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Timestamp: 2019-08-17 13:48:27
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INDEPENDENCIA DE LA JUSTICIA PENAL DE MODELO ACUSATORIO VS. EL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y A LA OPINIÓN PÚBLICA, Ana Calderón
INDEPENDENCIA DE LA JUSTICIA PENAL DE MODELO ACUSATORIO VS. EL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y A LA OPINIÓN PÚBLICA
Ana Calderón Sumarriva.
El objetivo general del presente trabajo es observar y describir la importancia de la publicidad en los procesos penales, más aún con la reforma hacia un modelo acusatorio. Sin embargo, se advierte los problemas que ocasiona la existencia de un “juicio público o paralelo”, juicio que se pretende imponer a través de lo que señalen los medios de comunicación, lo que afecta la independencia judicial.
El método empleado en este trabajo es el deductivo y funcional. Para la obtención de la información se han analizado textos periodísticos, estadísticas, normas, jurisprudencia y posiciones doctrinarias.
Nuestra conclusión es que ante la prohibición constitucional y convencional de censura previa, no es posible establecer límites previos al derecho a la información y la formación de la opinión pública. Sin embargo, se propone reforzar la comunicación institucional que en el tiempo oportuno puede incidir en una opinión pública de modo más responsable.
The work carried out has as its general objective to observe and describe the importance of advertising in criminal proceedings, even more with the reform to an accusatory model; But it warns of the problems caused by the existence of a ''public or parallel trial'' when it is intended to be imposed through the media, thus affecting judicial independence. A deductive and functional method is used, and the analysis of journalistic texts, statistics, norms, jurisprudence and doctrinal positions has been used to obtain the information. It is concluded that it is not possible to establish limits prior to the right to information and the formation of public opinion, before the constitutional and conventional prohibition of prior censorship; But it is proposed to reinforce the institutional communication that informed and in due time can affect a public opinion in a more responsible way.
Modelo Acusatorio. Justicia Penal. Independencia. Derecho a la Información. Opinión Pública.
Accusatory Model. Criminal Justice. Independence. Right to information. Public opinion.
El poder de los medios de comunicación se manifiesta en diversos ámbitos de la vida social. Uno de estos ámbitos está relacionado con el ejercicio del poder público, y una de sus manifestaciones es la justicia penal. Al respecto, el investigador peruano Pásara (2012) sostiene:
(…) la administración de justicia –que, por diversas razones, nunca gozo de nosotros de un reconocimiento social importante– ha sido llevada al banquillo de los acusados. De otro lado, de los medios de comunicación que se han convertido en depositarios importantes de credibilidad y confianza pública, al ingresar a una etapa profesional de su desarrollo en la que están cobrando creciente independencia. (p. 1)
Los medios de comunicación son muy temidos, hasta el punto de pensar que se trata de un cuarto poder, aunque un poder incontrolable. Refiriéndose a los poderes incontrolados de nuestros días, Ferrajoli (2011: 24) cita a Montesquieu para afirmar que existe un dato de “experiencia eterna” que los poderes, libres de límites y controles,tienden a concentrarse y a acumularse en formas absolutas, a convertirse, a falta de reglas, en poderes salvajes.
También se ha dicho que la prensa es parte de la estructura del poder. En esta línea, Sohr (1998: 18) dice:
“La prensa se estructura en torno al poder, sea éste político, económico o social. En el fondo, la prensa es parte de la estructura de poder; y como tal refleja sus ambigüedades, sus pugnas y sus debates. (…) no cabe hablar de cuarto poder sino más bien la influencia de la prensa en los diversos centros de poder de una sociedad”. (p. 18)
Un estudio sobre la desconfianza ciudadana en la administración de justicia realizado entre los años 2000 y 2014 por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (Latin America Public Opinion Project, LAPOP), arrojó las siguientes cifras:
Según el diagrama, Paraguay ocupa la primera posición con un porcentaje de 32.7% de desconfianza de la ciudadanía en el sistema de justicia, mientras que nuestro país ocupa el segundo con 35.5%. No obstante, si observamos en Latinoamérica, la aprobación y confianza ciudadana, en los medios de comunicación se podrá apreciar que el grado es relativamente alto; es así que se puede apreciar que el mismo Proyecto muestra para el año 2012 un promedio de aprobación de 59 puntos.
La confianza o no de la ciudadanía en las entidades públicas como son las del sistema de justicia y de los medios de comunicación parte de la consideración de ciertas expectativas de los ciudadanos en relación con alguno de los actores sociales. Como señala Roses Campos (2009:3), la confianza es uno de los mecanismos sociales más importantes para los ciudadanos, la posibilidad de enfrentar determinados riesgos. Si puntualizamos lo señalado de acuerdo con el objeto de nuestra investigación, se trata de la expectativa sobre cómo enfrentar el riesgo de la inseguridad generada por la criminalidad.
Llama la atención el hecho de que la opinión pública no se concentre en la reacción legislativa y, por lo tanto, en la reacción general que el Estado tiene frente a la criminalidad, que en todos nuestros países gana cada vez más espacio[1], sino que más bien se atiende a la noticia del día a partir de las medidas que adopta la justicia penal en el caso concreto, es decir, las medidas que dictó el juez sobre aquél que cometió el delito.
Las reformas del sistema de justicia penal no se notan tampoco en la información que la prensa brinda sobre los acontecimientos delictivos, sino que centra su atención en la inoperancia o ineficacia de los responsables, lo que se traduce en el número de prisiones preventivas y condenas efectivas[2]más que en el trabajo arduo de investigaciónpor parte del Ministerio Público, la observancia de las garantías de un debido proceso y los argumentos expuestos en la sentencia por parte del juez penal.
