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Timestamp: 2019-10-19 07:20:19
Document Index: 293250905

Matched Legal Cases: ['artículo 42', 'artículo 44', 'Artículo 44', 'Artículo 13', 'Artículo 47', 'Artículo 47']

﻿ Sentencia T-392 de julio 2 de 2013
SENTENCIA T-392 DE 02 DE JULIO DE 2013
CONTENIDO:TRATAMIENTOS AMPLIOS E INTEGRALES DE SALUD. LA COBERTURA DE SALUD SE HA AMPLIADO AL PUNTO QUE SE DEBE GARANTIZAR AL QUE TIENE AMINORADAS SUS CONDICIONES DE SALUD UN TRATAMIENTO QUE PERMITAN SU SUBSISTENCIA EN FORMA DIGNA, CON LO CUAL ES POSIBLE SUMINISTRAR PROCEDIMIENTOS MÉDICOS INTEGRALES SIN IMPORTAR QUE ALGUNOS TRATAMIENTOS NO ESTÉN DENTRO DEL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD E INCLUSO, ES POSIBLE QUE SE ORDENE UN TRATAMIENTO CON UN PROFESIONAL QUE NO PERTENECE A LA ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD ENCARGADA DEL TRATAMIENTO, SOLO CON EL OBJETIVO DE PRESERVAR UNAS ACONDICIONES NO SOLO BÁSICAS SINO REALMENTE DIGNAS PARA LA VIDA DEL PACIENTE.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, TRATAMIENTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL, DERECHOS FUNDAMENTALES DEL MENOR DE EDAD, EPS, DERECHO A LA SALUD, PRINCIPIO DE INTEGRALIDAD DEL DERECHO A LA SALUD, TRATAMIENTOS DEL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD, COBERTURA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE, DERECHO A LA VIDA DIGNA
Sentencia T-392 de julio 2 de 2013
Ref.: Expedientes T-3.801.140 y T-3.801.783 (Acumulados)
En la revisión de los fallos proferidos por el Juzgado Diecisiete Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá D.C., que revocó el dictado por el Juzgado Dieciséis Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá D.C., dentro del Expediente T-3.801.140 y el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla, que confirmó el dictado por el Juzgado Promiscuo Municipal de Galapa, Atlántico, dentro del Expediente T-3.801.783.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 y 241 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección Tres de la Corte Constitucional, mediante auto del doce (12) de marzo de dos mil trece (2013), decidió seleccionar para revisión los expedientes de tutela T-3.801.140 y T-3.801.783, los cuales fueron acumulados por abordar una misma temática.
2.1. Su hijo se encuentra afiliado al sistema general de seguridad social en salud en el régimen subsidiado por intermedio de la EPS-S Capital Salud en calidad de beneficiario de su madre.
2.2. Desde su nacimiento le fue diagnostica dohipoxia cerebral neonatal, que le generó un complejo cuadro de autismo, retraso mental, agresividad, hiperactividad, epilepsia y esquizofrenia.
2.3. Como consecuencia de lo anterior, y ante la necesidad de obtener un tratamiento adecuado, acudió de manera particular a la Clínica Neurorehabilitar, institución especializada en el manejo y cuidado de diagnósticos similares al que padece su hijo, en donde le fue señalado el deterioro significativo de las condiciones físicas del menor y, por consiguiente, le ordenaron el inicio, sin interrupción, del “programa de rehabilitación integral personalizada e intensiva, con terapia física y de lenguaje”(1).
La demandante pretende que por medio de la acción de tutela le sean amparados sus derechos fundamentales a la vida, a la salud y a la dignidad humana de su hijo y, como consecuencia de ello, se ordene a la EPS-S Capital Salud, autorizar el programa de rehabilitación integral personalizada e intensiva, con terapia física y de lenguaje en la institución Neurorehabilitar.
— Registro civil de nacimiento del menor de edad Mateo Muriel Meneses (fl. 13, cdno. 2).
— Copia de la petición presentada ante Capital Salud EPS-S, con fecha 25 de septiembre de 2012 (fl. 14, cdno. 2).
— Copia de la respuesta emitida por la EPS-S Capital Salud con fecha 8 de octubre de 2012 (fls. 15 al 20, cdno. 2).
— Copia de la historia clínica de ingreso del menor Mateo Muriel Meneses, expedida por Neurorehabilitar, en la que constan las múltiples enfermedades por las que ha sido tratado y las recomendaciones médicas (fls. 20 y 21, cdno. 2).
