Source: http://poderyciudadania.galeon.com/derechoshumanos.htm
Timestamp: 2018-01-17 01:21:11
Document Index: 112862029

Matched Legal Cases: ['artículo 39', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 17', 'artículo 6', 'artículo 22', 'artículo 8', 'artículo 85', 'artículo 50', 'artículo 53', 'artículo 73', 'artículo 85', 'artículo 44', 'artículo 85', 'artículo 86', 'artículo 94', 'artículo 366']

LOS DERECHOS HUMANOS DE PRIMERA
LOS DERECHOS HUMANOS DE PRIMERA GENERACIÓN
El siguiente trabajo representa una sumaria inducción para los estudiantes de derecho constitucional, que se adentran por primera vez al asomo del cada vez mas referido tema de los derechos humanos, con el fin de lograr establecer unas ideas o conceptos con el mayor grado de ilustración posible sobre el aspecto histórico referente a la evolución de los derechos humanos en cuanto a su reconocimiento por parte de la sociedad y las circunstancias políticas, sociales y económicas que rodearon la aparición y delimitación conceptual en referencia al reconocimiento de garantías para el individuo frente al ente o persona poseedora del poder político y ante los demás individuos pertenecientes al conglomerado social.
A partir de lo anterior y realizando un análisis de tipo cronológico en lo atinente al reconocimiento de los derechos, la doctrina los ha clasificado en:
1) Derechos de Primera Generación o derechos civiles y políticos.
2) Derechos de Segunda Generación o derechos sociales, económicos y culturales.
3) Derechos de Tercera Generación o derechos colectivos y del medio ambiente.
La generación hace referencia a la acción y efecto de engendrar.(…) casta, genero o especie. El concepto de generación, cuando se aplica a los derechos humanos, responde a dos criterios: uno histórico y otro semántico, que se combinan de manera inextricable. Se trata de explicar la aparición sucesiva de series o grupos de derechos en distintos momentos de la historia contemporánea y de tal manera que cada generación incluya derechos de una misma clase.[1]
Es decir los derechos tienen una edad, son producto de un tiempo y de las necesidades concretas que desarrollan las sociedades y los individuos dentro de unas coordenadas espaciales y temporales determinadas, por lo que se podría concluir que van surgiendo tal y como los van determinando las condiciones sociales y económicas.
Constituye el objeto de esta relatoría el análisis de los DERECHOS DE PRIMERA GENERACIÓN O DERECHOS CIVILES O POLÍTICOS.
Como primera medida cabe resaltar que esta primera generación de derechos humanos se constituye como el producto de las revoluciones liberales burguesas de Inglaterra y Francia y además al proceso independentista Norteamericano; por lo que se hace necesario que se realice una reseña de los tres fenómenos políticos antes mencionados de forma tal que no ubiquemos en el marco económico, social y político respectivo.
1) LA REVOLUCIÓN INGLESA
En lo referente a es fenómeno haremos alusión no solo a este fenómeno político sino a una serie de acontecimientos previos que se convirtieron en la antesala del primero, comprendiéndose entonces la Carta Magna de 1215, el Petition of Rights de 1628, el Habeas Corpus de 1679 y el Bill of Rights de 1688.
-La Carta Magna
Este documento histórico se expidió en la época conocida como el feudalismo, el vocablo proviene de la palabra feudo, que a su vez viene del latín feudum, que significa propiedad. El feudo, base social del modo de producción feudalista, era una basta hacienda propiedad de un señor, cuyos siervos estaban vinculados al suelo, debiendo en consecuencia pagar al señor por su uso y por la protección obtenida una contraprestación. Este tributo pagado por el siervo recibe el nombre de renta, la cual se pagaba con dinero, en especie o en trabajo. De ahí que el vasallo no era titular del derecho al trabajo, porque los señores feudales no respetaban este derecho, dado que no existía.
En la sociedad feudal entonces, la propiedad privada era el pilar de la economía y alrededor de ella se generaron grandes conflictos sociales, políticos y económicos, entre el rey y los estamentos sociales ( barones, feudales, los nobles y el clero). En ese período, surge el conflicto del rey Juan sin tierra con los estamentos , debido a que el primero perjudicaba los intereses económicos de los estamentos con la imposición arbitraria y sorpresiva de tributos con el motivo de financiar las contiendas bélicas sostenida con otros soberanos.
Es luego del conflicto latente entre el rey y los señores feudales, cuando estos últimos obligan a las suscripción de un acta escrita por parte del primero donde se le reconocían Algunos Derechos a los segundos. Este instrumento suscrito el 17 de Junio de 1215 se denominó Carta Magna. Dentro de los reconocimientos otorgados a los señores, podríamos enunciar los siguientes:
Derecho al debido Proceso:
“ Ningún hombre libre será arrestado, o detenido en prisión o desposeído de sus bienes, proscrito o desterrado, o molestado de alguna manera; y no dispondremos sobre él, ni lo pondremos en prisión, sino por el juicio legal de sus pares, o por la ley del país”.
Es decir que a los hombres libres (barones feudales), en cuanto pertenecían a un estamento, se les protegía además del debido proceso, el derecho a la libertad física de la persona humana y el derecho a la propiedad sobre sus bienes, pudiéndose limitar o restringir los segundos, solo con el cumplimiento del primero ( debido proceso) , de acuerdo con la ley del país.
Del respeto de estas normas surge aunque de forma incipiente el Principio de Legalidad en virtud del cual i) se reconocieron los derechos de los miembros estamentarios y ii) se limtó el poder del rey.
Así mismo como punto relevante podría mencionarse la limitación impuesta al rey de no establecer impuestos sin el Consejo Común del Reino[2], conformados por Abades, condes, barones, obispos y arzobispos) lo que algunos tratadistas ven como una garantía del derecho de propiedad, otros de forma mas elaborada lo contemplan como el desarrollo del principio de legalidad tributaria. El texto de la Carta Magna expresa lo siguiente:
“No se impondrán derechos de escudo ni subsidio en nuestro reino, a menos que sea por el Consejo Común de Nuestro reino (…)”
-Petition of Rights.
Luego de 400 años de haberse expedido la Carta Magna, la situación política se encontraba dentro de un nuevo marco institucional, por el surgimiento de un nuevo ente al cual se le encontraban radicadas funciones políticas que otrora permanecían en el acápite del soberano, El Parlamento.
Este último se encontraba compuesto por : Los lores espirituales ( obispos, arzobispos, miembros del clero en general), Los lores temporales ( Señores feudales en términos universales) y los comunes ( pertenecientes a la Burguesía naciente).
