Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-633-de-agosto-3-de-2006?documento=jurcol&contexto=jurcol_7599204222d9f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-05-20 05:10:38
Document Index: 146802382

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﻿ SENTENCIA T-633 DE AGOSTO 3 DE 2006
SENTENCIA T-633 DE 03 DE AGOSTO DE 2006
CONTENIDO:PROCESOS EJECUTIVOS HIPOTECARIOS. ALCANCE E INTERPRETACIÓN AL PARÁGRAFO 3 DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY 546 DE 1999.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO, RELIQUIDACIÓN DE CRÉDITO HIPOTECARIO, DERECHO AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DERECHO A VIVIENDA DIGNA
Sentencia T-633 de agosto 3 de 2006
Sentencia T-633 de 2006
Ref.: Expediente T-1328106
Acción de tutela instaurada a través de apoderado judicial por Julio César Ararat Patiño contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
La Sala Novena de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Clara Inés Vargas Hernández, Jaime Araújo Rentería Y Nilson Pinilla Pinilla, en ejercicio de su competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente;
dentro del proceso de revisión del fallo proferido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en el trámite de la acción de tutela instaurada a través de apoderado judicial por Julio César Ararat Patiño contra la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C.
El señor Julio César Ararat Patiño por intermedio de apoderado judicial interpuso acción de tutela contra la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C. por considerar violados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la vivienda digna y al acceso a la administración de justicia. Fundamenta su acción en los siguientes hechos:
1. El 29 de julio de 1998, el Banco Central Hipotecario promovió ante el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, proceso ejecutivo hipotecario contra el accionante y la señora Miryam Garcés Buitrago, dentro del cual, el 24 de noviembre de 1998, se libró mandamiento de pago y el 25 de noviembre de 1999 se profirió sentencia.
2. El accionante manifestó en tiempo ante la entidad crediticia su intención de acogerse a la reliquidación del crédito y solicitó al despacho judicial de conocimiento la suspensión del proceso de conformidad con lo preceptuado en el parágrafo 3º del artículo 42 de la nueva ley de vivienda, la cual negada mediante providencia del 11 de octubre de 2000.
3. El 28 de agosto de 2002, el BCH remitió al juzgado la reliquidación del crédito de UPAC a UVR, la cual fue desestimada por el juzgado mediante providencia del 2 de septiembre de 2002, por cuanto se trataba de un crédito concedido en pesos colombianos los cuales no debían ser convertidos en UVR.
4. Señala el actor, que el 24 de noviembre de 2004 presentó incidente de nulidad de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, el cual fue rechazado de plano mediante providencia del 1º de diciembre de 2004. Apelada la decisión, fue fallada negativamente por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, “por providencia del 17 de mayo de 2005 (sic)”, argumentando para ello que en razón a que la censura se dirige contra el trámite dado a la aplicación de Ley 546 de 1999, la misma ha debido proponerse por vía de excepción. Agrega el accionante que en tal decisión no se tuvo en cuenta que “... el proceso fue sentenciado en noviembre de 1999 y la Ley 549 de 1999 fue expedida en diciembre, no existiendo por ende para la fecha la norma del parágrafo 3º del artículo 42 de la mencionada ley, para haber podido excepcionar basado en la misma y desconociendo los variados pronunciamientos al respecto dados por la Corte Constitucional, desde la Sentencia de Revisión C-955 de 2000 para que los procesos ejecutivos hipotecarios vigentes a diciembre 31 de 1999 se dieran por terminados”.
5. Afirma que posteriormente solicitó la terminación del proceso por ministerio de la ley, la cual fue negada mediante providencia del 18 de agosto de 2005, contra la cual interpuso el recurso de queja por haber sido negada la apelación. Indica que el Tribunal Superior declaró bien denegado el recurso de apelación, con base en argumentos cuyos apartes citó en la demanda así: “... en virtud del principio de taxatividad señalada (sic) en nuestra legislación procesal civil, para su otorgamiento es necesario que la providencia impugnada sea susceptible del recurso de alzada, comoquiera que el artículo 377 ejusdem, de manera clara, expresa y concisa dispone que el superior la concederá —si fuera procedente—”. Además citó: “Ciertamente, la decisión censurada no aparece revestida de tal beneficio en el artículo 351 ni en norma especial alguna, de donde es obvio concluir que el recurso es improcedente”. Sobre el particular manifiesta el accionante que en su criterio, contrario a lo afirmado por el tribunal, no solamente está taxativamente consagrado en el artículo 351 del Código de Procedimiento Civil que la solicitud de terminación del proceso puede ser apelada, sino también que el recurso era procedimentalmente válido, tal como lo entendió uno de los magistrados del tribunal, al haber salvado el voto en la sentencia.
6. Afirma que como consecuencia de la expedición de la Sentencia C-955 de 2000, mediante la cual la Corte Constitucional revisó la constitucionalidad de la Ley 546 de 1999 y en especial del parágrafo 3º del artículo 42 y de los varios fallos proferidos con posterioridad, entre ellos la Sentencia T-701 de 2004, se ha unificado y despejado cualquier duda respecto a la terminación y archivo de los procesos ejecutivos con título hipotecario, que se encontraban en curso el diciembre 31 de 1999 y sobre los cuales se hubiere practicado la reliquidación del crédito. Lo anterior, debido al criterio de algunos operadores jurídicos que se oponían a la terminación del proceso en el evento de quedar saldos pendientes a cargo del deudor y en razón a que se desvirtuaba la función del proceso ejecutivo.
7. Manifiesta el accionante que con el proceder de las decisiones tomadas por los magistrados que integran la Sala de Decisión del tribunal demandado, se desconocieron los efectos procesales resultantes de la reliquidación del crédito, que consistían en la terminación del proceso y su archivo sin más trámite, con lo cual estima, se apartaron infundadamente de lo dispuesto en la ley y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional e incurrieron en una vía de hecho por defecto sustantivo. Para sustentar lo afirmado cita apartes de la Sentencia T-199 de 2005, proferida por la Corte Constitucional.
8. En relación con la viabilidad de la acción para cuestionar las decisiones judiciales que considera arbitrarias, sostiene que: “Cuando no existe una vía ordinaria para atacarlas y estas actuaciones generan un perjuicio irremediable, o es razonable pensar que existe la amenaza de un daño irreparable que es urgente precaver, la Corte ha determinado que procede la acción de tutela porque con ella, en estos casos, no se vulnera la seguridad jurídica ni se pone en peligro el orden justo sino, por el contrario, se puede corregir la burda acción, en busca de la prevalencia del derecho sustancial,”
Por lo anterior, solicita la protección de los derechos fundamentales que le fueron vulnerados por el Tribunal Superior de Bogotá, en sus providencias del 17 de junio de 2005 y el 13 de enero de 2006, las cuales deben revocarse. Además solicita se ordene la terminación del proceso y el archivo del expediente de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 3º del artículo 42 de la Ley 546 de 1999 y en la interpretación con efectos erga omnes efectuada por la Corte constitucional en las sentencias C-955 de 2000, unificada en las sentencias T-199; T-217; T-258; T-391; T-472; T-495; T-844 y T-1181 de 2005.
