Source: https://psicolog.org/tribunal-segundo-de-sentencia-de-san-salvador-v2.html?page=3
Timestamp: 2020-04-03 11:16:51
Document Index: 56073139

Matched Legal Cases: ['artículo 68', 'Artículo 181', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 9', 'artículo 15']

VI.- ELEMENTOS DESCRIPTIVOS DEL TIPO PENAL DEL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO EN GRADO DE TENTIVA. -
VII. ADECUACION DE LA PENA.- A efecto de fijar la medida de la pena a imponer al imputado JOSE MAURICIO O. A.
En cuanto a la extensión del daño y del peligro efectivos provocados
En cuanto a los motivos que impulsaron el hecho
En cuanto a las circunstancias que rodearon al hecho y en especial, las económicas, sociales w culturales del autor
- COSTAS PROCESALES Y RESPONSABILIDAD CIVIL.
REVISADA LA SENTENCIA DEFINITIVA CONDENATORIA
A NOMBRE DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, FALLAMOS: A) MODIFICASE LA SENTENCIA Y CONDENASE
ROSMAN ERNESTO H. H.; B) CONDENASE
ROSMAN ERNESTO H. M.; D) ABSUELVASE
ACCION De acuerdo a la prueba obtenida en el presente caso se determina que el imputado JOSE MAURICIO O. A., realizó una acción afectando el bien jurídico tutelado como es la vida, ya que la víctima fue agredida con arma de fuego por parte del imputado, cuya intención era quitarle la vida, ya que recibió varios disparos de arma de fuego, los cuales le impactaron en diferentes partes del cuerpo, tal como consta con el reconocimiento medico legal de sangre y de sanidad, pero dicha acción por causas extrañas al sujeto activo no se pudo consumar.
TIPICIDAD: El comportamiento del imputado arriba mencionado, se adecua a los elementos descriptivos del tipo de Homicidio Agravado en grado de Tentativa, Art. 129 numero 3°, en relación con el Art. 24 ambos del Código Penal.
ANTIJURICIDAD: El hecho cometido por el imputado es contrario a las exigencias del ordenamiento jurídico, ya que no existe ninguna excluyente de responsabilidad que obre a su favor; determinándose que el móvil que lo llevó a cometer el delito que se conoce fue las rencias que tenia la victima con sujetos pertenecientes a la mara MS de Cuscatancingo, no determinándose con exactitud y claridad que clase de rencias.
CULPABILIDAD: Habiéndose demostrado que la conducta atribuida al imputado es típica y antijurídica, éste se hace acreedor de un reproche penal.
DOLO: Es obvio el aspecto cognoscitivo que tuvo el imputado de la ilicitud de sus acciones y la decisión de ejecutar las mismas; por lo que es evidente el dolo directo.
VII. ADECUACION DE LA PENA.-
A efecto de fijar la medida de la pena a imponer al imputado JOSE MAURICIO O. A., debe tomarse en cuenta los motivos que justifiquen la imposición de dicha pena, tal como lo establecen los Arts. 62, 63, y 64 Pn. y respecto a la segunda disposición citada, este Tribunal en el presente caso analiza: En cuanto a la extensión del daño y del peligro efectivos provocados: se ha determinado que el delito que se conoce constituye Homicidio Agravado en grado de Tentativa, Art. 129 numero 3°, en relación con el Art. 24 ambos del Código Penal, considerando que el imputado actuó con dolo; En cuanto a los motivos que impulsaron el hecho: en audiencia se determinó que el móvil que indujo al imputado a cometer tal delito fue las rencias que tenia con la victima, no determinándose con exactitud y claridad que clase de rencias; En cuanto a la mayor o menor comprensión del carácter ilícito del hecho: es de tomar en cuenta que el imputado es una persona mayor de edad, por lo que tiene el suficiente raciocinio y conciencia sobre lo ilícito de sus actuaciones; En cuanto a las circunstancias que rodearon al hecho y en especial, las económicas, sociales w culturales del autor: se debe tomar en cuenta que el hecho sucedió el día veintinueve de enero de dos mil seis, cuando la víctima se encontraba en la cancha de fútbol de la cancha del Reparto Santa Margarita II, del municipio de Cuscatancingo, aproximadamente a las tres de la tarde; este Tribunal denota además que el imputado es una persona de bajos recursos económicos y mediana educación; en cuanto a las circunstancias atenuantes y agravantes: este Tribunal no tiene ninguna que apreciar en el presente proceso penal, pues la misma ya forma parte del tipo penal que se conoce, tal como lo establece el Art. 129 numero 3° Pn.