Frente a la trayectoria ascendente del ente parlamentario dado que contenía la representación de algunos sectores de la sociedad, y el decaimiento de la persona del rey, se generaron entre estos una serie conflictos cuya confluencia dio al traste, con el ocasionamiento de perjuicios a los súbditos de su majestad, se había vulnerado los compromisos adquiridos por la corona.
En vista de lo anterior el parlamento optó por remitirle una petición al rey en la cual se realizaban un enunciado de derechos los cuales según la expectativa parlamentaria debían ser aceptados por el rey. He aquí el nombre del documento presentado el 7 de Junio de 1.628, por los miembros del Parlamento: petición de derechos PETITION OF RIGHTS.
Entre los aspectos relevantes podríamos resaltar los siguientes apartes:
“Los lores espirituales y temporales y los comunes reunidos en el parlamento muy humildemente a nuestro soberano y señor el rey que se declaró y decretó una ley promulgada bajo el reinado del rey Eduardo I, que ningún talaje o crédito será impuesto o recaudado por el rey o de sus herederos no impondrían ni percibirían impuestos o subsidio alguno sin el consentimiento de los arzobispos, obispos, condes, barones, caballeros, burgueses y otros hombres libres del ayuntamiento de este reino..”
Notamos la ratificación realizada por el parlamento de los dispuesto en la Carta Magna en lo referente a la discrecionalidad del monarca de establecer impuestos según su voluntad.
Por otro lado esta petición solicitó el reconocimiento del derecho de defensa, como un componente mas sectorizado del debido proceso establecido en la Carta Magna, en los siguientes términos:
“ ninguna persona, cualquiera fuera su rango o condición, podría ser despojada de su tierra o de sus bienes, ni detenida, encarcelada, privada del derecho de transmitir sus bienes por sucesión o ajusticiada , sin habérsele dado la posibilidad de defenderse en un procedimiento regular”
De forma tangencial se esgrime el cumplimiento de la petición de la garantía de HABEAS CORPUS, de la siguiente forma: “ Teniendo en cuenta que varios súbditos vuestros han sido recientemente encarcelados sin que haya indicado la causa de ello; que, cuando fueron llevados ante vuestros jueces conforme a los decretos de vuestra majestad sobre el habeas corpus, para que el tribunal resolviere lo procedente, y cuando sus carceleros fueron requeridos a dar a conocer las causas de la prisión, no dieron otra razón que una orden de vuestra majestad (…) que los detenidos fueron devueltos actos seguido a sus respectivas cárceles sin que se formulasen contra ellos auto alguno de procesamiento contra el que habrían podido defenderse conforme a la ley”.
Por último cabe resaltar la reiteración que se hacen de los principios de la representación política y de la legalidad, en virtud de los cuales solo el parlamento podía establecer impuestos. Dicha petición se realizó a la consigna de No task without representation ( sin representación no hay impuestos).
-Habeas Corpus Act
Bajo el reinado de Carlos II, el primer ministro, Clarendon, ordenó la privación de la libertad de los opositores políticos de la corona Real, para lo cual dispuso el traslado de los prisioneros, con el objeto de evadir los efectos del habeas corpus que se había reconocido con anterioridad. La Cámara de los Comunes adopto el 27 de Mayo de 1.679, el habeas corpus act, donde se realizó una minuciosa relatoría de posibles circunstancias en las cuales se imponía mandamientos imperativos de actuación a la autoridad el cual de forma esencial planteó las siguientes consideraciones:
Primero. El obligatorio sometimiento de los funcionarios a los mandamientos de habeas corpus, sometimiento que se especifica en la previsión de unos plazos tasados en los que en todo caso se debe llevar a cabo la notificación de las causa de la detención y el establecimiento de un sistema de sanciones aplicables en los casos de infracción de los mandamientos judiciales.
Por otro lado se estableció que nadie puede ser detenido dos veces por los mismos hechos, además de el establecimiento de la prohibición de los detenidos sean trasladado de cárcel[3].
Dentro del no ocasional conflicto suscitado entre la nobleza, la burguesía y el rey, surgió la figura de Oliver Cromwell, quien organizó un ejercito y se enfrentó al Rey Carlos I, al cual enjuició y condenó a muerte, proclamándose Lord Protector instaurando la República, por primera vez en Inglaterra. En 1.658 falleció Cromwell y le sucedió en el trono su hijo Richard, el cual fue destronado por Carlos II, reestableciéndose la monarquía, quien a su vez fue sucedido por Guillermo de Orange y su esposa María ( hija de Jacobo II), ante el llamado del partido de los whing asumieron el poder en Inglaterra, bajo la condición de firmar el BILL OF RIGHTS
Algunos fragmentos sobresalientes serían los siguientes:
“Considerando que los lores espirituales y temporales y los comunes, representando legal, plena y libremente a todos los estamentos del pueblo de este reino, presentaron a sus majestades Guillermo y María, príncipe y princesa de Orange, y estando ellos presentes, una cierta declaración escrita hecha por los dichos lores y comunes en los siguientes términos:
1. Que el pretendido poder de la autoridad real de suspender las leyes o la ejecución de las leyes sin consentimiento del parlamento es ilegal.
2. Que el pretendido poder de la autoridad real de dispensar de las leyes o la ejecución de las leyes, en la forma que ha sido usurpado y ejercido recientemente es ilegal.
4. Que recaudar dinero para el uso de la corona bajo pretexto de prerrogativa, sin concesión del parlamento , por mas tiempo o de otra manera que como es o pueda ser consentido por el parlamento, es ilegal.
5. Que es derecho de los súbditos dirigir peticiones al rey, y todo encarcelamiento y procesamiento basado en tal petición es ilegal.
8. Que la elección de miembros del parlamento debe ser libre.
9. Que la libertad de expresión y debate o actuación en el parlamento no debe ser denunciada o cuestionada en ningún tribunal o lugar fuera del parlamento.
10. Que no deben ser exigidas fianzas excesivas, ni impuestas multas excesivas, ni infligidas penas crueles o anormales.
De los fragmentos antes transcritos podríamos resaltar lo siguiente:
El anterior instrumento representa un intento por recopilar los anteriores acuerdo de una forma mas vinculante de manera tal que se reivindiquen los derechos y garantías violados por los anteriores monarcas, estableciendo límites al poder del rey , y la relación del ejercicio latente entre la autoridad de este y la funcionalidad del parlamento como cuerpo representativo del pueblo.
