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Timestamp: 2020-04-07 01:21:31
Document Index: 33855681

Matched Legal Cases: ['artículo 34', 'artículo 35', 'artículo 5', 'artículo 40', 'artículo 91', 'artículo 95']

Sobre la aprobación de las cuentas de 2013 en la Asamblea del 26 de enero de 2015 | coalicionautoral.org
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A pocos días de la celebración de la Asamblea ha vuelto a surgir la polémica sobre la posibilidad legal o no de aprobar las cuentas que fueron rechazadas en la Asamblea General celebrada el pasado 26 de Junio en una Asamblea Extraordinaria.
El 10 de Julio, Coalición Autoral hizo llegar un informe jurídico al Presidente de la SGAE, José Luis Acosta, así como a la mayoría de los miembros de la Junta Directiva donde proponíamos una solución legal y factible.
Como es de imaginar, no sólo no fue aceptada, sino que tampoco fue debatida en el seno de la Junta.
Consideramos que la lectura de dicho informe puede ser interesante para todos aquellos socios que no entienden la situación que vive nuestra sociedad de gestión.
Las conclusiones las dejamos a vuestro parecer.
NOTA DE ALCANCE SOBRE LAS POSIBILIDADES DE CELEBRACIÓN DE NUEVA ASAMBLEA, PARA LA APROBACIÓN DE CUENTAS EJERCICIO 2013 DE LA SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES
Coalición Autoral, asociación sin ánimo de lucro, integrada por autores todos ellos socios de la Sociedad General de Autores, os presenta el siguiente informe, elaborado por nuestros servicios jurídicos, sobre la posibilidad de celebrar una nueva Asamblea General para la aprobación de las cuentas que fueron rechazas en la Asamblea General ordinaria, de fecha 26 de junio de 2014.
ESTUDIO DEL CONTENIDO ESTATUTOS SGAE
Hemos de comenzar por analizar lo que en los propios Estatutos de la Sociedad General de Autores y Editores se establece sobre los cometidos y facultades de la Asamblea General.
Así, el Título III. Capítulo I, define en el artículo 34 la Asamblea General como, “reunión de socios debidamente convocada y constituida para deliberar y tomar
acuerdos como órgano supremo de expresión de la voluntad social.”
“sus acuerdos, válidamente adoptados, en el ámbito de su competencia, obligarán a todos los socios, incluso los disidentes, abstenidos o ausentes, sin perjuicio del derecho de impugnación que se regula en el art. 45”
Por su parte, el artículo 35, diferencia entre Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. Respecto a la ordinaria, establece que:
“será ordinaria la que necesariamente ha de reunirse dentro de los seis meses siguientes al cierre del ejercicio social para el examen y aprobación, si procede, de la gestión y de la Memoria, Balance y Cuentas del ejercicio, sin perjuicio de los otros puntos que consten en el orden del día. En esta Asamblea se presentará un informe relativo a las actividades complementarias de la Sociedad para el cumplimiento de los fines previstos en el artículo 5, apartados b) y c).
Respecto a las funciones y competencias de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, el artículo 40 de los Estatutos establece que:
“1.- será competencia de la Asamblea General Ordinaria:
a) El examen y aprobación, si procede, de la gestión social y de la Memoria, el Balance y las Cuentas del ejercicio anterior.
b) El nombramiento del auditor a que se refiere el artículo 91 de estos Estatutos.
c) Cualesquiera otras que sean acordadas por la Junta Directiva.
2.- La Asamblea General extraordinaria será competente en los siguientes asuntos:
b) cualesquiera otros que se sometan a la asamblea, excepto el reseñado en el apartado 1.a) de este artículo.
3.- Serán objeto de acuerdo en Asamblea General, tanto ordinaria como extraordinaria:
a) la fijación del máximo de los descuentos de administración, con sujeción a lo que se previene en los artículos 81 y 82
b) la modificación de los estatutos, y
c) cualquier otro asunto que la Junta Directiva acuerde someter a la decisión de la Asamblea.”
