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Timestamp: 2019-10-16 13:09:04
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Matched Legal Cases: ['artículo 380', 'artículo 380', 'artículo 381', 'artículo 380', 'artículo 177', 'artículo 381', 'artículo 90', 'artículo 140', 'artículo 177']

SENTENCIA SC8448-2016 DE 24 DE JUNIO DE 2016
CONTENIDO:EXCEPCIONAR NO ES UN ACTO FRAUDULENTO NI ES CAUSAL DE REVISIÓN DE UNA SENTENCIA. SE DECLARA INFUNDADO EL RECURSO DE REVISIÓN CON EL QUE SE INTENTABA CALIFICAR COMO FRAUDE LA PRESENTACIÓN DE EXCEPCIONES DE MÉRITO EN UN PROCESO EJECUTIVO. PARA A CORTE SUPREMA EL EJERCICIO DE UNA POTESTAD CONSTITUCIONAL NO PUEDE TACHARSE COMO UNA MANIOBRA ENGAÑOSA U OCULTA, SOBRE TODO CUANDO HA SIDO PUESTA A CONSIDERACIÓN DEL JUEZ SIN DOBLEZ O FINGIMIENTO ALGUNO Y CUANDO LOS INTERVINIENTES HAN TENIDO LA OPORTUNIDAD DE CONOCERLA Y CONTROVERTIRLA.
TEMAS ESPECÍFICOS:RECURSO DE REVISIÓN, ADMISIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN, PROCESO EJECUTIVO, EXCEPCIONES EN EL PROCESO EJECUTIVO, INTERVINIENTES EN EL PROCESO EJECUTIVO, EXCEPCIÓN DE MÉRITO EN PROCESO EJECUTIVO
Sentencia SC8448-2016/2010-01759 de junio 24 de 2016
Rad.: 11001-02-03-000-2010-01759-00
SC8448-2016
(Aprobado en sesión de diecinueve de abril de dos mil dieciséis)
Bogotá, D. C., veinticuatro de junio de dos mil dieciséis.
La Corte resuelve el recurso extraordinario de revisión que formuló la sociedad Ramírez Botero Compañía S. en C. S. contra la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá el 17 de octubre de 2008, que confirmó el fallo que declaró probada una excepción de mérito en el trámite del proceso ejecutivo promovido por la actora.
La recurrente pretende que se invalide la sentencia objeto de revisión con fundamento en la causal 6ª del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, porque sus pretensiones fueron negadas por las maniobras fraudulentas que utilizó su contraparte.
1. Ramírez Botero Compañía S. en C. S. presentó una demanda ejecutiva en contra de la Compañía Sudamericana de Seguros S.A. para que le pagara $2.115’922.054,oo, como indemnización derivada del siniestro amparado en las pólizas de seguro de incendio Nº 30-344-935, y baja tensión Nº 09-42363. (Fl. 4, cdno. Corte)
2. La ejecutante alegó que el 8 de noviembre de 1995 aseguró sus bienes mediante las pólizas citadas, expedidas por la demandada. El 12 de mayo de 1996 una de sus sedes se incendió, lo que le ocasionó pérdidas cuyo monto fue calculado “mediante la reconstrucción de la contabilidad por medio de fotocopias de los libros inscritos en la Cámara de Comercio”, así como de facturas y certificaciones; por tal motivo, el día siguiente le dio aviso a la aseguradora; ésta no objetó la reclamación en forma legal, y tan solo le envió un escrito tardío, firmado por una persona que no era el representante legal. (Fl. 10, cdno. 1, proceso ejecutivo)
3. El juez profirió el mandamiento de pago el 16 de enero de 1997. (Fl. 335, cdno. 1, proceso ejecutivo)
4. La aseguradora se opuso y presentó las defensas de: “inexistencia de los contratos de seguro contenidos en las pólizas números 30-344935 y 09- 42363, por ausencia de interés asegurable por parte de la demandante”, “nulidad de los contratos de seguro contenidos en las pólizas números 30-344935 y 09-42363, por mala fe en la contratación de seguros coexistentes”, “nulidad relativa de los contratos de seguro contenidos en las pólizas números 30-344935 y 09-42363 por reticencia del tomador al celebrarlos”, “inexistencia del derecho a recibir la indemnización por mala fe en la solicitud del pago”, “ausencia de prueba de la cuantía de la pérdida” y “falta de legitimidad en la causa por activa para demandar el pago de la indemnización por daño de maquinaria y mercancías”. (Fl. 128, cdno. 2, proceso ejecutivo)
