Source: http://www.afar2rep.org/documentos/impunidadesp.htm
Timestamp: 2013-05-21 02:35:50
Document Index: 246660967

Matched Legal Cases: ['artículo 167', 'artículo 4', 'Artículo 6', 'Artículo 1', 'artículo 25', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 6', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 18', 'artículo 2', 'artículo 15', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 18', 'artículo 7', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 7']

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La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas. Índice:
I.- La ilegalidad del régimen franquista: Alzamiento en armas contra un gobierno
legítimo y vulneración del ordenamiento jurídico en vigor.
II.- Las Naciones Unidas declaran al régimen de Franco en su origen, naturaleza,
estructura e historial como un régimen fascista alineado con las "Potencias del Eje".
III.- Los crímenes de la represión franquista se enmarcan en el contexto europeo y su
calificación viene dada por el derecho emanado de Nuremberg.
A) Obligación subsidiaria de aplicación del Estatuto de Nuremberg, de la
doctrina emanada de sus sentencias y de los Principios de Nuremberg.
IV.- La inobservancia de los derechos de las víctimas y familiares de las víctimas de
la represión franquista se enmarca en el contexto de la impunidad que aún hoy existe
en España. A) La impunidad
D) Derecho a la reparación V.- Conclusiones. VI.- Plan de acción.
A pesar de los años transcurridos, cualquiera que se acerca a esta cuestión se
encuentra con la dejación por parte del Estado de la cuestión de las víctimas, de la memoria y de los derechos humanos.
Y es precisamente desde el discurso de derechos humanos desde donde se puede
hacer frente a la situación concreta y exigir al Estado la justicia necesaria para poner
fin a la situación de desmemoria, dejación e impunidad a que se ha reducido esta
cuestión de forma, muchas veces, intencionada.
Como contrapartida, al Estado le incumbe, el "deber de recordar", a fin de protegerse
contra esas tergiversaciones de la historia que llevan por nombre revisionismo y
negacionismo; en efecto, el conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión
forma parte de su patrimonio y debe por ello conservarse.
Tales son las finalidades principales del derecho a saber en tanto que derecho
colectivo, de conformidad con lo expresado en el documento de la ONU
E/CN.4/Sub.2/1997/20, de 26 de junio de 1997, "La cuestión de la impunidad de los
autores de violaciones de los derechos humanos (civiles y políticos)".
En un momento en que los modelos de impunidad impuestos en otros países, como
propia problemática, la problemática de lo que denominamos el "modelo español de impunidad", y ponga fin al mismo en forma democrática y con el respeto que todas las víctimas se merecen, pero teniendo muy claro que la finalidad es consolidar las libertades civiles y los derechos humanos.
No es posible que un estado de derecho permanezca silencioso y sus representantes
minimicen la situación de los represaliados, encarcelados, asesinados, desaparecidos,
así como la de los que pasaron por el sistema de campos de concentración
franquistas, nacionalsocialistas o murieron en los campos de internamiento franceses,
y también la de quienes sufrieron exilio y extrañamiento.
De la misma manera, es necesario que se adopten las medidas oportunas en los
campos legislativo y jurídico para poner fin al despropósito que significa el que se hayan podido alterar las causas de las muertes en los libros de los registros civiles.
Esta práctica ha tenido la finalidad de ocultar a los familiares qué es lo que realmente ocurrió en las zonas campesinas donde se exterminó y se saqueó a la población civil, mediante burdos procedimientos legales instrumentados para quedarse con sus bienes y humillar a los sobrevivientes, reduciéndolos mediante el hambre y la pobreza.
Igualmente, es necesario adoptar las medidas necesarias para que las fosas de
enterramiento de las tropas regulares de los ejércitos sean recuperadas en las
condiciones previstas por las normas internacionales, o aquéllas que la propia sociedad
española pueda darse, y ello con vistas a regularizar la memoria de lo realmente
Es necesario que se entienda que la justicia es lo contrario de la venganza. Es
necesario que no se equipare, en un discurso perverso, el concepto de justicia al de
venganza, pues ello posibilita que se considere al olvido como una de las bases del
estado social de derecho. Ninguna sociedad puede sobrevivir al desconocimiento de
su propia historia, por horrible que ésta sea.
Y este olvido nos puede llevar a aceptar que se ponga en duda el sistema de derecho
internacional de las Naciones Unidas, a aceptar el concepto de guerra preventiva o
considerar al terrorismo como una ficción jurídica que permita instaurar un sistema de estado excepción generalizado.
Los orígenes y naturaleza del régimen franquista fueron bien definidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas en sus primeras resoluciones a la hora de
fundamentar la no admisión del Estado franquista en la ONU, como veremos más
adelante en detalle.
Igualmente, la resolución de la Asamblea General 39(I), de 12 de diciembre de 1946,
"Convencidos de que el Gobierno fascista de Franco en España, impuesto por
la fuerza al pueblo español ... no representa al pueblo español..."
Entre los primeros actos legislativos del Gobierno legítimo de la República, se encuentra un Decreto de 15 de abril de 1931, aparecido en la Gaceta de 16 de abril de
ese mismo año, "Disponiendo quede anulado sin ningún valor ni efecto el titulado
Código Penal de 1928, como igualmente los titulados Decretos-leyes de la Dictadura
que establecieron o modificaron definición de delitos o fijación de penas"...
El fundamento para lo cual se expresa, en ese Decreto, en los siguientes términos:
"Por haber sido uno de los mayores desafueros dictatoriales, contrario a los principios
básicos de cultura jurídica...el Gobierno de la República, recogiendo las protestas casi unánimes que contra ese atentado a la libertad y a los principios jurídicos habían formulado la opinión pública ...." decreta la anulación del Código Penal de 1928.
El Decreto de 2 de mayo de 1931, publicado en la Gaceta del 3 de mayo, modificó
determinados artículos del Código Penal (CP) común de 1870 y de los Códigos penales del Ejército y de la Armada.
El art. 6� del mencionado Decreto dispone la siguiente redacción para los artículos 181, 243 y 280 del CP de 1870:
"Art. 181. Son reos de delito contra la forma de Gobierno establecida en España
directamente a conseguir por la fuerza, o fuera de las vías legales, uno de los
1.� Reemplazar al Gobierno republicano por un Gobierno monárquico.
2.� Despojar en todo o en parte a cualquiera de los Cuerpos colegisladores o al
3.� Variar el régimen de elección del Presidente de la República.
4.� Privar al Gobierno provisional de la facultad de gobernar el Estado español
hasta que la Asamblea Constituyente determine las normas políticas para elegir
1.� Destituir al Jefe del Estado o deponer al Gobierno provisional de la
República, o privarles de su libertad personal u obligarles a ejecutar un acto
5.� Sustraer la Nación o parte de ella o algún Cuerpo de tropa de tierra o de
mar, o cualquiera otra clase de fuerza armada, de la obediencia al supremo
6.� Usar o ejercer por sí o despojar a los Ministros de la República de sus facultades propias o impedirles o coartarles su libre ejercicio." (...)
"Art. 8.� El art. 237 del vigente Código de Justicia Militar se redactará así:
"Art. 237. Son reos del delito de rebelión militar los que se alcen en armas
contra la Constitución del Estado republicano, contra el Presidente de la
República, la Asamblea Constituyente, los Cuerpos Colegisladores o el
Gobierno provisional y legítimo, siempre que lo verifiquen concurriendo alguna
Primera. Que estén mandados por militares o que el movimiento se inicie,
sostenga o auxilie por fuerzas del Ejército.
