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Timestamp: 2017-05-25 22:05:40
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Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 177', 'artículo 31', 'ARTÍCULO 177', 'artículo 31', 'ARTÍCULO 1', 'artículo 1', 'ARTÍCULO 41', 'artículo 67', 'artículo 41', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 2', 'artículo 31', 'ARTÍCULO 20', 'ARTÍCULO 22', 'artículo 20', 'artículo 22', 'ARTÍCULO 20', 'artículo 5', 'artículo 20', 'artículo 5', 'artículo 20', 'ARTÍCULO 20', 'ARTÍCULO 13', 'artículo 20', 'artículo 13', 'ARTÍCULO 20', 'artículo 20', 'artículo 73', 'artículo 31', 'artículo 9', 'artículo 21', 'artículo 9', 'ARTÍCULO 21', 'ARTÍCULO 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 22', 'artículo 146', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 146', 'artículo 20', 'artículo 323', 'Artículo 28', 'ARTÍCULO 404', 'ARTÍCULO 101', 'ARTÍCULO 101', 'ARTÍCULO 391', 'ARTÍCULO 15', 'ARTÍCULO 17', 'Artículo 18', 'ARTÍCULO 101', 'artículo 11', 'artículo 240', 'Artículo 156', 'ARTÍCULO 17', 'artículo 17', 'ARTÍCULO 21', 'Artículo 86', 'Artículo 28', 'Artículo 28']

DERECHO FISCAL - ABRIL 2012 Coordinación de Legislación y Jurisprudencia - PDF
DERECHO FISCAL - ABRIL 2012 Coordinación de Legislación y Jurisprudencia
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Catalina Castro Ojeda
1 TESIS AISLADA 2a. XXXVI/2012 (10a.) RENTA. LA TARIFA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 177 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, REFORMADA MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1o. DE OCTUBRE DE 2007, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2008 Y 2009). La indicada tarifa, estructurada con rangos determinados según el monto total de ingresos, una cuota fija y una tasa para aplicarse sobre el excedente del límite inferior, no transgrede el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que de su aplicación se advierte que es progresiva, pues la diferencia entre un rango y otro se compensa con la cuota fija establecida en la tabla sobre el excedente del límite inferior, con lo que se evita que el impuesto relativo se eleve desproporcionadamente. En ese tenor, el aumento en el parámetro de medición de la base gravable, que provoca un cambio de rango, al rebasar el límite superior y quedar comprendido en el siguiente, conduce a que a quien se beneficie con mayores ingresos tenga mayor carga tributaria, pues conforme aumenta el ingreso incrementa la alícuota a pagar, esto es, tal incremento en el impuesto a pagar no genera una proporción mayor a la que tiene lugar en el renglón inferior, por un aumento de la misma cuantía de la base gravable. Amparo en revisión 51/ Francisco Paulino Corpi Azcárate.- 29 de febrero de Cinco votos; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos.- Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.- Secretario: Juan José Ruiz Carreón. Amparo en revisión 74/ Alejandro López Floran y otros.- 7 de marzo de Cinco votos; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos.- Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos.- Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza. Amparo en revisión 124/ José Justino Calvario Flores.- 21 de marzo de Cinco votos; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos.- Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.- Secretaria: Erika Francesca Luce Carral. Tesis aislada aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del dieciocho de abril del dos mil doce.2 TESIS AISLADA 2a. XXXV/2012 (10a.) RENTA. LA TARIFA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 177 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, EN RELACIÓN CON LA DEL NUMERAL SEGUNDO, FRACCIÓN I, INCISO F), DEL DECRETO DE REFORMAS A DICHA LEY (DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL), PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 7 DE DICIEMBRE DE 2009, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2010, 2011 Y 2012). La indicada tarifa, estructurada con rangos determinados según el monto total de ingresos, una cuota fija y una tasa para aplicarse sobre el excedente del límite inferior, no transgrede el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que de su aplicación se advierte que es progresiva, pues la diferencia entre un rango y otro se compensa con la cuota fija establecida en la tabla sobre el excedente del límite inferior, con lo que se evita que el impuesto relativo se eleve desproporcionadamente. En ese tenor, el aumento en el parámetro de medición de la base gravable, que provoca un cambio de rango, al rebasar el límite superior y quedar comprendido en el siguiente, conduce a que a quien se beneficie con mayores ingresos tenga mayor carga tributaria, pues conforme aumenta el ingreso incrementa la alícuota a pagar, esto es, tal incremento en el impuesto a pagar no genera una proporción mayor a la que tiene lugar en el renglón inferior, por un aumento de la misma cuantía de la base gravable. Amparo en revisión 51/ Francisco Paulino Corpi Azcárate.- 29 de febrero de Cinco votos; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos.- Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.- Secretario: Juan José Ruiz Carreón. Amparo en revisión 74/ Alejandro López Floran y otros.- 7 de marzo de Cinco votos; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos.- Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos.- Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza.3 Amparo en revisión 124/ José Justino Calvario Flores.