Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/penal/penal-I/2013/as201311366.html
Timestamp: 2019-03-22 18:52:44
Document Index: 132774690

Matched Legal Cases: ['artículo 337', 'artículo 337', 'artículo 1538', 'artículo 1538', 'artículo 1538', 'artículo 1538', 'artículo 370', 'artículo 169', 'artículo 370', 'artículo 417', 'artículo 370', 'artículo 169', 'artículo 42', 'artículo 418', 'artículo 337']

as201311366
AUTO SUPREMO Nº. 366/2013
EXPEDIENTE: La Paz 259/2013
PARTES PROCESALES: Ministerio Público, Rubén Valencia, Sara Calle contra Norberto Laura Condori
VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Rubén Valencia y Sara Calle (fs. 1.124 a 1.130), impugnando el Auto de Vista Nro. 72 emitido el 11 de septiembre de 2013 por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (fs.1.107 a 1.109), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público y acusación particular de los recurrentes contra Norberto Laura Condori por la presunta comisión del delito de estelionato, previsto y sancionado por el artículo 337 del Código Penal.
Sustanciado el juicio, el Tribunal Cuarto de Sentencia de la ciudad de El Alto del departamento de La Paz, que conoció esa causa, pronunció la Sentencia Nro.102 de 7 de mayo de 2013 (fs.885 a 891), declarando al procesado Norberto Laura Condori, autor y culpable de la comisión del delito de estelionato, previsto y sancionado por el artículo 337 del Código Penal, condenándolo a la pena de cinco años de reclusión, a ser cumplida en la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad de La Paz, con costas a favor del Estado y reparación del daño civil a la víctima, averiguables en ejecución de sentencia.
Contra dicha sentencia el imputado Norberto Laura Condori interpuso recurso de apelación restringida (fs. 1.069 a 1.080), resuelto mediante Auto de Vista Nro.72 de 11 de noviembre de 2013 (fs.1.107 a 1.109), pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró procedentes los motivos relativos a los vicios de la sentencia e improcedente respecto a la fundamentación de la pena y decretó la nulidad total de la sentencia e instruyó el reenvío del juicio por otro Tribunal de Sentencia; ocasionando que los acusadores particulares Rubén Valencia y Sara Calle interpongan el recurso de casación (fs. 1.124 a 1.130), que es motivo de autos.
Que los impugnantes aducen los siguientes motivos:
1. Fundamentación insuficiente del Auto de Vista Nro. 72/2013; al epígrafe, los impugnantes Rubén Valencia y Sara Calle aluden que la fundamentación expresada por los de Alzada en el considerando III del Auto de Vista Nro.72/2013 de 11 de septiembre –misma que transcriben parcialmente- no es clara, ni concreta y por el contrario, tergiversa el artículo 1538 del Código Civil, debido a que lo analizan contraviniendo las reglas de la sana crítica, porque lo “fundamentan con falacias, doble sentido, paralogismos” (sic), como los que señalan en el considerando III, párrafo cuarto del Auto de Vista, al afirmar que: “siendo insuficiente la motivación el porqué se subsumiría a un delito tomando en cuenta que no habría surtido efectos, por lo que, se contradicción de la ley en lo que hace a la tipificación, analizando la propia sentencia, es decir o se está ante un hecho configurativo de delito o no, siendo imposible las dos posiciones conjuntas” (sic), destacan que según el precedente contractorio establecido en el Auto Supremo Nro. 214 de 28 de marzo de 2007, emitido por la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema (concordante con el Auto Supremo Nro. 61 de 7 de marzo de 2013, también emitido por la misma Sala), “una resolución resulta insuficientemente motivada cuando en el caso concreto …se detectan vicios de razonamiento o de demostración (falacias o paralogismos), en todo caso la redacción debe guardar claridad explicativa…garantizando el derecho de la parte recurrente, corresponde dejar sin efecto el fallo recurrido” y que: “Para demostrar la violación a las reglas de la sana crítica es preciso que la motivación de la sentencia (Auto de Vista) esté fundada por un hecho no cierto, que invoque afimaciones imposibles o contrarias a las leyes de la lógica, la ciencia o que se refiera a un hecho que sea contrario a la experiencia común, que analice arbitrariamente un elemento de juicio” (textual); resaltando como hecho similar, que el Auto de Vista no puede fundamentar su resolución con afirmaciones contrarias a la ciencia, en este caso del Derecho, y que analice arbitrariamente un elemento de juicio, tal como el Tribunal de Alzada lo ha hecho al tergiversar el artículo 1538 del Código Civil, el cual fue transcrito en la sentencia, con el propósito de darle sustento legal y al haber el Tribunal de Apelación tergiversado dicha disposición legal, aplicando solamente una parte del mismo, referida a que un derecho real no surte efecto contra terceros si no desde su inscripción en el Registro de Derechos Reales y no añadir a dicho entendimiento que los contratos de transferencia de inmuebles sí surten efectos entre las partes contratantes. Consideran que el Tribunal ha contradicho la doctrina legal aplicable establecida en los precedentes que invocan, porque “la sentencia ha fundamentado legal y adecuadamente la tipificación del delito y su motivación, no existiendo insuficiencia al respecto y por lo tanto no es susceptible de anulación” (sic).