Segunda. Que forman partida militarmente organizada compuesta de diez o
Tercera. Que formen partida en menor número de diez, si en distinto territorio
de la Nación existen otras partidas o fuerzas que se proponen el mismo fin.
Cuarta. Que hostilicen a las fuerzas del Ejército antes o después de haberse
Art. 9.� El art. 128 del vigente Código penal de la Marina de guerra quedará así redactado:
"Art. 128. Los marinos que colectivamente se alzaren en armas contra la
Constitución del Estado republicano, contra el Presidente de la República, la
Asamblea Constituyente, los Cuerpos Colegisladores o el Gobierno provisional
y legítimo, serán castigados ...".
Mediante Ley de 27 de octubre de 1932 (Gaceta de 5 de noviembre de 1932, Ar 1408),
se promulga el Código Penal reformado con arreglo a la Ley de Bases de 8 de
"Son reos de delito contra la forma de Gobierno establecida por la Constitución
los que ejecutaren cualquiera clase de actos encaminados directamente a conseguir por la fuerza o fuera de las vías legales uno de los objetos siguientes:
1.� Reemplazar al Gobierno republicano establecido por la Constitución por un
Gobierno monárquico o por otro anticonstitucional.
2.� Despojar en todo o en parte a las Cortes o al Jefe del Estado de las
prerrogativas o facultades que le competen."
"Los que se alzaren públicamente en armas y en abierta hostilidad para
perpetrar cualquiera de los delitos previstos en el artículo 167, serán castigados con las penas siguientes...".
1.� Destituir al Jefe del Estado u obligarle a ejecutar un acto contrario a su
2.� Impedir la celebración de las elecciones a Cortes en toda la República
española o la reunión legítima de las mismas.
3.� Disolver las Cortes o impedir que deliberen, o arrancarles alguna resolución.
4.� Substraer la Nación o parte de ella o algún Cuerpo de tropa de tierra o de
mar, o cualquiera otra clase de fuerza armada, de la obediencia al Gobierno
5.� Usar y ejercer por sí o despojar a los Ministros de la República de sus
facultades constitucionales, o impedirles o coartarles su libre ejercicio."
"La Autoridad militar en el estado de guerra podrá adoptar las mismas medidas
que la civil en los dos capítulos anteriores, las demás que esta Ley autoriza y
cuantas sean necesarias para el restablecimiento del orden. Cuidará muy especialmente que los Jefes o Comandantes de las fuerzas que conduzcan presos, a disposición de su autoridad o de la civil o judicial, lo efectúen hasta el punto de su destino, con toda seguridad, y cuando no llegasen a aquél, mandará que se formen las causas oportunas para averiguar y castigar las faltas y delitos que en este servicio se cometan, cualquiera que sea la clase del Jefe que lo desempeñe."
El 24 de abril de 1934 se promulga una Amnistía (gaceta de 24 y 25 de abril de 1934)
respecto de, entre otros delitos y faltas, "los delitos contra la forma de gobierno y
cometidos por particulares en ocasión del ejercicio de los derechos individuales
garantizados por la Constitución", incluido el delito de alzamiento en armas del art. 170 del CP de la República.
Por lo tanto, el Golpe de Estado liderado por el General Francisco Franco supuso una
vulneración del orden constitucional, del orden jurídico en vigor, cuya legitimidad le venía dada por el propio principio de soberanía popular reconocido por la Constitución
Las leyes de la República no se derogaron nunca. Si bien el parte informando de la
terminación de la guerra puso fin a la República, no puso éste fin a la legalidad de la misma, sino que se hace con el poder un régimen ilegal.
A su vez, a partir del inicio de hostilidades de la II Guerra Mundial, el régimen de
Franco pasa a tener la consideración de potencia del eje y su ilegalidad a nivel interno
pasa a ser reconocida también a nivel internacional.
II. Las Naciones Unidas declaran al régimen de Franco en su origen, naturaleza, estructura e historial como un régimen fascista alineado con las "potencias del
eje".
Concretamente, la Resolución 32(I) de la Asamblea General de la ONU, de 9 de
febrero de 1946, dispone:
1. La Asamblea General recuerda que la Conferencia de San Francisco adoptó
una resolución según la cual el párrafo 2 del artículo 4 del Capítulo II de la Carta
de las Naciones Unidas, "no es de aplicación a aquellos estados cuyos
regímenes se hayan instalado con la ayuda de las fuerzas armadas de los
países que han luchado contra las Naciones Unidas en tanto en cuanto tales
regímenes estén en el poder".
2. La Asamblea General recuerda que en la Conferencia de Potsdam los
Gobiernos del Reino Unido, los Estados Unidos de América y la Unión Soviética
declararon que no respaldarían la solicitud de admisión a las Naciones Unidas
del actual Gobierno español, el cual 'habiendo sido fundado con el apoyo de las
Potencias del Eje, no posee en vista de sus orígenes, su naturaleza, su historial
y su íntima asociación con los Estados agresores, las condiciones necesarias
que justifiquen su admisión'.
3. La Asamblea General, al endosar estas dos declaraciones, recomienda a los
Miembros de las Naciones Unidas que se ajusten, en la conducta de sus
relaciones futuras con España, tanto a la letra como al espíritu de estas
declaraciones."
Las resoluciones 4 (1946) del Consejo de Seguridad de 29 de abril de 1946 y 7 (1946),
de 26 de junio de 1946, abordan nuevamente la cuestión española.
La primera de ellas dispone la creación de un subcomité que examine las
declaraciones hechas ante el Consejo en relación con España y efectúe las
investigaciones que juzgue necesarias para determinar si la situación de España ha producido un desacuerdo internacional y pone en peligro la paz y la seguridad
Mediante la Resolución 7 (1946), el Consejo decide seguir vigilando la situación de
España y mantener esta cuestión en la lista de asuntos pendientes, y expresa que las
investigaciones del Subcomité han confirmado los hechos que motivaron la condena
del régimen de Franco en las Conferencias de Potsdam y San Francisco.
Las 35� y 36� sesiones plenarias de la Asamblea General, de 24 de octubre de 1946,
tratan nuevamente la cuestión española en los siguientes términos:
"La cuestión de España. No podría dejar de señalar a la atención de la Asamblea General la cuestión de España, cuestión suscitada por la existencia en tal país de un régimen fascista impuesto al pueblo español con la intervención armada de las Potencias del Eje.
Repetidas veces, la cuestión de España ha reclamado la atención de diversos órganos de las Naciones Unidas. No es necesario que recuerde a Vds. la
resolución que a este respecto fué aprobada por la Asamblea General durante
la primera parte de su primer período de sesiones. Desde entonces, el Consejo
de Seguridad ha discutido en detalle la cuestión y el Consejo Económico y
Social también la ha discutido varias veces a propósito de problemas sometidos
Es probable que la labor de otros órganos de las Naciones Unidas y de los
organismos especializados sea dificultada por la cuestión de España.
En tales circunstancias la Asamblea General puede prestar un servicio
considerable, durante el actual período de sesiones, tanto a los órganos como
a los Estados Miembros de las Naciones Unidas, al proporcionarles una
orientación general en cuanto a sus relaciones con el régimen de Franco.
Es de lamentar que la dominación fascista en España no haya sufrido
modificación alguna a pesar de la derrota de Alemania y del Japón. Resulta
claro que, mientras continúe imperando en España, el régimen de Franco
seguirá siendo una constante causa de desconfianza y desacuerdo entre los
fundadores de las Naciones Unidas. Espero, por consiguiente, que los que nos
han dado la victoria y la paz sepan asimismo encontrar los medios para.
restaurar la libertad y el gobierno democrático en España."
