Source: http://bazica.org/los-delitos-de-fina-estampa-delitos-contra-la-administracin-pb.html
Timestamp: 2019-03-22 00:28:49
Document Index: 330769830

Matched Legal Cases: ['Artículo 60', 'artículo 61', 'Artículo 61', 'Artículo 61', 'Artículo 65', 'Artículo 66', 'Artículo 67', 'Artículo 68', 'artículo 324', 'Artículo 69', 'Artículo 70', 'Artículo 71', 'Artículo 80', 'Artículo 84', 'Artículo 90', 'Artículo 92', 'Artículo 93']

Los delitos de fina estampa (Delitos contra la Administración Pública)
LOS DELITOS DE FINA ESTAMPA
(Delitos contra la Administración Pública)
Un título como “Derecho Penal”, enuncia concepciones extraordinarias, y hasta monstruosas, porque se expresa como «El horror codificado» (Código Penal); sin embargo, los libros con títulos como “Derecho Penal – Parte General, o Derecho Penal – Parte Especial”, siendo títulos legítimos y válidos, son en mi gusto poco creativos. Y aunque he intentado escribir títulos como los referidos para mis textos, nunca he logrado hacerlo, pues no responden a la naturaleza de mi espíritu inquieto; así, sin poder evitarlo, siempre termino prefiriendo títulos inadecuados, como en esta oportunidad: “Los delitos de fina estampa – Delitos contra la Administración Pública”, que conjuga el tema a analizar con la descripción genérica de aquellos. Fina Estampa no es sin embargo un título propio, sino de una de las canciones de la gran Chabuca Granda, que incluso fue homenajeada en el mundo, llegando a interpretarlo también el genial e internacional cantante Caetano Veloso. La idea del título, no es así original, sino recreativa, la adhesión del Derecho Penal con el sentido de la música; es una forma de arbitrariedad del concepto con la de la música. En fin, los delitos de fina estampa son una alusión a aquellas conductas ilícitas, delictivas cometidos por aquellas autoridades, funcionarios; también llamados delitos de cuello y corbata, ilícitos cometidos contra el Estado, e incluso un auto robo, auto estafa, un suicidio económico.
El texto nace de una idea de márketing: ¿qué tema puede interesar más al derecho?; es un acto de discriminación, pues bien pude escribir sobre los delitos contra el patrimonio (que son más fáciles de entender y analizar), u otro tipo de delitos. Necesitaba un tema que tuviera alcance universal, y explicara la complejidad del ser humano «transformado» por los «cargos públicos» en entidades poderosas o con poder para decidir y administrar los bienes jurídicos de todos. Necesitaba un tema que se pudiera «vender», un tema de «fina estampa».
El presente trabajo parte de nuestra siguiente obvia hipótesis: los delitos contra la administración pública, advertidos o inadvertidos, suceden «todos los días» en nuestro país y en todo el mundo. Aquello es rastro de la condición y conformación de la sociedad como Estado, donde se otorga poder a algunas personas para administrar los bienes jurídicos de la sociedad. Las soluciones que se han planteado para este fenómeno delictivo siempre son insuficientes, pues la propia construcción de complejas estructuras del Estado y de las personas que lo conforman hacen inmanejable el asunto o al menos inmanejable el control y supervisión del buen uso de los bienes jurídicos del Estado.
El Derecho Penal es una disciplina jurídica cuya esencia es la relación que se crea entre el individuo que con su acción u omisión infringe una norma penal y el Estado. Es entonces una relación jurídica entre individuo y Estado, siendo el acto que los vincula el delito. El Derecho Penal crea diferentes sujetos de derecho y tipos delictivos. Las conductas ilícitas realizadas con voluntad o sin ella por el ser humano lo convierten en un tipo determinado de individuo, lo definen dentro de un concepto y le asignan un nombre y una responsabilidad determinada. El Derecho Penal surge cuando se pretende aplicar las normas penales, cuando las normas y el individuo se mezclan e imponen.
El Derecho Procesal Penald es también un disciplina que consiste en la aplicación de los procesos o procedimientos para aplicar sanciones, responsabilidades, etc. El Proceso es un grupo sistemático de actos que predeterminados se siguen para lograr lo que se denomina «el debido proceso» que es a su vez la única forma cómo una investigación, juicio y sanción puede terner validez. El Derecho Procesal son pues las formas que le dan legitimidad y validez a un sistema de aplicación de penas o sanciones.
La finalidad del Derecho Penal es casi siempre un misterio, sin embargo la doctrina entiende que es la protección de los bienes jurídicos tutelados, la aplicación de la pena, etc., mientras que incluso nuestra codificación penal describe que el fin del Derecho penal es la prevención de la delincuencia y la sanción de los delincuentes.
