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Timestamp: 2017-07-26 08:55:53
Document Index: 238686029

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 151', 'artículo 4', 'artículo 67', 'artículo 20', 'Artículo 9', 'IN DUBIO', 'IN DUBIO', 'Artículo1', 'Artículo 2', 'Artículo3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 54', 'ARTÍCULO 1']

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Manuela Olivera Díaz
1 / Inconstitucionalidad Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las doce horas del día trece de julio de dos mil dieciséis. Los presentes procesos constitucionales acumulados han sido promovidos, el primero Inc , por los ciudadanos José Benjamín Cuéllar Martínez, Pedro Antonio Martínez González e Ima Rocío Guirola; y el segundo Inc , por el ciudadano Jorge Alberto Amaya Hernández, a fin de que este tribunal declare la inconstitucionalidad, por vicios de forma, de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz (en adelante Ley de Amnistía de 1993), aprobada mediante Decreto Legislativo n 486, de 20- III-1993, publicado en el Diario Oficial n 56, tomo n 318, del 22-III-1993; y por vicio de contenido, de los arts. 1, 2 y 4 letra e) de la ley citada, por la supuesta contradicción con los arts. 2 incs. 1 y 3, 12, 85, 131ord. 26, 135 y 144 inc. 2 de la Constitución (en adelante Cn.), este último en relación con los arts. 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y 4 del Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados sin Carácter Internacional (en adelante, Protocolo II ). Las disposiciones de la Ley de Amnistía de 1993 impugnadas por motivos de contenido, prescriben lo siguiente: Art. 1. Se concede amnistía amplia, absoluta e incondicional a favor de todas las personas que en cualquier forma hayan participado en la comisión de delitos políticos, comunes conexos con éstos y en delitos comunes cometidos por un número de personas que no baje de veinte antes del primero de enero de mil novecientos noventa y dos, ya sea que contra dichas personas se hubiere dictado sentencia, se haya iniciado o no procedimiento por los mismos delitos, concediéndose esta gracia a todas las personas que hayan participado como autores inmediatos, mediatos o cómplices en los hechos delictivos antes referidos. La gracia de la amnistía se extiende a las personas a las que se refiere el artículo 6 de la Ley de Reconciliación Nacional, contenida en el Decreto Legislativo Número 147, de fecha veintitrés de enero de mil novecientos noventa y dos y publicado en el Diario Oficial Número 14 Tomo 314 de la misma fecha. Art. 2. Para los efectos de esta Ley, además de los especificados en el artículo 151 del Código Penal, se considerarán también como delitos políticos los comprendidos en los artículos del 400 al 411 y del 460 al 479 del mismo Código, y los cometidos con motivo o como consecuencia del conflicto armado, sin que para ello se tome en consideración la condición, militancia, filiación o ideología política. Art. 4. La gracia de amnistía concedida por esta ley producirá los efectos siguientes: e) La amnistía concedida por esta ley, extingue en todo caso la responsabilidad civil. En este proceso han intervenido los demandantes, la Asamblea Legislativa y el Fiscal General de la República. Además de las siglas ya indicadas, en el texto de esta sentencia se utilizará DIDH para referirnos al Derecho Internacional de los Derechos Humanos; y DIH, en alusión al Derecho Internacional Humanitario; en ambos casos, para 12 señalar las disposiciones de los tratados internacionales invocados por los demandantes como parámetros complementarios de control constitucional. Analizados los argumentos y considerando: I. 1. En lo esencial, las demandas mencionadas fueron admitidas para determinar si la ley impugnada y sus disposiciones transcritas violan la Constitución, mediante las contradicciones siguientes: A. Entre el procedimiento de formación de la Ley de Amnistía de 1993 y los arts. 85 y 135 Cn., porque dicho procedimiento se habría realizado sin respetar los requisitos de publicidad, contradicción, libre debate y discusión del procedimiento legislativo, lo que, como vicio de forma, afectaría la validez de toda la ley. B. Entre el art. 1 de la Ley de Amnistía de 1993 y el art. 2 inc. 1 Cn., porque al establecer una amnistía amplia, absoluta e incondicional, y al extender su ámbito de aplicación subjetiva, la disposición impugnada habría impedido la investigación efectiva, el juzgamiento y, en su caso, la sanción de los responsables de violaciones a derechos fundamentales (en este motivo coinciden ambas demandas y es el único planteado por la segunda). C. Entre el art. 1 de la Ley de Amnistía de 1993 y el art. 144 inc. 2 Cn., en relación con los arts. 1.1 y 2 CADH; 2.2 PIDCP; y 4 del Protocolo II, porque al establecer una amnistía amplia, absoluta e incondicional, y al extender su ámbito de aplicación subjetiva, la disposición impugnada violaría el principio constitucional de complementariedad de la Constitución con el DIDH representado en este caso por las disposiciones de los tratados de derechos humanos referidos, en cuanto establecen el deber estatal de respeto y garantía de los derechos reconocidos en dichos convenios y la prohibición de amnistiar ciertos delitos. D. Entre los arts. 1 y 2 de la Ley de Amnistía de 1993 y los arts. 12 y 131 ord. 26 Cn., porque el alcance de las disposiciones impugnadas comprendería hechos en los que no se habría determinado su correspondencia con las categorías de delitos comprendidos por la Constitución como amnistiables, ni la culpabilidad o la responsabilidad penal de sus autores. E. Entre el art. 4 letra e) de la Ley de Amnistía de 1993 y los arts. 2 inc. 3 y 144 inc. 2 Cn., en relación con los arts. 1 y 2 CADH, porque al extinguir la responsabilidad civil por los hechos a que se refiere, se impediría el ejercicio del derecho a la indemnización civil por daños morales y violaría el principio constitucional de complementariedad de la Constitución con el DIDH, en cuanto este último establece el deber estatal de respeto y garantía de los derechos reconocidos en la CADH, así como la obligación de adoptar las medidas necesarias para hacerlos efectivos. 