Source: http://legislacion.derecho.com/protocolo-29-julio-2003-ministerio-de-asuntos-exteriores-63261-63261
Timestamp: 2016-12-04 20:42:58
Document Index: 152928978

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 9', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 9', 'artículo 7', 'artículo 1', 'artículo 7', 'artículo 6']

PROTOCOLO establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, hecho en Dublín el 27 de septiembre de 1996
PROTOCOLO establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, hecho en Dublín el 27 de septiembre de 1996	PROTOCOLO establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, hecho en Dublín el 27 de septiembre de 1996 Mis Leyes
PROTOCOLO establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, hecho en Dublín el 27 de septiembre de 1996 Estado	:
PROTOCOLO, ESTABLECIDO SOBRE LA BASE DEL ARTÍCULO K.3 DEL TRATADO DE LA UNIERON
EUROPEA, DEL CONVENIO RELATIVO A LA PROTECCION DE LOS INTERESES FINANCIEROS
Deseosas de velar por que sus legislaciones penales contribuyan eficazmente a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas
Reconociendo la importancia que te el Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, de 26 de julio de 1995, para la lucha contra el fraude que afecta a los ingresos y gastos comunitarios,
Conscientes de que los intereses financieros de las Comunidades Europeas pueden verse afectados o amenazados por otras infracciones penales, en especial las constituidas por actos de corrupción cometidos por o respecto de funcionarios nacionales o comunitarios responsables de la percepción, la gestión o el desembolso de los fondos comunitarios sometidos a su control,
Considerando que en tales actos de corrupción pueden estar implicadas personas de nacionalidad diferente y al servicio de entidades u organismos públicos diferentes y que, en aras de una actuación eficaz contra actos de esta índole que tengan ramificaciones internacionales, es importante que exista en el Derecho pena¡ de los Estados miembros una apreciación convergente de su carácter reprobable'
Observando que la legislación pena¡ de varios Estados miembros sólo contempla, en materia de delitos relacionados con el ejercicio de funciones públicas en general y en materia de corrupción en particular, los actos cometidos por sus funcionarios nacionales o respecto de los mismos, y no tipifica, o sólo lo hace en casos excepcionales, las conductas en las que están implicados funcionarios comunitarios o funcionarios de otros Estados miembros,
Convencidas de la necesidad de adaptar las legislaciones nacionales en la medida en que no tipifiquen como delito los actos de corrupción que causen perjuicio o puedan causar perjuicio a los intereses financieros de las Comunidades Europeas y en los que estén implicados funcionarios comunitarios o funcionarios de otros Estados miembros,
Convencidas igualmente de que, por lo que se refiere a los funcionarios comunitarios, esta adaptación de las legislaciones nacionales no debe limitarse a los actos de corrupción activa y pasiva, sino que debería hacerse extensiva a otros delitos que afecten o puedan afectar a los ingresos o a los gastos de las Comunidades Europeas, incluidos los delitos cometidos por las personas investidas de las más altas responsabilidades o respecto de dichas personas
Considerando que procede asimismo establecer normas adecuadas en materia de competencias y de cooperación recíproca, incluida, en su caso, la retirada de la inmunidad, sin perjuicio de las condiciones jurídicas para su aplicación en casos concretos,
1. a) "funcionario" todo funcionario, tanto comunitario como nacional, incluido todo funcionario nacional de otro Estado miembro '
b) "funcionario comunitario
- toda persona que tenga la condición de funcionario o de agente contratado en el sentido del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas o del régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas
Se asimilarán a los funcionarios comunitarios los miembros de los organismos creados de conformidad con los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas, así como el personal de dichos organismos, en la medida en que el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas o el régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas no les sea aplicable
c) "funcionario nacional" el "funcionario" o "empleado público" tal como se defina ese concepto en el Derecho nacional del Estado miembro en que la persona de que se trate tenga esta condición, a efectos de la aplicación del Derecho pena¡ de dicho Estado miembro.
