Source: https://www.parcan.es/pub/ds.py/2014/121/1/
Timestamp: 2019-12-16 07:06:29
Document Index: 3573305

Matched Legal Cases: ['artículo 27', 'artículo 28', 'artículo 30', 'artículo 17', 'artículo 34', 'artículo 54']

Diario de Sesiones 121/2014, de fecha 24/4/2014 - Punto 1 - Parlamento de Canarias
Diario de Sesiones 121/2014, de fecha 24/4/2014 - Punto 1
8L/IDC-0004 INFORME DEL DIPUTADO DEL COMÚN. INFORME ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Cruz Hernández): En primer lugar, vamos a tratar el primer punto. Informe anual correspondiente al año 2013.
Don Jerónimo, tiene usted la palabra.
El señor DIPUTADO DEL COMÚN (Saavedra Acevedo): Buenos días, señor presidente, señoras y señores diputados, señores miembros del Gobierno.
Para mí es una satisfacción, como cada año, cumplir con las previsiones de la Ley reguladora del Diputado del Común presentándoles el informe anual de la actividad desarrollada por esta institución a la que represento.
Yo quisiera iniciar con una cita. Generalmente no recurro a las citas, pero, en este caso, sí. Fue pronunciado en el Pleno del Congreso de los Diputados, el 27 de marzo del presente año. La cita dice así:
"Este no es un informe de éxitos, no es un informe de aciertos, no es un informe para decir que han logrado una parte del programa electoral. No, esto es algo distinto, esto es un informe que da cuenta de manera resumida de lo que los ciudadanos nos dicen, de lo que los ciudadanos creen que debemos hacer llegar a las administraciones públicas porque [...] creen que se vulneran sus derechos. No es, por tanto, un informe -como decía- de aciertos o de éxitos, es un informe que muestra una parte de la realidad, porque a toda la realidad no podemos nosotros llegar".
Estas palabras las pronunció doña Soledad Becerril Bustamante, defensora del Pueblo, y comparto plenamente, totalmente las mismas.
Las cifras, las estadísticas con las que se suele iniciar este informe ya fueron analizadas en la comisión la pasada semana, y me remito, únicamente destacando, a aquellos aspectos más sobresalientes, como lo que se refiere al incremento del número total de quejas. Si bien no es un incremento notable -de solo 18 en relación con el año anterior- sí debo en cambio lamentar que las vivas hayan aumentado, es decir, entendiendo por vivas las que proceden de ejercicios anteriores o de años anteriores y que se han quedado tramitando sin que se hayan archivado. Eso es coherente con otra parte del informe, donde se refleja la escasa colaboración, que yo creo que se ha incrementado en el pasado año, por parte de determinadas administraciones públicas canarias. En cuanto a las quejas vivas, sí señalar que hemos logrado ir borrando el lastre, el arrastre del pasado, de tal manera que solo queda una del año 2008, y yo espero que en el informe del año próximo dejemos limpio con anterioridad lo relativo a la primera década del presente siglo.
En cuanto a las quejas, crecen las que van dirigidas a los ayuntamientos, que ocupan un total del 45 %, y las de cabildo insular, que también ocupan un 5 %, que crecen respecto al año anterior. En cambio, bajan las quejas relacionadas con la comunidad autónoma canaria, que representa un 39 %, y de la Administración General del Estado, que, obviamente, trasladamos a la defensora del Pueblo por no ser competencia nuestra, y que representa un 7 % del total.
Decía en comisión que para mí, para nosotros, la institución no es una institución pasiva, ni puro recoger quejas, trasladar a la Administración por vía escrita esperando la respuesta, respuestas que no llegan, respuestas que se solicitan de nuevo, una y otra vez. No, no. Para nosotros la institución tiene que adoptar una posición activa, dinámica e ir por encima de las normas reglamentarias de funcionamiento al contacto directo con las administraciones. El teléfono, la reunión de trabajo, con directores generales, con alcaldes, con concejales, a mí me parece que es muy importante y contribuye a que, por ambas partes, comprendamos las dificultades que, en algunos casos, existen para las administraciones en facilitarnos la respuesta dentro de los plazos establecidos; y, en otros casos, efectivamente, una dejadez, que nosotros insistimos en que lo único que pedimos es que nos contesten, que no se mantenga el silencio que han practicado en relación con el administrado que se queja y que vienen a reproducir luego esa misma actitud de indiferencia, por no llamar de desprecio, hacia las peticiones que le formula la institución.
La actividad se refleja, entre otras cosas, en el número de quejas de oficio que el Diputado del Común pone en funcionamiento. En las quejas de oficio valoramos la situación que percibimos en la calle, percibimos en los medios de comunicación, percibimos en los propios debates parlamentarios, y que nos llevan a considerar la necesidad de contar con la mayor parte o con el mayor contenido posible de información, para abordar soluciones que ofrezcamos a las administraciones implicadas. Y esas quejas de oficio abordan, como se indica claramente, problemas que consideramos importantes. Cuatro de ellas son de problemas de menores: medidas judiciales, relacionadas con el acogimiento familiar, por los puntos de encuentro familiar, por, también, el absentismo escolar. Han participado un gran número de ayuntamientos, hemos contado con la colaboración de la Fecam y también de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, que han recogido las sugerencias que al final de esa queja de oficio hemos planteado. Y notamos la carencia de normas que establezcan para todos los ayuntamientos un reglamento, un protocolo de funcionamiento en relación con esta problemática que luego redunda también en un posible fracaso escolar.
Otras quejas de oficio, relacionadas con trabajadores con discapacidad o ciudadanos con discapacidad, aluden al funcionamiento de dos centros -uno en Tenerife y el otro en La Palma-, y ponían de relieve la existencia de irregularidades, de falta de control, de falta de inspección, que hemos logrado que se resolviesen en favor también del adecuado funcionamiento de los mismos.
En relación con las quejas de mayores, estamos tratando de impulsar la vitalidad de consejos representativos que a veces, pues, han quedado un poco en la oscuridad: el consejo de mayores y personas con discapacidad, el Consejo Canario de los Mayores.
En definitiva, el tema de viviendas ha provocado varias quejas de oficio que se refieren tanto a las subvenciones, a la hipoteca joven para la adquisición o autoconstrucción de viviendas, como al problema de viviendas de nueva solicitud y al problema de los convenios de rehabilitación. En relación con este último, que es un tema que está de actualidad, nosotros tenemos abierta una queja de oficio con el fin de conocer el cumplimiento del Plan de Vivienda 9-12, las previsiones para el 13-16, o 15-16, y salir de las dudas en que nos ponen a los ciudadanos -en este caso hablo como ciudadano- en determinadas afirmaciones, una blanca y otra negra, que alguno de los dos se equivoca, y nos hemos dirigido incluso al Ministerio de Fomento solicitando su colaboración, sabiendo el límite de nuestras competencias, pero con el fin de contribuir a la transparencia en este tema que ha suscitado tanta polémica en la sociedad canaria.
En cuanto a temas de economía y hacienda, sí hemos establecido, fijado algunas quejas de oficio, especialmente importante la relacionada con la exención del impuesto sobre tráfico de vehículos que no tenía en consideración, por parte de algunos ayuntamientos, la situación de discapacidad de los mismos, y entrando en una polémica sobre qué certificado, quién certificaba esa discapacidad, resolviéndose el problema favorablemente, aunque quedan todavía algunos ayuntamientos del total -que creo que eran 12- afectados por esa situación de no reconocer el principio de exención en ese impuesto.
Y en cuanto a las otras, relacionadas con política territorial, señalar que estamos ante un fenómeno que afecta fundamentalmente a los ayuntamientos, que es la situación de las obras ilegales. Hay una legislación bastante compleja, hay prácticas sospechosas -lo digo en su estricto sentido-, por parte de administraciones locales, de dejar pasar los tiempos, de mirar para otro lado ante obras ilegales que han generado quejas, quejas que se contestan y dicen que ha pasado, que ha caducado el tiempo para iniciar procedimientos sancionadores, para ordenar el derribo en el caso de que esto se haya comprobado que efectivamente es ilegal. Hay confesión de ilegalidad de determinadas obras por parte de los ayuntamientos, pero transcurren los meses y vuelve el ciudadano a quejarse de que, efectivamente, le habíamos dicho que el ayuntamiento reconocía que era ilegal, pero que el ayuntamiento no derriba. Ahí hay una problemática seria, especialmente en las zonas rurales, en relación con las obras ilegales, y que debo subrayar en este momento y que motiva esa queja de oficio.
