Source: https://www.slideshare.net/pei.ac01/victimizacion-revictimizacion-y-reparacion-extracto-reco
Timestamp: 2019-05-23 20:18:15
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SOBRE LA INVESTIGACIÓN DE
VIOLACIONES GRAVES A LOS
DERECHOS HUMANOS CON MOTIVO
DE LOS HECHOS OCURRIDOS LOS
DÍAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014,
EN IGUALA, GUERRERO (AYOTZINAPA).
1. Comisión Nacional de los Derechos Humanos Oficina Especial para el “Caso Iguala” RECOMENDACIÓN No. 15VG/2018 “CASO IGUALA”
2. 1 RECOMENDACIÓN No.15VG/2018 SOBRE LA INVESTIGACIÓN DE VIOLACIONES GRAVES A LOS DERECHOS HUMANOS CON MOTIVO DE LOS HECHOS OCURRIDOS LOS DÍAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014, EN IGUALA, GUERRERO. Ciudad de México, a 28 de noviembre de 2018. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. GENERAL SALVADOR CIENFUEGOS ZEPEDA SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL. ALMIRANTE VIDAL FRANCISCO SOBERÓN SANZ SECRETARIO DE MARINA. MTRA. ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. MTRO. OTTO GRANADOS ROLDÁN SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA. LIC. ALBERTO ELÍAS BELTRÁN SUBPROCURADOR JURÍDICO Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES, EN SUPLENCIA DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.
3. 2084/2178 36.SOBRE LA VICTIMIZACIÓN, REVICTIMIZACIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO PARA LOS AFECTADOS DEL “CASO IGUALA”. Para esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cercanía y atención a las personas que se han visto afectadas en su integridad física, mental, emocional y material por haber sido expuestas a violencia y situaciones de violaciones a Derechos Humanos representa la realización de su tarea primordial, tal como fue comprometido durante la creación de la Oficina Especial para el “Caso Iguala” el 28 de diciembre de 2014. Desde el año 2000, este Organismo Nacional ha detectado deficiencias en la atención que se presta a las personas en situación de victimización, por lo que en 2007, se emitió la Recomendación General no. 14 “Sobre los derechos de las víctimas del delito”1790; documento en el que se expresó la preocupación por la inadecuada atención que se había venido prestando a las víctimas, que afectadas por un delito que además impactó a las familias y la sociedad en general. Las principales deficiencias documentadas en la referida Recomendación General, versaron en torno a la falta de entrenamiento y formación de los servidores públicos responsables de brindar atención a las víctimas, lo que impidió que las personas accedieran al derecho a la justicia y se generaran impactos revictimizantes en estas. Desde entonces, este Organismo Nacional expresó su preocupación por la exposición de las víctimas a situaciones de “violencia institucional”1791, que atenta contra los derechos humanos a partir de acciones u omisiones de servidores públicos responsables de garantizar el acceso a la verdad y la justicia, lo que se 1790 http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/generales/RecGral_014.pdf 1791 “Victimización Institucional”.
4. 2085/2178 suma a la deficiente infraestructura, la carencia de personal debidamente capacitado, así como la inadecuada coordinación y comunicación interinstitucional. No obstante las recomendaciones realizadas en ese momento, en otros casos de relevancia nacional y la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos del 2011, en la que se reconoce, consolida y amplía la protección a las víctimas, prevalecen deficiencias significativas en lo referente a la atención y protección que el Estado debe prestar a estas1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800. Es por ello que con base en las recomendaciones emitidas, las diversas autoridades Federales y Estatales, deben: generar las medidas de rehabilitación médica y psicológica de manera efectiva; la necesidad fundamental de realizar un registro que identifique a todas las víctimas de los hechos y sus necesidades, por medio de garantizar las acciones necesarias para reparar de manera integral el daño 1792 SOBRE EL CASO DE V1 A V63, VÍCTIMAS DEL DELITO CON MOTIVO DE LOS HECHOS OCURRIDOS EN EL “CASINO ROYALE”, EN MONTERREY, NUEVO LEÓN. http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2012/Rec_2012_066.pdf 1793 SOBRE LA INVESTIGACIÓN DE VIOLACIONES GRAVES A LOS DERECHOS HUMANOS, RELACIONADA CON LOS HECHOS OCURRIDOS EL 12 DE DICIEMBRE DE 2011, EN CHILPANCINGO, GUERRERO. http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/ViolacionesGraves/RecVG_001.pdf 1794 SOBRE LOS HECHOS OCURRIDOS EL 30 DE JUNIO DE 2014 EN CUADRILLA NUEVA, COMUNIDAD SAN PEDRO LIMÓN, MUNICIPIO DE TLATLAYA, ESTADO DE MÉXICO. http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/ViolacionesGraves/RecVG_051.pdf 1795 SOBRE LA INVESTIGACIÓN DE VIOLACIONES GRAVES A LOS DERECHOS HUMANOS INICIADA CON MOTIVO DE LOS HECHOS OCURRIDOS EL 9 DE JULIO DE 2014, EN EL MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/ViolacionesGraves/RecVG_002.pdf 1796 SOBRE LA INVESTIGACIÓN DE VIOLACIONES GRAVES A LOS DERECHOS HUMANOS, POR EL USO EXCESIVO DE LA FUERZA QUE DERIVÓ EN LA PRIVACIÓN DE LA VIDA DE V44, V45, V46, V47 Y V52, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE V49, ATRIBUIDA A LA POLICÍA FEDERAL, CON MOTIVO DE LOS HECHOS OCURRIDOS EL 6 DE ENERO DE 2015 EN APATZINGÁN, MICHOACÁN. http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/ViolacionesGraves/RecVG_003.pdf 1797 SOBRE LA INVESTIGACIÓN DE VIOLACIONES GRAVES A LOS DERECHOS HUMANOS, POR EL USO EXCESIVO DE LA FUERZA QUE DERIVÓ EN LA EJECUCIÓN ARBITRARIA DE 22 CIVILES Y LA PRIVACIÓN DE LA VIDA DE 4 CIVILES; LA TORTURA DE DOS PERSONAS DETENIDAS; EL TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADANTE EN PERJUICIO DE UNA PERSONA DETENIDA Y LA MANIPULACIÓN DEL LUGAR DE LOS HECHOS, ATRIBUIDA A LA POLICÍA FEDERAL, CON MOTIVO DE LOS HECHOS OCURRIDOS EL 22 DE MAYO DE 2015 EN EL “RANCHO DEL SOL”, MUNICIPIO DE TANHUATO, MICHOACÁN. http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/ViolacionesGraves/RecVG_004_.pdf 1798 INFORME ESPECIAL SOBRE LOS GRUPOS DE AUTODEFENSA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE GUERRERO. http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/2013_IE_grupos_autodefensa.pdf 1799 INFORME ESPECIAL SOBRE LOS GRUPOS DE AUTODEFENSA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN Y LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS RELACIONADAS CON EL CONFLICTO. http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/2016_IE_gruposautodefensa.pdf 1800 INFORME ESPECIAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS SOBRE DESAPARICIÓN DE PERSONAS Y FOSAS CLANDESTINAS EN MEXICO http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/InformeEspecial_20170406.pdf
5. 2086/2178 según estándares internacionales; el reconocimiento de las víctimas a coadyuvar en las investigaciones, así como aportar elementos para el esclarecimiento de los hechos y la realización de actos de disculpas públicas, como medidas de satisfacción, reparación simbólica, preservación de la memoria y garantías de no repetición entre otras1801. La atención y acompañamiento a las víctimas desde la perspectiva psicosocial es trascendente, porque las experiencias traumáticas derivadas de la violencia y 1801 Propuesta 1.
6. 2087/2178 violaciones a derechos humanos, tienen impacto tanto a nivel individual como colectivo que perduran a lo largo del tiempo 1802 1803 1804 1805. Una concepción psicosocial de víctima en las dimensiones social, colectiva, familiar e individual, permite comprender la profundidad y alcances de los daños recibidos derivados de eventos de violencia y violaciones de derechos humanos, visualizar su contexto, y comprometer a los responsables de prestar la atención conducente, para enfocar las acciones en la reivindicación de la dignidad y la restitución de los derechos violados. Las violaciones graves de derechos humanos como las ocurridas el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, tienen amplios, profundos y diversos efectos, ya que alcanzan a la totalidad de la sociedad 1806, a las comunidades donde ocurren lo hechos y de donde son originarios los afectados; impactan a las familias de las personas dañadas y aquellos individuos que los experimentan de manera directa. En consecuencia, y para que la atención de emergencia, las medidas de ayuda, acompañamiento y los procesos de reparación, cumplan con su función, es fundamental que se considere la victimización de manera compleja, en todos los niveles que abarca y en el contexto en que se presenta. Es fundamental que las instituciones del Estado en general, y particularmente la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, amplíen su mirada, concepción y 1802 Consenso Mundial de Principios y Normas Mínimas Sobre Trabajo Psicosocial en Procesos búsqueda e Investigaciones Forenses para Casos de Desapariciones Forzadas, Ejecuciones arbitrarias o extrajudiciales (2011). http://equitas.org.co/sites/default/files/biblioteca/Consenso_mundial_principios_normas_minimas_trabajo_psicosocial_desapa rcion_forzada.pdf 1803 LINEAMIENTOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL A FAMILIARES DE PERSONAS DESAPARECIDAS PERÚ (2012). http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/2912.pdf 1804 Perez-Sales, P. (1999). Actuaciones Psicosociales en Guerra y Violencia Politica. Ed Ex-Libris. Ed. Madrid en: http://www.pauperez.cat/es/tematico/libros/2-actuaciones-psicosociales-en-guerra-y-violencia-politica/file 1805 Beristain, CM. (2007) Manual sobre perspectiva psicosocial en la investigación de derechos humanos. Edita heoga, Bilbao; en: http://www.psicosocial.net/grupo-accion-comunitaria/centro-de-documentacion-gac/violencia-y-cambio-politico/justicia- verdad-y-reparacion/823-manual-sobre-perspectiva-psicosocial-en-la-investigacion-de-derechos-humanos/file 1806 Pérez Nájera, C. (2012) "La victimización de acuerdo a los contextos espaciales de ocurrencia" en Revista Caribeña de Ciencias Sociales, octubre, en http://caribeña.eumed.net/la-victimizacion-de-acuerdo-a-los-contextos-espaciales-de- ocurrencia/
7. 2088/2178 principios de atención a las víctimas; transitando de una perspectiva jurídico- administrativa, a una psicosocial1807. Esto permitirá que los contactos que se tengan con las personas afectadas por el delito y violaciones a derechos humanos, las medidas de ayuda y acompañamiento que se les proporcionen y las acciones de reparación que se emprendan, sean enfocadas en proteger y reivindicar su dignidad, previniendo en todo momento impactos revictimizantes. Antes: Factores psicosociales de victimización y violencia estructural previos a los hechos de iguala. Inquieta profundamente a la CNDH, la crónica e histórica “violencia estructural” 1808 1809 que han enfrentado los habitantes del estado de Guerrero, situación que configura una grave victimización social y comunitaria, que se actualiza en el tiempo y se manifiesta a partir de la mala calidad de vida, alta marginación y escaso desarrollo humano de la población. Situaciones que propiciaron el surgimiento de tensión social, criminalidad y confrontación, lo que contribuyó a la ocurrencia de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala. Es fundamental que el Estado mexicano, atienda de manera integral las condiciones de inseguridad, pobreza, marginación, rezago educativo y condiciones de salud prevalecientes en la entidad, especialmente por la relación existente entre el estilo de vida promotor de salud y la percepción de problemas en el entorno, la satisfacción respecto a la vida, la autoestima y la autoeficacia; esto transformará el contexto histórico de violencia estructural, posibilitará el pleno ejercicio de los derechos humanos de los ciudadanos y abonará, para que no vuelvan a ocurrir hechos como los de Iguala. Uno de los elementos fundamentales para impulsar el 1807 Propuesta 2. 1808 La Parra, D y Tortosa, JM. (2003) Violencia social estructural: una ilustración del concepto. En Documentación social 131, Caritas Española, España. 1809 Pérez-Mendoza, A. (2013) Violencia social estructural de estado y adolescentes en México. Revista Rayuela, No. 9, México.
