Source: https://aldiaargentina.microjuris.com/2017/01/24/por-tratarse-de-una-tarea-de-incumbencia-especifica-la-enfermera-resulta-responsable-por-la-erronea-administracion-de-un-medicamento-al-paciente-lo-cual-derivo-en-la-amputacion-de-uno-de-sus-miembro/
Timestamp: 2018-10-20 17:14:21
Document Index: 39014762

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 3', 'artículo 68', 'in fine', 'artículo 1086', 'artículo 1069']

Por tratarse de una tarea de incumbencia específica, la enfermera resulta responsable por la errónea administración de un medicamento al paciente, lo cual derivó en la amputación de uno de sus miembros superiores – AL DÍA | ARGENTINA
Ed. Microjuris.com Argentina	en 24 enero 2017
En la ciudad de Mar del Plata, a los 18 días del mes de agosto de dos mil dieciseis, reunida la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “N. P. L. C/ R. L. H. Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.
El a quo hizo lugar a la demanda por indemnización de daños y perjuicios promovida por P. LIHUE N. contra NATALIA NAIR SAIZ, ORGANIZACIÓN MÉDICA ATLÁNTICA SOCIEDAD ANONIMA (OMASA) – CLINICA 25 DE MAYO y la citada en garantía TPC COMPAÑIA DE SEGUROS S.A., condenando a los vencidos a abonar la suma de PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL ($ 3.615.000) con más la obligación de asumir los costos de provisión de las prótesis mioeléctricas indicados en los considerandos del fallo, sus respectivos intereses y costas.
Expresa el sentenciador que atendiendo al principio de prejudicialidad penal consagrado por los arts.1101 y 1102 del Código Civil, y en virtud de lo resuelto por sentencia firme en la causa caratulada “Natalia Nair Saiz s/ lesiones culposas” de trámite por ante el Juzgado Correccional N° 5 departamental, surge debidamente acreditada la responsabilidad de la codemandada Saiz, quien debe afrontar las consecuencias dañosas emergentes del ilícito.
Con respecto al codemandado L. H. R., quien fuera sobreseído en la causa penal “R. L. H.- Saiz Natalia Nair s/ lesiones culposas” cuyas copias certificadas se encuentran glosadas en autos, destaca que el sobreseimiento definitivo no es equiparable a la sentencia absolutoria a efectos de lo dispuesto por el art.1103 del Código Civil, por lo que no obsta al análisis de su responsabilidad en el fuero civil.
Rechaza la pretensión resarcitoria por lucro cesante, daño estético y daño futuro; entiende que los dos primeros rubros quedan subsumidos en las indemnizaciones por pérdida de chance e incapacidad, mientras que el último no ha sido debidamente acreditado.Dispone la aplicación de intereses conforme la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a plazo fijo tradicional a treinta días realizados mediante el sistema BIP desde la fecha de su entrada en vigencia; los períodos anteriores al 19-8-2008 se liquidarán de acuerdo a la tasa pasiva para depósitos a plazo fijo a treinta días “a la vista”.
En tercer lugar, se agravia respecto de lo decidido en torno al rubro identificado como “gastos de prótesis”. Alega que nunca se reclamó la entrega de una cosa cierta, por lo que la sentencia ha infringido el principio de congruencia; lo pretendido constituye una deuda de valor calculada según la cotización de la moneda extranjera -dado que la prótesis es de fabricación alemana- conforme a su vida útil y las reposiciones necesarias de acuerdo a la expectativa de vida del actor.
El artículo 7 del nuevo Código ha replicado casi textualmente el artículo 3 del hoy derogado Código Civil (el cual, reformado en 1968, siguió las recomendaciones de Guillermo Borda y con ello las enseñanzas del jurista francés Paul Roubier), que establece: “a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. La leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario.La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo”.
En casos -como el de autos- en los que se debate la procedencia de una pretensión indemnizatoria fundada en la responsabilidad civil de los accionados, doctrina y jurisprudencia son contestes en afirmar que la ley que rige la relación generada por el hecho ilícito dañoso es la vigente al momento de la producción del daño (v. Kemelmajer de Carlucci, Aída, La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Santa Fe: Rubinzal-Culzoni, 2015, pág. 158; en jurisprudencia, v. mi voto en causa “Rios, Marta Graciela c/ Transportes 25 de mayo SRL y ot. s/ Daños”, Expte. 159040, del 08/10/15; de este mismo tribunal, Sala Primera, autos “Uriarte, Paula A. y Romero Rubén Omar c/ Galán, Héctor F. s/ Daños y Perjuicios”, Expte. 129.815, del 22/10/2015, Sala Tercera, autos “Salazar, Pedro A. c/ Bruno, L. G. y ot. s/ Daños y perjuicios”, Expte. 159.100, 24/11/2015; en igual sentido: Cám.2da.Civ.Com.de La Plata, Sala II, “Medina, Olga Mabel c. El Rápido Argentino Cía de Microomnibus S.A. y otro/a”, del 15/09/2015, La Ley Online, AR/JUR/30827/2015, Cám.Civ.Com. de Bahía Blanca, Sala II, autos “Mangano, Edgardo Omar c/ Rivera Novoa, Lorenzo Antonio y ot. s/ Daños y Perjuicios”, causa 145.795, del 23/12/2015, Cám.Ap. Cont.Adm. de La Plata, autos “L., C. M. c. Hospital Zonal Gral. Agudos de Quilmes y otro/a s/ pretensión indemnizatoria”, del 10/09/2015, publicado en LA LEY 2015-F, 321, Sup. Adm. 2015 (noviembre), 61, Cám.Civ.Com. de Morón, sala II, en autos “Barrios, Sandra Beatriz Antonia y Otro c. Lacuadra, Aranda Juan Ignacio y Otros s/ daños y perjuicios”, del 22/09/2015, La Ley Online AR/JUR/31284/2015, CNCiv., sala J, en autos “S. M. A. y Otro c. Z. J. L. y Otros s/ daños y perjuicios”, 28/08/2015, ED 05/10/2015, 3,LA LEY 29/10/2015, 8, CNCiv., sala H, “Feres, José L. c. General Tomás Guido S.A.C.I.F. y otros s/ Daños y Perjuicios”, del 21/10/2015, La Ley Online AR/JUR/47667/2015, CNCiv., Sala A, “M. V. T., B. y otro c. Julia Tours S. A. y otro s/ daños y perjuicios”, del 24/08/2015, Publicado en: RCCyC 2015 (noviembre) , 138 o RCyS 2015-XII, 117, CNCiv., Sala J, “S. M. A. y otro c. Z. J. L. y otros s/ daños y perjuicios”, 28/08/2015, Publicado en: ED 05/10/2015, 3, LA LEY 29/10/2015, 8,LA LEY 2015-F, 94, RCyS 2015-XII , 93, entre otros).
