Source: https://tc.vlex.es/vid/693591585
Timestamp: 2019-09-22 18:59:09
Document Index: 14543700

Matched Legal Cases: ['artículo 324', 'artículo 324', 'artículo 24', 'artículo 324', 'artículo 35', 'artículo 324', 'artículo 17', 'artículo 324', 'artículo 324', 'artículo 324', 'artículo 779', 'artículo 779', 'artículo 324', 'artículo 324', 'artículo 324', 'artículo 24', 'artículo 37', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 324', 'artículo 324', 'artículo 324', 'artículo 324', 'artículo 324', 'artículo 37', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 109', 'artículo 324', 'artículo 324', 'artículo 324', 'artículo 324', 'artículo 324']

ATC 100/2017, 4 de Julio de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 693591585
ATC 100/2017, 4 de Julio de 2017
Número de Recurso: 363-2017
Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 363-2017, planteada por el Juzgado de Instrucción núm. 4 de Huelva en relación con el artículo 324 de la Ley de enjuiciamiento criminal.
Pleno. Auto 100/2017, de 4 de julio de 2017. Cuestión de inconstitucionalidad 363-2017. Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 363-2017, planteada por el Juzgado de Instrucción núm. 4 de Huelva en relación con el artículo 324 de la Ley de enjuiciamiento criminal.
En fecha 23 de enero de 2017 tuvo entrada en este Tribunal el oficio de fecha 12 de enero de 2017 del Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción núm. 4 de Huelva al que se adjunta testimonio íntegro de las diligencias previas 1125-2016, “a fin de elevar cuestión de inconstitucionalidad”. En el referido testimonio figura el Auto de 12 de enero de 2016, en el que se resuelve lo siguiente: “[e]lévese al Tribunal Constitucional cuestión de inconstitucionalidad del art. 324 LECrim, en su redacción dada por la Ley 41/2015, por suponer vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), del derecho de defensa, del derecho a un proceso con todas las garantías y del derecho a la prueba (artículo 24.2 CE), junto con testimonio de los autos principales y de las alegaciones en su caso presentadas”.
En fecha 9 de diciembre de 2015 el Juzgado de Instrucción núm. 5 de Huelva incoó las diligencias previas núm. 3261-2015, que tenían por objeto la investigación conjunta de diversas denuncias por delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad documental atribuidos a un mismo individuo en su actuación profesional como representante legal de una sociedad dedicada a la compra-venta de automóviles.
Mediante Auto de 31 de mayo de 2016, y sin que conste que hasta ese momento se hubiera practicado diligencia alguna de instrucción, el referido órgano judicial acordó inhibirse del conocimiento de la causa en favor del Juzgado de Instrucción núm. 1 de Huelva, en el entendimiento de que, con arreglo a las normas de reparto, era éste el órgano competente para conocer del asunto, ya que estaba en servicio de guardia en la fecha de comisión del primero de los delitos investigados, tomando como fecha de referencia, al efecto, la de la firma del negocio jurídico considerado ilícito. El Juzgado de Instrucción núm. 1 de Huelva rechazó, no obstante, esta inhibición entendiendo que no cabía apreciar continuidad delictiva en los diferentes delitos acumulados.
Devueltas las actuaciones al Juzgado de Instrucción núm. 5, éste acordó, mediante Auto de 31 de mayo de 2016, “dividir las actuaciones, debiendo seguirse un procedimiento por cada delito, del que conocerá el Juzgado que se encontraba de guardia en el momento de la producción del hecho, coincidiendo con la fecha del respectivo contrato suscrito entre las partes”. Según se razona en la resolución, los diversos hechos investigados son muy dispares, con un “lapso de tiempo muy largo entre unos y otros”, no pudiendo, por ello, aplicarse la continuidad delictiva. Por esa razón, conforme a las normas de reparto, el órgano judicial estima que cada infracción ha de ser conocida por el Juzgado que se encontraba de guardia a la fecha de comisión de cada concreto hecho delictivo.
