Source: https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/56320
Timestamp: 2020-02-19 05:34:12
Document Index: 131051355

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 11', 'ARTÍCULO 357', 'artículo 3', 'ARTÍCULO 11', 'ARTÍCULO 357', 'artículo 11', 'artículo 357', 'artículo 35', 'artículo 116']

Gaceta: LXII/3SPR-17/56320
La iniciativa pretende que las personas que ejerzan cargos de elección popular, sean federales o locales, deberán concluir sus mandatos respectivos y se encontraran obligados a cumplir con el régimen de incompatibilidades previsto en la Constitución.
Asimismo, menciona que los militantes de un partido político que hayan renunciado al mismo, podrán solicitar ser considerados como candidatos independientes una vez que haya trascurrido dos años de su renuncia, al proceso electoral en el que consideran participar.
La que suscribe ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, Senadora de la República a la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL NUMERAL 4 AL ARTÍCULO 11 Y EL NUMERAL 3 AL ARTÍCULO 357 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, al tenor de la siguiente:
La presente iniciativa tiene como finalidad la de fortalecer nuestra vida democrática y que la ciudadanía al emitir su voto lo haga de manera informada, en libertad y con la certeza de que los candidatos postulados por los partidos políticos o los independientes lo sean de manera plena. En ese sentido proponemos reforma a dos temas que son importantespara el fortalecimiento de la vida democrática, nos referimos a los llamados coloquialmente como chapulines y los llamados candidatos independientes.
Los llamados chapulines.
En el proceso electoral del pasado 7 de junio de 2015 la ciudadanía votó por la renovación de 500 diputaciones federales, nueve gubernaturas, 641 diputaciones locales, 993 alcaldías y 16 jefaturas delegaciones del Distrito Federal. Al revisar los perfiles de los candidatos que participaron en dicho proceso, se observa un patrón de conducta generalizado: diputados locales que quisieron ser alcaldes; alcaldes o jefes delegacionales que quisieron ser diputados federales, diputados federales o senadores que quisieron ser gobernadores; en fin, una mezcla de combinaciones que dejan claras las aspiraciones políticas de los aspirantes para continuar sus carreras políticas.
Al margen de los resultados obtenidos por los partidos políticos y los candidatos independientes, uno de los aspectos que fueron duramente criticados por la sociedad durante las precampañas y las campañas, fue el caso de los llamados candidatos chapulines, es decir aquellas y aquellos legisladores, presidentes municipales, síndicos o regidores que sin concluir el periodo para el que fueron electos, solicitaron licencia para separase de sus funciones para ir en la búsqueda de una candidatura y con ello, ocupar otro cargo de elección popular ad infinitum, dejando muchos asuntos sin concluir y en los peores casos con escándalos de corrupción o de conflicto de intereses.
El Diccionario de Mexicanismos de la Academia Mexicana de la Lengua, define como Chapulín a aquella: “Persona oportunista y advenediza que cambia de bando de forma continua, sin congruencia ideológica”.
En opinión de organizaciones de la sociedad civil, se trata de una medida que defrauda la confianza ciudadana depositada en el voto popular, lo que sin duda molesta a la sociedad y daña a la democracia. Se trata de un modus operandi de la clase política, donde las licencias que se les conceden a los aspirantes a otro cargo de elección no cubren las formalidades esenciales de todo procedimiento y por tanto, han sido interpretadas en beneficio de un grupo de personas en perjuicio de la sociedad. Aunque los políticos que se ven involucrados en este supuesto le llaman a esta práctica “profesionalización”, no pueden ocultar que el llamado chapulinazo sólo sirve a intereses personales y de partidos políticos .
