Source: http://en.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu10&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28BOCG_D_10_422_2841.CODI.%29
Timestamp: 2019-10-21 05:27:15
Document Index: 30436902

Matched Legal Cases: ['artículo 107', 'artículo 107', 'Artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 107', 'Artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 107', 'Artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 107', 'Artículo 9', 'artículo 107', 'Artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 42', 'artículo 107', 'Artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 107', 'Artículo 19', 'artículo 107', 'Artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 107', 'Artículo 23', 'Artículo 23', 'artículo 42', 'artículo 107', 'Artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 107', 'Artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 107', 'Artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 107', 'Artículo 43', 'artículo 43', 'artículo 107', 'Artículo 43', 'artículo 43', 'artículo 42', 'artículo 107', 'Artículo 43', 'artículo 43', 'artículo 42', 'artículo 107', 'Artículo 43', 'artículo 43', 'artículo 42', 'artículo 107', 'Artículo 57', 'artículo 57', 'artículo 107', 'Artículo 59', 'artículo 59', 'artículo 107', 'Artículo 61', 'artículo 61', 'artículo 107', 'Artículo 62', 'artículo 62', 'artículo 107', 'Artículo 64', 'artículo 64', 'artículo 107', 'Artículo 64', 'artículo 64', 'artículo 107', 'Artículo 67', 'artículo 67', 'artículo 107', 'Artículo 68', 'artículo 68', 'artículo 2', 'artículo 107', 'Artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 82', 'artículo 107', 'Artículo 76', 'artículo 76', 'artículo 26', 'artículo 107', 'Artículo 78', 'artículo 78', 'artículo 26', 'artículo 77', 'artículo 107', 'Artículo 83', 'artículo 83', 'Artículo 83', 'artículo 26', 'artículo 107', 'artículo 11', 'Artículo 11', 'artículo 107', 'artículo 15', 'artículo 26', 'artículo 107', 'artículo 15', 'artículo 26', 'artículo 107', 'artículo 15', 'artículo 26', 'artículo 107', 'artículo 15', 'artículo 26', 'artículo 107', 'artículo 23', 'artículo 107', 'artículo 46', 'artículo 107', 'artículo 55', 'artículo 26', 'artículo 107', 'artículo 56', 'artículo 26', 'artículo 107', 'artículo 58', 'artículo 107', 'artículo 9', 'Artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 33', 'Artículo 33', 'artículo 78', 'artículo 78', 'artículo 25', 'artículo 12', 'artículo 25', 'artículo 1', 'artículo 36', 'Artículo 36', 'artículo 47', 'artículo 5', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 36', 'artículo 47', 'artículo 36', 'artículo 47', 'artículo 36', 'artículo 107', 'artículo 5', 'artículo 107', 'artículo 107', 'Artículo 6', 'artículo 107', 'Artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 107', 'Artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 107', 'Artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 107', 'Artículo 17', 'artículo 7', 'artículo 107', 'Artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 107', 'Artículo 19', 'artículo 107', 'Artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 107', 'Artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 107', 'Artículo 25', 'artículo 107', 'Artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 107', 'Artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 107', 'Artículo 43', 'artículo 43', 'artículo 107', 'Artículo 43', 'artículo 107', 'Artículo 43', 'artículo 107', 'Artículo 43', 'artículo 107', 'Artículo 57', 'artículo 57', 'artículo 107', 'Artículo 59', 'artículo 59', 'artículo 107', 'Artículo 61', 'artículo 61', 'artículo 107', 'Artículo 62', 'artículo 62', 'artículo 107', 'Artículo 64', 'artículo 64', 'artículo 107', 'Artículo 64', 'artículo 107', 'Artículo 67', 'artículo 67', 'artículo 107', 'Artículo 68', 'artículo 68', 'artículo 107', 'Artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 107', 'Artículo 76', 'artículo 76', 'artículo 107', 'Artículo 78', 'artículo 78', 'artículo 107', 'Artículo 83', 'artículo 83', 'artículo 83', 'artículo 26', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 26', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 107', 'Artículo 9', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 33', 'Artículo 33', 'artículo 78', 'artículo 78', 'artículo 25', 'artículo 12', 'artículo 25', 'artículo 107']

BOCG. Senado, apartado I, núm. 422-2841, de 24/10/2014
cve: BOCG_D_10_422_2841
Proyecto de Ley por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.
(621/000095)
(Cong. Diputados, Serie A, núm. 104
Núm. exp. 121/000103)
El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan 40 enmiendas al Proyecto de Ley por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.
Palacio del Senado, 20 de octubre de 2014.—Jesús Enrique Iglesias Fernández y José Manuel Mariscal Cifuentes.
El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 6. 12.
Se suprime el apartado 12 del artículo 6.
Entendemos que todas las sociedades gestoras han de estar incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley.
El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 7. 1. h.
La letra h) del apartado 1 del artículo 7 queda redactada como sigue:
«h) Entidades cuya actividad principal sea la tenencia de acciones o participaciones emitidas por entidades financieras o no financieras.»
Entendemos que han de tener la consideración de entidades financieras aquellas cuya actividad principal es la tenencia de acciones o participaciones emitidas por otras entidades, independientemente de la naturaleza de estas últimas.
El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 7. 2.
El apartado 2 del artículo 7 queda redactado en los siguientes términos:
«2. A los efectos de esta Ley, tendrán la consideración de empresas no financieras aquellas que no queden incluidas en las categorías previstas en el apartado anterior.»
En coherencia con la enmienda anterior, las entidades cuya actividad principal sea la tenencia de acciones o participaciones emitidas por empresas pertenecientes a sectores no financieros, han de considerarse entidades financieras a los efectos de esta ley.
El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 9. 1.
«1. El objeto principal de las ECR consiste en la toma de participaciones temporales en el capital de empresas cuyo objeto no sea inmobiliario ni financiero que, en el momento de la toma de participación, no coticen en mercados secundarios oficiales de valores o en cualquier otro mercado regulado equivalente de la Unión Europea o del resto de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.»
El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 16. 1.
El apartado 1 del artículo 16 queda redactado como sigue:
«1. Las ECR no podrán invertir más del 25 por ciento de su activo computable en el momento de la inversión en una misma empresa, ni más del 35 por ciento en el conjunto de empresas pertenecientes al mismo grupo de sociedades, entendiéndose por tal el definido en el artículo 42 del Código de Comercio.»
El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 17. 4.
El apartado 4 del artículo 17 queda redactado como sigue:
«4. La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá, con carácter excepcional, eximir del cumplimiento de los porcentajes previstos en los apartados anteriores de este artículo o autorizar la ampliación de los plazos a que se refiere en ellos, a solicitud de las SCR o de la sociedad gestora, en atención a la situación del mercado y a la dificultad de encontrar proyectos para cubrir, adecuadamente, el porcentaje mencionado, fijando en la resolución el término de la exención o de la autorización, según corresponda.»