II. Intervención de los despachos judiciales y las entidades crediticias accionadas.
1. La magistrada ponente, María Teresa Plazas Alvarado, integrante de la Sala Civil de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, accionada dentro de la acción de tutela, mediante escrito de respuesta presentado ante el juez de instancia el 10 de febrero de 2006, manifestó que se remite en todo a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas en las providencias objeto de la censura, proferidas por la corporación los días 17 de junio de 2005 y el 13 de enero de 2006.
2. En escrito recibido en la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el 6 de febrero de 2006, el Juez Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá, despacho judicial que aunque no fue demandado, se pronunció sobre la presente tutela por requerimiento efectuado por el juez de instancia de la presente tutela, indicando que no se evidencia dentro del proceso ejecutivo hipotecario que se haya vulnerado derecho fundamental alguno del actor, toda vez que durante las instancias del proceso, el demandado gozó de todos los medios de defensa que brinda el debido proceso, los cuales ejerció de la manera como estimó conveniente. Por lo anterior solicita denegar el amparo, en tanto que considera la improcedencia de la acción, toda vez que este mecanismo especial no fue instituido para dar paso a otra instancia que es lo que en el fondo pretende el accionante.
3. Por su parte, la gerente jurídica de Central de Inversiones S.A., como cesionaria del crédito adquirido por el actor con el Banco Central Hipotecario, entidad que si bien no fue demandada dentro de la presente acción, fue requerida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia por tratarse de un tercero con interés legítimo para intervenir, mediante escrito radicado el 14 de febrero de 2006, respondió el requerimiento efectuado mediante telegrama enviado por el Juzgado 17 Civil del Circuito comisionado por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, afirmando que en razón a que la notificación de la admisión de la acción de tutela se efectúo el día 13 de febrero de 2006: “... el día de ayer nos acercamos a la Corte Suprema con el fin de obtener copia de la demanda, y nos informaron que no era posible por cuanto se encontraba al despacho desde el día 10 de febrero de 2006 para dictar sentencia.
Por lo antes expuesto, solicito al señor magistrado tener en cuenta que Central de Inversiones S.A. desconoce el contenido de la acción judicial promovida en su contra, a efectos de ejercer el derecho de contradicción a que legalmente hay lugar.
Adicional a lo anterior, manifestamos que la naturaleza jurídica de esta entidad corresponde a una sociedad de economía mixta indirecta del orden nacional, cuyo capital está compuesto en un 90% por recursos del Estado (sic) y por ende, una notificación efectuada en los anteriores términos podría traducirse en un injustificado detrimento patrimonial imputable a recursos estatales”.
En sentencia proferida el 20 de febrero de 2006, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia negó la tutela solicitada tras considerar previamente que por las razones expuestas en la sentencia del 18 de noviembre de 2003, proferida por esa misma corporación, no comparte las conclusiones de la Corte Constitucional contenidas en la sentencia aludida por la apoderada judicial del actor, relacionadas con la modalidad especial de terminación del proceso por la sola circunstancia de haber realizado la reliquidación del crédito.
En relación con el caso concreto, descarta la existencia de una vía de hecho por parte del tribunal accionado al haber continuado con el trámite del proceso, por cuanto en su parecer no existiendo prueba de la cual se infiera que la obligación quedó al día ni que las partes hayan convenido la refinanciación, no es viable dar por terminado el proceso ejecutivo hipotecario, sin ningún tipo de evaluación, puesto que, “... si así no fuera, “seguramente la ley en lugar de establecer la posibilidad de suspender el proceso habría provocado la terminación de todos los procesos ejecutivos para que fuera posteriormente y en otro trámite que se provocara la satisfacción de los créditos que, a pesar (sic) la reliquidación, quedaran insolutos...”.
Tampoco en su parecer se advierte la existencia de una vía de hecho al haber desestimado la nulidad planteada, toda vez que es indiscutible que las causales deben estar expresamente contempladas en la ley y la causal del numeral 3º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, invocada por el actor, fue analizada razonablemente por el tribunal. Las mismas consideraciones se tuvieron en cuenta para el recurso de queja, en relación con el cual tampoco vislumbra irregularidad alguna, puesto que en efecto no existe una norma que consagre el recurso de apelación para las decisiones desestimatorias de la terminación del proceso y la invocada por el actor no corresponde al caso concreto.
— Fotocopia de las sentencias proferidas el 13 de enero de 2006 y el 17 de julio de 2005, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., allegadas por el accionante. (fls. 2 al 13 del cdno. primero de tutela).
— Respuesta del Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá a la acción de tutela, ante el requerimiento de la Corte Suprema de Justicia (fl. 30 del cdno. primero de tutela).
— Respuesta a la acción de tutela por parte de la Sala Civil de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., suscrita por la magistrada ponente doctora María Teresa Plazas Alvarado, ante el requerimiento de la Corte Suprema de Justicia (fl. 32 del cdno. primero de tutela).
— Respuesta de la gerencia jurídica de Central de Inversiones S.A., ante el requerimiento de la Corte Suprema de Justicia (fl. 35 del cdno. primero de tutela).
— Respuesta de la gerencia jurídica de Central de Inversiones S.A., al requerimiento de la Corte Constitucional, recibida el 26 de mayo de 2006 (fl. 19 del cdno. segundo de tutela).
— Oficio 911, radicado en la Corte Constitucional el 24 de mayo de 2006, mediante el cual el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, D.C., atendiendo el requerimiento de esta corporación, remitió el original del expediente contentivo del proceso ejecutivo hipotecario adelantado en contra del señor Julio César Patiño Ararat (fl. 27 del cdno. segundo de tutela).
La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, mediante auto de fecha 22 de mayo de 2006, ordenó a la secretaría general de esta corporación (i) poner en conocimiento de Central de Inversiones S.A. el contenido del presente expediente de tutela, con el propósito de que se pronunciara acerca de las pretensiones y del problema jurídico allí planteado y además, (ii) solicitar al Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá, remitir el expediente contentivo del proceso ejecutivo hipotecario del Banco Central Hipotecario contra Julio César Patiño Ararat, para contar con mayores elementos de juicio al momento de proferir el fallo.
1. En respuesta al requerimiento hecho por esta Sala de Revisión, mediante escrito recibido en esta corporación en el término concedido, la abogada asesora de la gerencia jurídica de Central de Inversiones S.A., se pronunció respecto de la presente tutela en los siguientes términos:
En primer lugar, solicita se declare la nulidad de todo lo actuado a partir de la notificación del auto admisorio de la acción, por indebida notificación toda vez que como lo informó en su oportunidad ante la Corte Suprema de Justicia, no fue posible acceder al texto de la tutela y por ende al ejercicio del derecho de defensa, por cuanto el envío del telegrama por parte del Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, comisionado por la Corte Suprema de Justicia para efectos de la notificación de la acción de tutela, se efectuó el 13 de febrero de 2006, cuando el expediente se encontraba al despacho para fallo desde el 10 de febrero de 2006.
Por tanto afirma que: “Resulta evidente entonces, que a pesar de que Central de Inversiones S.A. —acreedora de la obligación que se cobra a través del proceso ejecutivo hipotecario que se tramita ante el Juzgado 17 Civil del Circuito de esta ciudad y el cual constituye el objeto central de esta acción de tutela—, tiene un claro interés dentro del trámite de la acción que nos ocupa, el cual incluso fue reconocido por el fallador de primera instancia de la tutela, no ha tenido la oportunidad para hacer un pronunciamiento al interior de la misma, en aras de la defensa adecuada de las prerrogativas que su calidad de acreedor le reporta, lo cual configura la nulidad que el estatuto procesal prevé en los numerales 8º y 9º de su artículo 140, máxime cuando en sede de Revisión, la (sic) irregularidades en ese sentido se tornan insubsanables pues el procedimiento seguido para desatar la acción de tutela, ya se ha consumado”.
