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Timestamp: 2020-02-24 12:15:56
Document Index: 39762735

Matched Legal Cases: ['artículo 10', 'artículo 33', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 3', 'artículo 15', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'artículo 31', 'artículo 31', 'Artículo 22', 'artículo 14', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'artículo 15', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34']

Boletín Nº 152 del jueves 2 de julio de 2015
El Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia adoptado el 10 de julio de 2012 (publicado mediante Resolución de 13 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, en el Boletín Oficial de Estado de 3 de agosto de 2012), además de contemplar diversas medidas que incidían en la aplicación de la normativa del Sistema, contenía nuevos criterios mínimos sobre capacidad económica y participación del beneficiario en el coste de las prestaciones para la Autonomía y Atención a la Dependencia, estableciendo el plazo máximo de seis meses desde la fecha del Acuerdo, para que las Administraciones Públicas promovieran, en el ámbito de sus competencias, las disposiciones normativas que resultasen necesarias para dar cumplimiento a lo previsto en el mismo.
Como consecuencia de lo anterior, el Principado de Asturias, en virtud de la competencia exclusiva en materia de asistencia y bienestar social que le confiere el apartado 24 del artículo 10 de su Estatuto de Autonomía, procedió a la transposición de lo dispuesto en el citado Acuerdo de 10 de julio de 2012 mediante la aprobación de la Resolución de 28 de junio de 2013 de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, por la que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y la determinación de la capacidad económica de las personas usuarias (BOPA 30-VI-2013).
A la vista de la participación económica en el coste de los servicios públicos resultante de la aplicación de la nueva normativa autonómica derivada de las exigencias del citado Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, y teniendo en cuenta que el mismo establece que “nadie quedará fuera de la cobertura del Sistema por no disponer de recursos económicos”, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 33.4 de la propia Ley 39/2006, de 14 de diciembre de 2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, se aprobaron varias modificaciones con el objeto de minimizar su impacto en las personas usuarias de los mismos, a saber: Resolución de 24 de octubre de 2013, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, por la que se establece el régimen de participación económica en el coste del servicio de ayuda a domicilio para personas dependientes (BOPA 30/10/2013), la Resolución de 11 de diciembre de 2013, de la Consejería de Bienestar Social, de primera modificación de la resolución de 28 de junio de 2013, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, por la que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (SAAD) y la determinación de la capacidad económica de las personas beneficiarias (BOPA 26/12/2013) y la Resolución de 23 de abril de 2014, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, por la que se establece el régimen de participación económica en el coste de los servicios públicos de centro de día de personas mayores y personas con discapacidad y atención residencial a personas con discapacidad (BOPA 6/5/2014).
Por su parte, el Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en el precitado Acuerdo del Consejo Territorial de 10 de julio de 2012 procedió a regular con carácter básico las prestaciones del SAAD mediante el Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, por el que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, establecidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
La dispersión de la normativa autonómica aplicable a las prestaciones del SAAD, unida a la entrada en vigor de normativa básica estatal, que ha desplazado algunos preceptos de la Resolución de 28 de junio de 2013, aconsejan proceder a la aprobación de una nueva Resolución que refunda todas las disposiciones en vigor sobre la materia, confiriendo al SAAD una mayor seguridad jurídica.
Por otro lado, la entrada en vigor el 1 de julio de 2015 del derecho a las prestaciones del SAAD de las personas con dependencia moderada, obliga a regular su participación económica en el coste del servicio de ayuda a domicilio, mediante el establecimiento de una fórmula específica que favorezca la permanencia de las personas dependientes con Grado I en su entorno.
Así pues, la presente Resolución consolida, por un lado, el régimen de participación económica aplicable en el coste de los servicios públicos de ayuda a domicilio (artículo 8), centros de día (artículo 9) y centros de atención residencial (artículo 10), y por otro, se adapta a la normativa básica en dos aspectos: se da una nueva redacción al apartado segundo del artículo 3, que regula el derecho de acceso a las prestaciones de las personas fallecidas, concediendo el derecho a las mismas a los herederos de las personas que hubieran fallecido en los seis meses desde la solicitud, y se amplía el requisito de convivencia con la persona cuidadora para ser beneficiario de una prestación económica para cuidados en el entorno familiar a las personas con Grado I (artículo 15.1.c).
