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Timestamp: 2018-05-27 15:14:21
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Matched Legal Cases: ['artículo 455', 'artículo 2', 'artículo 416', 'artículo 413', 'artículo 413', 'artículo 178', 'artículo 93', 'artículo 12']

Miércoles, 21 de Septiembre de 2016 20:14
"....La casación del fallo condenatorio por el delito de rebelión que devolvió la libertad a un profesor de sociología de la Universidad Nacional, capturado como consecuencia de información ilegal obtenida de los archivos electrónicos de alias Raúl Reyes, fue el escenario para que la Sala Penal recordara los criterios que permiten admitir una prueba derivada de una ilegal.
En efecto, el alto tribunal advirtió que en estos casos debe demostrarse que el denominado “efecto espejo” se proyecta en aquellas, siempre que se acredite una muy estrecha relación, inescindible entre una y otras, siendo capaz de lesionar la misma garantía. (Lea: Cadena de custodia defectuosa no siempre afecta legalidad de pruebas)
No obstante, advirtió que debe verificarse si se evidencian los criterios para tener como admisible la prueba derivada de una primaria excluida por ilegal, los cuales fueron acogidos en el artículo 455 de la Ley 906 del 2004 y por la jurisprudencia: la fuente independiente, el vínculo atenuado y el descubrimiento inevitable.
El mismo fallo recordó que, por regla general, la cláusula de exclusión opera respecto de la prueba ilícita y la ilegal.
Así, explicó que en uno u otro caso las consecuencias jurídicas son diversas. Invariablemente la prueba ilícita debe ser excluida del conjunto de medios de convicción obrantes en el proceso, sin que puedan exponerse argumentos de razón práctica, de justicia material, de gravedad de los hechos o de prevalencia de intereses sociales para descartar su evidente ilegitimidad. (Lea: Sanción disciplinaria por incorporar pruebas falsas aplica sin importar resultado del proceso penal)
Tratándose de la prueba ilegal, en cambio, corresponde al funcionario realizar un juicio de ponderación, en orden a establecer si el requisito pretermitido es fundamental en cuanto comprometa el derecho al debido proceso, en el entendido de que la simple omisión de formalidades y previsiones legislativas insustanciales no conduce a su exclusión, precisó el alto tribunal.
Ahora, así como una prueba ilícita o ilegal sustancial debe ser excluida, de igual manera el medio probatorio que de ella se derive debe correr la misma suerte, esto es, ser objeto de la cláusula de exclusión, asunto que en la doctrina anglosajona es abordado en la conocida teoría del fruto del árbol envenenado, en virtud del “efecto espejo”, “dominó” o también llamado “reflejo”.
Finalmente, señaló que la prueba ilícita que resulta nula por vulneración de los derechos fundamentales no produce efecto alguno, su ineficacia se extiende a todas sus consecuencias y contamina otros medios de convicción que de ella se deriven.
Por su parte, la prueba ilegal que debe ser excluida cuando el rito omitido en su recaudo, aducción o aporte es esencial proyecta sus efectos a otro medio probatorio derivado, siempre que se acredite una muy estrecha relación inescindible entre una y otras, siendo capaz de lesionar la misma garantía (M. P. Luis Antonio Hernández).
Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Sentencia SP-121582016 (45619), 08/31/16
Última actualización el Miércoles, 21 de Septiembre de 2016 20:16
Miércoles, 21 de Septiembre de 2016 20:06
Con 25 votos a favor, fue aprobado en penúltimo debate el proyecto de ley 048/15S-171/15C, que definiría la categoría de contravenciones como conductas punibles de menor lesividad e incluiría las que requieren querella dentro de un procedimiento penal especial abreviado; además, regularía la figura del acusador privado.
La iniciativa pretende reformar el Código de Procedimiento Penal en lo pertinente a las contravenciones penales; así, es importante aclarar que no tienen que ver con las contravenciones del Código de Policía, en el que se regulan conductas sociales menos graves, pues las penales buscan resolver actos que ya han causado daños a un bien jurídico tutelado.
En caso de convertirse en ley, habría un procedimiento especial abreviado, con una audiencia concentrada que reúna la audiencia de acusación y la audiencia preparatoria actual, para que la etapa de conciliación, la posibilidad de que el procesado se allane a los cargos y se presente el material probatorio sea una sola. Posterior a esta audiencia concentrada se realizaría una audiencia de juicio oral y en lugar de la audiencia de lectura de fallo este se comunicaría en forma escrita a las partes. Así, se reducirían a dos las audiencias de las de cinco existentes en el proceso penal ordinario.
Otro aspecto importante de la iniciativa es la regulación de la figura del acusador privado, establecida en el artículo 2º del Acto Legislativo 06 del 2011, lo que permitirá asumir a la víctima la condición de investigador, en el caso de las contravenciones penales y cuando así lo solicite al fiscal del caso.
De esta manera, podrán solicitar la conversión de la acción pública en acción privada las mismas personas que se entienden como querellantes legítimos. Cuando se trate de múltiples víctimas, deberá existir acuerdo entre todas ellas sobre la conversión de la acción penal. El acusador privado haría las veces de fiscal.
