Source: http://legislacion.derecho.com/resolucion-04-febrero-2005-ministerio-de-justicia-98671
Timestamp: 2016-10-28 11:05:00
Document Index: 296239412

Matched Legal Cases: ['artículo 18', 'artículo 98', 'artículo 102', 'artículo 98', 'artículo 18', 'artículo 98', 'artículo 3', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 322', 'artículo 98', 'artículo 327', 'artículo 98']

RESOLUCION de 4 de febrero de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Málaga don Joaquín Mateo Estévez, contra la negativa del registrador de la propiedad número 10 de Málaga a inscribir una escritura de compraventa
RESOLUCION de 4 de febrero de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Málaga don Joaquín Mateo Estévez, contra la negativa del registrador de la propiedad número 10 de Málaga a inscribir una escritura de compraventa Mis Leyes
RESOLUCION de 4 de febrero de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Málaga don Joaquín Mateo Estévez, contra la negativa del registrador de la propiedad número 10 de Málaga a inscribir una escritura de compraventa Estado	:
MINISTERIO DE JUSTICIA	RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Málaga don Joaquín Mateo Estévez, contra la negativa del registrador de la propiedad número 10 de Málaga a inscribir una escritura de compraventa.
En el recurso interpuesto por el Notario de Málaga don Joaquín Mateo Estévez contra la negativa del Registrador de la Propiedad número 10 de Málaga, don Juan Francisco Ruiz Rico, a inscribir una escritura de compraventa.
El día 20 de julio de 2004 don Joaquín Mateo Estévez, Notario de Málaga, autorizó una escritura de compraventa por virtud de la cual Doña Esmeralda de los Ángeles C. B. actuando en su propio nombre y en nombre y representación de don Alvaro B. C., y de sus hijos menores Alejandro B. C. y María B. C. venden una finca a don Francisco José A. G. y doña Alejandra C. A.
En dicha escritura de compraventa se expresa que «Intervienen... Doña Esmeralda de los Ángeles C. B., además de por sí: a) como apoderada, en nombre y representación de su hijo don Alvaro B. C. ... haciendo uso del poder general que le fue conferido mediante escritura autorizada por el Notario de Madrid, don Miguel Ángel García-Ramos Iturralde, el día 15 de junio del año 2004, con el número 1134 de protocolo.
Asevera el apoderado que la persona que representa existe, que no ha variado la capacidad ni el estado civil de la misma y que el poder con el que actúa se halla plenamente vigente.
Juicio de suficiencia de facultades: De copia/s autorizada/s de dicho poder general, que tengo a la vista y devuelvo, y en su caso, de la restante documentación aportada, reseñada en este instrumento, resultan a mi juicio, que son suficientes las facultades representativas acreditadas por quien/es interviene/n como apoderado/s para todos y cada uno de los actos y/o contratos formalizados en esta escritura, esto es, para enajenar bienes inmuebles, con los pactos y cláusulas que resulten de la misma, valga la redundancia.
b) Y en nombre y representación de sus hijos menores de edad Alejandro B. C. y María B. C....
Legitimación de su actuación: ejerce esta representación en virtud de la Licencia Judicial para enajenación de bienes de sus indicados hijos menores de edad, declarada en auto n° 356/2004 del Juzgado de Primera Instancia número veintidós de Madrid, de fecha once de mayo del año 2004. Deduzco testimonio del auto exhibido que extendido en dos folios de papel común, mecanografiados sólo por su anverso, incorporo a esta matriz...
Juicio de capacidad.-Tienen, a mi juicio, según actúan, la capacidad legal suficiente para esta escritura de compraventa...».
El título se presentó el mismo día 20 de julio de 2004, causando el asiento de presentación 669, del Diario 78, y siendo objeto de la siguiente calificación «Fundamentos de Derecho: 1. Los documentos de todas clases, susceptibles de inscripción, se hallan sujetos a calificación por el registrador, quien, bajo su responsabilidad, ha de resolver acerca de la legalidad de sus formas extrínsecas, la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos contenidos en los mismos, de conformidad con lo establecido en los artículos 18 y 19 de la Ley Hipotecaria y 98 y 100 del Reglamento para su ejecución.
