Source: http://www.articulacionfeminista.org/a2/index.cfm?aplicacion=app003&cnl=3&opc=4&fltrpais=4&cnl3=2
Timestamp: 2019-05-25 07:03:58
Document Index: 295106688

Matched Legal Cases: ['artículo 131', 'artículo 43', 'artículo 11', 'artículo 239', 'artículo 64', 'artículo 14', 'artículo 14']

Sala de Casación Civil. M.P Fernando Giraldo Gutiérrez Nº Rad 68001-22-13-000-2016-00060-01
OSJFallo: 4377
Corte Suprema de Justicia 10/03/2016
Una mujer que trabajaba en calidad de secretario de juzgado en la rama judicial y que se encontraba en estado de embarazo, situación que se comunicó oportunamente a su empleador, fue desvinculada puesto que el juzgado dejo de funcionar el 31 de diciembre de 2015. Interpone acción de tutela solicitando continuidad en la vinculación laboral para poder sostener a su hija que se encuentra en camino y además se le sigan prestando los servicios de salud adecuados. Solicita ser vinculada a los despachos que creo el Consejo superior de la Judicatura posterior a su desvinculación.
En primera instancia el tribunal denegó la solicitud de la accionante porque no es posible el reintegro, comoquiera que posesionarse la demandante estaba al tanto de la temporalidad del puesto, y la potestad para designar el personal de los despachos radica en los funcionarios respectivos. La accionante decide impugnar la decisión.
La Corte decide reformar la providencia impugnada y ordena a la dependencia pertinente perteneciente al empleador que se ponga al día con los pagos a la Entidad Prestadora de Servicios de salud a la que se encuentra afiliada la accionante y continúe haciendo los aportes pertinentes hasta que la accionante adquiera el derechos a la remuneración por licencia de maternidad, en lo demás confirma el fallo impugnado. El argumento para reformar la providencia radica en que el simple evento de la desvinculación laboral no es suficiente para omitir los pagos mientras adquiere el derecho a la retribución derivada de su estado, lo anterior se sustenta en lo dispuesto en al sentencia T-082 de 16 de febrero de 2012 que ordena:
“cuando pueda inferirse razonadamente que la conservación de la alternativa laboral de la mujer embarazada, mediante una orden de reintegro o renovación, es fácticamente imposible en un caso concreto debido a que han operado causas objetivas, generales y legítimas que ponen fin a la relación laboral: corresponde al juez de tutela aplicar la medida de protección sustituta correspondiente al reconocimiento de cotizaciones al sistema de seguridad social en salud y el correlativo reconocimiento de la licencia de maternidad” (destacado fuera de texto, sentencia T-082 de 16 de febrero de 2012)” .
Por otro lado, En sus argumentos indica que no es posible otorgar a la accionante el reintegro ni la satisfacción de los salarios dado que es improcedente concederla cuando la terminación de la actividad remunerada obedece a la culminación de una medida de descongestión, pues, se trata de una situación objetiva conocida previamente por la empleada, lo que de suyo elimina cualquier sospecha de arbitrariedad porque derivara de discriminación por gestación, parto o lactancia. De acuerdo con la Corte, el puesto que desempeñaba la peticionaria no era de carrera ni en estricto sentido se puede hablar de que fue suprimido, comoquiera que no había sido creado con vocación de permanencia sino transitoriamente. Para la Corte la posibilidad de vinculación en otros despachos no depende de ninguna de las autoridades involucradas en esta acción, como quiera que según el numeral 8 del artículo 131 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, “[p]ara los cargos de los Juzgados” tal potestad radica en “[e]l respectivo Juez”, sin que nadie distinto pueda interferir en ello.
Sala de Casación Laboral. M.P Rigoberto Echeverri Bueno Nº Rad 64821
OSJFallo: 4376
Corte Suprema de Justicia 09/03/2016
Una mujer que prestaba servicio en la Policía Nacional en calidad de patrullera, fue despedida por disminución de sus capacidad psicofísica, la mujer, que aún se encontraba prestando servicio, informó a la Policía Nacional sobre su estado de embarazo, siendo retirada del servicio sin que esta condición fuese contemplada por la Policía para tomar su decisión por lo que decide interponer acción de tutela en contra del Ministerio de Defensa – Policía Nacional.