5. La demandada explicó que el patrimonio de la actora no sufrió detrimento por el siniestro, porque la suma por la cual se tomaron los seguros “excede con creces el valor real de los bienes amparados…”; existió coexistencia de aseguramientos que no le fue informada; no se probó la cuantía de la pérdida, y su contraparte obró de mala fe pues “existen inconsistencias entre las cifras correspondientes a la indemnización… y los soportes que se han presentado”; y “el beneficiario del seguro, en cuanto se refiere a las mercancías por valor de $485.000.000 y a la maquinaria y equipo por valor de $800.000.000, es el Banco de Colombia”. (Fl. 129, cdno. 2, proceso ejecutivo)
6. En sentencia de 24 de noviembre de 2006 se declaró probada la excepción de “ausencia de prueba de la cuantía de la pérdida” y se negaron las pretensiones. (Fl. 739, cdno. 8, proceso ejecutivo)
7. El juzgador consideró que no se demostró el monto de lo reclamado, ya que aquél se sustentó en datos imprecisos, y, por ende, insuficientes para continuar la ejecución. (Fl. 739, cdno. 8, proceso ejecutivo)
8. La actora apeló.
9. El Tribunal Superior de Bogotá, el 17 de octubre de 2008, confirmó la sentencia, previa modificación de la parte resolutiva para indicar que la excepción acreditada fue la de “inexistencia de los contratos de seguro contenidos en las pólizas números 30-344935 y 09-42363”. (Fl. 201, cdno. tribunal)
10. Sostuvo que la demandante no tenía legitimación para pedir el pago de la indemnización, pues, respecto de la póliza número 42363, la única beneficiaria era Distribuidora de Textiles J.R. Ltda. “Distejer”. Y respecto de la número 344935, la actora no tenía interés asegurable, ya que la propietaria de las mercancías dañadas era la sociedad atrás mencionada. (Fl. 198, cdno. tribunal)
11. Paralelamente, se presentó una denuncia penal en contra de Jaime Ramírez Rodríguez, representante legal de la sociedad actora, por la presunta comisión de los delitos de incendio, fraude procesal y estafa, y fue acusado de provocar la conflagración con el propósito de obtener el pago del seguro. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, en fallo de 9 de noviembre de 2007, declaró prescrita la acción penal por el delito de incendio, pero condenó al procesado a 26 meses de prisión por ser responsable de fraude procesal y estafa en grado de tentativa.
Posteriormente, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el 3 de julio de 2008, declaró “prescritas y extinguidas las acciones penal y civil derivadas de las conductas punibles de fraude procesal y estafa simple tentada”, atribuidas al procesado.
12. Así mismo, se presentó una denuncia contra una magistrada de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, por el delito de prevaricato por omisión, porque pese a que debía integrar la sala de decisión que conocería el asunto en segunda instancia, no se declaró impedida, ni aceptó los hechos en los que se sustentó la recusación, fundados en el interés de su esposo en el resultado del proceso, por asesorar a la demandante.
La Sala de Casación Penal de esta corporación, en sentencia de 21 de enero de 2003, encontró a la procesada responsable por el delito de prevaricato por omisión, y la condenó a 30 meses de prisión.
Igualmente, se dictó resolución de acusación en contra de otro de los magistrados que integraba tal sala, por “impedir a los abogados de las partes interrogar a Rodrigo Ferreira Camacho, alto funcionario de la sociedad demandada, como primer testigo en la audiencia de práctica de pruebas efectuada el 3 de febrero de 1.998 en el incidente de recusación; y no decretar de oficio en la misma audiencia la ampliación de la declaración de Ferreira Camacho no obstante la solicitud en ese sentido hecha por el abogado de la aseguradora luego que Mario Raúl Cañaveral aceptara haber participado en una reunión con el demandante en las oficinas de Suramericana de Seguros en Medellín”.
El citado funcionario, finalmente, fue absuelto por la Corte en sentencia de 22 de junio de 2006.
