Source: https://es.scribd.com/document/127275137/Parada-Gamez-Guillermo-Alexander-Jurisprudencia-nuevo-proceso-civil-y-mercantil
Timestamp: 2017-11-24 07:46:08
Document Index: 114427787

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 11', 'artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 4', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 2', 'artículo 878', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 1692', 'artículo 11', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 4']

JURISPRUDENCIA RELACIONADA DR.
GUILLERMO ALEXANDER PARADA GÁMEZ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EL NUEVO PROCESO CIVIL El presente documento contiene una sumatoria de resoluciones de origen español que de algún modo se encuentran vinculados con diversos artículos del nuevo Código Procesal Civil y Mercantil salvadoreño (CPCM). Evidentemente no se trata de calcar tales proveídos, pero si considero que nos pueden servir de guía al momento de interpretar determinadas instituciones no muy claras del referido Código. Espero ampliar su contenido para que en el futuro pueda servirnos a los operadores jurídicos, ya para entender, ya para aplicar unas y otras disposiciones, sobre todo considerando que existe una buena parte del articulado de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española (LEC) que en El Salvador fueron retomadas por la comisión redactora de nuestro Código. JURISPRUDENCIA NUEVO PROCESO CIVIL 0001 STS de 8 noviembre 1994 «SEXTO.-En efecto, aunque la Ley de Enjuiciamiento Civil no reconozca de modo expreso la posibilidad de las acciones merodeclarativas, tanto la doctrina como las jurisprudencia admiten el ejercicio de estas “acciones” y de hecho no son infrecuentes en la práctica, en especial, en el campo de los derechos reales. Este tipo de pretensiones no intentan la condena del adversario sino que se declare por medio de sentencia la existencia de una determinada relación de derecho puesta en duda o discutida; no buscan, por ello, la obtención actual del cumplimiento coercitivo del derecho, sino la puesta en claro del mismo. No obstante su ámbito es restringido pues de la acción declarativa sólo puede valerse quien tiene necesidad especial para ello: debe existir la duda o controversia y una necesidad actual de tutela de manera que el interés del demandante desaparece si no hay inseguridad jurídica (como acontece en el caso) la parte contraria no se opone al derecho (como también ocurre en el caso, ya que los demandados no niegan la eficacia de la donación, más que en cuanto los perjudicaba como medio de denegación de la prórroga contractual, situación resuelta por sentencias firmes y por tanto segura desde la perspectiva del ordenamiento).» 0002 STS 5 junio 1998. SEXTO.-El examen que, en el orden jurídico impone la realidad de los hechos descritos se traduce en aparentar la continuidad regular de la constituida relación jurídico procesal “inter partes”, mediante silencio culpable, con la finalidad de eludir la sucesión procesal del fallecido o bien el abandono de la acción por sus herederos. Otro tanto puede decirse de la falta de comunicación de la extinción sobrevenida de la persona jurídica, con todas sus consecuencias legales.
se comprenderá la falta de fundamento del motivo estudiado. GUILLERMO ALEXANDER PARADA GÁMEZ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Con ello se incurre en un fraude de ley. en cuanto masa o comunidad de interesados. 901 del CC) o exista administrador —SS. puede figurar como término subjetivo de la relación jurídica-procesal y por lo tanto ocupar la posición de demandada. indebidamente como partes a quienes no lo son. si además. Y.008 y 1. ha sido modificado por la Ley 20/1990. dicho precepto no aparece derogado expresamente. y. no tiene nada que ver con las sociedades anónimas laborales. 1.4 del Código Civil. más concretamente en un fraude procesal. ya que de su artículo 4 se desprende claramente que la personalidad de este tipo de sociedades se adquiere desde la inscripción en el Registro Administrativo. puesto que bajo la norma general que previene la continuidad del proceso y la “perpetuación” de las partes y sus circunstancias. que establecía que es necesaria la inscripción en el Registro Mercantil de tales sociedades para tener personalidad jurídica y que no era suficiente para gozar de esta situación la mera inscripción de la sociedad anónima laboral en el Registro “ad hoc” del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social —Registro Administrativo—. y su artículo 4º habla de un Censo Nacional de Entidades Jurídicas. sigue la parte recurrente. en relación con el caudal hereditario. en la disposición final de la Ley 20/1990. según señalo la sentencia de 21 junio 1943. desde el instante mismo que dicha Ley 20/1990. lo que conlleva la necesidad de la citación edictal de los desconocidos herederos. 2 . artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial)». a no ser que la representación de aquélla haya sido otorgada al albacea por el testador (art. a la que.JURISPRUDENCIA RELACIONADA DR.» 0004 STS 28/6/1999 (RJA 4568) «La parte recurrente parte de la siguiente base. sin ser verdadera persona jurídica. que el artículo 4 de la Ley de Sociedades Anónimas Laborales de 25 de abril de 1986. Pues bien. como acontece en los supuestos contemplados por los arts. ya que es una norma que regula el sistema fiscal de las cooperativas. por tanto. un resultado contrario al orden jurídico mediante la ocultación de unos hechos que hubieran generado de ser puestos en conocimiento del órgano jurisdiccional diferentes consecuencias procesales (artículo 6.020 y 1. la herencia en situación de yacente. 0003 STS 20 septiembre 1982 (RJA 4920) «CONSIDERANDO: Que según criterio generalmente seguido en la práctica y aceptado por la doctrina y la Jurisprudencia como adecuada solución a los problemas que plantea. 9 febrero 1970 y 14 mayo 1971—. Pues bien este mencionado precepto. se consigue mantener. dicha hipótesis no tiene fundamento alguno. 1. se otorga transitoriamente y para fines limitados una consideración unitaria. sin que su entrada en vigor se oponga para nada en la vigencia del también artículo 4 de la Ley de Sociedades Anónimas Laborales de 1986. de 19 de diciembre.098 de la LEC). y.026 de dicho Cuerpo legal o se haya promovido juicio sucesorio (arts.