LOS SUJETOS EN EL DERECHO PROCESAL PENAL
El Ministerio Público es una institución del Estado, creada para ejercer funciones de ejercer la acción penal, es decir, denunciar o pedir se sancione a los delincuentes. Según el Artículo 60 del NCPP se prescribe sus funciones: “1. El Ministerio Público es el titular del ejercicio de la acción penal. Actúa de oficio, a instancia de la víctima, por acción popular o por noticia policial. 2. El Fiscal conduce desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función.”.
Ser titular de la acción penal consiste en la monopolización y exclusión de los demás actores para ejercer dicha actividad, de activar el sistema de justicia para procesar a un individuo como autor de infracciones, faltas o delitos.
Atribuciones y obligaciones del Ministerio Público
Normativamente las atribuciones y obligaciones del Ministerio Público se encuetran reguladas en su Ley Orgánica y en el Derecho Prositivo, léase Código Procesal Penal, en su artículo 61º, y demenuzandola serían las siguientes: 1.- Independencia de criterio; 2.- Criterio objetivo; 3.- Adhesión de su conducta a la Constitución y las leyes; 4.- Conduce la Investigación Preparatoria; 5.- Facultado para intervenir permanentemente en el proceso; 6.- Legitimización para interponer recursos y medios de impugnación; 7.- Sujeto a las causales de inhibición.
1.- Independencia de criterio.- Por esta facultad el fiscal en sus decisiones, dictámines, calificaciones, tiene libertad de criterio. Independencia sin embargo no significa «arbitrariedad». El criterio tiene que ajustarse a ciertas reglas de la lógica, objerividad, imparcialidad, verdad, etc. La independencia reside en la posibilidad del sujeto de lograr un conocimiento –criterio- por propia cuenta, y no subordinado a un sujeto exterior (presión laboral, política, mediática, etc.). Se es «independiente» sólo si la razón de la decisión parte del propio sujeto.
2.- Criterio objetivo.-
El Criterio Objetivo remarca la condición para usar el libre albedrío o independencia del sujeto; es decir, si el criterio formado sólo puede ser válido si este está debidamente «objetivado», y esto significa que se hayan utilizado para el conocimiento y la decisión (criterio) lo estrictamente razonable, justificable, fundado en juicios racionales; así sólo es posible aquello que está racionalmente fundamentado. La validez del criterio se ampara en la objetividad.
3.- Adhesión de su conducta a la Constitución y las leyes
La adhesión de la conducta a la Constitución es el reconocimiento y puntualización que las conductas no pueden subvertir o contrariar la Constitución que representa la voluntad general. No se trata del respeto de una norma jurídica (constitución o leyes) sino de la “voluntad general” de la sociedad. El ideario es el compromiso con el respeto a aquella concesión popular. Con ello se evita en princiio la “arbitrariedad” o “discresionalidad” del sujeto, que si es que incurre en contradicción a la Constitución los actos o decisiones tomadas por este serían “nulos” e “ilegímitos”.
4.- Conduce la Investigación Preparatoria.-
El fiscal conduce, monitorea, la etapa de la investigación preparatoria, es el director de esta etapa. Esto le da la imparcialidad para observar y plantear la causa, pero a la vez le atribuye la «responsabilidad» de la investigación preliminar, que, según su título, es la etapa de «preparación» de la causa con los elementos e indicios sufientes para «justificar» el ejercicio de la acción penal, la denuncia y porteriormente la acusación del imputado.
5.- Facultado para intervenir permanentemente en el proceso.-
El fiscal está facultado para poder «intervenir», «participar» permanentemente en el proceso, es decir, que siendo el títular de la acción, su intervención es permitida para velar por la garantía de la acción penal y la persecusion del delincuente, a fin de evitar la impunidad.
6.- Legitimización para interponer recursos y medios de impugnación
Esto indica que su posición o cargo lo habilita para interponer recursos y medios de impugnación. Los recursos existentes en el Nuevo Código Procesal Penal tenemos: Reposición, Apelación, Casación, Queja, Acción de Revisión.
7.- Sujeto a las causales de inhibición
Las causales de inhibición son: “a) Cuando directa o indirectamente tuviesen interés en el proceso o lo tuviere su cónyuge, sus parientes dentro del cuarto grado de consaguinidad o segundo de afinidad, o sus parientes por adopción o relación de convivencia con alguno de los demás sujetos procesales. En el caso del cónyuge y del parentesco que de ese vínculo se deriven, subsistirá esta causal incluso luego de la anulación, disolución o cesación de los efectos civiles del matrimonio. De igual manera se tratará, en lo pertinente, cuando se produce una ruptura definitiva del vínculo convivencial; b) Cuando tenga amistad notoria, enemistad manifiesta o un vínculo de compadrazgo con el imputado, la víctima, o contra sus representantes; c) Cuando fueren acreedores o deudores del imputado, víctima o tercero civil; d) Cuando hubieren intervenido anteriormente como Juez o Fiscal en el proceso, o como perito, testigo o abogado de alguna de las partes o de la víctima. e) Cuando exista cualquier otra causa, fundada en motivos graves, que afecte su imparcialidad.
