Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-1998-00135-17859-de-abril-18-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_dc0d469e1d0501b0e0430a01015101b0&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-08-19 11:40:23
Document Index: 186549323

Matched Legal Cases: ['artículo 140', 'artículo 176', 'artículo 24', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 62', 'artículo 62', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 44', 'artículo 21', 'artículo 68', 'artículo 3', 'artículo 117', 'artículo 39', 'artículo 41', 'artículo 51', 'artículo 35', 'artículo 2', 'artículo 140', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 45', 'artículo 44', 'artículo 14', 'Artículo 118', 'artículo 116', 'artículo 16', 'artículo 1602', 'artículo 1602', 'artículo 1500', 'artículo 824', 'artículo 229', 'artículo 116', 'artículo 1625', 'artículo 1625']

﻿ Auto 1998-00135 (17859) de abril 18 de 2013
SENTENCIA 1998-00135 DE 18 DE ABRIL DE 2013
CONTENIDO:PACTO ARBITRAL SÓLO PUEDE MODIFICARSE, SI LAS PARTES LO CONVIENEN SOLEMNEMENTE. CAMBIO DE JURISPRUDENCIA DE LA RENUNCIA TÁCITA DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA SOLEMNEMENTE PACTADA ENTRE LAS PARTES DE UN CONTRATO ESTATAL. SI LAS PARTES PRETENDEN DESHACER O DEJAR SIN EFECTOS EL PACTO ARBITRAL, DEBEN SEGUIR LAS MISMAS SOLEMNIDADES QUE ACATARON AL ACORDARLO, ES DECIR, HACERLO EN FORMA EXPRESA Y FORMALMENTE POR ESCRITO EN UN DOCUMENTO. ELLO NO IMPLICA QUE EL PACTO SEA INMODIFICABLE O INDEROGABLE, SINO QUE ES INVÁLIDO CAMBIARLO DE MANERA TACITA O POR INFERENCIA DEL JUEZ, YA QUE ESTO DESCONOCERÍA EL CARÁCTER AUTÓNOMO DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA. ES NECESARIO ACLARAR QUE LA NUEVA TESIS JURISPRUDENCIAL QUE ACOGE LA SALA APLICA ÚNICAMENTE A ASUNTOS GOBERNADOS POR NORMAS ANTERIORES A LA LEY 1563 DE 2012, POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO DE ARBITRAJE.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATO SOLEMNE, PACTO ARBITRAL, CLÁUSULA COMPROMISORIA EN EL CONTRATO DE ESTABILIDAD JURÍDICA, SENTENCIA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:500 DE AGOSTO DE 2013, PÁG.1321
Auto 1998-00135 (17859) de abril 18 de 2013
Rad.: 85001-23-31-000-1998-00135-01(17859)
Actor: Julio César García Jiménez
Al momento de entrar a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 18 de noviembre de 1999, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, advierte la Sala que se presenta una causal de nulidad insaneable, por falta de jurisdicción, de conformidad con el numeral 1º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil.
“2.1. Declarar que es nulo el artículo segundo de la Resolución 603 expedida el diecisiete (17) de marzo de mil novecientos noventa y siete (1997) por el señor Gobernador del departamento de Casanare mediante el cual se dispuso ‘Terminar el contrato 488 del 25 de junio de 1996, suscrito entre el departamento de Casanare y Julio Cesar García Jiménez (...) por lo expuesto en la parte motiva de este proveído. Lo anterior conforme a los artículos previstos 44 numeral 2º y 45 inciso segundo, de la Ley 80 de 1993’.
2.2. Declarar que es nulo el artículo tercero de la Resolución 603 expedida el diecisiete (17) de marzo de mil novecientos noventa y siete (1997) por el señor Gobernador del departamento de Casanare en cuanto ordenó la liquidación del contrato 488-96 del 25 de junio de 1996, suscrito entre el departamento de Casanare y el Señor Julio César García Jiménez.
2.3. Declarar que es nula la Resolución 147 expedida el trece (13) de junio de mil novecientos noventa y siete (1997) por el señor Gobernador del departamento de Casanare (E) por medio de la cual se declaró improcedente el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 603 de marzo 17 de 1997.
2.4. Declarar que es nula el ‘acta de liquidación unilateral del contrato de consultoría 488-96’ elaborada y suscrita el 26 de mayo de 1997 por el secretario de obras públicas y transporte y la jefe de la división de coordinación e interventoría del departamento de Casanare.
2.5. Declarar que es nula la Resolución 2942 de fecha octubre 24 de 1997, expedida por el señor Gobernador del departamento de Casanare (E), por medio de la cual se acogió como liquidación final del contrato 488-96 la contenida en el acta de liquidación unilateral de fecha 26 de mayo de 1997, se ordenó el reintegro del anticipo ‘más intereses de orden legal y corrección monetaria’ y se ordenó hacer efectiva la garantía contractual.
2.6. Declarar que es nula la Resolución 3655 del 26 de diciembre de 1997 mediante la cual se dispuso: ‘No aceptar los planteamientos expuestos por la recurrente Latinoamericana de Seguros S.A. en contra de la Resolución 2942 de octubre 24 de 1997. En consecuencia la confirma en todas sus partes’.
2.7. Declarar terminado, por incumplimiento del departamento de Casanare, el contrato de obra pública 488 de 1996 suscrito el veinticinco (25) de junio de mil novecientos noventa y seis (1996), entre el departamento de Casanare y Julio César García Jiménez por valor de setenta y nueve millones ochocientos ochenta y un mil setecientos ochenta pesos ($ 79.881.780), cuyo objeto se determinó en la siguiente forma: ‘El contratista se compromete para con el departamento a ejecutar, por el sistema de precios unitarios la construcción de una laguna de oxidación para el tratamiento de aguas residuales fase II del municipio de Villanueva, departamento de Casanare’.
2.8. Como consecuencia de las anteriores, declarar que el departamento de Casanare es responsable de indemnizar los perjuicios patrimoniales (daño emergente y lucro cesante) sufridos por el ciudadano Julio César García Jiménez, como efecto de la ilegal expedición de los actos determinados en los ordinales 2.1 a 2.6 de esta demanda y del consecuente incumplimiento de parte de la administración departamental de Casanare.
2.9. En consecuencia con lo anterior, condenar al departamento de Casanare a reconocer y pagar a favor del ciudadano Julio César García Jiménez o de quien lo represente, las siguientes cantidades determinadas o determinables:
2.9.1. La suma de sesenta y nueve millones setecientos mil pesos ($ 69.700.000), incluida la cantidad dada en calidad de anticipo del contrato, por concepto de gastos administrativos y gastos generales directamente relacionados con la ejecución del contrato.