— Copia de la tarjeta de identidad del menor (fl. 23, cdno. 2).
— Solicitud de autorización de medicamentos no incluidos en el POS (fl. 24, cdno. 2).
— Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Olga Lucía Meneses y del carné de afiliación a la EPS-S Capital Salud (fl. 26, cdno. 2).
Dentro de la oportunidad procesal correspondiente, Capital Salud EPS-S, a través de apoderado judicial, señaló que efectivamente Mateo Muriel Meneses, se encuentra afiliado al régimen subsidiado del sistema general de seguridad social en salud en calidad de beneficiario y que aparece diagnosticado con autismo, retardo mental y esquizofrenia.
Indicó que al menor no se le ha negado ningún servicio, por el contrario, se le ha autorizado todo lo que sus médicos tratantes le han ordenado, a excepción de los servicios considerados como de educación especial (servicio de equinoterapia, musicoterapia y psicopedagogía).
Por último, señaló que no tienen convenio con la Clínica Neurorehabilitar, y que para las terapias ocupacionales, físicas y del lenguaje se encuentran a disposición de la demandante otras IPS de la red pública.
Por lo expuesto, el representante de Capital Salud EPS-S solicitó negar la acción de tutela por ser improcedente e ineficaz, ya que no existe amenaza, ni vulneración de algún derecho fundamental amparado por nuestra Constitución.
Mediante sentencia del 20 de diciembre de 2012, el Juzgado Dieciséis Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogotá D.C., concedió el amparo de los derechos fundamentales a la vida, a la dignidad y a la salud del menor Mateo Muriel Meneses y ordenó a la EPS-S Capital Salud la autorización del programa de rehabilitación integral personalizada e intensiva, con terapia física y de lenguaje, así como también el tratamiento integral, sin que hubiera lugar al cobro de cuotas moderadoras, cuotas de recuperación o copagos.
La entidad Capital Salud EPS-S impugnó la providencia del juez de primera instancia con argumentos idénticos a los esbozados en la contestación de la acción de tutela.
El ad quem adujo como sustento de su decisión, que el menor puede recibir la atención profesional requerida por parte de la entidad demandada, siempre y cuando su madre acuda a solicitar los servicios a la EPS, para que sean los médicos especialistas adscritos a la misma, los que le concedan su aprobación o la nieguen, con fundamento médico, si lo consideran inviable o, realizado el estudio del caso, determinen qué otro tratamiento o procedimiento idóneo se debe seguir.
El señor Edgardo Enrique Cuesta Reynos presentó acción de tutela contra la EPS Coomeva, con el fin de que le fueran protegidos los derechos fundamentales a la salud, a la vida y a la dignidad humana de su hijo menor de edad, José David Cuesta Sandoval, quien padece de múltiples enfermedades y requiere de un tratamiento de rehabilitación integral con educación especial el cual es prestado en la IPS Cencaes, y que le fue negado por la entidad accionada.
2.3. Con ocasión al retraso mental grave y al deterioro del comportamiento que le genera la enfermedad a su hijo, los médicos de la IPS Cencaes le ordenaron la práctica de un plan de rehabilitación integral consistente en 140 terapias comportamentales ABA, equinoterapia, hidroterapia, musicoterapia, animalterapia y el apoyo con sesiones de fonoaudiología, fisioterapia y psicología.
El demandante pretende que por medio de la acción de tutela le sean amparados sus derechos fundamentales a la salud y a la vida en condiciones dignas y, como consecuencia de ello, se ordene a la EPS Coomeva, autorizar el programa de rehabilitación integral consistente en 140 sesiones mensuales en terapias ABA, y el apoyo con sesiones de fonoaudiología, fisioterapia y psicología, que requiere sean prestadas en la IPS Cencaes.
— Certificación de valoración médica efectuada al menor José David Cuesta Sandoval, por parte del grupo interdisciplinario de especialistas adscritos a la IPS Cencaes (fl. 9, cdno. 2).
— Listado de pacientes atendidos por Cencaes IPS, adscritos a Coomeva EPS (fls. 10 y 11, cdno. 2).
— Informe del comité técnico científico de la IPS Cencaes, realizado al pequeño José David (fls. 12 al 16, cdno. 2).
— Copia de la solicitud presentada ante Coomeva EPS por el señor Cuesta Reynos, con la finalidad de que le autorizaran las terapias prescritas a su hijo (fls. 17 y 18, cdno. 2).