El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 19.
De conformidad con la normativa que regula las ofertas públicas de adquisición de acciones, la exclusión de la negociación de acciones de una sociedad cotizada debe realizarse mediante una oferta pública de exclusión. Por lo demás, la redacción del precepto podría perjudicar a los intereses de los socios minoritarios de la sociedad que se pretende excluir de negociación y ser contraria a la Directiva 2004/25/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a las ofertas públicas de adquisición.
El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 21. 3. e.
La letra e) del apartado 3 del artículo 21 queda redactada como sigue:
«e) Que no se trate de empresas cuyo objeto sea financiero o inmobiliario.»
El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 23.
«Artículo 23. Limitaciones de grupo y diversificación de las inversiones de las ECR-Pyme.
Las ECR-Pyme no podrán invertir más del 40 por ciento de su activo computable en el momento de la inversión en una misma empresa, ni más del 40 por ciento en el conjunto de empresas pertenecientes al mismo grupo de sociedades, entendiéndose por tal el definido en el artículo 42 del Código de Comercio.»
El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 27. 2.
El apartado 2 del artículo 27 queda redactado como sigue:
«2. El valor liquidativo de cada acción será el resultado de dividir el patrimonio neto atribuido a cada serie por el número de acciones en circulación de la misma.»
El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 35. 2.
Se suprime el apartado 2 del artículo 35.
La ausencia de posibilidad de impugnar actos y contratos realizados por la sociedad gestora del fondo con terceros alegando defectos en las facultades de administración y disposición, deja desprotegido al participante del fondo frente a actuaciones desleales de los gestores.
El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 37. 1.
En el primer inciso del apartado 1 del artículo 37 se suprime la expresión:
«y, en todo caso, siempre que se produzca el cese de su gestora sin que otra asuma la gestión.»
No es aceptable que se produzca la disolución del fondo si cesa su gestora sin que otra asuma la gestión.
Se añade un segundo párrafo en el apartado 1 del artículo 37 con la siguiente redacción:
«Cuando se produzca el cese de la gestora de un FCR sin que otra asuma la gestión, la Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá disponer, de forma inmediata y sin coste para el partícipe, el nombramiento de una gestora de dicho fondo.»
En coherencia con la enmienda anterior, frente a la disolución del fondo lo procedente es la intervención de la CNMV.
El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 43. 1. a.
En el último inciso de la letra a) del apartado 1 del artículo 43 se suprime la expresión:
«salvo consentimiento general previo del cliente.»
Por precaución y desde un punto de vista de gestión de riesgos, no es razonable que en una gestión discrecional se deje la puerta abierta a que la gestora pueda invertir la cartera del cliente en entidades que gestione.
El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 43. 1. b.
Se suprime la letra b) del apartado 1 del artículo 43.
La comercialización de la entidad recogida en la letra b) del apartado 4 del artículo 42, como función adicional de las sociedades de gestión, lleva implícita el asesoramiento. Carece así de sentido establecer el asesoramiento en materia de inversión como servicio accesorio.
Que la comercialización implica asesoramiento queda recogido en la Sentencia del STJUE (Sala Cuarta) de 30 de mayo de 2013.
El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 43. 1. c.
Se suprime la letra c) del apartado 1 del artículo 43.
La administración de la entidad recogida en la letra a) del apartado 4 del artículo 42, como función adicional de las sociedades de gestión, lleva implícita la custodia y administración de participaciones y acciones. Carece así de sentido establecer dicha custodia y administración como servicio accesorio.
El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 43. 1. d.
Se suprime la letra d) del apartado 1 del artículo 43.
La administración de la entidad recogida en la letra a) del apartado 4 del artículo 42, como función adicional de las sociedades de gestión, lleva implícita la recepción y transmisión de órdenes de clientes. Carece así de sentido establecer dicha recepción y transmisión de órdenes como servicio accesorio.
El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 57. 3.
El último inciso del apartado 3 del artículo 57 queda redactado como sigue:
«De no producirse la aceptación de la nueva gestora en el plazo de un mes, la Comisión Nacional del Mercado de Valores nombrará una gestora.»
Frente a la disolución de los FCR y FICC, lo procedente es la intervención de la CNMV.
El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 59. 1. d.
La letra d) del apartado 1 del artículo 59 queda redactada como sigue:
«d) Tomarán todas las medidas necesarias para evitar conflictos de intereses y, en todo caso, para detectar, gestionar, controlar y revelar, dichos conflictos de intereses con el fin de evitar que perjudiquen los intereses de las entidades de inversión y de sus inversores y asegurar que las entidades de inversión que gestionen reciban un trato equitativo.»
Se propone una redacción más ajustada para prevenir y evitar conflictos de intereses.
El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 61. 2.
El primer párrafo del apartado 2 del artículo 61 queda redactado como sigue:
«2. En particular, adoptarán las medidas necesarias para detectar los conflictos de interés que puedan surgir en el transcurso de las actividades de gestión.»
El término «razonables» es un concepto jurídico indeterminado que evita el control de esas medidas.
El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 62. 3.
El apartado 3 del artículo 62 queda redactado como sigue:
«3. Las SGEIC instaurarán sistemas de gestión del riesgo necesarios para determinar, medir, gestionar y controlar adecuadamente todos los riesgos pertinentes de la estrategia de inversión de cada ECR o EICC y a los que esté o pueda estar expuesta cada entidad de inversión.»
El término «apropiados» es un concepto jurídico indeterminado que evita el control de esas medidas.
El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 64. 4.
El apartado 4 del artículo 64 queda redactado como sigue:
«4. Las SGEIC garantizarán que la función de valoración la realice un valorador externo, que habrá de ser independiente de la ECR o EICC, de la sociedad gestora y de cualquier otra persona que mantenga vínculos estrechos con la ECR, EICC o la SGEIC.
El depositario nombrado para una ECR o EICC (…).»
No es razonable que la función de valoración la realice la propia sociedad gestora.
El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 64. 9.
Se suprime el apartado 9 del artículo 64.
El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 67. 7.
El apartado 7 del artículo 67 queda redactado como sigue:
«7. Los partícipes y socios de una ECR o EICC tienen derecho a solicitar y obtener por escrito y de forma inmediata información completa, veraz, precisa y permanente sobre la entidad, el valor de las acciones o participaciones, así como la posición del accionista o partícipe en la entidad.»
Asegurar el derecho a la información de los partícipes y socios.
El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 68. Apartado Nuevo.
Se añade un nuevo apartado en el artículo 68 con la siguiente redacción:
«3 bis (nuevo) Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo, serán de aplicación las normas de conducta impuestas a quienes presten servicios de inversión que se establecen en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.»
La aplicación de dichas normas viene obligada desde el momento en que las participaciones en las ECR o EICC son instrumentos financieros, en el sentido que se establece en el artículo 2 de la Ley 24/1988.