[Asamblea General - 35a. Sesión Plenaria - Celebrada el jueves 24 de octubre
de 1946, a las 11 horas].
"(...) La inscripción de la cuestión española en el programa fue pedida por el representante de Polonia los días 8 y 9 de abril próximo pasado. En el curso de los debates, y mediante sus comunicaciones efectuadas
sucesivamente en mayo y en septiembre, el Gobierno belga intervino en las
investigaciones emprendidas sobre el papel del Gobierno español.
Las informaciones aportadas por Bélgica al Consejo, se refieren principalmente
a la ayuda que el Gobierno español prestó al traidor Degrelle, uno de los
principales agentes de Alemania en Bélgica, para permitirle escapar al castigo
que merecía, debido a sus delitos políticos y a sus delitos de derecho común. Estas informaciones tienden a mostrar que la actitud de complicidad del
Gobierno español, con relación a los agentes de las Potencias del Eje durante
la guerra, constituyen un elemento perturbador en Europa a la vez que una
amenaza contra la seguridad.
El Gobierno belga no puede permanecer indiferente ante el hecho de que, hasta
ahora, los diversos proyectos de resolución presentados al Consejo, a fin de
tomar medidas positivas, hayan permanecido sin resultado por no haber
obtenido la mayoría necesaria, y de que el asunto quede sin solución.
La resolución adoptada por la Asamblea, el 9 de febrero, por unanimidad, hace
suya la declaración de Potsdam, según la cual el Gobierno español, 'habiendo sido fundado con el apoyo de las Potencias del Eje, no posee en vista de sus
orígenes, su naturaleza, su historial y su íntima asociación con los Estados agresores, las condiciones necesarias que justifiquen su admisión'.
Se recomienda en la resolución a los Miembros de las Naciones Unidas que se
ajusten, en la conducta de sus relaciones futuras con España, tanto a la letra
como al espíritu de esta declaración. Resulta vano formular declaraciones si han
de quedar sin ningún efecto práctico. Un método semejante no puede
acrecentar el prestigio de la Organización.
Limitada en sus iniciativas por las disposiciones de la Carta, así como por los
reglamentos de procedimiento, la delegación belga no puede sino presentar una
propuesta encaminada a que la Asamblea recomiende a la atención del Consejo
de Seguridad, el interés que existe en dictar disposiciones concretas, que
puedan resolver la cuestión española. Presentaremos tal propuesta en el curso
del presente período de sesiones (...)."
[Asamblea General - 36a. Sesión Plenaria - Celebrada el jueves 24 de octubre
de 1946, a las 16 horas] Mediante Resolución 10 (1946) del Consejo de Seguridad, de 4 de noviembre de 1946,
éste decide retirar la situación en España de la lista de asuntos sometidos a su consideración y remitir todos los documentos y actas a la Asamblea General.
La Asamblea aprueba la resolución 39(I) de 12 de diciembre de 1946, que afirma lo
"39 (I). Relaciones de los Miembros de las Naciones Unidas con España Los pueblos de las Naciones Unidas, en San Francisco, Potsdam y Londres,
condenaron el régimen de Franco en España y decidieron que, en tanto en
cuanto el mismo continúe, España no puede ser admitida en las Naciones
La Asamblea General, en su resolución de 9 de febrero de 1946, recomendó a los Miembros de las Naciones Unidas que deben actuar de conformidad con la
letra y el espíritu de las declaraciones de San Francisco y Potsdam.
Los pueblos de las Naciones Unidas mantienen una perdurable simpatía hacia
el pueblo español y le aseguran que le aguarda una cordial bienvenida cuando
las circunstancias le permitan ser admitido en las Naciones Unidas.
La Asamblea General recuerda que en mayo y junio de 1946 el Consejo de
Seguridad realizó una investigación acerca de las medidas adicionales a
adoptar por las Naciones Unidas. El subcomité del Consejo de Seguridad
encargado de la investigación concluyó unánimemente: (1)
"(a) En sus orígenes, naturaleza, estructura y conducta general, el régimen de Franco es un régimen fascista modelado sobre, y en gran medida establecido gracias a, la ayuda recibida de la Alemania Nazi de Hitler y la Italia Fascista de
"(b) Durante la larga lucha de las Naciones Unidas contra Hitler y Mussolini,
Franco, a pesar de las reiteradas protestas de los aliados, otorgó cuanta ayuda
sustancial estuvo en sus manos a las Potencias enemigas. En primer lugar, y
a modo de ejemplo, desde 1941 hasta 1945, la División Azul de Infantería, la
Legión Española de Voluntarios y el Escuadrón Aéreo Salvador, lucharon contra la Rusia Soviética en el frente del Este. En segundo lugar, en el verano de 1940, España se apoderó de Tánger en violación de su estatuto internacional, y como consecuencia del mantenimiento por parte de España de un numeroso ejército en el Marruecos Español, un elevado número de tropas aliadas se vieron inmovilizadas en el Norte de África.
(c) Existen pruebas documentales incontrovertibles que establecen que Franco
fue parte culpable junto a Hitler y Mussolini en la conspiración encaminada a
desencadenar la guerra contra aquellos países que en el transcurso de la guerra
mundial se alinearon en torno a las Naciones Unidas. El hecho de que la plena
beligerancia de Franco debiera posponerse al momento que se acordara
mutuamente, formaba parte de esa conspiración.
Convencida de que el Gobierno Fascista de Franco en España, impuesto por
la fuerza al pueblo español con ayuda de las Potencias del Eje y que brindó
asistencia material en la guerra a tales Potencias, no representa al pueblo
español, y su continuado control de España torna imposible la participación del
pueblo español con los pueblos de las Naciones Unidas en los asuntos
Recomienda que el Gobierno de Franco de España sea excluido de la
participación en calidad de miembro de las agencias internacionales
establecidas por, o relacionadas con, las Naciones Unidas, así como de la
participación en conferencias u otras actividades que las Naciones Unidas o
aquellas agencias puedan organizar, y ello hasta que se constituya en España
un nuevo y aceptable Gobierno.
Deseando además asegurar la participación de todos los pueblos amantes de
la paz, incluido el pueblo español, en la comunidad de naciones,
Recomienda que, si en un plazo razonable no llegara a establecerse un
gobierno cuya autoridad se derive del consentimiento de los gobernados,
comprometido con el respecto a la libertad de expresión, de religión y de
asamblea y con la puntual celebración de elecciones en las que el pueblo
español, libre de toda coacción e intimidación e independientemente de su
partido, pueda expresar su voluntad, el Consejo de Seguridad considerará las
medidas adecuadas que hayan de ser adoptadas para poner remedio a la
Recomienda que todos los miembros de las Naciones Unidas retiren
inmediatamente de Madrid a los embajadores y ministros plenipotenciarios que
allí tengan acreditados.
La Asamblea General recomienda además que los Estados Miembros de la
Organización informen al Secretario General y a la próxima sesión de la
Asamblea de las medidas que hayan adoptado de conformidad con esta
recomendación."
Mediante Resolución 386(V), de 4 de noviembre de 1950, la Asamblea General de la
ONU decide "Revocar la recomendación de retirada de Embajadores y Ministros de
Madrid", y "Revocar la recomendación tendente a excluir a España de las agencias
internacionales establecidas por las Naciones Unidas o relacionadas con ella..."