carece absolutamente de personalidad y por ende de capacidad procesal. GUILLERMO ALEXANDER PARADA GÁMEZ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ En conclusión que al no estar inscrita la sociedad recurrente en el Registro Mercantil. del Poder Judicial. difícilmente puede desconocérsele capacidad para ser parte en los procesos que se vea compelida a entablar en su defensa y. Reconocida ésta. la necesaria capacidad para comparecer por ella en juicio con efectos vinculantes para todos sus integrantes. aun cuando para ejercerla procesalmente aquellos colectivos hayan de actuar a través de quienes. y estatutariamente organizado para el desarrollo de una actividad conjunta y unitaria. amplios y extendidos que el que aquí se analiza. que convienen a colectivos más difusos. a su representante. 0005 STSJ Navarra 4/11/1996 (RJA 8077) «Y si una agrupación sin personalidad puede actuar a través de representante los derechos que conjunta o colectivamente asisten a todos sus miembros. sin grave quiebra del principio de tutela judicial efectiva. a 3 . el reconocimiento de su capacidad para ser parte en el proceso en defensa de los derechos colectivos de sus asociados no dejaría de mostrarse conforme al artículo 7. en orden a la efectiva protección de los intereses legítimos colectivos. aunque —como en la sentencia recurrida se mantiene— la asociación actora hubiera carecido de personalidad jurídica cuando planteó la demanda.JURISPRUDENCIA RELACIONADA DR.3 de la Ley Orgánica 6/1985.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y a la jurisprudencia que lo interpreta (cfr. atiende a su consecución mediante una organización básica o elemental y una actuación conjunta y solidaria de sus miembros. en quienes. integrando un grupo. no pueden dejar de reconocerse. Hoy la admisión de esta legitimación procesal colectiva encuentra por demás un sólido respaldo legal en el artículo 7. que. como se manifiesta claramente en la sentencia recurrida» (FD 1). En definitiva. reconoce legitimación para su defensa a los grupos de afectados. una y otra constituyen simple transposición procesal de la capacidad material para ser sujeto de derechos y ejercitarlos. perfectamente definido en su composición y en sus objetivos. ostenten su representación. 16 marzo y 27 julio 1994 del Tribunal Supremo). aun sin constituir una asociación con personalidad jurídica. Estas características. No en vano. poseyendo intereses comunes o convergentes. SS. limitada en el artículo 2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil a las personas físicas y jurídicas. la capacidad para ser actora o demandada en juicio se impone como una consecuencia insoslayable de dicha aptitud. de 1 de julio. en virtud de un expreso apoderamiento al efecto o de una representación tácitamente conferida con las funciones de gestión y dirección encomendadas por sus miembros. de lo que se desprende la ampliación de la capacidad para ser parte. por todas. se unen para la formación de una banda musical dedicada a la interpretación y ejecución de obras de esta naturaleza. categoría en la que se incluye cualquier conjunto de personas determinadas o identificables que.
4 . como expresa la citada STS. ninguno de cuyos artículos lo impone. sino que sólo lo inhabilita. nada impide el reconocimiento de capacidad procesal al quebrado para el ejercicio de los derechos no afectados por esa limitación de su poder patrimonial. 4/1985. no queda incapacitado para obrar como sucede con los quebrados.JURISPRUDENCIA RELACIONADA DR. incluidos los que cita el recurrente. El motivo no puede prosperar por las siguientes razones: A) La declaración de suspensión de pagos no produce limitación alguna de la capacidad jurídica del suspenso. como también recuerda la sentencia antes citada y se desprende de la lectura de la Ley de 1922. Las facultades del suspenso no tienen otro límite que la intervención del órgano de control que constituyen los interventores. la referida STS sentaba asimismo que. B) La intervención no alcanza a tener que concurrir los interventores al otorgamiento de poderes a pleito. y. aun sin aquella disposición de la Ley Orgánica. por lo que necesita de los síndicos para suplirla. respecto al alcance de la inhabilitación de los quebrados. o los que a la actuación gestora imponga el Juez en el auto que dicta declarando la suspensión de pagos. afectados por su situación. en el ámbito jurídico. ha de inspirar la interpretación legal (SS. de 14 marzo. del Tribunal Constitucional) (FD 4). la cual encuentra su “ratio” en la conveniencia de evitar que el quebrado realice actos de naturaleza patrimonial en perjuicio de ellos. cuyos derechos e intereses legítimos quedarían sin ella desprovistos de protección. por todas. como los demás derechos fundamentales. una ampliación que.» 0006 STS 26/5/1998: «La sentencia de la Audiencia con observancia de la línea doctrinal de la STS 30 junio 1978.1 del Código de Comercio) y que le priva de capacidad para comparecer en juicio con relación a los mismos. pueda beneficiar los intereses de sus acreedores (FD 2) 0007 STS 18/12/1995: «Por todo ello. pues tal estado no incapacita al quebrado. la inhabilitación del quebrado para la administración de sus bienes (artículo 878. argumenta que ésta tiene su fundamento en la protección de los intereses de los acreedores. que. hubiera resultado asimismo justificada en una exégesis de la Ley Procesal acorde al derecho de tutela judicial efectiva. como en el supuesto del debate. para los juicios en trámite. de 25 febrero y 119/1990. 24/1987. no funciona en el intervalo que va desde la declaración de quiebra hasta el nombramiento de los síndicos. entiende el recurrente que la suspensa no estaba legitimada para el ejercicio de acciones. y así lo recuerdan. de 21 junio. pues ningún precepto legal lo establece. la Sentencia de esta Sala de 5 marzo 1991. GUILLERMO ALEXANDER PARADA GÁMEZ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ determinados sujetos colectivos sin personalidad jurídica. entre otras.(…) En efecto. 19/1983. se origina una cuasiincapacitación orientada a la protección de los acreedores. en cuyo espacio temporal. aquél conserva la necesaria habilidad procesal siempre que su intervención. de 18 enero.
