Source: https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-teac-00-2665-2005-28-06-2006-52661
Timestamp: 2018-10-20 21:20:56
Document Index: 372701575

Matched Legal Cases: ['artículo 56', 'artículo 44', 'e contrario', 'artículo 122', 'artículo 122', 'artículo 78', 'artículo 220', 'artículo 220', 'artículo 221', 'artículo 221', 'artículo 220', 'artículo 5']

Resolución de TEAC, 00/2665/2005, 28-06-2006 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/2665/2005 de 28 de Junio de 2006
Comprobación, con posterioridad a su despacho, que la mercancía "productos laminados planos de hierro o acero sin alear", conforme a sus características, en cuanto a sus dimensiones, ha de clasificarse arancelariamente en posición sujeta a derechos antidumping. La declaración del importador goza ante la Aduana de la intervención de un agente con conocimientos específicos de la materia no debiendo alterar la realidad de los datos al omitirse alguno de los exigidos en el Código Aduanero Comunitario. Cuando su detección en cuanto a la clasificación arancelaria supone una variación de aquéllos, por su origen y código de nomenclatura, una vez efectuadas la comprobación y cotejo de las declaraciones, no siendo atribuible ningún error a la Aduana, faculta para realizar una nueva liquidación por la vía de los artículos 218, 219 y 220 del Código Aduanero Comunitario y la correspondiente al IVA a la importación (Ley 37/1992) conforme a la legislación nacional, con independencia de la buena fe presumible del interesado que confió en un agente profesional.
En la Villa de Madrid, a 28 de junio de 2006, en la reclamación económico-administrativa que, en segunda instancia, pende de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, en Sala, en virtud del recurso de alzada interpuesto por el DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ADUANAS E IMPUESTOS ESPECIALES DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, con domicilio a efectos de comunicaciones en Madrid, Avenida Llano Castellano, número 17, contra la resolución Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., de fecha 25 de Febrero de 2.005, que estimó las reclamaciones acumuladas nº ... y ..., interpuestas por la entidad ..., S.A., contra los acuerdos dictados por el Jefe de la Dependencia Regional de Aduanas e II.EE. de la Delegación Especial de la A.E.A.T. de ..., en fechas 27 y 28 de Octubre de 2.003, por los que se practicaron liquidaciones de cuota e intereses de demora correspondientes a los conceptos Derechos Antidumping e IVA devengado a la Importación, por importes de 210.977,17 € y 33.761,33 €, respectivamente.
PRIMERO: En fechas 3 y 9 de Octubre de 2.003, la Dependencia Regional de Aduanas e II.EE. de la Delegación Especial de la A.E.A.T. de ... incoó, a la entidad ..., S.A., dos Actas de Disconformidad modelo A02, números ... y ..., por los conceptos Derechos Antidumping e Impuesto sobre el Valor Añadido a la Importación, respectivamente, como consecuencia de la comprobación de las liquidaciones provisionales giradas por Tarifa Exterior Común durante el ejercicio 2.001 e investigación de la correcta clasificación arancelaria de diversos DUAs del ejercicio 2.003, a efectos de posible aplicación de Derechos Antidumping, y regularización de la situación tributaria por el concepto IVA a la Importación, como consecuencia de cambios en las posiciones arancelarias.
