referencia.
(89) Cfr. C-144 de 2010, ya referida, donde se citó: “En este sentido, María Isabel Velayos Martínez. El testigo de referencia en el proceso penal. Aproximación a las soluciones angloamericanas. Valencia, Tirant lo Blanch, 1998, pág. 88. También Ernesto Chiesa Aponte. Derecho penal de Puerto Rico y Estados Unidos, vol. I. Bogotá, editorial Forum, 1995, págs. 408-409”.
(90) T-704 de 2012, ya citada.