Source: http://costaricadicenotlc.blogspot.com/2007/04/
Timestamp: 2017-06-28 03:51:43
Document Index: 156991265

Matched Legal Cases: ['artículo 10', 'artículo 96', 'artículo 97', 'artículo 96', 'artículo 98', 'artículo 98', 'artículo 105', 'artículo 41']

De pie, Costa Rica de pie!!!: abril 2007
Justificación del voto del diputado José Merino del Río, sobre el decreto del Poder Ejecutivo en relación con el referéndum. Sesión plenaria Acta 183, del lunes 23 de abril de 2007DIPUTADO JOSÉ MERINO DEL RÍO: Gracias, señora Presidenta. Estoy lleno de alegría porque después de diecisiete años desde que el doctor Rodrigo Gutiérrez Sáenz, en nombre de las fuerzas populares y sociales de este país, trajo a esta Asamblea Legislativa la Ley del referéndum, que tuvo que topar con la férrea oposición del bipartidismo, de Liberación Nacional y de la Unidad Social Cristiana, que combatieron ferozmente la posibilidad de que se inscribiera en la Constitución Política de nuestra República la figura del referéndum, que siendo yo diputado se pudo aprobar por fin en el año 2000, a pesar de que Liberación y la Unidad quisieron siempre mutilar la figura del referéndum para que no fuera el referéndum más pleno, más participativo, que deseábamos los que lo hemos defendido desde el primer momento. Que después de que el presidente Arias afirmara que aquí ya hubo un referéndum en las elecciones de febrero del año pasado, que ya tenían configurada la mayoría de treinta y ocho votos, con la certificación del señor Embajador de los Estados Unidos, convertido hoy parece en el jefe del comando del sí, estamos muy orgullosos los que hemos defendido la necesidad de que en nuestra democracia representativa avance hacia nuevas formas de democracia directa y participativa. ¡Vamos al referéndum!, porque tenemos toda la fe y toda la convicción, y toda la militancia para ganarlo, porque ya hemos ganado la batalla contra el TLC, hoy hemos demostrado que treinta y ocho votos en este Parlamento, incluso, ni cuarenta y tres, ni cincuenta y siete eran suficientes para poder aprobar un Tratado de libre comercio que nuestro pueblo ha comprendido que es hipotecar el futuro democrático, los derechos sociales, golpear el Estado democrático y social de derecho construido por varias generaciones. Los diputados podemos votar proyectos de ley, podemos reformar, incluso, a la Constitución Política, pero nadie nos ha dado derecho de vender este país, nadie nos ha dado el derecho de privatizar un patrimonio nacional como el del ICE o el del Instituto Nacional de Seguros, o patentar la vida a través de entregar al lucro y a las patentes monopólicas los medicamentos, las semillas, las plantas, de comercializar el agua y de convertirlo en un bien común en una mercancía, de mercantilizar todavía más nuestro Sistema de Educación pública y nuestra Caja Costarricense de Seguro Social. El 26 de febrero, el pueblo en la más grande manifestación de las últimas décadas, le dijo en la calle no al TLC y el Tribunal Supremo de Elecciones recogió, recogió lo que estaba sintiendo, el pulso del pueblo en la calle y le dijo sí a la consulta popular promovida por un grupo de ciudadanos. Yo le he dicho sí a la consulta popular, yo quiero salir a las calles de mi Patria a pedirle la firma a los ciudadanos, yo quiero que el referéndum sea una campaña pedagógica y democrática, quiero que no sea una imposición ahora a través de un decretazo, quiero que sea producto de los que estuvieron primero en tiempo y tuvieron la valentía, y tuvieron la lucidez, y tuvieron el horizonte de pelear por un referéndum ciudadano, tenemos derecho a defender ese derecho... ese referéndum ciudadano, que tiene autonomía en la Constitución Política y en la Ley que regula el referéndum. Por eso yo le digo no al decretazo, no al decretazo del Gobierno Arias que nunca creyó que, efectivamente, como ha dicho el diputado Óscar López han hecho de la necesidad virtud a última hora para arrancarle al pueblo la iniciativa, la iniciativa popular, vamos a referéndum, yo respetaré como ciudadano y como diputado lo que en última instancia decida el Tribunal Supremo de Elecciones, lo que decida el Tribunal Supremo de Elecciones después de que tome en cuenta todas las argumentaciones jurídicas que desde diversas instancias de nuestra sociedad se le están aportando, el Tribunal Supremo tendrá también que tomar una decisión de carácter muy trascendente. ¿Qué es lo que va a respetar? La iniciativa popular va a entregar mañana las hojas para que salgamos a los pueblos a recoger las firmas, les retamos a la mayoría mecánica, que ya no tiene los votos para poder aprobar el TLC en este Parlamento, los retamos a ver si dentro de un mes no tenemos nosotros medio millón de votos, medio millón de firmas, eso es lo que no quiere el Gobierno, le tenía pavor, le tiene pavor a la recogida de firmas, porque ahí le íbamos a dar una lección de democracia, les íbamos a dar una lección de fe de nuestro pueblo, de convicción en que vamos a enterrar el Tratado de libre comercio. Y ojalá que con el Tratado de libre comercio también empecemos a enterrar este modelo neoliberal que ha creado, en este país, más pobreza, más desigualdad social, más corrupción, menos democracia. El referéndum es una victoria del movimiento democrático y social de este país. Por eso, yo lo apoyo, con toda fe y con toda alegría. Y no hay para mí absolutamente ninguna contradicción en decirle sí al referéndum, y decirle no al decreto presidencial, porque aquí estamos hablando de política, estamos hablando de cuál es el trasfondo de lo que se está debatiendo en este país. Nosotros ya hemos ganado la batalla de las ideas, les hemos ganando, compañeras y compañeros de este Plenario, la batalla de los argumentos. Nosotros ya le hemos derrotados a ustedes, en la conciencia y en el corazón de la mayoría social de este país. Por eso, vamos al referéndum, porque también esa derrota que está hoy, ya enraizada en la conciencia profunda de esta sociedad, la vamos a demostrar también en las urnas. Estamos felices que podamos enterrar este referéndum democráticamente en las urnas. Le digo no al decretazo, le digo sí a mi país, le digo sí a mi Patria, le digo sí a mi pueblo, le digo sí a la clase trabajadora, le digo sí a los estudiantes, a las amas de casa, a las mujeres de esta Patria, a los campesinos, a los indígenas, a los ambientalistas, a los intelectuales, al conjunto de las fuerzas del trabajo y de la cultura de este país, que estamos haciendo historia. El único país, de América Latina, que en las urnas y mediante un referéndum va a derrotar el primer tratado comercial con los Estados Unidos, no porque estemos en contra del comercio. Queremos comerciar con todo el mundo abiertamente, pero queremos un comercio justo, un