Por lo demás, la nueva Resolución sobre las prestaciones del SAAD en el Principado de Asturias mantiene la estructura de la anterior Resolución de 28 de junio de 2013:
En el Capítulo I se fija el objeto, destinatarios y derecho de acceso a las prestaciones del SAAD. La Resolución regula la totalidad de las prestaciones, los criterios de valoración de la capacidad económica de las personas beneficiarias de las mismas, así como su participación en el coste de los servicios públicos y la cuantía de las prestaciones económicas y aspectos de su gestión.
El Capítulo II contiene la regulación de los servicios y prestaciones económicas del SAAD, describiendo cada prestación, sus destinatarios e intensidades, el régimen de compatibilidades, así como la determinación de la participación en el coste de todos los servicios de las personas dependientes y no dependientes, y la cuantía de las prestaciones económicas. Es en este Capítulo en el que se han refundido todas las disposiciones normativas vigentes hasta la fecha en materia y se ha introducido como novedad la fórmula para la determinar la participación económica en el coste del servicio de ayuda a domicilio para las personas con dependencia moderada o Grado I.
El Capítulo III, sobre determinación de la capacidad económica, es aplicable a todas las personas usuarias de los servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, dependientes y no dependientes, a excepción de los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia para personas no dependientes, ya que se trata de servicios sociales generales y del servicio de atención residencial para personas mayores no dependientes, que se rige por su propia normativa.
El Capítulo IV contiene diversos aspectos sobre la gestión de las prestaciones (abono de la participación económica en el coste de los servicios, cobro, justificación, suspensión, extinción y reintegro de las prestaciones económicas y traslado entre comunidades autónomas).
La presente Resolución tiene por objeto regular las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en el ámbito del Principado de Asturias, así como los criterios de valoración de la capacidad económica de las personas a los efectos de determinar la participación de las mismas en el coste de los servicios públicos y la cuantía de las prestaciones económicas.
Artículo 2.—Destinatarios de la norma.
Artículo 3.—Acceso a las prestaciones para las personas dependientes.
1. El derecho de acceso de las personas dependientes a las prestaciones derivadas del reconocimiento de la situación de dependencia se generará desde la fecha de la resolución de reconocimiento de las prestaciones o, en su caso, desde el transcurso del plazo de seis meses desde la presentación de la solicitud sin haberse dictado y notificado resolución expresa de reconocimiento de la prestación, salvo cuando se trate de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, que quedará sujeta a un plazo suspensivo máximo de dos años a contar, según proceda, desde las fechas indicadas anteriormente, plazo que se interrumpirá en el momento en que el interesado empiece a percibir dicha prestación.
2. Las personas que fallecieran en los seis meses siguientes a la presentación de la solicitud sin haberse dictado resolución de reconocimiento de la concreta prestación, no tendrán la condición de persona beneficiaria y no generarán ningún derecho.
Artículo 4.—Servicios y prestaciones económicas.
1. Los servicios y prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, son los siguientes:
Artículo 5.—Servicio de Prevención de las situaciones de dependencia.
1. El servicio de prevención de las situaciones de dependencia tiene por finalidad prevenir la aparición o el agravamiento de enfermedades o discapacidades y de sus secuelas, mediante el desarrollo coordinado, entre los servicios sociales y de salud, de actuaciones de promoción de condiciones de vida saludables, programas específicos de carácter preventivo y de rehabilitación, dirigidos a las personas mayores y personas con discapacidad y a quienes se vean afectados por procesos de hospitalización complejos.