El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 70. 5.
El primer párrafo del apartado 5 del artículo 70 queda redactado como sigue:
«5. Se considerarán hechos relevantes para las ECR o EICC todos aquellos cuyo conocimiento pueda afectar al valor de las acciones o participaciones y, en particular, toda circunstancia que afecte o pueda influir en la evolución de los negocios de las entidades participadas, su rentabilidad y su situación financiera.»
Mejora técnica, para adecuar la redacción a lo dispuesto en el artículo 82.1 de la Ley del Mercado de Valores. En particular, se suprime la referencia al 5% del activo de la entidad de capital-riesgo que puede desnaturalizar las obligaciones de información.
El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 76. Apartado nuevo.
Se añade un nuevo apartado en el artículo 76 con la siguiente redacción:
«7 (nuevo). No se comercializarán en España ECR o EICC constituidas en otro Estado miembro de la Unión Europea cuando el Estado en el que esté establecida la ECR o EICC o sus gestoras no haya firmado un acuerdo con España que se ajuste plenamente a los preceptos establecidos en el artículo 26 del Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y garantice un intercambio efectivo de información en materia tributaria, incluyendo, si procede, acuerdos multilaterales en materia de impuestos, o cuando España atribuya el carácter de paraíso fiscal a dicho Estado o al territorio en el que esté establecida la gestora o la ECR o EICC.»
El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 78. 1. Letra nueva.
Se añade una nueva letra c) en el apartado 1 del artículo 78 con la siguiente redacción:
«c) (nueva). Que el Estado no miembro de la Unión Europea en el que está establecida la gestora, y, en su caso, el Estado no miembro de la Unión Europea en el que está establecida la entidad de inversión, haya firmado un acuerdo con España que se ajuste plenamente a los preceptos establecidos en el artículo 26 del Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y garantice un intercambio efectivo de información en materia tributaria, incluyendo, si procede, acuerdos multilaterales en materia de impuestos.»
Se propone evitar que puedan actuar en España gestoras domiciliadas en paraísos fiscales, recogiendo la previsión que sí se establece en el artículo 77 del Proyecto de Ley.
El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 83. Letra nueva.
Se añaden dos nuevas letras c) y d) en el artículo 83 con la siguiente redacción:
«Artículo 83. Condiciones aplicables a las SGEIC que gestionen ECR o EICC constituidos en un Estado no miembro de la Unión Europea no comercializadas en los Estados miembros de la Unión Europea.
c) Que el Estado no miembro de la Unión Europea en el que está establecida la ECR o EICC, no figure en la lista de países y territorios no cooperantes establecida por el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales.
d) Que el Estado no miembro de la Unión Europea en el que está establecida la ECR o EICC haya firmado un acuerdo con España que se ajuste plenamente a los preceptos establecidos en el artículo 26 del Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos y garantice un intercambio efectivo de información en materia tributaria, incluyendo, si procede, acuerdos multilaterales en materia de impuestos.»
El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición final primera. Dos.
La letra d) del apartado 1 del artículo 11 de la Ley 35/2003, modificado en el apartado dos de la disposición final primera, queda redactada en los siguientes términos:
«Artículo 11. Requisitos de acceso y ejercicio de la actividad.
d) Contar con los accionistas o partícipes en el plazo y número legalmente exigible, y cumplir con la limitación a la participación en el capital social.»
En coherencia con la enmienda anterior. Será requisito necesario para obtener y conservar la autorización que los accionistas no puedan adquirir más de un 5% del capital de una sociedad de inversión.
El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición final primera. Tres.
A la disposición final primera, apartado tres.
Se añade un nuevo apartado en el artículo 15 de la Ley 35/2003, modificado en el apartado tres de la disposición final primera, con la siguiente redacción:
«4 (nuevo). No se comercializarán en España acciones y participaciones de IIC autorizadas en otro Estado miembro de la Unión Europea cuando el Estado en el que esté establecida la IIC no haya firmado un acuerdo con España que se ajuste plenamente a los preceptos establecidos en el artículo 26 del Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y garantice un intercambio efectivo de información en materia tributaria, incluyendo, si procede, acuerdos multilaterales en materia de impuestos, o cuando España atribuya el carácter de paraíso fiscal a dicho Estado o al territorio en el que esté establecida la IIC.»
El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición final primera. Cuatro.
Se añade un nuevo apartado en el artículo 15 bis de la Ley 35/2003, modificado en el apartado cuatro de la disposición final primera, con la siguiente redacción:
«6 (nuevo). No se comercializarán en España acciones y participaciones de IIC constituidas en otro Estado miembro de la Unión Europea gestionadas por gestoras autorizadas en un Estado miembro cuando el Estado en el que esté establecida la gestora no haya firmado un acuerdo con España que se ajuste plenamente a los preceptos establecidos en el artículo 26 del Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y garantice un intercambio efectivo de información en materia tributaria, incluyendo, si procede, acuerdos multilaterales en materia de impuestos, o cuando España atribuya el carácter de paraíso fiscal a dicho Estado o al territorio en el que esté establecida la gestora.»
El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición final primera. Cinco.
Se añade un nuevo apartado en el artículo 15 ter de la Ley 35/2003, modificado en el apartado cinco de la disposición final primera, con la siguiente redacción:
«7 (nuevo). No se comercializarán en España acciones y participaciones de IIC constituidas en un Estado no miembro de la Unión Europea gestionadas por gestoras autorizadas en un Estado miembro cuando los Estados en los que estén establecidos la IIC o la gestora no hayan firmado un acuerdo con España que se ajuste plenamente a los preceptos establecidos en el artículo 26 del Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y garantice un intercambio efectivo de información en materia tributaria, incluyendo, si procede, acuerdos multilaterales en materia de impuestos, o cuando España atribuya el carácter de paraíso fiscal a dichos Estados o a los territorios en los que esté establecida la IIC o la gestora.»
El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición final primera. Seis.
Se añade una nueva letra en el apartado 1 del artículo 15 quáter de la Ley 35/2003, añadido en el apartado seis de la disposición final primera, con la siguiente redacción:
«e) (nueva). Que el Estado no miembro de la Unión Europea en el que está establecida la gestora haya firmado un acuerdo con España que se ajuste plenamente a los preceptos establecidos en el artículo 26 del Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y garantice un intercambio efectivo de información en materia tributaria, incluyendo, si procede, acuerdos multilaterales en materia de impuestos.»
El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición final primera. Quince.
Se suprime el apartado quince de la disposición final primera.
Toda institución de inversión colectiva debe estar sometida a los principios del artículo 23. Las IIC de Inversión Libre, más conocidas como «fondos buitre», deben tener la misma regulación que cualquier otra IIC. No es aceptable en un Estado de Derecho deslegalizar el régimen de cualquier institución financiera.
El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición final primera. Veintiuno.