De otra parte, en relación con los hechos que fundamentan la acción de tutela, solicitó desestimar las pretensiones de la demanda, teniendo en cuenta que Central de Inversiones S.A. no ha vulnerado derecho fundamental alguno del accionante, con base en los siguientes argumentos:
“2.1. Sea lo primero indicar, que la obligación 550198000040025, a cargo de la demandante, fue suscrita inicialmente con el Banco Central Hipotecario, quien posteriormente la transfirió a Central de Inversiones S.A. en virtud del convenio interadministrativo celebrado entre ambas entidades.
2.2. Ahora bien, con relación al proceso judicial adelantado por Central de Inversiones S.A. (en su calidad de cesionaria del Banco Central Hipotecario, hoy en liquidación) ante el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, debe advertirse que una vez revisado el trámite otorgado a dicho proceso, a partir del expediente que hace parte de esta actuación, no se verifica irregularidad alguna que sustente la vulneración al derecho fundamental al debido proceso, que alega la aquí accionante, pues se han surtido la totalidad de las ritualidades procesales previstas en la legislación vigente sobre la materia.
2.3. Así también, debe señalarse que el crédito cuyo recaudo se solicita a través del proceso de la referencia, fue otorgado para la adquisición de vivienda, y que su desembolso inicial se efectúo en pesos. Sin embargo tal otorgamiento se realizó antes de la entrada en vigencia de la Ley 546 de 1999, por lo cual el crédito era susceptible de la aplicación de las medidas previstas por el legislador como “Régimen de transición” en el capítulo VIII de dicha ley; medidas dentro de las cuales se incluía la reliquidación de la obligación, en los términos en los que la misma fue efectivamente aportada al proceso que tramita el Juzgado 17 Civil del Circuito de esta ciudad.
2.4. Este despacho también debe apreciar que dentro del trámite del proceso ejecutivo hipotecario objeto de esta acción, la parte demandada no compareció inicialmente al proceso de manera activa, esto es, formulando las excepciones necesarias para enervar las pretensiones ejecutivas de la parte demandante, de forma tal que todos lo elementos de fondo y de forma suministrados por las partes fueron analizados y decididos en la sentencia proferida por el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá y en las providencias posteriores que se expidieron dentro del proceso.
En consecuencia, no resulta procedente que quien ahora promueve esta tutela, acuda precisamente a una acción subsidiaria —como esta—, para que se estudie una controversia que ya fue desatada por la administración de justicia (de manera puntual, por el Juzgado 17 Civil del Circuito y por el Tribunal Superior de Bogotá), reuniendo de manera integra(sic) la totalidad de formalidades legalmente contempladas para el trámite del proceso como el que no ocupa y de las providencias particulares puestas a su consideración. Lo anterior, sería desconocer la previsión efectuada en el artículo 118 del Código de Procedimiento Civil, el cual expresamente contempla que:
“Los términos y oportunidades señalados en este código para la realización de los actos procesales de las partes y los auxiliares de la justicia, son perentorios e improrrogables(...)”.
Lo que se evidencia aquí entonces, no es más que la intención de purgar la obligación crediticias (sic) del demandante —dilatando la ejecución de la misma—, a través de una acción judicial cuya filosofía no corresponde a la de desvirtuar la recta y normal administración de justicia.
2.5. Igualmente debe señalarse sobre la interpretación del inciso (sic) 3º. del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, esbozada por la parte actora en su escrito (pretendiendo la terminación del proceso ejecutivo que cursa en su contra), que la terminación del asunto únicamente se presentaría, en el caso previsto en el aparte de la norma citado, cuando a raíz de la reliquidación del crédito se determinó un alivio capaz de cubrir el monto de la obligación que se encontraba en mora y que por ende, era el móvil del proceso ejecutivo que estuviese en curso, o bien, cuando en presencia de un saldo pendiente, el tomador del crédito lo hubiese reestructurado o refinanciado.
En esta oportunidad ninguno de los anteriores supuestos se configuró, pues la imputación del alivio por concepto de reliquidación al monto de la deuda vigente para el momento en el cual se aplicó el alivio por concepto de reliquidación, no resultó suficiente para saldar la mora de la obligación ejecutada, por lo cual resultaba completamente lícito y legítimo continuar adelante con el proceso ejecutivo hipotecario instaurado para hacer efectiva la garantía de la obligación referida”.
Para soportar estos últimos argumentos, citó apartes de las sentencias T-511 de 2001 de la Corte Constitucional y del 15 de junio de 2004, proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, las cuales en su criterio contienen pronunciamientos similares sobre el tema analizado.
Concluye su intervención afirmando que: “Resulta entonces, plenamente coadyuvada la afirmación de que no existe motivo por el cual el(sic) deba tutelarse derecho fundamental alguno del accionante, toda vez que sus prerrogativas constitucionales fueron adecuadamente observadas dentro del proceso judicial que se adelantó en su contra, en los términos inicialmente indicados. En igual vía, debe tener en cuenta esta corporación que las sentencias que se profieran en casos aparentemente similares al que nos ocupa (tales como las invocadas por la tutelante), corresponden a providencias con efectos particulares y no erga omnes, como si lo constituyen las disposiciones de la Ley 546 de 1999”.
2. El Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá D.C., remitió el expediente contentivo del proceso ejecutivo hipotecario del Banco Central Hipotecario, hoy Central de Inversiones S.A. como cesionaria, contra Julio César Ararat Patiño, en el cual se constató el cumplimiento de las siguientes etapas procesales:
— Pagaré 550-198-4002-5, otorgado el 30 de mayo de 1997 por valor de $ 13.569.546, a la orden del Banco Central Hipotecario (fl. 5 del cdno. ppal.).
— Copia de la escritura pública 3837 del 30 de mayo de 1997, de la Notaría 19 del Circulo de Bogotá, contentiva del contrato de hipoteca (fl. 7 del cdno. ppal.).
— Demanda ejecutiva hipotecaria presentada el 29 de julio de 1998, por el BCH, contra Julio César Ararat Patiño y Miryam Garcés Buitrago (fl. 25 del cdno. ppal.).
— Orden de pago y decreto del embargo y secuestro del inmueble hipotecado, librado mediante auto de fecha noviembre 24 de 1998 (fl. 25 del cdno. ppal.).
— Fotocopia del folio de matricula inmobiliaria 825515, en el cual consta la anotación del embargo hipotecario (fl. 37 del cdno. ppal.).
— Diligencias de notificación personal del auto de mandamiento de pago a los demandados, llevadas a cabo el día 2 de agosto de 1999 (fl. 57 y 58 del cdno. ppal.).
— Escrito de contestación de la demanda ejecutiva, presentado por la apoderada judicial de los demandados el 12 de agosto de 1999 (fl. 60 del cdno. ppal.).
— Sentencia proferida el 25 de noviembre de 1999, por el juzgado de conocimiento, mediante la cual ordena seguir adelante con la ejecución, decretar el avalúo y la venta en pública subasta del bien dado en garantía hipotecaria y liquidar el crédito (fl. 66 del cdno. ppal.).
