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Timestamp: 2017-11-24 01:55:40
Document Index: 202262342

Matched Legal Cases: ['artículo 93', 'artículo 93', 'artículo 93', 'artículo 10', 'artículo 93', 'artículo 93', 'artículo 93', 'artículo 32', 'artículo 93', 'artículo 32', 'artículo 93', 'artículo 104', 'artículo 156', 'artículo 93', 'artículo 10', 'artículo 93', 'artículo 84', 'artículo 26', 'artículo 9']

Recusación o Inhibición de Jueces: Decisión Vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia TSJ ~ Abogados de Venezuela Alexander Racini & Associates Abogados Venezolanos Internacionales
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Recusación o Inhibición de Jueces: Decisión Vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia TSJ
By Alexander Racini & Associates17:15 No hay comentarios:
La Inhibición y Recusación en el ordenamiento jurídico venezolano Sentencia Vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela TSJ
Tema de Investigación (Venezuela)
La Inhibición y Recusación en el ordenamiento jurídico venezolano
Sentencia Vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela TSJ
... (omissis) Así se decide:
Sin perjuicio de haber sido declarada sin lugar la presente acción de amparo constitucional, no puede esta Sala Constitucional dejar de hacer las siguientes consideraciones:
La celeridad procesal constituye, entre otros, uno de los principales motivos que impulsó la reforma al Código de Procedimiento Civil en 1987, tal como se aprecia de la Exposición de Motivos de dicho cuerpo normativo, celeridad que, estima esta Sala, incluso debe abarcar la etapa posterior a la decisión de la incidencia de recusación o inhibición, específicamente en cuanto a la remisión inmediata del expediente se refiere, tal como se deduce del artículo 93 del Código de Procedimiento Civil cuando indica que, en caso de que la recusación o la inhibición sean declaradas sin lugar, se “…pasará los autos al inhibido o recusado…”. Sin embargo, la Sala advierte que la norma es imperfecta al no regular los efectos de su incumplimiento.
Tales reflexiones las motivan las consecuencias que produjo, en el presente caso, que el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas no decidiera la inhibición en el lapso fijado por la ley ni tampoco remitiera de forma inmediata tales resultas al tribunal de origen, ya que a consecuencia de este retardo procesal un Tribunal sustituto interino resolvió el fondo de la controversia a pesar de haber quedado desestimada la inhibición, lo que a pesar de no atentar contra el principio del juez natural, determinó que se apartara del caso un juez a quien mediante distribución, le había correspondido su conocimiento.
Ciertamente, tal como se indicó en el capítulo anterior, la interpretación que se le ha venido dando al artículo 93 del Código de Procedimiento Civil ha permitido que, en supuestos como el que hoy nos ocupa, se preserve la validez de una posible sentencia dictada por el Tribunal sustituto interino, puesto que, tal como lo señaló la Sala de Casación Civil de la entonces Corte Suprema de Justicia, en sentencia dictada el 17 de marzo de 1993 (caso: Armando Ramírez D’ Andreis vs. Centro Porcino Caujarito, C.A.) “…los orígenes del Art. 93 del C.P.C. deben remontarse a las críticas antes referidas del maestro Borjas en sus famosos comentarios, en los que se destacaba que el sistema acogido en el Art. 118 se prestaba a que las partes abusaran de la recusación, con el solo fin de demorar el proceso, ya que el curso de la causa se suspendía mientras se resolvía la incidencia…”
De ese modo, frente a los riesgos de dilación procesal abusiva de las partes, posibles bajo el Código derogado de 1916, la norma contenida en el vigente artículo 93 del Código de Procedimiento Civil reformado (1987), tuvo una función correctiva; y además resultaba cónsona con el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 10 eiusdem. En otras palabras, para corregir los retardos procesales de los jueces, la reforma judicial de 1987 tuvo como prioridad la celeridad del proceso; la cual igualmente constituye un principio prioritario para el Constituyente venezolano de 1999 tal como se recoge en los artículos 26 y 257 constitucionales.
