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Timestamp: 2018-09-26 11:18:02
Document Index: 300801376

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 339', 'artículo 277', 'artículo 293', 'artículo 29', 'artículo 339', 'e contrario']

﻿ Sentencia 39892 de febrero 6 de 2013
SENTENCIA 39892 DE 06 DE FEBRERO DE 2013
CONTENIDO:PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO DENTRO DEL TRÁMITE JUDICIAL. PARA PARTICIPAR COMO UN ORGANISMO PROPIO DENTRO DEL PROCESO PENAL EN ARAS DE CUMPLIR CON LOS FINES SUPERIORES (DEFENSA DEL ORDEN JURÍDICO, LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO PÚBLICO Y EL RESPETO POR LAS GARANTÍAS Y DERECHOS FUNDAMENTALES), AL MINISTERIO PÚBLICO LE ESTÁ VEDADO OPONERSE A LAS ACUSACIONES ORIGINADAS EN ALLANAMIENTOS O PREACUERDOS, ADMITIÉNDOSE COMO ÚNICA EXCEPCIÓN LA ACREDITACIÓN DE MANIFIESTAS VULNERACIONES A LAS GARANTÍAS FUNDAMENTALES, EVENTO EN EL CUAL ESTÁ FACULTADO PARA HACER LAS POSTULACIONES RESPECTIVAS Y, EN EL SUPUESTO DE DECISIONES ADVERSAS, ACUDIR A LOS RECURSOS DE LEY. CUANDO EL MINISTERIO PÚBLICO NO ACREDITA UNA EVIDENTE LESIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, SE ENCUENTRA DESLEGITIMADO PARA CUESTIONAR LA TIPIFICACIÓN QUE DE LA CONDUCTA HIZO LA FISCALÍA. TAMBIÉN, SE RECORDÓ QUE LA ACUSACIÓN ES UN ACTO QUE COMPETE DE FORMA EXCLUSIVA Y EXCLUYENTE A LA FISCALÍA, POR ENDE, NO PUEDE SER CUESTIONADO POR EL JUEZ, LAS PARTES, NI LOS INTERVINIENTES Y SOLO ES OBJETO DE OBSERVACIONES POR PARTE DE ESTOS DOS ÚLTIMOS BAJO LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 339 DE LA LEY 906 DEL 2004. EN CONSECUENCIA, EL JUEZ ÚNICAMENTE DEBE INTERVENIR EN LA ACUSACIÓN CUANDO LA ADECUACIÓN TÍPICA VULNERE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD
TEMAS ESPECÍFICOS:MINISTERIO PÚBLICO, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, PROCESO PENAL, FACULTADES DEL JUEZ, IMPUTACIÓN, TIPO PENAL, PREACUERDO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:496 DE ABRIL DE 2013, PÁG.618
Sentencia 39892 de febrero 6 de 2013
2. La Corte tiene dicho que desde el mandato del artículo 277 constitucional el legislador procesal de la Ley 906 del 2004 determinó que era viable la participación activa del Ministerio Público dentro del trámite judicial, no como un interviniente especial (que lo es la víctima), sino como un organismo propio dentro del proceso penal (sent. de oct. 5/2011, Rad. 30.592), en aras de cumplir con los fines superiores que le corresponden: la defensa del orden jurídico, la protección del patrimonio público y el respeto por las garantías y derechos fundamentales.
Sin embargo todas estas manifestaciones de justicia consensuada, no solo deben estar regidas por la legalidad, sino que no deben afectar derechos de terceros, pues si esto ocurre, se activa la legitimidad del Ministerio Público para intervenir ante la eventual trasgresión o puesta en peligro de bienes jurídicos ajenos, los cuales son indisponibles por las partes involucradas. Igual acontece si los acuerdos contrarían el ordenamiento interno o desconocen el derecho internacional humanitario, o versan sobre infracciones graves a los derechos humanos, sobre las cuales no puede mediar negociación alguna por ser contrarias a los compromisos internacionales que integran el denominado bloque de constitucionalidad, la Constitución o la ley”.
Las instancias procesales son preclusivas, de tal forma que si el Ministerio Público tenía reparos respecto de la adecuación típica hecha por el ente acusador ha debido plantearlos en el momento oportuno en que se le habilitó la participación en la audiencia del 9 de agosto.
2. Lo anterior igual se aplica en temas como la admisión de cargos y los preacuerdos logrados entre la Fiscalía y el acusado, que, como lo ha dicho la jurisprudencia, son vinculantes para las partes y el juez, a quien se le impone la carga de proferir sentencia conforme lo acordado o admitido, siempre y cuando no surja manifiesta la lesión a garantías fundamentales (auto de mayo 16/2007, Rad. 27.218).