En pocas palabras se pretende la limitación de la autoridad, mediante su sometimiento a la ley, la seguridad del individuo mediante la protección legal de su persona y bienes, las garantías procesales como instrumento para la obtención de la protección de las primeras.
En cuanto a las libertades o derechos políticos se formalizó la elección libre de los miembros del parlamento, consagrándose además la inmunidad parlamentaria y la reunión regular de este cuerpo político.
A manera de avance se puede apreciar que el Bill of Rights reitera la protección contenida en el artículo 39 de la Carta Magna de 1215, para los derechos a la libertad personal y la propiedad privada, pero amplia su marco de cobertura dado que el primero hacía referencia a los hombres de los estamentos mientras que el segundo instrumento a los individuos sin ningún tipo de desmedro de estirpe social.
2) REVOLUCION NORTEAMERICANA
El período correspondiente al estudio de este fenómeno se enmarca en el siglo XVIII, entre los años 1.775 y 1.783, durante el cual las colonias americanas de la Corona inglesa realizaron su proceso de independencia.
Existía como política del colonialismo inglés la de mantener a los territorios por ellos colonizados como fuente de suministro de materias primas, para efecto de lograr la producción de sus productos manufacturados. Como punto de acuerdo con esta política en el año de 1.765, la Corona inglesa impuso en las colonias de América un impuesto sobre el té, generando una rebelión promovida por granjeros, comerciantes, burgueses y obreros, haciéndose llamar los “hijos de la libertad”, cuyo objetivo era el no pago de los tributos con el argumento de que carecían de representación en el parlamento de Inglaterra.
Se dio en Boston un acontecimiento histórico que marcó el inicio del proceso de independencia. Un grupo de jóvenes disfrazados de indios Mohawk, interceptaron tres barcos que desembarcaban cargamentos de té de la compañía de indias, arrojándolo al mar. La corona inglesa en cabeza del Rey Jorge III procedió ordenando el cierre del puerto, prohibiendo la realización de asambleas coloniales y enviando tropas.
En respuesta de lo anterior se organizó por parte de los colonos un Congreso Provincial, que se celebró en Filadelfia en 1.774, en el que bajo los preceptos del reconocimiento de la propiedad privada, la libertad y la vida, y la efectivización del principio abanderado por los ingleses en su revolución, de “no task without representation”, se acordó la desobediencia a la Corona mientras que se admitiera la representación de los colonos en el parlamento inglés. Las anteriores propuestas no fueron acogidas por el monarca ingles.
Lo anterior desembocó en la reunión del Segundo Congreso Continental, en Filadelfia en 1.775, en el que se facultó a las asambleas coloniales, para expedir constituciones en reemplazo de cartas coloniales, pidiéndose además al rey, que fueran reconocidos como órganos de gobierno. Ante la negativa del rey, el Congresó aprobó la Declaración de levantamiento de armas, designando a George Washington, como comandante de los ejércitos revolucionarios, declarándose la guerra de independencia, que se prolomgó de 1.776 a 1.783.
En dicho congreso se presentaron propuestas de autonomía e independencia a saber: la independencia de la colonias, la preparación de alianzas exteriores y el plan de confederación entre las mismas; lo anterior expuso las condiciones que arrumarían el camino de la independencia, para la cual se designó una comisión encargada de redactar los “artículos de Confederación y Unión perpetua”.
-Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia.
En una de las colonias inglesas asentadas en Norteamérica, se reunió una convención y adoptó la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia.
Por su importancia transcribiremos apartes de dicho instrumento que constituyen aporte importante a los temas en cuestión:
I. Que todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes, tienen ciertos derechos inherentes, de los cuales, cuando entran en estado de sociedad, no pueden, por ningún contrato, privar o despojar a su posteridad: especialmente el goce de la vida y de la libertad, con los medios de adquirir y de poseer la propiedad y perseguir y obtener la seguridad y la felicidad.
II que todo poder es inherente al pueblo, y en consecuencia procede de el ..
V Que los poderes legislativos, ejecutivo y judicial deben ser separados (…)
VI Que las elecciones de representantes del pueblo a las asambleas deben ser libres (..)
VII Que en toda persecución criminal, el hombre tiene derecho a averiguar la causa y naturaleza de su acusación, a ser careado con los acusadores y testigos, a producir pruebas a su favor.. que no debe ser compelido a declarar contra si propio; que ningún hombre puede ser privado de su libertad sino según la ley del país o el juicio de sus pares.
XVI Que la religión, o los deberes que nosotros tenemos para con nuestro Creador y la manera de cumplirlos, solo pueden ser dirigidos por la razón y la convicción, no por la fuerza o la violencia; y, por consiguiente todos los hombres tienen igual derecho al libre ejercicio de la religión según los dictados de la conciencia y que es un deber de todos practicar entre sí la resignación, el amor y la caridad cristianos.
Podríamos recalcar de la anterior declaración los siguientes puntos:
En la cláusula VI se reconocieron los derechos políticos: el derecho al sufragio y el principio de la representación. En virtud de este se estableció la soberanía popular, deduciendo que proviene de ella, los derechos políticos, debiendo de encontrarse dividido en tres: legislativo, ejecutivo y judicial.
Comienza la declaración con el reconocimiento expreso de los derechos a la libertad e igualdad de los hombres, reconociéndose en la demás cláusulas, derechos civiles, siendo la propiedad privada muy importante. De otro lado se reconocen los derechos a la libertad de prensa y a las libertades espirituales, erigiéndose en deber el amor y la caridad entre todos los hombre; lo que en la revolución francesa se denominaría fraternidad.
Con fundamento en la soberanía popular, en la cláusula VIII, se consagró el principio de la legalidad en virtud del cual se procedería de determinada manera para privar de la libertad a las personas, reconociéndose el derecho a conocer la causa y la naturaleza de la acusación y el derecho a pedir pruebas como fundamento del derecho de defensa, prohibiéndose la auto acusación, y estableciéndose la institución del jurado.
-El acta de Independencia de los Estados Unidos
El 4 de Julio de 1.776 el Segundo Congreso Continental, con la participación de las colonias resolvió promulgar la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, con participación de Thomas Jefferson, John Adams, Bejamin Franklin y Roger Sherman. Podríamos resaltar los siguientes apartes:
“ Sostenemos como verdades evidentes que todos los hombres han sido creados iguales; que a todos confiere su creador ciertos derechos individuales entre los cuales están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos los hombres instituyen gobiernos que derivan sus justos poderes del consentimiento de los gobernados; que siempre que una forma de gobierno tiende a destruir esos fines, el pueblo tiene derecho a reformarla o abolirla, a instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios y a organizar sus poderes en aquella forma que a su juicio garantice mejor su seguridad y felicidad …”
“Por tanto, los representantes de los Estados Unidos de América convocados en Congreso General, tomando como testigo al supremo juez del universo de la rectitud de nuestras intenciones, en nombre y por la autoridad del buen pueblo de estas colonias, solemnemente hacemos público y declaramos: Que estas Colonias Unidas son, y deben serlo por derecho, estados libres e independientes, que quedan libre de toda lealtad a la colonia británica..”