Una de las diversas infracciones desglosadas del procedimiento inicial fue remitida al Juzgado de Instrucción núm. 4 de Huelva (en adelante, el Juzgado), que, mediante Auto de 25 de junio de 2016, incoó las diligencias previas 1125-2016, en las que se ha planteado la presente cuestión de inconstitucionalidad. Adoptada esta resolución, el Juzgado envió un exhorto al órgano judicial que le había remitido la causa para que le comunicara si “fue dictado Auto declarando compleja la instrucción o fijando un nuevo plazo para la misma”.
En fecha 1 de julio de 2016 se recibió el certificado de la Letrada de la Administración del Justicia del Juzgado de Instrucción núm. 4 en el que se comunica que no se dictó Auto alguno declarando la causa de especial complejidad.
Mediante providencia de 21 de julio de 2016, el Juzgado, constatando que había transcurrido el plazo marcado por el artículo 324 de la Ley de enjuiciamiento criminal (LECrim) sin que se hubiera practicado ninguna diligencia de instrucción, acordó dar traslado por diez días a las partes personadas (“en su caso”) y al Ministerio Fiscal para que alegasen sobre la posible inconstitucionalidad de esta norma, en la redacción dada a la misma por la ley 41/2015, todo ello al amparo del artículo 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC). Según se afirmaba expresamente en la providencia, el aludido precepto podía “suponer vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), del derecho a la defensa, del derecho a un proceso con todas las garantías y del derecho a la prueba (art. 24.2 CE)”.
La providencia dictada fue recurrida en reforma por el Ministerio Fiscal. En su escrito de recurso, el fiscal planteó, de un lado, dos óbices formales, pues, según explicaba, el órgano judicial había debido emplazar a la víctima o al ofendido por el delito, a lo que se añadía la circunstancia de que el proceso no se encontraba aún en fase de dictar sentencia u otra resolución procedente en la que fuera de aplicación la norma cuestionada por el órgano judicial.
El Ministerio Fiscal alegaba, asimismo, en cuanto a la aplicabilidad del artículo 324 LECrim, que el Auto de 9 de diciembre de 2015 se había limitado a acordar “la división de las actuaciones con remisión de las diligencias respectivas al Juzgado competente”. Esa división había afectado a veintitrés delitos distintos, incoándose unas diligencias penales específicas por cada uno de ellos. Determinando el artículo 17 LECrim que cada delito debe dar lugar a la formación de una causa distinta, el fiscal consideraba que “si existen varios autos de incoación de diligencias, el que debe marcar el inicio del cómputo de los plazos del artículo 324 será precisamente el auto de incoación de las últimas diligencias iniciadas: y ello por razones de estricta lógica”, ya que, “de quedar vinculadas a un plazo marcado por unas diligencias más antiguas podría llegarse al absurdo de que una vez acumuladas, no se disponga de plazo alguno para la instrucción, por haber quedado éste ya agotado”. Entendía, por ello, el fiscal que el plazo debía computarse desde la incoación de las diligencias previas específicamente tramitadas por el Juzgado actuante (diligencias previas 1125-2016). Tomando en consideración ese dies a quo , sería el 15 de octubre de 2016 la fecha de conclusión del plazo de investigación. De acuerdo con esta interpretación, la cuestión de inconstitucionalidad resultaba improcedente por inaplicabilidad de la norma cuestionada.
El recurso de reforma del Ministerio Fiscal fue desestimado por el Juzgado en Auto de 29 de julio de 2016, en el que el instructor aprecia: (i) que “cabría preguntarse qué es lo que recurre exactamente el Ministerio Fiscal”, ya que la resolución dictada es una mera providencia de traslado, por lo que el fiscal habría debido informar en los términos que hubiese considerado procedentes; (ii) que “la interpretación que realiza el Ministerio Público … carece de soporte legal (ante lo cual pretende ampararse en razones de ‘estricta lógica’ que no lo parecen tanto tras su lectura)”. Entiende el Juzgado que “más bien, en el Juzgado de Instrucción núm. 5 al Ministerio Fiscal ‘se le pasó’ (digámoslo coloquialmente) el plazo para solicitar la complejidad y que tal omisión pretende ahora remediarse con una interpretación más que discutible”.