Se observa que la atención se concentra en el juez y sus decisiones, como si el juez fuera el único que debe cumplir un rol protagónico. No obstante, se olvida que las partes, en una reforma a un modelo de justicia penal acusatoria, deben cumplir un rol más activo y tienen responsabilidad en las decisiones judiciales que pueden provocar (nos referimos al Ministerio Público y la Defensa). Al respecto, es importante traer a colación la opinión de Langer (2014: 11)
(…) Algunos investigadores han caracterizado a estas dos concepciones del proceso penal (i) como un conjunto de normas culturales y sociales que estas instituciones y actores internalizan a través de procesos de socialización y (ii) como dos formas de distribuir el poder y las responsabilidades entre las principales instituciones y actores del sistema de justicia penal, tales como los fiscales, jueces, imputados, abogados defensores, víctimas y la ciudadanía.
Se trata, pues, de asumir mayor poder en el proceso despojando de parte de él, al juez que se ve limitado en su actividad oficiosa.
Pocas veces el comentario de los medios de comunicación va dirigido a resaltar el descuido o poca preparación del fiscal o del abogado defensor, quienes si no realizan una buena tarea, terminarán provocando dos consecuencias fundamentales: i. Un juicio mal llevado por la carencia de información y medidas que debieron imponerse; y ii. La constante intervención del juez para salvar los vacíos o insuficiencias, incluso supliendo manifiestamente a alguna de las partes, y con ello quebrando la imparcialidad e igualdad de armas.
Respecto a la preocupación de los medios que comunicación por la justicia penal, se puede observar que los titulares escritos suelen ser de varios tipos: “Juez de Tarapoto liberó a los presuntos asesinos de Fermín Caro”[3], “Juez que liberó a los Monos de Querepampa fue reasignado en Lima”[4], o la frase de un funcionario del Ministerio del Interior que apareció como titular “¡Que carajos le pasó al juez que liberó criminales!”[5] o “Juez Supremo que absolvió a Fujimori defiende su sentencia”[6]. En otros contextos, se repiten estos ejemplos: “Piden cese de juez que absolvió a un taxista que abusó de su cliente”[7], “Justicia explica por qué deja libre a delincuentes si no hay denuncia”[8], “Jueces estrella son los que protagonizan los grandes casos en España”[9], etc.
Es a raíz de estos titulares y del espacio que ocupan las decisiones judiciales en las páginas de los diarios y los comentarios en medios de comunicación radiales, televisivos y en la red que surge la inquietud de desarrollar el presente tema, en el que se ha observado diversos aspectos como:
- La relación con la publicidad de los procesos penales que opera como una garantía fundamental.
- La existencia entre la opinión pública de un “juicio mediático” que además de producir un estigma social va corroyendo la “independencia judicial”.
- La perspectiva que ningún derecho o poder es absoluto, por lo que frente al derecho a la información está el derecho de no ser desinformados. Pero también la perspectiva de que frente al ejercicio personal o social privado de informar debe fortalecerse el ejercicio institucional u oficial (si las fuentes oficiales comunicarán mejor sobre sus actividades, procedimientos y decisiones, posiblemente se eliminaría un buen espacio de sospechas y dudas). Pensamos que con esto se evitaría caer en la crítica desinformada y a veces desestabilizadora, y se podría comenzar a cultivar o fortalecer un ejercicio responsable de esta libertad preferida de la democracia, como se ha denominado en la jurisprudencia norteamericana (Dalla Vía, 2000: 101).
Este trabajo pretende observar la relación entre la independencia judicial y el ejercicio de la libertad de expresión y derecho de información, en un contexto en el que se presenta una reforma del sistema penal, es decir, pasar a un modelo acusatorio, y que determina una mayor exposición del juez, pero además la difícil comprensión del nuevo rol de este: limitado y garantista. En el proceso penal de la reforma, está presente en las diversas instancias el principio de actus trium personarum, a través del cual se presenta, a decir del Binder (2000: 96), un triángulo equilátero o isósceles con el juez ocupando la parte superior y las partes ocupando los vértices inferiores.
También nos planteamos analizar cómo los medios de comunicación terminan afectando la independencia judicial con un juicio paralelo, muchas veces desinformando a la ciudadanía, así como sin entender plenamente la razón de ser y reglas básicas del proceso penal. Este segundo objetivo conlleva a determinar, finalmente, si es posible establecer límites al ejercicio de la dimensión objetiva de la libertad de expresión (derecho de información de interés público) o fortalecer medios institucionales de información, siempre en la idea de que no se puede permitir que la prensa quiera sustituir a los jueces o que se pueda proscribir toda posibilidad de crítica pública a la labor judicial.
3. Los momentos de publicidad de acuerdo al modelo acusatorio
La publicidad ha estado ligada a diversos conceptos como los de seguridad jurídica, transparencia y previsibilidad de la justicia. Por ello, no debe sorprender, como reconoce Garzón Valdez (1993:78), “(…) que en casi todas las constituciones modernas de los Estados democráticos se incluyan disposiciones que hacen referencia expresa a la publicidad del proceso jurídico–político (…)”.
En el Perú, la Constitución vigente consagra la publicidad de los procesos judiciales en su artículo 139°.14. También está previsto en el artículo 14°.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo que establece especial trato a las restricciones, pero también a la necesidad que la sentencia penal sea pública. Del mismo modo, la publicidad está regulada en el artículo 8°.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Autores como Kant (1985: 61) sostienen que la publicidad es un principio de legitimación,entones, las acciones y propósitos más importantes del proceso deben ser expresados abiertamente (realizados públicamente), para ser considerados legítimos.