Y, por último, en cuanto a las quejas de oficio, una que surgió por ese contacto que tenemos con el ciudadano, porque lo presencial no solo es en relación con los oficinas y con nuestros trabajadores o empleados públicos, sino también con el que les habla o con los asesores técnicos. Es decir, que vienen a ver una comisión y me plantean el problema de la fibrosis pulmonar idiopática, que existen comunidades donde se facilita un determinado medicamento, que parece que aún no hay suficiente experiencia para determinar si es fiable en su totalidad en la paralización del proceso de esta enfermedad o, por el contrario... Es decir, que hay comunidades que prestan ese medicamento, costosísimo, mientras que la nuestra no lo presta. La respuesta que nos ha dado la consejería ha sido correcta, en el sentido de que va a plantear en la conferencia sectorial el tema con el fin de que los ciudadanos de las distintas comunidades autónomas tengan derecho a la igualdad y un reconocimiento de la igualdad en lo que afecta a su derecho a la salud.
Las resoluciones que hemos adoptado, de este término tan amplio -como saben, se refieren a las sugerencias, a las advertencias, a los deberes legales, recordatorios, etcétera-, de esas resoluciones, ponemos por vez primera en el informe cuántas han sido aceptadas. Me parece que es una cifra interesante, pero que no nos satisface, queremos que mejore. Aceptadas han sido 25 y 3 de forma parcial, en total, unas 28; no han sido aceptadas, por las administraciones afectadas por las resoluciones que les hemos comunicado, 13; y están pendientes de respuesta, porque al cerrarse el informe con una fecha fija a 31 de diciembre, pues todavía no ha transcurrido el tiempo para que responda la Administración si acepta o no acepta. De manera que hay ayuntamientos, hay direcciones generales, consejerías que aceptan las resoluciones y que han incorporado o han modificado la normativa o los protocolos de funcionamiento.
El tema que a nosotros nos preocupa, y ya ha quedado reflejado en la comparecencia en comisión, es el fenómeno de la falta de colaboración de las administraciones públicas como un problema general, porque recoger hay que, de las nuevas quejas, 473 ejemplos de falta de colaboración es una cifra tremenda, que da una imagen mala del funcionamiento de las administraciones públicas canarias y que afecta a la cultura del cargo público, que afecta a la cultura del empleado público, no digo en términos específicos y concretos, porque hay magníficos empleados públicos frente a otros ineficientes, igual que hay cargos públicos magníficos y otros no tan magníficos; de manera que alguna causa tiene que haber para encontrarnos con esta actitud de falta de colaboración por parte de las administraciones públicas con el Diputado del Común
De esos 473 ejemplos de falta de colaboración, pues enumero, simplemente, por áreas: 75 son de vivienda; 73 son de discapacidad; 43, de servicios sociales; 34, de mayores; 34 relacionadas con política territorial; 33 por actividades clasificadas; 26 de economía y hacienda y me quedo en las de más de 25 para no agotar el listado. Pero más importantes son las que calificamos de recordatorio de deberes legales. Esta es, diríamos, la fase última para que, si no responde la Administración, la declaremos obstruccionista, no cooperadora con las tareas del Diputado del Común e incluso advirtamos que existe la posibilidad de que lo remitamos al Ministerio Fiscal.
Esta es una cuestión que al ciudadano le sorprende, es decir, ¿cómo hay que recordarle el deber legal de contestar? Porque lo dice la ley y todo funcionario público y cargo público tiene que respetar la ley, estamos en un Estado de derecho, cómo es posible que haya que estarle recordando el abecé del comportamiento ante los ciudadanos por parte de una Administración. Pues las cosas son así.
De esos recordatorios, por áreas o temas, de esas 94 administraciones, recordadas, en último momento, en última instancia, después de esa generosidad en los plazos que se refleja en el informe, y que queremos reducir con el fin de activar a las administraciones irresponsables, porque hay que hablar de irresponsabilidad, porque, como he dicho, faltar al cumplimiento de una ley es una irresponsabilidad por parte del que ocupa un cargo público, está al frente de un puesto de funcionario al servicio del ciudadano. De esas, 26 son de discapacidad, 24 relacionadas con política con mayores, y 21 con política territorial.
En cuanto a algo en lo que también se ha interesado los portavoces en la comisión, y me refiero ya al ir al fondo de las quejas, qué materias, qué temas, no ya con la calificación general, sino cuáles son los problemas que acusamos en este informe, acudiendo a esa tarea de supervisión que tenemos asignada por la ley del funcionamiento de las administraciones públicas. Enumero, muy por encima, los temas relacionados con la contaminación acústica, ahí se observa todo lo relacionado con los ruidos, apertura de locales, celebraciones de fiestas, etcétera, que forman parte de la práctica habitual de toda sociedad, de todo pueblo, pero que a veces hay un uso abusivo, desde el que pide una terraza o un local para celebrar una fiesta un viernes y sábado, pero que luego ese viernes y sábado se convierte en todos los viernes y sábados del año, con la contaminación acústica que eso produce. Se nota, se aprecia la falta de instrumental -los sonómetros- por parte de muchísimos ayuntamientos que no pueden o no han hecho el esfuerzo. Ahí debería ser el cabildo el que facilitara esas tareas, tener una unidad volante para que ayude a las policías locales de los pequeños municipios, buscar una fórmula, en definitiva, y naturalmente también el reforzamiento de las funciones de inspección, que, en general, se acusa su debilidad en casi todas las administraciones, sea en la local, en la insular como la autonómica. Y, si no hay inspección, dejar en manos de la declaración responsable, como la nueva legislación en materia de licencias, en manos del declarante, si luego no hay una inspección, pues puede haber evidentes abusos por parte de aquellos que disfrutan del... Se liberan de los trámites engorrosos del pasado, de las licencias de apertura, licencia de obras, etcétera, ante los municipios, y que dan lugar, si no hay inspección, a verdaderos desafueros que afectan al ciudadano.
En relación con la discapacidad y dependencia, hay 125 nuevas quejas del año 2013, y todavía hay 4 pendientes desde 2007. Como luego hay un informe extraordinario en relación con este tema, me remitiré a la posterior, ulterior intervención y debate.
Como les decía, yo he hecho frecuentes reuniones con directores generales, con secretarios generales, y debo reconocer la buena disposición y el carácter de colaboración que han mostrado distintos directores generales de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda. Y los cambios que hubo a principios del ejercicio pasado, precisamente en la Dirección General de Dependencia, Infancia y Familia, pues a mí me satisfacen, no tengo ningún problema para reconocer que hay buena disposición, comprensión, pero en algunos casos hay límites que luego analizaremos y problemas en el cumplimiento de ese buen deseo por parte de las direcciones generales implicadas, el tema de vivienda incluido.
En las discapacidades y la dependencia seguimos teniendo un problema de la accesibilidad, el principio de accesibilidad universal a los discapacitados. Hay una convención de Naciones Unidas, ratificada por nuestro país, que está incorporada a la legislación ordinaria. Precisamente, en las XXVIII Jornadas de Defensorías del Pueblo que tuvieron lugar en los últimos días del mes de octubre del año pasado en Teguise, en Lanzarote, pues se dedicaron a estudiar esta situación, y recuerdo la intervención de un ponente, un arquitecto del ministerio, que explicaba en imágenes las triquiñuelas, los problemas que todavía tienen, en unos casos son discapacitados visuales, en otros casos son discapacitados de movilidad, desde el uso de las terrazas, las aceras, infinidad de cuestiones. Ayer mismo he recibido a una asociación de vecinos de Guía de Isora donde me planteaban el tema de las terrazas con unas aceras muy estrechas que no permiten el paso de una persona con movilidad reducida, de manera que es constante. Ha habido un esfuerzo especialmente en la isla de Tenerife por parte de la Sociedad Insular que se dedica a asesorar y a animar a la corrección de estos límites y se ha avanzando considerablemente, pero yo creo que debe ser tomado en consideración el derecho a la igualdad que esa convención de las Naciones Unidas -y así lo ratificamos en las reuniones de Lanzarote- impone a todas las administraciones para que efectivamente no haya ninguna limitación ni trato desigual a los que tienen un problema de discapacidad. Hay que contar también que hay asociaciones de discapacitados que están colaborando en esta materia con las administraciones y a ellos también hay que agradecerles su compromiso y cooperación desinteresada.