Los citados documentos contiene el reconocimiento de los derechos naturales a la vida, la igualdad, la libertad y la búsqueda de la felicidad para todos los hombres, estableciéndose que estos tienen derechos innatos e inalienables antes de entrar a la sociedad política, es decir previos a la institucionalización del poder político del estado.
En virtud de los anterior en los precitados se destacan derechos civiles a la igualdad, la vida, la libertad y la felicidad, y como derechos políticos, el derecho al sufragio, en el cual se fundamentaría el origen democrático del poder basado en el consentimiento del pueblo, por medio de elecciones libres ( derecho al sufragio).
-Las Enmiendas Constitucionales.
Luego de la proeza militar de Washington y lograda la independencia norteamericana, las colonias emprendieron la convocatoria de la unión, mediante un pacto confederal que resultó inútil para establecerla. Por lo anterior se decidió convocar una convención en Filadelfia en 1.787, con el propósito de revisar los Artículos de la Confederación y Unión perpetua. James Madison propuso un esquema articulado, que resultó la base de la constitución de Filadelfia de 1.787. Esta última provocó serias criticas debido a su mayoritario carácter orgánico y su disminuido componente dogmático, lo cual produjo al condicionamiento de ratificación de las colonias en el sentido de que se le introdujera una declaración de derechos.
Por lo anterior se le inscribieron las siguientes enmiendas, reformas con un carácter mas adicional que reformatorio. Citaremos varios apartes infiriendo los derechos plasmados:
Libertad de culto, de expresión y de prensa; derechos de reunión y petición.
“El congreso no legislará respecto al establecimiento de una religión o la prohibición del libre ejercicio de la misma; ni pondrá cortapisas a la libertad de expresión o de prensa; ni coartará el derecho de la gente a reunirse en forma pacifica ni de pedir al gobierno la reparación de agravios.
Ordenes de cateo y arresto
“El derecho de la población a la seguridad en sus casa documentos y efectos, contra incautaciones y cateos arbitrarios no deberá ser violado y no habrán de expedirse la ordenes correspondientes si no existe una causa probable , apoyada por juramento o declaración solemne, que describa en particular el lugar que habrá de ser inspeccionado y las personas o cosas que serán objeto de detención o decomiso”
Derecho a un juicio justo[4]
“En todas las causas penales, el acusado disfrutará del derecho a un juicio público y expedido a cargo de un jurado imparcial del estado y distrito donde el delito halla sido cometido”
“Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estado Unidos y sujetas a la jurisdicción de estos son ciudadanos de los Estados Unidos y de los Estados en el cual residan, Ningún Estado podrá hacer o poner en vigor ley alguna que menoscabe las prerrogativas o las inmunidades de los ciudadanos de los Estado Unidos; ningún Estado podrá privar a persona alguna de la vida, la libertad o propiedad, sin el debido procedimiento jurídico; ni podrá negarle a ninguna persona que se encuentre dentro de su jurisdicción la protección igual de las leyes…”
3) LA REVOLUCIÓN FRANCESA
La revolución francesa se constituye en el hecho político histórico mas trascendental en referencia al reconocimiento de derechos al individuo como parte del conglomerado social, además de que marcó la desintegración de las relaciones feudales y el nacimiento del capitalismo como un sistema de producción.
La sociedad francesa del siglo XVIII se encontraba organizada en un orden estamentario determinado por la posición que el individuo ostentaba en la sociedad, a saber:
1) El Clero, que formaba el primer Estado, además de sus actividades religiosas se encargaba de la enseñanza, la beneficencia y el registro civil de las personas. No pagaba impuestos y estaba sometido a su propia jurisdicción. Se dividía a su turno en alto y bajo clero. Aquel formado por los dignatarios y prelados, pertenecientes a la nobleza, acaparaba la mayor parte de los recursos provenientes de la rentas de las propiedades eclesiásticas, los derechos señoriales y el diezmo cobrado sobre los recursos del campo; el segundo, de extracción modesta, recibía un escaso salario y compartía las necesidades y angustias del pueblo raso.
3) El Estado llano, que formaban el tercer Estado, comprendía el resto de la nación y constituía la inmensa mayoría frente a las clases privilegiadas. Pesaba sobre el la considerable carga de los presupuestos, entre los que se destacaban el diezmo al clero, el censo, la talla y otros tributos a los señores, hasta alcanzar un 80% de sus ingresos, quedándole apenas un quinto para sus necesidades. Su libertad estaba coartada por el sometimiento a la autoridad del rey, del clero y los señores. Este tercer Estado comprendía la burguesía residente en las ciudades, formada por profesionales ( abogados, médicos, comerciantes, banqueros), que en muchos casos habían logrado enriquecerse, obreros agrupados en gremios y corporaciones de oficio y campesinos que constituían la gran mayoría de la población francesa.[5]
La situación económica en Francia como producto de la desigualdad, fue tornándose cada vez mas tensionante, debido a la opresión que recaía sobre la gran mayoría de la población representada en el tercer Estado.[6] Lo anterior originó una ola de conflictos por cuya ocurrencia el rey se vio obligado a convocar los estados generales representados por los diputados de cada uno de los estamentos anteriormente relacionados, llegando a la cifra de 300 por estado.
Los estado generales fueron solemnemente instalados en Versalles el 5 de Mayo de 1.789, durante su reunión el rey Luis XVI dijo que la misión esencial de la asamblea debía consistir en el arreglo de las cuestiones financieras, y en cuanto a la autoridad real y a los principios de la monarquía, nada había de modificarse. Dicha intervención causó el descontento de los diputados, en mayoría los representativos del tercer estado, por que para evitar desordenes el rey decidió reunir los estados por separados, lo que exacerbó aún mas los ánimos de los asistentes.
Luego de conflictos entre los diputados y el rey, este último procedió a cerrar la sala de sesiones, pero los delegados se reunieron en una cancha de pelota donde juraron no separarse jamás mientras no quedase establecida la constitución del reino. Sobrevinieron hechos como la toma de la Bastilla, donde se encontraban encerrados los enemigos declarados del antiguo régimen.