2.9.2. Los rendimientos financieros correspondientes a la cantidad de veintinueve millones setecientos cincuenta y nueve mil ciento diez pesos ($ 29.759.110), excedente de la cantidad dada en anticipo, liquidados a la tasa del interés bancario corriente, a partir del acto que ordenó la terminación del contrato 488-96.
2.10. En forma subsidiaria, reconocer a favor de Julio César García Jiménez o de quien lo represente, la suma de veintitrés millones novecientos sesenta y cuatro mil quinientos treinta y cuatro pesos ($ 23.964.534), cantidad equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, propuesta como valor del AIU, más los rendimientos financieros liquidados a la tasa de interés bancario corriente, a partir de la fecha del acto que ordenó la terminación del contrato 488-96.
2.11. Ordenar al departamento de Casanare que dé cumplimiento a la sentencia dentro del término indicado en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo y disponer que las cantidades liquidadas o liquidables en la sentencia a favor del actor devengarán intereses comerciales durante los seis meses siguientes a su ejecutoria y moratorios después de tal término” (fls. 2, 3 y 4, cdno. 1).
El 25 de junio de 1996, el departamento de Casanare y el actor suscribieron el contrato de obra pública 488-96, con un plazo de 5 meses, contados a partir de la suscripción del acta de iniciación de la obra y un valor de $ 79’881.780. En el contrato se pactó un anticipo del 50%, que se pagaría al momento del perfeccionamiento y, el saldo, con la presentación de las actas parciales de obra.
El 19 de septiembre de 1996, el señor Julio César García Jiménez recibió la suma de $ 39’940.890, por concepto de anticipo y, el 26 de septiembre siguiente, la jefe de división de coordinación e interventoría de la secretaría de obras públicas del departamento de Casanare designó al ingeniero Carlos William Díaz Agudelo como interventor de la obra, cuya gestión fue suspendida el 8 de enero de 1997, por decisión de la citada funcionaria.
Mediante Resolución 603 del 17 de marzo de 1997, el Gobernador del departamento de Casanare dispuso la terminación del contrato 488-96 y ordenó su liquidación, con fundamento en que este fue celebrado contra expresa prohibición legal y reglamentaria, toda vez que, durante el trámite de convocatoria y adjudicación, no se tuvieron en cuenta el procedimiento establecido en los artículos 1º, 2º y 3º del Decreto 855 de 1994 ni los principios de objetividad, transparencia y economía, a lo cual se sumó que la propuesta del actor no tenía fecha de recibido y que, además, se omitieron los estudios y diseños previos.
Asegura la demanda que el contrato 488-96 fue celebrado de buena fe y con pleno acatamiento de la ley, de modo que la decisión de la administración de terminarlo unilateralmente fue gravosa para el acá demandante, en la medida en que se afectó su patrimonio y, por ende, el señor Julio César García Jiménez debe ser indemnizado, toda vez que adquirió el derecho a recibir, por concepto de administración, imprevistos y utilidad, el 30% del valor del contrato (fls. 4 a 9, cdno. 1).
1.1.2. Normas violadas y concepto de violación:
El actor estimó que la demandada violó los artículos 6º, 13, 58, 83 y 90 de la Constitución Política; 769, 1496, 1502, 1602, 1603, 1608, 1613, 1614, 1615, 1617 y concordantes del Código Civil; 2º, 62, 63, 68, 79 y 87 del Código Contencioso Administrativo; 4-9, 5-1, 3º, 13, 17, 23, 25-2 y 3º, 26-2 y 3º, 29, 41, 50 y 75 de la Ley 80 de 1993 y 3º del Decreto 855 de 1994. Argumentó el actor:
La administración incumplió las cláusulas tercera, cuarta, sexta y diecisiete del contrato. En la tercera, las partes acordaron que el anticipo se giraría cuando aquel estuviera perfeccionado, cosa que ocurrió el 25 de junio de 1996 y el anticipo se entregó el 19 de septiembre de ese año. En la cuarta, las partes acordaron que el plazo de ejecución del contrato sería de 5 meses, contados a partir de la suscripción del acta de iniciación de la obra por parte del contratista y del interventor, quien fue designado el 26 de diciembre de 1996, razón por la cual no se suscribió el acta inicial de obra, circunstancia que puso al contratista en imposibilidad de ejecutarla. En la sexta, las partes acordaron que, en caso de surgir controversias durante la ejecución del contrato, acudirían a mecanismos de solución directa de conflictos, así como al arbitramento, pero la administración no lo hizo. En la diecisiete, las partes acordaron que el acta de liquidación sería firmada por la administración, el contratista y el interventor; sin embargo, el contratista fue excluido de dicho acto sin razón alguna, ya que nunca fue notificado para que comparecencia al mismo.
b. Falsa motivación del acto que ordenó la terminación unilateral del contrato.
La administración señaló que la convocatoria y posterior adjudicación del contrato se efectúo con desconocimiento de los artículos 1º, 2º y 3º del Decreto 855 de 1994, lo cual no es cierto, toda vez que el valor de la obra era de menor cuantía, de modo podía contratarse en forma directa, por expresa autorización del numeral 1º, literal a, del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 y, además, la convocatoria se realizó mediante aviso público, teniendo en cuenta que la cuantía del contrato superaba el 50% de la capacidad de contratación directa del departamento y el equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes; por lo tanto, es evidente que se cumplió con el mandato de los artículos 1º, 2º y 3º del Decreto 855 de 1994.
c. Violación de los numerales 1º y 2º del artículo 25 de la Ley 80 de 1993.
El acto de terminación unilateral del contrato señaló que en la propuesta del actor no consta qué día fue presentada, pues en el encabezado aparece la expresión ‘Yopal, junio de 1996’; pero, dicha circunstancia, por sí sola, no da lugar a la nulidad absoluta del contrato, de tal suerte que la administración, al exigir trámites o requisitos distintos a los expresamente previstos por la ley de contratación pública, vulneró los numerales 1º y 2º del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, toda vez que se desconoció el principio de economía.
d. Violación del artículo 62 del Código Contencioso Administrativo.
La administración liquidó el contrato 488-96 sin que se encontrara ejecutoriada la resolución que ordenó su terminación unilateral, pues el recurso de reposición interpuesto por el contratista contra esta última determinación aún no había sido decidido y, por lo mismo, se vulneró el artículo 62 del Código Contencioso Administrativo, en la medida en que se dio cumplimiento a un acto administrativo que no estaba ejecutoriado.
e. Violación del numeral 2º del artículo 26 de la Ley 80 de 1993.