ejercitar acciones resolutorias de las relaciones obligacionales concertadas. por donde la condena presupone implícitamente la legitimación y. a todos los cuales puede representar el presidente de la Comunidad (SS. Como puntualiza la Sentencia de 3 marzo 1995. si bien la sentencia que recaiga no podrá entrar en vía ejecutoria. en la mayoría de las ocasiones. entre otros supuestos. 2 octubre 1992. ya que ningún precepto legal así lo establece. cuando los propietarios les autorizan para ello. cumpliendo lo dispuesto en el artículo 5. lo que facilita y lleva consigo la posibilidad de que durante el estado de suspensión puedan plantearse juicios ordinarios contra el comerciante deudor suspenso al margen del propio procedimiento concursal. no permite tratamiento preliminar. Mas si el problema reside en la 5 . GUILLERMO ALEXANDER PARADA GÁMEZ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ C) Que los interventores tengan atribución para proponer y aun ejercitar acciones convenientes al patrimonio del suspenso. para. que la carencia de capacidad para ser parte o la deficiente capacidad procesal. número 4» (FD 1).13 junio 1991 y 20 febrero 1995) (FD 1)» 0009 STS 22/11/1997: «Los vicios constructivos denunciados se extienden a todo el edificio. 0008 STS 6/3/1998: «la jurisprudencia al respecto de esta Sala de Casación Civil que tiene establecido que la declaración de suspensión de pagos no produce limitación alguna en la capacidad jurídica del suspenso. con carácter previo. 22 octubre y 9 noviembre 1993 y 10 mayo 1995). que no es lo mismo la falta de legitimación pasiva.JURISPRUDENCIA RELACIONADA DR. incluyendo los elementos comunes. no priva a éste de ejercitarlas por sí mismo. no cabe hablar de incongruencia. 0010 STS 3/6/1996: «Ha de hacerse observar. al quedar vinculado el actor que la hubiera obtenido favorable al convenio que se alcance en el procedimiento de suspensión. En cuanto a la primera. habiendo declarado la jurisprudencia de esta Sala que las facultades representativas del presidente también se extienden a la defensa de intereses relacionados con elementos privativos. en este sentido. Sus facultades no tienen otra limitación que la que lleva a cabo el órgano de control que conforman los interventores o los que a la actuación gestora imponga el Juez en el auto que decrete la suspensión de pagos. sin perjuicio de que los interventores informen de ello al Juez. que mermaría el alcance amplio del mandato representativo presidencial». tratándose de situación distinta a la de quiebra. los presidentes están investidos de mandato suficiente para la defensa en juicio y fuera de él de los intereses complejos de toda la Comunidad. su vinculación con el tema de fondo es tan estrecha. que. y siempre que no se trate de créditos privilegiados (Sentencias de 9 abril 1985. conforme prevé el artículo 6 de la Ley de Suspensión de Pagos de 22 julio 1922. pues de esta manera se evitan procesos con innumerables personas. lo que se excluye si se da una oposición expresa y formal.
que la justificación más importante de dicha figura jurisprudencial ha de buscarse en la situación jurídico-material controvertida en el pleito. a impedir. En el caso tras la declaración de rebeldía del codemandado “Hospital de los Santos Reyes”. entre otras muchas más). 6 de marzo y 24 de abril de 1990. únicos que pueden ser estimados como litisconsorcios pasivos necesarios. más allá de la ratificación genérica en los escritos de alegaciones del actor y de la institución demandada. que permita sostener que estén acreditados los elementos fácticos del supuesto normativo que condujeran. a la negación de la personalidad. la confirma y mantiene. sino. sigue diciendo dicha parte. la posibilidad de sentencias contradictorias. Pues bien la expresada doctrina jurisprudencial que en nada contradice a la alegada por la parte recurrente. Este motivo debe ser desestimado. que incluso. de 8 de julio de 1988. consiguientemente no hay razón alguna llamarlos obligatoriamente al proceso.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. dicho con otras palabras. no es menos cierto que únicamente ha de entrar en juego y producir sus efectos con respecto a aquellas personas que verdaderamente hubieran tenido intervención en la relación contractual o jurídica objeto del litigio. puesto que nada tienen que defender y. del C. Si desde luego es cierto que la figura de creación jurisprudencial del litisconsorcio pasivo necesario tiende a evitar. se ha infringido la doctrina jurisprudencial del litisconsorcio pasivo necesario.-El primer motivo del actual recurso de casación lo fundamenta la parte recurrente en el artículo 1692. con prevención de todos los interesados en ella. o. trata de hacer entrar en juego como parte afectada al Ayuntamiento de M.JURISPRUDENCIA RELACIONADA DR. por el simple dato constituido por lo plasmado en el núcleo contractual que liga a las partes. puesto que en la sentencia recurrida. sino antes bien que ha mantenido su cualidad de parte rebelde durante todo el proceso. 22 de abril de 1991.. 11 de julio de 1994 y 22 de junio de 1996. el tratamiento previo resulta obligado y forma parte del contenido de la comparecencia obligatoria del juicio de menor cuantía. en el que no puede recaer pronunciamiento condenatorio que les afecte de modo directo. pues los que no fueron partes en el contrato carecen de interés legítimo sobre las obligaciones que constituyen su objeto.» (FD 1) 0011 STS 10/2/2000: «PRIMERO. 9 de junio de 1992. como es el terminar las obras de construcción de un tramo de Paseo Marítimo según la condición impuesta 6 . ni así se desprende de otros datos probatorios. GUILLERMO ALEXANDER PARADA GÁMEZ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ personalidad. ahora recurrente. citando varias sentencias como base de su afirmación. por otra. para lo que habría de seguirse nuevo litigio y con diferentes partes (SS. por una vertiente. que puedan resultar afectados directamente por una resolución judicial quienes no fueron oídos en juicio y. si así procedía. ninguna especificación consta en la referida comparecencia. desde el instante mismo que dicha parte. 30 de enero de 1993.
pues de lo prevenido en el Capítulo I. sólo se infiere que en algunos supuestos podrá ser necesario el otorgamiento de escritura pública. y.. sin que en ningún precepto del ordenamiento legal se impongan para su existencia y validez. pero sin que sea óbice a su eficacia el hecho de que se hayan convenido verbalmente. 0012 STS 5/6/1998: «SEXTO.4 del Código Civil. con todas sus consecuencias legales. licencia municipal. así como la de terminar las obras de dotación de vertidos según. por tanto. en el orden jurídico impone la realidad de los hechos descritos se traduce en aparentar la continuidad regular de la constituida relación jurídico procesal “Inter. Otro tanto puede decirse de la falta de comunicación de la extinción sobrevenida de la persona jurídica.» 0013 STS 29/4/1966: «La naturaleza contractual de la transacción viene proclamada por el art. partes”. se consigue mantener. puesto que bajo la norma general que previene la continuidad del proceso y la “perpetuación” de las partes y sus circunstancias. más concretamente en un fraude procesal.El examen que. con lo que la pretensión de estimar como parte afectada en el cumplimiento contractual a dicho Ayuntamiento. también. GUILLERMO ALEXANDER PARADA GÁMEZ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ por dicho Ayuntamiento en la concesión de la preceptiva licencia de obras. Libro IV del CC. mediante silencio culpable.JURISPRUDENCIA RELACIONADA DR. 0014 SAT Barcelona 13/12/1985: «La transacción judicial es la realizada ante el Juez o incorporada al proceso. 7 . no puede estimársele como parte del contrato antedicho. y siempre conveniente el empleo de la forma escrita. pero en todo caso aprobada judicialmente y constituye un título de ejecución equiparable a una sentencia». indebidamente como partes a quienes no lo son. como pretende la parte recurrente para fundamentar este motivo. sino como otorgante de unas licencias para construir. actuación lógica y normal para toda obra a realizar en un municipio. y su finalidad esencial no es otra que la de dirimir divergencias entre las partes. requisito alguno relativo a la forma. Con ello se incurre en un fraude de ley. debe decaer absolutamente». lo que indica claramente que dicho Ayuntamiento de M. artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. en la forma y modo que convengan quienes la conciertan. un resultado contrario al orden jurídico mediante la ocultación de unos hechos que hubieran generado de ser puestos en conocimiento del órgano jurisdiccional diferentes consecuencias procesales (artículo 6. y. en tanto y cuando no concurran todos los elementos necesarios para la existencia de los contratos en general y las circunstancias legales específicas reguladoras de la transacción». con la finalidad de eludir la sucesión procesal del fallecido o bien el abandono de la acción por sus herederos. 1809 del CC. del C. Título XIII.
