Source: https://tc.vlex.es/vid/competencias-proteccion-ambiental-principios-721858437
Timestamp: 2020-07-05 19:12:14
Document Index: 204239685

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 34', 'artículo 88', 'artículo 149', 'artículo 93', 'artículo 28', 'artículo 3', 'artículo 149', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 21', 'artículo 149', 'artículo 149', 'artículo 149', 'artículo 10', 'artículo 149', 'artículo 149', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 149', 'artículo 3', 'artículo 149', 'artículo 7', 'artículo 9', 'artículo 51', 'artículo 51', 'artículo 9', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 24']

STC 42/2018, 26 de Abril de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 721858437
STC 42/2018, 26 de Abril de 2018
Número de Recurso: 6711-2016
Con fecha 29 de diciembre de 2016 tuvo entrada en el registro general de este Tribunal el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso de los Diputados, contra los artículos 3 y 4 y las disposiciones adicionales primera, segunda y tercera de la Ley 2/2016, de 27 de septiembre, para la modificación de la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma.
Sobre el artículo 4 se afirma que la “determinación de que las condiciones generales de implantación de actuaciones turísticas en suelo rústico de protección paisajística no sea establecida por el planeamiento insular, con las garantías de diagnóstico, análisis, rigor técnico, informes y participación pública que comporta, sino por una corporación, el cabildo insular, mediante un acto administrativo indeterminado, incide en la posibilidad de arbitrariedad y falta de transparencia y participación ciudadana, máxime cuando el objeto del condicionamiento administrativo no es la compatibilidad o no de la actuación turística con los valores paisajísticos en presencia y su necesaria protección y conservación, sino la simple ‘integración paisajística’ de los proyectos arquitectónicos, que no deja de ser una labor de minimización o enmascaramiento formal del impacto de una actuación cuya presencia, entidad y volumen ya han sido previamente determinados y aceptados sin tales condiciones de implantación.”
Finalmente, se aduce que la regulación de los instrumentos de planificación singular turística vulnera el principio de autonomía local al situar proyectos singulares, para cualquier clase y categoría de suelo, por encima de la propia ley canaria, el planeamiento insular y el planeamiento municipal. Tal supremacía habilita al cabildo insular y en su caso al Ejecutivo autonómico a prescindir de la calificación del suelo y de las determinaciones vinculantes de la normativa municipal sin causa concreta que lo justifique, lo que implica un debilitamiento del principio de autonomía municipal carente de razón suficiente y contrario a los artículos 137 y 140 CE. Asimismo, sobre la base de la doctrina de la STC 57/2015 , de 18 de mayo, se entiende vulnerado el principio de jerarquía normativa, al situarse los proyectos singulares (instrumentos de planificación singular turística), para cualquier clase y categoría de suelo, por encima de la propia Ley canaria 6/2002 y el texto refundido de las leyes de ordenación del territorio de Canarias y espacios naturales de Canarias aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, el planeamiento insular y el planeamiento municipal.
. Por providencia de 31 de enero de 2017 el Pleno del Tribunal Constitucional, a propuesta de la Sección Segunda, acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea contra los artículos 3 y 4 y disposiciones adicionales primera, segunda y tercera de la Ley 2/2016, de 27 de septiembre, para la modificación de la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma; dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme establece el artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, y al Gobierno, a través del Ministro de Justicia, así como al Gobierno y Parlamento de Canarias, por conducto de sus Presidentes, al objeto de que, en el plazo de 15 días, puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren convenientes y publicar la incoación del recurso en el “Boletín Oficial del Estado” y en el “Boletín Oficial de Canarias”.
El día 16 de febrero de 2017 el Presidente del Senado comunicó el acuerdo de la Mesa de la Cámara de personarse en el procedimiento y ofrecer su colaboración a los efectos del artículo 88.1 LOTC. Lo propio hizo la Presidenta del Congreso de los Diputados por escrito que tuvo entrada en este Tribunal ese mismo día.
Por escrito registrado el 23 de febrero de 2017 el Abogado del Estado se personó en el proceso exclusivamente a los efectos de que se le notifiquen las resoluciones que en él se dicten.
Las alegaciones presentadas por el Secretario General del Parlamento de Canarias interesando la desestimación del recurso fueron registradas en este Tribunal el día 3 de marzo de 2017.
La Letrada del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias presentó sus alegaciones por escrito registrado el día 3 de marzo de 2017, solicitando la desestimación del recurso por las razones de las que, seguidamente, se deja constancia.
Acerca de la supuesta vulneración del principio de jerarquía normativa señala que no se trata del caso examinado en la STC 57/2015 . A diferencia de aquel, en este la conformación de los instrumentos de planificación singular turística como instrumentos especiales y su prevalencia sobre el planeamiento insular o municipal no los convierte, en absoluto, en instrumentos desvinculados o no sujetos a la propia legislación que los regula y habilita.
En el presente proceso constitucional debemos resolver el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso de los Diputados, contra los artículos 3 y 4 y disposiciones adicionales primera, segunda y tercera de la Ley 2/2016, de 27 de septiembre, para la modificación de la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma.
2. Las tipologías correspondientes a hotel emblemático y casa emblemática podrán implantarse en suelo urbano, con independencia de que se encuentre o no previsto el uso turístico en el planeamiento de aplicación, quedando sin efecto cualquier previsión en contrario.’
En los suelos rústicos de protección paisajística podrán implantarse en las mismas condiciones, en compatibilidad con los valores ambientales concurrentes, debiendo contemplar los proyectos arquitectónicos la integración paisajística de la actuación turística. Será requisito para este desarrollo que el cabildo insular establezca las condiciones generales de implantación, teniendo, a estos efectos, los espacios agrarios, naturales o paisajísticos la consideración de equipamiento complementario identificativo de la oferta turística.’
Expuestas las posiciones de las partes enfrentadas en el proceso y antes de comenzar a resolverlo es necesario hacer algunas precisiones.