8. 2089/2178 desarrollo de las comunidades y contrarrestar los efectos de la violencia estructural, es el fortalecimiento contextualizado de la educación técnica1810. El estado de Guerrero, se ha visto afectado por la migración económica y Desplazamiento Forzado Interno (DFI) 1811 1812 1813 1814, como una consecuencia de la violencia estructural y las violaciones diversas de derechos humanos; por lo que resulta fundamental visibilizar el problema y que las autoridades responsables de manera inmediata brinden atención, ayuda y reparación a las víctimas de esta grave problemática. Durante: Victimización y lo traumático. Es de la mayor importancia que todas las instituciones y los servidores públicos, especialmente los de la CEAV, responsables de brindar atención, acompañamiento y reparación a las personas afectadas por el “Caso Iguala”, entiendan que las víctimas han enfrentado un “trauma psicosocial” 1815; por el cual, en la interacción con ellas, deben considerar que las secuelas visibles y demandas que verbalizan, son una expresión subjetiva del daño que sufrieron, pero no lo representan en su totalidad; ya que este abarca todos los aspectos de la vida y trasciende las clasificaciones y tipologías teórico-administrativas1816. Por la naturaleza, contexto y características de los hechos de Iguala, la CNDH considera como víctimas colectivas a la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, al Colectivo “Avispones de Chilpancingo” y a las comunidades de 1810 Propuesta 3. 1811 http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/2013_IE_grupos_autodefensa.pdf 1812 CNDH (2014). Informe de actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. CNDH, México. en: www.cndh.org.mx/sites/ . 1813 http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/2016_IE_gruposautodefensa.pdf 1814 Soledad-Suescún, JI. (2007) Las migraciones forzadas: el desplazamiento interno en Colombia. Cuadernos Geográficos, 41; Colombia. en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2675057.pdf 1815 Martín-Baró, I. (1990) PSICOLOGÍA SOCIAL DE LA GUERRA: TRAUMA Y TERAPIA. http://www.psicosocial.net/grupo- accion-comunitaria/centro-de-documentacion-gac/fundamentos-y-teoria-de-una-psicologia-liberadora/psicologia-social/247- psicologia-social-de-la-guerra-trauma-y-terapia-extracto/file 1816 Propuesta 4.
9. 2090/2178 Origen de todos los estudiantes fallecidos, desaparecidos y lesionados, especialmente por el daño como entidad colectiva a los referentes de identidad, normas y símbolos, afectándose la estabilidad vital, el sentimiento básico de seguridad y el devenir de los procesos de desarrollo colectivos, familiares e individuales. La CNDH, ha documentado la existencia de al menos 244 grupos familiares que abarcan un mínimo de 685 personas que se vieron impactadas por los hechos de Iguala mismas que se encuentran en el Listado General de Víctimas del “Caso Iguala”, que será remitido a la CEAV para su inclusión en el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), junto con estudios psicológicos realizados a algunas víctimas. Es responsabilidad de la CEAV, realizar el padrón completo de víctimas relacionadas con los hechos y garantizar que estas sean inscritas en el RENAVI, como elemento fundamental para otorgar de manera adecuada las medidas de ayuda y acompañamiento pertinentes, así como estar en condiciones para iniciar el diseño de un “Programa Integral de Reparación del Daño”, como se señaló desde el 23 de julio de 2015 en el Informe sobre el “Estado de la Investigación del ‘Caso Iguala’”. Es fundamental, que la CEAV y las Secretarías de Salud Estatal y Federal, como parte del Sistema Nacional de Víctimas a quienes para estos efectos se enviará copia del presente documento recomendatorio, brinden seguimiento puntual y atención permanente al estado de salud de todas las víctimas de los hechos de Iguala, particularmente de aquellas que pudieran presentar alguna enfermedad crónica preexistente o que se haya desarrollado a consecuencia de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, ya que el estrés puede ser un condicionante significativo para el rápido deterioro de su salud, el agravamiento de sus padecimientos o el desarrollo de nuevos1817. 1817 Propuesta 5.
10. 2091/2178 Después: Los impactos en las víctimas y su atención. Desde el 27 de septiembre de 2014, personal de este Organismo Nacional Autónomo, estuvo presente en Iguala, la Normal de Ayotzinapa y la ciudad de Chilpancingo, brindando atención inmediata y acompañamiento a las víctimas, así como para iniciar la investigación por Violaciones a Derechos Humanos, lo que le otorgó la excepcional oportunidad de documentar los primeros impactos que se presentaron en las víctimas y sus familiares. También observó serias manifestaciones traumáticas, caracterizadas por malestares físicos, emocionales, económicos y sociales que requieren de la mayor y más especializada atención. Cuando los padres y familiares de los normalistas se enteraron de la ocurrencia de los hechos, se detonaron en ellos respuestas de ansiedad y angustia, que pueden calificarse como traumáticas, y se relacionaban con la integridad de los estudiantes, especialmente por los antecedentes que existen en torno a las agresiones que han recibido estos por parte de las autoridades policiacas1818 1819. La CNDH desde los primeros momentos de los hechos, documentó los impactos traumáticos que se presentaron en las víctimas, observó manifestaciones de shock y embotamiento emocional1820, así como sentimientos de rabia por la percepción abuso e injusticia. Los días posteriores a los hechos, fueron de confusión y falta de información certera y corroborada, lo que detonó en los padres de familia y otros familiares signos y síntomas de angustia y ansiedad alteraciones de su estado emocional caracterizado por llanto involuntario, disminución en la capacidad de atención, sentimientos de malestar, dolores en el cuerpo y de cabeza, alteraciones en el sueño, la alimentación y falta de apetito, opresión en el pecho, temblores en el 1818 Recomendación 001 SOBRE LA INVESTIGACIÓN DE VIOLACIONES GRAVES A LOS DERECHOS HUMANOS, RELACIONADA CON LOS HECHOS OCURRIDOS EL 12 DE DICIEMBRE DE 2011, EN CHILPANCINGO, GUERRERO. http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/ViolacionesGraves/RecVG_001.pdf 1819 https://www.youtube.com/watch?v=YfoW6WmrhAs 1820 http://www.cun.es/diccionario-medico/terminos/embotamiento-afectivo
11. 2092/2178 cuerpo, inquietud interior, temor de que ocurra lo peor, taquicardias, sentimientos de bloqueo, tensión interior, desesperanza sobre el futuro, miedo a perder el control, sensación de ahogo, entre otros1821. Los familiares de Aldo Gutiérrez Solano, arribaron al Hospital General de Iguala el 27 de septiembre por la mañana, enfrentando el trauma de los hechos, la incertidumbre por la situación de Aldo y el miedo por las condiciones de inseguridad prevalecientes en la ciudad; derivado de la atención y acompañamiento brindado a los familiares por parte de la CNDH1822, fue posible documentar las primeras manifestaciones traumáticas, caracterizadas por embotamiento y aplanamiento emocional, preocupación, tristeza y llanto fácil. A los familiares de Aldo, se les ha brindado un acompañamiento cercano y constante, especialmente durante su estancia en la Ciudad de México, verificando su estado emocional, de salud y realizando gestiones ante la CEAV por retrasos en el reembolso de gastos de traslado y el incumplimiento de acuerdos previamente establecidos. El 29 de junio de 2017, la CNDH fue testigo de la firma del “ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECEN COMPROMISOS Y MEDIDAS DE AYUDA EN MATERIA DE ATENCIÓN MÉDICA Y ASISTENCIA EN FAVOR DE ALDO GUTIERREZ SOLANO” en el que participó la SEGOB, CEAV, la Secretaría de Salud, los Institutos Nacionales de Neurología y Rehabilitación, además del Gobierno de Guerrero. El mismo tiene la finalidad de que “el joven Aldo Gutiérrez Solano se reintegre al núcleo familiar y evitar amenazas de infecciones hospitalarias, manteniendo una atención médica especializada de calidad permanente…”. (EVIDENCIA 1) 1821 Estas manifestaciones emocionales, se encuentran registradas en las actas del personal de psicología que atendió a los familiares. 1822 Actas circunstanciadas del 27 de septiembre del 2014, realizadas por Visitadores Adjuntos que obran en el expediente.
12. 2093/2178 En este sentido, las instituciones firmantes se comprometieron de manera general a trasladar a Aldo a un espacio adecuado en su lugar de origen, para que reciba y se supervise la atención médica que requiera, así como los recursos para la adquisición de equipamiento y medicamentos, reembolsando los gastos en que la familia incurra por servicios particulares, traslados, hospedaje y alimentos relacionados con la atención y acompañamiento. Además de que se garantizará la atención permanente, estableciendo las condiciones y procedimientos para que, ante una crisis, Aldo reciba lo más pronto posible atención médica especializada en Guerrero, o en la Ciudad de México de ser necesario. El 1 de octubre de 2018, la CNDH atestiguo en el Municipio de Ayutla de los Libres la entrega por parte de la Secretaría de Salud, la CEAV y el Gobierno del Estado de Guerrero, del bien inmueble pactado, y el traslado al mismo el 8 de octubre. Los familiares de Edgar Andrés Vargas, llegaron a la ciudad de Iguala el 28 de septiembre de 2014, se dirigieron al Hospital General para enterarse de su estado de salud, sin embargo recibieron malos tratos por parte del personal de seguridad del nosocomio, situación lastimosa que se sumó a los sentimientos de dolor, angustia, preocupación e incertidumbre, que sufrían en esos momentos por su familiar; hechos documentados por Visitadores Adjuntos de este Organismo Nacional, que brindaron atención inmediata e intervención en crisis a las víctimas1823. En relación con Julio Cesar Mondragón Fontes, quién fue privado de la vida la madrigada del 27 de septiembre de 2014, la CNDH ha brindado apoyo y acompañamiento victimológico y jurídico desde los momentos en que se iniciaron las gestiones para la realización de la exhumación, durante el proceso de la segunda 1823 Actas circunstanciadas del 4 de octubre de 2014, realizadas por Visitadores Adjuntos que obran en el expediente.