Es decir, la Resolución de 1950 no revocaba plenamente la de 1946. Quedaron
vigentes los párrafos relativos a la historia y naturaleza del régimen de Franco y a su condena por Naciones Unidas. La revocación consistió simplemente en la retirada de las medidas que en 1946 la Asamblea General había recomendado a los Estados
El significado del proceso de Nuremberg no queda tanto en su función de cierre de una
época, sino en la apertura de una nueva época, una época de un nuevo derecho humanitario internacional, una nueva vigencia de los principios universales de los
Quien fuera Juez de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos y, en lo que
al Tribunal Militar Internacional de Nuremberg (International Military Tribunal, IMT,
1945) se refiere, Fiscal Supremo por parte de los Estados Unidos, Sr. Robert H. Jackson, en su discurso de apertura expresaba lo siguiente: "El trato que un gobierno
da a su propio pueblo, normalmente no se considera como asunto que concierne a
otros gobiernos o la comunidad internacional de Estados. El maltrato, sin embargo, de
alemanes por alemanes durante el nazismo traspasó, como se sabe ahora, en cuanto
al número y a las modalidades de crueldad, todo lo que la civilización moderna puede tolerar. Los demás pueblos, si callaran, participarían de estos crímenes, porque el silencio sería consentimiento."
Los principios reconocidos en el acuerdo firmado en Londres el 8 de agosto de 1945
por Estados Unidos, Francia, Reino Unido y la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas -al que se adherirían después 19 países más-, por el que se decide el establecimiento del Tribunal Militar Internacional, son llamados oficialmente en las Naciones Unidas "Principios de Nuremberg".
El parte de acuerdo, que integró los Principios en casos de delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad, se llama Estatuto de Nuremberg (Charter of the
International Military Tribunal).
"De conformidad con el Acuerdo suscrito el día 8 de agosto de 1945 por el
del Norte y el Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se establecerá un Tribunal Militar Internacional (en adelante llamado "el Tribunal")
los principales criminales de guerra de los países europeos del Eje".
Esto es, el Tribunal ejerce su competencia sobre los principales criminales de guerra
de los países europeos del eje.
"Artículo 6: El Tribunal establecido por el Acuerdo aludido en el Artículo 1 del presente [Estatuto] para el enjuiciamiento y condena de los principales
criminales de guerra de los países europeos del Eje, estará facultado para
juzgar y condenar a aquellas personas que, actuando en defensa de los
intereses de los países europeos del Eje, bien a título individual, bien como
miembros de organizaciones, hubieren cometido cualquiera de los crímenes que
Los siguientes actos, a cualquiera de ellos, constituyen crímenes que recaen
bajo la competencia del Tribunal y que darán lugar a responsabilidad individual:
(a) CRÍMENES CONTRA LA PAZ: a saber, la planificación, la preparación, el
inicio o la conducción de una guerra de agresión o una guerra que supone la
violación de tratados, acuerdos o garantías internacionales, o bien la
participación en un plan común o en una conspiración cuyo objetivo es la
ejecución de cualquiera de los actos precedentes;
(b) CRÍMENES DE GUERRA: a saber, violaciones de las leyes o usos de la
guerra. Tales violaciones comprenden el asesinato, los malos tratos o la
deportación para realizar trabajos forzados, o para otros fines, perpetrados
contra la población civil de un territorio ocupado o en dicho territorio, el
asesinato o los malos tratos perpetrados contra prisioneros de guerra o
personas en alta mar, la ejecución de rehenes, el robo de bienes públicos o
privados, la destrucción arbitraria de ciudades, pueblos o aldeas, o la
devastación no justificada por necesidades militares, sin que dichas violaciones
queden limitadas a los actos enumerados.
(c) CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD: a saber, el asesinato, el exterminio,
el sometimiento a esclavitud, la deportación y otros actos inhumanos cometidos
contra cualquier población civil antes de la guerra o durante la misma; la
persecución por motivos políticos, raciales o religiosos en ejecución de los
crímenes que sean competencia del Tribunal o en relación con los mismos,
constituyan o no una vulneración de la legislación interna del país donde
hubieran sido perpetrados.
Los dirigentes, organizadores, instigadores y cómplices participantes en la
elaboración o en la ejecución de un plan común o de una conspiración para
cometer cualquiera de los crímenes antedichos son responsables de todos los
actos realizados por cualquier persona en ejecución de tal plan." [Traducción al español del Equipo Nizkor a partir de la versión en lengua inglesa.]
Por su parte, el Secretario General de la ONU, Trygve Lie, en su informe
complementario, sugirió el 21 de octubre de 1946 que los Principios de Nuremberg
fuesen adoptados como parte del Derecho Internacional. En su resolución 95 (I) de 11
de diciembre de 1946, la Asamblea General de la ONU aceptó formalmente la
sugerencia y por lo tanto, "confirma los principios de Derecho Internacional reconocidos
por el Tribunal de Nuremberg y por la Sentencia de ese Tribunal".
El efecto de las resoluciones mencionadas es consagrar con alcance universal el
derecho creado en el Estatuto y en la Sentencia del Tribunal de Nuremberg. Su
vigencia en España ya fue reconocida al ratificar el Convenio de Ginebra relativo al
trato debido a los prisioneros de guerra, de 12 de agosto de 1949 (BOE de 5 de
septiembre de 1952 y de 31 de julio de 1979), que en su art. 85 está remitiendo a los
"Principios de Nuremberg" aprobados por la Asamblea General de la ONU mediante
resolución de 11 de diciembre de 1946.
Resolución 95 (I) por la que se confirman los principios de derecho internacional
emanados de Nuremberg.
"95 (I). Confirmación de los principios de Derecho Internacional reconocidos por
el estatuto del Tribunal de Nuremberg.
Toma nota del Acuerdo para el establecimiento de un Tribunal Militar
guerra del Eje europeo, firmado en Londres el 8 de agosto de 1945, y del
Estatuto anexo al mismo, así como del hecho de que principios similares han
sido adoptados en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional para el juicio de
los principales criminales de guerra en el Lejano Oriente, promulgados en Tokio
el 19 de enero de 1946.
Confirma los principios de Derecho Internacional reconocidos por el Estatuto del
Tribunal de Nuremberg y las sentencias de dicho Tribunal:
Da instrucciones al Comité de codificación de Derecho Internacional,
establecido por resolución de la Asamblea General de 11 de diciembre de 1946,
para que trate como un asunto de importancia primordial, los planes para la
formulación, en una codificación general de delitos contra la paz y la seguridad
de la humanidad, o de un Código Criminal Internacional, conteniendo los
principios reconocidos en el Estatuto del Tribunal de Nuremberg y en las
sentencias de dicho Tribunal."
Quincuagésima quinta sesión plenaria, 11 de diciembre de 1946. A su vez, mediante Resolución 177 (II), de 21 de noviembre de 1947, relativa a la
Formulación de los principios reconocidos por el Estatuto y por las sentencias del
Tribunal de Nuremberg, la Asamblea General, decide confiar dicha formulación a la
Comisión de Derecho Internacional, encargando a esta Comisión:
"a) Que formule los principios de Derecho Internacional reconocidos por el
Estatuto y por las sentencias del Tribunal de Nuremberg; y
b) Que prepare un proyecto de código en materia de delitos contra la paz y la
seguridad de la humanidad, en el cual se indique claramente la función que
corresponde a los principios mencionados en el precedente inciso a)".
