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Timestamp: 2020-07-11 21:49:48
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Matched Legal Cases: ['artículo 189', 'artículo 59', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 22', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 7', 'artículo 2']

BOE.es - Documento DOUE-L-1997-80448
Documento DOUE-L-1997-80448
«DOCE» núm. 84, de 26 de marzo de 1997, páginas 22 a 31 (10 págs.)
DOUE-L-1997-80448
Visto el dictamen del Instituto Monetario Europeo,
De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 189 B del Tratado, a la vista del texto conjunto aprobado por el Comité de conciliación el 18 de diciembre de 1996,
(1) Considerando que, el 10 de mayo de 1993, el Consejo aprobó la Directiva 93/22/CEE relativa a los servicios de inversión en el ámbito de los valores negociables; que dicha Directiva constituye un instrumento esencial para la realización del mercado interior en el sector de las empresas de inversión;
(6) Considerando que, de no existir dicha armonización mínima, los Estados miembros de acogida podrán considerar justificada, en aras de la protección del inversor, la exigencia de la participación en sus sistemas de indemnización de las empresas de inversión de los demás Estados miembros que operen a través de una sucursal o mediante la libre prestación de servicios y no estén adheridas a ningún sistema de indemnización de los inversores en su Estado miembro de origen o cuando participen en un sistema que no ofrezca una protección considerada equivalente; que dicha exigencia podría crear dificultades con respecto al funcionamiento del mercado Interior,
(7) Considerando que, aunque la mayor parte de los Estados miembros disponen
actualmente de sistemas de indemnización de los inversores, la mayoría no disponen de sistemas cuyo ámbito de aplicación abarque a todas las empresas de inversión titulares de la autorización única prevista por la Directiva 93/22/CEE;
(9) Considerando que la definición de empresa de inversión incluye a las entidades de crédito autorizadas para prestar servicios de inversión; que también debe exigirse a dichas entidades de crédito su participación en un sistema de indemnización de los inversores con respecto a sus operaciones de inversión; que, sin embargo, no es necesario exigir a dichas entidades de crédito que se adhieren a dos sistemas distintos cuando un único sistema cumpla simultáneamente los requisitos de la presente Directiva y de la Directiva 94/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 1994, relativa a los sistemas de garantía de depósitos; que, en el caso de las empresas de inversión que sean entidades de crédito, puede resultar difícil, en determinados casos, distinguir entre depósitos contemplados en la Directiva 94/19/CE y los fondos depositados en relación con operaciones de inversión; que se debe ofrecer a los Estados miembros la posibilidad de determinar cuál de las dos Directivas debe aplicarse a tales depósitos y fondos;
(11) Considerando que un nivel mínimo armonizado de indemnización de 20 000 ecus por inversor debería ser suficiente para proteger los intereses del pequeño inversor en el caso de que la empresa de inversión no esté en condiciones de cumplir sus obligaciones respecto de sus clientes inversores; que parece razonable, en consecuencia, fijar el nivel mínimo armonizado en 20 000 ecus; que, como en la Directiva 94/19/CE, podrían ser necesarias disposiciones transitorias limitadas para permitir que los sistemas de indemnización respeten dicha cifra, lo cual se aplica también a los Estados miembros que, en el momento de la adopción de la presente Directiva, no
dispongan de un sistema de ese tipo;
(13) Considerando que, para incitar al inversor a que dé muestra de discernimiento al elegir la empresa de inversión, es razonable autorizar a los Estados miembros a que exijan al inversor que soporte una parte de la pérdida; que, no obstante, el inversor debe estar cubierto, como mínimo, en un 90% de su pérdida siempre que la indemnización abonada no alcance el mínimo comunitario;
(18) Considerando que en varios Estados miembros los sistemas de indemnización de los inversores están bajo la responsabilidad de
organizaciones profesionales; que existen, en otros Estados miembros, sistemas establecidos y regulados legalmente; que esta diversidad de régimen jurídico sólo plantea un problema en lo que se refiere a la adhesión obligatoria al sistema y a la exclusión del mismo; que, por consiguiente, es necesario prever disposiciones que limiten las competencias de los sistemas a este respecto;
(22) Considerando, en principio, que la presente Directiva exige a todas las empresas de inversión que se adhieren a un sistema de indemnización de los inversores; que las Directivas por las que se regula la admisión de empresas de inversión cuyo domicilio social se encuentre en un país tercero y, en particular, la Directiva 93/22/CEE permiten que los Estados miembros decidan si admiten que las sucursales de dichas empresas de inversión operen en su territorio y en qué condiciones; que dichas sucursales no se beneficiarán del régimen de libre prestación de servicios en virtud del párrafo segundo del artículo 59 del Tratado, ni de la libertad de establecimiento en Estados miembros distintos de aquél en el que estén establecidas; que, por consiguiente, el Estado miembro que admita a dichas sucursales debe decidir la forma de aplicar los principios de la presente Directiva a dichas sucursales, de conformidad con el artículo 5 de la Directiva 93/22/CEE y teniendo en cuenta la necesidad de proteger a los inversores y de asegurar la integridad del sistema financiero; que es esencial que los inversores que se dirijan a dichas sucursales estén plenamente informados de las disposiciones que les son aplicables en materia de indemnización;
(23) Considerando que no es indispensable armonizar en el marco de la presente Directiva los métodos de financiación de los sistemas de indemnización de los inversores, dado que, por un lado, los costes de financiación de estos sistemas deberían recaer, en principio, en las propias empresas de inversión y que, por otro, la capacidad financiera de dichos
sistemas debe ser proporcional a sus compromisos; que ello no debe, sin embargo, poner en peligro la estabilidad del sistema financiero del Estado miembro de que se trate;
- autorizada como entidad de crédito, de conformidad con la Directiva 77/780/CEE y la Directiva 89/646/CEE, cuya autorización abarque uno o más servicios de inversión de los enumerados en la sección A del Anexo de la Directiva 93/22/CEE;
2) «operaciones de inversión»: todo servicio de inversión tal como se define en el punto 1 del artículo 1 de la Directiva 93/22/CEE, así como aquellos a los que se hace referencia en el punto 1 de la sección C del Anexo de la mencionada Directiva;
5) «sucursal»: un establecimiento que constituya una parte sin personalidad jurídica de una empresa de inversión y que preste servicios de inversión para cuyo ejercicio la empresa de inversión haya recibido la oportuna
autorización; todos los establecimientos creados en un mismo Estado miembro por una empresa de inversión que tenga su domicilio social en otro Estado miembro se considerarán como una sola sucursal;
6) «operación» de inversión conjunta»: una operación de inversión efectuada por cuenta de al menos dos personas o sobre la cual al menos dos personas tengan derechos que puedan ejercerse con la firma de al menos una de esas personas;
7) «autoridades competentes»: las autoridades definidas en el artículo 22 de la Directiva 93/22/CEE; dichas autoridades podrán ser, en su caso, las que se definen en el artículo 1 de la Directiva 92/30/CEE del Consejo, de 6 de abril de 1992, relativa a la supervisión de las entidades de crédito de forma consolidadas.
- reembolsar a los inversores los fondos que se les adeuda o que les pertenecen y que la empresa tenga depositados por cuenta de aquellos en relación con operaciones de inversión, o
- restituir a los inversores todo instrumento que les pertenezca y que la empresa posea, administre o gestione por cuenta de aquellos en relación con operaciones de inversión,
4. Los Estados miembros podrán limitar la cobertura prevista en el apartado 1 o la contemplada en el apartado 3 a un determinado porcentaje del crédito del inversor. No obstante, el importe garantizado deberá ser igual o superior al 90% del citado crédito hasta que el importe que deba pagarse en
el marco del sistema alcance los 20 000 ecus.
Hasta el 31 de diciembre de 1999, ni el nivel, ni la extensión, incluido el porcentaje, de la cobertura prevista podrán ser superiores al nivel y a la extensión máximos de la cobertura propuesta por el sistema de indemnización correspondiente del Estado miembro de acogida en el territorio de este último. Antes de dicha fecha la Comisión elaborará un informe basado en la experiencia adquirida en la aplicación del presente párrafo y del apartado 1
del artículo 4 de la Directiva 94/19/CE citada y estudiará la necesidad de mantener dichas disposiciones. En su caso, la Comisión presentará una propuesta de Directiva al Parlamento Europeo y al Consejo encaminada a prolongar la validez de las mismas.
No obstante, los Estados miembros podrán prever que los fondos en monedas distintas de las de los Estados miembros y del ecu estén excluidos de la cobertura o tengan una cobertura más débil. Esta facultad no se aplicará a
3. No obstante el plazo estipulado en el apartado 2, cuando un inversor o cualquier persona que tenga derechos o un interés en una operación de inversión haya sido acusado de un delito relacionado con el blanqueo de capitales, tal como se define en el artículo 1 de la Directiva 91/308/CEE, el sistema de indemnización podrá suspender todos los pagos hasta tanto los
tribunales dicten sentencia.
Sin perjuicio de cualesquiera otros derechos que puedan tener en virtud del Derecho nacional, los sistemas que efectúen pagos con arreglo al sistema de indemnización de los inversores tendrán derecho a subrogarse en los derechos
de los inversores en los procedimientos de liquidación, hasta un importe equivalente al de los pagos que hayan realizado.
LISTA DE EXCLUSIONES A QUE SE REFIERE EL APARTADO 2 DEL ARTICULO 4
(contempladas en el párrafo quinto del apartado 1 del artículo 7)
b) el sistema del Estado miembro de acogida responderá a las solicitudes de indemnización complementaria tras haber obtenido información de las autoridades competentes del Estado miembro de origen de la. resolución o comprobación a que se refiere el apartado 2 del artículo 2. El sistema del Estado miembro de acogida conservará el pleno derecho de verificar los derechos de un inversor con arreglo a sus propias normas y procedimientos antes de abonar la indemnización complementaria;
c) los sistemas del Estado miembro de acogida y del Estado miembro de origen cooperarán sin reservas para garantizar que los inversores reciban rápidamente una indemnización y en la cuantía correcta. En particular, se pondrán de acuerdo sobre si la existencia de un derecho que pueda dar lagar
a una compensación con arreglo a uno de los sistemas afecta a la indemnización abonada al inversor por cada sistema;
Fecha de disposición: 03/03/1997
Fecha de entrada en vigor: 26/03/1997
Cumplimiento a más tardar el 26 de septiembre de 1998.
SE TRANSPONE, por Ley 37/1998, de 16 de noviembre (Ref. BOE-A-1998-26345).
DEROGA el art. 12 de la Directiva 93/22, de 10 de mayo (Ref. DOUE-L-1993-80813).
Directiva 94/19, de 30 de mayo (Ref. DOUE-L-1994-80715).
Directiva 91/308, de 10 de junio (Ref. DOUE-L-1991-80857).
Directiva 89/646, de 15 de diciembre (Ref. DOUE-L-1989-81559).