— Fotocopia de la comunicación radicada ante el BCH el 28 de enero de 2000, suscrita por los demandados, mediante la cual solicitan el reconocimiento de los alivios y la reliquidación del crédito, con base en lo dispuesto en la Ley 546 de 1999 (fl. 72 del cdno. ppal.).
— Memorial radicado el 3 de octubre de 2000, por la apoderada de los demandados, mediante el cual solicita ante el juzgado de conocimiento la suspensión del proceso de conformidad con lo establecido en el parágrafo 3º del artículo 42 de la Ley 546 de 1999 (fl. 73 del cdno. ppal.).
— Auto proferido el 11 de octubre de 2000, mediante el cual el juzgado deniega la solicitud de suspensión de terminación del proceso impetrada por los demandados, por encontrarse precluido el término previsto en el artículo 42 de la Ley 546 de 1999 (fl. 74 del cdno. ppal.).
— Certificación de reliquidación del crédito en UPAC con UVR, con fecha de corte a 31 de diciembre de 1999, allegada por el apoderado del demandante en memorial de fecha 28 de agosto de 2002 (fl. 77 a 79 del cdno. ppal.).
— Auto proferido el 2 de septiembre de 2002, mediante el cual el Juzgado de conocimiento, ordena no tener en cuenta la reliquidación del crédito allegada por el demandante, toda vez que la facultad de conversión, según la Sentencia C-955 de 2000, de la Corte Constitucional, solo es permitida para obligaciones pactadas en UPAC y no en pesos como el caso de esta demanda (fl. 80 del cdno. ppal.)
— Memorial de fecha 28 de noviembre de 2002, suscrito por el apoderado judicial del demandante, mediante el cual informa al despacho judicial que el valor del alivio por reliquidación de acuerdo a la Ley 546 de 1999 fue de $ 2.521.641.0741 (fl. 82 del cdno. ppal.).
— Auto del 5 de diciembre de 2002, proferido por el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, mediante el cual ordena incorporar al expediente la reliquidación del crédito allegada por el demandante (fl. 83 del cdno. ppal.).
— Diligencia de secuestro del inmueble, llevada a cabo el 12 de febrero de 2004, en cumplimiento del despacho comisorio (fl. 120 del cdno. ppal.).
— Avalúo del inmueble presentado el día 20 de febrero de 2004 por el apoderado del demandante (fl. 126 del cdno. ppal.).
— Memorial presentado el 11 de agosto de 2004 por la apoderada de los demandados, en el cual presenta al despacho judicial objeción al avalúo del inmueble (fl. 146 del cdno. ppal.).
— Auto proferido por el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, el 9 de septiembre de 2004, por el cual se rechaza de plano la objeción presentada al avalúo (fl. 150 del cdno. ppal.).
— Recurso de reposición presentado el 15 de septiembre de 2004, por la apoderada de los demandados en contra del auto que rechazó de plano la objeción (fl. 156 del cdno. ppal.).
— Auto proferido por el despacho judicial de conocimiento el 1º de octubre de 2004, mediante el cual mantiene lo decidido en relación con la objeción del avalúo y rechaza el recurso de apelación (fl. 160 del cdno. ppal.).
— Incidente de nulidad presentado el 24 de noviembre de 2004, por la apoderada de la parte demandada, al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 numeral 3º del Código de Procedimiento Civil (fl. 37 del cdno. del incidente de nulidad).
— Auto proferido el 1º de diciembre de 2004, por el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, mediante el cual rechazó de plano la solicitud de nulidad planteada por la apoderada (fl. 45 del cdno. del incidente de nulidad).
— Recurso de apelación interpuesto por la apoderada de los demandados contra el auto de fecha 1º de diciembre de 2004, que negó de plano la nulidad (fl. 46 del cdno. del incidente de nulidad).
— Auto del 26 de enero de 2005, proferido por el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, mediante el cual declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la demandada (fl. 52 del cdno. de incidente de nulidad).
— Incidente de nulidad presentado el 18 de febrero de 2005, por la apoderada de la parte demandada, al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 numeral 3º del Código de Procedimiento Civil, para solicitar la terminación del proceso por mandato de la Ley 546 de 1999, parágrafo 3º, artículo 42 (fl. 89 del cdno. de incidente de nulidad).
— Auto proferido por el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, el 24 de febrero de 2005, mediante el cual rechazó de plano la nulidad propuesta (fl. 94 del cdno. de incidente de nulidad).
—Recurso de apelación contra el auto que rechazó de plano la solicitud de nulidad, propuesto por la apoderada de los demandados (fl. 96 del cdno. de incidente de nulidad).
— Providencia de fecha 17 de junio de 2005, proferida por la Sala Civil de Decisión del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, D.C., magistrada ponente María Teresa Plazas Alvarado, mediante el cual resolvió confirmar en todas sus partes el proveído del 24 de febrero de 2005 del Juzgado 17 Civil de Circuito de Bogotá, que rechazó la nulidad propuesta (fl. 15 del cdno. 3)
— Acta de diligencia de remate del bien, llevada a cabo el día 24 de febrero de 2005, en la cual se declaró desierto el remate por cuanto no se presentó postor alguno (fl. 180 del cdno. ppal.).
— Memorial presentado por la apoderada de los demandados el día 2 de agosto de 2005, mediante el cual se solicita la terminación del proceso al tenor de lo dispuesto en el parágrafo 3º del artículo 42 de la Ley 546 de 1999 (fl. 185 del cdno ppal.).
— Auto proferido el 18 de agosto de 2005, mediante el cual el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá niega la solicitud de terminación del proceso (fl. 187 del cdno. ppal.).
— Recurso de apelación contra el auto que negó la terminación del proceso, presentado por la apoderada de los demandados (fl. 214 del cdno. ppal.).
— Auto proferido el 12 de septiembre de 2005, por el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, D.C., mediante el cual niega la apelación interpuesta por la apoderada de la demandada contra el auto por el cual no se aceptó la terminación del proceso (fl. 219 del cdno. ppal.).
— Recurso de reposición presentado por la apoderada de la demanda contra el auto que negó el recurso de apelación (fl. 220 del cdno. ppal.).
— Auto proferido el 6 de octubre de 2005, mediante el cual el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, al resolver el recurso de reposición interpuesto contra la decisión del 12 de septiembre de 2005, ordena mantener incólume el acto impugnado (fl. 225 del cdno. ppal.).
— Recurso de queja presentado por la apoderada de la parte demandada, con el fin de que le sea concedida la apelación contra el auto del 12 de septiembre de 2005, que negó la terminación del proceso (fl. 21 del cdno. 1).
— Providencia proferida el 13 de enero de 2006, por la Sala Civil de Decisión del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, magistrada ponente María Teresa Plazas Alvarado, mediante el cual declaró bien denegado el recurso de apelación impetrado contra el auto de 18 de agosto de 2005 (fl. 27 del cdno. 1).
— Salvamento de voto a la sentencia proferida el 13 de enero de 2006, presentado por uno de los magistrados que integran la Sala Civil de Decisión del Tribunal Superior de Bogotá (fl. 32 del cdno. 1).
— Auto de fecha 27 de abril de 2006, proferido por el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, mediante la cual ordena que antes de decidir sobre la adjudicación del inmueble objeto del remate, la cual fue solicitada en tiempo por Central de Inversiones S.A., se deberá acreditar el pago de impuesto predial y de valorización de los últimos 5 años (fl. 244 del cdno. ppal.).