Ello, sin perjuicio de la eventual aplicabilidad de la nueva ley a las consecuencias no agotadas de aquella relación jurídica obligacional preexistente y que pudieran verificarse en el proceso (v.gr.daños ocurridos con posterioridad al 01/08/15, intereses moratorios devengados luego de esa fecha, etc.) (Kemelmajer, ob.cit., pág.62, Moisset de Espanés, Irretroactividad de la ley y el nuevo Art. 3 -Código Civil, derecho transitorio-, Universidad Nacional de Córdoba, 1976, pág. 47, Rivera, Julio C. “Aplicación del nuevo código civil y comercial a los procesos judiciales en trámite (y otras cuestiones que debería abordar el congreso)”, LA LEY 04/05/2015, 1 -punto II.5.2.-, CNCiv., Sala B, “Martinez, José Eduardo c. Varela, Osvaldo Héctor y otros s/ daños y perjuicios”, del 06/08/2015, ED 03/09/2015, 7, LA LEY 30/10/2015, 5).
El criterio expuesto parte de una premisa central, cual es que la obligación de resarcir conforma una relación jurídica que se establece entre víctima y el responsable en virtud de la ley cuando se reúnen los requisitos o presupuestos de hecho necesarios, y que incluye la producción de un daño indemnizable (Kemelmajer, ob.cit., p. 158-159, Moisset de Espanés, L., ob.cit., pág. 39 a 42; plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil “Rey, José c. Viñedos y Bodegas Arizu S.A”., del 21/12/1971, Publicado en La Ley Online, AR/JUR/123/1971).
La solución expuesta no solo se presenta como la más adecuada interpretación del derecho transitorio previsto en la novel legislación (art. 7 del C.C.y C.), sino que además es aquella que mejor resguarda el derecho fundamental de defensa en juicio de las partes, teniendo consideración las pretensiones y defensas que dieron forma a la relación procesal -fundadas, como no podía ser de otra manera, en la legislación entonces vigente-, la consecuente actividad probatoria y la posterior solución definitiva asignada por el magistrado de grado (arts. 18 CN y 8.1 CADH, sobre el tema, véase voto del Dr. Ferrari en el caso “Barrios” cit. más arriba, de la Cám.Civ.Com. de Morón, Sala II; Rivera, ob.cit., punto II.4 ).
Es doctrina de la Suprema Corte Provincial que “Esa autoridad de cosa juzgada que emana de la sentencia penal condenatoria a que se refiere el art. 1102 del Código Civil, abarca no solo al hecho principal sino también a las circunstancias en las que el mismo acaeció, en tanto hubieran sido objeto de análisis y juzgamiento por el juez de la causa (causas Ac. 65.895, sent.del 6-VII-1999; causa Ac. 72.490, sent. del 13-IX-2000; Ac. 85.461, sent. del 18-XI-2003)” (v. SCBA, expte. C 90.530 S. 9-12-2009, “Molea, Raúl Armando y ot. c/ Ferrocarril B.A.P.S.A. y ots. s/ Daños y perjuicios”).
En el precedente citado, señaló el Máximo Tribunal que “…por “hecho principal” sobre el cual recayó el pronunciamiento condenatorio (art. 1102, C.C.), deben entenderse todas aquellas circunstancias fácticas que han sido consideradas esenciales para fundar la condena del imputado” (del voto del Dr. Genoud), a lo que el Dr. Hitters agregó: “…Corresponde tener presente que -como surge de la reiterada doctrina de ese Tribunal- la autoridad de cosa juzgada que emana de la sentencia penal de condena alcanza no solamente al hecho principal sino también a las circunstancias en que se cometió y que fueron meritadas por el juez de la causa. Y que ello es así, no sólo por resultar aplicable el art. 1102 del Código Civil, sino porque debe evitarse el escándalo jurídico que se produciría si distintos jueces arribaran a pronunciamientos contradictorios (conf. Ac. 55.369, sent. del 22-VIII-1995, Ac. 65.895, sent. del 6-VII-1999; Ac. 72.490, sent. del 13-IX-2000; Ac. 85.461, sent. del 18-XI-2003, entre otras). Por lo que está incluido en el efecto vinculante aludido, la definición adoptada en el ámbito represivo sobre la relación de causalidad (conf. Ac. 56.089, sent. del 16-V-1995)…” (v. SCBA, causa cit.).
Partiendo de estos conceptos y analizadas las constancias de la causa penal caratulada “Saiz Natalia Nair s/ lesiones culposas” cuyas copias se agregan a fs. 1963/2984, se advierte que las particulares circunstancias que rodearon al desgraciado suceso motivo de autos fueron objeto de prueba exhaustiva y pormenorizado estudio en aquellas actuaciones.En ese sentido, la hipótesis de la preexistencia de una patología circulatoria desencadenante del cuadro que derivó en la amputación del miembro superior derecho de la víctima -extremo que los apelantes introducen en sus agravios como un pretendido hecho novedoso revelado en el curso de este juicio- no es tal. Por el contrario, ese supuesto -oportunamente articulado por la defensa de la demandada Saiz (v. fs. 2219/2221)- fue motivo de investigación en sede penal, donde quedó categóricamente excluído por los peritos intervinientes; dijo el Juez titular del Juzgado Correccional N° 5 a ese respecto: “Lo que merece una destacada mención es que de acuerdo con la prueba producida en autos deben descartarse otras posibles causas como, por ejemplo, el síndrome o el fenómeno de Raynaud. La historia clínica no permite afirmar tal cosa. La declaración del perito médico Dr. Romero es categórica al respecto… El fenómeno de Raynaud también fue descartado por el Dr. Elvio Demichelis diciendo “no es ese el caso” y agregando: si hubiera ocurrido, no habría tenido relevancia…” (v. fs. 2705 y vta.).