Considera esta Sala, que en el caso bajo análisis, tan pronto fue declarada sin lugar la inhibición planteada por la Jueza Temporal del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, ya no se justificaba que la jueza sustituta interina, a cargo del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la misma Circunscripción Judicial, siguiera conociendo del caso, sin embargo, el hecho de que ésta última no estuviera notificada de las resultas de la incidencia de inhibición, le permitía dictar sentencia como alzada en el juicio principal, salvo, claro está, que alguna de las partes le hubiera informado de aquella decisión, mediante la consignación de la copia respectiva.
Es por todo ello que esta Sala, a los fines de evitar los posibles riesgos de subversión procesal y desconocimiento del principio de celeridad procesal y de transparencia, que deben guiar la función jurisdiccional, haciendo uso de sus amplios poderes como máximo intérprete de la Constitución; y a los fines de asegurar la integridad y efectiva vigencia de los derechos constitucionales que puedan estar en juego en futuras ocasiones, resuelve con carácter vinculante a partir de la publicación del presente fallo en la Gaceta Oficial:
1.- Que las decisiones que resuelvan las incidencias relativas a la recusación o inhibición deberán ser notificadas dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al juez o jueza inhibido o recusado y al sustituto temporal.
2.- Que la causal legal alegada por el juez o jueza inhibido debe ser constatable objetivamente de las actas del expediente; ya que de no ser así podría presumirse la temeridad de la actuación judicial, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria que acarrearía la indebida dilación procesal por esta causa.
Todo ello con el ánimo de atenuar la preocupación existente en el foro en cuanto al uso indiscriminado que de las instituciones de la recusación y la inhibición puedan hacer tanto las partes como los propios jueces respectivamente, al extremo de llegar a ser motivadas por factores extraprocesales.
Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la ley, declara:
PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por la abogada Yenny Nathaly Álvarez, en su carácter de co-apoderada judicial del accionante, contra la sentencia dictada el 12 de junio de 2008, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región de los Andes.
SEGUNDO: CONFIRMA la sentencia de amparo dictada en primera instancia constitucional el 12 de junio de 2008, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región de los Andes, que declaró sin lugar la acción de amparo constitucional.
TERCERO: SIN LUGAR la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano CIRO FRANCISCO TOLEDO, contra la sentencia dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, el 3 de agosto de 2007.
CUARTO: ORDENA a la Secretaría de esta Sala Constitucional oficiar lo conducente a la Comisión Judicial de este Tribunal Supremo de Justicia, a fin de evaluar la actuación judicial descrita en el presente fallo, de la abogada Rosa Elena Quintero Altuve, en su condición de Jueza Suplente especial del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas.
QUINTO: RESUELVE con carácter vinculante a partir de la publicación del presente fallo en la Gaceta Oficial:
SEXTO: ACUERDA la publicación del presente fallo en la Gaceta Oficial de la República, en cuyo sumario deberá indicarse: “Sentencia de la Sala Constitucional a través de la cual se determinaron los efectos de la aplicación del artículo 93 del Código de Procedimiento Civil”.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas a los 23 días del mes de Noviembre de dos mil diez (2010). Años: 200º de la Independencia y 151º de la Federación.
Exp. 08-1497
El Magistrado que suscribe, aún cuando comparte la confirmación de la declaración de improcedencia de la pretensión de amparo constitucional que pronunció el Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región de los Andes, que fue objeto de apelación, discrepa de las consideraciones que sostuvo la mayoría en el capítulo intitulado OBITER DICTUM, por los motivos que a continuación se exponen:
1. La Sala afirmó que, “tal como se deduce del artículo 93 del Código de Procedimiento Civil cuando indica que, en caso de que la recusación o la inhibición sean declaradas sin lugar, se ‘pasará los autos al inhibido o recusado…’. Sin embargo, la Sala advierte que la norma es imperfecta al no regular los efectos de su incumplimiento”. Quien disiente observa que, el hecho de que la norma no disponga una consecuencia jurídica a la falta de decisión tempestiva o a la falta de notificación de la decisión que se pronuncie en la incidencia, aún cuando no preceptúa una sanción concreta para el Juez que incumpla con el deber que le impone la norma, no es motivo suficiente para la fundamentación de la inconstitucionalidad del artículo 93 del Código de Procedimiento Civil, ni para la afirmación de que el pronunciamiento que haga el juez interino subvierta el principio del juez natural.