Artículo 6.—Servicio de Promoción de la Autonomía.
f) Apoyos personales y cuidados en alojamientos especiales: cuando los diferentes servicios de promoción de la autonomía personal se presten en alojamientos especiales (viviendas tuteladas, apartamentos de mayores), se recogerán en el Programa Individual de Atención como “Servicios de apoyos personales y cuidados en alojamientos especiales (viviendas tuteladas)”, reuniendo los requisitos, características e intensidades propias del servicio de promoción concreto de que se trate, según lo establecido anteriormente.
Artículo 7.—Servicio de Teleasistencia.
1. El servicio de teleasistencia tiene como finalidad atender a las personas beneficiarias mediante el uso de tecnologías de la comunicación y de la información, observando las medidas de accesibilidad adecuadas para cada caso, y apoyo de los medios personales necesarios, en respuesta inmediata ante situaciones de emergencia, o de inseguridad, soledad y aislamiento y con el fin de favorecer la permanencia de las personas usuarias en su medio habitual.
Artículo 8.—Ayuda a Domicilio.
1. El servicio de ayuda a domicilio lo constituye el conjunto de actuaciones llevadas a cabo en el domicilio de las personas en situación de dependencia con el fin de atender sus necesidades de la vida diaria:
Los servicios relacionados con la atención de las necesidades domésticas o del hogar sólo podrán prestarse conjuntamente con los de atención personal, en función de la situación de dependencia de la persona.
2. La intensidad del servicio de ayuda a domicilio para personas dependientes estará en función del Programa Individual de Atención y se determinará en un número de horas mensuales de servicios asistenciales y domésticos, mediante intervalos según grado de dependencia, de acuerdo con lo establecido en la normativa estatal.
3. La participación de las personas dependientes beneficiarias del servicio de ayuda a domicilio se determinará mediante la aplicación de las siguientes fórmulas, hasta alcanzar un máximo del 75% del coste hora:
PB = ((0,4 x IR x CEB)/IPREM) – (0,5 x IR)
PB = ((0,4 x IR x CEB)/IPREM) – (0,3 x IR)
PB = ((0,3333 x IR x CEB)/IPREM) – (0,25 x IR)
4. Se establece un mínimo exento del cómputo de capacidad económica para gastos personales de la persona dependiente del 50% del IPREM mensual.
Artículo 9.—Servicio de Centro de Día.
1. El servicio de centro de día o de noche ofrece una atención integral durante el período diurno o nocturno, con el objetivo de mejorar o mantener el mejor nivel posible de autonomía personal y apoyar a las familias o cuidadores. En particular cubre, desde un enfoque biopsicosocial, las necesidades de asesoramiento, prevención, rehabilitación, orientación para la promoción de la autonomía, habilitación o atención asistencial y personal.
PB = (0,4 x CEB) – (IPREM/3,33)
5. Se establece un mínimo exento del cómputo de capacidad económica para gastos personales de la persona usuaria (dependiente y no dependiente) del 20% del IPREM mensual.
Artículo 10.—Servicio de Atención Residencial.
1. El servicio de atención residencial ofrece una atención integral y continuada, de carácter personal, social y sanitario, que se prestará en centros residenciales, públicos o privados concertados, teniendo en cuenta la naturaleza de la dependencia, grado de la misma e intensidad de cuidados que precise la persona.
b) Apartamento residencial para personas mayores.
c) Centro de atención residencial para personas con discapacidad.
d) Alojamiento tutelado o vivienda con apoyos para personas con discapacidad, en la modalidad de estancia.
e) Alojamiento tutelado o vivienda con apoyos para personas con discapacidad, en la modalidad de asistencia parcial.
f) Alojamiento tutelado o vivienda con apoyos para personas con discapacidad, en la modalidad de estancias de fin de semana.
4. La determinación de la participación económica de las personas no dependientes usuarias de centros de atención residencial para personas mayores será la establecida en el Decreto 10/1998, de 19 de febrero, por el que se regula el acceso y estancia en los establecimientos residenciales para ancianos, en el Capítulo IX. Liquidación de estancias.