En cuanto a la actuación de la enfermera Saiz, lejos de avalar la tesis de los apelantes sobre el correcto desempeño de la auxiliar en oportunidad de inyectar el medicamento prescripto a la víctima, quedó debidamente establecido en el fuero represivo que “Natalia Nair Saiz realizó una aplicación de ibuprofeno compuesto con lidocaína en el brazo derecho de P. N., a la altura del pliegue del codo, sin diluir la medicación, de manera apresurada y sin atender a la señal de alarma que implicaba la queja por dolor de la víctima. Todo ello en desconocimiento de sus deberes que le incumbían de manera excluyente, y en desmedro de las prescripciones que surgían de las normas de actuación profesional, de las regulaciones de la ANMAT y del prospecto del medicamento.El curso causal desencadenado no podía ser evitado (…) De manera razonada, entonces, es posible trazar una directa vinculación entre la autora y su hecho, y despejar cualquier duda que pudiera existir respecto de la autoría responsable de Natalia Nair Saiz en el suceso descripto…” (v. fs. 2710 y vta.).
Entiendo que las citadas expresiones trasuntan un injusto menoscabo hacia la dignidad de la víctima y de sus progenitores, que en modo alguno queda al amparo del correcto ejercicio del derecho de defensa. Por lo expuesto, exhorto al profesional actuante para que en lo sucesivo guarde el estilo y prudencia aconsejables para el caso, pues como resolviera la Cámara Civil Primera Circunscripción de Mendoza, “La pasión por una defensa no debe hacer perder el buen sentido al litigante o profesional, quien debe efectuar las críticas que estime convenientes, sin menoscabar al adversario” (v. autos “Domínguez, María en J. Domínguez de Benavente y Alejandro Benavente s/ Divorcio”, S. 24-3-1994, elDial.com – MC16A3).
Respecto al primer argumento, debo destacar que ninguna de las pericias producidas avala la postura del recurrente. Veamos: el dictamen presentado por los Dres.Martínez y Romero ante el fuero represivo expresa a este respecto que “el ibuprofeno, pese a ser considerado una droga irritante, solo o asociado, administrado por vía endovenosa diluído y aplicado muy lentamente o por venoclisis no ha mostrado inducir lesión alguna, siendo usado para el tratamiento de dolor y fiebre en niños y adultos”, agregando más adelante que “la forma de administración será de elección teniendo en cuenta la velocidad requerida para la remisión de la sintomatología. Cuando más rápido se desea su acción se indica en forma intramuscular o intravenoso” (v. fs. 2083 vta./2084 y 2087 vta.). Posteriormente se informa que “La indicación para la administración por parte del Dr. R. se ajustó a las normas y recomendaciones de la ANMAT, y la conducta posterior fue la adecuada, de acuerdo a las constancias de la historia clínica…” (v. fs. 2284, punto 3).
Concuerda con dichas apreciaciones el perito médico designado en autos Dr. Daniel Orlando Racca, quien dictamina: “…frente a un paciente con cuadro febril con equivalentes bacteremicos, que no responde a la medicación por vía oral, es correcto el descenso de la temperatura como objetivo a corto plazo. Esta afirmación se fundamenta en el hecho que de persistir la alta temperatura, se pueden producir convulsiones febriles, con consecuencias severas o no deseables a nivel neurológico (…) la indicación de ibuprofeno lento y diluído es la forma correcta de prescripción…” (v. fs. 1357, puntos 1 y 2).
El citado experto ratifica posteriormente que “…al momento de la indicación, no existía riesgo a exposición, fundamento lo manifestado en el hecho de que 1- la clínica del paciente ameritaba una indicación terapéutica (en este caso un antipirético que no sea dipirona), 2- se le indicó una medicación permitida y aprobada en nuestro país (…) La indicación fue médicamente adecuada.En este punto es importante destacar que el ANMAT no publica la prohibición a la administración de ibuprofeno por vía parenteral, pero sí hace referencia especialmente a los cuidados a tener en cuenta cuando se utiliza la vía parenteral por vena…” (v. fs. 1389 vta. punto 20 y 1391 punto 22).
Tampoco existe soporte probatorio que avale el pretendido agravamiento del cuadro por la aplicación de compresas frías en el brazo del paciente, dispuesta por el Dr. R. ante los primeros síntomas adversos posteriores al suministro de ibuprofeno. En este punto los peritos Romero y Martínez han dictaminado que luego de la aplicación endovenosa del medicamento la probable lesión arterial se diagnosticó rápidamente y si n dilaciones (en un lapso no mayor de 15 minutos desde del comienzo de la sintomatología) y se iniciaron los procedimientos adecuados, lográndose una mejoría inicial con recanalización parcial del circuito arterial (v. fs. 2086 ap. d) y e); 2088 vta. punto 17); agrega por su parte el Dr. Racca que “frente a situaciones similares de eritema y calor local, y con la finalidad primaria de atenuar una respuesta inmediata sin otros signos que nos hagan pensar en otra patología, el hecho de aplicar compresas húmedas… no debe considerarse una acción fuera del contexto de la praxis… De haberse realizado esta acción la misma no fue la causa de lo sucedido, o agravación del mismo” (v. fs. 1380 punto 4); “…no he hallado evidencia en la historia clínica de indicación precisa, ni consecuencias relacionadas con la colocación de paños fríos, ya que la probable etiología de la oclusión arterial obedecía a otras causas” (v. fs. 1398 vta. punto 25).
Los argumentos del apelante en el sentido que el enfermero es un “colaborador” de la actividad médica (arts. 2 inc. c) y 42 de la ley 17.132) no alcanzan a conmover los fundamentos vertidos en el fallo, en tanto la aludida labor de colaboración no conlleva -en el caso- la existencia de una relación de dependencia entre el auxiliar de enfermería y el médico que torne aplicable al caso la manda del art. 1113 primer párr. del Código Civil, como postula el recurrente.
Cabe citar a este respecto el trabajo de Carlos A. Calvo Costa sobre responsabilidad en el ejercicio grupal de la medicina (v. “Daños ocasionados por la prestación médico-asistencial”, Cap. VIII El ejercicio grupal de la medicina. El equipo médico, Ed. Hammurabi, 2007, pág. 413 y ss.). El autor distingue dos hipótesis: el grupo médico, donde cada profesional responde individualmente por sus actos en la medida que logre ser identificado como autor del daño, y el equipo médico, donde el jefe o coordinador del grupo puede ser responsabilizado en forma indirecta o refleja por el hecho de otros integrantes del equipo, en tanto revistan la condición de auxiliares que de él dependan. Analiza en particular el caso de las enfermeras que -como en el sub judice- no forman parte del equipo médico sino que guardan relación de dependencia con el ente asistencial donde se desempeñan, destacando que “cuando las enfermeras son aportadas por la clínica (dado que realizan su actividad en interés de esta última y no del médico)… el establecimiento asistencial es el que deberá ser llamado a responder en virtud del hecho de sus dependientes, contractual o extracontractualmente” (op.cit., págs. 438/439).
