Source: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/c-927_2007.html
Timestamp: 2019-11-15 07:33:51
Document Index: 292291669

Matched Legal Cases: ['artículo 157', 'artículo 157', 'artículo 157', 'artículo 156', 'artículo 8', 'artículo 160', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 160', 'artículo 8', 'artículo 79', 'artículo 226', 'artículo 227', 'artículo 55', 'artículo 8', 'artículo 160', 'artículo 8']

Leyes desde 1992 - Vigencia expresa y control de constitucionalidad [C-927_2007]
“en el Acta 21 del 10 de mayo de 2006, publicada en la Gaceta del Congreso número 223 de 28 de junio de 2006, consta que el proyecto de Ley 195 de 2005 fue anunciado para ser discutido y aprobado en primer debate el 16 de mayo de 2006. El anuncio se hizo en los siguientes términos: 'Proyectos de Ley para anunciar su discusión y votación en la sesión de la Comisión Segunda del Senado, del día martes 16 de mayo de 2006: (…) 5.Proyecto de Ley número 195 de 2005 Senado. Y al finalizar se lee: 'Con estos proyectos nos vamos para la sesión del martes 16 de mayo, a las 10 a. m. . Se levanta la sesión.'”
“'La Comisión Segunda del Senado entonces anuncia para la sesión del miércoles 31 de mayo fuera de los proyectos ya anunciados (…) el 195 de 2005' y al finalizar observa: 'agotado el orden del día para el senado también, se convoca entonces nuevamente para el día miércoles 31 revisaremos los proyectos anunciados'.”
“De conformidad con lo preceptuado por el artículo 157 de la Ley 5/92 se tiene que, 'la iniciación del primer debate no tendrá lugar antes de la publicación del informe respectivo' lo que guarda consonancia con el artículo 157 de la Constitución, según el cual 'los proyectos deben ser publicados por el Congreso antes de darle curso en la comisión respectiva.' / Aluden ambos preceptos a la publicación de las ponencias de los proyectos de ley. La finalidad de dicha publicación es, según lo ha señalado la Corte 'poner en conocimiento de los miembros del Congreso el estudio preliminar realizado por los Senadores o Representantes que actúan como ponentes, con el fin de que éstos puedan evaluar y analizar con la debida anticipación las normas que serán objeto de estudio en las comisiones y en las plenarias de las Cámaras [Sentencia C-140 de 1998]'. Se trata de un aval al derecho de participación política de los congresistas y de los ciudadanos en general, que tendrán la oportunidad de conocer previamente el texto que se someterá a su aprobación, dándoles la posibilidad de participar en el debate expresando sus juicios y opiniones con respecto al proyecto. Es una exigencia mínima de racionalidad deliberativa y decisoria que implica que con anterioridad los congresistas conozcan los informes de ponencia para un provechoso desarrollo de la discusión legislativa. / En el presente caso se observa que cuando el proyecto de ley aprobatorio del referido instrumento internacional fue tramitado en la Comisión Segunda del Senado de la República, se desconoció el artículo 157 del Reglamento del Congreso y por ende el 157 numeral 1º de la [Constitución], que exigen la publicación de la ponencia antes de darle curso al proyecto en la célula legislativa, toda vez que la ponencia para primer debate fue publicada el 10 de mayo de 2006 y el anuncio para primer debate se llevó a cabo el día 12 de mayo del mismo año. /Atendiendo a lo anterior, este despacho considera que el trámite legislativo en estudio se encuentra viciado de inconstitucionalidad no subsanable toda vez que el vicio se produjo en el primer debate en el Senado de la República, cuando este no había expresado válidamente su voluntad; y no obstante obrar en el expediente constancia de entrega de la ponencia a los senadores que integran la comisión, dicha constancia es de fecha 15 de mayo de 2006, es decir que no es anterior a la realización del anuncio, en ese sentido no se cumple con lo establecido por el artículo 156 inciso 2º de la Ley Orgánica del Reglamento del Congreso.”
En el marco del control automático de constitucionalidad, la Corte Constitucional mediante sentencia C-781 de 2004 encontró que el trámite de la Ley no se había ajustado a las exigencias constitucionales y resolvió, en consecuencia, declararla inexequible. La Corte constató que de conformidad con la certificación emitida por el Secretario General de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes respecto del caso sub examine, el Proyecto de Ley había sido aprobado de manera unánime “por 'siete de diecisiete' miembros que componen dicha célula.”
