Source: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2001/11/3
Timestamp: 2019-01-16 17:03:28
Document Index: 47661623

Matched Legal Cases: ['Artículo 4', 'artículo 2', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'artículo 9', 'artículo 38', 'artículo 71', 'artículo 42']

DECRETO 1/2001, de 9 de enero, por el que se establecen indemnizaciones a ex-presos y represaliados políticos que sufrieron privación de libertad por más de tres años y se acuerda abrir convocatoria pública para aquellos otros que sufrieron privación de libertad por menos de tres años, ambos como consecuencia de los supuestos previstos en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía.
BOJA Histórico > 2001 > Boletín 11 > 1. Disposiciones generales >
El Pleno del Parlamento de Andalucía en sesión celebrada los días 16 y 17 de junio de 1999 aprobó la Proposición no de Ley en Pleno 5-98/PNLP-12636, relativa a la concesión de indemnizaciones a ex-presos y represaliados políticos que no resultaron favorecidos con las indemnizaciones fijadas en la Ley General de Presupuestos del Estado de 1990 (D.A. 18.ª de la Ley 4/1990, de 29 de junio), proposición en la que el Parlamento instaba al Consejo de Gobierno a:
3. A dictar un Decreto, antes de que finalice el año 1999, con efectos económicos de carácter retroactivo al 1 de enero de
1999, en el caso de que por el Gobierno Central no se cumpliera con el punto segundo anterior en el plazo allí previsto, que regule la concesión de indemnizaciones, concretadas como prestaciones únicas y no periódicas en función del tiempo de permanencia en prisión a los andaluces que sufrieron prisión como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley
46/77, de 15 de octubre, y que no resultaron favorecidos por lo dispuesto en la Disposición Adicional Decimoctava de la Ley General de Presupuestos del Estado para 1990 (Ley 4/90, de 29 de junio), por no cumplir cualquiera de los requisitos establecidos en ella.
4. Habilitar presupuestariamente los créditos necesarios tanto para el pago de las indemnizaciones derivadas de la entrada en vigor del citado Decreto, como para atender el incremento de gasto que se pueda originar como consecuencia de la tramitación de los correspondientes expedientes de concesión.¯
Ante este hecho y atendiendo a la voluntad manifestada no solamente por el Parlamento Andaluz sino también por diversos sectores institucionales, grupos políticos y entidades, resulta oportuno reparar la exclusión de muchos afectados que pese a pasar una buena parte de sus vidas en prisión por defender la libertad, la justicia y los valores democráticos no fueron beneficiados por las indemnizaciones estatales de 1990. En este sentido, el Gobierno de Andalucía pretende extender las indemnizaciones, con carácter inmediato por ser la situación más agraviante, a los andaluces víctimas de represalias que hayan cumplido penas privativas de libertad por un período total superior a tres años en cualquier establecimiento penitenciario, disciplinario o campo de concentración, sin limitación en cuanto a la edad del represaliado. Asimismo, en una segunda fase, se procederá a indemnizar a aquellos otros que fueron privados de libertad por tiempo superior a tres meses e inferior a tres años, en las condiciones y cuantía que se establezcan, para lo cual se efectúa por medio de este Decreto una convocatoria pública a todos aquéllos que se encuentren en esta segunda situación.
Con estas disposiciones el Gobierno Andaluz, aunque consciente de que ninguna indemnización puede devolver a los afectados y a sus familiares lo que perdieron en su lucha por las libertades públicas, quiere testimoniar el respeto de todas las
Instituciones de nuestra Comunidad, expresadas por el
Parlamento de Andalucía como representante legítimo de todos los andaluces, con aquéllos de sus conciudadanos que fueron privados de su libertad personal y sufrieron las más penosas ofensas y humillaciones por su generosa lucha en defensa de los valores democráticos en Andalucía y en España y que además se vieron imposibilitados a acceder a las indemnizaciones
establecidas por el Estado en 1990.
En su virtud, a propuesta de la titular de la Consejería de Justicia y Administración Pública y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 9 de enero de 2001,
a) Establecer indemnizaciones económicas a los ex-presos y represaliados políticos que sufrieron privación de libertad por un período de tres o más años en establecimientos
penitenciarios, disciplinarios o campos de concentración, consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, y no pudieron acceder a las indemnizaciones establecidas en la Disposición Adicional Decimoctava de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990, por no cumplir el requisito de edad establecido en ella.
b) Abrir una convocatoria pública para los ex-presos y
represaliados políticos que sufrieron privación de libertad por un período superior a tres meses e inferior a tres años en establecimientos penitenciarios, disciplinarios o campos de concentración, consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, cuyas
indemnizaciones y requisitos se fijarán mediante Decreto del Consejo de Gobierno.
Las indemnizaciones establecidas para los beneficiarios descritos en el art. 1.a), y las que puedan establecerse para las personas que acudan a la convocatoria pública prevista en el art. 1.b), son incompatibles con las reconocidas por la Disposición Adicional Decimoctava de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990, y con cualesquiera otras ayudas, indemnizaciones o subsidios que hubieran percibido, o tuvieran derecho a percibir, en otra Administración Pública y/o Seguridad Social por el mismo motivo.
Indemnizaciones económicas para ex-presos y represaliados por tiempo de tres o más años de privación de libertad
1. Podrán ser beneficiarios de estas indemnizaciones quienes hubieran sufrido privación de libertad de forma efectiva en cualquier establecimiento de los señalados en el artículo anterior, como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, durante un período mínimo de tres años.