Para amplios sectores de la población, esta práctica confirma que en México pesan más los intereses de la clase política que los de los ciudadanos. Otros, ven el salto de un cargo a otro como un intento por conseguir una posición o fuero que les permita evitar cualquier ejercicio de rendición de cuentas sobre su desempeño en el gobierno. Independientemente de las distintas lecturas que se realicen al respecto, detrás de esta práctica en la vida política nacional reside una acentuada debilidad en el modelo de representación política de nuestra democracia, que tal y como señala el Jurista Luigi Ferrajoli es precisamente esta sustancia de la democracia la que está hoy en crisis en el imaginario colectivo:
“La forma representativa de los órganos legislativos y de gobierno, aun siendo una condición necesaria de su legitimación política y de la dimensión formal de la democracia, no basta para garantizar ni la bondad de las decisiones políticas, ni su correspondencia con la voluntad popular. Añádase que la representatividad política de las instituciones electivas sufre hoy la crisis profunda por la pérdida de arraigo social de los partidos, por su descrédito en la opinión pública, por la creciente personalización y verticalización de los sistemas políticos, por su tendencial subalternidad a los poderes económicos y financieros, por el desarrollo y el éxito electoral de movimientos populistas, antiparlamentarios y carentes de democracia interna” .
La práctica de “saltar” de puesto en puesto ha sido tan extendida por la ausencia de mecanismos de control, como la revocación de mandato o la implementación de un fiscal anticorrupción lo que ha limitado la posibilidad de someter a quienes ostentan un cargo público a mecanismos directos de transparencia y rendición de cuentas, generado un esquema de incentivos perversos que, en lugar de dirigir los intereses de quienes resultan electos hacia sus representantes, provocan que el futuro político no dependa de los electores.
No se puede hablar de un sistema constitucional democrático cuando los integrantes de un órgano del poder no responden de su gestión ante sus representados. En una democracia desarrollada existen mecanismos de control en el que la ciudadanía controla a sus representantes y, a través de ellos, controlan a sus gobernantes. Cuando uno de esos órganos no es objeto de control político se reduce la posibilidad de un ejercicio legal, equilibrado, responsable y razonable de poder; por tanto este déficit afecta el estado de derecho y tiene relación en el presente caso cuando los representantes de elección popular no concluyen el mandato que la ciudadanía les dio en las urnas.
Es mediante la presente iniciativa que queremos cuestionar y abrir el debate si existe un mínimo de obligaciones que las y los gobernantes y los representantes de elección popular tienen frente a la ciudadanía, en cuanto al desempeño en su cargo, y si son exigibles. Uno de éstos mínimos exigibles debe ser la permanencia en el cargo por el que contendieron, se comprometieron, hicieron campaña y fueron electos.
Todo representante popular que es electo por un periodo en específico debe terminar de manera completa su gestión; es decir, si una o un presidente municipal es electo debe concluir en su totalidad los tres años de su mandato y no abandonar su función para ir por otra posición política. Si una Senadora o Senador gana la preferencia del electorado su compromiso debe ser terminar los seis años para los que fue electo. Si un representante popular electo contiende en un nuevo proceso electoral para el cual pide licencia y pierde las elecciones, no debería tener la posibilidad de regresar a su posición anterior, como si nada hubiera pasado.
No se trata de un asunto menor, se trata de definir los alcances de contar con una democracia de calidad y comenzar un debate sobre el derecho al buen gobierno, que bien podría iniciar con los representantes de elección popular concluyendo con el encargo al que voluntariamente se comprometieron y por el cual fueron electos.
Se trata de tomar una posición en torno a este tipo de prácticas cuestionadas por la sociedad y que resultan inaceptables porque divide deliberadamente la vida interna de los partidos políticos, inhibe la rendición de cuentas, fragmenta la base electoral, desplaza a militantes y cuadros políticos y provoca indefiniciones políticas que afectan la relación de confianza y credibilidad entre electores..
Pero en política hay que decirlo, se encuentran aquellos que están a favor de brincar de posición en posición señalando que es totalmente legal y legítimo este mecanismo de crecimiento político, personal y profesional.
Para el sociólogo Alemán Max Weber: “Hay dos formas de hacer de la política una profesión. O se vive para la política o se vive de la política”, cuando atinadamente señala:
“Quien vive para la política hace de ello su vida en un sentido íntimo; o goza simplemente con el ejercicio del poder que posee, o alimenta su equilibrio y su tranquilidad con la conciencia de haberle dado un sentido a su vida, poniéndola al servicio de algo. En este sentido profundo todo hombre serio que vive para algo vive también de ese algo. La diferencia entre el vivir para y el vivir de se sitúa entonces en un nivel mucho más grosero, en el nivel económico. Vive de la política como profesión quien trata de hacer de ella una fuente duradera de ingresos; vive para la política quien no se halla en este caso. Para que alguien pueda vivir para la política en este sentido económico, y siempre que se trate de un régimen basado en la propiedad privada, tienen que darse ciertos supuestos, muy triviales, si ustedes quieren: en condiciones normales, quien así viva ha de ser económicamente independiente de los ingresos que la política pueda proporcionarle” .