13. 2094/2178 necropsia y durante la reinhumación de los restos en su lugar de origen; así mismo, se han realizado gestiones ante diversas autoridades en favor de sus familiares con el objeto de fortalecer y reivindicar sus derechos humanos. Vale la pena resaltar, que en el “Reporte de la CNDH entorno a los hechos y circunstancias en las que Julio César Mondragón Fontes, normalista de Ayotzinapa, fue privado de la vida” 1824, este Organismo Nacional realizó significativos aportes en favor de la verdad sobre lo ocurrido a Julio Cesar y en el “Caso Iguala”. La impunidad es una de las principales causas de sufrimiento, así como las deficiencias en los procesos de interlocución, atención, búsqueda e investigación; se establece como un daño continuo, que profundiza el dolor y las manifestaciones psicológicas traumáticas generadas por los hechos; traduciéndose así en un nuevo y potente agente “re-traumatizador”. Las secuelas traumáticas de violaciones graves a derechos humanos, acompañan a las personas que las experimentan durante largos periodos, si no es que durante toda su vida; permanecen si las víctimas no reciben atención especializada y un proceso de reparación integral fundamentado en el acceso a la verdad y la justicia, cuidando no priorizar el otorgamiento de medidas de compensación exclusivamente de carácter económico. Es fundamental que la CEAV, documente de manera puntual y específica las manifestaciones clínicas de todas las víctimas, con base en las diferencias de género, edad, contexto sociocultural y subjetividad, así como la posibilidad del desarrollo de duelos patológicos que pueden generar manifestaciones clínicas posteriores 1825. Las acciones de búsqueda y las demandas por verdad y justicia, se han convertido en el centro de la vida de los padres, madres y algunos familiares de los 1824 Reporte de la CNDH entorno a los hechos y circunstancias en las que Julio césar Mondragón Fontes, normalista de Ayotzinapa, fue privado de la vida: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/OtrosDocumentos/Doc_2016_019.pdf 1825 Propuesta 6.
14. 2095/2178 estudiantes fallecidos, desaparecidos y lesionados, lo que ha generado importantes alteraciones en la calidad, estilo y proyecto de vida, además de propiciar que un número significativo de familiares se desplazaran y quedaran a vivir en las instalaciones de la Normal, además de realizar viajes continuos al interior del país y al extranjero, causando desarraigo y abandono de sus lugares de origen y residencia, obligándolos a reorganizar sus dinámicas de vida, separando y fracturando los núcleos familiares. Una de las manifestaciones traumáticas más delicada, lo constituyen las continuas e intensas cargas emocionales, que han generado alteraciones físicas, cómo la descompensación de padecimientos preexistentes (Diabetes, Hipertensión, etc.), intervenciones quirúrgicas, el desarrollo de nuevos padecimientos relacionados con el estrés, por ejemplo, afecciones cardiacas, trastornos del sueño y apetito, así como síntomas de ansiedad y depresión. Estas alteraciones deben atenderse de manera integral, ya que de lo contrario existe el riesgo que se vuelvan crónicas, con la consecuente generación de estados de incapacidad parcial o permanente, con manifestaciones mucho más amplias de las descritas por los manuales diagnósticos, apareciendo de manera súbita y paulatina, mediante la reactivación del trauma a partir de enfrentar otras pérdidas, los aniversarios de los hechos, otras crisis vitales y el enfrentamiento con procesos judiciales y administrativos. La CNDH, lamenta profundamente la muerte de la señora Minerva Bello Guerrero1826, madre de Everardo Rodríguez Bello ocurrida el 4 de febrero de 2018 y de Irene Mora Venancio1827, hermano de Alexander Mora Venancio, que ocurrió en un accidente automovilístico el 18 de mayo de 2018; familiares de dos estudiantes que fueron desaparecidos en los hechos de Iguala. Sus decesos ocurrieron sin que 1826 https://www.animalpolitico.com/2018/02/muere-minerva-bello-madre-normalistas-ayotzinapa/ 1827 http://www.milenio.com/estados/muere-hermano-de-alexander-mora-uno-de-los-43
15. 2096/2178 conocieran la verdad sobre el paradero de sus familiares ni pudiera acceder a la justicia. Las pérdidas económicas y de medios de vida, generan impactos significativos particularmente en los grupos familiares de los estudiantes desaparecidos y lesionados, ya que derivado del desplazamiento a la Normal o la Ciudad de México para la atención médica, y por la intensidad de las actividades de búsqueda, han abandonado sus fuentes de ingresos y manutención, experimentando la pérdida de cosechas, tierras que rentaban para labrar, la muerte de animales de crianza, ganado y empleos remunerados. Lo anterior, se suma a las carencias estructurales preexistentes en el contexto socioeconómico de los familiares, por lo que se agravan y profundizar las condiciones victimizantes, especialmente la pobreza, marginación y vulnerabilidad. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ha enviado diversos documentos a la CNDH, en los que informa sobre las acciones que ha realizado en relación con la atención a las víctimas relacionadas con el “Caso Iguala”, el desarrollo de programas, planes y acuerdos para tal fin, así como para iniciar algunos procesos individuales y familiares de reparación del daño. Este Organismo Nacional, considera que dichos documentos presentan una visión fragmentada y asistencial, de la atención a las víctimas, enfocada en paliar solamente las demandas inmediatas de las personas afectadas, sin vislumbrar las necesidades de fondo ni entender el contexto en que estas se presentan. Para prevenir lo anterior, la CNDH formuló a las CEAV seis observaciones y propuestas en dos documentos, que no han sido atendidos a cabalidad; por lo que las acciones de atención, ayuda y “reparación” que la Comisión Ejecutiva continúa realizando, presentan un alto riesgo de revictimización, al colocar a los receptores de sus servicios en una situación de vulnerabilidad, debido a que prevalece un enfoque jurídico-administrativo sobre uno reparatorio-psicosocial, aunado a una invisibilización y desconocimiento de los impactos y necesidades reales de las
16. 2097/2178 personas afectadas por los hechos de Iguala, así como significativas inconsistencias y ambigüedades en lo referente a la planeación, diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las atenciones que se proporcionan, además de la desarticulación y falta de protocolos operativos entre las instancias públicas que brindan las atenciones, lo cual profundiza los daños, e impide que las personas reconstruyan sus proyectos de vida y restablezcan a plenitud el ejercicio de sus derechos humanos. Si bien en situaciones de emergencia como la ocurrida en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014, la atención inmediata, las medidas de ayuda y la intervención breve en crisis son fundamentales, resulta esencial que las acciones, programas y modelos, se cimienten efectivamente desde una perspectiva psicosocial1828 1829 con una mirada de mediano y largo plazo. En ese sentido, los programas de atención a víctimas de violaciones graves de derechos humanos que desarrollen las Comisiones Federal y Estatal, deben comprender sus comportamientos, emociones y pensamientos dentro del contexto social y cultural en el que ocurren, sin aislarlas en modo alguno. Esta perspectiva “ve y va” más allá de las acciones asistenciales y enfoques terapéuticos de consultorio, ya que el trauma psicosocial 1830 conjuga las dimensiones individual y colectiva dentro de un contexto específico. Así, las intervenciones tradicionales, enfocadas únicamente en medidas instrumentales y la disminución de síntomas o la sensación de malestar, suelen quedarse cortas para abarcar el espectro del daño ocasionado por eventos extremadamente graves 1831. 1828 Perez-Sales, P. (1999). Actuaciones Psicosociales en Guerra y Violencia Política. Ed Ex-Libris. Ed. Madrid en: http://www.pauperez.cat/es/tematico/libros/2-actuaciones-psicosociales-en-guerra-y-violencia-politica/file 1829 Beristain, CM. (2007) Manual sobre perspectiva psicosocial en la investigación de derechos humanos. Edita heoga, Bilbao; en: http://www.psicosocial.net/grupo-accion-comunitaria/centro-de-documentacion-gac/violencia-y-cambio-politico/justicia- verdad-y-reparacion/823-manual-sobre-perspectiva-psicosocial-en-la-investigacion-de-derechos-humanos/file 1830 Martín-Baró, I. (1988) La violencia y la guerra como causas del trauma psicosocial en El Salvador. Revista de Psicología de El Salvador No. 28; en: http://www.psicosocial.net/grupo-accion-comunitaria/centro-de-documentacion-gac/fundamentos-y- teoria-de-una-psicologia-liberadora/psicologia-y-violencia-politica/222-la-violencia-politica-y-la-guerra-como-causas-del- trauma-psicosocial-en-el-salvador/file 1831 Propuesta 7.