- 21 de marzo de Cinco votos; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos.- Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.- Secretaria: Erika Francesca Luce Carral. Tesis aislada aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del dieciocho de abril del dos mil doce. TESIS AISLADA 2a. XXXIV/2012 (10a.) DERECHOS HUMANOS. SU ESTUDIO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. CONSTITUCIONAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA NECESARIAMENTE QUE SE ACUDA A LOS PREVISTOS EN INSTRUMENTOS INTERNACIONALES, SI RESULTA SUFICIENTE LA PREVISIÓN QUE SOBRE ÉSTOS CONTENGA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Conforme a lo previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, en atención al principio pro persona, no resulta necesario considerar el contenido de tratados o instrumentos internacionales que formen parte de nuestro orden jurídico, si es suficiente la previsión que sobre los derechos humanos que se estiman vulnerados, dispone la Constitución General de la República y, por tanto, basta el estudio que se realice del precepto constitucional que lo prevea, para determinar la constitucionalidad o no, del acto que se reclama. Amparo en revisión 781/ María Monarca Lázaro y otra.- 14 de marzo de Cinco votos; votaron con salvedad José Fernando Franco González Salas y Sergio A. Valls Hernández.- Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.- Secretaria: Erika Francesca Luce Carral. Tesis aislada aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del dieciocho de abril del dos mil doce.4 TESIS AISLADA 2a. XXXII/2012 (10a.) MULTA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. EL HECHO DE QUE ESE NUMERAL NO ESTABLEZCA PLAZO LEGAL PARA SU IMPOSICIÓN O NOTIFICACIÓN, NI PARA QUE LA AUTORIDAD VALORE Y RESUELVA SOBRE LO PROPORCIONADO PARA DESAHOGAR UN REQUERIMIENTO POR DOCUMENTACIÓN OMITIDA, NO GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Si bien es cierto que dicho dispositivo no establece el plazo para la imposición o la notificación de la multa por la omisión de presentar documentos, declaraciones y avisos, también lo es que esto no afecta al gobernado, en tanto que la seguridad jurídica la aporta el artículo 67, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, al señalar que las facultades de la autoridad para imponer sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales se extinguen en el plazo de 5 años contados a partir de que se presentó o debió haberse presentado la declaración o el aviso correspondiente a una contribución que no se calcule por ejercicios, o a partir de que se causaron las contribuciones cuando no exista la obligación de pagarlas mediante declaración; de ahí que, en caso de que un contribuyente no presente dentro del plazo legal la declaración, avisos o documentos correspondientes, la autoridad tendrá el plazo de 5 años contados a partir de que se tuvo que presentar o a partir de que se causaron las contribuciones, para poder imponer la multa a que se refiere el artículo 41, fracción I, del indicado ordenamiento. Asimismo, no genera inseguridad jurídica el hecho de que este último precepto no establezca el plazo para que la autoridad valore, adminicule y resuelva en torno a la documentación e información que en su caso proporcione el contribuyente al desahogar el requerimiento por documentación omitida, porque tal situación no altera el plazo que aquélla tiene para que caduquen sus facultades para imponer la multa. Amparo directo en revisión 364/ Fabricaciones Ráfaga, S.C.- 7 de marzo de Cinco votos.- Ponente: Sergio A. Valls Hernández.- Secretaria: Miroslava de Fátima Alcayde Escalante. Tesis aislada aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del dieciocho de abril del dos mil doce.5 TESIS AISLADA XCII/2012 (10ª). IMPUESTOS DIRECTOS E INDIRECTOS. SUS DIFERENCIAS, A LA LUZ DE LA GARANTÍA DE EQUIDAD TRIBUTARIA. Para analizar la constitucionalidad de una norma tributaria, a la luz de la garantía de equidad tributaria consagrada en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario determinar si el impuesto es de carácter directo o indirecto. En el caso de los primeros, dicho análisis debe realizarse a partir de la comparación entre sujetos, es decir, cuando dos contribuyentes se ubican en diversas situaciones se verificará si el tratamiento diferenciado, otorgado por el legislador, es razonable y objetivo, para que no se dé una transgresión a la garantía referida; y para los segundos, su examen puede justificarse, no a partir de los sujetos pasivos de la relación tributaria, sino de la existencia de supuestos en los cuales el órgano de control constitucional pueda valorar la equidad de la ley, con el fin de cerciorarse de que el órgano legislativo esté cumpliendo con el mencionado principio; de manera que es válido excepcionalmente que el estudio de la equidad se haga en atención a los bienes sobre los que incide la tributación y no sobre los sujetos, ya que para cierto tipo de impuestos indirectos la vulneración a la garantía de equidad puede materializarse en la configuración del hecho imponible, por medio de una discriminación a determinados productos o actividades sobre las que el legislador puede incidir y dejar fuera de la tributación a otros, que por sus características sean muy similares o inclusive idénticos, pero que por virtud de la configuración del tributo queden exentos de su pago o, en algunos casos, fuera del supuesto de sujeción. Amparo en revisión 812/2011. **********. 22 de febrero de Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Carlos Enrique Mendoza Ponce. Amparo en revisión 18/2012. **********. 