Source: https://monsieurdevillefort.wordpress.com/2016/01/29/las-facultades-arbitrales-del-juez-y-sus-limites/
Timestamp: 2017-08-19 07:37:00
Document Index: 387207338

Matched Legal Cases: ['artículo 415', 'artículo 84', 'artículo 418', 'artículo 419', 'artículo 418', 'artículo 418']

LAS FACULTADES ARBITRALES DEL JUEZ Y SUS LÍMITES. | MONSIEUR DE VILLEFORT
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LAS FACULTADES ARBITRALES DEL JUEZ Y SUS LÍMITES.
Es evidente que una de las facultades del juez o magistrado es intentar en la medida de las posibilidades del caso, que las partes puedan llegar a un acuerdo si la materia objeto de litigio es susceptible de transacción. Esa facultad está casi reducida a cero en la jurisdicción contencioso-administrativa por la propia naturaleza de los entes administrativos, pero alcanza cotas bastante elevadas en los órdenes civil y social. Así, por ejemplo, una de las finalidades de la audiencia previa en los procedimientos ordinarios civiles es verificar si existe una conciliación o transacción (artículo 415.1 de la Ley 1/2000 de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil), de igual manera que en la jurisdicción social existe previamente al juicio el acto de conciliación ante el Letrado de la Administración de Justicia, donde incluso la norma procesal laboral, al referirse a dicho empleado público, indica que llevará a cabo “la labor mediadora que le es propia” (artículo 84.1 de la Ley 36/2011 de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social). Y es que, en efecto, el arte de administrar Justicia no implica que haya de depositarse siempre en el juez la decisión última sobre el fondo del asunto, sino que también puede efectuarse mediante un simple ejercicio de las facultades judiciales con la finalidad de acercar a las partes a un acuerdo que implique un resultado óptimo para ambas. Eso sí, dejando bien claro que esa facultad ha de ejercerse con mucho cuidado, y jamás de manera coactiva, debiendo evitarse en todo momento el forzar a las partes a llegar a un acuerdo, y mucho menos a uno determinado o buscado por el juez. Por ello, no puede decirse que sea precisamente un ejemplo a seguir la actuación de personas muy concretas que además, en ámbitos tan sensibles como el de familia, ejercen de forma ciertamente peculiar la función jurisdiccional hasta el punto de ser un hecho público y notorio que en ocasiones cuando las partes y sus letrados acuden a la sede judicial se encuentran con que el magistrado no es que tenga ya tomada la decisión, sino que incluso de forma nada sutil impone a las partes llegar a un acuerdo en los términos que el propio juzgador ya tiene preconcebidos; algo que además, en muchas ocasiones se efectúa con unas formas que se apartan y con creces de las más elementales normas de urbanidad.
En este sentido, puede ser interesante echar un vistazo a la Sentencia de 2 de noviembre de 2004 de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dictada en recurso número 128/2002, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por un magistrado de lo social frente a un Acuerdo de la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (confirmado en alzada por el Pleno del Consejo) que le declaró incurso en una falta grave del artículo 418.5 de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de Julio, del Poder Judicial. Los hechos que motivan la sanción, descritos con toda su crudeza en el fundamento jurídico primero de la sentencia, ciertamente no tienen desperdicio, y exponen de forma descarnada el intolerable comportamiento de un magistrado de lo social cuando los letrados de la parte demandante y demandada en un asunto laboral, tras fracasar en su intento de llegar a un acuerdo en la conciliación previa al juicio, entran en Sala para celebrar la vista. A partir de aquí, cedemos la palabra a la propia Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, cuyas palabras transcribe literalmente la sentencia del Tribunal Supremo:
Al no alcanzarse el acuerdo se entró en la Sala para celebrar la vista. La Sra. Andreu, con la toga puesta, dijo buenos días y se sentó, instante en el que el Ilmo. Sr. D. Carlos María, chillando, le preguntó el motivo por el que no habían llegado a un acuerdo y el por qué se atrevían a negar las vacaciones a la trabajadora y añadió que el no conceder vacaciones, que son sagradas, era para que la Letrada se matriculase en primero de derecho. Ante ello ésta solicitó la venia, con intención de explicar los motivos que tenía la empresaria para discutir el número de días de vacaciones, pero el Ilmo. Sr. Magistrado, sin dejarla terminar la frase, y chillándole le dijo que no podía poner de manifiesto nada y que convenciera a su cliente de que diera las vacaciones a la trabajadora ya que, de lo contrario, dictaría sentencia “in voce”, por lo que la Letrada, muy impactada, pidió permiso para hablar con su cliente, que le fue concedido con la advertencia de que se diera prisa porque no podía perder el tiempo. La cliente decidió seguir en su postura y al intentar, de nuevo, la Letrada explicar sus pretensiones fue interrumpida por el Juzgador diciéndole que no podía manifestar nada ya que para ello debía iniciarse el juicio, por lo que éste se inició ante el público concurrente, entre el que se encontraba algún abogado y la cliente de la Sra. Andreu. Tras ratificarse la parte actora en su demanda la Letrada comenzó a exponer las razones de la empresaria haciéndolo verbalmente, pese a tenerlas redactadas por escrito, al entender que ello era lo pertinente hasta que en un momento determinado el Juzgador la interrumpió y, chillando, le preguntó si dictaba de tal modo en su despacho, lo que fue entendido como advertencia de que lo hiciera más despacio, pues veía como aquél escribía todo lo que decía, hasta que al estar ya acabando la exposición la volvió a interrumpir y chillando le preguntó si no sabía que la jurisdicción social se regía por el principio de la celeridad e hizo constar en el acta que se excedía en demasía en contestar a la demanda y que se le requería para que cumpliera la condición exigida de celeridad. Entonces la Letrada intentó formular protesta negándose el Juzgador a escuchar las razones de la misma y a consignarla en acta. En la prueba de confesión en juicio de la actora la Letrada solicitó la exhibición de un resguardo de telegrama y le preguntó si reconocía haberlo recibido en una determinada fecha y tras ello si era cierto que el telegrama hacía referencia a un determinado contenido, momento en que fue interrumpida por el Juzgador diciéndole que si creía que él era ciego o no sabía leer y que él ya leería el contenido del telegrama, ante lo que aquella le hizo notar que el resguardo sólo daba fe de la fecha pero no del contenido. En una testifical el Juzgador interrumpió, gritando, a la Letrada y le preguntó si no sabía diferenciar entre una prueba de confesión y testifical, a lo que ésta le respondió que era consciente de ello, lo que motivó que se volviera hacia ella y poniéndose colorado le advirtiera que si seguía por ese camino tendría que llamarla al orden. La Letrada, muy afectada y nerviosa por los hechos relatados, firmó el acta sin pensar, debido a ello, en salvar su firma. La denuncia de la Letrada fue presentada en el Registro del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears el día 13 de diciembre de 2000, antes de conocer la sentencia adversa a los intereses de su clienta, de fecha 21 de noviembre de 2000, que fue notificada a la parte demandada el día 11 de enero de 2001.
Sin entrar a valorar el fondo del asunto enjuiciado y la razón o no que asistía a la parte demandada, lo cierto es que llama la atención la excesiva beligerancia del juzgador, con formas que ciertamente dejan bastante que desear y que en cualquier otro país le hubiese acarreado una sanción bastante más severa que la que en efecto le fue impuesta, que consistió en una multa bastante inferior a sus percepciones netas mensuales. Porque conviene tener en cuenta un dato revelador: es el propio órgano de gobierno de los jueces quien consideró la gravedad de este comportamiento al agravar la calificación inicial. En efecto, una vez recibida la denuncia, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares admitió a trámite la denuncia y consideró los hechos como una falta leve de las previstas en el artículo 419.2 de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio (es decir, el trato desconsiderado hacia las partes o sus representantes y defensores) y es otro dato no menos elocuente que el propio juez denunciado no manifestase objeción alguna al respecto, es decir, que reconocía que en efecto había incurrido en una desconsideración hacia un letrado (claro que, como falta leve que era, le hubiera salido prácticamente gratis la grosería, dado que presumiblemente le hubiera caído un simple apercibimiento). No obstante, una vez practicados los actos de instrucción, con intervención del Ministerio Fiscal, al ser elevado el expediente a la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial ésta entiende que los hechos son constitutivos no de una simple falta leve, sino de una falta grave de las tipificadas en el artículo 418.5 de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio. Tras serle impuesta por la Comisión Disciplinaria una sanción de doscientas mil pesetas, el sancionado impugna la misma, que es confirmada por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial.
El Tribunal Supremo desestima el recurso interpuesto por el magistrado dado que éste cuestionaba la validez del acto sancionador por motivos estrictamente formales, pero sin cuestionar para nada la realidad de los hechos denunciados. No obstante, tras desestimar los vicios formales alegados, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo no pierde la oportunidad de reprochar la conducta del juez sancionado con una frase lapidaria con la que cierra sus consideraciones jurídicas: “En conclusión, no discutiéndose otros extremos por el recurrente, en particular la tipificación de la conducta sancionada como falta grave de desconsideración del Magistrado con la Letrada, en el curso del juicio oral celebrado el 12 de noviembre de 2000, del procedimiento 823/00, y ante los asistentes al mismo, procede la desestimación de su recurso contencioso-administrativo, pues no sólo está suficientemente acreditada la conducta infractora –el relato de los sucedido es concluyente– sino también correctamente subsumida en el artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial . La forma, el lugar y el momento en que el Magistrado sancionado trató, en los términos vistos a la Letrada, confiere a su proceder la gravedad apreciada por la Comisión Disciplinaria y concretada en la cuantía de la multa.”