2. A. Con relación a las supuestas infracciones cometidas durante el procedimiento de formación de la Ley de Amnistía de 1993, dijeron que el lunes 15 de marzo de 1993 la 23 Organización de Naciones Unidas (ONU) dio a conocer el Informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador; el miércoles 17 de marzo se presentó el proyecto de decreto de una ley de amnistía amplia, absoluta e incondicional; el jueves 18 de marzo el Presidente de la República expresó la necesidad de una amnistía absoluta para olvidar esa página dolorosa de nuestra historia ; y el sábado 20 de marzo, la Asamblea, mediante dispensa de trámite, aprobó con 47 votos el decreto que contiene la Ley de Amnistía de Con base en ello afirmaron que: No se analizó, discutió, debatió y formuló el dictamen favorable en un plazo razonable, lo cual no permitió una adecuada contradicción y libre debate [ ] la mencionada Comisión no abrió un espacio de discusión y debate público en el que cada interesado pudiera ʽal menos por virtualidad jurídico-políticaʼ avocarse y decir si estaba en contra o no de la iniciativa de ley, y exponer sus razones para sustentar sus posiciones. En referencia al acta de la sesión respectiva, los demandantes sostuvieron que la pieza de correspondencia fue leída junto con el proyecto de ley a las 12:10 pm, para luego votar sobre la aprobación o no de la dispensa de trámite ; que las intervenciones no se refirieron al articulado ni a un análisis jurídico de éste, sino que tuvieron expresiones de descrédito para la Comisión de la Verdad y las recomendaciones emanadas de su informe ; y que la sesión fue interrumpida a la 1:00 pm y reanudada a las 3:55 pm. Agregaron que: El proyecto de decreto de la Ley de Amnistía de 1993 no fue objeto de estudio y análisis, ni siquiera de comentarios específicos relativos a cada uno de los artículos de la misma [ ] El articulado [ ] no fue abordado, ni estudiado ni analizado. Siendo que después de las 5:30 pm observan que la votación fue en relación a la dispensa de trámite y no a la aprobación del proyecto de decreto y se dispusieron de 5:40 pm a 5:45 pm a darle lectura y aprobación artículo por artículo. B. En cuanto a los alegatos de inconstitucionalidad por vicios de contenido, sobre el art. 1 Ley de Amnistía de 1993 y su incompatibilidad con el derecho a la protección de los derechos fundamentales, así como con el deber de respeto y garantía de los derechos reconocidos en los convenios del DIDH invocados como parámetros complementarios de control (motivos enunciados como B y C en el apartado anterior), los demandantes expusieron que: es evidente que la ratio legis de la [Ley de Amnistía de 1993] fue tornar inoperante la búsqueda de la justicia y la verdad, de este modo, amnistiar y dejar impunes la totalidad de los graves hechos delictivos contra el derecho internacional cometidos durante el conflicto armado interno [ ] ha tenido como consecuencia la instauración y perpetuación de una situación de impunidad debido a la falta de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y sanción de los responsables de los hechos. Asimismo, los demandantes dijeron que el art. 4 del Protocolo II prohíbe, en todo tiempo y lugar y respecto de todas las personas que no participen directamente en las hostilidades o que hayan dejado de participar en ellas: ( ) a) los atentados contra la vida, la salud y la integridad física y mental de las personas, en particular el homicidio y los 34 tratos crueles tales como la tortura y las mutilaciones o toda forma de pena corporal; b) los castigos colectivos; c) la toma de rehenes; d) los actos de terrorismo; e) los atentados contra la dignidad personal, en especial los tratos humillantes y degradantes, la violación, la prostitución forzada y cualquier forma de atentado al pudor, entre otros actos. Según los demandantes, del citado artículo 4 se deriva que estaba prohibido para el legislador aprobar una gracia como la regulada en el art. 1 Ley de Amnistía de 1993 amplia, absoluta e incondicional, que no hace diferencia de los delitos a los cuales se les aplica, lo que genera impunidad y contraría la obligación estatal de garantizar que una persona a quien se le han violado sus derechos, disponga los recursos necesarios para reclamarlos ante el sistema de justicia. Igual conclusión plantearon respecto de la parte final del art. 1 Ley de Amnistía de 1993, que establece un ámbito subjetivo de aplicación extendido o ampliado, en cuanto incorpora como sujetos de la amnistía a las personas que, independientemente del sector a que pertenecieren, según el Informe de la Comisión de la Verdad, hayan participado en graves hechos de violencia desde el 1 de enero de C. En cuanto a la supuesta contradicción entre los arts. 1 y 2 de la Ley de Amnistía de 1993 y los arts. 12 y 131 ord. 26 Cn., los demandantes sostuvieron que cuando este último artículo habla de delitos cometidos, implica que se tenga certeza de la comisión (autoría y participación por parte de los beneficiados con la amnistía), pero si contra ellos no existe una sentencia condenatoria [ ] los individuos, en tanto imputados y no imputados, son inocentes y es un contrasentido jurídico concederles amnistía a personas legalmente inocentes. También alegaron que, al limitar la amnistía solo para tres tipos específicos de delitos, el Constituyente considera que en esos tres casos particularísimos, ciertos bienes jurídicos [ ] pueden ser relativizados para beneficio de sus transgresores. En ningún otro caso la Constitución permite la amnistía, si los bienes jurídicos que han sido dañados no son aquellos [ ] que afectan el sistema constitucional y la existencia, seguridad y organización del Estado. D. Sobre el art. 4 letra e) de la Ley de Amnistía de 1993, los demandantes expresaron que esta disposición niega absolutamente la posibilidad de lograr justicia, aunque no sea penal, [al] otorgar que elimine la posibilidad de reclamación de una indemnización por la vía civil a las víctimas ; pues la única vía para reclamar esa indemnización es ante una instancia judicial ; que el art. 144 inc. 2 Cn., en relación con los arts. 1 y 2 CADH, establece el deber de respetar y garantizar el ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención, así como el de adoptar las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos tales derechos ; y que la disposición impugnada violenta esta obligación del Estado de garantizar que toda persona pueda acudir a los tribunales a reclamar sus derechos. 