En primera instancia la Sala Penal del Tribunal que conoció la acción de tutela accedió a la protección de los derechos de manera transitoria y ordenó a la Policía Nacional su reintegro. La Policía Nacional impugno la decisión y el tribunal de segunda instancia decidió revocar el fallo por lo que la orden de reintegro fue suspendida. La accionante decide impugnar dicha sentencia y solicita ser reintegrada y que se paguen sus salarios, prestaciones y aportes a seguridad social.
La Corte decide revocar el fallo impugnado y concede parcialmente la protección a la maternidad y en tal virtud ordenar a la Policía Nacional que garantice y realice el pago de los aportes al Sistema de Salud correspondientes al período de gestación y por el término de la licencia de maternidad post parto, con el fin que el Sistema de Seguridad Social le garantice a la accionante el reconocimiento y disfrute efectivo de la prestación derivada de la maternidad. Como argumentos la Corte indica que la medida adoptada por la Policía en contra de la accionante constituye una manifestación de discriminación y violenta toda protección especial a favor de las mujeres en estado de embarazo que desconoce el ordenamiento constitucional, que en virtud del artículo 43 de la Constitución Política la mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación y que este mismo artículo contempla una protección especial en tanto dispone que: “Durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de este subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada”. De acuerdo con la Corte tal disposición constitucional se debe armonizar con el artículo 11 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conjunto normativo que fundamentó el desarrollo jurisprudencial del denominado fuero de maternidad -estabilidad laboral reforzada- el cual constituye una garantía para la mujer en estado de gravidez y en periodo de lactancia, con el propósito de evitar cualquier forma de distinción por tal circunstancia o que con motivo de dicha condición sea retirada del empleo. Debe recalcarse, no toda vinculación laboral, tratándose de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, es inquebrantable, esto es, la protección no opera de forma absoluta en todos los eventos, por cuanto debe atenderse el contexto en que se presenta la presunta vulneración que da lugar a la petición de amparo.
Sentencia T 102 de 2016. M.P. María Victoria Calle Correa
OSJFallo: 4362
Corte Constitucional 01/03/2016
Descriptores: Fuero maternal
Entra la Corte a decidir, en sede de revisión, 3 casos en conjunto que reúnen similares presupuestos de hecho en los que las mujeres accionantes, encontrándose en estado de embarazo y estando vinculadas laboralmente o teniendo una relación laboral con sus empleadores, han sido despedidas luego de informar a sus empleadores su estado. En los tres casos fueron negadas las pretensiones en primera y segunda instancia
La Corte asume el caso en sede de revisión y revoca las sentencias y ampara los derechos de las mujeres y ordena a cada empleador/a reconocer y pagar (i) los salarios y las prestaciones dejadas de percibir desde el momento del despido y hasta la fecha del parto; (ii) la licencia de maternidad; (iii) la indemnización de que trata el numeral 3º del artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo, y (iv) la indemnización derivada de la terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa, consagrada en el artículo 64 del mismo estatuto y las previene para que se abstenga de vulnerar los derechos de las trabajadoras gestantes y lactantes derivados del fuero de maternidad. En su análisis la Corte aclara que “el conocimiento del embarazo de la trabajadora no es requisito para establecer si existe o no protección, sino para determinar el grado de la protección”. En esa oportunidad la Corte hizo una distinción entre dos situaciones para definir qué medidas de protección se deben tomar: (i) cuando el empleador tiene conocimiento del estado de embarazo, caso en el cual hay lugar a una “protección integral y completa, pues se asume que el despido se basó en el embarazo y por ende en un factor de discriminación en razón del sexo”. Y, (ii) cuando el empleador no tuvo conocimiento del estado de embarazo de la trabajadora al dar por terminada la relación laboral, en donde se “dará lugar a una protección más débil, basada en el principio de solidaridad y en la garantía de estabilidad en el trabajo durante el embarazo y la lactancia, como un medio para asegurar un salario o un ingreso económico a la madre y como garantía de los derechos del recién nacido”. El segundo criterio se refiere al modo en que se da a conocer el estado de embarazo por parte de la trabajadora, que para la Corte “no exige mayores formalidades”. Así, planteó que las formas para inferir el conocimiento del estado de embarazo tienen carácter indicativo y no taxativo, y que el mismo “puede darse por medio de la notificación directa, método que resulta más fácil de probar”, pero también, porque se configure un hecho notorio, o porque se infiere de las circunstancias que rodean el despido. En relación con el hecho notorio, la Corte ha entendido que puede darse en los siguientes casos: (i) cuando el embarazo se encuentra en un estado que permite que sea inferido; (ii) cuando se solicitan permisos o incapacidades laborales con ocasión del embarazo, y (iii) cuando el embarazo es de conocimiento público por parte de los compañeros de trabajo, ya que, por conducto de un tercero, pudo enterarse el empleador.