Se suprime la letra i) del apartado 2 del artículo 46 bis de la Ley 35/2003, añadido en el apartado veintiuno de la disposición final primera.
La remuneración variable garantizada es incompatible con una gestión sana y sensata de los riesgos y con el principio de recompensar el rendimiento.
El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición final primera. Veintisiete.
Se añade un nuevo apartado en el artículo 55 bis de la Ley 35/2003, añadido en el apartado veintisiete de la disposición final primera, con la siguiente redacción:
«7 (nuevo). Será condición necesaria para la gestión de IIC españolas por sociedades gestoras autorizadas en otro Estado miembro de la Unión Europea que el Estado miembro de la Unión Europea en el que está establecida la gestora haya firmado un acuerdo con España que se ajuste plenamente a los preceptos establecidos en el artículo 26 del Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y garantice un intercambio efectivo de información en materia tributaria, incluyendo, si procede, acuerdos multilaterales en materia de impuestos, o que España no atribuya el carácter de paraíso fiscal a dicho Estado o al territorio en el que esté establecida la gestora.»
El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición final primera. Veintiocho.
Se añade un nuevo apartado en el artículo 56 de la Ley 35/2003, modificado en el apartado veintiocho de la disposición final primera, con la siguiente redacción:
«4 (nuevo) Solo se autorizará una sociedad gestora no domiciliada en la Unión Europea cuando:
a) El Estado no miembro de la Unión Europea en el que está establecida la gestora, no figure en la lista de países y territorios no cooperantes establecida por el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales.
b) El Estado no miembro de la Unión Europea en el que está establecida la gestora haya firmado un acuerdo con España que se ajuste plenamente a los preceptos establecidos en el artículo 26 del Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y garantice un intercambio efectivo de información en materia tributaria, incluyendo, si procede, acuerdos multilaterales en materia de impuestos, o cuando España no atribuya el carácter de paraíso fiscal a dicho Estado o al territorio en el que esté establecida la gestora.»
El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición final primera. Treinta.
El tercer párrafo del apartado 1 del artículo 58 de la Ley 35/2003, modificado en el apartado treinta de la disposición final primera, queda redactado como sigue:
«Los depositarios de IIC radicadas en terceros países deberán reunir los mismos requisitos que los depositarios de IIC radicadas en España.»
Por entender que es lo más correcto, frente a la indefinida remisión reglamentaria que establece el Proyecto de Ley.
El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición final primera. Apartado nuevo.
Se añade un nuevo apartado en la disposición final primera con la siguiente redacción:
«Uno bis (nuevo). Se da nueva redacción al apartado 4 del artículo 9 que queda redactado como sigue:
“Artículo 9. Concepto y número de accionistas.
4. El número de accionistas de las sociedades de inversión no podrá ser inferior a 100. Reglamentariamente podrá disponerse un umbral distinto, atendiendo a los distintos tipos de activos en que la sociedad materialice sus inversiones, a la naturaleza de los accionistas o a la liquidez de la sociedad.
Los accionistas podrán adquirir hasta un 5 por ciento como máximo del capital de una sociedad de inversión. Asimismo, reglamentariamente podrán establecerse requisitos adicionales de distribución del capital social entre los accionistas.
Las sociedades no constituidas por los procedimientos de fundación sucesiva y de suscripción pública de participaciones dispondrán de un plazo de un año, contado a partir de su inscripción en el correspondiente registro administrativo, para alcanzar la cifra mínima prevista en el párrafo anterior.”»
Se propone esta modificación para evitar los notorios abusos de las sociedades de inversión de capital variable (SICAV), de patrimonios familiares, que cumpliendo los actuales requisitos crean una institución de inversión colectiva cuando en realidad son auténticas instituciones de inversión «privadas».
El fin principal de estos abusos es eludir la tributación de las millonarias plusvalías y dividendos obtenidos, de forma que sus partícipes no tienen necesidad de reintegrar su participación porque controlan íntegramente el destino de las inversiones de la SICAV familiar, y jamás tributarán en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por la renta del ahorro diferida.
Se modifica el artículo 9 extendiendo el límite máximo de participación (5% del capital) a todas las modalidades de sociedades de inversión, financieras o no, y no sólo a las SICAV. Así se evita el control de la sociedad y el partícipe que quiera invertir o adquirir algún bien reembolsará su participación y tributará por la renta del ahorro diferida, según la diferencia entre el valor liquidativo y el valor de adquisición.
Con esta modificación la CNMV podrá revocar la calificación, en particular, de una SICAV que no sea una institución de inversión colectiva, sino una de inversión privada, informando a la AEAT para que le liquide el Impuesto sobre Sociedades por la diferencia de tipos impositivos. Así, podría agotarse una vía de elusión tradicionalmente utilizada por las grandes fortunas.
El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula tres enmiendas al Proyecto de Ley por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.
Palacio del Senado, 22 de octubre de 2014.—El Portavoz, Jokin Bildarratz Sorron.
El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) (GPV), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final primera. Apartado nuevo.
Se propone la adición de un nuevo apartado, a continuación del apartado quince (con desplazamiento correlativo de los posteriores), a la Disposición final primera del Proyecto de Ley por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, con la siguiente redacción:
«Disposición final primera. Modificación de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.
La Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, queda modificada en los siguientes términos:
Apartado nuevo. Se añade un nuevo artículo 33 quáter, con la siguiente redacción:
“Artículo 33 quáter. Fondos Institucionales.
1. Se podrán crear Fondos de Inversión que, de acuerdo con lo previsto en su Reglamento de Gestión, tengan exclusivamente como partícipes a clientes profesionales.
2. Estos Fondos quedarán sujetos a las siguientes especialidades respecto a lo dispuesto para las IIC con carácter general:
a) A los efectos previstos en este artículo, se considerarán clientes profesionales los enumerados en el artículo 78 bis.3 de la Ley del Mercado de Valores.
b) El número de partícipes de estos Fondos de Inversión no podrá ser inferior a tres ni superior a treinta.
c) El régimen de información periódica a sus partícipes será establecido en su Reglamento de Gestión.
d) No les resultarán de aplicación las previsiones de esta Ley ni de sus disposiciones de desarrollo relativas a Reglamento sobre los límites máximos y a las formas de cálculo de las comisiones de gestión, depósito, suscripción y reembolso.”»
Los inversores institucionales (entidades de crédito, entidades aseguradoras, Fondos de Pensiones, grandes empresas, etc.) ostentan el 68% de los activos bajo gestión en Europa, porcentaje que no deja ninguna duda sobre la importancia de disponer de vehículos específicamente diseñados para estos inversores. Por ello, la práctica totalidad de países europeos disponen de Fondos destinados a inversores
institucionales, cuya principal característica se resume en una mayor flexibilidad en lo que se refiere a número mínimo de inversores (no se exige), régimen de información (más flexible dada la naturaleza del inversor, lo que determina unos menores costes operativos) y comisiones.