3. La Asamblea Legislativa, en su informe suscrito por la Diputada Irma Lourdes Palacios Vásquez, en su calidad de Quinta Secretaria de la Junta Directiva, justificó la 45 constitucionalidad de la Ley de Amnistía de 1993, en el proceso n , y dijo que la finalidad de la ley fue alcanzar la reconciliación y la unificación de la familia salvadoreña ; y que el Legislador de esa época consideró conveniente [ ] que la única forma de poner fin al odio, al sufrimiento, actitudes confrontativas, es a través de la concesión de una amnistía general, inmediata, a favor de todas las personas, que de una u otra forma se vieron involucradas en la comisión de hechos violentos. También afirmó que dicha ley fue emitida en cumplimiento del art. 131 ord. 26 Cn., y que aunque no fue sometida a un proceso de consulta y discusión nacional, sí gozó de la aprobación de los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa en ese momento histórico. Según la autoridad demandada, es históricamente conocida la urgencia que este proyecto de decreto fuera aprobado de forma expedita, con acatamiento a la forma establecida por el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa vigente en ese momento. En el informe presentado dentro del proceso n , la Asamblea agregó que: La ley fue producto de las negociaciones que dieron como resultado los Acuerdos de Paz [ ] con la especial finalidad política de restablecer bases firmes para la reconciliación y pacificación de la sociedad salvadoreña, profundamente afectada por el conflicto social a que fue sometida durante doce años. Concluyó que la extensión subjetiva del art. 1 de la Ley de Amnistía de 1993 corresponde a los principios universales que caracterizan la normatividad jurídica, entre estos la generalidad, la abstracción o indeterminación de los sujetos a que la norma jurídica se refiere en la regulación de la conducta. 4. El Fiscal General de la República, lic. Luis Antonio Martínez González, sostuvo en lo esencial que: De conocimiento público es que en el caso de la [Ley de Amnistía de 1993] fue aprobada en su momento por la Asamblea Legislativa mediante el voto unánime de los diputados y, por tanto, tal aprobación resultaría válida y legítima, independientemente del tiempo utilizado para su discusión, destacando el consenso alcanzado dentro del pluralismo político que conforma el Parlamento. También consideró un error de los demandantes el suponer que por discutir debe entenderse el tener largos debates y sostener puntos de vista necesariamente contradictorios [ ] olvidando que en dichos órganos previamente se han estudiado los casos [ ] Así precisamente ocurrió cuando se aprobó la [Ley de Amnistía de 1993], la que fue votada por unanimidad al tener un contenido que los diputados ya conocían y que además llenaban no solo sus aspiraciones y la de sus partidos sino un sentir nacional. El Fiscal también dijo que la Ley fue un resultado directo de la negociación y una condición para la implementación de los Acuerdos de Paz. Asimismo, sostuvo que los efectos de la amnistía trascienden jurídicamente a limitar el ejercicio potencial y eventual de una acción penal sobre los hechos delictivos amnistiados [ y que] no es preciso que se revise la culpabilidad o la responsabilidad penal de sus autores. También citó la Sentencia de 26-IX-2000, Inc , y dijo que con base en ella, la Ley de Amnistía de 1993 se 56 adecua a los delitos que pueden ser amnistiables dentro del texto de la Constitución. Transcribiendo partes de dicha sentencia relacionadas con los efectos de la amnistía sobre la responsabilidad civil, el Fiscal dijo que el art. 4 letra e) admite igualmente una interpretación conforme a la Constitución. Sobre la supuesta violación del acceso a la protección jurisdiccional, siempre citando la sentencia antes mencionada, el Fiscal argumentó que el efecto de ese pronunciamiento al interpretar la Ley de Amnistía de 1993 no provocó un impedimento a la investigación efectiva, juzgamiento y sanción de los responsables ; y que se tiene constancia que a esta fecha existen procesos judiciales pendientes de resolución sobre hechos ventilados en la guerra [ ] De ahí que, jurídicamente, a partir de la jurisprudencia emanada de esa Sala de lo Constitucional, no ha habido limitaciones al derecho al acceso a la jurisdicción y tutela legal efectiva. Finalmente, el Fiscal expresó que si esta Sala no fuera del parecer que se ha venido sosteniendo y reafirmando, la Fiscalía tendría el imperativo de actuar en la persecución del delito con perfecta igualdad [ ] contra quienes se sospeche fueron responsables de delitos cometidos por ambos bandos [ ] Por ello, en razón de las exigencias de bien social, la estabilidad del Estado y la concordia nacional no se vislumbra esa situación. 5. El 13-III-2014, la señora Ana Marcia Aguiluz Soto presentó un documento afirmando ser representante legal de la Fundación CEJIL Mesoamérica y pidiendo que se permitiera la intervención del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional como amigo del tribunal (amicus curiae). El documento se titula: Incompatibilidad de la [Ley de Amnistía de 1993] con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado salvadoreño en el marco del Sistema Interamericano de Protección. Mediante resolución de 28-V-2014, esta Sala consideró que dicha peticionaria no acreditó la personalidad y representación legal de la Fundación citada, ni justificó la procedencia de su intervención, por lo que su solicitud se declaró sin lugar. El 18-VI-2014 se recibió un correo electrónico que menciona como remitentes a Katya Salazar y Leonor Arteaga, quienes se identifican como Directora Ejecutiva y Oficial de Programa, respectivamente, de la Fundación para el Debido Proceso. El mensaje anexa un documento denominado: Escrito de amicus curiae presentado por la Fundación para el Debido Proceso (DPFL) ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, y se refiere a la demanda de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía de En distintas fechas se recibieron escritos de personas que se identificaron como veteranos de guerra, solicitando que se emita la presente sentencia; así como la petición del ciudadano Jimmy Alvarado, para acceder a copia de las demandas e identificación de los demandantes que impugnaron la ley enjuiciada. Mediante resolución de 12-VII-2016 se declaró sin lugar lo pedido por las señoras Salazar y Arteaga antes mencionadas, debido a la imposibilidad de establecer la 67 autenticidad de las