En materia de economía y hacienda, en cuanto al fondo de las quejas que me estoy refiriendo, hay 196 nuevas quejas; es un área en el que han subido. Se han resuelto el 69,30 % y ahí están las cifras también de lo que se ha logrado que las administraciones devuelvan, más de 155.000 euros: el Gobierno canario, la Agencia Tributaria, los ayuntamientos, los cabildos, etcétera. Hay, pues, un reconocimiento de un principio que se aprecia, en general, que es la falta de atención y de contestación a los ciudadanos, y la dilación en resolver las devoluciones que reconocen que hay que efectuar.
En materia educativa, hay 51 nuevas quejas relacionadas, sobre todo, con temas de becas, accesos a los ciclos de formación pública, a las dos universidades también existen, aunque debemos reconocer que aquí también hay un alto grado de solución y que, en su mayoría, están archivados, probablemente en relación con la buena actuación de la Inspección Educativa que se refleja y que pone en relación la importancia que tiene en un momento de reforma de la Administración y de reorganización donde las tareas de control previo deben ser sustituidas por el control posterior a través de cuerpos técnicos, objetivos de inspección.
La formación permanente hay que mantenerla porque eso es un problema que se aprecia también en la actuación de determinadas policías locales, que algunos no tienen ni los impresos correspondientes y confunden una denuncia con una multa, hasta esa situación llegan algunas quejas, lo que requiere una mayor formación de nuestras policías locales, especialmente en pequeños municipios.
En materia de justicia, ha habido un incremento de las quejas relacionadas con el problema de los juramentos para la adquisición de nacionalidad. Hubo el caso de un juzgado de Puerto del Rosario que, en un año, reflejó un incremento multiplicado por diez del número de solicitudes que dio lugar a listas de espera, largas colas, etcétera, y que ha habido una respuesta muy clara por parte del titular de ese juzgado y que así se lo hemos transmitido a los ciudadanos. En conjunto, el problema de la Administración de justicia de Canarias, el que afecta, en general, a todo el país, es la carencia de recursos humanos y técnicos que exigen una solución a gran escala. Pero en aquellas comunidades donde están transferidas las competencias de la Administración pues hay que hacer un esfuerzo como se ha venido haciendo en edificios, pero es necesario también reforzar los magistrados y los jueces cooperando, colaborando con el Consejo General del Poder Judicial. El convenio que tenemos vigente desde hace más de diez años ha permitido un funcionamiento correctísimo, y las respuestas de todos los jueces-magistrados, salas, de nuestra comunidad autónoma son inmediatas, y debemos reconocer, y así se lo he manifestado al presidente del Consejo General del Poder Judicial en la última reunión, que funciona admirablemente en cuanto a responder a las solicitudes de informes, de documentos de señalización o de dictar sentencias de juicios celebrados mucho tiempo antes, etcétera, ¿no? Y en esta materia también el papel importante que se relaciona con los colegios de abogados, que generan bastantes quejas respecto a los turnos de oficio, hay algún colegio que tiene establecida una lista de espera que llega al mes de octubre o noviembre de este año.
En cuanto a la política territorial, ya he hablado del problema principal, que se relaciona con las obras ilegales y de los procedimientos que se dejan caducar, y aquí sí -no digamos ya restablecer la legalidad correspondiente- pues muchas veces se queda en un mero deseo y una declaración. Aquí sí ha habido, no tanto por obstrucción de la Administración local implicada, sino por la actuación, presuntamente penal, ha habido traslado al Ministerio Fiscal de algunos problemas relacionados con obras ilegales de algunos ayuntamientos de Canarias; y no me corresponde a mí hablar de lo que decida el Ministerio Fiscal. En algún caso ya ha tomado medidas, pero, respetando la división de poderes, aquí me quedo en relación con estas relaciones con la Administración de Justicia, que, como institución pública, me corresponde seguir al pie de la letra la norma. Si tengo sospechas, si tengo dudas, respecto a lo que se refleja en los informes enviados por los ayuntamientos, pues se traslada, pero siempre con un gran sentido de la prudencia, porque no soy, en general, en mi vida, partidario de la judicialización de los temas -y mucho menos de la política-, salvo que, efectivamente, haya pues eso, claras posibilidades de infracción de una norma y subsiguientes responsabilidades penales.
En materia de sanidad, se aprecia una reducción de las listas de espera en relación con respecto al año anterior. Hay un esfuerzo que se plasma en eso y que ha tenido que ver con la apertura de quirófanos, etcétera, en turnos de tarde, y, como tal, se refleja en este informe.
Concluyendo el tema con servicios sociales, hay una mejor respuesta. Cuando hablo de servicios sociales son las ayudas de emergencia. Hay una mejor respuesta de los ayuntamientos pequeños con el ciudadano que los ayuntamientos grandes. En los ayuntamientos mayores, en los capitalinos, principalmente, se han quejado en sus informes de la falta de personal disponible, le hemos hecho sugerencias para que reasignen los recursos humanos que tiene esa administración para que puedan atender al ciudadano. Que son ciudadanos en situación desesperada y, como tal, el ciudadano no comprende que llegue a una oficina y le digan que el empleado público está de baja y que hasta que no vuelva pues que no le digan nada; es decir, esa falta solidaridad en el otro empleado público yo la reclamo. Yo creo que ser empleado público también se tiene vocación de servir al ciudadano igual que la tiene un médico, la tiene un abogado o la tiene un ingeniero. Pues eso a veces fracasa y son situaciones que a mí me indignan personalmente, y son casos reales. Entonces, que esté esperando para hacer el informe previo para acceder a la PCI, que el informe del ayuntamiento se dilate y el cumplimiento de la ley... Ahora que están ustedes en fase de hacer una nueva ley reguladora de la PCI, pues sepan que esos plazos existentes no se cumplen, generalmente, en los ayuntamientos mayores; y es un problema que afecta al ciudadano porque, mientras no haya ese informe del ayuntamiento, la consejería correspondiente no puede seguir adelante en la resolución de la solicitud de PCI.
Y, por el último, el tema de vivienda, que ya he hecho referencia al mismo a lo largo de la intervención.
Quería concluir con una referencia a la gestión económica, que han visto que se produjo una reducción del presupuesto del gasto del 13,06 % en el año 13 respecto al 12. Y en cuanto a una referencia concreta relacionada con las habituales intervenciones del portavoz del Grupo Popular, en comisión y en pleno, en torno a que, en la última, un poco se quejaba de que él no ha pedido la supresión de la institución y, efectivamente, consultados los Diarios de Sesiones del Pleno del año pasado, del 12 de junio, y dice, textualmente: "Así lo hemos dicho una, dos, tres mil veces. Lo más conveniente en esta época de crisis sería transformar su institución, la institución del Diputado del Común, de modo que su labor fuese desempeñada por los 60 diputados de la Cámara", y concluye su intervención. Desde un punto de vista del debate político, se hace necesario modificar... O sea, las palabras empleadas son las de "modificar", "transformar", pero no "suprimir", pero, evidentemente, si se les atribuye a todos ustedes, señorías, 60, estas 1.604 quejas, tendrían todos que contratar -los que no son licenciados en Derecho- a un empleado público para resolverlas y tramitarlas correctamente. Si eso supone un ahorro... Pues yo creo que está en duda, ¿no? Pobres los ingenieros, arquitectos, administrativos, trabajadores manuales que se encuentren aquí, y médicos, que para tramitar las quejas hay que consultar muchas leyes y eso requiere personal. Y ustedes tienen mucho trabajo para encima cargar con estas quejas.
Yo concluyo agradeciendo a todo el personal administrativo, laboral, asesores técnicos de la institución, porque tienen un magnífico nivel que se refleja en el funcionamiento de las quejas. Yo no soy aquí más que el representante, el portavoz. Y, de manera concreta, ya lo hice el año pasado en relación con el fallecimiento de un colaborador ante el Pleno, pero, en este caso, lo quiero hacer respecto a otra pérdida, ocurrida el año pasado, de especial trascendencia, la don Luis Cobiella. Porque fue el primer diputado del Común que tuvo esta institución y que, además, dejó huella, y así lo recuerdo por haberlo vivido personalmente como presidente de esta comunidad en aquel momento, de cómo su casa fue la primera oficina del Diputado del Común. Es un ejemplo que a lo mejor resulta raro, extraño en la política actual, pero esa ejemplaridad y ese "yo estoy para hacer esto, pero antes necesito una secretaria, necesito un chófer", etcétera, eso estaba muy lejos de la personalidad de nuestro primer diputado del Común; y por eso yo lo aprecio, lo recuerdo, lo quiero, por la amistad que tuvimos, por la coincidencia en puntos de vista culturales y de todo tipo y por eso quería dejar constancia, al concluir, de mi recuerdo y mi homenaje a don Luis Cobiella Cuevas.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Cruz Hernández): Gracias, don Jerónimo, señor diputado del Común.