No obstante, cuando se trate de diligencias judiciales infancias por un Estado miembro en las que esté implicado un funcionario de otro Estado miembro, el primer Estado miembro sólo estará obligado a aplicar la definición de "funcionario nacional" en la medida en que sea compatible con su Derecho nacional,
2. "Convenio" el Convenio, establecido sobre la base de¡ artículo K.3 de¡ Tratado de la Unión Europea, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, de 26 de julio de 1995 (')".
1. A efectos de¡ presente Protocolo constituirá corrupción pasiva el hecho intencionado de que un funcionario, directamente o por medio de terceros, solicite
 reciba ventajas de cualquier naturaleza, para sí mismo
 para un tercero, o el hecho de aceptar la promesa de tales ventajas, por cumplir o no cumplir, de forma contraria a sus deberes oficiales, un acto propio de su función o un acto en el ejercicio de su función, que cause o pueda causar perjuicio a los intereses financieros de las Comunidades Europeas.
1. A efectos de¡ presente Protocolo constituirá corrupción activa el hecho intencionado de que cualquier persona prometa o dé, directamente o por medio de terceros, una ventaja de cualquier naturaleza a un funcionario, para éste o para un tercero, para que cumpla o se abstenga de cumplir, de forma contraria a sus deberes oficiales, un acto propio de su función o un acto en el ejercicio de su función que cause o pueda causar perjuicio a los intereses financieros de las Comunidades Europeas.
2. Cada Estado miembro tomará las medidas necesarias para garantizar que las conductas a que se refiere T
el apartado 1 se tipifiquen como infracciones penales.
1. Cada Estado miembro tomará las medidas necesarias para garantizar que, en su Derecho pena¡, las cualificaciones de las infracciones constitutivas de una conducta de las contempladas en el artículo 1 de¡ Convenio y que hayan sido cometidas por sus funcionarios nacionales en el ejercicio de sus funciones sean también aplicables de la misma forma a los casos en que las infracciones sean cometidas por funcionarios comunitarios en el ejercicio de sus funciones.
2. Cada Estado miembro tomará las medidas necesarias para garantizar que, en su Derecho pena¡, las cualificaciones de las infracciones contempladas en el apartado 1 de¡ presente artículo y en los artículos 2 y 3 cometidas por los ministros de su Gobierno, los; miembros elegidos de sus Cámaras de Representantes, los miembros de sus máximos órganos jurisdiccionales o de su Tribunal de Cuentas, o respecto de ellos, en el ejercicio de sus funciones, sean aplicables de la misma forma a los casos en que las infracciones sean cometidas por los miembros de la Comisión de las Comunidades Europeas, de¡ Parlamento Europeo, de¡ Tribunal de Justicia o de¡ Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas, o respecto de ellos, en el ejercicio de sus funciones.
3. Cuando un Estado miembro haya promulgado legislación especial sobre actos u omisiones de los que
(1)DOCE n.o C 316 de 27.11.1995, p. 49.
son responsables ministros de¡ Gobierno por su especial posición política en dicho Estado miembro, el apartado 2 de¡ presente artículo podrá no aplicarse a dicha legislación, siempre y cuando el Estado miembro garantice que los miembros de la Comisión de las Comunidades Europeas también estén cubiertos por la legislación pena¡ por la que se aplican los artículos 2 y 3 y el apartado 1 de¡ presente artículo.
4 Los apartados 1, 2 y 3 se entenderán sin perjuicio de las disposiciones aplicables en cada Estado miembro en lo relativo al procedimiento pena¡ y a la determinación de los órganos jurisdiccionales competentes.
5. El presente Protocolo se aplicará respetando plenamente las disposiciones pertinentes de los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas, de¡ Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades Europeas, de¡ Estatuto de¡ Tribunal de Justicia y de los textos adoptados para la aplicación de los mismos, en lo relativo a la retirada de las inmunidades.
2. El apartado 1 no obstará al ejercicio de los poderes disciplinarios de las autoridades competentes contra los funcionarios nacionales o los funcionarios comunitarios. Al establecer la sanción pena¡ aplicable, los órganos jurisdiccionales nacionales podrán tener en cuenta, según los principios de su Derecho nacional, cualquier sanción disciplinaria que ya hubiese sido impuesta a la misma persona por la misma conducta.