8.- En el Acta número 22 del día 16 de mayo de 2006 - publicada en la Gaceta del Congreso 223 del 28 de junio de 2006 (páginas 17 y 18) -, se constata que el Proyecto de Ley 195 de 2005, Senado, no se votó y fue anunciado de nuevo como se trascribe a continuación: “'La Comisión Segunda del Senado entonces anuncia para la sesión del miércoles 17 de mayo de 2006. En la sesión del miércoles 17 de mayo de 2007 – publicada en la Gaceta del Congreso 333 (página 12) – no se votó el Proyecto de Ley y se anunció de nuevo de la forma que se transcribe a continuación: “fuera de los proyectos ya anunciados (…) el 195 de 2005' y al finalizar observa: 'agotado el orden del día para el senado también, se convoca entonces nuevamente para el día miércoles 31 revisaremos los proyectos anunciados'.”
“La Presidenta interviene para un punto / No habiendo quórum decisorio para votar los proyectos que han sido ya cerrados en su debate general, no podemos continuar si no hasta mañana, señor Secretario sírvase leer los proyectos que serán debatidos y aprobados el día de mañana (…) Proyecto de Ley número 195 de 2005 'Por medio del cual se aprueba el Acuerdo entre Ecuador y Colombia sobre Pesca Artesanal' firmado en la de Popayán, a los trece (13) días del mes de mayo de mil novecientos noventa y cuatro (1994).” (Énfasis añadido).
“Hace uso de la palabra el Presidente, honorable Representante Oscar Fernando Bravo R./ sigue punto del Orden del Día. / Hace uso de la palabra la Secretaria General, doctora Pilar Rodríguez Arias: / Quinto: Anuncio proyectos de ley para primer debate. / 1. Proyecto de Ley 304/2006 Cámara, 195/2005 Senado, 'por medio del cual se aprueba el Acuerdo entre Ecuador y Colombia sobre pesca artesanal, firmado en la ciudad de Popayán a los 13 días del mes de mayo de 1994' (…) Anunciados para el martes 19 de septiembre de 2006.” (Énfasis añadido).
(3) En otras ocasiones, la Corte ha estimado que “se cumple con la citada exigencia constitucional, cuando en una sesión inicial se ordena la lectura y se deja constancia de los proyectos que serán discutidos y votados en una sesión diferente, siempre y cuando se convoque para su aprobación en una fecha futura prefijada, la cual resulte al menos determinable[10]” (negrillas originales). No obstante lo anterior, en sentencia C-780 de 2004 la Corte revisó la constitucionalidad del “Protocolo modificatorio a la 'Convención de Extradición entre la República de Colombia y el Reino de España', y de su correspondiente ley aprobatoria. Esta Corporación encontró que el anuncio para la votación del proyecto en el primer debate en la Cámara de Representantes no indicaba una fecha cierta y precisa, habiéndose indicado que el mismo sería votado “la próxima semana”, irregularidad que no constituyó un vicio en el procedimiento.
(4) Posteriormente, ha indicado la Corte que cuando el anuncio y la votación tienen lugar en la misma sesión, se origina un vicio insubsanable. Así lo afirmó, por ejemplo, en sentencia C-333 de 2005 cuando revisó la constitucionalidad de la Ley 898 2004 por medio de la cual se aprueba la "Convención Interamericana contra el Terrorismo", suscrita en la ciudad de Bridgetown, Barbados, el tres (3) de junio de dos mil dos (2002), en el Trigésimo Segundo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos", encontrando que se había presentado un vicio de procedimiento insubsanable por cuanto "se anunció el debate y votación del Proyecto de Ley No. 206 de 2003, en la misma sesión en que fue aprobado". A partir de las consideraciones efectuadas en esa providencia la Corte dejó sentado que el incumplimiento del requisito del anuncio previo a la votación de un proyecto de ley configuraba un vicio de procedimiento con significación constitucional evidente. Subrayó la Corporación que al ser éste un requisito derivado del texto mismo de la Constitución Nacional su inobservancia generaba la invalidez de la ley, por cuanto la finalidad del anuncio consiste precisamente en afianzar la realización del principio democrático asegurando el respeto por las minorías parlamentarias, la publicidad y la transparencia del proceso legislativo.