La administración señaló que el contrato estaba viciado, porque la propuesta del actor no tenía ‘nota de recibido o radicado de la secretaría de obras públicas del departamento’; sin embargo, en el evento de que dicha exigencia resultara necesaria para la evaluación de la propuesta, es obvio que tal omisión resulta imputable a la demandada, la cual no puede invocar su propia culpa para hacer más gravosa la situación del contratista. En esa medida, la administración aplicó indebidamente el numeral 2º del artículo 26 del Código Contencioso Administrativo, que consagra la responsabilidad de los servidores públicos en el proceso de contratación.
f. Falsa motivación sobre la falta de diseños para la ejecución de la obra.
A juicio de la administración, el contrato se celebró sin la existencia previa de estudios, diseños y proyectos, cosa que no es cierta, pues, de las comunicaciones del 30 de agosto y del 4 de septiembre de 1993, la primera de ellas dirigida por el Alcalde y el secretario de obras públicas de Villanueva al secretario de obras públicas del departamento de Casanare y, la segunda, remitida por el jefe de programación de obras del departamento de Casanare al jefe de la oficina jurídica, se infiere que sí existían tales diseños, prueba de ello es que la administración señaló, en el aviso de convocatoria pública, que los “planos y especificaciones se pueden consultar en esta secretaría”; además, en la cláusula 7 del contrato, se pactó que “para la ejecución del contrato el contratista se ceñirá a los planos y especificaciones suministrados por el departamento” (fl. 17, cdno. 1). Así las cosas, la motivación resulta falsa y vicia la decisión administrativa.
g. Violación de los artículos 68-4 y 79 del Código Contencioso Administrativo.
La Resolución 2942 del 24 de octubre de 1997, por la cual la administración acogió “como liquidación final del contrato 488/96” la realizada el 26 de mayo de 1997, pretende legalizar un acto administrativo que también se encuentra viciado; además, dicha resolución no está ejecutoriada, pues la Resolución 3655 del 26 de diciembre de 1997, por medio de la cual se decidió el recurso de reposición interpuesto por la Aseguradora Latinoamericana, garante de la obligación, contra la citada Resolución 2942 de 1997, hasta la fecha de presentación de la demanda no ha sido notificada al contratista; por lo tanto, resulta contraria a los mandatos de los artículos 68-4 y 79 del Código Contencioso Administrativo.
La demanda fue admitida el 20 de agosto de 1998 y el auto respectivo fue notificado al Ministerio Público y al departamento del Casanare, el cual se opuso a las pretensiones de la demanda y solicitó la práctica de pruebas (fls. 133 a 136, 145 a 156, cdno. 1).
Sostuvo que la resolución por medio de la cual se declaró la terminación unilateral del contrato estuvo ajustada al ordenamiento legal, pues en el proceso de contratación se omitió el procedimiento previo a la selección y adjudicación de los contratos que superan el 50% de la menor cuantía de la entidad y, por consiguiente, se desconocieron los artículos 1º, 2º y 3º del Decreto 855 de 1994; además, la propuesta presentada por el contratista no tenía fecha ni constancia de recibido o radicado en la secretaría de obras públicas, ni tampoco había constancia de fijación o desfijación del aviso, hechos que configuraron la causal de nulidad descrita en el numeral 2º del artículo 44 de la Ley 80 de 1993.
1.3. Alegatos de conclusión en primera instancia.
Vencido el período probatorio y fracasada la audiencia de conciliación, el 3 de junio de 1999 se corrió traslado a las partes, para alegar de conclusión y al Ministerio Público, para que rindiera concepto (fls. 159 a 162, 185, 186 y 194, cdno. 1).
1.3.1. El apoderado de la parte actora reiteró las pretensiones, los hechos y el concepto de violación de la demanda y, por lo mismo, solicitó que se declarara la nulidad de los actos demandados, el incumplimiento del contrato 488-96 por parte del departamento de Casanare y que se condenara a este al pago de todos los perjuicios causados al demandante (fls. 195 a 205, cdno. 1).
1.3.2. El departamento de Casanare solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda, por estimar que esta carece de fundamento, pues los actos cuestionados por el actor se encuentran ajustados a derecho (fls. 206 a 208, cdno. 1).
1.4. La sentencia recurrida.
Mediante sentencia del 18 de noviembre de 1999, el Tribunal Administrativo de Casanare negó las pretensiones de la demanda, por estimar que la contratación que realizó el departamento de Casanare con el señor Julio César García desconoció el principio de transparencia y, por lo mismo, resulta evidente que el contrato fue celebrado contra expresa prohibición legal, pues se desconocieron los artículos 24 de la Ley 80 de 1993 y 1º, 2º y 3º del Decreto Reglamentario 855 de 1994; además, no existe certeza sobre la fecha en que se realizaron las convocatorias y mucho menos sobre la fecha de presentación de las propuestas, lo cual indica que imperaba un gran desorden en la administración, de modo que la terminación unilateral del contrato estuvo ajustada a derecho.
Concluyó el tribunal que no existió falsa motivación ni desviación de poder y mucho menos violación de la ley en la expedición de los actos demandados, ya que se demostraron en el proceso las circunstancias que motivaron la expedición de tales actos. En adición, señaló que la falta de devolución, por parte del contratista, del dinero recibido a título de anticipo, a sabiendas de que eran dineros públicos con destinación específica, podría dar lugar a un peculado por el mal uso de estos recursos (fls. 210 a 226, cdno. 4).
A juicio del libelista, no es cierto que en el trámite de convocatoria y posterior adjudicación del contrato 488-96 se hubieran desconocido los artículos 1º, 2º y 3º del Decreto 855 de 1994, como lo aseguró la demandada en el acto de terminación unilateral del contrato, ya que el valor de este fue apenas de $ 79’881.780; además, en dicho acto no se mencionó en qué forma se violaron los principios básicos de la contratación estatal y lo cierto es que se observaron todos los procedimientos previstos en el reglamento de contratación directa, el proceso se cumplió con celeridad, se fijó aviso público para garantizar la transparencia, se evaluaron y calificaron objetivamente las propuestas y se seleccionó la más conveniente, con lo cual se garantizaron los principios de economía, transparencia, publicidad y selección objetiva.