Sin embargo, la figura de los Fondos de Inversión institucionales en formato armonizado no existe en España, lo que impide el acceso de las Gestoras españolas a la gestión de un importantísimo volumen de ahorro, como consecuencia de la inadecuación de los vehículos tradicionales para adaptarse a las necesidades de estos inversores.
Por ello, la creación de Fondos de inversión institucionales constituye una cuestión fundamental para impulsar y aumentar la competitividad de la industria de la inversión colectiva en España, permitiendo una mayor adaptación de la oferta de productos a la tipología de inversores.
Estas IIC se diferenciarían de las IIC tradicionales en el número de inversores (tendrían un número máximo) y en su naturaleza (reservadas a inversores profesionales, tal y como se definen en el artículo 78 bis.3 de la Ley del Mercado de Valores), así como en el régimen de comisiones (no habría máximos legales) e información a partícipes (modulable en el Reglamento de gestión o en los estatutos para hacerlo menos exigente que el previsto en la LIIC). Sin embargo, su régimen de inversiones sería igual que el de las IIC tradicionales para permitir que puedan ser activos aptos para su inversión por las entidades a las que van destinados y que son, entre otras, aseguradoras, Fondos de Pensiones o entidades de crédito.
Se propone la adición de un nuevo apartado, a continuación del apartado cuarenta y seis (con desplazamiento correlativo de los posteriores), a la Disposición final primera del Proyecto de Ley por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, con la siguiente redacción:
Apartado nuevo. Se añade una disposición transitoria octava, con la siguiente redacción:
“Las IIC españolas que, a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, estuvieran autorizadas de acuerdo con la Directiva 2009/65/CE, dispondrán del plazo de 6 meses para registrarse como lIC no armonizadas, sin que durante dicho plazo resulte de aplicación lo establecido en el artículo 25.1 de esta Ley. Esta modificación no dará lugar al derecho de separación ni al derecho de información previa al que se refiere el artículo 12.2 de esta ley.”»
A raíz de la aprobación de la Directiva de Gestores de Fondos de Inversión Alternativa, que se transpone con este Proyecto de Ley, todo el universo de vehículos de inversión en Europa queda clasificado en dos tipos: armonizados y alternativos.
Y en esta misma línea, la normativa española, y en particular el Reglamento de IIC, aprobado por Real Decreto 1082/2012, indica en su Exposición de motivos que «Toda aquella IIC que no sea armonizada, es decir, autorizada según la Directiva 2009/65/CE, será considerada como lIC alternativa».
En España, las IIC quedaron obligadas a registrarse como armonizada o alternativa antes del 31 de julio de 2013 (con motivo de la obligatoria sustitución del folleto simplificado por el documento de datos fundamentales para el inversor). Sin embargo, a dicha fecha no estaba íntegramente aprobada la normativa que regula las IIC alternativas, por lo que las entidades en muchas ocasiones optaron por clasificar a sus IIC como armonizadas, con el objetivo de evitar quedar sujetas a la aplicación de una normativa cuyo contenido todavía no se conocía con exactitud.
Por otra parte, la normativa española, así como algunos pronunciamientos de la Autoridad Europea de los Mercados de Valores (ESMA) han determinado que, para todas las IIC clasificadas como armonizadas, determinados activos hayan dejado de ser aptos (en particular, los derivados sobre subyacentes materias primas y determinadas IIC y entidades de capital-riesgo).
Esto ha originado que determinadas IIC que invertían en dichos activos hayan visto restringidas sus posibles inversiones, sin poder renunciar a su clasificación como armonizadas por aplicación del artículo 25.1 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre (LIIC), también recogida en el artículo 1.5 de la Directiva, según el cual «las IIC autorizadas de acuerdo con la Directiva 2009/65/CE no se podrán transformar en otras IIC».
Sin embargo, esta prohibición debería interpretarse con el objetivo de evitar el perjuicio que para los inversores de otros Estados miembros supondría el que una IIC extranjera con pasaporte, y sujeta, por tanto, a unas reglas conocidas, se transformara en otro tipo de IIC no armonizada, sujeta a un régimen jurídico distinto y desconocido para el inversor. Sin embargo, su aplicación no debería suponer una congelación del estatus de la IIC cuando ello no suponga ventaja alguna para los inversores, por lo que la prohibición de transformación debería limitarse a las IIC autorizadas de acuerdo con la Directiva 2009/65 que efectivamente se hayan comercializado en el extranjero al amparo de dicha Directiva.
Por ello, se propone el establecimiento de un plazo transitorio (seis meses), durante cuya vigencia todas aquellas IIC que se hayan clasificado como UCITS pero que no se hayan comercializado en el extranjero puedan modificar dicha consideración. Además, debería preverse que dicha modificación no dé lugar a derecho de separación, al no implicar una modificación significativa para el inversor (la IIC pasaría de UCITS a no UCITS pero la composición de su cartera sería la misma que hasta entonces).
Se propone la modificación de la Disposición final segunda del Proyecto de Ley por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, quedando redactado de la siguiente forma:
«Disposición final segunda. Modificación del Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre.
El texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, queda modificado en los siguientes términos:
Uno. Se mantiene igual.
Dos. Se mantiene igual.
Tres (nuevo). Se suprime el apartado 5 del artículo 36.
Artículo 36.5 LPFP. Sanciones administrativas.
Cuatro (nuevo). Se modifica el apartado 4 del artículo 47 con la siguiente redacción:
“4. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá requerir a la comisión de control del plan o al promotor la adecuación del plan de pensiones a las disposiciones consideradas legislación social y laboral aplicables. El incumplimiento de este requerimiento constituirá infracción administrativa de las normas de ordenación y supervisión de los planes de pensiones sancionable conforme a lo previsto en la sección 4.ª del capítulo IX.
El incumplimiento por las comisiones de control de las obligaciones de comunicación a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones previstas en esta sección constituirá infracción administrativa de las normas de ordenación y supervisión de los planes y fondos de pensiones, sancionable conforme a lo previsto en la sección 4.ª del capítulo IX.”
Cinco (nuevo). Se modifica el apartado 2 de la disposición adicional cuarta, con la siguiente redacción:
“2. Como límite máximo de las aportaciones, a efectos de lo previsto en el apartado 3 del artículo 5 de la presente Ley, se aplicarán las siguientes cuantías:
c) Las aportaciones anuales máximas a planes de pensiones realizadas a favor de una persona con discapacidad, incluyendo sus propias aportaciones, no podrán rebasar la cantidad de 24.250 euros.»
A efectos del tratamiento de los excesos de aportación, cuando concurran varias aportaciones a favor de la persona con discapacidad, se entenderá que el límite de 24.250 euros se cubre, primero, con las aportaciones de la propia persona con discapacidad, y cuando éstas no superen dicho límite, con las restantes aportaciones, en proporción a su cuantía.