5. La determinación de la participación económica de las personas dependientes usuarias de centros de atención residencial para personas mayores, se realizará mediante la aplicación de la siguiente fórmula matemática, que garantiza la progresividad en la participación:
A partir del día siguiente a la finalización definitiva de la prestación del servicio se realizará la liquidación definitiva en la que se procederá a determinar, en su caso, la deuda total acumulada, sin perjuicio de la posibilidad de efectuar en cualquier momento durante la prestación del servicio, bien de oficio, bien a solicitud del usuario, liquidaciones complementarias con la finalidad de aminorar la deuda generada.
6. La determinación de la participación económica de las personas usuarias del resto de los servicios previstos en el presente artículo, dependientes y no dependientes, se realizará mediante la aplicación de la siguiente fórmula matemática, que garantiza la progresividad en la participación:
CM: Cantidad mínima para gastos personales, referenciada al 25% del IPREM mensual.
Se establece un mínimo exento del cómputo de capacidad económica para gastos personales de la persona usuaria (dependiente y no dependiente) del 30% del IPREM mensual.
En el caso de las personas dependientes, cuando los ingresos o rentas líquidas anuales de que dispongan sean insuficientes para hacer frente al abono del precio público resultante, éstas participarán mensualmente a cuenta de la cantidad que resulte de aplicar la siguiente fórmula matemática:
PBc = CEBc – CM
Prestación económica vinculada a servicio y para asistencia personal
Artículo 11.—Prestación económica vinculada a servicio.
1. La prestación económica vinculada a servicio, tiene por finalidad contribuir a la financiación del coste de los servicios que se determinen en el Programa Individual de Atención, cuando no sea posible el acceso a un servicio público o concertado que se adapte a sus necesidades.
Artículo 12.—Prestación económica para asistente personal.
1. La prestación económica de asistencia personal tiene como finalidad contribuir a la cobertura de los gastos derivados de la contratación de un asistente personal, que facilite el acceso a la educación, al trabajo, así como la participación en asociaciones y posibilite una mayor autonomía en el ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria de las personas dependientes.
Artículo 13.—Definición y finalidad de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar.
1. La prestación económica para cuidados en el entorno familiar tiene carácter excepcional y está destinada a contribuir a la cobertura de los gastos derivados de la atención prestada a la persona dependiente que faciliten el mantenimiento de ésta en su entorno habitual.
Artículo 14.—Exigencia de atención previa e inexistencia de recursos.
1. La persona beneficiaria ha de estar siendo atendida mediante cuidados en el entorno familiar con carácter previo a la solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia y no ser posible el reconocimiento de un servicio debido a la inexistencia de recursos públicos o privados acreditados.
Artículo 15.—Requisitos de la persona cuidadora.
1. Con el objeto de garantizar la atención y cuidado que la persona dependiente necesita, se requiere que la persona cuidadora reúna los siguientes requisitos:
b) Ser cónyuge o pariente por consanguinidad, afinidad o adopción, hasta el tercer grado de parentesco de la persona dependiente. Se entienden como relaciones asimiladas la de las parejas de hecho, tutores y personas designadas, administrativa o judicialmente, con funciones de acogimiento.
c) Que exista convivencia entre la persona beneficiaria y la persona cuidadora, para personas reconocidas con grado III y II, dada la necesidad de atención permanente y apoyo indispensable y continuo de otra persona. Para las personas reconocidas con grado I atendidas por un persona del entorno no se exigirá convivencia.
Artículo 16.—Acreditación de requisitos.
1. Para la acreditación del cumplimiento de los requisitos mencionados en el anterior artículo, se tendrá en cuenta la declaración de la persona dependiente con ocasión de la solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia, así como el informe técnico complementario al Baremo de Valoración de la Dependencia.
Artículo 17.—Cambio de persona cuidadora.
