Source: https://issuu.com/federacionfcm/docs/cartilla_dms_09-06-2016
Timestamp: 2017-12-13 00:11:44
Document Index: 158260668

Matched Legal Cases: ['artículo 303', 'artículo 315', 'artículo 189', 'artículo 330', 'artículo 303', 'artículo 315', 'artículo 296', 'artículo 330', 'artículo 6', 'artículo 16', 'artículo 21', 'artículo 2', 'artículo 16', 'artículo 76', 'artículo 2', 'artículo 84', 'artículo 17', 'artículo 29', 'artículo 90', 'artículo 6', 'artículo 2', 'artículo 12', 'artículo 29', 'artículo 2', 'artículo 106', 'artículo 14', 'artículo 107', 'artículo 112', 'artículo 10', 'artículo 16', 'artículo 8', 'artículo 115', 'artículo 189', 'artículo 17', 'artículo 2', 'artículo 8', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 98', 'artículo 7', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 12', 'artículo 8', 'artículo 6', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 8', 'artículo 10', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 8', 'artículo 6', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 6', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 7', 'artículo 6', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 300', 'artículo 313', 'artículo 287', 'artículo 6', 'artículo 189', 'artículo 189', 'artículo 209', 'artículo 84', 'artículo 64', 'artículo 657', 'artículo 315', 'artículo 130', 'artículo 12', 'artículo 91', 'artículo 29', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 12', 'artículo 2']

Cartilla Departamentos y Municipios Seguros by Federación Fcm - issuu
Seguridad ciudadana, camino para el desarrollo
Portada Policía Nacional, Primera Edición. Junio de 2016 Doctor JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN Presidente de la República
Doctor LUIS CARLOS VILLEGAS ECHEVERRI Ministro de Defensa Nacional General JORGE HERNANDO NIETO ROJAS Director General Policía Nacional Mayor General RICARDO ALBERTO RESTREPO LONDOÑO Subdirector General Policía Nacional Mayor General JORGE ENRIQUE RODRÍGUEZ PERALTA Director de Seguridad Ciudadana Mayor General CARLOS RAMIRO MENA BRAVO Inspector General Policía Nacional Brigadier General FABIÁN LAURENCE CÁRDENAS LEONEL Jefe Oficina de Planeación Coronel RICARDO BLANCO GÓMEZ Jefe Oficina de Comunicaciones Estratégicas Teniente Coronel JORGE ELIÉCER LARA RÍOS Coordinador Programa DMS Texto: CLAUDIA PATRICIA GÓMEZ ROJAS Asesor Programa DMS Diseño e impresión Imprenta Nacional de Colombia www.policia.gov.co ofpla.dms-jefat@policia.gov.co (1) 315 9000 Ext. 9775 -9509 Bogotá, D. C. Este documento hace parte integral de las publicaciones del Programa DMS y tiene como objetivo dar a conocer a las autoridades político-administrativas y al personal policial los aspectos más importantes de la gestión territorial de la seguridad ciudadana (GTS).
Seguridad ciudadana, camino para el desarrollo Revista Preguntas Frecuentes Departamentos y Municipios Seguros Policía Nacional Junio 2016
Contenido Presentación	4 Introducción	5 Las autoridades político-administrativas de cara a la seguridad ciudadana	6 Instrumentos para la gestión territorial de la seguridad ciudadana	16 Coordinación	18
Planeación	28
Políticas públicas integrales de seguridad y convivencia ciudadana
Fuentes de recursos	32
Fondo Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana
Sistemas de información sobre violencia, delincuencia y observatorios del delito
Derecho de Policía	40
Disposiciones normativas	47
General JORGE HERNANDO NIETO ROJAS Director General Policía Nacional
Presentación La seguridad ciudadana es un bien público que es responsabilidad de las autoridades de todos los órdenes de Gobierno, con la participación de los ciudadanos. Por esta razón, el trabajo coordinado e interinstitucional, basado en la planeación estratégica y operativa, es una premisa fundamental para mejorar las condiciones de seguridad ciudadana en ámbitos urbanos y rurales durante el posconflicto. La Gestión Territorial de la Seguridad Ciudadana (GTS) es una tarea que como Policía Nacional desarrollamos de la mano con las autoridades político-administrativas en todo el país, puesto que son estas las que deben liderar los asuntos de seguridad ciudadana a partir de procesos continuos de política pública. En este sentido, desde el Programa Departamentos y Municipios Seguros (DMS), que es una estrategia que la Institución ha desarrollado en el transcurso de estos 12 años, ponemos a disposición de las autoridades, el personal policial y los ciudadanos esta publicación a la que hemos denominado “Seguridad ciudadana camino para el desarrollo”.
La seguridad ciudadana es un bien público
En ella encontrarán la respuesta a las preguntas más frecuentes que tienen tanto las autoridades político-administrativas como el personal policial sobre la gestión territorial de la seguridad ciudadana (GTS). La cartilla cuenta con infografías que le permiten al lector comprender de manera rápida las características más sobresalientes de cada uno de los instrumentos de GTS. Además, tiene una serie de preguntas de profundización que contribuyen a conocer aspectos más específicos y detalles más precisos que la normativa ha dado respecto al funcionamiento de cada instrumento. Finalmente, se han incorporado algunas recomendaciones para que las autoridades puedan operar los instrumentos de manera efectiva.
Introducción El fortalecimiento de la gobernabilidad local y regional en torno a la convivencia y a la seguridad ciudadana, además de contribuir a la construcción social, pública y colectiva de comunidades cada vez más seguras, le permite al Estado y su institucionalidad avanzar en el empeño de edificar un nuevo país que conviva en un ambiente de paz y de tranquilidad. El Programa Departamentos y Municipios Seguros (DMS), es una de las principales estrategias de orden estatal que contribuye a este plausible propósito. Durante los últimos 12 años, este programa ha venido instituyéndose como una iniciativa que integra desde el territorio a la comunidad y sus gobernantes en función de mejorar la convivencia, a través de una gestión territorial de seguridad corresponsable, incluyente, necesaria y propia de un país que como el nuestro se encuentra en vía de normalización. Esta publicación, además de presentar ampliamente el impacto y el alcance de los instrumentos de gestión pública y de gestión territorial de la seguridad, le permite al lector ahondar en novedosas nociones asociadas a la seguridad ciudadana y, en concordancia, brinda a las autoridades político-administrativas la oportunidad de conocer de manera detallada y pedagógica los parámetros legales y normativos frente al rol que deben desempeñar como líderes de la seguridad y convivencia en los territorios.
Brigadier General FABIÁN LAURENCE CÁRDENAS LEONEL Jefe Oficina de Planeación
Las autoridades político-administrativas de cara a la seguridad ciudadana Responsabilidades de las autoridades en Colombia con relación al orden público
¿Tienen los gobernadores y alcaldes atribuciones constitucionales con relación al mantenimiento y
en su jurisdicción?
De acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política de Colombia “…el gobernador será agente del Presidente de la República para el mantenimiento del orden público…” (artículo 303) y el alcalde debe “Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones y órdenes que reciba del Presidente de la República y del respectivo gobernador” (artículo 315).
Conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado Dirigir la fuerza pública y disponer de ella como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la República (C.P., artículo 189)
Asimismo, para el caso de las autoridades indígenas la Constitución Política dispone en el artículo 330 “… los territorios indígenas estarán gobernados por consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades y ejercerán las siguientes funciones: ... 7. Colaborar con el mantenimiento del orden público dentro de su territorio de acuerdo con las instrucciones y disposiciones del Gobierno Nacional”.
entos tam
unicip ios
itos especia l
¿Qué es la jerarquía para el manejo del orden público?
Agente del Presidente en materia de orden público (C.P., artículo 303)
Primera autoridad de policía del municipio (C.P., artículo 315)
En Colombia existe una jerarquía para el manejo del orden público que dispone: “para la conservación del orden público o para su restablecimiento donde fuere turbado, los actos y órdenes del Presidente de la República se aplicarán de manera inmediata y de preferencia sobre los de los gobernadores; los actos y órdenes de los gobernadores se aplicarán de igual manera y con los mismos efectos en relación con los de los alcaldes”. (Constitución Política, artículo 296).
Terr it
dígena s s in
Colaborar con el Autoridades mantenimiento del orden indígenas
público dentro de su territorio, de acuerdo con las instrucciones y disposiciones del Gobierno nacional. (C.P., artículo 330)
¿Qué funciones específicas les corresponden a los municipios con relación al orden público y la seguridad ciudadana? De acuerdo con la Ley 1551 de 2012, artículo 6º, son funciones de los municipios:
•	Elaborar e implementar los planes integrales de seguridad ciudadana, en coordinación con las autoridades locales de policía y promover la convivencia entre sus habitantes (numeral 4).
•	En asocio con los departamentos y la nación, contribuir al goce efectivo de los derechos de la población víctima del desplazamiento forzado, teniendo en cuenta los principios de coordinación, concurrencia, complementariedad, subsidiariedad y las normas jurídicas vigentes (numeral 8).
•	Los municipios fronterizos podrán celebrar convenios con entidades territoriales limítrofes del mismo nivel y de países vecinos, para el fomento de la convivencia y seguridad ciudadana, el desarrollo económico y comunitario, la prestación de servicios públicos y la preservación del ambiente (numeral 13).
¿Qué atribuciones y obligaciones tienen los gobernadores y alcaldes con relación a los Comandantes de Policía?
En consonancia con lo dispuesto en la Ley 62 de 1993, artículo 16, corresponde a las autoridades en mención: 1.	Proponer medidas y reglamentos de policía, de conformidad con la Constitución y la Ley, a la Asamblea Departamental o al Concejo Municipal, según el caso, y garantizar su cumplimiento.
2.	Impartir órdenes a la Policía Nacional atinentes al servicio, por conducto del respectivo comandante.
3.	Disponer con el respectivo Comandante de la Policía el servicio de vigilancia urbana y rural.
¿Qué acciones deben de concejales y ediles p su responsabilidad en el m y la gestión territorial de
1.	Verificar que los planes de desarrollo incluyan acciones y programas relacionados de manera directa con la convivencia pacífica y la seguridad ciudadana.
2.	Apoyar las iniciativas de los gobernadores y alcaldes en cuanto a la seguridad y convivencia ciudadana, siempre que estas se encuentren en el marco de la legalidad.
3.	Dar trámite a los proyectos de ordenanzas y acuer-
4.	Promover en coordinación con el Comandante de la Policía programas y actividades encaminados a fortalecer el respeto por los Derechos Humanos y los valores cívicos.
5.	Solicitar al comandante de la policía informes sobre las actividades cumplidas por la Institución en su jurisdicción.
6.	Emitir un concepto en forma periódica sobre el desempeño del Comandante de la Policía.
7.	Convocar y presidir el Consejo de Seguridad Departamental o Municipal y desarrollar los planes de seguridad ciudadana y orden público que apruebe el respectivo Consejo.
8.	Verificar el cumplimiento del Código Nacional de Policía y Có-
digos regionales, en cuanto al conocimiento y corrección de contravenciones por parte de los Comandantes de Estación.
9.	Solicitar el cambio motivado del Comandante titular de la Policía que se halle en ejercicio de sus funciones.
10.	Pedir a las instancias competentes que se investigue discipli-
nariamente a los oficiales, suboficiales y agentes que presten sus servicios en la respectiva jurisdicción.
11.	Analizar las necesidades de la Policía Nacional y promover
ante la Asamblea Departamental o ante el Concejo Municipal, según el caso, la destinación de partidas presupuestales para el efecto.
