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Timestamp: 2018-08-14 22:54:20
Document Index: 223179241

Matched Legal Cases: ['artículo 35', 'Artículo 4', 'Artículo 35', 'Artículo 33', 'Artículo 33', 'Artículo 33', 'Artículo 33']

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Aplicación y Supervisión nacionales
Final del ciclo. Volver al Paso 1 para el siguiente informe periódico.
-El ciclo comienza dos años después de la entrada en vigor de la CDPD en el Estado Parte.
-Posteriormente, se repite cada cuatro años. El proceso se regula en el artículo 35 de la CDPD.
-Las OPD pueden averiguar en qué momento se elaborará la lista de cuestiones y cuándo se desarrollará el diálogo constructivo, consultando el sitio web del Comité de la CDPD y poniéndose en contacto con la Secretaría del Comité de la CDPD. -Las OPD deben de estar al tanto de cómo y cuándo los Estados Partes elaboran y presentan sus informes de Estado.
Fin de la figura 1.
La participación activa de la sociedad civil, incluidas las OPD, a la hora de influir en el proceso de presentación de informes constituye una vía importante para vigilar, promover y supervisar los trabajos del Comité de la CDPD. Las OPD pueden participar en distintas fases del proceso de información: por ejemplo, durante la elaboración del informe del Estado Parte o la elaboración de los informes presentados por los marcos nacionales de seguimiento, y a través de la elaboración del informe paralelo de las coaliciones nacionales de OPD. La información puede presentarse en distintas fases del proceso, como antes de la adopción de la lista de cuestiones, del diálogo con los Estados Partes o de la adopción de las observaciones finales.
Influencia en la elaboración de los informes de los Estados Partes
El proceso de elaboración de un informe ofrece la oportunidad de hacer un balance de la protección de los derechos humanos en un Estado. Los Estados deben realizar un estudio exhaustivo de las medidas adoptadas para armonizar la legislación y las políticas nacionales con las disposiciones de la CDPD. La elaboración de un informe permite a un Estado comprobar los progresos realizados a la hora de promover el ejercicio de los derechos que establece la CDPD, así como identificar problemas y carencias en el enfoque que haya adoptado para aplicar la CDPD. El proceso de información también puede ayudar a un Estado a planificar y desarrollar políticas adecuadas para alcanzar sus objetivos.
El Estado Parte está obligado a presentar, dos años después de la entrada en vigor de la CDPD, un informe inicial que abarque el período transcurrido desde la entrada en vigor y la presentación del informe del Estado Parte. El informe del Estado Parte está formado por dos documentos: el documento básico común y un documento específico sobre el tratado.
El documento básico común19 es un informe de entre 60 y 80 páginas que ofrece información general y fáctica sobre la aplicación de todos los tratados de derechos humanos ratificados por un Estado. Se transmite en el mismo formato a todos los órganos de los tratados de derechos humanos de los que el Estado sea parte, y debe ser puesto al día regularmente por el Estado, para garantizar en todo momento la actualidad de la información. Por lo tanto, el documento básico común no trata específicamente de la discapacidad.
El documento básico común contiene información general y fáctica, como, por ejemplo, las características demográficas, sociales y culturales del Estado, o información sobre su estructura constitucional, política y legal. También debe ofrecer información sobre el marco general de protección y promoción de los derechos humanos, lo que incluye la ratificación de los instrumentos internacionales de derechos humanos, las reservas, el margo legal general a escala nacional y el modo en que se elaboran los informes que se remiten a los órganos de los tratados. El documento básico común también debe contener información sobre la aplicación de las disposiciones sustantivas sobre derechos humanos comunes a todos o a varios tratados de derechos humanos, como las que rigen la no discriminación y la igualdad.
El documento específico sobre el tratado es un informe de una extensión máxima de 60 páginas, que debe ofrecer información específica sobre la aplicación en la legislación y en la práctica de los artículos de la CDPD. El informe debe contener datos sobre las medidas sustantivas adoptadas y los avances logrados, así como un análisis, artículo por artículo, de la CDPD de acuerdo con las directrices. En octubre de 2009, el Comité de la CDPD adoptó directrices específicas del tratado en materia de procesos de información.20 Estas directrices tienen por objeto aconsejar a los Estados sobre la forma y el contenido de sus informes iniciales, para que éstos sean exhaustivos y se presenten de manera uniforme.