1817 del Código. (SSTS 22-4-1911. e incluso. violencia o falsedad de 8 . y puede ser invocado con la autoridad de la cosa juzgada. dado que a la posibilidad legal de impugnar la transacción en que intervenga error. Para obtener el cumplimiento del acuerdo transaccional. 289-1984. 15-6-1957. 10-4-1985.JURISPRUDENCIA RELACIONADA DR. 14-6-1972. 1124 del Código Civil. Tanto la doctrina científica —desde los primeros comentarios al Código Civil de Manresa hasta las últimas publicaciones sobre la materia—. es preciso acudir al proceso declarativo correspondiente. 1816 del Código Civil. 14-11-1986 y 11-6-1987. como expresamente establece el art. no contradicen la doctrina jurisprudencial antes aludida. es susceptible de resolución. si concurren las identidades del art. según la opinión mayoritaria. Tal acuerdo puede ser impugnado por vicios del consentimiento. La autocomposición de las partes litigantes sustituye a la sentencia y hace innecesaria la prosecución del proceso. 1816 del Código Civil. Pero los convenios transaccionales extrajudiciales tan sólo tienen la fuerza vinculante propia de todo contrato (arts. los convenios transaccionales no aprobados judicialmente no pueden equipararse a las sentencias firmes en cuanto a la producción del efecto de la cosa juzgada material. produce efectos similares a los que se derivan de las sentencias firmes: el acuerdo transaccional es susceptible de ejecución por la vía de apremio como el propio art. antes dudosas o controvertidas. 14-5-1982 y 20-41989. recta ratione placuit”. entre otras). 20-4-1955. como las de 26-4-1963. 1256 y 1258 CC). que quedan sometidas al convenio transaccional. GUILLERMO ALEXANDER PARADA GÁMEZ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0015 AAP Asturias 10/12/1992: «Finalmente. al que generalmente atribuyen efectos novatorios. pese a la enfática declaración del inciso primero del art. 1252 del Código Civil entre la cuestión transigida y la planteada en un proceso ulterior. ponderándose en las citadas sentencias la eficacia vinculante del acuerdo transaccional para regular “ex novo” las relaciones de las partes.» 0016 STS 10/4/1985: «Que aun cuando la autoridad de cosa juzgada que el art. 29-9-1930. 1816 del Código civil atribuye a la transacción no puede identificarse totalmente con los efectos de la cosa juzgada propia de las sentencias firmes. parten de una distinción básica entre la transacción judicial y los convenios transaccionales extrajudiciales. de no ser voluntariamente aceptado por los otorgantes. dolo. el Rescripto de Diocleciano y Maximiliano: ”Non minoren auctoritatem transacionum quam rerum judicatorum esse. y de su remoto antecedente. si concurren los requisitos de la norma general del art. Cuando se trata de una transacción lograda en el marco de un proceso en curso o llevada al mismo para obtener la aprobación u homologación judicial. es obligado reconocer que. ya que se refieren a supuestos en que el convenio transaccional pactado extrajudicialmente se declaró válido y eficaz a través del juicio declarativo correspondiente. 1816 establece. 1091. Este es el verdadero sentido del art. Las sentencias citadas en el Auto recurrido. como la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Como es evidente. 1809 del CC. 0019 SAP Madrid 3/3/1998: «La transacción. sin embargo. quien. 1817 del mismo Código. a los fines que aquí interesan. cuando aquélla sea 9 . que los mismos elementos subjetivos y objetivos que delimitan la cosa juzgada material. delimitan también la exceptio pacti o excepción de transacción. se pretende impedir la tramitación de un proceso anterior en curso. desde esta óptica. el juicio inicial quedó agotado en el instante de la transacción. esta Sala tiene reiteradamente declarado que toda transacción provoca el nacimiento de nuevos vínculos u obligaciones. o la modificación de éstos…. art. ya decidida. 1265 del CC. En el caso objeto de estudio mediante la invocación de un convenio transaccional ulterior…. es una excepción de transacción o “exceptio pacti”…. con idéntica consecuencia de vincular al órgano jurisdiccional del posterior proceso. tienen. de suerte que. la excepción de cosa juzgada opera siempre con base en lo resuelto en un proceso anterior. sea judicial o extrajudicial. y concretamente cuando haya intervenido en la misma “error. en un proceso ulterior. Lo que verdaderamente opone la Caja de Ahorros a través de un cauce procesal inadecuado. de común. no siéndolo la falta de unanimidad en los acuerdos de la Junta. en sustitución de los extinguidos. bien en su aspecto negativo de impedir una nueva decisión sobre el fondo. pues. evitan la provocación de un pleito o ponen término al que había comenzado”. se aceptaría la posibilidad de instrumentalizar la administración de justicia la servicio de una sola de las partes. 0018 STS 29/7/1998: «La transacción borra el pasado y es fuente de una relación jurídica nueva y. que debe ser resuelto en la sentencia definitiva». no se trata realmente de una excepción de cosa juzgada.JURISPRUDENCIA RELACIONADA DR. con la admisión de la permanencia de los efectos jurídicos de una sentencia novada. por tanto para que un acuerdo transaccional sea nulo es preciso que concurra alguna de las causas de nulidad previstas en las normas civiles ordinarias. bien en su aspecto positivo de condicionarla». prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa. por aplicación del art. es un contrato por el cual las partes “dando. se contrapone la irrevocabilidad de tales sentencias. al que se remite el art. tiene carácter novatorio y produce el efecto de la sustitución de una relación jurídica puesta en litigio por otra cierta e incontrovertida. para impedir el replanteamiento de la misma cuestión. GUILLERMO ALEXANDER PARADA GÁMEZ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ documentos con el riesgo de nulidad. y sólo procederá la nulidad por las causas previstas en las disposiciones generales reguladora de los contratos. además de apreciar subjetivamente el incumplimiento del convenio. violencia o falsedad de documentos”. 0017 AAP Asturias 10/12/1992: «Por definición. En el supuesto del debate. dolo. podría intentar la satisfacción de sus pretensiones en base a situaciones procesales pretéritas y caducadas».