En el presente caso, la decisión se afinca en la falsa premisa de que el tribunal sustituto interino, cuando resolvió el fondo de la controversia, subvirtió el principio del juez natural. Ahora bien, tal y como lo expresa el extracto de la sentencia n.° 520 de esta Sala, que fue citado en este fallo, la garantía del juez natural supone “que el órgano judicial haya sido creado previamente por la norma jurídica; en segundo lugar, que ésta lo haya investido de autoridad con anterioridad al hecho motivador de la actuación y proceso judicial; en tercer lugar, que su régimen orgánico y procesal no permita calificarlo de órgano especial o excepcional para el caso; y en cuanto lugar, que la composición del órgano jurisdiccional sea determinado en la Ley, siguiéndose en cada caso concreto el procedimiento legalmente establecido (…)”. Con el pronunciamiento del juez suplente, en caso de inhibición o recusación del juez originario, no se incurre en ninguno de esos supuestos. No vemos, entonces, como puede afirmarse que se lesionó la garantía al juez natural. Por otra parte, este nuevo juez también podría ser sujeto de una recusación en caso de la existencia de alguna de las situaciones que derivan en una causal de incompetencia subjetiva en lo que a él respecta.
2. Quien suscribe observa que, en el veredicto del que se discrepa, se insiste en el hecho de que el juez sustituto interino a quien se remite el expediente en caso de inhibición o recusación, no sólo no es el juez natural, de lo que ya se dijo que no tiene un asidero lógico, sino que tampoco es un juez imparcial. No se comparte tal afirmación, pues no es suficiente la comparación de la norma procesal adjetiva civil con otras de data posterior a la actual Constitución en la que se impide al juez interino el pronunciamiento de la sentencia definitiva que resuelva el caso concreto, como consecuencia de la suspensión de la causa hasta la resolución de la incidencia de recusación o de inhibición, como es el caso del artículo 32 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, para la aseveración de que sólo el juez a quien corresponda el pronunciamiento mediante el mecanismo de distribución es el que ofrece la garantía de transparencia e imparcialidad. Tal afirmación implica, a priori, que la Sala considera que todos los litigantes actúan de mala fe en contra del principio según el cual la buena fe se presume y la mala hay que demostrarla. En el presente caso la afirmación de que, la decisión del juez sustituto interino distinto del que le correspondió por distribución el conocimiento originario de la causa, permite a las partes la manipulación de la asignación del asunto a jueces de su preferencia es todavía más infundada, cuando la separación del conocimiento del juez originario es consecuencia, no de una actuación de las partes en el juicio sino de la manifestación del propio juez de la existencia de una de las causales por las cuales el debe separarse del conocimiento de la causa. En consecuencia, no puede afirmarse, como lo hace la Sala, que el pronunciamiento que se emita en el intersticio que se verifica entre el planteamiento de la incidencia y su decisión, menoscaba la garantía constitucional del justiciable a la obtención de justicia de un juez imparcial.
3. Finalmente quien disiente observa que, en todo caso, in claris non fit interpretatio, la claridad de todos los elementos de la norma que contiene el artículo 93 del Código de Procedimiento Civil no permite su interpretación ya que su textura no es abierta sino, todo lo contrario, absolutamente concreta y específica, de modo que una lectura distinta de la que deriva del sentido de las palabras del legislador y de la concatenación entre ellas, derivaría en una norma nueva, derogatoria del dispositivo legal y no en una interpretación de su voluntad a falta de certeza u oscuridad de la misma, lo que no tiene cabida salvo la justificación de su colisión directa con normas de rango constitucional, lo que, en el presente caso, no se justificó con razones valederas sino a través de la comparación de la norma procesal adjetiva civil con otra norma, también de rango legal -esto es el artículo 32 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo- que prescribe una solución distinta, de lo que no puede deducirse la inconstitucionalidad de la primera. En consecuencia, quien suscribe se aparta de los motivos que sirvieron de fundamento a la reinterpretación del artículo 93 del Código de Procedimiento Civil.
Queda así expuesto el criterio del Magistrado que rinde este voto concurrente.
