Source: http://hrlibrary.umn.edu/cases/S111-00.html
Timestamp: 2018-02-18 05:24:09
Document Index: 166112616

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Pedro Pablo López González et al v. Perú, Caso 11,031, Informe No. 111/00,
OEA/Ser.L/V/II.111 Doc. 20 rev. en 1129 (2000).
INFORME Nº 111/00
CARLOS MARTÍN TARAZONA MORE Y JORGE LUIS TARAZONA MORE
1. Mediante petición presentada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión”) por la organización no gubernamental Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) el 11 de mayo de 1992, y firmada también por los señores Hipólito López González y Alejandro Castillo Vega, se denunció que la República del Perú (en adelante “Perú”, “el Estado” o “el Estado peruano”) violó los derechos humanos de los señores Pedro Pablo López González, Denis Atilio Castillo Chávez, Gilmer Ramiro León Velásquez, Jesús Manfredo Noriega Ríos, Roberto Barrientos Velásquez, Carlos Alberto Barrientos Velásquez, Carlos Martín Tarazona More y Jorge Luis Tarazona More al detenerlos el 2 de mayo de 1992 por medio de efectivos policiales y de la Marina de Guerra del Perú, y luego desaparecerlos. El Estado alega que los señores López González, Castillo Chávez, León Velásquez, Noriega Ríos, Barrientos Velásquez y Tarazona More no fueron detenidos por fuerzas policiales o militares. La Comisión concluye que Perú violó en perjuicio de las mencionadas personas los derechos consagrados en los artículos 7, 5, 4, 3, y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en concordancia con lo establecido en su artículo 1(1), y efectúa las recomendaciones pertinentes al Estado peruano.
2. El 6 de julio de 1992, la Comisión abrió el caso, transmitió las partes pertinentes de la denuncia al Estado peruano y le pidió información dentro de un plazo de 90 días. El Estado respondió el 21 de septiembre de 1992. El peticionario presentó observaciones a la respuesta del Estado el 25 de enero de 1993. Ambas partes presentaron información adicional en diversas oportunidades. En fecha 26 de mayo de 1999 se solicitó a ambas partes que actualizaran a la Comisión la información sobre el caso y se les manifestó que la Comisión se ponía a su disposición para tratar de llegar a una solución amistosa del asunto. El Estado, en fecha 26 de julio de 1999, manifestó, entre otras consideraciones, que no estimaba conveniente iniciar un procedimiento de solución amistosa. En consecuencia, la Comisión dio por agotada la posibilidad de llegar a una solución amistosa.
3. Señala que en fecha 2 de mayo de 1992, aproximadamente a la 1:30 a.m., miembros de la Policía Nacional y de la Marina de Guerra del Perú incursionaron en los Asentamientos Humanos “La Huaca”, “Javier Heraud”, y “San Carlos”, ubicados en el Distrito y Provincia de Santa, del Departamento de Ancash. Indica que dichas personas, que se transportaban en cuatro camionetas sin placa, tipo pick up, vestían “chompas” (suéteres) negras, pantalones verde olivo y botas, y estaban armadas con ametralladoras. Agrega que los mencionados individuos allanaron las viviendas de diversos pobladores.
4. Refiere que los mencionados individuos armados entraron violentamente en el domicilio del señor Pedro Pablo López González, quien se encontraba domiciliado en el referido Asentamiento Humano “La Huaca”, y que tanto a él como a su señora esposa los obligaron a acostarse en el piso. Agregan que seguidamente el señor López González fue amarrado y sacado de su vivienda, descalzo y en ropa interior.
5. Indica que el señor Denis Atilio Castillo Chávez se encontraba en su casa de habitación, ubicada también en el mencionado Asentamiento Humano “La Huaca”. Señala que los mencionados elementos ingresaron al domicilio del señor Castillo Chávez y golpearon a su hermana, una niña de trece años que sufría retardo mental. Refiere que el señor Castillo Chávez salió en defensa de su hermana, y en ese momento fue detenido por dichas personas y sacado de su domicilio.