Además, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2055 del 16 de octubre de 2014, artículo 21, los gobernadores y alcaldes en calidad de representantes legales de la entidad territorial “en coordinación con las autoridades judiciales y de policía de su jurisdicción, deben presentar un informe semestral el último día hábil de enero y julio de cada año a la Secretaría Técnica del Consejo Superior de Política Criminal sobre las actividades delincuenciales, modalidades de delitos y factores que influyen en el aumento o disminución de la criminalidad”. 8
dos que presenten los gobernadores y alcaldes para la creación de los fondos cuenta territoriales de seguridad y convivencia ciudadana (FONSET), así como para la creación de tasas y sobretasas destinadas a financiar la seguridad ciudadana de la jurisdicción. (Sentencia C-075 de 1993 y Decreto 1066 de 2015, artículo 2.7.1.1.12, respectivamente.)
4.	Participar en los espacios interinstitucionales de
coordinación dedicados a los temas de seguridad ciudadana y orden público, cuando sean invitados por la primera autoridad de la jurisdicción.
5.	Canalizar las necesidades de los ciudadanos con
relación a los derechos a la convivencia pacífica y la seguridad ciudadana. Acción que pueden desarrollar cuando se elaboran los diagnósticos de violencia y delincuencia y en el momento de diseñar los planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana (PISCC).
6.	Aprobar, aunque no es obligatorio, los planes
integrales de seguridad ciudadana y convivencia (PISCC) y aportar elementos y acciones a la construcción de políticas públicas en este ámbito.
7.	Analizar las necesidades y proyectos que les trami-
ten los gobernadores y alcaldes con miras a atender las necesidades de la Policía Nacional, a través de la destinación de partidas presupuestales. (Ley 62 de 1993, artículo 16, numeral 11).
8.	Realizar propuestas constructivas con relación a
las soluciones a las problemáticas de violencia y delincuencia que afectan a los ciudadanos, que pueden ser implementadas bajo el liderazgo de los gobernadores y alcaldes.
9.	Verificar qué recursos de inversión existen en los
departamentos, distritos especiales y municipios para programas de seguridad ciudadana y prevención del delito, y estudiar diferentes posibilida-
esarrollar los diputados, para poder cumplir con manejo del orden público e la seguridad ciudadana? des para contribuir a realizar una mayor inversión en programas relevantes en estas materias.
10.	Las asambleas departamentales, concejos mu-
nicipales y juntas administradoras locales tienen la posibilidad de aprobar ordenanzas, acuerdos, resoluciones, respectivamente, que beneficien las políticas públicas de convivencia y seguridad, dándole de esta forma mayor sostenibilidad a las acciones desarrolladas por los gobernadores y alcaldes.
11.	De acuerdo con la Ley 136 de 1994, es una atribución de los concejos municipales, entre otras muchas: “Disponer lo referente a la Policía en sus distintos ramos, sin contravenir las leyes y ordenanzas, ni los decretos del Gobierno Nacional o del Gobernador respectivo”.
12.	De acuerdo con la Ley 715 de 2001, artículo 76.15,
los concejales no deben olvidar que son competencias del municipio en otros sectores en justicia: “Los municipios podrán financiar las inspecciones de policía para la atención de las contravenciones y demás actividades de policía de competencia municipal”.
13.	Los concejales deben tener presente que de
acuerdo con el artículo 2.2.4.9.1.2 del Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho: “Para la creación, composición y organización de las Comisarías de Familia, los Concejos Distritales y Municipales deberán tener en cuenta las siguientes orientaciones de orden presupuestal, conforme a la autonomía constitucional que rige a las entidades territoriales: a) Los salarios del Comisario de Familia y de los integrantes del equipo interdisciplinario de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del artículo 84 de la Ley 1098 de 2006, se podrán financiar con cargo a los recursos de participación de propósito general de forzosa inversión, en otros sectores; b) Los demás gastos de funcionamiento inherentes a los servicios personales y servicios generales de dichas dependencias se atenderán con los ingresos corrientes de libre destinación, de conformidad con la Ley 617 de 2000.
¿Cuáles son los deberes y obligaciones de los
comandantes de la Policía Nacional
con relación a las autoridades políticoadministrativas de las entidades territoriales? La Ley 62 de 1993 establece en el artículo 17 los siguientes deberes y obligaciones: 1.	Reconocer al gobernador o al alcalde, una vez elegido y posesionado.
2.	Asumir su función ante el gobernador o el alcalde, una vez sea destinado a la jurisdicción correspondiente.
3.	Presentar a consideración del gobernador o del alcalde, el plan de
seguridad de la Policía en la respectiva jurisdicción, así como los resultados de las operaciones destinadas a combatir la criminalidad en el departamento o municipio.
4.	Informar diariamente al gobernador o al alcalde sobre las situaciones
de alteración del orden público en la jurisdicción y asesorarlo en la solución de los mismos.
5.	Informar periódica y oportunamente al gobernador o al alcalde, se-
gún el caso, sobre movimientos del pie de fuerza policial dentro de la respectiva jurisdicción.
6.	Asistir al Consejo de Seguridad Departamental o Municipal y eje-
cutar los planes que en materia de policía disponga el respectivo Consejo a través del gobernador y el alcalde. Esta asistencia es indelegable.
7.	Prestar el apoyo y asesoramiento al gobernador o alcalde en la aplicación de las medidas contempladas en los códigos de policía.
8.	Proponer al alcalde el cierre de establecimientos públicos, de acuerdo con las disposiciones del Código Nacional de Policía.
9.	Por razones excepcionales de seguridad, recomendar al gobernador
o al alcalde para su aprobación, las restricciones temporales en la circulación por vías y espacios públicos.
10.	Presentar informes al alcalde sobre deficiencias en servicios públicos. 11.	Atender los requerimientos mediante los cuales el gobernador o el
alcalde solicita la iniciación de investigaciones de tipo disciplinario contra miembros de la Institución, presentar los resultados definitivos de tales investigaciones.
14.	Realizar control político a las acciones que desa-
rrollen tanto los gobernadores como los alcaldes en materia de seguridad y convivencia ciudadana.
el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones del Presidente de la República y del respectivo gobernador. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante.
La Ley 1551 de 2012 dispone en el capítulo V, artículo 29, numeral b), en relación con el orden público:
Promover la seguridad y convivencia ciudadanas mediante la armónica relación con las autoridades de Policía y la Fuerza pública para preservar el orden publico y la lucha contra la criminalidad y el delito.
Dictar para el mantenimiento del orden público o su restablecimiento, de conformidad con la ley, si fuera del caso, medidas tales como:
¿Qué funciones específicas les corresponden a los alcaldes con relación al orden público y la seguridad ciudadana?
e) Dictar dentro del área de su competencia, los reglamentos de policía local necesarios para el cumplimiento de las normas superiores, conforme al artículo 90, del Decreto 1355 de 1970 y demás disposiciones que lo modifiquen o adicionen.
5. Diseñar, implementar,
liderar, desarrollar y promover planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana, para garantizar instrumentos efectivos contra la delincuencia urbana y rural.
Los alcaldes podrán presentar ante el concejo municipal proyectos de acuerdo en donde se definan las conductas y las sanciones: pedagógicas, de multas, o aquellas otras que estén definidas en el Código de Policía. Por medio de ellas podrá controlar las alteraciones al orden y a la convivencia que afecten su jurisdicción.
¿Qué medidas debe tomar un gobernador o alcalde en materia de gestión territorial de la seguridad ciudadana al momento de iniciar su mandato? Convocar y dinamizar de manera permanente los espacios de coordinación interinstitucional especializados para atender las problemáticas de violencia, delincuencia e inseguridad. De manera mensual deberá convocar el Consejo de Seguridad (Decreto 2615 de 1991, artículo 6) y cuando las circunstancias lo dispongan convocar y presidir el Comité Territorial de Orden Público, de acuerdo con las funciones que le han sido asignadas a este espacio de coordinación (Decreto 1066 de 2015, artículo 2.7.1.1.17 y 2.7.1.1.18).
Diagnosticar el estado en el que se encuentran las problemáticas de violencia y delincuencia de la jurisdicción, así como tener un inventario de las acciones que se han desarrollado a la fecha; para que pueda incorporar en el Plan de Desarrollo 2016-2019 un conjunto de lineamientos claros y precisos en la materia, y a partir de estos diseñar y poner en marcha, a la mayor brevedad, un Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC).
Formular, implementar, hacer seguimiento y evaluar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC). Entre más rápido formule el PISCC tendrá más tiempo para implementarlo y evaluarlo. El PISCC le permitirá atender las necesidades de los ciudadanos en seguridad de manera más integral y efectiva. (Ley 62 de 1993, artículo 12 - Ley 1551 de 2012, artículo 29 numeral 5).
Promover ante las corporaciones administrativas la destinación de recursos de inversión, diferentes a los de los fondos cuenta territoriales de seguridad y convivencia ciudadana (FONSET), para la financiación de estrategias, programas o proyectos de inversión cuyo objetivo sea la seguridad ciudadana.
Verificar si en la jurisdicción se está desarrollando algún proyecto de inversión con la cofinanciación del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON) con el fin de hacer seguimiento a los compromisos adquiridos ante el Ministerio del Interior. En caso de que no se esté desarrollando algún proyecto, podrá consultar los requisitos y criterios para presentar iniciativas ante el Gobierno nacional.
Formular una Política Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que contemple los planes, programas y proyectos elaborados conjuntamente con los representantes de la fuerza pública, organismos de seguridad y policía judicial a nivel territorial. Esta política deberá articularse con la política y estrategia de seguridad y convivencia ciudadana que formule el Gobierno nacional y deberá ser aprobada por el respectivo Comité Territorial de Orden Público. (Decreto 1066 de 2015, artículo 2.7.1.1.16).
Revisar, en calidad de ordenador del gasto, el estado de los recursos de inversión que existen en el Fondo Cuenta Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSET), así como el nivel de cumplimiento de los planes operativos anuales de inversión en seguridad ciudadana POAI -SC que se han desarrollado en los últimos años, para lograr una consistencia real entre la planeación estratégica y la presupuestal en temas de seguridad ciudadana.
Verificar que se esté realizando correctamente el recaudo de los recursos a través de los cuales se nutre el Fondo Cuenta Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSET), a saber: recursos provenientes de la contribución especial de los contratos de obra pública, la contribución de las concesiones, aportes voluntarios de gremios y personas jurídicas, aportes voluntarios de la entidad territorial y las correspondientes tasas y sobretasas destinadas a la seguridad ciudadana que existan en la entidad territorial.
Incorporar las temáticas propias del posconflicto tales como: desminado, desarme, desmovilización, seguridad para los procesos de restitución de tierras, reconfiguración de estructuras criminales, minería criminal a la gestión territorial de la seguridad, atendiendo los lineamientos del Gobierno nacional1.
1	Recuerde para el caso de la política pública de prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado, el Gobierno nacional ha dispuesto una serie de lineamientos desde el Ministerio del Interior, que se pueden consultar en el siguiente link: http://gapv.mininterior.gov.co/sites/default/files/lineamientos_candidatos_1.pdf.
zar un gobernador ¿Qué acciones debe reali ad mplir con su responsabilid cu r de po ra pa e ld ca al o l blico y la gestión territoria pú n de or l de ejo an m el en ncia ciudadana? de la seguridad y convive
ecial o municipio el del departamento, distrito esp ad orid aut era prim o com Tener y mantener ana (GTS). itorial de la seguridad ciudad liderazgo en la gestión terr o los Derechos Humanos com ciudadana y la garantía de a nci vive con y ad urid o. seg Incluir la e su periodo de gobiern a pública y política durant una prioridad en la agend marco de la el Gobierno nacional en el por os dad tos ien am line Dar cumplimiento a los (PNSCC). ad y Convivencia Ciudadana Política Nacional de Segurid en el comandante de icía Nacional, representada Pol la con a nad rdi coo a con los represen	Trabajar de maner diente. Coordinar acciones pon res cor a trad cen con des la unidad territorial sentes en la jurisdicción. as de justicia del Estado pre tantes de las demás agenci tengan como finalidad ión interinstitucional que nac rdi coo de os aci esp los delincuencia; tal es el caso Fortalecer nados con la violencia y la cio rela s lico púb s ma ble territoriales de oratender los pro ales de drogas, los comités loc ités com los ad, urid seg ales de seguridad, de los consejos de upefacientes, comisiones loc est de es nal cio sec ités amentales de den público, los com nicipales, distritales y depart mu ités com ol, fútb el en a comodidad y convivenci os. convivencia escolar, entre otr n al derecho de poliiciones vigentes con relació pos dis las as tod de to tan al los ciudadanos para Conocer y estar os y libertades públicas de ech der los r ula reg en mit cía, ya que estas per lico. lograr conser var el orden púb ancia el Fondo Cuenta a través de los cuales se fin os urs rec los de o aud rec así como por la ejecución Velar por el cia Ciudadana (FONSET), ven nvi Co y dad uri Seg lica en Colombia. Territorial de planeación de la gestión púb de io cip prin al do ien dec de los mismos, obe es dos a mejorar las condicion yectos y programas destina pro es, ion acc de n en os nde urs atie , rec nal Invertir como la Policía Nacio n para las autoridades que, de infraestructura y dotació cia. ticas de violencia y delincuen manera directa las problemá seguiel diseño, implementación, s de manera organizada en ano dad ncia ciu vive los a con r y ad cra olu urid Inv grales de seg de cuentas de los planes inte ión dic ren y n ció lua eva , miento ciudadana (PISCC). ellos factores que ir y atender a tiempo aqu ven pre a par es ent tin per o que afecten el Realizar las acciones dadanos, el orden público ciu los de a ífic pac a nci atenten contra la convive ad de los ciudadanos. goce del derecho a la segurid de la gobernación o ale los ser vidores públicos qu a par nes tio ges las tión territorial de la Realizar todas as relacionados con la ges tem en nte me nte sta con caldía se capaciten seguridad ciudadana. ntas los resultados de imen las rendiciones de cue y n tió ges de es orm inf ad ciudadana durante el Incluir en los a de convivencia y segurid teri ma en dos eni obt tión pacto y de ges periodo de gobierno.
errores 10.más comunes ¿Cuáles son los
que las autoridades político-administrativas cometen al momento de atender las problemáticas de violencia y delincuencia?
Los errores más comunes so
No ejercer el liderazgo en los asuntos propios de la gestión territorial de la seguridad ciudadana . Pensar que los problema s de violencia y delincuencia solo atañen a la Policía Nacional, dejando de lado las intervenciones integrales y la coordinación interinstitucio nal como principio fundam ental de la gestión pública territorial en la materia. Creer que los asuntos de seguridad ciudadana se resuelven dividiendo los recursos de los fon dos cuenta territoriales de seg uridad y convivencia ciudadana (FO NSET) en partes iguales, dep endiendo de las instituciones que hac en presencia efectiva en la jurisdicción. Olvidar que la convivenc ia y la seguridad ciudadana se construyen con la participación de todos los ciudadanos. Alejarse de las disposici ones normativas y promover prácticas violatorias de los Derechos Hu manos a nombre de la segurid ad de los ciudadanos.
y mantener el orden púToda decisión para preser var encia y protección de los blico debe permitir la preval Derechos Humanos. d es y debe ser abordado El derecho a la segurida s Humanos que permite como un tema de Derecho to a otros derechos. dar garantía de cumplimien policía que dispone el mar	Cumplir con la función de lamentario - poder adco constitucional, legal y reg ministrativo de policía. rial de la seguridad ciudada La buena gestión territo n. na está lejos de la corrupció
¿Qué no debe olvidar la primera autoridad político-administrativa
de una entidad territorial cuando toma decisiones con relación al manejo del orden público, la convivencia pacífica y la seguridad ciudadana?
12. ¿Cuáles son las fa ltas especiales en las que puede incurrir un
gobernador o alca
en materia de ord
Los gobernadores y alcaldes pueden inc urrir en faltas discip orden público, sin linarias en materia perjuicio de lo dispu de esto en otras leyes de las siguientes co , cuando realicen un nductas, de acuerd a o con lo dispuesto ar tículo 14: por la Ley 04 de 19 91,
No rendir oportunam
ente los informes de
que tratan los artícu los 1º y 2º de esta Le y. Desconocer, injustifi cadamente, las deter mi na cio ne s que sobre mantenim blecimiento del ord iento o restaen público se adop te, de conformidad con esta Ley. Utilizar indebida mente los recursos del Estado o de los turben la tranquilida particulares en actos d o seguridad públi que perca. Dirigir, promove r, instigar o participa r en marchas, paros el orden público. o motines ilegales, qu e alteren
Inducir, provocar o pro mover la ocupación de oficinas o edificios manera que alteren públicos o privados el orden público. de Por no adoptar en for ma oportuna las me didas adecuadas pa el orden público en ra preservar y restab su jurisdicción. lecer
Aunado a lo anterio r, la Ley 418 de 1991 , artículo 106, prorro las Leyes 548 de 19 gada y modificada 99, 782 de 2002, 110 por 6 de 20 06 , 14 21 de 2010 y 1738 de cluye las siguientes conductas: 2014 in
No atender oportun a y eficazmente las órdenes o instruccion ción y el restablecim es que para la cons iento del orden públi ervaco imparta la autorida d competente. Promover, a través de declaraciones o pronunciamientos de conocimiento de las cualquier índole, el órdenes o instruccion deses que imparta la au materia de orden pú toridad competente blico. en Consentir o permitir que sus subalternos desconozcan las órd das por la autoridad enes o instrucciones competente en mater daia de orden público tivos a que haya lug , o no aplicar los co ar cuando esto ocurr rreca.
13. ¿Qué pasa cuando un gobernador o alcalde no cumple con las
atribuciones, obligaciones y funciones que la normativa
le ha otorgado en materia de orden público, seguridad y convivencia ciudadana? En caso de no cumplir con lo dispuesto por la ley o cometer algunas de las faltas disciplinarias de las que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1991 y la Ley 418 de 1997, prorrogada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010 y 1738 de 2014:
Recibirá sanción penal, disciplinaria y fiscal a la que haya lugar.
Se hará acreedor a las sanciones de suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad para ejercer funciones públicas. “Las sanciones de suspensión o destitución serán decretadas, a solicitud de la Procuraduría General de la Nación, por el Presidente de la República si se trata de gobernadores o alcaldes de distrito, y por los gobernadores cuando se trate de alcaldes municipales de su respectivo departamento”. (Ley 418 de 1997, artículo 107).
Además, si omite el cumplimiento de sus funciones de garante de los derechos humanos de la población, pierde legitimidad ante los ciudadanos que depositaron su confianza en su propuesta de gobierno y afecta el accionar del Estado al que como autoridad representa.
¿Qué institución adelan ta las investigaciones po r las faltas disciplinarias en materia de orden público ? La Procuraduría General de la Nación, de conformidad con la siguiente distribución de competencias (Ley 418 de 1997, artículo 112 - Ley 1738 de 2014):
El Procurador General de la Nación conocerá, en única instancia, de las faltas que se atribuyan a los gobernadores, al Alcalde Mayor de Bogotá.
Instrumentos para la gestiรณn territorial de la seguridad ciudadana
¿Qué instrumentos de gestión pública existen para que los mandatarios atiendan los problemas de violencia y delincuencia?
Coordinación ta
ásicas sb
Consejos de seguridad ¿Qué son?
¿Qué normatividad los regula?
Son espacios de coordinación interinstitucional que deben realizarse mensualmente y en los que participan las autoridades que tienen funciones directas e indirectas con los asuntos propios de la seguridad ciudadana.
Decreto 2615 de 1991, artículos 1-10
¿Cómo funcionan? Corresponde a los gobernadores y alcaldes convocar y presidir los consejos de seguridad en sus jurisdicciones de manera mensual y extraordinaria cuando lo consideren necesario. La asistencia de los miembros a las sesiones de los consejos de seguridad es indelegable. Los consejos departamentales de seguridad en primera instancia deben sesionar en ciudad capital, aunque por instrucciones del gobernador podrán sesionar en cualquiera de los municipios de la entidad territorial. En el caso de los consejos municipales de seguridad, el gobernador podrá asistir por derecho propio cuando lo considere conveniente.
Entre sus fines esenciales se encuentran: facilitar el intercambio de información entre las autoridades acerca de las problemáticas de violencia y delincuencia; proponer o establecer posibles estrategias y acciones por desarrollar para atender dicha problemática, y asesorar a la primera autoridad de cada jurisdicción respecto al manejo del orden público y la seguridad ciudadana desde una perspectiva de derechos humanos.
¿Quiénes los conforman? La conformación de estos espacios de coordinación varía de acuerdo con los diferentes tipos que existen. No obstante, para garantizar su correcto funcionamiento siempre deben participar la primera autoridad de cada entidad territorial y los representantes de las unidades territoriales desconcentradas de la fuerza pública y los organismos de seguridad del Estado.
¿Qué tipos de consejos de seguridad existen? Hay cinco tipos de consejos de seguridad: departamentales, regionales, metropolitanos, municipales y un consejo específico para la capital de la República, que a su vez cuenta con disposiciones complementarias respecto al funcionamiento de los consejos de seguridad por localidad.
¿Cuáles son sus funciones? El Decreto 2615 de 1991, en el artículo 10, dispone que son funciones de los consejos de seguridad: 1.	Elaborar o recomendar la elaboración de planes específicos de seguridad para afrontar, de acuerdo con las características de los conflictos en su jurisdicción, los factores de perturbación del orden público. 2.	Mantener estrecha coordinación con las distintas instancias responsables del mantenimiento del orden público y con los organismos e instituciones que el Gobierno ha creado para fortalecer la participación y colaboración ciudadana. 3.	Supervisar la ejecución de los planes de seguridad y evaluar sus resultados con el fin de adoptar los correctivos necesarios. 4.	Asesorar a la primera autoridad en las situaciones específicas de alteración del orden público, para adoptar medidas correctivas que guarden estrecha correspondencia con la naturaleza y dimensión del fenómeno. 5.	Formular recomendaciones para la preservación de los derechos humanos y el cumplimiento de los deberes ciudadanos para lograr la convivencia pacífica. 6.	Asegurar el intercambio permanente de información entre los diversos organismos del Estado en los ámbitos nacional y local, en todo lo que tenga relación con el orden público. 7.	Constituir grupos de trabajo para el análisis de los problemas relacionados directa o indirectamente con el orden público interno de su jurisdicción. 8.	Recomendar la realización de campañas de información pública para lograr que la comunidad participe en los programas de seguridad. 9.	Coordinar los recursos disponibles y las acciones para combatir los fenómenos generadores de perturbación del orden público. 10.	Suministrar a las autoridades la información necesaria sobre situaciones referentes al orden público en sus respectivas jurisdicciones.
fundiza pro ci
¿Qué otras autoridades pueden participar en los consejos de seguridad?
blico que existe entre las autoridades, el Decreto 2615 de 1991 dispone en el artículo 16 de manera clara y expresa: “Los Consejos de Seguridad y los Comités de Orden Público deberán ejercer sus funciones subordinados a las orientaciones que en materia de orden público dicte el Presidente de la República. A su vez, los Consejos Municipales de Seguridad se encuentran subordinados a las determinaciones que tome el Consejo Regional y Departamental de Seguridad respectivo”.
Podrá invitarse a las sesiones de los consejos de seguridad a otros funcionarios de la administración pública que tuvieren conocimiento de utilidad para el tratamiento de los temas de orden público que se analizan en el consejo.
¿Pueden los ciudadanos participar de los consejos de seguridad?
¿Puede participar el Presidente
de la República como primera autoridad en materia de orden público en los consejos de seguridad y comités territoriales de orden público que se hacen en todo el país?
Aunque en un primer momento los Consejos de Seguridad son espacios exclusivos de coordinación interinstitucional, que tienen como finalidad generar sinergia entre las autoridades de una jurisdicción para atender de manera integral y preventiva las problemáticas de violencia y delincuencia que afectan a los ciudadanos, el Decreto 2615 de 1991 prevé en el artículo 8° que podrán realizarse, a iniciativa de cualquiera de sus miembros, audiencias con participación de dirigentes cívicos, gremiales y representantes de organismos comunitarios con el fin de discutir propuestas, canalizar inquietudes y escuchar iniciativas sobre situaciones que afectan la convivencia regional o local, con el objeto de buscar soluciones integradas entre el Estado y la comunidad, atinentes al orden público.
Sí; el Presidente de la República, por ser jefe del Estado, jefe del Gobierno y suprema autoridad administrativa (Constitución Política, artículo 115) y además comandante supremo de las Fuerzas Armadas de la República (C.P., artículo 189, numeral 3), podrá, a través del Ministro de Gobierno (Interior), convocar y presidir los consejos de seguridad y los comités territoriales de orden público. (Decreto 2615 de 1991, artículo 17).
¿Existe alguna jerarquía respecto a los espacios de coordinación interinstitucional especializados en temas de seguridad ciudadana? Sí; en consonancia con la disposición constitucional respecto a la jerarquía para el manejo del orden pú-
Recomendaciones para garantizar el buen funcionamiento de este instrumento: La primera autoridad de la juri
sdicción debe:
de seguridad, de tal la realización de los consejos Establecer la fecha mensual para ograma y realicen las ozcan con anterioridad el cron forma que los participantes con jueves de cada mes, ntizar su asistencia. (Ej. primer acciones pertinentes para gara del mes, entre otras ana del mes, el primer viernes los días lunes de la segunda sem posibles opciones). mbros del consejo de n escrita convocando a los mie ació unic com una pre siem iar Env tratar. carse la agenda de temas por seguridad en la que debe especifi io del consejo, la elaboierno, en su calidad de secretar Solicitar al secretario de gob s técnicas de cada ticipantes de las actas o memoria ración y socialización con los par
cada sesión, así como actas o memorias técnicas de Garantizar la socialización de las de estos documentos La organización y preservación su correcto proceso de archivo. ecto al archivo de dodisposiciones que existen resp las ndo erva obs se izar real en deb y verificación en caso de a que resulte fácil su consulta cumentos públicos, de tal form de control. ser necesario por los organismos
Los demás participantes deben:
fin de preparar la innda de temas por tratar, con el age la idad rior ante con r oce Con mos necesarios para ntizar que se cuenta con los insu formación respectiva para gara la toma de decisiones. ribirlas. o actas de las reuniones y susc Revisar las memorias técnicas de Seguridad, reunioposterior a la sesión del Consejo Convocar de manera previa o s y representantes n de dirigentes cívicos, gremiale nes o audiencias con participació alizar inquietudes y el fin de discutir propuestas, can de organismos comunitarios, con regional o local, con nes que afectan la convivencia acio situ re sob as iativ inic r cha escu comunidad, atinentes al integradas entre el Estado y la el objeto de buscar soluciones orden público.
Comités territoriales de orden público ¿Qué normatividad los regula? Decreto 2615 de 1991, artículos 4 y 13.
Decreto 1066 del 26 de mayo de 2015, Parte 7 Fondos, Título 1 Fondos Especiales, Capítulo 1 Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, artículos 2.7.1.1.14, 2.7.1.1.16, 2.7.1.1.17, 2.7.1.1.18.
Están conformados fundamentalmente por la primera autoridad de la jurisdicción, que podrá delegar en el secretario de gobierno su participación, y por los representantes de la fuerza pública, los organismos de seguridad y policía judicial de la respectiva jurisdicción.
En este sentido, deben asistir a los diferentes tipos de comités de orden público: el Comandante de la Guarnición Militar o quien haga sus veces, o su delegado; el Comandante de la Policía; el Director Seccional de la Unidad Nacional de Protección (UNP) o su delegado operativo; la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, según corresponda, y el Director Seccional del Cuerpo Técnico Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.
Son espacios de coordinación interinstitucional en materia de seguridad y convivencia ciudadana que, además de cumplir funciones relacionadas con la planeación, aprobación y seguimiento a los planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana (PISCC) y a la forma como se utilizan los recursos de los fondos cuenta territoriales de seguridad y convivencia ciudadana (FONSET), deben atender de manera prioritaria e inmediata las situaciones de alteración del orden público que se presentan en una jurisdicción.
¿Qué tipos de comités territoriales de orden público existen?
¿Cómo funcionan? Los comités territoriales de orden público se reunirán a solicitud de cualquiera de sus miembros y la asistencia de estos al mismo es de carácter indelegable en los casos dispuestos por la normatividad.
Existen tres tipos de comités territoriales de orden público: departamentales, distritales y municipales.
¿Cuáles son sus funciones? Debido a la dispersión normativa respecto a los instrumentos de gestión territorial de la seguridad ciudadana, las funciones de los comités territoriales de orden público se pueden clasificar en directas e indirectas. Las primeras se encuentran de manera explícita en el Decreto 1066 de 2015, en el artículo 2.7.1.1.18, como se puede ver a continuación: 1.	Coordinar el empleo de la fuerza pública en el marco de formulación de la política integral de seguridad y convivencia ciudadana, que se articulará con la política nacional de seguridad y convivencia ciudadana que formule el Gobierno Nacional. 2.	Coordinar la implementación de los planes integrales de seguridad. 3.	Aprobar los planes integrales y programas de seguridad y convivencia ciudadana, atendiendo las necesidades de seguridad en cada jurisdicción, en el marco de lo establecido en este decreto y de las políticas integrales de seguridad y convivencia ciudadana. 4.	Recomendar al Gobernador o Alcalde los programas y proyectos que se ejecutarán en la respectiva anualidad y priorizar las inversiones que se requieran para dar cumplimiento a la política integral de seguridad y convivencia ciudadana. 5.	De acuerdo con lo anterior, preparar, para aprobación del Gobernador o Alcalde, el Plan Anual de Inversiones del Fondo Cuenta. 6.	Evaluar y determinar la necesidad de gestionar ante las autoridades competentes la implementación del Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad, SIES en la respectiva jurisdicción y efectuar seguimiento al mismo.
Las funciones indirectas se encuentran dispersas en el Decreto 1066 de 2015 y en otras disposiciones, como se puede ver a continuación: Aprobarán y efectuarán el seguimiento a la destinación de los recursos que se reciban por concepto de aportes de particulares para proyectos y programas específicos de seguridad y convivencia ciudadana, así como las partidas especiales que destinen a estos los Gobernadores y Alcaldes. (Ley 1421 de 2010 artículo 8° parágrafo). Estudiar y aprobar con el fin de que se puedan recibir en el Fondo Cuenta Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSET) los aportes de gremios y personas jurídicas destinadas a financiar la seguridad y la convivencia ciudadana (Decreto 1066 de 2015, artículo 2.7.1.1.14). Estudiar, aprobar, hacer seguimiento y definir la destinación de los recursos apropiados para los fondos cuenta territoriales de seguridad y convivencia ciudadana (FONSET). La destinación prioritaria de los FONSET será dar cumplimiento a las políticas integrales de seguridad y convivencia ciudadana, articulada con la política y estrategia de seguridad y convivencia ciudadana (Decreto 1066 de 2015, de manera formal en el artículo 2.7.1.1.1.7). Aprobar la política integral de seguridad y convivencia ciudadana, que contemple los planes, programas y proyectos elaborados conjuntamente con los representantes de la fuerza pública, organismos de seguridad y policía judicial a nivel territorial. (Decreto 1066 de 2015, artículo 2.7.1.1.16).
ntas d e egu Pr
ndizació ofu n pr
Comités territoriales de orden público ¿Qué relación existe entre los comités territoriales de orden público y otros instrumentos de la GTS?
¿Qué otras autoridades pueden participar en este espacio? Podrá invitarse a las sesiones de los comités territoriales de orden público a otros funcionarios de la administración pública que tuvieren conocimiento de utilidad para el tratamiento de los temas de orden público que se analizan en el Comité.
Los comités territoriales de orden público tienen una gran relación con los instrumentos de planeación, puesto que corresponde a los mismos aprobar las políticas integrales de seguridad y convivencia ciudadana, así como los planes integrales en la materia. De igual forma, corresponde a estos preparar para aprobación del gobernador o el alcalde los planes operativos anuales de inversión en materia de seguridad ciudadana. Esto quiere decir que los comités territoriales de orden público tienen una fuerte relación con la existencia y funcionamiento de los instrumentos de planeación estratégica, operativa y presupuestal que deben utilizarse en todas las entidades territoriales en materia de seguridad ciudadana.
¿Pueden los ciudadanos participar de los comités territoriales de orden público? Por la forma como están concebidos estos espacios de coordinación, la normatividad no tiene prevista la participación de los ciudadanos. No obstante, las autoridades que participan como parte de su labor deben dar a conocer las necesidades, problemáticas e informaciones que reciben de la comunidad.
De igual forma, dichos comités tienen una relación con las fuentes de recursos, toda vez que les corresponde estar al tanto del funcionamiento de los fondos cuenta territoriales de seguridad y convivencia ciudadana (FONSET), labor que incluye aprobar la recepción de donaciones por parte de gremios y personas jurídicas en materia de seguridad, y, en general, aprobar, hacer seguimiento y definir la destinación de los recursos apropiados para los PISCC.
Recomendaciones La primera autoridad de la jurisdicc
ión debe:
1.	Establecer un mecanismo que le permita de manera expedita conv ocar comités territoriales de orden público cuando las situaciones extraordinarias así lo ame riten. 2.	En concordancia con los tiempos propios de la gestión pública, y en particular los relativos a la planeación presupuestal, debe preverse la convocatoria del com ité territorial de orden público en los periodos de tiempo precisos para no afectar la imp leme ntación de los planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana. 3.	Debido al carácter de las deci siones que se toman en los comités territoriales de orden público, se debe disponer la pron ta realización de las memorias técn icas o actas, con el fin de que sean socializadas en la menor brevedad a los participantes , de forma tal que puedan suscribirlas. 4.	La organización y preservación de estos documentos debe realizars e observando las disposiciones que existen respecto al archivo de documentos públicos .
Preparar con antelación la info rmación necesaria para el desarroll o de cada sesión del Comité Territorial de Orden Público.
Presentar argumentos técnicos y objetivos al momento de aprobar los documentos de planeación estratégica, operativa y presupuestal, que corresponde n a este espacio de coordinación.
Evitar tomar decisiones de manera desinformada, atendiendo capricho s y desconociendo realidades objetivas y las disp osiciones legales.
¿Quiénes los conforman? De acuerdo con la Ley 30 de 1986, dichos consejos estarán integrados en términos generales por las siguientes autoridades (artículo 98): el gobernador o alcalde mayor de Bogotá, según corresponda, quien lo presidirá, los secretarios de salud y de educación, el procurador regional, el director seccional del Departamento Administrativo de Seguridad, el comandante de la Policía Nacional del lugar, el director regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el director regional del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (Inderena) y el jefe de la Oficina o Instituto Seccional de Medicina Legal correspondiente. De igual forma, en consonancia con la Resolución 014 del 27 de junio de 2003, por la cual se reglamenta la integración de los Consejos Seccionales de Estupefacientes, harán parte de estos espacios de coordinación: el Secretario de Agricultura del departamento y los Comandantes de cada una de las tres Fuerzas Militares que están representadas en el departamento donde se realiza el Consejo Seccional.
¿Qué son los comités seccionales de estupefacientes? Son espacios de coordinación que deben existir en todos los departamentos y en el Distrito Capital de Bogotá, con el fin de establecer de acuerdo con los lineamientos trazados por el Consejo Nacional de Estupefacientes1 las estrategias, programas y proyectos por desarrollar para atender los problemas públicos relacionados con la producción, distribución y comercialización de estupefacientes en sus jurisdicciones. 1	Al respecto se pueden consultar los siguientes documentos emitidos por las autoridades en el tema: “Guía para orientar la identificación de recursos de financiación del plan territorial de drogas”, que se encuentra en el link: http://www. descentralizadrogas.gov.co/wp-content/uploads/2016/02/ cartilla_gestion_plan_terriotorial_reduccion_drogas.pdf
“Microtráfico y comercialización de sustancias psicoactivas en pequeñas cantidades en contextos urbanos - Cartilla de guía metodológica”, que se encuentra en el link: http:// www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/criminalidad/ comercializacion/CR152015-microtrafico-comercializacion-sustancias-psicoactivas-guia.pdf
“Microtráfico y comercialización de sustancias psicoactivas en pequeñas cantidades en contextos urbanos - Lineamientos de política pública con perspectiva territorial”, que se encuentra en el link: http://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/criminalidad/comercializacion/ CR152015-microtrafico-comercializacion-sustancias-psicoactivas-lineamientos.pdf
Al respecto es importante mencionar que toda vez que el Estatuto Nacional de Estupefacientes es anterior a la Constitución Política de 1991 y a las diferentes normativas a través de las cuales se ha reconfigurado la arquitectura institucional de la rama ejecutiva en el orden nacional, algunas de las entidades que allí se mencionan no existen en la actualidad; por lo cual se debe garantizar la asistencia de las entidades que en este momento están desarrollando las funciones esenciales en cada caso, atendiendo a la organización desconcentrada de cada uno. Por ejemplo, en el caso de la Policía Nacional deben asistir los Comandantes de Departamento y el Comandante de la Metropolitana de Bogotá. La asistencia es indelegable, salvo que los funcionarios titulares se hallen en cumplimiento de comisión de servicios fuera del departamento, en cuyo caso asistirá el funcionario que haya sido encargado de las funciones del titular. Además, podrán integrarse los demás miembros que considere pertinentes el Consejo Nacional de Estupefacientes, de acuerdo con las características de cada región.
¿Qué normatividad los regula?	Ley 30 de 1986 - Resolución 014 del 27 de junio de 2003.
¿Qué son las Comisiones locales de seguridad, comodidad y convivencia en el fútbol? Son espacios de coordinación interinstitucional dispuestos en la Ley 1270 de 2009, artículo 7º, y reglamentado mediante el Decreto 1267 de 2009, que deben funcionar en todos los distritos especiales y municipios en donde se lleven a cabo competencias de fútbol profesional.
¿Qué normatividad las regula?	Ley 1270 de 2009 y Decreto 1267 de 2009.
¿Quiénes las conforman? Las comisiones están conformadas por el Alcalde local, o su delegado, quien la presidirá; el Secretario de Deportes o quien haga sus veces, o su delegado; el Comandante de la Policía Nacional en el ámbito local o su delegado; el Presidente de la liga de fútbol regional o su delegado; los Presidentes de los clubes profesionales de la localidad; el Director local de Prevención y Atención de Emergencias y Desastres o su delegado. De acuerdo con las necesidades establecidas por la Comisión Local actuarán en calidad de invitados, con voz pero sin voto, las siguientes personas: el administrador de los escenarios deportivos destinados al fútbol de la respectiva localidad, el director del programa de convivencia en el deporte del gobierno local o quien haga sus veces, los organismos de socorro y/o atención de emergencias que participen del evento, un delegado de la Personería Local, un delegado de las barras organizadas de los equipos de fútbol profesional con representación en el ámbito local, conforme al procedimiento de elección que se establezca en el reglamento. Además, podrán invitar a cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o internacional, cuya presencia se considere conveniente o necesaria para el desarrollo y el cumplimiento de sus funciones. Los invitados tendrán derecho a voz, pero no a voto.
¿Qué son los comités municipales, distritales y departamentales de convivencia escolar? Son un comité específico de los Consejos Territoriales de Política Social , que hacen parte en el ámbito escolar del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar y tienen como función primordial armonizar, articular y coordinar las acciones del sistema con las políticas y acciones que se desarrollen en su jurisdicción, además de garantizar el funcionamiento de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, el trabajo coordinado para la prevención y mitigación de la violencia escolar, entre otras funciones.
¿Quiénes los conforman? Los comités municipales, distritales y departamentales de convivencia escolar están conformados por el Secretario de Gobierno, el Secretario de Educación, el Secretario de Salud y el Secretario de Cultura o quien haga sus veces, en el nivel departamental, distrital o municipal, el Director Regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en los Departamentos o el Coordinador del Centro Zonal del ICBF en los municipios, el Comisario de Familia, el Personero Distrital, Municipal o Procurador Regional, el Defensor del Pueblo regional según corresponda, el Comandante de la Policía de Infancia y Adolescencia, el rector de la institución educativa oficial que en el Departamento, Municipio o Distrito haya obtenido los más altos puntajes en las pruebas SABER 11 del año anterior, el rector de la institución educativa privada que en el Departamento, Municipio o Distrito haya obtenido los más altos puntajes en las pruebas SABER 11 del año anterior.
¿Qué normatividad los regula?	Ley 1620 de 2013. 27
Planeación Políticas públicas integrales de seguridad y convivencia ciudadana ¿Qué normatividad las regula?
Decreto 1066 del 26 de mayo de 2015, artículo 2.7.1.1.16.
Las políticas integrales de seguridad y convivencia ciudadana de cada entidad territorial deben estar contempladas en el marco del plan de desarrollo de cada jurisdicción y, a través de estas, se deben establecer los lineamientos generales a partir de los cuales se van a abordar las problemáticas de convivencia y seguridad ciudadana.
¿Qué son? Son el instrumento por excelencia del Estado para establecer la forma y el enfoque a partir del cual se va a atender un conjunto de problemas públicos que afectan los derechos de los ciudadanos. En el caso de los asuntos de seguridad y convivencia ciudadana en cada departamento, distrito o municipio, el gobernador o alcalde deberá formular una política integral de seguridad y convivencia ciudadana, que contemple los planes, programas y proyectos elaborados conjuntamente con los representantes de la fuerza pública, organismos de seguridad y policía judicial a nivel territorial. Esta política se articulará con la política y estrategia de seguridad y convivencia ciudadana que formule el Gobierno nacional y deberá ser aprobada por el respectivo Comité Territorial de Orden Público. (Decreto 1066 de 2015, artículo 2.7.1.1.16).
Estas políticas son la base para la formulación e implementación de los planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana (PISCC). Además, deben ser consecuentes con los lineamientos de política del Gobierno nacional, pero también deben responder a las particularidades de cada jurisdicción. Las políticas públicas integrales de seguridad y convivencia ciudadana deben contemplar aproximaciones multisectoriales, integrales y sostenibles en el tiempo, de tal forma que, a partir de las mismas, se puedan atender las diferentes manifestaciones de los problemas de violencia y delincuencia y su permanente transformación.
¿Qué autoridades deben participar en su formulación, implementación, seguimiento y evaluación? Tanto en el proceso de formulación como de implementación de las políticas públicas integrales de seguridad y convivencia ciudadana deben participar, bajo el liderazgo de la primera autoridad de la jurisdicción, los representantes de la fuerza pública, los organismos de seguridad, las instituciones de justicia, y en general los ciudadanos a través de organizaciones o de manera individual. No hay que olvidar que la seguridad ciudadana es un bien público que se construye con la participación de todos.
Recomendaciones Para formular las políticas públicas integrales de seguridad y convivencia ciudadana en una entidad territorial es conveniente:
Identificar y comprender los lineamientos que el nivel nacional ha dado a través de diversos documentos en materia de convivencia, seguridad ciudadana y orden público.
Conocer las disposiciones normativas que determinan la gestión territorial de la seguridad ciudadana.
Contar con diagnósticos serios y detallados de los problemas que afectan los derechos a la convivencia pacífica y la seguridad ciudadana, y al mismo tiempo con análisis que permitan inferir o dilucidar su comportamiento futuro.
Incentivar la participación de muchos actores para tener aproximaciones más complejas y lograr intervenciones más integrales y simultáneas ante los problemas.
Sincronizar los procesos administrativos y las dinámicas propias de la gestión pública con los lineamientos de política pública, para disminuir costos de transacción y lograr altos niveles de coherencia y consistencia.
Planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana ¿Qué normatividad las regula?	Ley 62 de 1993, artículo 12. Ley 1551 de 2012, artículos 6 y 29. Ley 1738 de 2014, artículo 8, parágrafo, da carácter permanente al artículo 6 de la Ley 1421 de 2010. Decreto 1066 de 2015, artículo 2.7.1.1.18.
¿Cuáles son sus principales características? El PISCC debe: Ser consistente y coherente con los lineamientos de la política pública integral de seguridad y convivencia ciudadana tanto del orden nacional, como la que se formule y apruebe en cada entidad territorial. Tener una vigencia mínima de cuatro años correspondientes con el periodo de gobierno. Ser aprobado por el Comité Territorial de Orden Público. Ser coherente con el plan operativo anual de inversiones en seguridad ciudadana (POAI - SC), que a su vez debe contener proyectos de inversión que permitan alcanzar los objetivos planeados. Ser elaborado con la participación de varios actores y sectores en cada orden de gobierno, y en la medida de las posibilidades aplicando la metodología sugerida por el nivel nacional para tal efecto.
¿Qué es un PISCC? Un plan integral de seguridad y convivencia ciudadana (PISCC) es un documento de planeación estratégica, que debe existir en todos los departamentos, distritos especiales y municipios del país. Este documento debe elaborarse en el primer año de gobierno de las autoridades, con una vigencia de cuatro años, y debe contener estrategias, acciones y actividades que tengan como finalidad dar solución a las problemáticas de violencia y delincuencia que afectan a los ciudadanos. Los PISCC deben ser elaborados de manera conjunta entre las autoridades político-administrativas, la Policía Nacional, las autoridades de justicia que tienen jurisdicción en el territorio y, en general, la participación de actores públicos y privados relacionados con el tema, así como diferentes sectores de las administraciones territoriales. Lo anterior garantiza aproximaciones multisectoriales, integrales y sostenibles de cara a las problemáticas. Todos los PISCC deben incluir acciones que permitan afianzar las relaciones sociales de respeto a la vida y de protección a los derechos humanos individuales y colectivos. Al respecto, es importante mencionar que resulta conveniente que la vigencia de los PISCC sea igual al período de gobierno de las autoridades, 4 años (Acto Legislativo 2 de 2002 artículo 1°); motivo por el cual cada año debe elaborarse un plan de acción a través del cual se dé cumplimiento a lo contenido del PISCC. Además, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 1066 de 2015, también debe elaborarse un plan operativo anual de inversiones (POAI - SC), a través del cual se determine la inversión de los recursos de los fondos cuenta territoriales de seguridad y convivencia ciudadana (FONSET) en las acciones contenidas en el PISCC (artículo 2.7.1.1.18, numeral 5, del mismo decreto). 30
¿Cuáles son los M1 principales momentos Conocimiento para elaborar un PISCC? del marco
normativo y de políticas públicas
Elaboración del diagnóstico de la situación de seguridad y convivencia ciudadana
M5 Implementación seguimiento del PISCC
M3 Formulación Estratégica del PISCC
M4 Planeación financiera y operativa
¿Por qué es fundamental elaborar un PISCC? Para atender de manera coordinada, integral y preventiva las situaciones que afecten la convivencia y seguridad ciudadana, así como para tener un fundamento sobre el cual ejecutar los recursos de los fondos cuenta territoriales de seguridad y convivencia ciudadana (FONSET) (Ley 1738 de 2014, artículo 8).
Recomendaciones vencia ciudaElaborar el plan integral de seguridad y convi rno. dana (PISCC) durante el primer año de gobie vencia ciuda	Aprobar el plan integral de seguridad y convi rial de orden dana (PISCC) en el marco del comité territo público. entre el plan in	Garantizar coherencia y correspondencia (PISCC), las dana tegral de seguridad y convivencia ciuda a ciudadana políticas integrales de seguridad y convivenci plan de desade la entidad territorial, los lineamientos del la materia. en nal nacio rno rrollo y las directrices del Gobie ión que resul	Disponer la existencia de proyectos de invers integral de ten consecuentes con los lineamientos del plan seguridad y convivencia ciudadana (PISCC).
¿Qué instancias deben realizar seguimiento y evaluación al proceso de implementación de los PISCC? El seguimiento y evaluación al proceso de implementación de los PISCC corresponde tanto a los consejos de seguridad (Decreto 2615 de 1991, artículo 10, numeral 3) como a los comités territoriales de orden público. (Decreto 1066 de 2015, artículo 2.7.1.1.18, numeral 2). De igual forma, corresponde a la ciudadanía desarrollar procesos de veeduría, control social y participar de las rendiciones de cuentas en la materia.
rial de seguDestinar los recursos del fondo cuenta territo rdancia conco ridad y convivencia ciudadana (FONSET) en idad y convicon lo dispuesto en el plan integral de segur vencia ciudadana (PISCC).
Fuentes de recursos ¿Existen recursos específicos para invertir en la solución de las problemáticas que afectan la convivencia y la seguridad ciudadana? A través de diferentes disposiciones normativas se ha determinado la existencia de mínimo cinco fuentes específicas de recursos para los temas de seguridad ciudadana como se puede ver en la siguiente figura.
¿Qué normatividad regula cada fuente de financiación?	Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia (FONSECON)
Ley 418 de 1997 - Ley 1738 de 2014
Fondo Cuenta Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSET)
Otros fondos exclusivos para financiar inversiones en seguridad ciudadana
Depende de las disposiciones en cada entidad territorial
Tasas y sobretasas a la seguridad ciudadana
Ley 1106 de 2006 - Ley 1738 de 2014
Acuerdo 017 de 2013, Anexo 10
Fondos territoriales de seguridad y convivencia ciudadana ¿Qué normatividad los regula?
Los fondos cuenta territoriales de seguridad y convivencia ciudadana (FONSET) son una cuenta especial sin personería jurídica que debe existir en todos los departamentos, distritos especiales y municipios del país, cuya finalidad es canalizar recursos con destinación específica para la financiación y cofinanciación de inversiones relacionadas con la gestión territorial de la seguridad ciudadana (GTS). Estos fondos se nutren de contribuciones especiales de carácter permanente dispuestas en la Ley 1738 de 2014 y de aportes y donaciones de gremios y personas jurídicas, así como de recaudo de tasas y sobretasas en materia de seguridad ciudadana.
¿Cuáles son sus principales características? Fondos cuenta sin personería jurídica. El ordenador del gasto es la primera autoridad de la entidad territorial o quien delegue. Se nutren de contribuciones especiales a los contratos de obra pública y a las concesiones de construcción, mantenimiento y operación de vías de comunicación, terrestres o fluviales, puertos aéreos, marítimos o fluviales. Deben ser creados por ordenanzas y acuerdos de las corporaciones administrativas. Sentencia Corte Constitucional C-075/93. Los recursos deben invertirse en actividades de seguridad, orden público y convivencia ciudadana.
¿Para qué sirven los recursos del FONSET? De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 1421 de 2010, en el artículo 6º, que fue declarado permanente por la Ley 1738 de 2014, dispone que: “Los recursos de los mismos se distribuirán según las necesidades regionales de seguridad y convivencia, de conformidad con los planes integrales de seguridad, en materia de dotación, pie de fuerza, actividades de prevención, protección y todas aquellas que faciliten la gobernabilidad local. Estas actividades serán administradas por el gobernador o por el alcalde, según el caso, o por el secretario del despacho en quien se delegue esta responsabilidad, de conformidad con las decisiones que para ello adopte el Comité Territorial de Orden Público Local. Las actividades de seguridad y orden público que se financien con estos Fondos serán cumplidas exclusivamente por la Fuerza Pública y los organismos de seguridad del Estado; las que correspondan a necesidades de convivencia ciudadana y orden público serán cumplidas por los gobernadores o alcaldes”. 33
¿A partir de qué hechos generadores se apalancan los recursos de los que se nutren los FONSET? El artículo 6º de la Ley 1106 de 2006, que fue declarado con carácter permanente por el parágrafo del artículo 8º de la Ley 1738 de 2014, dispone que los FONSET recibirán recursos por berá estar debidamente soportado, solo podrán presentarse previo estudio y aprobación de los comités territoriales de orden público. Por lo anterior, los comités deberán registrar contablemente los aportes de los gremios y personas jurídicas destinadas a financiar la seguridad y la convivencia ciudadana y velarán por la correcta destinación de los recursos. Es importante resaltar que en ningún caso los aportes se asignarán con criterio de contraprestación de servicios de seguridad y convivencia, ni podrán ser destinados para prestar directamente servicios de convivencia o seguridad a favor de quienes lo realizan.
I	Todas las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de obra pública con entidades de derecho público o celebren contratos de adición al valor de los existentes deberán pagar a favor de la nación, departamento o municipio, según el nivel al cual pertenezca la entidad pública contratante, una contribución equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del correspondiente contrato o de la respectiva adición. Asimismo, de conformidad con el parágrafo 1° del artículo 6° de la Ley 1106 de 2006, en los casos en que las entidades públicas suscriban convenios de cooperación con organismos multilaterales que tengan por objeto la construcción de obras o su mantenimiento, los subcontratistas que los ejecuten serán sujetos pasivos de esa contribución.
IV	Aportes voluntarios de los departamentos y municipios de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1738 de 2014, que prorrogó mediante el artículo 1º el artículo 8º de la Ley 1421 de 2010. Dichos recursos deben provenir de otras fuentes o recursos distintos a los establecidos en la ley para los Fondos Cuenta Territoriales de Seguridad y Convivencia Ciudadana y serán incorporados al FONSET y destinados a financiar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC).
De igual forma, en cumplimiento del parágrafo 2° del artículo 6° de la Ley 1106 de 2006, los socios, copartícipes y asociados de los consorcios y uniones temporales, que celebren los contratos a que se refiere el inciso anterior, responderán solidariamente por el pago de la contribución del cinco por ciento (5%), a prorrata de sus aportes o de su participación.
V	Imposición de tasas y sobretasas destinadas a la seguridad y la convivencia ciudadana dispuesta en la Ley 1738 de 2014, que prorrogó mediante el artículo 1º el artículo 8º de la Ley 1421 de 2010 y reglamentó mediante el Decreto 1066 de 2015, artículo 2.7.1.7.12 que sugiere: “el recaudo de los recursos que tengan ocurrencia en un hecho generador de origen distrital o municipal será destinado exclusivamente al fondo territorial de seguridad distrital o municipal correspondiente. En el evento en que la asamblea departamental imponga un gravamen sobre un hecho generador del nivel distrital o municipal, estos recursos serán destinados al fondo cuenta distrital o municipal donde se causen. En ningún caso podrá haber duplicidad del mismo gravamen; es decir, no podrá gravarse por más de un ente territorial un mismo hecho generador a cargo de un mismo sujeto pasivo”.
II	Las concesiones de construcción, mantenimiento y operaciones de vías de comunicación, terrestre o fluvial, puertos aéreos, marítimos o fluviales, pagarán con destino a los fondos de seguridad y convivencia de la entidad contratante una contribución del 2.5 por mil del valor total del recaudo bruto que genere la respectiva concesión. Esta contribución solo se aplicará a las concesiones que se otorguen o suscriban a partir de la fecha de vigencia de la presente ley. III	Aportes voluntarios por parte de gremios y personas jurídicas, según lo reglamentado por la Ley 1738 de 2014 que prorrogó mediante el artículo 1º el artículo 8º de la Ley 1421 de 2010. Estos aportes que se reciben en calidad de donaciones por parte de gremios y personas jurídicas y cuyo origen lícito de-
¿Cuáles son las posibles destinaciones de los recursos contenidos en los fondos cuenta territorial de seguridad y convivencia ciudadana (FONSET)? En términos generales y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1421 de 2010, artículo 7º, que fue declarado permanente por la Ley 1738 de 2014, mediante el parágrafo del artículo 8º los recursos de los FONSET se distribuirán según las necesidades regionales de seguridad y convivencia, de conformidad con los planes integrales de seguridad. Además, podrán invertirse en
“Dotación, material de guerra, reconstrucción de cuarteles y otras instalacio-
nes, compra de equipo de comunicación, compra de terrenos, montaje y operación de redes de inteligencia, recompensas a personas que colaboren con la justicia y seguridad de las mismas, servicios personales, dotación y raciones para nuevos agentes y soldados, mientras se inicia la siguiente vigencia o en la realización de gastos destinados a generar un ambiente que propicie la seguridad y la convivencia ciudadana, para garantizar la preservación del orden público”.
Recomendaciones nto de los fondos cuenta teDebido a la importancia que reviste el buen funcionamie ET) para la gestión territorial rritoriales de seguridad y convivencia ciudadana (FONS de la convivencia y la seguridad ciudadana, es importante:
nza o acuerdo de la corporación Verificar que el FONSET esté creado mediante ordena y que las disposiciones que /93) C-075 al tucion administrativa (Sentencia Corte Consti 2014. de 1738 Ley la en sto incluye sean coherentes con lo dispue s causadas a los contratos de obra Comprobar el correcto recaudo de las contribucione de la realización de auditorías y la pública y a las concesiones de vías públicas, a través l. implementación de sistemas de seguimiento y contro s y personas jurídicas el correcto Verificar en caso de que existan donaciones de gremio ingreso de los recursos. a través de un plan operativo anual Determinar la utilización de recursos del FONSET dad y convivencia ciudadana de inversiones (POAI), acorde con el plan integral de seguri (PISCC). los proyectos de inversión que están Reportar en el Formulario Único Territorial (FUT) FONSET, así como el movimiento del siendo financiados o cofinanciados con recursos o 2.7.1.1.14). artícul presupuestal de los mismos. (Decreto 1066 de 2015,
Fondo Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana ¿Qué normatividad los regula?
¿Qué es FONSECON?
Ley 1738 de 2014, artículo 8º, parágrafo, que declara permanente el artículo 7º de la Ley 1421 de 2010.
Es un fondo cuenta del orden nacional que funciona como una cuenta especial, sin personería jurídica, administrada por el Ministerio del Interior, con un sistema separado de cuenta y tiene por objeto garantizar la seguridad, convivencia ciudadana y todas aquellas acciones tendientes a fortalecer la gobernabilidad local y el fortalecimiento institucional.
Decreto 1066 de 2015, artículos 2.7.1.1.1 2.7.1.1.8.
Los recursos que recauda la nación por concepto de la contribución especial consagrada en el artículo 6° de la Ley 1106 de 2006, declarada permanente por la Ley 1738 de 2014, se invierten por el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON) en la realización de gastos destinados a propiciar la seguridad y la convivencia ciudadana, para garantizar la preservación del orden público y todas aquellas acciones tendientes a fortalecer la gobernabilidad local y el fortalecimiento territorial, en el marco de la Política y la Estrategia Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. (Decreto 1066 de 2015, artículo 2.7.1.1.2).
Fondo cuenta del nivel nacional administrado por el Ministerio del Interior. A través del cual se financia y cofinancian inversiones de los tres órdenes de gobierno en materia de orden público, seguridad y convivencia ciudadana. Respecto a la selección de proyectos de inversión a financiar y cofinanciar para el funcionamiento del FONSECON, existe un Comité Evaluador a cargo del Ministerio del Interior. (Decreto 1066 de 2015, artículo 2.7.1.1.5) El FONSECON podrá destinar recursos a gastos operativos, logísticos y de administración, que sean estrictamente necesarios y estén directamente relacionados, para evaluación, aprobación y seguimiento de los programas y proyectos. En ningún caso, estos gastos podrán superar el 3% del Plan Anual de Inversiones. (Decreto 816 de 2016, artículo 1º). Los programas y proyectos financiados o cofinanciados por FONSECON podrán ser ejecutados por el Ministerio del Interior o mediante contratos o convenios con entidades de derecho público. (Decreto 1066 de 2015, artículo 2.7.1.1.7).
¿Para qué sirve? El FONSECON financia y cofinancia iniciativas y proyectos presentados por las entidades territoriales para propiciar la seguridad y la convivencia ciudadana, para garantizar la preservación del orden público.
La financiación o cofinanciación de programas y proyectos no exime a las entidades nacionales, departamentales, distritales y municipales, de cumplir sus obligaciones constitucionales y legales en la preservación de la seguridad y la convivencia ciudadana, y el orden público. (Decreto 1066 de 2015, artículo 2.7.1.1.8).
Para presentar proyectos a consideración del FONSECON para financiación o cofinanciación, es necesario revisar los requisitos, formatos y cronogramas dispuestos por el Ministerio del Interior para tal efecto. Estos son publicados en la página web http:// www.mininterior.gov.co/fonsecon.
Los tipos de proyecto que se presentan a FONSECON deben estar enfocados a a) Preservar el orden público; b) Propiciar la seguridad y convivencia ciudadana y c) Fortalecer la gobernabilidad local y el fortalecimiento territorial.
No serán viabilizados proyectos presentados por aquellas entidades que, habiendo recibido recursos de financiación o cofinanciación de FONSECON, no hayan efectuado su ejecución o no hayan cumplido a cabalidad con las condiciones contractuales, incluida la liquidación exigida por el Ministerio del Interior/FONSECON, hasta tanto no se subsane esta situación y/o se hayan reintegrado los recursos, si a ello hubiere lugar.
La entidad territorial debe hacerse responsable de los descuentos de todos los impuestos, tributos y contribuciones de orden nacional, departamental y municipal a que haya lugar.
La presentación, gestión y consulta de proyectos deben hacerla directamente las entidades territoriales con el Ministerio del Interior y no se acepta la intervención de tramitadores o intermediarios.
información Sistemas de información sobre violencia, delincuencia y observatorios del delito ¿Qué son los sistemas de información sobre violencia y delincuencia y observatorios del delito?
¿Para qué sirven? Los sistemas de información de violencia y delincuencia y los observatorios del delito sirven para:
Son herramientas con la que pueden contar las autoridades para recopilar, procesar y difundir información sobre la actividad delictiva, las diferentes manifestaciones de violencia autoinfligida o interpersonal en espacios públicos o privados, justicia penal y administrativa.
Realizar diagnósticos objetivos de los problemas de violencia y delincuencia que se presentan en una jurisdicción. Realizar mediciones sobre los resultados coyunturales y de impacto que generan cierto tipo de intervenciones. Realizar líneas base para la formulación de programas y proyectos de inversión en seguridad ciudadana.
La información con la que funcionan estos sistemas y observatorios al ser organizada y analizada debe servir de insumo para la formulación de políticas pública y PISCC, a través de los cuales se busquen atender de manera sistemática, integral y sostenible los problemas públicos relacionados con la violencia y la delincuencia.
Realizar seguimiento al comportamiento de ciertos fenómenos, delitos y en general manifestaciones de violencia. Realizar evaluaciones a los programas, proyectos, a las políticas públicas y al PISCC de cada jurisdicción. Diseñar diferentes tipos de mediciones que permitan comprender un fenómeno o manifestación de violencia y delincuencia.
¿Cuáles son sus principales características? Dichos sistemas deben ser diseñados atendiendo las necesidades de los diferentes usuarios de la información, que en su mayoría son funcionarios, pero también entre los que se encuentran los ciudadanos. Además, a través del diseño de los mismos se debe garantizar un reporte permanente y en red, que recoja un importante conjunto de detalles sobre hechos, fenómenos, contravenciones y delitos.
Nota Si en su jurisdicción están interesados en generar sistemas de información de violencia, delincuencia y observatorios del delito, le sugerimos consultar la siguiente publicación: ¿Qué observan los que observan el delito? Pasado, presente y futuro de los observatorios del crimen y la violencia en América Latina y el Caribe, que se encuentra en el link
Para su adecuado funcionamiento se requiere capacitar a los funcionarios e invertir en el diseño del sistema o el observatorio como tal. Además, es necesario que orgánicamente estos sistemas de información u observatorios del delito dependan del funcionario de más alto nivel jerárquico responsable del tema de seguridad ciudadana en la entidad territorial, de tal forma que se gestionen de manera efectiva y los productos tengan incidencia directa en la toma de decisiones.
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/6670/ICS%20 DP%20Qué%20obser van%20 los%20que%20observan%20el%20 delito.pdf?sequence=1
Un sistema complejo de información de violencia y delincuencia debe recopilar datos de hechos, manifestaciones de fenómenos de violencia realizadas en red por diferentes funcionarios, así como datos de denuncias de delitos y contravenciones, procesos de justicia penal o administrativa, desarrollo de actividades, entre otras muchas más informaciones. Asimismo, deben comunicarse con sistemas u observatorios similares que funcionan en entidades del orden nacional o internacional. Finalmente, es ideal que los sistemas de información de violencia y delincuencia cuenten con la participación de funcionarios que tengan diferentes competencias disciplinares y experiencias, de tal forma que los análisis sean multidisciplinares, integrales y complejos.
Derecho de Policía2 Poder de Policía
de policía del que es titular el Congreso de la República, “no puede coexistir con un poder de policía subsidiario o residual en cabeza de las autoridades administrativas, así estas sean también de origen representativo como el Presidente de la República, los Gobernadores y Alcaldes y las corporaciones administrativas de elección popular –Asambleas departamentales y Concejos municipales–, pues, se repite, el órgano legislativo es quien detenta en forma exclusiva y excluyente la competencia para limitar tales derechos y libertades públicas3.
Es la facultad que tienen ciertas autoridades de dictar normas generales que regulan y marcan los lineamientos para el ejercicio ordenado y sin abusos de los derechos fundamentales de los ciudadanos, con el propósito de promover la convivencia democrática en el territorio. Ha precisado la Corte Constitucional, que “corresponde al Congreso de la República expedir las normas restrictivas de las libertades y derechos ciudadanos, con base en razones de orden público e interés general”. Ello implica que el poder
2	Este aparte ha sido construido por el Coronel HENRY ARMANDO SANABRIA CELY- Oficial de la Policía Nacional de Colombia.
3	Corte Constitucional, Sentencia C-790 de 2002.
nalmente otorgadas a las corporaciones públicas del orden territorial, ya que este poder se limita a dictar normas de policía dentro de ámbitos específicos y concretos, con acatamiento de lo dispuesto por el Legislador nacional en la materia y, únicamente, dentro de las esferas materiales previstas por el Constituyente, de las cuales ha quedado excluida la restricción de derechos y libertades individuales o la creación de medidas correctivas o sanciones que no estén atribuidas por la ley.
La Constitución Política asigna en forma expresa algunas funciones normativas en materia de policía, tanto a las asambleas departamentales como a los concejos distritales y municipales. El artículo 300-8 de la Carta asigna a las asambleas departamentales la función de “dictar normas de policía en todo aquello que no sea materia de disposición legal”. El artículo 313 de la Constitución faculta a los concejos municipales para (a) reglamentar los usos del suelo, y (b) dictar las normas necesarias para controlar, preservar y defender el patrimonio ecológico del municipio.
La Corte Constitucional en la Sentencia C-825 de 2004 expresó: “el poder de policía subsidiario que ejercen ciertas autoridades administrativas no puede invadir esferas en las cuales la Constitución haya establecido una reserva legal, por lo cual, en general, los derechos y libertades constitucionales solo pueden ser reglamentados por el Congreso. Esto significa que, tal y como la Corte Constitucional lo había precisado, en la Carta de 1991, ya no es de recibo la tesis de la competencia subsidiaria del reglamento para limitar la libertad allí donde la ley no lo ha hecho y existe reserva legal, la cual había sido sostenida bajo el antiguo régimen por el Consejo de Estado (Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia dic. 13 de 1979) y la Corte Suprema de Justicia (Corte Suprema de Justicia. Sentencia de enero 27 de 1977)5.
Ha dicho la Corte que esta atribución normativa, en cabeza de las entidades territoriales referidas, “no puede ser entendida como el reconocimiento a dichas corporaciones de un poder de policía autónomo y absoluto para limitar de manera general derechos y libertades públicas, pues no puede olvidarse que en materia de derechos fundamentales, el poder de policía está reservado al legislador y, además, porque conforme a lo dispuesto en el artículo 287 Superior, las competencias de las autoridades locales deben ejercerse dentro de los límites de la Constitución y la ley”4.
La imposibilidad de que coexista el poder de policía del Congreso de la República, con otros poderes de ESCUELA policía “residuales” en cabeza de autoridades administrativas, exige un mayor cuidado en el momento de entender el alcance de las facultades constitucio-
5	Corte Constitucional, Sentencia C-790 de 2002. 4	Corte Constitucional, Sentencia C-790 de 2002.
Lo anterior es consecuencia de la imposibilidad del legislador de prever todas las circunstancias fácticas. Las leyes de policía dejan entonces un margen de actuación a las autoridades administrativas para su 6	Constitución Política artículo 6. “Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes”.
CÍ LI PO
La concreción propia de esta función, no solamente se presenta en aquellos eventos en los cuales la autoridad administrativa se limita a la expedición de una licencia y que se contraen a la relación directa entre la administración y el “administrado” o destinatario de la actuación, en atención a la definición de una situación concreta y precisa; además, la función de policía también implica la adopción reglamentaria de ciertas prescripciones de alcance local sobre un tema en particular, dirigidas a un grupo específico de personas, y de los habitantes y residentes de la localidad, bajo la orientación de la Constitución, la ley y el reglamento superior (decretos reglamentarios), de tal manera que la autoridad de policía local pueda actuar ante condiciones específicas, según los términos que componen la noción de orden público policivo y local, lo que le permite dictar normas que regulen aquellas materias con carácter reglamentario y objetivo sin excederse en el límite y la facultad otorgada por la ley.
Es la facultad otorgada por la misma ley a ciertas autoridades de la rama ejecutiva del poder público para aplicar la norma de policía que nace del poder de policía, ejercida dentro del marco impuesto por este. Supone el ejercicio de competencias concretas asignadas por la ley. Dicha función no otorga competencia de reglamentación ni de regulación de la libertad, salvo que la propia ley así lo disponga y radique en cabeza de determinada autoridad esa posibilidad. Su ejercicio compete al Presidente de la República, a nivel nacional, según el artículo 189-4 de la Carta, y en las entidades territoriales a los gobernadores y a los alcaldes, quienes ejercen la función de policía (arts. 303 y 315-2 C.P.), dentro del marco constitucional y legal6.
concretización, pues la forma y oportunidad para aplicar a los casos particulares el límite de un derecho, corresponde a normas o actos de carácter administrativo expedidos dentro del marco legal por las autoridades administrativas competentes. Este es el denominado “poder administrativo de policía”, que más exactamente corresponde a una “función o gestión administrativa de policía” que debe ser ejercida dentro del marco señalado en la ley, mediante la expedición de disposiciones de carácter singular (órdenes, mandatos, prohibiciones, etc.) 7. La función de policía es reglada y se halla supeditada al poder de policía. Supone el ejercicio de competencias concretas asignadas por este a las autoridades administrativas de policía. Dicha función no otorga competencia de reglamentación ni de regulación de la libertad. La función de policía a nivel nacional es exclusiva del Presidente de la República, según el artículo 189.4 superior, estándole entonces vedado al Congreso ejercer este tipo de competencias. Igualmente, a nivel de las entidades territoriales, los cuerpos colegiados carecen de la función de policía, mientras que las autoridades ejecutivas unipersonales sí gozan de ella. Así, los Gobernadores –art. 303– y los Alcaldes –315.2–, ejercen la función de policía. Los Comandantes de Departamento de Policía y de Policía Metropolitana se encuentran revestidos de función de policía cuando aplican lo normado en los artículos 86 y 88 del Decreto 2535 de 1993, ya que imponen las medidas correctivas de multa o decomiso de armas de fuego por mandato directo de la ley. Asimismo, los comandantes de estación y subestación de policía cumplen función de policía cuando imponen las medidas correctivas establecidas en el Código Nacional de Policía. En estos eventos, los miembros de la Policía Nacional actúan con base en una facultad otorgada por la ley y no por orden de un funcionario administrativo de policía, sin que la órbita de competencia de los mencionados comandantes sea invadida por otro servidor público. Los policías de vigilancia, sin tener el cargo de comandante de estación, tienen función de policía cuando aplican la medida correctiva de expulsión de sitio público o abierto al público contemplado en el artículo 209 del Código Nacional de Policía8. 7	Corte Constitucional, Sentencia C-825 de 2004. 8	REMBERTO TORRES RICO, Tratado de Derecho de Policía Tomo I, Editorial Ediciones Ciencia y Derecho.
dirigidas a un grupo específico de personas, y de los habitantes y residentes de la localidad, bajo la orientación de la Constitución, la ley y el reglamento superior, de tal manera que la autoridad de policía local pueda actuar ante condiciones específicas, según los términos que componen la noción de orden público policivo y local, lo que le permite dictar normas que regulen aquellas materias con carácter reglamentario y objetivo”10.
Si bien es atribución de las primeras autoridades políticas de los ámbitos nacional, seccional y local ejercer la función de policía, deben hacerlo en el marco del artículo 84 superior: “Cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera general, las autoridades públicas no podrán establecer permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio”. De manera que pueden concretar la ley o el reglamento, pero no les es dable establecer nuevos condicionantes a los derechos, libertades y garantías de protección9, ni crear sanciones.
La Corte Constitucional11 estableció los “límites al ejercicio del poder y la función de policía en un Estado democrático de derecho: (a) Debe someterse al principio de legalidad; (b) Debe tender a conservar y restablecer el orden público; (c) Las medidas que se adopten deben ser proporcionales y razonables, no pueden traducirse en la supresión absoluta de las libertades o en su limitación desproporcionada; (d) no pueden imponerse discriminaciones injustificadas a ciertos sectores; (e) la medida policiva debe recaer contra el perturbador del orden público, pero no contra quien ejerce legalmente sus libertades, y (f) las medidas policivas se encuentran sometidas a los correspondientes controles judiciales. Aspectos que de antemano impiden que el ejercicio del poder de policía atente contra los derechos fundamentales, entre ellos, el derecho al debido proceso”.
La función de policía comporta la adopción de reglamentos de alcance local que deben supeditarse a la Constitución y a la ley. Al respecto, ha dicho la Corte Constitucional: “La concreción propia de
esta función no solamente se presenta en aquellos eventos en los cuales la autoridad administrativa se limita a la expedición de una licencia y se contrae a la relación directa entre la administración y el “administrado” o destinatario de la actuación, en atención a la definición de una situación concreta y precisa; (...) la función de policía también implica la adopción reglamentaria de ciertas prescripciones de alcance local sobre un tema en particular
Actividad de Policía Es la facultad otorgada a ciertos servidores públicos para aplicar la ley y contribuir al cumplimiento de las decisiones de las demás autoridades de policía de impedir que las personas abusen de sus derechos en detrimento de los derechos y libertades de terceros, con el propósito de garantizar la convivencia democrática, observando el principio de legalidad y el debido proceso.
las primeras autoridades políticas quienes la ejercen con fundamento en la Constitución Política: el Presidente de la República –art. 189.3–, los gobernadores –arts. 303 y 296– y los alcaldes –arts. 315 y 296–. Los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía son ejecutores del poder y de la función de policía; despliegan por mandato de la constitución y la ley la
Los cuerpos colegiados de la nación, departamentos y municipios carecen de esta atribución material. Son
10	Corte Constitucional, Sentencias C-825 de 2004 y C-241 de 2010.
9	Corte Constitucional, Sentencia C-024 de 1994.
11	Corte Constitucional, Sentencias C-024 de 1994; C-1.444 de 2000 y C-241 de 2010.
El cuerpo Policía Nacional es quien detenta la fuerza pública para hacer cumplir la Constitución y la ley y por ello debe apoyar otras instituciones que desarrollan actividad de policía por disposición de normas especiales en ciertos casos. Así, por ejemplo:
fuerza material instituida como medio para lograr los fines del Estado; sus actuaciones son discrecionales de acuerdo con la presión misma de los hechos12, solo limitadas por actos jurídicos reglados de carácter legal (poder de policía) y administrativo (función de policía).
a)	El artículo 64 de la Ley 1341 de 2009 dispone que corresponde a la Policía Nacional apoyar al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones para la incautación de los equipos técnicos utilizados por servicios de telecomunicaciones clandestinos. b)	Igualmente, la Policía Nacional está en la obligación de prestar su concurso para que el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural pueda hacer la restitución efectiva por ocupación indebida de terrenos baldíos, o de tierras que se hallen reservadas, o que no puedan ser adjudicables, o que se hallen destinadas a un servicio público. c)
En la misma línea, la Policía Nacional debe apoyar a las inspecciones fluviales dependientes del Ministerio de Transporte, para la vigilancia y control de la navegación, las condiciones técnicas y de seguridad de las embarcaciones y aptitud de la tripulación.
d)	Otro ejemplo del apoyo de la fuerza pública de la Policía Nacional a otras instituciones con actividad de policía lo constituye la colaboración que la Policía Nacional debe brindar a los funcionarios de la administración de impuestos para el cierre del establecimiento de comercio, oficina, consultorio y, en general, el sitio donde se ejerza la actividad, profesión u oficio mediante la imposición de sellos oficiales que contendrán la leyenda “cerrado por evasión” y “cerrado por evasión y contrabando” de conformidad con lo dispuesto en el artículo 657 del Estatuto Tributario12. e)	La Corte Constitucional ha tenido en cuenta la dependencia constitucional y legal del comandante de estación de policía, frente a la figura del alcalde municipal, local o distrital, tal y como lo establecen el artículo 315-2 de la Constitución Política, el artículo 130 del Código de Régimen Municipal, el artículo 12 de la Ley 62 de 1993 y el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 201213. Por ello, mediante Sentencia C-145 de 2009, la Corte declaró condicionalmente exequible la expresión “ordenar”, contenida en el parágrafo 3º del artículo 7º del Decreto de Estado de Emergencia Social 4334 de 2008, en el entendido de que las actuaciones allí indicadas las podrían realizar las Superintendencias de Sociedades y Financiera de Colombia, por conducto del correspondiente alcalde municipal o distrital14. 12	Corte Constitucional, Sentencia C-176 de 2007, numeral 12. 13	Código de Régimen Municipal. El Alcalde es jefe de policía en el Municipio. La Policía Nacional, en el Municipio, estará operativamente a disposición del Alcalde, que dará sus órdenes por intermedio del respectivo Comandante de Policía o de quien lo reemplace. Dichas órdenes son de carácter obligatorio y deberán ser atendidas con prontitud y diligencia.
Ley 1551 de 2012. Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones del Presidente de la República y del respectivo gobernador. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante.
Ley 136 de 1994. Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones y órdenes que reciba del Presidente de la República y del respectivo gobernador. El alcalde es la primera autoridad de policía del municipio. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante.
Ley 62 de 1993. El Gobernador y el Alcalde son las primeras autoridades de Policía en el Departamento y el Municipio, respectivamente. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que estas le impartan por conducto del respectivo comandante o quien haga sus veces.
14	“…ordenar a los comandantes de policía de los lugares en donde se realicen las actividades no autorizadas, aplicar las medidas de policía necesarias para cerrar los establecimientos o lugares donde se realicen las actividades no autorizadas, la colocación de sellos, los cambios de guarda, y demás medidas precautelativas para proteger los derechos de terceros y para preservar la confianza del público en general.
mativas r o n s e n o Disposici Ley 1620 (15 de marzo de 2013), “por la cual se crea el sistema nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar”.
Constitución Política de Colombia (1991). Ley 30 ( 31 de enero de 1986), “por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes y se dictan otras disposiciones” Ley 4ª (16 de enero de 1991), “por la cual se dictan normas sobre orden público interno, policía cívica local y se dictan otras disposiciones”.
Ley 1738 (18 de diciembre de 2014), “por medio de la cual se prorroga la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010”.
Ley 62 (12 de agosto de 1993), “por la cual se expiden normas sobre la Policía Nacional, se crea un establecimiento público de seguridad social y bienestar para la Policía Nacional, se crea la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y se reviste de facultades extraordinarias al Presidente de la República”.
Ley 1753 (9 de junio de 2015), “por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, ‘Todos por un nuevo país”. Decreto 2615 (19 de noviembre de 1991), “por el cual se reorganizan los Consejos Departamentales de Seguridad y el Consejo de Seguridad del Distrito Capital; se crean los Consejos Regionales de Seguridad y los Consejos Metropolitanos de Seguridad; se faculta a los Gobernadores para autorizar u ordenar la conformación de Consejos Municipales de Seguridad y se crean los Comités de Orden Público”.
Ley 136 (2 de junio de 1994), “por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”. Ley 418 (25 de diciembre de 1997), “por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones”.
Decreto 1267 (15 de abril de 2009), “por el cual se reglamenta el artículo 7° de la Ley 1270 de 2009”.
Ley 548 (23 de diciembre de 1999), “por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 del 26 de diciembre de 1997 y se dictan otras disposiciones”.
Decreto 399 (14 de febrero de 2011), “por el cual se establece la organización y funcionamiento del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y los Fondos de Seguridad de las Entidades Territoriales y se dictan otras disposiciones”.
Ley 715 (21 de diciembre de 2001), “por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”.
Decreto 577 (2 de marzo de 2011), “por el cual se modifica el artículo 12 del Decreto 399 de 2011”.
Ley 782 (23 de diciembre de 2002), “por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y se modifican algunas de sus disposiciones”.
Decreto 2055 (16 de octubre de 2014), “por el cual se reglamenta el Consejo Superior de Política Criminal, su funcionamiento y todos los asuntos relacionados con las demás instancias técnicas que se requieran para su adecuado desarrollo”.
Ley 1106 (22 de diciembre de 2006), “por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999, la Ley 782 de 2002, y se modifican algunas de sus disposiciones”.
Decreto 1066 (26 de mayo de 2015), “por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior”.
Ley 1270 (5 de enero de 2009), “por la cual se crea la Comisión Nacional para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol y se dictan otras disposiciones”.
Decreto Único Reglamentario 1069 (26 de mayo de 2015), “por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho”.
Ley 1386 (21 de mayo de 2010), “por la cual se prohíbe que las entidades territoriales deleguen, a cualquier título, la administración de los diferentes tributos a particulares y se dictan otras disposiciones”.
Decreto 812 (17 de mayo de 2016), “por medio del cual se modifica el artículo 2.7.1.1.4 del Decreto 1066 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior”.
Ley 1421 (21 de diciembre de 2010), “por medio de la cual se prorroga la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002 y 1106 de 2006”.
Resolución 014 del 27 de junio de 2003, “por la cual se reglamenta la integración de los Consejos Seccionales de Estupefacientes”.
Ley 1551 (6 de julio de 2012), “por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”.
Sentencia Corte Constitucional C-075/93.
Oficina de Planeación Policía Nacional Departamentos y Municipios Seguros ofpla.dms-jefat@policia.gov.co Carrera 59 No. 26-21 CAN, Bogotá, D. C. Teléfono 315 9000 Ext. 9775
Cartilla Departamentos y Municipios Seguros
federacionfcm