firmas escaneadas y la personería de las remitentes; y sin lugar lo pedido por el ciudadano Alvarado, porque no justificó interés legítimo para ello. También se remitió a la presente sentencia lo relativo a la petición de los veteranos de guerra. II. En congruencia con tales motivos de inconstitucionalidad, para justificar esta decisión es necesario: revisar el contenido del argumento sobre un supuesto vicio de forma en el procedimiento de elaboración de la Ley de Amnistía de 1993, para decidir si dicha pretensión está planteada de manera adecuada y retomar la jurisprudencia constitucional sobre las exigencias constitucionales del procedimiento de formación de las leyes (III); analizar algunos aspectos de la regulación constitucional e internacional sobre las amnistías, los crímenes de lesa humanidad, el derecho de acceso a la justicia y a la protección jurisdiccional, el derecho de las víctimas a la reparación integral y, en particular, los límites constitucionales e internacionales de los Estados para decretar amnistías (IV); y examinar la aceptabilidad de los motivos de inconstitucionalidad planteados por los demandantes (V). También se aclara que, en esta sentencia, la mención de obligaciones derivadas de normas internacionales o de convenios de derechos humanos (obligaciones convencionales) se corresponde con la invocación que los demandantes han realizado de ciertas disposiciones del DIDH y DIH, en cuanto tal violación conlleva una posible infracción al art. 144 inc. 2 Cn. III. 1. Aunque la revisión de los requisitos de la pretensión de inconstitucionalidad se cumple al determinar si se admite o no una demanda, es posible que la discusión procesal del tema y los elementos de juicio aportados por los intervinientes, permitan identificar deficiencias o defectos en los alegatos de los demandantes que no fueron reconocidos en la etapa inicial del proceso. En tales casos, incluso al momento de pronunciar sentencia, esta Sala puede verificar las deficiencias de la pretensión de inconstitucionalidad y rechazar su análisis mediante una decisión de sobreseimiento, por incumplimiento del requisito exigido en los arts. 6 ord. 3 y 7 de la Ley de Procedimientos Constitucionales. 2. Para que una pretensión de inconstitucionalidad esté formulada de manera aceptable, ella debe consistir en un alegato sobre la supuesta contradicción entre una disposición o acto identificado como objeto de control y una disposición constitucional propuesta como parámetro. Es decir, que se requiere una exposición suficiente de argumentos que demuestren la probabilidad razonable de una contradicción, confrontación o incompatibilidad entre normas derivadas de las disposiciones invocadas. Dicha argumentación debe ser reconocible como un ejercicio auténtico y motivado de interpretación de normas y no como una ligera impresión subjetiva de inconsistencia, causada por una lectura defectuosa o superficial de los enunciados respectivos, por el uso de criterios de simple contraposición textual o por una interpretación aislada, inconexa o fragmentaria de las disposiciones en juego. 78 3. Dado que el vicio de forma alegado por los demandantes plantea como parámetros de control los arts. 85 y 135 Cn. (Sentencias de 29-VIII-2009 y de 30-XI-2011, Inc e Inc , respectivamente), es pertinente recordar que, de acuerdo con la Constitución salvadoreña, el principio democrático implica que las decisiones políticas expresadas en las leyes deben alcanzarse mediante procedimientos respetuosos del pluralismo y favorables al ejercicio de la contraloría ciudadana. La Asamblea Legislativa no es sólo un Órgano de Estado que adopta sus decisiones por mayoría, sino una institución representativa del pluralismo político de la sociedad, donde su diversidad de visiones e intereses queda reflejada. En consecuencia, para que pueda producirse una discusión libre dentro del Órgano Legislativo es necesario que se reconozca a las distintas fracciones parlamentarias el derecho a tomar parte en la discusión y a expresar sus opiniones sin limitaciones ilegítimas. En definitiva, lo que se precisa en la discusión de un proyecto de ley es que se genere, que exista o que sea permitida efectivamente la oportunidad de la deliberación y la expresión de las diferentes corrientes de pensamiento representadas en la Asamblea, en relación con la ley en proceso de formación. Esta oportunidad de discusión y deliberación se limita o se niega cuando una actuación específica impide u obstaculiza, sin justificación razonable, la intervención crítica, propositiva o simplemente expresiva de un diputado o de un grupo de ellos en relación con el objeto de la plenaria. 4. Tomando en cuenta lo anterior y su relación con el planteamiento de los demandantes, esta Sala considera que el motivo de inconstitucionalidad relativo a supuestos vicios en el procedimiento legislativo de la Ley de Amnistía de 1993, carece de fundamento suficiente para justificar un análisis detenido de dicho procedimiento. En realidad, el argumento central de la demanda se refiere, mediante una narración detallada de la sucesión de actuaciones legislativas, a la supuesta insuficiencia del tiempo empleado para la discusión y el debate del objeto de la ley, pero: (i) no menciona exclusiones o impedimentos aplicados por el Órgano Legislativo a diputados para evitar su participación en dicha etapa; (ii) no proporciona argumentos que permitan comprobar que el tiempo empleado fue irrazonable o insuficiente, no obstante la complejidad de la regulación en juego; y (iii) niega que haya habido debate público aunque, en forma inconsistente, invoca fuentes periodísticas que divulgaron a la ciudadanía los antecedentes y la presentación de la propuesta legislativa. Debido a estos vacíos o defectos de la pretensión de inconstitucionalidad por vicio de forma, ésta será rechazada mediante una decisión de sobreseimiento. 