Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/529698-d-22-2014-de-16-may-ca-illes-balears-regimen-aplicable-a-la-solicitud-y.html
Timestamp: 2019-12-10 14:48:02
Document Index: 252202185

Matched Legal Cases: ['Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 8', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 27', 'artículo 10', 'artículo 37', 'artículo 38', 'artículo 8', 'artículo 71', 'artículo 4', 'artículo 8', 'artículo 42', 'artículo 62', 'artículo 102', 'artículo 54']

Decreto 22/2014, de 16 de mayo, por el que se determina el régimen aplicable a la solicitud y concesión de la prestación para adquirir productos de primera necesidad
Publicado en BOIB núm. 69 de 20 de Mayo de 2014
Artículo 5 Financiación de la prestación para adquirir productos de primera necesidad
Artículo 6 Cuantía de la prestación
Artículo 8 Documentos que deben presentarse
CAPÍTULO II. Procedimiento, valoración y resolución
Artículo 11 Órganos de gestión
Artículo 12 Examen de la documentación
CAPÍTULO III. Concesión, pago y reintegro
Artículo 14 Tarjeta Básica
Artículo 15 Entidad colaboradora
Artículo 16 Concesión y pago de la prestación
Artículo 17 Revocación de la prestación concedida
Artículo 18 Reintegro de las prestaciones concedidas
Artículo 19 Revisión de oficio de la prestación concedida
Disposición transitoria única Plazo de presentación de solicitudes para el año 2014
Disposición final primera Norma que se modifica
D 42/2016, de 15 Jul. CA Illes Balears (creación de la ayuda económica de carácter social, complementaria de las pensiones no contributivas)
D [BALEARES] 22/2014, 16 mayo, derogado por la disposición derogatoria única del D [BALEARES] 42/2016, de 15 de julio, por el que se crea la ayuda económica de carácter social, complementaria de las pensiones no contributivas («B.O.I.B.» 16 julio), el 17 de julio de 2016.
La Ley 4/2009, de 11 de junio, de Servicios Sociales de las Illes Balears (BOIB núm. 89, de 18 de junio), en su artículo 3, apartado k), establece como uno de sus objetivos el de detectar y atender las situaciones de falta de recursos básicos y las necesidades sociales tanto de las personas como de los grupos y la comunidad en general.
El objeto del presente decreto es desarrollar una prestación social dirigida a adquirir productos de primera necesidad. Durante años se ha articulado como convocatoria, regulada de forma subsidiaria y temporal dentro del ámbito de las subvenciones. Se trata de una prestación que no tiene consideración de subvención, tal y como establece el artículo 2.3.a) del Texto Refundido de la Ley de Subvenciones, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, que remite al artículo 2.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
El Decreto 5/2013, de 2 de mayo, del presidente de las Illes Balears, por el que se determina la composición del Gobierno y se establece la estructura de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (BOIB núm. 60, de 2 de mayo), prevé dentro de la estructura de la Administración autonómica la Consejería de Familia y Servicios Sociales. El artículo 2.7 del Decreto 6/2013, de 2 de mayo, del presidente de las Illes Balears, por el que se establecen las competencias y la estructura orgánica básica de las consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (BOIB núm. 60, de 2 de mayo), establece que la Consejería de Familia y Servicios Sociales, por medio de la Dirección General de Servicios Sociales, ejerce las competencias, entre otras, sobre atención y apoyo a personas con dependencia, a personas con discapacidad, a personas de la tercera edad y otros colectivos en situación de riesgo, y prestaciones económicas.
Por todo ello, a propuesta de la consejera de Familia y Servicios Sociales, con la participación del Consejo de Servicios Sociales y del Comité de Evaluación de Necesidades Sociales, de acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión de 16 de mayo de 2014,
2. La prestación regulada en este decreto tiene la consideración de prestación autonómica complementaria de las prestaciones previstas en el artículo 2.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, a los efectos previstos en la letra a) del apartado 3 del artículo 2 del Texto Refundido de la Ley de Subvenciones, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2005, de 28 de diciembre.