1. Se deberá comunicar el cambio de la persona cuidadora, a fin de valorar si reúne los requisitos establecidos y por tanto, procede el mantenimiento de la prestación.
Artículo 18.—Cuantía y abono de la prestación económica.
Artículo 19.—Régimen de compatibilidades entre prestaciones.
1. Las prestaciones económicas son incompatibles entre sí, y con los servicios incluidos en el catálogo, salvo con los siguientes:
3. El servicio de atención residencial permanente en centros para personas con discapacidad, es compatible con el servicio de centro de día cuando la atención prestada por el servicio de atención residencial no sea integral.
Normas comunes sobre participación económica de las personas beneficiarias en el coste de las prestaciones
Artículo 20.—Participación económica de las personas beneficiarias en el coste de las prestaciones.
1. Las personas beneficiarias han de participar en el coste de las prestaciones, conforme a su capacidad económica, sin que nadie pueda quedar fuera de la cobertura del Sistema por no disponer de recursos económicos.
3. La participación de la persona beneficiaria en el coste del servicio se hará de forma progresiva, mediante la aplicación de la correspondiente fórmula en función de su capacidad económica, hasta alcanzar como máximo el 90% del coste de referencia del servicio y se tendrá en cuenta la naturaleza de la prestación de dependencia reconocida, según se trate de un servicio o de una prestación económica. No obstante, éste límite no será aplicable a las personas no dependientes usuarias del servicio de atención residencial.
Artículo 21.—Prestaciones de análoga naturaleza y finalidad.
1. La percepción de una de las prestaciones económicas previstas deducirá de su cuantía cualquier otra prestación de análoga naturaleza y finalidad establecida en los regímenes públicos de protección social. En particular, se deducirán las prestaciones previstas en el artículo 31 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre:
2. Si la persona beneficiaria de alguno de los servicios fuera titular de alguna prestación de análoga naturaleza y finalidad de las citadas en el artículo 31 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, dicha prestación se sumará a la cuantía calculada con arreglo a los criterios de participación del servicio hasta el 100% del coste de referencia establecido. En el caso de que la persona fuera beneficiaria de un servicio de ayuda a domicilio o de centro de día se sumará únicamente el 20% del importe de la prestación de análoga naturaleza y finalidad.
Artículo 22.—Determinación de la capacidad económica de las personas beneficiarias.
1. La capacidad económica de las personas beneficiarias del SAAD, se valorará de acuerdo con la renta y el patrimonio de la persona interesada, en los términos que establece el artículo 14.7 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
Artículo 23.—Criterios para la determinación de la renta.
1. Se considera renta los ingresos de la persona beneficiaria, derivados tanto del trabajo como del capital, así como cualesquiera otros sustitutivos de aquellos, atendiendo a la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, o, en su caso, a las normas fiscales que pudieran ser de aplicación.
Artículo 24.—Criterios para la determinación del patrimonio.
Artículo 25.—Período a computar.
1. El período a computar en la determinación de la renta y del patrimonio será el correspondiente al último ejercicio fiscal cuyo período de presentación de la correspondiente declaración haya vencido a la fecha de presentación de la solicitud o del último disponible en la base de datos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. No obstante, cuando la capacidad económica de la persona beneficiaria sólo provenga de la percepción de pensiones, prestaciones o subsidios públicos, el período a computar en su determinación será el correspondiente al ejercicio en el que se presente la solicitud.
Artículo 26.—Comprobación de la capacidad económica de las personas beneficiarias.
1. La Consejería competente en materia de Bienestar Social recabará de las Administraciones Públicas la información necesaria para determinar y verificar la capacidad económica inicial de la persona dependiente, sin perjuicio de poder requerir en cualquier momento la documentación señalada en el artículo 15 del Decreto 68/2007, de 14 de junio, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, u otra que estime necesaria.
Artículo 27.—Revisión de la capacidad económica a instancia de parte.