Indicó que no es cierto que no existieran estudios, diseños y proyectos previos a la contratación, como lo dijo la demandada, pues el material probatorio muestra que sí había diseños; además, en el contrato se pactó que, para su ejecución, el contratista se ceñiría a los “planos y especificaciones suministrados por el departamento”.
Dijo que la administración violó el debido proceso del contratista, toda vez que, a pesar de que la resolución que ordenó la terminación del contrato 488-96 no estaba ejecutoriada, ya que aún no había sido decidido el recurso de reposición interpuesto en su contra por el contratista y tampoco se había notificado dicha decisión a la aseguradora, se procedió a liquidar el contrato; además, el contratista no fue convocado al acto de liquidación, tal como las partes lo habían acordado, lo cual genera la nulidad de dicha actuación (fls. 263 a 277, cdno. 4).
1.6. Los alegatos en segunda instancia.
Por auto del 16 de diciembre de 1999, el Tribunal Administrativo de Casanare concedió el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte actora y, mediante auto de 7 de marzo de 2000, el Consejo de Estado admitió el recurso (fls. 282, 285, cdno. 4).
El 24 de abril de 2000, el despacho corrió traslado a las partes, para alegar de conclusión y al Ministerio Público, para que rindiera concepto (fl. 285, cdno. 4).
1.6.1. La entidad demandada reiteró que la decisión de dar por terminado el contrato estuvo ajustada a derecho, pues el procedimiento de selección del contratista se realizó sin atender las solemnidades y formalidades necesarias para su adjudicación, afectando la validez del contrato, ya que fue celebrado contra expresa prohibición legal (fls. 206 a 208, cdno. 4).
1.6.2 La parte actora y el Ministerio Público guardaron silencio (fl. 286, cdno. 4).
2.1. Cuestión preliminar.
El asunto sub judice resulta de especial importancia jurídica y, por lo tanto, su estudio debe realizarse en la Sala Plena de la Sección Tercera de esta corporación, en la medida en que esta providencia pretende modificar la tesis jurisprudencial hasta ahora imperante, en relación con la renuncia tácita de la cláusula compromisoria solemnemente pactada entre las partes de un contrato estatal.
De otro lado, es indispensable aclarar que la nueva tesis jurisprudencial que acoge acá la Sala aplica únicamente a asuntos gobernados por normas anteriores a la Ley 1563 de 2012, “Por medio de la cual se expide el estatuto de arbitraje nacional e internacional y se dictan otras disposiciones”, porque en relación con esta es necesario establecer, en algún caso particular regido por ella, cuál es el real alcance de sus normas, ya que, según estas, “El pacto arbitral implica la renuncia de las partes” a acudir a los jueces institucionales (art. 3º, inc. 2º) y “Si en el traslado de la demanda, o de su contestación, o de las excepciones previas” se invoca el pacto y la otra parte no lo niega “expresamente”, este se entiende probado (par., ib.), de donde pareciera desprenderse que al amparo de dicha ley no es posible renunciar a este último, a pesar de lo cual el parágrafo del artículo 21 de la misma ley dice que no interponer “la excepción de compromiso o cláusula compromisoria ante el juez implica la renuncia al pacto arbitral para el caso concreto”.
2.2. Cláusula compromisoria del contrato de obra pública 488-96.
“6. Solución de controversias contractuales y arbitraje. Las diferencias técnicas que se presenten entre el contratista y la interventoría que no sean resueltas en un término no mayor de 5 días calendario por no poder llegar a un acuerdo entre las partes, serán planteadas a la secretaría de obras públicas para su decisión. Las demás diferencias que se susciten con relación al contrato, se procederá a buscar una fórmula de arreglo en los términos del artículo 68 de la Ley 80 de 1993. En caso de no llegar a un acuerdo directo, las diferencias contractuales se someterán a la decisión de árbitros nombrados directa y de común acuerdo entre las partes (...) árbitros que decidirán en derecho”.
Esta estipulación no es otra cosa que un pacto arbitral, el cual consiste en un acuerdo de voluntades por el cual las partes, con capacidad para transigir, se obligan a someter sus diferencias, susceptibles de transacción, a la decisión de árbitros, quienes se encuentran transitoriamente investidos de la función de administrar justicia (C.P., art. 116), para proferir una decisión que se denomina laudo arbitral y que tiene la misma categoría jurídica y los mismos efectos de una sentencia judicial (L. 446/98, art. 111).
En efecto, el pacto arbitral comprende la cláusula compromisoria y el compromiso (art. 115 ib.). La primera, se define como “el pacto contenido en un contrato o en documento anexo a él, en virtud del cual los contratantes acuerdan someter las eventuales diferencias que puedan surgir con ocasión del mismo, a la decisión de un tribunal arbitral” (art. 116) y, el segundo, como “un negocio jurídico, por medio del cual las partes involucradas en un conflicto presente y determinado, convienen resolverlo a través de un tribunal arbitral” (art. 117).
2.3. Naturaleza y alcance del pacto arbitral.
El Consejo de Estado se ha pronunciado en varias oportunidades acerca de la naturaleza del pacto arbitral, para concluir que este debe ser expreso, toda vez que no se presume y que su finalidad, de trascendental importancia, es habilitar la competencia de los árbitros; así, por ejemplo, mediante providencia del 24 de junio de 1996, la Sala de Consulta y Servicio Civil manifestó(1):
“1.2. De conformidad con el artículo 3º del Decreto 2279 de 1989, el pacto arbitral no se presume; las partes deben manifestar expresamente su propósito de someterse a la decisión arbitral (...)”.
Por su parte, la Sección Tercera de esta corporación, mediante providencia del 8 de junio de 2006(2), aseguró que en el pacto arbitral, que comprende la cláusula compromisoria y el compromiso:
“(...) las partes se obligan a someter sus diferencias a la decisión de un tribunal de arbitramento, renunciando a hacer valer sus pretensiones ante los jueces permanentes (...)”.
Posteriormente, mediante providencia del 20 de febrero de 2008(3), la Sección Tercera puntualizó:
“(...) el ejercicio de la función jurisdiccional por parte de los particulares es restringido y de carácter voluntario, lo que fuerza concluir que sin que medie cláusula compromisoria, pacto o compromiso, según el caso, no es posible que aquellos ejerzan jurisdicción (...); de allí que el traslado de jurisdicción y ejercicio de competencia requiere una “(...) estricta sujeción a los linderos que clara y expresamente señalan la Constitución y la ley (...)” al punto que el juez excepcional debe poseer competencias explícitas, que en ningún caso pueden ser sobreentendidas o implícitas(4).
