Source: https://e-justice.europa.eu/content_parental_responsibility-302-si-es.do?init=true&member=1
Timestamp: 2019-12-10 05:15:45
Document Index: 252790994

Matched Legal Cases: ['artículo 54', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 142', 'artículo 107', 'artículo 109', 'artículo 4', 'artículo 113', 'artículo 115', 'artículo 120', 'artículo 157', 'artículo 141', 'artículo 105', 'artículo 78', 'artículo 113', 'artículo 105', 'artículo 105', 'artículo 106', 'artículo 106', 'artículo 105', 'artículo 106', 'artículo 113', 'artículo 32', 'artículo 47', 'artículo 50', 'artículo 104', 'artículo 180', 'artículo 105', 'artículo 105', 'artículo 105', 'artículo 106', 'artículo 107', 'artículo 10', 'artículo 411', 'artículo 2', 'artículo 7', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 35', 'artículo 342', 'artículo 5', 'artículo 238', 'artículo 238', 'artículo 238', 'artículo 42']

Responsabilidad parental - Eslovenia
La responsabilidad parental es una relación jurídica que se rige por el Derecho de familia. La relación comienza con el nacimiento de un hijo o la determinación de la filiación. En el ordenamiento jurídico esloveno, los hijos de padres no casados tienen los mismos derechos y obligaciones que los hijos de padres casados. La legislación eslovena ha adoptado un sistema de «adopción plena», según el cual los hijos adoptivos reciben el mismo tratamiento que los hijos biológicos.
El fundamento jurídico de este principio figura en el artículo 54 de la Constitución eslovena (Ustava Republike Slovenije), según el cual los progenitores tienen el derecho y la obligación de dar alimentos, educar y criar a sus hijos. Estos derechos y obligaciones pueden revocarse o limitarse únicamente por los motivos previstos por la ley, para proteger los intereses del menor. Los hijos de padres no casados tienen los mismos derechos que los hijos de padres casados.
Los progenitores tienen el derecho y la obligación de garantizar, mediante una atención directa y el trabajo y las actividades que desempeñan, el buen desarrollo físico y mental de sus hijos. Los progenitores tienen el derecho y la obligación de proteger la vida, el desarrollo personal, los derechos y los intereses de sus hijos que no hayan alcanzado la mayoría de edad, a fin de garantizarles un desarrollo personal saludable y equilibrado y posibilidades de vivir y trabajar de manera independiente en el futuro. La responsabilidad parental incluye estos derechos y obligaciones [artículo 4 de la Ley sobre relaciones matrimoniales y familiares (Zakon o zakonski zvezi enrazmerjih družinskih)].
Los progenitores deben salvaguardar los intereses de sus hijos en todas las actividades y procedimientos que les conciernan. Se considera que los progenitores obran en el interés de sus hijos si satisfacen sus necesidades materiales, emocionales y psicológicas a través de una conducta que cumpla con las normas aceptables y que sea necesaria para asegurar el cuidado y la responsabilidad de los menores, con el debido respeto de su personalidad y de sus deseos (artículo 5a de la Ley sobre relaciones matrimoniales y familiares).
Los progenitores deben garantizar para sus hijos las condiciones necesarias para un desarrollo personal saludable y equilibrado, y ayudarles a desarrollar las capacidades para vivir y trabajar de manera independiente. Deben dar alimentos y criar a sus hijos, así como proteger su salud y su vida. Son responsables de garantizar, en la medida de sus posibilidades, que sus hijos reciban una educación y una formación profesional acorde con sus capacidades, inclinaciones y deseos. Los hijos tienen derecho a mantener contacto con ambos progenitores y ambos progenitores tienen derecho a mantener contacto con sus hijos (artículos 102, 103 y 106 de la Ley sobre relaciones matrimoniales y familiares).
La responsabilidad jurídica de los progenitores para con sus hijos se rige por lo dispuesto en el artículo 142 del Código de obligaciones (Obligacijski zakonik). Los progenitores son responsables por los daños causados a terceros por sus hijos menores de siete años de edad, independientemente de si son responsables del daño causado. Los progenitores son responsables por los daños causados a terceros por sus hijos mayores de siete años de edad, a menos que puedan probar que no son responsables del daño causado.