En el cuerpo del acta definitiva del ejercicio 2.001 y previa a cuenta del ejercicio 2.003 nº ..., incoada por el concepto Derechos Antidumping Unión Europea, se hacía constar por el Inspector actuario lo siguiente: 1º) El objeto de la actuación inspectora es la comprobación de las liquidaciones provisionales giradas por Tarifa exterior Común durante el ejercicio 2.001 y la investigación de la correcta clasificación arancelaria de diversos DUAs del ejercicio 2.003, a efectos de la posible aplicación de Derechos Antidumping; 2º) De las actuaciones practicadas y demás antecedentes resulta que en los DUAs nº ..., y ..., existen diversas mercancías clasificadas por las posiciones 7208.51.30.90, 7208.51.50.90, 7208.51.91.90, 7208.51.99.90 y 7208.52.91.90, no sujetas a derechos antidumping, que esta Inspección, a la vista de las puntualizaciones efectuadas por la entidad interesada en los DUAs y de la documentación comercial adjunta a los mismos, atendiendo a su origen (Rumanía) y a lo dispuesto en las Decisiones 1758/2.000/CECA y 979/2.002/CECA de la Comisión, deben ser clasificadas, respectivamente, en las posiciones 7208.51.30.10, 7208.51.50.10, 7208.51.91.10, 7208.51.99.10 y 7208.52.91.10, sujetas al pago de derechos antidumping, por lo que se produce una liquidación sobre una base de valor en aduana de 3.626.184,58 €, liquidables al tipo del 5,7%, formulándose propuesta de liquidación con una deuda a ingresar por importe de 211.755,82 €, correspondiendo 206.692,52 € a la cuota y 5.063,30 € a los intereses de demora.
En el acta previa nº ... incoada por el concepto IVA a la importación, y período 2.003, al objeto de regularizar la situación tributaria por este concepto, consecuencia de cambios en las posiciones arancelarias de diversos DUAs del ejercicio 2.003, se hacía constar que de conformidad con lo indicado en el acta instruida por el concepto Derechos Antidumping, de fecha 3 de Octubre de 2.003, y de acuerdo con los hechos expresados en la misma se propuso rectificar diversas posiciones arancelarias de los DUAs descritos, lo que implica la imposición de Derechos Antidumping en Tarifa Exterior Común y, consecuentemente, un incremento en la base del IVA a la Importación de 206.692,52 €, liquidables al tipo del 16%, formulándose propuesta de liquidación provisional con una deuda a ingresar por importe de 33.915,81 €, correspondiendo 33.070,80 € a la cuota y 845,01 € a los intereses de demora.
SEGUNDO: En los preceptivos informes ampliatorios emitidos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 56.3 del Reglamento General de Inspección de los Tributos, en las mismas fechas de las actas, la Inspección señalaba lo siguiente en relación con el acta incoada por el concepto Tarifa Exterior Común: 1º) La regularización propuesta, suscrita con la disconformidad del interesado, se fundamenta en el hecho de que en los documentos de despacho cuyo número figura en el acta controvertida se han clasificado en posiciones arancelarias también indicadas en aquélla, mercancías cuya descripción es: Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, laminados en caliente, sin chapar ni revestir, de anchura igual o superior a 600 mms. y de espesores comprendidos entre 4'75 mms. y más de 20 mms. Todas las posiciones arancelarias puntualizadas no están sometidas a Derechos Antidumping; 2º) La Inspección entiende que la correcta clasificación no es la puntualizada sino la que se propone en el acta de disconformidad. Estas posiciones están sometidas a derechos antidumping, dado el origen de las mercancías, según Decisiones 1758/2000/CECA y 979/2002/CECA; 3º) El fundamento legal de la propuesta es la Regla General para la interpretación de la nomenclatura combinada, Regla A.3.a), establecida por el Reglamento (CE) 1832/2002 de la Comisión, de 1 de Agosto de 2002, que dispone: "La partida con descripción más específica tendrá prioridad sobre las partidas de alcance más genérico"; 4º) En base a ello se estima como más específica una clasificación que responde a la subdivisión de diez dígitos "De acero sin alear" que otra que señala "Los demás", ya que se trata de mercancía cuya naturaleza es, precisamente, acero sin alear.
TERCERO: En fechas 27 y 28 de Octubre de 2.003, el Jefe de la Dependencia Regional de Aduanas e II.EE. de la Delegación Especial de la A.E.A.T. de ..., dictó sendos acuerdos practicando liquidaciones, confirmando las propuestas contenidas en las actas en lo concerniente a las cuotas y rectificando el importe de los intereses de demora que quedaban fijados en 4.284,65 € y 690,53 €, resultando unas deudas a ingresar por importes de 210.977,17 € y 33.761,33 €, respectivamente.