“(...) Pues bien, el artículo 117 del Decreto 1818 de 1998 define como pacto arbitral el acuerdo por cuya virtud las partes se obligan a someter sus diferencias a la decisión de un tribunal arbitral, renunciando a hacer sus pretensiones ante los jueces, pacto que en tanto género puede materializarse a través de una cláusula compromisoria o un compromiso (...).
Se tiene entonces que mediante la estipulación de una cláusula compromisoria(5) las partes acuerdan someter ‘eventuales diferencias’ que puedan surgir con ocasión de la suscripción de un contrato, de donde resulta evidente que: i). La cláusula compromisoria contiene una renuncia anticipada, ex ante, que las partes convienen respecto de la jurisdicción permanente ante la eventualidad de un futuro conflicto entre ellas, por tanto, está llamada a aplicarse en relación con diferencias surgidas a partir de su celebración, aspecto que se denominará requisito temporal ii). Esta cláusula está concebida desde el momento de su celebración, por tanto, para operar en caso de ‘eventuales diferencias’, sin que de manera concreta pueda anticiparse la existencia cierta de las mismas, es decir, no se fijan extremos de la controversia pues los conflictos son futuros e inciertos, aunque necesariamente deben estar directamente vinculados con el objeto del contrato que las origina, en estricto sentido material, de lo cual se colige que en ningún caso la cláusula compromisoria podría tener efectos en relación con materias no previstas o ajenas por completo a la relación jurídica de origen, como tampoco está llamada a generar, en principio, efectos retroactivos (...)” (subrayas en el texto original).
Puede concluirse, igualmente, que el único requisito de forma previsto en la ley respecto del pacto arbitral y específicamente de la cláusula compromisoria es que conste en un documento. Al respecto, la jurisprudencia de esta corporación ha señalado, de conformidad con la normatividad vigente (D. 118/98, arts. 118 y 119), que “la solemnidad del pacto arbitral —tanto en la modalidad de cláusula compromisoria, como en la de compromiso— consiste en que las partes hagan constar de manera documental el correspondiente acuerdo de voluntades mediante el cual se definan los términos básicos o mínimos de dicho pacto”(6).
Por consiguiente y dado que las normas que exigen solemnidades constitutivas son de orden público y, por lo mismo, inderogables e inmodificables por el querer de sus destinatarios, quienes pretendan convenir en la celebración de un pacto arbitral(7) tienen el deber de acatar la exigencia legal del documento, a fin de perfeccionar su existencia.
Adicionalmente, es indispensable recordar que, según el artículo 39 (primer inciso) de la Ley 80 de 1993, “Los contratos que celebren las entidades estatales constarán por escrito”, y que, conforme al artículo 41 ibídem (primer inciso), “Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logra acuerdo sobre el objeto y este se eleve a escrito”, de donde resulta obvio que el pacto arbitral (cláusula compromisoria o compromiso) se solemniza y nace a la vida jurídica cuando conste por escrito, formalidad esta que impide, como es lógico, que las partes puedan válidamente modificarlo o dejarlo sin efecto de manera tácita, so pena de contrariar el ordenamiento jurídico.
“Si bien tratándose de los contratos la consensualidad de los mismos es la regla general, a veces se requiere en su otorgamiento o celebración la observancia de ciertas formalidades establecidas por la ley, cuyo incumplimiento conduce a la ineficacia. En este caso se estará en presencia de un contrato ‘solemne’. A diferencia del Decreto 222 de 1983, cuyo artículo 51 establece una serie de requisitos y condiciones para el perfeccionamiento del contrato, el proyecto de ley, siguiendo los lineamientos que le traza la adopción del postulado de la autonomía de la voluntad, consagró un único requisito formal. En efecto, los artículos 33 y 35 establecen que los contratos que celebren las entidades constarán por escrito. Es el escrito, entonces, el único requisito exigido para el perfeccionamiento del contrato estatal, en el cual se recogerá el acuerdo sobre el objeto y la contraprestación. El artículo 35 del proyecto básicamente está fundamentado en dos hechos. El uno, nacido del principio de publicidad que regula toda actividad administrativa, el cual exige por lo menos la formalidad escrita; y el otro, producto de la práctica inveterada de elevar a escrito todo contrato en razón a la seguridad que ello produce. El propio estatuto prevé situaciones excepcionales en que el requisito del escrito no se exigirá, como es el caso de los contratos de urgencia”(8).
2.4. La jurisprudencia existente acerca de la renuncia tácita a la aplicación de la cláusula compromisoria.
La jurisprudencia de la Sala ha venido sosteniendo la tesis de la renuncia tácita de las partes de un contrato estatal a la aplicación de la cláusula compromisoria, cuando, a pesar de haber acordado someter sus diferencias al conocimiento de la justicia arbitral, una de ellas decide instaurar la demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y la otra no propone la excepción que encuentra apoyo en el pacto arbitral, tal como lo refleja, entre otros pronunciamientos, la sentencia del 16 de junio de 1997 —Exp. 10.882—(9), retomada en auto de marzo 19 de 1998 —Exp. 14.097—, ocasión en la cual se dijo:
“(...) Aplicados los razonamientos anteriores al caso sub judice, se tiene que la parte actora al instaurar la presente demanda renunció tácitamente a acudir ante un tribunal de arbitramento con el fin de dirimir cualquier conflicto que se suscitara en la ejecución del contrato 430 de 28 de diciembre de 1994, lo mismo sucedió con la parte demandada ya que en la oportunidad pertinente no propuso la excepción de cláusula compromisoria.
“Si las partes renunciaron en forma tácita a hacer uso de la cláusula compromisoria, no puede la parte demandada proponerla como incidente de nulidad fuera del término que la ley le otorga para contestar la demanda y proponer las excepciones a que haya lugar”(10) (resalta la Sala).
En sentencia del 16 de marzo de 2005 —Exp. 27.934—, la Sala reiteró que, si se notificaba el auto admisorio al demandado y este no alegaba la falta de jurisdicción, se entendía que renunciaba a la cláusula arbitral, posición que fue reiterada, posteriormente, en sentencia del 23 de junio de 2010 —Exp. 18.395—, oportunidad en la cual la Sección Tercera sostuvo:
De otro lado, la entidad demandada no contestó la demanda, de manera que dejó pasar la oportunidad para proponer —si a bien lo quería—, la excepción de falta de jurisdicción, comportamiento que para la Sala equivale a renunciar a la cláusula arbitral, pues teniendo la oportunidad para excepcionar no lo hizo”(11).