Para fijar la posición de los distintos grupos parlamentarios, en primer lugar, el Grupo Parlamentario Mixto.
Por tiempo de diez minutos, doña Carmen Hernández, tiene usted la palabra.
La señora HERNÁNDEZ JORGE: Buenos días, señoras y señores diputados, medios de comunicación, señor diputado del Común.
Efectivamente, los informes de una institución que tiene como fin, no lo olvidemos, defender los derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos en el ámbito de Canarias, no tiene que ser un cúmulo de aciertos ni de aplausos; para eso está el propio Gobierno, para sacar sus rendiciones de cuentas periódicas donde pueda colocar sus logros, si los tuviera. Efectivamente, tiene que ser un informe donde aparezca la realidad, lo que opina la ciudadanía sobre el funcionamiento de las administraciones. Y yo, además, me atrevería a decir que, en los tiempos que corren, de auténtico divorcio entre la sociedad y las administraciones públicas, de desafecto entre los ciudadanos y el quehacer de los gobiernos, la institución del Diputado del Común se debe, se puede y tiene la responsabilidad de convertirse en un ejemplo para lograr el objetivo de volver a legitimar lo público y de volver a legitimar a las instituciones. Y en ese sentido es fundamental que esos informes reflejen la realidad de la sociedad canaria, parcial, efectivamente -como veremos es bastante parcial-, porque las quejas que se elevan son pocas para la realidad que nos rodea, pero efectivamente la importancia entendemos que radica también en ese valor, en el valor de volver a legitimar las instituciones.
Nosotros hacemos una valoración general -lo dijimos en la comisión- global positiva respecto al informe. Creemos que en estos tres años al frente del nuevo diputado del Común se ha hecho un esfuerzo en la mayoría de las facetas y en la labor cotidiana de la institución. Además creemos que el documento ha mejorado en cuanto a presentación y también se ha hecho un esfuerzo, que nosotros compartimos, en socializar la labor del Diputado a través de las tecnologías de la información y de la comunicación, a través de las TIC. Y además, pues, le agradecemos, como hicimos en comisión, que se recogiera nuestra aportación de que se utilizaran las redes sociales, el Twitter, etcétera, como un mecanismo de acercamiento hacia la sociedad.
Seguimos pensando que las quejas son pocas: 1.604 quejas en el 2013. Hay un ligerísimo aumento en 18 quejas que nos parece claramente insuficiente. Por eso insistimos en la necesidad de seguir comunicándole a la sociedad la figura del Diputado del Común, para que sea utilizada por la sociedad canaria y, en ese sentido, abrir la institución a todos los sectores de la sociedad, y ya le hemos comentado en alguna otra ocasión, que sería oportuno que se estableciera algún plan de comunicación dirigido a la gente joven a través de los centros educativos, a través de los institutos y de los centros de formación profesional y también a través de los colectivos, de las asociaciones o federaciones vecinales.
También nos parece destacable y positivo que la mayoría de las quejas hayan sido admitidas a trámite, casi en un 90 %; eso da idea de que las quejas de los ciudadanos están justificadas. El grueso de las quejas se concentra en tres departamentos: en primer lugar, asuntos sociales con 195 quejas, a continuación, economía y hacienda y le sigue seguridad social. Es destacable que solo asuntos sociales y vivienda aglutine el 26 % del total de las quejas, 412 quejas. Esto viene a reflejar -aunque sea una realidad, como sabemos, parcial, por lo que se ha dicho- que tenemos un problema con relación al funcionamiento de los servicios sociales en materia de vivienda en Canarias no solo imputable al Gobierno, sino, evidentemente, al contexto social y económico que vivimos. En el ámbito de asuntos sociales, además, destacar que en esas 300... hay 312 quejas que se concentran en dependencia, servicios sociales, mayores y menores. Nos llama, además, poderosamente la atención que en toda la memoria aparezca de manera reiterada la queja de la nula respuesta de los diferentes departamentos del Gobierno a los ciudadanos, o la falta de colaboración de las administraciones con el Diputado del Común. Entendemos que esto viene a poner en evidencia la falta de cultura democrática que existe en Canarias, lo que significa un buen Gobierno y una buena gobernanza. No entendemos que, en un momento de crisis económica, social e institucional, donde la ciudadanía cuestiona las instituciones, como decía antes -y así se refleja en los diferentes sociobarómetros-, no se haga un esfuerzo por responder a los ciudadanos en tiempo y forma, y no se haga un esfuerzo por implementar una cultura de lo público, basado en la rendición de cuentas, en la transparencia y en el buen gobierno. Justo ahora, en un momento donde el Gobierno plantea una ley canaria de transparencia y acceso a la información pública, esperamos, esperemos que esta ley sea una oportunidad para que esto se corrija en Canarias y avancemos en esa cultura democrática que todos anhelamos.
En cuanto a las quejas vivas, el año pasado le felicitábamos porque había una mejoría; este año tenemos que decirle que, efectivamente, se ha producido un descenso de quejas... un aumento, perdón, en las quejas vivas, y esto es un tema que tenemos que corregir, en la línea que hablábamos de que la institución del Diputado del Común debe ser ejemplo.
Hay un capítulo nuevo en el informe que lo llama la institución "De la falta de colaboración con el Diputado del Común en sus investigaciones". Refleja este nuevo capítulo la preocupación que tiene la institución por la falta de colaboración. Repetir lo que decía antes de que es inaceptable la falta de transparencia y la poca colaboración de las administraciones públicas hasta el punto de que haya 94 advertencias por aviso de obstruccionismo en ciertas administraciones. No que sean 94 administraciones, pero sí 94 advertencias, porque algunas administraciones se repiten.
En cuanto a las actuaciones de oficio, creemos que hay que avanzar en las actuaciones de oficio; avanzamos poco. El año pasado eran veinti... este año son 24 y... Al revés: el año pasado eran 24 y este año son 20, por tanto, vamos para atrás, es necesario avanzar en las actuaciones de oficio, y, si comparamos instituciones similares con poblaciones similares, vemos que existen más actuaciones de oficio, hay que avanzar en ese sentido.
Nos parece muy positivo todo el capítulo dedicado a materia de vivienda. No tengo tiempo para entrar en profundidad, pero viene a reflejar el informe aspectos que hemos denunciado en este Parlamento: la mala gestión de la vivienda en materia de la Hipoteca Joven, el hecho de que no se haya respondido en tiempo y forma a los jóvenes que adquirieron esa hipoteca o incluso el hecho de que se siguiera publicitando en la web este programa de vivienda hasta el 4 de marzo de 2013. También aparece en el informe una cuestión debatida en este Parlamento que tiene que ver con los convenios de rehabilitación y reposición de viviendas, y esa disputa que hay entre el Estado y el Gobierno de Canarias en cuanto a la justificación de esos convenios: un tema a resolver; y muy positivas las propuestas que hace el informe para incluir en la próxima ley de vivienda -en la modificación de la Ley 2/2003- porque nos parece que lo que refleja el informe del Diputado del Común mejora sustancialmente la propuesta del Gobierno.
No voy a entrar en materia de discapacidad porque tenemos un aspecto específico en ella. El informe vuelve a reiterar la preocupación que todos tenemos por la lentitud de la justicia, en esa idea que compartimos de que una justicia lenta no es justa; y también en aspectos medioambientales, como se ha reflejado en su intervención. También a destacar el problema que tenemos en Canarias con el tratamiento de los residuos y la necesidad de concienciar a nuestra ciudadanía de que no hagan vertidos indiscriminados y ahí el Gobierno, pues tiene que actuar también de manera diligente.