17. 2098/2178 La CNDH observa con preocupación que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, no haya cumplido a cabalidad las Observaciones y Propuestas que este Organismo Nacional ha formulado, particularmente por la fragmentación de las acciones realizadas por parte de la CEAV en relación con las víctimas del “Caso Iguala”. Si bien a más de 4 años de ocurridos los hechos, se han erogado importantes recursos, realizado un sinnúmero de acciones, gestiones y reuniones (además de la emisión de 30 resoluciones por compensación subsidiaria), no se puede considerar que éstas se hayan realizado efectivamente desde una perspectiva y procesos de acompañamiento psicosocial como lo establece la Ley General de Víctimas, y lo evidencian los juicios de amparo interpuestos por algunos miembros del colectivo “Avispones de Chilpancingo” en contra de las resoluciones por compensación subsidiaria emitidas hasta el momento. Así mismo, a las medidas de atención y asistencia que ha venido proporcionando la CEAV a las víctimas, y que ha reportado a la CNDH, presentan un alto riesgo de revictimización, al colocar a los receptores de sus servicios en una situación de vulnerabilidad adicional a la ocasionada por los hechos; por lo que estas deben revisarse cuidadosamente y en su caso corregirse, para prevenir a toda costa la ocurrencia de una victimización secundaria 1832. La CNDH considera inquietante, que las víctimas directas e indirectas relacionadas con el “Caso Iguala”, han estado expuestas a diversas formas y niveles de “violencia institucional”; considerada como el sufrimiento1833 que se produce cuando las personas tienen contacto con alguna institución y sus representantes, lo que resulta en daños acumulativos a la dignidad humana, generados por la actitud de los servidores públicos que materializan sus funciones con sobrecargas 1832 Propuesta 17. 1833 Kaës, R; Bleger, J; Enriquez, E; Fornari, F; Fuster, P; Rousillon, R y Vidal, JP. (1989). La institución y las instituciones. Estudios psicoanalíticos. Paidos, Buenos Aires. En: http://www.bibliopsi.org/docs/carreras/obligatorias/CFP/institucional/ex%20schejter/UNIDAD%2010/Unidad%2010%20Kaes_ R_-_La_Institucion_Y_Las_Instituciones-libre.pdf
18. 2099/2178 administrativas1834, ocasionando daño e indignación individual e incluso colectiva y social. Esta violencia institucional, genera en las personas impactos revictimizantes, a partir de que entran en contacto con autoridades o instituciones que ofrecen – consciente o inconscientemente- la falta de escucha y validación de su vivencia, tratos injustos y desconsiderados, así como cargas burocráticas1835 1836. La revictimización profundiza el daño y arraiga las secuelas psicológicas de los eventos traumáticos, originada por el choque entre las necesidades de la víctima y la realidad institucional, produciendo nuevos efectos acumulativos a la carga victimal, en ocasiones más dañinos que el evento victimizante primigenio1837, pues coloca a las personas en una nueva situación de vulnerabilidad, fragilidad y exclusión; además de la ambigüedad que genera el ser nuevamente dañada, por quién debiera cuidar y proteger; por lo que la victimización secundaria es una nueva violación a los derechos humanos, debido a la falta de formación, información, tacto, respeto y esmero de aquellos servidores públicos implicados en el proceso de atención a las personas, y a su desdén por la experiencia de la víctima1838. Los principales impactos revictimizantes en los padres y familiares de los estudiantes desaparecidos, se dio cuando fueron descubiertas las primeras fosas el 4 de octubre de 2014, en los “suburbios” de Iguala. La socialización por parte de las autoridades de las declaraciones de presuntos implicados, generaron rumores y 1834 Pereyra, P. (2015) Problema de la definición de violencia institucional. Un debate necesario. Revista Pensamiento Penal, Argentina. En: http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2015/10/doctrina42229.pdf 1835 Martorella, A. M. (2011). Abuso sexual infantil intrafamiliar: revictimización judicial. 12º Congreso Virtual de Psiquiatría. Febrero-Marzo 2011. Argentina. En: https://es.scribd.com/document/129145978/paper-Martorella-Revictimizacion-en-ASI- 6m1conf449312 1836 Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Amparo directo en revisión 1072/2014 https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?ID=26984&Clase=DetalleTesisEjecutorias 1837 Laguna-Hernández, S. (2007) Manual de Victimología. Universidad de Salamanca, España. En: https://es.scribd.com/document/211404550/Manual-de-Victimologia 1838 Oficina de Derechos Humanos y Justicia. Víctimas, Derechos y Justicia. Poder Judicial de la Provincia de Córdoba: Argentina (1987). En: https://es.scribd.com/document/217241483/Victimas-DDHH-y-justicia-Poder-judicial-de-Cordoba- Argentina
19. 2100/2178 expectativas, sin que las autoridades responsables de la investigación se pronunciaran para enfrentarlos con información fiable y sustentada. En este mismo sentido, las víctimas, sus familiares, acompañantes y representantes, se vieron impactados negativamente por comentarios del Secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, quién mencionó que se encontraban manipulados para el logro de objetivos de grupos específicos 1839 1840, lo que motivó que la CNDH solicitara el 19 de diciembre de 2014 a la Secretaría de Gobernación medidas precautorias, para que los servidores públicos del gobierno federal, en especial de las fuerzas de seguridad, se abstuvieran de formular opiniones y expresiones que revictimizaran y pusieran en riesgo la seguridad e integridad personal de los defensores civiles de derechos humanos, víctimas y de sus familiares, solicitando que se les garantizara un trato digno y respetuoso a los mismos1841. (EVIDENCIA 2) Para prevenir, y en su caso revertir los impactos revictimizantes, resulta fundamental que las autoridades Federales y Estatales, consideren siempre la perspectiva de las víctimas, estableciendo desde el respeto y reconocimiento, los procesos de atención y acompañamiento psicosocial que permitan una preparación emocional sobre la forma, contenido y resultados de las actuaciones. Si lo anterior se conjunta con una actitud de genuina escucha, transparencia y verdad, se generarán condiciones de confianza y dignificación 1842. El estado de Guerrero generó victimización secundaria en los afectados por el “Caso Iguala”, al emitir un “ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE PUBLICA EL PLAN INTEGRAL DE REPARACION DEL DAÑO PARA LAS VÍCTIMAS DE LOS ACONTECIMIENTOS SUSCITADOS EN LA CIUDAD DE IGUALA DE LA 1839 http://www.jornada.unam.mx/2014/12/11/politica/003n1pol 1840 http://www.mvsnoticias.com/#!/noticias/hay-grupos-que-manipulan-a-padres-de-normalistas-por-sus-intereses-vidal- soberon-593.html 1841 http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2014/Com_2014_356.pdf 1842 Propuesta 9.
20. 2101/2178 INDEPENDENCIA, GUERRERO LOS DÍAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014”, que se caracterizó por implementar acciones asistenciales, que no tuvieron continuidad, ni criterios claros para su seguimiento y evaluación, las que se disminuyeron, dilataron o suspendieron de manera arbitraria, sin enmarcarlas dentro de un proceso de acompañamiento psicosocial y reparación integral del daño. Lo anterior, resulta particularmente inquietante ya que el Gobierno del estado de Guerrero no había atendido hasta el momento plenamente la recomendación No. 1 VG/2012 realizada por este Organismo Nacional. (EVIDENCIA 3) Por lo que el Gobierno del Estado de Guerrero, debe realizar las acciones necesarias para dar cumplimiento pleno a la recomendación referida, además de revertir los impactos revictimizantes generados por el acuerdo previamente citado 1843. Las acciones emprendidas por la CEAV con relación a la atención a las víctimas del “Caso Iguala”, se caracterizan por su poca claridad para los receptores sobre la implementación y otorgamiento de las medidas de ayuda, atención y acompañamiento, además del deficiente seguimiento a las acciones y la casi nula participación de las víctimas en los procesos reparatorios; lo que causa incertidumbre y significativas cargas de estrés y enojo en las víctimas y sus familiares, además de generar elementos adicionales de inestabilidad sobre la cotidianeidad y condiciones de vida. Esta forma de proceder, ha resultado revictimizante, como lo han señalado las personas afectadas a la CNDH, así como al iniciar algunos integrantes del colectivo de “Avispones de Chilpancingo” diversos juicios de amparo contra las resoluciones por concepto de compensación subsidiaria emitidas por la referida Comisión Ejecutiva; circunstancias corroboradas en las sentencias emitidas por: la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los jueces Primero, Décimo sexto y el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el sentido de que “… dicho actuar vulneró 1843 Propuesta 10.
21. 2102/2178 en perjuicio de los quejosos el derecho a no ser revictimizados…”. (EVIDENCIAS 4, 5, 6, 7, 8, 9) Esta situación pudo evitarse, si la CEAV hubiera atendido las Propuestas que le fueron realizadas el 23 de julio de 2015 en el “Estado de la Investigación del Caso Iguala”. Con este respecto, la Comisión Ejecutiva, consideraba que el documento referido no contaba con los fundamentos suficientes para ser considerado como un pronunciamiento por violaciones a Derechos Humanos, por lo que la CNDH, inició un proceso de diálogo con los entonces Comisionados Ejecutivos, para clarificar que debido a “… la magnitud de los hechos violatorios … en el “Caso Iguala”. Se trata de actos que entrañan una profunda agresión a la dignidad humana…”, que el contenido del documento pudiera “…ser tomado en cuenta desde ahora a fin de preservar y garantizar los Derechos Humanos de las víctimas que pudieran ser vulnerados de manera irreparable por acciones u omisiones de las autoridades… para atender las necesidades de las víctimas de los lamentables hechos de Iguala a las que, sin duda, les asiste el Derecho a la Reparación Integral del Daño que debe cuidarse ejerzan sin correr los riesgos de la doble victimización”1844. En este sentido, y como un ejemplo del deficiente actuar de la CEAV en relación con los procesos de Reparación Integral de las víctimas de este caso, vale la pena recordar que este Organismo Nacional ha emitido hasta la fecha, cuatro Reportes públicos, el primero de ellos, el 23 de julio de 2015, al que denominó: Informe sobre el “Estado de la Investigación del ‘Caso Iguala”1845. Con base en la información con la que se contaba hasta ese momento, en dicho documento estableció que el número de personas a las que se identificó como víctimas directas de los hechos, de las cuales 6 fueron privadas de la vida, 43 desaparecidas y 33 lesionadas, entre las que se encontraban los miembros del equipo de futbol “Avispones de Chilpancingo”. La CNDH omitió en su informe público los nombres de 1844 http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/OtrosDocumentos/Doc_2015_002.pdf 1845 óp cit., p. 3
22. 2103/2178 los agraviados por los hechos a efecto de salvaguardar su identidad, proteger sus datos personales y evitar que pudieran ser revictimizados. Este Organismo Nacional enteró oficial y formalmente de su informe a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Al mismo tiempo, en 3 “Observaciones y Propuestas” contenidas en el mismo Informe, entre otras cosas, le sugirió la instrumentación de medidas tendentes a garantizar la reparación del daño de todas las víctimas, en los siguientes términos:  “Atender las necesidades de las víctimas de los lamentables hechos de Iguala a las que, sin duda, les asiste el Derecho a la Reparación Integral del Daño que debe cuidarse ejerzan sin correr los riesgos de la doble victimización…”  “27. Realizar un Estudio de Impacto Psicosocial a nivel colectivo, familiar e individual generado por los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala de la Independencia, Guerrero...”  “28. Observar que las acciones de atención a víctimas que se desarrollan, se encuentren dentro del marco de un Plan Integral de Reparación del Daño, articulándolo, de manera armónica y en línea, con los objetivos y estrategias planteadas en el Programa de Atención Integral a Víctimas 2014-2018...”  “29. Prestar especial atención a la reparación colectiva, particularmente, para revertir las transformaciones negativas en el contexto social, comunitario y cultural, asociadas al deterioro del tejido social y la desesperanza para afrontar el futuro, con especial énfasis en proteger los Derechos Humanos a la verdad, a la justicia y a la garantía de no repetición del acto.” El propio 23 de julio de 2015, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas aceptó1846 las Observaciones y Propuestas que le formuló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el Informe arriba referido. En relación con dichas 1846 https://www.quadratin.com.mx/sucesos/Trabaja-CEAV-en-sugerencias-para-CNDH-sobre-caso-Iguala/
23. 2104/2178 Observaciones y Propuestas y en seguimiento a las acciones implementadas, para su cumplimiento, el 30 de octubre de 2015, la CEAV remitió a este Organismo Nacional un Informe puntual sobre el “Estado que guardan las atenciones brindadas a las personas víctimas directas e indirectas de los lamentables hechos acontecidos los días 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero”. Entre los nombres que aparecen en el documento que contiene la relación de víctimas que la CEAV envió a la CNDH, se encuentran los miembros y familiares del equipo de futbol “Avispones de Chilpancingo”, como el de todas las víctimas directas identificadas por la CNDH hasta el momento en que emitió su primer Reporte. En consecuencia, nada impedía ni ha impedido que la CEAV procediera a la correspondiente reparación del daño por Violaciones Graves a Derechos Humanos en los términos de Ley. Es por ello que la CNDH considera que para una real “Reparación Integral del Daño”, además de garantizar los derechos a la verdad y la justicia, la CEAV debe ponderar e incluir dentro de sus resoluciones los impactos derivados de la revictimización, que deben ser documentados cuidadosamente por el Estudio de Impacto Psicosocial1847. Resulta alentador que la CEAV realizara una revisión de su “Modelo Integral de Atención a Víctimas”, particularmente al reconocer que “… sus esquemas operativos han sido insuficientes respecto a las expectativas que se generaron y que se han incrementado con las reformas constitucionales en materia de atención a víctimas”. Este nuevo modelo, expone que la Comisión Ejecutiva se enfocará en obtener resultados “Visibles y Medibles”, a partir de indicadores de “eficacia institucional”, sin considerar en ninguno de ellos la escucha y satisfacción plena de las víctimas; por lo que se mantienen los riesgos de victimización secundaria a sus usuarios; lo que no deja de ser inquietante para este Organismo Nacional. 1847 Propuesta 11.