Por todo lo anteriormente expuesto y estando el delito de Homicidio Agravado, sancionado con una pena que oscila entre treinta a cincuenta años de prisión; y siendo que en el presente caso es en grado de tentativa, por lo que de conformidad al artículo 68 del Código Penal la pena a imponer oscila entre la mitad del mínimo y la mitad del máximo del delito perfecto; por lo que la pena a imponer será entre quince a veinticinco años de prisión, este Tribunal considera procedente CONDENAR al imputado JOSE MAURICIO O. A., a cumplir la pena principal de DIECISEIS AÑOS DE PRISIÓN, por el referido delito, debiéndosele condenar por igual tiempo a la pérdida de los derechos de ciudadano de conformidad al Art. 58 numeral uno del Código Penal.
- COSTAS PROCESALES Y RESPONSABILIDAD CIVIL. -
Asimismo, y tomando en cuenta que de conformidad al Artículo 181 de la Constitución de la República, que expresa que la Administración de Justicia es gratuita, es procedente absolver a la parte perdidosa de las costas procesales; tomando en cuenta la naturaleza del hecho, el daño moral y físico ocasionado por el imputado José Mauricio O. A., a la víctima; este Tribunal considera procedente CONDENAR al imputado a pagar en concepto de Responsabilidad Civil la cantidad de MIL DÓLARES EXACTOS, por el delito de Homicidio Agravado en grado de Tentativa, los cuales deberán ser entregados a la víctima ROSMAN ERNESTO H. M.
REVISADA LA SENTENCIA DEFINITIVA CONDENATORIA, y habiéndole dado cumplimiento a lo que establece el Art. 434 Pr. Pn. en relación con el Art. 505, Pr. Pn., Vigente, el Tribunal considera lo siguiente: el penado José Mauricio O. A., con fecha cuatro de mayo de dos mil seis, fue condenado a cumplir una pena de DIECISEIS AÑOS DE PRISION, por lo que solicitó se le aplique la ley más favorable; este Tribunal deja constancia que el presente proceso también se instruyó en contra de otros procesados, los cuales fueron absueltos por el delito de Agrupaciones Ilícitas, en perjuicio de La Paz Pública, que se les atribuía, en virtud de ello, se omite este Tribunal, manifestarse al respecto.
El Tribunal ha analizado que efectivamente nuestra Constitución de la República en el artículo 21 prescribe que en materia penal debe aplicarse una ley de manera retroactiva solamente cuando sea favorable al delincuente, porque esto constituye una garantía para el ciudadano, en donde si el Estado ha decidido variar en cuanto a la gravedad o punibilidad de un hecho debe dársele los beneficios que traiga consigo la nueva ley, lo que es congruente con el valor justicia y el principio de igualdad que informa a nuestro ordenamiento jurídico; en ese mismo sentido se expresa la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al expresar que "Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello".
La RETROACTIVIDAD, según lo ha sostenido nuestra Sala de lo Constitucional, es la traslación de la vigencia de una norma jurídica creada en un determinado momento histórico, un momento anterior al de su creación, solo puede ser utilizada en los supuestos en que la Constitución lo autoriza y cuando ciertas condiciones sociales lo justifican por el legislador. La retroactividad se utiliza como recurso técnico de producción normativa, como una expresión del acto de voluntad de la ley, lo que implica indefectiblemente, que solo puede ser utilizada por el órgano que crea la ley.
Al respecto, el delito de Homicidio Agravado, tipificado en el Art. 129 No. 3° Pn., en esa fecha estaba sancionado con una pena que oscilaba entre treinta a cincuenta años de prisión, siendo que por juzgársele por un delito en modalidad de tentativa, la pena a imponer al procesado oscilaba entre la mitad del mínimo y la mitad del máximo, tal como lo prescribe el Art. 68 Pn., siendo en este caso en concreto de quince a veinticinco años de prisión, habiéndole impuesto al penados una pena con tendencia al mínimo; y tal como lo argumenta el penado O. A., el delito de HOMICIDIO AGRAVADO, según Decreto Legislativo Número MIL NUEVE de fecha veintinueve de febrero de dos mil doce, publicado en el Diario Oficial Número CINCUENTA Y OCHO, Tomo TRECIENTOS NOVENTA Y CUATRO del día veintitrés de marzo de dos mil doce, modifica la pena para este ilícito penal y lo sanciona con una pena que oscila entre VEINTE y TREINTA años de prisión, en consecuencia la pena en abstracto a imponer por el delito también se ve modificada, siendo que se sanciona entre DIEZ y QUINCE años de prisión.