La CDPD exige la implicación y la participación plena de la sociedad civil, y más concretamente de las OPD, en el proceso de vigilancia21. Los Estados Partes son invitados a elaborar sus informes sobre la aplicación de la CDPD de una forma abierta y transparente22, teniendo en cuenta lo previsto en el Artículo 4(3) de la CDPD, que obliga a los Estados Partes a celebrar consultas con las OPD y a implicarlas activamente en la aplicación de la CDPD.23 De acuerdo con el Artículo 35 (4) de la CDPD, el proceso de elaboración de los informes debe ser abierto y transparente, y las personas con discapacidad, incluidos los niños y niñas con discapacidad, deben ser consultadas y participar activamente en la elaboración del informe del Estado Parte, a través de las organizaciones que los representan. Además, las directrices para la elaboración de los informes iniciales24 animan a los Estados Partes a lograr la implicación de organizaciones no gubernamentales, incluidas las OPD, en la elaboración de los informes, para optimizar la calidad del informe del Estado Parte y promover el ejercicio de los derechos protegidos por la CDPD. Los métodos de trabajo del Comité también ponen de relieve la importancia de las consultas con las OPD en la elaboración del informe del Estado Parte, con el fin de “reflejar la realidad de las personas con discapacidad en un país.” 25
Aunque la responsabilidad de la presentación del informe recae en el Estado Parte, es evidente que las OPD tienen un papel que desempeñar en la elaboración del informe del Estado Parte, y deben solicitar la celebración de una consulta nacional para que el Estado Parte pueda recibir información de la sociedad civil, tal y como lo exige la CDPD. Pueden celebrarse consultas nacionales con la sociedad civil para recabar sus puntos de vista o conocer su opinión sobre el borrador de un informe. En algunos países, el Estado Parte puede optar por un proceso de consulta abierto, que permita a toda persona interesada remitir información u observaciones sobre el borrador de un informe. Las OPD deben colaborar con el Estado Parte durante la elaboración del informe del Estado, con el fin de remitir información y estudios, identificar motivos de preocupación y emitir recomendaciones sobre acciones futuras.
Cabe señalar que las aportaciones de las OPD pueden ser incorporadas o no al informe del Estado Parte. Dado que la obligación de elaborar el informe recae en el Estado, el informe debe reflejar de forma adecuada el punto de vista del gobierno, y la sociedad civil podrá estar de acuerdo o no con toda la información facilitada, o con la forma en que ésta haya sido facilitada. Esta es la razón por la que no se recomienda a las OPD que formen parte de los comités de redacción ni que escriban el informe para el Estado Parte, sino más bien que asesoren, informen y consulten con el Estado Parte durante la elaboración de su informe. Las OPD deben mantener su independencia y desempeñar una función de vigilancia independiente, mediante la presentación de un informe paralelo una vez presentado el informe del Estado Parte.
Cuando un Estado se haya demorado en la presentación de un informe, las OPD deberán recordarle su obligación de presentar el informe de manera puntual, e instarle a que organice una consulta nacional que tenga por objeto la elaboración del informe del Estado Parte. El informe presentado con retraso debe abarcar el período transcurrido desde la entrada en vigor hasta la fecha en que dicho informe sea presentado al Comité, lo que significa que puede abarcar un período superior a dos años. El Comité de la CDPD tiene la facultad de examinar la situación existente en un Estado Parte, incluso cuando éste no haya emitido su informe. En caso de que un Estado Parte “se haya demorado considerablemente”26, el Comité podrá examinar la aplicación de la CDPD basándose en “información fiable” puesta a disposición del Comité. Las OPD de países que hayan ratificado la CDPD, pero cuyos informes se hayan “demorado considerablemente”, deberían remitir una solicitud escrita al Comité para que pueda estudiarse la situación del país en cuestión aunque no se haya emitido el informe del Estado Parte. Si el Comité lo aceptara, las OPD deberían remitir un informe exhaustivo sobre la aplicación de la CDPD en ese país, para asegurarse de que el Comité está capacitado para examinar la situación de forma efectiva.
Los Estados que no han ratificado la CDPD no pueden ser examinados por el Comité.
Influencia en los informes de los marcos de supervisión nacionales
La CDPD obliga a cada Estado a establecer un marco para promover, proteger y supervisar la Convención.27 El marco puede estar formado por un único órgano independiente, como una institución nacional de derechos humanos (INDH), o puede constar de varias entidades. Como mínimo, el marco debe incluir al menos un mecanismo independiente y tener en cuenta los Principios de París.28 Las OPD deben ser consultadas a la hora de establecer el marco de supervisión, y tanto las OPD como expertos que tengan la condición de personas con discapacidad deben implicarse y participar en el marco.29
Una de las principales funciones del marco consiste en supervisar la aplicación de la CDPD. Para ello, puede realizar estudios, desarrollar indicadores y puntos de referencia o recopilar información sobre violaciones de derechos humanos. Normalmente, los informes se presentan a órganos gubernamentales.