Ramírez Botero Compañía S. en C. S. solicitó la revisión de la sentencia de segunda instancia con sustento en la causal 6ª del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, luego de desistir de la causal del numeral 8º ejusdem. (Fl. 108, cdno. Corte)
Alegó que su contraparte utilizó maniobras fraudulentas porque presentó excepciones que “trataban de suplir angustiosamente el haberse perdido la oportunidad para objetar la reclamación”, y que no tenían relación con los títulos ejecutivos.
Tal vez por estrategia –sostuvo- radicó denuncias penales contra “funcionarios, empleados, abogados y contra el señor Jaime Ramírez Rodríguez”, persona que fue absuelta, siendo tal actuar “un artificio ingeniado y llevado a la practica con el propósito fraudulento de obtener mediante ese medio una sentencia favorable”, tanto así que los apoderados de la aseguradora sobornaron a un testigo en la causa penal seguida en contra de tal persona, hechos que se están investigando.
También presentó “quejas disciplinarias, denuncias y recusaciones” en contra de los funcionarios que conocieron el caso, lo que ocasionó que las decisiones fueran producto de un “temor infundido”, ya que resultaron “desatinadas y abiertamente contradictorias con la reglamentación jurídica existente para el caso concreto”.
D. El trámite del recurso extraordinario.
1. El 1º de marzo de 2012 se admitió la demanda y se ordenó su notificación y traslado. (Fl. 123, cdno. Corte)
2. Seguros Generales Suramericana S.A. presentó las excepciones de “falta de legitimación para obrar, por parte de la recurrente Sociedad Ramírez Botero y Cía. S. en C.”, “falta de interés para obrar, por parte de la recurrente Sociedad Ramírez Botero y Cía. S. en C.” y “caducidad, prescripción”. (Fl. 157, cdno. Corte)
Alegó que la demandante no es parte en la relación “jurídica sustancial” debatida en el proceso ejecutivo, y por lo tanto no padeció perjuicios con la sentencia; además, transcurrieron los dos años establecidos en el artículo 381 del Código de Procedimiento Civil.
3. El 13 de septiembre de 2012 se decretaron las pruebas solicitadas.
4. El 28 de agosto de 2014 se corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión. La demandante guardó silencio, y su contraparte ratificó su posición.
1. Tradicionalmente, la jurisprudencia ha sostenido que el recurso de revisión, por sus especiales características, es una vía extraordinaria de impugnación de las sentencias cuya finalidad es hacer prevalecer la justicia, y dispensar protección al derecho de defensa de los intervinientes y a la cosa juzgada material.
Aunque esas decisiones son, en principio, intangibles e inmutables por la presunción de legalidad y acierto que ampara los fallos cuando han adquirido la impronta de la ejecutoriedad y se rigen por el principio de la cosa juzgada, sería imposible ignorar que no todos obedecen a postulados de equidad y de justicia.
Algunos se califican de inicuos o contrarios a derecho, y para enmendar el daño que pudieren haber causado se ha establecido este remedio extraordinario que busca, en esencia, dejar sin efectos una sentencia en firme pero ganada injustamente, con el propósito de abrir de nuevo el juicio en que se pronunció y se decida con apego a la ley.
En estos eventos –ha referido la doctrina–:
… nada ofende en sí a la razón, que la ley admita la impugnación de la cosa juzgada; pues la autoridad misma de la cosa juzgada no es absoluta y necesaria, sino que se establece por consideraciones de utilidad y oportunidad; de tal suerte que esas mismas consideraciones pueden a veces aconsejar que sea sacrificada, para evitar la perturbación y el daño mayores que se producirían de conservarse una sentencia intolerablemente injusta. (Chiovenda, Giuseppe. Instituciones de derecho procesal civil. Volumen III. Madrid: 1940, pág. 406)
Mas el recurso que se analiza, precisamente por ser excepcional, requiere, al decir de la Sala:
… de la colocación de precisos mojones delimitadores de su campo de acción para que esa naturaleza extraordinaria no se desvirtúe, con demérito de la inmutabilidad propia de las sentencias ejecutoriadas.