2. Insuficiente fundamentación del Auto de Vista Nro. 72/2013 acerca de la motivación de la Sentencia; bajo dicho subtítulo, trancribiendo parte del párrafo quinto del considerando II del Auto de Vista recurrido, los impugnantes aluden que en dicho párrafo claramente se nota la confusión en que incurre el Tribunal de Apelación, porque no analiza el contexto del artículo 1538 del Código Civil, debido a que si bien destacan la conducta antijurídica del querellado, “pero en el segundo punto hacen referencia a un ámbito civil donde los efectos no surten sino entre las partes” (sic), precisando los señalados recurrentes que, como lo tienen señalado, las dos compra ventas realizadas surten efectos entre las partes contratantes y que debido a ello el Tribunal de Sentencia concluyó que la conducta del querellado es antijurídica y típica en el delito de estelionato, porque no existe la posibilidad de que un acto jurídico (compra venta) no surta efectos jurídicos entre las partes, por lo que al haber el Tribunal de Alzada tomado en cuenta solo una parte del artículo 1538 del Código Civil, cuando debió enunciar todo lo normado por el mismo, para dar una “correcta aplicación de la (supuesta) contradicción de la sentencia” (sic), han actuado en contradicción a la doctrina legal aplicable sentada en el Auto Supremo Nro. 214 de 28 de marzo de 2007, del cual vuelven a transcribir parte de su doctrina, ya transcrita en el primer motivo del recurso, destacando que en virtud de ella “la fundamentación y motivación de un fallo de alzada debe ser claro, conciso, circunscribirse a la sana crítica, evitando efectuar “afirmaciones imposibles o contrarias a las leyes de la lógica, la ciencia, que analice arbitrariamente un elemento de juicio” (sic).
3. Valoración intelectiva de evidencias; aludiendo y transcribiendo parte de los fundamentos contenidos en el párrafo sexto del Auto de Vista recurrido, señalan que seguramente por las recargadas labores del Tribunal de Apelación, no leyeron los puntos V y VI de la Sentencia, referidos a la fundamentación probatoria y valoración intelectiva de evidencias, donde consta que el Tribunal de Sentencia sí procedió a compulsar toda la prueba testifical y documental que le llevó a determinar que el procesado adecuó su conducta al delito de estelionato, entre ellas, las declaraciones de Lucía Laura Condori, Juan Román Laura Quispe, Tomasa Quispe de Laura y las literales de cargo MP-3, MP-4, MP-6, MP-7, MP-8, MP-10, MP-11, MP-13 y de descargo PD-4, PD-5, PD-10, PD-11, PD-15, PD-16 y PD-18, destacando que “no es evidente lo que asevera el Auto de Vista No. 72/2013, en cuanto a que no se valoró cada una de las pruebas y que no se habría insertado con qué pruebas o prueba se demostraría los aspectos cuestionados y que la sentencia sea condenatoria” (sic), lo que según los impugnantes, contradice la doctrina legal establecida por el Auto Supremo Nro. 214 de 28 de marzo de 2007, que transcriben en parte, precisando que “si la sentencia se encuentra debidamente respaldada e individualizada por pruebas de cargo, entonces la resolución del Tribunal de Alzada de anular la sentencia vulnera el principio del debido proceso, que es garantía constitucional” (textual), al respecto indican que debe aplicarse lo determinado por el artículo 370 incisos 5) y 8) del Código de Procedimiento Penal, con relación al artículo 169 incisos 3) y 4) del mismo Código.