24. 2105/2178 En este mismo sentido, la CEAV debe evitar la prevalencia de criterios administrativos sobre las necesidades de las víctimas, lo que actualiza la violencia institucional y el riesgo de victimización secundaria; es por ello que la CEAV debe reformular sus medidas operativas y procedimentales para que coloquen en el centro de sus procesos a las víctimas, y no a los criterios administrativo-contables 1848. La reparación integral del daño y medidas de satisfacción para las víctimas del “caso iguala” La CNDH, considera que la reparación integral del daño, es un proceso complejo que se conforma por un conjunto de medidas que se fundamentan en el acceso a la verdad y la justica, es responsabilidad del Estado y tiene como objetivo reconocer el daño, reivindicar la dignidad y transformar las condiciones de vida de las personas que han sido victimizadas por los lamentables hechos de Iguala, para que retomen la realización de su proyecto de vida; promoviendo reformas políticas que garanticen que los hechos violatorios y victimizantes no vuelvan a repetirse y enfocándose en reconstruir y restablecer la dinámica de las relaciones sociales con base en los principios de libertad y equidad. Por lo que las vías previstas en el sistema jurídico mexicano para lograr la reparación del daño derivado de la responsabilidad del Estado consiste en plantear la reclamación ante el órgano jurisdiccional competente, y otra vía es el sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos, de conformidad con lo establecido en los artículos 1°, párrafo tercero, 108 y 109, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, párrafo segundo, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que prevé la posibilidad de que, al acreditarse una violación a los derechos humanos, atribuible a un servidor público del Estado, la Recomendación que se formule a la dependencia pública debe incluir las medidas que procedan, para lograr la efectiva restitución de los afectados en sus derechos 1848 Propuesta 12.
25. 2106/2178 fundamentales y las relativas a la reparación de los daños y perjuicios que se hubieran ocasionado, para lo cual el Estado debe investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos establecidos en los artículos 1°, cuarto párrafo, 2°, fracción I, 7°, fracciones I, II, VI, VII y VIII, 8, 26, 27, De conformidad con lo previsto en los artículos 1, párrafo cuarto, de la Ley General de Víctimas; 2, fracción II, 3, 4, 5 fracción XIV y el artículo 14 de la Ley número 450 de Víctimas del Estado Libre y Soberano de Guerrero, establece que la reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y la de no repetición. Los artículos 18, 19, 20, 21, 22 y 23 de los “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones” y diversos criterios de la CrIDH, establecen que para garantizar a las víctimas la reparación integral y proporcional a la gravedad de la violación y las circunstancias de cada caso. El derecho a la verdad y a saber1849, se refiere a que “[c]ada pueblo tiene el derecho inalienable a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos […] en relación con la perpetración de crímenes aberrantes, de las circunstancias y los motivos que los llevaron, mediante violaciones masivas o sistemáticas, a la perpetración de esos crímenes. El ejercicio pleno y efectivo del derecho a la verdad proporciona una salvaguarda fundamental contra la repetición de esas violaciones”1850. 1849 ONU. (2005) Informe de Diane Orentlicher, Experta independiente encargada de actualizar el Conjunto de principios para la lucha contra la impunidad. COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 61º período de sesiones del 18 de febrero de 2005, consultado el 23 de octubre de 2017 a las 13:00 horas, en: http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/onu/lesahumanidad/2005-Principios-actualizados-lucha-contra- impunidad.pdf 1850 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/109/03/PDF/G0510903.pdf?OpenElement
26. 2107/2178 En relación directa con el derecho a la verdad, se encuentra el de la justicia y es una obligación del Estado Mexicano garantizarlo como fundamento para la lucha contra la impunidad. Para realizarlo plenamente, se requiere del procesamiento de los responsables de violaciones a los derechos humanos y la plena colaboración con otros estados, tribunales y organismos internacionales. La materialización del derecho a la justicia por parte de las autoridades federales y estatales, debe garantizar que las investigaciones de las violaciones a derechos humanos, se realicen de manera pronta, independiente e imparcial, que los juicios y las sanciones sean acordes con las violaciones cometidas, por medio de asegurar el pleno derecho a la denuncia, participación y protección de las víctimas colectivas, familiares e individuales; además de implementar el principio de jurisdicción universal; que las violaciones a derechos humanos sean imprescriptibles y se atestigüe el derecho a la plena reparación; el no asilo y sí extradición a los perpetradores; la no exoneración por obediencia 1851. Este Organismo Nacional Autónomo, ve con preocupación que hasta el momento las autoridades responsables de realizar la investigación sobre los acontecimientos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, no han materializado plenamente los derechos a la verdad y la justicia, por lo que no es posible que se configure el derecho a la reparación integral del daño y menos aspirar a un proceso de reconciliación. Para que la Reparación Integral del Daño cumpla su cometido, debe partir de una profunda y consciente idea del “bien” y de lo “bueno”, por lo que la CEAV, debe tener siempre en cuenta la articulación entre los procesos colectivos e individuales, además de establecer puentes de diálogo entre las personas y las comunidades, 1851 Propuesta 13.
27. 2108/2178 siempre con el objetivo de visibilizar y desmantelar las condiciones de violencia estructural que propiciaron el desenlace de los hechos1852 1853. La CNDH ve con beneplácito que como una respuesta parcial a las Observaciones y Propuestas realizadas el 23 de julio de 2015 a la CEAV, se haya realizado el documento “Yo sólo quería que amaneciera: Impactos Psicosociales del Caso Ayotzinapa” con la participación de Organizaciones de la Sociedad Civil, lo que amerita un amplio reconocimiento, especialmente por las posibilidades para la construcción y consolidación de puentes de diálogo y comunicación, que lleven a la plena realización de procesos de Reparación Integral a nivel colectivo, familiar e individual fundamentados en la verdad y la justicia. Este Organismo Nacional, no pasa por alto que el informe “Yo sólo quería que amaneciera: Impactos Psicosociales del Caso Ayotzinapa”, de 526 cuartillas, no consideró dentro de sus fundamentos las propuestas realizadas por este organismo nacional, partió solo de las recomendaciones realizadas por el GIEI, y se enfocó solamente en los impactos a las víctimas relacionadas con la Normal de “Ayotzinapa”, dejando fuera a una parte significativa del espectro y dimensiones de las víctimas; por ejemplo a los “Avispones de Chilpancingo”, y otras víctimas fallecidas y lesionados en el crucero de Santa Teresa, además de no analizar la situación de victimización social de la Ciudad de Iguala y las personas que se vieron afectadas por habitar o encontrarse en los sitios donde se perpetraron las agresiones. Lo que le resta representatividad sobre el cúmulo de las personas afectadas y circunscribe sus conclusiones, por lo que no es posible considerarlo como una línea base para la elaboración de un “Plan Integral de Reparación del Daño”. 1852 Giolis, G. (s/a) El concepto de reparación simbólica. Equipo de salud mental del CELS. En: http://www.cels.org.ar/common/documentos/concepto_reparacion_simbolica.doc consultado el 3 de noviembre de 2016. 1853 Propuesta 14.
28. 2109/2178 Resulta fundamental que la CEAV realice las acciones necesarias para que el “Plan Integral de Reparación del Daño”: a) considere las condiciones socioculturales, contextuales y regionales de manera diferenciada de todas las víctimas directas e indirectas, evitando las aplicaciones estandarizadas de las medidas de atención, ayuda y reparación; b) permita diversas modalidades de atención con base en las necesidades y características de las víctimas; c) cuente con los indicadores y categorías que permitan evaluar de manera específica y en los niveles colectivo, familiar e individual sus efectos; f) se fundamenten en la alta formación y especialización del personal que intervenga 1854. El informe “Yo sólo quería que amaneciera: Impactos Psicosociales del Caso Ayotzinapa” realizado a solicitud de la CEAV, presenta una serie de recomendaciones generales en torno a las medidas de satisfacción y rehabilitación con base en la información que recabó del grupo de víctimas que entrevistó, de las cuales, la CNDH, considera que excede de su objetivo y contiene imprecisiones relacionadas con los hechos, que ya habían sido aclaradas por este Organismo Nacional en informes previos emitidos y otras que lo estarán a partir de este documento recomendatorio. En este sentido, el informe del estudio solicitado por la CEAV en sus recomendaciones señala “2.2. El Estado mexicano debe reconocer públicamente, en voz de autoridades de alto nivel, la falta de sustento científico suficiente en la hipótesis oficial que establece como destino final de todos los estudiantes de Ayotzinapa el basurero de Cocula, y remover cualquier aseveración al respecto de los discursos y sitios digitales públicos del Estado mexicano. En caso de enfrentar obstáculos legales respecto de remover o rectificar información pública, el Estado debe garantizar que donde se presente o se haya presentado públicamente esta información, se refleje una aclaración en el sentido de que la hipótesis oficial ha sido científicamente discutida.”De acuerdo con la investigación de la CNDH, este 1854 Propuesta 15.
29. 2110/2178 señalamiento es parcial y excede el objeto del Diagnóstico de Impactos Psicosociales del Caso Ayotzinapa, por lo que esa recomendación debe ser reconsiderada; así mismo, las instancias de procuración de justicia del gobierno mexicano, tienen que reconocer que su investigación, no ha dado una respuesta cabal a los acontecimientos del “Caso Iguala”, y su investigación “científica”, adolece de especificidad. Este planteamiento del estudio de “Impactos Psicosociales del Caso Ayotzinapa”, está realizado sobre el erróneo supuesto de que todo está aclarado en la investigación, cuando en realidad esta es una investigación abierta que no ha visto su conclusión. El informe solicitado por la CEAV, también recomendó que, “… Como medida de satisfacción, el Estado debería posibilitar que todos los estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, actuales y futuros, conozcan lo que ocurrió. Para ello, el Estado podría garantizar la impresión de una edición de al menos 5 mil ejemplares de los informes I y II del GIEI, como medida de reivindicación de la dignidad de los estudiantes de la Normal, y la distribución de algunos de éstos en instituciones educativas que sean acordadas con la comunidad estudiantil de Ayotzinapa”. La CNDH reconoce, que el principio de máxima publicidad es fundamental para el efectivo acceso a la verdad de todas las personas que fueron dañadas en el “Caso Iguala” y de la sociedad en general, además de configurarse como una garantía de no repetición. Si bien algunos aspectos de los informes realizados por el GIEI son valiosos y señalaron aspectos importantes de la situación y líneas que debía seguir la investigación, estos fueron emitidos cuando la misma se encontraba aún abierta y en desarrollo, por lo que no debieron considerarse más que como guías y aportaciones a la misma y no como un pronunciamiento definitivo en torno al caso.
