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Timestamp: 2019-08-24 00:53:13
Document Index: 63504643

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 24', 'artículo 65', 'artículo 107', 'artículo 1', 'artículo 19', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4']

Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 23
RECIBIMIENTO A PRESIDENTE DEL CONSEJO FEDERAL DE LA REPÚBLICA ALEMANA
MODIFICACIÓN A LEY Nº 19.715 Y OTROS CUERPOS LEGALES EN MATERIA DE PLANES REGULADORES
RESPALDO A CAMPAÑA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN LA PAREJA Y A CREACIÓN DE TRIBUNALES DE FAMILIA. PROYECTO DE ACUERDO
TOPE DE GRADOS RESPECTO DE PROFESIONES DEDICADAS A SALUD PÚBLICA. OFICIOS
SITUACIÓN DE POBREZA EN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. OFICIOS
Sesión 23ª, en martes 14 de agosto de 2001
(De 16:19 a 18:20)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES ANDRÉS ZALDÍVAR, PRESIDENTE , Y MARIO RÍOS, VICEPRESIDENTE
APERTURADELASESIÓN
RAMITACIÓNDEACTAS
IV.CUENTA........................................................................................................
Acuerdos de Comités.............................................................
Proyecto de ley, en segundo trámite, que modifica la ley Nº 19.715, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, y otros cuerpos legales, en materia de planes reguladores (2680-06) (se aprueba en general)
Proyecto de ley, en primer trámite, sobre financiamiento urbano compartido (2651-14) (se aprueba en general)...............................................................
Respaldo a Campaña Nacional de Prevención de Violencia en la Pareja y a creación de Tribunales de Familia. Proyecto de acuerdo (S 573-12) (se aprueba)
Tope de grados respecto de profesiones dedicadas a salud pública. Oficios (observaciones del señor Bombal)....
Situación de pobreza en Región de La Araucanía. Oficios (observaciones del señor Lavandero)
--Se abrió la sesión a las 16:19, en presencia de 31 señores Senadores.
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 18ª, ordinaria, en 7 de agosto; 19ª, especial, 20ª, especial, secreta, y 21ª, ordinaria, en 8 de agosto, todas del presente año, que no han sido observadas.
Con el primero, comunica que ha dado su aprobación al proyecto de ley que cambia la gradualidad de la entrada en vigencia de la reforma procesal penal, con urgencia calificada de "suma" (Boletín Nº 2.766-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y a la de Hacienda, y se manda poner en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema.
Con el segundo, comunica que ha aprobado el proyecto de ley que otorga gratuidad en las atenciones de salud que requieran funcionarios de la atención primaria, afiliados al sistema público de salud, con urgencia calificada de "suma" (Boletín Nº 2756-11).
--Pasa a la Comisión de Salud y a la de Hacienda.
De la Comisión de Economía, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional e iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República , que regula la responsabilidad de los directores y limita las indemnizaciones en las empresas del Estado (Boletín Nº 2593-03).
Segundo informe de la Comisión de Salud, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional e iniciado en moción de los Senadores señora Matthei y señores Bombal, Ruiz-Esquide, Silva y Viera-Gallo, que regula el uso de perros guías, de señal o de servicio, por personas con discapacidad (Boletín Nº 2595-11).
Cuatro de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, recaídos en las solicitudes de rehabilitación de la ciudadanía de los señores Héctor Hernán Quintanilla Peña, Jorge Milton Mauricio Castro de la Barra, Javier Antonio Barrera Jeldes, y José Segundo Ojeda Aguayo (Boletines Nos. S 528-04; S 544-04; S 545-04 y S 563-04).
Propongo a la Sala que los cuatros últimos informes de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía a que se refirió el señor Secretario sean incluidos en la tabla de Fácil Despacho de la próxima sesión.
Los Comités, en sesión celebrada en el día de hoy, acordaron lo siguiente:
1.- Rendir homenaje en memoria de don Alejandro Hales en la sesión del martes 4 de septiembre próximo, al término del Orden del Día.
2.- Fijar como plazo para presentar indicaciones a los proyectos de ley sobre firma electrónica y el referente a la Contraloría General de la República, el día 11 de septiembre, a las 12.
En seguida, el Senado recibirá al señor Kurt Beck , Presidente del Consejo Federal de la República Federal de Alemania , cuya comitiva se encuentra en las tribunas.
--Conducido por el señor Edecán de la Corporación, el señor Beck hace su ingreso a la Sala.
Distinguido señor Presidente del Consejo Federal (Bundesrat) de la República Federal de Alemania , señores miembros de su comitiva, señor Embajador , señoras y señores Senadores:
Es un gran honor para mí, como Presidente de esta Corporación, desearle la más cordial bienvenida al Senado de la República. Hago extensivo este saludo afectuoso a cada uno de los integrantes de la comitiva que lo acompaña.
Es un agrado tenerlo hoy entre nosotros, porque su presencia tiene un profundo significado. Su visita no sólo refleja el espíritu de entendimiento y cooperación que existe entre Chile y la República Federal Alemana, sino que también es una demostración de la fluidez de las relaciones entre el Senado de Chile y el Consejo Federal que preside.
El Senado de Chile se siente muy honrado en recibirlo, señor Presidente , también en su condición de Jefe del Gobierno del Estado Federado de Renania-Palatinado, región señera del valle del Rhin. La historia y geografía han convertido ese Land en una activa región transfronteriza en pleno corazón de Europa, ocupando un lugar significativo entre los grandes actores de la economía y del comercio exterior de la República Federal de Alemania .
Chile ha compartido desde hace muchos años su senda con Alemania. No en vano a mediados del siglo XIX esforzados inmigrantes alemanes venidos, entre otros, de Hesse, Brandeburgo, Silesia y Westfalia, hicieron del sur de esta tierra chilena su nueva patria, abriendo con visión de futuro espacios de progresos y creatividad. Dentro de los miembros de este Senado se encuentran presentes también algunos descendientes de esos inmigrantes.
Con Alemania y Europa coincidimos en una misma visión del hombre y de la sociedad. Conceptos como el humanismo, la democracia, el Estado de Derecho, la observancia de los derechos humanos, la tolerancia, la equidad y el desarrollo social, son valores que defendemos y promovemos en común con especial ahínco.
Nuestros lazos políticos, históricos, culturales y económicos con el Viejo Continente han hecho de esta vinculación secular un preciado legado para nuestras generaciones futuras.
Si es así en lo político, lo es también en lo económico-comercial. Chile, como país abierto y diversificado, busca un sistema de relaciones privilegiadas con Alemania y Europa, en la perspectiva de fortalecer su equilibrada inserción económica en el mundo global que hoy vivimos. Y, en este contexto, la Unión Europea es para nosotros un socio fundamental, tanto en el comercio como en la cooperación internacional. De ahí la significación que como Parlamentarios atribuimos a la negociación que Chile está llevando adelante con este organismo internacional, para alcanzar una asociación política y económica, proceso en el cual el apoyo de la República Federal de Alemania es esencial y principal.
La reciente visita oficial a Berlín del Presidente de la República de Chile , don Ricardo Lagos , acompañado de una delegación de Senadores y representantes de diversas actividades del país, ha sido un paso concreto para reafirmar nuestra decisión de lograr que Alemania sea un socio relevante en las distintas áreas de nuestro quehacer.
Mucho hemos avanzado, pero debemos seguir trabajando, entre otros aspectos, por el incremento de la inversión alemana en Chile y por el fortalecimiento del intercambio cultural y científico-técnico entre ambos países.
Ésa es la voluntad que anima a todos quienes tenemos responsabilidad política, tanto en este cuerpo legislativo como también en el Gobierno, que no es otra que profundizar nuestros lazos de amistad y cooperación con Alemania y Europa y avanzar en el diseño de nuevas estrategias que permitan hacer frente, con sentido de futuro y de justicia social, a los crecientes desafíos del mundo globalizado que hoy vivimos.
Estoy cierto de que estos rasgos corresponden también a su visión de la Europa del siglo XXI y de sus relaciones con nuestra región y en particular con Chile.
Señor Presidente , queremos que con motivo de su visita se compenetre de la realidad de nuestra patria. Ésta es la de un Chile que avanza gracias al esfuerzo de todos, sin exclusiones, para tratar de fortalecer sus instituciones democráticas, para promover el pluralismo y el respeto de los derechos fundamentales de sus conciudadanos, profundizando los mecanismos de búsqueda del desarrollo social y de la equidad, modernizando las estructuras políticas, económicas y comerciales y con voluntad cierta de insertarnos con determinación en un mundo cada vez más interdependiente.
Quisiera terminar estas palabras de bienvenida formulando votos por el fortalecimiento del entendimiento y colaboración entre el Senado de Chile y el Bundesrat, como también por la amistad entre Chile y el Land de Renania-Palatinado, cuyas Presidencias usted dignamente ejerce. Formulo votos, asimismo, por el éxito de su gestión en las tan altas responsabilidades para las que ha sido electo, consciente de que ella se proyectará en un horizonte de acciones compartidas entre nuestras dos instituciones legislativas.
Señor Presidente Kurt Beck , en reconocimiento de la voluntad que nos anima, tengo el alto honor de imponerle, en nombre de todos quienes integramos esta Cámara Legislativa, la condecoración máxima al mérito del Senado de la República de Chile. Ella es símbolo de nuestra acción, de nuestra vocación democrática y testimonio de amistad que entregamos a quienes comparten con nosotros estos altos valores, los que no me cabe duda de que Su Señoría hoy día representa.
--El Honorable señor Andrés Zaldívar ( Presidente ) hace entrega de la distinción.
El señor KURT BECK ( Presidente del Consejo Federal de Alemania ).-
Distinguido señor Presidente , señoras y señores Senadores, señor Embajador , damas y caballeros:
Profundamente impresionado y lleno de agradecimiento recibo esta alta condecoración, consciente de que la tarea que nos habíamos propuesto adquiere mayor intensidad en nuestra conciencia, a saber, la tarea de intensificar la cooperación entre los pueblos chileno y alemán y los representantes de nuestros pueblos y de llevarlos a un nuevo tiempo, a un futuro.
Me parece que es tiempo de retomar e intensificar nuevamente las tradicionalmente buenas relaciones entre nuestros pueblos y manifestar nuestro respeto por la obra realizada aquí en Chile durante los últimos años. Han de saber que los alemanes sienten un alto respeto por la democratización llevada a cabo en este país, y han de saber también que miramos con profundo reconocimiento lo realizado en este tiempo en los aspectos económico, social y cultural.