5. Sin embargo, es necesario aclarar que no es acertada la idea del Fiscal en el sentido de que la Ley fue un resultado directo de la negociación y una condición para la implementación de los Acuerdos de Paz. Por el contrario, en las propias discusiones de la sesión plenaria en mención se reconoció que la creación de la Comisión de la Verdad y el 89 cumplimiento de sus recomendaciones (incluida la investigación y actuación ejemplarizante de los tribunales de justicia frente a los graves hechos de violencia o prácticas atroces sistematizadas ), fueron parte esencial de los compromisos adquiridos por las dos partes firmantes de los Acuerdos de Paz, tal como consta en el propio texto de dichos acuerdos (Capítulo I, Fuerza Armada, apartado n 5, Superación de la Impunidad). Así lo verificó también la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Sentencia de 25-X-2012, en el Caso Masacres El Mozote y lugares aledaños contra El Salvador, párrafos 269 a 272. IV. 1. En el contexto de transición de una guerra a la paz se presentan conflictos complejos que hay que resolver conforme al ordenamiento jurídico vigente, y una de las herramientas a las que suele acudirse es a las amnistías, cuyos efectos aluden a la no persecución penal de los autores; otra es la relativa al derecho a la justicia, al derecho a la verdad y a la reparación de las víctimas de graves y sistemáticas violaciones del DIDH y del DIH sucedidas en el contexto del conflicto o en relación con él, atribuidas a ambas partes; todo lo cual conlleva la responsabilidad del Estado de definir cómo responder ante los casos de graves delitos comunes y crímenes internacionales que hubieren sido cometidos durante el período del enfrentamiento armado, y cuáles serían los alcances y efectos de una amnistía decretada para que contribuya a los grandes fines previstos en el proceso de paz. En las transiciones impulsadas por una negociación política entre las partes en conflicto, la amnistía podría ser una herramienta legítima y eficaz para superar secuelas de la guerra, promover el perdón, la reconciliación y la unidad nacional, siempre que sea compatible con la Constitución y con los estándares del DIDH y DIH. La amnistía, pues, es una medida que así como puede contribuir a lograr los fines previstos en los Acuerdos de Paz, tras la finalización de un conflicto armado interno, puede también convertirse en un obstáculo para el logro de tales fines, ya que impide el enjuiciamiento de los responsables de ordenar o cometer crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al DIH, así como la reparación de las víctimas, favoreciendo con ello la impunidad de tales delitos. La amnistía decretada sin obedecer los estándares internacionales y las prescripciones constitucionales, es susceptible de favorecer tanto a quienes hayan sido condenados como a los que estén siendo procesados, o incluso a aquellos respecto de los cuales ni siquiera se hubiere iniciado en su contra el proceso penal correspondiente; de modo que para acceder a los beneficios de la amnistía no es necesario que se haya determinado la culpabilidad de sus destinatarios. Por lo tanto, la amnistía alude más bien al olvido de los delitos cometidos, antes que al perdón por una responsabilidad penal previamente establecida. Así se ha interpretado en la jurisprudencia constitucional (Sentencia de 5-XII-1968, Inc. 4-68). 910 La manera en que las obligaciones estatales deben condicionar la elección política sobre el alcance de una amnistía es una cuestión compleja, pues deben armonizarse los propósitos del interés público con los derechos de quienes podrían resultar afectados por la decisión final sobre el tema, en especial, con las víctimas de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al DIH. En otras palabras, el Órgano Legislativo está obligado a equilibrar y armonizar los intereses, inicialmente contrapuestos, de la estabilidad política del país por la vía de la paz negociada y la reconciliación nacional, y el interés de la justicia traducida en la verdad y rendición de cuentas de los responsables de tales violaciones. 2. La Amnistía en el Derecho interno. La Constitución salvadoreña al reconocer la amnistía establece que ésta solo puede ser concedida por la Asamblea Legislativa, por delitos políticos o comunes conexos con éstos, o por delitos comunes cometidos por un número de personas que no baje de veinte (art. 131 ord. 26 Cn.); lo cual no puede ser interpretado de manera irrestricta, ni contra la Constitución especialmente la disposición que reconoce el derecho a la vida y a la integridad personal, así como el derecho a su conservación y defensa (art. 2), y la disposición que prohíbe conceder amnistía para violaciones, infracciones o alteraciones de la Constitución (art. 244). Tampoco puede contrariar los principios y disposiciones del derecho internacional ni la jurisprudencia internacional. En el Código Penal (arts. 31 y 45) y en el Código Procesal Penal (arts. 104 y 106), vigentes en el país, se regulan los efectos de la amnistía para los delitos comunes y se determina que extingue la acción penal y hace cesar la ejecución de la condena, e incluso extingue la responsabilidad civil, toda vez que se respeten los parámetros y disposiciones constitucionales y los estándares del derecho internacional vigente y de la jurisprudencia internacional aplicable en el país. 3. La Amnistía en el marco de los Acuerdos de Paz. En los Acuerdos de Paz firmados el 16 de enero de 1992, y en los acuerdos que le precedieron, no se hizo ninguna alusión expresa a la amnistía. Por el contrario, en los mismos se pactaron cláusulas tendentes a combatir la impunidad y garantizar la justicia en las graves violaciones a los derechos humanos sucedidas en el conflicto armado. En los mencionados acuerdos se consignó una cláusula en el Capítulo I (punto 5) relativo a la Fuerza Armada, denominada: Superación de la Impunidad, la cual dispone que: Se conoce la necesidad de esclarecer y superar todo señalamiento de impunidad de oficiales de la Fuerza Armada, especialmente en casos donde esté comprometido el respeto a los derechos humanos. A tal fin, las Partes remiten la consideración y resolución de este punto a la Comisión de la Verdad. Todo ello sin perjuicio del principio, que las Partes igualmente reconocen, de que hechos de esa naturaleza, independientemente del sector al que pertenecieren sus autores, deben ser objeto de la actuación ejemplarizante de los 1011 tribunales de justicia, a fin que se aplique a quienes resulten responsables de las sanciones contempladas por la ley. En el Acuerdo sobre Derechos Humanos, firmado en San José, Costa Rica, el 26 de julio de 1991, se pactó que se tomarían de inmediato todas las acciones y medidas necesarias para evitar todo tipo de hechos o prácticas que atenten contra la vida, la integridad, la seguridad y la libertad de las personas, así como para erradicar toda práctica