Como se señaló en líneas anteriores, en el proceso penal el principio de publicidad no es absoluto: puede ser restringido, por ejemplo, en los actos de investigación para evitar la obstrucción de la tarea del fiscal, que incluso en el nuevo ordenamiento procesal penal peruano puede disponer de modo excepcional del secreto[10]; o durante las audiencias preliminares o juzgamiento cuando se trate de asuntos que puedan afectar la seguridad nacional, la intimidad o dignidad de las víctimas.[11] Hoy es posible, como señala Alexy (2002: 113), que los principios entren en colisión con otros, lo que no significa que pierdan validez o sean excluidos del sistema jurídico.
Sobre las restricciones enumeradas, han hecho referencia Sagües (2006) con la denominación de “censura judicial” que para una tesis permisiva supone:
(…) debe de convivir, además, con otros derechos constitucionales tan respetables como él mismo (honor, dignidad humana, privacidad, protección de menores, etcétera), al igual de otros valores de rango constitucional o convencional internacional (verbigracia: la moral, seguridad nacional), lo que exige continuos ejercicios judiciales de adaptación, acomodamiento, ponderaciones entre tales derechos, a través de mecanismos de balanceo de valores, derechos y deberes. (p. 969).
La publicidad se reforzó con la reforma procesal penal, puesto que además de tenerla plenamente en la etapa del juicio se incorporó en un sistema de audiencias preliminares[12], justamente cuando se tiene que debatir y tratar asuntos esenciales delproceso en los que se requiere la intervención judicial (de un juez de garantías) con la bilateralidad o contradictorio, que se traducirá en la presencia de un requirente y oponente, como por ejemplo en el Código Procesal peruano de 2004: la autorización o confirmación de medidas de restricción de derechos fundamentales para la búsqueda y conservación de elementos de convicción, o medidas de coerción personales o reales, el control de acusación, la tutela de derechos, o la decisión sobre medios de defensa, entre otros.
En un proceso que concibe que en segunda instancia puede haber actuación de pruebas y un nuevo debate, como sucede con el Código Procesal Penal peruano de 2004, es posible también la presencia de la publicidad de esta etapa procesal[13], mientras que en sede de casación[14] está prevista la realización de una audiencia con la presencia obligatoria del recurrente y quien considere la necesidad de contradecir la pretensión impugnatoria.
Todos los escenarios descritos en la investigación preparatoria, la etapa intermedia, el juzgamiento y en el trámite del recurso de apelación o casación son oportunidades de hacer visible y de conocimiento público la actuación de los protagonistas del proceso penal, pero esencialmente la del juez.
4. Ventajas de la publicidad en el juicio penal
En términos generales, la publicidad se relaciona con la transparencia. Solozábal Echevarría (1988:141) dice al respecto que “la libertad de expresión en el sistema democrático, es condición de transparencia (…) la existencia efectiva, de alternativas de responsabilidad y participación racional del ciudadano (…)”.
En relación con nuestro tema, la publicidad permite que se pueda conocer el objeto de juzgamiento y del debate durante el proceso. Este derecho a conocer los sucesos del proceso alcanza, en primer lugar, a quienes son parte de este para ejercer las acciones más convenientes a su estrategia, mientras que en segundo lugar, a quiénes no son parte del proceso, pero que están directa o indirectamente interesados en lo que pueda suceder en un caso concreto.
Recordemos que nuestra norma constitucional establece expresamente que “el poder de administrar justicia emana del pueblo”, por lo que a partir de esto corresponde rendir cuenta del ejercicio de dicho poder, que se traduce en demostrar que se cumple con la tarea asignada de poner fin a las controversias y sancionar las conductas que afectan o ponen en peligro bienes jurídicos dentro del marco formal y material que establece la constitución y las leyes.
A través de la información no solo se logra tener una sociedad capaz de entender lo que sucede, sino también se evita la “sospecha o suposiciones” sobre trámites indebidos o razones ocultas o paralelas. La exposición de lo que sucede en el proceso es una muestra de que no se está actuando fuera del marco legal o por motivos ajenos al Derecho.
4.2. Control
Se considera que el principio de publicidad tiene un carácter político. Al respecto, Gómez Colomer (1999:23) dice que ´(...) sirve al sistema democrático, pues el público controla la labor de los jueces.”
La actividad de los jueces o fiscales, como toda entidad pública que ejerce poder, debe estar sujeta a los controles. No existen zonas exentas de control dentro de un Estado Constitucional.La Corte Interamericana de Derechos Humanos (2005) (Caso Yatama vs. Nicaragua, sentencia del 23 de junio de 2005) e incluso al propio Tribunal Constitucional peruano (2005) (caso Lizama Puelles, sentencia del 8 de noviembre de 2005 en el Exp. N° 5854-2005-PA/TC)sostienen que aceptar zonas exentas de control implicaría que se pueda rebasar o lesionar derechos e instituciones fundamentales, sin que exista control jurídico alguno.
En el caso de un proceso penal, los controles a las decisiones judiciales son ordinarios, se generan dentro de su desarrollo y que corresponden a las partes, como sucede con los pedidos de convalidación judicial o la interposición de remedios o recursos.
Una forma de control extraordinaria es la que ejerce la sociedad, control que se logra a través de la publicidad. Este tipo de control debería ejercerse de modo informado y conociendo el contexto y marco normativo en el que surgen algunas decisiones. Por ejemplo: no se puede tachar a un juez de incompetente o corrupto que consideró improcedente un requerimiento de prisión preventiva, justamente por ser consecuente al observar una serie de presupuestos formales y materiales para su concesión y que en el caso concreto no se presentaban; por el contrario, debe ser considerado como un verdadero juez de garantía. Tal vez el error resida en la comprensión de la tarea que corresponde al juez, que no es otra que velar por las garantías de un debido proceso y resguardar los derechos fundamentales del procesado, y no convertirse en un mero instrumento de la persecución punitiva.