En el área de sanidad aparecen de nuevo -el informe ya lo da como un mal crónico de Canarias- las listas de espera. Nosotros aspiramos a que sea un problema que se pueda resolver más pronto que tarde. Y en materia de servicios públicos, destacar, pues todo lo que tiene que ver con el ámbito social. El informe viene a poner en evidencia lo que hemos dicho en cientos de ocasiones en este Parlamento en estos tres años: cómo el contexto de pobreza y exclusión ha aumentado y cómo la respuesta de las administraciones no ha ido paralela a ese incremento de la realidad. Lo que se planteaba sobre la Prestación Canaria de Inserción son dos problemas: uno en el ámbito local, porque efectivamente las unidades de trabajo social están absolutamente desbordadas por la realidad sobrevenida, pero hemos observado que en materia de la Prestación Canaria de Inserción, que es una de las herramientas que tenemos para atender esta realidad, el Gobierno lejos de buscar fórmulas para atender a esta realidad creciente, pues, entre otras cosas, lo que se ha hecho es recortar los fondos para financiar los trabajadores en el ámbito local, en los ayuntamientos, que gestionaban la PCI, se recortó la transferencia a los municipios en un 50 %. Por tanto, lejos de ayudar a resolver este problema, las decisiones que se han tomado han sido para agudizarlo y, efectivamente, hay un problema grave en los retrasos en la PCI -en la Prestación Canaria de Inserción- no solo situados en el ámbito local. Hablamos de diez meses, es decir, familias que no tienen ningún recurso para atender necesidades básicas, el Gobierno y los ayuntamientos, la suma total en cuanto a la resolución de los expedientes hablamos de diez meses, o de doce meses, cuando la ley recoge un máximo, que ya nos parece excesivo, y que en el proceso de enmienda de la ley, de la revisión de la Ley de la PCI, intentaremos mejorar, ya nos parece excesivos esos nueve meses.
Y, por último, hay un capítulo dedicado al menor, ya lo dijimos en la comisión, nos parecen muy importantes las aportaciones del Diputado del Común, las compartimos además, la importancia del nuevo plan canario de la infancia...
Y que en ese plan canario de la infancia se incorporen problemas sobrevenidos por los tiempos que corren, como son los ciberdelitos, que sabemos que se está convirtiendo en un problema grave con los menores, el tema del acoso a través de las redes sociales y pues la necesidad de educar a padres y alumnos en el buen uso de las tecnologías de la información, y el capítulo que le dedica al absentismo escolar, que es un tema que a nosotros, de siempre, nos ha preocupado y que hemos tratado en este Parlamento. Así, presentamos una proposición no de ley al inicio de esta legislatura, para que Canarias tuviera un plan integral para prevenir y controlar el absentismo, impulsado desde el Gobierno -nosotros entendemos que desde el área de educación en coordinación con políticas sociales- y que haya un protocolo estándar que se traslade a todos los municipios para que se trabaje la prevención y el control del absentismo de manera integral, no solo por lo que significa de prevención en el fracaso escolar, sino porque sabemos por los informes de Fiscalía que los chicos y chicas que tienen conductas absentistas tienen mayores riesgos de tener...
Por el Grupo Parlamentario Socialista Canario, don Manuel Fajardo. Por tiempo de diez minutos, tiene usted la palabra.
El señor FAJARDO PALAREA: Buenos días, señor presidente, señorías. Buenos días, señor diputado del Común y al equipo de esa institución que le acompañan en el día de hoy. En primer lugar, sumarnos a las condolencias por el fallecimiento del señor Cobiella, primer diputado del Común que tuvo esta comunidad.
Señor diputado del Común, ya en esta comparecencia, en la que tenemos la mitad de tiempo del que generosamente nos da la presidenta de la Comisión de Gobernación, por mor del Reglamento de esta Cámara, para exponer nuestras opiniones sobre su informe relativo al año 2013, digo que tenemos que centrarnos en la fijación de posición del total de ese informe. Ya de forma prolija, detallada, entramos en materias que ha relacionado usted con anterioridad, que ha relacionado doña Carmen Hernández, que me ha precedido en el uso de la palabra, y que los medios de comunicación, cumpliendo con la obligación de informar a los ciudadanos de Canarias, creo que han hecho una gran labor desmenuzando también ese informe del Diputado del Común área por área, y hemos tenido, tengo aquí, 24 recortes sobre noticias relacionadas con ese informe del año 2013.
Por tanto, señor diputado del Común, le dije en comisión que usted lo ha dicho ahora, al principio, no es cómodo ostentar su cargo; pues claro que no es cómodo. No es cómodo e incomoda, el ejercicio de su cargo, a las administraciones públicas igual que incomoda a cualquier ciudadano pues recibir una carta para pedir explicaciones sobre alguna actividad o alguna actitud que ha llevado a cabo, pero esa es su obligación, la obligación que la propia ley que aprobó este Parlamento le otorgó: el velar porque se cumpla con las libertades y con los derechos fundamentales de todos los ciudadanos que vivimos en Canarias, y no solo con respecto a las administraciones públicas canarias, sino también a todos aquellos entes y organismos que dependan de la comunidad autónoma canaria.
Por tanto, centrado esto, es cierto que se debe hacer esta matización para recordar, porque es una de las críticas que usted ha recibido en la comisión, para recordar que a usted el artículo 27 de su ley le obliga a velar porque las administraciones públicas canarias resuelvan expresamente en tiempo y forma las peticiones y recursos que le hayan sido formuladas. El artículo 28 establece un principio de sumariedad, que es contario a lo que está ocurriendo en cuanto a las resoluciones que usted debe emitir. El artículo 30 establece la obligación de colaborar con carácter urgente y preferente por parte de las administraciones públicas canarias, órganos y entidades a que hace referencia el artículo 17, con usted, con el diputado del Común. Su obligación, como no podía ser menos -usted aquí ha hecho referencia a esto- a comunicar al Ministerio Fiscal alguna actuación que pudiera usted considerar delictiva en el ejercicio de sus actividades. Si usted tiene conocimiento, como no podía ser de otra manera, tenemos la obligación todos, pues lo tiene que hacer llegar. Pero es que, aparte, en el artículo 34, del apartado segundo, que es algo que le han achacado aquí... Porque la queja no es que usted no haya ido a Fiscalía, sino que el otro día en la comisión se llegó a concretar que por qué no llevó usted a la Fiscalía a una determinada consejera de este Gobierno habiéndolo hecho la defensora del Pueblo con la que le dijeron a usted que usted estaba de acuerdo, tal como la defensora del Pueblo había dicho en el Congreso de los Diputados.
Bien, centrado esto, lo cierto es que el informe de este año no viene sino a repetir, en muchas ocasiones, aspectos que son problemas que yo entiendo cronificados. Yo me he leído desde el 2007 hasta ahora -por algo que explicaré después- todos los informes del Diputado del Común y todas las intervenciones de todos los que intervinimos en esa dación de cuentas de informes. Constata problemas cronificados desde el 2007, como por ejemplo el problema de vivienda. Ya en el 2008 se decía: "día a día constatamos que en la actual coyuntura económica el acceso a una vivienda se convierte en ocasiones en una tarea casi imposible para muchas familias canarias, que ven así frustrado el ejercicio de un derecho consagrado en la Constitución. En este sentido, los poderes públicos y, en concreto, las administraciones públicas canarias, cuya actuación tenemos encomendado supervisar, tienen la obligación de dar cumplida respuesta a los ciudadanos, que impartan su intervención en materia de vivienda". O sea, esto es un problema no que surge ahora, no que usted pone sobre la mesa ahora, es un problema que venía desde antes, es un problema que arranca desde el 2007, incluso desde antes. porque, es curioso -igual no lo recuerdan algunos de los diputados porque no eran miembros de esta Cámara-, el primer informe del 2007 que se dio aquí por el Diputado del Común no fue un informe general, fue un informe especial que se hizo para las situaciones de extrema pobreza en Canarias, o sea, ya desde el 2007 se dan una serie de situaciones que están cronificadas.
En política territorial, usted lo ha dicho clarísimamente, pero no solamente lo ha dicho usted es que lo decía don Manuel Alcaide. El problema que tenemos aquí es que aquellos que tienen que velar por la disciplina urbanística miran hacia otro lado en muchísimas ocasiones. Usted hoy nos acaba de dar un dato interesante que parece ser que a la Fiscalía ha ido algún expediente. Pero no solamente es que miren para otro lado, es que dejan caducar los expedientes o que dejan de prescribir las sanciones o no ejecutan las propias decisiones administrativas o judiciales; y el problema de esto es que el mensaje que se da es: incumple que te a ser rentable o te va a ser poco caro; y hay una gran discriminación con todas aquellas otras personas que escrupulosamente cumplen con la ley. Y con esta situación hay que acabar y por eso le decía a don Manuel Alcaide, que fue diputado del Común, y le digo a usted hoy y le dije en comisión: si hay que acudir a la Fiscalía cuando se tienen conocimientos de hechos como estos, hay que acudir; cuando no se responde a actuaciones como estas, y previa declaración de obstruccionismo y entorpecedora de la Administración, que no lo hace sin justificación, hay que acudir, porque de ahí le viene una de las críticas que le han hecho a usted, quizás la más fundamentada, que es que la figura del Diputado del Común puede estar en entredicho por ese tema.