— Copia del informe de evaluación neuropsicológica practicada al menor Cuesta (fl. 19 al 22, cdno. 2).
— Copia simple del registro civil de nacimiento de José David Cuesta Sandoval (fl. 23, cdno. 2).
— Fotocopia de la cédula de ciudadanía del demandante (fl. 24, cdno. 2).
Luego de explicar en qué consisten las terapias ABA, señaló que las mismas tienen carácter educativo y que al igual que los demás servicios pretendidos por el actor, se encuentran excluidos del POS.
Así mismo, manifestó que la IPS Cencaes, de acuerdo con la base de datos de la secretaría de salud departamental, no tiene habilitado el servicio de terapias ABA, y que dicha institución presta exclusivamente servicios educativos.
Por lo expuesto, el representante de Coomeva EPS solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela, por no existir orden médica de un galeno adscrito a su red de prestadores para la realización de las terapias ABA.
El señor Edgardo Enrique Cuesta Reynos impugnó la providencia del juez de primera instancia, manifestando la situación de indefensión en la que se encuentra su hijo y el deterioro de su estado de salud y de su calidad de vida.
Agregó, que existen otros menores a los cuales, mediante acciones de tutela, les ha sido concedido tratamiento idéntico en la IPS Cencaes, sin que varíen mucho las circunstancias fácticas de los casos concretos.
T-3.801.140 Accionante: Olga Lucía Meneses Rodríguez
Accionado: Capital Salud EPS-S — La peticionaria pretende que por medio de la acción de tutela se ordene a la EPS-S Capital Salud, autorizar el programa de rehabilitación integral personalizada e intensiva, con terapia física y de lenguaje para su hijo, quien padece esquizofrenia, autismo y retraso mental, entre otras enfermedades.
— Es madre cabeza de familia.
— No cuenta con un empleo fijo y estable. Concedió Revocó
T-3.801.783 Accionante: Edgardo Enrique Cuesta Reynos
Accionado: Coomeva EPS. — El demandante pretende que por medio de la acción de tutela se le ordene a la EPS Coomeva, autorizar un programa de rehabilitación integral consistente en 140 sesiones mensuales de terapias ABA y el apoyo con sesiones de fonoaudiología, fisioterapia y psicología.
Así mismo, que dichos servicios sean prestados en la IPS Cencaes. Negó Confirmó
1. Expediente T-3.801.140.
“3. Por secretaría general, oficiar a los ciudadanos Olga Lucía Meneses Rodríguez, (…) para que en el término de tres (3) días contados a partir de la notificación del presente auto, con los correspondientes documentos que respalden sus afirmaciones, se sirvan informar a esta Sala:
• Cuál es el estado de salud actual de su hijo(a).
• Y del mismo modo se sirvan allegar las copias de las prescripciones médicas proferidas por profesionales (particulares o adscritos a la EPS a la que se encuentran afiliados), con relación a los problemas de salud que presenta su hijo(a).
Para efectos de su pronunciamiento, allegar las pruebas documentales que considere pertinentes”(2).
Requerimientos a los que la demandante dio respuesta, mediante oficio radicado en la secretaría general de esta corporación el día 5 de junio de 2013(3), manifestando lo siguiente:
— En la actualidad, su sustento diario lo obtiene de los ingresos que de manera ocasional percibe de prestar el servicio de masajes corporales, los cuales se han disminuido por unos problemas de salud que padece y por las complicaciones de su hijo, toda vez que debido al diagnóstico de esquizofrenia severa e hiperactividad que padece, ninguna persona lo cuida y, por ende, tiene que permanecer constantemente al cuidado del pequeño lo que le impide muchas veces cumplir con los compromisos de terapias.
— No tiene ningún vínculo laboral y su única actividad la desempeña como trabajadora independiente.
— Tiene una fuente de ingresos adicional, consistente en una ayuda económica mensual de $ 270.000, otorgada por Acción Social, la cual solamente le permite cubrir los gastos de transporte de su hijo y el propio y algunos gastos de diligencias administrativas y judiciales para obtener los tratamientos necesarios para su pequeño.
— Solo tiene una persona a su cargo y es precisamente en favor de quien impetra la presente acción.
— Refiere que sus gastos mensuales ascienden a $ 630.000, lo cual incluye la alimentación, el pago de arriendo (compartiendo el canon con una amiga), los transportes para atender asuntos médicos, judiciales y administrativos para tratar sus problemas estomacales y los psiquiátricos de su hijo, así como también servicios públicos. Agregando, que no tiene gastos de recreación, comoquiera que sus escasos recursos no le permiten disfrutarlos y el vestuario lo obtiene de las ayudas y donaciones de vecinos y amigos.
— El estado actual de salud del menor de edad es complejo y crítico, a pesar de los recientes esfuerzos médicos efectuados a partir de que la EPS accionada tuvo conocimiento de que el asunto iba a ser estudiado de fondo por la Corte Constitucional, momento desde el cual han generado diversas órdenes médicas y aumentado las dosis de medicamentos que le son suministrados al pequeño. No obstante, en la actualidad el pequeño no puede dormir y tiene afectados sus sistemas funcionales, aunado a que ahora utiliza un inhalador y le prescribieron una cirugía que ningún profesional se atreve a realizar por el alto riesgo de muerte del paciente, a lo que se suma el hecho de que le fue decretado que no va a tener mejoría sino que, por el contrario, su daño es progresivo. En ese sentido, le indicaron que debe ser remitido a un centro especializado porque requiere de un tratamiento integral y multidisciplinario, servicios que aduce son prestados en la institución Neurorehabilitar.
Para finalizar, aportó una declaración juramentada(4) en la que nuevamente pone de presente las difíciles y precarias condiciones económicas que atraviesa y que le impiden asumir el costo del tratamiento que requiere su hijo.
“3. Por secretaría general, oficiar a los ciudadanos (…), Edgardo Enrique Cuesta Reynos, (…), para que en el término de tres (3) días contados a partir de la notificación del presente auto, con los correspondientes documentos que respalden sus afirmaciones, se sirvan informar a esta Sala:
Para efectos de su pronunciamiento, allegar las pruebas documentales que considere pertinentes”(5).
Capital Salud EPS-S y Coomeva EPS son entidades de carácter mixto y privado que se ocupan de prestar el servicio público de salud, por tanto, de conformidad con el numeral 2º del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, están legitimadas como parte pasiva en los procesos de tutela bajo estudio, en la medida en que se les atribuye la vulneración de los derechos fundamentales en cuestión.
Con sujeción a los contenidos descritos en el artículo 44 superior(7), se ha reconocido por este tribunal constitucional, en reiterados pronunciamientos, que el derecho a la salud de los niños tiene carácter fundamental, bien sea por consagración expresa en dicho mandato o por la aplicación de los distintos instrumentos de derecho internacional reconocidos por Colombia y ratificados por el Congreso de la República, según los cuales, los pequeños son considerados sujetos de especial protección y acreedores de un mayor y acentuado amparo por parte del Estado y la sociedad en general.
En ese sentido, en cumplimiento de los referidos cometidos, le corresponde al Estado orientar y coordinar esfuerzos encaminados a obtener el efectivo desarrollo de sus garantías y, a los jueces constitucionales, amparar sus derechos cuando por diversas situaciones puedan resultar amenazados o vulnerados(8).
Así las cosas, para esta corporación resulta claro que el constituyente del 1991, creó una diferencia entre los derechos de los niños frente a los derechos de las demás personas, pretendiendo con ello que sus garantías prevalezcan y que tengan una protección de manera preferente(9).
Planteamiento que además adquiere una connotación más especial, cuando los niños presentan algún tipo de discapacidad o enfermedad que les ocasione una disminución física o mental, toda vez que con dichas circunstancias se ven expuestos a un mayor peligro, por lo que se les debe proteger de manera prioritaria y prodigárseles un cuidado pronto y eficaz(10), ello con fundamento en lo señalado, entre otros, en los artículos 13 y 47 superiores(11).
Igualmente, la Corte ha indicado con relación a los citados mandatos que:
“(…) generan para el Estado la obligación de implementar un trato favorable para ellos, a través de acciones afirmativas que permitan garantizar la ayuda efectiva para los menores que se encuentran en situación de inferioridad o desventaja con el propósito de que puedan remediarlas eficazmente. En esta labor, el Estado debe asegurar que a los discapacitados, se les brinde la totalidad del tratamiento previsto para su enfermedad”(12).
Conforme con lo anterior, a los niños que presentan una condición de inferioridad o discapacidad, se les debe suministrar un servicio de salud libre de discriminaciones y una ayuda eficaz. Para ello, el Estado tiene la obligación de asegurar, que les sea brindada la “totalidad del tratamiento previsto para su enfermedad”(13) a través de todos los medios, bien sean médicos o educativos, de manera tal que se logre su recuperación o si esto no fuere posible, por lo menos se mejore la calidad de vida del paciente y se propenda hacia su integración social(14).