(5) Más tarde, en sentencia C- 400 de 2005, la Corte adelantó la revisión oficiosa de la Ley 899 de julio 21 de 2004, "Por medio de la cual se aprueba el ´Segundo Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado´, hecho en La Haya el veintiséis (26) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999)", declarándola inexequible, por cuanto no se cumplió con los anuncios previos que debían darse, en los términos de certeza señalados por dicha norma, tanto a los congresistas como a la ciudadanía en general, respecto a la fecha de las sesiones en que se iban a llevar a cabo las votaciones correspondientes a los diferentes debates. En la mencionada providencia, el juez constitucional consideró en relación con el requisito señalado en el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003 que (a) las fórmulas utilizadas para el anuncio deben dar certeza, respecto de las fechas de realización de las sesiones para las cuales se dio aviso; (b) a la luz de lo dispuesto por la Constitución, el anuncio debe hacerse para la votación del proyecto de ley, aunque, en ocasiones, el contexto en el que aquél se realiza da a entender que se cumplió lo dispuesto en el artículo 160 Superior; (c) resulta inadmisible el anuncio realizado sin especificar la razón del mismo o llevado a cabo para la discusión y no para la votación del proyecto; y (d) la naturaleza de estos yerros no permite su subsanación, dado que se está en presencia de un vicio de procedimiento con una significación constitucional evidente, así el proyecto de ley haya sido votado por unanimidad.
(6) En otras circunstancias, ha considerado la Corte que, más allá del término empleado para efectuar el anuncio, no se incurre en un vicio de procedimiento cuando durante la sesión se da a entender que se está haciendo alusión a la votación del proyecto de ley. En ese orden, ha estimado la Corporación que si el legislador emplea un vocablo como "considerar", ha de interpretarse este término en el sentido de comprender "tanto la discusión como la votación"[11]. Lo que sí ha exigido la Corte es que se presente claridad respecto del momento en que habrá de efectuarse la votación[12].
(8) En sentencia C- 241 de 2006 mediante la cual se declaró inexequible la Ley 968 del 13 de julio de 2005 "Por medio de la cual se aprueba el Estatuto Migratorio Permanente entre Colombia y Ecuador", la Corte sistematizó las reglas jurisprudenciales referentes al requisito del anuncio en los siguientes términos:
"Con fundamento en el anterior análisis jurisprudencial, para el cumplimiento de lo señalado en el Acto Legislativo se puede afirmar que (i) se hace necesario que así no esté exactamente determinada, la fecha de votación sea determinable; (ii) se hace imposible el cumplimiento de lo previsto en el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003, si el anuncio para la votación se da el mismo día que ésta; (iii) la contextualización que se da con la mención de que se está cumpliendo con los requisitos del Acto Legislativo fortalece el que el anuncio de votación sea válido a la luz de la Carta; (iv) no existe una fórmula textual específica para realizar el anuncio. Lo esencial es verificar si se cumplió la finalidad del anuncio, para lo cual se deben atender las circunstancias de cada caso; (vi) si bien la omisión del requisito del artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003 es, en principio, subsanable, tal posibilidad no se da si las graves irregularidades en el anuncio se presentan en el primero de los debates de todo el trámite de aprobación de la ley."
(9) En sentencia C- 576 de 2006, la Corte Constitucional precisó su jurisprudencia respecto del tipo de vicio que se originaba con la inobservancia del requisito del anuncio previo a la votación. Estimó la Corte que omitir el cumplimiento del requisito consignado en el artículo 160 superior "hasta la votación en la Plenaria del Senado se considera como un vicio en el trámite legislativo insubsanable que desencadenará la declaratoria de inexequibilidad de la ley aprobatoria de un tratado internacional." Cuando la falta de observancia de este requisito tiene lugar "en un momento posterior a la votación en la Plenaria del Senado se considera un vicio subsanable." En esta eventualidad, la ley aprobatoria "se devolverá al Congreso para que subsane el vicio y continúe su trámite desde el momento en que se produjo, cuando se reúnan las demás condiciones de subsanabilidad"
Para ponerlo en otros términos: la falta de observancia de los supuestos previstos en el artículo 8º del Acto Legislativo número 1 de 2003 significa, por tanto, una irregularidad formal, la cual, – como lo ha establecido la jurisprudencia constitucional -, hasta la votación en la Plenaria del Senado constituye un vicio en el trámite legislativo insubsanable cuya presencia desencadenará la declaratoria de inexequibilidad de la ley aprobatoria de un tratado internacional. A contrario sensu, si se deja de observar el requisito del anuncio previo a la votación "en un momento posterior a la votación en la Plenaria del Senado, se considera un vicio subsanable." En esta eventualidad, la ley aprobatoria "se devolverá al Congreso para que subsane el vicio y continúe su trámite desde el momento en que se produjo, cuando se reúnan las demás condiciones de subsanabilidad."
