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Timestamp: 2019-07-20 21:55:03
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Matched Legal Cases: ['artículo 317', 'artículo 427', 'artículo 317', 'artículo 427', 'artículo 317', 'artículo 427', 'artículo 317', 'artículo 404', 'artículo 416', 'artículo 377', 'artículo 405', 'artículo 317', 'artículo 416', 'artículo 317', 'artículo 404', 'artículo 428', 'artículo 369', 'artículo 97', 'artículo 88', 'artículo 43', 'artículo 43', 'artículo 45', 'artículo 139', 'artículo 118', 'artículo 97', 'artículo 88']

XI. conclusiones y recomendaciones 11. 1 Parte electoral
11.1 PARTE ELECTORAL
1. Se ha acreditado la existencia de una organización criminal que se habría dedicado al proceso sistemático, ordenado y planificado de falsificación de datos generales contenidos en las “Listas de Electores” (documento de origen); hacia las “Planillas de Adherentes” (documento de destino), de la organización política Movimiento Independiente País Posible (hoy Perú Posible); entre los años 1995 a 1999; y que fuera presentada por los ciudadanos Alejandro Toledo Manrique, Luz María del Pilar Freitas Alvarado y Pedro Carrasco Toro a los organismos electorales (JNE, RENIEC y ONPE), con la pretensión de cumplir con el requisito de adjuntar a su petición de inscripción electoral, un mínimo de 496,718 firmas de adherentes.
2. Se ha acreditado el accionar favorable de las autoridades de los organismos electorales del JNE y ONPE para con el Movimiento Independiente País Posible; con el objeto de flexibilizar la normatividad, parámetros y procedimientos de verificación de firmas presentadas por dicha organización; así como la ausencia de rigurosidad en el proceso de verificación; facilitando la progresiva validación de los lotes de planillas de adherentes; incluyendo la aplicación retroactiva de normas favorables en dichos procedimientos; el establecimiento de procedimientos no contemplados técnicamente, tales como la “subsanación” de firmas que le permitió validar firmas ya descartadas por otro organismo electoral; la “reverificación” de lotes de firmas a los cuales un organismo electoral ya había ejecutado el proceso técnico (RENIEC); así como el no advertir la alta concentración de electores de una misma mesa de sufragio en las planillas de adherentes presentadas a verificación, y que por su tan alto grado de concentración resultaba evidente, y por ende irrazonable su no detección.
3. Se ha acreditado la existencia de una organización criminal que se habría dedicado al proceso sistemático, ordenado y planificado de falsificación de datos generales contenidos en las “Listas de Electores” y “Actas Electorales” (documento de origen); hacia las “Planillas de Adherentes” (documento de destino), de la organización política Agrupación Independiente Renovación - CODE; entre los años 1995 a 1999; y que fuera presentada por los ciudadanos José Barba Caballero y Aurístela Ana Obando Morgan a los organismos electorales (JNE, RENIEC y ONPE), con la pretensión de cumplir con el requisito de adjuntar a sus petición de inscripción electoral, un mínimo de 496,718 firmas de adherentes.
Votación: Aprobada por Mayoría
Voto en Contra: Congresista XAVIER BARRON CEBREROS
4. Se ha acreditado el accionar favorable de las autoridades de los organismos electorales del JNE y el Ministerio Público con la Agrupación Independiente Renovación - CODE; con el objeto de relativizar la existencia de abundantes indicios de falsificación de firmas presentadas por dicha organización; -tales como la alta concentración de electores de una misma mesa en un mismo lote de firmas-; no afectar el proceso de presentación de sucesivos lotes de firmas hasta lograr su inscripción electoral; ni reconocer la naturaleza penal de las conductas y hechos advertidos por las autoridades electorales.
11.2 CONCLUSIONES DE LOS TEMAS PENALES
Con respecto al señor Alejandro Toledo Manrique, se ha podido establecer lo siguiente:
La participación de Alejandro Toledo Manrique sería como co-autor del delito de Asociación Ilícita para Delinquir tipificado en el artículo 317º del Código Penal. Asimismo se ha podido determinar que sería co-autor mediato del delito Contra la Fe Pública tipificado en el artículo 427º del Código Penal.
Con respecto a Jacinta Margarita Toledo Manrique se ha podido establecer lo siguiente:
La participación de Jacinta Margarita Toledo Manrique sería co-autor del delito de Asociación Ilícita para Delinquir tipificado en el artículo 317º del Código Penal. Asimismo se ha podido determinar que sería co-autor mediato del delito Contra la Fe Pública tipificado en el artículo 427º del Código Penal.
Con respecto a Guillermo Suarez Flores, se ha podido establecer lo siguiente:
La participación de Guillermo Suarez Flores sería co-autor del delito de Asociación Ilícita para Delinquir tipificado en el artículo 317º del Código Penal. Asimismo se ha podido determinar que sería co-autor mediato del delito Contra la Fe Pública tipificado en el artículo 427º del Código Penal. Estos delitos habrían sido cometidos para la falsificación de firmas y su posterior inscripción.
Asimismo la participación de Guillermo Suarez Flores sería la de co-autor del delito de Asociación Ilícita para Delinquir tipificado en el artículo 317º del Código Penal. Asimismo se ha podido determinar que sería co-autor del Delito de Encubrimiento Personal tipificado en el artículo 404º del Código Penal. Del mismo modo, sería co-autor del delito de Fraude Procesal tipificado en el artículo 416º del Código Penal. Estos hechos habrían sido cometidos para la sustracción de la investigación de la señora Carmen Burga Cachay y para que se archive la investigación.
Con respecto a los ejecutores del delito Contra la Fe Pública, se ha podido establecer lo siguiente:
La participación de las siguientes personas presumiblemente como co-autores inmediatos:
Carmen Elizabeth Burga Cachay
Gladys Alvarez Gonzáles.
Maribel Vásquez Aquino.
María del Pilar Miranda Sánchez.
Gustavo Ernesto Salcedo Risco.
Iván Enrique Quiñones Arroyo.
Jorge Ceferino Bellido Pérez.
Roberto Carlos Toledo Vereau.
Nancy Beatriz Toledo Manrique.
Liz Maribel Ríos Yanamango.
Carmen Mercedes Fano Rengifo de Muñoz.
Walter Domingo Manrique Placido.
Manuel Teodoro Huapaya.
Hitler Goebbels Huamán Calderón.
La participación de las siguientes personas presumiblemente como Cómplices Primarios:
Amador Augusto Velásquez Quiñones.
Luis Victoriano Pinto Campos.
José Oscar Benavides Hinostroza.
Ernesto Víctor Hugo Portilla García.
José Víctor Laura Sebastián.
José William Ochoa Tuanama (Cómplices Primarios).
Supuestos colaboradores que facilitaron medios indispensables para la ejecución del presumiblemente plan delictivo, como el financiamiento o los planillones electorales utilizados en otros procesos electorales.
La participación de las siguientes personas presumiblemente como Cómplices Secundarios:
Vicente Hernulfo Pinedo Manrique.
César William Suarez Flores.
José Eduardo Villena Vela.
Carmen Rosa Velásquez Taboada.
Colaboradores que facilitaron los inmuebles donde se desarrolló la supuesta falsificación de firmas.
Con respecto a los co-autores del delito de Omisión de Actos Funcionales previsto y sancionado en el artículo 377º del Código Penal:
Pedro Pablo Torre Vásquez, entonces Director General de Migraciones y Naturalización.
Manuel Antonio Ayala Amaya, Director de Pasaportes
Juan Meza Vargas, técnico en Migraciones I, encargado de la verificación de los datos personales.
Alexis Padilla Díaz, encargado de pasaportes y de la verificación de datos personales.
Luis Alberto Sánchez Morello, encargado de la impresión de libros de pasaportes y verificación de datos consignados en formulario F-1.
Jorge Enrique Montoya Arenas, encargado de verificación de Formularios F-1.
Valentín Ayquipa Lupú, Ex Sub- Director de Pasaportes.
Con respecto a la participación de Diomedes Díaz Horna, se ha podido establecer lo siguiente:
La participación de Diomedes Díaz Horna sería autor del delito de Encubrimiento Real tipificado en el artículo 405º del Código Penal.