Lo que hemos que hemos denominado control ordinario y extraordinario, es tratado por Perfecto Andrés Ibáñez (2004) como control interno y externo, este autor sostiene:
No se agota la publicidad en estimular un recto hacer, profesional y honesto, de todos los operadores implicados sino que también contribuirá a generar la confianza y consenso en torno a tales prácticas y servirá también para promover una cultura constitucional de la jurisdicción. (p. 167)
Consideramos que la atenta mirada de los ciudadanos sobre un caso concreto permite que se pueda evitar o prevenir excesos, pero además puede evidenciar cualquier comportamiento lesivo o arbitrario para su respectiva corrección y sanción.
4.3. Dinamicidad
La participación del público en el proceso impone a los sujetos procesales mayor responsabilidad para actuar de modo que no obstruyan ni dificulten su desarrollo. Pero además, de la mano con la oralidad, se impone la rapidez.
Por lo tanto, la dinamicidad va implicar no solo rapidez, sino un orden o secuencia acorde con el modelo acusatorio. Un juez debe responder a ciertos requerimientos que solo pueden ser realizados por las partes que estén legitimadas, como es el caso, por ejemplo, de la prisión preventiva: necesariamente, esta deberá ser solicitada por el Ministerio Público y el juez la concederá siempre que reúna las condiciones formales y materiales para su concesión. Rompería la dinámica a la que nos referimos el que el juez dicte la medida de oficio y cuando aún no se reúnen las condiciones legales para su concesión.
En esa dinámica, la decisión adoptada deberá obedecer a un debate público de las partes y la decisión será adoptada de acuerdo con los argumentos expuestos en ese espacio. Sin embargo, de ninguna manera podría provenir de argumentos expuestos en un ámbito extra procesal, como los surgidos en los medios de comunicación.
4.4. Calidad
Si no estamos dispuestos a ser avergonzados por el público y menos por los medios de comunicación, se debería procurar hacer un trabajo más óptimo desde el rol que desempeñemos en el proceso penal, pero con el cuidado de observar, con rigidez, el fondo y la forma del asunto controvertido. Sin embargo, si la cantidad de causas sobrepasa el esfuerzo que normalmente puede realizar un ser humano y con escasos recursos, no será posible que esa calidad pueda hacerse efectiva.
Existe un esfuerzo mayor por parte de los participantes de una audiencia de mostrar el conocimiento del caso y del Derecho, pero también se produce el efecto contrario, es decir, de presentar aquello que pueda producir un mayor impacto social o realmente “querido” por la opinión pública, más allá de lo justo o injusto que resulte ser.
En el lenguaje forense surge, refiriéndose a algunos casos, el término ''juicios espectáculo” que carecen de calidad, pero sí de un excesivo histrionismo. Al respecto,Gronemeyer (2005) realiza un estudio sobre los ''juicios pantalla” y expresa una observación importante.
[L]a resistencia del ingreso de cámaras a los juicios orales, tanto en Estados Unidos como en Alemania, se sustenta fundamentalmente en el riesgo que influyan sobre las reacciones y decisiones del juez, haciendo de ellas un espectáculo para satisfacer a las audiencias. (55)
Los juicios espectáculo no solo implican baja calidad, sino también un enorme riesgo para los sujetos del proceso. Sobre este tema, López Ortega (1993) indica lo siguiente:
(…) la publicidad amplificada por los medios de comunicación, la publicidad espectáculo, conlleva grandes riesgos para los participantes del proceso. Especialmente, para el imputado que tiene que soportar parte de su vida, el reproche por el delito e incluso su condena se ponga a la vista de todos, lo que representa uno de los obstáculos más importantes para su resocialización. (26)
5. Desventajas de la publicidad
5.1. Opinión pública
Garzón Valdez (1993) nos ofrece una definición de opinión pública.
[L]a manifestación de una actitud colectiva, no pocas veces difusa y de límites difíciles de precisar; es de naturaleza descriptiva y no normativa, y que a diferencia de la opinión individual no es una acto intencional, sino más bien un estado de cosas, que a su vez, puede ser objeto de evaluación por cualquier opinión individual, sea científica o no”. Este mismo autor hace la diferencia respecto a la opinión de la mayoría que viene a ser “un concepto descriptivo, que designa límites precisos y puede sin dificultad ser expresado con exactitud aritmética. (84)
La opinión pública, elemento fundamental para la democracia, puede ser considerada en este ámbito como negativa en los siguientes supuestos:
- Las decisiones judiciales están sometidas a estudio y crítica social, así lo considera la Ley Orgánica del Poder Judicial. Sin embargo, al “socializarse una decisión judicial” puede resultar contraria a ciertos intereses y a un status quo. Entonces, un asunto acabado en la vía judicial, que ya fue resuelto de modo definitiva, y adquirida la condición de cosa juzgada, genera nuevamente controversia a partir de la aplicación e interpretación que la opinión pública pueda tener de la decisión judicial, así como de los grupos de presión o de interés.
- La crítica constructiva puede estar sustentada y dirigida a mejorar determinada situación. Sin embargo, dicha crítica no puede conducir las decisiones judiciales, siendo aún más riesgosa si está basada en un conocimiento parcial o una ignorancia total de la problemática, de la normativa aplicable o de la prueba obtenida.