Sentencia C 085 de 2016. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
OSJFallo: 4363
Corte Constitucional 24/02/2016
Un grupo de ciudadanos y ciudadanas interpone acción de inconstitucionalidad contra el artículo 14 de la Ley 1146 de 2007 en la que se ordena las instituciones de educación media y superior, integrar la cátedra para la sexualidad.
Solicita igualmente se declare inconstitucional de forma parcial el Articulo 14 de la Ley 1146 del 2007 en la partícula “Los establecimientos de educación media y superior”. Para que bajo una nueva redacción determine una cátedra de educación para la sexualidad en prescolar, básica primaria y secundaria, media y educación superior” en tanto son excluidos por la norma generando una discriminación infundada desconociendo lo dispuesto en los artículos 5 y 13 de la constitución política igualmente aduce que con dicha omisión se niega la importancia y las ventajas que la cátedra puede generar frente a los menores de 14 años, y además otorga un trato diferencial incomprensible que privilegia a quienes por su edad y avanzado estado de escolaridad, gozan de una mayor capacidad cognitiva, física y psicológica para resistir, denunciar y superar la violencia sexual entendiendo que son los menores de 14 años quienes están propensos a sufrir mayores abusos teniendo esta cátedra la intención de prevenir abusos y violencia sexual.
La Corte decide declarar la exequibilidad de la norma demandada e indica que el efecto de la norma impugnada no es el de privar de educación sexual a los grados inferiores a la educación media, sino el de establecer una metodología (cátedra) de enseñanza específica a partir del grado décimo, que resultaría adicional a la que ya vienen recibiendo en función de la Ley General de Educación, y cuyo objeto es únicamente la prevención de la violencia sexual, para lo cual determina unas medidas diferentes y adecuadas para los grados inferiores. En tal sentido, no resulta esencial para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta, el que se incluyan como destinatarios de la cátedra para la sexualidad a los grados de educación preescolar y básica, por cuanto los niños que cursan dichos grados reciben efectivamente educación sexual a través de proyectos pedagógicos, que es la metodología que el Gobierno Nacional ha seleccionado para una formación adecuada en la materia. De acuerdo con la Corte el derecho a la educación sexual implica ante todo que está sea accesible, idónea y de calidad, lo que significa que sus contenidos se adapten a las necesidades propias de los estudiantes según su grado de desarrollo. Pero el derecho a la educación sexual no implica la exigencia de una metodología específica de enseñanza, pues esta debe definirse a través de criterios psicológicos y pedagógicos que permitan su máxima adecuación. Se presentó aclaración de voto por parte de algunos magistrados/as , por considerar que tenemos el convencimiento que el legislador incurrió en una omisión legislativa relativa en el diseño de la norma plasmada en el artículo 14 de la Ley 1146 de 2007 al incluir como únicos destinatarios de la cátedra de educación para la sexualidad a los estudiantes de educación media y superior, generando así un déficit de protección que afecta a los niños, las niñas y los adolescentes (NNA) pertenecientes a los niveles de preescolar, básica primaria y básica secundaria.