2. No pueden ser beneficiarias de la prestación regulada en este decreto las personas sancionadas o condenadas por resolución administrativa o sentencia judicial firmes por alguno de los supuestos previstos en el artículo 27 de la Ley 12/2006, de 20 de septiembre, para la Mujer. Mientras la resolución administrativa o resolución judicial no sean firmes, se suspenderá cautelarmente la prestación, salvo si se garantiza de forma suficiente su reintegro.
b. De subsidios derivados de la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI).
Por otra parte, se debe acreditar la residencia legal y continuada en las Illes Balears con una antigüedad de al menos los dos años anteriores a la fecha de la solicitud. Para la residencia legal, se tendrán en cuenta los criterios aplicables a las pensiones no contributivas establecidos en el artículo 10 del Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, de desarrollo de la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, sobre Prestaciones no Contributivas de la Seguridad Social.
3. Las solicitudes se podrán presentar en cualquiera de las dependencias mencionadas en el punto anterior, o mediante cualquier otra de las formas que establecen el artículo 37.1 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, y el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
1. A la solicitud de la prestación se adjuntarán los documentos que se relacionan, siempre que no estén en poder de la Administración o se pueda comprobar la información por técnicas telemáticas mediante consultas, a las que tenga acceso el Servicio de Prestaciones Sociales, como la Dirección General del Catastro, el Padrón de Habitantes de los municipios de las Illes Balears, la Agencia Tributaria y las bases de datos de la Seguridad Social, todo ello siempre y cuando el solicitante haya dado su consentimiento o autorizado a la Dirección General de Servicios Sociales, si es necesario, para consultar dichos datos o cualesquiera otros de acuerdo con el Decreto 6/2013, de 8 de febrero, de medidas de simplificación documental de los procedimientos administrativos. Los documentos que han de presentarse son:
f) Una fotocopia compulsada de la declaración de la renta del año anterior al que se presenta la solicitud o, en el caso de que no se haya hecho la declaración, una fotocopia compulsada de los documentos que acrediten la renta per cápita de todos los miembros de la unidad económica de convivencia durante el año anterior al que se presenta la solicitud (certificados de empresa, nóminas, certificado del Servicio Público de Empleo Estatal -SEPE-, contrato de trabajo, etc.).
2. Si la solicitud o la documentación aportada es defectuosa, incompleta o, de acuerdo con el artículo 8.3, se piden a la persona solicitante documentos complementarios, los servicios de la Dirección General de Servicios Sociales deben requerir a la persona solicitante para que presente la documentación o subsane los defectos en el plazo de diez días, y deben hacer constar que, en su defecto, se considerará que desiste de su petición y se dictará la resolución que establece el artículo 71 de la Ley 30/1992.
- Cumplir los requisitos del artículo 4 de este decreto.
- Rellenar la solicitud, en su caso.
- Presentar los documentos, según corresponda, de acuerdo con el artículo 8 de este decreto.
5. El transcurso del plazo para resolver el procedimiento podrá suspenderse en los casos previstos en el artículo 42.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
- confección textil en general
- hipermercados y cadenas de supermercados
- supermercados y alimentación en general
2. El procedimiento de reintegro se rige por las disposiciones generales sobre procedimientos administrativos previstas en el título VI de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como por las normes que resulten aplicables del Texto Refundido de la Ley de Finanzas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2005, de 24 de junio, y del Reglamento general de recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.
1. Corresponde revisar de oficio la prestación concedida cuando la prestación no haya sido concedida conforme a derecho por incurrir en alguno de los supuestos de nulidad de pleno derecho previstos en el artículo 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. El procedimiento de revisión de oficio se rige por lo establecido en el artículo 102 de la Ley 30/1992 y en el artículo 54 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
Población destinataria: los beneficiarios de pensiones no contributivas (PNC), del fondo de asistencia social (FAS) o de la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI), y las personas de más de 65 años con una discapacidad de grado superior o igual al 65 % que tienen unos ingresos anuales inferiores a los establecidos anualmente en la ley de presupuestos generales del Estado o norma complementaria que regule la materia.