Atribuciones del Fiscal.-
Así, el Artículo 61º del nuevo Código Procesal Penal expresa: Artículo 61 Atribuciones y obligaciones.-
"Artículo 65. La investigación del delito destinada a ejercitar la acción penal
1. El Ministerio Público, en la investigación del delito destinada a ejercitar la acción penal, deberá obtener los elementos de convicción necesarios para la acreditación de los hechos delictivos, así como para identificar a los autores o partícipes en su comisión. Con la finalidad de garantizar la mayor eficacia en la lucha contra el delito, el Ministerio Público y la Policía Nacional deben cooperar y actuar de forma conjunta y coordinada, debiendo diseñar protocolos de actuación, sin perjuicio de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 69 y 333.
2. El fiscal, en cuanto tenga noticia del delito, realizará -si correspondiere- las primeras diligencias preliminares o dispondrá que las realice la Policía Nacional.
4. El fiscal decide la estrategia de investigación adecuada al caso. Programa y coordina con quienes corresponda sobre el empleo de pautas, técnicas y medios indispensables para la eficacia de la misma. La Policía Nacional brinda sus recomendaciones a tal efecto. Garantiza el derecho de defensa del imputado y sus demás derechos fundamentales, así como la regularidad de las diligencias correspondientes.
5. El Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, en la investigación del delito, observan en todo momento el principio de legalidad, pudiendo establecer programas de capacitación conjunta que permitan elevar la calidad de sus servicios."
Artículo 66 Poder coercitivo.-
"Artículo 67. Función de investigación de la Policía
1. La Policía Nacional en cumplimiento de sus funciones debe, inclusive por propia iniciativa, tomar conocimiento de los delitos y dar cuenta inmediata al fiscal, sin perjuicio de realizar las diligencias de urgencia e imprescindibles para impedir sus consecuencias, individualizar a sus autores y partícipes, reunir y asegurar los elementos de prueba que puedan servir para la aplicación de la ley penal. Similar función desarrollará tratándose de delitos dependientes de instancia privada o sujetas a ejercicio privado de la acción penal.
2. Los policías que realicen funciones de investigación están obligados a apoyar al Ministerio Público para llevar a cabo la investigación preparatoria."
Artículo 68 Atribuciones de la Policía.-
a) Recibir las denuncias escritas o sentar el acta de las verbales, así como tomar declaraciones a los denunciantes.
b) Vigilar y proteger el lugar de los hechos a fin de que no sean borrados los vestigios y huellas del delito.
c) Practicar el registro de las personas, así como prestar el auxilio que requieran las víctimas del delito.
d) Recoger y conservar los objetos e instrumentos relacionados con el delito, así como todo elemento material que pueda servir a la investigación.
e) Practicar las diligencias orientadas a la identificación física de los autores y partícipes del delito.
f) Recibir las declaraciones de quienes hayan presenciado la comisión de los hechos.
g) Levantar planos, tomar fotografías, realizar grabaciones en video y demás operaciones técnicas o científicas.
h) Capturar a los presuntos autores y partícipes en caso de flagrancia, informándoles de inmediato sobre sus derechos.
i) Asegurar los documentos privados que puedan servir a la investigación. En este caso, de ser posible en función a su cantidad, los pondrá rápidamente a disposición del Fiscal para los fines consiguientes quien los remitirá para su examen al Juez de la Investigación Preparatoria. De no ser posible, dará cuenta de dicha documentación describiéndola concisamente. El Juez de la Investigación Preparatoria, decidirá inmediatamente o, si lo considera conveniente, antes de hacerlo, se constituirá al lugar donde se encuentran los documentos inmovilizados para apreciarlos directamente. Si el Juez estima legítima la inmovilización, la aprobará judicialmente y dispondrá su conversión en incautación, poniéndolas a disposición del Ministerio Público. De igual manera se procederá respecto de los libros, comprobantes y documentos contables administrativos.
j) Allanar locales de uso público o abiertos al público.
k) Efectuar, bajo inventario, los secuestros e incautaciones necesarios en los casos de delitos flagrantes o de peligro inminente de su perpetración.