El Ministerio Fiscal presentó recurso de apelación contra el Auto desestimatorio del recurso de reforma, aclarando que “lo que se pretende en el recurso interpuesto es valorar que no es el momento procesal adecuado para plantear tal cuestión, dado que el procedimiento no se encuentra en una fase procesal para dictar sentencia o la resolución judicial que procediese”. Insiste el fiscal en que “el cómputo debe comenzar desde la fecha de incoación de las últimas Diligencias Previas acumuladas”.
El recurso fue desestimado en Auto de 14 de noviembre de 2016 de la Audiencia Provincial de Huelva (Sección Primera), en el que, por remisión a una resolución anterior, se considera que, si no se ha practicado diligencia instructora alguna durante el plazo de instrucción, el juez no tiene otra posibilidad legal que la de dictar un Auto de sobreseimiento, ya que “la completa falta de actividad de instrucción dentro de los plazos legalmente establecidos, no permite ni tener por acreditada la producción de hechos antijurídicos penalmente típicos, ni tener a ninguna persona como presuntamente responsable del ilícito que se denuncia”. De ahí que, según concluye la Audiencia, en ese momento sea viable el planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad.
En fecha 12 de enero de 2016, el Juzgado dictó Auto en el que resuelve lo siguiente “[e]lévese al Tribunal Constitucional cuestión de inconstitucionalidad del artículo 324 LECrim, en su redacción dada por la Ley 41/2015, por suponer vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías y del derecho a la prueba (art. 24.2 CE), junto con testimonio de los autos principales y de las alegaciones en su caso presentadas”.
El Auto de planteamiento trata, en primer lugar, de explicar las razones por las que el momento procesal elegido es el idóneo para plantear una cuestión de inconstitucionalidad. Para ello, se reproduce el tenor literal del artículo 324 LECrim, destacando del texto del aludido precepto que los seis meses de duración de la instrucción se configuran como un plazo “máximo” y que la declaración de complejidad que autoriza a prorrogarlo sólo puede verificarse “antes” de que dicho lapso temporal expire. Transcurrido el plazo, “el Instructor no duda de que … lejos de interpretaciones extravagantes tendentes a subsanar posibles omisiones sólo cabe adoptar alguna de las decisiones que se contemplan en él artículo 779 LECrim”. En esa situación, el Juez de Instrucción estima que la única de las decisiones previstas en dicho artículo que puede adoptar en ese momento es la de “acordar el sobreseimiento que corresponda (artículo 779.1.1)”. Concluye “[p]or ello” que “antes de dictar una resolución que ponga fin al procedimiento, es el momento de plantearse la posible inconstitucionalidad de la norma …”.
Con este presupuesto —esto es, con la premisa de que estamos ante un plazo de caducidad más allá del cual queda prohibida la práctica de cualquier diligencia investigadora— el juez de instrucción estima que el precepto cuestionado “puede constituir vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, pues … obliga al juez de instrucción a adoptar una decisión tanto en los casos en los que se hallan [ sic ] practicado diligencias suficientes como en aquéllos [sic] otros casos en los que no se han practicado diligencias (como el presente) o en aquéllos en los que las practicadas son insuficientes, sin posibilidad de acordar otras nuevas (apartado 7)”. En los dos últimos casos (esto es, cuando la investigación es insuficiente o inexistente) la única solución será, pues, según afirma el juez de instrucción, el sobreseimiento provisional por falta de autor. Concluye, por ello, el Instructor esta argumentación preguntándose lo siguiente: “¿cabe más evidente vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva?”.