comercio que no esté basado en las desigualdades crecientes y en las asimetrías, un comercio que esté fincado en el bien común, un comercio que esté... fincado en el beneficio recíproco, que no es este Tratado de libre comercio. Queremos que se consulte a la Sala, para que el pueblo tenga garantías democráticas, queremos que haya control real del Tribunal, para que el poder del dinero, que ya ha sido usado delictivamente en campañas electorales, que el dinero del narcotráfico, que el dinero de las trasnacionales, que el dinero de los negocios no intervenga corruptamente en las campañas electorales, como nos ha estado sucediendo en las últimas campañas en este país. Queremos transparencia, queremos transparencia y equidad, y queremos que el Tribunal Supremo de Elecciones, que ha sufrido una erosión en la credibilidad de la opinión pública, pueda recuperarse demostrando, con este referéndum, que vamos a una elección limpia, igualitaria, transparente, repito, con observación internacional y en ese referéndum claro que vamos a escribir una de las páginas más hermosas de la historia de Costa Rica, una página que, no me cabe duda, que contribuirá a renovar, a enriquecer, a fortalecer, a ampliar nuestra querida democracia. Yo le digo no al decretazo, señora Presidenta. Muchas gracias.costa ricatlc caftaEtiquetas: Costa Rica, No TLC
posted by FRENTE AMPLIO at 5:41 p. m.
Entrevista.Por Ismael Venegas C. José Merino del RíoDiputado del Frente Amplio Sin ambages, el más férreo opositor del TLC afirma que respetará el llamado del TSE a referendo por la vía que estime conveniente. Se opone a que siga el trámite de las leyes paralelas si triunfa el “no” al Tratado en la consulta popular. Trayectoria: fue legislador en el período 1998-2002. Es politólogo. Tiene 56 años. Es presidente del partido Frente Amplio Algunos sindicatos y grupos hablan de no reconocer el resultado del referendo sobre el Tratado de Libre Comercio si el Tribunal Supremo de Elecciones avala la solicitud del Poder Ejecutivo y suspende la recolección de firmas gestionada por el exlegislador José Miguel Corrales. ¿Qué criterio le merece esa posición? La gente ha manifestado alegría y acuerdo por el referendo. Lo que pasa es que se pronuncian en defensa de la iniciativa popular, que desembocará en el referendo. Creo que a eso no se le puede llamar boicot al referendo. “Si hay algún sector, muy minoritario, que haya dicho eso, no está representando a la inmensa mayoría que está en contra del TLC. “La opinión del movimiento popular es que se va al referendo. Yo creo que el movimiento popular mayoritario va a aceptar ir al referendo, y espera que el Tribunal dé explicaciones satisfactorias del porqué una iniciativa u otra”. El Poder Ejecutivo solicitó la realización de un referendo sobre el TLC. Los opositores del Tratado también hicieron la petición por el mecanismo de recoger firmas de los ciudadanos. Si el Tribunal Supremo de Elecciones convoca a un referendo y suspende la recolección de firmas, ¿cuál será su posición? Yo voy a respetar la decisión de Tribunal Supremo de Elecciones. Pero obviamente voy a hacer planteamientos en el debate que se va a dar aquí, y voy a mandar mis impresiones al TSE. Creo que el TSE debe sopesar las opiniones jurídicas que se están dando sobre el tema, y espero que lo haga de la forma más independiente y honesta. “Tenemos que pedir garantías y el mismo Tribunal ha dicho que hay muchas lagunas. “José Merino quiere el referendo y aceptará lo que señale el TSE”.¿Habrá protestas si el Tribunal decide convocar al referendo y no esperar la recolección de las firmas? No sé si habrá protestas, pero en último término vamos al referendo. “Yo puedo discrepar de una decisión de la Sala, o del Tribunal, pero al final ellos tienen la decisión y, aunque discrepe, la respetaré, porque el referendo en estas condiciones es bueno para el país, y porque tenemos mucha confianza en que podemos ganar”. ¿Qué opina de algunas manifestaciones que tienden a ensuciar la figura del referendo? Estas manifestaciones pueden venir de cualquier lado. Hay mucha gente que incluso por ser una figura desconocida en la vida nacional tiene temores, algunos legítimos, otros infundados. “Me parece que es normal que haya tensión, y va a haber tensión, pero por la misma novedad. Al final, creo que una mayoría social, a favor o en contra del TLC, entenderá que este es un buen camino para Costa Rica”. ¿Qué pasa si el “sí” al TLC triunfa? Si es un referendo que, espero se realice con honestidad y transparencia, hay que aceptar el resultado, aunque estoy convencidísimo de que vamos a ganar. “Si es un proceso limpio, y si una mayoría de ciudadanos se pronuncia por el sí, yo como diputado y ciudadano lo respetaré y seguiré luchando por mis ideales, pero respetando la decisión democrática, igual que respeto los resultados electorales”. ¿Qué pasará con las leyes paralelas al TLC si triunfa el “sí” al TLC en el referendo? Me preocupa que estén diciendo que las leyes de implementación siguen si pierden el TLC. Yo creo que no son leyes independientes del TLC. Están abriendo una situación muy conflictiva. “Con esas declaraciones están calentando la calle. Yo creo que eso sería una llamada a una situación social de una confrontación inevitable. “La agenda de implementación se seguirá discutiendo, pero obviamente en aquellos aspectos que no vayan más allá del TLC tendrá un trámite normal. “Siempre que se ajusten a lo que dice el TLC, yo las votaría en contra, pero no podría hacer el mismo tipo de oposición”.Pero ¿qué pasará con las leyes paralelas si triunfa el “sí”? Obviamente, el tipo de oposición tiene que cambiar adaptándose a lo que la gente ha votado en el TLC. “Pero lo que no se vale es seguir con las leyes de implementación si hay un “no” al TLC. “Aceptemos el Gobierno y nosotros que el TLC tiene que ver con la agenda de implementación. Si lo aceptamos todos, aceptamos lo que se deriva del resultado. “Ahora, incluso se va a intensificar la conflictividad si se mantienen en la corriente parlamentaria las leyes de implementación, incluso justificando hasta una posición mucho más dura”. ¿Cómo se manifestará esa posición suya más dura contra las leyes de implementación? Utilizaré todavía con mayor energía todos los instrumentos que me da el Reglamento. “Yo creo que si el Gobierno mantiene aquí las leyes de implementación, eso va a ser muy dañino para el proceso del referendo”. Pero el Gobierno necesita que las leyes paralelas avancen si hay un sí al TLC. Pero que el Gobierno diga claramente: ‘nos comprometemos a llevarlas hasta el punto de dictamen en comisión, por ejemplo’. * Entrevista publicada en La Nación, 22 de abril de 2007costa ricatlc cafta Etiquetas: Costa Rica, No TLC
posted by FRENTE AMPLIO at 5:43 p. m.
