Source: https://www.infonalia.es/fraccionamiento-contratos-menores/
Timestamp: 2018-12-15 16:57:47
Document Index: 180893446

Matched Legal Cases: ['artículo 57', 'artículo 11', 'artículo 57', 'artículo 11', 'artículo 86', 'e contrario']

EL FRACCIONAMIENTO DE LOS CONTRATOS MENORES Y SU NO FISCALIZACIÓN
INFONALIA, S.L. / EL FRACCIONAMIENTO DE LOS CONTRATOS MENORES Y SU NO FISCALIZACIÓN: CONSECUENCIAS PENALES.
Así en los informes de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa nº 40/95 (EDD 1996/51868), 10/98 (EDD 1998/58586), 12/02 (EDD 2002/122946), se señala que “… la interpretación literal de los preceptos conduce a la conclusión de que, para que un contrato sea menor basta atender a su cuantía y que respecto de ellos sólo serán exigibles la aprobación del gasto de la factura correspondiente, sin perjuicio de que en el contrato menor de obras se exija el presupuesto y el proyecto, este último cuando normas específicas lo requieran, debiendo significarse la utilización del adverbio “solo” equivalente a “únicamente” y la circunstancia de que cuando la Ley ha querido precisar la exigencia de otros requisitos lo ha hecho expresamente en el propio artículo 57 (hoy 56) para el contrato menor de obras”, lo que no obsta para que, en los informes reseñados, se reconozca la posible aplicación de determinados requisitos generales de los contratos previstos en el artículo 11 de la Ley, entre los que no figura la constitución de garantías definitivas (informe 12/02; EDD 2002/122946), ni tampoco otros que no se mencionan expresamente en la Ley, como documento de formalización, por simple exclusión y omisión de su cita” (Informe 40/95, EDD 1996/51868).
En el mismo sentido, el informe 10/98 (EDD 1998/58586) sienta “… la conclusión, también mantenida por la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado de 19 de julio de 1995, de que los contratos menores sólo o únicamente exigen para su celebración los requisitos establecidos en el artículo 57 y que la cuantía de los mismos no exceda de las señaladas en los artículos 121, 177 y 202 de la propia Ley. Por otra parte, en los citados informes de esta Junta se hacía la salvedad de que resultaba necesario el cumplimiento de otros requisitos de los contratos de los enumerados en el artículo 11 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, como la competencia, capacidad, objeto, precio, etc…, en cuanto resultaban definidores del propio contrato menor.”
“a) Se recomienda la implantación de una aplicación informática que posibilite el adecuado seguimiento y control de los expedientes de contratos menores”
“1. La Tesorería General de la Seguridad Social debería adoptar las medidas necesarias para incrementar los controles informáticos internos que garanticen el adecuado tratamiento de la información que contienen las bases de datos comprensivas de la contratación menor celebrada.
En este sentido, el Informe nº 14/2014, de 22 de julio, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Cataluña (EDD 2014/137730), considera que puede afirmarse que la suscripción de diversos contratos menores que podrían conformar el objeto de un único contrato no implicaría un supuesto de fraccionamiento irregular, si la misma adquisición mediante un único contrato también hubiera podido llevarse a cabo recurriendo a la suscripción de un contrato menor. Tal como señala la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, entre otros, en el Informe 69/08, de 31 de marzo (EDD 2009/55484), la prohibición de fraccionar el objeto de los contratos del sector público está dirigida fundamentalmente a evitar que a través de ella se eluda la aplicación de ciertas normas cuya exigibilidad depende del valor estimado del contrato y, por este motivo, entiende que “no tiene que considerarse vetado por la Ley el fraccionamiento del objeto del contrato en todos aquellos casos en qué no origine alteración de las normas relativas a los procedimientos de adjudicación que deben aplicarse ni a las normas de publicidad.”
Por ello, siguiendo el Manual de Fiscalización de la Sindicatura de Comptes de la Comunidad Valenciana, hay supuestos en que el “objeto” del contrato puede dividirse o separarse sin dar lugar a un fraccionamiento indebido. Fuera de dichos supuestos, se considerará que existe un fraccionamiento que incumple el art. 86.2 TRLCSP siempre que no se respete el concepto de unidad operativa o funcional.
(…) en la generalidad de los casos, el uso de la contratación menor y su apariencia de legalidad constituye la vía habitual que se utiliza para incumplir los preceptos legales correspondientes sobre publicidad y sobre procedimiento de adjudicación”. En definitiva, la contratación menor únicamente se encuentra justificada por la necesidad de simplificación en determinados supuestos en que debe prevalecer la agilidad para atender necesidades de importe y duración reducidas y, en todo caso, es una figura a la que se puede recurrir únicamente si no se contraviene la normativa en materia de contratación pública y, específicamente, la prohibición de fraccionar el objeto de los contratos para eludir la aplicación de aquella normativa, recogida en nuestro derecho interno en el artículo 86 del TRLCSP y estrechamente relacionada con la utilización de la contratación menor (…)
En relación con este último supuesto, y teniendo en cuenta que, como ya se ha indicado, la finalidad del contrato menor es posibilitar una satisfacción rápida de necesidades que, por su escasa cuantía y duración temporal, resulta necesario adjudicar a través de un procedimiento ágil y sencillo, hay que afirmar que ciertamente la contratación menor sería más propia de la satisfacción de necesidades puntuales que periódicas. En todo caso, tanto si es para cubrir necesidades periódicas o necesidades de carácter puntual, hay que adelantar ya ahora que el diseño de una contratación para cubrir necesidades conocidas o previsibles mediante la adjudicación de contratos menores respecto de partes o grupos de estas necesidades “cada año” y por el hecho de que “no superan el umbral de los 18.000 Eur. anuales”, como se indica en el escrito de petición de informe, no sería lo más adecuado y conforme con la normativa de contratación pública, cuando no directamente contrario a ésta, según las circunstancias concurrentes en cada caso …
En la mayoría de las sentencias, como la citada del TS de 1 de julio de 2015 (EDJ 2015/136432), consideran que el Interventor que actuó en el ejercicio de su cargo y omitió emitir reparos e informar de la omisión de trámites esenciales del procedimiento y de claras infracciones permiten deducir razonablemente el elemento subjetivo que se discute. Y que el Interventor aunque carece de capacidad para declarar la nulidad de los contratos, tenía la obligación legal de formular reparos “en los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales” (art. 216.2 TRLRHL), presumiendo la sentencia que el reparo hubiera posibilitado un pronunciamiento al respecto del Alcalde (art. 216.1 TRLRHL).
Y aunque el Tribunal admite que existen algunas excepciones a la obligación fiscalizadora, entre otros cuando se trata de “contratos menores”, en el caso de que la cuantía de la contratación exceda de la que marca techo a esta modalidad, corrobora la falta de tramitación como contratos menores. Cosa sorprendente, porque la tramitación de los contratos menores, como hemos visto, sólo exige la aprobación del gasto y la presentación de la factura.
Este artículo ha sido publicado en la “Revista Derecho Local”, el 1 de septiembre de 2016.