En efecto, surge de los autos “Saiz Natalia Nair s/ lesiones culposas” cuyas copias se agregan a fs. 1963/2984, que a la fecha de promoción de esta demanda (25-4-2008) la indicada causa penal se hallaba en etapa de instrucción preparatoria, encontrándose imputados por el delito de lesiones culposas tanto la enfermera Saiz como el Dr. R. (v. fs. 1992). También emana de lo obrado en sede penal que con fecha 11-8-2009 el Dr. R. prestó declaración ante la Fiscalía interviniente en los términos del art. 308 del C.P.P. (v. fs. 2333/2336), y que con fecha 22-1-2010 la Agente Fiscal formuló la requisitoria de citación a juicio de ambos imputados (v. fs. 2401/2412), petición que fue receptada por el Sr.Juez de Garantías por resolución de fecha 15-4-2010 (v. fs. 2464/2473). Recién con fecha 3-6-2010 (más de dos años después de iniciado este proceso) la Sala 1 de la Cámara de Apelación y Garantías decidió revocar aquella decisión, sobreseyendo al Dr. R. por el delito de lesiones graves culposas (v. fs. 2550/2567).
Lo reseñado deja en evidencia que al momento de promover la demanda, la víctima no contaba con elementos suficientes que le permitieran individualizar “a priori” al responsable del daño o establecer eventuales corresponsabilidades entre los distintos partícipes del hecho (médico, enfermera y centro asistencial), resultando legítimo el ejercicio de la acción resarcitoria contra todos los implicados en el evento dañoso.
Es criterio jurisprudencial que “En casos de pleitos por daños y perjuicios causados en hechos ilícitos con pluralidad de demandados, la víctima no debe soportar las costas del rechazo de la demanda respecto de uno o algunos de ellos, pues ella no está obligada a efectuar el análisis del acontecer dañoso a los fines de determinar quién fuera el responsable del mismo, pudiendo plantear su pretensión contra uno o todos los implicados. En tales circunstancias, es justo que si en definitiva la acción resarcitoria progresa contra uno de ellos no se condene en costas a la actora respecto de la parte que frente a esa situación, luego de esclarecidos los hechos, fuera absuelta, debiéndose ejercitar la facultad que prevé el 2do. apartado del artículo 68 del Código Procesal, declarándosela eximida de las mismas, las que deben ser soportadas en su totalidad por el responsable del hecho dañoso” (cfr. C.C.2da.LP, sala 1, Expte. 95.321 “Caliba, Marcelo Javier c/ Lagues, Oscar Felipe y otros s/ Daños y perjuicios”, S. 30-10-2001 RSD-279-1, elDial W151FB; en el mismo sentido CCSM sala 2, Expte. 49.450 “Alonso, Karina y otro c/ Pérez, Guillermo y otros s/ Daños y perjuicios”, S.21-6-2001 RSD 231-1, elDial W15741).
3.1.1. Es sabido que la aptitud laboral es un atributo de la persona cuya disminución constituye, de por sí, un detrimento susceptible de apreciación económica aún cuando no se haya traducido en un perjuicio concreto y actual relacionado con los ingresos provenientes de su trabajo. Más aún cuando la incapacidad derive de secuelas en el cuerpo o en la psiquis de la víctima, que afectan tanto la faz laboral como otros ámbitos de su vida de relación (Cfr. TSJ de Córdoba, Expte. B 38-05 S. 6-12-07 “Bustos Moyano, Juan Martín s/ lesiones culposas-Recurso de Casación”; esta Sala, expte. 145.107 “Borrell, Jorge c/ Mendive, José L. s/ Daños y perj.”, S. 29-4-2010 Reg. 101-S, entre otros).
Existe consenso doctrinario y jurisprudencial en el sentido que la integridad física es un bien cuyo desmedro da derecho a indemnización; la afectación física y psíquica a consecuencia de un accidente no se mide sólo en relación a las posibilidades para realizar determinado trabajo sino por las aptitudes genéricas del damnificado; y no se limita a la capacidad para trabajar, ya que se extiende a todas las consecuencias que afectan su personalidad y su vida de relación en cualquier aspecto.Lo que se trata de indemnizar en estos casos no es otra cosa que el daño que se traduce en una disminución de la capacidad en sentido amplio, que comprende -además de la aptitud laboral- la relacionada con la actividad social, cultural, deportiva, etc. (CC2a.LP, sala 1, expte 102.338 RSD 126-6 S. 31-5-2006; CC1a.LP, sala 3, expte. 219.480 RSD 301-94 S. 17-11-1994; esta Sala, expte. 158.245 “Espinoza, P. y otros c/ Fernández Lugea Carlos s/ daños y perj.” S. 24-4-2015 Reg. 82-S, entre muchos otros)
c) Por último, cuando la afectación a la integridad psicofísica de la víctima perjudica sus oportunidades de mejorar su nivel de rendimiento o progreso económico o su realización integral, se configura la denominada “pérdida de chance”.
Es doctrina del Máximo Tribunal Provincial que el resarcimiento por “pérdida de chance” comprende aquellas situaciones en las que el comportamiento antijurídico ha interferido en el curso normal de los acontecimientos de un modo tal, que no puede saberse si el afectado habría o no obtenido cierta ventaja o evitado cierta pérdida, generándose de tal modo la incertidumbre de saber si el beneficio se habría producido efectivamente; en dicha medida, se ha cercenado una expectativa, la probabilidad de una ventaja (Cfr. SCBA, Ac. 91.262 S. 23-5-2007, C 101.593 S. 14-4-2010, entre otros).