José Merino del RíoDiputado del Frente AmplioVamos al referéndum y queremos garantías democráticas, para que sea transparente, honesto, sin trampas. Queremos un referéndum donde la fuerza del dinero no aplaste la voluntad democrática de la sociedad costarricense, que ha conformado desde abajo un gran frente nacional de lucha contra el TLC y la agenda de implementación. Por eso pedimos garantías para el referéndum, por ser un instrumento nuevo y de importancia extraordinaria para el futuro de nuestra democracia; por eso hay que defenderlo de cualquier intento de prostituirlo o manipularlo.En primer lugar, se debe respetar la iniciativa popular autorizada por el Tribunal Supremo de Elecciones. Hay una consulta popular, que es un derecho de la ciudadanía tutelado constitucionalmente, una figura autónoma en la forma de convocar a referéndum que se debe acatar, permitiendo el inicio de la recolección de firmas. Si el TSE encuentra alguna razón para anular la iniciativa del ex diputado José Miguel Corrales y otros ciudadanos, se lo tiene que explicar a la ciudadanía; si ésta no existe debería darle prioridad a la iniciativa popular, frente a la propuesta del presidente Arias.En segundo lugar no se puede llevar al pueblo a una consulta sin seguridades jurídicas evidentes. Este proyecto tiene que ser consultado a la Sala Constitucional antes de ser sometido al voto popular, porque, de lo contrario, se le podría estar tomando el pelo a la ciudadanía; llevando al país a un referéndum sobre el TLC, cuando ya destacados juristas y académicos han señalado más de quince inconstitucionalidades.Queremos que la Sala Constitucional resuelva. La Constitución de la República exige el examen constitucional de los tratados internacionales. Esto no se lo puede saltar nadie con garrocha. Claro que no hay antecedentes, porque el referéndum es inédito en la vida política del país. Pero, precisamente por serlo, requiere mecanismos creativos y originales, sin atenerse a una reglamentación que no sea adecuada para una institución democrática desconocida hasta ahora en la vida del país, como el referéndum. Contrario a lo que algunos defensores del TLC sostienen, la Ley de la Jurisdicción Constitucional sí permitiría a la Sala IV pronunciarse antes de la celebración del referéndum.En tercer lugar, queremos garantías porque hemos sido testigos de que en las elecciones hay financiamiento criminal a los partidos, que tratan de vulnerar, al final, la voluntad de la gente en las urnas. Hay dinero criminal que ha financiado campañas políticas proveniente del narcotráfico, de gobiernos extranjeros y de las transnacionales. Queremos garantías para poder ir a una votación, donde el poder del dinero no quiera doblegar fraudulentamente la voluntad ciudadana.En cuarto lugar se deben retirar de la agenda legislativa los proyectos de ley incluidos en la llamada agenda de implementación, aquellos que obligatoriamente esta conociendo la Asamblea Legislativa y que forman parte orgánica del TLC. No se puede engañar al país, el tratado es un texto orgánico e integral y la agenda de implementación, es parte del TLC. No se puede tratar de aprobar la agenda de implementación y, al mismo tiempo, someter a referéndum el TLC. La movilización social seguirá para evitar la privatización del ICE y del INS, para evitar que se patente la vida, que se quiera comercializar con las semillas y con las plantas, en defensa de nuestra patria, de las condiciones de vida y de trabajo de nuestro pueblo. Seguiremos en las calles, democrática y pacíficamente, y ganaremos en las urnas el referéndum. Será una batalla histórica de David contra Goliat donde, como ha dicho el expresidente Monge Alvarez, se repetirá el episodio bíblico. Después de todo como canta Guadalupe Urbina: “David no es Goliat, pero sabe pensar”.*Artículo publicado el día 20 de abril de 2007 en el Diario Extra y la Prensa Libre
Le invitamos a participar en la Asamblea abierta del FRENTE AMPLIOInforme del Diputado JOSE MERINO DEL RIO"Posición del Frente Amplio sobre el referéndum yla lucha social para derrotar el TLC y la agendade implementación"Intercambio de opinionesDía: LUNES 23 DE ABRILHora: 6 p.m.Lugar: Auditorio de la Asamblea Legislativa (antigua capilla del Sión)Invitación abierta a personas integrantes yamigas del Frente Amplio, de las coordinadoras yfrentes de lucha contra el TLC y ciudadanía engeneral¡NO al TLC y la agenda de implementación!¡Sin miedo al referéndum, en las urnas y en las calles!costa ricatlc caftaEtiquetas: Costa Rica, No TLC
posted by FRENTE AMPLIO at 12:05 p. m.