30. 2111/2178 Con relación al registro de las víctimas, el informe recomendó, “3.6. Establecer un registro de las personas heridas durante los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala y coordinar las acciones necesarias para garantizar sus derechos, destacando los casos de los 2 normalistas heridos que no reciben atención actualmente, las personas heridas en el crucero de Santa Teresa y de Mezcala. Debe realizarse una evaluación de su situación de salud física, psicológica y psicosocial, así como de los gastos en que han incurrido para la atención. Los estudiantes heridos aún no reconocidos como víctimas oficialmente deben de ser incluidos en el RENAVI y se deberá de proveer de medidas inmediatas de atención en salud y psicológica de calidad, en los lugares de su preferencia o garantizando su adecuado acceso”. La CNDH a partir de sus primeras actuaciones, durante el proceso de investigación que siguió por Violaciones Graves de Derechos Humanos y el acompañamiento que ha realizado a algunos agraviados, ha corroborado que existen al menos 685 Víctimas, dentro de los que se encuentran las personas lesionadas en distintos lugares de los hechos, además de señalar en otro apartado de este texto recomendatorio las “Violaciones a los derechos humanos durante la atención médica de urgencia proporcionada a las víctimas de los eventos ocurridos en iguala los días 26 y 27 de septiembre de 2014”. El registro de la totalidad de las víctimas, es una condición fundamental para estar en condiciones de determinar la dimensión del daño de los hechos de Iguala, por lo que al no hacerlo este estudio, no ha cumplido con su objeto primario, y pierde representatividad y validez para ser considerado como base de los procesos de atención y reparación de la totalidad de las víctimas del “Caso Iguala”. Para materializar la voluntad del Estado de cambiar la relación con las víctimas y los ciudadanos1855, es fundamental que la CEAV subsane las deficiencias 1855 Beristain, C. (2010) Diálogos sobre la reparación. Que reparar en los casos de violaciones a derechos humanos. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. San José, Costa Rica.
31. 2112/2178 señaladas en el Estudio de Impacto Psicosocial, y se documenten de manera amplia y completa las expectativas sobre lo que es reparador y sobre las necesidades de TODAS las víctimas, sentando las bases claras, para dar cumplimiento de manera integral al proceso reparatorio. De lo contrario, el documento reduce su validez, eficacia y efectos satisfactorios, como ha quedado demostrado por los juicios de amparo promovidos por las víctimas a las que se les han favorecido en las referidas resoluciones 1856. Para revertir el daño y reconstruir la confianza fracturada, es necesaria la amplia participación de las víctimas en todas las medidas y acciones que se diseñen, implementen y evalúen, especialmente en lo que refiere a las medidas de compensación y satisfacción, debido a lo sensible de su naturaleza; por lo que debe implementarse de manera permanente y eficiente el acompañamiento psicosocial para mantener abiertos canales de diálogo entre las personas afectadas y los servidores públicos de la CEAV encargados de los procesos reparatorios; esta participación, supone una co-construcción colectiva del proceso, al interior de las familias y los grupos 1857. La CNDH considera que la CEAV, debe replantear de manera completa el proceso de Reparación Integral del Daño para las víctimas del “Caso Iguala”, así como el de todas las que en lo sucesivo atienda, vigilando que las medidas reparatorias de manera articulada y armónica consideren materializar efectivamente lo siguiente1858 1859 1860 1861: 1856 Propuesta 16. 1857 Propuesta 17. 1858 Vera-Piñeros, D. (2008) Desarrollo internacional de un concepto de reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario; complementos a la perspectiva de la ONU. Pap. Polit. Vol. 13 No. 2, Bogotá. 1859 Rousset-Siri, A.J. (2011) El concepto de Reparación Integral en la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Revista Internacional de Derechos Humanos, No.1. 1860 James-Cantor, D. (2011) Restitución, compensación, satisfacción: Reparaciones transnacionales y la Ley de Víctimas de Colombia. Nuevos temas en la investigación sobre refugiados, Informe de investigación No. 215. ACNUR, ONU, Ginebra, Suiza. En: http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=51751f1f4 1861 Propuesta 18.
32. 2113/2178 • Medidas de Restitución, sobre la libertad, los derechos humanos, la identidad, la vida familiar, ciudadanía plena, reconstrucción del tejido social y recuperación del proyecto de vida. • Medidas de Rehabilitación, medidas de atención: médica, psicológica, educativa y laboral. • Medidas de Indemnización (compensación), especificar de manera amplia y diferenciada el daño patrimonial, el daño moral, lucro cesante y otros gastos. • Garantías de no repetición, que fundamentadas en la documentación del daño, no solo consideren acciones de capacitación a diversos servidores públicos, que se enfoquen de manera firme a recuperar el tejido social y cultural de la comunidad, acciones a nivel jurídico e institucional que impliquen transformaciones de fondo, incorporando en todo momento la dimensión colectiva y atacando las causas de la violencia estructural. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, considera que la reparación colectiva, debe enfocarse en “…revertir las transformaciones negativas en el contexto social, comunitario y cultural, asociadas al deterioro del tejido social y la desesperanza para afrontar el futuro, con especial énfasis en proteger los Derechos Humanos a la verdad, a la justicia y a la garantía de no repetición del acto”1862. El proceso de reparación colectiva no es ajeno al de reparación familiar- individual, y si corre en paralelo a este, por lo que se sostiene igualmente en la materialización de los derechos a la verdad y la justicia; y se fundamenta en principios similares de integralidad, participación, amplitud y especificidad de las víctimas colectivas al momento de identificar los daños ocasionados y adoptar las respectivas medidas de reparación. 1862 http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/OtrosDocumentos/Doc_2015_002.pdf
33. 2114/2178 La CEAV debe ser especialmente cuidadosa cuando se implementen medidas económicas de reparación colectiva, ya que deben enfocarse en mejorar las condiciones de vida del colectivo en su conjunto, mediante la realización de inversiones significativas y de amplio impacto general, en infraestructura, servicios de salud, educación y desarrollo comunitario; vigilando que no se traslapen ni sustituyan a las políticas públicas de desarrollo social 1863. Cuando la CEAV inicie un proceso de reparación colectiva, debe observar las siguientes condiciones 1864: • Caracterización del daño colectivo: que se realizará a partir de los resultados del estudio de impacto psicosocial. • Tener un enfoque Preventivo: proponer e impulsar las modificaciones legislativas, que garanticen la no repetición de estos acontecimientos. • Detonar la reconstrucción y rehabilitación: enfocar los esfuerzos en el desarrollo y rescate del proceso de desarrollo de las víctimas colectivas, manteniendo el proceso reparatorio separado de manera muy clara de las políticas públicas; así como generar las condiciones político sociales que faciliten el proceso; además de desarrollar medidas de seguridad contra la violencia y control de la comunidad o colectivo. • Gestionar los procesos de reparación colectiva: conformando consejos comunitarios de integración mixta, para asegurar y salvaguardar la participación de las víctimas, implicar durante todo el proceso a las autoridades locales de los niveles municipal y estatal, establecer criterios que faciliten la toma de decisiones y conformar de manera clara un sistema de evaluación y un monitoreo a lo largo del tiempo del cumplimiento de las medidas, alineado a los resultados del Estudio de Impacto Psicosocial y las expectativas de las víctimas. 1863 Propuesta 19. 1864 Propuesta 34.
34. 2115/2178 La CEAV, en el desarrollo de los procesos de reparación colectiva, debe garantizar la integralidad, amplitud, participación y especificidad de las víctimas; cuidando –como en los procesos familiares e individuales- que las medidas se articulen entre sí de manera armónica y coherente, sin priorizar a unas sobre otras; que las medidas de compensación, mejoren eficazmente las condiciones de vida del colectivo mediante el desarrollo de infraestructura, servicios de salud, educación y desarrollo comunitario; además de vigilar que estas no se traslapen ni sustituyan a las políticas públicas de desarrollo social. Por ningún motivo, los procesos de reparación colectiva deben ser generadores de conflicto intra e inter comunidades1865. La reparación simbólica y las medidas de satisfacción, son trascendentes dentro de todo proceso de reparación integral del daño, ya que permiten que se configure un cierre y alivio sobre el sufrimiento. Para su diseño e implementación, es fundamental considerar acciones semánticas, emocionales y materiales, que partan siempre desde la voz y perspectiva de las víctimas. Para el desarrollo de las medidas de reparación simbólica, las instancias públicas y particularmente la CEAV, deben enfocarse en la construcción representativa de “algo nuevo” que parta de la reivindicación de la verdad y la aplicación de la justicia, sin pretender restituir lo que se ha perdido o dañado1866. La reparación simbólica, puede tomar formas materiales como memoriales, nomenclaturas y exposiciones, o inmateriales a partir del desarrollo de conmemoraciones, disculpas públicas o eventos representativos académicos y populares; como un reforzador a las garantías de no repetición y garantizar la máxima difusión de la verdad sobre lo ocurrido en Iguala, debería incluirse en los libros de texto de historia una versión debidamente fundamentada sobre los hechos, 1865 Propuesta 21. 1866 Propuesta 22.
35. 2116/2178 realizada con un sustrato psicopedagógico, para prevenir la desinformación y sesgo que podría generar una búsqueda solamente mediática y digital. Es fundamental que todas las medidas y acciones de reparación simbólica que emprenda la CEAV, partan de los principios de participación, pluralidad, solidaridad y libertad, alejadas lo más posible de las imposiciones institucionales y la reivindicación de todo discurso oficial, ya que de lo contrario resultará revictimizante y generará el efecto opuesto1867. En definitiva, la CEAV debe enfocar todos sus esfuerzos para lograr la “desvictimización” de todas las personas, familias y colectivos que se vieron dañados por los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala; esto permitirá que a partir de la verdad, justicia y reparación, recuperen su dignidad, restablezcan sus derechos humanos y retoman el desarrollo de su proyecto de vida1868. 1867 Propuesta 23. 1868 Propuesta 24.
36. 2117/2178 En el apartado “Sobre la Victimización, Revictimización y Reparación Integral del Daño para los Afectados del ‘Caso Iguala’”, se han actualizado violaciones a los Derechos Humanos por: Gobernador Constitucional de Guerrero, Procuraduría General de la República, la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, ahora Fiscalía General del Estado de Guerrero y Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Violación a los derechos a la vida, a la integridad física y psicológica, de las víctimas directas e indirectas del Caso Iguala por la victimización y revictimización. Los derechos a la vida, a la integridad física y psicológica en general, fueron violados en algunos casos a víctimas directas e indirectas, a víctimas sociales y a víctimas colectivas, al menos 685 víctimas al emitir esta Recomendación, respecto a los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en el Municipio de Iguala, Guerrero, lo anterior, toda vez que el Gobernador de esa Entidad Federativa no atendió las obligaciones que tiene respecto a los derechos enunciados de la población guerrerense, que en esas condiciones sufrieron una afectación psicosocial por el impacto derivado de los hechos ya referidos y enseguida, otras más por el trato recibido de las autoridades de procuración y administración de justicia, así como de las encargadas de la reparación de los daños. Victimización y revictimización. La victimización es el sufrimiento por el trauma y la revictimización consiste en la “reexperimentación de la profunda experiencia traumática cada vez que la víctima recuerda o declara sobre lo ocurrido”,1869 sin los cuidados correspondientes. 1869 CrIDH, Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. Párrafo 180 y CrIDH, Caso Fernández Ortega y otros Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010. Párrafo 196.