- No existe un control previo para considerar como válida o no una crítica pública, pero mientras que para algunas instancias públicas es fundamental escuchar y descartar, para los jueces, a fin de preservar su independencia, incluso es mejor mantenerse al margen de la opinión pública, y no escuchar. Aunque existen opiniones distintas, como la sostenida por Superti (1998:147) que sostiene: “Se debe aceptar que es mucho más saludable – para lograr la independencia e imparcialidad de los Tribunales – que en lugar de callar la voz del pueblo mejoremos el oído de los jueces”.
El derecho de participación ciudadana en los asuntos públicos ampara que se pueda plantear los pedidos y críticas que se consideren a cualquier entidad que presta servicios públicos. Como ha señalado Ziccardi (2004:12), desde las teorías deliberativas de Habermas el elemento central del proceso democrático está dado por la existencia de una ciudadanía capaz de construir una opinión pública libre, propositiva, inteligente, culta e informada, dispuesta a participar de la deliberación y la adopción de decisiones.
En el servicio de justicia no se puede evitar la participación ciudadana: es más, su presencia en el proceso penal se ha dado de distintas maneras. Como resalta Tedesco (2009:103): “la participación de los ciudadanos en la justicia puede canalizarse, de una manera institucionalizada, de más de una manera; con jurados, con escabinos, con asesores populares u otras variantes de esa índole”. Lo que no se puede permitir, por el lado de la ciudadanía, es pretender sustituir el juicio formal por el juicio público, y eljuez debe mantenerse atento a cualquier comentario u opinión, para finalmente tomar una decisión.
5.2. Presión social
La publicidad permite que terceros conozcan el caso y puedan analizar y discutir al respecto, pero genera en muchos casos un juicio “paralelo” o “mediático” que no queda en ese ámbito, sino que pretende imponerse al juicio “formal e institucionalizado”. Pásara (2012:4) se refiere al juicio paralelo como aquél que se instaura en los medios de comunicación social cuando al tratarse en la justicia estatal son tratados de modo complaciente por los jueces.
En estos casos la prensa no se limita a informar y dar una opinión, sino que pretende que la posición adoptada en ese juicio paralelo o ''mediático” también se imponga. De no observarse la posición que sostiene este juicio, entonces se generan una serie de consecuencias que van desde el temor a la prensa por su facilidad de afectar el honor, pasando por la imagen y presunción de inocencia, hasta la posibilidad de que el juez o fiscal pueda ser sometido a un procedimiento disciplinario por no tomar en cuenta el “impacto social” de la decisión, que no importa que esté fundada en Derecho, sino que responda a ''la voluntad ciudadana”.
Aquí corresponde formular la pregunta: ¿Por qué el juicio paralelo o ''mediático'' no puede imponerse al juicio “formal o institucionalizado? Creemos que existen una serie de razones:
a. El juicio ''mediático'' no tiene reglas previas
La legalidad del juicio institucionalizado se manifiesta no solo porque las reglas de juego están positivizadas, sino que son establecidas antes de que el juicio tenga lugar, lo que permite saber a los ciudadanos cuáles son las etapa que se van a dar, el plazo de cada de una de ellas, las oportunidades que se tienen de participar en el proceso y el ejercicio de los respectivos derechos.
El artículo 6° de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Perú enuncia el ''principio procesal de legalidad'', en virtud del cual toda actuación procesal de los jueces se halla vinculada por las normas del ordenamiento jurídico. En particular, tratándose de la legalidad procesal, tal vinculación impone al juez que sus actuaciones deban estar sujetas estrictamente a los supuestos previstos por las normas procesales y dentro de las formas y términos por ellas establecidas.
En el juicio ''mediático'' no existen, en todo caso, reglas de juego, y las responsabilidades ulteriores no siempre son efectivas(tanto por la demora para hacerlas efectivas o por la proporción de la reparación en relación al daño causado), de igual modo, cuando se trata del derecho de rectificación.
Las responsabilidades ulteriores que están previstas en el sistema jurídico peruano son: las penales, por las querellas por delitos contra el honor (difamación agravada por medios de comunicación social)[15]; y las civiles, por las demandas de indemnización por daños y perjuicios[16]. Refiriéndose a las responsabilidades ulteriores, Grossman (2007:179) sostiene que estas surgen por el ejercicio indebido de la libertad de expresión, pero que no tienen que ser exagerados al punto de amordazar a los individuos, y se deben considerar presupuestos como la legalidad, la legitimidad democrática, la necesidad, la diferenciación entre opiniones de hecho y juicios de valor, la existencia de una real malicia, entre otros aspectos.
Por otro lado, el derecho de rectificación, que conforme a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (1986) ha establecido que es ''la respuesta por informaciones inexactas o agraviantes dirigidas al público en general'' (Opinión Consultiva OC-7/86 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del 29 de agosto de 1986, fj. 23) y ello está en concordancia con el artículo 13.2.a de la Convención Americana de Derechos Humanos, sobre libertad de pensamiento o expresión, que sujeta esta libertad al “respeto a los derechos o a la reputación de los demás''.
Mientras que el juicio institucionalizado tiene reglas que se imponen ante determinadas circunstancias y consecuencias, como por ejemplo que ante un vicio esencial en el proceso éste sea declarado nulo, en el juicio paralelo tenemos una amplitud y flexibilidad que deriva del amparo irrestricto de la libertad de expresión.
b. El juicio ''mediático'' se ejerce sin límites
Si bien existen límites para los medios de comunicación formales en cuanto a comprobación de la veracidad e identidad de las fuentes, no necesariamente se tienen en cuenta estas consideraciones en los casos de las publicaciones que responden a determinados intereses (poner en cuestión la labor de un juez que no ha sido conveniente en determinados casos), de la prensa clandestina (no reconocida en las asociaciones de prensa) o de los periodistas anónimos (que no suscriben sus comentarios o que utilizan seudónimos para evitar ser identificados)[17]. En esos casos, cualquier cosa se puede decir, sin considerar las consecuencias que pueden provocar.