Siguiendo los desordenes y tumultos en toda Francia, el 4 de Agosto los diputados atribuyendo el desorden al descontento ocasionado por los privilegios los suprimió, quedando formalmente establecida la igualdad. El 26 del mismo mes se aprobó por parte de la asamblea, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.
Retomando la metodología utilizada hasta el momento relacionaremos apartes de la mencionada declaración y señalaremos los derechos allí consagrados. Comencemos con los derechos civiles:
“… la Asamblea Nacional reconoce y declara en presencia y bajo los auspicios del ser supremo los siguientes derechos del hombre y del ciudadano..”
Art 1- Los hombres nacen libre e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común”
En este artículo se consagró expresamente la igual formal de los hombres frente a la ley.
“ Art. 2 El fin de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.”
Se declaran entonces como derechos naturales del hombre, la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Creemos necesario resaltar el alcance de la seguridad como referencia de la garantías procesales y penales, llegando a convertirse si realizamos en análisis mas profundo en un instrumento para la efectividad del derecho a la libertad.
El artículo 7 establece: “ Ningún hombre puede ser acusado, arrestado ni detenido sino en los casos determinados por la ley y con las formalidades prescritas en ella. Los que soliciten, expidan, ejecuten o hagan ejecutar ordenes arbitrarias, deben ser castigados. Pero todo ciudadano llamado o requerido en virtud de la ley debe obedecer inmediatamente, haciéndose culpable por resistencia.
Se debe destacar como primera medida el aspecto teleológico de la norma el cual busca limitar las ordenes arbitrarias que hacen referencia a las lettres de cachet, dictadas por el rey que permitían encarcelar a una persona sin respetar el procedimiento judicial ordinario. Dicho fenómeno jurídico se denomina justicia retenida , la cual se desmiembra cuando se implanta el modelo de la separación de poderes, planteado por Montesquieu.
Por otro lado la resistencia a la que se hace alusión tiene como punto de partida aquella que no se debe penalizar cuando el poder público actúa al margen de la ley.
“Art. 8- La ley no debe establecer mas penas estrictas y evidentemente necesarias, y nadie puede ser castigado, sino en virtud de una ley establecida y promulgada con anterioridad al delito y legalmente aplicada”
El artículo 8 establece cuatro principios fundamentales: Legalidad de la penas, necesariedad de la penas, irretroactividad de la ley penal y legalidad de la acción judicial.
“Art.-9 Toda persona, siendo presumida inocente hasta que sea declarada culpable, si se juzga indispensable su detención, la ley debe reprimir severamente todo rigor que no sea necesario para el aseguramiento de su persona”
Se consagra entonces en este artículo la presunción de inocencia radicada en todos los ciudadanos.
El artículo 17 del la declaración consagró el derecho a la propiedad en los siguientes términos:
“Siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella a no ser que lo exija de manera evidente la necesidad pública legalmente constatada, bajo la condición de una indemnización justa y previa”
Los derechos políticos consagrados serían:
El derecho político de la participación ciudadana en el proceso de formación de la ley, esencialmente de forma indirecta por medio de sus representantes elegidos popularmente, el cual fue plasmado en el artículo 6 de la siguiente forma:
“La ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen derecho a concurrir, personalmente o por medio de representantes, a su formación ….”
En su segunda parte consagró:
“Todos los ciudadanos, siendo iguales a sus ojos, son igualmente admisibles a todas las dignidades, cargos y empleos públicos, según su capacidad y si otra distinción que sus virtudes y sus talentos”
Se consagra entonces el derecho político de acceder a los cargos públicos, es decir el derecho a ser elegido, y partiendo del principio de la soberanía popular se determina el derecho a elegir por parte del pueblo, con las limitaciones de tipo censatario, como en realidad se dieron, debido a que el voto estaba limitado a aquellos ciudadanos que acreditaran capacidad económica.
CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS DERECHOS HUMANOS DE PRIMERA GENERACIÓN
Es necesario a criterio nuestro, hacer énfasis en las circunstancias históricas, sociales y políticas en las que nacen los derechos humanos de primera generación, debido a que es durante el lapso de tiempo señalado durante el cual se dieron los acontecimientos mencionados que resultaron en el reconocimiento de derechos y garantías de los ciudadanos.
Pero lo anterior no es óbice para señalar que el mencionado proceso histórico se dio de una forma dialéctica en la cual los hombres en amplios debates llegaron a la conclusión que era necesario la protección de los individuos. Aunque en las ideas que se encontraban en boga en ese momento se encontraban planteamientos como los de los contractualistas y los utilitaristas, que colocaban al individuo como punto de giro de la sociedad y cuyo bienestar se constituía en el fin pleno de desarrollo, se necesitaba de la fuerza emanada de la sociedad misma que radicara en las bases del antiguo régimen los enunciados y preceptos filosóficos anteriores. Dicha fuerza se encontró materializada en la clase burguesa, cuya actividad se constituía en la principal participación de toda la dinámica económica, pero que sin embargo por reconocimientos realizados en cabeza de otros individuos ( nobleza), limitaban de forma abrumadora el potencial que como clase social tenían. Es por lo anterior que la burguesía partiendo de la no equivalencia entre lo patrimonialmente poseído y lo socialmente obtenido, sintió la necesidad de lograr la obtención del poder político como complemento imprescindible del poder económico.
Los anteriores reconocimientos suponen en general una actitud pasiva o negativa del estado, dirigida a respetar a no impedir y a garantizar el libre y no discriminado goce de estos derechos, es decir la obligación del estado frente a los derechos civiles y políticos es en lo esencial y estricto la de no violarlos, lesionarlos mediante la acción u omisión, en su caso de un órgano del estado o cualquier persona cuyo hacer sea imputable al hacer del aparato gubernamental o administrativo.
ENUNCIACIÓN DE DERECHOS DE PRIMERA GENERACION
Derechos civiles: derecho a la vida, la libertad, la seguridad y la integridad física y moral de la persona , la propiedad privada, la intimidad personal y familiar, la inviolabilidad del domicilio y correspondencia, la libertad de pensamiento y opinión, las libertades espirituales, la libertad de locomoción, el derecho a la defensa y al debido proceso.
Derechos políticos: el derecho a la ciudadanía, el derecho al sufragio y el derecho a la participación democrática directa en la vida política del estado o por medio de representantes.