"Principio I. Toda persona que cometa un acto constitutivo de delito a la luz del
Derecho Internacional es responsable del mismo y está sujeto a castigo.
acto constitutivo de delito a la luz del Derecho Internacional, no exime de
responsabilidad, conforme al mismo derecho, a quien hubiere perpetrado tal
Principio III. El hecho de que la persona que haya cometido un acto constitutivo
de delito a la luz del Derecho Internacional, haya actuado como Jefe de Estado
o como funcionario público, no la exime de responsabilidad conforme al
Principio IV. El hecho de que una persona haya actuado en cumplimiento de
una orden de su Gobierno o de un superior, no la exime de responsabilidad
conforme al Derecho Internacional, siempre que de hecho haya tenido la
posibilidad de elección moral.
Principio V. Toda persona acusada de un crimen conforme al Derecho
Internacional, tiene derecho a un juicio justo sobre los hechos y sobre el
Las violaciones de las leyes o usos de la guerra. Tales violaciones comprenden,
sin que esta enumeración tenga un carácter restrictivo, el asesinato, el maltrato
o la deportación para realizar trabajos en condiciones de esclavitud, o con
cualquier otro propósito, de poblaciones civiles en territorios ocupados, o que
en ellos se encuentren; el asesinato o el maltrato de prisioneros de guerra o
personas en el mar; la matanza de rehenes, el saqueo de la propiedad pública
o privada, la destrucción arbitraria de ciudades, villas o aldeas, o la devastación
no justificada por las necesidades militares.
La constatación por el Secretario General del carácter consuetudinario de estos instrumentos es vinculante para todos los Estados conforme al artículo 25 de la Carta de la ONU; el Consejo de Seguridad aprobó el Informe del Secretario General por el
que reconocía el carácter de derecho consuetudinario del Estatuto de Nuremberg y sin ninguna reserva (S/Res/827, 25 de mayo de 1993, pár. 2; Informe del Secretario
Los Estados de la comunidad internacional tienen por tanto la obligación erga omnes
de aplicar los principios emanados de Nuremberg, entre otras cosas, porque la mera
pertenencia a la Organización de las Naciones Unidas mediante la aceptación del
estatuto de la misma, lleva ínsita la aceptación y el compromiso de hacer cumplir los principios que, emanados de Nuremberg, han pasado a ser Derecho Internacional de
obligado cumplimiento, tanto consuetudinario como convencional.
A su vez el art. 96.1 dice que "los Tratados Internacionales válidamente celebrados,
una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios Tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho
El Estatuto de Nuremberg clasifica los crímenes cometidos por las potencias europeas
del eje del siguiente modo:
" (...) (a) CRÍMENES CONTRA LA PAZ: a saber, la planificación, la preparación, el inicio o la conducción de una guerra de agresión o una guerra que supone la violación de tratados, acuerdos o garantías internacionales, o bien la participación en un plan común o en una conspiración cuyo objetivo es la ejecución de cualquiera de los actos precedentes;
(b) CRÍMENES DE GUERRA: a saber, violaciones de las leyes o usos de la guerra.
Tales violaciones comprenden el asesinato, los malos tratos o la deportación para
realizar trabajos forzados, o para otros fines, perpetrados contra la población civil de
un territorio ocupado o en dicho territorio, el asesinato o los malos tratos perpetrados
contra prisioneros de guerra o personas en alta mar, la ejecución de rehenes, el robo
de bienes públicos o privados, la destrucción arbitraria de ciudades, pueblos o aldeas, o la devastación no justificada por necesidades militares, sin que dichas violaciones queden limitadas a los actos enumerados.
(c) CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD: a saber, el asesinato, el exterminio, el
sometimiento a esclavitud, la deportación y otros actos inhumanos cometidos contra
cualquier población civil antes de la guerra o durante la misma; la persecución por motivos políticos, raciales o religiosos en ejecución de los crímenes que sean competencia del Tribunal o en relación con los mismos, constituyan o no una
vulneración de la legislación interna del país donde hubieran sido perpetrados (...)" La historia del desarrollo del concepto de crímenes contra la humanidad está asociada a la Segunda Guerra Mundial y los Tribunales de Nuremberg, pero esta historia se
remonta a un tiempo anterior. Los horrores de las guerras del siglo XIX en Europa, así
por ende, debían prohibirse.
Estos crímenes recibieron reconocimiento legal en fecha tan lejana como 1868, en la
Declaración de San Petersburgo sobre proyectiles explosivos de pequeño calibre. Esta Declaración buscaba la limitación en el uso de los mismos, ya que consideraba a éstos como "contrarios a las leyes de la humanidad". En enero de 1872, Gustav Moynier, de Suiza, propuso que se constituyera una Corte Penal Internacional para impedir las violaciones de la Convención de Ginebra de 1864 y procesar a los responsables de las atrocidades cometidas por ambos bandos durante la guerra franco-prusiana de 1870. El concepto de leyes de la humanidad recibió después reconocimiento legal explícito en la Primera Conferencia de La Haya de 1899, que adopta por unanimidad la Cláusula Martens como parte del Preámbulo de la Convención de La Haya sobre respeto a las leyes y costumbres de la guerra terrestre.
Las masacres perpetradas por el Imperio Otomano contra los armenios en Turquía,
estuvieron entre los primeros crímenes específicamente incluídos bajo la rúbrica "crímenes contra la humanidad". En una Declaración de Francia, Gran Bretaña y Rusia de 24 de mayo de 1915, las masacres fueron denunciadas como "crímenes contra la humanidad y la civilización por los que se haría rendir cuentas a todos los miembros del Gobierno turco en su conjunto, junto con aquéllos de sus representantes implicados en las masacres". La Comisión de la Conferencia de Paz de 1919 interpretó que los crímenes contra la humanidad incluían asesinatos, masacres, terrorismo sistemático, matanza de rehenes, torturas de civiles, inanición deliberada de civiles, violación, abducción de mujeres y niñas para su sometimiento a prostitución forzosa, deportación de civiles, internamiento de civiles bajo condiciones inhumanas, trabajos forzosos de civiles en conexión con las operaciones militares del enemigo y bombardeo deliberado de hospitales y lugares indefensos.
El Estatuto de Nuremberg, como se ha expuesto, definió los crímenes contra la
humanidad en su artículo 6 (c).
El art. 6(c) del Estatuto del Tribunal de Nuremberg ha sido aplicado directamente, no
sólo por los tribunales aliados después de la IIGM, sino también:
a) esta inculpación pertenece a "un orden represivo internacional al que le es
fundamentalmente ajena la noción de frontera"
e) la conformidad de tales textos con los arts. 15.2. del Pacto Internacional relativo a
los derechos civiles y políticos (y al art. 7.2 de la Convención Europea de derechos humanos), que afirman que el principio de irretroactividad de las leyes penales no se
opone a la persecución y condena de personas por hechos reputados como "delictivos
según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad
internacional." -art. 15.2 citado. Esta excepción a la irretroactividad de las leyes penales ha sido aplicada en la persecución penal contra una persona acusada de haber
desviado un avión cuando este hecho no era punible por el ius fori en el momento de
haber sido cometido (Sri Lanka, Cr. of App., 28.5.1986, caso Ekanayake, I.l.R., 87, p.