Como todo derecho fundamental, la libertad de expresión no es un derecho absoluto, tiene límites. Al respecto, Solozábal Echevarría (1991) afirma:
(…) los derechos fundamentales a pesar de su carácter imprescindible, no son derechos absolutos, pues en el ordenamiento jurídico, como sistema que es, todos los derechos son limitados, pues todos se encuentran en relación próxima entre sí y con otros bienes constitucionalmente protegidos con los cuales, potencialmente, cabe el conflicto. (97)
En los tratados internacionales de derechos humanos se limita la libertad de expresión por intereses nacionales, la protección de niños, niñas y adolescentes (así se regula en el artículo 13°.4 de la Convención Americana), o la seguridad del Estado. Sin embargo, también existen límites implícitos como la eficacia punitiva con la reserva de la investigación a fin de evitar que no se obstruya las indagaciones, o los juicios paralelos que atentan con la presunción de inocencia. Pásara (2012) dice, al respecto, que:
(…) no existe ninguna de las garantías que el proceso judicial otorga, empezando por la presunción de inocencia. El honor de las personas es frecuentemente mancillado, sin que exista una adecuada reparación pública cuando el ciudadano ha sido infundadamente agraviado por información lesiva a su honor. (5)
c. El juicio ''mediático'' no se legitima mediante argumentos
El juicio “mediático” parece legitimarse por la voluntad de las mayorías y no por argumentos (cabe recordar que Jesucristo fue condenado a la crucifixión por la decisión del pueblo de salvar a Barrabas). Pero no siempre la decisión popular es la decisión justa en términos de razonabilidad.
La legitimación de la justicia institucionalizada no se presenta solo por que emana de la autoridad competente y dentro del marco de la ley y la Constitución, sino también porque se exponen razones que justifican el fallo. En cambio, el juicio ''mediático” suele sustentarse en una ''voluntad general'' no siempre acreditada, sino utilizada por ciertos grupos de interés y sin la exposición de razones, sino de motivaciones. Alexy (2010:53) señala: ''(…) los juicios de justicia son más que la expresión de una opinión o decisión meramente subjetiva o relativa.''
Mientras que la justicia institucionalizada debe explicar cómo ha llegado determinada decisión, explicando no solo la norma aplicada y sus alcances, sino también los hechos probados, la justicia mediática manifiesta un conjunto de pareceres o prejuicios que normalmente son aceptados por la mayoría, ya que expresan emociones o sentimientos frente a un hecho, pero que finalmente no pueden sostenerse con razones ni pruebas.
c) El juicio ''mediático'' no responde necesariamente a la búsqueda de la justicia
El proceso pretende resolver, cualquiera que sea su especialidad, una controversia con el Derecho vigente y con ello alcanzar la justicia en sentido de aplicación razonada del Derecho al caso concreto, más allá de quienes sean las partes en controversia. Como señala Rawls (2012:13), en la justicia como imparcialidad “no es que los principios de justicia se presentan tras un velo de ignorancia”, sino que corresponde “a una situación original o inicial de las partes de absoluta simetría”.
El juicio “mediático” está parcializado de origen, es decir, puede buscar realizar algún interés detrás del conflicto. Por ejemplo, tiende a asumir la defensa del más débil social o económicamente o de quien representa en determinado momento el símbolo de alguna ideología o pensamiento imperante. De aquí que se encuentren frases como: “La población requiere…”, “Los ciudadanos exigen (…)”, “La población hubiera…”, entre otros; y como consecuencia de no haber observado la decisión requerida o deseada, también aparecen frases como “el poder judicial está deslegitimado”, “no debe confiarse en la justicia”, “la justicia decide a espaldas de la población”, entre otras o calificativos a los operadores como “juez incompetente”, “juez débil”, “juez de la impunidad”, entre otras.
Frases como las indicadas terminan generando un temor en los operadores de justicia, quienes además son desalentados cuando los órganos de gobierno y control de sus propias instituciones, lejos de explicar lo sucedido y alentarlos a resolver con independencia y objetividad, como lo determina el Derecho, aplican estas expresiones para sustentar medidas correctivas o sanciones.
Refiriéndose a temas frecuentes y delicados de carácter penal, la Corte Suprema Penal de nuestro país tuvo que responder en dos casos a la influencia social y trató de imponerla como criterio para los jueces inferiores. En ambos casos, fue un factor fundamental tomar en cuenta la “desconfianza y credibilidad ciudadana”:
- Ante los problemas en la determinación de la pena, la Corte Suprema expidió el 1 de setiembre de 2011 la Directiva que contenía la Resolución Administrativa N° 311-2011-P-PJ, en cuya parte final se señalaba:
Es lamentable constatar que, pese al Acuerdo Plenario que estableció –con carácter vinculante– los criterios rectores para la determinación de la pena, algunos jueces no siguen el procedimiento, generando así incertidumbre y desazón sobre los fallos emitidos, y lo que es peor aún, la desconfianza y pérdida de credibilidad del Poder Judicial.” (El subrayado es nuestro)
- Del mismo modo sucedió con la Directiva que contenía la Resolución Administrativa N° 297-2011-P-PJ, de fecha 12 de agosto de 2011, que señalaba sobre beneficios penitenciarios lo siguiente:
Es lamentable constatar que debido a unas erróneas compresiones actualmente utilizadas por algunos jueces y juezas, muchos peligrosos delincuentes han obtenido libertad anticipada sin haberse garantizado su readaptación social, con lo que se propicia la inseguridad ciudadana, la configuración de nuevos delitos y la pérdida de la credibilidad del Poder Judicial por nuestra población.”(El subrayado es nuestro)
Es interesante observar como el indicador de impacto social se considera por los jueces y se advierte en otros países como un factor para lo toma de algunas decisiones judiciales, así lo hace notar Aristizábal (2015) en el siguiente comentario:
Sin estudios sociológicos, estadísticas ni dictámenes científicos los jueces se limitan a decir que el procesado representa un “peligro social” y que no debe estar en casa sino en la cárcel, mientras se determina si es culpable o inocente. Las incongruencias son manifiestas. Ha habido casos de extorsionistas y paramilitares con beneficio de detención domiciliaria, Y otros – a los que los medios no les hacen seguimiento – de ciudadanos del común que están presos mientras le deciden su culpabilidad en delitos infinitamente menores. (p. 76)
6. La independencia judicial afectada por los medios de prensa
En estos tiempos de constitucionalizarían del Derecho[18] es frecuente analizar controversias entre principios[19], como sucede en este trabajo, entre la independencia judicial y ejercicio de la libertad de expresión por los medios de comunicación social. La ONU (1985) nos ofrece una interesante visión sobre la independencia judicial:
Los jueces resolverán los asuntos que conozcan, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias alicientes, presiones, amenazas, intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualquiera de los sectores o por cualquier motivo.
La independencia judicial es fundamental para la realización de la justicia, en el entendido de que los jueces han actuado conforme al Derecho y no sometidos a ninguna influencia de poderes externos e internos. Ibáñez (2012:5) sostiene que “la independencia judicial es una garantía que sienta las bases, las condiciones deposibilidad, de todas las demás que configuran el estatuto del juez. Es, pues, una meta-garantía”.
Nosotros partimos de considerar la independencia judicial en relación con el poder de modo estructural, y la imparcialidad en cuanto falta de compromiso del juez con los intereses que están en conflicto de modo funcional, esto es, en relación con las partes en un proceso concreto. Aguiló (2003:52) explica con bastante claridad la diferencia entre la independencia y la imparcialidad: mientras la primera trata de controlar los móviles del juez frente a influencias extrañas al Derecho provenientes del sistema social, la segunda trata de las mismas exigencias, pero circunscritas al interior del proceso.
El Estado ofrece una serie de garantías para establecer la confianza ciudadana en jueces independientes: su selección y nombramiento, una remuneración digna, la inamovilidad en el cargo[20]. Sin embargo, no se abordó la necesidad de proteger la independencia judicial del poder originado en el ejercicio de la libertad de expresión en los medios de comunicación social.
La libertad de expresión se puede considerar en dos dimensiones: una individual, la cual permite que uno pueda manifestar cualquier creencia, pensamiento u opinión y que; y una dimensión colectiva[21], que está relacionada con el derecho a información de interés público que se difunde normalmente a través de los medios de comunicación, y que suele producir sus efectos respecto a la independencia judicial. Cuando hablamos de fricción entre la independencia judicial y libertad de expresión, nos referimos a dicha dimensión colectiva o desde el derecho a la información, que debe ser esencialmente veraz y sus fuentes debidamente identificadas.
El temor a la opinión pública y la información puede determinar hoy el mayor factor para la perdida de la independencia judicial, sin que para dicho factor se haya previsto algún mecanismo de protección.
7. Límites a los medios de comunicación o incentivar a una prensa especializada
Los límites a los medios de comunicación se pueden imponer desde distintos ámbitos a fin de evitar la arbitrariedad que de ellos pueda provenir. Uno de estos ámbitos puede ser los aspectos formales, como su debida identificación y registro, así como la debida identificación de quienes realizan publicaciones. Sin embargo, dicha regulación preventiva es considerada censura previa, que desde el punto de vista convencional y constitucional no está permitida[22]. Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (1985) ha señalado que: ''El abuso de la libertad de expresión no puede objeto de medidas de control preventivo sino fundamento de responsabilidad para quien lo haya cometido.'' (OC-5/85, citada, párrafo. 38 y 39, respectivamente).
Entonces, corresponderá exigencias a ser verificadas a posteriori:
- Haber cumplido con la diligencia debida para establecer la veracidad de sus publicaciones. Como señala Cremades (1999):
La verdad, en cuanto lugar común de la información, puede entenderse como la adecuación aceptable entre el hecho y el mensaje difundido, la manifestación de lo que las cosas son. Se trata, pues, de la misma sustancia de la noticia, de su constitutivo. Por ello es un deber profesional del informador el respetar y reflejar la verdad substancial de los hechos (p. 599).
- La identificación debida de sus fuentes y de su veracidad. Como señala Conde y Domínguez (2012:32) sobre las fuentes: “(…) las fuentes originan el producto y le aportan rigor y precisión, y (…), pues el uso de fuentes provoca determinados efectos en la audiencia, relacionados con la credibilidad y la percepción de la calidad del mensaje periodístico.”
- El impedimento de utilizar palabras o términos degradantes y que muestren determinada animosidad. Al respecto Valle (2008) citando al Tribunal de Estrasburgo señala:
La libertad de información no ampara ni el insulto ni el juicio de valor formalmente injurioso e innecesario. En cambio admite la opinión, entendida como el juicio de valor personal (...) a pesar que pueda ser lo que el Tribunal de Estrasburgo ha denominado “opiniones inquietantes o hirientes” (SSTC
62/1982), las cuales pueden expresarse mediante la sátira, la burla o la ironía. (p. 96).
Estos criterios fueron tomados en consideración por la Corte Suprema en lo Penal en el Perú para establecer cuándo el ejercicio de la libertad de expresión no es legítimo y no puede operar como causa de justificación en actos de difamación agravada (A.P. N° 3-2006-CIJ/116).
