Source: http://www.atib.es/general/Mostrar_TextoLargo.aspx?idTexto=12771&lang=es
Timestamp: 2020-01-28 04:30:31
Document Index: 262852611

Matched Legal Cases: ['artículo 37', 'artículo 2', 'artículo 8', 'artículo 133', 'artículo 8', 'artículo 22', 'artículo 17', 'artículo 6', 'artículo 95', 'artículo 6', 'artículo 14', 'artículo 95', 'artículo 14', 'artículo 95']

Agència Tributària de les Illes Balears - A.T.I.B. 569
Responsable: Dirección Agencia Tributaria de las Illes Balears (ATIB).
Finalidad: Aplicación de los tributos propios y cedidos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de recursos públicos de otras administarciones publicas cuya gestión recaudatoria corresponda a la ATIB.
Destinatarios: Otras administraciones públicas de ámbito nacional, autonómico o local.
- Derecho de supresión (Derecho al olvido).
Procedencia: Del propio interesado, de otras administraciones públicas, otras personas físicas distintas al interesado, de entidades privadas, de registros públicos y de fuentes accesibles al público.
Consentimiento: En aquellos casos donde legalmente sea necesario recabar el consentimiento del interesado se procederá a solicitarlo de acuerdo a los requisitos exigidos por la normativa vigente.
Delegado de Protección de Datos: Se podrá poner en contacto con el Delegado de Protección de Datos de la ATIB a través de la dirección de correo electrónico dpd@atib.es.
Dirección Agencia Tributaria de las Illes Balears (ATIB). Datos de contacto: Calle de Can Troncoso 1, 07001 Palma.
El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales ya la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos -RGPD-), dispone que los responsables y encargados de tratamiento de datos personales deberán designar un Delegado de protección de datos en los supuestos que el propio Reglamento establece, así como en otros casos en que la legislación de los Estados miembros lo considere también obligatorio.
Entre los supuestos que requieren la designación de un Delegado, se encuentra aquel en el que "el tratamiento lo realice una autoridad u organismo público", tanto en calidad de responsable como en funciones de encargado de tratamiento (artículo 37.1.a). El papel del Delegado en las organizaciones es el de informar, asesorar, supervisar y cooperar con la autoridad de control, así como ser el punto de contacto para los interesados.
La Dirección de la ATIB asume las funciones del Delegado de Protección de Datos.
La ATIB ha creado una comisión sobre la protección de datos de carácter personal para la Resolución de 7 de noviembre de 2019, que se trata de un órgano colegiado encargado de analizar y de mantener actualizados los criterios y directrices generales sobre la uso de la información tributaria y no tributaria que gestiona la ATIB, para garantizar la privacidad y la seguridad de la información, así como, acordar y hacer operativas medidas para mejorar y reforzar los sistemas de seguridad y control.
La Comisión dirige y verifica el plan de adecuación de la ATIB al RGPD en tanto se procede a la designación de un Delegado de Protección de Datos externo.
Delegado de Protección de Datos de la Agencia Tributaria de las Illes Balears
Calle de Can Troncoso 1, 07001 Palma
Mail: dpd@atib.es
Los datos recabados son exclusivamente para las finalidades que se indican a continuación y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines.
La ATIB se creó por la Ley 3/2008, de 14 de abril, de creación y regulación de la Agencia Tributaria de las Illes Balears e inició sus actividades de manera efectiva el 1 de enero de 2009. Se configura como un ente público de carácter estatutario con personalidad jurídica propia y plena capacidad para actuar para organizar y ejercer, en nombre y por cuenta de la comunidad autónoma de las Islas Baleares, las funciones que se establecen en el artículo 2 de la Ley, que son las siguientes:
a) Gestionar, liquidar, inspeccionar y recaudar los tributos propios de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, sin perjuicio de las competencias que en esta materia puedan corresponder a otros órganos o entidades de la Comunidad Autónoma, en los términos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 8 de la Ley 10/2003, de 22 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas.
c) Asumir, por delegación o encargo, la gestión, recaudación, liquidación e inspección del resto de tributos del Estado recaudados en las Islas Baleares y formar parte de los órganos de colaboración que puedan establecerse, de acuerdo con lo previsto en el artículo 133.4 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears.