Es por ello que la Corte, con especial empeño, ha destacado los aspectos que son vedados al recurso, y así, por ejemplo, ha dicho: “Este medio extraordinario de impugnación no franquea la puerta para tornar el replanteamiento de temas ya litigados y decididos en proceso anterior, ni es la vía normal para corregir los yerros jurídicos o probatorios que hayan cometido las partes en litigio precedente, ni es camino para mejorar la prueba mal aducida o dejada de aportar, ni sirve para encontrar una nueva oportunidad para proponer excepciones o para alegar hechos no expuestos en la causa petendi.
Como ya se dijo por la Corte, el recurso de revisión no se instituyó para que los litigantes remedien errores cometidos en el proceso en que se dictó la sentencia que se impugna. El recurso de revisión tiende derechamente a la entronización de la Justicia, al derecho de defensa claramente conculcado y al imperio de la cosa juzgada material. (Sent. 16 sept. 1983, junio 30 de 1988, entre otras). (CSJ. Sentencia 24 de nov. 1992)
En virtud de las características del aludido recurso, el juez no puede ocuparse oficiosamente de la acreditación de los hechos alegados para fundarlo; como se ha explicado:
… corre por cuenta del recurrente la carga de la prueba, de modo que le corresponde demostrar que efectivamente se presenta el supuesto de hecho que autoriza la revisión de la sentencia, compromiso que sube de tono si se tiene en cuenta que el presente es un recurso extraordinario y que, con su auxilio, se pretende socavar el principio de la cosa juzgada formal. (CSJ. SR feb. 2 de 2009. Rad. 2000-00814-00)
2. El artículo 380 del Código de Procedimiento Civil consagra los nueve casos en los que es pertinente fundamentar la revisión de una sentencia. Dentro de éstos se encuentra el que señala el numeral 6º, que se alegó en la demanda.
Esta causal consiste en una discrepancia entre la verdad material y la que fue acreditada en el proceso, en razón de las maniobras fraudulentas realizadas por uno o varios sujetos procesales a fin de perjudicar los intereses de su contraparte.
La causal invocada se estructura –tiene dicho esta Corte– cuando ha existido colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en el cual se profirió la sentencia impugnada, así los actos constitutivos de tal proceder no configuren un ilícito penal, siempre que de él haya recibido perjuicios el recurrente. La referida causal, como las que le anteceden, ‘… presupone que los hechos tenidos en cuenta por el juzgador para tomar la decisión correspondiente, no se ajustan a la realidad, y por ello su finalidad es subsanar esa deficiencia y por añadidura remediar así una notoria injusticia’ (G.J. t. CCXII, pág. 311). La discrepancia en cuestión, en tratándose del motivo alegado, debe provenir de las maquinaciones o ardides fraguados bien por una de las partes, o de consuno por ambas, con el propósito de obtener un resultado dañino. (Sentencia de revisión de 5 de julio de 2000. Exp. 7422)
El fraude o la maquinación engañosa para causar perjuicios a terceros y para quebrantar la ley o los derechos que de ella se derivan, se erige en la razón de este motivo de revisión, el cual comporta:
… un elemento antecedente, que es el engaño como medio de llegar al fraude, que es el fin u objeto a que da base el engaño. Engaño y fraude no son sinónimos puesto que el primero es sólo la falta de verdad en lo que se dice, se cree o se piensa. Lo que sucede es que en el fraude el concepto de engaño va unido, como atributo que le pertenece por esencia. (Corte Suprema. G. J. T. LV. 533)
Es preciso, con todo, no olvidar que en desarrollo de la presunción de licitud y buena fe en el comportamiento de las personas, la causal de revisión que se funda en las maniobras dolosas en el proceso:
… además de excepcional y restringida en su sentido, debe encontrarse plenamente probada para su prosperidad (artículo 177 y 384 del Código de Procedimiento Civil), so pena de que, en caso contrario, especialmente de duda, racionalmente seria que merezca credibilidad sobre las maniobras alegadas, se declare infundado el recurso. (Corte Suprema, sent. cit.)