Se ha discutido mucho por los tratadistas la similitud existente entre los derechos fundamentales y los de primera generación o civiles y políticos. La denominación de derechos fundamentales se encuentra planteada en nuestra constitución como un nuevo enfoque de las garantías del individuo para su desarrollo en la sociedad. Sin embargo es de resaltar que derechos fundamentales tales como el derecho de libre asociación, el derecho a la sindicalización y al trabajo, no concurren con el período de formación de los derechos civiles y políticos y aun mas fueron limitados durante esas épocas, como es el ejemplo de la ley Le’chapellier expedida durante el furor de la Francia revolucionaria, o los intentos de la clase burguesa en Inglaterra de impedir la sindicalización de sus trabajadores. Por otro lado es de resaltar la no coincidencia en cuanto a su naturaleza y bien jurídico protegido de los derechos fundamentales frente a los civiles y políticos.
Sin embargo dicha confusión existe incluso en los instrumentos internacionales , dado que mientras en el pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de reconoce en el artículo 22 el derecho de asociación y fundación de sindicatos[7], este mismo derecho se reconoce en el artículo 8 Literal a) del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales[8]
La Corte Constitucional como interprete autorizado de la constitución[9] con referencia a este tema ha manifestado ciertas consideraciones las cuales creemos deben tenerse en cuenta al momento de abordar la polémica:
13. Otro de los pilares del Estado social de derecho se encuentra en el concepto de derecho fundamental. Dos notas esenciales de este concepto lo demuestran. En primer lugar su dimensión objetiva, esto es, su trascendencia del ámbito propio de los derechos individuales hacia todo el aparato organizativo del Estado. Más aún, el aparato no tiene sentido sino se entiende como mecanismo encaminado a la realización de los derechos. En segundo lugar, y en correspondencia con lo primero, la existencia de la acción de tutela, la cual fue establecida como mecanismo de protección inmediata de los derechos frente a todas las autoridades públicas y con posibilidad de intervención de la Corte Constitucional para una eventual revisión de las decisiones judiciales, que sirva para unificar criterios de interpretación.
A. Debates en la Asamblea Nacional Constituyente
14. Sobre el concepto de derecho fundamental debatido en la Asamblea Nacional Constituyente hay pocas referencias. Casi todo el tema fue tratado bajo la rúbrica de los derechos humanos. Así se desprende de la ponencia de la subcomisión segunda de la comisión primera, cuando afirma: "para determinar los derechos que deben figurar en nuestra Carta constitucional se tuvo en cuenta la evolución del concepto de derechos fundamentales propiciada por las circunstancias históricas y políticas y por el desarrollo de los principios humanitarios"; Todo ello para tratar el tema bajo la clásica división de las tres generaciones de derechos humanos.
Otra forma de determinar el carácter de fundamental de un derecho debatida en la Asamblea fue la del concepto de aplicación inmediata. Esta vía fue defendida en la intervención hecha por el Ministro de Gobierno Humberto de la Calle Lombana en la sesión del 6 de Marzo ante la comisión primera al presentar el proyecto de gobierno: "... en nuestra opinión no se trata de establecer una escala de valores que discrimine unos derechos frente a otros, ... lo que el gobierno quiere señalar es que hay unos derechos que son de aplicación inmediata, que no requieren la intermediación de la norma legal para que ellos tengan vigencia y por lo tanto permiten la utilización inmediata de los elementos de protección de los derechos...". Según esto el derecho de tutela sólo podía ser aplicado frente a la violación de alguno de estos derechos considerados como de aplicación inmediata.
Pero fue en las sesiones plenarias donde se aclaró el punto: La aplicación inmediata no agotaba la lista de los derechos fundamentales. Para llegar a esta conclusión es necesario conocer el debate en plenaria sobre el artículo 85 de la Constitución . En sesión plenaria de junio 29 la comisión codificadora sometió a discusión un texto que hacia referencia a la acción de tutela, únicamente para aquellos derechos que se habían determinado como de aplicación inmediata, entre ellos la vida, la integridad personal, la honra, la igualdad, etc. Una vez finalizada la lectura se presentaron las interpelaciones en contra, por parte de algunos constituyentes; así expresó su inconformidad el Dr, Alvaro Echeverry Uruburu: "La comisión codificadora incurrió en una gravísima confusión; de suerte que confundió aplicación inmediata de los derechos que quiere decir que hay derechos que simplemente basta su consagración en la Constitución para que tengan operancia y efectividad; que no necesitan ley que los reglamente,...y eso es una cosa distinta con el amparo o con el derecho de tutela como aquí se ha llamado, que obviamente está prescrito para unos derechos fundamentales, pero obviamente el error partió de allí, porque dice la comisión que se amparan con tutela, esos derechos de aplicación inmediata , es decir que no hay tal ley reglamentaria y otra cosa es que se diga cuales derechos van a ser amparados por la tutela que esos si pueden ser reglamentados en la ley estatutaria respectiva...".
Es precisamente en este punto donde es necesario entrar a establecer si realmente se quiso, por parte de los constituyentes, establecer un catálogo taxativo de derechos fundamentales, o, por el contrario, fue apenas una enunciación susceptible de ser ampliada a otros derechos que, a pesar de no ser tenidos bajo el título de fundamentales, pueden serlo por una interpretación que de ella se haga.
Un gran número de constituyentes pensaban que la carta de derechos fundamentales no podía ser taxativa, tema este que se debatió cuando se estaba votando el artículo referente a la acción de tutela. Se transcribe a continuación la intervención del Dr. Juan Carlos Esguerra en la sesión plenaria del 29 de junio:"... en el artículo de tutela que viene a continuación se estableció que a través de ese mecanismo se protegerían los derechos fundamentales, entonces, deliberadamente no incluimos allí una relación de los derechos fundamentales, porque la verdad es que quizá lo conveniente es dejarle esa labor al legislador más bien que al constituyente; hoy se reputan fundamentales algunos derechos que quizá mañana no lo sean, como mañana pueden llegar a tener ese carácter algunos que hoy no hemos imaginado, entonces yo sería partidario y así se lo sugerí al doctor Pérez Rubio, de que en esta norma corremos el riesgo de equivocarnos como ocurre con toda enumeración taxativa a nivel constitucional, se dejara que lo haga la ley... de manera...que la reglamentación debería comenzar por la determinación de cuales son los derechos que van a ampararse a través de ese mecanismo y no correr el riesgo de petrificar una serie de derechos, cerrando la posibilidad de que el día de mañana aparezcan otros; donde la ley podría determinar cuales tienen el carácter de fundamentales para efectos de la tutela..."