En México el acceso a un cargo público de elección popular se hace a través de los procesos electorales, si bien es cierto que a partir de la reforma político lectoral electoral del 10 de febrero de 2014, se abrió el espectro de participación no sólo a los partidos políticos sino también a las llamadas candidaturas independientes, también lo es que uno de los avances sustanciales de dicha reforma es el relativo de la profesionalización de la función pública mediante la reelección legislativa. Los senadores podrán ser electos hasta por dos y los diputados federales hasta por cuatro periodos consecutivos a partir del año 2018.
Para tal efecto, deberán ser postulados por el mismo partido, a menos que hayan renunciado a su militancia antes de la mitad de su mandato. Las entidades federativas deberán regular la reelección de los presidentes municipales, regidores y síndicos, quienes podrán ser reelectos por un periodo consecutivo, siempre y cuando el periodo de su mandato no sea mayor a tres años. También deberán permitir la reelección de los diputados de las legislaturas locales y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por hasta cuatro periodos consecutivos. Igual que a nivel federal, su postulación deberá ser por el mismo partido, a menos que haya renunciado a su militancia antes de la mitad del mandato. La reforma se aplicará a los diputados y senadores electos en 2018. En cuanto a los cargos de nivel local, no será aplicable para los funcionarios que se encuentren en funciones a la entrada en vigor de la reforma.
Se espera que con estos cambios se contribuya al fortalecimiento de la representación popular y la profesionalización del servicio público, pero el hecho de que sólo pueda accederse a la reelección a través de los partidos por los que contendieron originalmente y bajo la condición de que no renuncien o hayan perdido su militancia, constituye una limitante para el efectivo empoderamiento de los ciudadanos frente a sus representantes.
Finalmente no basta que la democracia se manifieste en la separación de poderes, en las declaraciones de derechos y en la existencia de una Constitución, sino que ha de entendérsela como “sistema político y forma de vida que genera igualdad, identidad cultural, estabilidad económica, justicia social y consenso político, como lo señala nuestra Constitución en su artículo 3º “como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”. De ahí nuestra propuesta de que las personas que siendo electas y ejerzan cargos de elección popular, sean federales o locales, deberán concluir sus mandatos respectivos.
Separación de la militancia para ser considerada una candidatura como independiente.
La reforma constitucional del año 2012 en materia política es histórica, ya que la mismo dio por terminado el monopolio de los partidos políticos para registrar las candidaturas abriendo la posibilidad para que los ciudadanos, al margen de los partidos, puedan acceder a cualquier cargo de elección popular, en condiciones de equidad en el marco del ejercicio derechos, obligaciones y prerrogativas equivalentes a las de los candidatos de los partidos políticos, situación que resulta en un avance democrático, y satisface una demanda política expresada en los últimos años por una multiplicidad de actores relevantes.
En las elecciones del pasado 7 de junio muchos candidatos independientes se alzaron con triunfos importantes en el país. Sin embargo, estos triunfos generaron una dinámica perniciosa, donde quienes han tenido una abierta y amplia participación política en algún partido político ahora amenazan con convertirse de la noche a la mañana en candidato independiente si no obtiene la postulación por su partido político.
Esta posición va en contra del sentido y alcance de la reforma constitucional del año 2012 que en ningún momento se consideró como un sustituto al sistema de partidos políticos, sino como medio para incentivar a tales entidades de interés público a buscar un mayor y permanente contacto con la sociedad y los ciudadanos, permitiendo una participación más amplia y efectiva de sus propios afiliados y de sus simpatizantes, así como de todos aquellos interesados en formar parte de su organización.