Por tanto, se les debe prodigar a los pequeños un servicio “especializado”(15), integral(16), eficiente y óptimo en su tratamiento y rehabilitación, que les permita acceder a todos los servicios, exámenes, procedimientos, intervenciones, medicamentos, tratamientos, terapias, etc., requeridos para la recuperación de su estado de salud, y no, pretendiendo proteger financieramente el sistema, desconocer sus garantías fundamentales y desmejorar su calidad de vida, menguada en muchas oportunidades por las difíciles condiciones que enfrentan.
5. Principio de integralidad predicable del derecho a la salud. Casos en los que procede la orden de tratamiento integral.
Con relación al principio de integralidad en materia de salud, esta corporación ha estudiado el tema bajo dos perspectivas, la primera, relativa al concepto mismo de salud y sus dimensiones y, la segunda, a la totalidad de las prestaciones pretendidas o requeridas para el tratamiento y mejoría de las condiciones de salud y de la calidad de vida de las personas afectadas por diversas dolencias o enfermedades(17).
Con todo, se torna preciso aclarar que este tribunal además ha señalado que existe una serie de casos en los que se hace necesario otorgar una atención integral al paciente, independientemente de que el conjunto de prestaciones pretendidas se encuentren por fuera del plan obligatorio de salud, POS, los cuales son aquellos en los que se encuentren involucrados sujetos de especial protección constitucional, vale decir, dentro de los que se encuentran, entre otros, menores de edad, adultos mayores, desplazados, personas con discapacidad física, o que padezcan de enfermedades catastróficas.
Al respecto, debe tenerse en cuenta, entre otras providencias, la Sentencia T-531 de 2009(19), por medio de la cual se expuso lo siguiente:
“Así, esta corporación ha dispuesto que tratándose de: (i) sujetos de especial protección constitucional(20) (menores, adultos mayores, desplazados(as), indígenas, reclusos(as), entre otros), y de (ii) personas que padezcan enfermedades catastróficas(21) (sida, cáncer, entre otras), se debe brindar atención integral en salud, con independencia de que el conjunto de prestaciones requeridas estén excluidas de los planes obligatorios” (resaltado por fuera del texto original).
Finalmente, debe destacarse que la protección deprecada ha ampliado su cobertura, en tanto que en la actualidad también se ha reconocido la existencia de otros casos excepcionales en los cuales cuando las personas exhiben condiciones de salud extremamente precarias e indignas, le es permitido al juez de tutela, otorgar el reconocimiento de las prestaciones requeridas para garantizar su atención integral, con el fin de superar las situaciones límites que los agobian(22).
6. Los servicios esenciales para sobrellevar un padecimiento y garantizar una vida en condiciones dignas.
Así las cosas, si a las personas que tienen aminoradas sus condiciones de salud no se les salvaguarda su estado bajo unas condiciones tolerables que permitan su subsistencia en forma digna, entonces se les vulneran sus derechos fundamentales, pues no basta que se asuma y se les brinde una prestación de manera simple, sino que debe estar encaminada a asegurar, en todo momento, la dignidad de la persona, razón por la cual no es válido que una empresa prestadora del servicio de salud niegue la autorización y el acceso a un tratamiento, procedimiento, servicio, terapia o cualquier otra prestación requerida para, por lo menos, paliar los efectos de la enfermedad(24).
Vale la pena aclarar, que en ese sentido, la cobertura en salud se ha ampliado al punto que, aunque por regla general, es el médico adscrito a la EPS el que puede prescribir un servicio, terapia o procedimiento de salud con el fin de tratar las enfermedades que presente alguno de sus afiliados, esa postura tiene una excepción en tanto que se han reconocido y autorizado prescripciones realizadas por galenos no vinculados a la EPS a la que los pacientes se encuentran afiliados.
Indicándose que la orden médica no debe ser rechazada o descartada de manera instantánea bajo el argumento según el cual, dicho profesional no pertenece a la entidad prestadora de salud, puesto que puede resultar vinculante para la EPS, si la entidad tiene conocimiento del concepto emitido por el médico particular y no lo descarta con base en información científica(25).