La aceptación de aportaciones a un plan de pensiones a nombre de un mismo beneficiario con discapacidad, por encima del límite de 24.250 euros anuales, tendrá la consideración de infracción muy grave, en los términos previstos en el párrafo n) del apartado 3 del artículo 35 de esta Ley.”»
En la actualidad, la aportación a uno o vados Planes de Pensiones de un mismo partícipe, por cuantía superior al límite financiero (10.000 o 12.500 euros), resulta sancionable con una multa de hasta el 50 por ciento del exceso, salvo que dicho exceso se retire antes del 30 de junio del año siguiente. La multa podrá ser impuesta al propio partícipe o a quien realice la aportación, quedando el partícipe exonerado únicamente cuando dicha aportación se hubiera realizado sin su conocimiento (art. 36.5 de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, en adelante, LPFP).
Esta sanción al partícipe o a quien realice la aportación resulta excesiva, en la medida en que el partícipe —o quien a su favor realice dicha aportación—, no obtiene ningún beneficio, pues al ser los límites fiscales iguales o inferiores a los financieros, la realización de aportaciones por encima de dichos límites no permite que el exceso se beneficie de la correspondiente reducción en la base imponible del IRPF (y que es el principal factor que permite compensar la liquidez de los instrumentos de ahorro previsión).
Es más, la aportación por encima de los límites supone un perjuicio fiscal para el partícipe, quien, además de no reducir su base imponible en el ejercicio de la aportación, deberá integrar en su base imponible dicho exceso (más sus rendimientos) en el momento de percibir la prestación (art. 28.3 LPFP).
En definitiva, el partícipe tributará dos veces por el exceso de aportación, tanto al hacer la aportación como al percibir la prestación, lo que ya supone un perjuicio que en ningún caso debería verse agravado por la imposición de una sanción, de hasta el 50% del exceso.
Finalmente, esta sanción es de difícil aplicación en la práctica, por imposibilidad de identificar a los partícipes afectados. Así, los supuestos que, en su caso, pudieran existir, no se corresponderían con
aportaciones a Planes de Pensiones de una misma Gestora —ya que la aceptación de aportaciones por encima del límite constituye una infracción muy grave de las Gestoras según el artículo 35.3.n) LPFP—, sino a aportaciones a Planes de distintas Gestoras que, sólo de forma acumulada, superan el límite por partícipe, sin que la DGSFP disponga de información individualizada sobre las aportaciones totales de cada uno de los partícipes.
Debe advertirse que esta sanción estuvo recogida en el artículo 36.4 LPFP hasta la aprobación de la Ley 2/2011, de Economía Sostenible, que incorporó un nuevo apartado 4 en este artículo, quedando regulada esta cuestión en el 36.5 LPFP, si bien no se actualizaron las referencias recogidas en otros artículos de la LPFP, en particular en el artículo 47.4 LPFP y en el apartado 2 de la disposición adicional cuarta LPFP.
Por ello, se propone la supresión del artículo 36.5 LPFP (antes 36.4 LPFP), así como la modificación del artículo 47.4 LPFP y del apartado 2 de la disposición adicional cuarta LPFP, en la parte que se remite al artículo 36.4 LPFP.
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula cuatro enmiendas al Proyecto de Ley por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.
Palacio del Senado, 22 de octubre de 2014.—El Portavoz, José Montilla Aguilera.
De ﻿adición.
Se propone la adición de una nueva disposición adicional.
«Disposición adicional xxx. Colaboración público privada para favorecer la financiación de la pequeña y mediana empresa.
1. La Administración General del Estado y cualesquiera otros organismos o entidades públicas, en el marco de sus programas de apoyo a la financiación de las empresas, podrán concertar convenios de colaboración con entidades de crédito que tengan establecidas líneas de financiación específicamente dirigidas a pequeñas y medianas empresas o a apoyar su internacionalización, en los siguientes términos:
a) El importe de la cifra de facturación de la empresa no será superior a 5.000.000 de euros en el momento de otorgamiento del crédito.
b) El importe de financiación máxima acumulada por cliente, en una o varias operaciones, será de 2.000.000 de euros.
c) Se podrá conceder financiación para inversiones hasta el 100% del proyecto.
d) El plazo de amortización del crédito no será superior a cinco años.
2. El importe que, como instrumento de limitación del riesgo de devolución para la entidad de crédito sea objeto de ayuda o subvención, en ningún caso podrá cubrir la totalidad del principal financiado y se podrá calcular como un porcentaje máximo aplicado respecto de la totalidad de programas de financiación específicos acordados entre las partes en el convenio de colaboración.»
Es necesario promover e impulsar medidas concretas que faciliten el acceso a la financiación bancaria por parte de las PYMES. Para ello, debe contemplarse la creación de instrumentos o mecanismos que incentiven a las entidades financieras a conceder mejores condiciones de financiación a PYMES en fase de crecimiento y, con planes y presupuestos de negocio adecuados, y a gestionar el proceso de concesión de esa financiación, siendo la Administración quien asuma parte del posible coste por mora que pudiera producirse en relación a esta financiación, sujeto a unas reglas mínimas y en el marco de la normativa que se establecerá reglamentariamente.
La financiación que se contempla como susceptible de esa garantía frente al impago, se otorgaría por plazo máximo de cinco años, y a interés de mercado. La entidad financiera o institución similar gestionaría la concesión de la financiación y su desarrollo posterior. La Administración Pública asumiría únicamente hasta un porcentaje predeterminado de la morosidad que este programa de financiación genere en cada entidad financiera. Con esta medida la Administración Pública evita que este tipo de préstamos tenga un coste de capital excesivo para las entidades financieras (por los ratios legales de cobertura bancaria), que es uno de los principales motivos por el que, actualmente, no fluye el crédito.
Las entidades que podrían ser beneficiarias de este tipo de financiación serían PYMES con cierta madurez empresarial, (con facturación hasta un límite máximo de cinco millones de euros) que estén teniendo destacadas dificultades de financiación para emprender nuevas líneas de negocio o una expansión internacional. El importe máximo del préstamo sería de dos millones de euros por empresa.
Se propone la adición de una nueva disposición adicional
«Disposición adicional xxx. Recuperación del apoyo público en los procesos de reestructuración de entidades de crédito.
Toda actuación de saneamiento y recapitalización de entidades de crédito se desarrollará bajo el principio de asunción del coste por parte de quien lo ocasiona. En ningún caso, el saneamiento o la recapitalización de entidades de crédito tendrán, al final del proceso, costes para el contribuyente.
Se exigirá, como condición en los procesos de fusión, absorción o venta de la participación del FROB, que el apoyo financiero público para garantizar la viabilidad de una entidad de crédito se reembolse o recupere en su totalidad al final del proceso.»
Cualquier intervención pública ante la crisis financiera debe contemplar que sea el propio sector financiero quien asuma los costes ocasionados por su saneamiento y recapitalización, con el fin de que el conjunto de reformas no suponga costes para el contribuyente.