22 de febrero de Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Carlos Enrique Mendoza Ponce.6 LICENCIADO HERIBERTO PÉREZ REYES, SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, C E R T I F I C A: Que el rubro y texto de la anterior tesis aislada fueron aprobados por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión privada de veinticinco de abril de dos mil doce. México, Distrito Federal, veintiséis de abril de dos mil doce. Doy fe. En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II y 20, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión Pública se suprimen los datos personales. TESIS AISLADA XCIII/2012 (10ª). EXENCIÓN Y NO SUJECIÓN TRIBUTARIAS. REQUISITOS PARA SU ANÁLISIS A LA LUZ DE LA GARANTÍA DE EQUIDAD TRIBUTARIA. En atención a que el legislador puede dar un trato diferenciado en normas tributarias por medio de las figuras de exención y no sujeción, es necesario que el juzgador al realizar el correspondiente estudio de equidad, identifique la hipótesis en que se encuentra, ya que la primera es relativamente fácil de examinar, en virtud de que el órgano legislativo expresamente crea una exención, es decir, en la propia ley beneficia a un determinado sector o actividad, pero para analizar un caso de no sujeción, debe acreditarse la existencia de ese supuesto; así, no basta la simple afirmación de la quejosa para ello, sino que se requiere que, a través de algún medio, se demuestre la no sujeción, a fin de que el órgano jurisdiccional analice la constitucionalidad de la norma a la luz de la garantía de equidad tributaria prevista en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Amparo en revisión 812/2011. **********. 22 de febrero de Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Carlos Enrique Mendoza Ponce. Amparo en revisión 18/2012. **********. 22 de febrero de Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Carlos Enrique Mendoza Ponce. LICENCIADO HERIBERTO PÉREZ REYES, SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, C E R T I F I C A: Que el rubro y texto de la anterior tesis aislada fueron aprobados por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión privada de veinticinco de abril de dos mil doce. México, Distrito Federal, veintiséis de abril de dos mil doce. Doy fe.7 En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II y 20, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión Pública se suprimen los datos personales. TESIS AISLADA XCIV/2012 (10ª). EQUIDAD TRIBUTARIA. PARA EL ESTUDIO CONSTITUCIONAL DE UNA NORMA A LA LUZ DE ESTA GARANTÍA ES NECESARIO QUE LOS SUPUESTOS DE LA COMPARACIÓN SEAN HOMOGÉNEOS A LOS DE LA NORMA IMPUGNADA (DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2010). Los agravios encaminados a tildar de inequitativo un impuesto indirecto, como lo es el impuesto especial sobre producción y servicios a que se refiere el citado Decreto, por considerar que otorga un trato diferenciado a las actividades relacionadas con determinados productos, son inoperantes si no se demuestra que con los que éstos se comparan son de características similares, en atención a la compleja configuración del hecho imponible previsto en el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Sin embargo, esto no implica que en la medida en la que el legislador establezca supuestos para la configuración de la norma, conlleve a que, bajo la óptica de la garantía de equidad tributaria contenida en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sea imposible su estudio constitucional, sino que será necesario, en primera instancia, que los elementos que se comparen pertenezcan a un grupo homogéneo, pues advertida esta situación, el juzgador estará en aptitud de verificar si la existencia del elemento diferenciador no guarda congruencia con la norma, o bien, que el mismo presente una duda razonable para su introducción. Es decir, el control de constitucionalidad debe realizarse cuando se esté en posibilidad de verificar circunstancias comparables, a fin de cerciorarse de que el elemento introducido por el órgano legislativo es razonable y objetivo para la configuración del tributo. Amparo en revisión 812/2011. **********. 22 de febrero de Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Carlos Enrique Mendoza Ponce.8 Amparo en revisión 18/2012. **********. 22 de febrero de Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Carlos Enrique Mendoza Ponce. LICENCIADO HERIBERTO PÉREZ REYES, SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, C E R T I F I C A: Que el rubro y texto de la anterior tesis aislada fueron aprobados por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión privada de veinticinco de abril de dos mil doce. México, Distrito Federal, veintiséis de abril de dos mil doce. Doy fe. En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II y 20, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión Pública se suprimen los datos personales. MSN/rfr. TESIS AISLADA LXXXIX/2012 (10ª). JUEGOS CON APUESTAS Y SORTEOS. LA CLAUSURA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS NO ES UNA SANCIÓN EXCESIVA NI DESPROPORCIONAL Y, POR TANTO, NO VIOLA EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL. El citado artículo 20, párrafo segundo, que prevé la clausura del establecimiento por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones en él establecidas, no contiene una sanción excesiva ni desproporcional de las proscritas por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se considera que existe proporción y razonabilidad suficiente entre la magnitud