Posición está respaldada por el constituyente Fernando Carrillo quien expresó:" Respaldo la posición del Dr. Esguerra, porque si hay algún artículo que debe caracterizarse por la flexibilidad es precisamente este, dentro de las recomendaciones que hace la Comisión codificadora se encuentra además este criterio, que dice textualmente "no se excluye que la ley amplíe la tutela a otros derechos", pero el texto sugerido por ellos no se encuentra la expresión que permitiera la extensión de esa garantía a este tipo de derecho".
El constituyente Otty Patiño también respaldo la propuesta, agregando que sin embargo era una obligación consagrar constitucionalmente alguno de esos derechos.
Por otra parte el Dr. Jesús Pérez señaló: " aclaro lo siguiente, que en ninguna parte la comisión codificadora pretendió enviar a la ley a que reglamente nada, simplemente se permite que la ley extienda a otros derechos la protección del recurso de tutela..."
Así mismo otra forma para determinar la no taxatividad de los derechos fundamentales es aquella de dejarle al juez de tutela que determine, en últimas, si un derecho es fundamental o no. Frente a este tema encontramos alguna referencia hecha por el Constituyente Juan Carlos Esguerra al hacer su presentación sobre el mecanismo de la tutela para los derechos fundamentales cuando expresó: " La calificación de los derechos debe ser una prerrogativa del juez, y no de la Constitución Nacional..." (Gaceta Constitucional No 24 pag. 7)
15. Esta Corte considera que para que un derecho tenga la calidad de fundamental debe reunir unos requisitos esenciales. De otro lado para la identificación de un derecho de tal naturaleza existen unos criterios que ponen en evidencia los requisitos señalados y, de contera, el derecho fundamental mismo. A estos dos aspectos nos referimos en seguida.
B. Requisitos esenciales
1). Conexión directa con los principios
Como se señaló anteriormente, los principios constitucionales son la base axiológico-jurídica sobre la cual se construye todo el sistema normativo. En consecuencia, ninguna norma o institución del sistema puede estar en contradicción con los postulados expuestos en los principios. De aquí se deriva el hecho de que toda la discrecionalidad otorgada a los órganos y creadores del derecho debe estar fundada a partir del hilo conductor de los principios. La movilidad del sentido de una norma se encuentra limitada por una interpretación acorde con los principios constitucionales. Los derechos fundamentales son, como todas las normas constitucionales, emanación de los valores y principios constitucionales, pero su vinculación con estos es más directa, más inmediata, se aprecia con mayor evidencia. Todo derecho fundamental debe ser emanación directa de un principio.
2). Eficacia directa
Para que un derecho constitucional pueda ser considerado como fundamental, debe además ser el resultado de una aplicación directa del texto constitucional, sin que sea necesario una intermediación normativa; debe haber una delimitación precisa de los deberes positivos o negativos a partir del sólo texto constitucional. Por lo tanto, en normas que poseen una "textura abierta", como por ejemplo las que establecen meros valores constitucionales, a partir de la cual el legislador entra a fijar el sentido del texto, no podrían presentarse la garantía de la tutela. Está claro que no puede ser fundamental un derecho cuya eficacia depende de decisiones políticas eventuales.
Ahora bien, la eficacia directa no se reduce a los derechos de aplicación inmediata o a los derechos humanos de la llamada primera generación. En algunos casos los derechos económicos, sociales y culturales pueden ser objeto de protección especial por medio de la tutela; tal es el caso del artículo 50 sobre los derechos de los niños; los derechos consagrados en el inciso segundo del artículo 53 sobre principios mínimos fundamentales de los trabajadores; el derecho establecido en el artículo 73 sobre obtención de información contenida en documentos públicos.
Igualmente pueden ser objeto de tutela casos en los cuales el juez considere que una prestación del Estado consagrada como derecho económico, social o cultural, o la falta de ella, ponga en entredicho de manera directa y evidente un principio constitucional o uno o varios derechos fundamentales , de tal manera que, a partir de una interpretación global, el caso sub judice resulte directamente protegido por la Constitución. Es importante tener en cuenta que la eficacia de las normas constitucionales no se puede determinar en abstracto; ella varía según las circunstancias propias de los hechos: una norma de aplicación inmediata (art. 85) puede tener mayor o menor eficacia dependiendo del caso en cuestión; lo mismo un valor o un principio. El juez debe encontrar, en la relación hecho-norma la decisión más razonable, no sólo desde el punto de vista jurídico sino también desde el punto de vista fáctico.
De acuerdo con esto, la enumeración del artículo 85 no debe ser entendida como un criterio taxativo y excluyente. En este sentido es acertado el enfoque del artículo segundo del decreto 2591 de 1991 cuando une el carácter de tutelable de un derecho a su naturaleza de derecho fundamental y no a su ubicación.
3). El contenido esencial
Existe un ámbito necesario e irreductible de conducta que el derecho protege, con independencia de las modalidades que asuma o de las formas en las que se manifieste. Es el núcleo básico del derecho fundamental, no susceptible de interpretación o de opinión sometida a la dinámica de coyunturas o ideas políticas. El concepto de "contenido esencial" es una manifestación del iusnaturalismo racionalista del siglo XVIII, según el cual, existe un catálogo de derechos anteriores al derecho positivo, que puede ser establecido racionalmente y sobre el cual existe claridad en cuanto a su delimitación conceptual, su titularidad y el tipo de deberes y obligaciones que de el se derivan.
Según esto, quedan excluidos aquellos derechos que requieren de una delimitación en el mundo de las mayorías políticas. Los derechos sociales, económicos y culturales de contenido difuso, cuya aplicación está encomendada al legislador para que fije el sentido del texto constitucional, no pueden ser considerados como fundamentales, salvo aquellas situaciones en las cuales en un caso específico, sea evidente su conexidad con un principio o con un derecho fundamental.
C. Criterios de distinción
1). Analíticos
a) La consagración expresa
En relación con algunos derechos, el constituyente señaló en forma expresa su voluntad de consagrarlos como fundamentales. Es el caso de los derechos establecidos en el capítulo primero del título segundo de la Constitución e igualmente del artículo 44 sobre los derechos de los niños.
Algunos exconstituyentes sostienen que los títulos y subtítulos de la Constitución no tienen el carácter de norma jurídica y como tal no delimitan el ámbito de los derechos fundamentales. Tales títulos fueron obra de la Comisión Codificadora y no voluntad jurídicamente significativa de la Asamblea. De ahí que estimen también que el artículo 85 de la Constitución no tiene alcance práctico y resulta inocuo a causa de su conflicto con el artículo 86.
b). La remisión expresa.