José María Villalta Floréz-EstradaA raíz de la decisión del Poder Ejecutivo de presentar a la Asamblea Legislativa un proyecto de acuerdo para convocar el TLC con Estados Unidos a referéndum por vía de iniciativa conjunta, han surgido muchas voces en la sociedad costarricense que plantean la razonable necesidad de que este Tratado sea consultado previamente a la Sala Constitucional para dilucidar las dudas existentes sobre su constitucionalidad.La reacción del Gobierno y de los diputados que promueven el TLC ha sido oponer todo tipo de objeciones para evitar a como de lugar que esta consulta se realice. Como si en el pasado –cuando se trataba de acelerar el trámite del TLC- no hubieran hecho gala de desbordada creatividad para interpretar las normas que regulan los procedimientos parlamentarios, ahora salen con interpretaciones puramente literales, chatas, que niegan cualquier posibilidad de integrar el Derecho.Que la Ley de Regulación del Referéndum no regula expresamente el procedimiento para hacer la consulta a la Sala, que el TLC no recibiría votación en primer debate si es sometido a referéndum. Estas son esgrimidas como razones absolutas para concluir que la consulta obligatoria a la Sala Constitucional debe borrarse de nuestro ordenamiento jurídico.Pero la cosa no es así. La consulta previa sobre la constitucionalidad del TLC no es un capricho o una ocurrencia de los grupos sociales que adversan este Tratado.Esta consulta es un requisito del procedimiento de incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de este tipo de instrumentos internacionales que tiene pleno sustento constitucional. De acuerdo con el artículo 10, inciso b) de la Constitución Política es competencia de la Sala Constitucional “conocer de las consultas sobre proyectos de reforma constitucional, de aprobación de convenios o tratados internacionales y de otros proyectos de ley, según se disponga en la ley.”Por esta razón es que el artículo 96 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional dispone que la consulta de los proyectos “tendientes a la aprobación de convenios y tratados internacionales, inclusive las reservas hechas o propuestas a unos u otros” es de carácter preceptivo, obligatorio.Es decir, en el caso de tratados internacionales como el TLC, nos encontramos ante un requisito sustancial, de raigambre constitucional.Ahora bien, es cierto que la Ley de Regulación del Referéndum, Nº 8492, no regula el procedimiento para cumplir con este requisito constitucional en el marco de proyectos para la aprobación de tratados internacionales que sean sometidos a consulta popular vía referéndum. Pero –y esto es lo que parecen ignorar los promotores del TLC – dicha Ley tampoco lo prohíbe o deroga.La Ley de referéndum omite regular la forma de consultar a la Sala, pero de ninguna manera restringe o impide que se cumpla con este trámite sustancial. Es por la vía de la interpretación que quieren prescindir de esta consulta. Y entonces me pregunto ¿Es posible interpretar que se ha eliminado un requisito con sustento constitucional y que una ley de orden público dice que es obligatorio, sin que otra ley expresamente realice tal derogatoria? Creo que la respuesta es claramente que no. Un requisito constitucional de tal envergadura no puede tenerse por derogado por el solo hecho de que la Ley no regule un procedimiento claro para cumplirlo en el caso de tratados sometidos a referéndum. Entonces la discusión debería reconducirse a dilucidar si –integrando las normas que regulan la materia- existe algún procedimiento que permita realizar esta consulta en estos casos.Podría alguien afirmar que en caso de contradicción entre las normas constitucionales y legales que regulan el referéndum y la consulta preceptiva de constitucionalidad de tratados internacionales deberían prevalecer las primeras, porque se derivan del principio democrático y son un mecanismo de participación ciudadana, derecho humano fundamental de los habitantes.Y coincidimos con tal afirmación. Pero la pregunta fundamental que debemos hacernos es ¿Existirá realmente contradicción entre la realización del referéndum y la consulta previa del TLC a la Sala Constitucional? ¿Obstaculiza o impide de alguna manera esta consulta la realización del referéndum?Aquí nuevamente la respuesta es categórica. La realización de la consulta previa de constitucionalidad es plenamente compatible con el referéndum. Esta consulta de ninguna forma obstruye o impide la aplicación de dicho instrumento de participación ciudadana. Hay que recordar que, de acuerdo con la Ley, la Sala tiene un reducido plazo de un mes para pronunciarse, por lo que no es posible retrasar indefinidamente el referéndum por esta vía.Más bien, el que se consulte previamente a la Sala sobre aspectos de constitucionalidad del TLC puede facilitar y favorecer la adecuada realización del referéndum.Veamos un ejemplo concreto. De previo a dictar la convocatoria a referéndum, el Tribunal Supremo de Elecciones tiene que determinar el porcentaje de participación de ciudadanos inscritos en el padrón electoral que se requiere para que el resultado de dicha consulta popular sea vinculante (30% o 40%) Pero para que tal definición pueda realizarse se debe determinar primero si el TLC requiere mayoría simple o mayoría calificada para su aprobación.Sobre este tema existen criterios divergentes en la Asamblea Legislativa: el Departamento de Servicios Técnicos ha concluido que se requiere mayoría calificada, pero hay un grupo importante de diputados, incluido el Presidente del Directorio, que han opinado lo contrario. En última instancia este diferendo le corresponde resolverlo a la Sala Constitucional, que es el tribunal competente para analizar la constitucionalidad de las disposiciones sustantivas del TLC y determinar –con base en estas- cual es la mayoría requerida para su aprobación legislativa. El TSE no tiene competencia para realizar este análisis de constitucionalidad porque no es materia electoral. De manera que la consulta previa a la Sala Constitucional podría sentar bases claras que le permitan al TSE definir las cuestiones que sí son de su competencia.Así las cosas, volvemos al problema de determinar si existen los mecanismos legales que permitan realizar esta consulta previa de constitucionalidad en el caso del TLC. Y desde ya adelanto que SÍ existen. Lo que no hay es voluntad política del Gobierno para que esta consulta se haga.Es claro que el órgano competente para hacerla es el Directorio Legislativo de acuerdo con el artículo 97 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Eventualmente diez o más diputados podrían formular una consulta