de desapariciones y secuestros. De igual forma se pactó que se daría toda prioridad a la investigación de los casos de esta naturaleza que pudieran presentarse, así como a la identificación y sanción de quienes resultaren responsables. Mediante el Acuerdo de México, de 27 de abril de 1991, se creó la Comisión de la Verdad, a la cual se le reconoció el mandato de investigar graves hechos de violencia ocurridos desde 1980, cuya huella sobre la sociedad reclama con mayor urgencia el conocimiento público de la verdad. En esa ocasión, las partes firmantes se comprometieron expresamente a cumplir con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Dichas recomendaciones se consignaron en un informe que fue publicado el día 15 de marzo de 1993, con el nombre: De la locura a la esperanza, el cual contiene una lista de casos de graves violaciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, que según los Acuerdos de Paz, deberían ser investigados y sancionados. La Ley de Reconciliación Nacional, de 23 de enero de 1992 aprobada 7 días después de haberse firmado la paz definitiva en El Salvador, tomando como base los Acuerdos de Paz, contempló que no gozarían de la amnistía, las personas que, según el informe de la Comisión de la Verdad, hubieren participado en graves hechos de violencia ocurridos desde el 1 de enero de 1980, cuya huella sobre la sociedad, reclama con mayor urgencia el conocimiento público de la verdad, independientemente del sector a que pertenecieren en su caso (art. 6). La anterior disposición fue derogada mediante la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, aprobada el 20 de marzo de días después de haberse conocido el informe de la Comisión de la Verdad, negando con ello lo pactado expresamente en los Acuerdos de Paz y en la Ley de Reconciliación Nacional de 1992, que surgió precisamente en el marco de los Acuerdos de Paz. 4. La Amnistía en el Derecho Internacional Humanitario (DIH).La amnistía se reconoce expresamente en el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados sin Carácter Internacional (art. 6.5), el cual dispone que: A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado. 1112 La anterior disposición no es de efectos absolutos e irrestrictos, ya que debe interpretarse en el contexto de otras disposiciones internacionales que contienen obligaciones de respeto y garantía de los derechos fundamentales y limitan, por lo tanto, los alcances y efectos de las amnistías decretadas en situaciones de postconflicto, por lo que dicha disposición debe ser interpretada restrictivamente, circunscrita a los actos bélicos de las partes en conflicto, sin que queden comprendidos dentro de sus alcances las graves y sistemáticas violaciones al ordenamiento constitucional y al derecho internacional, tales como los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al DIH. En consecuencia, tal como lo expresa literalmente el art. 6.5 del Protocolo II antes citado, incluso la amnistía más amplia posible nunca podría ser una amnistía absoluta, irrestricta e incondicional, pues la mayor extensión pretendida tiene siempre el límite de lo posible, que debe ser determinado en cada proceso político dirigido a aplicar dicha medida. Para determinar el límite a las posibilidades de cobertura de una ley de amnistía, entre otros asuntos, es indispensable que el legislador tome en cuenta los compromisos constitucionales e internacionales adquiridos por el Estado salvadoreño al poner en vigor tratados de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario, en relación con la protección efectiva de los derechos fundamentales y la erradicación de la impunidad. De acuerdo con el art. 144 Cn., esta Sala considera que las Garantías fundamentales de Trato humano, y las prohibiciones absolutas que establece el Protocolo II (art. 4), a fin de garantizar la protección de la vida y demás derechos fundamentales de la población civil y de las personas especialmente protegidas en el marco de los conflictos armados internos, constituyen obligaciones derivadas de una norma imperativa del derecho internacional consuetudinario y del Derecho Internacional Humanitario vigente durante el conflicto armado salvadoreño. Cabe señalar que el Protocolo II fue ratificado mediante Decreto Legislativo n 12, del 4-VII-1978, publicado en el Diario Oficial n 158, Tomo n 260, del 28-VIII-1978, por lo cual es ley de la república y estuvo vigente durante todo el conflicto armado. En consecuencia, los supuestos de incumplimiento o desconocimiento generalizado y sistemático de dichas obligaciones, prohibiciones y garantías fundamentales, deben ser considerados como graves violaciones del DIDH y DIH que, por estar prohibidas en todo tiempo y lugar, incluso durante los conflictos armados, en ningún caso pueden ser objeto de amnistía, ya que no son los supuestos contemplados como posibles en el Protocolo II. Por su importancia, para identificar algunas de las modalidades de violaciones a derechos fundamentales excluidas de la posibilidad de las amnistías, e ilustrar esta sentencia, es necesario transcribir a continuación los dos primeros apartados del art. 4 del Protocolo II, en los que se dispone lo siguiente: 1213 Trato humano. Garantías fundamentales. 1. Todas las personas que no participen directamente en las hostilidades, o que hayan dejado de participar en ellas, estén o no privadas de libertad, tienen derecho a que se respeten su persona, su honor, sus convicciones y sus prácticas religiosas. Serán tratadas con humanidad en toda circunstancia, sin ninguna distinción de carácter desfavorable. Queda prohibido ordenar que no haya supervivientes Sin perjuicio del carácter general de las disposiciones que preceden, están y quedarán prohibidos en todo tiempo y lugar con respecto a las personas a que se refiere el párrafo 1: a) los atentados contra la vida, la salud y la integridad física o mental de las personas, en particular el homicidio y los tratos crueles tales como la tortura y las mutilaciones o toda forma de pena corporal; b) los castigos colectivos; c) la toma de rehenes; d) los actos de terrorismo; e) los atentados contra la dignidad personal, en especial los tratos humillantes y degradantes, la violación, la prostitución forzada y cualquier forma de atentado al pudor; f) la esclavitud y la trata de esclavos en todas sus formas; g) el pillaje; h) las amenazas de realizar los actos