Source: http://www.asesoriayempresas.es/jurisprudencia/JURIDICO/48586/sentencia-ap-madrid-424-2005-de-7-de-junio-adopcion-oposicion-desestimacion
Timestamp: 2017-12-18 07:10:28
Document Index: 222723946

Matched Legal Cases: ['artículo 175', 'artículo 1261', 'artículo 175', 'artículo 175', 'artículo 175', 'artículo 248']

Sentencia A.P. Madrid 424/2005, de 7 de junio. Adopción. Oposición. Desestimación - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
Inicio > Jurisprudencia > Resultados > Sentencia A.P. Madrid 424/2005, de 7 de junio. Adopción. Oposición. Desestimación
Sentencia A.P. Madrid 424/2005, de 7 de junio
Adopción: Desestimación de la oposición. La adopción aparece configurada como un instrumento de integración familiar referida esencialmente a quiénes más lo necesitan.
SENTENCIA: 00424/2005
N.I.G. 28000 1 7003629 /2005
Rollo: RECURSO DE APELACION 291 /2005
Proc. Origen: PIEZA OPOSICION ADOPCION 287 /2004
Órgano Procedencia: JDO. 1A.INST.E INSTRUCCION N. 1 de COLMENAR VIEJO
De: Juan Pedro
Contra: Jose Ramón
En Madrid, a 7 de junio de 2.005
La Sección Vigésimo segunda de esta Audiencia Provincial ha visto, en grado de apelación, los autos de adopción seguidos, bajo el n.º 287/204, ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de los de Colmenar Viejo, entre partes:
De una, como apelante, don Juan Pedro, y de la otra, como apelado don Jose Ramón, ninguno de los cuales se ha personado en la alzada.
SEGUNDO.- Con fecha 18 de noviembre de 2.004 por el Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de los de Colmenar Viejo se dictó sentencia cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLO: Que estimando la oposición planteada por D. Jose Ramón representado por la Procuradora Sra. Pinto debo denegar y deniego la adopción interesada por D. Juan Pedro respecto de María Rosario. Sin expresa condena en costas. Esta resolución no es firme contra ella cabe recurso de apelación que deberá prepararse en el plazo de cinco días desde su notificación. Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.".
TERCERO.- Notificada la mencionada resolución a las partes, contra la misma, previa la oportuna preparación, se interpuso recurso de apelación por la representación legal de don Juan Pedro, exponiendo en el escrito presentado las alegaciones en las que basaba su impugnación.
De dicho escrito se dio traslado a las demás partes personadas, presentando la representación de don Jose Ramón escrito de oposición.
Seguidamente se remitieron las actuaciones a esta Superioridad, en la que, previos los trámites oportunos, se acordó señalar para deliberación, votación y fallo del recurso el día 6 de los corrientes.
PRIMERO.- Tras su rechazo en la instancia, reproduce el Sr. Juan Pedro ante la Sala de su pretensión de que se constituya la adopción entre el mismo y doña María Rosario.
En apoyo de dicho petitum revocatorio, aduce la dirección Letrada del apelante que se cumplen en el caso los requisitos al efecto exigidos por el artículo 175 del Código Civil, tanto los de edad de adoptante y adoptanda, como el relativo a la convivencia ininterrumpida de ambos desde antes de cumplir esta última a los catorce años de edad. Y añade que el presente caso, por la mayoría de edad de doña María Rosario, queda fuera del ámbito de la Ley Orgánica 1/1996, rigiendo el principio de la autonomía de la voluntad. Respecto del padre biológico, hoy apelado, se afirma que ha observado una conducta de total dejadez de sus funciones como padre, a lo que une un absoluto desconocimiento de la vida de su hija.
Y así definida la controversia litigiosa en el presente momento y trámite procesales, pues la parte apelada interesa la íntegra confirmación de la resolución dictada por el Órgano a quo, procede analizar la problemática suscitada a la luz de la doctrina emanada de la vigente legalidad en la materia, en su proyección sobre las circunstancias concurrentes en el caso, según pone de manifiesto el contexto alegatorio y probatorio sometido a nuestra consideración.
SEGUNDO.- Al contrario de lo que afirma la parte recurrente, no puede sostenerse, con apoyo en nuestro ordenamiento jurídico positivo, especialmente tras la reforma operada por la Ley 11 de noviembre 1987, que la adopción siga gravitando sobre el consentimiento de las partes, como si de un negocio jurídico privado se tratara, con la trascendencia que al principio de autonomía de la voluntad otorgan los artículos 1254 y siguientes del Código Civil.
Así, conforme se desprende de la mera lectura de las previsiones contenidas en los artículos 175 y siguientes de dicho texto legal, la voluntad privada, al contrario de lo que acaece en los supuestos contractuales, a tenor de lo que establecer el número 1.º del artículo 1261, no se erige en un elemento constitutivo del efecto jurídico contemplado en aquellos preceptos, suponiendo tan sólo un simple presupuesto, eso sí indispensable, para que la relación jurídica postulada pueda ser acogida por la decisión judicial, sin que ésta quede vinculada por las referidas manifestaciones de voluntad.
En efecto, no nos encontramos ante una declaración de voluntad negocial, sino, en último término, cuasi negocial, esto es de libre aceptación por las partes de la relación jurídica adoptiva, que sólo se constituye en virtud de la decisión de los tribunales, que pueden denegar la misma cuando consideren que, no obstante la inexcusable concurrencia de los consentimientos y demás expresiones de voluntad legalmente exigidos, la constitución del vínculo de filiación no sea acorde al interés del adoptando, o cuando falte algún otro de los requisitos exigidos por la expuesta normativa legal.