El juicio notarial de suficiencia, no puede sustituir, mezclar o absorber el requisito de la reseña, dejándola inexistente, como ocurre en la escritura objeto de la presente calificación, ni puede tampoco sustituir o dejar inexistente el requisito de la calificación registral de la capacidad y la validez exigido para la práctica del asiento por el vigente artículo 18.1 de la Ley Hipotecaria, tal como se deduce del artículo 98 de la Ley 24/2001, que en sus párrafos 1 y 2 establece: «98.1: en los instrumentos públicos otorgados por representantes o apoderado, el Notario autorizante insertará una reseña identificativa del documento auténtico que se le haya aportado para acreditar la representación alegada y expresará que, a su juicio, son suficientes las facultades representativas acreditadas para el acto o contrato a que el instrumento se refiera; 98.2: la reseña por el Notario del documento auténtico y su valoración de la suficiencia de las facultades representativas harán fe suficiente, por sí solas, de la representación acreditada, bajo la responsabilidad del Notario».
La «doble exigencia» de juicio y reseña resulta también de la Resolución de la DGRN de 12 de abril de 2002, de consulta vinculante para notarios y registradores conforme al artículo 102 de la citada Ley 24/2001 de 27 de diciembre. Así, por lo que se refiere al contenido de la «reseña», se afirma en la citada resolución que ha de consistir en: «una sucinta narración de las señas distintivas del documento auténtico que se haya exhibido, y en una relación o transcripción somera pero suficiente de las facultades representativas», como requisito necesario para proporcionar al registrador «los elementos necesarios para que ejerza su función calificadora y pueda comprobar la adecuación de las facultades representativas al negocio otorgado cuya inscripción se pretende». Sólo más adelante y en otro lugar se ocupa del otro requisito del artículo 98.2, que es el juicio de suficiencia diferente de la reseña (apartado 8 de dicha resolución).
La citada resolución vinculante de 12 de abril de 2002 reconoce la vigencia del artículo 18.1° de la Ley Hipotecaria acerca de la calificación registral. Según esta resolución «el artículo 98.2 de la Ley 24/2001 debe interpretarse en relación con el contexto del resto de la Ley (confróntese el artículo 3.2 del Código Civil) que no ha modificado el esquema de la seguridad jurídica preventiva ni la función que en ese esquema desarrollan sus protagonistas, «sin merma de la función calificadora de los Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles», (apartado 3 de la Resolución).
Esta doctrina es la que ha sido ratificada por la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 30 de septiembre de 2002, que ratifica en todos sus extremos la doctrina establecida por la ya citada Resolución de 12 de abril de 2002; estableciendo la citada resolución de 30 de septiembre de 2002 los siguientes requisitos en orden a una correcta reseña de los poderes: -aparte del juicio de suficiencia, se impone al Notario que «de la escritura resulten los particulares bastantes para que el registrador califique la capacidad del otorgante con relación al acto que se pretende inscribir».
El notario debe expresar «una referencia concreta a la razón o razones en que se basa su apreciación» puesto que, en caso contrario, «impide al registrador el ejercicio de su función calificadora, al no poder éste comprobar si existe armonía o coherencia entre la valoración notarial de la suficiencia de las facultades representativas y el contenido de la escritura. De ahí que cuando el notario asevere la suficiencia del poder deba hacerlo por referencia expresa a su contenido en congruencia con el de la escritura que autoriza».
Las anteriores conclusiones se deducen del hecho de que «como en todos los supuestos de decisión jurídica adoptada en el ámbito de la función pública, el Notario debe manifestar el fundamento del cual se deriva su juicio o conclusión».
En la precedente escritura, el Notario ha cumplido con el requisito de juicio de suficiencia, pero no con el requisito de hacer una reseña de las facultades representativas, por lo que siendo como es la calificación registral de la legalidad de los actos o contratos sujetos a inscripción un trámite esencial del procedimiento de inscripción y requisito formal del asiento, es imposible al registrador cumplir con su obligación, esto es, con su deber de calificar las susodichas facultades representativas (confróntese la rúbrica del título II que está incluido en el artículo 18.1° de la Ley Hipotecaria, «de la forma y efectos de la inscripción».