4. Auto de Vista Nro. 72/2013 no fundamenta la posible vulneración de derechos fundamentales en la Sentencia; bajo dicho subtítulo, indican que los de Alzada en el párrafo octavo del considerando III del Auto de Vista recurrido, concluyen que la Sentencia apelada incurrió en falta de fundamentación y que por ello vulneró el inciso 5) del artículo 370 del Código de Procedimiento Penal; sin embargo, según los impugnantes, dicho Tribunal debió también explicar, exponer y demostrar objetivamente la vulneración de derechos fundamentales o constitucionales, que se hubiera ocasionado con la imaginaria falta de valoración y fundamentación insuficiente de la sentencia “porque para anular la sentencia que implica la anulación de todo el juicio oral, deberían demostrar que esa resolución vulnera derechos fundamentales, no pudiendo anular por anular, si no existe vulneración al principio del debido proceso y las garantías constitucionales, aspecto que no lo efectúan” (sic), por ello, acusan que el fallo impugnado contradice la doctrina legal establecida en el Auto Supremo Nro. 41 de 30 de marzo de 2012, emitida por la Sala Penal Liquidadora del Tribunal Supremo, de la cual transcriben y destacan parte de su doctrina legal, relativa a que el error o inobservancia de procedimiento será calificado como lesivo a la garantía del debido proceso y consiguientemente será anulable, solo en aquellos casos en que provoquen indefensión material a la parte que los denuncia y sea determinante para la decisión judicial adoptada, encontrándose los Tribunales de Alzada obligados de establecer objetivamente la vulneración de derechos fundamentales para disponer la anulación de la sentencia y la reposición del juicio. Precisando que han demostrado que el “Ad quem ha contradicho el precedente invocado, debido a que no fundamentan la vulneración de derechos fundamentales en la sentencia” (sic).
Concluyen solicitando se deje sin efecto el Auto de Vista recurrido, por existir contradicción con los precedentes invocados y se disponga que el Tribunal de Apelación emita uno nuevo conforme a la doctrina legal aplicable a pronunciarse, con costas.
Así mismo, de manera extraordinaria, únicamente ante denuncias expresas de vulneración flagrante a derechos y/o garantías constitucionales que devienen en defectos absolutos y nulidad de actos procesales, este Tribunal, resuelve sobre la base de los derechos alegados como violados y las acciones u omisiones descritas como conculcatorias de esos derechos, no siendo suficiente invocar la vulneración a derechos y garantías constitucionales o defectos absolutos; sino, acreditar de manera concreta y precisa el daño sufrido, por lo que las denuncias deben encontrarse debidamente fundamentadas para ser atendidas, caso contrario, el máximo Tribunal de Justicia a momento de resolver en el fondo, no puede resolver en base al derecho objetivo. El incumplimiento de estos requisitos por parte del recurrente, impide abrir la competencia del Máximo Tribunal de Justicia.
Conforme a las consideraciones precedentemente señaladas y analizados los argumentos expuestos por los recurrentes, éste Máximo Tribunal arriba a las siguientes conclusiones:
I. Los impugnantes Rubén Valencia y Sara Calle fueron notificados con el Auto Complementario del Auto de Vista impugnado, el día 5 de noviembre de 2013 (fs. 1.112) y presentaron el recurso de casación el día 8 del mismo mes y año, es decir, dentro del plazo de los cinco días previsto por el artículo 417 del Código de Procedimiento Penal. No anexaron copia de la apelación restringida, no estando obligados a hacerlo, debido a que la sentencia de mérito les fue favorable.