… una dejación voluntaria del derecho por su titular. a 10 . 6. expectativa. porque con quien se contrata es ajeno a la Comunidad. GUILLERMO ALEXANDER PARADA GÁMEZ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ necesaria. pretensión.2 del Código Civil». que es indudablemente válida por no contrariar el interés o el orden público ni perjudicar a tercero… No hay contrato. tutelada por la Ley. pues no es traslativa de derechos». mediante documento privado de fecha 19 de marzo de 1992. si se quiere. por tanto. la abandona o se desentiende de ella totalmente. con lo que quiere argüir que hace dejación de dicha pretensión. por lo que la S. sin perjuicio de la responsabilidad de los Presidentes que hayan podido contratar con terceros sin estar autorizados debidamente para ello. acordando llevarlo a efecto por medio del presente documento y de acuerdo con (determinadas)… condiciones». pactaron una transacción extrajudicial. de una renuncia unilateral que como manifestación de voluntad se lleva a cabo por la actora como titular de un derecho por cuya virtud hace dejación del mismo dándose por satisfecha con el percibo de la cantidad y en concepto de finiquito que es indudablemente válida por no contrariar el interés o el orden público ni perjudicar a tercero en el sentido recogido en el art. 0022 SAP Jaén 19/1/1999: «Se trata. bien sea porque estime que no existe o porque sea infundada o por mediar una causa jurídica o moral subyacente cual acaece en el presente caso en que ha demostrado una voluntad de reconciliación con su esposa.» 0020 STS 22/11/1997: «Para poner fin a un proceso que seguían entre ellos sobre liquidación de su sociedad legal de gananciales. los cónyuges… (cuya separación matrimonial había sido decretada por Sentencia firme de fecha 2 julio 1990).: 0021 STS 5/4/1997: «…nos encontramos ante una renuncia unilateral… mera emisión unilateral de voluntad. en el que expusieron y estipularon lo siguiente: «… SEGUNDO. del actor… puede definirse como manifestación de voluntad formulada por el actor ante el Tribunal. aunque pueda ser parte de la misma. 4 de mayo 1976 define la renuncia como “manifestación de voluntad que lleva a cabo el titular de un derecho por cuya virtud hace dejación del mismo sin transmitirlo a otra persona”. hablando la S. liquidación y adjudicación de los bienes que integran su sociedad legal de gananciales. que no lo transmite a nadie y que simplemente se desprende de él. 0023 SAP Cádiz 1/12/1995: «La renuncia a la acción. Que ambos cónyuges han determinado de mutuo acuerdo la forma en que se proceda a la disolución.JURISPRUDENCIA RELACIONADA DR. que nada transmite a otra persona. ni negocio jurídico bilateral sino unilateral.13 febrero 1965 de “abdicación o dejación de un derecho primitivo del renunciante”. con voluntad abdicativa de un derecho o. la renuncia se distingue del desistimiento en que afecta a la acción y al correlativo derecho mientras que el desistimiento sólo afecta al proceso pendiente.
por el contrario la renuncia exige la sentencia absolutoria… la renuncia a la acción conlleva un pronunciamiento desestimatorio de la pretensión del actor y consiguientemente la revocación de la sentencia». por su condición de trabajador asalariado. requisitos que exige la jurisprudencia civil para su plena validez… y se dan en la que se enjuicia.4 del Código Civil… supone un acto humano por el que se trata de obtener la tutela de una norma jurídica. sin proyección ganancial…. y. 6. procede la revocación de la sentencia y el dictado de otra por la que se declara no haber lugar a la disolución por divorcio del vínculo matrimonial».JURISPRUDENCIA RELACIONADA DR. Así las cosas habiendo mostrado conformidad a la renuncia la esposa apelada. 6. 9174) no cabe acoger ninguna de las peticiones de estos motivos…». es decir. terminante y en forma inequívoca. sin deducirla de expresiones equívocas o de actos de dudosa significación.2 CC…. que el causante del fraude pone en juego los medios suficientes. 11 . 0026 STS 17/4/1997: «El fraude de ley. e indemnizaciones son renunciables (STS 2 diciembre 1987. y de modo claro. en tanto la renuncia no está limitada en las cuestiones de estado. figura plasmada en nuestro derecho positivo. los intereses de los hijos quedan salvaguardados en tanto la sentencia de divorcio no altera el régimen preexistente determinado en la sentencia de separación. clara y terminante. y como además el derecho a pensiones compensatorias. cuya regulación permanece inalterada. Dicha renuncia se produjo en forma personal. 0028 SAP Jaén 19/1/1999: «…en el presente caso se cumplen los requisitos para la validez de las renuncias abdicativas de derechos al ser precisa. 0027 SAP Barcelona 2/11/1998: «…se hizo una clara e indubitada renuncia a dichos derechos… y por tanto se dieron todos los requisitos para la validez de las renuncias en sede art. En el presente caso la única afectada por la sentencia de instancia en la que se declara la disolución del vínculo matrimonial es además del actor la esposa demandada.» 0025 SAP Cádiz 1/12/1995: «La renuncia es acto unilateral que exige para su admisión que el derecho sea renunciable conforme al art. El desistimiento no exige sentencia.2º del Código Civil. renuncia precisa. RJ 1987. por ser el renunciante el titular de la expectativa. GUILLERMO ALEXANDER PARADA GÁMEZ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ la litispendencia iniciada. 0024 STS 30/9/1996: «La renuncia llevada a cabo lo fue en el ejercicio de un derecho personal. entre otras normas. cumpliendo el artículo 6. que está dada para un concreto fin.2 del Código Civil. para otra distinta y contrapuesta finalidad». 6. ya que ningún incremento económico efectivo se había producido en el patrimonio común de los esposos. el único obstáculo para que surta efectos es el de que pueda ocasionar perjuicio para tercero. en el art.