La cuestión a examen no se encuentra recogida entre los supuestos previstos en los Estatutos, ya que no se establece cual es el órgano adecuado para la aprobación de las cuentas y gestión de la entidad, ni en los supuestos en que la Convocatoria de la Asamblea General Ordinaria tenga lugar más allá de los seis meses posteriores al cierre del ejercicio, ni en los supuestos en que, celebrada esa preceptiva Asamblea en los primeros seis meses de ejercicio, las cuentas hubieran sido rechazadas.
Una lectura superficial de los Estatutos parecería concluir que la aprobación de las cuentas de la sociedad sólo cabrá hacerse por la Asamblea General Ordinaria, obligatoria, dentro de los seis meses posteriores al cierre del ejercicio social. De tal modo que, si hubiera transcurrido dicho plazo sin que las mismas hubieran sido aprobadas, sólo cabría acudir a la convocatoria de una Asamblea General Extraordinaria.
Sin embargo, los propios Estatutos establecen que la aprobación de las cuentas, balance y memoria de la entidad, son competencias reservadas a la Asamblea General Ordinaria frente a la Extraordinaria.
Ante esta situación, hemos de acudir a la Norma en este caso de referencia, la Ley de Asociaciones, ya que la Sociedad General de Autores y Editores tiene naturaleza jurídica de Asociación sin Ánimo de Lucro y por tanto está afectada por los preceptos de dicha Ley.
Muy parca en contenidos, la citada Norma legal establece que la Asamblea es el órgano supremo de gobierno, que deberá reunirse al menos una vez al año y que será la Asamblea la encargada de aprobar anualmente las cuentas, pero no distingue entre asambleas ordinarias ni extraordinarias.
Sin embargo, conviene detenerse en la expresión “al menos”, pues de ella se infiere la posibilidad de que, para la aprobación de cuentas, puedan hacerse un número superior de asambleas.
Conviene también acudir a lo preceptuado sobre la Junta General para las Sociedades de Capital y ello porque, unos y otros tipos de entes, son, en todo caso, modalidades de organización con una estructura orgánica cuasi idéntica, por lo que cabe aplicar, por analogía, lo previsto para la figura de la Junta General como máximo órgano de representación de las Sociedades de Capital, a fin de completar las lagunas que tanto la Ley de Sociedades como los propios Estatutos SGAE contienen.
Esta es la postura comúnmente aceptada tanto por la mejor doctrina (Girón Tena, García de Enterría) como por la jurisprudencia más reciente.
En apoyo de esta tesis, el propio Código Civil, en sus artículos 35 y siguientes, utiliza las palabras “asociación” y “sociedad” indistintamente y de forma ambigua, unas veces con sentido terminológico- técnico y otras como expresión vulgar, lo que en la práctica significa que aspectos relativos a los elementos de sus estructuras organizativas, puedan considerarse perfectamente análogos a los efectos que interesan en este dictamen.
En el mismo sentido y utilizando esa técnica interpretativa de la analogía, Dalmartello, distingue únicamente entre “las llamadas Sociedades de estructura «primaria» y las de estructura «compleja». En las primeras, la actividad social se realiza por los socios en el simple ejercicio de sus derechos y obligaciones sociales. En las segundas, lo nuevo es la creación… de especiales «órganos» con atribución de una particular esfera de competencia, precisamente para esa actividad social, que ni se deriva de suyo de la condición de socio y que ni siquiera tienen que realizarse necesariamente por socios» (GIRÓN TENA, J., p. 302). De este modo, resulta que esa organización, mediante estructuras complejas de representación, es la faceta que distingue a las sociedades personalistas de las de capital, dentro de las cuales debemos incardinar a las Asociaciones.»
Así las cosas, y acudiendo tanto al propio Código de Comercio como a la Ley de Sociedades de Capital, la distinción entre junta ordinaria y extraordinaria, o en el caso de sociedades, entre asamblea ordinaria y extraordinaria, carece de operatividad, puesto que, cualquiera de ellas puede entender indistintamente de cualquier asunto propio de la competencia de la Junta, o de la Asamblea.