Posteriormente, y ante el alto impacto que implica para muchas personas la imposibilidad de cancelar sus transportes y los de su acompañante, para acceder a los tratamientos médicos prescritos, se reconoció e incluyó tal servicio por parte de la Comisión de Regulación en Salud, CRES, dentro del plan obligatorio de salud, lo cual, en la actualidad, se encuentra consagrado dentro de los artículos 42 y 43 del Acuerdo 29 de 2011(26), bajo el entendido según el cual es exigible su prestación en los siguientes eventos: (i) en ambulancia, para el traslado entre instituciones prestadoras de servicios de salud dentro del territorio nacional de pacientes remitidos por otra institución y en aquellos casos en los que el paciente, según el criterio del médico tratante, debe recibir atención domiciliaria y (ii) en un medio de transporte diferente a la ambulancia, para el acceso a un servicio de salud incluido en el POS, no disponible en el municipio de residencia del afiliado.
Además, con relación al servicio urbano de transporte ha indicado esta corporación, entre otras, en la Sentencia T-1158 de 2001(27) que cuando se trata de un niño con alto grado de discapacidad, no hay razón para negarlo por parte de la EPS cuando la familia no tiene los recursos para sufragarlo. Sobre el particular, se ha dicho:
8.1. Expediente T-3.801.140.
Versa sobre la solicitud elevada ante Capital Salud EPS por la señora Olga Lucía Meneses Rodríguez en representación de su hijo Mateo Muriel Meneses, en la que requiere le sean realizadas las diversas terapias de lenguaje y físicas, entre otras, necesarias para asegurarle a su hijo unas condiciones de vida óptimas y, en ese sentido, se ordene la inclusión en el programa que desarrolla la IPS “Neurorehabilitar”, lo anterior, por cuanto han sido catalogadas como necesarias para el manejo de las diversas enfermedades que acogen al pequeño.
Como sustento de su petición manifestó que se encuentran afiliados al sistema general de seguridad social en salud, en el régimen subsidiado por pertenecer al Sisbén nivel cero (0), a través de Capital Salud EPS, entidad que ha venido tratando las enfermedades que padece su hijo, dentro de las que se destacan, entre otras, esquizofrenia severa, retraso mental, autismo, hiperactividad y agresividad.
Petición que elevó a la EPS demandada, la cual le fue denegada por cuanto la remisión al nivel de atención especializada no la profirió el médico tratante adscrito a ellos y adicionaron que no tienen contrato con la clínica “Neurorehabilitar” para poder llevar a cabo el ingreso del menor al programa terapéutico integral especializado e individual, al igual que suministrar el servicio de transporte especial.
En ese orden de ideas, se debe brindar una atención especializada para la enfermedad del menor y desestimar los argumentos señalados por la entidad demandada, según los cuales no es viable conceder el amparo de los derechos fundamentales en cuestión, por cuanto la orden no fue prescrita por un profesional adscrito a la EPS, en tanto que dicho concepto no puede ser desechado de manera directa con sustento en tal afirmación, sino que, por el contrario, tiene un carácter vinculante cuando la entidad tiene conocimiento del mismo y no lo desvirtúa con sustento científico.
En ese sentido, no se puede desconocer el derecho de un pequeño con sustento en argumentos netamente administrativos, ni mucho menos supeditar la atención especializada que requiere al hecho de que exista una prescripción suministrada por un galeno adscrito, habida cuenta que el servicio que sobre ellos recae debe incluir la totalidad del componente médico previsto, lo que se refuerza en aquellos casos en que se encuentren inmersos menores con disminución física, como se presenta en el actual, en el que no existen dudas sobre el complejo diagnóstico del paciente y de la urgencia que tiene en que le sean brindadas las terapias con distintos especialistas.
Máxime si se tiene en cuenta que las terapias físicas, de lenguaje, ocupacionales y de fonoaudiología se encuentran incluidas en el contenido del POS(28) y, por consiguiente, la entidad demandada tiene la obligación de ofrecer todas las prestaciones que se encuentren prescritas en el referido plan, sin que pueda imponer la exigencia de trámites administrativos sobre las pretensiones médicas requeridas que lo único que ocasionan son impedimentos y obstáculos para la consolidación y el efectivo disfrute de sus derechos. Frente a los cuales no procede realizar ningún recobro.
Ahora, aunque si bien en la actualidad se profirió una orden por parte del médico tratante adscrito a la EPS en la que remiten al menor a un tratamiento intensivo e integral con cuatro especialidades y con transporte básico, lo cierto es que ese solo hecho no asegura la cobertura total de salud, habida cuenta que fue concedido por tan solo un periodo de seis meses, lo cual permite inferir que transcurrido ese tiempo, eventualmente, podría reincidirse en la conducta transgresora del derecho y le impondría una nueva carga administrativa y judicial a la peticionaria.