6. Refiere que el señor Gilmer Ramiro León Velásquez fue detenido en el Asentamiento Humano “La Huaca” cuando regresaba a su domicilio en su bicicleta. Indica que los señalados individuos armados lo bajaron de la bicicleta, lo arrojaron al piso, lo golpearon y lo montaron en una de las camionetas.
7. Sostiene que los mencionados hombres armados ingresaron violentamente a la casa del señor Jesús Manfredo Noriega Ríos, ubicada en el Asentamiento Humano “Javier Heraud”, e impidieron a su señora esposa y a sus hijos tanto salir de las habitaciones como encender las luces. Seguidamente los elementos pintaron en la fachada de la casa consignas que decían, por ejemplo, “Viva la lucha armada” y “PCP”, y luego se retiraron, llevándose consigo al señor Noriega Ríos.
8. Alega que los referidos sujetos armados ingresaron al domicilio de los hermanos Roberto y Carlos Alberto Barrientos Velásquez, ubicado en el Asentamiento Humano “San Carlos”, y arrojaron al piso a ellos, a su señora madre y a la hermana de éstos. Después de revisar la casa y de preguntar por otro hermano de los señores Barrientos Velásquez, de nombre Edwin, los sujetos se retiraron y se llevaron consigo a los aludidos hermanos Roberto y Carlos Alberto. Antes de retirarse los mencionados sujetos hicieron pintas en la fachada de la casa que decían “Viva la lucha armada”, “PCP”, y otras manifestaciones.
9. Señala que aproximadamente 15 de los individuos armados ingresaron violentamente a la casa de los hermanos Carlos Martín y Jorge Luis Tarazona More, también ubicada en el Asentamiento Humano “San Carlos”, y procedieron a llevárselos, en presencia de sus familiares. Previamente, dichas personas se apropiaron de dinero, documentos y otros bienes, y efectuaron pintas en la fachada de la casa, similares a las mencionadas en el párrafo anterior.
10. Refiere que familiares de las víctimas que se dirigieron a la ciudad de Chimbote vieron a la altura del túnel denominado “Coishco” a personal de la Marina de Guerra del Perú, que se encontraba custodiando el lugar, aparentemente para resguardar la salida de los individuos armados que efectuaron las detenciones.
11. Indica que tanto la Policía Nacional como la Marina de Guerra del Perú negaron haber efectuado las detenciones, y que no obstante haber acudido ante la Fiscalía del Ministerio Público y ante autoridades del Poder Judicial, tales gestiones no ofrecieron ningún resultado respecto a la ubicación de las mencionadas personas. Acompaña el testimonio de los siguientes testigos que presenciaron los hechos: señora Maximina González Méndez, señora Paula Peregrina Flores de Dionicio, señora Cruz Velásquez León de Barrientos, señora Hormecinda Velásquez viuda de León, señora Agustina Moreno Estrada, señora Margot Nancy Reyes Sáenz, señor Alejandro Castillo Vega y señor Germán Domingo Quispe Moreno.
12. Señala que en una denuncia interpuesta ante la Fiscalía del Ministerio Público los familiares de las personas detenidas manifestaron que el Mayor PNP Percy del Carpio y el agente policial Juan Molina Castro tenían conocimiento de la existencia de una lista de personas, entre ellas las víctimas, que iban a ser secuestradas. Agregan que la Policía Nacional se negó a recibir la denuncia sobre los referidos hechos.
13. Refieren que como consecuencia de las denuncias que efectuaron, algunos de los familiares de las personas desaparecidas fueron señalados por la Policía Nacional de Chimbote como involucrados en actividades de terrorismo, como por ejemplo Maribel y Edwin Barrientos Velásquez, hermanos de Roberto y Carlos Alberto Barrientos Velásquez; y Nancy Margot Reyes Sáenz, esposa de Carlos Tarazona More.