a los fines de la resolución del presente recurso. actos o conductas que han de llevar rectamente. a darles la significación de renuncias. ha de compartirse el criterio de la Audiencia de ver el documento privado como una proforma de la escritura pública. Es posible inferirlas o deducirlas de hechos. por el contrario la renuncia exige la sentencia absolutoria. Y esta distinción tiene. lo que permite su posterior reproducción. ya que no puede interpretarse de manera que sólo sean válidas las que se hagan con palabras prácticamente sacramentales. El desistimiento no exige sentencia. no dudosa o incierta. 0031 STS 19/12/1997: «…la renuncia ha de ser expresa. la renuncia a la acción impide la promoción de otro juicio sobre el mismo tema. importancia en el supuesto de autos 12 . como manifestación de voluntad que lleva a cabo su titular por cuya virtud hace dejación de mismo. hacer hincapié en la diferencia fundamental que existe entre el desistimiento y la renuncia: el primero supone el abandono del procedimiento. terminante e inequívoca. además de personal. devino irrevocable…». 0030 STS 31/10/1996: «…la renuncia. y esto es lo que acontece en el caso litigioso. ha de ser. a la litispendencia iniciada.JURISPRUDENCIA RELACIONADA DR. como se dice. y no fue recogida en la escritura pública por conveniencias fiscales. clara. de modo que. con expresión indiscutible de criterio de voluntad determinante de la misma…». explícita. lo que el mismo recurrente acepta en su recurso… A estos corolarios no es obstáculo la doctrina de esta Sala sobre las cualidades que deben poseer las renuncias. sin condicionante alguna. inequívoca. sin duda alguna. pues …hay una manifestación rotunda de la propia demandada en su contestación a la demanda de que la obligación de entregárselo al recurrente se mantiene. 0029 STS 5/4/1997: «…su renuncia fue clara. GUILLERMO ALEXANDER PARADA GÁMEZ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ clara y terminante…».» 0034 SAP Valladolid 19/6/1995: «No es superfluo. terminantes o deducidas de hechos o actuaciones de interpretación unívoca. terminante y sin dudas sobre su significado.» 0033 SAP Cádiz 1/12/1995: «…la renuncia se distingue del desistimiento en que afecta a la acción y al correlativo derecho mientras que el desistimiento sólo afecta al proceso pendiente. Aplicando tales doctrinas. ha de ser expresa o deducida de actos o hechos de los que se deduzca inequívocamente y sin ninguna ambigüedad». al tener facultades de disposición. 0032 STS 22/2/1994: «Es doctrina harto conocida de esta Sala la de que… las renuncias han de ser claras. no deducida de algo tan poco inequívoco como un silencio sobre la materia… para su eficacia jurídica.
en el desistimiento ha de apreciarse a partir de cierto momento procesal. por su naturaleza unilateral. carece de fundamento la interpretación de que el desistimiento sea. por voluntad del actor. matiza el rigor del carácter necesariamente bilateral del desistimiento. de tal forma que no pueda ser aceptado por el órgano judicial aunque medie oposición del demandado.JURISPRUDENCIA RELACIONADA DR. Porque la “diffamatio” a que se referían los antiguos procesalistas medievales no se detiene meramente en la idea del daño moral pues realmente suelen ocasionarse inconvenientes económicos al demandado. No obstante para ello ha de tener presente que. ha de ser el Juez quien resuelva sobre la petición que se articula…. aparte de la situación de inseguridad o duda jurídica que el propio desistimiento. GUILLERMO ALEXANDER PARADA GÁMEZ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ porque como principio ha de señalarse que si en la renuncia el interés jurídico del demandado en la continuación del procedimiento es mínimo (por no decir inexistente). El Tribunal Constitucional en su Sentencia núm. siendo preciso para su aprobación. dado que la inicial disposición de la acción corresponde al demandante (que es. por imperativo constitucional. quien promueve el desistimiento). su carácter bilateral. deben resultar perjudicados por la decisión unilateral del actor de abandonar el procedimiento….» 0035 AAP Asturias 5/2/1998: «…tanto la doctrina científica como la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo configuran el desistimiento en la primera instancia como un supuesto de terminación anormal del proceso. afirmando que. desde luego. si bien su aprobación debe hacerse en términos que no ocasionen indefensión o un perjuicio irreparable al demandado. en ningún caso. si se produce después del emplazamiento de los demandados o de contestada la demanda. 167 de 26 noviembre 1990). por su propio carácter. un acto bilateral. si el demandado se opone ha de hacerlo basando su postura en la existencia de un interés legítimo lesionado por la demanda (la referida difamación judicial). manifestando su voluntad en tal sentido… y como la existencia del consentimiento es una cuestión de 13 . ya que pueden tener interés legítimo en que concluya por sentencia y definitivamente el proceso iniciado y. la aceptación de éstos. algún motivo razonable y estimable (“aucun motif légitime” del Code de Procedure francés)» 0037 STS 7/7/1990: «…es claro que el demandado puede no estar de acuerdo con el desistimiento parcial o la opción. conlleva… No obstante ha de añadirse… que… en los supuestos de disconformidad entre las partes.» 0036 SAP Valladolid 19/6/1995: «Esta tesis constitucional no es sino un fiel reflejo de la doctrina jurisprudencial y doctrinal procesalista que ha venido manteniendo la necesaria audiencia del demandado en estos casos porque al mismo “le afecta e interesa la cesación del estado de inquietud en que el proceso le ha situado” (Sentencia del Tribunal Supremo de 25 enero 1963).