2.5. Irrenunciabilidad tácita de las partes a la cláusula compromisoria. Cambio de jurisprudencia.
2.5.1. Las normas legales vigentes que regulan los asuntos arbitrales, en cuanto a los contratos estatales se refiere, establecen la solemnidad del escrito como un requisito indispensable de la cláusula compromisoria.
Así, el artículo el artículo 2A del Decreto 2270 de 1989(12), “por el cual se implementan sistemas de solución de conflictos entre particulares y se dictan otras disposiciones” dice que “se entenderá por cláusula compromisoria, el pacto contenido en un contrato o en documento anexo a él, en virtud del cual los contratantes acuerdan someter las eventuales diferencias que puedan seguir con ocasión del mismo, a la decisión de un tribunal arbitral” (se resalta).
Esta tesis, que ahora acoge la Sala, no significa que el pacto arbitral celebrado entre las partes de un contrato estatal sea inmodificable o inderogable. Lo que comporta es que, para modificarlo o dejarlo sin efecto, aquellas deben observar y respetar las mismas exigencias que las normas legales establecen con miras a la formación del correspondiente pacto arbitral, de tal suerte que, para ello, haya también un acuerdo expreso y escrito, lo cual excluye, por ende, la posibilidad de que el pacto arbitral pueda ser válidamente modificado o dejado sin efecto de manera tácita o por inferencia que haga el juez institucional, a partir del mero comportamiento procesal de las partes. Al respecto, es de recordar que “en derecho las cosas se deshacen como se hacen”.
2.5.2. La autonomía de la cláusula compromisoria constituye una de sus principales características, al punto que los árbitros se encuentran habilitados para decidir la controversia aún en el evento de que el contrato sobre el cual deban fallar sea nulo o inexistente, es decir, la nulidad del contrato no afecta la validez y eficacia de la cláusula compromisoria pactada por las partes(13).
Sobre el particular, la Corte Constitucional(14) manifestó:
“(...) Si bien tradicionalmente se ha entendido que la cláusula compromisoria es accesoria respecto del contrato que da origen a los conflictos sobre los cuales habría de fallar el tribunal de arbitramento, el legislador colombiano, siguiendo la senda de la doctrina internacional, ha decidido conferirle un carácter autónomo a la cláusula compromisoria. De esta manera, una decisión del legislador varía — ciertamente, en forma válida— el entendimiento general existente acerca de la relación entre el contrato y la cláusula compromisoria. En consecuencia, por obra de la resolución legislativa, la máxima jurídica que consagra que “lo accesorio sigue la suerte de lo principal” ya no sería aplicable a la cláusula compromisoria, por cuanto esta ya no tendría un carácter accesorio.
(...) El parágrafo acusado persigue que cuando se someta al juicio de los árbitros la decisión acerca de la validez del contrato, el laudo mantenga validez, incluso en los casos en los que el tribunal declara la nulidad o inexistencia del contrato. Con ello se determina que los árbitros continúan siendo competentes para decidir —es decir, se clarifica por parte del legislador quién es el juez de la causa— y se evita dilaciones en la resolución de los conflictos, objetivos que no pueden considerarse irrazonables desde la perspectiva de la lógica de la institución arbitral y de los objetivos por ella perseguidos (...)” (resalta la Sala).
“... que la existencia, validez y eficacia de la cláusula compromisoria no pende de la validez y ni siquiera de la existencia misma del contrato celebrado o pretendido entre el particular y la entidad estatal, como para que pueda afirmarse que si la cláusula en mención no se encuentra incorporada en el texto del mismo, es porque no ha sido pactada por las partes y, por lo tanto, resulte inexistente”(15).
2.5.3. Si se acude al pacto arbitral es porque, previamente y conforme al principio de planeación del contrato, se ha analizado su necesidad y/o conveniencia y, por lo mismo, no puede, de la noche a la mañana, dejarse de lado lo acordado, con el pretexto de que una de las partes acudió al juez institucional y la otra no formuló la excepción de pacto compromisorio.
Pues bien, esta forma alternativa de solución de conflictos contractuales deriva su existencia de la voluntad de la administración, soportada en estudios previos elaborados en virtud del principio de planeación contractual y aceptada por la otra parte negocial. Dicho consentimiento es admitido y reconocido por la Constitución Política (art. 116, inc. 4º) como un mecanismo válido para investir con autoridad judicial a determinadas personas naturales, con lo cual se forja la autonomía de la voluntad(16), y constituye el sustento supremo del mecanismo arbitral y, por lo mismo, es dable señalar que la habilitación de árbitros tiene como soporte adicional el principio de planeación de los contratos estatales, el cual, además, guarda relación directa e inmediata con los principios de interés general y de legalidad, de manera que todo redunde en seguridad jurídica para los coasociados.
2.5.4. Conforme a lo anterior, si las partes de un contrato estatal celebran un pacto compromisorio (cláusula compromisoria o compromiso), con lo cual deciden, de manera consciente y voluntaria, habilitar la competencia de los árbitros para conocer de los litigios que surjan entre ellas y que se encuentren comprendidos dentro del correspondiente pacto arbitral, a la vez que derogar la jurisdicción y la competencia de los jueces institucionales o permanentes, resulta evidente que, si estos últimos advierten la existencia de ese pacto, bien pueden y, más aún, deben rechazar la demanda, sin tener que esperar a que el extremo pasivo de la misma proponga la respectiva excepción, por cuanto, en esas condiciones, carecen de jurisdicción y de competencia; de lo contrario, sus actuaciones resultarían afectadas de nulidad, conforme a lo dispuesto en los numerales 1º y 2º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil.
De esta manera, la única vía que las partes tienen, por su propia decisión, para modificar o poner fin de manera válida el pacto arbitral la constituye, necesariamente, la celebración de un nuevo convenio expreso entre ellas, revestido de la misma formalidad —escrito— que las normas vigentes exigen para la celebración del pacto arbitral original.
En este punto, resulta importante agregar que la Sección Tercera de esta corporación, mediante sentencia del 10 de junio de 2009(17), se pronunció sobre el alcance de la Sentencia C-1436 de 2000(18), mediante la cual la Corte Constitucional examinó la exequibilidad de los artículos 70 y 71 de la Ley 80 de 1993. En aquella oportunidad, esta Sección concluyó, tal como lo hizo el juez constitucional, que los particulares investidos de funciones jurisdiccionales transitorias no pueden pronunciarse sobre la legalidad de los actos administrativos contractuales que comportan el ejercicio de cláusulas exorbitantes o excepcionales al derecho común por parte del Estado, con clara alusión a aquellos que consagra expresamente el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, es decir, los de: a) interpretación unilateral del contrato, b) modificación unilateral del contrato, c) terminación unilateral del contrato, d) sometimiento a las leyes nacionales, e) caducidad y f) reversión, y concluyó también que los demás actos administrativos contractuales, es decir, aquellos que surgen del ejercicio de facultades distintas a aquellas que de manera expresa recoge el artículo 14 acabado de citar, sí pueden ser sometidos al estudio, al examen, al conocimiento y a la decisión de árbitros, “en la medida en que no se encuentran cobijados por los alcances de la sentencia de la Corte Constitucional y en relación con los mismos tampoco la Constitución o la ley establecen restricción alguna”.