facultativa o bien entidades como la Defensoría de los Habitantes podrían hacerla en el caso específico de normas del TLC que afecten derechos fundamentales de los habitantes (artículo 96.ch) Esta es la principal razón por la que la Sala Constitucional rechazó la consulta sobre este tema formulada por la señora Gloria Valerín, Directora del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, porque fue realizada por un órgano que, evidentemente, no tiene competencia para ello.Entonces, el punto medular es determinar el procedimiento a seguir y la oportunidad para llevar a cabo la consulta de constitucionalidad.El Gobierno y quienes promueven el TLC han insistido en afirmar que tal procedimiento no existe porque la Ley de Regulación del Referéndum no lo contempla y Ley de la Jurisdicción Constitucional establece que la consulta debe hacerse después de la votación en primer debate del proyecto, mientras que los proyectos de ley sometidos a referéndum no reciben votación en primer debate en la Asamblea Legislativa.Pero, de manera sorprendente, estas personas, incluido el señor Rubén Hernández (La Nación, 18/04/2007), solo parecen haber leído la primera parte –la que les interesa- del artículo 98 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional que es la que regula la oportunidad para realizar la consulta previa de constitucionalidad.Esta norma regula tres supuestos distintos en relación con el momento en que la consulta debe formularse y el procedimiento a seguir. No obstante, de forma irresponsable quienes insisten en que el TLC no debe consultarse a la Sala Constitucional se circunscriben únicamente al primero de estos supuestos.De acuerdo con el artículo 98 de la Ley citada, las consultas legislativas de constitucionalidad deben formularse:1. Después de la aprobación en primer debate y antes del segundo debate, cuando se trate de proyectos o actos legislativos sujetos al trámite de emisión de las leyes. (Párrafo primero)2. Con la anticipación debida cuando se trate de proyectos para cuya aprobación la Asamblea Legislativa tuviere un plazo constitucional o reglamentario como el Presupuesto Ordinario de la República (Párrafo segundo)3. La oración final de este artículo establece:“En los demás supuestos, la consulta deberá plantearse antes de la aprobación definitiva.”Esta norma es suma trascendencia, ya que permite resolver el problema planteado. Establece una categoría residual que abarca todos aquellos casos de proyectos de ley que no se encuentran previstos en los supuestos anteriores. Es decir, todos aquellos proyectos que no se someten a primer y segundo debate legislativo y no tienen plazo constitucional o reglamentario para su aprobación.Nótese que su ámbito de cobertura es sumamente amplio. Habla de “los demás supuestos”, sin excluir alguno. Lo importante es que la consulta se haga antes de la aprobación definitiva del proyecto, cuando todavía tiene sentido el control previo de constitucionalidad. Véase también que no se habla de primer y segundo debate, se habla de la “aprobación definitiva”, es decir, con anterioridad a que el proyecto que se quiere o se debe consultar (en el caso de consultas preceptivas) se incorpore a nuestro ordenamiento jurídico. El espíritu de esta disposición es claro. Como la Ley no podía prever todos los casos que en la práctica se podían presentar ni los procedimientos que crearan en el futuro (referéndum, por ejemplo) se estableció una norma abierta, a fin de evitar que haya proyectos legislativos que no puedan ser sometidos al control previo de constitucionalidad, por razones relativas al procedimiento seguido para su aprobación.Lo anterior es plenamente aplicable al caso de los proyectos de ley que requieren consulta preceptiva y que son sometidos a referéndum. Al integrarla con la Ley de Regulación del Referéndum permite resolver la laguna existente en esta. También permite superar la discusión planteada sobre las supuestas “diferencias insalvables” entre el procedimiento legislativo para la aprobación de las leyes y el procedimiento para someter un proyecto de ley a referéndum.Lo que es indispensable es que la consulta se produzca antes de la aprobación definitiva del proyecto, ya sea en la Asamblea Legislativa o mediante consulta popular. En el caso del TLC esto es todavía posible.También es importante considerar que cuando se ha presentado una solicitud para convocar a un referéndum, ya sea por iniciativa popular (recolección de firmas) o por iniciativa conjunta con el Poder Ejecutivo o exclusiva de los diputados (mediante proyectos de acuerdo legislativo), la consulta de constitucionalidad debe hacerse antes de que se apruebe dicha convocatoria. O sea, antes de que el TSE declare la convocatoria por iniciativa popular o la Asamblea Legislativa apruebe los respectivos proyectos de acuerdo legislativo para tal fin.Pero nada impide, que en relación con el TLC y de previo a aprobar la convocatoria a referéndum se cumpla con el requisito de la consulta preceptiva de constitucionalidad. El Directorio Legislativo puede hacerlo, debe hacerlo aplicando lo dispuesto en los artículos 96 inciso a), 97 y 98 párrafo tercero de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, normas que no son incompatibles ni con el espíritu de la consulta popular ni con lo dispuesto en la Ley de Regulación del Referéndum, y que más bien facilitarían la adecuada aplicación de este instrumento.En conclusión. Es mentira que no se pueda consultar el TLC a la Sala Constitucional antes de someterlo a referéndum. Esta consulta es un requisito sustancial con amplio sustento constitucional para la incorporación de tratados internacionales (con rango superior a la Ley) a nuestro ordenamiento jurídico. No solo es compatible con la consulta popular, sino que favorece su exitosa realización. Existen las normas legales que permiten resolver las lagunas existentes en la Ley 8492, para que la Asamblea Legislativa (u otros órganos legitimados) lleven a cabo la consulta de previo a la convocatoria a referéndum.No deja de ser sorprendente la insistencia con que los promotores del TLC recurren a lecturas formalistas, rígidas e incompletas de la legislación nacional con tal de impedir que esta consulta se realice.Todo indica que existe un gran temor a que la Sala Constitucional se pronuncie sobre aspectos medulares como la votación requerida por el TLC para ser aprobado, y que se pretende utilizar el instrumento del referéndum como una vía para evitar que dicho Tribunal se pronuncie sobre las serias inconstitucionalidades que tendría este Tratado.costa ricatlc caftaEtiquetas: Costa Rica, No TLC
posted by FRENTE AMPLIO at 12:02 p. m.