Corresponde a la Sala decidir si las autoridades judiciales que conocieron del proceso ejecutivo con título hipotecario seguido contra Julio César Ararat Patiño y otro, incurrieron en una vía de hecho al proferir los fallos que negaron poner fin al proceso que aún se le sigue a la fecha y que fuera iniciado antes del 31 de diciembre de 1999, por considerar que al subsistir parte de la deuda luego de la reliquidación del crédito, no se cumplían los supuestos normativos contemplados en el parágrafo 3º del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, que regula la materia.
Es así como, atendiendo a la fuerza vinculante de los fallos de constitucionalidad, en Sentencia T-079 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, con base en una decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia en donde concedió una acción de tutela contra una sentencia judicial y respetando el precedente judicial contenido en la Sentencia C-543 de 1993, se comenzarían a construir y desarrollar los criterios de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, los cuales constituyen pautas objetivas a partir de las cuales se puede derivar la vulneración de los derechos fundamentales dentro de un proceso judicial. Estas se desprenden de la aplicación y desarrollo de los derechos fundamentales a la cotidianidad de todas las prácticas judiciales y como tal, han sido objeto de madurez, racionalización y sistematización.
(vi) Vulneración directa de la Constitución: Cuando una decisión judicial desconoce el contenido de los derechos fundamentales de alguna de las partes, realiza interpretaciones inconstitucionales o no utiliza la excepción de inconstitucionalidad ante vulneraciones protuberantes de la Carta, siempre y cuando haya sido presentada solicitud expresa al respecto (12) ”.
c) Que tenga como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales, de manera grave e inminente; (14)
4. Alcance e interpretación dada por la Corte Constitucional al parágrafo 3º del artículo 42 de la Ley 546 de 1999. Evolución jurisprudencial.
4.1. La Ley 546 de 1999 fue promulgada una vez declarada la inexequibilidad de las normas que regulaban el sistema UPAC y las formas de financiamiento de créditos para vivienda, por la Corte Constitucional en las sentencias C-383 de 1997, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, C-700 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández Galindo y C-747 de 1999, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, en las que se precisó la necesidad de que existiera una regulación del sistema de financiación de vivienda que respetara los lineamientos de la doctrina constitucional y que solucionara un grave problema de orden social de grandes dimensiones, surgido como consecuencia del desbordado incremento de las deudas hipotecarias adquiridas por los particulares con entidades financieras, que llegaron a causar graves efectos de orden económico, financiero, político y social, y que además un desbordado incremento en la iniciación de procesos ejecutivos hipotecarios.
Según se indicó en el artículo 2º de la mencionada ley, los criterios para el desarrollo de la norma se dirigieron entre otras, a proteger el patrimonio de las familias, fomentar el ahorro destinado a la vivienda y facilitar su acceso en condiciones de equidad y transparencia y abarcar un mayor número de familias necesitadas. Por eso la ley incluyó disposiciones relativas al período de transición para el paso del sistema de financiación UPAC al nuevo UVR, con el fin de permitir que nuevas personas adquirieran viviendas y que las que se vieron afectadas dentro del anterior sistema, pudieran conservarla.
Así, los abonos a los créditos que se encontraran al día, sobre los saldos vigentes a 31 de diciembre de 1999 de los préstamos otorgados por los establecimientos de crédito para la financiación de vivienda individual a largo plazo, serían hechos siguiendo las pautas fijadas en el artículo 40 (16) de la ley en mención. Los deudores hipotecarios que estuvieran en mora a 31 de diciembre de 1999 (hipótesis regulada por L. 546, art. 42), serían beneficiarios de los abonos contemplados en el artículo 40, siempre y cuando manifestaran su pretensión de acogerse a la reliquidación del crédito dentro de los 90 días siguientes a la vigencia de la ley.
4.3. En la Sentencia C-955 de 2000 (18) , que estudió la constitucionalidad de la Ley 546 de 1999, respecto del parágrafo 3º del citado artículo 42, la Sala Plena de la corporación precisó que a su juicio no existía quebranto de mandato constitucional alguno por el hecho de prever la suspensión de los procesos judiciales a los deudores cuyas obligaciones se encontraban vencidas, pues es evidente que si la situación general objeto de regulación no era otra que la de una extendida imposibilidad de pago, más por causas atinentes al mismo sistema que por la consciente y deliberada voluntad de los deudores de permanecer en mora, las reliquidaciones de los créditos, así como los abonos y las compensaciones producidos a partir de aquellas, debían repercutir en el trámite de los procesos.
Agregó la citada sentencia lo siguiente: En ese orden de ideas, la suspensión de los procesos en curso, ya por petición del deudor, o por decisión adoptada de oficio por el juez, tiene por objeto que se efectúe la reliquidación del crédito y, producida ella, debe dar lugar a la terminación del proceso y a su archivo sin más trámite, como lo ordena la norma, que en tal sentido, lejos de vulnerar, desarrolla el postulado constitucional que propende al establecimiento de un orden justo (C.P., preámbulo y art. 2º) y realiza los principios de prevalencia del derecho sustancial (C.P., art. 228) y de acceso a la administración de justicia (C.P., art. 229)” (subrayado fuera del texto).
A la luz de esta interpretación, en los procesos ejecutivos hipotecarios iniciados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 546, una vez aportada la reliquidación, el siguiente y único paso a seguir es la terminación de los procesos, sin perjuicio del derecho que le asiste al acreedor de iniciar un nuevo proceso ejecutivo, en caso de que el deudor vuelva a constituirse en mora, caso en el cual, deberá iniciarse un nuevo proceso.
“En suma, una vez concluido el trámite de la reliquidación del crédito, los procesos iniciados antes del 31 de diciembre de 1999, iniciados para hacer efectivas obligaciones hipotecarias convenidas en UPAC’s, terminaron por ministerio de la ley…”.
4.6. Con la expedición de la Sentencia T-701 de 2004 (21) , la Corte Constitucional zanjó la discusión. En efecto, en dicho pronunciamiento reiteró la posición de la Corte asumida en la Sentencia C-955 de 2000, consistente en la terminación de los procesos ejecutivos que se encontraban vigentes a diciembre 31 de 1999 y afirmó que esa es la interpretación que se ajusta al verdadero sentido normativo del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, a los propósitos perseguidos con la implementación del nuevo sistema de adquisición de vivienda y al ordenamiento constitucional imperante. Desde esa oportunidad se ha entendido que, todos los procesos ejecutivos hipotecarios que se encontraban en curso a 31 de diciembre de 1999, han debido someterse al trámite de la reliquidación automática del crédito y, seguidamente, declararse terminados o concluidos por parte del juez competente, procediéndose en consecuencia a su archivo definitivo sin consideración adicional alguna. En este orden de ideas, es claro que luego de proferida la Sentencia C-955 de 2000, la única tesis admisible respecto al procedimiento de suspensión y terminación de procesos ejecutivos en curso a diciembre 31 de 1999, es la que señala que una vez aportada la reliquidación de los créditos al proceso, estos deben ser terminados y archivados sin más trámite (22) .