“En este orden, y en esta lógica, la conclusión que parece uniforme en estas líneas es que existen múltiples actos administrativos que pueden dictarse al (sic) interior de una relación contractual, y que entre ellos, una parte, los derivados de las potestades exorbitantes de la Ley 80 de 1993, no pueden ser juzgados por los tribunales de arbitramento; los demás actos administrativos contractuales sí”(19).
En el presente asunto, el acto administrativo cuestionado por el actor es aquel por medio del cual, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 45 de la Ley 80 de 1993, la administración declaró la terminación del contrato 488/96 y ordenó su liquidación, con fundamento en la segunda causal del artículo 44 de esa misma ley, esto es, por haberse celebrado el contrato estatal “contra expresa prohibición constitucional o legal”; por consiguiente, es claro que dicho acto administrativo contractual puede ser sometido al examen de árbitros, en tanto no corresponde a alguno de los actos administrativos contractuales que surgen de lo dispuesto en el precitado artículo 14 de la Ley 80 en mención.
Magistrados: Hernán Andrade Rincón—Stella Conto Díaz del Castillo—Mauricio Fajardo Gómez—Enrique Gil Botero—Danilo Rojas Betancourth—Jaime O. Santofimio Gamboa—Olga Mélida Valle de De la Hoz—Carlos Alberto Zambrano Barrera.
(1) Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 838 del 24 de junio de 1995.
(2) Expediente 32.398.
(3) Expediente 33.670.
(4) Corte Constitucional, Sentencia C-294 de 1995, M.P. Jorge Arango Mejía.
(5) Artículo 118 del Decreto 1818 de 1998.
(6) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, Expediente 32.871.
(7) En cuanto a la naturaleza jurídica de esta figura, ver numeral 2.2 de esta providencia.
(8) Exposición de motivos al Proyecto de Ley 149 de 1992, Senado de la República, por la cual se expide el estatuto general de contratación de la administración pública (Gaceta del Congreso, año I, Nº 75, 23 de septiembre de 1992).
(9) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 16 de junio de 1997, Expediente 10.882
(10) Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 19 de marzo de 1998, Expediente 14.097.
(11) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de junio de 2010, Expediente 18.395.
(12) Modificado por el artículo 116 de la Ley 446 de 1998.
(13) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, Expediente 32.871.
(14) Corte Constitucional, Sentencia C-248 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(15) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, Expediente 32.871.
(16) La jurisprudencia constitucional ha resaltado el papel determinante que tiene, en este asunto, la autonomía de la voluntad de las partes, al ser las únicas con potestad para habilitar el tribunal arbitral, facultando a los sujetos intervinientes en una relación contractual para optar por este (C. Const., Sentencia C-294/95, M.P. Jorge Arango Mejía).
(17) Expediente 36.252.
(19) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 22 de octubre de 2012, Expediente 39.942.
Discrepamos de la decisión mayoritaria por razones que tienen que ver con i) fundamentos extraños al ordenamiento y contrarios al mismo, que se traducen en quitar todo efecto a la extinción de la cláusula compromisoria mediante mutuo disenso tácito de las obligaciones, con la introducción de solemnidades ad substantiam actus y ii) la vulneración del derecho de acceso a la justicia del señor Julio César García Jiménez y el departamento de Casanare, partes en este asunto, amén de la introducción de una restricción con alcances unificadores a la tutela jurisdiccional estatal.
1. Con la jurisprudencia unificada por la mayoría se prohíbe extinguir las obligaciones derivadas de la cláusula compromisoria mediante el mutuo disenso tácito y se crea una solemnidad ad substantiam actus para el negocio liberatorio expreso, sin fundamento legal.
1.1. El ordenamiento faculta expresamente la extinción de cualquier obligación mediante el mutuo disenso tácito. No puede el juez distinguir donde no lo hace el legislador.
Mediante el negocio arbitral, en cualquiera de sus modalidades, las partes se obligan a someter a la jurisdicción arbitral diferencias relativas a intereses sobre los cuales les asiste la disposición. En cuanto obligación que es, la nacida de la cláusula compromisoria no escapa a las disposiciones generales del Código Civil, conforme con las cuales, “[t]oda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por nula” —art. 1625—; tampoco al entendimiento del retracto, dada la coincidencia de las partes en inejecutar las prestaciones bilaterales —C.C., art. 1618—.
Así, los fundamentos de la decisión mayoritaria en tanto caen en el error de tratar como iguales las condiciones de formación del negocio creador de la obligación y del negocio liberador, de efectos diametralmente opuestos, sin fundamento legal hace más gravoso los límites a la libertad de que trata el artículo 16 de la Constitución Política(1), en tanto con el criterio unificado se impide la liberación de las partes en la forma como lo autorizan sin restricciones los artículo 1602 y 1625 del Código Civil.
1.2. El ordenamiento faculta expresamente la extinción de cualquier obligación mediante el negocio liberatorio expreso sin formalidades. No puede el juez convertir en solemne el negocio que legalmente es consensual.
Debe tenerse en cuenta que el pensamiento romano conforme con el cual el consensus contrarius o mutuus dissensus solamente aplicaba para el contrato consensual —puesto que el contrato verbis o de estricto derecho solo se extinguía por la forma contraria a la que lo creó—, no tiene cabida frente a los alcances del artículo 1602 del Código Civil, que autoriza que las partes destruyan por el consentimiento mutuo cualquier contrato perfeccionado con arreglo a la ley, esto es, por un consentimiento distinto, tanto en la forma como en el contenido, del que perfecciona la fuente de la obligación, sin más limitaciones que las dispuestas para los actos voluntarios que establecen y determinan el estado civil y hacen inmutables su efectos.