En igual sentido, se ha explicado:
Precisamente, con el objeto de combatir y, de suyo, erradicar ese tipo de conductas perversas y atentatorias de la plausible finalidad que inspira la ley en general, el legislador patrio acuñó esta causal sexta como arquetípica expresión de un control ‘ex post’ -o ‘a posteriori’- a través del recurso extraordinario de revisión, para lo cual se requiere que la “discrepancia entre la verdad real y la que aparenta ser tal al tenor del expediente, ha de tener origen en una asechanza artificiosa y oculta, realizada con engaño y asimismo con el designio inconfesable de obtener un resultado procesal ilícito e injusto siempre que haya causado perjuicios al recurrente". Precisando aún más este concepto, “Maniobra fraudulenta significa entonces todo proyecto o asechanza oculta, engañosa y falaz que va dirigida ordinariamente a mal fin”. (G.J. Tomo CLXV, pág. 27, jurisprudencia reiterada en sentencias de 11 de marzo de 1994 y del 3 de septiembre de 1996).
Para la configuración de esta causal urge, pues, que “los hechos aceptados por el juzgador para adoptar la decisión impugnada, no se ajusten a la realidad porque fueron falseados, a propósito, por alguna de las partes intervinientes en el proceso, mediante una actividad ilícita y positiva que persigue causar un perjuicio a la otra o a terceros; hechos fraudulentos que deben quedar plenamente probados en el recurso, por cuanto, en desarrollo del principio de la buena fe, se presume que el comportamiento adoptado por las personas está exento de vicio” (Sentencia del 3 de octubre de 1999).” (Sentencia de 14 de diciembre de 2000, exp. 7269) [Subrayas extra texto]
3. Sentado lo anterior, y antes de proseguir con el estudio de los argumentos del recurso, la Sala advierte que la excepción denominada “Caducidad. Prescripción” no prosperará.
Ciertamente, el inciso primero del artículo 381 del Código de Procedimiento Civil instituye que “el recurso podrá interponerse dentro de los dos años siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia, cuando se invoque alguna de las causales consagradas en los numerales, 1º, 6º, 8º y 9º del artículo precedente”.
Por ende, como quiera que el fallo atacado, que se profirió el 17 de octubre de 2008, y fue notificado mediante edicto desfijado el 27 de octubre siguiente, cobró ejecutoria el día 30 posterior, se deduce, sin lugar a confusión, que para cuando se presentó la demanda de revisión (8 de octubre de 2010 [folio. 99]), aún no había transcurrido el lapso de dos años de que habla la norma transcrita, pues tal evento solo llegaría hasta el 30 de octubre de 2010.
Además, el auto admisorio le fue notificado al demandante por estado el 5 de marzo de 2012 (fl. 123, cdno. Corte) y la aseguradora se notificó personalmente el 22 de agosto del mismo año, con lo que impidió que se produjera la caducidad, como lo regula el artículo 90 ejusdem.
En tal orden, como se anticipó, se impone la resolución de fondo del asunto.
4. La censora, puntualmente, acusó a su contraparte en el proceso ejecutivo de haber utilizado maniobras fraudulentas para vencerla. Tales actos fueron: i) la formulación de excepciones de mérito, que en su opinión no atacaban el título ejecutivo y “trataban de suplir angustiosamente el haberse perdido la oportunidad para objetar la reclamación”; y ii) la presentación de denuncias penales contra “funcionarios, empleados, abogados y contra el señor Jaime Ramírez Rodríguez”, así como “quejas disciplinarias, denuncias y recusaciones”, con lo que consiguió infundir temor a quienes debían resolver, y por tal causa sus providencias resultaron “desatinadas y abiertamente contradictorias con la reglamentación jurídica existente para el caso concreto”.
Las maniobras fraudulentas, como lo ha dicho la Sala, implican “todo proyecto o asechanza oculta, engañosa y falaz que va dirigida ordinariamente a mal fin” y también ha establecido que:
Todo el fenómeno de la causal dicha puede sintetizarse diciendo que maniobra fraudulenta existe en todos los casos en que una de las partes en un proceso, o ambas, muestran una apariencia de verdad procesal con la intención de derivar un provecho judicial o se aprovechan, a sabiendas de esa aparente verdad procesal con el mismo fin. (CSJ. SR 243 de 7 de diciembre de 2000, rad. 007643)
Por tal sendero, no son fraudulentos aquellos actos que han sido puestos a consideración del aparato judicial sin doblez o fingimiento alguno, y que los intervinientes han tenido la oportunidad de conocer y controvertir. En efecto:
… no alcanzan a tener el carácter de maniobras engañosas las actuaciones propias del devenir del proceso promovidas por las partes en su transcurso y sin ninguna ocultación que, por lo mismo, fueron sometidas a consideración de los jueces y estuvieron sujetas a controversia, independientemente de cómo hayan sido finalmente tratadas o resueltas; ni las que resultan de procedimientos supuestamente irregulares, los cuales justamente por haber estado sometidos al escrutinio judicial excluyen la maquinación de las partes. (Sent. 242 de 13 de dic de 2001, Exp. 0160).