CUARTO: Contra dichos acuerdos, notificados en fecha 31 de Octubre de 2.003, la entidad interesada interpuso sendas reclamaciones económico-administrativas ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., mediante escritos registrados de entrada en dicho Tribunal en fecha 12 de Noviembre de 2.003, asignándoseles los número ... y ...
QUINTO: Cumplido el trámite de puesta de manifiesto de los expedientes, la entidad reclamante formuló, en fecha 30 de Diciembre de 2.003, sendos escritos de alegaciones en los que manifestó lo que estimó pertinente en defensa de su Derecho.
SEXTO: Mediante acuerdo, de fecha 15 de Febrero de 2.005, del Abogado del Estado-Secretario de dicho Tribunal se aceptó la acumulación de ambas reclamaciones, al estimar que concurrían los requisitos exigidos para la misma por el artículo 44 del Reglamento de Procedimiento en la Reclamaciones Económico-Administrativas, de 1 de Marzo de 1.996, refiriéndose toda la tramitación a la número ... que tendrá la consideración de reclamación principal.
SEPTIMO: El Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., en su sesión de fecha 25 de Febrero de 2.005, acordó, fallando en primera instancia, estimar dichas reclamaciones anulando las liquidaciones que derivan de las Actas de Disconformidad A02 número ... y ... Dicho pronunciamiento lo fundamentaba, a la vista de la normativa comunitaria aplicable, y en diversas sentencias del Tribunal Superior de Justicia del ... en las que se defiende un criterio restrictivo en cuanto el alcance de la potestad revisora y recaudatoria de la Administración aduanera manifestándose contrario a esta acción en aquellos casos en los que en el momento inmediatamente anterior al levante de las mercancías ya se encontraban a disposición administrativa todos los elementos de entidad suficiente para liquidar los derechos aduaneros en idéntico sentido al adoptado con posterioridad y entiende que sí la Administración no se ha visto obligada a rectificar la contracción inicial de los derechos sobre la base de una rectificación paralela de los elementos inexactos o incompletos del documento de despacho aduanero, la actitud de la Administración no es otra que la de una genuina operación de reinterpretación jurídica lo cual -a su juicio- no encuentra amparo en la normativa comunitaria transcrita. Por el contrario el TSJ sí se manifiesta favorable a esta potestad en aquellos casos en los que se le ha privado a la Aduana en el momento del despacho de la totalidad de los elementos necesarios para girar la liquidación de los derechos legalmente adeudados.
OCTAVO: Contra dicho fallo, notificado en fecha 7 de Marzo de 2.005 a la entidad interesada y comunicado en fecha 11 de Marzo de 2.005 al Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, el Director del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, formuló, en fecha 8 de Abril de 2.005, recurso de alzada ante este Tribunal Económico-Administrativo Central solicitando se tuviera por interpuesto contra el fallo referenciado, y previo los trámites legales oportunos, se ordenase la reclamación de los expedientes de gestión y reclamación con el fin de que se le pusieran de manifiesto al objeto de formular las correspondientes alegaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 del Reglamento de Procedimiento. Cumplido el trámite de puesta de manifiesto del expediente solicita el recurrente, mediante escrito de fecha 13 de Junio de 2.005, se dicte resolución estimando el presente recurso y se declare no conforme a Derecho la resolución impugnada, anulándola en su totalidad y ratificando los acuerdos del Jefe de la Dependencia Regional de Aduanas e II.EE. de la Delegación Especial de la A.E.A.T. de ..., de fechas 27 y 28 de Octubre de 2.003, con base en síntesis en las siguientes alegaciones: 1.- Aun admitiendo la existencia de error por parte de la Aduana en la realización de los despachos de importación efectuados al amparo de los DUAs controvertidos al no haber rectificado en aquél momento la posición arancelaria declarada por los importadores para las chapas de acero importadas, ni haber practicado la correspondiente liquidación por derechos antidumping, dicho error, habida cuenta de la intervención de un agente de Aduanas en los despachos, no parece que pudiera haber pasado desapercibido para los importadores en orden a su corrección, poniéndolo en conocimiento de las Aduanas de despacho; 2.- En base a lo anterior, entiende el Departamento de Aduanas que la regularización efectuada se encuentra amparada por la normativa comunitaria reguladora de la contracción y recaudación a posteriori.