d) Gestionar, liquidar, inspeccionar y recaudar los recargos que pudieran establecerse sobre los tributos estatales.
e) Ejercer la potestad sancionadora respecto de los tributos y recargos cuya aplicación corresponda a la Agencia o cualquier otro órgano o entidad de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
f) Gestionar la recaudación ejecutiva de los recursos integrantes de la Administración de la Comunidad Autónoma y de sus entidades autónomas, así como de los recursos del Servicio de Salud de las Illes Balears y del resto de organismos o entidades de derecho público dependientes de la comunidad autónoma que sean exigibles en vía de apremio cuando lo establezca una ley o cuando así se acuerde por convenio entre la entidad interesada y la ATIB, en los términos previstos en el apartado 3 del artículo 8 de la Ley 10/2003, de 22 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas.
h) La revisión en vía administrativa de los actos y las actuaciones de aplicación de los tributos, de ejercicio de la potestad sancionadora en materia tributaria y de recaudación en periodo ejecutivo de los demás ingresos de derecho público de la Comunidad Autónoma, cuando se trate de actos y actuaciones dictados o llevados a cabo por los órganos y las unidades de la ATIB excepto las reclamaciones económico-administrativas, la revisión de actos nulos de pleno derecho y la declaración de lesividad de actos anulables.
e) La colaboración y la coordinación con las otras administraciones tributarias.
Cabe destacar que para llevar a cabo las acciones encomendadas la ATIB debe cruzar información con las finalidades indicadas anteriormente.
La base legal para ello se encuentra en el artículo 22 del RGPD, donde se reconoce la elaboración de perfiles cuando esté autorizada por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento. Y donde también se permite el uso de datos especialmente protegidos cuando se utilice para salvaguardar un interés público general de la Unión o de un Estado miembro, haciendo referencia al ámbito fiscal.
Para obtener más información, puede consultar el Registro de actividades de tratamiento en el que se recogen de forma detallada las finalidades y datos que se tratan.
De acuerdo al artículo 17.3.b, d y e del RGPD, los datos recabados en el ejercicio de sus funciones no se borrarán y permanecerán en las bases de datos de la ATIB para poder dar cobertura a posibles reclamaciones o requerimientos legales que puedan presentarse una vez finalizados los procedimientos que justificaron su recogida.
Según el artículo 6.1.c del RGPD, los datos de carácter personal podrán ser tratados cuando "el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento".
La ATIB, por ley, y de conformidad al Estatuto de Autonomía de Baleares es la Administración tributaria de las Illes Balears.
Por lo tanto, los tratamientos realizados en el cumplimiento de sus funciones están legitimados, de acuerdo a los requisitos que exige el RGPD.
Sin embargo, el artículo 95 de la Ley General Tributaria también establece una serie de casos tasados donde si se contempla que la ATIB pueda ceder o comunicar datos a terceros, que podrán ser de dos tipos:
- Cesiones o comunicaciones de datos en casos de colaboración en relaciión al cumplimiento de obligaciones fiscales con otras administraciones públicas, la lucha contra el delito fiscal y contra el fraude en diferentes ámbitos, la colaboración con investigaciones de los órganos judiciales y el ministerio fiscal, el control de la propia actividad de la Agencia Tributaria. En estos casos, de acuerdo con el artículo 6 del RGPD no será necesario recabar el consentimiento expreso del ciudadano, para que se puedan realizar estas cesiones o comunicaciones. Por otra parte, de acuerdo con el artículo 14 del RGPD, de producirse una cesión o comunicación no será necesario informar al ciudadano.
- Resto de cesiones y comunicaciones que no se contemplan expresamente en el artículo 95 de la Ley General Tributaria, y que son necesarias en el ámbito de la colaboración entre Administraciones públicas para facilitar la prestación de servicios públicos al ciudadano. En estos casos siempre será necesario que la Administración que solicita los datos cuente con el consentimiento expreso del ciudadano.
Además, el Considerando 31 del RGPD establece que en el caso de que la comunicación de datos personales se realice entre autoridades públicas, incluidas las fiscales, no se considerarán ni siquiera destinatarios de datos cuando estos son necesarios para llevar a cabo una búsqueda concreta de interés general.
Los datos se obtienen de las siguientes fuentes:
- De datos cedidos por otras administraciones públicas.