36.- En consideración a lo expuesto, estima la Corte Constitucional que la Ley 1131 de 2007 "Por medio del cual se aprueba el Acuerdo entre Ecuador y Colombia sobre Pesca Artesanal" cumple con los requisitos formales derivados de la Constitución y de la Ley. A renglón seguido pasará la Corporación a efectuar el análisis de fondo de la Ley sub examine.
"El litoral Pacífico colombiano cuenta con 1392 Km de longitud y está conformado por un territorio que equivale a los 6.2% de la superficie del país. Los principales centros poblacionales son los puertos de Buenaventura, Tumaco, Guapí y Bahía Solano: los otros, son pequeños asentamientos diseminados a lo largo de la costa y caracterizados por ausencia de una adecuada infraestructura, en especial vías carreteables y energía eléctrica, lo cual ha apartado sensiblemente esta zona de cualquier desarrollo tradicional.
Lo anterior conlleva a coordinar y buscar espacios de articulación y apoyo con la comunidad científica y técnica de Ecuador para compartir, intercambiar y conocer experiencias de funcionamiento del subsector, aspectos tecnológicos y de formación de pesadores artesanales, estudios en la biología de las especies, épocas de producción, reclutamiento, biomasa, estado de explotación , esfuerzo total (pesca industrial más artesanal) que serían la base para mejorar e innovar nuevas prácticas tecnológicas e implementar medidas de ordenamiento unificadas par el aprovechamiento sostenido de los recursos pesqueros que son compartidos, y para el establecimiento de mecanismos de control y cruce de información para salvaguardar los intereses de cada país u de la Región con relación a los recursos pesqueros."
46.- A partir de la exposición de motivos resulta patente que uno de los mecanismos para desarrollar el proceso descrito con antelación es, en efecto, el Convenio de Pesca Artesanal pactado por Ecuador y Colombia en 1994. Dicho tratado internacional presenta el marco normativo que facilita la cooperación de los dos países en actividades tendientes a promover la pesca artesanal y a practicar políticas con el fin de beneficiar a quienes a ella se dedican, optimizando la información así como potenciando los recursos disponibles de forma que se configure una agrupación de conocimiento construida de manera colectiva, la cual, "con el aporte de todos los componentes, deberá convertirse en el principal insumo para la toma de decisiones[20]." Así las cosas, con fundamento en las pautas normativas que ofrece el Acuerdo podrá obtenerse, de una parte, el desarrollo de las comunidades pesqueras y, de otra, el aprovechamiento y la sostenibilidad de los recursos pesqueros en los dos países.
51.- Ahora bien, el Tratado sub judice no solo busca obtener beneficios para las comunidades dedicadas a la pesca artesanal y promover, en ese orden, el trabajo conjunto entre Ecuador y Colombia para desarrollar de la mejor manera posible dicha actividad sino que ordena hacerlo sin que ello signifique un detrimento de los recursos pesqueros. El Convenio ordena que los recursos pesqueros se exploten de modo sustentable y se asegure la subsistencia de los recursos y ecosistemas de influencia. Así las cosas, el Acuerdo reconoce la importancia que debe conferírsele a la educación también en materia de preservación de un medio ambiente sano. Concuerda, por tanto, con lo dispuesto por el artículo 79 de la Constitución Nacional en el sentido de propiciar la garantía del derecho a gozar de un ambiente sano e incentivar "la protección de la diversidad e integridad del ambiente así como conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines."
53.- De conformidad con lo ordenado por el artículo 226 constitucional, el Estado colombiano debe promover la "internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional." El artículo 227 dictamina al Estado colombiano, entre otras cosas, promover "la integración económica, social y política con las demás naciones y, especialmente, con los países de América Latina y del Caribe mediante la celebración de tratados sobre bases de equidad, igualdad y reciprocidad (...)"
PRIMERO: DECLARAR EXEQUIBLE el "Acuerdo entre Ecuador y Colombia sobre pesca artesanal firmado en la ciudad de Popayán a los trece (13) días del mes de mayo de mil novecientos noventa y cuatro (1994)"," y la Ley 1131 de 2007 aprobatoria del mismo.