14. El 12 de noviembre de 1998 el peticionario refirió que el 31 de agosto de 1995 la Cuarta Fiscalía provincial Mixta de Lima resolvió archivar definitivamente la investigación que llevaba a cabo respecto a los hechos denunciados, con fundamento en las leyes de amnistía Nos. 26479 y 26492. En dicha resolución, que el peticionario alegó fue confirmada el 7 de noviembre de 1995 por el Fiscal Superior, la mencionada Fiscalía provincial señaló que
(…) de las pruebas acopiadas, se ha llegado a determinar que los presuntos autores de tal acto delictivo serían Militares y Miembros de la Policía Nacional del Perú. (…) El Congreso ha promulgado la Ley veintiséis mil cuatrocientos setentinueve por el que se otorga amnistía a los Militares, Policías (…) que hayan incurrido en actos como en el presente caso… por lo que resulta contraproducente continuar con la presente investigación.
15. El Estado contestó el 21 de septiembre de 1992, y alegó que conforme a información de la Policía Nacional del Perú, dicha institución no tenía ninguna responsabilidad en las detenciones de las personas a las que cuales se refiere el presente caso.
16. El 5 de agosto de 1993 el Estado puso en conocimiento de la Comisión que el Ministerio del Interior informó lo siguiente:
A ese respecto se informa que se notificó a los familiares de los agraviados a fin de que se ratifiquen en su denuncia en contra de las autoridades, que según ellos, serían responsables de los hechos. Asimismo, se comunica que hasta la fecha no ha sido posible ubicar el paradero de los ciudadanos supuestamente detenidos-desaparecidos el día 2 de mayo del año pasado en horas de la madrugada en el distrito de Santa, Departamento de Ancash; y tampoco se ha podido identificar a los autores del hecho denunciado. Es importante señalar, que aparte de las diligencias pertinentes propias de la investigación, se han llevado a cabo diligencias complementarias por parte de las autoridades de la Jefatura policial y de la Sub-Prefectura contando con la presencia del jefe de la oficina de derechos humanos, Dr. César Velezmoro, a fin de poder recopilar nuevos elementos probatorios que permitan el total esclarecimiento de los hechos.
17. El 28 de octubre de 1993 Perú acompañó copia de la sentencia No. 64-92 del Primer Juzgado de Instrucción de Santa, Chimbote, que declaró infundada la acción de habeas corpus interpuesta en relación con las desapariciones de que trata el presente caso, en contra del Jefe de la Cuarta Sub-región Chimbote de la Policía Nacional, Coronel Carlos Edwin Zapata Santín y en contra del Comandante de la Base Naval de Chimbote, Capitán de Fragata Mario Salmón Villarán.
18. El 11 de septiembre de 1995 el Estado solicitó archivar el caso y alegó al efecto que el peticionario no había efectuado ningún trámite desde 1993.
19. El 11 de enero de 1999 el Estado solicitó declarar inadmisible la denuncia, con el argumento de que los recursos de la jurisdicción interna no estaban agotados para el momento en que se presentó la denuncia. Dicho alegato fue ratificado por el Estado el 26 de julio de 1999, oportunidad en la cual formuló también varias precisiones respecto al fenómeno de las desapariciones en Perú.
20. La Comisión pasa a analizar los requisitos de admisibilidad de una petición establecidos en la Convención Americana.
21. Los alegatos del presente caso describen hechos que serían violatorios de varios derechos reconocidos y consagrados en la Convención Americana, que tuvieron lugar dentro de la jurisdicción territorial de Perú, cuando la obligación de respetar y garantizar los derechos establecidos en dicho instrumento se encontraba en vigor para dicho Estado.[1] Por lo tanto, la CIDH es competente ratione materiae, ratione personae, ratione temporis y rationi loci para conocer sobre el fondo de la denuncia.