2. Si el ex-preso o represaliado hubiera fallecido, podrá solicitar la indemnización el cónyuge supérstite o, en su defecto, aquella persona que sin serlo perciba pensión de viudedad o a favor de familiares por tal motivo.
3. En todo caso, es requisito imprescindible para tener derecho a estas prestaciones que el beneficiario haya estado
empadronado como residente en un municipio de Andalucía durante un período ininterrumpido de al menos un año inmediatamente anterior a la entrada en vigor del presente Decreto o, en su caso, de la fecha de su fallecimiento.
4. En el supuesto de fallecimiento del solicitante durante la tramitación del procedimiento, se dictará resolución de finalización de éste por causas sobrevenidas, salvo que el fallecido fuera el propio represaliado, en cuyo caso se continuarán las actuaciones con la persona que se encuentre en la situación señalada en el apartado 2 de este artículo, siempre que se persone en el expediente y acredite tal
condición, dentro del plazo de resolución.
Artículo 4. Cuantía y naturaleza de la indemnización.
Los beneficiarios tendrán derecho a una indemnización según las siguientes cuantías:
- De treinta y seis a cuarenta meses de privación de
libertad: 1.100.000 pesetas (6.611,13 euros).
- Por cada seis meses adicionales: 100.000 pesetas (601,01 euros).
- En cualquier caso, la cuantía máxima de la indemnización a percibir será de 1.500.000 pesetas (9.015,18 euros).
Convocatoria pública para ex-presos y represaliados con más de tres meses y menos de tres años de privación de libertad
Podrán participar en esta convocatoria quienes reúnan los requisitos señalados en el artículo 2, a excepción del tiempo de duración de la privación de libertad, que lo será por un período superior a tres meses e inferior a tres años.
Artículo 6. Cuantía y naturaleza de las indemnizaciones. Las indemnizaciones económicas serán establecidas mediante Decreto del Consejo de Gobierno en la cuantía y condiciones que se establezcan, y consistirán, en todo caso, en una prestación económica directa de percepción única y no periódica, en función del tiempo de privación de libertad.
Artículo 7. Carácter de esta convocatoria.
La solicitud y el resto de la documentación que se presente sólo tiene carácter informativo a los efectos de poder obtener los datos necesarios para elaborar una propuesta normativa, sin que de la referida documentación y solicitud se derive ningún tipo de derecho a favor del posible interesado. No obstante, será requisito indispensable para poder acceder a las
indemnizaciones que se establezcan la participación en esta convocatoria mediante solicitud normalizada que al efecto se acompaña en el Anexo II junto con la documentación a que hace referencia el artículo 9 del presente Decreto.
1. El plazo de presentación de solicitudes será de seis meses a partir del día siguiente a la publicación de este Decreto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
2. Las solicitudes se presentarán con arreglo al modelo de solicitud Anexo I o Anexo II, según corresponda, al presente Decreto, acompañada de la documentación a la que se refiere el apartado siguiente, en el Registro de la Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y Administración Pública
correspondiente, o en los lugares y por los medios indicados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
b) Fotocopia autenticada o compulsada de los documentos acreditativos de los períodos de privación de libertad efectiva por motivos políticos que fueron amnistiados por la Ley
46/1977, de 15 de octubre.
e) En caso de que la solicitud se hiciera a través de
representante, documento que acredite tal representación.
a) Fotocopia autenticada o compulsada del Certificado de defunción del ex-preso o represaliado.
b) Fotocopia autenticada o compulsada del Certificado de matrimonio expedido con posterioridad a la fecha de defunción del beneficiario o certificación acreditativa de la condición de perceptor de la pensión de viudedad, o a favor de
familiares, según proceda.
5. La Consejería de Justicia y Administración Pública podrá eximir de la aportación de alguno de estos documentos, debiendo en todo caso quedar suficientemente acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Decreto, y justificando que la falta de aportación del documento o documentos obedezca a especiales dificultades para su
1. Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Justicia y Administración Pública recibirán las solicitudes, requerirán en su caso la subsanación, resolviendo el Delegado Provincial los desistimientos por falta de esa subsanación cuando fuera preceptiva, conforme a lo previsto en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y elevarán los expedientes con su informe a la Dirección General de Instituciones y Cooperación con la Justicia de la Consejería de Justicia y Administración Pública.
1. Corresponde a la titular de la Consejería de Justicia y Administración Pública la resolución de las solicitudes a las que se refiere el presente Decreto. Para las solicitudes de la Sección Primera de este Decreto, se estimará o denegará la indemnización, y para las solicitudes de las Sección Segunda, se estimará o se desestimará la inclusión en la base de datos de la documentación presentada por el beneficiario.
3. De conformidad con lo previsto en el artículo 42.1 de la Ley
17/1999, de 28 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas, las solicitudes podrán entenderse desestimadas por silencio administrativo si, transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior, no se hubiera dictado y notificado resolución expresa.
4. Contra la resolución de la titular de la Consejería de Justicia y Administración Pública estimando o denegando la solicitud de indemnización o, en su caso, de la inclusión en la base de datos de la documentación presentada por el
beneficiario, que pone fin a la vía administrativa, podrán los interesados interponer, potestativamente, recurso de reposición ante este órgano en el plazo de un mes o ser impugnada
directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía competente en el plazo de dos meses, ambos a contar desde el día siguiente a la fecha de la recepción de la notificación, todo ello de acuerdo con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de RJAP y PAC, y 46 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Son obligaciones de los beneficiarios de estas indemnizaciones las señaladas en el Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, cuando por su naturaleza sean de aplicación para estos supuestos.
Se faculta a la titular de la Consejería de Justicia y
Administración Pública para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución del presente Decreto.