El artículo 107 de la Ley sobre relaciones matrimoniales y familiares rige la representación de los hijos en sus relaciones con terceros. Los representantes de los hijos menores son sus progenitores. En caso de que deba enviarse una notificación formal o información a un menor, ambos progenitores pueden recibirla. Si los progenitores no viven juntos, la notificación o información será recibida por el progenitor con quien viva el menor. Si ambos progenitores se comprometen a cuidar y criar al menor, deben ponerse de acuerdo sobre su lugar de residencia permanente y sobre cuál de los dos recibirá la correspondencia que se le envíe al menor.
Los bienes del menor son administrados por sus progenitores en su interés hasta que cumpla la mayoría de edad (artículo 109 de la Ley sobre relaciones matrimoniales y familiares).
La responsabilidad parental la ejercen tanto el padre como la madre (artículo 4 de la Ley sobre relaciones matrimoniales y familiares).
Los progenitores ejercen la responsabilidad parental de común acuerdo en interés del menor. Si los progenitores no viven juntos y no tienen la guarda y custodia compartida del menor, deciden de común acuerdo y en interés del menor sobre cuestiones de especial importancia para su desarrollo. El progenitor que tiene la guarda y custodia del menor decide sobre las cuestiones relacionadas con su vida diaria. Si se le impide a uno de los progenitores ejercer la guarda y custodia de su hijo, esta será ejercida únicamente por el otro progenitor (artículo 113 de la Ley sobre relaciones matrimoniales y familiares).
Si uno de los progenitores fallece, se desconoce su identidad, o es privado de su capacidad jurídica o del ejercicio de la responsabilidad parental, esta será ejercida por el otro progenitor (artículo 115 de la Ley sobre relaciones matrimoniales y familiares).
Los menores pueden estar bajo el cuidado de otra persona o de una institución. Un centro de servicios sociales (Center za socialno delo) puede quitarles el hijo a los progenitores y confiarlo a otra persona o a una institución si los progenitores no cumplen con su obligación de cuidarlo o cuando ello redunde en interés del menor por otros motivos importantes (artículo 120 de la Ley sobre relaciones matrimoniales y familiares).
Un centro de servicios sociales puede colocar a un menor bajo tutela si este no tiene familia, no puede vivir con sus progenitores por diversas razones, o si su desarrollo físico y mental corre peligro en el entorno en el que vive (artículo 157 de la Ley sobre relaciones matrimoniales y familiares). La tutela se regula con más detalle en la Ley de tutela (Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti).
Un padre adoptivo puede ocuparse de un menor. Un menor solo puede ser adoptado si no se conoce la identidad de los padres biológicos, si se desconoce su paradero durante más de un año, si los padres biológicos prestan consentimiento para la adopción ante la autoridad competente o si han fallecido (artículo 141 de la Ley sobre relaciones matrimoniales y familiares).
El centro de servicios sociales puede nombrar un tutor para el menor que no tenga padres o cuyos padres no le den cuidados. El tutor es responsable de cuidar del menor como si fuera su padre o madre (artículos 201 y 202 de la Ley sobre relaciones matrimoniales y familiares).
Los progenitores que no vivan juntos o que deseen separarse deben llegar a un acuerdo sobre la guarda y custodia de sus hijos menores en interés de estos últimos. Pueden ejercer la guarda y custodia compartida, otorgar la guarda y custodia a uno de ellos o repartirse los hijos. Si no llegan a un acuerdo sobre esta cuestión, un centro de servicios sociales les ayudará. Si los progenitores no llegan a un acuerdo sobre la guarda y custodia de los hijos con la ayuda del centro de servicios sociales, un juez, a petición de uno o de ambos progenitores, puede conceder la guarda y custodia a uno de ellos o repartir los hijos entre ambos progenitores. También puede conceder de oficio la guarda y custodia sobre uno o varios hijos a un tercero. Antes de resolver, el juez debe solicitar el dictamen de un centro de servicios sociales sobre qué es lo más conveniente para el menor. El juez también puede tener en cuenta la opinión del menor si la expresa él mismo o una persona de su confianza o que el menor haya elegido, siempre que el menor sea capaz de entender la importancia y las consecuencias de dicha opinión (artículo 105 de la Ley sobre relaciones matrimoniales y familiares).
Si un juez declara la anulación de un vínculo matrimonial, también decidirá sobre la guarda y custodia, la obligación de alimentos y el régimen de visitas de ambos progenitores (artículo 78 de la Ley sobre relaciones matrimoniales y familiares).
Si los progenitores no viven juntos y no tienen la guarda y custodia compartida del menor, deciden de común acuerdo y en interés del menor sobre las cuestiones de especial importancia para su desarrollo. El progenitor que tiene la guarda y custodia del menor decide sobre las cuestiones relacionadas con su vida diaria (artículo 113 de la Ley sobre relaciones matrimoniales y familiares).