(v) Por último, entiende el juez de instrucción que el plazo del artículo 324 LECrim vulnera “el derecho a la prueba” (art. 24.2 CE). La regulación del artículo 324 LECrim, al vedar la investigación fuera de plazo, hace inviable una decisión judicial sobre la pertinencia de las pruebas. En este punto, el juez critica que el legislador achaque la lentitud de la justicia “a la pereza de los jueces y los fiscales” cuando ese fenómeno obedece, en realidad, según razona, a “la sobrecarga de trabajo de la generalidad de los órganos judiciales … la falta de medios personales y materiales suficientes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y a una Ley de Enjuiciamiento Criminal del siglo XIX ‘pensada para el robagallinas’”. En ese contexto, señala el Auto que “pocos son por desgracia los Juzgados que llevan el papel al día y que no tarden al menos unos días en incoar procedimientos que, a priori, no revisten urgencia”. En esa realidad “se producirá el efecto indeseado y temido: la caducidad de la instrucción, y la imposibilidad legal (artículo 324, apartados 1 y 7) de que caducada la instrucción pueda el juez declarar la complejidad, fijar nuevo plazo o resolver sobre la práctica de las diligencias de prueba que le han sido interesadas, por muy pertinentes y relevantes que sean. Esa caducidad de la instrucción vedará no sólo el derecho de las partes a proponer nuevas pruebas, sino la posibilidad de que el juez pueda acordarla, vulnerándose por ese motivo (así como por los demás expuestos en anteriores razonamientos) el derecho de acceso a la prueba consagrado en el artículo 24.2 CE”.
Por providencia de 28 de febrero de 2017 la Sección Primera acordó, a los efectos que determina el artículo 37.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, oír al fiscal General del Estado para que, en el plazo de diez días, alegara lo que considerase conveniente acerca de la admisibilidad de la presente cuestión de inconstitucionalidad “en relación con el cumplimiento de los requisitos procesales (art. 35.2 LOTC) y por si fuere notoriamente infundada”.
Afirma, en primer lugar, el Fiscal General que la audiencia prevista en el artículo 35.2 LOTC ha sido defectuosamente cumplimentada por dos razones: (i) en lo que se refiere a la audiencia del Ministerio Fiscal, porque, una vez desestimados los recursos de reforma y apelación planteados por éste, subsistía en todo caso la obligación del órgano judicial de oírle a los efectos del artículo 35.2 LOTC, trámite que, sin embargo, resultó indebidamente omitido; (ii) en lo que concierne al denunciante y al denunciado, porque, aun no habiendo éstos comparecido en las actuaciones, ambos estaban perfectamente identificados y tenían interés legítimo en formular alegaciones sobre la posible inconstitucionalidad del precepto cuestionado, razón por la que también debió entenderse con ellos el trámite de audiencia de la pieza preliminar de la cuestión de inconstitucionalidad.
En segundo lugar, entiende el máximo representante del Ministerio Fiscal que el órgano judicial no formuló adecuadamente el juicio de aplicabilidad de la norma cuestionada. Según razona, la duda de inconstitucionalidad del juez instructor va referida, sin matices, al contenido íntegro del artículo 324 LECrim. Sin embargo, al tiempo de plantearse la cuestión, la mayoría de los apartados de dicho precepto ya habían sido aplicados por el órgano judicial. Estima, en concreto, el Fiscal General que “no parece deducirse de las actuaciones ni del propio Auto de planteamiento que resulte de aplicación” el apartado 2 del artículo 324 LECrim (en cuanto establece los presupuestos de la declaración de prórroga de una causa compleja), ni el apartado 3 de la misma norma (relativo a las causas de interrupción del plazo); y lo mismo puede decirse, finalmente, del apartado 5 (que regula la posibilidad de practicar diligencias complementarias). Entiende, por ello, que “[e]stos apartados, aunque genéricamente resultan incluidos en la cuestión como parte del artículo 324 LECrim, —y su valoración global— … deben excluirse, al no cumplir e[l] presupuesto de su relación con el proceso de origen …”.
Concluye, por todo ello, el Fiscal General del Estado que “no es posible deducir la inconstitucionalidad del precepto, al aplicarse la doctrina constitucional en abstracto y en desconexión con el supuesto obre [sic] el que una decisión constitucional podría ser determinante”. Interesa, en consecuencia, la inadmisión de la presente cuestión de inconstitucionalidad.