Algunas de las conductas calificadas como delitos menores según el proyecto son las lesiones contravencionales culposas; la omisión de socorro; la violación de habitación ajena; la violación a la libertad religiosa; la injuria; la calumnia y el hurto contravencional, que será el que se ejecute contra cosa mueble ajena cuya cuantía no exceda de 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Contravenciones contra la impartición de justicia
Llama la atención que el proyecto pide reformar la Ley 599 del 2000 (Código Penal) para que tenga un nuevo título sobre las contravenciones contra la eficaz y recta impartición de justicia.
Así, la falsa autoacusación, que ocurre cuando alguien ante una autoridad se declara autor o partícipe de una conducta típica que no ha cometido, o en cuya comisión no ha tomado parte, tendría prisión de 16 a 36 meses.
Además, la infidelidad a los deberes profesionales se castigaría con prisión de 16 a 72 meses. La anterior conducta se describe así: cuando el apoderado o mandatario en un asunto judicial o administrativo, por cualquier medio fraudulento, “perjudique la gestión que se le hubiere confiado, o que en un mismo o diferentes asuntos defienda intereses contrarios o incompatibles surgidos de unos mismos supuestos de hecho”. Se castigaría con prisión de 16 a 72 meses. Si la conducta se realiza en asunto penal, la pena imponible se aumentaría hasta en una tercera parte.
Otras nuevas conductas de este título permitirían multas por el favorecimiento culposo de la fuga o el favorecimiento contravencional.
Para el Ministro de Justicia, Jorge Eduardo Londoño, con este proyecto se busca que en menos de seis meses puedan resolverse delitos querellables tales como lesiones personales, injuria, calumnia, abuso de confianza y estafa, esta última por cuantías inferiores a 150 salarios mínimos mensuales.
“En nuestro procedimiento penal se tramita lo mismo un genocidio que un hurto, no porque el hurto sea menos importante que el genocidio, sino porque su investigación es menos compleja. Entonces, se hace necesario que a este procedimiento se le dé un poco de agilidad”, aseguró Londoño mediante comunicado.
Ministerio de Justicia, comunicado, Sep. 20/16
Última actualización el Miércoles, 21 de Septiembre de 2016 20:09
Miércoles, 21 de Septiembre de 2016 20:11
"..Un auto de la Sala Penal de la Corte Suprema advirtió que el “acto” constitutivo de abuso de autoridad contenido en el artículo 416 del Código Penal no puede consistir en “resolución, dictamen o concepto” emitido por un servidor público en ejercicio de sus funciones. (Lea: La modalidad dolosa se debe demostrar para configurar el prevaricato por acción)
Según el alto tribunal, si la conducta denunciada como arbitraria es de aquellas contempladas en el artículo 413 del Código Penal, artículo destinado al punible de prevaricato, entre las cuales se encuentran contempladas las providencias judiciales, la tipicidad no se examina con “abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto” sino con “prevaricato por acción”.
Lo anterior por cuanto el primero mencionado está consagrado para prever la arbitrariedad perpetrada por servidor público mediante algún “acto” distinto a los precitados y siempre que su manifiesta ilegalidad no sea constitutiva de otra conducta punible, pues de ser así también se descarta su aplicación por motivos de especialidad y subsidiariedad, indicó. (Lea: Conozca las diferencias entre los delitos de abuso de función pública y prevaricato por acción)
A su vez, como el delito de prevaricato por acción, previsto en el artículo 413 del Código Penal, comporta en su estructura objetiva el proferir o dictar una (i) resolución, (ii) dictamen o (iii) concepto; en ausencia de estos pronunciamientos no es factible la configuración del mencionado tipo penal (M. P. José Francisco Acuña).
CSJ Sala Penal, Auto AP-48352016 (47806), 25/07/16
Última actualización el Miércoles, 21 de Septiembre de 2016 20:12
Jueves, 15 de Septiembre de 2016 21:05
"..La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia recordó que para configurarse el delito de tortura establecido en el artículo 178 del Código Penal (Ley 599 del 2000) no se requiere que el dolor o el sufrimiento ocasionado a una persona sea grave, sino que para estructurar este tipo penal basta que este dolor físico o síquico persiga los fines señalados en él.
Además, se requiere que sea un acto expiatorio por un hecho cometido o que se sospecha se ha cometido, o de presión o amenaza por razón de algún tipo de discriminación que afecte la autonomía sin importar los grados o la intensidad. (Lea: El caso del estudiante de Derecho imputado por amenazar a su profesora de consultorio jurídico)
Lo precedente conforme a la Sentencia C-148 del 2005, que declaró la inexequibilidad de la expresión “graves” del artículo citado, al verificar que con este aparte se transgrede notoriamente la Convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura y consecuencialmente el artículo 93 de la Constitución Política superior.
Así mismo, porque el artículo 12 constitucional no hace ninguna diferencia sobre la prohibición de la tortura que se fundamenta además en el respeto de la dignidad humana (M. P. Luis Guillermo Salazar).
Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Sentencia SP-94772016 (42129), 07/13/16..."
Última actualización el Jueves, 15 de Septiembre de 2016 21:07