1. La capacidad económica de las personas dependientes, y en consecuencia, la cuantía de la prestación económica o la participación en el coste del servicio, en su caso, podrán ser revisadas a solicitud de las personas interesadas o sus representantes legales, cuando exista una variación en sus circunstancias personales o económicas.
Artículo 28.—Revisión de oficio de la capacidad económica y deber de comunicación.
1. En todo caso, las personas beneficiarias o sus representantes legales deberán comunicar por escrito a la Consejería competente en materia de bienestar social, y en el plazo máximo de un mes a partir del día siguiente al de la producción del hecho causante, cualquier variación de su situación personal o económica que pueda suponer una modificación respecto a su capacidad económica o prestación reconocida.
En estos casos, si como consecuencia de la revisión se viera modificada la cuantía de la prestación económica o la cantidad que debiera abonar mensualmente la persona usuaria de los servicios, los efectos se producirán a partir del día primero del mes siguiente en que se hubiera producido el hecho causante, salvo que la variación afecte exclusivamente a las pensiones o prestaciones sociales públicas de las que fuera perceptora la persona beneficiaria, en cuyo caso, los efectos comenzarán a partir del primer día del mes siguiente a la resolución de revisión de la capacidad económica y de la prestación reconocida.
En el supuesto de revisiones de oficio de la situación de dependencia, los efectos de la modificación de la cuantía de la prestación económica se retrotraerán a la fecha de inicio del procedimiento si éstos son favorables, y comenzarán a partir del primer día del mes siguiente al de la resolución de revisión de la situación de dependencia si son desfavorables para el interesado.
Artículo 29.—Pago de los servicios públicos.
Una vez determinada la participación económica de las personas usuarias de servicios públicos en el coste de los mismos, se procederá al cobro de las cantidades que resulten por parte del órgano gestor que corresponda, según lo establecido en la normativa que regule los precios públicos de servicios sociales especializados.
Artículo 30.—Abono de las prestaciones económicas.
1. El abono de las prestaciones económicas se realizará mensualmente, mediante transferencia bancaria a la cuenta designada por la persona beneficiaria o su representante legal, de la que ha de ser titular, y previa acreditación por parte de ésta del cumplimiento de los requisitos según lo establecido en la presente resolución.
Artículo 31.—Justificación de las prestaciones económicas.
Las personas beneficiarias de prestaciones económicas deberán justificar el mantenimiento de los requisitos establecidos para la percepción de las mismas, siempre que así lo requiera la Consejería competente, mediante la presentación de la siguiente documentación:
Artículo 32.—Suspensión y extinción de las prestaciones económicas.
1. Son causas de suspensión del abono de las prestaciones económicas:
Artículo 33. —Reintegro de prestaciones económicas.
1. Procederá el reintegro del importe de las prestaciones indebidamente percibidas o recibidas en exceso, o bien su compensación con las cantidades devengadas con posterioridad cuando se mantenga el derecho a percibir una prestación económica.
Artículo 34.—Traslado de la persona beneficiaria entre comunidades autónomas.
1. La persona beneficiaria que traslade su residencia de forma permanente al territorio de otra comunidad autónoma o a las ciudades de Ceuta y de Melilla, está obligada a comunicarlo a la Consejería competente en materia de bienestar social.
La presente Resolución deroga a la anterior Resolución de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda de 28 de junio de 2013, por la que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), y la determinación de la capacidad económica de las personas beneficiarias, así como la Resolución de 24 de octubre de 2013, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, por la que se establece el régimen de participación económica en el coste del servicio de ayuda a domicilio para personas dependientes, la Resolución de 11 de diciembre de 2013, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, de primera modificación de la Resolución de 28 de junio de 2013 y la Resolución de 23 de abril de 2014, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, por la que se establece el régimen de participación económica en el coste de los servicios públicos de centro de día de personas mayores y personas con discapacidad y atención residencial a personas con discapacidad.
En Oviedo, a 30 de junio de 2015.—La Consejera de Bienestar Social y Vivienda, Graciela Blanco Rodríguez.—Cód. 2015-11189.