En el mismo sentido, se ha precisado que:
… requisito para que determinada situación pueda calificarse de maniobra fraudulenta, como causa eficiente para dar lugar a la revisión…, que la misma resulte de hechos externos al proceso y por eso mismo producidos fuera de él, pues si se trata de circunstancias alegadas, discutidas y apreciadas allí, o que pudieron serlo, la revisión no es procedente por la sencilla razón de que aceptar lo contrario sería tanto como permitir, que al juez de revisión se le pueda reclamar que, como si fuese juez de instancia, se aplique a examinar de nuevo el litigio. (CSJ SR 208 de 18 de dic de 2006, exp. 2003-00159-01)
De acuerdo a tal criterio, carece de razón el alegato de la recurrente según el cual la encausada en el ejecutivo utilizó maniobras fraudulentas porque presentó excepciones de mérito para socavar su demanda.
Lo anterior, de una parte, debido a que el empleo de tales medios defensivos está autorizado por el legislador, quien desarrolló los principios constitucionales al debido proceso y a la defensa.
En tal medida, los artículos 509 y 510 del Código de Procedimiento Civil facultan a la parte ejecutada para proponer las excepciones de mérito que considere, con la única limitación (que no era aplicable a este asunto) de que si el título consiste en una sentencia o laudo de condena, las defensas que pueden presentarse son las de “pago, compensación, confusión, novación, prescripción o transacción, siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia; la de nulidad en los casos que contemplan los numerales 7º y 9º del artículo 140, y de la pérdida de la cosa debida”; así mismo, le otorga a la contraparte la posibilidad de pronunciarse sobre ellas y solicitar las pruebas que pretenda hacer valer.
Por ende, el simple ejercicio de tal potestad de raigambre constitucional se constituye en un acto legítimo de los litigantes, garantizado plenamente en el ordenamiento, y no en una maniobra engañosa u oculta.
Los hechos en los que se sustentaron los medios exceptivos de la ejecutada, además, fueron materia del debate al interior de la ejecución, en donde intervino la actora, por lo que no es procedente reabrir la discusión jurídica ya zanjada por el juez de tal asunto, al no ser esa la finalidad del recurso de revisión, como ya se precisó.
En tal orden, tampoco se encuentra llamada a prosperar la acusación de la recurrente según la cual la demandada empleó maniobras fraudulentas por interponer denuncias penales, investigaciones disciplinarias y recusar a una de las magistradas del Tribunal Superior de Bogotá.
De tal forma, la actora califica de fraudulento el simple ejercicio de facultades legales que el ordenamiento otorga a los asociados.
El empleo de los mecanismos que el procedimiento contempla para mantener la imparcialidad del juicio, como lo es la recusación regulada en los artículos 150 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; y el acudir ante la autoridad competente para denunciar las conductas que se consideran delictuosas nada de engañoso o artificioso contiene, ni mucho menos puede ser objeto de reproche.
Los procesos penales que se adelantaron en contra de Jaime Ramírez Rodríguez y de los magistrados de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá que conocieron el asunto, y la recusación formulada al interior del mismo, no pueden catalogarse como maniobras ilegitimas, sino como el ejercicio de prerrogativas legales, que no están prohibidas, en sí mismas no son objeto de censura, y, por tal camino, no pueden definirse como fraudulentas.
Se recuerda que a la recurrente, por mandato del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, le incumbía “probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, lo que no hizo, ya que concretó su repudio a la presentación de excepciones y a la radicación de denuncias y recusaciones por la aseguradora, todo ello sin demostrar mediante algún medio de prueba, como lo pide la norma transcrita, que detrás de tal accionar se escondiera un propósito de engañar o de defraudar, y que el mismo le hubiese causado un perjuicio, según lo indica la causal de revisión elegida.