37. 2118/2178 Víctimas colectivas por tratarse de grupos específicos. Entre las víctimas colectivas se encuentran la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa y el equipo de fútbol “Los Avispones”, al tratarse de grupos específicos, por el daño sufrido a su identidad como cuerpo social ante el hecho violento vivido consistente en disparos al autobús en que se trasladaban después de un partido, compañeros que perdieron la vida y otros lesionados, y a las comunidades de origen de todos los estudiantes fallecidos, desaparecidos y lesionados, por el daño a los referentes de identidad, normas y símbolos, afectándose la estabilidad vital, el sentimiento básico de seguridad y el devenir de los proyectos de vida colectivos, el desconocimiento de la verdad, la falta de acceso a la justicia y a una reparación integral colectiva por los daños sufridos. Violación al derecho a la igualdad ante la ley como acciones u omisiones que transgreden los derechos de las víctimas. La igualdad es una expresión consustancial al género humano e inseparable de la dignidad de la persona, por lo que prohíbe la discriminación de hecho y de derecho respecto de los derechos incluidos en los tratados internacionales y en las leyes que apruebe el Estado y su aplicación. El Estado tutela otros derechos interdependientes con la igualdad y no discriminación cuando cumple con las obligaciones de respeto y garantía, así, el impacto de las medidas debe dirigirse a los agentes públicos y privados.1870 Las víctimas directas e indirectas a las que se hace alusión en este apartado han sufrido la transgresión del derecho de igualdad ante la ley y no discriminación en relación a los derechos y al trato que les corresponde, por el trauma recibido al momento de ocurridos los hechos del 26 y 27 de septiembre de 1870 Observación General No. 28 del Comité de Derechos Humanos, “La igualdad de derechos entre hombres y mujeres (Sustituye la CCPR/GC/4), párrafo 31, CrIDH, Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de febrero de 2012. Párrafo 79, y CrIDH, Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Párrafo 186.
38. 2119/2178 2014 en Iguala de la Independencia, Guerrero y al momento en que se fueron enterando los familiares, el resto de la población de esa entidad federativa y la sociedad mexicana, por la situación de impunidad que prevalece tras años de ocurridos los hechos sin que se haya logrado conocer la verdad y obtener justicia, así como la consecuente violación de derechos humanos que ello involucra. De las autoridades federales y estatales de Guerrero investigadoras y procuradoras de justicia en este caso en lo particular, por la violencia institucional recibida, por la falta de información, del establecimiento de canales de comunicación, la carencia de atención adecuada en diligencias, y por el manejo y revelación de la información del caso a la opinión pública. Asimismo, por la desatención de las autoridades encargadas de reparar a las víctimas por la deficiente implementación de diagnósticos completos acordes a la magnitud de los hechos y sus impactos psicosociales, por la carencia de procesos de acompañamiento psicosocial, por la desconsideración de situaciones acaecidas por el impacto, tales como: el deterioro en la salud, de las modificaciones en el proyecto familiar, de las pérdidas económicas por esas modificaciones, porque no se incluyó en el registro a todas las víctimas y porque el tipo de reparación proporcionado ha sido asistencial, bajo un modelo meramente administrativo y no transformativo. En ese sentido, respecto a los derechos a la vida, a la integridad física y psicológica, y a la igualdad ante la ley, se contraviene lo dispuesto en los artículos 4, párrafo primero y 22, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 6, párrafo primero 7, y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los artículos 4.1, 5.1 y .2, y 24, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los artículos 1, 2, 3, 5 y 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los artículos I y II de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y el objetivo número 16 “Paz, justicia e
39. 2120/2178 instituciones sólidas” de “Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Asimismo, también los artículos 1, párrafo 3° y 4°, 7, 10, 18, 19, 20, 21, 26, 61, 62, 63, 64, 73 y 74 de la Ley General de Víctimas, el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, los artículos 5, fracciones I, II y VIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, y el artículo 63, apartado A, fracciones I, II, VI, XXVI, XXVIII, XXXI, apartado B, fracciones I, XVII, XXVIII y XXIX de la Ley Número 695 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Guerrero. Violación al derecho al trato digno como acciones u omisiones que transgreden los derechos de las víctimas. La dignidad debe considerarse “como un bien jurídico circunstancial al ser humano… entendida -en su núcleo más esencial– como el interés inherente a toda persona, por el mero hecho de serlo, a ser tratada como tal y no como un objeto, a no ser humillada, degradada, envilecida o cosificada”,1871 “como derecho humano a partir del cual se reconocen: la superioridad de la persona frente a las cosas, la paridad entre las personas, la individualidad del ser humano, su libertad y autodeterminación, la garantía de su existencia material mínima, la posibilidad real y efectiva del derecho de participación en la toma de decisiones, entre otros aspectos…”1872 y por tanto, como la base para hablar de un trato digno. 1871 DIGNIDAD HUMANA. CONSTITUYE UNA NORMA JURÍDICA QUE CONSAGRA UN DERECHO FUNDSAMENTAL A FAVOR DE LAS PERSONAS Y NO UNA SIMPLE DECLARACIÓN ÉTICA. Tesis: 1ª./J.37/2016 (10ª.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. 2012363. Primera Sala. Libro 33, agosto de 2016, Tomo II. Pág. 633. Jurisprudencia (Constitucional) 1872 DIGNIDAD HUMANA. CONSTITUYE UN DERECHO FUNDAMENTAL QUE ES LA BASE DE LOS DEMÁS DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONALMENTE. Tesis: I.10º.A1 CS (10ª.). Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. 2016923. Tribunales Colegiados de Circuito. Libro 54, Mayo de 2018, Tomo III. Pág. 2548. Tesis Aislada (Constitucional)
40. 2121/2178 La dignidad ha sido establecida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los artículos 1°, párrafo quinto como fundamento de otros derechos, 2°, apartado A, fracción II como valor de fundamentación de otros derechos, 3°, fracción II, inciso C) como principio o guía en la realización de otros derechos, en el mismo sentido el 25, en el que se refiere como un derecho subjetivo público al requerir de condiciones de desarrollo para un pleno ejercicio de la dignidad. A su vez, en el derecho internacional de los derechos humanos como un principio de libertad e igualdad, base de la paz y la justicia, y como una base socio económica para el desarrollo de la personalidad en el preámbulo y los artículos 1 y 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como fundamento del que se derivan los derechos humanos, en los preámbulos de los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y el de Derechos Económicos, Sociales y Cultrurales y en el del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, y como derecho al reconocimiento de la dignidad en el artículo 11.1 de la CADH. Lo anterior, se violó a las víctimas directas e indirectas que requirieron diversas atenciones inmediatas durante los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, en los momentos inmediatos posteriores y días, meses y años después de los hechos, por lo que no se ha podido concretar una reparación integral que incluya la reparación simbólica y algunos de sus objetivos como la descriminalización, desestigmatización y la desvictimización. En ese sentido, las víctimas no sólo han recibido una atención deficiente, sino también en su condición de personas dignas, y por lo tanto objetualizadas como elementos en una fase del procedimiento y no como fines en el mismo. Violación a la prohibición de Trato cruel, a los derechos a la integridad personal y la salud por desaparición forzada o involuntaria de personas. La CrIDH considera que como consecuencia directa de la desaparición de una persona, sus familiares padecen un profundo sufrimiento, ansiedad y angustia en
41. 2122/2178 detrimento de su integridad, psíquica y moral, porque han experimentado algunas de las siguientes circunstancias: “(i) se han involucrado en diversas acciones tales como la búsqueda de justicia o de información sobre su paradero; (ii) la desaparición de su ser querido les ha generado secuelas a nivel personal, físicas y emocionales; (iii) los hechos han afectado sus relaciones sociales, han causado una ruptura en la dinámica familiar, han causado depresión en diversos niveles y sentimientos continuos de victimización; (iv) las afectaciones que han experimentado se han visto agravadas por la impunidad en que se encuentran los hechos; (v) el proyecto de vida de su familia nuclear … se han visto truncados, y (vi) la falta de esclarecimiento de lo ocurrido a su ser querido ha mantenido latente la esperanza de hallarlo, o bien la falta de localización e identificación de sus restos les ha impedido sepultarlo dignamente de acuerdo a sus creencias, alterando su proceso de duelo y perpetuando el sufrimiento y la incertidumbre”,1873 situación por la que pasan los familiares de los normalistas desaparecidos. Violación a la prohibición del trato cruel, inhumano o degradante. Asimismo, la Corte Regional Americana ha reiterado que “una forma de trato cruel e inhumano para los familiares cercanos” es “la privación de la verdad acerca del paradero de una víctima de desaparición forzada”, ya sea por la negativa de las autoridades a proporcionar información o de iniciar una investigación eficaz para lograr el esclarecimiento de lo sucedido porque acrecienta el sufrimiento de los familiares y por tanto agrava la violación del derecho a la integridad personal de los familiares,1874 en este caso de los normalistas desaparecidos. 1873 CrIDH, Caso Osorio Rivera y Familiares Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2013. Párrafo 231. 1874 CrIDH, Caso Contreras y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2011. Párrafo 123; CrIDH, Caso Blake Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 24 de enero de 1998. Párrafo 114; CrIDH, Caso Trujillo Oroza Vs. Bolivia. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de febrero de 2002. Párrafo 114; CrIDH, Caso Radilla Pacheco Vs. Estados Unidos Mexicanos. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Párrafo 166; CrIDH, Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010. Párrafo 221, CrIDH y Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil. Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Párrafos 240 y 241
42. 2123/2178 En ese sentido, respecto a los derechos a la integridad física y psicológica, y a la prohibición del trato cruel e inhumano, se contraviene lo dispuesto en el artículo 22, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 5.1 y .2de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los artículos 1, 3 y 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los artículos I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y el objetivo número 16 “Paz, justicia e instituciones sólidas” de “Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Asimismo, también el artículo los artículos 5, fracciones II y VII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. Niñas, niños y adolescentes victimizados y revictimizados. El Estado bajo la posición de garante debe asumir “con mayor cuidado y responsabilidad… medidas o cuidados especiales orientados en el principio del interés superior del niño”, lo que le obliga a atender sus necesidades y derechos por su situación de vulnerabilidad específica, por lo que esas medidas especiales deberán operar mientras sean niños y durante todas las actuaciones en que tengan que participar sean de la índole que sean. Las obligaciones del Estado durante un procedimiento incluirán: “i) suministrar la información e implementar los procedimientos adecuados adaptándolos a sus necesidades particulares, garantizando que cuenten con asistencia letrada y de otra índole en todo momento, … ii) asegurar especialmente en casos en los cuales niños o niñas hayan sido víctimas de delitos como abusos sexuales u otras formas de maltrato, su derecho a ser escuchados se ejerza garantizando su plena protección, vigilando que el personal esté capacitado para atenderlos y que las salas de entrevistas representen un entorno seguro y no intimidatorio, hostil, insensible o inadecuado, y iii) procurar que los niños y niñas no sean interrogados en más ocasiones que las necesarias para evitar, en la medida de lo posible, la revictimización o un impacto traumático en
43. 2124/2178 el niño”1875, que desencadene “consecuencias negativas en su persona a largo plazo” que le impidan un pleno desarrollo.1876 Todo lo cual, debía operar con los jugadores integrantes del equipo de futbol “Los Avispones” que eran personas menores de edad cuando ocurrieron los hechos el 26 y 27 de septiembre de 2014, u otras personas en similar situación etaria y no fue así por lo tanto se violó el interés superior del niño, el derecho a la integridad física y psicológica y el derecho a la salud. En ese sentido, respecto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes victimizados y revictimizados, se contraviene lo dispuesto en el artículo 4, párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 24.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 25.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y el artículo VII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Asimismo, también el artículo 5, fracciones X de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. Violación a los derechos a la seguridad Jurídica y acceso a la justicia, por prestar indebidamente el servicio público y faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones. Los derechos a la seguridad jurídica y acceso a la justicia por la victimización y revictimización fueron violados en algunos casos a víctimas directas e indirectas, a víctimas sociales y a víctimas colectivas, al menos 685 víctimas al emitir esta 1875 Cr IDH, Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. Párrafo 201. 1876 MENOR DE EDAD VÍCTIMA DEL DELITO. EL DEBER DE PROTECCIÓN DE LOS JUZGADORES IMPLICA SALVAGUARDARLO DE TODO TIPO DE REVICTIMIZACIÓN Y DISCRIMINACIÓN. Tesis: 1ª. CCCLXXXII/2015 (10ª.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. 2010608. Primera Sala. Libro 25, diciembre de 2015, Tomo I. Pág. 261. Tesis Aislada (Constitucional).