Así las cosas, esta Sala de Revisión, revocará el fallo proferido en segunda instancia por el Juzgado Diecisiete Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá D.C., el 12 de febrero de 2013, que a su vez revocó el dictado por el Juzgado Dieciséis Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogotá D.C., el 20 de diciembre de 2012 y, en consecuencia, concederá el amparo de los derechos fundamentales de Mateo Muriel Meneses a la vida, a la salud y a la dignidad humana.
8.2. Expediente T-3.801.783.
El señor Edgardo Enrique Cuesta Reynos en representación de su hijo menor de edad, José David Cuesta Sandoval, quien padece de síndrome de Down, solicitó por medio de acción de tutela a Coomeva EPS, la realización de un plan de rehabilitación integral en la IPS Cencaes, el cual incluye la realización de 140 sesiones mensuales de terapias comportamental ABA, y el apoyo con fonoaudiología, fisioterapia y psicología.
Solicitud que no tuvo acogida por parte de la entidad demandada, toda vez que (i) a la fecha de presentación de la tutela aparecía reportado como retirado del servicio, (ii) no cuenta con una orden médica que acredite lo señalado en el contenido de la demanda y, (iii) las terapias ABA, tienen un carácter netamente educativo y se encuentran excluidas del POS.
En ese sentido, se pudo constatar que no son de recibo los argumentos esgrimidos por la parte demandada, habida cuenta que una vez constatada por este despacho la base de datos del Fosyga se pudo verificar(29) que en la actualidad tanto el peticionario como su agenciado se encuentran activos en el sistema general de seguridad social en salud por intermedio de la EPS accionada.
Con relación al argumento que manifiesta en su negativa la demandada según el cual no es posible acceder al tratamiento prescrito por cuanto se encuentra excluido del POS y, además, porque las terapias ABA, tienen carácter educativo, debe advertirse que, según lo expresado en la parte motiva, de este caso se reiteró que el componente de salud que se le debe brindar a los menores debe ser integral, especializado, pronto y oportuno, por lo que no se deben, so pretexto de proteger financieramente el sistema de salud, desconocer las prerrogativas constitucionales de los niños.
Debido a ello, se ha ampliado el componente en salud para los menores y se ha aclarado que se deben otorgar todos aquellos elementos, insumos y terapias que, aunque científicamente no van a permitir la recuperación del estado de salud del menor, por lo menos le van a hacer menos tormentoso su padecimiento y su vida más digna. Lo anterior con independencia de que los suministros requeridos se encuentren o no incluidos en el POS.
Así pues, la Corte concederá el amparo solicitado y se revocará el fallo dictado por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla, el 19 de diciembre de 2012, que a su vez confirmó el proferido por el Juzgado Promiscuo Municipal de Galapa, Atlántico, el 13 de septiembre de 2012 y, en su lugar, ordenará a Coomeva EPS a través de su representante legal o quien haga sus veces, que si aún no lo ha realizado, en el término de (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente providencia integre un grupo interdisciplinario de especialistas para que realicen las respectivas valoraciones médicas al menor, que permitan confirmar o descartar con sustento en información científica, la viabilidad de las prescripciones proferidas por la IPS Cencaes para el manejo y cuidado del síndrome de Down que padece el niño.
En caso de ser necesario científicamente, proceda a suministrarlo dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al concepto. Sin embargo, en caso de ser descartada su viabilidad, deberá, dentro del mismo concepto, ordenar la atención médica especializada, periódica, continua y constante con los diversos especialistas entre otros, psiquiatría, psicología, fonoaudiología, nutricionista, terapeuta físico y del lenguaje, pediatría, etc., que le debe ser otorgada al pequeño dentro de una institución de salud de tercer nivel, que goce de todos los implementos y elementos necesarios para que sea más digno para el pequeño y su familia sobrellevar los padecimientos.
Finalmente, teniendo en cuenta el complejo cuadro clínico que padece el pequeño y las difíciles condiciones que afronta, se ordenará el tratamiento integral al menor.
1. REVOCAR el fallo proferido en segunda instancia por el Juzgado Diecisiete Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá D.C., el 12 de febrero de 2013, que a su vez revocó el dictado por el Juzgado Dieciséis Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogotá D.C., el 20 de diciembre de 2012, en el trámite del proceso de tutela T-3.801.140. En su lugar TUTELAR los derechos fundamentales a la salud, a la vida y a la dignidad humana de Mateo Muriel Meneses.