Frente Amplio pide declararlo “non grato”“Después de autoproclamarse jefe del bloque de gobierno y legislativo pro-TLC, ahora el embajador de los Estados Unidos, Mark Langdale, al parecer asume el comando del sí para el referéndum” denunció el diputado José Merino del Río.El representante del Frente Amplio aseguró que cada vez son más descaradas las intervenciones del diplomático norteamericano en los asuntos internos de Costa Rica, tal y como quedó evidenciado en su intervención ante la Cámara de Comercio Norteamericana (AMCHAM); por lo que se impone la declaratoria de ‘non grato’ de Langdale que hace su agrupación política, uniéndose a una petición similar de los sectores sociales.“Nuevamente el embajador Langdale ofende la soberanía nacional, al actuar como procónsul de república bananera que arremete contra la Asamblea Legislativa, reta a los opositores del TLC y amenaza al país con el cierre de empresas que se llevarían para otro lado”, comentó el diputado Merino.“Este comportamiento intervencionista y desesperado de Langdale se explica porque se trata de un empresario, disfrazado de diplomático, que anda promoviendo sus eventuales negocios personales y los de la familia Bush”, manifestó el parlamentario del Frente Amplio.Recordó el diputado Merino que el embajador de Estados Unidos no ha respondido frente a las denuncias sobre sus intereses empresariales en el TLC, lo que evidencia que son ciertas.La cámara empresarial de Langdale, la AMCHAN, es la misma que llamó a sus asociados a hacer contribuciones económicas, con el fin de facilitar la aprobación del Combo ICE mediante aportes que garantizaran un voto mayoritario de los diputados, según fue denunciado en su momento en el plenario legislativo.Comunicado de Prensa, 19 de abril de 2007Asamblea Legislativa de Costa RicaDiputado José Merino del RíoPartido Frente Ampliocosta ricatlc caftaEtiquetas: Costa Rica, No TLC
posted by FRENTE AMPLIO at 2:23 p. m.
LA NOTICIA SOBERANATitulares:-TLC a referéndum por iniciativa popular-Violencia de género es finalmente penalizada-Estudiantes exigen mejores condiciones a AriasLa Otra CaraNoticiero Virtualcosta ricatlc caftaEtiquetas: Costa Rica, No TLC
posted by FRENTE AMPLIO at 11:18 a. m.
GARANTIAS PARA EL REFERÉNDUM SOLICITAN FUERZAS QUE SE OPONEN AL TLC
“Continuará movilización social” anuncia diputado Merino El diputado José Merino del Río dijo hoy en el plenario legislativo que las fuerzas sociales y políticas que se oponen al TLC, manifiestan su acuerdo de ir al referéndum, al mismo tiempo que exigen garantías democráticas mínimas.En primer lugar se refirió el diputado Merino a la necesidad de respetar el proceso de la iniciativa popular solicitada por un grupo de ciudadanos y autorizada por el Tribunal Supremo de Elecciones. “El TSE debe respetar el principio de ‘primero en tiempo, primero en derecho’ y permitir el inicio de la recolección de firmas” dijo.Un segundo aspecto indispensable, según el legislador del Frente Amplio, es el retiro de la agenda legislativa del TLC y de los proyectos de implementación. “Continuar discutiendo estos proyectos nefastos en la Asamblea Legislativa es burlar al pueblo", afirmóUna tercera garantía para el diputado Merino “es la creación de mecanismos creativos, originales, para permitir que la Sala Constitucional, antes de efectuarse el referéndum, pueda pronunciarse sobre las inconstitucionalidades que diversos grupos de intelectuales y académicos han encontrado en el TLC”.En cuarto lugar declaró Merino del Río que hacen falta garantías para evitar que en el referéndum exista financiamiento criminal, como lo ha existido en las campañas electorales, donde determinados partidos han recibido dinero proveniente del narcotráfico, gobiernos extranjeros y transnacionales. “Debe haber garantías para que el poder del dinero no se imponga al poder del pueblo” aseguró.El diputado Merino anunció que la movilización social continuará. “Seguiremos en las calles con la movilización democrática y pacífica de los ciudadanos, para impedir la privatización del ICE y el INS, y para impedir que se patenten las semillas y la biodiversidad con el proyecto de obtenciones vegetales”, afirmó.Finalmente el legislador expresó su confianza en el triunfo de las fuerzas sociales y políticas que se oponen al TLC.Comunicado de Prensa, 17 de abril de 2007Asamblea Legislativa de Costa RicaDiputado José Merino del RíoPartido Frente Ampliocosta ricatlc caftaEtiquetas: Costa Rica, No TLC
posted by FRENTE AMPLIO at 11:10 a. m.
PRESIDENTE ARIAS DEBE RESPETAR INICIATIVA POPULAR SOBRE REFERENDUM
Lo contrario sería un fraude asegura diputado José Merino “El presidente Oscar Arias y su bloque parlamentario parecen empeñados en burlar la iniciativa popular mediante la convocatoria por decreto ejecutivo del referéndum sobre el TLC”, aseguró el diputado José Merino del Río.Para el legislador del Frente Amplio de esa manera se estaría burlando de manera grave el derecho constitucional de la ciudadanía de acudir a este instituto democrático de la iniciativa popular. “La iniciativa popular es en si misma un derecho fundamental de los ciudadanos tutelado en el artículo 105 de la Constitución de la República”, manifestó.Según el diputado Merino hay que recordar que la Ley de Regulación del Referéndum establece un procedimiento de acumulación de consultas y que debe respetarse, en el caso de que existan dos sobre el mismo proyecto, la vieja máxima que dice que “primero en tiempo, primero en derecho”.“El gobierno y el parlamento están obligados a respetar el proceso de recolección de firmas de los sectores ciudadanos que solicitaron la convocatoria del referéndum, lo contrario sería un fraude, que debería ser rechazado en forma enérgica y contundente por el pueblo” afirmó categóricamente Merino.Para el parlamentario del Frente Amplio “lo que el presidente Arias y su bloque parlamentario pretenden, violentando el derecho constitucional a la iniciativa popular, es impedir que los ciudadanos sean informados, durante el proceso de recolección de las firmas, sobre las consecuencias del TLC y la trascendencia de un referéndum para rechazarlo”.“Pedimos a la población estar alerta ante cualquier decisión del gobierno en ese sentido, la cual debe ser rechazada enérgicamente como una maniobra antidemocrática”, concluyó diciendo el diputado Merino. Comunicado de Prensa, 13 de abril de 2007Asamblea Legislativa de Costa RicaDiputado José Merino del RíoPartido Frente Ampliocosta ricatlc caftaEtiquetas: Costa Rica, No TLC
posted by FRENTE AMPLIO at 5:44 p. m.