NOVENO: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 122.3 del Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Económico Administrativas, de 1 de Marzo de 1.996, con fecha de 23 de Junio de 2.005, se dio traslado del recurso de alzada interpuesto a la entidad interesada ..., S.A., para que en un plazo de 15 días pudiera formular cuantas alegaciones considerara convenientes en defensa de su derecho, formulando ésta, en fecha 11 de Julio de 2.005, escrito de alegaciones en el que se remitía a las formuladas ante el Tribunal de instancia añadiendo las siguientes argumentaciones: 1ª) Que el agente de Aduanas que despachó la mercancía no obró con mala fe al efectuar la puntualización, como reconoció la Dependencia de Aduanas de ... al no imponer sanción en el expediente; y, 2ª) Que el anterior hecho impide la realización de la liquidación a posteriori.
PRIMERO.- Concurren en el supuesto los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo establecidos en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que son presupuesto para la admisión a trámite del presente recurso de alzada en el que la cuestión planteada es la referente a determinar si el fallo del Tribunal Económico- Administrativo Regional de ..., de fecha 25 de Febrero de 2.005, recaído en las reclamaciones acumuladas números ... y ..., en relación con la práctica de liquidaciones por los conceptos de Derechos Antidumping e IVA a la Importación, resulta o no ajustado a Derecho.
SEGUNDO.- A efectos de la oportuna resolución conviene reproducir la circunstancia que motivó la actuación de la Administración aduanera en relación con la operatividad de la firma importadora. En ese sentido dentro de la partida arancelaria 7208 del Arancel Integrado de las Comunidades Europeas (que clasifica los "productos laminados planos de hierro o de acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm., laminados en caliente, sin chapar ni revestir"), la subpartida 7208.51 clasificaba en las fechas de los despachos en cuestión "los demás" productos de tales características (que no fuesen enrollados o siendo sin enrollar que no tuvieran motivos en relieve, clasificados en anteriores subpartidas) "sin enrollar, simplemente laminados en caliente, de espesor superior a 10 mm.", y la subpartida 7208.52 los mismos productos pero "de espesor superior o igual a 4,75 mm. Pero inferior o igual a 10 mm.". Asimismo dichas subpartidas se encontraban subdivididas en varias posiciones, entre ellas las 7208.51.30; 7208.51.50; 7208.51.91; 7208.51.90 y 7208.52.99, identificadas por los dígitos indicados en séptimo y octavo lugar, en donde se clasifican dichos productos según que su espesor estuviese comprendido, dentro de los límites indicados para las subpartidas, entre los límites indicados en las respectivas posiciones, las que asimismo se hallaban subdivididas en dos subposiciones, identificadas con los dígitos indicados en noveno y décimo lugar. En la primera de las citadas subposiciones, identificada con los dígitos 10, se incluían los productos incluidos en las citadas posiciones cuando fuesen "de acero sin alear" y en la segunda, identificada en los dígitos 90, "los demás". En el presente caso se trataba de unas importaciones de chapa laminada en caliente que fueron declaradas y puntualizadas en los correspondientes DUAs de importación por las posiciones arancelarias, 7208.51.30; 7208.51.50; 7208.51.91; 7208.51.99 y 7208.52.91, si bien, dentro de las mismas se declararon unas subposiciones, identificadas por los últimos dígitos "90", que no correspondía a los productos en cuestión pues tratándose como se trataba en realidad de chapa de acero sin alear, tal y como se declaró, era en la subposición identificada con el dígito final "10", en la que específicamente se hallaban citados, y en la que, por tanto, debían clasificarse y no en aquella otra subposición, de carácter residual, y hallándose, por otra parte, los productos citados en la referida subposición, cuando fuesen originarios de Rumanía, sujetos a derechos antidumping, de ello se sigue el acierto de la regularización tributaria llevada a cabo por la Inspección en las actas en cuestión al modificar la clasificación arancelaria de la mercancía importada y la consiguiente exigencia de los derechos antidumping en su momento liquidados. Así se recoge en el recurso del Director del Departamento de Aduanas e II.EE. de manera pormenorizada acorde a la documentación obrante en el expediente.