Respecto al primer motivo del recurso, relativo a que en el Auto de Vista, según los impugnantes, existe insuficiencia de fundamentación, debido a que los de Alzada para anular la sentencia recurrieron a falacias, argumentos de doble sentido y paralogismos, como los expresados en el considerando III, párrafo cuarto del fallo recurrido y que por ello, la referida resolución es contradictoria al Auto Supremo Nro. 214 de 28 de marzo de 2007 (concordante con el Auto Supremo No. 61 de 7 de marzo de 2013); se tiene que los señalados impugnantes precisan sutilmente el hecho similar y la supuesta contradicción que existiría entre el Auto de Vista recurrido y el Auto Supremo Nro. 214 de 28 de marzo de 2007, por lo que el presente motivo deviene en admisible, pero sólo para la labor de contraste respecto al citado Auto Supremo, más no así respecto al Auto Supremo Nro. 61 de 7 de marzo de 2013, que sólo proceden a citarlo.
Con relación al segundo motivo del recurso, titulado insuficiente fundamentación del Auto de Vista Nro. 72/2013 acerca de la motivación de la Sentencia, cuyos fundamentos han sido desarrollados en el CONSIDERANDO II del presente Auto Supremo y que se encuentran íntimamente ligados al primer motivo del recurso, los impugnantes Rubén Valencia y Sara Calle, también precisan sutilmente el hecho similar y la supuesta contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el Auto Supremo Nro. 214 de 28 de marzo de 2007, por lo que este motivo también se admite.
Respecto al tercer motivo del recurso, subtitulado, valoración intelectiva de evidencias, los impugnantes acusan que el Auto de Vista impugnado es contradictorio al Auto Supremo Nro. 214 de 28 de marzo de 2007, porque los de Alzada para anular la sentencia concluyeron que en la sentencia no existe valoración fundamentada de la prueba, siendo dicha argumentación una falacia, debido a que, en los puntos V y VI de la sentencia sí se valoró la prueba testifical y documental de cargo y de descargo para determinar la culpabilidad del acusado, por ello, entienden que los de Alzada vulneraron el principio del debido proceso, correspondiendo aplicarse lo establecido en el artículo 370 incisos 5) y 8), con relación al artículo 169 incisos 3) y 4) del Código de Procedimiento Penal; al respecto, precisan sutilmente el hecho similar (que el Tribunal de Apelación no puede recurrir a falacias –se entiende mentiras- para anular la sentencia y disponer el reenvío del juicio) y la supuesta contradicción existente entre el Auto de Vista recurrido y el presente invocado (que el Tribunal de Alzada, sin revisar los puntos V y VI de la sentencia, para anular la sentencia y disponer el reenvío del juicio, señaló falsamente que en la sentencia no se valoró cada una de las pruebas, lo que vulnera el principio del debido proceso), por lo que este motivo también se admite.
Por último, con relación al cuarto motivo, subtitulado, el Auto Nro. 72/2013 no fundamenta la posible vulneración de derechos fundamentales en la Sentencia, los recurrentes, en base a los fundamentos descritos en el CONSIDERANDO II de la presente resolución, refieren que el Auto de Vista recurrido es contradictorio al Auto Supremo Nro. 41 de 30 de marzo de 2012, emitido por la Sala Penal Liquidadora del Tribunal Supremo, del cual transcriben parte de su doctrina legal, relativa a que el error o inobservancia de procedimiento será calificado como lesivo a la garantía del debido proceso y consiguientemente será anulable, solo en aquellos casos en que provoquen indefensión material a la parte que los denuncia y sea determinante para la decisión judicial adoptada, encontrándose los Tribunales de Alzada obligados de establecer objetivamente la vulneración de derechos fundamentales para disponer la anulación de la sentencia y la reposición del juicio; al respecto, los impugnantes también precisan el hecho similar (que el Tribunal de Apelación se halla obligado de establecer la vulneración de derechos fundamentales para anular la sentencia y disponer el reenvío del juicio) y la supuesta contradicción existente entre el Auto de Vista recurrido y el precedente invocado (que en el caso, los de Alzada, no establecieron la existencia de vulneración a derechos fundamentales en la sentencia anulada), por lo que este motivo también deviene en admisible.
POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación de la disposición contenida en el artículo 418 del Código de Procedimiento Penal, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Rubén Valencia y Sara Calle (fs. 1.124 a 1.130), impugnando el Auto de Vista Nro. 72 emitido el 11 de septiembre de 2013 por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (fs. 1.107 a 1.109), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público y acusación particular de los recurrentes contra Norberto Laura Condori por la presunta comisión del delito de estelionato, previsto y sancionado por el artículo 337 del Código Penal.