- en 1989, por el Tribunal Superior de Justicia de Ontario (Canadá) en el caso Finta
Por tanto, los siguientes actos cometidos en tiempos de guerra o de paz, perpetrados
de manera sistemática o a gran escala, constituyen crímenes contra la humanidad:
"Un acto inhumano cometido contra una sola persona podría constituir un crimen
contra la Humanidad si se sitúa dentro de una conducta sistemática o se ejecuta según un plan, o si presenta un carácter repetitivo que no deja ninguna duda sobre las intenciones de su autor (...) Un acto individual podría constituir un crimen contra la humanidad si se inscribe dentro de un conjunto coherente y dentro de una serie de
actos repetidos e inspirados por el mismo móvil: político, religioso, racial o cultural". (Rapport C.D.I., 1989, p. 147, parag. 147).
a) El exterminio es un crimen contra la humanidad, y por lo tanto punible bajo el
Derecho Internacional. El exterminio es reconocido como crimen contra la humanidad
en el artículo 6(c) del Estatuto de Nuremberg; artículo II (1) (c) de la Ley Núm. 10 del Consejo Aliado de Control, órgano supremo de los aliados en Alemania, y bajo la que se siguieron sustanciando juicios bajo los principios y la doctrina de Nuremberg contra otros responsables de crímenes contra la paz y la humanidad del régimen nazi; artículo 5(c) del Estatuto de Tokio y Principio VI (c) de los Principios de Nuremberg.
La Comisión de Derecho Internacional, en su Informe de 1996 explicó que ambos,
asesinato y exterminio, "consisten en una conducta criminal distinta pero, sin embargo,
estrechamente relacionada, que supone privar de la vida a seres humanos inocentes."
El exterminio es un crimen que, por su naturaleza misma, se dirige contra un grupo de
personas. Además, el acto utilizado para cometer el delito de exterminio supone un
elemento de destrucción masiva que no se requiere para el asesinato. A este respecto,
el exterminio está estrechamente relacionado con el crimen de genocidio, en el sentido
de que ambos crímenes se dirigen contra un gran número de víctimas. No obstante, el crimen de exterminio se daría en casos que difieren de los comprendidos en el crimen de genocidio.
El exterminio comprende los casos en que se mata a grupos de personas que no
comparten características comunes. Se aplica también a casos en que se mata a
algunos miembros de un grupo pero no a otros.
Finalmente, el recién aprobado Estatuto de la Corte Penal Internacional, incluye en la definición de exterminio, en su artículo 7.2, "la imposición intencional de condiciones de vida ... encaminadas a causar la destrucción de parte de una población".
El asesinato se reconoce como crimen contra la humanidad desde la I Guerra Mundial,
en la Declaración de Francia, Gran Bretaña y Rusia de 1915, y, por la Comisión de la Conferencia de Paz 1919. Desde entonces, el delito de asesinato ha sido contemplado como un crimen contra la humanidad en el Estatuto de Nuremberg, artículo 6(c), la Ley No. 10 del Consejo Aliado de Control, artículo II, pár. (c), el Estatuto del Tribunal para el Lejano Oriente, artículo 5(c); Principio VI(c) de los Principios de Nuremberg; Estatuto del ICTY, artículo 5(a); Estatuto del ICTR, artículo 3(a), artículo 18 del proyecto de Código de Crímenes de 1996 y artículo 2, pár. 11 del proyecto de código de 1954.
En el proyecto del Código de Crímenes, la Comisión de Derecho Internacional explica que el asesinato "es un crimen claramente tipificado y bien definido en la legislación nacional de todos los Estados". Las diferencias conceptuales en la definición del asesinato entre los distintos sistemas nacionales de justicia penal conducen a veces a confusiones en lo que hace a la cuestión de la inclusión del asesinato como crimen contra la humanidad. La definición del asesinato como crimen contra la humanidad, incluye las ejecuciones extrajudiciales, que son matanzas ilegales y deliberadas, llevadas a cabo por orden de un gobierno o con su complicidad o consentimiento. Este tipo de asesinatos son premeditados y constituyen violaciones de las normas
nacionales e internacionales. No obstante, el crimen de asesinato no requiere que el
acto sea premeditado e incluye la creación de condiciones de vida peligrosas que
probablemente darán lugar a la muerte.
Existen normas bien consolidadas a nivel nacional, regional e internacional que
prohíben la privación arbitraria de la vida. El artículo 15 de la Constitución Española declara claramente "Todos tienen derecho a la vida ...." La protección frente al asesinato y de la integridad física se encuentra garantizada por el Código Penal español en sus artículos 138 a 142. El artículo 2, pár. 1 de la Convención Europea de Derechos Humanos compromete a las Partes con la disposición de que "el derecho de toda persona a la vida estará protegido por la ley". A su vez, el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece: "Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona"; asimismo, el artículo 6, pár. 1
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice: "El derecho a la vida es
inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente".
Como indican estas disposiciones, el derecho a la vida se encuentra firmemente
protegido por normas internacionales, lo que hace del asesinato una infracción penal
tanto del derecho internacional como del derecho interno español. Su carácter
sistemático lo eleva a la categoría de crimen contra la humanidad, y como tal, no
prescribe nunca. Es decir, los asesinatos o ejecuciones extrajudiciales perpetrados por
las fuerzas franquistas no prescriben, puesto que recaen bajo la categoría de actos que
constituyen crímenes contra la humanidad.
c) La tortura se ha reconocido como una violación del Derecho Internacional
consuetudinario desde hace aproximadamente un siglo.
Ya la Comisión sobre responsabilidad de los Autores de la Guerra y Aplicación de Penas (Commission on the Responsibility of the Authors of the War and on Enforcement of Penalties) reconoció la tortura como crimen contra la humanidad en el Informe de la Comisión de la Conferencia de Paz de 1919. Al término de la II Guerra Muncial el concepto de "crímenes contra la humanidad" fue ulteriormente desarrollado, concretamente en los juicios de Nuremberg. Si bien en la definición de crímenes contra la humanidad del Estatuto de los Tribunales Militares de Nuremberg y el Lejano Oriente
no se hacía mención explícita a la tortura, se enjuició y condenó a los acusados por cometer tortura, que es un "acto inhumano" incluido en la definición de crímenes contra la humanidad.
La tortura fue reconocida por primera vez como crimen contrala humanidad en la Ley
10 del Consejo Aliado de Control, de 20 de diciembre de 1945, en su artículo II, 1 (c).
Desde la II Guerra Mundial, las Naciones Unidas y otros mecanismos internacionales
y regionales encargados de la protección y promoción de los derechos humanos, han
reconocido explícita y coherentemente el derecho a no ser torturado como un derecho
fundamental y universal bajo el Derecho Internacional.
Los actos de tortura quedan comprendidos en la categoría de crímenes contra la
humanidad si se cometen de manera sistemática o en escala masiva por cualquier
gobierno, organización o grupo. Este reconocimiento se ha plasmado también en los estatutos de los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia, Ruanda y en
Este tipo de crimen contra la humanidad se reconoce como tal en el artículo 6(c) del
Estatuto de Nuremberg; en el artículo II (1)(c) de la Ley 10 del Consejo Aliado de
Control; en el Principio VI de los Principios de Nuremberg; en el artículo 2(11) del
proyecto de Código de Delitos de 1954, en el artículo 5(h) del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y en el artículo 3(h) del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda; en el artículo 18 (e) del proyecto de Código de Crímenes de 1996 y, por último, en el artículo 7(h) del Estatuto de la Corte Penal Internacional.
Observando que el término "persecución" ha adquirido un sentido universalmente
aceptado, el eminente profesor tratadista M. Cherif Bassiouni propone la siguiente
Este reconocimiento se efectuó por primera vez en la Ley 10 del Consejo Aliado de
Control, por la que se siguió juzgando a los criminales de guerra de las Potencias del
Eje después del juicio principal de Nuremberg:
(c) Crímenes contra la Humanidad: atrocidades y delitos, incluidos pero no
contra el derecho interno del país donde fueron perpetrados".