En otros casos, tal como sucede con los derechos humanos y con la prohibición de limitarlos en los estados de excepción, el constituyente ha estimado conveniente remitirse a los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, para reconocer su prevalencia en el orden interno, no sólo en cuanto a su texto mismo sino como pauta concreta para la interpretación de los derechos y deberes consagrados en la Constitución de 1991 (art. 93).
En este caso la Constitución colombiana parece adoptar el sistema español (const. art.10), según el cual el derecho internacional ratificado prevalece en aquellos casos en los cuales contenga normas que ofrezcan mayores garantías que las normas nacionales. La remisión parece ser ante todo interpretativa, a diferencia del sistema italiano en el cual existe una remisión de alcance más profundo: las normas, en los casos señalados, hacen parte del texto constitucional.
c). La conexión directa con derechos expresamente consagrados.
Algunos derechos no aparecen considerados expresamente como fundamentales. Sin embargo, su conexión con otros derechos fundamentales es de tal naturaleza que, sin la debida protección de aquellos, estos prácticamente desaparecerían o harían imposible su eficaz protección. En ocasiones se requiere de una interpretación global entre principios, valores, derechos fundamentales de aplicación inmediata y derechos económicos sociales o culturales para poder apoyar razonablemente una decisión judicial. Un derecho fundamental de aplicación inmediata que aparece como insuficiente para respaldar una decisión puede llegar a ser suficiente si se combina con un principio o con un derecho de tipo social o cultural y viceversa. Esto se debe a que la eficacia de las normas constitucionales no está claramente definida cuando se analiza a priori, en abstracto, antes de entrar en relación con los hechos.
d). El carácter de derecho inherente a la persona
En ocasiones, la existencia de un derecho fundamental no depende tanto de un reconocimiento expreso por parte de los creadores de la norma constitucional, como de una interpretación sistemática y teleológica a partir de las cuales se mire el ordenamiento en su conjunto, o la norma de acuerdo con su consagración implícita
De aquí la importancia del artículo 94 de la Constitución según el cual, la enumeración de la carta de derechos no debe entenderse como la negación de otros que, siendo inherentes al hombre no figuren expresamente en la Constitución o en los convenios internacionales vigentes. Esta disposición concuerda con el sentido amplio y dinámico que debe tener el concepto de derecho fundamental en el Estado social. En otros términos: los criterios que determinan el carácter de fundamental de un derecho, sobrepasan la consagración expresa y dependen de la existencia de un consenso, histórico y de una voluntad colectiva en torno a la naturaleza específica de un derecho, con todas sus implicaciones relativas al contenido esencial, a la conexión con los principios y a la eficacia directa. Por eso el criterio de la consagración expresa es insuficiente.
2). Fácticos
a) Importancia del hecho
La relación jurídica mencionada entre valor fundamental o vinculado con un valor fundamental (salud, propiedad, posesión, competencia económica, etc.) y aplicación problemática, determina un camino específico para la construcción conceptual de estos derechos. Este camino es principalmente inductivo; será a través de la interpretación que los jueces hagan de la relación entre los textos y los hechos que se vayan presentando, como se irá construyendo la delimitación de los derechos mencionados. Por lo pronto, los jueces y la Corte cuentan, para su interpretación, por un lado, con el texto constitucional, con el catálogo de valores que se desprende de los principios constitucionales y que alimenta toda el saber del constitucionalismo occidental y de la doctrina sobre el Estado social de derecho, y por el otro con una realidad social colmada de dificultades económicas, atropellos y violaciones a los derechos humanos y con unas instituciones venidas a menos en su capacidad reguladora. A partir de estos dos elementos, normas y hechos, el juez constitucional debe ir construyendo una interpretación razonable de la carta de derechos; esto quiere decir que el resultado final de la interpretación debe tener en cuenta las dificultades estructurales de la realidad económica colombiana sin que dichas dificultades hagan inocua la voluntad constituyente de construir, desde el presente, una sociedad más justa, más libre y más democrática, tal como lo establece el preámbulo de la Carta.
De conformidad con lo anterior, en aquellas situaciones en las cuales la norma constitucional se encuentra en franca contradicción con hechos generalizados e irremediables en un futuro próximo por la falta de recursos económicos ‑como por ejemplo la mortalidad infantil por carencia de agua potable- el juez, sin desconocer los mandatos constitucionales -en este caso el artículo 366 sobre prioridad del gasto público social- debe apreciar los límites impuestos por las posibilidades económicas, de tal manera que su decisión no se convierta en un bendición al "statu quo", pero tampoco en una orden que imponga un cambio imposible de llevar a la práctica sin cambiar las reglas estructurales de la economía. En este punto adquiere especial significación todos los desarrollos contemporáneos alrededor de la idea del juez como instrumento de paz social y como pieza central de un orden democrático basado en el consenso.
2) Carácter histórico
Por otra parte, la categoría de derecho fundamental posee también un carácter histórico. Dos implicaciones se derivan de este postulado: a). No todos los derechos fundamentales lo han sido en todos los tiempos y algunos de ellos bien han podido tener este carácter en forma transitoria y luego perderla, todo ello de acuerdo con la evolución de la sociedad civil, y b). La entidad de fundamental de un derecho se encuentra ligada al estado de la representación colectiva sobre el tema. Vale decir, la visión que la sociedad tiene de dichos derechos.[10]
[1] HERNANDO VLAENCIA VILLA, Los Derechos Humanos, Editorial Acento, Madrid, España, 1.997.
[2] Este cuerpo se constituye en el antecedente del actual Parlamento Ingles, lo cual se ve reflejado con la Cámara de los Lores.
[3] Lo anterior para evitar maniobras como los traslados lejanos con el fin de evitar el cumplimiento del Habeas Corpus.
[4] En esta enmienda se observa la influencia de las declaraciones inglesas en referencia al debido proceso legal (process of law)
[5] Naranjo Meza, Vladimiro, Teoría Constitucional e Instituciones Políticas, Bogotá D.C., Editorial Temis, 2.000.
[6] El estado llano estaba comprendido para la época por 24 Millones de personas, frente a 300.000 de los dos primeros estados.
[7] Art. 22: “ toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.”
[8] Art.8 “ Los estados partes en el presente pacto se comprometen a garantizar:
a) El derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección (….) ”
[9] Sentencia c-123 de 1.995.
[10] Sentencia T- 406 de 1.992 Corte constitucional
Rachid Nader Orfale.
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Revisado el: 20 de septiembre de 2007.