Toda la legislación es congruente en el sentido de aplicar una ley de manera retroactiva cuando sea favorable al delincuente, así lo prescribe el artículo 21 de la Constitución de la República, la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en el artículo 9 parte final prescribe: "si con posterioridad a la comisión de el delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiara de ello"; el artículo 15 del Código Penal prescribe el supuesto especifico en el que nos encontramos, que al efecto dice: "si la promulgación de la nueva ley cuya aplicación resultare favorable al condenado se produjere antes del cumplimiento de la condena, deberá el tribunal competente modificar la sentencia en lo relativo a la pena de acuerdo a las disposiciones de la nueva ley".
Tomando en cuenta lo anterior y habiendo escuchado a ambas partes, quienes no opusieron objeción alguna, el Tribunal considera que debe de tomarse en cuenta en el presente caso, lo que establecen los Arts. 14 y 15 del Código Penal, en cuanto que corresponde la aplicación de una ley más favorable; asimismo en el presente caso, nos encontramos ante lo que establece el Art. 431 No. 6° Pr. Pn., por lo que habiendo escuchado los argumentos de las partes así como lo expuesto en el Recurso de Revisión de Sentencia Firme interpuesto por el condenado, este Tribunal estima procedente modificar la Sentencia Definitiva UNICAMENTE en cuanto a LA PENA IMPUESTA; y tomando en cuenta la pena mínima para esta infracción penal que es de diez años de prisión, considera procedente modificar la pena de dieciséis años de prisión e imponerle al penado una pena de DOCE AÑOS DE PRISION.
POR TANTO; con fundamento en el voto unánime, las razones expuestas, y los Arts. 11, 12, 21, 75 número 2°, 172 y 181 de la Constitución de la República; Art. 8.1 y 9 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos; Arts. 1, 4, 14, 15, 58 numeral 1°, 24, 62, 63, 64, 68, 114, 115 y 129 numeral 3° del Código Penal; Art. 1, 15, 43, 53 inciso 1° No. 1°, 130, 162, 330, 354, 356, 357, 359, 361; 431 No. 6° y 436 del Código Procesal Penal y Art. 505 del Código Procesal Penal Vigente, A NOMBRE DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, FALLAMOS: A) MODIFICASE LA SENTENCIA Y CONDENASE al procesado JOSE MAURICIO ORELLANA AGUIRRE, de generales antes expresadas en el preámbulo de esta sentencia a cumplir la pena principal de DOCE AÑOS DE PRISION, por el delito de HOMICIDIO AGRAVADO EN GRADO DE TENTATIVA, previsto y sancionado en el Art. 129 numero 3° en relación al Art. 24 Pn., en perjuicio de ROSMAN ERNESTO H. H.; B) CONDENASE por igual tiempo al procesado JOSE MAURICIO O. A., a la pérdida de los derechos de ciudadano como pena accesoria; C) CONDENASE al procesado JOSE MAURICIO O. A., a pagar la cantidad de MIL DOLARES EXACTOS, en concepto de Responsabilidad Civil, los cuales serán entregados a la víctima ROSMAN ERNESTO H. M.; D) ABSUELVASE al procesado JOSE MAURICIO O. A., del pago de Costas Procesales; D) A efecto de fijar con precisión la fecha exacta en que la pena finalizará y tomando en cuenta que dicho imputado fue detenido el día uno de marzo de dos mil seis, la pena total de DOCE AÑOS de prisión la cumplirá el día uno de marzo de dos mil dieciocho; F) Se hace constar que las disposiciones legales de carácter procesal mencionadas en el presente auto, corresponden al Código Procesal Penal derogado que entró en vigencia el día veinte de abril de mil novecientos noventa y ocho; todo de conformidad con el Art. 505 Inciso Final del Código Procesal Penal vigente; y G) Al quedar firme esta sentencia, remítanse las certificaciones correspondientes al Juzgado Primero de vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de esta Jurisdicción y al respectivo Centro Penal. NOTIFIQUESE.