La acusación es un acto de parte de la Fiscalía, y por tanto el escoger qué delito se ha configurado con los hechos jurídicamente relevantes consignados en el escrito de acusación supone precisar el escenario normativo en que habrá de desarrollarse el juicio, el cual se promueve por excitación exclusiva de la Fiscalía General de la Nación a través de la radicación del escrito de acusación (razón por la que el único autorizado para tipificar la conducta punible es la Fiscalía, de acuerdo con lo planteado por el art. 443); acto que como se dijo no tiene control judicial, y en cambio si sustenta todo el andamiaje de la dinámica y la lógica argumentativa y probatoria que se debatirá en el juicio.
Es así que cuando el Congreso en función constituyente analizando las características del sistema que era necesario diseñar para nuestro país, reflexionó en el siguiente sentido(1):
“La forma acusatoria del procedimiento exige de la ley una división tajante de las tareas que al Estado le corresponden en el procedimiento judicial, por vía de la adopción de un sistema de persecución penal pública: Al Ministerio Público —Fiscalía— debe serle encomendada toda la tarea relativa a la persecución penal estatal (función requirente) y a los jueces les corresponde la decisión de los casos llevados ante ellos por el acusador (función jurisdiccional). La responsabilidad de ambos organismos también varía: el primero no responderá por el control de los jueces según el origen de su nacimiento, sino antes bien, por la eficiencia y efectividad de la aplicación de la ley penal (persecución penal); los jueces, en cambio, no serán responsables, como hasta ahora, como inquisidores, comprometidos a hallar la verdad para aplicar la ley, sino, tan solamente, por su función de custodiar el respecto debido a los derechos y garantías individuales y por la aplicación de la ley al caso sometido a su decisión. En esta diferenciación tajante entre acusador y juez, que provoca, en los delitos de persecución pública, una diferenciación formal, pero nítida entre las dos tareas que, en el procedimiento penal, le corresponden al Estado, requerir y decidir, confiándolas a órganos diferentes, consiste buena parte de aquello que se concibe como principio acusatorio en el derecho procesal penal y como imparcialidad de los jueces en el derecho de la organización judicial”“ (auto jul. 15/2008, Rad. 29.994).
Es claro, entonces, que el juez no tiene competencia para cuestionar la imputación efectuada por el fiscal, como que ese acto es propio del titular de la acción penal. Por tanto, allegado el escrito de acusación o el acta de allanamiento que, aceptada, equivale al mismo, el juez de conocimiento tiene limitada su participación, como que, tratándose de un acto voluntario y libre de aceptación de la imputación, debe aceptarlo y convocar a la audiencia para individualizar la pena, según se lo impone el inciso final del artículo 293 procesal (auto de mayo 6/2009, Rad. 31.538).
No obstante, respecto de la admisión de cargos, se ha advertido que el juez debe controlar no solo la legalidad del acto de aceptación, sino igual la de los delitos y de las penas, en el entendido de que esta estructura un derecho fundamental, enmarcado dentro del concepto genérico del debido proceso a que se refiere el artículo 29 constitucional. Por tanto, de resultar manifiesto que la adecuación típica fractura el principio de legalidad, el juez se encuentra habilitado para intervenir, pues en tal supuesto la admisión de responsabilidad se torna en simplemente formal, frente a esa trasgresión de derechos y garantías superiores (sents. de jul. 15/2008 y jul. 8/ 2009, rads. 28.872 y 31.280, en su orden).
Se impone precisar que la intervención de que trata el artículo 339 de la Ley 906 del 2004 para hacer observaciones a la acusación y pedir a la Fiscalía que aclare, corrija o adicione el escrito acusatorio, está dada para partes e intervinientes, no para el juez, pues en un sistema de contrarios, donde las partes pretenden que ese juzgador construya la verdad a partir de sus argumentos y pruebas, precisamente el funcionario debe estarse a esos planteamientos y desde ellos formar su juicio, luego no puede inmiscuirse en ese debate, según se dijo en sentencia del 18 de abril de 2012 (Rad. 38.020).
Así, presentada la acusación, al juez de conocimiento solamente se le permite realizar sobre ella un examen formal, sin que le sea permitido verificar aspectos de fondo (auto del jun. 27/2012, Rad. 39.296), que de necesidad incluyen el proceso de adecuación típica.
El juez negó la nulidad pedida, respecto de la cual la Fiscalía se abstuvo de interponer recursos, lo que sí hicieron el Ministerio Público y el apoderado de la víctima. Aquel insistió en su criterio inicial (al cual adhirió el último) porque hubo condición de inferioridad, pues la persona armada puso a la otra en estado de indefensión, de inferioridad sin posibilidad de defenderse, pues el arma intimida, la violencia genera miedo y eso causa indefensión e inferioridad; hubo situación de inferioridad porque la víctima no tuvo posibilidad de defenderse como que la intención era eliminarla, lo cual generó indefensión y el sindicado se aprovechó de esa situación de indefensión, de inferioridad.
(1) Gaceta del Congreso 134 de 26 de abril de 2002, página 4.