Del tema de justicia ya hemos hablado. El tema de la dilaciones indebidas es algo que nos preocupa a todos, usted hace una cita de un voto particular del fallecido Tomás y Valiente en una sentencia y también ha hecho referencia al tema de, al problema de la dilación en la designación de los abogados del turno de oficio, que no solamente perjudica al solicitante sino también a la otra parte en el procedimiento, y a la falta de preparación que algunos denuncian sobre la falta de preparación de algunos abogados.
En economía y hacienda tenemos un problema cronificado, el tema de las notificaciones digitales, el tema de las reclamaciones indebidas y el tema de que, cuando los ciudadanos reclaman el dinero que se les ha cobrado indebidamente, tardan muchísimo en respondérseles; al final se le termina pagando, pero la Administración termina pagando con intereses de demora.
En el tema del medio ambiente hay un tema que es increíble. Vamos a ver, las instituciones canarias no tienen asumido, don Jerónimo, señor diputado del Común, que tienen la obligación de dar la información medioambiental, pero no es porque se sea parte o no en un expediente administrativo, es que hay una ley -que usted cita, que es del 2007- que así obliga a las administraciones.
En el tema del área de sanidad, es un tema positivo y hay que poner también el lado positivo de su informe. Usted valora positivamente el esfuerzo que se ha hecho desde sanidad. Mire, en el 2008 no vea usted aquellos que hoy están en la Oposición, pero que estaban en el Gobierno, cómo pusieron al Diputado del Común porque se le ocurrió poner en el informe que la consejería daba la información de forma sesgada, incorrecta e incompleta. Bueno, lo pusieron a caldo, por eso le digo que depende de cómo, depende de que le toque a uno o no, pues a veces se aceptan los informes o no; y no debe de ser así. Oye, el informe es el informe, se puede discrepar o no se puede discrepar, y si yo tengo los motivos suficientes para demostrar que usted se ha equivocado, que también se puede equivocar, vengo aquí y los expongo. El problema es que a veces se está de acuerdo con el Diputado del Común cuando las cosas vienen bien o se habla bien de uno o se habla bien del área que uno defiende, pero, sin embargo, se le ataca cuando el informe es negativo.
Mire, la otra gran cuestión que se suscitó -y me queda un minuto cuarenta y seis segundos y termino- es la propia existencia de su institución. Y esto es curioso, miren, a afectos informativos. El día 20 y 21 de septiembre del 2011, aquí se intervino por el partido que ahora pide la desaparición... perdón, transformación del la figura del Diputado del Común, y se dijo textualmente "es que el informe presentado por parte del Diputado del Común debe de servir de guía en todo caso y en todo momento a los poderes públicos canarios en el desempeño de su función y de su gestión, y así debe ser entendido -septiembre del 2011. Y se terminaba:- Despedirme, nada más, deseándole lo mejor y esperando que se alcance en el momento -recogiendo el guante que se ha ofrecido por aquí- de un acuerdo precisamente en la renovación de la..."
El señor FAJARDO PALAREA: ...en la elección del Diputado; pero ¿qué pasó? Que, en octubre, un mes después, el señor Soria dice que no, que el Diputado del Común tiene que desaparecer, ¿sabe por qué? Porque fue una figura que se hizo en un momento de auge económico. ¿Había auge económico en el 2008?, ¿había auge económico en el 2009?, ¿había auge económico en el 2010? ¿Verdad que no? ¿Había auge económico en el 2011?, ¿verdad que no? Hombre, ¿cómo puede hablar una persona de esto y sostenerse esto si tiene a directivos en la Red.es, que es, dentro de su ministerio, una sociedad en la que todos los directivos cobran más que el presidente del Gobierno de la nación? Por eso le digo que cuando no se tiene fundamentación, cuando no se tiene fundamento, se alude a esto.
Y termino diciendo también hay más declaraciones de un diputado del PP que dice que esa propuesta del señor Soria no concita a la unanimidad dentro del Grupo del PP. Las declaraciones son don Miguel Cabrera Pérez-Camacho.
Siga usted hacia adelante que nosotros lo apoyamos en su labor. Y, de hecho, tal es así que lo tenemos contemplado en la...
Por parte del Grupo Nacionalista Canario, doña Flora Marrero. Por igual tiempo de diez minutos, tiene usted la palabra.
Señor diputado del Común, bienvenido una vez más a esta sede parlamentaria que es su casa, igual que a todo el equipo que le acompaña, que sabemos que son los responsables también de este informe que se presenta anualmente ante esta Cámara.
Analizamos ya en comisión parlamentaria, de manera desglosada, pues lo que son los datos de cada una de las áreas de trabajo, y ahora nos toca a nosotros fijar posición. Y, un año más, decimos desde el Grupo Parlamentario Nacionalista que todo el apoyo, todo el apoyo -lo hemos dicho durante años y no vamos a cambiar de opinión-. Aquí hay, en las hemerotecas lo acabo de consultar y lo había consultado en los días anteriores, en este Parlamento, fuerzas políticas que han pedido -y está en las hemerotecas- la desaparición de la institución del Diputado del Común; nosotros no, siempre, señor diputado del Común, apoyamos la institución que usted representa.
Usted decía el año pasado, leyendo el Diario de Sesiones, que uno de los objetivos que tenía era dinamizar la institución y hacerla más cercana y eficaz, y a lo largo del informe vemos una serie de recomendaciones que se van haciendo a las diferentes administraciones -a la local, a la insular, a la Administración autonómica, inclusive a la Administración nacional-, y nosotros siempre decimos que cada queja tenemos que ponerla en valor, tenemos que verlo como una manera de que las administraciones -porque es su función supervisar el trabajo de las administraciones- se puedan corregir.
Si nosotros vemos, pues todas las quejas por áreas de trabajo -empieza con asuntos sociales con 302 quejas y terminando con agricultura y pesca, que son 2 quejas; en cultura, 2; o justicia, 195, igual que en economía y hacienda- siempre nos planteamos la misma pregunta y lo hemos reflexionado en alguna ocasión: ¿son muchas o son pocas las quejas? ¿Valoramos las quejas por el número que se ha presentado y que se ha ido incrementando en los últimos años, y eso significa mayor conocimiento de la institución, o valoramos las quejas en función del número de personas usuarias? Puedo poner el ejemplo de sanidad, que usted ha dicho que ha mejorado sustancialmente como así es.
Entonces, ¿qué reflexión nos quedamos? Pues, mire, nosotros nos vamos a quedar con la siguiente: cualquier persona que acude a la institución del Diputado del Común -da igual que sean 2 o las 66 de las actividades clasificadas- hay que atenderla, porque nosotros desde luego estamos para eso, para atender a la ciudadanía. Y entonces lo ponemos en valor y no vamos a entrar ni a comparar el número de quejas, como se ha hecho en alguna ocasión con el presupuesto, no; es una institución que usted tiene la función de defender los derechos y libertades constitucionales, de supervisar el trabajo de la Administración pública y hacerle un seguimiento directo y diario, directo y diario como así nos consta y lo podemos ver si vemos en la página web pues las consultas que se hacen y que se tarde una media de dos o tres días en consultar, algunas siete días, pero, bueno, entendemos que es el llamar a la Administración y que no te contesten. Entonces nosotros siempre decimos que cuando una persona acude a usted es porque se le han cerrado otras puertas. Nadie acude, entiendo yo, al Diputado del Común cuando tiene un problema con la Administración, va cuando se ha producido un anormal funcionamiento de la Administración. Y siga usted luchando, señor diputado del Común, para ser escuchado, para ser atendido y, sobre todo, para que sean tenidas en cuenta sus recomendaciones. Si vemos también los informes de año tras año, algunas se repiten, inclusive con su antecesor.
Y, después, decía usted en comisión parlamentaria que esperaba mayor receptividad por parte de las diferentes administraciones, y había una cosa que me llamaba la atención, sobre todo porque estábamos en año preelectoral. Yo entiendo que no tiene por qué estar en año preelectoral, eso tiene que ser lógicamente a lo largo de la legislatura. Pero usted también decía que había encontrado muchísima colaboración por parte de las diferentes consejerías del Gobierno de Canarias allí -lo acaba de exponer- allí donde usted pide esa colaboración. Y desde luego es un importante instrumento para mejorar la relación con la Administración.
