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Timestamp: 2019-12-08 21:43:00
Document Index: 373081457

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 37', 'artículo 15', 'artículo 193', 'artículo 126', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8']

BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 559, de 14/11/2014
cve: BOCG-10-D-559
162/001075 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre las medidas para dar transparencia a los gastos de representación en las entidades financieras ... (Página3)
162/001076 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre el acceso de trabajadores de distintas Comunidades Autónomas a la formación profesional para el empleo ... (Página4)
162/001077 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre la necesidad urgente de rescatar el Sistema de Atención a la Dependencia ... (Página6)
162/001078 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación de un registro de personas condenadas por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata y explotación de menores ... (Página8)
162/001079 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la creación de un Tribunal Penal Internacional (TPI) para la República Democrática del Congo ... (Página9)
162/001080 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre supresión de los aforamientos políticos ... (Página11)
162/001081 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre un Plan de lucha contra la corrupción y por la calidad democrática ... (Página12)
232/000017 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 55/2012, promovido por el Presidente del Gobierno, contra el artículo único, apartado cuatro, de la Ley Foral 7/2011, de 24 de marzo, por la que se modifica el texto refundido del Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra en la redacción dada a los artículos 109, 114, 115, 116 y 117 y disposiciones transitoria primera y adicional única del Texto refundido modificado ... (Página17)
232/000326 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 1528/2011, interpuesto por el Presidente del Gobierno contra el artículo 8.2, primer párrafo, de la Ley Foral 12/2010, de 11 de junio, por la que se adaptan a la Comunidad Foral de Navarra las medidas extraordinarias para la reducción del déficit público ... (Página18)
120/000021 Proposición de Ley de la auditoría del déficit del sector eléctrico. Prórroga del plazo para la recogida de firmas ... (Página19)
120/000022 Proposición de Ley por la Renta Básica Estatal. Prórroga del plazo para la recogida de firmas ... (Página19)
120/000031 Acuerdo de la Mesa de la Cámara admitiendo el escrito presentado por don Luis Cayo Pérez Bueno, por el que se ejercita el trámite inicial de la iniciativa legislativa popular de modificación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, en materia de participación en el coste de las prestaciones y servicios de las personas beneficiarias ... (Página20)
292/000045 Convocatoria interna de 23 de julio de 2014 para la provisión, en régimen de contratación laboral, de dos plazas de Guía con destino en la Dirección de Relaciones Institucionales del Congreso de los Diputados. Relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos... (Página20)
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
162/001075
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre las medidas para dar transparencia a los gastos de representación en las entidades financieras, para su debate en Pleno.
La crisis que ha asolado la economía durante los últimos años ha puesto de manifiesto que el perfil de riesgo que las entidades financieras tenían era muy superior a lo deseable desde el punto de vista de la prudencia. Uno de los factores que influyó en el posicionamiento de las entidades hacia ese perfil más tendente al riesgo fue el hecho de que el sistema de remuneración de los altos cargos, así como de los empleados cuya actividad más incidía en el perfil de riesgo, no estaba convenientemente diseñado para evitar la tendencia a tomar posicionamientos con más riesgo (que llevaron a la desaparición o reestructuración de muchas entidades). Como bien es sabido, la reestructuración y saneamiento del sistema financiero en su conjunto, y del español en particular, ha acarreado unos costes multimillonarios a las arcas públicas y, por lo tanto, a la sociedad en su conjunto.
Con el fin de evitar estas situaciones en el futuro, la normativa europea se ha modificado, regulando el sistema de remuneración de los altos cargos y del personal cuya actividad pueda incidir de manera importante en el perfil de riesgo de las entidades. Se trata de prevenir que la remuneración que reciba un empleado incentive que se tomen posicionamientos más agresivos desde un punto de vista del riesgo, buscando rentabilidad a corto plazo, pero poniendo en riesgo la rentabilidad e incluso la supervivencia de la entidad en el largo plazo. Esta normativa impone ciertas restricciones a las cuantías de remuneración variable sobre la fija, así como la forma y límites en su percepción (diferimientos, cláusulas claw back, etc.). También incluye una mayor transparencia, en cuanto que obliga a la publicación de ciertas variables. Dicha regulación está contemplada en el Reglamento 575/2013 de la UE, en la Directiva 2013/36/EU, así como en la adaptación de dicha directiva al ordenamiento español a través de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. Adicionalmente, existen guías publicadas por la Autoridad Bancaria Europea al respecto.
No obstante, la experiencia ha demostrado que algunas conductas poco éticas pueden llevar en la práctica a remunerar a los altos cargos de las entidades al margen del sistema ordinario de remuneración, quedando estas cantidades fuera del control que proporcionan los requisitos, límites y condicionantes que impone la normativa anteriormente mencionada. Algunas de estas prácticas consisten en amparar, bajo el concepto denominado gastos de representación, gastos que nada tienen que ver con la representación de la entidad, sino con remuneraciones opacas a altos cargos de las entidades. Los gastos de representación constituyen una partida esencial en la actividad de cualquier empresa, y están
destinados a permitir que se represente a la entidad ante clientes, proveedores y público en general. En ningún caso deben constituir una remuneración para el que hace uso de ellos, ya que la finalidad no es aumentar la renta y el patrimonio del mismo, sino que se enmarcan dentro del protocolo comercial y las relaciones públicas.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a dar más transparencia a los gastos de representación en las Entidades Financieras, obligando a hacer público y detallar en las cuentas anuales su importe dentro de la partida "Otros gastos generales de administración"."
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de noviembre de 2014.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
162/001076
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el acceso de trabajadores de distintas Comunidades Autónomas a la formación profesional para el empleo, para su debate en Pleno.
La Ley 56/2003, de Empleo, señala como primer objetivo de la política de empleo "garantizar la efectiva igualdad de oportunidades y la no discriminación, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 9.2 de la Constitución Española, en el acceso al empleo y en las acciones orientadas a conseguirlo". Junto a él, también se establecen otros objetivos destacados como "mantener la unidad del mercado de trabajo en todo el territorio estatal" o "asegurar la libre circulación de los trabajadores y facilitar la movilidad geográfica, tanto en el ámbito estatal como en el europeo, de quienes desean trasladarse por razones de empleo". En el ámbito concreto de la formación para el empleo, el Real Decreto 395/2007 establece como principios que rigen el subsistema de formación profesional para el empleo, entre otros, la unidad de mercado de trabajo, la libre circulación de los trabajadores en el desarrollo de las acciones formativas y la colaboración y coordinación entre las Administraciones competentes.
Sin embargo, actualmente resulta difícil para un trabajador ocupado o desempleado el participar en acciones formativas organizadas por Comunidades Autónomas distintas de la suya. Cada servicio de empleo autonómico ofrece a los demandantes de empleo que tiene inscritos en sus registros sus propias acciones formativas autonómicas y, como máximo, las organizadas por el Estado en su ámbito territorial a través de la Fundación Tripartita. La información presencial o telemática sobre acciones formativas en otras Comunidades es inexistente o se limita, como mucho, a un enlace web al buscador de acciones formativas que aparece en la web del Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE). Sin embargo, una sencilla exploración de este buscador del SEPE permite comprobar que incluye un limitadísimo número de cursos de formación para unas pocas provincias, con lo cual no refleja, ni de lejos, todas las posibilidades formativas que legalmente deberían ser accesibles para los trabajadores españoles independientemente de su lugar de residencia.
Esta situación también contraviene lo previsto en la Ley 56/2003, de Empleo, en cuanto a principios de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Empleo, ya que en su artículo 9 se postula la "transparencia en el funcionamiento del mercado de trabajo y el establecimiento de las políticas necesarias para asegurar la libre circulación de trabajadores por razones de empleo o formación" teniendo en cuenta, como elementos esenciales para garantizar este principio "la integración, compatibilidad y coordinación de los sistemas de información en un sistema de información común". Esta misma legislatura se estableció en este aspecto, a instancias de UPyD, la creación de "una base de datos común, Portal Único de Empleo, que posibilite la difusión de las ofertas, demandas de empleo
y oportunidades de formación existentes en todo el territorio del Estado, así como en el resto de los países del Espacio Económico Europeo".
Recientemente, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social presentó el portal www.empleate.es como concreción de esta obligación de crear un Portal Único de Empleo. Además de unas fuertes limitaciones en lo que respecta a ofertas de empleo, llama la atención que este portal no parece incluir oportunidades de formación, lo que, sumado a la ineficacia del buscador de la web www.sepe.es deja a los trabajadores interesados en formarse ante la disyuntiva de descartar de entrada los cursos de otras Comunidades o emprender una ardua búsqueda personal por las web de los distintos servicios autonómicos. Y, si finalmente logran identificar acciones formativas de su interés, queda la incógnita de si el servicio de empleo de turno estará dispuesto a dejar inscribirse en un curso propio a demandantes de empleo de otras Comunidades. Como nada está previsto reglamentariamente, los trabajadores quedan al arbitrio del servicio de empleo autonómico que organice la acción formativa.
Esta falta de coordinación y transparencia en la formación para el empleo genera la pérdida de oportunidades de formación para los trabajadores y de un mayor aprovechamiento de los recursos públicos para el Sistema Nacional de Empleo. Especialmente en zonas limítrofes, la inclusión de trabajadores de otras Comunidades en una acción de formación permitiría aprovechar mejor los cursos que se organizan, completar grupos nuevos y, sobre todo, dar a los ciudadanos acceso a la formación que más les interese. No son escasos los ejemplos de zonas limítrofes entre Comunidades que comparten importantes actividades económicas asociadas a clústeres industriales (corredor del Henares, por ejemplo), zonas turísticas (costa mediterránea) o complejos agroalimentarios asociados a áreas de regadío (Canal de Aragón y Cataluña). Estas zonas limítrofes con estructuras productivas análogas tienen las mismas necesidades de formación para el empleo, ya que demandan los mismos perfiles profesionales. Poner en común los recursos formativos de los servicios públicos de empleo competentes en cada Comunidad Autónoma sería lo más eficiente en estos casos.
Es el Gobierno de España, a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), quien debe revertir esta situación de segmentación en la oferta de formación para el empleo, ya que la antedicha Ley de Empleo incluye entre las competencias del SEPE "coordinar e impulsar acciones de movilidad en el ámbito estatal y europeo" y "gestionar las acciones y medidas financiadas con cargo a la reserva de crédito establecida en su presupuesto de gastos", tales como "acciones y medidas cuya ejecución afecte a un ámbito geográfico superior al de una Comunidad Autónoma, cuando estas exijan la movilidad geográfica de las personas desempleadas o trabajadoras participantes en las mismas a otra Comunidad Autónoma distinta a la suya, o a otro país y precisen de una coordinación unificada". En este sentido, el Gobierno debería regular reglamentariamente el acceso de demandantes de empleo de una Comunidad Autónoma a acciones formativas de otra Comunidad. Así mismo, el SEPE debería asumir los costes de la formación del trabajador en estos casos, transfiriendo fondos finalistas a las Comunidades Autónomas, una vez que estas acrediten la participación de esos trabajadores en sus acciones formativas. Finalmente, el SEPE debería mejorar considerablemente la información sobre formación para el empleo que ofrece en su web, de manera que se cumpla efectivamente la previsión legal de creación de un Portal Único de Empleo, ofreciendo a los trabajadores el acceso a las oportunidades de formación que los servicios de empleo organizan en toda España.
1. Mejore los servicios públicos de empleo, garantizando la posibilidad de que un desempleado pueda participar en actividades de formación de Comunidades Autónomas distintas a la suya.
2. Concentre en una web toda la información sobre oportunidades de formación para el empleo, hoy dispersa en numerosas páginas web estatales y autonómicas.
3. Regule reglamentariamente el acceso de demandantes de empleo de una Comunidad Autónoma a acciones formativas de otra.
4. Asuma, a través del SEPE, los costes de la formación del trabajador en estos casos, transfiriendo los fondos a las Comunidades Autónomas una vez que estas acrediten la participación de esos trabajadores en sus acciones formativas."
162/001077
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la necesidad urgente de rescatar el Sistema de Atención a la Dependencia, para su debate en Pleno.
El sistema sanitario, así como el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), están en retroceso, cuando no, en clara fase de demolición, según señalan diferentes expertos, así como directores y gerentes de servicios sociales.
Especialistas y expertos en servicios sociales de toda España señalan que los recurrentes mensajes triunfalistas que se lanzan desde el IMSERSO sobre la reducción significativa del número de personas con derecho reconocido en espera de recibir prestaciones son poco ajustados a la realidad pese a que las cifras, a priori, puedan señalar ese descenso. Según la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales la argumentación del IMSERSO y del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se refuta de manera simple ya que el descenso de la lista de espera no se ha producido por un incremento de las atenciones a personas con derechos reconocidos por la Ley de Dependencia.
En diciembre de 2011 el número de personas a la espera de recibir su prestación, ya reconocida por las administraciones, ascendía a 305.941 personas, en 2012 era de 231.119 personas y al cierre del año 2013 esta cuantía ascendía a 190.503 personas, es decir, una reducción de más de 115.000 personas en apenas dos años. Sin embargo, el descenso de la cifra de personas a la espera de recibir prestación no se ha compensado con el número de personas que reciben estas prestaciones puesto que para el año 2011, 2012 y 2013 la cantidad de personas que recibían prestaciones por dependencia era de 738.587, 751.551 y 753.842 respectivamente, es decir, en los últimos tres años el número de beneficiarios totales del SAAD apenas ha superado los 750.000 beneficiarios mientras que las colas de espera para recibir prestaciones por dependencia ha disminuido en más de 115.000 personas. El ritmo de descenso de personas a las que el SAAD atiende en lo que llevamos de año también ratifica esta tendencia. Según las cifras que ha facilitado el Gobierno, en el mes de marzo el SAAD cubrió a un total de 737.120 personas; una cantidad de personas atendidas menor a la existente al inicio de 2014 y que reflejan como el SAAD ha perdido en apenas 3 meses 16.722 personas, lo que supone que cada día, en lo que va de año, se han dejado de atender a más de 180 personas dependientes.
Si para diciembre de 2013 existían un total de 944.345 personas con derecho a prestación por dependencia reconocido, de las cuales 753.842 estaban cubiertas, en marzo de 2014 eran 923.258 las personas dependientes que tenían el derecho reconocido, pero el SAAD solo daba cobertura a 737.120 personas. Un descenso tanto en personas con derecho reconocido, como en el número de personas a las que se les otorga prestaciones por dependencia que se prestan, que desmienten los argumentos triunfalistas que el Gobierno esgrime sobre la gestión del SAAD.
En resumen, estas cifras señalan que el Sistema de Atención a la Dependencia ha dejado a su suerte a más de 115.000 personas, las cuales han fallecido sin recibir prestación alguna pese a que tenían reconocido ese derecho. La no incorporación de estas más de 115.000 personas al SAAD tiene su origen en tres elementos claros: el endurecimiento de los baremos para reconocer el derecho a las prestaciones por dependencia para nuevos solicitantes por parte del anterior Gobierno, la modificación del calendario de aplicación de la Ley de Dependencia aprobada por el Gobierno actual mediante la Resolución de 13 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para la mejora del sistema para la autonomía y atención a la dependencia a raíz de la aprobación del Real Decreto 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, así como la falta de voluntad política desde la Administración General del Estado a la hora de dotar al SAAD de los fondos necesarios para su correcto funcionamiento.
En febrero de 2011 el Boletín Oficial del Estado publicó el Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, un nuevo baremo que posee un impacto directo sobre el número de personas a las que se reconoce como dependientes endureciendo las condiciones de entrada de beneficiarios al SAAD, así como el Grado de dependencia que se les reconoce, haciendo incluso que personas que tienen reconocido un Grado III pasen a un Grado inmediatamente inferior.
Tras las modificaciones llevadas a cabo por el Gobierno en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, que supuso casi una derogación de facto de esta Ley, mediante la aprobación del Real Decreto 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Resolución de 13 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para la mejora del sistema para la autonomía y atención a la dependencia. Una resolución que no mejora el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sino todo lo contrario. En dicha resolución se modifica el calendario de aplicación de la Ley de Dependencia mediante criterios puramente economicistas ya que la resolución ordena que las personas que desde el 1 enero de 2012 que hubieran sido calificadas como dependientes moderados con Grado I y niveles 1 y 2 tendrán derecho a las prestaciones por dicha dependencia a partir del 1 de julio de 2015, es decir, casi 3 años después de que la prestación les fuera reconocida.
En los últimos años se ha constatado una reducción significativa del gasto presupuestario destinado al SAAD por parte de la Administración General del Estado, llegándose, incluso, a incumplir por parte del Gobierno sus obligaciones legales en materia de atención del SAAD. La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia establece tres niveles de financiación por parte de las diferentes administraciones al SAAD: un nivel mínimo a cargo de la Administración General del Estado, un nivel de protección acordado entre la Administración General del Estado y las administraciones autonómicas de acuerdo a los convenios que celebren estas en el seno del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y otro nivel adicional de financiación que establece cada comunidad autónoma. Sin embargo, en los últimos años la Administración General del Estado está obviando los convenios acordados con las CCAA en el seno del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, de manera que el 25% del total de la financiación del SAAD en nuestro país corresponde a la Administración General del Estado, mientras que el 75% restante es aportado por las administraciones autonómicas cuando la Ley establece que la financiación pública del SAAD, debería ser una financiación igualitaria por parte de las administraciones públicas implicadas. Por ejemplo en 2012 el coste total del SAAD fue de 6.566 millones de euros de los que 4.112 correspondían a las CCAA mientras que solo 1.404 provenían de la AGE, siendo el resto aportado por los propios dependientes y otras entidades. Igual sucedió en el ejercicio 2013 en el que de los 6.363 millones totales las CCAA desembolsaron 3.837 millones mientras que la AGE solo abonó 1.317 millones de euros. Unas cifras que quedan lejos de una financiación igualitaria por parte de ambos niveles administrativos y que tiene repercusiones directas sobre el número de personas atendidas por el SAAD así como los servicios a los que los dependientes tienen acceso en función del territorio en el que viven, ya que deja a los beneficiarios del SAAD a la suerte de la inversión que su Ejecutivo autonómico decida realizar en este ámbito. Esto supone, por ejemplo, que un dependiente que reside en las islas Canarias tenga cinco veces menos probabilidad de recibir prestaciones por su dependencia que un ciudadano que viva en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Una quiebra de la cohesión social tan necesaria en estos momentos de crisis económica en el que las personas más frágiles y en riesgo de exclusión social, necesitan el apoyo de las administraciones públicas para salir adelante.
- Derogar el Título III del Real Decreto 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad y que supuso la derogación encubierta de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
- Mejorar la eficacia y la eficiencia en los procesos de valoración de las personas dependientes mediante protocolos homogeneizados para las administraciones responsables, así como llevar a cabo las medidas oportunas para agilizar la concesión de las prestaciones acordes al grado de dependencia concedido, evitando demoras innecesarias para los dependientes."
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2014.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
162/001078
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la creación de un registro de personas condenadas por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata y explotación de menores, para su debate en el Pleno.
De acuerdo con los datos ofrecidos por el Consejo de Europa, uno de cada cinco niños en Europa es víctima de alguna forma de violencia de carácter sexual. Estos datos, lamentablemente, no son un fiel reflejo de la cruda realidad, puesto que gran parte de los abusos sufridos por estos son silenciados o muy difíciles de detectar, bien porque los menores no son conscientes de la gravedad de las conductas sufridas o bien por las coacciones y amenazas recibidas por parte de los autores que aprovechan su superioridad jerárquica y la especial vulnerabilidad de la víctima.
La mayor parte de estas conductas delictivas provienen del entorno más cercano de los menores, ya sea en su ámbito familiar o en el escolar. Ello supone que a las consecuencias negativas del daño sufrido se sume la vulneración de la confianza que dichos menores tienen depositada en los adultos, los cuales son sus referentes y las personas que supuestamente deberían protegerles. Esta situación le genera además sentimientos de miedo, vergüenza o culpabilidad que les imposibilita el desarrollo adecuado de su personalidad.
Es preocupante el aumento de este tipo de conductas delictivas que se está produciendo en centros o instituciones donde los padres piensan que sus hijos están seguros, creando una gran alarma social.
Cualquier abuso sexual supone la violación de un amplio catálogo de derechos humanos, como la integridad física y mental, el derecho a la salud, a la libertad personal y a la no discriminación, entre otros. Sin embargo, en el caso de víctimas menores hay que prestar una mayor atención y poner en marcha cuantas medidas sean necesarias para que la especial indefensión de las víctimas no se traduzca en la inmunidad de los agresores.
El artículo 37.1 del Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual, conocido como el Convenio de Lanzarote, de 25 de octubre de 2007 y ratificado por el Reino de España el 12 de marzo de 2009, con el fin de prevenir la explotación y los abusos sexuales en la infancia, establece que "A efectos de la prevención y enjuiciamiento de los delitos tipificados con arreglo al presente Convenio, cada Parte adoptará las medidas legislativas o de otro tipo que sean necesarias recoger y almacenar, de conformidad con las disposiciones aplicables sobre la protección de datos de carácter personal y otras normas y garantías apropiadas que el derecho interno prevea, los datos
relativos a la identidad y perfil genético (ADN) de las personas condenadas por los delitos tipificados con arreglo al presente Convenio".
Por tanto, el Convenio de Lanzarote insta a los Estados a adoptar las medidas legislativas pertinentes para la recogida y el almacenamiento de datos de personas condenadas por delitos sexuales, con los fines específicos de prevención y enjuiciamiento, respetando la voluntad de los Estados sobre la regulación del registro en función de su legislación interna.
A ello hay que añadir la Directiva 2011/93/UE, de 13 de diciembre, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil que contempla expresamente, en el Considerando 43, que "Los Estados miembros podrán considerar la adopción de medidas administrativas adicionales en relación con los delincuentes, tales como establecer la inscripción de personas condenadas por las infracciones contempladas en la presente Directiva en registros de delincuentes sexuales. El acceso a estos registros debe estar sujeto a limitaciones con arreglo a los principios constitucionales nacionales y las normas aplicables en materia de protección de datos, por ejemplo permitiendo el acceso solamente a las autoridades judiciales o a los cuerpos y fuerzas de seguridad".
La Directiva antes citada se refiere al acceso al registro en el Considerando 41, señalando lo siguiente: "Atendiendo a las distintas tradiciones jurídicas de los Estados miembros, la presente Directiva tiene en cuenta el hecho de que el acceso a los registros de antecedentes penales únicamente puede ser autorizado por las autoridades competentes o la persona interesada. La presente Directiva no establece obligación alguna de modificar los regímenes nacionales aplicables a los registros de antecedentes penales o a las vías de acceso a su contenido".
Finalmente, en esta materia es preciso recordar el principio general establecido en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección jurídica del menor, que también se recoge en el Considerando 2 de la Directiva 2011/93/UE, de 13 de diciembre, que el interés superior de los menores primará sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobiemo a:
1. Impulsar la creación de un registro reservado que contenga los datos de las personas condenadas por delitos de explotación y abuso sexual a menores, cumpliendo, de este modo, el mandato establecido por el Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual.
2. Los datos contenidos en el fichero habrán de limitarse a la identidad y perfil genético de las personas condenadas por los delitos antes citados.
3. La regulación del fichero deberá llevarse a cabo mediante una norma con rango formal de ley al implicar el tratamiento de datos especialmente protegidos sin consentimiento de los afectados.
4. Para la elaboración de este mandato se tendrá siempre en cuenta y se respetará la normativa nacional sobre protección de datos personales, es decir, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal."
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2014.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/001079
Enrique Álvarez Sostres, Diputado de FORO integrado en el Grupo Parlamentario Mixto del Congreso, de acuerdo con lo establecido en el vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la creación de un Tribunal Penal Internacional (TPI) para la República Democrática del Congo, para su debate en Pleno.
El 24 de octubre de 2014 tuvo lugar la ceremonia de los premios Príncipe de Asturias para galardonar a los mejores representantes de la humanidad en las distintas categorías y candidaturas.
Este ha sido el año en que se inaugura el reinado de Felipe VI y esto puede significar una nueva puesta de escena para presentar en el mundo, el papel real de España en la primacía y defensa de los valores éticos y morales. Los premios Princesa de Asturias, que siempre cuentan con la representación del Gobierno de España y del Principado y de altas instituciones del Estado y de la Comunidad Autónoma, deben dar una paso más, superando las meras fórmulas de cortesía imperantes en el acto de entrega, con sus grandes mensajes a la humanidad.
La periodista Caddy Adzuba, Premio "Príncipe de Asturias" de la Concordia, por ser el símbolo de la lucha pacífica contra la violencia que afecta a las mujeres, la pobreza y la discriminación, tras describir los horrorosos crímenes contra la Humanidad que se están cometiendo en su país contra las mujeres y los niños con ocasión de la entrega de dichos premios, hizo esta petición pública ante varios miembros del Gobierno de España, entre ellos la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo:
"España sabrá intervenir con todo su peso ante la comunidad internacional en favor de esas mujeres congoleñas que solo piden poder vivir en paz en su país y satisfacer las necesidades de sus hijos. Esta justicia requiere instituciones fuertes y competentes. Por ello sugerimos que se cree un Tribunal Penal Internacional (TPI) para la República Democrática del Congo como el que se creó para Ruanda. De manera que los crímenes cometidos contra las mujeres congoleñas en estos últimos 18 años no queden impunes, y para reforzar al mismo tiempo el mandato de la Corte Penal Internacional."
El pasado día 29 de octubre, durante la comparecencia ante el Pleno del Congreso de los Diputados del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para dar cuenta de la última cumbre europea, este Diputado pidió al presidente que España lidere la lucha por erradicar la discriminación y violencia contra las mujeres y las minorías étnicas, y la creación de un Tribunal Internacional para el Congo.
Las palabras textuales del Diputado que firma esta PNL fueron las siguientes: "Señor Rajoy, nos alegraría que España liderase en el Consejo de Europa el triunfo del imperio del derecho en materia de derechos humanos, la lucha contra la discriminación, la violencia contra las mujeres y las minorías étnicas. Al igual que pidió a su Gobierno a través de su vicepresidenta, que estaba en los premios Príncipe de Asturias, la periodista Caddy Adzuba, premio de la Concordia, y a través de su boca millones de mujeres, su apoyo para la creación de un Tribunal Penal Internacional para el Congo, yo aprovecho esta ocasión para reiterarle esa petición".
El presidente del Gobierno se comprometió ante la Cámara a elevar esta petición al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El señor Rajoy dijo textualmente: "Señor Sostres, el tema del Congo es muy importante. Nosotros estamos dispuestos a estudiar cualquier propuesta que permita una lucha efectiva contra los crímenes internacionales, y lo haremos también desde nuestra nueva condición de miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas".
Por otro lado, expertos en Derecho Internacional consideran que lo que propone Caddy Adzuba es la creación de un Tribunal Penal Internacional similar al creado en su día para el genocidio de Ruanda. Similar pero no idéntico.
El Tribunal de Ruanda fue un Tribunal ad hoc creado por una Resolución del Consejo de Seguridad y en este caso lo que se trataría es de propiciar un proceso ante un Tribunal permanente que no depende de las Naciones Unidas: la Corte Penal Internacional (CPI), que es una institución permanente e independiente, con competencia para investigar y enjuiciar los crímenes identificados en su Estatuto fundacional (Estatuto de Roma) que hayan sido cometidos por individuos a partir del 1 de julio de 2002.
La CPI tiene competencia, de conformidad con el Estatuto de Roma, respecto de los siguientes crímenes: genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Su sede está en La Haya y su Estatuto ha sido ratificado por 122 Estados, entre ellos la República Democrática del Congo, cuyos ciudadanos y autoridades han sido y son objeto de varios procesos por crímenes de guerra ante la CPI.
El Consejo de Seguridad y cualquier Estado que haya ratificado el Estatuto (y España lo ha hecho) puede(n) requerir (fundada y documentadamente) la intervención de la CPI (en principio, de su Fiscalía), que puede ejercer su jurisdicción si el Estado en cuyo territorio se haya cometido el crimen denunciado ha
suscrito a su vez el Estatuto de Roma (y la República Democrática del Congo lo ha hecho) y siempre y cuando, siguiendo el procedimiento reglamentario, haya una base razonable para iniciar una investigación (que desencadene luego en un proceso).
Es decir, una base razonable que también puede obtenerse de particulares, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y de cualquier otra fuente que se estime fiable. Los particulares y las organizaciones pueden dirigirse directamente a la Fiscalía de la CPI a través de las comunicaciones previstas en el artículo 15 del Estatuto de Roma.
En virtud de lo anteriormente expuesto, y en atención a la urgencia de erradicar los graves hechos denunciados por Caddy Adzuba, se presenta la siguiente
1. Adoptar cuantas iniciativas sean necesarias para promover la creación de un Tribunal Penal Internacional (TPI) para la República Democrática del Congo similar al que se creó para Ruanda.
2. Con el objetivo de reforzar su mandato, propiciar el inicio de un procedimiento ante la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en La Haya, para investigar y enjuiciar los crímenes de genocidio y lesa humanidad cometidos en ese país, evitando que queden impunes."
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de noviembre de 2014.-Enrique Álvarez Sostres, Diputado.-Carlos Casimiro Salvador Armendáriz, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/001080
El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz doña Rosa Díez González y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la supresión de los aforamientos políticos, para su debate en Pleno.
El pasado 19 de mayo del 2013, Unión Progreso y Democracia defendió una Moción consecuencia de interpelación urgente sobre propósitos del Gobierno en relación a las reformas legales necesarias a fin de eliminar distintos supuestos de aforamiento y otros privilegios procesales de políticos y cargos públicos que fue rechazada por el pleno de la Cámara con 19 votos a favor (GP de la Izquierda Plural, GP de Unión Progreso y Democracia, Esquerra Republicana, Na-Bai y Compromís), 184 votos en contra (Grupo Partido Popular, GP catalán CiU, GP Vasco PNV, Foro Asturias y UPN) y 98 abstenciones (Grupo Socialista y BNG).
La aparición diaria de casos de corrupción política confirma que en España la corrupción es sistémica, y se ha convertido en una plaga que ha acabado por contaminar a todas las instituciones del Estado sin excepción. Es imprescindible adoptar sin más dilaciones importantes medidas que sean eficaces para prevenir, combatir y condenar la trama corrupta y a todos los que la organizan y se benefician de ella. Hemos de hacerlo sin dilación, antes de que se ponga en peligro el propio sistema democrático que tanto esfuerzo nos ha costado construir.
Ha llegado el momento de empezar por nosotros mismos.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que promueva una modificación puntual y urgente de los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución Española y de la LOPJ a fin de suprimir todos los supuestos de aforamientos previstos en nuestro ordenamiento jurídico estatal."
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de noviembre de 2014.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia.
162/001081
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA. La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre un Plan de lucha contra la corrupción y por la calidad democrática, para su debate en Pleno.
En las últimas semanas se ha dado a conocer un nuevo caso de corrupción en el marco de la investigación judicial conocida como "Operación Púnica". Se trata de una extensa trama delictiva que afecta a múltiples representantes públicos y miembros de partidos políticos, organizados con el objetivo de robar a las arcas públicas y utilizar su posición en beneficio propio.
Este caso, sumado a los muchos otros conocidos recientemente, pone en evidencia que las prácticas corruptas se habían instalado en nuestro país, por parte de ciertos sectores económicos y políticos, con una extensión e incluso normalidad muy preocupante. En los últimos años hemos podido comprobar como se han visto afectadas personas vinculadas a los diferentes poderes públicos (judicial, legislativo y ejecutivo), a los diferentes niveles institucionales (ayuntamientos, comunidades y gobierno central), e incluso la misma monarquía.
Sin embargo, no debemos quedamos en el lamento y la condena de estos sucesos como si se tratara de una catástrofe natural imprevisible. Es imprescindible analizar qué razones explican que se haya llegado hasta este punto de saqueo y extorsión de las instituciones y finanzas públicas. Si no se cuenta con un buen diagnóstico no se podrán tomar las medidas adecuadas.
Lo cierto es que la multitud de casos aparecidos tienen puntos en común: se trata de sectores económicos, como la banca o las grandes constructoras, que fueron los grandes beneficiados de los años de crecimiento y que alimentaron la burbuja especulativa mientras se enriquecían. Mientras tanto, la legislación laboral, social y ecológica se consideraba una molestia para los negocios, los gobiernos sucesivos eliminaban los mecanismos de control, rebajaban las garantías de interés social y desatendían a los organismos reguladores. Y por supuesto estos casos también comparten unos representantes públicos o dirigentes de partidos que pretendían enriquecerse ellos, o sus partidos, a cambio de allanarles el camino aprovechando su posición de poder y alimentar esa misma estafa que se encuentra en el origen de la crisis económica.
En definitiva, los casos de corrupción que conocemos no se explican sin el modelo económico que ha reinado en los últimos años en España y que nos ha llevado al actual desastre social y político. La corrupción va ligada a falta de ética personal, por supuesto. Pero no se explica sin el extraordinario predominio del poder económico y financiero de los últimos años. Crisis y corrupción forman parte de la misma estafa.
Otro elemento común a todos los casos de corrupción se sitúa en el terreno de la configuración de espacios de poder, que se han perpetuado en el tiempo, que no han contado con elementos de control, ni contrapesos sociales o políticos. Y cuando ello sucede se genera una sensación de impunidad entre quienes ostentan este poder económico y político que les lleva a convertir en normalidad comportamientos faltos de ética, cuando no claramente delictivos.
A esa sensación de impunidad ha contribuido la lentitud en la actuación de los poderes públicos, de los organismos fiscalizadores, de los propios Tribunales de Justicia. La actuación de la Justicia cuando es lenta no es útil, sobre todo si además en ocasiones genera espacios de no responsabilidad provocados por la prescripción de los delitos como consecuencia del paso del tiempo sin haberse cerrado los procesos.
Y en último término también ha contribuido también a esta sensación de impunidad el uso que los poderes públicos han hecho de sus funciones políticas en beneficio de las personas implicadas en estos casos de corrupción. El uso abusivo del indulto para evitar el cumplimiento de determinadas condenas, el uso discrecionalidad de las funciones de los Tribunales en relación a la suspensión de las penas o también la utilización de las prerrogativas de la Administración Penitenciaria han convertido las condenas de los Tribunales en papel mojado.
Por ello la línea divisoria no se encuentra entre política y ciudadanía, si no entre los que, tanto desde la política como desde la economía o la sociedad, corruptos y corruptores, han especulado y robado, por vías legales o ilegales. Una práctica asentada en la sensación de impunidad, omnipotencia y connivencia con el poder. Y por otro lado, una mayoría de la ciudadanía que presencian atónitos el expolio mientras se
recorta servicios públicos y derechos sociales. Por ello no se puede erradicar la corrupción sin un cambio del modelo social y económico impuesto estos años.
Y por supuesto, la corrupción que estamos conociendo también pone en evidencia los graves déficits de nuestro sistema político y democrático opaco, temeroso de la participación ciudadana, desconfiado de los mecanismos de exigencia de rendición de cuentas, acomodado en el compadreo del bipartidismo. Han faltado claramente instrumentos de control y fiscalización, y medidas que permitieran evitar su proliferación. Y han fallado los que ya existían, a menudo por estar infradotados y faltos de los recursos con los que cuentan otras democracias de nuestro entorno.
Por si todo esto fuera poco, a la indignación por la aparición de casos, se ha sumado la decepcionante falta de asunción de responsabilidades políticas, ya no solo de dimisiones, si no incluso de las explicaciones debidas a la ciudadanía en esta cámara. La enorme cantidad de causas abiertas e imputados contrasta con el reducido número de ellos que se encuentran cumpliendo condena. Con todo, el acto más vergonzoso y despreciable hacia la democracia y la ciudadanía son los casos de indulto que se han producido a condenados por corrupción.
Existe la tentación de caer en el fatalismo cultural, como si la existencia de casos de corrupción fuera algo intrínseco a la manera de hacer en nuestro país, y así alimentar la sospecha de que todos son iguales. Se trata de la excusa perfecta del ladrón para justificarse: todos lo hacen. Y no es cierto. La diferencia entre nuestro país y aquellos con menos corrupción se haya en las exigencias, controles y medidas existentes, y en las garantías de su cumplimiento.
En esta misma cámara se han presentado y discutido en innumerables ocasiones propuestas para combatir el problema de la corrupción que han sido ninguneadas. Así mismo cada año el Grupo de Estados Contra la corrupción (GRECO) del Consejo de Europa realiza análisis de la situación en nuestro país como en otros, y apunta recomendaciones que se demoran o se desoyen. Lamentablemente se ha permitido que el escándalo y la irritación ciudadana sobrepasen todos los límites.
Sin duda la corrupción es un síntoma más de la degradación de las instituciones, que están siendo dinamitadas en primer lugar por aquellos que afirman defenderlas. Se evidencia así que más allá de las medidas concretas que se asuman es necesario abrir una nueva etapa o proceso constituyente que cambie profundamente el modelo social, económico y político.
Está en juego la credibilidad de la misma democracia. Es urgente tomar medidas, y medidas que sean ambiciosas e integrales, abarcando los diferentes campos y actores que pueden contribuir a evitar que surja o a atajarla si finalmente aparece. Debemos dotar de mayores recursos y capacidades a los organismos de control (como el Tribunal de Cuentas o los inspectores de hacienda), el reforzamiento de la justicia, un combate específico e integral contra la corrupción urbanística, exigir compromisos concretos de transparencia y ética a los representantes públicos, limitar y controlar la financiación de los partidos políticos, y ampliar los mecanismos de participación, seguimiento y control ciudadano de las decisiones públicas.
Para ello se presenta la siguiente
1. Medidas en el ámbito de la Administración de Justicia.
- Garantizar la autonomía presupuestaria indispensable para que el Poder Judicial disponga de medios necesarios para afrontar con mínimas garantías de éxito la lucha contra la corrupción.
- Incremento inmediato del presupuesto destinado a Justicia, equiparando el número de Jueces y Fiscales en España a la media europea.
- Creación de un cuerpo de peritos contables, integrado por expertos auditores y economistas, a disposición de los juzgados que no sean designados por un órgano público de designación política.
- Dotar a los juzgados de instrucción de los oportunos medios como la asignación de jueces de refuerzo, una mayor dotación de medios personales y materiales, incluyendo la exención de reparto en todo o en parte durante un periodo prudencial. Para asuntos de especial complejidad, a petición del juez, se debe poder articular su asistencia por jueces en prácticas o de apoyo para colaborar en la instrucción de la causa.
- Programas específicos de formación en la tramitación de delitos relacionados con la corrupción (como embargos, ejecuciones anticipadas o subastas); la tramitación urgente de la prolongación de jornada de funcionarios o el nombramiento de funcionarios.
- Creación de un cuerpo de policía judicial, funcional y orgánicamente dependiente del Poder Judicial previsto en el artículo 126 de la Constitución.
- Supresión de los delitos de corrupción como casos a enjuiciar por el jurado popular.
2. Impedir el indulto para casos de corrupción y regulación más restrictiva.
- Modificación de la ley de indulto para que obligue al Gobierno a motivar la concesión de la medida de gracia, que no puedan aprobarse en contra del criterio del tribunal sentenciador y que no se puedan indultar delitos que causen alarma social, como los de corrupción.
- Supresión de la posibilidad que establece el Código Penal de suspender el cumplimiento de las penas por casos de corrupción en caso de que se solicite el indulto.
3. Más recursos para los órganos de control y mayor capacidad sancionadora real.
- Dotar de todos los medios humanos, económicos y materiales necesarios a la Agencia Tributaria del Estado, al Tribunal de Cuentas, al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Banco de España (SEPBLAC), a la Fiscalía Anticorrupción y a las Fiscalías de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas competentes en la materia.
- Reforzamiento de la coordinación entre la Agencia Tributaria del Estado y las Administraciones Autonómicas competentes.
- Establecer mecanismos de sanción directa e imperativa por parte del Tribunal de Cuentas y sus equivalentes autonómicos, entre otras impedir que se hagan efectivas las subvenciones si se incumple la normativa o exigir su retorno a aquellas instituciones, organismos o partidos que incumplan sus deberes de transparencia.
- Reforzamiento de las auditorías y la fiscalización de la gestión de los recursos públicos, que serán obligadas en el caso de procesos judiciales que afecten a la Administración.
4. Impedir que los delitos de corrupción escapen de la justicia.
- Instauración de un nuevo modelo procesal penal, apto y eficaz para combatir las formas de criminalidad del siglo XXI y, especialmente, los complejos casos de delincuencia organizada y corrupción.
- Eliminación del aforamiento.
- Inclusión en el Código Penal del delito de soborno impropio y la financiación ilegal de los partidos políticos. Endurecimiento de las penas por delito fiscal. Establecimiento de penas agravadas cuando el delito se comete a través de la utilización de paraísos fiscales.
- Ampliación de los plazos de prescripción. Simplificación de los procesos y reducción de los plazos de instrucción.
- Medidas efectivas para la recuperación de las cantidades sustraídas, incluyendo las medidas cautelares pertinentes.
- Establecimiento de procedimientos de urgencia en los expedientes judiciales en los que se encuentren imputados cargos públicos.
- Las empresas o particulares condenados por corrupción (así como sus filiales, empresas del mismo grupo o participadas por esta) no podrán contratar con la administración pública durante un período de, al menos, cinco años. Así mismo, prohibición de contratación con las administraciones públicas de empresas que operen o tengan sucursales en paraísos fiscales.
5. Combate específico e integral de la lucha contra la corrupción urbanística.
- Fijar precios máximos a la venta de suelo.
- Incrementar la parte pública, en beneficio del interés general, de las plusvalías generadas por la actuación urbanística que contempla la Ley de Suelo 8/2007, así como a la transparencia, información pública y participación ciudadana en los acuerdos e instrumentos de planeamiento urbanístico, incluyendo los convenios municipales, que han de ser públicos en tiempo real a través de la red.
- Creación efectiva de los Consejos Asesores urbanísticos para formular y plantear criterios y alternativas de ordenación, considerar las propuestas del planeamiento para garantizar los objetivos del desarrollo urbanístico sostenible.
- Creación de un Registro Público de recalificaciones del suelo.
- Creación de una unidad dentro de la Agencia Tributaria de inspección y comprobación de los datos fiscales declarados y los datos registrados como plusvalías en los planeamientos urbanísticos.
- Reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, de la Ley de Gobierno local y de la Ley de financiación de las Haciendas Locales, para que a partir de cierto importe económico o más de un año de duración, las licencias, convenios y contratos -especialmente los contratos de obras y servicios de larga duración (agua, residuos, seguridad, espacios públicos)- sean adoptados por el Pleno municipal y no se limite su decisión al debate en la comisión de gobierno, en la que no está representada la oposición; y para que todos los grupos municipales estén representados en las empresas públicas y en las mesas de contratación.
6. Medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal.
- Atribución, mediante Ley, a la Agencia Tributaria del Estado de la función de investigar el fraude fiscal organizado y el blanqueo de capitales en funciones de auxilio a la Justicia.
- Creación de una Policía Fiscal en la Agencia Tributaria del Estado en la que se integrarían unidades especializadas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, junto a las Unidades Operativas de Vigilancia Aduanera, manteniendo todas ellas su dependencia orgánica respectiva, bajo la dependencia funcional de la Oficina Nacional Antifraude.
- Plan de lucha contra el fraude en el IVA. Persecución de las tramas que se dedican a defraudar en el IVA mediante el denominado "fraude carrusel" y, en general, contra el fraude colectivo y organizado. Aplicación del régimen de módulos en exclusiva para ventas a consumidores finales.
- Creación de un Registro de tenedores de billetes de 500 euros.
- Establecimiento de responsabilidad económica subsidiaria para las Instituciones Financieras cuya colaboración sea precisa para operaciones de blanqueo de capitales, ocultación de bienes y capitales en España o en el extranjero, incluidos los paraísos fiscales, con los recursos procedentes de acciones delictivas como las señaladas en el punto primero.
- Prohibición de que las entidades bancarias españolas tengan filiales o sucursales en paraísos fiscales. No reconocimiento de personalidad jurídica a las sociedades constituidas en paraísos fiscales para intervenir en el tráfico mercantil español. Todo movimiento de fondos que tenga como origen o destino un territorio calificado como paraíso fiscal debe tributar en España al tipo del 24%. Identificación de los verdaderos titulares de esos movimientos. Coordinación de las investigaciones entre la Agencia Tributaria Nacional, el Ministerio del Interior y la Fiscalía. Obligación de las filiales y sucursales de multinacionales y entidades financieras de informar sobre sus operaciones financieras en paraísos fiscales. Plan de comprobación de sociedades, empresarios, profesionales, artistas y deportistas con residencia en paraísos fiscales.
- Elaboración y publicación anual de un análisis y evaluación oficial de la economía sumergida y del fraude fiscal, para su presentación y debate en las Cortes Generales y Parlamentos autonómicos.
7. Financiación de los partidos políticos.
- Prohibición de las donaciones a los partidos, fundaciones o asociaciones vinculadas de donaciones por parte de personas jurídicas, así como de donaciones en especie (como bienes inmuebles).
- Prohibición de la condonación de deudas a los partidos, fundaciones o asociaciones vinculadas o de refinanciarlas por debajo de los precios de mercado.
- Limitación al endeudamiento de los partidos políticos.
- Incorporación en el Código Penal de la tipificación de la financiación irregular de los partidos, tanto para la parte receptora como para la donante.
- Alargamiento de los períodos de prescripción de las infracciones cometidas en la financiación de partidos a 10 años.
- Se elaborará un registro público de donaciones a los partidos políticos.
- Los registros y archivos del Tribunal de Cuentas y sus equivalentes autonómicos, que acojan documentación contable que los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores hayan librado a los tribunales, serán de acceso público.
8. Medidas de transparencia y calidad democrática.
- Compromiso de cesar a las personas imputadas en el momento de la apertura de juicio oral e impedir que puedan ir en listas electorales.
- Modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, para introducir el elemento de la declaración explícita de conflicto de intereses en cada modificación urbanística de todo aquel que participe en el proceso, sean alcaldes, regidores o funcionarios. Se realizaría siguiendo el modelo de declaración de conflicto de intereses que se aplica a la investigación científica.
- Reforma de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos públicos para impedir las "puertas giratorias". Reforma de la ley de incompatibilidades para restringir las posibilidades del paso de cargos ejecutivos a la empresa privada del sector en el que se había ejercido el cargo.
- Aprobación de una ley de referéndums revocatorios (de cargos ejecutivos) y abrogativos (para permitir la derogación de leyes).
- Aprobación de una ley de iniciativa ciudadana que contemple la capacidad de la ciudadanía de proponer leyes, consultas, procesos participativos, reglamentos y normas de rango local.
- Ley de participación ciudadana, que obligue a someter a un proceso participativo la normativa, planes y programas que afecten al desarrollo de derechos y libertades fundamentales, a colectivos concretos, a planes de infraestructuras o de planificación urbanística y ordenación del territorio.
- Reforma de la ley de partidos para obligar a hacer elecciones primarias en la elección de los jefes de lista y máximos cargos del partido; obligación de auditorías externas, la transparencia en la financiación y la organización, entre otras medidas.
- Reforma del reglamento del Congreso para reforzar las funciones de control de la acción de gobierno, las comisiones de investigación, restringir y hacer más exigente el uso de los decretos leyes, perseguir el transfuguismo, favorecer la publicidad de sus trabajos, obligar a comparecer cuando así lo solicita la cámara, y hacer del Congreso y del Senado unos espacios abiertos a la sociedad y más participativos.
- Reforma de la ley de transparencia para que haga honor a su nombre. Considerar el derecho de acceso a la información como parte del derecho fundamental a la libertad de expresión y garantizado para todas las personas. Restringir el listado de excepciones. Que afecte también a personas jurídicas que realicen actividades de interés general (suministro de agua o energía, banca y servicios financieros, telecomunicaciones...). Y con un órgano plenamente independiente que vele por su cumplimiento.
- Reforma de la ley electoral para reducir el gasto electoral, fomentar la participación y garantizar la transparencia, garantizando la igualdad en el valor del voto, con listas desbloqueadas, "mailing" único, y medidas para controlar y reducir el gasto. Cada candidatura tendrá una cuenta única electoral donde no se podrán abonar gastos en metálico ni a cargo de otras cuentas bancarias diferentes a la establecida y declarada ante el Tribunal de cuentas. Cada candidatura presentará un presupuesto de campaña electoral que incluirá necesariamente un plan de medios de comunicación, al Tribunal de Cuentas y a la Junta electoral antes del inicio de la campaña. Será un requisito necesario para la percepción de la subvención electoral.
- Presentación ante esta Cámara de un Proyecto de Ley de registro y control de lobbies o grupos de presión. Se creará un registro obligatorio que será público de grupos de presión, gestionado por el Congreso y el Senado, al cual será obligada la inscripción por parte de todas las personas que quieran entrar en esta cámara en representación de un grupo de presión para actuar en su nombre. Se incluirán las reuniones que se celebren con miembros de la cámara. Elaboración de un código de conducta para los grupos de presión. También se hará pública la agenda de todos los miembros del gobierno y altos cargos de la administración."
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2014.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 55/2012, promovido por el Presidente del Gobierno, contra el artículo único, apartado cuatro, de la Ley Foral 7/2011, de 24 de marzo, por la que se modifica el texto refundido del Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra en la redacción dada a los artículos 109, 114, 115, 116 y 117 y disposiciones transitoria primera y adicional única del Texto refundido modificado.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel Presidente, doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho y don Antonio Narváez, Rodríguez, Magistrados, ha pronunciado
En el recurso de inconstitucionalidad número 55-2012, interpuesto por el Presidente del Gobierno de la Nación, representado por el Abogado del Estado, contra el apartado cuatro del artículo único (en cuanto da nueva redacción a los artículos 109, 114, 115, 116 y 117 del texto refundido del Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, aprobado por Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto) y las disposiciones adicional única y transitoria primera de la Ley Foral 7/2011, de 24 de marzo. Han comparecido y formulado alegaciones el Gobierno Foral y el Parlamento de Navarra. Ha sido Ponente el Magistrado don Ricardo Enríquez Sancho, quien expresa el parecer del Tribunal.
Estimar el presente recurso de inconstitucionalidad y declarar la inconstitucionalidad y nulidad del apartado cuatro del artículo único (en cuanto da nueva redacción a los artículos 109, 114, 115, 116 y 117 del texto refundido del Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, aprobado por Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto) y las disposiciones adicional única y transitoria primera de la Ley Foral 7/2011, de 24 de marzo.
Dada en Madrid, a 23 octubre de 2014.
232/000326
Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 1528/2011, interpuesto por el Presidente del Gobierno contra el artículo 8.2, primer párrafo, de la Ley Foral 12/2010, de 11 de junio, por la que se adaptan a la Comunidad Foral de Navarra las medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, así como voto particular formulado a la misma.
En el recurso de inconstitucionalidad número 1528-2011, interpuesto por el Presidente del Gobierno contra el artículo 8.2, primer párrafo, de la Ley Foral 12/2010, de 11 de junio, por la que se adaptan a la Comunidad Foral de Navarra las medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. Han intervenido y formulado alegaciones el Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra y el Parlamento de Navarra. Ha sido Ponente el Magistrado don Pedro González-Trevijano Sánchez, que expresa el parecer del Tribunal.
Estimar el presente recurso de inconstitucionalidad y declarar la inconstitucionalidad del artículo 8.2, primer párrafo, de la Ley Foral 12/2010, de 11 de junio, por la que se adaptan a la Comunidad Foral de Navarra las medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.
Dada en Madrid, a 23 de octubre de 2014.
120/000021
Autor: Don Adrián Sánchez Molina.
Solicitud de prórroga del plazo previsto para la recogida de firmas, en relación con la Proposición de Ley de la auditoría del déficit del sector eléctrico.
Prorrogar por tres meses y, por lo tanto, hasta el día 10 de febrero de 2015, el plazo para la finalización del procedimiento de recogida de firmas en relación con la referida Proposición de Ley de iniciativa popular. Asimismo, comunicar este acuerdo a la Comisión Promotora y a la Junta Electoral Central y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
120/000022
Autor: Doña Isabel Franco Carmona.
Solicitud de prórroga del plazo previsto para la recogida de firmas, en relación con la Proposición de Ley por la Renta Básica Estatal.
Prorrogar por tres meses y, por lo tanto, hasta el día 14 de marzo de 2015, el plazo para la finalización del procedimiento de recogida de firmas en relación con la referida Proposición de Ley de iniciativa popular. Asimismo, comunicar este acuerdo a la Comisión Promotora y a la Junta Electoral Central y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
120/000031
Autor: Don Luis Cayo Pérez Bueno.
RESOLUCIÓN DE 11 DE NOVIEMBRE DE 2014, DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN DE DOS PLAZAS DE GUÍA CON DESTINO EN LA DIRECCIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, POR LA QUE SE APRUEBAN Y HACEN PÚBLICAS LAS RELACIONES PROVISIONALES DE CANDIDATOS ADMITIDOS Y EXCLUIDOS Y SE CONCEDE PLAZO PARA LA SUBSANACIÓN DE DEFECTOS
De conformidad con lo establecido en la base Quinta de la convocatoria interna para la provisión, en régimen de contratación laboral, de dos plazas de guía con destino en la Dirección Relaciones Institucionales del Congreso de los Diputados, convocada por Resolución de la Mesa del Congreso de los Diputados el 23 de julio de 2014 y publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 17 de septiembre de 2014, en su reunión del día 11 de noviembre de 2014, ha acordado lo siguiente:
Aprobar y ordenar la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Sección Congreso de los Diputados, de la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el citado proceso selectivo (con expresión de los motivos de exclusión), que figuran como Anexo I a la presente Resolución, así como en el tablón de anuncios del Congreso de los Diputados y en la página web de la Cámara.
De conformidad con la base Quinta de la convocatoria mencionada, los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución, para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión. Finalizado dicho plazo, la Comisión de Selección hará pública, mediante el mismo procedimiento, la resolución declarando aprobada la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2014.-El Presidente de la Comisión de Selección, Ignacio Gil Lázaro.
Apellidos y nombre;DNI
VICENTE DÍEZ, MARÍA TERESA ;71267546E
ESTEBAN SANZ, FRANCISCO JAVIER ;53401246F
Motivo de exclusión: no estar en posesión de la titulación exigida.