De otro lado, y como viene manteniendo esta Sala, con apoyo en la vigente legalidad, no ha de olvidarse que la adopción aparece configurada como un instrumento de integración familiar referida esencialmente a quiénes más lo necesitan, y supone la completa ruptura del vínculo legal que el adoptando mantenía con su familia de origen el que, en la generalidad de los casos, no responde ya al status fáctico al efecto existente, creando, en su lugar, una relación de filiación, de conformidad con lo prevenido en los artículos 108 y siguientes del Código Civil, que sólo es aplicable, "salvo supuestos muy excepcionales", para los menores de edad, según se recoge en el preámbulo de la Ley de 11 de noviembre de 1987. En el mismo se excluye la posibilidad indiscriminada de adoptar a los mayores de edad, especialmente a través de la antecedente figura de la adopción simple, que se revelaba como instrumento, en la mayoría de las ocasiones, para la consecución de fines marginales no merecedores de una protección especial.
Tales principios se recogen, de forma clara e inequívoca, en el artículo 175-2 del Código Civil, al prevenir que "únicamente podrá ser adoptados los menores no emancipados". Cierto es que tal genérica proclamación ofrece, en el mismo precepto, un mínimo resquicio, al disponer que "por excepción, será posible la adopción de un mayor de edad o de un menor emancipado cuando, inmediatamente antes de la emancipación, hubiere existido una situación no interrumpida de acogimiento o convivencia, iniciada antes de que el adoptando hubiere cumplido los catorce años".
Como ya hemos tenido ocasión de pronunciarnos en similares casos antecedentes, la lectura de esta última previsión revela la viabilidad, eso sí excepcional, de sancionar legalmente un status fáctico en el que, partiendo de una ruptura radical con la familia biológica, se haya creado una intensa relación entre adoptante y adoptando, ya prolongada en el tiempo y con plena integración a todos los efectos, salvo su amparo por la ley, de este último en el entorno familiar del primero.
TERCERO.- En el supuesto que hoy analizamos, resulta acreditado que doña María Rosario, nacida, en fecha 21 de abril de 1985, de las relaciones entre don Jose Ramón y Doña Mercedes, quedó integrada, tras el matrimonio de esta última con el hoy apelante, celebrado en 20 de octubre de 1990, en el entorno familiar constituido por los mismos, cumpliéndose además los condicionantes de edad exigidos en el apartado número 1 del artículo 175, ya que el señor Juan Pedro nació en el año 1940.
Sin embargo, la concurrencia de tales circunstancias no ha de bastar para acoger la pretensión articulada por don Juan Pedro, en cuanto la expuesta situación fáctica, generadora de indiscutibles vínculos de familiaridad y afecto, ni ha supuesto la ruptura de toda relación con el progenitor biológico de la adoptanda ni, durante la reciente minoría de edad legal de la misma, existieron motivos que pudieran haber determinado que al Sr. María Rosario se le privara de la patria potestad sobre aquélla, de conformidad con lo prevenido en el artículo 175, en relación con el 170, ambos del repetido texto legal, y que hubiera excluido la ineludible necesidad de su asentimiento al respecto.
Así, la prueba unida a las actuaciones revela que doña María Rosario mantuvo un contacto regular con su padre, en forma de estancias en fines de semana y períodos vacacionales, hasta que cumplió 13 años, a partir de cuyo momento la misma se negó a pernoctar en el entorno paterno, sin que se haya acreditado qué causas provocaron tal decisión. Ello, sin embargo, no implicó la total ruptura de las relaciones paterno-filiales, continuando los contactos entre ambos hasta el año 2003, a partir de cuyo momento tan sólo mantienen comunicación telefónica.
Don Jose Ramón ha venido cumpliendo el deber alimenticio que le incumbía respecto de su hija, en los términos sancionados judicialmente, asumiendo inclusive un préstamo para afrontar los atrasos en que, por su situación económica, había incurrido.
Y siendo ello así, el mero hecho cronológico de haber superado la adoptanda los dieciocho años de edad no puede determinar, haciendo tabla rasa de los expuestos antecedentes, la constitución de una relación jurídica que hubiere resultado inviable en etapas anteriores, ante la negativa del progenitor biológico. Así debió entenderlo el hoy apelante al no ejercitar su pretensión hasta la mayoría de edad de doña María Rosario, ofreciendo como única explicación, de difícil credibilidad, que fue la misma quien, sólo a partir de dicho momento, le manifestó su deseo de integración jurídica plena en su núcleo familiar.
En consecuencia, el planteamiento del promotor del expediente no puede obtener el impetrado amparo de los tribunales.
CUARTO. No obstante la desestimación del recurso, en consideración a la naturaleza de la cuestión suscitada y singulares circunstancias concurrentes en el caso, no ha de hacerse especial condena en las costas procesales devengadas en la alzada, conforme facultan los artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Que desestimando el recurso de apelación formulado por don Juan Pedro contra la Sentencia dictada, en fecha 18 de noviembre de 2004, por el Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de los de Colmenar Viejo, en autos de adopción seguidos, bajo el n.º 287/2004, entre dicho litigante y don Jose Ramón, debemos confirmar y confirmamos íntegramente la resolución recurrida.
No se hace especial condena en las costas procesales devengadas en la presente alzada.
Así por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará testimonio al Rollo de la Sala y será notificada a las partes en legal forma, con sujeción a lo prevenido en el artículo 248-4.º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Publicación.-En el mismo día de la fecha, fué leída y publicada la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. D. Eduardo Hijas Fernández; doy fé.