Los progenitores que no vivan juntos o que deseen separarse deben llegar a un acuerdo sobre la guarda y custodia de sus hijos menores en interés de estos últimos. Si los progenitores llegan a un acuerdo sobre la guarda y custodia de los hijos, pueden solicitar al órgano jurisdiccional que dicte una resolución al respecto en un procedimiento voluntario. Si el órgano jurisdiccional determina que el acuerdo no protege los intereses del menor, rechazará la propuesta de acuerdo. Si los progenitores no logran llegar a un acuerdo sobre esta cuestión, un centro de servicios sociales les ayudará. Si los progenitores no llegan a un acuerdo sobre la guarda y custodia de los hijos con la ayuda del centro de servicios sociales, el órgano jurisdiccional decidirá, a instancia de uno o de ambos progenitores (artículo 105 de la Ley sobre relaciones matrimoniales y familiares).
Los progenitores que no vivan juntos o que deseen separarse deben llegar a un acuerdo sobre la obligación de dar alimentos a sus hijos. Si no llegan a un acuerdo sobre esta cuestión, un centro de servicios sociales les ayudará. Si los progenitores no llegan a un acuerdo sobre la obligación de dar alimentos a sus hijos con la ayuda del centro de servicios sociales, el órgano jurisdiccional decidirá, a instancia de uno o de ambos progenitores (artículo 105a de la Ley sobre relaciones matrimoniales y familiares).
Los hijos tienen derecho a mantener contacto con ambos progenitores y ambos progenitores tienen derecho a mantener contacto con sus hijos Dicho contacto debe garantizar, ante todo, la protección de los intereses del menor. El progenitor con quien el menor vive o que tiene su guarda y custodia o el tercero con quien el menor vive deben abstenerse de actuar de un modo que impida al menor mantener contacto con uno de sus progenitores o con ambos y debe animar al menor a adoptar una actitud adecuada respecto a las visitas de uno o ambos progenitores. El progenitor que tenga el derecho de visita de su hijo debe abstenerse de actuar de un modo que dificulte su cuidado y crianza. Si los progenitores llegan a un acuerdo sobre el derecho de visita, pueden solicitar al órgano jurisdiccional que dicte una resolución al respecto en un procedimiento voluntario. Si el órgano jurisdiccional determina que el acuerdo no protege los intereses del menor, rechazará la propuesta de acuerdo. Si los progenitores no llegan a un acuerdo sobre el régimen de visitas con la ayuda del centro de servicios sociales, el órgano jurisdiccional resolverá sobre la cuestión, a instancia de uno o de ambos progenitores (artículo 106a de la Ley sobre relaciones matrimoniales y familiares).
Asimismo, el menor tiene derecho a mantener contacto con otros miembros de su familia con quienes tenga un vínculo directo, salvo que ello sea contrario a sus intereses. Estas personas son, en particular, los abuelos, los hermanos, los medio hermanos, los antiguos padres de acogida y el cónyuge o excónyuge o la pareja de hecho o la expareja de hecho de uno de los progenitores. En el acuerdo sobre el régimen de visitas intervienen los progenitores, el menor (si es capaz de entender la importancia del acuerdo) y las personas con quienes el menor tenga un vínculo personal. Si no llegan a un acuerdo sobre esta cuestión, un centro de servicios sociales les ayudará. La medida y la forma en que se mantiene el contacto deben determinarse en función de los intereses del menor. Si los progenitores, el menor y las personas con quienes el menor tiene un vínculo personal llegan a un acuerdo sobre el régimen de visitas, pueden solicitar al órgano jurisdiccional que dicte una resolución al respecto en un procedimiento voluntario. Si el órgano jurisdiccional determina que el acuerdo no protege los intereses del menor, rechazará la propuesta de acuerdo. Si no llegan a un acuerdo con la ayuda del centro de servicios sociales, el órgano jurisdiccional resolverá sobre la cuestión (artículo 106a de la Ley sobre relaciones matrimoniales y familiares).
Si los progenitores no llegan a un acuerdo, un centro de servicios sociales les ayudará. Si no llegan a un acuerdo con la ayuda del centro de servicios sociales, el órgano jurisdiccional resolverá sobre la cuestión.
El órgano jurisdiccional puede conceder la guarda y custodia de todos los hijos a uno de los progenitores o resolver que los hijos han de repartirse entre ambos progenitores. También puede conceder de oficio la guarda y custodia sobre uno o varios hijos a un tercero (artículo 105 de la Ley sobre relaciones matrimoniales y familiares).