El marco de supervisión nacional puede optar por presentar su propio informe al Comité de la CDPD sobre la aplicación de la CDPD a escala nacional. Las OPD deben animar al marco a que presente un informe y celebre una consulta sobre la aplicación de la CDPD, y debe participar activamente en cualquier procedimiento de consulta.
En algunos países, las INDH30 son las entidades elegidas para formar el marco de supervisión. Estas instituciones se han creado para promover y supervisar los derechos humanos. Pueden adoptar formas muy diversas, que incluyen comisiones de derechos humanos, un defensor del pueblo, o instituciones, fiscalías e institutos de asesoramiento en derechos humanos.31 Aunque es el Estado quien las crea y las financia, las INDH que cumplen con los Principios de París (categoría A) son entidades independientes que desempeñan importantes funciones de promoción y supervisión. Normalmente se les confiere un amplio mandato que está claramente definido por ley, disponen de financiación suficiente y de infraestructuras que no están sujetas al control del gobierno, y pueden operar con autonomía. En algunos países, pueden existir INDH que no cumplan de forma plena con los Principios de París (nivel B) o que no los cumplan (categoría C).32 Aunque los Principios de París instan a las INDH a contribuir al informe del Estado Parte sobre la aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos, también se les anima a expresar sus propios puntos de vista siempre que sea necesario.33
Incluso en los países en los que las INDH no constituyen el marco de supervisión, éstas también pueden optar por presentar sus propios informes al Comité de la CDPD, para aportar sus puntos de vista sobre la forma en la que se está aplicando la CDPD en un Estado Parte.34 Por lo tanto, las OPD deben alentar a las INDH a presentar sus propios informes y a celebrar consultas para recabar información sobre la aplicación de la CDPD a escala nacional.
Es muy importante y recomendable que las OPD participen activamente en las consultas con el marco de supervisión nacional y las INDH, pero también deben realizar sus propias actividades de supervisión y presentar un informe al Comité para asegurarse de que el Comité reciba información no filtrada, remitida directamente por las OPD. No obstante, las OPD pueden optar por coordinar la presentación de su informe con la del informe del marco de supervisión nacional y de las INDH, para poner de relieve los principales motivos de preocupación para la sociedad civil y evitar que los informes se solapen excesivamente.
Influencia en la lista de cuestiones
Antes de reunirse con la delegación del gobierno, el Comité elabora una lista de cuestiones, para aclarar o completar la información presentada en el informe del Estado Parte, o para que el Estado Parte pueda poner al día al Comité sobre los posibles cambios acaecidos desde la presentación de su informe. El borrador de la lista de cuestiones es elaborado por el Relator del país, un miembro del Comité designado para realizar un estudio exhaustivo del informe que está siendo revisado. La lista de cuestiones se adopta de forma privada35, pero cualquier información escrita remitida al Comité por las OPD antes de la elaboración de la lista de cuestiones puede influir en las cuestiones que sean planteadas por el Comité.
Puede invitarse a las OPD a que se reúnan con el Comité durante la redacción de la lista de cuestiones. Debe remitirse una solicitud escrita al Comité al menos dos meses antes de la sesión en la que vaya a debatirse la lista de cuestiones. Las OPD podrán realizar una presentación oral de un máximo de quince minutos. El Comité pide que la presentación se centre en los artículos de la Convención, que esté directamente relacionada con los asuntos que estén siendo estudiados por el Comité y que integre las perspectivas de género, edad y otros factores que puedan afectar a la vulnerabilidad de las personas con discapacidad. Las reuniones de las OPD con el Comité serán públicas, salvo que se solicite otra cosa.36
El Estado Parte debe responder por escrito a la lista de cuestiones al menos seis semanas antes de la fecha de la sesión plenaria, para que la información pueda traducirse a los idiomas de trabajo del Comité y ser estudiada con antelación suficiente a la reunión. Las respuestas tienen que ser breves, precisas y directas, con una extensión máxima de 30 páginas. Las OPD pueden optar por ofrecer sus propias respuestas a la lista de cuestiones, o aportar comentarios adicionales sobre los asuntos puestos de relieve por el Comité en la lista de cuestiones.
Participación de la sociedad civil en la sesión plenaria del Comité
El informe del Estado Parte se examina durante una sesión pública del Comité. Normalmente, cada informe se examina a lo largo de un día (dos reuniones de tres horas), pero el examen puede prolongarse durante otra media jornada (reunión de tres horas) en caso de necesidad. Las OPD y otras partes interesadas pueden asistir a las reuniones en calidad de observadores.37 Se solicita al Estado que envíe una delegación de nivel nacional al proceso de estudio del informe, recomendándole que participen en él funcionarios públicos que estén implicados en la aplicación efectiva de la CDPD. El Comité recomienda que la delegación del Estado Parte esté encabezada por una persona con responsabilidades en el gobierno, y que la delegación cuente con miembros de los ámbitos legislativo y judicial. Las OPD deben subrayar ante los Ministerios correspondientes la importancia de enviar a la sesión plenaria una delegación de alto nivel cuyos miembros estén bien informados.
El Comité desarrollará un “diálogo constructivo” con el Estado Parte, durante el cual los miembros del Comité plantearán cuestiones y emitirán comentarios, seguidos de las correspondientes respuestas de la delegación del gobierno. El diálogo sirve para revisar con el Comité los avances logrados, los factores y dificultades observados al aplicar la CDPD, las prioridades a la hora de aplicar la CDPD y los objetivos de los trabajos futuros.
En ocasiones, las OPD pueden reunirse con miembros del Comité durante la sesión, tanto formal como informalmente, para entregarles información adicional, ofrecer actualizaciones o sugerir posibles cuestiones para formular a la delegación del Estado. Una reunión de este tipo también ofrece la oportunidad de conocer de primera mano una opinión sobre el diálogo con el gobierno. Aunque la ONU elabora actas de los debates, éstas contienen un mero resumen del contenido de la reunión, sin que constituyan actas literales de los mismos. Además, es habitual que las actas no estén disponibles hasta varios meses después de los debates, y normalmente sólo se publican en inglés y en francés.
Influencia en las Observaciones Finales
Tras el diálogo con el Estado Parte, el Comité emite sus observaciones finales, en las que se subrayan los aspectos positivos, los factores y las dificultades que pueden obstaculizar la aplicación de la CDPD, así como los principales motivos de preocupación. Las observaciones finales también contienen sugerencias y recomendaciones respecto de las acciones concretas que deban adoptarse a escala nacional. El Comité, en sus observaciones finales, puede solicitar a los Estados Partes que presenten información adicional sobre motivos de preocupación específicos, y establecer un plazo máximo para la presentación de esta información. También pueden identificarse las cuestiones que hayan quedado sin responder, para solicitar información concreta sobre esos asuntos en el siguiente informe periódico.
El Relator del país se encarga de coordinar la preparación de las observaciones finales. Éstas se redactan y se adoptan de forma privada, y deben reflejar el debate desarrollado con el Estado Parte. Las cuestiones sobrevenidas que no fueron planteadas durante el debate no suelen tenerse en cuenta en las observaciones finales. Las OPD pueden reunirse informalmente con miembros del Comité una vez finalizado el diálogo con el Estado Parte, con el fin de reiterar los principales motivos de preocupación y de emitir recomendaciones concretas para mejorar la situación a escala nacional. Las OPD también deben formular sugerencias para la determinación de las cuestiones que deben considerarse “preocupaciones prioritarias”, y hacerlo en el plazo más breve posible.
Las observaciones finales se hacen públicas el último día de sesiones del Comité, y se remiten tanto al Estado Parte como a la Asamblea General de las Naciones Unidas. También pueden consultarse en el sitio web del Comité.38
El Comité no puede exigir el cumplimiento de sus observaciones finales, y depende exclusivamente de mecanismos de supervisión nacionales para asegurarse de que sus recomendaciones sean tenidas en cuenta por el Estado Parte. Las OPD deben supervisar los esfuerzos realizados por el Estado Parte para aplicar las recomendaciones, e informar al Comité de los avances logrados o, en su caso, de la falta de avances. El Comité puede elegir a uno de sus miembros para que actúe como Relator y haga un seguimiento de las preocupaciones prioritarias identificadas en las observaciones finales. El Relator elaborará un informe para el Comité, basándose en la información recibida en relación con la aplicación de las observaciones finales. Una supervisión periódica por parte de las OPD también contribuirá a una mejor preparación de los informes paralelos relativos a los informes periódicos de los Estados Partes.