Quedó desprovista de prueba su afirmación sobre el supuesto “temor infundado” causado a los funcionarios que decidieron, o siquiera que tal proceder hubiese sido relevante para el resultado de la controversia. Al contrario, el reproche de sustentó en el parecer de la impugnante, desprovisto de todo respaldo, lo que resulta insuficiente para acceder a las pretensiones del libelo.
Ello pues como lo tiene dicho la Corte: “(…) la prosperidad de la causal en referencia exige prueba concluyente de actos de manifiesta mala fe que se puedan calificar de ilícitos así no hayan sido objeto de investigación penal, circunstancia que por lo tanto debe quedar demostrada a cabalidad, ya que si sobre el particular existe duda, ello conduciría al fracaso de la impugnación’ (…)”. (CSJ SC, 14 jun. 2007, Rad. 2003-00129)
5. Conviene recordar, en todo caso, que el ad quem confirmó la sentencia que negó las pretensiones de la demanda luego de analizar los títulos materia del cobro (pólizas Nos. 09-42363 y 30-344935) y concluir, frente al primero de ellos, que Ramírez Botero y Cía. S. en C. carecía de legitimación al no ser parte del contrato de seguro, esto es, ser un tercero ajeno a la relación contractual; y que frente al segundo no tenía un interés asegurable, porque los bienes materia del siniestro eran de propiedad de Distribuidora de Textiles J.R. Ltda. Distejer.
En opinión de la parte recurrente, la anterior conclusión fue desacertada de acuerdo con la “ley de circulación de los títulos valores y los títulos ejecutivos, de las pólizas de seguros y sus beneficiarios, normas que hacen parte del compendio jurídico que encontramos en el Código de Comercio, en el Código Civil y en el Código de Procedimiento Civil”, a la par de que se declaró probada “una excepción que nunca se propuso”.
No obstante, tal alegato resulta extraño a la finalidad del recurso extraordinario de revisión, que descarta la reapertura del debate probatorio y jurídico. En efecto, los requisitos que deben concurrir para su procedencia se proponen:
… evitar que el debate pueda ser reabierto de cualquier manera, so pretexto de volver la mirada a la prueba para intentar un nuevo y mejor escrutinio de ella, o para reclamar una más aguda o perspicaz interpretación de la ley, cosa que siempre será posible como hipótesis, pero que es insuficiente por sí, para desquiciar el valor de una solución hallada con la genuina participación de todos los sujetos del proceso, decisión que repítese, es por regla general inexpugnable. (CSJ SC, 29 Ago. 2008, Rad. 2004-00729).
Luego, no tienen razón la impugnante al insistir en el estudio del fondo de la controversia que fue materia del proceso ejecutivo, mediante la interposición de un recurso que –como quedó explicado– es eminentemente extraordinario y restrictivo; y en cuyo trámite no se logró demostrar la causal que se invocó para sustentarlo.
Por las motivaciones expuestas, se negará la revisión solicitada.
6. Ante el fracaso del recurso, se impone condenar en costas y perjuicios a la parte demandante, para su pago se hará efectiva la caución prestada. La liquidación de los perjuicios se hará mediante incidente. Las costas se tasarán por Secretaría, incluyendo como agencias en derecho la suma de $3’000.000.
1. DECLARAR INFUNDADO el recurso de revisión que formuló Ramírez Botero Compañía S. en C. S. contra la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá el 17 de octubre de 2008.
2. Condenar al impugnante al pago de las costas y los perjuicios causados al demandado como consecuencia del presente recurso. Para su pago se hará efectiva la caución prestada.
3. La liquidación de los perjuicios se hará mediante incidente.
4. Fijar como agencias en derecho la suma de $3’000.000,oo.
5. Devolver a la oficina judicial de origen el expediente que contiene el proceso dentro del cual se dictó la sentencia materia de revisión con excepción del cuaderno de la Corte, agregando copia de la presente providencia. Por secretaría líbrese el correspondiente oficio.
6. Archivar la actuación, una vez cumplidas las órdenes impartidas.
Magistrados: Álvaro Fernando García Restrepo—Margarita Cabello Blanco—Fernando Giraldo Gutiérrez—Aroldo Wilson Quiroz Monsalve—Luis Alonso Rico Puerta—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona.