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Timestamp: 2018-10-16 10:55:34
Document Index: 170711190

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CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CASO DE PERSONAS DOMINICANAS Y HAITIANAS EXPULSADAS VS. REPÚBLICA DOMINICANA - PDF
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CASO DE PERSONAS DOMINICANAS Y HAITIANAS EXPULSADAS VS. REPÚBLICA DOMINICANA
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Carolina Sánchez Blázquez
1 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CASO DE PERSONAS DOMINICANAS Y HAITIANAS EXPULSADAS VS. REPÚBLICA DOMINICANA SENTENCIA DE 28 DE AGOSTO DE 2014 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas) En el caso de Personas dominicanas y haitianas expulsadas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante también la Corte Interamericana, la Corte o el Tribunal ), integrada por los siguientes jueces : Humberto Antonio Sierra Porto, Presidente; Roberto F. Caldas, Vicepresidente; Manuel E. Ventura Robles, Juez; Eduardo Vio Grossi, Juez, y Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Juez presentes además, Pablo Saavedra Alessandri, Secretario, y Emilia Segares Rodríguez, Secretaria Adjunta; de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante también la Convención Americana o la Convención ) y con los artículos 31, 32, 65 y 67 del Reglamento de la Corte (en adelante el Reglamento ), dicta la presente Sentencia que se estructura en el siguiente orden: El caso fue tramitado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como durante el procedimiento del caso contencioso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el título Benito Tide y otros Vs. República Dominicana. Por decisión de la Corte, la presente Sentencia se emite con el nombre Caso Personas dominicanas y haitianas expulsadas Vs. República Dominicana. El 20 de agosto de 2014 el Juez García-Sayán presentó su excusa de participar de todas las actividades de la Corte, mientras sea candidato a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), y dicha excusa fue aceptada por el Presidente del Tribunal ese mismo día, por lo que el Juez García-Sayán no participó de la deliberación de la presente Sentencia. A su vez, el Juez Alberto Pérez Pérez no pudo participar de la deliberación de la presente Sentencia por razones de fuerza mayor.
2 2 TABLA DE CONTENIDO I INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA... 5 II PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE... 8 III COMPETENCIA IV EXCEPCIONES PRELIMINARES A) EXCEPCIÓN PRELIMINAR DE FALTA DE AGOTAMIENTO DE RECURSOS INTERNOS A.1. Argumentos de las partes y de la Comisión A.2. Consideraciones de la Corte B) EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA DE LA CORTE RATIONE TEMPORIS B.1. Argumentos de las partes y de la Comisión B.2. Consideraciones de la Corte C). EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA DE LA CORTE RATIONE PERSONAE C.1. Argumentos de las partes y la Comisión C.2. Consideraciones de la Corte V CUESTIONES PREVIAS A) DETERMINACIÓN DE PRESUNTAS VÍCTIMAS A.1. Argumentos de las partes y la Comisión A.2. Consideraciones de la Corte A.2.1. Personas que se identifican con nombres distintos A.2.2. Personas de las que no se puede determinar su lugar de nacimiento A.2.3. Carencia de poderes de representación a favor de los representantes A.2.4. Cuestionamientos sobre identidad A.2.5. Personas que no serán acreditadas como presuntas víctimas B) SOBRE EL MARCO FÁCTICO B.1. Argumentos de las partes y la Comisión B.2. Consideraciones de la Corte VI PRUEBA A) PRUEBA DOCUMENTAL, TESTIMONIAL Y PERICIAL B). ADMISIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL C) ADMISIÓN DE LAS DECLARACIONES DE LAS PRESUNTAS VÍCTIMAS Y DE LA PRUEBA PERICIAL Y TESTIMONIAL C.1. Consideraciones sobre declaraciones de las presuntas víctimas C. 2. Consideraciones sobre la prueba pericial VII HECHOS A) CONTEXTO A.1. Sobre la situación socio-económica de la población haitiana y de ascendencia haitiana y la alegada concepción discriminatoria contra ella A.1.1 La situación socio-económica de la población haitiana y de ascendencia haitiana en República Dominicana A.1.2. Sobre la alegada concepción discriminatoria contra la población haitiana y de ascendencia haitiana en República Dominicana A.2. Sobre la aducida problemática en la obtención de documentos oficiales de ciudadanos haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana A.3. Sobre la alegada existencia de una práctica sistemática de expulsiones colectivas de dominicanos de ascendencia haitiana y haitianos A.4. Marco normativo interno pertinente A.4.1. Normatividad sobre la nacionalidad dominicana A Legislación vigente al momento de los hechos A Desarrollo legislativo y jurisprudencial a partir del año A.4.2. Marco normativo aplicable a la privación de libertad y los procedimientos de expulsión o deportación B) HECHOS DEL CASO B.1. Introducción... 68
3 3 B.2. Hechos respecto de los miembros de las distintas familias B.2.1. Familia Medina B.2.2. Familia Fils-Aimé B.2.3. Bersson Gelin B.2.4. Familia Sensión B.2.5. Rafaelito Pérez Charles B.2.6. Familia Jean VIII DERECHO AL RECONOCIMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA, AL NOMBRE, A LA NACIONALIDAD Y A LA IDENTIDAD, EN RELACIÓN CON LOS DERECHOS DEL NIÑO, EL DERECHO A LA IGUALDAD ANTE LA LEY Y LAS OBLIGACIONES DE RESPETAR Y GARANTIZAR LOS DERECHOS SIN DISCRIMINACIÓN Y ADOPTAR DISPOSICIONES DE DERECHO INTERNO A) INTRODUCCIÓN B) ALEGATOS DE LA COMISIÓN Y DE LAS PARTES C) CONSIDERACIONES DE LA CORTE C.1. Derechos a la nacionalidad y a la igualdad ante la ley C.1.1. Nacionalidad y deber de prevenir, evitar y reducir la apatridia C.1.2.Nacionalidad y principio de igualdad y no discriminación C.2. Derechos al reconcomiento de la personalidad jurídica, al nombre y a la identidad C.3. Derechos del niño C.4. Deber de adoptar disposiciones de derecho interno C.5. Aplicación al presente caso C.5.1. Respecto de las personas que habrían sufrido el desconocimiento de sus documentos de identidad por parte de las autoridades al momento de sus expulsiones C.5.2. Respecto de las personas nacidas en territorio dominicano que no habrían sido registradas ni contaban con documentación C.5.3. Sobre la alegada vulneración del artículo 2 de la Convención Americana, en relación con sus artículos 1.1, 3, 18, 20 y IX DERECHOS A LA LIBERTAD PERSONAL, A LAS GARANTÍAS JUDICIALES, DE CIRCULACIÓN Y DE RESIDENCIA Y A LA PROTECCIÓN JUDICIAL, EN RELACIÓN CON LOS DERECHOS DEL NIÑO Y LA OBLIGACIÓN DE GARANTIZAR LOS DERECHOS SIN DISCRIMINACIÓN A) ALEGATOS DE LA COMISIÓN Y DE LAS PARTES B) CONSIDERACIONES DE LA CORTE B.1. Garantías mínimas en procedimientos migratorios que pueden implicar medidas privativas de libertad y la expulsión o deportación B.1.1. Consideraciones generales B.1.2. Estándares relacionados con procesos de expulsión B.1.3. Estándares relacionados con medidas privativas de libertad, inclusive respecto de niñas o niños, en procedimientos migratorios B.1.4. La prohibición de las expulsiones colectivas B.2. Calificación jurídica de los hechos en el presente caso B.2.1. Derecho a la libertad personal B Alegadas ilegalidad y arbitrariedad de las privaciones de libertad (artículo 7.2 y 7.3) B Notificación de las razones de las privaciones de libertad (artículo 7.4) 130 B Presentación ante una autoridad competente (artículo 7.5) B Revisión judicial de la legalidad de las privaciones de libertad (artículo 7.6) B Conclusión B.2.2. Derechos de Circulación y de Residencia, a las garantías judiciales y a la protección judicial
4 4 B Expulsiones colectivas de los nacionales haitianos (artículo 22.9) B Sobre las expulsiones y la alegada infracción de la libre circulación y de residencia de las personas de nacionalidad dominicana (artículos 22.1 y 22.5)..135 B Sobre el seguimiento de las garantías mínimas procesales (artículo 8.1) B Sobre la existencia de un recurso efectivo para cuestionar la detención y expulsión (artículo 25) B.2.3. Sobre el carácter discriminatorio de las expulsiones (artículo 1.1) B.3. Conclusión X DERECHOS A LA PROTECCIÓN DE LA HONRA Y DIGNIDAD Y A LA PROTECCIÓN DE LA FAMILIA, EN RELACIÓN CON LOS DERECHOS DEL NIÑO Y LA OBLIGACIÓN DE RESPETAR Y GARANTIZAR LOS DERECHOS A) ARGUMENTOS DE LA COMISIÓN Y ALEGATOS DE LAS PARTES B) CONSIDERACIONES DE LA CORTE B.1. Separación familiar (artículo 17.1) B.2. Injerencia en el domicilio familiar (artículo 11.2) B.3. Conclusión XI DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL A) ALEGATOS DE LA COMISIÓN Y DE LAS PARTES B) CONSIDERACIONES DE LA CORTE XII DERECHO A LA PROPIEDAD A) ALEGATOS DE LA COMISIÓN Y DE LAS PARTES B) CONSIDERACIONES DE LA CORTE XIII REPARACIONES A) PARTE LESIONADA B) MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL: RESTITUCIÓN, SATISFACCIÓN, Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN B.1. Medidas de restitución B.1.1. Reconocimiento de la nacionalidad de las personas dominicanas y permiso de residencia para las personas haitianas B Willian Medina Ferreras y sus familiares B Víctor Jean, Miguel Jean, Victoria Jea y Natalie Jean B Marlene Mesidor B.2. Medidas de satisfacción B.2.1. Publicación de la Sentencia B.3. Garantías de no repetición B.3.1. Medidas de capacitación para operadores estatales en derechos humanos.157 B.3.2. Adopción de medidas de derecho interno B.3.4. Otras medidas B.3.5. Otras medidas solicitadas C). REPARACIONES POR DAÑOS MATERIALES E INMATERIALES C. 1. Daño Material C.2. Daño Inmaterial D). COSTAS Y GASTOS E). REINTEGRO DE LOS GASTOS AL FONDO DE ASISTENCIA LEGAL DE VÍCTIMAS F). MODALIDAD DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS ORDENADOS XIV PUNTOS RESOLUTIVOS
5 5 I INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA 1. Sometimiento y sinopsis del caso.- El 12 de julio de 2012 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la Comisión Interamericana o la Comisión ) sometió a la Corte, de conformidad con los artículos 51 y 61 de la Convención, el caso contra el Estado de República Dominicana (en adelante el Estado o República Dominicana ). De acuerdo a la Comisión, el caso se relaciona con la detención arbitraria y expulsión sumaria del territorio de República Dominicana de presuntas víctimas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana (infra párr. 3.c.i), incluidos niñas y niños, sin el seguimiento del procedimiento de expulsión normado en el derecho interno. Además, la Comisión consideró que existían una serie de impedimentos para que los migrantes haitianos pudieran inscribir a sus hijos e hijas nacidos en territorio dominicano, y para la obtención de la nacionalidad dominicana por parte de las personas de ascendencia haitiana nacidas en República Dominicana. 2. Según la Comisión el caso se insertó en un álgido contexto de expulsiones colectivas y masivas de personas, que afectaba igualmente a nacionales y extranjeros, documentados e indocumentados, quienes tenían su residencia permanente y un vínculo estrecho de relaciones laborales y familiares con República Dominicana. Asimismo, la Comisión, entre otras consideraciones, hizo referencia: a) a los impedimentos existentes para conceder la nacionalidad a las personas nacidas en territorio dominicano, a pesar de que el Estado recepta el principio de ius soli ; b) a que el Estado no presentó información que corroborara que el procedimiento de repatriación, vigente al momento de los hechos se hubiera aplicado efectivamente a las [presuntas] víctimas, y c) a que a las presuntas víctimas no les fue provista asistencia jurídica, ni tuvieron posibilidad de recurrir la decisión adoptada, ni existió una orden de la autoridad competente, independiente e imparcial que decidiera su deportación, ni el Estado indicó el recurso específico al cual podrían haber accedido las [presuntas] víctimas para proteger sus derechos. Asimismo, según la Comisión durante su detención arbitraria y expulsión, [ ] no tuvieron oportunidad de presentar esa documentación y en los casos en que fue presentada, ésta fue destruida por los oficiales dominicanos, lo que implicó que las presuntas víctimas se vieran privad[a]s de acreditar su existencia física y su personalidad jurídica. Además durante la detención, las [presuntas] víctimas no recibieron agua, alimentos ni asistencia médica, [y] su expulsión conllevó el desarraigo, el desmembramiento de los lazos y la estructura familiar, y afectó el normal desarrollo de las relaciones familiares, incluso para los nuevos miembros de la familia. 3. Trámite ante la Comisión. El trámite del caso ante la Comisión Interamericana fue el siguiente: a) Petición.- La petición inicial, de fecha 12 de noviembre de 1999, fue presentada por la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Berkeley California (Boalt Hall), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (en adelante CEJIL ) y la Coalición Nacional para los Derechos de los Haitianos (en adelante NCHR) 1. El 8 de mayo de 2000 la Comisión abrió oficialmente el caso 1 Por medio de un escrito de fecha el 17 de noviembre de 1999, los entonces peticionarios solicitaron medidas cautelares a la Comisión Interamericana para proteger a los dominicanos descendientes de haitianos y a los haitianos que residían y trabajaban en República Dominicana de expulsiones y deportaciones arbitrarias
6 El 30 de enero de 2002 los representantes presentaron un addendum a la petición, a favor de 28 personas, con el propósito de litigar el fondo del presente caso. Durante la etapa de fondo las presuntas víctimas estuvieron representadas por CEJIL, la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia (en adelante también Clínica de Derechos Humanos o Universidad de Columbia ), el Grupo de Apoyo a los Repatriados y Refugiados (en adelante también GARR ) y el Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas (en adelante MUDHA ). b) Informe de Admisibilidad.- El 13 de octubre de 2005 la Comisión aprobó el Informe de Admisibilidad No. 68/05 (en adelante Informe de Admisibilidad ) 2. c) Informe de Fondo.- El 29 de marzo de 2012 la Comisión emitió el Informe de Fondo No. 64/12, de conformidad con el artículo 50 de la Convención Americana (en adelante Informe de Fondo ). i) Conclusiones.- La Comisión concluyó que República Dominicana es responsable por la violación de los derechos a la personalidad jurídica, a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la protección a la familia, a los derechos del niño, a la nacionalidad, a la propiedad, a la circulación y residencia, a la igualdad y no discriminación[,] y a la protección judicial, consagrados en los artículos 3, 5, 7, 8, 17, 19, 20, 21, 22.1, 22.5, 22.9, 24 y 25 de la Convención Americana, [respectivamente,] en relación con el artículo 1.1 de[l mismo instrumento], en perjuicio de Benito Tide Méndez, Willia[n] Medina Ferreras 3, Lilia Jean Pierre 4 ; [Aw]ilda Medina 5, Luis Ney Medina, Carolina Isabel Medina, Jeanty Fils-Aimé 6, Janise Midi, Nené Fils-Aimé, Diane Fils- Aimé, Antonio Fils-Aimé, Marilobi Fils-Aimé, Endry Fils-Aimé, Andren Fils-Aimé, Juan Fils-Aimé, Ber[s]son Gelin 7, Ana Virginia Nolasco, Ana Lidia Sensión, Reyita Antonia Sensión, Andrea Alezy, Rafaelito Pérez Charles, Víctor Jean, Marlene Mesidor, M[ar]kenson Jean 8, Victoria Jean, Miguel Jean, [y] Nat[ ]alie Jean 9. Asimismo, la Comisión concluy[ó] que el Estado violó el derecho a la perpetradas por parte del Gobierno dominicano. El 22 de noviembre de 1999 la Comisión solicitó al Estado la adopción de medidas cautelares. 2 La Comisión declaró admisible la petición respecto de los artículos 3, 5, 7, 8, 17, 19, 20, 22, 24 y 25, en relación con el artículo 1.1 de la Convención, así como en el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, y tuvo como posibles afectados a Benito Tide Méndez, Antonio Sensión, Andrea Alezi, J[e]anty Fils-Aimé, Willia[n] Medina Ferreras, Rafaelito Pérez Charles y Bers[s]on Gelin. 3 Si bien en el Informe de Fondo la Comisión se refirió a William Medina Ferreras, para efectos de la presente Sentencia se nombrará como Willian Medina Ferreras (en adelante también Willian Medina, Willian o señor Medina Ferreras ), según lo señalado más adelante (infra párr. 83). 4 Si bien el Estado presentó cuestionamientos vinculados con el nombre de esta persona, la Corte, de conformidad a lo que decide al respecto (infra párr. 83), la nombrará como Lilia Jean Pierre. 5 Si bien en el Informe de Fondo la Comisión se refirió a Wilda Medina, para efectos de la presente Sentencia se nombrará como Awilda Medina Pérez (en adelante también Awilda Medina o Awilda ), según lo señalado más adelante (infra párr. 83). 6 Si bien el Estado presentó cuestionamientos vinculados con el nombre de esta persona, la Corte, de conformidad a lo que decide al respecto (infra párr. 86), la nombrará como Jeanty Fils-Aimé (en adelante también señor Fils-Aimé o Jeanty ). 7 Si bien en el Informe de Fondo la Comisión se refirió a Berson Gelin, la Corte, para efectos de la presente Sentencia, lo nombrará como Bersson Gelin (en adelante también señor Gelin ), en razón de la documentación aportada que acredita su nombre (infra párr. 86). 8 Si bien en el Informe de Fondo la Comisión se refirió a Mckenson Jean, la Corte para efectos de la presente Sentencia lo llamará Markenson Jean (en adelante también Markenson ), según lo señalado más adelante (infra nota a pie de página 56). 9 Si bien en el Informe de Fondo la Comisión se refirió a Nathalie Jean, la Corte para efectos de la presente Sentencia la nombrará como Natalie Jean (en adelante también Natalie ), en razón de cómo está escrito el
7 7 integridad personal consagrado en el artículo 5 de la Convención [ ] y el derecho a la protección de la familia consagrado en el artículo 17 de la Convención Americana, en relación con [su] artículo 1.1 [ ], en perjuicio de Carmen Méndez, Aíta Méndez, Domingo Méndez, Rosa Méndez, José Méndez, Teresita Méndez, Carolina Fils-Aimé, María Esthe[l] [Matos] Medina [ ] 10, Jairo Pérez Medina, Gimena Pérez Medina, Antonio Sensión, Ana Dileidy Sensión, Maximiliano Sensión, Emiliano Mache Sensión, Analideire Sensión, [Julie Sainlice] 11, Jamson Gelim, Faica Gelim, Kenson Gelim, Jessica Jean y Víctor Manuel Jean[, según se detalla en el Informe de Fondo]. ii) Recomendaciones.- La Comisión Interamericana recomendó al Estado: 1. Permitir que todas las víctimas que todavía se encuentran en el territorio de Haití puedan regresar al territorio de la República Dominicana. 2. Implementar las medidas necesarias para: a. reconocer la nacionalidad dominicana de Benito Tide Méndez, Willia[n] Medina Ferreras, [Aw]ilda Medina, Luis Ney Medina, Ana Lidia Sensión, Reyita Antonia Sensión, Rafaelito Pérez Charles, Miguel Jean, Victoria Jean y Natalie Jean y otorgar o reemplazar toda la documentación necesaria que los acredite como nacionales dominicanos. b. entregar a Nené Fils-Aimé, Diane Fils-Aimé, Antonio Fils-Aimé, Marilobi Fils-Aimé, Endry Fils-Aimé, Andren Fils-Aimé, Juan Fils-Aimé, Bers[s]on Geli[n] y Víctor Jean la documentación necesaria para acreditar su nacimiento en territorio dominicano y avanzar en los trámites correspondientes al reconocimiento de su nacionalidad dominicana. c. que Lilia Jean Pierre, Janise Midi, Carolina Fils-Aimé, Ana Virginia Nolasco, Andrea Alezy, Marlene Mesidor y M[ar]kensonJean, nacionales haitianos, puedan permanecer legalmente en territorio dominicano con sus familias. 3. Pagar una Indemnización Integral a las víctimas o sus causahabientes de ser el caso, que comprenda el daño material y moral causado, y los bienes que las víctimas dejaron en la República Dominicana al momento de su expulsión. 4. Reconocer públicamente, garantizando mecanismos adecuados de difusión, las violaciones declaradas en el presente caso. 5. Adoptar medidas de no repetición que: a. aseguren la cesación de las expulsiones colectivas y la adecuación de los procesos de repatriación a los estándares internacionales de derechos humanos establecidos en el informe de fondo, en especial, garantizando el principio de igualdad y no discriminación y teniendo en cuenta las obligaciones específicas en relación con los niños y niñas y las mujeres. b. incluyan la revisión de la legislación interna sobre inscripción y otorgamiento de nacionalidad de personas de ascendencia haitiana nacidas en territorio dominicano, y la derogación de aquellas disposiciones que de manera directa o indirecta tengan un impacto discriminatorio basado en las características raciales o el origen nacional, teniendo en cuenta el principio de ius soli receptado por el Estado, la obligación estatal de prevenir la apatridia y los estándares internacionales del derecho internacional de los derechos humanos aplicables. 6. Implementar medidas efectivas para erradicar la práctica de redadas u operativos de control migratorio basados en perfiles raciales. 7. Garantizar que las autoridades dominicanas que realicen funciones migratorias reciban una formación intensiva en derechos humanos para garantizar que, en el cumplimiento de sus funciones, respeten y protejan los derechos fundamentales de todas las personas, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, idioma, origen nacional o étnico u otra condición social. 8. Investigar los hechos del caso, determinar los responsables de las violaciones comprobadas y establecer las sanciones pertinentes. 9. Establecer recursos judiciales efectivos para casos de violación de derechos humanos en el marco de procedimientos de expulsión o deportación. nombre en su salvoconducto (infra párr. 222 y nota a pie de página 264), documento que fue expedido por el Estado. 10 Si bien en el Informe de Fondo la Comisión se refirió a María Esther Medina Matos, la Corte, para efectos de la presente Sentencia la nombrará como María Esthel Matos Medina, según lo señalado más adelante (infra párr.95). 11 Si bien en el Informe de Fondo la Comisión se refirió a Gili Sainlis, la Corte, para efectos de la presente Sentencia, la nombrará como Julie Sainlice, en razón de que los representantes efectuaron una aclaración sobre su nombre a solicitud de la Corte, la cual fue presentada el 28 de agosto de 2013.
8 8 4. Notificación al Estado.- el Informe de Fondo fue notificado a República Dominicana mediante comunicación de 12 de abril de 2012, en la que se le otorgaba un plazo de dos meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones. La Comisión señaló que el plazo transcurrió sin que el Estado diera cumplimiento a las recomendaciones, y por tanto sometió el caso a la Corte en virtud de la necesidad de obtener justicia y una justa reparación. 5. Sometimiento a la Corte.- El 12 de julio de 2012 la Comisión sometió a la jurisdicción de la Corte los hechos y violaciones de derechos humanos descritos en el Informe de Fondo que han continuado desde la aceptación [por República Dominicana] de la competencia contenciosa de [este] Tribunal el 25 de marzo de La Comisión Interamericana designó como delegadas a la Comisionada Rosa María Ortiz, y a su Secretaria Ejecutiva Adjunta Elizabeth Abi-Mershed y como asesoras legales a Isabel Madariaga Cuneo y Tatiana Gos, abogadas de la Secretaría Ejecutiva. 6. Solicitudes de la Comisión Interamericana.- Con base en lo anterior, la Comisión solicitó a la Corte que declare la violación de los artículos 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 7 (Derecho a la Libertad Personal), 8 (Garantías Judiciales), 17 (Protección a la Familia), 19 (Derechos del Niño), 20 (Derecho a la Nacionalidad), 21 (Derecho a la Propiedad Privada), 22.1, 22.5 y 22.9 (Derecho de Circulación y de Residencia), 24 (Igualdad ante la Ley), y 25 (Protección Judicial) de la Convención, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma. Por otra parte, la Comisión solicitó al Tribunal que ordenara al Estado la adopción de determinadas medidas de reparación. II PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE 7. Notificación al Estado y a los representantes.- El sometimiento del caso por parte de la Comisión fue notificado al Estado y a los representantes el 28 de agosto de Escrito de solicitudes, argumentos y pruebas.- El 30 de octubre de 2012 MUDHA, la Clínica de Derechos Humanos, GARR y CEJIL (en adelante los representantes ) 12 presentaron ante la Corte su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante escrito de solicitudes y argumentos ), en los términos de los artículos 25 y 40 del Reglamento. Los representantes coincidieron sustancialmente con los alegatos de la Comisión y solicitaron al Tribunal que declarara la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los mismos artículos alegados por la Comisión, y adicionalmente solicitaron que se declare la violación de los artículos 11 (Protección de la Honra y de la Dignidad), 18 (Derecho al Nombre) y 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno) de la Convención Americana. Finalmente, solicitaron a este Tribunal que ordenara al Estado la adopción de diversas medidas de reparación y el reintegro de determinadas costas y gastos. Asimismo, solicitaron acogerse al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante también el Fondo de Asistencia Legal del Víctimas, el Fondo de Asistencia o el Fondo ) para cubrir algunos costos concretos relacionados con la producción de prueba durante el proceso ante la Corte. 12 Mediante la comunicación de 21 de agosto de 2012 informaron a este Tribunal que dichas organizaciones actuaran ante la Corte en calidad de representantes en el caso de referencia de las familias Medina Ferreras, Jean Mesidor, Sensión Nolasco, Fils-Aimé, Gelin y Pérez Charles. Agregaron que han perdido contacto desde hace varios años con la señora Andrea Alezy, lo que impide presentar un documento que acredite [su] representación, por lo que no formula[rán] argumentos respecto esta persona. Manifestaron que CEJIL es el interviniente común.
9 9 9. Contestación del Estado.- El 10 de febrero de 2013 el Estado presentó ante la Corte su escrito de interposición de excepciones preliminares, contestación al sometimiento del caso y de observaciones al escrito de solicitudes y argumentos (en adelante escrito de contestación ). El Estado planteó las siguientes excepciones preliminares: a) Inadmisibilidad d[el caso] por falta de agotamiento de los recursos internos ; b) Inadmisibilidad parcial d[el caso] por incompetencia ratione temporis para conocer de cierta parte del marco fáctico d[el caso], y c) Inadmisibilidad parcial ratione personae d[el caso] en relación con los miembros de la familia Jean. Aparte indicó dos asuntos previos, que no señaló como excepciones preliminares, a saber: a) la falta de calidad de ciertos peticionarios para ser considerados como presuntas víctimas en este caso, y b) la inadmisibilidad ratione materiae de la demanda respecto de los presuntos hechos y actos alegados por los representantes que no fueron acreditados por la C[omisión] en su marco fáctico. En ese escrito el Estado, inter alia, se refirió a la solicitud de los representantes de acogerse al Fondo de Asistencia. El 1 de octubre de 2012 el Estado informó sobre la designación del señor Néstor Cerón Suero como Agente y del señor Santo Miguel Román como Agente Alterno, así como la designación de cuatro asesores legales: el señor José Marcos Iglesias Iñigo, la señora Gina Salime Frías Pichardo, el señor Marino Vinicio Castillo Hernández y al señor José Casado-Liberato. 10. Aplicación del Fondo de Asistencia Legal.- Mediante Resolución de 1 de marzo de 2013 el Presidente de la Corte (en adelante también el Presidente ) declaró procedente la solicitud presentada por las presuntas víctimas, a través de sus representantes, para acogerse al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas Excepciones Preliminares.- Mediante los escritos recibidos el 5 de julio de 2013, los representantes y la Comisión presentaron sus observaciones a las excepciones preliminares interpuestas por el Estado y solicitaron que se rechacen. Además señalaron que los argumentos del Estado no constituyen asuntos previos. 12. Audiencia pública.- Mediante Resolución de 6 de septiembre de , el Presidente convocó a las partes a una audiencia pública y ordenó, entre otros, recibir diversas declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávit) 15 (infra párr. 111). La audiencia pública fue celebrada los días 8 y 9 de octubre de 2013 durante el 48 Período Extraordinario de Sesiones de la Corte (en adelante también la audiencia pública ), el cual tuvo lugar en la Ciudad de México, México 16. En la misma se recibieron las 13 Cfr. Resolución del Presidente de la Corte. Caso Tide Méndez y otros Vs. República Dominicana. Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de 1 de marzo de Disponible en: 14 Cfr. Resolución del Presidente de la Corte de 6 de septiembre de Disponible en: Mediante Resolución del Presidente de la Corte de 11 de septiembre de 2013 se resolvió modificar el considerando sexágesimo quinto y el punto resolutivo duodécimo de la Resolución del Presidente de la Corte de 6 de septiembre de Disponible en: 15 Cfr. Resolución del Presidente de la Corte de 6 de septiembre de Con posterioridad, a la solicitud del Estado, los representantes y la Comisión se prorrogó el plazo, que originalmente había sido establecido para el 25 de septiembre de 2013, para que el 1 de octubre de 2013 las partes y la Comisión presentaran los affidávits ordenados en dicha Resolución. 16 A esta audiencia comparecieron: a) por la Comisión Interamericana: Felipe González, Comisionado, Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta, Silvia Serrano Guzmán y Jorge Humberto Meza, asesores; b) por los representantes de la presuntas víctimas: Jenny Morón, Cristina Francisco Luis y Leonardo Rosario Pimentel
10 10 declaraciones de una presunta víctima, un perito ofrecido por la Comisión, dos peritos ofrecidos por los representantes y dos peritos ofrecidos por el Estado, así como las observaciones y alegatos finales orales de la Comisión Interamericana, los representantes y el Estado, respectivamente. Durante la referida audiencia la Corte requirió a las partes que presentaran determinada documentación y aclaraciones sobre cuestiones relacionadas con la aplicación de cierta normativa, procedimientos legales de deportación, y algunas especificaciones sobre las alegadas violaciones. Además el Estado difundió un video en relación con una presunta víctima. 13. Hechos supervinientes.- Las partes adujeron los siguientes: a) el 2 de octubre 2013 los representantes informaron que el Tribunal Constitucional de República Dominicana emitió el 23 de septiembre de 2013 la sentencia TC/0168/13 (en adelante también sentencia TC/0168/13 ), en la cual se pronunció acerca de la aplicación del artículo 11 de la Constitución Política Dominicana, aplicable a este caso. Dado que es un hecho ocurrido con posterioridad a la presentación del escrito de solicitudes y argumentos, el cual se relaciona estrechamente con los hechos de este caso, solicita[ron] que la sentencia en cuestión sea admitida como prueba superviniente ; b) el 22 de mayo de 2014 los representantes informaron que Victoria Jean falleció el 20 de abril de 2014, y c) el 9 de junio de 2014 el Estado informó que se había emitido el Decreto No de 29 de noviembre de 2013, y la Ley No de 23 de mayo de 2014, y solicitó su incorporación al expediente por considerar que se trataba de hechos supervinientes. 14. Amici curiae.- La Corte recibió escritos de amici curiae de las siguientes instituciones: 1) Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Texas; 2) Grupo de Acciones Públicas (GAP) - Facultad de Jurisprudencia - de la Universidad del Rosario Colombia y la Fundación Pro bono Colombia; 3) Unidad de Litigio Estratégico Internacional RFK; 4) Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Argentina, Iniciativa Frontera Norte de México (IFNM) y Fundar Centro de Análisis e Investigación México; 5) Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Santa Clara; 6) Consejo Latinoamericano de Estudiosos del Derecho Internacional y Comparado, Capítulo República Dominicana (en adelante COLADIC-RD ); 7) Clínica de Derecho Internacional de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho, Universidad de Virginia; 8) Clínica Internacional de Derechos Humanos y Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y El Instituto Caribeño de Derechos Humanos; 9) Clínica de Derechos Humanos, Facultad de Derecho de la Universidad de Miami, y 10) Centro Pedro Francisco Bonó, Centro de Formación y Acción Social Agraria (CEFASA), Solidaridad Fronteriza y Red del Servicio Jesuita con Migrantes, República Dominicana y el Director Nacional del Sector Social de la Compañía de Jesús en República Dominicana, Mario Serrano Marte. Además Paola Pelletier Quiñones presentó un amicus curie. 15. Respecto a los amici curiae presentados por la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Virginia, y por la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y El Instituto Caribeño de Derechos Humanos, el Estado solicitó que ambos amici se declaren inadmisibles y se excluyan de las deliberaciones del caso, ya que adujo que ha quedado demostrado que el contenido del primero fue dirigido, coordinado y revisado por CEJIL, parte del presente litigio internacional, y en cuanto al segundo, que la señora Martínez-Orabona, no es una persona ajena al proceso, por lo que no califican como amici curiae, según el artículo 2.3 del (MUDHA); Francisco Quintana, Gisela de León y Carlos Zazueta (CEJIL); Lisane André (GARR), y Paola García Rey (Universidad de Columbia), y c) por el Estado: Santo Miguel Román, Sudirector, Dirección General de Migración, adscrita al Ministerio de interior y policía, Agente Alterno; Fernando Pérez Memén, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Dominicana ante los Estados Unidos Méxicanos; José Casado-Liberato, Abogado Analista de Derechos Humanos para asuntos de la OEA, Asesor, y Paola Torres de la Cruz, Ministra Consejera de la Embajada de República Dominicana en México.
11 11 Reglamento. La Corte hace notar que de acuerdo con el artículo 2.3 del Reglamento, quien presenta un amicus es una persona o institución ajena al litigio y proceso que se sigue ante la Corte, con la finalidad de presentar razonamientos en torno a los hechos contenidos en el sometimiento del caso o formular consideraciones jurídicas sobre la materia del proceso. Es decir, no es una parte procesal en el litigio, y el documento se presenta con el fin de ilustrar a la Corte sobre algunas cuestiones fácticas o jurídicas relacionadas con el proceso en trámite ante el Tribunal, por lo que no se puede entender que se trata de un alegato o argumentación que debe ser apreciada por este Tribunal para la resolución del caso y en ningún caso un escrito de amicus curiae podría ser valorado como un elemento probatorio propiamente dicho 17. Por lo tanto, es improcedente el pedido del Estado de que se excluyan de las deliberaciones. En consecuencia, este Tribunal admite dichos amici curiae, en el entendido de lo señalado anteriormente. 16. En lo que se refiere a los amici curiae presentados por el COLADIC-RD y por el Centro BONÓ y sus anexos, el Estado alegó que no está previsto reglamentariamente que los participantes en el proceso en calidad de amici curiae depositen documentos de ninguna índole, sino alegatos jurídicos. Este Tribunal resalta que el artículo 44.1 del Reglamento en relación con planteamientos de amici curiae, establece que el escrito de quien desea actuar como amicus curiae podrá ser presentado al Tribunal, junto con sus anexos, a través de cualquiera de los medios establecidos en el artículo 28.1 del [ ] Reglamento. En consecuencia, este Tribunal considera que son improcedentes las observaciones del Estado, y admite los referidos documentos. 17. Alegatos y observaciones finales escritos.- El 9 de noviembre de 2013 los representantes remitieron sus alegatos finales escritos (en adelante también alegatos finales ) junto con diversos anexos, y la Comisión sus observaciones finales escritas. El Estado presentó sus alegatos finales escritos el 10 de noviembre de 2013 junto con diversos anexos, mediante un enlace de dropbox Observaciones a los documentos anexos a los alegatos finales escritos.- Los escritos de alegatos y observaciones finales escritos fueron transmitidos a las partes y a la Comisión Interamericana el 17 de diciembre de 2013, y el Presidente otorgó plazo hasta el 6 de enero de 2014 a las partes y a la Comisión para que presentaran las observaciones que estimaran pertinentes a la información y anexos remitidos por los representantes y el Estado, según fuera el caso. El 6 de enero de 2014 los representantes presentaron sus observaciones, y el Estado, luego de concedida una prórroga solicitada, el 17 de enero de 2014 presentó sus observaciones respectivas. La Comisión Interamericana no presentó sus observaciones. 19. Prueba para mejor resolver.- El 6 de febrero de 2014 la Secretaría de la Corte (en adelante también la Secretaría ), siguiendo instrucciones del Presidente, solicitó al Estado, de conformidad con el artículo 58.b) del Reglamento, información relacionada con el señor Willian Medina Ferreras. El Estado presentó la información los días 3 19 y 16 de 17 Cfr. Caso Familia Pacheco Tineo Vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 25 de noviembre de Serie C No. 272, párr En sus presentaciones, los representantes y el Estado dieron respuesta a las solicitudes realizadas por la Corte durante la audiencia pública sobre la información, documentación y explicaciones para mejor resolver (supra párr. 12 e infra párr. 134). 19 Dentro de la documentación presentada por el Estado el 3 de marzo de 2014 constaban dos actas aparentemente notariales que esta[ban] incompletas, por lo que se le solicitó que a más tardar el 12 de marzo de 2014 remit[iera] a la Corte copia completa de los documentos[ ] o, en su defecto, las aclaraciones pertinentes. Luego de que el 14 de marzo de 2014 la Secretaría de la Corte reiterara la solicitud al Estado, éste respondió el requerimiento el 16 de marzo de 2014.
12 12 marzo de Los días 10 y 14 de abril de 2014 los representantes y la Comisión, respectivamente, presentaron sus observaciones. El 15 de abril de 2014 la Secretaría transmitió a las partes y a la Comisión la documentación y señaló a los representantes que sus peticiones así como la admisibilidad y pertinencia de la información adicional y de la documentación remitida ser[ía] determinada oportunamente. Igualmente se informó a la Comisión que la admisibilidad de las observaciones ser[ía] determinada oportunamente (infra párr. 144). 20. Mediante las comunicaciones del Estado de 3 y 16 de marzo de 2014, la Corte ha tomado conocimiento de que el Estado ha abierto en la jurisdicción interna determinados procedimientos vinculados con la situación de Willian Medina y sus hijos, Awilda Medina, Luis Ney Medina (en adelante también Luis Ney ) y Carolina Isabel Medina (en adelante también Carolina Isabel ), ya fallecida. El 7 de mayo de 2014 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, de conformidad con al artículo 58.b) del Reglamento solicitó al Estado prueba para mejor resolver, para que remitiera, a más tardar el 22 de mayo de 2014, copia fiel e íntegra de todos los trámites o actuaciones administrativos o judiciales, inclusive penales, vinculados con Willian Medina Ferreras, y Awilda, Luis Ney y Carolina Isabel, y a los representantes las cédulas de identidad de dos presuntas víctimas y, en su caso, las explicaciones pertinentes. El Estado respondió los días 28 y 29 de mayo de 2014 (infra párr. 145). El 30 de mayo de 2014 se solicitó al Estado aclaraciones al respecto, y se le concedió un plazo improrrogable al 3 de junio de 2014 para su presentación 20, las cuales no fueron presentadas en el plazo indicado, sino el 13 de junio de En cuanto a la documentación remitida por el Estado el 13 de junio de 2014, se le informó que, dada su presentación fuera del plazo, su admisibilidad sería determinada oportunamente (infra párr. 145). Sin perjuicio de ello, en el plazo establecido a tal efecto, el 17 de junio de 2014 los representantes y el 24 de junio de 2014 la Comisión presentaron sus observaciones. 21. Erogaciones en aplicación del Fondo de Asistencia.- El 31 de enero de 2014 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, remitió información al Estado sobre las erogaciones efectuadas en aplicación del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas en el presente caso y, según lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento de la Corte sobre el Funcionamiento del referido Fondo, le otorgó un plazo para presentar las observaciones que estimara pertinentes, las cuales no fueron presentadas por el Estado. 22. Medidas Provisionales.- El 30 de mayo de 2000 la Comisión solicitó medidas provisionales a favor de personas haitianas y dominicanas de origen haitiano que corrían el riesgo de ser expulsadas o deportadas colectivamente, en relación con el caso No La Corte, mediante Resoluciones de 18 de agosto, 14 de septiembre y 12 de noviembre de 2000; 26 de mayo de 2001; 5 de octubre de 2005 y 2 de febrero de 2006, dispuso la adopción de medidas a favor de Benito Tide Méndez (en adelante también Benito Tide o señor Tide ), Antonio Sensión, Andrea Alezy, Jeanty 21 Fils-Aimé, Willian Medina Ferreras, Bersson Gelin, y Rafaelito Pérez Charles, quienes fueron indicados como presuntas víctimas en el Informe de Fondo del presente caso (supra párr. 3.c.i). Este Tribunal requirió al Estado adoptar, sin dilación, cuantas medidas fueran necesarias para 20 A saber: a) aclare si había enviado el expediente íntegro, y en caso contrario, que envíe copia del expediente completo y actualizado; y b) que confirme si hay o no abiertos otros trámites o actuaciones administrativos o judiciales, inclusive penales, en relación con las cédulas de identidad y electorales y/o actas de nacimiento de las personas identificadas como Willian Medina Ferreras, Awilda Medina, Luis Ney Medina y Carolina Medina y, en su caso, que remita a la Corte copia completa y actualizada de las actuaciones referidas. 21 Si bien en el trámite de las medidas provisionales y en la referida Resolución se nombra como Janty Fils- Aimé, en el Informe de Fondo la Comisión lo nombra como Jeanty Fils-Aimé, por lo que para efectos de la presente Sentencia se nombrará así (supra nota a pie de página 6 e infra párr. 86).
13 13 proteger la vida e integridad personal de los beneficiarios. Además requirió al Estado que se abstuviera de deportar o expulsar de su territorio a Benito Tide Méndez y Antonio Sensión; que permitiera el retorno inmediato a su territorio de Jeanty Fils-Aimé y Willian Medina Ferreras, y la reunificación familiar de Antonio Sensión y Andrea Alezy con sus hijos menores en la República Dominicana, así como que colaborara con Antonio Sensión para obtener información sobre el paradero de sus familiares en el Estado de Haití (en adelante también Haití o República de Haití ) o en la República Dominicana. También dispuso la adopción de medidas a favor del sacerdote Pedro Ruquoy y de Solain Pie o Solain Pierre o Solange Pierre y sus cuatro hijos. Posteriormente, la Corte ordenó el levantamiento de las medidas provisionales a favor de Benito Tide, Andrea Alezy a solicitud de los propios representantes, y por el fallecimiento de Jeanty Fils-Aimé y de Solain Pie o Solain Pierre o Solange Pierre. Además en distintas Resoluciones, en razón de la situación particular de los beneficiarios, la Corte progresivamente fue levantando las medidas, ya que no surgía la permanencia de la extrema gravedad y urgencia para derivar daños irreparables a dichas personas. Finalmente, en su Resolución de 7 de septiembre de 2012 la Corte resolvió el [l]evantar las medidas provisionales, ya que no concurrían todos los requisitos exigidos en los artículos 63.2 de la Convención y 27 del Reglamento, en relación con todas las personas hasta entonces beneficiarias, y archivar el expediente respectivo. III COMPETENCIA 23. La Corte Interamericana es competente, en los términos del artículo 62.3 de la Convención, para conocer el presente caso, en razón de que la República Dominicana es Estado Parte de la Convención Americana desde el 19 de abril de 1978 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 25 de marzo de Las objeciones del Estado sobre la competencia ratione temporis de la Corte respecto a algunos de los hechos del presente caso, se analizarán en el siguiente capítulo. IV EXCEPCIONES PRELIMINARES 24. El Estado interpuso tres excepciones preliminares sobre: a) la alegada falta de agotamiento de recursos internos; b) la aducida incompetencia de la Corte ratione temporis respecto a determinados hechos y actos, y c) su invocada incompetencia parcial ratione personae en relación con los miembros de la familia Jean. A) Excepción preliminar de falta de agotamiento de recursos internos A.1. Argumentos de las partes y de la Comisión 25. El Estado alegó: a) que en el trámite ante la Comisión se incumplió el procedimiento debido respecto al alegato estatal de falta de agotamiento de recursos internos, y b) la existencia de recursos internos efectivos que no se agotaron. En tal sentido, mencionó la existencia del recurso de amparo Debe mencionarse que el Estado afirmó, en sus alegatos finales escritos, que reitera[ba] que los recursos internos disponibles en la época de los presuntos hechos y/o actos previstos por el marco fáctico de la demanda eran: I) la acción de habeas corpus para combatir cualquier atentado al derecho a la libertad personal; II) la acción de amparo para salvaguardar cualquier otro derecho fundamental distinto al de la libertad personal[,] y III) los recursos de la jurisdicción contencioso-administrativa para combatir los alegados actos y decisiones de los agentes de la Dirección General de Migración. No obstante, y siendo coherente [ ] con [su] posición procesal, el Estado sólo present[ó] argumentos en relación con la disponibilidad y efectividad de la acción de amparo en el
14 Al respecto, expresó que la Comisión recibió la petición el 12 de noviembre de 1999 y que por medio del escrito de 8 de agosto de , presentado en el marco del trámite de las medidas provisionales 24, el Estado le indicó que no ha[bían] sido agotados los recursos de la jurisdicción interna [ ] y presentó una certificación al respecto, además en su escrito de contestación precisó [que el amparo] era el recurso interno efectivo 25. Asimismo, señaló en dicho escrito que la Suprema Corte de Justicia [ ] reconoció y reglamentó la acción de amparo, tomando como base el alcance en la jurisdicción interna del artículo 25 de la Convención Americana 26, y que el Congreso Nacional emitió la Ley Nº , de 30 de noviembre de 2006, que establece el recurso de amparo. Agregó, que la Comisión en el Informe de Admisibilidad así como en el Informe de Fondo afirmó que el Estado no opuso la excepción de [falta de] agotamiento de los recursos internos. También señaló que en ningún momento previo al [Informe de Fondo], la Comisión le informó al Estado que los peticionarios habían alegado las excepciones de los artículos 46.2.a y 46.2.b de la Convención, por lo que se trata de un alegato nuevo en el proceso. Por último, en sus alegatos finales escritos, señaló que en las observaciones a las excepciones preliminares la Comisión y los representantes reconoc[ieron] expresamente que el Estado precisó en el momento procesal oportuno que el recurso efectivo disponible era la acción de amparo. 27. Concluyó que no hubo renuncia tácita de la interposición de la excepción preliminar, y que la Comisión inobservó su propio reglamento cuando, sin evaluar [ ] con el rigor debido si los representantes de las [presuntas] víctimas habían interpuesto e inclusive, agotado los recursos internos, admitió la petición relativa al caso. 28. La Comisión observó que República Dominicana se refirió a un escrito presentado ante este Tribunal, en un procedimiento distinto al trámite del caso contencioso, y que el hecho de que hubiera indicado en una comunicación a la Corte, en términos genéricos, que los puntos planteados por el Estado correspondían al análisis del caso contencioso, no eximía al Estado de presentar la excepción de falta de agotamiento de los recursos internos de manera expresa ante la Comisión y con la información necesaria. En la audiencia pública agregó que [e]l Estado [ ] se limitó a invocar la existencia del recurso caso de la especie, cuya falta de agotamiento sustenta la presente excepción. (resaltado en el texto original). De acuerdo a lo expresado por el Estado, la Corte sólo analiza, en relación con la aducida excepción preliminar de falta de agotamiento de recursos internos, los alegatos en relación con la acción de amparo. 23 Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores de República Dominicana. Contestación del Estado a la solicitud de Medidas Cautelares enviada por la Comisión, de 15 de diciembre de Contestación del Estado al traslado del caso de 8 de agosto de Nota No. DEI , 7 de diciembre de 1999 (Expediente de anexos al Informe de Fondo, anexo 1, fs. 6 a 25). 24 Dicho documento se encontraba en el expediente tramitado ante la Comisión, el cual fue remitido por ésta a la Corte. El Estado explicó que en el marco de la primera audiencia pública celebrada en la Corte [ ] para conocer de [las medidas provisionales relacionadas al caso] depositó un escrito de 8 de agosto de 2000 en el cual precisó, refiriéndose al requisito del agotamiento previo de los recursos internos que la Suprema Corte de Justicia reconoc[ió], mediante Sentencia dictada el 24 de febrero de 1999, el recurso de amparo basado en la Convención Americana. Afirmó que en esa oportunidad la Comisión indicó a la Corte que no haga referencia a dicho escrito[, ] ya que este será tratado debidamente dentro del proceso contencioso iniciado ante [ella]. 25 También señaló que [e]l proceso de medidas provisionales y aquel de un caso contencioso [ ] son de naturaleza jurídica y procesal diferente. 26 El Estado, en su contestación, informó que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia había sido dictada el 24 de febrero de Argumentó además que más recientemente en el marco de la modificación constitucional de 2010, el Poder Legislativo sancionó la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y Procedimientos Constitucionales No del 13 de junio de 2011 [ en donde se] habilitan nuevos tipos de recursos de amparo, como son el amparo de cumplimiento, amparo colectivo y amparo electoral.
15 15 de amparo sin precisar de qué forma pudiera haber sido interpuesto por las víctimas deportadas de facto en la situación ya conocida. 29. Los representantes expresaron que en el mencionado escrito de 8 de agosto de 2000 del Estado no indicó cuál sería el recurso adecuado que alegadamente no se habría agotado, ni se refirió a su disponibilidad, idoneidad o efectividad, por lo que el alegato no se hizo en forma adecuada y que, en todo caso, ese escrito fue presentado en un proceso distinto a este y por lo tanto, ese alegato no debe ser tomado en cuenta. Agregaron que la excepción al agotamiento de los recursos internos contenida en el artículo 46.2.b de la Convención [ ] es aplicable a este caso, debido a que las [presuntas] víctimas estuvieron formal y materialmente impedidas de acceder a los recursos del derecho interno, debido a que fueron expulsadas o deportadas sin orden judicial, por lo que no existía decisión judicial que impugnar, y aunado a esto, fuera del territorio dominicano no tuvieron acceso a un recurso efectivo. A.2. Consideraciones de la Corte 30. El artículo 46.1.a) de la Convención ordena que para que una petición o comunicación presentada ante la Comisión sea admisible es necesario que se hayan interpuesto y agotado los recursos de la jurisdicción interna, según los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos. Esta regla está concebida en interés del Estado, a fin de permitirle resolver el problema en el ámbito interno antes de verse enfrentado a un proceso internacional 27. Lo anterior significa que no sólo deben existir formalmente esos recursos, sino también deben ser adecuados y efectivos 28, como resulta de las excepciones contempladas en el artículo 46.2 de la Convención 29. Al haber alegado la falta de agotamiento de los recursos internos, corresponde al Estado señalar en esa debida oportunidad los recursos que deben agotarse y su efectividad; no es tarea de la Corte, ni de la Comisión, identificar ex officio cuáles son los recursos internos pendientes de agotamiento, y no compete a los órganos internacionales subsanar la falta de precisión de los alegatos del Estado 30. De lo anterior se desprende que la invocación por el Estado de la existencia de un recurso interno no agotado debe no sólo ser oportuna, sino también clara, identificando el recurso en cuestión y también cómo el mismo, en el caso, sería adecuado y efectivo para proteger a las personas en la situación que se hubiere denunciado. 31. En el trámite previo a la decisión de admisibilidad del presente caso, la Comisión no distinguió el procedimiento de admisibilidad del caso de los trámites de medidas cautelares y provisionales; es más, del Informe de Admisibilidad no surgen otros antecedentes de esa decisión que sean distintos a tales trámites. Por otra parte, el escrito 27 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de Serie C No. 4, párr. 61; Caso Mejía Idrovo Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 5 de julio de Serie C No. 228, párr. 27, y Caso Liakat Ali Alibux Vs. Suriname. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 19 de mayo de Serie C No. 277, párr Esto significa, por una parte, que la función del recurso en cuestión, dentro del sistema del Derecho interno, sea idónea para proteger la situación jurídica infringida. En todos los ordenamientos internos existen múltiples recursos, pero no todos son aplicables en todas las circunstancias. Si, en un caso específico, el recurso no es adecuado, es obvio que no hay que agotarlo. Un recurso debe ser, además, eficaz, es decir, capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido. Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia del 29 de julio de Serie C No. 4, párr. 64 y 66, y Caso Memolí Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 22 de agosto de Serie C No. 265, párr Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo, párr. 63, y Caso Memolí Vs. Argentina, párr Cfr. Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de Serie C No. 197, párr. 23, y Caso Liakat Ali Alibux Vs. Suriname, párr. 16.
16 16 de 8 de agosto de 2000 sobre el que el Estado sustenta su argumento, integra la totalidad del expediente ante la Comisión cuya copia, como señala el escrito de sometimiento, fue remitida a la Corte. Además, la Comisión había expresado que el escrito mencionado ser[ía] tratado debidamente dentro del proceso contencioso iniciado ante la Comisión 31. Por ello, aunque las partes y la Comisión son contestes en señalar que el trámite de medidas provisionales es distinto al del caso contencioso (supra párrs. 28 y 29, e infra nota a pie de página 42), lo que a su vez, en términos generales, es acorde a la jurisprudencia del Tribunal 32, en las circunstancias concretas de este caso, ello, en sí mismo, no es suficiente para colegir que el Estado no presentó la excepción de falta de agotamiento de recursos internos en forma oportuna. 32. No obstante lo anterior, la Corte advierte, por un lado, que en su escrito de 8 de agosto de 2000, el Estado adujo que las presuntas víctimas no habían agotado los procedimientos internos y señaló que el recurso disponible era la acción de amparo. Pese a ello, más allá de hacer esa mención, República Dominicana no formuló en esa oportunidad explicaciones sobre la supuesta idoneidad y efectividad del recurso de amparo a la luz de los hechos del presente caso. 33. Por otro lado, en dicho escrito no afirmó, ni lo hizo posteriormente, que se hubieren incoado procedimientos de expulsión, en relación con los hechos atinentes a las presuntas víctimas. Ello es consistente con la negación del Estado de que tales hechos de expulsión o deportación realmente hubieran tenido lugar. De modo contrario a República Dominicana, los representantes y la Comisión alegaron que las expulsiones o deportaciones sí sucedieron, y que se llevaron a cabo sin un debido proceso de expulsión que permitiera la interposición de un recurso efectivo por parte de las presuntas víctimas, quienes de acuerdo a los hechos alegados fueron deportadas de forma sumaria a Haití. Este Tribunal considera que no resulta posible analizar la alegada excepción falta de agotamiento de los recursos internos en relación con el recurso de amparo, pues las controversias planteadas no son susceptibles de ser resueltas en forma preliminar, sino que se vinculan al fondo del asunto Por lo expuesto, la Corte desestima la excepción preliminar de falta de agotamiento de recursos internos interpuesta por el Estado. 31 La Comisión hizo esta aseveración al presentar ante la Corte, durante el trámite de las medidas provisionales, observaciones al referido escrito de 8 de agosto de Al igual que tal escrito, tales observaciones de la Comisión fueron remitidas a la Corte durante el trámite del caso contencioso ante este Tribunal, pues se encuentran incorporadas al expediente del trámite contencioso del caso ante la Comisión, que fue allegado a la Corte. (Cfr. Expediente ante la Comisión, fs. 835 a 837). 32 La Corte ha expresado que el objeto de[l] procedimiento de [medidas provisionales es de] naturaleza incidental, cautelar y tutelar, es distinto al objeto de un caso contencioso propiamente dicho, tanto en los aspectos procesales como de valoración de la prueba y alcances de las decisiones. Por ende, los alegatos, fundamentos de hecho y elementos probatorios ventilados en el marco de las medidas provisionales, si bien pueden tener estrecha relación con los hechos del [ ] caso, no son automáticamente considerados como tales ni como hechos supervinientes (Cfr. Caso Ríos y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de Serie C No. 194, párr. 58). Sin perjuicio de ello, la Corte ha considerado circunstancias en que había coincidencia entre las personas beneficiarias de las medidas provisionales y las presuntas víctimas de un caso contencioso y, además, en que el objeto de las primeras también coincida en varios aspectos con el fondo de la controversia. En ese marco, este Tribunal ha señalado que en lo que corresponda, según hayan sido oportuna, específica y debidamente referidos o identificados por las partes en relación con sus alegatos podía considera[r] parte del acervo probatorio a los escritos y documentación presentados en el procedimiento de medidas provisionales (Cfr. Caso Uzcategui y otros Vs. Venezuela. Fondo y Reparaciones. Sentencia 3 de septiembre de Serie C No. 249, párr. 33). 33 La Corte ha resuelto en el mismo sentido en casos anteriores: cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia del 26 de junio de Serie C No. 1, párr. 94, y Caso Liakat Ali Alibux Vs. Suriname, párr. 21.
17 17 B) Excepción de incompetencia de la Corte ratione temporis B.1. Argumentos de las partes y de la Comisión 35. El Estado, en su contestación, argumentó que aceptó la jurisdicción contenciosa de la Corte el 25 de marzo de 1999 y que dicho acto [ ] ocurrió al menos un (1) año después de la presunta expulsión de Benito Tide Méndez, cuatro (4) años después de la alegada primera deportación del señor Bers[s]on Gelin, casi cinco (5) años después de la supuesta expulsión de [ ] Ana Virginia Nolasco, Ana Lidia Sensión, Reyita Antonia Sensión, y Antonio Sensión y al menos un (1) año después de la presunta primera deportación de los señores Víctor Jean, Marlene Mesidor, M[ar]Kenson Jean, Miguel Jean y Natalie Jean. (Negrilla en el texto original) 36. El Estado puntualizó, además, que los representantes en su escrito de solicitudes y argumentos indicaron en forma explícita, que no someten a la Corte los hechos relativos a la expulsión de Benito Tide porque fueron en Además, señaló que [n]o es cierto que, como afirmaron los representantes, las presuntas víctimas integrantes de la familia Sensión hayan permanecido separados de sus seres queridos por espacio de 8 años. Agregó que Antonio Sensión, Ana Lidia Sensión y Reyita Antonia Sensión poseen sus cédulas de identidad y electoral dominicanas, y que Ana Virginia Nolasco (en adelante también señora Nolasco o Ana Virginia ) ha podido circular y residir en [República Dominicana] gracias a los efectos legales de los salvoconductos otorgados por el [Estado] en 2002, renovados en 2012 y vigentes [al 10 de febrero de 2013]. 37. El Estado manifestó que no sólo la derogación excepcional al principio de irretroactividad de los tratados es inaplicable en este caso, sino que el marco fáctico de la demanda alega sólo la ocurrencia de actos de carácter instantáneo cuyo principio de ejecución habría acaecido y consumado previo al 25 de marzo de La Comisión alegó que las violaciones de derechos humanos establecidos en este caso permanecen en la impunidad. Agregó que existen acciones y omisiones estatales posteriores [al reconocimiento de competencia] que determinan la continuidad de la violación del derecho a la nacionalidad y de la injerencia arbitraria en la vida familiar. Vinculó la imposibilidad de retorno de algunas presuntas víctimas a condiciones estructurales de discriminación que hacen que tengan temor de volver a República Dominicana, y que ello es una situación que continuó después de las expulsiones. Afirmó, en su escrito de observaciones a las excepciones preliminares, que los efectos de las expulsiones de la señora Nolasco y Ana Lidia Sensión y Reyita Antonia Sensión se proyectaron después del 25 de marzo de 1999, pues la reunificación familiar y el regreso a territorio dominicano fue en No obstante, en la audiencia pública no se refirió a efectos, sino a continuidad, indicando que la[s] deportaci[o]n[es] sirvi[eron] como principio de ejecución, pero las relaciones continuaron después de la aceptación de competencia. También dijo en esa oportunidad que el hecho de que alguna situación fáctica tenga principio de ejecución antes de la aceptación de [ ] competencia, no implica sustraer a las personas de la protección de [la] Corte frente a acciones u omisiones posteriores[. E]xisten hechos posteriores que constituyen violaciones autónomas. 39. Los representantes coincidieron en lo sustancial con la Comisión. Indicaron, no obstante, que no somete[n] a la consideración de la Corte los hechos relativos a la expulsión del señor Benito Tide Méndez, debido a que estos ocurrieron en 1998, y aclararon que tales alegados hechos no continuaron luego de que [la] Corte adquirió competencia. Además, al igual que la Comisión, se refirieron tanto a la continuidad de los hechos como a sus efectos. En tal sentido, por una parte, señalaron, en relación con
18 18 la señora Nolasco y Ana Lidia y Reyita Antonia Sensión, que los hechos, si bien comenzaron a ocurrir antes del 25 de marzo de 1999, continuaron ocurriendo hasta el año Por otra parte, adujeron que en el caso de la familia Sensión [ ] los efectos de la expulsión permanecieron en el tiempo, en el sentido de que la señora Sensión y sus hijas no pudieron volver a República Dominicana por [ ] 8 años y permanecieron separadas del señor Sensión por todo es[e] tiempo, entonces [ ] se da una violación continuada [ ] del derecho a la familia. A diferencia de la Comisión, no refirieron, en relación con la excepción de falta de competencia temporal, a la aducida impunidad. B.2. Consideraciones de la Corte 40. El Estado depositó el documento de ratificación de la Convención Americana ante la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos el 19 de abril de 1978, y el tratado entró en vigor el 18 de julio de ese año. El Estado reconoció la competencia de la Corte el 25 de marzo Con base en ello y en el principio de irretroactividad, codificado en el artículo 28 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, la Corte puede conocer de los actos o hechos acaecidos con posterioridad a la aceptación de su competencia, inclusive aquellos cuya ejecución sea continuada o permanente 34 y hubieran comenzado antes de ese momento. 41. Dicho lo anterior, debe analizarse lo señalado por la Comisión en cuanto a la impunidad en la que permanecerían las aducidas violaciones a derechos humanos, inclusive las vinculadas con hechos de expulsiones o deportaciones que habrían sucedido antes del 25 de marzo de Al respecto, la Corte ha indicado que, aún cuando una obligación estatal se refiera a hechos sucedidos con anterioridad a la fecha del reconocimiento de la competencia respectiva, el análisis de si esa obligación fue observada o no por el Estado puede realizarse por el Tribunal a partir de dicha fecha. Es decir, la Corte puede efectuar el examen indicado en la medida en que ello sea factible a partir de hechos independientes acaecidos dentro del límite temporal de su competencia La Corte hace notar que la Comisión no identificó hechos independientes sucedidos luego del 25 de marzo de 1999, sino que se refirió, en forma genérica, a pautas jurisprudenciales sobre la obligación de los Estados de actuar con la debida diligencia frente a violaciones a derechos humanos, incluyendo en ella el deber de investiga[r], y no adujo más fundamentación que la mención de tales antecedentes. En particular, no explicó por qué, de acuerdo al derecho internacional o nacional aplicable, habría surgido para el Estado un deber de investigar los hechos alegados en el caso presente. Tampoco señaló que hubiera existido, ni con anterioridad ni posterioridad al 25 de marzo de 1999, actuaciones referidas a la investigación de los hechos, o denuncias con tal fin, o cualquier otro acto u hecho vinculado a ello. Por lo anterior, la Corte no puede considerar, a efectos de determinar su competencia temporal, la alegada impunidad de los hechos del caso. Dado que lo dicho es común a todos los aducidos hechos de expulsión, tanto los que habrían ocurrido antes del 25 de marzo de 1999 como los que habrían sucedido con posterioridad, este Tribunal tampoco tendrá en cuenta la aducida impunidad en el examen de fondo sobre las violaciones alegadas en relación con hechos sobre los que tiene competencia. 34 Cfr. Caso Blake Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares. Sentencia de 2 de julio de Serie C No. 27, párr. 40, y Caso Osorio Rivera y Familiares Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de Serie C No. 274, párr Caso García Lucero y otras Vs. Chile. Excepción Preliminar, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 28 de agosto de Serie C No. 267, párr. 30.