de la infracción cometida y la gravedad de la sanción, dado que se impone por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones formales que prevé el aludido numeral, las cuales tienen como fin permitir al fisco verificar que el impuesto enterado por la celebración de juegos con apuestas y sorteos se haya determinado correctamente, por lo que es evidente que al imponerla, se atiende al daño causado al bien jurídico protegido, ya que si los contribuyentes que, en forma habitual y en establecimientos fijos, se dedican a la mencionada actividad no cumplen con el deber formal de instrumentar los sistemas de cómputo o no los hacen funcionar adecuadamente, no podrán proporcionar al Servicio de Administración Tributaria, en forma permanente, la información en línea y en tiempo real de los sistemas en los que se registren todas las transacciones efectuadas, y obviamente dicho órgano desconcentrado se encontrará impedido para ejercer el control recaudatorio, al desconocer el monto de las cantidades efectivamente percibidas de los participantes en esas actividades. Así, se encuentra plenamente justificada la sanción consistente en la clausura de 1 a 2 meses del establecimiento o9 establecimientos donde el contribuyente infractor realice sus actividades, en virtud de que resulta conveniente e incluso obligado, que la autoridad fiscal cuente con la información de todas las transacciones y recursos dinerarios que se manejen en ese tipo de negociaciones, habida cuenta que si bien la sanción en cita implica afectar por un determinado periodo el derecho de posesión que el gobernado ejerce sobre el bien relativo y la actividad que desarrolla en dicho lugar, lo cierto es que esa situación es imputable única y exclusivamente a su conducta contumaz de no implementar los sistemas mencionados, máxime que los posibles perjuicios que pudiera resentir guardan proporción con la afectación al bien jurídico que se pretende proteger, consistente en que la autoridad hacendaria cuente con los datos suficientes para verificar el correcto entero del impuesto, además de que la medida sancionatoria es idónea para los fines pretendidos, dado que por la propia naturaleza de los establecimientos de juegos con apuestas y sorteos, la mayoría de las transacciones se realizan por medio de dinero en efectivo y, por tanto, de no implementarse los sistemas de cómputo a que se refiere el citado numeral, la autoridad no podría ejercer un debido control recaudatorio. Amparo en revisión 735/2011. **********. 11 de enero de Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Dolores Rueda Aguilar. LICENCIADO HERIBERTO PÉREZ REYES, SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, C E R T I F I C A: Que el rubro y texto de la anterior tesis aislada fueron aprobados por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión privada de veinticinco de abril de dos mil doce. México, Distrito Federal, veintiséis de abril de dos mil doce. Doy fe. En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II y 20, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión Pública se suprimen los datos personales.10 TESIS AISLADA LXXXVIII/2012 (10ª). JUEGOS CON APUESTAS Y SORTEOS. EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS NO VIOLA LA GARANTÍA DE LIBERTAD DE COMERCIO. La libertad de trabajo o comercio prevista en el artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no es irrestricta, en virtud de que puede estar sujeta a condiciones justificadas, es decir, la libertad de ejercer la actividad comercial que se tenga autorizada está condicionada a cumplir con los requisitos legales. En este tenor, el artículo 20 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, al imponer la obligación formal a los contribuyentes que habitualmente realicen juegos con apuestas y sorteos en establecimientos fijos, de proporcionar información en forma permanente, en línea y en tiempo real de las operaciones y registros de la empresa en sus sistemas centrales de juegos con apuestas, así como de caja y control de efectivo, mediante sistemas de cómputo, está justificada razonablemente, porque con ella se pretende vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales sustantivas a fin de mejorar la eficiencia recaudatoria del impuesto, lo cual no impide el desarrollo normal de dicha actividad lícita, pues para implementarla se tomó en cuenta que los contribuyentes que prestan los servicios de juegos y sorteos utilizan tecnología tanto para su prestación, como para el control y operación del negocio, por lo que tal obligación no impide ejercer su actividad y, por tanto, no viola la garantía de libertad de comercio prevista en el referido artículo 5o. constitucional. Ahora bien, el hecho de que el indicado artículo 20 establezca que el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones en él contenidas, se sancionará con la clausura del o los establecimientos donde se realicen las actividades, por 1 o 2 meses, no implica una restricción a dicha libertad, pues como ya se estableció, ésta no es irrestricta ni ilimitada, sino que puede condicionarse y, en este caso, está sujeta a cumplir con el requisito mencionado. Amparo en revisión 735/2011. **********. 