- De entidades privadas.
- De personas físicas diferentes al interesado.
- De registros públicos.
- De fuentes accesibles al público.
Esta recogida de datos se realiza por mandato legal, ya sea de manera voluntaria o en el ejercicio de las funciones que corresponden a la ATIB.
La ATIB no tiene obligación de informar a los interesados sobre la recogida de los datos, sobre la base del artículo 14 del RGPD, según el cual, la obligación de información no se aplicará, entre otros, en los siguientes supuestos:
- La obtención o la comunicación de los datos esté expresamente establecida por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento o,
- Cuando los datos personales deban seguir teniendo carácter confidencial sobre la base de una obligación de secreto profesional regulada por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros, incluida una obligación de secreto de naturaleza estatutaria.
En el caso de la ATIB, el primer supuesto queda recogido en los artículos 93 y 94 de la Ley General Tributaria y el segundo supuesto en el artículo 95 de la Ley General Tributaria, que establece el carácter reservado de los datos con trascendencia tributaria.
Concienciación y formación en Seguridad: La ATIB dispone de un protocolo interno para la divulgación de los principios básicos de actuación y los procedimientos de seguridad, a fin de garantizar el cumplimiento normativo y legal por parte de los empleados.
Procedimiento de gestión y respuesta ante incidentes de seguridad: La ATIB dispone de un proceso de gestión de incidentes y de un equipo de respuesta ante incidentes, a través de los que cubre el ciclo completo de vida de los incidentes de seguridad, desde la detección y registro, hasta la resolución del mismo, incluyendo el análisis, tipificación, respuesta inmediata y notificación.
En relación con los datos de carácter personal, los ciudadanos pueden solicitar a la ATIB el ejercicio de:
Derecho de acceso: es el derecho que tiene cada persona de solicitar y obtener información sobre los datos personales que constan en poder de la ATIB.
Derecho de rectificación: es el derecho que tiene cada persona de rectificar sus datos personales cuando sean erróneas o incompletas.
Derecho de supresión: es el derecho que tiene cada persona que el responsable del tratamiento suprima sus datos personales.
Derecho a la limitación del tratamiento: es el derecho que tiene cada persona por el que, durante un periodo de tiempo, no se traten sus datos si son incompletos o erróneos, o si el responsable no dispone del consentimiento del interesado.
Derecho a la portabilidad: es el derecho a que los datos personales se entreguen al interesado en formato electrónico, o se transfieran a otro responsable para su tratamiento.
Derecho de oposición: es el derecho que tiene cada persona a que no se haga ningún tratamiento de sus datos personales.
En relación a los datos del tratamiento para finalidades tributarias, y de acuerdo con la normativa tributaria, no se puede autorizar el ejercicio de los derechos de supresión, oposición, limitación y del derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas o de elaboración de perfiles.
El derecho a la portabilidad de los datos no es aplicable a los tratamientos efectuados en el ejercicio de poderes públicos (art. 20.3 RGPD)
Estos derechos pueden ser ejercidos por las personas afectadas o por alguien que las represente (en el caso de menores de 14 años, personas discapacitadas, personas mayores de 14 años si la ley lo exige, o cuando la persona afectada designe voluntariamente alguien que la represente).
Forma de ejercer los derechos
Para tramitar la solicitud de ejercicio de derechos de protección de datos ante la ATIB es necesario:
- Utilizar el formulario de solicitud (ver solicitud).
- El nombre de la actividad de tratamiento se puede consultar en el apartado Registro de actividades de tratamiento.
- Si la solicitud no la realiza la persona interesada, deberá acreditarse la representación a la ATIB.
- Si la presentación de la solicitud se hace presencialmente o por correo electrónico o postal, es necesario aportar fotocopia del DNI de la persona interesada (o NIF, NIE o pasaporte) y, en su caso, de la persona representada.
- Presencialmente, en cualquier oficina de la ATIB (ver oficinas de la ATIB).
- Por correo electrónico. Se remitirá, junto con los documentos requeridos, a dpd@atib.es.
- Por correo postal. Se remitirá, junto con los documentos requeridos, a la siguiente dirección: Agencia Tributaria Illes Balears (Delegado protección datos), Calle de Can Troncoso 1, 07001 Palma.
Para consultar el documento de registro de actividades pulse aquí.