44. 2125/2178 Recomendación, por los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala de la Independencia, Guerrero, por el personal de la PGR que ha intervenido en el caso y la entonces PGJGRO, ahora FGEG, toda vez que han actuado con indiferencia o desatención de las obligaciones que tienen respecto a los mismos, cuando después de cuatro años de ocurridos, aún se desconoce la verdad y las víctimas directas e indirectas han sido revictimizadas, no sólo por esa situación, sino también por la atención y el trato recibido por las autoridades encargadas de investigar el paradero de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” desaparecidos, y de procurar justicia, así como por el personal de la CEAV en el caso, encargadas de brindarles la reparación de los daños que han sufrido en su calidad de personas con dignidad y no sólo de forma administrativa o asistencial. La garantía de seguridad jurídica precisa que en las relaciones entre particulares y autoridades se incluyan “los elementos mínimos para hacer valer el derecho del gobernado y para que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades”1877 sin tener que pormenorizar todos los procedimientos o los más sencillos, como en el caso, que no obstante que se han accionado los recursos disponibles, a la fecha no se cuenta con una sentencia, por lo que no se ha cumplido este derecho. La garantía de los derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos la materializa el Estado cuando cumple “… la obligación de investigar, juzgar y en su caso sancionar a los responsables de las violaciones de derechos humanos… como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa…”, con lo cual se atiende a la debida diligencia, que también incluye que el órgano que realiza la investigación “… lleve a cabo todas aquellas actuaciones y averiguaciones necesarias dentro de un 1877 GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. SUS ALCANCES. Tesis: 2ª./J. 144/2006. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. 174094. Segunda Sala. Tomo XXIV, Octubre de 2006. Pág. 351. Jurisprudencia (Constitucional).
45. 2126/2178 plazo razonable, con el fin de intentar obtener un resultado…”1878, por lo que “… las omisiones cometidas durante las primeras diligencias pueden constituir faltas al deber de investigar los hechos ocurridos, en contravención del deber de investigar con debida diligencia”. Lo anterior, no se ha cumplido en este caso porque a la fecha se desconoce el paradero de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” desaparecidos. En ese sentido, respecto al derecho de acceso a la justicia se contraviene lo dispuesto en los artículos 17, párrafo segundo, 21 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los artículos 8.1 y .2, y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, los artículos 4, 5, 6, y 7 de la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y de Abuso del Poder, los artículos 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15 de los Principios y Directrices Básicos sobre el Derechos de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones, y el objetivo número 16 “Paz, justicia e instituciones sólidas” de “Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Asimismo, también los artículos 1, párrafo 3° y 4°, 7, 10, 18, 19, 20, 21, 26, 61, 62, 63, 64, 73 y 74 de la Ley General de Víctimas, el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el artículo 5, fracciones VI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 1878 CrIDH. Caso Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros Vs. Honduras. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de octubre de 2015. Párrafos 285 y 297.
46. 2127/2178 Violación a los derechos de acceso a la justicia y a la reparación integral del daño, por actos u omisiones que transgreden el derecho a la reparación de los daños, perjuicios o daño moral, por parte de los órganos del poder público. El derecho de acceso a la justicia mediante un recurso efectivo está previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y contempla que ante la evidencia de una violación se consiga la restitución del derecho y su reparación, se activa ante una violación a los derechos humanos y tiene como fase final la solicitud de la reparación del daño, si no se concluye el proceso se violan ambos derechos.1879 Se ha considerado que “la omisión de una labor de búsqueda seria, coordinada y sistemática de las víctimas [de desaparición] constituye una violación del acceso a la justicia de sus familiares”,1880 como hasta el momento ocurre con los estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, sus familiares y resto de la sociedad que desconocemos la verdad de los hechos y los recursos judiciales no han sido eficaces. El derecho a la reparación integral del daño es el “que tiene toda persona a que sea restablecida su dignidad intrínseca la cual, por su propia naturaleza, no resulta conmensurable y por ende, negociable”. Ese derecho fue incorporado al ordenamiento jurídico mexicano en el 2011 con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que al establecer la interpretación pro personae en el artículo primero contrae para el Estado la obligación de reparar el daño ante una violación a derechos humanos,1881 de igual forma, es una obligación para el Estado mexicano 1879 ACCESO A LA JUSTICIA. EL DEBER DE REPARAR A LAS VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS ES UNA DE LAS FASES IMPRESCINDIBLE DE DICHO DERECHO. Tesis: 1ª. CCCXLII/2015 (10ª.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. 2010414. Primera Sala. Libro 24, noviembre de 2015, Tomo I. Pág. 949. Tesis Aislada (Constitucional). 1880 CrIDH. Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia. Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de noviembre de 2014. Párrafo 486. 1881 REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO O JUSTA INDEMNIZACIÓN. ESTE DERECHO FUNDAMENTAL QUEDÓ INCORPORADO AL ORDENAMIENTO JURÍDICO MEXICANO A RAÍZ DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1º. CONSTITUCIONAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. Tesis: 1ª. CXCIV/2012(10ª.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Décima Época. 2001744. Primera Sala. Libro XII, septiembre de 2012, Tomo 1. Pág. 522. Tesis Aislada (Constitucional).
47. 2128/2178 establecida en el artículo 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que conforme al artículo 5 de la Ley General de Víctimas implica que todas las autoridades respeten la autonomía de las personas, “a considerarla y a tratarla como fin de su actuación, así como garantizar que no se vea disminuido el mínimo existencial al que la víctima tiene derecho, ni sea afectado el núcleo esencial de sus derechos”.1882 El tipo y amplitud del daño a la víctima es lo prioritario y no el victimario en el derecho moderno de daños.1883 En ese sentido hay otros precedentes relativos a la reparación, en lo específico acerca de la restitución por obligaciones negativas y positivas a cargo del Estado,1884 en caso de medidas de compensación, que sea suficiente y justa,1885 y que la emisión de una sentencia “opera como una declaratoria oficial que contribuye a restaurar la dignidad de las personas” y por tanto constituye una medida de satisfacción.1886 Todo lo anterior está íntimamente relacionado con los derechos a la verdad y a la protección judicial, debido a que si no les son satisfechos a las víctimas directas e indirectas, las secuelas traumáticas se pueden volver crónicas al permanecer sin una reparación integral, asimismo, todo ello es debido a las víctimas de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014. 1882 COMPENSACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS. LA MANIFESTACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA VÍCTIMA AL OBTENER EL MONTO DE UNA REPARACIÓN A TRAVÉS DE OTROS MECANISMOS, NO IMPIDE EL ACCESO AL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS. Tesis: 2ª./J. 112/2017 (10ª.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. 2014863. Segunda Sala. Libro 45, agosto de 2017, Tomo II. Pág. 748. Jurisprudencia (Constitucional Administrativa). 1883 DERECHO FUNDAMENTAL A UNA REPARACIÓN INTEGRAL O JUSTA INDEMNIZACIÓN. SU CONCEPTO Y ALCANCE. Tesis: 1ª./J.31/2017 (10ª.) Gaceta del semanario Judicial de la Federación. Décima Época. 2014098. Primera Sala. Libro 41, abril de 2017, Tomo I. Pág. 752. Jurisprudencia (Constitucional). 1884 REPARACIÓN INTEGRAL ANTE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS. LA RESTITUCIÓN DEL DERECHO VULNERADO QUE SE ORDENE EN EL JUICIO DE AMPARO CONSTITUYE LA MEDIDA DE REPARACIÓN PRINCIPAL Y CONLLEVA OBLIGACIONES TANTO NEGATIVAS COMO POSITIVAS A CARGO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Tesis: 1ª. LI/2017 (10ª.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. 2014344. Primera Sala. Libro 42, mayo de 2017, Tomo I. Pág. 471. Tesis Aislada (Común). 1885 REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO EN LOS CASOS DE INDEMNIZACIÓN. DEBE CONTENER LAS CALIFICATIVAS DE SUFICIENTE Y JUSTA, PARA QUE EL AFECTADO PUEDA ATENDER TODAS SUS NECESIDADES. Tesis: XXVII.3º.66 C (10ª.). Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. 2017315. Tribunales Colegiados de Circuito. Publicación: Viernes 29 de junio de 2018 10:35 h. Ubicada en publicación semanal. Tesis Aislada (Constitucional). 1886 REPARACIÓN INTEGRAL ANTE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS. POSIBILIDAD DE ESTABLECER MEDIDAS DE SATISFACCIÓN EN EL MARCO DE LA LEY DE AMPARO. Tesis: 1ª. LIV/2017 (10ª.) Gaceta del Semanaria Judicial de la Federación. Décima Época. 2014346. Primera Sala. Libro 42, mayo de 2017, Tomo I. Pág. 474. Tesis Aislada (Común).