Fecha retro.
PRRH.sn.ar.
Quien suscribe, Magistrado doctor Francisco Antonio Carrasquero López, manifiesta su disentimiento del fallo que antecede, razón por la cual, de conformidad con el artículo 104 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, salva su voto en los siguientes términos:
La mayoría sentenciadora declaró con carácter vinculante como obiter dictum lo siguiente:
“1.- Que las decisiones que resuelvan las incidencias relativas a la recusación o inhibición deberán ser notificadas dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al juez o jueza inhibido o recusado y al sustituto temporal.
2.- Que la causa legal alegada por el juez o jueza inhibido debe ser constatable objetivamente de las actas del expediente; ya que de no ser así podría presumirse la temeridad de la actuación judicial, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria que acarrearía la indebida dilación procesal por esta causa”.
Estima quien disiente con respecto a lo establecido en el punto “1” que fijar un lapso de veinticuatro (24) horas para que sea notificada la decisión relativa a la incidencia de recusación o inhibición, constituye un quebrantamiento de la reserva legal en materia procesal, consagrada en el artículo 156.32 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto no estamos en presencia de una interpretación constitucional del artículo 93 del Código de Procedimiento Civil, ni integrando la norma ante un vacío. El citado artículo establece expresamente que la recusación y la inhibición no detendrán el curso de la causa y su conocimiento pasará inmediatamente al juzgado que debe conocer la incidencia.
Aunado a ello, resulta inútil fijar un lapso sin que su incumplimiento acarree una sanción al infractor, al mismo tiempo que la obligación a la que insta la decisión a través de obiter dictum, queda disminuida frente al deber del juez de administrar justicia lo más brevemente posible como lo prevé el artículo 10 eiusdem en su primera parte, como garante del cumplimiento de los principios y derechos constitucionales de las partes, cuyo inobservancia sí atenta contra la tutela judicial efectiva, so pena de ser responsable de los daños y perjuicios ocasionados. Con esta decisión se ha creado un lapso contra legem por cuanto el dispositivo del artículo 93 del Código de Procedimiento Civil, no lo prevé.
En cuanto al punto “2”, de que la causa alegada por el juez inhibido deba ser constatable en actas, considera quien disiente, que es impropio obligar al juez a presentar prueba de la causal invocada para desprenderse del conocimiento del asunto, dado que no son pocas las causales de inhibición establecidas en el Código de Procedimiento Civil que resultan difíciles de probar y menos de manera inmediata, siendo un deber del juez que se sabe incurso en una especial vinculación con las partes que impida o ponga en duda su imparcialidad declararla sin demora, a fin de evitar ser recusado, pues de ser invocada en su contra la causal de recusación podría acarrearle consecuencias perjudiciales, de conformidad con el artículo 84 Código de Procedimiento Civil, ya que deberá responder de los daños que con su intervención haya causado a la parte que resulte afectada y está sujeto también a multa, por retardo en el cumplimiento de este deber [cfr. Sentencia SC n° 211 del 15/2/01].
Por ende, obligar al juez a probar “constatable objetivamente de las actas” la causal de inhibición invocada implicaría que dicho deber se puede retrasar hasta que éste pueda obtener la prueba que justifique su proceder, lo que va en perjuicio del sano desarrollo del proceso, pues los lapsos transcurren fatalmente en su contra, y ello, inevitablemente, podría comprometer la honorabilidad del mismo en caso de ser recusado.
Como conclusión, considera quien suscribe el presente voto salvado, que la decisión debió circunscribirse al caso planteado y ante el retardo injustificado evidenciado, hacer un llamado de atención al juez e instarle a actuar conforme lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 26, la ley adjetiva y la Ley del Poder Judicial en su artículo 9, cuando señala que los tribunales están en el deber de impartir justicia conforme a la ley y al derecho, con celeridad y eficacia; y en consecuencia, tal como acertadamente se hace remitir las actuaciones a la Comisión Judicial.
Queda así expresado el criterio del Magistrado disidente.
En la fecha ut supra.
FACL/
EXP. n° 08-1497
Próximo Tema de Estudio:
Diferencias entre Contrato Bilateral y Contrato de Adhesión.
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