11 de enero de Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Dolores Rueda Aguilar. LICENCIADO HERIBERTO PÉREZ REYES, SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, C E R T I F I C A: Que el rubro y texto de la anterior tesis aislada fueron aprobados por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión privada de veinticinco de abril de dos mil doce. México, Distrito Federal, veintiséis de abril de dos mil doce. Doy fe.11 En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II y 20, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión Pública se suprimen los datos personales. TESIS AISLADA LXXXVI/2012 (10ª). JUEGOS CON APUESTAS Y SORTEOS. EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS NO ES UNA LEY PRIVATIVA Y, POR TANTO, NO VIOLA EL ARTÍCULO 13 CONSTITUCIONAL. El artículo 20 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, al establecer una obligación formal para los contribuyentes que habitualmente realizan juegos con apuestas y sorteos en establecimientos fijos, no constituye una ley privativa, pues no menoscaba o suprime un derecho incorporado en la esfera jurídica de los gobernados, sino que sólo se trata de un medio de control impuesto a los mencionados contribuyentes, obligándolos a proporcionar, mediante la tecnología electrónica y sistemas de cómputo que utilizan en su actividad, información en línea y en tiempo real de las operaciones y registros de sus sistemas centrales de juegos con apuestas y sorteos, así como de caja y control de efectivo, para que la autoridad fiscal conozca directa e inmediatamente los ingresos obtenidos por esta actividad, y así contar con los datos para verificar que el impuesto enterado se determine correctamente. De ahí que como el precepto legal no menciona individualmente a una o varias personas, ni dispone que la obligación desaparezca una vez aplicada al caso concreto, sino que se refiere a todos los contribuyentes que realicen dicha actividad, es decir, rige a quienes se colocan en esa condición, resulta evidente que cumple con los principios de generalidad, abstracción e impersonalidad de la ley y, por tanto, no viola el artículo 13 constitucional. Amparo en revisión 735/2011. Exciting **********. 11 de enero de Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Dolores Rueda Aguilar. LICENCIADO HERIBERTO PÉREZ REYES, SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, C E R T I F I C A: Que el rubro y texto de la anterior tesis aislada fueron aprobados por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión privada de veinticinco de abril de dos mil doce. México, Distrito Federal, veintiséis de abril de dos mil doce. Doy fe.12 En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II y 20, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión Pública se suprimen los datos personales. TESIS AISLADA LXXXVII/2012 (10ª). JUEGOS CON APUESTAS Y SORTEOS. EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS GENERALES SOBRE REGLAS APLICABLES A AQUELLOS (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2010). De la lectura del artículo 20, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se advierte que establece los lineamientos generales de las reglas que habrá de emitir la autoridad hacendaria (Servicio de Administración Tributaria), pues éstas deberán versar únicamente respecto de las características técnicas, de seguridad y requerimientos de información que deberá tener el sistema de cómputo a que alude el numeral citado, a efecto de facilitar a los organizadores de juegos con apuestas la aplicación de la norma, aunado a que dicha actividad administrativa se encuentra sometida al control de las garantías de fundamentación y motivación. Ahora bien, la facultad conferida al Servicio de Administración Tributaria para emitir reglas de carácter general, no es violatoria de las garantías de seguridad jurídica y legalidad ni, de la fracción VII, del artículo 73 constitucional, toda vez que tal facultad proviene del Congreso de la Unión, es decir, de una autoridad competente para emitir ese tipo de actos. Amparo en revisión 735/2011. **********. 11 de enero de Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Dolores Rueda Aguilar.13 LICENCIADO HERIBERTO PÉREZ REYES, SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, C E R T I F I C A: Que el rubro y texto de la anterior tesis aislada fueron aprobados por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión privada de veinticinco de abril de dos mil doce. México, Distrito Federal, veintiséis de abril de dos mil doce. Doy fe. En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II y 20, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión Pública se suprimen los datos personales. MSN/jel. TESIS AISLADA LXXXIV/2012 (10ª). VALOR AGREGADO. LOS ARTÍCULOS 9o., FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO Y 21-A DE SU REGLAMENTO, VIGENTES HASTA EL 4 DE DICIEMBRE DE 2006, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. Los citados preceptos no violan el principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues si bien es cierto que la enajenación de construcciones destinadas a casa habitación en que se provea mano de obra y materiales tienen la misma finalidad que la venta de construcciones para vivienda en que no se suministren los citados servicios, con igual fin o destino y, no obstante ello, en el precepto reglamentario citado se excluye a las segundas de la exención instituida en el artículo 9o., fracción II, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, también lo es que dicha característica es determinante para considerar que no están en igualdad de condiciones, circunstancias o actividades, ya que la enajenación primeramente citada reúne los dos requisitos (otorgan mano de obra e insumos) que la otra no cumple. Así, las actividades y condiciones en que se realizan y enajenan tales construcciones son diversas, como distintas son las circunstancias de ambos casos, razón por la cual se justifica un trato distinto. De manera que a partir de tal distinción y en atención a que el artículo 21-A del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigente hasta el 4 de diciembre de 2006, no es autónomo e independiente, sino que su emisión derivó del citado artículo 9o., fracción II, en donde se instituyó la exención reglamentada, la cual tuvo como fin incentivar la construcción de casa habitación para resolver el problema de escasez de vivienda.14 Amparo directo en revisión 135/2012. **********. 