También ha dicho el cimero Tribunal que uno de los requisitos del daño resarcible radica en que sea cierto, no meramente hipotético o conjetural, es decir que debe darse certidumbre en cuanto a su existencia ya sea presente o futura. A contrario, el daño es incierto y por ello no resarcible, cuando no se tiene ninguna seguridad de que vaya a existir, porque el simple peligro o la sola amenaza de un daño no basta (Cfr. SCBA, Ac. 33.797 S. 18-6-85; AyS 1985-II-120; Ac. 46.097, S. 17-3-92; Ac. 78.851, S. 20-4-05; C. 89.068, S. 18-7-07). La “chance” misma es sólo una probabilidad, pero para que su frustración sea indemnizable, tal probabilidad debe ser cierta e inequívoca (Cfr. SCBA C 101.593 S. 14-4-2010, “Díaz, Claudia y otros c/ Massalin Particulares S.A.s/ Daños y perjuicios”).
Siguiendo esta postura, hemos señalado en anteriores pronunciamientos de este Tribunal que resulta indemnizable a título de “pérdida de chance”, el cercenamiento de la razonable probabilidad de obtener futuros beneficios económicos, probabilidad que no debe ser meramente conjetural o hipotética sino que se establece sobre la base de lo que de ordinario sucede (v. esta Sala, exptes. 134.149 S. 3-7-08 Reg. 350-S; 136.826 S. 24-2-09 Reg. 50-S; 146.218 S. 25-2-2011 Reg. 5-S, entre otros).
3.1.2. Precisados estos conceptos, teniendo en consideración que a la época del hecho dañoso el joven N. no desempeñaba una actividad rentada, y que la pérdida o disminución de futuros ingresos derivada de las secuelas incapacitantes de carácter permanente sufridas integra el rubro “daño físico”, concluyo que la pretensión por “lucro cesante” ha sido correctamente desestimada por el juez a quo, debiendo rechazarse los agravios de la parte actora a este respecto.
En apoyo de lo expresado, se ha resuelto que “la incapacidad permanente (sea para las actividades laborales o de otra índole; […]) debe ser resarcida aunque la víctima no haya dejado de ‘ganar’, pues la integridad física tiene en sí misma un valor indemnizable. El lucro cesante, en cambio, conjuga las pérdidas experimentadas durante el tiempo de inactividad o disminución de la actividad laboral, es decir, que responde a la incapacidad -total o parcial- pero transitoria. Por eso, si la incapacidad es permanente, debe fijarse una suma única que comprenda todos los daños, y es improcedente fijar otra suma por los salarios perdidos; es decir, el resarcimiento de esa clase de incapacidad absorbe el lucro cesante” (Kemelmajer de Carlucci, Aída en: Belluscio, Augusto C. (director), Código Civil y leyes complementarias. Comentado, anotado y concordado, Tomo 5, Buenos Aires, Astrea, 1994, pág. 218….” (v. Cám. Nac. Cont. Admin. Federal, Sala V, “O., J.N. y otro c/ EN – Mº Salud de la Nación y otros s/ daños y perjuicios” S.1-7-2014, elDial.com – AA89E1).
En efecto, las conclusiones de los dictámenes periciales citados en el fallo, la historia clínica acompañada y demás constancias probatorias aportadas demuestran acabadamente las gravísimas secuelas incapacitantes que padece la víctima en virtud de la amputación sufrida (v. fs. 1172/1174, 1212/1213, 1233/1236, 1385/ 1397), que no sólo proyectan sus efectos en la faz laboral sino en todos los aspectos de su vida cotidiana y de relación, independientemente de que el miembro amputado constituyera -o no- el llamado “dominante”.
En segundo lugar, surge claramente de los considerandos del fallo que el rechazo del “lucro cesante” se fundó -justamente- en la necesidad de evitar un doble resarcimiento del daño patrimonial por incapacidad laborativa de la víctima; en otras palabras, se trató de establecer una única indemnización que compensara el quebranto patrimonial derivado de las todas las limitaciones físicas y psíquicas que son secuelas del hecho dañoso (arts. 1069, 1086 y ccdts. del C. Civil cfr. ley 340 y sus modif.).
3.1.4. Finalizando el presente apartado, me referiré al rubro “pérdida de chance” cuya procedencia ha sido impugnada por los demandados y la citada en garantía.
Atendiendo a lo peticionado en la demanda y los fundamentos vertidos por el a quo en el ap. III b) de los considerandos, advierto que la indemnización fijada apunta a resarcir el llamado “daño al proyecto de vida”, concepto que ha merecido recepción jurisprudencial con basamento en diversas elaboraciones doctrinarias y en particular, a partir de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Loayza Tamayo vs. Perú” (CIDH S.27-11-1998).
En dicho precedente el cuerpo judicial americano reconoció que este rubro focaliza un concepto distinto del “daño emergente” y el “lucro cesante”, pues el primero refiere a la afectación patrimonial derivada inmediata y directamente de los hechos, el segundo comprende la pérdida de futuros ingresos, mientras que en el proyecto de vida se engloba lo relativo a “la realización integral de la persona afectada, considerando su vocación, aptitudes, circunstancias, potencialidades y a spiraciones, que le permiten fijarse razonablemente determinadas expectativas y acceder a ellas”. De este modo, el proyecto de vida se asocia fundamentalmente al concepto de realización personal, a aquellas opciones que el sujeto puede tener para conducir su vida y que representan un alto valor existencial, por lo que su cancelación o quebranto “imponen circunstancias nuevas y adversas y modifican los planes y proyectos que una persona formula a la luz de las condiciones ordinarias en que se desenvuelve su existencia y de sus propias aptitudes para llevarlos a cabo con probabilidades de éxito” (v. de mi autoría, “Actuación y procedimiento ante la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos”, LEP 2009, pág. 406 y ss.).
Se trata, por cierto, de una “pérdida de chance” en la medida que contempla una situación eventual o probable dentro del natural y previsible accionar del sujeto, sorpresivamente abortado y contrariado por hechos que vulneran sus derechos y libertades fundamentales, y se traduce -como en el sub judice- en el grave deterioro de las oportunidades de desarrollo personal, de modo irreversible o de muy difícil reparación (op. cit. pág. 407; en sentido similar, C.N.Trab. Sala VIII, “Escobar José L. c/ El Nuevo Halcon S.A. s/ Accidente Acción Civil”, S. 9-2-2009, elDial.com-AA511F; C.N.Civil, Sala M, expte. M505598 S. 20-8-2009, elDial.com-AE246A, entre otros).