Pero creo que todos los aspectos señalados van de la mano con la idea de un profesional preparado para esta tarea y con cierto código o estatuto ético, por lo que coincidimos con Aznar (2016) que observa dicha necesidad:
El papel que los medios de comunicación juegan en nuestras sociedades hace necesario profesionales del periodismo adecuadamente preparados. En un contexto en el que los medios contribuyen cada vez más a moldear nuestra imagen de la realidad y en el que la información no es un producto dado sin más sino es el resultado de complejos procesos de elaboración, selección, contextualización, etc. (p. 137).
Es importante advertir que la prensa no puede convertirse en un poder sin límites, pues los controles previos o posteriores deben existir. Conforme indica Sosa Wagner (2016:21): “todo poder tiende al abuso, por lo que es preciso limitarlo con otros poderes. Este principio central conduce a la moderación y al control de poder dejando espacio a la libertad de los ciudadanos.”
Todo lo señalado, con la finalidad de fortalecer un sistema de rectificación, sanción y compensación que hoy aparece como débil, no cumple, por lo tanto, con el fin de evitar cualquier abuso. Por otro lado, también es fundamental la necesidad de fortalecer la información de fuente institucional o la prensa especializada, que conozca de la reforma procesal, de los nuevos roles y con ello el alcance de competencias y responsabilidades.
8. La comunicación de la tarea judicial como aspecto fundamental de la reforma
La comunicación hacia dentro (publico interno) y hacia fuera (comunidad) es fundamental en la reforma, considerando que deben existir cambios de paradigmas que no operarán de modo espontáneo. Uno de estos paradigmas más importantes es considerar que el juez no es responsable de todo lo que sucede en el proceso[23] o que la existencia de un delito no siempre conlleva la necesidad de un proceso con una pena a imponer, cuando existen salidas alternativas, consensuadas y que atienden un interés que en algunos casos es más trascendente que la sanción, esto es, la reparación del daño.[24]
Si la información no solo proviene de la institución judicial, sino que además es completa y congruente con las reformas llevadas adelante, se tendrá más claro desde el interior de las instituciones hacía la ciudadanía que determinadas consecuencias se dan a partir de ciertos presupuestos, pero también se podrá detectar cuando una decisión es correcta u obedeció razones subalternas generadas por la corrupción o fue causada por la incapacidad del operador del justicia. También será importante considerar en qué momento la información debe ser conocida justamente para que no se convierta en un factor de obstrucción de la justicia.
Inés Ghiggi (2007) periodista argentina hace notar en su ensayo la necesidad de información institucionalizada y explica sus razones:
Supone la información institucional, procedimental, jurídica, de gestión y legal. Y los recaudos a observar las causas en trámite son los sugeridos por cumbres y códigos de ética iberoamericanos, a saber: las resoluciones que se den a conocer deben ser previamente notificadas a las partes; la información proporcionada no debe dejar entrever la opinión del juez o la solución que dará; no debe alterar el resultado del juicio, ni perjudicar a las partes, victimas o testigos; debe proteger el derecho a la intimidad; velar por la seguridad de las personas; y aprovechar toda ocasión para explicar procedimientos. (p. 38)
La reforma en el Perú no se sintió en el sentido de información. No existió de parte del Estado una política destinada a hacer sentir al ciudadano que el proceso y los roles de los operadores de justicia habían cambiado, los anuncios publicitarios no existieron y de forma escasa solo se observaban paneles en las puertas de las “nuevas instalaciones”. Sin embargo, no existió información propagada por los medios de comunicación sobre cómo iba a operar el proceso penal acusatorio, lo cual diluyó la emoción y sensación del cambio no solo por la falta de información, sino también por su prolongada implementación en todo el país (algo más de 13 años), a lo que se aunó la desinformación proveniente de los medios de comunicación que atribuían a la reforma las libertades, las penas mínimas o excesivas, así como la demora en los procesos.
Toda tarea de la Administración Pública va a requerir de la publicidad, apreciando ventajas como la transparencia y el control, de cuyo ámbito no escapan las entidades que administran justicia. La discusión surge a partir de determinar en qué medida se debe aplicar en este ámbito sin poner en riesgo algunos bienes relevantes como la eficacia en la investigación o evitar la obstrucción de las indagaciones, o facilitar la existencia de “juicio paralelos o mediáticos”. Por otro lado, la publicidad del proceso inevitablemente va a conllevar a la formación de la opinión o crítica pública, la cual genera otro punto de discusión en tanto deber de ser escuchada o ignorada por los jueces en resguardo de su independencia. El tercer y último punto de discusión surge a partir de reconocer la imposibilidad constitucional y convencional de imponer límites a la libertad de expresión, pero sí fortalecer los aparatos institucionales de información que deben permitir entender mejor la reforma procesal, especialmente las decisiones adoptadas.
A partir de lo antes expuesto, hemos llegado a las siguientes conclusiones:
- La publicidad en los procesos penales opera como una garantía fundamental que beneficia el control y la trasparencia en el ejercicio del poder punitivo. Además, fortalece a la opinión pública, que podrá acceder y conocer el acontecer de algunos procesos penales.
- La implementación de un “juicio mediático” es inevitable mientras no existan reglas que de modo preventivo o a priori establezcan límites al ejercicio de la libertad de expresión. Esto no es posible en el caso peruano, ya que nuestra Constitución consagra la prohibición de la censura previa.
- El juicio mediático o paralelo no podrá imponerse al juicio formal e institucionalizado debido a la carencia de una serie de aspectos como las garantías de un debido proceso, la reglas previas para un adecuado ejercicio de la defensa y los argumentos que sustentan sus posiciones, más allá de simples motivaciones.
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