1. Cada Estado miembro tomará las medidas necesarias para establecer su competencia respecto a las infracciones que haya establecido de conformidad con los artículos 2, 3 y 4 cuando
a) la infracción se cometa, total o parcialmente, en su territorio '
b) el autor de la infracción sea uno de sus nacionales o uno de sus funcionarios,
c) la infracción haya sido cometida contra una de las personas mencionadas en el artículo 1 o contra uno de los miembros de las instituciones contempladas en el apartado 2 de¡ artículo 4, que sea nacional de¡ Estado miembro en cuestión,
2. En el momento de la notificación contemplada en el apartado 2 de¡ artículo 9, los Estados miembros podrán declarar que no aplicarán una o varias de las normas de competencia enunciadas en las letras b), e) y d) de¡ apartado 1 de¡ presente artículo o que sólo las aplicarán en condiciones o casos específicos.
1. Las disposiciones de¡ artículo 3, de los apartados 1, 2 y 4 de¡ artículo 5 y de¡ artículo 6 de¡ Convenio se aplicarán como si hubiera una referencia a las conductas a que se refieren los artículos 2, 3 y 4 de¡ presente Protocolo.
2. Las siguientes disposiciones de¡ Convenio se aplicarán también al presente Protocolo
- el artículo 7, en el entendimiento de que, salvo indicación en contrario proporcionada en el momento de la notificación contemplada en el apartado 2 de¡ artículo 9 de¡ presente Protocolo, toda declaración con arreglo al apartado 2 de¡ artículo 7 de¡ Convenio será también válida para el presente Protocolo,
1. Los desacuerdos entre Estados miembros acerca de la interpretación o aplicación de¡ presente Protocolo deberán estudiarse, en una primera etapa, en el seno de¡ Consejo según el procedimiento establecido en el Título Vi de¡ Tratado de la Unión Europea, con miras a su resolución.
Si transcurrido un plazo de seis meses no ha podido llegarse a una solución, una de las partes de¡ desacuerdo podrá someter el asunto al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
2. Podrá someterse al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas todo desacuerdo entre uno o varios Estados miembros y la Comisión de las Comunidades Europeas relativo al artículo 1, con excepción de¡ punto 1.c), a los artículos 2, 3 y 4 y al tercer guión de¡ apartado 2 de¡ artículo 7 de¡ presente Protocolo que no haya podido resolverse por la vía de la negociación.
2. Los Estados miembros notificarán al Secretario General de¡ Consejo de la Unión Europea la conclusión de los procedimientos exigidos por sus respectivas normas constitucionales para la adopción de¡ presente Protocolo.
3. El presente Protocolo entrará en vigor a los noventa días a partir de la notificación contemplada en el apartado 2 por parte de¡ último Estado, miembro de la Unión Europea en el momento de la adopción por el Consejo de¡ acto por el que se establece el presente Protocolo, que proceda a esta formalidad. No obstante, si el Convenio no hubiese entrado en vigor en dicha fecha, el Protocolo entrará en vigor en la fecha de entrada en vigor de¡ Convenio.
2. El texto de¡ presente Protocolo en la lengua de¡ Estado que vaya a adherirse a él, elaborado por el Consejo de la Unión Europea, será auténtico.
4. El presente Protocolo entrará en vigor, con respecto a cada Estado que se adhiera a él, noventa días después de la fecha de¡ depósito de su instrumento de adhesión, o en la fecha de entrada en vigor de¡ Protocolo si éste no hubiere entrado todavía en vigor al término de dicho período de noventa días.
1. No se admitirá ninguna reserva, con excepción de las contempladas en el apartado 2 de¡ artículo 6.
1. El Secretario General de¡ Consejo de la Unión Europea será el depositario de¡ presente Protocolo.
Hecho en Dublín, el veintisiete de septiembre de mil novecientos noventa y seis, en un ejemplar único en lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, siendo cada uno de estos textos igualmente auténtico, que será depositado en los archivos de la Secretaría General de¡ Consejo de la Unión Europea.
El presente Protocolo entró en vigor de forma general y para España el 17 de abril de 2003.
Madrid, 1 de julio de 2003.-El Secretario General Técnico, Julio Núñez Montesinos.
PROTOCOLO establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, hecho en Dublín el 27 de septiembre de 1996	Trámites