La mejor manera de expresar un agradecimiento como éste es configurando conjuntamente el futuro, manifestando así dignidad hacia lo logrado. Unidos nos preocuparemos por este cometido. Estoy seguro de que juntos conseguiremos intensificar en el futuro las especialmente buenas relaciones económicas, tendiendo un puente entre Alemania y Chile, pero también asumiendo responsabilidades a nivel continental, un puente entre la Unión Europea, cada vez más fusionada, y Sudamérica. Esto es lo que nos propondremos, acompañado por contactos intensivos en el acontecer social y cultural.
Durante la recepción en la Embajada de Alemania realizada ayer recordamos que hace cuatro décadas Alemania fue dividida por un muro, y Berlín , por una alambrada de púas. Hace once años pudimos presenciar que somos nuevamente un país unido y que juntos podemos desarrollar la paz y la libertad.
Hoy no quisiera dejar de expresar mis agradecimientos a un mundo libre, por habernos acompañado en este camino. Queremos proponernos continuar desarrollando estas especiales relaciones, los lazos de amistad que unen a nuestros dos pueblos, y espero fervientemente que dentro de algunos años estas relaciones sean aún más intensivas y amistosas.
Mis mejores deseos para el pueblo chileno. Todo lo mejor para quienes actúan responsablemente en su nombre.
Se suspende la sesión por algunos minutos, para despedir a los invitados.
--Se suspendió a las 16:36.
--Se reanudó a las 16:39
Corresponde ocuparse en el proyecto de la Cámara de Diputados sobre modificaciones a la ley Nº 19.715, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, y a otros cuerpos legales, en materia de planes reguladores, con informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo y urgencia calificada de "Simple".
La Comisión señala en su informe que el principal objetivo del proyecto es agilizar y simplificar la tramitación y aprobación de los planes reguladores comunales y sus modificaciones.
La Comisión, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables señores Bitar, Parra, Ríos y Sabag, aprobó en general el proyecto en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados; y propone a la Sala que adopte la misma resolución.
Cabe hacer presente que, según el informe, la aprobación de la iniciativa requiere el pronunciamiento favorable de las cuatro séptimas partes de los señores Senadores en ejercicio, o sea 27 votos.
Señor Presidente , al iniciar la discusión de la iniciativa y con el objeto de facilitar la comprensión de los objetivos que ella persigue, es útil tener a la vista algunos conceptos básicos de planificación urbana.
La planificación urbana regional orienta el desarrollo de los centros urbanos de las regiones y se expresa a través del Plan Regional de Desarrollo Urbano.
La planificación urbana intercomunal, según la Ley General de Urbanismo, "regula el desarrollo físico de las áreas urbanas y rurales de diversas comunas que, por su relaciones, se integran en una unidad urbana.". Esto se realiza mediante el Plan Regulador Intercomunal y el Plan Regulador Metropolitano, cuando dicha unidad sobrepase los 500 mil habitantes.
Los mencionados planes reguladores intercomunales o metropolitanos son "instrumentos constituidos por un conjunto de normas y acciones para orientar y regular el desarrollo físico del área correspondiente".
Por su parte, la planificación urbana comunal, de acuerdo con la ley mencionada, "promueve el desarrollo armónico del territorio comunal, en especial de sus centros poblados, en concordancia con las metas regionales de desarrollo económico-social.". Esto se realiza a través del Plan Regulador Comunal.
Dicho plan es un "instrumento constituido por un conjunto de normas sobre adecuadas condiciones de higiene y seguridad en los edificios y espacios urbanos, y de condominios en la relación funcional entre las zonas habitacionales, de trabajo, equipamiento y esparcimiento.".
Las disposiciones de los planes intercomunales o metropolitanos son obligatorias para todos los planes reguladores comunales, como también las modificaciones que se integran a la citada unidad.
Ahora bien, actualmente los gobiernos regionales tienen la atribución de aprobar los planes reguladores intercomunales y los comunales. En consecuencia, la intervención del Consejo Regional de autorizar también los planes reguladores comunales, en circunstancias de que previamente ha aprobado un plan regulador intercomunal o metropolitano, aparece como una reiteración injustificada.
Más aún, si se considera que el estudio y elaboración de los proyectos de los planes reguladores comunales, sus modificaciones y los planes seccionales, han quedado siempre dentro del ámbito de competencia de las instancias técnicas, como son los municipios y las respectivas Secretarías Regionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
De ahí que, en concreto, el proyecto postule eliminar la aprobación del Consejo Regional para los planes reguladores comunales en aquellos territorios donde exista un plan regulador intercomunal o metropolitano, que, como se ha explicado, ya cuenta con la aprobación de ese organismo regional.
En este punto se consagra una excepción, cual es que el gobierno regional deberá dar su aprobación cuando el plan regulador comunal o plan seccional cuente con informe negativo por parte del respectivo SEREMI.
No obstante lo anterior, el Gobierno Regional mantendrá la atribución de aprobar los planes reguladores comunales y seccionales de aquellos territorios donde "NO" exista un plan intercomunal o metropolitano.
Desde el punto de vista de la planificación urbana regional, en el proyecto se plantea que sea el Gobierno Regional el que apruebe el plan respectivo, toda vez que hoy en día sólo puede "emitir opinión" respecto de ellos. Para materializar esa idea, se propone modificar los artículos 20, 24 y 36 de la ley Nº 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional.
A raíz de dichas reformas, se modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades con el objeto de otorgar al municipio la atribución de aprobar los planes reguladores comunales y seccionales en aquellas comunas cuyos territorios formen parte de un plan intercomunal. Para ejercer esta atribución, el Alcalde requerirá el acuerdo del Concejo, el que deberá adoptarse con quórum especial.
Si la comuna no forma parte de un plan intercomunal, la municipalidad sólo podrá pronunciarse sobre el proyecto de plan regulador comunal o plan seccional y, como se ha explicado, la aprobación definitiva deberá darla el Gobierno Regional.
Por último, la iniciativa propone modificar la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en primer lugar, para armonizar la modificación de la Ley de Gobiernos Regionales estableciendo que los planes regionales de desarrollo urbano serán aprobados por el Consejo Regional y promulgados por el Intendente respectivo y, en segundo término, para reglamentar un procedimiento completo de elaboración del plan regulador comunal y de sus modificaciones por parte del municipio.
En cuanto a lo primero, la norma vigente dispone que los planes regionales de desarrollo urbano serán aprobados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo mediante decreto supremo, previa autorización del Intendente respectivo. La norma propuesta, en cambio, encarga al Consejo Regional aprobar dichos planes regionales de desarrollo urbano; y al Intendente respectivo, promulgarlos.
Respecto del nuevo procedimiento de elaboración del plan regulador comunal, la finalidad de la reforma es asegurar un auténtico proceso de discusión al interior de la comunidad concernida y de los órganos técnicos competentes, en el curso de la elaboración de estos instrumentos de planificación territorial. Con ello se busca informar adecuadamente a la comunidad, especialmente a los afectados, en las diferentes etapas del proceso, para lo cual se plantea la celebración de audiencias públicas con participación de los vecinos y se exige, en forma obligatoria, la consulta al Consejo Económico y Social comunal.
En cuanto a los fundamentos y objetivos del proyecto, se busca, primeramente, agilizar y simplificar la tramitación y aprobación de los planes reguladores comunales y sus modificaciones, y, al mismo tiempo, fortalecer a los Gobiernos Regionales otorgándoles la atribución de aprobar el plan regional de desarrollo urbano.
En esta línea, durante la discusión habida en la Comisión el señor Ministro de Vivienda y Urbanismo explicó que se intenta eliminar instancias y controles que entraban la pronta aplicación de los planes y programas gubernamentales y detienen importantes iniciativas de inversión pública y privada, generando incertidumbre, paralizando el fluido crecimiento del desarrollo económico y social y, en general, perjudicando el bienestar de la población comunal. Agregó que, en este sentido, la iniciativa acoge una serie de inquietudes formuladas por actores del desarrollo comunal, como vecinos, inversionistas y municipios. Además, sus normas condicen con los planes de modernización de la administración y de desburocratización de la gestión pública.
Por las consideraciones expuestas, los miembros presentes de la Comisión de Vivienda y Urbanismo aprobaron la iniciativa y proponen a la Sala acogerla en general en los mismos términos.
Señor Presidente , tal como manifestó el titular de la Comisión, Honorable señor Sabag , en ella se aprobó globalmente la idea de legislar sobre el tema porque el texto contiene algunas ideas muy importantes. De partida, establecer definitivamente plazos para que las autoridades regionales respondan sobre planes reguladores y, al mismo tiempo, avanzar en materia de responsabilidad de los Gobiernos Regionales -seguramente deberán introducirse algunas modificaciones en el segundo informe, a través de indicaciones- sobre planes reguladores metropolitanos e intercomunales.
En ese sentido, es necesario señalar un aspecto que deberá analizarse con prioridad en la Comisión. Se plantea entregar al Gobierno Regional la obligación de fijar acciones, previo conocimiento del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en lo relativo a los planes reguladores intercomunales; pero no queda bien establecido si éstos se refieren solamente a las áreas urbanas o a toda la comuna. Como en la actualidad la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades dispone que la regulación de los asentamientos humanos y el desarrollo de la comuna no implican necesariamente que sea sólo sobre el área urbana, sino sobre toda la superficie de la comuna, de la redacción de la norma propuesta pareciera entenderse que dicha Secretaría de Estado tendría injerencia también sobre las áreas no urbanas.
A mi juicio, en la historia de la ley deben quedar claramente establecidas las responsabilidades correspondientes. Al efecto, deberán efectuarse las modificaciones del caso para definir esas responsabilidades porque, desde mi punto de vista, al Ministerio de Vivienda y Urbanismo le compete actuar, básica y fundamentalmente, en las áreas urbanas, y no en las rurales. Eso es así.
De otro lado, pienso que hay un error en el Nº 2) del artículo 1º del proyecto, aprobado por la Comisión (lo advierto desde ya, a pesar de que lo estudiaremos en detalle en la discusión en particular), que expresa: "2) Sustitúyese la letra p) del artículo 24", porque dicha letra dispone que el Intendente deberá "Responder por escrito los actos de fiscalización que realice el consejo". Me parece que la que realmente se pretende modificar es la letra o) de ese precepto, y no la p), porque entonces todos los actos de fiscalización del Consejo dejarían de tener importancia, ya que no habría responsabilidad del Intendente para responder. Por lo tanto, o nos equivocamos en la Comisión, o hubo una transcripción errónea. Ése es el dilema y es preciso resolverlo.
Comparto lo señalado por el Senador señor Sabag en cuanto a la necesidad de analizar el texto más en detalle, por las inquietudes que he indicado y otras que pudieren existir. Es menester un avance muy claro y definido, sobre todo en lo que paso a comentar.
La iniciativa resuelve, en alguna forma, las expectativas de desarrollo urbano o personal que tienen las familias afectas a alguna disposición de los planes reguladores, ya que usualmente se contempla determinada acción que, con el transcurso del tiempo, no se cumple. Eso va provocando problemas y debilidad en el patrimonio de las personas y les impide seguir desarrollándose dentro de un lugar determinado.
Anuncio que votaré a favor del proyecto en general. Pido, sí, fijar un plazo relativamente prudente, de a lo menos 20 días, para formular las indicaciones que corresponda.
Señor Presidente , lamento no haber estado presente en el momento en que se tomó la decisión de enviar este proyecto única y exclusivamente a la Comisión de Vivienda y Urbanismo, porque habría hecho notar la necesidad de que se remitiera también a la de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
Lo cierto es que, independientemente de los datos técnicos y de la necesidad de apresurar el despacho de la iniciativa -en lo cual seguramente concordamos la mayoría de los miembros de la Comisión de Gobierno-, ésta toca atribuciones fundamentales tanto de los municipios como de los Consejos Regionales. Por ejemplo, la eliminación de la posibilidad de que los Consejos Regionales discutan y aprueben los planes reguladores comunales me parece, al menos, discutible, porque en las grandes áreas urbanas los procesos de transformación y cambios que se pueden operar al interior de una comuna son patrimonio no sólo de esa comuna. Normalmente, en las megalópolis chilenas, en particular en Santiago -que el señor Presidente conoce muy bien-, Concepción y Valparaíso, los cambios en los planes reguladores que se producen dentro de una comuna y sobre los cuales podría pronunciarse, eventualmente, el Consejo Regional, son muy difíciles y siempre influyen en los planes intercomunales. Deberíamos tener planes intercomunales con aprobación tanto del consejo regional como de las comunas implicadas. Pero aquí, de alguna manera, se está cercenando una de las atribuciones más importantes de los consejos regionales.
Soy partidario, señor Presidente , de agilizar los trámites, porque estoy absolutamente convencido de que, por ejemplo, en materia de planes seccionales, se da una tramitación excesiva en algunas comunas y, normalmente, los gobiernos regionales no tienen agilidad para aprobarlos. Pero, que los consejos regionales no puedan pronunciarse sobre las modificaciones que se introducen en los planes reguladores al interior de los municipios -por lo tanto, de las comunas-, me parece francamente peligroso, pues por esta vía se puede generar un crecimiento mucho más irracional que el que se observa en las urbes de nuestro país.
Como Sus Señorías saben, en muchas grandes ciudades de Chile se está planificando introducir cambios. En Santiago, por ejemplo, se están construyendo nuevas vías en la parte sur. Y en varias se están modificando los accesos, como es lo que está ocurriendo aquí mismo, en Valparaíso, donde se están realizando obras que todos conocemos o, más bien, padecemos. Y lo cierto es que todas ellas están influyendo de manera muy determinante en la forma como estamos comportando el proceso de desarrollo urbano de nuestras ciudades.
Sin ánimo de alargar más el despacho de la iniciativa, señor Presidente , quiero pedirle que consulte a la Sala acerca de la posibilidad de que el proyecto sea también estudiado por la Comisión de Gobierno. Ya hice la consulta a la Presidenta de ese organismo, y aquí hay otros de sus miembros que igualmente podrían expresar su acuerdo. Ello resulta muy relevante para todos quienes participamos en la elaboración de la Ley de Municipalidades y en la Ley sobre Gobierno y Administración Regional.
Señor Presidente , sólo deseo complementar la acabada exposición con que el señor Presidente de la Comisión de Vivienda ha ilustrado a la Sala como Senador informante .
Quiero destacar que el proyecto, no obstante sus implicancias de tipo regional y municipal, apunta, en esencia, a una regulación en la perspectiva del urbanismo. Y, en tal cuadro, lo que se ha buscado es, precisamente, poner énfasis en la necesidad de efectuar una modificación orgánica íntegra al respecto en la Ley Orgánica sobre Gobierno y Administración Regional, en la Ley de Municipalidades y también en la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización en su expresión legal.
Esta iniciativa se inserta, básicamente, en el concepto de reforma de gestión de la ciudad, impulsada por el Presidente de la República y secundada por los gremios empresariales, por el Gobierno y la Oposición, por los colegios profesionales, por las universidades, por los entes gremiales de las profesiones, con el fin de mejorar la calidad de vida de las ciudades. Y su trazado se inserta también en una modificación muy profunda que estamos realizando en la legislación en materia de desarrollo urbano y que tuvo una expresión parcial en los cambios introducidos a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, cuyo articulado, de 406 disposiciones, fue modificado prácticamente en dos tercios con acuerdo de todas las entidades mencionadas.
Asimismo, quiero hacer presente al Senado que este proyecto fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados y tuvo, en su oportunidad, el apoyo de la Asociación Chilena de Municipalidades, de la Cámara Chilena de la Construcción, del Colegio de Arquitectos, de la organización gremial de consejeros regionales, esto es, de todas las partes involucradas en una iniciativa de este tipo. Y apunta, fundamentalmente, a generar instrumentos de planificación más modernos, pero, a la vez, más dinámicos, más eficientes y menos detallistas que los vigentes.
Voy a poner énfasis en algunos de los aspectos planteados por los señores Senadores.
En primer lugar, deseo dejar constancia de que, en pleno inicio del siglo XXI, ninguna de nuestras trece Regiones tiene un "plan de desarrollo urbano y territorial", como lo hemos llamado. Y, cosa importante, especialmente para quienes somos partidarios de la descentralización, hoy esos planes son resueltos sólo por el Ministerio de Vivienda, el cual únicamente consulta la opinión del consejo regional respectivo. Pues bien, en virtud de la propuesta de ley aprobada ya por la Cámara de Diputados, si bien el Ejecutivo sugerirá el plan, será el consejo el que lo discutirá y lo aprobará o rechazará con mérito resolutivo. Éste es un paso muy relevante en la línea de la descentralización. Y, obviamente, un plan regional debe contemplar no sólo lo urbano, sino también un concepto territorial que abarque la integralidad de su espacio.
Antes de fin de año haremos llegar una modificación legal para entrar a especificar el contenido mínimo de los planes de desarrollo urbano y territorial. Nuestra idea es que cada Región adopte uno dentro de los próximos veinticuatro meses. Incluso, estamos contemplando los financiamientos necesarios para conseguir que cada una de las trece Regiones apruebe un proyecto de desarrollo urbano y territorial en los términos descritos.
En segundo lugar, quiero precisar que el artículo 65, letra b), que se modifica no es el de la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, sino el de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Por tanto, la letra b) tiene que ver con la modalidad de aprobación de los planes regulares y los quórum especiales requeridos para ello.
En tercer término, muy lejos de quitarles funciones a los consejos regionales, lo que plantea el proyecto es, entre otras cosas, fortalecer su participación en la planificación territorial de cada Región. Sin embargo, no se pronunciarían en el caso de que una comuna estuviera regulada por un plan intercomunal, que es un instrumento de planificación que involucra a un conjunto de comunas (existen en Santiago, en Concepción, en el borde costero, etcétera) y que reflejan el criterio que algunos señores Senadores quisieran ver expresado en materia de planificación de ciudad.
Los planes comunales no pueden contradecir o diluir de alguna manera lo dispuesto en una norma contenida en un plan metropolitano. Por lo tanto, cuando una ciudad tiene un plan intercomunal -como Concepción, Talcahuano, Penco, etcétera- y una de sus comunas lo contradice o cambia a través de su propio plan comunal, se genera una situación extraordinariamente difícil que con el correr de los años redunda en un entrabamiento administrativo, sin resolución de ningún tipo.
Pues bien, por medio de la presente iniciativa se establece que las comunas pueden emplear instrumentos de planificación territorial propios en la medida en que éstos no se opongan al plan metropolitano al cual ellas se encuentran adscritas. Parecería absolutamente inoficioso -y constituiría doble revisión- que un municipio sujeto a un plan intercomunal tuviera que recurrir nuevamente al consejo regional para aprobar su plan regulador o sus modificaciones si éstas o aquél se hallaran dentro del ámbito definido por dicho plan intercomunal.
En consecuencia, aquellas comunas reguladas por un plan metropolitano podrán planificar sus territorios sin necesidad de pasar por el consejo regional, pero sólo en la medida en que no contradigan el mencionado plan. Si lo contradicen, habrá dos alternativas: que el plan comunal, previa observación del SEREMI, vuelva al concejo comunal para que éste rectifique las disposiciones que contravienen el plan intercomunal, o que el concejo comunal insista, con motivos fundados, en contradecir el plan intercomunal, caso en el cual se crearía una instancia política, el consejo regional, que deberá resolver si acepta la propuesta municipal o insiste en su plan intercomunal, sobreponiéndose a la planificación de la comuna pertinente.
Entonces, lejos de generar un verdadero desorden urbano, en el que respecto de las manchas de nuestras ciudades cada comuna haga lo que estime conveniente, incluso contradiciendo a otra, la enmienda legal sugerida permite agilizar esos instrumentos de planificación territorial, en la medida en que no contradigan el cuerpo central de la intercomuna.
Además, se establecen plazos para que el concejo comunal, el consejo regional y -lo que es más importante- el Ministerio de Vivienda, a través de sus SEREMI, se pronuncien sobre las modificaciones dentro de plazos determinados.
Debo hacer presente a los señores Senadores que no sólo ninguna Región de Chile tiene plan territorial de desarrollo urbano de su territorio, sino que, además, dos tercios de las 341 comunas existentes en el país, o no cuentan con plan regulador, o el que poseen está obsoleto, por tener más de 20 ó 30 años.
En verdad, esta enmienda es muy sentida por todos aquellos que juegan un rol en las ciudades, por cuanto hoy la modificación de un plan comunal o de un plan seccional puede tardar 5 a 6 años, con todos los costos que ello irroga.
Queremos instrumentos de planificación dinámicos, genéricos, que permitan estimular realmente el desarrollo urbano. Entonces, lejos de quitar funciones al consejo regional, con esto estamos afianzando su competencia en la órbita que le es propia: la planificación territorial.
Obviamente, cuando no existe plan intercomunal, todos los planes reguladores y los seccionales deberán ir al consejo regional para buscar la armonización planteada por algunos señores Senadores. Pero nos parece absurdo que, si una comuna tiene plan intercomunal, deba ir nuevamente a revisión a esa instancia en la medida en que sus disposiciones no contradigan el cuerpo intercomunal.
Señor Presidente , las explicaciones que hemos escuchado al señor Ministro y al Presidente de la Comisión de Vivienda , Honorable señor Sabag , despejan algunas de las interrogantes que varios Senadores de Regiones teníamos en mente cuando leímos el proyecto.
En primer término, queda claro que una de las grandes limitaciones que afectan hoy a las oportunidades de crear nuevas fuentes de trabajo es la maraña de trámites existentes respecto de la forma en que se modifican y aprueban los planes reguladores en cada comuna, así como la atribución que, en virtud de ello, cada municipalidad ejerce o no en cuanto a la manera de llevarlos adelante.
No es ésta la ocasión para analizarlo, pero muchos de quienes estamos en este Hemiciclo hemos escuchado más de alguna vez los problemas de transparencia que se originan en torno a esos trámites y a las demoras consiguientes.
Por tanto, es apropiado todo lo que signifique clarificar las reglas del juego, diseñar adecuadamente las posibilidades de expansión de los terrenos urbanos en el tiempo previsible y proceder a las regulaciones pertinentes.
Aquí se ha traído a colación lo que significarían los roles del municipio, del consejo regional, del SEREMI de Vivienda y del Ministerio como tal, elementos que van muy interconectados dentro de lo que representa la aprobación de algunos de estos planes.
Ahora, desde el punto de vista conceptual, sugiero al señor Ministro de Vivienda que incorpore la terminología rural, porque, normalmente, quienes representamos a las zonas rurales no sólo representamos territorios. Todo lo que está fuera del radio urbano tiene una connotación que responde a una cultura, a una idiosincrasia, a un estilo, lo que no quiere decir que no pueda regularse. Pero me parece que, semántica y conceptualmente, es bueno reforzar la idea de lo rural.
¿Por qué digo lo anterior, señor Presidente ? Porque, sin duda, el desplazamiento de las poblaciones agrícolas hacia centros poblados y la concentración de inversiones en servicios que mejoran la calidad de vida de aquéllas está introduciendo un nuevo concepto dentro de la vida del país, que no es exactamente el de la urbe, como lo entendemos quienes estamos en Valparaíso, en Concepción o en Santiago, sino que tiene otras características, que no se hallan definidas en los mecanismos que aquí se están discutiendo. No es un problema de número de habitantes, sino de la dinámica de vida existente al interior de esos conglomerados.
Por consiguiente, considero positivo que el consejo regional, mirando la realidad que estoy describiendo, pueda establecer un mecanismo que norme los equilibrios que se están dando o que se van a dar en dichas concentraciones poblacionales, adecuando lo que significa precisamente ese componente rural versus el componente concentración geográfica mayor, denominada comúnmente "urbe".
El reforzamiento de la capacidad del consejo regional para fijar una norma sobre la cual el municipio debe actuar me parece una señal positiva y no de entrabamiento. Y ese elemento está bien concebido en el proyecto.
Por consiguiente, concluyo mi intervención anunciando que votaré favorablemente la iniciativa, porque pienso que contribuye a despejar la maraña de elementos que muchas veces entraban hoy el desarrollo de las actividades productivas y de las inversiones, sobre todo en el plano poblacional.
Me interpreta plenamente, Honorable colega.
Señor Presidente, dadas su importancia y trascendencia, solicito que, para los efectos del segundo informe, el proyecto sea estudiado conjuntamente por las Comisiones de Vivienda y de Gobierno.
Además, debemos tener presente que el Honorable señor Ríos y la Senadora señora Frei son miembros de las Comisiones de Gobierno y de Vivienda.
Por ende, con el mayor agrado podemos analizar la iniciativa en Comisiones unidas, con el fin de despacharla lo más rápidamente posible, atendida su gran relevancia para todas las comunas del país.
Si se aprueba el proyecto, perfectamente podremos tramitarlo en segundo informe a las Comisiones unidas de Vivienda y de Gobierno. Y podríamos votar en ese sentido.
Señor Presidente , deseo expresar lo mismo que planteó el Honorable señor Cantero , agregando, en forma muy breve y concisa, que estoy de acuerdo con él y con el Senador señor Núñez en cuanto a que las Comisiones unidas de Vivienda y de Gobierno analicen en particular el proyecto.
Señor Presidente , considerando el debate producido en torno de este proyecto y aprovechando la presencia del señor Ministro de Vivienda y de Bienes Nacionales , me referiré a los instrumentos de planificación territorial que se señalan en el texto sometido a nuestro conocimiento.
Los planes regionales de desarrollo urbano, los planes reguladores metropolitanos y los planes reguladores intercomunales son propuestos exclusivamente por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, entidad que también debe intervenir cuando existe alguna objeción o un informe desfavorable. Y finalmente se señalan instrumentos de planificación territorial.
¿Cuál sería la instancia intersectorial en que participan otros ministerios regionalizados cuando se afectan derechos de agua, se cambian los usos del suelo, e intervienen el Servicio Agrícola Ganadero, el Ministerio de Economía, tratándose del turismo, en fin?
El instrumento de planificación territorial, por esencia, es de carácter intersectorial y, además, requiere la participación, en una perspectiva futura del uso del suelo y del borde costero, de áreas del sector empresarial preocupadas de la conservación o preservación del medioambiente.
Por lo tanto, aparte hacer esa consulta, deseo saber si la incorporación de la referida instancia puede ser considerada por las Comisiones unidas de Vivienda y de Gobierno al analizar en particular el proyecto.
Señor Presidente , el Senador señor Horvath formuló una pregunta muy importante, relacionada con la acción de otros servicios públicos que tienen responsabilidades técnicas propias de sus funciones. Son los casos del Servicio Agrícola y Ganadero, en el ámbito agrícola; de la Dirección General del Territorio Marítimo, en la zona costera; del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en las áreas urbanas; de la CONAF, en las áreas silvestres protegidas, etcétera.
En 1997 el Parlamento aprobó una reforma constitucional que vale la pena tener presente y respecto de la cual el proyecto no produce variación alguna. El artículo 107 de la Carta dice: "Los servicios públicos" -estamos hablando de todos ellos: SAG, CONAF , etcétera- "deberán coordinarse con el municipio cuando desarrollen su labor en el territorio comunal respectivo, en conformidad con la ley.". ¿Y por qué ese precepto? Porque es responsabilidad privativa del municipio elaborar los planes de desarrollo; no existe otro organismo con esa responsabilidad global en el territorio denominado "comuna". Pero -y así lo establece el precepto correspondiente-, como los planes de desarrollo deben tener relación con los planes regionales y nacionales, es evidente que los distintos servicios públicos han de estar presentes en la coordinación que efectúa el municipio. Sin duda, éste no va a asumir las responsabilidades técnicas del SAG, por ejemplo, pero sí hará que este Servicio las cumpla en plenitud y lleve adelante los objetivos que establece el plan de desarrollo comunal.
Por tal motivo, Senador señor Horvath , estimo que no se produce daño en la medida en que los concejos comunales -ése es otro problema- actúen en la plenitud de sus funciones con capacidad y responsabilidad.
Señor Presidente , sólo deseo precisar que si bien, en el ámbito comunal, corresponde al alcalde y al concejo elaborar y aprobar los planes reguladores, a través de instancias que este proyecto establece con mucha especificidad -como son las audiencias públicas a los interesados y a todos los vecinos, si se trata de la modificación del plan regulador; la obligatoriedad de consultar al consejo económico y social comunal en sesiones convocadas especialmente para el efecto; los avisos y plazos muy determinados que mejoran la participación ciudadana y, por tanto, la integración de los distintos entes públicos-, a nivel regional este hecho se produce porque el que hace la moción del plan de desarrollo urbano y territorial y del plan regulador intercomunal es precisamente el intendente, quien, como cabeza del gobierno regional, integra y coordina los servicios aludidos por el Senador señor Ríos.
Hay, en consecuencia, una instancia intersectorial, donde el ente técnico es la Secretaría Ministerial de Vivienda y Urbanismo. Pero esto implica, además, una declaración de impacto ambiental, que es revisada por la COREMA de la respectiva Región. Es decir, existen instancias de tipo intersectorial que hacen que la planificación territorial tenga una perspectiva, no sólo urbana o de vivienda, sino más bien integrada.
Señor Presidente , dada mi experiencia en la Región de Tarapacá, y particularmente en Iquique, donde por largos años me ha tocado lidiar contra una indefinición en materia de planes reguladores, la existencia de conflictos en el municipio para hacerlos más efectivos y la lentitud en adecuarlos para Alto Hospicio y el desarrollo de esa zona, me parece de gran importancia que avancemos en esta materia.
Por lo tanto, aprobaré el proyecto, a fin de establecer plazos, ritmos, instancias de decisión política colectivas, con participación ciudadana, que posibiliten despejar este asunto con prontitud. Atendida la gran expansión que experimentan hoy algunas ciudades, es indispensable modernizar la legislación sobre el particular. Y los argumentos aducidos por el señor Ministro me parecen bastante convincentes.
--Se aprueba en general el proyecto, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional requerido, de que concurrieron con su voto favorable 31 señores Senadores.
Votaron por la afirmativa los señores Aburto, Bitar, Boeninger, Bombal, Cantero, Cordero, Chadwick, Díez, Fernández, Foxley, Frei (doña Carmen), Gazmuri, Hamilton, Horvath, Lavandero, Matthei, Moreno, Novoa, Núñez, Páez, Parra, Pizarro, Ríos, Romero, Ruiz-Esquide, Sabag, Silva, Urenda, Valdés, Viera-Gallo y Zaldívar (don Andrés).
Se propuso enviar el proyecto a las Comisiones unidas de Vivienda y de Gobierno.
Si le parece a la Sala, se fijará plazo para formular indicaciones hasta el 4 de septiembre, a las 18.
Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre financiamiento urbano compartido, con informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo.
La Comisión de Vivienda y Urbanismo señala en su informe que el objetivo del proyecto es establecer un sistema de financiamiento urbano compartido, facultando a los Servicios de Vivienda y Urbanización para celebrar con terceros contratos de participación destinados a la adquisición de bienes o a contratar la ejecución, operación y mantención de obras de equipamiento comunitario, remodelaciones, áreas verdes, parques industriales, vías urbanas, infraestructura urbana y, en general, todas aquellas obras cuya ejecución, operación y mantención les competa, a cambio de una contraprestación, la que podrá consistir en otorgar al tercero derechos sobre muebles o inmuebles o la explotación de uno o más inmuebles u obras.
Agrega el informe que el proyecto fue aprobado, en general, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión de Vivienda y Urbanismo (Honorables señores Parra, Ríos y Sabag), y propone a la Sala proceder de la misma manera.
Cabe destacar, finalmente, que según dicho informe, los artículos 20, 23 y 24 tienen el carácter de normas orgánico constitucionales, requiriendo para su aprobación el voto conforme de 27 señores Senadores.
Señor Presidente, tengo el honor de informar en general el proyecto de ley en debate.
La iniciativa es del mayor interés por cuanto propone crear una atractiva herramienta legal y financiera para dar solución al grave y cada vez mayor déficit de equipamiento que exhiben nuestras ciudades.
En efecto, la creciente densidad poblacional que se observa en nuestros centros poblados no ha ido acompañada de la instalación de los servicios que aquél incremento requiere. Nos referimos a obras de equipamiento comunitario, remodelaciones, áreas verdes, parques industriales, vías urbanas, obras de infraestructura y otras, que aseguren una adecuada calidad de vida a los vecinos.
La construcción de dichas obras requiere un inmenso esfuerzo económico que el Estado no está en condiciones de abordar plenamente ni con la prontitud que es menester.
Por eso, al igual que en lo que concierne a obras públicas y al proceso de modernización de puertos, carreteras, aeropuertos y otras obras de infraestructura, el proyecto busca impulsar la aprobación de un sistema que incentivará la participación del sector privado en el desarrollo y modernización de nuestras ciudades a través de su intervención en ámbitos que hasta hoy son exclusivos del sector público.
Con este propósito, el presente proyecto faculta a los Servicios de Vivienda y Urbanización para que, mediante la aplicación del sistema que se crea, puedan adquirir bienes o encargarse de la ejecución, operación o mantención de obras por parte del sector privado en sus respectivos territorios jurisdiccionales, entregando a cambio ciertos derechos entre los que se incluirá, por ejemplo, la posibilidad de explotar una obra.
Ésta es la idea matriz de la iniciativa.
Además, otros Ministerios, servicios públicos y municipios podrán mandatar a los SERVIU para que celebren contratos de participación respecto de bienes de propiedad de aquéllos.
Objetivos del sistema que se propone
En síntesis, puedo señalar que los principales objetivos que se persiguen a través de este sistema son:
1) Permitir que el sector privado costee y ejecute obras que los SERVIU actualmente no pueden financiar y que los particulares asumirían si existiera un esquema que les entregara una compensación razonable.
2) Avanzar en el espíritu descentralizador que inspira la gestión del Gobierno, ya que el sistema propuesto permitirá a los SERVIU operar directamente a nivel regional, bastando para ello sólo la autorización del Secretario Regional Ministerial correspondiente.
3) Generar un marco transparente para las relaciones contractuales que, dentro de este ámbito, se den entre los SERVIU y el sector privado, estableciendo un proceso normado de concursabilidad a través de la licitación pública.
Por tratarse de la primera exposición que describe en esta Sala el sistema regulado por el proyecto, permítame, señor Presidente , extenderme en sus aspectos más relevantes.
El sistema se estructurará sobre la base de un régimen de prestaciones y contraprestaciones.
Los SERVIU licitarán proyectos bajo la modalidad de contratos de participación, en los cuales los participantes se comprometerán a realizar una o más de las siguientes prestaciones:
a) La ejecución, operación o mantención de una obra;
b) El uso o goce de un bien mueble o inmueble;
c) La propiedad de un bien inmueble;
d) La propiedad de un bien mueble, siempre que esté destinado a los fines del contrato de participación, y;
e) Dinero siempre en conjunto con algunas de las anteriores.
A cambio de las mismas bases de la licitación, el SERVIU ofrecerá como contraprestación al adjudicatario:
a) La explotación de un inmueble u obra, pudiendo el particular cobrar tarifas a los usuarios;
b) El uso y goce de un bien mueble o inmueble a través, por ejemplo, de comodatos o arriendos, y;
c) La propiedad de un bien raíz.
Como ejemplos de lo que el sistema propuesto puede lograr, tenemos la construcción, operación y mantención de un parque zoológico a cambio de su explotación por el particular durante un tiempo determinado, a través del cobro de entradas, del arriendo de espacios para locales de entretención y alimentación, etcétera.
Diferencias con el sistema de concesiones del Ministerio de Obras Públicas
El sistema propuesto en esta iniciativa presenta importantes diferencias con el que utiliza el Ministerio de Obras Públicas, de manera que es enteramente justificado legislar sobre esta materia.
El nuevo sistema que se propone es mucho más amplio, dado que no sólo se aplica a la ejecución de obras contra cobro de tarifas, como ocurre con el régimen de concesiones de obras públicas; es más sencillo y servirá tanto para los proyectos de envergadura como para decenas de iniciativas pequeñas y medianas; acentúa la descentralización de los SERVIU, dándoles también la posibilidad de ponerse al servicio de otros órganos y servicios de la región; y no habrá intervención del Ministerio de Hacienda, lo que asegura mayor agilidad.
El sistema de financiamiento urbano compartido operará mediante la suscripción de contratos de participación.
Las partes de este contrato son el SERVIU y el participante. Este último puede ser cualquier persona natural o jurídica, chilena o extranjera, que cumpla los requisitos y exigencias que establezcan el reglamento de la ley y las bases de la licitación.
Distinto del participante es el proponente, que puede ser cualquier persona natural o jurídica que proponga al SERVIU respectivo determinados proyectos para que sean estudiados y resueltos por dicho organismo.
El procedimiento para celebrar el contrato contempla tres etapas ampliamente definidas en el proyecto en debate.
Durante su discusión, la Comisión escuchó la opinión de distintas autoridades e invitados y recabó, además, la opinión de la Corte Suprema en lo concerniente a aspectos del proyecto que inciden en la organización y atribuciones de los tribunales.
Asimismo, se recibió el parecer del señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, don Jaime Ravinet , y del señor Ministro de Obras Públicas , don Carlos Cruz , así como de diversos asesores.
También hicieron presentes sus puntos de vista distintos Directores Regionales del SERVIU y representantes de la Asociación Chilena de Municipalidades. Todos ellos pusieron de relieve las ventajas del sistema que se regula en esta iniciativa, especialmente su versatilidad y el carácter descentralizado de su gestión. Además, resaltaron la conveniencia de incorporar capitales privados en la ejecución de obras de equipamiento y la necesidad de innovar en la forma de realizar inversiones urbanas en las distintas comunas.
La Comisión valoró el gran atractivo que presenta la iniciativa y expresó que la asociación entre el sector público y el privado ha constituido una experiencia exitosa, tratándose de grandes obras públicas. De manera que, adecuando las disposiciones del proyecto a la realidad regional y local, podrá alcanzarse un instrumento eficaz que permita, con eficiencia, enfrentar las carencias de equipamiento que presentan nuestras ciudades.
La Comisión apoyó unánimemente la iniciativa, así como la idea de reforzarla, incorporando los elementos positivos de la Ley de Concesiones de Obras Públicas y asegurando la debida intervención que corresponderá a las municipalidades en el funcionamiento del mecanismo que se propone.
El proyecto contiene 38 artículos permanentes que regulan toda esta importante materia.
Finalmente, deseo destacar que especial énfasis se puso durante la discusión de esta iniciativa en la conveniencia de definir con mucha claridad los términos en que los municipios podrán tomar parte en el sistema propuesto por la iniciativa, entendiendo que desde todo punto de vista es deseable que estas entidades, por su naturaleza, sus atribuciones y su cercanía con la comunidad, participen activamente en el esquema, armonizando el sistema de concesiones propuestos con el que actualmente utilizan las municipalidades.
Por estas razones, la Comisión de Vivienda y Urbanismo propone a la Sala aprobar en general del proyecto y fijar un plazo para presentar las indicaciones procedentes.
Señor Presidente , este proyecto está aprobado en general, pero hay un compromiso previo muy importante de tener presente y es sumamente conveniente que el señor Ministro se pronuncie al respecto. Si no lo hiciere, la verdad es que no contará con los votos favorables de algunos sectores de esta Corporación. El se refiere a que, por los aspectos propios del desarrollo urbano y los elementos que relacionan a esta iniciativa con el SERVIU y organismos privados para los puntos ya reseñados por el señor Presidente de la Comisión de Vivienda , las municipalidades deben necesariamente estar incorporadas. Su ausencia en el proyecto es real, no son mencionadas en ningún momento. Y en esto hay una larga historia que el señor Ministro de la Vivienda conoce, pues también fue alcalde. Sucede que, en el caso de Santiago, sus jefes comunales tienen responsabilidad sobre las calles y veredas, situación que no ocurre en el resto de los municipios del país, pues ella compete al SERVIU. Y siempre ha habido una mala opinión de parte de los habitantes respecto a los problemas relacionados con las veredas y calles. Cuando las hay en mal estado, con hoyos y pavimento en deplorables condiciones, quien sufre las consecuencias es el alcalde correspondiente, nunca el jefe del SERVIU.
En este caso, el señor Ministro , no obstante ser una persona -ya ha dado pruebas en tal sentido- muy dispuesta a la descentralización del país, el artículo 1º del proyecto dice: "La presente ley establece y regula el sistema de financiamiento urbano compartido.
"Mediante este sistema, y ciñéndose a las políticas, planes y programas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,"; o sea, no son planes descentralizados, sino centralizados, y cuyo desarrollo en las distintas comunas de Chile el señor Ministro , junto con su equipo técnico, dispone. En consecuencia, hay una relación muy directa del señor Ministro con las comunas que se encuentran a mil o a dos mil kilómetros de sus oficinas. De modo que él establecerá su responsabilidad, pues los SERVIU dependen de su Cartera, pero, sin duda alguna, deberá tener voz y acción ejecutiva el organismo comunal correspondiente, que en este caso es la municipalidad.
Creo que si en este momento no se llega a una definición clara acerca de la indicación del Ejecutivo en esta materia, parte de los miembros de esta Corporación, como ya dije, no apoyará esta iniciativa.
Señor Presidente , quiero partir felicitando por su intermedio al Honorable señor Sabag por su completa relación de un proyecto bastante complejo y con un articulado múltiple. La última parte de su intervención se refiere a que aquí hubo un compromiso del Ejecutivo , fruto de la discusión en la Comisión de Vivienda y Urbanismo en numerosas reuniones, previa consulta a la Asociación Chilena de Municipalidades, en el sentido de incorporar a los municipios como destinatarios de este proyecto de ley. Y este compromiso lo vamos a cumplir. Fue idea de muchos señores Senadores que en la discusión general enriquecieron la iniciativa y que será objeto de indicaciones por parte de los señores Senadores o el Ejecutivo , con su patrocinio, cuando sea necesario. Y tengo ya convenido con esa Asociación y la Subsecretaría de Desarrollo Regional la ampliación del ámbito de esta legislación a los municipios, de acuerdo con la voluntad compartida, por unanimidad, entre el Ejecutivo y los integrantes de la Comisión de Vivienda y Urbanismo.
En el momento oportuno presentaremos esa indicación, pero nos parece del todo necesario que los municipios puedan contar con una herramienta muy moderna y descentralizadora, que procura sumar al sector privado en la recuperación de los déficit de desarrollo urbano, donde las necesidades son habitualmente mayores que los presupuestos crecientes que puedan tener las Regiones o los municipios. Consideramos fundamental que ellos puedan generar, al igual que los SERVIU, que son entes descentralizados, directorios de carácter regional que fijen las políticas de estas verdaderas empresas de operación urbana que son los SERVIU a nivel de cada Región.
Por lo tanto, la idea es hacer equivalentes las competencias de los municipios con las de los SERVIU en materia del uso y práctica de esta ley, si ella fuera aprobada.
Señor Presidente , creo que nos encontramos ante un proyecto de gran importancia, como lo ha señalado el señor Ministro . Pero, a mi juicio, debemos tener muy claro que lo que estamos haciendo es dar a organismos del Estado una facultad para intervenir en actividades empresariales. En este sentido, no es que algunos artículos sean de ley orgánica, sino que, según el número 21º del artículo 19 de la Constitución, el proyecto entero lo es, pues dice que "El Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas sólo si una ley de quórum calificado los autoriza". Éste es el caso: se autoriza a los SERVIU para firmar contratos, con contraprestaciones propias de actividades que tienen que ver con el mundo de la economía. Y el precepto constitucional agrega: "En tal caso, esas actividades estarán sometidas a la legislación común aplicable a los particulares, sin perjuicio de las excepciones que por motivos justificados establezca la ley, la que deberá ser, asimismo, de quórum calificado".
Es decir, hay que entender que todo el proyecto es al mismo tiempo una autorización para que los SERVIU realicen este tipo de actividades, pero simultáneamente es una excepción a la ley común de la participación de estos organismos estatales en actividades de carácter empresarial.
Lo que planteó el Honorable señor Ríos respecto de los municipios, se discutió al estudiar la ley orgánica municipal, y no hubo acuerdo en las bancadas de la Oposición, según lo que recuerdo, en la Cámara de Diputados al menos, en dar a los municipios atribuciones para intervenir en actividades empresariales. Aquí estamos incorporando una innovación importante, porque la filosofía del Estado subsidiario es lo contrario de esta ley. Según ella, es el Estado el que emprende. A mi juicio, lo hace con buenas razones, y por eso pienso que el señor Ministro lo ha expresado bien, y debemos apoyarlo. Pero es importante que lo tengamos claro. Y lo mismo sucede, si se otorga esa facultad a los municipios: sería una innovación muy importante la de que ellos contaran con atribuciones, aunque sea en un ámbito restringido, para intervenir en actividades que son propiamente económicas, si bien en este caso se refieren a un tipo de ellas relacionadas con el desarrollo urbano.
Asimismo, la iniciativa establece una serie de mecanismos para resolver conflictos. Al respecto, deseo consultar al señor Presidente de la Comisión si este punto fue consultado a la Corte Suprema, porque aquí se están alterando las normas de la competencia de los tribunales, al crear un procedimiento especial, una Comisión Conciliadora, que interviene en determinada forma, la nombra la Corte de Apelaciones, etcétera, No sé, en realidad, si la Corte Suprema dio su aprobación.
Y fuera de alabar la iniciativa, que me parece muy trascendente -y respaldo todo lo dicho por el señor Ministro -, tengo un cierto reparo al artículo 3º porque concede una especie de privilegio al privado que propone un negocio, aun cuando después de la licitación resultare que el negocio se adjudica a otra firma o persona. Y en este caso, se deben reembolsar los gastos en que aquél hubiere incurrido al proponer esa determinada iniciativa.
Creo que durante la discusión particular del proyecto la Comisión debiera revisar bien este punto. Porque lo lógico es que exista perfecta igualdad en la licitación.
El artículo 3º textualmente señala: "Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, cualquier persona natural o jurídica podrá proponer al SERVIU respectivo, proyectos relativos a las obras y acciones a que alude el artículo 1º de la presente ley, las que serán estudiadas y resueltas en la forma, plazo y condiciones que determine el reglamento. La decisión favorable no relevará al SERVIU de llamar a licitación" -¡lógico!- "para adjudicar el respectivo contrato de participación.
"Con todo, las bases de licitación podrán considerar un puntaje adicional en la evaluación de la oferta del proponente que participe en el proceso de licitación", etcétera. Entonces, desde luego, como que la licitación está marcada, pues hay un puntaje favorable para el que propone la idea. Eso, por lo menos, habría que discutirlo.
Y prosigue el artículo:
"Adicionalmente, para el caso que el adjudicatario no sea el proponente, las bases de licitación podrán incluir la obligación del adjudicatario de reembolsar al proponente todo o parte de los costos de los estudios que éste debió realizar para su proposición, en la forma, modo y plazos que allí se establezcan.".
Estimo que todo este artículo debiera ser revisado con mucho cuidado, porque el proponente no ha hecho otra cosa que realizar una oferta de negocios. Él corre el riesgo de que si hay otro que lo hace mejor, la adjudicación de la licitación se la lleve ese otro. Es el riesgo propio de cualquier empresa que compra bases para participar en una licitación, o que arriesga. Ahora, si se la adjudica, tanto mejor para esa empresa; y si la pierde, eso forma parte del mundo de los negocios.
No veo por qué el artículo 3º establece algo preferente para el proponente. Puede dar la impresión de que el Estado, a través de los SERVIU, estaría -como señalé- marcando el proceso. Sabemos que los SERVIU -no digo en la actual administración, la del Ministro señor Ravinet - no siempre han adoptado decisiones afortunadas en las distintas materias.
Señor Presidente , el Senador señor Sabag me ha solicitado una interrupción, la que con todo agrado concederé. Pero antes de dar la palabra a Su Señoría, pediría que el artículo 3º fuera revisado con mayor atención.
Advierto al señor Senador que la Corte Suprema fue consultada sobre la materia a la que se refirió.
Señor Presidente , su agradezco su aclaración respecto de ese punto.
El acuerdo de la Comisión, acogido por el señor Ministro , fue ver la factibilidad de incorporar también a las municipalidades la facultad que se da a los SERVIU. No se trata de que aquéllas vayan a realizar actividades empresariales, sino de dar en concesión alguna obra o la realización de ésta, o la propiedad de bienes inmuebles. Resulta más conveniente entregar la ejecución, operación o mantención de esa obra o esa propiedad, o la explotación de un parque u otra actividad, porque así se capta inversión privada para obras de desarrollo urbano.
En todo caso, la iniciativa se halla para ser aprobada en general. En la discusión particular podrán presentarse las indicaciones pertinentes.
No obstante, sí quiero señalar que la parte de la norma que se refiere al proponente de una idea, desde luego, tiene un plus. Esto se encuentra establecido en la Ley de Concesiones de Obras Públicas, porque los proponentes en materia de obras públicas han invertido, está la idea, la iniciativa. Y eso tiene un valor.
Por eso, la iniciativa establece que las bases de licitación podrán considerar un puntaje adicional en la evaluación de la oferta del proponente que participe en el proceso de licitación. Si no la gana -ocurre hoy día hasta en el sistema de concesiones-, la persona, la empresa que se adjudica el contrato, debe pagar los gastos en que incurrió por el proyecto que elaboró. Porque se están pronunciando por el proyecto propuesto por él, no por uno nacido de iniciativa del SERVIU.
Esta materia ya se encuentra reglamentada; el sistema de concesiones ha operado excelentemente en el MOP. Y aquí nos estamos refiriendo a obras mucho más pequeñas. Por ejemplo, en una población existe un sitio que hoy es un basural o que no tiene ningún destino. El SERVIU preguntará qué le darán por él (en pavimento, en sedes sociales, en multicanchas, en obras que queden para la comunidad). Lo importante es que los privados participan en algo constructivo en cada uno de los sectores donde existen estos bienes que, por lo demás, el SERVIU no los vende.
Y digámoslo claramente. Aquí se habló de que no intervenía el Ministerio de Hacienda. Porque cuando se vende una propiedad del Ministerio de Bienes Nacionales, del SERVIU, buena parte va para la región y la otra para la Tesorería General de la República. El SERVIU no recibe nada, ni tampoco el Ministerio. En cambio, por la autorización legal que se propone, todo el producto de esa venta quedará en beneficio de la comuna, del barrio o del sector donde se efectuará la obra.
Debo aclarar a Sus Señorías, desde el punto de vista de la Mesa, lo siguiente.
Primero, no me parece que se trate de un tema relativo a dar facultades para realizar actividad empresarial. Creo que lo que se está haciendo es ampliar las facultades del Servicio, que ya las tiene, para ejecutar obras en determinada forma, directa o indirectamente, o por licitaciones. Pensar en la otra forma sería hilar muy delgado.
Opino que cuando la Constitución Política señala que el Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas, es porque éste constituye empresa, en cuanto a definición de empresa, y actúa como tal (en la empresa de Minería, la ENAP, la empresa de Ferrocarriles del Estado, etcétera). Pero en este caso sólo se está modificando la ley orgánica correspondiente, y por eso se requiere quórum especial.
Respeto mucho la interpretación del Senador señor Viera-Gallo , pero la Mesa tiene otra.
No he terminado mi intervención, señor Presidente .
Recupera el uso de la palabra el Senador señor Viera-Gallo .
Señor Presidente , a mi juicio, en la materia en debate sin duda que el SERVIU interviene en una actividad económica; tanto es así que hay un Título III que se denomina "Del Contrato de Participación". Y en ese contrato de participación el Fisco -en este caso, a través del SERVIU- establece una serie de prestaciones y contraprestaciones con el privado, según como les vaya en esa actividad.
Tiene razón el Senador señor Sabag en el sentido de que esto puede aplicarse como norma general a pequeñas actividades -como señaló-, como una plaza, etcétera. Pero, a mi modo de ver, nada impide, conforme a la ley, que pueda aplicarse a grandes actividades. También podría tratarse, por ejemplo, de la remodelación entera de una parte de una ciudad. ¿Por qué no? ¿Y por qué no establecer un contrato de participación de un SERVIU, si hubiéramos contado con esta ley, en la remodelación de la ribera norte de Concepción, donde hay miles de millones de pesos involucrados?
O sea, aquí estamos autorizando a los SERVIU para hacer pequeñas obras comunitarias y grandes empresas de desarrollo urbano, las que normalmente debieran hacer los privados. Lo que aquí se dice es que esto lo puede efectuar el Estado. ¿A través de quién? De los SERVIU. Y, según el Senador señor Ríos, además existe un compromiso para que pueda ser también a través de los municipios.
No creo que el Senador que habla tenga una interpretación muy lata de la norma constitucional; habría que ver, quizás, su historia. Pero ella habla de participar en actividades empresariales. Y, en mi criterio, eso es lo que se está haciendo en este proyecto (puede irle mal o bien; debe determinar cómo se distribuyen las ganancias, cuáles son las contraprestaciones, etcétera).
Ahora, me alegro de que así sea. No puedo sino estar contento de que se abra esta posibilidad para los SERVIU y para los municipios. Tampoco me interesa una discusión puramente jurídica. Pero sí quiero llamar la atención en cuanto a que resulta muy importante estudiar esta iniciativa con mucho detalle.
Agradezco también la aclaración del Senador señor Sabag respecto de las concesiones de obras públicas, porque detrás de esto puede haber enormes negocios inmobiliarios.
Señor Presidente , agradezco la intención de voto favorable manifestada por el Senador señor Viera-Gallo . Pero, a la vez, me hago un deber en precisar que el objetivo del proyecto es exactamente el contrario del que Su Señoría formuló.
En verdad, lo que se está haciendo mediante este proyecto es traspasar al sector privado, por la vía de la concesión, de la licitación, de la permuta, actividades que hoy día son de los SERVIU, del Ministerio de Vivienda y de los municipios, cuando éstos sean incorporados.
La labor de pavimentar calles, de reparar veredas, de hacer áreas verdes, de recuperar riberas de ríos o del borde costero, son funciones que corresponden a los entes preocupados del urbanismo que, en este caso, son el SERVIU y los municipios.
Por tanto, esta iniciativa -lo señaló muy bien el Senador señor Sabag - es una réplica, en pequeñito, en escala urbana, de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, pero con mayor versatilidad, porque esta última sólo acepta el pago en dinero. En tanto que la iniciativa en debate permite, además, entregar y permutar bienes; o sea, cuenta con más flexibilidad.
Por consiguiente, en ella no se incorpora al Estado, al Gobierno a través del SERVIU, ni a los municipios en actividades que les son impropias. Muy por el contrario, se trata de un instrumento jurídico para captar inversión privada en proyectos de desarrollo urbano que generan beneficio a la región, a la ciudad o al municipio. Por lo expuesto, su espíritu es exactamente el contrario del indicado por el señor Senador .
Sin perjuicio de lo anterior, obviamente estamos abiertos a una revisión legal y constitucional de la norma. Pero, en este trámite, quiero dejar claro que se busca traspasar estas actividades al sector privado de forma regulada, mediante concesiones y permutas, vía licitación pública.
Reitero, señor Presidente : el proyecto es una réplica, a escala urbana, de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, que el Parlamento aprobó oportunamente hace unos años.
Señor Presidente , las observaciones hechas por el Senador señor Viera-Gallo deberán considerarse en el segundo informe.
Durante la discusión general de la iniciativa, se indicó que el sistema propuesto permitiría realizar obras públicas con participación del sector privado.
No cabe la menor duda de que la redacción de algunos artículos podría perfeccionarse en el segundo informe. El artículo 1º, por ejemplo, señala que se podrán celebrar con terceros contratos de participación, destinados a la adquisición de bienes o a contratar la ejecución, operación y mantención de obras de equipamiento comunitario. Eso me parece bien. Pero después habla de remodelaciones o parques industriales. Habría que precisar más la redacción, pues la explicación dada en la Comisión por el señor Ministro y la opinión de los miembros de la misma eran que, con el sistema propuesto, equivalente al de las concesiones, se podían efectuar obras que de otra manera no se realizarían debido a la falta de recursos para ello.
Si uno mira los mapas de las ciudades, observa gran cantidad de áreas verdes que realmente son "áreas cafés", ya que son lugares abandonados donde nunca se han realizado obras de equipamiento comunitario o de área recreativas. Es una lástima que esos terrenos se desperdicien.
Otro punto importante de considerar en el segundo informe sería lo planteado sobre la participación de los municipios, toda vez que las áreas verdes, el equipamiento comunitario y la infraestructura urbana tienen directa relación con el quehacer de los mismos. Por lo tanto, es lógico analizar la forma en que éstos pueden participar en el sistema, de modo tal que su opinión también sea oída cuando el SERVIU lleve a cabo operaciones de ese tipo.
Lo anterior es muy relevante, porque las contraprestaciones del SERVIU pueden consistir en otorgar a terceros derechos sobre bienes muebles o inmuebles, incluso ubicados en otras comunas. Así, podría darse el caso de que una obra de concesión hecha, por ejemplo, en Antofagasta sea pagada con la entrega en propiedad de terrenos ubicados en Concepción. A mi juicio, ambas municipalidades tendrían algo que decir al respecto.
Sin embargo, como ha quedado claramente establecido, desde el primer momento existió y existe la disposición del Ministro a estudiar la materia a fin de permitir a las municipalidades participar en este sistema.
En razón de ello, señor Presidente , anuncio mi voto favorable al proyecto.
Señor Presidente , la verdad es que yo estaba inscrito desde antes de la aclaración hecha por el Senador señor Sabag por la vía de la interrupción.
Ésta es una iniciativa clara de revitalización urbana, y obviamente hay que destacarla.
En realidad, no se trata de un Estado emprendedor. Cabe reiterar el buen ejemplo que se señaló sobre la concesión de obras públicas, en la cual, incluso por iniciativa parlamentaria en su momento, se permitió que gente ajena al Ministerio planteara obras, abriendo un marco para la creatividad, la que, por cierto, debe incentivarse. Además, hay que reflejarlo en las propias bases de dicha licitación, como aquí se señala. Lo mismo se está haciendo en forma inicial, pero creciente, respecto de los bienes nacionales, a los cuales también se puede acceder por medio de la concesión.
Aclarado el proyecto debidamente, merece todo nuestro respaldo. Por ello, lo votaré a favor.
Señor Presidente , he conversado con el Presidente de la Comisión de Vivienda y Urbanismo, a petición de algunos señores Senadores de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, a fin de que el proyecto sea visto también por esta Comisión.
Lo plantearé luego de la votación, señora Senadora.
Señor Presidente , anuncio mi voto favorable a la idea de legislar sobre la materia.
Comprendo la duda que ha planteado el Honorable señor Viera-Gallo . A mi juicio, como se lo expresé al señor Ministro , desde el artículo 1º se empieza a utilizar el término "participación", en vez de la expresión "concesión" que es ya habitualmente conocida y perfectamente reconocida en el plano del derecho, en concordancia con las normas constitucionales a que el señor Senador se refirió.
Parecería que se está creando una fórmula nueva. Pero, en verdad, si se analiza el proyecto desde su inicio y todo lo que sigue después, nos daremos cuenta de que, en el fondo, se está regulando, con relación al SERVIU, prácticamente un contrato de la misma índole que el de las denominadas concesiones, que establecen todas las actividades de obras públicas.
En buenas cuentas, me da la impresión de que se está trasladando al ámbito del SERVIU una institución de identidad absolutamente similar. Dentro de esos parámetros, es indudable que la idea de legislar es procedente.
El Honorable señor Viera-Gallo manifestó su inquietud, con fundamento, en cuanto a que el proyecto tiene demasiada amplitud y a que todo su articulado opera en esa forma. ¿Por qué? Porque desde el artículo 1º hasta el último se norma precisamente lo que en la iniciativa se denomina "contrato de participación", lo cual corresponde, singularmente, al "contrato de concesión".
Para evitar lo anterior, tal vez podría aprovecharse el trámite de la discusión particular para precisar la terminología, si el señor Ministro lo tiene a bien.
En el segundo informe, perfectamente podría introducirse esa precisión para salvar cualquier duda.
--Se aprueba en general el proyecto (27 votos).
Votaron por la afirmativa los señores Aburto, Bitar, Boeninger, Cantero, Cordero, Chadwick, Díez, Fernández, Frei (doña Carmen), Gazmuri, Hamilton, Horvath, Lavandero, Matthei, Moreno, Muñoz Barra, Novoa, Páez, Parra, Pizarro, Ríos, Ruiz-Esquide, Sabag, Silva, Urenda, Viera-Gallo y Zaldívar (don Andrés).
Si le parece a la Sala, la iniciativa pasará a las Comisiones de Vivienda y Urbanismo y de Gobierno, Descentralización y Regionalización, unidas, y se fijará plazo para presentar indicaciones hasta el 11 de septiembre a las 12.
Hago presente a la Sala que quedarán pendientes para la sesión próxima los dos proyectos que siguen en el Orden del Día, por no reunirse el quórum de ley orgánica constitucional para despacharlos. La votación pendiente de la mañana también queda aplazada para la semana que viene.
Corresponde pronunciarse sobre el proyecto de acuerdo, iniciado por la Honorable señora Carmen Frei, cuyo objetivo es apoyar la Campaña Nacional de Prevención de la Violencia en la Pareja, impulsada por el Gobierno de Chile a través del Servicio Nacional de la Mujer, como también respaldar las acciones tendientes a la prevención de esta problemática, que afecta dramáticamente a las familias del país. (Boletín Nº S 573-12).
La iniciativa apunta a la adopción de medidas necesarias para que los proyectos de ley relativos a los Tribunales de Familia y a la modificación de la ley Nº 19.325, que sanciona la violencia intrafamiliar, sean tramitados y votados en ambas ramas del Congreso en el menor tiempo posible.
El proyecto de acuerdo fue suscrito también por el Honorable señor Boeninger.
Al Ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción y al Director Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía , acerca de INTERCONEXIÓN DE GAS EN AISÉN.
A la Directora Ejecutiva de la Comisión Nacional de Medio Ambiente y a la Directora Regional de la CONAMA de la Undécima Región , sobre EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE LAGO ATRAVESADO (ambos de la UNDÉCIMA REGIÓN).
Del señor ZALDÍVAR, don Andrés:
A la Directora Ejecutiva de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, respecto de INSTALACIÓN DE PLANTA PROCESADORA DE CONCENTRADOS POLIMETÁLICOS EN CURACAVÍ (REGIÓN METROPOLITANA).
Como no intervendrá ni tampoco lo harán el Mixto ni el Demócrata Cristiano, corresponde el tiempo al Comité UDI e Independientes.
Señor Presidente , hasta 1991 y de acuerdo con el artículo 5º de la ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo, el Ministerio de Salud consideraba los siguientes requisitos para optar a los grados de la planta de profesionales: en lo referente a los grados 5º y 6º de la Escala Única de Sueldos, haber estudiado una carrera de a lo menos diez semestres de duración y tener dos años de experiencia profesional; y entre los grados 7º y 16º, haber estudiado una carrera de a lo menos ocho semestres de duración.
Con posterioridad a ello, y considerando que algunas de esas carreras ya tenían diez semestres de estudios, se promulgó la ley Nº 19.086, de 1991 -elaborada en los inicios del Gobierno del Presidente Aylwin, cuando era Ministro de Salud el doctor Jorge Jiménez -, la cual, en su artículo 4º estableció que los cargos vinculados a asistentes sociales, enfermeras, kinesiólogos, nutricionistas, matronas, tecnólogos médicos y fonoaudiólogos tendrían como tope el grado 10º en la Escala Única de Sueldos, independientemente de los semestres de formación académica y de las funciones que se desempeñaran. Así lo interpretó la Contraloría General de la República en su dictamen Nº 21528, del 15 de junio de 1999, con el que dio respuesta a una consulta formulada por el Ministro de Salud y por el Colegio de Enfermeras de Chile A.G.
Ese dictamen establece lo siguiente en el párrafo segundo de la página 2: "Como puede advertirse, dicha norma legal contiene un mandato expreso en orden a que quienes poseen algunos de los mencionados títulos, entre los que se encuentran las enfermeras y matronas, sólo pueden ser ubicados entre los grados 17 y 10 de la escala única de sueldos.".
Más adelante, en su párrafo quinto, señala: "Lo anterior constituye, por cierto, una limitación que afecta a los referidos profesionales, pero que no emana de lo preceptuado en el señalado DFL Nº 29, de 1992, dado que su origen se encuentra en la propia norma delegatoria, esto es, en el artículo 4º de la Ley Nº 19.086.".
Señor Presidente , esta situación sólo ocurre en el Ministerio de Salud y afecta expresamente a profesiones que desde su origen están dedicadas a la salud pública del país. No sucede lo mismo con otros profesionales que, por diversas razones, trabajan hoy día en esta misma área, como profesores de Estado, antropólogos, geógrafos, diseñadores gráficos, etcétera.
Por tales razones, solicito que, en mi nombre, se oficie a la señora Ministra de Salud y al señor Ministro Secretario General de la Presidencia , con el objeto de que se corrija esa situación, para cuyo efecto se requiere introducir una modificación al artículo 4º de la ley Nº19.086, la que, por su naturaleza, necesita el patrocinio del Ejecutivo.
Asimismo, pido que copia de esta intervención sea remitida al Colegio Profesional de Enfermeras.
El Comité Renovación Nacional e Independiente no intervendrá.
Tampoco lo hará el Institucionales 1.
En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el Honorable señor Lavandero.
Señor Presidente , deseo manifestar que, de acuerdo con la última encuesta CASEN, se ha determinado que la Región de La Araucanía es una de las más pobres y que en ella la pobreza alcanza el 33 por ciento, incluida la ciudad de Temuco. Si sacamos a esta última de ese sondeo, veremos que la cifra llega a 40 por ciento. Además, existen a lo menos tres comunas donde ha alcanzado el 60 por ciento.
Se trata de una situación que se ha prolongado por mucho tiempo.
Ésa es la razón que me induce a solicitar, tanto al gobierno central, a través del señor Ministro del Interior , como al gobierno regional, por intermedio de su Intendente, el establecimiento de una comisión que estudie a fondo la situación endémica que afecta a la Novena Región y analice las causas más profundas que determinan ese nivel de pobreza y de indigencia. Este último es, lejos, el más alto de todas las regiones.
A lo anterior cabe agregar que el sector privado no contribuye a mejorar las condiciones productivas de la región y que las instituciones de ese sector que ahí existen son sólo de servicios, financieras o bancarias. Ellas, en lugar de aportar recursos, los extraen y van a parar a los organismos centrales de la Metrópoli o, en el peor de los casos, se convierten en utilidades para los bancos, cuyas casas matrices están en el extranjero.
Sin embargo, más delicado aún es el hecho de que los gobiernos centrales, en los últimos cincuenta años, han aplicado una política que sigue el mismo curso de los inversionistas privados. En efecto, en materia de salud, el Estado aporta a nuestra región -que es la más pobre- entre 30 y 40 por ciento menos que lo que invierte como promedio en el país. Por eso, indudablemente, la mortalidad infantil es tres veces la media que se da en el territorio.
Por lo anterior, señor Presidente , solicito que, en mi nombre, se oficie tanto al Ministerio del Interior como al gobierno regional, con el objeto de que se aboquen a una política que identifique las causas que originan esa situación, como asimismo que ella se traduzca en una solución a los problemas de pobreza que se presentan en nuestra región.
No es admisible seguir soportando la situación. Porque mientras de alguna manera el país crece, la Novena Región decrece; mientras en el resto del territorio la pobreza se mantiene, allá aumenta.
Creemos que el Gobierno debe realizar esfuerzos muy serios en esta materia, a fin de revertir el desequilibrio tan grande que existe entre la Región de la Araucanía y las demás. Se necesita una operación de cirugía mayor para resolver tan grave problema.
Señor Presidente, pido que se envíen los oficios señalados.
Antes de dar curso a la solicitud de Su Señoría, quiero hacerle presente que las interrogantes que plantea respecto de la zona que representa son aplicables también a la mayoría de las regiones del país. Lo usual es que las autoridades locales no conozcan exactamente a cuánto ascienden los recursos públicos que se destinan a cada una de las acciones propias del Estado en funciones directas o subsidiarias. Generalmente las autoridades locales -gobiernos regionales y comunales- desconocen esa información, o no les interesa conocerla, y terminan por marginar un recurso público que podría servir para que efectivamente exista igualdad de oportunidades en Chile.
Cabe precisar que el Presupuesto de la Nación en materia de educación es de 404 mil pesos per cápita. Ése es el monto real. Es necesario averiguar cuánto llega por dicho concepto a cada una de las comunas de la Novena Región. Estoy absolutamente convencido de que no llega el total de los fondos y ésa es la razón de los desequilibrios que se presentan, pues finalmente aquéllos quedan muy centralizados.
Señor Senador, lo expuesto constituye sólo una opinión, porque comparto las inquietudes de Su Señoría.
Por eso, señor Presidente , mi invocación, a través de los oficios que pido enviar, es que se estudie el problema en lo que atañe a los gobiernos tanto nacional como regional. Sé que los recursos no están en manos del gobierno regional, pero éste sí puede llevar a cabo un análisis profundo de las causas del mantenimiento tan sostenido de la pobreza en la Novena Región, donde tiene connotaciones verdaderamente dramáticas. Prueba de ello es que allí el Producto equivale a 50 por ciento del promedio nacional. Es como si fuese un país distinto y enteramente subdesarrollado.
Las declaraciones de buena voluntad que se han hecho durante largo tiempo no ayudan a la solución del problema. Se necesitan medidas urgentes, eficaces y muy profundas para colocar a la Región de la Araucanía, no digo por sobre las demás, sino al menos cercana a un equilibrio con ellas.
La situación existente, por más que los parlamentarios de la zona hemos hecho esfuerzos constantes, incluso ante la Comisión de Presupuestos, no condice con una decisión real y efectiva por parte del gobierno central, y tampoco genera un reclamo positivo y potente desde el regional.
Antes de dar curso a los oficios, quisiera pedir la venia del señor Senador para oficiar también al gobierno regional, para solicitar que informe cuál es el monto del recurso público que se hace llegar en cada una de las áreas ministeriales, a fin de que Su Señoría la tenga a la vista. Ello servirá para realizar los cálculos respectivos y comprobar si se les envía todo lo que proporcionalmente corresponde al área social de esa parte del país.
Deseo destacar que en la Región de la Araucanía recientemente se implementó un plan tendiente a mejorar la distribución interna de los recursos. A mi juicio, eso es loable, pero insuficiente para compensar el colosal desequilibrio existente.
Por lo tanto, es muy importante que se conozca en el nivel central el monto de los recursos de que dispone la Novena Región en cada una de sus principales áreas de desarrollo.
Entiendo que cuando Su Señoría alude al nivel central se refiere al Gobierno de la Nación.
En el resto del tiempo del Comité Socialista, ofrezco la palabra.
Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.