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Timestamp: 2017-08-19 17:05:25
Document Index: 60085261

Matched Legal Cases: ['artículo 331', 'artículo 308', 'artículo 194', 'artículo 130', 'artículo 331', 'artículo 331', 'artículo 178', 'artículo 54']

﻿ AUTO 9169 DE MARZO 19 DE 1999
AUTO 9169 DE 19 DE MARZO DE 1999
CONTENIDO:CONDENA CONTRA ENTIDADES PÚBLICAS. ACTUALIZACIÓN DE SU VALOR.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACTIVOS DE LA ENTIDAD PÚBLICA, CONDENA A ENTIDAD PÚBLICA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:330 DE JUNIO DE 1999, PÁG.1023
•Auto 9169 de marzo 19 de 1999
CONDENA CONTRA ENTIDADES PÚBLICAS
ACTUALIZACIÓN DE SU VALOR
Ref. Expediente Nº 9169. Actor: Occidental de Colombia Inc. Incidente liquidación de condena.
Decide la corporación el recurso de apelación instaurado por el apoderado de la sociedad accionante contra el auto del 30 de julio de 1998 expedido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Mediante el auto apelado el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó el incidente de liquidación propuesto por Occidental de Colombia Inc. S.A., por las siguientes consideraciones:
Estimó el a quo que la actualización de la sentencia realizada por la DIAN está debidamente liquidada teniendo en cuenta lo que dispone el artículo 331 del Código de Procedimiento Civil.
Para fundamentar su decisión transcribe apartes de una providencia del Consejo de Estado en el sentido de que la ejecutoria de la sentencia del 1º de julio de 1994, de la Sección Cuarta, ocurrió cuando se desfijó el edicto que notificó la decisión del recurso extraordinario de súplica, tal como fue considerado en las resoluciones 684 del 13 de agosto y 0639 del 4 de septiembre, ambas de 1997, mediante las cuales la DIAN le liquidó la sentencia.
Precisa que las decisiones proferidas al decidir el recurso extraordinario de súplica no corresponden a decisiones tomadas en una instancia pero sí impiden que la providencia recurrida quede en firme.
El apoderado de la sociedad apelante luego de referirse a los antecedentes del proceso, a la posición de la demandada y a la decisión negativa del Tribunal Administrativo, respecto del incidente de liquidación manifestó las siguientes razones de inconformidad:
Afirma que el tribunal a quo desconoció la diferencia existente entre sentencia definitiva y sentencia ejecutoriada para efectos del artículo 308 del Código de Procedimiento Civil, considera que en el presente caso la sentencia definitiva es la del 1º de julio de 1994 ya que la decisión de la Sala Plena de 1997 no la modificó.
Aduce que por razones de derecho, justicia y equidad no se puede desconocer el lapso transcurrido entre las dos decisiones para efectos del restablecimiento del derecho. También que el a quo desconoció que entre las dos fechas, la suma que recibió indebidamente la administración, produjo rendimientos financieros que está usufructuando porque no los ha cancelado a su legítimo dueño, en detrimento del principio del restablecimiento del derecho.
Insiste en que la providencia que el tribunal menciona en su decisión no es aplicable, en la medida en que la discusión no versa sobre la ejecutoria de la sentencia sino que se refiere a la sentencia que quedó como definitiva, por la no prosperidad del recurso.
Considera que es aplicable el artículo 194 de la Ley 446 de 1998, según el cual el recurso de súplica no puede utilizarse para desconocer las providencias judiciales.
Solicita revocar la providencia apelada y liquidar los frutos causados de conformidad con las peticiones que dieron lugar al trámite incidental.
La Sala comparte la decisión del tribunal a quo por las siguientes razones:
Señalan los artículos 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo:
“ART. 177.—Efectividad de condenas contra entidades públicas. Cuando se condene a la Nación, a una entidad territorial o descentralizada al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, se enviará inmediatamente copia de la sentencia a quien sea competente para ejercer las funciones del Ministerio Público frente a la entidad condenada (...).