Pero es que, además, de conformidad con el artículo 1500 del Código Civil el negocio jurídico es solemne cuando está “sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no produce ningún efecto civil” y es consensual en los demás casos; de igual manera, al tenor de las disposiciones del artículo 824 del Código de Comercio, el negocio jurídico puede formarse por la declaración de voluntad expresada en cualquier forma, salvo “[c]uando una norma legal exija determinada solemnidad como requisito esencial del negocio jurídico, este no se formará mientras no se llene tal solemnidad”. De donde resulta que la solemnidad constituye un límite a la autonomía de la voluntad privada y, por tanto, debe estar expresamente señalada en disposición, legal o convencional, con aptitud suficiente para producir esa restricción, sin que a estos efectos valgan las interpretaciones extensivas o analógicas, por la sencilla razón de que siendo la regla la consensualidad, por vía judicial no resulta posible convertir la excepción —para estos efectos la solemnidad— en regla general.
Conforme con las disposiciones de la Ley 80 de 1993 —se destaca—, “[l]os contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito” —art. 41— y “[s]on contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación (…)”; empero, dirigidos a realizar los fines del Estado, ajenos al pacto arbitral y mayormente distanciados del mutuo disenso para revocar lo acordado, cuando esto no compromete sino los propios intereses.
1.2. Con la jurisprudencia unificada se establecieron límites reservados a la ley que restringen el derecho fundamental de acceso a la justicia en lo contencioso administrativo.
Con rango de derecho fundamental, el artículo 229 garantiza a todas las personas —se destaca— “… la posibilidad de acudir libremente a la jurisdicción siendo parte en un proceso promoviendo la actividad jurisdiccional que concluya con una decisión final motivada, razonable y fundada en el sistema de fuentes”(2), sin más límites que los dispuestos por la ley.
Asimismo, el carácter ocasional, transitorio y voluntario que le imprime el artículo 116 constitucional a la habilitación de los particulares para administrar justicia no puede ser sino complementaria y temporal(3), entendimiento con el que se acompasa la facultad otorgada por el artículo 1625 del Código Civil para extinguirla mediante el mutuo disenso, tácito o expreso, sin más formalidad que la intención inequívoca de abandonar lo pactado para volver a lo natural y obvio, esto es al poder estatal para resolver con autoridad las controversias. De donde resulta contrario a la Constitución Política el entendimiento de la Sala según el cual la solemnidad del negocio arbitral sustituye con vocación de permanencia el acceso a la jurisdicción, porque de ser ello así, ¿por qué habilitar lo que desde siempre se tiene?
Y si, como lo ha señalado la Corte Constitucional, no resulta posible sustituir en forma genérica e indefinida a la rama judicial en el cumplimiento de la función pública de administrar justicia(4), son contrarias a los principios que sustentan la soberanía estatal las razones a las que acudió la posición mayoritaria para unificar la jurisprudencia en el sentido de que la formalidad exigida para el perfeccionamiento de la cláusula compromisoria sustituye con carácter permanente el acceso a la justicia contencioso administrativa, en cuanto las partes tendrían que pronunciarse expresamente y por escrito para ejercer el derecho de acceso a la jurisdicción a cargo del Estado, como si una vez acordada la derogatoria de esta jurisdicción no se pudiera retornar a ella solo por el mutuo disenso, con los alcances previstos en el artículo 1625 del Código Civil.
1.3. Los cambios de la jurisprudencia consolidada no pueden aplicarse con carácter retroactivo sin vulnerar las garantías a la igualdad y a la confianza legítima en las decisiones judiciales.
(1) Conforme con el cual “[t]odas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico”; norma en la cual se fundamentan las garantías constitucionales de la libertad negocial y la autonomía de la voluntad privada.
(2) Corte Constitucional, Sentencia C-893 de 2001, Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
(3) En este sentido ha señalado la Corte Constitucional —se destaca—: “[a]sí mismo, la Carta Política permite extender transitoriamente la potestad de administrar justicia a los particulares en calidad de conciliadores o árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad. // En este mandato está el origen de los denominados mecanismos alternos de resolución de conflictos, en virtud de los cuales los ciudadanos son investidos ocasionalmente por la ley de la función de impartir justicia, en condición de árbitros o conciliadores. // Tal como lo ha reconocido la jurisprudencia, esta facultad es esencialmente ocasional o transitoria y es además de carácter voluntario o espontáneo, por cuanto al tenor de la norma superior en comento son las partes quienes habilitan al particular para resolver su controversia. // La transitoriedad y alternatividad de estos instrumentos deriva del hecho de que constituyen una forma de colaboración de los particulares para el buen suceso de la administración de justicia (C.P., art. 95-7). De ahí que por razones de orden público no sea concebible el traslado permanente de la función jurisdiccional a los particulares. // En este contexto resulta, pues, claro que la justicia informal proveniente de la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de conflictos no es sustitutiva sino complementaria de la justicia estatal formal. De ahí la necesidad de que sea desarrollada gradualmente por el legislador, como expresión de una política de Estado tendiente a propiciar la vinculación de la sociedad civil en la construcción de su propio destino. // Por las mismas razones, estas alternativas privadas para la solución de conflictos no deban ser impuestas unilateralmente por el Estado con el fin de solucionar los problemas estructurales que aquejan a la administración de justicia, porque en vez de propender por la eficacia de esta función pública se estarían generando serios problemas prácticos producto del resquebrajamiento de la autonomía privada y la consecuente desconfianza de las partes en los árbitros y conciliadores. En verdad, esta clase de soluciones parciales pueden ser dañinas y contraproducentes cuando se las concibe como remedios absolutos y unilaterales”. Cfr., Sentencia C-893 de 2001, citada.
(4) Cfr., Sentencia C-242 de 1997, en la que, como ratio decidendi de la decisión de declarar inexequible la ley que imponía el deber de acudir al juez arbitral para resolver los conflictos en las empresas de servicios públicos, se expuso: “… no tiene fundamento alguno de carácter jurídico pretender que el arbitramento pueda sustituir la jurisdicción ordinaria de manera absoluta e indefinida en el tiempo, bajo el pretexto de obtener una definición pronta del conflicto, ya que la institución arbitral solamente es procedente y viable en forma excepcional y transitoria, según los ordenamientos constitucionales anteriormente citados y respecto de materias susceptibles de transacción, en desarrollo del acuerdo expreso de las partes, mediante la habilitación de los árbitros para proferir el respectivo fallo en cada caso en particular.// De ahí que, no tenga asidero constitucional institucionalizar por vía legislativa el procedimiento arbitral para sustituir en todos los casos, en forma genérica e indefinida, a la jurisdicción ordinaria consagrada en la misma Constitución Política de 1991”.