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Timestamp: 2020-07-05 10:02:28
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Matched Legal Cases: ['artículo 184', 'artículo 57', 'artículo 60', 'artículo 60', 'artículo 69', 'artículo 168', 'artículo 60', 'artículo 60']

﻿ Sentencia 16346 de marzo 10 de 2005
SENTENCIA 16346 DE 10 DE MARZO DE 2005
CONTENIDO:DERECHO A RECLAMAR PERJUICIOS MORALES PUEDE TRANSMITIRSE A SUCESORES PROCESALES. AUNQUE LOS PERJUICIOS MORALES DEPENDEN DEL SENTIMIENTO DE UN INDIVIDUO EN PARTICULAR, CUANDO LOS SUCESORES PROCESALES SOLICITAN SU RECONOCIMIENTO LO QUE SE TRANSMITE ES EL DERECHO A RECLAMAR POR EL SUFRIMIENTO DE LA PERSONA LEGITIMADA PARA DEMANDAR Y NO EL DOLOR O LA ANGUSTIA QUE PADECIÓ. POR LO TANTO, ES VÁLIDA LA TRANSMISIÓN DEL DERECHO A RECLAMAR ESOS PERJUICIOS.
Sentencia 16346 de marzo 10 de 2005
Expediente 16.346
Rad. 50001-23-31-000-1995-04849-01
Actor: Milciades Olaya Orjuela y otros
Demandada: Nación - Mindefensa - Policía Nacional
Naturaleza: Apelación sentencia-acción reparación directa
En el proceso se demostró la relación de parentesco entre la víctima y los demandantes, pues fueron allegados los registros civiles de nacimiento de Jesús Henry Olaya Orjuela y Milciades Olaya Orjuela (fls. 7, 10 C-1), en donde consta que son hijos de los mismos padres —José Virgilio Olaya y Mercedes Orjuela. De igual forma, se acreditó en el plenario la condición de abuelos de la víctima de los señores María Alicia Guzmán Medina y Jesús Orjuela, con el registro civil de nacimiento de su hija Mercedes Orjuela (fl. 9 C-1).
La Sala reafirma la competencia funcional que tiene esta corporación para conocer del presente asunto en apelación de la sentencia, ya que la cuantía exigida en la época de la presentación de la demanda —4 de julio de 1995— para que el negocio tuviera vocación de doble instancia era la suma de $ 9''610.000, y en la demanda la cuantía se determinó por la pretensión mayor cual fue el equivalente a 1.000 gramos de oro por concepto de perjuicios morales, los cuales arrojan un total de $ 11''530.000.
Es de aclarar que, habiéndose proferido una condena contra la entidad pública no se surte el grado jurisdiccional de consulta, toda vez que, aquella no supera el monto de condena exigido para que se tramite, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 184 del Código Contencioso Administrativo modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998.
En el presente proceso, la parte actora alegó que se le causó un daño imputable al Estado, pues según la demanda, el día 3 de diciembre de 1993 murió el agente de policía Jesús Henry Olaya Orjuela, como consecuencia de un disparo que le propinó un compañero suyo dentro de las instalaciones de la estación de Policía de Pompeya jurisdicción de Villavicencio Meta.
De acuerdo con lo probado en el proceso, el tribunal consideró que la responsabilidad de la administración se había visto comprometida y ordenó el reconocimiento y pago de los perjuicios a favor de la parte actora.
La demanda argumentó que el daño sufrido por los actores tuvo su origen en la muerte violenta de Jesús Henry Olaya Orjuela, hecho que efectivamente aparece acreditado con los siguientes medios de prueba:
— Con el certificado de defunción visible a folio 11 del cuaderno principal y 121 del cuaderno 2 de pruebas, en donde consta el fallecimiento del señor Olaya Orjuela el día 3 de diciembre de 1993 en Villavicencio Meta, a causa de una “laceración cerebral-herida craneoencefálica por arma de fuego”.
— Con la diligencia de levantamiento del cadáver llevada a cabo por la Fiscalía 8 Permanente de Villavicencio Meta, a las 9:00 horas del mismo día de los hechos (fl. 117 C-2).
— Con la diligencia de necropsia practicada por Medicina Legal del Meta a las 12:40 horas del día 3 de diciembre de 1993, al cadáver de Jesús Henry Olaya Orjuela (fls. 119-120 C-2).
Imputabilidad del daño
Probada la existencia del daño, el tribunal encontró que efectivamente el mismo era imputable al Estado. Seguidamente procederá la Sala a analizar el punto objeto de controversia, cual es la admisión o no de la sucesión procesal de la señora María Alicia Guzmán de Orjuela, para efectos de decidir si tienen derecho al reconocimiento y pago de los perjuicios que, en una eventual condena, aquella recibiría.