2. ORDENAR a Capital Salud EPS a través de su representante legal o quien haga sus veces, que si aún no lo ha realizado, en el término de (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente providencia, integre un grupo interdisciplinario de especialistas para que realicen las respectivas valoraciones médicas al menor que permitan confirmar o descartar con sustento en información científica la viabilidad del programa especializado prescrito por “Neurorehabilitar” para el manejo y cuidado de las múltiples enfermedades que padece el niño y, en caso de ser necesario científicamente, proceda a suministrarlo dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al concepto. En caso de ser descartada su viabilidad, deberá, dentro del mismo concepto, ordenar la atención médica especializada, periódica, continua y constante con los diversos especialistas que puedan aportar con sus oficios a la recuperación o mejoramiento de la calidad de vida del pequeño, la cual debe ser otorgada dentro de una institución de salud de tercer nivel, que goce de todos los implementos y elementos necesarios para que sea digno para el pequeño y su familia sobrellevar los padecimientos, así como también deberá brindarle el servicio de transporte al pequeño y un acompañante para acudir a todas las citas médicas prescritas y a las terapias que le sean prescritas.
3. ORDENAR la práctica del tratamiento integral al niño Mateo Muriel Meneses, que demande el cuidado de sus enfermedades.
4. REVOCAR la sentencia proferida en segunda instancia por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla, el 19 de diciembre de 2012, que a su vez confirmó la dictada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Galapa, Atlántico, el 13 de septiembre de 2012, en el trámite del proceso de tutela T-3.801.783. En su lugar TUTELAR los derechos fundamentales a la salud, a la vida y a la dignidad humana de José David Cuesta Sandoval.
5. ORDENAR a Coomeva EPS a través de su representante legal o quien haga sus veces, que si aún no lo ha realizado, en el término de (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente providencia integre un grupo interdisciplinario de especialistas para que realicen las respectivas valoraciones médicas al menor, que permitan confirmar o descartar con sustento en información científica la viabilidad de las prescripciones proferidas por la IPS Cencaes para el manejo y cuidado del síndrome de Down que padece el niño y en caso de ser necesario, proceda a suministrarlo dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al concepto. En caso de ser descartada su viabilidad, deberá, dentro del mismo concepto, ordenar la atención médica especializada, periódica, continua y constante con los diversos especialistas que puedan aportar con sus oficios a la recuperación o mejoramiento de la calidad de vida del pequeño, la cual debe ser otorgada dentro de una institución de salud de tercer nivel, que goce de todos los implementos y elementos necesarios para que sea digno para el pequeño y su familia sobrellevar los padecimientos.
6. ORDENAR la práctica del tratamiento integral al niño José David Cuesta Sandoval, que demande el cuidado de sus enfermedades.
(3) Folios 12 al 48 del cuaderno 1.
(4) Folio 50 del cuaderno 1.
(5) Folio 10 del cuaderno 1.
(7) Constitución Política de Colombia. Artículo 44: “Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.
(8) Al respecto, ver las sentencias T-137 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-576 de 2008, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-1081 de 2008, M.P. Nilson Elías Pinilla Pinilla.
(9) Con base en la Sentencia T-518 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(10) Constitución Política de Colombia. Artículo 13: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
(11) Constitución Política de Colombia. Artículo 47: “El Estado adelantará una política de previsión rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran”.
(14) Constitución Política de Colombia. Artículo 47: “El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran”.
(18) Corte Constitucional, Sentencia T-531 de 2009, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
(20) Ver Sentencia T-459 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(21) Ver sentencias T-581 de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-584 de 2007, M.P. Nilson Elías Pinilla Pinilla y T-1234 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
(22) Ver por ejemplo, las sentencias T-016 de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto y T-574 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
(24) Ver por ejemplo, las sentencias T-949 de 2004, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, T-202 de 2008, M.P. Nilson Elías Pinilla Pinilla, T-899 de 2002, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
(25) Al respecto, ver Sentencia T-760 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(26) Por el cual se sustituye el Acuerdo 28 de 2011 que define, aclara y actualiza integralmente el plan obligatorio de salud.
(28) Acuerdo 29 de 2011: “Por el cual se sustituye el Acuerdo 28 de 2011 que define, aclara y actualiza integralmente el plan obligatorio de salud”. El cual dentro de su contenido describe textualmente incorporado al componente básico y obligatorio, lo siguiente:
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