De manera automática y sin trámite adicional alguno, la norma le ordenó a los jueces ordinarios la cancelación de los procesos en el estado en que se encuentran, sin entrar a hacer ninguna consideración sobre el estado del crédito luego de aplicado el alivio ni las actuaciones del deudor para acordar una reestructuración del crédito. Ello es así, pues la única condición que señaló el legislador para terminar y archivar los procesos ejecutivos en trámite fue la reliquidación de los créditos, que en todo caso debía ser adelantada a petición del deudor o de oficio luego de la sentencia que efectuó el control de constitucionalidad de la norma”(Sent. C-955/2000)
“... no resulta posible hacer depender la terminación de los procesos en curso, prevista en el parágrafo 3º del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, de un convenio entre el ejecutado y la entidad prestamista sobre la reliquidación del crédito en ejecución, como tampoco del acuerdo sobre la reestructuración de la acreencia, a que se refiere el artículo 20 de la misma normatividad, porque una y otra figura son de obligatoria observancia, como quedó explicado, comoquiera que se trata de mecanismos que se suceden indefectiblemente, en los que la libre determinación de las partes cede ante la necesidad de hacer primar valores y principios de mayor jerarquía constitucional — C.P., arts. 16, 51, 333 y 335—
— Posteriormente, la Sentencia T-391 de 2005, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, estudió el caso de una persona que pese a haber sido reliquidada su obligación, el juez de conocimiento de su proceso ejecutivo se negó a darlo por terminado. El demandante en ese caso recurrió la decisión del juez pero obtuvo una respuesta adversa a sus pretensiones. En ese caso la Sala Segunda de Revisión consideró que:
“En conclusión, una vez finalizado el trámite de la reliquidación del crédito, los procesos iniciados antes del 31 de diciembre de 1999, para hacer efectivas obligaciones hipotecarias convenidas en UPAC’s, terminaron por ministerio de la ley.
Ciertamente, el demandado dentro del proceso ejecutivo hipotecario deberá haber asumido y adelantado una posición activa al interior de dicho proceso, haciéndose parte del mismo e igualmente agotando los mecanismos legales de que dispone para solicitar la cancelación de su proceso. Por el contrario, si de los hechos se demuestra que el deudor no tuvo una participación activa en el trámite de dicho proceso, no puede ahora pretender por vía de tutela corregir o agotar aquellas actuaciones que de manera negligente o imprudente dejó pasar sin hacer uso de ellas. En Sentencia T-535 de 2004, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, se dijo sobre el particular lo siguiente:
En el presente caso, el accionante interpuso la acción de tutela por considerar que la Sala Civil de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, vulneró con sus providencias del 17 de junio de 2005 y del 13 de enero de 2006, sus derechos fundamentales al debido proceso y a la vivienda digna al haber confirmado las decisiones proferidas por el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, que rechazaron la solicitud de nulidad y la terminación del proceso ejecutivo hipotecario, respectivamente, propuestas por la apoderada de los demandados con base en lo dispuesto en el parágrafo 3º del artículo 42 de la Ley 546 de 1999.
El tribunal accionado en el trámite de la presente acción de tutela, se remite a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas en las providencias cuestionadas por el actor.
El Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, despacho judicial ante el cual cursa el proceso ejecutivo hipotecario adelantado contra el actor, vinculado por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia dentro del trámite de la acción de tutela, afirma que no existe vulneración alguna de los derechos alegados por el actor, toda vez que el demandado contó con todos los medios de defensa que brinda el debido proceso los cuales ejerció en su oportunidad.
Por su parte, Central de Inversiones S.A., como cesionaria del BCH en el crédito, se pronunció sobre los hechos de la tutela a solicitud de esta corporación, dado que dentro del trámite de la acción de tutela la notificación de la demanda se surtió cuando el expediente había ingresado al despacho para fallo, razón por la que solicita previamente el representante de la empresa crediticia, que se decrete la nulidad de lo actuado por indebida notificación. Sostiene además, que el accionante pretende dilatar con la acción de tutela, la ejecución de la obligación crediticia que ha sido decretada por el juzgado de conocimiento respetando la totalidad de las formalidades legales y afirma que no se cumplieron los supuestos necesarios para dar aplicación al parágrafo 3º del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, en tanto que la imputación del alivio por concepto de la reliquidación, no resultó suficiente para saldar la mora de la obligación ejecutada, por lo cual resultaba completamente lícito continuar adelante con el proceso ejecutivo hipotecario.
La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, negó la tutela al considerar que las providencias cuestionadas no incurrieron en una vía de hecho al no considerar viable la terminación del proceso, puesto que no existe prueba de que la obligación quedó al día, ni que las partes hayan pactado la refinanciación. Tampoco incurrió el tribunal demandado en vulneración de derecho fundamental alguno por haber desestimado la nulidad planteada por la apoderada judicial, toda vez que las causales se encuentran expresamente consagradas en la ley y la que el actor invocó no se encuentra prevista en la ley y además fue analizada en debida forma por el tribunal. Lo mismo se considera en relación con el recurso de queja, puesto que en efecto no existe norma que consagre la apelación para las decisiones que niegan la terminación de un proceso.
El proceso ejecutivo hipotecario fue promovido contra el actor, el 29 de julio de 1998, por el Banco Central Hipotecario —hoy Central de Inversiones S.A., como cesionaria del crédito—, por mora en el pago de las obligaciones surgidas del pagaré otorgado el 30 de mayo de 1997 por valor de $ 13.569.546, dentro del cual el 24 de noviembre de 1998 se libró mandamiento de pago y el 25 de noviembre de 1999 se profirió sentencia mediante la cual se ordenó seguir adelante con la ejecución, decretar el avalúo y la venta en pública subasta del bien dado en garantía, así como la liquidación del crédito.
Una vez contestada la demanda ejecutiva por la apoderada judicial, sin que se hubiere propuesto excepción alguna, el 3 de octubre de 2000, solicitó la suspensión del proceso de conformidad con lo establecido en el parágrafo 3º del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, teniendo en cuenta que el 28 de enero de 2000, los demandados solicitaron ante el BCH la reliquidación del crédito, la cual fue negada mediante auto proferido el 11 de octubre de 2000, por el despacho judicial, argumentando encontrarse precluido el término previsto en el artículo 42 de la Ley 546 de 1999.
El 28 de agosto de 2002, el BCH allega al Juzgado la Certificación de reliquidación del crédito en UPAC con UVR, con fecha de corte a 31 de diciembre de 1999, cuyo valor del alivio fue de $ 2.521.641.0741.
Si bien esta reliquidación fue inicialmente desconocida por el juzgado de conocimiento en auto del 2 de septiembre de 2000, al considerar que la facultad de la conversión no opera para las obligaciones pactadas en pesos, mediante auto del 5 de diciembre de 2002, el mismo despacho judicial ordenó incorporarla al expediente.
El 12 de febrero de 2004, se llevó a cabo la diligencia de secuestro del inmueble y el 20 de febrero de 2004 el apoderado del demandante presentó el avalúo del inmueble, el cual fue objetado el 11 de agosto de 2004 por la apoderada de los demandados.
Mediante auto proferido el 9 de septiembre de 2004, el juzgado rechazó de plano la objeción, decisión contra la cual la apoderada judicial interpuso recurso de reposición y de apelación el cual fue resuelto mediante auto del 1º de octubre de 2004, que mantuvo lo decidido en relación con la objeción del avalúo y rechazó el recurso de apelación.