La analogía. es necesario efectuar una serie de puntualizaciones de naturaleza estrictamente procesal. al menos en lo que concierne al pago de los derechos y honorarios de su Abogado y Procurador. GUILLERMO ALEXANDER PARADA GÁMEZ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ hecho a apreciar por el Juez. impone lógicamente la misma solución… en los supuestos en que el actor desiste de la continuación del procedimiento una vez que el demandado se ha personado en el mismo. una opinión contraria en aquellas hipótesis en que existe un desistimiento bilateral. sólo impugnable por errónea apreciación de la prueba. dado que dicho representante procesal carecía de poder especial para hacerlo……». en cuanto desestimatorias de las que en su contra han sido articuladas. pues no cabe callar cuando se debe hablar. a que el mismo viene en principio abocado. ante una acción que finalmente no se ha sostenido. induciendo a error…». Y así lo vienen entendiendo la mayor parte de los sectores judiciales y doctrinales. sin embargo. lo que conlleva el que el litigante vencido deba asumir los gastos y costas del procedimiento…. en virtud de lo al respecto prevenido en el artículo 4 del Código Civil y sobre la base de dicho ideal de resarcimiento. sin embargo. mas como 14 . En primer lugar. la cual en tal parte quedará imprejuzgada». Y es lo cierto que para que en un procedimiento judicial se satisfaga el ideal de justicia plena. personada en las actuaciones. o negativo. dimanante del perjuicio que haya podido sufrir la contraparte. lo que.JURISPRUDENCIA RELACIONADA DR. Algunos de éstos mantienen. 0039 AAP Madrid 17/3/1998: « En cualquier caso subyace en los diversos supuestos examinados una idea común. se separa de él. pudiendo se expreso. 0038 STS 7/7/1990: …»la crisis parcial del proceso por voluntad unilateral del actor que abandona el procedimiento. en cuanto se refiere a parte de su pretensión. no sufra menoscabo en su patrimonio. exigen un desembolso económico. que si bien es cierto que por el Procurador del Ayuntamiento recurrente se presentó escrito desistiendo de la apelación el mismo carece de virtualidad. ha obligado a aquélla a efectuar una serie de desembolsos pecuniarios para la defensa de sus derechos. con pacto exoneratorio de las costas devengadas hasta dicho momento. ya en sentido positivo. impuestas por la Ley. 0041 SAP Cádiz 1/12/1995: «En un proceso de divorcio como el entablado cabe tanto el desistimiento como la renuncia a la acción. realizando actuaciones que. tácito y presunto.» 0040 SAP La Coruña 3/2/1999: «Con carácter previo. pudiendo también considerarse como manifestación de voluntad el silencio cuando el que calla debe hablar. no adoptando una actitud meramente negativa en el curso de las relaciones jurídicas que le ligan con la otra parte. se impone lógicamente que aquella de las partes cuyas pretensiones han encontrado la acogida de la resolución judicial.
sentencia declarativa de divorcio. siquiera. no se justificó en modo alguno la realidad de tales conversaciones. y eludiendo la atribución competencial al Juzgado núm. En el presente caso la única afectada por la sentencia de instancia en la que se declara la disolución del vínculo matrimonial es además del actor la esposa demandada. atendido el extraño desistimiento referido seguido de una nueva demanda presentada pocos 15 . que con fundamento en unas simples negociaciones se proceda a un desistimiento. desistiéndose el siguiente día 11 y presentándose de nuevo el día 29. cuya regulación permanece inalterada. La renuncia es acto unilateral que exige para su admisión que el derecho sea renunciable conforme al art. actuación ésta que. los intereses de los hijos quedan salvaguardados en tanto la sentencia de divorcio no altera el régimen preexistente determinado en la sentencia de separación. no habiéndose. mientras que el desistimiento del recurso conlleva la inmediata firmeza de la resolución recurrida. habiéndose presentado la primera el día 5 de noviembre de 1996 y repartido al Juzgado núm. 1. Es extraño. 6. en este caso. por un lado. Por otro lado. Así las cosas habiendo mostrado conformidad a la renuncia la esposa apelada. habiendo alegado la demandante.2 del Código Civil. mediante tal actuación considera la Jueza “a quo” que se cometió un fraude procesal. resultando ser práctica habitual en tales supuestos una mera solicitud de suspensión de la tramitación. que deriva de aquel desistimiento. e interponer otra idéntica que se turnó al núm. 0042 AAP Navarra 4/5/1998: «…el demandante. como causa del desistimiento la existencia de conversaciones con una de las partes demandadas. 4. la segunda de ellas. 1 que derivó de aquellas normas.JURISPRUDENCIA RELACIONADA DR. y que correspondió por turno de reparto al Juzgado núm. la primera. al desistir de la demanda que había interpuesto anteriormente. 4.… resulta ciertamente sorprendente la referida actitud de la parte demandante. en caso de no fructificar las conversaciones. Indiscutida la realidad de la identidad de las demandas presentadas sucesivamente y que se turnaron a los Juzgados núm. aportar documentos etc. 1 el día 6.. la renuncia a la acción conlleva un pronunciamiento desestimatorio de la pretensión del actor y consiguientemente la revocación de la sentencia. suponiendo ello un fraude procesal y habiéndose prescindido de una norma esencial del procedimiento determinante de nulidad…. GUILLERMO ALEXANDER PARADA GÁMEZ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ quiera que nos hallamos ante la segunda instancia. evitándose la aplicación de las normas de reparto. 1. el único obstáculo para que surta efectos es el de que pueda ocasionar perjuicio para tercero. y núm. deja abierto el sencillo camino de interesar la continuación del procedimiento. procede la revocación de la sentencia y el dictado de otra por la que se declara no haber lugar a la disolución por divorcio del vínculo matrimonial…». en tanto la renuncia no está limitada en las cuestiones de estado. frente a la necesidad de formular nueva demanda. indicado con qué parte en concreto se mantuvieron… Partiendo de lo expuesto.