El apoderado de la parte actora puso en conocimiento el fallecimiento de la demandante María Alicia Guzmán de Orjuela, y para tal efecto, aportó copia del registro civil de defunción expedido por el Notario Único del Circulo de Guaduas Cundinamarca (fl. 39 C-1).
En cuanto a la sucesión procesal prevista en el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil se observa que fallecido un litigante o declarado ausente o en interdicción, el proceso continuará con el cónyuge, el albacea con tenencia de bienes, los herederos o el curador. De igual manera, esta norma señala que si en el curso del proceso sobreviene la extinción de personas jurídicas o la fusión de una sociedad que figure como parte, los sucesores en el derecho debatido podrán comparecer para que se les reconozca tal carácter. En todo caso, la sentencia producirá efectos respecto de ellos aunque no concurran.
Para dar cumplimiento al artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, el tribunal de instancia en providencia del 5 de noviembre de 1996 ordenó continuar el trámite procesal con sus hijos Juan de Jesús, Ana Patricia, María Elisa, María Dolores y Ana Beatriz Orjuela Guzmán, quienes representarán los derechos litigiosos de la demandante fallecida.
De acuerdo con la doctrina (1) , esta figura procesal no constituye una intervención de terceros, sino un medio encaminado a permitir la alteración de las personas que integran la parte. En casos como este, el fallecimiento de la parte actora no produce la suspensión o interrupción del proceso, ya que sus intereses los sigue defendiendo el apoderado o el curador, porque de conformidad con el inciso 5º del artículo 69 del Código de Procedimiento Civil la muerte del mandante o la extinción de las personas jurídicas no pone fin al mandato judicial. En cambio, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 168 del Código de Procedimiento Civil la muerte o enfermedad grave del apoderado judicial de alguna de las partes sí constituye causal de interrupción, lo cual no ocurrió en este caso.
Es el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil la norma destinada a tipificar la figura, la cual se estructura de manera diversa según se trate de personas naturales o jurídicas las sustituidas y si la causa la origina un acto entre vivos o sucesión por muerte de la persona natural. En relación con las personas naturales —que es la que nos interesa—, dispone el inciso primero que fallecido un litigante, y por tal se comprende tanto a quien integra una parte como al que actúa con cualquiera de las calidades de un tercero, o declarado ausente o en interdicción “el proceso continuará con el cónyuge, el albacea con tenencia de bienes, los herederos o el correspondiente curador”, aún cuando debe advertirse que en algunos procesos el deceso de la persona implica la terminación del mismo por cuanto no puede operar la figura, tal como sucede en los procesos de divorcio, separación de bienes, de cuerpos o de nulidad de matrimonio donde la muerte de una de las partes implica culminación inmediata de la actuación por sustracción de materia y en atención a la índole personalísima de las relaciones jurídicas en debate (2) .
Otro sector de la doctrina (3) , ha dicho que la sucesión procesal se presenta cuando cualquiera de las partes es sustituida por otra o se aumenta o reduce el número de personas que la integran. Se define, conforme al sencillo concepto de Ramos Méndez (4) , como “la sustitución de una de las partes por otra que ocupa su posición procesal”. Esta especie de crisis —como lo denomina Azula Camacho—, consiste exclusivamente en el cambio de personas que integran cualquiera de las partes y, por tanto, es factible que afecte al demandante o al demandado o, incluso, a un tercero interviniente. El sucesor queda con los mismos derechos, cargas y obligaciones procesales que su antecesor. La sucesión procesal no entraña ninguna alteración en los restantes elementos del proceso. Por ser un fenómeno de índole netamente procesal, tampoco modifica la relación jurídica material, que, por tanto, continúa igual, correspondiéndole al funcionario jurisdiccional pronunciarse sobre ella como si la sucesión procesal no se hubiese presentado.
Por otro lado, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente cuando se ha alegado sucesión procesal en materia de tutelas:
“... Como el demandante falleció en el transcurso de la revisión constitucional de esta tutela, esta demanda pierde toda eficacia jurídica porque no existe derecho fundamental alguno que proteger. No puede, como solicita la cónyuge del causante, pretender la continuación de la demanda de tutela, por cuanto los derechos fundamentales que se adujeron por el actor como el de la vida, la salud, dignidad humana, igualdad y seguridad social; al fallecer, desaparecieron y, por ende, la tutela no puede continuar, terminando el presente asunto. En consecuencia, no puede predicarse en materia de tutela la interrupción y la sucesión procesal del demandante donde, fallecido un litigante, el proceso continuará con determinadas personas o el correspondiente curador, señalando que el adquiriente a cualquier título de la cosa o del derecho litigioso, podrá intervenir o sustituirlo en el proceso. Esta sucesión, ha dicho la doctrina, es a título universal en el evento de fallecimiento de la parte a quien se sucede. Podemos afirmar que esta interrupción y sucesión procesal, contempladas en las normas adjetivas civiles, protegen derechos litigiosos, donde bajo ciertos presupuestos es posible suceder al causante, verbi gratia, el cesionario de un crédito que ocupa el puesto del cedente, quien lo cobra en proceso ejecutivo y el de los herederos que representan al de cujus en sus derechos y obligaciones transmisibles...” (5) .
Por su parte, esta corporación ha dicho que en relación con la sucesión procesal, la violación del derecho cuya indemnización se reclama por quienes alegan la condición de sucesores procesales, si bien no la sufrieron directamente, heredaron de su madre el derecho litigioso que a esta le correspondía por el dolor que padeció. En otras palabras, si el perjuicio le fue causado en vida a la señora y cuando ella murió, ya estaba radicado en su patrimonio el derecho a pedir la indemnización respectiva, solo a título de herencia aquellos adquirieron la legitimación para formular la respectiva pretensión resarcitoria (6) .
En el sub lite, se acreditó que uno de los integrantes de la parte demandante —señora María Alicia Guzmán de Orjuela—, falleció el día 3 de octubre de 1995, encontrándose el proceso en la etapa probatoria, tal y como se acreditó con el respectivo registro de defunción visible a folio 39 del cuaderno principal. En virtud de ello, el apoderado de la parte actora presentó un memorial el día 26 de enero de 1996 (fls. 37-38 C-1), a través del cual puso en conocimiento dicha situación. De igual forma, solicitó, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil se admitiera a los hijos de la fallecida como sucesores procesales. Para dicho efecto, aportó copias auténticas de los registros civiles de nacimiento de quienes alegaron dicha condición: Juan de Jesús, Ana Patricia, María Elisa, María Dolores y Ana Beatriz Orjuela Guzmán, tal y como consta a folios 40-43 y 45 del cuaderno principal.
Posteriormente, el Tribunal Contencioso Administrativo del Meta, mediante proveído de fecha 5 de noviembre de 1996 resolvió tenerlos como los sucesores procesales de la señora María Alicia Guzmán de Orjuela, por cumplir los requisitos de ley (fls. 65-66 C-1). Una vez surtido el trámite del proceso, el a quo dictó sentencia accediendo a las súplicas de la demanda. Sin embargo, el tribunal consideró que no le asistía derecho a los hijos de la señora Guzmán de Orjuela para ser beneficiarios de una indemnización, pues, en su sentir, no es posible trasladar a los “supérstites” de la difunta la angustia, el dolor, la aflicción que ella pudo sufrir con el daño, es decir, con la muerte violenta de su nieto Jesús Henry Olaya Orjuela. Sostuvo el tribunal de instancia, que dichos sentimientos son intransferibles, por la naturaleza misma que ellos tienen, razón por la cual no podían prosperar las reclamaciones que hicieron los hijos en representación de su madre.
El apoderado de la parte demandante impugnó la anterior decisión, con el siguiente argumento: “... fueron tomados como sucesores procesales de la demandante fallecida ... por medio de auto del 5 de noviembre de 1996, como para que ahora, al momento del reconocimiento, simplemente se le niegue la indemnización de un perjuicio que realmente sufrió en vida la señora María Alicia Guzmán Medina ...”.
En lo relacionado con la transmisibilidad mortiscausa del derecho a la reparación de los daños morales ha sido punto discutido entre quienes sostienen que tratándose de un derecho personalísimo —inherente a la personalidad—, es intransmisible e incesible, por la consideración de que esa clase o categoría de derechos se encuentra íntimamente ligada a la existencia de su titular y sobreviniendo la muerte, no pueden transmitirse a los herederos; también se sostiene, en apoyo de esta postura, que los perjuicios morales dada su naturaleza intrínseca que se fundamenta en el dolor, el padecimiento, la congoja o la tristeza padecidos por la víctima, no pueden ser susceptibles de transmisión como que el único legitimado para reclamarlos es la propia víctima o el directamente afectado ya que resultaría “inmoral” aceptar la transmisión de este perjuicio, como que el dolor no puede ser susceptible de actos dispositivos que comporten la transmisibilidad del mismo” (7) . Sin embargo, la jurisprudencia ha considerado que no existe en el ordenamiento colombiano precepto prohibitivo que permita afirmar la intransmisibilidad de un derecho de naturaleza patrimonial, que desde, luego puede ser ejercido bien directamente por el afectado o por los continuadores de su personalidad, sucesores mortis causa, que en su condición de herederos representan al de cujus, o más propiamente, ocupan el lugar y la posición jurídica que ostentaba el causante frente a la totalidad de los derechos y acciones de contenido patrimonial transmitidas por virtud del fallecimiento (8) .