De estas modificaciones son relevantes los cambios introducidos en el apartado octavo, cuyo primer párrafo dispone que “los instrumentos de planificación singular turística que comporten ordenación se someterán al procedimiento simplificado de evaluación ambiental estratégica en los términos previstos en la legislación estatal básica, a menos que, conforme a la misma, resulte de aplicación el procedimiento ordinario, en cuyo caso será este el aplicable”. Con ello se ha modificado lo cuestionado por los recurrentes en dicho apartado octavo, pues entendían que la redacción inicial de la norma imponía en todo caso un concreto procedimiento, el simplificado de evaluación ambiental estratégica, de lo que se deducía la vulneración de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y, a su través, la del artículo 149.1.23 CE. Atendiendo al motivo competencial de esta impugnación y al canon de este Tribunal respecto a la pervivencia de las controversias de ese tipo [por todas, STC 91/2017 , de 6 de julio, FJ 2 b)], hemos de entender que ha desaparecido. La norma no incurre ya en el motivo de inconstitucionalidad que se le imputaba, en la medida en que no es posible entender que imponga un determinado procedimiento de evaluación ambiental, cuestión que queda ahora remitida en todo a lo que disponga la legislación básica. De este modo, es posible concluir que ha cesado la controversia competencial trabada por los recurrentes respecto al primer párrafo del apartado octavo de la disposición adicional primera, en la medida en que las quejas que contra el mismo se formulaban no subsisten ya [en un sentido similar, STC 174/2013 , de 10 de octubre, FJ 2 b)].
b) Respecto al objeto del recurso, hemos reiterado que la obligación de levantar la carga alegatoria en todos los procesos ante este Tribunal, supone una exigencia de colaboración con la justicia, además de una condición inexcusable inherente a la propia presunción de constitucionalidad de las normas con rango de ley, que no puede desvirtuarse sin un mínimo de argumentación. Por tanto, “no basta con postular la inconstitucionalidad de una norma mediante la mera invocación formal de una serie de preceptos del bloque de constitucionalidad para que este Tribunal deba pronunciarse sobre la vulneración por la norma impugnada de todos y cada uno de ellos, sino que es preciso que el recurso presentado al efecto contenga la argumentación específica que fundamente la presunta contradicción constitucional” (entre otras, STC 217/2013 , de 19 de diciembre, FJ 1). En efecto, “cuando lo que está en juego es la depuración del ordenamiento jurídico, es carga de los recurrentes no sólo la de abrir la vía para que el Tribunal pueda pronunciarse, sino también la de colaborar con la justicia del Tribunal en un pormenorizado análisis de las graves cuestiones que se suscitan. Es justo, pues, hablar… de una carga del recurrente y en los casos en que aquélla no se observe, de una falta de diligencia procesalmente exigible, que es la diligencia de ofrecer la fundamentación que razonablemente es de esperar (STC 11/1981 , de 8 de abril, FJ 3, reiterada en las SSTC 43/1996 , de 15 de abril, FJ 3; 36/1994 , de 10 de febrero, FJ 1, y 61/1997 , de 20 de marzo, FJ 13)” (STC 86/2017 , de 4 de julio, FJ 2).
En primer lugar, “conviene advertir que no le corresponde a este Tribunal apreciar la eventual conformidad de la normativa impugnada con el Derecho de la Unión Europea, pues, como ha reiterado la jurisprudencia, ni el fenómeno de la integración europea, ni el artículo 93 CE a través del que ésta se instrumenta, ni el principio de primacía del Derecho de la Unión que rige las relaciones entre ambos ordenamientos, han dotado a las normas del Derecho de la Unión Europea, originario o derivado, ‘de rango y fuerza constitucionales’ [entre otras, STC 215/2014 , de 18 de diciembre, FJ 3 a)]. La determinación de tal eventual conformidad con el Derecho de la Unión tiene, en todo caso, sus propios cauces” (STC 89/2017 , de 4 de julio, FJ 2). Por otra parte, a la vista de lo dispuesto en el artículo 28 LOTC, no es preciso tampoco desplegar esfuerzo argumental alguno para concluir que la legislación canaria que se cita en la demanda no puede erigirse en canon de constitucionalidad de los preceptos aquí impugnados (en un sentido similar, STC 92/2015 , de 14 de mayo, FJ 4).
En segundo lugar, cabe observar, también, que en un plano hay que situar las decisiones políticas y el enjuiciamiento político que tales decisiones merezcan, y en otro plano bien distinto la calificación de inconstitucionalidad, que tiene que hacerse con arreglo a criterios estrictamente jurídicos (STC 136/2011 , FJ 3). En ese sentido, la reprobación que hace la demanda acerca de la tramitación parlamentaria no se ha traducido en una tacha de inconstitucionalidad por lo que no puede valorarse en el seno de este proceso. Lo mismo sucede con las genéricas afirmaciones que la demanda contiene acerca de las finalidades perseguidas por la modificación legislativa impugnada, que no se vinculan a concretas infracciones constitucionales (en un sentido parecido, STC 103/2017 , de 6 de septiembre, FJ 3).
La disposición adicional primera de la Ley 6/2001, de 23 de julio, de medidas urgentes en materia de ordenación del territorio y del turismo de Canarias, instauró un régimen específico para las llamadas islas occidentales, régimen jurídico de carácter especial respecto del previsto con carácter general para la ordenación territorial y urbanística de Canarias. Para configurar este régimen especial, la Ley 6/2002, de 12 de junio, de medidas de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, estableció una serie de excepciones respecto al derecho común autonómico en la materia, que definen un modelo propio, específico y singular de desarrollo turístico de dichas islas. En dicha norma el legislador autonómico diseñó un modelo de crecimiento turístico diferenciado, uno de cuyos elementos característicos es la habilitación del suelo rústico como soporte físico de establecimientos turísticos en tanto que elemento dinamizador económico y social, garantizando a su vez el principio de desarrollo sostenible. Su exposición de motivos aclara que su finalidad es la de “instaurar un modelo de desarrollo sostenible propio y un desarrollo turístico específico en esas islas mediante la realización en suelo rústico de unidades aisladas de explotación turística integradas en el medio y respetando el paisaje agrario”. Y aún se precisa que se trata de “trasladar al mundo rural parte de las economías que se generan por la actividad turística, en la cuantía necesaria para el mantenimiento, conservación y mejora del paisaje. Su localización en áreas con economías deprimidas tendrá por objeto su revitalización mediante la mejora de los recursos naturales, de las explotaciones agrícolas como generadoras de ese paisaje, de los elementos patrimoniales existentes y de la cultura local”. Por dichas razones, “las determinaciones contenidas en la Ley, referidas a la ordenación territorial de las actividades turísticas en el suelo rústico, pretenden constituir uno de los instrumentos para atender a las especiales circunstancias económicas y sociales de dichas islas, compensar sus desventajas y mejorar el sistema económico insular”. En su parte dispositiva la Ley 6/2002 fija los criterios básicos de ordenación territorial, regula los instrumentos de ordenación y las autorizaciones procedentes, así como el régimen y condiciones de implantación de actividades turísticas en suelo rústico.