El Juzgado de Instrucción de núm. 4 de Huelva promueve cuestión de inconstitucionalidad en relación con el artículo 324 de la Ley de enjuiciamiento criminal (en adelante LECrim), en la redacción dada a dicho precepto por la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de enjuiciamiento criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales (en adelante Ley 41/2015). La norma cuestionada tiene el siguiente tenor:
Como ha sido ampliamente expuesto en los antecedentes, el órgano judicial considera, en su Auto de planteamiento de 12 de enero de 2016, que el precepto transcrito ha de reputarse inconstitucional “por suponer vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), del derecho de defensa, del derecho a un proceso con todas las garantías y del derecho a la prueba (art. 24.2 CE)”. El Fiscal General del Estado, por las razones igualmente consignadas en los antecedentes, ha interesado la inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad tanto por incumplimiento de los requisitos procesales como por resultar notoriamente infundada.
A esta duda nuclear se añade únicamente, como cuestión adicional pero igualmente asociada a la imposibilidad de continuar la investigación más allá del plazo legalmente establecido, la tacha que el instructor formula al régimen de monopolio del Ministerio Fiscal de la legitimación para instar la declaración de complejidad del procedimiento, de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del artículo 324 LECrim.
Delimitado el objeto de la cuestión planteada y constatada la idoneidad del momento procesal elegido por el juez de instrucción, ha de señalarse que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), este Tribunal puede rechazar a limine las cuestiones de inconstitucionalidad, mediante Auto y sin otra audiencia que la del Fiscal General del Estado, si faltaren las condiciones procesales o fueran notoriamente infundadas. En relación con las condiciones procesales, plantea, en primer lugar, el Fiscal General del Estado que la audiencia a las partes no se ajustó a lo preceptuado en el artículo 35.2 LOTC, pues ni se oyó a los sujetos directamente implicados (denunciante y denunciado) ni se cumplimentó tal trámite, como era obligado, con el Ministerio Fiscal.
Para resolver esta cuestión, ha de señalarse, en primer lugar, que en la providencia de traslado del artículo 35 LOTC, el juez se limitó a disponer que fuera oído el fiscal y “en su caso” las partes personadas, sin aclarar si éstas existían realmente en el procedimiento. De las actuaciones testimoniadas se desprende, no obstante, que, al dictarse la resolución indicada, ni la víctima de la infracción (denunciante de los hechos) ni el sujeto investigado (denunciado ante la policía) habían llegado a comparecer formalmente. Con estos antecedentes fácticos, puede concluirse que, al tiempo de plantearse la cuestión, no existía más parte personada en el procedimiento que el propio Ministerio Fiscal.
En efecto, hemos señalado que “la consideración de parte, a efectos del traslado previsto en el artículo 35.2 LOTC, trasciende de la eventual comparecencia y personación del interesado en el momento procesal en que se resuelve plantear la cuestión de inconstitucionalidad, pues … el interés jurídicamente protegido que se anuda al trámite de audiencia regulado en el artículo 35.2 LOTC, es decir la pertinencia de plantear cuestión de inconstitucionalidad, es distinto del perseguido en el proceso subyacente”, siendo lo relevante el “interés legítimo que ostenta …, de cara a ser oído en relación con el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad” (AATC 137 y 138/2015 , de 21 de julio). Esta perspectiva nos ha llevado, en el ámbito del proceso penal, a estimar, en el ATC 220/2012 , de 27 de noviembre, que el trámite de audiencia no había sido correctamente formalizado en relación con el posible autor del hecho criminal investigado, sin que a ello obstara que dicho individuo no hubiera “comparecido ante la Sala” ni tampoco que no se hubiera “personado formalmente en las diligencias preliminares abiertas” (FJ 4).