Ha sido reconocido también como un crimen contra la humanidad en el Estatuto del
Tribunal Penal Internacional para Ruanda, artículo 3(e), y en el Estatuto del Tribunal
Penal Internacional para la ex Yugoslavia, artículo 5(e). Igualmente se recoge en el
artículo 7(e) del Estatuto de la Corte Penal Internacional.
Además de su inclusión como crimen contra la humanidad en los instrumentos
anteriores, el derecho a no ser detenido sin mediar juicio previo justo y rápido, de
conformidad con las normas internacionales del debido proceso, es también un
derecho humano fundamental reconocido por la Declaración Universal, artículos 9 y 10, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Los artículos 6, 9, 14 y 15 de éste último establecen expresamente tanto el derecho a no ser detenido arbitrariamente, como las normas mínimas del debido proceso para el arresto,
detención y enjuiciamiento de los individuos.
La Comisión de Derecho Internacional mantiene que el término "encarcelamiento"
comprende toda violación de la libertad de la persona y el término "arbitrario" establece el requisito de que esa privación sea sin el debido procedimiento legal. Este acto inhumano incluye, según la citada Comisión, los casos de encarcelamiento arbitrario sistemático o en gran escala, como en campos de concentración o detención, u otras formas de privación de libertad de larga duración.
3) A las personas responsables o sospechosas de haber cometido un crimen contra
la humanidad no se les puede otorgar asilo territorial ni se les puede conceder refugio,
4) Como crimen internacional, la naturaleza del crimen contra la humanidad y las
condiciones de su responsabilidad son establecidas por el derecho internacional con
independencia de la que pueda establecerse en el derecho interno de los Estados.
Esto significa que el hecho de que el derecho interno del Estado no imponga pena
alguna por un acto que constituye un crimen de lesa humanidad, no exime de
responsabilidad en derecho internacional a quien lo haya cometido.
6) Los crímenes contra la humanidad están sujetos al principio de jurisdicción penal
" .. Los mismos actos que hemos declarado bajo el Cargo Uno como 'crímenes contra
la humanidad' figuran como 'crímenes de guerra' bajo el Cargo Dos. Los mismos actos
son, por tanto, objeto de acusación como delitos separados y distintos. Esto no es
ninguna novedad. Una agresión, punible en sí misma, puede formar parte de un delito más grave de robo ... Así que en el caso que nos ocupa, el asesinato de civiles indefensos durante una guerra puede constituir un crimen de guerra, pero los mismos
asesinatos forman parte de otro crimen. Se trata de un crimen más grave, esto es,
genocidio o un crimen contra la humanidad. Esta es la distinción que hacemos en
nuestra súplica. Es real y de la más alta importancia. Para evitar cualquier
malentendido desde el principio, permítanme señalar las diferencias entre los dos
delitos. Los crímenes de guerra son actos u omisiones en violación de las leyes y
costumbres de la guerra. Por su propia naturaleza, afectan solamente a los nacionales
de un beligerante, y no pueden cometerse en tiempos de paz. El crimen contra la
humanidad no está delimitado de este modo. Se diferencia fundamentalmente del mero
crimen de guerra en que abarca violaciones sistemáticas a los derechos humanos
fundamentales cometidas en todo tiempo contra nacionales de cualquier país."
En el caso de la II República española, no puede calificarse ninguno de sus actos como crímenes contra la humanidad. Los excesos que hayan sido cometidos por
militares en operaciones legales, pero que hayan violado las leyes o usos de la guerra
por acción o por omisión, sólo pueden ser considerados como crímenes de guerra. La legalidad republicana tipificaba los delitos contra civiles, e incluso la Constitución, en su artículo 7, reconocía la supremacía del derecho internacional sobre las leyes internas. Se trataba de actos ilegales conforme al propio ordenamiento jurídico de la II República.
Los documentos jurídicos de las instituciones republicanas dejan perfectamente claro
que su finalidad era la defensa de las libertades civiles y del régimen democrático, y, este hecho no fue puesto jamás en duda por la comunidad internacional. En cambio, el régimen franquista pergeñó un plan de exterminio y persecución política que está documentado en las propias instrucciones de los generales que se alzaron en armas contra el Gobierno de la República. Asimismo, colaboró directamente con el plan de exterminio nacional socialista contra los propios nacionales españoles (caso Mauthausen), en los actos de agresión y delitos contra la paz y permitió la utilización del propio territorio en la planificación de los crímenes contra la paz.
La impunidad se define como "la inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones de los derechos humanos, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas". [Informe final acerca de la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos (derechos civiles y políticos) preparado por el Sr. L. Joinet de conformidad con la resolución 1996/119 de la Subcomisión. E/CN.4/Sub.2/1997/20. 26 de junio de 1997, en adelante E/CN.4/Sub.2/1997/20]
En relación con los derechos de las víctimas, consideradas como sujetos de derecho y tal y como se desprende de los trabajos del Relator mencionado de las Naciones
Unidas sobre impunidad en derechos civiles y políticos, Sr. Louis Joinet, es deber de los Estados garantizar: [Informe final revisado acerca de la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos (derechos civiles y políticos) preparado por el Sr. L. Joinet de conformidad con la resolución 1996/119 de la Subcomisión. E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1, 2 de octubre de 1997, en adelante E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1]
El derecho a saber, "No se trata sólo del derecho individual que toda víctima o sus familiares tienen a saber lo que ocurrió, que es el derecho a la verdad. El derecho a saber es también un derecho colectivo que hunde sus raíces en la historia, para evitar que puedan reproducirse en el futuro las violaciones. Como contrapartida, al Estado le incumbe, el "deber de recordar", a fin de protegerse contra esas tergiversaciones de la historia que llevan por nombre revisionismo y negacionismo; en efecto, el conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión forma parte de su patrimonio
y debe por ello conservarse. Tales son los principales objetivos del derecho a saber
como derecho colectivo".
En este sentido las organizaciones que suscriben llaman la atención sobre numerosos
intentos que se están dando en España de construcción de tesis revisionistas de la historia y alertan sobre las mismas.
Este derecho ha quedado formulado, en el ámbito de las Naciones Unidas, bajo el
Principio 2 del Conjunto de Principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, y cuyo tenor literal es el que sigue:
El conocimiento por parte de un pueblo de la historia de su opresión forma parte de su patrimonio y, por ello, se debe conservar adoptando medidas adecuadas en aras del
deber de recordar que incumbe al Estado. Esas medidas tienen por objeto preservar
del olvido la memoria colectiva, entre otras cosas para evitar que surjan tesis
revisionistas y negacionistas." .
Independientemente de las acciones que puedan entablar ante la justicia, las víctimas, así como sus familias y allegados, tienen derecho a conocer la verdad acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones y, en caso de fallecimiento o
desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima." [E/CN.4/Sub.2/1997/20]
El derecho a saber conlleva también la necesidad de preservar los archivos. En
relación a esta cuestión, el Principio 13 establece:
Al comienzo se dará prioridad al inventario de los archivos almacenados, incluidos,
siempre que estén dispuestos a cooperar, los que se encuentran en terceros países, y a la verificación de la fiabilidad de los inventarios existentes. Deberá prestarse especial atención a los archivos de los lugares de detención, en especial si oficialmente no se reconocía su existencia.
Se deberá facilitar la consulta de los archivos, sobre todo para favorecer la
investigación histórica. En principio, las formalidades de autorización tendrán por única finalidad permitir el control de la consulta y no podrán aplicarse con fines de censura."