El órgano jurisdiccional también resuelve sobre los alimentos debidos a los hijos y sobre el régimen de visitas (artículos 105a, 106 y 106a de la Ley sobre relaciones matrimoniales y familiares).
Para resolver sobre los derechos de visita, el juez tiene en cuenta los intereses del menor. La propuesta o solicitud de resolución sobre los derechos de visita debe ir acompañada de un justificante expedido por el centro de servicios sociales de que los progenitores intentaron llegar a un acuerdo sobre el régimen de visitas con su ayuda. El órgano jurisdiccional puede retirar o limitar los derechos de visita cuando ello sea necesario para proteger los intereses del menor. Las visitas son perjudiciales para el menor si lo someten a presión psicológica o si ponen en peligro su desarrollo físico o mental. El órgano jurisdiccional puede resolver que las visitas tengan lugar bajo la supervisión de un tercero o que no haya contacto personal ni relación con el menor, es decir, que la visita se desarrolle de otra forma, si ello fuese necesario en interés del menor (artículo 106 de la Ley sobre relaciones matrimoniales y familiares).
La obligación de dar alimentos se establece teniendo en cuenta las necesidades del solicitante y la capacidad económica y los ingresos de la persona que deba cumplirla. Al calcular la pensión de alimentos, el juez debe velar por los intereses del menor y fijar un importe que haga posible su buen desarrollo físico y mental (artículos 129 y 129a de la Ley sobre relaciones matrimoniales y familiares).
Si los progenitores no viven juntos y no tienen la guarda y custodia compartida del menor, deciden de común acuerdo y en interés del menor sobre las cuestiones de especial importancia para su desarrollo. Si no llegan a un acuerdo , un centro de servicios sociales les ayudará. El progenitor que tiene la guarda y custodia del menor decide sobre las cuestiones relacionadas con su vida diaria. Si los progenitores no llegan a un acuerdo sobre las cuestiones de especial importancia para el desarrollo del menor con la ayuda del centro de servicios sociales, el órgano jurisdiccional resolverá, a instancia de uno o de ambos progenitores, en un procedimiento voluntario (artículo 113 de la Ley sobre relaciones matrimoniales y familiares).
Significa que ambos progenitores tienen el mismo grado de responsabilidad con respecto a la crianza y el desarrollo del menor, y que ambos deben ocuparse de él.
Los tribunales de distrito (okrožna sodišča) tienen competencia por razón de la materia para conocer de estos asuntos [artículo 32 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Zakon o pravdnem postopku)].
El órgano jurisdiccional del lugar de residencia permanente de la parte demandada tiene competencia por razón del territorio. Si un órgano jurisdiccional esloveno es competente para conocer de un asunto porque la parte demandada tiene residencia temporal en Eslovenia, el órgano jurisdiccional del lugar de residencia temporal de la parte demandada tendrá competencia general por razón del territorio. Si, además de su lugar de residencia permanente, la parte demandada tiene un lugar de residencia temporal en otra localidad y se estima que, dadas las circunstancias, permanecerá allí durante un tiempo prolongado, el órgano jurisdiccional de su lugar de residencia temporal tendrá competencia general por razón del territorio (artículo 47 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Si, en un juicio de alimentos, el demandante es la persona que pide alimentos, será competente para conocer del asunto el órgano jurisdiccional competente en el lugar de residencia permanente o temporal del demandante, además del órgano jurisdiccional que tenga competencia general por razón del territorio. Si, en un juicio de alimentos con un elemento transfronterizo, un órgano jurisdiccional esloveno es competente para conocer del asunto porque el demandante es un menor con residencia permanente en Eslovenia, el órgano jurisdiccional del lugar de residencia permanente del demandante será competente para conocer del asunto por razón del territorio. Si, en un juicio de alimentos, un órgano jurisdiccional esloveno es competente para conocer del asunto porque el demandado tiene bienes en Eslovenia que le permitirían cumplir su obligación de dar alimentos, el órgano jurisdiccional del lugar donde se encuentre el bien en cuestión tendrá competencia para conocer del asunto por razón del territorio (artículo 50 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Las partes y las demás personas que intervienen en el procedimiento deben presentar las demandas, los recursos y cualquier otra solicitud en esloveno u otra lengua nacional que la justicia emplee para las comunicaciones oficiales (artículo 104 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