Hechas las anteriores precisiones, podemos ya iniciar el enjuiciamiento que se nos demanda, comenzando por el artículo 3 de la Ley 2/2016.
Por ello el análisis de la cuestión planteada exige examinar nuestra doctrina sobre el alcance de las reglas de los artículos 148.1.3 y 149.1.1, 13, 18 y 23 CE, para lo cual basta con remitirse a los fundamentos jurídicos 4 y 5 de la STC 141/2014 , de 11 de septiembre, que exponen la doctrina constitucional sobre el alcance general de los títulos competenciales citados. En todo caso es pertinente recordar acerca de las competencias autonómicas en materia de urbanismo y ordenación del territorio que, como matizamos en la STC 61/1997 , de 20 de marzo, FJ 5, esta exclusividad competencial “no autoriza a desconocer la que, con el mismo carácter, viene reservada al Estado por virtud del art. 149.1 CE, tal como han precisado las SSTC 56/1986 (fundamento jurídico 3), referida al urbanismo, y 149/1991 (fundamento jurídico 1 b), relativa a ordenación del territorio”, por lo que “la competencia autonómica en materia de urbanismo ha de coexistir con aquélla que el Estado ostenta en virtud del art. 149.1.CE, en cuyo ejercicio puede condicionar, lícitamente, la competencia de las Comunidades Autónomas sobre el mencionado sector material”. Esto es, “ha de integrarse sistemáticamente con aquéllas otras estatales que, si bien en modo alguno podrían legitimar una regulación general del entero régimen jurídico del suelo, pueden propiciar, sin embargo, que se afecte puntualmente a la materia urbanística (establecimiento de las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho de propiedad urbana, determinados aspectos de la expropiación forzosa o de la responsabilidad administrativa)” [STC 61/1997 , FJ 6 b)].
Procede, por tanto, examinar la doctrina constitucional sobre los dos preceptos estatales en los que los recurrentes fundamentan la vulneración competencial que denuncian. Debe advertirse que, en este caso, podría no plantearse exactamente un supuesto de inconstitucionalidad indirecta, pues la definición de los derechos y deberes de los propietarios no constituye legislación básica; pero al no plantearse una contradicción directa de la norma autonómica con la Constitución, el método a emplear sería muy similar. Es decir, se debe analizar si los preceptos estatales se han dictado en ejercicio legítimo de la competencia que el artículo 149.1.1 CE atribuye al Estado para, a continuación, comprobar si es posible eliminar la contradicción mediante la interpretación de la norma impugnada (así, en la STC 94/2014 , de 12 junio, FJ 2).
En concreto, sobre el artículo 2.2 a) de la Ley 8/2007 y del texto refundido de la Ley de suelo de 2008, que coinciden materialmente con el vigente 3.2 a) Real Decreto Legislativo 7/2015, el Tribunal estimó que “el Estado no está únicamente legitimado para enunciar sin más el principio de desarrollo sostenible, sino también para darle un contenido que opere como premisa y límite genérico de las políticas públicas específicas que implican regulación, ordenación, ocupación o transformación del suelo. Por ello, los números 13 y 23 del art. 149.1 CE amparan también la concreción del principio de desarrollo sostenible en objetivos, pautas y criterios generales, tal y como lleva a cabo el art. 2.2: protección de la naturaleza; del patrimonio cultural, del paisaje, preservación del suelo rural; ocupación eficiente del suelo; dotación suficiente de infraestructuras; combinación funcional de usos. Desde esos títulos competenciales, el Estado no puede imponer un determinado modelo territorial o urbanístico a las Comunidades Autónomas, pero sí incidir o encauzar el mismo mediante directrices y normas básicas que estas han de respetar. Dentro de esos parámetros, las Comunidades Autónomas pueden, claro está, optar por el modelo concreto de ordenación territorial y urbanística que estimen más pertinente, como reconoce el propio artículo 2, en sus números 1 y 2, cuando afirma, por un lado, que la consecución del interés general y del desarrollo sostenible como fin común no impide la determinación de otros fines más específicos en la legislación correspondiente y, por otro, que la persecución de los fines comunes ‘se adaptará a las peculiaridades que resulten del modelo territorial adoptado en cada caso por los poderes públicos competentes en materia de ordenación territorial y urbanística” [STC 141/2014 , FJ 6 B)]. Así pues, “desde la perspectiva competencial, la situación del suelo rural es claramente diferente del urbanizado (suelo urbano) o del que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean o permitan su paso a urbanizado (suelo urbanizable), por la componente medioambiental, presente de forma más intensa, si cabe, en el suelo del medio rural… Reconocimiento que sigue presente en la legislación vigente cuando, en virtud del principio de desarrollo sostenible, se fija la protección, adecuada a su carácter, del medio rural y la preservación de los valores del suelo innecesario o inidóneo para atender a las necesidades de transformación urbanística [artículo 3.2 b) del texto refundido de la Ley del suelo y rehabilitación urbana]” [STC 143/2017 , de 14 de diciembre, FJ 23 b)].
En el suelo en situación rural a que se refiere el artículo 21.2.a), las facultades del derecho de propiedad incluyen las de usar, disfrutar y disponer de los terrenos de conformidad con su naturaleza, debiendo dedicarse, dentro de los límites que dispongan las leyes y la ordenación territorial y urbanística, al uso agrícola, ganadero, forestal, cinegético o cualquier otro vinculado a la utilización racional de los recursos naturales.
Concretamente este precepto estatal dispone, en lo que ahora importa, que la utilización de este tipo de terrenos, objeto de protección por la legislación aplicable, quedará siempre sometida a la preservación de dichos valores, y comprenderá únicamente los actos de alteración del estado natural de los terrenos que aquella legislación expresamente autorice. Como recuerda la STC 143/2017 , FJ 21, “aunque la facultad de edificar es propia del suelo urbanizado o urbano, donde el legislador estatal la ha configurado también como un deber —el deber de edificar en los términos y plazos establecidos por el planeamiento—, esta facultad no está excluida radicalmente de la propiedad del suelo en la situación básica de rural, donde pueden caber tanto las construcciones vinculadas a su explotación primaria como otros usos no vinculados a ésta, siempre de acuerdo con lo establecido en el planeamiento y en el marco de la regulación urbanística y de ordenación territorial y la legislación sectorial. Así, entre las facultades de la propiedad del suelo rural, el legislador se refiere a la de disfrutar de los terrenos según su naturaleza y, excepcionalmente, a la de destinarla a usos específicos que sean de interés público o social siempre que contribuyan a la ordenación y desarrollo rurales o que hayan de emplazarse en esa ubicación”.
Esta regulación estatal se fundamenta, por un lado, en el artículo 149.1.23 CE, en cuanto “entronca con el reconocimiento de un valor medioambiental a todo suelo rural, y no sólo al especialmente protegido; es, por tanto, una regla de protección del medio ambiente que, por razones de interés general, el legislador estatal ha considerado, legítimamente, que ha de ser común a todo el territorio nacional” [STC 141/2014 , FJ 8 A) a)]. Desde otra perspectiva, ha de considerarse también dictada al amparo del artículo 149.1.1 CE, en cuanto que al exigir, en esos términos, la preservación de este tipo de suelos, delimita negativamente el contenido del derecho de propiedad del suelo en situación rural, especialmente en relación con aquellos merecedores de protección específica y se mueve en el plano de las directrices y normas básicas a las que nos referimos en la STC 141/2014 . A estos efectos, debe considerarse que esta norma, siquiera desde una vertiente negativa, incluye condiciones básicas en el ámbito del derecho de la propiedad del suelo [STC 141/2014 , FJ 5 B)]. Se trata de una regulación que se encuentra dentro de los márgenes del artículo 149.1.1 CE, en cuanto establece una regla mínima de alcance general a efectos de garantizar la igualdad en las condiciones de ejercicio del derecho de propiedad del suelo y en el cumplimiento de los deberes inherentes a la función social. Conclusiones ambas que este Tribunal había alcanzado respecto al artículo 10.1 a) 2 del texto refundido de la Ley de suelo de 2008 en la STC 141/2014 , FJ 8 A) a).
De esta manera el precepto viene a condicionar el ejercicio de la potestad legislativa autonómica pues, como señala la STC 148/2012 , FJ 3, citando doctrina anterior, “la exclusividad competencial de las Comunidades Autónomas en materia de urbanismo no autoriza a desconocer las competencias reservadas al Estado en el artículo 149.1 CE, por lo que procede afirmar que la competencia autonómica en materia de urbanismo ha de coexistir con aquéllas que el Estado ostenta en virtud del artículo 149.1 CE, cuyo ejercicio puede condicionar, lícitamente, la competencia de las Comunidades Autónomas sobre el mencionado sector material”. Por otra parte, tampoco ha de olvidarse que, como ya advirtió la STC 141/2014 , FJ 8 A) a), desde la perspectiva competencial, la situación del suelo rural es claramente diferente del urbanizado (suelo urbano) o del que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean o permitan su paso a urbanizado (suelo urbanizable), por la componente medioambiental, presente de forma más intensa en el suelo del medio rural.
La disposición adicional primera es recurrida por diversos motivos que se articulan de forma dispersa a lo largo del escrito de demanda. Estos motivos son, resumidamente expuestos, los siguientes: la vulneración de determinadas previsiones del Real Decreto Legislativo 7/2015 derivadas todas ellas del entendimiento de que a través de los instrumentos de planificación singular turística se habilita la urbanización indiscriminada del suelo rústico para su uso turístico. En concreto, se reputan vulnerados los artículos 3.1, 3.2 a), 13.1 y 20.1 a) del Real Decreto Legislativo 7/2015. Junto a ello se formulan otros dos reproches concretos a esta disposición adicional: la vulneración del principio constitucional de autonomía local, por la prevalencia que se atribuye a los instrumentos de planificación citados sobre el planeamiento municipal, así como, con apoyo en la doctrina de la STC 57/2015 , de 18 de marzo, la infracción del principio de jerarquía normativa, al situarse aquellos instrumentos de planificación por encima de las previsiones de la legislación canaria, alterando así el sistema de fuentes.
La disposición adicional primera contiene el completo régimen de este instrumento de ordenación, si bien los recurrentes, como se verá, no concretan los dos tipos de tachas que plantean a algún aspecto específico de esa regulación sino que las plantean de modo global. Igualmente, dado que la argumentación no es exhaustiva, tampoco habrá de serlo nuestra respuesta (en el mismo sentido, STC 77/2017 , de 21 de junio, FJ 2, y las allí citadas).
Respecto a dicho planteamiento, cumple ahora recordar que la eventualidad de un uso desviado de la norma no puede servir de fundamento para su anulación. Como señaló la STC 238/2012 , de 13 de diciembre, FJ 7, “la mera posibilidad de un uso torticero de las normas no puede ser nunca en sí misma motivo bastante para declarar la inconstitucionalidad de éstas, pues aunque el Estado de Derecho tiende a la sustitución del gobierno de los hombres por el gobierno de las leyes, no hay ningún legislador, por sabio que sea, capaz de producir leyes de las que un gobernante no pueda hacer mal uso” (STC 58/1982 , de 27 de julio, FJ 2, en el mismo sentido SSTC 132/1989 , de 18 de julio, FJ 14; 204/1994 , de 11 de julio, FJ 6; 235/2000 , de 5 de octubre, FJ 5, y 134/2006 , de 27 de abril, FJ 4).
El artículo 3 del Real Decreto Legislativo 7/2015 reproduce el artículo 2 del texto refundido de la Ley de suelo 2008, sobre el que ya se ha advertido que nos pronunciamos en la STC 141/2014 , FJ 6 B). Del mismo modo, el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 7/2015 “invoca el principio constitucional de la utilización de los recursos económicos y naturales conforme al interés general (arts. 47 y 128.1 CE) como fin u objetivo común y de carácter general para todas las políticas que tienen incidencia sobre el suelo, proclamando, además, como directriz de esas políticas el principio de desarrollo sostenible” que el Estado puede establecer ex artículo 149.1.13 y 23 CE, dando a dicho principio “un contenido que opere como premisa y límite genérico de las políticas públicas específicas que implican regulación, ordenación, ocupación o transformación del suelo”, concretado en “objetivos, pautas y criterios generales”, tal y como lleva a cabo el artículo 3.2. Se trata de directrices y normas básicas que las Comunidades Autónomas han de respetar en el desarrollo de su modelo territorial o urbanístico. Dentro de esos parámetros, las Comunidades Autónomas pueden optar por el modelo concreto de ordenación territorial y urbanística que estimen más pertinente, como reconoce el propio precepto, cuando afirma, por un lado, que la consecución del interés general y del desarrollo sostenible como fin común no impide la determinación de otros fines más específicos en la legislación correspondiente y, por otro, que la persecución de los fines comunes “se adaptará a las peculiaridades que resulten del modelo territorial adoptado en cada caso por los poderes públicos competentes en materia de ordenación territorial y urbanística”.
Por lo demás, la preservación del suelo rural de la urbanización es una norma común o directriz de la política de ordenación territorial y urbanística [STC 141/2014 , FJ 8 A)]. Allí se señaló que “El reconocimiento de un valor medioambiental a todo suelo rural, y no sólo al especialmente protegido; es, por tanto, una regla de protección del medio ambiente que, por razones de interés general, el legislador estatal ha considerado, legítimamente, que ha de ser común a todo el territorio nacional. Se trata, en consecuencia, de una regulación básica para cuyo establecimiento el Estado cuenta con competencia ex artículo 149.1.23 CE, puesto que, aun cuando, como es propio de toda norma básica, condiciona o limita la política de ordenación territorial y urbanística de las Comunidades Autónomas, no las vacía de contenido. Dentro del respeto a la norma básica medioambiental, queda un amplio margen para la configuración del modelo concreto de ordenación del territorio…”. En efecto, la norma estatal remite la cuestión de los usos posibles del suelo rural que no esté sometido a un régimen especial de protección, a lo que disponga la legislación urbanística. Así admite, indirectamente, usos privados de suelo no vinculados a su explotación primaria, considerando entre estos posibles usos “cualquier otro vinculado a la utilización racional de los recursos naturales” y concretando los deberes de los propietarios de este tipo de suelo. Por otra parte, obliga a las Administraciones competentes a preservar el suelo rural de la urbanización, salvo que la ordenación territorial o urbanística disponga otra cosa. Por el contrario, cuando se trata de suelos preservados de su transformación urbanística por la legislación aplicable, ya sean ambientales, culturales, históricos, arqueológicos, científicos y paisajísticos que sean objeto de protección por ésta, los usos previstos quedan sometidos a la preservación de dichos valores. De ahí que comprendan, única y exclusivamente, los actos de alteración del estado natural de los terrenos que aquella legislación expresamente autorice y no así los que prohíba.
Siendo tales los criterios de la legislación estatal, es forzoso concluir que la norma autonómica se mueve en el margen que aquella le otorga. En ningún caso autoriza la urbanización del suelo rústico, por cuanto la urbanización supone un proceso de transformación del suelo, de conformidad con las actuaciones previstas en el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 7/2015, que aquí no se produce. El suelo rústico continua con esa conceptuación y en ese estado sirve de soporte a la implantación de actividades turísticas en los términos de la Ley 6/2002, uno de cuyos criterios básicos de ordenación territorial es justamente ese [art. 2 b)]. Tampoco se excluye el respeto a las categorías de suelo fijadas por el legislador autonómico. La referencia del apartado segundo a que los instrumentos de planificación singular turística son posibles en “cualquier clase y categoría de suelo” ha de ser entendida en el sentido de que es esa previa categorización del suelo la que determina, en función del régimen de usos que se permita atendiendo al tipo de suelo de que se trate, la puesta en marcha de este tipo de instrumentos que no pueden, lógicamente, desconocer las categorías y el régimen del suelo que ha diseñado el legislador canario (art. 34, en relación con los artículos 60 a 64 de la Ley 4/2017). Por lo demás, la propia norma impugnada incorpora consideraciones medioambientales al exigir, por ejemplo, que el instrumento de planificación singular turística contenga determinaciones relativas a “la incidencia sobre el territorio físico, afecciones ambientales y medios de corrección o minimización de las mismas” y que sea sometido al correspondiente procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Y, en fin, tampoco ha quedado demostrado que la norma, en sí misma, vaya a producir los efectos en los que los recurrentes basan su petición de declaración de inconstitucionalidad, con independencia de que la sede ordinaria del necesario control de los excesos a que la aplicación de esta norma pueda dar lugar sea la jurisdicción contencioso-administrativa (en el mismo sentido, ATC 251/2009 , de 13 de octubre).
Esta impugnación no puede ser estimada. En primer lugar, por las razones ya expresadas con anterioridad, pues se vincula más a las consecuencias de la aplicación del precepto que al precepto en sí. Conforme a nuestra reiterada doctrina (por todas, STC 172/1992 , de 29 de octubre, FJ 2), no nos corresponde pronunciarnos sobre las interpretaciones de las normas impugnadas que propongan las partes en un proceso constitucional, sin que procedan pronunciamientos preventivos a través de los cuales se pretenda evitar una posible y todavía no producida aplicación del precepto en contradicción con la Constitución. En este caso, la vulneración no puede atribuirse directamente a la dicción del precepto, sino, en su caso, a su eventual aplicación en concretos supuestos de hecho, lo que es ajeno a un proceso de control abstracto como el recurso de inconstitucionalidad.