Así lo tiene establecido la mejor y más reciente jurisprudencia, entre otras sentencias en la del Tribunal Supremo, de fecha 20 de abril de 1987 (rj 2716/1987) que expresamente recoge en su fundamentación jurídica los siguientes extremos:
“ el primer motivo del recurso que se debe examinar es el que cuestiona la extensión de la Junta General Ordinaria a la aprobación de los ejercicios económicos comprendidos entre los años 1982 a 1990, y si bien es cierto que el art. 95 de la Ley de Sociedades Anónimas define como objeto de la junta general ordinaria, entre otros, el de aprobar las cuentas del ejercicio anterior, que dada la claridad de su dicción debe entenderse referido al último de ellos, pues de otra forma no tendría sentido el señalamiento del término en que debe reunirse (dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio), no es menos cierto que el art. 96 de la misma ley establece que toda junta que no sea la prevista en el artículo anterior (esto es la ordinaria) tendrá la consideración de junta general extraordinaria. Y en este sentido, el Tribunal Supremo mantiene el criterio (que aun manifestado en relación a la anterior legislación societaria resulta de aplicación a la actual dada la similitud de preceptos a que se refiere ) de que la diferencia entre juntas ordinarias y extraordinarias debe centrarse, como opina la generalidad de la doctrina científica, en su periodicidad o previsibilidad en cuanto a las primeras (sentencia del 31 de octubre 1984 (rj 1984/5152), no presentando diferencias sustanciales ni en cuanto a los asuntos, ni, desde luego, en cuanto a garantías respecto a convocatoria y celebración (sentencia 20 abril 1987 (rj 1987/2716), añadiendo (en sentencias de 15 de octubre 1956 y 18 y 30 de octubre de 1985), que la distinción entre las juntas que venimos tratando, no impide a la convocada con el carácter de ordinaria, tomar acuerdos distintos a los que concretamente se refiere el artículo 95 de la Ley de Sociedades Anónimas, como de su competencia siempre que se den los quórum exigidos para la validez de los mismos.”
Así, coincidiendo con lo preceptuado en los Estatutos Sgae, el dato esencial que inspira la distinción entre la junta ordinaria y la extraordinaria, es el de la necesaria celebración de las primeras en un determinado plazo y el carácter facultativo de las segundas.
Sin embargo, y en lo relativo a sus competencias, tanto jurisprudencia como la mejor doctrina, coinciden en señalar que el examen y aprobación, en su caso, de las cuentas de cada ejercicio, es una facultad indelegable de la que no puede desprenderse la junta general ordinaria, ni a favor de la junta extraordinaria, ni de ningún otro órgano social.
No obstante lo anterior, nada impide que, además de la preceptiva celebración de una junta ordinaria en los seis primeros meses tras el cierre del ejercicio social, se celebren cuantas sean necesarias, a fin de llevar a cabo la aprobación de las cuentas, para su correspondiente inscripción y publicidad, según está obligada por Ley.
Es más, el Tribunal Supremo tiene declarado que la convocatoria y celebración fuera de plazo de la junta ordinaria, limita sus efectos a la posibilidad de exigir responsabilidad a los administradores por su conducta negligente, pero ello no afecta a la validez de la misma, ni a los acuerdos adoptados. Por todas, sentencia de 6 de febrero de 1987 (rj 685), o de 20 de abril de 1987 (rj 2716/1987)
Del mismo modo, una misma Junta General puede aprobar las cuentas de varios ejercicios, con total validez. (Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 26 de febrero de 1997 (rj 312/1997)
Asimismo, la doctrina tiene sentado el criterio de que, caso de desaprobarse el balance en su totalidad, debe remitirlo de nuevo a los administradores, para que vuelvan a confeccionarlo conforme a las instrucciones concretas de la Junta y luego debe volverse a reunir, la misma junta ordinaria en la que fueron rechazadas las cuentas, para su nuevo examen y aprobación.
Por tanto, hemos de concluir que es legalmente posible y recomendable, a fin de evitar posibles sanciones a los administradores, la reformulación de cuentas planteada en el seno de una nueva Asamblea General Ordinaria, convocada para un nuevo análisis y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, a la que podría añadirse la discusión de cualquier otra cuestión, determinada por la Junta Directiva.
Esta es la solución más acorde a la Ley y a las obligaciones suscitadas en la misma, y que, como es habitual, queda sometida a otra, mejor fundada en Derecho.
En Madrid a 10 de julio de 2014.