“ART. 178.—Ajuste de valor. La liquidación de condenas que se resuelvan mediante sentencia de la jurisdicción en lo contencioso administrativo deberá efectuarse en todos los casos, mediante sumas líquidas de moneda de curso legal en Colombia y cualquier ajuste de dichas condenas sólo podrá determinarse tomando como base el índice de precios al consumidor, o al por mayor”.
En el caso de autos, la sección, mediante sentencia del 1º de julio de 1994, ordenó “a la Administración de Impuestos Nacionales la devolución de la suma pagada en exceso ajustada al valor presente por un total de veintiún mil doscientos setenta y dos mil millones doscientos noventa y ocho mil doscientos cuarenta y tres pesos m/cte ($ 21.272.298.243) conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia”.
Condena a la cual la administración de Impuestos Nacionales sólo podía dar cumplimiento hasta que se decidieran los recursos interpuestos contra ella, en este caso el recurso extraordinario de súplica, razón por la cual el tribunal a quo hace referencia a sentencia ejecutoriada.
Se tiene que conforme al artículo 130 del Código Contencioso Administrativo contra las sentencias proferidas por las secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo procede el recurso extraordinario de súplica el cual debe interponerse dentro de los cinco días siguientes a su notificación, caso en el cual la sentencia no queda ejecutoriada dentro de los tres días a que hace mención el artículo 331 del Código de Procedimiento Civil, sino que, en el caso de que no se interponga el recurso extraordinario, la sentencia del ad quem queda ejecutoriada al fenecer el término de los 5 días mencionados.
Ahora bien, en el evento de la interposición oportuna del recurso la sentencia queda ejecutoriada transcurridos los 3 días siguientes a la notificación de la providencia que decida dicho recurso.
En el caso de autos el recurso extraordinario de súplica fue decidido por la Sala Plena de la corporación el 1º de abril de 1997, y fue notificado el 13 de mayo de 1997, a partir de esta fecha se cuentan los 3 días a que hace mención el artículo 331 del Código de Procedimiento Civil para que una providencia quede ejecutoriada y en firme.
Observa la Sala que la administración, atendiendo a estos términos, mediante las resoluciones 684 del 13 de agosto y 639 de 4 de septiembre, ambas de 1997, tomó como fecha, el 16 de mayo del mismo año, para actualizar el valor de condena establecido en la sentencia del 1º de julio de 1994, correspondiente a la suma pagada en exceso, obteniendo como resultado la suma de $ 21.646.771.615, es decir, $ 374.473.372 más de lo pagado en exceso por la sociedad actora.
Ahora bien, para actualizar dicha condena debe tomarse como base el índice de precios al consumidor certificado por el DANE, según lo preceptúa el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo, tomando como inicial el de la fecha de ejecutoria del fallo y como final el de la fecha de compensación, procedimiento que acató la administración para ajustar dicha condena.
Por otra parte, no le asiste razón al apelante cuando afirma que para este ajuste o actualización la fecha que debió tomarse es la de la sentencia del ad quem, 1º de julio de 1994, aduciendo que esta es la definitiva, toda vez que la misma corporación ha considerado que esta es “aquella contra la cual no procede recurso alguno” (Auto del 7 de mayo de 1996, Exp. S-599 y de mayo 31 de 1996, Exp. 7585).
En el caso in examine, contra la sentencia del 1º de julio procedía el recurso extraordinario de súplica, el cual fue interpuesto por la demandada oportunamente aunque decidido en forma desfavorable.
En conclusión, a juicio de la sección el proceder de la administración se ajustó a derecho y, en consecuencia, la corporación confirmará la providencia del tribunal a quo en cuanto negó el incidente de liquidación propuesto por la sociedad actora.
Al estar impedido uno de los magistrados, se decide con el resto de los integrantes de la Sala en aplicación de lo previsto en el artículo 54 de la Ley 270 de 1996.
Por lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta,
CONFÍRMASE el auto del 30 de julio de 1998 proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, devuélvase al tribunal de origen y cúmplase.
Magistrados: Germán Ayala Mantilla—Delio Gómez Leyva—Daniel Manrique Guzmán.