La participación del señor Jesús Alvarado Hidalgo seria la siguiente:
sería co-autor del delito de asociación ilícita para delinquir, conducta
tipificada en el artículo 317º del Código Penal. asimismo sería coautor
de encubrimiento personal, conducta tipificada en el articulo 404º del
Código Penal. Del mismo modo seria coautor del delito de fraude procesal, conducta tipificada en el artículo 416º del código penal vigente.
Votación: Desaprobada por Mayoría
Voto en Contra: Congresista EDGAR VILLANUEVA NUÑEZ.
Con respecto a la asociación ilícita formada para sustraer de la acción penal a Carmen Burga, conducta tipificada en el artículo 317º del Código Penal, a la de obtener el archivamiento de la denuncia presentada por Rafael Rey Rey y a que no aparezcan nuevas manifestaciones sobre la responsabilidad en la Falsificación de Firmas.
La participación de las siguientes personas presumiblemente como co -autores:
Freddy Otárola González
Julio Palomino Duarte
Fernando Manrique Quipusco
Dante Matos Lazo.
Con respecto a la sustracción de la persecución penal de Carmen Burga Cachay, se ha podido establecer lo siguiente:
La participación de las siguientes personas sería como co-autores del delito de Encubrimiento Personal tipificado en el artículo 404º del Código Penal:
Fredy Otárola Gonzáles
Peter William Menacho Flores.
Con respecto a la conducta de Francisco Villavicencio Cardenas, se ha podido establecer lo siguiente:
La participación de Francisco Villavicencio Cardenas sería autor del delito de Falsedad Ideológica tipificado en el artículo 428º del Código Penal.
La participación como instigadores de Falsedad Ideológica sería de:
Mario Sánchez Fernández.
Con respecto a la presentación ante la 52º Fiscalía Provincial Penal del vídeo y carta de Carmen Burga, se ha podido establecer lo siguiente:
La participación de las siguientes personas sería como coautores del delito de Fraude Procesal:
Fredy Otarola Gonzalez.
Julio Palomino Duarte.
Guillermo Suares Flores.
Carmen Burga Cachay.
Oscar Gutierrez Ulloa.
Karin Gutierrez Burga.
Con respecto al el entorpecimiento y obstrucción de la función de la comisión investigadora a cargo del señor Fernando Wilfredo Manrique Quipusco, se ha podido establecer lo siguiente:
La participación de Fernando Wilfredo Manrique Quipusco sería la de autor del delito tipificado en el artículo 369º del Código Penal..
11.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CONSTITUCIONALES
El Presidente de la República ha infringido el artículo 97º de la Constitución, desarrollado por el inciso 8) del artículo 88º del Reglamento del Congreso, al negarse a comparecer ante la Comisión Investigadora (violación de los principios de control y fiscalización).
La actitud del Presidente de la República frente a la Comisión Investigadora supone también violación del principio de división de poderes consagrado en el artículo 43º de la Constitución, ya que su negativa a comparecer y a declarar implica un entorpecimiento de las atribuciones y competencias del Parlamento (a investigar asuntos de interés público; a fiscalizar; el principio de control). El hecho descrito también supone una transgresión del sub-principio constitucional de cooperación, implícito en el principio de reparto de funciones, base y pilar para la realización del Estado Constitucional y democrático de Derecho, también consagrado en el artículo 43º de la Constitución.
Al negarse el Presidente de la República, en un inicio, a declarar y a ser investigado, transgrede el principio constitucional de responsabilidad, implícito en el de soberanía popular consagrado en el artículo 45º de la Constitución, ya que en todo Estado de Derecho, los funcionarios son responsables de sus actos y están sometidos al Derecho, debido a que el poder no emana de ellos sino del pueblo siendo el Parlamento su representante y el que articula su voluntad por medio de la ley.
La Comisión ha podido establecer que la salida del país de Carmen Burga Cachay y familia, así como el viaje efectuado posteriormente por otros familiares de ésta, se produjeron con la participación directa de autoridades de CORPAC (organismo dependiente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones), utilizándose el aparato del Estado para perpetrar estos hechos; habiendo intervenido el Presidente de CORPAC en ejercicio, Freddy Otárola y el director de CORPAC en ejercicio, Dante Matos; es decir, funcionarios de confianza del más alto nivel en el sector Transportes y Comunicaciones, lo que implica responsabilidad política del Ministro de ese portafolio por culpa in vigilando configurándose infracción constitucional por la que será oportunamente denunciado, solicitándose su inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por el plazo de 5 (cinco) años.
La Comisión ha podido establecer que la irregular expedición de pasaportes a Carmen Burga Cachay y familia, así como a Peter Willian Menacho Flores, se hizo con la participación de las autoridades de la DIGEMNIN (organismo dependiente del Ministerio del Interior) utilizándose el aparato del Estado para perpetrar estos hechos; habiendo intervenido el entonces Director General de Migraciones, Pedro Pablo Torre Vásquez y funcionarios de mayor nivel, bajo cuyas órdenes actuó; circunstancias éstas que configuran responsabilidad política para el Ministro del Interior por culpa in vigilando, configurándose infracción constitucional por la que debe ser denunciado, solicitándose su inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por el plazo de 5 (cinco) años.
La Comisión arriba a la conclusión que el Presidente de la República, dadas las especialísimas características de lo ocurrido (participación activa de altísimos funcionarios, incluyendo a un Ministro, Viceministro y Directores Generales), habría dado su aval político al operativo montado para facilitar la salida del país de la señora Carmen Burga Cachay lo cual, en valoración de la Comisión, constituye un grave demérito político y una clara obstrucción de la administración de justicia, situación que conlleva a la infracción del artículo 139 inciso 2) de la Constitución, ya que ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional, ni interferir en el ejercicio de sus funciones.
Todos estos hechos no pueden llevarse a cabo sino es con violación de la obligación presidencial de cumplir la Constitución y la ley. Por consiguiente, el Presidente de la República también habría infringido el artículo 118º inciso 1) de la Constitución.
La Comisión expresa su más enérgica protesta por la actitud del Presidente del Consejo de Ministros Carlos Ferrero Costa, quien a raíz de la primera reunión pactada con el Presidente de la República, que no llegó a realizarse, declaró en conferencia de prensa televisada en directo a todo el país, que "al Presidente no se le investiga" y que "el caso estaba cerrado", en abierto desafío al Congreso, del cual además forma parte y ha sido su presidente hasta en tres oportunidades, infringiendo a sabiendas lo dispuesto por el artículo 97º de la Constitución y el artículo 88º del Reglamento del Congreso que es ley de la República.
La Comisión expresa también su protesta por la actitud del referido Presidente del Consejo de Ministros, quien al momento de la concurrencia de los miembros de la Comisión a Palacio de Gobierno para tomarle su declaración al Presidente de la República, ordenó al personal de Palacio de Gobierno, que hiciera un cateo a los representantes del pueblo, requisándoseles los teléfonos celulares y agendas electrónicas, dándoles un trato vejatorio e indigno a su alta investidura al hacerlos sujetos de un secuestro electrónico y electromagnético; sin descartar, por lo demás, que hayan sido grabados y / o filmados por orden suya durante las sesiones.
En cuanto al Presidente de la República, todas estas infracciones a la Constitución constituyen faltas políticas que disminuyen en grado sumo la confianza depositada por el pueblo en su persona. Por estas motivaciones, la Comisión recomienda al Pleno del Congreso de la República la discusión y aprobación de la sanción que constitucionalmente corresponda, contra el señor Presidente de la República Alejandro Toledo Manrique.
En cuanto al Presidente del Consejo de Ministros, Carlos Ferrero Costa, y los Ministros de Estado en las carteras de Transportes y Comunicaciones y del Interior, José Ortiz Rivera y Javier Reátegui Rosello, respectivamente, la Comisión recomienda al pleno del Congreso entablar juicio político por infracciones a la Constitución, de conformidad con el procedimiento establecido en Reglamento del Congreso de la República.
Con los agregados de los Congresistas Edgar Villanueva, Xavier Barrón y Victor Velarde, que se incorporan como anexos.