Por otro lado, cabe anotar que el proceso es una relación jurídica de larga duración, en cuyo curso pueden ocurrir modificaciones en las partes o en sus representaciones. En principio, puede decirse que quien asume la calidad de parte principal en el juicio, la conserva hasta su terminación, pero puede dejar de serlo por alguna circunstancia, como por ejemplo cuando sobreviene la muerte, caso en el cual, es procedente la aplicación de la sucesión procesal, siempre y cuando se cumplan los requisitos de ley, tal y como ocurrió en el presente caso.
Finalmente, si bien es cierto los perjuicios morales dependen necesariamente del sentimiento de un individuo en particular, cuando se solicita el reconocimiento de estos por parte de los sucesores procesales, no es que se transmita el dolor, la angustia o la congoja causada por el daño a quien en vida lo padeció y sufrió, como equivocadamente lo advirtió el a quo, pues lo que se transmite es el derecho a reclamar por tal sufrimiento de la persona que era titular del mismo y por ende legitimada para demandar. En conclusión, como la señora Guzmán de Orjuela sufrió perjuicios morales antes de morir, el derecho a su reparación fue transmitido a su sucesión.
Al respecto, es de anotar que en el proceso no se encuentra acreditado si la sucesión de la señora María Alicia Guzmán está totalmente integrada, pues no se tiene conocimiento de haberse iniciado un proceso ordinario de sucesión, en donde se haya hecho parte todas las personas que tienen derecho a la masa herencial. En consecuencia, la Sala modificará el fallo apelado y ordenará la indemnización de los perjuicios que por todo concepto haya lugar, a la sucesión de la señora María Alicia Guzmán de Orjuela, sin individualizar los reconocimientos.
En relación con los perjuicios morales —que fueron los únicos pedidos en la demanda —, la Sala recoge lo dicho en sentencia proferida dentro del proceso 13.232 — 15.646 de 6 de septiembre del 2001—, que revisó la orientación dada por la corporación en cuanto a la tasación de los perjuicios morales, para que en adelante se reconozcan, liquiden y paguen en salarios mínimos legales mensuales abandonando el sistema de la condena por el equivalente a gramos oro. Por lo tanto, teniendo en cuenta que el monto de la condena impuesta por el a quo no fue objeto de discusión, la Sala realizará la correspondiente conversión de dicha suma a salarios mínimos:
Para Milciades Olaya Orjuela (hermano de la víctima) y Jesús Orjuela (abuelo de la víctima), el equivalente a 59.63 salarios, valor que en pesos arroja un total de veintidós millones setecientos cincuenta y dos mil cien pesos mcte. ($ 22’752.100) para cada uno de ellos.
Para la sucesión de la señora María Alicia Guzmán de Orjuela (abuela de la víctima), el equivalente a 59.63 salarios, valor que en pesos arroja un total de veintidós millones setecientos cincuenta y dos mil cien pesos mcte. ($ 22’752.100).
Modifíquese la Sentencia de fecha enero diecinueve (19) de mil novecientos noventa y nueve (1999) proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Meta, la cual quedará así:
1. Declarar administrativamente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, por la muerte del agente de la Policía Nacional Jesús Henry Olaya Orjuela, en hechos ocurridos el día 3 de diciembre de 1993 en la inspección de Policía de Pompeya, jurisdicción del municipio de Villavicencio (Meta).
2. Condenar a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a pagar a favor de las personas que a continuación se relacionan, los siguientes rubros por concepto de perjuicios morales:
Para Milciades Olaya Orjuela y Jesús Orjuela, la suma de veintidós millones setecientos cincuenta y dos mil cien pesos mcte. ($ 22’752.100) para cada uno.
Para la sucesión de la señora María Alicia Guzmán de Orjuela (abuela de la víctima), la suma de veintidós millones setecientos cincuenta y dos mil cien pesos mcte. ($ 22’752.100).
3. Dese cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo y 115 del Código de Procedimiento Civil, y devuélvase el expediente al tribunal de origen, una vez ejecutoriada la presente sentencia.
(1) López Blanco Hernán Fabio, Procedimiento Civil parte general, t. I, 8º Ed., Bogotá, Edit. Dupré Editores, 2002, pág. 359.
(3) Azula Camacho, Manual de Derecho Procesal, Teoría General del Proceso, Tomo I, 8º Edición, Edit. Temis, Bogotá, 2002, pág. 416.
(4) Francisco Ramos Méndez, La Sucesión Procesal, Barcelona, Biblioteca hispano Europea de Ciencias Sociales, 1974, pág. 2.
(5) Corte Constitucional, Sentencia T-550 de 1995.
(6) Consejo de Estado, Sentencia de 30 de octubre de 1992, rad. 7016, Actor. Rodrigo Zambrano y otro.
(7) Consejo de Estado, Sentencia de 10 de septiembre de 1998, exp. 12009, Actor: Arturo Gómez Aguirre.