Nosotros ponemos en valor las redes sociales y también decíamos que hay que estar activo constantemente. Es decir, la última vez que se entró en Twitter, lo acabo de ver también, fue en comisión parlamentaria. Quizás hoy hubiese sido positivo decir que venía al Parlamento de Canarias. Yo lo he puesto, que usted ha presentado, que estamos presentando el informe. Es decir, es como pasa con todo, ¿no?, si estamos en un sitio hay que estar activamente porque, si no, al final se muere, se muere por inactividad.
Destacar -y esto sí es una petición que le hacemos desde el Grupo Parlamentario Nacionalista- ese anuncio que hizo usted en el informe de la reforma de la normativa interna de la gestión de la institución. Sí entendemos nosotros que se debe hacer lo más rápido posible, porque nos parece que sería positivo y sobre todo para empezar a valorar (Abandona su lugar en la Mesa el señor vicepresidente primero, Cruz Hernández, y le sustituye el señor vicepresidente segundo, Fernández González).
Habla usted de algunos problemas, y están recogidas todas las quejas de obstruccionismo, y es verdad que parte de su potestad es trasladar esas quejas a la Mesa del Parlamento. Sobre todo para nosotros también tener oportunidades de conocimiento. Dentro de esas 1.604 quejas que tiene usted, que están recogidas en el informe, quizás yo también lo completaría con lo que son muchas consultas presenciales y muchas consultas que se hacen por teléfono. No estamos hablando de las quejas una vez que son registradas. Es significativo que 238 quejas sean trasladadas al Defensor del Pueblo; es un número bastante importante. Y después no puedo obviar las quejas por género, que siempre es importante. Nadie se fija en eso, pero yo me fijo, ¿no? Sigue siendo -más o menos está equiparado de un 51 % las quejas de hombres y 45 % de las mujeres-, pero sigue siendo curioso que son más las inadmitidas las que son presentadas por hombres y también las trasladadas al Defensor del Pueblo a las presentadas por hombres que las mujeres. Y yo quiero decir que nosotras cuando acudimos, pues, quizás con mayor conocimiento, pero no tiene mayor importancia. Pero me parece que es buena esa radiografía, porque yo estoy convencida que, cuando pasen un par de años, inclusive se verá que aquellas áreas determinadas -y automáticamente pienso en las áreas relacionadas con las personas- son las mujeres más las que presentan estas quejas, y eso es así. Tenemos esta sociedad con los estereotipos y es verdad, y lo veremos en los próximos años. Me parece un trabajo interesante.
Geográficamente, sigue habiendo casi más del 50 % de las quejas están en Gran Canaria y en Tenerife. A mí me parece que es importante el esfuerzo que tenemos que hacer para llevar su institución, como además lo hace, porque hace estas visitas, que ya ha visitado todos los ayuntamientos, a las islas no capitalinas.
Después, por áreas, no voy a entrar en bienestar social, que lo veremos dentro de un rato. Y está justicia, en economía, que son las que tienen mayor número de quejas. Y pongo en valor, por ejemplo, las de educación por el papel interlocutor que usted está haciendo con la resolución de las becas, porque al final estamos hablando de amputar el futuro de muchos chicos, que tienen que dejar de estudiar porque no tienen medios económicos.
Son importantes las recomendaciones que se hacen en discapacidad. Nosotros tenemos casi un contacto periódico con los colectivos de las personas con discapacidad y es verdad que son muy activos. Son muy activos y quizás, de todos los colectivos, y usted de esto seguramente sabe más que yo, son los que más conocen sus derechos. Entre otras cosas pues porque tienen que estar constantemente haciéndolos valer.
En el área de servicios sociales, me parece positiva esa recomendación que hace de la publicidad del teléfono 012. Pero que se ponga el teléfono alternativo. Nosotros haremos alguna iniciativa parlamentaria, entre otras cosas porque supone un ahorro para las personas que hacen esa serie de llamadas. Todos acudimos al 012, pero sabemos que con los números de tarifa normal se ahorra, entonces, quizás, nosotros haremos en este sentido iniciativas parlamentarias.
Llama la atención que, quizás porque es la institución más cercana, los ayuntamientos tienen mayor número de quejas. Y me llama la atención, también, que tiene mayor número de quejas la Administración General del Estado que los cabildos; es decir, a veces parece una paradoja. El ayuntamiento, la administración más cercana: mayor número de quejas, lo entendemos; pero después, automáticamente, pensaríamos que son los cabildos, pues no, es la Administración General del Estado quien tiene más quejas que los propios cabildos.
Usted señala -y nosotros lo compartimos- que el tiempo de respuesta que les dan muchas veces a ustedes sin remitir los informes que solicita es de tres meses, que es un periodo largo entre otras cosas porque se pierde la inmediatez, y a mí me parece que es importante a las personas darles esa respuesta inmediata, porque muchos ni se acordarán que presentaron la queja.
No voy a entrar en el tema de menores porque lo ha hecho la...
La señora MARRERO RAMOS: ...la compañera de Nueva Canarias, pero sí es verdad que hay que impulsar ese plan canario de la infancia y sobre todo también en el tema del absentismo escolar, cuando usted dice que es necesario ese protocolo porque muchos de esos casos son atendidos por los servicios sociales, cuando tendrían que tener, pues personas especializadas. A mí me parece que eso es un trabajo ahí que nosotros tendremos que hacer, ¿no?
Y, después, voy a terminar con unas palabras que dijo usted en una conferencia, que está en la página web, lógicamente, sobre la realidad de una institución necesaria -me refiero al Diputado del Común, la conferencia que usted dio-. Cuando dice el desapego hacia la política y las personas que están en política, el reivindicar esta institución en estos tiempos difíciles, donde se exige mayor exigencia, mayor exigencia a la institución y mayor exigencia a las personas que tenemos responsabilidad, y que las instituciones y las personas que estamos en las instituciones tenemos que estar a la altura de las circunstancias, y que su función -estoy haciendo, sacando extractos- sea percibida con eficiencia y austeridad. Yo, desde luego, lo comparto completamente, porque al final...
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO (Fernández González): Muchas gracias, se acaba su tiempo, doña Flora.
La señora MARRERO RAMOS: ...(Sin micrófono.)
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO (Fernández González): A ver... Adelante.
La señora MARRERO RAMOS: Que si al final la institución funciona, y si funcionan las administraciones, lograremos -porque estamos en ese camino de lograr- esa credibilidad de la ciudadanía que estamos perdiendo.
Señor diputado del Común, bienvenido en nombre del Grupo Parlamentario Popular. Señorías.
Después de haber oído la intervención del señor Saavedra, debemos seguir insistiendo en nuestra posición, de la que hemos dejado constancia año tras año en estos tres últimos años. La institución del Diputado del Común debe ser modificada y transformada sí o sí, y su figura, especialmente, suprimida. Se lo digo para que no le genere confusión a efectos de futuro. Eso sí: la supresión de su figura no significa que los canarios vayan a seguir dejando de gozar de la protección de sus garantías derechos y libertades en su actuación frente a las administraciones públicas, como lo he dicho ahora, lo voy a decir ahora y se lo he dicho en repetidas ocasiones, en el Pleno y en las comisiones. La labor, sin duda alguna, debe ser asumida por los 60 diputados de la Cámara y abandonar, de una vez por todas, la figura que ha derrochado año tras año millones y millones de euros. Y una cosa más: yo también me he leído todos los informes del Diputado del Común, sí; y fíjese, en el año 2006, creo recordar que el portavoz del Grupo Socialista solicitaba la sustracción de competencias en menores al Diputado del Común para entregarla a otro diputado específico. Fíjese, la reforma de su institución trae cola de tiempo atrás, y no solo desde peticiones del Grupo Popular, sino también desde peticiones del propio Partido Socialista Obrero Español.
¿Le cuento? Solo un 0,07 % de los canarios usa su institución. ¿Y eso qué significa, en palabras llanas y claras? Que los canarios no creen en su institución. Tal es así que, desde el año 2008 -si utilizamos la gráfica que contiene usted en la presentación de su memoria- hemos bajado paulatinamente las quejas, año tras año; 2008, el pico de sus quejas.
Bien, pues fíjese, sinceramente, eso no corresponde en absoluto al grave periodo de crisis que estamos viviendo actualmente, en la que nos introdujo el Gobierno del Partido Socialista Obrero Español, y que, sinceramente, podía haber provocado un aumento de las quejas de manera inusitada ante la desafección brutal de los ciudadanos con los poderes públicos.