TERCERO.- Pues bien, a la vista del contenido del acuerdo del Tribunal Regional ahora recurrido cabe decir que este órgano no entra en realidad a analizar dicha cuestión "arancelaria" sino que, tras rechazar correctamente las alegaciones de la entidad reclamante sobre el supuesto carácter definitivo de las liquidaciones en su día practicadas en los DUAs, estima las reclamaciones y anula los actos recurridos por considerar que la regularización llevada a cabo por los Servicios de Inspección no se encontraba amparada por la normativa aduanera de aplicación al caso, acorde a criterio del Tribunal Superior de Justicia de ..., entre otros extremos.
CUARTO.- Llegados a este punto procede enmarcar el ordenamiento jurídico de aplicación al caso y en este sentido el artículo 78 del Reglamento (CE) 2913/92, del Consejo, de 12 de octubre, sobre control a posteriori de las declaraciones, faculta a las autoridades aduaneras para que, tras la concesión del levante de las mercancías, puedan proceder, bien por propia iniciativa o a petición del declarante, a la revisión de la declaración o al control de los documentos y datos comerciales relativos a las operaciones de importación o exportación de las mercancías de que se trate así como a las operaciones comerciales ulteriores relativas a las mismas mercancías, todo ello al objeto de garantizar la exactitud de los datos de la declaración, estableciéndose en el propio artículo que cuando de tales operaciones de revisión o de los controles a posteriori resulte que las disposiciones que regulan el régimen aduanero de que se trate hubieran sido aplicadas sobre la base de elementos inexactos o incompletos, dichas autoridades deberán adoptar las medidas necesarias para regularizar la situación. Asimismo, el artículo 220 del mismo Código establece en su apartado 1 que cuando el importe de los derechos que resulten de una deuda aduanera no hubiere sido objeto de contracción con arreglo a los artículos 218 y 219 o la contracción se hubiera efectuado a un nivel inferior al importe legalmente adeudado, la contracción del importe de derechos que se hayan de recaudar o que queden por recaudar deberá tener lugar en el plazo de dos días a partir de la fecha en que las autoridades aduaneras se hubieran percatado de esta situación y estuvieran en condiciones de calcular el importe legalmente adeudado y el deudor, si bien el siguiente apartado 2 del mismo artículo 220 establece que, no obstante lo anterior, no se procederá a dicha contracción a posteriori, entre otros casos, cuando "b) el importe legalmente adeudado de derechos no se haya contraído como consecuencia de un error de las propias autoridades aduaneras que razonablemente no pudiera ser conocido por el deudor, siempre que éste, por su parte, haya actuado de buena fe y haya observado todas las disposiciones establecidas por la normativa vigente en relación con la declaración en aduana ...". Como colofón, el artículo 221 del tan repetido Código limita en su apartado 3 la contracción a posteriori, en cuanto al plazo para llevarla a cabo, a que la notificación al deudor de la contracción no se haga una vez expirado el plazo de tres años a partir de la fecha del nacimiento de la deuda aduanera.