22. El hecho de que en las primeras etapas del proceso, es decir, dentro de los 90 días que se le conceden para informar sobre los hechos denunciados, el Estado no haya objetado el agotamiento de los recursos internos sería suficiente para que la Comisión tenga por satisfecho el requisito establecido en el artículo 46(1)(a) de la Convención.
23. La Comisión decidió recientemente en forma conjunta un grupo de 35 casos que involucraban a 67 personas desaparecidas en diversos Departamentos del Perú durante el período 1989-1993, y analizó en detalle el fenómeno general de las desapariciones en ese país. En tales informes la Comisión señaló que el habeas corpus era el recurso adecuado en los casos de desapariciones para tratar de hallar a una persona presuntamente detenida por las autoridades, averiguar sobre la legalidad de la detención y, llegado el caso, lograr su libertad. La CIDH concluyó igualmente que a los fines de la admisibilidad de denuncias ante este organismo no era necesario intentar el recurso de habeas corpus --ni ningún otro--, con el objeto de agotar los recursos internos, dado que durante el período 1989-1993 existió en Perú una práctica o política de desapariciones ordenada o tolerada por diversas autoridades del poder público, que tornó completamente ineficaz el recurso de habeas corpus en los casos de desapariciones. En dichos informes la Comisión señaló textualmente lo siguiente:
24. La Comisión considera plenamente aplicables las anteriores consideraciones al presente caso, por tratarse de una denuncia de desaparición forzada ocurrida en el año 1992, que ha sido imputada a la Policía Nacional del Perú y a la Marina de Guerra del Perú. Dicha desaparición habría ocurrido dentro de la época (1989-1993) en que la Comisión determinó, conforme a la cita anterior, que en Perú existió una práctica o política de desapariciones ordenada o tolerada por diversas autoridades del poder público que tornó completamente ineficaz el recurso de habeas corpus en los casos de desapariciones, por lo que la Comisión estableció que a los fines de la admisibilidad de denuncias a la Comisión, no era necesario intentar el recurso de habeas corpus --ni ningún otro-- con el objeto de agotar los recursos internos. Por tanto, la Comisión concluye que en el presente caso se configura la excepción contemplada en el artículo 46(2)(a) de la Convención, conforme a la cual el requisito de agotamiento de los recursos internos de la jurisdicción interna previsto en el artículo 46(1)(a) de la Convención no es aplicable cuando “no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos violados”. La Comisión observa adicionalmente que las investigaciones que se llevaron a cabo fueron archivadas definitivamente por la Fiscalía, en ejecución de lo dispuesto en las leyes de amnistía Nos. 26479 y 26492, con lo cual se impidió definitivamente alcanzar cualquier resultado que dichas investigaciones pudieran haber ofrecido.
25. Con relación al requisito contemplado en el artículo 46(1)(b) de la Convención, conforme al cual la petición debe ser presentada dentro del plazo de seis meses a partir de que la víctima sea notificada de la decisión definitiva que haya agotado los recursos internos, la Comisión observa que dicho requisito tampoco es aplicable en el presente caso, puesto que al operar la excepción al requisito de agotamiento de los recursos internos prevista en el artículo 46(2)(a) de la Convención, en los términos expuestos en el párrafo anterior, opera también, por mandato del artículo 46(2) de la Convención, la excepción al aludido requisito concerniente al plazo en que debe ser presentada la petición.
26. La Comisión, sin prejuzgar sobre el fondo, debe agregar que la desaparición forzada de una persona por parte de agentes estatales configura una violación continuada por parte de los Estados que persiste como infracción permanente de diversos artículos de la Convención Americana, hasta que aparezca la persona o su cadáver. Por tanto, en dichos casos no opera el requisito concerniente al plazo de presentación de peticiones contemplado en el artículo 46(1)(b) de la Convención Americana.