Pues bien, con arreglo a la doctrina expuesta, en el presente caso puede concluirse sin dificultad: (i) que el denunciante y el denunciado tenían un interés legítimo evidente en participar en la pieza preliminar del artículo 35.2 LOTC sustanciada ante el juez a quo y (ii) que la falta de personación de ambos sujetos en el procedimiento obedece en buena medida a la inaplicación de ciertas reglas procesales que habrían permitido su comparecencia temporánea, circunstancia que hace aún menos relevante el hecho de que, al tiempo de plantearse la cuestión, uno y otro no hubieran adquirido formalmente la condición de parte. Así:
(i) Refiriéndose la esencia de la duda de constitucionalidad ahora planteada a las consecuencias procesales legalmente asociadas a la expiración del plazo de investigación, que puede dar lugar, según razona el propio instructor, a un sobreseimiento “prematuro” del asunto, resulta evidente que, en el caso que nos ocupa, tanto el denunciante como el denunciado tenían un claro interés legítimo en alegar acerca de la viabilidad constitucional de una decisión de archivo que podía frustrar, en perjuicio del primero y en beneficio del segundo, el ejercicio efectivo de la acción penal en un momento en que uno y otro aún tenían la posibilidad de comparecer en el procedimiento a efectos de defender sus intereses.
(ii) Asimismo, en las actuaciones no consta que las autoridades penales informaran al denunciante y al denunciado de sus derechos procesales, facilitando, de ese modo, su pronta personación en el procedimiento. En cuanto a la víctima o perjudicado por el delito, no hay constancia alguna de que se practicara con ella la pertinente información de derechos (art. 776 LECrim). Es más, al tiempo de plantearse la cuestión de inconstitucionalidad, aún resultaba posible informar a la víctima de su derecho a intervenir como parte en el procedimiento pues la personación del ofendido o perjudicado puede producirse, según prescribe el artículo 109 bis .1 LECrim, incluso cuando la instrucción está concluida y, en todo caso, antes de que se verifique el trámite de presentación de conclusiones provisionales. En lo relativo al ciudadano investigado por el delito, estamos, con toda evidencia, ante una parte necesaria del proceso penal, siendo manifiesto que la existencia de una denuncia dirigida nominalmente en su contra obligaba, como mínimo, a darle noticia inmediata de la existencia del procedimiento (art. 118.5 LECrim), lo que tampoco consta que se hiciera. Estamos, por tanto, ante un supuesto en que no se ha dado a los sujetos legitimados la oportunidad de personarse de acuerdo con lo que disponen las reglas procesales aplicables.
Cabe concluir, en suma, que el trámite de audiencia no fue correctamente cumplimentado, ya que el denunciante y el denunciado tenían un interés legítimo en alegar sobre la duda de inconstitucionalidad planteada. Este defecto no puede extenderse, sin embargo, como pretende el Fiscal General del Estado, a la falta de audiencia del Ministerio Fiscal, pues fue el propio fiscal actuante quien, cuando le fue comunicada la providencia de traslado, decidió expresar su discrepancia a través del ejercicio del recurso en lugar de alegar sobre la pertinencia del planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad. No correspondiendo a este Tribunal dilucidar si ese comportamiento procesal del Ministerio Fiscal fue correcto desde el punto de vista de la legalidad ordinaria, lo constitucionalmente relevante, en tales circunstancias, es que el fiscal tuvo oportunidad de alegar lo que estimó oportuno sobre la pertinencia de la cuestión de inconstitucionalidad y así, de hecho, lo hizo tanto en el recurso de reforma presentado ante el propio juez de instrucción como en el de apelación interpuesto ante la Audiencia.
(i) En lo que se refiere a los apartados 6, 7 y 8 del artículo 324 LECrim, en el proceso a quo el Ministerio Fiscal, al recurrir la providencia de traslado, alegó específicamente que el artículo 324.6 LECrim no resultaba de aplicación, pues, en su opinión, el órgano judicial había errado en la determinación del dies a quo del plazo. En opinión del Fiscal, el momento inicial del cómputo no debía ser la fecha de incoación de las diligencias previas 3216-2015 del Juzgado de Instrucción núm. 5 sino la de incoación de las diligencias (desglosadas de aquéllas) 1125-2016, que eran, en su opinión, las que verdaderamente versaban sobre la investigación del concreto delito que constituía el objeto del proceso en curso.