Ante el anuncio del TSE, el diputado José Merino adelanta sus primeras reflexiones en nombre de la Fracción del Partido Frente AmplioUn grupo de ciudadanos y ciudadanas ha ejercido su derecho constitucional a solicitar la autorización del Tribunal Supremo de Elecciones para iniciar un proceso de recolección de firmas para determinar si el pueblo de Costa Rica está de acuerdo con someter a referéndum vinculante por iniciativa popular el TLC con los Estados Unidos.El Tribunal ha acogido esta solicitud y ha autorizado el inicio de la recolección de firmas. Los ciudadanos interesados tienen ahora un plazo de 8 meses para cumplir con este requisito. Será entonces el pueblo el que decida si se convoca o no un referéndum vinculante sobre el TLC.El Gobierno y los grupos económicos que promueven la aprobación del TLC a golpe de tambor deben respetar este proceso democrático y abstenerse de obstaculizarlo o manipularlo.Sería inaceptable cualquier maniobra para burlar la iniciativa popular mediante recolección de firmas, a través, como se rumora quiere hacer el presidente Arias, de una solicitud de convocatoria del Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa. En particular se debe suspender el trámite acelerado del TLC Y SU AGENDA DE IMPLEMENTACIÓN mientras se realiza la recolección de firmas, a fin de hacer viable que la población pueda decidir.Si mientras estas firmas se están recolectando el Gobierno insiste en tramitar de manera abrupta las leyes exigidas por el TLC se estaría cometiendo un fraude contra nuestro sistema democrático. Se estaría burlando al pueblo costarricense al hacerle creer que se le va a permitir manifestar su voluntad de forma directa, mientras que, por la espalda, se imponen una serie de leyes que consolidan los efectos más perniciosos del Tratado que se pretende consultar.Los cientos de miles de costarricenses que salimos a las calles para manifestar nuestra oposición al TLC no tenemos porque temerle al referéndum ni a cualquier otro mecanismo de consulta directa al pueblo. Lo que si debemos es rechazar cualquier consulta amañada y manipulada, donde no existan garantías mínimas de participación en igualdad de condiciones para ambas partes.Por eso es que, de previo a decidir sobre una convocatoria a referéndum, deben garantizarse, entre otras, estas condiciones básicas.-Que va a existir equidad en el acceso a los medios de comunicación, para que tanto los sectores que están a favor como los que están en contra del proyecto que se consulta puedan exponer sus posiciones.-Que las instituciones de Gobierno no van usar recursos públicos para favorecer una posición, que no se va extorsionar, amenazar o manipular al pueblo, condicionando ayudas o servicios públicos.-Que los empresarios no van a amenazar a sus trabajadores para obligarlos a que voten de una determinada manera como ocurrió recientemente en El Salvador y ya está pasando en Costa Rica.-Que va a haber un estricto control sobre las contribuciones privadas para evitar que gobiernos extranjeros, empresas trasnacionales y poderosos grupos económicos destinen millonarios recursos para comprar conciencias y promover el fraude.-Que haya transparencia y no se permita la intervención de grupos como el mal llamado “Grupo Por Costa Rica”, mientras persista en su práctica de realizar campañas millonarias para atemorizar y desinformar a la población negándose a informar de donde viene el dinero que las financia.Hoy en día la Ley que regula el referéndum (Nº 8492) carece de las normas para asegurar estas garantías mínimas. Por eso habría que tramitar un proyecto de ley para reformar esta legislación para incluirlas a la mayor brevedad posible. Esta iniciativa debería discutirse de previo a una convocatoria a referéndum.En el caso específico del TLC también es indispensable que antes de convocar a una consulta popular de este tipo se aclaren las inmensas dudas que existen sobre las INCONSTITUCIONALIDADES que contiene este Tratado.De lo contrario, se podría estar nuevamente engañando y burlando al pueblo de Costa Rica, al consultarle un proyecto que sería contrario a nuestra Constitución Política. Es decir, un proyecto sobre cuya viabilidad no existiría seguridad alguna. Ninguna ley que violente nuestra Carta Fundamental puede tener vigencia aún cuando haya sido sometida a referéndum.Por lo tanto, de previo a una convocatoria a referéndum del TLC debe consultarse a la Sala Constitucional sobre los grandes roces de constitucionalidad que presenta este Tratado.Ante esta situación el pueblo y sus organizaciones sociales deben mantenerse unidos en estado de alerta, incrementando la protesta cívica y la movilización, hasta conseguir la derrota del TLC y su agenda de implementación.José Merino del RíoDiputado Asamblea LegislativaPartido Frente AmplioComunicado de Prensa, 12 de abril de 2007Asamblea Legislativa de Costa RicaDiputado José Merino del RíoPartido Frente Ampliocosta ricatlc caftaEtiquetas: Costa Rica, No TLC
posted by FRENTE AMPLIO at 5:39 p. m.