El 24 de noviembre de 2004, la apoderada judicial de los demandantes propuso incidente de nulidad, al tenor de lo dispuesto en el artículo 140 numeral 3º del Código de Procedimiento Civil, al considerar que el proceso ha debido terminarse y proceder al archivo desde el momento mismo en que se presentó la reliquidación del crédito por la parte demandante.
Mediante auto proferido el 1º de diciembre de 2004, el juzgado rechazó de plano tal solicitud de nulidad, por cuanto los hechos en que fundamenta la causal nada tienen que ver con la causal invocada del numeral 3º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil. Ante la anterior decisión, interpuso recurso de apelación, el cual fue declarado desierto mediante auto del 26 de enero de 2005.
El 18 de febrero de 2005, la apoderada judicial de los demandados propuso un nuevo incidente de nulidad con base en lo dispuesto en el artículo 140 numeral 3º del Código de Procedimiento Civil, para solicitar la terminación del proceso por mandato de la Ley 546 de 1999, parágrafo 3º, artículo 42, el cual fue rechazado de plano mediante auto proferido el 24 de febrero de 2005, por las siguientes razones: (i) el proceso se inició antes de la entrada en vigencia la Ley 546 de 1999; (ii) los demandados no propusieron excepciones de méritos o previas y (iii) con anterioridad se había presentado otra solicitud de nulidad con apoyo en hechos idénticos a los que ahora esgrime.
Esta decisión fue apelada y confirmada mediante providencia de fecha 17 de junio de 2005, proferida por la Sala Civil de Decisión del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá D.C., la cual es objeto de reclamación en la presente acción de tutela. En efecto, la magistrada ponente, doctora María Teresa Plazas Alvarado, resolvió confirmar en todas sus partes el proveído atacado que rechazó la nulidad propuesta, argumentando que el juez no se equivocó al haber rechazado el incidente de nulidad, toda vez que en oportunidad anterior ya había sido estudiada una petición de nulidad por las mismas causas y además por cuanto la aplicación de la Ley 546 de 1999, no puede dirimirse a través de las nulidades de ley, ya que siendo una cuestión de fondo, ha debido reclamarse por la vía de las excepciones, cuestión que no hizo el demandado en su oportunidad y por tanto no puede revivir los términos.
El 24 de febrero de 2005, se llevó a cabo la diligencia de remate del bien el cual se declaró desierto por no haberse presentado postor alguno.
El día 2 de agosto de 2005, la apoderada judicial de los demandados, solicitó nuevamente la terminación del proceso al tenor de lo dispuesto en el parágrafo 3º del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, la cual fue negada mediante el auto proferido el 18 de agosto de 2005, argumentando para ello que aunque la entidad financiera efectuó la reliquidación del crédito de la cual resultó un alivio, quedaron saldos a la deuda, que en su criterio, hacen procedente continuar con el proceso. También sostiene que ya se profirió sentencia de fondo y además en anterior oportunidad se había solicitado por la parte demanda nulidad del proceso por los mismos motivos, la cual fue rechazada por el juzgado y confirmada por el tribunal.
Tal decisión fue objeto de apelación por la apoderada de los demandados, la cual fue negada mediante proveído del 12 de septiembre de 2005, argumentando que contra lo decidido no procede la apelación por cuanto esa circunstancia no se encuentra expresamente prevista en las causales taxativas del artículo 351 del Código de Procedimiento Civil. Contra esta decisión se interpuso recurso de reposición, el cual fue confirmado mediante auto del 6 de octubre de 2005, en razón a que considera el juzgado que el auto que negó el recurso de apelación contra el auto que a su vez negó la terminación del proceso, no es susceptible de apelación, toda vez que “... esta clase de decisiones no terminan el proceso, sino que muy al contrario no lo quieren terminar, no siendo esta clase de autos apelables, por la potísima razón de que no terminan el proceso” (fl. 225 del cdno. ppal.).
La apoderada judicial interpuso recurso de queja contra tal decisión con el fin de que le fuera concedida la apelación contra el auto del 12 de septiembre de 2005, que negó la terminación del proceso, el cual fue declarado bien denegado mediante la providencia del 13 de enero de 2006, proferida por la Sala Civil de Decisión del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, decisión que también es objeto de cuestionamiento en la presente tutela. Consideró en esa oportunidad la magistrada ponente, doctora María Teresa Plazas Alvarado, que no se reúnen los presupuestos del artículo 351 del Código de Procedimiento Civil, que permite la apelación para los eventos taxativamente contemplados, en razón a que la decisión allí contenida no pone fin al proceso, “pues precisamente esto último fue lo que no se decretó” (fl. 30 del cdno. 1). Esta providencia contó con el salvamento de voto, presentado por uno de los magistrados que integran la Sala Civil de Decisión del Tribunal Superior de Bogotá, al considerar que el tribunal debió declarar mal denegado el recurso, toda vez que contrario a lo afirmado por los demás integrantes de la Sala, la providencia recurrida es aquella que negó la terminación del proceso con fundamento en lo normado por el parágrafo 3º del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, situación que precisamente configura la causal de nulidad contemplada en el numeral 3º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil. Por lo tanto habiendo decidido sobre una nulidad procesal, la providencia que censuró por vía de apelación es susceptible de interponer en su contra ese recurso.
(i) El proceso ejecutivo hipotecario fue iniciado por el Banco Central Hipotecario el 29 de julio de 1998 —antes del 31 de diciembre de 1999— y el 24 de noviembre del mismo año se libró mandamiento de pago.
(ii) Aun cuando la parte demandada no presentó excepciones con la contestación de la demanda, ni apeló la sentencia proferida por el juzgado el 25 de noviembre de 1999, posteriormente en repetidas oportunidades mediante apoderada judicial, solicitó en principio la suspensión del proceso y luego la nulidad procesal y la terminación del mismo, con base en las previsiones contempladas en la Ley 546 de 1999, concretamente en el parágrafo 3º del artículo 42 y en los planteamientos contenidos en la Sentencia C-955 de 2000, en el sentido de ordenar la terminación del proceso y el archivo del mismo, por haber sido presentada por la parte demandante la reliquidación del crédito. Habiendo sido negadas o rechazadas de plano por el juez ordinario tales peticiones, fueron objeto de numerosos recursos de reposición, apelación y queja para controvertir las actuaciones, las cuales a su vez fueron rechazados o negados por el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá y confirmados por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, con lo cual es evidente que no existe otro medio de defensa judicial al que pueda acudir el actor para promover la protección de sus derechos.
En consecuencia, teniendo en cuenta que el accionante sí reclamó la suspensión y la terminación del respectivo proceso ejecutivo en aplicación de lo dispuesto en la Ley 546 de 1999, queda demostrado que su actuar dentro del trámite del proceso ejecutivo fue diligente y que por tanto correspondía al juez una vez efectuada la reliquidación proceder a la terminación del proceso en los términos ya expuestos.
(iii) Es claro para esta Sala de Revisión, que no obstante haberse solicitado la terminación del proceso por la apoderada judicial del demandado, bien directamente o por la vía de la nulidad procesal y haberse allegado a su trámite la reliquidación efectuada por el banco, el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, no ha acatado el mandato contenido en la Ley 546 de 1999, procediendo a declarar la terminación y archivo del proceso ejecutivo que cursa en su despacho, sino que ha decidido luego de dictada la sentencia y allegada la reliquidación, continuar con el trámite subsiguiente. Es así como se llevó a cabo la diligencia de secuestro del inmueble y su correspondiente avalúo, el cual fue objetado por la apoderada judicial de los demandados y decidido negativamente por el juzgado. Se realizó la diligencia del remate del inmueble hipotecado en pública subasta en la que no se presentó postor y se está a la espera de la práctica de la diligencia de adjudicación del bien, cuya fecha ya fue solicitada por el demandante.