ª Instancia núm. como medio de restablecer la atribución competencial derivada de la aplicación de aquellas normas de reparto eludidas. A tenor de lo actuado. ni mínimamente. se convocó a las partes a juicio verbal… ambos litigantes… presentaron un acuerdo transaccional en el que posteriormente se ratificaron. como acertadamente estableció la Jueza “a quo”. no comparte esta Sala el criterio de la Juez “a quo” y considera improcedente el desistimiento decretado mediante el auto que fue objeto de recurso de reposición y de la presente apelación. 0044 AAP Sevilla 27/5/1998: «Presentada demanda de juicio de alimentos provisionales. Y. lo que motivó que. 1 el conocimiento del asunto de que se trata. Después de recabar informe del Ministerio Fiscal…. fue negada por aquéllos con los que se mantuvieron las supuestas conversaciones en que se concreta aquella explicación. se convocó nuevamente a las partes para juicio verbal…. por tanto. la renuncia definitiva del derecho…». se ha pretendido eludir la aplicación de las normas de reparto y sustraer al Juzgado de 1. Mediante escrito… ambos litigantes formularon ciertas aclaraciones respecto de la transacción que pretendían. GUILLERMO ALEXANDER PARADA GÁMEZ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ días después. por ignoradas razones. de todo ello sólo podemos compartir el criterio de la juzgadora de instancia en el sentido de considerar que. (que) sólo puede 16 . no puede aplicarse el desistimiento… tácito…. que se resolvió con la resolución que ahora es objeto de la presente apelación. recayendo providencia judicial… en la que se declaraba no haber lugar a lo solicitado… Al día siguiente. por el contrario. por otra parte. Contra dicho auto se interpuso por la demandante… recurso de reposición.JURISPRUDENCIA RELACIONADA DR.» 0043 SAP Madrid 24/4/1998: «…pues el desistimiento en el recurso lleva aparejada la firmeza de la resolución impugnada y. sino que. no asistiendo la actora. toda vez que se ha prescindido de modo absoluto de las mismas impidiendo la actuación del concreto órgano competente para el conocimiento del asunto de que se trata. no estimando la transacción pretendida. se dictara auto por el cual se tuvo por desistido a la parte actora con archivo de lo actuado. En primer lugar. y sin que la explicación ofrecida haya quedado justificada en modo alguno. compareció la parte demandada al acto del juicio. sino de un juicio de alimentos provisionales… y la remisión al juicio verbal… no implica una plena identificación con el juicio contemplado…. la nulidad de lo actuado. habiéndose procedido a un desistimiento a fin de evitar la actuación de dicho Juzgado con posterior formulación de nueva demanda como medio para conseguir que conociere otro Juzgado del asunto de que se trata. La consecuencia de tal actuación debe ser. con esa misma fecha. y que le fue atribuido por aplicación de tales normas. resulta necesario destacar que el proceso promovido por la ahora apelante no se trata de un verdadero juicio verbal regulado en los artículos 715 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
de 8 de mayo. 24 de noviembre de 1993. debidamente notificada su celebración. 0047 STS 24/11/1993: «Dice la entidad recurrente que aquella incomparecencia determina el fracaso del recurso de apelación. mas ello no significa. pudiendo o no concurrir al acto de la vista las partes personadas en la apelación. Para ello es necesario 17 . el desistimiento del recurso (SSTS 19 febrero de 1991. no implica desistimiento de la apelación y conformidad con la sentencia de instancia. bien se considere como desierto.» 0045 SAP La Coruña 3/2/1999: «Es igualmente cierto que la parte apelante no compareció a la vista de la apelación. ordenando esta última que fuera dictada resolución de fondo sobre la apelación interpuesta. que si bien fue objeto de resolución judicial no fue notificada a las partes.» 0046 STS 2/2/1995: La falta de asistencia de los letrados de la parte apelante a la vista. después de presentar su demanda…. después de comparecer al juicio verbal. Por todo ello. pero no puede tener aplicación al caso de autos en que el actor. En este mismo sentido las SSTC 12/1987. La Ley no priva por ello a la Sala de apelación de su función revisoria de una sentencia que expresa y abiertamente se ha recurrido en su totalidad. presentado el correspondiente documento en el que se han ratificado. no la conformidad con la sentencia recurrida…». de 4 de febrero. para dejar de asistir después a una nueva sesión del mismo. es evidente que el Tribunal ha de proceder al análisis íntegro. bien como tácita manifestación de voluntad de separarse de él. La apelación obliga al Tribunal a conocer de todas las cuestiones planteadas. según reiteradísima Jurisprudencia. por lo que la no concurrencia no significa otra cosa que la pérdida voluntaria de la posibilidad de ser oídos.JURISPRUDENCIA RELACIONADA DR. y 80/1989. que origina la figura del desistimiento. 10 de marzo y 8 de abril de 1992. pese a la incomparecencia de la parte recurrente a la vista del recurso el día y hora señalado al efecto. de las cuestiones deducidas en la instancia. El motivo se desestima porque da a la incomparecencia a la vista de la apelación unos efectos jurídicos de los que carece totalmente. aunque la misma había quedado inmotivada por la inasistencia del apelante al acto de la vista…. teniendo en cuenta que no puede presumirse la voluntad de desistimiento de la actora. en esta alzada. han pretendido alcanzar una transacción judicial. cuando las partes. y tras la providencia acordando el nuevo señalamiento del juicio verbal presentaron un nuevo escrito acerca de la transacción pretendida. 2 y 23 de febrero de 1995. efectivamente compareció al juicio verbal. entre otras muchas resoluciones). GUILLERMO ALEXANDER PARADA GÁMEZ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ entenderse referido a la falta de comparecencia del demandante a la primera sesión del juicio verbal. en el que han de ser oídos los abogados de las partes «que concurran al acto»…. 21 de abril de 1997 y ATS 3 de junio de 1997.
incluso. 18 . pues no se produjo antes de contestar a la demanda y siempre excluyó la indemnización de daños y perjuicios. por lo que no merece mayor análisis. por contraria a la buena fe. formulándose. sobre todo cuando de forma arbitraria y unilateral —pues se sigue impugnando la indemnización de daños y perjuicios— se pretende que el procedimiento continuó sólo en cuanto a la resolución contractual. 0050 SAP Asturias 7/10/1997: «…habiendo admitido la jurisprudencia en caso de allanamiento de alguno de los codemandados. en justo acatamiento al principio de congruencia y a la facultad de disposición de los derechos privados renunciables… No es menos cierto que.» 0048 SAP Asturias 7/10/1997: «El allanamiento se configura en nuestro ordenamiento procesal como un reconocimiento expreso de la pretensión de la parte actora efectuado por el demandado. respecto a las consecuencias que ello implicaba». en relación con los no allanados. que no argumentos jurídicos. 0049 STS 11/7/1997: «En cuanto a las referencias… sobre que hubo allanamiento. GUILLERMO ALEXANDER PARADA GÁMEZ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ una manifestación de voluntad expresa del apelante de separarse de la apelación que interpuso y nada de esto ha sucedido en las actuaciones. el allanamiento no produce efectos cuando es manifestado únicamente por alguno de los demandados y la acción que se haya ejercitado contra todos sea la misma.JURISPRUDENCIA RELACIONADA DR. como excepción. que manifiesta así la conformidad con la súplica de la demanda». la eficacia del allanamiento parcial. cuando haya posibilidad de hacer declaraciones independientes. como principio general. por el solo hecho de serlo. de modo condicional. idéntica la razón de pedir y análoga su finalidad. porque no hay posibilidad de fallar en forma distinta en cuanto al allanado. a no ser en menoscabo improcedente de la unidad que debe presidir las resoluciones judiciales dictadas en estas circunstancias». respecto al allanamiento de uno o varios de los demandados. no constituyen más que disquisiciones o divagaciones. En definitiva: lo que hubo fue un simple reconocimiento de hechos y una oposición antijurídica.
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