Sin embargo, desde el 2008, en el que el punto de quejas era de 2.248 quejas, las quejas descienden -en un análisis estadístico que usted no ha querido hacer, que yo sí se lo voy a recordar- en los años 2012 y 2013. Si nos atenemos a las quejas admitidas en el año 2012, que fueron 1.418, en el 2013 fueron 1.430, es decir, una, una queja más por mes. ¿Usted cree que esto debe sostenerse tal como está? ¿Esto es eficacia? Y ahora se nos pretende convencer que es que el Diputado del Común hace quejas de oficio, informes especiales, llamadas telefónicas, visitas a las instituciones... ¡pero si eso es lo que ha hecho toda la vida desde que existe la institución! Como referenciaba el portavoz del Grupo Socialista, en el año 2008 ya había un informe especial sobre una exclusión social extrema; y se debatió como informe especial. Es decir, ha habido informes especiales siempre, quejas de oficio siempre.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular se mantiene en sus trece, como el papa de Aviñón, el Papa Luna, y la institución sí o sí -reitero- necesita un cambio, y más cuando las administraciones públicas muestran un desinterés absoluto en contestar a sus quejas. Nadie atiende a sus quejas, señor diputado del Común, a diferencia del Defensor del Pueblo. En la Comisión Mixta de las Cortes Generales, que usted ha iniciado su intervención leyéndola, decía doña Soledad Becerril Bustamante: "Durante el ejercicio de 2013 el número de administraciones no colaboradoras o entorpecedoras de la labor del Defensor ha descendido de manera considerable". Mire usted, en Canarias eso no se produce, no es que descienda, es que aumenta y la ignoran. Se constata, por tanto, la incapacidad del Diputado del Común para hacerse valer ante las administraciones públicas; incapacidad clamorosa. Las administraciones públicas ignoran al Diputado del Común, se reproducen retrasos y retrasos a sus peticiones; incluso usted ha llegado a advertirlas por carta, los llama por teléfono personalmente, y el informe ha acreditado 94 instancias públicas advertidas de traslado al Ministerio Fiscal y de declaración de obstruccionismo, ¿y esto ha servido para algo? Pues no. Ni en materia de dependencia, ni servicios públicos, ni vivienda, nada de nada, cuando hablamos de una institución que desde hace tiempo se ha convertido a ojos de los canarios en una Administración innecesaria, que no interesa absolutamente a nadie.
Hoy en día las administraciones públicas -se lo dije en la Comisión de Gobernación- tienen, en su registro general, un servicio de atención a los ciudadanos a la hora de prestar quejas o sugerencias. El ciudadano, lógicamente, al presentar sus quejas y sugerencias, acude al servicio que le ha denegado o le ha atendido mal, y no al Diputado del Común, una institución que, le vuelvo a repetir, nadie conoce en su mayoría, ni sabe tampoco para qué sirve.
Fíjese, le puse un ejemplo, y se lo reitero: 2013, el Diputado del Común recibió 1.604 quejas ciudadanas de una población superior a dos millones de personas. Pues en ese tiempo, en Canarias, la Oficina de Defensa de los Derechos de los Usuarios Sanitarios recibió 27.076 quejas de los ciudadanos, solo en el área de sanidad, ¡27.000! Ante estos datos, le vuelvo a preguntar: ¿se puede hablar de eficacia? Esto es lo que hay, sinceramente.
Y voy a centrarme en una cosa más, que para mí es importante e interesante. Hablaba usted en su memoria, en su presentación, que había 94 administraciones públicas advertidas de obstruccionismo; en cambio, en el informe no consta ninguna declaración de obstruccionismo, y se lo dije ya, y se lo repito ahora: no es comprensible que la defensora del Pueblo, en la Comisión Mixta de las Cortes Generales, que usted ha citado y yo he citado también, dijese: "Debo mencionar una actitud entorpecedora y perseverante -por parte de una consejería del Gobierno de Canarias, que era la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda de la comunidad autónoma, y decía la defensora del Pueblo:- Además, el Diputado del Común coincide conmigo y también el ayuntamiento de Teguise en Las Palmas. De estas actitudes se dará información a la Fiscalía General del Estado, pero el descenso ha sido muy impresionante o muy grande en relación con los años anteriores", que ya no... bueno, está volviendo a reiterar en la argumentación. Sinceramente, ¿dónde están estas declaraciones de obstruccionismo en el informe anual del año 2013? Como otra cosa más omite usted, voluntariamente, cualquier referencia en este informe anual del año 2013 al mandato que le hizo este Parlamento en los Presupuestos Generales del año 2012, que era que presentase usted a la Cámara un informe sobre la supresión y reducción de sus sedes. ¿Dónde está? En el informe, ninguna mención. ¿Usted va a ser el futuro instrumento que quiere emplear el Gobierno de Canarias de control de la transparencia? Contradictorio, muy contradictorio.
Y mire, antes de concluir, porque sé que se me van cerrando los temas y queda mucho por hablar. Yo no he mantenido ni he entrado en ninguna contradicción en lo que he dicho. Desde el 2012, el Grupo Parlamentario Popular pide la transformación, con la correspondiente supresión -que le quede claro, que no lo entrecomillo- de su figura, y la asunción de las funciones por parte de los 60 diputados, y usted, que antes nos acusaba de demagógicos, ahora nos acusa de antidemócratas y antisistemas. Llega usted a decir en el informe, en la presentación, que también lo ha querido omitir voluntariamente en esta comparecencia, que arrojamos piedras y lanzamos piedras contra el sistema democrático y atacamos el modelo de convivencia... ¡Por dios! Señor Saavedra, ¿se ha oído usted? ¿Se ha leído? Sinceramente (Se reincorpora a su lugar en la Mesa el señor vicepresidente primero, Cruz Hernández).
Y se lo dije: los diputados socialistas de Asturias suprimieron la figura de la defensoría autonómica asturiana, ¿ellos también lanzan piedras contra el sistema democrático?, ¿ellos también atacan el modelo de convivencia como insinúa... no insinúa sino plasma el señor Saavedra en la presentación de su informe? Y le dije, me voy a anticipar, a lo mejor se puede fundamentar que esa supresión del Procurador General de Asturias era en cumplimiento de un pacto de gobierno con UPyD. Pues fíjese, hasta peor, porque en ese caso los socialistas asturianos antepusieron sus intereses y deseos de gobernar, a costa de dañar el modelo de convivencia, según las palabras del señor Saavedra. Y, sinceramente, se lo dije, ni sufren deficiencia democrática Madrid, Murcia, Cantabria, Extremadura, La Rioja o Castilla-La Mancha, comunidades autónomas en las que o no se prevé en el Estatuto de Autonomía la figura o no se ha desarrollado, o incluso se ha suspendido o suprimido.
Y se lo dije, la Ley asturiana, 2/2013, de 21 de junio, de supresión del Procurador General, viene incluso a recoger lo que nosotros hemos postulado desde el año 2012, 13 y 14, que es que las funciones del Procurador General -aquí Diputado del Común- sean asumidas por el Defensor del Pueblo conforme al artículo 54 de la Constitución. O bien en una comisión parlamentaria que se encargara de velar por el cumplimiento y defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos canarios, en su caso, los ciudadanos residentes en el territorio del Principado de Asturias en la Ley 2/2013, y le dije: eso incluso era de manera analógica, cercano a la Parliamentary Commissioner Act del 67, en la que los ciudadanos británicos dirigían sus reclamaciones necesariamente y con carácter previo a los diputados de la Cámara de los Comunes.
No me da tiempo para mucho, pero querría decir algo más. Se aprecia una incapacidad plena del Diputado del Común para hacer valer ante las administraciones públicas su...
Don Miguel Cabrera, ¿a qué efectos, por favor?
El señor CABRERA PÉREZ-CAMACHO (Desde su escaño): ...(Sin micrófono)
El señor CABRERA PÉREZ-CAMACHO (Desde su escaño): Ahora.
El portavoz del Partido Socialista me mencionó con nombre y apellidos y yo quiero que consten en el acta unas palabras mías.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Cruz Hernández): Tiene usted treinta segundos, por favor.
El señor CABRERA PÉREZ-CAMACHO (Desde su escaño): No necesito más.
Simplemente quiero hacer constar, señor Fajardo, que, efectivamente, yo discrepo absolutamente de la opinión de mi grupo en cuanto a la supresión del Diputado del Común.
8L/IDC-0004 Sobre Informe anual correspondiente al año 2013.