[1] "Colombia, más específicamente en el Litoral Pacífico, cuenta con 1392 Km de longitud y está conformado por un territorio que equivale al 6.2% de la superficie del país. Los principales centros poblacionales son los puertos de Buenaventura, Tumaco, Guapí y Bahía Solano; los otros son pequeños asentamientos ubicados a lo largo de la costa y caracterizados por ausencia de una infraestructura adecuada, en especial vías carreteables y energía eléctrica./Por lo anterior se demuestra un bajo desarrollo en la zona, a pesar de las necesidades productivas de la región, principalmente en términos de recursos pesqueros . Existen aproximadamente 5067 pescadores de diferentes comunidades y a pesar de las diferencias socioculturales, existen artes y métodos de pesca común que permiten orientar sus actividades, especialmente hacia la captura del camarón de aguas someras y las pesca blanca, sin desconocer el ejercicio de extracción de jaiba, piragua e incluso camarón de río."
[2] "[E]n el caso objeto de estudio, según la certificación del secretario General de la comisión Segunda de la Cámara de Representantes, el proyecto fue aprobado por unanimidad por 'siete de los diecisiete' miembros que componen dicha célula. Según la Ley 3 de 1992, la Comisión Segunda está integrada por 19 Representantes. ello implica que para votar el proyecto se requería un quórum decisorio de por lo menos 10 representantes (...). Por lo tanto, en cualquier caso, al haberse votado por un número inferior de Representantes (7, según la certificación), se desconoció el artículo 55 de la [Constitución]. Por lo anterior es inexequible la Ley 871 de 2003."
[6] Corte Constitucional. Sentencia C- 533 de 2004. En esa ocasión, la Corte ejerció al control de constitucionalidad respecto del texto del "Tratado sobre cooperación judicial mutua entre el Gobierno de la República de El Salvador y el Gobierno de la República de Colombia", y de su ley aprobatoria.
[9] Así mediante sentencia C-557 de 2004 esta Corporación declaró exequible el "Convenio de Tampere sobre el suministro de recursos de telecomunicaciones para la mitigación de catástrofes y las operaciones de socorro en casos de catástrofe", al igual que su ley aprobatoria, por cuanto el proyecto de ley había sido sometido a votación en la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes y en la Plenaria de ésta en sesión previamente anunciada, en tanto que dicho requisito no resultaba aplicable al trámite en el Senado, por haberse desarrollado el mismo en su totalidad con anterioridad a la iniciación de la vigencia del Acto Legislativo 01 de 2003. Otro tanto sucedió en sentencia C- 619 de 2004, referente al control de constitucionalidad sobre el "Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Dominicana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal" y su ley aprobatoria, por cuanto la Corte estimó que el proyecto de ley había sido previamente anunciado a su votación en las correspondientes comisiones y Cámaras.
[12] Corte Constitucional. Sentencia C- 241 de 2006. Mediante esta providencia se declaró inexequible la Ley 968 del 13 de julio de 2005 "Por medio de la cual se aprueba el Estatuto Migratorio Permanente entre Colombia y Ecuador", pues en el trámite de la ley de la referencia no se cumplió con la finalidad del artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003, toda vez que no existió claridad acerca del anuncio de la votación del proyecto en la siguiente sesión, motivo por el cual los congresistas no pudieron tener la certeza del momento en que se iban a realizar las votaciones. En sentencia C- 649 de 2006, la corte Constitucional declaró inexequible la Ley 992 de 2005 por medio de la cual se aprobó el "Acuerdo para el desarrollo integral y asistencia básica de las poblaciones indígenas Wayuu de la República de Colombia y de la República de Venezuela." Consideró la Corporación que "la palabra utilizada y el contexto en el que se dio, no permiten inferir, el cumplimiento del mandato contenido en el último inciso del artículo 160 constitucional tal como quedó modificado por el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003".
[13] Corte Constitucional. Sentencia C- 930 de 2005. En esta sentencia se declaró inexequible la Ley 943 del 8 de febrero de 2005, por medio de la cual se aprobó el "Convenio de reconocimiento y validez de títulos, diplomas y certificados académicos de estudios parciales de educación superior entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Bolivia, suscrito en la ciudad de La Paz a los veinte (20) días del mes de agosto del año dos mil uno (2001)",
[16] En este lugar es pertinente recordar que mediante Auto A 13 de 2007 la Corte Constitucional se pronunció sobre la revisión oficiosa de la "Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial", aprobada en la Conferencia General de la UNESCO, en su reunión celebrada en París y clausurada el diecisiete (17) de octubre de 2003, y de la Ley 1037 de 2006, aprobatoria de aquélla. En esa ocasión la Corporación decidió devolver a la Presidencia de la Cámara de Representantes la referida Ley 1037 de 2006 con el fin de que tramitara el saneamiento del vicio de procedimiento detectado en esta providencia. Ahora bien, resulta preciso subrayar que la situación presentada en aquella oportunidad relacionada con el requisito del anuncio era distinta a la que examina la Corporación en la presente sentencia. Mediante el auto A 13 de 2007 la Corte Constitucional identificó un vicio durante el trámite del proyecto de ley que tuvo lugar en la Comisión de la Cámara de Representantes y dijo la Corte que se trataba de un vicio subsanable "por cuanto no se estaban alterando los principios y reglas propios de la función legislativa, "y en especial los mandatos contenidos en la Constitución sobre la aprobación de los proyectos de ley, así como el principio de consecutividad". Sobre el particular, se efectuó salvamento de voto. Consideró el magistrado disidente que durante el trámite en la Comisión II del Senado del proyecto de ley 244 de 2005 Senado, el aviso fue realizado por el Secretario de la misma, de la siguiente manera "Proyectos para anunciar". Al no establecerse un criterio que permitiera determinar la fecha exacta en la que tendría lugar la votación, por cuanto la expresión utilizada fue que la votación se llevaría a cabo "en la próxima sesión", el voto disidente destacó que "la lapidaria fórmula empleada no cumpl[ía] con las finalidades constitucionales de (i) brindar transparencia al trámite legislativo; (ii) evitar votaciones intempestiva; y (iii) facilitar la participación ciudadana. Según el salvamento de voto, lo anterior daba lugar a declarar la inexequibilidad del proyecto de ley aprobatoria por haberse incurrido en un vicio insubsanable." Situación similar tuvo lugar en el auto 311 de 2006 mediante el cual la Corte se pronunció sobre la revisión oficiosa de la Ley 1017 de 2006 "Por medio de la cual se aprueba el 'Convenio sobre blanqueo, detección y confiscación de los productos de un delito', hecho en Estrasburgo el 8 de noviembre de 1990". También allí detectó la Sala Plena un vicio en el procedimiento de formación del proyecto de ley que se convertiría en la Ley 1017 de 2006, el cual consistió en que en el anuncio hecho en la Comisión Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, no se identificó la sesión en la cual el proyecto de ley efectivamente sería sometido a votación y, en consecuencia, esta Corporación consideró que el Congreso de la República había incumplido con el requisito de la determinación. Con todo, sostuvo que se trataba de un vicio de carácter subsanable, como quiera que se presentó cuando el Senado ya había impartido válidamente su aprobación al proyecto de ley y, en atención a que éste no afectó ninguna consideración que cualquiera de las cámaras hubiese podido hacer al texto original presentado por el Gobierno. Como consecuencia de las anteriores consideraciones, la Corte decidió devolver a la presidencia de la Cámara de Representantes la Ley 1017 de 2006, a fin de que ésta diera trámite al saneamiento del vicio referido. Al igual que en el caso del Auto A 13 de 2007, en este asunto también se presentó salvamento de voto. El desacuerdo que conllevó al voto discrepante radicó aquí en que el magistrado disidente estimó que la Sala Plena debió declarar inexequible la ley objeto de revisión, por cuanto en el trámite surtido en la Comisión Segunda del Senado, el anuncio tampoco satisfizo las exigencias propias de esta etapa del trámite de formación de las leyes aprobatorias de tratado, vicio éste que en aquella incipiente etapa del proceso legislativo configura, en opinión del magistrado que salvó el voto, un vicio de carácter insubsanable que conlleva necesariamente la inconstitucionalidad de la ley.
[17] La pesca artesanal "sostiene el empleo y la calidad de vida de millones de integrantes de las comunidades costeras." Consultar las Conclusiones del Encuentro convocado por el Colectivo Internacional de Apoyo a los Pescadores Artesanales (ICSF por sus siglas en inglés) y CeDePesca reunido los días 1 y 4 de marzo de 2005 en Santa Clara del Mar(Argentina) el cual contó con el apoyo del Programa FishCode de la FAO.http://www.cedepesca.org.ar/noticias/130405/Declaracion_final_taller_santa_clara.htm
[19] Exposición de Motivos del Proyecto de Ley por medio del cual se aprueba el "Acuerdo entre Ecuador y Colombia sobre Pesca Artesanal firmado en la ciudad de Popayán , a los trece días del mes de mayo de mil novecientos noventa y cuatro. Expediente Cuaderno número cinco a folios 189- 192.