Así entonces, el juez 17 Civil del Circuito de Bogotá no dio cumplimiento al condicionamiento jurisprudencial según el cual habiendo sido presentada la reliquidación del crédito por parte del banco y en vista de las innumerables peticiones presentadas por los demandados para dar aplicación a las previsiones legales y jurisprudenciales expuestas, en vez de terminar el proceso y ordenar el archivo del mismo, continuó con el trámite procesal con posterioridad a la liquidación del crédito.
En consecuencia, todas las actuaciones adelantadas con posterioridad a la reliquidación del crédito carecen de sustento jurídico, por habérseles dado un trámite diferente al señalado en la ley, pues el único trámite admisible era el de archivar el proceso sin más trámite, tal como claramente lo dispone el parágrafo 3º del artículo 42 de la Ley 546 de 1999.
(iv) En virtud de lo expuesto, para la Sala es claro que tanto el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, como la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, incurrieron en una vía de hecho por defecto sustantivo, al abstenerse de ordenar la terminación del proceso ejecutivo hipotecario promovido por el BCH —hoy Central de Inversiones S.A.—, contra el señor Julio César Ararat Patiño y otro, conforme lo dispone el parágrafo 3º del artículo 42 de la Ley 546 de 1999.
En el presente caso, teniendo presente que el proceso ejecutivo se inició antes del 31 de diciembre de 1999, y que el mismo ha surtido su trámite con posterioridad al pronunciamiento de la Corte que definió con efectos de cosa juzgada constitucional el sentido del parágrafo 3º del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, la autoridad judicial que conocieron del proceso interpretaron equivocadamente la norma y desconocieron el precedente jurisprudencial sobre la materia, al haber continuado con el proceso, no obstante haberse efectuado la reliquidación del crédito.
Sin duda, para esta Sala el juez ordinario y el Tribunal Superior de Distrito Judicial violaron el derecho del actor al debido proceso en conexidad con los derechos de acceso a la administración de justicia y a la vivienda digna, ya que aquel, por ministerio de la ley, tenía derecho a que el proceso hipotecario iniciado en su contra concluyera inmediatamente, sin más dilaciones, después de aprobada la reliquidación de su crédito de vivienda, sin que fueran reconocidas o satisfechas las pretensiones del demandante y sin que se hubiere seguido adelante con la ejecución, tal como en efecto sucedió, al punto que en la actualidad el bien se encuentra para adjudicación una vez fue declarado desierto el remate.
Conforme a lo anterior, en el presente caso la tutela es procedente ya que tanto el juez ordinario como la Sala de Decisión accionada incurrieron en una vía de hecho por defecto sustantivo por la errada interpretación y alcance exacto de las normas mencionadas, contraviniendo lo dispuesto por la Corte Constitucional en su jurisprudencia, con lo cual han violado flagrantemente el derecho fundamental al debido proceso del tutelante.
Por todo lo anterior, se revocará la sentencia de tutela de primera instancia proferida el 20 de febrero de 2006 por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que decidió denegar el amparo constitucional solicitado y en su lugar se tutelará el derecho fundamental al debido proceso del señor Julio César Ararat Patiño. También ordenará dejar sin efecto todas las actuaciones judiciales surtidas con posterioridad a la fecha en que se hubiere presentado por parte del Banco Central Hipotecario —hoy Central de Inversiones S.A. como cesionaria del crédito— la reliquidación del crédito hipotecario del señor Julio César Ararat Patiño y otro. En su lugar, se ordenará al Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, y si aún no lo hubiere hecho, se pronuncie en los términos que dispone la Ley 546 de 1999, en su artículo 42 parágrafo tercero, y en especial, ciñéndose estrictamente a la interpretación que sobre el mismo hizo esta corporación en la Sentencia C-955 de 2000.
1. REVOCAR la decisión proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que negó el amparo constitucional solicitado, y en su lugar TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso de Julio César Ararat Patiño.
2. DEJAR SIN EFECTO todas las actuaciones judiciales surtidas con posterioridad a la fecha en que se hubiere presentado la reliquidación hecha por el Banco Central Hipotecario —hoy Central de Inversiones S.A. como cesionaria— del crédito hipotecario del señor Julio César Ararat Patiño y otro.
3. En su lugar, ORDENAR al Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, y si aún no lo hubiere hecho, se pronuncie en los términos que dispone la Ley 546 de 1999, en su artículo 42 parágrafo tercero, y en especial, ciñéndose estrictamente a la interpretación que sobre el mismo hizo esta corporación en la Sentencia C-955 de 2000.
4. Por secretaría general de esta corporación remitir al Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, el expediente del proceso ejecutivo hipotecario que iniciara el Banco Central Hipotecario contra el señor Julio César Ararat Patiño y otro, y que fuera remitido a esta Corte por dicho juzgado por petición hecha en auto de fecha 22 de mayo de 2006.
Magistrados: Clara Inés Vargas Hernández—Jaime Araújo Rentería, con aclaración de voto— Nilson Pinilla Pinilla, con salvamento de voto.
(2) Al respecto pueden consultarse las sentencias T–441, T–462, T–589 y T–949 de 2003.
(3) M.P. Eduardo Montealegre Lynett
(6) Véanse entre otras, sentencias T 200 y T-684 de 2004 y T-658 y T-939 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
(7) Sobre defecto sustantivo pueden consultarse las sentencias T-260 de 1999, T-814 de 1999, T-784 de 2000, T-1334 de 2001, SU.159 de 2002, T-405 de 2002, T-408 de 2002, T-546 de 2002, T-868 de 2002, T-901 de 2002, entre otras.
(11) En la Sentencia T - 123 de 1995, esta corporación señaló: “Es razonable exigir, en aras del principio de igualdad en la aplicación de la ley, que los jueces y funcionarios que consideren autónomamente que deben apartarse de la línea jurisprudencial trazada por las altas cortes, que lo hagan, pero siempre que justifiquen de manera suficiente y adecuada su decisión, pues, de lo contrario, estarían infringiendo el principio de igualdad (C.P., art. 13). A través de los recursos que se contemplan en cada jurisdicción, normalmente puede ventilarse este evento de infracción a la Constitución”. Sobre este tema, también la Sentencia T - 949 de 2003.
(12) Sentencias T - 522 de 2001 y T - 462 de 2003.
“PAR. 2º—Quien acepte más de un abono en violación de lo dispuesto en este numeral, deberá restituir en un término de treinta (30) días los abonos que hubiera recibido en desarrollo de lo dispuesto en esta ley y los decretos que la desarrollen; si no lo hiciere incurrirá en las sanciones penales establecidas para la desviación de recursos públicos. La restitución de las sumas abonadas por fuera del plazo antes señalado deberá efectuarse con intereses de mora, calculados a la máxima tasa moratoria permitida por la ley”. (Lo subrayado fue declarado exequible mediante Sentencia C-955 de 2000, M.P. José Gregorio Hernández Galindo).
(29) Ver entre otras sentencias T-217 de 2005, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto y T-1127 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.