Reiteradamente ha dicho el Máximo Tribunal Provincial que “Si bien en el plano de las ideas no se puede dudar de la autonomía conceptual que poseen las lesiones (…) a la integridad del aspecto o identidad corpórea del sujeto (el denominado daño estético), cabe desechar en principio y por inconveniente que a los fines indemnizatorios estos daños constituyan un tertium genus que deba resarcirse en forma autónoma, particularizada e independiente del daño patrimonial y del daño moral” (v. SCBA. Ac. 77.461 S. 13-11-02, Ac. 81.161 S. 23-6-04, Ac. 78.851 S. 20-4-05, Ac. 90.471 S. 24-5-06, Ac. C108.063 S.9-5-2012, entre otros).
No siendo este el caso en estudio, y teniendo en cuenta que los perjuicios derivados de la amputación sufrida por el actor han sido valorados tanto desde el punto de vista de sus proyecciones patrimoniales (daño físico/incapacidad) como extrapatrimoniales (daño moral), coincido con el juez de la anterior instancia en el sentido que el concepto en análisis carece de autonomía a los fines resarcitorios (en sentido similar CNAp. Cont. Admin. Federal Sala III, “I.M.A. c/ Edesur SA y otros s/daños y perjuicios” S. 27-8-2015, elDial.com-AA91F6; CNTrab. – Sala V, “Basualdo, Carlos c/ Provincia ART SA y s/ accidente acción civil”, S. 28-3-06, elDial.com-AL2969; CNCiv. Sala E, “L. L. D. c/ Obera Soc. del Pers. De Seg. Com. Ind. e Investigaciones Privadas y Otros s/ Daños y Perjuicios”, S. 8-5-2012, elDial.com-AA7746, entre otros).
Este daño es el que hiere o menoscaba los sentimientos, la integridad física o moral, las afecciones legítimas de una persona, en suma, los llamados bienes ideales (Cfr. Cazeaux-Trigo Represas; “Compendio de Obligaciones”, To. 1, p.191).
Conforme la doctrina de la Suprema Corte Provincial, “No genera doble indemnización la reconocida por el daño psicológico y el tratamiento terapéutico posterior porque en materia de hechos ilícitos corresponde la reparación integral del perjuicio sufrido por la víctima y, dentro de tal orden de ideas, los desembolsos necesarios para la rehabilitación terapéutica de los actores resultan consecuencias del hecho dañoso y son imputables al responsable del mismo a tenor de lo dispuesto por el art. 901 y siguientes del Código Civil” (v. SCBA Ac. C 92.681 “Vidal, Sebastián Uriel c/Schlak, Osvaldo Reinaldo y otros s/Daños y perjuicios”, S. 14-9-2011; Ac. 69.476 “Cordero, Ramón Reinaldo y otra c/Clifer s/Daños y perjuicios”, S. 9-5-2001, entre otros).
Por otra parte, si bien la perito interviniente aconsejó -como primera aproximación- una terapia mínima de doce meses, también contempló su posible extensión en el tiempo con intervalos “respondiendo a la necesidad y demanda del joven en la medida que transite distintas etapas en su vida” (v. fs.1236 punto 8). Ello se corresponde con la magnitud del daño psíquico sufrido, y constituye un extremo de obligada consideración a la hora de cuantificar un resarcimiento que brinde al damnificado adecuado acceso a la terapia psicológica necesaria para garantizarle la mejor calidad de vida posible, con su debida continuidad y sostenimiento a lo largo del tiempo.
Este criterio (de amplia recepción jurisprudencial) establece una presunción en favor de la víctima que, por haber sufrido lesiones, necesariamente ha debido adquirir medicamentos y recurrir al uso de medios de transporte públicos o privados tanto para recibir atención médica como para realizar otras actividades, solventado erogaciones que usualmente no se documentan, quedando librado en tal caso la determinación del quantum del resarcimiento al prudente arbitrio judicial según faculta el art. 165 “in fine” del ordenamiento procesal (Cfr. C1a.Ap.SI, Causa N° 92.444, 03/07/02, elDial – AI162; CNCIV Sala D, S. 5-9-1997, elDial AE268; C.N.Fed. Civ. y Com., Sala 1, S. 31/5/90, J.A. 1991-IV; C.8va.Ap. Civ. y Com. Córdoba, Exp. Nº1039843/36 S. 02/02/2007, elDial AA3D57).
En lo que hace a los gastos médicos en particular, la circunstancia de contar con una cobertura de obra social a la época del siniestro (argumento que esgrimen los accionados alegando la improcedencia del rubro) no excluye la viabilidad de la pretensión, en la medida que no han acreditado que las erogaciones realizadas por este concepto fueron íntegramente cubiertas por la obra social en cuestión. En tal sentido debe tenerse presente que “quien resulte jurídicamente responsable debe indemnizar, en principio, la totalidad del daño causado por el acto ilícito, con las limitaciones legales que circunscriben la responsabilidad al daño previsto o previsible y a la situación pecuniaria de los interesados (C.C., 907 y 1069), sin que esto implique un enriquecimiento sin causa (…) Los gastos terapéuticos, -que en el caso fueron demandados como médicos y asistenciales-, son resarcibles en razón del artículo 1086 del Código Civil, pues son destinados a devolver a la víctima su integridad psicofísica, menoscabada a raíz del hecho ilícito. En cuanto tales, con acierto se ha enseñado que debe reconocerse la facultad de lograr cuanto sea preciso para recuperar la salud o la incolumidad dañada, atendiendo a tres aspectos:su finalidad (terapéutica), la razonabilidad de las erogaciones que importen (evitando abusos o excesos) y la vinculación causal con el hecho…” (v. STJ Córdoba, Sala Penal, “Morata, Franco s/ Lesiones culposas agravadas-Recurso de casación” S. 13-9-2012 elDial.com – AA7A28).
Paralelamente, es criterio jurisprudencial que independientemente de poseer cobertura médica de obra social o de medicina prepaga, el damnificado tiene el derecho de hacerse atender por los facultativos de su confianza, decisión que no puede ser objetada por el responsable del daño, quien no está autorizado a imponer -tratándose de nada menos que la salud- la vía menos onerosa (conf. CNCiv. y Com. Federal, Sala III, causas 10.451/00 del 17-6-03; 9848/00 del 20-09-07; Sala I, causas 11208/94 del 9-2-99, 3257/98 del 27-03-01; Sala II, causa 3815/91 del 6-09-00, citadas en causa 807/05 “C. S. c/ Alas Argentinas SRL s/ daños y perjuicios” S. 10-8-2010, elDial.com- AA649E).
Sobre este punto se ha dicho que “no procede condenar a resarcir un daño inexistente ni meramente posible, aunque tampoco sea exigible una seguridad completa sobre su producción. Lo primero entronizaría un enriquecimiento sin causa; lo segundo dejaría sin tutela indemnizatoria perjuicios suficientemente ciertos dentro de una orientación de probabilidad y verosimilitud (…) Adquirirán vital importancia las presunciones hominis de daño. Éstas, como válido medio probatorio, permiten proyectar el daño desde ciertos datos objetivos, de modo tal que acreditándose la situación lesiva que constituye la causa, el actor queda liberado de probar precisamente el daño…” (v. STJ Córdoba, causa cit.).
Surge de las pericias médicas producidas (v. fs.1212/1213, 1238/1239) y -particularmente- del dictamen de la perito terapista ocupacional Mirta H. Lemble que, para adaptar su cuerpo al uso de prótesis, el joven N. deberá realizar un plan de actividades con regularidad a cargo de profesionales especializados en rehabilitación, a lo largo de su vida. Subraya la experta: “recordando que tiene y tendrá una discapacidad motora parcial y permanente, dicho programa deberá considerar fundamentalmente el esquema corporal y además su imagen corporal y los cambios morfológicos que atravesará la persona -talla, peso. Se enfrentará con dificultades físicas y psicológicas sociales durante el resto de su vida (…) La rehabilitación de un amputado implica esfuerzos estrictamente integrados por parte del paciente y su familia, personal especializado y los servicios de la comunidad, el servicio de adaptación del miembro artificial…” (v. fs. 1172/1174).
En lo que hace a esta última cuestión, no asiste razón a los apelantes. Como ya señalé refiriéndome al rubro “gastos médicos”, la obligación de resarcir el daño recae primigeniamente sobre quien resulta civilmente responsable por el perjuicio causado (arts. 1068, 1069, 1083 y ccdts. del C. Civil cfr. ley 340 y sus modif.), pudiendo eximirse de dicha carga únicamente en cuanto a aquellas prestaciones asistenciales que hubieran sido íntegramente solventadas por la obra social del damnificado. Ampliando este concepto, se ha resuelto que los gastos médicos oportunamente cubiertos por la obra social no integran el daño indemnizable, pues ello propiciaría un enriquecimiento sin causa del reclamante, a diferencia de los gastos futuros: “…en los futuros (…) el daño no fue compensado, y entonces el actor civil tiene el derecho a reclamarlos a quien se encuentre obligado al pago, correspondiendo en todo caso a los demandados probar que esas erogaciones no se producirían porque las afrontaría la obra social del familiar a cuyo cargo se encuentra la víctima…” (v. STJ Córdoba, causa cit.).
He señalado en reiteradas oportunidades que la procesalística española define la congruencia como “la conformidad que debe existir entre la sentencia y la pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso, más la oposición u oposiciones en cuanto delimitan ese objeto” (Guasp, Jaime, “Derecho Procesal Civil”, t. I, pág. 555, Ed. Institutos de Estudios Políticos, Madrid, 1956); y también como la adecuación entre las pretensiones -en sentido amplio- de las partes, formuladas oportunamente, y la parte dispositiva de la resolución final (Serra Domíngu ez, Manuel, “Estudios de Derecho Procesal”, Ed. Ariel, p. 395). En esa misma línea Montero Aroca describe a este principio como “la correlación que debe existir entre la pretensión procesal, otras peticiones y alegaciones de las partes y la actividad decisoria o resolutoria que se realiza en la sentencia” (Montero Aroca J. y otros “Derecho Jurisdiccional, II, Proceso Civil”, pág. 282, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 1998).
De acuerdo con lo expresado en el escrito de demanda, bajo el acápite “gastos de prótesis” la parte actora formuló su pretensión en los siguientes términos: “Tomando como base la edad de P.y que las prótesis tienen una duración útil de cinco años, todo ello conforme surge de los presupuestos y demás documental acompañada, y con las demás pruebas a rendirse, con una expectativa de vida de 85 años, son 14 prótesis por $ 86.200, lo que luce un total por este concepto de pesos un millón doscientos seis mil ochocientos ($ 1.206.800)” (v. fs. 172). En otras palabras, se peticionó la suma de dinero estimada como necesaria para la adquisición de una prótesis de las características descriptas en el escrito inicial, con más sus respectivos costos de mantenimiento y sus reemplazos en la medida en que se agotara la vida útil de dicho elemento (calculada en cinco años).
Hace ya casi una década, la Sala Segunda de este Tribunal resolvió -por mayoría- en autos “Zibecchi, P. c/ Trama, Fabián y ot. s/ Daños y Perjuicios” (Expte. N° 126.644, sent. del 21-06-07 Reg. 168-07) que en aquellos casos en los que no es aplicable una tasa legal o pactada, los intereses moratorios deben ser calculados, desde el 6 de enero de 2002 (fecha de promulgación de la ley 25.561), a la tasa activa que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de préstamos personales.
Sostuve en el antecedente citado que la Suprema Corte Provincial, a partir del caso “Zgonc” -Ac. 43.448, del 21/05/1991-, sentó como doctrina judicial la aplicación de la tasa pasiva a todos los créditos pendientes de pago que han sido reconocidos judicialmente, trátese de responsabilidad contractual o aquiliana, cuando no median intereses convencionales ni legales, y que ese criterio había sido sostenido en los inicios del denominado plan de convertibilidad.Ese contexto económico -señalé- difería sustancialmente del que existía al momento de dictar la sentencia en la precitada causa “Zibecchi”.
Expuse también en aquella oportunidad que los jueces deben dar solución -en los casos a resolver- en la medida que mejor satisfaga los intereses sociales de la época, por lo que -teniendo en consideración la notoria desarticulación normativa del sistema de convertibilidad a partir de la promulgación de la ley 25.561-, es imprescindible “mantener incólume la cuantía de la obligación, fijándose tasas de interés moratorio positivas (art. 622 del Código Civil) para evitar así que debido a la demora en el pago imputable al obligado, el acreedor reciba una cantidad nominal depreciada, en lugar de la justa indemnización que le corresponde para enjugar el daño padecido” (C.N.Civ., Sala “G”, La Ley 06/03/2007). Todo ello para dar cumplimiento al principio de la reparación integral de la que nos informa el Código de Vélez en su artículo 1069 y con tutela constitucional.
Sin embargo, en octubre de 2009 la Corte con sede en La Plata -por mayoría- ratificó la vigencia del criterio sentado en el caso “Zgonc” sin perjuicio del abandono de la paridad cambiaria instituida por la ley 25.561, reafirmando la aplicación de la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires con posterioridad al 6 de enero de 2002 (SCBA, causa C. 101.744, en autos “Ponce, Manuel Lorenzo y ot. c/ Sangalli, Orlando Bautista y ot. s/ Daños y Perjuicios”, sen. del 21-10-09; idéntica solución, aunque en materia laboral, fue adoptada en el acuerdo L. 94.446, in re “Ginossi, Juan Carlos contra Asociación Mutual U.T.A.Despido”, de la misma fecha).
Si bien los decisorios de la Corte Provincial carecen de obligatoriedad para los jueces inferiores en la resolución de casos análogos (pues no existe normativa expresa de ningún rango que así lo imponga) el deber moral e institucional de seguir sus lineamientos interpretativos -sumado a razones de economía procesal- llevaron a este Tribunal a aplicar aquella doctrina en los casos que llegaron a su entendimiento (arts. 15 CPBA y 34 inc. 5 CPC; S.C.J.B.A., Ac. 77.132; Hitters Juan Carlos “Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación”, pág. 228, Editorial Librería Editora Platense S.R.L., 1994; Camps, Carlos E. “Jurisprudencia obligatoria y doctrina legal de la Corte bonaerense”, JA 2004-II-1164). Ello, claro está, sin perjuicio de dejar a salvo mi opinión personal ya expresada en el precedente “Zibecchi”.
La razón para la elección de esta tasa era relativamente sencilla:aceptando -por estrictas razones de casación de hecho- que el interés moratorio representa “la productividad que se ha frustrado a raíz de permanecer impago el capital adeudado” (SCBA, in re “Ponce.”, voto del Dr. Genoud), o aun si se considera que tiende a “resarcir la renta de la que se vio privado el acreedor durante el lapso en que no pudo dispo ner de los fondos que se le adeudaban” (íd., voto del Dr. Soria), resulta prudente escoger, entre las diversas tasas pasivas disponibles en la banca pública bonaerense, aquella que represente el mejor rendimiento para el acreedor insatisfecho (pues es esa la conducta que razonablemente puede presumirse que hubiera observado la víctima de haber recibido el capital en tiempo y forma). En aquel entonces, y aun hoy, el plazo fijo más rentable es el constituido por homebanking.
Esta tasa “BIP” tiene la virtud de garantizar el respeto a las tres pautas dadas por el Máximo Tribunal en su doctrina legal (SCBA, causas C. 43.858, “Zgonc…”, 101.774 “Ponce…” y L. 94.446 “Ginossi…”, et. al), en tanto: (a) se trata de una tasa pasiva, (b) corresponde a una operación de depósitos a treinta días y (c) se liquida sin incurrir en ninguna forma de capitalización. Tal es así que en autos “Zocaro, Tomás A. c. Provincia A.R.T., SA y otros s/daños y perjuicios” (RI. 118615 de fecha 11/03/2015, publicado LA LEY 07/05/2015, 7), la Suprema Corte consideró que aquella alícuota no era violatoria de su doctrina legal.
Ahora bien, el pasado 18 de mayo de 2016 la Suprema Corte resolvió -por mayoría- en autos “Ubertalli Carbonino, Silvia contra Municipalidad de Esteban Echeverría s/ Demanda contencioso administrativa” (causa B.62.488) que al crédito de la reclamante -sobre el cual tampoco había tasa legal o convencional aplicable- debían adicionársele intereses moratorios a calcular conforme “la tasa pasiva más alta más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a 30 días, durante los distintos períodos de devengamiento, conforme las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables en cada caso”.
Poco menos de un mes después, el mismo Tribunal dictó sentencia en autos “Cabrera, P. David contra Ferrari, Adrián Rubén. Daños y perjuicios” (causa C. 119.176, del 15/06/2016), ratificando -ahora en un caso de derecho civil- lo afirmado en “Ubertalli” aunque agregando que los intereses debían liquidarse desde el día del hecho (fallo cit., voto de la Dra. Kogan, considerando V.b, último párrafo).
La Suprema Corte, por mayoría, hizo lugar parcialmente al recurso extraordinario y sostuvo que “la evolución de las distintas tasas de interés pasivas aplicadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que se hallan determinadas en el marco reglamentario de la mencionada institución oficial (art. 768, inc. “c”, Cód. cit.), impone precisar el criterio que este Tribunal ha mantenido hasta ahora en carácter de doctrina legal, en pos de la referida finalidad uniformadora de la jurisprudencia. Por tal razón, considero que los intereses deberán calcularse exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa, desde la fecha del hecho dañoso hasta el día de su efectivo pago (arts. 622 y 623, C.C. de Vélez Sarsfield; 7 y 768, inc. “c”, C.C. y C.N.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.)” (fallo.cit., voto de la Dra. Kogan que conforma la mayoría).
La nueva doctrina se acompasa con lo decidido originariamente en la causa C. 43.858, “Zgonc…”, y luego ratificado en causas 101.774 “Ponce…” y L. 94.446 “Ginossi…”, entre otros. Así todo, entre aquellos precedentes (“Ponce”, “Ginossi”) y el aquí analizado (“Cabrera”) existe una diferencia que no es menor: si bien se insiste en la utilización de la tasa que representa la renta que otorga un plazo fijo constituido a treinta días en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, se deja a salvo la facultad del magistrado de elegir la más alta entre todas las posibles para cada período de devengamiento. Es decir, dentro del género de ese tipo de inversiones, el sentenciante podrá elegir la especie (esto es, el producto bancario particular) más rentable para el ahorrista. Hoy esa tasa “más alta” es la que el banco paga en sus depósitos hechos por homebanking, pero nada quita que en el futuro otro producto -siempre que se trate, claro está, de depósitos a plazo fijo a 30 días hechos en el Banco Provincia- prevea una renta superior.
En el caso, advierto que la solución dada por el Sr. Juez de primera instancia resulta concordante con la doctrina legal reseñada, la cual -cabe agregar- es aplicable tanto a los intereses moratorios devengados en períodos anteriores al 1 de agosto de 2015 (art. 622 Cód. Civil Ley 340) como a los posteriores a esa fecha (art. 7 y 768 inc. “c” del Cód. Civil y Comercial, art. 7 de la Ley 26.994, ref. por Ley 27.077; SCBA in re “Cabrera” cit.).
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