En segundo lugar, la norma estatal no determina cuál sea ese interés público o social sino que se limita a prever su existencia “por el procedimiento y con las condiciones previstas en la legislación de ordenación territorial y urbanística” y a exigir que “contribuyan a la ordenación y el desarrollo rurales, o que hayan de emplazarse en el medio rural”. A este respecto ya determinó la STC 164/2001 , de 11 de julio, FJ 32, examinando un caso similar, que “más allá de las condiciones básicas mencionadas, a cada Comunidad Autónoma corresponde determinar tanto el procedimiento de autorización (a lo que se refiere el art. 20.1, párrafo 2, LRSV) como qué actuaciones son de interés público”. En este caso el precepto exige que la “justificación detallada del interés insular” [apartado tercero a)] y la resolución del Cabildo acerca de su concurrencia [apartado séptimo b)] determinen, implícitamente, ese posible interés insular al hacer referencia a las actuaciones que pueden ampararse en un instrumento de planificación singular turística. De hecho, la norma no cambia la preexistente posibilidad de abordar actuaciones en suelo rústico mediante su ordenación singular, sino que introduce otra herramienta para hacer posible algo que ya deriva de la redacción original de la Ley 6/2002, pues correspondía al planeamiento insular la determinación (caracterización y definición concreta e individualizada) y la implantación (localización espacial) de los sistemas generales y equipamientos estructurantes de trascendencia insular o supralocal, así como de las actividades económicas relevantes, todos ellos vinculados a los usos de ocio y turístico.
Como recuerda la STC 101/2017 , de 20 de julio, FJ 5 a), “La garantía constitucional de la autonomía local (arts. 137, 140 y 141 CE) obliga al legislador a graduar el alcance o intensidad de la intervención local en función de la relación existente entre los intereses locales y supralocales en el asunto de que se trate (SSTC 32/1981 , de 28 de julio, FJ 4; 170/1989 , de 19 de octubre, FJ 9, y 51/2004 , de 13 de abril, FJ 9). El legislador debe, por tanto, asegurar a los entes locales niveles de capacidad decisoria tendencialmente correlativos a la intensidad de los intereses locales implicados [entre otras, SSTC 154/2015 , FJ 6 a); 41/2016 , FFJJ 9, 11 b), y 111/2016 , FFJJ 9 y 12 c)]. La STC 152/2016 , de 22 de septiembre, FJ 6, lo expresa del modo siguiente: para valorar si el legislador ha vulnerado la indicada garantía ‘corresponde determinar: i) si hay intereses supralocales que justifiquen esta regulación; ii) si el legislador… ha ponderado los intereses municipales afectados; y iii) si ha asegurado a los ayuntamientos implicados un nivel de intervención tendencialmente correlativo a la intensidad de tales intereses. Todo ello sobre la base de que [el legislador] puede ejercer en uno u otro sentido su libertad de configuración a la hora de distribuir funciones, pero garantizando el derecho de la comunidad local a participar a través de órganos propios en el gobierno y administración”.
El precepto enjuiciado supera dichos parámetros. Regula cuestiones ajenas al planeamiento municipal dado que tiene como objeto actuaciones que se proyectan territorialmente en un ámbito supramunicipal y que se dirigen a satisfacer intereses públicos relacionados con el turismo que trascienden el puramente municipal. Se vinculan con “un modelo territorial de desarrollo turístico específico para las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma” (art. 1 de la Ley 6/2002), lo que determina la prevalencia en determinados casos vinculados a infraestructuras turísticas del interés público representado por la decisión del Cabildo o de la Comunidad Autónoma frente al planeamiento municipal. Ha de resaltarse que la implantación de proyectos turísticos de cierta magnitud presenta una clara afección a infraestructuras y servicios que exceden, frecuentemente, del estricto interés de un solo municipio. De ahí la necesidad de abordar los problemas derivados de estas implantaciones desde una perspectiva territorial supramunicipal. Relevantes intereses supralocales implicados en el turismo en Canarias a los que ya se refirió este Tribunal en el ATC 184/2015 , de 3 de noviembre, FJ 3.
En segundo lugar, en Canarias el legislador ha optado por una inserción estrecha entre la planificación turística y la territorial, de modo que la ordenación turística se realiza a través de los instrumentos previstos en la legislación de ordenación territorial, cuyas determinaciones vinculan, a su vez, al planeamiento urbanístico. Siendo innegable que el urbanismo es un ámbito de interés municipal preferente, el legislador pondera en este caso los intereses afectados. Cuando los municipios no sean los promotores del instrumento, somete el proyecto de instrumentos de planificación singular turística a informe de los municipios afectados, cuya disconformidad impide la aprobación del proyecto por el cabildo, pues en ese caso es el Gobierno de Canarias quien ha de resolver atendiendo al interés público prevalente. Lo que pone de manifiesto la efectiva concurrencia de intereses supralocales, sin descuidar los municipales que han de ser ponderados en la decisión autonómica. Por lo demás, no padece la autonomía local por el hecho de que la Ley prevea la adaptación de los instrumentos municipales de planeamiento urbanístico a las determinaciones contenidas en otros planes supra ordenados. En el bien entendido que esa obligación de adaptación hace referencia a las determinaciones establecidas por la Comunidad Autónoma en el legítimo ejercicio de sus competencias, sin que, como ya hemos advertido, la eventualidad de un uso desviado de la norma pueda servir de fundamento para su anulación (STC 57/2015 , FJ 18).
La alegada vulneración de la autonomía local tampoco puede afirmarse apriorísticamente y desvinculada del supuesto que singularice el proyecto en ejecución, sino que, de existir, habrá de ser apreciada en relación al caso concreto, lo que desborda la competencia de este Tribunal. De esta forma, mediante el control de los actos de aplicación del precepto, puede evitarse una expansión del instrumento de planificación singular turística más allá del campo que le corresponde, pues la facultad atribuida por la norma puede ser controlada por la jurisdicción contencioso-administrativa examinando en el momento de su definición de modo cierto el carácter, extensión, localización y fines del proyecto concreto de que se trate [al respecto, STC 154/2015 , de 9 de julio, FJ 6.e)].
ii) La tacha relativa a la vulneración del artículo 9.3 CE es, en realidad, una traslación al caso de la doctrina de la ya citada STC 57/2015 , resolutoria del recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley del Parlamento de Cantabria 2/2004, de 27 de septiembre, del plan de ordenación del litoral. En el fundamento jurídico 18 y en el fallo de la mencionada Sentencia se declaró la inconstitucionalidad y nulidad de los incisos “en cuyo caso sus determinaciones prevalecerán sobre las de este Plan” así como “y con independencia de la clasificación urbanística” del artículo 51.3, por considerar que, al regular las denominadas actuaciones integrales estratégicas, se habilitaba al ejecutivo autonómico para prescindir de las determinaciones aparentemente vinculantes de la propia Ley 2/2004, lo que afectaba al sistema de fuentes y, muy particularmente, al principio de primacía de la ley.
Esta circunstancia no concurre aquí, pues los instrumentos de planificación singular turística no se aprueban y ejecutan al margen del especifico régimen insular diseñado en la Ley 6/2002. Al contrario, se insertan en dicho régimen. Es el propio legislador canario el que regula la cuestión de manera que, a diferencia del caso examinado en la STC 57/2015 , no se da la sustracción a los mandatos del planeamiento territorial por parte de la autoridad administrativa. Los citados instrumentos de planificación se someten a la legislación canaria en la materia, sin que pueda ser excepcionada su aplicación ni prescindir de las determinaciones de la ley habilitante. Dicha excepción es ajena a la regulación canaria y fue precisamente la que determinó en su momento la declaración de inconstitucionalidad de parte del artículo 51.3 de la Ley del Parlamento de Cantabria 2/2004.
Se impugna también la disposición adicional segunda que presenta el siguiente tenor literal:
Actuaciones que se declaran de interés insular a los efectos de la tramitación de instrumentos de planificación singular turística
Con arreglo al canon relativo a las leyes singulares fijado por la doctrina constitucional (SSTC 166/1986 , de 19 de diciembre, 48/2005 , de 3 de marzo, 129/2013 , de 4 de junio, 203/2013 , de 5 de diciembre, y 50/2015 , de 5 de marzo), aunque la Constitución no impide su existencia, no constituyen un ejercicio normal de la potestad legislativa, por lo que están sujetas a límites constitucionales específicos (por todas, STC 129/2013 , FJ 4). Dicha doctrina en materia de leyes singulares se ha sistematizado en la STC 170/2016 , de 6 de octubre, FJ 4, al que ahora procede remitirse.
Podemos descartar ya su eventual consideración como un supuesto de ley autoaplicativa. Esta modalidad de ley singular comprende aquellos casos en los que las leyes “no requieren de una posterior actividad administrativa de aplicación pues en sí mismas la contienen” (STC 129/2013 , FJ 2), lo que no es el caso, ya que la norma no es autosuficiente, en cuanto que requiere de posteriores actos de aplicación contemplados por el propio precepto (apartado segundo). No es, por tanto, calificable como “las leyes autoaplicativas entendidas como ‘las leyes que contienen una actividad, típicamente ejecutiva, de aplicación de la norma al caso concreto’ (STC 203/2013 , FJ 3, por referencia a los supuestos contemplados en las SSTC 48/2005 , de 3 de marzo, sobre la ampliación de la sede del Parlamento de Canarias, y 129/2013 , sobre el caso Santovenia de Pisuerga); o también como “aquellas que no requieren del dictado de un acto administrativo de aplicación”, por lo que los interesados “sólo pueden solicitar del Juez el planteamiento de la correspondiente cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional” [STC 129/2013 , FJ 6 a)]. Tampoco es posible calificar a la norma como una ley de destinatario único o de estructura singular en atención a los destinatarios a los que va dirigida (STC 203/2013 , FJ 3, por referencia a la ya citada STC 166/1986 ). Resulta notorio que la identidad de los destinatarios de la disposición cuestionada no ha sido tenida en cuenta como factor determinante del contenido de su regulación ni constituye en sí un dato obvio o que se aprecie con su simple lectura.
Debemos examinar, por último, si nos encontramos ante una ley singular dictada en atención a un supuesto de hecho concreto que es el que justificaría la utilización de la ley. Se trata de normas referidas a un supuesto de hecho concreto y singular, que agotan su contenido y eficacia en la adopción y ejecución de la medida tomada por el legislador ante ese supuesto de hecho, aislado en la ley singular y no comunicable con ningún otro (STC 166/1986 , de 19 de diciembre, FJ 10). Una ley que no fuera de destinatario único, ni auto aplicativa, adolece de tal naturaleza si ha sido dictada en atención a un supuesto de hecho concreto, esto es, a una situación singular o excepcional (STC 129/2013 , FJ 4), tal como se reconoció por este Tribunal, entre otras, en la STC 203/2013 , sobre el proyecto regional “Ciudad del Medio Ambiente” de Soria, o en la STC 50/2015 , relativa a la modificación del plan de ordenación de los recursos naturales de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina (Palencia). De hecho, la intención de eludir o sortear el cumplimiento del fallo de la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo el 18 de mayo de 2015 se configura por los demandantes como un presupuesto de la argumentación que les conduce, como consecuencia, a la denuncia de vulneración del artículo 9.3 en relación con el artículo 24.1 CE.
Desde este último punto de vista la norma puede ser calificada como una ley singular, en cuanto que se refiere a unos concretos proyectos perfectamente identificados los cuales fueron objeto, en su momento, de regulación por el plan territorial anulado. Sobre dichas actuaciones declara que concurre el interés insular que exige la disposición adicional primera como presupuesto para poder acometer su tramitación y eventual aprobación como instrumento de planificación singular turística. Así pues, al tratarse de una ley singular de este tipo hemos de comprobar si el supuesto de hecho que contempla la norma cuestionada tiene una justificación objetiva y, de ser así, si la utilización de la ley es proporcionada a la excepcionalidad que se trata de atender y que ha justificado su aprobación (STC 170/2016 , FJ 4, con cita de las SSTC 203/2013 , FJ 5; 50/2015 , FJ 5 y 231/2015 , FJ 3). A esto debe añadirse que en el caso de las leyes singulares de supuesto de hecho concreto ha de valorarse su incidencia “de forma directa, aunque no necesariamente ilegítima, en el derecho a la tutela judicial efectiva”, en cuanto pueda “impedir el acceso al control judicial de derechos e intereses legítimos afectados y eliminar la posibilidad de un control judicial de la misma intensidad que hubieran podido realizar los Tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa” (STC 203/2013 , FFJJ 3 y 8).