7 de marzo de Mayoría de cuatro votos. Disidente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Dolores Rueda Aguilar. LICENCIADO HERIBERTO PÉREZ REYES, SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, C E R T I F I C A: Que el rubro y texto de la anterior tesis aislada fueron aprobados por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión privada de dieciocho de abril de dos mil doce. México, Distrito Federal, diecinueve de abril de dos mil doce. Doy fe. En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II y 20, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión Pública se suprimen los datos personales. TESIS AISLADA LXXXIII/2012 (10ª). VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 21-A DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE HASTA EL 4 DE DICIEMBRE DE 2006, COMPLEMENTA Y DETALLA LA EXENCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 9o., FRACCIÓN II, DE DICHA LEY. El citado precepto reglamentario, al establecer que la prestación de los servicios de construcción de inmuebles destinados a casa habitación, la ampliación de ésta, así como la instalación de casas prefabricadas utilizadas para ese fin, se considerarán comprendidas dentro de la exención prevista por la fracción II del artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, siempre y cuando el prestador del servicio proporcione la mano de obra y materiales, complementa y detalla dicha exención, lo que hace posible su exacta observancia en la esfera administrativa, de forma que el contribuyente conoce con certeza los actos o servicios que no están exentos del pago de tributo, razón por la que, en conjunción con el citado artículo 9o., se consideran una unidad normativa liberatoria del tributo y, en esa medida, la prestación de dichos servicios debe seguir la misma suerte. Así, tal exención únicamente opera en caso de que converjan dos requisitos, esto es, que la actividad se desarrolle integralmente, en tanto que el contribuyente debe realizar los actos de enajenación de bienes destinados a casa habitación y, en forma conexa, prestar mano de obra y materiales. Amparo directo en revisión 135/2012. **********. 7 de marzo de Mayoría de cuatro votos. Disidente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Dolores Rueda Aguilar.15 LICENCIADO HERIBERTO PÉREZ REYES, SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, C E R T I F I C A: Que el rubro y texto de la anterior tesis aislada fueron aprobados por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión privada de dieciocho de abril de dos mil doce. México, Distrito Federal, diecinueve de abril de dos mil doce. Doy fe. En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II y 20, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión Pública se suprimen los datos personales. TESIS AISLADA LXXXII/2012 (10ª). VALOR AGREGADO. LA EXENCIÓN EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 9o., FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO Y 21-A DE SU REGLAMENTO, VIGENTE HASTA EL 4 DE DICIEMBRE DE 2006, NO EXIME DE LA ACEPTACIÓN EN EL TRASLADO DEL MISMO. El hecho de que los citados preceptos establezcan que no se pagará el impuesto al valor agregado en la enajenación de bienes destinados a casa habitación ni por la prestación de servicios para la construcción de esos bienes, siempre y cuando el prestador del servicio proporcione la mano de obra y materiales, no debe entenderse en el sentido de que también se les exime de aceptar el traslado del tributo, habida cuenta que la exención opera siempre y cuando se cumplan los dos requisitos, al realizar los actos de enajenación de bienes destinados a casa habitación (prestar mano de obra y materiales), mas no por la contratación de servicios para la construcción. Amparo directo en revisión 135/2012. **********. 7 de marzo de Mayoría de cuatro votos. Disidente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Dolores Rueda Aguilar. LICENCIADO HERIBERTO PÉREZ REYES, SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, C E R T I F I C A: Que el rubro y texto de la anterior tesis aislada fueron aprobados por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión privada de dieciocho de abril de dos mil doce. México, Distrito Federal, diecinueve de abril de dos mil doce. Doy fe.16 En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II y 20, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión Pública se suprimen los datos personales. TESIS AISLADA LXXXI/2012 (10ª). CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN AMPARO DIRECTO. LO SON AQUELLOS QUE SE DIRIGEN A IMPUGNAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 9o., FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y 21-A DE SU REGLAMENTO, SI EN EL RECURSO DE REVISIÓN FISCAL EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DETERMINÓ QUE LA QUEJOSA NO SE ENCUENTRA EN LA HIPÓTESIS DE EXENCIÓN DEL PAGO DE IMPUESTOS PREVISTA EN DICHOS NUMERALES. Si al resolver un recurso de revisión fiscal el tribunal colegiado de circuito determinó que la quejosa no se encuentra en