La demanda debe incluir una solicitud en la que se especifique el principal objeto del asunto y las reclamaciones secundarias, los fundamentos de hecho, las pruebas y cualquier otra información que deba agregarse (artículo 180 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Civil, una demanda es una acción, una respuesta a una acción, un recurso u otro tipo de declaración, propuesta o comunicación presentada fuera del procedimiento. Las demandas deben ser comprensibles e incluir todo lo necesario para ser presentadas en una audiencia. Deben incluir los siguientes datos: el nombre del órgano jurisdiccional, el nombre y el lugar de residencia permanente o temporal o el lugar de establecimiento de las partes, el nombre de sus representantes legales o apoderados, el objeto del litigio y el contenido de la declaración. El demandante debe firmar la demanda, salvo que ello no fuese posible debido a la forma en que se realiza. Se considera que la firma original del demandante debe ser su firma manuscrita o una firma electrónica segura verificada mediante un certificado reconocido. Si la declaración incluye una solicitud, la parte debe indicar en ella los hechos en los que se fundamenta la solicitud y, en su caso, incluir las pruebas correspondientes (artículo 105 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Las tasas judiciales deben abonarse al presentar la demanda, dentro del plazo establecido por el órgano jurisdiccional en la orden pago de las tasas judiciales (artículo 105a de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Las demandas deben presentarse por escrito. Una demanda escrita es una demanda manuscrita o impresa y firmada de puño y letra del demandante (demanda física) o en formato electrónico y firmada con una firma electrónica segura verificada mediante un certificado reconocido. Las demandas escritas se envían por correo postal, por correo electrónico o a través de tecnologías de la comunicación, se entregan en persona a la autoridad o a través de un intermediario que se dedique profesionalmente a la entrega de estos documentos (un proveedor de servicios). Las demandas escritas electrónicas se envían de forma electrónica a través del sistema de información, que devuelve al demandante una confirmación automática de que el escrito se ha transmitido. Las demandas también pueden presentarse rellenando un formulario normalizado o preimpreso de otra forma (artículo 105b de la ley de Enjuiciamiento Civil).
Las demandas dirigidas a la parte contraria deben enviarse al órgano jurisdiccional acompañadas de tantas copias como el órgano jurisdiccional y la parte contraria necesiten y en un formato que haga posible su envío por parte del órgano jurisdiccional. Este requisito también es aplicable a los anexos. Las demandas y los anexos en formato electrónico destinados a la parte contraria deben enviarse en un solo ejemplar. El órgano jurisdiccional hará tantas copias como la parte contraria necesite (artículo 106 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Los documentos que se adjunten a la demanda pueden ser originales o copias (artículo 107 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Los tribunales de distrito resuelven en el procedimiento civil, a menos que la ley disponga que deban hacerlo en un procedimiento voluntario. Los asuntos que se rigen por la Ley sobre relaciones matrimoniales y familiares son prioritarios para los tribunales de distrito (artículo 10a de la Ley sobre relaciones matrimoniales y familiares).
En los procedimientos relacionados con las relaciones entre un menor y sus progenitores, el órgano jurisdiccional, a instancia de una de las partes o de oficio, puede dictar medidas cautelares relativas a la guarda y custodia, la pensión de alimentos de los hijos, la limitación de los derechos de visita o la forma en que deben llevarse a cabo estas visitas. Las medidas cautelares se dictan con arreglo a lo dispuesto por la Ley de ejecución y garantía de derechos (Zakon o izvršbi en zavarovanju) (artículo 411 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Sí, puede obtenerse asistencia jurídica gratuita para cubrir las costas del proceso. El juez del tribunal de distrito que conoce del asunto decide sobre la atribución de asistencia jurídica gratuita (artículo 2 de la Ley sobre asistencia jurídica gratuita [Zakon o brezplačni pravni pomoči]).
Puede concederse asistencia jurídica gratuita para recibir asesoramiento jurídico, representación legal u otros servicios jurídicos que la ley disponga, para recibir cualquier forma de protección ante los órganos jurisdiccionales eslovenos generales o especializados, ante el Tribunal Constitucional de Eslovenia (Ustavno sodišče Republike Slovenije) y ante cualquier autoridad, institución o persona competente para la resolución extrajudicial de litigios, así como para la exención del pago de las costas procesales (artículo 7 de la Ley sobre asistencia jurídica gratuita).
Las personas que tienen derecho a recibir asistencia jurídica gratuita con arreglo a esta Ley son las siguientes: 1. los ciudadanos de Eslovenia; 2. los extranjeros con residencia permanente o temporal en Eslovenia y las personas sin nacionalidad (apátridas) que residan legalmente en Eslovenia; 3. otros extranjeros, en condiciones de reciprocidad o en las circunstancias y los casos previstos en los tratados internacionales vinculantes para Eslovenia; 4. las organizaciones y asociaciones no gubernamentales, sin ánimo de lucro, de interés público y que figuren en el registro correspondiente, con arreglo a la ley aplicable, en los litigios relacionados con el ejercicio de actividades de interés público y para el propósito para el que fueron creadas; 5. otras personas para las cuales la ley o un tratado internacional vinculante para Eslovenia establezca el derecho a recibir asistencia jurídica gratuita (artículo 10 de la Ley sobre asistencia jurídica gratuita).
Las personas con derecho a recibir asistencia jurídica gratuita pueden solicitarla en cualquier etapa del procedimiento. Para decidir sobre las solicitudes de asistencia jurídica gratuita, se tiene en cuenta la situación económica del solicitante y otras circunstancias previstas por la Ley (artículo 11 de la Ley sobre asistencia jurídica gratuita).
Sí, los tribunales superiores (višje sodišče) tienen competencia para conocer de los recursos contra las resoluciones sobre responsabilidad parental dictadas por los tribunales de distrito (artículo 35 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Los recursos deben interponerse ante el órgano jurisdiccional de primera instancia que dictó la resolución, adjuntando la cantidad de copias suficientes para el órgano jurisdiccional y la parte contraria (artículo 342 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
El procedimiento de ejecución se rige por lo dispuesto en la Ley de ejecución y garantía de derechos. A menos que la ley disponga lo contrario, el tribunal local (okrajno sodišče) tiene competencia por razón de la materia para ordenar la ejecución (artículo 5 de la Ley de ejecución y garantía de derechos).
El órgano jurisdiccional con competencia territorial para conocer de una solicitud de ejecución y ordenar la ejecución de una resolución judicial sobre la guarda y custodia de un menor es el órgano jurisdiccional competente en el lugar de residencia permanente o temporal de la persona a la que se le concedió la guarda y custodia o de la persona contra la cual se solicita la ejecución. El órgano jurisdiccional del lugar donde se encuentre el menor también tiene competencia territorial para ordenar la ejecución directa de la resolución (artículo 238a de la Ley de ejecución y garantía de derechos).
En virtud de un título ejecutivo, la obligación de restituir al menor se impone a la persona contra la cual se insta la ejecución, a la persona de quien depende la restitución del menor y a la persona con quien el menor se encuentre al expedirse el título ejecutivo. El órgano jurisdiccional especifica en el título ejecutivo que la obligación de restituir al menor es aplicable a cualquier persona con quien el menor se encuentre al llevarse a cabo la ejecución (artículo 238c de la Ley de ejecución y garantía de derechos).
En vista de las circunstancias del caso y de la protección de los intereses del menor, el órgano jurisdiccional decidirá si ejecuta la resolución sobre la guarda y custodia del menor imponiendo una multa a la persona contra la cual se insta la ejecución o quitándole al menor y entregándolo a la persona que tiene su guarda y custodia (artículo 238č de la Ley de ejecución y garantía de derechos).
Las resoluciones judiciales en materia de responsabilidad parental se reconocen y ejecutan de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 2201/2003. El órgano jurisdiccional aplica un procedimiento voluntario, con arreglo a lo dispuesto por la Ley sobre jurisdicción voluntaria (Zakon o nepravdnem postopku).
Todos los tribunales de distrito son competentes para conocer de las solicitudes de declaración de ejecutabilidad.
El órgano jurisdiccional que reconoce la fuerza ejecutiva de una resolución judicial es el órgano jurisdiccional competente para conocer de los recursos contra las resoluciones de declaración de ejecutabilidad.
El órgano jurisdiccional aplica un procedimiento voluntario, con arreglo a lo dispuesto por la Ley sobre jurisdicción voluntaria.
Lista de tribunales de distrito: (244 Kb)
En virtud de la Ley de Derecho y procedimiento internacional privado (Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku), las relaciones entre padres e hijos se rigen por la legislación del país de su nacionalidad. Si los padres y los hijos tienen distintas nacionalidades, se aplica la legislación del país de residencia permanente de todos ellos. Si los padres y los hijos tienen distintas nacionalidades y no tienen residencia permanente en un mismo país, se aplica la legislación del país de nacionalidad de los hijos (artículo 42).