Cuando se aplica, la prescripción no podrá invocarse en las acciones civiles o
administrativas entabladas por las víctimas para obtener reparación."
Cuando la amnistía tenga por finalidad crear condiciones propicias para alcanzar un
acuerdo de paz o favorecer la reconciliación nacional, se aplicarán dentro de los
a) Los autores de delitos graves conforme al derecho internacional y los autores de
violaciones masivas o sistemáticas, no podrán beneficiarse de la amnistía a menos que las víctimas dispongan de un recurso eficaz y obtengan una decisión equitativa y efectiva..."
Toda violación de un derecho humano da lugar a un derecho de la víctima o sus
derechohabientes a obtener reparación, el cual implica el deber del Estado de reparar
y el derecho de dirigirse contra el autor.
El derecho a obtener reparación engloba, por una parte, medidas individuales de
reparación relativas al derecho de restitución, indemnización y rehabilitación y, por otra, medidas de alcance general, como medidas de satisfacción y garantías sobre la no repetición. Las medidas encaminadas a hacer efectivo el derecho a la reparación han de incluir la cuestión de la sustracción de bienes y todo daño material, físico y moral.
Ante la inobservancia del derecho de las víctimas y sus familias a la verdad, a la
justicia y a una reparación digna.
Reafirmando que el conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión forma
parte de su patrimonio y, por ello, se debe conservar adoptando medidas adecuadas
en aras del deber de recordar que incumbe al Estado.
Considerando que la impunidad es en sí y por sí misma una violación de derechos humanos y que con su existencia no sólo se viola un derecho humano, como el
derecho a la justicia y a la verdad, sino que ella constituye un atentado a la dignidad
humana propiamente tal.
unanimidad por la Asamblea General de la ONU el 9 de febrero de 1946 [Res. 32(I)]
y el 12 de diciembre de 1946 [Res. 39(I)], y a su carácter criminal según las normas de derecho internacional.
4. Elaborar una ley de exhumaciones e identificación de víctimas que tenga en cuenta los tipos de delitos, el necesario conocimiento de la verdad y que fije los
clandestinos, oficiales, etc. y resolver el caso de las fosas comunes producto del plan
de exterminio, de los enterramientos ilegales y de las fosas comunes de las tropas
internacionales de derechos humanos, crímenes de guerra y a la situación histórica de la II República y del régimen franquista, que permita ordenar los desenterramientos en orden a la instrucción penal correspondiente en función del tipo de delitos y las víctimas, sean éstas civiles o soldados regulares en los frentes de batalla.
autoridades legítimas de la II República, otorgando el mantenimiento de la doble nacionalidad de los exiliados y de sus descendientes en todos los casos.
15. Legislación de reconocimiento de todos los militares que sirvieron lealmente a la
II República, restableciendo su condición histórica y adecuando sus méritos reglamentarios a todos los efectos.
interior y el exterior de España, para facilitar el derecho a la verdad y el conocimiento de los perpetradores de los crímenes contra la humanidad.
Organizaciones que presentan este documento.
afarIIREP - (Asociación de Familiares y Amigos de Represaliados de la II República por el Franquismo), Ana Viéitez Gómez, presidenta. Agrupación Gragero de León, Manuel Osorio, secretario. Amigos de los caídos por la libertad (1939 – 1945), Memoria histórica de la región de Murcia, Floren Dimas Balsalobre, presidente regional. Asociación para la creación del Archivo de la Guerra Civil, las Brigadas Internacionales, los Niños de la Guerra, la Resistencia y el Exilio Español. AGE (Archivo Guerra y Exilio), Dolores Cabra, secretaria general. Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH Argentina), Horacio Ravena, vicepresidente. Asociación de Descendientes del Exilio Español, Ludivina García Arias, presidenta. Asociación Manuel Azaña, Isabelo Herreros, presidente. Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid, Ricardo Bedera, presidente. Asociación Salamanca por la Memoria y la Justicia, Fermín Sánchez Martín, secretario. Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo - CODEPU (Chile), Víctor Espinoza, Secretario Ejecutivo. Derechos Human Rights, California, USA, Margarita Lacabe, presidenta. Equipo Nizkor, Gregorio D. Dionis, presidente. Foro por la Memoria, José María Pedreño, presidente. Instituto Republicano de Derechos Humanos, Félix Rodríguez Sanz, secretario. Jóvenes por la Memoria Histórica "Amnesia", Javier Moreno y Juan Ignacio Díaz Bidart. Serpaj Europa, Bruselas, Bélgica, Parmenia Camargo, presidenta. --------------------------------------------------------------------------------
Algunas organizaciones que adhieren a este documento.
Asociación Memoria Histórica Asturiana, Marisa Marinez Caldevilla presidenta y Víctor Luis Alvarez, Portavoz de la Junta Directiva. Komite Internazionalistak del País Vasco. Colectivo de Solidaridad por la Justicia y dignidad de los Pueblos. COLICHE, Logroño, La Rioja. Fundación Domingo Malagón, Paz con dignidad, España. OSPAAAL - Valladolid, Baleares, Málaga, Tarragona, Castellón y Madrid. (España) Foro Social Madrid. Asociación Pozos de Caudé, Teruel, España. Movimiento Tendencia Republicana 14 de Abril, Bs As., Argentina. Fundación Luis Bello, José Esteban, presidente. Desaparecidos de la guerra civil y el exilio republicano, DESPAGE. Antonio Cruz González, Coordinador. Ateneo Republicano de Galicia. Unión Sindical Obrera (USO), Carmen Urrutia, Departamento confederal de la Mujer. Fundación Largo Caballero, Antón Saracibar Santúa, Presidente.
Coordinadora Federal de Izquierda Socialista del PSOE, Vicent Garc�s.
Antonio Hontañon Toca, Presidente de la Asociación Heroes de la Republica y la Libertad ( de Cantabria ) -------------------------------------------------------------------------------
Luis Alberto Quesada Graciela Palacio de Lois, Buenos Aires, Arg. Francisco Etxeberria Gabilondo, Facultad de Medicina, Univ. del País Vasco, San Sebastian. Francisco Pérez Esteban, Ejecutiva IU Federal. Marcos Criado de Diego, Univ de Alicante, España. Inés García Holgado, Buenos Aires, Arg. Dante Patrignani, Bahía Blanca, Arg. Florencia Roulet, Monthey (Valais), Suiza. Claudia Julieta Duque, Bogotá, Colombia. Inés Izaguirre, Argentina. Mireya Folch-Serra Ph.D., London, Canada. Francisco Marqués Gómez, España. Rafael Bejarano Navarro, Univ de Córdoba, España. Florentina Navarro Benítez, España. Isabel Benítez Poblete, España. Nuria Mateos, España. José Juna Scalla, España. Enrique Mosca, Bs As, Argentina. Agustín Cabré, periodista, Chile. Víctor Pey, Santiago de Chile. Santiago Grande Aguilera, Collado Villalba, España. Raquel Elizabeth Palomino Quispe, Lima, Perú. Rubén Herranz González. Hendrik Vaneeckhaute, escritor. María Luisa Cisneros Cuesta. Magdalena Diez de Bethencourt. Clara Diez de Bethencourt. Mariló Tudela Castillero. José Cabañas González. Antonio Arnau Carrillo de Albornoz. María Dolores Díaz-Munío Roviralta, CPD, Universidad Politécnica de Valencia. Casimir Nalda i Ausina. Virtudes Albertos Pérez, Universidad Politécnica de Valencia. Xavier Corrales, Técnico de Laboratorio, Universidad Politécnica de Valencia.