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Timestamp: 2018-03-22 08:29:10
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Matched Legal Cases: ['artículo 137', 'artículo 20', 'artículo 197', 'artículo 197', 'artículo 196', 'artículo 198', 'artículo 196', 'artículo 21', 'artículo 41', 'artículo 45', 'artículo 50', 'artículo 125', 'artículo 9', 'artículo 194', 'artículo 6', 'artículo 63', 'artículo 10', 'artículo 78', 'artículo 75', 'Artículo 37', 'artículo 30', 'artículo 37', 'artículo 77', 'artículo 28', 'artículo 49']

MANUAL DEL CONCEJAL Y DEL ALCALDE - PDF
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Natalia Pérez Pereyra
1 MANUAL DEL CONCEJAL Y DEL ALCALDE DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA
2 EDITA: DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA Deposito legal: GU-122/2011 IMPRIME: gráficas ruiz polo
3 MANUAL DEL CONCEJAL Y DEL ALCALDE DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA
5 INTRODUCCIÓN La Administración Local De acuerdo con el artículo 137 de la Constitución Española, el estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y comunidades autónomas. Además, pueden existir otras instancias de ámbito territorial distintas de las mismas. La LBRL atribuye a municipios y provincias diversas potestades en su condición de Administraciones Públicas de carácter territorial. Éstas son: Las potestades reglamentaria y de auto organización. Las potestades tributaria y financiera. La potestad de programación o planificación. Las potestades expropiatoria y de investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus bienes. La presunción de legitimidad y la ejecutividad de sus actos. Las potestades de ejecución forzosa y sancionadora. La potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos. Las prelaciones y preferencias y demás prerrogativas reconocidas a la Hacienda Pública para los créditos de la misma, sin perjuicio de las que correspondan a las Haciendas del Estado y de las Comunidades Autónomas; así como la inembargabilidad de sus bienes y derechos en los términos previstos en las leyes. Estas potestades podrán ser atribuidas también a entidades de ámbito territorial inferior al municipio y a las Comarcas en los términos que establezca la legislación autonómica. A las mancomunidades les corresponderán aquellas que, de entre las anteriores, establezcan sus estatutos o, en ausencia de esta previsión, aquellas necesarias para el cumplimiento de sus fines. La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozan de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración, salvo en los casos de aquellos que funcionan en régimen de concejo abierto, corresponde a sus respectivos ayuntamientos integrados por alcaldes y concejales. Los concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal y los alcaldes serán elegidos por los concejales o por los vecinos. Existen una serie de municipios que, tras la reforma introducida por la Ley de Medidas para la modernización del Gobierno Local, están sometidos a un régimen especial. Estos son los denominados municipios de gran población y son los siguientes: Municipios cuya población supere los habitantes. Municipios capitales de provincia cuya población sea superior a los habitantes. Municipios que sean capitales de provincia, capitales autonómicas o sedes de las instituciones autonómicas o cuya población supere los habitantes, que presenten circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales especiales cuando así lo decida la Asamblea Legislativa de la Comunidad. La provincia está determinada por la agrupación de los municipios y una división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. El gobierno y la administración autónoma de las provincias, están encomendados a las diputaciones u otras corporaciones de carácter representativo. La comarca es una entidad que, reconocida por la Ley, agrupa a municipios limítrofes con características comunes para la gestión conjunta de sus intereses o servicios y para la colaboración en el ejercicio de sus competencias.
6 1. La organización del Ayuntamiento El gobierno y la administración municipal, salvo en aquellos municipios que legalmente funcionen en régimen de Concejo abierto, corresponde al Ayuntamiento, integrado por el alcalde y los concejales. La Organización municipal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la LBRL habrá de responder a las siguientes reglas: El alcalde, los Tenientes de alcalde y el Pleno existen en todos los ayuntamientos. La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con población de derecho superior a habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su Reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su Ayuntamiento. En los municipios con población de derecho superior a habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su Reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno, existirán órganos de estudio e informe de los asuntos que hayan de ser sometidos al Pleno, así como órganos de seguimiento de la gestión del alcalde, Junta de Gobierno Local y concejales con delegaciones. En todos estos órganos tienen derecho a participar miembros de la totalidad de los Grupos Políticos en proporción a su número de concejales. Los órganos complementarios establecidos en la LBRL, la normativa de las Comunidades Autónomas y los Reglamentos orgánicos. En los denominados municipios de gran población y en aquellos otros cuyo reglamento orgánico así lo determine o en el caso de que lo acuerde el Pleno por mayoría absoluta, existirá una Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones. En todos ellos existirá una Comisión Especial de Cuentas. Las leyes de la Comunidad Autónoma o los reglamentos orgánicos, podrán establecer otros órganos complementarios a éstos Los órganos unipersonales: el alcalde y los Tenientes de alcalde El alcalde es el órgano unipersonal que preside la Corporación, representa al Ayuntamiento y dirige la administración municipal, desarrollando las funciones que le atribuyen las Leyes Nombramiento y cese Nombramiento El alcalde es elegido por los concejales a través del procedimiento regulado en los artículos 196 y siguientes de la LOREG o directamente por los vecinos. La elección directa por los vecinos se produce en aquellos municipios que funcionan en régimen de concejo abierto: - Aquellos municipios que tradicional y voluntariamente cuenten con ese singular régimen de gobierno y administración. - Aquellos otros en los que por su localización geográfica, la mejor gestión de los intereses municipales u otras circunstancias lo hagan aconsejable Los supuestos de elección por la Corporación se determinan en función del número de habitantes del municipio: El procedimiento para su elección en los municipios de más de 250 habitantes es el siguiente:
7 Pueden ser candidatos los concejales que encabecen cada lista. Si, producida la votación, alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta, es proclamado alcalde. Si ninguno obtiene la mayoría absoluta, es proclamado alcalde el cabeza de lista cuya candidatura hubiera obtenido mayor número de votos en las elecciones del municipio. A efectos de determinar la cabeza de lista para la elección de alcalde, el tribunal Constitucional en su sentencia 185/1993 de 31 de mayo considera que la autoexclusión del Grupo Municipal debe considerarse equivalente a la autoexclusión de la lista de origen. En los municipios entre 100 y 250 habitantes pueden ser candidatos todos los concejales. Si, producida la votación, alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta es proclamado alcalde. Si ninguno obtiene la mayoría absoluta es proclamado alcalde el que hubiera obtenido mayor número de votos en las elecciones de concejales. El alcalde tomará posesión en la misma sesión en que sea elegido salvo que no estuviera presente, en cuyo caso será requerido para que tome posesión ante el Pleno en el plazo de 48 horas. Dentro de los treinta días siguientes a la constitución, el alcalde convocará sesión extraordinaria para fijar la periodicidad de las sesiones del pleno; establecer las Comisiones Informativas así como su composición; proceder al nombramiento de representantes de la corporación en órganos colegiados y conocer de las resoluciones del alcalde en materia de nombramientos de Tenientes de alcalde, miembros de la Junta de Gobierno Local, Presidentes de Comisiones informativas y delegaciones del alcalde. (Art. 38 del ROF) Cese La legislación electoral, a la que se remite la normativa en materia de régimen local, contempla también los casos en que se pierde la condición de alcalde. A. Moción de censura Una de ellas es la Moción de Censura, que el artículo 197 de la LOREG regula de la siguiente forma: El alcalde puede ser destituido mediante moción de censura, cuya presentación, tramitación y votación se regirá por las siguientes normas: La moción de censura deberá ser propuesta, al menos, por la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación y habrá de incluir un candidato a la Alcaldía, pudiendo serlo cualquier concejal, cuya aceptación expresa conste en el escrito de proposición de la moción. En el caso de que alguno de los proponentes de la moción de censura formara o haya formado parte del grupo político municipal al que pertenece el Alcalde cuya censura se propone, la mayoría exigida en el párrafo anterior se verá incrementada en el mismo número de concejales que se encuentren en tales circunstancias. Este mismo supuesto será de aplicación cuando alguno de los concejales proponentes de la moción haya dejado de pertenecer, por cualquier causa, al grupo político municipal al que se adscribió al inicio de su mandato. El escrito en el que se proponga la moción censura deberá incluir las firmas debidamente autenticadas por notario o por el secretario general de la Corporación y deberá presentarse ante éste por cualquiera de sus firmantes. El secretario general comprobará que la moción de censura reúne los requisitos exigidos en este artículo y extenderá en el mismo acto la correspondiente diligencia acreditativa. El documento así diligenciado se presentará en el Registro General de la Corporación por cualquiera de los firmantes de la moción, quedando el Pleno automáticamente convocado para las doce horas del décimo día hábil siguiente al de su registro. El
8 secretario de la Corporación deberá remitir notificación indicativa de tal circunstancia a todos los miembros de la misma en el plazo máximo de un día, a contar desde la presentación del documento en el Registro, a los efectos de su asistencia a la sesión, especificando la fecha y hora de la misma. El Pleno será presidido por una Mesa de edad, integrada por los concejales de mayor y menor edad de los presentes, excluidos el alcalde y el candidato a la Alcaldía, actuando como secretario el que lo sea de la Corporación, quien acreditará tal circunstancia. La Mesa se limitará a dar lectura a la moción de censura, constatando para poder seguir con su tramitación que en ese mismo momento se mantienen los requisitos exigidos en los tres párrafos del apartado a), dando la palabra, en su caso, durante breve tiempo, si estuvieren presentes, al candidato a la Alcaldía, al alcalde y a los portavoces de los grupos municipales, y a someter a votación la moción de censura. El candidato incluido en la moción de censura quedará proclamado alcalde si ésta prosperase con el voto favorable de la mayoría absoluta del número de concejales que legalmente componen la Corporación. Ningún concejal puede firmar durante su mandato más de una moción de censura. A dichos efectos no se tomarán en consideración aquellas mociones que no hubiesen sido tramitadas por no reunir los requisitos previstos en segundo punto. La dimisión sobrevenida del alcalde no suspenderá la tramitación y votación de la moción de censura. El alcalde, en el ejercicio de sus competencias, está obligado a impedir cualquier acto que perturbe, obstaculice o impida el derecho de los miembros de la Corporación a asistir a la sesión plenaria en que se vote la moción de censura y a ejercer su derecho a voto en la misma. En especial, no son de aplicación a la moción de censura las causas de abstención y recusación previstas en la legislación de procedimiento administrativo. En los municipios en los que se aplique el régimen de concejo abierto, la moción de censura se regulará por las normas contenidas en los dos números anteriores, con las siguientes especialidades: Las referencias hechas a los concejales a efectos de firma, presentación y votación de la moción de censura, así como a la constitución de la Mesa de edad, se entenderán efectuadas a los electores incluidos en el censo electoral del municipio, vigente en l a fecha de presentación de la moción de censura. Podrá ser candidato cualquier elector residente en el municipio con derecho de sufragio pasivo. Las referencias hechas al Pleno se entenderán efectuadas a la asamblea vecinal. La notificación por el secretario a los concejales del día y hora de la sesión plenaria se sustituirá por un anuncio a los vecinos de tal circunstancia, efectuado de la forma localmente usada para las convocatorias de la asamblea vecinal. La Mesa de edad concederá la palabra solamente al candidato a la Alcaldía y al alcalde. Los cambios de alcalde como consecuencia de una moción de censura en los municipios en los que se aplique el sistema de concejo abierto no tendrán incidencia en la composición de las diputaciones provinciales. El procedimiento, común para los municipios en régimen de concejo abierto y las entidades locales menores es el siguiente: La moción de censura ha de ir suscrita por la mayoría absoluta de los electores y debe incluir el nombre del candidato propuesto y el del suplente en el caso de las entidades locales menores.
9 En caso de que prospere la moción, para lo que se requiere mayoría absoluta, queda proclamado alcalde el propuesto en la moción. La moción debe ser discutida y votada en el plazo de quince días desde su presentación en una sesión o asamblea convocada al efecto. Todos los electores pueden ser candidatos y ninguno de ellos puede suscribir durante su mandato más de una moción de censura. B. Cuestión de confianza Otro mecanismo que puede llevar al cese del alcalde es la cuestión de confianza. Su regulación viene recogida en el artículo 197 bis de la LOREG en los siguientes términos: El alcalde podrá plantear al Pleno una cuestión de confianza, vinculada a la aprobación o modificación de cualquiera de los siguientes asuntos: Los presupuestos anuales. El reglamento orgánico. Las ordenanzas fiscales La aprobación que ponga fin a la tramitación de los instrumentos de planeamiento general de ámbito municipal. La presentación de la cuestión de confianza vinculada al acuerdo sobre alguno de los asuntos señalados en el número anterior figurará expresamente en el correspondiente punto del orden del día del Pleno, requiriéndose para la adopción de dichos acuerdos el «quórum» de votación exigido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, para cada uno de ellos. La votación se efectuará, en todo caso, mediante el sistema nominal de llamamiento público. Para la presentación de la cuestión de confianza será requisito previo que el acuerdo correspondiente haya sido debatido en el Pleno y que éste no hubiera obtenido la mayoría necesaria para su aprobación. En el caso de que la cuestión de confianza no obtuviera el número necesario de votos favorables para la aprobación del acuerdo, el alcalde cesará automáticamente, quedando en funciones hasta la toma de posesión de quien hubiere de sucederle en el cargo. La elección del nuevo alcalde se realizará en sesión plenaria convocada automáticamente para las doce horas del décimo día hábil siguiente al de la votación del acuerdo al que se vinculase la cuestión de confianza, rigiéndose por las reglas contenidas en el artículo 196, con las siguientes especialidades: En los municipios de más de 250 habitantes, el alcalde cesante quedará excluido de la cabeza de lista a efectos de la elección, ocupando su lugar el segundo de la misma, tanto a efectos de la presentación de candidaturas a la Alcaldía como de designación automática del alcalde, en caso de pertenecer a la lista más votada y no obtener ningún candidato el voto de la mayoría absoluta del número legal de concejales. En los municipios comprendidos entre 100 y 250 habitantes, el alcalde cesante no podrá ser candidato a la Alcaldía ni proclamado alcalde en defecto de un candidato que obtenga el voto de la mayoría absoluta del número legal de concejales. Si ningún candidato obtuviese esa mayoría, será proclamado alcalde el concejal que hubiere obtenido más votos populares en las elecciones de concejales, excluido el alcalde cesante. La previsión contenida en el número anterior no será aplicable cuando la cuestión de
10 confianza se vincule a la aprobación o modificación de los presupuestos anuales. En este caso se entenderá otorgada la confianza y aprobado el proyecto si en el plazo de un mes desde que se votara el rechazo de la cuestión de confianza, no se presenta una moción de censura con candidato alternativo a alcalde, o si ésta no prospera. A estos efectos, no rige la limitación establecida en el apartado 2 del artículo anterior. Cada alcalde no podrá plantear más de una cuestión de confianza en cada año, contado desde el inicio de su mandato, ni más de dos durante la duración total del mismo. No se podrá plantear una cuestión de confianza en el último año de mandato de cada Corporación. No se podrá plantear una cuestión de confianza desde la presentación de una moción de censura hasta la votación de esta última. Los concejales que votasen a favor de la aprobación de un asunto al que se hubiese vinculado una cuestión de confianza, no podrán firmar una moción de censura contra el alcalde que lo hubiese planteado hasta que transcurra un plazo de seis meses, contado a partir de la fecha de votación del mismo. Asimismo, durante el indicado plazo, tampoco dichos concejales podrán emitir un voto contrario al asunto al que se hubiese vinculado la cuestión de confianza, siempre que sea sometido a votación en los mismos términos que en tal ocasión. Caso de emitir dicho voto contrario, éste será considerado nulo. C. Otros supuestos de pérdida de la condición de alcalde El alcalde puede también presentar la renuncia a su condición. Esta deberá ser presentada por escrito ante el Pleno de la Corporación, y no conlleva necesariamente la renuncia al cargo de concejal. Esta puede efectuarse en la propia sesión en que se presenta, no siendo necesario en tal caso convocar nuevo Pleno para tomar conocimiento de la misma. (Acuerdo de de la JEC). Otro supuesto que llevaría a la nueva elección de alcalde sería el de condena por sentencia firme del anterior a penas de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos La sustitución del alcalde El artículo 198 de la LOREG recoge el procedimiento de sustitución del alcalde cuando su cese no se haya producido como consecuencia de una moción de censura, remitiéndose al procedimiento general regulado en el artículo 196, considerándose a estos efectos que encabeza la lista en que figuraba el alcalde el siguiente de la misma, a no ser que renuncie a la candidatura Competencias Las competencias que le atribuye la Ley de Bases de Régimen Local en su artículo 21 son las siguientes: Competencias indelegables Dirigir el gobierno y la administración municipal. Convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno Local, y decidir los empates con voto de calidad. Dictar bandos. Concertar operaciones de crédito, con exclusión de las contempladas en el artículo del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el texto 10
11 refundido de la Reguladora de las Haciendas Locales, siempre que aquellas estén previstas en el presupuesto y su importe acumulado dentro de cada ejercicio económico no supere el 10% de sus recursos ordinarios, salvo las de tesorería que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento no supere el 15% de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior. Los supuestos recogidos en el artículo del Real Decreto Legislativo 2/2002 excluidos de la competencia del alcalde, son los que corresponden a la consideración de recursos efectivamente disponibles para financiar nuevos o mayores gastos, por operaciones corrientes, que expresamente sean declarados necesarios y urgentes, procedentes de operaciones de crédito en que se den conjuntamente las siguientes condiciones: Que su importe total anual no supere el 5% de los recursos por operaciones corrientes del presupuesto de la Entidad. Que la carga financiera total de la Entidad, incluida la derivada de las operaciones proyectadas, no supere el 25% de los expresados recursos. Que las operaciones queden canceladas antes de que se proceda a la renovación de la Corporación que las concierte. Estos supuestos excepcionales requieren del voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación. Desempeñar la jefatura superior de todo el personal, y la imposición de sanciones cuando supongan la separación del servicio de los funcionarios de la Corporación y el despido del personal laboral, dando cuenta al Pleno, en estos dos últimos casos, en la primera sesión que celebre. Esta atribución se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 99.1 y 3 de la LBRL. Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no expresamente atribuidas al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización. (Delegable sólo en la Junta de Gobierno Local) El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa del Ayuntamiento en las materias de su competencia, incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, y, en caso de urgencia, en materias de la competencia del Pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre para su ratificación. La iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad en materias de la competencia de la Alcaldía. Adoptar personalmente, y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe o de infortunios públicos y riesgo de los mismos, las medidas necesarias y adecuadas dando cuenta inmediata al Pleno. Corresponde asimismo al alcalde el nombramiento de los Tenientes de alcalde Competencias delegables Representar al Ayuntamiento. Convocar y presidir las sesiones de órganos municipales salvo el pleno y la Junta de Gobierno Local. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales. 11
12 El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado, disponer gastos dentro de los límites de su competencia; ordenar pagos y rendir cuentas; todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno, aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo y distribuir las retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas. Ejercer la jefatura de la Policía Municipal. Sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad o por infracción de las ordenanzas municipales, salvo en los casos en que tal facultad esté atribuida a otros órganos. La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente para su contratación o concesión y estén previstos en el presupuesto Otras competencias Además de las competencias señaladas anteriormente, el Real Decreto Legislativo 781/1986 le atribuye las siguientes: La organización de los servicios administrativos de la corporación, en el marco del reglamento orgánico. Todas las atribuciones en materia de personal que no competan al Pleno. Presidir las subastas y concursos para ventas, arrendamientos, suministros y toda clase de adjudicaciones de servicios y obras municipales. Complementa la regulación de las atribuciones del alcalde el artículo 41 del ROF Delegaciones El alcalde puede efectuar delegaciones en favor de la Junta de Gobierno Local, como órgano colegiado. En tal caso, los acuerdos adoptados por ésta en relación con las materias delegadas, tendrán el mismo valor que las resoluciones que dicte el alcalde en ejercicio de las atribuciones que no haya delegado, sin perjuicio de su adopción conforme a las reglas de funcionamiento de la Junta. El alcalde puede delegar el ejercicio de determinadas atribuciones en los miembros de la Junta de Gobierno Local, y, donde ésta no exista, en los Tenientes de alcalde, sin perjuicio de las delegaciones especiales que, para cometidos específicos, pueda realizar en favor de cualesquiera concejales, aunque no pertenecieran a aquella Junta. Las delegaciones genéricas se referirán a una o varias áreas o materias determinadas, y podrán abarcar tanto la facultad de dirigir los servicios correspondientes como la de gestionarlos en general, incluida la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros. Asimismo, el alcalde podrá efectuar delegaciones especiales en cualquier concejal para la dirección y gestión de asuntos determinados incluidos en las citadas áreas. En este caso, el concejal que ostente una delegación genérica tendrá la facultad de supervisar la actuación de los concejales con delegaciones especiales para cometidos específicos incluidos en su área (Art. 43 del ROF). Las delegaciones especiales podrán referirse bien a un determinado asunto, bien a un determinado servicio o bien, a un determinado barrio o distrito. 12
13 Los Tenientes de alcalde Los Tenientes de alcalde son designados y cesados libremente por el alcalde entre los miembros de la Junta de Gobierno Local y, donde no exista ésta, entre los concejales. Sustituyen al alcalde en los casos de vacante, ausencia o enfermedad o en los casos en que los mismos fueran condenados por sentencia firme a penas de suspensión para el ejercicio del cargo. En los casos de ausencia, enfermedad o impedimento, las funciones del alcalde no podrán ser asumidas por el teniente de alcalde a quien corresponda, sin expresa delegación. No obstante, cuando el alcalde se ausente del término municipal por más de veinticuatro horas, sin haber conferido la delegación, o cuando por causa imprevista le hubiere resultado imposible otorgarla, le sustituirá, en la totalidad de sus funciones, el teniente de alcalde a quien corresponda, dando cuenta al resto de la Corporación. Los nombramientos y los ceses se harán mediante resolución del alcalde de la que se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre, notificándose, además, personalmente a los designados, y se publicarán en el Boletín Oficial de la provincia, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de la firma de la resolución por el alcalde, si en ella no se dispusiera otra cosa. En los municipios con Junta de Gobierno Local el número de Tenientes de alcalde no podrá exceder del número de miembros de aquella. En aquellos otros en que no exista tal Comisión, el número de Tenientes de alcalde no podrá exceder del tercio del número legal de miembros de la Corporación. A los efectos del cómputo no se tendrán en cuenta los decimales que resulten de dividir por tres el número total de concejales. La condición de teniente de alcalde se pierde, además de por el cese, por renuncia expresa manifiesta por escrito y por pérdida de la condición de miembro de la Junta de Gobierno Local. En los ayuntamientos que no tengan Junta de Gobierno Local podrán ser objeto de una sola resolución del alcalde, el nombramiento como teniente de alcalde y la delegación de atribuciones Los órganos colegiados: el Pleno y las Comisiones El Pleno. Composición y competencias Composición del Pleno El Pleno del Ayuntamiento, integrado por todos los concejales electos y presidido por el alcalde, es el máximo órgano colegiado de la corporación. Las competencias del Pleno son las siguientes: Competencias indelegables El control y la fiscalización de los órganos de gobierno. Los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales; alteración del término municipal; creación o supresión de municipios y de las Entidades a que se refiere el artículo 45; creación de órganos desconcentrados; alteración de la capitalidad del municipio y el cambio de nombre de éste o de aquellas Entidades y la adopción o modificación de su bandera, enseña o escudo. La aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística, así como los convenios que tengan por objeto la alteración de cualesquiera de dichos instrumentos. La aprobación del Reglamento orgánico y de las ordenanzas. 13
14 La determinación de los recursos propios de carácter tributario; la aprobación y modificación de los presupuestos; la disposición de gastos en materia de su competencia y la aprobación de las cuentas; todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Haciendas Locales. La aprobación de las formas de gestión de los servicios y de los expedientes de municipalización. La aceptación de la delegación de competencias hecha por otras Administraciones públicas. El planteamiento de conflictos de competencias a otras Entidades locales y demás Administraciones públicas. La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo, la fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los funcionarios y el número y régimen del personal eventual. La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público. Aquellas otras que deban corresponder al Pleno por exigir su aprobación una mayoría especial. Pertenece, igualmente, al Pleno la votación sobre la moción de censura al alcalde y sobre la cuestión de confianza planteada por el mismo, que se rige por lo dispuesto en la legislación electoral general Competencias delegables en alcalde o Junta de Gobierno Local El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Corporación en materias de competencia plenaria. La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento. La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, dentro de cada ejercicio económico, exceda del 10% de los recursos ordinarios del presupuesto -salvo las de tesorería, que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento supere el 15% de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior- todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su contratación o concesión, y cuando aún no estén previstos en los presupuestos Otras competencias Además de las competencias señaladas anteriormente, el Real Decreto Legislativo 781/1986 le atribuye las siguientes. La regulación del aprovechamiento de los bienes comunales en los términos previstos en la legislación aplicable. El reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre que no exista dotación presupuestaria, operaciones de crédito o concesión de quita y espera. Complementa la regulación de las atribuciones del alcalde el artículo 50 del ROF La Junta de Gobierno Local La Junta de Gobierno Local es el órgano que ha venido a sustituir a la Comisión de Gobierno. Este cambio de denominación, tal y como recoge la Ley de modernización del
16 Gobierno Local en su exposición de motivos, tiende a destacar la naturaleza ejecutiva de dicho órgano. La Junta de Gobierno Local existirá necesariamente en aquellos municipios con población de derecho superior a habitantes y en los de menos cuando así lo disponga el Reglamento Orgánico o lo acuerde el Pleno. Está compuesta por el alcalde y un número de concejales no superior al tercio del número legal de los mismos, que serán nombrados libremente por este dando cuenta al Pleno. Le corresponde la asistencia al alcalde en el ejercicio de sus atribuciones así como las atribuciones que el alcalde u otro órgano municipal le delegue o le atribuyan las leyes. Así pues, en la LBRL no se produce una atribución expresa de competencias a la Junta de Gobierno Local sino que estas deberán provenir de otras normas o de las delegaciones que realicen el alcalde o el Pleno de la Corporación Las Comisiones Informativas Las Comisiones Informativas son un órgano complementario de las entidades locales. Tienen como función el estudio, informe o consulta de los asuntos que vayan a ser sometidos al Pleno o a la Junta de Gobierno Local cuando actúe con competencias delegadas por éste salvo cuando se haya declarado la urgencia de los acuerdos. Igualmente informarán aquellos asuntos de la competencia propia de la Junta de Gobierno Local, y del alcalde o Presidente, que les sean sometidos a su conocimiento por expresa decisión de aquellos. Su número y denominación iniciales, así como cualquier variación de las mismas durante el mandato corporativo, se decidirá mediante acuerdo adoptado por el Pleno a propuesta del alcalde, procurando, en lo posible, su correspondencia con el número y denominación de las grandes áreas en que se estructuren los servicios corporativos. Las Comisiones informativas pueden ser permanentes y especiales. Las permanentes se constituyen con carácter general, distribuyendo entre ellas las materias que han de someterse al Pleno. Las especiales son aquellas cuya constitución acuerda el Pleno en consideración a circunstancias o características especiales. Estas comisiones se extinguen automáticamente una vez que hayan dictaminado o informado sobre el asunto que constituye su objeto, salvo que el acuerdo plenario que las creó dispusiera otra cosa. Todos los Grupos Políticos integrantes de la Corporación tienen derecho a estar representados en estas Comisiones. El artículo 125 del ROF recoge los distintos aspectos que debe incluir el acuerdo de creación de las Comisiones: En el acuerdo de creación de las comisiones informativas se determinará la composición concreta de las mismas, teniendo en cuenta las siguientes reglas: El alcalde o Presidente de la Corporación, es el Presidente nato de todas ellas; sin embargo, la Presidencia efectiva podrá delegarla en cualquier miembro de la Corporación, a propuesta de la propia Comisión, tras la correspondiente elección efectuada en su seno. Cada Comisión estará integrada de forma que su composición se acomode a la proporcionalidad existente entre los distintos grupos políticos representados en la Corporación. La adscripción concreta a cada Comisión de los miembros de la Corporación que deban formar parte de la misma en representación de cada grupo, se realizará mediante escrito del portavoz del mismo dirigido al alcalde o Presidente, y del que se dará cuenta al Pleno. Podrá designarse, de igual forma, un suplente por cada titular. La creación de las comisiones informativas por el Pleno debe producirse en el plazo de treinta días desde la sesión constitutiva. Esta celebrarán sesiones ordinarias con la periodicidad que acuerde el Pleno en el momento de constituirlas, en los días y horas que establezca el alcalde o Presidente de la Corporación, o su respectivo Presidente, quienes podrán asimismo, convocar sesiones extraordinarias o urgentes de las mismas. El alcalde o Presidente de la Corporación, o el Presidente de la Comisión, estará obligado a convocar sesión extraordinaria cuando lo solicite la cuarta parte, al menos, de los miembros de la Comisión. La válida celebración de las sesiones requiere la presencia de la mayoría absoluta de los componentes de la Comisión, ya sean titulares o suplentes, en primera convocatoria y un mínimo de tres miembros en segunda convocatoria una hora más tarde. 16
17 1.3. Los Concejales Los dictámenes de las comisiones informativas tienen carácter preceptivo y no vinculante. En supuestos de urgencia, el Pleno o la Junta de Gobierno Local, podrá adoptar acuerdos sobre asuntos no dictaminados por la correspondiente Comisión informativa, pero, en estos casos, del acuerdo adoptado deberá darse cuenta a la Comisión informativa en la primera sesión que se celebre La Comisión Especial de Cuentas Especial relevancia tiene la Comisión Especial de Cuentas. Esta, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 de la LBRL y 127 del ROF debe de existir preceptivamente en todos los ayuntamientos. Su constitución, composición e integración y funcionamiento se ajusta a lo establecido para las demás comisiones informativas. Corresponde a la Comisión especial de cuentas el examen, estudio e informe de todas las cuentas, presupuestarias y extrapresupuestarias, que deba aprobar el Pleno de la Corporación, de acuerdo con lo establecido en la legislación reguladora de la contabilidad de las entidades locales. (Art. 127 ROF). Las cuentas anuales se someterán antes del 1 de junio a informe de la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local, la cual estará constituida por miembros de los distintos grupos políticos integrantes de la Corporación, y será asimismo objeto de información pública antes de someterse a la aprobación del Pleno, a fin de que puedan formularse contra las mismas reclamaciones, reparos u observaciones. Todo ello sin perjuicio de que pueda denunciarse ante el Tribunal de Cuentas la existencia de irregularidades en la gestión económica y en las cuentas aprobadas. (Art. 116 LBRL). Bien a través del reglamento orgánico o mediante acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación, la Comisión especial de cuentas podrá actuar como Comisión informativa permanente para los asuntos relativos a Economía y Hacienda de la entidad Adquisición y pérdida de la condición de concejal Los concejales son elegidos mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto. Los concejales electos, para adquirir plenamente su condición, deben tomar posesión en la sesión constitutiva o en una posterior si no lo hubiera hecho en aquella previa presentación de la correspondiente declaración de intereses (incompatibilidad bienes y actividades), que se inscribirá en el registro que, a tal efecto, existirá en el Ayuntamiento. La Junta Electoral Central en repetidos acuerdos establece que los concejales que no hayan formulado estas declaraciones no pueden tomar posesión. No obstante, los concejales que no hayan tomado posesión por el motivo que sea podrán hacerlo en los siguientes plenos. Esta declaración, efectuada en el modelo oficial, se llevará a cabo antes de la toma de posesión, al cesar y cuando cambien las circunstancias recogidas en las declaraciones. Los registros de declaraciones de actividades y de incompatibilidades tienen carácter público. Los concejales pierden su condición, de acuerdo con el artículo 9 del ROF por las siguientes causas: Por decisión judicial firme, que anule la elección o proclamación. Por fallecimiento o incapacitación, declarada ésta por decisión judicial firme. Por extinción del mandato, al expirar su plazo, sin perjuicio de que continúe en sus funciones solamente para la administración ordinaria hasta la toma de posesión de sus sucesores. De acuerdo con el artículo 194 de la LOREG, una vez finalizado su mandato 17
18 18 los miembros de las Corporaciones cesantes continuarán sus funciones solamente para la administración ordinaria hasta la toma de posesión de sus sucesores, en ningún caso podrán adoptar acuerdos para los que legalmente se requiera una mayoría cualificada. Por renuncia, que deberá hacerse efectiva por escrito ante el Pleno de la Corporación. Por incompatibilidad, en los supuestos y condiciones establecidos en la legislación electoral. Por pérdida de la nacionalidad española, dejando a salvo lo dispuesto para los ciudadanos de la Unión Europea. En caso de fallecimiento, incapacidad o renuncia de un concejal, el escaño se atribuirá al candidato o, en su caso, al suplente de la misma lista a quien corresponda, atendiendo a su orden de colocación. En el caso de que, de acuerdo con el procedimiento anterior, no quedasen posibles candidatos o suplentes a nombrar, las vacantes serán cubiertas por cualquier ciudadano mayor de edad que no esté incurso en causa de inelegibilidad. Estos suplentes serán designados por el partido, coalición, federación o agrupación de electores cuyos concejales hubiesen de ser sustituidos y se comunicará a la Junta Electoral correspondiente, a efectos de la expedición de la oportuna credencial. En este caso, no podrán ser designadas aquellas personas que habiendo sido candidatos o suplentes en aquella lista, hubieran renunciado al cargo anteriormente. En el caso de que el número de hecho de miembros elegidos en la correspondiente convocatoria electoral llegase a ser inferior a la mitad del número legal de miembros de la corporación, se constituirá una comisión gestora integrada por todos los miembros de la corporación que continúen y los ciudadanos que hubiesen sido designados para cubrir las vacantes, conforme a lo previsto en el párrafo anterior. (Art.182 LOREG) Estatuto personal de los concejales Régimen de incompatibilidades e inelegibilidades La Ley Orgánica reguladora del Régimen electoral General establece los supuestos de inelegibilidad e incompatibilidad de los concejales. La aparición posterior a la elección de causas de inelegibilidad se considera como causa de incompatibilidad. De acuerdo con la LOREG, son inelegibles: Las personas a que se refiere el artículo 6 de la propia LOREG. Entre estas se encuentran los miembros de altas instituciones del Estado, del gobierno, de la judicatura y de la administración así como los militares y miembros de los cuerpos o fuerzas de seguridad, entre los que se encuentra la policía local, en activo. Igualmente se incluyen entre las personas inelegibles quienes ostenten la representación de la administración periférica del Estado en las distintas provincias. Contempla la LOREG una serie de supuestos de inelegibilidad e incompatibilidad específicos para los concejales. Estos serían los siguientes: Son inelegibles los deudores directos o subsidiarios de la correspondiente Corporación Local contra quienes se hubiera expedido mandamiento de apremio por resolución judicial. Son incompatibles: Los abogados y procuradores que dirijan o representantes a partes en procedimientos judiciales o administrativos contra la Corporación, con excepción de las acciones a que se refiere el artículo 63.1 b) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. Los directores de servicios, funcionarios o restante personal activo del respectivo Ayuntamiento y de las entidades y establecimientos dependientes de él. Los directores generales o asimilados de las cajas de ahorro provinciales y locales que actúen en el término municipal.
19 Los contratistas o subcontratistas de contratos, cuya financiación total o parcial corra a cargo de la Corporación municipal o de establecimientos de ella dependientes. Cuando se produzca una situación de incompatibilidad los afectados deberán optar entre la renuncia a la condición de concejal o el abandono de la situación que de origen a la referida incompatibilidad. Cuando la causa de incompatibilidad derive de ostentar la condición de director de servicios, funcionario o restante personal activo del respectivo Ayuntamiento y de las entidades y establecimientos dependientes de él, el funcionario o empleado que optare por el cargo de concejal pasará a la situación de servicios especiales o subsidiariamente a la prevista en sus respectivos convenios que en todo caso ha de suponer reserva de su puesto de trabajo. De acuerdo con el artículo 10 del ROF, la declaración de la incompatibilidad con el cargo de concejal corresponde al Pleno de la Corporación. Producida una causa de incompatibilidad y declarada la misma por el Pleno, el afectado por tal declaración deberá optar, en el plazo de los diez días siguientes a aquél en que reciba la notificación de su incompatibilidad, entre la renuncia a la condición de concejal o el abandono de la situación que de origen a la referida incompatibilidad. Transcurrido el plazo señalado en el número anterior sin haberse ejercitado la opción se entenderá que el afectado ha renunciado a su puesto de concejal o diputado, debiendo declararse por el Pleno corporativo la vacante correspondiente y poner el hecho en conocimiento de la Administración electoral a efectos de atribución del escaño Derechos de los concejales Los concejales tienen el derecho y el deber de asistir con voz y voto a las sesiones de los órganos de que formen parte, salvo justa causa que se lo impida, que deberán comunicar con la antelación necesaria al Presidente de la Corporación (Art.12 del ROF). Igualmente las ausencias de los miembros de las entidades locales fuera del término municipal que excedan de ocho días deberán ser puestas en conocimiento de los respectivos Presidentes, haciéndolo por escrito, bien personalmente o a través del portavoz del grupo político, concretándose, en todo caso, la duración previsible de las mismas. De acuerdo con el artículo 78.4 de la LBRL, los Presidentes de las Corporaciones locales podrán sancionar con multa a los miembros de las mismas, por falta no justificada de asistencia a las sesiones o incumplimiento reiterado de sus obligaciones, en los términos que determine la Ley de la Comunidad Autónoma, y supletoriamente, la del Estado. Tienen derecho a percibir las compensaciones económicas legalmente establecidas. De acuerdo con el artículo 75 de la LBRL, los miembros de las Corporaciones locales percibirán retribuciones por el ejercicio de sus cargos cuando los desempeñen con dedicación parcial o exclusiva, en cuyo caso serán dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, asumiendo las Corporaciones el pago de las cuotas empresariales que corresponda. Tales retribuciones, son incompatibles con cualquier otra retribución con cargo a los presupuestos de las Administraciones públicas y de los entes, organismos y empresas de ellas dependientes. Los miembros de las Corporaciones locales que sean personal de las Administraciones públicas y de los entes, organismos y empresas de ellas dependientes solamente podrán percibir retribuciones por su dedicación parcial a sus funciones fuera de su jornada en sus respectivos centros de trabajo. Los miembros de las Corporaciones locales podrán percibir indemnizaciones en la cuantía y condiciones que acuerde el Pleno de la Corporación dentro de los límites que legalmente se establezcan. 19
20 20 Las indemnizaciones derivadas de la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de la Corporación de que formen parte solo podrán percibirlas los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva ni dedicación parcial. Los miembros de las Corporaciones locales percibirán indemnizaciones por los gastos efectivos ocasionados en el ejercicio de su cargo, según las normas de aplicación general en las Administraciones públicas y las que en desarrollo de las mismas apruebe el pleno corporativo. Los miembros de las Corporaciones locales que no tengan dedicación exclusiva en dicha condición tendrán garantizada, durante el período de su mandato, la permanencia en el centro o centros de trabajo públicos o privados en el que estuvieran prestando servicios en el momento de la elección, sin que puedan ser trasladados u obligados a concursar a otras plazas vacantes en distintos lugares. (Art 74 LBRL) Aquellos concejales que no tengan dedicación exclusiva tendrán derecho a las correspondientes licencias y permisos para el desempeño de sus funciones. (Artículo 37.3 d) del Estatuto de los Trabajadores y artículo 30.2 de la Ley 30/1984) El Estatuto de los Trabajadores establece en su artículo 37.3 que El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente: d. Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal, comprendido el ejercicio del sufragio activo. No obstante, de acuerdo con el mismo artículo, en el caso de que el cumplimiento del deber antes referido suponga la imposibilidad de la prestación del trabajo debido en más del 20% de las horas laborables en un período de tres meses, podrá la empresa pasar al trabajador afectado a la situación de excedencia forzosa, que dará derecho a la conservación del puesto y al cómputo de la antigüedad de su vigencia. A estos efectos se entiende por tiempo indispensable para el desempeño del cargo electivo de una Corporación local, el necesario para la asistencia a las sesiones del Pleno de la Corporación o de las Comisiones y atención a las Delegaciones de que forme parte o que desempeñe el interesado (Art de la LBRL). De acuerdo con el artículo 77 de la LBRL, los concejales tienen derecho a obtener del alcalde cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten necesarios para cumplir sus funciones. Realizada la solicitud, esta se entenderá concedida si no se deniega expresamente en cinco días (Arts. 14 y 15 del ROF). Tiene derecho a acceder a la documentación sin autorización previa: Cuando se trate del acceso de los miembros de la Corporación que ostenten delegaciones o responsabilidades de gestión, a la información propia de las mismas. Cuando se trate del acceso de cualquier miembro de la Corporación, a la información y documentación correspondiente a los asuntos que hayan de ser tratados por los órganos colegiados de que formen parte, así como a las resoluciones o acuerdos adoptados por cualquier órgano municipal. Cuando se trate del acceso de los miembros de la Corporación a la información o documentación de la Entidad local que sean de libre acceso para los ciudadanos. El examen de los documentos podrá realizarse en el archivo general o en la dependencia en que se encuentre o bien mediante la entrega de copias. Las copias sólo podrán obtenerse en los supuestos de acceso a la documentación sin autorización previa y a aquellos otros casos en los que sea expresamente autorizado por el alcalde. En el caso de que se le entregase la documentación
21 para su estudio fuera del archivo correspondiente, el concejal deberá firmar un acuse de recibo y reintegrar los documentos en un plazo máximo de 48 horas. En ningún caso los expedientes podrán salir del Ayuntamiento (Art. 16 del ROF) Obligaciones de los concejales Los concejales deben de abstenerse de participar en los asuntos en los que tengan interés personal o familiar directo. Así, los miembros de las Corporaciones locales deberán abstenerse de participar en la deliberación, votación, decisión y ejecución de todo asunto cuando concurra alguna de las causas a que se refiere la legislación de procedimiento administrativo y contratos de las Administraciones Públicas. La actuación de los miembros en que concurran tales motivos implicará, cuando haya sido determinante, la invalidez de los actos en que hayan intervenido (Art. 76 de la LBRL). Con carácter general, la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común contempla en su artículo 28 las causas de abstención. Estas suponen la obligación por parte de autoridades y funcionarios de intervenir en los procedimientos. Las causas recogidas son las siguientes: Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquel ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior. Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate. Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar. El artículo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, establece prohibiciones de contratar aplicables al presente caso. Así, entre las prohibiciones establece la siguiente: Estar incursa la persona física o los administradores de la persona jurídica en alguno de los supuestos de la Ley 5/2006. De 10 de abril, de Regulación de los Conflictos de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, de la ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones públicas o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma. La prohibición se extiende igualmente, en ambos casos, a los cónyuges, personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva y descendientes de las personas a que se refiere el párrafo anterior, siempre que, respecto de los últimos, dichas personas ostenten su representación legal. Las disposiciones a las que se refiere este apartado serán aplicables a las Comunidades Autónomas y a las Entidades Locales en los términos que respectivamente les sean aplicables. 21