QUINTO.- Lo anterior viene a significar, a nuestro juicio, no ya un derecho sino el deber de las autoridades aduaneras, velando por los recursos propios de la Unión Europea, cuando como resultado de la revisión de una declaración o de un control a posteriori se constate que el importe de la deuda aduanera no hubiere sido objeto de contracción y consiguiente recaudación o lo hubiera sido por importe menor al legalmente debido, de proceder a su contracción y recaudación a posteriori, aunque esta acción se halle limitada en el aspecto temporal por el plazo establecido en el artículo 221.3 del Código Aduanero y en el aspecto material a que no concurran las circunstancias previstas en el artículo 220.2, de manera muy especial, refiriéndose en el presente caso, dado que obviamente no concurren en el mismo las circunstancias a que se refieren sus letras a) y c), la prevista en la letra b) respecto a que el importe legalmente adeudado no se hubiera contraído como consecuencia de un error de las propias autoridades aduaneras que razonablemente no pudieran ser conocido por el deudor y siempre que éste, por su parte, hubiera actuado de buena fe. La imposibilidad de recaudar a posteriori por la causa indicada, lo que ya venía estipulado en el artículo 5.2 del derogado Reglamento (CE) 1697/79, ha sido interpretada por numerosas sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el sentido de que para apreciar si el error cometido por las autoridades aduaneras no podía ser razonablemente conocido por los deudores deberá tenerse en cuenta la naturaleza del error, la experiencia profesional de los agentes interesados y la diligencia que estos últimos hubieran demostrado, atendiendo, de manera muy especial, al hecho de que en la declaración hubiera intervenido un agente de Aduanas o un comisionista de Aduanas hasta el punto de que si el error en la liquidación contracción cometida por la autoridad aduanera deviniera de la declaración suscrita por estos profesionales, puede, en principio, presumirse que poseen las condiciones y conocimientos técnicos suficientes para de forma razonable haber conocido tal error y obrar de mala fe si no han puesto la diligencia necesaria para advertir de inmediato de tal error a la autoridad aduanera que lo cometió, con lo cual la recaudación a posteriori se hace no sólo posible sino necesaria y justa.
SEXTO.- Pues bien, en el presente caso este Tribunal Central observa que respecto a los fundamentos recogidos por el órgano de instancia (en particular las referencias a las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de ...) puede detectarse en la actuación de la entidad interesada, en cuanto a la aplicación del derecho antidumping, que no fue objeto de declaración como le exigía el Código Aduanero Comunitario a la hora de aportar todos los datos para la aplicación de las disposiciones que regulan el régimen aduanero para el cual se declaran las mercancías, originándose una diferencia no declarada que faculta la nueva liquidación según las obligaciones de comprobación y cotejo de las declaraciones presentadas, pues para que éstas alcancen los efectos en el caso estudiado atribuidos, es preciso que el error no haya sido propiciado por una declaración inexacta del sujeto pasivo como sucede en el presente caso, al no haberse realizado mención alguna en las declaraciones presentadas a los derechos antidumping de posible aplicación, lo que consecuentemente conduce a la estimación del presente recurso de alzada.
Este TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, en SALA, en el recurso de alzada promovido por el DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ADUANAS E IMPUESTOS ESPECIALES de la Agencia Estatal de Administración Tributaria contra la resolución Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., de fecha 25 de Febrero de 2.005, que estimó las reclamaciones acumuladas nº ... y ..., interpuestas por la entidad ..., S.A. contra los acuerdos dictados por el Jefe de la Dependencia Regional de Aduanas e II.EE. de la Delegación Especial de la A.E.A.T. de ..., en fechas 27 y 28 de Octubre de 2.003, por los que se practicaron liquidaciones de cuota e intereses de demora correspondientes a los conceptos Derechos Antidumping e IVA devengado a la importación, por importes de 210.977,17 € y 33.761,33 €, respectivamente; ACUERDA: 1º.- Estimar el recurso de alzada interpuesto y anular la resolución impugnada; y, 2º.- Confirmar el ajuste a Derecho de los acuerdos de liquidación dictados por el Jefe de la Dependencia de Aduanas e II.EE. de ...
Sentencia Administrativo TSJ Andalucia, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 248/2010, 27-04-2012
Orden: Administrativo Fecha: 27/04/2012 Tribunal: Tsj Andalucia Ponente: Herrero Casanova, Eduardo Num. Recurso: 248/2010
Sentencia Administrativo TSJ Andalucia, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 735/2009, 09-07-2010
Orden: Administrativo Fecha: 09/07/2010 Tribunal: Tsj Andalucia Ponente: Herrero Casanova, Eduardo Num. Recurso: 735/2009