I) Recibir la manifestación de los presuntos autores o partícipes de delitos, con presencia obligatoria de su Abogado Defensor. Si éste no se hallare presente, el interrogatorio se limitará a constatar la identidad de aquellos.
m) Reunir cuanta información adicional de urgencia permita la criminalística para ponerla a disposición del Fiscal, y
n) Las demás diligencias y procedimientos de investigación necesarios para el mejor esclarecimiento de los hechos investigados
3. El imputado y su defensor podrán tomar conocimiento de las diligencias practicadas por la Policía y tendrán acceso a las investigaciones realizadas. Rige, en lo pertinente, lo dispuesto en el artículo 324 del presente Código. El Fiscal decretará, de ser el caso, el secreto de las investigaciones por un plazo prudencial que necesariamente cesará antes de la culminación de las mismas.
Artículo 69 Instrucciones del Fiscal de la Nación.- Sin perjuicio de las directivas específicas que el Fiscal correspondiente imparte en cada caso a la Policía, el Fiscal de la Nación regulará mediante Instrucciones Generales los requisitos legales y las formalidades de las actuaciones de investigación, así como los mecanismos de coordinación que deberán realizar los fiscales para el adecuado cumplimiento de las funciones previstas en este Código.
Artículo 70 Prohibición de informar.- La Policía podrá informar a los medios de comunicación social acerca de la identidad de los imputados. Cuando se trate de la víctima, testigos, o de otras personas que se encontraren o pudieren resultar vinculadas a la investigación de un hecho punible requerirá la previa autorización del Fiscal.
Artículo 71 Derechos del imputado.-
Artículo 80 Derecho a la defensa técnica.- El Servicio Nacional de la Defensa de Oficio, a cargo del Ministerio de Justicia, proveerá la defensa gratuita a todos aquellos que dentro del proceso penal, por sus escasos recursos no puedan designar abogado defensor de su elección, o cuando resulte indispensable el nombramiento de un abogado defensor de oficio para garantizar la legalidad de una diligencia y el debido proceso.
"Artículo 84. Derechos y deberes del abogado defensor
El abogado defensor goza de todos los derechos que la ley le confiere para el ejercicio de su profesión, especialmente de los siguientes:
1. Prestar asesoramiento desde que su patrocinado fuere citado o detenido por la autoridad policial.
2. Interrogar directamente a su defendido, así como a los demás procesados, testigos y peritos.
3. Recurrir a la asistencia reservada de un experto en ciencia, técnica o arte durante el desarrollo de una diligencia, siempre que sus conocimientos sean requeridos para mejor defender. El asistente deberá abstenerse de intervenir de manera directa.
4. Participar en todas las diligencias, excepto en la declaración prestada durante la etapa de investigación por el imputado que no defienda.
5. Aportar los medios de investigación y de prueba que estime pertinentes.
6. Presentar peticiones orales o escritas para asuntos de simple trámite.
7. Tener acceso a los expedientes fiscal y judicial para informarse del proceso, sin más limitación que la prevista en la ley, así como a obtener copia simple de las actuaciones en cualquier estado o grado del procedimiento.
8. Ingresar a los establecimientos penales y dependencias policiales, previa identificación, para entrevistarse con su patrocinado.
9. Expresarse con amplia libertad en el curso de la defensa, oralmente y por escrito, siempre que no se ofenda el honor de las personas, ya sean naturales o jurídicas.
10. Interponer cuestiones previas, cuestiones prejudiciales, excepciones, recursos impugnatorios y los demás medios de defensa permitidos por la ley.
El abogado defensor está prohibido de recurrir al uso de mecanismos dilatorios que entorpezcan el correcto funcionamiento de la administración de justicia."
Artículo 90 Incorporación al proceso.- Las personas jurídicas, siempre que sean pasibles de imponérseles las medidas previstas en los artículos 104 y 105 del Código Penal, deberán ser emplazadas e incorporadas en el proceso, a instancia del Fiscal.
Artículo 92 Designación de apoderado judicial.-
1. Una vez que la persona jurídica es incorporada al proceso, se requerirá a su órgano social que designe un apoderado judicial. No podrá designarse como tal a la persona natural que se encuentre imputada por los mismos hechos.
2. Si, previo requerimiento, en el plazo de cinco días, no se designa un apoderado judicial, lo hará el Juez.
Artículo 93 Derechos y garantías.-
1. La persona jurídica incorporada en el proceso penal, en lo concerniente a la defensa de sus derechos e intereses legítimos, goza de todos los derechos y garantías que este Código concede al imputado.
2. Su rebeldía o falta de apersonamiento, luego de haber sido formalmente incorporada en el proceso, no obstaculiza el trámite de la causa, quedando sujeta a las medidas que en su oportunidad pueda señalar la sentencia.