«Disposición adicional xxx. Creación del Banco Público de Inversión para favorecer la financiación y la internacionalización de la empresa española.
Con el fin de favorecer la financiación de las empresas y la economía productiva, se crea el Banco Público de Inversión que integrará al resto de entidades e instrumentos de financiación públicos existentes como el Instituto de Crédito Oficial (ICO), la Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, S.A., Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, S.A, Compañía de Seguros y Reaseguros (CESCE, S.A.), la Sociedad Estatal España, Expansión Exterior, S.A Expansión Exterior y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), así como cualquier otro instrumento financiero público orientado a favorecer la financiación de las empresas españolas y apoyar su internacionalización. Esta agencia financiera pública se regirá por un modelo de negocio basado en una gestión eficiente de los recursos públicos y se someterá a los principios de objetividad, transparencia, buen gobierno y rendición de cuentas.»
En la situación actual, dominada por la falta de liquidez y crédito a las empresas, resulta prioritario facilitar mejores condiciones de financiación como elemento imprescindible para impulsar la actividad y el empleo. La diversidad de instituciones públicas especializadas en facilitar recursos financieros al tejido empresarial con objetivos similares, provoca una dispersión de los programas de actuación y de los recursos humanos, técnicos y financieros que resta eficiencia a los mismos. Por ello, se crea el Banco Público de Inversión para favorecer la financiación y la internacionalización de la empresa española.
«Disposición adicional xxx. Agencia de Protección Financiera del Consumidor.
En el plazo de doce meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, el Gobierno aprobará un Proyecto de Ley de creación de la Agencia de Protección Financiera, como ente de Derecho Público dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, que ejercerá sus funciones con autonomía e independencia funcional respecto de las Administraciones Públicas.
En particular, la Agencia velará por la protección de la clientela de servicios financieros y asumirá las funciones en materia de conducta de mercado, transparencia informativa, buenas prácticas, información a consumidores, educación financiera, resolución de conflictos y otras similares que tienen atribuidas el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Asimismo, previo acuerdo con las administraciones afectadas, podrá incluir a las demás autoridades estatales y autonómicas con competencias en la materia, conforme a lo establecido para los órganos de cooperación en el artículo 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.»
Se han ido incorporando a nuestro ordenamiento medidas de protección a los inversores (Directivas MiFID y MiFID II), pero todavía existen numerosos casos de falta de información y transparencia y del uso de malas prácticas bancarias en productos financieros. Por ello, resulta necesario revisar los mecanismos de defensa y protección del consumidor y usuario de servicios financieros y, en particular, la estructura institucional de protección pública, que afecta a los supervisores financieros y a las autoridades estatales y autonómicas de consumo. En ese sentido, se propone la creación de una Agencia de Protección Financiera, como órgano en la que se integren las autoridades nacionales y regionales de consumo y los supervisores financieros, en aras a una protección más eficaz de los derechos de usuarios de servicios financieros con el objetivo de que los mercados de productos y servicios financieros funcionen correctamente. Esta Autoridad tendrá la capacidad de actuar en nombre de los usuarios y consumidores, con el fin de evitar los posibles abusos y malas prácticas de las entidades de crédito.
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 41 enmiendas al Proyecto de Ley por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.
Palacio del Senado, 22 de octubre de 2014.—El Portavoz Adjunto, Jordi Guillot Miravet.
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 6. 12.
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 7. 1. h.
Se modifica la letra h) del apartado 1 del artículo 7.
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 9. 1.
Se modifica el apartado 1 del artículo 9.
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 16. 1.
Se modifica el apartado 1 del artículo 16
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 17. 2.
Se modifica el apartado 2 del artículo 7.
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 17. 4.
Se modifica el apartado 4 del artículo 17.
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 19.
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 21. 3. e.
Se modifica la letra e) del apartado 3 del artículo 21.
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 23.
Se modifica el artículo 23.
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 25. 2.
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 27. 2.
Se modifica el apartado 2 del artículo 27.
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 37. 1.
Se suprime el primer inciso del apartado 1 del artículo 37.
Se añade un segundo párrafo en el apartado 1 del artículo 37.
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 43. 1. a.
Se suprime el último inciso de la letra a) del apartado 1 del artículo 43.
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 43. 1. b.
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 43. 1. c.
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 43. 1. d.
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 57. 3.
Se modifica el último inciso del apartado 3 del artículo 57.
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 59. 1. d.
Se modifica la letra d) del apartado 1 del artículo 59.
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 61. 2.
Se modifica el primer párrafo del apartado 2 del artículo 61.
«2. En particular, adoptarán las medidas necesarias para detectar los conflictos de interés que puedan surgir en el transcurso de las actividades de gestión:»
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 62. 3.
Se modifica el apartado 3 del artículo 62.
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 64. 4.
Se modifica el apartado 4 del artículo 64.
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 64. 9.
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 67. 7.
Se modifica el apartado 7 del artículo 67.
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 68. Apartado nuevo.
Se añade un nuevo apartado en el artículo 68.
«3 bis (nuevo). Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo, serán de aplicación las normas de conducta impuestas a quienes presten servicios de inversión que se establecen en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.»
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 70. 5.
Se modifica el primer párrafo del apartado 5 del artículo 70.
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 76. Apartado nuevo.
Se añade un nuevo apartado en el artículo 76.
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 78. 1. Letra nueva.
Se añade una nueva letra c) en el apartado 1 del artículo 78.
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 83. Letra nueva.
Se añade una nueva letra c) en el artículo 83.
c) Que el Estado no miembro de la Unión Europea en el que está establecida la ECR o EICC, no figure en la lista de países y territorios no cooperantes establecida por el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales.»
Se añade una nueva letra d) en el artículo 83.
d) Que el Estado no miembro de la Unión Europea en el que está establecida la ECR o EICC haya firmado un acuerdo con España que se ajuste plenamente a los preceptos establecidos en el artículo 26
del Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y garantice un intercambio efectivo de información en materia tributaria, incluyendo, si procede, acuerdos multilaterales en materia de impuestos.»
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final primera. Dos.
Se modifica el apartado dos de la disposición final primera.
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final primera. Tres.
De adición al apartado tres de la disposición final primera.
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final primera. Cuatro.
De adición al apartado cuatro de la disposición final primera.
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final primera. Cinco.
De adición al apartado cinco de la disposición final primera.
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final primera. Seis.
De adición al apartado seis de la disposición final primera.
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final primera. Quince.
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final primera. Veintiuno.
Se suprime el apartado veintiuno de la disposición final primera.
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final primera. Veintisiete.
De adición al apartado veintisiete de la disposición final primera.