Para las OPD, las observaciones finales deben constituir una vía para fomentar un debate a escala nacional. Es importante estimular la toma de conciencia a escala nacional sobre las recomendaciones del Comité, a través de ruedas de prensa, mesas redondas, seminarios y talleres. Un examen pormenorizado por parte de los medios de comunicación nacionales y del público puede contribuir a garantizar que los motivos de preocupación identificados por el Comité ocupen un lugar preferente en la agenda nacional. Las observaciones finales deben traducirse a los idiomas locales, ponerse a disposición en formatos accesibles y divulgarse entre los profesionales que trabajen con personas con discapacidad, lo que incluye a abogados, jueces, trabajadores sociales, profesores y profesionales de la salud.
Para las OPD, las observaciones finales también deben ser una herramienta que les permita presionar al gobierno para que realice un seguimiento de las recomendaciones formuladas por el Comité. Las OPD deben considerar la opción de celebrar reuniones con funcionarios de la administración pública para intercambiar opiniones sobre las recomendaciones del Comité, actuando como grupo de presión para lograr cambios en la legislación y en los usos nacionales. Las OPD pueden ofrecer su colaboración al gobierno en la elaboración de legislación y en el desarrollo de las políticas y las estrategias para aplicar las recomendaciones del Comité. Las observaciones finales también pueden orientar a las OPD a la hora de desarrollar sus propios trabajos a escala nacional.
Jornadas de Debates Generales y Temáticos y Observaciones Generales
Además de examinar los informes de los Estados Partes, el Comité también ofrece asesoramiento a los Estados Partes sobre la aplicación de la Convención, a través de jornadas de debates y Observaciones generales. El comité celebra una jornada anual de debates en la que se intercambian comentarios sobre cuestiones de interés general relacionadas con la aplicación de la CDPD.39 La jornada de debates se centra en una disposición específica de la Convención o en cuestiones relacionadas que son seleccionadas por el Comité y se anuncian al menos con dos meses de antelación. Pueden formarse grupos de trabajo sobre asuntos específicos antes de la celebración de la reunión. Las jornadas de debates generales son reuniones públicas en las que pueden participar representantes de los Estados Partes, de mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, de órganos y agencias especializadas de las Naciones Unidas, de ONG y de instituciones nacionales de derechos humanos, así como representantes de asociaciones de profesionales, del mundo académico y de asociaciones juveniles, además de expertos individuales. Deben incluirse representantes de los distintos tipos de discapacidad: mental, intelectual, física y sensorial, entre otros. El Comité también agradece la presentación de aportaciones escritas o de casos prácticos sobre las cuestiones que estén siendo examinadas. Una vez finalizados los debates generales, el Comité elabora un conjunto de recomendaciones. 40
El Comité también puede aprovechar los debates generales para recabar aportaciones de agencias especializadas, ONG, representantes del mundo académico y otras partes interesadas que deseen contribuir a la elaboración de una observación general. La CDPD permite que el Comité formule sugerencias y recomendaciones generales basadas en el análisis de los informes y en la información remitida por los Estados Partes.41 Se nombra a un miembro del Comité para que elabore un borrador de una observación general, pudiendo utilizarse las recomendaciones de una jornada de debates generales como base para la redacción de una observación general.42 Las observaciones generales son debatidos y adoptados por el Comité. Posteriormente, se remiten a los Estados Partes y se ponen a disposición del gran público.43
Como se ha señalado anteriormente, el Comité de la CDPD supervisa la aplicación de la CDPD a escala internacional, examinando los informes de los Estados Partes y formulando sugerencias y recomendaciones sobre cómo aplicar mejor la Convención. El Artículo 33 de la CDPD obliga a los Estados Partes a establecer una estructura para aplicar y supervisar la CDPD a escala nacional.
Artículo 33(1): “Los Estados Partes, de conformidad con su sistema organizativo, designarán uno o más organismos gubernamentales encargados de las cuestiones relativas a la aplicación de la presente Convención y considerarán detenidamente la posibilidad de establecer o designar un mecanismo de coordinación para facilitar la adopción de medidas al respecto en diferentes sectores y a diferentes niveles.”
Artículo 33(2): “Los Estados Partes, de conformidad con sus sistemas jurídicos y administrativos, mantendrán, reforzarán, designarán o establecerán, a nivel nacional, un marco, que constará de uno o varios mecanismos independientes, para promover, proteger y supervisar la aplicación de la presente Convención. Cuando designen o establezcan esos mecanismos, los Estados Partes tendrán en cuenta los principios relativos a la condición jurídica y el funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos.”
Artículo 33(3): “La sociedad civil, y en particular las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan, estarán integradas y participarán plenamente en todos los niveles del proceso de seguimiento.”