19 Sentado lo anterior, cabe observar que las expulsiones aducidas en el caso son hechos cuya ejecución concluye con la materialización de los mismos; es decir, con la concreción, por orden o imposición de funcionarios o autoridades estatales, del traslado de la persona en cuestión fuera del territorio del Estado. Las secuelas o efectos de tales actos no equivalen al carácter continuado de éstos, por lo que la Corte no puede conocer de los mismos 36, a menos que constituyan hechos independientes que configuren la vulneración de otros derechos convencionales. 44. Dado lo anterior, los siguientes hechos y efectos no serán examinados por la Corte, siendo que se encuentran fuera de su competencia temporal y tampoco fueron sometidos a su conocimiento: a) los hechos referentes a la alegada expulsión de Benito Tide Méndez del territorio dominicano que habría sucedido en 1998, ni sus efectos 37 ; b) los hechos referentes a la alegada expulsión de Bersson Gelin que habría ocurrido en 1995, ni sus efectos; c) los hechos referentes a la detención y expulsión de Ana Virginia Nolasco, Ana Lidia Sensión y Reyita Antonia Sensión, que habrían ocurrido en el año , y 36 Cfr. en el mismo sentido, Caso Alfonso Martin del Campo Dodd Vs. México. Excepciones Preliminares. Sentencia de 3 de septiembre de Serie C No. 113, párr. 78, y Caso García Lucero y otras Vs. Chile, párr Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión, en el Informe de Fondo, señaló dentro de los hechos, el trámite que el señor Tide habría realizado en 2007 para reemplazar su cédula dominicana, y vinculó los mismos con la aducida vulneración de derechos a la personalidad jurídica, a la nacionalidad y a la igualdad ante la ley. Sobre estos hechos, la Corte sí tendría competencia temporal para conocerlos. No obstante, por razones de economía procesal, es conveniente adelantar que no existe prueba de tal hecho, que fue sustentado por la Comisión considerando las observaciones sobre el fondo presentadas por los representantes [ante la Comisión que e]l Estado no controvirtió. Por otra parte, surge prima facie que tales hechos, en forma aislada, sólo describen un trámite emprendido por el señor Tide (cuya conclusión no consta), por lo que no son susceptibles de evidenciar afectaciones a derechos convencionales. En efecto, los mismos señalan que Benito Tide Méndez había perdido su cédula dominicana, que intentó reemplazar[la] y que autoridades dominicanas se habrían negado, pues le informaron que debía acudir a la Junta Central Electoral dado que se encontraba bajo investigación. Respecto a lo anterior, la Comisión evaluó que los trámites realizados [por Benito Tide Méndez] para contar nuevamente con su documentación contaron con varios obstáculos y requisitos adicionales y se habría negado la documentación, en virtud de una investigación en curso. Como se advierte de lo dicho, la Comisión no afirmó de modo conclusivo, sino sólo potencial, que la documentación se habría negado, y no expresó mayores explicaciones que las reseñadas respecto de por qué los supuestos obstáculos y requisitos adicionales o el hecho de la aducida investigación generarían, por sí mismos, afectaciones a derechos convencionales. La Corte considera que de los hechos y consideraciones expuestas, desvinculados de otros hechos relativos a Benito Tide Méndez cuyo análisis este Tribunal no puede efectuar dados los límites de su competencia temporal, se advierte a priori que no es posible desprender vulneraciones a la Convención Americana. Por ende, no resulta necesario analizar tales circunstancias. De tal modo, no es posible que la Corte examine ningún presunto hecho referido al señor Benito Tide. Esto hace, a su vez, que este Tribunal no pueda pronunciarse sobre los familiares del señor Tide, pues las alegaciones a su respecto se sustentan en la vinculación con los supuestos hechos relativos a él. 38 Resulta relevante dejar sentado que no serán objeto de análisis por este Tribunal los alegatos vinculados con la presunta imposibilidad de Ana Lidia Sensión y Reyita Antonia Sensión de presentar su documentación personal a las autoridades, o la supuesta destrucción de la misma. Al respecto, interesa aclarar que en el Informe de Fondo la Comisión determinó que Ana Lidia Sensión y Reyita Antonia Sensión durante su detención arbitraria y expulsión [ ] no tuvieron oportunidad de presentar [su] documentación [o la misma] fue destruida por los oficiales dominicanos y, sobre esa base, concluy[ó] que el Estado violó el derecho a la personalidad jurídica y el derecho a la nacionalidad en su perjuicio. Al someter el caso a la Corte, la Comisión solicitó que este Tribunal declare la violación de esos derechos en perjuicio de las personas referidas. No obstante, en el mismo acto la Comisión indicó que sometía el caso a la Corte solo respecto de los [alegados] hechos y violaciones de derechos humanos en que ha[bría] incurrido el Estado [ ] que han continuado desde la aceptación de la competencia contenciosa del Tribunal el 25 de marzo de Por tal motivo, siendo que la referida destrucción de documentos o imposibilidad de presentarlos se habría producido antes del 25 de marzo de 1999, se trata de hechos que están fuera de la competencia temporal de la Corte y que no fueron sometidos a su conocimiento.
20 20 d) los hechos alegados respecto a la expulsión de Víctor Jean que habría ocurrido en La Corte, por el contrario, es competente para pronunciarse sobre hechos que, según fue señalado en el Informe de Fondo, ocurrieron con posterioridad al 25 de marzo de Por lo tanto, el Tribunal examinará los hechos acaecidos con posterioridad al reconocimiento de competencia contenciosa de la Corte por parte de República Dominicana, los cuales constituyen hechos independientes que podrían configurar violaciones autónomas Consecuentemente, la Corte admite parcialmente la excepción preliminar de falta de competencia temporal, en los términos expresados anteriormente. 48. Por otra parte, de acuerdo con el artículo 42.1 del Reglamento, [l]as excepciones preliminares sólo podrán ser opuestas en el escrito [de contestación]. Por lo tanto, los argumentos estatales señalados en sus alegatos finales escritos sobre la presentación de una excepción de competencia ratione temporis respecto de las familias Medina y Fils- Aimé son extemporáneos 40, sin perjuicio de lo cual en lo pertinente serán tenidos en cuenta en el fondo del caso 41. C. Excepción de incompetencia de la Corte ratione personae C.1. Argumentos de las partes y la Comisión 49. El Estado notó que Víctor Jean, así como los miembros de su familia, Marlene Mesidor, Ma[r]kenson Jean, Victoria Jean, Miguel Jean, Nat[ ]alie Jean, Jessica Jean y Víctor Manuel Jean, no fueron identificados por la Comisión Interamericana en el Informe de Admisibilidad 42. Solicitó que, respecto a ellos, se declare inadmisible ratione personae la demanda. Afirmó que presentar a los miembros de la familia Jean como presuntas víctimas viola el derecho de defensa del Estado y el principio de igualdad procesal, puesto que éste careció de la oportunidad procesal correspondiente para defenderse sobre el caso [de] la familia Jean. Agregó que el Estado debe tener 39 Cfr. Caso Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Excepciones Preliminares. Sentencia de 23 de noviembre de Serie C No. 118, párr. 84, y Caso García Lucero y otras Vs. Chile, párr El Estado explicó que dado que la última referencia temporal fue hecha recién en la audiencia pública, no presentó la excepción en su contestación, y por tal motivo la presentó en sus alegatos finales escritos, acto qué, según dijo, es el momento procesal oportuno [ ] según [el] artículo 57.2 del Reglamento de la Corte. 41 La Corte advierte, además, que el Estado no cuestionó que los hechos respectivos, tal como están referidos en el Informe de Fondo, estén fuera de la competencia temporal de la Corte. El Tribunal considerará los hechos comprendidos en marco fáctico del caso, en los límites de su competencia temporal, y de conformidad a la prueba existente sobre los mismos. 42 Adujo el Estado, indicando lo afirmado en el Informe de Fondo, que la Comisión tuvo en cuenta, para tener a dichas personas como víctimas, la posición adoptada por el Estado en el curso del proceso de solución amistosa y las medidas provisionales (en el párrafo 109 del Informe de Fondo se señala que la familia Jean fue considerada como víctima del caso por ambas partes durante el proceso de solución amistosa, y que el Estado les otorgó salvoconductos en el contexto de la implementación de las medidas provisionales ). El Estado rechazó lo anterior expresando que: a) el proceso de solución amistosa no concluyó satisfactoriamente, y que b) [e]l proceso de medidas provisionales y aquel de un caso contencioso, aunque se pueden entrecruzar, son de naturaleza jurídica y procesal diferente, ya que sus objetivos convencionales así lo indican. Respecto a lo primero manifestó que la Corte en el párrafo 124 de su Sentencia sobre el caso Abrill Alosilla dijo: no toda posición adoptada [ ] ante la Comisión genera [ ] un reconocimiento de hechos o de responsabilidad.
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