«7 (nuevo) Será condición necesaria para la gestión de IIC españolas por sociedades gestoras autorizadas en otro Estado miembro de la Unión Europea que el Estado miembro de la Unión Europea en el que está establecida la gestora haya firmado un acuerdo con España que se ajuste plenamente a los preceptos establecidos en el artículo 26 del Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y garantice un intercambio efectivo de información en materia tributaria, incluyendo, si procede, acuerdos multilaterales en materia de impuestos, o que España no atribuya el carácter de paraíso fiscal a dicho Estado o al territorio en el que esté establecida la gestora.»
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final primera. Veintiocho.
De adición del apartado veintiocho de la disposición final primera.
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final primera. Treinta.
De modificación del apartado treinta de la disposición final primera.
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final primera. Apartado nuevo.
Se añade un nuevo apartado en la disposición final primera.
«Artículo 9. Concepto y número de accionistas.
Las sociedades no constituidas por los procedimientos de fundación sucesiva y de suscripción pública de participaciones dispondrán de un plazo de un año, contado a partir de su inscripción en el correspondiente registro administrativo, para alcanzar la cifra mínima prevista en el párrafo anterior.»
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula dos enmiendas al Proyecto de Ley por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.
Palacio del Senado, 22 de octubre de 2014.—El Portavoz, Josep Lluís Cleries i Gonzàlez.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final primera. Apartado nuevo.
Nuevo apartado 16 en la Disposición Final Primera del referido texto.
Dieciséis (nuevo). Se añade un nuevo artículo 33 quáter, con la siguiente redacción:
«Artículo 33 quáter. Fondos Institucionales.
a) A los efectos previstos en este artículo, se considerarán clientes profesionales los enumerados en el artículo 78.bis 3 de la Ley del Mercado de Valores.
d) No les resultarán de aplicación las previsiones de esta Ley ni de sus disposiciones de desarrollo relativas a Reglamento sobre los límites máximos y a las formas de cálculo de las comisiones de gestión, depósito, suscripción y reembolso.»
Los inversores institucionales (entidades de crédito, entidades aseguradoras, Fondos de Pensiones, grandes empresas, etc.) ostentan el 68% de los activos bajo gestión en Europa, porcentaje que no deja ninguna duda sobre la importancia de disponer de vehículos específicamente diseñados para estos inversores. Por ello, la práctica totalidad de países europeos disponen de Fondos destinados a inversores institucionales, cuya principal característica se resume en una mayor flexibilidad en lo que se refiere a número mínimo de inversores (no se exige), régimen de información (más flexible dada la naturaleza del inversor, lo que determina unos menores costes operativos) y comisiones.
Estas IIC se diferenciarían de las IIC tradicionales en el número de inversores (tendrían un número máximo) y en su naturaleza (reservadas a inversores profesionales, tal y como se definen en el artículo 78.bis 3 de la Ley del Mercado de Valores), así como en el régimen de comisiones (no habría máximos legales) e información a partícipes (modulable en el Reglamento de gestión o en los estatutos para hacerlo menos exigente que el previsto en la LIIC). Sin embargo, su régimen de inversiones sería igual que el de las IIC tradicionales para 5 permitir que puedan ser activos aptos para su inversión por las entidades a las que van destinados y que son, entre otras, aseguradoras, Fondos de Pensiones o entidades de crédito.
Nuevo apartado 47 en la Disposición Final Primera del referido texto.
Cuarenta y siete (nuevo). Se añade una Disposición transitoria octava, con la siguiente redacción:
“Las IIC españolas que, a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, estuvieran autorizadas de acuerdo con la Directiva 2009/65/CE, dispondrán del plazo de 6 meses para registrarse como IIC no armonizadas, sin que durante dicho plazo resulte de aplicación lo establecido en el artículo 25.1 de esta Ley. Esta modificación no dará lugar al derecho de separación ni al derecho de información previa al que se refiere el artículo 12.2 de esta ley.”»
Y en esta misma línea, la normativa española, y en particular el Reglamento de IIC, aprobado por Real Decreto 1082/2012, indica en su Exposición de motivos que «Toda aquella IIC que no sea armonizada, es decir, autorizada según la Directiva 2009/65/CE, será considerada como IIC alternativa».
Esto ha originado que determinadas IIC que invertían en dichos activos hayan visto restringidas sus posibles inversiones, sin poder renunciar a su clasificación como armonizadas por aplicación del artículo 25.1 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre (LIIC), también recogida en el art. 1.5 de la Directiva, según el cual «las IIC autorizadas de acuerdo con la Directiva 2009/65/CE no se podrán transformar en otras IIC».
Por ello, se propone el establecimiento de un plazo transitorio (seis meses), durante cuya vigencia todas aquellas IIC que se hayan clasificado como UCITS pero que no se hayan comercializado en el extranjero puedan modificar dicha consideración. Además, debería preverse que dicha modificación no dé lugar a 8 derecho de separación, al no implicar una modificación significativa para el inversor (la IIC pasaría de UCITS a no UCITS pero la composición de su cartera sería la misma que hasta entonces).
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 4 enmiendas al Proyecto de Ley por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.
Palacio del Senado, 22 de octubre de 2014.—La Portavoz, María Victoria Chivite Navascués.
A la disposición adicional (nueva).
Se considera necesario promover e impulsar medidas concretas que faciliten el acceso a la financiación bancaria por parte de las PYMES. Para ello, debe contemplarse la creación de instrumentos o mecanismos que incentiven a las entidades financieras a conceder mejores condiciones de financiación a PYMES en fase de crecimiento y con planes y presupuestos de negocio adecuados y a gestionar el proceso de concesión de esa financiación, siendo la Administración quien asuma parte del posible coste por mora que pudiera producirse en relación a esta financiación, sujeto a unas reglas mínimas y en el marco de la normativa que se establecerá reglamentariamente.
Toda actuación de saneamiento y recapitalización de entidades de crédito se desarrollará bajo el principio de asunción del coste por parte de quien lo ocasiona. En ningún caso, el saneamiento o la recapitalización de entidades de crédito tendrá, al final del proceso, costes para el contribuyente.
Se han ido incorporando a nuestro ordenamiento medidas de protección a los inversores (Directivas MiFID y MiFID II), pero todavía existen numerosos casos de falta de información y transparencia y del uso de malas prácticas bancarias en productos financieros. Por ello, resulta necesario revisar los mecanismos de defensa y protección del consumidor y usuario de servicios financieros y, en particular, la estructura institucional de protección pública, que afecta a los supervisores financieros y a las autoridades estatales y autonómicas de consumo. En ese sentido, se propone la creación de una Agencia de Protección Financiera, como órgano en la que se integren las autoridades nacionales y regionales de consumo y los supervisores financieros en aras a una protección más eficaz de los derechos de usuarios de servicios financieros con el objetivo de que los mercados de productos y servicios financieros funcionen correctamente. Esta Autoridad tendrá la capacidad de actuar en nombre de los usuarios y consumidores, con el fin de evitar los posibles abusos y malas prácticas de las entidades de crédito.