28. La Comisión considera que la exposición del peticionario se refiere a hechos que de ser ciertos podrían caracterizar una violación de derechos garantizados en la Convención, puesto que tal y como se estableció supra, el tema sometido a la decisión de la Comisión es la desaparición forzada de varias personas.
29. Por todas las razones anteriormente expuestas, la Comisión considera que tiene competencia para conocer de este caso y que de conformidad con los artículos 46 y 47 de la Convención Americana la petición es admisible, en los términos anteriormente expuestos.
30. Habiendo determinado su competencia para conocer de este caso y que de conformidad con los artículos 46 y 47 de la Convención Americana la petición es admisible, la Comisión pasa a pronunciarse sobre el fondo del caso, tomando en cuenta que las partes no se avinieron a iniciar un proceso de solución amistosa y que la Comisión ya cuenta con los elementos suficientes para pronunciarse sobre los méritos.
31. A los efectos del análisis del fondo del caso bajo estudio, la Comisión estima pertinente recapitular las siguientes consideraciones sobre el fenómeno de las desapariciones forzadas en Perú que realizó al decidir recientemente, en forma conjunta, un grupo de 35 casos que involucraban a 67 personas desaparecidas en diversos Departamentos del Perú durante el período 1989-1993. Al respecto, la Comisión se pronunció en los siguientes términos, los cuales ratifica plenamente en el presente caso:
La angustia de la familia se ve intensificada con frecuencia por las circunstancias materiales que acompañan a la desaparición. El desaparecido suele ser el principal sostén económico de la familia. También puede ser el único miembro de la familia capaz de cultivar el campo o administrar el negocio de la familia. La familia no sólo resulta gravemente afectada emocionalmente; sufre también en términos económicos, entre otras cosas, debido a los gastos efectuados en las investigaciones posteriores. Además, no sabe cuando va a regresar, si es que regresa, el ser querido, lo que dificulta la adaptación a la nueva situación. A menudo la consecuencia es la marginación económica y social.[3]
32. De acuerdo a la doctrina de la Comisión anteriormente reseñada, el principio general es que en los casos de desapariciones en donde haya suficientes indicios de prueba, a juicio de la Comisión, de que la detención fue efectuada presumiblemente por agentes del Estado en el marco general de la política oficial de desapariciones, la Comisión presumirá que la víctima fue desaparecida por agentes del Estado peruano, salvo que dicho Estado haya probado lo contrario.
33. En aplicación de dichas consideraciones al presente caso, la Comisión en relación a la detención de las víctimas, observa que el peticionario alega que los señores Pedro Pablo López González, Denis Atilio Castillo Chávez, Gilmer Ramiro León Velásquez, Jesús Manfredo Noriega Ríos, Roberto y Carlos Alberto Barrientos Velásquez y Carlos Martín y Jorge Luis Tarazona More fueron detenidos el 2 de mayo de 1992 por miembros de la Policía Nacional y de la Marina de Guerra del Perú, en los Asentamientos Humanos “La Huaca”, “Javier Heraud”, y “San Carlos”, ubicados en el Distrito y Provincia de Santa, del Departamento de Ancash, y que luego desaparecieron.
