Source: http://www.franciscosantana.net/2017/04/
Timestamp: 2017-12-15 10:16:31
Document Index: 369696736

Matched Legal Cases: ['artículo 336', 'artículo 6', 'artículo 89', 'artículo 321', 'artículo 168', 'in fine', 'artículo 249', 'in fine', 'artículo 249', 'artículo 336', 'artículo 25', 'artículo 524', 'in fine', 'artículo 249', 'artículo 22', 'artículo 67', 'artículo 226', 'artículo 236', 'artículo 46', 'artículo 267', 'artículo 72', 'artículo 8']

1/04/17 - 1/05/17 ~ Jurídicas de Interés
Casación de oficio al acreditarse el vicio de petición de principio en la sentencia recurrida (Sala de Casación Civil)
domingo, abril 30, 2017 Francisco Santana
los requisitos formales de la sentencia constituyen materia de orden público, se observa la decisión Nº 889 de fecha 11 de mayo de 2007, expediente Nº 2007-285, de la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, en el recurso de revisión constitucional incoada por la ciudadana Carola Yolanda Meléndez Belisario, que dispuso lo siguiente:
Violación de la tutela judicial efectiva al declararse con lugar un recurso de invalidación y no reponerse el proceso al estado de interponer nuevamente la demanda (Sala Constitucional)
La revisión a que hace referencia el artículo 336, numeral 10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la ejerce de manera facultativa esta Sala Constitucional. En este sentido, se ha señalado reiteradamente que la potestad de revisión constitucional, debe ser ejercida de manera extraordinaria, excepcional, restringida y discrecional, únicamente para uniformar criterios en la interpretación de principios y disposiciones constitucionales, ya que ella no implica una instancia adicional de conocimiento de la causa. De ello se sigue que este órgano jurisdiccional, se encuentra en la obligación de considerar todos y cada uno de los fallos cuya revisión se solicita, pero no de concederla ni de acordarla, por lo que su negativa no puede, en modo alguno, constituir una violación del derecho a la defensa ni del derecho al debido proceso (Vid. Sentencia de esta Sala N° 44 del 2 de marzo de 2000, caso: Francia Josefina Rondón Astor).
Con base en tales premisas, se advierte que la parte actora sometió a revisión (i) la sentencia del 11 de marzo de 2016, dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara mediante la cual declaró con lugar el recurso de invalidación ejercido y ordenó remitir copia certificada de esa decisión al Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara para que dentro de los cinco (5) días siguientes a su recepción, fijara la oportunidad para la celebración de la audiencia preliminar, sin necesidad de notificar a las partes por encontrarse a derecho, y (ii) el fallo del 11 de julio de 2016, proferido por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de esa misma Circunscripción Judicial, que declaró con lugar la demanda ejercida por el ciudadano Michell Eduardo Aguiar Rivero, contra la sociedad mercantil Douglas León Representaciones, C.A., la empresa Distleca, C.A., y el ciudadano Douglas Alfredo León González, condenándolos al pago de la prestación de antigüedad, los intereses devengados por ese concepto, vacaciones, bono vacacional y utilidades, así como al pago de las costas procesales.
Sobre el vicio de incongruencia omisiva: "se reitera que todo juez al momento de decidir la pretensión interpuesta debe pronunciarse respecto a todos los alegatos formulados por las partes, así como los elementos probatorios que se encuentren en el expediente, atendiendo a la globalidad de los mismos y no a la determinación específica de una individualidad, so pena de vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva de las partes". (Sala Constitucional)
Expuesto lo anterior, se observa que la actora solicitó a esta Sala Constitucional el ejercicio de la facultad de revisión con respecto a “la sentencia definitiva dictada [por] el Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure en fecha 09 de julio de 2014 (…) en la que se declaró: ‘Sin (sic) lugar’ la apelación ejercida por la representación judicial del Instituto Nacional de Tierras, contra la sentencia definitiva dictada en fecha 22 de enero de 2014 por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio de la Circunscripción Judicial del Estado Apure”.
Juicio de partición: Los artículos 778-788 del CPC serán de aplicación supletoria en el procedimiento ordinario tramitado en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Sala Constitucional)
Sobre la base de la sentencia parcialmente transcrita, tratándose de una decisión interlocutoria cuya apelación sería diferida, tal recurso no restablecería de manera inmediata la situación jurídica presuntamente infringida, por ende no resultaba aplicable la causal de inadmisibilidad contenida en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (Cfr. Sentencia de esta Sala N° 120/13). Tal como lo advirtió el a quo en su fallo. Así se declara.
Igualmente, se advierte del estudio de las actas procesales que conforman el expediente, que la acción de amparo fue interpuesta contra la decisión dictada el 30 de marzo de 2016, por el Tribunal Tercero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo que declaró inadmisible la oposición hecha por la parte hoy apelante, sobre las pruebas documentales promovidas por el demandado, ciudadano Nils Alfonso Hernández Bragado en la demanda de partición y liquidación de la comunidad conyugal, incoada por la hoy apelante ante el tribunal anteriormente señalado.
El apoderado judicial de la parte apelante fundamentó la acción de amparo constitucional alegando que se violaron derechos y garantías constitucionales a su representada, como lo son el derecho a la defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, indicando que las pruebas que fueron promovidas por el demandado no guardan relación con el hecho controvertido y no se relacionan con los bienes incluidos en el libelo de la demanda.
Supuestos en los cuales las víctimas tendrán participación activa en el proceso penal. (Sala Constitucional)
Al respecto, el apoderado judicial de la parte apelante indicó que “(…) la decisión que se recurre, vulnera Garantías (sic) Constitucionales (sic), y por ende el DEBIDO PROCESO, y ello como consecuencia de emitir un pronunciamiento en total desapego a las FORMALIDADES ESENCIALES, establecidas en la Ley especial de Amparo, y ello se evidencia ciudadano (sic) Magistrados, al tomar una decisión donde se IRRESPETO (sic) EL PROCEDIMIENTO establecido en la Ley Orgánica de Amparos (sic) sobre derechos (sic) y Garantías Constitucionales, DEBIO (sic) FIJAR LA CORRESPONDIENTE AUDIENCIA ORAL, donde se debatieron los argumentos correspondientes por las partes interesadas, y no esgrimir que como se trataba de ‘UN ASUNTO DE MERO DERECHO’, ellos vulnerarían el PROCEDIMIENTO establecido en la Ley Especial, aunado a que tampoco se trata de un ASUNTO DE MERO DERECHO, ya que existen suficientes argumentos para debatir en la correspondiente AUDIENCIA ORAL, donde esta representación tiene como (sic) justificar la INTERVENCIÓN ACTIVA EN EL JUCIO (sic) RAL (sic) Y PÚBLICO, BAJO LA INSTITUCIÓN DE LA ADHERENCIA A LA ACUSACIÓN, ya que los jueces de la recurrida, debieron analizar, que el PRONUNCIAMIENTO emitido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, está referido a la declaratoria de NULIDAD del procedimiento de la INADMISIBILIDAD DECRETADO como consecuencia de la presentación de la Acción de Amparo; Significando (sic) con ello, que los jueces de la Recurrida (sic), solo debieron resolver la ADMISIBILIDAD, y seguir con el PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA LEY, es decir, fijar la AUDIENCIA y NOTIFICAR A LAS PARTES, a los efectos de que fueran a la audiencia, a dar sus ARGUMENTOS RESPECTIVOS (…)”.
Indexación o corrección monetaria en materia laboral: "en los asuntos que se ventilan desde su inicio bajo los postulados normativos contenidos en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la indexación procedería en caso de incumplimiento voluntario y será calculada desde el decreto de ejecución hasta el pago efectivo". (Sala Constitucional)
Determinada la competencia para emitir pronunciamiento sobre el presente asunto, la Sala pasa a pronunciarse sobre la solicitud de revisión sometida a su conocimiento para lo cual se estima pertinente realizar las consideraciones siguientes:
Aprecia la Sala que en el caso sub examine la parte solicitante pretende la revisión de la sentencia n. 377 dictada el 7 de mayo de 2013 y publicada el 7 de junio del mismo año, por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en la que se declaró con lugar el recurso de casación interpuesto por la representación judicial de la sociedad mercantil Maersk Drilling de Venezuela, S.A. (actualmente Maersk Contractors Venezuela S.A.), contra el fallo proferido por el Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, por lo que se anuló el fallo recurrido y, conociendo del fondo de la controversia allí planteada, declaró parcialmente con lugar la demanda por concepto de cobro de diferencias de acreencias laborales, indemnización por enfermedad ocupacional y cumplimiento de acta convenio, incoada por el hoy solicitante de revisión, contra la mencionada entidad de trabajo.
En el presente caso, el apoderado judicial de la parte solicitante argumentó su requerimiento de revisión dado que la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia sostuvo “la negativa de otorgar la penalización que ordena la cláusula 69 numeral 11 de la convención colectiva petrolera y la omisión de la indexación y el cumplimiento de la cláusula 25 literal f de la convención colectiva vigente para el periodo (sic) 2007 al 2009 como es la jubilación a causa de una enfermedad ocupacional, por lo que, según su decir, la mencionada Sala “vulnero (sic) los derechos irrenunciables de [su] mandante establecidos en la constitución (sic) bolivariana (sic) de Venezuela en su artículo 89 numerales, 1, 2, 3, 4 y 24, 26, 92, 93, ejusdem, y violar el artículo 321 del código (sic) de procedimiento (sic) civil (sic) por mandato del artículo 168 y 174 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo…”
Admisión de acción de inconstitucionalidad ejercido en contra de la "parte ´in fine´ del artículo 249 del Código de Procedimiento Civil. (Sala Constitucional)
FUNDAMENTO DE LA DEMANDA DE NULIDAD
Señaló la parte demandante en nulidad, como fundamento de su pretensión, lo siguiente:
Que, “(…) acudo ante su competente autoridad en mi propio nombre a fin de demandar la nulidad por INCONSTITUCIONALIDAD de lo previsto en la parte ´in fine´ del artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, por colidir con lo previsto en los artículos 2 y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, conforme a lo previsto en el ordinal 1° del artículo 336 de la Constitución y lo previsto en el ordinal 1° del artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (…)”
Que, “(…) [l]a Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 20 de marzo de 2006, caso: Teodoro de Jesús Colasante Segovia en revisión, con ponencia del magistrado: Jesús Eduardo Cabrera Romero, exp. n° 05-2216, sostuvo lo siguiente:
´…omissis… Tomando en cuenta, que el Código de Procedimiento Civil desarrolla una etapa procesal de ejecución de la sentencia, y que la ejecución con el remate de los bienes del deudor equivale procesalmente al pago, la Sala reputa que el monto del pago se encuentra determinado por el monto de la ejecución, y que por lo tanto la indexación debe ser anterior a tal determinación, de manera que la ejecución de la sentencia la abarque.
La fase ejecutiva no se encuentra abierta indefinidamente para que dentro de ella se vayan articulando cobros. En esta fase se fija el monto a pagar, que es el del monto de la ejecución, el cual estará contenido en el decreto de ejecución (artículo 524 del Código de Procedimiento Civil), por lo que la indexación debe ser practicada y liquidada en su monto antes de que se ordene el cumplimiento voluntario. En consecuencia después de este auto no puede existir indexación, siendo a juicio de esta Sala, una falta de técnica procesal, el que existiendo ya en autos los montos del cumplimiento, se reabran lapso para indexarlos.
Corresponde a la sentencia determinar el monto líquido de la condena, de allí que si el juez considera procedente la indexación, deberá señalar en su fallo tal situación, no fuera de él (ya que ello no está previsto en el Código de Procedimiento Civil), y ordenar conforme a los artículos 249 del Código de Procedimiento Civil si fuera el caso, ó 527 eiusdem, liquidar el monto ejecutable. Sólo después de estas operaciones dentro del proceso donde surgió la condena con los respectivos dictámenes es que la sentencia ha quedado definitivamente firme y se decretará su ejecución si no hay recursos pendientes.´(fin de la cita) (negrillas nuestras)
Que, “(…) Ahora bien, la facultad que prevé la parte ´in fine´ del artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, de que una de las partes pueda reclamar contra la decisión de los expertos alegando que está fuera de los límites del fallo, o que es inaceptable la estimación por excesiva o por mínima, y de lo determinado se admitirá apelación libremente, y eventualmente la casación si la estimación de la demanda lo permite, y si nos acogemos al criterio de la Sala Constitucional establecida en la sentencia de fecha 20 de marzo de 2006 ´in comento´, trae dos consecuencias:
"Los Tribunales Colegiados sólo pueden constatar si los Tribunales de Juicio analizaron las pruebas, atendiendo las previsiones del ordenamiento jurídico, si alguna de ellas es ilícita y si fueron valoradas con apego a las reglas de la lógica, la sana crítica y las máximas de experiencia del sentenciador de juicio, no pudiendo, y en ello insiste esta Sala, valorarlas para modificar los hechos fijados por el tribunal". Casación Con Lugar. (Sala de Casación Penal)
Ahora bien, del análisis de los argumentos expuestos por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia para declarar sin lugar las denuncias planteadas en el recurso de apelación por la defensa del ciudadano Sergio Alberto Bracho Bohórquez, esta Sala de Casación Penal Accidental observa que dicha Sala de la Corte de Apelaciones, de manera reiterada, aseveró que la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado Octavo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del señalado Circuito Judicial Penal fue el resultado del análisis valorativo de las pruebas evacuadas en el debate en aplicación de los principios que rigen el proceso penal, es decir, la sana crítica, las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia; y con base en ello concluir que : “(…) la jueza de instancia valoró adecuadamente de una forma clara precisa y lógica, las declaraciones antes mencionadas, concatenando las mismas con pruebas documentales, lo cual la llevó a la certeza que cada medio probatorio le brindaba, sin evidenciar esta alzada que exista ausencia en la motiva de estas declaraciones valoradas por la a quo, por el contrario la misma realizó un análisis de cada medio probatorio, expresando lo que cada medio de prueba determinó y probó, por lo tanto no encuentra esta Sala, que el argumento expuesto por la recurrente corresponda a la sentencia impugnada, por lo que se cumplió con una adecuada motivación, cumpliendo todas y cada una de las exigencias del artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal (…)”.
Sin embargo, en la resolución de la última denuncia del recurso de apelación ejercido por la defensa, aun cuando señaló que “(…) tal como sucedió en el punto anterior no precisa el recurrente cual ley se ha inobservado o se ha aplicado erróneamente (…)”, en aras de la garantía de la tutela judicial efectiva pasó a conocer de dicha denuncia en los términos siguientes:
NUEVA Aclaratoria de la sentencia sobre la renovación de los partidos políticos (Sala Constitucional)
viernes, abril 28, 2017 Francisco Santana
En sentencia n° 01 del 5 de enero de 2016, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decidió el recurso de interpretación interpuesto por el abogado CÉSAR ELÍAS BURGUERA VILLEGAS, respecto del artículo 67 de la Constitución, y los artículos 10, 16 y 25 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n° 6.013 Extraordinario de fecha 23 de diciembre de 2010, en los siguientes términos:
Posteriormente, en decisión n° 185 del 18 de marzo de 2016, esta Sala acordó oficiar al Consejo Nacional Electoral para que, en el lapso de cinco (5) días siguientes al recibo del oficio que se acordó librar, remitiera las normas sobre renovación de los partidos políticos, ordenada en el fallo supra mencionado.
Sentencia de Amparo en Ejecución. Automotriz Latino, C.A., y El Centro Mercantil, C.A. Vs. General Motors Venezolana, C.A.
jueves, abril 27, 2017 Francisco Santana
Exp. 39.484/bc
MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.
Una vez aprehendida esta Juzgadora de las actas que integran la presente querella de amparo constitucional, se observa que fueron presentados diversos escritos por las representaciones judiciales tanto de las sociedades mercantiles AUTOMOTRIZ LATINO, C.A. y EL CENTRO MERCANTIL, C.A. como de la empresa GENERAL MOTORS VENEZOLANA, C.A., con ocasión a las resultas de la comisión de la ejecución recibidas en este Despacho en fecha 15 de febrero de 2017 y remitidas por el Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Puerto Cabello y Juan José Mora de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo. En tal sentido, visto que los referidos escritos contienen pedimentos específicos, este órgano jurisdiccional actuando en sede constitucional y con fundamento en los principios de celeridad y economía procesal, además de la sumariedad por la que debe regirse este tipo de procedimientos, procede a analizar los mismos de forma conjunta en la presente resolución, a los efectos de garantizar la igualdad y el derecho de defensa de las partes.
DE LA INADMISIBILIDAD SOBREVENIDA.
Solicita el abogado VICENTE RAFAEL PADRÓN, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil GENERAL MOTORS VENEZOLANA, C.A., mediante escrito de fecha 24 de febrero de 2017, que sea analizado y resuelto por este Tribunal como punto previo, la inadmisibilidad sobrevenida del presente amparo constitucional, con fundamento en que la situación jurídica denunciada como infringida no puede reestablecerse, ya que no pueden retrotraerse las situaciones de hecho que motivaron y sirvieron de fundamento a la declaratoria de amparo a la condición que poseían antes de producirse la violación denunciada.
Aduce que es evidente la situación irreparable en la presente causa, ya que para el momento en el que fue declarado con lugar el amparo y se produjo el respectivo mandamiento de ejecución, los contratos de concesión y franquicia suscritos por los accionantes de amparo con su representada, se desarrollaban bajo la política oficial vigente para entonces en el sector automotriz, entre las cuales se encontraban los planes denominados “Plan Familiar” y “Plan Venezuela Móvil”; y en vista de que dichos planes dejaron de tener aplicación y operatividad a partir del año 2015, por el cambio de la política económica del país, encontrándose vigente en la actualidad el “Plan de Reactivación del Sector Automotriz”, suscrito entre la República Bolivariana de Venezuela y las distintas ensambladores de vehículos, el cual regula un nuevo esquema jurídico dentro del cual se deben desarrollar las relaciones entre la ensambladora y sus concesionarios, quedando sin efecto las condiciones establecidas por los planes anteriores.
¿Puede el Juez de Control decretar alguna medida privativa o restrictiva de la libertad sin la previa petición del Ministerio Público? por Francisco Santana Núñez
lunes, abril 24, 2017 Francisco Santana
¿Puede el Juez de Control decretar alguna medida privativa o restrictiva de la libertad sin la previa petición del Ministerio Público?
“Por la libertad, así como por la honra se puede y debe aventurar la vida, y, por el contrario,
el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres”.
1. La solicitud de imposición de medidas de coerción personal como acto propio del Ministerio Público en los procedimientos por delitos perseguibles de oficio.
1.1. Preliminares sobre las medidas de coerción personal.
La medida de privación judicial preventiva de la libertad es la más extrema y cruenta intervención legal autorizada al Estado en el ámbito de los Derechos Fundamentales de la persona[1], puesto que atenta contra el derecho humano de mayor peso después del derecho a la vida[2]. Por ello, su imposición en el proceso penal ha sido revestida de numerosas exigencias legales para asegurar, en la medida de lo posible, que no sea utilizada de forma abusiva o con fines distintos a los que guían a la justicia penal[3]. ROXIN señala que para llevar a cabo el proceso penal son indispensables “las inherencias en la esfera individual”, tanto para “asegurar el proceso de conocimiento” como para “asegurar la ejecución penal[4]”. Dentro de esos supuestos procesales de “aseguramiento” se encuentran las medidas cautelares de coerción personal reguladas en el Código Orgánico Procesal Penal. En este texto adjetivo penal tiene primacía el principio de afirmación de libertad[5], como aquel que estipula que durante el proceso penal el imputado se mantendrá en libertad y, que el uso de la medida judicial de privación de la libertad será excepcional, sólo aplicable fundadamente por la autoridad judicial cuando las otras medidas cautelares resulten insuficientes para asegurar los fines del proceso, bajo la orden de interpretación restrictiva y la ponderada proporcionalidad[6] con el delito objeto de procesamiento.
Ley Orgánica del Servicio de la Policía de Investigación, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Instituto Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (2012)
domingo, abril 23, 2017 Francisco Santana
(Gaceta Oficial Nº 6.079 del 15 de junio de 2012)
DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY ORGÁNICA DE SERVICIO DE POLICÍA DE INVESTIGACIÓN, EL CUERPO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, PENALES Y CRIMINALÍSTICAS Y EL SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA Y CIENCIAS FORENSES
Con el objeto de fortalecer las políticas del Estado venezolano, en el marco del sistema socialista y humanista y de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a fin de garantizar la protección de todas las personas que se encuentren en el territorio nacional, frente a situaciones de amenaza, vulnerabilidad o riesgo para su vida e integridad física, con el propósito de adoptar y regular el servicio de policía de investigación y de auxilio a la administración de la justicia penal, así como la organización y competencias del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, basados en la refundación, transformación y fortalecimiento del nuevo modelo policial venezolano, el Ejecutivo Nacional tiene a cargo la atención oportuna y adecuada de las políticas de investigación penales, seguridad ciudadana y el orden público, en virtud de lo cual se desarrollan estrategias encaminadas a garantizar y mejorar la calidad de vida de toda la población mediante la implementación de nuevos instrumentos normativos. Ahora bien, el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, fue acordado por el Ejecutivo Nacional a través del Órgano Rector en materia de seguridad ciudadana y adelantado por el Consejo General de Policía y la Dirección General del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, con el objeto de detectar y corregir debilidades y potenciar las fortalezas del cuerpo, centrado en su naturaleza jurídica de reconocimiento constitucional como parte integrante del sistema de justicia y del sistema de seguridad ciudadana para contribuir a la rectoría, organización y optimización de la función policial de Investigación penal que debe ejercer el cuerpo.
A través de un diagnóstico efectuado se propone la refundación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, buscando su adecuación a la función de policía especializada en investigación penal y órgano de seguridad ciudadana, sustentada en principios como el respeto y la preservación de los derechos fundamentales, la garantía a las normas del debido proceso, la lucha contra el delito, con la finalidad de cambiar la imagen institucional, dedicado a diseñar un nuevo modelo organizativo, funcional y de encuadramiento administrativo del cuerpo, entendiendo que el mismo debe ser un órgano de policía especializado, dedicado a la investigación criminal y la de apoyo al sistema de justicia, excluyéndose de las funciones de policía general, con un uso de la fuerza muy específico, limitado y estricto, dentro de la actividad judicial y de investigación y en algunos casos dentro de su actuación de seguridad ciudadana. Con el objeto de regular el servicio de policía de investigación y de apoyo a la administración de la justicia penal, este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley adscrito al ministerio con competencia en materia de seguridad ciudadana para atender y dar respuesta precisa y organizada a la fuerte demanda de fortalecimiento de la investigación criminal, como uno de los ejes indispensables a fin de mejorar y fortalecer el acceso al sistema de justicia penal y atacar el complejo problema de la impunidad.
Este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley a grandes rasgos establecerá la definición, funciones y carácter de la carrera de policía de investigación, sus fines, su naturaleza, los principios que regulan tal actividad, el órgano rector y sus atribuciones, el control sobre el desempeño policial del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.
Decreto N° 2.795, mediante el cual se reserva al Ejecutivo Nacional la compra de residuos sólidos de aluminio, cobre, hierro, bronce, acero, níquel u otro tipo de metal o chatarra ferrosa en cualquier condición; así como de residuos sólidos no metálicos, fibra óptica, y fibra secundaria producto del reciclaje del papel y cartón. Tales materiales se declaran de carácter estratégico y vital para el desarrollo sostenido de la industria nacional (Presidencia de la República)
jueves, abril 20, 2017 Francisco Santana
(Gaceta Oficial Nº 41.125 del 30 de marzo de 2017)
Decreto Nº 2.795 30 de marzo de 2017
Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficiencia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la patria venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso del País y del colectivo, por mandato del pueblo, de conformidad con lo establecido en el artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y en ejercicio de las atribuciones conferidas en los numerales 2 y 11 del artículo 236 ejusdem, en concordancia con lo establecido en el artículo 46 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; y de acuerdo a lo preceptuado en el Decreto N° 2.667, mediante el cual se declara el Estado de Excepción y Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.074, de fecha 13 de enero de 2017, prorrogado mediante Decreto N° 2.742 de fecha 13 de marzo de 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.112, de la misma fecha, dadas las circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político, que afectan el orden constitucional, la paz social, la seguridad de la Nación, las instituciones públicas y a los ciudadanos y ciudadanas habitantes de la República, a fin de que el Ejecutivo Nacional adopte las medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida, en Consejo de Ministros,
Que el Estado venezolano tiene la responsabilidad de diseñar y establecer una política integral para preservar la integridad territorial, la soberanía, seguridad, la defensa e identidad nacional, que respete la diversidad, el ambiente y la pluriculturalidad, con el propósito de satisfacer las necesidades básicas y mejorar la calidad de vida de la población, de acuerdo con el desarrollo económico, social, cultural y la integración,
Que es necesario preservar las conquistas y los logros que junto al pueblo se han ido alcanzando en medio del asedio permanente de quienes adversan el proyecto bolivariano, y avanzar a una nueva etapa que nos permita la construcción de un nuevo modelo económico, tal como plantean la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Plan de la Patria y la Agenda Económica Bolivariana,
domingo, abril 16, 2017 Francisco Santana
TSJ. Resolución mediante la cual es dictado el Reglamento de Funcionamiento de la Inspectoría General de Tribunales (Sala Plena)
RESOLUCIÓN N° 2016-0022
Con la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se estableció en su artículo 267 como atribución del Tribunal Supremo de Justicia “la inspección y vigilancia de los Tribunales de la República y de las Defensorías Públicas”, potestad que es ejercida esencialmente a través de la Inspectoría General de Tribunales por órgano de la Sala Plena, conforme a lo establecido en los artículos 2 y 81 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
Que es necesario regular las labores de inspección y vigilancia de los tribunales para uniformar su marco técnico normativo, maximizar los resultados derivados de su aplicación, promover la modernización de la administración y el mejoramiento de los procesos en la gestión y administración del Poder Judicial; todo ello con el fin de fortalecer el Sistema de Justicia.
Que la inspección y vigilancia son los medios idóneos para verificar la gestión judicial de los tribunales de la República y sus oficinas de apoyo, en apego a las disposiciones legales aplicables, dentro de los principios de economía y eficacia, debido proceso y tutela judicial efectiva.
Que la inspección y vigilancia de los tribunales de la República, atiende a un interés general de la sociedad en la honesta y eficiente administración de justicia, cuya finalidad es garantizar la validación constante de la idoneidad y excelencia en el ejercicio de la función jurisdiccional por parte de las juezas y jueces integrantes del Poder Judicial.
Que la labor de vigilar e inspeccionar exige de quienes la ejecutan virtudes y conductas éticas como fórmula para conocer con objetividad el desenvolvimiento y resultados de la administración de justicia.
TSJ. Resolución sobre las Normas de adecuación administrativa y tecnológica para regular los copiadores de sentencia y los libros de registros que lleven los Tribunales de los Circuitos en las sedes judiciales y las copias certificadas que éstos expidan (Sala Plena)
RESOLUCIÓN N° 2016-0021
El Tribunal Supremo de Justicia en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículos 267 y 269 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con las que preceptúan los artículos 1, 2 y 36, numeral 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela,
Que, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 26 y 257 disponen el acceso a los órganos de administración de justicia como derecho que garantiza la tutela judicial efectiva, con la omisión de las formalidades no esenciales al proceso, así como, el derecho que tiene toda persona a obtener con prontitud, la decisión correspondiente, siendo deber del Estado garantizar que la justicia se administre de forma expedita y sin dilaciones indebidas;
Que la Ley de Infogobierno publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela № 40.274 del 17 de octubre de 2013, establece los principios, bases y lineamientos que rigen el uso de las tecnologías de información, con el objeto de mejorar la gestión pública y los servicios que se prestan, impulsando la transparencia del sector público; la participación y el ejercicio pleno del derecho de soberanía; así como, la promoción del desarrollo de las tecnologías de información libres en el Estado, a fin de garantizar la independencia tecnológica; la apropiación social del conocimiento; así como la seguridad y defensa de la Nación;
Que para garantizar el principio de la tutela judicial efectiva el Poder Judicial está obligado a transformar la forma como el Estado se relaciona con el Poder Popular y para ello, debe emplear las tecnologías de información, cuyo acelerado avance es un extraordinario potencial para el ejercicio honesto, participativo, rápido, eficaz, eficiente y transparente de la gestión pública y en especial el servicio de administrar Justicia;
Que, el artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que son deberes y atribuciones de los secretarios llevar, además, los libros de Acuerdos y Decretos, el Copiador de Correspondencia, el de Conocimiento de Correspondencia y Expedientes, el de Juramento, el de Presentación, el índice de Expedientes y cualquier otro, necesario para la buena marcha del Tribunal, y que por Resolución No. 1475 de fecha 03 de octubre de 2003 emanada de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, estableció en su artículo 8 literal e que los registros judiciales serán llevados en cada Circuito judicial y Coordinaciones del Trabajo de manera individual, en donde se asentarán todas las actuaciones procesales, administrativas y de cualquier índole;