(ii) La defectuosa formulación del juicio de aplicabilidad resulta aún más evidente en lo relativo a la legitimación que se otorga en exclusiva al Ministerio Fiscal en relación con la declaración de complejidad de la causa (apartado 2 del art. 324 LECrim). El instructor, como se ha explicado detenidamente en los antecedentes, discute la constitucionalidad del referido apartado en cuanto impide, a su juicio, que las demás partes personadas puedan interesar diligencias que sean de su interés. Sin embargo, en el supuesto que nos ocupa, puede comprobarse que el plazo para investigar expiró sin que existiera ninguna parte personada en el procedimiento distinta al Ministerio Fiscal. La falta de prórroga del plazo de investigación no se ha producido, por tanto, porque se haya impedido a alguna de las partes, en aplicación del régimen restringido de legitimación, solicitar la declaración de complejidad de la causa, ya que, en realidad, no ha existido siquiera una mínima posibilidad material de aplicar la aludida regla. El juicio de aplicabilidad de la norma resulta, pues, manifiestamente incorrecto.
Lo mismo puede decirse, finalmente, del juicio de relevancia en relación con este concreto apartado, pues, si bien es cierto que éste otorga únicamente al Ministerio Fiscal la legitimación para solicitar la declaración de complejidad de la investigación, el propio artículo 324 LECrim señala más tarde, en su apartado 4, que a petición del “Ministerio Fiscal o alguna de las partes personadas, por concurrir razones que lo justifiquen, el instructor, previa audiencia de las demás partes, podrá fijar un nuevo plazo máximo para la finalización de la instrucción”. Puede comprobarse, por tanto, que el órgano judicial realiza una lectura parcial del precepto cuestionado, lo que determina que la duda de constitucionalidad relativa al apartado 2 del artículo 324 LECrim tampoco supere el exigible juicio de relevancia, pues en el Auto de planteamiento no se explica en absoluto qué impide a la parte que desee que se practiquen más diligencias instructoras dirigirse al juez conforme a lo prevenido en el apartado 4 del citado artículo.
Ahora bien, si el propio órgano judicial admite que es posible más de una interpretación del precepto legal cuestionado y que, en consecuencia, existen interpretaciones alternativas que permitirían soslayar la duda de constitucionalidad que nos plantea, debe intensificar su esfuerzo a la hora de proporcionar a este Tribunal las razones por las que la interpretación que constituye el presupuesto normativo de su duda de constitucionalidad resulta preferible a la interpretación que descarta. Solo así se cumple la finalidad de la cuestión de inconstitucionalidad, la cual, de acuerdo con una reiterada jurisprudencia constitucional, no es en modo alguno resolver controversias interpretativas sobre la legalidad que surjan entre órganos jurisdiccionales o dudas sobre el alcance de determinado precepto legal, para lo cual el ordenamiento jurídico dispone de otros cauces. Su función se reduce así al enjuiciamiento de la conformidad a la Constitución de una norma con rango de ley que sea aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo (SSTC 157/1990 , de 18 de octubre, FJ 2; y 114/1994 , de 14 de abril, FJ 2, y 273/2005 , de 27 de octubre, FJ 2).
En definitiva, el órgano judicial reconoce expresamente que existe una interpretación alternativa a la que formula como punto de partida de su duda de constitucionalidad, y menciona incluso los argumentos con los que cuenta esa interpretación alternativa: así, reconoce que la Ley 41/2015 no habla en ningún momento de plazos de caducidad y que el artículo 324.8 LECrim excluye explícitamente que el mero transcurso de los plazos máximos dé lugar al archivo de las actuaciones si no concurren las circunstancias allí previstas. Sin embargo, con el solo argumento arriba indicado rechaza esa interpretación alternativa y se decanta por la que le permite construir su duda de constitucionalidad. Por tanto, el órgano judicial no ha justificado suficientemente la exclusión de la posibilidad de que la otra interpretación apuntada tenga cabida en la norma legal cuestionada y con ello no ha justificado suficientemente las razones que le llevan a considerarse sujeto a una opción interpretativa en detrimento de la otra.
Madrid, a cuatro de julio de dos mil diecisiete.
ATS 1338/2017, 21 de Septiembre de 2017
STSJ Comunidad de Madrid 639/2014, 18 de Julio de 2014
SAP Toledo 113/2012, 30 de Abril de 2012