34. Al respecto, y con base en los hechos narrados por el peticionario y el hecho de que la propia Fiscalía haya resuelto en fecha 31 de agosto de 1995 archivar definitivamente la investigación, por considerar que de las pruebas pertinentes se evidenciaba que los autores de las detenciones y posteriores desapariciones bajo estudio serían “Militares y Miembros de la Policía Nacional del Perú”, la Comisión cuenta con suficientes elementos para establecer la veracidad de los hechos denunciados respecto a la detención de las víctimas.[4] Lo anterior se corrobora además con el testimonio de las señoras Maximina Gonzáles Méndez, Paula Peregrina Flores de Dionicio, Cruz Velásquez León de Barrientos, Hormecinda Velásquez viuda de León, Agustina Moreno Estrada, y Margot Nancy Reyes Sáenz; con el testimonio de los señores Alejandro Castillo Vega y Germán Domingo Quispe Moreno; con el modus operandi de la detención, y con los demás indicios probatorios, entre los cuales se cuentan las gestiones y los recursos desplegados a nivel interno tendientes a la localización y liberación de las víctimas, los informes elaborados por los propios policías para negar que las detenciones hayan sido practicadas por efectivos policiales, sin que el Estado peruano haya llevado a cabo una investigación judicial seria de los graves hechos ocurridos, a lo cual puede sumarse la circunstancia de que dichas detenciones ocurrieron en 1992, época en que conforme a lo establecido por la Comisión existió una práctica sistemática y selectiva de desapariciones forzadas, llevada a cabo por agentes del Estado peruano.
35. De acuerdo con lo anterior, la Comisión da por cierto que las víctimas fueron detenidas el 2 de mayo de 1992 por miembros de la Policía Nacional y de la Marina de Guerra del Perú, en los Asentamientos Humanos “La Huaca”, “Javier Heraud”, y “San Carlos”, ubicados en el Distrito y Provincia de Santa, del Departamento de Ancash.
36. Por tanto, y conforme a la mencionada doctrina de la Comisión, correspondía al Estado peruano probar que no desapareció a los señores López González, Castillo Chávez, Ramiro León Velásquez, Noriega Ríos, Barrientos Velásquez y Tarazona More. Al efecto, la Comisión observa que el Estado no consignó ninguna prueba tendiente a demostrar que no desapareció a los señores López González, Castillo Chávez, Ramiro León Velásquez, Noriega Ríos, Barrientos Velásquez y Tarazona More, sino más bien negó inicialmente que los hubiera detenido y archivó las investigaciones debido a que había pruebas de que elementos policiales y militares tenían responsabilidad en dichas desapariciones.
37. Con base en las razones anteriormente expuestas la Comisión concluye que el Estado peruano, a través de la Policía Nacional y de la Marina de Guerra del Perú, detuvo a los señores Pedro Pablo López González, Denis Atilio Castillo Chávez, Gilmer Ramiro León Velásquez, Jesús Manfredo Noriega Ríos, Roberto y Carlos Alberto Barrientos Velásquez y Carlos Martín y Jorge Luis Tarazona More el día 2 de mayo de 1992, en los Asentamientos Humanos “La Huaca”, “Javier Heraud”, y “San Carlos”, ubicados en el Distrito y Provincia de Santa, del Departamento de Ancash, y que posteriormente procedió a desaparecerlos.
38. Dicha detención y posterior desaparición configura una desaparición forzada en la cual se siguió el patrón característico: la detención de las víctimas por parte de agentes policiales y militares; una posición oficial de negación de responsabilidad por tal desaparición; la falta de investigación adecuada de las autoridades públicas sobre la situación de las víctimas; la ineficacia de los recursos internos, la tortura y posible ejecución extrajudicial de las víctimas; y la impunidad absoluta, reforzada por la subsiguiente amnistía.
[3] CIDH, Informe N° 51/99, Casos 10.471 y otros (Perú), Informe Anual 1998, párrafos 68 al 95. Ver en el mismo sentido, CIDH, Informes Nos. 52/99, 53/99, 54/99, 55/99, 56/99 y 57/99, (Perú), Informe Anual 1998.
[4] Tal y como se menciona en el párrafo 28, supra, la Comisión ha referido, citando doctrina de la Corte Interamericana, que cuando ha quedado probada la existencia de una política de desapariciones auspiciada o tolerada por el Gobierno, es posible, mediante prueba circunstancial o indirecta, o por inferencias lógicas pertinentes, demostrar la desaparición de un individuo concreto, que de otro modo sería imposible, por la vinculación que esta última tenga con la práctica general. (Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, párrafo 124).