En cuanto a la justificación de la disposición adicional segunda , la exposición de motivos de la Ley 2/2016 no proporciona explicación alguna respecto a las razones que llevaron a su aprobación. Dicha disposición adicional segunda tiene su origen en la tramitación parlamentaria de la norma. En concreto, en una enmienda de adición presentada por dos grupos parlamentarios, enmienda que se justifica en los términos siguientes: “con el fin de posibilitar y contribuir a la implantación del modelo turístico previsto por la Ley 6/2002 y establecido por el Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística de la isla de La Palma, se declaran de interés insular las actuaciones incorporadas al sistema turístico planificado”.
Siendo ese el contenido de la norma es patente que, a diferencia de otros casos examinados por este Tribunal (SSTC 231/2015 , FJ 6, o 233/2015 , de 5 de noviembre, FJ 15) no hay aquí un interés de relevancia constitucional que exija inexcusablemente la aprobación de una norma con rango de ley. O, en otros términos, la concurrencia de claras exigencias derivadas del interés general que fundamenten la medida adoptada, pues es claro que posibilitar y contribuir a la implantación del modelo turístico es una finalidad general que como tal, a partir del marco diseñado por la Ley 6/2002, puede ser asumida por las Administraciones canarias en su respectivo ámbito de competencias. Por lo demás, dicha finalidad genérica no proporciona las razones por las que serían esas concretas actuaciones mencionadas en la disposición adicional segunda y no otras distintas las que contribuirían de modo excepcional y singular a la implantación de ese modelo. Contribución que las exoneraría de la necesidad de justificar la concurrencia del interés insular en el procedimiento administrativo de elaboración del concreto instrumento de planificación singular turística.
Y por lo que respecta a la proporcionalidad de la medida adoptada, conviene recordar el significado que hemos atribuido a este elemento del canon de constitucionalidad: “la adopción de Leyes singulares debe estar circunscrita a aquellos casos excepcionales que, por su extraordinaria trascendencia y complejidad, no son remediables por los instrumentos normales de que dispone la Administración, constreñida a actuar con sujeción al principio de legalidad, ni por los instrumentos normativos ordinarios, haciéndose por ello necesario que el legislador intervenga singularmente, al objeto exclusivo de arbitrar solución adecuada, a una situación singular” [STC 166/1986 , de 19 de diciembre, FJ 11 b); doctrina reiterada en las SSTC 203/2013 , FJ 8; 50/2015 , FJ 7; 231/2015 , FJ 6, y 233/2015 , FJ 15].
La disposición que examinamos tampoco supera dicho límite. El legislador no ha explicitado las razones por las que entiende que la utilización de la ley es una medida razonable y proporcionada, teniendo en cuenta, además, que la utilización de la ley elimina el control de la jurisdicción contencioso-administrativa en relación con la declaración de interés insular de concretas actuaciones. Actuaciones sobre las que no se ha justificado que presenten peculiaridad alguna que las diferencie de otras que también pudieran ser objeto de aprobación a través de instrumentos de planificación singular turística, siguiendo en su totalidad el procedimiento previsto en la disposición adicional primera. Atendiendo a las circunstancias del caso hay que advertir, además, que este Tribunal ya señaló que determinados vicios en los que incurre una disposición administrativa de carácter general “pueden resultar insubsanables en sí, o su subsanación puede devenir imposible, por ejemplo tras una declaración de nulidad por Sentencia firme. Entonces la Administración puede no tener otra opción, si quiere poner remedio a la infracción y perseguir la consecución del interés general concernido, que dictar un nuevo acto o un nuevo reglamento. Si el contenido de la disposición anulada es en sí mismo legal, la Administración siempre podrá volver a establecerla mediante una nueva declaración de voluntad libre de cualquier vicio procedimental, conservando incluso los trámites válidos empleados en la elaboración del declarado nulo” (STC 231/2015 , FJ 4).
Finalmente cabe recordar que “en modo alguna la reserva de ley puede servir como instrumento dirigido a evitar o disminuir la protección de los derechos e intereses legítimos amparados por la legalidad ordinaria” (STC 129/2013 , FJ 5). Eso implica que, como consecuencia directa de la desproporción en que ha incurrido el legislador, la disposición adicional segunda ha vulnerado el artículo 24.1 CE, al impedir el acceso al control judicial de derechos e intereses legítimos afectados y eliminar la posibilidad de un control judicial de la misma intensidad que hubieran podido realizar los Tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa. Tal y como señalamos en la STC 248/2000 , de 19 de octubre, FJ 5, aunque el artículo 24.1 CE “no queda vulnerado por el sólo hecho de que una materia sea regulada por norma de rango legal y, por lo tanto, resulte jurisdiccionalmente inmune”, puede ocurrir que la ley resulte inconstitucional por otros motivos y se produzca, como consecuencia de ello, una vulneración del derecho reconocido en el artículo 24.1 CE: “En otras palabras: o la ley es inconstitucional por otros motivos y cierra, por serlo, ilegítimamente el paso a pretensiones que hubieran de acceder a los jueces y tribunales, y, en este caso, puede vulnerar de forma derivada el derecho reconocido en el artículo 24.1 CE (STC 181/2000 , FJ 20); o la ley es conforme a la Constitución y, en tal supuesto, pertenece a su propia naturaleza de ley el no poder ser enjuiciada por los jueces y tribunales ordinarios” (en un sentido similar, STC 203/2013 , FJ 8).
Estimar parcialmente el presente recurso de inconstitucionalidad, y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad y nulidad de la disposición adicional segunda de la Ley 2/2016, de 27 de septiembre, para la modificación de la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma.