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Timestamp: 2020-02-17 18:20:37
Document Index: 102440823

Matched Legal Cases: ['in fine', 'artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 70', 'in fine', 'artículo 48']

Convocatoria de empleo público fuera del plazo máximo establecido en el art. 70.1 TREBEP - El Derecho Local
Convocatoria de empleo público fuera del plazo máximo establecido en el art. 70.1 TREBEP
TS - 12/12/2019
Se interpuso recurso de casación contra las bases del proceso selectivo convocado por un Ayuntamiento para la cobertura de dos plazas de TAG vacantes en la plantilla de personal e incluidas en las OEP para los años 2008 y 2010. La recurrente alegó la caducidad de las respectivas ofertas de empleo y la invalidez sobrevenida de lo actuado en el proceso selectivo.
La cuestión estriba en determinar si el plazo de 3 años para la ejecución de la oferta de empleo público previsto en el art. 70.1 TREBEP tiene la consideración de un plazo esencial, en el sentido de que su transcurso sin ejecución alguna de dicha oferta la deja sin efecto, haciéndola inaplicable.
El TS señala que las AAPP tienen la obligación de convocar procesos selectivos y ejecutar la oferta de empleo público dentro del plazo establecido en el art. 70.1 TREBEP. En este caso concreto, ha quedado acreditado que no transcurrió el plazo de 3 años en la convocatoria del año 2010.
Sin embargo, no se puede decir lo mismo respecto de la convocatoria del año 2008. En este caso, considera el tribunal que transcurrió el plazo establecido y, por tanto, nos encontramos en un supuesto de invalidez de acto administrativo.
A pesar de ello, entiende que dicho acto debe ser conservado ya que, de haberse producido en plazo, no hubiera generado un resultado distinto.
No obstante, el tribunal ordena que la recurrente sea indemnizada por los daños y perjuicios ocasionados.
Tribunal Supremo , 12-12-2019
, nº 3554/2017, rec.1718/2019,
ECLI: ES:TS:2019:4195
<<Desestimar el recurso de apelación interpuesto por Dª. María Antonieta, representada y defendida por la Letrada Dª. Ana Carrasco Martínez, contra la sentencia de fecha 3 de diciembre de 2015 que dictó el Juzgado de lo Contencioso-administrativo Número 2 de Sevilla en el Procedimiento Abreviado nº 91/2015, que confirmamos. Imponemos las costas a la parte apelante hasta el límite máximo de 300 €.>>.
La sentencia dictada en apelación, y ahora impugnada, declara que<<El precepto legal que adujo la hoy apelante para impugnar, tempestivamente, las bases de la convocatoria del proceso selectivo y su posterior resultado fue el art. 70.1 in fine LEBEP, que, a su entender, instituye un término esencial, deducible de los vocablos de la norma: en todo caso e improrrogable, y cuya vulneración, según colige, provocó la caducidad de las respectivas ofertas de empleo y la invalidez sobrevenida de lo actuado en el proceso selectivo.
Sobre el particular, esta Sala de lo Contencioso-Administrativo delTSJA con sede en Sevilla sostuvo en sentencia de 19 de mayo de 2016, apelación nº 143/16, de la Sección 3ª, sintonizando con el parecer expresado en lasentencia de 15/12/2014de Granada, que:
Planteadas así las posturas de las partes, el objeto del presente recurso de apelación no es otro que el de determinar si el incumplimiento del plazo de tres años que establece elartículo 70 Estatuto Básico del Empleado Público para la ejecución de las ofertas de empleo público debe traer como consecuencia la nulidad de las convocatorias. Dispone elart. 70.1 del EBEPque "Las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto de la Oferta de empleo público, o a través de otro instrumento similar de gestión de la provisión de las necesidades de personal, lo que comportará la obligación de convocar los correspondientes procesos selectivos para las plazas comprometidas y hasta un diez por cien adicional, fijando el plazo máximo para la convocatoria de los mismos. En todo caso, la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años." Lasentencia de instancia debe ser confirmada pues responde al criterio de esta Sala (S. 17 de julio de 2013,sede de Granada y S. 11 de febrero de 2011, sede de Sevilla), que se puede sintetizar en los siguientes puntos: a) No nos hallamos ante un plazo de caducidad, sino una obligación o mandato impuesto a la Administración para concluir el proceso selectivo dentro de dicho plazo a fin de evitar la excesiva dilatación del proceso. b) El transcurso del indicado plazo de tres años, no determina la anulabilidad del acto pues conforme a lo dispuesto en elart. 63.3 de la Ley 30/1992"La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo podrá implicar la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo", circunstancia que no resulta delart. 70.1 EBEP. c) Elart. 70.1 EBEPcontiene la obligación de desarrollar la ejecución de la OEP en el plazo de tres años, pero no una obligación de resultado, que sería el de ejecutar los procedimientos selectivos en dicho plazo. Por lo expuesto, procede desestimar el recurso de apelación (...)" .>>
SEGUNDO .-La identificación del interés casacional
<<Si el plazo de tres años para la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar, previsto en el inciso final delartículo 70.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, (coincidente con el mismo precepto del Real Decreto Legislativo 5/2015) tiene la consideración de un plazo esencial, en el sentido de que su transcurso sin ejecución alguna de dicha oferta la deja sin efecto, haciéndola inaplicable.>>
TERCERO .-La desaparición en parte del interés casacional
CUARTO .-La interpretación delartículo 70.1 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre (TRLEBEP)
En relación con la caracterización del plazo, como esencial o no, respecto de la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar, previsto en el inciso final del artículo 70.1 citado, en nuestra Sentencia de 21 de mayo de 2019, citando a su vez la precedente Sentencia de 10 de diciembre de 2018 (recurso de casación nº 129/2016), declaramos su carácter esencial, al señalar que<<En cambio, sí es relevante tener presente que el límite de los tres años acompaña a la lógica de que se ejecuten las ofertas de empleo público aprobadas para un ejercicio determinado mientras permanezcan las necesidades en virtud de las cuales se elaboraron, necesidades que razonablemente pueden variar de manera significativa más allá de ese margen. En todo caso, llama la atención que la Comunidad de Madrid no haya explicado la razón a la que se debe la demora de nueve y siete años en efectuar las convocatorias.
No existen razones para modificar lo allí dicho en que ya se afirmó el carácter esencial del plazo.>>.
QUINTO .- Los efectos que se producen en este caso
La parte recurrente solicita en su escrito de casación que se declare la nulidad de la resolución administrativa impugnada en el recurso contencioso-administrativo que aprobó las bases de la convocatoria de dos plazas de Técnico de la Administración General, así como "la nulidad de todo el procedimiento selectivo desarrollado para cubrir las citadas plazas, declarando nulos todos los actos posteriores. Y ello como consecuencia de la caducidad de la oferta de empleo público". Consecuentemente también solicita la restitución de los efectos del nombramiento (...) como funcionaria interina", para que sea restituida en su plaza hasta que ésta se cubra "reglamentariamente tras su inclusión en una nueva oferta de empleo público y posterior convocatoria que la ejecute conforme a derecho".
Ciertamente venimos considerando que la naturaleza de ese plazo de tres años es esencial, por ministerio de ley, cuando declara que la oferta de empleo público debe desarrollarse "dentro del plazo improrrogable de tres años" (artículo 70.1 "in fine" del TRLEBEP). De manera que se trata de la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido por la ley para su desarrollo, cuando la naturaleza del plazo lo impone, lo que determina la anulabilidad del acto administrativo impugnado, a tenor de lo dispuesto en el artículo 48.3 de la Ley 39/2015.
SEXTO .- Las costas procesales