Al respecto, resulta conveniente citar lo expresado en el Dictamen sobre la citada reforma constitucional, aprobado por la Cámara de Senadores en su sesión del miércoles 27 de abril de 2011, donde se señaló lo siguiente:
Se trata de abrir nuevos cauces a la participación directa de la ciudadanía, a través de fórmulas y procedimientos que estimulen el interés de la sociedad en los asuntos públicos y los procesos comiciales, sin por ello debilitar el sistema electoral que en México se ha construido a lo largo de más de tres décadas. Las críticas al sistema de partidos deben mover a reflexión y cambios, pero sin demoler lo que entre todos hemos construido. Los partidos políticos son y deben seguir siendo columna vertebral del sistema electoral, su existencia y fortalecimiento constantes son requisito y condición indispensable para la consolidación y expansión del sistema democrático.
No hay democracia sostenible sin partidos políticos fuertes, vinculados a la sociedad, con prácticas internas democráticas y con obligaciones de transparencia y rendición de cuentas.
Los partidos políticos deben seguir siendo el medio principal para el agrupamiento de la diversidad de ideas y proyectos que se presenta en una sociedad plural como la nuestra; a ellos corresponde la tarea de aglutinar y organizar, bajo principios y reglas democráticas, a quienes se identifican con sus visiones y propuestas, para hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio de los cargos públicos de elección popular. Para que los partidos políticos cumplan con las funciones y propósitos que la Carta Magna les señala, no basta la competencia entre ellos, ni la vigilancia de las autoridades electorales. Es necesario que los propios ciudadanos cuenten con la posibilidad de exigir a los partidos democracia interna, transparencia y rendición de cuentas, y que esa exigencia cuente con el medio idóneo para, en su caso, competir con ellos sin necesidad de pasar por sus filas o acudir a su registro legal.
De ahí que uno de los temas que debemos resolver es el relativo al tiempo de separación de quienes siendo militantes de un partido político aspiran a ser candidatos independientes.
Consideramos que quienes son militantes de un partido político, no tienen ningún obstáculo legal para aspirar a ser candidatos por otros partidos políticos, los ejemplos al respecto son abundantes. De ahí que es necesario que el tiempo de separación de un militante de un partido para que aspire a ser considerado candidato ciudadano debe ser de al menos de dos años previos al proceso electoral en cuestión, de lo contrario los ciudadanos quedarían en un plano desigual de quienes han sido militantes y opten por la vía independiente, lo cual como ya señalamos, es contrario al sentido y alcance de la propia reforma constitucional.
En mérito de lo expuesto, se somete al consideración de ésta Soberanía la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL NUMERAL 4 AL ARTÍCULO 11 Y EL NUMERAL 3 AL ARTÍCULO 357 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES.
ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un numeral 4 al artículo 11 y el numeral 3 del artículo 357 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue:
1. A ninguna persona podrá registrársele como candidato a distintos cargos de elección popular en el mismo proceso electoral; tampoco podrá ser candidato para un cargo federal de elección popular y simultáneamente para otro de los estados, de los municipios o del Distrito Federal. En este supuesto, si el registro para el cargo de la elección federal ya estuviere hecho, se procederá a la cancelación automática del registro respectivo.
2. Los partidos políticos no podrán registrar simultáneamente, en un mismo proceso electoral, más de sesenta candidatos a diputados federales por mayoría relativa y por representación proporcional distribuidos en sus cinco listas regionales. En el caso de las legislaturas locales, se aplicarán las normas que especifique la legislación respectiva.
4. Las personas que ejerzan cargos de elección popular, sean federales o locales, deberán concluir sus mandatos respectivos y se encuentran obligados a cumplir con el régimen de incompatibilidades previstos en la Constitución.
1. Las disposiciones contenidas en este Libro, tienen por objeto regular las candidaturas independientes para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, diputados y senadores del Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa, en términos de lo dispuesto en la fracción II del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2. Las legislaturas de las entidades federativas emitirán la normatividad correspondiente en los términos de lo señalado por el inciso p) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución.
3. Los militantes de un partido político que hayan renunciado al mismo, podrán solicitar ser considerados como candidatos independientes una vez que hayan trascurrido dos años de su renuncia, al proceso electoral en el que consideran participar.
Verhttps://chapulinazonl.wordpress.com/
Ferrajoli Luigi; La Democracia a través de los Derechos. El constitucionalismo garantista como modelo teórico y como proyecto político. Madrid 2014, editorial Trotta, p 42.
Weber Max. El Político y el Científico. La Política como vocación. En http://www.hacer.org/pdf/WEBER.pdf