El diputado José Merino del Río solicitó incluir un tributo especial de las empresas de televisión y cable, en la ley general de telecomunicaciones que se discute en la Asamblea Legislativa.El legislador del Frente Amplio denunció la escasa contribución de este sector de la infocomunicación. Señaló que: “Según una certificación de la firma Media Guru, ya indexados y limpios de descuentos, Canal 7 vendió 23 mil millones de colones y Repretel 12 mil millones de colones en el 2007, que significa el 92.6 de la facturación total de televisión en el país”.Agregó el diputado Merino que “El dueño de Repretel el mejicano Ángel González tiene bajos costos de operación en Costa Rica, porque él posee 30 estaciones de televisión en varios países de América Latina y adquiere los materiales por paquete lo que rebaja sustancialmente sus costos de operación en todos estos países”.Continuó diciendo que “Cable Tica tiene, todavía un mejor negocio que Canal 7, pues es plata de contado solo multipliquen... dicen que tiene actualmente 90 mil suscriptores, multiplíquelo por quince mil colones mensuales y les dará dieciséis mil doscientos millones de colones al año. Bueno, igual podríamos hacer con Amnet, que aquí en Costa Rica tiene también 100 mil suscriptores”.Para el diputado Merino se trata de un negocio semifeudal, ya que durante décadas las televisoras no pagaron nada por el uso de las frecuencias, luego durante unos diez años cancelaron la ridícula suma de 250 mil colones al año, y en la actualidad cancelan únicamente 2.5 millones de colones al año. Además de alguna manera tienen aseguradas las frecuencias de por vida, mediante un sistema de concursos, pero con nombre y apellidos.Según el representante de Frente Amplio no existe interés de arruinar a ninguna empresa de televisión o cable, pero si de que se haga justicia a través de un tributo especial o cánon por el uso de las frecuencias, de manera que retribuyan en algo a la sociedad costarricense, con un margen de ganancia que se considere normal dentro del sistema económico. Comunicado de Prensa, 12 de abril de 2007Asamblea Legislativa de Costa RicaDiputado José Merino del RíoPartido Frente Ampliocosta ricatlc caftaEtiquetas: Costa Rica, No TLC
“Pretenden entrar por la cocina al mercado de telecomunicaciones en Costa Rica” denuncia diputado MerinoEl diputado José Merino del Río denunció hoy que, sin que se hayan aprobado el TLC o las leyes de destrucción del ICE incluidas en la agenda de implementación, ya compañías transnacionales como América Móvil y Telefónica están a la caza de la empresa AMNET, con el fin de “entrar por la cocina” al mercado costarricense de las telecomunicaciones.La denuncia la hizo el diputado Merino en la comisión especial que analiza el proyecto de ley general de telecomunicaciones, donde se discuten las primeras 50 mociones presentadas por el legislador del Frente Amplio.La empresa AMNET brinda en Costa Rica servicios de televisión por cable y, en asocio con RACSA, de internet por cable MODEM, pero en otros países centroamericanos como El Salvador y Honduras también brinda los servicios de telefonía y de conexiones empresariales. AMNET tiene 100 mil clientes en Costa Rica y una red de fibra óptica en todos los países de Centroamérica de 3.500 kilómetros de extensión.De acuerdo con las informaciones de prensa provenientes de México, El Salvador y Estados Unidos, el más probable comprador de AMNET es América Móvil, la empresa de la familia mexicana Slim. Según el periódico “The Wall Street Journal” de concretarse la compra por parte de América Móvil, la empresa de la familia mexicana Slim, se convertiría en el principal proveedor de servicios de telecomunicaciones de la región.El banco asesor de la compra, Bear Stearns, informó que las operaciones de AMNET podrían verse complementadas con las operaciones de América Móvil para ofrecer los servicios de “cuádruple-play” (telefonía fija y celular, internet, televisión por cable, y servicios empresariales).La firma propietaria y fundadora de AMNET es Amzak Corporation, propiedad de la familia Kazma de Canadá. En el año 2006 MESOAMERICA adquirió el 49% de las acciones de AMNET, aunque esta firma radica en Costa Rica sus inversionistas principales son el Grupo Poma de El Salvador, el Grupo Motta de Panamá y el Grupo Bosh Gutiérrez de Guatemala. Estos grupos están asociados ahora a Carlos Slim en otros negocios de telecomunicaciones como la telefonía fija y celular y, en el pasado entre 1998 y 2003, tuvieron participación en Telefónica.Todos estos movimientos empresariales para el diputado Merino sólo se pueden explicar “por la decisión de los hermanos Arias de entregar el mercado de las telecomunicaciones de Costa Rica a esta alianza de fuertes grupos empresariales de capitales mexicanos y oligarcas centroamericanos”.“Los costarricenses deben entender que las leyes que se maquilan en el parlamento a marchas forzadas, tienen el propósito de entregar a capitales extranjeros el mercado de las telecomunicaciones y dejar sentadas las bases para la destrucción del ICE solidario que conocemos hoy”, agregó finalmente el legislador frenteamplista. Comunicado de Prensa, 10 de abril de 2007Asamblea Legislativa de Costa RicaDiputado José Merino del RíoPartido Frente Ampliocosta ricatlc caftaEtiquetas: Costa Rica, No TLC
CONTINUAN DECLARACIONES INJERENCISTAS DE DIPLOMÁTICOS NORTEAMERICANOS
Como “injerencistas y contrarias a la Convención de Viena” calificó el diputado José Merino del Río las declaraciones al periódico La Nación del diplomático Whitney Witteman, encargado de la sección económica de la Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica.Witteman entre otros aspectos pidió celeridad en la tramitación legislativa del TLC. “Costa Rica debe mostrar que por lo menos está haciendo algo por este asunto”, dijo y agregó que “la rapidez con que se aprueba un acuerdo sirve para medir la eficacia del poder legislativo”.“Estas declaraciones son inaceptables ya que ni Witteman, ni ningún otro diplomático, está autorizado a medir la eficacia de la Asamblea Legislativa de Costa Rica por la velocidad de aprobación de proyectos, como si fuera una maquiladora de leyes” sentenció el diputado Merino. El legislador del Frente Amplio censuró la intromisión de representantes de los intereses de los Estados Unidos en los asuntos internos de Costa Rica, y anunció que estudia la posibilidad de presentar una demanda ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el fin de que las autoridades impidan en el futuro declaraciones injerencistas y contrarias a nuestra soberanía.La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, del 18 de abril de 1961, en su artículo 41 establece que los diplomáticos “están obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos” del Estado donde desempeñen sus cargos, situación que repetidamente vienen incumpliendo los norteamericanos, empezando por el embajador Langlade, explicó el diputado Merino.Comunicado de Prensa, 10 de abril de 2007Asamblea Legislativa de Costa RicaDiputado José Merino del RíoPartido Frente Ampliocosta ricatlc caftaEtiquetas: Costa Rica, No TLC
posted by FRENTE AMPLIO at 9:20 p. m.
La Noticia SoberanaTitulares del Noticiero:-Corrupción pretende cerrar el IDA-Censuran la libertad de expresión-Apoyo al TLC se desvanece cada día más-TLC nos dejará sin aguaLa Otra CaraNoticiero Virtualcosta ricatlc cafta
posted by FRENTE AMPLIO at 7:23 p. m.