mencionados. En razón de lo prescrito por la anterior disposición del Protocolo II, y para efectos de fijar los límites de la amnistía, las conductas que constituyan cualquier forma de incumplimiento de dichas garantías y prohibiciones, y que hayan tenido carácter generalizado o sistemático,, deben considerarse crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al DIH, en su caso, aunque su tipicidad penal en el derecho interno tenga o haya tenido distinta denominación, al tiempo de su ocurrencia. Por lo tanto, la persecución penal de tales crímenes internacionales no puede implicar de ningún modo una expresión de retroactividad desfavorable, pues junto con la obligación convencional vigente de abstenerse de tales conductas, éstas fueron precedidas, además, por la descripción típica de la legislación penal correspondiente, de modo que los responsables o autores mediatos e inmediatos de los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad estaban en condiciones de conocer el carácter delictivo de su comportamiento, y tenían la obligación de impedir su realización. La calificación jurídico penal, por lo tanto, debe ajustarse a la ley del tiempo de su comisión, aunque por sus características y contexto, esas conductas pertenezcan, además, a la categoría internacional de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o crímenes internacionales de carácter imprescriptible. 5. La Amnistía en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH). En los instrumentos convencionales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos no se considera expresamente la institución de la amnistía. No obstante, importantes tratados de derechos humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), han positivado normas sobre derechos fundamentales de carácter inderogable, y han establecido deberes para los Estados Partes 1314 incluido El Salvador, a fin de asegurar el respeto, la garantía y tutela judicial efectiva de tales derechos, en toda circunstancia, incluidos los conflictos armados. La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Arts. 4, 5 y 6) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (arts. 4, 6 y 7), reconocen, entre otros, los derechos fundamentales a la vida y a la integridad personal con la consecuente protección contra la tortura; y reconocen su carácter inderogable y su condición de normas del ius cogens o derecho imperativo internacional. Los derechos de protección contra la tortura y contra la desaparición forzada de personas también están reconocidos en instrumentos convencionales específicos, tales como: la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas; y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. En tales instrumentos se establece la obligación de los Estados Partes de tomar medidas legislativas y de otra índole para investigar, sancionar y erradicar estas graves violaciones de derechos humanos. En razón de lo anterior, y bajo ningún concepto, se puede obviar la responsabilidad de los Estados de brindar protección y garantía efectiva a las víctimas de la tortura, de la desaparición forzada y de las ejecuciones sumarias o arbitrarias individuales y colectivas ; ni se puede desconocer la obligación de tomar las medidas necesarias para su investigación, sanción y total erradicación; por lo que se colige que los autores materiales e intelectuales de tales violaciones no pueden gozar de amnistía, indulto o beneficiarse de causales de exclusión de responsabilidad penal obediencia jerárquica o cumplimiento del deber, ya que ello es incompatible con las obligaciones que han contraído los Estados Partes de los tratados internacionales de derechos humanos, entre los cuales figura El Salvador. Los anteriores criterios han sido desarrollados ampliamente en la jurisprudencia del sistema interamericano y en la doctrina de los órganos de supervisión de tratados o Comités de Derechos Humanos de la ONU y la OEA. 6. La Amnistía según la Jurisprudencia internacional. La amnistía y su incompatibilidad en determinadas circunstancias con las obligaciones internacionales de los Estados en materia de derechos humanos, también ha sido objeto de desarrollo en la jurisprudencia internacional de derechos humanos. A. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin desconocer el derecho soberano que tienen los Estados de decretar amnistías en situaciones de postconflicto armado, se ha pronunciado sobre la incompatibilidad de ciertas leyes de amnistía específicamente las autoamnistías con el derecho internacional y con las obligaciones internacionales de los Estados, debido a que: las amnistías o figuras análogas han sido uno de los obstáculos invocados por algunos Estados para no cumplir con su 1415 obligación de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos. (Caso El Mozote contra El Salvador; y Caso Hermanas Serrano Cruz contra El Salvador). Asimismo, ha sostenido que: Son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (Caso Barrios Altos contra Perú; y Caso Gelman contra Uruguay). Respecto a la Ley de Amnistía de 1993, la Corte Interamericana, en la sentencia del Caso El Mozote contra El Salvador (párrafo 296), afirmó que: Ha tenido como consecuencia la instauración y perpetuación de una situación de impunidad debido a la falta de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y sanción de los responsables de los hechos, incumpliendo asimismo los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana, referida esta última norma a la obligación de adecuar su derecho interno a lo previsto en ella. Dada su manifiesta incompatibilidad con la Convención Americana, las disposiciones de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz que impiden la investigación y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos sucedidas en el presente caso carecen de efectos jurídicos y, en consecuencia, no pueden seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos del presente caso y la identificación, juzgamiento y el castigo de los responsables, ni pueden tener igual o similar impacto respecto de otros casos de graves violaciones de derechos humanos reconocidos en la Convención Americana que puedan haber ocurrido durante el conflicto armado en El Salvador. Igual criterio jurisprudencial adoptó la Corte Interamericana en las sentencias de los casos Barrios Altos contra Perú (párrafo 44); la Cantuta contra Perú (párrafo 175); Gómes Lund o Guerrilla de Araguaia contra Brasil (párrafo 174); y Gelman contra Uruguay (párrafo 232). B. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en un caso contencioso contra El Salvador también concluyó que: La aplicación de la Ley de Amnistía General en el presente caso eliminó la posibilidad de emprender investigaciones judiciales tendientes a establecer la responsabilidad; igualmente, tal decisión violó el derecho de los allegados a la víctima y de toda la sociedad a conocer la verdad sobre los hechos. (Caso n Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez contra El Salvador. Informe n 37/2000, de 13 de abril de 2000, párrafo 151). C. De todo lo anterior se colige que, si bien la Constitución, el Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho internacional 1516 Penal y la jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos, permiten la adopción de amnistías, incluso a la cesación de las hostilidades militares tras la finalización de conflictos armados como el que sucedió en El Salvador en la década de los ochentas, ello no implica que estén habilitados para decretar amnistías irrestrictas, absolutas e incondicionales, desconociendo las obligaciones constitucionales e internacionales que tienen los Estados en lo relativo a la protección de los derechos fundamentales, de investigar, identificar a los responsables materiales e intelectuales, y sancionarlos conforme a su derecho interno; desconociendo, además, el deber de reparar integralmente a las víctimas de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al DIH, que son imprescriptibles según el derecho internacional y la jurisprudencia internacional. La Corte Interamericana en reiteradas sentencias ha sostenido que las autoamnistías decretadas para favorecer la impunidad de los más graves crímenes cometidos contra la humanidad y los derechos fundamentales, no son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. V. Es procedente ahora referirnos a los derechos fundamentales que el ordenamiento jurídico salvadoreño ha reconocido para asegurar los derechos de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad y de las graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos. 1. A. Los crímenes de lesa humanidad. Estos crímenes internacionales conmocionan gravemente la conciencia moral de la humanidad y la dignidad humana a nivel universal. Son actos inhumanos de una particular gravedad que denotan un sentimiento de crueldad para con la existencia humana, un sentido de envilecimiento de la dignidad y de destrucción de los valores humanos y de los derechos fundamentales inderogables o normas del ius cogens internacional, por lo que constituyen auténticos crímenes de Estado y crímenes internacionales, ya que atentan gravemente contra el género humano. En particular, atentan contra los derechos fundamentales de las víctimas, de sus familiares y de la sociedad en su conjunto, ya que se ven afectados tanto derechos individuales como derechos colectivos e intereses sociales vitales que están legítimamente protegidos en una sociedad democrática. Por naturaleza, estos crímenes son de carácter imprescriptible según el derecho internacional, por lo que no pueden oponerse medidas de orden interno, tanto legislativas como de otro carácter, que impidan la investigación, el esclarecimiento de la verdad, la aplicación de una justicia independiente, y que nieguen la justicia y la reparación integral a las víctimas, dejando en la impunidad semejantes crímenes, los cuales están sujetos en toda circunstancia a la persecución, extradición, juzgamiento y sanción penal de los responsables, por lo que no pueden ser objeto de amnistía o indulto. 1617 Tanto la doctrina como el derecho internacional y la jurisprudencia internacional consideran que tales crímenes son cometidos, además, contra la humanidad, razón por la cual existe un interés público nacional e internacional de prevenirlos, investigarlos, identificar a los responsables materiales e intelectuales, y sancionarlos penalmente, en proporción a la gravedad y a los efectos que producen. El carácter imprescriptible de estos crímenes, reconocido por el derecho internacional, da lugar a la activación de la jurisdicción universal para enfrentar y superar la impunidad, y asegurar la justicia, la verdad y la reparación integral de las víctimas. Tanto la Convención sobre Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad de las Naciones Unidas, como el Estatuto de la Corte Penal Internacional o Estatuto de Roma ratificado recientemente por El Salvador el 25-XI-2015, reconocen la imprescriptibilidad de tales crímenes internacionales. El Estatuto de Roma, por su parte, establece que: Los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y que, a tal fin, hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia ; y establece, además, que: Es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales (Preámbulo). Asimismo, para el Estatuto de Roma (art. 7), se entiende por crimen de lesa humanidad, cualquier acto que se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra población civil y con conocimiento de dicho ataque, y que comprenda: asesinatos; exterminio; esclavitud; deportación o traslado forzoso de población; encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; persecución de un grupo social fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género; desaparición forzada de personas; el crimen de apartheid; y otros actos inhumanos de carácter similar que causaren intencionalmente grandes sufrimientos o que atentaren gravemente contra la integridad física o la salud mental o física de las personas. La tipología penal internacional de los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad y su carácter imprescriptible ha sido ya codificada en el derecho internacional y ha sido incorporada en nuestro ordenamiento jurídico vigente, lo cual es de mucha utilidad para la investigación, sanción y erradicación de la impunidad de estos crímenes internacionales en nuestro país. Por ello se cita, a manera de ejemplo, la regulación que hace el Estatuto de Roma en cuanto a la conceptualización de los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y no para invocar la aplicación del Estatuto en este caso, ya que éste sólo opera a partir de su vigencia en El Salvador, es decir, a partir del año Mostrar más
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