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Timestamp: 2016-10-26 08:00:52
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Matched Legal Cases: ['Artículo 13', 'Artículo 93', 'artículo 67', 'Artículo 47', 'Artículo 3', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'artículo 73', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 26', 'Artículo 13', 'Artículo 15', 'Artículo 8', 'Artículo 7', 'Artículo 9', 'Artículo 12', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 9', 'Artículo 20', 'Artículo 3', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'ARTÍCULO 1', 'artículo 2', 'Artículo 1']

⭐LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN. Manual para defensores
LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN. Manual para defensores
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Gonzalo Ángel Gil Ojeda
1 2 3 LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN Manual para defensores4 5 LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN Manual para defensores Verónica Torres Marenco Yira Luz Segrera Ayala Barranquilla - Bogotá Colombia, 20116 Torres Marenco, Verónica. Los derechos de las personas con síndrome de Down : manual para defensores / Verónica Torres Marenco, Yira Luz Segrera Ayala. Barranquilla : Editorial Universidad del Norte, p. : il. ; 24 cm. Incluye referencias bibliográficas (p.[43[-45) ISBN Síndrome de down. 2. Derechos civiles Colombia I. Segrera Ayala, Yira Luz. II. Tít. (323.3 T693 ed.) (CO-BrUNB) Km 5, vía a Puerto Colombia A.A. 1569, Tel: Barranquilla (Colombia) Colección Jurídica División de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Norte Silvia Gloria De Vivo Decana de la División de Ciencias Jurídicas María Lourdes Ramírez T. Coordinadora de Publicaciones Editorial Universidad del Norte, 2011 Verónica Torres Marenco y Yira Luz Segrera Ayala, 2011 Coordinación editorial Zoila Sotomayor O. Diseño y diagramación Álvaro Carrillo Barraza Diseño de portada Joaquín Camargo Valle Corrección de textos María Guerrero Impreso y hecho en Colombia Javegraf Bogotá Printed and made in Colombia Queda prohibida la reproducción parcial o total de este libro por cualquier proceso reprográfico o fónico, especialmente por fotocopia, microfilme, offset o mimeógrafo. Ley 23 de 1982.7 Contenido Presentación... vii Introducción... ix Objetivos... x Justificación... xi i. Concepto de discapacidad y síndrome de Down... 1 II. Derecho a la educación Principios que rigen la atencion del servicio de educación Catálogo de derechos mínimos relacionados con el accesso a la educación Dificultades en el acceso a la educación de las personas con síndrome de Down en Barranquilla Acciones jurídicas recomendadas para la protección del derecho a la educación III. Derecho a la salud Principios que rigen la prestación del servicio a la salud Catálogo de derechos mínimos relacionados con el acceso a la salud Dificultades en el acceso a la salud de las personas con síndrome de Down en Barranquilla Acciones jurídicas recomendadas para la protección del derecho a la salud v8 IV. Visibilidad nacional y local Visibilidad a nivel nacional Visibilidad a nivel local V. Acciones jurídicas internacionales para la protección del derecho a la salud y educación Sistema Interamericano de Derechos Humanos (oea) Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos (onu) Bibliografías Anexos Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad Agradecimientos Las autoras agradecen el respaldo brindado por Laura Arrieta Montoya y María Angélica Velandia Rivero, asistentes de investigación. vi9 Presentación Los derechos de las personas con discapacidad han tenido un importante desarrollo normativo en Colombia a partir de la Constitución de 1991, especialmente desde la jurisprudencia constitucional. Sin embargo, la falta de conocimiento de estos derechos y la manera como hacerlos exigibles dificultan su protección y el fortalecimiento legal de la comunidad de personas con discapacidad como movimiento social. Es ampliamente conocido en Colombia que el centralismo en el desarrollo económico, político y social del país es aún muy fuerte, razón por la cual las personas con discapacidad que se encuentran en las regiones presentan una desventaja estructural frente a la aprehensión colectiva de sus derechos. En virtud de estos antecedentes, en el marco de un proyecto de investigación sobre los derechos en salud y educación de las personas con síndrome de Down, hemos preparado una guía que ofrezca un marco conceptual que sirva de ruta jurídica para aquellas personas que se encuentran trabajando por las personas con discapacidad. De igual forma, mostramos las dificultades y experiencias del acceso a estos derechos en Barranquilla, con el objetivo de reflejar las condiciones de una ciudad de la región Caribe y que esto incentive a las demás regiones a identificar cuáles son las dificultades que enfrenta su población con discapacidad. Teniendo presente que las normas y procedimientos aquí analizados son de orden nacional, esperamos que este manual sea utilizado en cualquier lugar de Colombia como guía para la protección de las personas en condición de discapacidad y la asunción directa de sus derechos. vii10 11 Introducción Históricamente, las personas con algún tipo de discapacidad han sido marginadas en la protección de sus derechos debido a la debilidad en la formulación de políticas públicas que promuevan la satisfacción de sus necesidades especiales y que garanticen su integración a la sociedad 1. La Constitución Política de Colombia obliga al Estado colombiano a garantizar un trato diferenciado en los derechos de las personas con discapacidad, 2 con el fin de lograr una igualdad real y efectiva y cumplir con los tratados internacionales de derechos humanos que ha ratificado 3. Colombia ha ratificado diversos convenios relativos a la protección de las personas con discapacidad. A nivel regional, la Convención Interamericana para eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, y a nivel universal la Convención de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos de las personas con discapacidad 4. En la actualidad, las personas con síndrome de Down han sido víctimas de constantes vulneraciones a sus derechos por la falta de información sobre el contenido de los mismos y la forma de hacerlos efectivos. La Corte Constitucional ha desarrollado el alcance del derecho a la salud y a la educación en los casos de las personas con discapacidad, otorgando una especial protección ante esta condición. 1 Segrera Ayala, Y. y Torres Marenco, V. Derechos de las personas con síndrome de Down en materia de salud y educación. En: Temas Actuales en Derecho y Politica. Barranquilla: Ediciones Uninorte, 2011, p Artículo 13, Constitución Política Colombiana. 3 Artículo 93, ibíd. 4 Segrera Ayala, Y. y Torres Marenco, V. Op. cit., p.93 ix12 En el capítulo I de este manual se presentan los conceptos de discapacidad en general y de Síndrome de Down con el objetivo de ubicar al lector en el marco de la discapacidad, especialmente en la discapacidad cognitiva. En el capítulo II y III se establecen el contenido y alcance del derecho a la educación y la salud teniendo en cuenta la legislación vigente y la jurisprudencia de la corte constitucional. Adicionalmente, se indica la ruta jurídica para la protección de estos derechos y las dificultades para acceder a estos en la ciudad de Barranquilla. Por último, se hace referencia a las rutas jurídicas internacionales en los sistemas de protección de derechos humanos de los cuales Colombia es Estado parte; el propósito es que los defensores de los derechos de las personas con discapacidad conozcan estas herramientas y las utilicen como fuente de interpretación en la interposición de acciones de tutela o, en su defecto, conozcan el procedimiento ante estas instancias internacionales frente a la eventual ineficiencia del sistema judicial interno. Objetivos Este manual tiene como objetivo brindar a la sociedad el marco legal y jurisprudencial para la protección de los derechos a la salud y educación de las personas con discapacidad. Está dirigido a la comunidad académica; las autoridades locales y nacionales responsables de la atención en salud y educación; a las personas en condición de discapacidad en general y especialmente a las familias y personas con Síndrome de Down. Objetivos específicos Socializar y difundir las normas en materia de salud y educación que protegen a las personas con síndrome de Down. Exponer la situación actual de esta población en Barranquilla. Presentar las rutas jurídicas para la defensa de los derechos en salud y educación de las personas que poseen cualquier tipo de discapacidad. x Los derechos de las personas con síndrome de Down13 Justificación Las cifras del Censo 2005 permiten afirmar que el 6,33% de la población tiene por lo menos una limitación de carácter permanente, lo que indica que aproximadamente colombianos viven con alguna discapacidad 5. En el departamento del Atlántico se encuentran personas con limitaciones, de las cuales están domiciliadas en el distrito de Barranquilla 6. Sin duda, estas cifras despiertan un interés por establecer la situación actual de sus derechos, especialmente en salud y educación por las siguientes razones: El derecho a la salud en el caso de las personas con discapacidad constituye un derecho fundamental autónomo, toda vez que su discapacidad requiere de permanente atención medica, incluso en muchas ocasiones durante toda su vida. El acceso a la educación constituye una garantía para la superación personal de un individuo sin discapacidad, ya que lo prepara para una vida digna en condiciones sociales y económicas favorables. En el caso de las personas con discapacidad, este acceso se encuentra muchas veces limitado por la falta de ejecución de las políticas públicas, lo que ubica a la persona en una doble condición de vulnerabilidad y la destina a la postración y la pobreza. La solicitud de demandas y/o quejas por falta de acceso integral a la salud constituyen la mayoría de los casos que se tramitan en el área de derecho público del consultorio jurídico de la Universidad del Norte de la ciudad de Barranquilla 7. En la actualidad, las personas con discapacidad están logrando mayores espacios de discusión frente a sus derechos y sus necesidades. Por 5 Rodríguez, C. y Rico, L. Discapacidad y derecho al trabajo. Bogotá: Ediciones Uniandes Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, Las asesorías en salud del año 2010 constituyeron cerca del 60% de las consultas del área de derecho público. Introducción xi14 esta razón es importante el aporte de la academia, desde un punto de vista crítico, frente a las dificultades que presenta la protección de sus derechos, como apoyo en la formulación de sus propuestas y fortalecimiento como movimiento social para su reivindicación en condiciones máximas de dignidad e igualdad. xii Los derechos de las personas con síndrome de Down15 I. Concepto de discapacidad y síndrome de Down De acuerdo con la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad [ ] el término discapacidad significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social 1. La discapacidad cognitiva se entiende como una disposición funcional específica en procesos cognitivos, habilidades de procesamiento y estilos de pensamiento, que determinan el desempeño y el aprendizaje de una persona 2. De acuerdo con lo anterior puede afirmarse que las personas con discapacidad cognitiva son aquellas que presentan dificultades en el nivel de desempeño en una o varias de las funciones cognitivas, en procesos de entrada, elaboración y respuesta que intervienen en el procesamiento de la información y por ende en el aprendizaje 3. En este sentido, el funcionamiento cognitivo es la forma en que una persona logra recibir información del medio, procesarla y responder a las demandas de una tarea, de acuerdo con su estilo particular de pensamiento; 4 en las personas con discapacidad cognitiva se presenta un pobre desarrollo del lenguaje y falta de capacidad para una comunicación efectiva. Esto se ve reflejado en los pobres esquemas del lenguaje, la pobre articulación, el limitado vocabulario y la tendencia a hablar 1 Art Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. 2 Ministerio de Educación Nacional. Orientaciones Pedagógicas para la atención educativa a estudiantes con discapacidad cognitiva. Bogotá D.C., Colombia, julio de Recuperado de: 3 Ibídem. 4 Ibídem. 116 con palabras o frases en vez de oraciones o, en negarse por completo a hablar 5. Entre las discapacidades de tipo cognitivo encontramos el autismo, el síndrome de Asperger, el síndrome de Down; este último es una situación o circunstancia que ocurre en la especie humana como consecuencia de una particular alteración genética. Esta alteración genética consiste en que las células del bebé poseen en su núcleo un cromosoma de más o cromosoma extra, es decir, 47 cromosomas en lugar de Esto trae como consecuencia que algunas de las funciones propias de ese cerebro se verán alteradas en mayor o menor grado[ ] 7 y se ven reflejadas en la motivación, la atención, la memoria, la comunicación y en algunos problemas de comportamiento 8. II. Derecho a la educación El derecho a la educación se encuentra consagrado en el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia. A través de este se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. Asimismo, se establece en la norma superior que el Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, la cual será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y físi- 5 Ministerio de Educación. op. cit. 6 Fundación Iberoamericana Down21. es_sd.htm 7 Flórez, J. "Síndrome de Down: presente y futuro" En: Síndrome de Down: Revista Española de Investigación e Información sobre el Síndrome de Down. Vol. 20(1). N.º 76, pp , Ibídem. 2 Los derechos de las personas con Sindrome de Down17 ca de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la ley y la Constitución 9. La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales son obligaciones especiales del Estado 10. Resulta imprescindible resaltar que el derecho a la igualdad exige que todas las personas reciban la misma protección y trato de las autoridades y en este sentido gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado tiene el deber de promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan 11. El Estado apoyará y fomentará la integración al sistema educativo de las personas que se encuentren en situación de discapacidad a través de programas y experiencias orientadas a la adecuada atención educativa 12 y asimismo la formación de docentes idóneos. Para la Corte Constitucional es claro que las personas con limitaciones psíquicas y físico sociales, como el autismo o el síndrome de Down, gozan de la especial protección del Estado y son titulares de los derechos fundamentales a la educación y a la igualdad. Por este motivo pueden reclamar ante las entidades competentes el goce efectivo de los mismos. A su vez, las entidades estatales tienen el deber de garantizar la disponibilidad, el acceso, la permanencia y la calidad en la prestación 9 Constitución Política de Colombia de 1991, Artículo Constitución Política de Colombia de 1991, Artículo Constitución Política de Colombia de 1991, Artículo Artículo 47 de la Ley 115 de Derecho a la educación 318 del servicio de educación, el cual debe suministrarse en condiciones de igualdad, teniendo en cuenta las condiciones especiales de las personas afectadas con dichas limitaciones 13. Especial mención debe hacerse en relación con la educación especial, la cual debe ser un recurso subsidiario ya que lo que se busca es que la persona con discapacidad puede acceder a la educación común PRINCIPIOS QUE RIGEN LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN Principio de integración social y educativa. Las personas con limitaciones se incorporarán al servicio público educativo del país, para recibir la atención que requieren, dentro de los servicios que regularmente se ofrecen, brindando los apoyos especiales de carácter pedagógico, terapéutico y tecnológico que sean necesarios. Desarrollo humano. Indica que deben crearse condiciones de pedagogía para que las personas con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales puedan desarrollar integralmente sus potencialidades, satisfacer sus intereses y alcanzar el logro de valores humanos, éticos, intelectuales, culturales, ambientales y sociales. Oportunidad y equilibrio. Según este principio, el servicio educativo se debe organizar y brindar de tal manera que se facilite el acceso, la permanencia y el adecuado cubrimiento de las personas con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales. Soporte específico. Se refiere a la atención específica y en determinados casos, individual y calificada, dentro del servicio público educativo, según la naturaleza de la limitación o de la excepcionalidad y las propias condiciones de accesibilidad, para efectos de la permanencia en el mismo y de su promoción personal, cultural y social Corte Constitucional. Sentencia T- 826 de M.P. Rodrigo Uprimny Yepez. 14 Corte Constitucional. Sentencia T-429 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón. 15 Artículo 3, Decreto 2082 de Los derechos de las personas con Sindrome de Down19 Con el fin de hacer efectivo el acceso a la educación de las personas con limitación, el Gobierno Nacional deberá establecer la metodología para el diseño y ejecución de programas educativos especiales de carácter individual según el tipo de limitación 16. El Ministerio de Educación Nacional debe establecer el diseño, producción y difusión de materiales educativos especializados, así como de estrategias de capacitación y actualización para docentes en servicio. Debe impulsar la realización de convenios entre las administraciones territoriales, las universidades y organizaciones no gubernamentales que ofrezcan programas de educación especial, psicología, trabajo social, terapia ocupacional, fisioterapia, terapia del lenguaje y fonoaudiología, entre otras, para que apoyen los procesos terapéuticos y educativos dirigidos a esta población 17. Sobre la Educación Inclusiva Para lograr la inclusión en el sistema educativo de la personas con discapacidades, en el Proyecto Educativo Institucional 18 de los planteles se deben especificar las adecuaciones curriculares, organizativas, pedagógicas, de recursos físicos, tecnológicos, materiales educativos, de capacitación y perfeccionamiento docente y, en general de accesibilidad 19 que logren garantizar el derecho a la educación de las personas con limitaciones. En dicho proyecto educativo institucional deben incluirse proyectos educativos personalizados en los cuales se interrelacionen componentes, instrumentos y medios de la estructura del servicio educativo ofrecido, para que su integración al mismo procure desarrollar niveles de motivación, competitividad y realización personal Artículo 12, Ley 361 de Artículo 13, Ley 361 de De acuerdo con el artículo 73 de la Ley 115 de Artículo 7, Decreto 2082 de Ibídem. Derecho a la educación 520 Para realizar evaluaciones a los estudiantes con limitaciones se deben tener en cuenta las características de los educandos o correspondientes medios y registros evaluativos a los códigos y lenguajes comunicativos específicos de la población atendida 21. Los departamentos, distritos y municipios tienen el deber de realizar un plan de cubrimiento gradual para la adecuada atención educativa de las personas con limitaciones 22. Este plan gradual de atención debe incluir la definición de las instituciones educativas estatales que establecerán aulas de apoyo especializadas 23, es decir, un conjunto de servicios, estrategias y recursos que ofrecen para brindar los soportes que permitan la atención integral de los educandos con limitaciones, con el fin de cubrir las necesidades educativas y de integración académica, laboral y social de esta población 24. Para integrar el componente humano de dichas aulas, las instituciones educativas podrán conformar equipos colaborativos o semejantes, integrados por docentes, padres de familia y otros miembros de la comunidad educativa que contarán con la asesoría de organismos y profesionales competentes para atender las discapacidades. En el plan de cubrimiento gradual se podrá proponer y ordenar la puesta en funcionamiento de unidades de atención integral, las cuales se entienden como un conjunto de programas y de servicios profesionales que de manera interdisciplinaria ofrecen las entidades territoriales, para brindar a los establecimientos de educación formal y no formal, estatales y privados, apoyos pedagógicos, terapéuticos y tecnológicos complementarios. Estas unidades dispensarán primordial atención a las actividades de investigación, asesoría, fomento y divulgación, relativas a la prestación del servicio educativo para la población con limitaciones. Las secretarías de educación departamentales, distritales y municipales organizarán el funcionamiento de estas unidades, aten- 21 Artículo 8, Decreto 2082 de Artículo 12, Decreto 2082 de Artículo 13, Decreto 2082 de Artículo 14, Decreto 2082 de Segrera Ayala, Y. y Torres Marenco, V. Derechos de las personas con síndrome de Down en materia de salud y educación". En: Temas actuales en Derecho y Ciencia Política, Barranquilla: ed. Uninorte, p Los derechos de las personas con Sindrome de Down21 diendo los criterios técnicos y de recursos humanos que para el efecto otorgue el Ministerio de Educación Nacional 25. Las secretarías de educación de las entidades territoriales tienen la facultad de crear comisiones asesoras o consultivas para la prestación del servicio educativo a las personas con limitaciones en las que participen, entre otros, padres de familia, representantes de establecimientos educativos, representantes de asociaciones o corporaciones dedicadas a la atención de este grupo poblacional y representantes de los organismos del Estado con funciones relacionadas 26. Ningún centro educativo podrá negar los servicios a personas limitadas físicamente so pena de hacerse acreedor de sanciones que impondrá el Ministerio de Educación Nacional o la Secretaría de Educación en las que delegue esta facultad, que pueden ir desde las multas sucesivas de carácter pecuniario hasta el cierre del establecimiento 27. La infraestructura de los establecimientos educativos se convierte en una garantía o en una barrera para el goce efectivo del derecho a la educación de las personas con limitaciones físicas, razón por la cual las bibliotecas públicas y privadas tendrán servicios especiales que garanticen el acceso para las personas con limitación; dichas instituciones tomarán para el efecto las medidas pertinentes en materia de barreras arquitectónicas so pena de sanciones que impondrá el Ministerio de Educación Nacional y las Secretarías de Educación 28. El ingreso a cualquiera de los grados de la educación preescolar no estará sujeto a ningún tipo de prueba de admisión o examen psicológico o de conocimientos, o a consideraciones de raza, sexo, religión, condición física o mental 29. En cuanto al tamaño y composición de los grupos de estudiantes, en el caso de discapacidad intelectual y autismo, el porcentaje máximo de 25 Artículo 15, Decreto 2082 de Artículo 26, Decreto 2082 de Artículo 13, Ley 361 de Artículo 15, Ley 361 de Artículo 8º. Decreto 2247 de Derecho a la educación 722 estudiantes integrados no deberá ser superior al diez por ciento (10%) del total de estudiantes por grupo 30. En este sentido las entidades territoriales certificadas deberán asignar por lo menos una (1) persona de apoyo pedagógico por establecimiento educativo que reporte matrícula de mínimo diez (10) y hasta cincuenta (50) estudiantes con discapacidad cognitiva, es decir, síndrome Down u otras condiciones que generen discapacidad intelectual; con síndrome de Asperger, autismo, discapacidad motora o con capacidades o con talentos excepcionales 31. Los planteles educativos tienen que tener procesos curriculares que se desarrollen a través de proyectos lúdico-pedagógicos y actividades que tengan en cuenta la integración de las dimensiones del desarrollo humano: corporal, cognitiva, afectiva, comunicativa, ética, estética, actitudinal y valorativa; los ritmos de aprendizaje 32. Los niños y jóvenes que por su condición de discapacidad no puedan ser integrados a la educación formal serán atendidos en instituciones oficiales o privadas, que desarrollen programas que respondan a sus necesidades. Esto se realizará mediante convenio, o a través de otras alternativas de educación que se acuerden con el Ministerio de Protección Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o los gobiernos locales 33. Es por esto que la legislación colombiana estipula que las entidades educativas que tengan estudiantes con limitaciones deben tener docentes especializados en: psicología, fonoaudiología, terapia ocupacional, trabajo social, intérpretes de lengua de señas colombiana, modelos lingüísticos, etc., quienes deben tener mínimo dos años de experiencia en la atención a esta población para ser contratados en el plantel educativo respectivo Artículo 7, Resolución 2565 de Artículo 9º, Decreto 366 de Artículo 12, Decreto 2247 de Artículo 3, Resolución 2565 de Ibídem. Artículo 4. 8 Los derechos de las personas con Sindrome de Down23 Los docentes se deben asignar a cada plantel dependiendo del tipo de necesidad educativa especial que presenten los estudiantes matriculados. Sin embargo, su trabajo no solo se limitará a brindar la educación a esta población, también deben realizar un proceso de formación de nuevos docentes en lo concerniente a las necesidades educativas especiales; esto lo harán durante su jornada de trabajo (8 horas) 35. Es importante resaltar que los departamentos y entidades territoriales certificadas están obligados a orientar y apoyar los programas de formación permanente a los docentes de las instituciones que atiendan estudiantes con necesidades especiales. 36 Las entidades territoriales certificadas son los departamentos, los distritos y los municipios con más de cien mil habitantes, además de ello todos aquellos municipios con menos de 100 mil habitantes que cumplan los requisitos que señale el reglamento en materia de capacidad técnica, administrativa y financiera podrá certificarse. 37 A través de la Secretaría de Educación, estas entidades deberán: Determinar, con la instancia o institución que la entidad territorial defina, la condición de discapacidad del estudiante que lo requiera, mediante una evaluación psicopedagógica y una caracterización interdisciplinaria. Incorporar la política de educación inclusiva en las diferentes instancias y áreas de la secretaría de educación; desarrollar programas de formación de docentes; prestar asistencia técnica y pedagógica a los establecimientos educativos que reportan matrícula de población con discapacidad. Definir, gestionar y mejorar la accesibilidad en los establecimientos educativos en lo relacionado con infraestructura arquitectónica, servicios públicos, medios de transporte escolar, información y comunicación; coordinar y concertar con otros sectores con el fin de 35 Artículo 4-6, Resolución 2565 de Artículo 9, Resolución 2565 de Artículo 20, Ley 715 de Derecho a la educación 924 garantizar a los estudiantes con discapacidad los apoyos y recursos técnicos, tecnológicos, pedagógicos, terapéuticos, administrativos y financieros. Comunicar al Ministerio de Educación Nacional el número de establecimientos educativos con matrícula de población con discapacidad, con el fin de ubicar en dichos establecimientos los recursos humanos, técnicos, tecnológicos y de infraestructura requeridos, y desarrollar en dichos establecimientos programas de sensibilización de la comunidad escolar y de formación de docentes CATÁLOGO DE DERECHOS MÍNIMOS RELACIONADOS CON EL ACCESSO A LA EDUCACIÓN De acuerdo con la legislación nacional vigente, las personas en situación de discapacidad, en particular las personas con discapacidad cognitiva son sujetos de especial protección, lo cual se materializa a través de los siguientes derechos: a. Derecho a recibir educación dentro del sistema general de educación Esto implica que el educando reciba formación académica en entornos integrados que no impliquen su aislamiento 39, con el fin de materializar el proceso de integración académica y social promulgado por el Estado colombiano mediante la Ley 115 de 1994, Ley General de Educación. En este sentido. la educación especial ha de concebirse sólo como recurso extremo para aquellas situaciones que, previa evaluación científica en la cual intervendrán no sólo los expertos sino miembros de la institución educativa y familiares del niño con necesidades especiales, se concluya que es la única posibilidad de hacer efectivo su derecho a la educación Artículo 3º, Decreto 366 de Corte Constitucional, Sentencia T-487 de 2007, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. 40 Corte Constitucional. Sentencia T-429 de 1992, M.P., Dr. Ciro Angarita Barón; Corte Constitucional. Sentencia T-620 de 1999, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero. Corte Constitucional. Sentencia T , M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño. 10 Los derechos de las personas con Sindrome de Down Mostrar más
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