la hipótesis de exención del pago de impuesto por la enajenación de construcciones destinadas o utilizadas para casa habitación, prevista en los artículos 9o.,fracción II, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 21-A de su Reglamento, vigente hasta el 4 de diciembre de 2006, entonces aquélla está imposibilitada para controvertir tales preceptos en el amparo directo aduciendo violación a las garantías de legalidad y seguridad jurídica, porque con anterioridad ya se estableció que no se ubica dentro de la referida hipótesis. Lo anterior es así, toda vez que los tribunales colegiados de circuito ejercen una función de control de la legalidad, esto es, las consideraciones adoptadas en las resoluciones relativas son firmes y definitivas; de ahí que resultan inoperantes los conceptos de violación encaminados a impugnar la constitucionalidad de tales preceptos, cuando previamente existió un pronunciamiento de legalidad, específicamente en el sentido de que no se actualiza la referida hipótesis de exención. En este tenor, la circunstancia de que la quejosa pueda impugnar en amparo directo los preceptos que estime transgresores de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no conlleva a que pueda hacerlo bajo el argumento de que le crean incertidumbre jurídica, porque ello daría pie a un sinnúmero de interpretaciones en el sentido de si se ubica o no dentro de sus hipótesis de exención, cuando ya anteriormente, al resolver en materia de legalidad, se estableció que no lo estaba, además, porque en dicha materia los tribunales colegiados de circuito son órganos terminales. Amparo directo en revisión 135/2012. **********. 7 de marzo de Mayoría de cuatro votos. Disidente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Dolores Rueda Aguilar.17 LICENCIADO HERIBERTO PÉREZ REYES, SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, C E R T I F I C A: Que el rubro y texto de la anterior tesis aislada fueron aprobados por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión privada de dieciocho de abril de dos mil doce. México, Distrito Federal, diecinueve de abril de dos mil doce. Doy fe. En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II y 20, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión Pública se suprimen los datos personales. TESIS AISLADA LXXX/2012 (10ª). DEVOLUCIÓN DE CANTIDADES PAGADAS INDEBIDAMENTE. LA SOLICITUD PRESENTADA ANTE AUTORIDAD INCOMPETENTE NO ES UNA GESTIÓN DE COBRO QUE INTERRUMPA EL TÉRMINO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE LOS CRÉDITOS FISCALES. La solicitud de devolución de cantidades pagadas indebidamente por grandes contribuyentes, debe presentarse ante la autoridad fiscal competente a que se refiere el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, que para el caso, conforme al Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, es la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria; razón por la que tal solicitud no puede presentarse ante el órgano que actúa como auxiliar en la recaudación denominado Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), y considerarse como una gestión de cobro; de ahí que la solicitud así presentada no interrumpe el término para que opere la prescripción previsto en el artículo 146 de dicho código. Por lo anterior, para obtener la interrupción del término referido, es imprescindible presentar dicha solicitud ante la autoridad fiscal correspondiente, es decir, ante la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria y no ante la autoridad que recibió las cantidades pagadas indebidamente. Amparo directo en revisión 2891/2011. **********. 1o. de febrero de Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Dolores Rueda Aguilar. LICENCIADO HERIBERTO PÉREZ REYES, SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, C E R T I F I C A: Que el rubro y texto de la anterior tesis aislada fueron aprobados por la18 Primera Sala de este alto tribunal, en sesión privada de dieciocho de abril de dos mil doce. México, Distrito Federal, diecinueve de abril de dos mil doce. Doy fe. En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II y 20, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión Pública se suprimen los datos personales. TESIS AISLADA LXXVIII/2012 (10ª). DEVOLUCIÓN DE CANTIDADES PAGADAS INDEBIDAMENTE POR GRANDES CONTRIBUYENTES. LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ES LA AUTORIDAD FISCAL COMPETENTE PARA TRAMITAR Y RESOLVER LAS SOLICITUDES RELATIVAS. Para determinar cuál es la autoridad fiscal competente ante la que deberá presentarse la solicitud de devolución de cantidades pagadas indebidamente al fisco federal a que se refiere el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, debe atenderse a los artículos 1o., 7o., fracción I y 8o. de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, así como, 2o. y 20 de su Reglamento Interior, conforme a los cuales la autoridad encargada de realizar las devoluciones a grandes contribuyentes es el Servicio de Administración Tributaria, órgano que para el despacho de sus asuntos tiene diversas unidades administrativas, entre ellas, la Administración General de Grandes Contribuyentes, quien es la autoridad competente para dar respuesta a las referidas solicitudes. Esto es, la competencia para tramitar solicitudes de devolución de cantidades pagadas indebidamente al fisco federal recae en el Servicio de Administración Tributaria a través de sus unidades administrativas, por lo que ante éstas deben presentarse dichas solicitudes. Amparo directo en revisión 2891/2011. **********. 1o. de febrero de Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Dolores Rueda Aguilar. LICENCIADO HERIBERTO PÉREZ REYES, SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, C E R T I F I C A: Que el rubro y texto de la anterior tesis aislada fueron aprobados por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión privada de dieciocho de abril de dos mil doce. México, Distrito Federal, diecinueve de abril de dos mil doce. Doy fe.19 En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II y 20, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión Pública se suprimen los datos personales. TESIS AISLADA LXXVII/2012 (10ª). DEVOLUCIÓN DE CANTIDADES PAGADAS INDEBIDAMENTE. PROCEDIMIENTO Y PLAZO PARA LA PRESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD RELATIVA, CONFORME A LOS ARTÍCULOS 22 Y 146 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2004). Del artículo 22 del código citado, se advierte que sólo las autoridades fiscales tienen la obligación de devolver las cantidades pagadas indebidamente, así como las que procedan acorde con las leyes fiscales; y, que la solicitud de devolución debe contener los datos necesarios para realizarla y presentarse ante la autoridad fiscal competente, la cual deberá efectuarse en un plazo de 40 días, o tratándose de personas morales que dictaminan sus estados financieros, el plazo de entrega de la devolución será de 25 días. De lo anterior se sigue que la solicitud de devolución de las cantidades pagadas indebidamente debe presentarse ante la autoridad fiscal y que la obligación de devolverlas prescribe en los mismos términos que el crédito fiscal. Ahora bien, el citado artículo 146 establece que el crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de 5 años, ya sea a favor del contribuyente o de la autoridad, el cual inicia a partir de la fecha en que legalmente pudo haberse exigido y se interrumpe con cada gestión de cobro que se notifique al deudor, o que éste reconozca expresa o tácitamente la existencia del crédito. De lo anterior se concluye que los artículos referidos establecen la obligación de las autoridades fiscales de devolver las cantidades pagadas indebidamente; el procedimiento que deberán seguir para su devolución (la solicitud deberá ser presentada con todos los datos ante la autoridad fiscal competente); el plazo para la prescripción del derecho del contribuyente y la forma en que se interrumpe éste. Amparo directo en revisión 2891/2011. **********. 1o. de febrero de Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Dolores Rueda Aguilar. LICENCIADO HERIBERTO PÉREZ REYES, SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, C E R T I F I C A: Que el rubro y texto de la anterior tesis aislada fueron aprobados por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión privada de dieciocho de abril de dos mil doce. México, Distrito Federal, diecinueve de abril de dos mil doce. Doy fe.20 En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II y 20, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión Pública se suprimen los datos personales. TESIS AISLADA LXXVI/2012 (10ª). RENTA. EL ARTÍCULO SEGUNDO, FRACCIÓN I, INCISO F), DE LAS DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DEL DECRETO DE REFORMAS A LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 7 DE DICIEMBRE DE 2009, EN RELACIÓN CON EL NUMERAL 177 DE DICHO ORDENAMIENTO, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD. El hecho de que el legislador haya establecido en la mecánica de la tarifa para calcular el impuesto contenido en el indicado artículo segundo, fracción I, inciso f), una configuración donde al pasar de un rango a otro disminuye el impuesto a pagar, no la vuelve desproporcional, ya que en algunos casos, quienes perciben ingresos por arriba del límite inferior pueden tributar por debajo de los del rango que les antecede además, porque la diferencia que surge es insignificante, pues cuando el cálculo se maneja con los límites exactos que establece la tarifa la diferencia entre uno y otro es de un centavo. Esto es, la configuración que el legislador plasmó en la citada tarifa presenta ciertas inconsistencias pero en rango de centavos, lo cual no se materializa a nivel de cantidades mayores a los rangos que establece la tarifa. Lo anterior, no puede llegar al extremo de que por existir inconsistencias a nivel de centavos se genere una desproporcionalidad en la tarifa del impuesto sobre la renta, pues esta diferencia, al incrementarse la base, desaparece y corrige dicha inconsistencia. Ahora bien, si se considera lo que ha resuelto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que la desproporcionalidad debe plasmarse en la tasa real efectiva, entonces tal diferencia se diluye, ya que al ser al nivel de centésimos es imperceptible para efectos de la obtención de la tributación real efectiva, lo cual es el parámetro de referencia para el análisis de proporcionalidad del impuesto. Así, para determinar el impuesto a pagar, la cuota o tasa fija se suma a la cantidad que resulte después de multiplicar por el porcentaje que le corresponde al excedente del límite inferior, con lo cual, si bien en algunos casos cuando se aplica sobre las cantidades marginales puede existir una diferencia menor en el impuesto que resulte, ésta es tan insignificante (por centavos) que, al efectuarse el pago, conforme al párrafo décimo del artículo 20 del Código Fiscal de la Federación, el monto se ajusta o redondea, según el caso, a la unidad inmediata anterior o posterior, por lo que no Mostrar más
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