Por último caso, según el artículo 18.1° de la L. H., el registrador califica bajo su responsabilidad y, en el presente caso, no se le aportan los datos necesarios para poder calificar; sería manifiesta la indefensión del Registrador. En efecto, sería absurdo que por una parte esté incurso en responsabilidad el registrador que no califica, o lo hace erróneamente, y por otra parte se le prive de los medios para poder cumplir con su obligación legal.
III. De conformidad con la regla contenida en el artículo 322 de la Ley Hipotecaria, el Registrador debe proceder a la notificación de la calificación negativa del documento presentado, quedando desde entonces automáticamente prorrogado el asiento de presentación correspondiente, por un plazo que vencerá a los sesenta días contados desde la práctica de la última de las notificaciones que deban ser realizadas. Prórroga durante la cual, por aplicación del principio hipotecario de prioridad contenido en los artículos 17, 24 y 25 de la Ley Hipotecaria, no pueden ser despachados los títulos posteriores relativos a la misma finca, cuyos asientos de representación, por tanto, han de entenderse igualmente prorrogados hasta el término de la vigencia, automáticamente prorrogada, del asiento interior».
La calificación es de 28 de septiembre de 2004, y se comunicó al notario mediante telefax el día 1 de octubre de 2004. Debe destacarse que este dato no se deduce del informe del registrador, como así debería constar, sino del recurso del notario. El recurso del notario se presentó el 29 de octubre de 2004.
El informe del registrador es de 29 de octubre de 2004, elevando el expediente a esta Dirección General para su resolución.
Debe hacerse constar, a los efectos oportunos, que siendo recurrente y recurrido el mismo notario y registrador y, sobre la misma materia -interpretación del artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre-, este Centro Directivo estimó un recurso del notario mediante resolución de 17 de septiembre de 2004, comunicada por telefax al registrador al día siguiente. Dicha resolución fue objeto de una corrección de errores que sólo afectaba al pie de recurso, que también fue comunicada al registrador el día 4 de octubre de 2004 y notificada mediante correo certificado con acuse de recibo el día 8 de octubre de 2004.
Estos datos se incluyen en este hecho, a los efectos de recordar al registrador el carácter vinculante de las resoluciones de esta Dirección
General cuando resuelven recursos frente a la calificación del registrador -artículo 327 de la Ley Hipotecaria- y, por tanto, la obligación que asiste al funcionario calificador de acatar el contenido de las resoluciones de este Centro Directivo; dicha vinculación del funcionario calificador alcanza, como no podía ser menos, al contenido íntegro de las resoluciones de esta Dirección General y, por tanto, no sólo a la interpretación del artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, sino, por ejemplo, al objeto del informe del registrador cuando se recurre su calificación.
Las anteriores apreciaciones cobran mayor importancia en el recurso que se resuelve en este momento, dado que al tiempo de la confección del informe del registrador -29 de octubre de 2004- éste ya conocía el criterio de esta Dirección General acerca del objeto del informe de dicho funcionario cuando se recurre su calificación.
Respecto del juicio de suficiencia se afirma en el título, respecto de la parte vendedora que «resultan a mi juicio, que son suficientes las facultades representativas acreditadas por quien/es interviene/n como apoderado/s para todos y cada uno de los actos y/o contratos formalizados en esta escritura, esto es, para enajenar bienes inmuebles, con los pactos y cláusulas que resulten de la misma, valga la redundancia.» Asimismo, añade con posterioridad en el título, por si había alguna duda, que «Juicio de capacidad.-Tienen, a mi juicio, según actúan, la capacidad legal suficiente para esta escritura de compraventa...».
Resulte evidente que el juicio de suficiencia es congruente y coherente con el negocio jurídico documentado en el título y con el mismo contenido de éste, pues se trata de una compraventa.